Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-27


AUTOS 64604/1/1 (C.C.Nº22110) DEL Séptimo Juzgado Civil, CARATULADOS: "LOZADA Ricardo C/ Suma Construcciones S.R.L. - Incidente de Ejecución de Honorarios Dr. Castillo Rodríguez - Legajo de Apelación".

PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2015- del Tº II - Fº80/83.- En la Ciudad de San Juan a 27 días del mes de agosto de 2015, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Roberto M. Pagés Lloveras y el Sr. Vocal Dr. Pascual E. Alferillo, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. sub 16, contra la sentencia de fecha 30 de marzo del año dos mil quince, recaída en los presentes autos Nº64.604/1/1 (C.C. Nº22.110) caratulados: "LOZADA RICARDO C/ SUMA CONSTRUCCIONES S.R.L. - INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE HONORARIOS DR. CASTILLO RODRÍGUEZ - LEGAJO DE APELACIÓN -", dictada por la Sra. Juez titular del Séptimo Juzgado Civil, obrante a fs. sub 11/13 vta.- 1°- ¿Resulta procedente el recurso de apelación planteado a fs. sub 15?;

2°- En su caso, ¿Qué resolución corresponde dictar? EL DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS DIJO:

A la primera cuestión:

Antecedentes I- La Sra. Juez titular del 7° Juzgado Civil, Comercial y Minería rechazó el incidente de impugnación de planilla de liquidación, planteado por la parte demandada. En consecuencia, aprueba la misma y tiene por cuantificados los honorarios regulados y firmes a favor del ejecutante en ambas instancias.

Para así resolver consideró -en resumen- que la base regulatoria debe confeccionarse de conformidad con los rubros que integran la condena, incluyendo -en su caso- la actualización por desvalorización y/o los intereses, como que las resoluciones que lo disponen se encuentran firmes. II- Contra dicha resolución, el apoderado de la parte demandada plantea el recurso de apelación (fs. sub 15).

A fs. sub 17/22 funda el recurso expresando -en síntesis- que se agravia por considerar que la resolución es arbitraria y nula al haber rechazado el incidente de impugnación de planilla planteado por su parte cuando se había impugnado también la liquidación con la que se promovió la ejecución de la sentencia del proceso principal.

Agrega que los actos procesales posteriores al decreto de fs. sub 32/vta. resultan -según sostiene- nulos por contravenir lo allí resuelto, referido a que no correspondía el cálculo de intereses correspondientes al 30/11/2013.

También manifiesta que en las resoluciones regulatorias no se ha previsto el incluir los intereses respectivos al capital de condena, por lo que a su entender se agrede la cosa juzgada.

Solicita -en resumen- que la base regulatoria sea el monto de la demanda sin intereses, como a las resultas de la apelación de la resolución del 09/09/2013, y que no superen el 25% previsto en el art. 505 del Cód. Civil (art. 730 del Código Unificado).

Mantiene reservas y pide que se haga lugar al recurso, con costas.

III- A fs. sub 24/27 consta adjunto el escrito de réplica presentado por el Dr. Manuel Castillo Rodríguez, en el que expresa que inició la ejecución de los honorarios regulados, conforme lo resuelto por la Sra. Juez a quo, practicando liquidación de capital e intereses para su cuantificación, sin que el ahora apelante haya cuestionado el trámite impuesto y solo limitándose a solicitar que no se calculen intereses sobre capital de condena, por lo que estima improcedente y extemporáneo a dicho planteo sobre el trámite.

También considera improcedente el planteo referido a la no inclusión de intereses por los argumentos sostenidos en la resolución de la Juez a quo, como que el porcentaje fijado en concepto de honorarios se encuentra firme y no supera lo previsto en el art. 505 del Código Civil (art. 730 del Código Unificado).

Introduce cuestión constitucional y pide que se rechace el recurso, con costas.

IV- A fs. sub 31 se certifica el pase de estos autos a estudio.

Tratamiento del recurso 1. La resolución judicial de regulación de honorarios es una sentencia tanto para la parte condenada en costas como para el beneficiario no condenado, y constituye un título ejecutivo en contra de ambos, toda vez que contiene una obligación dineraria líquida o fácilmente liquidable, que se torna exigible en la forma prevista en los arts. 460 a 476 del CCCM de San Juan.

2. Ahora bien, resulta improcedente el agravio deducido contra la resolución de fecha 30/03/2015, que rechazó el incidente de impugnación de liquidación, con el argumento de que resultarían nulos los actos procesales anteriores a dicha resolución, si no se impugnó el decreto de fecha 10/12/2014 que ordenó el traslado de la liquidación, cuestionando con posterioridad solo la inclusión de intereses sobre el capital de condena. Y manifestando que los honorarios de primera instancia, correspondientes al 22% fijado, se deben cuantificar en la suma de $ 27.500 y los de segunda instancia en $ 8.437 (6,75%), lo que le da un total de $ 35.937.

Es que si el posible vicio cuestionado se suscita en el proceso en una etapa anterior a la resolución impugnada, la vía para subsanarlo era la impugnación del decreto que ordenó el traslado de la liquidación practicada, de fecha 10/12/2013, y al no hacerlo consintió la misma, como el inicio del proceso de ejecución de honorarios promovido por al Dr. Castillo Rodríguez.

A ello se debe agregar que a diferencia del recurso de nulidad, el incidente de nulidad es un acto procesal de impugnación de parte que se asienta en la existencia de errores in procedendo a partir de vicios de la actividad procesal que precedió al dictado de una resolución, por lo que el mismo es procesalmente admisible aún después de que hubiese recaído sentencia en el juicio, salvo que el posible vicio se encuentre expresa o tácitamente consentido por los interesados, y en este caso no fue planteado.

2.1. Nada impide que el profesional actuante inicie el cobro de sus honorarios regulados en concepto de costas (art. 461, CPCCM) en forma independiente a la ejecución de la sentencia en el juicio principal (art. 460. CPCCM), y que en este proceso de ejecución de sentencia esté pendiente de resolución la impugnación a la liquidación presentada (arts. 465 y 466, CPCCM), ya que tanto la sentencia definitiva como los honorarios regulados en concepto de costas son títulos ejecutables.

3. Tampoco se ha acreditado el posible error o contradicción con resoluciones anteriores, de la conclusión de derecho en que la Sra. juez de primera instancia basó su pronunciamiento, con relación a que en la liquidación presentada para cuantificar los honorarios corresponde sumar al capital de condena los intereses legales correspondientes.

Ello por cuanto los honorarios de los abogados que intervinieron en una acción de daños y perjuicios deben regularse en porcentuales aplicados sobre el capital de condena más intereses, conforme lo establecido en la ley 4072 (LP-56-O).

Y el tope de responsabilidad que establecía el art. 1 de la ley 24.432 (Adla, LV-A, 291), como ahora el art. 730 del Código Unificado, no impide regular honorarios en medida superior, ya que subsisten las reglas arancelarias específicas no derogadas ni sustituidas, y no se debe confundir el derecho de los profesionales al reconocimiento de una justa compensación por los trabajos cumplidos en el proceso, con la eventual limitación de responsabilidad de una de las partes en orden a su efectiva satisfacción. Pero en este caso tampoco se ha superado dicho límite, pues se ha fijado un porcentaje del 22% por la actuación del profesional ejecutante de sus honorarios, en primera instancia, y dicho porcentaje se encuentra firme y consentido por la parte ahora recurrente.

4. Por todo lo expuesto, propongo el rechazo del recurso planteado a fs. sub 15.

Así voto.

A la segunda cuestión:

En razón a lo acordado al tratar la primera cuestión, corresponde rechazar el recurso de apelación planteado a fs. sub 15, sin costas de Alzada (art. 800, inc. 11, CPCCM).

EL DR. PASCUAL E. ALFERILLO DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso planteado a fs. sub 15.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.