Tribunal: JUZGADO DE EJECUCION PENAL DE LA 1ra NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2008-02-29


1º Instancia. - Córdoba, febrero 29 de 2008.

Considerando: I. Que a fs. 1920 comparece el interno José Luis Auce quien solicita ser incorporado al período de prueba.

Requeridos los informes pertinentes, se confiere traslado, por su orden a la Sra. Defensora de Confianza del penado y al Sr. Fiscal Correccional de 1º Turno (fs. 1959).

A fs. 1973/1975, el Sr. representante del Ministerio Público Fiscal, evacua el respectivo traslado. Luego de analizar, prolijamente, las distintas constancias del legajo y formular diversas consideraciones jurídicas, el Dr. H. D. W. concluye que "(...) a la fecha, el interno AUCE habría reunido los requisitos exigidos por el artículo 28 del Decreto reglamentario nº 1293/2000, modificado por Decreto nº 1000/07, para su incorporación al período de prueba".

II. Que en mi concepto la petición del interno debe ser resuelta favorablemente; disponiendo, en consecuencia, su incorporación al período de prueba. Doy razones:

1º) De acuerdo con lo establecido por el artículo 28 del Anexo IV del decreto 1293/2000 -con las modificaciones del decreto 1000/2007- para la incorporación al período de prueba se requiere: a) no tener proceso penal abierto donde interese la detención del interno; b) haber cumplido doce años de encierro carcelario; c) permanecer en la última fase del período de tratamiento, como mínimo seis meses; d) tener en el último período calificación de conducta Muy Buena ocho (8) y concepto Muy Bueno y e) contar con dictamen favorable del Consejo Correccional y resoluciones aprobatorias del Director del Establecimiento y de la Dirección General de Técnica Penitenciaria y Criminológica.

2º) Del análisis de los informes requeridos -y que se glosan a fs. 1947/1958- se desprende que:

2.1) El interno AUCE no posee proceso penal abierto en donde interese su detención (certificación actuarial obrante a fs. 1978);

2.2) El penado se encuentra detenido desde el 1º de septiembre de 1990, no recuperando su libertad hasta la fecha; motivo por el cual se encontraría satisfecha la exigencia derivada del inciso I del artículo 28 del Anexo IV.

2.3) AUCE posee una conducta ejemplar 10 (diez) (fs. 1954);

2.4) Su calificación de concepto es muy buena (fs. 1951);

2.5) Por auto interlocutorio nº 139, de fecha 9 de noviembre de 2006, la Cámara en lo Criminal de 4º Nominación promueve la incorporación del penado a la fase de confianza, dentro del período de tratamiento. Por tal motivo, a la fecha, AUCE lleva en la última fase del período de tratamiento (confianza) un año y tres meses; esto es: el doble de la exigencia mínima que prevé el inciso III, del Anexo IV.

2.6) No se cuenta con dictamen favorable del Consejo Correccional ni las respectivas resoluciones aprobatorias del Director del Establecimiento y de la Dirección General de Técnica Penitenciaria y Criminológica.

3º) Que de acuerdo a los descrito en el apartado anterior, el interno ha satisfecho las exigencias mentadas en los incisos I, II, III y IV del artículo 28, del Anexo IV. No sucede lo mismo con el requisito que establece el inciso V del mismo artículo de la norma reglamentaria.

¿Constituye esta circunstancia un impedimento para la promoción al período que se pretende? La respuesta a este interrogante requiere analizar diversos aspectos:

3.1) De la enunciación de los requisitos reglamentarios que hemos enunciado, hay dos que tienen un carácter más bien subjetivo (en el sentido que dependen de ponderaciones que realiza la administración). Tales son, justamente, los que refieren los incisos IV (sobre todo en orden a la calificación de concepto) y V.

¿Por qué sostenemos esto? Simplemente, por cuanto, el inciso IV alude a la necesidad de que el interno haya alcanzado determinada calificación de concepto (muy bueno); calificación que supone la realización de un juicio valorativo de parte de la administración, en base a lo dispuesto por el artículo 56 del mismo Anexo IV.

Por otra parte, y con relación al inciso V, la norma reglamentaria exige dictamen favorable del Consejo Correccional y resolución aprobatoria de la Dirección del establecimiento y de la Dirección de Técnica Penitenciaria y Criminológica. Este último organismo tiene, entre sus funciones específicas, la de la "organización y fiscalización del sistema, regímenes, trato, tratamiento y asistencia aplicable a los internos (...) condenados, de conformidad a las normas que regulan estas materias" (art. 71, ley 9235). De esta forma, pues, el dictamen y las resoluciones que menta la norma, deberán reflejar la apreciación de la Administración en torno a los logros que puedan obtenerse durante la segunda etapa del régimen de progresividad (esto es, tratamiento).

Ahora bien, si a través de estas últimas exigencias (las de los incisos IV y V), se introduce, directamente, como un elemento valorativo necesario de ponderación, aspectos como "la mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social" del interno (artículo 56 del Anexo [calificación de concepto]) o la evaluación de los resultados del tratamiento, resulta evidente que, en este aspecto, el poder administrador (a través de la decisión del Director y de la Dirección de Técnica) está ejerciendo una suerte de discrecionalidad técnica.

Este aspecto del tema ha merecido una muy cuidadosa descripción por parte de Francisco Bueno Arús, análisis que, por su precisión, consideramos oportuno reproducir: "[l]os actos jurídicos de la Administración penitenciaria son, sin duda, actos administrativos, y no suscitan ninguna cuestión específica cuando se refieren a materias tan típicamente administrativas como la organización y gestión de los establecimientos penitenciarios o la selección y régimen disciplinario de sus funcionarios. Sin embargo, la especificidad es indudable cuando la Administración penitenciaria tiene que adoptar decisiones sobre el cumplimiento de las penas privativas de la libertad, porque, en tal caso, en mayor o menor grado, está haciendo aplicación de normas sustantivamente penales o que inciden en la ejecución de tales normas. Y, cuando, más precisamente, tales decisiones versan sobre lo que propiamente constituye el tratamiento penitenciario, que se orienta esencialmente por el principio de individualización de la pena, la adecuación a Derecho de aquéllas requiere necesariamente en el sujeto conocimientos extrajurídicos, conocimientos relacionados con las Ciencias de la conducta (...). En este tipo de actuaciones, la Administración no solamente ha de enfrentarse a conceptos jurídicos indeterminados, sino que ha de hacerlo utilizando un método interdisciplinario, en el que podrán o, incluso, deberán tener carácter decisivo los conocimientos psicológicos, médicos o sociológicos sobre la personalidad del delincuente y sobre el ambiente en el que él mismo habría de desenvolverse. (...) [L]a actividad de la Administración (...), en los casos aludidos, no es pura y simplemente una actividad discrecional, sino que aquélla (...) 'actúa en el ámbito de lo que se ha llamado la discrecionalidad técnica, es decir, cuestiones que han de resolverse a la vista de un juicio técnico emitido por un órgano especializado de la Administración' (...)" (Cfr. Francisco Bueno Arús, "El control judicial de la administración penitenciaria y la Constitución Española", en AA. VV., Discrecionalidad administrativa y control judicial, Ias. Jornadas de estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía; coedición Junta de Andalucía (Consejería de la Presidencia) - Ed. Civitas, Madrid, 1996, ps. 111 y 112).

3.2) La precisión recién efectuada, tiene su importancia: como principio general, los juicios que se vierten en el ejercicio de aquella actividad típica del ejercicio de una discrecionalidad técnica, deben ser considerados, por el órgano juzgador, como altamente significativos. Como regla, la judicatura no puede subrogarse a la administración en tales ponderaciones.

Sin embargo -y aquí radica el punto central de análisis- la indiscutible consideración que deben tenerse respecto de tales actos no significa que, los mismos, no puedan ser materia de contralor jurisdiccional. Por el contrario, constituye un deber de esta magistratura, en los términos de los artículos 3º y 4º de la ley 24.660, proveer a su fiscalización.

Es claro, empero, que dicho control debe ser muy prudente; atendiendo, justamente, a la naturaleza que ostentan tales actos (al ser una manifestación de la discrecionalidad técnica). En tal sentido, en el precedente dictado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba (Sala A) in re "Cabrera Navarrete" (cfr. R.I. Nº 157 - Expediente Nº 7 - C - 94; de fecha 3/8/2006), el vocal Ignacio María Vélez Funes expresó que: "[e]l Juez de ejecución de pena (...) no está obligado a cumplir o acatar de manera obligatoria y vinculante los informes y calificaciones del servicio penitenciario, donde una calificación de la interna que siempre es una ponderación técnica discrecional puede significar limitar la decisión del juzgador y no (...) [valorar] en su integridad el objeto y fin de la resocialización del condenado"; afirmando, enseguida, que: "[...] quien controla no puede imponer su propio punto de vista acerca de lo que es más razonable, sino sólo verificar si el iter lógico y la ponderación efectuada por la Administración se ajusta a pautas objetivas aceptables, aun cuando fueren opinables... [...]".

Puesto en este menester -y siguiendo estos cánones interpretativos-, entiendo que la omisión de la administración, en este caso, no resulta debidamente motivada. En efecto:

A) De acuerdo al artículo 7º del decreto 1293/2000 -con la modificación del decreto 1000/2007- el Consejo Correccional -de cuyo dictamen depende la incorporación del interno al período de prueba- se integra, entre otras, por el área seguridad interna. Por su parte, en atención a lo preceptuado en el artículo 9º del mismo decreto, los dictámenes que emita el Consejo se elaborarán sobre la base de los informes producidos por cada área.

B) En el presente caso, si bien el Servicio Criminológico dictaminó afirmando que "antes de su propuesta de incorporación al período de prueba se lo observe al (...) interno en espacios más amplios de autodisciplina (incorporación de programa de granja anexa a este establecimiento)" (fs. 1598), no lo es menos que, desde el área seguridad interna se propone el avance del interno al período que pretende (fs. 1954).

Se advierte, por consiguiente, que hay no hay unanimidad entre las diversas áreas que deben opinar sobre lo que aquí se peticiona.

C) Que centrando nuestro análisis en los reparos evidenciados por el área técnica no puedo menos que puntualizar lo siguiente:

C.1) De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 57 del Anexo IV, la calificación de concepto "servirá de base para la aplicación de la progresividad del régimen". Asimismo, y en virtud de lo preceptuado por el artículo 56, esta calificación importará una ponderación de la evolución personal del interno "de la que sea deducible su mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social".

En mi concepto, los dos parámetros centrales para evaluar aquella posibilidad de reinserción deben definirse en función de los objetivos cumplidos en los programas de educación y laboral. En este caso, los respectivos informes de área dan cuenta que AUCE "se encuentra asistiendo a tutorías de la carrera 'Profesorado de Historia' de la Facultad de Filosofía y Humanidades dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba". El concepto del área es bueno (fs. 1955). Por su parte, el informe laboral que se glosa a fs. 1956 refiere que el interno "en la actualidad efectúa fajina rentada en el casino de Suboficiales del establecimiento, se ha adaptado correctamente a su nueva actividad (...), está cumpliendo efectivamente con los horarios laborales establecidos, manteniendo la correcta relación laboral con sus compañeros de trabajo, dedicando también parte de su tiempo diario a la costura rentada de pelotas de fútbol, las que entrega confeccionada en tiempo y forma y realizando conjuntamente como actividad particular la venta a personal del establecimiento como a la totalidad de los internos alojados de diarios y revistas". El concepto de dicha área es también bueno.

C.2) Que sin desconocer la atribución conferida al Servicio Criminológico respecto de proponer modificaciones en el régimen de tratamiento (artículo 2º, inciso h, decreto 1293) no debe perderse de vista que, los criterios del área técnica sólo constituyen un componente más (importante, sin duda) de los distintos servicios que deben confluir para la emisión de las conclusiones del Consejo Correccional (artículo 7º, decreto 1293); criterios que, en cualquier caso -y por imperio de lo normado en el artículo 4º del decreto 1293- debe ser fundado. Lo recién apuntado es de significación por cuanto -y más allá de lo que puntualizaremos en el acápite siguiente- el respectivo Servicio no ha indicado en su dictamen ninguna meta u objetivo incumplido (en este último período de encierro) por el penado.

C.3) Finalmente y continuando con el control jurisdiccional del dictamen del área técnica, estimo que éste (el control), por lo menos, debe tender a verificar que: a) el informe este basado en razones y no ser la mera expresión de la voluntad del órgano que los dicta; b) aquellas razones no deben ser contrarias a la realidad; es decir: no pueden contradecir los hechos relevantes; y c) entre esas razones y la decisión debe existir una relación de coherencia (cfr. Manuel Atienza, "Sobre el control de la discrecionalidad administrativa. Comentarios a una polémica", en Cuestiones judiciales, Distribuciones Fontamara, México, 2004, ps. 42/ 43). Sobre tal base -respetuosamente- habré de considerar que los motivos alegados por el Servicio Criminológico -en el sentido de extender, respecto de AUCE, su estancia en la fase de confianza- en cierta medida, contradicen los propios hechos relevantes que en él se glosan. Repárese, al respecto, que a fs. 1957 vuelta y 1958 se ponderan una serie de factores positivos (en la faz laboral y educativas) e, incluso, se menciona como otro elemento de valor el acompañamiento, al interno, por parte de su grupo familiar. Insisto: no se explicitan metas u objetivos incumplidos y, la mentada gradualidad para ingresar al período de prueba tampoco parece ser un motivo valedero desde, como sucede en este caso, el interno ya lleva quince meses en la última fase, sin evidenciar ningún desmayo que haya afectado sus calificaciones.

Por los argumentos expuestos y de conformidad Fiscal, SE RESUELVE: I. DISPONER la incorporación del interno José Luis Auce al período de prueba del régimen de progresividad. II. REGISTRESE, notifíquese y comuníquese al Establecimiento Penitenciario en donde se encuentra alojado el interno a los efectos que se cumplimente lo ordenado. -José Daniel Cesano.