Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-02


Buenos Aires, noviembre 2 de 2007.

Considerando:

I. Que a fs. 21/49 se interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 08/09/2004 de la AFIP-DGI, División Determinaciones de Oficio de la Subdirección General de Operaciones Impositivas III, mediante la cual se determina de oficio la obligación tributaria de la recurrente frente al Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2000 con más intereses resarcitorios, haciendo reserva de la eventual aplicación de sanciones en atención a lo establecido en el art. 20 de la ley 24.769.

Que, en primer lugar, resulta preciso señalar que el presente caso reconoce su origen en una fiscalización efectuada por inspectores del Organismo Recaudador que constataron que el responsable declaró dos préstamos como obtenidos en el extranjero, uno en el Eurobanco Bank Ltd y, el otro, con Trade and Commerce Bank en el período fiscal 2000, respecto de los cuales no aportó documentación fehaciente que acreditara el carácter de los mismos, procediéndose en consecuencia a su impugnación. Por lo tanto, procedieron a declarar como ganancia neta gravada en el período fiscal 2000, la diferencia patrimonial no justificada, más un 10% (diez por ciento) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, conforme a lo previsto en el art. 18 inc. f) primer párrafo de la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones).

Que, el recurrente es un contribuyente individual inscripto bajo el Código CIIU 741.401, el cual corresponde a "servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas".

Que, entiende que el hecho de que la solicitud de crédito del Sr. Raúl J. P. Moneta estuviera dirigida al Eurobanco Bank Ltd. con asiento en Nassau, Bahamas, y que la transferencia bancaria con acreditación en cuenta haya provenido de la misma entidad bancaria con asiento en Montevideo, República Oriental del Uruguay, no resulta elemento suficiente y determinante para que el Fisco Nacional desconozca la existencia del préstamo acreditado efectivamente en la cuenta del actor el 18 de abril de 2000. Indica que es sabido y conocido que las entidades bancarias y financieras por razones operativas y de disponibilidad, a las que resulta ajeno, realizan continuos giros, pases, asignaciones y reasignaciones de fondos, de una sucursal a otra mediante transferencias y órdenes de pago.

Que, señala que la exigencia de un contrato inter partes, que expresa el Fisco, resulta totalmente improcedente e implica desconocer la realidad de la operatoria de la actividad bancaria y financiera, agrega que no puede considerarse que se ha celebrado el contrato de mutuo mientras no haya existido una entrega de los fondos, ya sea mediante acreditación en cuenta corriente o por su entrega en caja, por lo que todos los actos celebrados con anterioridad a dicho momento sólo operan como actos preparatorios del negocio contractual que se pretende celebrar. Expresa, que la acreditación en cuenta corriente de los fondos impone considerar la efectiva celebración de un mutuo, circunstancia ésta que ha sido desconocida por el Fisco Nacional que, por otra parte, pretende la existencia de un contrato de carácter consensual, obviando que se trata de un contrato real y a su vez con características especiales derivada de la propia actividad bancaria y financiera.

Que, precisa que no existe una normativa emanada del Banco Central que expresamente exija que la formalización de los contratos bancarios deba ser realizada en doble ejemplar como pretende el Fisco Nacional o ser concertados bajo la forma de instrumentos públicos o privados. Manifiesta, asimismo, que solicitó otros créditos a diversas entidades, conforme surge de las actuaciones administrativas, los cuales si bien no son préstamos del exterior, han sido instrumentados de manera idéntica a los aquí impugnados por el Fisco Nacional, no habiendo aquellos merecido objeciones de ningún tipo.

Que, destaca que nunca tuvo en su poder una copia de la solicitud de crédito firmada por Eurobanco Bank Limited, en la medida en que, por aplicación de las prácticas bancarias, la entidad financiera nunca suscribe la "solicitud de crédito", sino que manifiesta su voluntad de acceder a dicha solicitud, por la acreditación de los fondos en la cuenta corriente del cliente que perfecciona el contrato real. A su vez, expresa que nunca estuvo en condiciones de presentar una "solicitud de crédito" firmada por su cocontratante, en la medida que dicha diligencia nunca se celebró, toda vez que las solicitudes de crédito no son suscriptas por la entidad financiera en el ámbito bancario.

Que, aduce que -en el presente caso- no sólo se acreditó la existencia de los fondos sino, también, la cancelación del préstamo solicitado al Eurobanco Bank Ltd., mediante el otorgado el 15 de agosto de 2000 en el Banco CMF S.A.

Que, con respecto a lo manifestado en la resolución de marras en cuanto observa que en la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2000 no se dedujeron en concepto de gastos para mantener y conservar la ganancia gravada los intereses y retenciones abonadas en el ejercicio a la entidad del exterior, sostiene que en atención a los claros preceptos legales referidos a la aplicación del principio de causalidad en materia de deducción de gastos en la determinación del Impuesto a las Ganancias, los gastos que generaron los intereses y retenciones abonados se encuentran incorporados en su declaración jurada del período fiscal correspondiente al año 2000 en el rubro consumido. Entiende que no es posible, en una cuestión elemental, deducir o detraer conceptos que en virtud del aludido principio rector en materia de determinación la propia ley no admite a los fines de demostrar la procedencia de un crédito externo.

Que, respecto del pagaré del Trade and Commerce Bank, afirma que el mismo quedó sujeto a la condición de que los fondos fueran depositados en la cuenta mencionada, en cuyo caso carecía de validez, y los fondos fueron efectivamente depositados por el Trade and Commerce Bank en la cuenta solicitada. Agrega, que es correcto que el pagaré es una promesa de pago, pero no es cierto lo sostenido por el Fisco Nacional en cuanto a que no consta que dicho pagaré se firmó con motivo de la existencia de un préstamo, ya que del propio texto del pagaré, surge que el mismo estaba condicionado a la acreditación de la suma de dinero solicitada en una cuenta, es decir, que claramente respondía a un préstamo.

Que, aduce que su parte no debía ni tenía obligación de demostrar la titularidad de la cuenta donde solicitó le sean depositados los fondos provenientes del préstamo otorgado por el Trade and Commerce Bank, pues el titular de la cuenta donde se solicita sean depositados o transferidos los fondos no es un requisito condicionante del perfeccionamiento del contrato de mutuo real.

Que, sostiene que en los considerandos párrafos 40, 41, 42 y 43, el Fisco Nacional introduce un nuevo cuestionamiento que no fue impugnado ni considerado con anterioridad por la inspección actuante ni por el propio juez administrativo al momento de conferir la vista de los cargos formulados, cual es la exigencia del art. 1034 del Código Civil en cuanto a que los instrumentos privados no prueban contra terceros la verdad de la fecha expresada en ellos.

Que, finalmente, indica que con fecha 20 de marzo de 2003, el Trade and Commerce Bank inicia un pedido de quiebra contra él. Expresa que, constató que el Banco acreedor se encuentra en liquidación ante la Grand Court de Cayman Islands, y asimismo, ha tomado conocimiento que en la República Argentina el mismo banco ha iniciado acciones judiciales contra otros deudores de la entidad bancaria, lo que desnaturaliza la presunción del Fisco Nacional de que los fondos acreditados en las cuentas suyas no han resultado genuinos préstamos otorgados por las Entidades bancarias del exterior, esto es, el Trade and Commerce Bank y Eurobanco Bank Ltd. S.A.

Que, ofrece prueba y hace reserva de la cuestión federal.

II. Que a fs. 62, la actora denuncia hecho nuevo, informando la cancelación del crédito correspondiente al Trade and Commerce Bank (en liquidación) que realizara "Grupo República S.A." según escritura que en copia adjunta. Agrega que, mediante la escritura acompañada el Grupo República S.A. canceló la deuda que mantenía con el Trade and Commerce Bank mediante la entrega de un inmueble, subrogándose, asimismo, en las acciones y derechos el anterior acreedor en los términos del art. 768, inc. 3º, del Código Civil. Asimismo, amplía la prueba a librarse en autos correspondiente al Trade and Commerce Bank.

III. Que, a fs. 77/92 vta. se presenta el Fisco Nacional, contestando el recurso interpuesto negando los hechos alegados y solicitando la confirmación de la sanción.

Que, a los efectos de desvirtuar los agravios sostenidos por la recurrente sobre el cargo por incremento patrimonial no justificado, manifiesta que en su caso totalidad repiten lo sostenido en sede administrativa y fueron analizados y demostrados en el acto administrativo recurrido, cabiendo en honor a la brevedad remitir a su lectura.

Que, entiende que la falta de pruebas fehacientes es un problema que compete al responsable y que, no obstante las oportunidades que tuvo a su disposición la actora para arrimar la probanza destinada a rebatir los ajustes efectuados por el Organismo Recaudador, no ha ofrecido constancias de hecho y argumentos de derecho para desvirtuar las razones del ajuste formulado.

Que, sostiene que no es correcto aceptar que el apelante, por su vinculación con los medios financieros, tal como lo indica, pretenda un tratamiento preferencial para probar los supuestos préstamos, precisamente por su vinculación con la actividad financiera.

Que, señala que lo sostenido por la recurrente respecto del supuesto préstamo de U$S 500.000, de que dicho préstamo se efectivizó mediante acreditación en cuenta corriente con fecha 18 de abril de 2000 y que en la misma fecha suscribió la solicitud de crédito y el pagaré correspondiente, carece de asidero, si se tiene en cuenta que la documentación que pretende avalar la existencia de un préstamo otorgado por la entidad del exterior -solicitud de crédito y el pagaré en nota simple extendido por Raúl Moneta-, fueron recepcionados por el Banco local CMF -entidad controlante del Eurobanco- mediante sello en el que se consigna como fecha el 26 de abril de 2000, ocho días después del ingreso de los fondos a su cuenta corriente.

Que, asimismo, plantea que lo argüido por la recurrente respecto del cuestionamiento que realizara el Fisco del mensaje Swif, que no resulta elemento suficiente para que el Fisco desconozca la existencia del préstamo, carece de sustento, si se tiene en cuenta que a los efectos de la consideración del préstamo en cuestión, el Fisco no sólo tuvo en cuenta el mensaje Swif, de donde surge que el dinero proviene de Uruguay y no de las Bahamas, sino que también la documentación por la cual se pretendía avalar la existencia del préstamo y la falta de contrato firmado entre las partes -sólo una solicitud de crédito sin intervención del Eurobanco-, llamando la atención la falta de recaudos formales tomados por el acreedor del exterior al remitir el dinero, siendo por ello, que dicho cuestionamiento es otro indicio o elemento por el cual se considero la inexistencia de dicho préstamo. Agrega que, sin importar la naturaleza de las operaciones financieras que se aleguen, las mismas deben ceñirse a las leyes impositivas y no a las particularidades de la actividad bancaria, o de los usos y costumbres de la actividad antedicha que no fueron probados por la contribuyente.

Que, expresa que el dinero acreditado fue posteriormente girado al exterior como operación de "débito por comercio exterior", no relacionándose per se con la cancelación de una operación de préstamo.

Que, por otra parte, afirma que es una falacia lo sostenido por la recurrente de que ha abonado las retenciones a beneficiarios del exterior por los intereses pagados, encontrándose incorporados en su DD.JJ del período fiscal 2000 en el rubro consumido, ya que a fs. 348 del expediente se indican pagos de U$S 56.000 y U$S 24.178, en los que no se han realizado las mismas.

Que, aduce que la simple acreditación en la entidad bancaria (terceros mediante) no da fe del origen, ni del objetivo de la operación -menos aún en el presente caso-, donde se ha realizado una ingeniería financiera para ocultar la real operación, que bien pueden ser fondos negros, autogirados por el propio contribuyente, cuando no otros orígenes más oscuros. Agrega al respecto, que la falta de recaudos para procurar el cobro o para a posteriori reducir la deuda, comúnmente denota la existencia de operaciones "Back to back", mediante las cuales un mismo sujeto está haciendo reingresar al país el dinero de oscuro origen.

Que, indica que el Fisco no requirió que el contrato sea realizado por duplicado, sino solamente destacar que nadie presta dinero, de realizarse la operación entre sujetos independientes, sin tomar todos los recaudos que ameritan dichas operaciones, siendo un principio de realidad económica pensar que el tercero que presta dinero, va a requerir lógicamente una instrumentación previa que le garantice que lo pactado se va a cumplir, por una simple contraposición de intereses. En este sentido, recuerda que el Banco CMF S.A. es propietario del 99% del Eurobanco S.A. (el 1% restante es de la esposa del apelante, más el 99% del apelante), es decir, que son sociedades cuyo dueño es el apelante -ver fs. 31 del expediente- y que -tal como luce a fs. 182/183- el Director del ELP Holding es el apelante.

Que, deja sentado que el Fisco Nacional no se regula por las normas bancarias sino por las impositivas; máxime si provienen fondos de paraísos fiscales, siendo que las emitidas por el Banco Central de la República Argentina son para aquellas operaciones que se realizan en el país y no para operaciones del exterior.

Que, entiende que tratándose de operaciones financieras concertadas con acreedores del exterior, resulta imprescindible que la deudora acredite con documentación fehaciente, la calidad de préstamo de los fondos, hecho que no fue probado en autos.

Que, a los efectos de desvirtuar lo sostenido por la actora respecto del pedido de quiebra, señala que dicho pedido se relaciona con otro pagaré de U$S 748.867 otorgado el 16/7/01 con vencimiento 12/11/01, que a la fecha no ha sido resuelto y que nada prueba cuando -como en el presente caso- es una misma la cabeza tenedora y con poder de decisión.

Que, finalmente, respecto del escrito presentado como hecho nuevo por la recurrente, indica que lo único que demuestra es que se ha pretendido ocultar la operación cambiando el presunto acreedor, nacionalizándolo.

Que, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.

IV. Que, a fs. 100 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a la informativa ofrecida por la actora, con excepción de la dirigida al Registro Nacional de Estado Civil y Capacidad de las Personas y a los Escribanos Públicos nombrados en los puntos b.21 y b.22 del escrito de apelación. Asimismo, no se hace lugar a la pericial contable ofrecida por la recurrente sobre los libros y documentación del Trade and Commerce Bank por ser un tercero con relación al trámite de la presente causa. A fs. 408 se clausura dicho período y se agregan los alegatos producidos por el Fisco Nacional a fs. 514/516 y los producidos por la parte actora a fs. 518/542.

Que, a fs. 546 pasan los autos a sentencia.

V. Que, corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto de si la resolución apelada en autos se ajusta o no a derecho.

Que, el Fisco Nacional constató mediante una fiscalización efectuada por inspectores del Organismo Recaudador que el responsable declaró, en el período fiscal 2000, dos préstamos como obtenidos en el extranjero, uno con el Eurobanco Bank Ltd y el otro con Trade and Commerce Bank, respecto de los cuales, a criterio del Juez administrativo, no habría aportado documentación fehaciente que acreditara el carácter de los mismos, procediéndose a su impugnación y, en consecuencia, se le determinó como ganancia neta gravada en dicho período, la diferencia patrimonial no justificada, más un 10% (diez por ciento) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, con fundamento en la presunción establecida por el art. 18, inc. f), a saber, incremento patrimonial no justificado.

Que, este Tribunal tiene dicho que "los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible" (cfr. Armotec SACIFIC, TFN, sala B, 10/02/1999).

Que, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amelia, TFN, sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, sala IV, 12/11/1996).

Que, en supuestos como el de autos, la importancia de la comprobación fehaciente del origen, movimiento y aplicación de los fondos provenientes del exterior, resulta imperiosa para demostrar que los capitales no fueron sustraídos del poder fiscal argentino para luego retornar por medio de "préstamos", incumbiendo al contribuyente la carga de la prueba que permita destruir la presunción legal establecida en el art. 18 citado.

VI. Que, conforme lo expuesto, procede que este Tribunal analice cada uno de los préstamos impugnados y el elenco probatorio aportado por el recurrente ante la Administración Fiscal y durante la instrucción de la presente causa, sin perjuicio de destacar que "los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)", citado por la CNACAF, sala IV 19/02/97, Causa Nº 2783, "Rúffolo Roque c. DGI", TFN 13.174-I.

Que, en primer lugar, cabe señalar, en cuanto a la pericial contable realizada en autos (fs. 367/370), que la misma nada aporta a la resolución de la presente causa habida cuenta que, tal como lo informan los expertos, el recurrente no es sujeto del art. 1º del Código de Comercio y, por lo tanto, no está obligado a llevar cuenta y razón de sus operaciones y a tener una contabilidad mercantil organizada conforme al art. 43 de dicho Código, resultando que las manifestaciones vertidas en la misma por el perito de la parte actora son apreciaciones sobre documentación aportada por el propio actor, cuya valoración en definitiva corresponde a este Tribunal.

Que, a efectos de una mejor consideración de la cuestión en debate, se analizará cada una de las operaciones por separado.

VI. a) Préstamo impugnado por U$S 500.000.

Que, conforme se desprende de la propia resolución determinativa apelada en autos, no se encuentra en discusión el ingreso de U$S 500.000 a la cuenta corriente del actor en el Banco CMF el día 18/4/00, a través del Citibank NY, proveniente del Eurobanco Bank Ltd..

Que, lo que está cuestionado por el Fisco Nacional es el carácter de préstamo que el contribuyente pretende otorgarle a dicha suma como que el citado banco sea el acreedor del exterior.

Que, el actor pretende justificar la existencia del presunto préstamo con un formulario de "solicitud de crédito" y un pagaré extendido en nota simple por el propio recurrente, los que fueron recepcionados por el Banco CMF (entidad controlante del Eurobanco), aquí en el país, pero con fecha 26/4/00, esto es, ocho días después del ingreso de los fondos en su cuenta corriente.

Que, las circunstancias apuntadas respecto de dicha documentación le quitan valor probatorio a la existencia de la pretendida operación de préstamo por parte de la entidad del exterior.

Que, tampoco resulta un elemento que permita tener por acreditado el supuesto mutuo la circunstancia de que el actor haya solicitado y obtenido un préstamo de parte del CMF por U$S 500.000 con fecha 15/8/2000 y que el mismo haya sido girado al exterior, según expresiones del actor, para cancelar el crédito del Eurobanco, toda vez que dichas remesas fueron efectuadas como "débito por comercio exterior", lo que no resulta por sí demostrativo de la cancelación de préstamo alguno.

Que, párrafo aparte merece la prueba intentada al respecto por el recurrente en autos.

Que, a fin de probar el préstamo otorgado por el Eurobanco Bank Ltd., el actor ofreció prueba informativa a la citada entidad bancaria, a tramitar mediante exhorto diplomático, atento el domicilio de la misma (Nassau, Bahamas).

Que, dicha prueba fue proveída por este Tribunal, ordenándose y suscribiéndose el correspondiente exhorto, cuyo diligenciamiento quedó a cargo de la recurrente, el que se llevó a cabo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.

Que, a fs. 471/474 obra agregada en idioma inglés, la documentación acompañada por el citado Ministerio con su nota de fs. 475, proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores del Commonwealth de las Bahamas, a través de la Embajada de la República en Jamaica, ordenándose su traducción por traductor público matriculado a fs. 482, la que se encuentra agregada a fs. 482/483.

Que, en dicha documentación, proveniente de la Oficina del Procurador General de Nassau, Bahamas, con fecha 17/10/2006, en relación con la solicitud para asistencia judicial, se señala que analizada la misma, se ha concluido que debido a su naturaleza fiscal, no se brindará la misma conforme a la legislación vigente, toda vez que las Bahamas no puede facilitar una solicitud que se relacione exclusivamente con asuntos fiscales sin que exista un tratado que pudiera ofrecer una vía para la asistencia en dicho aspecto. Es decir, no se brindaría la asistencia para el trámite del exhorto diligenciado por este Tribunal.

Que, no obstante ello, a fs. 476/480 se agrega una documentación recibida por correo en la sede de este Organismo Jurisdiccional, cuya traducción, ordenada a fs. 482, se encuentra glosada a fs. 484/487.

Que, la misma se trata de un formulario de la empresa DHL Express, en el que consta como remitente Esther Benitez, con la referencia Eurobanco Bank Ltd. y como destinatario este Tribunal Fiscal de la Nación. A continuación, obra una Apostilla en la que se hace constar como país a la Commonwealth de las Bahamas y que el documento público ha sido firmado por Sharmon Y. Ingraham, en su calidad de Escribano Público, certificado suscripto el día 29/1/2007 por la Vicesecretaria Senior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahamas.

Que, con ella, se aporta una nota en un papel con membrete del Eurobanco Bank Ltd., fechada el 25/1/2007, dirigida a este Tribunal, suscripta por Esther Benítez, Gerente Residente y Oficial de Cumplimiento, conforme traducción de la aclaración que aparece debajo de la firma. En ella, se brinda información respecto de un préstamo otorgado al recurrente por la suma de U$S 500.000 con detalle del mismo, pago de intereses, y devolución del mismo.

Que, llama la atención que dicha nota se encabeza diciendo "Conforme a las instrucciones dadas por el Sr. Raúl Juan Pedro Moneta, cumplimos en brindarle la siguiente información".

Que, cabe advertir que dicha nota no puede constituir en forma alguna contestación del exhorto librado en autos, pues como se expusiera "ut supra", las Bahamas informó a través de Cancillería que no prestaría colaboración judicial para su tramitación. Ello así, en atención al encabezamiento de la misma (antes transcripto), se advierte que constituye un esfuerzo del recurrente de introducir en el expediente, al margen de los medios probatorios procesales contemplados en nuestra legislación, un elemento que refuerce sus dichos con relación a la existencia del préstamo por parte del Eurobanco.

Que, más allá de lo cuestionable de la forma en que la recurrente pretende introducir dicha nota, cabe concluir que, aún considerándola, nada aporta para la resolución de la causa. En efecto, la misma no cumple con las formalidades procesales que resguardan el debido proceso y, si bien se certifica la firma de quien produce dicha información por escribano del país de origen, la que a su vez estaría certificada por la "Apostilla", dicha documentación no ha tenido intervención de autoridad consular alguna de nuestro país ni de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. A todo evento, aún de considerarse que la firma se encuentra debidamente certificada, no ocurre lo mismo con el cargo invocado por quien suscribe dicha nota supuestamente en nombre del Eurobanco, ni que la misma tenga facultades suficientes para representar dicha entidad bancaria.

Que, a todo ello, cabe reiterar que la misma, conforme allí se consigna, se efectúa en función de instrucciones recibidas del Sr. Raúl Juan Pedro Moneta, lo que, en definitiva, fulmina toda fuerza probatoria que se le pretenda otorgar a la misma.

VI. b).- Préstamo impugnado por U$S 800.000.

Que, con relación al supuesto préstamo otorgado por el Trade and Commerce Bank, por la suma de U$S 800.000, el mismo se trata de justificar con un pagaré por U$S 856.000 suscripto en Buenos Aires el 17/11/2000.

Que, si bien el mismo tiene la firma del recurrente certificada por Escribano, lo que le otorga fecha cierta a dicho instrumento, en modo alguno resulta suficiente para probar la existencia del supuesto préstamo por parte de la entidad bancaria.

Que, por otra parte, el recurrente manifiesta que el Trade and Commerce Bank le efectuó un pedido de quiebra por la falta de cumplimiento del pagaré que respalda el préstamo efectuado. Al respecto, es dable señalar que de la prueba producida en autos (ver fs. 186 y stes. del principal y los autos "Moneta Raúl Juan Pedro s/pedido de quiebra por Trade and Commerce Bank" que corre por separado con las actuaciones administrativas de la causa), surge que la cartular que da lugar al pedido de quiebra es del 16 de julio de 2001 y por un importe de U$S 748.867, no surgiendo ni del pagaré ni de la prueba rendida en autos, relación alguna con el préstamo que dice haber recibido de dicha entidad del exterior, ni que permita vincularlo con el mismo.

Que, dicha suma habría sido depositada por instrucciones del actor, en la sub cuenta Nº 168-99249 que Merril Lynch poseería en el Banco Northern Trust International Bank N.Y., acreditándose como transferencia de cuenta. No obstante, dicha cuenta no se encontraba a nombre del recurrente sino de su hijo.

Que, en efecto, tal como se desprende del informe producido por Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. en el marco del exhorto diligenciado por este Tribunal, cuya respuesta en idioma inglés obra a fs. 427/428 y su traducción por traductor público obra a fs. 460 y stes. del principal, el titular de las sub cuentas Nº 168-99249 y 168-99360 era el Sr. Raúl Cruz Moneta, quien se desempeñaba como empleado de dicha firma, habiéndose acreditado en la primera de ellas, con fecha 20/11/2000, la suma de U$S 800.000, no surgiendo de dicho informe el origen de los fondos acreditados en la misma ni el destino dado a tales montos.

Que, en cuanto a la pretendida cancelación de dicho crédito por parte del Grupo República S.A., quien se habría subrogado en el carácter de acreedor, mediante la dación en pago de inmuebles de su propiedad a Trade and Commerce, de la que da cuenta la escritura pública obrante a fs. 63/70 y la contestación de fs. 151 al oficio que fuera librado en autos, nada aporta a la resolución del presente caso.

Que, en efecto, de dichos elementos surge la transferencia de los inmuebles, la subrogación del Grupo República en el carácter de acreedor, la entrega del título del crédito por parte del subrogado, pero la única mención a que dicha deuda se corresponde al préstamo cuya impugnación origina las presentes actuaciones ha sido efectuada en forma unipersonal por el recurrente (ver Apartado Segundo - Antecedentes, de la escritura en cuestión), no habiendo individualizado el Escribano interviniente ni el monto de la presunta deuda, ni cuáles eran los títulos que el acreedor originario entregaba en dicho acto, por lo cuál bien pudo tratarse de la deuda nacida del pagaré del 16/7/01, cuya vinculación con el presunto préstamo cuestionado en autos, el actor no ha probado.

VII. Que, a esta altura, cabe reiterar que tratándose de operaciones financieras concretadas con entidades del exterior resultaba imprescindible que la actora acreditara en forma fehaciente la calidad de préstamo de los fondos ingresados al país, circunstancia ésta que no fue probada en las presentes actuaciones.

Que, no alteran las conclusiones a las que se arriba, la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Trebas S.A." con fecha 14/9/1993, donde sostuvo que la legislación argentina no establece otras exigencias para justificar los incrementos patrimoniales derivados de aportes de capital provenientes del exterior, que la acreditación de su ingreso -claro está- por los medios aceptados por la legislación nacional, y la individualización de los aportantes, y que aquélla no requiere que a tales fines se deba probar que los fondos invertidos se hubiesen generado en actividades o capitales provenientes de extraña jurisdicción.

Que, en efecto, aunque en una primera aproximación pareciera reducirse la justificación patrimonial a la mera formalidad de introducción de los fondos del exterior, ello no excluye la veracidad de la operación, así como la exigencia de individualizar a los aportantes, lo que implica su posibilidad de efectuar tales aportes.

Que, en consonancia con la jurisprudencia reseñada de nuestro Más Alto Tribunal, esta sala tiene dicho que "...en casos como el de autos, donde se invoca un préstamo acordado por una empresa del exterior, más precisamente de un paraíso fiscal, debiéronse acreditar fehacientemente dos extremos: 1) la introducción de tales capitales al país; 2) el origen de los fondos..." (cfr. Alfafin S.A., TFN, sala B, sentencia del 31/5/95), entendiendo esto último como la concreta e irrebatible individualización de los aportantes.

Que, claramente, entre la documentación aportada y la concreta operación planteada en autos, invariablemente aparece un nexo de vinculación insuficientemente acreditado que resulta determinante para invalidar la operatoria desplegada por el apelante, importando el incumplimiento de la doctrina jurisprudencial antes citada, toda vez que no se ha acreditado fehacientemente el origen de los fondos por la falta de individualización de los sujetos aportantes, habida cuenta que con la prueba aportada y producida, la actora no ha logrado respaldar sus afirmaciones de que las sumas en cuestión hubieran sido prestadas por el Eurobanco Bank Ltd. y por el Trade and Commerce Bank.

Que, en efecto, la simple transferencia de dinero de un país a otro con intermediación bancaria no alcanza para demostrar su procedencia, máxime si se tiene en cuenta que los pretendidos préstamos han seguido un circuito complejo de transferencias bancarias.

Que, resulta aplicable al caso la doctrina sentada por este Tribunal de la Nación en la causa "Luis Alberto Oddone y Cía. - Asesores Financieros S.A. (TFN, sala A, 07/10/88). En dicha oportunidad, se sostuvo que: "...se observan indicios unívocos que, por su concordancia y gravedad, permiten conjeturar que, si bien el ingreso de fondos al país ha quedado probado, no ocurre lo mismo en punto a que dichos fondos revistieran el carácter de préstamos..." ; y que "... el número, precisión, gravedad y concordancia de los indicios precedentemente glosados producen la convicción, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, que los préstamos de marras han sido simulados...". Dicho pronunciamiento -en lo que al incremento patrimonial no justificado se refiere- fue confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala I, mediante sentencia de fecha 18/08/89. También resulta procedente remitirse a los fundamentos de esta sala B volcados in "Noxi S.A.", sentencia del 6/9/2002.

Que, bajo estas circunstancias, al no tener un origen que los justifique de manera eficaz, resulta viable su impugnación y -considerando dichos montos como incremento patrimonial no justificado-, corresponde confirmar la determinación de oficio dictada por el Organismo Fiscal, de conformidad con lo establecido por el art. 18, inc. f), de la ley 11.683, t.o. en 1998 y sus modificaciones.

VIII. Que, con relación a los intereses resarcitorios reclamados en la determinación apelada, la recurrente no ha expresado agravio alguno, debiendo considerarse que ha consentido el cálculo de los mismos.

IX. Que, en función de todo lo expuesto, corresponde confirmar el acto determinativo apelado en autos, con costas.

Que, conforme lo expresado, se resuelve: Confirmar el acto apelado, con costas. - Agustín Torres. - Juan P. Castro. - Carlos A. Porta.