Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL,COMERC., LABORAL, MINERIA Y FAMILIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-16


ACUERDO: En la Ciudad de Zapala, Provincia del Neuquén, a los dieciséis (16) días del mes de Mayo del año dos mil catorce (2014), se reúne en Acuerdo la Sala II de la Cámara Provincial de Apelaciones, con competencia en materia Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con competencia territorial en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, integrada con los señores Vocales, doctores María Julia Barrese y Dardo Walter Troncoso, y con el Presidente de Cámara, Dr. Pablo G. Furlotti, con la intervención del Secretaria Subrogante, Dr. Alexis F. Muñoz Medina, para dictar sentencia en estos autos caratulados: "LOPEZ MARTA ISABEL C/ LOS CABREROS S.R.L. Y OTRO S/ DESPIDO Y ACCIDENTE DE TRABAJO SIN ART", (Expte. Nro.: 35112, Año: 2013), del Registro de la Secretaría Única del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° DOS de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Junín de los Andes.

De acuerdo al orden de votos sorteado, el Dr. Dardo Walter Troncoso, dijo:

I.- Vienen estos actuados a consideración de la Sala en virtud del recurso de apelación que contra la sentencia de fojas 51/55vta. interpusiera la actora a fojas 62/64 vta.

Luego de efectuar una breve reseña del caso, se agravia por cuanto el decisorio en crisis excluye de la responsabilidad al codemandado Ariel Carballeira.

Con transcripción de algunos párrafos del fallo, entiende que el fundamento del rechazo de la solidaridad brindado por el a-quo gira en relación al instituto del fraude laboral (art. 14 de la LCT), de los actos de las personas jurídicas (art. 36 LCT) y del artículo 54 de la Ley 19.550, siendo que ninguna de esas normas fue invocada por el recurrente.

Agrega que en su demanda, invocó como fundamento de extensión al demandado la responsabilidad de los administradores y representantes por su propio desempeño al frente de la persona jurídica, y no le atribuyó responsabilidad por la interposición de una sociedad que puede ser legal pero que pudo haber sido constituida para defraudar -que es el caso del artículo 54 de la LCT-, transcribiendo párrafos de su demanda y citas jurisprudenciales solicitando se revoque la sentencia y se haga lugar al recurso que intenta.

II.- Adentrándome al tratamiento de los agravios que sostienen el recurso, cabe primeramente delimitar los términos y fundamentos invocados por la actora para cimentar su pretensión de solidaridad que aspira se extienda al codemandado Ariel Ignacio Carballeira.

Y en este sentido, advierto que el trabajador al ingresar la solución del conflicto en el ámbito judicial pidió se extendiera la responsabilidad al Sr. Carballeira con fundamento en las disposiciones de los artículos 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales, es decir que el cimiento de su petición no se configuró en la utilización ilegal del contrato de sociedad por parte de sus empleadores (desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad, articulo 54 ap. 3ro de la ley 22.903) que fue el supuesto bajo el cual al sentenciante de la instancia anterior fundamento su decisión, en consonancia a mi entender con el criterio sostenido por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Palomeque" del 3.4.2003 (LL 2003-F-2031), sino que el fundamento de su petición lo hizo fincar en la responsabilidad personal de los administradores, representantes directores o gerentes de las personas físicas que a través de sus conductas u omisiones violen la legislación vigente en supuestos que evidencian fraudes o incumplimientos a las leyes laborales o previsionales.

Desde la doctrina se ha dicho al respecto que: "El derecho del trabajo para tutelar al dependiente, recurrió a una institución decantada del Derecho Civil (las obligaciones solidarias), que fue pensada para garantizar el cobro, potencializar la responsabilidad patrimonial y evitar la necesidad de tener que reclamar el pago a una persona determinada cuando se sabe que es ocioso o, simplemente, no se la quiere perseguir. La Ley de Contrato de Trabajo no establece un régimen distinto de la responsabilidad solidaria y no hay incompatibilidad entre lo dispuesto por los Art. 669 y 705 del Código Civil y los principios del derecho del trabajo, comenzando por el de indemnidad y protectorio" (MEIK Moisés, "Algunas reflexiones sobre el fallo plenario Nro. 309 ("Ramirez")", La Causa Laboral Nro. 21, abril 2006, p. 9.) Los artículos 59 y 274 de la Ley de Sociedades se refieren a la responsabilidad del administrador societario; mientras el artículo 59 sienta bases con carácter general para ponderar su conducta e imponer la responsabilidad que corresponde por los daños inflingidos a la sociedad, el articulo 274 hace lo propio de modo específico, respecto de los administradores de las sociedades por acciones.

En palabras de Miguel Angel Pirolo ("Aspectos Procesales de la Responsabilidad Solidaria -supuestos en los que la persona jurídica ha sido creada con fines lícitos, pero sus directivos incurren en actos delictuales o cuasidelictuales que exceden el mero incumplimiento contractual" en "Revista de Derecho Laboral- La solidaridad en el contrato de Trabajo-" 2001-1 Pág. 407) los casos en que la ley de sociedades comerciales prevé la responsabilidad directa y personal de los directores o gerentes, no tienen relación directa con la doctrina del disregard, sino con la comisión de ciertos ilícitos que van más allá del incumplimiento de obligaciones legales o contractuales y para cuya concreción se aprovecha la estructura societaria. En estos caso, el fin para el que fue constituida la sociedad es lícito pues su existencia ideal no fue planteada para encubrir una responsabilidad personal (de allí que no resulte viable descorrer el velo), pero sus directivos no sólo hacen que la entidad incumpla sus obligaciones, sino que además incurren en actos o maniobras dirigidas a defraudar a terceros (trabajadores, sistema de seguridad social, etc). Cuando esto último ocurre, quienes ocupan cargos de dirección resultan directamente responsables, más allá de que también compromete económicamente al ente.

Ahora bien esa responsabilidad tiene un límite y es el que describe el Dr. Lorenzetti al votar en el precedente "Davedere Ana c/ Medicomex S.A y otros" de la CSJN (29 de mayo de 2007 publicado en LL2007-D-16), quien en el considerando 11 de su voto expresó que la responsabilidad derivada de los Arts. 59 y 274 de la ley 19.550 es la del "derecho común", lo que obliga a "indemnizar el daño", la cual es diferente a la del obligado solidario en las obligaciones laborales. "En consecuencia -dice-, resulta imprescindible acreditar la concurrencia de los presupuestos generales del deber de reparar, lo que no se ha hecho en la especie. Ello, por cuanto la solidaridad no se presume (art. 701, Cód. Civil) y debe ser juzgada en forma restrictiva". Por ello -agrega- "es necesario demostrar el daño que ha mediado mal desempeño, violación de la ley, estatuto, reglamento, dolo, abuso de facultades y culpa grave. Por lo demás, la responsabilidad es por la actuación personal y no por alcanzar a otras que no correspondan a la gestión. Aquélla ha de juzgarse en concreto, atendiendo a las específicas funciones asignadas personalmente por el estatuto, reglamento o decisión de la asamblea en el área de la empresa propia de su incumbencia".

Es que el criterio sentado en el precedente citado interesa destacar en mi opinión al momento de establecer el quantum indemnizatorio que debe afrontar el directivo o administrador societario a quien se pretende responsabilizar en la medida de que su actuar ha provocado el daño a resarcir y en este sentido he de citar el voto mayoritario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sala IV in re: "Fernández, Jorge Omar c. Rimmel S.R.L. y otro s/ despido", del 23-04-2007, donde se ha sintetizado esta problemática, en palabras del Dr. Guisado que adhiriendo a la opinión del Dr. Moroni expresó: "... con anterioridad he sostenido que la práctica de no registrar ni documentar una parte del salario convenido, constituye una violación de la ley que genera la responsabilidad solidaria de los administradores por los daños ocasionados con su conducta al trabajador, con sustento en los arts. 59, 157 y 274 de la L.S.

Pero también he afirmado que esa responsabilidad se limita a los perjuicios que sean consecuencia de esa ilicitud (como serían, por ejemplo, las multas de los arts. 8, 9, 10 y 15 de la ley 24.013), pero no se extiende al pago de otros rubros (tales como los salarios, aguinaldos, vacaciones, etc.) que reconocen como fuente la prestación del trabajo (y no la conducta irregular de los administradores). Esta distinción se funda en que, a mi juicio, la acción de responsabilidad contra los directores está sujeta a los presupuestos de la teoría general de la responsabilidad civil, entre los que se encuentra la adecuada relación de causalidad entre la inconducta y el daño causado (CNCom., sala E, 18/03/98, "Industrias Record SA c. Calvo, Marta E", LA LEY, 1998-D., 766). Este último requisito cumple la función de precisar el alcance de la reparación, ya que el daño es indemnizable sólo en la medida en que responde al hecho generador como consecuencia jurídicamente atribuible al responsable (CNCom., sala A, 8/9/04, "Meza de Ruiz Días, Telma A. c. Transporte El Trébol y otros", LA LEY, 2005-A, 107).

Teniendo en cuenta que llega firme a esta instancia la existencia de la relación laboral entre actora y demandada, la fecha de ingreso, las tareas desempeñadas y el sueldo percibido, como así también que la relación laboral se extinguió por culpa de la demandada (despido indirecto) el 27 de febrero de 2013, entiendo que cabe analizar la conducta desplegada en la oportunidad por el codemandado Carballeira.

En tal sentido, observo que la actora a fojas 9 intimó mediante carta documento a la sociedad demandada invocando la existencia de relación laboral iniciada en fecha 12 de enero de 2013 para que ésta cumpliera con diversas obligaciones derivadas de tal vínculo, que a fojas 11 el Sr. Ariel Carballeira en representación de la sociedad demandada contestó esa misiva mediante otra de igual tenor rechazando sus términos y afirmando además que jamás hubo relación laboral ni vínculo de otro tipo entre la actora y Los Cabreros SRL, lo que motivó que la trabajadora remitiera la carta documento de fojas 12 en la que, ante la negativa del vinculo laboral manifestada por la empleadora y el carácter injurioso que la misma revestía impidiendo la prosecución de la relación laboral y en el entendimiento de que podría tratarse de un comportamiento apresurado de la empleadora, le intimo nuevamente para que la sociedad ratificara o rectificara esa comunicación en fecha 18 de febrero de 2013, bajo apercibimiento de considerarse injuriada y despedida por culpa de aquella.

La demandada a través de la carta documento nro. 35667330 obrante a fojas 13, alegó que el principio de continuidad del contrato de trabajo invocado por la actora únicamente resultaria aplicable en caso de existencia de relación laboral entre las partes, la que volvió a negar.

Luego, la trabajadora casi diez días después de la primera intimación, el 27 de febrero de 2013, hizo efectivo y se consideró despedida notificando tal circunstancia mediante la carta documento 31697697 que se ha agregado a fojas 12 bis.

De lo expuesto -y hallándose firme en esta instancia, reitero, tanto la existencia de la relación laboral cuanto el carácter y responsabilidad del distracto- entiendo que la doble negativa de la relación laboral por parte de la sociedad representada en ambas oportunidades por el demandado ha sido la causal de su extinción, configurándose de esta manera la relación de causalidad del obrar del socio gerente o representante con el daño producido, tanto a la trabajadora cuanto a la sociedad demandada.

Respecto a la actora, la negativa de la relación laboral ha transgredido el objetivo protectorio del trabajador que es de orden público, privándosela del beneficio de las asignaciones familiares, y marginada de los beneficios de los servicios sociales de salud, no pudiendo acreditar oportunamente la prestación de los servicios mínimos y el pago de aportes necesarios para reunir las condiciones que establece el sistema jubilatorio para el goce de los beneficios, tanto de la jubilación ordinaria por invalidez o por avanzada edad (ver "Responsabilidad solidaria de socios, controlantes y administradores con causa en el empleo no registrado" Salthú, Gustavo Publicado en DJ 2007-III, 369) y en el caso de la sociedad demandada obligándola a afrontar el pago de indemnizaciones laborales cuyo monto indudablemente se refleja negativamente en el patrimonio de la persona jurídica.

En punto a la extensión de la responsabilidad del representante de la sociedad, entiendo que la misma debe quedar acotada al pago de la suma de $ 5,725,61 que corresponde a los rubros indemnización por antigüedad, preaviso, SAC proporcional y las multas previstas por los artículos 1 y 2 de la Ley 25.323 toda vez que los mismos revelan intima y estrecha relación con el distracto laboral y la causal que lo produjo, esto es la negativa de la relación de trabajo invocada por el representante de la sociedad en tanto los restantes rubros de condena se hallan motivados en incumplimientos en los que incurrió la persona jurídica que ostentó la condición de última empleadora del actor (arts. 33, 499 C.Civil y ccs.), toda vez que "el administrador sólo responde por los daños y perjuicios que su accionar antijurídico ha ocasionado en el patrimonio del tercero acreedor laboral y no por los demás rubros que pudieran componer la liquidación de la totalidad del crédito, que no guarden relación con el incumplimiento objetivo" (conclusión de la Comisión N° 2 "Sociedades" en el Segundo Congreso Bonaerense de Derecho Comercial celebrado los días 12. 13 y 14 de mayo de 2006, citado por Horacio Brignole "Nuevamente sobre el descorrimiento del velo de la persona jurídica y la responsabilidad de los administradores societarios", Publicado en LA LEY 06/08/2007, 8 o LA LEY 2007-D, 616).

Y en el mismo sentido se ha dicho desde la jurisprudencia que "Resulta procedente responsabilizar solidariamente al socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada, en los términos del art. 59 de la Ley de Sociedades Comerciales, frente al reclamo laboral efectuado por un trabajador no registrado, en tanto, resulta partícipe directo de las maniobras irregulares realizadas por la empleadora, consintiendo con su accionar la comisión de un fraude laboral y previsional y causando un perjuicio al accionante. (Del voto del Dr. Zas). y que el socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada resulta solidariamente responsable por los créditos laborales derivados de la falta de registración de un trabajador, si no se trata de una empresa multinacional ni de una sociedad nacional de gran envergadura empresaria, con complejidad de organización administrativa y dimensión extendida de sus negocios, por lo cual no resulta probable que los miembros del directorio desconozcan detalles que rodean los contratos de trabajo de sus dependientes. (Del voto de la Dra. García Margalejo) (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala V "Bogado, Elías Martín c. Gráfica y Copiado S.R.L. y otro"; 16/04/2009; La Ley Online AR/JUR/12816/2009).

De compartirse las consideraciones expuestas corresponde acoger el recurso impetrado y en consecuencia revocar la sentencia dictada en autos condenado solidariamente al codemandado Ariel Ignacio Carballeira al pago a la actora de la suma de pesos $ 5,725,61 que corresponde a los rubros indemnización por antigüedad, preaviso, SAC proporcional y las multas previstas por los artículos 1 y 2 de la Ley 25.323 imponiéndosele además las costas de ambas instancias y a la codemandada Los Cabreros SRL las de esta instancia, a cuyo fin se regularan honorarios profesionales en la forma de estilo (art. 68 del Cód. Procesal Civil aplicable supletoriamente al proceso laboral, art, 54 Ley 921 y arts. 7, 9, 11, 15 de la Ley 1594). Así voto.

A su turno, la Dra. María Julia Barrese dijo:

Disiento con la propuesta del Sr. Vocal que me precede en el orden de votación por las razones que a continuación pasaré a exponer.

Se desprende del confronte de los presentes que en el escrito que diera inicio a esta causa, la parte actora pretendió la extensión de responsabilidad al co-accionado Carballeira, refiriendo que fue aquél quien ha respondido todas las comunicaciones postales dirigidas por parte, emitidas a partir del conflicto que originara los presentes, haciéndolo en representación de Los Cabreros SRL. Agregó la accionante que si bien en tales misivas Carballeira no aclaró cuál era el vínculo que lo ligaba a la SRL, debía suponerse que su carácter de gerente o administrador de la misma (fs. 31 del escrito de demanda). La demandante sostuvo, también, que la supuesta calidad de administrador adjudicada a Carballeira sería corroborada por su parte en la etapa procesal oportuna. Consecuentemente, ofreció prueba informativa dirigida a la Municipalidad de San Martín de los Andes y al Registro Público de Comercio, para que se adjuntase a los presentes copia certificada del Contrato Social de los Cabreros SRL (fs. 35).

Corrido que fuera el traslado de la pretensión actoral, ni la mencionada SRL ni el Sr. Carballeira, han contestado la demanda. Tampoco la parte actora ha hecho uso de la posibilidad que le otorga el art. 30 de la Ley 921 a efectos de solicitar la producción de la prueba que había ofrecido. A esta altura de las consideraciones debo señalar que en mi opinión, si bien es cierto que la carga procesal de contestar la demanda constituye un imperativo legal cuya inobservancia es susceptible de generar consecuencias desfavorables en contra del sujeto que incurre en tal incumplimiento; ello no importa, sin más, el reconocimiento de la realidad de los hechos expuestos por la actora. El referido incumplimiento tiene el valor estimativo que solo produce una presunción favorable a la pretensión del accionante, la que debe ser ratificada o robustecida mediante la correspondiente prueba.

En anteriores oportunidades, en mi carácter de integrante de la antigua Cámara en todos los Fueros de la IV Circunscripción Judicial he resuelto que: "La presunción prevista en el art. 30 de la Ley 921 no se traduce, necesariamente, en el progreso total de la demanda, sino sólo de aquellos rubros que se ajustan a derecho"... "Si bien... deben presumirse como ciertos los hechos expuestos en la demanda, no debe soslayarse que tal presunción es susceptible de ser enervada por prueba en contrario, y que además debe recaer sobre los hechos lícitos, normales, posibles y verosímiles, según las características de la relación invocada. Por otra parte ... corresponde exclusivamente al magistrado de la causa, la función de determinar mediante la aplicación de las normas respectivas, si los hechos presumidos como ciertos, justifican los reclamos ... ya que la declaración de rebeldía en sí misma, no torna admisibles automáticamente todos los rubros del escrito inicial, sino que es menester que en la reclamación se invoquen los hechos con suficiente nitidez y coherencia para que, calificados jurídicamente por el juzgador, puedan dar lugar a un reconocimiento judicial de derechos ... Conforme lo señalara el Alto Tribunal en autos `Correa Teresa de Jesys c/ Sagaria de Guarracino, Angela Virginia´ -Recurso de Hecho-, del 25 de septiembre de 2001, T. 242 F. 642 (C. 587. XX XIV), `Los jueces tienen no sólo la facultad, sino también el deber de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas, con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes (Fallos: 296:633, 298:429; 310:1536, 2173 y 2733; 312:649; 313:924)´...". Y en el mismo sentido, la jurisprudencia también ha resuelto que "...contrariamente a lo que pretende la actora cuando reclama le sean reconocidos la totalidad de los rubros reclamados, la rebeldía no puede ser tomada como una suerte de carta blanca para viabilizar la demanda, sin previo análisis de las cuestiones técnicas y la correcta aplicación del derecho..." (cfr. Cámara en Todos los fueros de la IV Circunscripción Judicial, en Ac. Nro. 5/09 en autos "Cufre Farias Gustavo Adolfo c/ Fuenzalida Carlos Arturo y otro s/ Despido", Expte. CSM Nro. 11/2009, Ac. / 2011, en autos "Herrlein Analía Verónica c/ Marasco Manuel s/ Despido por Causales Genéricas").

Entonces, la solución no puede ser terminante en el sentido de que la falta de contestación de la demanda por la accionada, conduzca a tener por ciertos, automáticamente, todos y cada uno de los hechos alegados por la actora en su pretensión, sin valorar, conforme a las reglas de la sana crítica, los alcances de la misma y las pruebas producidas en la causa.

Siguiendo tales premisas, debo concluir que la actora no ha acreditado los recaudos que condicionan la procedencia de la aplicación de los arts. 59 y 274 de la LSC, esto es el cargo que desempeñaba el co demandado dentro de la sociedad y el factor de atribución de responsabilidad. Toda vez que la responsabilidad emergente de las disposiciones legales citadas es de carácter individual y subjetivo, configurándose por el mal desempeño del cargo (cfr. Horacio Roitman, "Ley de Sociedades Comerciales", Comentada y Anatada TIV, Ed. La Ley, Buenos Aires, año 2006, pág. 545) la falencia probatoria apuntada obstaculiza la pretendida extensión de responsabilidad a dicho co-demandado, e impone sin más, el rechazo del recurso de apelación interpuesto. Mi voto.

Finalmente, el Dr. Pablo G. Furlotti, dijo:

Comparto la línea argumental desarrollada por la Dra. María Julia Barrese, por lo que emito mi voto en idéntico sentido. Mi voto.

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación aplicable, esta Sala II de la Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Minería con competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en todo lo que ha sido materia de agravios, con costas a su cargo (arts. 17 Ley 921 y 68 del C.P.C. y C.).

II.- Diferir la regulación de honorarios por las tareas desarrolladas en esta instancia hasta tanto exista regulación firme por las de primera.

III.- Regístrese, notifíquese personalmente o por cédula al apelante y, oportunamente, remítanse al Juzgado de origen.

Dra. María Julia Barrese - Dr. Dardo Walter Troncoso - Dr. Pablo G. Furlotti (Presidente) Registro de Sentencias Definitivas N°: 10/2014 Dr. Alexis F. Muñoz Medina- Secretario Subrogante.