Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-04-11


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Cincuenta y siete.- San Fernando del Valle de Catamarca, 11 de abril de 2012.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nº 066/1999: "PEREZ, Ramón Héctor c/ MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA - s/ Acción de Inconstitucionalidad", y CONSIDERANDO: Voto Dra. Sesto de Leiva:

1- Que a fs. 246/246vta. comparece la parte demandada, por intermedio de apoderado, articulando en primer lugar, negligencia en la producción de la prueba de oficios ofrecida por la contraria, con fundamento en que por aplicación del Art. 383 del C.P.C., corresponde se de por decaído el derecho dejado de usar. Arguye que atento a las constancias de la causa con fecha 22/FEB/08 el actor solicitó, ampliando la prueba ofrecida originariamente, se libre oficios al Colegio de Arquitectos de Catamarca y al Instituto Provincial de la Vivienda a los fines de que remitan al Tribunal las tablas para fijar los valores presuntivos del m2 de construcción, lo que fue ordenado por el Tribunal con fecha 05/JUN/08 conforme fs. 243; advierte que las medidas de prueba no se han practicado dentro del plazo del Art.383 en función del Art.384 del C.P.C., encontrándose vencido el término de prueba.- En segundo lugar solicita se declare la caducidad de instancia, en mérito a lo expuesto en el punto precedente y habiendo transcurrido el término fijado por el Art.310 inc.1º del C.P.C. sin que el actor hubiere instado el procedimiento, toda vez que la última actividad procesal data de fecha 04/JUN/09, y la misma se trata de la presentación de oficios para control, que a la fecha de su presentación (17/Jun/09) no fueron retirados y de cuya producción se acusó negligencia, y la última providencia dictada por el Tribunal es de fecha 05/06/08. Peticiona en definitiva se haga lugar a lo solicitado con costas.- Que a fs.252 se ordena traslado de la caducidad planteada a la contraria, que lo evacua a fs.254/256vta. Manifiesta, en lo que interesa destacar, que la obligación impuesta a los Secretarios por el Art.38, inc. a) del C.P.C.C., no se cumple y como contrapartida el asiento puesto por empleados de mesa de entradas a cédulas y oficios dejados para control y firma del Tribunal, tiene el mismo valor que un decreto firmado por el Juez o Secretario. Atribuye a la constancia de presentación de oficios para control de fs.243vta., de fecha 04/06/09, un día antes de que se cumpla el plazo de caducidad de instancia, actividad que impulsaría el procedimiento y consecuencias jurídicas al provocar la inhibición del Dr. Cippitelli. Además que la presentación de oficios fue consentida por la contraparte y se encuentra firme. Justifica la negligencia en la producción de la prueba y falta de retiro de los oficios, en que en los mismos se incluía al Dr.Cippitelli, el que a consecuencia de ello se aparta y hasta que se decidiera su reemplazo los oficios no podían ser entregados; insiste en el alegado consentimiento de la contraria y la extemporaneidad del planteo. Peticiona en definitiva el rechazo del planteo, con imposición de costas.- Que a fs.257 se dicta el proveído que ordena autos para resolver, quedando la cuestión en estado de emitir pronunciamiento.- - - 2- Que la parte demandada articula en primer orden negligencia en la producción de la prueba de oficios, y en segundo orden incidente de caducidad de instancia. Que conforme a ello, a los fines de encuadrar correctamente la incidencia traída a decisión, corresponde diferenciar la perención de instancia y la negligencia de la prueba. La primera produce efectos sobre el curso del proceso y la segunda, sobre la suerte de los medios probatorios. (Conf.: LL-1997-F-211).- 2a- Que para la decisión de la cuestión sub discussio cobra singular relevancia el proveído de fs.252, pto.II, que expresamente ordena: "De la caducidad de instancia solicitada, córrase traslado...". Es decir, que el traslado ordenado se circunscribe a correr traslado de la caducidad de instancia peticionada en orden a lo previsto en el Art.315 -última parte- del C.P.C.C., no de la acusación de negligencia en la producción de la prueba de oficios.- En el entendimiento de que la caducidad de la prueba por negligencia de la parte en su producción, denominada por algunos autores "negligencia automática o de pleno derecho", tiene como característica fundamental que no se sustancia, es decir, no se forma incidente porque no necesita de la articulación de incidente alguno, puesto que se produce automáticamente, al no cumplimentar lo ordenado por la ley adjetiva, es decir, no presentación de los oficios en el tiempo establecido, de conformidad a lo preceptuado por los Arts.383 y 384 del C.P.C.C. en lo pertinente, la que si bien puede ser declarada a solicitud de parte, no necesita de sustanciación alguna. "Sin perjuicio de meritar que como principio rector es deber de las partes activar la producción de las pruebas, resulta improcedente resolver el pedido de negligencia formulado por una de ellas con un certificado del actuario que pone los autos para alegar -pese a que no se sustanció la prueba pericial pedida en término- sin que se haya formado un incidente de negligencia en el que mediara oportunidad de defensa. Ello en tanto no se trata de un supuesto de caducidad de la prueba descripto legislativamente -vid. Art.383, 402, 437, 410 y 454 del Código Procesal Civil, en cuyo caso obraría en forma automática. (Conf.: C.N. de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, Sala III, 28/10/81, Dirección Gral. de Fabricaciones Militares c. Ecca. SA). Por otra parte, según Palacio, la caducidad aludida consiste en tener por desistida una prueba cuando la parte que la ofreció no cumple por error u omisión imputables con la carga de urgir su oportuna producción; se decreta sin sustanciación alguna y ante la mera verificación del vencimiento de los plazos respectivos. (Conf.: "Derecho procesal Civil", t.4, p.403/4, Bs. As. 1972, Perrot). Asimismo, este principio consiste en la pérdida de la oportunidad para ejecutar un acto, lo que implica una invitación a observar determinada conducta procesal. (Conf.: Devis Echandía, Hernando, "Teoría General de la Prueba judicial", T.I, p.127). Mientras que para Alsina constituye el efecto que tiene un estadio procesal de clausurar el anterior. (Conf.: "Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, T.I, p.454/6). Para Palacio, implica que son ineficaces los actos que se cumplen fuera del período que les está asignado (ob.cit. T.I, p.285).- Que de lo expuesto resulta que la caducidad de la prueba por negligencia es una actividad tasada con un régimen perentorio y fatal, no librados los oficios dentro del quinto día desde la fecha del proveído que así lo ordena se pierde la prueba. Que tal normativa aplicada a las constancias de autos, surge que con fecha 05/JUN/08 -proveído de fs.243- se ordena el libramiento de los oficios requeridos; y según constancia de fs.243vta., tales oficios son dejados para control el 04/JUN/09, cuando se encontraba excedido con holgura el plazo legal y configurado el supuesto previsto en la norma.- Que este fundamento jurídico y fáctico, no se encuentra enervado por las afirmaciones del accionante en orden de que la constancia de fs.243vta. se asimila a proveídos dictados por el sentenciante y debe considerarse acto de impulso del procedimiento, cuando automáticamente la caducidad por negligencia en la producción de la prueba ya se había configurado, al no ser practicada dentro del quinto día de haber sido ordenada.- Que en lo demás, el Tribunal se encontraba integrado y consentido por las partes, la actora no provocó la inhibición del Dr. Cippitelli por ser ésta posterior, y con probidad debe afirmarse que no medió consentimiento de la contraria, cuya actuación posterior es la incidencia objeto de este pronunciamiento.- 3- Que el Art.310 del C.P.C.C., de aplicación supletoria expresa: "se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instare su curso dentro de los siguientes plazos: inc.1º: de un año en primera o única instancia". La jurisprudencia establece que la caducidad de la instancia es de orden público y va más allá del interés de las partes afectadas, y su fundamento estriba en la necesidad de evitar la duración indefinida de los procesos judiciales, atentatoria de los valores jurídicos de la paz y seguridad, a cuya vigencia tiende su recepción normativa (Conf.: LL., May-11-81). De manera conteste doctrinariamente se ha establecido que este interés público comprometido, exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente, no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al reestablecimiento del orden público, sino porque la relación procesal también comprende al Órgano jurisdiccional y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento. (Conf. Falcón, "CPCCN c. y c.", T. II, p.497).- Que la cuestión esencial radica, en analizar objetivamente las constancias de autos, y en ello el valor que se atribuye a la presentación de oficios como acto procesal de impulso del procedimiento resuelto en el considerando precedente, y el alegado consentimiento de la contraria que no se configura en autos al no mediar actuación indicativa de tal actividad procesal, por cuanto las actuaciones posteriores al vencimiento del plazo aplicable de caducidad no pueden considerarse consentidas por quien no había sido legalmente anoticiado de la existencia de los mismos. Ello en atención a que tal prueba, regida por disposiciones específicas, debe instarse y producirse dentro del plazo legal previsto. En atención a que la generalidad de los códigos, cuando se refieren al acto interruptivo del plazo de perención, aluden a aquellos actos que tienen por efecto "impulsar" el procedimiento, a "activar" el curso del proceso, o "instar" el trámite, o adoptan alguna otra expresión equivalente. (Conf.: Lautayf Ranea y Ovejero López, "Caducidad de Instancia", p.86/87). Quienes además expresan que para que el acto tenga efecto interruptivo, es menester que tienda a impulsar el procedimiento, a activarlo en forma directa o inmediata, llevando adelante la acción, tendiendo al reconocimiento alegado por las partes, "procurando" la adopción de medidas adecuadas al estado de los autos, con relación directa a tal estado procesal, efectivizando un trámite a los fines del desenvolvimiento de la relación procesal. O sea, el acto interruptivo, debe ser proporcional a las circunstancias de tiempo y estado de las actuaciones.- Que por ello debe concluirse razonablemente que el proveído de fs.243 -de fecha 05/JUN/08-, ha quedado firme el 06/JUN/08 último acto procesal tendiente a impulsar el procedimiento, por lo que a la fecha de la presentación de fs.246/247, -17/JUN/09- debe tenerse por operada la perención de instancia. Conforme se resuelve las costas deben imponerse a la parte actora.- Voto Dr. Lilljedahl:

Que comparto la relación de causa plasmada en el voto que me precede y adhiero a la solución propiciada en el mismo respecto a la caducidad de la prueba de oficios, empero disiento con la propuesta referida a la caducidad de la instancia, conforme surge del siguiente análisis.- Que ante todo y previo a brindar mi opinión de la controversia traída a conocimiento de este Tribunal, considero necesario dejar en claro que estamos en presencia de un proceso contencioso administrativo, por lo que las cuestiones deben interpretarse en concordancia con los principios del Derecho Administrativo y sólo en ausencia de normas propias recurrir a las generales.- Ahora bien, de conformidad con el Art.74 del C.C.A. corresponde aplicar de manera supletoria el Art.310 inc. 1) del C.P.C. en cuanto al plazo de caducidad en única instancia, como el caso de marras.- Cabe resaltar que en autos la parte demandada en su presentación de fs.246/247 solicitó la negligencia en la producción de la prueba de oficios y la perención de la instancia, sin perjuicio de que en el proveído de fs.252 se ordenó solamente el traslado a la contraria de la caducidad de instancia peticionada (Art.315 última parte del C.P.C.).- Efectuada esta aclaración e ingresando al tratamiento del pedido de negligencia en la producción de la prueba de oficios, surge que la misma se encuentra configurada.- En efecto, como consecuencia de la presentación efectuada por la parte actora a fs.239 V.E. por decreto de fecha 05-06-2008 (ver fs.243) ordenó "Proveyendo a la presentación de fs.239 líbrese los oficios que se solicitan", y según constancia de fs.243vta. el accionante con fecha 04-06-2009 presenta dos oficios para control del Tribunal, es decir cuando había vencido cómodamente el plazo de los cinco días que dispone el Art.383 del C.P.C.- Por lo tanto, se encuentra acreditado el supuesto detallado en la norma.- Distinta es mi apreciación con relación a la caducidad de instancia solicitada la cual debe ser analizada con criterio restrictivo por tratarse de un modo de extinción del proceso, por lo que debiera ser la última ratio a recurrirse.- Téngase presente que el juez tiene el deber y la obligación constitucional y legal de buscar ante todo, aquella solución que facilite y permita no solo el acceso sino también el tránsito por todas las instancias del proceso, extremando el cumplimiento de aquellos recaudos que funcionan como reaseguro del derecho a la jurisdicción.

Pues bien, a través de cientos de fallos y con apoyo de doctrina autorizada, nuestros Tribunales han ido afianzando el concepto de "acto interruptivo de los plazos de caducidad", considerándose tales "aquéllos que, cumplidos por cualquiera de las partes, por el órgano judicial o por sus auxiliares, resultan idóneos para hacer avanzar el proceso a través de las distintas etapas que lo integran" (Palacio Derecho Procesal Civil Vol. IV. p. 242) lo que implica a su vez que el acto realizado para tener eficacia interruptiva debe ser adecuado con el momento procesal, debe corresponderse al estado del juicio. Se trata de actos destinados a "impulsar el proceso", por lo que el verdadero problema se presenta en determinar qué se entiende por impulsar el proceso, al respecto hay distintas opiniones, una posición extrema sostiene que deben ser actos útiles, adecuados al estado del proceso y efectivamente eficaces para alcanzar su cometido de hacer avanzar el proceso, y otra, también extrema resalta que es suficiente que el acto ponga de manifiesto la voluntad del litigante para mantener vivo el proceso, aunque no sólo no conduzca hacia adelante sino que ni siquiera tenga la aptitud virtual de pretenderlo. En el medio de ambas existe un criterio amplio y moderado, que considera como actos interruptivos los que "tengan la dirección apta para comunicar un adelanto al estado del juicio y la fuerza necesaria para obtenerlo, aunque de hecho tal finalidad se frustre o quede postergada" (Einer, Isidoro Caducidad de Instancia, p. 9). Esta posición ecléctica es la que prevalece y debe ser tenida por atendible para reconocer eficacia interruptiva al curso de la perención.- Puntualizado ello, en la especie, la providencia que ordena el libramiento de los oficios tiene fecha 05-06-2008, y el actor presentó los oficios para control con fecha 04-06-2009 y trasladando los principios señalados precedentemente podemos observar que, antes de vencer el plazo legal (un año) establecido por el Art.310 inc. 1) del C.P.C. que corría desde el dictado de la providencia que luce a fs.243 , -última actuación impulsora del procedimiento en el período cuestionado- el accionante presentó dos oficios para control, conforme surge de la diligencia obrante a fs.243 vta.- Ahora bien y siempre en relación a la referida actuación judicial cumplida por la accionante, cabe destacar que la misma no fue desconocida ni negada por su contraria, quien tampoco cuestionó las constancias resultantes de dicho instrumento entre las que se cuenta la fecha de su presentación, más en modo alguno se puso -siquiera- en duda el carácter impulsor de dicha actuación procesal; por el contrario según reza en su presentación de fs.246 vta. reconoce expresamente ".la última actividad procesal data de fecha 04 de junio del 2009.".- En tal sentido tiene dicho la jurisprudencia, que: "La presentación y suscripción del oficio y cédula destinados a notificar evidencian la actitud inequívoca de impulsar el proceso e interrumpen la perención, no siendo requerible un real avance sino solamente que el acto tienda objetivamente al impulso procesal, resultando irrelevante que dicha notificación no se concretara efectivamente antes del transcurso del plazo de un año" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, sala II o 18/03/2005 o Bica Coop. de Emprendimientos Multiples Ltda. c. Gschwind, Ricardo o LLLitoral 2005 -junio-, 507).- "La presentación de un oficio para su visado por el Órgano jurisdiccional es impulsora del procedimiento, aún cuando no exista constancia en el expediente de tal diligencia". Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F o 30/06/1995 o Simian, Jorge G. c. Garavaglia, Santilli y Cía. y otros. o LA LEY 1996-A, 154 - DJ 1996-1, 673.- Por ello es que, las circunstancias apuntadas precedentemente, permiten acreditar en definitiva y con prescindencia de la suerte que corriera dicho instrumento, que el oficio con que la actora pretendió dar cumplimiento con lo ordenado a fs.243 y mantener subsistente la vida del presente proceso, fue presentado con fecha 04-06-2009 cuando aún no había transcurrido el plazo de un año que prescribe el ritual para decretar la perención de la instancia, computado a partir de la fecha del auto que ordenara su libramiento (05-06-2008), por lo que corresponde reconocerle a dicha actuación eficacia interruptiva del curso de la perención, por lo cual, la declaración de caducidad peticionada por la demandada debe ser rechazada.- A mayor abundamiento cabe agregar que corresponde pronunciarse a favor de la solución que mantenga vivo el litigio, ya que la Doctrina y Jurisprudencia son contestes en señalar el criterio restrictivo con que debe evaluarse la caducidad cuando existen dudas en orden a su procedencia (conf. Falcón, Enrique M., "Caducidad o perención de instancia", p. 21 y jurisprudencia citada en nota N°44, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989).- En esa línea de pensamiento podemos señalar que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en sus respectivos fallos establece que antes de proceder a declarar la caducidad de la instancia se debe intimar al interesado, haciéndole saber cuales serán las consecuencias si no genera dentro del plazo fijado, actividad procesal útil, tal como lo dispone el Art.315 del C.P.C.C. aplicable a los procesos administrativos sustanciados en dicha sede en ejercicio de la competencia residual (conf. Art.215 CPBA, 78 inc. 3 del C.P.A., Arts.20, 25 y conc. del Código de Varela).- Con razón se ha dicho que "utilizar la caducidad de instancia casi exclusivamente como un castigo sin dar la oportunidad, de que se requiera, previa intimación para determinar si se desea continuar con el trámite, es empañar la actuación de la justicia, elevar los costos y de alguna manera forzar un impedimento al acceso de justicia." (Los Fundamentos dados para la sanción de la Ley 12.357).- Por lo tanto teniendo en cuenta el criterio imperante y las constancias obrantes, considero que no se ha operado la caducidad de la instancia computando el plazo legal desde la última actividad procesal que data de fecha 04 de junio de 2009 (presentación de los oficios para la firma), por lo que debe rechazarse el pedido de caducidad. Así lo propicio.- Voto del Dr. Bastos:

Adhiero al primer voto en su totalidad y como mayor fundamento hago notar, que la actora ya ha transitado una situación similar a la que ahora nos convoca el pleno en la que sucedió lo siguiente.- El criterio que propugna el primer voto ya fue materia de pronunciamiento por parte del Tribunal, y es el que se vino aplicando en la causa. Tan es así que ante la denuncia de caducidad automática de la demandada (fs.143), derechamente el Presidente del Tribunal, por proveído de fs.144, declaró la caducidad de la prueba de informes pendientes. La foliatura corresponde al Expte. Corte Nº82/91, agregado por cuerda, decisión no impugnada por la parte, por ende, consentida.- Por ello y normas legales citadas, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA (por mayoría de votos) RESUELVE:

1) Declarar la caducidad de la instancia.- 2) Imponer las costas a la parte actora.- 3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense.- Fdo: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva (Presidente); Enrique Ernesto Lilljedahl (Ministro); Julio Eduardo Bastos (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).-