Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-19


SENT Nro. 453 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 19 DE JUNIO de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado Alfredo D. Rosales en contra de la resolución dictada por el Juez Penal en lo Correccional de la IIa. Nominación, del 31/10/2002 obrante a fs. 511/512, el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 20/02/2003 (cfr. fs. 525 y vta.). En esta sede no se presentaron memoriales casatorios, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide en el sentido que se declare mal concedido el recurso deducido por la defensa (fs. 534). Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por la defensa del imputado Alfredo Domingo Rosales, contra la resolución del Sr. Juez Penal en lo Correccional de la IIa. Nominación, del 31/10/2002, que no hace lugar al planteo de nulidad interpuesto contra la sentencia del 22/5/2002 que rechaza el pedido de suspensión del juicio a prueba.

2.- En orden al cumplimiento de los recaudos de admisibilidad exigidos por el CPP para la interposición del recurso de casación, cabe advertir, de modo liminar, que éste ha sido deducido en forma extemporánea. De las constancias de autos surge que la sentencia por la que se rechaza el pedido de suspensión del juicio a prueba, del 22/4/2002, fue notificada al recurrente, mediante cédula puesta en casillero el día 24/5/2002 (fs. 502), de modo que el recurso de casación deducido el 20/11/2002 (cfr. fs. 523) ha sido presentado cuando había vencido en exceso el plazo previsto en el art. 474 CPP.

De conformidad a la regulación legal vigente en la Provincia de Tucumán, la falta de fundamentación de la sentencia, y la consecuente infracción a la norma formal en que se sustentó el incidente de nulidad articulado contra la sentencia del 22/5/2002, debió ser planteada por vía del recurso de casación, conforme lo dispuesto por los arts. 468 inc. 2° y 469 CPP. No siendo necesaria la deducción del incidente de nulidad, la articulación de este remedio procesal, que resulta ineficaz en el caso, no produce la suspensión del plazo para recurrir por la vía extraordinaria del recurso de casación, la resolución denegatoria del pedido de suspensión del juicio a prueba.

Al mismo tiempo cabe señalar que el recurso de casación articulado contra el rechazo del incidente de nulidad, no satisface el recaudo de definitividad del pronunciamiento impugnado, a tenor de lo dispuesto por el art. 469 CPP, por lo que resulta inadmisible. En efecto, la sentencia del 31/10/2002, no reviste el carácter de definitiva, ni se trata tampoco de un auto que ponga fin a la acción o que haga imposible que continúe, o que deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena. En el presente proceso la sentencia que resolvió el fondo del asunto con relación al pedido de suspensión del juicio a prueba es la resolución del 22/5/2002 (fs. 494/495); y ese decisorio se encuentra firme y consentido, toda vez que no fue impugnado en tiempo y forma por el recurrente. La articulación de un remedio procesal inidóneo -el incidente de nulidad en el caso- no suspende los plazos para interponer el recurso de casación.

En suma, el pronunciamiento del 31/10/2002 no es la sentencia definitiva a que alude el art. 469 CPP, lo que define negativamente la admisibilidad del recurso interpuesto (cfr. CSJTuc., "Sendín Rojas, Sergio Luis s/homicidio culposo". Recurso de queja por casación denegada interpuesto por los querellantes Oscar A. Zóttola y Rosa del Valle Copola, sent. del 16/3/99; "Fara Adrián Maximiliano y otros s/homicidio culposo". Recurso de queja por casación denegada interpuesto por la Fiscal Correccional de la IIa. Nominación, sent. del 15/9/99 entre otros). El remedio excepcional de la casación está reservado para los supuestos en que el pronunciamiento atacado es definitivo o equiparable a tal, y ello dentro del marco conceptual de que el derecho de defensa en juicio se ejerce conforme a la ley procesal que reglamenta su ejercicio, siendo razonable la limitación contenida en el citado artículo, pues de otro modo la Corte se convertiría en una tercera instancia con desnaturalización funcional.

Tampoco concurre en el caso el excepcional supuesto de gravedad institucional que permitiría superar el valladar constituido por la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado. Esta Corte ha delineado la gravedad institucional como existente en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y atañen también a la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o puedan resultar frustratorios de derechos de naturaleza federal, con perturbación de la prestación de servicios públicos (CSJTuc., "Villafañe Miguel y otro s/homicidio". Recurso de queja por casación denegada interpuesto por la defensa de Miguel Angel Villafañe", sent. del 25/11/99; ".Juárez, O. M. s/lesiones gravísimas", 21/12/94).

La cuestión que se pretende ingresar no presenta tales caracteres, siendo insuficiente la mera invocación de lesión a garantías constitucionales para que se admita la configuración de la gravedad institucional.

Por los fundamentos expuestos, el recurso de casación deviene inadmisible, con costas, por aplicación del principio general en la materia (art. 551 y conc. CPP).

A las cuestiones propuestas los señores vocales Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación deducido por la defensa del imputado Alfredo Domingo Rosales, contra la resolución del Sr. Juez Penal en lo Correccional de la IIa. Nominación, del 31/10/2002, que no hace lugar al planteo de nulidad interpuesto contra la sentencia del 22/5/2002 que rechaza el pedido de suspensión del juicio a prueba.

II.- COSTAS, conforme a lo considerado.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA