Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-09


2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 9 de 2005.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 227/233? El doctor Ramírez dijo:

I. Avirrot SA y Alejandro Luis Fracassi celebraron el 6.8.97 un contrato de leasing mediante el cual la mencionada sociedad (dadora) le concedió a éste último (tomador) el uso -con opción de compra- de un furgón marca Fiat modelo Ducato, fijándose como contraprestación un canon locativo mensual de u$s673 más IVA (cfr. art. 3º del convenio copiado a fs. 7/14).

El 14.12.99 la dadora intimó a Fracassi para que "regularizar(a) el pago de mensualidades adeudadas vencidas del contrato de Locación Financiera", señalando "que el incumplimiento podrá dar lugar a la rescisión del contrato antedicho" (v. C.D. de fs. 19). Dos meses más tarde y "habiéndose dado plenamente las circunstancias de causales para la rescisión" el tomador fue intimado a restituir el vehículo (v. carta documento del 16.2.00, fs. 17). Y ante la falta de oportuna restitución, la dadora solicitó el secuestro del rodado, diligencia que tuvo lugar el 16.6.00 en el marco de los autos caratulados "Avirrot SA c. Fracassi, Alejandro Enrique s/medida precautoria" (cfr. fs. 38/39 vta. del expediente nº 85277/00, recibido ad effectum videndi).

Posteriormente, tras fracasar el procedimiento de mediación obligatoria, Avirrot promovió la presente demanda por rescisión del contrato de leasing, y cobro de la suma de u$s 10.582 en concepto de cánones adeudados. A tal fin, adujo que el tomador había dejado de pagar las cuotas a partir del 6.6.99.

Corrido el traslado de ley, Fracassi se opuso al progreso de la acción argumentando que la documentación original agregada a la citada medida precautoria -cuya copia acompañó a los presentes actuados- acreditaba que se habían realizado pagos por el importe de $29.011,98; por lo que -sostuvo- los cánones se encontraban cancelados. A su vez, dedujo reconvención por incumplimiento contractual. Y reclamó el monto de $50.000 por los gastos de transporte que dijo haber incurrido para llevar adelante su negocio, como consecuencia del secuestro de la camioneta.

Producida la prueba y agregados los alegatos, la sentencia definitiva de primera instancia: 1) rechazó la pretensión de resolución contractual y de cobro entablada por Avirrot SA contra Alejandro Luis Fracassi, a quien absolvió: 2) hizo lugar a la demanda entablada por Fracassi contra Avirrot SA, y en consecuencia condenó a esta última a: a. restituir el automotor objeto del contrato de leasing, dentro del plazo de 10 días, bajo apercibimiento de declarar resuelto el contrato por su culpa y soportar los daños y perjuicios que ello implicare; b. pagar una indemnización equivalente al 6% anual computado sobre el valor del vehículo al momento del secuestro, desde dicha fecha y hasta que se produzca el reintegro; 3) impuso las costas a la actora en su condición de vencida.

Para así decidir, el señor juez de grado entendió que la prueba documental agregada en autos así como el contenido del informe pericial contable revelan la imposibilidad de determinar que al día 6.6.99 el locatario hubiera incurrido en la mora que se le imputa. En primer término, porque la cancelación de las cuotas 1 a 18 -correspondientes a los meses de agosto de 1997 a enero de 1999- fueron canceladas y sobre ello no media discusión. Mientras que en relación a las 5 cuotas siguientes, que van de febrero a junio de 1999, mes en el que -puntualizó- se produjo la resolución contractual, no puede establecerse que se hallen impagas. Ello, en tanto que de los documentos aportados por la accionada -reconocidos por la actora- resultan 9 recibos imputados a gastos que suman $15.957,05 (fs. 38/43 y 45/47) y 2 recibos sin concepto que suman $3612,13 (fs. 36/37).

Así las cosas, entendió que la imposibilidad de imputación debía atribuirse a la negligencia de la demandante por cuanto: (i) había emitido recibos sin formular precisiones; (ii) no respondió un requerimiento formulado a ese efecto por el accionado mediante la carta documento copiada a fs. 48; (iii) conforme la pericia contable de fs. 185/187 no registró adecuadamente los pagos en su contabilidad, la cual -puntualizó- era llevada con atraso; (iv) ni tampoco expresó el detalle de los gastos al absolver posiciones. Señaló que no era óbice, la circunstancia de que en los recibos no se hiciera mención a otro contrato, porque -precisó- aún así permanece inexplicada la imputación que debió indicar la dadora.

Sobre tal base consideró que era imposible concluir que la accionada hubiere estado en mora al momento de declarar la actora resuelto el contrato, lo cual imponía desestimar la pretensión analizada.

A continuación, expresó que los propios fundamentos dados para rechazar la resolución contractual imponían la denegación de la pretensión de cobro deducida por la actora. Y que en relación a ello, cabía advertir que la demandante persistió en su postura de no precisar los conceptos reclamados, según resulta del libelo inicial (fs. 20/21) y del escrito presentado para subsanar el defecto legal (fs. 93/95).

Respecto de la reconvención deducida por el demandado, juzgó que el vehículo debía ser reintegrado a éste habida cuenta que no se había podido determinarse que hubiese incurrido en mora. Asimismo, entendió que si bien no existía prueba específica respecto de las eventuales pérdidas de ganancias en el desarrollo de la actividad comercial del tomador, cuanto de los gastos que debió solventar para remplazar el furgón, debía fijarse una indemnización en tanto que toda privación de uso de un vehículo conforma objetivamente un daño indemnizable.

El decisorio fue apelado por la actora, quien expresó agravios a fs. 246/247 vta., los que fueron respondidos por la contraria a fs. 249/251 y vuelta.

II. Tras señalar la existencia de ciertas irregularidades referidas a la falta del pago de la tasa de justicia correspondiente a la reconvención (pto. II, fs. 246), la recurrente cuestiona la valoración de la prueba documental realizada por el a quo. Asevera que de los resguardos aportados por el accionado surge que se han abonado 18 cuotas, y que los restantes recibos de fecha 4.8.99, 12.10.99 y 22.11.99 corresponden a cheques entregados a cuenta de gastos de reparación y mantenimiento que se efectuaban en dos vehículos diferentes, uno correspondiente al demandado y otro a su hermano Carlos Ricardo Fracassi, con quien también suscribió un contrato de leasing. Sostiene que la defensa efectuó una acumulación de documentación pretendiendo denunciar como cancelado un importe cuyo recibo no coincide con la operación de leasing base de la presente acción. Asimismo señala que, contrariamente a lo sostenido en la sentencia apelada, sí procedió a subsanar el defecto legal, toda vez que -arguye- manifestó claramente cual era el monto reclamado, el origen de dicho crédito y en la fecha en la que la demandada incurrió en mora. Agravia también a la actora la decisión del a quo de restituir el vehículo propiedad al deudor, como así también la indemnización impuesta. Por lo que solicita, en fin, la revocación de la sentencia y el acogimiento de la demanda.

III. En primer lugar, cabe dilucidar si a la fecha en que se produjo el secuestro del vehículo -16.6.00- el tomador se encontraba al día con el pago de los cánones locativos.

III.a. A tal fin comienzo por advertir que, habiéndose convenido el pago de las 36 cuotas de manera mensual y por adelantado -venciendo la primera de ellas el 6.8.97- la propia actora precisó que el tomador dejó de pagar las mismas a partir del 6.6.99 (cfr. contrato de locación financiera, "artículo tercero", secciones 3.01. y 3.02, fs. 7; escrito inicial, fs. 20, anteúltimo párr.). De modo que, según la versión expuesta en la demanda, se encontrarían impagos los cánones devengados entre julio de 1999 y junio de 2000.

Ello sentado y teniendo en cuenta que se pretendió "el pago de los alquileres adeudados hasta el momento de (la) rescisión" del contrato (v. n. escrito inicial, pto. II. objeto, fs. 20) corresponde dejar establecido que el reclamo comprende el pago de 12 cuotas de u$s673 más IVA -en total $814- (v. n. sección 3.01., e importe consignado en las facturas de fs. 57, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73 y 75), cuyo resultado arroja u$s9768 y no el de u$s10.582 -equivalente a 13 cuotas-. Pues si bien los alquileres debían ser abonados por adelantado, el uso del vehículo se prolongó hasta el mes de junio.

III.b. Efectuada esta determinación, cabe establecer si el importe antedicho ha sido total o parcialmente cancelado. Cuestión que debe ser dilucidada a la luz de la documentación aportada por el demandado toda vez que, según informó el perito contador, los libros Diario e Inventario de la actora no estaban llevados en legal forma; no pudiéndose individualizar -además- los pagos recibidos y los recibos emitidos por la existencia de registraciones globales (cfr. informe contable, pto. a., fs. 186 y fs. 187, 1er. párr.).

Inicialmente, aprecio que de los veintiún recibos adjuntados al responde, dieciséis de ellos resultan irrelevantes a los fines postulados por el demandado, en tanto conciernen a pagos realizados con anterioridad al 6.6.99. Es así que el nº 10023, documenta un pago efectuado mediante dos cheques datados en agosto de 1997 (cfr. fs. 35). Mientras que las fechas consignadas en los quince restantes -de los cuales seis no han sido confeccionados en un formulario oficial- son anteriores a la alegada mora del tomador (cfr. documentos de fs. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55).

Cuadra analizar ahora los cinco resguardos emitidos con posterioridad a junio de 1999.

El recibo otorgado el 2.7.99 por la suma de $1700,85 así como los de fecha 4.8.99, 12.10.99, y 22.11.99, fueron imputados "a cuenta de gastos de Fiat Ducato Mod. 97 Dominio BNH 713 y V.W. Polo Mod. 97 Dominio BQQ 310 de Alejandro L. Fracassi y Carlos R. Fracassi respectivamente" (cfr.. fs. 44, 45, 46 y 47).

Ahora bien esta sala ha considerado recientemente, en un caso similar al presente, que la imputación consignada en los resguardos de que se trata, impide aplicar los pagos allí instrumentados a la cancelación de cánones locativos (conf. "Avirrot SA c. Fracassi, Carlos Ricardo s/sumario", del 6.5.05).

Primero, porque los documentos han sido extendidos en favor de Alejandro L. y Carlos R. Fracassi, sin indicar qué porcentaje del importe total correspondía a cada uno de los vehículos dados en leasing.

Y segundo, porque los pagos han sido recibidos "a cuenta de gastos"; los cuales -según se estipuló en el contrato- "quedaban a exclusivo cargo del cliente" (cfr. "artículo sexto", fs. 8).

Frente a ello, resulta aplicable la regla contenida en el art. 775 del Cód. Civil, en cuanto prevé que: "cuando el deudor no ha escogido una de las deudas líquidas y vencidas para la imputación del pago, y hubiese aceptado recibo del acreedor, imputando el pago a alguna de ellas especialmente, no puede pedir se impute en cuenta de otra...". Salvo, claro está, que "haya mediado dolo, violencia o sorpresa por parte del acreedor"; supuestos que no han sido alegados -y menos probados- por el deudor.

Resta establecer la virtualidad del recibo nº 3275, emitido el 2.7.99 en un formulario oficial de "Avirrot SA", a nombre de "Fracassi Alejandro Luis" y por la suma de $796,82 (cfr. fs. 56).

A diferencia de los demás resguardos, el nº 3275 no ha sido aplicado a la cancelación de obligación alguna, por lo que cabe imputar su importe al pago las cuotas reclamadas por el actor (conf. art. 778 del Cód. Civil).

III.c. En tales condiciones, es dable concluir que al momento del secuestro el tomador adeudaba la suma de u$s8971,18 en concepto de precio de la locación financiera. Y que, a su vez, se encontraba en mora por aplicación del artículo séptimo del convenio que prevé "el principio de la mora automática, no siendo necesario que el dador curse intimación judicial o extrajudicial alguna" (fs. 9).

IV. Ahora bien, advierto que la actora solicitó la restitución del rodado con apoyo en lo dispuesto en la sección 21.02 del contrato de locación financiera celebrado con el demandado, que prevé la medida en cuestión en caso "de que el dador notifica al cliente su voluntad de rescindir el contrato" (cfr. secciones 21.01 y 21.02, fs. 13; demanda, pto. III, fs. 20/vta.; C.D. de fs. 17). Circunstancia que autoriza a colegir que la rescisión se produjo a la fecha del cumplimiento de la medida precautoria. Por lo que la conducta de la dadora se ajustó a lo pactado en la sección 8.01, la que lo facultaba a rescindir sin más trámite el convenio "por mora del cliente" (cfr. fs. 9).

En consecuencia, juzgo que el contrato de locación financiera fue correctamente rescindido por la actora (cfr. "artículo vigésimo primero, restitución del bien", fs. 13; C.D. de fs. 17; y mandamiento de secuestro agregado a fs. 38/39 vta. de la causa recibida ad effectum videndi), y propongo realizar una declaración expresa en tal sentido.

Por ello, corresponde también desestimar la reconvención deducida por el accionado, habida cuenta de que la extinción del vínculo contractual y -a la postre- el secuestro del rodado se debieron a su incumplimiento en el pago de los alquileres.

V. Asimismo, y con base en los mismos fundamentos, propicio acoger la acción por cobro de cánones locativos deducida por el actor, bien que limitada al monto precisado en el apartado III.c., equivalente al importe de más de once cuotas.

Respecto a los intereses deben realizarse las siguientes aclaraciones.

En primer término, cabe recordar que los alquileres debían ser pagados por mes adelantado el día 6 de cada mes (cfr. n. sección 3.02. "forma y lugar de pago", fs. 7). De modo que el demandado incurrió en mora el 6.6.99, puesto que si bien el 2.7.99 se formalizó un pago por $796,82 (v. n. recibo de fs. 56), el mismo no fue suficiente para cancelar totalmente el precio de la cuota mensual de julio ($ 814).

Y en segundo lugar, anoto que la dadora reclamó los réditos hasta su efectivo pago "calculados a tasa pactada en el contrato de leasing" (cfr. escrito "subsana defecto de demanda", fs. 113).

Según se estableció en el convenio "(a) la falta de pago a su vencimiento de las mensualidades pactadas y/o del incumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones emergentes de este contrato facultar: (a) al dador a percibir del cliente un interés punitorio mensual sobre la totalidad de las sumas adeudadas. La tasa de interés aplicable será igual al 25% (veinticinco por ciento) nominal anual. (b) Los intereses punitorios que se devenguen de acuerdo a lo establecido en la Sección 4.01 (a) serán capitalizados mensualmente a partir de la fecha de la mora y hasta la regularización de la deuda y/o su cancelación definitiva aunque medie intervención judicial" (cfr. "artículo cuarto, interés punitorio", fs. 8).

Sin embargo, al liquidar el importe de la tasa de justicia la pretensora puntualizó "intereses según contrato: 21%", a la vez que no solicitó la capitalización prevista contractualmente (cfr. demanda, pto. VII, fs. 20 vta. último párr.). Por lo que, cabe inferir, la dadora limitó la solicitud de las accesorias al aludido 21% anual.

VI. En otro orden resta considerar que la ley 25.820, vigente desde el día posterior a su publicación en el Boletín Oficial (4.12.03), sustituyó el art. 11 de la denominada "ley de emergencia" previendo -en lo que acá interesa- que: "Las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, haya o no mora del deudor, se convertirán a razón de un dólar estadounidense (u$s1) = un peso ($1), o su equivalente en otra moneda extranjera, resultando aplicable la normativa vigente en cuanto al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o el Coeficiente de variación de Salarios (CVS), o el que en el futuro los reemplace, según sea el caso".

Ello establecido y dado que los jueces están obligados a aplicar la ley vigente, la materia propuesta debe resolverse según la nueva versión de la norma (conf. esta sala, autos "Electrodos SA c. Tirimarco, Antonio Fortunato" del 7.4.04).

En consecuencia, cabe concluir que el crédito de la actora resulta alcanzado por la llamada "pesificación", sin importar el estado de mora de la deudora; por lo que procede convertir la deuda contraída en moneda extranjera -capital e intereses moratorios devengados hasta el 2.2.02- a la relación de cambio u$s 1 = $ 1, aplicándose a la suma resultante el Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina. La aplicación del C.E.R. será efectuada a partir del 3.2.02, de conformidad con lo previsto en el art. 1 de la ley 25.713. Finalmente, teniendo en cuenta la moneda de pago, los intereses devengados desde la fecha indicada serán calculados a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento en pesos a 30 días de plazo (v. en igual sentido, esta sala, en autos "Electrodos" antes citado; "Cetuné, Carlos Alberto c. Diners Club Argentina SA", 18.5.04; "Metropol Sociedad de Seguros Mutuos c. Transportes del Oeste SA", 20.5.04).

VII. Como corolario de todo lo expuesto, propongo al acuerdo: 1) acoger el recurso de apelación examinado, con el alcance de: a) declarar resuelto el contrato de leasing que vinculara a las partes con efecto a la fecha del mandamiento de secuestro; b) condenar a Alejandro Luis Fracassi a pagar a Avirrot SA, dentro del plazo de diez días, la suma de $8971,18 con más sus intereses calculados desde el 6.6.99 al 2.2.02 a una tasa del 21% anual; c) aplicar a la suma resultante el Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina; d) establecer que los intereses devengados a partir del 3.2.02 serán calculados a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días de plazo; 2) desestimar la reconvención deducida por el accionado, y por ende, dejar sin efecto la restitución del vehículo ordenada por el a quo; y 3) imponer al demandado las costas íntegras de ambas instancias (arts. 68 y 279 del Cód. Procesal).

El doctor Arecha dijo:

Comparto los fundamentos vertidos por el Señor Juez preopinante por lo que adhiero a la solución por él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Por análogas razones, el doctor Sala adhiere a los votos anteriores.

Por los fundamentos del acuerdo precedente: 1) se acoge el recurso de apelación examinado, con el alcance de: a) declarar resuelto el contrato de leasing que vinculara a las partes con efecto a la fecha del mandamiento de secuestro b) condenar a Alejandro Luis Fracassi a pagar a Avirrot SA, dentro del plazo de diez días, la suma de $8971,18 con más sus intereses calculados desde el 6.6.99 al 2.2.02 a una tasa del 21% anual; c) aplicar a la suma resultante el Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina; d) establecer que los intereses devengados a partir del 3.2.02 serán calculados a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días de plazo; 2) se desestima la reconvención deducida por el accionado, y por ende, se deja sin efecto la restitución del vehículo ordenada por el a quo; y 3) se imponen al demandado las costas íntegras de ambas instancias.

Atento que la nota de elevación de fs. 243 no contiene mención alguna respecto de la concesión del beneficio de litigar sin gastos solicitado por el demandado reconviniente (v. constancia actuarial de fs. 209 y escrito de fs. 215), encomiéndase al señor juez de grado controlar el estado del trámite del mismo, en orden al cabal cumplimiento de la ley 23.898 (acordada 20/1992 CSJN). - Rodolfo A. Ramírez. - Martín Arecha. - Angel O. Sala.