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Seguro de caución, tomador del seguro, asegurado, asegurador, prima
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOCIEDAD  ANONIMA  DE CONSTRUCCION Y MONTAJE DON FIERRO c/ MT & MSA Y OTRO S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-22

1 - En el seguro de caución, el contrato celebrado asume las mismas funciones jurídico-económicas que la garantía que un determinado deudor otorga a favor de un acreedor, a fin de asegurarle el cumplimiento de una futura obligación pecuniaria.

2 - Se caracteriza por la intervención de tres sujetos y la necesaria conexión entre dos contratos. Tales sujetos son el tomador o proponente, el asegurado y, el asegurador. El primero es un empresario de obras, suministros o servicios, vinculado al asegurado por un contrato del que surge la obligación del tomador y la calidad de acreedor del "asegurado" respecto de la obra, suministro o servicio y el asegurador. 3 - Este contrato es presupuesto necesario del seguro de caución, en tanto origina el riesgo sobre el que recaería el interés asegurable, consistente en el incumplimiento por parte del empresario de una prestación económica no dineraria, que debe ejecutar en el futuro. En garantía de esta deuda aún no exigible, el empresario -actuando como tomador- asegura al acreedor, para que en el caso de no realizar la obra o cumplir con el suministro o servicio, reciba una indemnización del asegurador. 4 - En líneas generales, en el seguro de caución las obligaciones y cargas del contrato recaen sobre el proponente y no sobre el acreedor (asegurado), de manera tal que ni la falta de pago de la prima incide sobre la cobertura, ni las estipulaciones relativas al cese de responsabilidad por falta de pago de los suplementos, son válidas frente al asegurado. Ello, porque la conducta del tomador o proponente no puede afectar nunca al asegurado. 5 - Conclusivamente, el seguro se mantiene vigente hasta tanto el deudor haya sido liberado de su responsabilidad, conforme el régimen aplicable al caso y éste debe abonar los premios por todo el período que se haya prolongado esta responsabilidad. Las pólizas se emiten sin fecha de vencimiento y las compañías aseguradoras acostumbran facturar sus primas por períodos que no excedan de un año; no obstante que los trabajos pueden insumir lapsos mucho más prolongados.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en mim y otros contra gcba sobre amparo - habitacionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

Corresponde rechazar la queja dado que los planteos arrimados por el GCBA se dirigen exclusivamente contra la sentencia definitiva de primera instancia, que resolvió la controversia ordenando al GCBA que otorgue a la parte actora un alojamiento adecuado. Esa decisión, sin embargo, no proviene del superior tribunal de la causa, el que, en cambio, se limitó a declarar mal concedido un recurso de apelación, por no haber sido suscripto por quien ostentaba la representación procesal del demandado. Respecto de esta última resolución, el GCBA no acredita mínimamente que ella constituya un obstáculo que frustre arbitrariamente la revisión que a este Tribunal le encomienda el art. 113, inc. 3° de la CCBA, por la vía de eludir el superior de la causa, la emisión del fallo que pone fin al pleito. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso extraordinario federal, Superior Tribunal de la Causa, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Caporale, Antonio Oscar c/ Pratti Vázquez Iglesias S.A. s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-11-10

Si en el auto denegatorio, el a quo consideró que el apelante había omitido recurrir en la esfera local, mediante el recurso de inaplicabilidad de la ley, ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y por tanto no había agotado las instancias posibles de aquel carácter, tal resolución, en virtud de las limitaciones de su jurisdicción en cuanto a dicha materia, no puede por vía de principio ser revisada por la Corte Suprema, máxime que la mera manifestación del recurrente de que ha sido interpretada la referencia al Tribunal Superior en el art. 14 de la ley 48, como relativa a las Cámaras de Apelación y no a la Suprema Corte Provincial, no permite apartarse de aquella doctrina.
Acciones posesorias, acción negatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zubillaga, H. R. y otro c/ Rodriguez, Solana E. s/ Acción negatoria - Acción de nulidad - Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-20

La acción negatoria se otorga al poseedor de un inmueble contra cualquiera que menoscabe o le impida ejercer su derecho en la extensión permitida, invocando un derecho real igual o distinto al del actor con tal que no sea el de dominio. Para que la acción negatoria sea viable es preciso que se trate de actos que realmente impidan la libertad del ejercicio de los derechos reales, ya que de ser ellos un impedimento absoluto y total no cabría ejercer dicha acción.
Competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, Consejo Provincial de Educación de Chubut, deuda previsional, prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Caja  Complementaria  de  Previsión  para  la Actividad Docente c/ Consejo  Provincial  de  Educación  de  la Provincia del Chubut s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-22

Corresponde admitir el reclamo efectuado contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia del Chubut en concepto de aportes previsionales adeudados si no existe razón para apartarse del buen margen de confiabilidad que el perito contador les asigna a los elementos que tuvo en cuenta para recrear los antecedentes faltantes.
Trabajadores de la construcción, inscripción en el registro de contratistas, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: CAMACHO, LUIS c/ PICANA  S.A.I.C.A. Y C.I. s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

La responsabilidad solidaria prevista en el art. 32 párr. 2 de la ley 22250 tiene como fundamento exclusivo la contratación con empresarios no inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción. Por ello, la omisión de la comunicación a dicho Registro de la iniciación de la obra y su ubicación podría constituir falta, administrativamente sancionable, pero no presupuesto autónomo de tal responsabilidad, puesto que carece de toda relevancia en orden al aseguramiento de la seriedad de los contratistas y subcontratistas.
Cuestiones de competencia, Derecho contravencional y de faltas, juez de faltas, juez de circuito
Materia: PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME c/ SILVA, PEDRO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-26

Teniendo presente que en la asignación del conocimiento de casos como el presente se genera un panorama legislativo en el que se yuxtapone la competencia de la Justicia Comunitaria y de la Justicia Penal de Faltas en los Distritos Judiciales 1, 2 y 5, la normativa aplicable debe interpretarse de modo armónico para llegar a la solución de la contienda negativa de competencia, teniendo siempre presente que el acceso a la justicia, que se procura lograr con la instauración de órganos jurisdiccionales sencillos y próximos a los ciudadanos, con tramitación más simple, menos sacramental, etc. ha sido uno de los móviles fundamentales de la reforma operada por la ley 13178.

Siendo ello así, en forma coherente y razonable puede afirmarse que la solución viene dada por asignar el conocimiento de estos autos al Juzgado de Primera Instancia de Circuito en virtud del segundo párrafo del artículo 120 de la ley 10160, o sea de manera indirecta y hasta que sea creado el Juez Comunitario de las Pequeñas Causas de esa ciudad (art. 7, inc. 6, ap. 6.6., ley 10160).

Por tanto, la justicia en lo penal de faltas deberá entender en los planteos contra decisiones de los municipios en los cuales tienen su asiento -es decir Santa Fe, Rosario y Rafaela, respectivamente-, en tanto en las restantes comunas de los circuitos judiciales 1, 2 y 5 la revisión judicial de las faltas y contravenciones municipales o comunales corresponderá a la Justicia Comunitaria, jurisdicción que, por lo demás, de darse una situación de reemplazo en los términos del artículo 122 de la ley 10160, deberá seguir el régimen de suplencias reglamentado por Acta Acuerdo 38, punto 9 y sus modificatorias.
Sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, plagio, propiedad intelectual, libros
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Georgitsis de Pirolo, Catalina c/ Amato Negri, María Palmira s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-25

Es descalificable la sentencia que atribuyó la autoría de la obra a la demandada en base a instrumentos agregados tardíamente, sin dar razones de cómo llegó a la conclusión de que tal documentación era auténtica y anterior a la publicación del libro de la actora, ya que se trata de copias simples, sin firma, ni fecha cierta, ni constancia alguna que permita inferir la época de su elaboración, elemento de juicio éste que procesalmente resultaba esencial, al mediar observación de la actora sobre su autenticidad. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Moneda de curso legal, actualización monetaria, derecho de propiedad
Materia: LABORAL
Carátula: BANEGAS VDA. DE TOLOSA BERTA c/ EMPRESA DE CONSTRUCCIONES CABE ESTRUCTURAS S.A. s/ FONDO DE DESEMPLEO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-07

El Decreto que reglamenta la ley 25561, Nro. 214/02 admite el menor poder cancelatorio de la moneda de curso legal frente a la divisa que antes fue su marco de conversión; ante esta realidad en la que nos encontramos inmersos, al haberse modificado sustancialmente el contexto macroeconómico y normativo de nuestro país, se debe recomponer el equilibrio vulnerado con el objeto de preservar el valor del quantum de las obligaciones cancelatorias, o en otras palabras para mantener el poder adquisitivo de la moneda en que fuera pactada la obligación, ya que el problema de la pérdida del valor de la misma y su corrección a través de los mecanismos pertinentes es un problema que debe ser enfrentado y resuelto, toda vez que atenta contra el derecho de propiedad establecido en el Art. 17 de la Constitución Nacional. En tal sentido en reciente fallo la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo citando a la Corte Suprema de Justicia expresó: "...que el régimen de la cosa juzgada abarca dos aspectos conexos pero claramente diferenciables: a)la estabilidad de las decisiones judiciales, que es exigencia primaria de la seguridad jurídica; b) el derecho adquirido que corresponde al beneficiario de una sentencia ejecutoriada, derecho que representa para su titular una propiedad lato sensu.
Empleados públicos, cesantía, daño material
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sánchez, Francisco Jesús c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 282-79)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-05-10

Corresponde desestimar el reclamo por daño material si el recurrente no aportó ningún elemento para probar los perjuicios concretos producidos por el cese ilegítimo.
Actos jurídicos, vicios de la voluntad, lesión subjetiva, ligereza, nulidad del acto jurídico, carga de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: SALONES ACEVEDO S.A.C.I. c/ GARCIA CULLA, Luis Alberto s/ NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-12

Ampliación de fundamentos de la Dra. Conde:Quien pretende la nulidad de un contrato argumentando que medió aprovechamiento de la otra parte de su inexperiencia, ligereza o necesidad, con el propósito de obtener a sus expensas ventajas groseramente desproporcionadas, no sólo debe aportar pruebas que lleven a la convicción del tribunal de la existencia de esos hechos, sino también explicar éstos en forma clara, tal como lo exige la norma del art. 330, inc. 4º del Código Procesal. A tal fin no basta con destacar la desproporción existente en el precio, si no se explican debidamente los hechos que, de haber existido, releven el aprovechamiento del lesionante en su perjuicio. Debe explicarse también el porqué del estado de necesidad, ligereza o inexperiencia y la forma en que éstos se presentaron y que llevaron a la obligación de acordar con la contraparte. Estos recaudos no pueden ser suplidos ni presumidos por el tribunal.-
Filiación, prueba de la filiación, prueba biológica, derechos del niño, interés del menor, derechos personalísimos, derecho a la identidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: D., M.A. c/ Z., L.A. s/ FILIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-11

1- En materia de investigación de la filiación, la existencia de derechos personalísimos constitucionalmente reconocidos que impiden violentar la voluntad de quien resiste someterse a la prueba biológica, debe analizarse en confrontación a garantías y derechos de análoga prelación que amparan al menor de edad (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional y la ley 23.847). Entonces, y puesto que en la cuestión aparece comprometido el orden público, que se traduce aquí en el superior interés del cuerpo social de procurar la identidad de sus integrantes, el aparente conflicto normativo debe dirimirse en favor del emplazamiento del estado de familia del menor reclamante, por completo ajeno a los errores u omisiones que hubieren podido cometer o incurrir sus progenitores.

2- La ausencia de una prueba directa de relaciones sexuales entre las partes, no puede redundar, tampoco, en contra del menor reclamante, y si, la juventud de la progenitora o el tiempo transcurrido, han impedido acopiar elementos de convicción más valiosos, tanto más indispensable resulta el sometimiento del demandado a las pruebas científicas de la paternidad, sea en la etapa oportuna del proceso, en la instancia anterior, o ulteriormente, cuando es requerido al efecto en la Alzada.
Derecho procesal, recursos, acción revocatoria, improcedencia del recurso, aclaratoria (procesal), error material, providencia simple
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Ltda. c/ Syr Desarrollos y Servicios SA y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-12

Corresponde rechazar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio incoado por el ejecutado respecto de la resolución que corrigió cierto error incurrido en la providencia inicial de la causa, relativo a la moneda del capital y los intereses reclamados. En ese marco, resulta inadmisible el argumento del recurrente, en cuanto sostiene que la decisión rectificatoria fue dictada cuando la providencia se encontraba firme, y luego de que se hubiese trabado la litis. Ello así, pues si bien el proveído inicial expresó, erróneamente, que debía practicarse la intimación de los ejecutados en pesos, lo cierto es que la demanda fue promovida con sustento en un pagaré librado en dólares y en ella se expresó que se reclamaban dólares; asimismo, los mandamientos de intimación de pago fueron librados en dólares; y al oponer excepciones el propio recurrente señaló que la ejecutante intentaba cobrar en dólares.
Cuestiones de competencia, falsificación de instrumento público, uso de documento falso, estafa, economía procesal, competencia de instrucción, competencia ordinaria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BOTTAZZINI, Daniel A. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-07

Las figuras de falsificación y uso de instrumento público y la posterior estafa cometida, son perfectamente escindibles.

Resultan aplicables en la especie las razones de economía procesal, ya que la acumulación de todos los delitos en un solo proseso en trámite ante los tribunales federales llevaría a recargar sobremanera el trabajo de estos órganos judiciales, puesto que los obligaría a conocer también de todos los delitos comunes que se encuentren unidos a otros de naturaleza federal en una relación de medio a fin.

Por ello, debe intervenir en las presentes actuaciones la Justicia de instrucción.
Recurso de queja (procesal), recurso extraordinario, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Mecozzi, Juan Angel c/ Administración Nacional de Aduanas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-12

En atención a la vista al Procurador General dispuesta por la Corte y a la circunstancia de que no se ha impuesto a la recurrente carga procesal alguna, corresponde desestimar el pedido formulado por la parte contraria para que se declare la caducidad de la instancia extraordinaria (art. 313, inc. 4°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Automotores, transferencia del automotor, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Forster, Wolfgang c/ Leiva, Luis s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

Corresponde hacer efectiva la garantía de evicción contemplada en el artículo 1489 del Código Civil, aún habiéndose quedado el actor con la cosa recibida en permuta, toda vez que un automotor que no se encuentra en condiciones para efectuar los trámites correspondientes en el R.N.P.A. para su transferencia queda fuera del mercado de automotores usados y ello configura un perjuicio que debe ser indemnizado (arts. 519, 520 del Cód. Civil). La medida del daño patrimonial provocado está dada por la diferencia que existe entre el precio de mercado del bien en cuestión y el valor que pudiera tener en las condiciones en que se encuentra (sin la documentación legal en orden para transferirlo).
Deuda previsional, facilidades de pago, caducidad del plan de facilidades de pago
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: JUAN JOSE YAPUR S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-28

La opción por un plan de facilidades de pago supone un reconocimiento de las obligaciones previsionales. Por tanto, la caducidad que se decreta lleva a recalcular la deuda sin los beneficios que se acordaban. La deuda existe y sólo por excepción se le acuerdan esas facilidades pero condicionadas al estricto cumplimiento de ciertos recaudos, expresamente previstos. Por ello, las sanciones que se derivan del incumplimiento no pueden ser consideradas como meras penalidades sino, también, un alerta a aquellos morosos que pretenden con el acogimiento a moratorias, disminuir sus deudas y luego seguir incumpliendo o cumpliendo tardíamente, aceptando lo que los beneficia del sistema y rechazando aquello que los perjudica.
Sistema interamericano de reparaciones, publicación de la sentencia, sitio web, boletín oficial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ministerio Público de la Defensa, violación de derechos humanos, REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado Parte, proceso penal, derechos de la víctima, Poder Judicial, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, deberes y facultades del defensor oficial, Pacto de San José de Costa Rica, defensa en juicio
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Álvarez vs. Argentina s/ Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2023-03-24

Como medida de satisfacción corresponde que el Estado Argentino, que asumió su responsabilidad internacional, en el caso en que resultó demandado por violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, en perjuicio de quien se encontraba sometido a proceso penal, publique el resumen oficial de la Sentencia dictada por la Corte Interamericana en el Diario Oficial y en uno de amplia circulación nacional, y la publique en forma completa en los sitios web oficiales del Poder Judicial de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, publicándola también en las cuentas de redes sociales correspondientes del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Defensa.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pacheco, Mirta Ester c/ Bais, Luis s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-12-21

No importa que la inexistencia del hecho al que hubiera dado lugar la promoción del juicio haya sido aceptada por aplicación del beneficio de la duda, puesto que el medio por el que se llega a la conclusión no borra el escándalo que producirían sentencias contradictorias sobre la existencia de un mismo hecho, escándalo que ha querido evitar la prohibición del art. 1103 del Código Civil como se desprende de la nota de Vélez al citado precepto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, medidas cautelares, acto administrativo, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL
Carátula: PIAZZA DE MONTOTO, ROSA MARGARITA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA (PODER EJECUTIVO) s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-07-28

Si bien, en principio, las medidas cautelares como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos provinciales habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, embotelladora de gaseosas, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: SANDOVAL, DANIEL c/ CIA. EMBOTELLA ARG.  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-31

Puede afirmarse sin hesitación que la elaboración y venta de concentrados y la fabricación de bebidas con los mismos, utilizando la marca Pepsi Cola y otras de la misma que esta segregación de la producción vincula estrechamente a Pepsi Cola Argentina y Cía.

Embotelladora Argentina S.A. en términos que justifican la responsabilidad solidaria del art. 30 LCT.
Juicio de desalojo
Materia: PROCESAL
Carátula: Niveiro, Juan Miguel c/ Bovo, Sergio Elder s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-09-04

El juicio de desalojo es propio solamente -dada su sumariedad- para reclamar la restitución de cosas cuya obligación de entregar aparezca clara, nítida e inequívoca; siendo inadmisible dilucidar en su ámbito cuestiones que le son ajenas como las relativas a la posesión o propiedad o aquellas otras relacionadas con la resolución contractual, disolución de sociedades, etc., pues a tal fin debe acudirse al proceso amplio de conocimiento por exceder al marco del juicio de desalojo.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, monto de la indemnización, salario mínimo, vital y móvil, hiperinflación, tope indemnizatorio
Materia: LABORAL
Carátula: MORALES, MARIA ISABEL c/ CURTIEMBRE LOS CABRITOS  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-30

Computar para la determinación de la indemnización de la ley especial, un monto degradado, si se tiene en cuenta que el Salario Mínimo y Vital permaneció inmodificable en una época de hiperinflación (A 20.000.- desde el 1.7.89 al 1.9.90), no cumple con el fin perseguido por el legislador al dictar el art. 116 LCT, ni el que se tuvo en cuenta al sancionarse la ley 23643 que fijó en 260 salarios mínimos el tope resarcitorio. Por ello, debe declararse, en el caso concreto, inaplicable el tope aludido.