Daños y perjuicios, responsabilidad civil, indemnización, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ARMANINO, Julio Virgilio y otra c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO NORUEGA I y otros s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-13

El caso tiene encuadre en el art. 1113, 2do. Párrafo, del Código Civil: daño causado por el riesgo o vicio de la cosa. Tal es el criterio seguido en forma unánime por la doctrina y jurisprudencia. De donde se sigue que, aunque no se encuentre demostrado que el ascensor presentaba vicios, fallas o desperfectos, la responsabilidad continúa, como regla, en cabeza de su dueño o guardián, en razón de tratarse de una cosa objetivamente riesgosa.

Es que, podrá decirse y aún probarse que el ascensor presentaba a la fecha del accidente buenas condiciones de mantenimiento, pero esto no quita que, como maquinaria accionada en forma electromecánica, es de suyo una cosa riesgosa. Y este riesgo -más allá de la prueba de cualquier vicio, falla o defecto- ha sido asumido por el consorcio al incorporar el ascensor al edificio y librarlo al uso público. Los propietarios tienen la obligación de colocar ascensores seguros, para que las personas que lo utilizan razonablemente no se dañen".

b) Es posible diferenciar los conceptos de "vicio de la cosa" y "riesgo de la cosa", pues "vicio" apareja la idea de defecto, de falla de la cosa, que la hace impropia para su destino o funcionamiento regular, mientras que "riesgo" importa la potencialidad de que la cosa pueda llegar a producir daño, aunque no deje observar vicio y se encuentra en perfecto estado. Todo vicio implica un riesgo pero la inversa no es exacta, porque una cosa en perfecto estado puede crear riesgo.

El riesgo o vicio de la cosa, como factor de atribución se traduce en la existencia de la cosa riesgosa, de la cosa creadora de riesgos -un automóvil, un ascensor, una maquinaria, etc.- calificada como tal, en relación a si mismo y no por el hecho de haber causado un daño. Esto quiere decir que su condición de cosa riesgosa puede ser calificada aún antes de producido el daño y con independencia de todo daño, pues se trata de un riesgo específico, intrínseco, potencial y extraordinario de la cosa considerada en sí misma.

El ascensor es una cosa riesgosa que puede llegar a ser viciosa en caso que se prueben defectos de funcionamiento, generando en cualquiera de los dos casos, este régimen de responsabilidad objetiva que establece una presunción de responsabilidad del dueño o guardián de la cosa viciosa o peligrosa, con inversión de la carga probatoria.

La responsabilidad de los padres se asienta en el art. 1114 del Código Civil; es que el ejercicio de la patria potestad pone en cabeza de los progenitores el deber de vigilancia y cuidado de los hijos menores (art. 265 del CC.). La responsabilidad se funda, entonces, en una infracción a los deberes de buena educación y de vigilancia, agravados por la circunstancias de modo, tiempo y lugar.

En relación al daño material se ha dicho que la vida humana no tiene un valor económico "per se" sino en relación al perjuicio económico que la muerte produce en el patrimonio de los herederos y/o terceros directa o indirectamente afectados. Según esta posición lo que se indemniza no es el hecho de la muerte en sí misma, sino el perjuicio económico concreto que dicha muerte causa en el patrimonio de los causahabientes porque ese detrimento es el que configura el daño resarcible a la luz de lo dispuesto en los arts. 1068, 1069, 1077, 1083 y concs. del Código Civil.

Cuando se trata de la muerte de un hijo de corta edad, lo que debe resarcirse es el daño futuro cierto que corresponde a la esperanza, con contenido económico que constituye para sus padres la vida de un hijo que muere a consecuencia de un hecho ilícito y tal resarcimiento cabe, si no a título de lucro cesante, al menos como la pérdida de una chance u oportunidad de que en el futuro, de vivir ese hijo, se hubiere concretado en la posibilidad de una ayuda o sostén económico para ellos.

En lo que se refiere a la determinación del "quantum", el criterio del juzgador debe ajustarse no sólo a las posibilidades de acrecentar sus ganancias durante el tiempo probable de vida sino también debe tener en cuenta las circunstancias personales, sexo, edad, grado de cultura, posición socio - económica, estado familiar como asimismo, la edad del fallecido, etc., debiendo tenerse presente que aunque en la especie el detrimento patrimonial de los padres es un daño cierto, la proyección futura de dicha colaboración debe ser apreciada con prudencia.

En cuanto al daño moral, el que ha sido definido certeramente como la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Este particular daño no supone la existencia de un propósito determinado o malicia en el autor del hecho ilícito, resultando indiferente que provenga de dolo o culpa, se trata así de un daño de naturaleza resarcitoria, toda vez que es la relación de causalidad, y no la culpabilidad, lo que determina la extensión del resarcimiento.Para probar el daño moral en su existencia y entidad no es necesario aportar prueba directa, sino que el juez deberá apreciar las circunstancias de hecho y las cualidades morales de la víctima para establecerlo, objetiva y presuntivamente en la órbita reservada de la intimidad del sujeto pasivo.

Si bien el dictamen pericial carece de valor vinculante para el órgano judicial, el apartamiento de sus conclusiones deben apoyarse en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la pericia se halla reñida con principios lógicos, o no es exacta, o que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos.

En el terreno de apreciación de la prueba, el juzgador puede inclinarse por lo que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado. El juez tiene libertad para formar su convicción, pero debe hacerse de una manera razonable, en el marco de un proceso de selección de la prueba que forzosamente conduzca a tener como realmente sucedidas algunas circunstancias en que se apoyan las manifestaciones de las partes.