marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Libertad de contratar, libertad de comercio e industria, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: EN - Procuración del Tesoro Nacional c/ (nulidad del laudo del 20-111-09) s/ recurso directo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-06

El derecho argentino tutela tanto la libertad de contratar, que es un aspecto de la autonomía personal, como la de configurar el contenido del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer industria lícita. Esta formulación es consistente con la clásica jurisprudencia de esta Corte, canónicamente enunciada en el precedente "Bourdieu", según la cual el artículo 17 de la Constitución Nacional protege "todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad" y que "(t)odo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos) integra el concepto constitucional de "propiedad".

Fuente del sumario: SAIJ
Recurso de casación, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, pautas
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: SOTO FRANCISCO c/ EMPRESA CIA. DE PERFORACIONES RIO COLORADO  S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-12-14

Las pautas valoradas en la causa -determinación de la remuneración base- pertenecen al ámbito de conocimiento y juzgamiento de los jueces de grado y quedan ubicadas en el espacio de la razonable discreción de éstos, cuyas normas tutelares no imponen una versión reglamentaria única y obligatoria; esto es, se encuentran reservadas a los magistrados y al ajustado arbitrio de los mismos, integran la absoluta libertad de valoración y varían según las circunstancias causídicas que resultan determinantes.
Sistema de gobierno, estado de derecho, democracia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ponce,  Carlos  Alberto c/ San  Luis,  Provincia  de s/ acción declarativa de certeza.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

El escrutinio judicial de los procedimientos resulta esencial para robustecer las prácticas democráticas. El cumplimiento de los principios que constituyen el núcleo del Estado de Derecho es lo que orienta a una sociedad hacia una expresión madura y plural, mientras que su apartamiento condena al futuro a repetir un pasado que se desea mejorar (Voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Competencia por conexidad, prescripción adquisitiva, escrituración
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: STRINGARO DE MAZZEO, Gloria c/ TARABUSI, Rinaldo A. s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-26

Si se inicia una demanda sobre prescripción adquisitiva en relación a un inmueble respecto del cual se tramita un juicio de escrituración se impone la radicación de las causas ante un mismo juzgado, a fin de aventar el riesgo de pronunciamientos contradictorios.
Responsabilidad médica, culpa civil, apreciación de la culpa, carga de la prueba, obligaciones del médico
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ, GUILLERMO c/ TROMBETTA, ROBERTO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-05

En función de lo dispuesto en el art. 902 del Código Civil, cuando está en juego la vida de una persona, el descuido o la negligencia más leves adquieren una dimensión especial que les confiere una singular gravedad. No hay posibilidad de aceptar culpas "pequeñas", por lo que cabe ser estricto en la apreciación de la culpa que se atribuye al médico.

En materia de responsabilidad médica cualquiera fuere la fuente de la obligación que pesa sobre el médico, contractual o aquiliana, nunca el facultativo puede prometer la conservación de la vida del paciente ni la extirpación de la dolencia, sino que debe tratar de hacerlo, aplicando técnicas y métodos científicamente correctos y poniendo la mayor diligencia en el ejercicio de su ministerio.

Este criterio no puede ser objeto de discusión siempre que el médico, en el ejercicio de su arte de curar, se ajuste a los principios científicos, a los métodos más adecuados y a los cuidados propios de la naturaleza de la dolencia que ha requerido su intervención. Su responsabilidad surgiría, plena y categóricamente, si la falta cometida deriva de la inobservancia de las reglas de prudencia y atención o es producto de un grueso error científico.

La jurisprudencia se ha orientado a exigir del médico la observancia de los principios técnicos de su disciplina y el mayor celo profesional en la atención del enfermo. Se trata de la razonable diligencia que es dable requerir a todo ser humano a quien se le confían delicados intereses de terceros, los más preciados como son la vida y la salud, de ahí que la falta de éxito en la prestación del servicio no significa necesariamente obligación de resarcir al damnificado, ni el error de diagnóstico, por sí sólo, basta para generar responsabilidad, si no existe culpa o negligencia.

Para determinar la imputabilidad del médico, hay que atenerse a las previsiones del art. 512 del Código Civil que enuncia el concepto de culpa y contiene las pautas fundamentales para su valoración. Pero esa norma debe, a su vez, interpretarse armónicamente con el art.

902 del Código citado al disponer que "cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas , mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos". Y no puede ser de otro modo porque es difícil concebir un supuesto en que sea mayor el "deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas" que en el caso de los médicos. En sus manos queda no sólo la salud sino incluso, en determinadas circunstancias la vida misma de sus pacientes.

La culpa en que pudiera haber incurrido el médico en el cumplimiento de su obligación, debe ser demostrada por quien la alega y cada caso ha de exigir a los jueces un examen particular.
Procedimiento laboral, demanda laboral, traslado, notificación, domicilio real
Materia: PROCESAL
Carátula: CACERES LOPEZ, ANTONIO c/ GARBOWSKY, LADISLAO Y OTROS s/ LEY 17258
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-31

Si bien la notificación del traslado de demanda debe efectuarse en el domicilio real (artículo 32 de la ley 18345), el artículo 169 del código procesal civil y comercial, receptando el principio de trascendencia de la nulidad, quita virtualidad a ese planteo cuando el acto, no obstante su irregularidad, logra la finalidad a que estaba destinado.
Contrato de trabajo, empleo público
Materia: LABORAL
Carátula: CAMERE, LAURA I. c/ ESTADO  NACIONAL  (EJERCITO  ARGENTINO  -  ESTADO  MAYOR  GENERAL DEL EJERCITO ICIA) s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

Los abusos que a veces se cometen en la Administración Pública con los contratados no debe remediarse desde el Derecho del Trabajo, que se aplica a los particulares, en tanto la relación habida con aquéllos es de empleo público, lo que torna aplicable la rama jurídica específica (el derecho administrativo) y la competencia contencioso administrativa para los eventuales reclamos. (Conforme S.V. sentencia número 34766 del 28 de marzo de 1985, 'Ruiz Ramón c/ Banco Nación Argentino'). El mero hecho de que el contratante sea un ente descentralizado no significa que el vínculo que se crea al incorporar personal no sea de empleo público, tanto más si la empleadora (en el caso: Ejército Argentino - Estado Mayor General del Ejército) no es una empresa del estado.
Fiscales, excusación, carácter taxativo
Materia: PENAL
Carátula: TRAMONTIN, GRACIELA VIOLETA s/ DESOBEDIENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-25

No corresponde hacer lugar a la inhibición planteada por el Sr.

Agente Fiscal por cuanto no existe constancia de que actuando como Juez suplente en la misma causa, haya dictado en su momento auto de procesamiento, por lo que no es de aplicación el artículo 51 inciso 1º del Código Procesal Penal. Las causas de inhibición enumeradas en la norma citada son taxativas y de lo actuado por el inhibido, no surge que haya dictado una decisión que signifique prejuzgar en este proceso.
Recurso contencioso administrativo, oportunidad procesal, demanda, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Buasso, María Adalgisa c/ Provincia de Santa Fe s/ Medida cautelar autónoma (Expte. CSJ Nº 3-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-03-18

Aunque se interpretara que el artículo 14 de la ley 11330 -especialmente en su confrontación con el artículo 29 de la derogada ley 4106 (que exigía que el pedido de suspensión se formulase "en el escrito de demanda")- admite la posibilidad de solicitar una medida cautelar con anterioridad a que la instancia contencioso administrativa esté habilitada para el conocimiento y decisión de la pretensión anulatoria, es claro que, en tal hipótesis, la solicitud respectiva debería someterse a mayores exigencias probatorias;

concretamente, respecto de por qué excepcional razón, en las circunstancias del caso, el tránsito por la vía administrativa previa, produciría un perjuicio tal que justifique apartarse de los principios que se extraen de las normas y criterios jurisprudenciales anteriormente expresados.
Juicio correccional, homicidio culposo, condena de efectivo cumplimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gutiérrez, Mario Martín s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor M. Pinto en contra de Sentencia Nº 80/12, de Expte. Nº 001/07 - Gutiérrez, Mario Martín - Homicidio Culposo - Santa María
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-02-28

El Juzgado Correccional aplicó al imputado por homicidio culposo una pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, y una inhabilitación especial de ocho años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores (arts. 84 segundo párrafo, segundo supuesto; 45, 40, 41 y cctes. del CP y arts. 407, 409 apartado tercero y correlativos del CPP).

Contra el decisorio aludido, comparece el de asistente técnico del imputado G. e interpone recurso de casación.

La pretensión recursiva se dirige a cuestionar la errónea aplicación de las normas previstas en los arts. 40 y 41 C.P. para individualizar judicialmente la pena (art. 454 inc. 3º C.P.P.).

La crítica expuesta en orden a la fundamentación omisiva de circunstancias favorables al imputado no evidencia que el Tribunal de mérito haya ejercido la facultad discrecional de fijar la pena de manera arbitraria.

Téngase presente que si el juzgador partió de un mínimo de dos años de prisión (art. 84, párrafo segundo del C.P.), efectivamente consideró las circunstancias atenuantes -su corta edad, la carencia de antecedentes y el informe socio ambiental-, caso contrario, hubiese impuesto a G. un monto de pena más elevado, no obstante ello, y en atención a la cantidad de agravantes analizadas, le aplicó la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo con más ocho años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores de cualquier tipo.

Por ello corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.
Recurso extraordinario federal, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Asesoría Tutelar n° 3 CAyT (Res n° 5206/08) c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido, expte. nº 13141/16,
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-15

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal si la invocación de derechos y garantías constitucionales por el recurrente -arts. 18 y 75, inc. 22 de la CN- no ha sido debidamente conectada con lo resuelto en autos; la sola mención de preceptos constitucionales no basta para abrir la vía extraordinaria, ya que la relación directa que la ley exige existe sólo cuando la solución de la causa requiere necesariamente la interpretación del precepto aducido. De otro modo, la jurisdicción de la Corte Suprema sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional. (Del voto en disidencia de la jueza Ana María Conde).
Usurpación de inmueble, sujeto pasivo
Materia: PENAL
Carátula: MENDEZ, ROBERTO s/ USURPACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

Sujeto pasivo del delito de usurpación, no es solo quien ejerza de un modo actual y efectivo la posesión o tenencia, pues el verbo "despojar" está tomado como sinónimo de desposesión, y no necesariamente ampara a quien realmente posea el inmueble, por cuyo motivo debe confirmarse la resolución que decreta la prisión preventiva del imputado.
Competencia desleal, sanciones coercitivas, paseos públicos
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Bara, Sakho s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-11

La virtualidad que la ley otorga a la inexistencia de competencia desleal con los comercios supone eximir de la sanción en la medida en que lo que permanece afectado no es ya interés de un particular -el comerciante- sino el de la sociedad en el uso del espacio público, interpretación que, a diferencia de la que ve en el último párrafo del art. 83 del CC una causal de exclusión de la antijuridicidad, mantiene el castigo para quien esté, eventualmente, detrás de quien vende para su subsistencia. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Contrabando, control aduanero, declaración inexacta de mercaderías, infracciones aduaneras
Materia: PENAL-PROCESAL-ADUANERO
Carátula: PASSARELLA, DANIEL ALBERTO s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-16

1 - Si al momento de documentarse la importación de una embarcación se habría declarado ante el servicio aduanero, un valor de compra menor del que realmente se habría abonado, y se habría acompañado documentación que sería falsa, con la finalidad de lograr un tratamiento fiscal más favorable, esta declaración ante el servico de aduanas de un valor inferior al realmente abonado a la empresa norteamericana constituye una de las acciones típicas del art. 864 inc. b) del CA.- 2 - El hecho de que el servicio aduanero haya autorizado la salida a plaza de la embarcación no implica como consecuencia necesaria la falta de diligencia del ente controlador; por el contrario, únicamente resulta informativo de la idoneidad del ardid utilizado.- 3 - Cabe diferenciar al delito de contrabando de la conducta infraccional prevista por el art. 954 del CA por el cual no se sanciona más que una "simple mentira", que se caracteriza por carecer de entidad objetiva suficiente para reconocerla como causa de error que determina la disposición perjudicial de la víctima. Así, en el contrabando, la mentira deja de ser simple cuando se la acompaña de maniobras engañosas capaces de impedir o dificultar el control aduanero (CF. Reg. 244/1997).
Convenios con las provincias, formación y sanción de la ley, leyes, hechos nuevos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Maas Hilda María c/ Provincia de Río Negro (CPE) s/ Contencioso administrativo s/ Inaplic. de ley Arévalo Silvina D. c/ Provincia de Río Negro (CPE) s/ Contencioso administrativo s/ Inaplic. de ley Miglierini Hilda Aurora c/ Provincia de Río Negro (CPE) s/ Contencioso administrativo s/ Inaplic. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-09-19|2000-09-19|2000-09-19

En el concepto de la doctrina que se mencionó, la ley 3361 no aparece como un acto de esencia intrínsecamente legislativa. Bien pudiera entenderse que dicha ley importa -en lo que atañe al punto que debe aquí decidirse- un modo de expresión de aquella voluntad de convenir; sin que el objeto o asunto sobre el que recae dicha manifestación (el convenio o acuerdo suscripto) deje de apreciarse como una situación fáctica sobreviniente. De tal modo que lo medularmente trascendente, en los términos del planteo analizado y a los fines de la aceptación o no del mismo, son los términos del anexo II. del "Convenio Complementario de Asistencia Financiera"; respecto del cual el acto ratificatorio del Legislativo tiene el efecto de perfeccionar la convención, con arreglo a las exigencias del derecho público local. El cauce natural a través del cual el Legislador expresa esa voluntad de aprobación, en estas hipótesis, es el dictado de una ley.
Libertad condicional, declaración de reincidencia, readaptación del condenado
Materia: PENAL
Carátula: S., J.E. - ejecución de pena c/  s/ impugnación extraordinaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-25

La declaración de reincidencia no puede ser el único fundamento para denegar la libertad condicional, porque ello resultaría incompatible con los principios de resocialización y progresividad que orientan el régimen de ejecución penal, delineado a nivel convencional, constitucional y legal
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, prueba, pericia médica, seguros
Materia: PROCESAL
Carátula: Fiorotto,   Plácido  Abel c/ Generalli  Argentina  Compañía  deSeguros de Vida S.A. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-02

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda por cobro de un seguro si, no obstante reconocer que la información médica producida por las partes resultaba contradictoria e insuficiente, descalificó y se apartó sin fundamento y de modo dogmático de la única prueba obrante en la causa -la pericia médica-, que a los efectos de la solución ajustada de la litis, era además de necesaria, relevante (Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Acción de amparo, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: D. A. A. , M. c/Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia del Chubut s/acción de amparo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-08-28

La amparista debe demostrar mínimamente la concurrencia en la especie -con precisión técnica suficiente- de los presupuestos necesarios del amparo: existencia de acto lesivo que, en forma actual o inminente, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, produzca restricción, alteración, amenaza o lesión de derechos tutelados constitucionalmente.
Daños y perjuicios, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castro de Diz, Norberta H. c/ Gomez, Oscar S. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

Cuando del juicio resulta que uno de los partícipes en el accidente no fue responsable por el hecho dañoso, pero tuvo parte en él, la víctima que como tal fue ajena en cuanto a culpa en este suceso, no debe soportar las costas del rechazo de la demanda deducida contra ese partícipe, ya que al promoverla no podía saber quien sería declarado responsable y ello en verdad sólo se sabría con certeza luego de pronunciarse la sentencia. Esto lleva a su vez a que el codemandado, finalmente exento de responsabilidad, tampoco deba responder por las costas relacionadas con su intervención, a la postre exitosa, y la conclusión ha de ser, entonces, que quien debe pagar las costas es el declarado responsable, lo cual resulta de toda justicia, pues es, según ello, quien dio motivo para promover la acción y a la citación de los demás, no siendo éstos vencidos frente a nadie (art. 68 C.P.C.C.), lo que indica también la imposibilidad de hacerle soportar las costas al codemandado ganador, aunque más no sea las causadas por su propia defensa.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, diligencias preliminares, prueba anticipada, pericia mecánica, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Castrillo, Carlos Vicente c/ Ruata, Marcelo Andres s/ diligencia preliminar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Procede admitir la producción anticipada de la prueba pericial mecánica solicitada por el actor, en el marco de esta acción por supuestos daños y perjuicios sufridos a raíz de una invocada intervención defraudatoria del demandado en la reparación de un vehículo. Ello, dado que el apelante tiene un legítimo interés en tal adelanto: la conservación del automotor en el estado en que se encuentra actualmente -según denuncia del accionante-, le impide hacer uso del mismo, así como efectuar las reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento o, eventualmente, venta. Cualquiera de esas acciones imposibilitarían la realización de una futura pericia (v. CSJN "Broucher, Jean Benoit y otra c/ Ford Motors Argentina SA y otros s/ prueba anticipada", del 20/11/07; en sentido similar, CNCom, Sala D, "Griess, Fernando", del 19/6/92; íd. Sala C, "Fulchi, Gustavo c/ Sudamericana Cia. de Seguros", del 20/4/95, con cita de Alsina, "Tratado de Derecho Civil y Comercial", T. III, pag. 21 y Podetti, "Tratado de las Medidas Cautelares", pág. 316). Se compatibiliza, así, la posibilidad de determinar el estado del automotor y conservar elementos de juicio necesarios en una etapa posterior, con la necesidad del actor de poder efectuar los arreglos que demande poner nuevamente en funcionamiento el automotor. Además, no se advierte que del cumplimiento de la medida pudiera derivarse perjuicio alguno al contrario.
Competencia federal, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, privación ilegal de la libertad, Fuerzas Armadas, Ejército, Gendarmería Nacional
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Denuncia  formulada por la Comisión Provincial de Derechos Humanos de la Prov. de La Rioja s/ Denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-01-16

Corresponde a la justicia federal entender en la presunta privación ilegal de la libertad que genéricamente se imputa a personal del Ejército Argentino, habiendo estado la denunciante alojada en un lugar sujeto a control de la Gendarmería Nacional, pues el hecho podría ser de los que afectan o corrompen el buen servicio de los empleados de la Nación.
Asociaciones sindicales, representación sindical, interrupción de la prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: AVILA, RODOLFO Y OTROS c/ AVAN  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-14

Durante la vigencia del art. 36 inc. d de la ley 22105 la actividad del sindicato tiene validez en representación del trabajador únicamente si cuenta con poder de ésta, y los reclamos efectuados por el sindicato carecen de relevancia para interrumpir o suspender la prescripción.