Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-17


Causa nº 5885/02/06 "Incidente de prisión preventiva en autos: Cardozo Carabajal, Marcelo Gerry s/ inf. art. 189 bis, C.P. -Apelación".

En nos Aires, 17 de marzo de 2006.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver el presente recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial de Marcelo Yerry Cardozo Carabajal a fs. 19/25 del presente incidente contra la decisión obrante a fs. 7/10 que resolvió decretar la prisión preventiva del imputado en autos.

Y CONSIDERANDO:

I.-Que a fs. 7/10 el Sr. Juez de Grado resuelve convalidar la aprehensión del imputado y el secuestro del arma de fuego, convertir en prisión preventiva la actual detención de Marcelo Yerry Cardozo Carabajal y trabar embargo sobre el dinero y bienes del nombrado hasta cubrir la suma de quinientos pesos ($500).

II.-Que a fs. 19/25 se agrega el recurso de apelación contra la decisión mencionada supra, interpuesto por la Sra. Defensora Oficial del imputado. Ello, por considerar que el Sr. Juez de Grado no ha fundado debidamente el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, exigido por el art. 319 CPPN y 55, inc. 3, LPC y que la simple hipótesis de que una eventual condena sea de efectivo cumplimiento, además de resultar violatorio del principio de inocencia, no autoriza, por sí sola, a presumir que el imputado intentará eludir el accionar de la justicia.

Así, con cita de doctrina y jurisprudencia, sostiene que la restricción de la libertad durante el proceso resulta excepcional, debiendo limitarse a los casos absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley; extremo que debe ser interpretado y aplicado en forma restrictiva.

Refiere que los caracteres de provisionalidad y subsidiariedad de la prisión preventiva, implica que deba ser aplicada cuando no exista posibilidad de que ninguna caución sea efectiva a fin de garantizar el proceso; circunstancia que no fue planteada o desechada por el juzgador al momento de resolver la cuestión bajo análisis.

En este sentido, alega que los antecedentes condenatorios no resultan suficientes para fundar el riesgo de fuga, ya que nada dicen sobre el posible comportamiento procesal del imputado y que si bien podrían indicar un riesgo de reiteración delictiva, dicha circunstancia no puede ser considerada para evaluar la procedencia o improcedencia de la excarcelación, pues ello implicaría alterar ilegítimamente la naturaleza de la prisión preventiva como medida estrictamente provisional y cautelar.

III.-Que a fs. 37/8 vta. obra el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara quien entiende que corresponde confirmar la resolución impugnada. Ello, por considerar que el a quo valoró acertadamente todas las pruebas incorporadas al sumario y tuvo por acreditada, con el grado de provisoriedad propio de esta etapa, tanto la existencia del hecho punible como la responsabilidad que le cabía al imputado.

Además, compartió el criterio del Magistrado de grado en cuanto a que los antecedentes condenatorios registrados constituyen pautas objetivas que habilitan a presumir fundadamente que ante la posibilidad de accederse a su soltura, el imputado difícilmente se someterá voluntariamente a una decisión jurisdiccional que importe su privación de libertad.

IV.-En primer lugar, corresponde afirmar que el recurso bajo estudio ha sido correctamente concedido por el Magistrado de grado, desde el momento que ha sido interpuesto en la forma y en el plazo legalmente establecidos y contra una decisión expresamente declarada apelable (art. 57, inc. 5, LPC).

V.- Sentado lo anterior corresponde dejar en claro, tal como se ha dicho en otros precedentes (causa nº 215-00/CC/2004, "Kurilj o Kuril o Kurilj Anchorot, Gonzalo Néstor s/ inf. art. 189 bis, CP, rta. el 2/8/04"), que el Tribunal comparte el desarrollo argumental formulado genéricamente por la Sra. Defensora Oficial tendiente a demostrar que en el diseño constitucional de nuestro proceso penal las medidas cautelares restrictivas de la libertad tienen carácter excepcional encontrando única justificación legítima en la necesidad de asegurar la realización de sus fines. Sin embargo, ello no impide el empleo de medios de coerción procesal, con carácter excepcional, que no se encuentran vinculados a los fines que persigue el uso de la fuerza pública en el derecho material, sino a otros, como lo son la correcta averiguación de la verdad y actuación de la ley penal; es decir en el peligro de fuga del imputado o que éste obstaculice la averiguación de la verdad (Maier, Julio B. J., "Derecho Procesal Penal", Tomo I, ed. Del Puerto S.R.L., 2004, p. 514/516).

En este sentido, y legitimando la prisión preventiva durante el proceso con los restringidos fines señalados, se sostiene la posibilidad jurídica de detener a una persona y mantenerla en prisión con relación a un hecho respecto del cual no ha sido declarada culpable, sobre la base de ciertas condiciones: la ejecución de un procedimiento en presencia y el aseguramiento de la consecuencia penal pueden fundamentar necesariamente una detención por fuga o peligro de fuga; y por peligro de obstrucción de la averiguación de la verdad; pues de otro modo estos presupuestos no serían realizables. Ello así, siempre que exista sospecha del hecho, porque ésta es la que hace nacer la posibilidad de medidas de coerción procesal penal (conf. Hassemer, Winfried, "Crítica al Derecho Penal de hoy", ed. Ad Hoc, Bs. As., 1995, p. 115/23) Conforme con lo expuesto en el art. 57 inc. 3, LPC la prisión preventiva procede cuando al delito investigado corresponda pena privativa de libertad y exista peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación y se reúnan los elementos de convicción suficientes para estimar que existe el hecho delictivo y que el imputado es, en principio, autor o partícipe del mismo. Con relación a esta última exigencia, debe decirse que el auto atacado hace mérito de la participación del imputado en el hecho, objeto del proceso, aunque la circunstancia de no constituir ello materia de agravio inhibe a esta Alzada de efectuar alusión alguna más allá de la constatación de su debida observancia.

Respecto de los restantes requisitos legales, cabe mencionar que, tanto en oportunidad de la audiencia prevista en el art. 41 de la ley 12 (fs. 37/8 del expte. principal), como al ser requerida la elevación de la causa a juicio (fs.55/9 vta. del principal), se endilgó al imputado el delito de portación no autorizada de arma de fuego de uso civil, de conformidad con lo normado por el art. 189 bis., inc. 2º, párrafo 3º, con el agravante previsto en el 8º párrafo, del CP. Dicho delito posee una escala penal de cuatro (4) a diez (10) años de prisión; cuantía de la amenaza que, de por sí, impediría que, en el caso, la pena que eventualmente pudiera recaer fuera de cumplimiento condicional (art. 26 CP a contrario sensu).

Por otra parte, al momento del dictado de la prisión preventiva el Juez de Grado calificó el hecho en las previsiones del art. 189 bis, tercer párrafo del C.P., ley 25.086, sin analizar los fundamentos por los cuales el representante del Ministerio Público Fiscal entendió que el suceso encuadraría en la figura agravada, con sustento en el carácter provisorio de dicha subsunción legal. Al respecto, cabe destacar que si bien la norma citada no resulta ajustada, por no ser la ley vigente al momento del hecho, es dable presumir que el Magistrado incurrió en un error, queriendo referirse a la ley 25.886, pues ésta fue la citada en el incidente de excarcelación. Dicha calificación legal permitiría, de acuerdo con la escala penal prevista en abstracto, la libertad del encartado a la luz de lo normado por el art. 317 inc. 1º, CPPN en función de lo normado por el art. 316 de ese mismo cuerpo legal. Sin embargo, existen pautas objetivas que impiden, aún a la luz de dicha calificación legal, que la pena a imponer -en el hipotético caso de recaer sentencia condenatoria- sea dejada en suspenso.

En efecto, de los testimonios remitidos por el Registro Nacional de Reincidencia de fs. 9/13 del legajo de personalidad, como de la certificación actuarial de fs. 52 allí obrante, se desprende que el imputado registra una condena dictada con fecha 28/4/00 por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 29 en la causa nº 621/641, a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, en orden al delito de robo con armas en grado de tentativa y la pena única de seis años y ocho meses de prisión, comprensiva de la anterior y de la sanción única de cuatro años de prisión impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 26 en la causa nº 311 de fecha 28/4/98 por el delito de robo reiterado -dos hechos-, daño y robo en poblado y en banda, todos en concurso real. Además, el imputado registra otra condena de fecha 10/6/04 impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en la causa nº 1101/3 a la pena de cinco años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, con expresa declaración de reincidencia, en orden al delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa en concurso ideal con privación ilegal de la libertad agravada.

Dichas condenas anteriores impiden que la eventual pena a imponer pueda ser dejada en suspenso, de acuerdo a las reglas previstas en el art. 27 CP.

Por otra parte, es dable mencionar que el imputado se encuentra registrado bajo los nombres supuestos de Marcelo Yerry Cardozo Carabajal, Marcelo Yerry Cardozo Carbajal, Jerry Carabajal, Marcelo Yerry Carabajal, Yerri Carbajal, Marcelo Yerri Cardozo Carabajal o Marcelo Yerri Carbajal, tal como surge del informe remitido por el Registro Nacional de Reincidencia obrante a fs. 5 del respectivo incidente de personalidad.

Las razones apuntadas constituyen indudablemente pautas objetivas suficientes para considerar que se da en el caso la excepción que admite la restricción de la libertad del imputado, es decir el peligro de fuga exigido por el art. 57 inc. 3, LPC., por lo que la situación precedentemente reseñada, por sí sola, justifica el dictado de la medida cautelar.

Por las razones expuestas el Tribunal, RESUELVE:

CONFIRMAR el auto de fs. 7/10, en cuanto convierte en prisión preventiva la actual detención de Marcelo Yerry Cardozo Carabajal, por ser considerado prima facie autor del delito de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil (art. 57, inc. 3º, LPC).

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y devuélvase al Juzgado de origen, a sus efectos.

Ante mí:

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas