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Graduación de la pena, doctrina de la arbitrariedad, abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima, abuso sexual de menores, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: T. V., F. J. - abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple todo ello en corcurso real c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-12

La Corte tiene dicho que la individualización de la pena es una operación que debe cumplir el tribunal de mérito a partir de la consideración puntual de un conjunto de circunstancias personales y objetivas que se describen en la ley de fondo.

En la tarea de adecuar o medir la pena, las escalas penales previstas constituyen el primer criterio a emplear, pues su función no es sólo la mera fijación de un límite a la discrecionalidad judicial, sino que éstas, también, fijan un esquema interpretativo del valor relativo de cada figura penal, permitiendo establecer la importancia o valoración que realiza el legislador de cada bien jurídico protegido dentro del sistema.

Dentro de aquella escala penal, para evitar la arbitrariedad, se hace necesario el respeto y seguimiento del sistema establecido en los arts. 40 y 41 del Código Penal para determinar la medida o cantidad de la especie de pena impuesta; y, a la vez, éstas deben ser interpretadas armónicamente con los fines de la pena y las reglas de la teoría de la imputación, debiendo el juez fundamentar explícitamente su decisión, para permitir su control crítico-racional del proceso.

El alcance y significado de los parámetros establecidos en los arts. 40 y 41 del Código Penal, responde a los elementos de carácter objetivo, dirigidos a especificar la magnitud del injusto cometido -circunstancias referidas al delito- y a los elementos subjetivos necesarios para establecer la culpabilidad y peligrosidad del autor -circunstancias referidas al autor y a las modalidades particulares del delito-.(Del voto en mayoria de la Dra. Bonari, Dres. Catalano, Posadas y Dra. Ovejero Cornejo)
Excepciones procesales, excepción de incompetencia, contenido de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Benítez, Alberto c/ Domínguez, Edgardo s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

Si en el fuero civil el actor ha demandado por desalojo, con sustento exclusivamente en el vencimiento del contrato de locación que acompaña y el demandado alega otra relación no procede que éste último oponga la excepción de incompetencia, ya que la competencia se fija por los términos de la demanda.
Régimen penal tributario, pericia contable, auto de sobreseimiento
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: IOVANE, SILVIA NOEMI. s/ Régimen Penal Tributario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-22

No se ajusta a derecho ni a las constancias de la causa el sobreseimiento de los imputados si la nueva compulsa practicada por un perito contador oficial conjuntamente con el propuesto por los imputados, sobre las registraciones contables hechas por ellos mismos, no hace sino arrojar nuevos elementos indiciarios de los hechos que son materia de averiguación.
Daños y perjuicios, prueba, accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caresano Vicente Horacio y otra c/ Bernasso Omar Jesús y otro s/ Daños y perjuicios y otro s/ Daños y perjuicios y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-18

La privación de uso del automotor no escapa a la regla de que todo daño debe ser probado, ni constituye un supuesto de daño in re ipsa, por lo que quien reclama por este rubro debe probar que efectivamente esa privación le ocasionó un perjuicio.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, supermercado
Materia: LABORAL
Carátula: West, Marìa Luisa c/ Ecole SRL y otro s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-10

Si bien la codemandada Disco S.A. tiene un área de arquitectura, lo cierto es que las tareas de dirección y proyecto de obras no forma parte de la actividad normal y especìfica propia del supermercado, que es la venta de alimentos y otros productos. No se ha verificado pues la cesión de establecimiento o explotación a la que hace referencia el art. 30 LCT, ya que la actora (arquitecta) se desempeñaba en el estudio de arquitectura codemandado, y tampoco se verifica la contratación o subcontratación de trabajos correspondientes a la actividad normal y especìfica propia del establecimiento de Disco S.A.
Administración de vialidad provincial, leyes, voluntad del legislador, Poder Judicial, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Transporte Maxi S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción   (Expte. CSJ Nº 224-90) Covacevich, Julio Adrián c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción   (Expte. CSJ Nº 16-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24|1999-02-24

La consideración o no de la distinta superficie de apoyo de los vehículos, como las supuestas desigualdades que originaría la reglamentación en orden a la carga útil que se puede transportar en relación al tamaño de los vehículos y a las inversiones realizadas, constituyen cuestiones de política legislativa que no pueden ser revisadas por el Tribunal, salvo irrazonabilidad demostrada, siendo criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la evaluación de la conveniencia o eficacia de los medios arbitrados por el legislador para lograr los fines por él propuestos son materia ajena al Poder Judicial.
Pensiones militares, actos de servicio, muerte de un conscripto, servicio militar obligatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-MILITAR
Carátula: Zalazar, Celia c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-30

Corresponde revocar la sentencia que rechazó la demanda deducida por la madre de un conscripto que fue muerto por otro conscripto en el Colegio Militar de la Nación mientras cumplía el servicio militar obligatorio ya que surge con claridad del art. 81 de la ley 19.101 que no es exigible que la muerte haya ocurrido "en y por actos de servicio", como requirió la alzada para acordar el derecho reclamado.
Acción de amparo, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: ARIAS HECTOR FRANCISCO c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

Debe admitirse la acción de amparo interpuesta por el accionante contra la Comuna, condenándose a la misma a que reciba los escritos e instrumentos que contiene el pedido de habilitación de un local y si el objeto de la acción comprendía la tramitación del expediente de habilitación, debe darse el trámite pertinente dentro del plazo de cinco días hábiles de notificada la decisión respecto de los escritos e instrumentos, bajo apercibimiento de disponer sin más sustanciación la habilitación del local directamente desde la sede judicial. Si la tramitación del expediente administrativo se enfrentó con la negativa del municipio de llevar a cabo los actos necesarios para obtener un pronunciamiento expreso, se configura en cierta forma una clara abdicación de su función administrativa, por lo que corresponde intimar a dicho organismo para que continúe el trámite requerido por los accionantes bajo apercibimiento de disponer la habilitación en la forma señalada. El Tribunal no puede permanecer impasible ante situaciones semejantes, ya que no recibir un expediente de habilitación y recibirlo sin darle trámite alguno configuran actos que se fundan en una conducta injustificada y llevan al mismo contenido sustancial de denegación de la petición administrativa evidentemente perjudicial a los derechos de los particulares que procura resguardar la ley 16.986.
Daños y perjuicios, espectáculos públicos, responsabilidad del organizador, responsabilidad contractual, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: M., F. S.  c/ Superliga Profesional de Futbal Argentino Asoc. y otro  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-04

En los espectáculos públicos, se está en presencia de un supuesto de responsabilidad contractual cualquiera sea su finalidad, deportiva, artística, cultural, etc. Su fundamento se halla en la asunción de una obligación de resultado (deber de seguridad) por parte del organizador, respecto de la incolumidad de los asistentes mientras éstos permanezcan en el lugar, por ello está obligado a velar el empresario organizador -sea a título gratuito u oneroso- y debe responder ante el incumplimiento de las obligaciones que pone a su cargo el contrato que celebra con los espectadores o asistentes. Ese deber de seguridad es expresivo de la idea de que quienes asisten a un espectáculo lo hacen en la confianza de que el organizador ha dispuesto las medidas necesarias para cuidar de ellos.
Tribunal administrativo de la navegación, competencia, REGINAVE, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: PINTOS, Horacio Carlos (Capitán) c/ Prefectura Naval Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

En el art. 599.0101 del Reginave se somete a la jurisdicción administrativa de la Navegación y a la aplicación de la sanción correspondiente, a los actos que sin constituir delito, tuvieren lugar en el ejercicio de la actividad del personal navegante de la Marina Mercante Nacional y que signifiquen acciones u omisiones en el incumplimiento de normas de la navegación.
Recursos, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AGNEMI MIRTA c/ FRANCISCO SEVILLA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A069 - 490)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-03-23

Puntualizar el indice a utilizar en la actualizacion de capital excede la finalidad propia del recurso aclaratorio, ya que implica incursionar en elementos de dilucidacion propios de otra etapa procesal, que en este caso es la ejecucion de sentencia.-
Mobbing
Materia: LABORAL
Carátula: D., R. B. c/ ENTRETENIMIENTO PATAGONIA S.A. s/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-04-06

El mobbing comienza a manifestarse cuando se lo obliga al trabajador a realizar trabajos contra su propia voluntad, cuando lo cambian habitualmente de ubicación, cuestionan todas sus decisiones, lo critican, dicen que tiene problemas psicológicos o simplemente lo ignoran ... se ejerce sobre el trabajador una presión psicológica teniendo como consecuencia el despido o renuncia del mismo.- Este fenómeno social debe darse en el ámbito de las relaciones laborales. Se ejerce una violencia psicológica extrema y prolongada en el tiempo. En España se lo ha calificado como - psicoterror laboral -
Competencia federal, funcionarios públicos, Ministerio de Trabajo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CICHELLO, CARLOS R.G. s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-09

Si bien la Justicia ordinaria es competente para intervenir en los delitos cometidos por dirigentes sindicales de la Unión Argentina de Empleados de Variedades, si aparecen imputados funcionarios del Ministerio de Trabajo y no se puede descartar la posibilidad de obstrucción y corrupción del buen servicio de empleados de la Nación, corresponde intervenir a la Justicia Federal.
Camioneros, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, OSMAR c/ TROSSERO, JORGE FRANCISCO Y OTROS s/ ORDINARIO - DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-12-05

En atención a que el actor cumplía tareas de chofer de camión de larga distancia para el transporte de granos producidos en el establecimiento rural de la demandada, su contrato debe encuadrarse en el CCT 40/89 y no en el 130/75, pues este último no resulta aplicable al transporte de mercadería propia de empresas agropecuarias, dado que está referido a empresas comerciales.
Competencia por el territorio, validez de los actos procesales, instrucción, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Belleggi, José A. y otros s/ recurso de casación Causa: 183
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-14

Por aplicación de los principios del artículo 7 C.N. y los preceptos generales sobre la competencia contenidos en los arts. 40 y 50 del Código Procesal Penal de la Nación, y el artículo 20, inciso 17° del C.P.P. de Buenos Aires, no corresponde declarar la nulidad de una diligencia sumarial efectuada de acuerdo a derecho en sede local.
Empleo público, personal contratado
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Castro, Rosa Beatriz y otros c/ Municipalidad de Tinogasta s/ Acción Contencioso Administrativa de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-02-15

Se promueve acción contencioso administrativa de nulidad con el objeto de lograr que este Tribunal declare- al igual que lo hiciera en la causa Nro. 39/04-, la invalidez de los Decretos dictados por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante los cuales se dejaron sin efecto los instrumentos legales por los que los actores pasaron de contratados a la planta permanente de la administración comunal.

Los actores relatan que, al igual que ellos, un grupo de empleados fueron despedidos por el Intendente Municipal, empleando el mismo procedimiento, obligándolos a promover acción de amparo, a la cual no se adhirieron en razón de haber deducido en aquella época recurso de reconsideración, trámite que obstaculizaba la procedencia del amparo. Alegan que en la causa de mención este Tribunal admitió la demanda de amparo y ordenó la reincorporación de los amparistas.

En efecto, este Tribunal, en la causa aludida supra, ordenó la restitución de los amparistas, luego de constatar que la potestad anulatoria había sido ejercida en forma irregular, porque los actos administrativos dejados sin efecto estaban firmes y consentidos y habían generado derechos subjetivos. En el caso, se advierte la identidad fáctica y normativa de la cuestión a decidir con aquella resuelta por este Tribunal, pues los actuales reclamantes son afectados de igual modo por idénticos actos administrativos dejados sin efecto por este Cuerpo cuando admitió la procedencia de la acción de amparo.

En consecuencia y habiéndose ya pronunciado este Tribunal por la nulidad de los mismos actos administrativos que ahora se impugnan, corresponde receptar la pretensión de los actores, ordenando a la demandada la restitución de los recurrentes a la situación laboral de la que fueron privados en forma ilegítima
Impuestos, régimen penal tributario, allanamiento, AFIP DGI, policía, nulidad procesal, Poder Ejecutivo, consulta técnica, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: M. C., S.C.A.T.S.L. S.A.M. S.A. s/ Régimen penal tributario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

1- El art. 224 del Código Procesal Penal (ley 23984) emplea el vocablo "policía" como nombre común, indicativo más bien de la función policial y no de una repartición creada por ley como lo es la Policía Federal. Por consiguiente la delegación de las diligencias de registro domiciliario, en el caso a funcionarios de la Dirección General Impositiva, no supone ningún vicio que las invalide. La "policía" no es exclusivamente la actividad preventiva ni la de seguridad ni la que se ejerce por cuerpos armados, sino también la policía económica y a esta noción corresponden las atribuciones acordadas a la D.G.I. por el art. 41 de la ley 11683 entre las que se cuenta la relativa a la gestión de órdenes de allanamiento en el inc. e).

2- La evaluación crítica con respecto a las comprobaciones insertas en el informe previsto en el art. 16 de la ley Penal Tributaria, su relevancia y eficacia concluyente, no son consideraciones apropiadas a la etapa procesal de la instrucción que es una instancia previa al juicio, en el que habrá oportunidad de debatir ampliamente esos aspectos.

3- En cuanto al Decr. 2054/92 del Poder Ejecutivo, relacionado con la condonación de las sanciones de la Ley Penal Tributaria, debe entendérselo referido a la iniciación o prosecución de acciones penales por parte de los órganos de Administración, no al resultado de las causas en trámite, pues de otro modo estaría en pugna con la prohibición categórica del art. 95 de la Constitución Nacional.
Proceso penal, juicio, sentencia absolutoria, principio de contradicción, Ministerio Público, fiscales, recurso de apelación (procesal), debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: FAGIANI, DANIEL FERNANDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

Si bien las normas convencionales y constitucionales (arts. 8.2.h., C.A.D.H.; 14.5, P.I.D.C.P. y 75, inc. 22, C.N.) refieren exclusivamente al derecho al recurso del condenado, no existiendo por ende un derecho constitucional a la doble instancia para el acusador, ello no impide que los ordenamientos locales o nacionales regulen la bilateralidad previendo la vía recursiva al actor penal. En este sentido, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "la garantía del derecho a recurrir ha sido consagrada sólo en beneficio del inculpado" y que no se encuentra el Ministerio Público en tanto órgano del Estado "amparado por la norma con rango constitucional", ello no obsta "a que el legislador, si lo considera necesario, le conceda igual derecho". También se dijo que "todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, ser amparado por la garantía del debido proceso legal, consagrado en el artículo 18 de la Constitución nacional, sea que actúe como acusador o acusado, como demandado o demandante; ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si éste existe y tiene fundamento en la Constitución, puesto que ella garantiza a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada en un previo juicio llevado en legal forma, cualquiera sea la naturaleza del procedimiento -civil o criminal- de que se trate". En ese mismo orden de ideas, se ha expresado la doctrina sosteniendo, en relación a los instrumentos a los que se hiciera referencia que "enuncian sin duda un derecho en favor del acusado, pero no niegan que el remedio revisorio del caso pueda interponerse también por el ministerio fiscal, en tutela de la sociedad, interesada tanto en que no se condene injustamente a inocentes, como también que no se absuelva a culpables, o que se los condene a penas inferiores a las que legítimamente les correspondan". ( DE LA DISIDENCIA DEL DR. NETRI) .
Proceso penal, sentencia, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: D., R. J. y P., C. E. J. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- INFRACCION ART.259 DEL C.P. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 48 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-03

Las resoluciones cuya consecuencia es la obligación de seguir sometido a proceso criminal no satisfacen, en principio, la regla de definitividad de la decisión impugnada, pues no ponen fin al proceso ni impiden su continuación, salvo aquellos casos en que tal sometimiento pueda provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior.
Providencia simple, competencia electoral, recurso de apelación (procesal)
Materia: ELECTORAL
Carátula: Natalia Paola Flores Lardet apoderada Partido Es Posible Distrito Mendoza (Fusión) s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-29

Aun cuando el auto atacado sea una providencia simple de acuerdo al artículo 160 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pone fin a la cuestión planteada, por ello la apelación interpuesta resulta procedente pues aquél es susceptible de producir un gravamen irreparable en los términos de los artículos 66 de la ley 23.298 y 242, inc. 3º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Haber jubilatorio, suspensión del beneficio, pena accesoria, política criminal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ legajo de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

Las incapacidades civiles que la ley impone a los condenados a penas privativas de la libertad superiores a tres años en virtud del artículo 12 del Código Penal no pueden ser calificadas como un trato inhumano o contrario a la dignidad del hombre, en tanto su establecimiento en la ley expresa criterios de política criminal y penitenciaria que son atribución del legislador nacional, que no compete a los magistrados cuestionar sin aportar una justificación estricta respecto de su incompatibilidad con la Constitución Nacional; consideraciones que son también aplicables mutatis mutandis a la consecuencia de la inhabilitación absoluta - suspensión del goce de haberes previsionales -, que corresponde en virtud de la primera disposición del citado artículo 12 del Código Penal. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Sociedades comerciales, personería jurídica
Materia: COMERCIAL
Carátula: LONDON SUPPLY SA c/ ALIMAR SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-05

La inoponibilidad de la personalidad jurídica es una herramienta legal tendiente a evitar que, mediante el uso indebido de la sociedad mercantil -ya sea por fraude o por abuso del derecho se puedan lesionar derechos de los acreedores; la idea que subyace es un accionar ilegítimo constituído por el desvío de los fines para los que la personería jurídica se ha otorgado; ha de verificarse que la figura societaria se ha utilizado para ocultar una realidad distinta de la que se muestra: la actuacion personal de los socios o controlante, en su propio beneficio, independientemente del marco de actuación y objeto social del ente.
Acción de amparo, existencia de otras vías, espectáculos públicos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Bustos, Rafael Alberto c/ Dirección Policía Municipal s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-10-28

Si la procedencia del amparo queda supeditada a la existencia de conductas que detenten ilegalidad o arbitrariedad manifiestas, resulta evidente que la vía intentada no puede quedar habilitada para cuestiones como las de autos, que requieren de una mayor amplitud de debate y prueba.

En efecto, el acto administrativo que se ataca -resolución de la Dirección de Policía Municipal limitando a 200 el número de asistentes al local bailable del amparista para la realización de espectáculos públicos- cuenta con un mínimo respaldo normativo para su dictado, y además se trata de medidas estrictamente vinculadas al interés público que debe tutelar la Administración Municipal. De allí que los cuestionamientos formulados en torno a ello y su aparente contradicción con resoluciones anteriores emanadas de la propia administración, requieran para su dilucidación y adecuación a los hechos narrados en la causa de la utilización de otra vía procesal.