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Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, concesión de servicio público, contratos administrativos, interpretación del contrato, derecho tributario, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: COMUNA DE DIEGO DE ALVEAR c/ COOPERATIVA DE SERVICIOS ELECTRICOS Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES Y DE CREDITO Y VIVIENDA DE SAN GREGORIO LIMITADA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 326 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-17

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, toda vez que asiste razón al recurrente cuando se agravia de que el iudex a quo se apartó del derecho vigente al admitir en el caso la aplicación del trámite de la ley 5.066 a un supuesto no contemplado por la misma, extremo que determina que la respuesta jurisdiccional no reúna las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda el ordenamiento constitucional.

Al respecto cabe tener presente que la deuda cuyo pago se pretende deriva del "contrato de concesión del servicio público de electricidad", oportunamente celebrado entre las partes, reclamando la actora el cumplimiento de la contraprestación a que se obligara la concesionaria "como derecho por la concesión"y, en tales condiciones se advierte que -conforme lo aduce la recurrente- la Comuna no persigue en autos el cobro de tributo alguno, sino lisa y llanamente el cumplimiento de una prestación de origen convencional o contractual, que no participa de la naturaleza de los "créditos fiscales" a los que alude el artículo 1 de la referida ley, los que sólo pueden derivar de las "prestaciones obligatorias" establecidas en el ejercicio del "poder fiscal" que "es consubstancial con el origen y la naturaleza misma del Estado", y que aparece reglado por el derecho tributario.
Fuerzas Armadas, personal militar, retiro obligatorio, nulidad del acto administrativo, doctrina de la arbitrariedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Zapata  Walter Alfredo c/ EN -FAA- Jefe Emfa s/ personal militar ycivil de las FFAA. y de Seg.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-06

Si la declaración de "inepto para las funciones de su cargo" efectuada por la demandada se basó tan sólo en las razones atinentes a "la índole y la naturaleza de la falta sancionada", y si la aludida falta constituyó apercibimiento equivalente a quince días de arresto, no se advierte razonablemente que la conducta cuestionada, desprovista de todo subjetivismo con el que ella pudiera haber impactado en el receptor, fuese de una gravedad tal que, a la luz de las pautas de graduación que debieron seguirse de conformidad con lo establecido en las normas, puede sustentar válidamente la calificación de "I.F.C." y posterior "retiro obligatorio" que se le aplicara, por lo que cabe descalificar por arbitraria la decisión de la Fuerza Aérea en tanto los antecedentes de hecho y de derecho invocados no se corresponden, ni siquiera mínimamente, con la realidad objetiva que rodea a la cuestión debatida en el sub-lite (Del voto del juez Buján, Cons. VII).
Velocidad reglamentaria, exceso de velocidad
Materia: CIVIL
Carátula: D., J.M. c/ Ch., J.O. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-07-08

Sabido es que velocidad excesiva no es sólo aquella que se determina matemáticamente en base al estricto kilometraje desarrollado sino que se juzga como la que no permita el control del rodado, según se esprende del precepto general que emana del art.50 de la Ley de Tránsito 24449, a la que se adhiriera la Pcia del Chubut por Ley 4165 y la Municipalidad de la ciudad por medio de la Ordenanza 6199/96 y arts 901, 902, 906, 1113 Código Civil.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zárate, Mateo Luciano c/ Kreischer, Adan Walter s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-19

La ley de Riesgo de Riesgos del Trabajo -24.557- en su artículo 39 inciso 4 establece la posibilidad de que la víctima o sus derecho -habientes efectúen el reclamo al tercero responsable del infortunio -ajeno a la relación laboral- de los daños y perjuicios ocasionados conforme las normas del ordenamiento civil, concepto éste de la norma que se juzga reiterativo o sobreabundante, habida cuenta que tal posibilidad inexorablemente existe más allá de tal específica previsión legislativa según las claras disposiciones insertas en el Código Civil. De todos modos, ello no empece que sí deba puntualizarse que, en tal particular supuesto, habrá de deducirse del monto de la condena -en la hipótesis de que la acción prospere- las prestaciones que el trabajador haya percibido o deba percibir de la Administradora de Riesgos del trabajo (A.R.T.) o del empleador autoasegurado.
Indemnización expropiatoria, gastos de mudanza
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Matiuda de Capelleto, Matilde Adriana y otros s/ Expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

Los gastos de mudanza resultan indemnizables en razón de constituir una consecuencia directa e inmediata de la privación de la propiedad sufrida por el propietario expropiado.
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Labarta, Oscar Esteban s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

El acreedor que invoque un estado de cesación de pagos para fundamentar el pedido de quiebra, deberá demostrarla por medio de los elementos que la caracterizan: permanencia, confrontación entre exigibilidad de deudas y realizabilidad normal de los bienes, e imposibilidad de obtener nuevos créditos.-
Derecho administrativo, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

Como fuente subsidiaria del ordenamiento administrativo se recurre también a las normas del Derecho Civil y Penal, si bien la doctrina resiste esta búsqueda -con fines de integración de normas en el campo privatístico- en razón de su fundamental inspiración en el principio de paridad de situación de los particulares y de la exclusiva consideración de su utilización con prescindencia del interés público, predominante, en cambio, en el Derecho Administrativo. Se debe recurrir, pues, al Derecho Privado, con especial cautela, sin perder de vista nunca el interés prevalente.

Así podría decirse que normas aplicables de este tipo serán aquellas que comporten, a su vez, aplicación de principios generales del derecho, informadores de todo el ordenamiento jurídico.
Contratos, rescisión del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fraquelli, Emilio c/ Machado, Guillermina Celeste s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

La única forma posible de rescindir un contrato, es la de acordarlo con la otra parte.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) c/ Santa  Fe,  Provincia  de  (Caja  de  Jubilaciones  y Pensiones de la Provincia) s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Para que proceda la competencia originaria de la Corte, la provincia debe ser parte sustancial, es decir, debe tener en el litigio un interés directo que surja manifiestamente de la realidad jurídica, más allá de las expresiones formales usadas por las partes.
Recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales, admisibilidad del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PONCE, IRENE GUADALUPE c/ CIDAL SA s/ DESPIDO, PREAVISO, ETC.    QUEJA   POR  DENEGACIÓN  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 244-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-03-07

No es admisible la queja por el recurso de inconstitucionalidad denegado, si de la simple lectura del auto denegatorio no surge que la cámara se haya excedido en el juicio de admisibilidad -que fuera el agravio esgrimido por el impugnante-, sino que se limitó simplemente a constatar si los vicios imputados al decisorio contaban con un mínimo de asidero en las constancias de autos y arribó a la conclusión negativa.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, período de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Silva, Ramona Mabel c/ SMG Life Seguros de Vida S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-23

En el caso, el Juez a quo no hizo lugar a la indemnización del artículo 245 L.C.T., por considerar que había vencido el plazo del período de prueba, que vencía irrevocablemente a las 0:00 del día 27/11/2013 por haber la actora ingresado a laborar el 26/08/2013. Así, resolvió que la accionada logró demostrar haber extinguido el vínculo con anterioridad a dicha fecha, ya que la pieza postal remitida el día 21/11/2013 no pudo ser entregada los días 22 y 26 de noviembre por encontrarse el domicilio de la destinataria cerrado con aviso, estimó que el despido se perfeccionó el día 22/11/2013, y rechazó la indemnización por antigüedad. La parte actora apeló dicha sentencia. Demostró que concurrió a retirar la comunicación de referencia dentro de un plazo razonable (28/11/2013). Por ello, corresponde tenerla por notificada el día que retiró el telegrama en cuestión, por lo tanto el despido se produjo el día 28/11/2013. Por lo cual, en tanto el despido se produjo sin causa y vencido el período de prueba, corresponde hacer lugar a la indemnización prevista en el artículo 245 L.C.T. (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría).
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, subasta, recursos, resoluciones inapelables, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Gegenschatz, Alan c/ Proideas SA y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-05

Cuando, como en el caso, la decisión apelada se vincula con el trámite de cumplimiento de la sentencia de venta, y no se refiere a ninguno de los supuestos de recurribilidad excepcionales previstos en el CPR 560, es de aplicación el principio general establecido por dicha norma. Recuérdese que dicho artículo establece, la inapelabilidad -por parte del ejecutado- de las resoluciones que se dicten durante el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate.
Diferencias salariales, valor de la acción, ius variandi, modificación del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Di Muro Sergio Andrés c/ Instituto Nacional de Estadística y Censos y otro s/ Acción de amparo Paz, Gregorio Marcial c/ Oroplata S.A. s/ diferencias de salarios c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-28|2019-05-08

Corresponde hacer lugar al reclamo del trabajador, en concepto de las diferencias por el valor de las acciones de las que se vio privado en razón del despido incausado dispuesto por la empleadora, puesto que la demandada incurrió en un uso abusivo del ius variandi (art. 66 LCT), al modificar unilateralmente las condiciones a las que había supeditado la entrega de las acciones RUR (Restricted Unit Rights) convenidas dentro de un plan de incentivos a largo plazo que se le otorgó como beneficio al momento de incorporarse al empleo. Dicha modificación impuesta por la empleadora como condición para percibir dicho beneficio importó una afectación de la intangibilidad salarial que resulta inoponible al trabajador en tanto vulnera derechos laborales de orden público.
Aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley, facultades del Poder Legislativo, deberes del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CONDE, MATEO RAUL c/ I.M.P.S. s/ LEYES PREVISIONALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-23

El legislador en ejercicio de facultades que le son propias, determina e impone recaudos a los efectos de acceder a un derecho o beneficio derivado de un derecho, los cuales no corresponde meritar a los jueces, excepto casos de manifiesta iniquidad o grave lesión a principios fundamentales del orden jurídico o garantías constitucionales. De lo contrario se configuraría una anomalía de naturaleza constitucional o axiológica, cual es el gobierno de los jueces.
Intervención federal, facultades del gobierno provincial, designación de jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Corpacci de Faubre, Emma del Valle c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1993-12-21

Los actos administrativos del Delegado Federal en la Provincia, cuando de incursión en la conformación del Poder Judicial se trata, -dejando de lado el dogmatismo expuesto en doctrina y jurisprudencia- mantienen validez y vigencia, constituyendo antecedentes suficientes de la gestión jurídica-administrativa de los gobiernos posteriores por aplicación del principio de continuidad, lo que no significa inmutabilidad, sino en la medida en que pudiera serlo cualquier otro acto producido por autoridad autónoma. Si la autoridad de gestión posterior a la Intervención Federal encauza los actos administrativos del Delegado Federal en la Provincia designando magistrado con acuerdo del Senado para cubrir una vacante producida por acto de la Intervención, ambos actos deben considerarse válidos, toda vez que la solución contraria llevaría sin duda al caos institucional, puesto que no otro resultado se obtendría si se invalidaran o desconocieran todos los actos cumplidos por los magistrados que hubieran cubierto la vacancia y actuado en consecuencia, infiriéndose de ello la imposibilidad de retrotraer el tema en lo que concierne a los derechos subjetivos o particulares que el hecho político hubiera podido conculcar. (Del voto del Dr. Díaz)
Derecho procesal, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NAVARRO WALTER c/ DIRECCION DE PLANEAMIENTO s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-08

El amparo por mora tiene por finalidad proteger al particular frente a la inacción o la demora administrativa, teniendo por finalidad que se intime a la administración a dictar la resolución o a realizar el trámite omitido , es decir , que continúe el procedimiento administrativo paralizado.

Mediante el ejercicio del amparo por mora, solo se íntima al órgano de la administración pertinente para que produzca el informe respectivo.
Pretensión, impulso de parte, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Chaar Benito, Jorge A. y Otro c/ Mastorakis, Nicolás s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-25

El reconocimiento de los requisitos de admisibilidad de la pretensión bien puede ser ejercido mediante un mecanismo de doble articulación, esto es, en función del planteo de excepciones previas o como defensas de fondo, lo que implica un tratamiento preliminar en caso de delinearse nítidamente sus contornos, o bien diferir su estudio para la oportunidad del pronunciamiento de la sentencia definitiva si no resultan tales circunstancias visibles, manifiestas, dependiendo de contar con mayores elementos de convicción a través del aporte de prueba. Pero también cabe la posibilidad del mérito oficioso de parte del iudicante, por cuanto se trata de verificar la conformación regular de la traba de la litis vinculada con la estructuración adecuada de la relación jurídica procesal, no obstando a dicho análisis oficioso la ausencia de defensas. Esto es, constituye un deber del juez, más allá del concreto planteo de defensas, que debe ser cumplido a los fines de garantizar la constitución válida de la relación procesal.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, expropiación, dominio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Herrera Cano, Rodolfo y otros c/ Estado Provincial de Catamarca. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda de expropiación inversa, considerando que los actores no habían demostrado ser titulares del derecho real de dominio sobre el bien expropiado, si el único significado razonable que puede atribuirse a la expresión "derechos y acciones" que aparece en las hijuelas que atribuyeron tales derechos a los actores y a sus antecesores, es del derecho de propiedad de los herederos o legatarios sobre el bien.
Asociaciones sindicales, personal policial
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo c/ Sindicato Único del Personal de Seguridad s/ ley de asociaciones sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-15

Es cierto que nuestra legislación vigente referida a las asociaciones sindicales (ley 23.551), no resulta aplicable - sin más - a los agentes públicos cuyo "estado militar o policial" los sujeta a una estructura de carácter marcadamente jerárquica, estructurada sobre pilares de disciplina y un ejercicio de la cadena de mandos que no sería compatible con el planteo de conflictos colectivos o negociaciones convencionales que colocarían a dichas instituciones en estado que deliberadamente podría demorar decisiones cuya urgencia sea vital para la seguridad de las personas y aún la supervivencia del estado. También es de considerar la necesidad de elaborar una legislación específica para que dichas personas alcanzadas por el "estado militar o policial" puedan gozar del derecho de asociación que se les reconoce en algunas naciones avanzadas. En todo caso, los actores deberían peticionar a los legisladores la proyección de una normativa que habilite los derechos programáticos que la Ley Cimera y los Convenios de la OIT determinan. (Del voto del Dr. Rodríguez Brunengo, en mayoría).- (En el caso, agentes policiales en actividad recurrieron la resolución ministerial que les negó la inscripción gremial)
Robo con armas, cuerpo del delito, secuestro de bienes, falta de secuestro, arma propia, cuchillo, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: CARDOZO, JUAN ANGEL s/ ROBO - EMPLEO DE ARMA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-27

La prueba del cuerpo del delito no requiere del secuestro de la cosa pues "la comprobación de la existencia de un hecho" conforme reza el art. 207 del C.P.M.P., es susceptible de acreditarse por todo medio de prueba, siendo los dichos de las víctimas hábiles para probar legalmente el uso del cuchillo, aunque éste no fuera habido.

Los requisitos para la acreditación del uso de un arma de fuego no resultan análogos, pues son obvias las diferencias funcionales entre un revólver, que sí necesita estar cargado con municiones apropiadas para crear un peligro objetivo a la persona, y un cuchillo o elemento filocortante, cuyas características peligrosas están ínsitas en su estructura.
Asociaciones civiles, personería jurídica, denegatoria de la solicitud, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

La autorización prevista en el art. 33 del Código Civil es de interés predominantemente estatal, por lo cual su no otorgamiento no agravia derechos del peticionante ni puede importar discriminación alguna.
Caducidad de instancia, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BECERRA ALBERTO c/ EMPERADOR CIA. FIN. S.A. s/ Ordinario (LIBRO: A072 - 274)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-30

La carga de instar recae primordialmente en quien promovió la instancia o incidencia. En cuanto a la notificación del decreto que ordena el traslado de su expresión de agravios en la Alzada, esa obligación pesa sobre el apelante.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, patrimonio, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Administración General de Puertos c/ GCBA s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-20

El recurso ordinario de apelación, regulado por el art. 26 de la Ley nro. 7, fue consagrado con la finalidad de que este Tribunal revise con amplitud aquellas sentencias que pudieran comprometer el patrimonio del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Procedimiento administrativo, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: O'Grady, Juan Carlos c/ Municipalidad de Berazategui s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

La doctrina del Tribunal impone la obligatoriedad de la interposición del recurso de revocatoria contra el acto que se quiere enjuiciar, requisito exceptuado únicamente en los casos de actos desestimatorios de recursos resueltos por la vía jerárquica o por autoridad administrativa competente en un procedimiento impugnatorio.
Contrato de trabajo, carga de la prueba, trabajadores rurales
Materia: LABORAL
Carátula: Basaldúa, Gustavo Norberto c/ Venditti Domingo s/ Indemnización, despido, diferencias haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-08-08

Cualquier virtualidad que se pretenda atribuir al silencio ante un requerimiento relativo al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones derivadas de una relación laboral, exige, como previo, reconocer la existencia del respectivo vínculo, e igual presupuesto requiere la norma contenida en el art. 87 del C.P.L. Del mismo modo, y dentro del régimen del R.N.T.A., el hecho que el demandado haya reconocido que el actor realizó las tareas específicas y no permanentes de albañilería que se detallan al contestar la demanda, frente a lo dispuesto por el art. 6 inc. c) de la ley 22248, no eximía al accionante de probar de manera clara y precisa la controvertida relación permanente.
Condominio, obligaciones de los condóminos, reembolso de gastos, impuestos, expensas comunes, mora
Materia: CIVIL
Carátula: KRAPIVKA, Eduardo A. c/ CAZORLA, Liliana M. s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-15

1- Cuando se trata de deudas contraídas en pro de la comunidad, el condómino que realiza gastos de conservación de la cosa tiene derecho a que los restantes comuneros le reintegren lo desembolsado, en proporción a la cuota de cada uno.

2- El condómino que hizo de su peculio la totalidad de los gastos necesarios para conservar y reparar la cosa común, entre los que se incluyen los pagos de impuestos y expensas, tiene derecho a percibir de los demás propietarios la parte de ese importe que a cada uno le corresponda, con intereses, hasta el momento del pago y sin que, al respecto, puedan oponérsele los principios generales sobre la falta de mora, dado que el art. 2686 la considera operada de pleno derecho.