Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-16


SENT Nº 555 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciséis (16) de Agosto de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: ?Medina Dardo Rubén vs. Clínica Mayo U.M.C.B. S.R.L. s/ Cobro de pesos?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 669/685 por la parte actora, por intermedio de letrada apoderada, contra la sentencia de fecha 06/5/2009 dictada por la Sala Vª de la Excma. Cámara del Trabajo.

El recurso fue concedido por resolución de fecha 30/6/2010 (fs. 687) y del informe actuarial de fs. 706 surge que la demandada presentó a fs. 701/705, la memoria prevista en el art. 137 del CPT.

El pronunciamiento recurrido (fs. 643/648) dispuso rechazar la demanda por los rubros allí establecidos (indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración mes de despido, SAC 1er. semestre 2004, SAC proporcional 2do. semestre 2004, vacaciones proporcionales 2004, horas extras, período enero/agosto 2004, horas extras período agosto/septiembre 2004, indemnización art. 80 LCT e indemnización art. 2 de la Ley N° 25.323).

Asimismo condenó a la demandada a la entrega de la certificación de servicios y aportes conforme lo previsto por el art. 80 de la LCT en un plazo de 10 días a contar desde que quedara firme la sentencia dictada por el tribunal.

2.- Con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, pide el recurrente que se deje sin efecto el decisorio impugnado. Alega que el tribunal ha omitido valorar la prueba testimonial e informativa, relevantes para la adecuada resolución de la controversia de autos.

Señala que la Cámara ha dispuesto rechazar la demanda interpuesta por su parte, por entender que no se acreditó la configuración de la injuria que determinara la denuncia del contrato de trabajo o despido indirecto dispuesto por el trabajador. Sostiene que ?tal conclusión es errónea y surge de la grave violación de principios probatorios elementales al omitir valorar adecuadamente la prueba informativa (fs. 582) y testimonial rendidas en autos a fs. 348, 349 a 350, 351, 352 y 354, violentando de ese modo el art. 1198 del Cód. Civil del que emerge la doctrina de los actos propios?.

Afirma que nunca abandonó su puesto de trabajo (hecho que le imputara la empleadora) y que la injuria denunciada por su parte deriva de la conducta asumida por la contraria de más de dos años anteriores al reclamo del actor y que terminó de configurarse cuando el 14/9/2004, la patronal grosera y arbitrariamente pretendió invocar el abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la LCT.

Expresa que su parte reclamó mediante CD de fecha 27/8/2004, el pago de los haberes correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2002, así como SAC 2002, SAC 2003 y Decretos N° 1273/01, N° 2641/02, N° 905/03, N° 392/03, N° 1347/03 y N° 1349/03 y que a esa misiva, la empleadora contestó que parte del reclamo se encontraba cancelado (haberes de agosto y septiembre/2002) y que los correspondientes a los meses de octubre y noviembre/2002 así como los demás rubros salariales se encontraban a disposición del trabajador (CD del 31/8/2004). Señala que pese a lo expresado, ni los salarios ni los demás rubros fueron abonados, lo que evidenciaba un claro menosprecio por los derechos de su parte.

Niega que los haberes reclamados se hayan puesto a disposición del trabajador, como afirma la accionada, y sostiene que prueba de ello es que luego de intimar su pago, la patronal se presentó por ante la Secretaría de Trabajo (el 28/9/2004), solicitó una prórroga por intermedio de su letrado apoderado y finalmente depositó en dicha sede los salarios correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2002.

Destaca que en el interín, sorpresivamente y mediante CD del 14/9/2004, el trabajador es intimado por la empleadora a reintegrarse a su lugar de trabajo, invocando reiteradas ausencias injustificadas que eran obviamente inexistentes; intimación que es contestada por su parte negando los hechos invocados (CD del 15/9/2004).

Afirma que para justificar el incumplimiento del pago de las sumas debidas al trabajador, la demandada ?inventa e íntima por un inexistente abandono de trabajo?, cuya falsedad queda desvirtuada por la prueba testimonial aportada a la causa ya que ?los testigos interrogados (pacientes, parientes de pacientes internados, una médica auditora, empleados y ex empleados de la clínica, etc.) concuerdan ?que el actor jamás abandonó el puesto de trabajo?.

Afirma que la sentencia atacada omite considerar la totalidad de los testimonios rendidos en autos, y que al merituar sólo algunos de ellos, se arriba a un pronunciamiento teñido de parcialidad, apartado de la verdad de los hechos.

Sostiene que la actitud asumida por la empleadora no podía ser interpretada sino como una injuria al trabajador, que justificaba el despido indirecto dispuesto por su parte con fecha 15/9/2004. Reitera que a esa fecha permanecían impagos los salarios y rubros reclamados y a esa conducta reticente de la patronal se suma la falsa imputación del abandono de trabajo.

Se agravia de que la Cámara haya entendido que la injuria denunciada y la justificación del despido indirecto no lucían acreditadas y que correspondía rechazar, por tanto, el reclamo de autos.

Cuestiona que el tribunal admita la versión de la accionada en relación a que los haberes de agosto y septiembre de 2002 se encontraban cancelados y que los restantes salarios y rubros reclamados habían sido puestos a disposición del trabajador pero que éste no se presentó a percibirlos en la empresa. Sostiene que recién ingresó a trabajar para la Obra Social Prensa, el 16 de septiembre de 2004 y que hasta la fecha del despido indirecto (15/9/2004) su parte prestó servicios para Clínica Mayo. Alega que la prueba aportada respalda sus dichos y que la valoración parcializada de la misma es lo que explica que la Cámara no admita que su parte permaneció en su puesto de trabajo hasta la fecha en que se dio por despedido.

Afirma que la Cámara omitió considerar el testimonio de Nobau Gabande (fs. 351), del que surge que en el mes de septiembre de 2004 se presentó en la Clínica para invitar al actor pues ?le habían entregado su casa? y que allí lo vio, explicando que Medina era una persona muy querida, que asumía su trabajo con responsabilidad, que estaba siempre dispuesto dedicando horas de trabajo que excedía la jornada laboral establecida.

Denuncia omitido asimismo, lo informado por el Presidente de la Obra Social Prensa que a fs. 582, señala que Medina comenzó a prestar servicios para la firma el día 16/9/2004, que no realizaba auditorías externas fuera de la provincia y que por ello no se ausentaba de la misma.

Sostiene que la accionada incurre en contradicción al negar la procedencia del reclamo extrajudicial de su parte y luego presentarse por ante la SET a abonar los salarios y demás rubros impagos. Afirma que la empleadora niega el incumplimiento de sus obligaciones laborales y la causa justificada del despido indirecto pero las pruebas aportadas a la causa le dan la razón al trabajador. Señala que la demandada niega por negar y ello configura per se un acto injurioso.

Insiste en que ?hay una notoria contradicción entre lo afirmado por la contraria y sus propias pruebas rendidas en autos?, ?lo cual resulta violatorio de la doctrina de los actos propios?. Cita jurisprudencia que estima de aplicación al caso, para fundar su crítica al pronunciamiento en relación al punto. Considera que la Cámara no podía dejar de merituar este comportamiento de la empleadora pues resultaba relevante al pronunciarse por la configuración de la injuria denunciada por su parte.

De conformidad a los agravios reseñados, propone doctrina legal, pide se admita la procedencia del recurso de casación interpuesto y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

3.- La Cámara sostuvo que el despido indirecto del trabajador se funda en los incumplimientos de la patronal, detallados en su telegrama de fecha 15/09/2004; esto es, un retraso de más de dos años en el pago de salarios y otros rubros, la indiferencia del empleador frente al reclamo, y el hecho de haberse presentado a percibir los haberes adeudados (dado que supuestamente iban a ser puestos a su disposición) sin que los mismos le fueran abonados.

Con cita de precedentes de esta Corte, el tribunal recordó que ?en principio el atraso en el pago de remuneraciones importa injuria a los intereses del trabajador, pero no constituye, necesariamente, justa causa de despido que legitime una situación de despido indirecto?, por lo que ?la situación injuriosa debe analizarse conforme a las modalidades y circunstancias del caso? sobre la base de la compulsa de todo el cuadro probatorio referido a la conducta asumida por la actora frente al incumplimiento patronal, para recién concluir en la inexistencia de justa causa de despido indirecto...? (CSJT, sent. 92 del 01/3/2004, ?Gómez Ángela Patricia vs. Instituto María Montessori SRL s/Cobro de pesos?).

Puntualizó que ?los importes intimados mediante telegrama de fecha 27 de agosto de 2004, resultan de haberes de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2002, sac 2002 y 2003, y los incrementos establecidos por decretos N° 1273/01, N° 2641/02, N° 905/03, N° 392/03, N° 1347/03 y N° 1349/03 -1° cuota 2004?, agregando que ?la mora del empleador, se produce de pleno derecho, según lo dispuesto por los arts. 128 y 137 de la LCT, por lo que la obligación legal de su efectivo pago, se generó casi dos años anteriores a la intimación de pago efectuada por el actor, lapso durante el cual continuó desarrollándose la relación laboral?. Expresó que ?aun cuando no resulta tema discutido el derecho a su percepción, que le asiste al trabajador, tal incumplimiento no fue considerado con anterioridad a la intimación, determinante de la extinción del contrato de trabajo?.

Advierte, no obstante, que la accionada contestó oportunamente tal intimación, rechazando el reclamo por pago de haberes meses agosto y septiembre por encontrarse abonados pero poniendo a disposición del actor los demás importes adeudados. Dice constatar con las actuaciones administrativas (Expte. N° 3052/181-CM-04, agregado a fs. 451/486) que el accionado efectuó un depósito por la suma de $ 3.853,88 por los conceptos reclamados, con excepción de los correspondientes a haberes agosto y septiembre 2002, reiterando que los mismos habían sido ya cancelados. Destaca que en sede administrativa, y tal como consta a fs. 456 y 457, fueron agregados los recibos de pagos de haberes por los períodos mencionados.

Deja establecido que conforme los dichos de la demandada, la actuación administrativa fue iniciada por ésta, como consecuencia de la falta de presentación del actor a percibir los importes reclamados, en sede de la empresa; extremo que el actor niega, alegando haberse presentado a percibirlos sin que le fueran abonados.

Consideró que si el actor prestó servicio en la empresa de la demandada en forma ininterrumpida hasta la fecha en la que se da por despedido, tal como alega, ?no existía impedimento o imposibilidad alguna para la efectiva percepción dichos importes?.

Destacó que del testimonio de Francisca Cecilia Gómez (fs. 558) surge que el actor trabajó hasta el mes de agosto de 2004 y que consultada la testigo sobre si Medina trabajó en los meses de agosto y septiembre de 2004, respondió negativamente, señalando que ella había hecho el reemplazo en esos dos meses.

La Cámara rechazó la tacha deducida por la actora (fundada en que la testigo es empleada de la demandada), por considerar que tal circunstancia no era impedimento para prestar declaración, y que había dado ?suficiente la razón de sus dichos, concordantes con la restante prueba producida en autos?.

Mencionó la Cámara que la prueba informativa ofrecida en cuaderno de prueba N° 2, consistente en el informe requerido a la Obra Social del Personal de Prensa de la Provincia de Tucumán revela que el actor trabaja para dicha obra social en relación de dependencia, registrando como fecha de ingreso mes de septiembre de 2004 y que a fs. 582 informa a través de su Presidente Oscar Armando Gijena, que el ingreso del actor se produjo en fecha 16/09/2004.

Consideró que no obstante ello, ?del informe de la ANSES de fs. 403/447 surge registro de aportes jubilatorios del actor, por parte de la Obra Social del Personal de Prensa de la Provincia de Tucumán desde el mes 09 de 2004, y mediante prueba producida como medida para mejor proveer, consistente el oficio dirigido a la AFIP, este organismo informa a fs. 615 que según sistema, el actor en autos, fue dado de alta como empleado de la Obra Social del Personal de Prensa de la Provincia de Tucumán, a partir del 01 de septiembre de 2004, sin que a la fecha del informe (05/6/2008), se haya producido anulación, modificación ni baja efectuada por el empleador, fecha ésta que se tiene por cierta a fin de la acreditación de la prestación laboral del actor, en su nuevo lugar de trabajo?.

Concluyó que ?de las fechas indicadas, surge que al momento de la remisión de telegrama obrero de fecha 15 de septiembre de 2004, el actor se encontraba trabajando para la Obra Social del Personal de Prensa de la Provincia de Tucumán, incumpliendo de tal forma su deber de obrar de buena fe previsto en los arts. 62 y en particular 63 de la ley de contrato de Trabajo, al resultan incompatible la prestación de trabajo en los horarios coincidentes?.

Señaló que la testimonial ofrecida por el actor (Cecilia Lagos González, a fs. 348; María Marcela Pérez García, a fs. 349, Claudio Nobau Gabande, a fs. 351; Pedro Juan Soria, a fs. 352; Cecilia Analía Ares, a fs. 353; y Néstor Rubén Medrano, a fs. 354), ?no resulta conducente para la justificación de la causal de despido invocada por el actor, respecto de los rubros adeudados intimados, como así tampoco aportan datos concretos sobre la prestación de servicios del actor, dentro del período cuestionado, por lo que se desestiman los mismos?.

Destacó que de la pericial contable ofrecida por la parte actora, surge que el CPN Ramón Antonio García, a fs. 312/314, luego de compulsar el Libro de Registro Único N° 10477 de hojas móviles rubricado, informa sobre la última remuneración del actor, ?correspondiente a quince días del mes de agosto de 2004?.

La Cámara concluyó que el contrato de trabajo se extinguió en el momento en que el propio Medina remitió a la empleadora el telegrama de fecha 15/09/2004, sin que se acreditara la causal invocada para justificar la denuncia del contrato de trabajo.

4.- El recurso fue deducido en término, el afianzamiento no resulta exigible pues es la parte actora la que recurre, se impugna una sentencia definitiva y se funda en la infracción de normas de derecho y en la doctrina de la arbitrariedad (cfr. arts. 130/133 del CPT), por lo que corresponde abordar su procedencia.

5.- Confrontados los agravios del recurrente con los fundamentos del fallo impugnado, se advierte que la infracción normativa denunciada no luce configurada, ni tampoco logra demostrar el recurrente los vicios que imputa al pronunciamiento respecto de la valoración de los antecedentes y constancias de la causa.

Los agravios se dirigen en lo sustancial, a cuestionar la valoración del material fáctico del proceso, en mérito al cual la Cámara determinó que no se acreditó la injuria invocada para justificar el despido indirecto, resultando improcedente el reclamo indemnizatorio de autos.

Asimismo, el recurso se sustenta en la pretensa violación del art. 242 de la LCT, alegándose que en la especie, y contrariamente a lo entendido por la Cámara, se configuró injuria con entidad suficiente para justificar la denuncia del contrato de trabajo.

Se advierte en el caso que, en puridad, la crítica del recurrente revela una mera discrepancia con la valoración de pruebas que hizo el tribunal de mérito, insuficiente para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica, el absurdo o la arbitrariedad del pronunciamiento impugnado.

De conformidad al artículo 242 de la LCT, las partes se encuentran posibilitadas de denunciar el contrato de trabajo ante el incumplimiento del otro sujeto de la relación que configure injuria, cuya magnitud sea tal que impida su continuación. En el caso de que la extinción la disponga el trabajador, éste la debe fundar en justa causa.

La ley confía a los jueces la valoración prudencial de la justa causa de despido indirecto pero condiciona esa ponderación a pautas precisas que deberán inexcusablemente observar y que son, el análisis de: a) carácter de las relaciones y b) las modalidades y circunstancias de cada caso.

Siendo así, recién luego de este examen que deberá realizar el juzgador, podrá determinarse si la causa invocada es justa y autoriza la denuncia del contrato de trabajo (cfr. Meilij, Gustavo, Contrato de Trabajo, T. II, p.597).

Sobre el particular, esta Corte ha expresado que la determinación de la existencia o no, de injuria como causa de la extinción del vínculo laboral, constituye materia propia de los jueces de mérito, y cuya revisión en la instancia extraordinaria local está condicionada a la eficaz alegación y demostración del absurdo al apreciar los hechos y las pruebas de la causa, o en la afirmación y comprobación de que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (CSJT, sent. 1206 del 18/11/2008, ?Rojas Oscar Antonio vs. Almafuerte S.R.L. s/ Cobro de pesos?; sent. 811 del 15/10/2004, "Herrera Pedro Roque y otro vs. Guayal SACIFIA s/Cobro de pesos"; sent. 946 del 28/10/2002, "Figueroa, Mario Roberto vs. Cafés La Virginia S.A. s/Indemnizaciones"; CSBA, 14/6/2010, ?Maseda, Alejandro c. Raffo, Domingo E. y otro?, LL Online, AR/JUR/30594/2010).

En el caso de autos, la Cámara justificó el criterio adoptado proporcionando fundamentos suficientes, respaldados en un análisis de los antecedentes y constancias de la causa.

El tribunal, con cita de jurisprudencia de esta Corte y de tribunales nacionales, explicó las pautas orientadoras de la interpretación realizada, para concluir que los hechos en los que sustentaba la injuria laboral y la consiguiente causa del despido indirecto, no lucían acreditados con entidad bastante para justificar la extinción del vínculo con el empleador.

Como lo señala la Cámara, sin perjuicio de que el incumplimiento de la obligación de pago del salario hace incurrir a la patronal en mora automática y configura un grave apartamiento de las obligaciones que le son impuestas, para que dicho retraso configure injuria laboral y justifique la denuncia del contrato de trabajo, correspondía analizar las concretas circunstancias del caso y recién pronunciarse sobre el particular.

En la valoración de aquellos extremos es que el tribunal de grado destacó que no obstante haber transcurrido dos años desde el alegado incumplimiento del empleador (agosto/2002), el actor recién en fecha 27/8/2004 intimó a la contraparte, por lo que dicha circunstancia ?no fue considerada con anterioridad a la intimación, determinante de la extinción del contrato de trabajo?.

La alegación referida a la indiferencia de la accionada frente al reclamo del trabajador fue rechazada por la Cámara, señalando que con fecha 31/8/2004, la empleadora respondió a la intimación del trabajador negando adeudar los salarios correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2002 y puso a disposición de aquél los restantes haberes y rubros reclamados. Menciona asimismo que la patronal acreditó haber iniciado con fecha 22/9/2004, las actuaciones administrativas por ante la SET, demostrando el pago de los salarios de los meses agosto y septiembre/2002 (fs. 456/457) y depositando oportunamente las restantes sumas reclamadas.

El tribunal hace propias las alegaciones de la demandada que justificó el procedimiento instado por su parte ante la SET, señalando que el pago no se cumplió en sede de la empresa porque el trabajador no se presentó a hacerlo efectivo, pese a que se le había comunicado que las sumas reclamadas estaban a su disposición.

La Cámara concluyó que el actor no prestaba servicios para la demandada a esa fecha y fundó esta conclusión en la testimonial de la señora Francisca Cecilia Gómez (fs. 558). La sentencia transcribe parte de la declaración mencionada, destacando que la testigo manifestó haber cumplido el reemplazo del señor Medina dado que el mismo no trabajó en los meses de agosto y septiembre de 2004.

La Cámara desestimó la tacha formulada expresando que el hecho de ser empleada de la accionada no autorizaba a descalificar su declaración y que la deponente dio ?razón suficiente de sus dichos?.

La sentencia admite la posición de la demandada sobre la base de considerar acreditado que el actor no se encontraba prestando servicio efectivo para la empresa en esas fechas; conclusión que la crítica recursiva no logra rebatir.

El recurrente alega con insistencia que se presentó a percibir los haberes y rubros que la empleadora dijo haber puesto a su disposición, sin que los mismos le fueran abonados, pero no señala cuál es la prueba aportada para acreditar dicho extremo y que el tribunal habría omitido considerar.

El agravio referido a que el trabajador permaneció en su puesto de trabajo prestando servicios hasta la fecha en que se dio por despedido (15/9/2004), cuestionando la valoración de la prueba practicada por el tribunal de grado, debe ser rechazado.

La Cámara puntualizó que el informe de la AFIP de fs. 403/447 da cuenta de los aportes jubilatorios correspondientes al actor, realizados por parte de la Obra Social del Personal de Prensa a partir del mes 9/2004.

Destacó asimismo que a fs. 615, la AFIP informa que el actor fue dado de alta como empleado de la Obra Social del Personal de Prensa a partir del 1/9/2004. Mencionó asimismo que de la pericial contable surge que conforme al Libro de Registro Único N° 10477, la última remuneración del actor corresponde a quince días del mes de agosto de 2004 (fs. 312/314).

En mérito a las pruebas mencionadas, concluyó que al momento en que el actor dio por extinguido el vínculo con la accionada (15/9/2004), se encontraba ya trabajando para la Obra Social del Personal de Prensa incumpliendo de tal forma su deber de obrar de buena fe previsto en los arts. 62 y 63 de la LCT.

Aún cuando el recurrente alega que se ha omitido ponderar prueba relevante para la resolución de la controversia, el déficit atribuido a la sentencia no logra ser demostrado. Contrariamente a lo sostenido por la actora, la Cámara analizó el informe remitido por la Obra Social del Personal de Prensa y lo manifestado a fs. 582 por su Presidente Oscar Armando Gijena.

Si bien este último denunció como fecha de ingreso del actor el día 16/9/2004, dicho informe fue confrontado con las pruebas antes mencionadas (los informes de ANSES y AFIP), a las que el tribunal de grado les asignó fuerza probatoria preferente, creando convicción respecto de la cuestión controvertida en autos.

Tampoco puede prosperar el agravio referido a la valoración parcial de la prueba testimonial. Los testimonios que el recurrente denuncia omitidos han sido valorados por la Cámara que expresamente los menciona en la sentencia impugnado. Tal como surge de la reseña vertida en el punto 3 de los considerandos, el tribunal señaló que la declaración de los testigos Cecilia Lagos González (fs. 348), María Marcela Pérez García (fs. 349), Claudio Nobau Gabande (fs. 351), Pedro Juan Soria (fs. 352), Cecilia Analía Ares (fs. 353) y Néstor Rubén Medrano (fs. 354), no resultaba conducente para la justificación de la causal de despido invocada por el actor; conclusión que la crítica recursiva deja inconmovible.

Es que la Cámara justificó el criterio adoptado con fundamentos suficientes, los que por otra parte cuentan con apoyatura en los antecedentes y constancias de la causa. Ello excluye la configuración del vicio de arbitrariedad denunciado y determina el rechazo del recurso en relación al punto.

El agravio referido a que el tribunal de grado omitió merituar la contradicción en que incurrió la accionada, al negar la procedencia del reclamo extrajudicial y luego presentarse por ante la SET a abonar los salarios y demás rubros impagos, debe ser igualmente rechazado.

Como se dijo, la Cámara concluyó que la demandada acreditó el pago de los haberes correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2002 (fs. 456/457), justificando la negativa de la deuda en relación a tales conceptos.

Entendió asimismo, que las constancias de la causa respaldaban la posición de la empleadora, que justificó la promoción de las actuaciones administrativas y el depósito de las sumas reclamadas, dado que el trabajador no se presentó a percibir las mismas en sede de la empresa.

De conformidad a lo expresado el agravio en cuestión carece de sustento y no puede prosperar.

Igual suerte debe correr el argumento conforme al cual ?hay una notoria contradicción entre lo afirmado por la contraria y sus propias pruebas rendidas en autos?, ?lo cual resulta violatorio de la doctrina de los actos propios? (art. 1198 del Cód. Civil).

El citado agravio se sostiene en una valoración subjetiva de la prueba aportada a la causa, diferente de la realizada por la Cámara, que no proporciona argumentos bastantes e idóneos para refutarla.

6.- Las costas deberán ser soportadas por el recurrente vencido, conforme los principios generales sobre la materia (arts. 49 del CPT y 105 del CPCC, texto consolidado).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante sin perjuicio de dejar expresamente consignado lo siguiente:

El recurso de casación fue interpuesto tempestivamente; se dirige contra una sentencia definitiva en los términos del artículo 130 del Código Procesal laboral (en adelante CPL); cumple con el requisito del artículo 131 inciso 1 del CPL pues está fundado en la presunta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo en cuestión respecto a la valoración del material fáctico obrante en autos; finalmente, no resulta exigible el afianzamiento por no ser condenado a pago de suma alguna previsto por el artículo 133 del CPL (a contrario).

Ahora bien; siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la ponderación por este Tribunal Cimero provincial de aquélla valoración efectuada por el A quo -ponderación ésta, que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen deviene admisible y que en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 06/5/2009 dictada por la Sala Vª de la Excma. Cámara del Trabajo.

II.- COSTAS, conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANECLAUDIA BEATRIZ SBDAR (con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA