Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-13


Causa Nº 31828-00/CC/2006 caratulada "FERNANDEZ, Miguel s/infr. art. 83 ley 1472-Apelación". Sala II.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de junio de 2007, se reúnen en acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

El recurso de apelación del Fiscal que persigue la revocación del auto de fs. 95/100, por medio del cual la Sra. Juez Cristina Lara declaró la nulidad de la aprehensión de Miguel Fernández y de todo lo obrado en consecuencia (fs. 101/105); el libelo de su superior jerárquico dirigido a mantener el remedio en esta instancia (fs. 114/116) y la presentación de la defensa en los términos del art. 51 LPC (fs. 121/123).

Y CONSIDERANDO:

I.- En autos se discute si el procedimiento por medio del cual se restringió la libertad del encausado tiene correlato normativo, controversia que se extiende al interrogante de si una intelección razonable del alcance de la disposición elegida así como de las circunstancias particulares del caso, permiten subsumir a estas últimas en aquélla, sin perder de vista que en virtud de las consecuencias que tales normas irrogan su interpretación debe ser restrictiva.

Los aspectos fácticos sobre los cuales se trabó la contienda se detallarán a continuación, si bien, por omisión del encargado de velar tanto por los intereses de la sociedad como por la legalidad del proceso, no es posible conocer -sino a través de los dichos de la defensa-, las circunstancias precisas en que se llevó a cabo la medida cuestionada, ya que el Sr. Fiscal no requirió la remisión del sumario policial para constatar los pasos llevados a cabo desde la averiguación del domicilio del presunto contraventor hasta su posterior traslado a la Oficina de Comunicaciones Institucionales y con la Comunidad a las 19:49 hs. del 19 de marzo de 2007 (cfr. fs. 67 y 93).

Sintéticamente, el 16/11/06 ante el labrado del acta contravencional (fs. 3), Miguel Fernández fue trasladado a dicha oficina con el fin de ser identificado (art. 36 bis LPC). Una vez dispuesta su citación para ser oído en la audiencia del art. 41 LPC, no pudo formalizarse la notificación (fs. 27, 33/35 y 36). Cuando en virtud de ello, el Lapadú solicitó la declaración de rebeldía del imputado y su comunicación al Registro de Contraventores para que, de ser habido, se disponga su comparendo por la fuerza pública (fs. 37), la Lara denegó el pedido en razón de que no se habían agotado las diligencias tendientes para averiguar el domicilio de Fernández. El acusador, sin embargo, invocando el art. 40 LPC, ordenó el paradero y comparendo forzoso y la reserva de las actuaciones (fs. 39). Unos meses después, se labró nuevo acta contravencional contra la misma persona -quien esta vez se identificó con una cédula de identidad de la República del Paraguay e informó un nuevo domicilio-, en la misma zona y por una conducta similar a la anterior, pero el Sr. Fiscal, al evacuar la consulta policial, se limitó a disponer el secuestro de la mercadería. Tras la intervención de otro juez en orden al art. 21 LPC, advirtió recién la conexidad subjetiva con las actuaciones anteriores (fs. 53). Resulta ininteligible, dicho sea de paso, que sobre este punto atribuya al presunto contraventor haber intentado burlar el accionar de la justicia mediante el "aprovechamiento" de su propio apellido -"dada la cantidad de homónimos que pueden existir"- y la exhibición de su legal identificación, cuando en verdad, la fiscalía no se sintió en la necesidad de efectuar tarea alguna de averiguación para despejar el supuesto engaño y dispuso la acumulación de las causas.

Este último acto, en lugar de ser proseguido por, al menos, alguna citación al nuevo domicilio, lo fue por una orden de comunicación telefónica con la Comisaría 46º (fs. 53), dado el "paradero y posterior comparendo de fs. 39". Sin embargo, la disposición se convirtió en un oficio dirigido a aquella seccional con el fin de que determine el paradero de Fernández y lo haga comparecer por la fuerza pública para declarar en la audiencia del art. 41 LPC (fs. 54).

Una semana después, en la misma zona Fernández fue objeto de una nueva acta y se identificó con su nombre, la misma cédula de identidad, aunque dijo vivir en un lugar distinto (fs. 57 y 59). Tampoco en esta ocasión el Sr. Fiscal advirtió la vinculación entre las actuaciones y en inmediata consulta telefónica adoptó idéntico temperamento al del procedimiento anterior. Al recibir la causa se percató de que el imputado estaba sujeto a la orden dada la semana precedente, por lo cual nuevamente dispuso la conexidad subjetiva y la reserva de las actuaciones. Al advertir también la intervención simultánea de dos juzgados, requirió al titular del Juzgado Nº 11 que se declarara incompetente para entender en las dos causas -incoadas en virtud de las últimas dos actas- y las remitiera al Nº 21. A fs. 66, la titular de esta última dependencia aceptó la competencia pero sugirió que se identificara correctamente a Fernández, dadas las divergencias entre los datos contenidos en los documentos de fs. 3, 48 y 59.

En este ínterin, empero, la Comisaría 46º efectivizó el comparendo forzoso del imputado y es a partir de entonces donde los vacíos documentales impiden Causa Nº 31828-00/CC/2006. Sala II.

verificar el modo en que la medida se llevó a cabo. En la audiencia del art. 41 LPC (fs. 74), el presunto contraventor dijo que nunca recibió una citación y que el patrullero lo había ido a buscar el día anterior a las 18:00 hs. El Lapadú, sin considerar esa cita y ni preguntarse siquiera qué habría sucedido entre las 18:00 hs. y las 19:49 hs. (hora de ingreso a la OCIC) requirió la elevación a juicio de la causa. La López, al presentar el escrito que generó la anulación aquí discutida, especificó que el personal policial buscó a Fernández en su propio domicilio a las 18:00 hs., lo trasladó a la sede de la seccional y de allí, a la oficina mencionada recién a las 19:45, donde permaneció retenido hasta las 11:15 del día siguiente (cfr. fs. 84/88).

En la resolución apelada la Sra. Jueza significó este último procedimiento como una verdadera aprehensión, término que utilizó en sentido material -es decir, por la privación de la libertad que implica- y no técnico. Si bien entendió que el Fiscal estaba facultado para ordenar el comparendo forzoso conforme el art. 40 LPC, esta norma no lo habilita a disponer una medida cautelar sin intervención judicial y en exceso del plazo establecido por la ley. Todo acto de esta especie está abarcado por el contralor jurisdiccional del art. 21 LPC y, en particular, los dos supuestos de aprehensión prevén específicamente ese control (arts. 24 y 36 bis LPC). El art. 40 LPC, en orden a la restrictividad que ha de guiar la interpretación de toda medida de coerción, presupone la privación de la libertad estrictamente necesaria para llevar a cabo la audiencia del art. 41 LPC, por lo cual si el comparendo se practicó en hora inhábil, el representante del Ministerio Público debió recibir la audiencia inmediatamente o bien, liberar sin demora al imputado y convocarlo para el día siguiente. Por último ofreció dos interpretaciones de la Resolución Nº 29/02 de la Fiscalía general citada por el acusador y entendió que sólo una de ellas era compatible con la C.N. cuyas pautas, por cierto, habían sido inobservadas por el funcionario. Por advertir que el proceder descripto provocaba una nulidad de orden general y con violación de garantías constitucionales, dispuso su anulación y de todo lo obrado en consecuencia.

El acusador, tras forzar el sentido del discurso al ubicarse en un nivel técnico y así reducir el énfasis sobre la materialidad, sostuvo paradójicamente algo similar a la magistrada. Argumentó que no se verificaron en autos los supuestos del art. 19 en función del 18 y del art. 36 bis de la ley 12, aunque con el fin de atribuir a la Lara un error en la apreciación normativa de los hechos al rotularlos con el término "aprehensión".

Este desplazamiento le permite oscurecer el significado material del procedimiento y sostener que su parte cuenta con la habilitación para dictar órdenes de comparendo compulsivo, de acuerdo con la estipulación del art. 40 LPC. Esta medida, según su argumentación, se diferencia de la aprehensión y de las normas invocadas por la judicante. Se trata de una herramienta a exclusiva disposición del Ministerio Público Fiscal para "acarrear" a personas reticentes y evitar, en consecuencia, que se sustraigan del proceso o dificulten su continuación mediante reiteradas evasivas.

Tampoco, según el Fiscal, la duración del procedimiento pone en crisis su subsunción en aquella norma, puesto que si bien ella no legisla al respecto, resulta legítimo interpretarla a la luz de la resolución de la Fiscalía General Nº 29/02 y de la reglamentación del CPPN en relación con citaciones compulsivas de testigos, peritos, intérpretes, depositarios, etc. Razona que si el art. 248 C.P.P.N. permite "privaciones leves de la libertad" (se trata de un arresto inmediato que no puede superar las 24 hs.) de testigos que carezcan de domicilio o sobre quienes exista un temor fundado de que se oculten, fuguen o ausenten, para asegurar el éxito del proceso, resultaría un contrasentido que una persona imputada por una contravención, bajo las mismas circunstancias, no pueda ser retenido provisoriamente hasta que su comparendo compulsivo a la Fiscalía pueda ser efectivizado.

Su superior jerárquico agregó que, en caso de confirmarse la sentencia, se reduzca la virtualidad de la descalificación al procedimiento, por cuanto los demás actos (audiencia del art. 41 LPC y requerimiento de elevación a juicio) fueron cumplidos en legal forma.

La defensa se opuso a la procedencia del recurso y, subsidiariamente, sostuvo el auto apelado (fs. 121/122).

II.- El remedio cumple con los recaudos formales de admisibilidad. En cuanto a la crítica relativa a la impugnabilidad objetiva y, en especial, a la bilateralidad del recurso, hemos dicho en reiteradas ocasiones que el art. 432 del CPPN dispone que el derecho de recurrir corresponderá tan solo a quien le sea expresamente acordado y que, cuando la ley no distinga entre las partes, todas podrán hacerlo, como sucede con el art. 50 LPC. Por lo demás, desde el momento en que la decisión anula el procedimiento llevado a cabo y los actos dictados en consecuencia, genera un agravio de imposible o tardía reparación ulterior.

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III.- Consideramos correcto el nivel de análisis sobre el que la Lara sustentó su razonamiento y, en consecuencia, será en esa clave en que se realizará el examen normativo sometido a nuestra consideración. Ello es así, por cuanto "...es el procedimiento...y no la finalidad misma el que permite definir si se trata de una verdadera detención u otra forma de privación de la libertad..." , asunto que es relevante desde el punto de vista de las garantías constitucionales implicadas (arts. 18 CN, 7 CADH y 9 PIDCP) . De allí que nos interese el aspecto material de la medida y no la significación formal que se le atribuya en razón de su finalidad, para establecer si se han observado las vallas que contienen al "Estado policial".

Más allá del peso decisivo o la irrelevancia que los actores procesales le otorgaron a la duración del procedimiento para la determinación de su correlato normativo, lo cierto es que no hay disidencias en punto a que la conducción de Fernández a un lugar del que no pudo salir por su propia voluntad implicó una verdadera privación de la libertad. Por ello, le son aplicables todas las garantías de seguridad personal antedichas, sin distinciones basadas en la causa de la restricción de la libertad física (imputación penal, contravencional, o cualquier otro motivo).

Sentadas estas consideraciones, hay dos razones principales que nos conducirán a confirmar la anulación del acto y de lo obrado en consecuencia. La primera se basa en el principio de la "nulla coactio sine lege". Del juego armónico de los arts. 18, 14 y 28 de la C.N. -cuyas disposiciones forman parte de la carta política local en los arts. 10, 12, inc. 3 y 5, 13 inc. 3 y 8- se deduce lógicamente la interpretación restrictiva de toda disposición que coarte la libertad personal o que limite el ejercicio de algún derecho. Ello se deriva implícitamente, a su vez, del art. 19 L.P.C. y, explícitamente, del art. 2 C.P.P.N. - de aplicación supletoria -. Sobre la base de esas premisas la doctrina y la jurisprudencia han dado apoyatura al principio mentado, sobre el cual se ha dicho que: "...Todas esas consideraciones, y las valoradas por el Fiscal con referencias al derecho local y comparado, no pueden alterar el catálogo de disposiciones en materia de medidas de coerción que, taxativamente, establece la ley procesal. Y ello se debe a que, así como en el ámbito del derecho penal material existe el principio del "nullum crimen nulla poena sine lege", en el ámbito procesal penal existe su correlato en la "nulla coactio sine lege". Esto significa que, para la aplicación de medidas de coerción o de injerencia las pautas que utilizamos de tipicidad material son, mutantis mutandi, de aplicación a esas medidas procesales...Por eso, no habiendo un tipo de la medida de coerción previsto expresamente por el legislador, su utilización es contraria a lo dispuesto tanto en el art. 2º del C.P.P.N. como, por extensión, a lo que surge del tipo de garantía que se desprende del art. 18, CN". Este principio comprende, además de la intelección rigurosa de toda norma coercitiva, la prohibición de analogía "in malam partem".

La segunda razón reposa sobre la vinculación del debido proceso sustantivo, derivado de las mismas premisas axiológicas -razonabilidad de las restricciones-, y adjetivo -derecho a ser oído-.

Para fundamentar tales apreciaciones, el punto a discutir radica en si el comparendo forzoso, de acuerdo con la forma y duración en que fue practicado en autos -examen para el cual, aún cuando no haya sido motivo de agravio, no resultan menores, los presupuestos de su dictado- es uno de aquellos supuestos habilitados por el art. 40 LPC.

La disposición establece que si el presunto contraventor no se presenta ante el Fiscal, éste puede disponer su comparendo por la fuerza pública. Como podrá advertirse, no exige en forma expresa, a diferencia de otros supuestos legales, la inmediata intervención del juez ni la noticia de la medida al defensor.

Tal escasa exigencia legal respecto de una diligencia que restringe sin dudas la libertad ambulatoria, debería provocar un razonamiento contrario al operado por el apelante, generando el interrogante de si tal laxitud no obedece a que los supuestos previstos por la norma implican una invasión mucho más restringida de los derechos de la ciudadanía. El sentido de la intelección del universo fáctico debería estrecharse de modo tal que aún resulte factible ofrecer una interpretación plausible de la regla legal en términos constitucionales.

En esa dirección, corresponde analizar el anclaje del art. 40 LPC en el sistema del cual forma parte, es decir, la ley de procedimientos local. Más allá de la prohibición constitucional del encierro preventivo en materia contravencional art. 13, inc. 11, CCABA) , el rito local prevé limitadísimos casos en los cuales Causa Nº 31828-00/CC/2006. Sala II.

es factible privar de la libertad por tiempo muy reducido a los justiciables por contravenciones, en los cuales la regla general es la intervención inmediata del juez y, por cierto, la del abogado defensor.

Con independencia de los excepcionales presupuestos de la aprehensión -ahora sí, en sentido técnico- el presunto contraventor debe ser informado de las causas de la restricción de su libertad, de los cargos que se le formulen, del juez y el Fiscal intervinientes y de los derechos que le asisten (art. 22, LPC), a la vez que el acusador deberá ser consultado sin demora, quien ordenará, de no hacer cesar la medida, la conducción directa e inmediata de la persona al Juez. El magistrado, por su parte, si decide mantenerla, está obligado a realizar la audiencia del art. 46 y dictar sentencia dentro de las 48 horas. En consecuencia, por representar la medida más intrusiva de la libertad en el sistema mencionado, puede decirse que en el ámbito contravencional aquel lapso representa el tope máximo de restricción ambulatoria.

Asimismo, el art. 36 bis prescribe las formas del procedimiento de identificación de personas, cuando no sea posible establecer tal extremo por otros medios. La demora en la oficina dependiente del Ministerio Público deberá durar lo estrictamente necesario para aquel objetivo y en ningún caso podrá superar las 10 horas. La tarea deberá llevarse a cabo bajo el control directo e inmediato del Ministerio Público y con noticia del Juez de turno.

Por último, cabe tener en cuenta lo dispuesto por el art. 26 que, a diferencia del invocado por el Sr. Fiscal, prevé que en cualquier estado del proceso, el Juez o la Jueza, a solicitud del o la Fiscal, puede mediante auto fundado, disponer la comparecencia forzosa, si se intentare eludir la acción de la justicia.

En consecuencia, la regla general en materia de privación de la libertad es el contralor judicial inmediato -sea ex ante o ex post a la medida coercitiva-. Por lo demás, más allá de la previsión legal expresa para el supuesto de aprehensión, dada la activación de todas las garantías de seguridad personal referidas anteriormente, es deber de los órganos de persecución informar al imputado la causa de su traslado y los derechos que le asisten, entre ellos, el de designar en ese momento un defensor (cfr. arts. 184, inc. 10 CPPN y art. 7, inc. 4 CADH).

En el caso de autos si bien conocemos que el procedimiento no fue controlado jurisdiccionalmente en los modos indicados, permanece oscuro -a causa de la omisión del Fiscal ya destacada- si Fernández fue puesto en conocimiento de las circunstancias antedichas.

Ahora bien, retomando el análisis, corresponde establecer aún los supuestos fácticos abarcados por el art. 40 LPC en consonancia con sus escuetas exigencias legales.

La inserción de la norma en el sistema descripto evidencia su excepcionalidad frente a la regla contenida en el art. 26 LPC. Este último supuesto, que requiere declaración judicial, parece ser el adecuado para un cuadro fáctico -sin perjuicio de otros casos que puedan imaginarse-, similar al fundante de la declaración de rebeldía. Dado el recaudo de intervención del juez, es posible interpretar que el comparendo compulsivo puede comprender algo más que un inmediato traslado a la sede de la Fiscalía por cuanto, por lo general, irá acompañado por un pedido de averiguación de paradero y de allí la mayor factibilidad de que se practique en horario inhábil. De hecho, cuando el Fiscal solicitó la rebeldía, requirió paralelamente a la magistrada una disposición de aquella especie (art. 26 LPC).

El objeto de deslindar los supuestos cubiertos por los arts. 26 y 40 LPC, además de aventar toda crítica relativa a una eventual inconsecuencia legislativa, pretende subrayar que la mayor relajación legislativa del segundo representa precisamente la pauta acerca de la especificidad de los supuestos abarcados. Como afirma la Sra. Jueza, la norma prevé una mínima privación de la libertad, la estrictamente necesaria para realizar la audiencia del art. 41 LPC. En este sentido, la ausencia de estipulación del contralor jurisdiccional puede responder a la razón de que, toda vez que el imputado será trasladado sin solución de continuidad ante la presencia del Fiscal, recibirá con antelación a la audiencia la entrevista con su abogado defensor quien, en todo caso, podrá excitar la intervención jurisdiccional.

Pero aún frente a la eventualidad de que el imputado no se encontrare en el lugar, resultaría oportuno verificar en primer término si es posible practicar la orden mencionada al día siguiente durante el horario en que, según se hubiese establecido, el justiciable aún se hallara en su domicilio, en cuyo caso, deberá optarse por esta solución por ser la estrictamente necesaria y menos gravosa. Ahora bien si, a juicio del encargado de velar por la legalidad del procedimiento, se torna imperioso llevar a cabo la medida en horario inhábil, en el supuesto legalmente previsto (si se intentare eludir la acción de la justicia, cfr. art. 26 LPC) y el funcionario pretendiese actuar aún conforme con las laxas exigencias del art. 40 LPC, se encontraría obligado a habilitar horario y cerciorarse de recibir la Causa Nº 31828-00/CC/2006. Sala II.

audiencia del art. 41 LPC con todas las formalidades correspondientes (sobre todo, la entrevista previa con el defensor quien, eventualmente, puede requerir la inmediata intervención del juez). Si dada la hipótesis mencionada -y, en consecuencia, la estricta necesidad de efectivizar en ese momento el comparendo forzoso- y la imposibilidad de proceder conforme lo expuesto, estimara imperioso retener al imputado en la OCIC hasta el día siguiente, resultarían de insoslayable observancia, dada la modificación de las circunstancias fácticas, los recaudos del art. 26 LPC -es decir, la inmediata noticia del juez- y, por lo demás, la notificación de los motivos del traslado y de los derechos que asisten a toda persona privada de su libertad -entre ellos, el de contar con un abogado defensor-.

Lo dicho en el párrafo precedente pretende graficar la interconexión entre la nulla coactio sine lege y la razonabilidad de toda medida restrictiva de derechos (debido proceso sustantivo). Ello significa, en otras palabras, que una limitación de esa especie debe estar prevista por la ley y resultar, por lo demás, necesaria y proporcional al fin perseguido por la norma habilitante.

Aplicadas estas consideraciones al caso y con independencia de la discutible pertinencia en la especie de una orden como la dictada por el Sr. Fiscal -máxime si se tiene presente que con antelación al procedimiento motivo del recurso se labraron otras dos actas contravencionales en contra del imputado-, lo cierto es que la variación de sus características durante su desarrollo, además de exceder holgadamente los parámetros estancos -y de interpretación restrictiva- del art. 40 LPC, se enfrenta en forma manifiesta con el debido proceso sustantivo.

Ha de recordarse que, de acuerdo con los dichos de la defensa, Fernández fue habido en su propio domicilio -aunque se desconocen las circunstancias que confluyeron en la averiguación de su paradero-. Esta sola circunstancia pone en crisis la necesidad de privarlo de la libertad en horario inhábil y durante más de 17 horas, cuando hubiese bastado posponer hasta el día siguiente la práctica de la orden, a la vez que socava también la proporcionalidad de la medida desde dos perspectivas. En primer lugar, los únicos fines admisibles de las taxativas restricciones de la libertad previstas por la ley de procedimiento contravencional responden a la necesidad de hacer cesar una contravención cuando se verificaran los riesgos y condiciones del art. 19, cuando fuera menester identificar al presunto contraventor -en cuyo caso su retención no podría exceder las diez horas- o cuando resulte en la última ratio para asegurar la actuación de la ley material (arts. 26 y 46 LPC). La finalidad en principio aplicable para el caso que nos ocupa sería la última, aunque si comparamos los medios utilizados para lograrla con la sanción en expectativa objeto de la actuación pretendida, es dable advertir una desproporcionalidad manifiesta.

En un sentido similar, al interpretar el art. 282 CPPN D´ Albora nos explica que el término "detención" allí utilizado no se expresa en su acepción técnica desde el momento en que, si el delito investigado no está reprimido con una pena privativa de la libertad, no es factible detener al imputado reticente a su primer citación sino que, en todo caso, "...la medida cautelar no irá, ante su incumplimiento y bajo admonición, más allá de la simple comparecencia con el auxilio de la fuerza pública (arts. 120 y 154)...".

Por lo demás, aun cuando se invocara como motivo de la medida el riesgo del art. 26 LPC y se argumentara, de acuerdo con las características excepcionales de un supuesto fáctico -que, por lo expuesto, no es el de autos- la imperiosa necesidad de practicar la medida en tiempo inhábil y con continuidad hasta la primer hora hábil del día siguiente, hubiese correspondido, al menos, el control al que alude esa norma más la notificación de derechos.

De allí que podamos afirmar, en consonancia con la postura de la judicante, que el procedimiento llevado a cabo no es uno de los habilitados legalmente y que, de todos modos, excedió la necesidad y proporcionalidad en relación con los fines legalmente establecidos.

Estas consideraciones nos conducen a rechazar también, por inaceptables, las comparaciones argüidas por la fiscalía con las previsiones del CPPN relativas a medidas coercitivas a testigos, intérpretes, peritos, etc., reticentes, pues aún cuando fuese posible establecer una suerte de paralelo con aquellas disposiciones, se pasa por alto (como en autos) que existen medidas menos gravosas en relación con dichos sujetos que la invocada (art. 248 CPPN).

En efecto, el art. 154 establece, en lo pertinente, que una vez citados dichos actores bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública, en caso de incomparecencia injustificada, la admonición se hará efectiva inmediatamente. En otras palabras -y como sucede con el art. 40 LPC, aunque teniendo presentes las sustanciales diferencias entre los supuestos barajados-, al saberse el domicilio del testigo debidamente citado con anterioridad, se practicará la medida del modo menos restrictivo posible que resulte estrictamente necesario para recibirle declaración. Por ello sería inaceptable aceptar el traslado de un testigo -cuyo domicilio se conoce-, desde las 18:00 hs. hasta el día siguiente para escuchar su declaración. Si se desconociera, en cambio, su lugar de residencia, estaría habilitado a solicitar la averiguación de paradero y posterior comparendo (simple) para que se presente ante su despacho en un tiempo prudencial. Recién en Causa Nº 31828-00/CC/2006. Sala II.

caso de reticencia, podría actuar conforme lo preceptuado por el art. 154 CPPN (auxilio de la fuerza pública).

Sin perjuicio de todas estas posibilidades, el Fiscal persigue la directa aplicación del art. 248 CPPN, el cual dispone que podrá ordenarse el inmediato arresto de un testigo cuando carezca de domicilio o se tema fundadamente que se oculte, fugue o ausente, medida que durará el tiempo indispensable para recibirle la declaración y que nunca podrá exceder de 24 horas.

Por imperio de la "nulla coactio sine lege" no es factible aplicar analógicamente "in malam partem" una habilitación del poder estatal a otro supuesto para el que ella no fue prevista. La LPC no prevé el arresto para el presunto contraventor bajo las condiciones del art. 248 CPPN. Los riesgos contenidos en esta última disposición se corresponden únicamente con los del art. 26 LPC que, como hemos visto, no prevé tal tipo de restricción, sino únicamente, un comparendo forzoso dictado fundadamente por el juez a pedido del Fiscal. Por otro lado, como se ha dicho, toda vez que las fuerzas de seguridad conocían el lugar de su residencia, es inadecuado sostener que Fernández "carecía" de domicilio.

La pretensión del Fiscal de reglar sobre la base del art. 248 CPPN un supuesto de arresto del imputado se enfrenta, en consecuencia, con el principio de la nulla coactio sine lege por lo cual, también debe ser rechazada y en consecuencia, siendo que la privación de la libertad de Fernández practicada en las circunstancias descriptas, choca con los principios ya reseñados, se impone la confirmación de la decisión recurrida.

Finalmente, al argumento de la fiscalía sustentado en que se actuó de conformidad con lo establecido en la normativa reglamentaria del art. 40 L.P.C. realizada por el Sr. Fiscal General en ejercicio de sus potestades constitucionales (Resolución n° 29/2002 de la Fiscalía General estableciendo criterios generales de actuación), ya hemos sentado en diversas oportunidades que tales indicaciones "...no pueden modificar normas de procedimiento legalmente estatuídas ni establecer analogías in malam partem...menos aún con argumentos relativos a la organización interna del trabajo de las dependencias que deben cumplir con la manda legal..." (Causa n° 15.782-00-CC/2006, Krieger, Ezequiel Gastón s/inf. Arts. 116 y 177 C.C., y causa n° 140-00-CC/2006, Vázquez, Paola Vanesa, González, Verónica Gabriela y Abichaín, María Anabel s/inf. Arts. 116 y 117 C.C.); máxime cuando, como en el caso, se violentan garantías de raigambre constitucional.

En cuanto a las consecuencias procesales del vicio señalado, tampoco resiste embate alguno la pretensión del Sr. Fiscal de Cámara desde el momento en que, por imperio de los arts. 168 y 170 CPPN y la estricta vinculación del procedimiento invalidado con la audiencia del art. 41 LPC y el requerimiento de elevación a juicio, han de proyectarse los efectos de la nulidad sobre estos últimos actos.

En virtud de lo expuesto, habiendo concluido el Acuerdo pertinente, el TRIBUNAL RESUELVE:

CONFIRMAR el auto de fs. 95/100 en cuanto declara la nulidad de la aprehensióm sufrida por Miguel Angel Fernández y de todo lo actuado en su consecuencia /arts. 166, 167 inc. 2, 168 y 172 del C.P.P.N., y art. 6 L.P.C.

Tómese razón, notifíquese por cédula al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones a primera instancia, quien deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de muy atenta nota de remisión.

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Fernando Bosch. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

NOTA: Para dejar constancia que la Marcela De Langhe no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. CONSTE.