Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-27


- En la ciudad de Trelew, a los 27 días de abril del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Edgar María de la Fuente, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "H, E F c/ C, A R y/o quien rte. titular y/o resp. de la licencia de taxi Nº ** s/ Cobro de Haberes e Indem. de Ley" (Expte. N° 22.090 - Año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 112.

- A LA PRIMERA CUESTION, el Dr. Vergara dijo: 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 103, que fuera concedido a fs. 104, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 96/99 y vta. que hizo lugar a la demanda instaurada por E F H y condenó a A R C al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $14.396,58.-, con más sus intereses, en concepto de salarios adeudados, integración mes de despido, sueldo anual complementario proporcional, vacaciones no gozadas, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso, incrementos previstos por los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, e indemnización contemplada en el art. 4 de la ley 25.972, y asimismo dispuso la entrega del certificado de trabajo (art. 80 de la L.C.T.) en igual plazo mediante depósito en el Juzgado, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, con imposición de costas al vencido.

- El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 105/108 y vta., el traslado conferido a fs. 109 no fue evacuado por su contraria, y sostiene básicamente el quejoso que con fundamento en el derecho de defensa no se encontraba obligado a confesar ninguna de las circunstancias fácticas invocadas por el actor en la demanda por lo que no se le puede achacar una conducta audaz y alejada de aquella que las partes deben observar. Empero no consideró de mala fe lo obrado por el actor al cursar las comunicaciones realizadas luego del "distracto" dispuesto por esta parte el 5 de agosto de 2005 por no haber justificado las inasistencias de los días 25, 26 y 27 de julio de 2005. Sentado lo anterior la obligación de obrar de buena fe es recíproca de ambas partes, por lo que debió el trabajador intimar por el supuesto incumplimiento contractual de no haber registrado correctamente la real fecha de inicio de la relación laboral. Tampoco obró de buena fe al no concurrir a trabajar los días 25, 26 y 27 de julio de 2005. Se agravia ya que en la especie no se trató de un despido directo utilizando la figura del abandono de trabajo, ya que ante el incumplimiento evidenciado a prestar tareas intimó a H para que justificara las inasistencias y además se presentara a trabajar, bajo apercibimiento de considerar abandono de trabajo por su exclusiva culpa. Ante la falta de justificación y de presentación a trabajar procedió a disolver el vínculo. De la documental acompañada surge que el actor incurrió en abandono de trabajo ya que no sólo guardó silencio a la intimación cursada sino que tampoco justificó las inasistencias. Advierte que se encuentra probado que el actor no asistió al trabajo los mencionados días, no justificó las inasistencias en el plazo otorgado por la empleadora, y no invocó causal de justificación. Para que opere el despido por abandono de trabajo es necesario cumplir con la intimación previa fehaciente y que ésta ha sido desoída. En tal inteligencia yerra el inferior al considerar que la pieza telegráfica cursada por esta parte no se ajusta a derecho y asimismo es agraviante que entienda que resultó excesiva la adopción de la máxima sanción. Considera el sentenciante que la disolución por abandono de trabajo requiere el cumplimiento de dos requisitos, uno objetivo y el otro subjetivo. Y en autos se encuentran reunidos ambos. La jurisprudencia transcripta por el inferior, lejos de fundamentar su decisorio, revela indudablemente la razón que le asiste a esta parte. Se agravia que el sentenciante considere que le ganó de mano al dependiente que, según él, se encontraba "sin duda" reclamando por lo que legítimamente le correspondía, ya que no existe prueba que acredite que el actor haya efectuado reclamo alguno sobre la registración del contrato desde la verdadera fecha de ingreso con anterioridad al distracto dispuesto por el empleador. Sentado ello, se echa de ver, la manifiesta arbitrariedad del fallo en crisis al considerar que en la especie no es de aplicación la figura del abandono de trabajo como motivo legitimante de la disolución contractual y que se evidencia con el tenor del telegrama que transcribe. Respecto a que la sanción de despido es absolutamente desproporcionada tal consideración es arbitraria ya que el abandono de trabajo como acto de incumplimiento sólo se configura previa constitución en mora mediante intimación fehaciente a que se reintegre al trabajo, por el plazo que impongan las modalidades pero que no debe ser menor a 48 horas. Esta hipótesis es la de abandono-injuria. Si bien el a quo considera desproporcionada la sanción dispuesta, omitió considerar la actividad laboral desarrollada por el trabajador ante el desmedro económico que produce al propietario de un vehículo de alquiler tenerlo paralizado o sin trabajar en los horarios que debía hacerlo. Reitera que no hay prueba de que el actor ante sus inasistencias, ni durante el plazo de 48 horas concedido, haya invocado motivo alguno. En ningún momento invocó que se encontraba haciendo retención de servicios ante incumplimientos de la demandada, y ello recién acaeció en la extemporánea comunicación telegráfica que cursara el 10 de agosto de 2005, o sea, cinco días posteriores a la extinción del vínculo por la causal de abandono. Cita doctrina para distinguir entre el abandono-incumplimiento y el abandono-renuncia. Para abonar cada uno de los agravios transcribe pronunciamientos acerca de la distinción que contienen los arts. 242 y 244 de la L.C.T., y asimismo acerca de los recaudos y finalidad de la norma citada en último término. Peticiona se revoque el fallo y se rechace la demanda, con costas.

- 2. Coincide el apelante con el fundamento expuesto por el juzgador a fs. 97 vta. en cuanto a que el abandono de trabajo se configura cuando se cumplimentan dos requisitos, uno de carácter objetivo que es la falta de presentación del dependiente a su débito laboral, y otro de carácter subjetivo cual es la intención del trabajador de no retomar sus tareas.

- En cambio, considera que se encuentran reunidos ambos requisitos ante las inasistencias en que incurriera el actor los días 25, 26, y 27 de julio de 2005, y silencio observado ante la intimación patronal de reintegrarse a sus labores.- - Al respecto, cabe destacar que la alegada retención de servicios a la que alude el actor en su escrito de demanda (acápite III, fs. 3) se materializó por telegrama del 10 de agosto de 2005 (TCL 63292128, fs. 16 del cuaderno de prueba) en forma extemporánea, esto es, fuera del plazo conferido por el empleador y cuando a esa fecha se encontraba extinguido el vínculo laboral.- - En efecto, ante las ausencias incurridas la intimación del empleador por el plazo de 48 horas se efectivizó mediante pieza del 27 de julio de 2005 entregada en la misma fecha (telegrama N° 147 de fs. 20 y 43, y constancia del Correo Argentino de fs. 41 del citado cuaderno, respectivamente), por lo que ante el silencio del trabajador en el término conferido dio lugar a que el hoy demandado considerara resuelto el contrato de trabajo por telegrama del 5 de agosto de 2005 (pieza N° 022 de fs. 21 y 42 del ya referido cuaderno).- - Y el abandono del trabajo se caracteriza por el incumplimiento realizado unilateralmente por el trabajador que no se reincorpora no obstante el requerimiento del empleador. Y para evitar interpretaciones equívocas respecto de la conducta del trabajador que hace abandono de tareas sin otro tipo de expresión formal de su voluntad, la L.C.T. prevé que se lo constituya en mora mediante intimación fehaciente para que se reintegre al trabajo en un plazo determinado. Si la intimación es desoída por el trabajador, se presume la existencia de abandono del trabajo, configurándose entonces la causal de distracto laboral (Meilij, Gustavo Raúl, "Contrato de trabajo", Depalma, 1981, T. II, par. 1905, 1909 y 1910, págs. 488/490).

Para que la omisión del trabajador de prestar el trabajo comprometido sea invocable como injuria, el artículo comentado (art. 244 de la L.C.T.) impone al empleador una carga consistente en la "previa constitución en mora, mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso". No se trata en rigor de una constitución en mora sino de la última comunicación del empleador tendiente a manifestar la voluntad patronal de que el trabajador se reintegre a sus tareas, que su ausencia no será más tolerada y que su renuencia a reincorporarse será apreciada como una injuria que, por su gravedad, no consiente la prosecución de la relación (Etala, Carlos Alberto, "Contrato de trabajo", Astrea, 1998, pág. 537).

- Para que se configure el abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la L.C.T. es necesario, además de la previa intimación al trabajador, que quede evidenciado su propósito expreso o presunto de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicios, sin que medie justificación alguna, y la nota que lo caracteriza es en principio y generalmente, el silencio del dependiente (SC Buenos Aires, noviembre 8-994, "A, R A. c. O, M", TySS 1996-40).- - El incumplimiento del trabajador sólo se configura previa constitución en mora, mediante intimación de reintegro hecha en forma fehaciente y por el plazo que impongan las modalidades del caso. En definitiva, en atención a los distintos criterios doctrinarios y jurisprudenciales lo conveniente es fijar plazos no menores de 48 horas para que se opere el reintegro del trabajador (Fernández Madrid, Juan Carlos, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 2da. ed. act., 2001, págs. 1752 y 1754).

- En consecuencia, si el trabajador no responde a la intimación, reincorporándose inmediatamente al trabajo o justificando su ausencia de alguna manera, queda tipificado el "incumplimiento calificado" a que se refiere el art. 244 de la LCT, que se traduce en una ausencia prolongada y en el desdén por la intimación, lo cual justifica sin más el despido (conf. Vázquez Vialard, Director, "Tratado de derecho del trabajo", Astrea, 1984, T. 5, pág. 389).

- Y en la presente causa, ante las ausencias de los días 25, 26, y 27 de julio de 2005, frente a la intimación a presentarse en el lugar de trabajo en el plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono del mismo, cursada y recibida el 27/07/2005 (telegrama N° 147 y constancia del Correo Argentino, fs. 20 y 43, y 41, respectivamente, del cuaderno de pruebas), el trabajador guardó silencio dentro del citado plazo.

- Nótese que en forma extemporánea el 10 de agosto de 2005 por telegrama colacionado N° 63292128, cuando ya se encontraba extinguida la relación laboral en virtud de la comunicación rescisoria del empleador del 5 de agosto de 2005, pretendió alegar retención de servicios (piezas de fs. 16, y 21 y 42, respectivamente, del citado cuaderno).- - A mayor abundamiento, aun cuando por hipótesis se obviara que la contestación resultó tardía, ello no exime al trabajador de la acreditación posterior del motivo de la ausencia (conf. Fernández Madrid, obra y tomo citado, pág. 1754), y en este último aspecto las declaraciones que lucen a fs. 53, 54, y 55 fueron brindadas por personas que no tomaron conocimiento directo de los hechos y que en ningún momento hicieron referencia a la retención de servicios alegada por el actor.

- Así, Maldonado declaró por comentarios y aludió a problemas de dinero ("Según los comentarios por problemas de dinero", contestación a la 10a. pregunta, fs. 53). Blanco por lo que se enteró por tener inconvenientes por unos aportes, y ello fue por comentarios del actor ("por lo que me enteré porque tuvieron unos inconvenientes por unos aportes que se tenían que pagar", "F", contestación a la 9a. pregunta y 1a. repregunta, fs. 54). En tanto que Litavecz por dichos del actor y con referencia a problemas de aportes ("el dijo que tenía problemas con C por la cuestión de aportes eso fue lo que me dijo él", contestación a la 9a. pregunta, fs. 55). En síntesis, las inasistencias del trabajador a sus tareas de chofer de un vehículo afectado al servicio público de pasajeros que se prolongaron en el tiempo durante tres días consecutivos, y silencio guardado dentro del plazo conferido por la intimación cursada, configuró el abandono de trabajo previsto en los términos del art. 244 de la L.C.T., y ello justificó la sanción disciplinaria de despido dispuesta por el empleador al quedar configurada una conducta del trabajador que afectó gravemente el principio de buena fe y los deberes de diligencia y fidelidad impuestos por los arts. 63 y 84 del citado ordenamiento laboral.- - Tales fundamentos llevan a acoger favorablemente los agravios y ello conduce a la revocatoria parcial del fallo en crisis, pues el demandado apelante no formuló concreto agravio respecto de la condena a pagar los rubros correspondientes a días de agosto de 2005, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, e intimación a presentar certificado de trabajo ajustado a lo decidido con relación a la real fecha de ingreso del trabajador al mes de octubre de 2001, por lo que en ese aspecto el pronunciamiento adquirió firmeza ante la falta de impugnación.

- Es que, el tribunal de Alzada se encuentra limitado al tratamiento de las cuestiones que hubiesen sido motivo de agravios y así expresamente lo señala el art. 271 del C.P.C.C. Se trata de limitaciones que se producen por la actitud de los propios litigantes. Si el tribunal de alzada no respeta tales limitaciones y se pronuncia más allá de lo permitido, la sentencia respectiva resulta incongruente, y vulnera las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del derecho de propiedad. No puede conocer de aquellas cuestiones de las que ha precluido la posibilidad de impugnación y han quedado definitivamente juzgadas; es decir, se trata de aquellas cuestiones que no han sido objeto de agravios a pesar de que también lo podía hacer la parte apelante, con lo que ha quedado firme lo decidido al respecto en la instancia anterior al haber precluido la posibilidad de obtener su revisión a través de esta vía (Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, vol. 1, págs. 76/77). - 3. En consecuencia, propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para disminuir el capital de condena a la suma total de $581,68.- en concepto de salarios adeudados mes de agosto de 2005, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, con más los intereses establecidos en la anterior instancia, manteniendo asimismo la condena a entregar el certificado de trabajo.

- La revocatoria parcial que se propicia lleva a adecuar las costas y el monto de los honorarios al presente pronunciamiento (art. 279 del C.P.C.C.).

- Así, debe ponderarse el principio establecido por el art. 59 de la ley 69 en un enfoque global del resultado del pleito, mediante un prudente análisis particularizado a la cuestión en debate (conf. S.T.J. en autos caratulados "C L c/Pcia. del Chubut", S.D. 7/91; y "C de R c/Chubut Construcciones y otro", S.D. 3/93), y también las posturas asumidas por las partes, rubros pretendidos y monto definitivo de condena.- - Atendiendo a tales pautas y teniendo en cuenta que de los rubros reclamados en la liquidación de fs. 4, sólo progresan tres de ellos y que se tratan de los de menor cuantía, estimo prudente imponer las costas de primera instancia en un 70% al actor y en un 30% al demandado, por ajustarse así en forma proporcional y adecuada al resultado de la litis, en concordancia con el principio antes señalado y los vencimientos recíprocos habidos (arts. 59 de la ley 69 y 71 del C.P.C.C.).

- Asimismo, al adecuar a este decisorio los honorarios de la anterior instancia, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos, entiendo que resulta prudente fijar, por adecuación a la presente, los emolumentos de los Dres. R D F y C R Z, en conjunto, letrados apoderados del actor, y los del Dr. C F. M, letrado patrocinante del demandado, en las sumas de $650.- y $500.-respectivamente, en atención al monto de condena y mínimos establecidos por la ley del arancel (arts. 6, 8, 9, 19, 39, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente. En cuanto a las costas de Alzada, el éxito de los agravios vertidos por el demandado apelante, llevan a imponer las mismas al actor, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

- Finalmente, conforme a las pautas apreciativas ya indicadas y lo dispuesto por el art. 14 de la ley del arancel, propicio regular los honorarios del C F. M, por sus tareas de segunda instancia, en la suma de $175.-, con más el I.V.A. correspondiente.

- Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA. A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Lucero dijo:

- Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fs. 103) en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 96/99), por la cual se hace lugar a la demanda condenando al Sr. A R C a que, en el plazo que fija, abone al Sr. E F H, la suma de $ 14.396,58, con más los accesorios que indica. Asimismo, lo condena a que en el mismo plazo acompañe y ponga a disposición del actor el certificado de trabajo bajo apercibimiento de ser pasible de astreintes, con costas. A fs. 105/108 vta., luce agregado el informe previsto por el art. 62 de la Ley 69.- A fs. 109, se corre traslado del escrito de sostenimiento del recurso impetrado a la parte contraria, el que no fue evacuado. I.- La reseña de los agravios ha sido efectuada por el vocal de sala sufragante en primer término, Dr. Vergara, por lo que a ella me atendré para evitar repeticiones estériles y en aras de la debida economía procesal. II.- Básicamente la cuestión traída a la alzada transita por precisar si concurren en el supuesto planteado en autos los presupuestos de un abandono -incumplimiento- de trabajo que justifique el actuar de la patronal en tanto decidió invocar tal causal para tener por rescindido el vínculo, allende ello de la real fecha de ingreso que se pudiera constatar de las probanzas arrimadas al proceso. Y digo de tal manera, por cuanto evidentemente esta última circunstancia llevó a confundir desde el inicio de la argumentación expuesta en la sentencia, en la evaluación que debía efectuar, la razón que fuera invocada por el trabajador demandante como justificativo de su retención de tareas con la concurrencia o no de los presupuestos de la figura "abandono incumplimiento" que fuera en definitiva la que motivó el distracto decidido por la patronal. Y tal aludida confusión, que en mi opinión incidió de manera relevante en la conclusión a la cual se arriba en el anterior grado, llegó al punto de hacer jugar alternativamente en su evaluación los presupuestos para la existencia de "despido directo" válido en los términos contemplados por el Art. 242 de la L.C.T., según se exige en relación a la proporcionalidad y temporaneidad del hecho invocado como injuriante, y a la par, aquellos que hacen a la figura del abandono afirmando, en tal sentido, que ".sea porque considero que no se encuentran reunidos en la especie los recaudos que esta figura debe contener para obtener su legitimidad, y por ende encontrar amparo dentro de lo dispuesto en el art. 244 de la L.C.T. o por resultar excesiva la adopción de la máxima sanción por el hipotético incumplimiento del trabajador"(sic)(fs. 97 vta.). Y en tal dirección, adelanto opinión, en cuanto que en el caso se dan los presupuestos exigidos por la norma de cita (art. 244 de la L.C.T.) para tener por operada la causal autónoma del abandono que invocara el demandado Sr. Correa en el despacho telegráfico del 05 de agosto de 2005 ante el silencio en el que se colocara el Sr. H ante su previa intimación cursada el día 27 de Julio del mismo año para que se presentara a trabajar bajo el apercibimiento de tenerlo por incurso en la figura de abandono de tareas (vide: T.C. de fs. 20 y T.C. de fs. 21, respectivamente, del C.P.). En tal hermenéutica es que, tal cual podía advertirse fácilmente de la lectura de la jurisprudencia que se cita en apoyo de la motivación esgrimida, en la especie concurren las condiciones que contiene la norma invocada y que debía satisfacer el empleador para que se configure el abandono incumplimiento que invocara, cuales son: la constitución en mora mediante comunicación fehaciente, que se tradujo en el caso suficientemente con la intimación a reintegrarse a sus tareas en el plazo de 48 hs.; y, ello, con el apercibimiento de tenerlo incurso en el abandono de sus tareas. Y ante ella, el trabajador, actor en autos, Sr. H lejos de clarificar su posición explicitando de modo claro que se encontraba ejerciendo la retención de sus tareas por los motivos que fueran (por ejemplo el que invocara al demandar, cual es, la incorrecta fecha de registro del alta laboral), omitió pronunciarse en el plazo otorgado por la patronal a tal fin. Nótese que recién dio noticia de su posición con el despacho telegráfico de fecha 10 de agosto de 2005, por el cual, además de rechazar los telegramas anteriores (intimación y denuncia del contrato de trabajo por abandono) hace saber que ante los incumplimientos que indica ".no se trata de inasistencias sino de retención de servicio."(sic), pasando, luego, a intimar a la correcta registración del contrato de trabajo según datos que precisa como correctos (vide: despacho telegráfico del 10/08/05 de fs. 16 C.P.).- Tal intimación es oportuno destacarlo resultó, a la postre, tardía desde que refiere a un contrato de trabajo que ya se encontraba disuelto al tiempo de ser realizada, toda vez que, recuerdo, el mismo ya había sido denunciado por la patronal con la invocación de la causa de abandono del trabajador con fecha 05/08/05.- Es decir, ninguna comunicación anterior a la antedicha tuvo la patronal sobre tal retención de tareas. Es más, añado, tampoco existe prueba alguna que acredite las alegadas reclamaciones verbales previas aludidas por el actor en su demanda dirigidas a obtener la regularización registral por él pretendida con su actuar. Y no huelga destacar que la acreditación de la fecha real de ingreso no es igual que la prueba de la reclamación verbal que se afirma haber realizado al empleador para que regularice la inscripción del contrato de trabajo consignando la correcta fecha de alta del contrato que lo uniera.- En este marco hermenéutico cabe tener presente también que cuando el trabajador no concurre a trabajar y guarda silencio sin pretender la satisfacción de algún débito laboral a cargo de su patronal ni justificar su ausencia, dentro del plazo que le fuera fijado, queda sin más configurado el abandono de trabajo contemplado por el art. 244 de la L.C.T.. Es menester advertir que no es igual la situación de silencio absoluto en la cual se colocara el actor ante el requerimiento postal cursado por su empleador que aquella en la cual se podría haber suscitado de haber expresado -en tiempo- los motivos que, justificados o no, lo llevaran a incurrir en las inasistencias por las que se le reclamaba y a mantener su postura contumaz a prestar sus tareas. Ello así, por cuanto en esta última postura habría demostrado su intención de continuar con la relación de trabajo, o dicho de otro modo, que no quería abandonar su trabajo y, de acuerdo con la inconsistencia del motivo argumentado y sus antecedentes, podría el empleador haber adoptado otro tipo de sanción según correspondiera. No habiéndolo hecho así, estimo correcta la precisión que efectúa el juzgador del anterior grado en cuanto que todas las posteriores comunicaciones que dirigiera a la patronal en tren de lograr la regularización registral pretendida, devinieron en extemporáneas por tardías toda vez que el contrato al que se referían ya había fenecido por decisión de la patronal que, invocando el abandono del trabajo en el que antes incurriera, decidió tenerlo por despedido por dicha causal (Ver: Alvarez, Eduardo O., "Algunas reflexiones en torno al abandono de trabajo como forma de extinción de la relación laboral", en Rev. de Derecho Laboral, Ed. Rubinzal Culzoni, T. 2000-2 "Extinción del contrato de trabajo-II", pág. 75 y sgtes.). En resumen, concluyo pues, encuentro razón a la parte demandada recurrente en cuanto que corresponde revocar parcialmente el fallo apelado en todo lo que fue materia de agravios, correspondiendo, por ende, modificar el capital de condena para disminuirlo a la suma de $ 581,68 más los accesorios fijados en el anterior grado. Triunfante finalmente en la alzada el demandado apelante, deberán imponerse las costas de segunda instancia a la parte actora vencida en ella (Arts. 59 de la Ley 69 y 279 del C.P.C.C.).- Desde que la reducción del monto condenatorio altera las calidades de vencedor y vencido que el actor y demandado presentan en la anterior instancia, corresponderá adecuar a este nuevo resultado la atribución que de las mismas se fijara en el anterior grado. Así, pues, atendiendo a que prosperó la demanda por los rubros correspondientes a la liquidación final (días de agosto -5 días- ; S.A.C. proporcional y vacaciones), como asimismo, la condena a entregar un nuevo certificado de trabajo con la fecha correcta de alta laboral, pretensiones éstas que fueron admitidas en la sentencia de primera instancia en porción consentida por la demandada recurrente, corresponderá ajustar a este nuevo decisorio la atribución de las costas devengadas en ella. En tal sentido, estimo correcta la propuesta de imposición en un 70% a cargo del actor y en el 30% restante a cargo de la demandada, por cuanto se corresponden tales porcentuales a las porciones de éxito y derrotas mutuas obtenidas por las partes en la anterior instancia (Conf. Arts. 71 y 279 del C.P.C.C.).- Por aplicación de la última de las normas citadas corresponderá, asimismo, adecuar a esta nueva decisión los honorarios regulados en el anterior grado. Atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado arrojados por las labores profesionales de primera instancia y mínimos legales arancelarios; opino que los emolumentos de los Dres. R D F y C R Z, letrados apoderados del actor, deben ser fijados, en conjunto, en la suma de $ 650 y los del Dr. C F M, letrado patrocinante del demandado, en la suma de $ 500. Ambas regulaciones con más el IVA pertinente (Arts. 6, 9, 8, 37, 39, 47 de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871). Por aplicación de idénticas pautas apreciativas y de lo preceptuado por el art. 14 de la ley del arancel, entiendo que los honorarios del Dr. C F M, por sus tareas de Alzada, deben fijarse en la suma de $ 175 con más el I.V.A. pertinente. Por todo lo expuesto me expido en esta cuestión PARCIALMENTE por la NEGATIVA.- A LA SEGUNDA CUESTION, el Dr. Vergara dijo:- - Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para disminuir el capital de condena a la suma total de $581,68.-, con más los intereses establecidos en la anterior instancia; b) imponer las costas de primera instancia en un 70% al actor y en un 30% al demandado; c) fijar, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de los Dres. R D F y C R Z, en conjunto, y los del Dr. C F. M, por sus tareas de primera instancia, en las sumas de $650.- y $500.-, respectivamente; d) imponer las costas de Alzada al actor vencido; e) regular los emolumentos del Dr. C F. M, por los trabajos cumplidos en esta instancia, en la suma de $175.-; y f) declarar que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente. Así lo voto.

- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Lucero dijo:

- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara por resultar el mismo fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado. ASI LO VOTO.- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad deTrelew; RESUELVE:

- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia venida en apelación para disminuir el capital de condena a la suma total de $581,68.-, con más los intereses establecidos en la anterior instancia;

- IMPONER las costas de primera instancia en un 70% al actor y en un 30% al demandado; - FIJAR, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de los Dres. R D F y C R Z, en conjunto, y los del Dr. C F. M, por sus tareas de primera instancia, en las sumas de $650.- y $500.-, respectivamente; IMPONER las costas de Alzada al actor vencido; REGULAR los emolumentos del Dr. C F. M, por los trabajos cumplidos en esta instancia, en la suma de $175.-;- DECLARAR que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente. Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - RAUL ADRIAN VERGARA REGISTRADA BAJO EL Nº 21 DE 2007 - SDL.- CONSTE.- REGISTRADA BAJO EL N° DE 2007 - SDL.- Conste.-