Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-14


Salta, 14 de Abril de 2011.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "OLIVA, Carlos por ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO a NAI OLIVER, Antonella", Expte. Nº 17.301/09 del Juzgado de Instrucción Formal de 6ª Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº CAM 27761/10 de la Sala III de la Cámara de Acusación y, ______________________CONSIDERANDO El Dr. Julio V. Pancio dijo:

Que vienen los presentes obrados a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 259/264 vta. por la Dra. María Adriana Soria, contra la prisión preventiva del imputado Carlos Benjamín Oliva dictada mediante auto resolutivo agregado a fs. 241 y vta..

En dicha resolución el Sr. Juez de Instrucción Formal de 6ª Nominación estima que existe un peligro de fuga por parte del imputado toda vez que nos encontramos frente a un pedido de pena de cumplimiento efectivo, por lo que se debe hacer lugar a lo solicitado por la Querellante Conjunta y revocar el punto II del auto de procesamiento de fs. 189/192, ordenando la prisión preventiva del imputado.

En su memorial de agravios que doy por reproducido en un todo en honor a la brevedad, cuestiona en síntesis la Dra. Soria la prisión preventiva dictada en el entendimiento que la calificación legal del hecho incriminado tiene una escala penal de tres a diez años, la cual tuvo el A quo en consideración al dictar la eximición de detención, estimando que la pena en abstracto la tornaba viable por cuanto en caso de existir condena la misma sería de ejecución condicional, manteniendo el mismo criterio el instructor al dictar el auto de procesamiento, modificando su razonamiento luego de la requisitoria sin que se incorporaran nuevos elementos. Señala que la pena de 4 años de prisión efectiva pedida por la Sra. Fiscal es tan sólo una estimación no vinculante para S.S., ni para el tribunal que deberá emitir sentencia, como tampoco lo es para el Sr. Fiscal de Cámara. Sostiene que la resolución impugnada vulnera principios y garantías constitucionales, no pudiendo sostenerse la presunta interpretación equivocada que el Sr. Juez pudo haber efectuado invocando los arts. 270 y 300 del C.P.P., cuestión sobre la cual se explaya, citando jurisprudencia al respecto. Destaca por último los aspectos por los que considera que hay ausencia de peligro de no sometimiento del imputado al proceso. Por su parte, la Sra. Fiscal de Cámara de Acusación mediante dictamen de fs. 272/273, solicita se aplique la sanción de nulidad al auto resolutivo de fs. 241 y vta., por cuanto entiende que cuando el Juez emitió esa resolución lo hizo excediendo su competencia de actuación, pues había precluído la etapa para pronunciarse sobre la libertad del imputado en el marco del art. 300 del C.P.P., olvidando que la clausura de la instrucción impedía adoptar en el proceso una conducta incompatible con la anterior. Expresa que se causó un perjuicio al imputado al disponerse su prisión preventiva, modificándose una situación jurídica ya consolidada y consentida tanto por el acusador público como por la querella, quienes no realizaron manifestación alguna en tiempo oportuno al respecto. Señala por último que la estimación de pena efectuada en el requerimiento de juicio lo fue sólo a los fines de la aplicabilidad del instituto del Juicio Abreviado, o en su caso, ante la eventualidad de un pedido de Suspensión de Juicio a Prueba. El recurso fue producido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

Puesto a resolver la apelación incoada, cabe desde ya expresamente consignar, que debe revocarse la prisión preventiva dictada contra el imputado Carlos Benjamín Oliva, revistiendo los agravios traídos a colación por la recurrente fuerza suficiente para revertir el criterio tomado por el Juez en grado.

Para el caso en análisis hay que tener en cuenta que la posibilidad que el Juez dispusiera la libertad del procesado o su prisión preventiva está contemplada en el art. 300 última parte del C.P.P., en cuyo caso ésta norma lo faculta al Instructor para que realice la valoración en abstracto, de si la futura eventual condena será o no de ejecución condicional. Esta cuestión tiene que ver con el art. 26 del C.P. que contempla la posibilidad para un condenado a pena mínima no superior de tres años y de primera condena, que quede dicha sentencia condenatoria en suspenso; es decir la llamada condenación condicional.

Lógicamente que sea en uno u otro sentido el tribunal deberá fundar tal decisión, pudiendo advertirse en el caso de marras que el A quo ya en oportunidad del dictado del auto de procesamiento de fs. 189/192 efectuó tal valoración, merituando las circunstancias particulares que rodearon el hecho, el tipo penal descripto y teniendo en cuenta además los antecedentes que registra el imputado en su planilla prontuarial de fs. 105, estimando prima facie que en la etapa del plenario, en caso de recaer condena, la misma sería de ejecución condicional, por lo que dispuso la libertad provisoria del procesado Oliva de conformidad a lo dispuesto por el art. 300 del C.P.P..

Tal pronunciamiento, se encuentra firme y consentido, ya que ni la Sra. Agente Fiscal Penal ni la parte Querellante formularon cuestionamiento alguno sobre tal decisión, por lo que en rigor a la verdad existía un verdadero impedimento de alterar tal estado procesal adquirido respecto de la persona del sometido a proceso, salvo lógicamente en el supuesto de producirse alguna modificación relativa a la calificación legal del hecho tornándola más gravosa, o algún antecedente condenatorio que antes se desconocía, circunstancias que como es sabido imposibilitan prima facie la estimación de la condicionalidad de una eventual futura sentencia condenatoria, o también motivos objetivos que verdaderamente evidencien que el procesado indudablemente se fugará y se sustraerá al accionar de la justicia, lo que no puede simplemente presumirse per se sino que deben existir reales e inequívocos indicadores de tal peligro procesal, presupuestos que ni remotamente se dan en el caso analizado. En efecto, el tipo penal por el cual se procesó y formuló el requerimiento acusatorio, se encuentra reprimido con una penalidad de tres a diez años de prisión, escala penal que sin mayores inconvenientes permite la aplicación de una pena privativa de la libertad de ejecución condicional, de conformidad a los arts. 270 y 300 del C.P.P. y 26 del C.P., al no registrar el imputado antecedente condenatorio alguno, siendo esta la única causa que posee según se desprende de su planilla prontuarial. Téngase en cuenta además que el ordenamiento jurídico vigente tiene claramente establecido el carácter cautelar de la prisión preventiva y de toda detención ordenada en forma previa al dictado de una sentencia condenatoria, lo que obliga al Juzgador a merituar en cada caso si existen elementos que razonablemente indiquen que el imputado se evadirá o entorpecerá la investigación, los que no se dan en el caso de marras ya que no es de temer la fuga del imputado ante la actitud adoptada por el mismo frente a la justicia, y haberse acreditado también su arraigo más que suficiente, conviviendo con su grupo familiar en un domicilio conocido.

Tampoco puede dejar de considerarse que la estimación de la penalidad efectuada por la Sra. Agente Fiscal Penal en el requerimiento de elevación a juicio de fs. 232/235, en el caso de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, resulta sólo una exigencia prevista en el art. 341 in fine del C.P.P. para tal dictamen acusatorio, por lo que únicamente puede tener efecto ese "pedido concreto de pena" formulado en esa instancia, a los fines de evaluar la aplicabilidad o no del instituto del Juicio Abreviado (art. 360 del C.P.P.) o eventualmente la procedencia o no de un pedido de Suspensión de Juicio a Prueba (art. 76 bis del C.P.).

En definitiva, las razones apuntadas me eximen de realizar mayores comentarios al respecto y ameritan sin más que sea revocada la prisión preventiva dictada y en su mérito se ordene la libertad provisoria del imputado, lo que deberá efectivizarse por el Juzgado de origen. Por último, en cuanto al planteamiento de nulidad efectuado por la Sra. Fiscal de Cámara de Acusación a fs. 272/273, deviene abstracto su tratamiento, atento lo precedentemente dispuesto, lo que así debe declararse.

Por las razones expuestas, debe hacerse lugar al recurso de apelación interpuesto por la Dra. María Adriana Soria y revocarse la prisión preventiva dictada ordenándose en consecuencia la libertad de Carlos Benjamín Oliva. Así voto.

________El Dr. Edgardo Francisco Albarracín dijo:

________Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

_________En mérito a ello y al acuerdo que antecede, _________LA SALA III DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, ________________________RESUELVE:

________I.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 259/264 vta. por la Dra. María Adriana Soria y a mérito de ello REVOCAR la PRISIÓN PREVENTIVA del imputado Carlos Benjamín Oliva de fs. 241 y vta., ORDENANDO SU LIBERTAD provisoria, lo que deberá efectivizarse por el Juzgado de origen. A tales fines, ofíciese. _______II.- DECLARAR ABSTRACTO el planteamiento de nulidad formulado por la Sra. Fiscal de Cámara de Acusación a fs. 272/273 conforme lo expresado en los considerandos.

III.- REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y bajen oportunamente los autos al Juzgado de origen.

Ante mí.