Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-13


Buenos Aires, 13 de diciembre de 2006 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el día 15/08/06, hizo lugar al recurso de hecho incoado por el Defensor General de la CABA, admitió el recurso extraordinario federal y dejó sin efecto la decisión de este Tribunal, de fecha 30/03/05, por la cual, sumariamente, se había declarado admisible la queja oportunamente intentada y -por mayoría- se había rechazado el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la resolución que confirmó el rechazo del planteo de prescripción (fs. 65/72). En consecuencia, la CSJN dispuso que "por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a la doctrina aquí expuesta" y, a tales fines, remitió las actuaciones a este Tribunal (fs. 117/118).

Fundamentos La jueza Ana María Conde dijo:

1. La CSJN, para decidir como lo hizo, consideró aplicable al caso lo resuelto en autos C.459.XXXVIII "Caballero, Jorge Alberto y otros s/ art. 71 CC -causa Nº 555-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad - incidente de prescripción" (08/11/05) y acompañó una copia de esa resolución "a cuyos fundamentos y conclusiones" se remitieron, "en lo pertinente", seis de sus miembros. Por su parte, la doctora Carmen M. Argibay votó en disidencia por la improcedencia del recurso de hecho, en los términos del art. 280 CPCCN. Corresponde señalar tres particularidades que generan dudas acerca del contenido y alcance de lo resuelto:

En primer lugar, una simple lectura de esa sentencia permite sostener que tales "fundamentos y conclusiones" no tienen correspondencia absoluta con las características de esta causa y, por cierto, no arrojan una "doctrina" uniforme que pueda ser acatada, y sobre la cual, además, pueda dictarse un nuevo pronunciamiento. En efecto, en autos "Caballero" el voto que agrupa el conjunto mayoritario sólo posee cuatro votos coincidentes que afirmaron que la interpretación efectuada en materia de prescripción, por la mayoría de este TSJ, resultaba "arbitraria" -ministros Highton de Nolasco, Lorenzetti, Zaffaroni y Maqueda- y los tres votos restantes entendieron, cada uno con argumentos propios, que la mayoría de este TSJ (en su momento integrada, con el fallecido doctor Muñoz) había incurrido en un "exceso de jurisdicción", por cuanto había rechazado la solicitud de prescripción en instancia única, al evaluar la procedencia formal del recurso extraordinario federal -ministros Argibay, Petracchi y Fayt-. En cambio, en autos "Oniszczuk" esto último no sucedió puesto que la mayoría del TSJ (ya integrada por mi colega, el doctor Lozano), frente a una solicitud de prescripción, idéntica a la anterior, precisó que dicha presentación debía ser analizada por el juez de primera instancia y luego por la Cámara. En consecuencia, el 'incidente de prescripción' sobre el cual recayó la resolución revocatoria de la CSJN había tramitado ante las tres instancias jurisdiccionales locales, por lo cual, y con el total respeto que me merecen sus miembros, la remisión efectuada al precedente invocado es inexacta, o mejor dicho parcialmente desacertada.

En segundo lugar y en lo estrictamente aplicable al caso, sólo cuatro voluntades han cuestionado la interpretación que oportunamente formulara este Tribunal y, en un órgano colegiado de nueve miembros (ley nº 23.774), ellas no hacen mayoría -tampoco llegaron a formarla en dicha ocasión [cf. voto que suscribiera junto a mi distinguido colega, José Osvaldo Casás, in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional n° 3- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Abalos, Oscar Adrián s/ art. 71, CC -Apelación-'", expte. nº 1509, resolución del 29/12/05]-. Ello es así, pues, si bien el ministro Petracchi reflexionó acerca de nuestra exégesis (considerando 15º de su voto), lo hizo a modo de "obiter dictum", y como es generalmente aceptado, las expresiones que se realizan de esta manera no forman parte integrante de la sentencia y no tienen incidencia en la solución de la causa para el magistrado que así las formula (Fallos 306:980; 312:916; 315:449). Claramente, "por remisión" tampoco podrían tener incidencia en la formación de la mayoría en esta nueva causa. Por lo tanto, no se desprende una "doctrina" unívoca de esta decisión y ello es así incluso frente a la actual reformulación de la estructura de la CSJN, toda vez que, tal modificación, en principio, no posee efectos retroactivos (art. 3º del Código Civil), ni alcanza a los fallos dictados previamente.

En tercer lugar, si la CSJN realmente consideraba que "la acción" se encontraba prescripta, no era necesario reenviar la causa, en tanto, bastaba con resolver "sobre el fondo" y declarar la prescripción expresamente, como su competencia (legal) se lo permite en función del art. 16 de la ley nº 48. En ese sentido, no es posible soslayar que en su sentencia se citó la abundante jurisprudencia que habría avalado, o incluso aconsejado, este temperamento que "se sustenta en el carácter de orden público que reviste el instituto de la prescripción [y] en la posibilidad de declararse en cualquier estado y grado del proceso" (Fallos 311:2205; 322:300; 324:3583; 325:2129). Pese a ello, el fallo se reduce a poner de manifiesto su desacuerdo con la interpretación del TSJ, lo cual, sólo parece significar que se espera una nueva exégesis de las normas vinculadas con la prescripción en materia contravencional, o bien, el esclarecimiento o corrección de la anterior. En cumplimiento de dicha labor y con las salvedades apuntadas, principalmente que no hubo una mayoría real en la sentencia de la CSJN, me permito remarcar algunos puntos relevantes para el tratamiento de la cuestión.

2. Conforme lo ha reconocido la CSJN, en innumerables precedentes, todo lo vinculado con el alcance y contendido que cabe asignar a las normas contravencionales es una cuestión de "derecho local", pues no se trata de un tema de "índole federal ni está incluido en la reserva que se estableció sobre la legislación común (art. 75.12 CN)" (Fallos 324:1307). Consecuentemente, el TSJ es el intérprete final de la Constitución local y de las "leyes locales", al igual que la CSJN lo es de la Constitución Nacional y de las leyes federales, y mientras su exégesis no se aparte ostensiblemente de la CN, permanece bajo el resorte exclusivo de sus jueces (Fallos 307:490; 311:2478; 315:2359, entre muchos otros). Por su carácter local, el análisis de la prescripción de la acción contravencional sólo puede centrarse en las previsiones especiales y, por ende, el art. 31 de la ley nº 10 no puede ser interpretado sino a la luz del art. 32 de la ley nº 10 y del art. 33 de la ley nº 402. Esas leyes son aplicables y obligan únicamente a los órganos del Poder Judicial de la Ciudad, ya que, difícilmente, puede pensarse que el legislador porteño quisiera disciplinar la actividad de la CSJN -y dudoso, además, que lo intentara-.

Ahora bien, cuando la Cámara Contravencional y de Faltas declara la improcedencia (formal) del recurso de inconstitucionalidad dirigido contra la sentencia que condena al contraventor -decisión que para el art. 27 de la ley nº 402 es la definitiva-, esa condena queda ejecutoriada y ello equivale a considerarla firme en los términos del art. 32 de la ley nº 10. Ello así, por cuanto luego de dictarse el auto denegatorio del recurso extraordinario local, el contraventor no puede realizar ningún planteo impugnatorio que impida la ejecución de la sentencia de mérito, ya que el único recurso local que puede interponer -queja- no reviste efecto suspensivo. Esto se desprende, de manera manifiesta, del art. 33 de la ley nº 402, en virtud del cual "mientras el Tribunal Superior de Justicia no haga lugar a la queja, no se suspende el curso del proceso salvo que el Tribunal así lo resuelva por decisión expresa" (lo destacado no obra en el texto legal). Ello se debe, por cierto, a la escasa probabilidad de éxito que le atribuye el tribunal a quo, y al mayor grado de acierto de tal decisión; máxime, cuando proviene de un órgano colegiado al cual la ley local nº 7 (e implícitamente la ley nacional nº 24.588) le acuerda competencia exclusiva para el juzgamiento de los casos contravencionales.

Así las cosas, a partir del dictado del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, deja de contarse el plazo de prescripción de la acción y comienza a correr, allí mismo, y provisionalmente, el curso de la prescripción de la pena, ya que ninguna otra diligencia resta por realizar cuando la causa ya ha sido sentenciada por las (dos) instancias ordinarias correspondientes al tipo de juicio especial que aquí se trata. Eventualmente, en el supuesto de que prosperara la queja, el lapso (entre uno y otro) no es contado a los fines de la prescripción de la pena (art. 32 de la ley nº 10), sino y en todo caso, de la acción (art. 31 de la ley nº 10).

Esto último fue lo que ocurrió en autos, y en consecuencia el plazo de prescripción de la acción culminó con el dictado de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que, por unanimidad, hizo lugar a la queja y rechazó el recurso de inconstitucionalidad (fs. 146/165 del expte. nº 2620 que corre por cuerda), es decir, el día 13/05/04. En efecto, el art. 31 de la ley nº 10 regula únicamente el tiempo empleado para dilucidar los hechos contravencionales, disciplinando sólo la actividad de los órganos y autoridades locales. El hecho de que la prescripción de la acción se interrumpa por la realización efectiva de la audiencia de juicio, significa que el conteo del plazo legal de un año se renueva desde su finalización y hasta: i) la declaración de inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad por la Cámara, en el supuesto de que el TSJ desestimara formalmente la queja (art. 33 de la ley nº 402); ó, ii) el rechazo material del recurso de inconstitucionalidad por el TSJ, en el supuesto en el que se admitiera formalmente la queja (art. 33 de la ley nº 402, a contrario sensu) o en el que la Cámara concediera erróneamente el recurso intentado. En ambos casos, y con esos hitos según correspondiere, al menos en lo que respecta a la órbita de esta jurisdicción, se cierra la posible discusión sobre la validez y vigencia de "la acción", toda vez que finaliza la contingencia de que acontezca un plazo de prescripción de una acción que ya está fenecida para los jueces de la causa -la misma se ejercitó y concluyó en condena en un juicio previo fundado en ley, art. 13.3 CCABA-; y en esos dos supuestos no es conveniente, ni adecuado, continuar debatiendo acerca de un suceso de imposible ocurrencia.

Específicamente, en lo que a este caso respecta (ii), a la sentencia de este Tribunal que agota la jurisdicción local, el derecho local la supone como definitiva y en principio irrevocable, motivo por el cual, la acción no prescribe ni podrá hacerlo, toda vez que ya ha comenzado el curso de prescripción de la pena (art. 32 de la ley nº 10). Para afianzar dicha conclusión debe tenerse presente que, el hecho de encontrarnos frente a una decisión dictada por la máxima autoridad local equivale a decir que se agotaron todos los recursos, ordinarios y extraordinarios, que las normas procesales locales prevén para el tipo de controversia. Por lo tanto, la eventualidad de que aquel fallo pueda ser impugnado mediante el recurso extraordinario federal (ley nº 48) no nos conduce a despojar de toda firmeza a la resolución, por cuanto la tramitación limitada o restringida de esa vía no importa sustraer a sus jueces del imperio de hacer efectivas sus decisiones finales. De lo contrario, se reconocería un avance ilimitado sobre la autonomía jurisdiccional y sobre la administración de justicia local (art. 129, CN), ya que se diferiría la observancia de todos los pronunciamientos, a pesar de haber finalizado los procesos en los tribunales competentes, lo que revelaría la ineficacia de la condena dictada puesto que su inejecución la tornaría innecesaria, no por la falta de diligencia del Estado local en su realización, sino, y antes bien, por la interposición ininterrumpida de recursos. En este sentido, el recurso extraordinario federal no puede ser utilizado indiscriminadamente en muchos casos, como una vía procesal para lograr el incumplimiento sistemático de las sentencias contravencionales; y basta para evidenciar dicha situación, el hecho de que tanto en "Caballero" como luego en "Oniszczuk", simultáneamente a la interposición del remedio extraordinario federal ante el TSJ se presentaba -en primera instancia- la solicitud de prescripción de la acción que provocó la resolución de la CSJN. Entonces, si se autorizara esta estrategia procesal, con ello se modificaría el carácter "excepcionalísimo" del recurso de la ley federal nº 48, en tanto se lo convertiría en un mecanismo que llevaría inexorablemente a la prescripción de la causa.

En mi opinión, entonces, fenecido el proceso ante los tribunales a los cuales la ley local acuerda competencia para el juzgamiento de los asuntos contravencionales, la futura tramitación que eventualmente pudiera caberle a órganos de revisión limitada y excepcional -vgr. la CSJN- sobrepasa la finalidad para la cual esta competencia fue asignada en forma exclusiva, por lo cual sólo cabe concluir que, en estas condiciones, deben ejecutoriarse las decisiones locales a efectos de que no queden convertidas en letra muerta. Consecuentemente, no estará "firme" con respecto a los excepcionales fines de la ley nº 48, pero sí lo estará para la ley local. 3. La CSJN ha dicho en innumerables oportunidades que las leyes se deben interpretar en forma sistemática, es decir, evitando darles un sentido que ponga en pugna a las disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando, como verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 310:195, 799,937, 1012, 1390). La interpretación propuesta es la que mejor armoniza y compatibiliza ambos plazos de prescripción -el de la acción y de la pena-, pues evita que existan "limbos" donde el tiempo "no transcurre".

Ello así, por cuanto sostener que el plazo de prescripción de la acción sigue corriendo mientras la causa se encuentra en la CSJN, es impracticable porque "(...) no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de cada criterio que utilice y prefiere la labor interpretativa; pues ellas (...) constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y coherencia con el sistema en que está engarzada la norma" (Fallos 307:1018). Aquella pauta hermenéutica, denominada interpretación previsora (Sagüés, Nestor P., "Control judicial de constitucionalidad: legalidad versus previsibilidad", [en ED 118-909]), aplicada al caso, demuestra que es disvalioso entender que el plazo continúa transcurriendo, ya que ello equivale a consagrar la impunidad de toda causa contravencional, en la cual, el condenado deduzca un recurso federal, ya que el tiempo que insumiría su tramitación vaciaría de contenido al fuero Contravencional y de Faltas -como surge del análisis del cómputo efectuado por el doctor Muñoz en autos "Caballero" y luego recordado por el doctor Casás en estas mismas actuaciones (a fs. 71)-.

La finalidad de la ley nº 10 es, naturalmente, sancionar conductas que afectan la mera convivencia de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, y ese objetivo no se cumpliría si se interpretara el instituto de la prescripción de la acción de manera tal que, en la práctica, toda contravención terminara sin condena, pues, de ese modo, la norma perdería sentido y se convertiría en una norma abstracta limitada al plano de lo teórico, y sin posibilidades de ser llevada a la realidad. Difícilmente pueda pensarse que el legislador local creara un mecanismo de prescripción que ponga en manos del contraventor la posibilidad de evitar la aplicación de una sanción mediante la interposición de un recurso extraordinario. Por el contrario, lo que el legislador pretendió, al establecer plazos cortos de prescripción, fue agilizar el procedimiento y de esa manera evitar la inseguridad jurídica que produce la indecisión sobre la situación del contraventor -indecisión que no puede afirmarse, obviamente, luego de que la causa transitara por tres instancias judiciales locales-.

En definitiva, sólo mediante una interpretación literal que se aparte de toda valoración sobre las consecuencias de la decisión, el espíritu del código Contravencional, la intención de los legisladores y, asimismo, la armonía con el resto del ordenamiento, podría arribarse a una conclusión tal que conciba que el cómputo de la prescripción de la acción termina con el rechazo de la queja por denegación del recurso extraordinario federal. Ello así, por cuanto, esa solución, además, encierra otras implicancias porque no lleva solamente a la prescripción en todas las causas que lleguen al conocimiento de la Corte Suprema, que verdaderamente no son pocas, sino que, por otra parte, lejos de producir un efecto saludable en la comunidad y fomentar el respeto por las normas de convivencia -pues de esto se trata el caso-, provoca el efecto inverso porque deja en manos del contraventor la posibilidad de eludir el accionar de la Justicia Contravencional y de Faltas. Ciertamente, no creo que aquello fuera lo deseado por todos los que bregaron, con éxito, por la judicialización de la materia contravencional. Ello basta para explicar el criterio hermenéutico de la mayoría de este Tribunal, con el convencimiento de que en esta causa no ha habido ninguna ineficacia imputable a los órganos judiciales locales que autorice a sostener que la situación procesal del contraventor no fue resuelta en tiempo y forma.

4. En atención al tiempo transcurrido entre las fechas de la resolución definitiva de este Tribunal y la sentencia de la CSJN -dictada luego de dos años de la primera de ellas-, deberá examinarse, por quien corresponda, el estado del cumplimiento de la condena pronunciada el día 04/07/03 y, en el supuesto de que fuera procedente deberá dictarse la prescripción de la pena legalmente impuesta (mas no de la acción).

5. Por todo ello entiendo que sólo puedo: a) tener presente lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 117/118) en los términos y alcances indicados -punto 1 de este voto-; b) estar a lo resuelto por este Tribunal Superior de Justicia (fs. 65/72) y, por ende, rechazar el recurso de inconstitucionalidad (fs.19/30) y confirmar la sentencia apelada (fs. 16/17) -según los fundamentos de los puntos 2 y 3 de este voto-; c) devolver estas actuaciones a la Sala I de la Cámara Contravencional y de Faltas a efectos de que, por quien corresponda, se examine el estado del cumplimiento de la pena impuesta -punto 4 de este voto-; d) comunicar el contenido de esta decisión a la Defensora General Sustituta, a los fines que crea conducentes.

Así lo voto.

El juez Luis F. Lozano dijo:

1. Adhiero al voto de la señora jueza de trámite, Dra. Ana María Conde.

2. Esta causa vino a conocimiento del TSJ, en una primera oportunidad, como consecuencia de la queja articulada por la defensa contra la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad deducido contra la decisión de la Cámara que hubo rechazado el pedido de que se tuviera por prescripta la acción para sancionar la contravención materia de estas actuaciones. En esa ocasión, el 30 de marzo de 2005, el Tribunal dispuso hacer lugar a la queja y confirmar el pronunciamiento de la Cámara con base en la doctrina sentada in re "Caballero, Jorge Alberto y otros s/ art. 71 CC -causa Nº 555-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad - incidente de prescripción", expte. n° 912, resolución del 12 de octubre de 2001. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó ese pronunciamiento y devolvió las actuaciones a fin de que "[...] [v]uelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a la doctrina aquí expuesta".

Como consecuencia de ello quedó firme la decisión de hacer lugar a la queja y compete a este Tribunal volver a pronunciarse sobre los agravios planteados en el recurso de inconstitucionalidad, esta vez, atendiendo a los lineamientos que motivaron el fallo de la Corte.

3. Tal como indica mi colega, el pronunciamiento de la CSJN in re "Caballero" (C.459.XXXVIII, sentencia del 08 de noviembre de 2005), al que remiten "en lo pertinente" seis de los siete votos del fallo revocatorio que da razón a este nuevo pronunciamiento del Tribunal no es aplicable en su totalidad a la cuestión debatida en autos. El séptimo, de la doctora Argibay, rechazó el recurso con base en el art. 280 CPCCN. De los fundamentos de aquella sentencia, los que indicaron los votos de tres de sus miembros no son trasladables a la solución que dio la CSJN al presente caso, puesto que el TSJ intervino aquí como instancia extraordinaria mientras que en aquél resolvió la prescripción como incidente promovido ante sí, aspecto que cuestionaron esos votos. Sí, en cambio, los que vertieron cuatro de los ministros como sustento y un quinto como obiter.

Parece criterio unánime aquel según el cual lo relativo a la prescripción de la acción para sancionar las contravenciones es materia de derecho local ajena, por tanto, a la revisión federal.

Con fecha 19 de diciembre de 2005, este Tribunal se expidió in re "González, Carlos Alberto y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos; Lacquaniti, Roque y otros (Bingo Congreso) s/ inf. Ley 255 - Apelación'", expte. n° 4066, con bases compatibles con lo decidido por la CSJN que son aplicables al sub examine.

4. A continuación se transcriben los fundamentos del citado precedente "González":

Esa denegatoria [la del recurso de inconstitucionalidad por parte de la Cámara] importa reconocer firmeza a la sentencia de condena, pues su contenido es precisamente establecer que el recurso de inconstitucionalidad intentado por la parte que se considera agraviada no es admisible.

No varía lo expuesto, como pretende el recurrente, que "(...) se encuentr[e] en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un recurso de queja por denegación de recurso extraordinario federal, por la causa principal" (fs. 16/vta). Ello así, puesto que dicha presentación directa no ataca la sentencia de condena sino el auto denegatorio del recurso deducido contra esa sentencia. A su vez, la queja tampoco suspende el auto denegatorio cuya revocación tiene por objeto -regla aplicable tanto a la deducida por denegación del recurso de inconstitucionalidad (art. 113 inc. 3 de la CCBA) como a la correspondiente por denegatoria del recurso extraordinario (art. 14 de la ley 48)-; menos aún, puede suspender las sentencias contra las cuales aquellos recursos denegados iban dirigidos (cfr. arts. 285 CPCCN y art. 33 de la ley 402 para los ámbitos nacional y local, respectivamente).

En estas condiciones, dicha sentencia de condena queda firme y ejecutoriada, por lo que corresponde hacerla efectiva y comenzar el cómputo de la prescripcdión de la pena. Así lo expuso, el Fiscal General ante este estrado, en su dictamen del 30/10/01 (causa 912-1), y para una situación semejante, lo hizo la Cámara Nacional de Casación Penal, en pleno, en los autos "Agüero, Irma D. s/ recurso de casación" (LL 2002-D, 891). Lo contrario supondría atribuir a la queja efectos suspensivos de aquel auto denegatorio, consecuencia desechada por lo ya dicho.

En su significado habitual "firme" es la decisión que no puede ser conmovida por un recurso; mientras que "ejecutoriada" es aquella cuyos efectos no han quedado suspendidos. De ese modo, la decisión puede estar ejecutoriada y no firme cuando está sujeta al resultado de un recurso cuyo efecto es sólo devolutivo. Aplicada esta terminología al caso que nos ocupa resulta que la sentencia definitiva queda firme y ejecutoriada al quedar denegado el último recurso, es decir, el recurso de inconstitucionalidad o el recurso extraordinario, en nuestro análisis. En cambio, esa denegatoria no está firme, pues pende de la solución que se emita respecto de la queja contra ella articulada. Pero, en tanto la queja no tiene efecto suspensivo del auto denegatorio, esa providencia recurrida, no firme por lo señalado, está, en cambio, ejecutoriada, circunstancia que impone, pendiente la queja, tener por firme la sentencia definitiva, pues ése es el efecto de la denegatoria. La tesis según la cual la sentencia no queda firme hasta que resulta rechazada la queja contra el auto denegatorio viene a desconocer el efecto no suspendido de dicho auto denegatorio que, como dije, es dejar firme la sentencia.

La hipótesis de la condena a muerte, propuesta en el análisis del Juez Maier, por lo demás, no constituye una reductio ad adsurdum, esto es, la demostración de que de ella se deduce una contradicción, en sentido lógico, sino que es un argumento pragmático según el cual la tesis aquí planteada arroja una consecuencia posible pero no deseable. Ahora bien, desde ese ángulo pragmático, la hipótesis de la condena a muerte es imposible, pues no está prevista en nuestro orden jurídico y, más aún, estaría en oposición al artículo 4 de la CADH, razón por la cual no veo razones para forzar la lógica de la tesis a fin de eludir una consecuencia que corresponde a un escenario que no solamente no es el del caso sino que no se corresponde a ninguno concebible en nuestro orden jurídico.

Sin perjuicio de lo cual, al igual que a mi colega, el Dr. Julio B. J. Maier, me conmueve la situación que supone el argumento del "condenado a muerte", esencialmente porque constituye un modo de enfatizar lo que puede ocurrir efectivamente con penas mucho menores. La consecuencia de la tesis que adopto no está, empero, inescindiblemente unida al escenario presentado para la pena de muerte. Podríamos suponer que, si hubiera instalado esa pena, el legislador, como muestra la experiencia comparada, habría no sólo previsto que, aunque firme, la condena no quedase ejecutoriada, sino que, probablemente, aún luego de resuelto el recurso de queja federal, prevería un plazo hasta concretar la ejecución en el que el condenado podría recibir un indulto (tal como lo manda el inciso 6 del artículo 4 de la CADH). Véase, por lo demás, que para el caso de la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, regulada en el art. 33 de la ley n° 402, se prevé la posibilidad de suspender, por decisión expresa del Tribunal, el curso del proceso -de ejecución, obviamente- antes de la emisión de la sentencia que la resuelve. En las condiciones de la legislación procesal vigente, salvo que las normas que otorgan ejecutoriedad a la sentencia, en ese caso, sean tachadas de inconstitucionales, debería ser acatada la voluntad del legislador.

Retomando la tesis central, el sistema, en nuestro ámbito, se compone de los plazos previstos en los artículos 31 y 32 del CC, que deben ser interpretados armónicamente. El artículo 32 es el que introduce la idea de que la prescripción de la pena comienza en el tiempo en que la condena queda firme. Ello obedece a que los recursos admisibles contra esa condena tienen efecto suspensivo; luego, aunque "firme" y "ejecutoriada" no significan lo mismo, en estos procesos, y por ser ello voluntad del legislador, la sentencia que puede ser puesta en una de dichas categorías cabe también en la otra; en otras palabras, el legislador quiere que quede ejecutoriada la sentencia que concibe como firme. A su vez, es por quedar ejecutoriada, más que por quedar firme, que se la escoge para iniciar el computo de la prescripción de la pena, puesto que resultaría verdaderamente paradójico que una pena pudiera ser aplicada, y el tiempo que corre desde que pudo serlo hasta que efectivamente lo fue, no fuese computable a los fines de la prescripción de esa pena. Visto desde el otro ángulo, la queja no impulsa el proceso sino que puede eventualmente, cuando prospera, destruir su producto -la condena-. En ello, no difiere del recurso de revisión, remedio que, sin embargo no estira el plazo de prescripción de la acción, ni debe ser articulado o recaer en él resolutorio mientras ésta está en curso.

3. Es ilustrativo repasar las consecuencias de suponer no firme la sentencia contra la cual ha sido deducido un recurso de los del art. 113 inc. 3 de la CCBA o uno extraordinario de los del art. 14 de la ley 48, éste, a su turno, denegado, y, contra la denegatoria, la consabida queja pendiente de decisión. En tales condiciones, y siempre a los fines del análisis, asumimos como no firme aún la sentencia condenatoria emanada de la Cámara contra la cual ha sido articulado el recurso de inconstitucionalidad denegado. Ello determina que, aunque puede ser aplicada la pena, puesto que la queja no suspende la ejecutoriedad de aquella decisión, el tiempo no se computa a los fines de la prescripción de la pena sino de la acción. Si, como es posible, la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado resulta desestimada por el Tribunal cinco meses después , y todo ello ocurre dentro del año, esto es, antes de que opere la prescripción de la acción, el condenado, al cual podía haberle sido aplicada la sanción, no puede computar ese lapso a los efectos de la prescripción de esa pena. Esto mismo puede ocurrir en el supuesto de deducción de queja por extraordinario federal denegado, por cierto, en plazos previsiblemente más prolongados.

Corregir la situación descripta en el párrafo precedente supone sujetar la naturaleza del plazo computable a una condición resolutoria cuyo acaecimiento convierte una prescripción en otra. Idéntico resultado arroja la solución que adoptamos. Sin embargo, ambas posturas -la que otorga y la que deniega firmeza a la sentencia- parten de asunciones y conllevan consecuencias bien distintas. En efecto, pendiente la queja, la sentencia se asume como firme, lo que no es otra cosa que dar pleno efecto al auto denegatorio, a cuyo respecto la queja carece de efecto suspensivo. Si la queja prospera, el lapso no deberá ser computado a los fines de la prescripción de la pena, sino, en todo caso, la de la acción, y la consecuencia gravosa de haber sufrido la pena, si es que ello ocurrió, no obedece a la doctrina que adoptamos, sino a la circunstancia absolutamente fuera de controversia de que la queja no suspende el auto contra el que va dirigida. Si, en cambio, la queja resulta finalmente desestimada, el condenado, al cual pudo ser aplicada la sanción, se beneficia directamente del curso de la prescripción de la pena. Si dicho plazo resulta agotado, ello implicará la exención plena del condenado que no haya cumplido con su castigo, aun cuando eventualmente su condena fuese revisada. En tal caso, la prescripción de la pena no aplicada quedará como un restablecimiento, parcial pero anticipado, de la justicia hacia su persona, mientras que el pleno podría sobrevenir del esclarecimiento final de la causa, del que puede resultar que la pena ha sido indebidamente dispuesta. Es cierto que, en esta hipótesis, se ha declarado una prescripción con carácter previo a tener resuelto definitivamente si el tiempo corre a uno u otro efecto; pero, ese obrar sin certeza de cuál será el resultado de las presentaciones de hecho ante el ad quem es en justo beneficio del condenado, y es el adecuado al estado de las decisiones judiciales al tiempo en que se resuelve acerca de la prescripción, puesto que para ese momento está ejecutoriado el auto que deniega el recurso contra la condena.

Resta establecer qué acontece cuando se adopta el criterio según el cual continúa corriendo la prescripción de la acción hasta que sobreviene decisión acerca de la queja. Naturalmente, la hipótesis que interesa es aquella en que la decisión es declarada inadmisible, supuesto previsiblemente más frecuente, puesto que cabe presumir más aciertos que errores en el tribunal a quo. Si la desestimación de la queja tiene lugar antes del año, entonces, como dijimos, se inferirá un perjuicio al condenado, a menos que se modifique el cómputo de uno a otro propósito. Es decir, estamos en el deber de utilizar el mismo mecanismo lógico-jurídico que empleamos en el criterio que escogemos como correcto; a menos, por cierto, que admitamos perjudicar al condenado.

5. Por lo expuesto, considero que corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad y confirmar la sentencia apelada con base, esta vez, en las razones expuestas en la causa "González", aquí reproducidas. Vale señalar que dichas razones son independientes de las que sustentaron la calificación de insostenibles que mereció a la Corte Suprema la doctrina del Tribunal en la causa "Caballero". Es decir, no están implícitamente condenadas por el pronunciamiento revocatorio que dio origen al presente. En consecuencia, lo dicho por la CSJN en "Caballero" no empece a ellas. A su vez, sostenerlas no supone rectificación de parte de los jueces que suscribieron la sentencia revocada.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Comparto lo expresado en los votos de mis colegas, doctores Ana María Conde y Luis Francisco Lozano, en punto al desarrollo argumental que transitan para poner de resalto las consecuencias que se derivan de la sentencia que dispone la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad en la jurisdicción local y la armónica interpretación de los arts. 31 y 32 del Código Contravencional de la Ciudad (ley n° 10).

Si nuestro recurso de queja, por regla, no suspende el curso del proceso (art. 33, ley n° 402), mientras el mismo tramita, la condena en principio puede ejecutarse. Y tal como con claridad lo expresa la doctora Ana María Conde en el punto 2 de su voto, "a partir del dictado del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, deja de contarse el plazo de prescripción de la acción y comienza a correr, allí mismo, y provisionalmente, el curso de la prescripción de la pena, ya que ninguna otra diligencia resta por realizar cuando la causa ya ha sido sentenciada por las dos instancias ordinarias correspondientes al tipo de juicio especial que aquí se trata. Eventualmente, en el supuesto de que prosperara la queja, el lapso (entre uno y otro) no es contado a los fines de la prescripción de la pena (art. 32 de la ley nº 10), sino y en todo caso, de la acción (art. 31 de la ley nº 10)".

2. Desde esta perspectiva, y con el debido acatamiento de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la remisión al precedente "Caballero, Jorge Alberto y otros s/ art. 71 CC causa n° 555/2000 s/ queja por denegación de recurso de inconst. inc. de prescripción" -Letra C, n° 459, Libro XXXVIII del registro de la Superior Instancia- que efectuó el Alto Tribunal en su sentencia del 15 de agosto próximo pasado para dejar sin efecto el decisorio de fecha 30/03/05, por las diferencias existentes entre uno y otro expediente, conduce a tener presente lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazar el recurso de inconstitucionalidad por los fundamentos expresados en el punto 1 que antecede y confirmar la sentencia apelada.

Así lo voto.

Los jueces Julio B. J. Maier y Alicia E. C. Ruiz dijeron:

Tal como lo expresamos al votar en la sentencia de este Tribunal de la que se ocupa la CSJN, y a cuyos argumentos nos remitimos por razones de brevedad (cf. fs. 68/70), consideramos que la acción judicial para perseguir la contravención imputada ha prescripto.

En consecuencia, proponemos declarar prescripta la acción contravencional incoada y, por ello, sobreseer a Carlos Alberto Oniszczuk.

Por ello, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 19/30 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 16/17.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Sala I de la Cámara Contravencional y de Faltas.