marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, sentencia condenatoria, cumplimiento de la pena, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: B., J. Y M., N. N. c/  s/ delitos contra la integridad sexual con acceso carnal calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-07-11

La cuestión a resolver consiste en determinar a partir de cuándo se entiende que una condena penal queda firme, para luego examinar si es posible o no en estos casos escindir la firmeza de la ejecutabilidad de los fallos, y sobre ello ya se ha expedido el suscripto en el precedente "Gélvez", en el que, de inicio, sostuvo que mientras una sentencia pueda ser recurrida ante una instancia jurisdiccional revisora y, por tanto, ser revocada o modificada, no puede reputársela firme, en tanto existe la posibilidad de mutabilidad de lo decidido, por lo que concluyó que en materia penal no corresponde distinguir entre firmeza y ejecutabilidad de una condena, de modo que sólo podrá ejecutarse ésta -y en consecuencia, considerarse cumplimiento de pena a la eventual privación de libertad que sufra el imputado- una vez que quede firme, esto es, cuando se hubieran agotado todas las instancias recursivas ordinarias y extraordinarias de las que hiciera uso el justiciable. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhiere el Dr. Falistocco. En disidencia: Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJStaFe: Gélvez, AyS T 286, p 199.
Notificación del acto administrativo, notificación tácita
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Herrera de Aquino, María del Carmen c/ Estado Provincial s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 44, Fº 200/203, Nº 72) Provincial s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 44, Fº 200/203, Nº 72)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-03-28

Respecto al conocimiento tácito de actos administrativos por parte de los administrados se ha dicho que ellos vales como notificados cuando el interesado efectúa una presentación espontánea de la que resulta estar en conocimiento fehaciente del acto respectivo.-
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, límites del pronunciamiento, sentencia arbitraria, queja por denegación del recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Alianza   "Frente   para   la  Unidad"  (elecciones  provinciales gobernador  y vicegobernador, diputados y senadores provinciales) s/ oficialización listas de candidatos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

No corresponde tratar el planteo de arbitrariedad si, ante la denegación de la instancia extraordinaria, el recurrente no dedujo el recurso directo que contempla el art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Lena Aguero, Luis s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

Resulta insuficiente el planteo referido a que la nocturnidad no constituye por sí misma un índice de mayor peligrosidad, y que en el caso no fue aprovechada por el procesado para facilitar la realización del hecho, si la Cámara consideró -a contrario de lo afirmado- que el tiempo nocturno de ocurrencia fue producto de una deliberación previa, que evidencia un estado de mayor peligrosidad, y no se impugnó de manera eficaz lo así decidido ni se demuestra la violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Municipalidad, prueba, personal de planta permanente, leyes, constitucionalidad, recurso contencioso administrativo, costas, interés concreto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López, Rubén c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 190-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-01

Al margen del alcance que pueda otorgárseles a los términos "autonomía" o "autarquía" (antes y después de la reforma constitucional), es claro que la concreta selección, por ley, del personal que integrará la planta permanente, repugna al artículo 5 de la Constitución Nacional, con abstracción de la incidencia que ello pueda tener en el presupuesto del municipio. Por tanto, y siendo la solución propiciada la más adecuada a las previsiones de la sección séptima de nuestra Carta provincial y a las decisiones del más Alto Tribunal de la Nación, corresponde prescindir de la aplicación al caso del artículo 133 del Anexo I (ley 9286) y declararse improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto, imponiéndose las costas en el orden causado, por cuanto , en virtud de dicha norma, el recurrente pudo razonablemente entender que tenía razón bastante para litigar (artículo 84, inciso c, de la ley 4106).
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, acto administrativo, presunción de legitimidad, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: PEREA DE PAZ, NORMA ELENA c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-29

En el ámbito de las controversias jurisdiccionales del derecho administrativa, toda una corriente doctrinaria y jurisprudencial, miró con disfavor la aplicación de medidas cautelares contra el Estado, partiendo de una serie de principios tales como que el estado por norma no se equivoca; que los actos administrativas gozan de la presunción de legitimidad; que no puede discutirse la solvencia del poder público. Si bien, se presume que todo órgano estatal actúa conforme a derecho, no siempre ello efectivamente acaece. La actividad administrativa está sujeta a control y sus actos son impugnables.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, dictamen fiscal, carácter vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: BROGGI, GUILLERMO JORGE c/  s/ ESTAFAS REITERADAS-RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-28

La interesada insiste con que el Juez y la Cámara no debieron otorgar efectos vinculantes a la oposición fiscal por no estar motivada, mas limitando sus agravios a cuestionamientos respecto del modo en que fueron interpretados por la Alzada los requisitos de procedencia de la suspensión del juicio a prueba, es decir a la hermenéutica asignada por los Jueces de la causa a normas de derecho común; y es sabido que tales planteos no constituyen planteos suficientes para considerar incumplidos los recaudos legales que habilitaban la aplicación del instituto en cuestión (especialmente, al existir un dictamen fiscal fundado para oponerse a la concesión del beneficio), razones que en modo alguno logran ser descalificadas por la recurrente en orden a demostrar que al fallar los Juzgadores se hubiesen desentendido de los cánones mínimos de logicidad y razonabilidad que conlleven a la descalificación de la sentencia por arbitraria.
Medidas cautelares, contracautela, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: ROMA, Antonio G. c/ DALMATI, Dante s/ POSESION VICENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-06

La contracautela también tiende a garantizar el pago de los gastos judiciales que con motivo del dictado de la medida precautoria deba afrontar la parte afectada.

Si la regulación de los honorarios correspondientes a los profesionales se difirió hasta la oportunidad prevista por el art.

23 del arancel, para afectar el dinero depositado en concepto de contracautela al crédito por las costas, los interesados deben obtener el correspondiente embargo.
Locación, homologación del acuerdo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viloni, Carmen Herminia c/ Martinez, Sandra Teresita s/ Homologación convenio de desocupación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-26

Se advierte que en el presente caso se da un supuesto de excepción al principio general que limita el ámbito de conocimiento de este tipo de procesos, ya que surge palmariamente la violación de una norma de orden público, con referencia a los plazos mínimos de locaciones comerciales, no pudiéndosele dar al convenio de marras el alcance de una resolución anticipada, en los términos del artº 8 de la ley Nº 23091. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tercerías, dominio, bienes inmuebles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FUENTES EN J: CANIZZO c/ MASCARENO s/ Terceria (LIBRO: S061 - 464)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-08-29

Tratandose de bienes raices, es necesario que, con el escrito de demanda, se acompane el titulo de propiedad que se atribuye el tercerista, o bien que lo identifique indicando el archivo, registro u oficina donde este se encuentre. En tal caso, el titulo de propiedad, necesariamente debe ser el propio contrato de compra venta, instrumentado en la forma dispuesta en los arts. 1184 inc.1ero. y 2505 C.C.
Policía, personal policial, destitución, ascenso laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 214-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-14

La recta interpretación del inciso b del artículo 130 de la ley 6769 lleva a concluir que cabrá reconocer los ascensos al agente que fue dado de baja en forma ilegítima, tal como normalmente se hubieran producido teniendo en cuenta el período a considerar, el Cuerpo al que pertenecía el agente, el lugar en que prestaba sus servicios, etc., aspectos que pueden permitir que se determine, al menos en general, las posibilidades reales de ascenso que haya tenido de no mediar circunstancias o condiciones extraordinarias, desde que lo anormal no se presume. A ese efecto, puede servir de referencia la manera según la cual la carrera de sus colegas se ha desarrollado; y si la promoción dependía de un examen o concurso interno, evaluar la posibilidad que tuvo de satisfacer las exigencias de éste.
Abogados, regulación de honorarios, facultades del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TRIPALDI, JOSE s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-07

Existe una ley arancelaria posterior a la ley 17.040 que no se contrapone ni contradice con ella; ante bien, se complementa con aquélla. Así, mientras una especifica concretamente las pautas en sede administrativa, la otra prevé diversas posibilidades (actuación judicial, extrajudicial, etc.), quedando siempre al juez la facultad de determinar el honorario, conforme las constancias de la causa y labor desarrollada. (Del voto del mayoría. El Dr.

Etala votó en disidencia).
Daños y perjuicios, responsabilidad indirecta
Materia: CIVIL
Carátula: Barbaro, Miguel Angel Gabriel y otra. c/ Acosta Ramón Delfin s/ Daños y Perjuicios Delfin s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-05-28

Resultando sumamente endeble la prueba producida por el demandado para acreditar la responsabilidad de la actora en el evento, debe estarse, necesariamente, a la presunción jurisprudencial, según la cual resulta culpable del accidente, quien con la parte delantera de su vehículo embiste a otro en uno de sus costados o en la parte trasera.
Falsificación de instrumento público, perjuicio potencial
Materia: PENAL
Carátula: Nodar, María de los Angeles y otro s/ recurso de casación". Causa n. : 1812.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-10

Para que se configure la falsificación del art. 292 del C.P., y en atención a la índole de delito social de la falsedad pública, no se requiere un perjuicio efectivo sino que basta un perjuicio potencial. Aunque el documento falso no haya servido para un enriquecimiento injusto ni producido el despojo de alguno, pero tenía potencia para hacer daño, esta sóla potencialidad hace que la falsedad en documento público quede consumada y perfecta.(Voto del dr. Mitchell).
Recurso de inaplicabilidad de ley, juicio ejecutivo, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Toubes, Ramiro Reynaldo s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley y de  Inconstitucionalidad Bartkow, José s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley Banco do Brasil s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley y Nulidad Marco, Nicolas s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley Vedoya, José Luis María y otra s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley e Inconstitucionalidad Kozlowski de Espíndola, Marta Beatríz s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley Sklepek de Gottschalk, Luisa s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley e  Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1988-06-14|1988-06-24|1988-06-06|1987-10-29|1989-08-22|1990-02-27|1994-03-21

La sentencia recaída en juicio ejecutivo no reviste el carácter de definitiva, toda vez que queda abierta al litigante vencido la vía para el juicio ordinario, conforme a la previsiones del art. 553 del Código Procesal Civil.
Competencia en razón del monto, ampliación de la demanda, leyes, ley derogada
Materia: PROCESAL
Carátula: Recomovil S.A. c/ Marinacci, Juan Carlos y otros s/ Conflicto negativo de competencia - Ejecutivo (Expte.: C.S.J. Nro.   79 Año 2002) BANCO SAENZ S.A. c/ ROMERO, HUGO HECTOR s/ Conflicto negativo de competencia -Demanda ejecutiva (Expte.: C.S.J.  Nº. 478 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02|2003-03-26

No existe posibilidad de considerar derogado el artículo 3 de la ley 5531 por la redacción original del artículo 8 de la ley 10.160, pues la derogación no fue expresa. Asimismo, en la causa en estudio -y de conformidad a lo expuesto en la demanda-, no se presente la posibilidad de ampliación de la misma, porque las normas de competencia imponen una aplicación general y apriorística, sin entrar en especulaciones que implican ya adquirir conocimiento sobre la causa, pues, en ese caso, la competencia podría determinarse recién al momento de la sentencia y obviamente, la reforma de la ley 10160 pretendió desterrar esa posibilidad.
Impuestos, régimen penal tributario, impuesto a las ganancias, exportaciones, error de derecho extrapenal, dolo
Materia: PENAL
Carátula: REALMAC S.A. s/ Régimen penal tributario Causa 34330
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-15

1- Si bien la ley se presume conocida por todos, no pudiéndose alegar como excusa o error su ignorancia, este principio debería limitarse exclusivamente a la ley en sentido estricto y no a la ley en sentido amplio. En materia tributaria se admite como eximente de culpabilidad, en casos de excepción, el denominado "error de derecho extrapenal", es decir, el error referido a la norma civil, comercial, administrativa, etc. que está vinculada a la norma penal dándole contenido. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de normas fiscales de difícil y alambicada interpretación (Cf. Trib. Fiscal, Plenario "Pianello y Sanguinetti", Dic.12.61, en LL-108, p. 643).- 2- Dada la complejidad y el enmarañamiento de la normativa impositiva, de distinto rango, origen y jerarquía (cuya desprolija técnica legislativa ha dado a que muchas veces ni siquiera haya sido interpretada correctamente por los especialistas del tema) la imputada podría haber incurrido en un error de derecho extrapenal por considerarse que pudo obrar en la certeza de haber adecuado su accionar al régimen fiscal vigente, lo cual descarta la concurrencia de dolo específico, extremo imprescindible para configurar los delitos tributarios tipificados en los Art. 1 y 2 ap.a) de la ley 23771.- 3- Ante el secuestro por parte de la Dirección General Impositiva de notas de crédito remitidas por una firma del extranjero a la imputada en concepto de "comisiones" por ventas realizadas por la primera, notas de crédito no registradas en la contabilidad de aquella, y dado que las sumas representadas en tales documentos comerciales fueron depositadas en un banco en el exterior en la cuenta personal del Presidente de la firma no existiendo constancia alguna de que el dinero en cuestión fuera a engrosar las ganancias de la empresa, dichas sumas no integran el objeto procesal de la causa.- 4- La imputación de la omisión de ingreso de los impuestos al valor agregado (I.V.A.) y a las ganancias en función de las comisiones que la firma reprochada percibiera de otra empresa resulta controvertida a la luz de los Art. 1 y 3 inc. d) de la Ley 23349 si de su interpretación se concluye que la imputada no se encuentra gravada por aquel tributo, en tanto las exportaciones realizadas se encuentran exentas de su pago tratándose de prestaciones realizadas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el exterior.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, prueba, omisión de considerar cuestión propuesta
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Baque, Julio Alberto Ramón c/ Paduan, Raúl Ariel s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-27

Sabido es que lo atinente a la apreciación de la prueba constituye, por vía de principio, facultad de los jueces de mérito y no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, regla que admite excepción en el supuesto de arbitrariedad, y precisamente, encuadra dentro de una ponderación probatoria reprochable desde el plano constitucional, la interpretación del juzgador que omite valorar medios de confirmación o se limita a un análisis parcial de los diversos elementos de juicio, pero no los integra ni armoniza debidamente en su conjunto, que es lo que ha acontecido en la especie, desde que el Tribunal a quo no adoptó el método más seguro y confiable para desentrañar la existencia o inexistencia de los presupuestos necesarios para adquirir el dominio por prescripción y que es la comprensión global y entrecruzada de los aspectos fácticos vinculados en la causa, ya que la Sala no valoró adecuadamente una serie de circunstancias que, apreciadas en conjunto y en un contexto integrador, adquieren especial relevancia para la solución del caso. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 121, p 122.
Medida de no innovar, marca extranjera, registro de marca, solicitud de marca, oposición al registro de marca, cese de uso de marca, uso indebido de marca o designación, buena fe, Ley de Marcas, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: HUSS, TERESA c/ HARD ROCK LTD. s/ INCIDENTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

La medida de no innovar solicitada (prohibición de uso de la marca en conflicto), goza de un cierto fumus bonis iuris -según una mera estimación provisional, concorde con la medida de que se trata y con el estado de los trámites- aparece como un medio razonable para mantener la igualdad de las partes en el proceso y tiene la virtualidad, desde otro enfoque, de cohibir un eventual daño por el uso indebido del signo marcario controvertido. Sea, pues, en virtud de lo dispuesto en el art. 230 del Código Procesal, o ya fuere apelando a las cautelares genéricas del art. 232 del mismo Código, lo cierto es que no es razonable negar al juez la posibilidad de ordenar a alguna de las partes que se abstenga -por un lapso prudencial- de una conducta socialmente disvaliosa (cfr.

Fenocchieto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", ed. 1983, Tomo I, p. 745), ello, en tanto podría ser, eventualmente, fuente de confusión en una materia donde la certidumbre luce como uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Marcas.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, exclusión de socio, sociedad cooperativa
Materia: LABORAL - COMERCIAL
Carátula: OLIVA RAUL c/ C.O.I.N.C.A.R. s/ DEMANDA POR DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-04-08

El socio de una cooperativa de trabajo al prestar sus servicios a la sociedad lo hace como un aporte dentro de las características particulares de tal tipo societario y no en virtud de un contrato o relación de trabajo, porque el objetivo por el que precisamente se constituye una cooperativa de trabajo es de realizar algo en común mediante el trabajo personal de sus asociados, excluyendo la posibilidad de la dependencia jurídica que tipifica el contrato de trabajo. Se dijo también in re "Yanguez de Gaitan" y cabe repetirlo aquí, que en este tipo de sociedades "se ejerce democráticamente el gobierno y la administración y los socios gozan de iguales derechos y obligaciones, siendo todos electores y elegibles para los cargos directivos, sin que el ejercicio de un campo importe privilegio o ventaja alguna"; que "los riesgos y resultados de la explotación emprendida alcanzan a todos por igual, lo que también excluye la figura del contrato caracterizado por la ajenidad del trabajador respecto de los riesgos de la actividad"; que "no resulta posible aplicar a las relaciones entre socio y el ente societario las normas del derecho laboral, pues no puede saberse cual sería el patrono y cual el empleado o dependiente, ya que ambas calidades estarían personificadas en el mismo sujeto".-
Comerciante, socios
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDICCOP COOP. LTDO. c/ CANIZZO, MARTA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-22

El ser socio o administrador de una sociedad no convierte a esa persona en comerciante.
Automotores, documentación del automotor
Materia: PENAL
Carátula: SCARFIA, Guillermo y SCARFIA, José s/ inf. dec. ley 6582/58 Causa nro. 11.385
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

Aún cuando (la) documentación no estuviera oculta en el lato sentido de la palabra, tal exigencia es innecesaria, ya que "...el ocultamiento que la ley pretende castigar es el que resulta de la imposibilidad de que su verdadero dueño tenga acceso a la misma."
Estatuto del viajante, viajantes de comercio, gestión comercial
Materia: LABORAL
Carátula: NAVEIRAS, DANIEL c/ PANIFICADORA ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-30

No corresponde encuadrar dentro del Estatuto de los Viajantes y Corredores de Comercio al trabajador cuyas funciones consistían en la entrega de la mercadería, producida por la demandada, en supermercados y almacenes minoristas, cobrándoles solamente a estos establecimientos el importe de la mercadería que los dejaba. Ello así pues de la prueba rendida no surge que el trabajador realizara la gestión de ventas de dichos productos, arts. 1 y 2 de la ley 14546.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Basualdo c/ Hospital Interzonal s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-07-19

La espera en el cobro de las indemnizaciones que supone la aplicación de la ley 11192 respecto de una persona que padece una incapacidad producida por el Hospital Público que depende del Estado Provincial, vulnera los arts. 5 y 17 de la Constitución Nacional.
Actos y diligencias procesales, temeridad o malicia, proceso judicial, deber de lealtad, probidad, buena fe procesal
Materia: CIVIL
Carátula: Sausa, Raúl Osvaldo c/ Arriaga, Darío Alberto y otro s/ Nulidad por simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-27

Conceptualmente la temeridad y malicia constituyen dos conductas diferentes no excluyentes entre sí, pudiendo darse en un proceso en forma conjunta o separada, siendo la "temeridad" definida como la mala fe o culpa grave que debe entenderse como la falta de conocimiento de la imprudencia de la litis que se habría podido evitar empleando una normal diligencia, surgiendo evidente el conocimiento de la sin razón de las conductas y dice por "malicia" debe entenderse la utilización arbitraria de los actos procesales en su conjunto, empleando las facultades que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los litigantes en contraposición a los fines del proceso infringiendo los deberes de lealtad, probidad y buena fe con el fin de dilatar indebidamente el cumplimiento de los derechos que resulten reconocidos en la sentencia.