Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-05


SENT Nro. 08 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 05 DE FEBRERO de 2003 Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, presidida por su titular, doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado, en contra de la sentencia dictada por el señor Juez Penal en lo Correccional de la Ia. Nominación, el 01/8/2002 (fs. 366/376), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto del 23/8/2002 (cfr. fs. 388). En esta sede, la parte querellante y actor civil presenta memoria sobre el recurso (fs. 392), mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por el rechazo de la vía casatoria (cfr. a fs. 394/397). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado José Aparicio Pereira, contra la sentencia del Juez Penal en lo Correccional de la Ia. Nominación, de fecha 01/8/2002, que lo condena a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación para conducir automotor por el término de cinco años por resultar autor penal responsable del delito de homicidio culposo -art. 84 CP- en perjuicio de Juan Carlos Gómez, y, en consecuencia, hace lugar a la demanda civil en un cuarenta por ciento, por culpa concurrente.

II.- Ataca la defensa del imputado la sentencia indicando que la misma incurre en errónea aplicación de la ley sustantiva y principios elementales de raigambre constitucional. Así, entiende que la resolución infringe el art. 906 del CC, la tradicional teoría de la causalidad penal y la moderna concepción de la imputación objetiva. Asimismo, considera que el fallo contiene el vicio de defectuosa motivación, resintiéndose los parámetros de la sana crítica racional, con infracción a los arts. 468 inc. 2 del CPP y 18 de la CN. Agrega que se afectó también su estado de inocencia al no plasmar el pronunciamiento el principio in dubio pro reo.

Le agravia que se lo condene por homicidio culposo cuando del accidente producido sólo puede emerger el delito de lesiones culposas -por la lesión en la pierna ocasionada a la víctima- en tanto la misma falleció cinco días después de aquél y como consecuencia de un trombo embolismo pulmonar. Que esta contradicción emerge de pretender atribuirle un hecho del cual es absolutamente ajeno, cuando ya no solo no podía realizar ninguna conducta en pos del lamentable resultado, sino mucho menos evitarlo. De allí que le causa gravamen la doctrina sentencial, en tanto la muerte no tiene vinculación con el accidente sometido a juicio. Que a esta conclusión llega el magistrado a pesar de la prueba testimonial de los parientes de la víctima que declararon que fueron ellos quienes se negaron a la amputación de la pierna, recomendada a minutos del accidente; tampoco tuvo en cuenta la prueba referida a los distintos traslados efectuados a pedido de los familiares entre distintos nosocomios hasta llegar al Centro Asistencial donde consintieron la no amputación. Señala que el fundamento sentencial que liga el hecho originario con el resultado es una pericia en la que justamente el perito expresa que no puede contestar definitivamente si a su criterio la amputación oportuna hubiera salvado la vida.

En relación al art. 906 CC y a las teorías de la causalidad en materia penal considera que ubicándose en cualquiera de las que admiten la existencia de concausas se tiene que de ninguna manera podría adjudicársele responsabilidad en la muerte investigada porque no fue su accionar el que determinó la muerte. Sostiene que no corresponde preguntarse si la muerte se hubiera producido de no mediar el accidente, pues la pregunta es si tiene la conducta de Pereyra directa relación en el resultado de muerte, si su accionar ha conducido necesariamente a tal resultado. Conforme a ello, considera que el particular análisis del juzgador de la prueba y sin tomar en cuenta el principio in dubio pro reo, lo ha conducido a una conclusión equivalente a aplicar lisa y llanamente la teoría de la equivalencia de condiciones. Que en los tiempos que corren no es natural que una persona fallezca por una lesión en la pierna y ello fue consecuencia de las decisiones tomadas por los parientes de la víctima y no por Pereira. Expresa que lo mentado excluye también la imputación objetiva si falta la realización del peligro; si, aunque el autor haya creado el peligro para el bien jurídico prot egido, el resultado se produce no como efecto de plasmación de ese peligro, sino sólo en conexión causal con el mismo. Entiende que en el caso, Pereira no tuvo dentro de sus posibilidades ninguna de las decisiones que podrían haber evitado la muerte de Gómez. Fueron otras las personas que tomaron decisiones que derivaron en su final.

Se agravia igualmente de la falta de motivación e interpretación parcial de la sentencia. Entiende que omite el fallo un análisis detallado acerca de cuáles han sido las circunstancias que han determinado al juzgador condenar por homicidio culposo cuando va en contra de las reglas de la experiencia común que no resulta normal que una lesión en la pierna determine la muerte. Que la sentencia se limita, en este sentido, a citar una pericia ordenada de oficio pero dicha pericia cita a testigos médicos que son precisamente los que intervinieron en la pretendida recuperación de la víctima sin la amputación, motivo por el cual tienen interés creado en que nadie vaya a relacionar sus acciones con la muerte investigada. Afirma la duda del juzgador y se sorprende porque la misma se haya disipado con lo expuesto en media carilla por el Perito Susanj, quien ni siquiera es especialista en infectología, tanto menos cuanto que el mismo expresa que no puede contestar en forma terminante acerca de que la amputación oportuna pudiera haber evitado la muerte. Le causa gravamen que el magistrado haya preferido tomar como cierto las afirmaciones de este perito y no haber tenido en cuenta la posibilidad de que el trombo embolismo pulmonar que causa la muerte no haya derivado de las lesiones del accidente sino de no haber amputado a tiempo un miembro gravemente lesionado que podía generar los coágulos que producen el embolismo pulmonar y que fuera recomendada por especialistas en este tipo de lesiones. Expresa que no está especificado en la sentencia cuestionada cuáles fueron los motivos que le llevaron a tal opción de criterios. De allí que entienda afectada las reglas de la sana crítica, del correcto en tendimiento humano en tanto el fallo no ofrece fundamentación suficiente para justificar el juicio de condena con infracción al artículo 408 inc. 2 del CPP y 18 de la CN.

De otra parte, entiende que el principio in dubio pro reo no es un principio procesal sino uno que hace a la idea de la presunción de inocencia en cuyo caso puede ser alegado en el recurso casatorio. Sostiene que existen muchas razones para demostrar que el tribunal no puede no haber dudado; que éste reconoce que existían dudas acerca de la relación causal y más adelante completa el cuadro en tanto establece sólo en un cuarenta por ciento la responsabilidad civil del recurrente. De allí que no pudo el tribunal verse despejado de dudas y, en el caso, no se encuentran en la sentencia fundamentos por las cuáles éstas se haya borrado.

Por las conclusiones de inocencia que presenta en el plano penal, entiende que tampoco corresponde la indemnización en el civil, puesto que no fue acusado ni condenado por el delito de lesiones culposas, tipo al que se acercaría el hecho originario.

Por último solicita se conceda el recurso tentado.

III.- El recurso ha sido concedido mediante auto del 23/8/2002. El Ministerio Fiscal se pronuncia por el rechazo del recurso, conforme los términos vertidos en su dictamen de fs. 394/397, correspondiendo, en esta oportunidad, el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia en recurso, luego de transcribir textualmente los hechos como fueron expuestos en la requisitoria fiscal, y la declaración del imputado y de los testigos, los alegatos, etc., fija el hecho en el lugar y tiempo en que da cuenta la acusación fiscal, detallando las circunstancias que lo llevan a determinar el lugar exacto del mismo ante la diferencia entre lo señalado por el Ministerio Fiscal y el imputado, tomando como base el croquis de fs. 2 que resulta ser el acto más inmediato elaborado por autoridad policial. Expresa que el imputado conducía su auto por la Av. Rep. del Líbano y cuando llega a la esquina de calle Chile se abrió a su izquierda para pasar un auto que estaba estacionado y fue que se encontró con la moto que venía circulando de frente, y fue a colisionar con la punta izquierda de su auto en la rodilla de la víctima quien montaba la moto atrás de Ibáñez, haciéndolo con sus piernas abiertas debido a su altura y a la pequeña envergadura del vehículo que tripulaba, lo que motivó la caída de la víctima y el golpe la lesión en su pierna izquierda que a su vez posteriormente le causó la muerte. Que esto último es así por cuanto en un principio existían algunas dudas sobre la relación causal entre la conducta del acusado y el resultado de muerte, porque hubo en principio una negativa de los parientes de la víctima a la amputación de la pierna, pero esta circunstancia queda aclarada con los dichos de los testigos Médicos, pero especialmente por el Perito Susanj, en el sentido que no era imprescindible, en forma inmediata, realizar esta amputación, que luego sí se hizo, pero ello fue por el devenir normal de los acontecimientos, acl arando el magistrado sentenciante a esta altura, que esas consideraciones las realiza solamente a fin de establecer el nexo de causalidad, más allá de las conductas de los profesionales intervinientes. Establece, por último, que la causa de la muerte fue por un trombo embolismo pulmonar derivado de las lesiones sufridas en el accidente, y no por una infección generalizada.

Fijado el hecho, y analizando la conducta del imputado, entiende que obró con negligencia e imprudencia por cuanto al realizar el esquivo o sobrepaso del auto que se encontraba estacionado a su derecho debió fijar debidamente su atención en el tráfico que venía de frente, ya que circulaba por una Av. de tránsito de doble mano, cosa que no hizo, negligentemente y además fue imprudente ya que realizó el sobrepaso sin la debida visión que estaba obstaculizada en esos momentos por la lluvia que caía y además por la intensa oscuridad reinante por la falta de alumbrado público (acta de fs. 1 y croquis de fs. 2) y las condiciones climáticas apuntadas. También reconoce que parte de la culpa recae sobre el conductor de la moto por cuanto en medio de la lluvia conducía el vehículo en estado deplorable de mantenimiento y funcionamiento, conforme inspección técnica realizada por la policía, llevando atrás suyo una persona de contextura grande, moto que en esas condiciones se torna prácticamente inmanejable y porque no circulaba debidamente por su derecha, quizás por el agua que corría por su derecha debido a la lluvia. Aclara expresamente que esta circunstancia de la conducta del chofer de la moto de ningún modo desplaza totalmente la responsabilidad penal del imputado; que en materia penal no hay compensación de culpas. Concluye que, por todo ello, el Sr. Pereira debe responder por el delito de homicidio culposo atento el resultado de muerte de la víctima Gómez, existiendo, como se dijo relación de causalidad entre la conducta negligente e imprudente con las lesiones producidas y entre éstas y el deceso posterior de la víctima.

Teniendo en cuenta las condiciones personales del acusado, la impresión de su persona causa en las distintas audiencias de debate, que el delito cometido no requiere intención o dolo, que las conductas de un tercero y la víctima coadyuvaron para la producción del accidente, las circunstancias especiales en las que sucedió el hecho (hora, lugar, condiciones climáticas, etc.), la normativa de los arts. 26, 27 bis, 40, 41, 84 y cc CP, impone la pena de dos años de prisión condicional, con más cinco años de inhabilitación especial para conducir automotores.

En la cuestión civil concluye imponiendo culpa concurrente en un cuarenta por ciento a cargo del demandado civil y un sesenta por ciento al conductor de la moto y reconociendo los rubros reclamados en los montos que fija en planilla complementaria. Impone las costas en su totalidad al condenado en el aspecto penal y en el civil respecto a la parte parcial que prosperó la demanda a cargo del demandado civil y respecto a la parte parcial en que no prosperó a cargo de la actora civil.

V.- De la confrontación del memorial casatorio con los argumentos y solución expuestos en el fallo impugnado, se advierte que no corresponde hacer lugar al recurso incoado.

En efecto, el punto nodal de la cuestión radica en determinar la relación causal existente entre el accidente que provocara la lesión en la pierna de la víctima y su posterior fallecimiento. En esto discrepan el magistrado y el recurrente. Ante ello, cabe advertir en forma liminar que la cuestión así expuesta es eminentemente fáctica y, como tal, ajena al recurso extraordinario de la casación, excepto que se acredite arbitrariedad sentencial, lo que no se advierte haya ocurrido en la especie. Y es que el impugnante pretende demostrar el error en la aplicación de las teorías de causalidad en materia penal por parte del juzgador y la ausencia de fundamentación de que adolecería el fallo en embate. Sin embargo, no se observa que concurra ninguno de estos motivos de agravios.

Así, el recurrente indica que la causa del fallecimiento fue la falta de amputación en tiempo de la pierna herida por la negativa a someter a la víctima a este tipo de operación por parte de sus familiares, lo que le produce una infección generalizada. Pero este factor, a tenor de lo expuesto por el juez, no gravita a fin de enervar las consecuencias de la herida producida por Pereira, establecido, como se encuentra, que ella fue la causa eficiente del deceso, en tanto la misma habría provocado el trombo embolismo pulmonar que ocasionara el fallecimiento. Es decir que, para el tribunal a quo, el fallecimiento se produjo por trombo embolismo pulmonar consecutivo a la lesión provocada por el accidente. La falta de amputación oportuna no aparece, para la sentencia, como repercutiendo causalmente en el deceso en tanto no hubo quedado establecido por los médicos que declaran y el perito interviniente que ella haya tenido incidencia causal en la muerte de la víctima de forma tal que rompa la cadena de causalidad iniciada por el accidente provocado en forma negligente.

Y en ello no se advierte error sentencial al excluirse la responsabilidad por homicidio sólo en los casos de concurrencia de causas ajenas al hecho del culpable imposibles de prever y el trombo embolismo pulmonar no aparece, según lo sostiene la sentencia con asiento en los médicos declarantes, que éste sea un hecho extraño que no tenga relación con el hecho del imputado.

El magistrado asegura que la víctima falleció a consecuencia del trombo embolismo pulmonar provocado por la herida, y este aserto no queda desvirtuado toda vez que, a las declaraciones expresas de los médicos intervinientes, el recurrente opone su propia interpretación acerca de lo que normalmente acostumbra a suceder según el curso ordinario de las cosas y la afirmación -dogmática- de que el contenido de las declaraciones de aquéllos estaría determinado por la intención de querer auto-exculparse por la infección producida (según su criterio), por la falta de amputación oportuna. Y decimos que el razonamiento sentencial no queda desvirtuado, porque mientras aquella primera afirmación (la muerte fue provocada por un trombo embolismo pulmonar ocasionado, a su vez, por la herida) se presenta en el caso positivamente fundada y cierta, la segunda (la amputación oportuna pudiera haber evitado la muerte) es, por su propia naturaleza, dubitativa, sin que de todas suertes quepa modificar la responsabilidad cuando no es imputable al herido la falta o errónea asistencia profesional. Sólo si es seguro que la conducta concretamente realizada (en el caso: la omisión consistente en no amputar a tiempo) hubiera producido también el resultado, puede excluirse la imputación (cfr. Cordoy Bidasolo, 1989, p. 521 citado por Muñoz Conde-García Arán, Derecho Penal, Parte Gral., p.330). Y ello, como bien lo reconocen tanto la sentencia como el propio recurrente, no puede asegurarse en el caso, a tenor de lo expresado por el perito Susanj y los otros profesionales de la salud. Según queda determinado razonablemente en la sentencia, el resultado no se produjo por causas ajenas a la acción imprudente misma, toda vez que la supuesta inoportuna intervención o la negativa de amputación por parte de familiares (alegadas pero no probadas por el recurrente) no fueron la causa determinante de la muerte, sino el trombo embolismo pulmonar derivado del accidente.

Es decir que, conforme a las particulares circunstancias de autos y a la prueba merituada por el tribunal a quo, no se advierte arbitrariedad en la aplicación de la teoría de la causalidad adecuada. En este sentido (acerca de si era razonable suponer que del accidente pueda derivarse la muerte) la sentencia expresa que, a tenor de lo expuesto por los médicos, no era imprescindible en un primer momento realizar la amputación -que luego sí se hizo- pero que ello fue por el devenir normal de los acontecimientos; que el trombo embolismo se produjo por el accidente y no por una infección generalizada. Y estas afirmaciones, en relación con las declaraciones de fs. 358, 369, 369 vta., 370), no aparecen absurdas o manifiestamente arbitrarias. Así, puede observarse que de aquéllas surge que no puede haber respuesta contundente acerca de que, si se le hubiera amputado la pierna en forma inmediata no hubiera ocurrido el deceso y que no era inminente la necesidad de una amputación del miembro en cuestión a posteriori del accidente (fs. 358); que el criterio es primero salvar la vida, luego el miembro, por último la función (fs. 369); que el diagnóstico es fractura grave expuesta, de alta energía; que es el tipo de lesiones que merecen un detallado estudio, que su evolución es compleja pues depende de una serie de órganos que, con el transcurso del tiempo pueden aparecer comprometidos; que hay un estrés respiratorio, un cuadro pulmonar, un trombo embolismo pulmonar; que en todos los miembros que han sufrido aplastamiento, que produce necrosis, se producen fenómenos de trombosis; que a pesar de la amputación lo mismo podía darse el trombo embolismo pulmonar; (fs. 369 vta.); que las embolias son coágulos de sangre, que toda fractura produce embolias;

que el paciente fallece por complicación; que se hacen medidas terapéuticas de operación luego se produce la descompensación y se indica la amputación; que había fallas multiorgánicas y que el organismo reacciona como un todo, y preponderantemente a nivel respiratorio; que entre las causas de la descompensación el componente infeccioso tiene que ser considerado, por lo que recibe cobertura antibiótica (fs. 370).

Tampoco se advierte que la aplicación de la teoría de la imputación objetiva alegada por el recurrente para acreditar que no ha sido su accionar el que determinó la muerte (la falta de causalidad entre el hecho del accidente y la muerte) logre tal resultado. En efecto, la imputación objetiva requiere, comprobada la causalidad natural, verificar si la acción del autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado; dicho de otro modo: la creación de un riesgo no permitido; además requiere que el resultado producido por dicha acción sea la realización del mismo peligro -jurídicamente desaprobado- creado por la acción, es decir: se pide la consiguiente realización de ese peligro o riesgo en un resultado y, por último, la producción del resultado dentro del fin o ámbito de protección de la norma infringida (conf. Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal, Parte General, pág. 271; Muñoz Conde-García Arán, "Derecho Penal", Parte General, pág. 263).

En este sentido se comprueba, conforme a las particulares circunstancias del caso que fueron tenidas en cuenta por la sentencia, que estos requisitos se han dado en la especie, a contrario de lo que entiende el recurrente pues la acción del imputado, en el momento de su ejecución, constituía un peligro jurídicamente desaprobado -en tanto se afirma fundadamente la negligencia, impericia e imprudencia en la conducción vehicular- y en cuanto ese peligro es el que se ha realizado en el resultado típico producido -la muerte, que deriva de el trombo embolismo pulmonar, provocado por dicho accidente-. Es dable hacer notar que el segundo requisito mentado (la realización del peligro o riesgo en un resultado) sirve para excluir la imputación de resultados que han sido consecuencia de cursos causales atípicos, y esto es lo que alega el recurrente al entender que en el caso no hay relación causal entre el peligro y el resultado pues Pereira no tuvo dentro de sus posibilidades ninguna de las decisiones que podrían haber evitado la muerte de Gómez; que fueron otras las personas que tomaron las decisiones que derivaron en su final. Pero tal aserto es precisamente lo que se trata de demostrar, con lo que su argumento sólo constituye, en el punto, una petición de principios pues, para tal exclusión de responsabilidad, debe demostrarse la falta de causalidad con lo que se vuelve al punto de partida, toda vez que ella es precisamente el centro de discusión: determinar qué fue lo que causó la muerte de Gómez. Y en ello se advierte fundamentación suficiente de la Cámara y ausencia de prueba en sentido contrario por parte del recurrente.

En definitiva, los agravios referidos a la pretensa inexistencia de relación de causalidad indubitable entre el accidente y el fallecimiento y la deficiente fundamentación del fallo remiten inexorablemente al tratamiento de cuestiones de hecho irrevisables en esta instancia casatoria, salvo arbitrariedad o absurdo, los que no se configuran en la especie. La sentencia analizó el cuadro probatorio, y en base al mismo estableció que el imputado conducía su auto por la Av. Rep. del Líbano y cuando llega a la esquina de calle Chile se abrió a su izquierda para pasar un auto que estaba estacionado y se encontró con la moto que venía circulando de frente, colisionando con la punta izquierda de su auto en la rodilla de la víctima quien montaba la moto atrás de Ibáñez, haciéndolo con sus piernas abiertas debido a su altura y a la pequeña envergadura del vehículo que tripulaba, lo que motivó la caída de la víctima y el golpe la lesión en su pierna izquierda que a su vez posteriormente le causó la muerte. Entiende que, de las declaraciones mé dicas y de la pericial practicada, y demás antecedentes, surge que no era imprescindible, en forma inmediata, realizar esta amputación, que luego sí se hizo, pero ello fue por el devenir normal de los acontecimientos y establece, por último, que la causa de la muerte fue por un trombo embolismo pulmonar derivado de las lesiones sufridas en el accidente, y no por una infección generalizada.

La relación de causalidad está debidamente comprobada según la ponderación de la sentencia. La consideración de la sentencia, con apoyo en la información médica reseñada, es razonable en orden a la apreciación de la relación causal, en tanto la necesidad de inmediata amputación de la pierna herida, o la posterior infección que se produce, en razón de los antecedentes merituados en el fallo, no aparece como factor que permita llegar a una conclusión distinta.

Así entonces, el pronunciamiento en embate determina claramente que el hecho del accidente ha sido condición del resultado (causa adecuada) sin que exista un fortuito que dé origen a una cadena causal nueva, toda vez que no se ha probado que la muerte haya sido producida por una infección como pretende afirmarlo el recurrente o que la misma haya derivado directa y exclusivamente de la falta de amputación oportuna de la pierna de la víctima. Al respecto, el impugnante sólo presenta afirmaciones dogmáticas sobre la base de que el testimonio de los médicos no puede ser autoincriminatorio o de que el perito que dictamina a fs. 358, no es especialista en la materia, interpretando a su modo lo expuesto por éste que confronta con la hermenéutica ofrecida en el fallo en crisis sin llegar a demostrar que éste, en el punto, incurra en arbitrariedad.

Tampoco cabe admitir el razonamiento según el cual la determinación de culpa concurrente en materia civil determinaría la presencia de dudas en el tribunal y ellas derivarían en la aplicación del principio de inocencia. Y ello porque, como bien lo afirma la sentencia en materia penal no hay compensación de culpas. En efecto, es sabido, que en materia penal no se admite la compensación de culpa, que la intervención de la culpa en la víctima no quita al hecho culposo del autor el carácter de tal. En el homicidio culposo existe responsabilidad penal para el autor del hecho inicial cuando, como en el caso, ocurre la muerte de una persona y se da un nexo de causalidad ininterrumpido entre aquél y la muerte resultante. Si bien no basta la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamento o deberes, para que surja el homicidio culposo, demanda la ley que en tales condiciones se causare la muerte, es decir, ha de ser la acción u omisión culposa, causa del deceso, lo que se determinó acontece en la especie.

Igual destino le toca al agravio referido a la violación del principio in dubio pro reo. En efecto, en punto a la invocación de la violación de este principio procesal, esta Corte ha tenido plurales ocasiones de manifestar que tal principio, como regla procesal relativa a la comprobación de la existencia del delito y la participación del imputado, está excluido del control de la casación, siendo sólo controlable el grado de convencimiento que expresa el Juez puesto que la sentencia debe basarse en la certeza de que los hechos existieron y ocurrieron de cierta manera. Al respecto, la sentencia que aquí se impugna no ofrece dudas en cuanto al grado de convicción que le asiste al Tribunal sobre la existencia del hecho ilícito doloso y su atribución al recurrente como autor penalmente responsable (CSJT, sent. nro.189/92; sent. nro. 327/2001, etc.), como bien surge del relato sentencial y de lo que se explicitó supra.

En definitiva, en el caso concreto, el fallo, observando las reglas procesales, ha merituado las circunstancias de persona, modo, tiempo y lugar en que se desarrollaron los hechos, haciéndolo de un modo razonable, prudente y lógico. Las consideraciones del recurrente en su escrito recursivo, muestran que pretende el reexamen de la prueba y una nueva valoración de la misma, cuestión ajena en principio a la casación (art. 468 CPPT), salvo absurdo o arbitrariedad, extremos que en autos no concurren, pues se advierte una valoración prudente y circunstanciada del hecho y su connotación penal. Los motivos de gravamen casatorio encierran, así, la pretensión de obtener el reexamen de los hechos y la revalorización de la prueba, tarea que, según reiteradamente ha señalado esta Corte Suprema de Justicia, excede los límites propios del recurso de casación. De otro modo, la sola alegación de arbitrariedad o de haberse conculcado las reglas de la sana crítica racional, bastaría para habilitar la instancia ante esta Corte Suprema de Justicia, lo que la convertiría en una instancia revisora de los aspectos fácticos del juzgamiento. La ley adjetiva sienta como principio básico que la determinación de los hechos y la valoración de la prueba corresponden al Tribunal de mérito. La casación no constituye un medio ordinario para reexaminar todas sus decisiones, pues no tiene por función revisar el acierto o error de las decisiones de los tribuna les inferiores vinculadas al material histórico del proceso. De allí que su competencia quede limitada y circunscripta a resguardar el derecho sustantivo y procesal, sea para evitar inobservancia o errónea aplicación del primero, o la inobservancia de disposiciones del segundo impuestas bajo pena de admisibilidad, caducidad o nulidad. En este orden, resulta oportuno destacar la dificultad adicional propia de este recurso en el procedimiento penal vigente, dada la característica de oralidad del juicio de mérito, donde la producción de la prueba importa una vivencia difícil de reproducir ante el tribunal de casación. La tarea valorativa de la Cámara se desenvuelve en un marco de inmediación y concentración, con la percepción directa y personal de los jueces, y su control se ve restringido a lo que se registra en las actas incorporadas al expediente. De ello resulta que la pretensión de una nueva valoración de la prueba se halla al margen de los motivos legales de la casación, aunque se la revista con la forma d e supuestos previstos por la ley (cfr. CSJT, Sent. nº 783/94). Reiteradamente ha dicho este Tribunal, que el cuadro fáctico fijado por el tribunal de juicio es inconmovible en casación, aunque pueda discreparse con los argumentos que desarrolla para afirmar su certeza, mientras no aparezcan como irrazonables, contradictorios o fundados en prueba inidónea, porque pertenece a los poderes discrecionales a los jueces de mérito la selección y valoración de la prueba que concurre a formar su convicción. La vía casatoria en relación en las cuestiones de hecho, exige la demostración de que el criterio del juzgador constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado contra las leyes del raciocinio. Por tratarse de un remedio excepcional, el absurdo o la arbitrariedad deben ser apreciados con criterio restrictivo (CSJT, sent. nro. 461 "Ullua Daniel Héctor s/Violación Reiterada", del 12/6/97; sent. nro. 494 "Lombardo Francisco Raúl vs. Servicios Integrales S.R.L. s/Cobro Ejecutivo de Pesos" del 30/6/97, etc.).

En definitiva, el memorial casatorio no logra acreditar la existencia del vicio de arbitrariedad ni errónea aplicación del derecho; no logra rebatir los argumentos vertidos por el sentenciante sino que expone su propia interpretación de los hechos. El recurso, así, resulta insuficiente al no haber puesto en evidencia la conculcación a las reglas de la lógica y del sentido común y consistir en la mera discrepancia del impugnante con la forma como el tribunal a quo hubo valorado el material fáctico del proceso, para fijar las conclusiones a las que arriba.

Por los fundamentos expuestos corresponde desestimar el recurso de casación, con costas al recurrente vencido, por aplicación del principio general contenido en el art. 551 CPP.

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado José Aparicio Pereira, contra la sentencia del Juez Penal en lo Correccional de la Ia. Nominación, de fecha 01/8/2002, que lo condena a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación para conducir automotor por el término de cinco años por resultar autor penal responsable del delito de homicidio culposo -art. 84 CP- en perjuicio de Juan Carlos Gómez, y, en consecuencia, hace lugar a la demanda civil en un cuarenta por ciento, por culpa concurrente.

II.- COSTAS conforme a lo considerado.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR