Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-07


"ACARYA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)" , EXPTE: EXP 18536 / 0 Buenos Aires, 07 de abril de 2006. Y VISTOS: Estos autos, para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto y fundado por la demandada -a fs. 360/369 - contra la resolución obrante a fs. 198/201, mediante la cual el señor jueza de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada. La Sra. Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 397/400 vta., propiciando que se revoque el pronunciamiento apelado. I. Los actores promovieron acción de amparo contra la Ciudad, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1630/05 y sus anexos, a través del cual se dispuso la desocupación administrativa del predio "Mercado de Pulgas" en el que trabajan. Señalaron que el referido acto lesiona sus derechos constitucionales a asociarse y a trabajar y, asimismo, que éste constituye una omisión ilegítima y arbitraria a la obligación prevista en la CCABA de convocar a una audiencia pública en forma previa a la modificación del uso de un bien de dominio público. Asimismo los accionantes requirieron el dictado de una medida cautelar, consistente en que se ordene al Gobierno de la Ciudad que suspenda la ejecutoriedad del referido decreto, ello hasta tanto se efectúe la mencionada audiencia pública. A fs . 198/201 dictó sentencia el Sr. Juez de grado, haciendo lugar a la medida solicitada. Para así decidir, el magistrado consideró, en síntesis, que las razones invocadas en sustento del decreto Nº 1630/05 no justifican, por sí solas, la desocupación del inmueble. Ello así por cuanto, de los informes presentados por el Departamento de Bomberos y la Guardia de Auxilio y Emergencias no surge que exista un peligro de ruina inminente sino, por el contrario, problemas de seguridad que, en principio, podrían y deberían ser solucionados sin necesidad de proceder al desalojo. Asimismo consideró que, toda vez que de las constancias obrantes en la causa surgiría una posible modificación del uso del inmueble cuyo desalojo se pretende, ello podría tornar necesario la realización de una audiencia pública. A fs.360/369 la demandada interpuso recurso de apelación, el que motiva la intervención de esta Alzada. II. Con respecto a las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo la doctrina, la jurisprudencia y la legislación tradicionalmente han exigido como recaudos de admisibilidad la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la no afectación del interés público, sin perjuicio de la complementaria fijación de una contracautela (esta Sala, in re "Rubiolo Adriana Delia y otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo", expte. nº 7; "Carrizo, Atanasio Ramón c/ G.C.B.A. s/ Medida cautelar, expte. nº 161/00; "Salariato, Osvaldo c/ G.C.B.A. s/ Impugnación de actos administrativos s/ Incidente de apelación-medida cautelar", expte. nº 1607/01, "Casa Abe S.A. c/ G.C.B.A. s/ Acción meramente declarativa-art. 277 CCAyT) s/ Incid. apelación contra resolución de fs. 108/9 y aclaratoria de fs. 119" expte. 271, entre muchos otros precedentes). Estos requisitos fueron receptados y regulados, con sus peculiaridades, en la ley procesal local. Así, el art. 177, CCAyT, establece que las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso. Por su parte, la referida previsión agrega que aquel que tuvie ra fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, este pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueran más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas. III. Asimismo, el mencionado artículo 177 del CCAyT también admite expresamente el dictado de medidas cautelares de contenido positivo, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. No obstante, los recaudos que hacen a la admisibilidad de esta clase de medidas deben ser analizados con mayor prudencia, habida cuenta de que podrían configurar un anticipo de jurisdicción anterior al dictado del fallo final (CSJN, 10/12/1997, "Garré, Alfredo A. C/ Dirección General Impositiva", LL, 1999-E-940; esta Sala, autos "Triay, Roberto Oscar c/ GCBA s/ Amparo", del 24/11/00). De allí que se haya afirmado que "la aplicación de medidas cautelar es innovativas, dados sus particulares efectos, debe juzgarse con criterio restrictivo y excepcional, determinando la concurrencia fáctica de los presupuestos a observar para el dictado de toda medida cautelar así como de uno que le es propio: la posibilidad de que se consume un perjuicio irreparable" (Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado, concordado y comentado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, t.V, pág. 108, nota 31). Ello, por cuanto la medida cautelar innovativa no persigue mantener el status existente sino, precisamente, alterar ese estado de hecho o de derecho vigente antes de su dictado. Por otra parte, tal como lo ha puntualizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las medidas precautorias que persiguen la modificación del estado de hecho o de derecho vigente al tiempo de su dictado -esto es, las medidas innovativas, como la solicitada en este caso- exigen una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que determinan su procedencia (Fallos, 316:18 33). Así, toda vez que la medida requerida por los amparistas en el sub examine reviste contenido positivo -por cuanto ésta significa alterar el estado de hecho existente- y, a su vez, coincide con el objeto substancial de la acción promovida -en el caso, que se impida la ejecución del acto administrativo por el cual se ordenó el desalojo administrativo de los amparistas-, la demostración de los extremos que demuestran su procedencia debe ser apreciada con especial prudencia. IV.- En particular, en lo que respecta a las medidas que disponen la suspensión de actos administrativos, la jurisprudencia nacional ha coincidido en requerir la concurrencia de dos presupuestos específicos: la existencia de perjuicios graves o irreparables y que la medida no afecte el interés público (Conf. Bosch, Juan, "Acerca de la suspensión de los efectos del acto administrativo", LL, 1996-D-1226). En ese sentido: CSJN, Fallos, 307:2267; 314:1209; CNFed. Cont. Adm., Sala IV, 13/7/1991, "Metalúrgica Bellucci S.A. c/ YPF"; Idem, Sala I, 6/6/1990, "CAS T.V. S.A. y otras c/ Estado Nacional; Idem, Sala II, 9/4/1992, "Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago c/ BCRA"; Idem, Sala III, "Baiter S.A. c/ Estado Nacional", ED, 107-420. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 189 CCAyT, la procedencia de la medida suspensiva requiere como presupuesto ineludible que la ejecución o cumplimiento del hecho, acto o contrato administrativo causare o pudiera causar graves daños al administrado -siempre que de la suspensión no resultare grave perjuicio para el interés público-, o bien que ese hecho, acto o contrato ostentare una ilegalidad manifiesta o su suspensión o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión (arg. incs. 1º y 2º). De la normativa citada surge claramente, entonces, que en nuestro ordenamiento procesal la suspensión de la ejecución o cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo -prevista en el art. 189 CCAyT- está supeditada a las exigencias genéricas de toda medida cautelar, que son -tal como se ha referido supra- la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Asimismo, deberá verificarse al menos uno de los requisitos incluidos en los incisos 1º y 2º del artículo mencionado. A su vez, estrechamente vinculado a la verosimilitud del derecho invocado por la actora, se encuentra la exigencia de demostrar, al menos someramente, que la resolución administrativa que lo conculca ostenta una ilegalidad manifiesta (cf. art. 189 inc. 2º CCAyT). Ello es lógicamente necesario, puesto que será ilegítimo todo acto o hecho de la administración que importe la lesión de un derecho. VOTO DEL DR. HORACIO G. A. CORTI: V. Detallados en los considerandos previos el marco normativo y jurisprudencial que habrá de aplicarse en el sub lite a fin de analizar la procedencia de la medida solicitada por los amparistas y otorgada por el magistrado de grado, cabe determinar a continuación si concurren los presupuestos que hacen procedente su dictado. En primer lugar, tal como la doctrina y la jurisprudencia han señalado, los peticionantes debe probar el fumus bonis iuris, para lo cual deberá arrimar los elementos idóneos para producir convicción en el ánimo del tribunal sobre la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado como sustento de su pretensión (Martínez Botos, Raúl, Medidas cautelares, Universidad, Buenos Aires, 1996, pág. 41, y jurisprudencia allí citada). En efecto, como ya se ha sostenido anteriormente, el peticionante de una medida cautelar no puede quedar relevado del deber de comprobación de la verosimilitud de su derecho (in re, "Stagnaro, José c/ GCBA s/ Impugnación actos administrativos", EXP 176/0; "Calabretta, Alejandro Antonio c/ G.C.B.A. y otros s/ Amparo, Exp nº 8311/0; Martínez Botos, Raúl, Medidas cautelares, Universidad, Buenos Aires, 1996, pág. 41, y jurisprudencia allí citada). Como ya se dijo, cuando la medida persigue la suspensión del acto administrativo la prueba de la existencia de verosimilitud en el derecho invocado se vincula estre chamente con demostrar, al menos en forma liminar, que el acto cuestionado resulta manifiestamente ilegítimo o arbitrario. VI.- A mi criterio, los actores no han logrado configurar un grado de convicción tal que amerite el dictado de una medida como la requerida. Ello es así, en primer término, por cuanto éstos no ha podido demostrar, ni siquiera con la provisoriedad que caracteriza a esta etapa cautelar, que el acto administrativo por el que se dispuso el desalojo administrativo del denominado "mercado de pulgas" (Decreto Nº 1630/05) resulta manifiestamente ilegítimo o arbitrario. En este aspecto es necesario destacar que no ha sido motivo de controversia en el sub lite que el predio cuya desocupación administrativa la accionada pretende es un bien de dominio público y que, como tal, su protección o tutela se encuentra a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, al acto por el cual se dispuso la desocupación del predio le resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 de la LPA, en cuanto dispone en su parte pertinente que "el acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles" (énfasis agregado). De esta forma, es claro que cuando la Ciudad pretende proteger bienes de dominio público el ordenamiento de aplicación la faculta para, entre otras medidas, proceder a su desocupación administrativa sin necesidad de requerir intervención judicial. Más aún si, como ocurre en el caso de a utos, sus actuales ocupantes no han invocado y, menos aún, acreditado la existencia de autorización o permiso alguno que los autorice a ocupar el predio. Asimismo, de las normas citadas surge claramente que, a diferencia de lo sostenido por el magistrado de grado, no es necesario que la administración demuestre, a efectos de ejercer su potestad de autotutela sobre sus bienes de dominio público, la existencia de un peligro de ruina inminente sobre dicho bien. En efecto, de acuerdo a los términos expresos de la norma transcripta, tal requerimiento no es aplicable cuando se trata de bienes de dominio público de la Ciudad sino que, por el contrario, solamente resultaría de aplicación cuando se trata de edificios que forman parte de sus bienes de dominio privado, o bien son propiedad de particulares. VII.- Así las cosas, encontrándose debidamente demostrado en autos, por un lado, que las actuales condiciones del predio denominado "mercado de pulgas" suponen significativos riesgos para la integridad de sus ocupante s y de eventuales concurrentes (vid. informes de fs. 182/187, fs. 191/193 y fs. 195/196, los cuales no han sido cuestionados por los amparistas) y, por el otro, siendo la facultad de autotutela sobre bienes de dominio público una potestad expresamente reconocida por el ordenamiento jurídico, el acto administrativo por el cual se dispone la desocupación administrativa del mencionado predio no aparece, al menos en esta etapa del proceso, como manifiestamente ilegitimo o arbitrario. A todo ello se suma, a su vez, que tal como la Ciudad ha sostenido en su memorial -argumento que no ha sido rebatido eficazmente por los amparistas en el escrito de contestación del traslado oportunamente conferido-, la realización de las obras necesarias para revertir la precaria situación en que se encuentra el mercado en la actualidad resultaría de muy difícil, sino imposible concreción, sin proceder previamente a la desocupación del predio y al retiro de los materiales allí acopiados por sus actuales ocupantes. VIII.- Por otro la do, y a fin de sustentar la verosimilitud del derecho invocado, los amparistas también sostienen que el acto cuestionado vulnera sus derechos constitucionales a trabajar y asociarse. En este aspecto, es necesario tener en cuenta que, tal como el juez a quo pone de resalto en su sentencia, la demandada ha considerado especialmente esta circunstancia al arbitrar medidas tendientes a preservar la fuente laboral de los puesteros durante el lapso que demande la realización de las obras. Así, a fin de evitar perjuicios para sus actuales ocupantes la administración dispuso que, durante el período de realización de las tareas de reciclado y puesta en valor del mercado, todos aquellos que ejercen allí su actividad serán trasladados a un predio contiguo, ubicado en la manzana M2 comprendida entre las calles Dorrego, General Enrique Martínez, Concepción Arenal y Conde. A tal efecto, el GCBA les suministrará los medios necesarios para poder desarrollar allí sus actividades. Asimismo, a fs. 265/265 la demandada informó qu e el referido predio se encuentra habilitado y en condiciones de funcionamiento y, por otro lado, a fs. 338 vta. se detalló que los permisionarios han comenzado a mudar sus puestos al predio denominado M2 en noviembre de 2005 y que, de 143 permisionarios aprobados por el Decreto Nº 1630/05, 121 ya han suscripto convenios con la accionada para trasladar provisoriamente sus puestos mientras duren las obras. Estas consideraciones no han sido cuestionadas por los amparistas en la oportunidad procesal pertinente. De esta forma, la ejecución del Decreto Nº 1630/05 no evidencia -al menos no en esta etapa- un peligro cierto para el derecho a trabajar y asociarse de los amparistas y, en consecuencia, tal argumento no resulta suficiente para sostener la existencia de verosimilitud en el derecho invocado en sustento de su posición. IX.- Por todo ello sólo cabe concluir que de las constancias obrantes en autos no surge, con la provisoriedad propia que caracteriza a este estadio liminar del proceso, que el acto cuestionad o resulte manifiestamente arbitrario o ilegítimo o que implique una lesión a derechos de los amparistas tutelados por el ordenamiento jurídico, circunstancias que, a su vez, restan verosimilitud al derecho esgrimido en sustento de su pretensión cautelar. X.- Finalmente, también corresponde señalar que tampoco se verifica en el sub lite el segundo de los requisitos previstos en el artículo 177 del CCAyT, esto es, el peligro en la demora. Este presupuesto se identifica con el riesgo probable de que la tutela jurídica definitiva que aquél aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en los hechos, realizarse, es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes (Palacio, Lino E., Derecho procesal civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, t. VIII, págs. 32 y 34; esta Sala, in re "Ortiz Célica y otros c/ GCBA s/Amparo s/Incidente de apelación", expte. nº 2779). En este aspecto cabe señalar que, tal como se ha señalado en el cons iderando anterior, la administración ha arbitrado medios que, prima facie, aparecen como idóneos para evitar que la desocupación del predio signifique una afectación de la fuente laboral de los amparistas. Ello así, por cuanto el acto cuestionado dispone que los actuales ocupantes del "mercado de pulgas" podrán utilizar un predio contiguo para continuar desarrollando allí su actividad como puesteros. Asimismo y como ya se dijo, muchos de ellos ya han suscripto convenios con la accionada a fin de materializar el traslado. Todo ello lleva, en consecuencia, a revocar el pronunciamiento apelado y, en consecuencia, a rechazar la medida cautelar solicitada por los amparistas. VOTO DEL DR. CARLOS F. BALBÍN: V. Detallados en los considerandos previos el marco normativo y jurisprudencial que habrá de aplicarse en el sub lite a fin de analizar la procedencia de la medida solicitada por los amparistas y otorgada por el magistrado de grado, cabe determinar a continuación si concurren los presupuestos que hacen procedente su dictado. En primer lugar, tal como la doctrina y la jurisprudencia han señalado, los peticionantes debe probar el fumus bonis iuris, para lo cual deberá arrimar los elementos idóneos para producir convicción en el ánimo del tribunal sobre la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado como sustento de su pretensión (Martínez Botos, Raúl, Medidas cautelares, Universidad, Buenos Aires, 1996, pág. 41, y jurisprudencia allí citada). En efecto, como ya se ha sostenido anteriormente, los peticionantes de una medida cautelar no puede quedar relevado del deber de comprobación de la verosimilitud de su derecho (in re, "Stagnaro, José c/ GCBA s/ Impugnación actos administrativos", EXP 176/0; "Calabretta, Alejandro Antonio c/ G.C.B.A. y otros s/ Amparo, Exp nº 8311/0; Martínez Botos, Raúl, Medidas cautelares, Universidad, Buenos Aires, 1996, pág. 41, y jurisprudencia allí citada). Como ya se dijo, cuando la medida persigue la suspensión del acto administrativo la prueba de la existencia de verosimilitu d en el derecho invocado se vincula estrechamente con demostrar, al menos en forma liminar, que el acto cuestionado resulta manifiestamente ilegítimo o arbitrario. VI.- A mi criterio, los accionantes han sido eficaces en configurar un grado de convicción suficiente en cuanto a que su derecho resulta verosímil, situación que justifica entonces el dictado de una medida como la requerida. Ello es así, en primer término, por cuanto si bien la Ciudad menciona a fs. 338 vta. que ya se han suscripto 121 convenios por sobre los 143 autorizados por el Decreto Nº 1630/05, no es claro si tal cantidad de personas comprende a la totalidad de los puesteros que actualmente ocupan el mercado de pulgas. En segundo lugar es evidente que, en el sub examine, de materializarse el curso de acción anticipado por la Ciudad -consistente en desalojar administrativamente el predio que los amparistas actualmente ocupan y donde ejercen sus actividades comerciales-, éste podría significar una seria lesión contra su derecho constitucional a trabajar y ejercer industria lícita (artículo 14 CN). En tercer término, no es posible ignorar que, si bien es cierto que la situación edilicia en que se encuentra actualmente el "mercado de pulgas" es por demás precaria -y de ello dan cuenta los informes obrantes en el expediente a fs. 182/187, fs. 191/193 y fs. 195/196-, también es claro de acuerdo a las constancias acompañadas a la causa que los problemas en materia de seguridad no responden a circunstancias recientes, sino que han existido desde hace ya muchos años y, a pesar de ello, el gobierno nada ha hecho durante todo ese tiempo para remediar dicha situación. En cuarto lugar y, si bien como ya se dijo, no está en duda que el predio requiere de urgentes reparaciones o refacciones a fin de conjurar los riesgos a la seguridad de las personas que por él transitan diariamente (ya sean puesteros, compradores o incluso transeúntes), la Ciudad no explica sin embargo porqué es necesario proceder al desalojo total del predio, en vez de efectuar remodelacione s o refacciones parciales (pudiendo, a tal efecto, proceder a desalojar solamente en forma parcial el predio y, una vez efectuadas las reparaciones en dicho sector, reincoporar a los puesteros allí ubicados y, entonces, proceder de la misma forma con las otras partes del mercado). Más aún si se tiene en cuenta que, a través de soluciones de esta índole, la Ciudad podría tutelar los dos bienes que aparentemente estarían en conflicto en el caso -por un lado, el derecho a trabajar de los amparistas y, por el otro, la seguridad de éstos y de cualquier otra persona que transite por el mercado. En consecuencia, toda vez que el acto administrativo que ordena el desalojo no explica porqué ha optado por la solución que en el caso aparece como más gravosa para los derechos de los actores, éste es, en este aspecto y en el marco provisional de la presente medida cautelar, irrazonable. Tal conclusión no implica, obviamente, desconocer la potestad de autotutela que la Ciudad ejerce sobre sus bienes de dominio público sino, simplemente, señalar que dicha facultad debe ser puesta en práctica en forma razonable, debidamente motivada y, finalmente, respetando los derechos constitucionales de los administrados. VII.- Por otro lado, los accionantes también deben acreditar la concurrencia del segundo de los requisitos previstos en el artículo 177 del CCAyT, esto es, el peligro en la demora. Este presupuesto se identifica con el riesgo probable de que la tutela jurídica definitiva que aquél aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en los hechos, realizarse, es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes (Palacio, Lino E., Derecho procesal civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, t. VIII, págs. 32 y 34; esta Sala, in re "Ortiz Célica y otros c/ GCBA s/Amparo s/Incidente de apelación", expte. nº 2779). En este aspecto, entiendo que las probanzas existentes en autos también son suficientes para demostrar que este presupuesto también se encue ntra debidamente acreditado. Para así concluir, tengo especialmente en consideración, por un lado, que la Ciudad no ha garantizado que trasladará a todos los actuales ocupantes del mercado al predio contiguo, así como tampoco ha dado garantías de que todos ellos serán luego reincorporados una vez efectuadas las refacciones. Por el otro lado, no puedo soslayar que el acto administrativo que dispone el desalojo no fija en forma cierta un plazo para la conclusión de las obras de refacción y reparación que ordena realizar, de manera que ello significa, a mi criterio afectar un derecho constitucional del cual los amparistas son titulares -el derecho a trabajar- en forma indefinida e irrazonable. Por todo ello, entiendo que también el peligro en la demora se encuentra debidamente acreditado en el sub lite. VIII.- Así las cosas, y toda vez que se encuentran configurados en el caso de autos los extremos que tornan procedente la medida requerida por los amparistas, corresponde en consecuencia confirmar la sentencia de grado en todas sus partes. VOTO DEL DR. ESTEBAN CENTANARO: I.- Adhiero al voto del Dr. Horacio G. Corti, en todo cuanto decide. Empero, entiendo necesario dejar a salvo mi opinión en lo que respecta a los recaudos de procedencia de la suspensión cautelar del acto administrativo. II. Al respecto cabe recordar que el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé como medida cautelar específica la suspensión del acto administrativo en los siguientes términos: cuando la ejecución o cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo pudiere causar graves daños al administrado, el tribunal, a pedido de aquél, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; y cuando el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. A su vez el citado artículo, in fine, prevé que la autoridad administrativa correspondiente puede solicitar el levantamiento de la suspensión en cualquier estado del trámite. III. En virtud de lo expuesto, se advierte que el Código local regula de forma separada del resto de las cautelares la medida de suspensión del acto administrativo, la cual posee regulación específica en el artículo 189 citado, y cuya procedencia queda supeditada a la verificación de al menos uno de los extremos previstos en la norma, con prescindencia de analizar los requisitos comunes a las demás medidas cautelares, a saber, verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Ello, sin perjuicio de la aplicación analógica de la normativa vigente en materia de medidas cautelares, la cual procederá sólo ante vacíos legales y no por subsidiareidad (Conf. Cassagne, Juan Carlos, Las medidas cautelares en el Contencioso Administrativo, La Ley, 28.03.2001). IV.- Así las cosas -y tal como ha señalado el Dr. Corti- encontrándose debidamente demostrado en autos, por un lado, que las actuales condiciones del predio denominado "mercado de pulgas" suponen significativos riesgos para la integridad de sus ocupantes y de eventuales concurrentes (vid. informes de fs. 182/187, fs. 191/193 y fs. 195/196, los cuales no han sido cuestionados por los amparistas) y, por el otro, siendo la facultad de autotutela sobre bienes de dominio público una potestad expresamente reconocida por el ordenamiento jurídico, el acto administrativo por el cual se dispone la desocupación administrativa del mencionado predio no aparece, al menos en esta etapa del proceso, como manifiestamente ilegitimo o arbitrario. A todo ello se suma, a su vez, que la ejecución o cumplimiento del acto cuestionado no ocasiona, a mi entender, mayores perjuicios que su suspensión. Ello así, por cuanto, tal como ha señalado mi colega en su voto, la administración ha arbitrado medios que, prima facie, aparecen como idóneos para evitar que la desocupación del predio signifique una afectación de la fuente labo ral de los amparistas. En efecto, el acto cuestionado dispone que los actuales ocupantes del "mercado de pulgas" podrán utilizar un predio contiguo para continuar desarrollando allí su actividad como puesteros y, por su parte, muchos de ellos ya han suscripto convenios con la accionada a fin de materializar el traslado. V.- En virtud de estas consideraciones opino que corresponde revocar el pronunciamiento apelado y, en consecuencia, a rechazar la medida cautelar solicitada por los amparistas. En mérito a las consideraciones vertidas, normas citadas, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal; el Tribunal RESUELVE: Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, revocar el punto 1) del pronunciamiento apelado. Costas en la Alzada por su orden (art. 14 CCABA). Notifíquese a la señora Fiscal de Cámara y devuélvase. Encomiéndase al juzgado el cumplimiento de las restante notificaciones, conjuntamente con la providencia que haga saber la devolución de los autos.- Carlos F. Balbín Horacio G. A. Corti (en disidencia) Esteban Centanaro