marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, ejecución prendaria, secuestro de bienes
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE CREDITO ARGENTINO SA c/ LA UNION DEL SUD SRL s/ SECUESTRO PRENDARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-25

Procede dejar sin efecto la resolución que suspendió el decretado secuestro de un bien prendado en virtud de lo normado por la ley 12962: 39, con fundamento en la ley 24522: 21-2º. Ello, pues en el trámite promovido según la Ley de Prenda, la actividad jurisdiccional está positivamente limitada a la comprobación de los recaudos de admisibilidad de la medida y a cursar la orden de secuestro o denegarla. De modo que, tal situación hace opinable que se revocara -con base en una petición de quien, como en el caso, no sería audible en el proceso prendario-, una orden de secuestro con cuya emisión la potestad jurisdiccional del juez se habría consumido. Máxime, si se verifica que la revocación del secuestro fue dispuesta sin sustanciación, puesto que tal proceder importó privar de una situación procesal aparentemente consumida, a la parte que había obtenido la orden de secuestro.
Prueba, carga, personal de casas particulares
Materia: LABORAL
Carátula: Costa, Justa Dora c/ Lelong, Herminda s/ Diferencia de haberes, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

El art. 39 del dec. ley 7718/71 no es de aplicación cuando se invoca una relación de servicio doméstico.
Feria judicial, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iros, Néstor Raúl c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-01-15

Si bien en principio, es inapelable la decisión que desestima la habilitación de la feria judicial, cuando existen especiales razones de urgencia y además, teniendo en consideración la naturaleza de la medida cautelar, es procedente su admisión, por vía de excepción.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, denegatoria del recurso, pretensión administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Blanco, Sara Esmeralda c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Corresponde rechazar el recurso que critica el alcance que los jueces de las instancias de mérito atribuyeron a las actas paritarias por las que se acordaron los adicionales salariales que motivaron el pleito, a la luz de la ley n° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, toda vez que, tal como fueron planteados, los agravios se refieren a la valoración de la prueba rendida en autos, al análisis de la normativa infraconstitucional involucrada y a la apreciación del alcance de su pretensión recursiva. Independientemente del acierto o error de la sentencia que se pretende cuestionar, los agravios se refieren a cuestiones propias de la competencia de los jueces de la causa y ajenas a la vía extraordinaria del art. 26 de la ley 402. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhieren los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Costas, costas al vencido, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL
Carátula: Olivera, Antonio c/ Iglesias, Alberto Cándido s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

En un juicio de daños y perjuicios a raíz de un accidente de tránsito al ser las costas parte de la reparación integral, cabe imponerlas al demandado condenado, aún cuando la demanda no prospere en su totalidad. No obsta a esa conclusión el hecho que se haya establecido la culpa concurrente desde que, en definitiva, al disminuirse el monto de la condena que debe satisfacer el obligado, se reduce correlativamente el parámetro sobre el que habrán de fijarse los honorarios, con lo que aquél no sufre mayor perjuicio que el que surge de la parte de responsabilidad que se le ha imputado.
Excusación, excusación por amistad, violencia moral
Materia: PROCESAL
Carátula: JORDA Pilar Mercedes Candida c/ Aguilera Federico y Otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-08-23

"La invocación de frecuencia de trato y amistad y de violencia moral, es un derecho del juez, privativo de su fuero interno. Estos motivos de autoseparación dentro de los límites establecidos, deben interpretarse -en caso de duda- en favor del juez excusado, atendiendo a que nadie es más indicado para apreciar si median o no motivos íntimos de decoro y delicadeza que el propio juez; imponerle la continuación del conocimiento del asunto, a pesar de su oposición, puede significar forzarlo en el fuero íntimo.

"El art. 17 inc. 9 del C.P.C.N. establece como causal de recusación "tener el juez con algunos de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato, lo que indica que tales motivos resultan causa de excusación cuando ese estado de espíritu lo tiene el juez contra la parte, de modo tal que ponga en peligro la imparcialidad del magistrado al momento de decidir la cuestión litigiosa.

"La amistad con frecuencia en el trato, es motivo por sí misma de la violencia moral que se alega para excusarse; desde que se considera suficiente la mera invocación de la norma aplicable junto a la mención del excusante de encontrarse comprendido dentro de las causales que la justifican; enrolados en el criterio que para justificar la excusación, no se requiere la explicación detallada de los hechos que la motiva.
Responsabilidad del Estado, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A., N.I. c/ Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-07-30

"El Estado, al emitir diferentes especies de actos puede actuar indistintamente bajo formas públicas o privadas. Si opta por lo primero, que es el cauce propio y natural, sus actos serán, en principio, de derecho público, aunque puede también celebrar actos de objeto privado o mixtos en algunas entidades públicas estatales. Si, en cambio, asume la condición de una persona jurídica privada, sus actos se hallarán sometidos enteramente al derecho civil o mercantil, encuadrándose en el régimen ordinario de tales actos, salvo las derogaciones que a texto expreso introduzcan normas públicas o privadas o las que deriven del régimen exorbitante aplicable a las relaciones jurídicas. Tanto en este último supuesto, como en el de los llamados actos mixtos o de objeto privado, el Estado no actúa en la función o actividad administrativa (en el campo del derecho público) sino que desenvuelve una mera actividad regulada por el derecho privado".
Non bis in ídem, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Weissbrod, Pedro s/ CAUSA NRO.6062 - RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

No puede entenderse que la causa fue juzgada dos veces, ni que se produjo la retrogradación del juicio, violándose así el principio del "non bis in idem", por la circunstancia de que se haya anulado la primera sentencia dictada, que había absuelto al imputado, por la existencia de vicios esenciales en el procedimiento.
Prueba, segunda instancia
Materia: LABORAL
Carátula: Fischer, Mario Ernesto c/ Villa Lila S.A.I.C.A. s/ Despido. Remuneraciones adeudadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-09-13

Si el hecho nuevo alegado fue rechazado por extemporáneo, de conformidad a lo dispuesto por la norma del artículo 66 del Cód.

Procesal Laboral, y dicha resolución fue consentida por las partes, no corresponde, en esta instancia, por vía del replanteo de prueba, modificar dicha situación.Tampoco se da el supuesto legal para que proceda la apertura a prueba en esta instancia ya que la prueba que se solicita no fue ofrecida oportunamente, sino cuando se alegó el hecho nuevo, con posterioridad a la realización de la audiencia de vista de causa.
Solicitud de afiliación, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Parras, Walter Eduardo c/ Morales, Carlos Isidoro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-03-10

Las pretensiones del apelante en el sentido de darle valor de declaración jurada a una ficha de afiliación, carecen de fundamento fáctico y jurídico. La demandada sostiene que tiene carácter de instrumento público de acuerdo al art.979 del Código Civil por haber sido firmada ante un funcionario público y que no procede en consecuencia la impugnación sino la redargución de falsedad, lo que hace improcedente el simple desconocimiento. Atento a que el documento presentado no está comprendido en los enumerados del art. mencionado, la Juez desecha su validez como tal, pues del texto ofrecido no consta que haya sido extendido ante funcionario público, es más, carece de certificación de firma.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, legitimación pasiva, contrato de transporte
Materia: CIVIL
Carátula: Rustichalli, Nancy. c/ Ruiz Diaz , Ramón y otros. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-24

Quien resulte damnificado por un choque entre automotores no tiene porqué investigar la mecánica del hecho, pudiendo demandar el resarcimiento a cualquiera de los partícipes, sin que ello sea óbice para que éstos puedan ventilar sus respectivas culpas, al punto que si alguno de los emplazados hubiera probado su falta de responsabilidad en la comisión del ilícito, correspondería el rechazo de la demanda promovida en su contra. De ahí que la verificación de la exclusiva responsabilidad del conductor del colectivo y la empresa del transporte, en modo alguno autorizaría a hacer recaer sobre la víctima los gastos causídicos que hubiera originado la intervención del conductor del rodado particular.
Tarjeta de crédito, derechos del emisor, destrucción del talón
Materia: COMERCIAL
Carátula: DINERS CLUB ARGENTINA  SAC Y DE T. c/ MENENDEZ DE YANTORNO, MARIA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16

Siendo que las partes firmaron un contrato de tarjeta de crédito que faculta a la entidad emisora a destruir los talones, transcurrido el año desde la aceptación de la liquidación, habiendo sucedido este hecho, la adherente no podrá objetar la falta de cupones acompañados para no efectuar el pago.
Admisibilidad del recurso, monto mínimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Empresa Sideco S.A., IECSA e Instituto Provincial del Seguro s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-07-13

El monto del litigio a que hace referencia el artículo 295 del Código Procesal Civil y Comercial, está referido a la cuantía del agravio en sí, no se refiere al monto de condena ni al de demanda, sino al del agravio que hace que se recurra a esta instancia.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, prescripción, interrupción de la prescripción, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: CORTES, MONICA DEL VALLE c/ BRAVO, ADRIANA LUCRECIA; REBORI, ADRIANA MARINA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-27

El instituto de la prescripción como extinto de los derechos, debe ser objeto de ponderación cautelosa por la trascendencia que resulta su aceptación para la vida de los negocios jurídicos. Por tanto, el criterio debe ser restrictivo desde que no es otra cosa que la aplicación de los principios de conservación de los actos y negocios jurídicos.-
Empleo público, remuneración, reducción salarial, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ranone Carlos c/ P.E.N. (Mº E O S P) Dto. 290/95 y otro s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-28

El decreto 398/95 modificó el art. 4 del decreto 290/95 y que este último decreto, ordenó la aplicación de lo dispuesto en él a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en consecuencia, si la norma municipal de aplicación (Res. 983/95) no se refiere específicamente, en cuanto dispone la aplicación del decreto en análisis al citado artículo, ello no significa que no corresponda utilizarlo puesto que el decreto 290/95 y su modificatorio forman un texto único el cual debe ser empleado en un todo y no aquellas partes que según el caso convengan a las circunstancias particulares del momento.
Instrucción, reapertura de la instrucción, querella, prueba, producción de la prueba, segunda instancia
Materia: PENAL
Carátula: LANUS DE FERNANDEZ, B. s/ SUMARIO. REAPERTURA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-10-19

1) No obstante que la querella no pidió formalmente la reapertura del sumario, su solicitud de producción de prueba debe conceptuarse como un requerimiento de esa índole, ya que la ley no requiere palabras rituales para reiniciar una investigación, con lo que basta el aporte de nuevos datos a efectos de proseguir el curso de la causa.

2) Los nuevos elementos de prueba que recién se mencionan en la alzada no pueden ser considerados para la reapertura del sumario por la Sala, pues implicaría obviar la imprescindible intervención del Juzgado interviniente.
Sueldo anual complementario, interpretación de la ley, Fondo Nacional de la Vivienda
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FAAF SOCIEDAD ARGENTINA DE SEGURO S.A. c/ Dirección Nacional de Recaudación Previsional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-26

El art. 1° de la ley 23060, (que restableció la contribución con destino al FONAVI) determina que dicha contribución sólo será de aplicación "para las remuneraciones y obligaciones previsionales que se devenguen a partir del primer día del mes siguiente al de la sanción 22.03.84). Consecuentemente siendo el S.A.C. un salario diferido cuyo derecho al cobro nace originariamente en la época de cada remuneración, el cargo sobre la primer cuota del año 1984 debe efectuarse sobre las sumas devengadas a partir del 1° de abril.
Tasa de justicia, monto del juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Citibank NA c/ Sánchez, Jorge Celio y otro s/ Acción de secuestro secuestro secuestro secuestro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-27

Es cierto que el proceso por secuestro prendario no es igual al juicio ejecutivo, pero ello no convierte al primero en juicio de valor indeterminado. También es cierto que el proceso ejecutivo no es igual al ordinario y sin embargo, los dos pagan la misma tasa de justicia (art. 277 inc. a del Cod. Fiscal, art.38 de ley 12.576, impositiva del presente año, B.O. 8-12/1/2001). Es que no es relevante saber de qué tipo de proceso se trate, sino si versa sobre sumas de dinero o derechos susceptibles de apreciación pecuniaria (art. 277 citado). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Culpa penal, culpa concurrente, culpa de la víctima, graduación de la pena
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CANCIO, RICARDO- MINETTI, MIGUEL ANGEL s/ LESIONES ACC.TRANSIT
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1984

LA CONCURRENCIA DE CULPA DE LA VICTIMA CARECE DE RELEVANCIA PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL PROCESADO, PORQUE EN EL AMBITO PENAL NO SE ADMITE LA COMPENSACION DE CULPA, SIN PERJUICIO DE CONSIDERAR DE QUE ESA CONCURRENCIA PUEDA ATENUAR LA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR DEL HECHO, LO QUE SE TENDRA EN CUENTA AL MOMENTO DE GRADUAR LA SANCION A APLICARSE.
Excepciones procesales, procesos de conocimiento, legitimación activa, reglamento de copropiedad y administración, administrador del consorcio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: LAVATERA LUMBRANO DE MICALI, OLGA c/ PLUS ULTRA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-27

En un proceso en el que un consorcio de propietarios acciona judicialmente para cobrar determinada suma de dinero como resarcimiento del daño que habría derivado del atribuido incumplimiento de un contrato, resulta improcedente oponer la excepción de falta de legitimación activa pues, la ley 13512, modificada por la ley 24312, establece el deber de proveer, en el reglamento de copropiedad y administración, la designación de un administrador representante del consorcio (art. 9-31). Máxime, si tal como aconteció en el caso- se considero legitima la representación invocada por el administrador del consorcio accionante, y ello no fue impugnado por la excepcionante. De modo, que seria incongruente desconocer la habilitación legal del administrador para demandar en defensa del interés consorcial, cuando se acepto que contratara validamente, en representación de los consortes, un servicio destinado al mantenimiento del inmueble cuya comunidad administra.
Universidades, autonomía universitaria, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación) c/ Universidad Nacional de Luján s/ aplicación ley 24.521. Universidad  Nacional de Córdoba (doctor Eduardo Humberto Staricco- rector) c/ Estado Nacional - declaración de inconstitucionalidad- sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27|1999-05-27

La circunstancia de que la autonomía universitaria se encuentre prevista hoy expresamente en la Constitución Nacional a partir de la reforma producida a su texto en 1994, no quita que aquélla deba ser acotada, en el sentido de circunscribir su ejercicio a las disposiciones propias de una legislación superior que la limita (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Promoción o facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros, trabajo precario, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: ORELLANA CONDO, Olga y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-07

Se advierte que el a quo valoró como dirimentes, en forma aislada, circunstancias que no obstan la configuración delictual de las conductas bajo análisis. En este sentido, el hecho de que los talleres investigados contaran con habilitación municipal, no resulta idóneo, ponderado en el marco probatorio global, para descartar , en el presente estadio procesal, que los imputados hayan incurrido en los delitos previstos por los arts. 140 CP y 117 de la ley 25.871. En definitiva, la condición de migrantes de los trabajadores, el irregular estatus migratorio de alguno de ellos, las limitaciones inherentes a su realidad socio-económica, el exiguo salario que percibían por su trabajo, las prolongadas jornadas de trabajo, la precariedad de la relación laboral a la que se hallaban sometidos, la situación de encierro que sufrían en el ámbito laboral y que limitaba su libertad ambulatoria y el riesgo latente para su integridad física en caso de accidente, configuran un cuadro de elementos que, valorados íntegramente, no permiten, a esta altura del proceso, adoptar un temperamento desvinculatorio, tal como hizo el a quo, en orden a las hipótesis delictivas atribuídas.En consecuencia, el decisorio impugnado posee una fundamentación aparente toda vez que el a quo omitió la valoración de elementos relevantes para la solución del caso. (Dres. Borinsky, Hornos, Gemignani).
Acción de amparo, obras sociales, prestadores médicos
Materia: CIVIL
Carátula: S., M. I. c/ OSDE Binario s/ Amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-09

El argumento de OSDE relacionado con la imposibilidad jurídica de cubrir prestadores radicados en el exterior es aparente. En efecto, la extensión de sus obligaciones está definida por el marco contractual, las leyes y la reglamentación en materia de salud que lo integran y lo complementan (conf. esta Sala, causas 751/14 del 8/7/14 y 1.787/17 del 3/8/17, entre otras). El territorio no es un criterio dirimente para limitarla, sobre todo en casos excepcionales como el del sub lite, tal como ha sostenido el Tribunal en precedentes análogos que la demandada no puede desconocer (conf. Sala II, causa 4.834/12 del 11/7/14 y Sala I, causa 5.172/15 del 11/4/17).
Extraña jurisdicción, prueba testimonial, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Monsalvo Mario Omar c/ Provincia De Santa Cruz s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2014-06-16

Corresponde rechazar el recurso de reposición contra la resolución que desestimó la prueba testimonial en extraña jurisdicción ofrecida por el recurrente, pues por un lado, resulta extemporáneo toda vez que ha sido opuesto luego de vencido el plazo previsto en el art. 91 de la ley 2600 y, por el otro, la actora no acompañó los respectivos interrogatorios previstos en el art. 431 del CPC y C de la Provincia de Santa Cruz para el caso de testigos que se domicilian fuera del "lugar del juicio", y tampoco asumió el compromiso de traer a declarar a los testigos.
Falsificación de instrumento privado, concurso ideal, cupón de tarjeta de crédito, delitos contra la fe pública
Materia: PENAL
Carátula: MAZZA, Elvira A. s/ Causa 44.860
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-13

No corresponde ni aun en forma de concurso ideal, el posible delito de falsificación de instrumento privado, que algunos consideran con respecto a la falsificación de la firma de la adquirente en los cupones de compra con tarjeta de crédito; pues por documentar un negocio que sólo interesa a las partes contratantes - comprador, vendedor y firma emitente de las tarjetas-, si bien pueden valer como instrumentos privados en el ámbito civil, en lo penal carecen de atributos necesarios para poner en riesgo el bien jurídico: fe pública.
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio Edificio Horizonte c/ Haesser Eduardo s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-10

En el caso de requisito de las "actas protocolizadas del consorcio" (art. 20 del Reglamento de Copropiedad) es suplido, a los fines de facilitar el pronto y rápido cobro de las expensas, por la liquidación de deuda que practique el administrador, previa notificación y siempre que se trate de tres cuotas vencidas (art. 16, 17 inc. f. Reglamento cit.)
Despido con causa, despido por riña
Materia: LABORAL
Carátula: PONCE, MARIO DOMINGO c/ ALEPIDOTE, OSCAR CONSTANTINO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-24

La riña entre trabajadores, en el lugar y horas de trabajo, es materia de apreciación circunstancial, y puede configurar justa causa de despido, salvo que no haya sido posible evitarla o que la actitud del dependiente haya sido meramente defensiva o de reacción a una agresión.
Jubilación de magistrados, funcionarios judiciales, determinación del haber jubilatorio, remuneración del juez, adicionales de remuneración, adicional por dedicación exclusiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fabris, Marcelo H. c/ Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-22

Un "suplemento adicional", como la compensación funcional, que reviste el carácter de permanente, más aún cuando está sujeto a aportes, encaja dentro de la "remuneración total" que, conforme al art. 4° de la ley 18.464, modificada por la ley 22.940, debe servir de base para determinar el haber de jubilación ordinaria.
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, astreintes
Materia: COMERCIAL
Carátula: MASINE, PASCUAL c/ MASINE, DANIEL s/ SUM. (RENDICION DE CUENTAS).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-08

La aplicación de astreintes no puede ser objeto de recurso, pues son inapelables aquellas resoluciones que son consecuencia de otras que se encuentran firmes.