Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09


CIARDI, María Cristina contra MUNICIPALIDAD de ROSARIO Reg.: A y S t 197 p 413-417. Santa Fe, 9 de junio del año 2.004.

VISTOS:

los autos "CIARDI, María Cristina contra MUNICIPALIDAD de ROSARIO sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" (Expte. C.S.J. nro. 1586, año 1.996), venidos para resolver la concesión del recurso extraordinario interpuesto por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, CONSIDERANDO:

1. Contra el decisorio de este Cuerpo de fecha 6 de marzo del año 2.002, que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra el auto de Presidencia de fecha 25 de junio de 1.997 que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo, deduce la actora el remedio extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48.

Señala en primer lugar que el recurso se funda en la existencia de cuestión federal simple, por ser la resolución cuestionada contraria a la Constitución nacional y a los pactos internacionales con rango constitucional, y en la doctrina pretoriana de la arbitrariedad.

Ya en lo que denomina causales de procedencia del recurso extraordinario, expresa que este Tribunal interpreta el artículo 9 de la ley 11.330 en contradicción con lo prescripto por los artículos 18 de la Carta Magna nacional y 8.1 y 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica, y con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, otorgándole validez a una norma de jerarquía inferior.

Tras aseverar que el Cuerpo desconoce constancias de la causa y de citar profusamente jurisprudencia, tanto del más Alto Tribunal de la Nación como de tribunales europeos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como así también opiniones consultivas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos -las que transcribe-, sostiene en definitiva que, cuando se encuentran en juego derechos fundamentales como son los de publicidad, defensa en juicio, tutela judicial e información, los jueces deben interpretar obligatoriamente en forma restrictiva toda legislación formal que se oponga a su pleno ejercicio y, en forma amplia, cualquier medida que, basada en la violación de aquéllos -verosímilmente acreditada- sea planteada por el particular.

Concretamente, afirma que el fallo al aplicar el artículo 9 de la ley 11.330, omite observar que: a) el 10 de noviembre de 1.995 se le notificó la resolución 167 del Intendente municipal, quedando agotada la vía administrativa; b) el 15 de noviembre requirió vista de las actuaciones y a foja 173 del expediente administrativo se decretó dar por finalizado el trámite dejándose expresa constancia de que recién en esa instancia se tenía al recurrente por debidamente notificado, y se procedió a su archivo según decreto del Subsecretario de Salud Pública de fecha 23 de octubre de 1.996.

De lo expuesto, colige que la notificación íntegra del acto administrativo que puso fin a la instancia acaeció el 11 de setiembre de 1.996, momento del conocimiento pleno de la resolución exteriorizada en el expediente administrativo, tal como lo requiere el artículo 9 de la ley 11.330; por lo que los treinta días para interponer el recurso contencioso administrativo deben computarse a partir de dicha fecha y no desde la notificación de la resolución recurrida.

Asimismo, considera que el pedido de vista interrumpe el plazo a los fines de la interposición del recurso, cuestión ésta sobre la que el Tribunal no se expide al resolver la revocatoria.

Al respecto, señala que tanto el decreto 10.204/58 como la Ley Orgánica de Municipalidades y Comunas y el decreto 518/43 en el orden municipal, no prevén las consecuencias del pedido de vista de las actuaciones respecto de la suspensión o interrupción de plazos, sólo contemplan el trámite de la vista (artículos 31 y 27, respectivamente).

También reseña la disposición habida en el orden nacional sobre el tema (ley 19.549 y decreto reglamentario 1.759/72), a la vez que señala que es criterio arraigado en ese ámbito otorgar efecto suspensivo tanto para la interposición de recursos administrativos como para la impugnación judicial de un acto administrativo específico.

Con cita de copiosa doctrina y jurisprudencia, en términos generales, sostiene que toda persona tiene derecho a defenderse con amplitud en sede administrativa, defensa que comprende el conocimiento de las actuaciones que la afectan, es decir la "vista de las actuaciones".

Dejando en claro que no cuestiona la constitucionalidad del artículo 9 de la ley 11.330, reconoce que las normas provinciales y municipales no prevén consecuencias para el pedido de vista; razón por la que considera que antes de aplicarse aquella normativa el Tribunal debió suplir el vacío legal, recurriendo a los principios generales del derecho o, en su caso, a la analogía.

Ello, dice, no aconteció en autos y se evidencia con las conclusiones equívocas e irrazonables a que arribó el Cuerpo, lo que aparejó un perjuicio al interés del administrado como al de la Administración.

Considera que en el sub examine el pedido de vista de las actuaciones suspendió el curso del plazo para interponer el recurso contencioso administrativo, por lo que la resolución recurrida vulnera el derecho de defensa en juicio.

A continuación, expresa que justamente en el ámbito de acceso a la jurisdicción es donde los principios "pro actione" y "pro administrado" deben actuar con mayor preminencia.

Bajo la tacha de incurrir en un excesivo rigor formal, la recurrente cuestiona una vez más la interpretación que efectúa este Tribunal del artículo 9 ya mencionado, la que califica de injusta, irrazonable y formalista.

2. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la viabilidad del recurso extraordinario federal intentado.

En tal sentido, cabe señalar que la mera interposición del recurso, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad.

A tales efectos es menester que en el escrito de interposición del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por esta Corte para fundar su decisión, trayendo razones de peso en orden a destruir la fundamentación de tal decisorio por considerarlo lesivo de derechos constitucionales.

Ello es así, por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48 -recurso extraordinario de apelación-, exige que el recurrente impugne el pronunciamiento que objeta, demostrando, asimismo, ante la Corte, por qué considera que el pronunciamiento impugnado no satisface el derecho federal invocado.

Realizando el análisis señalado precedentemente, se deriva sin dificultad que la recurrente pretende configurar como una cuestión federal, lo que en verdad constituye una mera discrepancia con los fundamentos del fallo impugnado, denotando la intención de renovar el debate acerca de la valoración de las circunstancias de la causa efectuada por el Tribunal, en ejercicio de funciones propias, lo que no resulta idóneo para habilitar la instancia extraordinaria (Fallos: 308:118, entre otros).

Desde esa perspectiva, el análisis del remedio extraordinario intentado permite concluir, en primer lugar, que el agravio de la recurrente fundado en que la resolución cuestionada es contraria a la Constitución nacional y a los pactos internacionales con rango constitucional, no ha de prosperar.

En ese sentido, puede observarse que, a juicio de la recurrente, se viola la tutela judicial efectiva, contrariando en tal sentido al Pacto de San José de Costa Rica, y la interpretación más favorable a la admisión de los recursos que importen una única vía de acceso a la justicia.

Además de enmarcarse tal afirmación en la insistencia de la recurrente en el sentido de que lo resuelto en sede administrativa no le había sido notificado adecuadamente, y en el efecto suspensivo que pretende otorgar al pedido de vista en dicha instancia, la lectura del decisorio revela que se ha dado adecuado sustento a lo enunciado por el Tribunal, consistiendo las apreciaciones de la recurrente en mera discordancia con lo decidido en una faena que, "prima facie", es ajena a la instancia extraordinaria, máxime cuando la decisión se funda en razones suficientes de igual carácter que, al margen de su acierto o error, acuerdan sustento al fallo e impiden su descalificación como acto jurisdiccional (Fallos: 302:210).

Resulta de aplicación al sub lite la doctrina del Alto Tribunal de la Nación respecto a que "si el caso sometido a juzgamiento refiere a cuestiones de índole ritual con apoyo a consideraciones de hecho y de derecho público local, la materia es ajena a la instancia de excepción del artículo 14 de la ley 48, por lo que corresponde declarar improcedente el recurso extraordinario interpuesto contra una sentencia provincial que ha dado razones suficientes de aquella naturaleza irrevisables en esta instancia, de las cuestiones debatidas, otorgándole así validez a la misma e impidiendo su descalificación como acto jurisdiccional" (Fallos: 311:189).

Y con relación a los planteos formulados con sustento en la causal de arbitrariedad, tampoco han de merecer favorable acogida, pues de los fundamentos del escrito recursivo y su liminar confrontación con la sentencia, surge que pese a invocarse cuestión federal, en sustancia se discute la interpretación y el alcance de normas de derecho público local, efectuados por el Cuerpo en ejercicio de funciones propias y, por ende, ajenas al recurso extraordinario intentado.

En esencia, el agravio de la recurrente radica en la arbitrariedad de la decisión impugnada en cuanto rechazó la revocatoria deducida contra el auto de Presidencia que declaró inadmisible -por extemporáneo- el recurso contencioso administrativo promovido contra la Municipalidad de Rosario; pues entiende que el plazo de interposición, en el sub lite y conforme surge de las constancias de autos, debe computarse a partir del 11 de setiembre de 1.996, fecha en que accedió al "conocimiento pleno" de la resolución 167/95 y, asimismo, que en lo atinente a la "vista" de las actuaciones administrativas, debía otorgársele efecto "suspensivo" en relación con el plazo previsto por el artículo 9 la ley 11.330, concluyendo, en definitiva, que el recurso fue planteado temporáneamente.

La lectura del decisorio de este Tribunal permite observar que consideró que no se alegaban razones que justificaran apartarse de lo resuelto por Presidencia en el auto impugnado mediante revocatoria, y que la actora no se hacía cargo de las razones consideradas para concluir en que el acto administrativo había sido correctamente notificado y, en consecuencia, era extemporáneo el recurso contencioso administrativo intentado.

Para así decidirlo, aseveró que no asistía razón a la recurrente en su planteo de que el precedente de A. y S. T. 84, pág. 367 no era aplicable en el caso; que aun cuando pudiera interpretarse que la Municipalidad hubiera reconocido haber notificado mal la resolución 167/95, ello carecía de virtualidad para vincular al Cuerpo en la tarea del análisis de los recaudos de admisibilidad; que no mejoraba la suerte del recurso la invocación del artículo 9 de la ley 11.330 por parte de la recurrente, en tanto había mediado en el caso notificación del acto impugnable.

En otro orden de ideas, pero afín a la cuestión debatida, el Tribunal sostuvo que la actora, en lo relacionado con su planteo de eficacia suspensiva del pedido de vista en sede administrativa, no se hacía cargo de la argumentación brindada por Presidencia en el sentido de que en el ordenamiento aplicable no se verificaba un supuesto de laguna como el que postulaba la actora, concluyendo que debía estimarse, a falta de norma expresa que estableciera una excepción al artículo 9 de la ley 11.330, que el mero pedido de vista carecía de la virtualidad que la recurrente pretendía otorgarle.

Agregó el Cuerpo que tampoco le asistía razón en su crítica a la exigencia de impugnación parcial del acto cuestionado y que con ello se vulneraban principios del procedimiento administrativo, en tanto se había referido a tal hipótesis sólo para descartar que mediara un supuesto de fuerza mayor como el que se había aludido en el precedente "Castañeira Ates", o que hubiese impedido deducir el recurso contencioso administrativo sin conocer el dictamen al que hubiese remitido el acto.

Consideró finalmente la Corte que resultaba inaplicable el principio "in dubio pro actione" en razón de que no se verificaba una razonable duda en torno a la admisibilidad del recurso en el aspecto en cuestión.

Este ha sido el lineamiento seguido por el Tribunal frente al cual la quejosa opone su particular apreciación de la causa, sosteniendo que fue notificada de la resolución municipal 167/95 recién el 11 de setiembre de 1.996, fecha en que tomó conocimiento pleno de las actuaciones administrativas, señalando que al pedido de "vista" que solicitara asignársele efecto suspensivo en relación con el cómputo del plazo para la interposición del recurso contencioso administrativo (artículo 9, ley 11.330).

En definitiva, afirma que planteó tempestivamente el recurso en sede judicial y que decidir lo contrario importa una verdadera lesión a los derechos constitucionales de defensa en juicio y a la jurisdicción.

Lo cierto es que toda la argumentación recursiva -la que en nada difiere de una expresión de agravios de una apelación común, aún cuando se invoque irrazonabilidad, excesivo rigor formal, lesión de derechos constitucionales-, pese al tinte constitucional que la impugnante aspira otorgarle, sólo trasunta su mera discrepancia respecto de la ponderación de las actuaciones administrativas como así de la interpretación y alcance asignados a las normas que regulan en la Provincia de Santa Fe el proceso contencioso administrativo (ley 11.330), tareas éstas efectuadas por el Tribunal dentro del límite de sus facultades.

Igual resultado adverso deben correr las demás imputaciones de la impugnante, dado que vistas en su desarrollo y no obstante la invocada arbitrariedad y lesión a garantías constitucionales, sólo traducen la insistente intención de renovar el debate sobre la apreciación de las circunstancias del caso y con relación a cuestiones de derecho público local, lo cual no resulta apto para operar la apertura de la instancia extraordinaria (Fallos: 308:118, entre otros).

Por ende, ante la falta de entidad constitucional de los planteos de la recurrente, cabe denegar la concesión del recurso extraordinario previsto en la ley 48.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)