Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-07-08


AUTOS Nº 49.760 (4º Juzgado Civil) (Nº 8901 SALA III ) "GIL DE ARREDONDO Liliana C/ Marquez de Herrero Maria Catalina y Otro-Daños y Perjuicios-Sumario" ///En la ciudad de San Juan, a 08 días del mes de Julio dos mil ocho, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, a cargo de la Presidencia la Dra. Catalina Celia Cúneo de García y los Dres. Moisés Moya y Carlos Eduardo Ferreira Bustos, como Vocales, para conocer sobre los recursos de apelación concedidos a la parte actora a fs. 155 y a la parte demandada a fs. 160, contra la sentencia de fecha 27 de diciembre de 2006 obrante a fs. 149/152 vta.

CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA dijo: El Sr. Juez a-quo resolvió: "I) Admitiendo la demanda y en consecuencia condenando a la Sra. María Catalina Márquez, al Sr. Juan Herrero y a la Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales en los límites del seguro, a pagar a la Sra. Liliana Gil de Arredondo, en el término de diez días de consentida o ejecutoriada la presente, bajo apercibimiento de ejecución, la cantidad de Pesos Ciento Veintinueve Mil ($129.000), con más los intereses legales hasta su efectivo pago; II) Imponiendo las costas a la parte demandada vencida; III) Difiriendo la regulación de los honorarios correspondientes a los profesionales actuantes para la oportunidad prevista en la ley 4072 y normas reglamentarias".

Contra la sentencia la actora interpone recurso de apelación a fs. 153, el recurso se le concede a fs. 155. Expresa agravios a fs. 182/184, los que fueron respondidos por la contraria a fs. 197/202 vta..

También la accionada se alza contra el pronunciamiento a fs. 154, el recurso se le concedió a fs. 160. Funda el mismo a fs. 186/195 vta., fundamentación que fue contestada por la actora a fs. 205/207. Ambas partes hacen expresa reserva de los recursos extraordinarios de la ley 2275 y del caso federal del art. 14 de la ley 48.

Sin perjuicio de la detallada relación de la causa que efectuara la Sra. Juez aquo en la sentencia apelada, diré que: La presente acción tiene origen en la demanda de daños y perjuicios incoada a fs. 06/12 vta., por la Sra. Liliana Gil de Arredondo contra la Sra. María Catalina Márquez de Herrero (titular registral del automóvil que intervino en el accidente), el Sr. Juan Herrero (conductor del vehículo) y contra la compañía de seguros "La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales" a quien pide se cite en garantía.

Ello en virtud del accidente de tránsito acaecido el 19 de septiembre de 1999, a las 20 hs. aproximadamente, en Avda. de Circunvalación metros antes de llegar a calle Salta. Reclama la suma de pesos doscientos sesenta y dos mil ($ 262.000) o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendir, más intereses y costas del proceso, desde la fecha del accidente y hasta el momento de su efectivo pago.

Expresa la actora que el conductor del automóvil embistió con el mismo, contra el puente de Avda. de Circunvalación. Ella se encontraba en el asiento delantero del vehículo. Como consecuencia del accidente fue trasladada en primer momento al Hospital Rawson, luego al Hospital Privado y posteriormente al Instituto Médico de San Juan.

Se fracturó el cúbito y radio de pierna derecha y tuvo luxación de prótesis de cadera derecha, se le colocó yeso braquipalmar derecho e izquierdo, también bota corta de yeso en pierna derecha. Tiene una herida operatoria de veinte centímetros en cadera externa derecha (entre otras lesiones que enumera a fs. 07 del escrito de demanda). Aduce que se curará, salvo complicación y según dictamen profesional médico, en 90 días aproximadamente.

Reclama en concepto de: a) Daño patrimonial, La suma de pesos ciento sesenta y dos mil ($162.000). A consecuencia del accidente quedó con deformación de tobillo, de muñeca, brazo y hombro. No puede conducirse por sí misma, ni trasladarse ni higienizarse sin ayuda de otra persona. Es ama de casa, si bien "había tenido antiguamente problemas de salud, cumplía sin dificultad las tareas propias del hogar".

Al momento del accidente tenía 45 años de edad; b) Daño moral, El monto de pesos setenta mil ($70.000); c) Daño psíquico y lesiones estéticas: La suma de pesos veinte mil ($20.000); d) Gastos médicos, kinesiológicos y de medicamentos: La suma de pesos diez mil ($10.000). Ofrece y rinde la siguiente prueba: I) Documental: Sumario Penal Nº 3629 "C/ Herrero Juan P/ Lesiones art. 94 C.P. en perjuicio de Liliana Gil de Arredondo Casación" con 186 fojas. 5 radiografías, 6 fotografías, 1 factura emitida por la Lic. María Verónica Orellano-Psicóloga.

II) Informativa: Del Instituto Médico de San Juan, acompaña historia clínica de la actora a fs. 75/78 vta., fs. 97/98; del Hospital Privado de San Juan a fs. 89/90, se adjunta historia clínica.; del Hospital Guillermo Rawson a fs. 95/98. III) Confesional: Del co-demandado Sr. Juan Herrero a fs. 64/65, conforme pliego de fs. 59 y vta.. A fs. 66 consta el acta por incomparencia de la demandada Sra. Márquez de Herrero, se rubrica y agrega el pliego de fs. 60 y vta.

IV)Testimonial: Sra. Cristina del Valle Cano a fs. 71/73 vta., según pliego de fs. 70 y vta. ;Sr. Ramón A. Peñafort -médico fs. 85/86 vta., según pliego verbal; Sr. Nelson Campero a fs. 87 y vta., según pliego verbal; Sra. María Verónica Orellano -Psicóloga a fs. 88, pliego verbal.V) Inspección ocular: a fs. 94 y vta.

Pide en definitiva se haga lugar a la demanda en todas sus partes, con costas.

A fs. 25/30 comparece la aseguradora: "La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales" y asume la defensa de la parte demandada. Contesta la demanda interpuesta en su contra por la accionante, niega todos y cada uno de los hechos expuestos por la actora.

No obstante, reconoce que en la fecha referida por la actora ocurrió el evento dañoso y que a consecuencia del mismo, la accionante "sufrió algún tipo de lesión" pero no las lesiones que la misma aduce en el escrito de demanda. Impugna los rubros reclamados y los montos.

Ofrece y rinde la siguiente prueba: I) Documental: Póliza de Seguro de "La Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales", cuya copia luce a fs.35/37. II) Confesional: De la actora a fs. 61/63 vta. según pliego de posiciones a fs. 58 y vta. III) Testimonial: del Sr. Fernando Gutierrez a fs. 82/84, según pliego de fs. 81; Dr. Ramón A. Peñafort a fs. 85/86 vta. Pide el rechazo de la demanda, con costas.

A fs. 38 comparecen los demandados y piden la citación en garantía de su aseguradora.

El fallo apelado causa agravios tanto a la accionante como a la accionada, los que subsumiré del siguiente modo: Agravios de la actora: Primero: El Inferior erróneamente toma el monto de pesos: Ciento sesenta y dos mil ($162.000) como suma reclamada por su parte al promover la demanda. No tiene en cuenta que reclamó la suma de pesos: Doscientos sesenta y dos mil ($262.000), lo que surge de la simple lectura del escrito de demanda. La indemnización que condena a pagar es injusta, exigua, irrazonable, arbitraria y discriminatoria. Solicita a este Tribunal elevar el monto que se condena a abonar a fin que se retribuya con equidad los daños sufridos por su parte.

Segundo: Le agravia que el Inferior para admitir el reclamo por incapacidad, tenga por acreditado que la artitris reumatoidea que padecía su parte fue agravada por el accidente, pero al no poder determinar cuál es la mayor causa de la incapacidad que padece, la estima sólo en un cincuenta por ciento (50%).

Se agravia del monto fijado ($81.000). El Juez a-quo ha ignorado que una persona que tiene artritis aunque sea severa no padece por ello, una incapacidad total.

La enfermedad preexistente sólo puede incidir en el grado de incapacidad cuando su parte alcanzara una mayor edad, no 45 años como el caso de marras. La conclusión a la que arriba carece de fundamento científico además, al no existir prueba de descargo, debió hacer lugar a la totalidad del reclamo efectuado por su parte.

Solicita a este Tribunal fije por dicho rubro, una suma no inferior a pesos ciento sesenta y dos mil ($162.000), teniendo en consideración que debe ser asistida por una persona con cierta preparación, -enfermera atento su situación.

Tercero: Es exigua la suma que fijó el Inferior en concepto de gastos médicos ($3.000). Le agravia que considere que dichas erogaciones no se han acreditado en su totalidad.

No tiene en cuenta que debido a su condición física muchas de las consultas no pueden llevarse a cabo en hospitales públicos, debiendo pagar a profesionales particulares. Solicita al Tribunal imponga por tal rubro la suma de pesos diez mil ($10.000) a la época del accidente.

Cuarto: Referido al rechazo del rubro daño psicológico, daño estético y la escasa suma por daño moral.

Considera el Inferior, respecto al daño psicológico, que es insuficiente la testimonial rendida por la Lic. Orellano. El Juez a-quo omitió tener en cuenta que se trata de una especialista en la materia y que oportunamente asistió a su parte.

El testimonio de la profesional debió juzgarlo junto con las demás constancias de autos (prueba documental e instrumental respecto de las lesiones incapacitantes que sufre), conforme al principio de congruencia.

Asimismo le agravia el rechazo del daño estético, por no tener en consideración el Juez a-quo que la herida cortante -cuya sutura es de 20 cm resulta estéticamente desagradable. Pide se indemnice en forma autónoma el daño estético.

Además, ya sea por separado o incluidos los tres items, la suma de la condena por daño moral es exigua ($ 45.000) y no compensa equitativamente su situación. Considerando la internación, periodo de recuperación de las heridas, postoperatorio, convalencia y etapa posterior con incapacidad permanente, pide se fije la suma de pesos: noventa mil ($90.000) a la fecha del accidente.

Solicita se modifique la sentencia y se haga lugar a la demanda por el monto total reclamado con más sus intereses y accesorios, desde la fecha del accidente y hasta el efectivo pago. Todo con costas. Introduce la vía recursiva que prevé la Ley 2275 y la Ley 48.

Agravios de la demandada y citada en garantía: Primero: El Inferior viola el principio de congruencia, en la parte resolutiva del fallo apelado dispone "admitir la demanda" cuando en realidad sólo hizo lugar a la misma en forma parcial. Hay rubros que han prosperado parcialmente y otros han sido rechazados (daño psíquico, lesión estética e intereses a imputar desde la fecha del accidente).

No obstante no admitir el monto que se lo condena a pagar ($129.000), solicita se modifique la parte dispositiva de la resolución, dejándose consignado que el acogimiento de la demanda, es sólo parcial.

Segundo: La sentencia viola también las normas del debido proceso, porque fija indemnizaciones elevadas y resuelve fuera de lo pedido (extrapetita) y sin prueba alguna que avale la conclusión a la que arriba.

a) En relación al daño patrimonial, para fijar la condena determina que la actora padece una incapacidad total, adjudicándole -en carácter de causa el 50% de la misma al accidente, en virtud de un agravamiento que no fue invocado por la accionante al demandar (extrapetita).

La incapacidad que aduce la actora no fue acreditada, no denunció -al interponer la acción que tenía graves enfermedades incapacitantes -artritis reumatoidea, osteosporosis, cadera prostática, operación de ambas rodillas sólo expone "que había tenido antiguamente problemas de salud".

Impone una suma ($81.000) por demás elevada cuando no existe prueba pericial que avale la incapacidad "total" que padecería la accionante, en abierta contradicción con el informe médico legista (fs.02 del Sumario Penal).

Solicita el rechazo de tal rubro o la reducción a sus justos límites por los 90 días de incapacidad determinados en el Sumario Penal, peritación que no se encuentra controvertida.

El sentenciante no consideró el principio de prejudicialidad, que el perito fue el médico legista y que la actora se valió de dicha pericia para hacer el reclamo.

El Juez a-quo ha fijado una incapacidad sin que exista en el proceso una pericia médica, la necesidad de practicar la misma surge del art. 362 del C.P.C.. La accionante no instó -cuando tenía la carga de hacerlo la producción de tal probanza. No se ha comprobado que la actora necesite atención permanente de terceras personas.

El Inferior se basó en el testimonio del Dr. Campero, cuando dicho profesional imputa las dolencias a enfermedades preexistentes y no al accidente. Además, de dicho testimonio surge que las lesiones que padecía antes del accidente, fueron mejoradas por la cirugía realizada después del mismo.

Omitió considerar el Inferior el testimonio rendido por el Dr. Peñafort (fs. 86). No tuvo en cuenta que la actora al absolver posiciones (fs.61/63) reconoció que padecía artritis reumatoidea, que fue operada de ambas rodillas y que tenía desviación de los dedos.

Describen los apelantes las enfermedades que tenía la actora antes del accidente, a fin de acreditar que las dolencias que padece, son a causa de las mismas y no del accidente. Piden se deje sin efecto la suma fijada por daño material o se reduzca su monto.

b) Gastos médicos: El juez a-quo los admitió sin que la actora haya acreditado las erogaciones y sin tener en cuenta que los mismos son cubiertos por la obra social.

A efectos de justificar el monto el Inferior sostuvo que "...es notorio que un hospital público no cuenta con todos los insumos...", omitió tener en cuenta que la actora estuvo internada en el Hospital Privado y el Instituto Médico. Peticiona se rechace el monto o se reduzca el mismo.

c) Daño moral: El sentenciante se remite a la historia clínica y a los testimonios de los Dres. Peñafort y Campero.

De las constancias de autos surge que las dolencias que puede justificar la actora, se deben a enfermedades preexistentes. Condena a pagar un monto por demás elevado ($45.000), debe reducirse el monto de la condena.

Piden se modifique la sentencia e introduce la cuestión constitucional y el caso federal, conforme ley 2275 y la ley 48.

Al contestar los agravios de la contraria, la parte demandada (fs.197/202 vta.) peticiona se declare desierto el recurso de la actora, por no revestir los caracteres de crítica concreta y razonada del fallo (art. 266 C.P.C.).

Al respecto tiene dicho este Tribunal que: "De acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 265 del C.P.C., la expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas o injustas.

De no ser ello así corresponde declarar desierto el recurso, conforme a las prescripciones del art. 266 ibid. No obstante las normas legales precitadas y de acuerdo a jurisprudencia constante de este Tribunal, estando expresados mínimamente los agravios, se trata el recurso.(PROT. DE AUTOS Tº I Fº 117/119 AÑO 2002)".

Trataré en forma conjunta los agravios de las partes referidos a la indemnización por incapacidad.

La actora se agravia del porcentaje determinado por el Sr. Juez aquo y el monto de la indemnización; que considera exiguo y que pide se fije a la fecha del accidente.

La parte demandada y su aseguradora, cuestionan la procedencia del rubro aduciendo que la incapacidad no es producida por las lesiones sufridas en el accidente, sino por las enfermedades que ya padecía la actora. También se agravian de los montos de la condena.

Es preciso analizar las pruebas rendidas en la causa a fin de merituar el fallo cuestionado y la procedencia del rubro reclamado.

El co-demandado fue condenado, en el Sumario Penal Nº 614/02, caratulados "C/ Herrero Juan por Lesiones art.84 C.P. en perjuicio de Liliana Gil de Arredondo", del 3º Juzgado Correccional.

Las lesiones sufridas por la actora en el accidente de tránsito que dio origen a dicha causa, están descriptas a fs. 02 por el médico legista Dr. Raul Iturrieta, quien examina a la paciente el 09/11/99, en su domicilio particular. En su informe expresa que presenta: "Yeso braquipalmar derecho. Yeso antebraquipalmar izquierdo. Bota corta de yeso en pierna derecha. Herida operatoria de 20 cm. en cadera externa derecha. Dos (2) heridas en vías de cicatrización por segunda en rodilla izquierda.

Según radiografías: Fractura de epífisis distal de cúbito y tercio distal de radio de antebrazo izquierdo. Fractura bimaleolar de tobillo derecho. Fractura de cúbito y radio derechos, luxación de prótesis de cadera derecha. Curará salvo complicación en noventa (90) días aproximadamente, por noventa días de incapacidad".

A fs. 29 del Sumario Penal constan los certificados médicos expedidos por los Dres. Nelson Luis Campero y Ramón Peñafort y a fs. 51 otro del Dr. Campero, que dan cuenta de las lesiones sufridas y el estado de la actora. Dichos certificados fueron reconocidos por los profesionales citados a fs. 85/86 y a fs. 87 y vta por sus otorgantes.

En el de fs. 29 del 05/11/99, el Dr. Campero certifica que la actora evoluciona de politraumatismo grave. Anteriormente, estuvo en tratamiento por cuadro de reumatismo deformante. Agrega que con el accidente se agrava su enfermedad y describe las fracturas y lesiones. En el certificado de fs.51 del Sumario Penal, indica que la actora necesita reposo absoluto permanente, no puede caminar y tiene una incapacidad del 90 %.

Las lesiones sufridas a consecuencia del accidente están corroboradas, además, con las radiografías y fotografías acompañadas por la actora al promover la demanda, historias clínicas del Instituto Médico de San Juan de fs. 75/78 vta.; del Hospital Privado de San Juan a fs. 89/90 y del Hospital Guillermo Rawson a fs. 95/98.

A fs. 85/86 declara el Dr. Ramón Peñafort. Como ya lo indicara reconoce el certificado médico agregado a fs. 29 del Sumario Penal y la Historia Clínica de fs. 76/78 vta. En su declaración describe las lesiones sufridas por la actora y manifiesta que operó a la actora de una luxación traumática de cadera protéxica; que había sido reemplazada antes del accidente y que se había luxado en el choque.

Agrega, que tuvo los yesos puestos bastante tiempo sobre todo los miembros superiores, ya que tenía quebrado el húmero y el antebrazo, el cúbito y el radio. Las fracturas consolidaron, pero por supuesto le dejaron algunas secuelas de inmovilización.

Respecto a las afecciones que padecía la actora, expresa que es una paciente que tiene una artritis reumatoidea, con repercusión funcional severa y de larga data. Por ello antes del accidente fue operada de cadera y de las dos rodillas.

El golpe del accidente afectó más su condición, todavía está con dificultad para moverse, caminar...las rodillas operadas tienen buena función, las otras articulaciones presentante dificultad para el movimiento.

Al interrogatorio formulado por la demandada, el Dr. Peñafort responde que antes del accidente la actora tenía lesiones incapacitantes por su enfermedad. Agrega que la artritis reumatoidea es un enfermedad crónica, progresiva e incapacitante , con evolución distinta para cada caso, sometida a tratamiento se pueden mejorar los síntomas. Seg·n los casos las articulaciones pueden estar más o menos limitadas, lo que crea la incapacidad o limita al paciente.

Me he permitido el subrayado de los párrafos precedentes a fin de destacar el testimonio del Dr. Peñafort, en cuanto a la enfermedad que padecía la actora antes del accidente y cómo el mismo, pudo empeorar su dolencia.

El Dr. Nelson Campero declara a fs. 87 y vta..

Reconoce los certificados médicos de fs. 29 y 51 del Sumario Penal. En su declaración en sede civil se refiere a las lesiones de carácter neurológico que padece la actora, por las que fue operada antes del accidente y producidas por la enfermedad reumática. La paciente es portadora de una Subluxación atlanto axiodea. Fue operada tres veces antes del accidente y se logra detener la sintomatología. Con posterioridad al accidente, entre otras lesiones acreditadas por otros especialistas, tiene un síndrome de latigazo, que le provoca revivir sintomatología del pasado (sic.). Describe neurológicamente a la paciente (a marzo del 2002), con trastornos de niveles de conciencia.

Ejemplo: memoria, percepción, juicio etc., acompañado de un cuadro depresivo por shock por emoción violenta (accidente)...aconseja su reposo obligado. No puede deambular, con movimientos limitados en la rotación y flexión de columna cervical que la hace una persona totalmente dependiente para el vestido, alimentación y su higiene, por lo que concluye en la incapacidad que consta en los certificados de fs. 29 y 51 del Sumario Penal (sic.).

A fs. 82/84 declara el Dr. Fernando José Gutiérrez, testigo propuesto por la parte demandada. Manifiesta que comisionado por la aseguradora, concurre a revisar y evaluar el estado de la actora internada en el Instituto Médico. Ratifica las lesiones sufridas a consecuencia del accidente ya descriptas.

A fs. 88 consta la declaración de la psicóloga María Verónica Orellano, quien reconoce la factura que se le exhibe y además que atendió a la actora, que estaba muy angustiada.

En su testimonio rendido a fs.71/73, Cristina del Valle Cano, a tenor del interrogatorio de fs. 70, describe la situación de la actora antes y después del accidente, respecto a la imposibilidad de caminar, mover su brazo derecho y las deformaciones de la muñeca izquierda, dedos de la mano, el pié y el tobillo; lo que le impide movilizarse por sí misma, comer, higienizarse etc. La testigo, junto con una hermana son las personas que asisten diariamente a la actora.

En su confesional de fs. 64/65, el co-demandado admite que la accionante, a consecuencia del accidente sufrió lesiones y estuvo internada en el Hospital Privado junto con él. Reconoce la fotografía que se le exhibe, donde se puede ver el rostro de la actora y parte de las lesiones sufridas. En cuanto a la fotografía que muestra sólo las piernas, desconoce si pertenecen a ella.

Destaco al respecto, que de la observación de la foto reconocida por los demandados (confesión ficta de fs.66 ), se advierten prima facie la gravedad de las lesiones sufridas por la actora.

Además, de las constancias del Sumario Penal (ver fs.02/04) y de las propias declaraciones obrantes a fs.34/35, formuladas por el co-demandado Juan Herrero; surge que también sufrieron lesiones el resto de los ocupantes del vehículo siniestrado. El codemandado manifiesta que sufrió fractura de la mandíbula y muñeca de la mano izquierda, de dos costillas, por lo que estuvo internado en el Hospital Privado. Es decir, que no fue sólo la actora la que sufrió fracturas que imputan a su dolencia reumática, como expresan los accionados; lo que da cuenta de la fuerza del impacto y que también surge de las fotografías acompañadas.

No hay una pericia médica que establezca el grado de incapacidad que padece la actora después del accidente. Esta prueba fue ofrecida por ambas partes y no rendida. Quien pretendía modificar la situación de quien efectuaba el reclamo por incapacidad, también tenía a su cargo la obligación de producirla.

Tiene dicho este tribunal: "La carga de la prueba incumbe a ambos litigantes, corresponde a quien quiere innovar la situación de su adversario, y depende de la naturaleza de las cuestiones que constituyen puntos de controversia.

La carga del accionante es la prueba de los hechos que afirma y constituyen el fundamento que legitima la acción que deduce.

El demandado que afirma hechos incompatibles con los invocados por el actor, debe probarlos, la ausencia de prueba determinará el contenido de la sentencia, por cuanto partiendo de los hechos probados el juez estimará la pretensión o defensa, seg·n el caso.

(PROT. DE SENT. Tro. I Fro. 29/32 AÑO 2003).

Los demandados se agravian de la falta de prueba pericial, lo que consideran un obstáculo para la procedencia del reclamo por incapacidad.

La jurisprudencia Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, en relación a la prueba pericial, expresa: "Los porcentuales de incapacidad juegan en materia resarcitoria un papel secundario, debiendo estarse a la índole de las secuelas y a la disfunción que ellas generan en la vida activa de la persona, que es lo que conforma la materia civilmente indemnizable (doct. arts. 1067 y 1068 Cód. Civ.)." (Referencia Normativa: Cci Art. 1067 ; Cci Art. 1068-Cc0002 Sm 51003 Rsd-161-2 S-Fecha: 23/05/2002-Juez: Mares (sd)-Caratula: Ortíz, Oscar Y Otro C/ Ojeda, Francisco Jorge Y Otros S/ Daños Y Perjuicios-Mag. Votantes: Mares-occhiuzzi ).

"El porcentual que se le asigne en orden a la incapacidad física tiene sólo un valor referencial a la hora de fijar su indemnización, para lo cual han de merituarse la índole de las lesiones padecidas y de sus secuelas discapacitantes y su repercusión negativa concreta en la vida activa de la víctima, tomando en cuenta a la vez las circunstancias personales de ésta."(Cc0002 Sm 50136 Rsd-22-2 S-Fecha: 26/02/2002-Juez: Mares (sd)-Caratula: Garagiola, Silvia Y Otros C/ Chianesa Labraña Y Otro S/ Daños Y Perjuicios-Mag. Votantes: Mares-occhiuzzi).

"No es tanto el grado de incapacidad seg·n baremos tabulados lo que interesa evaluar en sede civil, sino el tipo y las características de las secuelas, tanto en el aspecto anatómico como en el funcional. Sólo de esta manera puede actuarse el principio de reparación integral que propicia la indemnización del daño de acuerdo a su índole particular y real y no en base a construcciones lógicas como son los baremos, evaluables como elemento comparativo, pero sin atarse matemáticamente a ellos." (Referencia Normativa: Cci Art. 1083-Cc0002 Sm 54212 Rsd-434-4 S-Fecha: 26/10/2004Juez: Scarpati (sd)-Caratula: Bravo, Juan Francisco C/ Empresa De Transportes Los Andes "línea 78" Y Otros S/ Daños Y Perjuicios-Mag. Votantes: Scarpati-mares-occhiuzzi-).

"En materia de incapacidades, los informes periciales no resultan siempre estrictamente significativos del real menoscabo. Esos baremos se explican en sistemas de indemnización tasada, como los de la vieja ley de accidentes del Trabajo, pero son de muy escaso valor en sistemas indemnizatorios abiertos.

En estos últimos importa más contar con descripciones funcionales de las lesiones incapacitantes proyectadas en particular a las actividades corrientes de la persona afectada."(Cc0000 Pe, C 4569 Rsd-97-00 S-Fecha: 19/06/2003Juez: Gesteira (sd)-Caratula: Giménez, Roberto Marcelo C/ ZáRate, Jorge Horacio Y/o Q.r.r. S/ Indemnización Por Daños Y Perjuicios-Mag. Votantes: Gesteira-Ipiña-Levato).

De la prueba analizada, sobre todo los testimonios de los médicos que la asistieron, surge su imposibilidad de movilizarse por sus propios medios y la gravedad de las lesiones sufridas. El informe del médico legista que la revisa el 09/11/99, sólo indica aproximada mente el tiempo de curación y por el que, salvo complicación, estaría incapacitada. Ello no significa establecer la misma, teniendo en cuenta que estaba con yeso y prácticamente recién operada de cadera.

También está probado que la actora padecía, con anterioridad al accidente una Artritis Reumatoidea, por la que fue operada y que el golpe afectó más su condición.

Reitero el testimonio de fs.85/86 donde el Dr. Peñafort expresa que las fracturas consolidaron, pero le dejaron algunas secuelas de inmovilización. Y agrega que la paciente (actora) tiene una Artitis Reumatoidea con repercusión funcional severa y de larga data.

Por eso fue operada de cadera y de las dos rodillas. El golpe del accidente: "afectó más su condición, todavía está con dificultad para moverse, caminar...las rodillas operadas tiene buena función, las otras articulaciones presentan dificultad para el movimiento" (sic.).

En igual sentido se pronunció el Dr. Campero a fs. 87 y vta. cuando declara que la actora no puede deambular y está limitada en sus movimientos para alimentarse, vestirse etc. Estos testimonios fueron rendidos el 26 de marzo del año 2002, sin que de ninguno de ellos se infiera que la incapacidad que padece la actora fuera sólo producida por la evolución de su enfermedad, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el accidente.

Por el contrario, de los mismos surge que las lesiones afectaron más su condición, impidiéndole la movilización. Sin que -insisto pueda bajo ning·n concepto deducirse, que dicha incapacidad sea consecuencia sólo de su enfermedad.

Por lo que concluyo que está probada la incapacidad reclamada por la actora y también la afección que sufría antes del accidente.

Los demandados niegan que les quepa responsabilidad por dicha incapacidad. Para responder los agravios expresados en tal sentido, es preciso referirnos a los presupuestos de la misma en sede civil.

Este Tribunal tiene dicho (ver Prot. de Sent. Tro. II-Fro. 257/271-Año 1997): "Tanto en doctrina como en la jurisprudencia, es reconocido, que los presupuestos de la responsabilidad civil en materia resarcitoria (tanto contractual como extracontractual), que deben concurrir para el acogimiento de la acción en la sentencia son los siguientes: a) Una acción u omisión antijurídica y culpable, b) La producción de un daño y c) La relación causal entre el hecho o acción u omisión y el daño.

El daño constituye de tal modo, uno de los presupuestos de la obligación de resarcir o si se prefiere, de la responsabilidad jurídica. No hay responsabilidad jurídica si no hay daño, pero el daño, para generar responsabilidad debe haberse producido en razón de un acto antijurídico, que en su consideración objetiva, se atribuye a un sujeto, sea a título de culpa u otro factor de atribución objetiva, mediando además una relación causal entre el acto imputable y el daño".

"La determinación del nexo causal entre el hecho y sus consecuencias depende de las circunstancias que acompañan la producción del daño, es decir de las particularidades del caso. Es una cuestión de hecho supeditado a la apreciación del Juez, que es quién debe establecer la relación de causalidad conforme a las pruebas aportadas. Para la prueba del nexo causal son válidos, inclusive los indicios o presunciones.

AUTOS Nro. 27881 DEL 9ro. JUZ. CIVIL (SALA III 6029) "CASTAN JOSE ORLANDO C/S.E.S. (RESIDUAL) DAÑOS Y PERJUICIOS".

PROT. DE SENT. Tro. II Fro. 221/237 AÑO 2002 ).

También ha dicho que: "Quien ha causado un daño con su acto ilícito debe resarcirlo. Pero esa responsabilidad tiene las limitaciones previstas por el art. 905 y 906 del Código Civil. Para que la misma exista debe haber conexidad causal entre el acto y su resultado.

Es decir que el acto ha contribuído a producir un resultado, condición sine qua non de él y además debía normalmente producirlo conforme al orden natural y ordinario de las cosas. Si por el contrario no hay conexidad causal, es decir cuando el acto aunque factor esencial del resultado, solamente lo ha producido por la intervención de circunstancias extraordinarias o imprevisibles, no puede hacerse responsable del mismo al actor".

"Sólo cuando hay conexidad causal adecuada entre el acto y sus efectos o sea las consecuencias normales y por tanto previsibles de su acto, el resarcimiento cabe (arts. 901, 903 y 904 del Código Civil). Las demás no se imputan al responsable en razón de su anormalidad y falta de previsión, se las considera causales (art. 905) o remotas (art. 906).

La Ley establece así límites a la responsabilidad y la medida de la misma se regla por la relación de causalidad. Para el Código Civil ésta se establece por la normalidad del efecto con relación al acto, ésto es la previsibilidad de las consecuencias.

Estas serán imputables al agente en tato se trate de un hecho que acostumbra suceder según el orden natural y ordinario de las cosas (art. 901, 903, consecuencias inmediatas) o cuando son previsibles, es decir que las haya previsto o podido preverlas (art. 904 consecuencias mediatas).

El autor del hecho ilícito responde de todas las consecuencias normales y previsibles, pero no de las casuales y remotas (art. 905 y 906 C.C.)(Expte. Nro. 4040-Nro. 368 "SEVA ENRIQUE RODOLFO C/MARCOS C. CASTRO Y OTRO-COBRO DE PESOS-ORDINARIO" Prot. de Sent. Tro. I Fro. 26/37 Año 1986).

(AUTOS Nro. 33.185-11.366 (1ro. JUZGADO CIVIL) (Nro. 8070 SALA III) "VARAS LUCILA DEL CARMEN C/ MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA Y OTROS DAÑOS Y PERJUICIOS III CPO".Prot. de Sent. Tro. III Fro. 501/512 Año 2006 ).

"El responsable de un acto ilícito debe responder por las consecuencias mediatas e inmediatas del hecho, incluyéndose en ella todos los perjuicios ocasionados por el evento dañoso" (CNCiv., sala F, diciembre 19-967) (ED Tro. 44 pág 1044).

Considero que hay relación de causalidad adecuada entre las lesiones sufridas en el accidente objeto de esta acción y el estado actual de la actora. Sin dejar de considerar como concausa la enfermedad que ya padecía, a los fines de fijar la indemnización.

La jurisprudencia expresa en tal sentido que: "Si el accidente actuó como factor desencadenante con relación a ciertas afecciones preexistentes que padecía la víctima, activándolas o acelerando su proceso sus consecuencias deben ser soportadas por el responsable; igual solución cabe cuando las secuelas derivan de la acción del evento dañoso sobre una mala conformación genética". (CNCiv. Sala B, noviembre 28-974) (LA LEY 1975-A, 688 J.A., 975-28 ED 61-286).

( Digesto jurídico -LA LEY ( 2) .TOMO II Pag 1249-Nro. 4629).

Además: "Cuando la lesión cuya reclamación se peticiona es concausada por el evento dañoso, pero reconoce una causa anterior agravada por el hecho en sí, esto debe necesariamente ser merituado al establecer el cuantum indemnizatorio.

Cuando la relación entre el ilícito y la incapacidad de la víctima ha sido interferido por una concausa, que actuando conjuntamente agrava las consecuencias normales, se impone la consideración de la causa ajena al fijar la indemnización que no cubrirá todo el daño.

En caso de que la lesión anterior haya sido agravada por el evento dañoso la indemnización debe darse solo por la agravación o sea el mayor perjuicio que la víctima ha sufrido, porque el daño en sí ya lo tenía.

Quien puso la segunda causa, limita su responsabilidad, a la agravación, es decir a la medida del mayor perjuicio. (Cc0001 Si 70419 Rsd-307-96 S-Fecha: 29/10/1996-Juez: Medina (sd)-Caratula: Chaud, Jose María C/ Gauto, Raúl S/ Daños Y Perjuicios-Mag. Votantes: Medina-arazi (Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires Civil y Comercial).

Respecto a la incapacidad tenemos dicho que:.. " es la disminución de las aptitudes físicas, o psíquicas, que afectan la capacidad productiva, o que se traducen en un menoscabo en su plenitud, provocando la imposibilidad o dificultad en las actividades, productivas o no, que el sujeto solía realizar con debida amplitud y libertad ( Belluscio, Cod. C. ant. Tro. V, pág. 219).

Así como la vida humana tiene un valor económico que debe indemnizarse por el solo hecho de haberse producido su pérdida, también la incapacidad derivada de las lesiones provocadas por culpa o negligencia del conductor, en un accidente de automotores, debe ser indemnizada por éste, independientemente de la disminución concreta de la capacidad de trabajo, es decir, que el resarcimiento por incapacidad debe fijarse no sólo en función del aspecto laborativo, sino en todas las actividades del sujeto, y de la proyección que la secuela del accidente tiene sobre la personalidad de la víctima (ED 90-699, nro. 166; Prot. Sent. Tro. I Fro. 22/33, 1999).(AUTOS Nro. 33219 DEL 4ro. JUZ. CIVIL (SALA III 6285) "OROSCO MARIA PATRICIA C/GIMENEZ PEDRO GUSTAVO -DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO".

PROT. DE SENT. Tro. II Fro. 268/279 AÑO 2002 ).

Jorge Mario Galdós, en su trabajo "Daños a las personas en la Provincia de Buenos Aires" (Revista de Derecho de Daños 2004 -3 Determinación judicial del daño-I; pág. 31 y siguiente) dice que: "El daño a la persona configura un ámbito lesivo de honda significación y trascendencia en el que pueden generarse perjuicios morales y patrimoniales.....".

El "daño material" aquél abarca todo lo que deteriora materialmente a la víctima siendo por ello comprensivo del daño físico, de la incapacidad sobreviniente, del daño psíquico, de todo tipo de gastos, del lucro cesante y en definitiva de todo deterioro material; el "daño moral" se refiere a la compensación monetaria del sufrimiento, al "pretio doloris".(Autos Nro. 67655 del 8ro. Juz. civil (Sala III 8097) "Iribarren de Minozzi Carina Elena c/Toro José Jorge y Otros Daños y Perjuicios II Cpo.".Prot. de Sentencia Tro. II Fro. 314/329 Año 2006).

Es decir que el daño a las personas como integrante del daño jurídico tradicional, es subsumido dentro del daño material o del moral según el caso, sobre la base de las derivaciones patrimoniales o morales que pueda producir y debe ser íntegramente resarcido, con total independencia de la categorización que pueda corresponderle.

A los fines de fijar la indemnización por daño material (incapacidad de la actora), debe tomarse en cuenta su edad a la fecha del accidente: 45 años, agravamiento de su enfermedad, disminución de sus posibilidades de recuperación, secuelas y efectos que tienen en la vida futura y disminución de sus aptitudes, dependiendo de terceros para su movilización.

Para su determinación no debe recurrirse a criterios matemáticos, tampoco son aplicables los porcentajes fijados en el ámbito laboral. Se trata de establecer, según el prudente arbitrio judicial, la incidencia negativa que las lesiones sufridas tuvieron para la actora en sus facultades y que impiden su movilización.

Esto requiere indudablemente medios económicos que no son los comunes para cualquier persona, que no obstante padecer una disminución física, tiene aptitud para valerse por sí misma. En este caso la reparación debe ser mayor. Con los alcances patrimoniales que pueden derivarse de ello -necesidad de colaboración, etc.

Es indudable que aún con la enfermedad que padecía la actora antes del accidente, tiene derecho al resarcimiento de la lesión, de acuerdo a su estado actual. Aún cuando ya tuviera una incapacidad provocada por su enfermedad, su situación fue agravada, cuando necesitaba encontrarse en mejores condiciones para soportar la evolución de la misma. Las lesiones ya descriptas constituyen una agresión a su cuerpo, en una situación que hace más significativo el valor traumático del accidente.

Respecto al monto de la condena que ambas partes cuestionan, el Sr. Juez aquo lo fijó a la fecha de la sentencia y desde la misma mandó pagar los intereses.

Sobre los intereses ya ha tenido ocasión de pronunciarse la Corte de Justicia de la Provincia (P.R.E. S. 1 2003 II 331 idem 2003 -I 171): "Los intereses son adeudados desde que se genera la obligación por el hecho ilícito, es decir desde el momento de la producción del perjuicio o desde la promoción de la demanda en que se concretan los valores por los daños sufridos.

Sobre esta cuestión ya ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal (P.R.E. S. 2 1998 III 422; idem 2003 -I 171) donde se dejó sentado que los intereses se adeudan desde la fecha del infortunio, atento que desde esa fecha también se adeuda la indemnización.(SALA PRIMERA EXPTE. Nro. 2664 "FERREIRA LUIS ALBERTO C/S.E.S. Y OTROS SUMARIO III CPO. INCONSTITUCIONALIDAD".P.R.E. S. 1¬ 2003 II 331).

En relación a lo resuelto por la Excma. Corte de Justicia, este Tribunal ha dicho que los intereses se deben desde la fecha del acaecimiento del infortunio, ya que desde esa fecha también se adeuda la indemnización. (:Autos Nro. 31.749 del 3ro. Juz. Civil (Sala III 8083) "Chavez de Ibaceta Victoria c/Aragón José Sumario Daños y Perjuicios".Prot. de Sentencia Tro. II Fro. 224/240 Año 2006).

A ello debemos agregar que si bien el Tribunal tiene facultad para fijar una suma global a la fecha de la sentencia -donde los intereses estarían computados-, al optar por esa forma o metodología en el fallo que se dicte al respecto, debe quedar claramente establecido por un lado, el monto que se reconoce en concepto de intereses y por otro, el procedimiento adoptado para su cálculo, caso contrario, se violaría el derecho de defensa de la parte actora, impidiéndole el debido contralor del monto que se reconoce en concepto de capital y cual es la cantidad que corresponde a los intereses.

AUTOS Nro. 18.789 (SEGUNDO JUZGADO FAMILIA) (SALA III Nro. 8870) "GUEVARA BAUTISTA ABENAMAR Y OTROS C/ I.P.V. Y OTRA DAÑOS Y PERJUICIOS" (PROT. DE SENT. Tro. III Fro. 470/478 AÑO 2007 ).

El monto que se determina en concepto de daño material a favor de la actora, no responde -como ya lo indicara ni a cálculos matemáticos, ni a los tarifados de la legislación laboral.

Tampoco al requerimiento expresado en la demanda, ni a porcentajes de incapacidad, sino a la real entidad del daño, de acuerdo a las facultades conferidas por el art.171 del C.P.C. Se fija en tal sentido la suma de Pesos Cincuenta y cinco mil ($ 55.000) a la fecha del accidente (19/09/1999), con más los intereses de la tasa activa desde esa fecha y hasta el efectivo pago.

Los intereses de la tasa activa calculados desde la fecha del accidente a la fecha de la sentencia apelada (59,595 %) dan un total aproximado de $ 32.774,50, más la suma que se fija en concepto de capital arroja un total de $ 87.774,5. Por lo que se rechaza el agravio de los demandados y se admite parcialmente el de la actora, referidos al daño material por incapacidad.

Gastos médicos: El Sr. Juez aquo manda pagar la suma de pesos: Tres mil ($3.000), a la fecha de la sentencia. Las partes se agravian de dicho monto por altos y por bajos.

Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal que: "Los gastos de asistencia médica y farmacia resultan razonables teniendo en cuenta la naturaleza de las lesiones sufridas por la víctima y el tiempo que duró su curación, aún en ausencia de prueba. Para determinar los gastos de farmacia y asistencia médica causados por un accidente de tránsito, no es indispensable la presentación de recibos y facturas, pero bien guardar relación con el daño sufrido.

Aunque los gastos médicos y de farmacia no estén acreditados, debe admitirse los reclamados si así resulta de la naturaleza de las lesiones sufridas y la prolongada asistencia médica citada. La verosimilitud de la necesidad de inversión de gastos por asistencia médica y de farmacia, en ausencia de toda documentación, debe quedar librada a apreciación judicial (art. 171 Cód. Procesal) en juicio de accidentes de automotores.

(AUTOS Nro. 6403 DEL 9ro. JUZ. CIVIL (SALA III 6635) "DIAZ ALFARO CENEN C/NOVOA MANUEL HORACIO DAÑOS Y PERJUICIOS SUMARIO".

PROT. DE SENT. Tro. I Fro. 111/119 AÑO 2003 PROT. DE SENT. Tro. III Fro. 534/542 AÑO 2004-PROT. DE SENT. Tro. II Fro. 365/373 AÑO 2005).

Teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones ya descriptas, aún sin prueba, es procedente el reclamo. Se fija a tal fin la suma de pesos: tres mil ( $ 3.000) a la fecha del accidente y con más los intereses de la tasa activa hasta el efectivo pago. Se admite así parcialmente el agravio de la actora.

Tercer agravio : Referido al rechazo del rubro daño psicológico, daño estético y al daño moral. Me ocuparé de los agravios de la actora.

En relación al daño psicológico reclamado la única prueba rendida es el testimonio de la psicóloga que atendió a la actora (fs.88). Relata que la atendió hace tiempo y estaba angustiada. Ello no importa tener por acreditada la incapacidad psíquica que se requiere para una indemnización autónoma del daño moral.

Tenemos dicho: "Para que la discapacidad psíquica sea indemnizable debe ser permanente, como secuela irreversible que afecta las actividades de la víctima, porque de lo contrario configura el daño moral. Si de la pericia se desprende que la víctima ha experimentado a raíz del siniestro, cierta afección emotiva o espiritual, este padecer en los sentimientos en modo alguno importa lesión en la faz psíquica, en todo caso encuadraría su reclamo dentro del concepto del daño moral, ya que no ha sobrevenido secuela incapacitante alguna, y por lo tanto permanente e irrecuperable (Daray Hernán, Derecho de Daños en Accidentes de Tránsito, Tro.II pág.70 y ss. y jurisprudencia allí citada).

(AUTOS Nro. 50512 DEL 9ro. JUZ. CIVIL (SALA III 7768) "SOSA RODOLFO JOSE C/ARCE ELIO SERGIO Y OTRO DAÑOS Y PERJUICIOS".

PROT. DE SENT. Tro. II Fro. 365/373 AÑO 2005).

"La pericia psicológica que admitiera la existencia de la afectación de la autoestima y la afectación del estado de ánimo del actor quien experimenta sentimientos de malestar, enojo y desazón y que dieran sustento al resarcimiento del daño moral, excluyen la posibilidad de considerar concretado también un daño psicológico, pues de otro modo se indemnizaría doblemente una misma afectación, quebrantándose la doctrina legal de la Suprema Corte provincial (S.C.B.A., en D.J.J.B.A., V 136-4449, e.o. art.279, Código Procesal).Cc0201 Lp 95777 Rsd-239-1 SFecha: 25/09/2001-Juez: Marroco (sd)-Caratula: Pitaluga, Alfredo Roberto C/ Concesionaria Fiat Aut. Ancona Trianco S.a. S/ Daños Y Perjuicios-Mag. Votantes: Marroco-sosa).

"El daño síquico reside en la alteración misma de la personalidad; el daño moral recoge esa realidad y lo valora en tanto desequilibrio espiritual profundo, que el derecho no puede ignorar en tanto y en cuanto implica una honda lesión de las afecciones legítimas de la víctima.Obs. Del Sumario: Zavala De Gonzalez, Matilde "resarcimiento De Daños-daños A Las Personas" Pag. 222Cc02 Se 10512 SFecha: 11/05/1998-Juez: Bruchman De Beltran (ma)Caratula: Gonzalez, Nancy C/ Cooperativa La Union Ltda. Y Empresa Anelli Turismo S/ Daños Y Perjuicios Mag. Votantes: Nuñez-bruchman De Beltran-contato).

AUTOS Nro. 72002 (8ro. JUZ. CIVIL) (8983 SALA III) "GUZMAN DE SICARDI, CLAUDIA GABRIELA C/IBAZETA APOLINARIO EMILIO Y OTRA DAÑOS Y PERJUICIOS"PROT. DE SENT. Tro. II Fro. 263/270 AÑO 2008 ).

Respecto a la lesión estética (cicatriz) por la que se pide indemnización autónoma, el agravio también es improcedente ya que la actora, antes del accidente había sido operada de reemplazo de cadera y las lesiones sufridas deben ser resarcidos dentro del concepto de daño moral.

"No cualquier cicatriz que quede en la víctima como secuela de daños físicos debe ser objeto de indemnización. La intrascendente o la que no afecta las actividades sociales, ni reduce las posibilidades económicas ni implica una desfiguración del rostro o sea que no afecta en modo alguno el desenvolvimiento normal de las tareas habituales, no constituye un daño susceptible de ser indemnizado (art.1069 Cód. Civil). Sent.:80024 Civil Sala 1 27/05/1988.

Sobre la naturaleza del daño estético, mientras unos sostienen que se trata de un daño material, porque incide sobre las posibilidades económicas y sobre la vida de relación de quien lo padece, siendo ambos conceptos acumulables, otros aducen que sólo lesiona las afecciones legítimas del damnificado, por lo que integra el concepto del daño moral.

En realidad la lesión estética provoca intrínsecamente daño a un bien extrapatrimonial; la integridad corporal, lesión que siempre, provocará un agravio de tipo moral y que puede, o no, afectar el aspecto patrimonial del individuo.

Si lo provoca, se está en presencia de un daño patrimonial indirecto, toda vez que -además de la afección extrapatrimonial indirectamente se traduce en perjuicios patrimoniales que pueden ser tanto daños emergentes (gastos insumidos en la curación de las lesiones), cuanto lucros cesantes (pérdida de la fuente de trabajo o disminución del mismo). Civil Sala E 18/04/1989).

(PROT. DE SENT. Tro. I Fro. 67/73 AÑO 2007-PROT. DE SENT. Tro. II Fro. 373/386 AÑO 2007 ).

En cuanto al objeto y determinación del daño moral hemos expresado que: "La reparación del agravio moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos.

En el caso de las lesiones el daño moral está caracterizado por el cúmulo de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho, dolor, ansiedad, disgusto, temor por las consecuencias definitivas de las heridas sufridas, duración del tratamiento, padecimientos de las curaciones, las inquietudes que necesariamente se ha tenido por no encontrarse en condiciones de atender los quehaceres habituales cuando se ha perturbado el ritmo normal de vida del damnificado" (E.D. 55-190; 57-230; 57-252).

Nuestra Corte de Justicia dijo: "la indemnizabilidad del hecho moral es procedente en cualquier clase de hecho ilícito , sea o no delito del derecho penal, bajo el concepto de que la persona humana es una unidad corporal y anímica inescindible y de que toda reparación de perjuicio debe ser integral (L. de S. Tro. 8, p. 17; Tro. 11, p. 70)".(Prot. de Sent. Tro. II-Fro. 318/335-1992).

"El daño moral no necesita ser probado, la existencia del mismo se tiene por acreditada por el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad de los accionantes. A falta de elementos indicativos respecto a su monto, queda librado al prudente arbitrio judicial." (Prot. de Sent. Tro. I, Fro. 182/187, Año 1989 y otros). Debiendo valorarse la entidad de las lesiones, los padecimientos y molestias que el damnificado ha soportado y debe soportar por tal motivo".

(PROT. DE SENT. Tro. IV Fro. 601/606 AÑO 2007).

Teniendo en cuenta las circunstancias particulares de esta causa, considero que la indemnización por daño moral, comprensiva de los rubros analizados, debe ser fijada en la suma de pesos: treinta mil ($ 30.000) a la fecha del accidente con más los intereses de la tasa activa desde esa fecha y hasta el efectivo pago.

Tomando en cuenta el capital y los intereses hasta la fecha de la sentencia, según los cálculos ya expresados, arroja un total de $ 47.848,5. Con lo que se admite parcialmente el agravio de la actora y se rechaza el de los demandados.

Agravio sobre costas: Por el carácter indemnizatorio de la condena las costas deben imponerse al vencido, aún cuando la demanda prospere por una suma menor a la reclamada. Más cuando como en este caso, la actora condicionó su procedencia, a lo que en más o menos resulte de la prueba a rendir y su determinación queda librada al prudente arbitrio judicial (arts. 74, 75 y conc. del C.P.C.).

En consecuencia, las costas en ambas instancia se imponen a los demandados y su aseguradora, por el monto que prospera la demanda.

LOS DRES. MOISES MOYA Y CARLOS FERREIRA BUSTOS, por sus fundamentos, adhieren al voto que antecede.

Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citada, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación concedido a la parte demandada y su aseguradora a fs. 160. Admitir parcialmente el concedido a la parte actora a fs. 155 contra la sentencia de fecha 27 de diciembre de 2006 obrante a fs. 149/152 vta, la que se modifica según lo expuesto en los considerandos precedentes.

En su lugar se manda pagar a los demandados y su aseguradora a la actora, dentro de los diez días de consentida la presente, la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL ($ 88.000), con más los intereses de la tasa activa desde la fecha del accidente y hasta el efectivo pago.

Costas en ambas instancias a los vencidos por el monto que prospera la demanda (arts. 74, 75 y conc. del C.P.C.). Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.

FDO: DR. HUMBERTO CABALLERO, DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. MOISES MOYA. ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI SECRETARIA- Prot. De Sent. Tro. II-Fro. 330/340 08-07-08