marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delito penal, tentativa, graduación de la pena, doctrina, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: S, M E s/ Pedido de formación de Tribunal Pleno - Libertad provisional  concedida (Expte.: NRO. 13 Año 2000) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-23

En la obra que comparte con Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, Zaffaroni sostiene que -en lo que refiere a la escala penal que corresponde aplicar a un delito en grado de tentativa-, la tesis más limitativa dentro de las que consideran que el tercio y la mitad deben entenderse referidos a los extremos de la escala abstracta de pena para el delito de que se trate, sería la que considerase que la pena debe ser un tercio del mínimo y la mitad del máximo o viceversa, pero la resistencia semántica de la expresión legal "se disminuirá de" no soporta el análisis de estas variables. Continúa señalando que, una variable dentro de la tesis del mínimo y máximo de la escala abstracta, y que sería más restrictiva de punibilidad, sería entender que la pena a imponer debe individualizarse entre un tercio del mínimo y la mitad del máximo o la mitad del mínimo y un tercio del máximo, pero se trata de un camino hermenéutico prohibido ya que excede la resistencia semántica del texto legal. (Del Voto del Dr. Suárez) En la causa, la cuestión a resolver es: ¿Cuál debe ser la exégesis correcta del art. 42 del Código Penal a efectos de establecer la escala aplicable por el delito conminado con pena temporal privativa de la libertad y en grado de tentativa?.
Juicio abreviado, acuerdo de juicio abreviado
Materia: PENAL
Carátula: Asis, Juan Manuel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-03

En la medida en que del contenido del acuerdo de juicio abreviado celebrado entre el Ministerio Público Fiscal y el imputado y su defensa, no surge mención alguna a la unificación de penas que dispusiera definitivamente el tribunal a quo, deberán remitirse nuevamente las actuaciones a fin de que la defensa pueda ejercer su derecho respecto de la unificación de condenas efectuada.
Sociedad anónima, intervención judicial, nombramiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: PAOLINELLI HORACIO ENRIQUE s/ MEDIDA CAUTELAR GENERICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-07-15

Procede designar un administrador judicial en la sociedad anonima cuando existe la necesidad actual y efectiva de remover el temor de un daño jurídico, siendo suficiente que resulte, prima facie, de los hechos acreditados.La intervencion judicial procede no solo cuando la sociedad se encuentra en peligro, sino también cuando lo estén los derechos de los socios. Con respecto al agotamiento de las vías internas, si bien la ley exige, a los fines de evitar la proliferación de pleitos de esta naturaleza, que se acredite haber agotado los recursos acordados por el contrato social, la jurisprudencia exime del cumplimiento de este requisito cuando la proporción que posean los peticionantes en el capital social tornase infructuosa la defensa de sus intereses.
Honorarios, recursos administrativos, costas, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAIDANA DE ACOSTA, MARIA ALICIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION.   ACLARATORIA.    CSJ EXPTE NRO 275-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-05-23

Los honorarios profesionales u otros gastos devengados en las actuaciones administrativas no integran las costas del recurso jurisdiccional, pues no derivan inmediatamente de este proceso, que comienza, justamente, cuando aquéllas se han cerrado.
Cheque, endoso, buena fe
Materia: COMERCIAL
Carátula: HIJOS DE JULIO IGLESIAS  S.C.A. c/ NADER, ALBERTO JOSE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

Aunque el adquirente de un cheque no debe investigar la exactitud de los endosos, ni consultar al librador y a los sucesivos endosantes, bastándole la verificación de las formalidades de los endosos, comete falta grave y no puede alegar buena fe cuando ha descuidado aquellas precauciones que toda persona con alguna experiencia en la vida de los negocios toma normalmente en el ejercicio de su actividad cuando recibe un documento de crédito o de pago.
Culpa, personas jurídicas, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: TELLO, JACINTO ROQUE c/ COLEGIO MEDICO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS II CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-08-20

La culpa como entidad jurídica se produce solamente a través de actos voluntarios, reputándose así los hechos con discernimiento, intención y libertad; elementos éstos que sólo se conjugan en la operatividad del ser humano. Pero, sirviéndose de esta premisa, llegar a negar que los procederes humanos puedan responsabilizar a las personas jurídicas con las que se vinculan, es seguir un camino falso y equívoco en la interpretación de la voluntad legal.
Entidades financieras, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: Spinosa, Francisco Antonio y otra c/ B.C.R.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

Sospecha por la lejanía o no de la entidad financiera y el domicilio del ahorrista.

No constituye por sí solo un elemento de sospecha que avale la supuesta complicidad entre el ahorrista y la entidad financiera el hecho que el actor opere con una entidad alejada de su domicilio particular y comercial.
Pago, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Castilla de Villagra, E. Alicia y otro c/ Chiesa, Marta Susana s/ Simulación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-09

El pago es un hecho y no un contrato y por ende la prueba es amplia, aunque el examen de los elementos probatorios debe ser efectuado con todo rigor en resguardo de la seguridad jurídica. Por ello, sólo podrá admitirse la efectividad del pago alegado, cuando exista plena convicción de la verdad del acto extintorio de la obligación.
Ejecución hipotecaria, acción autónoma de nulidad, cosa juzgada írrita, mediación, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: DORSO, Humberto c/ BANCO RIO DE LA PLATA s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-26

Entablada una demanda autónoma de revocatoria o nulidad de cosa juzgada írrita, si bien en principio podría apreciarse la posibilidad de que la puesta en marcha de la mediación carecería de eficacia, pues lo que se ataca es la sentencia y se la podría pensar como encaminada a dirimir el conflicto suscitado entre quien demanda y el juzgador que emitió el pronunciamiento, no puede soslayarse que la contrapartida del objeto litigioso es, ni más ni menos, que el derecho adquirido por la parte contraria, quien se hizo acreedora del beneficio que la cosa juzgada le otorga en el juicio en donde revistió como parte actora (en el caso, una ejecución hipotecaria), de donde puede entenderse que la demanda se encuentre dirigida contra ella, quien sí, entonces, habrá de ser convocada al procedimiento de mediación.-
Títulos de crédito, sanciones conminatorias
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARTÍNEZ, OSCAR. c/ LÓPEZ UGARTE, JOSÉ Y ANTONIO SANTIAGO PRIETO. s/ SANCIONES CONMINATORIAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-11-29

SI BIEN LA RESOLUCIÓN PRIMIGENIA -FIRME-, QUE IMPUSO LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIR LAS ACCIONES Y SUBSIDIARIAMENTE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 757 Y CC. DEL C. COM., PUEDE MERECER PONDERACIONES O CRÍTICAS, NO ES DABLE QUE CUANDO SE DETECTAN DIFICULTADES PARA EJECUTARLA, SE PROCURE EN EL INCIDENTE DE EJECUCIÓN, SUPERAR LAS FALENCIAS TARDÍAMENTE ORDENANDO -EN VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LA COSA JUZGADA- LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES CONMINATORIAS.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, vacunación, Ley de Vacunación Obligatoria
Materia: CIVIL
Carátula: Toloza, Maria Alejandra c/ Provincia de Santa Fe s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-10-10

El Estado Provincial debe reparar el daño padecido por quien contrajo encefalitis al aplicarse una vacuna impartida en una campaña de vacunación obligatoria si, teniendo pleno conocimiento de las estadísticas que indican que una persona en 1.000.000 podía tener efectos adversos severos, eligió vacunar asumiendo dicho riesgo para beneficiar al resto de la comunidad, pues ocasionó un daño con conocimiento de que iba a provocarlo, aunque ignorando a quién.
Eximentes de responsabilidad, caso fortuito, teoría de la imprevisión
Materia: CIVIL
Carátula: ALEGO CARLOS A. c/ FURLANETTO OSCAR Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-13

Para que un hecho constituya caso fortuito o fuerza mayor, justificativo del incumplimiento de una obligación, no basta que dificulte el cumplimiento de ésta, sino que es menester que lo impida.

Las circunstancias económicas financieras acaecidas en nuestro país en el primer semestre del año 1981 pueden invocarse para la aplicación de la teoría de la imprevisión consagrada en el art. 1198 del código civil, pero por su generalidad no puede constituir el "casus" o "vismaior" contemplados en el art. 513 de dicho cuerpo legal, cuando no se probó que impidiesen el cumplimiento del contrato, la edificación de un galpón, ni razonablemente pudieron impedirlo.
Contrato de trabajo, empleados de comercio, seguro de retiro, legitimación activa
Materia: LABORAL
Carátula: Mónaco,  Sandra  Edith c/ Servipetrol  S.A.  y otro s/ cobro deaportes o contribuciones.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-30

En caso de que la empleadora hubiese omitido el pago de sumas resultantes de la aplicación del 3,5% sobre los salarios percibidos destinados a un seguro de retiro de conformidad a lo establecido en el C.C.T. 130/75, la actora carece de acción directa para solicitar el reintegro de los aportes que no fueran efectuados por sus ex empleadores. Dichos aportes, deberían ser abonados a la Federación Argentina de Empleados de Comercio, quien a su vez, debería imputarlos al pago del seguro contratado con la empresa aseguradora. De ello se desprende que, la legitimada a entablar el reclamo, sería la entidad gremial habilitada al efecto.
Marcas, vocablo de uso común, oposición al registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: DELIBRA  SA c/ LABORATORIOS PHOENIX SAIC s/ cese de oposición alregistro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-27

Los signos mentados dan cuenta del uso común de "ELAST" en ellos, lo cual no permite inferir que la accionada carezca de todo derecho a oponerse al pedido de registro de Delibra S.A. basándose en las semejanzas ya examinadas. Tampoco favorece la posición del impugnante la distinta finalidad terapéutica de los productos -"sustituto temporal de la piel a base de glicerina" para ELASTOSKIN y "tratamiento de patologías inherentes al metabolismo óseo" para "ELASTERIN", ya que ambas están incluidas en la misma clase (5), y es ese renglón del nomenclador el que delimita el ejercicio del ius prohibendi del titular (Bertone, L.-Cabanellas de las Cuevas, G. "Derecho de marcas"; Editorial Heliasta, 2003, tomo 2, pág. 251).
Daños y perjuicios, ofrecimiento de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Luques, Teresa Sofía c/ Canezza, Rosa Estela y otro s/ ordinario daños y perjuicios (- tpro: ordinario daños y perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-23

El art. 464 del CPCC acuerda a las partes en oportunidad de corrérsele traslado del ofrecimiento de la prueba pericial, la posibilidad de manifestar el desinterés en su producción, lo que eximirá de cubrir los costos que la misma genere en caso de no ser la referida prueba necesaria para la resolución del conflicto.
Buena fe, principios procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: I., M. I. y otro c/ Instituto Autárquico de Colonización de la Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-03-15

Ni el individuo que acude al proceso para solucionar su conflicto ni el abogado que planifica la estrategia, se pueden mostrar desinteresados de esas notas que vienen a ser constitutivas de una regla de convivencia; porque la buena fe procesal destaca el íntimo parentesco que existe entre la moral y el derecho. ".El principio general de la buena fe, cuando se aplica al litigio tiene un matiz que lo diferencia, sobre todo, en el aspecto vinculado a la confianza, quizás porque en el proceso surge puntualmente lo contrario, o sea la desconfianza. Por ello juega, en el orden de las relaciones humanas, como el elemento esperado en otra persona, es decir, su conducta leal, honesta y estimada. Si la parte incurre en comportamientos desleales, el fundamento moral corre el riesgo de perderse, sino cuenta con elementos coactivos que lo impongan. En este juego dialéctico entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo moralmente exigible y lo socialmente repudiable, existe una franja muy extensa de situaciones híbridas que sólo el juez puede ponderar y calificar según su ciencia y conciencia existe un principio ínsito en todo el proceso civil que pone a la verdad como apoyo y sustento de la justicia, hacia la cual apunta normalmente el derecho. Donde los poderes instructorios y ordenatorios del juez se abundan en consideraciones que lo erigen en el verdadero director del proceso. En esta perspectiva, es dable advertir que la realización de la justicia a través de los mentados principios de lealtad, probidad y buena fe, no pretende llevar al irrealismo absurdo de declarar contra sí mismo o del aporte de material probatorio inconveniente para los propios intereses del contradictor; sino en entender al proceso como un medio de alcanzar la justicia, esclareciendo los hechos que se encuentren controvertidos, sin que la capacidad de defensa se vea exacerbada por la manifestación elocuente de una habilidad deshonesta. Este principio moralizador pretende que el proceso se lleve a cabo en una lucha correspondida con la lealtad, que supone ponderar el valor jurídico de la cooperación.
Aportes previsionales, aportes de trabajadores autónomos, servicios simultáneos, directores de SA, personal jerárquico
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CENTENO, CELESTINO c/ A.F.I.P. - D.G.I.". s/ IMPUGNACION DE DEUDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-13

Sobre el tema de la categorización de autónomos en el desempeño de actividades simultáneas de conducción, dirección y administración en diversas empresas, el Tribunal se ha pronunciado en reiteradas oportunidades (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 14.02.01, "Cairoli de Ramírez Rojas, Graciela"; sent. del 31.05.02, "Cohn, León"; sent. del 22.04.02, "Lindel, Federico", entre otras), donde se sostuvo que corresponde aportar por una actividad, y no realizar -como sostiene el organismo-, una sumatoria de las categorías de autónomos.
Duración del proceso, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, sentencia definitiva, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Williams Jurado, Eduardo s/ infr. art(s). 149 bis, amenazas -CP- (p/L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-12

Aunque la defensa alega la supuesta afectación de la garantía del plazo razonable de duración del proceso, lo cierto es que no ha logrado explicar apropiadamente la relación existente entre esa invocación y lo resuelto en autos, pues el hecho de que no se haya dado entidad a su pretensión para que este proceso fuera archivado no permite determinar per se que aquí se encuentra involucrada la garantía que invoca el quejoso y tampoco autoriza a presumir que, hasta que en autos se dicte una sentencia definitiva, vaya a transcurrir un lapso tan prolongado que en sí mismo tenga la aptitud para causarle al involucrado un perjuicio que no admita reparación ulterior. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Seguros, empleados de seguros, indemnización por despido, base indemnizatoria del despido
Materia: LABORAL
Carátula: UCHA, ALICIA c/ CALEDONIA ARGENTINA CIA. DE SEGUROS S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

Ni la ley 12637 ni el decreto 12366/45 establecían que a los fines del cálculo de la indemnización por despido debía tenerse en cuenta el tiempo trabajado en otra compañía de seguros, sino que dicho tiempo sólo era tenido en cuenta a los fines salariales, por lo que a dichos extremos debe considerarse la aplicación del art. 6 de la ley 22425.
Ejecución hipotecaria, subasta, compra en comisión, boleto de compraventa, cesión de boleto
Materia: CIVIL
Carátula: KAUFMAN, Patricio Octavio c/ SÁNCHEZ,  Lidia Alicia María delRosario s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

1- En las ejecuciones hipotecarias la prohibición de la compra en comisión en subastas (art. 79, inc. 7 de la ley 24.441) no puede extenderse a supuestos no contemplados, porque la capacidad para otorgar actos jurídicos es la regla y ningún habitante de la Nación se halla privado de hacer aquello que la ley no prohíbe (art. 19 de la Constitución Nacional).

2- De tal manera, no es un negocio en fraude a la ley el que realizó el adquirente en subasta pública al ceder el boleto de compraventa a su hijo, si aquél se efectuó catorce días después de realizada cuando el juzgado tuvo al comprador como adquirente definitivo y sin que se hubiera tomado posesión del bien.

(Sumario N° 17420 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°13/2007).
Medidas cautelares, suspensión del acto administrativo, cesantía, recurso de inconstitucionalidad, incidentes
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Pietranera, Lucía c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Pietranera, Lucía c/ GCBA s/ incidente de medida cautelar - recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (art.464 y 465 CAyT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

La invocación de agravios constitucionales y convencionales, así como la tacha de arbitrariedad de la sentencia que formula la actora no son suficientes para superar la ausencia de, en el caso, del recaudo de sentencia definitiva o equiparable a tal pues, como lo sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "(l)a invocación de arbitrariedad o de desconocimiento de garantías constitucionales no autoriza a prescindir de la existencia de pronunciamiento definitivo" (doctrina de Fallos 304:749,1717; 306:1679, 312:311, entre otros; aplicable mutatis mutandis al recurso de inconstitucionalidad local). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Procedimiento administrativo, acto administrativo, orden público
Materia: PROCESAL ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA, DORA YOLANDA c/ I.P.S.A.S. Y PROVINCIA DE SAN JUAN s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-22

En nuestra legislación provincial el control jurisdiccional de los actos administrativos esta condicionado al cumplimiento de términos.

En razón de ser el proceso contencioso administrativo de orden público los términos son improrrogables y perentorios, siempre hay un interés público en cuestión pues mediante sus actos el poder administrador gestiona y realiza el interés público, y ese interés esta frente al interés privado del recurrente, también los términos se establecen en consideración a la estabilidad de los actos administrativos y a la certeza de las situaciones de la administración publica.
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Pessolani, Juan José Pedro c/ Superior Gobierno de Entre Ríos s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-07-11

Sabido es que, en este procedimiento, cuando se deduce la excepción de falsedad a la inhabilidad de título, no es posible entrar a discutir la legitimidad de la causa de la obligación, ya que, en ambos supuestos, la solución contraria implicaría desvirtuar la naturaleza sumaria del juicio ejecutivo y supeditar la pretensión que constituye objeto de éste a contingencias probatorias que deben ser materia del proceso de conocimiento posterior.
Violación, abuso sexual calificado por acceso carnal, ley penal
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ RICARDO DARIO S.D. ABUSO SEXUAL E.P. TORRES MARIA PAULINA s/ RECURSO DE APELACION LOTO ANDRES OMAR S.D ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD EN CONCURSO REAL E.P ROCHA MICAELA MILAGROS (M). s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-18|2008-04-07

El acceso carnal violento como ofensa al bien jurídico protegido por el párrafo tercero del Art. 119, derecho de las personas a un consciente y voluntario trato sexual, debe tener el contenido de una forzada conjunción sexual propiamente hablando y no de una forma impropia como mera manifestación de lujuria, debiendo realizarse por vías idóneas para realizar el coito: la vaginal, con que lleva el peligro adicional de contaminación de la prole, y la rectal porque así lo ha impuesto la estructura de tipo legal de la violación desde nuestros más remotos antecedentes vernáculos; y no por la boca, pues estos actos lujuriosos, si bien tienen contenido sexual y han sido incorporados por el ser humano al listado de relaciones sexuales abnormes, lo fueron por su avidez de encontrar nuevos placeres y sensaciones, pero per se, no le confiere a la boca el carácter de vaso receptor apto para la realización del coito.

Esta indebida extensión podría también hacerse respecto de otros orificios naturales de la persona y con el mismo criterio hacerse también respecto del elemento que penetra, para llegar al extremo y no recomendable conclusión de los dedos y la lengua, que pertenecen a las personas, y que también son de carne, son aptos para realizar el acceso carnal, tesis que aunque no prosperó ya fue sostenida en alguno de los proyectos presentados en la Cámara de Diputados.

Lo dicho no implica negar que otra sería la situación si al estructurar el tipo, la ley hubiera mencionado expresamente la penetración bucal, o esa conclusión surgiera de una interpretación auténtica contextual o posterior.
Cuestiones de competencia, fuero de atracción, sucesiones
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Beretta, Luis José s/ declaratoria de herederos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-18

El fuero de atracción en materia sucesoria encuentra su sustento en el art. 3284 del Código Civil, y se fundamenta en la necesidad de concentración ante el mismo magistrado que entiende en el principal de todos los juicios seguidos contra el causante.