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Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, interposición del recurso, defensa en juicio, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ROBLEDO, DANIEL ALBERTO c/ BARCELO, RICARDO CIRILO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. 60 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-02

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la solución arribada por la Sala sujeta a una "observación estricta de lo dispuesto formalmente en relación con los requerimientos de procedencia del recurso de queja" , no denota la mínima preocupación para que el justiciable no viera frustado el acceso real a la jurisdicción.

En efecto, ante la presentación insuficiente de los elementos requeridos por el artículo 356 del Código Procesal Civil y Comercial, entendió derechamente el A quo que al no haberse interpuesto la queja con "todas las copias pertinentes, salvo configuración del extremo del artículo 357, segundo párrafo, del CPCyC", debía ser "desechada liminarmente, sin necesidad de requerimiento alguno".

Dicho criterio expresa una severidad inaceptable desde la óptica constitucional, en tanto el A quo procedió al rechazo sin más del recurso por no estar satisfecho un recaudo formal, rehusándose a ordenar, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley de rito y en cumplimiento de sus deberes funcionales -"que no se agotan en éstos, sino en el imperativo de rango superior que le exige poner a resguardo el derecho de defensa de las partes)- alguna diligencia previa dirigida al recurrente o al Secretario del Tribunal que había intervenido.
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Orlando, Juan Carlos s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22

Se transgrede el art. 256 inc. 7 (n.a.) del C.P.P. si el hecho fundante del que el juzgador extrajo una de las presunciones, no es real y probado en el sentido de la ley sino meramente presumido.
Empleo público, remuneración, adicionales de remuneración, igual remuneración por igual tarea, haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gatica Dalmacio Eugenio c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso administrativo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-05-03

Ante el desempeño real y material de una función, en el marco de una relación de naturaleza público administrativa, debe tenerse presente que el componente que premia la antigüedad, o experiencia, es de raigambre objetiva. De ahí que una circunstancia ajena al régimen genérico, como es que el actor pudiera percibir en mayor o menor medida un beneficio previsional, implica tomar en consideración un aspecto subjetivo de la persona y no de la tarea. En sus efectos, y conceptualmente, en base a la ley 3058 se estaría proyectando que la experiencia profesional objetiva de un individuo (vgr. bonificación por antigüedad) puede ser retribuida en menor alcance que la de otros en similar situación, por sólo hecho de que aquél es titular de un derecho distinto que le otorgan leyes ajenas al marco de la relación de empleo o función pública (arg. art. 49, en función art. 5 normas complementarias Const. Prov.).(Opinión personal del Dr. Balladini).
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. E. c/ P. G. A. y S., L. E. y/o contra quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-02

Cualquiera sea el fundamento de la responsabilidad civil, para que ella tenga lugar, esto es para que pueda hacerse gravitar sobre una persona el deber de resarcir el daño sufrido por otra, resulta imprescindible la existencia de un lazo causal que una dicho daño a hechos imputables al tenido por responsable.
Robo, violencia como vicio de la voluntad
Materia: PENAL
Carátula: Leite, Rubén D. s/ Robo de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-07

La violencia constitutiva del robo, como ilícito penal, comprende también la "vis compulsiva", consistente en la presente e inmediata amenaza de su empleo, integrándose por tanto no solamente con la fuerza que recae sobre la víctima puramente como cuerpo "vis absoluta", sino con aquella violencia que quebranta o paraliza la voluntad
Declaración de insania, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vidaurre, Mercedes c/ Lopumo, Vicente s/ Rescisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

No existe arbitrariedad en considerar que la cuantía de los bienes de la persona denunciada como insana es uno de los elementos condicionantes de los honorarios a regular, pese a que el proceso carezca el valor económico.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso contravencional, fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: DIAz, HECTOR FABIAN Y GONZALEZ, GASTON s/ Infr. art. 81 ley 1472-  Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-28

La motivación de la sentencia será ilegítima si el tribunal omite la consideración de prueba decisiva introducida en el debate, mas es importante destacar que no está obligado a considerar absolutamente todas las pruebas introducidas, con lo cual si la prueba carece de eficacia la omisión no afecta la motivación.

Para apreciar si la prueba omitida es decisiva, el Tribunal de Alzada debe acudir al método de la inclusión mental hipotética: una prueba será decisiva, y su invalidez afectará de manera fundamental a la motivación, cuando - si mentalmente se la incluyera - las conclusiones hubieran sido necesariamente distintas (conf. De la Rúa ob. cit., pág.144).
Becas, extorsión, malversación de caudales públicos, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FAINBOIM, Leonardo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-15

Para que se configure el delito de extorsión es necesario que el sujeto pasivo sea conminado por el autor a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.

Si la disposición patrimonial efectuada por el denunciante -becado por el CONICET y una empresa privada- no aparece forzada sino, el resultado de un acuerdo previo donde el dinero objeto de la entrega redundaría en su propio beneficio, -pues fue destinado para el pago de un sueldo de una subempleada que realizaría parte de sus tareas-, no puede hablarse de extorsión ni de una exigencia ilegítima.

Respecto del desvío de fondos, aún cuando el dinero dispuesto haya sido el de la beca, en tanto no se encontraba dentro de los bienes a cargo del imputado -director de la especialización del becario- (ya que no tenía ni su administración, ni su percepción, ni su custodia), y si en la órbita de su legítimo tenedor -el becario-, quien dispuso de éste, no puede configurarse el delito, ya que aquél no reviste la calidad de funcionario público exigida por el art. 260 y 261 del C.P. Tampoco puede reprochársele la figura culposa prevista en el art. 262 del C.P. ya que previamente debe constatarse el actuar típico del denunciante, lo cual no puede apreciarse si el dinero del que dispuso estaba a él asignado, con motivo de la beca otorgada (es decir ajeno a la órbita de administración del imputado), por lo cual no puede cuestionarse su disposición posterior sino a título administrativo.

Ello en tanto, "...materialmente la conducta tiene que dar ocasión para que un tercero sustraiga los caudales o efectos que han sido confiados al funcionario en razón de su cargo, en administración o custodia o cuya percepción está encargado.."(*).

Por ello, corresponde confirmar el sobreseimiento decretado (art. 336, inc. 2° e in fine del C.P.P.N.).
Sucesiones, administrador judicial
Materia: CIVIL
Carátula: ZUÑIGA SEPULVEDA MANUEL GUILLERMO Y OTROS c/ SUCESORES DE OJEDA JOSE TADEO Y BENAVIDEZ AMELIZA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-11-15

Por sí, el administrador provisional de una sucesión, carece de atribuciones para ejercer actos que exceden la mera conservación y administración del acervo hereditario (arts. 3449, 3450 y 3451 del Código Civil y art. 696 del C.P.C.C.) y en el caso, precisamente por su naturaleza, evidentemente adolecía de tales facultades por encontrarse comprometida la integridad de tal acervo, con relación a los herederos mayores de edad, con mayor razón aún cabe el impedimento cuando se encuentran comprometidos los derechos de menores de edad con quienes no se integró la litis y por tanto, sin que su representante legal -la madre- y el Defensor de Menores, partes necesarias en el pleito, actuaran en él (art. 59 del Código Civil) corresponde nulidificar lo actuado.
Administración Pública Provincial, cesantía, razones de servicio, prescindibilidad, indemnización, sumario administrativo, proceso penal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sánchez, Ramón Evaristo s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1990-09-20

El ocurrente fue motivo de cesantía. El Poder Ejecutivo dispuso la baja por razones de servicio, teniendo en cuenta la necesidad de producir un real y concreto proceso depurativo de la Administración Pública, y ordenó la suspensión del pago de la indemnización prevista a aquellos agentes que se encontraren a la fecha de la baja, sometidos a sumario administrativo y/o proceso criminal (art. 7 Dcto. Ley 5/76). El instrumento por el cual se lo declara prescindible, decreto 734, fue debidamente notificado al ocurrente, sin que sus disposiciones hayan sido objeto de oportuna tacha.

Consolidada de esta manera la calidad de acto firme y consentido, las medidas ordenadas en el instrumento-decreto Nro. 734/78 adquirieron y exhiben a la fecha el rango de cosa juzgada administrativa no judiciable.

La baja ordenada está dotada de independencia con la situación de investigado en causa penal instruida. Por lo que el sobreseimiento a favor del recurrente, sólo limita y ciñe sus efectos al pago de la indemnización condicionalmente suspendida y supeditada a la culminación y resultado de la causa penal que lo involucraba, al tiempo de pronunciarse la medida.
Obligaciones, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martín, Gustavo c/ Sanchez, Rafael y otro s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

El reconocimiento de la obligación es un acto jurídico por el cual alguien admite la existencia de una obligación a su cargo o, para decirlo en función de los términos del art. 718 del Cód. Civil, es la declaración por la cual una persona reconoce que está sometida a una obligación respecto a otra persona, de allí entonces que sea un acto jurídico unilateral, que, por ende, no requiere la intervención del acreedor, irrevocable y además declarativo ya que simplemente importa la comprobación de una obligación preexistente proveniente de una causa distinta del reconocimiento mismo (arts. 718, 719, 721, 722 y 723 Cód. Civil).
Falsificación de cheque, cheque privado
Materia: PENAL
Carátula: ALVIS, Osvaldo s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-12

La interpretación literal del art. 285 de la ley de fondo lleva a la inconsecuencia de equiparar los cheques privados con todos los títulos por él enumerados, los que tienen un carácter eminentemente público, que hace a aquéllos incompatibles con la naturaleza y función de esos instrumentos.

Un cheque privado que sólo tiene el valor que la firma del librador le confiere, no puede obtener por su inserción en la disposición citada la fe pública que dimana de los documentos y actos oficiales.

Los cheques que comprende el art. 285 son los que se encuentran en las mismas condiciones de los demás instrumentos descriptos en él.

Los oficiales se cotizan y circulan de modo análogo a la moneda mientras que en el cheque particular ha de conocerse el firmante para darle valor.
Lucro cesante, indemnización, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Dorado Justiniano Lorenzo c/ Ríos Rolando Manuel y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-11-29

El lucro cesante tiende a reparar las ganancias concretas que el reclamante se vió privado de percibir y a fin de determinar la indemnización en el rubro, no solo es menester probar la imposibilidad de trabajar con el rodado siniestrado, sino que ello significó la pérdida normal de los ingresos propios de la actividad que desarrollara el actor a través de su uso.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-08-07


AUTOS 96292 (C.C.Nº21946) DEL Noveno Juzgado Civil, CARATULADOS: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ Lima Roberto Armando y Otros - Ejecutivo".- PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2014- del Tº II - Fº35.- En la Ciudad de San Juan a 07 días del mes de agosto de 2014, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y el Sr. Vocal Dr. Roberto M. Pagés Lloveras, a fin de resolver sobre la competencia de esta Sala para entender en los presentes autos Nº96292 (C.C. Nº21946) caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ LIMA ROBERTO ARMANDO Y OTROS - EJECUTIVO".- EL DR.OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Viene a resolver en la presente causa la cuestión de competencia suscitada con motivo de la resolución de la Sala IV de esta Cámara en que se resuelve su incompetencia.- Que el título en ejecución corresponde a los créditos cedidos por el Banco de San Juan S.A. a favor de la Provincia actora conforme lo previsto por la ley 6.753 en su art. 1° de donde surge claro que en el caso no estamos en presencia de una obligación fiscal desde que el origen de la deuda y causa de la obligación es un préstamo personal otorgado al demandado por el Banco de San Juan acreedor originario y cedente del crédito referido a favor de la Provincia de San Juan.- Así las cosas comparto el fundamento de la resolución adoptada por la Sala IV en cuanto a que no resulta óbice que el certificado para la ejecución se haya expedido conforme la ley 7.053 porque ello no causa modificación alguna de la causa de la obligación que he referido precedentemente, extremo que resulta esencial a la hora de decidir sobre la competencia.- En consecuencia y por entender que la cuestión es de derecho privado y por tanto está subsumida en la previsión del art. 2 apart. a del Ac. Gral. 54/07 voto para que se declare la competencia de esta Sala para entender en la presente causa debiendo tomarse nota de ello en la Mesa de entradas de Cámara y comunicar la presente resolución a la Sala IV. Así Voto.- EL DR.ROBERTO PAGES LLOVERAS DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I) Declarar la competencia de esta Sala Segunda para entender en la presente causa, debiendo tomarse nota de ello en la Mesa de Entradas de Cámara y comunicar la presente resolución a la Sala IV.- II) Autos para resolver el recurso interpuesto a fs. 75/76 vta., concedido a fs. 77 contra la resolución de fs. 67/70 vta.- Protocolícese y hágase saber.

MAGISTRADOS:DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, circulación a contramano, pavimento mojado
Materia: CIVIL
Carátula: Arriola c/ Rigazzio y/u otro s/ Ordinario (Expte Nro.  170-01, Resolución Nro.  51, Tomo 20, Folio  225/230)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-03

Debe entenderse al demandado como único culpable en el accidente motivo de este juicio por haber invadido con el ómnibus que conducía parte de la mano contraria, y de esa forma embestido al camión del actor detenido sobre esa mano de la ruta. Dicha conducta resultó incompatible con las condiciones climáticas existentes al momento del impacto ya que debido a la lluvia, a la calzada húmeda y resbaladiza y escasa visibilidad, debió conducirse con más precaución a la debida en situaciones normales, es especial, desarrollar una velocidad prudente, que le permitiera conservar el dominio de su conducido.
Seguros, depreciación monetaria, convertibilidad, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: BOKSER, MARCOS c/ CNAS s/ COBRO DE SEGUROS CNAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-29

Según lo tiene decidido la Sala a través de reiterados precedentes, las deudas derivadas de un contrato de seguro revisten carácter dinerario y, por consiguiente, las atrapa el sistema de la ley 23928, de modo que la actualización debe detenerse el 1.4.94.

Tal conclusión lleva, como consecuencia, a rever el régimen de los intereses, resultando pertinente disponer que la tasa del 6% anual regirá hasta la fecha de corte de la actualización, y en adelante, el cálculo de los créditos se sujetará, como lo estableció el Magistrado sin objeción de las contendientes, a lo dispuesto en el art. 8 del dec. 529/91, texto según art. 10 dec. 941/91
Revocación de sentencia, rubros indemnizatorios, prueba documental, interpelación, mora del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy, Jorge Guillermo y otros c/ López, Juan Francisco s/ cobro de pesos - laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-04-10

Resulta procedente revocar la sentencia de grado en cuanto al rechazo de los rubros Arts. 15 y 19 de la ley 22.550, pues surge demostrado a través de la prueba documental, que la intimación al pago de haberes hecha al empleador fue en término y asimismo los actores constituyeron en mora al demandado tal como lo exige el art. 18 de la misma ley
Concursos, efectos de la apertura, fuero de atracción, caución real, acreedor hipotecario
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CASA  CORAZON  CUEROS  SRL s/ CONC.  PREV.  S/ INC. DE REVISION(PROMOVIDO POR FERNANDEZ, ADRIAN).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-30

Cabe confirmar la resolución que dispuso que en cumplimiento de la garantía que debe prestar el acreedor hipotecario a efectos de continuar con el trámite de ejecución en sede civil -ordenada originariamente en el incidente de revisión y no cuestionada por el acreedor-, se ordene la transferencia al tribunal concursal del monto proveniente del eventual remate del bien asiento de la garantía real, toda vez que si bien no puede advertirse cual es el derecho actual y específico que debe ser garantizado, la exigibilidad de tal caución o garantía se encuentra consentida y firme, pues no ha sido cuestionada por el acreedor y, la afectación total del producido de la subasta satisface la necesidad de prevenir el perjuicio que a la masa quirografaria pudiera irrogar la venta del inmueble en la subasta hipotecaria, para el supuesto de que, posteriormente, la eventual declaración judicial de la concursada en estado de quiebra viniese a habilitar el planteo -viable en ese trance pero no en el concurso preventivo- de ineficacia concursal, derivable de la preexistencia de la deuda al momento de constitución de la garantía hipotecaria-, sin perjuicio de lo que pueda resolver luego la jueza concursal al respecto; además, el impugnante no puede argumentar que el monto de la garantía resulta indeterminado por encontrarse sujeto al eventual e impreciso resultado de la subasta judicial, pues afecta al total del producto de la subasta.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión resuelta
Materia: PENAL
Carátula: Guevara, Roberto Rubén s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Es improcedente la denuncia de transgresión del art. 161 inc. 3 b) de la Constitución provincial, por entender el recurrente que la Cámara ha remitido a las consideraciones de hecho y derecho contenidas en la sentencia de primera instancia, si al transcribir el tribunal lo decidido por el Juez de la instancia originaria, hizo suyos dichos fundamentos y se abocó al tratamiento de la única cuestión que había sido motivo de agravio.
Competencia, facultades de la alzada, recursos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B., C.A. y R., L.M. c/ E., M.H. s/ Incidente de Cesación de Régimen de Visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-22

Es conteste la doctrina al sostener que los Tribunales de Alzada son el Juez del recurso de apelación y él determina en definitiva, su admisibilidad, forma y efectos, mientras no se haya consentido la sentencia o la denegatoria del recurso. La competencia de Alzada es de orden público y las prescripciones del Código de Procedimiento sobre el régimen de los recursos, imperativos porque se vinculan a la estructura de los procesos y la naturaleza de los tipos de resolución judicial.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, fundamentos suficientes, pensiones, beneficiarios previsionales, cónyuge supérstite, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CUCU, NORMA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 289 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-23

Es inadmisible la queja interpuesta por la Municipalidad contra la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 44 de la Ordenanza 3844/47 y su modificatoria 6116/95 (art. 43, inc. b) de la Municipalidad de Rosario, en cuanto disponía que "el derecho a pensión se extinguirá... para el cónyuge supérstite..., si hicieren vida marital de hecho" entendiendo que la norma afecta el derecho a la igualdad, desde que el discurso desarrollado por la compareciente no logra acreditar que los miembros del tribunal hubiesen efectuado una exégesis irrazonable sobre el asunto.

En efecto, la Cámara al fallar tuvo en cuenta que la situación de la viuda en cuanto al punto de su derecho pensionario, ulterior concubinato y de la pérdida del beneficio recibe un trato diferente en el sistema previsional de la Municipalidad de Rosario con relación al régimen nacional (y algunos sistemas provinciales) que ante la misma circunstancia mantiene el beneficio.

Señala que tal distinto tratamiento, no encuentra fundamento en una razón de hecho especial del régimen local, ni responde a la naturaleza de la actividad oparticulares situaciones del beneficiario y expone que no es razonable sustentar que el trato dispensado pueda fundarse en una sanci ón a la situación de vida marital de hecho del beneficiario, pues la misma ha sido receptada por el ordenamiento jurídico como causa eficiente de producción de efectos jurídicos, entre ellos del derecho de pensión.

Y tampoco tal disposición responde a un principio de solidaridad, a los efectos de no afectar a los recursos del sistema de reparto, pues el propio Instituto de Previsión Social informa que no existen antecedentes de suspensión de la prestación en tales situaciones, y que no efectúa ninguna fiscalización con tal objeto.

Como se observa, la argumentación desarrollada por el a quo a los fines de concluir que no concurre un motivo que brinde un legítimo fundamento y justifique en el régimen local la diferencia de trato, podrá no conformar a la quejosa, pero no hay elementos para afirmar que la tarea propia del Tribunal traduzca una apreciación arbitraria del tema propuesto.-