marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, embargo, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pedro Kucharuk e hijos S.A.C.I.A.F. en autos: Dirección de Vialidad Provincial c/Pedro Kucharuk e Hijos S.A. S/Apremios s/ Incidente de Reducción de Embargo. Pedro Kucharuk e hijos S.A.C.I.A.F. en autos: Dirección de Vialidad Provincial c/Pedro Kucharuk e Hijos S.A. S/Apremios s/ Incidente de Reducción de Embargo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-08-29|1995-08-29

El art. 208 del Código Procesal Civil, en su parte pertinente señala que cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo condenar a pagar por los daños y perjuicios, si la otra parte lo hubiese solicitado. No obstante, desde el punto de vista de la tesis subjetiva de la responsabilidad, se ha expuesto que no basta la circunstancia objetiva de la derrota en la litis, para que el titular de la medida deba responder por los daños y perjuicios que la misma pueda haber ocasionado. Es necesario que concurran los extremos de la responsabilidad civil: dolo o culpa del agente, daños y relación causal entre uno y otro, o bien el abuso de derecho en la obtención de la medida cautelar injustificada. Ausentes tales recaudos, cabe considerar que si el órgano jurisdiccional acogió la medida, es porque ella era legítima, sin que quepa, de consiguiente, efectivizar la responsabilidad de su, en definitiva, frustrado beneficio.
Feria judicial, habilitación de feria
Materia: PROCESAL
Carátula: AMERICA TV SA c/ GCBA Y OTROS s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-01-03

Las razones de urgencia que autorizan la habilitación de la feria judicial son aquellas que entrañan un riesgo previsible e inminente de frustrar determinados derechos en el caso de no prestarse el servicio jurisdiccional a quien lo requiere dentro del período de receso tribunalicio cuando, por la naturaleza de la situación que se plantea, la prestación de ese servicio no puede aguardar a la reanudación de la actividad ordinaria.
Proceso contravencional, nulidad procesal, audiencia de juicio contravencional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Soto Pablo José s/ infr. art. 41 CC-Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-09

El recaudo previsto por el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley Nro. 12) -respecto a los días de anticipación con los que se debe notificar la audiencia de juicio- reglamenta un aspecto del derecho de defensa en juicio consistente en haber contado con el tiempo y medios necesarios para preparar su caso y embatir el del acusador (igualdad de armas).

El impugnante aduce que la inobservancia de la norma activa automáticamente la vulneración de ese derecho. Sin embargo, atendiendo a que el rito invocado resguarda una garantía constitucional corresponde analizar, si aquélla ha permanecido incólume pese al incumplimiento. En esta dirección, la misma doctrina que el defensor cita para sustentar su postura absoluta, sostiene que: "La nulidad se vincula íntimamente con la idea de defensa (art. 18 CN).

Sólo cuando surge algún vicio, defecto u omisión que haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía en cuestión, se produce una indefensión configurativa de nulidad. Además, debe existir interés respecto de quien la aduce; si se omite puntualizar las oposiciones de que se le privó al ejercer la pretensión nulificante, deviene abstracto" (D´Albora, Francisco J., "Código Procesal de la Nación, Ley 23.984, anotado, comentado, concordado", Ed. Abeledo Perrot, 4º edición corregida, ampliada y actualizada, Buenos Aires, 1999, p. 258 (con cita de CJ San Juan, JA, 1988-III, p. 362 y CCC, Saa VII, LL, 31/VIII/98, f. 97.581).

En ese sentido, la reseña realizada ilustra que el acusador reveló el caso que iba a presentar a juicio con anticipación más que suficiente hasta que éste finalmente se llevó a cabo. En el interín, la audiencia se suspendió en razón, básicamente, de todas las defensas que el defensor oficial tuvo la oportunidad de oponer. Durante ese interregno el Fiscal no incorporó nueva prueba ni variaron las circunstancias que el impugnante supo que iban a constituir materia de juzgamiento.

En suma, la descalificación perseguida redundaría únicamente en el beneficio de las formas -exceso ritual- sin que el derecho invocado hubiera sufrido menoscabo alguno por la omisión de notificar con, por lo menos, 10 días de anticipación la audiencia de juicio.
Proceso penal, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PENAL
Carátula: SARGENTI, ADAN ROBERTO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-10-01

La duración razonable de un proceso (garantía reconocida en el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 14.3.c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) depende en gran medida de las características particulares de cada juicio, la complejidad del caso, la conducta del imputado y la diligencia con la que el asunto fue llevado por las autoridades competentes.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Saucedo, Nélida Josefina c/ Ballar, Carlos Daniel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

Siempre que un interés merezca protección integral y amplia existe un derecho subjetivo.
Daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Burrieza, Simón Eduardo c/ Empresa Línea 216 s.a. s/ Daños y perjuicios Penas, Roberto Antonio c/ Kirschenbaum, Juan y otros s/ Daños y perjuicios Cassain, Joaquín Domingo y otros c/ Corradini, Adrián Ernesto y otro s/ Daños y perjuicios Freije, Héctor Rogelio c/ Avila, Pedro Tránsito s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-18|1991-08-28|1996-07-02|1993-03-25

Cuando el art. 1113 del Código Civil establece que el dueño o guardián son responsables del daño que deriva del riesgo o vicio de la cosa, se tiene en cuenta una situación social dejando de lado la concepción de culpa que constituye un elemento ajeno al caso. La Ley toma en cuenta como factor para atribuir la responsabilidad al dueño o guardián, el riesgo creado. Y así, en principio, se prescinde de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo.

No interesa si de su parte existe culpa, y la víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal existente entre la actuación de la cosa y el daño.-
Daños y perjuicios, daño moral, indemnización, indemnización en razón de equidad
Materia: CIVIL
Carátula: Blanchad Alejandro c/ CEMEP y/o González Leonardo s s/ Daños y Perjuicios s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-05-10

Lejos de pretender incorporar una postura economicista sobre la reparación del menoscabo que implica la afectación disvaliosa del espíritu humano, se revela como de vital importancia la aplicación de razonamientos lógicos, prudentes y razonables que se enmarquen dentro de las reglas de la equidad a fin de que la determinación de la indemnización por daño moral no implique una fuente indebida de lucro.
Concursos, efectos de la apertura, trámites judiciales, apertura de cuenta corriente, cuenta corriente bancaria, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Auvial SA c/  s/ concurso preventivo s/incidente de apelación art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

De advertirse un obrar malicioso o temerario de la deudora la medida no sólo podrá ser revocada, sino que también ante esa eventualidad podría accionarse sobre la administración de la concursada -LCQ 17- (Truffat, Edgardo Daniel, "Concurso preventivo y cuenta corriente bancaria", ED 171-553). Lo expuesto no importa una orden a la entidad financiera para otorgar nuevas líneas de crédito a la empresa deudora, lo cual se trata de una cuestión reservada a su exclusivo análisis y decisión.
Medidas cautelares, suministro de energía eléctrica
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Lanús c/ Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima y otro/a s/ pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos - otros juicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-03-25

Ante las reiteradas interrupciones en el suministro de energía eléctrica resulta adecuado, pese a la incompetencia en razón de la materia, aplicar el 196 del CPCC y resolver la medida cautelar solicitada ordenando a la empresa prestadora garantizar la efectiva prestación del servicio de energía eléctrica, por sí o a través de terceros, sea por medio de unidades móviles de generación de energía eléctrica o por las líneas regulares de provisión, a favor de la actora, pues se encuentra configurada la verosimilitud en el derecho al tener por probado con el grado de provisoriedad y probabilidad suficiente, que la actora se encuentra afectada por los cortes de energía eléctrica, que no puede cumplir con el ejercicio de sus competencias más críticas como son los servicios de salud, seguridad y tránsito; que la prestadora no cumple con sus obligaciones contractuales, garantizando la provisión regular y continua de energía eléctrica, adecuada al contexto posterior al fenómeno climático, con servicios móviles de provisión de energía eléctrica hasta restablecer el servicio en condiciones normales; en cuanto al peligro en la demora, se encuentra configurado en la medida que los servicios públicos más importantes se encuentran interrumpidos o con serias dificultades en su prestación, lo cual de por sí provoca un daño, que obliga a adoptar medidas a fin de evitar un mayor agravamiento del mismo.
Hábeas corpus colectivo, reducción salarial, enfermedades inculpables, condiciones de detención
Materia: PENAL
Carátula: Hurtado Suarez, William c/  s/ Habeas corpus
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-26

La reducción de la remuneración pecuniaria de los internos al margen de las más elementales normas en materia laboral, puede implicar, ciertamente, un caso de agravamiento de las condiciones de detención, en el sentido del art. 3, inc. 2, de la ley 23.098 (voto del juez Rimondi al que adhirió el juez Bruzzone). Cita de "Alvarez, Guillermo Antonio y otros s/ hábeas corpus", CNCCC 30557/2018/3, Sala 1, Reg. 829/2018, resuelta el 12 de julio de 2018
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Benzadon, Héctor C. s/ ley 23.771.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-06

La declaración del derecho aplicable debe guardar armonía con los hechos verdaderamente comprobados de la causa.
Jubilaciones, pensiones, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Di Paolo, Ubaldo Domingo Agustín c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-18

El haber de la jubilación por invalidez debe ser equivalente al setenta por ciento de la remuneración asignada al cargo de que era titular el afiliado a la fecha del cese en el servicio (art. 45 del decreto ley 9650/80). (Minoría u opinión personal)
IVA, evasión fiscal, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: Insaurralde, Lidia Ester s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-05

Corresponde confirmar el sobreseimiento de la imputada por los hechos de evasión tributaria respecto al pago del concepto de Impuesto al Valor Agregado, ya que la sanción de la ley 26.735 que incrementó la condición objetiva de punibilidad evidencia el desinterés del Estado en el incumplimiento de tributos de bajo monto, y resulta aplicable al hecho investigado, en tanto queda abarcado por la aplicación de la ley más benigna.
Constitución Provincial, control de constitucionalidad, interés legítimo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Gascón Cotti, Alfredo J. y otros s/ inconstitucionalidad ley 10.859 y decreto 5766/89.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-06

La exigencia de demostrar, para poder demandar judicialmente la inconstitucionalidad de la ley 10.859 de Buenos Aires que dispone la reforma de la Constitución de ese estado, la afectación concreta de un interés distinto al que tienen todos los ciudadanos electores sobre la regularidad constitucional de las leyes , no excede la inteligencia posible de los arts. 149, inc. 1., de la Constitución de Buenos Aires y 685 del Código Procesal Civil y Comercial.
Intereses, tasas de interés, tasa pasiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: HOPP, FEDERICO c/ C.O.M.I.  (MEDICINA INTEGRAL) s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-28

A partir del 31.3.91, esta sala, dejando a salvo su opinión en contrario reiteradamente establecida conforme los fundamentos desarrollados in extenso in re "Pravia SACIF s/ quiebra s/ inc. de subasta s/ inc. de reintegro de gastos por el síndico", atendiendo el criterio seguido por la CSJN en autos "YPF c/ Corrientes, Pcia. y Banco de Corrientes s/ cobro de australes", del 3.3.92, y sus posteriores en igual sentido y a fin de evitar inútil dispendio jurisdiccional, juzga procedente aplicar la tasa pasiva promedio mencionada por el dec. Ley 941/91: 10.
Daño en espectáculo deportivo, partido de fútbol, disparo de arma, policía, responsabilidad de la provincia
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: REINOSO Gerónimo Fabián c/ Provincia de San Juan y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-02-09

El disparo del arma de fuego en las circunstancias de tiempo y lugar invocadas en la demanda, no compromete la responsabilidad del Estado, ya que la conducta llevada a cabo por el agente no obedeció a su impericia, se encuentra demostrado, que la agresión de los participantes en la riña a dicho oficial existió, y que el tercer disparo que efectuara y que impactó en el actor, fue a causa de la agresión que éste sufriera desde atrás que lo hiciera caer al piso y produjo que disparase el arma.

A mayor abundamiento, de las actuaciones penales surge sin lugar a dudas que el actor participó de la gresca, o por lo menos se encontraba en el tumulto de gente que se intentaba dispersar, no ha sido probado en autos que el demandado haya sido negligente en la custodia y guarda de su arma reglamentaria, sino por el contrario, la codemandada ha probado que la utilización de la misma se impuso por las razones de tiempo y lugar, y de conformidad al protocolo de seguridad prevencional que correspondía a esas circunstancias, lo que no ha sido desvirtuado por la contraria.

Así lo resolvió en su oportunidad la Corte Suprema de Justicia al decir que:

"En tales condiciones, y habida cuenta de que la obligación del servicio de policía de seguridad se satisface con haber aplicado la diligencia y la previsión adecuadas a las circunstancias de tiempo y de lugar, cabe concluir que no se ha configurado falta alguna de servicio por parte de la policía local, capaz de comprometer la responsabilidad de la Provincia de Córdoba.

Falla pues, la posibilidad de imputar el daño a una falta de servicio, lo cual determina la liberación de esta codemandada.

Por los fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden, propicio el acogimiento del agravio postulado por la apelante Provincia de San Juan y en consecuencia, me pronuncio por la revocación de la sentencia en tal sentido.

Igual suerte debe correr el segundo agravio propuesto ya que al desestimarse la responsabilidad de la co-demandada, caen los rubros indemnizatorios acogidos en primera instancia.
Principio de prueba por escrito, presunción legal, semiplena prueba, prueba testimonial
Materia: CIVIL
Carátula: Issa, Juan Carlos A. en autos "Mottino, Carlos Angel s/ Conc.Preventivo" s/Impugnación Informe Individual s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-17

"...se considera principio de prueba por escrito todo documento emanado del adversario, de su causante o de parte interesada en el asunto que hiciere verosímil el hecho litigioso. El criterio de "verosimilitud" no significa una plena prueba, sino una presunción o prueba semiplena, que justifica la aceptación, en el caso, de la prueba de testigos".
Contrato de trabajo, locación de servicios, relación de dependencia, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: "Ledo, Dolly y otra c/ Fallabrino, María y otros s/ Despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

Aún cuando se diera la hipótesis de que las actoras hubiesen sido contratadas exclusivamente para realizar trabajos relativos a cuidar enfermos, no puede encuadrarse dicha relación en el ámbito personal de la aplicación de la LCT, toda vez que no corresponde considerar a las accionadas como titulares de una organización de medios instrumentales destinados a la producción de bienes, ni a la prestación de servicios, en la que el aporte personal de las actoras pudiera subsumirse. En cambio, por tratarse de una relación contractual, los vínculos se hallan regidos por la ley civil, sobre la cual no cabe pronunciamiento referido a los derechos concretos que aquí se debaten.
Empleados públicos, estabilidad del empleado público, derecho a la carrera, supresión del cargo, razones de servicio, jubilaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROLDAN, ISIDRO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 74-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-05-21

El estatuto -ordenanza municipal de rosario número 2756-80- no sólo prevé el derecho a la estabilidad y a la carrera, sino que contiene normas indiscutiblemente destinadas a favorecer, en cuanto sea compatible con los intereses públicos, la continuidad del agente, pues establecen en caso de supresión de cargos o de mediar razones de mejor servicio, el estado de disponibilidad hasta un máximo de doce meses, con derecho a la reubicación con "prioridad absoluta". Salvo casos de inidoneiedad en el cual se le niega los derechos a la reubicación y a la indemnización, la ordenanza municipal rosarina consagra el derecho del agente a la prolongación del vínculo de empleo público hasta que "se encuentre en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria".
Daños y perjuicios, expropiación, indemnización expropiatoria, desvalorización del inmueble, autopistas
Materia: CIVIL
Carátula: BECCAN MANUEL DE JESUS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (AUTOPISTA)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-01

Si debido a la construcción de una autopista se cerró el acceso directo de la calle donde está ubicado el inmueble del accionante, y éste ha quedado encerrado en un bolsón cuya salida es más que dificultosa, máxime si el terraplén de la rampa de acceso a una autopista impide el libre escurrimiento de las aguas de lluvia, ello es suficiente para tener por producido el daño con prescindencia de ruidos insólitos o emanaciones que según el perito no hay.

La vista que tenía antes el fondo ha sido obstruida afectándose así la calidad de la cosa, al modificarse "perperam" su "conspectus". No es la depresión o sensación de encierro la causa del perjuicio sino la concreta alteración producida en la situación del inmueble que de manera inmediata disminuye su valor.
Proceso electoral, partidos políticos
Materia: ELECTORAL-PROCESAL
Carátula: Sr. Edgardo Ernesto Macedo - Apoderado de la Alianza Frente Justicialista para la Victoria s/ Recurso de Casación en contra de la Sentencia Nº 2 del Tribunal Electoral
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-02

El proceso electoral, tal como su nombre lo indica, es una secuencia concatenada de actos que va presuponiendo el cumplimiento y firmeza de uno anterior para pasar a otro posterior, lo cual se conoce bajo el nombre de actos esencialmente preclusivos, implicando, la aplicación del principio de preclusión que impide la reapertura de cuestiones que han sido consolidadas.

En ésta secuencia concatenada de actos cabe destacar - como atinente al caso - la constitución de las distintas mesas receptoras de votos con la presencia de las Autoridades (Presidente y suplentes) como asimismo, la posibilidad que la Ley Electoral brinda a los Partidos Políticos intervinientes de designar fiscales que los representen en tales mesas (Art. 31 Ley 4628) cuya misión es la de controlar las operaciones del acto y formalizar los reclamos que estimen corresponden (Art. 32 de la ley citada).

En consecuencia, es facultativo de los Partidos Políticos designar los fiscales, y que, de así hacerlo, la misión de los mismos será la defensa de los intereses del partido al que representan. Controlar y verificar durante todo el transcurso del acto eleccionario la regularidad del mismo y, en caso de presunto incumplimiento, formular la protesta correspondiente ante el Presidente, dejando constancia de las anomalías en forma escrita.
Remuneración, transportador
Materia: LABORAL
Carátula: Dirgam, Héctor Daniel y otro c/ Transportes Sierras Bayas S.A. s/ Indemnización por despido y diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

La falta de planillas de kilometraje que el convenio colectivo de trabajo nº 40/89 pone a cargo de la empleadora como de prueba en contrario por parte de ésta respecto a lo sostenido por el dependiente en el escrito de demanda hace jugar la presunción del item 4.2.18 con relación al item 4.2.5. incs. a) y b) de la citada convención.
Procedimiento tributario, delitos tributarios, patrocinio letrado, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Productos La Vascongada  S.A. s/ ley 11.683.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

La obligación de contar con asistencia letrada, en oportunidad del descargo prevista en el artículo agregado a continuación del art. 44 de la ley 11.683 por la ley 23.905, no surge directamente de la Constitución Nacional.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: Caffiero, José Luis c/ SOMISA s/ Indemnización por antiguedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-12

Determinar si en al caso lo que existió fue ejercicio razonable del 'ius variandi' o no en cuanto a los hechos, es materia reservada al tribunal de origen, no obstante la calificación que a estos hubiese otorgado alguna de las partes.
Recurso de apelación (procesal), depósito previo, solve et repete, defensa en juicio, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PROCESAL
Carátula: DIMAR CINEMATOGRAFICA S.A.C.I.F.I. c/ Dirección Nacional de Recaudación Previsional s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-25

Cuando el interesado no acredita -ni ofrece hacerlo- los motivos que imposibilitan el depósito del importe de la deuda para que sea admitido el recurso de apelación (arts. 15 ley 18.820 y 12 ley 21.864) no puede alegar que se afecta la garantía de defensa en juicio sancionada por el Pacto de San José de Costa Rica, ya que dicha convención no implica el desplazamiento del sistema procesal vigente ni la modificación de los requisitos allí establecidos, sino que deja al arbitrio de cada país adherido la adopción de los regímenes procesales que estimen oportuno para el cumplimiento cabal de las obligaciones (cfr. C.N.A.T., Sala I, sent. 55.388, 5.2.88, "Templar S.R.L. s/ impugnación").