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Cuestiones prejudiciales, cosa juzgada, sentencia absolutoria, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: MICELI, Antonio c/ IRAIROZ, Roberto s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-28

La sentencia absolutoria dictada en sede penal sólo hace cosa juzgada cuando se funda en la inexistencia del hecho o la no autoría (art. 1103 del Cód. Civil). No así cuando se trata de valorar la imputabilidad respecto a un delito culposo bajo la óptica de la responsabilidad civil, supuesto en el cual se estima que pueden apreciarse los elementos incorporados al proceso a fin de determinar el grado de participación generador de la responsabilidad, en especial, cuando la absolución ha sido dictada en razón del beneficio de la duda.
Desindexación, sentencia firme
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Cristia  S.R.L.  Dalla  Marta  y  Gialli  S.A. Empresas Asociadas, e Instituto Provincial del Seguro Misiones s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-04-03

El caso de sentencias firmes, en que deba pagarse una suma de dinero a raíz de la condena, cuando ella se encuentre vinculada en relación directa a una cosa, bien o prestación específica (precio de un automóvil, precio de venta de una casa, etc.) la actualización de la suma de dinero condenada a pagar no debe superar el valor de la casa, automóvil etc.; en una palabra, que la única corrección monetaria permitida está en relación concreta con el bien, cosa o prestación que motivó el juicio.
Conflicto intrasindical, delegado gremial, pago de la remuneración, falta de pago, prácticas antisindicales, libertad sindical
Materia: LABORAL
Carátula: DE LUCA, CLAUDIO c/ SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-13

Si en el marco de una controversia intrasindical, se le deja de abonar al represente gremial electo, la suma sustitutiva de su sueldo no devengado por la suspensión del contrato de trabajo que la prerrogativa del art. 48 de la ley 23551 conlleva, tal actitud que careció de sustento cabal y fue arbitraria, afecta el ejercicio de los derechos emergentes de la libertad sindical. (Del dictamen del PGT Nro. 19518 del 15.4.96).
Recurso extraordinario, cuestión constitucional, fundamentación de sentencias, leyes, inconstitucionalidad, honorarios, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ANDREOLI, JOSE MARIA Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE Y CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES s/ Recurso extraordinario-acción mere declarativa de Inconstitucionalidad- avocacion (ARTICULO 2, LEY 11.330) - Regulacion de honorarios (Expte.: C.S.J. Nº. 640 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-14

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto por el apoderado de los actores -fundado en la afirmación de que el proceso original carece de contenido económico ya que la demanda se promovió con el sólo objeto de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 11.696 y no el reintegro o cese de los descuentos-, con el que pretende reabrir el debate respecto del criterio esbozado por la Corte local en cuanto a la trascendencia económica que otorgó al pleito. Concretamente se sostuvo que "al ser la avocación un incidente que no posee contenido económico propio corresponde justipreciar la labor profesional en el 30% de lo que correspondería al proceso principal y originario, dotado de contenido económico determinable, tal como lo estimó la parte demandada". Es decir que con sólo atender al contenido de los expedientes administrativos que se cita en autos e, incluso, al detalle que formulara, a manera de ejemplo, la parte demandada, podía advertirse, en concreto, cuál era la trascendencia económica que se le endilgaba al eventual resultado del proceso principal que, en caso de prosperar, importaba restar fundamento jurídico a las retenciones por los importes allí mencionados.
Acción de amparo, inadmisibilidad del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MONCADA JUAN CARLOS Y OTROS c/ ASOCIACIÓN MUTUAL DE POLICÍA DE CÓRDOBA s/ APELACIÓN - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-05-05

Bajo esas premisas, los argumentos vertidos por los accionantes con relación a la pretendida conculcación de sus derechos constitucionales, sin demostración acabada de la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la lesión sufrida, su intento de menospreciar la exigencia de los avales impuesta por normativa legal vigente no cuestionada en su regularidad constitucional mandato legal no satisfecho por los amparistas en tiempo y forma y la ausencia de ejercicio de las vías administrativas predispuestas para la solución de la problemática planteada, resultan insuficientes a los fines de enervar los argumentos vertidos por los jueces de la causa como fundamento de inadmisibilidad de la acción de amparo deducida.
Proceso penal, prisión preventiva, secuestro de arma, prueba, consulta técnica, prueba pericial
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: SANOGUERA, DIEGO LORENZO s/ infracción art. 189 bis CP, portación de arma de fuego de uso civil.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-17

Resulta correcta la decisión del juez a quo de confirmar la hipótesis provisoria de que el imputado llevaba consigo un arma de uso civil apta para disparar y que los cartuchos se encuentran percutidos pero sin disparar, sobre la base de un informe pericial.

Dicha hipótesis más los antecedentes penales del imputado, permite tener por acreditado que en caso de recaer sentencia condenatoria, la misma sería indefectiblemente de efectivo cumplimiento (art. 26 y 27 CP contrario sensu), y ello es un elemento que permite afirmar la existencia del riesgo de que el imputado no se presente voluntariamente al proceso por lo que corresponde el dictado de la prisión preventiva.
Privación ilegal de la libertad, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: KUSNIER JUAN PABLO S.D. ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMAS Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD EN CONCURSO REAL E.P. LUNA DARIO ALBERTO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-18

Lo que caracteriza a este tipo de infracciones y lo deslinda de otras figuras es que la libertad es el objeto directo e inmediato del ataque y no solo un medio para lograr la lesión de otro bien jurídico.
Armas de uso civil, portación de armas
Materia: PENAL
Carátula: Retamar Fabio S., Flores Nelson L. s/ Portación de Arma de fuego de uso civil y Daño en perjuicio de la Seguridad Pública y Hugo Aciar - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-10-27

La figura delictiva del artículo 189 bis, tercer apartado, del Código Penal (según Ley 25086), se trata de un delito cuya materialidad se concreta mediante la conducta de "portar" (llevar consigo, blandirla, etc.) un arma de fuego de uso civil o de uso civil condicionado sin la debida autorización. El tipo penal exige, entonces, la concurrencia de dos requisitos: uno positivo y otro negativo.

El requisito positivo comprende: 1) Portar un arma, vale decir, llevarla encima, y que esa arma sea de fuego esto es que debe tratarse de aquel instrumento que utiliza la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvora para lanzar un proyectil a distancia. 2) Que el arma de fuego sea de uso civil (art. 5 Decreto 395/75) o de uso civil condicionado (subtipo de armas de guerra), que son aquellas que están previstas en el numeral 5 del art. 4 del mencionado decreto.

El requisito negativo se integra con la ausencia de una autorización debida para portar esa clase de armas. Tratándose de un elemento normativo o valorativo del tipo, la existencia de una autorización expedida por la autoridad competente elimina la tipicidad de la conducta.

Es decir, analizado el tipo desde la óptica objetiva, existe un presupuesto básico de la norma que es "sin la debida autorización", de acuerdo a las reglamentaciones administrativas que se encuentran en este caso, básicamente, en el Decreto 395/75. Si el agente es un legítimo usuario o tiene la autorización respectiva que prevé la normativa, no habrá tipo legal, ya que la autorización es un elemento del tipo penal.

Con lo cual, y encontrándonos frente a una ley penal en blanco por cuanto su precepto está incompleto, solamente formulado como prohibición genérica, siendo necesario remitirse a otra disposición para integrarlo o definirlo, el tema debe ser analizado a la luz de las siguientes normas: Ley 20429, los decretos reglamentarios 395/75 y 252/94, y la ley 25086/99, que regulan lo atinente a armas y explosivos.

En lo referente a la portación de armas de uso civil, según se desprende del juego armónico de la normativa referenciada (arts. 4, 29 primer párrafo y 30 Ley 20249; arts. 5, 50, 52, 54, 58 a 62, 88 inc. 4, 90, 91, 96, 98 y 113 del Decreto 395/75; arts. 3 y 4 del Decreto 252/94; y art. 4 Ley 25086), la debida autorización, esto es la autorización legal, solo existe con la registración del arma ante el RENAR y REPAR.

Vale decir, que la legalidad de la portación de un arma de uso civil depende previa e ineludiblemente de su registración ante el organismo pertinente. Es decir que la portación de armas debe tratarse de armas registradas y determinadas.
Daños y perjuicios, gastos de sepelio, reembolso de gastos
Materia: CIVIL
Carátula: CARDOZO, ESTHER AIDA/ELMA SA S/ACCID. DE TRABAJO -ART. 1113 C.C.-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

Con respecto a los gastos de sepelio esta Cámara tiene resuelto desde antiguo que el responsable del hecho los debe soportar, aún en defecto de prueba sobre el particular, pues se trata de una erogación que necesariamente se ha debido efectuar (arts. 901, 1079, 1084 y 1113, Cód. Civil; esta Sala, Causa 5787, de 23.6.77 y citas que contiene el voto del Dr. Muzio, entre muchas otras).
Posesión, prescripción veinteñal, accesión de posesiones
Materia: CIVIL
Carátula: Martín , María Laura s/ Usucapión - II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-09-27

La usucapión se produce, cuando una posesión pasa y continúa de manos del primitivo poseedor a manos del actual; sea a título de sucesor universal o singular, por efecto del tiempo transcurrido en ambos casos. Para que tal accesión se pueda concretar es necesario la existencia de un nexo jurídico, o sea, la causa para la transmisión.

En caso de la sucesión a título universal no existe la accesión de posesiones ya que, de acuerdo al sistema adoptado por el Código Civil, el heredero es continuador de la persona del causante.

En cambio, al tratarse de uniones de posesiones a título singular, indefectiblemente se requiere la invocación y la prueba del nexo jurídico o causa que transmita la posesión. Por consiguiente, además, debe acreditarse fehacientemente que los anteriores poseedores han reunido los requisitos exigidos por la ley.

Quien invoca haber adquirido el inmueble a anteriores propietarios que detentaban la posesión, debe probar acabadamente que ellos habían accedido al efectivo dominio del bien y respecto del cual se les había hecho tradición.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Lavin, César Ismael c/ Ellissalt de Plumet, Luisa s/ Haberes y despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

Es inatendible el agravio que carece de desarrollo y fundamento serio que lo avale.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, libertad provisional, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: F., F. y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Asociación  ilícita, etc. -Incidente de cese de prisión- Art. 208 Código   Procesal Penal (Expte. C.S.J. Nro. 144 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-20

Corresponde rechazar la queja interpuesta si el recurrente no logra persuadir a la Corte que la Cámara haya propiciado una hermenéutica de la normativa aplicable que resulte irrazonable o ilógica, con la consecuente conculcación de los derechos y garantías consagrados en la Ley Fundamental, al decidir no hacer lugar al cese de prisión preventiva solicitado. En efecto, el A quo señaló que la libertad provisoria que contempla el artículo 208 del Código Procesal Penal es un plazo fijado mirando a la efectiva privación de libertad del imputado durante todo el trámite del proceso y, como una limitación a la misma, en aras de autolimitar el poder del Estado y con respecto a la inoperancia a los órganos de persecución. Asimismo destacó que en el caso bajo análisis se está en presencia de actuaciones voluminosas, en las cuales existen a la fecha siete imputados y que el tema objeto de investigación no es simple, inclus o porque existen conexiones en Provincias linderas a la de Santa Fe, situación ésta, dice, que hace razonable que la Instrucción se haya prolongado, pero de todos modos no en demasía, por lo menos hasta el grado de pretender que se pueda aplicar el instituto de la libertad establecido en el artículo 208 del código de forma. A lo expuesto, agregó que ya se ha formulado la requisitoria de elevación a juicio, pudiendo deducirse que la etapa instructoria ha finalizado y que es inminente la remisión de las actuaciones al Juzgado en lo Penal de Sentencia; señalando, además, que el otorgamiento parcial de un cese de prisión preventiva a un encausado resultaría una medida que contendría un elemento de injusticia para quienes deberán permanecer privados de la libertad, a la espera del fallo del plenario.
Patentes, usurpación, daños y perjuicios, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ríos, Mario. c/ Banco de la Nación Argentina. s/ Cese uso patente de invención.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-16

Para que la infracción se configure es suficiente que exista una utilización -sin derecho y en beneficio propio- de la patente que pertenece a un tercero, a lo que cabe añadir, en este caso, que los funcionarios del Banco sugirieron la adquisición del equipo de flexografía a abaratar los costos, intento que no se podía concretar sino perjudicando al actor, en la medida que se prescindía de reconocer sus legítimos derechos al uso exclusivo de su patente.

Como consecuencia de lo expuesto, la indemnización se debe limitar a las consecuencias dañosas que se derivan de las 198 unidades fabricadas en infracción por el BNA, pues sólo está probada esta limitada usurpación de las patente. No cabe, por lo tanto, reconocer una suma que contemple una regalía comprensiva de una explotación más amplia del invento que, en los hechos, no se concretó, ya sea porque el sistema le resultaba costoso o inadecuado para la demandada o bien porque ésta no quiso continuar en una infracción que le podía incrementar su deuda indemnizatoria.
Prescripción, interrupción de la prescripción, acción judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: JUSID JORGE c/ BANCO MESOPOTAMICO COOPERATIVO LIMITADO s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-06-15

Si las diferencias de remuneraciones reclamadas fueron ya objeto de un reclamo expreso por parte del actor en un juicio anterior, a la interposición de la demanda del primer juicio debe asignársele efecto interruptivo del plazo de prescripción, no siendo aplicable el plazo de seis meses como máximo de interrupción del curso de la misma previsto en el artículo 257 de la Ley de Contrato de Trabajo ya que, como la misma norma lo expresa claramente, ello lo es con relación al efecto que se le asigna a los reclamos efectuados por ante la autoridad administrativa del trabajo, que no es el caso de autos, donde ha mediado el ejercicio de una acción judicial.
Política ambiental, competencia provincial
Materia: PROCESAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Di Giano, Iris Mabel s/ incidente de incompetencia c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-05

La cuestión relativa al impacto ambiental no puede obstar a la determinación de la competencia provincial si, según lo establece el art. 7° de la ley 25.675 -de política ambiental nacional- su aplicación es de conocimiento prioritario de los tribunales ordinarios, según el territorio, la materia o las personas, y sólo caber apartarse de esa regla cuando el acto, omisión o situación generada provoque, efectivamente, degradación o contaminación en recursos ambientales de naturaleza interjurisdiccional. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Ley vigente, despido, mandato
Materia: CIVIL
Carátula: SEGOVIA MARIA EUGENIA C/ KENT CHRISTIAN Y OTROS S/ DESPIDO Y COBRO DE HABERES c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2022-02-08

Al modificar la anterior regulación, a partir de la estructuración de la representación voluntaria, el codificador ha receptado el principio amplio de la libertad de formas, como un modo de desacralización de los actos jurídicos que tienda a efectivizar de un mejor modo -y aun menor costo-, las exigencias del tráfico jurídico, que derivan a su vez de una mayor deferencia del Estado a las personas en el ejercicio de sus derechos. Así, el poder ha dejado de ser, conforme la enumeración taxativa del artículo 1017, un instrumento formal, tal como antes lo era, en el artículo 1184, inc. 7 del Código Civil de 1.869. [...] la regulación del CCyC tiende hacia la simplificación de las exigencias sacramentales y el derecho procesal electrónico, hacia el que nuestra provincia se dirige por mandato legal, en virtud de la ley 2.801, tiene semejantes necesidades. (Del voto del Dr. Fernando Ghisini, en mayoría).
Trabajador extranjero, despido
Materia: LABORAL
Carátula: CERDA SALINAS, Luis Omar c/ CLUB DE CAMPO LA MAROMA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-06-20

Si el actor fue despedido por habérsele vencido el certificado de residencia precaria, no contando al momento del despido con autorización de residencia vigente, la actitud del empleador, en cumplimiento de un deber legal, no le acarrea responsabilidad indemnizatoria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Mutuo hipotecario, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ ARENERA Y CONSTRUCTORA PATAGONICA s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-05-02

Los documentos acompañados por la demandada no constituyen prueba alguna de pagos referidos al préstamo hipotecario que se ejecuta, ni, como lo pretende la demandada habiendo, la actora reconocido tales documentos debío probar que correspondían a pagos por otras deudas.

La actora expresamente negó que tales pagos correspondieron a la deuda que se ejecuta y correspondiendo al deudor probar documentadamente que pagó ,total o parcialmente, la deuda hipotecaria, mal puede invertirse la carga de la prueba exigíendose al acreedor hipotecario que pruebe qué pagos efectúo el deudor y en los que no consta referencia alguna que los relaciones con la deuda hipotecaria sino, por el contrario otros destinos, ya sea cuenta corriente bancaria para pago no precisado de intereses o comisiones o referidos a un convenio de refinanciación que jurídicamente resulta irreferible a la ejecución sub-lite.
Preclusión, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MORALES OMAR HUMBERTO c/ CAJA SOCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-09-15

Resolver al momento de dictar sentencia definitiva una excepción respecto de la cual el actor no pudo ejercitar su derecho de defensa, resulta contrario a principios tales como la certeza y la seguridad jurídica e implica sin más, la afectación del debido proceso adjetivo; toda vez que no se podría entrar a tratar la procedibilidad de la pretensión introducida.
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, amenaza de sufrir un mal grave e inminente
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: J.C. Taxi S.R.L. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-04

No constituyen exigencias constitucionales para la procedencia de la acción de amparo la existencia de un obrar positivo de la administración ni la calificación de ese obrar como acto administrativo, o la configuración de una efectiva lesión al derecho cuyo amparo se pretende, bastando la amenaza. (Del voto de los Dres. Weinberg de Roca y Balbín).
Accidente de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castro, María Eugenia c/ Pedersoli, Fabián Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-01

No se puede inferir que por el solo hecho de que el vehículo colisionante llevara las siglas de "Distmel S.A." impresa en ambos laterales, la excepcionante sea responsable del evento dañoso por tener una "guarda provecho" sobre el mismo, cuando no se ha probado que la aquella sociedad tuviese el ejercicio de un poder autónomo e independiente sobre el auto embistente. La noción de guarda de la cosa está ligada al ejercicio del poder fáctico de vigilancia, de gobierno y de control que se ejerce sobre la cosa con autonomía e independencia de cualquier persona y esto es precisamente lo que no ha probado el apelante.
Beneficios previsionales, afiliados previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Salas, Pedro José Samuel c/ Caja Seg. Soc. Odontólogos Pcia. de Bs.As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

La ley nacional 18.038, al limitar la afiliación voluntaria de los graduados universitarios a los que ejerzan su profesión exclusivamente en jurisdicción provincial, determina la doble afiliación obligatoria (a su régimen y al provincial respectivo) en los casos de desempeño profesional simultáneo en ambas jurisdicciones -nacional y local- (conf. arts. 2 inc. b y 3 inc. e ley 18.030 t.o. 1974 y t.o. 1980).
Beneficios previsionales, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berlingieri, Oscar c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-04

Corresponde aplicar las previsiones de la ley 8587 en punto a determinar el haber jubilatorio de un afiliado que cesó en forma definitiva a partir de abril de 1985 (durante la vigencia del dec.

ley 9650/80), pues reunió los requisitos para la obtención de la jubilación ordinaria en el año 1979, por lo que según precepto expreso de la ley vigente aquélla resulta ser la ley aplicable (art.

66, dec. ley 9650/80).
Daños y perjuicios, error de hecho (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: Tierras Nuevas S.A. c/ Teyma Abengoa S.A. y Otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-09

Corresponde rechazar la demanda por daños y perjuicios de una empresa que manifestó haber adquirido en una subasta pública un acoplado modelo 1977 creyendo que estaba comprando uno del año 1997, toda vez que el accionante no logró demostrar que la publicidad de la subasta pudiera inducirlo a error, ya que en los avisos no se especificaba el modelo de los acoplados ofrecidos para la venta y ha quedado demostrado que los acoplados ofrecidos se dejaron de fabricar en el año 1982, lo que permite concluir que la compradora no se condujo con el cuidado y previsión esperable de un buen hombre de negocios.