marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ley de emergencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA DE CAMPOS ANGELA DEL VALLE c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ JUICIO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 6016 GONZALEZ GOLRIA DEL VALLE s/ JUICIO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº6016 JUGO HERNAN ALFREDO c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 6.016 JUGO HERNAN ALFREDO c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 6.016 VIZCARRA, YOLDE AMERICO ORLANDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O RESP. s/ INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 6016 GEREX, RAIMUNDO ARISTOBULO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O RESPONSABLE s/ INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 6.016.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-10|1997-04-23|1997-06-19|1997-06-19|1997-12-02|1998-02-09

EL fundamento de las leyes de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto.
Responsabilidad del empleador, accidentes de trabajo, fundamentación insuficiente
Materia: CIVIL
Carátula: Fernandez Alcides c/ Aguilar Irma Matilde s/ Indemnizacion Por Daños Por Accidente De Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-05-20

Procede confirmar la sentencia que condenó a la empleadora al pago indemnizatorio por daño patrimonial y daño moral que sufrió el trabajador a causa del accidente en ocasión de su labor, pues de la lectura de la pieza recursiva surge evidencia que no constituye una expresión de agravios, desde que no contiene un análisis serio, fundado y objetivo del error endilgado, sino simples discrepancias genéricas, relacionadas con el reconocimiento del infortunio laboral, sin hacerse cargo ni rebatir concreta y razonadamente que la a quo juzgó suficiente para determinar tal extremo las manifestaciones contenidas en el formulario de denuncia del siniestro, que la propia accionada acompañara al contestar la demanda, prescindiéndose refutar el aspecto esencial aludido, en el cual la juzgadora fundó su decisión.
Beneficios previsionales, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cotignola de Petrucci, María Isabel c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Resulta legítima la resolución del Instituto de Previsión Social que -con el fin de correlacionar el cargo desempeñado por el causante en la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires en vigencia de la Resolución nº 1596/62- aplicó los decs. 571/76 y 459/79, en tanto el dec. 338/79 que invoca la actora no derogó ni expresa ni implícitamente aquella normativa.
Cajas de previsión, excepción de prescripción, oportunidad procesal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ANGIONE, ELENA EUSTAQUIA PERDOMO DE s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-30

No cabe el progreso de la defensa de prescripción si ha sido opuesta por la CNPS. al contestar la vista ordenada al cumplirse la medida para mejor proveer. La invocación debe ser efectuada en sede administrativa en alguna de las resoluciones denegatorias de la pretensión, a la luz de lo preceptuado por el Código Civil (artículos 3964 y 3962).
Indemnización por despido, despido sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: Rendon Pedro Maximiliano c/ Obra Social de los Empleados de Comercio Actividades Civil (OSECAC) s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-10

El cuarto párrafo del art. 212 L.C.T. resarce la extinción del contrato de trabajo por resultar imposible su subsistencia debido a la imposibilidad absoluta del trabajador para continuar prestando servicios. En cambio, distinta es la finalidad perseguida por el legislador en el art. 2 de la ley 25323 por cuanto sanciona al empleador moroso con un incremento indemnizatorio ante la presencia de un despido sin justa causa, sea directo o indirecto, que obliga al trabajador a iniciar una acción judicial o una instancia previa obligatoria para lograr el cobro de su crédito. Tal situación evidencia la necesidad de que el contrato de trabajo se haya extinguido por un incumplimiento contractual grave del empleador que originó el despido indirecto, o cuando la denuncia la produjo el empleador sin justa causa para ello. Por lo tanto, de una interpretación teleológica de las normas en juego, cabe concluir que el agravamiento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25323 no resulta aplicable cuando corresponde indemnizar al trabajador con fundamento en el art. 212 cuarto párrafo L.C.T.. (Del voto de la Dra. Carambia, en mayoría).
Excarcelación, Constitución Nacional, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Losasso, Nicolás s/ excarcelación - causa Nx 2763.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

La excarcelación tiene raigambre constitucional y las normas procesales dictadas por el Congreso Nacional en esa materia son inmediatamente reglamentarias de un derecho consagrado por el art.

18 de la Constitución Nacional.
Desindexación, mutuo dinerario, actualización monetaria, cómputo de la actualización, valor nominal, cláusula dólar
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO c/ FRIGORIFICO LA RURAL SA s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-23

La comparación a fin de establecer si existe un mecanismo de ajuste pactado que conduce a una distorsión de valores, no pasa por reexpresar en dólares el monto nominal de la obligación dineraria contraída -según la cotización vigente al tiempo de tomarse el mutuo-y comparar el resultado obtenido con el que depara la reexpresión en la misma moneda -según la paridad actual-del monto de la deuda que se obtiene a través de las pautas de reajuste previstas en el respectivo contrato (criterio propuesto por Mosset Iturraspe para los mutuos sin garantía real (cfr. "Límites a la Indexación -Ley 24.283"), ya que el poder adquisitivo del dólar, dentro del país, ha variado sustancialmente a través de los tiempos (véase en este sentido, el voto del Dr. Bulygin en el Fallo de esta Sala recaído en la Causa "La Holando Sudamericana Cia. de Seg. SA c/Aerolíneas Argentinas" del 6.4.94, reg. en LL, 1994-C, 287).
Competencia, concurso preventivo, quiebra
Materia: LABORAL
Carátula: Stauber, Hector Roberto c/ Goldaracena Hnos. Ltda. S.A. s/ Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-03-18

Los procesos en trámite ante la justicia laboral Pcial. a la fecha de entrada en vigencia de la ley 24522, se encuentran alcanzados por el fuero de atracción, resultando competente el juez del concurso para seguir entendiendo en la causa.
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, falta de pago, intimación previa
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Rodríguez, Leandro c/ Solavuno, Oscar Andrés s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-18

Para enervar la procedencia del desalojo no es eficaz detenerse en cuestionamientos formales de la intimación del artículo 5 de la Ley 23.091, cuando el deudor reconoce no haber saldado los dos períodos anteriores a la iniciación de la demanda y no solventa el pago de lo efectivamente debido.
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable, empleador autoasegurado, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Cagnina, Ana Del Carmen c/ Municipalidad de Rosario s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-07-11

Se advierte que la Alzada consideró que la cuestión a resolver guardaba analogía con la abordada por esta Corte provincial, in re "Sayavedra" y "Alcaraz", en el entendimiento de que el crédito por prestaciones sistémicas dinerarias ya había sido satisfecho en su totalidad por la empleadora autoasegurada conforme a la normativa legal vigente al momento del pago, considerando con total dogmatismo que de las constancias de autos no surgía mora o conducta reprochable a la demandada que convenza de la necesidad de actualizar la referida indemnización; mas el Sentenciante individualizó a la demandada como aseguradora, cuando en verdad reviste efectivamente el carácter de empleadora autoasegurada, omitiendo de tal modo que las obligaciones de la accionada, además de brindar las prestaciones dinerarias por riesgos del trabajo, también consisten -entre otras- en liquidar el salario de la actora, siendo por lo tanto la propia demandada quien califica originariamente la naturaleza remuneratoria -o no remuneratoria- de cada uno de los rubros que integran el haber mensual del trabajador. - CITAS: CSJStaFe: Sayavedra, AyS T 272, p 398/404; Alcaraz, AyS T 308, p 41 /419.
Seguro de automotores, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, asegurador, obligaciones del asegurador, daño material, daño cierto, valor del bien, compensación económica
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: VILLALBA HECTOR CESAR c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (CNAS) s/ COBRO DE SEGURO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Una interpretación que armonice el texto de la res. 20.614/93 de la superintendencia de seguros con los principios generales que rigen los seguros permite superar, por lo menos en parte, la incongruencia apuntada: mayor indemnización al que experimento menor daño con relación al que sufrió la destrucción total del vehículo. En efecto, es principio básico en esta materia que el asegurador solo está obligado a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido (aunque la suma asegurada fuese mayor), de conformidad con los artículos 65 y 68, ley de seguros. Luego, si en el daño total la Caja reemplaza el automotor siniestrado por su valor asegurado o asegurable (si éste fuese menor) ha cubierto, objetivamente, el perjuicio real y, por tanto, el asegurado carece de causa legítima para mantener en su dominio una parte de ese valor: los restos.
Legados, legado de dar sumas de dinero, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: DOMENECH, Alfonso s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-28

La actualización de una suma de dinero legada por el causante debe realizarse a partir de la fecha de redacción del testamento ya que es la mejor forma de mantener el valor real de los legados. La circunstancia de que la causante no hubiera establecido en su testamento una cláusula de estabilización, no puede hacer presumir que quiso dejar una suma nominal que se cobraría desvalorizada.
Accidentes de trabajo, acción civil, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: PERALTA RUBEN FABIAN c/ EL INDIO NEUMATICOS - LUIS Y RUMILDO VISCA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-10-10

Por guardián debe entenderse, según lo ha sostenido la jurisprudencia, todo aquél que tiene de hecho un poder efectivo de vigilancia, gobierno y control sobre la cosa que ha resultado dañosa, sobre la cosa involucrada en su contenido empresario y que se traduce en un poder de hecho con total independencia del título o derecho que se pueda tener sobre ella.

El Código ha dado las pautas para determinar la figura del guardián.

El art. 1113 C. Civil dispone que toda persona debe resarcir el daño causado por las cosas de que se sirve o de las que tiene bajo su cuidado. A partir de allí la ley brinda dos directivas fundamentales, que no necesariamente tienen que coincidir en la misma persona, pudiendo admitirse que una cosa tenga dos guardianes (responsables). Es decir, que se daría la posibilidad de un guardián que aprovecha de la cosa y de un guardián que vigila. En tal orden y, de acuerdo, a esta interpretación, es guardián de la cosa tanto el que se sirve de ella como aquel que, de manera autónoma, ejercita tal actividad aunque puede no llegar a servirse de ella. De modo tal que, como mínimo, hay que acreditar alguno de estos elementos a los fines de tener por probada la condición de guardián, requisito necesario para asumir la responsabilidad del art. 1113 C. Civil.-
Jubilación anticipada, jubilación por invalidez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: WALKER, ALBERTO c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA s/ PLENA JURISDICCION ? RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-02-18

La normativa invocada por la casacionista ha sido incorrectamente aplicada. En efecto, se encuentra probado que el accionante padece de una incapacidad que supera el sesenta y seis por ciento (66%) para las tareas específicas, mas no se ha demostrado que la sustitución de tareas no fuera factible. Repárese, en tal sentido, en que las Juntas Médicas que revisaron al actor no se expidieron sobre tal aspecto y que el mismo no fue objeto de prueba en esta instancia judicial.

La comprobación de tal situación resulta trascendente, puesto que de lo contrario se estaría desconociendo la letra del artículo 24 de la Ley 8024, que reconoce el derecho al beneficio cuando el afiliado se incapacite para cumplir "cualquier actividad compatible" con sus aptitudes profesionales.

A los fines de la obtención de aquél no basta con encontrarse incapacitado en el grado requerido para las tareas específicas como el actor, sino que en este supuesto es imprescindible además que la sustitución de labores no sea viable.

Tal posibilidad tiene que ser constatada objetivamente, esto es debe apreciarse, ponderando los elementos que contempla el artículo 26 de la Ley 8024, si la "incapacidad" que sufre el afiliado le impide realizar una actividad compatible con sus aptitudes profesionales.
Beneficios previsionales, Administración Nacional de la Seguridad Social, sentencia condenatoria, facultades del juez, rehabilitación del beneficio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alfonso, José María c/ ANSeS s/ restitución de beneficio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-06

La determinación del plazo de cumplimiento de las sentencias por los arts. 22 y 23 de la ley 24.463, no excluye la facultad de los jueces de establecer tiempos diferentes cuando la obligación puesta a cargo de la demandada consiste en dictar el acto administrativo de restitución del beneficio alimentario indebidamente revocado, que no compromete nuevas partidas presupuestarias.
Contrato de trabajo, trabajador en condiciones de jubilarse, despido, discriminación, trabajadores aeronáuticos
Materia: LABORAL
Carátula: FIORE, EDGARDO GUILLERMO c/ AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. s/ ACC. ORDINARIA DE INCONST.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-13

En el caso el actor, tripulante de cabina, es intimado a iniciar los trámites jubilatorios, en consonancia con lo dispuesto por el art. 252 L.C.T., por reunir los requisitos necesarios para el régimen jubilatorio diferencial (art. 3 del decreto 4257/68). Dicho régimen jubilatorio diferencial regía para todos los tripulantes de cabina. A partir de la Disposición N° 163/06 se extendió la edad jubilatoria de los pilotos a los 65 años. Es decir, queda a partir de la Disposición 163/06 evidenciado un trato desigual entre los distintos tripulantes de aeronaves sin que se vislumbren razones objetivas para concluir que las diversas actividades cumplidas a bordo de una aeronave puedan ser perjudiciales para unos y para otros no (art. 16 C.N.). Por lo tanto la empleadora no se hallaba facultada para cursar la comunicación prevista en el art. 252 L.C.T. por lo que corresponde dejarla sin efecto hasta tanto el trabajador cumpla los 65 años.
Recurso de casación, actos jurídicos, falta de firma
Materia: LABORAL
Carátula: GALLO, FRANCISCO GREGORIO c/ CELARIO, HECTOR ARMANDO s/ DIFERENCIAS DE JORNALES, ETC. CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-04-05

El acto al que le falta un elemento esencial, sin el cual no puede ser concebida su existencia, debe considerarse como no sucedido. la falta de firma torna inexistente el acto procesal que se pretende instrumentar, toda vez que significa la carencia de uno de sus elementos esenciales para que se constituya como tal en el mundo jurídico.
Locación de obra, juicio de desalojo, intimación previa
Materia: PROCESAL
Carátula: ARMANDO, MERCEDES c/ ERDBECHER, GUILLERMO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-05

La alegación del locatario de no haber recibido carta documento alguna dicha intimación previa al desalojo y no saber a quien corresponde la firma del aviso de recepción es irrelevante, porque la circunstancia de que el receptor no haya sido al propio destinatario no la priva de los efectos atribuidos en los arts. 101 y 102 del C.Civil.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, acción de amparo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Remis Sur S.R.L. c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-06-25

Las resoluciones finales en materia de amparo no son recurribles ante la Corte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, competencia derivada, Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, haber jubilatorio, conciliación laboral, resoluciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MONZON, ROSENDO SANTOS c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-30

Resulta competente la C.N.A.S.S. para entender en un pedido de resolución de acuerdo transaccional, pues si bien la jurisprudencia de la C.S.J.N. tiende a derivar a la primera instancia laboral el conocimiento de aquellas controversias cuya base normativa sean las leyes de jubilaciones y pensiones (Fallos 303:568; 310-I:1378, entre otros), como así también lo atinente a la ejecución de sentencias dictadas por la C.N.A.T. y por la C.N.A.S.S. (cfr. C.S.J.N., "Rolón Zappa, Francisco", sent. del 25.8.88; "Ferrari de Goris, Odolinda" del 9.4.91, entre otros), se advierte que este caso atento la particular naturaleza de la cuestión planteada y en tanto se recurre un pronunciamiento del organismo administrativo que la decide, encuadra en la competencia específica asignada a dicha Cámara por el art. 8, inc. a) de la ley 23.473, apartándose consecuentemente, en tales condiciones, de las características del proceso ejecutorio.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, partes del proceso, litisconsorcio, transacción, oponibilidad a terceros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Trujillo, Silvia Nora y Otros c/ GCBA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-29

La transacción realizada por uno de los integrantes del litisconsorcio facultativo pasivo, no extiende sus efectos a los otros salvo el supuesto normado por el mencionado artículo 853 del Código Civil que constituye una excepción al principio de los efectos personales de la transacción (art. 851, Cód. Civil).

Ahora bien, si la transacción -luego homologada judicialmente- se celebró entre la parte actora y dos de los eventuales codeudores solidarios, por aplicación del artículo 853 del Código Civil aquélla no puede serles opuesta a los demás accionados que no asistieron al acto, pero sí los beneficiaría.
Proceso penal, prisión preventiva, prisión domiciliaria, cuestiones procesales, pandemia, falta de agravio concreto, faltas relacionadas con la higiene y la salud, inadmisibilidad del recurso, medidas de seguridad, derecho a la salud
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO, Ercilia del Carmen s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto, pues la defensa no logró demostrar, ni surge de la causa, la arbitrariedad que invoca. El tribunal, al rechazar el pedido de arresto domiciliario (fundado en el interés superior de los hijos menores de edad de la peticionante), realizó un análisis ajustado a derecho conforme las circunstancias actuales de la causa, por lo que la resolución impugnada se encuentra motivada en los términos del art. 123 del CPPN. En efecto, de los informes surge que los tíos maternos son quienes ejercen el rol de contención afectivo y material para los menores; que el menor [J.L.] se encuentra bajo tratamiento psicológico y que, con relación a la menor [B.], quien en el período lectivo 2019 no asistió a clases, se realizó la apertura de un legajo por parte de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán, a fin de abordar dicha situación. Por lo demás, no han variado las circunstancias atendidas en la intervención anterior de las presentes actuaciones (Reg. nro. 2541/19). En otro orden de ideas, atento a la emergencia sanitaria corresponde encomendar al tribunal a quo que requiera al establecimiento penitenciario que arbitre los medios necesarios para dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene en los términos de la Acordada 3/20 de esta C.F.C.P. y lo dispuesto por la autoridad de salud provincial. La disidencia señaló que, si bien los hijos de la recurrente se encuentran a cargo de su hermano, las condiciones socioeconómicas que envuelven a los involucrados, la ausencia de sus respectivas figuras paternas en este difícil contexto -dos por fallecimiento y los dos restantes porque cortaron el vínculo con sus hijos- y el particular padecimiento que sufre J.L. con la pérdida de cabello y cejas, impide considerar que los menores recibirán el cuidado debido. Por ello, sin desconocer la hipótesis delictiva que se le atribuye, al amparo del especial cuidado que merecen los niños para su desarrollo y crecimiento, y de conformidad con las pautas previstas en los arts. 210, 221 y 222 del nuevo C.P.P.F., se debe hacer lugar al arresto domiciliario, en atención a que en el caso concreto resulta un medio idóneo para conciliar, por un lado, la tutela efectiva de los niños que abone por la plenitud de sus derechos, al mismo que tiempo que permite garantizar los fines procesales. Dr. Borinsky, Carbajo y Hornos -en disidencia-.
Daños y perjuicios, indemnización, porcentaje de incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: Yturris, Susana Valeria y Iturris, Elsa Mariel c/ Benítez Walter Eulogio y/o Paultroni, Mario Luis y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios y Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-08-08

El porcentaje de incapacidad, si bien debe ser tomado en cuenta como un importante elemento para mensurar el daño, ha de ser ponderado en concordancia con otros factores en juego, concernientes a las particularidades del damnificado, precisando que, pero no necesariamente será el porcentaje de incapacidad lo que determine el monto del resarcimiento.
Indemnización, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RETA SANTIAGO I. c/ LACIAR JOSE s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S145 - 133)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-02-17

No se comparte la afirmacion del Juez aquo respecto a la accion civil hereditatis en cabeza de los hijos del difunto. La accion resarcitoria por muerte se ejerce "iure propio" y no "iure hereditatis", ya que el dano provocado por el mismo hecho de la muerte de una persona no lo sufre el muerto, sino las personas vivas relacionadas con el.- No hay dualidad de acciones que puedan intentarse para reparar el dano consistente en la perdida de la vida.- Luego se analiza lo relativo a si la vida humana tiene un valor economico per se, o si para que proceda la indemnizacion es necesario probar concretamente los beneficios economicos de que se han visto probados los accionantes con motivo de la muerte.- Se hace lugar parcialmente a la apelacion.-