Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-30


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 30 días del mes de octubre del año dos mil siete, se reunió en Acuerdo la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Juan Pedro Cortelezzi, Jorge Pfleger y Alejandro Javier Panizzi, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "S. , L. E. s/lesiones culposas" (Expediente 20.829 - S - 2007).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 184: Cortelezzi, Panizzi y Pfleger.

El Juez Cortelezzi dijo:

Que conforme a la doctrina legal sentada por este Cuerpo en autos: "S., E. s/ Denuncia Lesiones Graves" (expediente nro. 20.451-S-2006, sentencia del 17 de octubre de 2006) la letra de la ley es muy clara en cuanto a la procedencia del instituto para los delitos que se conminan con pena de inhabilitación.

Así, mas allá del motivo de agravio planteado en el recurso, lo cierto es que este no es eficaz para modificar la jurisprudencia citada, por lo que la intervención de esta Sala en lo Penal no tiene justificación legítima alguna.

En virtud de ello voto por confirmar la resolución recurrida y regular los honorarios de la defensa en la suma de ciento veinticinco pesos.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I) El día 15 de febrero del año 2007, el Juez en lo Correccional de la ciudad de Trelew, Darío Rubén Arguiano, dictó la sentencia interlocutoria cosida a fs. 151/153 de autos y registrada bajo el N° 14/07, mediante la cual le denegó a doña L. E. S. la suspensión del juicio a prueba por ella solicitado, por no haber formalizado, la acusada, un ofrecimiento de reparación económica al daño que causó, ni haber propiciado su inhabilitación para conducir automotores (artículo 76 bis del Código Penal).

II) Contra ese pronunciamiento, a fs. 154/157 vta. la defensa de la acusada, a cargo del doctor G. F. L. T., interpuso un recurso de casación fundado en el artículo 415, inciso 1° del Código Procesal Penal.

En su presentación, la recurrente planteó que la Sra. S. se comprometió a entregar su registro de conducir al Juez Correccional y propuso someterse a un curso de capacitación, con el fin de obtener un certificado de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Trelew que acredite su aptitud para el manejo de automotores, lo que -a criterio de la casacionista- evidenció su posición conciliatoria y reparadora.

Agregó que no ofreció una reparación económica pues su compañía de seguros había costeado todos los gastos derivados de la atención hospitalaria a la que tuvo que someterse la víctima, por lo que consideró que si Ñ. pretendía una suma dineraria por otro concepto debía reclamarla por la vía civil.

Destacó que el sentenciante no dio motivos para fundar la improcedencia de la propuesta formulada por la acusada y, sin embargo, calificó de parcial a la reparación ofrecida sin haber escuchado a la víctima en el debate por lo que mal podía argumentar sobre su insuficiencia.

Por último, señaló que la auto inhabilitación que señaló el magistrado era una contradicción insalvable puesto que significaba la condena por la propia acusada quien no se reconocía responsable por el hecho que se le atribuyó.

Por lo expuesto, solicitó a esta Sala en lo Penal que declare mal denegado el beneficio solicitado por la Sra. S. .

III) El remedio fue concedido a fs. 158 vta. por el Juez Correccional, y mantenido en esta instancia a fs. 168 de autos.

A su turno, el señor Procurador General, doctor Eduardo Samamé, opinó que el hecho reprochado encuadra en la figura de Lesiones Culposas (artículo 94 del Código Penal), cuya pena comprende inhabilitación especial.

Por ese motivo, entendió que el beneficio solicitado era improcedente, por lo cual, debería rechazarse el recurso y confirmase el fallo impugnado.

IV) Al analizar la causa y la cuestión planteada a fs. 154/157 vta. advierto, en primer lugar, que la imputada no solicitó el beneficio que regula el art. 76 bis del código sustantivo, en el momento procesal oportuno, es decir, hasta el momento de la citación a juicio (artículo 12 de la ley Nº 4743).

El auto de citación a juicio (fs. 133) lo dictó el 6 de septiembre de 2006, el Juez en lo Correccional, mientras que la imputada solicitó la aplicación al proceso del instituto en cuestión durante la audiencia de debate, petición que le fuera denegada mediante la sentencia interlocutoria de fs. 151/153 vta., contra la que se dirige el recurso.

Más allá de este error procesal, observo que la cuestión planteada por la recurrente ya fue resuelta en el precedente de esta Sala en lo Penal caratulado "S., E. s/ Denuncia Lesiones Graves" (Expte. N° 20.451 - S - Año 2006; Sentencia N° 48 del 17/10/2006) En esa sentencia anoté que, a pesar de que el sistema penal orientó el instituto de la suspensión del juicio a prueba hacia el propósito del derecho penal de mínima intervención, evitando la condena, la jurisprudencia argentina ha establecido sobre el punto que "Debe rechazarse el recurso de casación deducido contra el auto que rechaza el beneficio de la suspensión del proceso a prueba solicitado por el imputado si el hecho por el cual el fiscal requirió la elevación a juicio fue calificado como lesiones culposas, que tiene previsto como pena conjunta a la de privación de libertad o multa la de inhabilitación especial, ello en virtud de la doctrina sentada por el plenario "Kosuta"" (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 3ª, "Layun, Martín A."; 20/05/2005).

En punto a ello, es relevante la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Gregorchuk, Ricardo", (3/12/2002, publicado en JA 2003-I-716), mediante la cual, confirmó la sentencia de Cámara que había resuelto denegar el pedido de "suspensión del juicio a prueba" (artículo 76 bis del Código Penal) efectuado por el encausado, por tratarse el delito juzgado, de aquellos que se sancionan con una pena de inhabilitación, confirmando de esta forma la doctrina del plenario "Kosuta" citado.

La propuesta del acusado, con el fin de obtener el beneficio de la suspensión del juicio a prueba es improcedente ya que concederlo, implicaría suspender el ejercicio de la acción pública en un caso no previsto por la ley, con daño al principio de legalidad.

La Corte lo dijo: El recurso extraordinario contra la sentencia de Cámara que denegó el pedido de "suspensión del juicio a prueba" solicitado por el imputado de un delito que tiene prevista pena de inhabilitación, y que ofreció una "autoinhabilitación", es inadmisible (ibídem, del voto de los Dres. Fayt, Petracchi y Boggiano. Publicado: JA 2003-I-716).

De manera que es absolutamente imposible que proceda la suspensión del juicio a prueba para los delitos contenidos en los artículos del Código Penal que pronostiquen pena de inhabilitación, como lo dispone expresamente el artículo 76 bis in fine del Código Penal -y su doctrina-. Así surge de manera indiscutible de la intención del legislador.

Por lo fundamentos expuestos, coincido con la propuesta realizada por el Juez Cortelezzi de mantener el criterio sentado por esta Sala en lo Penal en punto a la materia tratada y rechazar el recurso de casación interpuesto, con costas, y confirmar la sentencia interlocutoria bajo examen.

V) Adhiero también a la regulación de honorarios profesionales en esta instancia, que se juzgaron en el primer voto, por ajustarse a las pautas de la ley arancelaria (artículos 6°, 10, 14 y concordantes del Dto. Ley 2200, T.O. 4335).

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Juan Pedro Cortelezzi y Alejandro Javier Panizzi, existe mayoría de votos para conformar la voluntad del Superior Tribunal; de modo que haré uso de la facultad que prevé el C.P.P., art. 357 -texto según ley 4550, art. 7.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

S E N T E N C I A 1º) Rechazar el recurso de casación deducido a fs. 154/157 vta., por la defensa de L. E. S. a cargo del Dr. G. F. L. T., con costas (artículo 24, inciso. 2°, 415 y 485 del Código Procesal Penal).

2°) Confirmar la resolución de fs. 151/153 vta.

3°) Regular los honorarios del doctor G. F. L. T. en la suma de ciento veinticinco pesos ($125), no incluye I.V.A. (artículos 6°, 10, 14 y concordantes del Dto. Ley 2200, T.O. 4335).

4°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Cortelezzi, Panizzi, Pfleger.