Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-18


- En la ciudad de Trelew, a los 18 días de abril del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones bajo la Presidencia del Dr. Juan Humberto Manino y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Alberto Velázquez y Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados:"B, A N c/ H, L y/o q. rte. prop. del comercio V H s/ DIF. DE HBA. E INDEM. DE LEY" (Expte. nº 22035 - año: 2006). Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 119. - A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari:

- I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 102/105 vta.) acogió parcialmente las pretensiones reclamadas, condenando al demandado a abonar a la actora la suma de $ 321,18 con más sus intereses y a hacerle entrega del certificado de trabajo, distribuyendo las costas en proporción a los respectivos triunfos y derrotas de las partes.

- II. El fallo es apelado por la representación letrada de la actora, quien sostiene su recurso a través de la pieza glosada a fs. 120/121 vta., respondida por la contraparte a fs. 123/vta. Los motivos de agravio expuestos por la parte apelante son, en síntesis, los siguientes: 1) no se hizo lugar al S.A.C. proporcional y vacaciones proporcionales correspondientes al período 2005 por no haberse incluido dichos rubros en la liquidación efectuada en la demanda. Esto es inexacto, ya que en el escrito inicial -"Punto II - Objeto"- se pidió "Liquidación final e indemnización de ley", lo cuales son comprensivos de ambos conceptos, por lo que dicha omisión en la liquidación no puede cercenar los derechos de la trabajadora a percibir lo que le corresponde por ley; máxime si surge de autos que tales conceptos no le fueron abonados. 2) No fue acogida la indemnización del art. 45 de la Ley 25.345 al considerarse que las intimaciones efectuadas fueron extemporáneas por prematuras, por aplicación del art. 3 del Decreto 146/2001. No se ha tenido en cuenta que dicho decreto es inconstitucional, por cuanto excede el ámbito de interpretación posible u opinable de la ley, optando por una solución fuera de la misma. Y si bien su parte no objetó la inconstitucionalidad de dicha norma en la demanda, no hay obstáculo en que este planteo sea tratado de todos modos, porque la función del juez es suplir el derecho que las partes no le invocan o invocan mal, debiendo declararse la inconstitucionalidad señalada. Cita jurisprudencia. 3) También causa agravio que el juez haya procedido a descontar de los rubros acogidos la suma de $ 12.600.- como percibida por la actora, cuando en realidad ese descuento ya estaba practicado al efectuar el cálculo de cada diferencia mensual, restándole la suma de $ 300.- cobrados en cada período, por lo cual ha duplicado el descuento. Es evidente que se trata de un error numérico, debiendo modificarse el fallo en tal sentido. 4) Por último, deberá adecuarse la condena en costas y los montos de honorarios regulados en la anterior instancia.

- III. Trataré los agravios en el orden en que fueran expuestos. Así, en primer lugar, considero atendible la queja referida al S... y vacaciones proporcionales del año 2005. En efecto, cuando un trabajador solicita la indemnización y "liquidación final" por despido, debe considerarse que dicha pretensión comprende no sólo la indemnización por antigüedad, sino también la sustitutiva de preaviso, la integración del mes de despido, vacaciones y sueldos anuales complementarios proporcionales y todos los demás conceptos indemnizatorios ordinarios según la ley. Del tal modo, si debido a un error u omisión la demanda no contuviera una liquidación correcta y completa de dichos rubros, ello no obsta a que los mismos sean igualmente acogidos, por cuanto, en definitiva, estaban incluidos en la pretensión actoral, más allá de la omisión de detallarlos puntualmente en la liquidación practicada. Cabe recordar que en este fuero el principio de congruencia reconoce una salvedad, por cuanto tratándose de créditos de naturaleza alimentaria establecidos por la legislación laboral, nuestro ordenamiento procesal contempla incluso la posibilidad de fallar ultra petita para suplir las posibles omisiones o errores del demandante (conf. art. 71, Ley N° 69).- - En síntesis, opino que debe acogerse la queja actoral en este aspecto, a fin de incluir en la condena esos rubros omitidos, lo que así propongo al Acuerdo.

- IV. La indemnización del art. 80 LCT (texto seg. art. 45 - Ley 25.345):

- Al cuestionar el rechazo de este rubro, la recurrente procura introducir la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamentario 146/2001, a tenor de las argumentaciones ya reseñadas en el apartado respectivo. Sin embargo, considero que este planteo es improcedente en razón de su extemporaneidad manifiesta. Para comenzar, no se trata aquí de aplicar el principio iura curia novit, por cuanto no es un supuesto de derecho erróneamente invocado, sino simplemente de una articulación omitida, una pretensión no formulada en la demanda. Al respecto, este Cuerpo, al igual que otras Salas y Cámaras de la Provincia, ya ha tenido ocasión de sostener en reiterados pronunciamientos que corresponde desestimar el planteo vinculado a la inconstitucionalidad de una norma si tales objeciones no fueron oportunamente propuestas ante los tribunales ordinarios, ni en la primera oportunidad que la parte tuvo para hacerlos. En este orden, debe señalarse que cuando la Suprema Corte se refirió a la "primera oportunidad procesal" en que debe formularse el planteo de inconstitucionalidad, añadió que aquélla debe ser "propicia", entendiendo por tal la que permite tanto al interesado desarrollar sus argumentos sobre la pretendida inconstitucionalidad, cuanto a la contraparte la posibilidad de rebatirlos. Por ello, con criterio casuístico y atendiendo a las particularidades de la causa, se ha considerado que la oportunidad "propicia" para ello, consiste en la primera ocasión que el procedimiento le brinda a la parte interesada, esto es, cuando se vislumbra razonablemente que el dispositivo tachado de inconstitucional puede llegar a ser aplicado, pues en definitiva, se trata de que el juez tenga esta cuestión sometida a su conocimiento y ello le permita pronunciarse concretamente sobre el punto al momento de dictar sentencia (conf. SAIJ, sumarios Q 0014582; Q 0012378; Q 0012383; entre muchos otros - En el mismo sentido, mi voto en Expte. 21257 C.A.N.E.; S.D.L. 23/06).

- En la especie, siendo claro que la actora solicitó la sanción prevista en el art. 80 LCT modificado por art. 45 de la Ley 25.35 al formular su reclamo (conf. demanda, fs. 6 vta.. infra) y toda vez que por entonces el decreto reglamentario mencionado ya se hallaba vigente, el momento oportuno para introducir la cuestión constitucional por la interesada era, por cierto, en la misma demanda. Al no haberlo hecho así, la cuestión resulta ahora no sólo tardía, sino asimismo improcedente, por cuanto no se trata de un capítulo sometido a debate, prueba y decisión en la anterior instancia, lo cual priva a este Cuerpo de la posibilidad de pronunciarse a su respecto (conf. art. 277, C.P.C.C.).

Por otra parte, la decisión del a quo ha sido inobjetable al resolver conforme a la citada disposición normativa, en tanto no hizo sino expresa aplicación de la regla que, según su sana crítica, regula el supuesto bajo análisis, y es sabido que "no es admisible una interpretación que equivalga a prescindir de la norma que gobierna el caso, mientras no se llegue al extremo de descartar su aplicación mediante una concreta declaración de inconstitucionalidad" (Fallos: 277-213; 179-128, etc.). Ello es así pues "la primera fuente de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzos de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso contempladas por la norma, y ello es así pues no cabe apartarse del principio primario de sujeción de los jueces a la ley, ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por ésta, pues de hacerlo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su texto" (Fallos: 326-4909 - CSJN - "Gulle, Rubén Abel c/ Lotería Nacional S.E. s/ laboral", del 11/04/06 - Conf. Sup. Trib. de Justicia del Chubut en autos: "DIRECCIÓN DEFENSA DEL CONSUMIDOR c/ TELEFÓNICA DE A S.A. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Ley 24.240)" - Expte. N° 20.385-D-2006 - SD 13/06).

- V. El monto descontado de $ 12.600:

- A las claras se advierte que le asiste razón a la apelante en este agravio. En su liquidación, la parte actora había mencionado la deducción de este monto como ya percibido, por cuanto se trataba de los $ 300.- mensuales durante los 42 períodos correspondientes a su reclamo. Al respecto, cabe señalar que las diferencias reconocidas en el fallo comprenden un período menor, por haberse declarado prescriptos los créditos desde enero a agosto de 2003 inclusive. Pero además -y esto es lo sustancial- puede observarse que en la liquidación practicada en la sentencia, las diferencias remuneratorias fueron establecidas con deducción de los $ 300.- mensuales percibidos en cada caso; luego, no correspondía detraer nuevamente esa suma del monto total así liquidado.

En suma, el crédito por diferencias salariales comprende la sumatoria de los parciales calculados para los años 2002 a 2005, esto es: $ 471,27+$ 693,25+$ 2.895,35+$ 2.580,57 = $ 6.640,44.

- Asimismo, acogiendo el agravio acerca de los rubros omitidos, corresponde incluir en la liquidación final el S..... proporcional ($ 361,98) y las vacaciones proporcionales (art. 156, L.C.T. - 8 días= $ 272,88).

- Por otra parte, puede advertirse que fue erróneamente liquidado el rubro Preaviso al no contener el S.., por lo que debe rectificarse el monto, elevándolo a la suma de $ 923,97. Esto conduce a modificar asimismo la indemnización del art. 2 de la Ley 25.323 (indem. por antigüedad: $ 3.411,60 + preaviso $ 852,90 + Integración mes de despido $ 715,33= 50% = $ 2.525,45).

- VI. Reformulación de la liquidación:

- a) Diferencias salariales impagas.....................................................$ 6.640,44 - b) Indemnización por antigüedad..................................................... $ 3.411,60 - c) Preaviso+SAC ...............................................................................$ 923,97 - d) S.A.C. proporcional (1° y 2° prop.).. .......................................... $ 361,98 - e) Vacaciones proporcionales...........................................................$ 272,88 - f) 2° SAC 2003 y 1° Y 2° SAC 2004................................................$ 807,97 - g) Indem. art. 2° - Ley 25.323............... $ 2.525,45 - Total........................ $ 14.944,29 - De tal manera, la demanda debe prosperar, en definitiva, por la suma de $ 14.944,29 con más los intereses ya determinados en el fallo desde que cada suma fuera debida y hasta su efectivo pago.

- VII. Costas y honorarios:

- Si se comparte la solución que propicio, corresponderá adecuar estos accesorios a la nueva situación registrada (conf. art. 279, C.P.C.C.). En este orden, dado que la demanda ha prosperado en casi todas sus pretensiones acumuladas, salvo en lo que respecta a las sanciones previstas en los arts. 8 de la Ley 24.013 y 80 de la L.C.T. (texto seg. Ley 25.345), considero que será prudente distribuir las costas de primera instancia en adecuada proporción a dicho resultado, para lo cual propongo que sean soportadas en un 85% a cargo de la demandada y en el 15% restante por cuenta de la actora (art. 71, C.P.C.C.; art. 76, Ley N° 69). Y en cuanto a los honorarios profesionales por las tareas efectuadas en la sede de origen, procede fijarlos en términos porcentuales a calcular sobre el monto de condena debidamente liquidado -atendiendo a las calidades investidas, complejidad, extensión de las labores realizadas y resultados respectivamente obtenidos-, como sigue: 1) para el Dr. D A. F, en el 21%; 2) para el Dr. J GV, en el 14% (arts. 6, 7, 9, 19, 39, 47 y conc., Ley 2.200).

- Respecto a las costas y honorarios de Alzada, considero que las primeras deben ser distribuidas en idéntica proporción que las de primera instancia, regulándose los estipendios de los letrados en los siguientes porcentajes: 1) para el Dr. D A. F, en el 6,9%; 2) para el Dr. J G V, en el 3,5% (arts. 6, 14, 47 y conc., Ley 2.200).

- En todos los casos, corresponderá adicionar a dichos honorarios el I.V.A. correspondiente.

- Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.A ESA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso:En acatamiento del principio procesal de celeridad, me remito a la correcta síntesis que de la decisión impugnada y de los agravios vertidos por la recurrente realizara el Señor Magistrado ponente.Concuerda mi opinión con la del colega y para fundar mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos ambos de la ley 4.550), basta con formular las consideraciones siguientes.- I.- Bien extendido es el hábito de englobar bajo el epígrafe de "liquidación final" los rubros de indemnización de vacaciones no gozadas proporcionales a la fracción trabajada el año de extinción del contrato y de s.a.c. proporcional devengado durante la parte laborada del último semestre y tal uso y costumbre es también fuente del derecho laboral (art. 1 inc. "e" L.C.T.).-Así pues, si en la demanda fue reclamado el importe de la "liquidación final" (fs. 3, cap. II, renglón 5°), no cabe interpretar que los aludidos rubros de vacaciones y s.a.c. proporcionales correspondientes al año de la denuncia del contrato no integraron la pretensión. Con apoyo entonces en los arts. 123 y 156 L.C.T. corresponde acoger esos ítemes.-Visto que la mejor remuneración mensual del primer semestre del año 2005 ascendió a $ 557,10 -determinación del "a quo" a fs. 104 vta., pto. 4, que ganara firmeza por ausencia de todo ataque en su contra-, la primera cuota del s.a.c. de dicho año debe fijarse en la suma de $ 278,55 (arts. 1 de la ley 23.041).En cuanto a la parte proporcional de la segunda cuota s.a.c. de la misma anualidad, puesto que la mejor remuneración en ella fue de $852,90 -también decisión del juzgador de la otra instancia que adquiriera firmeza (fs. y pto. cits.)- y que la trabajadora laboró treinta y seis días del segundo semestre (31 días de julio y 5 días de agosto), cabe establecer aquélla en $ 83,43 (arts. 1 y 2 del dec. 1078/84).Tenemos así que el s.a.c. adeudado de dicho año 2005 llega a $ 361,98.Dado que según su antigüedad en el empleo a la dependiente le correspondían catorce días anuales de licencia ordinaria y que se desempeñó hasta el 5/8/05, el período de descanso proporcional a que tenía derecho llegaba a ocho días (arts. 150 inc. "a" y 156 L.C.T.). Por su lado el valor del día-vacación era de $ 34,116 (art. 155 inc. "a" ley cit.), con lo cual el importe de este rubro alcanzará a $ 272,88.

II.- Ha declarado nuestro Superior Tribunal de Justicia Provincial que el control judicial de constitucionalidad no debe ser ejercido de oficio sino a instancia del interesado ( S.I. 101/90, en JUBA, base SCSURW, sum. 1.090, doctrina que reiterara luego en c. 19.441 S.D. 1/SRE/05, del 15/2/05), de lo que prescindió el hoy recurrente al demandar. Desde que la pretensión por él deducida se fundaba precisamente en el precepto del art. 45 de la ley 25.345, modificatorio del art. 80 L.C.T., "ab initio" era previsible la aplicación del art. 3 del dec. 146/01 reglamentario de la anterior disposición citada, de modo que el acto de deducir la demanda fue la primera y evidente oportunidad procesal en que hubo de formular el planteo de inconstitucionalidad, a fin de que el juez de la causa pudiera tratarlo (confr.: S.T.J. Chubut, S.I. 14/90, 67/92, 48/94, 216/94, en JUBA, base SCSURW sums. 1.137, 1,724, 2.507, 3.086; S.C.B.A., JUBA, base SCSBLP, sums. 7.966, 21.458, 42.509, 42.514; esta sala, c. 15.394 S.D.C. 8/00, c. 16.911 S.D.C. 28/01, c. 18.760 S.D.C. 29/03).No propuesto en su día el capítulo de la inconstitucionalidad de la norma de marras a la Señora Magistrada de Primera Instancia, por aplicación del principio de congruencia quedó ésta impedida de considerarlo y decidirlo, como vedado le está hoy a esta alzada el fallarlo (arts. 34 inc. 4°, 163 incs. 3°, 4° y 6° y 277 C.P.C.C.). Para el análisis de la cuestión de autos debe partirse pues de la hipótesis de la constitucionalidad del precepto.

-Inválidas fueron las intimaciones a la entrega del certificado de trabajo formuladas por la trabajadora mediante los telegramas del 11/8/05 y 19/8/05 (fs. 1 y 2 del c. de pr.), toda vez que para esas datas aún se hallaba cursando el plazo establecido por el art. 3 del dec. 146/01, a cuyo agotamiento recién quedaba habilitada la ex-dependiente para efectuar ese requerimiento. Así pues, tales interpelaciones resultaron extemporáneas por anticipadas a la oportunidad legal y, por tanto, ineficaces.

-Desde que la existencia de una intimación válida y anterior a la demanda es requisito inexcusable para la procedencia de la indemnización reglada en el art. 45 de la ley 25.345, tal reclamo ha sido correctamente desestimado (esta sala, c. 20.379 S.D.L. 27/05, c. 20.401 S.D.L. 32/05, c. 20.422 S.D.L. 33/05, c. 21.837 S.D.L. 53/06; confr.: C.N. Trab., sala VI, L. L. 2004-C-786 y 800; ídem, sala IV, Rep. La Ley LXIV, A-I, pág. 545, sum. 377).III.- Es del todo evidente que el sentenciante de origen incurrió en error al restar del capital adeudado la suma de $12.600 que la actora denunciara como percibida. Es que esta última correspondía a los importes de $ 300 mensuales que la trabajadora denunciara como pagos parciales recibidos y tales montos el juzgador ya los había detraído mes por mes de los salarios devengados en dichas mensualidades. Al así proceder el Señor Magistrado, sin duda inadvertidamente, descontó dos veces la misma cantidad total cobrada por la trabajadora.IV.- Por lo expuesto, concuerdo con el ponente en que el capital de la condena debe fijarse en la suma de $14.944,29.-Coincido igualmente con el colega antes sufragante en que es necesario adecuar a esta nueva decisión la condena en costas pronunciada y los honorarios regulados en el previo grado jurisdiccional (art. 279 C.P.C.C.).A propósito de la primera, frente al vencimiento parcial y mutuo habido -la actora vio acogidos sus reclamos de diferencias salariales e indemnizaciones de despido, pero rechazadas sus pretensiones relativas a las indemnizaciones previstas en los arts. 8 de la ley 24.013 y 80 "in fine" L.C.T., así como a las vacaciones no gozadas de los años 2003 y 2004-, corresponde distribuir las costas imponiéndolas al demandado en un 85 % y a la demandante en un 15 %, pues es ese aproximadamente el balance que arroja este pleito en punto al éxito y fracaso de las respectivas posturas. Recuérdese que en esta distribución prudencial de las costas no debe caerse en una apreciación puramente aritmética, sino que hemos de estar a un enfoque jurídico y global, no parcializado, de los reclamos y sus resultados (art. 71 C.P.C.C., su doc.).Triunfante la recurrente en esta segunda instancia en dos de los tres agravios que expresara -entre ellos, el de mayor significación económica cual lo fue el de la doble detracción de la suma percibida-, las costas de ella han de distribuirse de forma idéntica a las del grado de origen (art. 71 C.P.C.C., ya cit.).Convengo también con el ponente en punto a los honorarios que propiciara regular por las tareas profesionales de ambas instancias, pues los hallo acordes a la extensión, calidad y resultado de las desarrolladas (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200).

Consecuentemente, me pronuncio en esta cuestión primera PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó:

- En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponderá por tanto: I) REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado, y en consecuencia: 1) Condenar a L A H a abonar A N B la suma de $ 14.944,29 en el término allí señalado y con los intereses fijados en dicho decisorio; 2) Distribuir las costas de primera instancia, imponiéndolas en un 85% a cargo del demandado y en el 15% restante por cuenta de la actora, fijando los honorarios profesionales como sigue: 1) para el Dr. D A. F, en el 21%; 2) para el Dr. J G V, en el 14%. II) Imponer las costas de Alzada en un 85% a cargo del demandado y en el 15% restante por cuenta de la actora, fijando los honorarios profesionales como sigue: 1) para el Dr. Dl A. F, en el 6,9%; 2) para el Dr. J G V, en el 3,5%. III) En todos los casos, corresponderá adicionar a dichos honorarios el I.V.A. correspondiente.

- Así lo voto.

-A DICHA CUESTION FINAL el Dr. Velázquez respondió:El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. F, reflejo fiel de la decisión del cuerpo formada al expedirnos sobre la precedente cuestión.

- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, To. de la ley 4550).

- Trelew, 18 de abril de 2007.

- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de esta Cámara de Apelaciones; pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A:

-REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado, y en consecuencia: 1) Condenar a L A H a abonar A N B la suma de $ 14.944,29 en el término allí señalado y con los intereses fijados en dicho decisorio; 2) Distribuir las costas de primera instancia, imponiéndolas en un 85% a cargo del demandado y en el 15% restante por cuenta de la actora, fijando los honorarios profesionales como sigue: 1) para el Dr. D A. F, en el 21%; 2) para el Dr. J G V, en el 14%;- IMPONER las costas de Alzada en un 85% a cargo del demandado y en el 15% restante por cuenta de la actora, fijando los honorarios profesionales como sigue: 1) para el Dr. D A. F, en el 6,9%; 2) para el Dr. J G V, en el 3,5%; En todos los casos, corresponderá adicionar a dichos honorarios el I.V.A. correspondiente.

- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL N° 23 DE 2007 - SDL.- Conste.-