Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-09-23


Autos N° 4.587 (2° J.P.L.G.S.J., Capital, N° 35.626/10), caratulados: "TABACHNIK, Roberto c/ Díaz Quiroga, Marta y Otro - Desalojo - Abreviado".

---------San Juan, veintitrés de septiembre de dos mil quince.---- ---------Visto:------ ---------Para resolver en Acuerdo el recurso de apelación deducido a fs. 57 y vta. por los demandados, quienes actúan por derecho propio y con patrocinio letrado, contra la resolución de fs. 52/54.---- ---------Por medio del decreto de fs. 64 el a quo concedió el recurso de apelación sin efecto suspensivo.------- ---------Y Considerando:---------------- ---------I. La resolución recurrida:---------------------------------------------- ---------Que por medio de la resolución impugnada el a quo rechazó el incidente de caducidad de instancia interpuesto por los accionados con costas a su cargo y entendió que, al haberse tornado abstracta la cuestión de fondo, las costas por la actividad desarrollada en autos correspondía se impusieran a cargo de aquéllos; solución esta última ratificada por resolución aclaratoria de fs. 60.-- ---------II. El recurso, su traslado y réplica:------ ---------1) Contra dicho pronunciamiento se alzaron los demandados quienes fundaron el recurso a fs. 67/69 vta. de autos. En dicha pieza, sostuvieron:---- como primer agravio al que titulan "Inconstitucionalidad" (fs. 67) se quejan de la sentencia dictada en autos en cuanto resuelve rechazar el planteo de perención de instancia fundado en que con fecha 31 de mayo de 2011 la Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia procedió a prorrogar los plazos de suspensión ya otorgados con anterioridad, hasta el 30 de septiembre del mismo año ante la gravedad ocasionada por el elevado número de causas ingresadas a la misma. Señalan que nada tiene que ver la suspensión de los plazos del art. 33, inc. 3°, aps. 1, 2 y 4, del C.P.C., que es lo que la Sala de Superintendencia suspendió, con la obligación de las partes de instar el proceso y con el instituto de la perención de instancia. Añaden que, por el contrario, el art. 274 del C.P.C., en su inc. 2°, estipula el plazo de tres (3) meses en los procesos abreviados para que se produzca la perención y que del análisis de las actuaciones de autos surge que la parte actora no realizó acto procesal alguno que tuviera por finalidad continuar o urgir el proceso desde el 1 de octubre de 2010 (fs. 41) hasta el momento de su petición de fs. 42, de 10 de abril de 2011. Expresan que los plazos de la Acordada fueron suspendidos para los jueces pero no para las partes del proceso y que la Acordada de 9 de febrero de ese año es muy clara en cuanto a qué plazos se suspenden, y estos plazos son los que luego se postergan y se llega a la Acordada que cita la jueza. En función de ello, manifiestan que debe acogerse el agravio y revocar la sentencia apelada decretando la perención de instancia; y - en subsidio, y como segundo agravio, se quejan porque el a quo resuelve declarar abstracta la acción de desalojo imponiendo las costas a su cargo. Indican que si se ha tornado abstracta la cuestión no existe ganador y perdedor, y que si hubiese un ganador sería su parte que solicitó en la contestación de fs. 35/38 vta. que se declarara abstracta la cuestión, porque si se admitió su petición son los vencedores en el pleito y por el principio de la derrota aquéllas se deben imponer al actor. Agregan que cuando se interpuso la demanda de desalojo el inmueble ya había sido desocupado, habiéndole comunicado al accionante que pasara a retirar las llaves del inmueble, lo que éste no hizo por lo que se le comunicó que quedaban en una escribanía, las que fueron retiradas por el condómino el 7 de julio de 2010. Puntualizan que, en concreto, el agravio se debe a que el a quo no ha meritado que el inmueble se encontraba desocupado teniendo el actor conocimiento de tal situación. Añaden que el a quo expresa en sus considerandos que la entrega de las llaves se efectivizó el 26 de julio de 2010 y que los accionados estaban en comunicación de la demanda el 7 de julio de ese año, no siendo correcta su presunción de que hubo resistencia a entregar el bien por cuanto se acredita con la documentación que en ningún momento la hubo. Sostienen que es inexacta la apreciación que formula el a quo en cuanto a que recién se entregaron las llaves el 26 de julio de 2010 atento a que se pusieron a disposición de la actora el 4 de julio de ese año.------- ---------2) A fs. 70 se corrió traslado del memorial de agravios al actor, quien lo contesta a fs. 72/73 y manifiesta:------- que el primer agravio debe ser rechazado atento a que el a quo realiza un análisis adecuado de la Acordada de la Corte de Justicia dictada el 31 de agosto de 2011 por la cual su Sala de Superintendencia prorroga los plazos de suspensión de la perención de instancia, siendo correcto el juego armónico del art. 798 del C.P.C. T.O. por Ley Prov. N° 8.037, referido a los arts. 274 a 282, ibíd., y de todas las prórrogas dictadas por la Excma. Corte de Justicia de San Juan. Agrega que de más está decir que a tenor de las normas procesales vigentes el incidente de perención de instancia deducido por los demandados devino extemporáneo, toda vez que los plazos fueron sucesivamente prorrogados hasta el 30 de septiembre de 2011; y que el segundo agravio también es improcedente porque, respecto de la imposición de costas, el proceso ha versado sobre una acción de desalojo, habiendo los demandados durante el proceso desalojado el inmueble porque lo locaban, siendo correcto que la cuestión se torne abstracta y las costas se impongan a cargo de aquéllos. Entiende que lo que sostienen los accionados en cuanto a que si el a quo declara abstracta la cuestión de fondo las costas deben ser por su orden, es una malintencionada interpretación de lo resuelto. Agrega que el a quo detalló minuciosamente los hechos aportados y reconocidos por ambas partes debiendo su contraria cargar con las costas del proceso.------------- ---------III. Elevación de los actuados y trámite en la Alzada:---- ---------A fs. 75 se ordenó la elevación del expediente a la Cámara, lo que se materializó a fs. 76 y vta.------------ ---------Ya en este ámbito apelatorio, a fs. 77 se determinó que todos los magistrados que entonces integraban el Tribunal intervinieran en la resolución del recurso, lo que fue debidamente comunicado a las partes de acuerdo con las cédulas de fs. 78 y vta. y 79 y vta.-- ---------A fs. 80 la Señora Vocal a cargo de la Presidencia del Tribunal solicitó correr vista del pedido de inconstitucionalidad esbozado por los demandados recurrentes a la Sra. Fiscal de Cámara, obrando a fs. 85 y vta. su dictamen en el que opina que el planteo es inatendible.--------------------------- ---------A fs. 86 se tuvo por contestada la vista conferida y se decretó el pase de los autos a resolver, lo que fue comunicado a las partes por vía de las cédulas de fs. 87 y vta. y 88 y vta.--- ---------A fs. 89 se certificó que la causa sería resuelta en Acuerdo del Tribunal.---------------------- ---------A fs. 90 se hizo constar que la Dra. Alicia Rusansky de Bustos Cano se acogió a los beneficios jubilatorios, por lo cual, la resolución sería dictada por los restantes dos integrantes naturales de la Cámara.------------------------- ---------Por último, a fs. 91 se dejó constancia de que se habían sentado las bases para resolver la cuestión, lo que en definitiva condujo a la presente sentencia.---- ---------IV. La resolución del recurso:---- ---------Moviéndonos hacia el punto que corresponde dirimir, anticipamos nuestro criterio contrario a la procedencia del recurso. Ello, en función de las consideraciones que pasaremos a exponer.--- ---------1) Respecto del "primer agravio":--- ---------A) Liminar:------- ---------Pese a que los quejosos adjudican a su primer agravio el título de "Inconstitucionalidad", paradojalmente no han efectuado ninguna consideración seria para fundar semejante tacha. Además, el rótulo que utilizan es en puridad contradictorio con el contenido del agravio, ya que lejos de argumentar respecto de la supuesta anticonstitucionalidad de la/s Resolución/es de la Sala 3ª de la Corte de Justicia que suspende/n plazos de caducidad de instancia, más bien parten de su constitucionalidad y ofrecen una especie de interpretación sui generis del alcance de las mismas para concluir que no se aplican a la perención de instancia y en concreto tampoco al art. 274, inc. 2°, del C.P.C., en relación con el plazo de caducidad fijado para los procesos abreviados (tres ?3? meses).--- ---------La contradicción incurrida y la insuficiencia argumental exhibida bastarían para descartar el agravio. De cualquier modo, para evitar que tal temperamento sea entendido como un subterfugio para no tratar la queja de los accionados, igualmente analizaremos este aspecto de la pretensión recursiva.-------- ---------B) Escenario normativo:--------------- ---------En primer lugar y a efectos de contar con un panorama abarcativo de la cuestión, pasaremos a relatar la secuencia de Resoluciones que sobre el particular dictara la Sala 3ª del Alto Tribunal en el segmento temporal que se identificará:------- por la de 9 de febrero de 2010 se dispuso, en su punto V, la suspensión por noventa (90) días de los plazos previstos en el art. 33, inc. 3°, aps. 1, 2 y 4, del C.P.C. (T.O. por Ley Prov. N° 8.037 hoy renumerada como Ley Prov. N° 988-O, de acuerdo con el "Digesto Jurídico de la Provincia de San Juan", aprobado por la Ley Prov. N° 8.509 [actual Ley Prov. N° 1.260-E] y modif.), comprendiendo "a los Juzgados de Paz Letrados del Departamento Capital y los del Gran San Juan". Ello reconocía como fundamento las consecuencias funcionales que, de manera objetiva, afectaban a los referidos Tribunales, motivadas a su vez por el gran número de expedientes de ejecución monitoria presentados por Fiscalía de Estado;----- en la de 11 de marzo de 2010, por análogos supuestos fácticos, lapso temporal y respecto de idénticos Juzgados, se decidió también suspender el plazo al que refiere el art. 798 del C.P.C. ?T.O. por Ley Prov. N° 8.037?, que hace referencia a los arts. 274 a 282, ibíd., sobre perención de instancia;--- en la de 16 de junio de 2010, al tiempo de prorrogar por sesenta (60) días hábiles los plazos previstos en el art. 33, inc. 3°, aps. 1, 2 y 4, del C.P.C. (T.O. por Ley Prov. N° 8.037), suspendió por igual plazo (y con vigencia desde la fecha de dictado de la Resolución) los términos establecidos en el citado art. 798, ibíd.;-- en la de 23 de septiembre de 2010, y ante la subsistencia de los fundamentos y las razones de orden fáctico que motivaron el dictado de las anteriores Resoluciones, se prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2010 las suspensiones de los plazos previstos en el art. 33, inc. 3°, aps. 1, 2 y 4, del C.P.C. ?T.O. por Ley Prov. N° 8.037?, y de los términos establecidos en el art. 798, ibíd.;-------------------------------------------------------------------------< #LINE> en la de 2 de febrero de 2011 se extendieron tales prórrogas hasta el 31 de mayo de 2011; y -- por la de 31 de mayo de 2011 se prorrogaron las citadas suspensiones hasta el 30 de septiembre de 2011.------- ---------Ante semejante paisaje normativo queda absolutamente desactivada la queja de los accionados contra la sentencia en punto a que, como la parte actora no habría realizado acto procesal alguno que tuviera por finalidad continuar o urgir el proceso desde el 1 de octubre de 2010 hasta el momento de su petición de fs. 42, de 10 de abril de 2011, se habría producido la caducidad de instancia por haber vencido el plazo estipulado para los procesos abreviados en el art. 274, inc. 2°, del C.P.C.--------------------- ---------Es que del racconto efectuado supra surge sin duda que los plazos de perención se encontraban suspendidos durante la supuesta inactividad procesal que los apelantes endilgan a su adversario, o sea, entre el 1 de octubre de 2010 y el 10 de abril de 2011.-- ---------En efecto, por la Resolución de 23 de septiembre de 2010 se prolongó la suspensión de plazos hasta el 31 de diciembre de 2010, y por medio de la Resolución de 2 de febrero de 2011 se prolongaron tales prórrogas hasta el 31 de mayo de 2011. De ello se desprende nítidamente que aquel espacio cronológico de alegada inercia de parte del actor estaba blindado por la suspensión de plazos dispuesta por la Sala interviniente de la Corte de Justicia, con lo cual, evidentemente la perención no operó.--------- ---------C) En torno a la supuesta "inconstitucionalidad":------ ---------Evidentemente el punto de partida de la conclusión anterior radica en la premisa de que los sucesivos actos administrativos emitidos por la citada Sala son constitucionales. Tal afirmación se asienta en los siguientes fundamentos:------- ---------a) Descripto el cuadro normativo en torno a la cuestión que nos ocupa, y a los efectos de ponderar la situación imperante, tipificada ni más ni menos que por un cambio de gran calado en la normativa ritual procesal civil, comercial y de minería, se hacía ostensible contemplar que las dificultades prácticas y operativas en los Juzgados de Paz Letrados del Gran San Juan (identificación genérica que naturalmente abarca a los de Capital) tornaban razonable el temperamento dispuesto por la Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia en torno a la suspensión aplicativa de los plazos previstos en las citadas normas del entonces nuevo C.P.C.: 33, inc. 3°, aps. 1, 2 y 4; y 798, este último, con particular incidencia en materia de perención de instancia.-- ---------Naturalmente, toda innovación normativa cuantitativa y cualitativamente intensa conlleva la imperiosa necesidad de acondicionar jurídica y fácticamente el escenario en el que dicho plexo reformado debe operar.--- ---------Así lo imponían razones de seguridad jurídica, respeto por las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio y hasta motivos de índole institucional en el marco de la política jurisdiccional a cargo del Alto Tribunal local en punto a atemperar el impacto que el novel dispositivo legal adjetivo pudiera provocar respecto de ciertas estructuras judiciales. Ello, con el propósito de alejar el riesgo de que una aplicación directa, inmediata e indiscriminada de aquél pudiera hacer naufragar segmentos de la reforma instrumentada.---------------------------------------------- ---------En el caso, la Sala actuante enfocó particularmente la situación del fuero de Paz Letrado correspondiente específicamente al Gran San Juan, con una abigarrada cantidad de procesos en trámite, engrosada por el nutrido flujo de nuevas causas iniciadas en ese entonces por la Fiscalía de Estado de la Provincia.------ ---------En definitiva, el resultado de la valoración de la oportunidad, el mérito y la conveniencia que precedió al dictado de aquellas Resoluciones por la Sala III de la Corte de Justicia provincial, no parece ilógico ni desmesurado, sino adaptado a las circunstancias temporo-espaciales; por lo que en lo referente a este aspecto se descarta cualquier pretendido vicio de anticonstitucionalidad.------ ---------b) Por lo demás, la emisión de tales Resoluciones (que son en puridad actos administrativos) por la citada Sala se enmarca en el plexo de atribuciones que por ley tiene adjudicado este órgano.-- ---------Basta al respecto detenerse a revisar la Ley Prov. N° 5.854 (B.O. de 23 de diciembre de 1987 actual Ley Prov. N° 358-E, conforme la renumeración producida por el citado "Digesto") y modifs., esto es, la Ley Orgánica de Tribunales de San Juan, cuyo art. 17 diseña los contornos competenciales de la Sala III, y específicamente en el inc. 'o', establece de modo expreso la capacidad de "suspender los plazos judiciales cuando lo requiriesen circunstancias graves que impidan el ejercicio de los derechos de los litigantes".------------- -----------De la lectura del memorial puede corroborarse sin mayor dificultad que los recurrentes no han impugnado por inconstitucional el art. 17, inc. 'o', de la Ley Prov. N° 5.854.----------- ---------A su vez, tal potestad discernida legalmente, reconduce a reglas constitucionales provinciales, como el art. 199, en la medida en que estipula que la Ley Orgánica respectiva determinará, inter alia, la competencia de los órganos y miembros del Poder Judicial; o el art. 207, inc. 1°, en cuanto a que la Corte de Justicia "ejerce la superintendencia sobre la administración de justicia" [énfasis agregados].--- ---------c) En suma, se verifica que:---------- las Resoluciones reseñadas no se presentan incongruentes o desenfocadas vis-à-vis la situación fáctico-jurídica reinante en la Justicia de Paz Letrada del Gran San Juan al momento de la entrada en vigor del nuevo C.P.C. y de su continuidad aplicativa durante un tiempo determinado;----------------- un examen del mérito, la oportunidad y la conveniencia de dichos actos de superintendencia arroja que éstos superan el escrutinio de razonabilidad y no se revelan desfasados frente a los propósitos que persiguen, o sea, abastecen la pauta de proporcionalidad;-------------------- el dictado de tales Resoluciones queda comprendido en el plexo competencial general de la Corte de Justicia y particular de su Sala III, alimentado por normas constitucionales y una ley específica para el Poder Judicial; y esta normativa subconstitucional, en el tramo que autoriza a aquella Sala a suspender los plazos judiciales ante circunstancias graves, no fue impugnada por anticonstitucional por los aquí recurrentes.----------------- ---------Siendo así, todo conduce a pensar y afirmar que las Resoluciones en cuestión no resultan inconstitucionales, como el título del primer agravio de los quejosos las cataloga; y sólo el título, pues no hay ninguna fundamentación al respecto que desarrolle el asunto que el epígrafe anuncia.----------------------- ---------2) Acerca del "segundo agravio":-------- ---------Tampoco procede el segundo agravio, pues más allá de las manifestaciones vertidas al respecto por los accionados en el memorial, lo cierto es que al momento de plantearse la demanda el 17 de junio de 2010 (ver fs. 17), el inmueble cuyo desalojo se pretendía aún no había sido restituido.------ ---------Por tanto, la pretensión del actor era genuina y válida y, en consecuencia, si los demandados dieron motivo a la articulación de la acción, deben cargar con las costas al respecto, más allá de que la cuestión se haya tornado abstracta con el devenir de las actuaciones como lo determinó el a quo en el pronunciamiento recurrido.------------------------------ ---------De hecho, si se observa el intercambio epistolar previo a la iniciación de la demanda (ver copias de las misivas de fs. 4, 6, 9 y 11), el demandante dejó en claro que no aceptaba la locación del inmueble objeto del desalojo, ubicado en calle Sarmiento N° 815, Sur, San Juan, esgrimida por los demandados. Asimismo, y en su carácter de copropietario de dicho inmueble, les manifestó expresamente su voluntad de no consentir la ocupación del mismo más allá del 30 de noviembre de 2009, fecha en la que les solicitó tuvieran a bien desalojarlo, notificándolos al respecto por medio de la carta documento enviada el 23 de noviembre del mismo año y obrante en copia a fs. 9, en respuesta a la carta documento que le remitieran los demandados el 18 de noviembre de 2009 (fechada el 17 de noviembre de ese año y en copia a fs. 6).--- ---------Esta última carta es contestación a la remitida por el accionante el 10 de noviembre de 2009 (en copia a fs. 4). Por su parte, la de fs. 11 (cursada por los demandados) es a su vez réplica a la nombrada misiva enviada por el actor el 23 de noviembre de 2009 (fs. 9).----- ---------El cruce de correspondencias deja al descubierto la existencia de discrepancias importantes entre las partes respecto de la calidad en la que los accionados ocupaban el bien, la discutida prórroga de un contrato de locación (que estaría vencido según el actor y vigente de conformidad con los accionados), la intimación formulada por el hoy accionante para que los demandados desocuparan el inmueble del que aquél es copropietario y el incumplimiento al respecto por parte de éstos, etc.--- ---------Todo ello denota un escenario de divergencias e intereses contrapuestos, en cuyo marco el actor pudo razonablemente considerarse precisado a recurrir a la vía judicial, siendo injusto que deba asumir las erogaciones derivadas de una instancia judicial a la que no dio motivo.-------- ---------En ese sentido y ante una situación como la de autos, donde a fs. 35/38 vta. los accionados comparecieron, solicitaron que se declarara abstracta la cuestión con costas a cargo del actor y en subsidio contestaron demanda e incluso un tiempo después (fs. 42) dedujeron incidente de caducidad de instancia, la distribución de las costas en el orden causado o hasta a cargo del accionante ?como aquéllos pretenden? impondría injustificadamente al accionante el sacrificio patrimonial constituido por el costo de la defensa al verse obligado a litigar (cfr., mutatis mutandis, Cám. Federal Civ. y Com., Sala III, 16-07-1976, La Ley, 1997-B-423).------------------------------------------- ---------En consecuencia, y en líneas generales, entendemos ajustada a derecho la decisión del a quo de imponer las costas a los accionados ya que la causa ofrece determinadas particularidades que así lo ameritan.------------- ---------3) Recapitulación. Costas de segunda instancia:---- ---------En síntesis, corresponde rechazar el recurso de apelación planteado a fs. 57 y vta. por los accionados, contra la sentencia de fs. 52/54, lo que obviamente abarca la desestimación del planteo de inconstitucionalidad esbozado en el título del primer agravio del memorial de fs. 67/69 vta.------- ---------Dado el modo como se resuelve este remedio procesal, corresponde que las costas de la presente instancia sean soportadas por los apelantes (arts. 66, párrafo primero, y ccds. del C.P.C.).----------------------------------------- ---------Por lo expuesto, normativa, doctrina y jurisprudencia citadas y, en Acuerdo, la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada Resuelve:--- Desestimar el recurso de apelación deducido a fs. 57 y vta. por los accionados, contra el decisorio de fs. 52/54, lo que incluye el rechazo del planteo de inconstitucionalidad deslizado en el título del primer agravio.

Imponer las costas de la presente instancia a cargo de los recurrentes.--- Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y bajen, previa reposición de sellado si correspondiere.-