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Prescripción, interpretación restrictiva, suspensión de la prescripción, mediación, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: COQUET MORI, Jorge c/ PERFETTO, Mario s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-14

La prescripción liberatoria, como instituto jurídico, es de interpretación restrictiva, debiendo, en caso de duda, optarse por la solución que signifique la subsistencia del derecho que se invoca. En ese contexto, iniciados, tanto el trámite de la mediación como la presentación de la ulterior demanda ante su fracaso, con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 91/98, resulta de aplicación la norma que consagra su artículo 28, en tanto establece la reanudación del plazo de la prescripción liberatoria a los veinte días corridos desde la fecha del acta de finalización de la etapa prejudicial. Ello es así desde que la solución arbitrada por la nueva reglamentación satisface mejor los distintos intereses en juego, ya que, ante el resultado negativo del intento de acuerdo, razonablemente se concede un cierto espacio de tiempo al requirente para ocurrir por la vía judicial.-
Recusación y excusación, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: DENUNCIA FORMULADA POR EL CIUDADANO ANTONIO SALTO TABOADA c/ DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE  LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION  ILICITA Y PREVARICATO-RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA  PRESENTADA POR EL DR. LUCIO PALACIO ANTONIO SALTO TABOADA c/ HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE  LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION  ILICITA Y PREVARICATO MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION  ILICITA Y PREVARICATO-RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA  PRESENTADA POR EL DR. LUCIO PALACIO ANTONIO SALTO TABOADA c/ HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE  LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION  ILICITA Y PREVARICATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-05-09|2001-06-22

La denuncia o acusación contra el juez que el código procesal prevÚ como causal de recusación debe ser anterior a la iniciación del pleito, pues de otro modo quedaría al arbitrio de las partes crear artificiosamente motivos de desplazamiento del magistrado que entiende en aquel.
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, testamento ológrafo, protocolización
Materia: CIVIL
Carátula: AMITRANO de CANTAGALLO, Delia c/ LATEZZA, Ernesto Angel s/ LOCACION-DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-06

Mientras no exista declaración de nulidad y se acredite ese hecho, las copias de un testamento debidamente protocolizado por orden del juez de la sucesión son suficientes e idóneos para probar el derecho a iniciar una demanda por desalojo de un inmueble que forma parte del haber sucesorio.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Franco, Guillermo E. c/ Colombero, Alberto y Colombero, Nestor s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Laboral   (Expte CSJ Nº 626-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-12

No importa un sustantivo agravio al derecho a la jurisdicción que permita descalificar el pronunciamiento de la Alzada como acto jurisdiccional válido, la interpretación dada por el Tribunal A-quo a los testimonios obrantes en la causa, al entender que, frente a las contradicciones de los testigos respecto del hecho principal, efectiva prestación de servicios de los actores en relación de subordinación que tornara aplicable la ley 22248, los testimonios de una y otra parte se neutralizaban en su valor probatorio, por lo que correspondía prescindir de éstos.
Daños y perjuicios, mora automática
Materia: CIVIL
Carátula: T., C. A. c/ V., E. Á. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-30

La deuda por intereses presupone mora del responsable, la cual versa sobre una obligación indemnizatoria exigible. Como regla, la exigibilidad coincide con la producción del daño. En otras palabras, la fecha inicial de los intereses se define en función del momento en que surgió y debió satisfacerse el derecho resarcitorio de la víctima por el perjuicio principal, no por la fecha de la condena o de su cumplimiento, pues la sentencia resarcitoria es meramente declarativa.
Accidente de tránsito, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodriguez, Andres Atilio c/ Soto, Fermín s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

No obstante que en función de las normas reguladoras del tránsito el conductor debe observar en todo momento el dominio del automotor, es del caso advertir que cuando se acreditan situaciones o conductas de la víctima que devienen irreflexivas, imprevistas, imprudentes o temerarias de acuerdo a las circunstancias del caso, no es posible responsabilizárselo exigiéndole un obrar apto para sortear no sólo sus propias deficiencias sino también para evitar las consecuencias del obrar totalmente negligente, temerario, imprudente o culposo de la víctima pues, en tales condiciones, se estaría descargando sobre él la culpa exclusiva del peatón (arts. 499, 512, 902, 921, 1109, 1113 -2da. parte- y 1111 Cód. Civil; art. 76 inc. 1 ley 5800).
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: FERROU JORGE A. c/ EMPRESA E.T.A. MANUEL BELGRANO Y/O RAUL POPEAU Y OTROS s/ DIFERENCIAS DE JORNALES,ETC. CARRIZO, GREGORIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SGO.DEL ESTERO Y/OO RESPONSABLE s/ ACCIDENTE DE TRABAJO Quintana, Ancleto c/ Fernando Luis Rojo y/o resp. s/ Indemnización de enfermedad, accidente, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-04|1996-07-02|1997-11-18

La Cámara es soberana en la valoración de la prueba y en la fijación de los hechos, en tanto respete las reglas de la sana crítica racional, por lo tanto el recurso de casación es improcedente cuando se alteran los hechos fijados, se disiente la valoración de la prueba o se introducen nuevos elementos de juicio.-
Vivienda única, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: GUTIERREZ FELICIANO ALFONSO s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-02-12

La prueba de que no es vivienda única compete al acreedor, pues el deudor tendría que probar un hecho negativo, la prueba de que la vivienda excede las condiciones que fija la ley, también le corresponde al acreedor, pues se trata de afirmar hechos positivos, máxime cuando debe presumirse, conforme al curso ordinario y habitual de las cosas, que la vivienda única no es suntuaria, sin dejar de reconocer que, excepcionalmente, pueda serlo.

Sin perjuicio del derecho futuro que le asiste al efecto, ya que la situación de vivienda única en las condiciones que fija la ley, no es definitiva. (Voto del Dr. Vaquero Lazcano, mayoría).
Honorarios, regulación de honorarios, honorarios del perito, costas al vencedor, sentencia condenatoria, aplicación temporal de la ley, ley vigente, irretroactividad de la ley, ley anterior
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cantos, José María c/ Santiago del Estero, Provincia de y/o Estado Nacional s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Se encuentra vedada la aplicación de la ley 24.432, en la medida en que la tarea profesional cumplida fue encomendada, aceptada y realizada bajo la vigencia de principios imperantes en esa época.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, carga de la prueba, producción de la prueba, oportunidad procesal, daños y perjuicios, accidente de tránsito, seguros, responsabilidad del asegurador
Materia: CIVIL
Carátula: González Jacinto Roque c/ González Néstor Maximiliano y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-03-03

Procede no hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte codemandada contra la sentencia que resolvió no hacer lugar al planteo de exclusión de cobertura planteado por ésta y hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios instaurada en ocasión del accidente de tránsito sufrido por el actor. Primeramente, ha de precisarse que las normas y principios de defensa de los consumidores y usuarios, son aplicables a las relaciones generadas por un contrato de seguros siendo un típico contrato por adhesión, ya que su contenido (póliza) es predispuesto en forma anticipada y unilateral por el asegurador, su contenido debe ser analizado a la luz de las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor (especialmente los arts. 38 y 39), así como las normas y principios del Derecho común (especialmente arts. 18, 21, 953, 954, 1038, 1039, 1066, 1071 y 1198 del Código Civil, así como los actuales arts. 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial vigente). Dicho ésto, resulta relevante destacar la aplicación inmediata de normativa consumeril en especial lo dispuesto en su art. 53, a los fines de determinar sobre quién pesa la carga de probar la falta de pago de la prima en los casos en los que, como el presente, la aseguradora invoca dicho incumplimiento como causal de su rechazo a la extensión de la condena de los demandados. La prueba no fue producida oportunamente por la accionada -aquí apelante-, lo cual denota una conducta de la aseguradora que en nada contribuyó a esclarecer los hechos; la carga de probar adecuadamente la causal de exclusión de cobertura pesaba sobre ella, por lo que la falta de pago de la cuota y/o la falta de denuncia del siniestro por parte del actor, y la declinación de la cobertura a que dieran lugar, son aseveraciones que debían ser acreditas por ella y que al no haberla abastecido debe soportar las consecuencias de dicho incumplimiento.
Honorarios, etapas del proceso, procesos de ejecución, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Portela García, Eduardo Raúl c/ Such, José Luis s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-14

La regulación de honorarios en el proceso ejecutivo debe practicarse una vez que se satisface íntegramente el crédito reclamado, oportunidad en la que se cumple la segunda de las etapas previstas en la ley 21839: 40 (modificada por la Ley 24432) igual temperamento sigue el art. 29 apart. f) de la ley 27423 en supuestos sin oposición de excepciones. Por lo tanto, no parecería apropiado "prima facie" efectuar regulaciones provisionales, ello debido a que los valores a tomarse en cuenta como base regulatoria podrían sufrir sustantivas modificaciones.- El principio expuesto, en modo alguno, se reputa como criterio absoluto e inamovible, ya que puede ceder cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen (cfr. esta CNCom, Sala B, in re: "Banco Mercantil Argentino SA c. Lipschitz Claudio s/ Ejecutivo" del 30/09/92, esta CNCom, Sala A, in re: "Banco del Buen Ayre SA c/ Ontiveros Guillermo y otro s/ ejecutivo", del 17/10/06, id. íd., in re: "Banco Itau Buen Ayre SA c/ Peña Ignacio s/ ejecutivo", del 24/05/08; etc.).
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bocca de Fuocco, Irma María c/ Hospital Interzonal de Agudos Luis Güemes y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-02

Cuando la relación de causalidad entre las operaciones y el agravamiento del estado de salud no reviste las características de un hecho muy difícil de acreditar no parece razonable o necesario trasladar a los accionados la carga procesal de demostrar la inexistencia de relación de causalidad entre su obrar y el agravamiento de la afección de la demandante, que fue expresamente negada.
Renuncia al empleo, falta de prueba, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: COLEGIO MODELO BUENOS AIRES SRL c/ TRAPANI DE GIANNICOLA, ARACELI s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-02

La renuncia del empleado para dedicarse a otra actividad se inserta dentro del derecho fundamental a trabajar que supone un espectro amplio de libertad para elegir el ámbito de desenvolvimiento de su actividad productiva y creativa. Desde que normativamente no se exige que la renuncia al empleo sea motivada, la ausencia de prueba sobre el motivo de la renuncia no puede trocar el acto en ilícito y por lo tanto no puede generar responsabilidad alguna. Esto es así porque el art. 87 LCT califica el elemento subjetivo de la responsabilidad por daños ocasionados por el trabajador a los intereses del empleador cuando su conducta obedezca a dolo o culpa grave.
Daños y perjuicios, abuso sexual, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. J. c/ C., O. F. y otros s/ daños y perjuicios (recaratulado el 28/03/2012)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-04-16

Lo abusivo de la función no resulta un eximente de responsabilidad, sino que para evaluar la responsabilidad del empleador por los hechos de su dependiente resulta necesario determinar si el ilícito se produjo con motivo de desarrollar la actividad para la que se encontraba afectado, en el lugar de cumplimiento de su trabajo, por lo que si bien el delito se perpetró en un lugar al que se accedía con las llaves que solo tenía el imputado, no caben dudas que de no mediar la relación laboral, el encargado no habría podido contactar a la víctima. Es decir, existió una relación de medio a fin, entre la función que cumplía el acusado y su actuar ilícito respecto de la menor, lo que hace extensiva la responsabilidad a su empleador (arts. 43, 1109, 1113 primera parte y cctes. C.C).
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Junin Motor S.A. s/ Apremio La Previsión Coop. Seguros Ltda. c/ Municipalidad de Olavarría y Alvarez, Carlos s/ Cobro australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-05|1997-07-15

Los jueces no pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes ya que la impugnación debe ser alegada y probada en juicio pues es condición esencial de la organización del Poder Judicial que no le sea posible controlar por propia iniciativa la validez de los actos legislativos.
Retiro policial, reciprocidad jubilatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Depenti viuda de Novillo, Yolanda Haydee c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Bonaerense s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-24

El carácter de específica excepción a la regla aparece explícitamente en el dec. ley 9538, ya que el art. 41 determina que el cuestionado requisito de los "no menos de 25 años de servicios efectivos en la Policía" es una verdadera condición para que puedan computarse a los fines de este régimen particular, servicios efectivos prestados en función del "sistema de reciprocidad". No siendo aplicables, por consiguiente, las reglas del art. 53.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Gestor, acreditación de la personería, nulidad procesal, nulidad de sentencia, deserción del recurso, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, Antonio Alberto en autos Cámara Nº 220/94 Díaz, Antonio Alberto c/ Graglia, Carlos Roberto s/ Haberes impagos, vacaciones, etc. s/ Incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-04-22

Habiéndose invocado en la audiencia de expresión de agravios el art. 48 del C.P.C., el que fue admitido por este Tribunal, haciéndosele saber al profesional que debía acreditar personería y ratificar la gestión dentro del plazo de ley, y ante el incidente de nulidad articulado por la actora respecto de todas las actuaciones que no fueron ratificadas oportunamente por el gestor, corresponde hacer lugar al mismo.

En efecto, siendo de oficio la declaración de este tipo de nulidades, el plazo en los procedimientos laborales perentorios y fatales, y no requiriéndose en esta nulidad los requisitos generales de las nulidades procesales, ante la falta de ratificación o de acreditación de personería por el gestor se declara la nulidad de la totalidad de las actuaciones, incluida la sentencia recaída en esta instancia que resolvió la apelación, quedando por ello desierto el recurso y firme el decisorio de Primera Instancia.
Confirmación de sentencia, beneficio de litigar sin gastos, daños y perjuicios, personas jurídicas
Materia: PROCESAL
Carátula: Arauca Bit AFJP S.A.  c/  s/ benef. de litigar S/G
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-24

Arauca Bit AFJP S.A. requirió beneficio de litigar sin gastos en el marco de un litigio contra el Estado Nacional; franquicia que le fue concedida parcialmente por el juez de primera instancia, hasta alcanzar el 50% de los gastos causídicos del pleito. Para así decidir, interpretó que, si bien el carácter de persona ideal no la privaba del derecho a peticionar el beneficio, su condición de sociedad comercial reclamaba la ponderación de su procedencia bajo un tamiz de mayor prudencia. Por lo tanto, el requisito de "carencia de recursos" debía acreditarse mediante un conocimiento fehaciente de la situación económica de la firma -vgr., libros contables u opinión fundada de profesional competente en la materia-; extremos que estimó verificados en la especie. Apelada tal decisión por el demandado, el tribunal de alzada confirmó el temperamento adoptado por el inferior. A las conclusiones ya vertidas por el a quo, añadió que el quantum perseguido en el proceso principal irrogaría gastos de considerable magnitud en relación con el patrimonio neto de la firma actora; máxime cuando no lucía irrazonable concluir en que -como consecuencia de la sanción de la ley 26.425- ésta carecería de medios como para mejorar su situación patrimonial.
Despido, vicio de incompetencia, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: BARRIONUEVO, RICARDO N. c/ EFA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-05-28

Una separación del cargo dispuesta por un funcionario incompetente y no efectivizada por la empresa no puede generar el derecho del dependiente a considerarse injuriado y, sobre tal base, disponer la ruptura del contrato por culpa del empleador.
Voto en disidencia, robo con armas, arma simulada, arma de juguete, auto de procesamiento, inconstitucionalidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MANRIQUE, Roberto Nicolás. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-25

Disidencia parcial de la Dra. Garrigós de Rébori: La ley 25.882, que modificó el art. 166, inc. 2° del C.P., incorporó una nueva figura, cual es la sanción de tres a diez años de reclusión o prisión si se cometiere robo con un arma cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada, o con un arma de utilería.

Si se considera que en materia de derecho penal los "vacíos legales" no existen, en función del estricto principio de legalidad que ha de regir la legislación punitiva de ultima ratio, llama la atención que con la sanción del tercer párrafo del inc. 2° del art. 166 del C.P., se pretenda llenar un supuesto vacío.

Con la nueva fórmula, la utilización de armas no aptas para el disparo y las de utilería, se tiene en miras por la mayor impresión que podrá provocar en la víctima, en lugar de la real afectación al bien jurídico, sin considerar que justamente se trata de una figura que ya fue tenida en cuenta, es decir la violencia sobre las personas es la convierte a la sustracción en robo, pro lo que se ha pretendido hacer valer doblemente una agravación de la figura base.

La fuerza o la violencia agravan el hurto, y dan lugar a la figura del robo.

Al consignar que se agravará el robo cuando fuere cometido con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiere tenerse por acreditada, se incurre en una descripción contradictoria, ya que no es arma de fuego la que carece de aptitud para el disparo, no podría producir fuego, por lo que en nada se diferencia del arma de utilería, cuya única función al momento de ser utilizada sería provocar violencia en las personas. Esto deja a la agravante vacía de contenido y consecuentemente injustificada.

Al consignar en el tipo la expresión "arma de fuego la que carece de aptitud para el disparo", se ha pretendido eludir una cuestión de índole probatoria, zanjándola con una norma de fondo, contraviniendo el sistema federal.

Con está fórmula se consagró una presunción probatoria en contra del imputado, en contravención del principio "in dubio pro reo", y se buscó atribuir responsabilidad por un hecho, aun cuando se carezca de los elementos indispensables para probarlo.

Estimar que la mayor impresión que se causa en la víctima pueda justificar una agravación, implica tabular la violencia que exige el art. 164 del C.P., tarea imposible en abstracto.

Por ello, debe confirmarse el procesamiento del imputado en orden al delito de robo y declararse la inconstitucionalidad del art. 166, inc. 2° del C.P.
Concursos, apelación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ingenio La Esperanza S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. nro. 6257/02 Concurso preventivo.L.A.N 45 F 1162/1163 N 507. Inconstitucionalidad int. en expte. nro. 6257/02 Concurso preventivo.L.A.N 45 F 1162/1163 N 507.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-12-09

El art. 272 de la ley de Concursos y Quiebras regula el régimen apelatorio en materia de honorarios y detalla la legitimación procesal para recurrir en los distintos supuestos previstos por el art. 265. Las dos situaciones expresamente autorizadas a los fines de la elevación de la causa de oficio a la alzada son las contempladas en los incisos 3 y 4 de este último precepto. La pretensión de extender el acotado y excepcional alcance de la 'consulta' puede importar, eventualmente, 'un exceso de jurisdicción, en desmedro de las garantías constitucionales de defensa y de propiedad'.
Sentencia condenatoria, Corte Suprema de Justicia de la Nación, supervisión de cumplimiento de sentencia, REPÚBLICA ARGENTINA, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, sentencia de la Corte Interamericana, responsabilidad internacional del Estado, deber de información
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fontevecchia y D'Amico Vs. Argentina s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-03-11

Si bien la Corte Interamericana reconoce la importancia del dictado del Decreto presidencial No. 595/2018, disponiendo el reintegro de las sumas pagadas por las víctimas a raíz de la condena civil dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina el 25 de septiembre de 2001 - Fallos: 324:2895-, en tanto las partes no lo efectivizaron ni cumplieron con el deber de informar al Tribunal las razones -no obstante los reiterados esfuerzos de su Presidencia-, corresponde declarar incumplido por el Estado Argentino ese punto de la Sentencia que declara la responsabilidad internacional de dicho Estado -- Caso Fontevecchia y D´Amico, 29 de noviembre de 2011, Serie C No. 238-, debiendo reintegrar a las víctimas las sumas por ellas pagadas e informar a más tardar el 22 de julio de 2020, las medidas adoptadas a tal fin.