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Liquidación de entidades financieras, bancos, banco central, honorarios del perito, regulación de honorarios, incidente de revisión
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Fiadino Roggero y Carbonari S.A. s/ quiebra S/incidente de impugnación por: Banco Delta S.A.; La  Esperanza S/inc. de revisión por Banco Delta S/inc. de ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

Debe revocarse la sentencia que dispuso que el Banco Central - en su carácter de liquidador del patrimonio desafectado de un banco - debía pagar los honorarios firmes de un perito contador que había intervenido en un incidente de revisión por el cual el ente oficial intentó el recupero de un crédito que integraba los activos excluidos de la entidad liquidada, pues la legitimación pasiva que el a quo reconoce en el Banco Central de la República Argentina, entraña una abierta transgresión a facultades de que goza la entidad oficial de conformidad con su carta orgánica aprobada por la ley 24.144.
Caducidad de instancia, impulso de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Borda Catari, Lorenzo G. c/ Fisco Prov. de Bs. As. s/ Usucapión Suarez Aguera, E. c/ Club Atlético Argentino de Quilmes s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-17|1995-02-28

Si la ley de enjuiciamiento impone al Oficial 1ro. la obligación de elevar los autos a la Cámara, no existe carga procesal del apelante para instar el curso del procedimiento en tal supuesto. Por tanto, no hay conducta que pueda sancionarse con caducidad (arts. 251, 313, inc. 3 CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pacto de San José de Costa Rica, responsabilidad del Estado, indemnización, proceso penal, sentencia firme, sentencia condenatoria, condena por error
Materia: CONSTITUCIONAL - INTERNACIONAL - PENAL
Carátula: Adjiman, Jacobo c/ E.N. s/ Juicio de Conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-01

Para que proceda la acción resarcitoria del art. 10 del Pacto de San José de Costa Rica, que reconoce el derecho de toda persona condenada por error a percibir un resarcimiento del estado, el mismo texto exige que el pronunciamiento contenga una condena de naturaleza penal y que se encuentre firme, esto es, que no admita ningún tipo de recurso a través de los cuales pueda enmendarse el imputado error. Es decir: sentencia firme que haya condenado al reclamante.
Concesión comercial, prórroga del contrato administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores SA y su acumulado c/ GCBA s/ Concesión de servicios públicos s/ recurso de  apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-21

La circunstancia de que el contrato de concesión no previera una prórroga automática - sino que la continuación dependía de conductas que debían adoptar las partes-, lleva a que no pueda extraerse del contrato su continuación; empero, en modo alguno impide que las partes no puedan acordar su mantenimiento, por concurrencia sobreviniente de voluntades (del voto en disidencia del Dr. Lozano).
Ejercicio profesional, abogados, colegiación obligatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MONTOTO CARLOS c/ ESTADO NACIONAL ( MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA) s/ AMPARO-ABOGADO-COLEGIO PUBLICO-CANON ANUAL-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-13

La matriculación de abogados impuesta por la ley 23.187 no supone necesariamente la integración de una sociedad en violencia de la libertad reconocida, sino solamente el control por parte de los propios miembros de la profesión del ejercicio de la abogacía, en la medida que no se cuestionen las demás atribuciones que por la ley le son reconocidas al Colegio Público.
Fecha de ingreso, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Delmonte, María c/ Cablevisión S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-14

Habiéndose acreditado en autos, existiendo suficiente prueba, presunciones e indicios que, relacionados entre sí, autorizan a concluir que asiste razón a quien acciona. La actora cumplió funciones directivas desde fecha anterior a la mencionada en los recibos.
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VERGES, MANUEL MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA  JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 42 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-24

No puede prosperar la alegada gravedad institucional que la Provincia demandada fundamenta en que por el sistema de promociones policiales vigente, de consolidarse jurisprudencialmente el criterio adoptado en el caso -reconocimiento al agente de su derecho al ascenso-, la Administración deberá pagar dos veces por el desarrollo de una misma actividad, por lo que, teniendo en cuenta el número de agentes policiales, los calificados anualmente y los reclamos que dicha actividad administrativa genera, no se examina el daño económico que se produciría a las arcas provinciales, colocándola en situación de riesgo institucional. Ello así, por cuanto las alegaciones de la impugnante al respecto no encuentran respaldo en las constancias de la causa, como tampoco son atendibles los efectos que del fallo pretende hacer derivar a los fines de otorgarle el carácter de gravedad señalado, que por lo demás ni siquiera intenta demostrar. Debiendo además descartar el alegado resentimiento para las finanzas provinciales que la Provincia pretende hacer derivar de la consolidación del criterio jurisprudencial en virtud de que se trata de una posición que la Corte local tomó desde hace más de una década, en que se dictó el precedente "Mendoza" y no se ha demostrado ni tan siquiera mencionado que en ese lapso se hubiesen en modo alguno producido los efectos negativos que achaca a la referida postura jurisprudencial.
Juicio ejecutivo, dólares, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: Caillet Bois, Mariano Pablo c/Lecotex SRL y otros s/ ejecutivo. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-07

Cabe condenar a los accionados a abonar al actor la suma de dólares peticionada de acuerdo a lo establecido en el reconocimiento de deuda. Ello en tanto se aprecia que las partes acordaron, dentro de las facultades disponibles que tienen en cuanto a sus derechos patrimoniales, la moneda en que debía cancelarse la deuda. Es que surge de lo pactado en cierta cláusula del convenio, que la deudora y los fiadores renunciaron, expresa e incondicionalmente, a invocar respecto de las obligaciones de pago asumidas en moneda extranjera cualquier imposibilidad de pago en dólares -tomando a su cargo cualquier evento de caso fortuito o fuerza mayor, y reconociendo que la totalidad de dichas obligaciones de pago a su cargo se mantendrían vigentes y exigibles hasta tanto el acreedor recibiera la exacta cantidad de dólares que correspondiera ser abonado bajo dicho convenio-; renunciando así también a la opción de liberarse dando el equivalente del capital del convenio y sus intereses compensatorios, punitorios y/o cualquier suma que se adeude en pesos prevista en el CCCN 765.
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Torres, Héctor Daniel c/ Cassinotti, Enrique Horacio s/ Daños y perjuicios. Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-06

La distinta ponderación de la idoneidad de los testigos o de la fuerza de convicción que corresponda asignarle que formula la quejosa, no resulta suficiente para demostrar que se haya incurrido en error al apreciar esa prueba en la instancia de origen.
Recurso de casación, beneficio de litigar sin gastos, tasa de justicia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: N., M. c/ M., J.  y otros s/ Daños y perjuicios s/Incidente de apelación s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-06-19

Si la imposibilidad de afrontar los gastos de justicia existía al momento de iniciar la demanda, exigir ahora el ingreso de la tasa de justicia y el sellado de actuación como requisito previo para la prosecución del trámite de la causa, importaría incurrir en un excesivo formalismo, contrario al interés que el instituto tiende a proteger, ya que torcer la realidad previamente reconocida para supeditarla posteriormente a una contingencia procesal, no sólo es incongruente, sino que parte de una premisa dogmática, reñida con el principio de justicia. Por ello corresponde hacer lugar al recurso extraordinario deducido, y en consecuencia retrotraer los efectos del beneficio de litigar sin gastos concedido, respecto a la tasa de justicia y el sellado de actuación, a la fecha del primer beneficio deducido.
Prescripción, in dubio pro operario
Materia: LABORAL
Carátula: Angeloni, Claudia c/ Soneyra, Osvaldo s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-08-28

En materia de prescripción, en caso de duda ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia del derecho del trabajador.
Responsabilidad solidaria, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, daños y perjuicios, indemnización, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Martínez, Carlos Alberto c/ Cruz, Oscar Dante e Illanes, Graciela s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2017-03-20

Procede condenar en forma solidaria a los codemandados -como dueña y guardián del vehículo sindicado como cosa peligrosa y causante del daño- a abonar al actor la indemnización correspondiente por los daños sufridos en ocasión del accidente de tránsito en el que fue partícipe, dado que por la mecánica del siniestro y la consecuente responsabilidad, resulta aplicable la norma contemplada en el art. 1113 del Cód. Civ., pues la circunstancia de haber estado involucrados dos vehículos en movimiento no es razón que justifique considerar neutralizada la responsabilidad objetiva y sólo aplicar las normas que gobiernan la responsabilidad subjetiva, es que de la prueba pericial surge que ambos llevaban el mismo sentido de circulación -el vehículo del actor precedía al del demandado-, produciéndose el impacto en el vértice de la parte delantera derecha del vehículo del demandado sobre el ángulo trasero izquierdo del vehículo del actor, evidenciando que fue aquel y no éste, el vehículo embistente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, caducidad de instancia
Materia: LABORAL
Carátula: Bugallo, Eva N. c/ Acosta, Mabel y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

La disconformidad del interesado no basta para descalificar la declaración de caducidad de instancia, si ni siquiera alega como no cumplidos en el caso los requisitos exigidos para su operatividad ni, por lo tanto, la infracción del art. 310 del Código Procesal Civil y Comercial que denuncia (art. 279, C.P.C.C.).
Empleados públicos, relación de dependencia, aplicación de la ley, derechos adquiridos, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARQUEZ, LUIS ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 49-90) ROSSI, GUIDO MARTIN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 473-87) BILICICH, MARIA ISABEL PONZONE c/ COMUNA DE WEELWRIGHT s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 287-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-29|1996-10-02|1994-08-03

Cualquiera sea la teoría acerca de la naturaleza jurídica de la relación entre el agente público y la Administración que se acepte ora la del contrato, ora la del acto jurídico bilateral en el origen y estatutaria en su ejecución, ora la del acto administrativo unilateral-, lo cierto es que se ha afianzado la idea de que, desde el punto de vista jurídico, el agente público no tiene un derecho absoluto a ser mantenido en el ejercicio de su oficio, prescindiendo del interés de la Administración Pública. Si el Estado (lato sensu) reconociera un derecho perfecto al agente público para mantenerse en la función se crearía un privilegio a su favor.
Facultades tributarias, facultades tributarias provinciales, autonomía provincial, impuesto a los automotores, titular del automotor, denuncia de venta
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Entre Ríos, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

No resulta aceptable la defensa del Estado Nacional basada en que el poder tributario provincial permanece intacto aun después de la reforma de la ley 25.232, pues todavía puede exigir el pago al adquirente del automotor, limitándose la norma impugnada a vedarlo sólo respecto del titular del dominio que efectivizó su denuncia de venta.

Ello es así pues, dentro de la esfera autónoma del derecho financiero local, las provincias gozan de las más amplias facultades para gravar las entidades jurídicas tal como las crea el derecho sustantivo nacional y sobre esta base, no puede la ley 25.232 impedir optar por el cobro del tributo provincial al dueño del automóvil, a su poseedor en tal carácter, o a ambos conjuntamente. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Poder, abogados, mandatario, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - PROCESAL
Carátula: SAIEM SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   CADUCIDAD DE INSTANCIA.     CSJ EXPTE NRO 86-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-02-28

Mientras que el mandatario renunciante por otras razones, puede y debe seguir atendiendo las gestiones impostergables, no ocurre lo mismo en el supuesto de incompatibilidad, desde que ello significaría actividad notoriamente "incompatible".

En el caso, el profesional -ya designado en esa fecha ministro de esta Corte- no podía acusar la caducidad de instancia en el mismo momento en que renunciaba al poder.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, accidente de tránsito, responsabilidad concurrente, responsabilidad del conductor, responsabilidad de los padres
Materia: CIVIL
Carátula: CARABAJAL, JUAN c/ MARASCO, MARCELO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-01

En el caso de un menor de 3 años de edad, quien se encontraba jugando en la vereda con una amiga (mientras tanto su padre estaba en el interior de un comercio) y cruzó intempestivamente la calle, siendo atropellado por un vehículo, procede distribuir la responsabilidad del accidente en un 50% entre los padres del menor y el conductor del rodado. Ello así, pues el proceder del accidentado encuadra dentro de la noción de culpabilidad mentada por la ley 13893: 56-c, pero dicha culpa no resulta directamente atribuible al impuber, sino que lo reprochable es el hecho del civilmente responsable (los progenitores), por no haber ejercido estos una adecuada vigilancia sobre la persona del inimputable. Mientras que, el conductor deviene responsable por no extremar los recaudos necesarios que impone la presencia de niños a la vera de la calle por la cual circulaba.
Pericia médica, porcentaje de incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: A.,M.L. c/ S.,C. y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-25

El porcentual de incapacidad determinado en la pericia médica reviste un valor meramente indiciario pues la indemnización por incapacidad no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta las circunstancias particulares como su edad, sexo, condiciones socio-económicas, actividad laboral anterior e incidencia real de las lesiones en su actividad actual.
Acción de amparo, empleo público, carrera docente, concurso de cargos, medidas cautelares, medida cautelar innovativa, declaración de inconstitucionalidad, peligro en la demora, gravamen irreparable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: León Irma Beatriz c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Otros procesos Incidentales Otros procesos Incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-27

La parte actora inició acción de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 14, inciso d de la Ordenanza Nro. 40.593 en cuanto limita el ingreso a los concursos como docente para ocupar cargos interinos o de suplencia, no pudiendo los agentes superar los cuarenta (40) años de edad. Asimismo, solicitó se dicte una medida cautelar innovativa a fin de que se la incluya entre los concursantes para dichos cargos con el puntaje que posee en razón de sus antecedentes.

Establecido ello, cuadra señalar que en la especie se encuentran presentes los presupuestos que habilitan el dictado de la medida intentada.

Ello es así por cuanto la actora, como cualquier ciudadano, goza del derecho constitucional a acceder a los empleos públicos sin otra condición que su idoneidad para el ejercicio del cargo de que se trate (artículos 14 y 16, Constitución Nacional, y 24 y 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires). Y si bien tal derecho puede ser objeto de una razonable reglamentación, las normas que al respecto se dicten no pueden alterar su sustancia (artículos 28, Constitución Nacional y 10, Constitución de la Ciudad).

Así las cosas, no se encuentran razones que justifiquen el límite de edad impuesto por el artículo 14 inciso d de la Ordenanza Nro. 40.593 para acceder a la función docente -dicho esto, claro está, con la provisionalidad propia de este tipo de medidas y sin perjuicio de la conclusión a la que se arribe al momento de dictar sentencia definitiva en autos-.

El peligro en la demora, y más aún, la posibilidad de sufrir un daño irreparable -requisito éste que constituye un presupuesto específico de la medida en examen- se aprecian fácilmente desde el momento que, en virtud de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, la actora se encuentra impedida de concursar para cumplir tareas docentes en el ámbito de la Ciudad, lo que compromete directamente su subsistencia al privarla de la posibilidad de trabajar -en el ámbito público- en las tareas docentes para las que se encuentra habilitada.
Derecho procesal, honorarios, honorarios del abogado, regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Nieto-Nahuelanca-Pis Diez-Minati c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-22

La validez de las regulaciones no depende exclusivamente del monto del juicio y de la escala que contemplan los aranceles profesionales, no correspondiendo sujetarse a éste en forma estricta y atender al resultado y a su proporción con los trabajos realizados cuando, de lo contrario, resultarían emolumentos desproporcionados con la índole y extensión de la labor profesional.
Juicio ejecutivo, excepción de incompetencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de La Pampa c/ Taboada Hugo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

El ejecutante al promover el juicio, denunció su domicilio real en Coronel Suárez y aparece claramente de la documentación que acompaña que posee sucursal con giro propio en dicha ciudad, donde se efectuaron las negociaciones que originaron el pleito. En consecuencia, debe considerarse incluido al actor entre quienes gozan del privilegio de elegir la competencia del Juzgado de Primera Instancia de esta ciudad, en los términos del art. 3° inc. 6° de la ley 10.571 y rechazarse la excepción de incompetencia impetrada por el demandado. (Minoría u opinión personal)
Contrato de agencia, resoluciones, contratos, pacto comisorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vampa, Marcelo Miguel y otra c/ Amarilla Viajes y Turismo S.R.L. s/ Daños y perjuicios por resolución de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

Las resaltantes particularidades del caso (empresa demandada en fraudulento abuso del crédito que percibió los dineros correspondientes a distintas operaciones y cerró súbitamente sus puertas sumida en la insolvencia y dejando tras de sí la frustración definitiva de los viajes contratados) hacían innecesaria para el acreedor que escogiera la vía extrajudicial del pacto comisorio tácito, la recurrencia a la previa interpelación del art. 1204, 2do.

párrafo del CC para resolver el contrato , desde que el estado de insolvencia y la fuga del deudor hacían manifiesta la imposibilidad de satisfacer su prestación y dibujaban con nitidez el incumplimiento definitivo de la misma.
Recurso de inconstitucionalidad, gravamen irreparable, concurso civil, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANFELICI, JORGE s/ CONCURSO CIVIL DE ACREEDORES.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 140-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-11-26

En el escrito en que se deduce la queja donde se invoca un supuesto agravio irreparable debe demostrarse, a la luz de la jurisprudencia del Alto Cuerpo, que la resolución impugnada depara un agravio que no pueda ser aventado por medio jurisdiccional sin detrimento del interés comprometido.
Conflictos interadministrativos, competencia administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ASTILLEROS MINISTRO MANUEL DOMEQ  S.A. c/ E.M.G.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

La ley 19983 dispone que cuando la controversia se plantea entre entes públicos de una misma jurisdicción queda excluida la intervención judicial y corresponde resolverla en sede administrativa.
Poderes del Estado, división de poderes, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bussi, Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación - Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara  de Diputados.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

Respecto de los órganos creados por la Constitución que integran el gobierno federal, rige el principio de especialidad, que implica, a diferencia de lo que ocurre con las personas, que, como regla general, cada órgano puede y debe ejercer exclusivamente las competencias y atribuciones asignadas por la Ley Fundamental; el concepto se integra con las ideas de delimitación e indelegabilidad: cuando la Constitución asigna funciones a un órgano del Estado, es éste, y no otro, quien debe asumirlas y ejercerlas (Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).