Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-14


SENT Nº 527 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Catorce (14) de Junio de dos mil seis, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur -por excusación del doctor Alfredo Carlos Dato-, bajo la Presidencia del doctor Alberto José Brito, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por la parte actora y por los codemandados La Gaceta S.A.

y Enrique Ramón García Hamilton en autos: "Brodersen, Juan Pablo vs.

Diario La Gaceta y otros s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 606/622 por el actor Juan Pablo Manuel Brodersen, contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala IIIa. del 26/11/2004 (fs. 597/602), que dejó sin efecto el fallo de primera instancia del 22/5/2003 (fs.

403/414), y rechazó la demanda promovida por su parte contra La Gaceta S.A., Rodolfo Casen y Enrique Ramón García Hamilton. El mismo pronunciamiento es impugnado por los codemandados La Gaceta S.A. (fs.

625/630) y Enrique R. García Hamilton (fs. 633/638 vta.); cuyo agravio se limita al modo de imposición de las costas procesales.

Los recursos fueron concedidos por auto del 07/4/2005, obrante a fs.

669.

I.- Recurso interpuesto por el actor Juan Pablo Brodersen.

1.- El agravio central del actor está dirigido a impugnar la existencia de una cuestión prejudicial, y la influencia que la Cámara a quo asigna a la sentencia absolutoria firme dictada en fecha 27/12/99 por la Excma. Cámara Penal, Sala Va. en la causa caratulada "García Hamilton, Enrique R. y Casen, Rodolfo s/calumnias e injurias.

Víctima Juan Pablo Brodersen".

Sostiene que el pronunciamiento en recurso es arbitrario, incongruente y violatorio de la preclusión procesal, como de los principios de defensa en juicio e igualdad ante la ley, por lo que resulta descalificable como acto jurisdiccional válido.

1.1.- Luego de reseñar los antecedentes de la causa que estima relevantes, el impugnante expresa que a criterio de la Sra. Juez de primera instancia, en el sublite no existe cuestión prejudicial, puesto que el art. 1089 del Cód. Civil autoriza al Juez del fuero a examinar los actos y considerarlos resarcibles cuando éstos provoquen un daño, aun cuando aquéllos no encuadren en las figuras penales de la calumnia o la injuria. Pone de relieve que en base a los elementos probatorios transcriptos en su memorial, la magistrada concluyó que a consecuencia de las publicaciones periodísticas base de la demanda de autos, Brodersen perdió autoridad política y moral y credibilidad.

Le agravia que el tribunal de alzada receptara un planteo extemporáneo e intempestivo de prejudicialidad, en violación a los arts. 34, 36, 289, 280, 299, 273, 280, 779, 780 y 796 del CPCC, y arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional. Señala que tal alegación no fue articulada en el responde sino al expresar agravios ante la Cámara, por lo que su tratamiento lesiona las reglas de congruencia, bilateralidad y contradicción, que limitan la aplicación del principio iura novit curia. Cita precedentes jurisprudenciales, para concluir que el orden público atribuido a la normativa de los arts. 1102 y 1103 del Cód.

Civil no autoriza a arribar a la solución cuestionada.

Alega que el fallo de la Cámara también es incongruente por omitir el tratamiento de su pedido de deserción del recurso; cuestión que ha sido oportunamente propuesta y resultaba conducente para la decisión del pleito, según jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia citada en el memorial casatorio.

1.2.- Considera descalificable el pronunciamiento que al interpretar las normas en juego, las desvirtúa o torna inoperantes; ya que es obligación del intérprete armonizar los distintos textos legales en los que se subsume el caso. Afirma que sin mayores fundamentos, el tribunal de alzada descartó la aplicación del art. 1089, Cód. Civil, y abrogó esta normativa al hacer prevalecer la regla contenida en su art. 1103. A su entender, la primera de estas disposiciones legales constituye una regla especial que importa una excepción a la normativa general; por lo que la pretensión resarcitoria ejercida en autos no está condicionada a la decisión criminal que absolvió a los demandados por los delitos de calumnias e injurias. Que ante el aparente conflicto de normas, debe interpretarse que la decisión del legislador ha sido reglamentar lo atinente a los delitos contra el honor desde la perspectiva civil, con independencia de las reglas establecidas para los demás ilícitos. Esto, porque el citado art. 1089 alude a la calumnia e injuria "de cualquier especie"; y la omisión en aplicar su normativa al caso resulta violatoria del principio republicano de gobierno, al atribuirse el tribunal facultades legislativas de las que carece.

Precisa que según doctrina de la Suprema Corte Nacional, la primera regla de interpretación de la ley consiste en respetar la voluntad del legislador, estando a las palabras que ha utilizado. Que la expresión "calumnias e injurias de cualquier especie" contenida en el citado art. 1089 refiere sin duda alguna a la producción de tales ilícitos de las más diferentes maneras, y a los distintos medios con los que pueden concretarse, aunque no encuadren en el tipo penal. Cita doctrina donde se ha señalado que puede haber indemnización sin que exista condena criminal, porque las sanciones penales y civiles no son excluyentes sino acumulativas. Que por ende, no es necesario ni condiciona la reparación civil emergente del art. 1089, la circunstancia de que haya una sentencia penal que absuelva a los demandados de los delitos criminales de calumnia o injuria, pues la norma referida habilita la reparación aun cuando se hubiere dictado sentencia absolutoria en sede criminal. Enfatiza que el tratamiento de la reparación en el ámbito del derecho civil está absolutamente desprendido del resultado del proceso criminal; y que según ha señalado la doctrina, la falta de tipicidad penal del acto no incide en la responsabilidad civil, porque a tal efecto basta con una antijuridicidad genérica (Belluscio-Zannoni, "Código Civil Anotado", vol. V, pg. 312).

Por lo expresado, reclama se aplique como doctrina legal que: "La regla especial conforma una excepción de la normativa general y ello debe ser considerado por la decisión, so perjuicio de producir un acto descalificable como pronunciamiento válido al sustentarse en una interpretación irrazonable de la normativa que aprehende el caso (doctrina de los arts. 1089 y 1102 y 1103 del Cód. Civil). En consecuencia, la decisión jurisdiccional que resuelve la petición resarcitoria de quien se sintió deshonrado por las expresiones de la prensa no está condicionada a la decisión criminal que absolvió a los demandados por los delitos de calumnias e injurias". "En los delitos contra el honor, la decisión absolutoria en el proceso criminal no afecta el derecho a obtener el resarcimiento de los daños que la conducta lesiva ocasionó, pues en esta clase de ilícitos no existe prejudicialidad penal" 1.3.- De otra parte, plantea que en el caso tampoco estarían presentes los extremos requeridos para la aplicación de los arts. 1102 y 1103 del Cód. Civil; y que la absolución en materia criminal sólo influye en el proceso civil cuando los hechos no existieron, o bien cuando no fueron realizados por los demandados (doctrina arts. 1102 y 1103, Cód.

Civil). Como doctrina legal, propone que "exigir por vía de interpretación que para atribuir responsabilidad en un proceso civil deducido por lesiones contra el honor cometidos por la prensa se requiera únicamente dolo, cuando la ley no lo establece, implica un razonamiento ilógico y absurdo que tiñe de arbitrario al pronunciamiento, descalificándolo como acto jurisdiccional válido".

Pone de relieve que en autos no existen discrepancias sobre la existencia de las publicaciones; y plantea que la conclusión arribada en sede penal -que no constituyeron delito- debe examinarse en jurisdicción civil a la luz de la culpa y/o dolo, y no en la perspectiva del derecho penal. Destaca que en el mismo fallo absolutorio se ha interpretado que el querellante pudo sentirse "ofendido", y por ello lo absolvió de costas.

Concluye que la sentencia impugnada es absurda y arbitraria, al omitir la valoración de las pruebas de esta causa, limitándose a reiterar las conclusiones de la sentencia criminal. Señala que el tribunal de mérito ni siquiera menciona las pruebas reunidas en autos, no cuestionadas por los demandados; de las cuales surgirían las verdaderas razones que llevaron a Casen y García Hamilton a publicar las "noticias" que su parte considera lesivas.

1.4.- Finalmente, impugna la aplicación de la doctrina de la real malicia, alegando que por vía de interpretaciones subjetivas se llega a la creación de una categoría de sujetos supralegales, exentos de toda responsabilidad emergente de las publicaciones difundidas, al colocar en cabeza del ofendido la producción de pruebas de casi imposible realización. Que de este modo se crea una írrita situación de privilegio en violación a la Carta Magna, lo cual descalifica la decisión como acto válido (doctrina arts. 512, 902, 1109 y cc. del Cód. Civil, art. 308 y cc. del CPCC, arts. 14, 32, 16 de la Constitución Nacional). Que, por lo demás, esta doctrina no exige dolo sino una negligencia extrema; para concluir que en este punto la sentencia también refleja un exacerbado voluntarismo en la interpretación de la ley. Reitera que cuando por vía interpretativa se cambia el sentido de la ley, el fallo es arbitrario y debe ser descalificado como acto válido. Finalmente, refiere que en la sentencia Nº 844 del 18/11/96 (causa "Del Sancio, Rafael Eduardo vs.

La Gaceta S.A. s/daños y perjuicios") esta Corte Suprema de Justicia se ha inclinado por la inaplicabilidad de la doctrina de la real malicia en nuestro país.

2.- La cuestión de derecho propuesta remite a la aplicabilidad y alcances de la normativa contenida en los arts. 1101 y 1103 del Cód.

Civil, cuando se reclama la reparación de los daños derivados de las calumnias o injurias atribuidas a los demandados (art. 1089 del mismo cuerpo legal). En esta instancia casatoria no procede juzgar el acierto o desacierto de lo resuelto en sede penal, sino la incidencia de esta decisión en la suerte de la acción indemnizatoria planteada en jurisdicción civil.

En anteriores pronunciamientos, esta Corte Suprema de Justicia puso de relieve que los arts. 1101, 1102 y 1103 del Cód. Civil establecen un sistema de interrelación entre la acción civil y la criminal, pese a la afirmada independencia de ambas jurisdicciones que emerge del texto del art. 1096 del Código citado. El sistema vigente en el derecho argentino ha priorizado la jurisdicción penal, otorgando preeminencia relativa a la sentencia dictada en aquella sede sobre la civil (CSJTuc., sentencia del 07/10/96, causa "Santillán, Segundo B. c.

Gaitan, José N. y otro").

2.1.- El sublite queda aprehendido en el principio de dependencia del proceso civil con relación al criminal, sentado en el art. 1101 del Cód. Civil (Belluscio-Zannoni, Tº V, pg. 298); por lo que correspondía aplicar aún de oficio la disposición contenida en el art. 1103. Según emerge de las constancias de la causa caratulada "García Hamilton, Enrique R. y Casen, Rodolfo s/Calumnias e injurias" traída a la vista a requerimiento de esta Corte, la acción penal ha precedido al reclamo indemnizatorio; y ambos procesos se originaron en los mismos hechos, consistentes en las diversas publicaciones que Brodersen invocara como lesivas de sus derechos. El fallo absolutorio dictado por la Excma.

Cámara Penal, Sala Va. el 27/12/99 ha quedado firme, al declararse inadmisible el recurso de casación deducido por el querellante Brodersen, actor en estos autos (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 1067 del 18/12/2000, obrante a fs. 231/233 de la causa penal); por lo que en jurisdicción civil debía estarse a la previsión contenida en el citado art. 1103, que específicamente regla la influencia de la sentencia absolutoria.

La normativa contenida en el art. 1089 del Cód. Civil carece del alcance que el impugnante le atribuye; pues de su texto no emerge una excepción a las reglas de prejudicialidad. Esta disposición legal contempla los delitos civiles de calumnia y la injuria, en tanto lesivos al honor personal. La doctrina ha precisado que con la expresión "injuria o calumnia de cualquier especie" se quiere hacer mención "tanto a la injuria o calumnia directa como a la indirecta. La ofensa directa es cuando se hace con inmediata referencia a la persona ofendida, e indirecta cuando refluye sobre quien se quiere ofender a través de otra persona"; y también quedan comprendidas las formas explícitas e implícitas de estas figuras (cfr. Bueres-Highton, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, vol. 3ª, pg. 280 Hammurabi, 1999). Señalan estos autores, con citas jurisprudenciales, que siendo los delitos contra el honor de acción privada no es necesario ejercitar la acción criminal para que el juez en lo civil pueda graduar una justa indemnización (CNCiv., Sala D, 10/10/91, "Askenazi, Alberto c. Dohi, Mario2, LL 1992-C, 518); y que para la viabilidad de la acción prevista por el art. 1089 del Código Civil, "no es óbice que no se haya seguido causa penal por los delitos de calumnias e injurias del derecho criminal, debiendo por otra parte seguirse un criterio amplio, pues la expresión injuria de cualquier especie utilizada en la norma referida sirve para contemplar las imputaciones que ataquen al honor, aunque no encuadren en el tipo penal" (CNCiv., Sala C, 29/3/90, "Finochio, Oscar A. c.

Sepelios Carlos Calvo S.A", LL, 1990-D, 184).

2.2.- En su correcta interpretación, el art. 1089 autoriza a reclamar directamente la reparación de los daños y perjuicios derivados de las calumnias o injurias. Mas, si quien se considera víctima de tales ilícitos deduce voluntariamente acción privada en jurisdicción penal, basada en los mismos hechos que dan lugar al reclamo resarcitorio, la normativa contenida en los arts. 1101 a 1103 se impone al juez civil.

Doctrina y jurisprudencia coinciden mayoritariamente en que estas disposiciones son de orden público, por lo que deben ser aplicadas aún de oficio por los jueces; y la sentencia dictada en violación al citado art. 1101 resulta nula y sin valor alguno (cfr.

Belluscio-Zanoni, Código Civil Comentado, vol. 5, pg. 304). Las normas que otorgan a la sentencia penal el valor de cosa juzgada en sede civil poseen un rigor imperativo que conforma una materia de orden público; de modo que los jueces deben aplicar aún de oficio las reglas de los arts. 1102 y 1103 del Cód. Civil, y declarar la existencia de la cosa juzgada con prescindencia de que la haya o no alegado la parte interesada, pues es irrenunciable.

Por lo considerado, los jueces de mérito no podían obviar el análisis exhaustivo del caso, para determinar la aplicabilidad de aquellas reglas, aún de oficio y desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia del proceso penal. Tal examen requiere ineludiblemente verificar cuáles son las circunstancias fácticas esenciales fijadas en la cuestión penal, irrevisables e inconmovibles para el juzgador del aspecto civil. Por ende, es irrelevante la oportunidad procesal en la cual los demandados hayan invocado a su favor las limitaciones emergentes del art. 1103 del Cód. Civil Se concluye que el agravio fundado en la errónea interpretación de los arts. 1089 y 1103 del Cód. Civil no puede prosperar. Por las mismas razones, corresponde rechazar el planteo basado en la pretensa insuficiencia del memorial de agravios de la demandada, y la omisión de la Cámara en emitir pronunciamiento sobre el punto. Según se ha visto, el progreso del recurso de apelación de la contraria se ha fundado en la incidencia de lo resuelto en sede penal; y tal cuestión debía ser tratada aún de oficio por el tribunal de alzada, en mérito a su contenido de orden público. Desde esta perspectiva, tampoco cabe sostener que la misma fue tardíamente introducida a la litis; debiendo destacarse que en el caso de autos, el pronunciamiento absolutorio ha sido posterior a la promoción de la acción civil, y que el actor no podía desconocer la existencia del proceso penal, ya que sólo él pudo promover la acción, e intervino activamente en su trámite como parte querellante.

3.- Tampoco se advierte que la Sala a quo aplicara erróneamente la regla establecida en el art. 1103 de la ley sustantiva.

Las disposiciones contenidas en los arts. 1102 y 1103 del Cód. Civil constituyen una excepción al principio de independencia que establece el art. 1096 del mismo cuerpo legal, por lo que un sector de la doctrina propicia su interpretación restrictiva. Mas, cualquiera sea el enfoque de la cuestión, no puede soslayarse que en autos, la Cámara Penal ha rechazado en forma expresa que alguna de las publicaciones atribuidas a los querellados posea virtualidad externamente ofensiva;

negándoles idoneidad para lesionar el honor del querellante y actor en la presente causa. La Cámara a quo se hizo cargo del fundamento que sustentara el fallo absolutorio, para concluir que tal cuestión no puede ser reexaminada en sede civil; sin que se advierta arbitrariedad o error de derecho en la conclusión arribada.

3.1.- El tribunal de alzada destaca que la justicia penal absolvió a Casen y García Hamilton de los delitos que Brodersen les imputara.

Señaló que según sus conclusiones, "ninguna de las publicaciones presentadas por el querellante ha configurado el delito de calumnias, ni el de injuria, como imputable a los querellados". Transcribe distintos párrafos de la sentencia dictada por la Sala Va. de la Cámara Penal; a cuyo criterio "la cuestión se reducía a algo bastante simple: las expresiones que el querellante consideraba imputativas u ofensivas ¿eran calumniosas o injuriosas?. Hemos visto que no. El medio o vehículo portador de tales expresiones no modifica aquella conclusión". "Finalmente: aunque en algunos casos... cueste entender de qué o porqué se agravia el ex intendente de Aguilares, también se debe advertir que en otros casos algún motivo, aunque a la postre insuficiente, existió: concretamente en las publicaciones del 13/7 y del 13/8. Tal vez no haya otra explicación que no consista en la extrema susceptibilidad del Dr. Brodersen, cuyo subjetivismo lo lleva a abundar en adjetivaciones y en complicados razonamientos para mostrar qué y porqué le ofende".

En cuanto a la publicación del 15/7, el fallo en recurso señala que según lo destacado por la Cámara Penal no es el periodista, ni el diario el autor de la imputación, sino concretamente el dirigente Salvador Ruiz; quien no desmintió la acusación de retención indebida de los descuentos por planilla. "Mal se entiende, entonces, cómo podría imputarse el delito de calumnias a quien se limita a recoger y publicar la información, identificando su procedencia, y no a quien formula la acusación calumniosa". Respecto a lo publicado el 14/7, pone de relieve que a criterio del tribunal penal, "las expresiones utilizadas -"huida" y "desaparición"- tal vez no fueron muy bondadosas, ni se eligieron para hacerle algún favor a Brodersen, pero no pueden ser analizadas fuera del contexto en el que se emplearon".

Que en los términos del fallo absolutorio, ambas expresiones "quedan perfectamente explicadas como una actitud normal y hasta elogiable del Intendente: "Debió viajar a la capital para gestionar fondos". "Eso es exactamente lo que se dice del doctor Brodersen, y no que se haya escapado, fugado o escondido, conduciéndose como un "pusilánime, cobarde o incapaz", según subjetivamente se interpreta". Agregó que "En la vida real las palabras normalmente no se emplean consultando las acepciones que les asigna el diccionario, ni llegan así a su receptor. Su cabal interpretación depende del momento y el marco en que se pronuncian". Siempre transcribiendo consideraciones del tribunal penal, la alzada agrega que "En este caso el texto íntegro de la nota es el que se aproxima a la sana interpretación de los vocablos cuestionados". "Se tiene, entonces, que por una parte, las expresiones de las que se agravia el querellante no constituyen por sí solas, en abstracto, términos desacreditantes o dilacerantes, por su multivocidad, y -menos aún- si se las interpreta en el contexto real, concreto, en que fueron utilizadas" (cfr. fs. 598) En referencia a la "aclaración" de Brodersen, publicada el día 14/7, la Sala Va. de la Cámara Penal expresó que "...cuesta más entender qué considera ofensivo el ex intendente. La nota no contiene algún vocablo que pueda lesionarlo (al menos el interesado no lo menciona), y todo su texto es una transcripción de lo que él mismo fue a manifestar al diario, salvo que el hecho de aparecer "como una presentación espontánea" (como en realidad lo fue) le resulte agraviante"... esta nota lisa y llanamente no contiene en su texto expresión o concepto alguno idóneos para "ridiculizar" o de alguna manera ofender al querellante".

El fallo en recurso da cuenta de que a su vez, la noticia publicada el 10/8 trata diversos temas vinculados con los problemas salariales del Sur de la Provincia. Señala que según la valoración los jueces penales, "En este caso tampoco se encuentra, a pesar de la detenida lectura y relectura de la nota, alguna expresión o concepto -directo o sugerido, expreso o implícito, sutil o grosero, hábil o torpe- apto para agraviar, desacreditar u ofender. La única "imputación", por así llamarla, de "falta de medidas de previsión y ajuste", menciona la fuente: el concejal Mansilla. Las otras menciones no abren juicios de valor sobre Brodersen o sobre su gestión: simplemente narran hechos que -también debe decirse- eran casi "normales" en el Tucumán de esos días". "Para concluir... tampoco esa nota contiene en su texto expresión o concepto alguno que puedan razonablemente agraviar al querellante" (cfr. fs. 598 y vta.).

La Sala a quo añade que en oportunidad de analizar la noticia del 13/8, la Cámara Penal advirtió que se estaría deslizando una idea de dualidad de conducta, al atribuir a Brodersen haberse postulado para el quinto cargo vacante en el ente regulador Aguas del Tucumán, cuando antes había rechazado la privatización del servicio. Sin embargo, entendió que lo dicho respecto de Brodersen no es, en definitiva, algo desdoroso, vergonzante, lesivo al honor; y que el párrafo anterior "debilita" lo que podría entenderse en el siguiente al explicar el origen de la postulación". "Por último habría que preguntarse quién -aparte del propio doctor Brodersen- podría considerar que la nota es ofensiva, sin bucear en complicadas elucubraciones que al lector común ni se le pasan por la cabeza". Con estos fundamentos, el tribunal de juicio concluyó que "esta nota contiene únicamente un párrafo que pueda haber rozado la especial sensibilidad del querellante, pero que objetivamente carece de entidad para configurar una expresión injuriosa".

3.2.- De otra parte, la Sala a quo destaca que el fallo absolutorio ha quedado firme, por haber sido desestimado el recurso de casación interpuesto por el querellante (cfr. sentencia Nº 1067 del 18/12/2000, fs. 231/233 del expediente a la vista); y que lo así resuelto en sede penal tiene indudable incidencia para la debida solución del caso en análisis.

Según puede advertirse, la doctrina que sustenta el decisorio no se opone a la propuesta por el actor, en cuanto a los alcances de la cosa juzgada emergente de la absolución penal del querellado. La Sala a quo coincide en que su efecto se limita a la inexistencia del hecho principal o la falta de participación del imputado, sin impedir la condena civil cuando la conducta esté reprimida por el ordenamiento jurídico, y se haya causado culpablemente un daño (art. 1103, Cód.

Civil). Comparte asimismo el postulado del actor, en el sentido de que la protección civil del honor es más amplia que la penal, ya que puede incluso atender ataques por culpa o negligencia, lo que obliga a la reparación; y que se desentiende tanto del tipo penal como del dolo.

Que por ello, si la absolución penal se dicta por no concurrir los extremos de las figuras que contienen los arts. 109 y 110 del Cód.

Penal, no está excluida la responsabilidad civil emergente del hecho en tanto sea una conducta dañosa; pero es necesaria la existencia, al menos, de una culpa y no obsta su configuración la existencia del error excusable. Puntualiza además el tribunal que en los delitos contra el honor, de acción privada, no es necesario ejercitar la acción criminal para que el juez civil pueda graduar una justa indemnización; pero de promoverse la querella y resultar absuelto el imputado por falta de configuración del tipo penal, no habría obstáculo legal para que el juez civil establezca una indemnización, pues la expresión injuria de cualquier especie que menta el art. 1089 del Cód. Civil alcanza a las imputaciones que ataquen el honor, aunque no encuadren en el tipo penal.

Finalmente, la Sala a quo señala que la normativa contenida en el art.

1103 antes citado es de orden público, y debe ser aplicada por los tribunales de oficio, con independencia de su alegación o no por las partes.

4.- De la reseña precedente surge que la Cámara coincide con la interpretación propuesta por el recurrente, en cuanto a que el dictado de pronunciamiento absolutorio en sede penal, no impide a los jueces civiles apreciar los hechos y la prueba de manera diversa, en orden a determinar la existencia del daño y el deber de repararlo, si están reunidos los presupuestos legales para la procedencia del resarcimiento. La controversia en este punto se limita, entonces, a los alcances de la prejudicialidad establecida por el citado art. 1103 en el caso concreto. Al respecto, no cabe perder de vista que la normativa en análisis tiene la finalidad de preservar la unidad el ordenamiento, dando respuesta al conflicto que pudiera presentarse cuando un mismo hecho ha dado lugar a la acción penal y a la acción civil. Se pretende evitar el escándalo jurídico resultante de sentencias contradictorias, en virtud del principio de unidad de la jurisdicción, que impone una imprescindible coherencia para afianzar la seguridad jurídica. Se trata de unidades que "responden a la unidad sustancial de la juridicidad-antijuridicidad" (cfr. Creus, Carlos, Reparación del daño producido por el delito, Rubinzal-Culzoni, 1995 pg. 95 y ss.).

4.1.- Tiene dicho esta Corte Suprema de Justicia que la noción de "existencia del hecho" contenida en el art. 1103 no alude a su mero suceder histórico, sino a que haya acaecido del modo imputado.

Comprende las circunstancias fácticas que fueron estimadas esenciales para determinar la absolución de los imputados, las cuales no pueden ser controvertidas a la hora de decidir el reclamo indemnizatorio.

Ello así, no corresponde al juez penal ir más allá de lo necesario para decidir si el hecho atribuido al acusado existe, si el inculpado es el autor y si ese hecho le es imputable según la ley penal. Con estas precisiones, el juez civil debe atenerse a los datos fácticos relativos al hecho imputado, que se dieron por verificados al resolver la acción penal (cfr. CJSTuc., sentencia Nº 771 del 12/9/2005, autos "Ledezma, Luis Alberto vs. La Gaceta S.A. s/daños y perjuicios").

Este análisis ha sido efectuado por la Sala a quo en forma pormenorizada en sede penal; y la conclusión negativa proyecta sus consecuencias en sede civil. En tal sentido, esta Sala Civil y Penal ha subrayado que desde el punto de vista del derecho penal, la injuria es un delito contra el honor; que es protegido como entidad abstracta poseída por todos los individuos. La amplitud típica en lo atinente al modo y extensión de las ofensas contra el honor repercute sobre las condiciones modales de formulación de la ofensa (Creus, Carlos, Derecho Penal, Parte Especial, Vol. 1, pg. 126 y ss.). Por tratarse de un delito de expresión, la acción ofensiva por medio de la prensa puede resultar de las más diversas formas y medios. La valoración que se haga depende de la idea que cada vocablo significa según los criterios válidos para la comunidad; por lo que deberá examinarse el ámbito y contexto en que se incluye la expresión pretendidamente injuriosa, considerando no sólo su sentido gramatical sino también la ocasión en que lo hace; si se trata de la crítica de una conducta, si se relata como un hecho de la realidad, o si se incluyen datos falsos de connotación injuriosa en un relato de un acontecimiento verdadero.

En todo caso, debe acreditarse que se incurrió en una conducta que, con arreglo a las circunstancias de persona, tiempo y lugar, sea objetivamente idónea para lesionar la honra o el crédito ajeno (cfr.

CSJTuc., sentencia Nº 771 del 12/9/2005). El hecho será el mismo cuando lo que se juzga en ambas acciones es la misma conducta del agente. Precisa el autor citado que si la absolución se apoya en la inexistencia de un resultado trascendente al mundo exterior del sujeto imputado, requerido por el tipo penal, para la responsabilidad civil se trata de la negación del "hecho principal" que hace cosa juzgada en sede civil" (Creus, C., ob. cit., pg. 117).

Conforme a lo considerado, el "hecho principal" aludido en la ley civil se vincula con las circunstancias fácticas que el juez penal consideró esenciales para resolver la absolución, directamente vinculadas al específico delito imputado. La sentencia civil no puede desconocer lo resuelto en sede penal respecto de la "prueba fundante" de los hechos de la absolución; sin que ello le impida motivar su pronunciamiento en función de un hecho distinto al llamado "hecho principal"; ya que los hechos incidentales o conectados mediatamente con las circunstancias centrales del caso, no configuran aspectos decisivos para el sentenciante civil (Bueres-Highton, Código Civil Comentado, Vol. 3A, pg. 323 y sig., Hammurabi ).

5.- En anteriores pronunciamientos, esta Corte Suprema de Justicia ha destacado el carácter imputativo del delito de injurias, que requiere la atribución de calidades, costumbres o conductas susceptibles de ser apreciadas como peyorativas para la personalidad del ofendido. Es necesario que el término admita una imputación social ofensiva, ya que la conducta debe reunir la doble calidad de ser objetivamente injuriosa y de que subjetivamente se la realice por su carácter injurioso CSJTuc., sentencia N° 941 del 31/10/ 2001, causa "Lema, Gustavo Alberto s/Injurias).

Señala Creus que la ley penal no restringe ni determina los modos ni los medios por los cuales se puede deshonrar o desacreditar: "En todos los casos la conducta del agente tiene que reunir la doble calidad de ser objetivamente injuriosa y de que subjetivamente se la realice por su carácter injurioso". Lo primero se da cuando la conducta tiene un significado ofensivo para el honor, según las pautas sociales vigentes o puede asumirla según ellas; lo segundo, cuando la conducta es asumida por el autor como ofensa, sea por la univocidad de su significación como tal, sea porque el modo con que se la adopta revela que lo hace con esa significación y no con otra, que pueda tener (Creus, ob. cit., pg. 140). Por el carácter imputativo de la injuria, para ser típica, para que constituya la exteriorización de pensamientos lesivos del honor (Soler), debe estar formada por imputaciones que atribuyan "calidades, costumbres o conductas susceptibles de ser apreciadas peyorativamente para la personalidad del ofendido". Es un delito formal que se consuma en la realización de la conducta deshonrante o desacreditante.

Según emerge de la reseña precedente, en el sublite la Cámara Penal ha establecido que las publicaciones pretensamente lesivas para el honor del actor no han sido objetivamente injuriosas, negándole aptitud ofensiva; y ello no puede ser desconocido por el juez civil. En sede penal, el querellante Brodersen fundamentó su acusación en el contenido de diversas publicaciones que consideró deshonrantes o desacreditantes; con lo cual el examen del hecho en esta dirección se imponía al Tribunal de juicio. Por lo demás, tratándose de un delito de acción privada, la activa intervención del querellante y pretenso damnificado resguarda ampliamente la garantía de defensa en juicio en miras a la aplicación del art. 1103 del Cód. Civil, pues quien se considera damnificado patrimonial y moralmente ha sido oído, y tuvo posibilidad de discutir la existencia de tales hechos y su entidad potencialmente injuriosa. Se trata de un dato fáctico relevante al hecho imputado; reiterándose que en jurisdicción penal se ha rechazado en forma expresa que las publicaciones motivo de la querella criminal posean virtualidad externamente ofensiva (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 771 del 12/9/2005).

Esta conclusión fáctica proyecta su significación jurídica también para la acción civil. En el juicio de mérito efectuado por la Cámara Penal, la ausencia de externalidad injuriosa de aquellas publicaciones ha sido el motivo principal para absolver. Al respecto, cabe advertir que en su faz externa, la conducta descripta en la norma penal guarda identidad sustancial con la invocada para fundar el reclamo indemnizatorio. En ambos casos es necesario constatar la idoneidad ofensiva del medio empleado; y la amplitud de los factores atributivos de responsabilidad civil no autoriza a soslayar que, cualquiera sea la causa del deber de repararlo, el resarcimiento del daño moral se apoya en la misma premisa fáctica; esto es, la aptitud de la publicación para lesionar los sentimientos de quien se dice damnificado. La idoneidad ofensiva del medio empleado se vincula inescindiblemente al hecho principal; pues se trata -según expresión de la doctrina- de un aspecto sobre el cual el juez penal debía necesaria y legítimamente pronunciarse (Belluscio-Zannoni, Código Civil Comentado, vol. 5, pg.

306/307).

6.- Se concluye que la sentencia en recurso ha aplicado correctamente la disposición contenida en el art. 1103 del Cód. Civil. De sus fundamentos resulta que el rechazo de la demanda resarcitoria se sustenta en la autoridad de cosa juzgada que adquirió el pronunciamiento dictado en fecha 27/12/99 por la Sala Va. de la Excma.

Cámara Penal. Y según lo considerado, los jueces en lo criminal negaron en forma categórica que las publicaciones en las cuales el actor basa su pretensión indemnizatoria, exhiban contenidos objetivamente injuriosos. Estas valoraciones integraron el juicio de mérito que condujo a la absolución de los acusados, y no pueden ser desconocidas en sede civil. La conclusión a que se arriba deriva de un expreso mandato legal, y no implica emitir opinión sobre el alcance de la tutela a la libertad de expresión; reiterándose que la cuestión ha sido exhaustivamente analizada en el fallo de la Cámara Penal, y de ello se hace cargo la Cámara a quo al transcribir en forma minuciosa y pormenorizada los fundamentos del fallo absolutorio.

En el precedente antes citado, esta Corte Suprema de Justicia destacó que aun cuando en el ámbito civil la protección del honor de las personas es más amplia, pues no requiere el dolo del responsable, la absolución sustentada en la ausencia de idoneidad ofensiva del medio empleado se proyecta en sede civil. Negado en jurisdicción penal carácter ofensivo de la publicación, no cabe otro examen de la responsabilidad civil; toda vez que la Cámara Penal rechazó con autoridad de cosa juzgada la intrínseca entidad agraviante de lo publicado; y ésta ha sido la "causa" invocada para la reparación del daño patrimonial y moral. Si las expresiones reputadas como lesivas por el querellante no lo fueron, tal conclusión incide en la reclamación civil, porque significa negar un presupuesto para la procedencia del reclamo indemnizatorio por daño moral (cfr. CJSTuc., sentencia Nº 771 del 12/9/2005).

7.- En suma, la Cámara civil entendió que dados los términos de la sentencia absolutoria, -que negó externalidad ofensiva en las publicaciones motivo de la querella y acción civil-, el tema no puede ser revisado por los tribunales civiles en virtud de lo dispuesto por el art. 1103, Cód. Civil.

La conclusión arribada exime a los jueces civiles de analizar lo atinente al factor de atribución de responsabilidad. Así, lo atinente a la aplicación de las pautas establecidas por la Suprema Corte Nacional en la causa "Campillay" -sobre lo que esta Corte no emite opinión- o a la doctrina de la real malicia, resulta irrelevante habida cuenta de que según lo reitera el propio tribunal a quo, en sede penal quedó definitivamente establecido con autoridad de cosa juzgada, que los términos empleados en las diversas publicaciones carecen de idoneidad para lesionar el honor del querellante.

Igualmente, deviene inconducente examinar los restantes agravios del actor, dirigidos a impugnar las consideraciones de la Cámara a quo en torno a la libertad de prensa, y a la naturaleza del factor de atribución aplicable a la responsabilidad derivada de la información suministrada por la prensa.

A mérito de lo considerado, corresponde desestimar el recurso de casación deducido por la parte actora.

II.- Recursos interpuestos por los codemandados La Gaceta S.A. y Enrique R. García Hamilton.

En idénticos planteos, ambos coaccionados impugnan la distribución de las costas procesales, impuestas por el orden causado en todas las instancias de grado. Alegan que la transcripción de la norma procesal (art. 106, CPCC) no significa fundamentar la decisión, en violación al derecho de propiedad y de defensa (arts. 31, 32 y cc. del CPCC). Citan precedentes jurisprudenciales de la Suprema Corte Nacional y de este Superior Tribunal, referidos al déficit de arbitrariedad por ausencia de motivación.

Ponen de relieve que el actor reclamó ser indemnizado por el daño moral derivado de publicaciones calificadas de sensacionalistas, en las cuales se habrían desvirtuado intencionalmente hechos acaecidos.

En su interpretación, toda cuestión vinculada a publicaciones periodísticas que se consideran injuriosas es de por sí problemática, y ello no ha sido especificado por el tribunal en relación a la presente causa. Que la alusión a razones probables para litigar tampoco significa motivar la sentencia; reiterando que en todo caso el juez debe fundar su apartamiento a la regla general y el encuadre en alguna de sus excepciones. Citan precedentes de esta Corte, a tenor de los cuales la sola referencia a "la razón probable para litigar" es notoriamente insuficiente para cumplir la exigencia de motivación impuesta por el art. 106, inc. 1º procesal bajo pena de nulidad. Como doctrina legal, proponen que: "Es descalificable como acto jurisdiccional válido, la sentencia que carece de toda motivación en relación a la imposición de costas procesales".

Es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia que, como principio, las cuestiones referidas al orden de imposición de las costas procesales, tratándose de una valoración prudencial propia y privativa de los jueces de mérito y como tal una quaestio facti, resulta insusceptible de impugnarse por el recurso de casación, que únicamente puede motivarse en cuestiones de derecho".(CSJT, N° 952 del 22/11/2004, causa "Moreno, Carlos Andrés vs. Vargas, Francisco Miguel s/ Contratos (Sumario)". Se trata de una cuestión de hecho librada al prudente arbitrio de los jueces de mérito; principio que sólo cede en supuestos de arbitrariedad o violación de los principios de la lógica (CSJTuc., sentencia Nº 458 del 08/6/2001).

En autos, la Sala a quo no sólo ha aludido a razones probables para litigar, sino que hizo mención a la naturaleza de la problemática debatida. Esta valoración se corresponde con las circunstancias de esta causa, donde se ha debatido una cuestión novedosa y compleja, que involucra lo atinente al concepto jurídico del "hecho principal" aludido en el art. 1103 del Cód. Civil, y sus alcances cuando se trata de delitos de calumnias o injurias. Cabe además poner de relieve que el pronunciamiento dictado en sede penal, de influencia decisiva para la suerte de la presente litis, ha sido posterior a la interposición de la demanda civil. Ello resulta de los fundamentos del fallo en recurso, y advierte las peculiaridades de la problemática debatida en autos, aludida por la Cámara para sustentar su decisión en materia de costas procesales. Por lo demás, el precedente de esta Sala Civil y Penal, antes citado, se dictó con posterioridad a la interposición del recurso de casación deducido por el actor en la presente causa; siendo oportuno destacar que, en mérito a la novedad y complejidad de las cuestiones debatidas, esta Corte impuso las costas por el orden causado en todas las instancias (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 771 del 12/9/2005).

Lo expuesto impide calificar de arbitraria a la distribución de los causídicos. Aun cuando de manera escueta, la Sala a quo ha dado razones de su decisión, y las mismas se corresponden con los antecedentes de la causa y los fundamentos de la sentencia; sin que se advierta inequidad o arbitrariedad en el criterio de distribución, que torne admisible el recurso extraordinario local en relación a una cuestión propia y privativa de los jueces de mérito.

En mérito a los mismos fundamentos, las costas de la instancia casatoria se distribuyen por el orden causado.

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 606/622 por el actor Juan Pablo Manuel Brodersen, contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala IIIa. del 26/11/2004, obrante a fs. 597/602 II.- NO HACER LUGAR a los recursos de casación deducidos por los codemandados La Gaceta S.A. y Enrique R. García Hamilton, contra lo resuelto al punto II del mismo pronunciamiento, con pérdida del depósito de ley.

III.- COSTAS de los recursos, como se consideran.

IV.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.