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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, responsabilidad del Estado por actos lícitos, error judicial, faltas del servicio, quiebra, publicación de edictos, concurso preventivo, síndico del concurso, inhibición general de bienes, subasta, daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: ARAGON, VICTOR GUSTAVO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 510 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-25

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad sustentado en que el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 de la ley concursal determinaba sin más la constitución del "error judicial" o "falta de servicio" para tornar operable la responsabilidad estatal atribuida.

Ello por cuanto no es menor la motivación brindada por los Jueces de la causa respecto de que la publicación de edictos (art. 27, L.C.Q.) está destinada a los terceros y en particular a los acreedores; que constituía una ficción legal insuficiente "per se" para erigirse como causa adecuada del daño, y que lo contrario importaría un desborde de la referida presunción concursal, la que debe ser utilizada con equidad evitando incurrir en el despropósito jurídico de ella.

Esta posición jurídica no admite reproche sobre todo si se tiene en cuenta que la publicación de edictos no reemplaza la anotación de la inhibición general de bienes omitida por el Síndico del concurso del demandado tramitado en otra provincia, dada la distinta finalidad de una y otra medida procesal. Ello es así, ponderando que la publicación prevista por el artículo 27 de la ley 24522 está destinada a los acreedores y terceros con un interés que proteger en el momento de la apertura del concurso preventivo.

La ruptura del nexo causal entre el hecho con virtualidad o aptitud suficiente indicado por el actor para generar el resultado dañoso ha sido suficientemente explicitado por el Tribunal.

El daño -a juicio de los Jueces- no tuvo como causa al acto judicial "subasta" sino a conductas atribuibles a terceros por los cuales la Provincia no debía responder; y esta forma de pensar no importa desestructurar ni desnaturalizar el ámbito de la responsabilidad del Estado por el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales sino, más bien, aplicar los principios que la rigen al comprobar o no en el caso concreto la concurrencia de todos los presupuestos para tornar operable este tipo responsabilidad.
Honorarios, honorarios del perito, regulación provisoria
Materia: PROCESAL
Carátula: CONO SUR  S.A.C.I.F.I.A. s/ PEDIDO DE PRODUCCION ANTICIPADA DE PRUEBAS ANTICIPADA DE PRUEBAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1988-04-18

Corresponde hacer lugar a la regulación anticipada de honorarios solicitada por el perito, en mérito de la tarea realizada y valor de la demanda promovida y sin perjuicio de lo que ulteriormente se fije en la sentencia definitiva, toda vez que, recién se encuentra a estudio la admisiblidad del proceso principal -situación ésta equiparable a la "considerable demora en la tramitación del proceso" que señala la jurisprudencia aplicable al caso- y no parece justo que el perito deba soportar toda la tramitación del proceso para satisfacer la elemental pretensión del pago por el trabajo realizado.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, suministro de gas, interpretación de leyes federales
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Alcalis de la Patagonia SAIC c/ EN - Min. de Planificación - dto. 475/05 s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-16

El recurso extraordinario es formalmente admisible, toda vez que se encuentra en discusión el alcance e interpretación del marco regulatorio del gas (ley 24.076, decretos 2255/92 y 180/04, resoluciones 599/07 de la Secretaría de Energía y 716/98 del Ente Nacional Regulador del Gas -ENARGAS-) de carácter federal y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido contraria a los derechos que la apelante funda en aquél (art. 14, inc. 3° de la ley 48) . -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso extraordinario, cuestión federal, libertad de prensa, derecho a la información, injurias, ofensas cometidas por medio de la prensa, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Editor Responsable y/o Director del Diario La Nación s/ art. 110 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

El agravio federal vinculado con la libertad de prensa no guarda relación directa con lo resuelto, si la cámara, si bien ratificó la interpretación de la defensa acerca de los alcances de aquélla y del derecho a la información, sustentó la condena por el delito de injurias en el carácter ofensivo de la expresión "delincuente", la que atribuyó subjetivamente al querellado.
Disminución de la pena, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Gallardo, Ricardo Daniel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-06-11

El artículo 41 bis de la ley 12.256 de la Provincia de Buenos Aires -incorporado por Ley local 14296- en cuanto establece una suerte de reducción de la condena a quien tuviera conducta ejemplar, resulta inconstitucional, pues específicamente se ha consagrado una causal de reducción de la pena, que no se encuentra establecida ni en la Ley de Ejecución Penal ni en el Código Penal de la Nación, por lo que excede las facultades propias de la legislatura provincial y pretende legislar en materia que ha sido delegada a la Nación, afectando seriamente la igualdad ante la ley de los habitantes.
Cheque, acción cambiaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cooperativa de crédito consumo y vivienda c/ Carolin de Santis, Celia s/ ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-28

El art. 6 de la ley 24.452 establece que el cheque extendido sin nombre del beneficiario valdrá como cheque al portador, y el art. 54 de la ley 24760 en su inciso 6) autoriza su libramiento con tal modalidad. En virtud de ello y del juego armónico de los arts. 12, 17, 18, 32, 40 y 56 de las referidas leyes, surge que el accionante se encuentra legitimado para disponer de los títulos en cuestión y ejercer todas las potestades que éstos conceden, sin necesidad de tener que acreditar si es el verdadero propietario de los documentos y titular del derecho que en ellos se ha representado, para reclamar su pago por esta via. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prejuzgamiento, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Serú Giran  SA c/ Grinbak, Daniel Ernesto y otro. s/ Incidente de recusación con causa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-13

Si bien el prejuzgamiento importa emitir opinión que permita entrever la decisión final de la causa, fuera de su debida oportunidad, tal situación no queda configurada cuando el Juez se ha visto obligado a emitir opinión acerca de algún punto vinculado al fondo de la cuestión para decidir acerca de la admisibilidad de una medida cautelar solicitada.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, restitución de bienes
Materia: PENAL
Carátula: Modaffari, Antonio. s/ Confesión calificada Rodríguez, Abel Oscar. Rodriguez, Juan Carlos s/ Robo calificado por uso de armas Herrera, Jorge Anastacio o Gustavo s/ Robo aut.tor en concurso con robos calificados reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-06|1992-08-11|1995-05-09

Constituye atenuante de naturaleza objetiva (art. 41 inc. 1 C.P.) la reducción del daño debido a la recuperación del automóvil sustraído.
Acto administrativo, revocación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Clínica Centro Médico Privado c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

Ante la carencia de un régimen de nulidades en el sistema del procedimiento administrativo ordenado en el decreto ley 7647, resulta prudente acudir al dispositivo marginal contenido en el art.

117 del mismo ordenamiento que mas atiende a la revocación del acto, que a su valor intrínseco. Tal dispositivo consolida un interesante sistema de "pesos y contrapesos" que intenta acotar y recortar lo que aparece como una muy abierta potestad revocatoria no limitada a la función de la regularidad del acto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Propiedad horizontal, administrador del consorcio, responsabilidad del administrador del consorcio, responsabilidad contractual, mandato
Materia: CIVIL
Carátula: WERNICKE, Marcos c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS CABELLO 3667/69 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-21

La responsabilidad del administrador es contractual ante el consorcio que la ha designado a través de una asamblea, porque debe responder al consorcio y no a los propietarios individualmente considerados, en el marco de las normas del mandato civil.-
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, lectura de fundamentos
Materia: PROCESAL
Carátula: Cirmi Obon, Eduardo Horacio c/ Ramaglia, Sandra Viviana y otros s/ Ejecución de convenio s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-02

En atención a la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Bazán, Fernando s/ amenazas", sentencia del 4/4/2019, este Tribunal debe dirimir la contienda negativa suscitada entre un Juzgado Nacional en lo Civil, confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y un Juzgado Nacional del Trabajo. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Daños y perjuicios, relación de causalidad, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SURIANO JOSE c/ MANUEL RUIZ LEIVA s/ Daños Perjuicios (LIBRO: S071 - 162)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-18

Probado el nudo causa por quien lo invoca, se presume que entre las diversas condiciones que concurrieron a producir ese resultado, aquélla ha sido su causa adecuada. Al demandado, en cambio, si pretende que fueron otras las circunstancias concurrentes, la causa adecuada real del daño, le corresponde probarlo para exonerarse de responsabilidad.
Retiro militar, accidente en acto de servicio, acumulación de beneficios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARTINEZ, JORGE L. c/ ESTADO NACIONAL (COMANDO EN JEFE DE LA ARMADA) s/ ORDINARIO - RETIRO MILITAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-19

La jurisprudencia es pacífica en cuanto a que tratándose de militares de carrera que gozan de un beneficio previsional, como es el retiro por enfermedad, el beneficio de excepción, debe tener como sustento, además de la causalidad exigida por la ley de la materia entre la enfermedad y los actos del servicio, que éstos se hayan prestado bajo circunstancias anormales o excepcionales.
Robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: E., C. s/ Damnificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-08

"... Para Núñez..., arma es "tanto el objeto destinado para la defensa u ofensa (arma propia), como el que eventualmente, por su poder ofensivo, puede utilizarse para ese fin (arma impropia)"; "por su parte Soler... dice con alguna mayor precisión que " por arma, debe entenderse tanto aquel instrumento específicamente destinado a herir o dañar a la persona como cualquier otro objeto que sea transformado en arma por su destino, al ser empleado como medio contundente".
Transporte aéreo, Convención de Varsovia, responsabilidad aérea
Materia: AERONAUTICO-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: LA MERIDIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS SA. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ FALTANTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-02

En lo relativo al modo de establecer la limitación de responsabilidad, -según pacífica jurisprudencia del fuero- la cuestión debe ser diferida para la etapa de ejecución de sentencia, sobre la base de lo dispuesto en el art. 22 inc. 1, 2a y 2b de la Convención de Varsovia-La Haya.
Tratado de Asunción, Mercosur, derechos de exportación
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO-TRIBUTARIO
Carátula: "Bio Sidus S.A. (TF 22.128-A) c/ D.G.A.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-08

Resulta improcedente la invocación del Tratado de Asunción a fin de invalidar las normas que establecen derechos de exportación de mercaderías hacia otros paises del Mercosur (Del voto de los jueces Alemany y Treacy, cons. IV. 4).
Honorarios del perito, cobro a las partes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ceragioli, Rafael Pablo c/ Calatayud, María Cecilia y otro s/ Cobro ejecutivo de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07

Son concurrentes y no conjuntas ni solidarias las obligaciones de pagar los honorarios del perito que tienen como deudores al que solicitó la pericia (art. 1627, Cód. Civ.); a la otra parte en los supuestos del art. 476 del C.P.C. y al condenado en costas (art. 68 y ss., Cód. cit.).
Auto de procesamiento, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: F., J. s/ Estupro Agravado.Rawson
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-01-24

El auto de procesamiento requiere la afirmación concreta de que alguien ha violado la ley penal, y que es un paso positivo hacia la consecución del fin del proceso, que es la verdad real. Ello se logra solamente con la afirmación de la autoría y la culpabilidad, aunque sea probable y provisoria, pero afirmación al fin. De lo que se concluye que el procesamiento es la afirmación de la hipótesis fáctica contenida en el avocamiento, que dicta el Juez de Instrucción mediante auto fundado, y que acredita con grado de probabilidad afirmativa los elementos del delito que se atribuyen al imputado.
Procedimiento en tiempo de paz de la justicia militar, juicio oral, apreciación de la prueba, declaración testimonial, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Teniendo en cuenta los principios que gobiernan el juicio oral aplicables al caso -art. 7 in fine de la ley 23.049- el valor probatorio de las declaraciones de un testigo debe ser apreciado de acuerdo al sistema de la sana crítica racional.
Contrato de trabajo, trabajador, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: VAQUERA SILVIA c/ SANATORIO RIVADAVIA S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-26

Según esta norma -artículo 25 de la LCT.-, trabajador es la persona física titular del contrato o de la relación de trabajo que se obligó o prestó servicios, sin que interese la modalidad de la prestación, la que puede adquirir distintos matices (contrato indeterminado, de plazo fijo, de temporada, eventual, por equipo).

La nota fundamental es la prestación dependiente o subordinada. El trabajador autónomo no deja de ser trabajador pero no es sujeto de derecho del trabajo, ni es por cierto la persona física a que alude la norma. El trabajo dependiente al servicio de otros es el hecho fundamental y el presupuesto ineludible del derecho del trabajo.

Desde esta perspectiva la relación de trabajo posee caracteres fisonómicos propios que la diferencian de otros contratos, refiriéndose a la prestación personal del servicio en condiciones de subordinación jurídica, técnica y económica y, aun cuando algunos aspectos de ella estén ausentes, es imprescindible la subordinación jurídica que implica por parte del empleador, el poder de dirección y disciplinario, manifestándose de tal modo una falta de autonomía del trabajador por la sujeción a cierta disciplina u orden interno de la empresa, obligaciones que no comparte el trabajador autónomo.

Al respecto, en el libro "Ley de Contrato de Trabajo", Coordinado por Altamira Gigena, Astrea, 1981, pág, 253, se sostiene que para considerar "trabajador" a alguien, deben cumplirse dos condiciones: a) la prestación personal de un servicio, acto u obra; y b) que se lo preste bajo subordinación o dependencia de otro, es decir en virtud de un contrato de trabajo. Faltando uno de estos requisitos no habrá "trabajador" desde el punto de vista jurídico laboral.
Salarios caídos, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALARCON OMAR c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-11-28

El pago de los salarios caídos durante el período que media entre la separación del cargo del agente público y su reincorporación, está supeditado excepcionalmente a una norma específica y razonable que disponga su procedencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuesto sobre los ingresos brutos, empresa de servicios eléctricos, tarifa de servicios eléctricos, exenciones impositivas, doble imposición
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Centrales Térmicas Patagónicas S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ accioón declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-17

El impuesto provincial sobre los ingresos brutos no es susceptible de traslación, por lo cual la actora- empresa dedicada a la generación de energía eléctrica con fines de comercialización- se halla legal y técnicamente impedida de incorporarlo en el precio sin alterar la tarifa fijada por la autoridad nacional, por lo que si debiese afrontarlo lo soportaría íntegramente sobre sus rentas, incurriéndose en consecuencia en una doble imposición prohibida por la ley.
Prueba, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LINARES DE ROMERO MIRTA ETELVINA c/ VITASSE SERGIO LUIS Y OTRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-11-30

No corresponde hacer lugar a la apertura a prueba en segunda instancia, si la prueba que se solicita no se produjo simplemente por el agotamiento del período probatorio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, arraigo, contrato de obra pública, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Incor Sur SRL UTE c/ Muncipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 885-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-30

Cabe hacer lugar a la excepción de arraigo interpuesta por la Municipalidad demandada, aunque la empresa actora solicita su rechazo aduciendo que en supuestos como el de autos -donde se solicita la nulidad de una resolución que ordena la rescisión de un contrato de obra pública- no obstante que la Administración aparece formalmente como demandada, el actor recurre resoluciones que no son denegatorias de propias pretensiones, sino decisiones ejecutorias que formalizan pretensiones de aquélla contra éste, no resultando procedente la excepción de arraigo pues en tales casos el contencioso administrativo asume más la naturaleza de "recurso" que de "acción", aún con las consabidas particularidades del instituto, y "acto de impugnación y defensa" más que demanda autónoma. Ello, por cuanto dicha tesis significa formular una distinción allí donde el legislador no lo hace, al tiempo que conlleva la pretensión de anteponer un criterio sustancial en una materia de neto corte procesal, que antes bien apunta a los roles de las partes que al tenor de sus postulaciones.
Recurso de queja (procesal), plazos procesales, cargo
Materia: PROCESAL
Carátula: Edi, Julio c/ Caja de Créditos Independencia Cooperativa Limitada y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

El plazo para deducir la queja es perentorio (art. 155 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y sólo es eficaz el cargo puesto en la secretaría que corresponde.
Improcedencia del recurso, recurso de inconstitucionalidad, aborto no punible, fundamentación insuficiente, derechos de la persona por nacer
Materia: PROCESAL
Carátula: Cari, Irene - Presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades; Defensoría Oficial Civil Nº 4: Dra. Natalia Buira - acción de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-07-12

Corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad deducida contra el Decreto, pues la actora no impugnó la Res. Ministerial Conj. nº 215/12 del Ministerio de Derechos Humanos y nº 797/12 del Ministerio de Salud Pública, que aprueba la "Guía de procedimiento para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual y la concreta atención de los abortos no punibles, conforme lo establecido en el art. 86 inc. 2º del Código Penal", al no haberse ampliado la demanda en contra de esa normativa, es que en el decreto impugnado se prescribe el derecho de la mujer embarazada, o de su representante legal, de solicitar la realización de un aborto, previa declaración jurada con asistencia del defensor oficial, o asesor de menores e incapaces, según corresponda, o una denuncia policial, y tales disposiciones no aparecen aptas para vulnerar los derechos de las víctimas de violencia sexual, como lo sostiene la impugnante, ello porque, al tratarse de una práctica médica que produce la eliminación de un niño -según el derecho argentino- las medidas adoptadas no resultan inconstitucionales ni irrazonables, si se tiene en cuenta que el objetivo es evitar la existencia de "casos fabricados" según expresamente lo indicó el Poder Ejecutivo al dictar el decreto cuestionado.
Concursos, reglas procesales, excusación por amistad, abogados
Materia: COMERCIAL
Carátula: NOEL Y CIA.  SA s/ CONCURSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-14

Si bien en principio y técnicamente la vinculación con los profesionales queda excluida de la causal del CPR 17-9., Por lo que la excusación seria desestimable, no obstante -en el caso- concurre en el animo de la sra. Vocal apariencia de razones éticas que piensa la imponen excusarse, no pudiendo ignorarse la violencia que puede significar la intervención en procesos asistidos por un profesional amigo. Es por ello que debe admitirse la excusación citada con criterio amplio, debiendo en caso de duda, estar a favor de la abstención, pues nadie mejor que el juez puede evaluar los motivos que lo asisten.
Bono federal, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bertelli, Norma y otras c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-09-18

Las previsiones contenidas en los incisos 6 y 11 del art. 75 de la Constitución Nacional en cuanto reconocen facultades privativas al Congreso para "establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda", además de "hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras", valorada como una de las características básicas del Estado soberano por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Soldati", 1893, F 52:413), que por añadidura llevó al constituyente a prohibir de manera absoluta en el art. 126 de la Constitución Nacional a las provincias la posibilidad de "acuñar moneda", lo cual no pueden hacer ni siquiera con la autorización del Congreso. El llamado "bono federal" no puede ser concebido como un sucedáneo de la moneda y/o un instrumento que figure a igual nivel y la complemente en su significación simbólica en el tráfico circulatorio de bienes y servicios, o en el pago de las remuneraciones de agentes públicos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)