marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, crédito laboral, despido
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGROMADERA  SA s/ CONCURSO PREV. S/ INC. DE VERIFIC. POR: AQUINO,ALBINO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-30

Resulta improcedente que la concursada se oponga a la verificación de una acreencia laboral con base en que el despido que dispuso se funóo en justa causa cuando, -como en el caso-, se comprueba que el verificante prestó servicios durante un lapso de tiempo prolongado, no se acreditó la imposición de sanciones a lo largo de la vigencia de la relación y los testigos que prestaron declaración en la causa se expresaron en forma favorable a su desempeño profesional; máxime si la convocataria no imputó la autoría de la contingencia al incidentista, sino que el hecho se produjo durante el turno y en el ámbito físico donde el accionante se desempeñaba, lo cual fue invocado como causal del mentado despido.
Recurso extraordinario, cuestión constitucional, fundamentación de sentencias, recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., E. J. s/ Recurso extraordinario -infracción arts. 13, 59 Y 88 del código de  Faltas de la provincia de santa fe (Expte.: C.S.J. Nº. 435 Año  2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-09

No resulta idónea para operar la apertura de la vía del artículo 14 de la ley 48, la arbitrariedad que el recurrente enrostra al pronunciamiento de la Corte por incurrir en autocontradicción, dogmatismo y prescindencia de la legislación aplicable, patentizada, a su juicio, en cuanto que, tras desestimar la argumentación de la Cámara en torno a la falta de planteo oportuno, continuó analizando la cuestión, siendo que debió de haber abierto la queja, y con los autos principales y luego de la intervención del Procurador General, resolver sobre los fundamentos del recurso de inconstitucionalidad.

Es que de acuerdo al concepto acuñado desde antaño por la Corte Suprema de Justicia local a partir de los casos "Cerrutti" y "Nasurdi", el juicio de admisibilidad en el recurso previsto por la ley local 7055 registra tres niveles que apuntan a verificar, en un primer paso, el cumplimiento de los requisitos de formalidad "strictu sensu" o rituales; en un segundo, siempre formal pero que implica una aproximación a lo sustancial, si el recurrente ha articulado, conforme a su propio planteo, una hipótesis que, en abstracto, pueda encasillarse como un tipo doctrinario-jurisprudencial de arbitrariedad; y en un tercer paso, que importa un liminar contacto con el ámbito sustancial sin penetrar en éste, establecer si la hipótesis de arbitrariedad articulada correctamente en abstracto guarda alguna elemental relación con la realidad del caso. Y, en el caso, en verdad, fue ese el camino recorrido por la Corte al examinar en primer término la concurrencia de los recaudos formales y luego de entender superada la exigencia de oportuno planteo de la cuestión -que la Sala consideró incumplida-, proseguir con el análisis de la admisibilidad de la impugnación para llegar -en definitiva- a la conclusión de que el compareciente, no obstante el esfuerzo desplegado, no había logrado persuadir de que los agravios invocados se encontraran efectivamente configurados en autos.
Indemnización por muerte, lucro cesante, muerte de un menor
Materia: CIVIL
Carátula: BEDOZA DE PEREZ, IRENE GERTRUDIS c/ BERAZALUCE DE FULLIANI, NELIDA Y OTRO s/ SUMARIO - DAÑOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-03

Con abstracción del daño moral que la muerte de un hijo provoca, no existe perjuicio patrimonial, a título de lucro cesante, para los progenitores por la muerte de un niño de dos años. No puede inferirse que los padres sufran un daño patrimonial cuando muere el hijo de muy corta edad, que es económicamente, carga, y no ayuda, pues hasta que se produzca lo que con crudeza, pero con realismo, denomínase la etapa productiva de la vida humana, es preciso que transcurran tantos años que toda "chance" se diluye para convertirse en una simple conjetura de ayuda económica futura para los progenitores.

Ni siquiera los gastos hechos para la subsistencia y educación de los hijos, justifica la indemnización, pues como señala Orgaz, por tal argumento olvídase que tales "gastos" no se hacen por los padres en vista del lucro futuro que puedan proporcionar los hijos, sino como un deber moral y espiritual que tiene como fin al hijo mismo, no a los padres.
Recurso extraordinario federal, interposición del recurso, cuestión federal, régimen penal cambiario, control de cambio, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, interés legítimo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Complejo Agroindustrial San Juan S.A. s/ inf. ley 19.359.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

Corresponde rechazar el recurso extraordinario si los apelantes no demostraron que el procedimiento seguido en el trámite de apelación previsto en el art. 9, párrafos segundo y tercero, de la ley 19.359, les haya vulnerado efectivamente interés jurídico alguno.
Impuestos, determinación de oficio, determinación sobre base presunta
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: "Nordeste Construcciones SA (TF 16604-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-04

Para la determinación de la obligación tributaria sobre base presunta es necesaria la exigencia de razonabilidad en la activación del mecanismo presuncional, lo cual impide, entre otros valladares, la posibilidad de extraer una presunción de otra presunción (esta Sala "Ledesma, Amalia (TF 9410-I) c/DGI", 26/09/2000) (Del voto del juez Coviello, cons. VII.2).
Ius variandi, reducción salarial
Materia: LABORAL
Carátula: ARIAS, DOMINGO RAUL c/ ATMA  S.A.I.C. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-30

Cuando hay disminución de la remuneración es menester analizar con máxima cautela si se dan o no las condiciones legitimantes del 'ius variandi' (artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo) desde que resulta afectado un elemento del contrato de máxima relevancia, cuya integridad la ley aspira a tutelar con riguroso celo (artículos 131 y 269 Ley de Contrato de Trabajo). Es claro que puede haber un cambio en la estructura del salario (no disminución) pero debe mediar -por lo menos- acuerdo de partes. (Conforme Sala VII, sentencia número 7638, 21 de febrero de 1985, 'Cotton, Andrés y otros c/ S.E.G.B.A. S.A. ').
Acción contencioso administrativa, medida de no innovar, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Wilche, Juan Manuel c/ Municipalidad de Río Gallegos s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-07-02

Que, asimismo, surge de autos la probable y posible afectación de los derechos patrimoniales del accionante en relación a la demora o trámite que conlleva el presente proceso contencioso. Debe en el caso tenerse presente que el mismo resulta ser el actual concesionario de la confitería y bar -Terminal de Omnibus de Río Gallegos-, situación ésta que evidentemente ha determinado desde hace años, la organización de un sistema de trabajo del personal afectado (relaciones laborales) y la organización empresaria del negocio que alterarse antes de la resolución de la causa, produciría evidentes perjuicios económicos. (Voto en disidencia: Dres. Moron y Ballardini)
Acción de amparo, crédito laboral, naturaleza alimentaria, existencia de otras vías
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: STELLA, FRANCISCO HECTOR Y RODRIGUEZ, LUIS RENE c/ PODER EJECUTIVO MUNICIPAL DE ANDALGALA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-11-13

Sin perjuicio de adherir a lo resuelto en cuanto a la inobservancia de los presupuestos que deben acreditarse a los fines de la procedencia de la acción de amparo interpuesta, he de agregar que tampoco surge de la materia propuesta la arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta que justifique en el caso este remedio excepcional, toda vez que el reclamo formulado por los representantes de los trabajadores afiliados a A.T.E. y S.O.E.M.A., tendiente a que se les restituyan los descuentos efectuados por el Ejecutivo Municipal de la ciudad de Andalgalá , debe canalizarse a través de los mecanismos procesales previstos para ello, ya que la sola naturaleza alimentaria que revisten los créditos derivados de una relación laboral, no genera automáticamente la ineptitud de aquellos. Del voto del Dr. Cáceres
Legítima defensa, racionalidad del medio empleado
Materia: PENAL
Carátula: López, Carlos Adolfo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01

El medio usado en la legítima defensa es racionalmente necesario si en su momento aparece idóneo, según la razón, con vistas a eliminar el peligro que para un derecho representaba la agresión y no se acredita la oportuna concurrencia de otra posibilidad defensiva que, también para la razón, tuviese equivalente suficiencia y menor aptitud dañosa.
Recurso extraordinario, legitimación del asegurador, accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Funes, Carlos c/ Lestar Química S.A. s/ Indemnización por enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

Si la responsabilidad patrimonial del asegurado quedó firme como consecuencia de la improcedencia del recurso extraordinario por él deducido, la impugnación recursiva del asegurador no debe considerarse habida cuenta que la compañía aseguradora está constreñida a cumplir con su obligación de indemnizar y no siendo un litisconsorte necesario del accionado, un eventual o hipotético éxito en su recurso no beneficiaría al asegurado -ni mucho menos- podría conducir a liberarlo de la antedicha obligación.
Políticas sociales, derecho a la vivienda digna, deberes de la administración, derechos y garantías constitucionales, Derechos humanos, interpretación de la ley
Materia: RECURSOS NATURALES
Carátula: G. C. c/ GCBA s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-23

Mediante el Decreto Nro. 895/GCBA/02, el Estado local hizo oportuna aplicación de una política de asistencia para familias en situación de emergencia habitacional tendiente a plasmar de hecho la letra de la ley constitucional e internacional sobre la materia. Sin embargo, esa asistencia resultó sólo un mero paliativo temporal que, transcurrido, devolvió a sus beneficiarios a la situación extrema en que se encontraban con anterioridad al acceso al beneficio. La normativa que otorga contenido a cualquier actividad asistencial de la Administración, exige, en palabras sencillas, que allí donde se gana terreno a la falta de cumplimiento de los derechos humanos, no se retroceda luego a estados renovados de carencia.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RUIZ, JUAN ESTEVAN c/ JOSE LUIS ATIA Y/O TODO OTRO OCUPANTE. s/ DESALOJO.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-10-07

A los fines de un juicio de desalojo, en el que no se discuten derechos reales, la admisión de que el inmueble ocupado pertenece a los actores, basta para conferirles legitimación.
Abogados, regulación de honorarios, mandamiento de ejecución
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Monteporsi, Oscar Raúl c/ Resoluciones  Nros.  286/84  y  306/84  de  la  Fiscalía  de  Estado. s/ Acción y  306/84  de  la  Fiscalía  de  Estado. s/ Acción
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-05-14

A falta de regulación expresa en la ley de honorarios para abogados y procuradores -Ley 512- de una escala arancelaria para el trámite previsto en el art. 33 de la Constitución Provincial mandamiento de ejecución contra funcionario o corporación pública-, corresponde aplicar por analogía y en función de la similitud en la tramitación la norma arancelaria prevista para las acciones de amparo, esto es, el art. 43 de la Ley 512.
Competencia administrativa, delegación de facultades a la Administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de Rawson c/ Municipalidad de Trelew s/ Demanda Ordinaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-07-07

La ratificación del acto, es la aceptación por la autoridad competente de un acto dictado por otra en su nombre pero que se excedió en su competencia, siempre que sea admisible la delegación.

La confirmación de un acto viciado, aceptando como propios hechos o actos jurídicos realizados por otra persona u órgano, en su nombre y sin mandato o poder suficiente.
Caducidad, suspensión del plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mainez de Corraro, María Teresa y otros c/ Mainez, Luis María s/ Sumario-Inc. Caducidad prom. por Luis Mainez
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-04-16

La promoción del pedido de caducidad ocasiona la suspensión del procedimiento principal que recién se reanuda si aquél es rechazado.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: Dr. AGUAS s/ regulación de honorarios Causa nro. 11.481
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-28

En los juicios penales en los que no se ha ejercido acción civil paralela no se posee monto a los fines de aplicar las escalas arancelarias previstas por la ley que regula la materia.

Consecuentemente, corresponde estipular los emolumentos de acuerdo a la naturaleza y complejidad del asunto ventilado, el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de la efectiva satisfacción reclamada, el mérito de la labor profesional desarrollada y demás pautas mensurativas previstas en el artículo 6 de la ley de aranceles.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Tejera, Marcelo R s/ Robo calificado por el uso de armas en concurso real con abuso de  armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-02

Si no resulta acreditado que la hora haya sido elegida deliberadamente por el imputado para facilitar sus designios; su cómputo como agravante (en el concepto de "nocturnidad") constituye violación del artículo 41 del Código Penal.
Divorcio, honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B. de R., L. A. c/ R., M. R. s/ Divorcio vincular - Tenencia de hijos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-24

En el caso de existir un haber ganancial denunciado, exteriorizado o controvertido, su valor representa el monto del asunto para la determinación de los honorarios del divorcio y de todo el proceso disolutorio y liquidatorio hasta la partición de los bienes comunes, si el mismo se lleva a cabo judicialmente. A tales fines y de conformidad a lo normado por el art. 45 y el 38 de la ley 8904, con su sucesivo juego de reenvíos normativos, habrá de estarse a la escala del art. 21 (menos un veinte por ciento) en consideración a una base conformada sobre la pauta del art. 27 de la misma ley.
Fuero de atracción, concursos, ejecución hipotecaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ INDUSTRIAS BELL VILLE SA s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-08

Si se denunció el concursamiento de quien fue accionado en una ejecución hipotecaria, resulta procedente que el tribunal civil en el que tramitaba remita la causa al juzgado concursal. Ello así, toda vez que la ley 24522, artículo 21, inciso 1, impone dicho temperamento con mención de todos los juicios de contenido patrimonial seguidos contra el concursado preventivamente, mientras que el siguiente inciso de la citada norma, establece que quedan excluidos de la radicación los procesos de expropiación y los que se funden en las relaciones de familia. Por tanto, no hay excepción que alcance a las ejecuciones de referencia.
Concejo deliberante, intendente, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de Rawson s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-04-08

El art. 91 de la Ley 3098, confiere al Concejo Deliberante la facultad de estatuir procedimientos para el cobro judicial de los impuestos, rentas municipales y multas correspondientes, y el art. 77 otorga al Sr. Intendente la atribución de recaudar los recursos, esto es de percibir y luego administrar con exclusividad las rentas fiscales. Se manifiesta así, la "interdependencia de poderes y coordinación de funciones".
Competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, jerarquía de las leyes, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Caja Complementaria de  Previsión para la Actividad Docente c/ SanLuis, Provincia de (Poder Ejecutivo) s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

El ejercicio de la jurisdicción originaria, exclusiva y excluyente, no puede ser limitado ni restringido por normas provinciales sin riesgo de afectarla seriamente.
Conflicto de poderes, gobierno municipal, trámites judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hernández, Manuel A. c/ Concejo Deliberante de San Miguel s/ Conflicto art. 261 L.O.M.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Los llamados "conflictos internos de las Municipalidades", que prevé el art. 196 de la Const. Prov. en su faz procesal, no constituyen en sentido estricto un "juicio" con partes antagónicas que exponen sus pretensiones contrapuestas ante un "juez" a través de una "demanda" y un escrito de "contestación". Se trata de una tramitación especial que, por su trascendencia institucional, no se halla regida por las mismas reglas y principios que los procedimientos que organizan y reglan los códigos procesales. De allí que, resulte potestativo del Tribunal ordenar la sustanciación del procedimiento, mediante decisión fundada (art. 264, decreto ley 6769/58 -texto según ley 11.024- y que tenga fijados términos perentorios para su resolución, vencidos los cuales la resolución cuestionada "hará ejecutoria" (art. 264 cit.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Automotores, adulteración de la numeración de bienes registrables, secuestro de automotor, depósito judicial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "CRUDO, Daniel s/ restituición".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-13

Ante la posibilidad de que el vehículo al que se le erradico la numeración de su motor pudo haber sido objeto de algún hecho ilícito, el depósito judicial, a quien resultó víctima, es la medida que mejor se adecua en tanto es posible que sobre él puedan hacerse efectivos mejores derechos de terceros, por lo que de conformidad a lo establecido en el art. 238 del Código Procesal Penal de la Nación, No obstante y ante el caso de que la numeración original del motor y chasis del rodado que fue removida, y que como consecuencia no pueda establecerse si se trata de la que fue asignada para el dominio que ostenta, el interesado deberá gestionar ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor el otorgamiento de un dominio provisorio para circular con este vehículo.
Recurso de revisión (procesal), prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: A., G. J. c/  s/ Muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-02-08

Explica Ricardo C. Núñez que "Basta, por consiguiente, que una sentencia, penal o no, en su parte resolutiva y a sus propios efectos, hubiere declarado, expresa o implícitamente, que el documento o la testifical, que en forma exclusiva o unida a otro elementos probatorios, fundamenta la condena en recurso, es producto de una falsedad, punible o no. El fallo posterior irrevocable es la única prueba admisible sobre la existencia de la falsedad".
Asociación ilícita, administración fraudulenta, extorsión, apreciación de la prueba, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho público local, cuestión de derecho común, recurso extraordinario, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Milagro Amalia Ángela Sala en la causa Sala, Milagro Amalia Ángela y otros c/  s/ p.ss.aa. de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-15

Cabe desestimar el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que condenó a la imputada como autora del delito de asociación ilícita, en carácter de jefa, en concurso real con los delitos de fraude a la administración pública y extorsión, en calidad de coautora, pues los agravios de la recurrente en orden al modo en que se valoró la prueba rendida en el debate y a la extemporaneidad en la lectura de los fundamentos de la sentencia de condena remiten a cuestiones de hecho, prueba y derecho común u objetan al modo en que se aplicó el ordenamiento procesal provincial, materias cuyo análisis está restringido, por regla, a los tribunales locales, sin que la parte haya demostrado la concurrencia de alguno de los supuestos que permiten hacer excepción a dicho principio general.
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo, excepción de incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PAULINO c/ INSTITUTO PROVINCIAL DEL ABORIGEN s/ RECURSO DIRECTO C/RESOLUCION N. 249/84. s/ RECURSO DIRECTO C/RESOLUCION N. 249/84.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1988-05-23

Debe desestimarse la nulidad que por incompetencia del órgano otorgante se planteara, toda vez que en el caso, el Interventor Normalizador del Instituto Provincial del Aborigen obró dentro de su competencia al disponer la baja del actor -cf. art. 5 D.L. 971/80- pues tenía las facultades del Directorio del Ente -cf. art. 2 Dec.

N. 1085/83 y Dec. N. 32/83- y éste en virtud del art. 7 del D.L.

1005/81, vigente a la fecha del acto, tenía la atribución de disponer la "remoción" del personal -inc. c)-. Además todo defecto que en tal sentido pudo afectar la resolución impugnada debe reputarse compurgado por la expresa ratificación del Decreto N.

1061/84.
Responsabilidad médica, responsabilidad penal, muerte del paciente, concurrencia de hechos ajenos
Materia: PENAL
Carátula: FISCAL (EXPTE. N° 16356) c/ DAVID RAUL A. Y N.N. s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-03-30

A fin de determinar la responsabilidad penal del médico hay que tener en cuenta un elemento aleatorio constitutivo del riesgo médico, consistente en el hecho comprobable de que el profesional más capaz y mejor preparado, el más hábil, responsable, éticamente irreprochable, puede estar expuesto al fracaso en un caso determinado, pudiendo ocasionar consecuencias nocivas que hasta pueden llegar a ser mortales, derivadas de un cúmulo de circunstancias imprevisibles y fortuitas, entre las que no revisten poca importancia las propias condiciones físicas, psíquicas, orgánicas o sobrevinientes del paciente.
Ejecución hipotecaria, mutuo en moneda extranjera
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: NIGAY   S.A. c/ NUEVOS  EMPRENDIMIENTOS  ARGENTINOS  S.A. s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-07

Cuando se persigue el cobro ejecutivo de una determinada cantidad de moneda extranjera, como consecuencia de la modificación del art. 617 del Código Civil por la ley 23.928 de convertibilidad, el cumplimiento de la obligación puede perseguirse en la especie de moneda comprometida por el deudor -en el caso, dólares estadounidenses-, en cuanto dicha norma ha tenido la virtualidad de derogar el impedimento previsto en el art. 520 del Código Procesal.