marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, derecho a la intimidad, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido y su acumulado Expte nº 8706/12 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Asociación Trabajadores del Estado (ATE) c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-06

ATE no ha explicado con acierto por qué la información referida a la situación de empleo de los agentes públicos pertenece a la esfera íntima de las personas y, por ende, no puede ser recabada por la Administración Pública local, de modo que la invocada lesión al derecho a la intimidad constituye una mera declamación dogmática, infundada, que no demuestra la existencia de vicios en el objeto del acto administrativo impugnado. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás).
Extradición, archivo del expediente, competencia por conexidad, conexidad objetiva, conexidad subjetiva, non bis in ídem
Materia: PENAL-PROCESAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Concha Rodríguez, Carlos Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-18

La conexidad objetiva y subjetiva existente entre los delitos por los cuales la República de Francia solicitó la extradición del imputado -luego desistida- y los comprobados prima facie en nuestro territorio en modo alguno puede justificar el archivo de las actuaciones aquí seguidas desde que si las reglas de acumulación por conexidad sólo pueden invocarse en conflictos en que participen únicamente jueces nacionales, con mayor razón no pueden ser alegadas para resolver la cuestión que pudiere suscitares con magistrados extranjeros. (Voto del Dr. Bisordi, adhieren Dres. Hornos y Berraz de Vidal).
Pena privativa de la libertad, readaptación del condenado, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Orbe, Venancio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-08

Si bien la reinserción social, prevista como finalidad de la pena privativa de libertad, encuentra sustento en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en el artículo 5, apartado 6 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, del 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos integrantes de la Constitución Nacional según lo prescripto en el artículo 75 inc. 22, debe completarse con la observancia consecuente del encarcelado, puesto que si bien el fin de la pena es la resocialización del individuo, lo cierto es que cuando el individuo en libertad condicional comete otro delito, deja al descubierto la ineficacia de la privación de la libertad sufrida con anterioridad.
Derechos y garantías constitucionales, reformatio in pejus, condena condicional, reincidencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LABISSIER, LUIS JULIO s/ INFRACC. ART. 109 BIS C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-05

La falta de recurso Fiscal contra una sentencia de Primera Instancia, impide reveer la modalidad del cumplimiento de pena aun cuando se hallan acreditado en autos una sentencia condenatoria anterior.
Leyes, trámites judiciales, veto, Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

La jurisprudencia del Consejo de Estado, que es el origen del recurso establecido por ley 4106, distinguía a los fines de su admisibilidad, el acto administrativo del legislativo. Bielsa, agrega en esa línea de argumentación que "no basta que sea de autoridad ejecutiva". En el orden local, la participación del Poder Ejecutivo en la promulgación de una ley está delineada por la Constitución misma, y no por el ordenamiento administrativo.

Literalmente, las opciones que tiene aquél son las de promulgar y publicar, o devolver el proyecto, "vetado en todo o en parte" (artículo 59).
Entidades financieras, vacío legal
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Banco de Ultramar  S.A. c/ B.C.R.A. s/ apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

La ausencia de norma legal no constituye óbice para la exigencia de que las entidades financieras constituyen previsiones por riesgo de incobrabilidad por cuotas no vencidas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, querella
Materia: PENAL
Carátula: Lastra, Tomás Federico s/ Calumnias e injurias Hernández Bustamante, Eduardo c/ Canepa, Juan y ots. s/ Querella por calumnias e injurias. Recurso de hecho Avella, Oscar M. y otros s/ Querella por calumnias e injurias (Querellante: Martín, Jorge  Héctor). Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24|1991-10-29|1996-08-27

El querellante no puede deducir recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la sentencia absolutoria de las Cámaras de Apelación (arts.423 y 350 y 351, C.P.P.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Convertibilidad, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Rosales, Nelson Darín c/ Baulde, Armando s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-03-17

La ley 23.928 prohíbe los ajustes por desvalorización monetaria a fin de evitar la modificación del capital ante el eventual efecto inflacionario, y no el cálculo de intereses, sean compensatorios o moratorios, cuyo sustento está en la privación temporaria del referido capital.
Denuncia anónima, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: C.,A.M. y Otros s/ Tenencia con fines de comercialización agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-11-27

Resulta válida la denuncia anónima para el inicio de la instrucción seguida por comercialización de estupefacientes, pues el art. 34 bis de la Ley 23.737 que fue incorporado por el art. 13 de la Ley 24.242 establece: "Las personas que denuncien cualquier delito previsto en esta ley se mantendrán en el anonimato", es decir, que del propio ideario de la ley, resulta válido el dato anónimo.
Alimentos, cuota alimentaria, falta de pago, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: M.R. Y B DE M.A. s/ DIVORCIO 67 BIS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-16

La necesidad de percibir la cuota alimentaria, que tiende a satisfacer requerimientos impostergables del beneficiario, puede determinar su aceptación por esta, aunque se le deban prestaciones anteriores o el pago sea incompleto, sin que de ello debe inferirse que la deuda se saldo de modo regular.

Ante la alternativa de firmar el recibo que se le presenta y percibir a cambio alguna suma de dinero-aunque no represente el total de lo debido- o, en su defecto, negarse a hacerlo en actitud ajustada a derecho, pero que le impide recibir de inmediato lo que es imprescindible para su sustento, es obvio que el alimentado no tiene en los hechos posibilidad de elección Por el contrario, su negativa a aceptar lo que se le ofrece, podría ser entendida como una evidencia de su falta de necesidad y hasta ser utilizada como argumento en su contra. Por lo que es inaplicable el art. 746 del Código Civil ante la ausencia de prueba documental que justifique el cumplimiento.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, apelación directa a la Corte, prueba, competencia del Superior Tribunal de Justicia, medidas cautelares, embargo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: RUIZ, CESAR GABRIEL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ APELACION LEY 12036 - COBRO DE PESOS LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO.  347 AÑO 2002) APELACION LEY 12036 - COBRO DE PESOS LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO.  347 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-24

énicamente en casos en que -además de transgredirse la ley 7234- se demuestre acabadamente que se ha producido una notable y grave afectación al normal funcionamiento financiero del Estado -o a un cometido público-, propia de la situación de emergencia que justificó la sanción de la ley 12.036, podría habilitarse el remedio en análisis. Por ello es dable interpretar que la mecánica de este recurso supone una resolución equiparable a definitiva. Y desde esta perspectiva, la norma no impone a la Corte asumir una competencia distinta de la que naturalmente tiene, salvo la de anticipar la oportunidad natural de intervenir respecto al posible recurrimiento de medidas cautelares. Desde este entendimiento no cabe excluirla del alcance competencial del texto del artículo 93 inciso 1 de la Constitución de la Provincia, pues el recurso autorizado presupone la existencia de una cuestión constitucional en la decisión del juez inferior, con fundamento en la arbitrariedad normativa y la irreparabilidad de los perjuicios, cuestiones éstas que, si bien excepcionalmente por su equiparación a definitivas, se incluyen en la competencia por apelación. (De La Ampliación De Fundamentos De La Dra. Gastaldi)
Fondos comunes de inversión, cuotapartes de fondos comunes de inversión, Banco Central de la República Argentina, Comunicaciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: SORIA ROCHA JOSE FERNANDO c/ BANCO SANTANDER RIO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28

Las inversiones en cuotas del fondo de inversión no gozan de las garantías que tienen los depósitos a plazo fijo y a la vista, de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en esta materia. Es que, las disposiciones vigentes impiden que las entidades (sociedad gerente y depositaria) asuman, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Sobre tal extremo, recuerdo que el artículo 29 de la Ley 24083 establece que la publicidad y anuncios que practiquen los Fondo Comunes de Inversion "en ningún caso podrán asegurar ni garantizar los resultados de la inversión". De otro lado, el BCRA ha dictado instrucciones específicas sobre la actividad de los fondos. A manera de ejemplo, la Comunicación A 3027 exige a las sociedades gerente y depositaria que informen a los interesados que las cuotapartes de los FCI no constituyen depósitos en las entidades financieras intervinientes, las que, además, se encuentran impedidas de asumir compromiso alguno que implique garantizar, en cualquier momento, el mantenimiento del valor del capital invertido.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Muller, Mariana Beatriz y otros c/ Telefónica de Argentina S.A. y otro s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-01

Los agravios que atribuyen arbitrariedad al pronunciamiento merecen ser examinados por la Corte pues si bien remiten al examen de cuestiones fácticas y probatorias, ajenas a la instancia del art. 14 de la ley 48, la mencionada tacha resulta procedente cuando la solución no se encuentra debidamente fundada.
Expropiación irregular, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aispuru, Eduardo C. c/ Ministerio de Obras y Serv. Públicos de la Pcia. de Bs. As. s/ Expropiación inversa y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Ceñida la controversia en la expropiación inversa a la extensión de la superficie afectada, habiéndose avenido el Fisco al precio unitario estimado, resulta éste ganador en las costas si la sentencia declaró expropiado el área que reconociera, y menor -a su vez- a la reclamada en la demanda (art. 68 Cód. Procesal Civil y Comercial).
Asegurador por riesgos del trabajo, violación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BARRIA BARRIA MARIA MIRTA s/ ENCUBRIMIENTO EN CONCURSO REAL CON ESTELIONATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-09-14

Las manifestaciones de la imputada en sede policial que posibilitaron la posterior ubicación de los efectos robados no deben ser tomados como elementos de cargo contra la misma, pues implica violar la garantía constitucional prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional que prohibe expresamente obligar a una persona a declarar contra sí mismo.
Sucesiones, partición de la herencia, locación
Materia: CIVIL
Carátula: R. vda. de I., A. S. c/ Sucesores de I.I. s/ Ordinario -Legítimo Abono-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-28

"No es posible determinar la parte proporcional que corresponde a cada heredero sobre sumas devengadas por la locación de un bien, si en la sucesión no se ha efectuado aún la partición".
Contrato de trabajo, empleo no registrado, vigiladores, ley de contrato de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Schegtel   Benjamín c/ Instituto   Nacional   de   TecnologíaAgropecuaria y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-31

Ante el caso de un trabajador que moraba en una casa prestada por razones solidarias dentro de un predio del INTA prestando tareas de vigilancia, que jamás registró relación laboral con ésta ni fue incorporado al régimen jurídico básico de empleo público dado su carácter de ente autárquico del Estado Nacional, corresponde otorgarle algún tipo de protección de acuerdo con lo consagrado por el art. 14 bis de C.N. Por ello, al no aplicarse las disposiciones sobre estabilidad que poseen los trabajadores incorporados al plantel permanente de la administración, es razonable y equitativo que el trabajador que prestó servicios para el INTA en un típico contrato de trabajo dependiente en los términos de los arts. 21, 22 y 23 LCT, se le apliquen las soluciones e institutos previstos por este ordenamiento.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Minervino, Juan Carlos; Arias, José A.; López, Andrés S. s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-27

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa si no señala ni puntualiza a qué causa, ni en relación a qué procesado refiere sus agravios, los que son formulados así genéricamente. Tal insuficiencia -no provocada por el a quo- impide a esta Corte el conocimiento del recurso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, bolsas de trabajo, relación de dependencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GALLEGOS, JUAN CARLOS c/ ACEITERA CHABAS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-22

El quejoso reedita sus planteos -centrados en sostener que es un trabajador rural permanente-, argumentos que por sí solos están lejos de configurar la arbitrariedad alegada, pues sólo evidencian el mero disenso para con la solución jurídica brindada por la Alzada que, luego de analizar minuciosamente y en conjunto los elementos probatorios de autos, no obstante considerar la regla general en cuanto a que la exclusividad no es una nota esencial del contrato de trabajo, concluyó que la notoria rotación laboral del actor entre los distintos empleadores asignados por la entidad sindical a través de su bolsa de trabajo daba cuenta de la discontinuidad aleatoria en la prestación de servicios del actor en favor de la empresa demandada.
Cuestiones de competencia, competencia nacional, competencia federal, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Awad, Eduardo c/  s/ incidente de incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-19

Por aplicación de la doctrina establecida por el Tribunal en la Competencia "José Mármol 824 (ocupantes de la finca)", -Fallos: 341:611-, los conflictos de competencia suscitados entre los magistrados nacionales ordinarios y los federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde que sean resueltos por esta Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obras sociales, leyes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Sindicato de Estaciones de Servicios OG, P y LA c/ Leiva, Juan y José María y/u otro s/ Aportes. Cuestión a resolver: La Justicia Provincial ¨Es competente   Para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y   Contribuciones de las obras sociales reguladas por las leyes 23660 y  23661? Y, en su caso ¨Bajo cuales circunstancias? (Expte. Nro. 113-98) -Tribunal Pleno- Leiva, Juan y José María y/u otro s/ Aportes. Cuestión a resolver: La Justicia Provincial ?Es competente   Para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y Contribuciones de las obras sociales reguladas por las leyes 23660 y  23661? Y, en su caso ?Bajo cuales circunstancias? (Expte. Nro. 113-98)  -Tribunal Pleno- Leiva, Juan y José María y/u otro s/ Aportes. Cuestión a resolver: La Justicia Provincial ?Es competente   Para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y   Contribuciones de las obras sociales reguladas por las leyes 23660 y  23661? Y, en su caso ?Bajo cuales circunstancias? (Expte. Nro. 113-98) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-04

Como se desprende de la reseña sobre la evolución normativa posterior a la creación de la C.U.S.S. (Decreto 2284-91) que trae el ilustrado fallo de la Cámara Nacional Federal de la Seguridad Social - Sala I en "Blanco Centro de Abastecimiento c- Instituto de Servicios Sociales para el Personal de la Industria de la Construcción", debe entenderse que, desde entonces, se ha centralizado la recaudación de todos los recursos de la seguridad social bajo la responsabilidad de la D.G.I., la que, en ocasiones, la ha ejercido como facultad "directa y exclusiva" (Decreto Nacional 507-93, ratificado por ley 24447, o Res. Conj. MTSS 193-95 y M.E. 119-95) y, en otras, como facultad concurrente por delegación que hiciere a las propias Obras Sociales (Res. D.G.I. 4057-95), pero siempre bajo la supervisión y fiscalización, en dicho cometido, del ente recaudador público nacional, que, por esta vía de razonamiento, posee la última palabra administrativa en materia de determinación de deuda y cualesquiera otra controversia suscitada respecto de la actuación de la Obra Social en tanto ejecutora de los recursos del sistema. (Del Voto del Dr. Machado). En el caso, la cuestión a resolver es si la justicia provincial es competente para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y contribuciones de las Obras Sociales reguladas por las Leyes 23660 y 23661. Y, en su caso, bajo cuáles circunstancias.
Recurso de apelación (procesal), costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pontoriero, Horacio Mateo s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-02

Habiendo establecido oficiosamente esta Cámara, en ejercicio de facultades que le son propias, la improcedencia formal del recurso, lo cual llevó a declarar la errónea concesión del mismo, tal situación hace que lo decidido por esta Alzada no traiga aparejada imposición de costas; salvo que la parte apelada hubiese indicado concretamente que la resolución atacada no era susceptible de recurso, en cuyo caso las costas generadas por la sustanciación de este deben ser soportadas por la parte apelante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia definitiva, interdictos posesorios
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: KASPIN, LE ON. c/ ZETONE SA. s/ INTERDICTO DE RETENER S/CASACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-12-05

SIN NEGAR LA EVENTUALIDAD DE CASOS MUY EXCEPCIONALES, EN LOS QUE EXISTAN RESOLUCIONES EN INTERDICTOS CAPACES DE RESOLVER CUESTIONES SUSTANCIALES POSTERIORMENTE IRREVISIBLES, PARA EL CASO NO PUEDE PROSPERAR EL RECURSO DE CASACIÓN, POR CUANTO SEGÚN LOS ALCANCES PRECISADOS POR LA CÁMARA, TODO LO ATINENTE AL TÍTULO O A LA RAZÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE EJERCE EL DERECHO REAL EN JUEGO, DEBE RELEGARSE AL JUICIO ORDINARIO POSTERIOR.
Concesión parcial del recurso, temeridad o malicia, maniobras dilatorias, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: Rigada, Alejandro Oscar c/ Boston Cia Arg. de Seguros S.A. s/ daños y perj. incump. contractual (exc. estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en lo que respecta al pago de una multa por temeridad y malicia equivalente al 5% del valor del juicio a cargo de la demandada y en su favor, dado que el contrato de seguro es calificado como de "uberrimae bona fidei", por lo cual los sujetos deben conducirse con lealtad y colaboración en forma recíproca y dinámica. Conceptualmente, la temeridad consiste en la conducta de quien deduce pretensiones o defensas cuya inadmisibilidad o falta de fundamento no puede ignorar con arreglo a una mínima pauta de razonabilidad. Y la malicia, es la conducta que se exterioriza a través de la formulación de peticiones o articulaciones exclusivamente destinadas a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso o a retardar el pronunciamiento de la decisión final.

En razón de dichas consideraciones, la conducta procesal de la compañía de seguros ha sido reprochable ya que importa una actitud maliciosa al litigar sin razón valedera e incurriendo en incumplimiento injustificado y voluntario de una obligación, forzando así al acreedor a seguir un trámite judicial de varios años para lograr la legítima satisfacción de su derecho.
Gastos de reparación del automotor, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: Bellezze, Marcos Gerardo y Otro c/ Bessone, Alberto Nicolás y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2013-10-18

Debe confirmarse la sentencia que admitió el pedido de gastos de reparación de motocicleta cuando el reclamante no es el titular registral de la misma, pues probado el daño, independientemente de su carácter de propietario, el guardián y/o quien posee, utiliza o explota la cosa de que se deriva el perjuicio, está autorizado para reclamar la indemnización del perjuicio experimentado en la cosa, de acuerdo al principio general del art. 1079 y 1110 del Código Civil
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barbera, Carmelo y otro c/ Dragados y Obras Portuarias S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-17

Si en el lugar del accidente, existía un montículo de tierra que obstruía la circulación de vehículos en todo el ancho de la ruta, tal circunstancia alteró gravemente el uso de la ruta y adquirió el carácter de cosa riesgosa para quienes circulaban por ella, siendo responsable la empresa demandada por el daño que por su causa pudiera producirse a terceros (arts. 499, 1113, Código Civil).
Recurso extraordinario, fallos de la Corte Suprema, apartamiento de la doctrina de la corte
Materia: PROCESAL
Carátula: Saiegh, Rafael Héctor y Conjunción S.A. c/ Banco Central de la República Argentina - Ministerio de Economía de la Nación. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Cuando se trata de interpretar las sentencias de la Corte Suprema recaídas en la misma causa, se justifica la apertura de la vía del art. 14 de la ley 48 en aquellos supuestos en que las decisiones de los tribunales inferiores desconocen esencialmente el anterior pronunciamiento del Tribunal (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).