Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-18


NEUQUEN, 18 de Diciembre del año 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "GOYCOCHEA MARCELO C/ JC CONSTRUCCIONES Y OTRO S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" (Expte. Nº 502662/2014) venidos en apelación del JUZGADO CIVIL 5 - NEUQUEN a esta Sala III integrada por los Dres. Fernando Marcelo GHISINI y Patricia CLERICI, por encontrarse apartado de la causa el Dr. Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, CONSIDERANDO:

I.- Viene la presente causa a estudio en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 29 y vta. por la parte actora, contra la providencia de fs. 26/27, que encuadra el trámite instaurado dentro del proceso ordinario e intima a dicha parte a abonar en el término de diez días la tasa de justicia y la contribución al Colegio de Abogados, bajo apercibimiento de ejecución. Asimismo, le fija una caución real a los fines de la procedencia de la medida cautelar solicitada.

En su memorial de fs. 31/34, sostiene que la a quo incurre en error al aplicar a estas actuaciones las normas del proceso ordinario que fija el Código Procesal, pues las mismas resultan alcanzadas por el proceso sumarísimo, conforme lo dispone el art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor.

Considera, que el análisis de las cuestiones involucradas no reviste mayor complejidad, por lo que insiste en que la vía pertinente es la sumarísima. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.

Entiende que corresponde eximir a su parte del pago de la Tasa de Justicia y de la Contribución al Colegio de Abogados, en virtud de lo establecido por el art. 53 de la LDC. Efectúa ciertas consideraciones al respecto.

Finalmente, en función de los hechos y derecho aplicables, califica de arbitraria y abusiva la exigencia del depósito de contracautela por la suma de $10.000.

II.- Analizada la cuestión planteada, el recurso habrá de prosperar.

La parte actora ha enmarcado su acción en la Ley 24.240, de Defensa del Consumidor, y de los términos de la demanda surge, prima facie, que nos encontramos ante una relación de consumo.

Demanda la accionante el cumplimiento del boleto de venta (de derechos y acciones) de un lote ubicado en un barrio cerrado, habiendo intervenido en la concertación del negocio la desarrolladora del loteo, como así también un operador inmobiliario. Para el supuesto de imposibilidad de cumplimiento del compromiso asumido contractualmente, la accionante reclama la resolución del contrato. Asimismo pretende el resarcimiento de los daños que individualiza más daño punitivo.

Se trata, entonces, de acuerdo con los términos del escrito inicial, de una compraventa de consumo, apareciendo el demandado como proveedor en atención a su profesionalidad.

Es que ".el CPR 321 inc. 3° prevé que será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 498 "...En los demás casos previstos por este Código u otras leyes...".

En tal caso, la determinación del trámite que corresponde fijar en autos no queda librada a la decisión del juez, pues la ley específica indica claramente qué tipo de proceso rige a la contienda, sin perjuicio de lo que cupiere decidir en su oportunidad en torno a la prueba a producirse." (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, Damnificados Financieros Asociación Civil p/ su defensa y otro c. BNP Paribas S.A. o 15/08/2008. Publicado en: La Ley Online. Cita online: AR/JUR/9092/2008).

La jurisprudencia tiene dicho que en los casos donde el accionante se presenta como un consumidor particular que pretende revisar una relación determinada no se aprecia como necesario un trámite de conocimiento más amplio que el sumarísimo contemplado en el CPCyC, más aún cuando no se advierte, como en autos y a contario de lo sostenido por la a quo, que las cuestiones involucradas presentan una complejidad tal que amerite una solución distinta (cfr. Cám. Nac. Apel. Civil, Sala A, "Geddes c/ General Motors de Argentina", 31/3/2009, LL on line AR/JUR/9440/2009).

Adviértase que se trata del cumplimiento de un contrato celebrado por escrito, y ante escribano público, por lo que el tema en conflicto, más allá de su cuantía económica -que de ningún modo califica la complejidad de la causa- no amerita imprimir al presente un trámite distinto al expresamente establecido en la Ley de Defensa del Consumidor.

Nuestros tribunales son contestes en que, encuadrado el litigio en la Ley 24.240, el trámite a imprimir al proceso es el sumarísimo.

En esa línea de pensamiento la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F (autos "Baldomero c/ Nación Seguros S.A.", 28/11/2013, LL on line AR/JUR/95984/2013) revocó la resolución que dio curso a una acción promovida en los términos de la Ley 24.240 bajo el trámite del juicio ordinario -conforme sucede en el sub lite-, con fundamento en que el art. 53 de dicha norma establece, como principio, que debe aplicarse el proceso de conocimiento más abreviado que rija en la jurisdicción, y no existía, además, petición de parte tendiente a procurar la ordinarización del proceso. En igual sentido, la Cámara en lo Civil y Comercial de Jujuy, Sala I (autos "Chambi c/ Ibáñez", 24/10/2012, RCyS 2013-III, pág. 199) determinó que la interpretación del acuerdo por el cual una persona entregó dinero a los fines de alquilar un inmueble destinado a vivienda sin que finalmente se celebrara el contrato, cae en la órbita de la Ley 24.240, al haber intervenido un martillero y una empresa inmobiliaria, en el marco de una relación de consumo, motivo por el cual el trámite de la acción derivada de su incumplimiento se rige por las normas del juicio sumarísimo de acuerdo con el art. 53 de dicha ley.

Con fundamento en que el actor encuadró su acción en la ley de defensa del consumidor, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo Federal, Sala II (autos "Unión Usuarios y Consumidores c/ Telefónica Argentina S.A.", 24/11/2009, LL on line AR/JUR/59710/2009) sentenció que el trámite debía ser el del proceso sumarísimo. Similar fallo ha emitido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A (autos "Campos c/ Equity Trust Company", 2/10/2009, LL on line AR/JUR/46446/2009).

No debe perderse de vista que, tal como lo señala Ricardo Luis Lorenzetti, la consagración del procedimiento más abreviado constituye un instrumento de protección para el consumidor, por lo que solamente puede hacerse excepción a este trámite cuando el mismo signifique un menoscabo para el consumidor (cfr. aut. cit., "Consumidores", Ed. Rubinzal-Culzoni, 2009, pág. 605/606).

Por ende, si la persona que es motivo de especial tutela, en este caso la parte actora, pretende que el proceso se encauce a través de un procedimiento abreviado que ha sido instituido por la ley de la materia como instrumento de protección a su favor, el magistrado no tiene facultades para variar los términos de la acción imprimiendo al litigio un trámite de conocimiento no querido por el accionante. Ello sin dejar de señalar que el actual art. 53 de la Ley 24.240, con la reforma introducida por la Ley 26.361, autoriza al juez a tramitar el reclamo por un proceso de conocimiento más adecuado que el sumarísimo, en tanto exista expresa petición de parte, extremo que aquí está ausente. Al contrario, lo que tenemos es una expresa oposición de la parte.

Por lo dicho es que debe revocarse el resolutorio apelado en cuanto imprime al presente el trámite del procedimiento ordinario, estableciendo que el proceso se rige por las normas del proceso sumarísimo.

III.- El art. 53 de la Ley 24.240 establece que las acciones judiciales que se inicien de conformidad con dicha ley gozan del beneficio de justicia gratuita.

Tal beneficio rige, aun cuando se imprima al proceso un trámite de conocimiento distinto al sumarísimo, ya que más allá del tipo de proceso, lo determinante para la gratuidad es que la acción se enmarque en la normativa de la Ley 24.240, que determina que deba eximirse del pago de la tasa de justicia y de la contribución al Colegio de Abogados.

En efecto, la expresión 'beneficio de justicia gratuita' sin lugar a dudas implica la eximición de tasas y sellados y costas, en tanto se refiere al acceso a la justicia vinculado con la gratuidad del servicio de justicia que presta el Estado: la finalidad del beneficio de justicia gratuito contenido en la referida normativa es posibilitar al consumidor el acceso a los tribunales disminuyendo las barreras que obsten a un reclamo.

Así ha sostenido la Sala III: ".Ante esta situación verificada en los presentes, es claro que son de aplicación en esta etapa procesal tanto el art. 12 de la ley provincial de Defensa al Consumidor 2268 y el art. 53 de la ley Nacional de igual tenor 24240. La primer norma dispone en el segundo párrafo que: "Quienes ejerzan las acciones representando un derecho o interés individual podrán acreditar mandato mediante simple carta-poder y gozarán del beneficio de justicia gratuita"; la segunda disposición expresa que "Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley gozarán del benefico de justicia gratuita."(ROMERO CELESTINO C/ COLUMBIA CIA. FINANCIERA S.A. S/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA, Expte. Nº 1506-CA-3, PI. 2004-I-45/46, sen n°024 del 17 de febrero de 2004, sala II).

Por lo dicho es que corresponde también dejar sin efecto la intimación al pago de tasa de justicia y contribución al Colegio de Abogados.

IV.- Finalmente, y en lo concerniente a la contracautela establecida por la a quo, consideramos que en atención al grado de verosimilitud que se desprende de la documentación incorporada y en función del ofrecimiento formulado por la recurrente se dejará sin efecto la contracautela fijada en la resolución apelada, disponiendo que la medida cautelar ordenada en la instancia de grado se despache previa caución juratoria a prestar por los interesados (art. 199, CPCyC).

V.- En lo que respecta a las costas por tratarse de una cuestión suscitada entre una de las partes y el juzgado, las mismas no serán impuestas.

VI.- En definitiva, se modificará parcialmente el resolutorio apelado y se dispone que al presente se imprima el trámite del proceso sumarísimo; se dejará sin efecto la intimación al pago de tasa de justicia y contribución al Colegio de Abogados, y la medida cautelar ordenada se despachará previa caución juratoria a prestar por los interesados, sin costas en la Alzada.

Por todo ello, la Sala III RESUELVE:

1.- Modificar parcialmente el resolutorio de fs. 26/27, disponiendo que al presente se imprima el trámite del proceso sumarísimo.

2.- Dejar sin efecto la intimación al pago de tasa de justicia y contribución al Colegio de Abogados.

3.- Disponer que la medida cautelar ordenada se despache, previa caución juratoria a prestar por los interesados.

4.- Sin costas en la Alzada.

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dra. Patricia Clerici Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA.