Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-03


Fallo Plenario Nro. 303 Acta Nro. 2356 En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los tres días del mes de mayo de 2002, siendo las diez horas; reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal bajo la Presidencia de su titular doctora Alcira Paula Isabel Pasini, los señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, doctores Antonio Vázquez Vialard, Julio Vilela, Jorge del Valle Puppo, Jorge Guillermo Bermúdez, Graciela Aída González, María Laura Rodríguez, Ricardo Alberto Guibourg, Elsa Porta, Roberto Omar Eiras, Bernardo Joaquín Argentino Lasarte, Julio César Moroni, Diana María Guthmann, José Emilio Morell, Roberto Jorge Lescano, Rodolfo Ernesto Capón Filas, Horacio Héctor de la Fuente, Juan Carlos Fernández Madrid, Juan Andrés Ruiz Díaz, Horacio Vicente Billoch, Juan Carlos Eugenio Morando, Alvaro Edmundo Balestrini, María Isabel Zapatero de Ruckauf, Héctor Jorge Scotti, Julio César Simón y Gregorio Corach; y con la asistencia del señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo doctor Eduardo O. Alvarez, a fin de considerar el expediente Nro. 22.559/1993 - Sala VI, caratulado "JUAREZ, Luis Sergio c/ Expreso Quilmes S.A. s/ despido", convocado a acuerdo plenario en virtud de lo dispuesto por el art. 288 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para unificar jurisprudencia sobre la siguiente cuestión: ")Es aplicable lo dispuesto en la primera parte del "artículo 254 de la L.C.T. a los casos de pérdida de habilitación "especial contemplado en el segundo supuesto del mismo artículo, "cuando tal inhabilitación se origina en enfermedad o disminución "psicofísica contraída sin dolo o culpa grave del mismo "trabajador?".-------------------------------------- -------------------------------- Abierto el acto por la señora Presidente, el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dijo:---------El artículo 254 de la Ley de Contrato de Trabajo establece: "Cuando el trabajador fuese despedido por incapacidad física o mental para cumplir con sus obligaciones y la misma fuese sobreviniente a la iniciación de la prestación de los servicios, la situación estará regida por lo dispuesto en el art. 212 de esta ley. Tratándose de un trabajador que contare con la habilitación especial que se requiera para prestar los servicios objeto del contrato, y fuese sobrevinientemente inhabilitado, en caso de despido será acreedor a la indemnización prevista en el art. 247, salvo que la inhabilitación provenga de dolo o culpa grave inexcusable de su parte".---------------La inquietud que motiva esta convocatoria se refiere, en concreto, a la aplicación del art. 212, cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, al supuesto singular de un trabajador que ha perdido la habilitación especial que su tarea requiere, por razones de salud y a raíz de una enfermedad inculpable.-------------------------------------------A mi juicio, se impone una respuesta afirmativa al interrogante.------ -La norma que he transcripto presenta dos proposiciones claramente diferenciadas. La primera, expuesta en el párrafo inicial, consiste en una mera remisión al art. 212 de la L.C.T., que hasta podría ser juzgada sobreabundante, sino fuese por una razón metodológica: El legislador quiso conjurar la desprolijidad que significaba el haber regulado la rescisión del contrato por razones de salud en el capítulo de las enfermedades, antes de haber formulado los aspectos genéricos de la extinción y aprovechó la oportunidad para aclarar que este último sistema también regía cuando era el empleador quien tomaba la iniciativa resolutoria, bajo la forma típica del despido directo.------------------------------------------------------------ ------------------La segunda proposición se refiere a una hipótesis particular: la del trabajador que necesita contar con una habilitación, ya sea administrativa, pública o corporativa, para llevar a cabo la tarea que constituye el objeto del contrato en los términos del art. 37 de la Ley de Contrato de Trabajo y la pierde durante el transcurso de la relación laboral. En este supuesto, la norma ordena el pago de la indemnización reducida a la que hace alusión el art. 247 de la L.C.T., salvo que la inhabilitación provenga del dolo o la culpa grave e inexcusable del trabajador.---- -------------------------------------------------Ahora bien, no encuentro ninguna razón de índole científica o jurídica que permita sostener que este segundo párrafo implica un desplazamiento del primero y de todo el diseño del art. 212 de la L.C.T. para aquellos trabajadores que necesitan de una habilitación para realizar su tarea y esta se ve afectada por razones de salud que no le son imputables.--------------------------------------------------------- ----El párrafo final del art. 254 de la Ley de Contrato de Trabajo está pensado para aquellos supuestos en los cuales el trabajador se ve inhabilitado a causa de su propio proceder (infracciones, falta de acatamiento de disposiciones típicas de la actividad, etc.) o por el transcurso del tiempo (la llegada de una edad límite) y en coherencia con este criterio establece la excepción de dolo o culpa grave, que solo se comprende si se analizan conductas.-------------- ------------------En verdad, estamos frente a una norma muy protectora del trabajador que requiere habilitación para llevar a cabo la actividad, porque se dispone el pago de una indemnización pese a que el hecho sobreviniente afecta la "causa fin" del contrato y el empleador debe abonar la suma a la que alude el art. 247 de la L.C.T., aunque la inhabilitación se produjera por culpa del dependiente, en la medida en que esta fuere "leve" o no pudiese ser reputada como "grave" en los términos del art. 512 del Código Civil.----------------------------------Esta circunstancia última es esencial en la interpretación del dispositivo legal que nos reúne, porque pone en relieve que la reglamentación específica se ciñe a los casos en que la inhabilitación sobreviniente del trabajador, para utilizar la expresión de la norma, presenta una nota de relativa ajenidad en relación con el sujeto, que descarta ilicitudes o antijuridicidades ostensibles.-------------------------Es razonable interpretar, entonces, que se quiso tutelar al trabajador, otorgándole una indemnización a la que no hubiera sido acreedor en la teoría general, en el caso de que pierda su habilitación, ya sea por las vicisitudes de su labor cotidiana, en los que no se descarta, en el tiempo, la posibilidad de transgresiones pequeñas, si bien reprochables, no originadas en culpa grave o dolo, causadas por la familiaridad de la tarea o bien por la existencia de una edad límite que vede la renovación de las matrículas respectivas, sin que por ello pueda hablarse de enfermedad, ya que la vejez no debería ser conceptualizada como tal.--------------------------------------- ----------------No sería imaginable, ni coherente, una ley que tratara igual al trabajador que pierde su habilitación a raíz de una grave enfermedad inculpable de aquél otro que la pierde por su culpa leve en el desempeño de la labor y, precisamente, la diferencia reside en que el legislador presuponía que, en el primero de los casos descriptos, al dependiente le correspondía el resarcimiento pleno del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, ante la aplicación innegable del art. 212 y la remisión de su cuarto párrafo.--------------------------------------------Creo necesario destacar que no solo estaría en discusión el derecho a la indemnización total y que una respuesta negativa al interrogante significaría apartar a los trabajadores que necesitan habilitación para desempeñar su actividad del régimen del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que implica, entre otras cosas, negarles derecho a que se los reubique en tareas livianas o acordes con su capacidad residual y propiciar, en alguna medida, la ruptura del vínculo, lo que resulta contrario al principio de continuidad al que alude el art. 10 de la L.C.T..-------------------------------------- -------------Una solución tan peyorativa que, reitero, concluye en la exclusión de todo un grupo de trabajadores del sistema que regula las consecuencias de la incapacidad psicofísica en el desenvolvimiento de la relación laboral, no puede ser inferida, deducida o presumida por meros equívocos metodológicos y, más allá de su legitimidad o acierto, debería surgir de una manera clara, diáfana y terminante.------Como ya lo advirtiera, no existe ninguna disposición expresa al respecto y, por otra parte, la interpretación literal del título que precede al Capítulo XI permite diferenciar más claramente aún los párrafos y descartar todo sentido que implique apartar a los trabajadores que necesitan habilitación de aquella hipótesis que se describe en la primera parte del art. 254 de la Ley de Contrato de Trabajo.----------------------------------- ------------------------------------------Hago esta afirmación porque el capítulo está encabezado por la expresión "De la extinción del contrato de trabajo por incapacidad o inhabilidad del trabajador" y la utilización gramatical de la "o", en el contexto, descarta la exclusión e implica una suerte de equiparación de supuestos. Adviértase que no se utilizó una conjunción, como "y" o "e".---------------------------------------------------------------- ----------------No soslayo que algún sector de la doctrina ha esbozado una interpretación disímil (ver Enrique Herrera, "Tratado de Derecho del Trabajo" dirigido por Antonio Vázquez Vialard, T. V, págs. 567 y sgtes.) pero no la comparto y resalto que el fundamento que se expone, concerniente a que se trataría de una hipótesis de "fuerza mayor" no es convictivo, porque también es una hipótesis de "fuerza mayor" la incapacidad absoluta originada en una enfermedad inculpable y genera el derecho a una indemnización completa, equivalente a la del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.----- ----Por último, recuerdo que nuestra disciplina veda todo ejercicio interpretativo que concluya en una solución perjudicial para los trabajadores, en especial si padecen una enfermedad invalidante que dificulta su reinserción en el mercado de trabajo y si existiera una duda debería despejarse a la luz del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo y en el sentido más favorable a los dependientes.----------- ----En síntesis y como ya lo adelantara, propicio una respuesta afirmativa al interrogante del temario que nos reúne.--------------- ------- Por la AFIRMATIVA en MAYORIA, votan los doctores: CAPON FILAS, SCOTTI, GUIBOURG, PORTA, VAZQUEZ VIALARD, PUPPO, ZAPATERO DE RUCKAUF, PASINI, RUIZ DIAZ, FERNANDEZ MADRID, VILELA, MORELL, GUTHMANN, BALESTRINI, DE LA FUENTE, LESCANO y CORACH.------------- EL DOCTOR CAPON FILAS, dijo:------ --------------------------------El presente plenario se relaciona con lo previsto por R.C.T. artículo 254.---------------------------- ------------------------------------------------------ Datos.- -------------------------------------------------------------------- ----------Tal dispositivo legal recepta dos supuestos de extinción laboral, sancionando consecuencias distintas. El primero refiere a la extinción por in/capacidad física o mental del trabajador para cumplir sus obligaciones, en cuyo caso la norma deriva al art. 212. El segundo recepta el hecho de que el trabajador fuera posteriormente in/habilitado para cumplir las tareas que requieren una habilitación especial, en cuyo caso la norma deriva al art. 247.------------------------El interrogante a responder: qué sucede cuando el trabajador pierde su habilitación para conducir debido a serios y graves problemas de salud. Y además, ha sido declarado in/apto por el organismo competente.-------------------------------- ----------------------------------------Valoración.----------------- --------------------------------------------------------a. Marco general.------------------------------------------------------------ -----La decisión meramente formal, utilizada por la doctrina tradicional, se queda en la superficie del Derecho sin ahondar en las profundidades del caso concreto, constituido no solo por normas sino también por realidades, valores, y conducta transformadora. Al contrario, reiterando las observaciones de Albrecht Durer ("lo poco que se lo digo para que otro, tal vez más inteligente, lo complemente o lo modifique. De este modo, a pesar de todo, habré servido a la Verdad") y teniendo en cuenta que "solo el realismo conduce a resultados concretos porque el positivismo es chato y el idealismo fantasioso" (Mario Bunge, Las Ciencias Sociales, hoy, en "Clarín", 30.04.98) el presente caso debe resolverse teniendo en cuenta la realidad, los valores y las normas, de tal modo que la decisión consolide espacios de Justicia.---------------------------- --------------------b. Salud de los trabajadores.------------------- --------------------------------1. En su larga marcha hacia "adelante" y "arriba" (en la terminología de Teilhard de Chardin) la Especie Humana enfrenta el deterioro de la salud y la muerte. Este problema expresa el drama del sufrimiento e intenta ser sublimado por el budismo mediante el des/apego, por el cristianismo mediante la dupla muerte/resurrección y por el nihilismo mediante la droga, pero no deja de tener fuerza irradiante sobre la persona que lo sufre, sobre su grupo familiar y la sociedad civil. Cuando se trata de trabajadores en relación de dependencia, además, se tiñe de in/certidumbre económica, lo que agrega un nuevo peso al fardo del dolor y de la angustia.--------------------------------------------- --2. El tema ha sido receptado en la Carta Internacional de Derechos Humanos (Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre, art. 1, XI; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 1, 22; Pacto de San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos, art. 1, 4, 5, 26). Los Derechos Humanos, como expresan la doctrina alemana (cr. Martin Driele, Einfuhrung in die Staatslehre, Rowohlt, Hamburgo, 1975, Parte II, Cap. 3) y la portuguesa (cr. Jorge Reis Novais, Contributo para una Teoría do Estado de Dereito, Coimbra, 1987, Cap. III. 2.1; José Abrantes, Dereito do Trabalho, Ensaios, Cosmos, Lisboa, 1995, pág. 35) irradian eficacia no solo sobre el Estado sino también sobre la sociedad civil y las empresas hasta tal punto que "el principal papel del Juez reside en su independencia para velar las libertades públicas y acrecentar el respeto por los Derechos Humanos porque el Poder Judicial tiene un compromiso histórico y moral con la preservación de la dignidad del hombre" (Benedito Calheiros Bomfim, A crise do Dereito e do Judiciario, Destaque, Río de Janerio, 1999, pág. 71). Este compromiso judicial, ético en sus raíces, se normativiza a partir de la directiva constitucional expresada en el art. 14 y en el 14 bis de la Constitución Nacional vigente. La diferencia entre ambos es substancial porque mientras el primero posee sentido presente ("Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio..."), el segundo es prospectivo ("El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán..."). Como los documentos de Derechos Humanos enumerados en la Constitución Nacional art. 75 inciso 22, son superiores a las leyes, ya no puede prescindir de ellos en la solución de los casos concretos, con el agregado que la prescindencia puede originar responsabilidad internacional del Estado Argentino (CS, "Méndez Valles, Fernando c/ A. M. Pescio S.C.A.", 26.12.1995). Del mismo modo, la Declaración Sociolaboral del Mercosur, por emanar del Tratado de Asunción, es superior a las leyes (C.N., art. 75, inciso 24).-------------3. Siguiendo esta corriente hominizadora, R.C.T. art. 212, 254 establecen un iterlógico que debe respetar los derechos del trabajador afectado en su salud.------------------------------------ -------------------------c. Caso concreto:-------------------------- ---------------------------------------1. Descripto el marco jurídico (Derechos Humanos, Constitución Nacional, R.C.T.), el caso debe resolverse:---------------------------------a. La realidad indica que el trabajador no ha perdido la habilitación por problemas formales (infracciones, edad límite, incumplimientos a disposiciones de la actividad) sino por su in/capacidad, con lo cual dicha circunstancia encuadra en el primer supuesto de R.C.T. art. 254.---- -------------------------------------------------------------------- ----------b. Es decir, bajo el ropaje de pérdida de habilitación, existe pérdida de capacidad psico/física del empleado para cumplir sus tareas habituales como chofer: por ello corresponde ubicar la situación en el dispositivo contenido en el art. 212.--------------- ---------------------------c. No resulta lógico sostener que a los trabajadores que necesitan habilitación, no se le aplica la primera parte del art. en cuestión, porque inexiste norma que lo establezca.------------------------------------d. Tampoco puede interpretarse que la ley contempla igual tratamiento para situaciones disímiles en perjuicio del trabajador afectado en su salud, es decir, para aquel que pierde su habilitación por enfermedad y aquel que lo hace por culpa en el desempeño de su labor ya que para el primero de los casos la ley dispone el resarcimiento pleno ante la aplicación obligatoria del art. 212, al que remite la primera parte del artículo 254 de R.C.T..------------------------2. Por todo lo expuesto, voto por la afirmativa.----------------------- ----- EL DOCTOR SCOTTI, dijo:-------------------------- ----------------------El tema que hoy nos congrega está referido a la pertinencia de aplicar lo dispuesto en el art. 212 L.C.T. (por remisión de lo normado en la primer parte del art. 254 del mismo cuerpo legal) a aquellas relaciones laborales cuya extinción se ha producido a raíz de la inhabilitación del trabajador dispuesta por la autoridad administrativa, para continuar desempeñando sus tareas habituales, problemática respecto de la cual ya me he expedido de manera afirmativa.-------------------------------------------------- ------------------------En efecto, tal como lo señalara in re "Moscardi, Octavio C. c/ ABLO S.A. s/ despido" S.D. 6.279 del 30-4- 99 entre otros, si esa declaración administrativa obedece a la incapacidad laborativa del dependiente, corresponde aplicar la primer parte del art. 254 L.C.T. que establece, con absoluta claridad, que si el trabajador fuese despedido por incapacidad física o mental para cumplir sus labores, la situación estará regida por lo dispuesto en el art. 212 de dicha ley. Es que la segunda parte de aquel dispositivo, que dispone una indemnización reducida y en la que se asientan las opiniones discrepantes con esta postura, está referida a un supuesto distinto cual es aquél en que la inhabilitación se produce por razones ajenas a la minusvalía del dependiente, motivo por cual resulta inaplicable al caso planteado.- ------------------------------------------------------------------- Es que de lo contrario toda la norma en su conjunto (el art. 254 L.C.T.) resultaría ininteligible: si el trabajador se invalida y por ello es inhabilitado por la autoridad competente, debería aplicársele, el primer párrafo por estar incapacitado y el segundo por encontrarse inhabilitado, configurándose así una contradicción prácticamente imposible de superar.--------------------------------- ---------------------------En realidad, como lo explica con toda claridad el Dr. Vázquez Vialard (ver "La aparente contradicción..." en Trab. y Seg. Soc. 1997 p. 259), para salvar esa aparente violación al principio lógico de no contradicción y presuponiendo, como es obvio, la coherencia interna del legislador y del producido de su obra, no cabe otra alternativa que acudir a la distinción formulada en el párrafo anterior: siempre que exista una imposibilidad de continuar prestando las tareas que se venían cumpliendo a raíz de una incapacidad laboral, se aplica el primer párrafo del art. 254, medie o no inhabilitación por parte de la autoridad administrativa; y cuando la pérdida de esa habilitación derive de otras circunstancias ajenas a un déficit laborativo rige en plenitud la segunda parte del dispositivo aludido.--------------- ----------Por lo demás, la aplicación de la tesis que combato conduciría a resultados manifiestamente absurdos: los obreros metalúrgicos, los empleados de casas de comercio, los encargados de casas de renta o los cajeros de banco, por desempeñarse en actividades no reglamentadas, de incapacitarse van a tener a su favor todas las alternativas del art. 212 L.C.T. (al que remite la primer parte del mentado art. 254). En cambio, los conductores de transporte colectivo, los pilotos de aeronaves, o los médicos en relación de dependencia, como deben poseer una licencia, una habilitación o una patente para ejercer su profesión, si sufren similar situación que la de sus colegas, pierden por ello la patente o la habilitación y por esta última circunstancia, tienen derecho solamente a la indemnización reducida del art. 247 L.C.T..---------- -----------------------------------------Puede existir, incluso, otra incongruencia mayor, aún dentro del sector de trabajadores cuya profesión se encuentra reglamentada. Si el déficit laborativo se determina sin intervención de la autoridad de aplicación (es decir mediante los facultativos del propio subordinado, del empleador, de la A.R.T. o de instituciones públicas) no parece existir obstáculo para la aplicación del primer párrafo del art. 254 y, consecuentemente, de las diversas posibilidades que brinda el art. 212; en cambio, si esa minusvalía se advierte recién en oportunidad de algún examen periódico requerido por el organismo que tiene a su cargo el control de la actividad, regiría lo que -a mi juicio- es una interpretación errónea de la segunda parte del art. 254 y solamente tendría derecho a percibir el resarcimiento reducido del art. 245 L.C.T..---------------------------------------------------- --------------------------Como se ve, las consecuencias a las que se arriba, condenan la interpretación que pretende diferenciar la situación de los trabajadores en función de que la profesión que ejerzan se encuentre o no reglamentada.----------------------------- -----------------------------------Por lo demás, si alguna duda pudiera caber (yo no la tengo) es obvio que debe ser dirimida a la luz de las directivas impuestas por el art. 9 L.C.T., esto es en el sentido más favorable a los intereses que el legislador pretendió tutelar. En este mismo orden de ideas, también resulta pertinente señalar que si se entendiera que la intención del legislador ha sido dispensar un trato peyorativo a un sector de trabajadores con relación a otro (no obstante que en los demás aspectos contemplados en la L.C.T. no existe diferencia alguna entre ambos) hubiera sido menester que lo determinara con toda precisión y nitidez habida cuenta de lo atípico que resultaría la norma y la consagración de lo que, en definitiva, no sería sino un caso de discriminación legal cuya justificación o razonabilidad tampoco se advierte con claridad.--------------------------------------------------------- Dicho en otras palabras, ante una pretendida redacción ambigua o confusa, debe preferirse, no solamente aquella interpretación que más favorece al trabajador sino, también, la que resulta más armónica y congruente con el resto del ordenamiento laboral.-------- -----------------Por estas breves consideraciones, y tal como lo anticipara, voto por la afirmativa a la cuestión planteada.--------- -------------------------------- EL DOCTOR GUIBOURG, dijo:------------------------------------------En la causa "Reinoso, Hipólito Alberto c/ Dota S.A. de Transporte Automotor s/ despido" (Sent. 74.029 del registro de la Sala III, 22/5/97) tuve oportunidad de expedirme en sentido coincidente con una respuesta negativa al interrogante planteado en este plenario. En autos "Suárez, Miguel Angel c/ Transportes Sol de Mayo C.I.S.A. s/ indemnización artículo 212" (Sent. 74.226 del mismo registro, 24/6/97) fundé dicha decisión en la especificidad del artículo 254 para los casos en los que la autorización del trabajador es revocada por la autoridad administrativa. En "González, Juan Carlos c/ Transportes 68 S.R.L. s/ despido" (Sent. 78.461 del registro de la Sala III, 16/3/99) adherí al voto del Dr. Eiras en el mismo sentido, con fundamento en que el texto del artículo 254 L.C.T. no formula distinción alguna entre "la inhabilitación proveniente de incapacidad física o mental y las otras causales que puedan ocasionar la misma".- El dictamen del Sr. Fiscal General y el voto del Dr. Scotti, sin embargo, me convencen ahora de volver a la interpretación opuesta, que había esbozado en el viejo artículo "El dos doce" (L.T. XXXI, págs. 202 y 203). Advierto, en consonancia con los argumentos expuestos, que la premisa según la cual la norma del artículo 254 segundo párrafo constituye un compartimiento estanco respecto del primer párrafo (y del artículo 212 al que él se remite) reposa sobre una interpretación literal centrada en el texto del mismo párrafo, pero la misma literalidad, ampliada a la relación de dicho párrafo con el anterior, autoriza una diferente perspectiva; y entre ambas ha de decidirse según los objetivos que quepa atribuir al juego armónico de las distintas disposiciones.------------------------------------- -----------------El artículo 212, en efecto, busca asegurar en lo posible la continuidad del empleo frente a vicisitudes relativamente incapacitantes que pudiesen afectar al trabajador: por eso dispone que el empleador deberá otorgarle tareas acordes con sus posibilidades, sin disminuir por eso la remuneración, y sólo en caso de no tenerlas abonará la indemnización del artículo 247.----------- -----El primer párrafo del artículo 254, a su vez, establece: "Cuando el trabajador fuese despedido por incapacidad física o mental para cumplir con sus obligaciones, y la misma fuese sobreviniente a la iniciación de la prestación de los servicios, la situación estará regida por lo dispuesto en el artículo 212 de esta ley". Si este fuera el único texto del artículo 254, habría que concluir que la norma en él contenida es redundante: remite al artículo 212 en caso de incapacidad sobreviniente, que es exactamente la misma condición que determina la aplicabilidad de dicho artículo.--------------------------El segundo párrafo, sin embargo, agrega: "Tratándose de un trabajador que contare con la habilitación especial que se requiera para prestar los servicios objeto del contrato, y fuese sobrevinientemente inhabilitado, en caso de despido será acreedor a la indemnización prevista en el artículo 247, salvo que la inhabilitación provenga de dolo o culpa grave e inexcusable de su parte". )Cómo leer el conjunto de estas normas?.--------------------------Una posibilidad consiste en interpretar que el segundo párrafo del artículo 254 crea una excepción a la regla general del 212 para los trabajadores cuyo desempeño dependa de una habilitación especial. Esta línea de interpretación, que he seguido hasta ahora, no provee explicación alguna para el primer párrafo de la misma norma; pero, además, desafía a imaginar el objetivo de aquella excepción. Francamente, no logro satisfacer ese desafío, en especial frente al principio del artículo 91.-------------------------------------------------------- -La alternativa, en cambio, lleva a dar un sentido armónico a los dos párrafos del artículo 254, de tal suerte que el segundo resalte por contraste sobre la regla general del artículo 212, al que el primer párrafo remite. Así, queda entendido que el 212 se aplica a todos los trabajadores afectados por una incapacidad psicofísica. Dentro de este criterio general, allí donde el desempeño del trabajador dependa de una habilitación administrativa, cuando una incapacidad psicofísica relativa imponga la revocación de ese permiso, es obligación del empleador darle otras tareas acordes, si las tiene, y pagarle la indemnización reducida si no las tiene. Si la incapacidad es absoluta (no en el marco de la habilitación sino en términos genéricos para el desempeño laboral), el contrato se resolverá en los términos del artículo 212 cuarto párrafo. En cambio, cuando la habilitación sea revocada por razones técnicas sobrevinientes, ajenas al dolo o a la culpa grave del trabajador, a su estado psicofísico (y, como en todos los demás casos, también al control del empleador), el contrato puede disolverse mediante la indemnización reducida. Esta interpretación confiere una utilidad al primer párrafo del 254 (la que consiste precisamente en limitar los alcances del segundo párrafo), asegura la igualdad de los trabajadores frente a similares contingencias (en especial, confiere resarcimiento semejante al técnicamente inhabilitado y al relativamente incapacitado que no encuentra reinserción en la empresa, aunque para este último busca primero reinsertarlo para proteger su minusvalía) y satisface el principio in dubio pro operario que la ley dispone como pauta general de interpretación. Todo ello sin forzar en absoluto el sentido llano del texto y restableciendo su armonía con las normas concordantes.-------------- --------------------------------------------------------En virtud de lo expuesto, voto por la afirmativa.--------------------------- LA DOCTORA PORTA, dijo:------------------------------- ---------------El interrogante que nos convoca consiste en determinar si el art. 212 de la L.C.T. al que remite la primera parte del art. 254 de la ley, es aplicable al trabajador que en atención a su incapacidad física, pierde la habilitación especial que requiere la prestación de servicios, y siempre que no existe dolo o culpa grave e inexcusable de su parte.--Como ya señalaron algunos de mis distinguidos colegas, la ley de Contrato de Trabajo en varias de sus normas trata la incidencia de la salud psicofísica del trabajador en el vínculo laboral. En primer lugar cuando regula la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo (Título X), contempla el caso de los accidentes y enfermedades inculpables, regulación que culmina con el citado art. 212 que dispone que si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviere en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración; en el supuesto que el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le fuera imputable deberá abonar al trabajador una indemnización igual a la prevista en el art. 247, en cambio, si estando en condiciones de asignar labores compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, no las otorga, estará obligado a abonarle una indemnización igual a la establecida por el art. 245 de la ley. En la hipótesis de que de la enfermedad o accidente derivara incapacidad absoluta para el trabajo, el empleador deberá abonar una indemnización igual en su monto a la expresada por el art. 245 de la ley.--------------------- --------Al regular en el Título XII la extinción del contrato laboral, el Capítulo X trata de la extinción por incapacidad o inhabilidad del trabajador y el art. 254 en su primera parte remite al citado art. 212 y en la segunda legisla de modo específico el caso del trabajador que para cumplir sus labores requiere de una habilitación especial, la cual pierde sin dolo o culpa grave de su parte.-----------------------------Al resolver los autos "Quispe, Lorenzo c/ Transportes del Tejar S.A.", sentencia definitiva Nro. 79.159 del 30.6.99, del registro de la Sala III, adhería a la tesitura del Dr. Eiras que expuso: "...conforme lo dispuesto en el primer párrafo del art. 254 de la L.C.T., "cuando el trabajador fuese despedido por incapacidad física o mental para cumplir con sus obligaciones, y la misma fuese sobreviniente a la iniciación de la prestación de los servicios, la situación está regida por lo dispuesto en el art. 212 de esta ley". Sin embargo, al disponer en su segundo párrafo que "tratándose de un trabajador que contare con la habilitación especial que se requiriera para prestar los servicios objeto del contrato, y fuese sobrevinientemente inhabilitado, en caso de despido será acreedor a la indemnización prevista en el art. 247...", no se hace distinción entre la inhabilitación proveniente de incapacidad física o mental y las otras causales que puedan ocasionar la misma, lo que lleva a concluir que, cuando se trata de trabajadores con licencia especial, sobrevinientemente inhabilitados, rigen las disposiciones del art. 254, segundo párrafo, de la L.C.T., cualquiera sea la causa de inhabilitación.".----------------Sin embargo un nuevo examen de la cuestión y los sólidos fundamentos expuestos por los Dres. Scotti y Guibourg me llevan a modificar mi postura.-------------------------- ----------------------------------Considero que en todos los casos en que el despido tenga por causa la incapacidad física o mental del trabajador la situación debe regirse por el art. 212, con prescindencia de que aquél para cumplir su prestación requiera o no una habilitación especial conforme lo dispone la primera parte del art. 254 y que en cambio, la segunda parte de esta norma contempla el supuesto de pérdida de habilitación por causas distintas.-------- ------------------------------------------------------En conclusión, mi respuesta a la pregunta planteada es afirmativa.---- EL DOCTOR VAZQUEZ VIALARD, dijo:---------------------- -------Estimo que, de acuerdo con la convocatoria formulada respecto de este plenario, corresponde interpretar la norma del art. 254, segundo párrafo, L.C.T., en el sentido que indica el art. 9, segundo párrafo, L.C.T..---------------------------------------------------- --------------------------Si la incapacidad sufrida por el trabajador le impide continuar con la prestación de su tarea, es evidente que, de acuerdo con lo establecido en forma expresa en la referida norma (art. 254, primer párrafo), le corresponde al empleado la indemnización que establece el art. 245 L.C.T..--------- -------------------------------------------------------Lo dispuesto en el segundo párrafo de la referida norma, debe ser interpretado - al igual que, a mi juicio en forma acertada, lo sostiene el Sr. Fiscal en su dictamen-, como que se refiere a aquellas circunstancias en que el retiro de la respectiva habilitación que impide la continuidad de las tareas, se debe a una causa distinta de la incapacidad originada en "enfermedad o disminución psicofísica contraída sin dolo o culpa grave del mismo trabajador". A mi juicio, una interpretación distinta, carece de sentido, toda vez que si el referido artículo 212, párrafo cuarto, L.C.T. es aplicable a cualquier trabajador, no existe razón alguna para que, cuando el mismo tiene una habilitación otorgada por la pertinente autoridad administrativa, se reduzca la referida indemnización; considero que corresponde interpretar que el segundo párrafo del artículo 254, sólo es aplicable en los casos en que el distracto obedece a una situación diversa de las previstas en el art. 212, cuarto párrafo.-- --------------------------------Lo contrario, significaría una interpretación disvaliosa para el trabajador, al que, sin motivo alguno, se le disminuye el importe de su haber indemnizatorio. En la situación de autos, tal como lo manifesté, estimo corresponde interpretar la aparente contradicción en que incurre la norma legal, "en el sentido más favorable al trabajador" (art. 9, segundo párrafo, L.C.T.).-------------------------------En consecuencia, doy mi voto por la afirmativa.--------------------------- EL DOCTOR PUPPO, dijo:-------------------------------- -----------------Respecto al tema motivo de la convocatoria a Plenario me permito señalar que si bien en pretérito voto (in re: "Bentos c/ Transporte del Tejar" del 17.04.2000) voté en minoría en el sentido que en los casos de choferes de colectivos cuando perdían la habilitación especial -aunque fuera por enfermedad- correspondía que se le abonara la indemnización reducida del art. 247 L.C.T., pero no la expresada en el art. 212 3er. párrafo de dicha legislación, un nuevo estudio de la cuestión -atento el voto en disidencia del Dr. Vázquez Vialard en dicha causa- me ha hecho revertir tal criterio con el fin de evitar soluciones disímiles absurdas entre los trabajadores -como bien lo apunta el Dr. Scotti en su voto que antecede- por tal razón cuando la pérdida de la habilitación especial obedece a razones de salud que no son imputables al afectado, la conclusión al interrogante es afirmativa.--------------------------------------------------------- ----------------- LA DOCTORA ZAPATERO DE RUCKAUF, dijo:------------------El interrogante que nos convoca a fin de dilucidar si es aplicable lo dispuesto en la primera parte del artículo 254 de la L.C.T. al caso de pérdida de habilitación especial contemplado en el segundo supuesto del mismo artículo, cuando tal inhabilitación se origina en enfermedad o disminución psicofísica contraída sin dolo o culpa grave del mismo trabajador, no tiene -en mi opinión- más que una respuesta afirmativa.---------- ---------------------------------------------------En efecto, a partir de una ponderación armónica del régimen del contrato de trabajo, guiada por el principio de la norma más favorable al trabajador contenida en su artículo 9, debe interpretarse que el artículo 254, segundo párrafo del mencionado cuerpo legal, al establecer que el "trabajador que contare con la habilitación especial que se requiera para prestar los servicios objeto del contrato, y fue sobrevinientemente inhabilitado, en caso de despido será acreedor a la indemnización prevista en el artículo 247, salvo que la inhabilitación provenga de dolo o culpa grave inexcusable de su parte", sólo hace alusión a aquéllos casos en que la habilitación o licencia especial para el ejercicio de determinada actividad es retirada por la entidad concedente o caduca por motivos diferentes a la incapacidad física o mental sobreviniente del dependiente -situación que se encuadra en la primera parte de la norma- , porque de lo contrario, se estaría excluyendo inadmisiblemente de las garantías previstas en el artículo 212 de la L.C.T., a aquéllos trabajadores que deben contar con una habilitación para desarrollar sus tareas y ésta se ve afectada por razones de salud que no le son imputables, lo cual implicaría, como bien analiza el Sr. Fiscal General del Trabajo, negarles el derecho a ejecutar en la misma empresa otras tareas que no requieran dicha autorización y les permitan conservar su empleo y su nivel salarial, y si ello no fuera posible ser acreedores de la indemnización completa que prevé el cuarto párrafo de dicho artículo.----------------------------------- ------------En esa inteligencia, siendo la intención legislativa priorizar las previsiones del artículo 212 de la L.C.T. con el objeto de lograr la reubicación del trabajador lesionado en otro puesto de trabajo, debe concluirse que el supuesto de pérdida de la habilitación por incapacidad física y/o psíquica sobreviniente del trabajador, debe encuadrarse dentro de las prescripciones de la primera parte del artículo 254 de la L.C.T..------------------------ -------------------------------Por lo expuesto, voto por la afirmativa al interrogatorio propuesto a plenario.------------------ ---------------------------------------------------------- LA DOCTORA PASINI, dijo:------------------------------ -----------------El interrogante que nos convoca acerca de si es aplicable lo dispuesto en la primera parte del art. 254 de la L.C.T. a los casos de pérdida de habilitación especial contemplado en el segundo supuesto del mismo artículo, cuando tal inhabilitación se origina en enfermedad o disminución psicofísica contraída sin dolo o culpa grave del mismo trabajador, en mi opinión merece una respuesta afirmativa.----------------------------------------------- ---------------------------Efectivamente, he tenido oportunidad de pronunciarme en los autos: "Mirón, Faustino Jesús c/ Línea 17 S.A. y otro s/ accidente - ley 9688" -S.D. nro. 3.605 del 30/4/98 del registro de la Sala IX que integro-, donde se debatiera una cuestión similar tenor a la aquí planteada, donde he sostenido que "...corresponde partir de la base de una ponderación armónica del régimen aplicable guiada por el prisma establecido en el art. 9 de la L.C.T., debiendo colegirse que el segundo párrafo del art. 254 del citado precepto normativo, hace alusión a aquellos casos en que la habilitación o licencia especial para el ejercicio de determinada actividad es retirada por la entidad concedente o caduca por motivos diferentes a la incapacidad física o mental sobreviniente que se trata en la primera parte de la norma, porque de lo contrario se estaría excluyendo inadmisiblemente de las garantías previstas en el art. 212 de la L.C.T. a aquellos trabajadores que deben contar con un permiso del organismo de contralor para desarrollar tareas, sin que su pérdida por razones psicofísicas presuponga necesariamente un impedimento insalvable para ejecutar en la misma empresa otras que no requieran dicha autorización y le permitan tanto conservar su empleo como su nivel salarial, resultando en caso contrario acreedor a la indemnización completa que prevé el cuarto párrafo de dicho artículo...", reiterando asimismo la postura vertida, en los autos "Cuello, Roberto Antonio c/ DOTA S.A. de Transporte Automotor s/ despido" -S.D. nro. 8.418 del 30/3/2001, también del registro de la Sala IX-.-------------------------------------------Desde esa perspectiva, hago propios los argumentos expuestos por el Fiscal General, debiendo destacar que de interpretarse la norma en análisis en sentido favorable a la exclusión de los trabajadores sujetos a habilitación administrativa, del sistema previsto en el art. 212 de la L.C.T. último párrafo, se estaría soslayando la naturaleza de prestación de la seguridad social que reviste tal indemnización y que exige proceder con extrema cautela en el análisis de la norma cuando conduzca al desconocimiento o rechazo de beneficios destinados a cubrir riesgos de subsistencia (C.S.J.N., 29-11-83, "Murialdo, Eduardo c/ Somisa", Fallos: 305:2048, 18-9-86; "Iglesias, Julio c/ Corporación Argentina de Productores de Carne", Fallos: 308:1745; 2-9-86, "Mejía, Oscar c/ Y.P.F. s/ Demanda Laboral").---- Por lo expuesto, reitero mi respuesta al interrogatorio que nos convoca en sentido afirmativo.-------------------------------------- ----------- EL DOCTOR RUIZ DIAZ, dijo:----------------- --------------------------Voto por la afirmativa por compartir los fundamentos expuestos por el Fiscal General.------------------------ ----------------------------------------- EL DOCTOR FERNANDEZ MADRID, dijo:--------------------------Por compartir los fundamentos vertidos por el Fiscal General del Trabajo, propongo que el interrogante planteado se responda por la afirmativa.------------ -------------------------------------------------------------- EL DOCTOR VILELA, dijo:------------------------------- -----------------Compartiendo los fundamentos del dictamen del Sr. Fiscal General y conforme precedente de la Sala I que integro en autos "Bentos, Ramón c/ Transporte del Tejar S.A." del 14/4/00, S.D. 75.908, voto por la afirmativa.------------------------------------- ----------------------------- EL DOCTOR MORELL, dijo:-- --------------------------------------------La interpretación del art. 254 R.C.T. suscita duda razonable, la que debe superarse en favor de aquella lectura sistemática y axiológica, que proteja al trabajador que se incapacite física o psíquicamente.----Por ello, adhiero a los votos que de un modo principal o subsidiario recurren a aquella directiva legal y voto por la afirmativa.--------------- LA DOCTORA GUTHMANN, dijo:---------------------------- -----------Adhiero a los fundamentos expresados por el Sr. Fiscal General del Trabajo y por el Dr. Héctor Scotti, razón por la cual voto por la afirmativa al interrogante propuesto a plenario.-------- -------------------- EL DOCTOR BALESTRINI, dijo:------- ---------------------------------Comparto en todas sus partes los fundamentos que informan el dictamen del Sr. Fiscal General ante esta Cámara, a cuyos términos me remito en honor a la brevedad. En consecuencia, adhiero a la postura que propicia una respuesta afirmativa al interrogante del temario que nos convoca.------------- ------------------------------------------ EL DOCTOR DE LA FUENTE, dijo:------------------------------------Mantengo la posición que sostuve en la causa "Juárez, Luis c/ Expreso Quilmes S.A. s/ despido", antecedente del presente plenario. En consecuencia, voto por la afirmativa.------------------------------- ------ EL DOCTOR LESCANO, dijo:------------------------ --------------------Adelanto opinión por la afirmativa al interrogatorio planteado, porque no advierto que exista ninguna razón de índole científico jurídica, que autorice a que el trabajador que hubiese sido despedido por incapacidad física y mental para cumplir con sus obligaciones se lo desplace de la situación regida por el art. 212 L.C.T. -contemplada en apartado primero del art. 254 L.C.T.- por el hecho de que habiendo sido objeto de una habilitación especial para desempeñar una tarea primero, con posterioridad se lo hubiese inhabilitado como regla, salvo que mediara dolo o culpa inexcusable de su parte. (art. 252 ap. 2do.).---------------------------------------------------------- ------------ EL DOCTOR CORACH, dijo:------------------- ---------------------------El interrogante sometido a plenario merece, a mi juicio, una respuesta afirmativa.---------------------- ----------------------------------------------------Ello por cuanto no encuentro nuevos argumentos que hagan modificar la posición que sostuve al adherir al voto de mi distinguido colega el Dr. Héctor J. Scotti, en el precedente "Moscardi, Octavio C. c/ ABLO S.A.", S.D. 6.279 del 30/4/99, del registro de la Sala X que integro.----------- ------------------------------------------------------------------- Por la NEGATIVA en MINORIA, votan los doctores: GONZALEZ, SIMON, BILLOCH, MORANDO, EIRAS, MORONI, LASARTE, BERMUDEZ y RODRIGUEZ.------------------------------------------------- LA DOCTORA GONZALEZ, dijo:---------------------------- ------------La denuncia del contrato de trabajo como negocio jurídico unilateral extintivo de la relación genera cuando es inmotivada, el derecho a la reparación integral.-------------------- -------------------------------------------Configura el despido ad nutum de la doctrina italiana en virtud de carecer de fundamento legal adecuado, y la situación de arbitrariedad con la que ha sido calificada, justifica la reparación que impone la normativa aplicable.---------------------------------------------------------- ----Existen otras situaciones que aún estando razonablemente justificadas, por razones de fuerza mayor, falta o disminución de trabajo o por muerte del trabajador, generan el derecho a la percepción de una indemnización reducida, que tiende a tutelar el interés social y a respetar la situación particular de aquellos trabajadores o de sus derechohabientes que resultan víctimas de un presupuesto fáctico aleatorio, pero que tampoco puede ser decididamente imputable al obrar del principal.--------------------- -------Corresponde seguidamente analizar el caso en que los trabajadores resultan afectados por una disminución de su capacidad laborativa debiendo desentrañar la voluntad objetiva de la norma que regula la extinción del contrato de trabajo por incapacidad o inhabilidad del trabajador.----------------------------------------- ---------------------------------Cuando la extinción proviene de una incapacidad física o mental para cumplir con las obligaciones laborales asumidas por el dependiente la situación, tal como lo dispone el art. 254 de la L.C.T. cuya interpretación nos convoca a acuerdo plenario, evidentemente se encuadra en lo dispuesto en el art. 212 de dicho cuerpo legal, que contempla el supuesto en que el dependiente padeciere una disminución definitiva en la capacidad laboral y no estuviere en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía.-----------En tal contexto, la normativa dispone la asignación de tareas compatibles con el estado de salud del trabajador, las que de no poderse asignar generan el derecho a la percepción de una indemnización reducida. Solo cuando el principal pese a estar en condiciones de asignar tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del dependiente no lo hiciere o cuando éste, demostrare encontrarse afectado de una incapacidad absoluta, la ley impone que deberá abonar una indemnización de monto igual a la expresada en el art. 245.-------------------------------- ---------------------------------------------Pero en tal contexto, es la propia normativa la que impone una solución diferenciada cuando ese trabajador despedido, contare con la habilitación especial que se requiera para prestar los servicios objeto del contrato y fuese inhabilitado por una causa sobreviniente.-Cuando la pérdida de la indicada habilitación proviene de una actitud de dolo o culpa grave e inexcusable del trabajador, tal supuesto la ley lo asimila al caso de injuria grave y exceptúa al empleador de la obligación de indemnizar.------------------------------------------- ------------En los casos en que la disolución provenga de la falta de concesión de la habilitación del organismo encargado de conferir la misma, la normativa dispone que en caso de despido el dependiente resultará acreedor a la indemnización prevista en el art. 247, ya citado.----------Ahora bien, debe dilucidarse tal como surge del interrogante planteado si debe declararse aplicable lo dispuesto en la primera parte del artículo 254 de la L.C.T. a los casos de pérdida de habilitación especial, contemplados en el segundo supuesto del mismo artículo, esto es cuando tal inhabilitación se origina en enfermedad o disminución psicofísica contraída, sin dolo o culpa grave del trabajador.--------------------------------------- ----------------------Considero que corresponde a mi criterio, la respuesta negativa.--------En efecto, soy de opinión que la ley asimila el presupuesto de la falta de habilitación cuando la misma no proviene del dolo o culpa grave inexcusable del trabajador, al supuesto de fuerza mayor.----------------El dependiente no se encuentra facultado a desempeñar labores que comprometen los intereses de la comunidad y afectan la seguridad de terceros por causas formales o personales, pese a estar en condiciones físicas de desarrollar otro tipo de labores y es en ese supuesto, en que la disposición normativa no distingue en función de las causas de la inhabilitación, exonerando al principal del deber de reconocer una indemnización plena.-------------------------------------------En efecto, no resulta adecuado a una ortodoxa metodología legislativa regular en un único artículo dos institutos que se reputan diferenciados (incapacidad e inhabilitación) si existiere la intención de normar en forma distinta su tratamiento, por lo tanto nada conduce a interpretar que el segundo párrafo no contemple la inhabilitación por incapacidad laborativa.-------------------------- ---------------------------Por lo demás, una correcta hermenéutica jurídica a fin de desentrañar la interpretación de la voluntad inmanente de la ley exigiría la inclusión de una expresa excepción, cuando se tratare de una inhabilitación por razones médicas, y la ley no formula distingo alguno, legislando genéricamente para los supuestos de inhabilitación del trabajador.------------------------- --------------------------------------------Con referencia al instituto en análisis Enrique Herrera ha señalado que "cuando el trabajador pierde sin culpa alguna de su parte una condición esencial para el cumplimiento del débito, se produce un típico caso de fuerza mayor, que afecta al operario, impidiéndole la continuación de la relación en la forma pactada, aunque en principio, no habría impedimento para la realización de otras tareas, pero no obstante esta novación objetiva, no resulta obligatoria para el empleador, quien puede prevalerse de la situación para denunciar la relación laboral, con cargo de pago de la indemnización del art. 247 de la L.C.T." (Tratado de Derecho del Trabajo dirigido por Antonio Vázquez Vialard, Ed. Astrea, T. V, pág. 567 y ss.).-----------------------Asimismo ha señalado el autor citado que "A nuestro juicio hubiera sido más lógico aplicar" mutatis mutandis, la mecánica del art. 212 pár. 11 de la ley, es decir imponiendo al empleador la obligación de asignar al trabajador otras tareas que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración, si es que las tiene. Solo en caos de imposibilidad de cumplimiento debería estar habilitado para denunciar el contrato con cargo de pago de la indemnización reducida del art. 247 de la L.C.T.. Empero la ley ha descartado esta solución, facultando sin más al empleador a denunciar la relación, cuando el trabajador "especialmente habilitado" pierde esta condición sin responsabilidad de su parte".- --------------------------------------------------Considero que la situación contemplada reviste características particulares, y pese a que comparto la inquietud en orden a que debería haberse incluido a los trabajadores que requieren una habilitación especial para el desempeño de sus funciones en la normativa genérica tutelada por el art. 212 de la L.C.T., entiendo que no es lo que la ley dispone.---- -------------------------------------------------En mérito a lo que llevo dicho, me expido por la negativa a la requisitoria propuesta.- ---------------------------------------------------------- EL DOCTOR SIMON, dijo:-------------------------------- -----------------El interrogante sometido a plenario merece, a mi entender, un respuesta negativa.------------------------------------ ---------------------------Así, en el voto emitido en autos "Rivero, Martín c/ Empresa Teniente General Roca S.A. s/ despido" (S.D. 6.761 del 16-7-99) expresé mi coincidencia con lo resuelto por la Sala VIII sent. 17.265 del 20-4-92 in re "Esteche, Máximo c/ Dota S.A." en el sentido que "si la causa del cese del trabajador, que se desempeñaba como chofer de colectivos, fue la inhabilitación especial para conducir vehículos, aunque ésta se haya producido por una enfermedad profesional, corresponde se le abone la indemnización reducida del art. 247 L.C.T., en base a lo dispuesto por el art. 254 de la misma norma, pero no la expresada en el tercer párrafo del art. 212".-------------------Más allá del acierto o desacierto de la norma, lo cierto es que el segundo párrafo del art. 254 L.C.T. no distingue entre las distintas causas que pueden dar origen a la inhabilitación.--------------------------En relación a este tema se ha dicho que existen casos en que la licitud del trabajo está condicionada a que el trabajador tenga, como dice la ley, una habilitación especial para desempeñar la tarea a que lo obliga la relación de empleo. Como esa habilitación específica puede perderse ya sea por falta de aptitud física o mental, por omisión de renovación (cuando se concede por un lapso determinado) e incluso por razones penales (inhabilitación) la pérdida de ella ocasiona la imposibilidad legal (ilicitud) de la relación de trabajo. En los casos en que la pérdida de la habilitación profesional específica ocurra sin culpa del trabajador ni del empleador no puede imputarse a ninguna de las partes incumplimiento contractual alguno, pues se trata de un evento extraño a ellas. Hay sólo, para el empleador, un motivo legal de denuncia que, de todos modos, le da al trabajador el derecho a una indemnización cuyo importe es la mitad de la que correspondería por despido arbitrario. Esta indemnización, por lo tanto, a diferencia de la contemplada en el art. 245 L.C.T., no se funda en la ilicitud del despido (violación del derecho a la estabilidad) sino que sólo significa que la ley pone parcialmente -pues se trata de una indemnización tarifada- a cargo del empleador el daño que resulta para el trabajador de la pérdida del empleo. Es otro de los casos en que el daño podría ser atendido por las técnicas de la seguridad social, pero que, por una opción de política social, se le carga al empleador situando la reparación en el ámbito del derecho del trabajo. Así encarado por el legislador el caso, lo que hay es una atribución (parcial) del riesgo de la pérdida del empleo por parte del trabajador al empleador (ver Centeno, Justo López, Fernández Madrid "Ley de Contrato de Trabajo" T. 2, págs. 1321 y sgtes.).------Esa es la interpretación que estimo correcta a la luz de los principios sentados por la Corte Suprema de Justicia. En efecto el Máximo Tribunal ha dispuesto que los jueces no pueden prescindir de lo expresamente dispuesto por las leyes respecto de los casos sometidos a su decisión, así sea con fundamento en la posible injusticia o desacierto de la solución que suministran las normas vigentes. De lo contrario el Poder Judicial invadiría las atribuciones que la Constitución reserva a otros poderes del Estado (26-6-66 L.L. 124, 273). Además, la interpretación de las leyes debe practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu y excluyendo la que equivalga a la prescindencia cierta de la norma aplicable, en tanto no medie declaración de inconstitucionalidad (27-12-63 L.L. 115, 509).------- ---Por las razones expuestas, voto por la negativa al interrogante propuesto.---------------------------------------------------------- ---------------- EL DOCTOR BILLOCH, dijo:-------------- -------------------------------El interrogante sobre el que debo expedirme en el convocado Acuerdo Plenario merecerá por mi parte respuesta negativa.------------Así lo digo en razón de que no encuentro nuevos argumentos que hagan variar la posición que sostuve al adherir al voto de mi recordado colega, el doctor Horacio E. Arcal, en autos: "ESTECHE ACOSTA, MAXIMO c/ D.O.T.A.S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR s/ despido", sentencia del 20 de abril de 1992, del registro de la Sala VIII que integro.--------------------------- ----------------Voto en consecuencia por la negativa.--------------- ------------------------- EL DOCTOR MORANDO, dijo:----- --------------------------------------I.- A mi juicio, la perplejidad que condujo a que se otorgaran diferentes alcances al artículo 254 L.C.T., discrepancias que condujeron a la convocatoria plenaria, provienen de la generalizada admisión de lo que, solitariamente hasta donde llega mi información, considero un equívoco. Me refiero a la ya axiomática afirmación de que la indemnización prevista por el último párrafo del artículo 212 L.C.T. procede cualquiera haya sido el hecho o acto extintivo de la relación de trabajo, si en esa época el trabajador es portador de una incapacidad absoluta. Estimo que esa interpretación no solo contraría la fuente principal del dispositivo -la doctrina del plenario N1 58 de esta Cámara-, sino su propia ubicación metodológica y el texto expreso de la norma. Me ceñiré a las dos últimas circunstancias, ya que, en definitiva, la doctrina citada, inspiradora de la regla legal, bien pudo haber sido corregida por el legislador al dictar la ley, acotando los límites de la fuente.----- -----------------------------------------II.- Los artículos 208 a 213 de la Ley de Contrato de Trabajo integran, en un sistema coherentemente articulado, el Capítulo I del Título X, "De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo", que regula el supuesto de suspensión fundado en la imposibilidad de cumplimiento de la prestación laboral motivada por accidente o enfermedad inculpable del trabajador. A los fines de esta exposición basta con indicar que, tras consagrar el principio de que dicha imposibilidad no afecta el derecho del trabajador a percibir la remuneración -estrictamente, una prestación sustitutiva, con fisonomía de prestación de la seguridad social, puesta a cargo del empleador- durante ciertos plazos (artículo 208); de imponer al afectado la carga de comunicar la imposibilidad al empleador (artículo 209); de reconocer el derecho de éste de controlar la enfermedad, con la correlativa carga de aquél de someterse a los controles (artículo 210), se ocupa de las diversas situaciones que pueden presentarse después de vencido el plazo de lo que, por comodidad expresiva, se suele denominar como "licencia paga", si, durante su transcurso, el trabajador no ha logrado su plena recuperación. El artículo 211 dispone que el vencimiento del plazo no extingue por sí mismo la relación, impone al empleador la carga de conservar el puesto al trabajador hasta el otorgamiento del alta médica y, en todo caso, durante un año, plazo adicional, de "conservación del empleo", cuyo vencimiento, a su turno, tampoco determina la extinción de la relación, si bien autoriza a cualquiera de las partes a rescindirla, sin responsabilidad indemnizatoria.---- ---------El artículo 212, que es el que hasta aquí interesa, comienza diciendo: "Vigente el plazo de conservación del empleo...", las lo cual se ocupa de algunas situaciones que pueden existir al tiempo del otorgamiento del alta médica, si el tratamiento no ha sido totalmente exitoso -hipótesis indiferente, en cuanto determina la reanudación de las prestaciones correspectivas, sin otras consecuencias- y subsisten secuelas determinantes de una disminución definitiva de la capacidad laborativa preexistente. Dichas situaciones son la pérdida parcial de dicha capacidad, caso en el que el empleador debe asignar tareas compatibles con la capacidad actual del afectado, o afrontar consecuencias indemnizatorias derivadas del despido directo o indirecto, de intensidad variable, según y la incapacitación absoluta, que es la hipótesis aprehendida por el párrafo cuarto. Este, para mayor claridad, comienza: "Cuando de la enfermedad o accidente derivara incapacidad absoluta...". Tanto el período inicial del párrafo -"vigente el plazo de conservación del empleo"-, como el que inaugura la regulación de la hipótesis en examen -cuando de la enfermedad o accidente...-, delimitan ámbitos precisos de operatividad de la norma. El primero, temporal, cuyos límites surgen de la expresión utilizada, el segundo, causal: la situación de incapacidad aprehendida, proviene de la enfermedad o el accidente. No de cualesquiera. Sólo de un evento que haya generado la secuencia descripta por los artículos 208/212 y haya desembocado, vigente el plazo indicado, en una minusvalía originada por las secuelas de aquél.--------------------- ------------------------------------------- En otros palabras, no tengo dudas de que, lejos de resultar indiferente el hecho o acto extintivo de la relación, para la procedencia de las indemnizaciones previstas por el artículo 212, incluida la del párrafo cuarto, debe haber mediado un accidente o enfermedad inculpable, imposibilitante de la ejecución de la relación; se debe haber agotado el plazo pertinente de "licencia paga"; durante el plazo de conservación del empleo, agotados los actos médicos, se debe haber revelado la subsistencia de secuelas incapacitantes permanentes, en grado parcial o absoluto y la denuncia de la relación, por esa causa, por iniciativa de cualquiera de las partes.----------------------------- ------III.- Si lo anterior es correcto, el artículo 254 prevé dos supuestos diferenciados, ninguno de ellos asimilable al los del artículo 212, aunque la consecuencia jurídica del primero sea la misma, por remisión. El primer párrafo -que de otro modo sería redundante- establece las consecuencias indemnizatorias del despido por incapacidad física o mental sobreviniente, que no derive de un accidente o enfermedad inculpable en cuya consecuencia se hayan observado las sucesivas etapas de la secuencia establecida por los artículos 208 a 212. El segundo, las de la inhabilitación, también sobreviniente, que determina la pérdida de la habilitación -valga la redundancia-, otorgada por un ente de contralor, necesaria para la prestación de servicios de la naturaleza prevista en el contrato, aún cuando derive de una enfermedad, si no fue el estado de salud la causa del despido. Insisto: cumplidos los presupuestos de aplicación del artículo 212 y extinguida la relación durante el plazo de conservación del empleo -según doctrina de esta Cámara, incluso cuando, vencido éste, ninguna de las partes ha ejercido el poder de receso que la norma les reconoce-, rigen las disposiciones del Capítulo I del Título X. Fuera de ese marco, si el empleador despide por incapacidad física o mental, parcial o absolutamente imposibilitante de la ejecución de la prestación laboral comprometida, se aplica el primer párrafo del artículo 254. Si el trabajador, por cualquier causa, pierde la habilitación para desempeñarse en tareas que, legalmente, la requieren, la norma aplicable es la del segundo párrafo del artículo 254.--------------- -------Esta interpretación permite la subsistencia sin contradicciones ni superposiciones de los artículos 212 y 254. La tesis de la aplicabilidad del cuarto párrafo del artículo 212 en todos los supuestos, cualquiera el acto o hecho extintivo de la relación, torna redundante el primer párrafo del artículo 254 y, naturalmente, limita el ámbito del segundo a los supuestos de inhabilitación derivada de pérfida de la capacidad técnica o de violación de reglamentos, no, cuando se debe a inhabilidad psicofísica.

Por las razones desarrolladas y las expuestas en los votos de los doctores González, Billoch y Simón, voto por la negativa.--------------- EL DOCTOR EIRAS, dijo:-------- ------------------------------------------El interrogante que convoca al Tribunal en pleno, refiere a dilucidar si corresponde o no, aplicar lo dispuesto en la primera parte del artículo 254 R.C.T. a los casos de pérdida de habilitación especial contemplado en el segundo supuesto del mismo artículo, cuando tal inhabilitación se origina en enfermedad o disminución psicofísica contraída sin dolo o culpa grave del trabajador.----------------------------En oportunidad de votar en la causa "González, Juan Carlos c/ Transportes 68 S.R.L. s/ despido" (Sentencia Nro. 78.461 del registro de la Sala III), expresé que la inhabilitación especial, por razones de salud torna aplicables las disposiciones del artículo 254 segundo párrafo R.C.T..----------------------------------------- ---------------------------En efecto, según lo dispuesto en el primer párrafo de la norma señalada, "Cuando el trabajador fuese despedido por incapacidad física o mental para cumplir con sus obligaciones, y la misma fuese sobreviniente a la iniciación de la prestación de los servicios, la situación estará regida por lo dispuesto por el artículo 212 de esta ley". Sin embargo, al disponer en su segundo párrafo que "Tratándose de un trabajador que contare con la habilitación especial que se requiera para prestar los servicios objeto del contrato, y fuese sobrevinientemente inhabilitado, en caso de despido será acreedor a la indemnización prevista en al artículo 247...", no se hace distinción entre la inhabilitación proveniente de incapacidad física o mental y las otras causales que puedan ocasionar la misma, lo que lleva a concluir que, cuando se trata de trabajadores con licencia especial, sobreviniente inhabilitados, rigen las disposiciones del art. 254 segundo párrafo R.C.T. cualquiera sea la causa de la inhabilitación.--Por las razones expuestas, voto por la negativa al interrogante planteado.--------------------------------------------- ----------------------------- EL DOCTOR MORONI, dijo:-- --------------------------------------------Adhiero a los fundamentos vertidos por el doctor Simón y consecuentemente voto por la negativa al interrogante propuesto.------ EL DOCTOR LASARTE, dijo:---------------------------------------------Adhiero en todos sus términos al voto del doctor Simón y me pronuncio por la negativa.------------------------------------------------------- EL DOCTOR BERMUDEZ, dijo:----------------------------- ------------Por los fundamentos expuestos por la Doctora Graciela A. González, voto por la negativa.------------------------------------- ------------------------ LA DOCTORA RODRIGUEZ, dijo:--- -----------------------------------Al compartir integramente los argumentos vertidos por la Dra. Graciela A. González, a cuyos argumentos adhiriera al votar en los autos "Caradona, Marcelo Adrián c/ Expreso Quilmes S.A. s/ despido", sent. 85.373 del 26 de febrero de 1999, el interrogante planteado en la presente convocatoria, merecerá por mi parte una respuesta negativa. Así lo voto.---------- ------------------------------------- Acto seguido, el TRIBUNAL por MAYORIA, RESUELVE: Fijar la siguiente doctrina:-------- ----------------------------------------------------- "Es aplicable lo dispuesto en la primera parte del artículo 254 de la "L.C.T. a los casos de pérdida de habilitación especial contemplado "en el segundo supuesto del mismo artículo, cuando tal inhabilitación "se origina en enfermedad o disminución psicofísica contraída sin "dolo o culpa grave del mismo trabajador".------------ --------------------- Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces y el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, previa lectura y ratificación, por ante mí.