marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de revisión (procesal), prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: COOPERATIVA   LIMITADA  DE  ELECTRICIDAD  ANEXOS  DE  HUINCA  RENANCO c/ BOREAL  S.C.A. s/ EMBARGO PREVENTIVO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-23

La procedencia del vicio descripto en el inc. 9no. del art. 1272 C.P.C. está condicionada a que los documentos: a) sean decisivos; b) que al tiempo de dictarse la sentencia ignorase la parte que estuvieren reconocidos o declarados falsos por decisión jurisdiccional; c) que se reconozcan o declaren falsos después del dictado de la misma, también por resolución judicial.

La declaración de falsedad sólo puede ser efectuada por los órganos de la jurisdicción y no basta para lograr la rescisión del proceso o de la sentencia, en que fue aportado como medio de prueba, sino que es necesario que la decisión firme que compuso el litigio o puso fin a ese proceso fuere dictada en virtud de ese documento declarado falso.

La validez o falsedad de un documento no depende de la apreciación particular que el interesado pretenda hacer valer en esta sede sino que está condicionada al presupuesto de una declaración previa.-
Actos y diligencias procesales, proceso judicial, subasta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OFICIO LEY 22172 JDO. 5 C. Y C. SAN JUAN EN J: 75F827 BANCO UDECOOP c/ DISTRIBUIDORA ARCO E. Y E.C. s/ sol - dil (LIBRO: A072 - 032)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-05-18

Se justifica la suspensión de los procedimientos del principal por interposición de un incidente de nulidad respecto del procedimiento de subasta, si el planteo no comprende solamente los defectos en la publicación edictal, sino otros tales como la individualización correcta del inmueble a subastar, los menores que no formaban parte del mismo, las notificaciones a los acreedores hipotecarios, etc. que deben ser dilucidadas en la resolución respectiva.
Concursos, competencia, cuestiones de competencia, suspensión del proceso judicial
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Correo Argentino SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-12

Se trata de una situación casi inédita -en la que tres Magistradas tienen cuestionada su intervención en el expediente y no por planteos de incompetencia sino por recusaciones- que sin dudas ha configurado un conflicto de aquellos previstos en el decreto ley 1285/58: 24-7° que impide ignorarlo para continuar la tramitación del proceso en esta instancia. De tal modo, y aunque resulte paradojal, la solución -temporaria, por cierto- que aquí se postula, resulta una forma de aventar el riesgo de mayores demoras posteriores, que derivarían de futuras eventuales nulidades.
Daño físico, reparación integral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LOHRMAN DE AGUIRRE, LILIANA HAYDEE c/ GARCILAZO GUSTAVO RUBEN Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS RUBEN Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-04-19

La reparación del daño físico causado debe ser integral. Es decir, que debe comprender todos los aspectos de la vida de un individuo o dicho de otro modo, debe resarcir las disminuciones que sufra a consecuencia del evento y que le impidan desarrollar normalmente todas las actividades que el sujeto realizaba; de allí que para su determinación se debe tener en cuenta el perjuicio real y efectivo padecido, la naturaleza de las lesiones, la edad de la víctima, su actividad, el grado de incapacidad y la proyección que la secuela del infortunio tiene sobre su personalidad integral.
Elevación en consulta, competencia del Superior Tribunal de Justicia, sala del tribunal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Pcia. Del Chubut c/ A., R.- A., F.. s/ Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-14

La consulta adquiere su razón de ser cuando ha quedado vacante el recurso de la defensa, limitándose el conocimiento de la integración plena del Superior Tribunal de Justicia, es decir, de la totalidad de sus miembros, a los casos en que haya recurso del fiscal o, falta de recurso, para afianzar el derecho de la defensa del imputado.
Embargo, inembargabilidad de fondos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ENTRE RÍOS S.A. c/ ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE ENTRE RÍOS s/ ORDINARIO ACCIÓN DE CONSIGNACIÓN -MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-08-16

Si bien el art. 1 de la Ley 25.973/04 (BON 31/12/04) declara aplicable en beneficio de las provincias, los municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el régimen de inembargabilidad en relación a los fondos públicos que le pertenecen, establecido por los arts. 19 y 20 de la ley 24.624, ello no conlleva a su empleo sin más y en forma automática, sino que en tal caso la parte interesada debe justificar que los fondos cautelados resultan necesarios e indispensables para satisfacer impostergables necesidades públicas o para atender a las erogaciones previstas en el presupuesto, esto es, para el normal desarrollo del Estado en sus distintas expresiones y para la correcta atención de los servicios públicos.

Observaciones: "Mac Kay Luis M. y otra c/ Sup. Gob. de la Pcia. de E.R. S/ Ejecución de Honorarios" Expte. Nº 607/C, del 7/8/2007; "Mac Kay Luis M. y otra c/ Sup. Gob. de la Pcia. de E.R. S/ Ejecución de Honorarios" Expte. Nº 1065/C, del 19/10/2007; "Mac Kay Luis M. c/ Caja de Jub. y Pen. de la Pcia. de E.R. S/ Ejecución de Honorarios", Expte. Nº 1563/C, del 5/11/2008; "Entre Ríos S.A. c/ Administradora Tributaria de Entre Ríos s/ Ordinario acción de consignación -medida cautelar-", Expte. Nº 5364/c, del 17/08/2016; "Entre Ríos S.A. c/ Administradora Tributaria de Entre Ríos s/ Ordinario acción de consignación -medida cautelar (civil)-", Expte. Nº 5365/C, del 18/08/2016.
Estelionato, compraventa, buena fe, cosa sustraída
Materia: PENAL
Carátula: BRANSTEIN s/ ROBO. DEFRAUDACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1946-10-01

El autor de un hurto o robo de una cosa, al venderla a un tercero no encubridor que la compró fuera de los casos precitados en los artículos 2768 y 3214 del Código Civil, comete el delito del artículo 173 inc. 9 del Código Penal, si el comprador actuó de buena fe en la operación.
Jubilaciones, cosa juzgada, error esencial (civil), sobreseimiento definitivo, dolo, acto administrativo
Materia: PENAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Angela BIANCO s/ ACTOS  ADMINISTRATIVOS - JUBILACION Y PENSION - COSA JUZGADA - DOLO -  SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-17

Es descalificable el pronunciamiento que denegó la rehabilitación del beneficio jubilatorio pues el acto que da de baja o anula la prestación anteriormente acordada, no se beneficia para asegurar su inmutabilidad por el principio de la cosa juzgada, ya que evidentemente estuvo viciado de error esencial al tener por probada la falsedad de la prestación de ciertos servicios lo que después vino a ser desvirtuado por la proyección del fallo penal (arts. 7, inc. b), 14, inc. a), de la ley 19.549). En el caso del auto de sobreseimiento total y definitivo de la causa criminal se puede extraer la conclusión que la interesada no incurrió en dolo como parece que lo habría presumido la Caja al dejar sin efecto el otorgamiento del beneficio y dar intervención a la justicia penal, y si bien la propia interesada, intimada que fue a hacerlo, reintegró a la Caja sin reserva ni salvedad alguna los importes percibidos, la valoración de su conducta no puede ser hecha con prescindencia de su nivel social y de la edad a la sazón alcanzada.
Derecho de peticionar, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, Administración Nacional de la Seguridad Social, resolución denegatoria, aplicación de la ley, doctrina de los actos propios, recurso de reposición (procesal)
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MAGNELLO, JOSE ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-24

El derecho a peticionar es el más absoluto que puede concebirse, porque supone en el que peticiona la convicción de que la autoridad a quien se dirige tiene plena facultad para acordar o negar lo solicitado. Por ello, ante un pedido de reajuste del haber previsional, si bien la A.N.S.E.S. tiene competencia para dictar la resolución y para delegar la misma en los jefes de las mesas de entrada (art. 3 del Dec. 2741/91 y art. 36 de la ley 24.241), lo cierto es que la devolución de escrito implica una resolución denegatoria, toda vez que no da curso al reclamo del peticionario.

Ahora bien, si en uso de facultades delegadas la Jefa de Mesa de Entradas de la Unidad correspondiente emite una resolución denegatoria -es decir, actuando en el marco de la ley vigente y adoptando conductas jurídicamente relevantes-, no es posible desconocer sus efectos (teoría de los actos propios) y, en consecuencia, corresponde revocar la resolución del "a quo" que declaró inhábil la instancia por no mediar pronunciamiento expreso de la A.N.Se.S., tal como a su entender, exige el art. 15 de la ley 24.463.
Comercialización ilegal de estupefacientes, recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, resoluciones equiparables a definitiva, gravamen irreparable, libertad condicional, cuestión constitucional, principio de legalidad, pena única, aplicación temporal de la ley penal, sistema acusatorio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de Apelación en autos "López Gómez, Jennifer sobre 5 C -comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción / tenencia con fines de comercialización s/ recurso de inconstitucionalidad concedido c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-24

El orden jurídico distingue entre la intervención del fiscal durante el proceso y aquella que le cabe en la eventual ejecución de la sentencia. En la primera etapa, el sistema acusatorio, previsto en el art. 13, inc. 3, CCBA, tiene vigencia plena y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires manda organizar el proceso sobre la base de una acción ejercida por el MPF con la autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial que consagra su art. 124. Ello se ve reflejado en las normas adjetivas tanto en el juzgamiento de los delitos como en el de las contravenciones, filosofía que queda recogida, entre otros, en el art. 266 del C.P.P.C.A.B.A., en cuyo marco el mutuo acuerdo de fiscal y defensor/imputado limita la capacidad decisoria del tribunal. Una vez alcanzada la sentencia, el margen decisorio del fiscal resulta radicalmente modificado. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, historia clínica
Materia: CIVIL
Carátula: D. D. M. M. D. V. c/ A. C. R. Y. O. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-12-28

Es del caso recordar lo dicho por esta Sala Civil y Penal en el anterior pronunciamiento del 21/3/2007 recaído en esta misma causa, al rechazar el planteo fundado en lo dispuesto por el art. 67 del Cód. de Comercio. Se expuso entonces que "las anotaciones que los profesionales médicos hacen en la historia clínica no son tareas administrativas, sino un paso impuesto por la lex artis. Por ende, tampoco puede calificársela como un documento contable sino de índole profesional, que debe reflejar el correcto seguimiento de la evolución del paciente. Sin perjuicio de ello, es del caso señalar que el deber de conservación de la historia clínica recae sobre el ente asistencial responsable de su archivo y custodia; por lo que en principio su ausencia perjudica primordialmente a quien era exigible este deber. Los usos y costumbres médicas, y aún disposiciones administrativas imponen la guarda de dicho documento al establecimiento o institución asistencial; pero no existe unanimidad de opinión en torno a la vigencia temporal del deber de conservación de la documentación. Se ha dicho que siendo de diez años el plazo para iniciar una demanda por responsabilidad profesional originada en la relación contractual existente entre médico y paciente, las historias clínicas deberían conservarse por lo menos ese tiempo. También se menciona a título ilustrativo , que el art. 1° de la Resolución emitida por la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, del 11/9/86, establece el plazo de quince años para la conservación de las historias clínicas en los establecimientos asistenciales privados autorizados por la autoridad sanitaria nacional. En concordancia, ha sido subrayado que a nivel nacional todavía se discute si el plazo de guarda es de 10 o 15 años, con las dificultades de espacio físico, posible deterioro y/o extravío que ello trae aparejado; toda vez que el período de prescripción para las acciones de orden contractual es de diez años; en tanto que el deber de conservación, conforme a la resolución citada es de quince años, a nivel nacional" (cfr. CSJTuc., "Delgado de Manay Mercedes del Valle vs. Auad Carlos Reyes y otro s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 159 del 21/3/2007; y doctrina citada en el fallo).
Derechos y garantías constitucionales, proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: VILLALBA, VICTOR ALFREDO Y OTRO s/ INCIDENTE DE EXIMICION DE PRISION MENDIETA, CRISTIAN ALBERTO s/ INCIDENTE DE EXIMICION DE PRISION ORLANDO LEGUIZAMON s/ EXIMICION DE PRISION-SOLICITADA POR EL DR. WALTER ALBERTO NICOLAI JUAN JOSE CASTILLO s/ EXIMICION DE PRISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-09-07|2000-10-03|2001-04-30|2001-06-22

Todas las legislaciones basadas en la Constitución Nacional, y el Pacto de San José de Costa Rica incorporado a nuestra Carta Magna, sientan el principio de que debe existir la libertad efectiva durante todo el proceso penal.
Delito culposo, impericia, accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: PENAL
Carátula: Tassi, Miguel Angel s/ Homicidio - Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

La decisión de dirigir la marcha de un vehículo hacia la mano contraria al verse enfrentado a otro vehículo que sale de la suya - -que derivó en el suceso origen de la causa- en lugar de hacerlo hacia el préstamo de la propia, constituye una conducta imperita por no haberse optado -en una situación sin duda difícil, pero para la que un chofer profesional debe encontrarse preparado- por la operación menos riesgosa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estafa, tarjeta de crédito
Materia: PENAL
Carátula: Thomas, Jorge H. s/ Defraudación - Regulación de Honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-25

Cabe responsabilizar por el delito de estafa a quien, simulando su solvencia, que sabía provisoria, ante la empresa que la creyó permanente, contrató una tarjeta de crédito que le permitía comprar sin tener que pagar, conociendo que al tiempo de verse obligado a responder por las compras y no hacerlo, la expendedora de la tarjeta no tendría frente a sí, sino a un insolvente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Zabala, Eduardo y otros s/ Robo. Robo aut.tor. Daño y lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-05

Es insuficiente el agravio que se cuestiona -respecto de los hechos- la imputabilidad del procesado sin citar como violada o erróneamente aplicada ninguna norma legal atingente (art. 355, C.P.P.).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, sentencia definitiva, monto del juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: A.B. SA c/ Provincia del Chubut s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-07-05

Conjuntamente con el recaudo de definitividad de la sentencia opugnada que antecede, el artículo 32 inciso 7 de la Ley 37 requiere como condición para la viabilidad de la Apelación Ordinaria, la exigencia de "valor disputado" que ante la obsolescencia normativa este Tribunal ha delimitado en SD Nro. 41/SRE/94, SI Nro. 50/SRE/96 y 36/SRE/97, y SD Nro. 15/SRE/18/SRE y 23/SRE/01.

Esto es, resulta indispensable que la pretensión tenga un contenido patrimonial directamente ponderable, o exista una sustancia económica discutida cierta, aunque no líquida.
Acto administrativo, nulidad relativa, nulidad absoluta, acto administrativo regular, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

Si el acto administrativo cuestionado es regular, no puede considerarse que medie una nulidad absoluta y, por tanto, sólo está afectado de nulidad relativa. En tal caso, nunca puede la Administración Provincial por sí y ante sí, revocarlo, pues el "contralor de legalidad" de un acto regular, o sea, solamente anulable, afectado de nulidad relativa, sólo puede ser ejercida por el Poder Judicial.
Denegatoria del recurso, acción de amparo, personas con discapacidad, suministro de medicamentos, responsabilidad del Estado
Materia: SALUD PUBLICA
Carátula: AAI c/ FACOEP SE s/ amparo - salud-medicamentos y tratamientos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad dirigido a cuestionar la sentencia de la Cámara que confirmó la de primera instancia en cuanto hizo lugar a la acción de amparo y ordenó a FACOEP que otorgara al actor -persona declarada incapaz con padecimientos del síndrome psicoorgánico- la cobertura del 100% de los insumos y prestaciones de acuerdo con su estado de salud. Ello así dado que el recurrente omite rebatir los argumentos de la Cámara fundados en que no puede liberarse al Estado local de su responsabilidad en la materia y no se hace cargo de que la Cámara consideró la normativa invocada por el recurrente, pero interpretó que la misma no resulta oponible a la actora. (Del voto en disidencia parcial del juez Santiago Otamendi).
Injuria laboral, fraude laboral, pago en negro
Materia: LABORAL
Carátula: "Fattorini,   Silvana c/ Novasystem   S.A.  y  otros s/ despido"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-19

Merece señalarse que en el supuesto de una vinculación total o parcialmente clandestina o de pagos "en negro" no existe un simple, aislado y mero incumplimiento legal como sería el caso de falta de pago de créditos al trabajador sino una actuación destinada a incumplir la ley (laboral, impositiva, comercial, etc.), existe un verdadero concilio de fraude destinado a ocultar hechos y conductas con la finalidad de sustraer al empleador del cumplimiento de sus obligaciones legales. (Del voto de la Dra. Porta).
Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, competencia contencioso administrativa, acción de amparo, existencia de otras vías, recurso contencioso administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación jurisdiccional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gastonjauregui, Jorge Raul c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo. Avocación (Artículo 2, Ley 11330) (Expte. CSJ Nº 536- 97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-03-11

No puede prosperar la pretensión actora relativa a que el trámite del amparo continúe hasta la sentencia, asistiéndole a posteriori a la contraparte el derecho de acudir a las vías recursorias correspondientes, por cuanto ello deja de lado que la tutela de la competencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia local en materia contencioso administrativa, como así también la efectiva custodia de los intereses en juego en este tipo de cuestiones, exige que su intervención sea "inmediata", tal como lo establece expresamente el artículo 2 de la ley 11330. Ello, sin perjuicio de que tanto la concurrencia de la materia contencioso administrativa cuanto la clara ausencia de los requisitos del amparo, tornan aconsejable evitar la sustanciación innecesaria de una causa, según lo informan principios de celeridad y economía procesal en pos de una eficaz administración de justicia.
Plan de ahorro previo, indemnización, privación del uso del automotor, prenda
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: González, Diego Alberto  c/ Plan Rombo SA de Ahorro para fines determinados y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-02

Corresponde rechazar el reclamo de indemnización por privación de uso promovido por el suscriptor de un plan de ahorro previo contra la administradora del plan, pues la negativa a la liberación de la garantía prendaria no trae causa, por sí misma, para indemnizar una privación de uso. Adviértase al respecto, que el gravamen que en los términos de la ley 12962 pesa sobre el automotor adjudicado al actor no impide ni le ha impedido su utilización pues, como es sabido, una de las características propias de la prenda registral está dada por el derecho que tienen el deudor prendante para usar la cosa pignorada; como lo expresa el art. 13, párrafo cuarto, de la citada ley.
Falso testimonio, declaración testimonial, testigos, causa propia
Materia: PENAL
Carátula: FINKELSTEIN Y OTRO s/ FALSO    TESTIMONIO.    ACTORES  DE  LOS  HECHOS.  CONDUCTA  ATÍPICA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-08

NO PUEDEN COMETER EL DELITO DE FALSO TESTIMONIO QUIENES, POR HABER SIDO ACTORES DE LOS HECHOS, CARECEN DE LAS NECESARIAS CALIDADES DE "TESTIGOS" Y DECLARAN EN CAUSA PROPIA.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, concurso de delitos
Materia: PENAL
Carátula: Juarez, Jose Enrique s/ Pena unica
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-20

Es agravante la marcada tendencia delictiva evidenciada por numerosos delitos concursantes, que no se confunde con la existencia misma de las condenas.-
Derecho procesal, medidas cautelares, levantamiento del embargo, bienes, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Osteolife SRL c/ Euromed SRL s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-24

De conformidad con lo dispuesto por el CPR 219, son inembargables los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza el deudor. Sin embargo, tiene dicho esta Sala que la aludida inembargabilidad sólo alcanza a los instrumentos necesarios para el desempeño individual de una profesión, arte u oficio y no se extiende a maquinarias, instrumental mecánico e instalaciones afectadas a un establecimiento industrial o comercial porque tal caso configura una acumulación de capital que excede el marco establecido en el CPR 219 ("Saravia Boullosa Sonia c/ Gómez Laura Haydee y otro s/ Ejecutivo", del 6.3.12; "Areán, Beatriz, "Código procesal. Civil y Comercial", pág. 388, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005). En tal sentido, cabe destacar que la jurisprudencia es unánime, coincidente y pacífica en afirmar que la inembargabilidad sólo se aplica a las personas físicas -personas humanas- sin beneficiar a las sociedades comerciales (Highton - Areán, "Código procesal. Concordado. Análisis doctrinal y jurisprudencial", T. IV, pág. 394 y su cita, edit. Hammurabi, Buenos Aires, 2005). Asimismo, y teniendo en consideración que el ejercicio del comercio no es una profesión, arte u oficio, los equipos de computación de una empresa son, por ende, embargables (Fassi-Yañez, "Código procesal. Civil y Comercial. Comentado, anotado y concordado, T. 2, pág. 113, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989"), y no cabe el levantamiento de la medida.