marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Yitani, Mario c/ Salerno, Angel y otra s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15

Tratándose de dos acciones independientes dentro de un mismo proceso admisible en virtud de su conexidad y el principio de economía procesal, su resolución mediante sentencia única debió estar fundada en ley individualmente ya que ambas acciones revisten el carácter de cuestiones esenciales (art. 156, Const. Prov.), netamente separables, transgrediendo el art. 159 constitucional el fallo que respecto a una de ellas carece de sustento legal.
Prueba confesional, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: SASTRE, Raúl Félix s/ Homicidio con exceso en la legítima defensa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

El art. 239 (ex 236) del C.P.P. no autoriza a incluir en el relato confesorio lo que ésta no contiene. En consecuencia, si de la declaración del imputado no surge la voluntad de disparar, esta circunstancia determina la imposibilidad de valorar sus dichos como confesión calificada de homicidio simple y la necesidad de acreditar por medios probatorios independientes la acción cuya existencia fue expresamente negada.-
Honorarios, acción de despojo, base
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ OLIVA LUIS CLODOMIRO c/ JOCKEY CLUB CORDOBA s/ DESPOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-14

Se aplica tanto la ley 7269 como la 8226 en sus arts. 30 (inc.

"a" o 2do) que son idénticos. Allí se establece que cuando no se ha reclamado suma de dinero si se trata de inmuebles se tomara la base imponible, o en su caso de que esta no se ajuste al valor real, la que estime el beneficiario y si dicha apreciación no es aceptada, se puede recurrir al incidente regulatorio. En el caso de la acción de despojo, los bienes despojados son aquellos muebles o inmuebles, dentro del cual se circunscribió el accionar del demandante, y que la demandada le había entregado en uso y goce y donde ejercía su señorío. Al entorpecer con su obrar tales derechos, es evidente que se le impidió el desarrollo de su actividad en el ámbito físico que fuera objeto del contrato.

Sobre ese fundamento y no sobre otro es que debe practicarse, pues no puede confundirse a tales fines, el origen del uso y goce de esos bienes, con el contrato del cual nacen y que hace cosa juzgada entre las partes.-
Libertad de prensa, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ruiz Díaz, Rafael c/ Impresora Chubutense S.A. y-o Quien Resulte Responsable y-oPropietario del Diario El Chubut s/ Daños y Perjuicios Olmos, Sabina Nancy c/ Editorial Jornada S.A. s/ Cobro de Pesos - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-20|1998-10-23

La libertad de prensa no es un "bill" de indemnidad que habilite publicar la noticia que fuere sin ahondar o corroborar previamente la veracidad de la misma, cuando de su publicación pudiere resultar desdoro para un particular. Por el contrario, la misma importancia y trascendencia de la publicación en un medio periodístico que la noticia apareja para la opinión pública, obliga al medio a extremar los recaudos para que -sin desmedro de su garantía constitucional- no se violenten derechos fundamentales de la persona que, como "común", se encuentra inerme frente a la posibilidad de sufrir un daño en su honor, nombre o consideración de sus conocidos o de la comunidad por el tenor del suelto publicado.
Buques, inscripción registral, Registro Nacional de Buques, prenotación, cancelación registral, subsanación del vicio
Materia: NAVEGACION
Carátula: CHRISTOPHERSEN SA c/ BQ. POSEIDON MAT. 6298 s/ EMBARGO DE BUQUE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-22

La obligación de registrar los actos concernientes a los buques está particularmente reglamentada por la ley 19.170 (Adla., XXXI-C, 2802/2807), cuyo artículo 15 dispone que, de mediar algún defecto subsanable, el registro anotará el buque "provisoriamente" por el plazo de 180 días; inscripción que tendrá los mismos efectos que la definitiva "si la misma es subsanada dentro del plazo establecido y sus efectos se retrotraerán al momento de la primera presentación, norma que se complementa con el art. 30, inc. c) de dicha ley, en cuanto establece que la inscripción provisoria se extingue cuando se transforma en definitiva o haya transcurrido el plazo del artículo 15.

Este régimen se completa con las disposiciones de los arts. 36, inc.

d) y 37; el primero prevé que quedarán canceladas de oficio en forma automática por el mero vencimiento de los términos y sin efecto alguno respecto de terceros "d) anotaciones provisorias a los 180 días si no han sido subsanadas; el segundo transcurridos los plazos determinados en el artículo precedente, "las inscripciones en él mencionadas se tendrán por inexistentes al certificar".
Medidas cautelares, embargo, valor nominal, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA SA c/ ALMEIDA, RAUL Y OTROS s/ COBRO DE PESOS     (LEVANTAMIENTO    DE   EMBARGO  Y  ACTUALIZACION  DE  CAPITAL)     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 130-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-10-26

Implica adoptar un procedimiento que se torna inconciliable con la naturaleza misma del embargo, el criterio sostenido mayoritariamente por el a quo, que ordenó levantar un embargo trabado sobre inmueble de la accionada, depositando los sucesores del mismo el importe nominal por el cual se había registrado la cautelar, sin tener en cuenta la depreciación monetaria sufrida.
Transporte de estupefacientes, coautoría
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Castillo, Antonio y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-08

En cuanto a la atipicidad de la conducta del encausado fundado en que el transporte de estupefacientes exigiría el traslado material por parte del nombrado, también reiterado por la defensa ante esta instancia, de la lectura del fallo se observa que fue debidamente abordado en tanto que se afirmó que ".transporta droga aquél que realiza la tarea material de traslación física del tóxico desde un punto a otro, como también aquel que tiene la disponibilidad, el co-dominio funcional de esa operación sin tocarla." Parecería que la defensa no ha considerado que "Hay coautoría más allá de que el coautor en su aportación no realice ninguna ejecución del hecho como hecho común, y su autoría puede explicarse en aportes que nada tengan que ver el hecho típico, a condición de que exista un acuerdo previo, porque si no estaríamos ante una figura de encubrimiento. El acuerdo previo es inocultable y está probado con certeza. La coautoría se da por ese co-dominio funcional que pergeñaron y que lo tiene como artífice y como participante de ese plan también a Dilascio." y es por ello que, de adverso a lo pretendido por la parte, la sentencia acreditó fundadamente la coautoría en el transporte de la sustancia estupefaciente, aun cuando el encausado no tuviera contacto con la droga.
Pago de las vacaciones, vacaciones no gozadas, compensaciones salariales, gratificaciones
Materia: LABORAL
Carátula: STABILE, OMAR ANTONIO c/ LA CONTINENTAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-07-30

Si bien el artículo 162 LCT prohíbe la compensación en dinero de las vacaciones no gozadas nada obsta a que la empleadora abone una gratificación que, en base a los días de vacaciones no gozadas, se pague al personal antiguo y jerárquico en el momento de su cese para jubilarse; tal pago daría derecho a cualquier dependiente de la empresa - colocado en las mismas condiciones - a exigir el cobro de dicho rubro.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Losa, Luis Alberto c/ Casco, Brígido s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

Es insólita la pretensión de aplicar el art. 1113 del Código Civil adjudicando tácitamente el carácter de "cosa riesgosa" a la dentadura del demandado quién había mordido al actor (en el caso en el dedo pulgar) provocándole una lesión leve.
Contrato de trabajo, convenios colectivos de trabajo, turnos rotativos
Materia: LABORAL
Carátula: NAZAR JUAN SANTOS Y OTROS c/ ALGODONERA SAN NICOLAS S.A. s/ INDEMNIZACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-04-27

En el Convenio Colectivo de Trabajo que rige la actividad textil, la facultad del empleador de implementar turnos rotativos por equipo, lleva como contrapartida la necesidad de concertar "acuerdo" con los trabajadores para establecer los ciclos de rotación y descansos semanales, el que debe ajustarse a normas específicas, entre ellas el artículo 66 LCT, lo que implica un condicionamiento a la operatividad de dicha modificación laboral.

Sin duda que, conforme al artículo 14 bis del CCT Nro. 120/90, el empleador puede disponer unilateralmente el trabajo por equipos o turnos rotativos en las circunstancias que menta el dispositivo, pero dado el caso, el condicionamiento legal de que los ciclos de rotación y de descanso semanales deban ser acordados con el personal con ajuste a la norma mencionada y a lo dispuesto por la Ley Nro. 11.544 y la ley de contrato de trabajo (artículo 66), limita la operatividad de la decisión y confiere a los trabajadores un cierto control sobre el ejercicio de dicha facultad por parte del empleador, que se expresa en el "acuerdo", en función de las limitaciones legales al ejercicio del ius variandi que establece el propio artículo 14 bis del CCT Nro. 120/90. Desde esta perspectiva, no resulta descaminado que ante la imposición a los actores del cuarto turno rotativo en dichas circunstancia, los haya colocado en situación de darse por despedidos con justa causa.
Costas, arraigo, desistimiento
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BONINO, JORGE G c/ GILI, JOSE Y OTRO s/ ORDINARIO      EXPTE NRO 54-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-07-07

No es aplicable el artículo 331 del Código Procesal Civil y Comercial en la parte que establece que las costas se impondrán por su orden, si se produjera el desistimiento del demandado a la excepción de arraigo interpuesta, después de rendida la prueba.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Gambuzza, Juan c/ Romaer S.A. s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-23

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no rebate eficazmente las conclusiones esenciales del fallo en cuanto permanece en el plano de los meros disentimientos personales, sin invocar ni demostrar absurdo en las circunstancias fácticas que en función privativa el tribunal de grado tuvo por acreditadas y no demuestra la infracción de los preceptos legales que denuncia.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, remuneración, carácter remuneratorio, beneficios previsionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Alvarez Yofre, Felipe Guillermo c/ I.S.S.N. s/ acción procesal administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-05

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que -al reconocer el carácter remunerativo del suplemento estipulado por acuerdo del superior tribunal de provincia- rechazó la demanda en cuanto al cobro retroactivo de las diferencias pertinentes, pues la carencia de fondos se produjo por un acto del Poder Ejecutivo local en desconocimiento de una sentencia judicial, que lo torna carente de legalidad e inoponible al interesado.
Secretaría de Justicia, resoluciones, inconstitucionalidad, delegación de facultades a la Administración, principio de legalidad, motovehículo
Materia: PENAL
Carátula: CARDOZO VILLALBA, César O. y MINOZZI, Gastón s/ Causa 33.366
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

Deviene inconstitucional la resolución 586/88 de la Secretaría de Justicia, pues la C.N., atribuye la potestad reglamentaria, expresamente al titular del Poder Ejecutivo Nacional (art. 99, inc.

2º), y el dictado de aquélla resulta un complemento indispensable y accesorio de la atribución de ejecutar y hacer cumplir las leyes inherentes a dicho poder gubernativo. Al respecto, la doctrina administrativa considera que cuando el Congreso ha delegado una determinada facultad en el Poder Ejecutivo, sin mencionar la posibilidad de que la misma sea ejercida, también mediante subdelegación por otro órgano, resulta evidente que esta última, si se produce, es inconstitucional, siendo su fundamento que la delegación, de por sí, es un régimen excepcional y que, por lo tanto debe ser interpretado siempre en forma restrictiva. Unicamente podría considerarse válida la delegación realizada por el Poder Ejecutivo Nacional a esa Secretaría Ministerial, a través del dictado del decreto 4560/73, si consideramos que aquélla tuvo como objetivo propender a la organización del Registro de la Propiedad del Automotor, estableciendo la obligatoriedad del patentamiento de los moto-vehículos, pero, en modo alguno, puede entenderse que su dictado suple la reglamentación encomendada en el art. 5 del dec.-ley 6582/58 -ratificado por leyes 14.467 y 23.077- al órgano ejecutivo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, instancia única, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: FURBIA  S.A. c/ CAP. Y/O PROP. Y/O ARM. BQ "QUINQUELA MARTIN Y/O ELMA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-13

El recurso extraordinario resulta improcedente toda vez que tratándose de una causa sujeta al instancia única la apelación federal debió ser interpuesta directamente contra la sentencia de primera instancia dentro de los diez días de su notificación. Su planteamiento hecho sólo después de denegado el recurso de apelación ilegalmente improcedente por no llegar la causa al monto mínimo de apelabilidad, resulta relativamente al fallo del aquo, extemporáneo, y respecto del de esta sala inapropiado por no hallarse los agravios referidos a él.
Administración fraudulenta, competencia por el territorio, lugar del hecho
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DI PASCUO, Angel s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-07

Es competente en la investigación del delito de administración fraudulenta el juez del lugar donde debe practicarse la rendición de cuentas.
Simulación, cómputo del plazo, prescripción bienal
Materia: CIVIL
Carátula: HAUSER ANA c/ DI MARZO DE CASINELLI M.E. s/ SIMULACION - PRESCRIPCION LIBERATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-09

Si la acción de simulación no es ejercida por los otorgantes del acto cuestionado, el plazo de la prescripción comienza a correr desde que los interesados accionantes han tenido conocimiento de la simulación.

El plazo bienal es individual y no común desde que es individual el conocimiento pleno del acto cuestionado y las acciones que los herederos tienen para atacar la sinceridad de los actos.
Facultades del Poder Legislativo, derechos y garantías constitucionales, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ pretensión anulatoria - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

El Poder Legislativo tiene la facultad de restringir el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Nacional a fin de preservar otros bienes también ponderados en ella, en tanto nuestro ordenamiento jurídico no reconoce la existencia de derechos absolutos sino limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio, con la única condición de no alterarlos en su substancia y de respetar los límites impuestos por las normas de jerarquía superior (Voto de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti).
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Meza, Julio César s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-06-15

El criterio de la oportuna y la eficaz introducción del caso federal consiste, en hacer conocer a los jueces en la primera oportunidad posible, la existencia de litigio federal, para que ellos puedan considerarla y resolverla, no solo en la defensa del derecho de las partes sino de la propia Constitución y por otro lado en la descripción explícita de la naturaleza y contenido de la cuestión federal, no obstante la simple "reserva", porque ello como impugnación abstracta es ineficaz.
Ampliación de la demanda, expensas comunes, Obras Sanitarias de la Nación, SEGBA, ejecución de alquileres, daños y perjuicios, transformación de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: MICUCCI ROQUE c/ PALADINO NESTOR s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-11

Si el locador entabló concretamente demanda por cobro de alquileres y daños y perjuicios por la ocupación indebida, pero no promovió demanda en forma genérica por cobro de obligaciones surgidas del contrato de locación, cabe desestimar el pedido de ampliación por servicios de O.S.N., Segba, gastos por rehabilitación del servicio, y expensas, en tanto la demanda ya haya sido notificada a la contraria, no resultando éste un supuesto de ampliación sino de transformación de la demanda en la medida que no se trata de vencimientos nuevos plazos o cuotas de la misma obligación sino de obligaciones diferentes.-
Medidas cautelares, facultades del juez, anotación de la litis
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ Roberto Miguel y Otra c/ Chirino Nelly Myriam y Otro s/ Escrituración - Actuaciones para Elevar al Superior
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-03-25

El juez tiene la facultad de disponer la medida cautelar que mejor se adecue al derecho que se intenta proteger y puede decretar una distinta a la peticionada o limitarla, atendiendo a la importancia del derecho a tutelar, por lo que si la pretensión deducida en este caso tiene como consecuencia la modificación de una inscripción registral, la cautela por excelencia es la anotación de litis (art. 230, CPCCM), tal como decretó el a quo, ya que tienen la virtud de dar a publicidad un litigio sobre el inmueble sin afectar su disponibilidad por el titular registral.
Interpretación de la ley, régimen penal de la minoridad, patronato de menores
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MIARA, Samuel y otra s/ suposición de estado civil, etc. Causa nro. 11.000
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Conviene tener en cuenta que las disposiciones del la ley 10.903, dictada en un tiempo en el que reinaba una concepción y una sensibilidad en torno a los problemas de la familia y de los niños y jóvenes muy distintas a las de ahora corrientes, deben ser leídas en el actual contexto cultural, al que se aproximan mucho más las normas de la ley 14.394 -aunque sólo se refieren, directamente, a los menores autores de delitos-. Del artículo 6to. de esta última ley resulta que también la preservación de la salud psicológica del menor sometido al patronato se ha de contar entre las metas de su ejercicio. El propio tribunal "a quo" señala que el patronato de menores debe actuar en sede penal cuando se dan situaciones de riesgo moral o físico. De acuerdo con las razones antes expuestas, también ha de procederse así en los supuestos de riesgo psicológico.
Tipo penal, reforma legislativa, interpretación de la ley, antecedentes parlamentarios
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Soto Pablo José s/ infr. art. 41 CC-Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-09

En la reforma del Código Contravencional, introducidad a través de la Ley Nro. 1472, respecto al tipo previsto en el artículo 40 de la Ley Nro. 10, se incluyeron dos agravantes -cuando la conducta se desarrolla en espacios públicos donde concurren niños/as, o se realiza en nombre, al amparo, en beneficio o con autorización de personas de existencia ideal-.

En la sesión parlamentaria del 8 de septiembre de 2004, a la que adhirió La Porta y no obtuvo objeciones de los demás legisladores, el diputado Rebot dijo al respecto que: "sintéticamente quiero explicar que estamos frente a una figura que repite la redacción de la Ley Nro. 10: se intenta penalizar las conductas negligentes y las conductas dolosas, en este caso, por el arrojo de sustancias contaminantes o cosas susceptibles de producir daño. Por ejemplo: no es delito que se arroje una jeringa en un parque.

De todas formas, el delito se produce cuando hay daño. En este caso, el arrojo de la sustancia sería una contravención. No obstante, como puede tratarse de otro tipo de sustancia susceptible de provocar mayor daño, es que se impone que la magnitud de la pena sea tan amplia: de 3 a 30 días. Creemos en el valor tuitivo de la norma respecto de la comunidad y, por eso, se agrega que donde puede haber niños, se duplica la pena.

En este caso, el juez debe ameritar y evaluar, en cada caso concreto, la circunstancia de tiempo y lugar en la cual se desarrolló la conducta contravencional y cuál es el quantum de la pena.

Consideramos que este punto es necesario, porque estamos precisamendo no sólo conductas de personas físicas sino también jurídicas. Creemos necesario que la amplitud sea importante para darle al juez la posibilidad de hacer justicia con mayor equidad...

Esta es la explicación del por qué de la amplitud. Los 3 días de arresto y los 600 pesos de multa tienen que ver con que se trata de una figura de peligro cierto que de ninguna manera se puede tratar con liviandad, como podría darse el caso en otras contravenciones".
Ius variandi, cambio de tareas, cambio de categoría
Materia: LABORAL
Carátula: MERA, CELIA c/ SIMON URGEIG E HIJOS  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-20

Hay ejercicio abusivo del ius variandi en los términos del art.

66 in fine de la LCT, cuando el empleador, desconociendo la realización de labores de jerarquía de la trabajadora (en la especie era encargada de un local, con personal a cargo), pretende imponerle la realización de tareas administrativas que no resultan acordes con su categoría.
Indemnización, posesión
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por rec urso de inconstitucionalidad de negado en  Esimax SA - quiebra c/GCBA s/expropiación inversa retrocesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-19

El GCBA recurrente debería haber refutado el núcleo esencial de la argumentación desarrollada por la Cámara, particularmente cuando sostiene que el GCBA, mediante la ley 1245, transmitió el uso gratuito del inmueble a la cooperativa de trabajo, lo que lo torna responsable de una indemnización por la desposesión sufrida por el accionante, en lugar de insistir en sostener que nunca tomó posesión efectiva del predio, argumento que no resulta idóneo para desobligarlo -ya que la propia Cámara reconoce que el inmueble se encontraba en posesión de los trabajadores-, y manifestar que la ocupación del predio por parte de la cooperativa resultaba un hecho ajeno al GCBA, lo que se contradice con los expresos términos de la ley 1245. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces Luis F. Lozano y José O. Casás).