Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-11-18


2º Instancia.- La Plata, noviembre 18 de 2005.

1º ¿Es justa la sentencia de fs. 65/67? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- La doctora Ferrer dijo:

I. La sentencia de fs. 65/67, que rechaza la verificación del crédito insinuado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el proceso concursal de Empresa de Transporte del Sur S.R.L., al hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta, viene apelada por la actora a fs. 68, quien sustenta el recurso a fs. 70/73, mereciendo la réplica de la contraria glosada a fs. 80.

En el caso de autos el a quo consideró operada la prescripción liberatoria con respecto a la insinuación tardía del crédito de la ahora recurrente, por haber transcurrido, sin interrupción, el plazo de dos años que contempla el art. 56 de la ley 24.522, contado desde la fecha de presentación en concurso preventivo hasta el pedido de verificación formulado en forma incidental.

Consideró al respecto que la apertura del proceso concursal produce la suspensión de los juicios de contenido patrimonial atraídos por el juicio universal, que las intimaciones denunciadas por el incidentista como interruptivas son anteriores a la fecha de presentación del pedido de concurso preventivo y que la acción de apremio entablada por la acreedora se encontraba dentro de la prohibición contenida en el art. 21, inc. 3º de la ley antes citada.

II. El plazo de prescripción que contempla el art. 56 de la ley 2522 es de aplicación a todo tipo de obligación ya que el Ordenamiento concursal, tras la reforma introducida en el año 1995 tiene por finalidad generar un mecanismo de extinción de las deudas, en este caso mediante la posibilidad de articular la defensa de prescripción, en virtud de la cual se impide el reclamo por pérdida de la acción. Se persigue con ello que el pasivo del deudor quede de algún modo determinado en forma definitiva, contribuyendo de esta forma a facilitar la superación de la cesación de pagos.

Abierto el concurso preventivo se opera la reducción de los plazos de prescripción, en el caso en que los que se encuentran en curso superen el plazo legal y no existe excepción alguna a ese plazo de prescripción así generalizado para todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación.

III. Sentado ello cabe dirimir así en la especie si el plazo de prescripción que se ha iniciado con la presentación del concurso solicitado por la Empresa de Transporte del Sur S.R.L., ha sido interrumpido.

Establece el art. 3986 del Código Civil que la prescripción se interrumpe por demanda contra el deudor, aunque fuera interpuesta por demanda contra el deudor, aunque fuera interpuesta ante juez incompetente o fuera defectuosa. La referida norma confiere efecto interruptivo a la reclamación que en sede judicial formule el acreedor, por cuanto con ello se esta demostrando su interés por cobrar el crédito, desvirtuando la presunción de abandono que genera la inacción durante el plazo legal.

III. En el caso de autos la recurrente invoca en sus agravios la existencia de actos interruptivos de la prescripción operados en el proceso de apremio incoado contra la concursada, que en este acto tengo a la vista por gentileza del a quo.

De la compulsa de las presentes actuaciones y del referido proceso de apremio surge que con fecha 13 de septiembre de 2001 fue iniciado el proceso individual tendiente a lograr la ejecución del crédito ahora insinuado, con fecha 4 de octubre de 2001 se formuló el pedido de concurso preventivo, el 3 de abril de 2002 se diligencia el mandamiento de intimación de pago y el 10 de abril de 2002 se denuncia la existencia del proceso concursal en el apremio, ordenándose su remisión al juez del concurso el que lo tiene por recibido con fecha 18 de abril del mismo año y el 14 de junio de 2002 se presenta escrito agregando el mandamiento diligenciado y solicitando el dictado de sentencia.

De este relato cronológico se desprende que, luego de la presentación del pedido de concurso preventivo existieron actos interruptivos del plazo de prescripción abreviado que se iniciara con tal presentación, tales como el diligenciamiento del mandamiento de intimación de pago y embargo y el ulterior pedido de sentencia en el juicio de apremio.

Todos los actos cumplidos han tenido la virtualidad de exteriorizar el interés de la actora en perseguir el cobro de su crédito, lo que permite afirmar que los mismos han mantenido el efecto interruptivo que cabe dar a la demanda (art. 3986, cit.) Consecuentemente se ha de concluir que la defensa de prescripción ha sido mal admitida por el Señor Juez de grado.

Es que como se indicara precedentemente, la demanda judicial y los actos procesales posteriores, son interruptivos de la prescripción aunque aquella fuera interpuesta ante juez incompetente en forma defectuosa.

En el caso de autos el acreedor ha proseguido el trámite de su juicio individual en forma defectuosa, mas ello no ha quitado a tal obrar efectos interruptivos de la prescripción, en tanto denota el interés en mantener viva la acción (art. 3986 del Código Civil).

IV. Sobre la base de las precedentes consideraciones es que habré de proponer sea revocada la sentencia apelada rechazando la excepción de prescripción opuesta con respecto a la insinuación de crédito de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, debiendo en la instancia de origen producir informe la sindicatura conforme lo establece el art. 56 de la ley 24.522. Las costas de ambas instancias serán impuestas al respecto a la concursada por revestir calidad de vencida (art. 69 del CPCC).

Voto por la negativa.

La doctora Suárez, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

2º cuestión.- La doctora Ferrer dijo:

Alcanzado el necesario acuerdo de opiniones al tratar la cuestión anterior, corresponde revocar la sentencia apelada rechazando la excepción de prescripción opuesta con respecto a la insinuación de crédito de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, debiendo en la instancia de origen producir informe la sindicatura conforme lo establece el art. 56 de la ley 24.522. Con costas de ambas instancias a la concursada (art. 69 del CPCC).

Así lo voto.

La doctora Suárez, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente sentencia: Por ello, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada rechazando la excepción de prescripción opuesta con respecto a la insinuación del crédito de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, debiendo en la instancia de origen producir informe la sindicatura conforme lo establece el art. 56 de la ley 24.522. Con costas de ambas instancias a la concursada (art. 69 del CPCC).- Patricia Ferrer.- Nelly N. Suárez.