Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-06-15


En la ciudad de Trelew, a los 15 días de junio del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia a cargo del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "E J, N M c/ R, R y otros s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. N° 22.140 - año: 2007) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿son procedentes las apelaciones de honorarios de fs. 194 y 195? y TERCERA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse conforme al sorteo de fs. 220 y constancia de fs. 221.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó:

I.- En lo que aquí interesa, dada la extensión abarcada por los agravios que fijan la competencia revisora de la alzada, la sentencia de primera instancia rechazó los reclamos indemnizatorios fundados en la ruptura del contrato laboral por considerar no configurado el despido indirecto invocado, en razón de no haberlo comunicado la trabajadora a los empleadores .

Apelado el decisorio por la actora, ésta alineó contra el mismo los siguientes agravios:

Al argumentar la ausencia de comunicación escrita de la denuncia del contrato, la sentenciante de origen quebrantó el principio de congruencia ampliando indebidamente el campo de la litis, toda vez que deducida la pretensión con invocación del despido indirecto, los demandados no desconocieron que la actora se diera por despedida en esa forma, sino que negaron la relación laboral.- B) La decisión pasó por alto elementales principios del derecho laboral. Así el protectorio del trabajador, pues debió la juzgadora respetar la condición más beneficiosa de la actora, dada en la especie por la circunstancia que los demandados no desconocieron la configuración del despido indirecto; el de razonabilidad, útil para apreciar la verosimilitud del hecho invocado; el de primacía de la realidad, de acuerdo al cual debía preferirse lo ocurrido en los hechos a lo surgido de los documentos; y el de buena fe, inescindible de los anteriores y que los demandados no respetaron. Tales agravios encontraron réplica de los adversarios a fs. 210/vta. y 212/vta.

II.- Cierto es que al demandar la actora invocó la existencia de un despido indirecto (fs. 3, pto. II), pero no lo es menos que al describir el intercambio epistolar habido entre las partes aquélla hizo referencia sólo al telegrama intimatorio por ella enviado y a la carta documento que en respuesta recibiera, sin mentar siquiera la remisión de una comunicación escrita denunciando el contrato (fs. 6, párr. 2°).

Así pues, la cuestión en la especie no pasa por el desconocimiento o no por los demanda-dos de la existencia del despido indirecto, sino por la forma que la actora diera al mismo, esencial para determinar sus efectos.

No se trata de un asunto de acertamiento del hecho por la admisión tácita -que derivaría del no desconocimiento de él por los demandados- o por la prueba, sino de eficacia jurídica del acto cumplido sin atenerse a la forma legalmente impuesta.

La denuncia motivada del contrato de trabajo, es decir con invocación de justa causa, no puede ser tácita. El art. 243 L.C.T. exige que ella sea formulada a través de una declaración escrita -"deberá comunicarse por escrito" reza la norma- , esto es que impone una forma determinada y no al efecto de la prueba del acto, sino como solemnidad para la validez del mismo (confr.: López - Centeno -Fernández Madrid, "Ley de contrato de trabajo comentada", Ed.

Contabilidad Moderna 1978, II-990, "a" y "c"). Tratándose de una comunicación resolutiva -notifica al receptor la toma de una decisión unilateral en función de disposiciones legales y por imperio de la voluntad del remitente- (confr.: De Diego, "La notificación en el derecho del trabajo", L.T. XXVI-589) y por la importancia suma que ella tiene al extinguir la relación laboral, el legislador se inclinó por asignarle una forma solemne, cuya observancia es condición o presupuesto para que sea eficiente el ejercicio de los derechos que emanarían del acto (confr.: Krotoschin, "Deberes de diligencia del empleador", D.T.1975-281).

Desde luego que en la interpretación del art. 243 L.C.T. ha ido ganando espacio la doctrina amplia, que relativiza la solemnidad de la forma impuesta por el precepto, pero ello siempre limitado a la expresión de los motivos invocados en la comunicación escrita como fundantes de la ruptura del vínculo, de modo que la causa alegada no queda invalidada cuando, por las circunstancias que rodearon al hecho, el denunciado no pudo ignorar la injuria que se le atribuía haber inferido al cocontratante (para una síntesis de tal postura, v. Caputo, "La comunicación del despido", D.T. 1983-A-387 y sgts.). Mas lo que ningún autor en sus obras o tribunal en sus fallos ha sostenido es que pudiera prescindirse de la comunicación escrita.

Así ha sido declarado con entero acierto que aun cuando el trabajador haya formulado una intimación bajo apercibimiento de darse por indirectamente despedido, si luego no comunicó por escrito su decisión desvinculatoria, su autodespido, la denuncia del contrato por su parte debe considerarse injustificada y no podrá hacer valer ya en el ulterior juicio la justa causa que pudo quizá tener para adoptar esa decisión (confr.: C.S.J. Tucumán, sents.

585/95 y 240/98; S.T.J. Entre Ríos, sala 3era., 16/7/90; C.N. A. Trab., sala VI, sen. def. 50.735; Cám. Apel. Civ., Com., Lab. y Min. Gral. Pico, 17/2/99, expte.

1.206/98; fallos todos citados en "Revista de Derecho Laboral", 2000-1, Rubinzal - Culzoni 2000, págs. 456/457).

Tocante a la pretendida violación del principio procesal de congruencia por la Señora Jueza del anterior grado, no es advertible en modo alguno. La juzgadora no introdujo oficiosamente en la litis un hecho no alegado ni una defensa no opuesta.

Ella se limitó a controlar la concurrencia de un requisito exigido por la ley para la procedencia de la pretensión indemnizatoria del despido indirecto, cual era su deber indeclinable, porque la sentencia ha de contener la decisión expresa del litigio de conformidad con las pretensiones deducidas, pero calificadas éstas "según correspondiere por la ley", consignando dicha "aplicación de la ley" (art. 163 incs. 5° y 6° C.P.C.C.).

Es que si la sentencia es aquel acto del órgano jurisdiccional en que éste emite su juicio sobre la conformidad o disconformidad de la pretensión de la parte con el derecho objetivo que la rige y, en consecuen-cia, actúa o se niega a actuar dicha pretensión, resulta ineludible que si no existe tal conformidad, es decir si no fue demostrado en el proceso un hecho concreto -el "factum" de la doctrina italiana; en el caso, la configuración del despido indirecto- coincidente con el supuesto jurídico o hecho hipotético previsto por la norma para su aplicación -la "fattispecie" de los autores peninsulares, el "tatbestand" de los germanos; aquí el autodespido comunicado por escrito-, el juez debe desesti-mar la pretensión deducida (Carnelutti, "La prueba civil", trad. de Alcalá Zamora y Castillo, 2da. ed., Depalma 1982, págs. 3/4; Kielmanovich, "Teoría de la prueba y medios probatorios", Abeledo-Perrot 1996 , págs. 29 y sgts.; este tribunal, c. 17.895 S.D.L. 24/02, c. 19.507 S.D.L. 27/04, c. 19.700 S.D.L. 55/04 ).

Atinente a los principios del derecho laboral que la recurrente denuncia menoscabados por el decisorio, no parece que el fallo los haya conmovido.

El principio protectorio, porque no puede ser él extendido al extremo de brindar amparo a un trabajador que incumplió los requisitos impuestos por la ley para el ejercicio eficiente de su derecho; el de razonabilidad, porque lo irrazonable es en la especie que se pretenda obtener indemnizaciones por un despido indirecto con causa que no se produjo en la forma escrita que la normativa prescribe; el de primacía de la realidad, porque a tenor de la relación fáctica brindada en la demanda no hubo una declaración de voluntad de ruptura del vínculo, de modo que no medió un "hecho" o acto que tuviera preeminencia sobre las constancias documentales; el de buena fe, porque, precisamente, la conducta propia de un buen trabajador, exigible también en ocasión de extinguir la relación laboral, comprendía el comunicar a los empleadores en debida forma su decisión rupturista (arts. 63 y 243 L.C.T.).

III.- Por las razones expuestos propicio la confirmación de la sentencia apelada en lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a la recurrente vencida en ella (art. 59 de la ley 69) y regulando los honorarios de las Dras. A C. P y R I. M, por sus tareas de alzada y atendiendo a la extensión, calidad y resultado de ellas, en la sumas respectivas equivalentes al 5,70 % y al 3,40 % de los montos reclamados en la demanda en concepto de indemnizaciones por despido, preaviso omitido y incremento por el art. 16 de la ley 25.561 (fs. 8), con más los intereses que ellos habrían devengado -también peticionados a fs. 3 pto. II y fs. 15 pto. 5- hasta la data de este decisorio, calculados de acuerdo a la tasa utilizada por el Banco del C S. A. en sus operaciones de descuento (arts. 6, 7, 9, 14, 47 del dec.-ley 2.200; esta sala, c. 18.739 S.D.C. 45/03 y muchas otras posteriores).

Consecuentemente, me expido en esta cuestión por la AFIRMATIVA.- A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari:

I. Se han reseñado en el voto anterior los antecedentes que informan la causa, como así también los motivos de agravio expresados por la parte apelante, con lo que quedan así cumplidas las exigencias formales previstas en los arts. 163 inc. 3° y 164, C.P.C.C., aplicables por remisión del art. 76 de la ley procesal del fuero N° 69.

En consecuencia, me expediré directamente sobre las cuestiones traídas a conocimiento del Cuerpo, en el mismo orden en que ya han sido tratadas por el colega que me ha precedido en el uso de la palabra.

II. Quebrantamiento del principio de congruencia:

Sostiene la recurrente que al incursionar en la inexistencia de ruptura del vínculo por despido indirecto, debido a la ausencia de comunicación formal en tal sentido, la sentenciante se apartó del marco litigioso.

Ello es inexacto. Desde que el juez debe constatar la existencia del supuesto de hecho en que el pretendiente funda su derecho, era lógico y natural que a fin de estimar o desestimar la pretensión verificara si, en efecto, se produjo la ruptura por el autodespido al que aludiera la demandante en su pieza introductoria, para luego determinar, en su caso, si medió o no justa causa para el distracto (conf. arts. 242, 243, 246 y conc., L.C.T.; su doctrina).

Sin embargo, fuera de la intimación cursada en fecha 07/06/2004, no se ha aportado a la causa ninguna comunicación de ruptura con expresión de causa que permita tener por concluido el vínculo en el contexto fáctico relatado por la actora. Sobre el punto, coincidiendo plenamente con el Dr. Velázquez, debo decir que la doctrina y jurisprudencia actuales son contestes en que la notificación escrita del despido es insoslayable.

Ello responde al carácter recepticio de aquél, que traduce la necesidad de que la noticia ingrese efectivamente en el ámbito de conocimiento del destinatario, como forma o medio de garantizarle un adecuado ejercicio del derecho de defensa (conf. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Familia de Villa Dolores o 28/08/1997 o D., J. C. c. G., D. y otros o LA LEY 1998-E, 765 - id. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I o 23/04/2003 o D., L. y otros c. O. B. S.R.L. y otros o DT 2003-B, 1224; entre otros).- En análogo orden de ideas, se ha sostenido que el despido con indicación de justa causa exige para su validez la comunicación por escrito, razón por la cual la cesantía comunicada en forma verbal carece de ella (conf. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala III o 06/10/2006 o M, M V c. M, B A y otro o DJ 02/05/2007, 1187 - La Ley Online), y que resulta improcedente el reclamo indemnizatorio si el trabajador no demostró haber comunicado su decisión rescisoria, y tampoco que esta comunicación se hubiera efectivizado en tiempo oportuno, en tanto era necesario que demostrara que su voluntad rescisoria entró en la esfera de conocimiento del empleador, en virtud del principio de subjetividad de la injuria. (conf. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I o 28/12/2006 o R, C E. c. C S.A. y otros o DT 2007 (mayo), 574).

Ello es así por cuanto, como se ha dicho, el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo impone una carga a la parte que rompe el contrato con invocación de justa causa que determina que la violación a la misma implica la calificación de ilegítima de la decisión rescisoria.

El objeto de la norma es que, previo al litigio judicial, se determine entre las partes cuál ha de ser la naturaleza de la controversia que ha de llegar a conocimiento de los magistrados, con el objeto de que no se modifique la causal de despido consignada en la comunicación respectiva, garantizando así el derecho de defensa en juicio del sujeto afectado por la decisión rescisoria para evitar situaciones de incertidumbre.

En consecuencia, no ha habido transgresión al principio de congruencia, por lo que el agravio formulado debe desecharse, confirmándose el fallo acerca de este aspecto.

III. El alegado apartamiento de los principios del derecho laboral: - Los principios tutelares del derecho del trabajo no son absolutos, sino que responden a ciertas pautas rectoras y al cumplimiento de determinados presupuestos fácticos que, en la especie, no se han presentado.

Así, en cuanto al aludido "principio protectorio", afirma la apelante que debió protegerse a "a la parte más débil en la relación jurídica laboral", haciendo notar que al contestar la demanda los demandados no cuestionaron la configuración del despido indirecto.

Sin embargo, no se trata aquí de desconocer que la actora se dio por despedida, sino que, al no haber comunicado por escrito tal circunstancia a la contraria con adecuada y concreta expresión del motivo de ruptura, no resulta posible considerar la existencia de una justa causa para el distracto, e impide por tanto acoger el derecho a una pretensión indemnizatoria resistida por la contraparte.

Por la misma razón, tampoco se observa violación alguna respecto de los principios de razonabilidad, primacía de la realidad y buena fe invocados, ya que todas las argumentaciones vertidas a su respecto fincan en la existencia de un despido indirecto con justa causa cuya existencia no ha sido acreditada en autos.

IV. Conclusiones:

A mérito de lo expresado precedentemente, comparto la propuesta efectuada por el magistrado prevotante, debiendo confirmarse el decisorio en lo que fuera motivo de agravios, con costas a la apelante (art. 59, Ley N° 69).

Coincido asimismo con las retribuciones que propicia para compensar las tareas profesionales desarrolladas ante esta Alzada, dado que los porcentajes regulados -que doy aquí por reproducidos, brevitatis causae- se adecuan a la extensión, eficacia de las labores desarrolladas y resultados respectivamente obtenidos, según las escalas arancelarias vigentes (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec.Ley 2.200).Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez manifestó:

No veo asidero a las apelaciones de honorarios de fs. 194 y 195, pues los emolumentos regulados no son exiguos, cual las recurrentes consideran.

El mérito y extensión de las labores de la Dra. A C. P -sólo patrocinante del codemandado R y co-patrocinante del codemandado L en la primera etapa del pleito y luego apoderada de éste recién a partir de fs. 124 vta.-, quien no presentó además alegato de bien probado (fs. 182), no justifica retribuciones mayores a las fijadas.

En cuanto a la Dra. N E. S, limitado su desempeño al patrocinio conjunto de la contestación de demanda de fs. 29/32 y a su comparecencia a la audiencia de fs.

128/130 vta., ahora en calidad de letrada apoderada también en conjunto con la profesional antes indicada, los honorarios que se le regulara fueron ajustados a las pautas del arancel (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 39, 47 del dec.-ley 2.200).

Así pues, me pronuncio en esta cuestión segunda por la NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: - Considero que la alegada exigüidad de los salarios regulados a los profesionales apelantes en la anterior instancia debe ser desestimada. Atendiendo a el distinto carácter en que actuaron los profesionales en las etapas del pleito -ya reseñadas por el Dr. Velázquez- y en consideración a la relativa complejidad jurídica de las cuestiones en debate, a las labores efectivamente realizadas y al resultado obtenido, los emolumentos fijados resultados prudentes y adecuadas a dichas pautas de valoración, conforme a las escalas del arancel vigente (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 39, 47 y conc., Dec. Ley 2.200).

Voto entonces a esta cuestión por la NEGATIVA.

A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:

Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: - A) Confirmar la sentencia apelada en lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a la recurrente y regulando los honorarios de las Dras. A C. P y R I. M, por sus tareas de alzada, en la sumas respectivas equivalentes al 5,70 % y al 3,40 % de los montos reclamados en la demanda en concepto de indemnizaciones por despido, preaviso omitido y incremento por el art. 16 de la ley 25.561, con más los intereses que ellos habrían devengado hasta la data de este decisorio, calculados de acuerdo a la tasa utilizada por el Banco del C S. A. en sus operaciones de descuento. B) Confirmar los honorarios regulados a fs. 189 vta. en beneficio de las Dras. A C. P y N E. S.

ASI LO VOTO.

A ESTA ÚLTIMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari:

Tal como ya lo adelantara, comparto la resolución propuesta por el Dr. Velázquez en todos sus términos, votando en sentido idéntico.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Juan Humberto Manino (art. 8 de la ley 1130, Textos ley 4550).

Trelew, 15 de junio de 2.007.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A:

CONFIRMAR la sentencia apelada en lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a la recurrente y regulando los honorarios de las Dras. A C. P y R I. M, por sus tareas de alzada, en la sumas respectivas equivalentes al 5,70 % y al 3,40 % de los montos reclamados en la demanda en concepto de indemnizaciones por despido, preaviso omitido y incremento por el art. 16 de la ley 25.561, con más los intereses que ellos habrían devengado hasta la data de este decisorio, calculados de acuerdo a la tasa utilizada por el Banco del C S. A. en sus operaciones de descuento. CONFIRMAR los honorarios regulados a fs. 189 vta. en beneficio de las Dras. A C. P y N E. S.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL Nº 39 DE 2.007 - SDL.- Conste.- c.

PAULO EDUARDO KÖNIG SECRETARIO DE CAMARA Rawson, dede 2007.- NOTA n°/07 S.I.J.