marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, prueba crítica, motocicleta, hurto, contrato de garaje
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pisacco, Edgar José c/ Di Paolo, Ester Teresa s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-07

Incluso si se aceptase que en caso de duda debería prevalecer la interpretación más favorable al presunto consumidor, la decisión de la Alzada importa un desenfoque de los extremos conducentes para la solución del caso con lesión al principio de libertad contractual pues, por un lado, el Tribunal perdió de vista que, en el marco de informalidad que siempre caracterizó al vínculo contractual, la ausencia de determinación de un plazo de duración del contrato originario bien podría indicar que las partes habían entendido que cualquiera de ellas podía ponerle fin en cualquier momento, y no que se ligaban jurídicamente en forma perpetua; y, por otro lado, el aserto sobre la inexistencia de consentimiento en torno a las nuevas condiciones contractuales, se exhibe desmarcado de las reglas relativas a la manifestación tácita de la voluntad y la interpretación contractual a partir de la conducta de las partes, toda vez que el A quo omitió analizar bajo ese prisma normativo el hecho de que, en algún tiempo asaz anterior al supuesto hurto, el actor recibió las llaves de ingreso al galpón y debió tener real conocimiento del retiro del personal a cargo de la atención de las cocheras, y de cualquier manera continuó guardando su motocicleta en el mismo local; deviniendo también insuficientemente fundada la conclusión referida al acaecimiento de la sustracción del rodado en ese lugar, toda vez que la misma se asienta en los dichos de uno de los testigos -en cuanto genéricamente afirmó que el actor guardaba su moto en la cochera todas las noches, aunque admitió que desconocía lo efectivamente ocurrido el día en cuestión- y, primordialmente, en la inversión de la carga probatoria resultante de la obligación de custodia que los Sentenciantes adjudicaron a la demandada -con base en la calificación contractual que propiciaron- (De la disidencia del Dr. Netri, a la que adhieren los Dres. Gutiérrez y Spuler). - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial, artículos 218, inciso 4, 262, 264, 1065, inciso b; Código Civil, artículos 914 y 918
Acción reivindicatoria, legitimación procesal, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: Hijos de Antonio Reggiardo S.R.L. c/ Reggiardo, Fabricio Julio Alesio s/ ordinario acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-18

El ejercicio de la acción de reivindicación compete al titular del derecho real, condición que debe existir al tiempo de la demanda y subsistir al tiempo de la sentencia -arts. 2758 CC y 2247 y 2249 CCC-. La legitimación para obrar es un elemento sustancial de la litis que se refiere a la titularidad del derecho que se quiere ejercitar y la pretensión, aspecto que el juez debe examinar incluso de oficio ya que no opera ninguna preclusión al respecto, pues de otro modo sería factible que se dictara una sentencia en contra o en beneficio de quien sin ser parte o titular en la relación sustancial, figura como tal en el pleito.
Tribunal colegiado, sentencia, sufragio
Materia: PROCESAL
Carátula: Avalos, Waldo Ramón c/ José Luis Fanto, Marcelo Christian Torres y Agustín Eduardo Berli s/ Recurso de inconstitucionalidad. Demanda laboral. Queja admitida:   AyS T 87 p 126/127 (EXPTE CSJ Nº 422-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-07-26

La sentencia de un Tribunal Colegiado debe estar firmado por todos sus miembros (artículo 383 del Código Procesal Civil y Comercial) quienes deben tener la oportunidad de participar validamente en el Acuerdo y de emitir su voto, en forma individual o por adhesión, o en su caso, de ejercer la potestad de abstenerse, conforme lo autoriza el artículo 26 de la "Ley Orgánica del Poder Judicial".
Jurisdicción y competencia, ley vigente, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández, Norberto Osvaldo y otra s/ robo con armas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

La circunstancia de no encontrarse vigente al momento de la comisión del hecho la ley 25.752 -Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires- no implica dejar de lado el criterio que indica que las leyes modificatorias de la jurisdicción y competencia se aplican de inmediato a las causas pendientes, pues si esa hubiera sido la intención del legislador, lo hubiese previsto expresamente, por lo que no cabe interpretar a su silencio como olvido o imprevisión, que no se presumen en él. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Daños y perjuicios, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Silva, Juan c/ Giorgis, Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Habiéndose llegado a un acuerdo en la acción por reconocimiento de la filiación y daño moral, mediante transacción, controversia que abarcaba y comprendía tanto la acción de filiación como la indemnización del daño solicitado, al aceptar el demandado el dictamen pericial que le atribuía la paternidad del actor, y renunciar éste a su pretensión indemnizatoria, se ha configurado la cosa juzgada, respecto de la acción por daños y perjuicios promovida (arg. art. 346 inc. 6 del CPCC).
Asignaciones familiares, obligaciones del trabajador, denuncia de cargas de familia, denuncia de estado civil
Materia: LABORAL
Carátula: Baldebenito, Oscar Manuel c/ Castellanos, José Juan s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-24

No habiendo acreditado el demandado haber cumplido con su obligación de notificar al accionante en los términos del art. 2 de la ley 22161, y sí el último de los nombrados probado en estos actuados ser padre de un menor incapacitado en condiciones de generar la asignación reclamada, corresponde hacer lugar a su reclamo, aunque el mismo se efectuara luego de la extinción de la relación laboral, no resultando obstáculo para ello la circunstancia de que el demandante no demostrara haber "efectivizado los trámites correspondientes".
Emergencia económica, ley de emergencia, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, ejecución de sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-ECONOMIA
Carátula: Tobar,  Leónidas c/ Estado  Nacional  -Ministerio  de DefensaContaduría  General  del  Ejército  -  Ley  25.453 s/ amparo ley16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-22

El efecto producido por los arts. 1° del decreto 896/01 y 10 de la ley 25.453 excede el ejercicio válido de los poderes de emergencia y justifica su declaración de inconstitucionalidad, debiendo resolverse en la etapa de ejecución de sentencia acerca del modo de cumplimiento de esta sentencia.
Honorarios, regulación de honorarios, reclamo administrativo previo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GARLOMAR  S.R.L. c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ACCION SOCIAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

Al fijar los honorarios correspondientes a la profesional de los actores en lo que concierne a la demanda se tendrá en cuenta la actuación cumplida por ella en el reclamo administrativo y el particular mérito de su trabajo. De allí que, dentro de la escala del artículo 7, se elegirá un porcentaje elevado (19% aproximadamente).
Mandato, interpretación del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios edificio calle 61 nro. 428 c/ Gonzalez Salemme, Alvaro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29

Si el instrumento expresa que el poderdante "ratifica y otorga por la presente poder" a su apoderada para "entender en todo trámite judicial y extrajudicial relacionado con el pago al Consorcio de las expensas del departamento", esta cláusula importa, la existencia de un mandato para asuntos judiciales (arts. 1879 y 1884 Cód. Civil), tanto más que la naturaleza, en definitiva, procesal de la cuestión, determina la necesidad de apartar un excesivo rigorismo formal contrario al principio de instrumentalidad que gobierna la materia arts. 46, 47, 49, 50, 51 del Cód. Proc.).
Acto administrativo, ejecutoriedad del acto administrativo, Dirección Nacional de Recaudación Previsional
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.N.R.P. c/ ETAM  S.A.C.I. s/ D.N.R.P.  EMBARGO PREVENTIVO - EJECUTORIEDAD DEL ACTO   ADMINISTRATIVO   DE  DETERMINACION  DE  DEUDA  -  IMPUGNACION  TARDIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

Aún cuando a la impugnación articulada le hubiere sido impreso el trámite atinente a las denuncias de ilegitimidad, tal circunstancia resultaría irrelevante, toda vez que ellas, como principio no tienen efectos suspensivos en punto a la ejecutoriedad del acto administrativo relativo o la determinación de la deuda efectuado en las actas de inspección. Por consiguiente si en esas condiciones, la D.N.R.P. habría estado facultada para emitir el correspondiente certificado de deuda y accionar ejecutivamente, con mayor razón lo estuvo para promover las presentes actuaciones, cuyo objeto consulta un fin sólo cautelar.
Derechos humanos en la administración de justicia, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: Dr. Fabi n Gabalachis s/ Pedido de Sobreseimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-07

La garantía de plazo razonable debe ser analizada a la luz del desarrollo que en tal sentido se ha efectuado en el derecho internacional de los derechos humanos, ámbito en el que se ha construido la denominada "tesis del no plazo". En efecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene dicho que "la valoración del carácter razonable de la duración del procedimiento debe ser efectuada a través de los tres criterios puestos de manifiesto por la jurisprudencia ya constante del Tribunal: complejidad del asunto, conducta del interesado y comportamiento de las autoridades judiciales".
Pagaré, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lamarche, Martín F. c/ Brotto, Luis y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

Según lo dispuesto por el art. 52 inc. 2 del Decreto Ley 5965/63 si no han sido pactados intereses en la letra de cambio o pagaré, corresponde liquidar los establecidos por el Banco de la Nación Argentina al tipo corriente (tasa activa), en la fecha del pago.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, títulos al portador, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: PABLO TOURN RUSSO c/ EXTRADER  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-18

La mera imposibilidad de negociar los títulos no constituye por sí un perjuicio indemnizable: para que éste se configure debe probarse la existencia de concretas operaciones frustradas que hubiesen reportado para el tenedor una utilidad que no pudo percibir a raíz de la conducta del denunciante.

Si los títulos, además de otorgar una renta por el capital, están preservados de los efectos de la inflación por evolucionar su cotización según el precio de la divisa norteamericana, no corresponde acumular a su valor un interés adicional en concepto de indemnización, pues ello importaría dar el tenedor una ganancia que no habría tenido de no mediar la denuncia.
Determinación de impuestos, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ERIC M. MARTIN  S.A. s/ INCIDENTE - PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

La prescripción del art. 122 es aplicable aun a la facultad del fisco para determinar la obligación tributaria, pues, de no ser así, estos poderes subsistirían aun en el caso en que se hubiesen extinguido las acciones fiscales para obtener el ingreso de los gravámenes determinados.
Prueba, dictamen pericial, impugnación de la pericia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aciar, José Luis c/ E.C.A. S.A. s/ Haberes Adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-13

Quien pretende impugnar la conclusión a que arriba el perito, debe a su vez sustentar su posición sobre bases sólidas, demostrativas de la equivocación del experto, requiriéndose que la objeción contenga fundamentos válidos que formen convicción en el juzgador sobre la procedencia de las impugnaciones, las cuales deben reunir la suficiente fuerza y sustento que evidencie la falta de competencia, idoneidad o principios científicos del dictamen.
Multa civil, plan de ahorro previo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: González, Diego Alberto  c/ Plan Rombo SA de Ahorro para fines determinados y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-02

Corresponde imponer una sanción de multa punitiva en los términos de la LDC 52 bis a una administradora de planes de ahorro previo, con motivo de la falta de imputación de ciertos pagos efectuados por un suscriptor. Incumplimiento que no puede sino considerarse grave, pues provocó un desorden en relación al estado de cuenta del actor, manteniendo la demandada en su patrimonio el dinero dado por el ahorrista sin conferirle destino alguno, lo que es claramente inadmisible, y configura la situación de particular gravedad exigida para admitir la aplicación de la multa civil.
Municipalidad, personal municipal, remuneración, política salarial, paritarias, leyes, voluntad del legislador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero, Alfredo Romelio c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso Extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción   (Expte. CSJ Nº 34-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-20

La ley 9996 no aparece viciada de grosera ilegalidad, desde que por el voto unánime de legisladores representantes de distintas tendencias políticas se sancionó el "régimen" de fijación salarial por intermedio de una Comisión Paritaria, estableciendo un "mecanismo" de formación del salario para los trabajadores municipales en base a la negociación colectiva (lo cual no se compadece con la tesis restrictiva que postulan los actores respecto de las funciones de la Comisión Paritaria). La referencia que la disposición transitoria de la ley 9996 hace del deber de la Comisión Paritaria de expedirse sobre "la política salarial del sector municipal y comunal", es decisiva para la solución del caso, por cuanto de ella puede inferirse el alcance de las funciones que la ley otorgó a dicha Comisión, en el entendimiento que no parece razonable sostener que la aludida facultad se agote en la mera posibilidad de establecer sólo el sueldo básico correspondiente a la categoría 1, manteniendo el resto de las cuestiones salariales en el marco del automatismo creado por el artículo 78 del Anexo II de la ley 9286. Resulta evidente que el legislador pretendió mucho más que eso, según se puede colegir de los antecedentes parlamentarios de la norma, de entre los cuales se destacaron los propósitos de finalizar con el sistema que determinaba que el agente municipal estuviera en "condiciones similares a las fijadas en el orden provincial", de posibilitar que los trabajadores municipales tuvieran "los mismos derechos y atribuciones que sus similares del sector privado" y de propiciar la "libre concertación a través de una comisión paritaria", expresión ésta que aconseja la utilización de un criterio de interpretación amplio en orden a las facultades de la Comisión en materia salarial, incompatible con el sistema de la ley 9286 que, en materia de retribuciones, se limitaba a remitir al índice de la Categoría 01 que hubiera establecido el Gobernador para la Administración Pública Provincial.
Encargados de casas de renta, interpretación de la ley, incapacidad laboral, incapacidad total, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: PUCARELLI, Víctor c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO FRENCH 2778/80 s/ INCAPACIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-31

La ley 12981 sólo regula los supuestos de despido por justa causa y el caso de la enfermedad contagiosa crónica y peligrosa (arts.5 y 6 de la norma citada), pero no legisla sobre la imposibilidad de prestar servicios por parte del trabajador por incapacidad absoluta.

En tal sentido, y toda vez que la prestación del encargado de casas de renta es personal e infungible, no se advierte ninguna razón valedera para excluir la aplicación del párrafo 4 del art.212 LCT(en igual sentido, R. Guibourg, en su trabajo "El dos doce" L.T. XXXI pág 193/211, y J. R. Moreno "El contrato de portería" en D.T.

1995-4-605).
Competencia federal, obras sociales, prórroga de la competencia, acuerdo de partes
Materia: PROCESAL
Carátula: Colegio de Farmacéuticos Junín c/ OSDE s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-17

Atento a la naturaleza de orden público que reviste la ley 23.661, y la asignación de competencia federal prevista por su art. 38, al ser la demandada una obra social y encontrándose en juego cuestiones relativas a la prestación de sus servicios -se impugnó la rescisión del contrato de dispensa de medicamentos-, resulta inadmisible la alteración de la competencia ratione materiae por vía de convenios entre partes.
Recurso extraordinario, costas, costas en el orden causado
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: GIMENEZ LASSAGA, RODOLFO LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO EXTRAORDINARIO PARA  ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION.   IMPOSICION DE COSTAS.     CSJ EXPTE NRO 80-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-10-08

Habiendo preterido este tribunal expedirse sobre la condenación en costas en el recurso extraordinario interpuesto por la actora para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya concesión fuera denegada, tema sobre el que no solicitaron las partes aclaratoria en tiempo, deben ser satisfechas en el orden causado.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Estado Provincial, bienes, embargo, emergencia económica, derechos individuales
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: ¨Son aplicables a las causas resueltas por el   Fuero del Trabajo Los regímenes de emergencia que difieren la ejecución   De sentencia sobre bienes o fondos públicos?. En caso afirmativo: Bajo   Qué condiciones? -Tribunal Pleno- resueltas por el   Fuero del Trabajo Los regímenes de emergencia que difieren la ejecución   De sentencia sobre bienes o fondos públicos?. En caso afirmativo: Bajo   Qué condiciones? -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-09-05

La respuesta afirmativa al interrogante: ¿Son aplicables a las causas resueltas por el Fuero del Trabajo los regímenes de emergencia que difieren la ejecución de sentencias sobre bienes o fondos públicos?, implica también una valoración desde el punto de vista de la solidaridad social, en tanto la postergación provisoria impuesta a la satisfacción del derecho de propiedad particular no reconoce otro fundamento que el evitar alternativas más crueles, como sería la claudicación del Estado en el cumplimiento de los fines que le dan sentido (educación, salud, seguridad, etc.). La emergencia se trata, en rigor, de una restricción de derechos, sin convertirlos en ilusorios ni alterarlos en sustancia, pero también sin hacer caer en un desorden económico al Estado en el contexto transitorio de la emergencia. Esa inembargabilidad que la ley consagra adquiere en la situación actual el carácter de una herramienta para evitar un mal mayor a la comunidad en general, y es una respuesta presupuestaria, pues el Estado además de la inembargabilidad de sus cuentas no retacear el pago de los créditos siempre que proponga un sistema ordenado de ejecución que no sea irrazonable, lo que deber concretar en el plazo que el Juez o Tribunal disponga si no lo hiciera espontáneamente. En el caso, la cuestión a resolver: ¿Son aplicables a las causas resueltas por el Fuero del Trabajo los regímenes de emergencia que difieren la ejecución de sentencias sobre bienes o fondos públicos?. En caso afirmativo: ¿bajo qué condiciones?
Faltas, régimen de faltas, caso concreto
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: VILLALBA AMARILLA, Gloria Bernardina s/ Obstrucción de procedimiento - APELACION procedimiento - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-16

En el caso, se condena a la infractora por encontrarla responsable de obstruir la inspección de los funcionarios administrativos en el inmueble de su propiedad apareciendo insuficiente en la especie la actividad desplegada por la defensa a efectos de revertir la acusación.

En efecto, obsérvese que la documental incorporada tiende a demostrar la eventual falsedad de una imputación distinta de aquella por la que recayó condena; esto es, que el inmueble sometido a inspección no realizaba la actividad "hotel", sino que se encontrarían locadas sus habitaciones mediante sendas suscripciones de contratos de alquiler regidos por la Ley nacional 23.091. Sin embargo, tal esfuerzo probatorio pasa por alto el concreto reproche dirigido al titular de la explotación, consistente en "impedir realizar la inspección (obstrucción)", basamento de hecho que, a la luz de los mínimos consejos de la lógica y la experiencia común, contrasta sin más con la desacertada estrategia defensista, consistente en el intento de librarse de la imputación a partir de la acreditación de un hecho marcadamente ajeno al que constituye materia de juzgamiento. En resumen, nada prueban los legajos sobre desalojos sustanciados en sede civil respecto de la conducta impeditiva endilgada, perfil que ha sido correctamente apreciado por el a quo.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, logística, elaboración de cervezas
Materia: LABORAL
Carátula: Calviño Mario Alberto c/ Cervecería y Maltería Quilmes SA y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-19

La actividad cumplida por el actor dependiente de una empresa de servicios eventuales, quien realizaba tareas de supervisor de logística, es necesaria para el normal cumplimiento del objetivo de comercialización de la co demandada Cervecería y Maltería Quilmes S.A., en la medida en que resulta esencial al proceso de producción que, en el caso, se segregó, sin que ello impida que el principal asuma la responsabilidad solidaria por los incumplimientos en que incurran dichos contratistas o subcontratistas, tanto con los trabajadores como con las instituciones de la seguridad social. Cabe confirmar la condena solidaria a la co demandada Cervecería y Maltería Quilmes S.A. en los términos del art. 30 L.C.T., pues contrató o subcontrató trabajos o servicios que corresponden a la actividad normal y específica del establecimiento.
Derecho administrativo, retroactividad de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GOÑI DURAÑONA, Mario A. c/ B.C.R.A. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

En el ámbito del derecho administrativo la retroactividad no se presume (Fallos 307:1964).
Declaración indagatoria, juramento y promesa de decir verdad
Materia: PENAL
Carátula: NELSON, Guillermo Carlos - NELSON, Jorge Oscar - NELSON, Ricardo Rubén s/ Usurpación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-25

Las declaraciones indagatorias no decaen en razón de no haber relevado del juramento a los declarantes, cuando no contiene confesión de nada, ya que los mismos se negaron a declarar.-