Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-10-11


NEUQUEN, 11 de octubre de 2011.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "CALFIN JORGE OMAR C/ SOSA GUSTAVO ADOLFO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (EXP Nº 338535/6) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 a esta Sala I integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Federico GIGENA BASOMBRIO, en subrogancia legal -Acuerdo N° 4689 del TSJ- con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

I.- La sentencia de fs. 375/381 hace lugar a la acción por daños y perjuicios contra el Sr. Gustavo Adolfo Sosa, condenándolo a abonar la suma de $29.576,00 con más intereses y costas, y la rechaza respecto de la citada en garantía LA MERIDIONAL CIA. ARG. DE SEGUROS S.A., con costas de la citación al demandado.

II.- A fs. 382 apela la actora, fundamentando su recurso a fs. 392/404, y que fue rebatido por la citada a fs. 410/415.

III.- El actor se agravia por lo reducido de los montos otorgados por los rubros incapacidad física sobreviniente y daño moral, por el rechazo de lo reclamado en concepto de gastos de farmacia, radiografías, asistencia médica y la omisión en el tratamiento psicoterapéutico reclamado. Asimismo, por haberse rechazado la acción respecto de la citada en garantía.

*INCAPACIDAD FISICA SOBREVINIENTE: Sostiene el actor que el monto otorgado por la magistrada no resulta representativo de las secuelas físicas sufridas.

Cuestiona la tasa de interés anual del 6% utilizada al momento de realizar la fórmula matemática financiera, reclama que ello debe calcularse a una tasa real y desarrolla los parámetros que considera procedentes para ello.

Argumenta que la solución que propicia fue advertida en autos "Basal Néstor Rubén c/ Blanco Félix Luis y otro s/ daños y perjuicios" (Exp. 270263/1).

Analizada la cuestión diré que lo resuelto en el antecedente citado no condice con la temática traída en el agravio por cuanto lo tratado en aquellos refería a la tasa de interés a aplicar al capital de condena, y no a uno de los elementos de cálculo que integran la fórmula matemática financiera.

Sin perjuicio de esto, en forma reiterada esta Alzada sostuvo la utilización de dicha fórmula como pauta de referencia a los fines de determinar el quantum indemnizatorio por incapacidad física, pero ello junto con diversas variables tales como el porcentaje de incapacidad física acreditado, edad de la víctima al momento del accidente y de sus circunstancias personales -situación familiar, expectativa de vida, condición económico social, ocupación habitual-, índole del accidente, todos los cuales deben ponderarse en forma íntegra a dichos fines tal como se expresara en el antecedente citado por el propio recurrente (lo destacado me pertenece).

En el caso, el quejoso se limitó a cuestionar únicamente una de los componentes de la fórmula matemático financiera, sin intentar siquiera desarrollar el resto de los parámetros considerados por la magistrada para acceder al monto otorgado, ni lo probado en la causa para modificar lo decidido.

Más allá de esto, señalaré que en un caso reciente la temática objeto de este agravio fue desestimada en función de la situación económica y reiterados precedentes, postura que mantendré en los presentes (cf. "ESCUDERO GLADYS MABEL C/ RAUL OSCAR MARTIN Y OTRO S/ D. Y P. POR USO AUTOMOTOR CON LESION Y MUERTE" -Expte. Nº 345066/6-, 28/04/11, reg. Nº 74 Tº II Fº 361/368), confirmando lo resuelto en la instancia de grado.

*DAÑO MORAL: En el caso, la quejosa pretende que se eleve el monto otorgado en concepto de daño moral, sosteniendo que fue víctima de un tremendo accidente que le ocasionó graves lesiones y secuelas aún más profundas, que padece intensas dolencias y la angustia de encontrarse a sí mismo disminuido en sus aptitudes y que el accidente provocó un vuelco drástico en su vida.

Agrega que tales padecimientos y la profunda angustia y depresión deben ser resarcidos en su justa medida, y argumenta sobre el porcentaje de incapacidad otorgado por la perito psicóloga.

La jueza de grado al otorgar la suma de $5.000,00 por daño moral, ponderó lo dictaminado por la perito psicóloga, entre otras circunstancias de la causa, como lo fueron las dolencias que padeció.

Teniendo en cuenta entonces lo expresado en tal experticia (fs. 191/196 y explicaciones de fs. 310/311), debo decir que la suma otorgada por este rubro por la jueza de grado se presenta como adecuada a la afección espiritual que prudentemente cabe inferir en relación a un accidente de las características del que diera lugar al presente y lo anterior expuesto, por lo cual corresponde rechazar el agravio traído, confirmando lo resuelto.

*GASTOS DE FARMACIA, RADIOGRAFIAS Y DE ASISTENCIA MEDICA: conforme la pericial médica de fs. 298/305, sólo se logró acreditar en la causa que la asistencia y evaluación del actor fue brindada a través del sistema público de salud.

A su vez la experta expresó que el actor no realizó kinesioterapia, que no padeció ni padece de síntomas tales como acúfenos, mareos, cefaleas.

Por lo expuesto entonces, no encuentro motivo justificado que lleve a modificar lo decidido por tales rubros, debiendo rechazarse los agravios traídos en tal sentido (arg. art. 377 del C.P.C.C.).

*TRATAMIENTO PSICOTERAPEUTICO: asiste razón en este punto al quejoso, toda vez que se omitió en la instancia de grado abordar este rubro.

Es sabido que "daño es la diferencia, perjudicial para la víctima, entre su situación antes de sufrir el hecho ilícito, y después del mismo" (Salas-Trigo Represas-López Mesa, "Código Civil anotado", Tomo 4-A, Editorial Depalma, Edición 1998).

Teniendo en cuenta lo expresado en la pericia psicológica (fs. 191/196) respecto del tratamiento que debe efectuar el actor e interconsulta con un psiquiatra, y que ellos poseen relación de causalidad con el hecho de marras, deberá reconocerse lo reclamado en un importe de $ 7.800,00 en función del tiempo de duración del tratamiento, costo del mismo, y por encontrarlo justo y equitativo.

IV.- EXCLUSION DE COBERTURA: La citada, al presentarse en autos (fs. 34/40), opuso como defensa la inexistencia del contrato de seguro.

En resumidas cuentas sostuvo que el demandado celebró con su mandante un contrato de seguro horas después de ocurrido el siniestro, lo que trae aparejada la sanción de nulidad prevista en el art. 3º de la Ley 17.418, y que ello fue reconocido por el demandado, quien manifestó que el día del accidente le secuestraron su vehículo, labrándosele un acta de infracción por carecer de seguro, y que lo contratado lo fue a los fines de que se le permita retirar su vehículo.

Yendo a la Ley de Seguros, el art. 11 establece que el contrato "sólo puede probarse por escrito; sin embargo, todos los demás medios de prueba serán admitidos, si hay principio de prueba por escrito"; a su vez, el art. 18 prescribe que: "la responsabilidad del asegurador comienza a las doce horas del día en el que se inicia la cobertura y termina a las doce horas del último día del plazo establecido salvo pacto en contrario", y ello debe vincularse necesariamente con el principio de la autonomía de la voluntad y los términos de lo contratado (lo subrayado me pertenece).

Surge expreso del texto de la póliza nº 1797655 obrante a fs. 244 -e integrativa de la pericial contable (fs. 278/279, y explicaciones de fs.

283/284)- que su plazo de vigencia corría desde las 12 hs. del 8 de noviembre de 2005 hasta las 12 hs. del 8 de noviembre de 2006.

Consultado al perito contador acerca de la hora de emisión de la misma, respondió que tal dato no constaba en el registro pertinente y tampoco en la póliza (cf. fs. 278 vta., respuesta al punto b).

Ello así, siendo que la póliza es la prueba cierta y concreta de la celebración del contrato de seguro, corresponde estar a sus términos.

Cabe destacar que en la oportunidad de rechazar el siniestro mediante carta documento (fs. 47/49), la compañía invocó dos causales -registro de conducir falso por el asegurado, y la nulidad del contrato bajo la figura de reticencia, art. 5 de la Ley de Seguros-, no haciendo alusión alguna al supuesto del art. 3 de igual norma y que sí esgrimió en la oportunidad de contestar los agravios de su adversario.

En consecuencia, deberá revocarse lo decidido en la instancia de grado, haciéndose extensiva la condena contra la citada en garantía.

Atendiendo al resultado arribado, corresponde modificar la imposición de costas dispuesta en el fallo en crisis, las que deberán ser soportadas por el demandado y citada en garantía por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

V.- Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo se haga lugar en forma parcial al recurso de apelación deducido por el actor, confirmándose lo resuelto en la instancia de grado respecto de los rubros incapacidad física sobreviniente, daño moral y gastos de farmacia, radiografías y de asistencia médica, admitiéndose el rubro por tratamiento psicoterapéutico en la suma de $7.800,00, y por último, revocándose el rechazo de la acción contra la citada en garantía "La Meridional Cía. Argentina de Seguros S.A.", debiendo hacerse extensiva la condena en su contra en la medida del contrato de seguro, con costas a la demandada y citada en garantía.

En cuanto a las costas de Alzada, deberán ser soportadas en un 50% por la actora, y en el restante 50% por la citada en garantía, en función del éxito obtenido en este recurso (art. 71 del C.P.C.C.).

Tal mi voto.

La Dra. Patricia Clérici dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala I RESUELVE:

1.- Modificar la sentencia de fojas 375/381 en lo siguiente: a) haciendo lugar al rubro por tratamiento psicoterapéutico por la suma de pesos SIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 7.800,00), por lo que el monto de condena se eleva a la suma de pesos TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS ($37.376); y b) revocar el Punto 2 de la misma, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía La Meridional Cía. Argentina de Seguros S.A., en la medida del seguro.

2.- Imponer las costas de la instancia de grado a la demandada y citada en garantía (art. 68, Código Procesal) y las Alzada en un 50% a la actora y en un 50% a la citada en garantía, en función del éxito obtenido en este recurso (art. 71 del C.P.C.C.).

3.- Diferir los honorarios correspondientes a esta Alzada hasta tanto se cuente con pautas para ello (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Federico GIGENA BASOMBRÍO - Dra. Patricia M. CLERICI Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 185 - Tº V - Fº 924 / 927 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A I- Año 2011.