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Ley de desindexación, aplicación de la ley, deuda no consolidada, cosa juzgada, preclusión, sentencia firme, aprobación de la liquidación, mora del deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES S.A. c/ DEADORO S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-17

No forma obstáculo a la aplicación de la ley 24.283 el que se trate de un reclamo a un moroso de sumas adeudadas hace casi tres años, estando vedada, por otra parte, su invocación con el propósito de anular los efectos de normas anteriores que no fueron derogadas y cuya vigencia fue determinada por resolución firme en autos, toda vez que ni la argüida cosa juzgada ni la preclusión bastan, en el caso, para configurar una "situación jurídica consolidada" a los efectos de la ley de que se trata, habida cuenta de que no se considera tal la obligación que se encuentra pendiente de cumplimiento, haya o no sentencia firme, haya o no liquidación aprobada. La situación en mora del deudor tampoco constituye óbice a la aplicación de la ley citada, desde que su aplicabilidad en los procesos judiciales supone, por lo general, que haya mora, puesto que se refiere a la etapa de "liquidación", que es posterior a la sentencia de mérito.
Subsidio estatal, emergencia habitacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: N. S. T. c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA). c/  s/ Recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-03

En cuanto a los subsidios habitacionales, la cláusula constitucional examinada (art. 31 de la CCABA), con un claro sentido reglamentario, suministra criterios que fijan el cauce dentro del cual deben actuar los poderes políticos al dictar las normas complementarias -tal como el contenido en el primer inciso que prioriza a las personas que padecen de una pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos-, directivas que al estar contenidas en el vértice del ordenamiento jurídico habilitan el pertinente ejercicio del control judicial, aún en las ayudas temporarias que obran como paliativos ante el déficit de vivienda que afecta a los sectores sociales más postergados (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Recurso contencioso administrativo, control de legitimidad, acto administrativo, nulidad del acto administrativo, transporte de pasajeros, concesión administrativa, licitación pública, preadjudicación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Transportadora Mesopotámica SRL c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte.: C.S.J.  Nro. 191 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-24

Si la recurrente ha optado por acudir a la vía del recurso contencioso administrativo de ilegitimidad, previsto en el título "III" de la ley 4106, las únicas pretensiones que puede traer a conocimiento del Tribunal son las consistentes en la nulidad de los actos impugnados, ya que, de conformidad al artículo 73 de la ley 4106, "la sentencia en el recurso de ilegitimidad, declarará la nulidad o ilegalidad del acto, mandándola notificar a la autoridad de la cual emana, para que, en su caso, lo dicte de acuerdo con la ley". De allí que el presente recurso sólo resulta admisible respecto del pedido de nulidad del decreto y sus resoluciones confirmatorias que han preadjudicado la concesión del servicio a otra línea de transporte, en cuanto la Administración no consideró la oferta de la actora; más no respecto de la pretensión de ser consagrada preadjudicataria de la licitación.
Intervención de sociedades, administración de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Dos Santos, Alfredo Lauro c/ Dos Santos e Hijos S.R.L. s/ Medida Cautelar -Intervención de Sociedad-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-10

Las meras divergencias entre los socios derivadas de una administración irregular no siempre constituyen causal suficiente para hacer proseguir la intervención si de ella no deriva de la realización de actos u omisiones que pongan en peligro a la sociedad.
Elecciones, candidatos, lista de candidatos, oficialización de listas, delegación de facultades a la Administración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Patti Luis Abelardo c/ Cámara de Diputados de la Nación s/ promueve acción de amparo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-14

El registro de candidatos y oficialización de listas no es una delegación efectuada por los legisladores sino, muy por el contrario y como se ha dicho, una reglamentación razonable de las previsiones del artículo 64 de la Constitución Nacional, efectuada precisamente por quienes tenían originariamente tal facultad, motivo por el cual la única vía mediante la cual las cámaras legislativas podrían retomar esa atribución sería modificando las citadas normas pero no "avocándose" al estudio de las materias que en un caso puntual ellas contienen. -(Sumario confeccionado por el SAIJ)
Medios de prueba, consulta técnica, pericia dactiloscópica, procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: SCROLLINI, Milton. s/ HOMICIDIO SIMPLE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-30

El confronte de huellas dactilares, tiene carácter de mero informe técnico que procede por las previsiones del art. 184, C.P.P.N., no encontrándose sujeto a formalidades específicas y por tanto desprovisto de fuerza convictiva pericial, sin perjuicio de resultar susceptible de reiteración de conformidad con las disposiciones de ese medio probatorio (*). Pero toda vez que se trata de verificar por confrontación de diseño de la impresión de una huella dactilar se corresponde con otra impresión del mismo dedo en la ficha de una persona, aunque de naturaleza técnica y preliminar, la opinión de la división específica, satisface las exigencias de probabilidad para esta especie de pronunciamiento. Así las cosas, el hallazgo de huellas dactilares de dos personas que a su vez se encuentran vinculadas en otro proceso puede ser descartado como mera coincidencia con la provisionalidad de la etapa (art. 306, C.P.P.N.).
Pérdida de la jurisdicción, nulidad de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Cano, Ramón Agustín c/ Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-12-18

Si vencido el término legal para que los jueces dicten el pronunciamiento la parte interesada consiente que el expediente permanezca a sentencia, no corresponde que se suscite con posterioridad el planteo de nulidad del fallo a raíz de que éste resultó contrario a sus pretensiones, doctrina ésta que se funda en el principio general, de observación inexcusable, que impone la rectitud y buena fe en el ejercicio de las acciones entre los tribunales de justicia. La nulidad que suscribe el art.167 del C.P.C. y C., debe ser pedida por el interesado en el momento oportuno, sin esperar el pronunciamiento para cuestionar su validez si el resultado no le fuera favorable.

(Opinión personal: Dr. Cabrera)
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: C., O. G. c/ V., P. C. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-08-31

El ataque recursivo debe ser frontal, preciso y completo, pues las aseveraciones subjetivas, los ataques parcializados, dejan incólumes las bases de sustentación de la sentencia atacada y, de rondón, producen que la misma adquiera firmeza, al quedar en pie bases suficientes para que ésta permanezca en vigor y con plenos efectos.

Cuando una sentencia tiene varios argumentos que le sirven de puntos de apoyo, si el apelante no embate contra todos ellos o deja alguno sin impugnación adecuada y él es apto para sustentar por sí el decisorio, éste adquiere firmeza.

Lo que debe el recurrente realizar es un análisis preciso, orientado a la praxis y no a la argumentación teórica de por qué la totalidad de los argumentos empleados por el juez para justificar la solución del punto impugnado por el apelante son erróneos, o insuficientes o, incluso, farisaicos. Pero, bien entendido, que dejar alguno de ellos -con aptitud suficiente para sustentar debidamente el tópico- en pie, implica el naufragio de su recurso.

Por ende, el cuestionamiento que debe intentarse a través de este recurso debe ser sustancialmente relevante y procesalmente correcto. Nada que no llene esos dos recaudos alcanza para la admisibilidad y procedencia del ataque.
Adulterio, injurias graves
Materia: CIVIL
Carátula: S M J M c/ G, M  G s/ S P
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-12

Las causales de adulterio e injurias graves no pueden tenerse por configuradas si no se acreditan debidamente los hechos alegados, pues en el caso, toda la prueba producida por la reconviniente se basa en testimonios puramente referenciales, sin brindar mayores precisiones, de modo que el sólo indicio no vale para constituir fuente de plena prueba.
Extranjeros, derecho a contraer matrimonio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gabrielli, Mario Carlos c/ Estado Nacional s/ Procedencia del recurso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

La Constitución Nacional prevé la institución del matrimonio en su art. 20, en cuanto reconoce a los extranjeros todos los derechos civiles del ciudadano, entre los que se enumera el de "casarse conforme a las leyes".
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, pautas, regulación provisoria
Materia: CIVIL
Carátula: FREIRE, Nilda c/ BONDOZINSKI, Diego s/ ART. 250 DEL CODIGO PROCESAL - INCIDENTE CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-27

Del voto de la mayoría (Dres. Fermé y Borda):

Cuando el profesional cesa en su actuación durante el proceso, a efectos de establecer la base regulatoria corresponde tener en cuenta lo previsto por el art. 20 de la ley 21839 -hoy sustituido por el art. 12, inc. g) de la ley 24432-, de donde habrá de realizarse una ponderación estimatoria como si la pretensión hubiera podido prosperar por un importe próximo a la mitad de lo reclamado en la demanda.-
Distribución de utilidades, remuneración del directorio, remuneración del síndico de la sociedad, exenciones impositivas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DOS MUÑECOS  S.A.C.I.F. s/ RECURSO DE APELACION - IMPUESTO GANANCIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-27

La CSJN modifica su anterior doctrina y resolvió que los honorarios del directorio y sindicatura, por sus específicas funciones de tales, y todos por la asamblea de accionistas como participación de utilidades liquidadas y realizadas de la sociedad, no constituyen pasivo en el estado patrimonial de aquella a la fecha de finalización del período fiscal que se discuta, para determinar la base de cálculo por inflación instituido por la ley 21894.
Juicio ejecutivo, jueces, antecedentes de dominio
Materia: PROCESAL
Carátula: ESPINOZA VELAZQUEZ MAURICIO c/ PERRONE ALBERTO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-05-12

El a-quo previo a dar curso a la acción librando el mandamiento de embargo, debió examinar cuidadosamente el instrumento con el que se deducía la ejecución, para determinar si era de los comprendidos en los arts. 502 o 503 del C.P.C.C., lo que indudablemente no hizo

En efecto, consideró título ejecutivo como si fuera un pagaré, un documento que no era tal (El título no tenía fecha ni lugar de emisión).
Recurso de apelación (procesal), queja por recurso denegado
Materia: ELECTORAL
Carátula: Guido Pascual Giménez presidente de la Junta Electoral del partido Acción Chaqueña s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-14

El magistrado de grado carece de facultad para modificar el efecto con el cual fue concedido el recurso de apelación, pues las objeciones al respecto deben formularse mediante la correspondiente queja ante el Tribunal de alzada por aplicación del artículo 284 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Fallos CNE 930/90; 955/91; 956/91; 1745/94; 3788/07 y 4137/09).

4373/10
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, cuestiones procesales, Derecho procesal, partes del proceso, sanciones procesales, temeridad o malicia, procedencia del recurso, pedido de quiebra, diligenciamiento de oficios
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Mindsport SA le pide la quiebra Grupo El Amparo SA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-04

Procede imponer una multa en los términos del CPR 45 al peticionante de la falencia, cuando, como en el caso, la conducta reprochada consistió en que, en oportunidad de contestar el traslado del acuse de caducidad, había adjuntado una constancia de diligenciamiento de un oficio correspondiente a un trámite ajeno a estos autos, conforme a la cual la a quo decidió rechazar la caducidad planteada. Sin embargo, aun cuando tal equivocación pudo haber existido, la actora no se hace cargo de que inmediatamente después diligenció un segundo oficio -esta vez sí, correspondiente al actual proceso-, acerca de lo cual nada dijo, llevando al magistrado de grado a decidir el rechazo de la caducidad a sabiendas de que el acto interruptivo invocado no correspondía a las presentes actuaciones.
Demanda, contestación de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: TOLOZA, ELSA c/ MIRANDA, MIRTA Y/U OTROS s/ DIFERENCIAS DE SUELDOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-10-04

La demanda es un acto procesal de postulación que contiene una declaración de voluntad del justiciable tendiente a la apertura de la instancia jurisdiccional. La contestación de ésta, es el acto procesal mediante el cual quien ha sido demandado opone a la pretensión del actor, la propia pretensión de sentencia declarativa de certeza negativa: desestimación de la demanda.
Competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Arétola, Aldo Omar y otros c/ Unidad Ejecutoria del Programa Ferroviario Provincial s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-10-04

La circunstancia de que la accionada revista el carácter de persona de derecho público, no obsta a concluir que el litigio corresponde a la competencia material de los tribunales del trabajo pues no es la naturaleza del órgano actuante lo que determina la competencia contencioso administrativa, sino la índole del derecho que se denuncia vulnerado y cuya tutela los accionantes reclaman.
Empleo público, contrato de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Olmos, Ernesto Martín c/ Municipalidad Autónoma de Tinogasta s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-09-11

Aun cuando en el contrato de locación de servicios se hayan previsto causales que autorizan a la Administración Pública a rescindirlo, ello no significa que no pueda hacerlo por supuestos distintos a los expresamente contemplados, ya que si así no fuera, se estaría en presencia de una renuncia de la Administración a rescindir el contrato, la que carecería de validez, por cuanto esta prerrogativa es irrenunciable, ya que no se trata de derechos sino de potestades de la Administración Pública.

Del voto del Dr. Cáceres, en disidencia
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, nombramiento, bloque parlamentario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sanseverino, Pablo y Otro c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad" y sus acumulados: Exptes. nº 8511/11 "Raffo, Julio César y otros c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y nº 8595/11 "Campos, Antonio Rubén y otros c/ GCBA (Legislatura de la CABA) s/ nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

La conformación de un interbloque integrado con los bloques parlamentarios "Proyecto Sur" y "Movimiento de los Trabajadores Socialistas en Proyecto Sur" no quedó debidamente acreditada en autos, debido a los términos y formas en que estos bloques propusieron candidatos a auditor ante la Junta de Ética, Acuerdo y Organismos de Control. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Pensiones, Poder Judicial, jueces, jubilaciones, ley previsional, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ferreyra, Odette Suzana Massad de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ  Nº 560-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-20

En la ley 10820 que otorga aumentos salariales a partir del 1.5.1992, se establece en el inciso 7.4. que "todos los adicionales tienen carácter remuneratorio"; a su vez, el decreto 1030 del 11.5.1993 (en referencia a diferentes políticas salariales, como la dispuesta por ley 10820 y decreto 2363/92) autorizó a la Caja de Jubilaciones y Pensiones a adecuar, a partir del 1 de abril de 1993, los haberes que perciben los beneficiarios del Poder Judicial. A su vez, la ley 11196 (B.O. 24.10.1994) cuantificó las diferencias al 1 de julio de 1994 e imputó a la asignación de cada categoría (sueldo básico y compensación jerárquica) con carácter remunerativo y bonificable, los montos que al 30.6.1994 se perciben como Adicional Especial Variable, de acuerdo a la denominada ley 10820 (6.1.4.) y los incorporados por los decretos 3850-93 y 3851-93. En el artículo 8 dispone que la aplicación de los beneficios, formas y plazos establecidos en la ley, se hará extensiva a los jubilados y pensionados del Poder Judicial; y en cuanto a "interpretación" (artículo 9) expresa que se entenderá claramente que los vocablos "remuneración" o "asignación" son utilizados con carácter amplio y comprensivos de toda prestación dineraria motivada en la posesión del cargo, función o empleo; a excepción de los adicionales instituidos en mérito a calidades subjetivas, que no involucren a la totalidad de una categoría profesional.
Sentencia definitiva, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: RICARDO LLEBEILI c/ DEMETRIO, EMILIO DANIEL; VILLARREAL, HUGO ALEJANDRO; VILLARREAL, FERNANDO MARCELO; SAUCEDO, JORGE ANDRES; DA ROSA, MIRIAM CRISTINA; SOSA, FRANCISCA GLADYS; GIMENEZ, NANCEY GLADYS, BUSACA, LORENA ELIZABETH, VILLARREAL, DIEGO SEBASTIAN; ... s/ HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR ALEVOSIA (ART. 80 INC. 2º DEL  C.P.) EN CONCURSO REAL CON ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO POR USO DE ARMA   (ART. 166 C.P.) EN BANDA, EN CONCURSO IDEAL (ART. 54 C.P.) Y  ENCUBRIMIENTO ANDRES; DA ROSA, MIRIAM CRISTINA; SOSA, FRANCISCA GLADYS; GIMENEZ, NANCEY GLADYS, BUSACA, LORENA ELIZABETH, VILLARREAL, DIEGO SEBASTIAN; ... s/ HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR ALEVOSIA (ART. 80 INC. 2º DEL  C.P.) EN CONCURSO REAL CON ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO POR USO DE ARMA   (ART. 166 C.P.) EN BANDA, EN CONCURSO IDEAL (ART. 54 C.P.) Y  ENCUBRIMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-28

La resolución que sobresee provisionalmente en relación al hecho de que los querellados hayan continuado ejerciendo el carácter de parte en el juicio criminal luego de haberse demostrado la falsedad de los títulos en base a los cuales habían obtenido su legitimación, es equiparable a sentencia definitiva en la excepcional situación en que, pese al tenor de la parte resolutiva, la argumentación efectuada en el último considerando acerca de que ese hecho debe descartarse como delictuoso, decide de modo definitivo la pretensión del recurrente.
Competencia, cuestiones de competencia
Materia: PENAL
Carátula: CONTIGIANI, ROBERTO s/ Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, incidente de  incompetencia, Causa: 36683.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-30

No pudiéndose establecer, en la cuestión de competencia en causas conexas, cuál de los hechos se cometió primero, si como sostiene el titular del Juzgado N° 1 sería competente el Juzgado N° 5 en tanto las afiliaciones allí denunciadas fueron suscritas con anterioridad o si, como afirma el titular del Juzgado N° 5, el delito se consuma en el momento de la presentación ante la AFJP y que como no consta debidamente cuál se cometió primero debería entender aquel que previno (art. 42 CPP), no surgiendo elementos que permitan dirimir la cuestión en uno u otro sentido, resulta conveniente que, por el momento, cada juez continúe con la tramitación de la causa en la que le tocó entender.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Caraballo, Aníbal Francisco c/ Ferrocarriles Argentinos. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia por no resultar aplicable al caso el principio iura novit curia, pues la calificación de las relaciones jurídicas que compete a los jueces no se extiende a la admisión de defensas no esgrimidas en debida forma, ni autoriza a apartarse de lo que tácitamente resulte de los términos de la litis (Disidencia de los Dres.

Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F.

López y Adolfo Roberto Vázquez).
Medidas autosatisfactivas, competencia originaria, fondo compensador
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente Nº 3 actor: Provincia del Chubut demandado: Estado Nacional  c/  s/ inc apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chubut
Fecha: 2024-04-13

Corresponde se declare la incompetencia de la Justicia Federal de Rawson para el conocimiento una causa donde se dispuso que la demandada se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del "Fondo Compensador del Interior" con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en dicha jurisdicción provincial, los que deberán tramitar en instancia originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que frente a la verificación de las razones institucionales o federales existentes no es posible prorrogar o renunciar a la competencia originaria del Alto Tribunal.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), carga, pago, depreciación monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MAITESS S.A. c/ ALLIANZ ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-26

Frente a la sentencia atacada -en que la Cámara repasó las argumentaciones brindadas por la Jueza de grado para decidir que, al estar en presencia de una deuda de valor, se debía hacer el cálculo del valor de la mercadería al momento del pago, ya que de lo contrario la desvalorización monetaria ocurrida en el transcurso del proceso beneficiaría a la aseguradora que incumplió, pudiendo favorecer análisis ecónomicos indeseados por parte de proveedores que obtendrían mayores beneficios en caso de no cumplir con sus obligaciones-, la lectura del memorial de la queja revela que la recurrente se limita a efectuar postulaciones genéricas y a reiterar los planteos ya esgrimidos en oportunidad de enderezar el recurso de inconstitucionalidad local -alegando, en esencia, que la Cámara incurrió en arbitrariedad normativa y fáctica- quedando así incumplida la carga que contempla el artículo 8 de la ley 7055. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 8
Derecho constitucional, control de constitucionalidad, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, acción declarativa de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., E. J. c/ Ministerio de Gobierno de la Provincia del Chubut s/ acción de amparo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-26

Para la procedencia de las acciones declarativas de inconstitucionalidad, se exige: a) "la concurrencia de un estado de incertidumbre sobre la existencia y modalidad de una relación jurídica; b) un interés jurídico suficiente en la medida en que exista una actividad explícita del Poder Administrador dirigida a hacer efectivas consecuencias de dicha relación, gravosas para el accionante; c) la carencia de otra vía alternativa para articular la pretensión que se trae al proceso, a más de un interés específico en su uso".