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Proceso penal, instrucción, prueba, ofrecimiento de la prueba, oportunidad procesal, sentencia interlocutoria, resoluciones recurribles, ley procesal, leyes, constitucionalidad, doble instancia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: I., J. s/ Queja por apelación denegada (Expte Nº223-98, Resolución Nº166,  Tomo 4, Folio 47)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-11-03

Habiendo sido denegada la apelación contra el rechazo del ofrecimiento de pruebas, propicia el quejoso la declaración de inconstitucionalidad del artículo 202 del Código Procesal Penal, considerándolo enfrentado con la jerarquía constitucional que hoy en día le ha sido acordada a la doble instancia y afectatorio de postulados fundamentales como el derecho de defensa y el debido proceso legal (artículos 7 y 9 de la Constitución Provincial y 18 de la Constitución Nacional).Superando el debate que en atención a nuestro derecho interno se había instalado acerca de la jerarquía de la doble instancia, es cierto que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.2.h. establece como garantía judicial para toda persona el "Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior", con lo que ella tiene ahora nivel constitucional. Procediendo sin embargo a la interpretación de la norma (no encontramos precedentes interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni en el muy actual "Convención Americana sobre Derechos Humanos" de Juan Carlos Wlasic, Juris-agosto de 1998), estimamos que la recurribilidad en cuestión no resulta establecida en relación a cualquier resolución o proveído judicial, sino que su referencia al "fallo", debe ser entendida como a aquél pronunciamiento que se expide sustancialmente sobre derechos del imputado y no a cualquier otro, puesto que si se entendiera que todo decreto puede ser recurrido, el afán de la propia Convención por lograr rapidez en los procesos, se vería frustrado.
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: CORONEL, PEDRO A. c/ JOSE A. GOMEZ s/ INDEM. POR INCAPACIDAD, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-03-16

Las pericias deben apreciarse conforme a las reglas de la sana crítica, sin que el juez esté obligado a dar preponderancia a ninguno de los informes producidos en la causa.
Procedimiento administrativo, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Turismo Parque S.R.L. c/ E.N. -Mº de Econ. y Ob. y Serv.Públ. S. de Tr. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-18

El silencio administrativo reviste dos modalidades reguladas por el derecho positivo: a) el efecto y alcance de permisión total de lo concretamente pretendido o solicitado, y b) el de denegación total de lo que se hubiera peticionado. Para que el silencio tenga alcance positivo debe estar así determinado expresamente por la ley, caso contrario se entenderá que ha mediado denegación tácita por parte de la Administración ya que respecto de la operatividad de dicho silencio es principio general la denegación de lo pretendido por el peticionante y excepcional y subordinado a la existencia de una norma jurídica que concretamente lo contemple, la admisión de lo solicitado por el administrado (conf. art. 10 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo 19.549). (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, consid. III).
Seguridad social, movilidad del haber jubilatorio, reducción del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: I.P.P.S. c/ Villarruel, Norma Beatriz s/ Acción de lesividad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-05-06

El principio de movilidad receptado en los arts. 63 de la vieja ley territorial nro. 244 y los arts. 43 y 44 de la hoy vigente ley provincial nro. 561- legitima la actuación del Organismo Previsional, como autoridad de aplicación del sistema, para adecuar permanentemente los haberes previsionales a las nuevas escalas salariales cada vez que estas sufren modificaciones, sean que éstas se materialicen tanto en aumentos como en disminuciones.
Contrato de obra pública, rescisión del contrato, juicio, daños y perjuicios, honorarios, abogados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GEPPEL Y PINASCO SACI Y AMBROS PALMEGIANI SACI E I Y C c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA.    REGULACION DE HONORARIOS.     CSJ EXPTE NRO 88-77
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-04-24

En un juicio en que no se pretendió la vigencia o resolución del contrato administrativo de obra pública, sino la legalidad de la rescisión en cuanto a las causales que la justificaron, encuadrada por las partes en distintos supuestos legales; (artículo 88 inciso f y g, la administración, y artículo 90 inciso b y e, la recurrente, de la ley 5188), en que no obran en autos elementos ciertos para evaluar si hubo perjuicios y en su caso, monto, que pudieran serles reclamados a la empresa, pues el acto impugnado dispuso su futura determinación; ni surge que se hayan adoptado ninguna de las medidas autorizadas por el artículo 89; y en que la recurrente no precisó la "extensión y monto" de lo reclamado en concepto de daños y perjuicios, excluyéndose ese aspecto de la materia litigiosa sobre la que debía versar la actividad profesional, pues expresamente se solicita diferir ese aspecto a la etapa de ejecución de sentencia, corresponde regular los honorarios tomando en cuanto el monto actualizado del contrato pero no como cuantía del juicio, sino a fin de evaluar la trascendencia económica de los perjuicios que podrían derivar para la empresa de la aplicación del artículo 89 de la ley 5188; y el monto de las sumas que sin objeciones se ha indicado como reclamada extrajudicialmente por la empresa en concepto de daños y perjuicios, considerado ese monto al sólo efecto de contemplar la trascendencia que pudo tener el pedido de declaración del derecho a percibir resarcimiento.

En el caso, se decidió tomar como cuantía del juicio el monto resultante de calcular el 5% del valor actualizado del 85% del contrato equivalente al porcentaje de obra no ejecutada, para contemplar el aspecto vinculado a la responsabilidad que pudo generarse para la empresa, y el 40% del valor actualizado del monto en que extrajudicialmente se reclamaron los daños y perjuicios, para valorar las consecuencias para la administración.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, intereses, tasas, tasa activa, realidad económica, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PASQUET, FERNANDO PATRICIO c/ EXPERTA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-08-06

Corresponde declarar inadmisible el remedio extraordinario intentado pues, si bien la recurrente se queja por cuando la Sala determinó la aplicación de dos veces y media la tasa de interés activa -sumada- que fija el Banco Nación y que la misma deberá computarse a partir de la fecha del siniestro, sus alegaciones al respecto resultan insuficientes para desvirtuar lo argumentado por la Alzada en un examen que realizó de realidad económica imperante y las particulares circunstancias de la causa, en sintonía con la normativa aplicable y los lineamientos trazados por esta Corte provincial y por el Más Alto Tribunal. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Spuler) - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 339:781; CSJStaFe: Ojeda, AyS T 280, p 313/322; Olivera, AyS T 278, p 295/308.
Violencia familiar, impulso procesal, verdad jurídica objetiva, medidas cautelares
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: C. M. S.  c/  s/ protección contra la violencia familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-29

En su memorial el apelante aduce que las medidas que apela han sido tomadas sin elementos probatorio alguno, reprocha que no se hubiera indagado en los hechos y que la denunciante utiliza la ley de violencia con fines distintos, siendo su objetivo apoderarse de la vivienda familiar. Ello es una posibilidad entre tantas, pero no excluye que hay una situación de enfrentamiento, que debe ser desactivado, para que no escale. El artículo 8 bis de la ley 12.569 concede al juzgador amplias facultades para ordenar e impulsar el proceso pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos y proteger a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia, rigiendo el principio de obtención de la verdad material; pero no puede dejarse de advertir, que el magistrado o la magistrada, en estos casos, frente hechos o circunstancias que generalmente ocurren fuera de la vista de testigos, se encuentra ante la alternativa de tomar, de cuando de ellos dependa, las medidas razonables para evitar que un daño pueda producirse, aún cuando no medie ningún factor de atribución, de tal modo ajustarse al deber que le impone el artículo 7 de la ley 12.569 y la prevención que mandan los artículos 1710, a y b, 1711 y concs. del Código Civil y Comercial, o aguardar la confirmación de los hechos con eventuales probanzas. En esa alternativa, lo que se impone es adoptar medidas que se han calificado de pre o sub-cautelares, pues en materia de protección contra la violencia familiar las que se adopten luego de la investigación, serán de índole cautelar (arg. art. 13 ley 12569).
Voto de los jueces, fundamentación de sentencias, voto mayoritario
Materia: PROCESAL
Carátula: Z., H. W. y Otra c/ F., G. B. y Otra s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-11

La función del juez que dirime está limitada no sólo por el contenido del recurso, sino aún más, a las concretas postulaciones de cada uno de los preopinantes, por ser el tercer votante, condicionado a una u otra para integrar la necesaria mayoría por la cual el órgano jurisdiccional se debe expedir.
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lucas, Francisco c/ Recchia, Domingo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente no hay agravios que atender en la Alzada.
Locación, obligaciones del locatario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CLUB DE CAZADORES LAS VARILLAS c/ DEOLINDO ACEVEDO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-10-20

En principio,los excesos por parte del locatario de los límites de su derecho usando y gozando de la cosa en detrimento del locador, no autorizan a éste para demandar la resolución del contrato, sino cuando sea de tal gravedad que hagan necesario,en opinión de los jueces, tal resolución extrema.

La expresión "según la circunstancia" empleada en el art. 1559 C Civil que también aparece en su fuente (art.1729 C. Civil Francés) ha sido uniformemente interpretada en el sentido de que ella acuerda a los Tribunales un poder discrecional,tanto más necesario cuanto que no media aquí un hecho simple como la falta de pago de dinero, sino que hay apreciación de hechos siempre complejos y variables en grado y cualidades.

Las facultades de las partes de acordar en el contrato el uso y goce que la cosa alquilada debe recibir, es convenido entre ellas por imperio del art. 1197 C. Civil.-
Facultades discrecionales, pena
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: COCIA ACEVEDO, JOSE MARIA s/ PENA - CAMARA DE JUICIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1958-10-11

El Tribunal obra en ejercicio de sus facultades discrecionales si respeta la escala establecida por la ley violada (C.P., art. 79) y fija la pena de diez años con arreglo a las circunstancias objetivas y subjetivas que él mismo aprecia libremente, conforme a los elementos probatorio reunidos.-
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Videla, Ramón Raúl y otros s/ Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-23

El recurso extraordinario de nulidad debe ser rechazado si, habiendo la Cámara considerado y resuelto la cuestión esencial -en el caso:

de la autoría responsable- respectiva, el reclamo se refiere a supuestos elementos de prueba particulares, eventualmente utilizables dentro del plexo probatorio que en cada caso invocó.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, denegatoria del recurso, deserción del recurso, gravamen irreparable, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asesoría Tutelar c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-28

Si bien no se desconoce que parte de la doctrina y jurisprudencia considera que así como es improcedente el recurso de apelación contra su denegación, también lo es contra la declaración de deserción del recurso, posición en la que sólo sería procedente la vía del artículo 250 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, este tribunal en sentido contrario entiende que el recurso de apelación articulado ha sido concedido por el señor juez de grado, atento a que la resolución que declara desierto un recurso de apelación, en cuanto ocasiona al recurrente un gravamen irreparable en los términos del artículo 219 inciso 3 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, es susceptible del remedio aludido -sin perjuicio de lo previsto por los artículos 212 y siguientes del mismo ordenamiento- pues lo contrario conduciría a que la efectividad de la apelación quedara sujeta al exclusivo criterio del magistrado de grado, privando al litigante de una segunda instancia que la ley le concede en la primera norma citada, en orden a corregir en la alzada un eventual error en el cumplimiento de los recaudos de la apelación intentada.

Por lo demás, en igual sentido al propuesto se ha señalado que la resolución del juez que declara desierto el recurso no equivale a la denegación, y por consiguiente no es susceptible de queja.
Cuestiones de competencia, división de poderes, interpretación de la ley, igualdad ante la ley, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VICENTE, ELVIRA RAQUEL c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

La ley 24.463 ha sido dictada por el Poder Legislativo Nacional, órgano estatal facultado a tal fin por la C.N., la cual prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, cuyo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la autoridad de aplicación del Sistema Unico de la Seguridad Social, y dentro de cuya jurisdicción opera como organismo descentralizado la A.N.Se.S., que en ejercicio de sus facultades específicas dictó, en el caso, una resolución que se adecua a la C.N. (art. 75, 76, 77 y concordantes), al Dec. 2284/91 (art. 116) y al Dec. 2741/91 (art. 1), y de tal modo, no se advierte de acuerdo al planteo, tal como se lo formula, violación al principio constitucional de igualdad de las partes en el proceso. (Del voto de la mayoría. Argumento de la Dra. Maffei. El Dr. Díaz votó en disidencia).
Estado Provincial, facultades del gobierno provincial, facultades tributarias provinciales, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Irizar, José Manuel c/ Misiones, Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Las facultades impositivas de las provincias para establecer tributos locales y todas las contribuciones que conduzcan al logro de su bienestar y desarrollo (arts. 121 y 122 de la Constitución Nacional) conllevan la elección de los objetos imponibles, la determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más conveniente y, en tanto no contraríen principios consagrados en la Ley Fundamental, pueden ser ejercidas en forma amplia y discrecional.
Rechazo de la demanda, funcionarios públicos, ofensas cometidas por medio de la prensa, daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: TAYLOR JORGE ANDINO ROBERTO c/ PUJANTE ALFREDO s/ D. Y P. X RESP. EXTRACONT. DE PART.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-27

Es, justamente, este contexto de escrutinio público de las grabaciones, y la calidad de funcionario público electo, el que determina el diferente umbral de protección que debe aplicarse en este caso; el actor al acceder a un cargo público, se expuso voluntariamente a un escrutinio más exigente, lo cual supone un mayor riesgo de sufrir afectaciones en sus derechos personalísimos, pues cuando se debaten públicamente temas de interés general, las restricciones a la libertad de expresión son llamadas a una interpretación restringida, sin lugar a dudas, esto debe conducir a un criterio estricto a la hora de ponderar los presupuestos de la responsabilidad civil. Y, en base a ello, la escasa actividad probatoria desplegada y el tenor de la declaración, a la que ha quedado circunscripta la fuente de responsabilidad que llega a conocimiento de esta Alzada, determinan que la demanda deba ser desestimada.
Jubilaciones, pensiones, afiliados previsionales, plazo, retiro voluntario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Herederos de Antonio Pablo De Diego s/ Recurso de Apelación contra Resolución N°1084-94 del ISSyS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-10-27

No se ha acreditado en la presente causa que el causante haya formalizado la opción del art.8 del Dec. Ley 1388, solicitando su afiliación expresamente, como tampoco que hubiere aceptado que se le practicaran los descuentos previsionales de ley, actitud susceptible de ser interpretada como admisión tácita de la afiliación. Por lo demás no encuentra apoyo en extremo probatorio alguno, el rechazo a la propuesta De Diego de efectuar aportes, alegado en el libelo recursivo como obstáculo opuesto a la satisfacción del requisito ausente.
Aduanas, acción penal, extinción de la acción penal, multa, pago de tributos, pago espontáneo
Materia: ADUANERO
Carátula: "Mercedes Benz Argentina SA (TF 13238-A) contra DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-07

Para alcanzar el pago voluntario mencionado en el art. 930 del Código Aduanero el efecto extintivo de la acción penal de la Aduana es necesario que sea la administración quien estime el presunto monto de la sanción que correspondería a los hechos imputados, obligando a su autor, sin posibilidad de discusión al respecto, ajustar su conducta a fin de obtener el beneficio previsto en el art. 931 del Código de la materia, lo que implica, a su turno, una economía administrativa al reducir el trámite de los sumarios.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: LUNA,  Claudia  Roxana  del Valle c/ VIAL CINCO S.A. s/ BENEFICIODE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-22

1- Quien afirma no poder afrontar los gastos del juicio, debe explicar claramente cuál es su situación económica, indicando fehacientemente sus ingresos o medios de subsistencia, ya que tales explicaciones resultan necesarias para valorar la veracidad de lo afirmado en orden a obtener la dispensa en el pago de la tasa judicial y eventualmente en las costas del pleito. 2- Tales peticiones dependen de la actividad probatoria de quien las requiere, la que puede ser fiscalizada y controvertida mediante el ofrecimiento de prueba por su oponente, por lo que no reviste el carácter de mera información sumaria en el cual el sentenciante se limita a aprobar los dichos de los testigos. Por el contrario, en procesos de esta naturaleza el magistrado resuelve según el mérito de la prueba aportada la que debe ser evaluada y considerar en su eficacia convictiva para arribar a la conclusión concesoria que, por sus consecuencias en el orden patrimonial de los intervinientes del pleito, requiere plena convicción en tal sentido.
Acción de amparo, competencia federal, designación de jueces, traslado de jueces, cámara federal de apelaciones, tribunal oral
Materia: PROCESAL
Carátula: Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/ E.N. - P.J.N. y otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-21

La Cámara de Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal actúa como tribunal de alzada de los Juzgados en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, es decir que se trata de una segunda instancia, revisora de la actuación de los juzgados de primera instancia durante la etapa de instrucción del proceso penal. En cambio, los Tribunales Orales en lo Criminal Federal actúan en instancia única llevando a cabo los juicios orales de delitos de competencia federal que tiene lugar una vez concluida dicha instrucción penal. En consecuencia, no sólo la tarea desempeñada por unos y por otros es esencialmente distinta, sino que además su función dentro del proceso penal difiere claramente tanto en cuanto a su naturaleza como al momento de su intervención.
Mala praxis, responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ortiz Amarilla, Mariela y Otros  c/ Hospital de la madre y el niño y/u otros  s/ Juicio Ordinario (Daños y Perjuicios) 6262
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2024-03-26

Cuando la responsabilidad del sanatorio o clínica está ligada al desempeño del acto médico propiamente dicho, habrá de responder por la culpa en que incurren sus dependientes. Es decir, la responsabilidad por los perjuicios sufridos por los pacientes existe siempre que medie responsabilidad profesional de los facultativos intervinientes. Por eso, debe determinarse si hubo o no mala praxis, ya que si no la hubo, tampoco puede haber responsabilidad del establecimiento en donde se cumplen las prestaciones.
Caducidad de instancia, incidente de caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Flores de Fernández Alicia L. y otros c/ Peñín Emeterio y Do Cobo Marcelo s/ Acción de Responsabilidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-13

Las partes tienen la carga de impulsar el trámite del juicio o sea de avanzar el proceso hasta el llamamiento de autos, vale decir hasta poner la causa en condiciones de ser fallada. Esa carga incumbe a la parte que interpuso la demanda, contrademandó, articuló el incidente o dedujo el recurso.
Medidas cautelares, aprehensión, coacción directa, facultades del fiscal, lectura de derechos, derechos y garantías constitucionales, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: W.O. s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-04

Cuando el Fiscal aplica la medida precautoria de aprehensión y da vista al Juez, no cumple con una obligación que es inexcusable a un funcionario judicial que tiene a su cargo la instrucción del procedimiento:cuando el infractor presunto estaba a su disposición, no cumplió con el deber de informarle, concreta y precisamente, cuáles eran los motivos de la aprehensión y los cargos que se le formulaban; aunque pueda llegar a creerse -equivocadamente- que para dicho conocimiento resultan suficientes las copias de las actas contravencionales, que no constituyen otra cosa que el medio por el cual se hace conocer la posible comisión de una contravención.

Mientras la autoridad preventora cumplió con la obligación que le asigna el artículo 37 de la Ley de Procedimiento Contravencional (intimación y notificación de derechos) el Fiscal no cumple con lo exigido por el artículo 22 de dicho cuerpo legal, por lo cual se ha incurrido en omisiones que vulneran las garantías que hacen a la inviolabilidad de la Defensa en juicio (arts. 18 CN y 13 CCBA) afectando de nulidad a los actos que ellas contienen, que por su carácter de absoluta no puede ser saneada a posteriori, ni aún con la intervención del Juez.