Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-03


Salta, 03 de marzo de 2013.

Y VISTO: Estos autos caratulados: "DURAN, Roberto c/ ARJONA, Catalina; CASTILLO, Teodoro; CASTILLO, Aureliano; BURGOS, Enrique -Desalojo por vencimiento de contrato y falta de pago" Expte. Nº 36.1547/11 del juzgado de 1ra Instancia en lo Civil Comercial 11ª Nom. CAM Nº 400.974/12 de Sala Primera, y, C O N S I D E R A N D O I) A fs. 141/143 la parte demandada, por intermedio de apoderado presenta memorial en sustento de su recurso de apelación interpuesto a fs. 138 en contra de la sentencia de fs. 133/134, concedido a fs. 139, en relación y con efecto suspensivo.

Luego de relatar los hechos de la causa, sostiene la apelante, que no se ha practicado en ningún momento de la notificación de la audiencia el aviso previo, indicando que no compareció el tercero obligado por ser un Litis consorcio pasivo por haber recibido la notificación un día después de la audiencia realizada el 22/11/11, como lo manifestara el Presidente del INAI en la Carta certificada remitida a SS lo que fuera desestimado el 2/02/12, siendo que en la Sentencia del 26/10/11, a fs. 68 vta. había hecho lugar a la intervención de dicho Instituto, por lo que entiende que se violó una obligación legal al no cumplirse con el art. 34 inc. 4º del CPCC, y que al ser una cuestión de Orden Público afirma que ello debió ser analizado.

Señala que la Ley 26.160/06 y su modificatoria 25.544/09 son de Orden Público, porque está en juego una cláusula constitucional , aseverando que ese error judicial fue ejecutado a sabiendas por parte del juez de grado.

Destaca que el art. 75 inc.17 de la C.N. reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad, el derecho a una personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, expresando la recurrente que está reconocido que los pueblos originarios existieron y tenían su identidad, su cultura, lenguaje, etc.

Manifiesta que la Personería Jurídica fue tramitada por la Comunidad Diaguita el 17/11/10, informando la tesorera del IPIS que los demandados pertenecen a dicha comunidad.

Expresa que el contrato que alude el actor es una Aparcería Rural, no un arrendamiento, porque está previsto en la ley que el precio debe ser fijado en dinero, señalando que el contrato de aparcería demuestra que es una maniobra fraudulenta del actor para colocarse como propietario de las tierras que trabajan los demandados, por lo que se agravia de que el juez para ordenar el desalojo tuviera en cuenta el contrato y la falta de pago, puntualizando que es una Sociedad, por lo que a su criterio cabría una Rendición de Cuentas u otro proceso judicial.

Añade la apelante que a fs. 89 obra nota del Coordinador de Seguimiento -Monitoreo de la Región NOA de Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas, en la que se dejó constancia que en enero de 2011 en la Provincia de Salta se realizaron tareas de relevamiento de la Comunidad Diaguita Calchaquí.

A fs. 149/154 la contraria produce su responde, solicitando el rechazo del recurso interpuesto en base a los argumentos que allí explicita y a los que nos remitimos en honor a la brevedad.

A fs.187 se llaman Autos para Sentencia, providencia que se encuentra firme y consentida, poniéndose los autos a Despacho a fs.188.

II) La expresión de agravios es el acto procesal mediante el cual el recurrente fundamenta la apelación refutando total o parcialmente las conclusiones establecidas en la sentencia, respecto a la apreciación de los hechos y valoración de las pruebas, o a la aplicación de las normas jurídicas. (Palacio, Derecho Procesal, t. V, p. 266, N° 599).

Alsina señala que: "Por expresión de agravios se entiende el escrito en el cual el apelante examina los fundamentos de la sentencia y concreta los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales derivan los agravios que reclama" (Derecho Procesal, t. IV, p. 389).

Fenochietto-Arazi refieren que: "Constituye un acto de impugnación destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal". (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. I, p. 939).

Dispone el art. 255 del ordenamiento de forma que: "El escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores".

Ante todo la ley habla de "crítica". Al hacer una coordinación de las acepciones académicas y del sentido lógico jurídico referente al caso, "crítica" es el juicio impugnativo u opinión o conjunto de opiniones que se oponen a lo decidido y a sus considerandos. Luego, la ley la tipifica: "concreta y razonada". Lo concreto se dirige a lo preciso, indicado, específico, determinado (debe decirse cuál es el agravio). Lo razonado incumbe a los fundamentos, las bases, las sustentaciones (debe exponerse por qué se configura el agravio).

Dice Manuel Ibáñez Frocham: "La expresión de agravios debe señalar parte por parte los errores fundamentales de la sentencia; debe hacer un análisis razonado de la sentencia y aportar la demostración de que es errónea, injusta o contraria a derecho; la remisión a otras piezas de los autos no la equivale ("Tratado de los recursos en el proceso civil", p. 152, Buenos Aires, 1969). Carlos J. Colombo se refiere a la "demostración del eventual error in iudicando: ilegalidad e injusticia del fallo" ("Código Procesal (...)", t. II, p. 565, Buenos Aires, 1969).

Manifiesta Santiago C. Fassi respecto de la expresión de agravios: "Es el escrito en que la parte funda la apelación, peticionando la revocación o reforma de la sentencia en primera instancia, haciendo un análisis razonado de dicha sentencia y una demostración de los motivos que se tienen para considerar que ella es errónea" ("Código Procesal (...)", t. I, p. 473, Buenos Aires, 1971).

Se ha dicho con relación al contenido de la expresión de agravios que "... debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideran equivocadas, no bastando las simples generalizaciones ni las apreciaciones meramente subjetivas que demuestren un enfoque diferente del otorgado por el juzgador.

Tampoco se cumple con las recordadas exigencias cuando el apelante manifiesta mera disconformidad con el fallo de primera instancia, que considera injusto, más sin suministrar argumentos jurídicos que funden un punto de vista diferente reiterando alegaciones ya efectuadas y examinadas por el a quo" (CNCiv., sala F, 14/2/85, La Ley, 1985-C, 644, 36.876-S); asimismo se ha señalado que "La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido y, para que cumpla su finalidad, debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada para demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho.

Deben precisarse así, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo. Las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación.

No constituye así una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene simples afirmaciones dogmáticas sin una verdadera crítica de la sentencia en recurso" (CNCiv., sala C, 17/12/83, La Ley, 1986-C, 642, 36.868-S-).

La falta de cumplimiento de la crítica concreta y razonada de los puntos del fallo recurrido, traen como consecuencia la falta de apertura de la alzada y consecuentemente la declaración de deserción del recurso de apelación (conf. art. 266, Cód. Procesal).

En la especie, luego de una detenida lectura de la sentencia y del escrito de fs. 141/143, es dable expresar que no es acertado sostener que el juez no ha tomado en cuenta el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, ni las leyes 23.302, 26.160 y 26.554; el magistrado, a fs. 134 en el 3er apartado, contrariamente a lo que sostiene la apelante, ha puntualizado que si bien en las disposiciones legales citadas se ampara a las comunidades indígenas respecto de sus tierras, la sola circunstancia de un relevamiento no genera derecho de propiedad; asimismo señaló el A quo tampoco se acreditan los presupuestos de la personería jurídica por la inscripción de las comunidades aborígenes según la ley 23.302.

Los apelantes aluden a la existencia de un "simulacro fraudulento" en relación al contrato suscripto entre las partes, a defectos procesales previos al llamado de autos para sentencia y a la calidad de orden público de la cuestión referida a las tierras de las comunidades indígenas.

Tales manifestaciones destinadas a descalificar el fallo son genéricas y dogmáticas, por cuanto no especifican la forma o modo por el cual el fallo transgredió las normas invocadas. En tales condiciones los agravios aparecen como mero disenso, y no como crítica concreta y razonada.

Más allá de las facultades del juez y de la calidad de orden público de la normativa aplicable, es carga procesal de la parte acreditar los hechos que alega, como efecto de la regla del onus probandi.

Teniendo en cuenta tal premisa, es dable ponderar que demandados no acreditaron ser integrante de una comunidad indígena, que se haya registrado como tal, o que surga su existencia como preexistente" de un proceso de relevamiento llevado a cabo de acuerdo a la normativa correspondiente. Tampoco se probó el hecho de la posesión comunitaria por los demandados; el artículo 2º de la ley 26.160 dice que "la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada".

En otros términos, quienes fueron demandados no acreditaron tener un título legítimo -posesión comunitaria tradicionalmente ejercida de las tierras, como integrantes de una comunidad indígena- para resistir la pretensión de desalojo invocando los términos de aquélla ley de emergencia, como lo advirtió el A quo.

III) Que, en síntesis, los apelantes no expresan argumentos sólidos para intentar rebatir lo resuelto ni para demostrar error sobre la conclusión del sentenciante, basada en la totalidad de las pruebas de la causa, acerca de la existencia en el caso de los extremos legales que hacen viable la acción intentada, por lo que, ante la falta de cumplimiento de lo que dispone el art. 255 del Cód. Procesal, no obstante el criterio amplio que este Tribunal mantiene en relación al examen de los agravios que formulan los apelantes (CACCSalta, Sala I, Fallos 1992:101; 2011:833; 2013-SD:7), corresponde declarar desierto el recurso intentado (art. 256, Cód. Procesal), imponiéndose las costas a los apelantes (art. 73 CPCC.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I) DECLARA DESIERTO el recurso de apelación interpuesto. Con costas.

II) Manda se copie, registre, notifique y bajen los autos al juzgado de origen.