marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sucesiones, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pastor, María s/ Sucesión ab-intestato Bco. Pcia.de Buenos Aires c/ Vitale Adolfo Raúl s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-10|2000-10-19

El principio de unidad seguido por nuestro Código Civil en el artículo 3.283, que establece que el derecho de sucesión al patrimonio del difunto es regido por el domicilio que éste tenía al momento de su muerte, se contrapone con otras disposiciones del mismo cuerpo legal, tales como los artículos 10 y 11 y las notas a los artículos 3.283 y 3.598. Entendiéndose que existen distintas excepciones al principio general de la unidad, una de las cuales se configura con las disposiciones emergentes del artículo 10 con atinencia a los bienes raíces que forman parte del territorio del Estado, y que sólo pueden ser transferidos de conformidad con las leyes de la República, corresponde en el caso, en coincidencia con el dictamen emitido por el Sr. Fiscal de Cámaras, por razones de economía procesal adunado a ello la existencia de una sucesión vinculada radicada en esta jurisdicción, determinar la competencia de los tribunales de este Departamento Judicial.
Medidas cautelares, interposición de la demanda, objeto de la demanda
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTAM-CHAP  SACIFI c/ TUPA  PECAS  DISTRI. TUPA AUTOM. LTDA. s/ MEDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-31

Toda vez que las providencias cautelares no constituyen un fin en si mismas sino que están ineludiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva cuyo resultado practico aseguran preventivamente (conf. Morello- Sosa Berizonce, "Códigos.." T. II-C, pag. 493) y, si bien es cierto que ellas pueden solicitarse antes de la promoción de la acción principal, están intimamente vinculadas al objeto de la litis y se desnaturaliza el fin de la cautela si no corresponde a un resultado final del proceso; sin embargo, lo expuesto implica que aun cuando no interpuesta formalmente la futura acción cuyo resultado final pretende asegurarse debe, al menos, describirse a fin de merituar la línea de congruencia entre el resguardo requerido y la futura acción de merito.

(En la especie, se desestimó la solicitud, toda vez que el pretensor no satisfizo tal recaudo, puesto que de su escrito no surgían elementos que permitan colegir, aun hipotéticamente, el objeto de una futura acción que ni siquiera anuncio).
Desobediencia a un funcionario público, jueces, embargo preventivo, remuneración, traba del embargo
Materia: PENAL
Carátula: WAINER, Mauricio s/ DESOBEDIENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-12-04

La actitud del procesado que no cumplió la orden del Juez Comercial consistente en proceder, en el término de cinco días, a efectuar el embargo de sueldos, comisiones, o cualquier otra participación que el demandado percibía en la firma, bajo apercibimiento de remitirse las actuaciones a la Justicia de Instrucción; no configura el delito de desobediencia, por cuanto resultó acreditado que cuando se comunicó en forma fehaciente al procesado que debía hacer efectiva la traba del embargo dispuesto, el demandado ya había dejado de trabajar en la firma de aquél y no existían fondos que pertenecieran a aquél y que hubieran podido embargarse.

La omisión de poner en conocimiento del Juez Comercial la imposibilidad de cumplir con la traba del embargo no puede configurar el delito de desobediencia.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, derecho a elegir defensor, tratados internacionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: MIRANDA VERA, Ramón s/ S/inf. art. 83, ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-14

El derecho de defensa es una garantía constitucional que protege al ciudadano frente al poder estatal (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N. - art. 14.3 apartado d) del P.I.D.C.P. y art. 8.2 apartado d) y e) de la C.A.D.H.- y art. 13 inc. 3 de la C.C.A.B.A.) y se funda en la facultad de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado si el imputado no se defendiere por sí, ni nombrara defensor de su confianza, dentro del plazo establecido por la ley.
Contrato de transporte, prescripción, acción civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAMPOS OSCAR VICENTE c/ HECTOR O. VAZQUEZ Y OTRO s/ ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-07-10

Pese a estar el actor vinculado a la demanda por un contrato de transporte oneroso, la acción intentada por responsabilidad civil se fundamenta en la culpa aquiliana en la responsabilidad extracontractual. El accionante ha optado por la acción emergente de la responsabilidad extracontractual y así como el mismo se aprovecha o beneficia de la carga de la inversión de la prueba, el accionado queda supeditado no solo a esas consecuencias, sino al término de la prescripción. Por ello en el caso no es de aplicación la prescripción breve introducida por la ley 22.096 que rige el contrato de transporte, sino la prescripción de dos años estatuida por el artículo 4.037 del Código Civil.
Prevención del delito, flagrancia, allanamiento
Materia: PENAL
Carátula: FERNÁNDEZ, Javier Ezequiel y otros y ALLEGUE, Jonathan Héctor y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-08

A partir de un control vehicular de rutina que no requiere orden judicial previa, y advertida la policía sobre dos elementos objetivos -falta de casco y no coincidencia entre la patente y el modelo de la motocicleta-, los efectivos pretendieron solicitar la documentación correspondiente, momento en que el encartado eludió al personal, en esa situación, los agentes responsables del operativo, corroboraron la situación de excepción prevista en el art. 230 bis CPPN, que supone como requisito indispensable la existencia de los motivos previos suficientes para presumir, razonablemente, que aquéllos llevaban consigo cosas relacionadas con un delito y, dada la situación de flagrancia descripta, la prevención se hallaba habilitada para el inicio de la persecución.Si el sospechado culminó su trayecto ingresando a un domicilio particular, el personal policial se encontraba facultado para ingresar a la respectiva morada, por tratarse de uno de los supuestos especialmente pr evistos en el ordenamiento ritual (art. 227, inc. 3º CPPN).
Ejecución fiscal, acto administrativo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION GENERAL DE RENTAS c/ EEDE JORGE s/ Apremio (LIBRO: S115 - 394)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-06-06

Habida cuenta de lo establecido en los arts. 289,291 y 292 inc.

b. del Código Fiscal, la obligación de tributar la tasa en cuestión, integra el contenido implícito del acto administrativo, o sea, aquél que juega en el acto sin necesidad que en el se establezca expresamente, pues está determinado por la ley 3909, art. 30.- Gozando la boleta de presunción de legitimidad y ejecutividad, no se ha alegado ni probado o demostrado por el ejecutado, que ella contravierta el orden jurídico.- Al no haber el ejecutado cumplimentado con lo dispuesto en el art.

124 del Código Fiscal, el cual impone un acto propio del obligado para hacer saber al ente recaudador los pagos realizados por el mismo, debe soportar las costas de primera instancia.-
Sociedades comerciales, representación de personas jurídicas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bali S.R.l c/ Rodríguez Cecilia y otros s/ Ejecución Circulo de Suboficiales y Agentes Policía Bonaerense y otros c/ Jauregui Carlos y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04|1998-03-03

Si bien lo más frecuente es que el órgano de administración también ejerza la representación de una sociedad, dichas funciones no son equivalentes. La representación es el medio en cuya virtud la sociedad se manifiesta frente a los terceros, mientras que la administración es un concepto que abarca las relaciones internas de organización societaria. (Minoría u opinión personal)
Desistimiento, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martinelli, Eduardo c/ Ke Grande S.A. y Cooperativa Avícola s/ Nulidad de acto jurídico Rafaelli, Alberto c/ Pedelaborde, Leonardo s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28|1991-09-24

El fundamento de la imposición de costas a quien desiste está dado por el hecho culpable de haber compelido a otro a intervenir en un proceso que, a la postre, no agota los distintos estadios que completan su total desarrollo en virtud de la exteriorización de voluntad de aquél de ponerle fin sin necesidad de la declaración jurisdiccional de certeza. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aplicación de la ley, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Agüero, Miguel Angel y otros c/ Operaciones especiales Argentina S.A. (O.E.A.) s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-08-31

La Ley 24.283 no es aplicable de oficio y la comparación de los dos valores a considerar resultará de las probanzas que se ofrezcan y produzcan, con expresa referencia al desfasaje que se producirá como consecuencia de la aplicación de los parámetros fijados en la sentencia en crisis.
Recurso contencioso administrativo, cuestión constitucional, competencia de la Corte Suprema, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LTDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 242-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-12-12

Los agravios constitucionales planteados en sede administrativa y no reiterados al interponer el recurso contencioso en sede jurisdiccional, quedan excluidos de la materia a resolver por este Tribunal.
Contratos, compraventa, carga, prueba, remito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ENCURTIDOS ANDINOS S.R.L. c/ OLIFAZA S.R.L. s/ Ordinario (LIBRO: S067 - 398)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-02-14

La remisión de mercadería, reconocida expresamente por la demandada, negada la relación de compraventa y frente a la conducta obrada por las partes en anteriores operatorias, no es suficiente prueba del contrato vinculante. No olvidemos que la compraventa es un contrato consensual y su prueba, es la prueba de la existencia de la declaración de voluntad común de ambos contratantes. La voluntad, para ser eficaz, debe exteriorizarse y darse a conocer, mientras no trascienda el fuero íntimo no cuenta para obligar o desobligar. Por otra parte la entrega de la mercadería y el pago del precio solo son efectos del contrato, pero no son necesarios para la perfección de un eventual contrato de compraventa. En consecuencia la entrega de la cosa, según remito, carece del valor definitorio pretendido.
Accidentes de trabajo, salario diario
Materia: LABORAL
Carátula: Loyola, Leopoldo c/ Piedra Grande S.A. s/ Diferencias Salariales e Indemnización Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-07-11

En el cálculo del salario de enfermedad o accidente, laboral o no laboral, deben incluirse todas las remuneraciones devengadas en forma habitual y normal por el dependiente.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, contrato de trabajo, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Maidana, Ramón Alberto c/ Televisora Santafesina S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Laboral   (Expte. CSJ Nº 133-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-08-10

Resultan inadmisibles para operar la apertura de la instancia extraordinaria, los reproches que esgrime el recurrente relativos a que -acreditado el contrato de trabajo, debió haberse hecho lugar a los reclamos de diferencias salariales impagas-, si el Tribunal de Alzada brindó suficientes motivos en orden a concluir que, no obstante mediar un contrato de trabajo con relación de dependencia, teniendo en cuenta la remuneración que el actor hubiera tenido que cobrar de haber trabajado ocho horas diarias, y las horas diarias de labor efectivamente desempeñadas por aquél, cabía colegir que la empleadora nada le adeudaba, a tenor de los importes que había cobrado mensualmente; comprendiendo ello el rubro "vacaciones no gozadas" por cuanto las proporcionales correspondientes a dos años anteriores no eran compensables en dinero, y tanto las últimas como el sueldo anual complementario debían considerarse incluidos en la indemnización que percibiera el trabajador al extinguirse la relación laboral.
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Makintok, Sara Haydee y ot. c/ Municipalidad de La Plata s/ Prescripción Adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-27

En materia de usucapión la prueba debe ser concluyente y a los actos posesorios invocados inequívocos; debiéndose interpretar la misma con un criterio estricto y riguroso, de manera de crear la convicción en el sentenciante, de que la posesión ejercitada por el usucapiente, lo fue con ánimo de dueño, en forma ininterrumpida, pública y pacífica por todo el lapso legal.
Fuero de atracción, concurso preventivo, incidentes, economía procesal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: TREN  DE  LA  COSTA  SA s/ CONCURSO  PREVENTIVO S/ INCIDENTE DEVERIFICACION TARDIA PROMOVIDO POR SERVOTRON SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-23

Si al recibir por fuero de atracción un juicio ordinario, el juez concursal dispuso continuar el procedimiento, otorgandole trámite incidental, sin explicar las razones de tal criterio, cabe presumir que fueron por razones de economía procesal, en tanto tal modificación del régimen procedimental no importó variar el trámite sustantivo, pues continuó siendo un proceso de pleno conocimiento, y no se advierte que el pretensor hubiera abandonado el juicio y optado por la verificación tempestiva, o sea que no ejerció opción alguna, corresponde devolver la causa al fuero de origen (ley 26086).
Unificación de penas, condena anterior, comisión de nuevo delito
Materia: PENAL
Carátula: ALEM, ROQUE Y OTROS s/ PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD CALIFICADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-12-06

De modo similar a los plazos de la prescripción de delitos no juzgados, pretender que el tiempo de privación de la libertad vaya computándose autónomamente para cada una de las penas sin fijar una sanción única, conduciría al absurdo de licuar las mismas. En tal sentido, implicaría que quien está cumpliendo una condena y durante ese lapso comete nuevos delitos que motivan se dicte una medida de coerción -que culmina en condena-, multiplicase cada día por cada una de las penas impuestas, lo que resulta absurdo.

Tal postura, soslaya que lo correcto es tomar en cuenta la vigencia de la primera condena y la fecha del nuevo hecho, de modo tal que cometido el nuevo ilícito antes de extinguirse la primera pena por su cumplimiento, ya rige el art. 58 del C.P. aunque el curso del proceso por el nuevo delito exceda temporalmente a la duración de la primera pena.
Excusación, recusación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MALDONADO RAUL ALBERTO Y OTRO s/ CUESTION DE COMPETENCIA - INHIBICION - RECUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-02-27

Según el art. 13 Bis de las normas prácticas "cuando por lo menos dos miembros de la cámara de juicio se inhiban o sean recusados, el proceso pasara a conocimiento del tribunal que se encuentra de turno ..". Si en el caso, una cámara en lo criminal se encuentra transitoriamente desintegrada por ausencia de uno de sus miembros, sin que la vacante haya sido cubierta, y por inhibición de otro, la situación no se ajusta al caso descripto por el art. 13 Bis de las normas practicas, no correspondiendo su aplicación porque no se plantea, como dicho dispositivo lo requiere, la inhibición o recusación de dos miembros de la cámara.
Aplicación de la ley, retroactividad de la ley, orden público
Materia: CIVIL
Carátula: FLAVIA, José María y otros c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-31

La atención de superiores intereses, en orden a una situación general económica que así lo imponga, torna lícita la sanción y aplicación de leyes con alcance retroactivo, aún cuando, de esa manera, se limite el derecho de propiedad de los habitantes, inclusive reconocido en sentencias firmes, en tanto las medidas que se adopten no lo eliminen ni sean irrazonables en relación a las causas que las han hecho necesarias. Ello es así, por cuanto pueden restringirse y postergarse legalmente los derechos en lo que sea indispensable para salvaguardar el orden público y el bienestar general amenazados y durante el tiempo que duren las causas que originaron la emergencia.
Usurpación de títulos u honores, abogados, patrocinante, delito continuo, delito reiterado, falsificación de instrumento público, abogado falso, escritos judiciales, firma falsa
Materia: PENAL
Carátula: VALLOIRE, Raúl s/ USURPACION TITULO PROFESIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-10-26

1)Comete el delito de usurpación de título profesional quien se arrogó públicamente el título profesional de abogado que no le correspondía, al actuar como letrado patrocinante de un cliente en dos demandas judiciales, suscribiendo en esa condición, con identidad falsa, múltiples presentaciones escritas y cédulas en ambos juicios.

2)No se ha configurado el delito de falsedad documental por cuanto los documentos por hipótesis falsificados son realmente, en cuanto tales, de contenido auténtico, ya que contienen genuinas manifestaciones de voluntad procesal del cliente, cuya firma corresponde también a su puño y letra. En consecuencia, por cuanto el titular aparente de la declaración contenida en esos documentos es el real y, a la vez, el tenor de lo manifestado responde a lo que el otorgante verdaderamente expresó, no se produjo ni "alteración de los signos que señalan al otorgante" ni "alteración de lo otorgado", lo que excluye toda posibilidad de una típica falsedad documental.

3)La falsedad de la firma del letrado patrocinante en nada altera la propia autenticidad sustancial de los escritos cuestionados, pues con ella simplemente se ha integrado un requisito de admisibilidad procesal, sin afectar el contenido o el valor de verdad del documento, ni tampoco su congruencia con la voluntad del emisor.

4)No obstante la dualidad de juicios en los cuales se presentó indebidamente el procesado como abogado, la simultaneidad de su actuación en asistencia del mismo cliente, atribuyéndose sin solución de continuidad la calidad profesional que no poseía, revela que en el caso ha existido permanencia delictiva y no reiteración.
Sentencia firme, ejecución de sentencia, mora, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: EL DETALLE c/ ANDRES JOSE J. Y OTRO s/ DESVALORIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-05-15

Existiendo mora en el cumplimiento de una sentencia firme, corresponde acceder al pedido de actualización del crédito emergente de ella.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORVALAN , TOMAS c/ IGLESIA ESPIRITU SANTO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-01

La responsabilidad por el riesgo de la cosa es una responsabilidad causal. Esto quiere decir que es una responsabilidad objetiva, totalmente ajena a la culpa del guardián. Simplemente, quien crea un riesgo a la Sociedad debe soportar el peso de ese riesgo, comprometiendo por ello solo su responsabilidad.
Per saltum, inadmisibilidad del recurso, declaración de inconstitucionalidad, prórroga de la competencia, deuda pública
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-ECONOMIA
Carátula: Cafiero, Mario Alejandro Hilario c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-24

El pedido de per saltum, efectuado con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad y nulidad insanable de cualquier normativa o acto jurídico que habilite, en forma expresa o tácita, la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros, incluidos los arbitrales, para que éstos conozcan o decidan en materia referida a la deuda pública del Estado Nacional, es inadmisible dado que en la presentación no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante recurso por salto de instancia.
Juicio ejecutivo, recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, sentencia, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Rojo, Dora Cristina c/GCBA s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

La sentencia que resolvió declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el GCBA, no es la "definitiva" a que se refiere el artículo 26 de la ley n° 402, atento a que importó únicamente un pronunciamiento acerca de la procedencia del recurso -cf. mutatis mutandis Fallos 35:302-. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, solicitud de información, certificado de deuda, tasas, multa, impuestos
Materia: COMERCIAL-PENAL
Carátula: Armatron SRL c/  s/ quiebra s/incidente de revisión de crédito por administración federal de ingresos publicos (afip)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-26

Ello pues, según se ha dicho reiteradamente, la multa impuesta por un organismo de recaudación no puede superar ese tope ya que -de lo contrario- resultaría desmesurada y violatoria del principio de razonabilidad que debe imperar en la especie (conf. CNCom, Sala D in re "Luz Design SRL s/ quiebra s/ incidente de revisión promovido por AFIP", del 07/04/15; ídem "Club Ferrocarril Oeste Asociación Civil s/ quiebra s/ incidente de revisión promovido por AFIP-DGI", del 17/02/14; entre otros).
Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento, trámites judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T, J A s/ SU PRESENTACION. DENUNCIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ   EXPTE N. 315-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

La latitud de lo establecido en el artículo 7, inciso 1 -segunda parte- e inciso 2, de la ley 7050, no sólo permite un juicio discrecional amplio sobre las causas para la remoción de los jueces, sino que -además- requiere que esas cuestiones genéricas -demostrativas de una general falta de idoneidad para el desempeño d e la función- se concreten en un conjunto de actos que no necesariamente deben ser analizados en forma individual o aislada; d e tal manera, la relación ordenada de los cargos constituye una enunciación meramente ejemplificativa puesto que de lo que se trata es de un juzgamiento político encomendado constitucional y legalmente a un cuerpo de idéntica naturaleza, a quien compete averiguar si hay o no causa para remover de su cargo a un magistrado.
Matrimonio, disolución del matrimonio, renuncia a pedir la separación personal o el divorcio, nulidad de la renuncia
Materia: CIVIL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

El art. 230 del Código Civil, no impone ni obliga a disolver, eventualmente, el vínculo conyugal.
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Vázquez, Luis Marcelo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

Se satisface el art. 256 (n.a.) si las presunciones invocadas son dos (inc. 2º), no son equívocas (inc. 4º) y son concordantes (inc.

6º).