marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción declarativa de inconstitucionalidad, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia, tutela de la competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: CAMARA DE AGENTES OFICIALES DE LOTERIAS, PRODE Y QUINIELA 2 CIRCUNSCRIPCION c/ CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ COMPETENCIA- ACCION MERE DECLARATIVA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 510 AÑO  2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-22

El desarrollo al que se asiste respecto de distintos mecanismos de tutela judicial, alerta acerca de la posibilidad de que la materia contencioso administrativa quede expuesta a una desconcentración peligrosamente distorsionante del mandato constitucional del artículo 93.

Máxime si se considera que, en el sistema local, entre las consecuencias que se siguen de la decisión de planteos como los ahora en examen (acción mere declarativa a fin de que se determine si la Caja de Asistencia Social de la Provincia puede dictar y aplicar una determinada resolución), está - normalmente- la referida al régimen procesal aplicable, pudiendo llegarse al punto de sustraer a esta materia del natural y especialmente concebido para su juzgamiento.

Ello suma una razón más que el juzgador no podría soslayar, ya que también advierte acerca del cuidado con que deben adoptarse decisiones que pueden alcanzar a privar a la materia contencioso administrativa, no sólo de su tribunal especial, sino también de las reglas procesales que le son propias.
Convención sobre los derechos del niño, recurso de casación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: B., R.C.; B., G.C. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-26

Dentro del ritual local no puede tener cabida una interpretación que contrariando la Constitución nacional, artículo 75 inciso 22, impida que la declaración de responsabilidad del menor y el fallo ulterior, sean recurridos con arreglo a medios idóneos, en las condiciones previstas a tales fines.
Responsabilidad internacional del Estado, delitos contra la humanidad, arresto domiciliario
Materia: PENAL
Carátula: Patti, Luis Abelardo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-07

No debe sólo focalizarse en aquella obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino, concerniente en la investigación y sanción de los responsables en la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, ya que deben considerarse el resto de los derechos que se encuentran en juego en situaciones como la que nos ocupa, tales como los especiales derechos humanos reconocidos internacionalmente a las personas mayores de edad.

En todo caso en el que pudiere proceder el arresto domiciliario, sin distinción ni requerimientos por fuera de los establecidos, deberán evaluarse y fijarse las condiciones a las que de hecho quedará supeditado el arresto domiciliario a fin de garantizar un real y efectivo control jurisdiccional.
Policía, personal policial, ascenso laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RAMIREZ, VICTOR ERNESTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N° 44-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-25

Dentro del cuadro del Personal Policial, los ascensos deben producirse anualmente para satisfacer las necesidades orgánicas de la Institución, tanto del personal superior como del subalterno que hubiera alcanzado a reunir los requisitos exigidos por la Ley del Personal Policial N° 6769 y el Reglamento de Promociones Policiales -establecido por Decreto 3508/87-, con la finalidad de renovar permanentemente los cuadros para alcanzar con ello la eficiencia necesaria del servicio cuyos "objetivos" y "funciones" se definen por la Ley Orgánica N° 7395/75, por lo que todo el personal policial es calificado de acuerdo a las normas que establece el Reglamento del Régimen de Calificaciones.
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, interpretación de la ley, doctrina
Materia: PENAL
Carátula: Alemañy, Luis Elias s/ recurso de casación". Causa n. : 1840.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

La expresión "secuela de juicio", no se trata, sin duda, de una concreción legislativa feliz, sino que como ha dicho Gavier es una "infortunada fórmula", respecto de la cual todos nuestros más importantes tratadistas han tenido oportunidad de expresar sus opiniones, sin que ninguno de ellos, se atreviera a dar por cerrada la discusión, por lo que lejos estoy de considerar que los argumentos anunciados en uno u otro sentido logren decidir sin réplica alguna el problema. No desconozco que la expresión "juicio" puede ser objeto de una interpretación restringida, asimilándolo a la etapa plenamente contradictoria del proceso, pero tampoco podría dejar de reconocer que en su sentido más literal y originario esta voz se refiere al proceso mismo en toda su extensión.(Voto del Dr.

Riggi).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Miranda, Marcelino; Gómez, Gladys; Casares, Alejandro; Gómez, María L. del Valle; Valle, Cristina; Orentlijerman, Ariel s/ Querella por calumnias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

El recurso extraordinario interpuesto sin especificar la norma legal en que se funda, no resulta admisible ni como recurso propio de inconstitucionalidad (art. 349 inc. 2 del C.P.P. - según ley 3589 y sus modif.-) ya que en autos no se ha resuelto expresamente por la alzada caso constitucional alguno en los términos del art. 161 inc.

1 de la Constitución de la Provincia, ni como recurso extraordinario de nulidad (art. 349 inc. 1 del Código citado) al no reunir los requisitos propios de esta vía recursiva ya que si bien denuncia violación al art. 171 de la citada Constitución local no se funda en el contenido de dicho precepto, sino que intenta traer a examen de este Tribunal supuestos errores de juzgamiento como la arbitrariedad en la apreciación de la prueba, tema éste ajeno al mismo y propio del de inaplicabilidad de ley, cuya deducción no está habilitada en autos en virtud de la limitación legal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: González, Carlos Alberto; Basualdo, Héctor Ventura s/ Exacciones ilegales. Privación ilegal de la libertad, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-09

Es insuficiente la denuncia de violación del art. 259 in fine del Código de Procedimiento Penal sosteniendo que el utilizado por la Cámara no es un testigo hábil directo, si no se evidencia en qué transgresión habría incurrido la Alzada cuando fundamenta la credibilidad que le merecen los dichos de aquél.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, contrato de trabajo, presunción legal
Materia: LABORAL
Carátula: ORTEGA, FRANCISCA - MANQUI, IRMA DEL MILAGRO - MANQUI, GILDO ROGER c/ CESPEDES, MANUEL s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-16

Se menciona esta norma, a pesar de que a la relación que describe la actora debería ser aplicable el régimen de trabajador agrario -y, en consecuencia, inaplicable la ley de contrato de trabajo- porque se considera que la ley 22.248 no es una norma de excepción respecto de aquella: al contrario, ambas participan de un mismo criterio organizador general y contienen institutos similares del derecho de trabajo, como la remuneración, las licencias, la jornada de trabajo y las formas de extinguir el vínculo.

Siendo posterior la norma general (fue publicada el 27 de septiembre de 1.974), su promulgación no implicó la derogación de la especial, sino la posibilidad de aplicar aquella a todo cuanto no resulte incompatible u opuesto a la naturaleza y modalidades del servicio rural (art. 2 de la ley 20.744) y, sobre todo, ante hipótesis de hecho que no encuentren una específica previsión o que ésta fuera insuficiente.

"Un claro ejemplo de esta situación se presenta cuando el contrato de trabajo agrario no se encuentra registrado.

En tal supuesto, si el trabajador acredita la prestación de tareas a favor del empleador, se torna de aplicación la presunción del art. 23 LCT respecto a la existencia de la relación laboral.

Es decir que si bien la LCT, en principio, excluye de su ámbito personal de aplicación a los trabajadores rurales, la presunción contenida en su art. 23, al configurar un corolario del principio protectorio que se encuentra recogido en la CN (art. 14 bis), debe ser aplicado a los mismos, siendo suficiente a tales efectos, la prueba de la prestación de servicios sin que sea necesario probar que fueron prestados en relación de dependencia1." (transcripción de Carlos Saccani en "Aspectos prácticos del contrato de trabajo", publicado en Diario Judicial de La Ley del 28 de octubre de 2.010).
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, concurso de delitos, defraudación, entidades financieras, Administración Pública
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FIGUEROA E. s/ INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-11

Si las acciones para obtener fondos que se investigan en el juzgado de instrucción, serían, en el caso de probarse la responsabilidad del imputado en la conversión en valores garantizados por el Banco Central, sólo una etapa de un delito que se consumó al producirse un perjuicio a la administración pública, que se investiga ante el juzgado federal, ello supone una cuestión de las contempladas en el inc. c) del art. 37 del Código de Procedimientos en Materia Penal que impone la radicación ante un mismo magistrado, el que, por imperio del art. 39, debe ser el que ejerce la jurisdicción federal (Disidencia del Dr. Jorge Antonio Bacqué).
Periodistas, cronista volante, contrato de trabajo eventual
Materia: LABORAL
Carátula: SIDERO, ANTONIO c/ LA PRENSA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-28

La figura del cronista volante, art. 65 de la ley 12908, referida a las personas utilizadas transitoriamente o accidentalmente para la información o crónica de reuniones o acontecimientos determinados, se corresponde con la codificada en el art. 99 de la LCT que impone al empleador que la invoca, la prueba de su aseveración.
Seguros, asegurador, negación de los hechos, presunciones, falta de contestación de la demanda, rebeldía, reconocimiento de derechos
Materia: CIVIL
Carátula: Greco, Juan c/ Rossi, Aldo F. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-13

Si bien la negativa de los hechos efectuada por la aseguradora, es suficiente para que el juez examine la mecánica del accidente, no deja de tener valor de presunción la falta de contestación de demanda y rebeldía del demandado, puesto que la conducta de quien no afronta la litis permite suponer un tácito reconocimiento del derecho de la contraparte, el que no obstante deberá valorarse con relación a los demás elementos en juicio que la causa ofrezca.
Impuestos, régimen penal tributario, aceptación de la pretensión fiscal, cumplimiento de la obligación, pago en cuotas, facilidades de pago, sobreseimiento, delitos tributarios
Materia: PENAL
Carátula: PARDO GARCIA, HECTOR s/ Incidente de extinción de la acción penal Causa Nro. 36610.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-15

1-Las facilidades de pago otorgadas por los organismos recaudadores no pueden confundirse con el efectivo cumplimiento de las obligaciones, ello porque no significa "efectivo cumplimiento de las obligaciones" según los términos de la ley (Art. 14 de la ley 23771) (Cf. "Amorena, Horacio Juan s/ rec. de casación", C.Casación, Sala 1, Reg. 846/1995) (Del voto en disidencia del Dr. Romero).- 2-Cuando un contribuyente a quien se le ha iniciado un proceso se presenta espontáneamente y acogiéndose a un régimen de facilidades de pago y se hace lugar en función de un acto administrativo, no puede decirse que por dicha actitud se ha extinguido la pretensión punitiva del Estado y, consecuentemente, ha cesado la acción en curso, salvo que se quiera distinguir pretensión fiscal como una cosa distinta a la persecutoria del Estado (Del voto en disidencia del Dr. Romero).- 3-Por su similitud, aunque no por su naturaleza jurídica, porque es una pena, el pago de multa puede ser asimilable al caso, cuando es de cumplimiento voluntario (Del voto en disidencia del Dr. Romero).- 4-No corresponde el dictado de un sobreseimiento si no se ha cumplido totalmente la pretensión fiscal, lo que evita el juicio y la sentencia. Así debe interpretarse la ley, cuando expresa "Una vez efectivizado el cumplimiento de las obligaciones"-Art.14 de la ley 23771-(Cf. CPEcon, Sala A, causa "ETIME S.R.L. s/ley 23771" Reg.

130/1996) (Del voto en disidencia del Dr. Romero).
Principios del procedimiento administrativo, legalidad objetiva, carga de la prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Curín, María Victorina c/ Manrique García, Isolina y-o quien resulte propietario del Hotel Provincial s/ Cobro de Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-09-24

...yerra la quejosa en cuanto pretende difuminar el peso que sobre sí recae en materia probatoria, atribúyendole una supuesta carga compartida al tribunal de grado que conoció de estas actuaciones. Una sistemática interpretación de las reglas procesales específicas de la Ley 69 con las que supletoriamente rigen por aplicación de su art. 76 y los principios generales en la materia, denotan claramente que una cosa es el "impulso" procesal que -facultativo para el Juez en el proceso civil- se enfatiza en los juicios laborales como un deber y apunta decididamente a evitar la paralización del proceso hasta el dictado de la sentencia definitiva, con la regla de "onus probandi" que hace sufrir a la parte interesada las consecuencias de una actividad no diligente, en la conocida fórmula de Carnelutti expresada como la "repartición del riesgo de la falta de prueba" y que contiene el art. 377 del CPCC. Lo primero es puramente la conducción del proceso hasta su resultado final, en tanto lo segundo se conecta con el aporte o no de certeza respecto de los hechos alegados por las partes.
Juicio ejecutivo, antecedentes de dominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iturrieta, Juan B. c/ Sircovich, Jorge O. s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Ante una demanda ejecutiva, el Juez tiene la obligación primordial de analizar la ejecutoriedad del instrumento con que se la promueve, y en primer término debe hacerlo antes de dictar el auto de solvendo y en segundo al dictar la sentencia de remate.-
Conmutación de penas, Poder Ejecutivo
Materia: PENAL
Carátula: Bracamonte, Miguel Angel s/ Homicidio en ocasión de robo - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-02-09

La facultad de conmutar las penas ha sido asignada por la Constitución de la Provincia al Poder Ejecutivo (art. 144 inc. 8vo.) y se trata de una potestad discrecional irrevisable judicialmente en orden a su oportunidad, alcance o modalidad.

En tal sentido, la Corte Suprema refiriéndose a la idéntica atribución del Poder Ejecutivo de la Nación ha sostenido que esa potestad es privativa del mencionado Poder, por lo cual "es evidente que el ejercicio discrecional que de ella haga no comporta violación alguna del principio de igualdad... ni puede ser objeto de revisión judicial sobre esa base".

En definitiva, la determinación de los beneficiarios de la conmutación (internos primarios condenados a penas privativas de libertad temporales que reúnan las exigencias de buen comportamiento hasta la fecha de corte), corresponde a la zona de reserva del Poder del Estado a quién la Constitución le ha conferido la atribución y, por lo tanto, la de delimitar su alcance y modalidad.
Tasas, impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: DISCO S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD SANCHEZ SUSANA c/ RODRIGUEZ Y OT. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-09-01|2004-11-19

Las tasas no se transforman en impuestos por el sólo hecho de que se fijen sobre la capacidad económica del obligado. No se considera injusto, sino equitativo y aceptable, fijar la cuantía de la tasa no sólo por el costo efectivo con relación a los contribuyentes, sino también por la capacidad contributiva de ellos, representada por el valor del inmueble o su renta, a fin de cobrar a los menos capacitados una contribución menor que la requerida a los de mayor cuantía equilibrando, de ese modo, el costo total del servicio.
Honorarios del abogado, apelación de honorarios, fundamentación del recurso, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: T. de P. c/ P.O s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-06

El art. 244 del Código Procesal en su actual redacción según ley de reformas 22.434 dispone con relación a las regulaciones de honorarios que el recurso de apelación debe interponerse y puede fundarse dentro de los cinco días de notificación. El plazo de cinco días está previsto tanto para la interposición del recurso cuanto para la formulación de las razones que sustenten los agravios, y ambas actuaciones pueden concretarse en un mismo escrito o por separado, con la única condición de que se verifiquen dentro de ese plazo contado desde la notificación (conf. C.N.Civ. Sala G, R.277 517 del 13/11/81; id. R. 21.900 del 19/5/86).
Efecto suspensivo, pena privativa de la libertad, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: Martín, Mauro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-20

Cabe conceder el efecto suspensivo de la ejecución de la pena, pues la pena privativa de la libertad parece imposible de ejecutar antes del último recurso posible -en la jurisdicción local- contra la sentencia que la ordena. (Voto del Dr. Julio B. J. Maier, al que adhiere la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Veteranos de guerra, personas con discapacidad, guerra de Malvinas, interpretación de la ley, personal militar, remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Aguilar, Mario Alfredo y otros c/ Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército) s/ retiro militar y fuerzas de seguridad. - Acosta, (ex combatientes)  S/ subsidio extraordinario. (y A. 261. XXXII)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

El concepto "haber mensual" del personal militar utilizado por el art. 2°, de la ley 22.674 estaba definido - en el momento en el que la ley fue sancionada, fecha en la que a su vez el recurrente adquirió el derecho al subsidio - en el art. 53 de la ley 19.101, según su texto reformado por la ley 20.384 y la reglamentación del decreto 2834/77 en cuando modificaba el art. 2401 del decreto 1081/73.
Costas, costas en el orden causado
Materia: COMERCIAL
Carátula: WILLIAMS, ALBERTO ADRIAN Y OTRA c/ B.H.N. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-30

Toda vez que la cuestión planteada era de solución objetivamente dudosa, como lo revela la existencia de pronunciamiento aun de carácter plenario, de signo contrario al que a la postre resultó admitido, las costas deben ser impuestas en el orden causado.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Traviezo de Páez, Beatriz Delia c/ Jardín de Infantes 'Pepín Cascarón' s/ Cobro de sueldos Massa de Obiglio, Martha Elena c/ Municipalidad de General Sarmiento s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17|1994-03-29

Declarar la nulidad de oficio de un pronunciamiento en aquellos casos cuyas falencias impidan conocer de los recursos deducidos constituye facultad privativa de la Corte, no correspondiendo que las partes soliciten lo que es propio de la iniciativa e incumbencia del Tribunal.
Prueba testimonial, facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: ROMERO OSCAR HUGO Y PAEZ MIGUEL c/ KALIEROF JAVIER s/ PRUEBA DE TESTIGOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-06

En el terreno de la apreciación de la prueba y en especial de la prueba testimonial, el juzgador puede inclinarse a la que le merezca mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que obran en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado.
Fiscales, acusación, requisitoria fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Juan C. s/ Lesiones graves culposas s/Casación. Romero, Antonio René. s/ Violaciones reiteradas s/Casación. Sánchez, Humberto s/ Apremios ilegales s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-07-03|1995-10-31|1995-10-31

La requisitoria de elevación a juicio (art. 318, inc. 2) es la verdadera acusación en el proceso penal mixto que nos rige y es la que permite que, sobre su base, se desarrolle la defensa del imputado. El juicio resulta delimitado en sus formas objetiva y subjetiva por la acusación (requisitoria fiscal). La pretensión punitiva constituye la acusación, aun cuando el Fiscal del juicio pueda modificar su contenido incriminador. Pero debe observarse que la acción penal no cesa. Conforme lo determina expresamente el CPP, la acción penal no puede interrumpirse, suspenderse ni hacerse cesar, salvo en los casos expresamente determinados por la ley. De allí los principios de publicidad e indisolubilidad que caracterizan la acción penal y cuyo fundamento se encuentra en las disposiciones sustantivas o de fondo.

(Voto en mayoría: Dr. García Osella y Dra. Vivas de Vásquez).
Tercera instancia, nulidad procesal, saneamiento del vicio, Ministerio de Menores, falta de intervención
Materia: PROCESAL
Carátula: Romina Paola Siciliano. s/ Incidente tutelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05

Si la intervención del Ministerio de Menores en la instancia ante la Corte sanea el procedimiento, habida cuenta de que lo ocurrido en su ausencia carece de entidad para descalificar el trámite, corresponde desestimar la nulidad invocada.
Régimen de facturación y registración, régimen de emisión de comprobantes, sanciones tributarias, clausura del establecimiento, multa, perfeccionamiento del contrato
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: DITA S.R.L s/ Infracciones tributarias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-12

En el caso de una venta convenida bajo la modalidad "a satisfacción del comprador" - art. 1365 del Código Civil - el contrato se perfecciona desde su celebración, y por consiguiente, la no emisión de factura o comprobante en dicho acto configura la infracción prevista en el art. 40 de la ley 11683 sin que pueda considerarse subsanada con la emisión "a posteriori", en el momento en que el comprador expresa su satisfacción con la compra.