marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Estabilidad del empleado público, personal jerárquico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Capeika, Marcos c/ Municipalidad de Almirante Brown s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

El personal designado para ocupar cargos directivos bajo el régimen de la Ordenanza Municipal 41 no se hallaba amparado por la garantía de estabilidad por tratarse de cargos 'funcionales' (art 8 inc 1 ap.

'a') cuyo desempeño 'concluirá' -establecía el art 10- cuando la autoridad competente lo disponga. En correspondencia con la falta de garantía, los cargos directivos podían ser cubiertos por agentes que no pertenecieran a la Administración Municipal (art 9).
Facultades del ombudsman, legitimación procesal, interpretación de la constitución
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensor  del  Pueblo  de la Nación c/ E.N. -P.E.N.- M° E. - dto. 1738/92 y otro s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-24

Excluir la actuación del Defensor del Pueblo por la intervención del particular afectado, o de una asociación, desnaturaliza el texto constitucional en la materia (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Sobreseimiento, accidente de tránsito, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Suarez, Aurora Teresa c/ Oggero, Mario Jose Y Otro s/ Ordinario (Expdte. Nro. 422253)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-03-25

La demanda interpuesta contra el chofer de un colectivo por los daños y perjuicios derivados del accidente de tránsito en el que participó, es improcedente, si en la causa penal se ha dictado su sobreseimiento total y definitivo al considerarse que cuando se produjo la colisión circulaba por su mano de circulación y a una velocidad moderada, pues ello surte efectos de cosa juzgada en el ámbito civil. (57 km/hs)
Alimentos, cuota alimentaria, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: C., P. c/ M., M s/ HOMOLOGACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-02

1- La prestación alimentaria,aun cuando se considere deuda de valor o deuda dineraria, no puede ser reajustada, (conf. Plenario "D.B. de Q., L. del V. c/ Q., C.E. s/ alimentos" del 28/02/1995).

2- Si bien la ley 25.561 introdujo importantes modificaciones a la ley de convertibilidad 23.928, mantuvo la vigencia del art. 70 de la norma, que veda la actualización monetaria,indexación de precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualesquiera fuera su causa, haya o no mora del deudor.
Competencia, competencia por el territorio, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: VARIG  S.A c/ AGENTE    GENERAL  DE  VENTAS  DE  PASAJES  AEREOS  MARIO  CANTARELLI s/ ORDINARIO - COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-17

La competencia basada en el criterio territorial responde al interés exclusivo de los litigantes, con el objeto de brindarle la posibilidad de dirimir sus conflictos con mayor comodidad y menor gasto, mereciendo por ello, el nombre de "relativa", y en su mérito, autorizando su renuncia expresa o tácita. Ello así, las partes tienen la facultad de prorrogar expresa o tácitamente la competencia territorial sometiendo el proceso al conocimiento de un juez que, por aplicación estricta de las normas generales que la determinan, carecería de ella, y siempre que la aludida prórroga no acepte el orden público.
Recurso de apelación (procesal), denegatoria del recurso, cuota alimentaria, aumento de cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria, obligación alimentaria, menores, derechos de las niñas, niños y adolescentes, mayores costos, gastos de vestido, educación
Materia: CIVIL
Carátula: A.P.M. c/ B.P.J. s/ Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-02-11

Corresponde rechazar la apelación deducida contra la sentencia de primera instancia que admitió la pretensión de aumento de cuota alimentaria en favor de los hijos menores del accionado, en tanto la razonabilidad del pedido se sustenta en la mayor edad de los beneficiarios -lo que implica aumento de gastos referidos a educación, alimentación y vestimenta -, y el tiempo transcurrido desde la fijación de la cuota anterior.
Representación procesal, mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Balneario El Pato c/ Municipalidad de Villa Gesell s/ pago por consignación Estanga, Luis Valentín c/ San Martín, Norma Francisca s/ homologación de convenio de desocupación - desalojo -
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-09|1995-08-17

Nadie puede actuar ante los tribunales de justicia en nombre de otro sin ser abogado o procurador inscripto en la matrícula respectiva, salvo el caso de representación legal. ( art. 189 ley 5177 ) Debe, pues, sustituirse el mandato conferido al peticionante lego, a favor de un letrado. ( art. 1924 C.C. ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Legajo de juicio en autos Acosta, Aníbal Paulo c/  s/ infr. art. 189 bis, tenencia de arma de fuego de uso civil, CP (p/L 2303) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

La extensión que la garantía del ne bis in ídem ostenta no comprende al supuesto en el cual los defectos que revela la sentencia no firme que resulta anulada impiden considerar observadas regularmente las cuatro etapas esenciales del proceso, de tal modo que puedan invocarse a su respecto la operatividad de los principios de preclusión y progresividad. (Del voto de la jueza Ana María Conde).
Jubilaciones, escalafón, retrogradación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VICTORIO BISSO s/ JUBILACION-    EMPLEADOS    MUNICIPALES-  ESCALAFON-  RETROGRADACION-  MOVILIDAD- GARANTIAS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-10

Si el interesado ejerció funciones de conducción ya que ellas son inherentes a la tarea que cumplió en calidad de "encargado general del Palacio del ex. H. Consejo Deliberante", la circunstancia de que ese ejercicio jerárquico aparezca ahora dotado con una remuneración particular no quiere decir que antes no existiera y que no se lo tomara en cuenta para fijar el emolumento global. Ello es así, pues declarar que el beneficiario no puede ser emplazado en niveles reservados para agentes con conducción equivaldría en el caso a una retrogradación.
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, juez imputado, incumplimiento de los deberes del funcionario público, encubrimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " TORRES DE TOLOSA, Gonzalo s/ competencia ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04

No es competente la Justicia Federal y sí lo es la Justicia en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, para entender en la querella deducida contra un Juez de Instrucción y un Fiscal ante ese mismo Fuero, por los delitos de incumplimiento de los deberes del funcionario público y encubrimiento.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, Código de Justicia Militar, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio
Materia: PROCESAL - PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Sumario  instruido  al Sargento Ayudante de Infantería Orlando J. Sat s/ PRESUNTOS ILICITOS DE HURTO Y DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-16

Lo referido a si la secuela de juicio interrumpe la prescripción de la acción penal en los términos del Código de Justicia Militar suscita cuestión federal, por cuanto se halla en juego la inteligencia de normas federales, cuales son los arts. 601 y 604 del Código de Justicia Militar.
Sistema de gobierno, sistema representativo, sistema republicano, Poder Legislativo, facultades del Poder Legislativo, facultades tributarias
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Basso, Jorge c/ ocupantes Hipólito Yrigoyen 4117/21. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Entre los principios generales que predominan en el régimen representativo republicano de gobierno, no existe ninguno más esencial a su naturaleza y objeto que la facultad atribuida a los representantes del pueblo para crear las contribuciones necesarias para la existencia del Estado y nada exterioriza más la posesión de la plena soberanía que el ejercicio de aquella facultad, ya que la libre disposición de lo propio, tanto en lo particular como en lo público, es el rasgo más saliente de la libertad civil.
Aplicación de la ley, acción de amparo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Villafañe, Ilda Zulema Romero de c/ Poder  Ejecutivo  Provincial  y  Ministerio  de  Cultura y Educación s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-12-12

La cuestión traída a decisión de este Alto Tribunal por vía de la acción de amparo, reconoce su origen en la denegatoria de la administración para aceptar la inscripción del amparista en el concurso organizado para la titularización del cargo que la misma ejercía como interina, y no en el cese del ejercicio docente por presentación del ganador del mencionado concurso, en la medida que éste es la consecuencia jurídica del conflicto bajo análisis y no su causa.

En efecto, no puede derivarse a otra conclusión pues la controversia tuvo inicio en sede administrativa y en ella se interpuso reclamo ante la denegatoria de inscripción indicada supra, más allá que tal vía administrativa fijando la naturaleza del conflicto con atribución de competencia a este Tribunal, haya sido interrumpida por la articulación de la acción de amparo en análisis.

Definidos los límites de la cuestión a decidir, corresponde determinar que a la fecha de convocatoria del concurso docente para titularización de cargos, se encontraba en vigencia el art. 168 de la Constitución Provincial y la Ley 4912 interpretativa de la norma de mención, estableciendo ambas el principio general que imposibilita que los jubilados y pensionados de cualquier caja puedan ocupar cargo o empleo en la administración provincial, disponiendo asimismo excepciones a la regla, tales como funciones fuera de nivel o actividades artísticas y técnicas de calidades especiales en relación a la oferta laboral normal.

De la normativa mencionada se deriva que la imposibilidad estaría fijada para el ingreso a los cargos, y en su planteo la accionante pretende hacer aparecer al tránsito entre su condición de interino a titular, como una continuidad en el ejercicio del cargo originario, y por lo tanto autorizado por la ley de jubilaciones 4094 y los decretos 1146/95 y 1126/95.

Ello no es así. En efecto, el nuevo cargo titular, -en caso de haberlo obtenido la amparista por participación en el concurso- genera un nuevo status jurídico-educativo, con una nueva estructura de atribuciones funcionales que no pueden ser vistas como análogas a la antigua condición interina; esta mutación sustancial cuyo carácter no menor es la estabilidad entre una condición y otra, provoca un hiato en el estado docente que lleva a concluir que la obtención de la titularidad y su cobertura corresponderían a un ingreso a la función pública no contemplado en las excepciones previstas por el art. 168 de la Constitución Provincial y la ley 4912, por lo tanto el caso debe regirse por la regla general que imposibilita la opción laboral para aquellos que hayan obtenido jubilación.

En consecuencia, la Administración actuó dentro del marco de sus competencias con ajuste a la preceptiva constitucional y legal en vigencia al denegar la inscripción en el concurso docente de titularización a la amparista, por lo que corresponde no hacer lugar a la acción intentada, con costas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, medidas cautelares, medida de no innovar, retención de aportes sindicales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Recreo c/ Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-02

El pronunciamiento que motiva la presente queja, mediante el cual se confirmó el rechazo de la medida cautelar de no innovar (peticionada por la codemandada pretendiendo no se modifique el pago que se le venía efectuando de la cuota sindical retenida por la Municipalidad a la asociación sindical ASOEM, pese a la desafiliación de ésta a la FESTRAM) dispuesto en baja instancia lo cual, teniendo en cuenta su propia naturaleza, no resulta ser un decisorio definitivo ni equiparable; y tampoco demuestra el quejoso la irreparabilidad del gravamen que, de acuerdo con las constancias de autos y como consecuencia ineludible, pudiera depararle lo decidido para que se torne inexcusable la vigencia de las excepciones que esta Corte tiene admitidas, resultando también aplicable al sub lite la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación en el sentido de que las resoluciones referentes a medidas cautelares, sea que las decreten, levanten o modifiquen, no constituyen sentencias definitivas en los términos del artículo 14 de la ley 48, salvo que medien agravios que por su magnitud y las circunstancias de hecho puedan ser irreparables, situación excepcional que no se da en el caso. CSJN: Fallos 249,683; 262:376; 305:1847; 256:150; 257:147; 258:262; 262:136; 265:265; y 324:432; CSJStaFe: AyS T 51, p 307/309; T 60, p 192. - Jurisprudencia concordante con Municipalidad de San José del Rincón c. ASOEM, T 2024, Sentencia nro. 300, sumario J0052811; Jurisprudencia vinculada: Municipalidad de Santa Fe c. ASOEM, T 2024, Sentencia nro. 299. sumario J0052812.
Delitos contra la libertad, amenazas simples, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, remisión del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Palavecino, Marcelo Gustavo c/  s/ Lesiones agravadas y amenazas s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-14

Toda vez que no persiste el interés federal que ha pretendido preservar la ley n° 24588 respecto de las conductas aquí denunciadas, a saber, por un lado, las amenazas simples (art. 149 bis, primer párrafo, del CP) y, por el otro lado, las lesiones (art. 89 del CP), corresponde radicar las actuaciones ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas, que tendrá competencia para pronunciarse aun si la imputación virase a figuras penales pendientes de transferencia (cfr. la sentencia de este Tribunal in re "Giordano", expte. nº 16368/19, resolución del 25/10/2019). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Servicio público, regularidad del servicio, continuidad del servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Transener S.A. c/ Resolución ENRE 70/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-17

Si la causa que legitima la existencia de un servicio público es una necesidad colectiva de tal entidad que no puede satisfacerse de otra manera que mediante la técnica de esta institución, el modo de asegurar que la prestación se haga efectiva es, precisamente, la regla de la continuidad, principio por el cual, el servicio público ha de prestarse sin interrupciones (Cassagne, "Derecho Administrativo", T.II, pág. 432). (Del voto de la Dra. Garzón de Conte Grand, consid. VI).
Accidente de tránsito, peatón distraído
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Leoguera, Mario Luis c/ Longo, Luciano y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

El peatón no tiene un "bill de indemnidad" ni es el dueño y señor de la calle; y que él, al igual que el conductor del automóvil, debe cumplir con las normas que el legislador ha impuesto para garantizar su seguridad personal y la de los terceros. Tampoco puede pretenderse -a la inversa- que por el sólo hecho de que un peatón circule por el camino en forma indebida, tal circunstancia arroje un manto de irresponsabilidad sobre quien, al manejo de una cosa riesgosa, lleva por delante sin más al que transita de tal forma (no siendo el caso, obviamente, de un peatón que se cruza en forma totalmente imprevista al paso del vehículo u otros supuestos similares, que no se dan en la especie).
Tratados internacionales, interpretación de tratados internacionales, reglamentación de la ley, derechos políticos, procesado, personas privadas de la libertad, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Alianza   "Frente   para   la  Unidad"  (elecciones  provinciales gobernador  y vicegobernador, diputados y senadores provinciales) s/ oficialización listas de candidatos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

El Pacto de San José de Costa Rica sólo autoriza a reglamentar el ejercicio de los derechos políticos respecto de los condenados, categoría a la que no puede asimilarse la de los procesados, sea que estén o no detenidos (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Acción de inconstitucionalidad, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ronchi de Guastavino, Mabel Susana s/ Inconstitucionalidad art. 32 inc. 5, dec. ley 9020/78. Ley Orgánica  del Notariado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

La firmeza de la sanción aplicada a la actora en los términos de la norma que impugna, derivada de la calidad de cosa juzgada que adquirió la sentencia respectiva, obsta a la viabilidad de la demanda de inconstitucionalidad, en virtud de que el perjuicio que mediante ella se pretende evitar se ha consumado.
Derecho laboral, contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Gilbert, Andrea Florencia  c/ Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-27

La actora y la codemandada celebraron un acuerdo de desvinculación en el marco de lo dispuesto en el art. 241 de la L.C.T., que se instrumentó mediante escritura pública. La actora al iniciar su reclamo, sostuvo que si bien se le hizo firmar una rescisión por mutuo acuerdo (art. 241 de la L.C.T.) el día anterior ya había sido despedida sin causa -en forma verbal- por lo cual reclama las diferencias entre el monto percibido y las indemnizaciones que considera que debió percibir. En cuanto a la validez del acuerdo instrumentado, las pruebas rendidas torna verosímil la versión de los hechos brindada por la actora, respecto a que el acuerdo encubrió un despido sin causa, dado que conforme surge de lo informado por la perita contadora interviniente, la empleadora consignó en la Baja ante la AFIP como fecha del cese del vínculo por voluntad concurrente entre las partes (art. 241 de la L.C.T.) e informó dicha baja al citado organismo ese mismo día. Del contenido del acta notarial se desprende que el pago efectuado por la demandada no se trató de una gratificación por cese, pues conforme surge de la cláusula quinta del convenio, se imputo dicho pago a "pasados, actuales y futuros créditos" entre los cuales se enumeró indemnizaciones por despido incausado y/o despido indirecto, o cualquier otra causa de finalización de la relación laboral. En consecuencia la suscripción del acuerdo importo la disposición de derechos laborales y , por lo tanto, en resguardo del principio de irrenunciabilidad receptado en el art. 12 de la L.C.T. y conforme lo prescripto en el art. 15 de la L.C.T., resultaba condición para su validez la intervención de una autoridad judicial o administrativa que determinara que mediante el acuerdo celebrado se alcanzó una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Es admisible que por escritura pública se instrumente la extinción de un vínculo laboral, por medio de un acuerdo de partes, ello es así en tanto y en cuanto no se trate de una figura aparente que pretenda ocultar el despido sin causa del trabajador, de conformidad con lo previsto en el art. 14 de la L.C.T., que fulmina con la nulidad las formalidades a las que recurren las partes con la finalidad de evadir la plena vigencia de la normativa de resguardo del trabajador, entiendo que cabe concluir que el acta notarial labrada carece de eficacia.
Excarcelación, cambio de calificación legal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BAYO, JESUS s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-01-26

El procesado que no aparece como coautor, y que su eventual desistimiento de actuar no hubiese logrado suspender los acontecimientos hace que ponderándose su intervención habría tenido las características propias de las de un cómplice, y siendo posible pensar que su conducta, podría merecer una sanción que permita, ahora, cuando ya lleva más de quince meses en prisión preventiva, su excarcelación.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, defectos en la consideración de extremos conducentes, contratos, rescisión del contrato, daño moral, cementerios
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: CASCO, DORA ESTRELLA BEATRIZ c/ CEPRISA S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad-Juicio ordinario (Expte.: C.S.J. Nº. 47 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-07

No puede prosperar el recurso interpuesto desde que la quejosa no logra demostrar que la Cámara hubiere omitido, explícitamente, resolver extremos planteados en la litis -concretamente, negarse a considerar su reclamo de resarcimiento al daño moral-, en tanto claramente se desprende del decisorio el motivo por el cual el Tribunal entendió que no correspondía examinar tal petición dado que la misma dependía del previo cuestionamiento de la actitud de la demandada de rescindir el convenio, lo que no había sido materia de la litis. Además, el Tribunal en el auto denegatorio, reitera que el agravio por daño moral por el retiro de la lápida era consecuente a la resolución de la demandada de rescindir el contrato, decisión cuya legitimidad no podía ser merituada en virtud de la vía judicial elegida por la actora, la que no podía ser sustituida por el Tribunal sin alterar los términos de la litis ni violar el principio de bilateralidad. Por lo tanto, la posición adoptada en autos -respecto de los límites a la actividad jurisdiccional por el principio de bilateralidad- se sostiene sobre la base de argumentos suficientes que la avalan y que permiten desterrar la arbitrariedad imputada por la impugnante y la consecuente conculcación de derechos y garantías constitucionales.
Honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: TOLOSA, RUBEN ANIBAL c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE REVOCATORIA - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 11 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-07-29

Cuando existen dos curiales que actúan por diversos sujetos que persiguen el cobro de sumas de dinero distintas pero que componen la misma parte, corresponde aplicar la escala del artículo 6 de la ley 12.851 sobre la cuantía global que resulte de la suma de los montos comprometidos en el caso para cada uno de los accionantes.

Es que, en tales supuestos, debe considerarse como si la parte integrada por sujetos múltiples lo fuese por un sujeto único y, por ende, realizar la operación sobre la suma global de las cuantías correspondientes a cada pretensión individual.

Entender lo contrario importaría elevar sin fundamento normativo alguno el importe de los estipendios toda vez que, en el sistema previsto por la ley arancelaria local, a menor monto de la base regulatoria mayor es la alícuota aplicable.