Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-05


Salta, 05 de abril de 2010.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ESCRIBAS, MARCOS RAFAEL CONTRA TATETI S.H. - ORDINARIO" , EXP - 16049 / 6; originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 5, para resolver la apelación interpuesta a fs. 154/160, y C O N S I D E R A N D O La Dra. Liliana E. Paz de Gómez dijo: I.- Suben estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 154/160, en contra de la sentencia de primera instancia obrante a fs. 149/152 vta.

Propone como primer agravio el hecho de que el fallo de grado no tiene por acreditada la fecha de inicio de la relación laboral, esto es el 05-08-2004 y que también en este tópico la juzgadora rechaza las multas del art. 1º de la Ley 25323 y art. 80 de la LCT para lo que hace -dice la juzgadora un análisis de los requisitos que debe cumplir la normativa laboral, pero nada dice que la documentación debe contener los reales datos de la contratación, como es la verdadera y única fecha de ingreso por lo que la documentación laboral que entrega la demandada no tiene los datos reales, lo que torna procedente las multas reclamadas.

Luego alude a los testimonios de Morales y Gauna , testigos del actor, que no fueron considerados sino solo mencionados y que la a quo funda sus conclusiones en el análisis de la prueba documental y cuando desarrolla la misma efectúa inferencias injustificadas e injustificables.

A continuación sostiene que los reparos son varios expresando que en primer lugar el fallo se equivoca al otorgarle un valor superlativo a la documental en tanto, la denuncia policial y la inspección de la Dirección del Trabajo, no han sido actos que ocurrieran en presencia del juzgador .

En segundo lugar dice que se equivoca la sentenciante al concluir que el contenido de tales instrumentos contradicen los hechos expuestos por el actor en su demanda , para lo que hace apreciaciones subjetivas .

En tercer lugar dice que se equivoca la juzgadora al no examinar y valorar correctamente los testimonios de Morales y Gauna, porque si bien la sentencia le reconoce plena validez y eficacia probatoria, es que no puede prescindir o descalificar dichas declaraciones y habiendo omitido la a quo su valoración, evidencia la arbitrariedad del fallo .

En cuarto lugar dice que para el hipotético caso de que hubiere existido duda en la apreciación de la prueba la sentencia debió decidir en el sentido más favorable al actor de conformidad al art. 9 de la LCT (Ley 26428).

En quinto lugar expresa que las probanzas de autos obligaban a la juez a indagar sobre la verdadera naturaleza del vínculo ya que el juzgador esta facultado y obligado a descubrir el verdadero vinculo laboral, disimulado bajo apariencias, haciendo apreciaciones en torno a la verdad real .

Concluye que así acreditada la fecha de ingreso, corresponde se haga lugar a los rubros incluidos en la demanda, toda vez que la ex empleadora registró al trabajador en una fecha de ingreso distinta a la real, art. 1º ley 25323 y en tanto las constancias laborales hace constar una fecha de ingreso falsa y distinta a la real, art. 80 LCT.

Como segundo agravio, se agravia por el rechazo de los salarios adeudados por los meses de marzo y abril de 2006, con presentismo, en razón de las suspensiones que le aplicaran al actor ilegítimamente. Ello porque la sentencia basa su conclusión en que las oposiciones del actor a las sanciones, se limitan a una mera negativa de los hechos y el actor no brindó su propia versión ni aportó en autos prueba concluyente sobre la improcedencia de la sanción. Así sostiene que el yerro del fallo es evidente ya que quedó fuera de discusión que las sanciones existieron y que al actor no se le abonaban salarios por los días de suspensión .

Así alude al art. 67 de la LCT , norma que establece sin ninguna duda que es la demandada quien tenía la carga de la prueba de las faltas imputadas al actor, lo que se ratifica por la última parte del art. 219 de la LCT. De modo que estando acreditado que el actor impugnó las sanciones, y dada la posición procesal de la demandada , a ella le correspondía la prueba de sus asertos .

Así las cosas -dice queda demostrado no sólo que la a quo no aplicó normas de fondo y de forma, sino que incurrió en arbitrariedad.

Como tercer agravio se opone a la conclusión de la a quo en punto a que en la causa aún sin pruebas concluyentes de la hora de recepción de las comunicaciones rupturistas, el quiebre del contrato de trabajo se verificó primero por el auto despido del actor y que éste no acreditó las causas invocadas al efecto.

Así cuestiona que cuál de las cartas rupturistas entró primero en esfera de conocimiento de la otra, cuando injustificadamente la a quo invoca a favor de la demandada nada menos que su propia absolución de posiciones , lo que desmerece su conclusión y convierte al fallo en arbitrario .

No obstante ello sostiene que para el caso de que esta Cámara entendiera que el quiebre del contrato de trabajo se produjo con la comunicación del actor, éste sí acreditó sobradamente los hechos que motivaron el despido, para lo que pone de resalto que sí correspondía la corrección de la registración laboral del actor ya que la verdadera fecha de ingreso fue en agosto del 2004 y no en octubre del mismo año y que además la demandada efectuó falsas imputaciones de agresiones y delitos en que el actor jamás incurrió, por lo que no mediando retractación del empleador ni mucho menos prueba al respecto, queda justificada la determinación del actor.

Contrariamente dice que la demandada no ha efectuado el menor desgaste probatorio sobre ninguno de los falsos supuesto que le atribuye al actor.

También dice agraviarse porque el fallo trata cuestiones que no formaron parte de la litis, para lo que hace alusión al párrafo de fs. 151, cita a Carnelutti y a Palacios para concluir que el a quo no abordó correctamente el "thema decidendum" .

También se agravia porque el fallo concluye que una de las causales de autodespido sería inválida, por cuanto habiéndose otorgado un plazo de 30 días para regularizar la situación laboral, al verificarse la comunicación disolutoria, el plazo no había fenecido, lo que resulta arbitrario ya que existiendo causas suficientes para la denuncia del contrato de trabajo, hace innecesario mantener la vigencia del mismo. Hace apreciaciones en torno al tema expresando que es desacertada la interpretación del pronunciamiento y traduce una interpretación del derecho exacerbada y a la luz de un prisma excesivamente formal .

Continúa haciendo apreciaciones y reiteraciones sobre el tema, cita jurisprudencia para concluir solicitando que oportunamente se haga lugar al recurso de apelación y se revoque la sentencia de primera instancia en lo que es materia de agravios, con costas y hace expresa reserva del caso federal y cuestión constitucional, sin perjuicio del agotamiento de las instancias locales para el supuesto de una resolución adversa.

A fs. 162 se corre traslado a la contraria el que es evacuado a fs. 164/165 vta. , solicitando se rechace el mismo y se confirme la sentencia de fs. 149/152 vta , con costas, y hace reserva del recurso de inconstitucionalidad y extraordinario federal, en el caso de una sentencia adversa.

II.- El decisorio de origen de fs. 149/152 vta que rechaza los reclamos formulados al inicio, viene apelado por la parte actora perdidosa , a través del memorial recursivo que luce glosado a fs. 154/160, el que recibiera oportuna réplica de la contraria a fs. 164/165 vta.

De inicio comparto, tal como se sostiene al contestar agravios y aún reconociendo el esfuerzo dialéctico puesto de manifiesto en el escrito bajo estudio, que el mismo no reúne aquellos mínimos recaudos que se exige para toda expresión de agravios por el art. 255 del C.P.C. y C. de aplicación a nuestro fuero por el art. 90 del CPL, en tanto surge claro que el agraviado sólo traduce su disconformidad con lo decidido en cada uno de los puntos impugnados, exponiendo sus personal interpretación sobre los hechos y la prueba de la causa, pero sin cuestionamientos jurídicos válidos que habilite a esta Alzada a rever los rubros objetos de oposición.

En tal sentido esta Sala II reiteradamente ha sostenido que la expresión de agravios es el acto mediante el cual el recurrente debe refutar total o parcialmente las conclusiones de la sentencia, en lo que atañe a la apreciación de los hechos o de la prueba o a la aplicación de las normas jurídicas y que no constituye expresión de agravio idónea aquella que no precisa y explicita el yerro o desacierto en que incurrió el juez en sus argumentos sobre la prueba y el derecho aplicado. Entre otros en autos: "Amaya Jesús R. vs. Distribuidora Cerbertar y otros" Expte Nº 21960/08.

También dijimos entre otros en autos: "Espinoza G. Brizuela y otros vs. EDESA SA" Expte Nº 02826/08 , que no basta a los efectos del ejercicio jurisdiccional de la instancia apelativa, la disconformidad por si sola, requiriéndose un ataque directo y pertinente de la fundamentación del fallo, debiéndose demostrar los errores fácticos y jurídicos que pudiese contener.

Sostuvimos igualmente que, no constituye una critica concreta del fallo, las meras discrepancias genéricas con el mismo o la simple manifestación de disconformidad con la sentencia, por considerarla injusta o las discrepancias con la interpretación dada por el juzgador sin fundamentar la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista. Entre otros en autos: "Godoy José S. vs. Ganne Comunicaciones SRL y otros " Expte Nº 021689/08.

No obstante lo hasta acá expuesto, he de pasar a fundar mi anticipado criterio en cada uno de los agravios que plantea el accionante.

En primer lugar cuestiona la fecha de inicio de la relación laboral de el actor para con el demandado, para lo que extrañamente sostiene que el fallo menciona la prueba testimonial, pero funda sus conclusiones en el análisis de la prueba documental, al que dice le otorga valor superlativo, sea tanto la denuncia policial como a la inspección de la Dirección Provincial del Trabajo, siendo que el actor ingresó el 5 de agosto de 2004 tal como se desprende de los testimonios de Morales y Gauna a los que la a quo prescinde de ellos sin razón alguna, para terminar invocando la Ley 26428 modificatoria del art. 9 de la LCT, por lo que afirma correspondería aplicar en caso de duda en la apreciación de la prueba.

Alegaciones éstas que resultan de la lectura de la sentencia cuestionada además de no ciertas, claramente insuficiente para revertir la correcta apreciación que hace la judicante de la prueba producida y que por añadidura no fuera eficazmente objetada con las meras valoraciones subjetivas que hace el oponente.

Digo ello, toda vez que surge manifiesto del decisorio porqué razón la señora juez a quo ha dado primacía a los propios dichos del actor, de haber ingresado a trabajar en el mes de octubre del año 2004 e incluso habla del 1º de noviembre de 2004, lo que resulta suficiente para desvirtuar la fecha alegada en la demanda, como insiste en este agravio omitiendo además toda referencia a la doctrina de los propios actos invocada por la juzgadora.

Frente a lo expuesto la supuesta duda no aparece , de modo que mal invoca el agraviado se aplique al caso el art. 9 de la LCT modificado por la Ley 26428.

El resto de las apreciaciones que formula el quejoso en este primer agravio, implican ser afirmaciones teóricas sin vinculación concreta a los hechos de la causa.

El segundo agravio direccionado a cuestionar el rechazo de los salarios adeudados por los meses de marzo y abril de 2006, con presentismo, no merece distinta conclusión.

Así se advierte que mediante valoraciones personales el apelante sostiene que el yerro del fallo surge palmario, cuando confundiendo los argumentos de la sentencia en crisis, omite decir que su parte , cuando fue notificada de las suspensiones, solo niega los hechos imputados, sin cuestionar su procedencia, el tipo de medida o extensión de la misma de conformidad al propio art. 67 de la LCT que citara el recurrente.

De modo, que en tal contexto las afirmaciones sobre la carga de la prueba aparecen inconsistentes frente a la ausencia de petición expresa de revisión de la sanción.

La tercera queja, donde el apelante se opone a la conclusión de la juzgadora sobre que el contrato de trabajo se rompió por el auto despido en que se colocara el actor, quien no acreditó las causas invocadas, sostiene que la a quo así concluye sin prueba concluyente de la hora de recepción de las comunicaciones rupturistas .

Los argumentos de la a quo no fueron rebatidos por el apelante, sino que solo mediante afirmaciones dogmáticas, raramente luego continua diciendo que su parte acreditó sobradamente los hechos que motivaron el autodespido, para lo que expone meras discrepancias con el criterio de apreciación de la señora juez a quo, pero sin exponer argumento jurídico idóneo que habilite a esta Alzada a su revisión.

Así aparece que reitera sus equivocadas apreciaciones en torno a la fecha de ingreso, como a las suspensiones, temas ya resueltos, aludiendo a la imputación de falsos hechos y situaciones cuando parejamente conforme TCL Nº 65480971 del 08-03-06 incorporado a fs. 24 de la prueba del actor, reservado en Secretaría, reconoce haber efectuado la carta de recomendación por haber sido autorizado por el Encargado señor Adrián Usqueda , lo que posteriormente ratifica conforme surge del texto del TCL Nº 65271255 del 14-3-06.

Así entonces no se alcanza a comprender las reiteradas afirmaciones de esta parte sobre que el actor probó las injurias de la demandada.

Tocante a las extensas manifestaciones sobre que el fallo se pronuncia sobre cuestiones que no integraran la litis, el recurrente en esmerado esfuerzo procura con afirmaciones dogmáticas sostener que el a quo no abordó el "thema dicidendum", pero sin embargo omite expresar cual es el daño concreto o el perjuicio que ello le produce para así justificar sus alegaciones. Por lo que tampoco , existe agravio que tratar.

De igual forma confunde el quejoso conceptualmente la razón por la que la sentenciante considera que no puede ser entendido como causal justificante del despido la intimación por el plazo de 30 días que regularice la situación laboral, cuando dicho plazo no había vencido para tener en cuenta recién la falta de respuestas y porque además como se dijera la fecha de ingreso correcta es la que denunciara la parte demandada.

Por lo expuesto normas legales y jurisprudencia citada, soy de opinión y en tal sentido voto porque sea rechazado el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y en su mérito sea confirmada la sentencia de primera instancia en todo cuanto ha sido objeto de agravio y recurso, con costas al apelante, art. 67 del C.P.C. y C. y porque se tengan presentes las reservas formuladas.

El Dr. Froilán M. Miranda dijo:

Que estando en un todo de acuerdo con el voto de la Vocal preopinante se adhiere al mismo en todas sus partes.

Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA II:

F A L L A I.- Rechazando el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y en su mérito confirmando la sentencia de primera instancia en todo cuanto ha sido objeto de agravio y recurso, con costas al apelante, art. 67 del C.P.C. y C. y teniendo presente las reservas formuladas.

II.- Reservando la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.

III.- Mandando copiar, registrar, notificar y oportunamente bajar los autos al Juzgado de origen.