marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Transacción, homologación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Trancredi, Juan A. y otros c/ B.C.R.A. s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-10

La eficacia de la transacción como título que trae aparejada ejecución en los términos del art. 500, inc. 1 del C.P.C.C.N. , está condicionada a la presentación al juez respectivo para su homologación (art. 308 del C.P.C.C.N. ), caso contrario, el juzgador resulta ajeno a cualquier tratativa extrajudicial, que podrá hacerse valer por otras vías procesales.
Prescripción, plazo, tarjeta de crédito, pago, resumen de cuentas
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DEL ACUERDO  S.A.  (EN LIQ. B.C.R.A. ) c/ ROMERO, AROLDO s/ TARJETA DE CREDITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-08

Si lo que se persigue es el cobro de los resúmenes de cuenta originados en el uso de una tarjeta de crédito -liquidados mensualmente-, justificados por cuentas de venta -cupones de compra- liquidadas o que se presumen liquidadas, el plazo de prescripción aplicable al caso es el de 4 años conforme lo previsto por el CCOM 847, ya que no se refiere al contrato en sí mismo sino a las liquidaciones mensuales impagas.
Medidas cautelares, Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, competencia contencioso administrativa, registro del estado civil y capacidad de las personas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oliva, Adela y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Medida   cautelar innovativa (Expte. CSJ Nº 529-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-09

Si en las medidas cautelares innovativas intentadas, los actores, al reclamar el pago de las diferencias salariales que debieron percibir por aplicación del decreto provincial 2916/91 (que aprobó una nueva estructura orgánica funcional de la Dirección General del Registro Civil y del Registro General), pretenden -invocando la relación de empleo público- el cumplimiento de una norma de contenido materialmente administrativo, es decir, un derecho pecuniario que habría derivado de ella, surge claro que la materia es de naturaleza contencioso administrativa, lo que no se altera por la circunstancia de que en los escritos de interposición de las medidas cautelares se invoquen las disposiciones de la ley 23592 y se anuncie la futura interposición de una demanda ordinaria con sustento en dicha ley, norma ésta cuya sola invocación en modo alguno puede sin más alterar la competencia constitucional y legalmente atribuida a la Corte Suprema.
Encubrimiento, obligación de denunciar, aplicación temporal de la ley
Materia: PENAL
Carátula: " Alemann, Juan E. s/ procesamiento y embargo ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-17

"Ha sostenido el superior que con la reforma introducida "...la obligación de denunciar (o de individualizar al autor o partícipe del delito antecedente) no existe para cualquiera sino sólo para aquellos que están obligados a hacerlo, y lo están...

por tener a su cargo la tarea de promover la persecución penal de los delitos, los integrantes del Ministerio Público Fiscal, los de las fuerzas de seguridad y policía cuando ejecuten las funciones de prevención y, en su caso, los jueces..." (cfr.

Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, causa n° 3142 "Alderete, Víctor A. s/rec. de casación", rta. 27.11.01, reg. n° 722; de la misma Sala, causa n° 8074 "López, Fernando Jesús y otros s/recurso de casación", rta. 2.10.07, reg. n° 1286.07.3, y de la Sala I de la C.C.C., causa n° 30.008 "N.N.", rta.

28.11.06)". "No debe olvidarse que "...la validez temporal de las leyes se vincula al concepto que habría de asignarse a la misma, entendiéndose que a la ley penal no sólo pertenece la sanción, sino también el tipo, es decir, el conjunto de elementos que constituyen el presupuesto típico..." (v. C.C.C.Fed. Sala I, causa n° 20.518 "Calzada, Oscar H. y otros", y sus citas, en Boletín de Jurisprudencia, año 1988, n° 2, pág. 49), que fuera reformulado a través de la modificación aludida y cuya repercusión en el caso -como ya se ha indicado- no fuera motivo de tratamiento en la instancia anterior, tornando determinante la cuestión introducida por la Defensa al desconocerse los fundamentos que llevaran a la conclusión en cuestión". "Sobre ello, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal con cita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que cuando "...la ley penal sancionada con posterioridad al hecho incriminado depare, en definitiva, un tratamiento mas favorable al imputado, ella debe ser aplicada íntegramente, incluyendo aquellos aspectos que, individualmente considerados, resulten desventajosos con relación a la ley anterior (Fallos:

310:267)..." (cfr. causa n° 9873 "Orue, Julio César s/recurso de casación", rta. 21.9.09, reg. n° 15173, tercer párrafo del considerando IV. del voto del Dr. Yacobucci)".C.C.C. Fed. Sala
Recurso contencioso administrativo, fiscales, procedimiento administrativo, plazo, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Castellano, Martin c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-07

Cabe advertir que la caducidad que el recurrente considera operada tendría sustento normativo en lo dispuesto en la ley 7050, de aplicación supletoria al procedimiento administrativo en cuestión, en cuyo artículo 17 bis existe un plazo máximo para el desarrollo total del enjuiciamiento de magistrados, mas tal planteo no puede aceptarse en razón de que el trámite administrativo previsto en la ley 13013 para el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre distintos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación cuenta con los plazos expresamente establecidos y replicados en la resolución 390/19, por lo que no existe razón para la aplicación supletoria de la ley 7050 al supuesto de autos; advirtiéndose en relación a ella que en la regulación de plazos no se ha previsto un lapso de duración máxima de las actuaciones procedimentales ni, por ende, la posibilidad de declarar la caducidad con base en ese aspecto, y que el legislador ha calificado de improrrogables y fatales únicamente a los plazos que de modo expreso contempló; y no obstante ello, aunque sólo por hipótesis se aceptara que debe necesariamente existir un lapso expreso de duración total del procedimiento, para ello no podría utilizarse el propuesto por el actor, atento a que el enjuiciamiento de magistrados comprende diversas actuaciones, con sus respectivos plazos, que constituyen un trámite suficientemente distinto al previsto en la ley 13013 como para excluir la aplicación supletoria que se peticiona. - Ley 13013, artículos 60 y 61; Ministerio Público de la Acusación 390/19.
Jubilación por edad avanzada, denegatoria del beneficio, caja otorgante
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TORRES, ALBERTO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-30

Corresponde confirmar la resolución de la Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles que denegó la solicitud de jubilación por edad avanzada, al considerar que era a la de Autónomos a quien correspondía el rol de Caja otorgante, si del cómputo obrante en la causa se desprende que el peticionate reúne más de diez años de aportes para ésta y tan sólo cinco para el régimen de trabajadores dependientes (cfr. art. 80, ley 18.037). (Del voto de la mayoría. El Dr. Wassner votó en disidencia).
Crédito laboral, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Echeverría, Ricardo y otro c/ Fondo Compensador para Jubilados y Pensionados de ex-empleados del Aut.vil Club Argentino s/ Reintegro de fondo compensador para jubilados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

El art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo se refiere expresamente al término de prescripción de los créditos provenientes de disposiciones de convenios colectivos como lo es el que se sustenta en el art. 38 del convenio colectivo de trabajo número 95/75.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor, gastos de traslado
Materia: CIVIL
Carátula: MUCHIUTTI MIRCO c/ EMPRESA DE TRANSPORTES VILLA ADELINA LINEA 140 s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-08

Si al propietario de un rodado dañado en un accidente de tránsito le fue concedido un resarcimiento por los gastos que le irrogara el alquiler de otro vehículo durante el tiempo de indisponibilidad del suyo, cabe rechazar el reclamo por los perjuicios que le fueron causados por la privación del bien.
Derecho de registro e inspección, Municipalidad, procedimiento tributario, tasa municipal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: TERMINAL 6 SA c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 481-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

Cuando para determinar el tributo denominado "derecho de registro e inspección", el legislador ha establecido como método de determinación la aplicación de una alícuota sobre el impuesto a los ingresos brutos, cabe concluir que tal criterio constituye una presunción legislativa de que la razonable proporción del monto de la tasa con el costo del servicio, se mantiene. Empero, distinta es la situación cuando, como en el caso, el ente público sustrae a cierto número de contribuyentes del sistema general y los considera sujetos a un régimen especial en el que se liquida el "derecho de registro e inspección" a través de una cuota fija. En tal caso, puesta en cuestión la legitimidad del tributo, allegados a la discusión judicial elementos indicativos de que el ente ha cubierto largamente los costos que la prestación del servicio le insume, y no surgiendo tampoco que hayan podido incidir en la composición de la cuota fija valoraciones o argumentos atendibles, no es posible negar al contribuyente elementos que permitan formar una comprensión racional de que la cuota fija que se encuentra obligado a pagar preserva, en mayor o menor medida, una razonable relación con el costo del servicio, revelando de tal forma que no ha sido casual que el ente no haya establecido como cuota, por ejemplo, la mitad o el doble de lo que percibe.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, preparación de la vía ejecutiva, reconocimiento de firma
Materia: CIVIL
Carátula: CHRISTIE JUAN LESLIE S-SUCESION c/ MAURICIO R.A. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-30

La enumeración en el art. 523 de los títulos que traen aparejada ejecución, no es taxativa y se complementa con otras normas positivas contenidas en las leyes de fondo o en el Código Procesal, como, por ejemplo, la del art. 525, inc. 1ro. Así el instrumento privado no reconocido es título hábil para preparar la vía ejecutiva mediante el reconocimiento de firma.

La preparación de la vía ejecutiva de acuerdo al artículo 525 del Código Procesal, está condicionada por la circunstancia de que la deuda cuyo pago se persigue por ese medio conste en un documento que por si, una vez reconocido, traiga aparejada ejecución. Es decir, tiene vigencia en el caso de complementarse el título cuando falta el presupuesto de la autenticidad de la firma y se hallan cumplidos los restantes, que son la indicación precisa de los sujetos activos y pasivos de la obligación, la expresión líquida o fácilmente liquidable de la cantidad adeudada y la exigibilidad de la obligación, esto es que se trate de una deuda de plazo vencido, y no sujeta a condición (Conf. Morello-Passi Lanza- Sosa Berizonce, "Códigos Procesales..." T. VI-1, ps. 157 y 263 y jurisp. allí cit.) Aún cuando pueda interpretarse que un documento importaba un reconocimiento de deuda , si ésta no era líquida y no se consignaba la fecha del pago, corresponde rechazar la acción pues un título de esta naturaleza no puede considerarse comprendido dentro de los que traen aparejada ejecución.
Jubilación por invalidez, prueba, apreciación de la prueba, incapacidad laboral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: PERALTA, VICTORIANO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-21

De un breve lapso de servicios previos a la solicitud del beneficio (que en el caso son correlativos a un prolongado período en el cual, pese a considerarse el peticionante capacitado, manifiesta carecer de prueba para acreditarlo), se colige la marginación del régimen previsional, tanto respecto de aportes como de cobertura.

Dichas particularidades tornan imperativo evaluar las pruebas presentadas con criterio restrictivo, atento que el régimen previsional argentino actual está estructurado sobre bases de un fondo solidario, formado preponderantemente por aportes de afiliados y contribuciones de los empleadores, sin que una relativamente breve relación dependiente autorice incluirlo entre sus beneficios, salvo que se pruebe que en la misma efectivamente se produjo la incapacidad, aventando toda maquinación para la captación del beneficio.
Proceso judicial, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Playa Grande S.A.C.I.F.I. c/ Municipalidad de Gral. Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Atento al carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa, incumbe ineludiblemente a la actora el peso de la demostración de la situación que se hace mérito para respaldar su petición no sólo por su carácter, sino por la presunción de legitimidad de que goza la actividad de la Administración.
Derecho laboral, contrato de trabajo, relación de dependencia, prueba, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: FABIÁN, NÉSTOR LUIS c/ LA PANADERÍA S.R.L. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-03-18

El art. 6 de la Ley 11.544, inc. c), obliga a los empleadores a: "Inscribir en un registro todas las horas suplementarias de trabajo hechas efectivas a mérito de lo dispuesto por los arts. 3, 4 y 5 de esta ley". "Llevar esos instrumentos constituye, es cierto, una obligación, cuya infracción sanciona expresamente el ordenamiento administrativo-penal laboral" (art. 3, Ley 18.694; art. 9, párr. 2, Ley 20.744) (Expte. Nº 017149/07, Concha c. Rogafe S.R.L.; 22-08-07; Sala Segunda).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), querellante, declaración testimonial, incomparecencia del testigo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FIGOSECO, ANALIA DEL CARMEN c/  s/ ESTAFA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-07-03

La presente queja debe rechazarse, toda vez que aún cuando la interesada denuncia arbitrariedad y conculcación de garantías constitucionales, no logra demostrar irrazonabilidad en la decisión de la Alzada de tener por desistida a la querellante, por entender en fundamentación oral que dispuestas dos audiencias en la etapa de juicio para que dicha parte preste declaración testimonial, y habiéndose notificado a ésta en el domicilio real y legal, incumplió no sólo con la carga procesal de denunciar su nuevo domicilio sino con la de concurrir a prestar declaración testimonial,considerándose eficaz dicha notificación teniendo en cuenta la presentación del profesional que la representa en ambas audiencias.
Concursos, prescripción, crédito por honorarios, sentencia, recurso de inaplicabilidad de ley, prescripción semestral
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMPAÑIA ARGENTINA DE MARKETIN DIRECTO SA S/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO PROMOVIDO POR CARUSIELLO, BEATRIZ PATRICIA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-15

Corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto admitió el planteo de prescripción oportunamente deducido por la concursada en los términos de la LCQ 56, en relación al crédito por honorarios correspondientes a una causa tramitada en la justicia laboral. Ello así, pues a la fecha en que la pretensa acreedora contó con sentencia firme que la habilitó para ocurrir por esta vía verificatoria, no habían transcurrido dos años desde la presentación en concurso.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, notificación, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Ibáñez,  Sara  del Pilar s/ su solicitud de avocación - privación de justicia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

Carece de sustento pretender cuestionar la notificación de la sentencia de condena a partir del incumplimiento de ciertos recaudos no exigidos por la ley procesal, en la medida que la diligencia cumple con el criterio según el cual resulta indispensable la notificación personal a quien fue condenado por un delito, para otorgarle la posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial que permita variar ese pronunciamiento a través de los recursos procesales existentes. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Patrocinio letrado, responsabilidad profesional
Materia: PROCESAL
Carátula: Zalazar, Elva Lidia c/ Alles, Gerónimo y Otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-11-04

Si bien puede ser que en principio el profesional que presta patrocinio letrado a su cliente no se responsabiliza de la veracidad de las manifestaciones hechas por éste en el escrito que suscribe; no lo es menos que en determinadas circunstancias, en que los hechos alegados no son de difícil comprobación, y la naturaleza del proceso autoriza a presumir que había interés en invocarlos, falsamente como medio dilatorio u obstruccionista, el letrado, según los casos tiene obligación de investigar sobre su veracidad antes de suscribir el escrito donde se invocan.
Daños y perjuicios, incapacidad laboral, indemnización, costas, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: FERNANDEZ SECUNDINO JUAN c/ ESTADO NACIONAL ARG MIN DE DEF EST MAYOR GENERAL DEL EJERCITO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (RESP MEDICA).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

Dado que el crédito del actor cumple la función de resarcirlo de los daños que su incapacidad ha generado cabe concluir que no significa para él una mejora de fortuna. Por otro lado, hasta una tercera parte de lo que ingrese a su patrimonio, queda afectado al pago de las costas "causadas en su defensa", expresión que se debe considerar referida solo a la retribución de los profesionales que lo asistieron, y no es comprensiva de los honorarios de los letrados que patrocinaron al codemandado a quien se ha absuelto de la demanda, cuyo trabajo profesional se relaciona con la defensa de éste y no con la del actor.

Ver, asimismo, Sala I, Causa 6781 del 12.9.96 "Cuba de Fera". (Del voto del Dr. Pérez Delgado, los Dres. Farrell y De Las Carreras adhirieron a esta parte del voto. Hay disidencias parciales de estos dos Magistrados sobre otros aspectos del voto).
Proceso contravencional, recurso de apelación (procesal), plazo, Ministerio Público Fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Verdiel, Francisco Horacio s/ Infr. art. 111 ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28

Conforme el Plenario Nro. 6 de esta Cámara, del día 12 de octubre de 2006, el plazo para recurrir actos distintos a sentencia definitiva es de cinco días, y no el de tres días como sostiene el Fiscal de Cámara (basando tal postura en el criterio general de actuación que exige al Ministerio Público Fiscal la resolución FG Nº 98/06).
Abuso sexual calificado por acceso carnal, monto de la pena, violencia de género
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: López, Ceferino Carlos s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-05

La pena de 7 años de prisión impuesta a un hombre en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal (art 119, párrafo 3° del C.P.) cometido en perjuicio de una menor de edad quien, además, era su sobrina política, es ajustada a derecho habida cuenta que el mínimo de pena establecido para este tipo de delito se ajusta a los compromisos asumidos por el Estado al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará - Ley N° 24.632
Tratados internacionales, jerarquía constitucional
Materia: CIVIL
Carátula: LA CAJA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO A.R.T. S.A. c/ BARRAZA DARDO ALFONZO S/ PAGO POR CONSIGNACION s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-11-24

A partir de la reforma constitucional de 1994 ha quedado establecida una nueva pirámide jurídica en cuya cima se encuentra la Constitución Nacional junto con los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos mencionados en el Art. 75 inc. 22 C.N., lo que conforma el denominado "bloque de constitucionalidad"; un peldaño por debajo se encuentran los demás tratados internacionales ratificados por la Argentina y, por debajo de ellos, las leyes.

La jerarquía constitucional de los tratados de Derechos Humanos no tiene como único objeto servir de complemento a la parte dogmática de la Constitución sino que, necesariamente, implica condicionar el ejercicio de todo el poder público, incluido el que ejerce el Poder Judicial, al pleno respeto y garantía de estos instrumentos.
Caso fortuito, fuerza mayor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Shaw, María Cristina Adelia c/ Guazzora, Daniel Norberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

La situación de falta de discernimiento momentánea no constituye caso fortuito, toda vez que carece del requisito de la imprevisibilidad o extraneidad.
Juicio abreviado, legitimación pasiva, jurisdicción, producción de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: AYALA, Adrián Moisés s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Frente a un acuerdo de juicio abreviado pactado por las partes, la jurisdicción tiene dos alternativas: o bien rechaza el acuerdo en los términos que la ley ritual faculta, o bien lo acepta en todos sus aspectos sin incluir ningún tipo de modificación, puesto que en todo aquello en cuanto se exceda del pacto, con consecuencias más gravosas para la situación del justiciable, no contará con el consentimiento del legitimado pasivo, y bien este podrá verse sorprendido en su defensa, ya que su renuncia al juicio oral, a producir prueba y, en definitiva, a contradecir la tesis de la acusación lo ha sido exclusivamente en los términos de aquel acuerdo que firmó. Si la jurisdicción modifica lo acordado, empeorando su situación, obviamente deberá requerirse nueva conformidad. De no haberla, el proceso penal devendrá contradictorio y la vía del juicio abreviado ya no será posible (voto del juez Días).
Ejercicio profesional, jubilaciones, matrícula profesional, régimen jubilatorio, régimen jubilatorio provincial, compatibilidad previsional, derecho de trabajar
Materia: PROCESAL
Carátula: Aramouni, Antonio c/ Caja de Seguridad Social para Profesionales de Ciencias Económicas s/ inconstitucionalidad decreto - ley 9963.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

La exigencia impuesta por el art. 56 del decreto - ley 9963 de la Provincia de Buenos Aires a un doctor en ciencias económicas de cancelar sus inscripciones en las respectivas matrículas de todas las jurisdicciones en que estuviese inscripto, inclusive las de fuera de la provincia, para la percepción de la jubilación provincial ya otorgada no traduce una vulneración de los límites de las facultades de las provincias en la materia, ni viola el derecho constitucional de trabajar (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Augusto César Belluscio).