marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cheque, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Magnello, Luis Angel c/ P. de Monetta, Ana y Monetta, Hernando s/ Cobro ejecutivo Magnello, Luis Angel c/ Boloinikof, Roberto Oscar y Martinez, Luis Jaime s/ Cobro ejecutivo Magnello, Luis Angel c/ Bertoldi de Ressia, Estela M. y Ressia, Roberto s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13|1989-06-15|1989-06-15

El art. 47 de la ley 23549 (cuyo "Título V" fue dedicado a introducir modificaciones al régimen del cheque regulado por el dec.ley 4776/63, ratificado por la ley 16478) edicta que "las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia desde el día siguiente desde su publicación en Boletín Oficial y tendrán efecto:

...b)la de los títulos II y V: desde el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se cumplan los treinta días corridos contados desde su publicación...". Teniendo presente que la ley bajo examen fue publicada mediante el Boletín Oficial de fecha 26 de enero de 1988, los efectos de las nuevas disposiciones no podían comenzar a cumplirse sino desde el día primero de marzo de ese año.-
Incapacidad permanente, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: ESPEJO, LIDIA ALEJANDRA c/ ESTADO PROVINCIA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-08-15

En caso de incapacidad permanente y definitiva, la indemnización deberá determinarse teniendo en cuenta la edad de la víctima, duración probable de vida, y condiciones personales.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, costas, honorarios, honorarios del abogado, derecho de propiedad, derecho a la justa retribución
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: HUMBERTO LUJAN GOMEZ c/ SUCESORES DE AMERICO SANTIAGO BENINI Y OTROS s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-04

Si bien en principio, todo lo atinente a la aplicación de los aranceles de honorarios de abogados y procuradores constituye materia de derecho procesal y reglamentación del ejercicio de las profesiones, sujeto a la legislación local y extraño al recurso establecido por el art. 14 de la ley 48, corresponde hacer excepción a tal principio cuando lo resuelto no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa, especialmente si la solución adoptada afecta el derecho a la justa retribución de los profesionales y los priva de derechos infinitamente incorporados a su patrimonio como consecuencia de las tareas realizadas (arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional).
Notificación por cédula, negativa a firmar
Materia: PROCESAL
Carátula: GIORGIO, HECTOR c/ SANITIZED  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-11

Teniendo en consideración que la mayoría de las personas que reciben cédulas de notificación, se niegan a firmar, cabe concluir que deben tenerse por ciertas las aseveraciones del oficial público a fin de no obstaculizar el funcionamiento del sistema de notificaciones del Poder Judicial.
Declaración de utilidad pública, despojo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PELUC DE LARGACHA, MIRNA H. c/ PROV. DE SAN JUAN s/ EXPROPIACION INVERSA-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-29

La mera existencia de una ley calificando de utilidad pública el bien o de un acto administrativo que hace saber esa circunstancia ante una solicitud de parte, no traducen un supuesto equiparable a la desposesión material que prive a su propietario de las prerrogativas de uso y goce del inmueble emergente del dominio y no es posible identificar los supuestos de desposesión jurídicas con la privación del bien, que justifica el pago de los intereses a que se refiere al art. 20 de la ley 21499.
Defraudación, retención indebida
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, HECTOR s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-12

La esencia del delito de apropiación indebida consiste en la no restitución, sin importar que tal suceso corra porque el autor se apropió de la cosa que debía devolver -como acaece en la especie- la destruya o la abandone.
Recurso extraordinario, cuestión federal, cuestiones de hecho y prueba, delitos contra el honor
Materia: PROCESAL
Carátula: CON MOTIVO DE LA QUERELLA PRESENTADA POR PERZI DE MOLINA c/ MUTUAL A.M.E.C.O.M. s/ INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-03-21

La tipificación del título de injuria implica nada más ni nada menos, que meritar los hechos y las pruebas aportadas a la causa, cuestiones estas que son extrañas, por principio, el recurso federal instituido por la ley 48.
Impuesto a las ganancias, pago de tributos, prueba
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Fundación Enrique Navarro Viola c/ DGI. s/ repetición DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Atento a lo dispuesto por el art. 20, inc. f), de la ley de impuesto a las ganancias (texto anterior a la modificación dispuesta por ley 23.658), resulta exigible al demandante la prueba del pago, ya que su pretensión consiste en hacer efectiva la obligación de restituir que la ley impone al organismo recaudador, sin que la existencia de utilidades presuponga necesariamente el efectivo pago del tributo.
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, leyes, Derecho procesal, Estado Provincial, legalización, instrumentos públicos, facultades reglamentarias, registro de la propiedad inmueble, derechos reales, terceros, bienes inmuebles, Estado Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: ISAAC RAUL MOLINA c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

La publicidad registral, como requisito de oponibilidad a los terceros de los derechos reales sobre inmuebles (art. 2505, C. Civil; ley 17711), ha sido reglamentada en el orden nacional, por la ley 17801 quedando sujetos los registros de la propiedad inmueble existentes en cada provincia, en la Capital Federal y en tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y si bien en virtud de esta ley "la organización, funcionamiento y número de los registros de la propiedad así como el procedimiento de registración y trámite aplicable a las impugnaciones", ha sido deferida a los gobiernos provinciales (art. 38) -aplicación del art. 104 de la Constitución Nacional- no cabe extender tales facultades al punto de admitir la validez constitucional de leyes locales que pretectando reglamentar el funcionamiento de tales registros, introduzcan requisitos extraños a la finalidad propia de la inscripción de los títulos públicos provenientes de otras jurisdicciones que, no sólo son requeridos a ese fin por la ley nacional en la materia (art. 3), sino que traducen además el desconocimiento de la autenticidad "per se" de tales instrumentos, tal cual ha sido regulada por el Estado Nacional en uso de su potestad soberana (art. 7 y 31 de la Constitución Nacional, arts. 4 y 5 del decreto-ley 14.983).
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Muñoz, Carlos Rodolfo c/ Capperi, Rubén s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-14

La norma del art. 3986 del CCI es clara: se interrumpe la prescripción cuando la demanda es dirigida contra el deudor. Por lo tanto, en principio, la deducida contra un tercero no tiene el efecto señalado.
Procedimiento tributario, Tribunal Fiscal de la Nación, determinación de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Petrobras  Argentina S.A. c/ EN - AFIPDGI - Resol 2/11 (DV RECU) s/ medida cautelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

Esta sala ha sostenido reiteradamente que la circunstancia de no haber cumplido la autoridad fiscal con el trámite de determinación de oficio establecido en la ley 11.683 no obsta a la competencia del Tribunal Fiscal en la materia, habida cuenta de que ante él podían oponerse las defensas que no se tuvo oportunidad de utilizar en sede administrativa, entre ellas -si procediere- la de nulidad del procedimiento seguido ("Reginal Lee S.A.I.C; 12/02/87 y "Amat S.A.I.y C.", 19/8//92). De no ser así, la administración podría eludir la competencia del Tribunal Fiscal mediante el simple arbitrio de no seguir el procedimiento establecido en las leyes que rigen la materia (esta Sala "Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. de Huanguelen 9537-I c/ D.G.I", 4/03/97).
Prescindibilidad, estabilidad del empleado público, facultades de la administración
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Nieva, Darío E. c/ E.N. -Sub. de Planificación s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-09

La garantía constitucional a la estabilidad no puede oponerse al interés público comprometido en la gestión administrativa, de modo tal que obligue a mantener en actividad a agentes cuyos servicios dejen de ser necesarios para tal fin, ya sea por supresión del cargo, por razones de economía o política administrativa; lo contrario implicaría desconocer la atribución del Poder Ejecutivo para remover a los empleados de la administración.
Conflicto de poderes, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: STRISICH, Ricardo - INTENDENTE MUNICIPAL DE CAFAYATE c/ CONCEJO DELIBERANTE DE CAFAYATE s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-08-07

Constituye un elemento de juicio coadyuvante para declarar abstracta la cuestión justiciable -planteo de un conflicto de poderes- el fenecimiento de los mandatos de las partes del proceso, por expiración del período constitucional por el cual habían sido electas.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Incidente de oposición, recursos, fundamentación del recurso, excusación, violencia moral, deberes y facultades del juez, apartamiento del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: PIEZAS PROCESALES   PERTENECIENTES a INCIDENTE DE INHIBICION planteado por la Sra. Juez Correccional y de Garantías de 8ª Nominación s/ INCIDENTE DE OPOSICION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-08

Idéntica cuestión ya fue tratada extensamente por este tribunal en los autos caratulados: "PIEZAS PROCESALES PERTENECIENTES AL COR Nº 84610/09 caratulado: "RIVERO, Víctor Gustavo por AMENAZAS en perjuicio de TERAN, Romina Soledad", Expte. Nº C01-84610/11 del Juzgado en lo Correccional y de Garantías Primera Nominación del Distrito Judicial del Centro, Causa Nº CAM 29362/11 de la Sala III de la Cámara de Acusación en fallo de fecha 31 de Mayo de 2011 registrado bajo Fallo 187 As. 449/455 Libro III/11, motivo por el cual nos remitimos en un todo a lo allí analizado y decidido.

"Si bien todo lo dicho a mi entender queda comprendido en la causal de violencia moral en los términos del inc.13 del art. 51 del C.P.P. y por ende, en su apreciación deben seguirse las pautas interpretativas de amplitud y preservación del fuero íntimo del Magistrado conforme fueran fijadas por la Corte de Justicia de Salta, tal como se dijera con anterioridad, no puedo dejar de señalar que también importa un deber de todo Magistrado defender y luchar por preservar el principio constitucional del Juez natural en la causa, contando en tal sentido por ser director de un proceso, de todas aquellas facultades sancionatorias que la ley le puso a su alcance, de modo tal que es su deber y obligación, evitar desde un comienzo poniendo límites al efecto, todas aquellas conductas, actitudes y expresiones de las partes y de terceros, que de un modo u otro atenten contra su investidura, obrar que si en autos se hubiera actuado en consecuencia, sin duda alguna hoy estaríamos en presencia de una situación totalmente distinta a la que se verifica, donde un Juzgado en un porcentaje alto se encuentra paralizado con grave perjuicio a otro y con difícil solución en lo inmediato atento lo irreversible que resultan sus consecuencias conforme lo claramente dispuesto en el art. 62 del C.P.P." "Por último y en relación a todo lo hasta aquí dicho y en especial lo volcado en el párrafo que precede, es oportuno resaltar que nos encontramos en una situación de hecho, que sin perjuicio de todas aquellas medidas disciplinarias que la inhibida tuvo a su alcance aplicar y que como se viera quizás hubieran actuado como un medio correctivo, a la fecha no admitir ni aceptar que se encuentra violentada moralmente, pondría en serio riesgo los derechos de sus justiciables o a decir de Claria Olmedo en su Tratado de Derecho Procesal Penal, T.II, pág. 238, "Ese juez competente, no podrá permanecer como tal frente a un proceso penal concreto, si determinadas circunstancias vinculadas al mismo lo ponen en condición sospechosa de parcialidad".
Exceso ritual manifiesto, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Casabuena, Cristina Beatriz c/ Cabezas, Susana Aurora y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-09-27

Constituiría exceso ritual ignorar -al amparo del rigorismo formal- una alegación contenida en un documento probatorio traído a la causa por una litigante, cuya autenticidad la contraparte no negó.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, junta médica
Materia: LABORAL
Carátula: Velázquez, Pedro Antonio c/ Municipalidad de Concordia y otros s/ Indemnización por incapacidad-Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-11-09

El trabajador damnificado a raíz de un accidente de trabajo que se hubiese sometido al régimen de la Ley 24557 no puede sencillamente "salirse del sistema y ocurrir ante la justicia ordinaria laboral cuando las cincunstancias del procedimiento especial le fueran adversas". En el sub caso el trabajador debió interponer recurso de apelación por ante el juez federal contra la resolución de la Comisión Médica que no estableció grado de incapacidad alguno, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 46 del sistema normativo citado. El trabajador no pretende ejercer la acción de daños y perjuicios sin soslayar el sistema por el que se había optado para recurrir contra las resoluciones dictadas en el mismo en una jurisdicción extraña a la establecida en la L.R.T.-
Proceso penal, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ AIRALDI JOSE c/ GOMEZ SIERRA ANA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-05-31

La calificación de culpable que hiciera la sentencia penal, exime a la actora en el juicio civil de cargar con la prueba de la culpa del demandado, restándole tan solo la demostración de los perjuicios sufridos, y a los fines de la determinación del quantum indemnizatorio.
Empleados públicos, remuneración, pago, depreciación monetaria, actualización monetaria, principio de integridad
Materia: CIVIL
Carátula: ROJAS, GLADYS ALICIA CASA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 232-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-25

Teniendo en cuenta que la actualización no tiende sino a mantener idéntico en si mismo el contenido del crédito, lo pagado por la accionada en el sub judice -recomposición salarial correspondiente al período comprendido entre marzo y junio de 1988 percibida a valores históricos- no se corresponde con el objeto de la deuda y, por lo tanto, carece del pretendido efecto cancelatorio al no cumplirse -cualitativa y cuantitativamente- la pretención que hace el objeto de la obligación (artículo 725 del Código Civil).
Indemnización, daño psíquico, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: "Martínez  Mirta  Graciela y otro c/ EN -M° del Interior. PolicíaFederal y Otro s/ Daños y Perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-06

El daño psíquico debe probarse individualmente mediante los respectivos peritajes y las sumas otorgadas por tal concepto se circunscriben a la finalidad de solventar los gastos de la correspondiente asistencia profesional necesaria a fin de remediar tal daño, en tanto que el "daño moral" cabe inferirlo respecto de todos los coactores sin distinción -padres y hermanos del fallecido- como consecuencia ineludible del homicidio, ello teniendo en especial consideración las circunstancias en que tal hecho ocurrió (Del voto del juez Grecco, cons. 5).
Transacción, honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: CANCINOS DE ACOSTA ALBA LUZ Y OTROS c/ U.T.E.P.S.E. S/INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-07

Los profesionales intervinientes en un juicio laboral carecen de interés y por ende de legitimación pasiva para objetar los términos de la transacción, concertada entre las partes, que pone fin al pleito. Por lo que en orden a ello, no puede sostenerse que la transacción no le es oponible a los profesionales que no participaron en dicha convención, posteriormente homologada judicialmente, a los efectos regulatorios de sus honorarios, pues ello resulta contradictorio con su invocación como acto que produce la culminación del proceso.
Pensiones, hermanos, acumulación de beneficios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MORA, Ana Concepción c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-13

Corresponde denegar la pensión solicitada por la hermana del causante que, siendo titular de un beneficio de jubilación, no cumple con lo normado por el art. 26, inc, 5) de la ley 18.038 (T.O. 1980) que imperativamente exige como condición para la obtención de la prestación, el ejercicio de la opción, no bastando a tales fines con la acreditación de desequilibrio económico previsto por el art. 27, 2do. párrafo de la ley citada.
Intereses, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Medero, Jorge Rogelio y otros c/ Hugo Omar Pacheco s/ Ordinario. Medero, Jorge Rogelio y otros c/ Hugo Omar Pacheco s/ Ordinario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-04-14|1992-04-14

Los intereses determinados en la sentencia tienen el carácter de moratorios, es decir, los que se pagan en concepto del perjuicio sufrido por el acreedor por el retardo incurrido por el deudor en el cumplimiento de sus obligaciones. Cuando la sentencia ha admitido un plus en concepto de desvalorización monetaria, la tasa de interés debe reducirse sustancialmente (6 a 8 % anual). Es porque el interés bancario cubre no sólo los intereses propiamente dichos, sino también la desvalorización del capital. Si la desvalorización está contenida en la condena, entonces sí los intereses deben reducirse a una tasa propia de épocas de estabilidad económica y monetaria. si la suma contenida no ha sido ajustada a la verdadera pérdida del valor del dinero ocurrida -en este caso desde la fecha de pago de las facturas por consumo de energía eléctrica- resulta normal que en períodos de inflación se aplique la tasa que cobran los bancos en sus operaciones de descuento, porque precisamente esos intereses no sólo cubren la compensación por el uso del capital sino también la desvalorización de éste.
Conflicto de poderes, competencia originaria
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Senadores Agüero, Jorge Edgardo y Otros c/ Poder Ejecutivo s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-03-11

En el caso, los incidentistas sostienen que al conflicto de poderes debe aplicársele el proceso contencioso administrativo.

No tiene nada que ver el conflicto de poderes con el procedimiento contencioso administrativo, salvo un solo punto de conexión que es la competencia originaria y exclusiva de la Corte sobre ambos tipos de procesos que, en rigor de verdad, Catamarca es una de las pocas provincias en la que subiste en cabeza de este Poder la competencia contenciosa administrativa, habiendo sido atribuida a los tribunales de grado por su inconveniencia de dejarla como competencia exclusiva de la Corte.

La diferencia puede notarse fundamentalmente en dos aspectos: en el subjetivo y formal y en el objetivo o de fondo. En el primero ya me extendí sobre el particular, asi que sólo cabe resaltar que el conflicto de poderes es un proceso sumarísimo donde no hay partes en el sentido estricto, ni tampoco pueden plantearse incidencias, etc. y, por otro lado, es un juicio de conocimiento pleno, como expresamente lo legisla la Carta Magna Provincial.

La pretensión o denuncia en un conflicto de poderes tiende a la actuación del Tribunal como órgano moderador en una actitud jurídica-procesal de encauzar los desbordes institucionales o disputas que se suscitan entre los distintos poderes del Estado y de los municipios.

Como bien dice Sagüés, el conflicto se produce cuando hay un órgano invasor y otro órgano invadido y, en esos términos, debe resolverse la disputa haciendo cesar, si la hubiere, la invasión y limitando el poder a su justo término.

De lo expresado, esta competencia originaria no tiene por objeto la revisión de actos o hechos jurídicos. "El papel correctivo o represivo del Poder Judicial lo presenta también como guardián no sólo de la Constitución, sino también del proceso político, al dirimir los conflictos de poderes, cosa que importa hacer concluir las invasiones institucionales que puedan mutuamente perpetrarse el Presidente o el Congreso, o sobre el Poder Judicial" (SAGÜES, Néstor P. - "Seguridad jurídica y confiabilidad en las instituciones judiciales", LL 1996-E, 957).

Por el contrario, en el proceso contencioso administrativo se abre la jurisdicción revisora de la Corte a efectos de ejercer un control judicial de los actos administrativos que vulneran un derecho subjetivo de carácter administrativo.

(Del voto ampliatorio del Dr. Cáceres)
Prueba, reconocimiento por fotografía
Materia: PENAL
Carátula: A, O. M. s/ Apelación auto de procesamiento (EXPTE. Nº 84-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-16

La autoridad policial carece de facultad para efectuar reconocimiento fotográfico por cuanto el reconocimiento por fotografías previsto en el artículo 291 de la ley de rito es una medida subsidiaria cuando no puede hacerse el reconocimiento en rueda de personas, por lo cual es ese caso solamente es el juez el que puede efectuarlo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 287 del mismo código.
Concursos, HONORARIOS, concurso preventivo, límite temporal
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAG MONTAJES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SRL S/ CONCURSO PREVENTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-10

Tratándose de un concurso preventivo, el monto del proceso a los fines regulatorios lo constituye el activo prudencialmente estimado (LCQ 266), pues, como la actividad del deudor continúa en marcha (con la consecuente y permanente fluctuación del valor de los bienes que componen su patrimonio), es lógico que se conceda un máximo de libertad y flexibilidad para que, dentro de un marco de razonabilidad, prudencia y experiencia, se pueda arribar al valor más aproximado a la realidad para estimar la retribución profesional (CNCom, Sala D, in re "Compañía General de Combustibles SA s/ concurso preventivo", del 28/02/13, ídem "Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales SRL s/ concurso preventivo", del 17/09/18, entre muchos otros).