Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-29


//la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 29 días del mes de noviembre de 2011, se reúne la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor Raúl R. Madueño como Presidente y los doctores Luis María Cabral y Juan E. Fégoli como Vocales, a los efectos de examinar y resolver los recursos de casación deducidos en esta causa N 13.542, caratulada "Dell´ Oro Contreras, Héctor Roberto y Contreras Ramírez, Dante M. s/ recurso de casación", de cuyas constancias RESULTA:

1 ) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 1 de Mendoza resolvió condenar a Héctor Roberto Dell´ Oro Contreras y a Dante M. Contreras Ramírez a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas respectivamente, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 inc. "c" de la ley 23.737).

Contra esta decisión, la defensa pública oficial de Dante M. Contreras Ramírez, a cargo del doctor Daniel Eduardo Pirrello, y la defensa particular de Héctor Roberto Dell´ Oro Contreras, a cargo de los doctores Leopoldo Antonio Martín Ríos y Alejandro Matías Aramayo interpusieron sendos recurso de casación, concedidos a fs. 398/399 y mantenidos a fs. 401 y 402.

2 ) Que los recurrentes fundaron la vía impugnaticia impetrada en las previsiones de ambos incisos del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

El doctor Daniel Eduardo Pirrello sostuvo que la decisión recurrida ignora que nuestra legislación procesal establece que la función jurisdiccional que compete al tribunal de juicio se halla limitada por los términos del contradictorio -en el cual se libra una controversia entre el órgano acusador y la defensa-, mientras que la judicatura se encuentra llamada a resolver el conflicto dentro de los términos planteados por las partes, y cualquier decisión que trascienda dicho ámbito compromete el equilibrio que hace a la naturaleza de su función afectando el derecho de defensa y el debido proceso.

En ese sentido, consideró que la imposición de una pena superior a la solicitada por el Fiscal resulta contraria al art. 120 de la Constitución Nacional, en la medida que el poder judicial incursiona en el ejercicio de una facultad propia del Ministerio Público pues la pretensión penal punitiva solo puede ser ejercitada por este último y no por el órgano del Poder Judicial como en el caso.	Agregó que el fallo cuestionado no guarda una completa correspondencia con las circunstancias tenidas en cuenta por el órgano acusador para formular su requerimiento punitivo, razón por la cual la sentencia se funda en elementos que no habrían sido incluidos en aquel acto procesal y respecto de los cuales no tuvo posibilidad de defenderse, colocando al encartado en una situación más desfavorable que la pretendida por la acusación.

Finalizó su presentación solicitando que se deje sin efecto la sentencia recurrida, ordenando se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.

Por su parte, los doctores Leopoldo Antonio Martín Ríos y Alejandro Matías Aramayo -por la defensa de Héctor Roberto Dell´ Oro Contreras-, se agraviaron en términos similares a los antes expuestos respecto de la aplicación de una pena mayor a la solicitada sin incorporar fundamentos distintos a los expuestos por el fiscal al momento de concretar la acusación.

En otro sentido, consideraron que el procedimiento efectuado al momento de la aprehensión de su defendido, en lo que hace a su requisa personal y a la revisión del interior del automóvil en el que se trasladaba, ha sido efectuado en forma irregular y fuera de lo que la ley procesal autoriza.

Al respecto, agregaron que el artículo 284 autoriza a los funcionarios policiales a detener, aún sin orden judicial, excepcionalmente a la persona contra la cual hubiese indicios vehementes de culpabilidad. Es decir que debe haber una situación de real sospecha para poder interceptarlo en la vía pública, pero es aún más exigente en cuanto a la posibilidad de su requisa personal y de la revisión de un vehículo.

Adunaron que en el presente caso, el nerviosismo demostrado por Dell´ Oro Contreras es posterior a su interceptación por parte de la policía y una vez que iba a ser requisado, cuando ya estaba aprehendido sin razón o motivo alguno para ello, o sea ilegítimamente.

Destacaron también que en el hecho de autos no se da el elemento subjetivo exigido por la figura penal enrostrada -transporte de estupefacientes-, toda vez que ésta requiere del conocimiento por parte de quien transporta, lo cual no ha podido en forma alguna ser acreditado para la persona de Dell´ Oro Contreras. Al respecto, observó que él sabía que llevaba unas bolsas en el automóvil que le había prestado su primo Dante M. Contreras Ramírez, pero no sabía nada acerca del contenido de tales bolsas.

Por ese mismo motivo entendieron que también debe descartase el delito de tenencia de estupefacientes, agregando que para el caso que se entienda que su defendido es responsable por la tenencia de estupefaciente secuestrado en el vehículo en el cual se conducía, debe encuadrarse en lo dispuesto en el art. 14, inciso 1 de la ley 23.737 -tenencia simple de estupefacientes-.

Por último, solicitaron que se deje sin efecto la sentencia recurrida e hicieron reserva del caso federal.

3 ) Que en el término fijado por el artículo 466 del Código Procesal Penal de la Nación el fiscal general ante esta Alzada doctor Ricardo Gustavo Wechsler propició que se rechacen los recursos de casación incoados, desechándose los agravios articulados. Así, refirió que la crítica efectuada en cuanto a que el a quo se apartó de la normativa vigente al fijar una pena superior a la solicitada por la fiscalía no puede tener acogida favorable, toda vez que el tribunal ha justificado las razones por las cuales fue mas allá de la pena solicitada por el representante del Ministerio Público, valoró la naturaleza, modalidad e importancia del hecho, la ausencia de motivos que expliquen la comisión de una hecho semejante, así como también la edad y formación de ambos encartados que les permitía comprender la ilicitud de su conducta.

Propició a su vez, que se descarte el agravio relativo a la nulidad del procedimiento de detención, requisa y posterior allanamiento, ya que no hay evidencia alguna acerca de que el personal policial se haya extralimitado en las funciones que le son propias incumpliendo las formalidades procesales exigidas sino que, por el contrario, el temperamento por ellos adoptado aparece como el adecuado, pues tuvo origen en un estado de sospecha razonable, en circunstancias en que hubiera resultado contraproducente a la operatividad del procedimiento la obtención de una orden judicial.

Por su parte, la defensora pública oficial ante esta instancia, doctora Eleonora Devoto, reforzó los argumentos antes expuestos en cuanto a la nulidad de las actuaciones, en tanto la requisa y detención de los imputados se produjo en un marco de absoluta irregularidad.

En ese sentido señaló que no hacer lugar a las manifiestas nulidades solicitadas implicó apartarse de los pronunciamientos del Máximo Tribunal, desconociendo la doctrina del leal acatamiento.

Sobre la imposición de pena superior a la solicitada por el Fiscal durante el debate, concluyó que la sentencia ha incurrido en una clara vulneración al principio de congruencia, afectando las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio.

Por último, planteó la inconstitucionalidad de la declaración de reincidencia sobre Dante M. Contreras Ramírez, considerando que el instituto lesiona la garantía de non bis in idem y los principios de culpabilidad y dignidad de la persona, toda vez que resulta antifuncional a los fines que la Constitución y la ley le asignan a la pena.

4 ) Que, superada la etapa prevista en el artículo 468 del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal pasó a deliberar (art. 469 del C.P.P.N.).

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Raúl R. Madueño, en segundo y tercer lugar los doctores Luis María Cabral y Juan E. Fégoli, respectivamente.

El señor juez doctor Raúl R. Madueño dijo:

I. Que en la resolución puesta en crisis el tribunal tuvo por acreditado con las pruebas producidas en el debate que el día 29 de junio de 2009, personal de la Comisaría n 13 de Rivadavia fue alertado por el CEO que por el callejón Lofaro de esa localidad, a unos doscientos metros de la calle Falucho, circulaba un vehículo sospechoso.

Se tuvo por cierto también que al constituírse en el lugar, los actuantes observaron un automóvil que se trasladaba en sentido contrario a la unidad -señalando que el mencionado callejón es una arteria muy angosta que tiene una sola mano de circulación-, y que al hacerle señas para que detuviera la marcha se hizo descender al conductor, respecto de quien procedieron al palpado de armas, encontrando en el bolsillo derecho de la campera un celular que no paraba de sonar, una bolsa con sustancia blanquecina y otro celular.

Que ante aquel hallazgo y el incremento de nerviosismo que presentaba el conductor Roberto Dell´Oro, solicitaron apoyo a Investigaciones y a la División Narcocriminalidad Zona Este, mientras que por razones de seguridad intentaron introducir al aprehendido, quien ofreció resistencia y empujando al oficial Peralta consiguió darse a la fuga, siendo nuevamente aprehendido, momento en el cual ofreció dinero a los policías para que lo dejaran libre.

Los magistrados valoraron que las declaraciones de los oficiales intervinientes no dejaron lugar a dudas acerca de los acontecimientos, y corroboraron según la pericia química de fs. 114/116, que la sustancia hallada al momento de la detención se trataba de cocaína.

Por otra parte, ante lo ocurrido -y en virtud de la declaración del comisario Galez- se realizaron averiguaciones en el lugar, un paraje rural de pocas viviendas, que dio como resultado que el referido automóvil había sido visto desde horas tempranas en una de las casas de la zona, motivo por el cual se solicitó una orden de allanamiento de aquella finca.

Al realizar el procedimiento, el personal policial encontró sobre la cama a una mujer y dos niños acostados, y a un hombre parado en ropa interior que luego fue identificado como Dante Manuel Conteras Ramírez. Efectuada la requisa en el domicilio, sobre el piso de una de las habitaciones se encontró el manual de instrucciones de una balanza de precisión "Gama" de similares características a la secuestrada el día anterior en el automóvil de Dell´Oro Contreras. Por otro lado, en una repisa se encontró un envoltorio de nylon con sustancia vegetal compactada que sometida al test, arrojó como resultado marihuana, junto a un papel para armar cigarrillos. En la parte superior de un ropero se halló también un rollo de papel film.

A continuación, cuando los actuarios se dirigieron al patio de la casa, observaron un tacho de fibrocemento debajo del cual la tierra estaba removida. Al retirar el recipiente y cavar, encontraron enterrada una mochila de color negro que en su interior tenía una bolsa de nylon transparente con una sustancia en polvo blanca, cuatro paquetes tipo ladrillos realizados con cinta de empaque color marrón con sustancia en polvo blanquecina, una bolsa de nylon transparente con trozos de sustancia blanca en forma cilíndrica recubiertos en papel film, una bolsa de nylon transparente con cincuenta y tres bolsitas de polipropileno transparente, un rollo de cinta de empaque y otro de cinta de plástico color negro. Todas estas sustancias al ser sometidas al test orientativo arrojaron como resultado que se trataba de cocaína.

Por estos hechos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 1 de Mendoza condenó a Héctor Roberto Dell´ Oro Contreras y a Dante M. Contreras Ramírez a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas respectivamente, por considerarlos coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 inc. "c" de la ley 23.737), lo que motivó los recursos de casación a estudio del Tribunal.

II. El primer planteo recursivo a analizar refiere al cuestionamiento de la regularidad del procedimiento llevado a cabo por el personal de la Comisaría n 13 de Rivadavia, en virtud del cual resultaron aprehendidos los encartados. Al respecto, sus respectivas defensas solicitaron la nulidad de lo actuado por considerar que las requisas fueron realizadas por fuera de lo que la ley procesal autoriza. Sobre este punto, adelanto que las argumentaciones aducidas por los impugnantes no han de prosperar puesto que, tal como lo fundamentaron los sentenciantes y lo apuntara el fiscal general ante esta Alzada, los efectivos policiales contaban, al momento de ingresar a la finca, con la pertinente orden judicial que habilitaba el registro de quienes se encontraren o arribasen, permanecieren y/o se retirasen del domicilio investigado.

Por ende, el accionar de los funcionarios policiales bajo el amparo de tal orden se encuadró dentro de los límites de la legalidad, y las presuntas irregularidades apuntadas por la defensa de Héctor Roberto Dell´Oro no autorizan a descalificar en el caso de autos el procedimiento analizado. Cabe apuntar que las actuaciones en examen han respetado razonablemente las formalidades exigidas por el ordenamiento de rito cuya inobservancia acarrearía su nulidad, valoradas por el tribunal a quo con ajustado juicio crítico sin fisuras en su razonamiento.

Sobre la requisa personal, y la posterior revisión del automóvil en el cual se trasladaba Dell´Oro, considero que la misma fue realizada dentro de los límites legales establecidos por el código de rito, toda vez que los efectivos policiales se desplazaron al lugar por orden del Comando con el objeto de verificar o descartar la información recibida, y observaron un vehículo que se dirigía por el callejón en sentido contrario a la movilidad. Aquella circunstancia llamó su atención, por lo que en ejercicio de facultades que le son propias, requirieron al conductor la identificación pertinente y le solicitaron que descendiera del rodado.

Ante el marcado estado de nerviosismo que presentaba procedieron a la requisa, hallando dentro de su campera una bolsa de nylon que contenía una sustancia blanquecina que resultó ser cocaína.

Además de las consideraciones antes expuestas, no puede soslayarse que Héctor Roberto Dell´ Oro Contreras al ver su situación, intentó darse a la fuga siendo interceptado inmediatamente por los uniformados, a quienes luego posteriormente ofreció una suma de dinero para que lo dejasen ir. Sobre esta cuestión, se ha señalado que el "estado de sospecha" debe existir en el momento mismo en que se produce la interceptación en la vía pública pues es allí cuando la policía debe tener razones suficientes para suponer que una persona está en posesión de elementos que demuestran la comisión de un delito; de lo contrario, una aprehensión o requisa ilegal a su inicio no puede quedar validada por su resultado (cfr. "Lapalma, A. D. y Lloveras, M. F. s/ recurso de casación", causa nº 2723, reg. nº 3708, rta. el 30/11/00, de la Sala II de esta Cámara).

A los lineamientos descriptos cabe adunar que las nulidades procesales resultan de interpretación restrictiva, siendo condición esencial para su declaración que la ley prevea expresamente esa sanción toda vez que no hay otras nulidades que las previstas en el precepto. Es dable señalar que quien introduce un planteo nulificante debe invocar el concreto interés que persigue con su declaración no bastando la referencia genérica a la afectación de garantías constitucionales, ya que de lo contrario la nulidad se declararía sólo en el interés del formal cumplimiento de la ley, lo que implica un manifiesto exceso ritual incompatible con el buen servicio de justicia (v. C.N.C.P., Sala II, Reg. n 7271.2, "Cardozo, Desiderio Aníbal y otro s/recurso de casación", rta. el 20/12/2004; "Guillén Varela, J. W. s/rec. de casación", Reg. n 40, rta.el 18/11/1993; "Marinelli, Adriana s/rec. de casación", Reg. n 3163, causa n 2344, rta. el 29/03/2000; Reg. n 6992.2. "Barrionuevo, Marta Adelaida s/recurso de casación", rta. el 4/10/2004;"Pérez, Roberto José s/rec. de casación", causa n 116, rta. el 23/05/1994;"Ruiz, Carlos y otra s/rec. de casación", Reg. n 4511, causa n 3250, rta. el 19/10/2001; Sala III, "Palacios, Oscar Enrique s/rec. de casación", Reg. n 322, causa n 5015, rta. el 22/6/04; C.S.J.N. Fallos: 311:1413 y 2337; 298:279 y 498; 322:507; 323:929; 324:1564).

A la luz de tales directrices es menester reparar en que un nuevo análisis del cuadro probatorio examinado no conduce sino a validar la solución a la que se arribó en la sentencia. En efecto, los magistrados del tribunal de origen, en su argumentación discursiva, han ponderado la prueba producida conforme con las reglas de la sana crítica racional, sin que se verifique quiebre lógico alguno a lo largo de las operaciones intelectivas que llevaron a cabo. De tal modo y descartado el agravio introducido por la defensa en este punto, no cabe sino concluir en que la contundencia de la prueba de cargo no conduce sino a dar por acreditada la materialidad del injusto y la participación en él de quienes resultaron a la postre condenados.

III. Se agravia también la defensa particular de Héctor Roberto Dell´Oro Contreras que en el caso, no se da el elemento subjetivo exigido por la figura penal que se le imputa a su defendido.

Respecto al cuestionamiento aquí a estudio, adelanto que las argumentaciones expuestas no tendrán favorable acogida.

Ello así puesto que, tal como se tuvo por acreditado en la causa, de los procedimientos realizados tanto en el vehículo como en la finca allanada, se incautaron entre otras cosas, una balanza de precisión "Gama" en el automóvil de Dell´Oro Contreras -cuyo manual de instrucciones se encontró luego en la casa de Contreras-, un envoltorio de nylon con sustancia vegetal compactada que sometida al test arrojó como resultado marihuana, junto a un papel para armar cigarrillos y rollos de papel film. Por otra parte, en el fondo del terreno de la finca se halló enterrada una mochila de color negro que en su interior tenía una bolsa de nylon transparente con una sustancia en polvo blanca, cuatro paquetes tipo ladrillos realizados con cinta de empaque color marrón con sustancia en polvo blanquecina -que resultó ser cocaína-, una bolsa de nylon transparente con trozos de sustancia blanca en forma cilíndrica recubiertos en papel film, una bolsa de nylon transparente con cincuenta y tres bolsitas de polipropileno transparente, un rollo de cinta de empaque y otro de cinta de plástico color negro.

Tomando en consideración la cantidad de estupefaciente secuestrado, y la forma en la que se encontraba acondicionado en poder de los encausados, resulta razonable concluir que la droga incautada tenía por destino inequívoco su fraccionamiento y posterior comercialización, por lo cual concluyo que no corresponde hacer lugar al la modificación de la calificación legal planteada.

IV. Plantean también las respectivas defensas el agravio referido a la imposibilidad de imponer una pena superior a la solicitada por el Fiscal.

Sobre este punto, desde el fallo "CORTÍNEZ AGRAÍN, Marcelo E. y otros s/ recurso de casación", causa n 8532, del 15/5/2008, reg. n 11.945, entre otras -y a cuyos fundamentos me remito-, vengo sosteniendo que no es posible la imposición de una pena superior a la solicitada por el Representante del Ministerio Público Fiscal, pues se ve conmovido el modelo de enjuiciamiento diagramado por la Constitución Nacional.

Analizado el caso de autos bajo el prisma de lo expuesto, se advierte que el tribunal a quo se excedió en el límite de la sanción solicitada. En efecto, el representante del Ministerio Público Fiscal durante el debate y en oportunidad de concretar la pretensión punitiva solicitó se le imponga a Dante M. Contreras Ramírez, por los hechos que motivaron esta causa, la pena de cuatro años y tres meses de prisión y costas, junto con la multa de pesos dos mil por la magnitud del injusto, el acondicionamiento, el valor de la mercadería secuestrada, por tratarse de drogas consideradas de las más perjudiciales para la salud.

Respecto de Héctor Roberto Dell´ Oro Contreras, solicitó la imposición de una condena de cuatro años y siete meses de prisión considerando que le corresponden los mismos agravantes en relación a la pena solicitada, pero que le cabe un mayor grado de culpabilidad por cuanto tenía opciones por la educación y el trabajo con que contaba.

Siendo que en el marco del debate acusador y defensor expusieron argumentos razonables para fundar sus pretensiones, siguiendo el razonamiento expresado en los párrafos precedentes, puede concluirse que la pena solicitada por el fiscal es el límite que tiene el órgano jurisdiccional para pronunciarse y que el tribunal de juicio no puede ir más allá de la pretensión requerida por el órgano que tiene a su cargo la vindicta pública.

Por lo expuesto, voto por anular parcialmente la sentencia impugnada revocando el monto de las sanciones impuestas y en consecuencia condenar a Dante M. Contreras Ramírez a la pena de cuatro años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas, junto con la multa de pesos dos mil, y a Héctor Roberto Dell´ Oro Contreras, a la de cuatro años y siete meses de prisión, accesorias legales y costas por los hechos atribuidos en autos.

V. Por último, la señora defensora pública oficial de Dante Manuel Contreras Ramírez, doctora Eleonora Devoto, solicitó se declare la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia.

Sobre la objeción planteada -violación a los principios de non bis in ídem, culpabilidad y dignidad de la persona- cabe afirmar la constitucionalidad del instituto de la reincidencia, pues lo que funda la agravante es una mayor culpabilidad por el hecho, mayor culpabilidad que se expresa en el desprecio que manifiesta por la amenaza penal quien conoce ya en qué consiste una pena por haberla sufrido; cabe también referir que el mentado instituto previsto en el artículo 50 del Código Penal no reposa en una presunción de que el sujeto mantiene una inclinación continua negadora del derecho, porque no se identifica con la reiteración delictiva ni con la habitualidad, incluso quedan excluidas del supuesto de la reincidencia las conductas antijurídicas que merecieron penas distintas de las privativas de libertad, pues la norma en cuestión exige en todos los casos que se trate de penas de tal naturaleza; en ese sentido, para ser consecuente con un reproche por el modo de vida del autor, el sistema jurídico tendría que tomar en cuenta todos los puntos de conexión con la forma en que aquél se ha conducido , y ello no acontece en el derecho argentino vigente.

En efecto, en el Código Penal resulta irrelevante la historia criminal del individuo, incluso un delincuente ocasional puede llegar a caer bajo la calificación de reincidente, en la medida en que le sea reprochable su insensibilidad a la amenaza penal, no obstante que conoce concretamente los padecimientos que la ejecución de esa amenaza acarrea. Es el conocimiento de la criminalidad del acto, con el agregado de que conoce lo incisivo de la consecuencia jurídica, lo que funda una mayor reprochabilidad por ese acto (cfr. "Lapalma, A. D. y Lloveras, M. F. s/recurso de casación", de la Sala II, causa n 2723, reg. n 3708, rta. el 30/11/00).

En el mismo sentido esta Sala, ha resuelto que si bien el principio non bis in ídem prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho, ello no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y formal- a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal (cfr. "Collia, Damián Joaquín; Krebs, Marcelo s/recurso de casación e inconstitucionalidad", causa n 4594, reg. n 5680, rta. el 28/2/03).

En virtud de las consideraciones realizadas, concluyo que no corresponde dar favorable acogida al planteo de inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia.

VI. Por todo lo expuesto, voto por hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos, anular parcialmente la sentencia impugnada revocando el monto de la sentencia impugnada y en consecuencia, condenar a Dante M. Contreras Ramírez a la pena de cuatro años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas, junto con la multa de pesos dos mil, y a Héctor Roberto Dell´ Oro Contreras a la pena de cuatro años y siete meses de prisión, accesorias legales y costas por los hechos atribuidos en autos.

El señor juez doctor Luis María Cabral dijo:

I. Adhiero a los puntos I, II, III y V del voto del Dr. Madueño por compartir sus fundamentos.

II. Disiento, sin embargo, con esa ponencia en cuanto sostuvo que el tribunal oral no podía condenar a los imputados a penas superiores a las requeridas por el acusador público.

En este orden de ideas debo señalar que ni la constitución, ni las normas internas que rigen el proceso penal justifican la declaración de nulidad de una sentencia por decidirse una pena mayor a la propuesta por la acusación. Es que, como bien se ha señalado anteriormente, corresponde a los tribunales el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación -art. 116 C.N.-, determinando así que la instancia jurisdiccional tiene la atribución de resolver en definitiva los casos que se le presentan.

Y si bien no hay juicio penal sin que exista una acusación, ésta no está legitimada constitucionalmente si no se desenvuelve ante los estrados judiciales competentes -arts. 1 y 18 del C.P.P.N.-, pues la jurisdicción es la que, dentro de la división de poderes del Estado de Derecho, tiene la atribución de resolver en definitiva acerca del derecho aplicable que siempre remite a la valoración jurídica de los hechos traídos a su consideración y las consecuencias de igual naturaleza que le son aplicables (cfr. Sala II, causa n 9202, "Saraiva de Almeida, Bejatmira y otros s/recurso de casación", reg. 15.274, rta. el 5/10/09, voto del Dr. Yacobucci al que adhirió el Dr. Mitchell. En igual sentido Sala II, causa n 11.598 "Roln Aquino, Gustavo A. Y otro s/recurso de casación", reg. 17.693, rta. el 7/12/10).

Es por eso que se ha dicho que los tribunales de juicio están necesariamente vinculados a los hechos de la acusación, pero no a su relevancia normativa que es propia de su competencia, según nuestro sistema constitucional. En efecto, habiendo correlación entre acusación y sentencia, la que supone que la base fáctica contenida en el documento acusatorio sea trasladada sin alteración de sus aspectos esenciales a la sentencia, el principio de ne est iudex ultra petita partium o el de la reformatio in pejus en ningún modo se presentan como garantías a los efectos de impedir que un tribunal, dentro de su jurisdicción, aplique una pena que según la calificación legal escogida evalúe como más conveniente y ajustada al reproche de culpabilidad (cfr. Sala III, causa n ? 9360, "Lpez Márquez, Irma Amanda s/recurso de casación", reg. 1019/08, rta. el 13/8/08).

Esta, por otra parte, es la interpretación que adoptó de manera mayoritaria esta Sala I que hoy integro al fallar en las causas "Aguirre, Emanuel B. y Domínguez, Oscar A. s/ recurso de casación", causa nº 8555, reg. Nº 12.088, rta. el 4/6/08; "Jorge, Héctor y Serpa, Luis A. s/ recurso de casación", causa nº 8886, reg. Nº 12.407, rta. el 21/8/08; y "Verón, Jorge Antonio s/recurso de casación", causa 11.453, Reg. 15.928, rta. el 31/5/10 entre tantas otras.

En dichos precedentes -con cita de Vélez Mariconde- se destacó el desdoblamiento formal del Estado, de modo tal que éste instituye, además del órgano jurisdiccional, otro encargado de excitarlo y de requerirle una justa decisión sobre el fundamento de una determinada pretensión jurídico penal que no es sino el Ministerio Público, también llamado actor penal. Por consiguiente, se estableció que acción y jurisdicción son poderes del Estado atribuidos a órganos diferentes; ambos ejercitan la función judicial entendida como la destinada a administrar justicia; pero mientras el Ministerio Público provoca y requiere la actuación de la ley para que se haga justicia, el tribunal la discierne, declarando definitivamente cuál es la voluntad de la ley en el caso concreto sometido a juicio.

En este mismo orden de ideas habré de invocar el dictamen del Procurador General en "Acosta, Orlando Daniel s/causa n 5019" en el que se estableció que "...si bien la función de la acusación es construir la imputación que constituye el objeto del juicio, en torno del cual girará la defensa (Fallos: 325:1530 y sus citas) el Tribunal sólo ha establecido que el pronunciamiento judicial se encuentra limitado por el marco fáctico plasmado en la pretensión acusatoria, pero no por los demás fundamentos expuestos por las partes acerca de la prueba, las calificaciones jurídicas que puedan ser aplicables, o la pena solicitada..." y que "...puede concluirse que la exigencia constitucional se ciñe a la correlación entre el hecho que fue objeto de acusación y el que fue considerado en la sentencia, pues el juez tiene la facultad dentro de ese límite fáctico, de modificar la pena solicitada por el órgano acusador (Fallos: 237:190 y 312:540) (el resaltado es actual)".

Además, debo destacar que cuando el legislador ha querido hacer excepción a los principios que he enunciado, lo ha hecho expresamente. En efecto, tal es el caso de lo dispuesto en el art. 76 bis del C.P. -exigencia del consentimiento fiscal- y en el art. 431 bis del C.P.P.N. -máximo de la sanción a imponer en el juicio abreviado, necesidad de debatir la discrepancia con la calificación en juicio público- (cfr. Causa "Saraiva" ya citada).

Para finalizar, no debe soslayarse la circunstancia de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el Fallo "Amodio" (320:2658), y pese a la disidencia fundada de los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni, ha desestimado en numerosos precedentes, agravios de idéntico alcance al aquí planteado por aplicación del art. 280 del C.P.C.C. (cfr. Fallos C. 1817.XLIII, "Curio, Carmelo Alejandro s/causa n 7195", rta. el 3/6/08; C. 964. XLIII "Carello Salcedo, Patricio Javier s/causa n 6084", rta. el 24/6/08; A. 1491.XL, "Acosta, Orlando Daniel s/causa n 5019", rta. el 18/12/07; "Ciuffo, Javier Daniel" Fallos 330:5020; F.127.XLII "Frías, Roque Francisco s/causa n 6815"; F. 452.XLII, "Fagúndez, Héctor Oscar y otro s/ causa n 7035"; C. 1560. XLII, "Cuenca, Blanca Nidia s/causa n 6236).

Por lo tanto, y mientras se haya garantizado el contradictorio sobre el punto, no advierto que haya norma o principio constitucional que limite al Tribunal para imponer una pena mayor o más grave que la propuesta por la fiscalía, máxime cuando para otro procedimiento sí lo establece.

Si bien tal circunstancia, de conformidad con la tradicional jurisprudencia del alto tribunal, no implica confirmar o rechazar el acierto de las decisiones apeladas en las que se impuso una pena mayor a la requerida por la acusación, demuestra la inexistencia en aquéllos casos de un agravio federal suficiente.

En suma, y como la individualización de las sanciones impuestas en esta causa exhiben fundamentación suficiente y competen -salvo arbitrariedad que en el caso no se advierte- al tribunal de juicio (cfr. de esta Sala desde la causa n 73, "Chochiananowicz", rta. el 15/12/93 y sus citas), voto por el rechazo, con costas, de los recursos de casación en tratamiento (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

El señor juez doctor Juan E. Fégoli dijo:

Que adhiere al voto del doctor Luis María Cabral.

Por todo ello el tribunal, por mayoría, resuelve: Rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas de Dante M. Contreras Ramírez y Héctor Roberto Dell´ Oro Contreras, con costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese en la audiencia designada, y oportunamente devuélvase a su procedencia sirviendo el presente de atenta nota de envío.

Fdo. Raúl Madueño, Juan E. Fégoli y Luis M. Cabral. Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretaria de Cámara.