Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-22


--- En la ciudad de Trelew, Provincia del Chubut, a los 22 días del mes de agosto del año dos mil ocho, se reúne la Sala "A" integrada por Jueces subrogantes de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut bajo la Presidencia de la Dra. María Celia Amaral y la presencia de las Sras. Juezas Dras. Gladys Cuniolo y Gladys Rodríguez para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "J. A. A. L. c/ A. A. B. N. V. (Sucursal Argentina) s/ sumario-pago por consignación" (Expte. Nº 22.072 -año 2007) venidos en apelación. Las Sras. Magistradas resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Y TERCERA: ¿Qué retribución corresponde fijarle al Dr. Ramón A. Monje por su actuación como Conjuez de la Cámara en la sentencia interlocutoria No. 188 que luce a fs. 252/253? y expedirse sobre ellas en el orden resultante del sorteo que se practicara a fs. 269.--- A LA PRIMERA CUESTION la Dra. Amaral dijo: ----------------------------------- I. A fs. 190/194 vta. obra la sentencia definitiva dictada por el Sr. Juez de la anterior instancia por la que resulta rechazado el pago por consignación promovido por la accionante, con el siguiente fundamento: no existió incertidumbre o desconocimiento de la actora con respecto a su acreedor; y a mayor abundamiento, agregó que la actora estaba en mora al momento de iniciar la presente acción, depositando una suma incompleta, dado que no la integró con los intereses moratorios.------------------------------------ ------------- El fallo es recurrido por la parte actora perdidosa mediante la pieza de fs. 260/265, en la que expone dos agravios. En cuanto al primero, afirma que el a-quo sin efectuar un análisis de las normas legales aplicables al caso y sin analizar las pruebas, consideró acreedor a quien no acreditó serlo, reiterando desconocer a este último, dado que el fiduciario no demostró ser el titular del crédito individual que ella tenía con el S. Q. S.A. Afirma que dicha sociedad como fiduciante cedió en propiedad fiduciaria a A. B. N. N. (Sucursal Argentina) como fiduciario, ciertos activos constituyéndose el fideicomiso L., regido por la ley 24.441. Pero no se encuentra acreditado que dentro de la cesión fiduciaria figurara la deuda por la que era acreedor originario el S. Q. S.A., dado que no se hizo al contestar la demanda, al intimarse a la presentación del contrato de cuenta corriente bancaria, o ante el requerimiento de esta documentación por parte del perito contador. Agrega que la demandada fue declarada negligente en su producción, por lo que operó la presunción del art. 388 del CPCC, en el sentido que el supuesto crédito no integró la cartera de titularidad del fideicomiso del dicente acreedor. Para el caso de que se hubiese realizado la cesión de su crédito, tampoco fue notificada de la supuesta transferencia, por lo que a su respecto considera que le es inoponible y no reconoce al banco demandado como su acreedor.-------------------------- En lo que hace a la segunda queja, sostiene que el estado de mora no depende en forma exclusiva del mero vencimiento del plazo, que se fija para evitar la interpelación, sino de otros presupuestos como el incumplimiento material, la imputabilidad y la ausencia de factores impeditivos, entre el que se encuentra la falta de cooperación del acreedor.------------------- --- Aduce que la suspensión total de las operaciones del S. Q. S.A. por sus problemas de liquidez, constituyó un hecho totalmente imprevisible para su parte. El a-quo no valoró que hasta la fecha de constitución del fideicomiso L., el hecho fortuito por él reconocido fue un factor impeditivo de la mora de su parte y configurativo de la mora del acreedor, dado que el agente de cobranzas reconoció que la cuenta corriente y la tarjeta de crédito fueron dadas de baja por la caducidad de S. Q. S.A. para operar como entidad financiera, siendo deber de éste informar al cuenta correntista de las vicisitudes del contrato, proveniente de la ley de defensa del consumidor. Indica que en caso de no haberse realizado la cesión de crédito, de acuerdo a las normas mercantiles la cuenta corriente puede cerrarse tanto por el banco o el cliente previo aviso con 10 días de anticipación, excepto que haya una convención en contrario. El derecho del banco de desvincularse no puede ser ejercido abusivamente, debiendo hacerlo con la antelación necesaria para evitar provocar perturbaciones derivadas del cierre abrupto. Pone de manifiesto que desde el 19/08/02 en que se constituyó el fideicomiso L. hasta la fecha de presentación de esta acción, transcurrió un tiempo sustancialmente importante, en que el acreedor desconocido o el supuesto acreedor demandado le notificaran del inicio de una demanda judicial, la intimaran de pago en un proceso ejecutivo o reconvinieran en este proceso sumario, lo que demuestra su falta de cooperación. De allí que insista que al momento señalado por el Sr. Juez para que iniciara el pago por consignación, ella no estaba en mora.---------- Insiste en que el primer conocimiento que tuvo fue mediante una llamada telefónica en agosto de 2004 por una empresa integrante del grupo M. B.; y que sus gestiones para conocer la identidad del nuevo acreedor comenzaron en esa misma fecha cuando en la escritura agregada a fs. 15 el gerente del banco M. B. S.A. reconoció que solicitó un libre deuda desde hacía largo tiempo.------------------ Que a fs. 267/268 vta. obra la contestación del traslado del memorial, en la que se pone de manifiesto que la actora nunca cuestionó el carácter de acreedor de su mandante sino que lo impulsó a correr traslado de la demanda al fideicomiso L., extremo éste al que se refiere la sentencia y que no fue atacado por la recurrente. En lo que hace a la cesión del crédito, su notificación al deudor cedido es al sólo efecto de comunicarle el traspaso del crédito para que sepa quién es su nuevo acreedor, pero no se requiere su conformidad. Y tal notificación no requiere formalidad alguna, por lo que resulta idónea la notificación de la demanda iniciada por el cesionario del crédito. Arguye que la actora sabía que debía una determinada suma de dinero a abril de 2002, por lo que podía interrumpir la mora con la oportuna consignación judicial en lugar de dejar transcurrir el tiempo y accionar sólo luego de ser intimada telefónicamente al pago, demostrando recién en esa oportunidad su interés en desobligarse.---------- ------ II.-Reseñados como fueran la sentencia, los agravios y su contestación, adelanto que el recurso no puede prosperar.--------------------- A) En lo que hace al primer ataque, pese a la insistencia de la recurrente en cuanto al desconocimiento de su acreedor, es claro el informe del Banco Central de la República Argentina de fs. 32 que la actora ha tomado en forma parcial. En el párrafo cuarto se dice que el 19/08/02 se creó por contrato el Fideicomiso financiero L., constituido con la mayoría de los activos de S. Q. S.A. (fiduciante), entre los que se encuentra su cartera de créditos, que el fiduciario de L. era al A. A. B. N. V., Sucursal Argentina y que el agente de cobranza del fideicomiso era el B. B. S.A. Nótese que en ningún momento se dice que dicho fideicomiso está constituido por determinados créditos de la cartera del S. Q. S.A., de lo cual se infiere que fue su totalidad -de allí la expresión "su cartera de créditos"-, entre los que en consecuencia se encontraba incluido el de la actora.- Tampoco puede ignorar la apelante su conducta, dado que previo a la iniciación de esta demanda, ella misma se dirigió al Banco M. B. S.A. de Salta mediante la carta documento de fecha 13/08/04 obrante a fs. 5 -cuya recepción no fuera negada por el demandado-, en la que manifestó que se había dirigido precisamente a ese Banco -que resultó ciertamente gestor de cobranzas del fideicomiso referido- para abonar y que éste se había negado a recibir su pago por no constar en la Sucursal Trelew ninguna deuda; y lo intimaba a que en el plazo de cinco días aceptara el abono de lo que ella consideraba que debía. Si bien en la contestación de fs. 9 se le aclaraba que no era continuador del Banco liquidado, sino apoderado del fiduciario del fideicomiso L. a quien se le habían transferido los pasivos y activos de aquél, estaba autorizado para percibir su deuda.------------------- Pese a esta aclaración, en la contestación a dicho envío postal, la ahora recurrente le niega legitimación al Banco M. B. S.A. como continuador del banco liquidado, que no era lo que decía la carta documento de fs. 9, pero a su vez menciona la negativa del Banco M. B. a recibirle el pago y lo intima a que perciba la suma que ella quería pagar mencionada en la carta documento de fs. 5 (fs. 7). Ello evidencia a todas luces una conducta contradictoria, dado que por un lado consideraba habilitada a dicha entidad para percibir el pago; y por otro lado, le negaba tal habilitación, pero a su vez la intimaba a que aceptara el pago ofrecido (fs. 7).---------------- --- Cuando la conducta contradictoria -como en este caso- asume la calidad de una infracción del deber de buena fe, procede reconocer el principio por el que nadie puede ir contra sus propios actos, que aunque no sea una norma legal, constituye una regla de contenido normativo; y como tal involucra un principio general del derecho, aplicable supletoriamente a falta de disposición especial, cuya característica es impedir que una persona dentro de un proceso formule una alegación -aunque sea cierta- que esté en contradicción con el sentido objetivo de su anterior declaración o de su anterior conducta. La aplicación de este principio, si bien limita el ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, no atenta contra la seguridad jurídica desde que el ordenamiento jurídico no puede proteger la pretensión y conducta contradictorias ni el comportamiento incoherente (Safontás, Simón P., "Doctrina de los propios actos", Rev. JUS No. 5, págs. 28/37, Ed. Platense, Año 1964). Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que no puede ejercerse una pretensión judicial manifiestamente contradictoria e incompatible con una conducta anterior jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Fallos 290-216; 310-1623; 311-1695; 317-524, entre otros).---------------------- Una pretensión o defensa formulada dentro de una situación litigiosa en contradicción con el sentido objetivo de la conducta anterior del sujeto no puede prosperar, en tanto mediaría una ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la precedente, toda vez que ello infringiría el fundamental principio de la buena fe receptado en el art. 1198 Código Civil, del que la imposibilidad de "venire contra factum" es derivación necesaria e inmediata (Diez Picaso, "La doctrina de los actos propios", págs. 166 y 223, Ed. Bosch, año 1963). Esa buena fe, cuya vigilancia en la esfera del proceso la ley ha puesto a cargo de los jueces como un "deber" (art. 34 inc. 5º apdo. "d" CPCC), impone un proceder leal, integrado por la coherencia de comportamiento (Bianchi-Iribarne, "El principio general de la buena fe y la doctrina venire contra factum proprium non valet", E. D. 106-857, cap. IX), a fin de no defraudar con la conducta siguiente la confianza generada en la contraparte mediante actitudes anteriores. Ya no se tratará de las razones que adunen dicha pretensión o defensa, sino de la lisa y llana improponibilidad de las mismas, bloqueadas por esta causa de inhabilidad intrínseca, obstativa a su atendibilidad sustancial (Morello-Stiglitz, "La doctrina del acto propio", L.L. 1.984-A-865, cap. I y XVIII).-------------- En consecuencia, de lo expuesto se desprende que la ahora impugnante conocía perfectamente a quién debía hacerse ese pago. A ello cabe agregar que según el escrito de demanda, en el año 2003 ella concurrió a la sucursal Trelew del Banco M. B. S.A. y se entrevistó con la Sra. C. R. (fs, 16, último párrafo y fs. 17, primer párrafo), quien le manifestó que no registraba deuda alguna a su nombre. Contrariamente a ello, del testimonio prestado por la Sra. R. a fs. 89/vta. se desprende que en dicha oportunidad consultó a través de un mail a la casa Central para que le confirmara los productos que poseía la apelante en el S. Q. de la sucursal de Salta; y de allí surgió que la demandante tenía deuda de la cuenta corriente y de la tarjeta de crédito (resp. cuarta).--------------- Asimismo, debe recordarse que la expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una "crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas", lo concreto se refiere a lo preciso, indicado, determinado -debe decirse cuál es el agravio-. Lo razonado indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones -debe exponerse por qué se configura el agravio-. Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas o las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (Morello y otros, "Códigos...", To. III, págs. 351/352, Ed. Abeledo- Perrot, año 1988).------ A ello cabe agregar que no basta con que el recurrente disienta con la interpretación dada por el Juzgador sin fundamentar la posición ni concretar pormenorizadamente los errores u omisiones en que éste habría incurrido respecto de la valoración de los elementos traídos a juicio en función de las normas que rigen la materia, o sin dar las bases de los distintos puntos de vista, como igualmente manifestar la disconformidad con la decisión para considerarla equivocada o injusta sin dar ninguna pauta distinta a la evaluada por el a quo. Los agravios no pueden limitarse a una mera discrepancia de criterios, o a manifiestar simplemente una disconformidad con lo decidido por el a quo, sino que deben alcanzar suficiencia técnica. Se debe demostrar el desacierto de la sentencia que se recurre y los motivos que se tienen para considerarla errónea, de modo de producir convicción en el Tribunal de Alzada sobre la sinceridad y autenticidad de los agravios vertidos (Morello y otros, obra y tomo citados, págs. 358/359). Y nada de ello ha cumplido la impugnante, quien sólo ha manifestado su disconformidad con el fallo pronunciado, sin rebatirlo adecuadamente.--- Puntualmente, con respecto a la omisión de analizar las pruebas aportadas, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, el Magistrado de la anterior instancia valoró los testimonios de fs. 89/vta. y de fs. 123 prestados por C. R. -dependiente del Banco M. B. S.A.- y de S. T. -gestor suyo ante el Banco M. B., Sucursal Salta-, como así también la prueba informativa de fs. 32, para llegar a la conclusión de que no existió incertidumbre o desconocimiento de la actora como para que procediera el pago por consignación. Y con relación a este aspecto, cuando hay pruebas sustentadoras de una sentencia, no basta el razonamiento en oposición acerca de la mecánica del hecho, sino que hay que indicar la razón por la cual las bases probatorias carecen de eficiencia, o en su caso, por la que deben ser descalificadas (Morello y otros, obra y tomo citados, págs. 364/365), con lo que precisamente no ha cumplido la recurrente.-------- Otro tanto cabe decir en lo que hace a la supuesta omisión de considerar en la sentencia las normas legales que menciona la impugnante. La ley 24.441 dispone en sus arts. 70 y 71 una excepción al régimen del Código Civil cuando se cedan derechos como componentes de una cartera de crédito para garantizar la emisión de títulos-valores mediante oferta pública, para constituir el activo de una sociedad para que ésta emita títulos valores ofertables públicamente y cuyos servicios de amortización e intereses estén garantizados con dicho activo y para constituir el patrimonio de un fondo común de créditos. En estos tres casos se produce el efecto de que no será necesaria la notificación al deudor cedido siempre que exista previsión contractual en ese sentido. Con ello se supone el conocimiento y la conformidad del deudor cedido, y por ende, la asunción de las consecuencias que puedan derivarse de la movilidad del crédito a otro acreedor diverso del originario. Además sólo subsistirán contra el cesionario la excepción fundada en la invalidez de la relación creditoria o el pago documentado anterior a la fecha de cesión. Estas modificaciones al régimen de la cesión en el Código Civil, particularmente al principio establecido en los arts. 1459 y 1474 generan excepciones sólo aplicables al ámbito de la oferta pública, ya que elimina no sólo la casi imposible gestión de notificación a multiplicidad de deudores cedidos que pueden llegar a ser centenares, sino también la instrumentación en escrituras públicas y notificaciones inciertas (Kiper-Lisoprawski, Tratado de fideicomiso, págs 622/623. Ed. LexisNexis-Depalma, Año 2003).---------------------- En este aspecto cabe considerar que no consta en la causa el contrato de cesión del S. Q. de los activos y de la cartera de créditos que traspasaba a la demandada y del fideicomiso que ésta constituyó, que debió pedir la impugnante que se presentara a juicio. Del informe del Banco Central de fs. 32 no surge si el fideicomiso financiero constituido por la accionada emitía títulos para la oferta pública o para la oferta privada (art. 19, segundo párrafo de la ley 24.441), por lo que cabe remitirse a las disposiciones del Código Civil referente a la cesión. Así, el art. 1459 prevé que con respecto a terceros la propiedad del crédito no es transmisible al cesionario sino por la notificación del traspaso al deudor cedido, o por la aceptación de la transferencia de parte de éste. Debe entenderse por terceros a aquellos que, extraños a la cesión, tienen un interés legítimo en oponerse a ella para conservar derechos adquiridos después de ella, dentro de los que no se encuentran obviamente los deudores cedidos. Éstos no pueden oponerse a la cesión que ocurre a su pesar y no están habilitados para rechazarla o aprobarla. Son los otros cesionarios y acreedores del cedente quienes pueden oponerse (Belluscio-Zannoni, Código Civil comentado, T. 7, págs 87 y 88, parág. 1, Ed. Astrea, año 1998).------------------- Cuando la mencionada norma se refiere a la aceptación por parte del deudor, indica que es una manifestación de estar informado del traspaso del crédito, para atenerse a ello en el futuro. Pero no implica que deba dar su conformidad porque es irrelevante, ya que no está habilitado para aprobar o rechazar la cesión ni para impedir sus efectos. Sólo vale como prueba de conocimiento de la cesión que suple la notificación. Cuando se trata de hacer saber la cesión al deudor cedido, la ley no impone una formalidad rigurosa y rige el principio de libertad de formas para los actos voluntarios, prevista en el art. 974 del C. Civil, por lo cual la notificación a éste puede hacerse por instrumento privado y aún verbalmente. Es más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el conocimiento personal que el deudor cedido tenía de la cesión, también surte los efectos de la notificación (art. 1460 del C. Civil; Belluscio-Zannoni, obra y tomo citados, págs. 89 y 95 parágs. 1 y 2 y fallos citados en nota No. 1 al pie de pág. 95 y repetido en la nota No. 6 al pie de pág. 96).------------ Por lo demás, en nada afecta el hecho de que la demandada no trajera a juicio el contrato de cuenta corriente requerido por la actora, para hacer efectivo el apercibimiento del art. 388 del CPCC, dado que ésta no cuestionó en la demanda el contenido de su contrato de cuenta corriente con el banco cedente, ni la demandada desconoció su existencia, por lo que no puede hacerse valer ninguna presunción en contra de la accionada.---- B) La segunda queja se basa en el agravio provocado por la fundamentación dada ya a mayor abundamiento ("a fortiori") por el Sr. Juez de la anterior instancia en el Considerando segundo de su fallo, en cuanto a que la consideró incursa en mora automática, sin tener en cuenta que no le era imputable, que tampoco ha de prosperar.--------------- Ello así, por cuanto en la demanda se puntualizó que en abril del año 2002 la actora fue a abonar su deuda por cajero automático y no le fue permitida dicha operación. Este hecho fue negado categóricamente por la demandada (fs. 54 puntos 2-1) y 2-2)) a tenor de lo dispuesto por el art. 356 inc. 1º del CPCC y la recurrente omitió demostrarlo como era su carga, de conformidad con lo dispuesto en el art. 377 del CPCC.------ --- En consecuencia, a fin de evitar ingresar ella en el estado de mora, debió plantear judicialmente en ese momento el pago por consignación; y no mediante la interposición de esta demanda más de dos años después. De manera que su demora le resulta imputable sólo a ella.------------------------- Además, cabe reiterar aquí lo ya dicho en cuanto a que la crítica al argumento dado por el a-quo no fue debidamente rebatido, manifestando la recurrente sólo su disconformidad, sin demostrar los motivos por los cuales el Juez se habría equivocado o habría omitido tener en cuenta alguna prueba crucial aportada para la decisión de este tópico.------- Por consiguiente, de acuerdo a las consideraciones vertidas, en mi opinión el fallo recurrido debe confirmarse, con costas en la Alzada a la parte apelante (art. 68 del CPCC).--------- A mérito de lo ya expresado, voto a esta cuestión por la AFIRMATIVA.------------ A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Cuniolo dijo:-----------------------------------1.- Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a Fs. 198, que fuera concedido libremente a Fs. 199 (02/03/07), contra la Sentencia de la anterior instancia de Fs. 190/194 vta. (16/02/07) que rechazó la demanda por consignación instaurada por la Sra. A. L. J. A. contra A. A. B. N.V. (Sucursal Argentina), con imposición de costas a la vencida.-------------- Los agravios lucen a Fs. 260/265, el traslado conferido a Fs. 266 (17/12/07) fue evacuado por su contraria a Fs. 267/268 vta. y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por la vocal que me precediera en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en su caso corresponda realizar.-----------------2.- El Sr. Juez de la anterior instancia centró su razonamiento a partir de considerar que no existió duda razonable en la actora respecto de quién era su acreedor, agregando además que la accionante estaba en mora al momento de iniciar la presente acción, depositando una suma que estaba incompleta por no haber sido integrada con los correspondientes intereses por mora.------------------------ La recurrente insiste en el planteo de que se esta en presencia de la figura del acreedor desconocido, toda vez que el fiduciario -demandado en estos autos- no acreditó mediante prueba alguna ser titular del crédito. Sin embargo, al igual que lo hiciera mi colega preopinante, diversas conductas de la actora hacen presumir la inexactitud de esa afirmación y más bien me llevan a la conclusión de que asumió para sí a quién debía pagarle la deuda que tenía con el S. Q. S.A. al momento del cese de actividades de éste en Salta. Del intercambio epistolar de la accionante con el B. M. B. S.A., previo al inicio de la presente causa, surge que el día 13/08/04, remitió la Carta Documento Nº CD 376817565 AR al Banco M. B. S.A. en la cual alude a la calidad de éste último de "continuador" del S. Q. y a la negativa de aquél de recibir el pago de su deuda, intimándolos a que en el plazo de cinco (5) días acepten el abono de la misma (Fs. 5). La institución bancaria, pese a no ser continuadora del acreedor originario de la actora, tal como se desprende de la misiva remitida el día 30/08/04 a la Sra. J. A. y que obra a Fs. 9, se encontraba autorizada a percibir el pago de la deuda que motiva estas actuaciones, y así se le hizo saber, notificándola fehacientemente respecto al lugar posible de pago, así como también le comunicaron la constitución del fideicomiso L. a quien se le habían transferido los activos y pasivos del S. Q. S.A.., haciéndole saber también que contestaba la intimación en su calidad de agente de cobranzas y apoderado del A. A. B. N.V. (Sucursal Argentina), éste como fiduciario del citado fideicomiso, posteriormente en la respuesta a dicha comunicación, la accionante, mediante la Carta documento que obra agregada a fs. 7, pone en duda que la mentada institución bancaria tenga legitimación para recibir las sumas que entendía adeudaba, pero a su vez reitera la intimación ofreciendo una suma en pago menor a la exigida por el Banco M. B. S.A., intimándolos a que en 48 hs. acepten el pago ofrecido con imputación a capital y asumiendo el compromiso de hacer frente a los accesorios que pudieran corresponder , ello luego de que se dilucide su procedencia y alcance.------------------- Esta última Carta documento, da cuenta de un accionar contradictorio, dejando además traslucir que el único inconveniente que generaba el conflicto era la determinación del monto a abonar y no, como ella pretende en esta acción, quién se hallaba legitimado para recibir el pago, pues de otro modo, no hubiese insistido exigiéndole al Banco M. B. S.A. que aceptaran el pago de $ $ 1769,76 y $ 322,54 que consideraba adeudar y ofreciendo pagar los accesorios previa discusión respecto de la procedencia y alcance. Es que si lo habilitaba para que le recibiera los montos indicados y discutir el cuantum de los accesorios no podía deshabilitarlo a fin de sostener el pago por consignación basada en las dudas respecto de su acreedor .- ---- De allí que la persistencia en la duda respecto del acreedor al iniciar la acción no puede ser tomada en cuenta para sustentar la válidamente la acción encuadrándola en el inc. 4 del art. 757 del Código Civil.----------------------------------- Que en torno al conocimiento que a la accionante le cabía respecto a legitimidad del BANCO M. B. S.A. para percibir su deuda, también resulta contradictorio el hecho de que en el año 2003 concurriera a la Sucursal Trelew de la entidad a fin de tomar conocimiento de sus deudas con el S. Q. S.A., siendo entrevistada por la empleada C. R., quien efectivamente pudo responderle respecto a su deuda, tal como surge de la declaración de ésta última en cuanto a que poseía deudas de cuenta corriente y tarjeta de crédito (Respuesta Cuarta, Fs. 89), sosteniendo en cambio la actora que le fue informado que no registraba deudas (Fs. 16 y vta.).-------------------- Lo mismo puede afirmarse respecto a la declaración del testigo J. I. S. T. (Fs. 123), que fuera comisionado por la propia demandante para realizar gestiones ante el Banco M. B. S.A. Sucursal Salta, ya que al mismo le fue informado -antes de la iniciación de la demanda- que ésta entidad era Agente de Cobranzas del A. B., que era el acreedor del crédito de la actora (Respuesta Cinco).---------------- Coincido aquí entonces con la anterior votante en que la apelante asumió una conducta contradictoria y que a ha quedado atada a tal conducta, la que se halla en pugna con el principio de buena fe, que exige que las partes exhiban un comportamiento leal y adecuado a la creencia y confianza despertada en la otra; y la circunstancia de que un sujeto intente verse favorecido en un proceso judicial asumiendo una conducta que contradice otra que le precede en el tiempo, en tanto constituye un proceder injusto, es inadmisible (S.T.J., Rawson, Chubut, Sala Civil, "G., J.C. c/ Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural s/ Demanda Contencioso Administrativa", Sentencia del 01/12/06, S.A.I.J., Sumario Nº Q 0018427). -------------- En cuanto a ello puede decirse, en general que nuestra jurisprudencia se ha limitado a enumerar una tríada de requisitos de aplicabilidad de la doctrina de los actos propios y si bien esa formulación es correcta, puede decirse también que puede originar equívocos, en lo que hace a los hechos y requisitos para su aplicación. Se ha generalizado una opinión severamente objetiva, que vincula a toda o casi toda persona que ha ejecutado un acto a las consecuencias de éste, sin advertir que no es tan simple la cuestión y que debe precisarse que el primer acto, para quedar atado a él, debe ser un acto válido. De lo contrario no sería ésta la doctrina de los actos propios sino la dictadura del pasado. De allí que la línea correcta es la que han señalado algunos fallos que exigen para su aplicación la existencia de un hecho primigenio no cuestionado, válido y perfectamente determinado en sus alcances, que luego se pretende desconocer ( López Mesa, Marcelo, "La doctrina de los propios actos" pág. 64, 65).---------------------------------- Sin ninguna duda en el caso que se ha traído a revisar encuentro que la señalada conducta contradictoria de la apelante proviene de hechos válidos, no cuestionados y con alcances perfectamente determinados, fundamentalmente la Carta Documento que luce agregada a fs. 6, que luego se pretende desconocer dudando de la identidad del acreedor para la recepción de la deuda.---------------------- Reiteradamente se ha señalado que si bien se ha advertido que la buena fe significa que cada uno debe guardar fidelidad a la palabra empeñada y no defraudar la confianza o abusar de ella, ya que ésta forma la base indispensable de todas las relaciones humanas. Excede los limites que señala el principio de la buena fe quien alega ignorancia de una situación a tal punto notoria para ella. Resulta necesario exigir a las partes un comportamiento coherente ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, y desestimar toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que se ha suscitado en el otro contratante . La apariencia exterior, la protección de la confianza suscitada y la seguridad de los negocios exigen que quien contribuye con su actuación a crear una determinada situación de hecho, cuya apariencia resulte verosímil debe cargar con las consecuencias (López Mesa, Marcelo, "La doctrina de los propios actos" págs. 31, 33, 51, 55) .--------- --- La teoría de los actos propios es una manifestación del principio de buena fe e integra el derecho positivo. El derecho no ampara comportamientos reñidos con la buena fe y por ello nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberadamente cumplida y jurídicamente relevante, porque es dable exigir a los participantes en un acuerdo de voluntades un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, debiendo desestimarse toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que -merced a actos anteriores- se ha suscitado en la otra parte (Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, "F., E. I. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, Sentencia del 04/10/05, SAIJ, Sumario Nº J0033830). La doctrina de los propios actos, que se abastece en el principio de buena fe y la seguridad jurídica en el tráfico negocial, imprime en la decisión un sello particular. Cuando el justiciable afirma, alega o sostiene categóricamente un hecho, luego no puede desconocer o impugnar esa circunstancia fáctica jurídica y cabe excluir la conducta antifuncional, desde que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con un comportamiento anterior deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Cámara Civil, Comercial, Laboral y Minería, Sala A, Trelew, Chubut, "U., G.M. c/ P., E.C. s/ Alimentos - Medida cautelar Urgente", Sentencia del 28/09/05, S.A.I.J., Sumario Nº Q 0017100).-------------- 3- Por otra parte, la actora se agravia de que el sentenciante de grado no haya analizado las normas legales aplicables al caso ni el plexo probatorio (Fs. 260 in fine). Sin embargo, de la simple lectura del fallo apelado se desprende con claridad que el Juez de Primera Instancia fundó su decisión en los testimonios reunidos en autos a Fs. 89 y 123, a los cuales ya he hecho referencia, así como en la Nota remitida por el Banco Central de la República Argentina agregada a Fs. 32. El análisis de estas pruebas -que también se ha hecho en el presente pronunciamiento- lo condujeron a la conclusión de que la apelante conocía a quién debía realizar el pago, y así lo decidió.---------------- En punto a ello también coincido con la vocal preopinante en que la apelante no desvirtuó las conclusiones de la resolución apelada en cuanto decide que no se da en el presente caso el supuesto de desconocimiento de la persona legitimada para recibir el pago adeudado. En este sentido, la expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido y, para que cumpla su finalidad, debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada para demostrar que es injusta, errónea o contraria a derecho, no bastando las afirmaciones dogmáticas o genéricas ni las apreciaciones meramente subjetivas que demuestren un enfoque diferente del otorgado por el juzgador (CNCiv., Sala B, 16/5/05, DJ, ejemplar del 21/9/05, p. 186, cit por HIGHTON - AREAN, "Código Procesal Civil y Comercial", Tomo 5, Pág. 197, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2006).- La lectura del escrito de expresión de agravios denota más que nada una falta de conformidad con lo resuelto por el Juez de la anterior instancia, lo cual no se condice con la finalidad ni naturaleza de esta etapa procesal. La expresión de agravios debe tener un análisis crítico y razonado de la sentencia que la motiva señalando y demostrando punto por punto los errores en que se ha incurrido (conf. PODETTI, Ramiro, "Tratado de los recursos", p 614; COSTA, "El recurso ordinario de apelación", p. 156) y debe alcanzar un mínimo de suficiencia técnica. Ello es así, pues la finalidad de la actividad recursiva consiste precisamente en demostrar el desacierto de la resolución que se recurre y los motivos que se tienen para considerarla errónea. Y como dicha suficiencia se relaciona a su vez con la necesidad de argumentaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores incurridos por el juzgador, son inadmisibles las quejas planteadas que sólo comportan la expresión del mero desacuerdo con lo resuelto y en modo alguno se hacen cargo del claro enfoque jurídico utilizado por el a quo para resolver la cuestión controvertida (conf. Sala 3, causa 5233/98 del 22.3.01) (Cám. Nac. Apel. Civ. y Com., Capital Federal, Sala 3, "C., M. F. c/ T. D. A. s/ Daños y Perjuicios, Sentencia del 18/03/08, S.A.I.J., Sumario Nº D0013333).------------4.- También se agravia la apelante de que el Juez de grado considerara que se hallaba en mora automática y que ésta le era imputable. La actora relata en su presentación inicial que en el año 2002 intentó abonar las sumas adeudadas al S. Q. S.A. a través de la utilización de un cajero automático, como venía realizándolo hasta esa fecha, viéndose imposibilitada a ello por la suspensión de las operaciones de la institución bancaria. Sin embargo, la apelante ni siquiera intentó aportar los elementos de prueba necesarios para acreditar tal circunstancia, inclumpliendo la carga que prescribe el Art. 377 del CPCC, respecto a que incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido. Habiendo sido negado por el demandado en el punto 2. 1) de Fs. 54 que la suspensión de las operaciones del S. Q. S.A. haya producido el rechazo en los cajeros automáticos de las tarjetas de débito pertenecientes a dicho banco, debió ser diligente la actora en acreditar este extremo, máxime que con ello demostraría además, que efectivamente tuvo voluntad de pago de la deuda.--------------------------- Pero aún cuando pudiera pasarse por alto tal circunstancia cabe señalar que, sí lo que pretendía era evitar que su deuda genere intereses, debió la apelante iniciar el presente proceso en ese mismo momento, es decir el preciso momento de verse imposibilitada de realizar el pago por cajero u otro medio y consignar judicialmente las sumas debidas, y no esperar más de dos (2) años. Nótese que ni siquiera intentó la actora realizar las gestiones extrajudiciales en ese momento, sino que la primer Carta Documento remitida (Fs. 5), data del año 2004, es decir, también dos (2) años después.---------------------------La conducta diligente de la apelante, reitero, hubiera sido consignar las sumas en el mismo momento en que -dice- le fue rechazado el pago por el Cajero Automático, para de esa forma evitar ingresar en un estado de mora que le es absolutamente imputable.----Por último, y como bien lo ha señalado el juez de la instancia anterior que aunque las gestiones para determinar la identidad de su acreedor ante el cierre del S. Q. S.A. la hubiesen llevado a un pago tardío, - aunque resultarían poco más que exagerados los dos años transcurridos- para que el mismo resulte válido debió haber comprendido tanto la prestación originaria y los accesorios derivados del retardo, y no cabe otra conclusión que la que arribo el juez de primera instancia al sostener que la información relativa a los accesorios es relativamente accesible, máxime cuando en el caso de la deuda correspondiente a la Tarjeta de Crédito del propio resumen de cuenta surge la tasa de interés aplicable (Fs. 11) .Es que si la deudora se ha obligado primigeniamente al pago de intereses en caso de mora no puede luego desentenderse de dichos accesorios, ya que ellos hacen a la integridad del pago. --------------El pago por consignación es el que satisface el deudor con intervención judicial y se trata de un recurso excepcional al que recurre el deudor cuando resulta coartado en el ejercicio de su derecho, de ahí que antes que nada tenga que justificar el motivo por el cual recurre en esa forma de pago excepcional. El pago así efectuado debe cumplir con los recaudos de identidad e integridad. Debe distinguirse en el pago la "identidad" del mismo de su "integridad", términos que conjugándose, presuponen la extinción cuando el acreedor ha recibido aquello a lo que el deudor se había obligado (identidad) y en la medida en que fue pactado (integridad) . Ello es así por cuanto el acreedor no esta obligado a recibir algo diferente o algo incompleto a lo debido y si faltara alguno de estos requisitos la consignación deberá ser rechazada (Ghersi - Weingarten, "Código Civil ..." Tº II; págs. 130, 144, 146).- En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).---- Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.------ A la SEGUNDA CUESTIÓN, la Dra. Amaral dijo:	------------------------------------ En vista del acuerdo precedente, corresponde en consecuencia: 1) CONFIRMAR en todo lo que ha sido materia de agravios el fallo apelado. 2) con costas en la Alzada a la parte actora, fijándose los honorarios de los Dres. R. W. -letrado apoderado de la demandada- y E. R. -letrado patrocinante de la recurrente- en la suma de pesos Ciento setenta y cinco ($ 175) y de pesos Ciento trece ($ 113), respectivamente, con adición del pertinente IVA. si correspondiere (arts. 6, 14 y conc., Ley 2.200 y su modificatoria).------------------------ A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Dra. Cuniolo dijo: ---------------------------------El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por la Dra. Amaral, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.------- Así lo voto.--------- A la TERCERA CUESTIÓN, la Dra. Amaral dijo:------------------------------------ En cuanto a la solicitud de regulación de honorarios por la actuación de Conjueces de esta Cámara, no existe ninguna regulación legal que contemple la fijación de retribuciones para aquellos letrados que actúan en ese carácter. No obstante, corresponde acceder a lo peticionado teniendo en cuenta la actuación que le cupo al Dr. M. como conjuez de este Cuerpo en el dictado de la sentencia interlocutoria No. 188 obrante a fs. 252/253.--------- Asimismo, por razones de concentración, celeridad y economía procesal (art. 34, inc. 5º ap. "a" y "e" CPCC) se fijará la retribución del restante Conjuez firmante de dicha resolución. En mérito a lo expuesto, se establece el emolumento de los Dres. R. A. M. y A. S. en la suma de $ 300 a cada uno, con más el IVA. si correspondiere.-------- A LA TERCERA CUESTIÓN, la Dra. Cuniolo dijo:---------------------------------- Respecto a la solicitud del Dr. M. de que se le regulen honorarios por su actuación como Conjuez de Cámara en la Sentencia Interlocutoria Nº 188 que luce agregada a Fs. 252/253, también comparto la opinión de la Dra. Amaral en cuanto fija los emolumentos de los profesionales intervinientes, Dres. M. y S., en la suma de $ 300 a cada uno, con más el IVA si correspondiere.-------- Así lo voto.--------- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la Dra. Gladys Rodríguez no emitió opinión por haberse formado la mayoría -Acuerdo 434/96- pasándose a dictar sentencia.------------------ Trelew, 22 de agosto de 2008.---------------------- En virtud de lo decidido en el acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, integrada por Subrogantes legales, pronuncia la siguiente: -------S E N T E N C I A :----------------- --- CONFIRMAR en todo lo que ha sido materia de agravios el fallo apelado.------- --- IMPONER las costas en la Alzada a la parte actora, fijándose los honorarios de los Dres. R. A. M. y A. S. en la suma de $ 300 a cada uno, con más el IVA. si correspondiere.--------------------- Regístrese, notifíquese y hágase saber a la Dirección de Administración del Superior Tribunal de la Provincia del Chubut, a cuyo fin líbrese oficio y devuélvase a la instancia de origen.-----------------	Fdo: MARIA CELIA AMARAL - GLADIS CUNIOLO REGISTRADA BAJO EL Nº 18 DE 2008 - SDC.- CONSTE.-