marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pagaré, mandato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Brini, Jorge c/ Aisenberg, Roberto s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-06

Si la firma del pagaré ha sido estampada sin aclarar en nombre de quien se firmaba aquél, es decir, no está precedida o acompañada de sello o leyenda alusiva a la representación de una sociedad, debe considerarse que el suscriptor lo ha librado a su propio nombre, quedando obligado cambiariamente a título personal Al carecer el pagaré de la identificación de la sociedad, que se alega ser de responsabilidad limitada, la calidad de socio gerente invocada por el suscriptor lo hace responsable ilimitada y solidariamente por los actos celebrados en esas condiciones conforme lo dispone expresamente el art. l47 de la ley l9.550.
Daños y perjuicios, muerte del damnificado, indemnización, gastos de sepelio
Materia: CIVIL
Carátula: ISRAEL ALBERTO RUBEN c/ BRACALE PEDRO RUBEN s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-28

En la acción resarcitoria por muerte de la víctima de un hecho ilícito corresponde abonar los gastos de sepelio y luto que fueran estimados, aunque no se haya acercado prueba al respecto, toda vez que aquellos se tratan de desembolsos que necesariamente debieron haberse afrontado.
Propiedad intelectual, plagio
Materia: CIVIL
Carátula: PIRILLO  HNOS.   S.A.I.C. c/ DOTTI, HECTOR Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - PROPIEDAD LITERARIA Y ARTISTICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-17

Existe plagio en una obra cuando existe imitación de cierta magnitud respecto de la obra plagiada, cuando pese a las diferencias triviales, variaciones, agregados o reducciones, la obra presenta en comparación con la anterior una semejanza tal que permita reconocer que se trata en el fondo de una misma representación individual.
Veredicto, plazos procesales
Materia: LABORAL
Carátula: Placenti, Daniel Alberto c/ Afribo Livio s/ Cobro de haberes atrasados e indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

Si bien no es plausible que sea demorado por el tribunal del trabajo el dictado del veredicto y resulta reprochable el incumplimiento de los plazos establecidos por la ley de procedimiento laboral, semejante comportamiento judicial no evidencia por sí solo la existencia de defectos intrínsecos del fallo, de entidad tal como para configurar el error flagrante, el patente desvío lógico y el asentamiento de conclusiones en abierta contradicción con fehacientes constancias de la causa en que el absurdo consiste.
Democracia, régimen de mayorías
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sanseverino, Pablo y Otro c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad" y sus acumulados: Exptes. nº 8511/11 "Raffo, Julio César y otros c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y nº 8595/11 "Campos, Antonio Rubén y otros c/ GCBA (Legislatura de la CABA) s/ nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

El principio democrático sienta como premisa que la mayoría ejerce el gobierno, pero los derechos de las minorías deben hallarse efectivamente garantizados para que el Gobierno Constitucional sea una realidad. (Voto en disidencia del Sr. Juez José O. Casás).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, leyes
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

La ley 24316 contempla en todo su texto un solo supuesto de suspensión del juicio a prueba, abordando por un lado los casos a los cuales este instituto resulta aplicable en abstracto, y tratando por otro las condiciones que deben mediar para que se conceda el beneficio en concreto. No sólo los antecedentes parlamentarios abonan esta afirmación, sino que además -y sustancialmente- es el propio texto legal, en su significación gramatical, el que la sostiene. (Del Voto del Dr. Jukic). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Prueba de ADN, determinación de la filiación
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. s/ Legajo de apelación por infracción artículo 138 del C.P. segun ley 24.410 (Supresión de estado civil)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-09-10

El establecimiento del estado filiatorio del menor, se trata de un dato directamente asociado a la identidad personal, y por lo tanto, con aptitud para provocar consecuencias psicofísicas sobre su persona, que pueden ser tanto positivas como negativas, cuya intensidad no es posible adelantar con certeza (del voto en disidencia del Dr. Vélez Funes).
Responsabilidad internacional del Estado, gratuidad de la enseñanza, desarrollo sustentable, medidas de acción positiva, pueblos originarios, identidad cultural, derecho a la educación bilingüe, idioma de origen
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek c/ Paraguay s/ sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-24

Conforme los estándares internacionales, los Estados no sólo deben garantizar la accesibilidad a la educación básica gratuita, sino también su sostenibilidad, obligación que en el caso de comunidades indígenas exige una perspectiva etno-educativa en la que, necesariamente, se imponen la adopción de medidas positivas para que la educación sea culturalmente aceptable.
Hipoteca, inscripción registral, certificación registral, valor probatorio, efectos con relación a terceros
Materia: CIVIL
Carátula: PREVIMAR S.A c/ CARRIZO, ENRIQUE s/ HIPOTECA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-11

La inscripción de la hipoteca surte efectos con respecto a terceros adquirentes del inmueble hipotecado cuando conste en los certificados emanados del Registro de la Propiedad. Si en el momento de la adquisición la existencia del gravamen no surge de dichos certificados, el mismo no puede hacerse valer frente a terceros que han contratado fundados en la fe pública que deben tener estos instrumentos, ello sin perjuicio de la responsabilidad que pueda caberle al Estado por el hecho de su empleado, que ocasione al acreedor hipotecario la pérdida de su garantía frente a un titular de dominio que adquirió el inmueble libre de gravámenes.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: T., S. L. c/ R., F. C. s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Reclamación de filiación (Expte. CSJ Nº 205- 98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-02

Ante los fundamento dados por la Corte local al rechazar la queja (en tanto puntualizó que cabía desechar el planteo -relativo al rechazo de la revocatoria deducida contra el decreto que ordenaba la devolución del memorial previsto por el artículo 569 del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales- por versar sobre una cuestión eminentemente procesal, en principio, ajena a la instancia extraordinaria a menos que se demuestre arbitrariedad o lesión a la garantía de defensa en juicio, circunstancia que no acontecía en la especie), no resulta idóneo para la apertura la instancia extraordinaria insistir con las argumentaciones esgrimidas en los estadios anteriores y tildar de inaudito que un tribunal de garantías constitucionales considere que no se encuentra comprometida la garantía de defensa, cuando -a juicio del quejoso- la Alzada limitó gravemente las facultades recursivas de ambas partes. Ello así, desde que no consigue acreditar que el pronunciamiento atacado, efectivamente, adolezca de una irremediable incongruencia interna entre las proposiciones que lo integran y que sea menester recurrir a aportes argumentales extraños para tornarlo inteligible.
Producción de la prueba, acusación fiscal, deberes y facultades del fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: P., C. M. c/  s/ dcia. en rep. hija menor A. S. I. - Rawson
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-07-02

De acuerdo con el sistema del Código Procesal Penal, las vicisitudes de la producción probatoria durante la audiencia de debate constituyen el criterio rector para que la parte acusadora pueda modificar -de manera fundada- su acusación inicial, sea ampliándola, o incluso retirándola. Ello no es expresión de la contradictoriedad como reduciéndola más que la dinámica del juicio previo, de la objetividad que informa la tarea del acusador público, y de la averiguación de la verdad como garantía del acusado. Pero antes de ello, cualquier modificación que la parte quiera introducir a su pieza acusatoria, deberá ser controlada en una nueva audiencia preliminar.
Derecho laboral, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: PINOCHET ROBERTO c/ PRODUCTORES FRUTAS ARG. COOP. SEG. ART S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-23

En cuanto al cuestionamiento referido al cómputo de los intereses (...) y dejando a salvo mi opinión personal sobre el momento a partir del cual comienza a computarse el curso de los mismos, de conformidad con lo resuelto por nuestro Tribunal Superior de Justicia, en la causa: "MANSUR LIAN C/ CONSOLIDAR ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART", (Expte. Nº 373702/8), corresponde en el caso concreto, confirmar también en este sentido el fallo de primera instancia, aclarando que efectivamente como lo manifiesta el actor recurrente, se devengan desde la fecha del accidente.
Accidentes de trabajo, opción, cuestión de derecho común
Materia: LABORAL
Carátula: BOSSIO, MARIA LILIAN CANGIANO DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 509-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-30

No cualquier actitud puede considerarse "opción" en los términos del articulo 17 de la ley 9688. Así, por ejemplo, el haber percibido los salarios de asistencia medica y farmacéutica, no puede considerarse un acto que implique el ejercicio de la opción. En el sub judice, ni la solicitud de pago de los gastos originados en la atención medica del agente fundándose en la ley 9688, ni la autorización de la liquidación a favor de la Obra Social correspondiente constituyen opción en el sentido previsto por el articulo 17.
Venta de inmuebles fraccionados en lotes, resolución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Tamburo, Luis Alcides c/ Aguilar, Gloria Griselda s/ Ordinario (Expte. N° 1464)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-08-07

El único obligado al cumplimiento de la orden jurídica de registración establecida en la ley 14.005 es quien vende y se beneficia con la división del bien raíz, y su insubordinación o inconducta en relación a la pauta legal antedicha sólo ocasiona la imposición de una sanción patrimonial y la potestad de su cocontratante de requerirle y obtener lo omitido, pero nunca la invalidez insalvable de la ley que no respeta, lo que está en línea con el ordenamiento jurídico considerado en su conjunto, ya que nadie puede alegar su propia torpeza para obtener de ello un favor.
Proceso penal, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vega, Héctor Rubén s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en causa Nº 22/13 - Vega, Héctor Rubén - Coacción y encubrimiento agravado (2 hechos) en concurso real y en calidad de coautor - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-02-24

Por Auto Interlocutorio, la Cámara en lo Criminal, Sala Unipersonal, resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba oportunamente solicitado.

Contra dicha resolución, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

Como primer agravio plantea la errónea aplicación de la ley sustantiva.

Sostiene que, teniendo en cuenta la pena conminada en abstracto y la falta de antecedentes penales computables de su defendido, la suspensión del juicio a prueba es aplicable en el caso.

Como segundo agravio, plantea la inobservancia de las normas que el CPP establece bajo pena de nulidad absoluta.

Sostiene que el tribunal de sentencia ha violado el derecho de defensa de V. al no haber llevado a cabo el procedimiento que fija la ley adjetiva para la tramitación del pedido de suspensión del juicio a prueba, omitiendo fijar la audiencia prevista por el CPP, reemplazándola por una mera vista al Ministerio Público y posterior dictado de una resolución.

Conforme surge de la estructura de la presentación, considero que se impone el tratamiento prioritario de la cuestión introducida como segundo agravio de la defensa, en tanto se refiere a un defecto formal que en caso de prosperar habilitaría declarar la nulidad de la resolución denegatoria de la suspensión del juicio, por incumplimiento de las formas sustanciales del juicio, en el caso, la regla de la intervención de las partes en el proceso.
Establecimientos penitenciarios, correspondencia, violación de correspondencia, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Dessy, Gustavo Gastón s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

En el caso particular en que hubiese razones fundadas para temer que, a través de la correspondencia que emite, el penado pudiese favorecer la comisión de actos ilícitos las autoridades deben requerir en sede judicial la intervención de dicha correspondencia (arts. 185, 234 y 235 del Código Procesal Penal).
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-10


2º Instancia.- Buenos Aires, septiembre 10 de 2008.

Considerando: I. Apeló la ejecutada la resolución de fs. 290/292 que desestimó su planteo de prescripción. Su memorial de fs. 296 fue respondido por el ejecutante a fs. 301/304.

II. Fue bien decidida la cuestión por el juez a quo. Ello así, pues tratándose de deudores solidarios los actos interruptivos efectuados contra la titular de la cuenta (ver a estos efectos las actuaciones caratuladas "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/Nisinmann Hnos. SRI s/ejecutivo" que en este acto se tienen a la vista) son oponibles a la fiadora (arg. arts. 713 y 3994 Cód. Civ.).

En tal contexto y considerando que el plazo en cuestión debe computarse desde el rechazo bancario por tratarse de cheques de pago diferido (arg. art. 61 ley 24.452), la defensa pretendida no puede prosperar desde que la demanda presentada contra la sociedad con fecha 30.10.98 (ver fs. 21 de los autos citados) interrumpió el aludido conteo (arg. art. 3986 Cód. Civ.) y a la fecha de promoción de esta demanda (ver fs. 32) el término de un año a que alude el citado art. 3986 Cód. Civ. no había transcurrido.

Recuérdese que la citada norma establece que la prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, y tendrá efecto durante un (1) año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción; ergo en las presentes actuaciones no se ha operado la prescripción de las acciones derivadas de los cheques afianzados mediante el documento copiado a fs. 21/22.

III. Por lo expuesto, se desestima el recurso de fs. 294, con costas.- El doctor Bargalló actúa de conformidad con lo dispuesto por las resoluciones 261/06 y 261/07 del Consejo de la Magistratura y los Acuerdos del 15/06/06 y 01/06/07 de esta Cámara.- Ana I. Piaggi.- María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero.- Miguel F. Bargalló.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Salvatierra, Franklin c/ PA.CE.VI. S.A.I.C.I.F. s/ Enfermedad accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-06-28

No se abastece el recaudo constitucional del art. 168 de la Carta Magna local pues y conforme lo tiene resuelto la Suprema Corte "existe omisión de cuestión esencial si la Cámara soslayó el tratamiento de un tema.... realizando una afirmación general que deja sin respuesta a la misma". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Querellante, rol de querellante, facultades del querellante
Materia: PENAL
Carátula: Righi, Federico s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-28

La calidad de ofendido que habilita para ser querellante atañe tanto a aquél que es sujeto pasivo de un bien propio "dependiente" de aquél otro y no simplemente sufre las consecuencias dañosas -objetivamente causadas- a raíz del delito. Por ello, si al momento en que se produjo el desapoderamiento la empresa de marras se encontraba en concurso preventivo en trámite ante el Juzgado Comercial donde el pretenso querellante ha sido reconocido como acreedor privilegiado -en virtud de la prenda constituida sobre la maquinaria sustraída- lo cual ocasionaría un perjuicio directo a la masa de acreedores del concurso, no lo es menos que el acreedor prendario privilegiado sufriría también las consecuencias del delito.
Seguridad social, jueces, funcionarios judiciales, régimen jubilatorio provincial, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones, aplicación de la ley previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "MENDILAHARZU,    MARCELO c/ A.N.Se.S. s/ Acción   meramentedeclarativa".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

Si bien el art. 8 de la ley 24.018 enumera los sujetos a los cuales se aplica dicha normativa, no es menos cierto que el texto original de la ley no pudo haber contemplado la situación de los jueces provinciales, situación ésta que emerge implícitamente al suscribirse el Convenio de Transferencia del Régimen Previsional. Es allí donde aparece la necesidad de efectuar una interpretación acorde a los principios constitucionales en juego. (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia).
Concurso preventivo, proceso de verificación, pagaré, actualización monetaria, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: GRECO HNOS. S.A. - GENTILE, A. s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-06

Corresponde hacer lugar a la verificación de un crédito promovido por un acreedor de la fallida sobre la base de pagarés librados por ésta que fueran descontados en una entidad bancaria, aún cuando el incidentista no tenga en su poder la documentación, en razón de la ejecución trabada en su contra por el banco en su carácter de endosatario.

La verificación se admitirá con carácter condicional sujeta a la previa acreditación por parte del incidentista de que satisfizo al tenedor actual de los títulos.

Corresponde, asimismo, admitir el reclamo por desvalorización monetaria e intereses calculado de acuerdo a las pautas del fallo "Ucello, desde la mora hasta la declaración de falencia, con limitación a las sumas que abone al tenedor de los pagarés.
Trabajadores marítimos, convenios colectivos de trabajo, interpretación de la ley, salario a órdenes
Materia: LABORAL
Carátula: BARBONI, CARLOS c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE NAVEGACION INTERCONTINENTAL SA s/ ACCIDENTE ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

El art 39 del CCT 429/75 es claro en cuanto expresa que si la empresa no notifica fehacientemente al oficial la decisión de no renovarle el contrato de ajuste en el momento previo al desembarco para hacer uso de sus licencias o francos, el beneficiario será considerado "a órdenes" desde el momento de su desembarco hasta la recepción de la comunicación fehaciente de su desvinculación de la empresa en que ésta le abonará la totalidad de sus haberes pendientes por todo concepto, incluso, los inherentes a la indemnización por despido en caso de que ésta correspondiere.
Impugnación insuficiente, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Álvarez, Carlos Alberto c/ Estancia El Alba S.A. s/ Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-04-05

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a la mera denuncia de infracción de normas constitucionales y Tratados Internacionales, sin demostrar de qué manera el pronunciamiento colisiona con las presuntas garantías y derechos conculcados, tarea específica a cargo del recurrente que no puede ser suplida por la Corte.(doctora Kogan, minoría)
Cuestiones de competencia, ejecución de multas, intimación de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Valdez, Susana Mabel c/  s/ art. 23 - ejecución multa determinada por controlador s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-04

Si bien es cierto que los jueces de origen pueden declararse incompetentes de oficio al momento de la presentación de la demanda cuando se trata de competencia en razón de la materia, y al presentar la parte la excepción de incompetencia o la inhibitoria en los supuestos de competencia en razón de la persona, la circunstancia de que el juez Penal, Contravencional y de Faltas se haya inhibido de continuar entendiendo en estas actuaciones luego de disponer la intimación de pago y notificado al demandado, no aparece como óbice para examinar ante esta instancia nuevamente la competencia pues la posibilidad de pronunciarse al respecto se reproduce ante cada órgano jurisdiccional al momento de intervenir en el asunto, en la medida en que un órgano judicial superior no puede quedar condicionado por uno inferior en el caso del que tiene la misma competencia ratione materia. Voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano.
Caducidad de instancia, cómputo del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAMPANELLA DORA M. c/ ESTADO PROVINCIAL s/ DEMANDA DE INCOSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-09

En relación al plazo dentro del cual debe articularse la caducidad para reputar no consentida la reactivación de la instancia, debe remitirse, por analogía, al plazo de cinco días fijado por el artículo 167 segundo párrafo del Código Procesal Civil en relación al incidente de nulidad. La excepción está dada cuando estuviere corriendo un plazo especial, por ejemplo contestación de demanda, supuestos en los cuales deberá estarse al plazo respectivo.