Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-05-26


2º Instancia.- La Plata, mayo 26 de 2005.

1º ¿Es arreglada a derecho la apelada resolución de fs. 281/283? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Sosa dijo:

I) En la especie la a quo subrogante a cargo del juzgado Civil y Comercial Nº 14 de esta ciudad dispuso la remoción e inhabilitación por el término de cinco años para ejercer la sindicatura concursal y una multa de $ 2.000,00 al síndico contador S. A. B. por haber incurrido en la causal de negligencia grave en el desempeño de sus funciones.

Contra dicha decisión se alza el síndico sancionado fundando sus agravios mediante el memorial de fs. 287/296, obrando a fs. 301/302 el dictamen del Adjunto del Fiscal de Cámaras, quien opina que corresponde revocar la multa impuesta y confirmar en lo restante la resolución apelada.

II) Entrando en el análisis de la protesta comienzo por señalar que la praxis judicial ha sostenido que la negligencia, mal desempeño o falta grave de las funciones del síndico que pueden dar lugar a la remoción, deben tenerse por ocurridas como consecuencia de hechos u omisiones de dicho funcionario con respecto a prescripciones concretas de la ley o disposiciones del juez para que actúe en determinado sentido (CNCom., sala A, JA 1997-IV-125). En otras palabras, se desenvuelve negligentemente quien omite hacer aquello a lo que está obligado, por la ley o por el juez, en las modalidades de tiempo, modo y lugar en que debía efectuarse (CNCom., sala B, LA LEY, 1995-E, 171); es decir, se trata de una conducta omisiva, morosa, de abandono en atención a deberes judiciales, administrativos o de información, etc. (Grispo, Jorge D. "Tratado sobre la ley de Concursos y Quiebras", Tomo 6, p. 311), pues constituyendo un destacado deber de la sindicatura su desempeño activo y útil en cada una de sus presentaciones, incompatible con el retaceo de esfuerzos, siempre es grave la negligencia en que incurre, la que debe dar lugar a su remoción (CNCom. sala B, LA LEY, 1995-D, 648).

Importa también destacar que la debida diligencia del síndico en el cumplimiento de las funciones no está supeditada a las comunicaciones que el juez, como director del proceso, deba dirigirle a tal efecto. Antes bien, sin perjuicio de lo que éste decida para impulsar el procedimiento concursal, aquél debe tomar la iniciativa peticionando lo necesario a tal efecto y dar puntual cumplimiento a las resoluciones del magistrado, coadyuvando así con la tarea de su rápida tramitación (CNCom. sala E, LA LEY, 1998-F, 22; CNCom., sala B, LA LEY, 1999-B, 699), máxime si se considera la exigencia de preservar la celeridad de la liquidación falencial, aspecto sobre el cual ha puesto especial énfasis la ley 24.522 (Flaibani, Claudia "Concursos y quiebras", Tomo II, p. 791).

Establecidos estos principios, deben analizarse las constancias de autos a fin de determinar si en los hechos, el contador público nacional S. A. B. ha actuado con la diligencia debida a la que estaba legalmente obligado en el cumplimiento de sus funciones.

En tal sentido, entiendo que el síndico no ha sido diligente, pues de las constancias de la causa surge que éste ha incumplido objetivamente sus deberes funcionales.

En efecto, la jurisprudencia ha declarado que la ausencia de actividad del síndico para activar oportunamente las diligencias requeridas en el auto de decreto de quiebra sin que exista justificación razonable para tal conducta omisiva y dilatoria, exteriorizan una negligencia susceptible de sanción (CNCom., sala B, LA LEY, 2004-A, 558).

Desde esa óptica conceptual es perceptible la ausencia de actividad conducente por parte del funcionario concursal para cumplir acabadamente lo dispuesto en la sentencia que declaró la quiebra (ver fs. 88/89).

Repárese que, como bien dijo la sentenciante de primera instancia, tres meses después de haber aceptado el cargo (13/03/2003, fs. 109), el síndico tuvo que ser intimado para que cumpliera con su cometido, cuando la sentencia de quiebra había indicado el plazo de cinco días para realizar las medidas ordenadas (ver auto de fecha 17/06/2003 de fs. 120), para recién acompañar con fecha 04/08/2003 (ver cargo de fs. 121 vta.), es decir después de casi dos meses de dictado el auto de fs. 120, los oficios y el mandamiento de incautación e inventario, (ver fs. 121 y vta.). Las diligencias reclamadas encontraban base legal en la normativa de los arts. 88, 177, 180, 181 y 275 de la ley 24.522, sin que en el memorial desconociera o hiciera manifestación alguna al respecto, lo cual contrasta con el énfasis puesto para detallar las tardanzas y los alegados errores del juzgado con la finalidad de deslindar sus propias responsabilidades.

Aduno, por mi parte, que la frustración del diligenciamiento del mandamiento obrante a fs. 205 se debió al error incurrido por el Síndico en la redacción del mismo al individualizar el inmueble en la calle ..., cuando en realidad el bien se ubicaba en las calles ..., sin que el funcionario concursal brindara una explicación satisfactoria sobre dicha circunstancia.

Por otro lado, resulta inexacto lo que afirma el síndico en el punto 6 de fs. 288 respecto a que el mandamiento obrante a fs. 205 fue objetado por el Oficial de Justicia por no contener la orden expresa de allanar domicilio y la facultad de requerir los servicios de un cerrajero, ya que dicho funcionario expresó que el número que individualiza el domicilio no existe en la calle donde debía practicarse la diligencia (ver fs. 205 vta.).

A su vez, coincidiendo con la a quo, estimo que al menos resulta poco claro lo expuesto por el síndico en la presentación de fs. 250, cuando dice que el referido mandamiento de incautación, inventario y clausura ordenado en autos no se pudo diligenciar por la negativa del oficial de justicia de allanar el domicilio sin orden expresa que así lo autorice.

En primer término porque dicha facultad constaba en el referido instrumento conforme lo dispone el art. 14 de las Instrucciones para el Personal de las Oficinas de Mandamiento y Notificaciones anexas a la Acordada 1814/78 de la Suprema Corte de Justicia (ver fs. 257); y en segundo lugar porque el ujier dejó constancia que devolvía dicha pieza a pedido del autorizado (ver fs. 257 vta.).

III) Lo argüido en torno a que se quebrantó el principio constitucional que garantiza el debido proceso legal, porque nadie puede ser condenado "inaudita parte" sin ser escuchado, deviene inatendible. Ello así porque nuestra doctrina ha señalado que el pedido de remoción puede ser promovido por todo interesado, o declarada de oficio por el juez, (Segal, Rubén "Sanciones aplicables y responsabilidad del Síndico en la ley concursal", en LA LEY, 150-851 y siguientes, especialmente ps. 855/856; Fassi-Gebhardt "Concursos y Quiebras", 7ma. edic. p. 496, Grispo, Jorge D. "Tratado sobre la ley de Concursos y quiebras", Tomo 6to., p. 312/313, Nº 4). En otras palabras, el juez puede imponer sanciones al síndico actuando "ex officio", sin necesidad de darle una vista o requerirle explicaciones si la falta surge a simple vista (Rivera-Roitman-Vítolo "Ley de Concursos y Quiebras", Tomo III, p. 318, letra c).

Así entonces, resultó innecesario el previo requerimiento de explicaciones o conferirle un traslado que le posibilitara articular su defensa por escrito para valorar su conducta en la emergencia, como pretende, desde que su negligencia resulta de la falta de cumplimiento de sus obligaciones en los términos o plazos establecidos.

Por otra parte, cabe señalar que el síndico no ha ofrecido elementos de juicio idóneos para demostrar la existencia de trasgresiones a la garantía de la defensa en juicio, ni indicó de manera precisa cómo se produjo y en qué consistió la violación alegada, ni cuáles serían las defensas o prueba que se vio privado de ejercer, revelándose, por tanto, la argüida conculcación inconducente para demostrar el quebranto constitucional invocado, máxime que el recurrente ha tenido efectiva ocasión de expedirse ante esta Alzada sobre todos los aspectos fácticos que sostienen la decisión apelada.

IV) Tampoco puede merecer mejor suerte lo que aduce respecto a que la sanción impuesta importa una clara violación a los derechos de trabajar y de propiedad consagrados en la Constitución Nacional.

En efecto, liminarmente señalo que no resulta eficaz la invocación de violación de garantías constitucionales cuando el perjuicio sufrido deriva de la propia conducta del recurrente (SCBA, L 38.898, del 23/02/88, en Ac. y Sent. 1988-I-134).

Acoto que el deber de responsabilidad de la sindicatura -que es correlativo a la función en cuanto ésta debe ser cumplida con eficiencia y conforme a los fines para la que fuera creada- apareja, en hipótesis de ser vulnerado aquel deber, la aplicación de sanciones, que se originan en expresas normas legales que son de aplicación por derivación del poder disciplinario ínsito a la actividad jurisdiccional, responsabilidades que el síndico no podía desconocer (arts. 2, Código Civil y 255 de la ley 24.522; CNCom., sala B, LA LEY, 1995-D, 567; idem LA LEY, 1999-B, 699).

A su vez, es menester destacar que si bien en los supuestos de sanciones como la presente -remoción del síndico- podría avizorarse la eventual afectación del derecho de trabajar u otros de índole personal del sancionado, la imposición de estas penas consulta a la preservación del interés público comprometido en el régimen falimentario. Y los derechos invocados (patrimoniales, de trabajar, de propiedad, etc.), se encuentran sujetos a "las leyes que reglamenten su ejercicio" (art. 14, CN), a las cuales se ve sometida la actividad del síndico en su calidad de funcionario del concurso por la legislación, cuyas pautas, preceptúan justamente la sanción aquí involucrada (arts. 251, 252, 253, 254 y 255, ley 24.522). Es que el ejercicio de este poder disciplinario a través del órgano jurisdiccional, escinde eventuales violaciones de orden constitucional que pudieren alegarse respecto al poder sancionatorio en cuestión y a la legitimidad de las penas establecidas normativamente (arts. 75, inc. 12, CN, 255, ley 24.522).

V) En consecuencia, como en la tarea juzgatoria no es imperativo seguir a las partes en todas sus argumentaciones bastando recalar en los fundamentos o hitos fácticos-jurídicos que se revelan conducentes para la decisión judicial adoptada (SCBA, Ac. y Sent. 1956-IV-346; 1966-II-65; esta sala, causas B-79.842, reg. sent. 368/94, entre otras), considero que se encuentra acreditado que el síndico ha incumplido sus funciones en tiempo oportuno con aquello que estaba obligado legalmente, con una entidad que justifica su remoción conforme surge de las circunstancias descriptas precedentemente (art. 255, ley 24.522).

VI) Sin perjuicio de ello, estimo que la multa impuesta deviene improcedente, toda vez que las sanciones previstas en la ley 24.522 no son acumulables sino alternativas y, por ende, las mismas no pueden ser aplicables al mismo tiempo (Fassi-Gebhardt "Concursos y quiebras", 7ma. ed., p. 494, Nº 1; Grispo "Tratado sobre la ley de Concursos y quiebras", t. 6º, p. 314; Segal "Sanciones aplicables y responsabilidad del Síndico en la ley concursal", en LA LEY, 150-857; Rivera-Roitman-Vítolo "Ley de Concursos y quiebras", t. III, p. 325, Nº 6, jurisp. cit.), motivo por el cual postulo revocar y dejar sin efecto la multa impuesta.

Voto, con el alcance expuesto en el Considerando VI, por la afirmativa.

El doctor Marroco dijo:

Por coincidir con las motivaciones desarrolladas en el voto que antecede mismo adhiere al mismo (art. 266, C. Procesal) y, en consecuencia, vota también por la afirmativa.

2º cuestión.- El doctor Sosa dijo:

Atendiendo al Acuerdo logrado y atento lo dictaminado por el Adjunto del Fiscal de Cámaras, corresponde y así lo propongo, confirmar en lo principal que decide la apelada resolución de fs. 281/283, dejando sin efecto la multa impuesta al Síndico interviniente. Así lo voto.

El doctor Marroco dijo:

Que coincidiendo con la solución propuesta en el voto que antecede, también se expide en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente sentencia: Por ello, lo dictaminado por el Adjunto del Fiscal de Cámaras y demás fundamentos expuestos se confirma en lo principal que decide la apelada resolución de fs. 281/283 y se deja sin efecto la multa impuesta al Síndico interviniente.- Gualberto L. Sosa.- Carlos S. Marroco.