marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Compraventa inmobiliaria, aceptación de la oferta
Materia: CIVIL
Carátula: López Saubidet, Patricio c/ Goyenechea, Roberto s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-11

Ello así, pues la aceptación de la propuesta implicó asunción por las partes de cumplir la obligación común de escriturar, habida cuenta que tal instrumento contempló los elementos suficientemente definitorios del contrato de compraventa (conf. Lorenzetti, R., "Tratado de los Contratos - Parte Especial", Buenos Aires - Santa Fe, 2019, t. I., p. 297, texto y nota 365). Y si bien el tiempo para cumplir tal obligación común no fue fijado en un plazo cierto, sino que fue establecido en un plazo "incierto", el demandado no demostró que el actor le haya prometido que la escrituración no se postergaría más allá del plazo alegado (45 días). Antes bien, la escrituración dependía del cumplimiento de un acto registral previo y estaba sujeta a un plazo "incierto".
Revocación de sentencia, honorarios del perito, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Hope Funds SA c/  s/ quiebra S/ incidente de revisión de crédito por AFIP y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-05

Cabe revocar la providencia en la cual se intimó a la AFIP para que abone cierta suma en concepto de diferencia por actualización de UMA de los honorarios del perito contador. La ley arancelaria nacional dispone que los honorarios deben ser expresados -bajo pena de nulidad- en la unidad arancelaria UMA cuyo valor definitivo se establecerá en el momento de hacerse efectivo el pago (ley 27423: 19 y 51). En el caso, se advierte que la petición del experto fue efectuada en fecha posterior a la primera de las resoluciones invocadas -SGA N° 626/24-. A partir de allí, siendo que de conformidad al CCCN 866 el pago es un acto jurídico emplazado en un proceso, resulta analogable el empleo del plazo de cinco días (conf. CPR 170) desde el conocimiento de su nuevo valor para pedir el reajuste, lo que aquí no sucedió.
Resoluciones irrecurribles, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL
Carátula: Industrias Argentinas Man SA y otros c/ Empresa de Transporte de Energía por distribuidora Troncal del Noreste Argentino SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-27

La resolución que, como en el caso, dispone la acumulación procesal de acciones es irrecurrible (conf. CPR 191 párr. 3).
Derecho laboral, contrato de trabajo, apreciación de la prueba, citación a juicio, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Cejas Julio Roberto Gonzalo c/ Badaracco Daniel Alberto  c/  s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2025-04-14

La omisión por parte del actor de exponer que en paralelo con las supuestas tareas que prestó para el demandado, cumplía labores en el marco de una probation en el Club Gualeguay Central, que le demandaba servicios en un horario coincidente (de 13:00 a 18:00 hs.) con el denunciado para el demandado (14:00 a 18:00 hs.), revela la imposibilidad material de la doble prestación de tareas. Este "olvido" habla a las claras de la falsedad del relato, sea total o parcial (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Ley de defensa del consumidor, ley de seguros, límite temporal, orden público, prescripción, prescripción adquisitiva, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Nieto Manini Romina Belén c/ La Caja de Seguros S.A. s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-06-23

Los plazos de prescripción no resultan disponibles por las partes, por su carácter de orden público (hoy, art. 2533, Código Civil y Comercial). Recuérdese que tanto la prescripción adquisitiva como la liberatoria, responden al interés público que exige asegurar el orden y la estabilidad de las relaciones jurídicas y establecer la "seguridad jurídica". Es que el fundamento de ambas prescripciones se encuentra en la conveniencia general de dar conclusión a situaciones de incertidumbre respecto de la situación de determinadas personas con relación a determinados derechos.
Impugnación de la liquidación, monto de la indemnización
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: DCM Solution SA c/ Telecom Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-28

Resulta necesario puntualizar específicamente cada uno de los errores que el impugnante entiende que la liquidación presenta, y practicar, a tales efectos, las cuentas que a su juicio resultan correctas. Sin embargo, estímase que el criterio expuesto no resulta aplicable al caso de autos. En efecto, mal puede exigirse al impugnante que demuestre concretamente el error cuando la perito directamente omitió ciertos rubros que debía individualizar y cuantificar para descontarlos del monto del resarcimiento. Esta circunstancia pone en evidencia que no cupo rechazar el planteo de la recurrente y aprobar una liquidación que no se ciñó a la sentencia de autos.
Inhabilidad de título, fideicomiso, falta de firma
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Liporace, Alejandro c/ Promotora Fiduciaria SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-18

Cabe hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título interpuesta en la ejecución promovida contra una sociedad fiduciaria, con sustento en constancias documentales que habrían sido expedidas de manera electrónica, según las cuales el ejecutante sería titular de diversos valores de deuda fiduciaria emitidos en el marco de fideicomisos financieros. Ello así, pues la documentación aportada a la causa carece de firma del representante legal del emisor o del fiduciario.
Asegurador por riesgos del trabajo, Derecho laboral, cómputo de intereses, liquidación
Materia: LABORAL
Carátula: Pradel Matías Fabián c/ Provincia ART S.A.  c/  s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2025-04-23

Habiéndose actualizado el valor real de la acreencia de la CAPU a la fecha del fallo, corresponde aplicar una tasa de interés adicional del 3% anual en concepto de intereses moratorios desde la fecha de la Primera Manifestación Invalidante. La tasa se considera moratoria debido a que la ART se quedó o utilizó dinero ajeno. La aplicación de una tasa superior al 3% anual resultaría excesivamente gravosa, considerando que el capital ya fue actualizado conforme a la resolución vigente de la SRT (Voto Romero, en disidencia. Adhesión Stettler)
Siniestro, cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cosamalon Cuyan, Jimmy  c/ La Nueva Cooperativa de Seguros Ltda.  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-11

En efecto, la figura del abandono invocada por la demandada, ninguna operatividad tiene en la especie y, en rigor, las omisiones imputadas por ella al actor (dejar el vehículo en lugar inseguro durante la noche, sin custodia y sin dar inmediato aviso a la aseguradora) únicamente podrían ser examinadas en orden a lo establecido por la LS 72, esto es, como omisiones a su carga de proveer lo necesario para evitar, eludir o disminuir las consecuencias del daño y cuyo incumplimiento está sancionado con la pérdida del derecho a ser tutelado o indemnizado, según los casos.
Violencia de género, violencia familiar, perspectiva de género, declaración de la víctima
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: K.A.I. c/  s/ amenazas (OVD 736/24)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2025-06-19

El análisis de hechos de violencia contra la mujer bajo la modalidad de violencia doméstica, debe ser realizado desde una perspectiva de género y con amplitud probatoria, pues es de vital importancia el relato efectuado por la víctima ya que, generalmente, estos sucesos ocurren fuera del alcance de testigos y por ello obliga a analizarse minuciosamente para poder efectuar una reconstrucción histórica de lo ocurrido en forma conjunta con el resto de la prueba y los indicios que se recaban.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Lisanda Sebastián Humberto y otros c/ Compañía de Transporte Río de la Plata SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-13

Consecuentemente, cabe evaluar que en el caso, la víctima al momento de su fallecimiento, tenía 41 años de edad, era viuda y madre de dos hijos de 19 y 14 años. Tras la muerte de su esposo, ocurrida dos años antes, asumió la responsabilidad económica del hogar, dedicándose a la compra y venta de ropa para sostener a su familia, lo cual ha quedado comprobado con los testigos que declararon en el proceso. Además, debe tenerse en cuenta la edad de los hijos en orden al período en el que cabe presumir el perjuicio (conf. CNCiv, Sala I, in re "Ramos Choque, Gonzalo c/ Orosa, Carlos Alberto y otros s/ daños y perjuicios", del 30/05/00). (En el caso se indemnizó por el "valor vida" la suma de $ 80.000.000, a valores del día de la fecha, de conformidad con el CPR 165, párrafo tercero).
Celeridad procesal, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Civil por los Consumidores y el Medio Ambiente (ACYMA)  c/ Banco Columbia SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-18

Así, aunque el presente proceso no se encuentre contemplado dentro de los supuestos excluídos por la ley 24573, una interpretación integradora de las normas en juego justifica, en la especie, la decisión de imponer la prosecución del juicio a fin de no afectar indebidamente los principios de celeridad y economía procesal. Lo expuesto, no supone negar aquí algún intento conciliatorio, sino que, simplemente, encontrándose expedita la instancia jurisdiccional, el mismo puede ser abordado con el cumplimiento de los recaudos previstos en la LDC 54, en la oportunidad prevista por el CPR 360 o en cualquier momento del juicio -conf. CPR 36-2°- (cfr. en este sentido, CNCom, esta Sala F, 7/10/10, "Euro RSCG SA c/ First South American Investments SA s/ ordinario").
Declaración de ineficacia, período de sospecha
Materia: COMERCIAL
Carátula: CM Emprendimientos SRL c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-27

Con relación a la ineficacia concursal el hecho de que la LCQ 116 párr. 1° alude a "la presentación en concurso preventivo", no conlleva -como se alega- que el período de sospecha sea también instituto aplicable a ese procedimiento (concurso preventivo). En efecto: lo que allí se encuentra establecido es el plazo máximo de retroacción del período de sospecha "a los efectos previstos por esta sección" -esto es, a los efectos de la operatividad de las ineficacias falenciales-, el cual no puede ir más allá de los dos años de la fecha del auto de quiebra o de la presentación en concurso preventivo. Es decir: en caso de quiebra indirecta, ese plazo habrá de computarse desde la presentación en el (fracasado) concurso preventivo.
Confirmación de sentencia, asociaciones de consumidores
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Acyma Asociación Civil  c/ Dulmes SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-06

Cabe condenar a la demandada a capacitar a sus gerentes o empleados de similar jerarquía que se desempeñen en las áreas que comprenden tareas de marketing y atención al cliente, a que realicen una capacitación de no menos de veinte horas mensuales con especial foco en la venta a través de las páginas de internet y por vía telefónica. Ello por cuanto, en el caso, la asociación actora alegó haber advertido un alto grado de incumplimiento a las normas de defensa del consumidor en las empresas con canales de venta por internet y por teléfono, por lo que procedió a encarar una serie de acciones legales a fin de obtener una regularización de la actividad comercial bajo las normas consumeriles. Por lo tanto, teniendo en consideración el contenido de la CN 42, y de la LDC 60, y los propósitos y objetivos que surgen del estatuto de la asociación actora emparentados con la función educativa y de capacitación que cumplen las asociaciones de consumidores corresponde confirmar la sentencia de grado. Por otro lado, el gasto que irrogue el dictado de los cursos en cuestión debe ser afrontado por la defendida, quien ha sido condenada en costas; y acreditado su cumplimiento en la causa del modo en que lo disponga el primer sentenciante.
Medidas cautelares, fórmulas contractuales, reincorporación al servicio, cobertura médica
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Gaitan, Giuliana Mariel  c/ Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas s/ inc de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-20

El magistrado de grado desestimó el requerimiento articulado por la actora en torno a la suspensión del acto que dispuso su desvinculación laboral, y la consecuente reincorporación cautelar a su puesto de trabajo. Apelado tal pronunciamiento, la sala revocó parcialmente la decisión de primera instancia. En primer término, expuso que no se advertía, prima facie, un deber jurídico de renovar el vínculo laboral que unía a las partes más allá del vencimiento del plazo acordado, emergente del contrato acompañado por la propia actora. Ello, en la medida en que la modalidad a través de la cual se había incorporado a la Administración Pública no contrariaba la estabilidad propia. Tampoco vislumbró que la ruptura del vínculo hubiera tenido connotaciones discriminatorias, ya que la accionante integraba un listado de agentes que fueron objeto de desvinculación; máxime, cuando el mero vencimiento del plazo no configuraba -per se- un despido de tales características, sino que reclamaba un despliegue probatorio ajeno al estado del pleito.

Empero, consideró que asistía razón a la recurrente en cuanto a la desprotección que la desvinculación le ocasionaba, a tenor de su invocada situación de salud (TEA Grado 1). Al respecto, precisó que el a quo debió haber ejercido su atribución para otorgar una medida distinta de la solicitada -en el caso, limitada a mantener la cobertura de salud-, concediéndola hasta tanto se dictase sentencia definitiva en el pleito. Sobre tales bases, coligió que la demandada debía cargar con los perjuicios ocasionados a raíz del tiempo insumido en la tramitación del litigio, a tenor del grado del perjuicio irreversible que ocasionaría la interrupción de los tratamientos de salud.
Tribunal colegiado, recurso extraordinario, nulidad procesal, firma de la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Bodereau, Federico Alfonso c/ Anses  s/ reajuste de haberes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-03-26

Es nula la providencia que declaró extemporáneo el recurso extraordinario deducido, firmada por el presidente de una sala de un tribunal colegiado sin el acuerdo de los demás integrantes, pues ello era un requisito necesario para adoptar tal decisión, en tanto no se trata de una providencia simple que podía ser dictada por el presidente, según se encuentra previsto en el art. 273 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Recurso extraordinario, responsabilidad del Estado, responsabilidad del asegurador, accidente ferroviario
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: Delgado Ferreira, Patricia Alejandra c/ Trenes de Buenos Aires S.A. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-03-26

Los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado Nacional y la aseguradora, contra la sentencia que confirmó la responsabilidad estatal en el pago de indemnizaciones a víctimas de la Tragedia ferroviaria de Once, resultan inadmisibles en virtud de lo dispuesto en el art. 280 del Código Civil y Procesal de la Nación
Acción de amparo, habeas corpus, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, Código Procesal Constitucional, RÍO NEGRO, acceso a la información pública, mandamiento de ejecución, Municipalidad, Constitución Provincial, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Marchiolli Eduardo Clemente c/ Municipalidad de Catriel s/ Mandamus
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2026-03-19

El ejercicio de las acciones previstas en los artículos 43, 44 y 45 de la Constitución Provincial exige acreditar ante la magistratura los requisitos de urgencia, gravedad, irreparabilidad del daño e ilegalidad manifiesta, los cuales adquieren valor jurídico cuando configuran una violación a un derecho constitucional y solo están contempladas para aquellas situaciones que no puedan ser resueltas por otras vías idóneas (Del Voto del Dr. Barotto sin disidencia).
Facultades del Poder Judicial, sistema republicano
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional  s/ acción declarativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-03-30

La intervención del Poder Judicial independiente y especializado es necesaria justamente para garantizar la división de poderes del sistema republicano, como uno de los tres elementos indispensables para nuestra convivencia pacífica en la sociedad organizada. La presunción de legitimidad de la actividad de los poderes públicos sustenta la existencia misma del Estado Constitucional de Derecho siempre y cuando se respete la Constitución Nacional, porque de lo contrario sería un título vacío, carente de contenido. Justamente ese rol le incumbe al Poder Judicial (art. 116 CN
Reforma laboral, ley de modernización laboral, crédito laboral, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Torrillo, Moira Mariel  c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ indemn. por fallecimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-03-17

La inexistencia de una tasa de interés suficiente para compensar el deterioro de los créditos por la pérdida del valor de la moneda se encuentra actualmente modificada por la Ley de Modernización Laboral, la cual en su art. 55 dispone que en los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley, los créditos provenientes de relaciones individuales del trabajo serán actualizados a través de la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el BCRA a tales efectos, determinando que en ningún caso ese valor podrá ser superior al resultado de aplicar al crédito el índice de precios al consumidor más un 3% anual, ni inferior al 67% de dicha operación.
Competencia de la Corte Suprema, actuación de oficio, nulidad absoluta
Materia: PROCESAL
Carátula: Bodereau, Federico Alfonso c/ Anses  s/ reajuste de haberes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-03-26

Si bien las sentencias deben limitarse a lo peticionado por las partes en los recursos extraordinarios -o queja- constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control -aun de oficio- del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la existencia de un vicio capaz de provocar la nulidad absoluta de lo decidido, no podría ser confirmado por sentencias ulteriores.
Recurso extraordinario, responsabilidad del Estado, responsabilidad del asegurador, accidente ferroviario
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: Flamenco, Fabio Reynaldo c/ Trenes de Buenos Aires S.A. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-03-26

Los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado Nacional y la aseguradora, contra la sentencia que confirmó la responsabilidad estatal en el pago de indemnizaciones a víctimas de la Tragedia ferroviaria de Once, resultan inadmisibles en virtud de lo dispuesto en el art. 280 del Código Civil y Procesal de la Nación
Empleo público, exoneración, empleados públicos, LA PAMPA, abuso sexual, deberes de los agentes de la administración pública, condena penal, perspectiva de género, Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Constitución Nacional, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, obligaciones internacionales
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Beninato Daniel Omar c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2026-02-25

La República Argentina al otorgar jerarquía constitucional a la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y a la Convención de Belém do Pará (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional), ha integrado al ordenamiento interno un mandato de optimización que obliga a todos los poderes del Estado a prevenir y sancionar la violencia contra la mujer.

En este sentido, la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres actúa como una norma supletoria o analógica, sino como una disposición de orden público (art. 1º) de aplicación transversal. Por lo tanto, la utilización de este marco normativo por parte de la autoridad administrativa no constituye una creación arbitraria de sanciones, sino el ejercicio de un deber hermenéutico ineludible: juzgar y actuar con perspectiva de género para garantizar la integridad del servicio público.

En definitiva, la perspectiva de género no es una opción discrecional para el juzgador, sino un estándar de debida diligencia impuesto por el bloque de constitucionalidad. Al ser la ley 26.485 de orden público, su aplicación atraviesa la interpretación de la ley 643, permitiendo concluir que un agente condenado por abuso sexual -independientemente del ámbito de comisión- incurre en una incompatibilidad ética con la función pública. En consecuencia, la sanción de exoneración se revela como la única respuesta estatal coherente con los compromisos internacionales asumidos, resultando ajustada a derecho y exenta de los vicios de ilegalidad o arbitrariedad alegados por la parte actora.
Daños y perjuicios, culpa de la víctima, examen de salud
Materia: CIVIL
Carátula: R. A. N. L. c/ Diagnóstico Mediter SA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-03-05

Cabe atribuir el 80 por ciento de la responsabilidad a una paciente que se realizó una resonancia magnética con unas tobilleras deportivas con material metálico ocultas bajo su vestimenta, quedando sus piernas succionadas por el campo magnético del aparato, por lo que tuvo que ser asistida por personal del nosocomio quienes cortaron las tobilleras con un cuchillo, habida cuenta que la conducta temeraria e imprudente adoptada por la demandante fue fundamental para para que se produzcan los daños sufridos, y si bien el personal del sanatorio también contribuyó al desenlace de los hechos pudiendo haber advertido que la paciente ingresaba al resonador con material prohibido, debe atribuirse mayor responsabilidad a la actora.