marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad médica, médico de guardia, historia clínica, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Calcaterra, Rubén y otra. c/ M.C.B.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-24

Si se probó fehacientemente que la historia clínica estaba plagada de deficiencias y de omisiones, este hecho es imputable a todos los médicos que intervinieron directamente en la atención del paciente, al médico jefe de guardia y al médico jefe del departamento.

Si el médico jefe de guardia no revisó al paciente y ordenó una transfusión, es responsable de que ésta no se ejecutara o se controlara por médicos.

El "favor probationes" o la "teoría de las cargas probatorias dinámicas", ante el cúmulo de hechos inclina -más allá de todo elemento presuncional- por poner la carga de la prueba de la inculpabilidad sobre la parte que está en mejores condiciones de hacerlo, máxime si la historia clínica es harto deficiente y los accionados integran un grupo médico. La presunción de culpa apuntada -que es autónoma en relación con la aplicación de la regla del "favor probationes"- es individual, para cada partícipe, y no colectiva.

Si los médicos accionados no probaron las eximentes de responsabilidad apropiadas; la causa ajena en el primer supuesto, y la no culpa en el segundo caso, todos son responsables del daño ocasionado a consecuencia de la muerte del paciente.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S. de A., J. c/ A., E. T. s/ Daños y perjuicios por retención indebida
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-30

El art. 1313 del Código Civil alude únicamente al caso de muerte, disponiendo lo mismo para la ausencia con presunción de fallecimiento, pero doctrina y jurisprudencia han entendido, con razón, que la aplicación de los arts. 3462 y siguientes del Código citado corresponde en todos los casos de disolución de la sociedad conyugal, ya que no existe ninguna razón para aplicar reglas distintas.
Injurias, eximición de prisión, prescripción, rebeldía
Materia: PENAL
Carátula: Lau, Jorge Guillermo y otros s/injurias c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

Quien no se encuentra a derecho, no puede hacer valer su reclamo ante el tribunal, a excepción de los supuestos de eximición de prisión -que cualquiera puede solicitar-; y de prescripción, puesto que en la medida en que ella pueda ser decretada e iniciada de oficio por el tribunal, resulta razonable que quien pretende hacer valer los derechos de quien no se encontraba a derecho, por estar rebelde o con orden de captura, tenga oportunidad de ser oído ante el tribunal que revisa la decisión de la instancia anterior (voto del juez Jantus al que adhirió el juez Huarte Petite)
Prueba, carga de la prueba, daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Harriague de Rolón c/ Hospital Italiano s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-15

El médico, a diferencia del transportista que se obliga a hacer llegar al pasajero sano a destino, no contrata una obligación de curar al enfermo, o de restituirlo "sano y salvo", sino solamente de tomar todos los cuidados determinados por las prescripciones especiales del arte médico y los usos. Así, planteado el caso jurídico de responsabilidad médica, se trata de saber si esas precauciones han sido tomadas, pero no por el solo hecho que el paciente haya muerto o resulte dañado debe presumirse que el médico ha faltado a sus obligaciones. Es a quien demanda la indemnización a quien debe probar que el médico no ha tomado las precauciones que debía, quedando, sin embargo a salvo las circunstancias excepcionales, conformes a los avances de la ciencia.
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: De La Mata, Amelia M. c/ Sanatorio y Maternidad del Sur S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

La indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) debe calcularse sobre la base de la mejor remuneración normal y habitual percibida durante el último año o de todo el lapso de la prestación si fuese inferior.
Recurso extraordinario federal, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: C., C. B. y OTROS. s/ Queja en: -C., N. A. y C., S. J. s/ Vtma. Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-07-31

?[?] ?Debe rechazarse la existencia de un supuesto de gravedad institucional, si no se demuestra que la intervención de la Corte tuviera otro alcance que el de remediar -eventualmente- los intereses de la parte.? (CSJN., ?Luque, G. D. y Tula, L. R. s/homicidio preterintencional -causa nº 117/94-.?, del 26/11/2002); ?Procede el recurso extraordinario cuando la materia en debate -intervención de la Corte Suprema o de la justicia federal- configura una situación de evidente gravedad institucional que excede el mero interés de los litigantes y atañe a la comunidad toda.? (CSJN., ?Pcia. del Chaco c/Parra de Bosco, A. M. y otros s/expropiación expte. 6214/99 s/inhibitoria?, del 6/03/2001); ?La Corte Sup. ha desestimado la existencia de esta causal cuando lo resuelto no excede el interés individual de las partes o del apelante ni atañe en modo directo a la comunidad (Fallos: 303:962; 304:848; 308:206) o no compromete instituciones básicas de la Nación (Fallos: 307:973)? (STJRNS1 28/12 ?R.H.F.?).-(Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Proceso judicial, facultades del juez, dirección del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA  ANALIA MABEL c/ STRAUCH SERGIO Y OTRO s/ VARIOS PROPIEDADINDUSTRIAL E INTELECTUAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-10

El Código Procesal concede al juez la facultad de determinar el tipo de proceso atendiendo a la índole de la controversia. La resolución es irrecurrible y no existe violación de la garantía de defensa siempre que se otorgue un plazo razonable para cumplir los requisitos que se establecen para el proceso en definitiva fijado. Ello no obstante, cuando no media oportuna objeción de parte y no se produjera un caso de indefensión, no debe admitirse la pretensión de cambiar el tipo de proceso (conf. Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. 2, pág. 531 y sus citas). Asimismo, es oportuno poner de manifiesto que a los fines de determinar el tipo de proceso aplicable, corresponde inclinarse por la solución que con mayor amplitud asegure la defensa en juicio, esto es, el juicio ordinario (Kielmanovich, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. I, pág. 578).
Beneficios previsionales, cesación de servicios, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sommariva, René Arturo s/ Recurso de Apelación contra Resolución Nro. 1366-94 ISSyS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-12-27

"Los beneficios Jubilatorios se rigen por la ley vigente al producirse el cese laboral"
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, daños y perjuicios, daño moral, indemnización, intereses, compensación económica, actualización monetaria
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: C, E.R. s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal (Expte.. Nro. 1371-88)  -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-07

Cualquiera sea la oportunidad que se adopte para tasar el quantum debido por daño moral -la fecha del hecho, la de la demanda o la de la sentencia-, no varía el momento a partir del cual se origina la obligación -la fecha del hecho-, donde arranca la exigibilidad del crédito. Si éste es satisfecho de inmediato, es decir, si el deudor cumple a su debido tiempo, obviamente, no se anexan intereses; pero cuando no ocurre así, sino que la víctima ha debido transitar largamente el ámbito jurisdiccional sin haber percibido su acreencia, es absolutamente justo que una reparación integral añada al capital el fruto civil compensándose mediante el interés el retardo del acreedor en el cumplimiento de su obligación. La situación no cambia porque se trate de un capital actualizado, porque en tal caso la repotenciación del quantum indemnizatorio para corregir el vicio inflacionario de nuestra moneda no hace más que compensar un monto envilecido que, por tanto, mantiene igual valor con el transcurso del tiempo. De allí que la suma global así obtenida devengue un interés puro -no el de plaza- desde el momento de la producción del hecho que origina el daño. En definitiva, se trata de una simple cuestión de justicia tendente a mantener a través del tempo la igualdad de las posiciones de las partes comprometidas con motivo del acaecimiento del hecho. En consecuencia, corresponde adicionar intereses a la indemnización por el daño moral a partir de la fecha del hecho. (De los Fundamentos del Dr. Suárez -En Disidencia-).
Seguros, interpretación del contrato, póliza, modificación de la póliza, responsabilidad del asegurado
Materia: COMERCIAL
Carátula: HOLLENDER TEODORO c/ LA  DEFENSA - COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONIM s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-01

Emitida la póliza conforme a los arts. 11 y 158 de la ley citada los cambios o modificaciones del contrato, generalmente, se adicionan al texto original, especialmente, por conveniencia práctica en prueba de los introducidos o adicionados al convenio originario, teniendo carácter prioritario en la interpretación contractual el citado endoso.

Si bien es cierto que conforme al art. 12 el asegurado puede impugnar las constancias de la póliza no es menos exacto la obligación que recae en cabeza del asegurado de denunciar con exactitud y precisión el bien asegurado ya que, en caso contrario incurre en lo dispuesto por el art. 5 de la ley 17.418.

Existe reticencia o declaración falsa de parte del asegurado si la póliza se ha emitido para cubrir los riesgos de un vehículos 0 km. y posteriormente se comprueba que se trataba de un automóvil usado.
Caducidad de instancia, impulso procesal, impulso de parte, purga de la caducidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco de la Provincia de Formosa c/ Arauz de Rolón Adela y Rolón César s/ Ejecutivo Adela y Rolón César s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-03-30

Partiendo de la base de que la perención debe estimarse como una medida excepcional y, por lo tanto, de aplicación restrictiva y orientada a mantener la vitalidad del proceso, cuando la caducidad no sea declarada por parte del órgano jurisdiccional o haya mediado acuse por el legitimado, no cabe tenerla por cumplida, ni -por ende- presumirla por el mero transcurso del plazo legal, pues la parte puede realizar actos procesales de impulso del proceso a los fines de purgar la caducidad de la instancia.

En consecuencia, aún cuando el acto de impulso haya sido realizado luego de transcurrido el plazo legal, si provino de las partes y no del órgano jurisdiccional, la contraria no puede oponerse a los efectos de aquél.

El art. 313 de este ordenamiento adjetivo, se refiere expresamente a la "actuación del tribunal" y no a la de la parte, no pudiendo, por vía de interpretación, ampliar la previsión normativa, que es suficientemente clara. Distinta hubiere sido al situación si esa actividad hubiese provenido de una actuación oficiosa del juzgado o tribunal, en que sí cabe la posibilidad de la oposición dentro del plazo del quinto día de notificado la misma.

Por ello, no obstante haber transcurrido los plazos del art. 308 del Código Procesal, es suficiente para purgar la caducidad el acto impulsorio de la parte interesada en instar el proceso, anterior al acuse de la contraria, siendo innecesario, por ende, el consentimiento de ésta para la eficacia de la pretensión aludida.
Daños y perjuicios, consorcio de propietarios, indemnización por muerte, escape de gas, intervención de terceros
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GOMEZ, Ricardo c/ SCHOENENBERGER, Carlos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-14

Entablada demanda de daños y perjuicios contra un consorcio por muerte de una persona en una unidad del edificio a raíz de emanaciones de monóxido de carbono, cabe citar como terceros (art. 94 del Código Procesal) a los restantes propietarios a la fecha de acaecido el hecho, ante la eventualidad de una condena y de que el consorcio o sus integrantes pretendan el reintegro de las sumas a abonar, por existir en tal caso interés común. Del voto de la minoría (Dr. Gárgano)
Prescripción, actuaciones administrativas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Minozzi, Josefa María c/ Poder Ejecutivo de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

No son idóneos para interrumpir el curso de la prescripción, los reclamos administrativos, no exigidos por la ley como condición previa para poder entablar la demanda judicial; máxime cuando el mismo fue efectuado ante quien no reviste el carácter de legitimado pasivo de la obligación impetrada.
Ejecución fiscal, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: M.C.B.A. c/ ANIRANTE, ROBERTO E. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

De conformidad con lo dispuesto en el art. 604 del Código Procesal procederá la ejecución fiscal cuando se persiga el cobro de impuestos, tasas, retribuciones de servicios o mejoras y la forma del título y su fuerza ejecutiva serán las determinadas por la legislación fiscal. Contra dicha ejecución procederá la excepción de falsedad material o inhabilidad extrínseca del título. Estas deben ser consideradas aun cuando la ley expresamente las prohiba, pues sería repugnante al art. 18 de la Constitución Nacional, puesto que un proceso en el cual no existen medios para obtener su regularidad, no asegura la defensa en juicio.

Si bien de conformidad con lo dispuesto en el art. 4 de la ley 12704, modificado por ley 19.782, procederá la vía ejecutiva prevista en el art. 604 del Código Procesal -ejecución fiscal-, es requisito indispensable que se trate de sumas líquidas, sirviendo de título bastante una constancia de la deuda sacada de los libros respectivos y autorizada por el encargado de llevarlos.

Pero no por ello toda constancia que emane de un funcionario municipal será hábil para traer aparejada ejecución, sino los impuestos y rentas expresamente contemplados por las leyes. No puede ser considerado impuesto en los términos exigidos por una ley y la deuda no puede ser comprobada por una simple operación aritmética, la referida a la colocación de cerca y puerta reglamentaria en el terreno del accionado, sino que se está ante una exigencia de cobro por "Hechos" realizados por la Municipalidad de la Ciudad de Bs. As.

y desconocidos totalmente por el accionado.
Tribunal colegiado, sufragio, recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: BIANCARDI, LUIS ENRIQUE Y OTRA c/ MINERVINO, PEDRO s/ RESOLUCION BOLETO COMPRAVENTA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 517-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-11-23

En los Tribunales Colegiados, el derecho lo dice, la mayoría o la unanimidad de sus integrantes, y ello no aparece cubierto cuando respecto de un agravio no ha habido decisión, puesto que los vocales que lo trataron arribaron a soluciones opuestas, y el tercero no se expidió al respecto.
Competencia, cuestiones de competencia, declinatoria, competencia contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: WAICHMAN, PABLO s/ Infr. art(s). 52º, Hostigar. Maltratar. Intimidar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-02

En el caso, corresponde revocar el auto de primera instancia que acepta la competencia de este fuero contravencional para entender en las presentes actuaciones toda vez que la declinatoria de competencia efectuada por la justicia correccional resulta a todas luces prematura, pues toda decisión de esa naturaleza merece encontrarse respaldada por la prueba que le asigne certeza, extremo que no se verifica en el trámite de las presentes actuaciones. (En el mismo sentido CSJN 242:529; 302:873; 315:312, entre otros).- Cabe hacer notar que a poco de recibirse la denuncia por presunta infracción al tipo penal previsto en el artículo 183 del Código Penal, el fiscal correccional dispuso vía telefónica y a través de su secretario, las medidas de rigor en estos casos; esto es foto y pericia. Inmediatamente, y sin una mínima valoración de las pruebas obtenidas declinó la competencia.

Ahora bien, si se repara en que una ampliación de denuncia; la declaración de aquellos testigos que pudieran haber existido; o bien, la realización de una pericia con conclusiones concretas más que visuales, podrían haber arrojado luz a la pesquisa, ya sea para afirmar que efectivamente existió un delito, o bien descartarlo, y en tal caso dejar subsistente la posibilidad de que el magistrado que resulte competente indague acerca de la posible infracción al Código Contravencional; se advierte sin hesitación que el decisorio aparece, cuanto menos, como anticipado.- Tiene dicho nuestro mas Alto Tribunal que: "Es prematura la contienda negativa de competencia trabada sin que se halle precedida de la investigación necesaria que permita a la Corte ejercer las facultades que le confiere el art. 24 inc. 7, del decreto-ley 1285/58". (19/4/1988, "Santillán", Fallos, 311:528, publicado en La Competencia Penal: según la jurisprudencia de la Corte / Paulina Albrecht Y José Luis Amadeo - 2ª ed - Buenos Aires: Depalma, 2002, pág. 17).

En ese mismo sentido se pronunció la Cámara del Crimen al sostener que: "...Toda declinatoria de competencia debe ser precedida de una mínima investigación que le dé sustento, evitando así que la misma devenga prematura". (CNCRIM, S. VI., c. 8422, N. N. 2/3/98, en JPBA, t. 104, f. 213).-
Condena penal, recurso de casación, procedencia parcial, reenvío, reformatio in pejus
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Godoy, Pascual Evaristo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Castro en Expte. 158/06 "Godoy Pascual Evaristo s/ Abuso Sexual Simple - Capital"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-12-22

Habiéndose resuelto hacer lugar parcialmente al recurso de casación planteado con relación a la pena impuesta por resultar arbitraria, razones de celeridad y economía procesal tornan innecesario reenviar la causa para que el tribunal de origen renueve parcialmente la sentencia, habida cuenta de que el nuevo decisorio, por aplicación de la prohibición de la reformatio in peius, no podrá tener en cuenta circunstancias agravantes no contempladas anteriormente y que sólo debe sustituirse la parte dispositiva de la sentencia recurrida. Por lo tanto, corresponde modificar el término de tres años y seis meses de prisión efectiva aplicado al acusado en el fallo en crisis, debiéndosele imponer la pena de tres años de prisión efectiva (arts. 5, 40 y 41 del C.P.).-
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual del Estado, compraventa inmobiliaria, saldo de precio, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mazzarelli, Francisco y otro c/ Gendarmería Nacional s/ Cobro de Pesos - Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-30

En períodos de sostenida inflación el art. 17 de la Constitución Nacional impone que, a través del mecanismo de la actualización monetaria, se mantenga el equilibrio de las prestaciones de los contratos bilaterales. Aparece como gravemente violatoria de la buena fe y del recto ejercicio de los derechos, la conducta del Estado que pretende cancelar su deuda por saldo de precio, en el mes de junio de 1986, mediante el pago de la cantidad de A3.32, debida desde abril de 1982. La circunstancia de haberse convenido un precio fijo e inamovible" debe ser interpretada en el contexto del contrato suscripto, es decir que sólo rige si el comprador aprueba la venta dentro de un plazo razonable. Con más razón resulta válido este sentido de los términos si se tiene en cuenta que el Estado tomó posesión inmediata de los inmuebles.

Resulta aplicable en la especie la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha declarado que una vez que el deudor ha incurrido en mora, nace para el acreedor el derecho de percibir su crédito actualizado en función de la depreciación de la moneda desde que la obligación se tornó exigible.
Prueba, principio de adquisición
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pontaco, Juan c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

El resultado de la actividad procesal se adquiere para el proceso, no para el beneficio particular de quien produce la participación de conocimiento, aportación de prueba o alegación. El juez, puede así extraer elementos de juicio aún en contra de la parte que aportó el material cognoscitivo.
Expropiación, indemnización, prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Indutec S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación irregular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-10

Cuando con motivo de la expropiación se produce la ruptura del contrato de trabajo vigente entre el expropiado y sus dependientes, es procedente considerar las indemnizaciones por despido como consecuencia inmediata y directa de la expropiación, pero debe probarse la conclusión de la relación laboral y el monto de las indemnizaciones fijadas mediante acuerdos privados o sentencia judicial.
Prueba, declaración jurada impositiva, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: FERREYRA DE DEL RIO ALICIA c/ RAYMUNDO DEL RIO s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-03-24

La declaración jurada para la liquidación de ingresos brutos, si bien es un documento que emana de la actora, no puede ser tomado como prueba fehaciente de los ingresos reales del accionante pues se trataría de un juramento destinado a fines específicos probatorios que tiene sanciones propias y por eso mismo no puede ser tenido como confesión extrajudicial.
Empleados públicos, cesantía, nulidad del acto administrativo, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: CENOZ, Luis c/ M.C.B.A s/ AGENTES MUNICIPALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Si el acto administrativo que dispone la baja de un agente público es declarado nulo, procede la reparación del daño moral, pues se configura la lesión moral cuando, de manera abrupta, se altera la tranquilidad y hábitos de vida de una persona, produciéndose el desasosiego y la angustia que causa la privación sorpresiva del ingreso proveniente del trabajo personal.
Derecho procesal, partes, costas, juicio ordinario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Nasso González, María Eugenia y otro c/ Provincia Seguros SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-27

El hecho de que los actores cuenten a su favor con franquicia de litigar sin gastos, no es extremo que incida sobre el régimen de costas, ya que ese reconocimiento, en el mejor de los casos, eximiría a las beneficiarias de afrontar el pago efectivo de las costas judiciales, más no autoriza per se a relevarlas de su imposición ya que dicho régimen se sustenta en principios distintos.
Regímenes jubilatorios especiales, martillero, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gayraud de Polonara, Angela c/ Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

Con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 7014, la prueba idónea para acreditar el ejercicio continuo y permanente de la profesión lo constituye el monto de los aportes efectuados por el afiliado sobre toda remuneración de origen profesional consignado en los registros de la Caja, con independencia del importe mínimo de contribución mensual.