Nulidad de sentencia, sentencia arbitraria, suspensión del juicio a prueba, remisión del expediente, oposición del fiscal, extinción de la acción penal, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: BARROS, Daniel Eduardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

Corresponde anular la resolución que no hizo lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba y reenviar las actuaciones a su origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento toda vez que, al momento de resolver, el a quo entendió que la oposición fiscal a la suspensión de juicio a prueba se encontraba suficientemente fundada, pero sin realizar ninguna valoración concreta acerca de la contradicción que habían entablado las partes. En el sub examine, la parte acusadora estimó que la suspensión no resultaba procedente en razón de lo establecido por el artículo 76 ter del Código Penal, que establece que "la suspensión de un juicio a prueba podrá ser concedida por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual hubiera sido suspendido el juicio en el proceso anterior". Este argumento -en abstracto- es razonable, en tanto se remite a los límites establecidos por el legislador al momento de regular el presente instituto. Ahora bien, en esta oportunidad, la defensa cuestionó la oposición fiscal con fundamento en que había operado la caducidad registral de la suspensión del juicio a prueba que se le había otorgado a su asistido en el año 2007 y por cuyo cumplimiento en el 2008 se dictó la extinción de la acción penal y el consecuente sobreseimiento del imputado. El argumento de la defensa, entonces, consiste en que, por aplicación del art. 51 del Código Penal, el antecedente que sirvió como fundamento de la oposición fiscal no debería haber sido considerado, lo que tornaba irrazonable la posición de la parte acusadora. Si bien es cierto que el precepto bajo examen no prevé un plazo de caducidad para la concesión de una suspensión de juicio a prueba, cabe aquí realizar una analogía in bonam parte, en tanto resultaría irrazonable concluir que ésta se encuentre prevista para las condenas -sean condicionales o de cumplimiento efectivo- y no para un instituto cuyo cumplimiento acarrea la extinción de la acción por sobreseimiento. Desde esa perspectiva, una vez operado el plazo previsto en esa norma para la caducidad del registro, éste no puede ser utilizado en contra del imputado por la circunstancia fortuita de que los magistrados y el representante del Ministerio Público Fiscal Hayan tomado conocimiento de su existencia. Teniendo esto en consideración, la oposición fiscal que tiene como único fundamento la existencia de una suspensión de juicio a prueba concedida hace catorce años carece de una motivación suficiente y no puede ser considerada, sin más, como vinculante. En consecuencia, habiéndose omitido efectuar el debido control de razonabilidad de la oposición del Ministerio Público Fiscal, de conformidad con el art. 69 del CPPN, atendiendo a las particulares circunstancias del caso y a las razones brindadas por la contraparte, el pronunciamiento puesto en crisis carece de suficiente motivación, presentándose como meramente dogmático y, por ende, no supera el test exigido por el art. 123 del CPPN para ser convalidado como acto jurisdiccional con sustento en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 293:294; 299:226; 305:1103; 306:1368; 335:1779). Dr. Carbajo