Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-10


NEUQUÉN, 10 de febrero de 2009.

V I S T O S:

Los autos caratulados: "LAPEIRE ANDREA C/ I.S.S.N. S/ ACCIÓN DE AMPARO" (Expte. nro. 154 - año 2008) del Registro de la Secretaría Civil de Recursos Extraordinarios del Tribunal Superior de Justicia, venidos a conocimiento del Cuerpo para resolver, y CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 184/192 vta., el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUÉN interpone recursos de casación por Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad Extraordinario, contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Zapala, obrante a fs. 179/180 vta., que revoca el fallo de fecha 15 de septiembre de 2008 y declara abstracto el objeto del amparo, con costas de Primera Instancia a la demandada y las de Alzada en el orden causado.

Manifiesta que el decisorio recurrido es totalmente arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer adecuadamente el derecho a la jurisdicción, además de darse, en los presentes, un supuesto de gravedad e interés institucional.

Explica que la Cámara sentenciante yerra al considerar que la cuestión litigiosa se convirtió en abstracta, porque la medida cautelar -cuyo objeto coincidía con la cuestión de fondo- ya había sido cumplida por el I.S.S.N. Y con esta solución -dice-, los magistrados omiten el tratamiento de los agravios por él expresados al apelar el decisorio, incumpliéndose el deber de dictar sentencia en todos los casos sometidos a juzgamiento.

Agrega que la cuestión litigiosa no devino abstracta, dado que no hubo un cambio en la plataforma fáctica o jurídica que eliminara la controversia, ni un allanamiento tácito a la pretensión; solamente su parte se limitó a cumplir la cautelar innovativa concedida en autos, la que por sus particularidades -intervención quirúrgica- resulta imposible dejar sin efecto o deshacer.

Por ello, insiste en que el otorgamiento y posterior cumplimiento de una cautelar en modo alguno pueden condicionar la decisión sobre el fondo de la cuestión por su carácter provisional. Que si luego de conceder la innovativa, se decidiera rechazar la demanda, la medida simplemente debe ser dejada sin efecto, ordenándose la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Insiste en que con lo resuelto se afecta el derecho a la jurisdicción porque el demandado debería renunciar a la expectativa de tener una sentencia que ponga fin al litigio. Además, alega que habría un grupo que podría obtener una resolución judicial sobre el fondo del litigio en virtud de que solicitó una cautelar fácilmente reversible; y otro, que ni siquiera puede aspirar a una sentencia porque peticiona una cautelar de tipo innovativa, que coincide con el fondo del asunto.

Por último, sostiene que la gravedad institucional se configura en los presentes porque no solo se ha vulnerado el derecho a la jurisdicción, sino que se ha incurrido en un incumplimiento de los deberes y funciones de los sentenciantes.

II. Corrido el pertinente traslado, no ha merecido contestación por la actora ni por la Fiscalía de Estado.

III.- A fs. 209/210 vta. dictamina el Sr. Fiscal ante el Cuerpo.

Expone que el presente remedio no cumple los requisitos de autonomía ni de adecuada fundamentación. Por lo que propicia se declare inadmisible el recurso casatorio incoado por la demandada.

IV. Corresponde, en este estadio procesal, a la luz de lo previsto por el art. 5° del ritual casatorio, con las modificaciones introducidas por el art. 22 de la Ley de Amparo, efectuar el análisis de rigor, a fin de determinar si se encuentran cumplidos los recaudos legales que posibiliten la declaración de admisibilidad del remedio intentado y consiguiente apertura de la instancia.

Al efecto, se deduce que el libelo recursivo ha sido interpuesto tempestivamente (conforme art. 22°, apartado 22.1, de la Ley 1.981), por quien goza de aptitud procesal para ello y ante el mismo Tribunal del cual emanara el fallo impugnado. Se ha cumplido con la carga atinente al domicilio ad-litem, al igual que con la relativa al acompañamiento de copias para traslado.

El recurrente se halla exento de efectuar el depósito de ley, en virtud del art. 22º, inc. 1° -in fine- de la Ley Provincial de Amparo referenciada. En consecuencia, deberá ordenarse la devolución del depósito cuya constancia obra a fs. 183. V. Con respecto a la nota de definitividad exigible, a tenor de lo dispuesto por el art. 1° del ritual aplicable, la resolución atacada deviene equiparable a definitiva atento a los alcances otorgados por la Cámara sentenciante a la medida cautelar innovativa dictada en autos.

VI. Debe considerarse, asimismo, cumplido el recaudo previsto en el art. 14 de la Ley 1.406, para la vía de Inaplicabilidad de Ley, puesto que la cuestión traída a juzgamiento resulta en este estadio de monto indeterminado.

VII. Más, a distinta conclusión debe arribarse en punto a los restantes recaudos exigidos por la ley Casatoria, aplicables para viabilizar la admisibilidad de los remedios extraordinarios intentados.

La autonomía del recurso exige que el libelo se baste a sí mismo, sin que sea necesario acudir a otras piezas del expediente para comprender cabalmente cuáles han sido las pretensiones de las partes, cómo ha quedado trabada la litis, los resultados obtenidos en las instancias anteriores -sin que para ello se requiera la remisión a otras piezas del expediente-; y los extremos fácticos en cuya virtud podría avizorarse -prima facie- la configuración de las causales denunciadas (cfr. R.I. Nº 116/03; 256/07 del Registro de la Actuaria).

Este recaudo no ha sido observado desde que, a fin de aprehender la temática debatida, resultó necesario recurrir a otras piezas ajenas al escrito en estudio.

Así, a modo de ejemplo, cabe señalar que, cuando el recurrente dice enunciar los antecedentes de la causa, omite consignar todos los hechos que dieran sustento a la medida innovativa y a la demanda, y los motivos en los que ésta se fundara -esto es, la pretensión procesal-, sus defensas opuestas al momento de presentar el informe circunstanciado, el contenido del expediente administrativo y el de la pericial médica producida en autos. Tampoco refiere los fundamentos de la sentencia de Primera Instancia que dan sustento al acogimiento de la acción constitucional deducida y entremezcla el relato de los antecedentes con su propia crítica.

Por lo tanto, al no mediar un relato completo, objetivo y preciso de los antecedentes de la causa, no puede tenerse por cumplido el recaudo analizado.

No obstante que la falencia apuntada basta para cerrar las vías casatorias bajo examen, a mayor abundamiento, se advierte, con relación a la adecuada y suficiente fundamentación, que tal extremo tampoco se observa.

El impugnante no efectúa un debido encuadre legal y desarrollo de los vicios o errores que le endilga al decisorio en crisis. Es decir, el I.S.S.N. no invoca dentro de las causales en que pretende sustentar su queja, los argumentos o motivos de cada una de ellas.

Además, se constata un inadecuado e insuficiente embate impugnativo, que se manifiesta mediante una laxa articulación teórica de agravios, que no es propicia a la etapa casatoria que se intenta transitar.

Sabido es que los recursos intentados tienen naturaleza extraordinaria y excepcional, por lo cual, la carga que pesa sobre el recurrente es mayor, y debe extremar los recaudos que hacen a dicha exigencia, precisando las causales con independencia estructural y sin déficit técnico (cfr. T.S.J. Nqn. R.I. nro.3/01, del Registro Actuarial).

Se ha dicho que la suficiencia recursiva hace al debido encuadramiento legal y a la delimitación del ámbito de conocimiento de este Tribunal, al cual le está vedado suplir por inferencia el error u omisión en que incurriera la parte, atento el carácter extraordinario de su intervención (confr. R.I. Nros. 856/93, 1431/96, 43/98, 79/02, entre otras); y es que la exigencia de una buena técnica recursiva, en punto a la fundamentación, no implica solemnidades innecesarias ni arcaísmos sacramentales que hayan perdido su justificación procesal, sino que responde a la necesidad de no restarle al recurso su carácter extraordinario, lo que conlleva el cumplimiento de obligaciones inexcusables para evitar que en la práctica se concluya por desvirtuarlo (confr. R.I. Nros. 986/94, 130/99, 79/02, entre muchas otras).

Al abordar los argumentos esgrimidos por el quejoso y, en cuanto al agravio referido a la denuncia de arbitrariedad -que se encuadró dentro del inc. c) del art. 15° del rito como causal del recurso de Inaplicabilidad de Ley-, cabe destacar que la Ley 1.406 contempla el acceso a esta instancia de casación con sustento en la "arbitrariedad", por la vía del recurso de Nulidad Extraordinario (art. 18°, 2° párrafo del Rito) y del de Inaplicabilidad de Ley (art. 15°, inc. c de idéntico ritual). Y, al respecto, tiene reiteradamente dicho este Tribunal, a través de sus distintas integraciones, que la causal de arbitrariedad prevista dentro de este último recurso, debe ser entendida en torno a la figura del absurdo, en los términos de la doctrina elaborada al respecto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, mientras que, por vía de Nulidad Extraordinario, la arbitrariedad se asienta en cada una de las causales que especifica el 2° párrafo del art. 18° ya citado (cfr. Ac. 30/91 del Registro de la Secretaría a cargo de la Actuaria).

Sobre el particular, se ha sostenido que la doctrina del absurdo constituye una creación pretoriana de la Suprema Corte bonaerense, y se configura cuando "[...] los jueces estiman las probanzas de manera groseramente contraria a lo que de ellas se infiere [...] (Hitters, Juan Carlos, Técnica de los recursos extraordinario y de la casación, 2° Edic., pág. 453, Librería Editora Platense, Buenos Aires, 2002). Y, en el presente, la arbitrariedad invocada no está dirigida a la demostración de los extremos aludidos. Es más, se entremezclan motivos propios del remedio de Nulidad Extraordinario al alegar que "la sentencia no decide sobre el litigio llevado a su conocimiento".

Por otra parte, en lo que atañe a la infracción legal invocada, el quejoso no alude a ninguna norma en particular. Sólo se limita a exponer en forma genérica que se le asigna al despacho favorable de una cautelar y su cumplimiento un efecto inexistente y no habilitado por la legislación vigente ni por la naturaleza jurídica de este instituto procesal.

Al respecto, cuadra reiterar lo tantas veces sostenido en punto a que quien afirma que la sentencia infringe determinado precepto legal, no hace otra cosa que anticipar una premisa, cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito (cfr. R.I. nros. 141/98, 110/01, entre muchas otras).

Y, en tal sentido, es deber ineludible del recurrente impugnar en forma idónea los elementos que sustentan el fallo, explicando, sobre la base de los presupuestos del pronunciamiento, en qué ha consistido la infracción legal alegada, extremo que no se configura cuando, como en la especie, sólo trasluce una mera discrepancia con la valoración de los elementos fácticos ponderados por la Alzada, sin hacerse cargo de todas las argumentaciones en que se fundara la decisión (cfr. R.I. nros. 1094/94 y 103/01, entre otras).

Por último, respecto de la alegada gravedad institucional, tiene dicho este Tribunal:

"...en el ámbito local, no constituye una causal autónoma, sino que está prevista a efectos de salvar el escollo de la definitividad de la sentencia (art. 1°, Ley 1.406), siendo resorte exclusivo del Tribunal Superior de Justicia determinar si [.] se configura o no" (cfr. Acuerdo 64/88 y R.I. Nros. 144/87 y 952/93, entre otros).

En el caso, al haberse sorteado la exigencia de la definitividad aludida, la consideración y tratamiento de la gravedad institucional denunciada carece de virtualidad.

A mayor abundamiento, corresponde señalar que tampoco se ha demostrado dicho extremo. Y es que el quejoso sólo efectúa una alegación genérica de la gravedad institucional, sin cumplir con la carga de acreditar la configuración de dicho supuesto excepcional.

Sobre el particular, además de ser, su apreciación, resorte exclusivo de este Tribunal, como se ha dicho, su existencia no está condicionada a parámetros fijos, sino que se dará teniendo en cuenta especialmente la materia sometida a decisión, la trascendencia de ésta y los intereses involucrados, en razón de que los casos calificables como de extrema gravedad son aquellos que trascienden la esfera de los intereses particulares de las partes involucradas en el litigio. En función de ello, también se consideró que, respecto de la alegada gravedad institucional, debe acreditarse en qué medida se encuentran comprometidas las instituciones básicas de la Nación o de la Provincia (cfr. R.I. N° 139/04).

Así, no basta la mera invocación por parte del impugnante de gravedad institucional, fundada en la vulneración del derecho a la jurisdicción y en el incumplimiento de los deberes y funciones a cargo de la Cámara sentenciante, sino que tal argumento debe ser objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de las circunstancias requeridas por este Tribunal (cfr. R.I. N° 267/05), lo cual no se encuentra en el recurso tratado en el presente.

Lo expuesto, torna imperativa la declaración de inadmisibilidad de los recursos deducidos por el demandado, sin costas atento a la falta de oposición (art.68, 2° apartado, del C.P.C y C.).

Por ello, y de conformidad Fiscal, SE RESUELVE:

I.- Declarar INADMISIBLES los recursos de Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad Extraordinario deducidos a fs. 184/192 vta. por el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUÉN.

II.- Sin costas, atento a la falta de oposición (art. 68, 2do. apartado, del C.P.C. y C.).

III.- Reintegrar el depósito oblado según constancia de fs. 183 que asciende a la suma de $2.168,68 de conformidad a lo dispuesto por el art. 22.1 de la Ley 1.981.

IV.- Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos.

Dr. RICARDO T. KOHON. Presidente - Dr.EDUARDO F. CIA - Dr. ANTONIO G. LABATE - Dra. LELIA G. MARTÍNEZ DE CORVALÁN - Dr. OSCAR E. MASSEI Dra. MARIA T. GIMÉNEZ de CAILLET-BOIS - Secretaria.