Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-03-12


SENT. N 181	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Doce (12) de Marzode dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Toledo Carlos Alberto vs. Zabalza Jorge Ernesto s/ Cobro de pesos. Incidente de extensión de reponsabilidad".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 28 de abril de 2008 (fs. 179/180), la parte actora dedujo recurso de casación, que fue concedido por dicho Tribunal mediante resolución dictada el 10 de julio de 2008 (fs. 192). Consta en informe actuarial de fs. 202 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 del CPL.

2.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte la de revisar si el recurso de casación ha sido correctamente concedido, corresponde reanalizar la cuestión inherente a la admisibilidad del mismo.

Así, observamos que la casación ha sido interpuesta en término, se dirige contra una sentencia equiparable a definitiva en cuanto pone fin al incidente de extensión de responsabilidad promovido con posterioridad al dictado de la sentencia de fondo, se motiva en la infracción de normas jurídicas formales y sustanciales y en el vicio de arbitrariedad de sentencia, el recurso se basta a sí mismo y contiene una relación completa de los puntos materia de agravio, y no es exigible el afianzamiento de ley por ser la parte actora quien recurre (arts. 130 a 133 CPL).

Consecuentemente, encontrándose cumplidos los requisitos de admisibilidad de la vía impugnativa intentada, corresponde abordar el análisis de procedencia de los agravios comprendidos en el recurso.

3.- Entre los antecedentes relevantes de la causa, se destaca que a fs. 19/25 el Sr. Carlos Alberto Toledo inició incidente de extensión de responsabilidad, a fin de que se establezca la responsabilidad solidaria del Sr. Luis Alberto Acosta por el pago de la suma $20.168,19, que la sentencia de fecha 2 de Julio de 2004 condenó a abonar al demandado Jorge Ernesto Zabalza por créditos laborales emergentes de la relación laboral mantenida con el actor.

La pretensión de extensión de responsabilidad se funda en la circunstancia de que el Sr. Jorge Ernesto Zabalza habría transferido al Sr. Luis Alberto Acosta el establecimiento en donde prestó servicios el actor, por lo que interpreta el incidentista que de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 225, 227 y 228 de la LCT, este último resultaría solidariamente responsable del pago de las todas las obligaciones laborales del transmitente.

Los Sres. Acosta y Zabalza contestaron el traslado del incidente que les fue corrido, y solicitaron su rechazo en base a las razones esgrimidas en los escritos de fs. 53/58 y 71/76 respectivamente.

Producidas las pruebas que da cuenta el informe actuarial obrante a fs. 133, el Juzgado de Conciliación y Trámite interviniente dictó resolución de fecha 27 de abril de 2007 (ver fs. 137/138), mediante la cual dispuso no hacer lugar al pedido de extensión de responsabilidad deducido por el actor Carlos Alberto Toledo.

Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso de apelación, que fue rechazado por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo mediante pronunciamiento emitido en fecha 28 de abril de 2008 (fs. 179/180).

4.- El actor interpuso recurso de casación contra el pronunciamiento emitido por la Cámara, argumentando que la decisión infringe los arts. 33, 34, 40 y 272 del CPCC; los arts. 9, 11 y 228 de la LCT; y los arts. 17, 18, 19 y 28 de la CN; que existe arbitrariedad en la apreciación del plexo probatorio realizada por la Cámara, y que se ha inobservado la doctrina emanada del fallo plenario n° 289 establecido en la causa "Baglieri Osvaldo c/ Francisco Nemec y Cía. SRL y otro s/Despido".

El recurrente señala que para que exista solidaridad, el nuevo empleador debe aparecer cumpliendo la misma actividad que tenía el anterior, situación que entiende configurada en el presente caso, en donde se ha demostrado que con posterioridad a la transferencia se explota idéntica actividad que la que se desplegaba antes.

Denuncia que no es real que no se haya probado la transferencia de la unidad productiva en marcha como dice la sentencia, toda vez que en el mes de enero de 2002 se dio de baja el negocio por parte de Zabalza y ese mismo mes se arrendó el local, determinándose en la cláusula 15 que el negocio continuaría con la actividad de venta de productos de limpieza.

Afirma que tampoco es cierto que las actividades desempeñadas por el transmitente y el adquirente no sean idénticas como lo considera el Tribunal de mérito, ya que el negocio que antes se denominaba Centro de Limpieza Rosario ahora se denomina Centro de Limpieza Mr. Pein, y en la solicitud de empadronamiento y habilitación del Sr. Acosta se determina que las actividades a desarrollar son las de venta de artículos de limpieza, perfumería y cosméticos.

Finalmente, cuestiona la sentencia en cuanto considera que los créditos laborales derivados de una relación resuelta antes de la transferencia no son asumidas por el nuevo empleador, ya que entiende que luego del plenario n° 289 la cuestión no admite discusión alguna. Destaca que de acuerdo con dicho plenario, quien es adquirente de un establecimiento en las condiciones previstas por el art. 228 de la LCT, resulta responsable solidario de las obligaciones del transmitente por las relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión.

De acuerdo con tales argumentos, solicita que se haga lugar a la casación, dejándose sin efecto la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara del Trabajo en cuanto rechaza el recurso de apelación deducido por su parte, y que se haga lugar al incidente de extensión de responsabilidad, condenando en forma solidaria al Sr. Luis Alberto Acosta con el demandado en relación al crédito reconocido al actor.

5.- De los términos de la sentencia que rechaza el recurso de apelación, se destaca que fueron tres las razones fundamentales por las cuales la Cámara sostuvo que no correspondía extender la responsabilidad al Sr. Acosta: a) En primer lugar, entiende que las actividades desplegadas por el Sr. Zabalza y el Sr. Acosta no son idénticas, por lo que no se encontraría acreditada propiamente la existencia de una cesión; b) Por otro lado, sostiene que para que opere la solidaridad del art. 225 de la LCT debe existir la transferencia de una unidad productiva en marcha, y en el caso no se habría probado con absoluta identidad material ni temporal, la transferencia de la unidad en marcha; y c) Finalmente, expresa que tampoco resulta operativa la solidaridad del art. 225 de la LCT, debido a que la relación laboral entre el trabajador y el cedente se extinguió con anterioridad a la transferencia.

Tales consideraciones aparecen cuestionadas puntualmente por el actor en su memorial de casación, por lo que corresponde examinar separadamente las mismas a fin de determinar la procedencia o no del recurso intentado.

5.1.- En primer lugar, cabe señalar que si bien la actividad comercial desplegada por los demandados Zabalza y Acosta no es exactamente la misma de acuerdo a las inscripciones fiscales obrantes en la causa, las pruebas producidas en el proceso evidencian que dichas actividades resultan de algún modo coincidentes, a punto tal que resulta posible sostener que existe una identificación entre ellas.

En efecto, la solicitud de empadronamiento y habilitación glosada a fs. 109 de autos, da cuenta de que la actividad a desarrollar por el Sr. Acosta consiste también en la venta de artículos de limpieza, pudiéndose inferir de otros elementos probatorios que la comercialización de dichos productos era el principal objeto de su empresa, aun cuando a la par de los mismos pudieran haberse vendido otros artículos diferentes de los que comercializaba el Sr. Zabalza.

En tal orden, no cabe perder de vista que en la solicitud de empadronamiento del Sr. Acosta, el propio solicitante consigna como nombre del establecimiento comercial "Centro de Limpieza Mr. Pein" -lo que también surge de la factura agregada en original a fs. 18 no desconocida por los demandados- situación que lleva a considerar que existe una innegable identificación en la actividad desarrollada por ambos demandados, ya que de lo contrario no se explicaría el motivo por el cual se le asignó dicho nombre a la empresa explotada por el Sr. Acosta, si no es para identificar a la empresa con su principal actividad desarrollada.

Lo dicho resulta avalado por el hecho de que el contrato de locación acompañado por ambos demandados (ver fs. 43/44 y 64/65), prevé expresamente como destino del inmueble de calle Perú 683 -en donde habría funcionado la empresa del Sr. Zabalza- la venta de productos de limpieza exclusivamente, llegándose incluso a acordar que el incumplimiento de esta estipulación sería causal de rescisión del contrato de locación.

Las consideraciones efectuadas, revelan que existe una irrazonable y parcializada valoración de las pruebas por parte de la sentencia, ya que la Cámara se centra exclusivamente en el análisis de las inscripciones fiscales para sostener que las actividades desarrolladas por ambos codemandados no son idénticas, sin tener en cuenta que existen otras constancias probatorias incorporadas a la causa, que demuestran claramente una notoria identificación en la actividad comercial que desenvolvieron los Sres. Acosta y Zabalza.

La circunstancia de que el Sr. Acosta haya continuado con una explotación comercial semejante, con asiento en el mismo inmueble que la del Sr. Zabalza, y que el inicio de la actividad sea contemporáneo al que se esgrime como de cesación de actividades del anterior dueño (según los hechos relatados en los escritos de responde), permite tener por acreditado que en el caso existió una transferencia del establecimiento comercial.

5.2.- La aseveración de la Cámara, en orden a que no se encontraría acreditada que la unidad productiva se encontraba en marcha al momento de la transferencia, se sustenta en una irrazonable valoración los elementos probatorios del presente juicio.

En el análisis de esta cuestión, cabe señalar como punto de partida que correspondía a ambos accionados demostrar el hecho impeditivo esgrimido en los respectivos escritos de responde, relativo a que no había existido transferencia de una empresa en marcha, sino el cierre del local por parte del Sr. Zabalza y la reapertura posterior por parte del Sr. Acosta (art. 308 CPCC y 14 CPL).

Desde esta perspectiva, se advierte que en la causa no existen pruebas suficientemente demostrativas de que el demandado Zabalza haya dispuesto el cierre de su empresa con anterioridad al 15 de enero de 2002, fecha en que celebró con el Sr. Acosta el contrato de locación del inmueble en donde tenía asiento la firma, con destino a continuar la misma actividad comercial que desarrollaba su antecesor.

Si bien a fs. 60 se encuentra agregada una copia de la constancia policial de fecha 12 de diciembre de 2001, ella no alcanza para demostrar el cierre de la empresa, pues sólo trasunta una declaración unilateral efectuada en sede policial por una de las partes demandadas -el Sr. Jorge Ernesto Zabalza- sobre que su parte defiende en este incidente, acerca de la fecha en que procedió al cierre de su negocio ubicado en calle Perú 683.

Corresponde señalar que la constancia policial no contiene la constatación del efectivo cierre del negocio por parte de la autoridad policial, ni ello ha sido corroborado en sede judicial por medio de testigos que declararan con el debido contralor de la contraparte. Menos aún se acreditó de algún modo que hubiera existido liquidación de stock y de los bienes que conformaban la empresa del Sr. Zabalza con anterioridad a la transferencia. De ello se sigue que la constancia policial por sí sola no resulta suficiente para demostrar el efectivo cierre de la empresa explotada por el Sr. Zabalza con anterioridad a la firma del contrato de locación del inmueble referido.

Las restantes pruebas agregadas a la causa, tales como el informe expedido por la Dirección de Ingresos Municipales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (fs. 125 de autos) y el informe de AFIP de fs. 129, dan cuenta de hechos posteriores a la fecha en que el Sr. Acosta celebró el contrato de locación del local comercial ubicado en calle Perú nº 683 para destinarlo a la venta de productos de limpieza, por lo que tampoco alcanzan para demostrar el hecho impeditivo alegado en las contestaciones de demanda relativo al cierre de la empresa con anterioridad al reinicio de actividades por parte del Sr. Acosta.

En todo caso, tales constancias únicamente evidenciarían que las gestiones tendientes al cierre del negocio fueron efectuadas con posterioridad a la fecha en que el Sr. Zabalza manifiesta haber efectivizado dicho cierre, resultando por tal motivo contrapuestas a lo declarado en la constancia policial.

Por otro lado, es preciso señalar que si el Sr. Acosta, luego de alquilar el inmueble para continuar con la venta de productos de limpieza, no continuó ininterrumpidamente con el giro de la actividad comercial, y por algún motivo creyó conveniente esperar hasta el mes de febrero para retomar la explotación, según lo afirma en el escrito de responde (fs. 55), ello no autoriza a sostener la inaplicabilidad de las disposiciones contenidas en los arts. 225 y 228 de la LCT.

En tal sentido, corresponde señalar que la mera circunstancia de que el adquirente del establecimiento haya optado por tomar un breve receso antes de retomar la explotación comercial, no resulta un argumento suficiente para sostener que la empresa no estaba en marcha al momento de producirse su transferencia. Al respecto, calificada doctrina tiene dicho que "si bien en la mayor parte de las situaciones el traspaso se produce sin solución de continuidad, esto último no constituye un requisito esencial, mientras pueda acreditarse que hubo cesión (...) Ello no es motivo suficiente para considerar que no se ha operado una transferencia en los términos del art. 225 de la LCT, pues de lo contrario bastaría con realizar algunas reformas, aunque sean accidentales, que justificaran el cierre temporal de la unidad, para burlar los efectos de la norma. Como el derecho laboral atiende a la realidad, habrá continuidad de pleno derecho, aunque medie un lapso prolongado entre la 'clausura' de una firma y la 'reapertura' bajo la nueva, con tal de que ésta pueda ser efectivamente considerada como sucesora material del giro de la anterior" (Vázquez Vialard y Ojeda, Ley de Contrato de Trabajo comentada, Tomo III, págs. 222 y 223).

5.3.- De acuerdo con ello, considero que el Sr. Acosta continuó con la explotación de una empresa con actividad semejante a la que desarrollaba el Sr. Zabalza y en el mismo inmueble en donde éste había desenvuelto su actuación empresarial, advirtiéndose además que no está demostrado que el Sr. Zabalza haya detenido la explotación antes de cedérsela al Sr. Acosta, todo lo cual permite sostener que existió un vínculo de sucesión inmediata en la titularidad de la empresa que habilita a tener por configurado el supuesto de transmisión de establecimiento en los términos del art. 225 de la LCT, sin que sea necesario acreditar el dolo o fraude hacia el trabajador para que este supuesto de responsabilidad solidaria resulte operativo.

6.- Determinado, pues, que se ha configurado en el caso el supuesto de solidaridad previsto en el art. 225 de la LCT, corresponde abordar el análisis de la consideración efectuada por la sentencia, referida a que las deudas por relaciones de trabajo resueltas con anterioridad a la transferencia no deben ser asumidas por el adquirente.

Con relación a este tema, adelanto mi opinión en el sentido que el alcance que le asigna la Cámara a las disposiciones sobre solidaridad, no se ajusta a la debida interpretación del art. 228 de la LCT.

Puntualmente, lo que se impone determinar con motivo del fundamento expresado por el tribunal de grado, es si la solidaridad dispuesta por el art. 228 de la LCT comprende sólo las deudas provenientes de las relaciones de trabajo que se encuentran vigentes al tiempo de la transferencia, o si también alcanza a las deudas derivadas de las relaciones extinguidas con anterioridad al traspaso.

Esta situación ha sido resuelta a nivel nacional en el plenario CNAT nº 289 del 08/8/1997, dictado en la causa 'Baglieri Osvaldo D. c/ Nemec, Francisco y Cía. SRL y otro' (publ. en La Ley 1997-E, 595), a cuyos términos adhiero, en donde se estableció que "El adquirente de un establecimiento en las condiciones previstas en el art. 228 de la ley de contrato de trabajo (Adla, XXXIV-D, 3207; XXXVI-B, 1175) es responsable por las obligaciones del transmitente derivadas de relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión".

Considero que de los propios términos de las disposiciones pertinentes de la ley de contrato de trabajo, emerge que la solución a la que arriba el plenario citado es la que resulta ajustada a derecho.

La ley de contrato de trabajo se refiere a la transferencia del contrato de trabajo en sus arts. 225 a 230. En el art. 225 LCT, la ley precisa que en caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aún aquéllas que se originen con motivo de la misma. A su turno, el art. 228 LCT determina la responsabilidad solidaria entre el transmitente y adquirente de un establecimiento, respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión.

La interpretación literal de las normas mencionadas, permite sostener que la responsabilidad solidaria del adquirente de un establecimiento se extiende también a las deudas derivadas de relaciones laborales extinguidas con anterioridad al traspaso. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que el art. 225 LCT alude a 'todas las obligaciones' que el transmitente 'tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia', sin distinguir entre trabajadores en actividad y trabajadores cuyo contrato ha fenecido. De igual modo, la palabra 'existentes', expresada en plural, está vinculada al sustantivo 'obligaciones', y no a la expresión 'contrato de trabajo' utilizada en singular. De ello se sigue que las obligaciones laborales existentes al momento de la transmisión, generan la responsabilidad solidaria del adquirente, ya sea que provengan de contratos de trabajos vigentes o de contratos de trabajo extinguidos (cfrme. Vázquez Vialard-Ojeda, Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Tomo III, pág. 228).

La correcta interpretación del art. 228 de la LCT, nos lleva a sostener que el adquirente de un establecimiento en las condiciones previstas por la mencionada norma, es solidariamente responsable del pago de todos los créditos que no se encuentran extinguidos al momento de la transferencia, inclusive de aquellos que correspondan a relaciones laborales que concluyeron con anterioridad a la misma.

Así, cabe señalar que la interpretación propugnada por el plenario es la que más se ajusta al espíritu de la norma, puesto que de esa manera se logra más acabadamente la finalidad de asegurarle al trabajador la garantía que da la titularidad del establecimiento en orden al cobro de su crédito, siendo razonable esta solución si se tiene en cuenta que el adquirente cuenta con la posibilidad de averiguar cuál es el pasivo que pesa sobre el transmitente, y en todo caso podría exigirle las garantías adecuadas, mientras que el trabajador carece de esas facilidades.

A la luz de la correcta interpretación que cabe asignarle a las disposiciones sobre solidaridad previstas en el art. 228 de la LCT, cabe concluir que aun cuando de las constancias de la causa surja que la relación de trabajo que vinculó al actor con el Sr. Zabalza se extinguió con anterioridad a la fecha en que operó la transmisión del establecimiento comercial, el Sr. Luis Alberto Acosta en su carácter de adquirente de dicho establecimiento en los términos del art. 225 de la LCT, resulta solidariamente responsable del pago de los conceptos que la sentencia dictada en fecha 2 de julio de 2004 condena a abonar al Sr. Jorge Ernesto Zabalza.

7.- En mérito a las consideraciones expuestas, corresponde CASAR íntegramente la sentencia impugnada, conforme a la siguiente doctrina legal: "Es jurídicamente descalificable, y por ende nula, la sentencia que sobre la base de una irrazonable interpretación de la prueba arriba a la errada conclusión de que no se ha configurado el supuesto de transferencia de establecimiento previsto por el art. 225 de la LCT, a la vez que exime al adquirente de responder solidariamente por las obligaciones del transmitente con un fundamento que se aparta del correcto sentido que cabe asignarle al art. 228 de la LCT"; y disponer sustitutivamente lo siguiente: "I.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el actor en contra de la sentencia dictada el 27 de abril de 2007, y en consecuencia dejar sin efecto la misma, declarándose procedente el pedido de extensión de responsabilidad deducido por el actor Carlos Alberto Toledo, y condenándose solidariamente a los demandados Luis Alberto Acosta y Jorge Ernesto Zabalza del pago de los créditos reconocidos por la sentencia definitiva dictada en la presente causa, con todos sus accesorios hasta el momento del efectivo pago. II.- COSTAS de ambas instancias a cargo de los demandados vencidos (arts. 49 CPL y 106 CPCC). III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad".

8.- Las costas de esta instancia, atento al resultado arribado, deberán ser soportadas íntegramente por las demandadas vencidas (arts. 49 CPL y 106 CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el actor Carlos Alberto Toledo, en contra de la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo el 28/4/2008 (fs. 179/180), y en consecuencia CASAR íntegramente la misma conforme a la doctrina legal expresada en los considerandos, disponiéndose sustitutivamente lo siguiente: "I.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el actor en contra de la sentencia dictada el 27 de abril de 2007, y en consecuencia dejar sin efecto la misma, declarándose procedente el pedido de extensión de responsabilidad deducido por el actor Carlos Alberto Toledo, y condenándose solidariamente a los demandados Luis Alberto Acosta y Jorge Ernesto Zabalza del pago de los créditos reconocidos por la sentencia definitiva dictada en la presente causa, con todos sus accesorios hasta el momento del efectivo pago. II.- COSTAS de ambas instancias a cargo de los demandados vencidos (arts. 49 CPL y 106 CPCC). III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad".

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.