marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, muerte de un hermano, legitimación activa, herederos forzosos, daño moral, falta de legitimación para obrar, beneficiarios de la indemnización civil, padres, hermanos
Materia: CIVIL
Carátula: ABRAHAM SERGIO c/ D'ALMEIRA JUAN s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-30

Conforme lo precisa el art. 1078 del Cód. Civil si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, solo los herederos forzosos se encuentran legitimados para demandar por daño moral.

Consecuentemente, cabe concluir, que ante la existencia del padre y de la madre de la víctima y que ambos pretenden el resarcimiento del mencionado agravio, la pretensión del hermano de ser resarcido por daño moral no debe tener favorable acogida, ya que no seria heredero forzoso y por tanto carecería de legitimación para demandar.
Sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Balderrama Veizaga Agapito c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-01

Si el pronunciamiento de la anterior instancia carece de una relación sucinta de las cuestiones objeto del juicio de acuerdo a lo peticionado por el accionante, no considera objetivamente las cuestiones objeto de debate o estudio, ni da los fundamentos jurídicos que sustenten la decisión tomada, formulando juicios hipotéticos que lo descalifican como acto jurisdiccional válido; tal situación determina la conveniencia de devolver la causa al a quo actuante quien deberá dictar sentencia sobre la cuestión sometida a su conocimiento, por no haberse configurado prejuzgamiento.
Monto de la pena, violencia de género, asistencia psicológica
Materia: PENAL
Carátula: VARGAS NATANIEL DAVID c/  s/ LESIONES AGRAVADAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-14

Si bien comparto en un todo los argumentos vertidos por el colega preopinante en orden a la confirmación del monto de la pena impuesta por el Juez de Juicio [2 años y 2 meses de prisión], disiento en orden la modalidad de cumplimiento efectivo de la pena, considerando que su ejecución debe ser condicional o en suspenso (art. 26 C.P.), pues en el caso nos encontramos con una pena menor a los tres (3) años de prisión y que se trata de la primera condena penal que debe afrontar el imputado, y que el contexto de violencia sufrido por la víctima ya formaba parte del tipo penal agravada en que fuera subsumida la conducta atribuida. Por otra parte, y en cuanto a que el encierro es la única forma de asegurar el "necesario" tratamiento psicológico del acusado, considero que el citado tratamiento profundo, intensivo y sostenido en el tiempo, para entrenarse psicológicamente y poder postergar sus impulsos violentos en sus relaciones de pareja, ni siquiera se ha sido iniciado a pesar de la expresa conformidad del detenido. En tal sentido, la motivación de dicha modalidad de cumplimiento para asegurar aquel tratamiento resulta una fundamentación aparente, tanto porque privado de su libertad no se le ha "ofrecido" dicha terapia, como porque el propio decisorio destaca que el profesional que compareció a requerimiento del Ministerio Publico Fiscal sostuvo que "no se cuenta con equipos apropiados para el tratamiento psicológico de los condenados, dentro de las unidades penitenciarias". (del voto del Dr. Federico Sommer, en disidencia parcial).

Fuente del sumario: OFICIAL
Patrocinio letrado, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Zalazar, Elva Lidia c/ Alles, Gerónimo y Otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-11-04

"...atañe precisamente a la misión del letrado que patrocina, la de asesorar debidamente a su cliente, mostrando a quien asiste los puntos débiles de su pretensión, la sinrazón técnica de las situaciones que se le plantean. Por ello, la temeridad que proviene de la incoherencia del planteo de las pretensiones en la demanda, no está solamente en la conducta de quien pretende sin razón, sino también y fundamentalmente, en quien encauza, con manifiesta ligereza y atrevimiento, procesalmente la pretensión".
Contrato de trabajo, indemnización por despido, indemnización agravada, emplazamiento
Materia: LABORAL
Carátula: ALEGRE DANIEL IGNACIO Y OTRO c/ FRIMEN S.A. YOTRO s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-10

Las circunstancia de que el emplazamiento requerido por el art. 2 de la ley 25.323 se haya efectuado en el mismo instrumento mediante el cual los trabajadores se consideraron despedidos, ello impide la procedencia del incremento alli contemplado. Y si bien se dictaron sentencias en sentido adverso al aquí sostenido (ver entre otros SD 12.822, 30/06/04 en autos "Giménez, Lilian Noemí c/ NG y CA e hijos SRL y otro s/ despido" del registro de Sala X), un nuevo análisis de la cuestión lleva a modificar dicho criterio (ver entre otras SD 13.612, 12/05/05 "Bertachini Cora Susana y otros c/ Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente s/ despido") y, en consecuencia, a entender que la intimación cursada en la misma comunicación rupturista resulta extemporánea a los fines de acceder a la reparación prevista en el art. 2 de la ley 25.323 y que el emplazamiento debe practicarse luego de producirse la ruptura del contrato de trabajo.
Honorarios del abogado, intereses moratorios, cómputo de intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: "Sandi  Pablo  Raúl y Otros c/ EN -M° de Defensa- Armada Argentina s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-12

Los intereses por demora en el pago de los honorarios regulados deben ser calculados no desde la fecha del auto regulatorio sino a partir del vencimiento del plazo establecido en el art. 49 de la ley 21.839 pues fue en ese momento y no en aquél en el que el deudor incurrió en mora; como así también que para su cálculo se debe utilizar la tasa pasiva promedio publicada por el B.C.R.A. (esta Sala "Reisdoraf de Albrech", 6/10/98).
Responsabilidad civil, responsabilidad de los padres
Materia: CIVIL
Carátula: Duarte de Martinez Rosa Zulema c/ Frias Salinas, Eduardo Delfin y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-13

La responsabilidad que cuadra aplicar es la subyacente de los padres que emanada del art.1114 del Código Civil,encuentra fundamento en la idea de que los progenitores responden por su culpa en la falta de vigilancia o de educación cuando se trata de situaciones donde prima una eventual situación excluyente estrictamente al control del establecimiento, como es el caso de una rabona o ausencia injustificada. Aquí el control paterno es determinante.-
Constitución Nacional, derecho a la privacidad, tenencia de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Rossi, Emilio Fabián psa. inf. ley 20.771. s/ psa. Inf. Ley 20.771
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-19

La prohibición constitucional de interferir con la conducta privada de los hombres es suficiente por sí misma para invalidar el artículo 6 de la Ley 20.771, cuya constitucionalidad se declara en cuanto incrimina la simple tenencia de estupefacientes de uso personal.
Acto administrativo, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Di Croce, Marcelo Domingo c/ Municipalidad de Tres Arroyos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-02-15

Si resulta indudable que el actor ha tenido un oportuno y suficiente conocimiento del contenido de la decisión administrativa objeto de impugnación, corresponde tener por configurado un supuesto de notificación de los previstos en el artículo 67 in fine de la Ordenanza General 267/80. Lo cual, surge, básicamente, de las siguientes circunstancias: a) el impugnante identificó el decreto en su numeración, así como las actuaciones administrativas que originaron su dictado; b) describió al detalle el trámite del procedimiento previo a su emisión, reseñando las distintas opiniones de los organismos técnicos intervinientes; c) criticó el dictamen que fundamentó el acto cuestionado, al que individualizó -incluso con cita de fojas-; d) se opuso, en suma, al contenido y motivos de la decisión.
Procedimiento laboral, recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, prestación de servicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero, Roxana Paola Elizabeth c/ Asociación Docente Provincial ADP s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-02-14

El recurso de inconstitucionalidad, lejos de importar la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad y no para revisar sentencias pronunciadas por los jueces de la causa, en tanto y en cuanto ellas no revistan vicios de entidad grave que lesionen un principio constitucional, o que impliquen su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad, tal como ha sido elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Como tal, la doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Banco central, facultades del banco, policía bancaria y financiera
Materia: COMERCIAL ADMINISTRATIVO
Carátula: CRESPO JULIO CESAR c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-07

Está dentro de las facultades del Gobierno Nacional el dictado de las normas que rigen la política económica del Estado y, por ende, adoptar las soluciones necesarias para arbitrar las medidas conducentes a obtener el equilibrio de la balanza de pagos. Siendo así, no cabe duda que el Banco Central ha obrado legítimamente cuando decidió alterar el régimen cambiario existente en aquel entonces -vulgo /"tablita"- establecido anteriormente por las circulares R.C. 807; 855; 916 y 929 mediante el dictado de la resolución A 16.
Ley arancelaria, honorarios, monto del juicio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: P., M. E. c/ Y. S.A. s/ prueba anticipada
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-07

El Alto Tribunal ante supuestos como el que se da en autos ha decidido apartase del monto del proceso para fijar los honorarios profesionales. Pese a contar con un monto del proceso, ha dicho "Este es el importe que debería tenerse en cuenta a los fines regulatorios, pero dada la magnitud de los honorarios resultantes el Tribunal considera de aplicación lo dispuesto por el art.. 13 de la ley 24.432. Ello es así pues la sujeción estricta, lisa y llana de los mínimos legales previstos en los regímenes arancelarios conduciría a un resultado injusto si se tiene en cuenta las características del expediente, la materia resuelta, sus consecuencias institucionales, y que es un proceso que tiene relevante significación patrimonial. En efecto, la adopción de aquel temperamento ocasionaría una evidente e injustificada desproporción, más allá de la encomiable tarea realizada, entre la extensión e importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que sobre la base de aquellas normas arancelarias habría de corresponder.
Honorarios del perito, regulación de honorarios
Materia: PENAL
Carátula: JULIO LUIS E. s/ HOMICIDIO CULPOSO REITERADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-16

Si bien es cierto que existiendo una norma específica debe ésta primar por sobre las pautas genéricas del artículo 133 de la Ley Orgánica de Tribunales, no es menos cierto que la Ley de Aranceles de Abogados y Procuradores Nº 7046 en su artículo 21 establece que en ningún caso los honorarios de los abogados o procuradores podrán ser inferiores al de los peritos que hubieren actuado en la causa, por lo que cabe conjugar ambas normas a fin de darle racionalidad y proporcionalidad.
Leyes, interpretación sistemática, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RUIZ, CESAR GABRIEL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ APELACION LEY 12036 - COBRO DE PESOS LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO.  347 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-24

La inconsecuencia o falta de previsión no se suponen en el legislador y, en materia de interpretación de las leyes, debe preferirse la que mejor concuerde con las garantías, principios y derechos consagrados por la Constitución. De manera que sólo puede predicarse la inconstitucionalidad de aquellas que palmariamente se apartan de ella y cuando no resulte susceptible de una interpretación concordante con la Carta fundamental. En el mismo sentido, tiene dicho el Máximo Tribunal Nacional que un precepto legal debe ser interpretado analizando todo su contexto legal, su espíritu y en especial las demás normas que sobre la materia contenga el ordenamiento jurídico, debiendo estarse preferentemente por su validez. (De La Ampliación De Fundamentos De La Dra.

Gastaldi)
Quiebra, privilegios (comercial), acreedores del concurso, gastos de conservación, gastos del proceso, fondos del concurso, masa concursal, fallido, compensación
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Juki SACIFIA  c/  s/ pedido de propia quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-02

A los fines de fijar el porcentaje debido como compensación por la guarda de ciertos bienes de la quiebra, la determinación de la suma de dinero por el uso del depósito deberá llevarse a cabo sin sujeción a pautas estrictamente conmutativas sino con prudencia y en orden a conciliar, de la forma más adecuada posible, el derecho de la administradora del depósito con los intereses de los restantes acreedores, a quienes no puede recargarse con costos que superen un límite razonable
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torroba Ezequiel c/ Acurso Antonio J. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10

Corresponde condenar en costas a quién reitera una petición ya denegada anteriormente y que ha obligado a repetir la incidencia prevista por el art. 104 del CPC, aunque en esta oportunidad el juzgado dictará la resolución pertinente sin sustanciación previa.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones de hecho y prueba, domicilio real
Materia: PROCESAL
Carátula: Provencred II - Sucursal Argentina c/ Moreno, Simeón s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte Nro. 7256/03 Incidente de nulidad en Expte. Nro. B-96.214/02 Ejecutivo. L.A. N 47 F 1830/1833 N 790 Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte Nro. 7256/03 Incidente de nulidad en Expte. Nro. B-96.214/02 Ejecutivo. L.A. N 47 F 1830/1833 N 790
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-10-29

La determinación del real domicilio del demandado al tiempo de practicarse la notificación del traslado de la demanda, es cuestión de hecho supeditada a la valoración de la prueba rendida ante el Tribunal de grado que, en principio, resulta ajena a la instancia extraordinaria, regla que sólo cede en caso de absurdo manifiesto.
Pagaré, obligaciones del cedente, notificación al deudor, traslado de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BUCI S.A. c/ Oscar R. Bertona y Ot. s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S143 - 271)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-09-24

La notificación al deudor cedido (art. 1459 del Cód. Civil) se encuentra cumplido a través, en última instancia, de la notificación de la demanda o acto de requerimiento de pago y citación para defensa.
Concurso preventivo, verificación tardía
Materia: PROCESAL
Carátula: A.F.I.P. -  D.G.I. c/ LOPEZ, NESTOR ANGEL s/ POR INCIDENTES
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-05-19

En caso de que hayan varios recursos, cada uno puede perimir individualmente e independiente de los demás.

Si el fisco no justificó la demora en requerir la verificación de su crédito, debe cargar con las costas, pues sólo se exceptúa excepcionalmente de la imposición al acreedor que verifica tardíamente su crédito, en especial si se trata de un organismo fiscal, cuando se demuestra sumariamente que se han configurado extremos específicos, de manera de tornar verosímil la presencia de una causal exculpatoria.
Responsabilidad del Estado, obligación de seguridad, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa González, Domingo Avelino  c/ Provincia de Tucumán s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-06

Solo le puede caber responsabilidad a un organismo oficial si incumplió el deber legal que le imponía evitar el evento lesivo, puesto que una conclusión contraria llevaría al extremo de convertir al Estado en un ente asegurador de todo hecho dañoso que se cometiera (Voto del juez Rosatti).
Intervención de terceros, citación en garantía, resoluciones irrecurribles, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: MUÑOZ, JUAN CARLOS c/ CNAS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

No resulta admisible la defensa de falta de legitimación pasiva para obrar, articulada por el tercero, toda vez que, una vez producida la citación (en la especie existe conformidad de la actora y de la demandada), el tercero no puede oponerse a la intervención decretada en el proceso por ninguna vía o recurso (cfr. Sala III, Causa 1957/92 del 30.4.93, "Fredes, Oscar Daniel c/Instituto Municipal de Obra Social", idem Sala II, Causas 8208 del 25.6.91; 1750 del 7.12.82; v. asimismo, Kenny, H. E., "La Intervención Obligada de Terceros en el Proceso Civil", p. 98, Buenos aires, 1983); pues una vez producida la citación queda gravado como justiciable, con una serie de cargas cuyo incumplimiento puede producirle consecuencias adversas al momento de ser dictada la sentencia (cfr. Sala II, Causa 1750 cit.).
Ejecución de sentencias contra el Estado, abogados, honorarios
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MALVICINO S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-05-04

De las disposiciones de la ley 12036 surge la presencia de dos extremos que la Administración debe acreditar a los fines de la satisfacción de las condenas, a saber: uno, que ante la eventualidad de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, debe efectuar las previsiones necesarias para su inclusión en el "ejercicio siguiente"; y el otro, que en la hipótesis de que dicho ejercicio carezca de crédito o resulten insuficientes las partidas asignadas o se hayan agotado los recursos, se debe comunicar y acreditar dicha circunstancia a fin de su inclusión en el "ejercicio fiscal subsiguiente".

Si dichas actividades son concretadas y debidamente acreditadas por el sujeto público condenado y valoradas como idóneas por el Tribunal, es la propia ley la que establece la improcedencia de la ejecución forzada del crédito y del embargo de fondos; lo que basta para desestimar la postura esbozada por la demandada.
Recurso de apelación (procesal), denegatoria del recurso, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Salles, Enrique Jesús -RQU- c/ CNEA -Mº de Ed. s/ Queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-03

Como principio, la providencia que concede o deniega un recurso de apelación -salvo en el caso de solicitarse, en el primer supuesto, la rectificación en cuanto al modo en que fue concedido- no es susceptible de los recursos de apelación. Ante la denegación sólo cabe el recurso de queja por apelación denegada previsto en el art. 208 del Código Procesal (esta Sala, 24/11/92, "Jiménez Mariano A. c/ E.N. -Mº de Defensa-"; 6/5/93, "S.A. Azucarera Arg.

Com.-Ingenio La Corona c/ E.N. -Mº de Economía-"; 28/2/95, "Instituto Nac. de Obras Sociales -I.N.O.S. c/ Sindicato de Pers. de Obras Sanitarias de Junín").
Daños y perjuicios, Estado Mayor General del Ejército, lesiones en acto de servicio, retiro obligatorio
Materia: CIVIL
Carátula: Correa Rosello, Daniel Gustavo c/ Estado Nacional - Minist, de Defensa - Est. May. Gral. Ejército s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-26

Teniendo en cuenta los alcances que debe conferírsele a la resolución del Jefe del Estado Mayor que otorgó la distinción "Cruz Púrpura" por la cual reconoció que las heridas de consideración sufridas por el actor fueron en acto de servicio (esto es el 02.11.1995, ver legajo personal) y la resolución que dispone su pase a retiro obligatorio (esto es el 11.11.1996, ver legajo personal) y lo dispuesto por el artículo 3989 del Código Civil, se debe concluir que el nuevo plazo de prescripción comenzó a correr a partir del día 11 de noviembre de 1996. Por lo tanto, al momento de interponer la presente demanda el período de diez años que menciona la ley aún no se había consumido. Al ser la prescripción un instituto que lleva a la aniquilación del derecho, su aplicación e interpretación debe ser restrictiva, debiéndose adoptar, en caso de duda, la postura que conduzca a la subsistencia del derecho (conf. C.S.J.N. Fallos: 308:581, entre muchos otros).
Juicio de desalojo, legitimación activa, tenencia simple
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R., A.D. c/ R., J.L. y/o Quienes Resulten Ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-12-04

La acción de desalojo no se otorga solamente al propietario o al locador, sino a todo aquel que invoque un título del cual se derive su derecho de usar y gozar del inmueble, contra todo el que esté en la tenencia del mismo sin derecho regularmente conferido o por otras razones v. gr. clandestinidad, violencia, o intrusión propiamente dicha.
Cambio de calificación legal, violación de domicilio, hurto calificado, acción dependiente de instancia privada
Materia: PENAL
Carátula: NESOSSI, M.A. s/ VIOLACION DE DOMICILIO. HURTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-12

1) No existe inconveniente legal en modificar la calificación del fallo, que condenó al procesado por el delito de hurto calificado, por el de violación de domicilio, pues la acción se halla abarcada por la acusación y la defensa, al tratarse de una única realidad fáctica.

2) En cuanto a la instancia por el delito de violación de domicilio, la misma se halla promovida, pues el requisito del art. 72 inc. 3 según ley 21.338 (art. 2 Cód. Penal), no ha menester de formas ni expresiones especiales, bastando con que se exteriorice la voluntad del damnificado de no mantener el suceso fuera de la investigación judicial.
Inimputabilidad, alteración morbosa de las facultades, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: ALBANESI, Mirta s/ EXIMENTES  RESPONSABILIDAD.  ALTERACIONES MORBOSAS DE LAS FACULTADES.  ESTUPEFACIENTES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-05-06

Estando acreditado en autos que la procesada comenzó la ingesta de drogas a los 15 años y que al tiempo de la detención padecía un cuadro de dependencia psíquica y física hacia los estupefacientes, se desprende que al tiempo del hecho carecía de la capacidad de ser culpable en razón de su dependencia hacia las drogas. Ello se traduce en la imposibilidad de conducirse con libertad o bien de discriminar la antijuridicidad de sus acciones en razón de la alteración morbosa de sus facultades mentales derivada de su condición de toxicómano.