Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-09-21


EXPEDIENTE N° "C. M. A. C/ Provincia de San Juan S/ Daños y Perjuicios".

En la Ciudad de San Juan a los 21 días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, reunida en acuerdo la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia de la Dra. María Josefina Nacif, y los Dres. Juan Jesús Romero y María Eugenia Varas como vocales, a fin de resolver los recursos de apelación interpuestos a fs. 697 por el Sr. Fernando César Díaz Cano; a fs. 698 por el Dr. Alberto Pascual Sevilla -por derecho propio-; y a fs. 699 por la Provincia de San Juan contra la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2015 dictada por el Sr. Juez titular del Primer Juzgado Civil obrante a fs. 662/696 y vta.. Los recursos fueron concedidos con efecto suspensivo a fs. 720.

Encontrándose consentida la integración del Tribunal (v. fs. 807) se procederá a tratar los recursos impetrados por resultar los mismos de la competencia de este Tribunal.

La Dra. MARÍA JOSEFINA NACIF, dijo: Habré de determinar en autos si la resolución dictada es ajustada a derecho; y, en su caso, qué pronunciamiento corresponde emitir.

Antecedentes del caso	A) El presente proceso tiene origen en la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el Sr. M. A. C., a través de sus apoderados, contra el Departamento de Hidráulica de la Provincia de San Juan, el Sr. Fernando Díaz Cano y la Municipalidad de Rawson, por la suma de $ ... con más los intereses devengados a partir del día 24-05-03 hasta el efectivo pago, o lo que en más o en menos resulta de la prueba a rendirse en autos, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido en la fecha antes sindicada.

Relata el actor que el siniestro ocurrió el día 24/05/2003 aproximadamente a las dos y media de la mañana cuando circulaba por calle Ramón Franco en dirección hacia el sur, en un automotor Volkswagen Senda, Dominio ..., conducido por el Sr. A. A. A. Que aproximadamente a unos doscientos metros al Sur de calle 9, advirtieron la presencia de un montículo de barro, tierra y basura que ocupaba más de la mitad de la calzada, obstruyendo todo el carril de circulación correspondiente al vehículo en el que se trasladaba. Refiere que no había alumbrado público y que el obstáculo no se encontraba señalizado, no contando con ninguna advertencia para los conductores que eventualmente circularan por la mencionada arteria, tal como surge del acta y croquis confeccionado por la autoridad policial que se constituyó en el lugar momentos después del accidente.

Que el obstáculo y la presencia de barro imposibilitaron al conductor frenar a tiempo, por lo que se vio obligado a intentar sortearlo, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y éste se deslizara contra un árbol que se encontraba del otro lado de la calzada.

Que los obstáculos eran producto de la monda del drenaje existente en el costado oeste de la calle Ramón Franco, obra realizada por el Departamento de Hidráulica de la Provincia de San Juan a través de un contratista; surgiendo de las medidas preliminares iniciadas en autos que la obra fue adjudicada al Sr. Fernando César Díaz Cano.

Afirma que a consecuencia del accidente sufrió importantes daños en su salud, quedando incapacitado en forma total y permanente, debiendo ser trasladado en ambulancia de Clinicard al Hospital Dr. Guillermo Rawson, ingresando al servicio de Urgencia a las 4:12 AM del día 21/05/03 con un diagnóstico de politraumatismo craneoencefálico grave, lo que motivó que se le practique una craneotomía, permaneciendo en coma por un largo tiempo. Que luego se le practicó una traqueotomía y se le colocaron sueros; se le practicó un drenaje de hematoma extra dural temporo parietal izquierdo, sufrió múltiples infecciones, tratadas con antibióticos, con una mala evolución posterior neurológica, sufriendo además taquicardias con crisis hipertensivas y febriles.

Agrega que a la fecha de interposición de la demanda se encuentra incapacitado para caminar y mover sus miembros, está cuadraplégico, no puede hablar claramente ni alimentarse por sus propios medios, perdiendo su capacidad sexual. Que tiene además secuelas cognitivas severas, de manera que requiere cuidado permanente por parte de personas especializadas, así como de costosos tratamientos y medicamentos; padeciendo además como consecuencia del accidente y sus secuelas, un cuadro depresivo severo.

Atribuye responsabilidad a las demandadas en los términos del artículo 1112, 1109, 1113 ss y conc. del Código Civil (hoy derogado). Respecto de la Municipalidad demandada expresa que conforme lo dispuesto por el art. 13 inc. de la Carta Orgánica Municipal está obligada al mantenimiento de la red vial, de mantenerla apta para la circulación y adoptar medidas de seguridad tendiente a evitar perjuicios a los transeúntes.

B) Mediante la sentencia apelada el magistrado desestimó la demanda contra la Municipalidad de Rawson (punto I). Hizo lugar a la demanda interpuesta por el actor contra el Departamento de Hidráulica y el Sr. Fernando César Díaz Cano, y en consecuencia declaró que el accidente de tránsito se produjo por culpa exclusiva del contratista (Díaz Cano), siendo la causa primera y eficiente la falta de señalización, cartelería e iluminación artificial en horario nocturno de la zona del accidente para advertir a los terceros de la existencia de montículos de tierra y basura producto de la monda que ocupaban la mitad de la calzada de calle Ramón Franco, deber que estaba a su exclusivo cargo según voluntariamente convino con el Departamento de Hidráulica en fecha 05-05-2003. Y, que a su vez el Departamento de Hidráulica resulta responsable por su calidad de dueño o propietario de todo el producto de la monda; por el evidente riesgo que la cosa (montículo) implicaba dada su mala ubicación, como así también por la falta total de señalización, iluminación y cartelería nocturna, y por el hecho de sus dependientes (inspectores que la representaban y tenían la dirección de los trabajos y debían velar por el cumplimiento de las condiciones del contrato, entre las cuales estaban la iluminación, señalización y cartelería nocturna) (punto II). Los condena en forma solidaria para que en el término de 10 días abonen al actor la suma de $ ... determinada a la fecha del accidente, con más los intereses a tasa pasiva hasta su efectivo pago; y con más la suma de $ ... en concepto de tratamiento psiquiátrico y psicofarmacológico futuro, importe que se calcula a la fecha de la sentencia y con igual tasa de interés hasta su efectivo pago (punto III). Impuso las costas del proceso en relación a la procedencia de la demanda, a los demandados Departamento de Hidráulica y Fernando César Díaz Cano; y en relación a la procedencia de la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la Municipalidad de Rawson, por su orden (punto IV). Oficiosamente como acción preventiva, y con carácter permanente, le impuso al Departamento de Hidráulica la obligación de modificar tanto los pliegos futuros del llamado a licitación como también los contratos futuros que se firmen con los adjudicatarios, imponiéndole la obligación al contratista -previo al inicio de las obras- de contratar un seguro de responsabilidad civil contra terceros con una cobertura no menor a los $3.000.000 (punto V). Oficiosamente declaró la inconstitucionalidad del art. 22 de la ley 7675; y aclaró que la base regulatoria de los honorarios de los letrados y profesionales está compuesta por el capital más los intereses a la tasa pasiva; imponiendo las costas por dicha incidencia por su orden (punto VI). Reguló los honorarios de los profesionales intervinientes: a los Dres. ANTONIO DE LA TORRE (padre), ANTONIO DE LA TORRE (hijo), MARIANA DE LA TORRE y CARLOS A. RUEDA, por su actuación, en forma conjunta, doble carácter, por la actora, ganancioso y dos etapas (demanda y prueba), en el 14 % de la liquidación de capital e intereses tasa pasiva que oportunamente se practique. Y a los Dres. ANTONIO DE LA TORRE (padre), ANTONIO DE LA TORRE (hijo) y MARIANA DE LA TORRE, por su actuación en igual carácter y una etapa (alegato), en el 7 % de igual base. En relación a la incidencia resuelta por interlocutoria de fs. 223/225 (citación de tercero), reguló a los Dres. ANTONIO DE LA TORRE (padre), ANTONIO DE LA TORRE (hijo), MARIANA DE LA TORRE y CARLOS A. RUEDA, en forma conjunta, en igual carácter, y dada la escasa trascendencia de la misma, en la suma de Pesos ($ ..), importe que fijó a la fecha de la sentencia. Reguló los honorarios profesionales, de los apoderados de la Municipalidad de Rawson del siguiente modo: Al Dr. OSVALDO ALBERTO CRISTOBAL RODRIGUEZ, por su actuación en doble carácter, ganancioso y una etapa completa (contestación de demanda), en el 7% de igual base. A los Dres. DANIELA BELÉN RIVAS TELLO, CLAUDIA AGUILERA GIULIANI y ELIO RAMÓN FRACK, por sus actuaciones en la etapa de prueba, en el 7 % de igual base (1/3 a cada uno). Al Dr. ELIO RAMÓN FRACK, por su actuación exclusiva en la etapa de alegatos, en el 7 % de igual base; y por su actuación en el planteo de inconstitucionalidad, en la suma de $..., fijados a la fecha de la sentencia. No reguló honorarios al Dr. Juan José Victoria dado el carácter inoficioso de su actuación en autos. Atento el modo en que impuso las costas, no reguló honorarios a la Dra. Claudia Garramuño (apoderada de Fiscalía de Estado) por su actuación en autos. Reguló los honorarios profesionales del Dr. ALBERTO PASCUAL SEVILLA, por su actuación en doble carácter (apoderado del Sr. Díaz Cano), y perdidoso, en el 12 % de igual base. Y en relación a la incidencia resuelta por interlocutoria de fs. 223/225 (citación de tercero), le reguló al Dr. ALBERTO PASCUAL SEVILLA, en igual carácter, y dada la escasa trascendencia de la misma, en la suma de Pesos ($ ...), importe que fijó a la fecha de la sentencia (punto VII). Reguló los honorarios profesionales de los peritos intervinientes en autos, Dres. HUGO MIGUEL JORGE y RICARDO MARIO ROMERO, teniendo en consideración la trascendencia e influencia en la sentencia de las pericias elaboradas, en el 3 % de igual base a cada perito (punto VIII). Impuso sanción pecuniaria al co-demandado FERNANDO CESAR DÍAZ CANO y a su letrado apoderado, Dr. ALBERTO PASCUAL SEVILLA en forma solidaria por la suma de $ ... fijados a la fecha de la resolución y a favor del actor, dada la falta total de lealtad, probidad y buena fe demostrada en autos (Punto IX).

Para arribar a dicha conclusión el sentenciante, luego de efectuar una prolija reseña de la causa, aclaró que con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, Ley 26994, a partir del 01/08/2015, conforme lo dispuesto en el artículo 7, la determinación de los sujetos responsables del deber de resarcir se debe formular en base al régimen jurídico imperante al momento en que acaeció el hecho dañador, causa fuente de la obligación de resarcir. Advirtió que si bien los demandados Fernando Díaz y Departamento de Hidráulica alegaron en sus contestaciones de demanda la responsabilidad y culpabilidad del conductor del rodado (Sr. A. A.) ninguno de ellos pidió su citación en los términos del artículo 100 del C.P.C. (Ley 3738 vigente a la época de contestación de demanda) y tampoco lo demandó la actora; lo que le impide juzgar la conducta de un tercero ajeno al proceso. No obstante ello efectuó consideraciones a su respecto según lo actuado en el Sumario Penal N° 19119/03 descartando que el Sr. A. haya circulado en estado de ebriedad; que la falta de seguro constituye una simple falta contravencional; que no se acreditó el no uso de cinturones de seguridad; y que hayan circulado a contramano por calle Ramón Franco siendo de público y notorio conocimiento que la arteria es de doble mano.

Asimismo y respecto la velocidad de circulación consideró de aplicación el art. 51 inc. b. ap. 1, que fija como límite máximo de velocidad en zona rural para automóviles, 110 km/h; y que incluso si considerase a la arteria una "ruta que atraviesa zona urbana" (art. 51 in. e, ap. 4), el límite máximo es de 60 km/h; y que la única prueba a su respecto es la declaración de los ocupantes del rodado; concluyendo que reconocieron circular con "cierta velocidad" pero dentro del máximo establecido, máxime cuando no existe prueba pericial que haya determinado la velocidad, sino una mera apreciación subjetiva de testigos transportados.

Consideró además la valoración efectuada por parte del Sr. Juez Penal respecto de la conducta desplegada por el conductor del vehículo, quien entendió que del plexo probatorio desplegado en autos no se infiere ningún elemento que haga presumir su culpabilidad en la producción del siniestro; recordando que por imperio del art. 1103 del C.C., después de la absolución del acusado no se puede alegar en sede civil algún hecho principal sobre el que hubiese recaído absolución, declarando la total y absoluta improcedencia de la alegación de culpabilidad formulada por los co-demandados.

Declaró la nulidad en la notificación del tercero citado, Dirección Provincial de Vialidad por lo que entendió no corresponde expedirse sobre su responsabilidad, y destacó la desagradable estrategia de todos los demandados para achacar culpas y/o responsabilidades ajenas, sin asumir un mínimo de responsabilidad frente a las consecuencias nefastas del accidente para el actor.

A continuación analiza la falta de legitimación activa y pasiva opuesta por la Municipalidad de Rawson, resaltando que quedó demostrado en autos, que la calle Ramón Franco en el tramo comprendido entre calle 5 y calle 11, es una Ruta Provincial (N° 122) de categoría secundaria, siendo de la jurisdicción de la Dirección Provincial de Vialidad, recordando que el accidente se produjo entre calle 9 y 10, tal como surge de los informes de la D.P.V. de fs. 136, 280 y 331; hecho también reconocido por la actora al contestar la excepción (fs. 150 vta.). Concluye que al no tener jurisdicción el municipio sobre dicha calle no se le puede endilgar responsabilidad sobre el mantenimiento de una red vial sobre la que no tiene competencia; conclusión a la que arriba también respecto de la falta de señalización y de alumbrado público que se le achaca, advirtiendo que la obra de monda de canales fue convenida exclusivamente entre Hidráulica y el Sr. Díaz Cano, por lo que hace lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva planteada por la Municipalidad de Rawson.

Respecto del Sr. Fernando César Díaz Cano, quien en su contestación de demanda opuso falta de legitimación pasiva, destaca que el Sr. Díaz Cano reconoce haber firmado el contrato celebrado con Hidráulica (fs. 20/23 de las Medidas Preliminares N° 72761). En virtud de ello considera que 1) el contratista conocía y aceptó todo el contenido del pliego de condiciones que sirvió de base a la Licitación Pública N° 06/03, que le fuera adjudicada por Resolución N° 168 de fecha 30-04-2003 (cláusula 2°); 2) el contratista asumió plena responsabilidad por los daños que ocasionen a terceros y/o cosas, por las personas que estuvieren bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirva o tiene a su cuidado y/o los daños producidos por éstos [cláusula 8° y art. 24 del Pliego de Condiciones (fs. 09 de las Diligencias Preliminares)]; 3) que el contratista asumió expresamente la obligación de tomar todos los recaudos necesarios cuando la índole de los trabajos interfieran el tránsito, colocando letreros y señales indicativas de peligro, las que serían luminosas por la noche; 4) Que conforme a las "Especificaciones técnicas de Monda de Cauce y Limpieza" de la Licitación Pública el material extraído se acopiará paralelo al cauce, no entorpeciendo el tránsito vehicular correspondiente al camino de servicio. Que ejecutados los trabajos, debía ejecutarse el trabajo de reacondicionamiento del camino de servicio, consistente en la limpieza y compactación de manera que quede libre de maleza, montículos y productos provenientes de rehabilitación del cauce; y que el trabajo de levantamiento del producto de monda también estaba a cargo del contratista.

Analiza que el ancho de la calzada y el ancho ocupado por los montículos de tierra y basuras extraídos del canal o dren resultan dirimentes para determinar si el accionar de la empresa contratista fue razonable y/o lógico en su ocupación de la calzada. Para ello considera lo actuado en el Sumario Penal N° 19119/03, del que surge que el acta policial labrada minutos después de producido el accidente expresa que el producto de la monda (montículo) ocupan la mitad de la arteria; lo que fue corroborado por los testigos presenciales transportados en el vehículo siniestrado, al igual que los testigos que transitan la zona, destacando que el juez penal fijó los hechos en su sentencia de fs. 97/104, vinculante para el juez civil, en la que señaló que el accidente acaeció como consecuencia que sobre la calzada se encontraba un montículo de tierra que cubría casi la mitad del asfalto, concluyendo que los montículos de tierra, lodo, basura, malezas, etc. extraídos del canal paralelo, existentes en el costado oeste de calle Ramón Franco ocupaban al momento del accidente la mitad de la calzada aproximadamente. También analiza las fotografías aportadas por el contratista considerando que ponen en evidencia su total y absoluta irresponsabilidad, considerando su accionar irracional e ilógico.

En relación a la defensa opuesta relativa a la señalización, cartelería e iluminación, expresa que eran obligaciones asumidas por el contratista; y luego de analizar la prueba aportada por él, concluye que el Sr. Díaz Cano no se esmeró para acreditar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contrato celebrado con el Departamento de Hidráulica en cuanto a la señalización, cartelería e iluminación de las obras que interferían el tránsito hacia terceros. Enumera y detalla minuciosamente las pruebas que acreditan la inexistencia de señalización, concluyendo que quedó efectivamente demostrado que el contratista omitió cumplir con el deber/obligación contractual asumido con el Departamento de Hidráulica, constituyendo dicha omisión voluntaria y deliberada, causa directa y eficiente del accidente de tránsito en cuestión, siendo plenamente responsable por dicha conducta frente a terceros, en este caso el actor.	En cuanto al otro argumento de la defensa referido a que el accidente no produjo las lesiones que se demanda, lo descarta por considerar que la "pseudo pericia médica" que el Sr. Díaz Cano acompaña (fs. 178/179) carece de firma, por lo que queda reducida a ningún valor; sin que haya acompañado prueba que acredite la alegada "evidente mala praxis médica" ocasionada con la atención del actor a la llegada del Hospital Rawson (fs. 181 vta.). Califica de inmoral y cuasi delictiva la supuesta historia clínica médica confeccionada en el Hospital Rawson acompañada como prueba documental (fs. 178/179) que no contiene membrete de dicha institución, y que en el último párrafo le atribuye responsabilidad profesional médica. Por tal motivo le impone una sanción pecuniaria al co-demandado Díaz Cano y a su letrado, Dr. Alberto Pascual Sevilla, en forma solidaria por la suma de $ ... a favor del actor.

Concluye que corresponde desestimar todos los argumentos esgrimidos por el Sr. Díaz Cano, y que conforme lo dispuesto por el art. 1113 del C.C. vigente entonces, le cabe la responsabilidad objetiva de los daños, por ser quien tenía a su cuidado la cosa, la que si bien era inerte, por su mala ubicación y la falta total de señalización, iluminación y cartelería nocturna, la convertía en peligrosa y riesgosa, sin que haya demostrado, para eximirse total o parcialmente de responsabilidad, la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.

Respecto del Departamento de Hidráulica, en primer lugar rechaza la invocación que efectúa esa parte respecto del artículo 6° de la Ley 26.694, al que considera inaplicable al caso de autos dado que no existe ley provincial de adhesión a aquella normativa; ello más allá que la fecha del hecho (año 2003) determina la aplicación de las normas respecto a la responsabilidad tal como analizara en el considerando I); y le extiende las consideraciones efectuadas respecto a la actuación del conductor del rodado y de la falta de legitimación de la Municipalidad de Rawson.

Sostiene que de la contestación de demanda, en lo que hace a su responsabilidad, queda reducida al poder de policía que ejerce sobre la red de riego de la Provincia. A ese fin analiza la Ley Provincial de creación del Departamento de Hidráulica N° 886 y el Pliego de Condiciones del llamado a Licitación Pública (fs. 10 Dilig. Preliminares), y concluye que la evidente negligencia del contratista fue posible "gracias" al deficiente trabajo de los inspectores que la propia repartición designó en la cláusula 22° del Contrato firmado con Díaz Cano. Señala que en ningún momento Hidráulica acompañó o acreditó documento, nota, denuncia, observación, instrucción, etc. emanada de sus inspectores poniendo en conocimiento de la autoridad administrativa, alguna cuestión que tuviera relación ya sea con la mala ubicación de los montículos o con la falta total de señalización, iluminación y cartelería nocturna; cuestiones que por su evidencia no pudieron pasar inadvertida a los inspectores. Sintetiza que el Departamento de Hidráulica resulta responsable 1) Por su calidad de dueño de la cosa (producto de la monda); 2) por el evidente riesgo de la cosa debida a su ubicación y la falta de elementos de cartelería, iluminación y señalización (cfr. art. 1113 párrafo 2° del C.C.); 3) Por el hecho de sus dependientes (cfr. art 1113 párrafo 1° del C.C.); lo que determina su culpa grave dado que a raíz del deficiente o inexistente trabajo de inspección se produjo el accidente que era totalmente previsible ante la falta de control y dirección por parte de los inspectores que la representaban.

En relación a las Cláusulas Contractuales de deslinde de responsabilidad en favor del Departamento de Hidráulica (arts. 24 a 26 y 38 del Pliego de Condiciones del llamado a licitación pública; y arts. 8° y 9° del Contrato) anticipa que si bien tienen validez entre las partes, jamás pueden afectar derechos de terceros, ello por aplicación de los principios consagrados en los arts. 1195 in fine y 503 del C.C. Considera que además existe una obligación legal de garantía por parte del Departamento de Hidráulica, dado que la tarea de monda es una actividad específica y propia que compete exclusivamente a su ámbito de aplicación o en su defecto a un tercero contratado, pero en definitiva el contratista es una prolongación suya. Considera que arriesga el patrimonio de la autoridad administrativa la omisión contractual de contratar un seguro de responsabilidad civil contra terceros, que no tiene ningún costo adicional para el Estado, ya que el tomador del seguro debe ser el contratista; lo que debe ser suplido de manera inmediata a fin de evitar perjuicios fiscales para casos futuros, máxime si se considera que el contratista puede ser insolvente al momento de la ejecución. Por ello en virtud de lo dispuesto por el art. 1713 del C.C. a fin de evitar la producción de daños previsibles, determinó oficiosamente como acción preventiva la obligación de incluir tanto en los pliegos de licitaciones como en los contratos que son su consecuencia, que el contratista -previo a la iniciación de las obras- contrate un seguro de responsabilidad civil contra terceros con una cobertura no menor a los $3.000.000.	Acto seguido analiza los rubros reclamados, daño a la integridad física e incapacidad sobreviniente; y por otro gastos de asistencia médica, kinesiológica, quirúrgica y farmacológica presentes y futuros; según la normativa de fondo actualmente vigente. Respecto de los primeros consideró probadas las consecuencias físicas nefastas que el accidente le produjo al actor según se desprende de la Historia Clínica aportada por el Hospital Rawson (fs. 24/240 de las Medidas Preliminares-Autos N° 72761); informe del Perito Dr. Hugo Miguel Jorge (fs. 433/436); descartando la improbada mala praxis médica invocada por Díaz Cano (fs. 448 vta.). Respecto de la impugnación formulada en contra de esta pericia por parte de la Municipalidad de Rawson (fs. 439) no la considera atento el rechazo de la demanda a su respecto. Consideró para su cuantificación lo dispuesto por el artículo 1746 del C.C., atendiendo la determinación de la incapacidad por el perito del 85%, total y permanente, los ingresos de la actora como contratada de $ ... (fs. 35 B.L.S.G); arribando a la suma de $ ..., importe que fija a la fecha del accidente.

También consideró plenamente probado el segundo rubro, considerando la edad del actor al momento del siniestro (30 años) y la esperanza de vida media de un hombre en la Argentina (75 años) haciendo lugar al monto reclamado de $ ..., calculados a la fecha del accidente.

En relación al daño moral, sostuvo que resulta suficiente para fundar su procedencia, el sentido común, la lógica y racionalidad, y las pericias médicas obrantes en autos, para observar las consecuencias físicas, motoras, y cognitivas nefastas del accidente para con el actor, lo que patentiza el truncamiento de manera clara, palmaria de su proyecto de vida en los términos del artículo 1738 in fine del C.C. Tuvo presente para su cuantificación la perdida del lenguaje, movilidad, disfunción sexual, falta de control de esfínteres, y las graves consecuencias psicológicas que da cuenta la perito médico psiquiatra (fs. 552/553), estimándolo en la suma de $ ... a la fecha del accidente.

Analizó el Daño Psicológico reclamado, que también consideró plenamente probado basado en la pericia del Médico Psiquiatra, Dr. Ricardo Mario Romero (fs. 552/553). Señaló que los $ ... reclamados resultan insuficientes, por lo que la condena en el rubro no sólo debe estar determinado por ese importe, sino además por el tiempo de tratamiento psíquico y psicofarmacológico a que debe estar sometido el actor (33 años), a razón de un costo mensual de $ 1000, asciende a la suma de $ 396.000 a la fecha de la sentencia.

Como colofón, condena a los demandadas Díaz Cano y Departamento de Hidráulica a pagar al actor la suma de $ .... determinada a la fecha del accidente, con más los intereses a la tasa pasiva hasta su efectivo pago; con más la suma de $ ... en concepto de tratamiento psiquiátrico y psicofarmacológico futuro, calculados a la fecha de la sentencia con más los intereses a igual tasa hasta su efectivo pago.

Respecto de la inconstitucionalidad planteada de los artículos 20 y 26 de la Ley 7675 refiere al plenario de la Corte de Justicia dictado en los Autos N° 5585, en el que el máximo Tribunal de la Provincia se pronunció por la constitucionalidad de los arts. 20 y 23 de esa normativa, que resulta de aplicación a autos conforme lo dispuesto por el artículo 209 de la Constitución Provincial. No obstante destacó que como señala el fallo, existen excepciones a la imposición de costas por su orden (conf. art. 21 ibid) confiriendo la potestad de imponerlas al vencido. Por ello, y habiendo quedado acreditada la negligencia, desidia y culpa grave de los demandados, y lo dispuesto en el art. 21 ibid, corresponde que las costas les sean impuestas; entendiendo que no correspondía expedirse en torno a la inconstitucionalidad del art. 26 de ese cuerpo normativo.

Respecto de los honorarios, desestimó el planteo efectuado por el Departamento de Hidráulica y la Municipalidad de Rawson en torno a que la inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley 7675 fue planteada en forma extemporánea, por no haber sido interpuesto en la primera oportunidad desde que tuvo vigencia la norma atacada (03-03-06); y que en función de lo dispuesto por el art. 11 de la C.P. los jueces están facultades a ejercer ese control aún de oficio y sin requerimiento de parte. Destaca que en el plenario antes citado, la Corte no se expidió al respecto, dejando librado a los tribunales inferiores su tratamiento; por lo que atendiendo a las circunstancias que rodean el caso (12 años desde que ocurrió el accidente) la no inclusión de los intereses en la base regulatoria de los honorarios, implica lisa y llanamente una licuación evidente en los honorarios de los letrados vencedores, remitiéndose al dictamen del Agente Fiscal, se pronuncia por la inconstitucionalidad del art. 22. A continuación procede a regular los honorarios conforme se refirió ut supra.

Agravios del demandado FERNANDO CESAR DIAZ CANO (fs. 724/733)	I) Refiere el apoderado de esa parte que le agravia que la sentencia declare su responsabilidad civil en la producción del accidente en razón de una presunta falta de señalización, cartelería e iluminación en horario nocturno tendiente a advertir a terceros sobre la existencia de montículos de tierra producto de la monda que ocupaban la mitad de la calzada, sin advertir que el siniestro ocurrió por culpa exclusiva de un tercero por quien su mandante no debe responder (cfr. art. 1731 C.C.) según los términos de la demanda, de los que surge que el conductor del rodado, Sr. A. A. A., resultó ser el único responsable. Que el propio actor relata que el montículo pudo ser advertido unos 200 mts. al Sur de calle 9, por lo que la interpretación que realiza el a quo constituye una arbitraria interpretación de los hechos tendiente a favorecer la posición jurídica del actor; cuestión que también corroboraron en sus testimonios los ocupantes del rodado, por lo que el conductor pudo evitar la colisión. Considera que la discusión respecto a la existencia o no de señalización, cartelería e iluminación en horario nocturno carece de trascendencia, dados que los montículos pudieron ser advertidos por el conductor del rodado. Advierte que a falta de pericia accidentológica se puede presumir que la velocidad desarrollada por el automotor en ocasión del impacto era excesiva y antirreglamentaria; reconociendo el juez que si la calle Ramón Franco es una ruta que atraviesa una zona urbana donde la máxima es de 60 km, el testigo Zárate en sede penal declaró que circulaban a 70 km, en clara violación a la norma sobre los límites de velocidad señalados por el propio sentenciante. Destaca que aún cuando el juez penal resolvió que el evento dañoso sometido a investigación no constituyó delito, ni comprometió la responsabilidad del conductor, tal circunstancia no constituye obstáculo para que se discuta libremente ese mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad (cfr. art. 1777 C.C.) y juzgar sobre la responsabilidad civil que a aquél le cabe.

II) También le agravia la sentencia en cuanto a los rubros y montos indemnizatorios por los que prospera la demanda. En cuanto al primero de ellos -Daño a la integridad física e incapacidad sobreviniente- de acuerdo al porcentaje de incapacidad que el perito médico dictamina y en el que se apoya el a quo, imposibilitaría a cualquier persona a gobernar y dirigir sus actos, debiendo ser declarada incapaz judicialmente, lo que contradice el poder otorgado por el actor a fs. 01/02. Que además el juez rechazó arbitrariamente la impugnación que formula la Municipalidad de Rawson a esa pericia, desconociendo que revistó el carácter de parte litigante aún cuando por sentencia no fue responsabilizada civilmente por los daños y perjuicios reclamados por el actor. Que por ello considera excesivo el quantum por el que prosperó dicho rubro, solicitando su reducción.

Respecto de los "gastos de asistencia médica, kinesiológica, quirúrgica y farmacológica presentes y futuros" considera errado su tratamiento por separado del rubro anterior a la luz de lo establecido por el art. 1746 del C.C. dado que la indemnización por lesiones o incapacidad es comprensiva de los gastos médicos y farmacéuticos (los presume) en función de la índole de las lesiones o incapacidad (sean éstos presentes o futuros).

Sobre el daño moral se remiten a lo expuesto respecto del primer rubro en relación a la capacidad del actor para comprender y otorgar actos de la vida civil. Para el supuesto que se considere que debe prosperar, el mismo sea atenuado.

III) En cuanto al Daño psicológico que el sentenciante declaró procedente por la suma de $ ... reclamados en la demanda, considera que es un exceso de su parte haber fijado por sí, sin petición de parte interesada, el rubro tratamiento psiquiátrico y psicofarmacológico futuro, violentándose el principio de congruencia receptado por el art. 164 inc. 6 del C.P.C. habida cuenta que se pronunció sobre pretensiones no articuladas en la demanda, incurriendo en el vicio extra o ultra petita; por lo que la sentencia deviene nula en este punto.

IV) Bajo este agravio expresa que de receptar favorablemente los agravios que formula en el memorial solicita sea revocado el apartado 4 de la resolución apelada, debiendo ser impuestas las costas a la actora.

V) Finalmente se agravia en cuanto la sentencia le aplicó una sanción pecuniaria junto a su ex-letrado, lo que cercena su derecho de defensa, desde que la hipótesis planteada en el escrito de contestación de fs. 180/189 -que las lesiones sufridas por el actor no fueron producto del accidente sino de mala praxis médica- se sustentó en las declaraciones de los testigos en sede penal respecto del estado del actor, quien ayudó a rescatar a los restantes pasajeros (fs. 83/84); al igual que el informe del médico legista quien dictaminó que curaría, salvo complicaciones, en 40 días (fs. 31). Dichas circunstancias hicieron presumir en forma razonable y de buena fe que las lesiones padecidas por el actor no revestían la gravedad o magnitud que a posteriori dejara inferir el informe pericial de fs. 433/436, pudiendo ser consecuencia de una posible mala praxis, y en modo alguno son demostrativas de malicia procesal, sino de ejercitar en plenitud la defensa materia de sus intereses patrimoniales, por lo que solicita se revoque la sanción impuesta. Mantiene reservas.

Contesta la actora que el memorial carece de relevancia jurídica por lo que debe declarase desierto el recurso. En relación al primero de los agravios -que el conductor del vehículo habría advertido la presencia de obstáculos- nunca fue alegada razón por la que no puede ser materia de agravios, y el a quo nunca podría haber establecido la responsabilidad del conductor ya que no fue demandado ni citado como tercero por ningún codemandado; además del sobreseimiento operado en sede penal vinculante para el juez civil.

En relación a los cuestionamientos a los rubros indemnizatorios, las pericias médicas y psiquiátricas no fueron impugnadas por el apelante.	Respecto al exceso en el que habría incurrido el sentenciante, sostiene que en la demanda pusieron de manifiesto que las afecciones requieren que el actor se someta a un prolongado tratamiento psicológico por el resto de su vida, valorando el sentenciante que la suma reclamada fue consumida a la fecha de la sentencia.

Por último, destacan que resulta improcedente que la apelante se agravie de la multa impuesta a un tercero; y la causa de la sanción no es la estrategia defensiva, sino la conducta inmoral y cuasidelictiva consistente en fraguar documentación que atribuyó a una institución pública para liberarse de responsabilidad. Solicita se confirme la condena en costas; y formulan reserva.

Agravios del Dr. Alberto Pascual Sevilla (fs. 735/738).

Adhiere a los agravios expuestos por el Sr. Díaz Cano, en cuanto a la aplicación de sanciones pecuniarias a ambos; que contradicen con los principios de defensa en juicio, debido proceso y libertad, amparados constitucionalmente. Que el artículo 318 del C.P.C. es puntual en cuanto es posible la defensa más amplia del comitente; principio de encuentra su correlato en el artículo 19 de la C.N; no habiendo de su parte ningún intento de engañar al juez, ni imputar acciones a terceros, ni demorar la causa o interponer cuestiones apartadas de la ley procesal o de fondo, por lo que sostiene que ese ítem condenatorio debe ser rechazado y llamar la atención al sentenciante, en cuanto ser preciso y objetivo en los fundamentos al aplicar tamaña sanción.

Le agravia la imposición de costas, en tanto sostiene que el juez sin justificación se aparta de la ley y del fallo plenario citado en la sentencia, afirmando que la sentencia en la aplicación y motivación de la sanción es totalmente arbitraria, apartándose de los hechos y el derecho a considerar y aplicar en este proceso.

Contesta la actora que el sentenciante no sancionó una estrategia defensiva, sino la conducta de pretender fraguar una historia clínica del Hospital Guillermo Rawson. Mantiene la reserva constitucional.

Agravios del Departamento de Hidráulica (fs. 750/758).

I) En primer lugar le agravia que el sentenciante considere que la falta de citación del Sr. A. A. en los términos del artículo 100 del C.P.C. le impida juzgar la conducta de un tercero ajeno al proceso. Transcribe jurisprudencia y sostiene que el a quo no podía dejar de merituar la participación del Sr. A. en el evento dañoso ya que su actuación tuvo principal relevancia en el nexo causal, lo que torna arbitrario el decisorio. Sostiene que el dosaje de alcohol que se le practicó siete horas después del accidente no reflejó el verdadero estado que tenía A. a ese momento; y la valoración que efectúa respecto de las declaraciones de testigos y el recorrido del auto, agraviándose que concluya que si existió era sumamente bajo.

También le agravia la conclusión a la que arriba el a quo respecto de la velocidad del vehículo, en tanto la velocidad permitida para la zona es de 60 km/h, por lo que mal puede afirmar que circulaba en el máximo permitido, cuando admite según un testigo presencial del hecho que lo hacían a 70 km/h; además que el artículo 50 de la Ley 24.449 dispone que el conductor debe desarrollar una velocidad tal que tenga siempre el dominio de su auto; existiendo distintos elementos que permiten presumir lo contrario, que desarrolla seguidamente. Le agravia que el sentenciante le impute una interpretación antojadiza y falsa, cuando se limitó a indicar lo mismo que el actor respecto de la presencia de los montículos, y que considere que los 200 mts. coinciden con el lugar que el accidente se produjo, cuando se desprende del acta de fs. 397 y croquis de fs. 398 que el accidente se produjo a 257 mts. de calle 9.

También le agravia que se considere que la falta de seguro es una simple falta contravencional, relativizando la omisión del Sr. A.; y la afirmación de que porque fue sobreseído en sede penal por falta de culpabilidad, ello constituya una cuestión prejudicial, en tanto contradice lo dispuesto en el art. 1103 del C.C.

II) Bajo el segundo agravio solicita el replanteo de prueba accidentológica. Expresa que al contestar demanda ofreció perito accidentológico (fs. 164) proponiendo al Sr. Lucio Gómez, oponiéndose la actora, solicitando se le diera por decaído el derecho a producir esa prueba; y el a quo sin traslado alguno a su parte, hizo lugar a esa petición, cercenando su derecho a producir esa prueba la que resulta fundamental.

III) Bajo el tercer agravio, insiste respecto a la interpretación que efectúa el a quo de sus dichos en torno a la distancia existente entre la presencia de los montículos y el lugar del accidente. Discrepa con la sentenciante respecto de los permisos a la Municipalidad o Vialidad Provincial para efectuar el acopio del producto de la monda, habida cuenta que los trámites era a cargo exclusivo del contratista (art. 52 del Pliego, fs. 29 de las Diligencias Preliminares).

Se agravia que el aquo sólo haya considerado al Departamento de Hidráulica como el único organismo que debía garantizar y velar por la seguridad de sus habitantes, cuando se acreditó que la calle Ramón Franco es una ruta provincial perteneciente a la Dirección Provincial de Vialidad, no habiendo sido citado debidamente ese organismo. Opina que respecto de la Municipalidad de Rawson, encontrándose la arteria bajo su Ejido, era su responsabilidad ejercer también el poder de policía e iluminar debidamente la zona; agraviándole que haya sido desvinculada; justificando el sentenciante que haya menor alumbrado porque era zona rural.

IV) Se agravia de lo manifestado por el a quo en cuanto a la conducta asumida en la defensa de su representada, ya que de seguir con su razonamiento, hubiera importado aceptar sin más la responsabilidad con el consecuente perjuicio fiscal. Sostiene que existiendo culpas concurrentes, hubiera sido importante que se hubiera determinado el grado de culpabilidad en porcentajes que le cupo a cada parte, aspecto que solicita se efectúe por la cámara, lo que incide también en el pago de las costas.

Le agravia la obligación impuesta por el a quo como acción preventiva sobre imponer a los contratistas, previo al inicio de una obra, la contratación de un seguro de responsabilidad civil, ya que al no haber sido objeto de demanda, su parte no tuvo oportunidad de expedirse en torno a ello; lo que viola el principio de la defensa en juicio, adoleciendo la sentencia de arbitrariedad.

V) En cuanto a la reparación del Daño Patrimonial, le agravia que el a quo haya considerado un certificado de trabajo del actor donde consta que percibía un salario de $ ... cuando el propio actor en el escrito de demanda manifestó que trabajaba en forma independiente; no existiendo ninguna prueba en autos que probara que éste trabajara como contratado y tuviera ingresos fijos, aclarando que de haber tramitado un beneficio de litigar sin gastos -como refiere el sentenciante- su parte nunca fue notificada; no existiendo prueba objetiva alguna que permita cuantificar el resarcimiento por daño patrimonial que su incapacidad le ocasionó. Concluye que por ello el monto indemnizatorio determinado en la sentencia por tal concepto es exagerado e improcedente. Que en la hipótesis que se admitiera su procedencia, solicita que la reparación sea fijada hasta los 60 años -edad para jubilarse- y no 75 como consigna el sentenciante, lo que también constituye materia de agravio.

Con relación a los gastos de asistencia médica, kinesiológica, quirúrgica y farmacológica presentes y futuras, son gastos que han sido, son y serán solventados por el Estado Provincial, como lo prueba las escasas constancias aportadas por el actor a fs. 3, 4, y 5 de autos pertenecientes al Hospital Rawson; y la historia clínica obrante a fs. 25/236 de las Diligencias Preliminares. Solicita que el monto fijado por el sentenciante se fije prudencialmente ya que el concepto ya está siendo satisfecho.

Respecto del Daño psicológico, señala que su parte en el alegato observó el dictamen del médico psiquiatra, Dr. Ricardo Romero, por no haber especificado en que consistiría el tratamiento del actor, como tampoco determina por qué fija la suma de Pesos .. mensuales; el que fue tomado derechamente por el sentenciante sin pauta objetiva para calcular una indemnización futura por 33 años. Manifiesta que si lo que se trata es que efectivamente el actor reciba de por vida regularmente su tratamiento psiquiátrico y medicación adecuada, se podría haber determinado el cumplimiento de la prestación en especie como lo permite el art. 1740 del C.C. y C. Nac., aclarando que dicho tratamiento y medicación ha sido efectivamente cubierto por instituciones del Estado Provincial.

VI) Acerca de la condena en costas por aplicación del art. 21 de la Ley 7675, sostiene que no surge que la conducta del Departamento de Hidráulica pueda subsumirse en alguna de las situaciones enunciadas que describe la norma. Insiste en la responsabilidad del conductor del vehículo en la producción del accidente, entendiendo que el fallo es arbitrario por falta de fundamentación.

Respecto de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley 7675, expresa que el artículo 28 ibid y la ley 7674 que adhiere a la Ley N° 24.432, declaran la inaplicabilidad de toda norma que contradiga o se oponga a lo allí establecido, dejando sin efecto las normas arancelarias que rigen la actividad de los profesionales; normas que no fueron cuestionadas por la contraria, ni analizadas por el a quo, por lo que no puede declarar aisladamente la inconstitucionalidad sólo respecto del art. 22. Que la argumentación del sentenciante deja de lado la posición concreta y no discutible de la C.S.J.N. de considerar por un lado, que en materia arancelaria, a los fines de determinar la base regulatoria, los intereses no integran el monto del juicio, por ser una contingencia variable y la doctrina a la hora de evaluar la constitucionalidad de normas dictadas durante la emergencia, que "acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios". Que igual situación a la del art. 22 cuestionado, se establece con la sanción del art. 505 in fine del C.C., texto agregado por la 24.432, que establece un techo y no un piso a la regulación; lo que no fue analizado por el a quo. Que no existen derechos absolutos y que no se les niega a los letrados de la contraria cobrar sus honorarios, sólo se les regula la forma de hacerlo. Considera además que el planteo de inconstitucionalidad es extemporáneo, por lo que le agravia a su parte la conclusión del inferior que en virtud del principio iura curia novit, el magistrado no pueda aplicar una norma que a su criterio es inconstitucional.

VII) Le agravia también los porcentajes fijados por el a quo en concepto de honorarios a letrados y peritos por ser los mismos elevados. Formula reserva.

A fs. 775/782 vta. replica los agravios la contraria, quien considera que el recurso debe ser declarado desierto por insuficiencia (art. 253) y en subsidio por los argumentos que expresan, solicitan el rechazo del recurso con costas. Mantienen la cuestión constitucional.	A fs. 808/810 vta. se agrega el dictamen emitido por la Sra. Fiscal de Cámara N° 4, quien se pronuncia por la inconstitucionalidad en el caso de autos del artículo 20 con relación al artículo 22 de la Ley 883-A.

A fs. 811 vta. obra constancia del pase del expediente para estudio.

Cuestiones previas	1) Por una cuestión de orden lógico, en primer lugar abordaré la procedencia o no de la petición formulada por los apoderados de la actora, en el sentido que se declaren desiertos los recursos impetrados por los demandados por insuficiencia o falta de fundamentación.

En relación a dicha cuestión diré que reiteradamente este Tribunal sostuvo que "nuestra ley ritual en su actual redacción prevé la sanción requerida -deserción- sólo en el caso de que el apelante no presente el memorial; en cuyo caso, el juez de primera instancia debe declarar desierto el recurso, conforme prevé el art. 253, 3° párr. del C.P.C.

Esta obligación que estaba contemplada en el anterior art. 266 del C.P.C. -derogado-, para el caso en que los agravios no constituyeren una "...crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas..." (art. 265 ibíd), ha sido eliminada en el actual Código de Procedimientos.

"Debe advertirse inicialmente un evidente cambio en la redacción del artículo 253 del nuevo Código Procesal Civil de San Juan (ley 8037), y en tal sentido en forma expresa se ha excluido "la declaración de deserción del recurso por falta de fundamentación suficiente", ello no constituye una cuestión meramente accidental, dada la gravedad de la misma, ha de interpretarse que el codificador ha querido a todo evento proteger el derecho de defensa del litigante recurrente y que el Tribunal ad quem deba analizar y pronunciarse sobre el contenido objetivo del exordio de agravios, por tanto, si luego de efectuar el mismo, concluye que los argumentos son inconsistentes o sus fundamentos no constituyen una crítica concreta y razonada de los posibles errores in judicando de la resolución judicial apelada, podrán en su caso desestimar liminarmente el recurso señalando el defecto contenido por la presunta fundamentación, pero en ningún caso aplicar de plano una sanción que objetivamente hoy el ordenamiento procesal no prevé expresamente". (Autos Nº 11152 - 4° Juz. Civil - Sala III 83099 - "Pérez Eduardo Héctor c/ Concentrado San Juan S.R.L. y otro - Cumplimiento de Contrato" - Prot. de Autos T° II F° 338/346 Año 2013) - (Autos N° 75430 - C.C. - Sala IV Nº 362 - del Tercer Juzgado Civil, caratulados: "Atampis, Hugo Ángel C/ Provincia de San Juan - Daños y Perjuicios" - Prot.: L. de Sentencias - T° I - F° 184/196 - Año 2015).

Por tal motivo y en razón que los demandados presentaron sus memoriales de agravios, no corresponde admitir el planteo formulado por los apoderados de la actora; el que se rechaza.

2) En segundo lugar, antes de ingresar al tratamiento de los agravios formulados por los apelantes, debo destacar que este Tribunal ya ha fallado -habiendo emitido voto en primer término- sobre el tema relativo a la Responsabilidad del Estado (v. Autos N° 100939 - C.C. Sala IV Nº 287 - del Décimo Primer Juzgado Civil, caratulados "Torres Rosana y otro C/ Parip Roberto y otra S/ Daños y Perjuicios" - Prot. de Sent. T° II - F° 207/227 - año 2015; Autos N° 92318 - C.C. Sala IV nº 405 - del Décimo Primer Juzgado Civil, caratulados "González Mario Segundo c/ Provincia de San Juan - Ordinario" - Prot. de Sent. - T° III - F° 238/256 - año 2015 -entre otros-); pronunciamientos que se encuentran firmes al haber sido confirmados por la Corte de Justicia de la Provincia (P.R.E. S. 1° 2015-II-332 y P.R.E. S. 1° 2015-II-366 -respectivamente).

En las causas aludidas sostuve -lo que resulta plenamente aplicable al presente caso- que: "En materia de responsabilidad del Estado no existía en nuestro derecho público un texto específico que regulara la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios, por los daños ocasionados por sus actos u omisiones en el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de sus actividades públicas".

"Por ello doctrina y jurisprudencia acudían a la analogía y a los principios generales del derecho a partir de la regla del artículo 16 del C.Civ., recurriéndose a los cánones sobre la responsabilidad civil que establecían los artículos 1109, 1112, 1113 y concordantes del derogado digesto de fondo".

"Así fue que toda la jurisprudencia de la Corte nacional y la doctrina administrativista se estructuraron en base a los principios del Código Civil en esta materia, pero concebida desde la óptica del derecho público, por cuanto sin duda el instituto de la responsabilidad del Estado y sus funcionarios pertenece al ámbito del derecho administrativo".	"A lo largo de la historia la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue marcando hitos que permitieron delinear una teoría de la responsabilidad estatal, valiéndose como dije de las normas civiles ante la ausencia de una normativa especial. Contexto jurídico que se mantuviera hasta que el Congreso de la Nación Argentina sancionó el 02 de julio de 2014 la Ley 26944 de "Responsabilidad Estatal" de aplicación en el ámbito nacional, norma que vino a llenar este vacío y a ubicar la responsabilidad del Estado dentro de su órbita natural que es el derecho administrativo".

"El artículo 11 de ese plexo legal invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de esta ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos respectivos. Como podrá advertirse el legislador -respetando el principio constitucional de reserva- ha dejado en manos de las provincias la decisión de adherir en todos sus términos o parcialmente -introduciendo las modificaciones que cada una estimare conveniente- a esta ley de responsabilidad estatal; por considerar que son atribuciones que los gobiernos provinciales conservan, por no haberlos delegado al gobierno federal, en virtud de lo establecido en el artículo 121, concordantes y correlativos y en especial en el artículo 126 de la Constitución nacional".

"En el caso de la Provincia de San Juan esta atribución le está conferida a la Cámara de Diputados por el artículo 150 inc. 24) de la Constitución provincial. No obstante en la Provincia aún no se ha dictado una ley de adhesión a los términos de la 26944, ni sancionado una propia normativa de responsabilidad estatal, existiendo un vacío legal que debería ser subsanado en forma urgente por el legislador".

"Por otra parte el nuevo Código Civil y Comercial, vigente desde el 1° de agosto de 2015, en el Libro Tercero, Título V -Otras fuentes de las obligaciones-, Capítulo I, Secciones 1ª a 8ª regula las cuestiones inherentes a la responsabilidad civil, la función resarcitoria, el daño resarcible, entre otras".	"En la Sección 9ª al tratar supuestos especiales de responsabilidad prevé que estas disposiciones no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria (art. 1764), y que la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda (art. 1765). Estimo que estas normas deben ser consideradas por dos razones, a mi criterio esenciales, según doctrina sentada por nuestros máximos tribunales".

"En primer lugar porque este proceso judicial aún se encuentra en trámite por estar pendiente el dictado de la sentencia definitiva, ya que la sentencia dictada en primera instancia ha sido objeto de esta apelación, lo que impone la aplicación de la normativa en vigencia. Ha entendido el Tribunal Cimero de la Provincia que: "El proceso judicial está "en trámite", hasta que concluye con el dictado de la sentencia definitiva."; "Y con esto no se está reconociendo vigencia retroactiva a las nuevas leyes, sino, por el contrario, vigencia inmediata, para la actualidad del litigio, en el que la causa se encuentra con llamamiento de autos, pendiente el dictado de la sentencia definitiva de segunda instancia." (Autos Nº 9359 - 81970 caratulados: "Yanzón de Graffigna Mónica y otros c/ Provincia de San Juan - Expropiación Irregular"; P.R.E. S.2ª 2012-V-905)".

"En segundo lugar porque como ha opinado nuestro máximo tribunal local, citando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: ".el juzgador debe atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque éstas fueran sobrevinientes (P.R.E. S.2ª 2009-III-571), y en la misma línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene reiteradamente resuelto que debe atenderse a las modificaciones introducidas por los nuevos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (Fallos: 308:1489; 312:555; 315:123; 325:28; 326:417; 327:4495; etc.)".

"Criterio que ya ha sido sustentado por esta Sala IV en diversos fallos, entre otros, en autos Nº 107359 - C.C. Sala IV Nº 72 - caratulados: "Sanz Patricia Esther y Otra C/ Provincia de San Juan - Expropiación Irregular - conexidad con exp. 98174" del Octavo Juzgado Civil, Protocolo de Sent. T° I F° 19/35, Año 2014".

"Razón por la cual y siendo deber de la judicatura resolver las causas, en virtud al vacío legal existente en nuestra Provincia recurriré a los principios que informan al derecho administrativo, a la doctrina y la jurisprudencia sentada en materia de responsabilidad del Estado; que, como dijera, está basada en las normas civiles del código derogado, pero desde la perspectiva del derecho público".

"Siguiendo los postulados del Maestro Marienhoff sustentados en la obra que luego aludo, diré que en el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de sus actividades públicas puede el Estado lesionar a los administrados, sea en sus derechos patrimoniales o no patrimoniales. Surgiendo así la cuestión de la responsabilidad del Estado, que puede ser contractual o extracontractual, al igual que todo ente jurídico".

"La aceptación de la responsabilidad del Estado cuando éste desarrolla su actividad en el ámbito del derecho público fue de tardía aparición en la historia, ya que originariamente la "irresponsabilidad" constituía el principio, en tanto en la actualidad la responsabilidad no está en discusión; habiendo sido consagrada por la Constitución nacional y la mayoría de los textos constitucionales locales, en el caso de nuestra Provincia por el art. 8 de la Constitución provincial".

"El fundamento de la responsabilidad no es otro que el "Estado de Derecho" y sus postulados, cuya finalidad es justamente la protección de los derechos; v. gr. respeto a la propiedad, igualdad ante las cargas públicas, garantías de libertad, afianzamiento de la justicia, demandabilidad judicial del Estado, entre otros".

"La responsabilidad extracontractual del Estado -estando en discusión en el presente caso si son responsables o no el contratista y el Estado Provincial- en el campo del derecho público, cualquiera sea el órgano del mismo causante del daño o lesión, puede surgir de infinidad de situaciones. A modo de ejemplo pueden mencionarse la sentencia judicial que por error condenó a un inocente, circunstancia reconocida después por otra sentencia; los daños ocasionados por el Estado por negligencia en la guarda o custodia de las cosas; los daños y perjuicios resultantes de no hacer funcionar un servicio público creado y organizado (Tratado de Derecho Administrativo T. IV. pág. 715 y sig. Lexis Nexis, Ed. 1997)".

"En el Derecho Administrativo para que se configure la responsabilidad estatal necesariamente deben concurrir los siguientes presupuestos: a) la imputabilidad material del acto o hecho a un órgano del Estado en ejercicio u ocasión de sus funciones; b) el cumplimiento irregular de los deberes y obligaciones impuestos por la ley o el reglamento; c) la existencia de un daño cierto y; d) la conexión causal entre el hecho o acto administrativo y el daño ocasionado al particular (cfr. Cassagne, Derecho Administrativo, Tomo Iº, pág. 225 y sig.)".

"Ha sostenido la jurisprudencia tanto en casos de responsabilidad contractual o extracontractual que: ".para la procedencia del resarcimiento, es necesario que la pretendida conducta antijurídica imputada a la Administración, haya cumplido en forma conjunta y simultáneamente con los siguientes requisitos: imputabilidad o incumplimiento material, ilegitimidad objetiva, daño cierto y relación de causalidad". (M. S. P. c/ S. s/ Daños y Perjuicios, Fecha: 16/12/1999, Sentencia N°: 543, Cámara en lo Contencioso Administrativo Tucumán - Sala 3 Lex9); el resaltado me pertenece".

Los principios aludidos serán los que consideraré para la resolución de este aspecto.

Tratamiento del recurso.	1) Por una cuestión lógica me pronunciaré en relación a los agravios de los accionados -Sr. Fernando Díaz Cano y Provincia de San Juan- ya que ambos niegan expresamente tener responsabilidad en el evento dañoso acontecido el día 24/05/2003 por considerar que el único responsable del accidente por el que el actor inicia esta acción, fue el conductor del vehículo en el que aquél se desplazara, Sr. A. A. A. Considero que los agravios expuestos por el contratista y la Provincia de San Juan en torno a su responsabilidad en la producción del evento dañoso no deben prosperar por los motivos que seguidamente expongo.

En primer lugar por compartir argumentos del Sr. juez de grado, porque su alegación en torno a la supuesta responsabilidad del conductor del vehículo, Sr. A. A. A. -lo que eximiría su responsabilidad- no puede ser analizada en este proceso a la luz de lo dispuesto en la segunda parte del artículo 1777 del C.C. y C. N. como pretenden, habida cuenta que como señalé, se encuentra expresamente excluida su aplicación según lo establecido por los arts. 1764 y 1765 ibid antes analizado.

En segundo lugar, porque el accidente sí ocurrió y la responsabilidad del conductor del vehículo ya fue analizada por el Sr. Juez del 2° Juzgado Correccional en el Sumario N°19119/03, caratulado "C/ A. A. A. s/ Lesiones Culposas art. 94 C.P. en perjuicio de M. A. C., M. M. y Z. R." quien consideró al sobreseer al Sr. A. del hecho imputado "que en el presente caso el imputado A. actuó de acuerdo al Principio de Confianza, dado que no se imputan objetivamente los resultados producidos por quien ha obrado confiando en que la calle se encontraba libre de obstáculos. Por lo tanto no viola el deber de cuidado la acción del que confía en que el otro se comportará correctamente (señalización en el lugar donde se encontraban los montículos de tierra)" (sic fs. 102 del Sumario Penal que tengo a la vista).

Las conclusiones a las que arriba el sentenciante respecto de la irresponsabilidad del conductor del vehículo en la producción del accidente son decisivas para el juez civil a la luz de lo establecido por el art. 1103 del C.C. que dice: "Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el que hubiese recaído la absolución". De ello se deriva que resulta inadmisible que los apelantes pretendan nuevamente volver sobre la culpabilidad del conductor del vehículo en la producción del accidente, cuando fue sobreseído en sede penal porque "no le cupo al Sr. A. A. A. ninguna cuota de culpabilidad en el hecho delictuoso investigado" (sic fs. 103 vta. del Sumario Penal).	Como consecuencia de ello, no corresponde efectuar ninguna otra consideración en orden a los restantes agravios propuestos por los apelantes en relación a la actividad desplegada por el conductor del vehículo en la producción del accidente y/o la mecánica del accidente; circunstancias que ya fueron analizadas y meritadas por el Sr. Juez de Instrucción y respecto de las cuales fue desvinculado y eximido de responsabilidad. Cuestión que reviste importancia determinante a los fines de la atribución de responsabilidad en el accidente a los apelantes en su carácter de contratista -Sr. Fernando Díaz Cano- y la Provincia de San Juan -Departamento de Hidráulica- y por ello responsables del deber de resarcir al actor.

Ello fue examinado concienzudamente por el Sr. Juez de grado en la sentencia apelada atribuyéndoles a los accionados incumplimiento en los deberes que como contratista de la obra -Díaz Cano- y vigilancia -Departamento de Hidráulica- debían asumir (arts. 1112 y 1113 del C.C.), conforme el Pliego de Licitación y Contrato que obran a fs. 05/23 de las Diligencias Preliminares que se agregan en cuerda floja a los presentes (Expte. N° 72761 "C. M. A. s/ Medidas Preliminares), en la señalización, iluminación, y limpieza en la ejecución de la monda de canales sobre la vía en la que se produjo el accidente. "Según jurisprudencia que comparto, citada por el tribunal, la vía pública en sí misma no es una cosa viciosa o riesgosa; sólo deviene tal cuando se encuentra en mal estado de conservación, cuando se realizan trabajos necesarios para conservar su buen estado pero sin tomar los recaudos pertinentes para tal fin o, también, cuando se construye defectuosamente una obra destinada a ordenar el tránsito, en otros supuestos. En tal sentido, el deber de responder se impone a quien tiene a su cargo velar por el buen estado de las rutas y caminos. En el sub examine, descalificadas las pruebas testimoniales tendientes a demostrar la existencia de señalización adecuada, la omisión de la demandada de cumplir con esta obligación legal, esto es la falta total de señalización del montículo de tierra en una ruta provincial a cuyo cargo se encontraba el contralor de los trabajos de reparación y la adopción de medidas de seguridad tendientes a evitar accidentes, la hace responsable de las consecuencias dañosas ocasionadas a la luz del art. 1113 del C.Civil." DRES.: ESTOFAN-GOANE-SBDAR.DEMELCHIORE DE ROHMER LITZMAN ANDREA FABIANA Y OTRO c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIAD s/ DAÑOS Y PERJUICIOS, Fecha: 17/08/2010, Sentencia N°: 577, Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral y Contencioso Administrativo-Lex.

Corresponde por último destacar que la documentación antes mencionada -Pliego de Licitación y Contrato de obra celebrado entre los demandados Díaz Cano y el Departamento de Hidráulica-, no se encuentra cuestionada, y de ella surge la responsabilidad que les atribuye a ambos el a quo en la producción del accidente; y la condena que solidariamente les impuso, atendiendo que como bien lo señalara, cualquier eximente que aquella pudiere contener no es oponible a terceros (cfr. arts. 1195 y 503 del C.C.). Como consecuencia de ello, carece de toda relevancia el agravio que formula la Provincia de San Juan respecto al porcentaje de culpabilidad que a cada uno le cupo en la producción del accidente, en función que ambos resultan solidariamente responsables frente al actor.

Asimismo y en torno al agravio que formula esa parte -Provincia de San Juan- sobre la desvinculación de la Municipalidad de Rawson, a pesar que reconoce que el accidente se produjo sobre una ruta provincial -lo que exime de responsabilidad al municipio-, ese órgano debía velar por la seguridad; diré que carece de asidero jurídico y por ello no debe ser analizado. Al igual que el razonamiento que efectúa en torno a la Dirección Provincial de Vialidad, toda vez que esa parte no requirió su citación, conforme surge de la contestación de demanda; y por tanto, no puede ser invocado como agravio.	Por lo demás, considero necesario resaltar que los apelantes no hacen más que demostrar una disconformidad con lo resuelto por el juez a quo en este punto llevando a cabo un razonamiento paralelo al que efectuó el sentenciante en el pronunciamiento impugnado.

"La expresión de agravios no debe ser una fundamentación paralela al razonamiento del juez, sino que debe cruzar tal razonamiento, demostrando el error del juez" (Código de Procedimientos Civil, Comercial y Minería, comentado por el Dr. Jaime A. Velert F. y colab., Tomo 2, volumen "A", pág. 144).

En función de ello voto por el rechazo de los agravios propuestos por los apelantes respecto de la responsabilidad que les cupo en la producción del accidente del que fue víctima el actor, y en consecuencia, por confirmar el punto 2) del resolutorio apelado.

2) Corresponde ahora el tratamiento conjunto -por la íntima vinculación que guardan entre sí- de los agravios que formulan ambos apelantes -Sr. Díaz Cano y Provincia de San Juan- en torno a los rubros reclamados por el actor y por los que fueran condenados por el sentenciante.

Debo señalar en primer lugar que el agravio que propone el co-demandado Díaz Cano, sobre el grado de incapacidad del actor producto del accidente, quien duda de su entidad en virtud de haber extendido el actor un poder para que sus letrados actúen en su representación en este proceso, no debe ser atendido dado que el juzgador se apoyó en su valoración en la Historia Clínica aportada por el Hospital Rawson (fs. 24/240 de las Medidas Preliminares - Autos N° 72761) y en el informe médico del perito designado en autos Dr. Hugo Miguel Jorge (fs. 433/436); los que no fueron contrarrestados por ningún otro informe médico que los contradiga.

A mayor abundamiento debo destacar, a contrario sensu de lo afirmado por el apelante, que el juez tiene el deber legal de atender los dictámenes técnicos y en caso de apartarse de sus conclusiones, lo a de hacer fundadamente, y para ello en su caso debió contar con el informe de especialistas que avalen fundadamente las objeciones formuladas. Así lo ha entendido la Sala II de la Corte del Justicia al expresar que: "El juez puede apartarse de las conclusiones del dictamen pericial, pero para hacerlo debe contar con razones muy fundadas que permitan demostrar que la opinión del experto carece de una explicación técnica adecuada. El dejar de lado las conclusiones establecidas en el dictamen pericial debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se haya reñida con principios lógicos o máxima de experiencia, o de que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos. Es decir que, cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquel acordándole valor probatorio máxime. (Protocolo de Recursos Extraordinarios Tomo III, Folio 574. 28/09/2011. SALA II. CORTE DE JUSTICIA. MAGISTRADOS: Caballero Vidal, Juan Carlos- Soria Vega, José Abel- Caballero, Adolfo).

Conforme los fundamentos expuestos también carece de asidero el agravio del apelante referido a que el a quo no atendió la impugnación que formulara en contra de la pericia médica producida la Municipalidad de Rawson -quien fuera desvinculada del proceso como se analizó- dado que sólo expresa disenso o disconformidad con la opinión del perito, sin acompañar opinión fundada o informe de experto que la contradiga. Por último debo señalar que si le generaba dudas el poder extendido ante Escribano, debió a su tiempo, atendiendo que se trata de un instrumento público, plantear incidente de redargución de falsedad en su contra.

En relación a la objeción que formula la apoderada de la Provincia de San Juan en torno a los ingresos del actor en los que se apoya el Sr. juez de grado para efectuar el cálculo de este rubro -certificado de trabajo en el que consta que percibía un ingreso de $ ...- cuando el actor manifestó en el escrito de demanda que trabajaba en forma independiente y que de tramitar un Beneficio de Litigar sin Gastos como refiere el sentenciante, su parte no fue notificada, diré que tanto si se trataba de un trabajador independiente o contratado, el resultado al que arriba el a quo, no aparece descabellado, atendiendo la fórmula utilizada -que no fue controvertida-, la edad del actor al momento de sufrir el accidente -30 años-, y el grado de incapacidad que las lesiones le provocaron -85%-, no sólo en su capacidad laborativa, sino además en el desarrollo de su vida diaria; lo que tampoco se encuentra controvertido.

Por último carece de toda lógica jurídica el agravio que formula de la edad estimada por el a quo -75 años- para efectuar el cálculo de este rubro, pretendiendo que se reduzca a 60 años, fundado en que esa es la edad que la persona se acoge a los beneficios de la jubilación; por cuanto en el sub lite, el actor nunca accederá a tal prestación, atento su imposibilidad de efectuar aporte jubilatorio al sistema, justamente por haber sufrido el accidente que lo incapacitó a la edad de 30 años para el trabajo. Cabe recordar además que los varones, de acuerdo al sistema vigente, recién acceden al beneficio jubilatorio a los 65 años de edad y 30 años de aportes. En función de ello propicio el rechazo del agravio que formulan los co-demandados respecto de este rubro.

Asimismo y en orden al agravio que formula la co-demandada respecto a la suma a la que el a quo arriba para el cálculo de los gastos de Asistencia Médica, kinesiológica, quirúrgica y farmacológica presente y futura, fundado en que el actor recibió toda la atención de su patología en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, tampoco puede ser atendido en razón que la Historia Clínica -en la que se funda para pretender su reducción- corresponde al período que estuvo internado con motivo del accidente (22-05-03 al 02-08-03 v. fs. 26) requiriendo el actor, por la índole de sus lesiones atención permanente, por lo que no resulta desproporcionada la suma a la que son condenados los demandados.

En cuanto a los agravios que formula el co-demandado Díaz Cano respecto al Rubro Daño Moral, remitiéndose a los fundamentos esgrimidos para atacar el primero de los rubros, los que fueron desestimados, cabe a su respecto lo allí considerado; razón por la que corresponde su rechazo confirmándose la estimación efectuada por el sentenciante. Esta Sala ha sostenido al respecto que: "...la condena por el presente rubro, implica resarcir aspectos propios de la órbita extrapatrimonial del damnificado donde para establecer la cuantía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro sufrido" (Autos Nº 34037 - C.C. Sala IV nº 149 - Juzgado Letrado de Jáchal, caratulados "Castro Martina S. c/ Municipalidad de Jáchal s/ Medida Preparatoria - Medidas Preliminares - hoy sumario" - Prot.: Autos - T°II - F° 103/115 año 2014).

Por último y en relación al Daño Psicológico, no existe contradicción alguna entre lo reclamado por el actor en su escrito de demanda -reparación de las consecuencias patrimoniales de los daños psíquicos que las lesiones le provocaron- que estima en $ ... o lo que en más o menos resulte de las probanzas de autos, y lo resuelto por el Sr. Juez de grado -como asevera el Sr. Díaz Cano-; atendiendo que en su análisis se apoyó en la pericia efectuada por el Sr. Médico psiquiatra, Dr. Ricardo Mario Romero (fs. 552/553), valorando el costo en función del tiempo que demanda al actor el afrontar estos costos considerando su expectativa de vida. Dictamen que no fue observado y al que le caben idénticas consideraciones a las efectuadas ut supra respecto de la otra pericia médica; al igual que la argumentación que efectúa la apoderada de Fiscalía de Estado en oportunidad de presentar el alegato, y reitera en su agravio.

Por último, y en cuanto a su pretensión que tal prestación se cumpla en especie conforme lo permite el art. 1740 del C.C y C.N., resulta inatendible conforme se analizó al comienzo de este resolutorio por encontrarse expresamente excluida su aplicación al caso de autos. Motivo por el cual aparece ajustado a derecho el cálculo efectuado por el a quo.

3) Corresponde ahora el tratamiento del agravio que formula el ex apoderado del co-demandado Díaz Cano y la apoderada de Fiscalía de Estado respecto de la imposición de costas, que el a quo funda en la aplicación del artículo 21 de la Ley 883-A.

Atendiendo que el Sr. Díaz Cano al fundar su recurso no formuló ningún agravio respecto de esa condena, corresponde considerar en primer lugar si su ex-apoderado, Dr. Pascual Sevilla se encuentra legitimado para ello, ya que de no ser ello así obstaría a su tratamiento por ser un recaudo de admisibilidad formal del recurso (Ponce, Carlos; "Legitimación e Interés para recurrir, pub. en ED, 128-905); criterio sustentado por este Tribunal en autos n° 37320 (SALA IV N°1211), caratulados: "PASTEN LILIANA ANALIA C/ SOLLA JOSÉ MARIO S/ DIVORCIO VINCULAR" (Sentencia de fecha 17-08-18; Protoc. de Autos, fs. 7/11, T° IV-2018).

En dicho antecedente se sostuvo que: "Así por regla, quiénes intervienen en un proceso como auxiliares -tales como los representantes, apoderados y letrados- pueden apelar aquellas resoluciones que los perjudiquen. En tal sentido, indica Loutayf Ranea, que "se ha admitido que los abogados, procuradores y demás auxiliares de la justicia puedan apelar la regulación de honorarios a su favor, pero no tienen legitimación para discutir lo atinente a la condena en costas, que es una cuestión que involucra directamente a las partes en el proceso y no a sus abogados". (autor citado "Recurso ordinario de apelación en el proceso civil" p. 237 y jurisprudencia allí reseñada); Es que, si bien "los honorarios de los abogados y procuradores integran las costas, ellos no son parte en la cuestión de fondo, y por lo tanto, carecen de legitimación para recurrir por derecho propio, la resolución que impone o exime de costas" ( C2° Civ. y Com. Córdoba del 01.04.97, Rep LL 1998-2160; reseñada por Loutayf Ranea, ob. cit, p 237, nota al pie n° 32).

"En sentido concordante con la jurisprudencia que ha denegado las facultades recursivas al letrado patrocinante o apoderado que invoca su propio derecho, la Sala II de esta Cámara sostuvo que el letrado de la parte demandada -invocando su propio derecho- carece de legitimación para apelar la resolución que impuso las costas a su patrocinada citada en garantía -pretensión de la actora que no prosperó- toda vez que ello no le causa agravio; máxime cuando la propia patrocinada si bien había apelado otros aspectos del decisorio adverso, no se agravió de la imposición de costas en su "condictio iure" de vencida" (Sala I C.C.y C. de Azul; Causa N° 56508, "P., M. I. c/ P., C.A. s/ Filiación"). "Asimismo, este criterio ha sido sustentado por quienes sostienen que si bien, el profesional puede tener interés en que el condenado en costas sea el adversario de su cliente, este interés es meramente económico y es común con el que puede tener cualquier otro acreedor de las partes. Así se sostiene que "por tal, no se le confiere legitimación [al letrado] para sustituir a ellas y disponer de sus derechos interviniendo en el juicio principal" (confr. Fernández "Impugnaciones ordinarias y extraordinarias en el C.P.C.C. de Córdoba", p. 74 citado por Loutayf Ranea, ob cit, p. 237, nota al pie n° 35).

Criterio que resultan aplicables al sub lite, en el que el Dr. Pascual Sevilla, ex apoderado de Díaz Cano, se agravia de la imposición de costas efectuada por el a quo respecto de su ex-poderdante -quien no sostuvo dicho agravio al fundar su recurso- motivo por el que, resultando manifiesta su falta de legitimación en el agravio propuesto, no corresponde ingresar a su análisis, confirmándose respecto del Sr. Díaz Cano la imposición de costas efectuada por el aquo.

Respecto del agravio que formula la apoderada de la Fiscalía de Estado por la aplicación a su respecto del art. 21 de la Ley 883-A considerando que su representada no incurrió en ninguna conducta que pueda subsumirse en alguna de las situaciones previstas por la normativa; insistiendo en la responsabilidad del conductor del vehículo en la producción del accidente	Como consta en los considerandos del pronunciamiento apelado el juez luego de referir a lo resuelto en fecha 20-10-2015 en Expte. N°9 "Acuerdo Plenario convocado en Autos N° 5585-Chavez Sandra Beatriz c/ Ente Regulador Provincial de Electricidad (EPRE) - Apelación de Sentencia - Acuerdo Plenario (Art. 18 Ley 5854)" en el que nuestro máximo Tribunal de Justicia declaró la constitucionalidad de los arts. 20 y 23 de la Ley 7675 -Hoy Ley 883-A, señaló -con transcripción del voto del Dr. Medina Pala- las numerosas excepciones que constan en el artículo 21; y en lo que respecta al Departamento de Hidráulica dijo que: "también actuó con negligencia, desidia y culpa grave, ya que los incumplimientos del contratista, en cuanto a la señalización e iluminación nocturna, debieron ser advertidos y prevenidos por los inspectores que ella misma designó, quienes representaban a Hidráulica y tenían la dirección de los trabajos y debían velar por el cumplimiento de las condiciones del contrato, entre las cuales estaban las iluminaciones, señalizaciones, cartelería nocturna. En este caso, y por la falta de control, el hecho también fue una situación claramente previsible para el contratante" (sic fs. 692 y vta.).

Considero que al caso resulta aplicable lo resuelto al respecto en este Tribunal en AUTOS N° 101134 (C.C. SALA IV Nº 848) DEL DÉCIMO PRIMER JUZGADO CIVIL, Caratulados "MURÚA DOMINGO JAVIER Y OTRA C/ PROVINCIA DE SAN JUAN S/ DAÑOS Y PERJUICIOS". En dicho antecedente sostuve que: "El artículo en cuestión dispone -en la parte pertinente- que: "Se impondrá las costas a la parte en caso de (...) intención o culpa grave en el desarrollo de la relación jurídica sustancial antecedente, y ello haya sido motivo directo del juicio ..." (el resaltado me pertenece). Estimo, en contraposición a lo expuesto por la recurrente, que el juez a quo encuadró debidamente la conducta de la accionada, quedando subsumida la misma en el supuesto transcripto precedentemente." (PROT.: L. DE SENTENCIAS - T° I - F° 174/192 - AÑO 2017). Señaló nuestra Corte de Justicia al confirmar la imposición de costas a la demandada Provincia de San Juan en el antecedente citado que: "Ahora bien, teniendo por cierto existencia de culpa grave en el desarrollo de la relación jurídica sustancia antecedente y que haya sido motivo directo del juicio, hay base jurídica para la imposición. En el caso, al tratar los otros agravios, la alzada, expresó los motivos por los que consideró incumplida la obligación de seguridad, fuente de la responsabilidad de la provincia.-" (Sala I-Expte N° 6941-PRE 2018- I -101) De tal modo y encuadrando -a mi criterio- la conducta de la accionada en uno de los supuestos contemplados en el artículo 21 ibídem, voto por el rechazo del agravio y por la confirmación de la imposición de costas a cargo de los demandados Díaz Cano y Provincia de San Juan.	4) Sanción Pecuniaria al co-demandado Fernando Díaz Cano y Dr. Pascual Sevilla: Ambos se agravian de la sanción pecuniaria ($...) que les impusiera en forma solidaria el a quo en favor del actor en el marco de las facultades que le acuerda el art. 33 inc. 5 ap. d) del C.P.C. "dado la falta total de lealtad, probidad y buena fe demostrada en autos" (punto 9 fs. 696 vta.). Concisamente consideran que la sanción impuesta cercena el derecho de defensa -del demandado- y el deber correlativo de ejercer la más amplia defensa del comitente.

Enseña la jurisprudencia que "La aplicación de esta medida -sanción por conducta temeraria y maliciosa- debe efectuarse con prudencia a fin de no cercenar el derecho de defensa, a cuyo efecto se debe distinguir el litigante temerario del que es desaprensivo, imprudente o el que litiga sin razón y tiene conciencia de esa sinrazón. El litigante malicioso es el que se vale de actos fraudulentos y utiliza actitudes o defensas meramente dilatorias (cfr. Sardegna, Ley de Contrato de Trabajo, Universidad, Buenos Aires 1999, pág. 916). En suma, la calificación de maliciosa y temeraria de una conducta procesal, desde que implica la posibilidad de una sanción pecuniaria, exige una clara configuración y una indubitable demostración, que cree una firme convicción en el juzgador. (DRES.: CASTILLO - PEDERNERA. VALLEJO ARIEL TOMAS c/ MAGIANA S. A. Y OTRO s/ COBRO DE PESOSRIA - QUEJAENTE S/ APELACION ACTUACION MERO TRAMITE (S/ REVISION PROMOVIDA POR FLORES ENRIQUE A SEC. 4TA. CCC. N 1122/06 )Oº, Fecha: 12/05/2010, Sentencia N°: 58, Cámara del Trabajo - Sala 4).

En marras, los fundamentos por los cuales el juzgador impuso la sanción no han sido desvirtuados en sus agravios por los apelantes. En síntesis, no rebatió el argumento central por el cual se les impuso la multa: intentar crear prueba a su favor incorporando al proceso documentación para deslindar su responsabilidad en las lesiones sufridas por el actor. "La creación de apariencias, la preconstitución de elementos probatorios tendientes a justificar una relación inexistente constituyen una conducta temeraria o maliciosa, procediendo la aplicación de multa conforme el art. 45 del CPCC" (CNCom. Sala D, marzo 31/993).	En función de ello, voto por el rechazo del agravio y la confirmación de la sanción impuesta al Sr. Fernando Díaz Cano y su letrado Dr. Alberto Pascual Sevilla.	5)	Acción Preventiva: Corresponde ahora ingresar a la consideración del agravio que formula la apoderada de la Fiscalía de Estado en torno a la obligación que impuso el Sr. Juez de grado a la Dirección de Hidráulica, oficiosamente como acción preventiva y con carácter permanente, en forma previa al inicio de obras, que el contratista contrate un seguro de responsabilidad civil contra terceros con una cobertura no menor a los $ 3.000.000 (punto 5 fs. 695 vta.). Fundamenta su decisión, sin perjuicio de reconocer el carácter resarcitorio del proceso de marras, "conforme el nuevo espíritu del Código Civil y Comercial, tendiente a evitar la producción de daños previsibles, el cual comparto plenamente y conforme lo prevé su artículo 1713..." (sic fs. 685 vta. in fine/ 686). Tal como anticipara al comienzo de este resolutorio, la normativa en la que se funda el a quo - Art. 1713 del C.C. y C N- no resulta aplicable al Estado (cfr. art. 1764 y 1765 ibid); lo que exime de efectuar mayores consideraciones al respecto. Por tal razón propicio hacer lugar al recurso de apelación planteado y revocar el punto 5 del decisorio atacado.

7) Inconstitucionalidad del art. 22 de la Ley 883-A En torno al agravio que formula la apoderada de Fiscalía de Estado respecto de la declaración de inconstitucionalidad del art. 22 de la ley 883-A que el sentenciante dispuso en el punto 6) del resolutorio atacado, diré que este Tribunal ya se ha expedido sobre su constitucionalidad en autos Nº 67422 (C.C. Sala IV Nº 73), caratulados: "SORIA HILDA DERMELINDA Y OTROS C/ PROVINCIA DE SAN JUAN - Daños y Perjuicios", cuyos fundamentos y conclusiones resultan plenamente aplicables al sub lite. En el referido precedente, como vocal informante sostuve que: "Si bien hoy no admite discusión el alcance constitucional otorgado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al término "propiedad", en cuanto comprende todos los bienes apreciables en dinero; tampoco hoy admite debate que los derechos reconocidos por la constitución no son absolutos, ya que se encuentran sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio. ".El principio de "inviolabilidad" del derecho de propiedad que emerge del texto constitucional importa, en definitiva, una aplicación específica del principio genérico previsto en el art. 28 de la C.N., extensivo a la generalidad de los derechos individuales amparados por la carta magna. Ello no quiere decir, obviamente, que los derechos patrimoniales no puedan ser reglamentados o incluso sufrir restricciones, ya que son susceptibles de reglamentación, mas lo que la constitución garantiza es que esos derechos no sean suprimidos arbitrariamente ni restringidos más allá de lo razonable...". Autos: INDUSTRIA METALÚRGICA PLÁSTICA ARGENTINA S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE ACTUACIONES SEPARADAS. - Ref. Norm: Constitución Nacional: 28. - Cámara Comercial: A. - Mag.:Kölliker Frers - Míguez - Uzal. - Fecha: 12/08/2010. Lex 9.

En el caso el art. 22 de la ley 7675 no despoja a los profesionales del derecho a percibir honorarios, sino que excluye los intereses de la base regulatoria para determinar sus emolumentos al considerar que ellos no son fruto de la actividad profesional. Al respecto advierto que dicho artículo se patentiza acorde al criterio ya sentado por el máximo órgano de interpretación de la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En sentencia de fecha 30-04-2013 dictada en Autos S-2899-2002, T 38, caratulados: "Sociedad del estado-Casa de Moneda c/ Misiones, Provincia de, Secretaría de Hacienda, Finanzas, y Servicios Públicos S/Cobro de Pesos" la Corte se remite al precedente sentado en Fallos: 322:2691 respecto que los intereses no integran el monto del juicio a los fines regulatorios, pues ellos son el resultado de una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional.

Conjuntamente también advierto que no es la única norma que permite restringir o morigerar los aranceles de los profesionales. V.gr. el art. 13 de la ley 24.432, norma imperativa a la cual adhiere la Provincia por ley 7674, establece que los jueces debemos regular los honorarios profesionales sin atender a los montos o porcentajes mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales, cuando las características de las tareas realizadas indicaren razonablemente que la aplicación lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución percibida.

Tampoco puedo soslayar del análisis, que esta legislación es de orden público y aplicable aún de oficio (art. 27), y por tanto se trata de un plexo legal imperativo, irrenunciable, de cuyas disposiciones no es dable apartarse porque responden a un interés general, colectivo (por oposición a las cuestiones de orden privado en las que sólo juega el interés particular), y por ello son aplicables aún contra la voluntad de los interesados.

Como corolario, y por compartir el criterio mantenido por la Corte de Justicia de la Nación que los intereses son el resultado de una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional, por tanto ni integran la base regulatoria, es que el art. 22 de la ley 7675 no se me exhibe como palmariamente inconstitucional, como se requiere en estos casos para tomar tan grave decisión. Con más claridad aún se puede instituir que en marras no se ha vulnerado el derecho de defensa ni del debido proceso legal del apelante, atendiendo que no se ha visto privado de su ejercicio mediante su efectivo acceso al órgano judicial y las distintas instancias revisoras.... En el entendimiento que corresponde aplicar las normas especiales que rigen al caso, ya que "El derecho administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía respecto a las otras ramas del derecho, por consiguiente son de aplicación sus propias normas, tanto procesales como de fondo... ("Fiorini", Que es lo Contencioso, p. 15); y que la norma puesta en crisis se avizora constitucional..., se propicia el rechazo del recurso" (PROT.: L. DE SENTENCIAS - T° 1 - F° 100/105 - AÑO 2013).

En función de ello, voto por la admisión del recurso de apelación planteado por la apoderada de la Fiscalía de Estado contra el punto 6) de la resolución de fs. 662/696 vta. y en consecuencia proceder a su revocación.

8) Por último corresponde el tratamiento del agravio que formula -por altos- la representante de la Fiscalía de Estado de los honorarios regulados a los letrados y peritos intervinientes en autos. Atendiendo la labor desarrollada por los letrados de la actora y demandada, lo dispuesto por los arts. 11, 14, 15, 19 y 13 considero ajustada a derecho las regulaciones practicadas por el a quo, las que deberán calcularse, conforme se dijo ut supra al declarar la constitucionalidad del art. 22 de la Ley 883-A sobre las suma que arroje el capital ordenado pagar en este resolutorio y a la fecha de la sentencia apelada.	En relación a los montos regulados a favor de los peritos actuantes -Dr. Hugo Miguel Jorge y Dr. Ricardo Romero- debo destacar que, según surge de las constancias de autos, sólo se les notificó la sentencia recaída el 29 de diciembre de 2009 (cédulas de fs. 770/772 y fs. 773/774 vta). No consta en el proceso que los mismos hayan tomado conocimiento del recurso de apelación interpuesto en contra de la regulación de honorarios efectuada a su favor. Por lo expuesto y, a fin de que no se vea vulnerado su derecho de defensa, se confirman las sumas fijadas en concepto de honorarios mediante el pronunciamiento apelado.

De conformidad al análisis efectuado, voto por el rechazo de los recursos de apelación planteados contra los puntos 1), 2), 3), 4), 7) y 8) de la sentencia apelada, los que se confirman según se analizó; y por hacer lugar al recurso de apelación planteado por la apoderada de la Fiscalía de Estado contra los puntos 5) y 6) del resolutorio atacado los que propicio sean revocados	Costas y Honorarios	Las costas de esta instancia entiendo que deben imponerse en el orden causado (art. 20 de la Ley 883-A). Respecto de los honorarios de los letrados de la parte actora, Dres. Antonio de la Torre, Antonio de la Torre (h) y Mariana de la Torre, propugno se regule a su favor el 30% de lo regulado en la instancia de origen; como así los del Dr. Marcelo Alberto Arancibia, quien intervino como apoderado del demandado Sr. Fernando César Díaz Cano en esta instancia, es decir el 30% de la suma que resulte por lo actuado en la instancia de grado al ex-apoderado de esa parte. Finalmente no corresponde regular honorarios en esta instancia al Dr. Alberto Pascual Sevilla, en razón de su intervención en su propio interés; ni a la representante de la Fiscalía de Estado, Dra. Claudia Garramuño, atento lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 319-E, por el modo en que se imponen las costas.

ASÍ VOTO .

El Dr. JUAN JESÚS ROMERO, dijo: En relación al voto emitido por la Dra. Nacif, me permito formular disidencia parcial solamente respecto a la confirmación de la sanción pecuniaria impuesta en forma solidaria al co-demandado Fernando Díaz Cano y Dr. Pascual Sevilla, y que fuera apelada tanto por el co-demandado Díaz (fs. 732/733) como por el Dr. Sevilla (fs. 735/738), por los motivos que seguidamente expondré.

Como bien lo señala la distinguida colega que precede mi voto, el argumento central utilizado por el juez a quo a fin de imponer dicha multa procesal obedece a considerar que, tanto el letrado como la parte que representa, intentaron crear prueba a su favor y endilgar responsabilidades graves a instituciones públicas, Hospital Dr. Guillermo Rawson, por la atención brindada al Sr. C. con motivo del accidente que sufriera, incorporando al proceso documentación para deslindar responsabilidad en las lesiones sufridas por el actor. Es decir que la sanción no es a consecuencia de la desestimación de las defensas esgrimidas por aquella parte, sino por haber incorporado al proceso la documental obrante a fs 187, atribuible a un hospital público.

Inicialmente debo señalar que reiteradamente esta Cámara ha sostenido que: "es temerario, el litigante inconsiderado, imprudente, carente de fundamento, razón o motivo". "En suma la temeridad procesal es la conducta de quien debe saber que no tiene motivos para litigar, y no obstante lo hace abusando de la jurisdicción. A su vez, la malicia en el actuar procesal está vinculada a la mala fe, pues es deber de las partes ejercer las defensas con lealtad y probidad. De allí que "la malicia que merece la nota de temeridad es la conciencia de la propia sin razón. El litigante temerario litiga sabiendo bien que no tiene motivos para litigar. No es solo un litigante malicioso; es además, un temerario, vale decir, inconsiderado, imprudente, arrojado a los peligros sin meditar sus consecuencias, carente de fundamento, razón o motivo (Colombo, J.A. 967-VI, pág. 906)..."(L. de A. Tº 126 Fº 55/60 - 29/7/2003 -L. DE A. T° 168, F° 176/181 26-10-2009) (Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Minería de San Juan, Sala I autos N.º 22.266" BAIGORRIA, LUIS H. C/ CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE SAN JUAN S/ Incidentes (INCIDENTE DE HONORARIOS S/ DRES. M. MOYA Y P. MOYA).	"Es temerario el litigante inconsiderado, imprudente, arrojado a los peligros sin medir sus consecuencias, carente de fundamentos, razón o motivo. La malicia consiste en utilizar el proceso en contra de sus fines, obstaculizando su curso, actuando de mala fe con objeto de obtener una sentencia que no es la que corresponde, demorando un pronunciamiento u obstaculizando su cumplimiento". Al respecto, siguiendo a Morello (Cód. Proc. Comt. Tº II A, pág. 834) hemos dicho que: "Es de exclusiva incumbencia del Tribunal que entiende en la causa la apreciación de la conducta observada en el juicio por los letrados, como así también el alcance a dar a las expresiones empleadas por éstos en sus presentaciones, quedando liberado al prudente arbitrio la no aplicación de correcciones o sanciones. Si no aparece palmariamente configurada la conciencia de la sin razón, y no se advierte durante el curso del proceso, que el demandado, o su letrado hayan actuado con el propósito deliberado de dilatar indebidamente u obstruir su desarrollo, en violación a los deberes de lealtad o probidad y buena fe, no corresponde imponer sanciones por temeridad y malicia". (Prot. de Autos Tº IV Fº 604/610 Año 2000, PROT. DE SENT. Tº I Fº 18/35 AÑO 2002). "Malicioso es el que litiga convencido de su falta de derecho, sea por pura perversidad, o persiguiendo un fin determinado. Si bien son dos conceptos distintos, y si la malicia requiere dolo, la temeridad se conforma con la culpa grave...".(Prot. de Autos Tº II, Fº 37/38, año 1985 y varios más).- (PROT. DE SENT. Tº II Fº 300/301 AÑO 2002). (Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Minería de San Juan., Sala III, AUTOS Nº 61757 DEL 9º JUZ. CIVIL (SALA III 7219) "SOLIVERES SALVADOR C/BGAS. Y VDOS. HUANACACHE S.R.L. - EJECUTIVO".PROT. DE SENT. Tº IV Fº 641/643 AÑO 2003).

Bajo estos criterios interpretativos habré de analizar la sanción impuesta en forma solidaria a la parte y su letrado apoderado.

En primer lugar cabe señalar que, habiendo actuado el Dr. Sevilla en carácter de apoderado del co-demandado Díaz, a los fines de imputar responsabilidad al mandante por el accionar del mandatario en el ejercicio de la defensa técnica del primero, considero que deben acreditarse dos circunstancias. En primer lugar el obrar ilegal, temerario y malicioso del poderdante, y que tal actuar haya sido instruido por el mandante, o que al menos, éste estuviera al tanto del mismo sin haber formulado objeción alguna al respecto. Pues el artículo 372 del Código Civil, al definir las obligaciones y deberes del representante, establece (inciso b) que el mandatario debe realizar la gestión encomendada, que exige la legalidad de su prestación, el cumplimiento de las instrucciones del representado, y el desarrollo de una conducta según los usos y prácticas del tráfico.

En el caso de autos no advierto que haya mediado intervención personal del co-demandado Díaz que amerite sufrir sanción alguna, en cuanto el mismo otorgó poder general para juicios en favor de un profesional para ejercer su defensa. De modo tal que, de haber existido una inconducta procesal por parte del Dr. Sevilla en ejercicio del mandato conferido, debería ser el letrado y no la parte, quien debe soportar las consecuencias gravosas de su actuar. A contrario sensu, cierta jurisprudencia ha sostenido que si la parte incurre en una conducta reprochable, sus consecuencias no pueden pesar sobre su letrado patrocinante.	"La decisión que extendió al abogado patrocinante la sanción aplicada con motivo del desconocimiento de firma efectuado por su cliente en relación al contrato de mutuo que motiva el reclamo, debe revocarse, pues habiendo actuado únicamente como patrocinante de la contestación de demanda firmada por el cliente, fue éste quien realizó la manifestación sustancial de la defensa, razón por la cual no se le puede imputar al abogado el hecho que motiva la sanción (del voto del Dr.Tinti)" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 1a Nominación de Córdoba o 19/02/2015 o Más Beneficios S.A. c. Lazaga, Lidia Vanesa y otro s/ presentación múltiple - abreviado - recurso de apelación o LLC 2015 (septiembre) , 923 o AR/JUR/395/2015).

Por los motivos expuestos y por los que expondré al tratar la sanción al Dr. Sevilla, propicio se deje sin efecto la sanción impuesta al co demandado Díaz.

En cuanto al accionar del Dr. Sevilla, diré que el juez de grado reprocha a dicho profesional haber indicado en el escrito de contestación de demanda - dentro de la prueba documental ofrecida - la historia clínica confeccionada por el Hospital Rawson, infiriendo que la misma se refiere a la documental adjuntada acompañada a fs. 178/179 con la contestación de demanda, ello conforme el relato que efectúa a fs. 679 de su sentencia. Tal accionar es considerado por el juez de grado como una grave conducta, mínimamente inmoral cuasi delictiva, habida cuenta que la parte y su letrado crean prueba a su favor endilgando responsabilidades ajenas a instituciones públicas.

En mi opinión no se configura en autos el obrar antifuncional que el juez a quo atribuye al Dr. Sevilla, ello en base a los siguientes motivos.

En primer lugar debo señalar que, con anterioridad a la interposición de la demanda, el actor en autos nº 72.761 caratulados: "C. M. A. - Medidas Preliminares", incorporó copia certificada de la historia Clínica (ver fs. 25/236); luego a fs. 180/189 el co-demandado Díaz contestó demanda, por medio de apoderado, indicando como prueba documental, entre otras, "las constancias de autos, en particular las actuaciones prevencionales en sede penal e historia clínica confeccionada por el Hospital Rawson. Del análisis objetivo del contenido de tal expresión no advierto vinculación entre la historia Clínica denunciada por el demandado, que ya se encontraba incorporada en el trámite ptreloimionar, con los folios obrantes a fs. 178/179, que como bien lo advierte el propio juez a quo, carecen de firma, no contienen membrete, ni indica profesional y/o experto en el arte de curar que avale su contenido. Bajo tales condiciones dichos folios no poseen la entidad suficiente que haga presumir la intencionalidad de dicho profesional en inducir a error al juez, pues no se vé en que forma se podría vincular dichos folios con la historia clínica confeccionada por el Hospital Rawson obrante en las actuaciones preliminares, como ya lo señalara. En función de lo expuesto considera considero que la historia Clínica a que hace referencia la contestación de demanda, se refiere a la incorporada en las medidas preliminares, y no a los folios de fs. 178/179.	Reiteradamente esta Cámara ha sostenido que: "Debe revocarse la sentencia que aplica a un letrado la multa que estamos analizando, con fundamento en los arts. 34 inc. 6º y 45 del Código Procesal, si la decisión carece de sustentación autónoma suficiente, pues no se dan razones bastantes que funden la resolución." (CSN, 12-5-71, La Ley, v. 144, p. 469) (Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Minería de San Juan, Sala III, AUTOS Nº 45223 DEL 8º JUZ. CIVIL (SALA III 6301) "VEDIA NESTOR RAUL Y OTRA C/COLEGIO MEDICO DE SAN JUAN Y/O HOSPITAL PRIVADO DEL COLEGIO MEDICO DE SAN JUAN-DAÑOS Y PERJUICIOS".PROT. DE SENT. Tº I Fº 156/160 AÑO 2002).

"Es arbitraria la sentencia que impuso una multa procesal a los letrados de una de las partes, si el actuar de los mismos no configura la conducta temeraria que se alega como fundamento de la sanción impuesta pues, la negligencia que el sentenciador les atribuye, no revela un obrar que pueda encuadrarse ni en la temeridad ni en la malicia que la ley procesal exige para ser pasible de sanciones." (Autos: Padilla Marcelo c/ Estado Nacional (Ministerio de Justicia)(Tomo: 323 Folio: 1488 Ref.: Multas. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano, López, Bossert, Vázquez. Disidencia: Abstención: Exp.: P 293 XXXIV - Fecha: 01/06/2000). "Si no aparece palmariamente la conciencia de la sin razón, y no se advierte que en el curso del proceso, la parte o su letrado hayan actuado con el propósito deliberado de dilatar u obstruir su desarrollo, no corresponde imponer sanciones por temeridad y malicia"."Es arbitraria la sentencia que impuso una multa procesal a los letrados de una de las partes, si el actuar de los mismos no configura la conducta temeraria que se alega como fundamento de la sanción impuesta pues, la negligencia que el sentenciador les atribuye, no revela un obrar que pueda encuadrarse ni en la temeridad ni en la malicia que la ley procesal exige para ser pasible de sanciones." (Autos: Padilla Marcelo c/ Estado Nacional (Ministerio de Justicia)(Tomo: 323 Folio: 1488 Ref.: Multas. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano, López, Bossert, Vázquez. Disidencia: Abstención: Exp.: P 293 XXXIV - Fecha: 01/06/2000). (Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Minería de San Juan, Sala III AUTOS N° 66.759 (3° JUZ. CIVIL) (N° 10.525 SALA III) "CONSEJO DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA C/ INMOBILIARIA DON MIGUEL - EJECUTIVO" PROT. DE AUTOS T° I F° 120/126 AÑO 2012).

Sin perjuicio de lo expuesto debo advertir que del texto de la presentación obrante a fs. 180/189, surge que el Dr. Sevilla afirma en defensa de su parte que: "...Que la cuadriplejica se produce por una lesión en la médula espinal y no deriva de modo absoluto del Traumatismo Encefalo Craneal (TEC). Es por ello afirmamos, conforme se desprende del informe que a continuación adjuntamos realizado por profesional médico, el cual someteremos a la prueba pericial correspondiente..." (fs. 182). Evidentemente, a juzgar por el contenido de los folios obrantes a fs. 178/179, dicho profesional pretendió atribuirle el valor de un informe médico a dicha documentación, sin que la misma contenga membrete de institución alguna y firma de profesional responsable; mas tal irregularidad no me permite inferir que dicho profesional haya intentado inducir a error al juez, máxime cuando el mismo afirma que tal informe médico sería sometido a prueba pericial, cuestión que jamás concretó.

Adviértase que las sanciones disciplinarias son de naturaleza penal y por ello deben aplicarse cuando media una certeza plena del actuar desleal y malicioso del profesional. "Debe procederse con suma cautela cuando se trata de aplicar sanciones disciplinarias, siendo preferible que su mesurado uso deje sin sanción a algún malicioso, antes que penar a quien puede no asistirle razón en su planteo, pero respecto del cual tampoco se reunieron serias evidencias para considerarlo incurso en la conducta que reprime el art. 45 del Código Procesal." (Autos: SANTA ANA AGRIC. GANAD. S.C.A. c/GONZALEZ SORIANO ELIDA B.s/DAÑOS Y PERJUICIOS - Nº Sent.:42481- Magistrados: A LUACES - Civil - Sala A - Fecha: 11/04/1989).

Por los fundamentos expuestos y jurisprudencia citada voto por la revocación del punto 9 de la sentencia de fs. 662/696vta., en las restantes cuestiones adhiero al voto de la Sra. Presidente que me precede en la votación. ASÍ VOTO.-	La Dra. MARÍA EUGENIA VARAS, dijo: Adhiero a la solución propuesta por la miembro informante Señora Juez de Cámara Dra. María Josefina Nacif. ASÍ VOTO.-	En consecuencia y por el mérito de la votación que antecede, el Tribunal por mayoría RESUELVE: I) Rechazar los recursos de apelación planteados por los demandados, Sr. Fernando César Díaz Cano y Departamento de Hidráulica contra los puntos 1), 2), 3), 4), 7) y 8) de la resolución de fs. 662/696 vta. los que se confirman conforme se analizó en los considerandos respectivos de la presente.

II) Rechazar los recursos de apelación planteados por el Sr. Fernando Díaz Cano y Dr. Pascual Sevilla contra el punto 9) del resolutorio de fs. 663/696 vta. que se confirma según se analizó en el considerando respectivo.

III) Hacer lugar al recurso de apelación articulado por la apoderada de Fiscalía de Estado contra los puntos 5) y 6) del resolutorio de fs. 663/696 vta. los que se revocan conforme se analizó en los considerandos respectivos.

IV) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado (art. 20 de la Ley 883-A).

V) Regular los honorarios de los letrados de las parte actora, Dres. Antonio de la Torre, Antonio de la Torre (h) y Mariana de la Torre, en el 30% de lo regulado en la instancia de origen. Regular al Dr. Marcelo Alberto Arancibia, por lo actuado en esta instancia como apoderado del demandado Sr. Fernando César Díaz Cano, el 30% de la suma que resulte por lo actuado en la instancia de grado al ex-apoderado de esa parte. No corresponde regular honorarios en esta instancia al Dr. Alberto Pascual Sevilla, en razón de su intervención en su propio interés; ni a la representante de la Fiscalía de Estado, Dra. Claudia Garramuño, atento lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 319-E.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al juzgado de origen.

FDO. DRA. MARIA JOSEFINA NACIF.- PRESIDENTE.- DRES. JUAN JESUS ROMERO. - MARÍA EUGENIA VARAS.- VOCALES.- ANTE MI CLAUDIA VERESBIL DE VARAS - SECRETARIA DE CÁMARA.-