Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-19


ANGARONI, Carlos y otros contra EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA Reg.: A y S t 213 p 63-67.

En la ciudad de Santa Fe, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ANGARONI, Carlos y otros contra EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA -Demanda de Apremio- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. C.S.J. Nro. 417, Año 2004).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gutiérrez, Spuler, Gastaldi y Netri.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 200, pág. 7, esta Corte admitió la queja y, en consecuencia, concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Empresa Provincial de la Energía contra el fallo de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, por las razones entonces expuestas (vide fs. 75/76, expte. C.S.J. Nro. 30, Año 2004).

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro razones para apartarme de aquella conclusión provisoria, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 815/816.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: 1. En la presente causa la señora Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral Nro. 7 de la ciudad de Rosario rechazó la demanda de amparo -oportunamente promovida en autos a fin de impedir que se deje sin efecto el beneficio de consumo de energía eléctrica que les asistiría en su condición de jubilados y pensionados de la Empresa Provincial de la Energía-, atento considerar que no se hallaba acreditada en términos claros e inequívocos la ilegitimidad manifiesta del acto u omisión atacados.

Expresó en ese orden que "ese presupuesto de la vía intentada no luce mínimamente demostrado, habida cuenta que encontraría sustento -conforme lo afirmado por la actora- en el incumplimiento por parte de la accionada de lo convenido en el Acta Acuerdo del 15.10.97, cuyo original no se arrimó a los presentes ni existe constancia alguna de haberse tramitado su homologación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación" (fs. 702/704).

Apelado que fuera dicho pronunciamiento, la Alzada condenó a la accionada a abonar a los actores la suma no-remunerativa imputable al reembolso de gastos por la compensación sustitutiva del servicio de energía eléctrica a los ex-agentes jubilados o sus pensionados que no los perciban en su haber jubilatorio con las mismas características que el personal activo, con costas (sentencia de fs. 732/735).

Para así resolver, y tras señalar que en el amparo "están restringidos los términos y la producción de la prueba", por lo que su valoración conforme a las reglas de la sana crítica debe hacerse "teniendo en consideración la brevedad de los plazos", el a quo tuvo por suficientemente acreditada "a los fines de esta acción de amparo" la existencia del acta de fecha 15 de octubre de 1997 a través de la cual la accionada convino con la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y los Sindicatos de Luz y Fuerza de la Provincia de Santa Fe que la primera extienda el beneficio de una suma no remunerativa imputable al reembolso de gastos por compensación sustitutiva del servicio de energía eléctrica a los ex agentes jubilados o sus pensionados que no los perciban en su haber jubilatorio con las mismas características que el persona activo, acreditación que resultaba de las informativas del Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe - "por (la) cual se hace saber que su representante firmó el referido instrumento no obrando en su poder el original del mismo"- y de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza -que comunica que las personas que firmaron el acta son el secretario gremial y el prosecretario general del Sindicato de Santa Fe, acompañando copia de la misma-.

Añadió que le otorgaba a la referida fotocopia "importante valor probatorio como indicio y los convenios colectivos 36/75 y 235/97, todo lo cual permite presumir que ante la pérdida patrimonial que los convenios provocaban a los jubilados se arribó al acuerdo en análisis", y que además la Fiscalía de Estado había admitido la existencia del acta, aunque afirmando que quien la firmara por la demandada no contaba con facultad para dicho acto, planteo que "podrá ser materia de un proceso dirigido a lograr la ineficacia del acto, el que hasta el dictado de dicho pronunciamiento obliga a las partes contratantes, más aún cuando fue cumplimentado por la demandada con posterioridad a su firma".

2. Contra tal pronunciamiento dedujo la Empresa Provincial de la Energía recurso de inconstitucionalidad fundado en el artículo 1, inciso 3º, de la ley 7.055, agraviándose de que el mismo resulta dogmático pues tiene por debidamente acreditada la existencia del acta del 15 de octubre de 1997 con base en dos informes que carecen de eficacia probatoria, y otorgando valor de indicio a una fotocopia simple (a pesar de que ésta no podía tener ese valor de prueba indiciaria, al tratarse de un documento que carece de autenticidad al no ser reconocido por su parte ni por el señor Solari, tal como lo demuestra la carta documento oportunamente aportada a la causa), "elaborando luego una teoría que no resiste análisis lógico jurídico alguno", ya que presume que ante la pérdida patrimonial que provocaban los convenios 36/75 y 235/97 se arribó al acuerdo mencionado, de suerte tal que "una fotocopia simple resultó suficiente para dejar de lado lo acordado en un Convenio Colectivo de Trabajo homologado que excluía beneficios", lo cual contradice el derecho vigente y supone, además, una inaceptable valoración de las constancias de la causa -como cuando postula que Fiscalía de Estado reconoció el documento, afirmación que se basa en la sola voluntad de los jueces-.

Sostuvo asimismo que el fallo es incongruente ya que condena a abonar a los actores sumas dinerarias que no fueron reclamadas y a pesar de que nunca se configuró perjuicio económico alguno, pues aquéllos peticionaron el reconocimiento del adicional por energía eléctrica, reconociendo a fs. 569 v. que "hasta el día de hoy no hay un derecho conculcado sino una amenaza cierta e inminente que torna plenamente viable esta acción de amparo", consistente en la intención de la E.P.E. de proceder a la quita del adicional por energía eléctrica aquí reclamado.

Por último tachó de arbitraria la imposición de costas, que a su juicio no considera que su parte tuvo razón plausible para litigar, que de haberse aplicado habría determinado que su parte nunca podría haber sido considerada como vencida (fs. 740/763).

Evacuado que fuera el traslado respectivo (fs. 767/772 v.), la Sala denegó la concesión del recurso por auto de fs. 774, accediendo la impugnante a la instancia extraordinaria por vía de queja, como se expresara al tratar la primera cuestión.

3. El detenido examen de los autos me convence de que la impugnación planteada merece favorable acogida en esta instancia, pues si bien es cierto que los agravios esgrimidos remiten al examen de cuestiones que por su naturaleza se hallan excluidas en principio del remedio extraordinario, corresponde hacer excepción a dicha regla cuando - como ocurre en el sub júdice- se constata que los sentenciantes han adoptado una solución que, por franquear los límites de razonabilidad a los que está subordinada la apreciación de las pruebas y demás constancias de la causa, no puede ser vista como la necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos, 323:3105; 326:394, entre muchos otros).

En el caso, y según surge del relato efectuado, la Alzada adoptó como fundamento central de su respuesta el acta del 15 de octubre de 1997, que en su hora invocaran los amparistas en sustento de su pretensión -pues en ella se habría materializado "el reconocimiento del beneficio por parte de la Empresa provincial respecto a los pasivos" (vide fs. 476 v.)-, concluyendo en que la misma le confería a aquéllos el derecho que reclamaban judicialmente.

Al así decidir, el a quo prescindió de efectuar un tratamiento adecuado del asunto conforme a las pruebas producidas, los argumentos por las partes y las reglas prudenciales de la sana crítica, omitiendo hacerse cargo de una circunstancia oportunamente tenida en cuenta por la magistrada de baja instancia al afirmar la no-concurrencia del presupuesto de ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta, vinculada con la inexistencia de un original o de copia cierta de la casi mítica acta de fecha 15.X.97, que en definitiva los actores nunca presentaron en el expediente (a pesar, entre otros extremos, de la intimación cursada al efecto a fs. 580 v.), existencia que la Sala dio sin embargo por sentada a partir de una serie de presunciones que exorbitan irrazonablemente el ámbito de la prueba de indiciaria (que presupone indicios objetivamente serios, precisos y concordantes -arg. de Fallos, 318:1851; 319:677, votos disidentes-), cuya ponderación como decisiva no resulta de una visión de conjunto, sino fragmentaria, del caso examinado (vide Fallos, 311:2402; 313:559; 319:1728; 320:1551, etc.; vide, también, Fallos, 313:398), lo cual -como es obvio- supone un defecto que no puede ser salvado por la vía de apelar a las restricciones probatorias existentes en el amparo (pues dichas restricciones en todo caso deben ser correlacionadas con los otros presupuestos de dicho remedio, entre los que se cuenta el invocado en su hora por la Jueza de primera instancia). A ello se agrega -con igual grado de decisividad para la suerte de la impugnación- que dicho acto sería modificatorio de un convenio colectivo de trabajo homologado administrativamente, acto respecto del cual la demandada sostuviera que su parte desconocía "tanto su contenido como la autenticidad de la firma de quien la representaría y su legitimación para suscribirla", destacando que "no existió ninguna tramitación administrativa interna autorizando la celebración de un compromiso con el alcance del mismo" (vide fs. 565 v.) y que tampoco había sido homologado por autoridad competente, posición ésta que no ha sido debidamente considerada por la Alzada, que se limita en el punto a sostener que el planteo respectivo "podrá ser materia de un proceso dirigido a lograr la ineficacia del acto", sin considerar que se trataba de un punto central a dilucidar en orden a obtener la necesaria "visión de conjunto" del caso, cuya postergación o derivación hacia otro proceso -que no alcanza a ser salvada por la referencia a que la E.P.E. habría dado ejecución a dicha acta-, da razón en definitiva a la impugnante cuando se agravia de la arbitrariedad del pronunciamiento, por lo que resulta forzoso anular la sentencia recurrida y remitir la causa al Tribunal que corresponda a fin de que la misma sea nuevamente juzgada, extremo que no significa emitir opinión sobre la decisión final que en definitiva deba adoptarse sobre la suerte de la acción intentada en autos.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas (artículo 12, ley 7.055). Remitir la causa al tribunal que corresponda a los fines de que la misma sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Presidente doctor Gutiérrez y así votaron En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas. Remitir la causa al tribunal que corresponda a los fines de que la misma sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)