Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-10


///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los diez	días del mes de agosto de dos mil once, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. DANIEL OMAR CARUBIA y los Vocales Dres. CLAUDIA MONICA MIZAWAK y CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ, asistidos por el Dr. Rubén A. Chaia fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "ALIANO, Alicia Esther c/SGPER y otro S/ ACCION DE AMPARO".- Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. Chiara Díaz, Mizawak y Carubia.- Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTION: ¿Existe nulidad? SEGUNDA CUESTION: ¿Qué cabe resolver? A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. CHIARA DIAZ DIJO:

Conforme a lo establecido en los arts. 16º y 31º de la Ley de Procedimientos Constitucionales (Ley Nº 8369), el recurso de apelación interpuesto en un proceso de amparo, de ejecución y/o de prohibición conlleva el de nulidad y, en su virtud, el tribunal ad-quem deberá avocarse al examen de todo lo actuado con la finalidad de constatar, subsanar o, en su caso, eliminar los vicios invalidantes que se verifiquen.

La parte recurrente apelante no hizo mérito de la presencia de ellos con interés de conseguir concretamente su nulificación en la presente instancia, en tanto el Ministerio Público Fiscal se expidió expresamente por su negativa (cfr. fs. 65, 2do párrafo).- Finalmente, practicado por el Tribunal el examen ex-officio de lo actuado, no se verifica la presencia de irregularidades que por su entidad y magnitud revistan idoneidad suficiente para justificar una declaración nulificante en esta instancia y, en razón de ello, es menester brindar una respuesta negativa al planteo formulado en esta primer cuestión.- Así voto.- A la misma cuestión propuesta la Sra. Vocal Dra. MIZAWAK expresa su adhesión al voto del Dr. CHIARA DIAZ.- A su turno el Señor Vocal Dr. CARUBIA manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. CHIARA DIAZ DIJO:

I.- Contra la sentencia dictada por la Sra. Juez de Feria de Paraná, Dra. María Gabriela Tepsich (fs. 39/41), que desestimó la acción de amparo promovida por Alicia Esther Aliano, contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos y el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, interpuso la parte actora recurso de apelación ( fs. 45).- II.- La accionante (fs.14/9vta.), por intermedio de su representante legal el Dr. Mariano Hoffman, promovió el 08/07/11 formal acción de amparo contra el Estado Provincial y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos a los fines de que procedan a abonar a la actora los montos correspondientes al adicional remunerativo y bonificable dispuesto por el art. 4º del decreto Provincial Nº 751/11, desde la entrada en vigencia del mismo y hasta la fecha.- Basó su reclamo en las previsiones del Decreto mencionado en cuanto estableció un adicional de carácter remunerativo bonificable para los Directivos de Nivel Secundario de Escalafón Docente, en atención a que la amparista accedió a la pasividad en un cargo de tales características .- III.- Tanto la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos (fs.29/31) como el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos (fs.35/7 vta.), contestaron la demanda, solicitando que sea declarada inadmisible la acción incoada.- IV.- Concedido el recurso de apelación incoado (fs. 47/vta.), ambas partes hicieron uso del derecho acordado por el art. 16 de la Ley Nº 8.369 de presentar memoriales en la Alzada.- V.- El Señor Fiscal Adjunto de la Procuración General de la Provincia, Dr. Jorge E. Beades (fs. 65/6vta.), analizó la cuestión planteada, el pronunciamiento recurrido y el derecho aplicable, propiciando que se rechace el recurso deducido.- VI.- Reseñados brevemente en los parágrafos precedentes las posturas de las partes y del Ministerio Público Fiscal frente al objeto litigioso, es posible ingresar al tratamiento del mismo, teniendo presente que el recurso de apelación en los procesos de amparo, de ejecución o de prohibición otorga al Tribunal ad-quem la plena jurisdicción, colocándolo en la misma posición del juez a-quo (cfme.: S.T.J.E.R., Sala Penal, in rebus "PITTAVINO", sent. del 12/07/88 L.A.S. 1987/88, fs. 112; "STURZ", sent. del 30/6/89, L.A.S. 1989, fs. 234; "PITTALUGA de MAGGIONI", sent. del 9/11/89, L.A.S. 1989, fs. 459; "MEDRANO", sent. del 27/2/90, L.S. 1990, fs. 12; "FARMACIA LIBERTAD" S.C.S.", sent. del 19/3/90, L.S. 1990, fs. 44; "YESSI", sent. del 23/3/90, L.S. 1990, fs.59; "SCHIMPF", sent. del 28/12/92; "BARCOS de FERRO", sent. del 19/2/93, "VILLEMUR", sent. del 7/4/93; "DIAZ VELEZ", sent. del 2/6/93; "FASSIO", sent. del 11/4/94, L.S.Amp. 1994, fs. 153; "RODRIGUEZ SIGNES", sent. del 3/5/94, L.S.Amp. 1994, fs. 158; "BUSSI", sent. del 17/5/94, L.S.Amp. 1994, fs. 172; "MUÑOZ", sent. del 14/7/94, L.S.Amp. 1994, fs. 208; "TEPSICH", sent. del 5/9/94, L.S.Amp. 1994, fs. 256; y "CAINO de CELLI", sent. del 23/3/95; entre muchos otros).- Así perfilada la cuestión a resolver con la plenitud de la jurisdicción para juzgar la totalidad de los hechos y el derecho acerca de la misma, cabe entonces ingresar al thema decidendi.- Dentro de este contexto, cabe advertir que de acuerdo a lo manifestado en su escrito promocional y documental agregada, que el actor en su carácter de beneficiario del régimen previsional provincial solicita se le abonen las asignaciones y/o incrementos que en virtud del acto administrativo que enuncia en la demanda.- Liminarmente analizo las causales de inadmisibilidad formal y de procedibilidad material previstas en la Ley Nº 8369, advirtiendo que la acción incoada resulta inadmisible e improcedente.- Dentro de ese contexto, la acción deducida lo es formalmente a tenor de la causal establecida en el art. 3, inc. a), de la Ley Nº 8369, que así lo dispone cuando existan "otros procedimientos judiciales o administrativos que permitan obtener la protección o garantía de que se trate, salvo que por las circunstancias resulten manifiestamente ineficaces o insuficientes para la protección del derecho conculcado".- Teniendo en cuenta que en el régimen previsional provincial se establece claramente el derecho a percibir los incrementos salariales y/ demás adicionales de carácter remunerativo que corresponden al personal en actividad y que se trasladan a los haberes en pasividad, estableciendo las normas a seguir para obtener el reajuste pertinente, como igualmente las vías recursivas que el ordenamiento procedimental administrativo pone a disposición del interesado a los fines de solucionar los eventuales problemas que con respecto a ello pudieran suscitarse, corresponde que estas últimas sean seguidas. Tal como se ha sostenido invariablemente, existiendo otras vías para el reconocimiento de los derechos en juego, se debe ocurrir a tales remedios, antes de acudir a esta acción excepcional, extraordinaria y heroica, salvo la acreditación para no hacerlo de las circunstancias excepcionantes que el mismo artículo prevé, extremos que están a cargo del actor no solo invocar, sino además probar satisfactoriamente, lo que no acontece en el sub judice, donde no obra ningún elemento de convicción objetivo que así permita acreditarlo o corroborarlo. Admitir lo contrario, llevaría a desnaturalizar esta acción residual, devaluándola en su importancia y desconociendo su ratio juris.- Tal como se ha sostenido "...si la lesión constitucional denunciada puede ser reparada por las vías ordinarias- administrativas o judiciales-, aún a través de un más elongado proceso, es indudable que la via excepcional del amparo, ejecución o prohibición no puede ser admitida, porque el proceso sumarísimo previsto para ellas restringe de manera evidente y significativa las posibilidades de conocimiento y de ejercicio de los derechos de defensa, prueba y alegación en pos de la celeridad en los casos en que ésta es indispensable como único medio para reparar el avasallamiento de derechos o garantías constitucionales y así ha sido receptado y consagrado en la reglamentación procedimental de la Ley 8369 (arts. 3º y 29º)" (cfme. Sala Penal del S.T.J.E.R., caso "RODRIGUEZ SIGNES", sent. del 11/2/91).- A mayor abundamiento y respecto a la procedencia material de la acción, conforme lo determina el art. 1º de la Ley de Procedimientos Constitucionales, recuerdo que para la misma es menester que el acto o hecho cuestionado afecte en forma actual o inminente, amenace, restrinja, altere e impida derechos o garantías constitucionalizados de modo manifiestamente ilegítimo, aclarando el art. 2º de la misma ley que tal carácter de ilegítimo se da cuando el acto se realizó sin competencia o facultad y con inobservancia de las formas o límites constitucionales o legales, debiendo ello surgir de lo actuado con grado de evidencia manifiesta dentro del margen de apreciación que permite la naturaleza sumaria de la acción.- De lo manifestado en el escrito promocional, más allá de la enunciación de la afectación del carácter alimentario del salario por la omisión de pago de las diferencias reclamadas -no especificando el monto efectivo de las mismas o su incidencia porcentual en concreto-, surge que la pretensión procesal del actor se articula sin acreditar que gestionó ante el organismo previsional competente su reconocimiento o liquidación, como igualmente la existencia de una respuesta y/o proceder negativo y conculcatorio de los derechos del accionante.- Del examen de las actuaciones, no se visualiza prima facie un proceder arbitrario o ilegítimo de las accionadas, como tampoco se acompañan elementos probatorios o suficientemente convictivos -salvo el recibo de haberes-, mediante los cuales se acrediten en que forma se han alterado sustancialmente los derechos del actor, o los perjuicios concretos que se le habrían irrogado.- Y como reiteradamente ha sostenido la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia: "...el acto, hecho, decisión u omisión debe aparecer palmario de las constancias reunidas sin que deba merecer una gran profusión probatoria ni una investigación que exceda la mera apreciación exegética de las probanzas acompañadas a la causa" (in re: "COMPAÑIA ACEITERA DEL PARANA", sent. del 26/3/92; "IMPRESORA INTERNACIONAL DE VALORES", sent. del 23/9/97; "REISSENAUER", sent. del 6/6/98, entre otros casos).- Tal ha sido mi posición que he sustentado desde antaño, en oportunidad de llevar el primer voto en los autos: "RETAMAR, LUIS EDUARDO C/ C.J.P.E.R. Y OTRO S/ ACCION DE EJECUCION", sent. del 5/8/04.- Basta entonces lo expuesto hasta aquí para propiciar el rechazo del recurso de apelación deducido y la confirmación del fallo en crisis en cuanto no hizo lugar a la acción de amparo articulada en autos, con costas a la recurrente vencida.- Así voto.

A la misma cuestión propuesta la Sra. Vocal Dra. MIZAWAK expresa su adhesión al voto del Dr. CHIARA DIAZ.- A su turno el Señor Vocal Dr. CARUBIA manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz -	SENTENCIA:

Paraná, 10 de agosto de 2011.- Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1º) ESTABLECER que no existe nulidad.- 2º) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 45 contra la sentencia de fs. 39/41, la que, por los fundamentos de la presente, se confirma.- 3º) IMPONER la costas de esta instancia a la recurrente vencida.- 4º) REGULAR los honorarios de los Dres. Julio Rodriguez Signes y Mariano Hoffman, por la intervención que les cupo en esta Alzada, en las respectivas sumas de PESOS TRESCIENTOS ($300,00.-) y PESOS DOSCIENTOS DIEZ ($210,00.-) -cfme.: arts. 2, 3, 5, 6, 15, 64, 91 y ccdtes. Decreto Ley Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 7503; 1º y 13º Ley 24.432; 505 Código Civil-.- Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.- Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz - Ante mí: Rubén A. Chaia-Secretario" **ES COPIA** Rubén A. Chaia	Secretario