Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-17


2º Instancia. - Buenos Aires, 17 de agosto de 2010.

Y Vistos:

1. Fue elevado el expediente a esta Sala con motivo del recurso de apelación en subsidio interpuesto por la parte actora contra la providencia de fs. 902 por medio de la cual el juez de primera instancia suspendió los procedimientos de autos en virtud de una rogatoria cursada por el Juez de este Fuero a cargo del acuerdo preventivo extrajudicial de "Transportadora de Gas del Norte S.A." -"TGN"- (v. nota de elevación de fs. 921).

La suspensión fue dispuesta en los términos del art. 72 LCQ.

El antecedente de esa suspensión, referido por el Juez de primera instancia, fue el oficio obrante a fs. 901, por medio del cual el Juez del APE le había hecho saber que en ese procedimiento se había dispuesto, con fecha 26.10.09, suspender todas las acciones de contenido patrimonial de conformidad con el art. 72 LCQ, incluyendo este proceso, solicitándole que arbitrara los medios para hacer efectiva esa suspensión.

2. La ejecutante pidió la revocación de esa providencia, mediante escrito de fs. 908/915, contestado en fs. 917/919.

La recurrente, en sustancia, sostiene que la suspensión establecida por aquella norma no puede alcanzar el reconocimiento en sí del derecho, aun cuando impida llevar adelante medidas de ejecución, teniendo en cuenta que no se halla previsto para los acreedores de la deudora en procedimiento de APE un trámite de verificación. Cita jurisprudencia de este Fuero en el sentido por ella pretendido. Destaca que en caso de no admitirse ese temperamento se le privaría de su derecho de tutela jurisdiccional.

3. El juez a quo desestimó la revocatoria explicando que la suspensión había sido dispuesta por otro magistrado, en el APE de "TGN", por lo cual no le correspondía evaluar la procedencia de la suspensión. Por eso, aclarando que lo hacía más allá de lo atendible que pudieran ser los argumentos recursivos, rechazó el recurso de revocatoria y concedió el de apelación.

4. La Sala entiende que, en alguna medida, asiste razón a la parte recurrente.

Este proceso guarda conexión con el trámite de APE de la ejecutada a partir de que el juez a cargo de ese procedimiento de superación de dificultades financieras dispuso suspender las acciones de contenido patrimonial contra la deudora (art. 72 LCQ).

Si bien, poco después de disponerse la suspensión, ésta fue dejada sin efecto mediante el dictado de una medida cautelar el 30.12.09, apelada por "TGN" esa decisión, la Cámara, a través de la Sala de Feria, restableció plenamente los efectos de la suspensión mediante resolución del 20.1.10 en el expediente "ANSES c. Transportadora de Gas del Norte S.A. s/medidas cautelares". Esta última decisión fue complementada mediante la resolución de esta Sala C del 15.7.10 en el mismo expediente, oportunidad en la que se trataron y resolvieron ciertas cuestiones que no habían sido abordadas por la Sala de Feria al no encontrarlas de tratamiento urgente como para habilitar la feria judicial.

Vigente, pues, la suspensión dispuesta por el Juez del APE, no hay obstáculos para hacerla operativa en este proceso ejecutivo, bien entendido que esa suspensión se circunscribe a todas y cualesquiera medidas de ejecución forzada -sean cautelares, ejecutivas o ejecutorias- que se pretendan contra la deudora a causa del título o derecho materia de autos.

En efecto, tal como ha sostenido esta Sala, la recta interpretación del art. 72, in fine, LCQ -que establece que una vez ordenada la publicación de los edictos del art. 74, "quedan suspendidas todas las acciones de contenido patrimonial contra el deudor, con las exclusiones dispuestas por el art. 21"- sólo alcanza a los actos de ejecución forzada o cautelares que impliquen la disponibilidad de bienes del deudor (v. esta Sala, 19.11.04, en "Etcheto, Alejandro Alberto c. Banco Hipotecario S.A. s/ejecutivo").

La Sala dijo en ese precedente que, aun cuando esa disposición suspende las acciones de contenido patrimonial sin hacer distinciones, la remisión a los incs. 2do. y 3ro. del art. 21 descarta la existencia del fuero de atracción en este tipo de proceso, de manera que la mera suspensión sin desplazamiento de los juicios al tribunal que entienda en el APE y la ausencia de trámite verificatorio dejaría carente de tutela judicial a quienes han acudido ante el órgano jurisdiccional para el reconocimiento del derecho que esgrimen (conf. art. 18, Constitución Nacional).

Se consideró allí mismo que la intención del legislador de evitar la agresión patrimonial sólo podía dar base a la suspensión de los actos de ejecución forzada o cautelares que implicasen la disponibilidad del bien, tal como se había establecido en el art. 12 de la ley 25.589, según reforma de la ley 25.563, pero nunca afectar la tutela judicial al no existir vía alternativa de reconocimiento del derecho mediante el proceso verificatorio.

En síntesis, si no se interpretara del modo precedentemente indicado la remisión que el art. 72 LCQ hace al art. 21 de la misma ley podría entenderse en el sentido que autoriza en estos casos las medidas de ejecución forzada, lo cual terminaría por contradecir la finalidad que tuvo en miras el legislador al instituir el acuerdo preventivo extrajudicial. Esa finalidad de la ley es la que tiene que prevalecer a partir de una interpretación sistemática y armónica de la ley concursal.

En tal medida, corresponde admitir el recurso contra la providencia de fs. 902, aun cuando no se desconoce que ella fue dictada como consecuencia de lo decidido por el Juez del APE, de modo que no puede afirmarse que el Juez haya excedido un razonable marco de apreciación de los alcances del art. 72 LCQ en el estado actual de este proceso. Al respecto, no se deja de señalar que el tiempo transcurrido entre que este expediente fue elevado a esta Sala y este pronunciamiento obedeció a las vicisitudes por las que atravesó la integración del Tribunal interviniente en la causa "Anses c. Transportadora de Gas del Norte S.A. s. medidas cautelares", en relación con el cual cabe considerar conexa o vinculada la cuestión sub lite.

5. Por la forma como se decide, las particularidades de la cuestión recursiva y la factibilidad de opiniones doctrinarias disímiles acerca de los alcances de lo dispuesto por el art. 72 LCQ, se considera apropiado distribuir en el orden causado las costas de Alzada.

6. Por ello, se RESUELVE: hacer lugar a la apelación y modificar la providencia de fs. 902 con el alcance indicado. Costas de Alzada en el orden causado.

Devuélvase encomendando al Sr. juez de primera instancia las notificaciones del caso y la prosecución de este proceso según su estado, sin que en ningún caso se puedan adoptar medidas de ejecución forzada -cautelares, ejecutivas o ejecutorias- contra el patrimonio de la demandada mientras subsista la suspensión de juicios de contenido patrimonial dispuesta en el APE de esta última.- El Dr. José Luis Monti, quien actúa en virtud de lo dispuesto en el punto III del Acuerdo General de esta Cámara del 25.11.09, y el Dr. Alfredo Arturo Kölliker Frers, quien actúa conforme lo dispuesto en la Resolución de Presidencia de esta Cámara nº 26/10 del 27.4.10, intervienen en el presente en los términos de lo resuelto en fs. 1.356/1.357 del expediente caratulado "Anses c. Transportadora de Gas del Norte S.A. s. medidas cautelares".

El Dr. Juan R. Garibotto no interviene a su vez, en razón de hallarse excusado (ver fs. 1.364 del expediente citado y fs. 923 de este expediente). - José Luis Monti. - Alfredo A. Kölliker Frers.

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