marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Delitos de los recursos de la seguridad social, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, querellante, bien jurídico protegido, AFJP
Materia: PENAL
Carátula: MACHADO, RUBEN s/ Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Causa: 38163.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

1 - Las explicaciones brindadas por el recurrente, referidas al eventual perjuicio que los hechos traen a la sociedad que representa, deben ser atendidas brindándole la oportunidad de hacer valer sus derechos en el proceso, máxime cuando aún no existe certeza sobre la calificación legal que en definitiva corresponda atribuirle a los hechos investigados, por lo que corresponde tener por parte querellante a la AFJP, representada en la causa. (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).- 2 - Si el hecho investigado es el que se tipifica por el art. 135 de la ley 24241 (afiliación fraudulenta), el particularmente ofendido por la comisión de este delito, que es la persona que podría ser tenida por parte querellante, sólo puede ser el trabajador que fue falsamente afiliado, pues solamente éste es el titular del bien jurídico tutelado; por el contrario, una AFJP no puede ser titular de dicho bien jurídico. Para la configuración del presunto delito contra la libertad de afiliación investigada, no se exige que el "promotor" (de ventas) reciba un pago (en concepto de "comisión"), por la afiliación de una persona a la Administradora de que se trata, por lo que esta circunstancia es ajena al objeto procesal y es un hecho diferente y separado del que motiva la formación de la causa. (Del voto en disidencia del Dr. Hornos).- 3 - Si se estimó que por aquella percepción (y no por la afiliación del trabajador) se produjo un perjuicio patrimonial a la AFJP, aquel hecho es independiente del que se investiga en la causa, y deberá ser objeto de otra pesquisa, pero por esta razón no cabe otorgar a la Administradora la calidad de particular damnificado por el evento investigado. (Del voto en disidencia del Dr. Hornos).
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: PENAL
Carátula: Braga, Rafael M. s/ Homicidio culposo. Recurso de hecho Montoto Disco y ot. s/ Infrac. art. 6, dec. 241/96 y ley 11.748
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-27|1997-05-27

Para que sea admisible el recurso de inconstitucionalidad es necesario no sólo plantear el caso constitucional en los términos del art. 149 inc. 1 de la Constitución de la Provincia, sino también que éste haya sido resuelto expresamente por la Cámara para abrir la competencia por apelación asignada a la Corte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficios previsionales, cargo de mayor jerarquía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Minond de Rojkind, Dina c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

Corresponde distinguir entre la situación de un agente que ingresa al cargo sin título válido, al que se le deniegan los derechos emergentes de ese estado, de la de aquél que encontrándose en el ejercicio del cargo público es afectado al cometido de otro.
Medidas cautelares, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Delgado, Josefa Filomena c/ Sucesión Ab Intestato s/ Incidente Medida de No Innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-31

Toda vez que se está ante un trámite autónomo y especial tendiente a obtener la medida precautoria, y ésta no aparece como el resultado normal del desarrollo del proceso principal, como lo es el caso de autos, corresponde aplicar lo dispuesto por el artículo 27 del Dto. Ley 2200 y no las normas relativas a los incidentes.
Accidentes de trabajo, deber de prevención de la aseguradora de riesgos del trabajo, responsabilidad por omisión
Materia: LABORAL
Carátula: MEDINA GUSTAVO FABIAN c/ DONGAH ARGENTINA S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-12

La omisión incurrida por la ART a las conductas y obligaciones de hacer, para llevar a cabo y garantizar una prevención eficaz del riesgo de un accidente en ocasión del trabajo -traumatismo en la mano provocado por la caída de un matafuego-, torna aplicable lo dispuesto por el art. 1074 C.Civil, pues si bien es el empleador quien debe adoptar las medidas para prevenir los siniestros, no es menos cierto que una de las funciones fundamentales de la ART es la participación activa en visitas, inspecciones, sugerencias, capacitaciones, etc., y también la denuncia ante la SRT en el caso de incumplimiento, todo lo cual no surge acreditado en autos.
Contrato de trabajo, sociedad de hecho
Materia: LABORAL
Carátula: Silva Palleiro, María Teresa c/ Natural Esthetic Center y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-12-22

En una sociedad de hecho la figura del socio-empleado, situación que debe analizarse a la luz de la norma contenida en el artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo como lo propone la propia actora, debe ser interpretado en forma estricta; ello exige probar claramente la subordinación que le es propia a todo vínculo laboral. El hecho de encargarse de la propaganda, cuyo costo debía afrontarse por igual entre las partes, otorgar turnos para la atención médica que realizaba el accionado una vez por mes y entregar a los pacientes los medicamentos que aquél recetaba y cobrarlos percibiendo un elevado porcentaje sobre tales consultas y medicamentos, realizando esa actividad en su propia casa, no puede tomarse como representativo de las características de subordinación y dependencia que exige la norma. No se trata de una cuestión de hermenéutica doctrinaria o jurisprudencial, sino de un requisito establecido por la ley, por lo cual, no alcanza con sólo probar que se efectuaban trabajos personales, total o principalmente en favor de la sociedad, sino de demostrar que se realizaban siguiendo directivas y órdenes concretas.
Medida de no innovar, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-01-26

El fumus bonis iuris no exige de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad de esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad. Por ello, ha de concluirse que el mero enunciado del dictado de la ley 26.727 y la transcripción literal de citas jurisprudenciales efectuado por la pretensora, sin precisar -mínimamente- el derecho inminentemente lesionado, no justifica el dictado de la medida solicitada.
Asociación ilícita, acusación, principio de congruencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Actuaciones instruidas por las supuestas desapariciones y muerte de Francisco Gregorio Ponce, Griselda Del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-15

Existe una imputación válida y vigente respecto al delito de asociación ilícita cuando desde las indagatorias los imputados fueron preguntados sobre las distintas circunstancias en el marco de un actuar ilícito concertado de funcionarios de un aparato organizado de poder estatal, de modo que se preservó el principio de congruencia, y los encartados pudieron defenderse sobre la realidad de los hechos aducidos por la acusación, como sobre su ilicitud y punibilidad.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Funes, Luis G. c/ Colombo, Hector F. s/ Diferencia de haberes y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-10-03

La manifestación del actor de no ser empleado del demandado efectuada ante el Juez de Instrucción en una declaración testifical, si bien no puede constituir una confesión extrajudicial del mismo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 83 del Código Procesal Laboral y 411 del Código Procesal Civil y Comercial, nada obsta a que pueda ser valorada como presunción que opera en contra del demandante a tenor de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 411 citado. Las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de seguridad social tipifican verdaderas confesiones extrajudiciales prestadas frente a un tercero, que por aplicación de la norma del referido artículo 411 in fine, son una fuente de presunción simple que -en el caso- juega también en forma adversa a las pretensiones del reclamante.
Prisión domiciliaria, edad avanzada
Materia: PENAL
Carátula: Morellatto Donna, Fernando Eugenio s/ Incidente de prisión domiciliaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-08-03

La condición etaria prevista en el inciso d) del artículo 32 de la Ley 24.660 como uno de los supuestos en los que el Juez puede conceder la detención domiciliaria no es suficiente - por si sola- para conceder tal beneficio, sino que deben analizarse cuál o cuáles son las otras circunstancias, distintas a la edad del condenado, que el juez debe valorar para conceder la detención domiciliaria a los mayores de 70 años.
Contienda negativa de competencia, daños y perjuicios, indemnización, competencia laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CASANOVA, ALFREDO c/ CAPIGLIONI, SERGIO Y OTROS s/ CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA -DECLARATORIA DE POBREZA (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 186 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26

A los fines de dilucidar cuestiones de competencia ha de estarse, en primer término, a los hechos que se relatan en el escrito de demanda, y después -y sólo en la medida en que se adecue a ellos- al derecho que se invoca como fundamento del pedido. En el caso, al tratarse de una acción civil dirigida contra un tercero ajeno a la relación laboral -entendiéndose por tal, todo aquél que no sea el trabajador ni el empleador-, no resultan operativas las normas sobre competencia material de los Jueces del Trabajo (art. 2 -inciso a-, ley 7945 y 76 -inc, 1- , ley 10.160); por ende, ante la inexistencia de relación laboral entre dañador y víctima, y versando el juicio principal en un reclamo de daños y perjuicios sobre responsabilidad civil extracontractual, resulta aplicable el artículo 69 de la ley 10.160 que atribuye su conocimiento al Tribunal Colegiado especializado en esa materia.
Acción contencioso administrativa, prueba, oposición a la prueba
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Villegas, Sergio Adrián c/ Municipalidad Autónoma de Tinogasta s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-03-31

Resultando prematuro, en ésta etapa del proceso, determinar a priori sí la prueba ofrecida por la parte actora es conducente o no para la determinación de las circunstancias fácticas invocadas como sustento de la defensa esgrimida contra actos del poder administrado y advirtiéndose además que la oposición formulada carece de argumentos jurídicos que la avalen, por lo que en nada se entorpece su producción y las consecuencias derivadas de su producción -o no- en el período de prueba, de conformidad con lo resuelto en precedentes análogos: "Rasgido c/ Municipalidad de Tinogasta" y "Baquinzay c/ Municipalidad de Tinogasta", corresponde no hacer lugar al planteo impugnaticio realizado por la demandada.
Justicia municipal de faltas, acta de comprobación, valor probatorio, inversión de la carga de la prueba
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: A., G. s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-08

Habiendo sido el acta confeccionada de acuerdo a las prescripciones del artículo 6 del Código de Faltas y del artículo 70 de la Ley Nro. 24.449 constituye la misma prueba suficiente de la infracción cometida por el imputado.

En relación con la supuesta inversión de la carga probatoria que violaría el principio de inocencia, no le asiste razón al recurrente. En efecto, no se ha pretendido que este pruebe que es inocente sino que aporte elementos probatorios que refuten los extremos acreditados por el acta de comprobación, en tanto que a partir de esta se ha desvirtuado la presunción de inocencia del imputado, toda vez que constituye suficiente prueba de su responsabilidad.
Tercería de mejor derecho, boleto de compraventa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Club Personal Banco Río Negro y Neuquén Bahía Blanca s/ Tercería de dominio en "Gaucci, Roberto c/Graetz, Rodolfo. Cobro  ejecutivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

Si bien el art. 1.185 bis del Código Civil se refiere al caso de concurso o quiebra del vendedor autorizando a oponer el boleto al conjunto de acreedores que conforman la masa, no se advierte razón alguna que impida que lo mismo pueda ocurrir frente al acreedor embargante en un proceso ejecutivo.
Sanciones aduaneras, autodenuncia, disminución de la pena
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Antonio María Delfino Sanyc -T.F. 7808-A c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

Para que la autodenuncia tenga los efectos atenuatorios que prevé el art. 917 del C.A., debe ser formulada con anterioridad a que el servicio aduanero advierta por cualquier medio la infracción o a que hubiere un principio de inspección aduanera o a que se hubieren iniciado los actos preparativos del despacho ordenados por el agente verificador. (Consid. 2º).
Responsabilidad del comerciante, defensa del consumidor, Código Alimentario Argentino
Materia: COMERCIAL
Carátula: Carrefour  Argentina  S.A. c/ ANMAT-disp. Nro. 3444 s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-06

Es responsable el comerciante que expendió mercaderías que se hallaban en infracción al Código Alimentario Argentino pues más allá de que la actividad que despliega no se limita a la que corresponde a un "mero comercio", dicha interpretación es la que más se compadece con los fines de la ley, cual es la protección de la salud de los consumidores.
Contratos, cesión de créditos, cesión de derechos, juicio ordinario
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Gpc Valores SA c/ Ypf SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-18

En la cesión (tal como ocurre en la subrogación) transmite al nuevo acreedor (cesionario) un crédito idéntico al que ostentaba el cedente, con sus obligaciones y sus cargas y sus ventajas que incluyen sus privilegios, accesorios y garantías (CCIV 1458). De allí que la cesión no apareje la alteración del contenido originario del crédito cedido. Establecido, entonces, que el objeto de la cesión está constituido por el crédito cedido tal como se encontraba en cabeza del cedente, la pregunta pasa a ser "en qué momento" debe ser ello apreciado, o sea cuál es el hito cronológico que define y consolida, definitivamente, el contenido del crédito transmitido. Bajo esa óptica, cabe señalar que - como principio general- el crédito se transmite con las condiciones que ostentaba al momento de la cesión, con sus condicionamientos y cargas. En ese orden de ideas, es dable mencionar que la existencia y la legitimidad del crédito que la ley resguarda son las referidas, según el tenor del art. 1476, "al tiempo de la cesión". La ley ha querido referirse al tiempo en el que se concluye el contrato de cesión pues es a ese tiempo que el crédito debe existir legítimamente en los términos en los que haya sido descripto. En otros términos, si el cedente afectase el crédito con anterioridad a la cesión, ello le es oponible al cesionario quien no goza de ningún derecho sobre la reclamación que pudiese efectuar el tercero acreedor, pues el cesionario no puede tener mejor derecho que el que tenía el cedente; no obstante, si dicha afectación ocurre con posterioridad a la notificación de la cesión, los efectos de esta última no serán oponibles al cesionario, salvo que surgiesen de la misma relación cedida.
Procedencia parcial, fundamentación de sentencias, daño emergente, daño moral, cómputo de intereses, daño punitivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ilchischen, Rosalva del Valle  c/ Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados  s/ incumplimiento contractual, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2023-05-02

Procede hacer lugar parcialmente al recurso de apelación incoado por la actora, determinando que los intereses deben calcularse conforme a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina, aplicándose a los rubros daño emergente y daño moral a partir de la fecha de mora, y admitiendo parcialmente el recurso de apelación deducido por la demandada, debiendo computarse los intereses por el rubro daño punitivo desde la fecha de la sentencia, a igual tasa que la indicada precedentemente. Para decidir así, se precisa en relación al agravio en torno al daño moral que el incumplimiento de la empresa deviene de concretas obligaciones impuestas por la LDC, las que fueron transgredidas a título de culpa grave; y en lo que refiere a la suma fijada por el a quo al momento del incumplimiento, cabe decir que resulta razonable. Por otra parte, quedó demostrada la falta de cumplimiento del pago por parte de la accionada, como así también los reclamos efectuados por la accionante, lo cual conduce a tener por acreditada la culpabilidad requerida para admitir la pretensión indemnizatoria por daño punitivo. Con respecto al monto, que es el motivo de agravio por ambas partes -la actora por bajo y la demandada por elevado-, la estimación efectuada por el a quo resulta razonable.
Instrumentos públicos, acta notarial, valor probatorio, redargución de falsedad
Materia: CIVIL
Carátula: MANICHES LEON c/ SCHIFRIS JUAN E s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO-PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-26

El acta realizada por un escribano público, en forma determinada, por ley, constituye un instrumento público de acuerdo a lo dispuesto por el art. 979 inc. 2 del Código Civil, en consecuencia no siendo el acta redargüida de falsedad, dentro del plazo establecido por el art. 395 del Cód. Proc., hace plena fe de los hechos cumplidos por el escribano o que han pasado en su presencia.
Reducción de la multa, multa administrativa, infracciones formales
Materia: PENAL
Carátula: Don Roque SA c/ Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Ex 66354901/20)  s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-11

La sala hizo lugar parcialmente al recurso de la actora y redujo la multa impuesta por el Director Nacional de Control Comercial Agropecuario en un 50%. En primer lugar, confirmó la sanción endilgada por haber sido reconocida expresamente por la accionante. Por otra parte, admitió la apelación de la encartada respecto al monto de la sanción impuesta, por cuanto entendió que, atento a la naturaleza de la infracción cometida - carácter formal- y a la falta de antecedentes, el mismo era desproporcionado.
Empleo público, vacaciones, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: V., J. O. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-29

El distracto ocasiona la imposibilidad de usufructuar la licencia anual ordinaria, y por lo tanto habilita la correspondiente reparación pecuniaria; pago que tiene la naturaleza de indemnización, de modo que la suma remuneración..." encuentra este pago un límite, que no puede sobrepasarse sin riesgo de afectar la naturaleza del derecho a la licencia anual reglamentaria, especialmente protegido por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el régimen legal.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, medidas preparatorias, juicio ordinario, juicio sumario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: TECH APPLY S.R.L. c/ ROCCHETTI, IGNACIO MARIO ANTONIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DEMANDA ORDINARIA POR EXCLUSION DE SOCIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 84 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad incoado desde que no obstante las causales descalificantes denunciadas vinculadas a la actividad probatoria y a la normativa procesal que el apelante indica como erróneamente aplicada al presente juicio sumario, la sustancia recursiva refleja tan sólo su discrepancia para con la decisión adoptada por el A quo, confirmatoria de la del inferior, que hizo lugar a la demanda de exclusión del socio accionado de la sociedad actora, y en lo que respecta al cuestionamiento de la validez de las medidas preparatorias en juicio sumario concluyó que todo lo legislado para el juicio ordinario se hace extensivo a los demás juicios declarativos, entre ellos el sumario, en cuanto sea compatible con sus disposiciones, por lo que no advertía que por aplicación del artículo 15 de la ley 19550 se prive a la actora de aquellas, además de no haber intentado el demandado subsanar la irregularidad por el remedio correspondiente.
Recusación por prejuzgamiento
Materia: PENAL
Carátula: Dussart y de la Iglesia, Esteban c/ Universidad Nacional de La Pampa s/ rec. art. 32 Ley 24.521
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-15

Al invocar la causal de prejuzgamiento como fundamento de la recusación es necesario efectuar una crítica concreta y razonada a los argumentos a los que se refiere dicho prejuzgamiento; siendo insuficiente la mera discrepancia con las pretensiones vertidas; pues el sentido en que se ha expedido un juez en sus sentencias no configura un presupuesto apto para sustentar la causal de prejuzgamiento, y las opiniones dadas por los magistrados del Tribunal como fundamento de la atribución específica de dictar sentencia importan juzgamiento y no prejuzgamiento.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, derechos sociales, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Ministerio Público - Asesoría Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

Debe acogerse favorablemente la pretensión de inconstitucionalidad del art. 4 del Decreto 960/08 por la denunciada restricción del destino del subsidio, pues del cotejo en abstracto las ambas normas puede observarse que el nivel de protección que ofrece el estado actual del ordenamiento jurídico ha empeorado en el punto, en la medida en que se restringe la frecuencia del posible destino del subsidio, al otorgarse carácter excepcional a la utilización en la obtención de una solución definitiva de la problemática habitacional, produciéndose un retroceso en el alcance y nivel de protección del derecho a la vivienda. (Voto en disidencia parcial Dra. Elizabeth A. Marum).
Posesión, actos posesorios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CORONEL, RENE ORLANDO c/ GIMENEZ, MARIA DE LA CRUZ Y/O SUCESORES s/ PRESCRIPCION VEINTEAÑAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-11-21

El alambrado es el más inequívoco acto de ocupación excluyente de toda otra posesión y exteriorizante de la intención de someter la cosa al ejercicio del derecho de propiedad.