marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de queja (procesal), procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Curutchet, Eduardo J. c/ Raimundi, Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-06

El recurso de queja ante la Cámara de Apelación solo procede contra las providencias que no conceden la apelación o respecto del efecto con que aquella hubiese sido otorgada y no con relación al auto que declara desierto un recurso (arts. 275 y 277 CPCC). (Minoría u opinión personal)
Retiro militar, reapertura del procedimiento administrativo, reclamo administrativo previo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MOLINA DE BARILATI, ESTHER c/ ESTADO NACIONAL- MINISTERIO DE DEFENSA s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-21

La reapertura del procedimiento previsional debe pedirse en sede administrativa, ley 20606, art. 2, instancia previa que es normalmente necesaria para el reajuste de haberes previsionarios militares, art. 30 ley 19549
Seguros, seguro de responsabilidad civil, partes, obligaciones de las partes
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BARREIRO,  JORGE c/ TRANSPORTES METROPOLITANOS BELGRANO SUR SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-20

Las partes sustanciales de un contrato de responsabilidad civil sólo son el asegurado y el asegurador, el tercero damnificado no ostenta la condición de acreedor del asegurador ni de beneficiario del contrato o estipulación celebrada en su favor, y en caso de reclamo este o el asegurado, solo pueden citar al asegurador en garantía (ley 17418 art. 118-2°).
Recursos, recurso de apelación (procesal), prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GALARZA CLARA DEL VALLE POR SU HIJA MENOR c/ JUAN CORTES Y OT. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A071 - 235)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-02-15

La resolución que acoge o rechaza la intervención de un tercero en la producción de una prueba pericial, no constituye técnicamente un rechazo de prueba en los términos del art. 180 CPC, y por tanto es inapelable.
Denegatoria del recurso, declaración de quiebra
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Epelbaum, Lucio c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-10

Corresponde rechazar la apelación incoada contra el proyecto de distribución, en tanto la recurrente plantea que no corresponde que se calculen los intereses devengados con posterioridad al decreto de quiebra. Ello así, pues la eventual conclusión de la quiebra por pago total específicamente prevé que, en caso de existir remanente, deben atenderse los intereses suspendidos como consecuencia del decreto de quiebra.
Martillero, matrícula profesional, corredor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Toro, Sandra Karina c/ Colegio Público de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-06-30

La certificación obtenida conforme la reglamentación previa testimonia el conocimiento exigido por las normas al momento de expedirse. Si la ley posterior cambia el sistema de demostración de la preparación no puede modificar situaciones pasadas que quedaron agotadas con la ley anterior (art. 3, Cód. Civil).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, procedencia del recurso, revocación de sentencia, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Barreyro, Eduardo Daniel s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ G., L. K. c/ GCBA s/ amparo - educación - vacante c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-11

Corresponde revocar la sentencia de Cámara que, al regular los honorarios profesionales, se apartó de la normativa aplicable al caso de autos (arts. 51 y concordantes de la ley n° 5134), sin brindar fundamentos suficientes. Ello no implica necesariamente que la regulación a practicar sea el mínimo arancelario mencionado en el art. 51, pues dicha norma debe interpretarse en forma conjunta con las restantes disposiciones de la ley arancelaria, incluida aquella que retribuye la labor profesional de acuerdo a las etapas efectivamente cumplidas en cada tipo de proceso (art. 29). Sin embargo, la Cámara optó por acudir a fundamentos excesivamente genéricos e imprecisos o que no encuentran sustento en las actuaciones de la causa, motivo por el cual la sentencia atacada debe ser descalificada en cuanto acto jurisdiccional. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: Lanzillota, Silvia Graciela c/ Molina, Angel E. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-14

Aún cuando la damnificada haya realizado el cruce por un lugar no exactamente adecuado, si no se probó su culpa ni su infracción culposa, corresponde atribuir toda la responsabilidad a la empresa de transportes accionada, ya que es más relevante la del conductor del colectivo que al doblar se lleva por delante con la parte trasera de su vehículo el primero de los automóviles mal estacionados en la esquina y, por un empuje general, aprisiona a la víctima. No siempre en esta ciudad es posible cruzar según los reglamentos, pues los autos estacionados lo impiden. No sólo, pues, la relevancia de la culpa del colectivero levanta un cúmulo de sospechas en su contra, a lo que cabe agregar la necesidad de calibrar con peso la culpa de la víctima en los casos de aplicación del art. 1113 del Código Civil, para exculpar a los responsables, si la víctima no tenía espacio para cruzar por el lugar apropiado a su condición de peatón.

Si la víctima no podía cruzar reglamentariamente, no se le puede imputar culpa concurrente como concausa del daño. Y esto está generalizado, como lo dice la experiencia. Los estacionamientos no cumplen las reglas e impiden muchas veces atravesar por donde se debe.

Cuando el peatón tiene ese panorama y habiendo necesidad de aplicar el riesgo creado es necesario establecer con todo cuidado la prueba de la culpa de la persona que recibe el daño. No las meras inferencias por un lugar de cruce. No las solas reglamentaciones legales aplicables. Una verdadera acreditación de esa culpa.
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, confirmación de sentencia, código aduanero, tasa de estadística, acción de repetición, producción de la prueba, tributos, obligación tributaria, importaciones, AFIP DGA
Materia: ADUANERO-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Petrobrás Energía SA c/ EN - DGA - disp. 213/06 (expte. 400.553/02) s/ Dirección General de Aduanas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-13

Conforme la autoridad que representan los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabe aplicar lo dispuesto en el precedente "Renault Argentina SA c/ D.G.A." Fallos: 333:24, al caso de la sociedad anónima a la que se le negó la repetición en concepto de diferencias por tasa de estadística, en relación a las importaciones realizadas y la necesidad de mayor producción probatoria a los fines de establecer adecuadamente la causa de la obligación tributaria, por cuanto se trata de cuestiones sustancialmente análogas a las resueltas en dicho pronunciamiento.
Fraude, cesación de pagos
Materia: PENAL
Carátula: Del Valle Arias, Fernanda s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-24

La conducta en fraude al o los acreedores, puede concretarse antes o después de la declaración y cesación de pago, se los puede haber realizado en cualquiera de esos momentos mientras se trate de actos fraudulentos tendientes a menoscabar el patrimonio ejecutable del deudor.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: BRITEZ DIAZ HUGO ARCIDIO c/ ASTILLEROS CORRIENTES S.A. s/ REAJUSTE DE HABERES"EXPTE. N 10660/95
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-12-05

El agravio fundado en la no aplicación de la ley 24.432, específicamente en su art. 13, resulta improcedente, pues aunque a criterio del quejoso la aplicación de dicha normativa es de operatividad inmediata, es dable tener presente que los jueces, tal como ocurre en el caso de autos, no pueden ocuparse de cuestiones abstractas, siendo que como es, que al tiempo de dictarse la recurrida -diciembre/94-la ley aplicable a autos era la ley 4188, toda vez que la recurrida comienza a regir a partir de mes de enero de 1995.
Incapacidad absoluta, indemnización, indemnización tarifada, acumulación de indemnizaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Giuffrida, Carmelo Rubén c/ Esso S.A.P.A. s/ Indemnización por incapacidad absoluta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-27

La indemnización establecida en el art. 212 párrafo cuarto de la L.C.T.no está generada por la disolución del contrato de trabajo sino porque el obrero no puede trabajar y, en consecuencia, es acumulable a la indemnización por el despido dispuesto por el empleador sin justa causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Asociaciones sindicales, personería gremial, exenciones impositivas, impuesto a las ganancias
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Cámara de Propietarios de Alojamientos (C.A.P.R.A.L.) c/ D.G.I. s/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-04

Si la actora demostró que tiene personería gremial y cumple con los demás requisitos establecidos por la norma no hay posibilidad alguna de oponerse al reconocimiento de la exención solicitada. (Del voto del juez Damarco, consid. 7º).
Habilitación de feria, resolución denegatoria, honorarios del abogado, ejecución de honorarios, medidas urgentes
Materia: PROCESAL
Carátula: C. M. B. y otro c/ IOSFA s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-01-26

Debe desestimarse la apelación deducida por un abogado contra la resolución que denegó la habilitación de la feria judicial para poder continuar con la ejecución del cobro de sus honorarios, puesto que la decisión recurrida no merece reparos, ya que no se verifican razones de urgencia. Además, nada obsta a que el profesional continúe con normalidad el trámite de percepción de sus honorarios, una vez reanudada la actividad normal de los tribunales.
Derechos de los enfermos mentales, actos anteriores a la declaración de incapacidad, declaración de insania
Materia: CIVIL
Carátula: D.L.M.F. c/  s/ Declaración de incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-06-03

En cumplimiento de lo normado por el art. 614 -última parte- del CPCyC y teniendo en cuenta las amplias facultades de revisión y control del tribunal, dado que en esta clase de juicios, que se vinculan con la capacidad de las personas, se encuentra comprometido el orden público, se impone la necesidad de verificar la regularidad y validez de los actos cumplidos en la instancia de grado y, en su caso, la eventual adecuación de la sentencia a las normas imperativas que rigen la materia.
Fuerzas de seguridad, servicio penitenciario, haber jubilatorio, liquidación, Estado Nacional, personería jurídica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "BATTISTA,  ALDO OSCAR Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio deDefensa s/ Personal  militar  y civil de las fuerzas armadas y deseguridad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-27

No habiendo el representante del Estado Nacional impugnado oportunamente la liquidación que ahora ataca, y siendo que el texto del art. 170 del C.P.C.C. es absolutamente claro en cuanto establece que el nulidicente debe promover el incidente dentro de los cinco días de haber tomado conocimiento del acto (en el caso, transcurrieron casi tres meses desde que la liquidación fue aprobada hasta el planteo de nulidad), ha de concluirse que el acto quedó consentido, correspondiendo desestimar el planteo. Ello así, máxime si quien practicó la liquidación aprobada en autos (en el caso, el Servicio Penitenciario Federal) es un órgano dependiente de la demandada, ya que es criterio del Tribunal que "La personalidad jurídica del Estado Nacional es una sola, no obstante estar integrado por distintos órganos" (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 24.10.02, "Tello, Pastor Oscar y otros"; ídem, sent. del 30.06.05, "Donezelli, Adolfo José y otros").
Extinción de la acción penal, pago de la multa, costas
Materia: PENAL
Carátula: N., S. s/injurias c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-08

La defensa señaló que la extinción de la acción penal por el pago de la multa no importa reconocimiento de culpabilidad, por lo que no corresponde imponerle costas ya que no fue parte vencida.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Del Valle, Miguel s/ Homicidio simple - Hurto calamitoso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que al intentar demostrar la existencia de agresión ilegítima sin desvirtuar el razonamiento del juzgador al respecto, se limita a invocar precedentes jurisprudenciales sobre el tema, lo cual no satisface los requerimientos de una impugnación idónea.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, recurso de nulidad, sentencia definitiva, restitución de bienes, quiebra, entidades financieras, gravamen irreparable
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Banco  Crédito  Provincial s/ quiebra s/ incidente de restitución de bienes promovido por Telefónica de Argentina S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-12

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que -al rechazar un recurso de nulidad por entender que lo resuelto no configuraba sentencia definitiva- desestimó un pedido de restitución de bienes formulado en los términos del art. 138 de la ley 24.522, toda vez que según la recurrente, el dinero provenía del cobro de facturas por servicios telefónicos y, al declararse la quiebra de la entidad financiera, quedó confundido dentro de su patrimonio, por lo que pudo generar un agravio de dudosa reparación ulterior.
Sanciones disciplinarias administrativas, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Quatromano, Guillermo Raúl c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24

La medida disciplinaria cuestionada no es inválida, si ha sido dictada en el ámbito de un sumario disciplinario y como resultado de un ordenado procedimiento en el que la Administración reunió pruebas suficientes a tal fin, las que no fueron desvirtuadas por el agente en la oportunidad que tuvo de efectuar su descargo y ofrecer las que hacían a su derecho.
Sentencia, cumplimiento de la obligación, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: FUSCA ALBERTO RAMON Y OTRO c/ M.C.B.A. s/ COBRO DE PESOS - CONTRATO DE SUMINISTRO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

Es prudente el plazo de diez días para el cumplimiento de una condena a pagar una suma de dinero por parte de la Comuna no obstando a tal conclusión la circunstancia de que la deudora sea un ente público, porque tal carácter no debe colocarla en una posición distinta a la de los particulares, debiendo adoptar las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones en los mismos plazos que se acuerdan a los demás justiciables.
Viajantes de comercio, viáticos
Materia: LABORAL
Carátula: SENCAR ENRIQUE ALBERTO Y OTRA c/ INSTITUTO MOVIMIENTOS DE FONDOS COOPERATIVOS Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-11-25

En principio la ley ha estimado que los viáticos no deben considerarse como remuneración en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes; y ello resulta así porque de lo que se trata en estos casos no es una retribución al trabajador sino de un simple reintegro de gastos, fehacientemente comprobado, ello en consecuencia tales viáticos no es más que, por ejemplo: los gastos de viajes, comida, alojamiento, comunicaciones, etc.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, accidentes de trabajo, capacidad residual, in dubio pro operario
Materia: LABORAL
Carátula: ACOSTA, Elvira Josefa c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-09-26

La incapacidad residual es la que supera el 40 por ciento que correspondió al primer accidente, oportunamente indemnizada por la empleadora mediante depósito en trámite administrativo.

El perito forense estimó la global en un 55 por ciento, arrojando así un residual del 15 por ciento indemnizable; el médico tratante de la actora fijó un 80 por ciento, siendo el residual 40 por ciento; y la Administración de Vialidad Provincial en junta médica y por su órgano médico estipuló un 85 por ciento -residual 45 por ciento- lo cual crea al juzgador una duda razonable, que conduce a la aplicación del principio "in dubio pro operario".

Por aplicación del mismo, ha de reconocerse a la actora, como incapacidad parcial permanente derivada del accidente acaecido el 26-5-86, un 45 por ciento por reagravación que éste origina en la incapacidad provocada por el infortunio del 07-09-83.
Sociedades comerciales, suspensión de decisión asamblearia
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARON,  GUSTAVO c/ MOLDINTEC  SRL s/ ORDINARIO S/ INCIDENTE DEMEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-06

Las atribuciones judiciales para disponer la suspensión de resoluciones asamblearias, se subordinan a la existencia de motivos graves que deben merituarse en función del perjuicio que podría ocasionar al interes social que predomina sobre el particular del peticionario (cncom, sala b, 12.3.99, in re "Lareo Pedreira, Claudino y otro c/ justo 1130 sa y otro s/ medida precautoria"). Asi para declarar la suspensión de las decisiones asamblearias impugnadas debe encontrarse acreditada una verdadera situación de riesgo, que imponga la necesidad de tal intervención del estado en los negocios de los particulares (doctr. de la ley 19550: 114-in fine; cncom, sala b, 11.9.95, in re "Arcondo, Ignacio g. c/ Tambos del comahue sa").
Robo, tentativa, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: Avalos, Oscar Abel s/ Robo simple en grado de tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-13

Debe absolverse al imputado por el delito de robo simple en grado de tentativa si no se ha podido desvirtuar el principio de inocencia dispuesto por el art. 18 de la C.N. y art. 8, párr. 2 CADH, es que el único testigo presencial del hecho no ha asistido a la audiencia de debate y la declaración testimonial efectuada en sede policial del citado no puede ser incorporada a la audiencia mediante lectura, ya que el imputado no ha contado con la posibilidad de confrontar dicho testimonio oportunamente conforme lo establecido en el fallo "Benítez" de la CSJN. (del voto en disidencia de la Dra. Bloch)
Asistencia y salvamento, situación de peligro, salario de asistencia y salvamento
Materia: LABORAL - NAVEGACION
Carátula: Pereyra, Carlos María D. y otros c/ Cap. y/o Arm. y/o Prop. Bq. "Francisco S" s/ Cobro de salario de asistencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-05

El artículo 379 de la Ley 20.094 establece siete pautas para la determinación del salario de asistencia tal como establecía también pautas el artículo 1304 del Código de Comercio, las que no deben ser traducidas matemáticamente en importes parciales cuya suma equivalga al total del salario. El peligro se entiende en un sentido concreto, vinculado con la probabilidad del daño y no con la posibilidad de él. Es una situación crítica o de amenaza. El valor de las cosas salvadas, a su vez, es sólo uno de los factores computables y no la referencia excluyente del salario, excepción hecha de su función como límite máximo; mientras que el tiempo legítima una menor compensación sólo en cuanto la situación consienta una intervención breve, pero la duración de las operaciones es menos importante cuando media un enérgica y activa voluntad del asistente.
Improcedencia del recurso, apreciación de la prueba, fundamentación suficiente, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Raesa Argentina S.A. c/ Rousendaal, Miguel Angel s/ Cobro sumario sumas dinero (Exc. alquileres, etc.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-02-05

Resulta improcedente el recurso de apelación incoado por la parte demandada sobre su disgusto por la valoración probatoria efectuada por el a quo, dado que para que las observaciones que las partes realicen logren una favorable acogida, es menester aportar probanzas de similar o mayor rigor técnico o científico, que desmerezcan las conclusiones alcanzadas -arts. 386 y 477 del C.P.C. y C. de San Luis- que ciertamente no han sido aportadas, por lo que la prueba fue valorada adecuadamente, surgiendo del informe de los peritos oficiales que la parte actora llevaba los libros legalmente exigidos, y que la parte demandada se encontraba asentada dentro del rubro saldos de clientes -cuentas a cobrar-, en tal sentido, ni el art. 43 del Cód. de Comercio ni el art. 63, requieren que los asientos de los libros sean comprobados documentalmente o por otros medios de prueba, en consecuencia es suficiente la regularidad de la contabilidad del accionante como ocurre en la especie, y la circunstancia de que los asientos invocados no les hayan sido opuestos otros asientos contradictorios emanados de libros regulares de los deudores.
Recurso de inaplicabilidad de ley, depósito previo
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Sesmero Carlos A s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1988-02-22

Teniendo en cuenta que el Código de Procedimiento Laboral tiende a prevenir toda maniobra dilatoria por parte del empleador, la falta de cumplimiento del requisito del depósito previo establecido en el art. 39, párr. 2 de la ley 337 es de tal importancia, que obsta entrar al examen de las demás circunstancias de admisibilidad y procedencia señaladas en los arts. 289, 295, 296 y 297 del C.P.C. referentes al recurso de inaplicabilidad de ley planteadas.
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ellif, Carlos Horacio c/ Banco Central de la República Argentina y otro s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

La acción de amparo es un proceso excepcional, sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones en la que por la carencia de otras vías legales aptas peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, requiriendo para su apertura circunstancias de muy definida excepción, tipificadas por la presencia de arbitrariedad, irrazonabilidad e ilegabilidad manifiestas que configuren, ante la ineficacia de los procesos ordinarios, la existencia de un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esa acción urgente y expeditiva.

En la especie no se configura un supuesto que torne procedente la vía elegida pues la existencia de una vía administrativa apta para la tutela del derecho que se dice lesionado basta para hacer improcedente el recurso de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, inciso a), de la Ley 16.986.