Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-30


ACUERDO N° 21. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los señores Vocales Doctores RICARDO TOMAS KOHON y ANTONIO GUILLERMO LABATE, con la intervención de la titular de la Secretaría de Demandas Originarias Doctora LUISA ANALIA BERMUDEZ, para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "BRILLO MARCELO JAVIER C/ PROVINCIA DE NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA", Expte. 3308/11, en trámite por ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y conforme al orden de votación oportunamente fijado el Dr. RICARDO TOMAS KOHON dijo: I.- A fs. 16/21 se presenta Marcelo Javier Brillo, por derecho propio, con patrocinio letrado, e inicia acción procesal administrativa contra la Provincia del Neuquén -Honorable Legislatura- a fin de que se declare, de conformidad a lo normado en el art. 19 inc. a) del Código de Procedimiento Administrativo, la anulación total de la Resolución 487, del 29/11/10, mediante la cual se le aplicó la sanción disciplinaria de cesantía.

Denuncia que ese acto adolece del vicio establecido en el art. 67 inciso r) de la Ley 1284, así como también las Resoluciones 288/10 y 320/10 que, dieron origen a los sumarios administrativos instruidos en los expedientes 003-12869/2010 y 002-4254/10 y la Resolución 294/2010 mediante la cual fue suspendido provisoriamente de su cargo, sin goce de haberes.

Solicita que se declare la inconstitucionalidad del art. 118 del Estatuto del Empleado del Poder Legislativo de Neuquén -Ley provincial 1703- en cuanto restringe la participación del sumariado durante la producción de la prueba de Cargo.

También requiere que se disponga el pago de los salarios retenidos, desde el mes de agosto de 2010, con más los intereses hasta su efectivo cobro.

Por último, reclama el reintegro a su función como empleado de la Legislatura de la Provincia del Neuquén.

Explica que era empleado público, dependiente de la Legislatura, con 23 años de antigüedad y fue sumariado -Resoluciones 288/10 y 320/10- acumulándose en el expediente 003-12869, el 002-4254/10.

Manifiesta que el sumario, concluyó con el dictado de la Resolución 487/10, que dispuso su cesantía.

Dice que, interpuso un recurso de reconsideración que fue rechazado a través de la Resolución 532/10.

Afirma que la sanción disciplinaria adoptada se respalda en una serie de actos y en prueba obtenida durante la sustanciación del procedimiento sumarial, en flagrante conculcación a las garantías del derecho de defensa y del debido proceso adjetivo, consagradas en la Constitución Nacional (art. 18), Tratados Internacionales de Derechos Humanos de igual jerarquía y en la Ley de Procedimiento administrativo 1284 (art. 3 inc. b).

Expresa que la autoridad administrativa encargada de la instrucción inobservó los principios enunciados en las normas aludidas, sin darle, desde el inicio del procedimiento, intervención en la producción de la prueba que luego serviría para acusarlo; negándole el acceso al expediente a fin de poder ejercer una adecuada defensa, así como también intimándolo por hechos genéricos e imprecisos.

Afirma que no tuvo la posibilidad de controlar la producción de la prueba de cargo, que es una de las variantes del derecho de defensa. Menciona las disposiciones pertinentes respecto a la participación en el sumario.

Sostiene que, desde el inicio de las actuaciones administrativas hasta la clausura del expediente 003-12869/2010, se le cercenó la participación necesaria para poder controlar la prueba que producía la Instrucción. A modo de ejemplo, señala que se le impidió confrontar los testigos de cargo y cuyos testimonios luego se utilizaron en su indagatoria, ya que declararon en secreto, en el más absoluto de los hermetismos y sin haberle dado participación.

Expresa que la vigencia del derecho de defensa en juicio se frustró al no poder acceder, a través de su defensa técnica a las actuaciones, hasta la clausura de la instrucción del sumario. Tal medida coincidió con el levantamiento del inconstitucional "secreto de sumario oportunamente instaurado".

Alude que solicitó vista del expediente y su petición se rechazó, argumentándose que las actuaciones habían sido declaradas reservadas hasta la finalización de la prueba y elaboración del informe de cargo.

Expresa que el derecho a ser oído comprende solicitar vista de las actuaciones y fue inobservado por la Instrucción.

Agrega que, los hechos que le atribuyen son genéricos e imprecisos, dificultándole el ejercicio de su defensa.

Advierte animosidad contra su persona, y destaca que fue suspendido, a partir del 1° día hábil posterior al quinto día de ausencia, sin justificar y hasta tanto se resolviera su situación laboral.

Fundamenta el planteo de inconstitucionalidad del art. 118 de la Ley provincial 1703, en cuanto restringe la participación del sumariado durante la producción de prueba de cargo. Plantea que tal artículo colisiona con el derecho a confrontar la prueba de cargo establecido en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Punto 3, inc. c) y Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 18, inciso f).

Dice que la prohibición de tomar vista del expediente, tornó ilusorio el ejercicio del derecho de defensa en juicio, ya que se le vedó la posibilidad de confrontar con los testigos de cargo.

Manifiesta que el derecho constitucional de defensa no tuvo plena vigencia durante la tramitación del sumario. Añade que el desconocimiento y desconcierto sobre el origen de la información de la que disponía la Instructora ad-hoc, la imposibilidad de ejercer toda clase de control y el mecanismo utilizado para su obtención (a través de la reserva de las actuaciones) vulneran las garantías aludidas.

Funda en derecho. Ofrece prueba.

II.- A foja 30 por medio de la Resolución Interlocutoria N° 488/11 se declara la admisión del proceso.

III.- A foja 32 el actor, mediante apoderado, opta por el procedimiento sumario.

IV.- A fs. 67/72 se presenta la Provincia del Neuquén, mediante apoderados y con patrocinio letrado del Fiscal de Estado, a contestar la demanda y solicita su rechazo.

Niega todos y cada uno de los hechos esgrimidos que no sea objeto de expreso reconocimiento.

Alude a los antecedentes y fundamentos de la cesantía conforme las constancias administrativas.

Sostiene la improcedencia de la acción.

Afirma que un examen de los actos dictados, permite observar un total respeto a las garantías del sumariado y de todos los trámites establecidos en la ley y en el Reglamento de sumarios. A modo de ejemplo: el derecho a la vista, de sacar copia del expediente, de ofrecer prueba, de declarar, de reclamar, etc.

Menciona el art. 118 del Estatuto del Empleado del Poder legislativo, en consonancia con el art. 34 del Reglamento de Sumarios Administrativos que el actor no ataca. Dice que el proceso sumario posee las mismas etapas y características que las previstas en la legislación nacional y provincial, con una primera etapa, escrita, de investigación en la cual se reúnen los elementos de prueba que permitan al instructor emitir opinión sobre la existencia de los hechos y sus posibles responsables, escasamente contradictoria (no se admiten ni defensas, salvo solicitud de medidas de prueba), secreta y con un plazo de duración limitado.

Luego, una segunda etapa que es contradictoria, la cual se inicia cuando el instructor emite el informe de cargo y, al existir un agente sumariado, se le debe conferir vista de las actuaciones para que ofrezca su descargo y prueba, se produzca ésta y, en caso de corresponder, se alegue sobre su mérito y se emita el nuevo informe del instructor.

Refiere que el sumariado tiene derecho a efectuar el control de toda la producción de la prueba, salvo que, exista una norma expresa que disponga el secreto de parte de ella y siempre que, tal restricción sea razonable.

Dice que la inconstitucionalidad peticionada es improcedente y las Resoluciones aludidas no contienen las nulidades alegadas.

Señala que la opción sumaria efectuada por el actor, sella la suerte de la demanda, toda vez que la prueba se limita a los antecedentes documentales, sin que surja de allí que se hubiese impedido al actor ejercer su derecho de defensa, ni que se hubiese violentado el debido proceso. Destaca que el actor nunca negó los sucesos centrales que dieron inicio a la acusación sumarial.

Concluye que los hechos imputados estuvieron claramente determinados e identificados en circunstancias claras y precisas de persona, tiempo y lugar y el agente pudo ejercer su derecho de defensa.

En consecuencia, al no detectarse los vicios invocados por el actor, corresponde el rechazo de la demanda, ya que la Administración actuó en uso de las facultades que le son propias y de la discrecionalidad, legalmente limitada (en consideración con los fines de la ley, como es el interés público) y el actor fue debidamente cesanteado.

Niega la procedencia del reclamo de salarios caídos.

V.- Giradas las actuaciones al Sr. Fiscal, Dr. José Ignacio Gerez, solicita se lo aparte de intervenir (fs. 77) y se acepta la excusación mediante la R.I. 455/12 (fs. 79).

A fs. 81/84 dictamina el Sr. Fiscal Subrogante, quien propicia la declaración de nulidad de la Resolución 487 y sus precedentes 288/10 y 320/10, ordenándose la tramitación de un nuevo proceso con arreglo a derecho y se declare la inconstitucionalidad del art. 118 de la Ley 1703.

VI.- A fs. 85 se dispone el llamado de autos, el que se encuentra a la fecha firme y consentido y coloca a las presentes actuaciones en condiciones de dictar sentencia.

VII.- Expuestas las posiciones de las partes, el actor pretende la declaración de nulidad de las Resoluciones 288/10 y 320/10, que dieron origen a los sumarios instruidos en su contra (posteriormente acumulados), la Resolución 294/10, mediante la cual se resolvió su suspensión provisoria y la Resolución 487/10, que dispuso la sanción de cesantía.

Denuncia que tales actos han sido dictados en contraposición a la garantía de defensa (art. 67, inciso r), de la Ley 1284).

En esta línea, indica que la alegada vulneración al derecho de defensa se hace patente al impedirle su participación en las actuaciones sumariales.

En virtud de ello, plantea la inconstitucionalidad del art. 118 del Estatuto del Empleado Legislativo -Ley 1703- que establece concretamente el resguardo "secreto" del sumario hasta la recolección de la prueba de cargo y elaboración, por parte del Instructor, del respectivo informe.

VIII.- Así las cosas, la cuestión planteada discurre acerca de si el procedimiento disciplinario administrativo vulneró el derecho de defensa en juicio del agente que fue cesanteado como producto del mismo.

De tal forma, a modo de introducción, aparece oportuno efectuar un repaso del sumario que viene impugnado.

En efecto, el trámite se encauzó bajo el Expte. Nº 003-12869/2010, que ha sido adjuntado a la causa -a cuya foliatura se hará referencia-.

Así, a fs. 1 la Prosecretaria Administrativa de la Legislatura elevó a la Secretaria de la Cámara el informe realizado por la Dirección de Recursos Humanos respecto de la situación del agente Marcelo Brillo.

En ese informe (fs. 2) se comunicó que por Resolución 412/09, de fecha 18 de noviembre de 2009 se había prorrogado la licencia especial, por asuntos particulares, sin goce de haberes, desde el día 4 de noviembre de 2009 y por el término de 6 meses. Al concluir la licencia se informaron las asistencias e inasistencias del actor y se incorporaron las resoluciones y registros de fichaje al expediente (fs. 3/8).

Luego, se requirió información sobre la situación en el cumplimiento de funciones como agente dependiente del área de Digesto y Extensión Parlamentaria. A fs. 11 su Directora comunicó su situación laboral.

A fs. 12 se elevó a la Secretaría de la Cámara la inquietud de iniciar los trámites pertinentes para determinar, la existencia o no, de alguna falta disciplinaria por parte del agente Marcelo Brillo (fs. 12).

Allí, se giraron las actuaciones a la Asesoría Letrada y se advirtió una discordancia entre las constancias del reloj fichador de los ingresos y egresos de los agentes y lo informado por la Directora de Digesto y Extensión Parlamentaria, bajo cuya dependencia se encontraba el empleado Brillo, que podía configurar una falta administrativa consistente en la omisión de prestar servicios en el lugar de trabajo y, no obstante ello, pretender soslayar las consecuencias de la omisión mediante el fichaje, por eso se dictaminó a favor del inicio de un trámite sumarial.

En virtud de dichas constancias se dictó la Resolución 288/10, del 27 de julio de 2010, para fijar o deslindar las responsabilidades de índole administrativa del agente Marcelo Javier Brillo por la posible transgresión de los artículos 10, deberes de los agentes legislativos; 99, respeto al horario; 105, 108 y 109, que establecen un procedimiento específico para el retiro de los agentes legislativos durante el transcurso de la jornada (fs. 18/19).

A fs. 21 la Lic. Lucero, Auditora interna, aceptó la función encomendada como Instructora sumariante.

A fs. 22 se agregó el Expte. 003.12884/2010 mediante el cual se tramitó la suspensión provisoria del Sr. Brillo, a partir del primer día hábil posterior al quinto día de ausencia sin justificar y, hasta tanto se resolviera su situación laboral -Resolución 294/10- del 2 de agosto 2010. La misma fue notificada, conforme constancia de fs. 30 mediante telegrama, según lo establecido en el artículo 114 inc. c) de la Ley 1703, por presunto abandono de servicios, sin causa justificada o inasistencia injustificada, de 5 días laborales continuos (abandono del cargo).

A fs. 32 se agregó el expte. 002-4254/2010 a través del cual se dio curso a la impugnación realizada por el agente respecto a la mencionada suspensión preventiva. Alegó que los días que se le imputaban como falta de asistencia al servicio, entre el 26 y 30 de julio de 2010, se correspondían con la compensación por la segunda semana del período de receso invernal.

A fs. 34/39 se recabó información del personal que cumplió funciones en el receso administrativo de invierno.

Con posterioridad, se dictó la Resolución 320/10, de fecha 23 de agosto de 2010, y se dispuso instruir sumario administrativo con el objeto de fijar o deslindar las responsabilidades de índole disciplinarias que pudieran corresponder al agente Marcelo Javier Brillo por la posible transgresión a los preceptos 10, 114 ap. 8 inc. 3) del Estatuto del Empleado Legislativo y la Resolución 257/10, que regula las guardias mínimas para el receso invernal (fs. 46/48).

A fs. 54 se dejó constancia de la acumulación de los expedientes 003-12869/10 y 002-4254/10, ya que en ambos tramitaban los sumarios administrativos contra el agente Brillo.

A fs. 55 se designó Secretaría para la Instrucción y a fs. 62, la Instructora sumariante resolvió declarar reservadas las actuaciones hasta que se terminara de producir la prueba de cargo y se procediera a elaborar el informe de cargo del art. 103, conforme a lo establecido por el artículo 34 del Reglamento de Sumarios Administrativos.

A fs. 63 se prorrogó, mediante la Resolución 350/10, del 10 de septiembre 2010, la suspensión provisoria hasta tanto se resolviera la situación laboral del agente.

Se agregó, a fs. 70, copia del legajo personal del agente Brillo y el detalle diario de los registros de asistencia del 1/7/2010 al 31/7/2010 que surgen de la consulta al Sistema de Administración de Recursos Humanos HRS.

A fs. 72 se requirió al Jefe de Seguridad Interna que remitiera a la Instrucción los videos correspondientes a las cámaras ubicadas en el sector del reloj fichador del personal y en el de ingreso y egreso de vehículos al edificio de la Legislatura, en ambos casos de los días 28 y 29/06, 1 y 2/07, 5 al 7/07 y 19 a 23/07, todos de 2010.

A fs. 74 se dispuso la citación a prestar declaración testimonial del Prosecretario Legislativo, Sr. Raúl Héctor Pedemonte; la Prosecretaria Administrativa, Cra. Liliana Amelia Murisi; el Director General Legislativo, Sr. Carlos Enrique Madaschi; la Directora de Digesto y Extensión Parlamentaria, Sra. Mónica Navales, y la Subdirectora del Digesto y Extensión Parlamentaria, Sra. Liliana Nicolás. Lucen a fs. 80, 81, 82/83, 84/85 y 86 las respectivas actas de audiencia.

A fs. 87 se dispuso llamar a prestar declaración indagatoria administrativa al agente Marcelo Javier Brillo y se lo notificó mediante cédula (fs. 88).

Con posterioridad, luce el acta de la comparecencia del agente Brillo, acompañado por el Dr. Gerez, quienes solicitaron una nueva fecha para la celebración de la audiencia (fs. 89).

A fs. 90/93 se agregó el informe de las imágenes de las cámaras de ingreso y egreso que había sido anteriormente requerido, ilustrado con fotografías de las tomas correspondientes (fs. 93/220).

A fs. 221 el Sr. Marcelo Javier Brillo se presentó y designó, como abogado defensor, al Dr. José Ignacio Gerez, quien a fs. 222 aceptó el cargo.

El abogado defensor requirió vista del expediente y fotocopias de lo actuado (fs. 223).

La Instructora sumariante, resolvió tener presente la designación del representante legal del Sr. Brillo y no hizo lugar al requerimiento de vista y copias del expediente, atento que las actuaciones habían sido declaradas reservadas, mediante providencia de fecha 9 de septiembre de 2010, hasta que se terminara de producir la prueba y se procediera a elaborar el informe de cargo, ello de acuerdo con lo prescripto en el artículo 34 del Reglamento de Sumarios Administrativos de la Honorable Legislatura del Neuquén (fs. 225).

A fs. 227/228 se agregó el acta de la declaración indagatoria administrativa del agente Marcelo Javier Brillo, quien manifestó que los hechos intimados no resultaban suficientemente identificados en tiempo, modo y lugar, lo que no le permitía el pleno ejercicio de su derecho de defensa.

En atención al descargo efectuado en la indagatoria, se citó a los Sres. Raúl Héctor Pedemonte y Juan Horacio Benítez, Secretario General de ANEL.

A fs. 233, el 1 de octubre de 2010, se dejó constancia de que el Sr. Brillo retiró copias de las primeras 55 fojas del expediente administrativo.

A fs. 246 se agregó acta de la declaración testimonial del Sr. Pedemonte y a fs. 237 del Sr. Benítez.

A fs. 238 la Instructora sumariante resolvió clausurar la causa y levantar el secreto de sumario oportunamente instaurado, conforme art. 102 del Reglamento de Sumarios, y ordenó elaborar el informe pertinente del art. 103.

Efectivamente, se realizó el informe (fs. 239/250), en el que se dictaminó que el agente Brillo era pasible de la sanción disciplinaria de cesantía, de acuerdo a lo establecido en el art. 114, incs. b) y c), de la Ley 1703, por encontrarse acreditado que se había incumplido los deberes y prohibiciones del agente legislativo fijados en el Estatuto y configurado abandono de servicio, por inasistencias injustificadas de 5 días continuos, del 26 al 30 de julio de 2010.

Dichas conclusiones -capítulo de cargo- fueron notificadas al actor (fs. 257).

A fs. 258, sin más trámites que realizar, se elevaron las actuaciones a la Secretaría de Cámara y con posterioridad (fs. 259) se remitieron a la Junta de Disciplina, notificándose al actor a fs. 261, poniendo a su disposición el expediente a los fines de tomar vista y extraer copias (fs. 262).

La Junta de disciplina, a fs. 263, concordó con las conclusiones de la Instructora sumariante y estimó pertinente la aplicación de la sanción disciplinaria de cesantía.

La Asesoría Letrada emitió dictamen a fs. 265/269 y, en consecuencia, se dictó la Resolución 487/10, mediante la cual se aplicó la cesantía, que se notificó al actor a fs. 276.

A través del Expte. 005-11580/2010 se tramitó la impugnación administrativa, que fue rechazada con el dictado de la Resolución 532/10.

IX.- Hecha la reseña del trámite que siguió el sumario administrativo, cabe reiterar en esta oportunidad la plena vigencia del derecho de defensa en el ámbito disciplinario, en el cual deben observarse las garantías del debido proceso, de forma tal que en el caso concreto el procedimiento aplicado no cercene la posibilidad de una defensa efectiva.

Tal conclusión parte de la similar naturaleza que, como ejercicio del poder punitivo estatal, presentan ambas potestades, la sancionatoria disciplinaria y la penal.

Así lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto sostuviera que: "es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita." (cfr. CorteIDH, caso "Baena y otros", sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafo 106).

De allí que, rigen para el caso bajo estudio, en forma analógica, las garantías rituales establecidas, tanto en la Constitución Provincial (artículo 62 y ss. de la CP), como en el bloque de constitucionalidad federal (artículo 18 de la CN y Tratados y Convenciones con jerarquía constitucional), verbigracia, las del artículo 8 de la CADH (cfr. Corte IDH, caso "Baena y otros", sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafos 124 a 129; en función de los artículos 21 de la CP y 75, inciso 22, de la CN y de la doctrina de Fallos CSJN 318:514 in re "Giroldi").

Desde dicha perspectiva se aprecia que en este caso concreto se presentaron ciertas circunstancias, ya destacadas en el repaso previo de las actuaciones administrativas, que redundaron en un agravio para el pleno ejercicio del derecho de defensa del sumariado.

La etapa en que fundamentalmente se aprecia tal inobservancia de las garantías es la declaración indagatoria, acto que, además de ser la manifestación más concreta del derecho a ser oído previamente a una resolución que pueda afectar derechos del agente, es un paso prescripto expresamente para la debida tramitación del sumario administrativo, según los artículos 52 y siguientes del Reglamento de Sumarios de la Legislatura.

En efecto, cuando se citó al aquí actor a la audiencia de indagatoria, su abogado defensor solicitó que se le concediera vista y fotocopias completas del expediente, petición que fue denegada expresamente por la Instructora, invocando que las actuaciones habían sido declaradas reservadas hasta que se terminara de producir la prueba de cargo y se formulara el correspondiente informe final.

Ante ello, el acusado llegó a la audiencia sin que se le hubiera permitido tener acceso al sumario y fundamentalmente a las pruebas obrantes en su contra, que a criterio de la Instrucción daban motivo suficiente para considerarlo responsable disciplinariamente (artículo 52 del Reglamento), deficiencia que no consta que se haya suplido ni siquiera en el mismo acto.

En el mismo sentido, resulta ilustrativo citar la intimación que se le dirigiera en la audiencia, que se resumió en lo siguiente: "... los hechos por los cuales ha sido sumariado: a) discordancia entre las afirmaciones emitidas por la Sra. Directora del Digesto y Extensión Parlamentaria y los registros de asistencia, en relación a la prestación efectiva de servicios y b) presunto abandono de servicio ante la quinta ausencia injustificada" (ver a foja 227 del sumario).

Esa fue toda la descripción de la imputación, carente de cualquier circunstanciación y a todas luces insuficiente para que el agente tuviera el acabado conocimiento que le debe ser impartido previamente a la recepción de la declaración indagatoria (cfr. el artículo 56 del Reglamento de Sumarios).

Tanto así que el declarante manifestó al iniciar su deposición que "los hechos intimados no resultan lo suficientemente identificados en los tiempos, modo y lugar, lo que no permite el pleno ejercicio de mi derecho de defensa" (cfr. a foja 227 del expte. cit.).

No obstante, la diligencia siguió adelante, sin que conste en el acta que se hubiera hecho algún esfuerzo por remediar la situación, expresamente denunciada por el imputado.

Al cuadro descripto, cabe añadir que al momento de la indagatoria toda la prueba de cargo ya había sido producida sin otorgar al sumariado la posibilidad de ejercer el contradictorio y el control sobre la regularidad de las diligencias y la validez de la prueba en sí misma, cuando además de las declaraciones de los testigos se habían examinado los videos de las cámaras de seguridad y tomado imágenes de los mismos, todo ello sin posibilitar la asistencia del imputado.

Para seguir, cabe mencionar que al finalizar la audiencia recién se le dio al agente acceso a las copias del expediente, pero solamente de las primeras 55 fojas, o sea, las anteriores a las que contienen la prueba.

El cúmulo de las circunstancias particulares en que se llevó adelante la indagatoria, hacen que la misma no haya reunido los requisitos mínimos para cumplir su finalidad de verdadero acto de defensa, en el sentido del más puro ejercicio de la inviolable garantía de ser oído en forma previa a la decisión del caso.

A mayor abundamiento, cabe citar aquí la respuesta que se dio frente al planteo defensista acerca de este punto que se hiciera al recurrir administrativamente la sanción.

Efectivamente, en la Resolución 532/10, previo a rechazar la impugnación, se ponderó que: "...de la lectura del expediente -tanto de las resoluciones mediante las cuales se iniciaron los sumarios administrativos así como del capítulo de formulación de cargos y de la resolución mediante la cual fue aplicada la sanción de cesantía- surge claramente que los hechos imputados..." (ver a foja 314 del expte. cit.).

Justamente lo que se le impidió al sumariado, antes de declarar, es que pudiera acceder al expediente, incluidas las resoluciones de inicio de los sumarios, mientras que el capítulo de cargos y el acto de cesantía fueron obviamente posteriores a la indagatoria. Es decir que, la pretendida subsanación tempestiva de la deficiente intimación no fue tal.

Ante la constatación efectuada en los párrafos precedentes no queda más que declarar la nulidad de la indagatoria plasmada en el acta de fojas 227/228 de las actuaciones administrativas que, como diligencia necesaria para la debida tramitación del sumario y manifestación del ejercicio del derecho de defensa previa, conlleva la nulidad de la sanción aplicada posteriormente, en función de la configuración del vicio grave previsto en el artículo 67, inciso r), de la Ley 1284.

Alcanzada tal conclusión, no cabe profundizar en el planteo de inconstitucionalidad de la normativa de procedimiento sumarial.

De tal manera, cabe reconocer que el actor no perdió su derecho a la estabilidad del que gozara, lo que redunda en que deba ordenarse a la demandada la reincorporación pretendida, a fin de hacer efectivo el reconocimiento de ese derecho.

En suma, corresponde admitir la demanda en este punto y declarar la nulidad de la Resolución N° 487/10 de la Legislatura de la Provincia de Neuquén, ordenando la reincorporación del actor.

X.- Resta tratar la pretensión de pago de los salarios retenidos desde el mes de agosto/10, con más sus intereses.

Cabe iniciar el tratamiento de la cuestión, dejando expuesto que, en criterio que comparte este Tribunal de acuerdo a la inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no corresponde hacer lugar al pago de sueldos por tareas no desempeñadas durante el lapso entre la separación del cargo del agente y su reincorporación salvo que existan disposiciones expresas y específicas (Fallos: 302:1544, 304:1459, 307:1889, entre otros).

Tal el principio general y la excepción que de él se desprende, que en este caso está plasmada en la norma específica del artículo 119 in fine de la Ley 1703 y el concordante artículo 51, inciso b), del Reglamento de Sumarios.

En función de los citados dispositivos, si el agente no resulta sancionado o la sanción que se le aplica no es privativa de haberes, tiene derecho a percibir los que se hubieran devengado durante el lapso de la suspensión preventiva.

Por lo tanto, procede la pretensión de pago de los salarios que hubiera dejado de cobrar durante la vigencia de la medida de suspensión provisoria decretada por Resolución 294/10 y prorrogada por Resolución 350/10, hasta que adquirió firmeza, en sede administrativa, la Resolución 487/10, que dispusiera la cesantía.

Ello con más los intereses correspondientes desde que se devengara cada sueldo y hasta el efectivo pago, a la tasa activa del Banco de la Provincia del Neuquén, según doctrina del Acuerdo 1590/09 "Alocilla".

A partir de entonces, la suspensión preventiva perdió virtualidad, quedando el actor completamente separado del cargo.

Después de ese momento, resulta aplicable el principio general antes sentado, en tanto la capacidad laboral fue liberada.

Efectivamente, el agente no tiene derecho a percibir salarios caídos, puesto que el sueldo es la contrapartida de la obligación de prestar servicios y, obviamente, si éstos no fueron concretamente realizados, dentro de la mecánica de la relación contractual, no corresponde la exigencia de retribución alguna (cfr. Ac. 1649/09, en autos "Arias Evita").

La improcedencia del reconocimiento del pago de "salarios caídos", viene sustentada por la pacífica doctrina antes citada: la ausencia de prestación laboral obsta al acogimiento de la pretensión "remuneratoria" que ha sido esgrimida y los consiguientes aportes, salvo expresa excepción normativa.

Y, por otra parte, dado que no se ha solicitado para este aspecto pretensión indemnizatoria subsidiaria ("daños y perjuicios"), no corresponde efectuar, sobre el tópico, mayor análisis que el realizado: no existiendo ejercicio efectivo de la función, resulta improcedente el pago de salarios y, consecuentemente de aportes. Por lo tanto, no existen motivos que permitan acoger el planteo en este punto.

XI.- En síntesis, corresponde hacer lugar a demanda en lo concerniente a la pretensión de declaración de nulidad de la Resolución N° 487/10 y, en consecuencia, disponer el reintegro del actor a las funciones como empleado legislativo y condenar a la demandada al pago de los haberes dejados de percibir durante el tiempo que estuvo vigente la suspensión provisoria dictada en el sumario administrativo. Desestimar el requerimiento de pago de salarios caídos con respecto al período posterior.

En cuanto a las costas, atento al resultado del pleito, corresponde distribuir las mismas, en un 10% para el actor y el 90% restante a cargo de la demandada (artículo 71 del CPCyC). TAL MI VOTO.

El Señor Vocal ANTONIO GUILLERMO LABATE dijo: con iguales consideraciones que las efectuadas por el Dr. Kohon, emito mi voto de adhesión a los fundamentos y la solución que se propone. MI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose dado intervención al Sr. Fiscal, y por unanimidad, SE RESUELVE: 1º) Hacer lugar parcialmente a la demanda, declarándose la nulidad de la Resolución 487/10, que dispuso la sanción de cesantía del actor, Marcelo Javier Brillo; 2º) Disponer el reintegro del actor a la Legislatura de la Provincia del Neuquén, en el mismo cargo que detentara hasta la nulificada destitución; 3º) Condenar a la demandada a pagar al accionante los haberes que hubiera dejado de percibir durante el tiempo que estuvo vigente la suspensión provisoria dictada en el sumario administrativo por Resolución 294/10 y prorrogada por Resolución 350/10, hasta que adquirió firmeza, en sede administrativa, la Resolución 487/10, que dispusiera la cesantía; con más los intereses correspondientes, desde que cada suma es debida y hasta el efectivo pago, a la tasa activa del Banco Provincia del Neuquén; 4°) Rechazar la pretensión de pago de los salarios caídos con respecto al período posterior; 5°) Distribuir las costas, en un 10% para el actor y el 90% restante a cargo de la demandada (artículo 71 del CPC y C de aplicación supletoria); 6°) Diferir la regulación de honorarios hasta que se cuente con pautas para ella; 7°) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Con lo que se dio por finalizado el acto que, previa lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por ante la Actuaría, que certifica.

DR. RICARDO TOMAS KOHON - Dr. ANTONIO GUILLERMO LABATE DRA. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria.