marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, exclusión hereditaria, filiación, indignidad, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: M., R. L. y/u otras c/ D., C. y/u otra s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-07

La quejosa no logra rebatir los fundamentos adoptados por la Sala para denegar el recurso de inconstitucionalidad, desde que los impugnantes vuelven a postular la exclusión hereditaria de una coheredera en base a la inexistencia del vínculo paterno filial, y la Sala destacó que no se había invocado en el escrito de demanda la existencia de alguna causal de indignidad de las previstas legalmente contra dicha codemandada sino que la única imputación formulada para su exclusión hereditaria versaba sobre el negado carácter de hija respecto del causante, poniendo en evidencia los juzgadores que se dejó establecida la aptitud de aquélla para ser titular de los derechos emergentes de la herencia a partir del certificado de nacimiento acompañado en autos, que comprueba la relación filial entre ambos.
Empleo público, régimen disciplinario administrativo, ley penal más benigna
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEREIRO DE BUODO, MARIA MERCEDES s/ EMPLEO PUBLICO. SANCIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-22

El principio de la ley penal más benigna es inaplicable al régimen sancionatorio del empleo público, desde el momento que el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, en lo que hace a la regulación de las faltas y sanciones carece de la naturaleza propia del derecho penal.
Sentencia de trance y remate, juicio ejecutivo, ejecución de sentencia, apertura del concurso
Materia: PENAL
Carátula: TORRESE RICARDO ANGEL c/ ORTIZ MARIO JORGE s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-15

Cuando, como en el caso, se ha dictado sentencia de trance y remate contra el deudor -cuyo proceso concursal tramita por ante un Juzgado del Fuero-; sin embargo, este acto jurisdiccional no coloca la litis en la condición de pleito fenecido, toda vez que un proceso de las connotaciones procesales como tal sólo termina con el efectivo cumplimiento de dicha sentencia, esto es, con el pago del crédito cuya ejecución se persigue. Frente a ello, la doctrina sentada por la Corte Suprema in re: "Miranda Aurora c/ Pérez, Luis Alberto y otro s/daños y perjuicios" del 12.2.02, en el sentido de que la regla instituyente del fuero de atracción sólo puede hacerse efectiva sobre los juicios que se hallen en trámite y no sobre los que a la fecha de la apertura del concurso preventivo o declaración de quiera ya hubieran concluido por sentencia firme, no resulta de aplicación en la especie pues estos obrados no han concluído (cfr. arg. CNCom, Sala D, in re: "Lual SA c/ Medik s/ ejecutivo", 27.08.03, id., in re: "BBVA Banco Francés SA c/ Jorge Hugo s/ ejecutivo", del 11.04.06). Desde tal óptica entonces, se impone la radicación de la causa por ante el tribunal concursal en virtud del fuero de atracción reglado por la LCQ 21, ya que se trata de un juicio de contenido patrimonial promovido contra una persona concursada, donde el reclamo no se enmarca en ninguna de las hipótesis de excepción previstas en aquélla normativa. La solución propuesta no se ve alterada por las modificaciones introducidas por la ley 26086 en cuanto al fuero de atracción. En efecto, de acuerdo con dicha reforma, si la regla respecto de los juicios en trámite contra el concursado pasa a ser su continuación ante el juez natural -cfr. art. 21, incisos 1° a 3°-, es claro que si tal criterio se extendiera a los juicios denominados ejecutivos ello importaría, desde ya, la desaparición, por completo, del fuero de atracción. Por lo tanto, que más allá de que en el régimen legal actual prevalece la no atracción, sin embargo, la vis attrativa se mantiene aún en la LCQ 21, aunque reducida en sus efectos, a los procesos ejecutivos (conf. CNCom, Sala A, 24.06.10, "Banco Bansud SA c/ Clachcovsky Roberto y Otro s/ Ejecutivo").
Derecho procesal, medidas cautelares, medicina prepaga, cobertura, alcance de la cobertura, peligro en la demora, verosimilitud del derecho invocado
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: PALMERO,  DIANA c/ SISTEMA DE PROTECCION MEDICA SA (SPM DIVISIONTIM) S/ s/ MPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-05

Resulta improcedente la cautelar por la que se procura que una empresa de medicina prepaga cumpla con el 100% de la cobertura de las prestaciones psiquiátricas que el estado de salud del pretensor requiere, en atención a la discapacidad total que se invoca y lo establecido por las leyes 24754 y 24901 (en la especie se solicita la inclusión de cobertura por la totalidad de tratamiento farmacológico, de los servicios de hospital de día y de la asistencia del profesional que lo atiende) cuando, -como en el caso-, no solo se verifica que el accionante no dejo de percibir de parte de la accionada la cobertura respecto de la medicación psiquíatrica tal como se venía realizando (un 40%), sino que a más, el pertinente contrato de medicina prepaga que instrumentó el servicio asistencial no se agregó a las actuaciones ni con la pretensión inicial ni con el requerimiento posteriormente efectuado, circunstancia esta última, que impide expedirse y valorar la vinculación contractual en los términos que el reclamante invoca. En tal sentido cabe precisar, que si bien no se ha perdido de vista que para lograr la medida solicitada el pretensor demostró el peligro en la demora, lo cierto es que al no conocerse el mentado contrato no se aprecia suficientemente abonada la verosimilitud del derecho que se invoca, ni la existencia de otro proceso pendiente que verse sobre continuación de dicho convenio en los términos en que fuera celebrado (CnCom, sala B, 3/11/94, in re: "Círculo de suboficiales de la F.A. Asociación M.O. y C. c/ Coluarse combustibles y lubricantes argentinos S.A. s/ Inc. de Medida Precautoria").
Nacionalidad, ciudadanía, domicilio, prueba documental, certificación policial, actuaciones administrativas, valor probatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DAPENA FERNANDEZ JOSE PABLO AMADEO S/OPCION DE NACIONALIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-29

En lo atinente al pedido de corroboración del domicilio del solicitante que consta en el certificado expedido por la Policía Federal Argentina, se debe destacar que esta Sala ha tenido la oportunidad de sostener, en sentido análogo a la reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citada por el magistrado, que las actuaciones administrativas gozan de plena eficacia probatoria en tanto no estén desvirtuadas por otras pruebas (esta sala, causas 3605 del 30.6.76, 4632 del 22.6.77, 5606 del 3.2.89 y 4805 del 6.5.89.).
Robo de automotor, aplicación de la ley penal, ley penal más benigna, ultraactividad de la ley
Materia: PENAL
Carátula: CAUSA 232 s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

Corresponde analizar cual de las dos leyes es la más benigna; por un lado el art. 38 del Decreto Ley 6582/58 ratificado por Ley 14.467 o la Ley 24.721 promulgada de hecho el 15 de noviembre de 1996 y publicada en el Boletín Oficial N° 28.524 del 18 de noviembre del mismo año que en su artículo 2° deroga los artículos 33, 34, 35, 36, 38 y 39 del decreto citado.

En tal sentido, es coincidente la doctrina que ley penal más benigna es "la que produce en el caso concreto el resultado más favorable para el autor".

De ambas normas mencionadas surge claramente que la tipificación penal referida ha continuado vigente en las dos leyes señaladas. Por ello le asiste razón al Sr. Fiscal de Cámara al entender que pese a su derogación por ley 24.721 correspondía aplicar al caso la figura prevista en el art. 38 del Decreto Ley 6582/58 en función de los arts. 42 y 164 del Código Penal, por ser más benigna, al contemplar para el delito de robo de automotor dejado en la vía pública como especie de pena sólo la de prisión, en tanto el art. 167 inc. 4°, en función del art. 163 inc. 6° de dicho Código (conf. texto de la Ley 24.721) prevee, además como pena alternativa, la de reclusión. Es decir, corresponde por consiguiente aplicar por ultraactividad la ley derogada por ser más benigna.
Audiencia de conciliación, excepciones procesales
Materia: PENAL
Carátula: GUERISOLI, HILDA s/ JUICIO CORRECCIONAL - CONCILIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-04-26

Establecido que aun antes del comparendo de conciliación es procedente la interposición, por el querellado, de excepciones de previo y especial pronunciamiento (Fallo Plenario Gandulfo de Lezica, T. III, p. 184), y habiendo admitido la Sala (I), -en causa Nro. 13.881, "Alsogaray, Carlos, art. 110", Correcc. 1a., res. 29 de agosto de 1972-, que en ocasión del mencionado comparendo pueden ambas partes ser representadas por apoderados, en la medida en que los faculte a través de un poder especial, va de suyo que aun antes de tal oportunidad pueden, por ese medio, efectuar las presentaciones en juicio a que se consideren con derecho.
Recurso extraordinario, resoluciones equiparables a definitiva, cuestiones de competencia, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Cabo primero (GN) Rubén Emilio Maza s/ vías  de hecho contra el superior con muerte resultante (art. 658 2do  Párrafo)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-20

Es equiparable a sentencia definitiva la resolución que deniega la intervención del fuero federal.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, examen preocupacional
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Lorenzo c/ Cooperativa Ganadera Formoseña Ltda. s/ Enfermedad accidente Ltda. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-03

La ley 23643 jerarquiza el examen preocupacional al normatizarse que su omisión pone en cabeza del empleador la obligación de acreditar que el ingresar a la empresa el dependiente tenía la incapacidad por la que se reclama (art.22 Inciso "b") y establece la obligación del resarcimiento integral de la incapacidad sobreviniente ante el agravamiento de una enfermedad.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, decreto judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ SZAJKOWSKI, Fernando s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-19

La impugnación de un decreto actuarial sólo puede ser conocida por el magistrado de la primera instancia, sin que esta decisión pueda a su vez ser apelada ante la segunda instancia.
Defraudación, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, Rubén Ricardo y otro s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-27

Para determinar la competencia territorial, en el caso en que se investiga el delito de desbaratamiento de derechos acordados en los términos del art. 173 inc.11 del C.P., debe estarse al lugar en que se vendió el bien sobre el cual un tercero alega tener derecho preferente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, inconstitucionalidad, jubilaciones, jubilación por invalidez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: "GEOGHEGAN,  MIGUEL  JOSÉ c/ Superintendencia de Administradorasde  Fondos  de  Jubilaciones  y  Pensiones  y  otro s/ Amparos  ysumarísimos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-17

Corresponde confirmar lo decidido por el "a quo" que rechazó la acción de amparo por la que se solicitó la declaración de inconstitucionalidad del art. 22 de la Res. Conj. S.A.F.J.P. Nº 23/04 - S.S.N. Nº 29.796, en cuanto condiciona la posibilidad de cambio de la modalidad de pago pactada (en el caso, Retiro Programado) a un plazo de permanencia en la misma de 18 meses, para luego poder optar por la renta vitalicia previsional. Ello así, ya que el accionar arbitrario o la ilegalidad manifiesta que se aluda deberá surgir de tal modo que el juzgador pueda captarla a simple vista como lo prescribe el art. 1 de la ley 16.986, siendo insuficiente alegar una conducta cuestionable sosteniendo que se afecta o restringe algún derecho constitucional (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., sala V, sent. del 19.12.97, "Servicios Médicos Sarmiento S.A. c/ E.N.").
Recurso de casación penal, aplicación errónea de la ley, cámaras de casación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FERAUD, RAUL ARTURO s/ RECURSO DE CASACION PENAL - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1961-02-16

Aunque nuestra ley se aparta del cauce tradicional cuando se trata de un error de derecho sustantivo (C.P.P., ley 3831, art.

508), se ha mantenido fiel al principio básico de la valuación de las pruebas y la determinación fáctica corresponde al tribunal de juicio, que juzga en única instancia (C.P.P. arts. 23, inc. 1ro., y 24, inc. 1ro.). La competencia del tribunal de casación queda limitada, circunscripta, por los motivos que abren el recurso de casación (C.P.P., art. 493, ley 3831). En virtud de este precepto, el Tribunal Superior no es más que un supremo guardián del derecho sustantivo y procesal, tanto para evitar la inobservancia o errónea aplicación del primero, como la inobservancia de las formas impuestas por el segundo, bajo pena de nulidad.-
Facultades de la Municipalidad, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Sindicato de Trabajadores Municipales de Pehuajó c/ Municipalidad de Pehuajó s/ Pretensión anulatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-20

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen resolvió rechazar la demanda atento que el municipio tiene facultades, en el marco de la normativa constitucional y legal aplicable para regular la composición de las Juntas de Disciplina, de Ascensos y Calificaciones, tal como lo efectuara en la ordenanza impugnada. Por lo tanto, no puede sostenerse que la ley 11.757, derogue, y/o modifique normativa de orden municipal, o impida que los municipios regulen de distinto modo, relaciones y/o institutos que competen a su exclusiva autonomía constitucional -art. 123 CN.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, régimen de consolidación de deudas, deuda no consolidada, juicio ejecutivo, embargo ejecutorio, ley de consolidación de la deuda pública
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: ZARATE ROLANDO FELIX c/ DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES  MILITARES s/ ACCIDENTE DE TRABAJO ART. 1113 C.C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-19

La regulación de honorarios quedó firme en el mes de noviembre de 1994, es decir, con posterioridad al momento en que el Poder Ejecutivo elevó a la consideración del Poder Legislativo el proyecto del presupuesto nacional para el año 1995 (cfr. Mensaje N. 1628 del 14.9.94, Reg. en trámite parlamentario N. 100/94). Siendo ello así, resulta evidente que no concurre el presupuesto fáctico que deja expedita la acción ejecutiva prevista en el citado art. 22, Ley 23.982. Y puesto que, el mantenimiento del embargo ordenado implicaría convalidar el ejercicio -en forma inadmisiblemente prematura de una etapa de la citada acción ejecutiva (cfr. Rodríguez, L. A. "Tratado de la Ejecución", T. I, pág. 103, N. 20) que, de conformidad con el art. 22, Ley 23.982, los profesionales no tienen por ahora, y que, eventualmente, podrían no tener nunca en la hipótesis de que sus honorarios se cancelaran por la vía presupuestaria prevista en tal norma legal (cfr. esta Sala, Causa 22.824 del 5.7.95), corresponde dejar sin efecto tal medida ejecutiva.
Constitución Nacional, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MEERERFELD, Leopoldo Juan c/ Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y otro s/ AMPARO LEY 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

En el art. 43 del nuevo texto de la Constitución Nacional se dispone que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley .
Excusación, violencia moral
Materia: PENAL
Carátula: . s/ Incidente de excusación en causa Nº 31576
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-17

La manifestación de los magistrados inhibientes de manifestar "violencia moral" para juzgar en determinados procesos, es una situación subjetiva, cuya invocación debe ser excepcional y guardar una estrecha correlación con las causas objetivas invocadas para sumirse en semejante inquietud espiritual. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Instrumentos privados, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: Vidoni, Omar c/ Hubel, Saul Jorge y otros. s/ Cumplimiento de Contrato.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

El instrumento privado no prueba "per se", no goza de la autenticidad que otorga a los instrumentos públicos la intervención del oficial público. Para las partes adquiere autenticidad luego de verificar si la firma corresponde a aquel que se le adjudica, y una vez verificada la firma adquiere valor probatorio respecto de las partes y sus sucesores. Frente a terceros el instrumento privado adquiere autenticidad cuando obtiene fecha cierta y sólo desde entonces.
Delitos contra la integridad sexual, registro nacional de datos genéticos, registros biológicos
Materia: PENAL
Carátula: Yaborski, Jorge Luis c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-03

Corresponde confirmar la resolución que autorizó la extracción de muestras biológicas de un condenado por abuso sexual para ser almacenadas en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con delitos contra la integridad sexual, puesto que no se verifica una violación del principio del derecho penal de acto y de culpabilidad al ordenar la toma de muestras biológicas del condenado, si la extracción de la muestra genética se dispuso como consecuencia de la comisión de uno de los delitos contemplados en la Ley 26.879
Extinción de las obligaciones, pago
Materia: CIVIL
Carátula: V., E. y Otro c/ A., J.D. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-30

El pago es un hecho extintivo, y en sentido vulgar es la entrega de una suma de dinero, y como acto jurídico no asimilable al contrato puede ser acreditado por todos los medios de prueba.
Facultades reglamentarias, facultades del Poder Ejecutivo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de Trelew s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-12-28

...en nuestro ordenamiento jurídico, el reglamento no es de competencia exclusiva de determinados órganos de poder, aunque típicamente sea propio de los ejecutivos; no obstante esta facultad debe ser ejercida atendiendo a la situación del órgano en el ordenamiento general del Estado -en el caso el Municipal- a los límites impuestos por la propia competencia, y en correlación, a los que surgen de la prohibición de invadir la competencia de otros órganos.
Prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Calabrese, Daniel Abel c/ Ministerio de Seguridad s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-07-04

Quien invoca el presupuesto de hecho del que intenta valerse corre con la carga de su acreditación, salvo que el mismo hubiera sido admitido por la contraria en su responde al planteo articulado [por reconocimiento expreso o al plantear la suspensión o interrupción del plazo, pero admitiendo el transcurso cronológico -no legal- del mismo]. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, renuncia del apoderado, interrupción de la caducidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: KUCAN, María Estela c/ EMPRESA DE MICROOMNIBUS NUMERO VEINTICINCO C.E.I.S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-03

La renuncia del mandato, su notificación y la presentación del nuevo apoderado, son actos que no tienen virtualidad para interrumpir el curso de la caducidad de instancia, por cuanto es evidente que no hacen avanzar el curso del proceso, como así tampoco la constitución de un nuevo domicilio y el acto de su notificación son idóneos a tal fin.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, Cámara de Apelaciones, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: MORDINI, MARIO ALFREDO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-30

No puede merecer favorable acogida el planteo esbozado por la defensa del encartado referido a la violación del debido proceso al no haberse llevado a cabo en la causa la "audiencia de visu" regulada en el artículo 41 del Código Penal y estatuida para la correcta fundamentación de la pena.

Es que sobre el particular, la posición de la Alzada encuentra sustento en la expresión con la que finaliza la citada norma: "en la medida requerida para cada caso", argumento que se refuerza si se repara en que -en relación con la pena impuesta- se le aplicaba "el mínimo de la especie", sin que se advierta que dicho extremo hubiese sido motivo de análisis por el interesado en el recurso de inconstitucionalidad o en el escrito donde expresó sus agravios en el marco de esta queja. (De la disidencia del Dr. Netri).
Contrato de trabajo, fraude, cooperativa de trabajo, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: ADRIAN, Raúl c/ TAB TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-26

La constitución de una sociedad cooperativa para proveer trabajo a terceros es decir, sin fines cooperativos ya que el aporte trabajo será para otros y no para la cooperativa, pretende soslayar la solidaridad que prevé la ley (art 29 LCT) contratando trabajadores por quienes no abonan cargas sociales.
Recurso de inconstitucionalidad, presentación extemporánea
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PINES, EDMUNDO ANTONIO RICARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-16

Este Tribunal tiene la facultad y, a la vez, el deber ineludible de controlar el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad del recurso y no obsta a lo dicho la circunstancia de que la Cámara, al denegar el remedio de inconstitucionalidad local, no haya advertido la extemporaneidad del mismo en este punto -toda vez que el recurso fue deducido dos años después de la notificación de la sentencia recurrida-, ya que esta Corte, en orden a verificar la concurrencia en el caso de los requisitos para habilitar esta instancia extraordinaria, es el Tribunal del recurso de inconstitucionalidad y a quien corresponde determinar si aquél fue deducido en tiempo oportuno. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 252, p 242.
Obligaciones, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ALBARRACIN, ARNALDO MARINO c/ VERA RAUL ORLANDO Y/O RESP. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-22

Nadie está exento de la obligación de adoptar las diligencias que correspondan a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. La violación a esta regla configura la culpa, la cual será tanto más grave cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas.