Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27


SENTENCIA NRO. 93068 CAUSA NRO.4947/2010 "VELASTIQUI RUBEN TEODORO C/ COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA SA S/ DESPIDO".- JUZGADO NRO.64. - En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 27.04.12 , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Diana Regina Cañal dijo:

Contra la sentencia de primera instancia de fs. 433/438, que rechazó la demanda interpuesta contra Compañía Industrial cervecera SA, se alza la parte actora, en los términos del memorial que obran a fs. 442/446, con réplica de la contraria a 453/457. A su vez, la accionada apela los honorarios regulados al perito contador, por considerarlos elevados (fs. 439/440).

La accionada se queja, porque la juez de anterior grado, según entiende, sobre una errónea valoración de la prueba testimonial rendida en autos, tuvo por no acreditada la categoría de viajante de comercio invocada en el inicio.

Al respecto, sostiene que se apreciaron en forma fraccionada y aislada los dichos del testigo González, llegando a una conclusión equivocada. Considera que el deponente no resultó contradictorio, pues todo lo contrario, afirmó en forma clara que se veían aproximadamente dos veces por semana, que él estaba a cargo de la venta de los productos de la empresa, en un automóvil de su propiedad, y que visitaba el negocio donde el dicente laboraba, para llevar promociones de la compañía cervecera.

En cuanto al testimonio del Sr. Mobili, destaca que manifestó que él era vendedor, que gestionaba a favor de CICSA la venta de los productos de la demandada. Agrega que el Sr. Echavarria, propuesto por la parte demandada, brindó declaración sobre hechos de los que no tuvo conocimiento de ellos en forma directa.

Luego, se refiere a la pericial contable. En particular, señala que la demanda no le exhibió al experto la documentación necesaria para realizar su informe, siendo la mayoría de los datos informados en forma verbal, por empleados de la misma.

En razón de todo lo expuesto hasta aquí, solicita que por aplicación del principio contemplado en el art. 9 de la LCT, se tenga por acreditada la categoría de viajante de comercio, y se haga lugar a todos los rubros reclamados en el inicio.

Asimismo, cuestiona el rechazo de los agravamientos previstos en los arts. 1 y 2 de la ley 25323, y de la indemnización por clientela conforme lo dispuesto en el art. 14 de la ley 14546 Por último, apela los honorarios regulados a la representación letrada de la parte demandada, y los del perito contador, por estimarlos elevados.

Por razones de mejor orden, haré una breve reseña de los hechos acaecidos en la causa.

En el inicio, el actor manifestó que en diciembre de 1999, ingresó a trabajar para Compañía Industrial Cervecera SA, por intermedio de una agencia de colocación de personal, denominada "Alter Producciones SA". Sostuvo que, a partir del 1.04.00, continuó laborando para la misma empresa, pero a través de otra agencia, llamada "Solvens SA". Hasta que en julio de ese mismo año, la demandada registró el contrato de trabajo, pero consignando una fecha de ingreso posterior a la real, pues figuraba el 7.07.2000, en lugar de diciembre de 1999.

Indicó que comenzó trabajando como "Preventista", que cuando la accionada lo registró como su empleado, continuó en la misma categoría, hasta que ascendió, siendo su último cargo el de "Supervisor de Ventas". Destacó que, a partir de octubre del 2007, le asignaron como zona exclusiva, La Plata, a fin de realizar sus tareas iniciales, de preventista o vendedor, sin personal a cargo.

Respecto de su lugar de trabajo, indicó que laboraba en la calle, visitando los negocios de los clientes, que asistía una o dos veces por semana a reuniones en la empresa, en la calle Hipólito Irigoyen Nro. 4747, Munro, Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a sus tareas laborales, describió que estaba a cargo de la venta de productos, en forma personal, dentro de la zona que tenía asignada, en La Plata, Provincia de Buenos Aires, y conforme los precios que fijaba su empleadora. Aclaró que recorría su zona con un rodado de su propiedad, cuyos gastos eran retribuidos por la empresa. Afirmó que el viático no figuraba en los recibos de haberes. Que una vez plasmados todos los gastos en una planilla de Excel, se los entregaba a la demandada, para su posterior devolución.

Luego, relató que comunicaba los pedidos de mercaderías a la Sra. Delia, del departamento de ventas, por handy o por email. Que la misma estaba a cargo de cargarlos en el sistema de la empresa, y que, finalmente, en el plazo de 24 a 48, se concretaba la entrega y la facturación.

Manifestó que la mercadería que vendía, pertenecía a las principales marcas de cerveza, tales como: Budweiser, Heineken, Schneider, Corona, Guiness, Palermo, Imperial Biecker, y además distribuía Red Bull. Y que los clientes mayoristas que tenía a su cargo, durante los últimos dos años de la relación laboral, fueron San Vicente, y Bebidas El Faro.

Hace hincapié en que su real tarea, era la de viajante de comercio, recibiendo una remuneración variable, en relación con las comisiones y los objetivos fijados por la empresa, denominados "Bonificación Especial". Aclaró que este último rubro, sí figuraba en sus recibos de haberes.

A continuación, se refirió a los reclamos verbales efectuados a la empresa, para que se le reconociera su condición de viajante de comercio. Sin embargo, el 29.04.09, la misma respondió mediante telegrama, comunicándole el despido directo sin causa.

Destacó que una vez cobrada la liquidación final, intimó a la accionada, mediante TCL Nro. 75460445, del 13.08.09, de la siguiente manera: "atento que luego de despedirme me abonó una liquidación final, por un importe inferior al que corresponde, principalmente por no haber tomado mi real fecha de ingreso, y tampoco mejor remuneración mensual, normal, y habitual (.) y por no respetar mi condición de viajante de comercio, y en consecuencia, no abonarme la indemnización por clientela, ni las comisiones por ventas totales que me corresponden de conformidad con la ley 14546. Intímole por la presente, a que dentro del plazo legal, me abone las diferencias salariales e indemnizatorias.".

Pese a ello, la demandada contestó la intimación, negando cada uno de los hechos y de los puntos reclamados, por lo que no tuvo más alternativa que iniciar la presente acción.

En el responde, Compañía Industrial Cervecera SA (fs. 109/122), practicó negativa ritual, e informó que el actor ingresó el 7.7.00, a fin de realizar tareas como preventista, es decir que levantaba pedidos de mercaderías, que al momento de extinguirse el vínculo laboral, la categoría del mismo era la de supervisor de ventas.

Indicó que el 30.04.09, por cuestiones de reestructuración de la empresa, decidió despedir al accionante, abonándole la correspondiente liquidación final, e indemnizaciones legales, tal como resulta del recibo de haberes agregado como prueba documental.

En este caso, si bien la demandada reconoce la prestación de servicios del actor, en la extensión de tiempo que ella invoca, afirma la calidad de supervisor de ventas, y niega que el Sr. Velastiqui se hubiera desempeñado como vendedor de los productos que la empresa comercializaba, teniendo una zona exclusiva a su cargo.

Dentro de este marco, el punto relevante a dilucidar, es si corresponde encuadrar la actividad desplegada por el actor, en el estatuto de viajante de comercio, ley 14546.

Ante todo, conviene despejar el primer interrogante: ¿Qué es una viajante de comercio? En algún momento pudo ser fácil definir el concepto, porque bastaba con la lectura del estatuto para saberlo, luego, si la actividad analizada encajaba en la definición del mismo, podíamos fácilmente saber que estábamos en presencia de un viajante. Sin embargo, la evolución y cambio de los negocios, donde la mercadería y las formas de venderla han cambiado tanto, dificultan seriamente la definición.

Este ha sido el caso de los promotores de líneas de crédito, de servicios de internet, de telefonía celular, de planes médicos, etc. En donde es muy difícil la conceptualización del producto vendido como "mercadería", y donde las técnicas tanto de aceptación de las operaciones, cuanto de determinación de las comisiones, son tan variadas que dificultan muchas veces interpretar si se trata de una "venta".

Pues bien, teniendo presente esta actual confusión conceptual, propia de todo cambio en la realidad (puesto que el derecho no hace más que seguirla como un fenómeno a posteriori), corresponde que refresquemos la terminología de la ley 14.546. La misma refiere como viajante a aquél que "concierte negocios relativos al comercio o industria de su o sus representados, mediante una remuneración" (art.1).

Asimismo, la actividad debe consistir en una venta a nombre o por cuenta de su o sus representados, en los precios y condiciones por ellos previstos, percibiendo a cambio sueldo, viático, comisión o cualquier otro tipo de remuneración, desempeñando en forma habitual y personalmente la actividad de viajante, realizando la prestación en la zona o radio determinado, y cargando el empleador con el riesgo de las operaciones (art.2).

Luego, la nota de venta o pedido debe ser aceptada, y lo es toda aquella que no fuera rechazada, en cuyo caso deben serle informados los motivos al viajante (art.5).

Entendiendo que éstas son las notas básicas de la actividad, corresponde verificar en la testimonial rendida, cómo eran prestadas las labores por el accionante.

De los testigos propuestos por el actor, el Sr. González (fs. 194/195), manifestó que conoce a ambas partes del litigio, que él trabajaba para la demandada, junto con el actor, que ambos repartían los productos de la empresa. Aclaró que esto lo sabe porque compartían los días laborales, que el horario era rotativo, de siete de la mañana a tres de la tarde. En cuanto al lugar geográfico de trabajo, sostuvo que en el depósito había dos direcciones, la primera, en la Calle 148, entre 44 y 45, y la segunda, en Lisandro Olmos, ambas de la ciudad de La Plata. Afirmó que vio al actor en dos periodos, en el 2000, y del 2007 al 2009. Que la habitualidad con la que se veían era de dos veces por semana, cuando cargaban los camiones, y cuando el accionante estaba en la computadora, cargando las ventas realizadas a la empresa Faro. Hizo hincapié en que esto lo sabe, porque a veces traía promociones de cervezas, y lo veía. Aclaró que cuando se refiere a "levantar", significa que el actor levantaba los pedidos de cervezas Heineken, Budweiser, Corona, que también había cerveza negra, pero que no recuerda el nombre. Informó que la mercadería la traían los equipos, y la cobraban los choferes del equipo. Sostuvo que esto lo sabe porque los veía en el depósito. Destacó que el accionante se movilizaba con un auto particular, celeste, modelo Renault 11.

Por la misma parte, Mobili (fs. 196/198) declaró que conoce al accionante de la empresa en la cual él trabajaba, de "Bebidas Faro"; asimismo, indicó que también conoce a la demandada, porque Faro tenía una relación comercial con aquella, pero que no existe más, ya que cerró como distribuidora en junio del año pasado. Sostuvo que no recuerda cuándo conoció al Sr. Velastiqui, pero cree que la primera vez que lo vio fue en el 2003, y el 2004, que luego vino otro empleado de la empresa CICSA, y no tuvo más relación con el accionante, hasta que en el 2008 ó 2009, volvió a promocionar los productos de la empresa. Aclaró que no recuerda con precisión. Afirmó que el actor era vendedor de los productos de CICSA, tales como: cervezas Heineken, Budweiser, Schneider, Corona, Winess, Modelo. Señaló que lo veía dos veces por semana, cuando concurría al Faro, que los temas sobre los que hablaban eran específicamente sobre las gestiones de ventas, por ejemplo; promociones, bonificaciones o entregas. Informó que los pedidos de mercadería se los hacía al actor, y que este último los notificaba a la empresa. Que tiene conocimiento de ello, porque lo veía. Luego, destacó que la mercadería era distribuida a las 24 horas, en un camión enviado por CICSA, y se pagaba en ese momento. Que esto lo sabe porque lo veía, que estaba en el depósito. En cuanto al horario que concurría el Sr. Velastiqui, indicó que era de lunes a sábados desde las 9.30 de la mañana, hasta las 5 ó 6 de la tarde. Dijo que el actor se movilizaba en un auto, marca Renault, de color gris, que siempre lo veía llegar en el mismo, que supone que era de él. Asimismo, aclaró que ambos vivían cerca, por lo que un día lo vio manejando su vehículo junto con su familia. A continuación, se refirió a otras distribuidoras para los cuales el Sr. Velastiqui también gestionaba las ventas, que estaban en Berazategui, y San Vicente, y otras más que no recuerda. En cuanto al volumen de mercadería que el Faro solicitaba, manifestó que dependía de la temporada del año, que en temporada alta compraban un promedio de 15.000 cajones por mes, y en los meses de invierno, 9.000. Sin embargo, no recuerda el precio de los mismos, porque variaban según la marca.

Luego, por la parte demandada, declaró el Sr. Echavarría (fs. 406/407), quien sostuvo que conoce al Sr. Velastiqui, porque ambos trabajaban en la misma empresa, para Compañía Industrial Cervecera SA. Indicó que no sabe la fecha de ingreso del accionante; sin embargo, aclaró que cuando él comenzó a prestar servicios, en el 2003, el actor ya se encontraba trabajando allí. Sostuvo que el Sr. Velastiqui laboraba como supervisor de venta, en zona distribuidores, que tenía asignada un área en la cual operaban distribuidores de la compañía. Hizo hincapié en que no recuerda la extensión de la jornada laboral, la remuneración, ni el motivo por el cual el accionante dejó de trabajar en la empresa. Describió que las tareas de un supervisor son, entre otras; supervisar el área de distribuidores, que se lleven adelante las políticas de precios de la compañía, y las políticas de exhibición de los productos.

A continuación, la parte actora impugnó la declaración del Sr. Echevarría, porque a su entender, no tuvo conocimiento directo sobre las tareas que efectuaba en la empresa, sólo se limitó a describir en forma teórica, cuáles eran los trabajos que estaban a cargo de un supervisor de ventas (fs. 409).

Ahora, considero que los testigos propuestos por el Sr. Velastiqui, fueron concordantes en sus declaraciones, al manifestar que aquél estaba a cargo exclusivamente de la venta de los productos de la empresa, que debía tomar los pedidos de los clientes que visitaba, en la zona de la Plata, cuya información era volcada por medio de la computadora, a la base de datos de la empresa, para que en el plazo de 24 horas se entregara y cobrara, por medio de los distribuidores.

En efecto, el Sr. González (fs. 194/195), manifestó que junto con el actor, estaban a cargo de repartir los productos de la demandada, que se veían dos veces por semana, cuando cargaban los camiones, y cuando el actor estaba con la computadora volcando los pedidos efectuados por la empresa Faro. Aclaró que cuando se refiere a "levantar", significa que el actor levantaba los pedidos de cervezas. Luego el Sr. Mobili (fs. 196/198) declaró que el actor era vendedor de los productos de CICSA, tales como: cervezas Heineken, Budweiser, Schneider, Corona, Winess, y Modelo, que lo veía dos veces por semana en la empresa Bebidas Faro, que hablaban sobre las gestiones de ventas, por ejemplo; promociones, bonificaciones o entregas. Informó que los pedidos de mercadería se los hacían al actor, y que este último los notificaba a la empresa; finalmente, sostuvo que la mercadería era distribuida en un plazo de 24 horas, en un camión enviado por CICSA, y se pagaba en ese momento.

En estas condiciones, estimo que las citadas declaraciones resultan congruentes con los hechos invocados en el inicio, y no devienen desvirtuadas por las genéricas alegaciones vertidas por el deponente propuesto por la demandada. Pues, el Sr. Echavarría (fs. 406/407), manifestó que no recuerda la fecha de ingreso del accionante, la remuneración que percibía, la extensión de la jornada laboral, ni los motivos por los cuales dejó el trabajo. Solo se limitó a describir en forma técnica, cuáles eran las tareas que debía realizar el actor, como supervisor de ventas, aclarando que jamás lo vio desempeñarse en ellas. Es decir, que no adquirió conocimiento de los hechos controvertidos en autos, a través de sus sentidos.

A fs. 220/225, el perito contador informó que no pudo determinar específicamente cuáles fueron las tareas que realizaba el actor, porque la demandada no le exhibió las constancias de las ventas, las zonas exclusivas en las que operaba, los clientes, ganancias de las operaciones realizadas, así como tampoco, el listado de distribución.

Del mismo informe, se advierte que el Sr. Velastiqui rendía a la empresa los gastos efectuados por la utilización del automóvil, mediante una planilla en la que figuraban los gastos del viaje, combustibles, kilómetros recorridos. En cuanto los destinos, se advierte que las zonas que recorrida se centraba principalmente en La Plata, provincia de Buenos Aires, y sus alrededores (fs. 224 vta).

Nótese que la asignación al actor de la zona de La Plata, como espacio geográfico exclusivo para que desplegara sus operaciones comerciales, fue corroborada por las declaraciones testimoniales anteriormente citadas, incluso el propio testigo de la demandada, se refirió a la zona exclusiva Analizada todas estas cuestiones, infiero que desde el comienzo de la relación laboral, el actor pasó por varias categorías, desde preventista hasta llegar a ser supervisor de ventas, en la zona de La Plata (conforme la modificación de las condiciones de trabajo que figura a fs. 65). Es decir, que siempre estuvo inserto dentro de la actividad comercial de la empresa, y en el área de las ventas.

A la luz del principio contemplado por el art. 9 de la LCT, considero que el Sr. Velastiqui no sólo estaba a cargo de supervisar, y controlar las ventas, y la distribución de los productos, se realizaran bajo las políticas fijadas por la empresa, sino que el mismo las gestionaba, pues visitaba a los clientes de la zona asignada, para ofrecerles los productos de la compañía (distintas marcas de cerveza), informaba sobre las promociones, levantaba los pedidos y, en definitiva, "concertaba" el negocio correspondiente, notificando la solicitud de mercadería a la central. Todo lo cual lleva a concluir en su condición de "viajante de comercio", en los términos de la ley 14.546.

En casos semejantes, se ha sostenido que, "si la actora concertaba operaciones en nombre y representación de la empresa demandada, de modo habitual y permanente, y esta actividad la cumplía de manera principal o prevalente y la circunstancia de que percibiera comisiones por ventas de manera normal y habitual, torna aplicable la ley 14546. Máxime que en el caso, el actor no sólo concertaba operaciones vinculadas a la promoción de los productos que distribuía Compañía Industrial Cervecera SA, sino que también los vendía (CNAT Sala II Expte n° 21500/97, sent. 89374, dictada el 22/5/01, en autos "Elías, Graciela c/ Conectel Telecomunicaciones SA s/ despido").

"El viajante de comercio es aquél trabajador que personalmente y en forma habitual concierta negocios relativos al comercio o industria, en representación de uno o más comerciantes y/o industriales, conforme órdenes e instrucciones de éstos, percibiendo por ello una remuneración (art. 1° e la ley 14546). Puede decirse que la actividad del viajante se centra en torno de la información, y persuasión de la clientela, para llegar a la venta directa o a la obtención del pedido. La concertación de negocios a la que se refiere el artículo mencionado no significa que el viajante de comercio deba vender el producto o mercadería de su representado o deba concluir el negocio, sino que aquél sólo presenta el negocio a su principal para su aprobación. De allí que el término "concertar" deba entenderse como pactar, ajustar, acordar un negocio y no como "concluir", pues esta facultad usualmente pertenece al principal que acepta la nota de venta (CNAT Sala III Expte n° 25314/02 sent. 85515 19/12/03 "Valdez, Carlos c/ Coca Cola FEMSA de Bs As SA s/ despido").

También, se ha dicho que "Los actos de venta realizados por quien pretende quedar encuadrado en la categoría de "viajante", deben ser lo suficientemente frecuentes, repetidos y constituir el objeto primordial de la prestación laboral, pues de otro modo no hay posibilidad de poseer la calidad profesional indicada" (CNAT Sala VII, Expte n° 17640/98, sent. 33279, del 8/3/00, dictada en autos "Ingaramo, Horacio c/ Coca Cola Femsa de Bs As SA s/ despido").

Y, en una hipótesis análoga a la de autos, se ha dispuso que "El sólo hecho de levantar un pedido significa concertar, aproximar la clientela y realizar una operación en estado de ser cumplida, y esta es la venta en los viajantes de comercio" (CNAT Sala II, Expte n° 7697/00, sent. 90919, dictada el 23/9/02, en autos "Caputo, Rubén c/ Frigorífico Cagnoli SA s/ ley 14546").

Definida la cuestión de este modo, estimo que se genera de manera automática el derecho al cobro de la indemnización por clientela, prevista en el art. 14 de la ley 14546, que de forma semejante fuera condenada en la causa "Alvarez, Claudia Beatriz c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A. s/ despido" (CNAT, Sala VII, SD38756 del 7/9/05).

Ahora, para determinar si el actor resulta acreedor a las comisiones reclamadas, cabe recordar que el art. 11 de la ley 14546, tiene dos párrafos, el primero alude a la declaración jurada del viajante de comercio, sobre los hechos que debieron consignarse en el libro del comerciante, y el segundo, indica que cuando se controvierta el monto del salario, "la prueba contraria a la reclamación corresponderá a la patronal".

Siguiendo los lineamientos que dispone el art. 7, de la citada ley, la remuneración del viajante está constituida por una comisión, por las ventas realizadas, más los viáticos, gastos de movilidad, hospedaje, comida y compensación, por gastos de vehículo.

En el inicio, el actor sostuvo que las comisiones fueron convenidas verbalmente con la empleadora, en el 0,20%, del monto bruto de las ventas; sin embargo, nunca se las abonaron. Asimismo, Indicó que la demandada erróneamente las consideraba incluidas en "la bonificación especial". La cual era abonada teniendo en cuenta el alcance de las metas mensuales, que determinaba la organización.

Al respecto, el Dr. Fernández Madrid señala, que "...el legislador, al imponer la comisión como forma necesaria de retribución del viajante ha querido de alguna manera, asociar la actividad el empleado al resultado de su gestión y adecuar su remuneración, en todo o en parte, al producido de ella, de tal modo que sufra las contingencias propias de la variabilidad de la demanda y del precio del producto. En otras palabras, evitar la congelación de los salarios, pese a los mayores ingresos de los principales. En otros términos, insistimos en que para que la comisión cumpla el rol de reguladora de los ingresos del viajante, debe constituir lo principal del régimen de remuneraciones y el sueldo fijo lo accesorio" (conf. "Los Viajantes de Comercio ante las leyes de Trabajo" de J.C. Fernández Madrid pág. 121, 152 y 153, Ediciones Contabilidad Moderna, Buenos Aires, año 1971).

Luego, en el inicio, el Sr. Velastiqui prestó el juramento del art. 11 de la citada ley, sobre los hechos que debieron consignarse en el libro especial (fs. 10 vta). Asimismo, solicitó que se intimara a la demandada a acompañar las constancias de las ventas de mercadería concertadas, el listado de clientes, y demás circunstancias de la relación laboral.

Reitero lo informado por el perito contador supra, respecto de la falta de exhibición por parte de la empresa, de las constancias de las operaciones de ventas realizadas, con sus respectivos montos, listados de clientes, zonas exclusivas, y distribuidores.

De la documental acompañada por Compañía Industrial Cervecera, surge que los empleados preventistas, gerentes, jefes y supervisores tenían una remuneración variable, comprendida por incentivos sobre ventas, a fin de orientar a la empresa para alcanzar sus resultados por metas de volumen y facturación. Asimismo, figura que la oficina de recursos humanos estaba a cargo de liquidar y pagar las comisiones a los preventistas, que se hubieran hecho acreedores a las mismas, de acuerdo con una tabla de cumplimiento (fs. 78/108).

A la luz de todo lo expuesto hasta aquí, en atención a lo denunciado por el experto contable, respecto de la penosa orfandad documental, a lo que se suma la omisión de llevar el libro especial que establece el art. 10 de la ley 14546, estimo que la demandada no logró demostrar que no adeudara ninguna diferencia por comisiones (fs.221).

En consecuencia, corresponde hacer lugar a las comisiones del 0, 20% del total de las ventas, por la suma total de $62.400 ($2.600 mensuales x los dos años no prescriptos).

En cuanto a la fecha de ingreso, el actor en el inicio señaló que comenzó a trabajar para la demandada el 2.12.99, a través de la agencia de colocación de personal, Alter Producciones SA. Que el 1.04.00, continuó prestando servicios para la misma, pero por intermedio de Solvens SA, hasta que finalmente, el 7.07.00, la accionada procedió a registrar la relación laboral.

Sin embargo, ninguno de los testigos que declararon en autos se refirieron a dichas empresas intermediarias, ni a la fecha de comienzo de la prestación laboral denunciada en la demanda. En efecto, el Sr. González (fs. 194/195), manifestó que vio al actor en dos periodos, en el 2000, y del 2007 al 2009. El Sr. Mobili (fs. 196/198) cree que la primera vez que lo vio fue en el 2003. El Sr. Echavarría (fs. 406/407), indicó que no sabe la fecha de ingreso del accionante, pero aclaró que cuando él comenzó a prestar servicios en el 2003, el actor ya se encontraba trabajando allí. Por consiguiente, corresponde tener por cierta la fecha de ingreso consignada en el contrato de trabajo.

Ahora, para determinar la base de cálculo del monto de condena, cabe tener en cuenta la mejor remuneración normal y habitual, informada por el perito contador, de enero del 2009, por la suma de $5.088, 96. Ello, sumado a las comisiones devengadas por $2.600 (conf. art. 7, de la ley 14546), nos lleva a un total de $7.688 (pesos siete mil seiscientos ochenta y ocho).

Según la resolución Nº 1970/2008 de la Secretaria del Trabajo, B.O. 15.05.09, el tope indemnizatorio para los viajantes de comercio era de $6.480 (vigencia del 1/07/08 al 31.08.10) Ahora bien, esto nos lleva a replantear el debatido tema de los topes. Por medio de esta técnica, el Legislador ha buscado superar hipótesis de confiscatoriedad cuando el pago de una indemnización, por accidente o por despido, deja prácticamente exangüe las arcas del empleador.

Así, por un criterio de solidaridad social, donde la empresa debe ser considerada como un bien común dada su condición de dadora de trabajo, es menester su preservación y llegado el caso, la política de topes puede resultar razonable. Precisamente, la Corte ha entendido que el mero establecimiento de un límite para la base indemnizatoria no resulta por sí solo causal de descalificación de la norma que fija el resarcimiento por despido (CSJN, in re "Grosso, Bartolo c/ San Sebastián SACIFIA" DEL 4/9/90, Fallos 313:850 y "Villarreal, Adolfo c/ Roemmers s/ cobro" del 10/12/97, V 202 XXXIII").

Sin embargo, lo que el Más Alto Tribunal objeta es un apartamiento del tope legal sin que se de un fundamento para ello, es decir, incurriendo en arbitrariedad (CSJN, "Vergara, Jorge G. c/ Mediconex S.A.", 23/11/95, fallos 318_2367; ib. "Génova, Emilio H. C/ Televisión Federal", del 27/5/99, DT 1999-B,2274; "Mourullo" Fallos303:1017; "Aquino" 304:543 y "Russano", 322:1025). Concretamente ha señalado que se trata de "una afirmación dogmática, fundada en la sola voluntad del juzgador la referencia a la configuración de un "tipo de inequidad", en tanto no se ha desarrollado mínimamente un estudio de los distintos aspectos de la norma, de los principios que la inspiraron, y sin efectuar ninguna evaluación acerca de los intereses contrapuestos que el legislador se propuso tutelar al establecer el tope legal de las indemnizaciones por despido arbitrario que, naturalmente, habrá de gravitar sobre los empleados de categorías superiores" (CSJN, M 341 XXXIII "Mastroiani, Ricardo c/ Establecimiento Modelo Terrabusi S.A.I.C." del 27/5/99).

Pues bien, encuentro innegable la necesidad de fundamentación, en particular cuando la decisión implica una interpretación de la norma que pueda "parecer" un apartamiento de la misma. El problema radica -y sin duda ha sido el caso de las decisiones de la Cámara que fueran dejadas sin efecto por la Corte- en la estimación de cuándo una fundamentación es suficiente, criterio difícilmente objetivable.

Como se dijera, el Legislador ha buscado con la política de topes evitar un efecto devastador en la economía de la empresa, el que se produciría con el pago de indemnizaciones por despido realizadas con el cálculo habitual. Este impacto se ve particularmente reforzado, cuando se trata de salarios de mayor envergadura y antigüedades prolongadas.

De tal suerte que media un primer elemento objetivo a tener en cuenta que, en la especie, no veo siquiera invocado por la demandada el tema del tope indemnizatorio. Por lo tanto, mal podría el sentenciante hacer jugar un argumento no invocado por las partes, violando de tal suerte el principio de congruencia.

Corresponde ahora analizar el otro extremo de la ecuación, relativo a la situación del trabajador. En un sistema de estabilidad impropia como puede ser en principio el de nuestra normativa, el empleador podría despedir libremente pero, si lo hace sin justa causa, debe reparar el daño causado. La medida del mismo está dada, precisamente, por los años de servicio y un promedio remuneratorio. Módulo éste que no resulta arbitrario, puesto que implica una forma de compensar el paso del tiempo durante el cual el trabajador estuvo al servicio de la empresa, amortizando su vida útil y reparando el daño emergente y el lucro cesante propios de toda desvinculación. Necesariamente, a mayor tiempo a disposición de un empleador, menor resto de capacidad laborativa y expectativas de reinserción en el mercado.

De tal suerte, la razonabilidad del tope en el caso concreto solo puede ser medida en relación con las circunstancias personales del trabajador, según las cuales la indemnización que le hubiera correspondido percibir de conformidad con su haber mensual, por 8 años y nueve meses de trabajo alcanzaba a la suma de $69.192, sin embargo, por aplicación del tope recibiría tan solo $58.320.

Encuentro de tal forma que en los extremos de la tensión: perjuicio para la trabajadora, perjuicio para la empresa, la única que aporta elementos objetivos es la primera, resultando claramente que la diferencia de $10.872, que termina quedando en manos de la empresa, mal puede tener por objetivo evitar alguna confiscatoriedad que ponga en riesgo la seguridad empresaria. Mientras que, por el otro lado, despoja al trabajador de un derecho adquirido, lo cual no se justifica por criterio compensatorio alguno de daño irrogado o irrogable a la contraparte.

Por lo tanto, encuentro que en la especie, sí se ve configurada la hipótesis de que la aplicación de la norma (art. 245 de la LCT reformado por la 24.013) consagraría una suerte de "derecho a despedir con mínimas e irrelevantes consecuencias jurídicas" (Cfr. CNAT, Sala VI, in re "Cánepa, Luis c/ Taipei S.A. s/ despido", SD50578 del 12/2/99, del voto de la minoría, Dr. De La Fuente), justificativa del decreto de inconstitucionalidad, toda vez que se encuentran violados los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.

De tal suerte, no es la política de topes en sí misma la que está en discusión, como por otra parte no podría serlo por exceder la función del Juzgador, sino encontrar una medida de justicia para la misma, que tenga que ver con la télesis de los topes que, insisto, es la de no dejar exangüe al empleador. En el mismo sentido, se ha dicho que razones de orden público o bien de manifiesta irrazonabilidad, justifican un decreto de inconstitucionalidad (Fallos 308.1217, 286:187, 311:1517, 311:1880 y 308:1788", CNAT, SI, SD del 7/5/98,in re "Juárez, José c/ Cia. Gral. de Fósforos Sudamericana S.A.", del fallo "Tala", citado supra).

Comparto de tal modo los fundamentos, aunque no la proporción de la confiscatoriedad expresada por la CSJN en la causa "Vizzoti, Carlos c/ AMSA S.A.", del 14/9/04", dadas las características de la presente causa (por entero disímiles a las de Vizzoti. En el aspecto al que adhiero, se sostuvo que "consentir que la reglamentación del DT reconocido por la CN, aduciendo el logro de supuestos frutos futuros, deba hoy resignar el sentido profundamente humanístico y protectorio del trabajador que aquélla le exige; admitir que sean las ¨leyes¨ de dicho mercado el modelo al que deban ajustarse las leyes y su hermenéutica; dar cabida en los estrados judiciales, en suma, a estos pensamientos y otros de análoga procedencia, importaría (aunque se admitiera la conveniencia de dichas ¨leyes¨), pura y simplemente, invertir la legalidad que nos rige como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones, derechos, libertades y garantías que adoptó a través de la CN. Puesto que, si de ésta se trata, resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la CN y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad" (en sentido análogo Sentencia Nro 2433, dictada el 19 de diciembre del 2007, en autos "Aznar, Gabriela Lorena c/ 3M Argentina S.A. s/ despido", expte. Nro. 16450/2006, Juzgado Nº 74).

De conformidad con lo reseñado, estimo que corresponde declarar de oficio la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio del art. 245 de la LCT, y así lo voto.

No soslayo que en la demanda no se efectuó un debido planteo de inconstitucionalidad de la norma cuestión; sin embargo, es procedente declararla de oficio, pues la Ley Cimera constituye en arquitrabe de nuestro sistema jurídico, desde adentro y no desde afuera del mismo, por lo que es obligación de los jueces -la primera- comparar la ley a aplicar en el caso concreto con lo imperado por aquélla, para asegurar la supremacía de los derechos fundamentales de los justiciables de manera eficaz, y hacer ceder la normativa que no se ajusta a la Constitución, para asegurar la prevalencia de ésta. Lo contrario sería hacer prevalecer la mera voluntad de las partes, de cuya expresión dependería la aplicabilidad de aquella, como si se tratara de una ley extranjera.

En cuanto al reclamo de los incrementos indemnizatorios previsto en los arts. 1 y 2 de la ley 25353.

El art. 1 de la citada ley, señala que "las indemnizaciones previstas por las leyes 20.744, art. 245 y 25.013, art. 7, o las que en el futuro las reemplacen, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido, no esté registrado o lo esté de modo deficiente".

Luego, en la especie, es un dato consentido que la categoría del accionante no se había registrado correctamente, lo que corresponde definir si es el tipo de "error", que la ley castiga.

Pues bien, encuentro absurdo sostener lo contrario, dado que en función de las habilidades del trabajador es que se fijare su categoría. En consecuencia, el salario. Luego, una registración deficiente al respecto, es grave. En consecuencia, estimo que corresponde hacer lugar a dicho agravamiento.

Por su parte, el primer párrafo del artículo 2º de la ley 25323, establece que "Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la ley 20744 (t.o.1976) y los artículos 6 y 7 de la ley 25013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un cincuenta por ciento (50%)".

En el caso, han tenido lugar las circunstancias que determinan la procedencia de la citada norma. En efecto, el actor cursó oportunamente la intimación fehaciente requerida por la misma, y la accionada omitió el pago de las diferencias pretendidas, lo que obligó a aquél a reclamarlas mediante la presente acción (ver sobre con prueba documental agregado a fs. 128, y 157).

En razón de todo lo expuesto, corresponde realizar la liquidación del monto de condena:

Antigüedad art. 245 LCT (9 años)	$69.192 SAC s/ art. 245 LCT	$5766 Indemnización sustitutiva de preaviso Art. 232 LCT	$15376 (salario x 2 meses) SAC s/ indem. sustitutiva de preaviso	$1281,33 Días Trabajados e integración mes de despido	$6150,4 (24 días trabajados) $1537,6 (6 días de integración) SAC proporcional y SAC s/ integración mes de despido	$3033,07 Vacaciones proporcionales (21 días corresponden por tener más de 5 años de antigüedad)	$7.688/25=$307,52 365dias-21dias 144dias---21X144/365=8,28dias Total vacaciones:$2547,78 SAC s/ vacaciones	$212,31 Indemnización por clientela	$18.739,5 Art. 1 ley 25323	$74958 Art. 2 ley 25323	$46640,53 TOTAL MONTO DE CONDENA	$ 245.434,2 Respecto, del progreso del SAC sobre la indemnización por antigüedad, cabe señalar que el aguinaldo es un décimo tercer sueldo que percibe el trabajador, que en su calidad de tal, se va devengando proporcionalmente todos los meses.

Entonces, en el mes en que se produce el despido, el trabajador tiene derecho a percibir la suma del aguinaldo devengada hasta ese momento. Y esta, precisamente, es la lógica del art. 245 de la LCT, que nos habla del salario "devengado" y no percibido.

De manera que el Fallo Plenario nº 322 in re "Tulosai Alberto Pacual c/ Banco Central de la República Argentina s/ ley 25.561" del 19 de noviembre de 2009, no solo omite la naturaleza del aguinaldo, sino el expreso texto legal.

En consecuencia, no puedo seguir la doctrina del mismo, por no compartirla en la inteligencia de que la doctrina que es contraria a derecho, (ya explicado), y porque además no estoy obligada a hacerlo.

Ello, en razón de la afectación de la independencia judicial, en donde los jueces sólo se encuentran atados a la Constitución Nacional, y a las leyes con arreglo a la misma. Claramente, este no es el caso del artículo 303 del CPCCN, que prevé la vinculancia de los plenarios, colocando así a las cámaras en el lugar del legislador, por lo que considero que esta norma es inconstitucional.

A la suma total de $ 253.122,52 se le deberá descontar el pago realizado por la demandada, en concepto de liquidación final, $69.050 (ver recibo de fs. 58). Por lo que, el monto de condena prosperara por la suma de $238.784,2 (pesos doscientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y cuatro, con veinte centavos), que deberá ser depositada en autos dentro del quinto día de haber quedado firme la liquidación del artículo 132 de la LO, con más un interés desde su exigibilidad hasta el efectivo pago, equivalente al informado por la CNAT que resulte del promedio mensual de la tasa activa, aplicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales (arts. 260 de la LCT, 776 y 777 del Código Civil, en sentido análogo SD Nro. 86023, del 16.07.04 "García Ricardo C/ Alto Paraná SA y otro s/ accidente ley 9688"; SD Nro. 87133 del 26.09.05, en autos "Sánchez, Daniel G. c/ Yoma SA s/ accidente-acción civil", ambas del registro de esta sala, entre otras"). Asimismo, se devengará además actualización (dada la diferente naturaleza de ambos institutos), utilizando como referencia los valores de la Canasta Básica total elaborada por el INDEC entre ambos puntos de tiempo (cfr. CNAT, Sala VI, in re "Alcaraz, Aparicio Miguel c/ IMPO MUNRO S.A. s/ despido", SD 55.238 del 6/9/202, voto del Dr. Capón Filas). Para así resolver declaro oficiosamente la inconstitucionalidad del artículo cuatro de la ley 25.561.

Precisamente, por imperio de la misma realidad que he tenido en cuenta para resolver el fondo de la cuestión, es que decreto la inconstitucionalidad de marras e impongo el índice de actualización indicado: la realidad económica del país muestra a las claras, día a día, cómo existe una genuina depreciación monetaria.

Así se ha sostenido que, "derogada la ley 23.928, en lo vinculado con la paridad cambiaria y generado un aumento del costo de la vida, según parámetros que serán utilizados entre otros aspectos para el pago de las obligaciones de los deudores del sistema financiero, aparece como irrazonable que el trabajador, sujeto constitucionalmente protegido, se encuentre desguarnecido frente al envilecimiento del dinero por una mera prohibición legal, que a todas luces aparece como irrazonable y violatoria del derecho de propiedad y de justamente garantizar lo que pretendía la ley de convertibilidad y sus decretos reglamentarios: ¨mantener incólume el contenido de la pretensión¨ (Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala X, in re "Rodriguez, Pedro E. c/ Carlos A. Meana y otro s/ demanda").

Con relación a la inconstitucionalidad de oficio, la considero pertinente por ser una de las funciones primordiales del juzgador resolver con ajuste a la Constitución Nacional. Luego, si en la aplicación al caso concreto una norma resulta lesiva a sus principios, en sencillamente su obligación declararla inconstitucional.

Tiene dicho nuestro Más Alto Tribunal que "la posibilidad de que los jueces puedan declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley no implica una violación del derecho de defensa, pues, si así fuese, debería también descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por las partes, so pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación al caso" (disidencia Dr. Boggiano) "Del artículo 31 de la Carta Magna deriva la facultad de los jueces de cualquier fuero, jurisdicción y jerarquía, nacionales o provinciales, de examinar las leyes en los casos concretos que se presenten a su decisión, comparándolas con el texto y la significación de la Constitución para averiguar si guardan conformidad a ella, absteniéndose de aplicarlas si las encuentran en oposición; facultad que, por estar involucrada en el deber de aplicar el derecho vigente, no puede supeditarse al requerimiento de las partes (disidencia Dr. Fayt). 48.808, CS, 28 /4/98 "Ricci, Oscar Francisco Augusto c/ Autolatina Argentina S.A. y otros s/accidente", en el mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires (SD70.056, del 21/3/02).

Más recientemente, la Corte Suprema afirmó que "a pesar de que, por principio, los jueces carecen de atribuciones para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes, por ser ello un acto de indudable naturaleza institucional relacionada con el superior principio de división de poderes, no los menos que ello tiene razonables excepciones. En efecto, cuando se someten a conocimiento de los jueces cuestiones de derecho.cabe considerar que, en ejercicio de la potestad de suplir el derecho que las partes no invocaron, se hayan facultados a hacer esa declaración, atendiendo al principio iura novit curia y al ineludible deber de mantener la supremacía de la Constitución" (CS. 19 de agosto de 2004. In re "Banco Comercial de Finanzas SLA (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/ quiebra". Ante el nuevo resultado del litigio que propicio, y de acuerdo con lo normado por el art. 279 del CPCCN, propongo dejar sin efecto las costas y los honorarios regulados en primera instancia, y determinarlos en forma originaria. En consecuencia, resulta innecesario, al respecto, tratar los demás recursos de apelación.

Teniendo en cuenta que, prospera la demanda interpuesta contra Compañía Industrial Cervecera SA, y por el principio objetivo de la derrota, corresponde imponer las costas por ambas instancias a dicha accionada (art. 68 CPCCN).

Ahora, corresponde regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora, demandada y los del perito contador, en los respectivos porcentajes de 16% (dieciséis por ciento), 14% (catorce por ciento) y 8% (ocho por ciento), calculados sobre el monto de condena, más los intereses (arts. 38 y 40 de la LO; 6,7,8,9,22 y ccs. de la L.A. y ley 24.432; 3 6 y concs. del decreto-ley 16.638/57).

En cuanto a esta alzada, propongo fijar los honorarios de los letrados intervinientes por las partes actora, y demandada (fs. 442/446 y 453/457), en el 35 % (treinta y cinco por ciento) y 25% (veinticinco por ciento), respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos realizados ante la instancia previa (art. 14 de la L.A. y ley 24432).

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la sentencia 65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos "Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993), al sostener "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

Voto en consecuencia, para: I.- Revocar la sentencia de primera instancia; II.- Hacer lugar a la demanda interpuesta contra Compañía Industrial Cervecera SA, y condenarla a abonar al actor $238.784,2 (pesos doscientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y cuatro, con veinte centavos), que deberá ser depositada en autos dentro del quinto día de haber quedado firme la liquidación del artículo 132 de la LO, con más un interés desde su exigibilidad hasta el efectivo pago, equivalente al informado por la CNAT que resulte del promedio mensual de la tasa activa, aplicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales. Asimismo, se devengará además actualización (dada la diferente naturaleza de ambos institutos), utilizando como referencia los valores de la Canasta Básica total elaborada por el INDEC entre ambos puntos de tiempo. Para así resolver declaro oficiosamente la inconstitucionalidad del artículo cuatro de la ley 25.561; III.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida; IV.- Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora, y demandada, y los del perito contador, en los respectivos porcentajes de 16% (dieciséis por ciento), 14% (catorce por ciento) y 8% (ocho por ciento), calculados sobre el monto de condena, más los intereses; V.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta alzada, por las partes actora, y demandada (fs. 442/446 y 453/457), en el 35 % (treinta y cinco por ciento) y 25% (veinticinco por ciento), respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos realizados ante la instancia previa; VI.- En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

El Dr. Víctor A. Pesino dijo:

El artículo 1 de la ley 25.323 establece que "Las indemnizaciones previstas por las Leyes 20.744, artículo 245., o las que en el futuro las reemplacen, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente. " "para las relaciones iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, los empleadores gozarán de un plazo de treinta días contados a partir de dicha oportunidad para regularizar la situación de los trabajadores, vencido el cual le será de plena aplicación el incremento dispuesto en el párrafo anterior." "El agravamiento indemnizatorio establecido en el presente artículo, no será acumulable a las indemnizaciones previstas por los artículos 8°, 9°, 10° y 15, de la ley 24.013".

A mi juicio, una recta interpretación del dispositivo lleva a concluir que los supuestos alcanzados por la norma, no son otros que aquellos definidos por los arts. 8, 9, 10 y 15 de la ley 24.013, aunque extendido a aquellos casos en los cuales los trabajadores, sea por motivo que fuere, no alcanzaron a cursar la intimación del artículo 11 de la ley de empleo, mientras la relación laboral estuvo vigente.

Si así no fuese, carecería de sentido la imposibilidad de acumular las indemnizaciones de las normas pertinentes de la ley 24.013, a raíz de incumplimientos registrales entre los que no se cuenta la incorrecta anotación de la categoría de revista.

Por lo demás, según surge de la versión taquigráfica de la sesión del Senado del día 13 de septiembre de 2000, cuando el legislador sancionó la norma tuvo en vista solamente el caso de los "trabajadores no registrados".

Por lo tanto, no comparto el criterio que proyecta el incremento indemnizatorio del artículo 1 de la ley 25.323 a los supuestos de registración incorrecta de categoría, máxime cuando dicha circunstancia, en muchos casos, involucra conflictos que, sin necesidad que oculten un fraude tendiente a la evasión previsional -que es a lo que apunta la ley 24.013-, debe ser dirimidos judicialmente.

Sin embargo, visto que la Sala, en su actual integración se inclina por los criterios expuestos por mi distinguida colega Dra. Cañal, he de adherir a su propuesta por una elemental razón de economía procesal.

Ahora en cuanto a la base de cálculo de la indemnización del artículo 245 L.C.T., comparto la doctrina legal de la Cámara, de observancia obligatoria para los juzgados y para las salas del tribunal (artículo 303 C.P.C.C.N.). En el mencionado Fallo Plenario, se adoptó, respecto de este tema, la siguiente doctrina: "1°) No corresponde incluir en la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la L.C.T., la parte proporcional del sueldo anual complementario. 2°). la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación del desempeño del trabajador, no debe computarse a efectos de determinar la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la L.C.T." Sin perjuicio de ello, visto que esta Sala, en su actual integración, ha decidido prescindir de dicha doctrina legal, he de adherir a su propuesta por una elemental razón de economía procesal.

Esta cámara, a partir del Acta Nº 2357 y Resolución Nº 8/02, adoptó la tasa activa para préstamos del Banco de la Nación Argentina, como medio para mitigar los efectos negativos del transcurso del tiempo sobre el monto de los créditos a percibir por el trabajador.

En un sistema nominalista, en el que no es posible la repotenciación de las deudas dinerarias en base a índices de precios, es necesario que la alícuota contenga un ingrediente que mitigue la incidencia dañosa de la inflación, aspecto que debe considerarse adecuadamente cubierto a través de la tasa indicada la que, por lo demás, resulta superior a los índices de costo de vida existentes en el país.

Propongo que se mantengan los intereses señalados en el primer voto, aunque sin la actualización de los créditos.

Respecto de los demás aspectos tratados en la sentencia, adhiero al voto de la Dra. Cañal.

El Dr. Néstor Miguel Rodríguez Brunengo dijo:

En relación con el tema de la indemnización prevista en el art. 1 de la ley 25323 hay acuerdo por la mayoría, porque el Dr. Pesino adhirió al voto de la Dra. Cañal sólo por razones de economía procesal. De modo que, en un "obiter dicta" quiero aclarar que disiento con mi distinguido colega, el Dr. Pesino, en tanto que excluye de la aplicación de dicho incremento en casos de registración incorrecta de la categoría.

Respecto de la actualización, adhiero al voto del Dr. Pesino, y agrego que en reiteradas ocasiones he sostenido que la pérdida de valor adquisitivo del crédito y las consecuencias dañosas originadas en el desfasaje producido por la situación económica de conocimiento público y notorio ha sido suficientemente morigerada por la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, dispuesta en el fallo de grado, que a su vez se ajusta a lo señalado en el Acta Nº 2.357 y la Resolución de Cámara Nro. 8 del 30.5.02 (en sentido similar, v. Sala VII en autos: "Mignemi, Juan Carlos c/ Seguridad Grupo Maipú SA. s/ Despido"; S.D. 37.951 del 13.10.04).

Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: I.- Revocar la sentencia de primera instancia; II.- Hacer lugar a la demanda interpuesta contra Compañía Industrial Cervecera SA, y condenarla a abonar al actor la suma de $238.784,2 (pesos doscientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y cuatro, con veinte centavos), que deberá ser depositada en autos dentro del quinto día de haber quedado firme la liquidación del artículo 132 de la LO, con más un interés desde su exigibilidad hasta el efectivo pago, equivalente al informado por la CNAT que resulte del promedio mensual de la tasa activa, aplicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales; III.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida; IV.- Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora, y demandada, y los del perito contador, en los respectivos porcentajes de 16% (dieciséis por ciento), 14% (catorce por ciento) y 8% (ocho por ciento), calculados sobre el monto de condena, más los intereses; V.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta alzada, por las partes actora, y demandada (fs. 442/446 y 453/457), en el 35 % (treinta y cinco por ciento) y 25% (veinticinco por ciento), respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos realizados ante la instancia previa; VII.- En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

Regístrese, notifíquese y previa citación fiscal, archívese.

Néstor M. Rodríguez Brunengo Víctor A. Pesino Diana R. Cañal Juez de Cámara	Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí:	Leonardo G. Bloise Secretario