Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL,COMERC., LABORAL, MINERIA Y FAMILIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-03


ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén, a los tres (3) días del mes de Abril del año dos mil catorce (2014), se reúne en Acuerdo la Sala II de la Cámara de Única Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minería con Competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, integrada con los señores Vocales María Julia Barrese y Dardo Walter Troncoso, con la intervención del Secretario Subrogante, Dr. Alexis F. Muñoz Medina, para dictar sentencia en estos autos caratulados: "GATICA BRENDA ELISABET C/ BRAVO EDUARDO ARIEL S/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)", (Expte. N° 29504 - 2011), del Registro de la Secretaría Única del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° DOS de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Junín de los Andes.

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. María Julia Barrese, dijo:

I.- A fojas 249/259 y vta. se dictó sentencia de primera instancia, por medio de la cual el magistrado interviniente rechazó la demanda de daños y perjuicios impetrada por Blanca Elizabet Gatica en representación de su hijo menor de edad, G. M. B., contra Eduardo Ariel Bravo e Isabel Elena Yaccuzzi, con costas a cargo de la parte actora.

II.- Contra el fallo citado, interpuso recurso de apelación la accionante, por intermedio de su letrado apoderado, obrando la expresión de agravios a fs. 286/289. Elevadas las actuaciones por ante este Cuerpo, dictada la providencia de autos, iniciaré el tratamiento de la impugnación actoral.

III.- Los agravios de la demandante:

A. En primer término, la actora apelante considera que el magistrado de primera instancia ha efectuado una errónea evaluación al haber concluido que el conductor del vehículo, -quien pasó con su rodado por encima de su hijo menor de dos años, causándole lesiones graves- se encontraba exento de responsabilidad civil. Afirma que el sentenciante no ha tomado en consideración la totalidad de la prueba producida en autos, ni ha resuelto con el rigor que impone el caso, al haber eximido de responsabilidad al chofer del transporte escolar.

Argumenta que del material probatorio aludido emerge que el accionado estacionó la camioneta de modo que el descenso de su hija menor se produjera del lado de la calle, que aquel no se bajó para hacer descender a la niña y entregársela a su madre en la puerta de la casa y que se distrajo al haber conversado con la accionante, habiendo perdido la noción de lo que ocurría fuera del vehículo.

Agrega que si el chofer hubiese actuado con la diligencia correspondiente a quien se dedica a efectuar el transporte escolar de niños, hubiera descendido del vehículo para retirar a la hija de la actora y la hubiera entregado a su madre, quien, liberada de tal actividad, hubiera permanecido en la vereda junto a su hijo de dos años.

A la vez, trascribe, un párrafo que atribuye a los dichos de la citada en garantía, del que concluye que fue la propia compañía de seguros quien reconoció la culpa del conductor del rodado.

B. Como segundo agravio, la actora impugna las conclusiones del a-quo, en tanto atribuyó la responsabilidad del siniestro a su parte. Asegura que dicha consideración carece de sustento probatorio en las constancias de autos.

Dice que la afirmación del judicante referida a que el menor G. se encontraba debajo de la camioneta antes de que el chofer arrancara es absolutamente dogmática. Cita, en aval de su postura, lo testimoniado por Andrea Cahuimpan.

Concluye que no es su parte quien se distrajo y no miró los movimientos que ocurrían en el exterior del vehículo, sino que fue el chofer del transporte quien se dio vuelta para conversar y luego rápidamente arrancó, atropellando al menor.

C. En tercer lugar, se agravia la parte actora por el alcance que el magistrado de la anterior instancia atribuyó a la sentencia mediante la cual el juez con competencia en lo criminal entendió que el Sr. Bravo no era culpable del ilícito enrostrado. Asevera, en este sentido, que la responsabilidad civil se rige por parámetros diversos a los que reglamentan la responsabilidad en el ámbito penal. Dice que el a-quo ha confundido el deber objetivo de seguridad que implica un factor de atribución distinto de la culpa o dolo de tipo subjetivo que fuera juzgada en el proceso penal. Sustenta el agravio descrito con citas jurisprudenciales de nuestro más alto Tribunal Nacional que abordan dicha cuestión.

D. A modo de cuarto agravio, refiere la impugnante a la función social del seguro de responsabilidad civil, trascribiendo el art. 68 de la ley nacional de tránsito.

IV.- Respuesta a los agravios:

A. Analizados los argumentos que dan sustento al primer agravio, advierto que la base de sus cuestionamientos se enderezan a expresar la disconformidad con la ponderación del material probatorio efectuada por el juez de grado.

Debo señalar que pese a los esfuerzos argumentales, los fundamentos aportados por la apelante, resultan insuficientes a efectos de desvirtuar el criterio seguido por el a-quo durante el iter de valoración de las probanzas incorporadas en autos.

Coincido con el juez de grado en que ha sido la demandada quien ha logrado acreditar, en el caso, la culpa de la propia recurrente en la ocurrencia del siniestro en el que resultó lesionado su hijo.

Las pruebas a las que alude la accionante en su escrito recursivo fueron, a mi modo de ver, correctamente ameritadas por el sentenciante, quien, luego de desentrañar y explicar el origen de las contradicciones probatorias existentes acerca de la mecánica del accidente, optó por priorizar la versión aportada por la misma actora al momento de realizar el croquis en sede penal a fs. 36/38, concluyendo que los hechos habían sucedido conforme a lo informado por la División de Accidentología Vial a fs. 219/vta. del citado expediente.

Del mencionado informe, coincidente con la primigenia versión del suceso brindada por la actual impugnante, emerge que el hecho ocurrió en circunstancias en que arribó al lugar la pick up, marca Ford modelo Transit, dominio CAF-734 -transporte escolar- conducida por el ciudadano Bravo Eduardo, que dicho vehículo se estacionó frente a la dirección citada, sobre el margen derecho, para dejar allí a la menor C. B.. Al ver la camioneta la señora Gatica, madre del menor G., salió corriendo de la vivienda para recibir a su hija, cruzó la calle, pasó detrás de la camioneta y fue a bajar por el lateral derecho a C.. Cuando salió, corriendo detrás de ella, salió su hijo G. de dos años. El nene ingresó a la calle, tropezó a la altura del rodado y cayó entre las ruedas de la camioneta estacionada, la que en ese momento se puso en movimiento y aplastó con la rueda trasera izquierda una zona del cuerpo de G.. La madre al ver este cuadro le gritó a Bravo que parara la marcha y en forma inmediata trasladaron en el mismo vehículo a la criatura hasta el nosocomio local. Ocurre que luego, la accionante fue variando en las diversas declaraciones rendidas en la causa penal y en los presentes su primer versión de los hechos, hasta llegar a la sostenida en esta expresión de agravios. En mi opinión, la postrer versión actoral, reeditada en la expresión de agravios, fue desentrañada por el magistrado, adecuadamente, habiendo explicando las razones por las cuales no resultaba atendible. En conclusión, los fundamentos expresados en el fallo recurrido, haciendo mérito del complejo probatorio, resultan suficientes desde el punto de vista lógico-jurídico para sustentar una argumentación razonada dentro de los márgenes valorativos que el juzgador posee. Pues, "..se impone señalar que a la hora de efectuar la ponderación de los distintos elementos probatorios rendidos en autos, el sentenciante puede inclinarse por aquellos que le merezcan mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que pudieran obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado.

Corresponde, en ejercicio de esa labor, la aplicación de la regla de la sana crítica, sin que sea menester que el magistrado se refiriera a cada una de las constancias de la causa (conf. art. 386, Cód. Proc.). El material probatorio debe ser analizado en su conjunto, desde que, probanzas que consideradas aisladamente pueden ser objeto de reparos, débiles o imprecisas, en muchos casos se complementan entre sí, de tal manera que unidas llevan al ánimo del juez la convicción suficiente para tener por acreditados el hecho y la carga de la responsabilidad (conf., lo resuelto en mi carácter de integrante de la Cámara en todos los Fueros de la IV Circunscripción Judicial, en autos "Azocar Alejandrino c/ Gaete Luis Alberto s/ Resolución de Contrato", - SD 11/2009-, autos "Biluron Nancy Beatriz c/ Ande Flavio Oscar s/ Daños y Perjuicios - Uso de automotor (sin lesión)", SD-45/2010, entre otros).

Por ello, propongo al Acuerdo la desestimación de este agravio.

B. En lo que hace al segundo agravio, creo necesario consignar que ya hace tiempo, el Tribunal Superior de Justicia provincial se ha expedido por vía casatoria sobre el tema jurídico que plantea la recurrente en el precedente caratulado "BISSO, Armando Roberto c/ ALTENDORF, Laura Liliana s/ Daños y Perjuicios" (Acuerdo N° 56/93) habiendo resuelto que: ". el art. 1103 del Código Civil se refiere únicamente a la imposibilidad de discutir la inexistencia del hecho principal en sede civil, silenciando absoluta y deliberadamente el elemento subjetivo de la culpabilidad. Entonces, puede decirse sin hesitación que, sólo impedirá toda discusión en sede civil sobre la obligación resarcitoria, aquella sentencia penal absolutoria que se funde en que el hecho...no existió; pero de ninguna manera aquella otra -que- reconociendo la realidad histórica del mismo, haya basado la solución absolutoria en la ausencia de los requisitos necesarios para atribuir las consecuencias penales al autor del hecho"; y en función de ello se entendió que "sólo cuando la absolución del acusado se funda en la inexistencia del hecho que se le enrostra, ese pronunciamiento no puede ser revisado en sede civil.

Pero, a contrario sensu, la doctrina y la jurisprudencia en general han destacado que si la absolución criminal se produjo por otro motivo distinto, especialmente por considerar el juez penal que el acusado era inocente -o no culpable- esa calificación no es vinculante para el juez civil quien libremente puede concluir en que aquél fue culpable a los fines de reparar el daño que causó, pese habérselo declarado inocente para eximirlo de una condena penal" (conf. TSJ, Acuerdo mencionado, con cita de Jorge J. Llambías E.D., T°84, pág. 775; Salvat-Acuña Anzorena, "Fuente de las Obligaciones", T°IV, n° 2952; Colombo, "Culpa Aquiliana", 3ra. edic., T°II, n°260; Machado J. O., "Exp. Y Comentarios", T°III, pág.390, nota al art.1103; Borda, "Obligaciones", T°II, n°1616; Spota, "Absolución en lo criminal", J.A 1955-432, entre otros)." A lo expuesto, he de agregar las consideraciones que efectuara el Dr. González Taboada, a la sazón, integrante del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, en la ampliación de fundamentos emitida en el precedente citado, en la que ha manifestado que: "atendiéndonos al texto legal, esto es, el art. 1103 del Código Civil, se advierte que el mismo silencia el factor culpabilidad".

"Ergo,... no hace cosa juzgada y bien puede el juez civil pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de la misma y aun en esta última hipótesis, hacer lugar o no a la reparación por daños y perjuicios pertinentes, no produciéndose con ello ningún escándalo jurídico, toda vez que bien puede el juez penal absolver por no haber delito penal y el juez civil acoger la demanda porque el hecho es cuasi-delito civil o, aunque no lo sea, ha dado origen a una obligación de restituir o indemnizar". Citando a Alfredo ORGAZ, el magistrado que vengo parafraseando ha concluido que "en el artículo 1103 del C.C., el legislador ha omitido la culpa deliberada y voluntariamente, no pudiendo alegarse sobre el particular una redacción defectuosa, ni tratar de salvarla por vía de la interpretación (autor y op. cit. pág.152)...". La postura trascripta ha sido mantenida por la mayoría del alto Tribunal en los autos "ROGERO, Rosa Ethel C/ CÍA. DE PERFORACIONES RÍO COLORADO S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. n° 121 año 1996), y en "CEA NIVALDO DEL TRÁNSITO C/ ABURTO CARLOS GUILLERMO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte n° 251 año 1996) que fueran materia de la sentencias dictadas, mediante los Acuerdos Nros. 3/98 y 19/98, respectivamente y luego reiterada en Acuerdo 27/00, autos "AMIGOT, RAÚL EDUARDO C/ CRUZ ANDINA S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", del máximo órgano judicial provincial.

En idéntica línea de pensamiento, un reciente fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén ha considerado que: ".La necesidad de evitar sentencias contradictorias sobre los mismos hechos impone tener por acreditada la materialidad de los que se han tenido por ciertos en sede penal. Pero cabe la posibilidad de que al receptarse el sustento fáctico desde una óptica diversa -la atribución de culpa penal o la de responsabilidad civil-, los mismos hechos puedan ser interpretados de manera diversa, dando lugar a diferentes soluciones. Y ello es así fundamentalmente en razón de la distinta finalidad de ambos procesos. El objeto del proceso penal es imponer una sanción, mientras que el del proceso civil es condenar a una reparación. Pueden darse conductas que son insuficientes para fundamentar una condena penal, pero pueden considerarse suficientes para fundar la obligación de resarcir, puesto que en este último caso juega la atribución objetiva de responsabilidad que impone el art. 1113 del C. Civ." Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería - I Circunscripción Judicial - Secretaría Sala I - "PUERTAS CARLOS O. C/ CLINICA PASTEUR S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Ac. 166/2012, Voto de la Dra. Pamphile).

Sobre la base de las premisas apuntadas, aún reconociendo la distinta finalidad de los procesos penal y civil, encuentro que el a-quo ha ponderado la plataforma fáctica oportunamente valorada por el juez competente en el proceso penal, habiendo arribado a la conclusión relativa a la ausencia de responsabilidad civil del Sr. Bravo, por cuanto no cabe otra interpretación posible acerca de cómo han acaecido los hechos y de la responsabilidad atribuible a los protagonistas del evento dañoso, en virtud de que como se dijera precedentemente, conforme a lo que prescribe el art. 1113 -última parte- del Código Civil, los coaccionados han acreditado la culpa de un tercero por quien no debían responder. En efecto, a mi juicio, de la prueba correctamente ponderada por el juzgador emerge que, en el caso, la responsabilidad en el evento dañoso resulta enteramente atribuible a la Sra. Brenda Gatica, madre del menor víctima del siniestro.

Cabe recordar que de conformidad a nuestro ordenamiento civil los menores de la edad del niño G., carecen de discernimiento y voluntad (conf. arts. 54 inc. 2°, 127, 897, 921, 1066 y concs. del Código Civil) y por lo tanto, no pueden apreciar qué es lo conveniente o no para resguardar su integridad física. Es por ello que sólo podría achacarse responsabilidad a los progenitores o guardadores por haber omitido el deber de vigilancia activa que deriva del ejercicio de la patria potestad o del deber de cuidado, que les impone evitar que los niños sean causantes de su propio perjuicio o que terceras personas les ocasionen daños. De tal modo, cuando se producen daños, puede presumirse el incumplimiento de los deberes "in vigilando" que los padres o guardadores tienen respecto de los niños menores de diez años, o sea que la falta no es atribuible al menor sino al propio progenitor o guardador por su imprevisión.

En el caso, es la propia impugnante, quien aún en su última versión, dice haber visto que su hijo de dos años salió corriendo de la casa detrás de ella y cruzó la calle en su búsqueda hacia el lugar en donde la Sra. Gatica le había indicado a Bravo que debía llevar a su hija a la salida del colegio. Siempre, según su versión, cuando sacó a su hija en brazos de adentro de la camioneta y terminó de cerrar la puerta de la trafic, Bravo puso en marcha el vehículo, hecho que conforme a lo declarado por la actora, asustó posiblemente a su hijo menor, al cual la diciente no había visto cruzar la calle, lo que provocó que G. cayera debajo de la camioneta y fuera pisado por el vehículo. Ello surge del confronte de las declaraciones brindadas por la Sra. Gatica en la causa penal incorporada como prueba a estos autos, a fs. 26, 36/38 y 213/214. En la última de las deposiciones mencionadas (brindada aproximadamente un año y medio después de haber ocurrido el lamentable accidente), la actual recurrente cambió la versión de los hechos, refiriendo haber visto a su hijo dirigirse hacia la camioneta a través de los vidrios de las ventanillas y gritarle "G. pará. G. pará". Las contradicciones en las que incurriera la deponente respecto al acaecimiento de los hechos, fundamentalmente, en lo que hace a la mecánica del accidente -la madre declaró primero que el niño fue impactado por la rueda trasera para luego sostener que el pequeño pasó por adelante del rodado y fue pisado por la rueda delantera- y a la ubicación del menor en ese momento -agachado entre las dos ruedas del lado del conductor o delante de la camioneta- fueron marcadas, oportunamente, por el juzgado interviniente en el mismo acto de su declaración (cfr. fs. 213 vta.) y ponderadas por el a-quo en la sentencia impugnada.

La versión de la testigo Cahuimpan, a la que alude la recurrente en la pieza sub análisis, se contradice con las declaraciones de la accionante en lo que hace a la mecánica del accidente (cfr. fs. 265) pues sitúa al menor en el medio de la calle al momento de ser atropellado. No obstante, esta testigo coincide en que el niño de dos años salió de su casa, detrás de su madre mientras la testigo lo miraba por la ventana y que el nenito se agachó a buscar un muñequito al momento de ser impactado (fs. 265).

C. Lo dicho es suficiente, en mi concepto, para dar respuesta también al tercer agravio, toda vez que como lo afirma el a-quo, de las disímiles versiones brindadas por la Sra. Gatica y de la discordante declaración de su amiga Andrea Cahuimpan en sede penal habrán de priorizarse por su mayor inmediatez con el acaecimiento del infortunio los dichos de fs. 26 y 36/38, en tanto la accionante narró que al salir de la casa de su vecina vio que su hijo G. de dos años de edad la seguía, que lo vio en la vereda de la vivienda antes de retirar del vehículo a su otra hija, pero pensó que el niño se quedaría allí, por lo que continuó su trayecto hasta tomar a la otra niña en sus brazos, sin haber advertido que el menor ya estaba debajo de la camioneta del lado del conductor entre las ruedas delantera y trasera al momento en el que dicho vehículo inició la marcha, habiéndose detenido el conductor cuando oyó los gritos de la madre.

Por ello, concuerdo con el magistrado en que habiendo obrado el co-demandado bravo con la diligencia esperable al momento del siniestro, con respeto de las normas de tránsito que regían su accionar, sin que el rodado poseyera fallas o faltantes de piezas, en la hipótesis, el daño padecido por el niño guarda relación de causalidad adecuada con la omisión del deber de vigilancia y cuidado que pesaba sobre su progenitora.

D. Con respecto al postrer agravio que hace referencia a la función social del seguro de responsabilidad civil, encuentro que la recurrente no ha aportado argumentos serios ni suficientes a efectos de sustentar los motivos de su crítica. Por esta razón propongo al Acuerdo que se declare desierto el recurso en este aspecto (art. 266 del C.P.C. y C.) V.- Conclusión: por lo hasta aquí expuesto, mi postura es la que propicia: 1) el rechazo de los tres primeros agravios y la deserción del cuarto motivo de impugnación que componen el recurso impetrado por la parte actora y la consecuente confirmación íntegra del decisorio impugnado, con costas de esta instancia recursiva a cargo de la vencida (art. 68 C.P.C. y C.); 2) que los honorarios correspondientes al letrado que representa a la citada en garantía sean fijados en un 35% de los que fueran regulados en la primera instancia, en tanto que los del profesional asistente de la parte recurrente vencida, sean establecidos en un 25% de lo regulado en la sentencia impugnada. MI VOTO.

A su turno, el Dr. Dardo Walter Troncoso, dijo:

Matilde Zavala de González ("Resarcimiento de Daños - el Proceso de Daños" tomo 3 pag. 203 Ed. Hammurabi) sostiene que sólo es resarcible el daño causado por el hecho que se atribuye al responsable (según los casos un hecho propio, de dependientes, de cosa bajo su propiedad o guarda, etcétera), por lo que la prueba de la relación causal asume máxima importancia, ya que determina quién responde (autoría del daño) y por cuales consecuencias responde (Cfr. Alterini-López Cabana "Presunciones de causalidad y responsabilidad" ll1986-e-L984), habiéndose establecido jurisprudencialmente que "en el campo de la responsabilidad civil, la relación de causalidad cumple una doble función: por un lado permite determinar con rigor científico a quien debe atribuirse un resultado dañoso, por el otro, brinda los parámetros objetivos indispensables para calibrar la extensión del resarcimiento mediante un sistema predeterminado de imputación de consecuencias" (SCMendoza Sala l 26.3.92, LL1992-C-992).

A este último respecto, nuestro Código civil adopta el sistema de la causalidad adecuada (arts. 901 a 906) que supone la confrontación entre un hecho y determinadas consecuencias, con el objeto de indagar si aquel ha sido causa eficiente o idóneo para producirlas.

En principio, el actor soporta el onus probandi de la relación causal adecuado, pues como lo expresa Brebbia se está aquí ante la aplicación lisa y llana del principio de que la carga de la prueba de los hechos constitutivos del derecho invocado, corresponde a quien lo hace valer, y con relación a este tópico el accionante deberá demostrar, pues que el hecho fue una condición sine qua non del perjuicio y que normalmente debía producirlo (art. 901 y sgts. Del Cód. Civil), o sea que existió una relación causal adecuada entre el acto positivo o negativo del demandado y el perjuicio (Roberto Brebbia "La relación de causalidad en el Derecho Civil pag. 117). Habiéndose dispuesto jurisprudencialmente que "tratándose de un supuesto de responsabilidad objetiva o subjetiva, siempre es imprescindible la acreditación de la relación de causa a efecto entre el hecho que se pretende motivo del daño y el daño mismo" (CNFed.Civy Com sala 2 4.4.86 LL 1987-C-426).

Asimismo el Dr. Ramón Pizarro (Código Civil y Normas complementarias- análisis) doctrinario y Jurisprudencial" dirigido por Alberto Bueres y Elena Highton tomo 3 A, pags. 561 y siguientes) refiriéndose a las eximentes en materia de responsabilidad objetiva contempladas en el artículo 1113 del Código Civil, sostiene que la necesaria relación causal que debe existir entre por un lado el riesgo y el vicio de la cosa y por el otro el daño -o entre la actividad riesgosa y este último-, puede verse alcanzada por la presencia de factores extraños, con idoneidad para suprimir o aminorar sus efectos. En el caso de la supresión de los efectos se configura lo que un sector de la doctrina denomina interrupción del nexo causal, mas cuando solo se opera una disminución de los efectos de un hecho antecedente nos encontramos ante una concausa propiamente dicha.

Lo cierto es que en ambas hipótesis el vínculo de causalidad que necesariamente debe existir entre la conducta del supuesto autor y el daño no alcanza a configurarse, sea en forma total (en el caso de interrupción del nexo causal), sea en forma parcial (tal el caso de la concausa), mas la causa material del menoscabo se desplaza hacia otro centro de imputación material, exclusivo o concurrente: el hecho de la propia víctima, el de un tercero extraño o el caso fortuito, lo que en doctrina se agrupa bajo la denominación de "eximentes" de responsabilidad y en tales supuestos la responsabilidad civil no alcanza a configurarse (total o parcialmente) por falta de alguno de los presupuestos indispensables.

En este contexto doctrinario y jurisprudencial considero acertado el decisorio de la instancia anterior en tanto al incumplimiento del deber de vigilancia, cuidado y precaución de la madre respecto de la víctima de autos, quien centrando su atención y obrar únicamente en la hermanita menor permitió que el niño menor de edad quedara expuesto a una situación de peligro que final y penosamente se concretó, sin que pueda imputarse responsabilidad alguna al conductor del rodado.

Con estas reflexiones a modo de complemento es que adhiero a la solución que mi colega de sala propone al litigio, votando en igual sentido. MI VOTO.

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad a la doctrina y jurisprudencia citadas, y a la legislación aplicable, esta Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil del Interior, RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva de primera instancia, en todo lo que ha sido materia de agravios.

II.- Imponer las costas de esta instancia a la parte actora vencida (art. 68 C.P.C. y C.).

III.- Regular los honorarios, correspondientes a las tareas en la Alzada, del Dr. ..., en su doble carácter por la parte actora, en el veinticinco por ciento (25%) de lo regulado por su intervención en la instancia de grado, en igual carácter; y los del Dr. ..., en su doble carácter por la parte demandada y la citada en garantía en el treinta y cinco por ciento (35%) de lo regulado a la totalidad de los letrados intervinientes por dichas partes, en igual carácter, en la instancia de grado (Cfr. arts. 6, 10, 11 y 15 de la L.A.).

IV.- Regístrese, notifíquese personalmente o por cédula a las partes que hayan constituido domicilio ante la Alzada y, oportunamente, remítanse al Juzgado de origen.

Dra. María Julia Barrese - Dr. Dardo Walter Troncoso Alexis F. Muñoz Medina - Secretario Subrogante Registro de Sentencias Definitivas N°: 02/2014.