Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-07-04


///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los cuatro días del mes de julio de dos mil once, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. CLAUDIA MONICA MIZAWAK y los Vocales Dres. CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ y JUAN RAMON SMALDONE, asistidos por el Dr. Rubén A. Chaia fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "MASSERA, Natacha Iris c/ SGPER S/ ACCION DE AMPARO".- Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. MIZAWAK, CHIARA DIAZ y SMALDONE.- Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTION: ¿Existe nulidad? SEGUNDA CUESTION: ¿Qué cabe resolver? A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DRA. MIZAWAK, DIJO:

El recurso de apelación en contra de la sentencia de amparo, de acuerdo a lo normado por el art.16 de la Ley Nº 8369, importa también el de nulidad.- Ello así, se impone examinar las actuaciones practicadas y declarar -aún ex officio- las nulidades que se verificaren.- Al respecto, y tal como lo resalta el Sr. Procurador General en su dictamen de fs.50/52 vta., el estudio de los presentes obrados permiten constatar que, a pesar que el único objeto de esta acción era la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de una norma, en la instancia a quo se omitió correrle la vista pertinente al Ministerio Público Fiscal, organismo que tiene como función el rol institucional de "velar por la observancia de la Constitución Nacional, las leyes de la República, la Constitución de Entre Ríos y las leyes dictadas con arreglo a la misma" y asimismo "del efectivo cumplimiento del debido proceso legal" -arts.207 Carta Magna Provincial y 1, 5 incs. g) y h) y conctes. de la Ley Nº9544-.- Tal inadvertencia sería suficiente para provocar la invalidez del fallo dictado en la instancia de grado, pero atento a que se le ha otorgado la debida participación en esta instancia ad quem; y que su máximo representante -el Sr. Procurador General- no instó tal solución, no resulta útil ni oportuna la declaración de nulidad.- Máxime teniendo en cuenta la reiterada e invariable doctrina jurisprudencial de la Sala Nº 1 de este S.T.J.E.R. según la cual la naturaleza excepcional de las acciones previstas en los arts. 1º, 25º y 26º de la Ley de Procedimientos Constitucionales, determinan que la concesión del recurso de apelación en los procesos de amparo, de ejecución o de prohibición, devuelve al Superior la plenitud de la jurisdicción, colocándolo frente a la demanda en la misma posición que el juez a quo, pudiendo examinarla en todos sus aspectos, estudiar cuestiones no consideradas en la impugnación y establecer de oficio la existencia de circunstancias impeditivas o extintivas que operen "ipso iure", dotando al tribunal ad quem de facultad y atribución suficiente para juzgar en su integralidad los hechos y el derecho, actuando a su respecto con plena jurisdicción, lo cual no sólo permite sino que exige de dicho tribunal superior el examen del caso con la mayor amplitud posible, sin quedar limitado por el pronunciamiento apelado ni por los agravios -meramente facultativos- que fueran invocados por el recurrente (in rebus "PITTAVINO", LAS 1987/88; entre muchos otros), por lo que no se advierte perjuicio alguno para ninguna de las partes la decisión que en el presente propicio.- Por ello reitero mi respuesta negativa ante la cuestión planteada.- Así voto.- A la misma cuestión propuesta el Sr. Vocal Dr. CHIARA DIAZ expresa su adhesión al voto de la Dra. Mizawak.- A su turno el Señor Vocal Dr. SMALDONE manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DRA. MIZAWAK:

I.- Interpone recurso de apelación la demandada a fs.36 respecto de la sentencia de fs.28/31 vta. que hace lugar a la acción de amparo incoada por NATACHA IRIS MASSERA contra el SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS y declara la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 4 del Decreto Nº 1479 GOB -de fecha 11 de mayo de 2011-, impone las costas y regula honorarios.- Para así decidir la magistrada actuante entendió que "cualquier ciudadano, en uso de las facultades previstas primigeniamente por el art.14 de la Constitución Nacional, puede peticionar a las autoridades, como en el caso lo hace la amparista, invocando su carácter de ciudadana, es merituando ese carácter y los derechos constitucionalmente protegidos, que la considero "legitimada para obrar"". Asimismo sostuvo que la vía elegida era pertinente porque "el tiempo es escaso para modificar el Decreto cuya ilegitimidad es evidente, en cuanto avanza sobre normas de superior jerarquía y, al mismo tiempo, se inmiscuye en las atribuciones de los partidos políticos".- II.- La parte recurrente presenta el memorial que le autoriza el art.16 de la Ley de Procedimientos Constitucionales -fs.42/46- basa sus agravios en la falta de legitimación de la accionante, la inexistencia de ilegitimidad manifiesta en la norma cuestionada, la improcedencia e inadmisibilidad de la vía elegida, la deficiente integración de la litis, la no contradicción entre lo normado por la Ley Nº 9659 y el Decreto 1479/11 GOB y la ausencia de perjuicio.- III.- A fs.53 la amparista y la Sra. Fiscal Adjunta, con el patrocinio del Sr. Fiscal de Estado, presentan un escrito firmado en forma conjunta por el cual "la parte actora se allana y adhiere a los términos del memorial de apelación presentado por la parte demandada atento a que la Unión Cívica Radical, partido político respecto del cual es afiliada la demandante ha promovido por ante el Tribunal Electoral de la Provincia, autoridad competente por la materia, un reclamo de similar contenido sustancial a lo debatido en la presente causa. Que la parte demandada ratifica los términos contenidos en la contestación de demanda y en el memorial de la instancia de apelación y acepta el allanamiento. ambas partes solicitan al Tribunal que haga lugar al allanamiento y en consecuencia al recurso articulado y revoque la sentencia en los términos planteados en el mismo".- IV.- El Sr. Procurador General de la Provincia, Dr. JORGE A.L. GARCIA -fs.50/52-, en fundado informe, concluye que debe admitirse el recurso, revocarse en todas sus partes el fallo de fs.28/31 vta. y rechazarse el amparo incoado.- V.- Sintetizadas así las principales contingencias de la causa y en especial las acontecidas en ésta instancia, no puedo dejar de hacer una mención liminar al insólito escrito que agregaron las partes a este proceso -fs.53- en el cual hacen referencia a un allanamiento de la actora a los términos del recurso de la demandada y solicitan la revocación de la sentencia.- Si la pretensión de la amparista era ponerle fin a este pleito, el único camino jurídicamente viable a su alcance era el desistimiento del derecho o del proceso -arts.292 y 293 del C:P.C y C.-.- No podía la actora allanarse a un recurso de apelación presentado por la contraparte ante una decisión que le había sido favorable en la instancia de grado, posibilidad -allanamiento- que está expresamente prevista sólo para la demandada -art.295 ídem-, dicho ésto, solo cabe la desestimar la pretensión de fs. 53.- VI.- Siendo así ingreso directamente al fondo de la cuestión traída.- En tal cometido vale destacar que la accionante articula este amparo persiguiendo que "al dictar sentencia declare la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1479 GOB en sus Arts. 1 y 4 en cuanto dispone que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas convocadas por Decreto Nº1478 GOB. para el día 14 de agosto del corriente año en el marco de la Ley Nº 9.659, "se llevarán a cabo bajo la misma autoridad de comicio y escrutinio" (Art.1º in fine) y en cuanto abusa de su competencia al establecer en el Art.4º que el Tribunal Electoral Provincial y el Juzgado Federal con competencia electoral tendrán a su cargo la instrumentación y control del proceso comicial convocado dentro de sus competencias. vulnerándose el derecho de los partidos a designar el lugar de realización de sus actos comiciales internos conforme lo establecido en el art.12 de la Ley N 9659".- Varias cuestiones se plantean luego de analizar escrupulosamente el libelo de interposición de la acción.- A) En primer término, la actora acciona invocando su carácter de "ciudadana de Paraná, afiliada y precandidata a Concejal de la Unión Cívica Radical" -lo que no acredita ni mínimamente-, y al precusar cuál es la norma que considera vulneradas con el dictado del decreto cuestionado -1479/11 GOB- refiere al art.12 de la Ley Nº 9659, y destaca el derecho de los partidos políticos a designar el lugar de realización de sus actos comiciales.- Si la propia accionante considera que se afecta el derecho de un partido político, -valga la obviedad- el legitimado para cuestionar tal norma es justamente el partido político y no una ciudadana, afiliada o precandidata por el mismo.- Recordemos, respecto a la "legitimatio ad causam" de la parte actora, que su configuración se encuentra condicionada a que la decisión, acto, hecho u omisión de autoridad administrativa o judicial o legislativa en ejercicio de funciones administrativas, funcionario, corporación o empleado público, provincial o municipal o de un particular, vulnere -en forma actual o inminente- el ejercicio de un derecho del que se es titular -art.1º, Ley Nº8369-.- Esto es así ya que como acertadamente lo plantea GERMAN BIDART CAMPOS -citado por NESTOR P.SAGÜES en "Derecho Procesal Constitucional, tomo 3, Astrea, págs. 334 y sgte..- bajo el principio de utilidad quien articula el amparo, "debe tener una posible utilidad en el resultado del proceso".- Resulta un requisito excluyente para poder asumir el rol de parte actora en este tipo de procedimientos la acreditación de la titularidad de un derecho reconocido o garantizado constitucionalmente, no pudiendo -en consecuencia- ser admitida la legitimación de quien ocurre sin invocar, en sustento de su pretensión, algún derecho o garantía propio, supuesto en el cual debe desestimarse la acción por su improcedencia formal.- En tal sentido considero que cabe reivindicar la doctrina judicial de esta Sala Nº 1 en cuanto ha sostenido: "El ordenamiento legal regulador de la garantía constitucional del amparo. no otorga una genérica legitimación activa, sino que se la reserva estrictamente al titular del derecho a que el deber legal del funcionario o corporación pública se ejecute en su beneficio o a quien directamente sufriere perjuicio por la omisión de cumplimiento de ese deber legal, apuntando a habilitar sólo a quien demuestre ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo directo en la ejecución del acto incumplido, descartando a aquellos particulares que únicamente posean un interés simple, genérico o indirecto o que actúen sólo en interés de la ley -o de la legalidad-, vedando toda posibilidad de excitación jurisdiccional válida a quienes el acto -aunque ilegítimo- no les ocasione un perjuicio jurídico directo, afectando el ejercicio de alguno de los derechos constitucionales tutelados del cual sean titulares". (in rebus "SANTA CRUZ, CELESTINA Y POR SUS HIJOS MENORES" -17/03/99- y "ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO DELEGACION FEDERAL y OTRO" -02/08/07-).- Delimitado en los parágrafos precedentes el marco que debe regir el supuesto de autos y aplicando tales conceptos al caso en análisis, estimo que del examen de la demanda surge -sin hesitación alguna- la carencia de legitimación para accionar por parte de la Sra. Massera.- Destacaré que se inicia este proceso pretendiendo que se ordene la declaración de inconstitucionalidad de una norma -Decreto Nº 1479- por afectar el derecho de los partidos políticos a designar el lugar de realización de sus actos comiciales internos, lo que evidencia la ausencia de un interés concreto, real, directo o actual de la amparista en su promoción, y conspira fatalmente contra su procedencia, ya que no se dan en la especie las condiciones que respecto de la legitimación exige el art. 1° de la Ley de Procedimientos Constitucionales por lo que sólo cabe concluir que la demanda de amparo resulta manifiestamente inadmisible.- Corresponde asimismo considerar que "la calidad de tercero que promueve un juicio de amparo con la única aspiración de obtener el restablecimiento de una situación de iure, sin alegar derecho vulnerado ni rol de víctima más que la que le otorga su condición de ciudadano interesado en custodiar el orden público, suele asignarse al interés simple, que por vía de principio no recibe protección jurisdiccional" -OSVALDO ALFREDO GOZAINI en "Presupuestos del proceso de amparo" publicado en la Revista de Derecho Procesal Amparo, Hábeas Data, Hábeas Corpus, T.I, Rubinzal Culzoni, pág.77-.

En el caso de autos ni siquiera se alega tal carácter y no justifica la amparista qué razón la habilitaría para articular este remedio extraordinario, heroico y residual ideado por el constituyente a los fines de salvaguardar los derechos y garantías consagrados en la Carta Magna, lo que impone, sin más, la desestimación de la demanda.- De igual modo entiende el Ministerio Público Fiscal al referir que: "la ciudadana Massera no cumple los requisitos mínimos que puedan habilitar su petición Amparista, toda vez que no representa legítimamente al partido del que dice ser pre-candidata. Es evidente que en su mera condición de persona, no logra en grado siquiera aproximado demostrar cual sería el agravio concreto, el vicio grosero y torpe que afecta sus derechos fundamentales. De allí el notorio desacople estructural que resulta de forzar el remedio excepcional del Amparo en una materia que lejos está del agravio concreto insusceptible de otra vía." -ver fs.50 vta.-.- B) En segundo orden me referiré a la pretensión de inconstitucionalidad de una norma, recordando que el más Alto Tribunal de la Nación ha sostenido en innumerables oportunidades que tal decisión constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico (CSJN, Fallos, t. 303, págs. 248, 1708, 1776; t. 304, págs. 849, 892, 1069; t. 307, págs. 531, 1656), justificándose su ejercicio sólo frente a la comprobación de la existencia y realidad de un menoscabo sustancial a la garantía invocada por el recurrente (CSJN, ob. cit., t. 303, pág. 397).- Esto es cuando la norma impugnada resulte manifiesta o comprobadamente repugnante, incompatible e irreconciliable con la cláusula constitucional (federal o local) invocada; por ende, no es susceptible de ser realizada en términos generales o teóricos, toda vez que tal declaración -efectuado por un órgano judicial- implica desconocer los efectos, en el caso, de una norma dictada por un Poder igualmente supremo como lo es el Legislativo (CSJN, ob. cit., t. 252, pág. 328) o en el caso por el Ejecutivo.- La cuestión de establecer si una ley -tomada esta en sentido amplio lo que incluye un decreto general como el cuestionado- es nula por su repugnancia a la Constitución es, en todo tiempo, una cuestión muy delicada que, como regla, jamás puede ser decidida afirmativamente en un caso dudoso, siendo doctrina admitida que en la duda -aunque ésta fuese razonable- los tribunales deben pronunciarse en favor de la validez de la ley, principio éste que impone para los tribunales, en el ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes, la obligación de obrar con la mayor mesura, mostrándose tan celoso en el uso de las facultades que le son propias cuanto en el respeto de la esfera que la Constitución asigna, con carácter privativo, a los otros poderes (CSJN, ob. cit., t. 306, pág. 655).- El control de constitucionalidad de las leyes no se limita a la función negativa de descalificar una norma por lesionar principios de la Carta Magna, sino que se extiende positivamente a la tarea de interpretar las leyes con fecundo y auténtico sentido constitucional, en tanto la letra o el espíritu de aquellas lo permita, toda vez que velar por la constitucionalidad de las leyes no importa solamente descalificarlas por afectar disposiciones constitucionales sino también interpretarlas y aplicarlas con efectivo influjo de los fundamentales principios de dicha Carta, que son los que deben informar intrínsecamente (y así ha de presumirse toda intención del legislador en tanto no resulte lo contrario) las leyes y la vida jurídico-política de la Nación (CSJN, voto de los Dres. Adolfo R. Gabrielli y Abelardo F. Rossi, ob. cit., t. 304, pág. 737) -cfr. doctrina de esta Sala in re: "FARMACITY S.A." -12/03/08-, extremos estos que la actora no invocó satisfactoriamente ni probó en la especie, siendo que, tal como se resaltó precedentemente y es aplicación de las reglas lógicas que rigen todos los procedimientos, la acreditación de los extremos necesarios para la procedencia de una petición, máxime de una tan delicada como la deducida en autos, están a cargo de la articulante.- En el caso, la actora, siquiera menciona cuál es la norma constitucional que considera vulnerada limitándose a efectuar consideraciones genéricas, conjeturales, todas referidas a los derechos de los partidos políticos, y la Sra. Magistrada en su resolución tampoco expresa cuales serían los motivos del quebranto constitucional, ambas omisiones conspiran inexorablemente contra la viabilidad de esta acción.- C) Superados hipotéticamente tales obstáculos formales e ingresando al fondo del planteo, no advierto, dentro del reducido marco de conocimiento que ésta acción nos autoriza, que la decisión cuestionada instrumentada en el Decreto 1479 -inc. 1º y 4º- resulten manifiestamente arbitrarias o ilegítimas.- Esto es así porque el art.2 de la Ley Nº9659 faculta al Poder Ejecutivo a convocar a elecciones primarias en el orden Provincial y éste en ejercicio de tal potestad dictó la norma pre mencinada .- Acto dictado por autoridad habilitada, dentro de su marco competencial, y sin defectos invalidantes ni en la formación de la voluntad ni en su manifestación a través del acto respectivo, respetando las formalidades prescriptas.- El Poder Ejecutivo no sólo está expresa y legalmente facultado a anudar las internas provinciales a las nacionales por la norma mencionada -Ley Nº 9659- sino también por lo dispuesto en las Leyes Nºs 26.571 y 15.262. Ergo no hay abuso o extralimitación alguna por parte del Poder Ejecutivo.- D) Por último, entiendo que tampoco resulta la vía del amparo la adecuada para cuestionar actos de naturaleza electoral desde que la legislación aplicable prevé un fuero y un procedimiento específico para tales planteos a los que deben acudir quienes se encuentran habilitados al efecto.- Así lo reconoce la amparista en el peculiar escrito obrante a fs.53, en él expresamente se hace mención a que la Unión Cívica Radical "partido político respecto del cual es afiliada. ha promovido por ante el Tribunal Electoral de la provincia, autoridad competente por la materia, un reclamo de similar contenido sustancial a lo debatido en la presente causa." (el resaltado me pertenece).- Las razones precedentemente glosadas, a las cuales agrego las que sustentan el sólido dictamen del Sr. Procurador General, me conducen a propiciar que se haga lugar al recurso de apelación articulado por la demandada, se revoque íntegramente el decisorio en crisis y se rechace la acción deducida.- VII.- Considero que cabe imponer las costas de todo el proceso, por aplicación del principio general en la materia, a la parte actora vencida -art.20 Ley Nº8369.- Así voto.- A la misma cuestión propuesta el Sr. Vocal Dr. CHIARA DIAZ expresa su adhesión al voto de la Dra. Mizawak.- A su turno el Señor Vocal Dr. SMALDONE manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia: Firmado: Claudia M. Mizawak, Carlos Alberto Chiara Díaz y Juan Ramón Smaldone - SENTENCIA:

Paraná, 4 de julio de 2011.-.- Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1º) ESTABLECER que no existe nulidad.- 2º) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 36 contra la sentencia de fs. 28/31 vta., la que se revoca íntegramente.- 3º) RECHAZAR la acción promovida por la Sra. Natacha Iris Massera contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.- 4º) IMPONER las costas de todo el proceso a la parte actora vencida -art. 20 Ley Nº 8369-.- 5º) DEJAR sin efecto la regulación practicada por el a quo y REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. Raúl Alberto Avero y Rosa A.P. de Acebal, por la intervención que les cupo en primera instancia, en las respectivas sumas de Pesos setecientos ochenta y siete con cincuenta Ctvos. ($ 787,50.-) y Pesos un mil ciento veinticinco ($ 1125.-) y por la labor desarrollada ante esta Alzada a los Dres. Rosa A.P. de Acebal y Julio Rodríguez Signes en la suma de Pesos doscientos veinticinco ($ 225.-) para cada uno -cfme.: arts. 2, 3, 5, 6, 64, 91 y ccdtes. Decreto Ley Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 7503; 1º y 13º Ley 24.432; 505 Código Civil-.- Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.- Firmado: Claudia M. Mizawak, Carlos Alberto Chiara Díaz y Juan Ramón Smaldone- Ante mí: Rubén A. Chaia-Secretario" **ES COPIA**	Rubén A. Chaia	Secretario