Tribunal: CAMARA DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2006-03-13


2º Instancia.- Córdoba, marzo 13 de 2006.

¿Resulta procedente el reclamo de la accionante por incapacidad laborativa en función de la ley 24.028? El doctor Toselli dijo:

En primer lugar debo señalar que la cuestión de la competencia laboral para entender en la presente causa ha quedado definitivamente resuelta a través del Auto Interlocutorio Nº 242 dictado por la sala Primera de esta Cámara Unica del Trabajo de Córdoba. En función de todo ello, quien vota sostiene que ha operado la cosa juzgada respecto de que la presente acción está instaurada al amparo de la ley 24.028 y que la accionante tenía acción habilitada a tal fin. Determinado tal punto debo ahora verificar si la actora logró probar que padecía la incapacidad por las patologías que demandaba, la realización de las tareas que denuncia como causantes de su incapacidad y el vínculo causal entre ellas. A esos efectos me he de remitir a la pericia médica obrante a fs. 229/232, la que concluye afirmando que la accionante padecía en vida de Cervicobraquialgia, Dorsalgia, Lumbociatalgia y Artropatía de tobillos, con manifestaciones clínico radiológicas a las que califica como Enfermedad del Trabajo y con una incapacidad superior al 66% de la t. o., a la que luego en la audiencia de la vista de la causa, conforme se transcribirá infra cuantifica de manera definitiva en el 67% de la t. o. Especifica la perito que es indudable que el tipo de tareas y posiciones relatadas en la demanda, que Sara Volpini debió adoptar en razón de su trabajo, han puesto de manifiesto y agravado las afecciones osteoarticulares que la actora padeció y que según documentación que se consigna en el capítulo clínico del informe habrían determinado su invalidez, ya que según allí se dice la actora era movilizada en silla de ruedas, al no ser autoválida. Destaca además la perito oficial que de su legajo personal se reiteran los episodios de cervicalgia, lumbalgia y dorsalgia, que habrían originado la necesidad de medicar incluyendo reposo y que en última instancia determinaron el retiro provisorio, Junta Médica mediante, de la Caja de Jubilaciones de la Provincia por ser portadora de una incapacidad superior al 66% de la t. o. Reitera la perito en su capítulo analítico y discusivo que las tareas que la actora ha relatado en su demanda y que ella transcribe en su informe son suficientemente idóneas para haber sido causa eficiente de las patologías detectadas, razón por la cual emite su dictamen de enfermedad del trabajo de las referidas patologías. A fs. 235 la representación jurídica de la demandada impugna dicho acto pericial por las razones que sostuvo daría en la oportunidad de los alegatos. En dicha ocasión se sostiene que la perito no tuvo en cuenta que la actora desde los 18 años de edad realizó labores domésticas y que a fs. 181/182 se destaca que la actora fue declarada apta para desarrollar sus tareas de cocinera con conocimiento de alteración traumatológica, que se corresponden con escoliosis lumbar. También cuestiona la calificación médico legal. Entiendo que parcialmente le asiste razón a la impugnación, ya que evidentemente de las patologías columnarias detectadas, la vinculada con la columna lumbar ya la portaba la actora al momento de iniciar su vinculación con la accionada por lo que no parece razonable atribuir el total de la responsabilidad indemnizatoria por las afecciones columnarias a la accionada. En consecuencia siendo que la actora tiene afectados los tres segmentos de la columna vertebral y que según manifestara la perito médica en la audiencia de la vista de la causa el total de incapacidad por su afección de columna es del 60% de la t. o., entiendo que de ese porcentaje corresponde que sean indemnizados los dos sectores que no estaban comprometidos al ingreso de la actora, es decir que el porcentaje de incapacidad que se admite como de responsabilidad de la accionada es del 40% por su afección en columna vertebral. Señalo que las restantes observaciones no tienen cabida ya que la acreditación de las tareas no corresponde que sea realizado por el perito médico si no por las probanzas incorporadas al proceso, es decir a través de las informativas y testimoniales, lo que desde ya adelanto que entiendo ha acontecido. El hecho de que la actora hubiera desempeñado labores domésticas desde los 18 años determinó que justamente al ingreso a la esfera de la Administración Pública Provincial padeciera el porcentaje de incapacidad que he considerado como no resarcible. En consecuencia entiendo que la actora padecía una incapacidad atribuida a las tareas cumplidas a las órdenes de la demandada del 47% de la t. o. La impugnación a la pericia que realiza la representación jurídica de la parte actora debe ser rechazada, ya que no sólo no agrega ningún elemento científico para avalarlo, sino que en la oportunidad de los alegatos señala la contundencia de dicho informe, razón por lo cual sostengo que, expresamente, ha declinado tal cuestionamiento. Conforme ya anticipara entiendo que la accionante ha logrado acreditar debidamente la realización de las labores denunciadas en la demanda en la modalidad allí descripta. En oportunidad de la Audiencia de Vista de la Causa se recepcionó la absolución de posiciones de la parte actora, efectivizada por Lilian Miriam Farnochi en calidad de administradora judicial provisoria de la herencia de Sara Carlota Volpini. Dijo que era cierto que la actora ingresó a la Administración Pública Provincial en Febrero de 1974, a la edad de 35 años (primera posición), manifestó que no sabía si la actora desde agosto del año 1957 a Diciembre del año 1973 había trabajado en el sector privado como empleada doméstica durante casi 16 años (segunda posición). Dijo que era cierto que la actora durante el lapso de tiempo que trabajó en el sector privado y en la Administración Pública Provincial, también realizó tareas en su hogar, propias de ama de casa (tercera posición). Dijo que era cierto que la actora durante el lapso de tiempo que trabajó en la Administración Pública nunca dejó de realizar paralelamente tareas de empleada doméstica en el sector privado (cuarta posición). Dijo que no sabía que a la actora nunca se le realizaron aportes cuando prestó servicios en el sector privado. Asimismo se recepcionaron los testimonios de quienes fueron las compañeras de trabajo de la actora durante su periplo laboral. La testigo Mirta Socorro Díaz, dijo que actualmente trabaja en Atención Primaria a la Salud en la Municipalidad. Que antes trabajó con la actora, en el hospital geriátrico en el colegio Ortus Conclusus, donde ingresó en el año 1980 -fecha en la que la actora ya se encontraba allí- y donde trabajó durante 5 años. Dijo que ambas fueron cocineras, entraban, levantaban el tacho de leche de 50 litros, y lo subían a la cocina. Que había 130 pacientes en total. La sopa la hacían en tachos más chicos de 25 ó 30 litros. Pelaban papas (traían arrastrando la bolsa), picaban verduras, cajones de acelga. Dijo que el economato estaba al lado. Hacían pastafrolas en asaderas grandísimas. Cargaban el mate cocido y la leche en los carros y las mucamas y enfermeras lo llevaban a la sala. Hacían la comida, incluyendo preparaciones especiales para diabéticos, hepáticos, etc. También hacían la masa de empanadas árabes y criollas. Lavaban y limpiaban todos los utensilios y, una vez al mes, hacían limpieza general bien a fondo. Trabajaba de 7:30 hs. a 13:30 hs. En ocasiones cambiaban de turno. Había una cocina bastante grande que equivalía a 8 cocinas chicas. Las tareas las hacían entre 2 y 3 personas. Sólo cuando había limpieza general se juntaban las 6. Dijo que las tareas exigían bastante esfuerzo físico. Manifestó que padece de artrosis, hernia de disco y unos pico de loro que atribuye a las tareas cumplidas. Que sólo le hicieron examen de salud para el ingreso. Por su parte Angélica de Las Nieves Chávez dijo que trabaja en el Hospital Cáceres de Allende. Que conoció a la actora en el geriátrico, cuando privatizaron el sector cocina, en el año 1985. Que pasó como mucama en la sala de hombres, que eran 5 salas. Dijo que ella (testigo) hacía lo mismo. Ingresaban a las 7:00hs, recogían la ropa sucia, la juntaban en una sábana, y la llevaban juntas al lavadero que les quedaba a una cuadra. Levantaban los muebles y baldeaban las salas, debían movilizar a los pacientes a otra sala. Mientras una baldeaba, la otra secaba y pasaba el trapo. Esto duraba una hora y media. Luego iban a buscar el desayuno en carros. Atendían 40 pacientes. Servían el desayuno y luego juntaban la vajilla y la llevaban al lavadero, donde la lavaban, y entregaban el carro limpio a la cocina. Luego lavaban las 3 galerías. Cada vez que un paciente ensuciaba, ellas iban y limpiaban. A las 10:00hs de la mañana le daban una colación. Luego se preparaba al paciente para el almuerzo. Había pacientes que iban al comedor y otros que comían en la cama. A las 11:30hs. iban a buscar el almuerzo, generalmente los ascensores estaban rotos, por lo que subían los tachos a mano. Durante 5 años hicieron este trabajo. En el año 1990 la pasaron al Tránsito Cáceres de Allende, al lavadero. Secaban las sábanas, las doblaban y entregaban la ropa a los distintos sectores. Esto fue sólo por 3 años, ya que luego la actora tuvo una sensibilidad en la mano y ahí empezó todo su problema de columna. Después de la operación la pusieron como portera por un año aproximadamente, hasta que la retiraron, después de haber estado con licencia médica. Cree que la jubilaron por invalidez, porque no volvió más a trabajar. Dijo que se atendía (la testigo) con el doctor Kolker, que es el mismo traumatólogo que atendió a la actora y la operó de 4ta. y 5ta. lumbar, y no quedó bien. Debía usar corset y al último terminó en silla de ruedas. Todo el trabajo que hacían era a pulmón y esto las afectó en su columna. Se hicieron exámenes de ingreso que dieron aptos, pero no se hicieron exámenes periódicos. En el trabajo se desgastaron mucho, cuando ella ingresó la actora estaba en la cocina, y allí subían las ollas, cocinaban y lavaban los utensilios. La testigo María Inés Romero dijo que trabajó en el Geriátrico en la cocina, y en el Hospital Tránsito Cáceres en la Portería. Dijo que ella (testigo) ingresó en febrero de 1979 y estuvo hasta el año 1985. Que había 130 pacientes más los médicos. Preparaban el desayuno, la colación, el almuerzo y el postre. La verdura y las papas venían en bolsas que ellas levantaban para preparar la comida. Todas las masas las hacían ellas. Luego de servir los carros, lavaban las ollas, baldeaban los pisos y dejaban preparada la verdura para el día siguiente. Hacían esfuerzo levantando tachos de leche, de sopa, las ollas con salsas y también estaban mucho tiempo paradas. Luego pasaron a ser mucamas en la sala de hombres. Debían baldear las galerías grandes a la mañana y al mediodía, después del almuerzo. Lavaban la vajilla de los pacientes. Subían los carros de comida por los ascensores, salvo cuando se rompían, que los subían por la escalera. En el año 1990 se cerró el Geriátrico, y ahí pasaron al Hospital Tránsito Cáceres. Dijo que la actora fue al lavadero donde secaban la ropa, pasándola por la máquina de planchar, y la doblaban. Que la actora estaba mucho tiempo parada. Que luego la actora pasó a portería donde daban informes, que en ese momento, la actora ya tenía el problema de columna y también en una mano. La tarea de baldear requería mucho esfuerzo físico, debían arrojar baldes completos de agua por los requerimientos del aseo de los pacientes, por el tipo de pacientes que eran. Sólo le hicieron examen médico de pre-ingreso, y nunca más. Dijo que sabía que la actora se operó de la columna y que quedó mal, y que se fue deteriorando. Que caminaba con un bastón. Que se quejaba siempre de tener mucho dolor, y le contaba los dolores de columna que tenía. Por su parte Olga Sonia Romero de Simondi, perito médico oficial, dijo que se basa en el informe emanado de la Caja de Jubilaciones. Que la tabla de Secchi le da a la columna el 60% y el 7% debe ser considerado por la artropatía de tobillos. La cuestión de cadera está vinculada a la columna. No le otorga incapacidad por la cadera ya que sólo tiene el informe de una RX. La desmineralización ósea aparece en casi todas las personas, depende de la edad y elementos genéticos. Que para las otras patologías existían otros elementos para considerar. Que no tiene elementos suficientes para decidir la incapacidad de esas otras patologías. Hubieran hecho falta otros estudios, centellografía, estudio hormonal, revisación clínica. Que las patologías que padecía la incapacitaban totalmente para realizar tareas laborales. La actora trabajó 16 años en tareas domésticas, según informe de la Caja de Jubilaciones. Con el examen de ingreso se detecta alteración traumatológica (1/2/74). Puede haber sido una escoliosis lumbar que se advierte en el pre-egreso. Hay gente que la tiene por una cuestión postural. Se remite a la descripción de tareas respecto de la vinculación causal. Dijo que también tenía una hernia de disco, que el dolor era por todas estas causas. Estas son en síntesis y lo esencial las declaraciones testimoniales producidas durante el proceso. Como ya anticipara entiendo que la accionante ha logrado la demostración causal necesaria como para que sus patologías hallen resguardo al amparo de la ley 24.028, en el porcentaje especificado supra (47% de la t. o.), ya que se ha demostrado la realización de importantes esfuerzos físicos, la adopción de posiciones viciosas, incómodas y antifuncionales y una continuidad importante de cumplimiento de tareas en el tiempo, con un deterioro paulatino y progresivo en su salud como da cuenta su legajo médico y su posterior jubilación por invalidez, de conformidad a las constancias documentales glosadas a la causa. Respecto de los datos personales de la actora, en especial su edad, a fs. 170 obra la solicitud de jubilación por invalidez donde da cuenta que el nacimiento de la actora había ocurrido el día 3 de agosto de 1939. En cuanto a su egreso, también de dichas constancias (fs. 201) surge claramente que el mismo aconteció el 01/04/1997 por jubilación por invalidez provisoria. Atento a ello entiendo que la demanda incoada debe prosperar por el grado de incapacidad señalado supra del 47% de la t. o. y utilizando a esos efectos la fórmula establecida por los arts. 8º y 9º de la ley 24.028. A los fines de la determinación del jornal diario promedio se deberán utilizar los montos de haberes que figuran discriminados en la informativa remitida por la demandada y obrante a fs. 202, incluyendo en dicho cálculo todos los rubros remunerativos y el aguinaldo respectivo. Determinada así la indemnización se deberá respetar el tope legal establecido por el art. 8º, incs. a) y c) de la mencionada norma legal. Al capital resultante se le adicionarán intereses al 1,50% mensual desde el mes de abril de 1997 y hasta el 31 de diciembre de 2005, en tanto que a partir del 1 de enero de 2006 y hasta su efectivo pago, dicho interés se elevará a la tasa media pasiva mensual que resulta de la encuesta que realiza el Banco Central de la República Argentina, incrementada en un dos por ciento mensual (2%), todo conforme lo dispuesto por la ley 23.928 y sus decretos reglamentarios 529/91 (art. 8º) y 941/91 (art. 10), los que se mantienen vigentes luego de la sanción de la ley 25.561 y los fundamentos dados por esta sala en los autos: "Allende Emiliano H. c. Transporte Automotores 20 de Junio S.R.L. Demanda" (sentencia de fecha 11 de noviembre de 1991) y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia en autos: "Juárez Guillermo c. Cor Acero S.A. y otro - Demanda - Recurso de Casación" (Sentencia del T.S.J. Nº 93 de fecha 15 de octubre de 1992) y "Farias c. Municipalidad de Córdoba - Demanda - Sentencia de fecha 2 de noviembre de 1994" a los que me remito brevitatis causae y que deberán ser considerados como parte integrante de esta Sentencia, y a los fines de mantener incólume su contenido habida cuenta de la situación financiera que se vive en la actualidad y que evidencia un incremento en los índices inflacionarios proyectados para el presente año con relación a los anteriores, lo que lleva en definitiva a adoptar los intereses establecidos en el caso "Hernández Juan Carlos c. Matricería Austral S.A. - Demanda - rec. de casación" (Sentencia del TSJ 39 de fecha 25/6/2002) a partir del primer día del presente año, pretendiendo con ello esta sala que integro ajustarse a la nueva realidad económica con el objeto de evitar que el deudor obtenga un enriquecimiento indebido por no cumplir en tiempo con su obligación y que el acreedor resulte perjudicado con la morosidad del primero, teniendo además presente que las tasas bancarias son sólo tasas de referencia. Por lo demás la fijación de la tasa de interés no causa estado y si las circunstancias varían de modo notable, podrán ser modificadas, aun en etapas posteriores al dictado de la Sentencia, tal cual se ha expresado en otros antecedentes, sin que ello afecte el derecho de defensa de las partes, ni la cosa juzgada. Se difiere la regulación de honorarios de los letrados actuantes para cuando exista base económica líquida una vez firme el auto aprobatorio de la liquidación que deberá ser practicada conforme las pautas dadas. Señalo que no resulta de aplicación la ley 9078, atento no estar comprendida la presente causa en la fecha de corte establecida en dicha normativa. El sometimiento de la actora a la misma lo fue exclusivamente en lo que respecta al plazo de suspensión de tramitación de las causas allí estipulado. Digo ello porque no resulta admisible que una misma causa pueda estar abarcada por dos normas de consolidación diferentes y en el presente caso la fecha de corte determinó la comprensión del reclamo de la accionante en el período temporal fijado por la ley 8836. Con relación al planteo de inconstitucionalidad de la ley 8836, este Tribunal ya ha sentado postura favorable a tal petición, señalando que el primer aspecto a verificar es que la Provincia de Córdoba avanza sobre materia expresamente delegada al Congreso de la Nación, ya que el cumplimiento de las obligaciones, constituye conforme art. 75 inc. 12 de la CN materia de exclusividad legislativa del Congreso Nacional. Adviértase que la ley 23.982 (que es el antecedente de la ley 8250, a la que remite la ley 8836) facultó expresamente a las Provincias a dictar normas de emergencia similares a la que había dictado el Congreso Nacional, pero sin poder imponer mayores restricciones que las que surgían de la legislación nacional. Ello desde ya implicaría la descalificación constitucional de la ley 8836, por haber avanzado por sobre la autorización nacional y colocando en situación mucho más gravosa al acreedor del Estado Provincial con relación al del Estado Nacional. Debe aclararse que no resulta jurídicamente válido sostener que la ley 8836 resulta la adhesión a la ley 25.344 que dispuso la emergencia económico financiera del Estado Nacional invitando a las Provincias a adherir "legislando en el ámbito de su competencia sobre las materias incluidas en esta ley" (art. 24, ley 25.344). Ello es así por cuanto la ley 8836 precedió a la ley 25.344, por lo que no se puede adherir "a futuro", ni a algo inexistente en el momento de sanción de la normativa provincial. De igual manera merece la descalificación constitucional, adentrándonos en el aspecto sustancial, por el hecho de que bajo el pretexto de la "Reinvención del Estado Provincial" y la fijación de un límite al crecimiento de la deuda pública, se difiera el pago de obligaciones que debían estar incluidas con previsiones presupuestarias para afrontar su cumplimiento y se arrogue privilegios que a la sanción de la norma estaban expresamente prohibidos por el marco constitucional provincial vigente. En efecto el art. 178 de la Constitución Provincial disponía: "El Estado, los Municipios y demás personas jurídicas públicas pueden ser demandadas ante los Tribunales ordinarios sin necesidad de formalidad ni autorización previa de la Legislatura y sin que en juicio deban gozar de privilegio alguno". Si cualquier deudor debe cumplir su obligación de pago de las sentencias firmes dentro del plazo de diez días de que quede firme el auto interlocutorio determinativo de los montos, cuál es la razón por la cual la Provincia puede arrogarse, sin declaración de emergencia económica provincial, para sí, plazos de gracia, que en este caso además distorsionan totalmente el sentido de la condena. Adviértase que la Provincia de Córdoba pretende pagar una obligación a dieciséis años, con intereses absolutamente desfasados de la realidad de Argentina, que a partir del año 2002 padeció durante varios meses de alta inflación y devaluación de la moneda. Indudablemente que tal pretensión hace trizas el crédito del acreedor, pulverizando el contenido económico del mismo, lo que claramente denota la inconstitucionalidad de tal pretensión, tal como lo sentara la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: "Valdéz Julio H. c. Cintioni Alberto D" (Sentencia de fecha 3 de mayo de 1979) donde entre otros considerandos el máximo Tribunal Nacional sentó esta premisa: "El principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta, no resulte contradictoria con lo establecido en la Ley Fundamental". Por tales razones sostengo la inconstitucionalidad de la pretendida consolidación de deudas de la ley 8836, ajustándose el plazo de cumplimiento de la condena, tal cual se señalara supra, al término ya excepcional otorgado por el art. 806 del C de PC. También se ha peticionado la declaración de inconstitucionalidad del art. 68 de la ley 9086, entendiendo el suscripto que resulta ajustado a derecho lo peticionado, ya que resulta indudable que la norma establece un indebido privilegio a favor del Estado Provincial, que en la práctica determina un diferimiento "sine die" de su obligación de pago, que queda librada al "arbitrio del príncipe" supuesto que no resulta admisible en un Estado de Derecho y mucho más aun con el texto expreso del último párrafo del art. 178 de la CN en cuanto dispone que la actuación judicial de la Provincia lo será "sin que en juicio deban gozar de privilegio alguno", aspecto este, de nuestra Constitución, que se encuentra vigente y que no puede ser derogado por ley alguna, sin que se realice una nueva Convención Constituyente con los mecanismos de representación habilitados para ello por nuestra Carta Magna Provincial. Comparto en ese sentido lo sostenido por la Sra. Jueza Dra. Claudia salazar en autos: "Petitto Mario Alejandro c. Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba - Ejecutivo particular", cuando expresa: "Ingresando al tratamiento de la inconstitucionalidad, debo decir que el art. 75, inc. 12 de la Const. Nacional, confiere al Congreso de la Nación competencia para legislar acerca de las relaciones entre deudores y acreedores, prohibiendo a las provincias alterar lo normado por el Congreso de la Nación en cuanto a los códigos de fondo (art. 126, CN). Que de la lectura del art. 68 de la ley 9086 se colige que no sólo dispone la suspensión de la traba del embargo hasta tanto se requiera el pago a la Fiscalía de Estado, como si se tratara como una nueva constitución en mora posterior a la notificación de una resolución que se encuentra firme y por ende ejecutoriada, o sea de cumplimiento obligatorio (ya que ha vencido con creces el plazo previsto por el art. 806 del CPCC). Sino que además de ello, dispone la amplia facultad del Estado de informar en el plazo de 30 días la forma y el plazo en que se procederá a abonar la obligación requerida de conformidad a las previsiones presupuestarias; sin establecer ni siquiera plazos máximos y dejado librado al arbitrio del ente administrador no sólo el plazo para cancelar una deuda exigible, sino la forma, o sea que pueda cancelarse la deuda con cualquier medio de pago (bonos, bocones, letras cancelatorias, etc.). Ergo, la norma cuestionada incursiona en materia del derecho de las obligaciones, lo cual es contrario a derecho. Desde sus primeros pronunciamientos la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que las relaciones entre acreedores y deudores, sólo pueden ser objeto de la exclusiva legislación del Congreso de la Nación, en virtud de la delegación contenida en el antiguo art. 67, inc. 11, actual art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (Fallos 322; 1050). Ello alcanza obviamente a la forma y modalidades propias de la ejecución de los bienes del deudor (Fallos 271; 140)". Por todo lo expuesto, entiendo que debe declararse la inconstitucionalidad del art. 68 de la norma referenciada y estarse al plazo de pago que supra se ha establecido. Destaco que no resulta de aplicación la ley 25.973 por carecer de facultades los legisladores nacionales para disponer sobre fondos provinciales o municipales. Así voto señalando que he analizado la totalidad de la prueba producida en la causa, mencionando únicamente aquella que ha sido considerada dirimente para el resultado de la cuestión conforme lo previsto por el art. 327 del C de PC.

Por las razones fácticas y jurídicas expuestas, el Tribunal resuelve: I) Declarar la inconstitucionalidad del art. 7º, inc. d) punto e de la ley 8836, en cuanto pretende establecer la consolidación de todas las obligaciones vencidas o de causa anterior al 12 de julio de 1999 que consistan en el pago de sumas de dinero o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero y del art. 68 de la ley 9086 en cuanto dispone un mecanismo de pago de diferimiento sine die de las obligaciones provinciales. II) Determinar la inaplicabilidad de la ley 25.973 a la presente causa. III) Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por Sara Carlota Volpini en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba en cuanto reclamaba indemnización por incapacidad física al amparo de la ley 24.028 por sus labores desarrolladas a las órdenes de la accionada, por las patologías detectadas en la pericia médica de autos, que fueran admitidas en el voto y calificadas médico-legalmente como Enfermedad del Trabajo en los términos del art. 2º de la ley 24.028, debiendo responder la accionada por la incapacidad del 47% de la t. o., conforme a las siguientes patologías y discriminación: Cervicobraquialgia y Dorsalgia que le provocaron una incapacidad parcial y permanente del 40% de la t. o.; y Artropatía de Tobillos que le ocasionara una incapacidad del 7% de la t. o.. La cuantía indemnizatoria deberá ser determinada de conformidad a las pautas establecidas por los arts. 8º y 9º de la ley 24.028, debiendo tenerse presente el tope legal allí estipulado y abonarse a quienes acrediten ser los causahabientes de la actora fallecida. La condena deberá ser cumplida dentro del término previsto por el art. 806 del C de PC el que comenzará a computarse una vez firme el auto aprobatorio de la liquidación que al efecto se practicará conforme las pautas dadas. IV) Imponer las costas a la parte demandada por ser objetivamente vencida (art. 28, ley 7987), con excepción de los honorarios de los peritos de control de la parte actora, que serán a su cargo conforme art. 47, inc. 2º de la ley 8226. V) Diferir para cuando exista base económica firme, líquida y actualizada la regulación de los honorarios de los doctores J. B. N., H. D., M. D., M. E. A., M. R. A., y demás profesionales intervinientes, los que serán practicados conforme arts. 17 y 19 de la ley 24.028 y teniendo presente las etapas cumplidas de conformidad a lo prescripto por el art. 94 y concordantes de la ley 8226. VI) Cumpliméntense las leyes 8304, 8380, 8404 y 8577 y el aporte del art. 14 de la ley 24.028. VII). - Carlos A. Toselli.