Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-19


SENTENCIA DEFINTIVA N° 96.730 CAUSA N° 12.371/2010 SALA IV "ESPECHE ORTIZ ALFREDO GUSTAVO C/ TELAM S.E. S/ DESPIDO" JUZGADO N° 28.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 19 DE NOVIEMBRE DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I.- Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de este Tribunal con motivo de los agravios que, contra la sentencia de fs. 183/185vta. que hizo lugar a la demanda, expresa Telam Sociedad del Estado a tenor del escrito de fs. 195/200vta., y que merecieron la réplica que obran a fs. 213/vta.

II.- La Sra. Jueza a quo admitió la procedencia de las diferencias salariales objeto de este litigio sobre la base de que el sistema de remuneraciones aplicado por Telam S.E. a sus dependientes resulta "arbitrario y violatorio del derecho de no efectuar discriminaciones en materia de salario ante tareas prestadas por un trabajador en igualdad de condiciones (conf. art. 14 bis de la CN y 81 de la LCT)" [v. primer párrafo de fs. 185].

Para arribar a dicha conclusión la sentenciante sostuvo, en primer lugar, que se encontraba fuera de discusión que el Sr. Espeche se desempeñaba en la categoría de Prosecretario de Redacción y -avalado por la totalidad de los testimonios rendidos en la causa- que, dentro del organigrama de Telam, dicha calificación profesional se encontraba, a su vez, subdividida en las categorías "A", "B" y "C", previendo para cada una de éstas un salario diferenciado. Destacó luego que los motivos de una distinción salarial entre los dependientes de la demandada cuya categoría compartían no fue explicada en forma concreta por aquélla, así como tampoco expuso la demandada en la oportunidad procesal pertinente -y menos aún acreditó luego- las pautas objetivas que consideraba a la hora de asignar a una persona en alguna de esas subcategorizaciones. En tal sentido, apuntó que la facultad del empleador de establecer mejoras diferenciadas de salarios debe asentarse en situaciones objetivas que permitan visualizarse de conformidad con lo normado por el art. 81 de la LCT.

Agregó a ello que, si bien con la experticia contable quedó acreditado el pago de remuneraciones superiores a las fijadas por el CCT 301/75 -aplicable a la relación laboral sub examine- para la categoría que revestía el demandante, dicha circunstancia no obstaculiza la conclusión antes expresada, puesto que la igualdad de la remuneración es un derecho que nace por el mero hecho de desempeñar idénticas tareas en paridad de condiciones (v. considerando III del decisorio recurrido, fs. 183vta./185).

Finalmente, tuvo en cuenta, a partir de la presentación de fs. 159 y en los términos del inc. 6º del art. 163 CPCCN, que a partir del mes de abril de 2011 la empleadora comenzó a abonar al Sr. Espeche el salario correspondiente a la categoría profesional de Prosecretario de Redacción "A".

III.- Télam se agravia de lo resuelto y de los fundamentos que le dieron sustento. Sostiene, en primer lugar, que la causa debería haber sido declarada de puro derecho si es que lo único que la sentenciante consideró en discusión es si el esquema de retribuciones que empleaba era o no discriminatorio.

Señala luego que la prueba de una conducta no discriminatoria resulta de imposible producción y que es por ello que quien la invoca no se encuentra eximido de describir en la demanda los supuestos fácticos en los que se apoya su reclamo. En concreto, apunta la orfandad del fundamento del reclamo inicial sobre la base de un supuesto comportamiento discriminatorio de su parte ya que, según alega, el Sr. Espeche no explicó en su escrito inaugural ningún hecho del cual se desprenda un comportamiento discriminatorio proveniente de su parte y respecto de aquél, a lo que añade que no existen elementos de juicio demostrativos de acto alguno de esa índole. Arguye, por otra parte, que la presentación de la actora a la que hace referencia la Magistrada de grado anterior de ningún modo puede ser considerada como un reconocimiento a ningún derecho del accionante ya que no se le dio traslado a su parte.

Asimismo, critica la valoración efectuada por la Sra. Jueza a quo sobre las declaraciones testificales de Carabajal (por falta de objetividad por su carácter de delegada gremial de la empresa y de ex litigante contra ésta), de Mileca (ya que desconoce la categoría laboral del accionante), de Fontela, de De La Fuente y Monzón (porque todos ellos trabajaban en una sección de la compañía distinta a aquella donde se desempeñaba el Sr. Espeche, a lo que añade que el último de ellos dijo desconocer los motivos de estratificación de las categorías cuando ejercía un cargo de jerarquía en la compañía).

Finalmente, parecería que juzga a favor de su postura el hecho de que con la experticia contable no se hubiera podido establecer sobre qué base se concretaba la distinción salarial dentro de una misma categoría profesional, y resalta, con idéntica orientación argumentativa, que a través de dicho medio probatorio su parte logró demostrar que los salarios establecidos en el estatuto de la empresa son más beneficiosos que los del CCT de aplicación a la actividad. IV.- Ante todo, estimo pertinente señalar que, independientemente del desacierto o no de la posición fijada por la Sra. Jueza de grado al abrir a prueba el expediente (a fs. 57/60) en lugar de establecer que la causa debería resolverse de puro derecho, lo que reviste importancia aquí es analizar si las cuestiones que introduce la apelante para la evaluación de esta Alzada rebaten o no los fundamentos de la sentencia recurrida y, si es que lo hacen, de qué modo impactan sobre lo allí resuelto. Sin embargo, anticipo que a mi juicio, este recurso debería ser desestimado.

Contrariamente a las alegaciones formuladas por la apelante (v., específicamente segundo a cuarto párrafo de fs. 196vta. y fs. 198vta.), el actor fundó acabadamente su reclamo de diferencias salariales en el trato salarial diferenciado empleado por Telam entre dependientes que desempeñan bajo sus órdenes la misma tarea e incluso se encuentran encuadrados en idéntica categoría (v. fs. 9 y vta.).

Frente a este planteo, tal como lo destacó la Magistrada de grado anterior (v. último párrafo de fs. 184vta.), la accionada no explicó -y mucho menos probó como se expondrá más adelante- cuáles fueron los parámetros objetivos o imparciales tomados en consideración por aquélla para justificar una distinta remuneración entre empleados que trabajan bajo una misma calificación profesional; en el caso de autos, la de "Prosecretario de Redacción".

Adviértase, en tal sentido, que la demandada únicamente se pronunció acerca de las motivaciones que le dieron origen a la creación de este esquema salarial ya que se limitó a decir que "la apertura de las escalas salariales en ´A´, ´B´ y ´C´, tuvo como propósito implementar una más amplia carrera escalafonaria, dentro de cada una de las ramas y/o especialidades de la empresa (v. fs. 39/vta. del escrito de contestación de demanda).

Así pues, de forma tácita, la empleadora reconoció que la asignación a las subcategorías quedaba librado a su arbitrio, pese a que luego intentó justificar el vacío de su responde acerca de este asunto (cfr. inc. 2 del art. 356 del CPCCN) aduciendo que el sistema implementado por la empresa mejoró los salarios establecidos por el convenio colectivo aplicable a la relación laboral sub examine (el CCT 301/75 para los trabajadores de la prensa escrita de Buenos Aires). Si bien este extremo que quedó cabalmente demostrado a través del simple cotejo entre el detalle de los sueldos liquidados al actor (v. anexo I del informe contable a fs. 134/137) y las planillas salariales de fs. 94/97 correspondientes al ya referido convenio, y la respuesta del experto contable al punto 4 solicitado por la parte demandada (v. cuadro ejemplificativo confeccionado por el experto a fs. 145), lo que se encuentra en tela de juicio aquí es la legitimidad o no del sistema de remuneraciones empleado específicamente por Telam con respecto a sus empleados, con prescindencia de lo establecido en el convenio referido. No puedo dejar de señalar -al igual que la sentenciante- que la disposición contenida en el art. 81 de la LCT habilita a la empleadora a dispensar un trato salarial diferente en la medida en que no sea ni arbitrario ni discriminatorio, sino que tal conducta debe tener una motivación racional y objetiva justificada, pero además impone que, en tales supuestos, corresponde a esa parte demostrar dicha causa objetiva, pues es quien se encuentra en mejores condiciones para hacerlo (ver, al respecto, postura patentizada en el voto minoritario de la C.S.J.N. en la causa "Fernández, Estrella c/ Sanatorio Güemes S.A.", del 23/08/88, y SD 8.459/10 del 31/08/12, "Schroh, Rodolfo c/Telam S.E. s/diferencias de salarios", del registro de esta Sala).

Por tales motivos, la ausencia de justificación de esa conducta patronal así como el hecho de que aquélla tampoco se desprenda del informe contable presentado en autos solo beneficia la posición de la accionante; sin perjuicio de mencionar que, contrariamente a lo que afirma la apelante, ninguna de las partes le ha formulado al experto consulta alguna al respecto (v. punto "D" de fs. 53vta. y punto "C" de fs. 41vta.).

Acerca del segmento del fallo que así lo considera, así como de aquél que apunta a la omisión de la demandada de denunciar concretamente qué circunstancias motivaron el encuadre del actor en particular en la subcategoría "C" y no en otra dentro de la categoría de Prosecretario de Redacción -vale recalcar, fundamentos ambos esenciales en la resolución de la Magistrada- nada dijo el recurrente a lo largo de su escrito de apelación.

Por otra parte, el análisis de las críticas ensayadas en torno a la inidoneidad de los testigos que declararon en esta causa resulta, en realidad, inoficioso ya que, contrariamente a lo que afirma en su recurso, la sentenciante de grado anterior consideró esta prueba como un mero aval de los hechos introducidos por las propias partes y que, en dicho carácter, tal como lo dije más arriba, nunca fueron objeto de debate en estas actuaciones (tales como que existían subdivisiones en las categorías laborales y que el accionante se encontraba encuadrado en la "C" de la de Prosecretario de Redacción; v., al respecto, puntos "2" de los escritos constitutivos de la litis, respectivamente, a fs. 8/10 y fs. 38vta/39vta. y, especialmente, los primeros dos párrafos del considerando III de fs. 183vta.).

De todos modos, mientras la apelante insiste en su tesitura -debo decir, sin demasiada apoyatura fáctica ni probatoria- incluso los testigos ofrecidos por su parte (v. testimonios de quienes se desempeñaron, durante distintos períodos, como jefes de personal de la empresa y, en el caso de la primera, al ser interrogada por el Juzgado, vinculada laboralmente a ella; Lucchetti a fs. 124 y de Quinteiro a fs. 132/133) declararon, respectiva y coincidentemente, que las distintas clases dentro de una misma categoría "dan una diferencia en dinero" y que "no hay diferencia en las tareas, sólo sería a nivel salarial".

En este sentido, estos testigos confirmaron la circunstancia implícitamente reconocida por la empresa de que, en los hechos, no existían diferencias entre las tareas efectuadas por un empleado categorizado como Prosecretario de Redacción "A" y otro como "C" -como el actor- aunque el primero percibía una remuneración superior a la del segundo.

Si a ello se le añade que los empleados también desconocían las circunstancias tenidas en cuenta por la demandada para encuadrar al personal de una misma calificación profesional en las distintas subcategorías referidas y que la demandada, reitero, no invocó y mucho menos acreditó causas objetivas y legítimas que justificaran el pago diferenciado, encuentro vulnerada la garantía de igual remuneración por igual tarea contenida en el art. 14 bis de la Constitución Nacional; a la par que los argumentos esbozados en el escrito recursivo no reflejan más que una mera disconformidad con la decisión tomada aunque de modo alguno logran conmover los fundamentos allí expuestos.

Finalmente, aun cuando de la copia simple del recibo de haberes de fs. 158 (en comparación con la de fs. 157) no pudiera afirmarse con seguridad que la demandada hubiera equiparado la remuneración del actor a la establecida para la categoría "A" a partir del mes de abril de 2011, dicha imposibilidad en nada modifica el análisis expuesto en el sentido de lo ajustado a derecho del reclamo del accionante.

Por todo ello, propicio confirmar lo decidido en grado sobre esta cuestión que ha sido materia de agravios.

V.- En función del resultado del recurso interpuesto, las costas de Alzada serán impuestas a la accionada vencida (cfr. art. 68 CPCCN), y los honorarios de los profesionales intervinientes en la Alzada se regulan en el 25% de lo que les corresponden a las respectivas representaciones letradas por su actuación en la instancia anterior (art. 14, ley 21.839).

VI.- En síntesis, de prosperar mi voto, correspondería: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de recursos y agravios; 2) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida; 3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la Alzada en el 25% de lo que les corresponden a las respectivas representaciones letradas por su actuación en la instancia anterior (art. 14, ley 21.839).

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto precedente.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de recursos y agravios; 2) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida; 3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la Alzada en el 25% de lo que les corresponden a las respectivas representaciones letradas por su actuación en la instancia anterior (art. 14, ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. GRACIELA ELENA MARINO	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria