marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho a la salud, acción de amparo, tratamiento médico
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Rossi  Juan  Héctor c/ Obra  Social  del Personal de la SanidadArgentina s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-19

La conveniencia de que la intervención sea realizada por el médico interviniente en el caso -según lo manifestado por el perito- o la preferencia del actor por dicho profesional no constituyen un elemento suficiente para imponer a la demandada el pago de los honorarios de aquél, cuando no hay elementos concretos que permitan poner en duda la idoneidad del médico designado por la obra social, a lo que se debe añadir que -por razones obvias- el testimonio del mencionado Dr. Risolía no puede ser considerado un elemento de juicio válido a este fin.

Frente a ello, se debe considerar que todo médico especialista en ortopedia y traumatología debe reputarse idóneo para la intervención quirúrgica, de acuerdo con lo expresado por el Cuerpo Médico Forense.
Derecho procesal, doctrina de la arbitrariedad, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: P. H. H. c/ I. E. R. y otro s/ desalojo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-23

"La procedencia de la tacha de arbitrariedad requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación". "...es de carácter estrictamente excepcional y no autoriza la sustitución del criterio de los jueces de la causa en la interpretación de las normas y preceptos comunes, ni en la apreciación y valoración de los hechos y pruebas del proceso...", " aún cuando se pudiera extraer otra conclusión con fundamento igualmente razonable, no es ello suficiente para impugnar de arbitraria una sentencia, cuando la misma cuenta con fundamentos bastantes que obstan a su descalificación como acto jurisdiccional..."
Instrumentos públicos, autenticidad
Materia: CIVIL
Carátula: AMARILLA, Clarísimo Rufino c/ LINEA 33 J.A.S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-11

Todo acto pasado ante un funcionario público que actúe en la esfera de su competencia, de conformidad con las leyes que reglamentan su ejercicio, es instrumento público, aún cuando no sean de los expresamente determinados por el art. 979 del Código Civil.

Las copias carbónicas autenticadas por los escribanos son uno de los instrumentos públicos previstos por el inciso 2º de dicho artículo.-
Tasa de justicia, base imponible, actualización monetaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: LA ANGLO ARGENTINO  S.A.  CIA. DE SEGS. c/ CAP. Y/O PROP. Y/O ARM. BQ. SALTA s/ INCIDENTE - COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

La tasa de justicia se establece teniendo en cuenta el valor cuestionado, que está dado no sólo por el importe nominal que se dice adeudado, sino también por el reajuste que se reclama, por manera que el tributo se establece conforme con la estimación que debe ser efectuada respecto del rubro "depreciación monetaria". Ello así aun cuando no mediare pronunciamiento sobre su procedencia, toda vez que la tasa de justicia debe tributarse conforme con la pretensión y no sólo con relación al monto por el que ella prospera pues, de lo contrario, se llegaría a la inaceptable conclusión de que no debe ser pagada en la hipótesis de rechazo total de la demanda.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Maizares, Jorge s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-03-13

Es insuficiente el agravio en el que se omite demostrar cómo se habrían conculcado -eventualmente- los arts. 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- que se denuncian vulnerados.
Sociedades comerciales, intervención judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sinelli, I. c/ A. Sinelli y Cia. s/ Medida precautoria de intervención judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-24

Resulta improcedente la designación de veedor dispuesta por el juez para una sociedad anónima, si el peticionante de la medida ha incumplido la carga de acreditar la calidad de accionista que invoca, en los términios del art. 375 del C.P.C., recaudo insoslayable impuesto por el art. 114 de la ley 19.551. (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, daño psíquico, responsabilidad del banco, juicio ejecutivo, falsificación de instrumento privado, firma falsa
Materia: COMERCIAL
Carátula: MERENS, OLGA AURORA c/ BANCO ROBERTS SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-02

Si la ejecución promovida por un banco contra uno de sus clientes fue rechazada por haberse acreditado la falsedad de la firma inserta en el documento ejecutado -fraguado por un gerente suyo-, la entidad bancaria deberá responder por el daño psicológico provocado en la ejecutada en la medida de la incidencia que ese juicio tuvo sobre su estructura psíquica -conforme pericia psicológica-, debiendo afrontar los gastos de asistencia profesional solo por el lapso que va desde la intimación de pago hasta el rechazo de la ejecución. (En el caso, $300 a la fecha del pronunciamiento, con más sus intereses al 6 % anual, desde que fueron objeto de reclamo, esto es, el traslado de la demanda).
Actualización monetaria, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Errondasoro, Nilda L. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

El pago del importe nominal de los haberes previsionales efectuado por la autoridad administrativa por el período alcanzado por la prescripción legal, debe considerarse el cumplimiento de una obligación natural, lo cual conduce a negar la posibilidad de exigir el pago de la actualización monetaria de dicho importe.
Ley provincial, sistema acusatorio, facultades del fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscalía de Feria s/ Actuaciones (ref. B.Ch.S.A.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-13

"La Ley 4743 está direccionada a la transformación del sistema procesal penal vigente, mediante la implementación de un nuevo sistema de tipo acusatorio. En tal sentido, la nueva normativa faculta tanto al Ministerio Fiscal, para el caso en que solicite la asignación de la dirección de la investigación, a peticionar el dictado del auto de procesamiento del imputado en los casos en que considere necesario la aplicación de la prisión preventiva, como al Juez -en el caso que no haya existido petición del Ministerio fiscal- para proseguir la investigación sin resolución de la situación procesal".
Tercería de mejor derecho, trámites judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: Galli, José Alfredo c/ Fernández, José Carlos y Cavallo, Miguel Angel. s/ Tercería de Dominio -Sumario- Cavallo, Miguel Angel. s/ Tercería de Dominio -Sumario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1986-05-05

Las causales de preferencia que autorizan la interposición de la tercería de mejor derecho consisten precisamente en privilegios especiales, es decir aquellos que afectan determinados bienes del deudor y subsidiariamente en la prioridad de pago que la ley acuerda al primer embargante.
Acción de amparo, boleto de compraventa, locación de inmuebles, plazo perentorio, ley de emergencia económica, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ALTOSINNO, Josefa y otro c/ ALVAREZ, Mario G. y otros s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-10

La acción de amparo resulta la vía idónea para recuperar la tenencia de un inmueble alquilado prometido en venta, si tal operación debe realizarse en un plazo perentorio de acuerdo a la normativa vigente en materia económica para la utilización de fondos reprogramados en entidades bancarias.
Excarcelación, fallo plenario, ausencia de motivación
Materia: PENAL
Carátula: Umere, María Antonia s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-20

Responde al estándar del plenario "Díaz Bessone" la denegatoria de excarcelación que evaluó, no sólo la pena prevista para el delito imputado, sino además las circunstancias del caso -cantidad, calidad y modo de fraccionamiento de la droga incautada- y la proximidad de la audiencia de debate designada en la causa. El hecho de que la fecha de la audiencia fuera designada el mismo día en que se denegó la excarcelación no demuestra la impertinencia del argumento de la proximidad del debate para cumplir con la manda del plenario, pues la proximidad de la audiencia de debate aumenta el riesgo de fuga, teniendo en consideración la penalidad prevista para el delito endilgado. La disidencia sostuvo que carece de motivación la resolución que no explicó como llegó a inferir un riesgo de fuga de la consideración de la "cantidad, calidad y modo de fraccionamiento de la droga", pues si se entendiera implícita en esta referencia una valoración sobre la pena que podría corresponder, el argumento es impertinente. Asimismo, las referencias a la duración desproporcionada o irrazonable de la privación de la libertad o la fecha de audiencia no son pertinentes para justificar el peligro de fuga. Recordó que lo obligatorio del plenario está expresado en la voluntad sintetizada en la parte dispositiva. Dres. Yacobucci, Mitchell y García -en disidencia-.
Tributos, recurso de casación
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: SANTOS BEATRIZ RAMONA c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-30

Reviste singular importancia la apreciación de la Cámara A quo que la sanción natural y primera, de conformidad a la normativa tributaria (cfr. artículo 73 del CTP vigente a esa fecha), establecida para el incumplimiento de los deberes formales es la sanción de multa, a lo que debe añadirse que de las actuaciones administrativas arrimadas a la causa se sigue que la actora nunca persiguió sustraerse a la aplicación de una sanción de clausura, sino que lo único que requirió fue que ella se redujera a un día en lugar de 3. Por todo ello, desde mi punto de vista, asiste razón al Tribunal de grado cuando, en su sentencia en crisis, reputó manifiestamente irrazonable la imposición de una clausura por 3 días previo reparar -además de lo anterior- en el carácter facultativo de la sanción en cuestión en las graves consecuencia que ella acarrea, en la necesidad de su aplicación restrictiva y que, en la especie, se trata de reprimir transgresiones de naturaleza formal y no del ejercicio de la policía de seguridad, salubridad o moralidad de la población, lo que hubiera representado una cuestión mucho más delicada. A la luz de las consideraciones que anteceden, no parece que se pueda hacer progresar la impugnación recursiva extraordinaria local en examen argumentando que la infracción existió y que la actora no logró acreditar la inexistencia de culpabilidad en su producción al no haber demostrado que concurrió a su respecto un error excusable, habida cuenta que lo que se discute en autos no es la existencia de la infracción -hecho admitido expresamente por la actora- ni tampoco la recurrencia al tópico de lo excusable o no del error, tiene entidad para dotar de la suficiente racionalidad a una sanción de clausura por 3 días, atendiendo a las circunstancias atenuantes precedentemente enunciadas. Del mismo modo, y por similares motivos, tampoco puede prosperar la pretensión recursiva extraordinaria local aduciendo la presunción de legitimidad de los actos jurídicos administrativos, ya que esta presunción es iuris tanto y no absoluta y, como tal cede frente a la existencia de un vicio manifiesto, al igual que el agravio sustentado en la discrecionalidad de los actos administrativos ya que una cosa es discrecionalidad y, otra muy distinta, irracionalidad o desmesura en el actuar estatal.

DRES.: ESTOFAN - GOANE - SBDAR (CON SU VOTO).
Acción de amparo, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LISONDO DE ARGAÑARAZ, JOSEFA Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-31

La vía contenciosa administrativa, prevista en la Ley Provincial Nº 2.297, es la típica para debatir un acto administrativo cuestionado, y conforma un procedimiento que por su naturaleza y finalidad resulta idóneo para la salvaguarda de los derechos que se dicen lesionados. Dicha vía cuenta con medios útiles y seguros, como el requerimiento de las Medidas Cautelares, que solucionan eficazmente el problema del afectado y evitan la producción de un agravio irreparable de seguirse un trámite ordinario. Y el artículo 29 de dicho ordenamiento legal legisla un instituto específico, conocido en doctrina como "suspensión especial", por el cual se consagra la atribución especial del Tribunal de suspender los efectos del acto administrativo impugnado judicialmente. Con lo cual no puede argumentarse válidamente que la lentitud o complejidad del medio alternativo pueda tornar irreparable el perjuicio producido, pues tales inconvenientes son -por lo dicho y en principio- ajenos al remedio de la suspensión o en su caso de las medidas cautelares.
Competencia federal, secuestro extorsivo
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ ARMANDO REGINO Y OTROS s/ SECUESTRO  EXTORSIVO - JURISDICCION FEDERAL - JURISDICCION ORDINARIA   SUSTRACCION DE MENORES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-06-09

La ley Nro. 20661 modificó la ley nro. 48 (Art. 5to., inc. 3ro.), atribuyendo a los jueces de sección competencia para conocer de aquellas causas -secuestro extorsivo-que versen sobre 'los delitos previstos por los artículos 142 bis, 149 ter, 170, 189 bis 212 y 213 bis del código penal' y en el mensaje del p.E.N. Que acompaño al proyecto de la ley sancionado, se indicaba que su propósito era 'extender la jurisdicción federal a ciertos delitos cuyo auge y peligrosidad hace que constituyan una verdadera ofensa a la seguridad del estado.' Durante el arduo debate a que dio lugar el proyecto el miembro informante sostuvo que la acción de violencia desarrollada por ciertos grupos (se refería a las organizaciones subversivas) tenía como destinatario al estado 'pues ellas afectan a la seguridad y al orden como órgano político. Por tal razón, opinaba que para que la acción gubernativa fuese efectiva 'en defensa de la seguridad, del orden y de la economía nacionales, en presico que... Se trate también de establecer no solo previsiones de fondo, sino asimismo reglas jurisdiccionales a fin de que una sola justicia deba entender en las distintas infracciones para que exista unidad en la competencia, porque así se podrá mantener con éxito una acción coordinada contra las actividades que conspiran contra la nación misma'.
Expulsión de extranjeros, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Otoya Piedra, César Augusto c/ EN - DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-07

Resulta suficiente que a los efectos de decidir la expulsión de la persona extranjera que la administración exprese en cuál de los supuestos legales previstos en el artículo 29 de la ley 25.871 encuadra la situación del interesado (Voto del juez Rosenkrantz).
Despido por maternidad, denuncia del embarazo, período de prueba, estabilidad laboral, discriminación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: BUITRON, PATRICIA c/ AQUALINE S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-11

Si se produce el despido sin causa de la trabajadora embarazada, dentro del período de prueba, pero con posterioridad a la comunicación al empleador, no es imprescindible que la trabajadora acredite que se trató de una discriminación originada en su maternidad, porque tiene garantizada una estabilidad temporalmente limitada cuya vulneración supone, per se, la configuración de un acto discriminatorio que no necesita ser especialmente demostrado porque fue presumido por el legislador (precisamente para evitar que se configure) al instituir la referida garantía de estabilidad.
Nulidad procesal, nulidad absoluta, declaración indagatoria, derecho a conocer el hecho imputado, hechos nuevos, requerimiento de instrucción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DOS SANTOS, Marcelo s/ NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

Existe nulidad absoluta en la tramitación de una causa, donde los imputados no prestaron declaración indagatoria en orden a los nuevos hechos por los que la fiscalía formuló requerimiento, presumiendo el juez sus supuestas versiones.
Alimentos, obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: S.D.M. c/ P.P.V. s/ DIVORCIO - ALIMENTOS - PEDIDO CESACION CUOTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-26

La obligación alimentaria entre cónyuges emerge de un acto jurídico, que es el matrimonio. En el supuesto de separación personal por presentación conjunta (art. 67 bis, ley 2393), no se extinguía el vínculo matrimonial con la sentencia que recaía en ambas partes como "culpables". La ley preveía la posibilidad de que los cónyuges por "mutuo consentimiento", convinieran que uno se hiciese cargo de abonar los alimentos al otro, modificando así la previsión legal que circunscribía la obligación a determinadas circunstancias. El deber alimentario entre cónyuges subsistía en razón del vínculo y la convención autorizada por la ley sólo modificaba el régimen en su contenido patrimonial.

El divorcio vincular obtenido por conversión de la sentencia de separación personal, tiene los efectos previstos en el art. 217 de la Ley 23.515. Este remite a la aplicación de un plexo normativo de excepción: sólo trata de los alimentos debidos al cónyuge inocente (art. 207), o enfermo (art. 208), o el supuesto de carencia de recursos o imposibilidad de procurarse alimentos (art. 209), limitados a los necesarios para la subsistencia, o sea los que la ley 2.393, consideraba "de toda necesidad" (art. 80). Sólo en estos supuestos de la ley vigente traduce la subsistencia de un derecho alimentario entre los ex-cónyuges, el cual no se funda ya en el subsistencia del vínculo matrimonial - que no existe - sino en principios de ética y solidaridad que lo justifican.

La conversión de la sentencia de separación personal en divorcio vincular tiene efecto sobre el convenio de alimentos realizados en el marco del art. 67 bis de la ley 2.393 porque desaparece el sustento jurídico de la obligación asistencial que relacionaba a las partes . No obsta esto que puedan reclamar derecho a alimentos el ex cónyuge si se dan los supuestos excepcionales de los arts. 207 a 209, Ley 23.515, pero obedeciendo a fundamentos ajenos al vínculo del matrimonio que ha quedado disuelto, debe ejercer la acción con fundamento en las normas que puedan asistirle.-
Juicio por delitos de acción privada, abandono de la querella, error de petición
Materia: PENAL
Carátula: QUINTAS, JULIO s/ CALUMNIAS E INJURIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-19

El error en la petición en delitos de acción privada, desde que manifiesta el interés del accionante en mantener vivo el proceso, no se ve alcanzado, en principio, aún cuando la reiteración de dicha situación pueda conducir a tal destino, debiendo revocarse el auto que tiene a la querella por abandonada de la acción.
Daños y perjuicios, daños en el inmueble, transmisión del dominio, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: AGUILAR, Rubén Jorge c/ SOSA, Pablo A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

El derecho del propietario a ser resarcido por los daños y perjuicios producidos en el inmueble de su propiedad (conf. arts.

1095 y 1110 del Código Civil), no se pierde si se transmite a un tercero el dominio del bien, salvo que al hacerlo ceda también los derechos litigiosos. De ahí que el éxito del reclamo presupone la acreditación de derechos vinculados con el inmueble, para la época en que se produjeron los daños.-
Relación de dependencia, despido, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: González, Jorge Jesús c/ Parker Pen Argentina S.A.I.C. y/o quien resulte responsable s/ Despido Arbitrario, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-12-04

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo, alegando la existencia de causal suficiente para generar un despido justificado, en base a las pruebas aportadas de supuestas liquidaciones de gastos adulteradas, estas liquidaciones que oportunamente no fueron observadas por la empresa, que habrían sido pagadas en término, son anteriores a la resolución de despido y habrían surgido, según la demandada, de una auditoría interna realizada que no fue traída al expediente.
Depósito previo, sustitución del depósito
Materia: LABORAL
Carátula: Gusmeroli, Mariano Gabriel c/ Autotransporte 1º de agosto S.R.L. s/ Despido - Rec. de Queja interp. por Dra. L. Arellano
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-10-23

Observándose que sobre el automotor ofrecido a embargo existen gravámenes, desconociéndose su situación impositiva en Capital Federal hasta el año 2.000y sobre la parte recurrente pesaba la carga de acreditar que tales circunstancias -frente al valor de mercado- no le impedía asegurar el monto de condena con más un treinta por ciento como lo exige el artículo 125 inciso a) del Código ritual, si bien esta Sala tiene dicho que cuando el valor del bien ofrecido a embargo supera con amplitud el monto a afianzar, sumadas las posibles deudas por las cuales también debiera responder, corresponde admitir la sustitución, este criterio no es aplicable al caso por no darse tales circunstancias. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Indemnización, daño, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Carrizo, Roberto Oscar c/ Municipalidad de Trelew s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-21

Un daño no probado, es una aspecto inexistente, y no corresponde resarcimiento alguno. El daño patrimonial, cualquiera que sea debe responder a una realidad y como tal ser demostrada. "Aún tratándose de daño emergente o de lucro cesante y sea que se accione por responsabilidad contractual o extracontractual, el perjuicio para que sea resarcible, debe ser cierto y su prueba corre por cuenta del que los reclama y debe hacerlo fehacientemente, aportando a la causa la información necesaria para su determinación por el juzgador, sin que sea bastante la posibilidad de la existencia de un perjuicio, pues no corresponde acordar indemnizaciones sobre la base de simples conjeturas".
Actualización monetaria, honorarios, Estado Nacional
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Ruíz Orrico, Juan C. c/ Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social) s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-24

El acogimiento de la desvalorización monetaria de los honorarios y gastos especiales desde el nacimiento de la deuda, importaría agravar las prestaciones a cargo del Estado Nacional, si éste tiene que afrontar las consecuencias derivadas de la conducta discrecional y de la negligencia de su acreedor, que asumió espontáneamente la tarea de liquidar sus honorarios y difirió su cumplimiento frente a acontecimientos que le imponían obrar activamente para el resguardo de sus derechos.