marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inimputabilidad, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: MIRANDA MARIPILLAN MANUEL HORACIO s/ ROBO SIMPLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-10-30

La ebriedad 'per se', no constituye una causal de inimputabilidad, ni cuando se cuente con una alcoholemia que indique una ingesta de cierta magnitud, habida cuenta que los efectos del mismo varían en función de las resistencias que cada persona acusa frente al alcohol.
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de la Causa, defraudación, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco  Medefín  UNB S.A. s/ arts. 173 inc. 7, 174 inc. 5 del C.P.-causa nº 34.706-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-15

El recurso extraordinario contra el pronunciamiento que confirmó el procesamiento sin prisión preventiva en la causa por defraudaciones contra el Banco Ciudad de Buenos Aires y el Banco de la Nación no se dirige contra sentencia emanada del superior tribunal de la causa (art. 14 de la ley 48).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, empleador, ius variandi
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Azurmendi, María S. c/ Instituto Privado Nazaret C/171 s/ Queja por denegación del Recurso de Inconatitucionalidad. Demanda   laboral (Expte. CSJ Nº 128-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-07

No merece reproche constitucional el criterio de la Alzada que consideró legítima la decisión del establecimiento educacional en relación al cambio de los horarios de clases dispuesto, por cuanto valoró la necesidad funcional del instituto, el estado docente de la actora y de todo el personal, como así también los requerimientos y características de los educandos a los que, precisamente, debe ajustarse el horario. En esa línea, desestimó que el horario sea un elemento esencial y estructural dentro del contrato de trabajo, por cuanto apreció que, en razón de aquella funcionalidad y utilidad, se amplia la facultad en cabeza del empleador de modificar formas o modalidades -en el caso concreto, forma y modo de distribuir el cumplimiento de horarios y de horas de cátedra-, aun cuando el establecimiento educativo sea privado, dado la función pública trascendente que cumple de educar y formar, concluyendo que la decisión de la accionante de denunciar el contrato de trabajo resultaba ilegítima, "ya que su autodespido no responde a pautas de prudencia, moderación y buena fe contractual que junto al principio de continuidad son pilares fundamentales en la relación de trabajo..." conforme lo normado en los artículos 10, 63, 65, 66 y 242 del Régimen de Contrato de Trabajo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, costas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Confederación General de Empleados de Comercio y otros c/ Estado Nacional (Mx de Trabajo y Seguridad Social). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

Procede el recurso extraordinario en lo atinente a la imposición de las costas, si lo decidido se sustenta en fundamentos genéricos y ambiguos que no resultan adecuados para dar base jurídica a lo resuelto, y también se aparta de las constancias de la causa.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, allanamiento domiciliario, estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: López, Luis Santiago c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-14

Corresponde revocar y dejar sin efecto la resolución recurrida que declaró la nulidad del auto que dispuso el allanamiento nocturno del inmueble así como de todos los actos que son su consecuencia toda vez que del estudio del recurso de casación se advierte que la parte recurrente ha logrado poner en evidencia la arbitrariedad por falta de fundamentación del decisorio adoptado por el a quo pues, en la presente causa, se encuentran acreditadas las razones que habilitaron el allanamiento en horario nocturno. La circunstancia alegada por el a quo no constituye, per se, una irregularidad que haga presumir un perjuicio concreto al imputado, toda vez que a través de las constancias incorporadas al expediente se concluyó acertadamente respecto de las razones por las que correspondía el diligenciamiento nocturno del allanamiento, el que se produjo regularmente, dentro de los límites de la orden impartida por el juez de grado y arrojó resultado positivo en virtud del hallazgo de sustancia estupefaciente y demás elementos de interés para la pesquisa.

En tales condiciones, la resolución cuestionada que anuló el allanamiento del domicilio donde residía el imputado e invalidó todo lo actuado en consecuencia, carece de la debida fundamentación, máxime cuando no explica -ni tampoco se advierte- cuál fue el perjuicio concreto que la ejecución de la medida en las condiciones señaladas le ocasionó al nombrado, requisito ineludible que precede a la declaración de nulidad de cualquier acto.

Además, el pronunciamiento de la cámara a quo importa una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva, que se encuentra afectado de un excesivo rigorismo formal (Fallos: 321:494), y es producto de un ritualismo injustificado.

El a quo no brindó las razones por las que reputó que se hallaba comprometida la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio frente al horario excepcionalmente habilitado al efecto en autos. La omisión de especificar tales motivos contrasta con el criterio seguido por el Máximo Tribunal in re "Minaglia" (Fallos: 330:3801, considerando 12 del voto de la mayoría). En dicho precedente el Máximo Tribunal, por mayoría, declaró mal concedido el recurso extraordinario impetrado por la defensa particular respecto del agravio referido al horario en que se realizó el allanamiento.

No debe escapar al análisis que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en diversos precedentes que todos los órganos del Estado Argentino que intervengan en un proceso en el que se investigue el tráfico ilícito de estupefacientes deben comprometer sus mejores y máximos esfuerzos, en el ámbito de sus competencias, para que el enjuiciamiento sea agotado sin que queden impunes tramos de la actividad ilícita por la que la República Argentina asumió jurisdicción (Fallos 330:261 "Cabrera"; 332:1963 "Arriola" y 339:697 "Stancatti", entre muchos otros).
Ejecución fiscal, legitimación pasiva, sentencia arbitraria
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Papaecononou, Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA c/ Papaecononou, Jorge s/ ejecución fiscal'..
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-17

La sentencia resulta inválida y debe ser dejada sin efecto porque pasó por alto la inobservancia del presupuesto procesal de legitimación pasiva, de modo que el proceso no está debidamente constituido, porque se condenó al ejecutado a pagar una deuda de ABL cuando obran en la causa constancias que acreditan que aquél no es el propietario del inmueble respecto del cual se habría devengado el tributo y a pesar de que no luce en las actuaciones elemento alguno que por cualquier otro título vincule al aquí ejecutado con el Inmueble. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, Agua y Energía Eléctrica, obras sociales, aportes a obras sociales
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MUTUAL DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA Y OTRAS c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE ACCION SOCIAL) s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-07

Habiendo sido dictada la resolución cuestionada con fundamento en el Acta-Acuerdo n 1111 suscripta el 31 de diciembre de 1981, por los Ministros de Trabajo, Acción Social, de Obras y Servicios Públicos, el Presidente de Agua y Energía Eléctrica, el Presidente del Instituto Nacional de Obras Sociales y por el Interventor Militar de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, y en virtud de lo cual, Agua y Energía se comprometía a abonar los aportes y contribuciones establecidas por el art. 12 de la ley 22.269, que se devengarán a partir del 1 de marzo de 1982, a la entidad que indicara el Ministerio de Acción Social, no surge de ella la existencia de ilegalidad o arbitrariedad palmaria, lo que obsta la procedencia de la acción de amparo intentada.
Cheque en blanco
Materia: CIVIL
Carátula: CAMPAZAS, ALBERTO c/ GIMENEZ, MABEL s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-06

No existe ninguna disposición legal ni reglamentaria que prohiba que el cheque pueda ser completado por el tenedor, ni que pueda ser llenado por diferentes personas, con distintas letras e inclusive con distintas lapiceras o bolígrafos de diferente color. La seguridad de las transacciones comerciales y bancarias requiere conferir plena validez al cheque que se presenta completo al cobro del banco, sin indagar cómo nació ni quién lo completó.-
Sentencia, acuerdo y voto individual, mayoría de opiniones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Romero Grille, Juan c/ Sanchez, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios Municipalidad de Almirante Brown c/ CO.VI.LO.ZA  S.A.C.I. s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11|2001-03-21

La formalidad del acuerdo es requisito esencial para la validez del fallo, pues sin él no puede considerarse cumplida la disposición constitucional que impone la exigencia del acuerdo previo y voto individual de los jueces, a fin de dejar establecida la mayoría de opiniones que determinará su sentencia definitiva, por lo cual su omisión acarrea la nulidad, como ocurre cuando ha sido dictada en forma de simple auto.
Costas, interés concreto, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: DE LA ARADA LUIS ANGEL c/ BANCO DE LA PAMPA s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-07-07

Es decir que, si bien es cierto que el primer párrafo del art. 62 del C.P.C.C. establece el principio general de que las costas deben ser impuestas al vencido, no se trata de algo mecánicamente objetivo, porque el mismo precepto manda al juez eximir de los gastos "total o parcialmente" cuando encuentre mérito para ello.- Como pauta genérica que autoriza la eximición de costas, tradicionalmente la jurisprudencia se ha valido de la frase "razón fundada para litigar", la que constituye una fórmula provista de suficiente elasticidad que resulta aplicable cuando, por las particularidades del caso, cabe considerar que la parte vencida actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho defendido en el pleito.- Ahora bien, esa convicción razonable acerca del derecho que se cree poseer, no debe ser solamente una creencia subjetiva del litigante, sino que, por el contrario, deben existir en la causa elementos objetivos que hayan podido generar esa convicción.- La necesidad de que la creencia subjetiva del litigante se apoye sobre hechos y elementos objetivamente considerados resulta por demás acertada pues es indudable que todo aquél que somete una cuestión a los tribunales de justicia puede creer que tiene la razón de su parte, pero ello no lo exime de los gastos del contrario si el resultado del juicio no le es favorable.- Se debe destacar que, a partir de la labor de la jurisprudencia -pese al casuismo que la materia entraña- se han sintetizado las siguientes hipótesis relevantes que encuadran dentro del concepto "razón suficiente para litigar": 1) incertidumbre sobre la situación de hecho susceptible de inducir en error; 2) aplicación de leyes nuevas o necesidad de resolver cuestiones novedosas y susceptibles de soluciones encontradas y 3) resolución de cuestiones jurídicas complicadas o dudosas, o respecto de las cuales exista jurisprudencia contradictoria o recientemente modificada.- Dicho en otras palabras, las cuestiones dudosas de derecho o de hecho pueden dar lugar a la eximición de costas. En tal sentido, surge la duda jurídica cuando se trata de la aplicación de una ley nueva o de leyes a cuyo respecto existe jurisprudencia contradictoria, o de una ley compleja, o cuando no existen sobre el tema antecedentes legales o jurisprudenciales; mientras que el error de hecho debe ser esencial e inculpable o inducido, pero siempre en caso de duda, debe resolverse por el principio general.- Lo expresado en último término nos remite al carácter excepcional de la medida, aspecto que adelantamos en párrafos anteriores. En efecto, la excepción al principio general en materia de costas debe ser interpretado restrictivamente y sobre la base de circunstancias objetivas y fundadas que demuestren la injusticia de aplicar la teoría de la derrota. Y ello es así pues, en caso contrario, se desnaturalizaría el fundamento objetivo del vencimiento para la condena en costas, convirtiendo la excepción en regla, lo que no es admisible.-
Aportes previsionales, intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja de Prev. Social para Martilleros y Corredores Públicos c/ Barrientos, Rubén s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-27

Teniendo en consideración que en el art. 22 de la ley 7014 se establece que en caso de interrupción de los aportes a cargo de los afiliados éstos deberán reintegrarlos con más el interés bancario aplicable a éstos casos -tratándose de un pago que debe efectuar el deudor moroso- corresponde que la tasa sea la que se paga a los bancos por las operaciones normales de descuento. Y siendo la parte acreedora una entidad que tiene su campo de acción fundamentalmente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, es justo que dicha tasa sea la que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires para ese tipo de operaciones (arts. 15 y 16 del Cód. Civil).
Revocación de sentencia, reservas naturales, control de razonabilidad, sentencia arbitraria, derecho de propiedad, derechos y garantías constitucionales, protección del medio ambiente, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Mercau, María del Rosario y otro c/ Municipalidad de Merlo  s/ acción contencioso administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-20

Si bien las normas adoptadas por el municipio, en cuanto crearon un área como reserva natural protegida, prohibiendo determinados desarrollos urbanísticos inmobiliarios, comerciales o económicos, coinciden en la protección del bien jurídico ambiente definido en el art. 41 de la Constitución Nacional, ello no puede significar desnaturalizar el derecho de propiedad a tal punto que impida completamente su ejercicio (arts. 14, 16, 17 y 28 de la Constitución Nacional) y ante ello, es necesario que el juzgador actúe con suma prudencia a los fines de ponderar la controversia entre el interés privado y el colectivo, a la luz de los principios constitucionalmente consagrados.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Oviedo, Antonio Enrique y otros s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-21

Es insuficiente el agravio por el que se denuncia violación de los arts. 255 y 256 (n.a.) del Código de Procedimiento Penal al computarse las confesiones extrajudiciales como indicios porque dichos elementos probatorios constituyen una prueba directa, si ni siquiera se intenta demostrar -el recurrente se limita a hacer una afirmación genérica- de qué modo la sola circunstancia de tratarse la impugnada de una prueba directa, impediría que esta pueda valorarse en los términos de los arts. 255 y 256 -n.a.- del Código de Procedimiento Penal.
Competencia federal, competencia por el territorio, procedimiento administrativo, acto administrativo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Nacional (Ministerio de Economía) c/ Juzgado Federal de la Provincia de Catamarca s/ Inhibitoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

Lo atinente a la revisión en sede contenciosa de actos administrativos adoptados por autoridades nacionales, debe tramitar ante los tribunales del lugar de la autoridad de la que emanan.
Democracia, justicia militar, delitos militares, tribunales militares
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia s/ Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-07-05

En un estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar, establecida para mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas, debe tener un alcance restrictivo y excepcional encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares, por tal motivo es que esa jurisdicción sólo debe enjuiciar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.
Reajuste jubilatorio, índices de actualización, convertibilidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DANERI, JORGE ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-16

Con la vigencia de la ley 23.928, el aquietamiento de los índices inflacionarios en el país es un hecho incuestionable que impuso revisar las soluciones pretorianas que propiciaban un índice diferente del previsto por la ley 18.037. Así pues, una razonable ponderación de la realidad económica actual en cuanto al nivel anual de inflación verificado y aquel que se prevé presupuestariamente para el futuro permite hallar -mutatis mutandi- una semejanza con aquella que sirvió de marco a la sanción de la ley 18.037. Ello llevó a revalorizar los índices previstos en esta disposición en los más recientes pronunciamientos y, entre ellos, en los autos "González, Herminia del Cármen" (cfr. Sala II, sent. del 20.11.98).
Archivo del expediente, sobreseimiento provisional, dictamen fiscal, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: P., H. R. s/nulidad c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-01

Luis María Bunge Campos y Jorge Luis Rimondi explicaron que si hay personas a quienes se les imputa la comisión de un delito, como sucede en el caso en estudio, no procede el archivo o reserva, sino resolver su situación procesal conforme a alguna de las hipótesis que establece la ley porque de lo contrario se estaría reeditando el antiguo sobreseimiento provisional de la anterior legislación procesal. Agregaron que por no resultar, tanto la resolución recurrida como la opinión del fiscal, una derivación razonada del derecho vigente, correspondía declararlos nulos y ordenar al magistrado que notifique al imputado del contenido de lo previsto en los artículos 104 y 107 del CPPN para que manifieste si desea ser asistido por un letrado de confianza o en su defecto por la Defensoría Oficial que por turno corresponda.
Pagaré, pagaré no protestado, inhabilidad de título
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Highstar Group SA c/ Caffaratti, Gabriel s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2020-05-13

Debe desestimarse la excepción de inhabilidad de título ya que en modo alguno puede interpretarse que existen dos lugares de creación del pagaré sin protesto; por el contrario claramente del título es posible colegir un lugar de creación (ciudad de Córdoba) por lo que no carece del requisito fundamental exigido por el art. 101 del Decreto-ley 5965/63 y un domicilio del deudor (localidad de Carnerillo), que sin haber sido determinado convencionalmente como lugar de pago, por vía de interpretación cumple tal efecto ante la falta de mención de uno.
Excarcelación, concurso de delitos
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: D. G., L.G. s/ Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-09-02

...en los supuestos de pluralidad de delitos imputados, para resolver sobre la soltura los jueces deben tomar en cuenta no solamente los montos de las penas privativas de libertad conminadas para los tipos delictivos de que se trata y la existencia o inexistencia de antecedentes del encartado, sino que han de atender a la totalidad de las referidas pautas, así como a los parámetros consagrados en el art.

41 del Código Penal para la individualización de la pena, entre ellos la naturaleza de la acción enrostrada y de los medios empleados, la extensión del daño y la entidad del peligro causado. Tal es el criterio de esta Cámara antes de ahora, en seguimiento a la nítida doctrina sentada por la Corte Suprema Nacional. Es que el análisis integral de dichos elementos es el único medio racional y lógico a disposición de los jueces para llevar a cabo la "estimación" que el art. 284, inc. 2do, del CPP le prescribe realizar. Se trata de un juicio de probabilidad, donde el magistrado, partiendo de la base hipotética legalmente impuesta de la responsabilidad penal del imputado, aprecia la eventual condicionalidad de la condena con una actitud mental asimilable a la adoptada para el dictado del auto de procesamiento.
Derecho procesal, allanamiento, orden de allanamiento, semiplena prueba
Materia: PENAL
Carátula: Andrada, Antonio A. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-27

No resulta exigible al juez a los fines de ordenar el allanamiento la semiplena prueba de la culpabilidad de la persona que deba soportar el registro. (Del voto del Dr. David).
Liquidación judicial, actualización monetaria, recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL. PROCESAL
Carátula: Ramírez, Oscar A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Accidente. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad   (CSJ Expte Nº 191-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

Carece de actualidad el agravio contra la decisión A quo que consideró que la sentencia confirmatoria de la de baja instancia no tiene -en punto a la actualización- carácter de sentencia definitiva, toda vez que el recurrente -que pretendiera la aplicación de la ley 24283 sin conocimiento de la otra parte- tiene el derecho de plantear la aplicación de dicha ley ante el juez de grado al tiempo de la ejecución procesal de la sentencia (con lo que no sólo se custodia los límites de la Alzada sino que se garantiza el derecho al debate amplio y a la doble instancia), y en el caso -en que no surge de las actuaciones que ello hubiese acontecido aún- el agravio carece de la actualidad requerida para respaldar el recurso excepcional deducido, por lo que éste aparece como prematuro.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CHALBAUD, GABI MARI ISABELLE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-21

Este Tribunal ha superado la falta de definitividad de la resolución acerca de la separación del juez de la causa, por considerar que cuando aquélla se halla íntimamente vinculada a una garantía constitucional, erigir tal carácter en obstáculo a la viabilidad del remedio extraordinario importaría tanto como tornar inoperante la garantía comprometida; o cuando los planteos en análisis permiten inferir una cuestión de gravedad institucional, que verifica en abstracto una hipótesis en donde, por un lado, se pone en juego a la Administración de Justicia en relación a las exigencias de imparcialidad de los jueces y, por el otro, se entrevé la posibilidad cierta de que, a través de un manipuleo indiscriminado del instituto recusatorio, pueda violentarse gravemente la exigencia del juez natural, particularmente en casos donde la garantía de la defensa en juicio se vería prima facie afectada de una modalidad susceptible de conmover la estructura institucional de la Administración de Justicia, al comprometer el atributo más distintivo de la jurisdicción, esto es, la imparcialidad. Sin embargo, los recurrentes no logran demostrar siquiera mínimamente que se den en el presente caso esas circunstancias.