Tribunal: CAMARA DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-02-14


2º Instancia.- Córdoba, febrero 14 de 2011.

¿Resulta procedente el reclamo que formulan ambos actores en el escrito inicial? en su caso ¿que resolución corresponde emitir? El doctor Buté dijo:

Doy por reproducida en forma íntegra la relación de causa que antecede. En oportunidad de celebrarse la audiencia de debate se recibieron las siguientes declaraciones. Sergio Barrios: Dijo que es empleado del Banco, que reviste como Jefe Principal de Departamento hace 8 años. Refirió que ingresó a trabajar en el mes de Marzo de 1998. Que en los últimos años (o sea 8 años), trabaja en el Departamento de Seguridad Bancaria que funciona actualmente en calle Alvear 11. Refirió que conoce a los dos actores porque trabajaban en el banco. Agregó que el gerente es Juárez, que también conoce. Señaló que los actores trabajaban en la sucursal de Río Ceballos: González era el contador y Loza el tesorero. Se exhibe en este acto al testigo la fs. 194 del sumario labrado por la entidad bancaria: En este acto reconoce tanto el contenido como la firma obrante al pie de esa documental. Expresó que su tarea específica en el departamento consistía estar a cargo de la jefatura técnica de seguridad. Que en aquel momento era el jefe técnico y tenía a cargo el control operativo: manejaba la división que se llama control y vigilancia. Que por eso tuvo intervención en el sumario, lo llamaron a declarar en la fecha que consta en la documental exhibida. Afirmó que fue preguntado sobre el manejo de las llaves y las claves: llave de ingreso a la filial, clave de alarma de la filial y clave para cada uno de los ATMs. Agregó que los facultados son tres personas. Que el ingreso la maneja el gerente, tanto la llave como la clave, salvo en caso de ausencia. Apuntó que el cambio lo hace el gerente y lo solicita al departamento de seguridad. Dijo que no conoce si el jefe de seguridad es quien tiene que autorizar al gerente para que éste, a su vez, delegue en un tercero el manejo del ingreso al edificio. Refirió que si el gerente presume que las claves están divulgadas tiene que solicitar el cambio al departamento de seguridad. Que esto se efectúa al Ingeniero B., que era el jefe o en su reemplazo el deponente. Señaló que él no tuvo conocimiento de que se solicitara cambio de claves. Que él lo tendría que haber sabido. Agregó que la sucursal de Río Ceballos tiene tres cerraduras, con diferentes combinaciones. Apuntó que el tesorero no abre jamás la sucursal; el contador debe solicitar la llave de resguardo que esta depositada en la sucursal más próxima. Dijo que el sobre está lacrado y se guarda en la bóveda. Que ante la falta del Contador lo hace un jefe de área. Que para las claves del ATMs se necesitan de dos personas (se llama control por oposición), dos cerraduras: una mecánica y otra electrónica. Indicó que cada persona tiene su clave que no puede conocer el otro. Agregó que esto estaba a cargo del contador y del tesorero. Afirmó que en la parte de atesoramiento que se visualiza abajo en la fotografía agregada a fs. 366, en la parte alta está la parte técnica. Expresó que la llave del compartimiento de abajo tiene dos cerraduras: una mecánica y otra electrónica. Que a la derecha está la electrónica y a la izquierda de la fotografía la mecánica. Que cuenta además con una protección o teclado de alarma. Refirió que el procedimiento es el siguiente: Llega el tesorero pone la clave en la electrónica tiene un retardo de 5 minutos (esto no debería saberlo el Contador), cuando se esta esperando los 5 minutos el contador pone su clave mecánica y la deja enclavada, o sea abierta. El tesorero desactiva la clave de la alarma que solo él la conoce. Después de 5 minutos pone nuevamente la clave en la electrónica el tesorero y allí se libera el tesoro del ATMs. Aclaró que para el cerramiento también es necesario que estén los dos. Que todo esto se debe hacer fuera de horario al publico, después de las 13,30 hs. Añadió que cuando faltaba el tesorero la clave se la da a un cajero y al regreso de debe cambiar la clave. Aclara que pudo haber cambio de clave y no saberlo el testigo, por ejemplo cuando intervenía el ingeniero B. Dijo que cuando faltaba el Contador la clave se la daban al área de contabilidad y después se cambiaba como en el caso del tesorero. Añadió que el Gerente tiene que estar al tanto si se cambiaron o no las claves del tesorero y del contador. Exhibida la declaración de fs. 192 del sumario, comentó que no debería manejarse así en las sucursales chicas. Dijo que lo correcto es que los cambios se efectúen ante la superioridad y que sean realizados después del retorno de licencia del Contador y del Tesorero. Dijo que se admitió que eso no se hizo. Que en su opinión la responsabilidad es de los tres intervinientes: González Loza y Juárez. Indicó que la alarma del ATMs la debe saber solamente el Tesorero, entonces sabe la digital y la clave de la alarma, y el contador conoce la mecánica. Indicó que tiene dos leps, dos lucecitas verdes que están en el ATMs, que anuncian el armado de la alarma cuando se pone en rojo. Que la alarma del ingreso al banco se pone rojo cuando esta armada. Aclaró que la colocación de una sola cerradura en la puerta de ingreso no altera la seguridad del banco. Explicó las guardias técnicas del ATM: dijo al respecto que las hace el personal del banco y consiste que cuando se cae un cajero, la red link les avisa y se levanta el cajero si el problema es simple, si tiene que ver con la parte técnica. Afirmó que nunca se toca la parte interior del cajero. Añadió que la guardia técnica la puede hacer el gerente, el Contador o un Jefe (menos el tesorero). Que el gerente si puede delegar la llave para la guardia técnica. Que tiene que avisar a red link quien está de guardia. Aclara que la guardia técnica no incluye a la parte del dinero. Que el aviso a la red link lo hace telefónicamente. Indicó que quien hace este trabajo percibe un adicional. Que la llave de acceso a la parte técnica no esta normada, puede estar en cualquier lado de la sucursal. Exhibida la fotografía de fs. 366 señaló que se trata de un cajero viejo. Que esa llave no tiene resguardo o norma de seguridad. Dijo que la guardia técnica hasta hace muy poco tiempo la hacía siempre una sola persona. Que cambió hace tres meses, se distribuye entre dos o tres personas. Añadió que el gerente no debería conocer ninguna clave, solo la clave de ingreso al edificio. Comentó que si todo hubiese funcionado bien, sin violencia, era imposible el robo de los ATMs. Jorge Karim Hitt. Dijo que hace 24 años que está trabajando en el Banco y que actualmente está a cargo de la Gerencia de seguridad y prevención de fraude, desde hade 3 años. Que antes, en el momento del hecho que se investiga, era Gerente de Investigaciones. Refirió que conoce a Loza y a González. Indicó que Loza era tesorero y González el contador de la sucursal de Río Ceballos. Que la gerencia de investigaciones era el área que se encargaba de deslindar responsabilidad ante hechos que prima facie ameritaban una investigación. Que en este caso, lo que generó la intervención de esta gerencia fue la sustracción de $ 260.000 de los ATMs. Que esto ocurrió en la sucursal de Río Ceballos y resultaron afectados dos cajeros automáticos. Expuso que iniciaron una investigación interna. Que se recopiló prueba y se tomaron declaraciones. Dijo que ambos actores eran responsables en la faz funcional, porque tenían el control y manejo directo de los cajeros automáticos. Que también se determinó responsabilidad en el gerente de la sucursal: Juárez Leonardo. Refirió que había responsabilidades directas del tesorero y contador, porque tenían la obligación y carga de la custodia y resguardo de las claves de seguridad de los elementos de atesoramiento, y por el lado del gerente que tenia una responsabilidad primaria de control. Indicó que en el manual en el punto 3.3.1. Dice que tiene la responsabilidad primaria, en el sentido de que se cumpla la medida de seguridad. Comentó que Juárez está reincorporado a la institución, porque hizo un planteo de reconsideración y fue tratado por el directorio. Agregó que no conoce si los hicieron a ese planteo Loza y González. Comentó que ellos solicitaron la sanción de 30 días de suspensión, no obstante el directorio resolvió el despido de los tres empleados. Señaló que el manual que se le exhibe (agregado como prueba documental) estaba vigente al momento del hecho, sufrió modificaciones con posterioridad en el año 2008, y que en el año 2010 se incorporaron planes de contingencias. Comentó que se mantuvo igual las responsabilidades, pero se le delegó al contador la apertura de la sucursal. Ante requerimientos de la parte actora señaló que él valoró toda la prueba incorporada a la investigación (que así lo cree). Exhibida la de fs. 82/83 del sumario: Reiteró que el gerente es el responsable primario. Que esto es un informe de auditoría, que no la tuvo en cuenta porque la investigación apuntaba a otro hecho. Que es del día 7 de julio de 2006 y el hecho del robo es posterior a esto. Que cree que Juárez estaba en el cargo desde Febrero o Marzo de 2006. Aclara que Juárez que sabía la clave (fs. 193 sumario). Que se incluyó a Moretta en la investigación y se dispuso la medida de separación o licencia de una nómina de personal. Añadió que Moretta no fue sancionado y la mayor responsabilidad fue que éste no le dio bolilla al llamado telefónico. Leonardo Javier Juárez: Dijo que fue Gerente de la sucursal de Río Ceballos en la época de los hechos que se investigan. Que asumió en el mes de Marzo de 2006 como gerente de esa sucursal y que venía como Contador de la sucursal Plaza Rivadavia, de Bo. Alta Córdoba. Indicó que él a través del gremio presentó una reconsideración, porque entendía que no tenía ingerencia en los hechos. Que como cabeza del grupo si tiene responsabilidad, pero no sabía lo que sucedía con las claves. Añadió que cuando él llegó a Río Ceballos el Contador hacia las guardias técnicas. Que él, como responsable, tendría que haber cambiado las claves y la combinación de la puerta de ingreso. Dijo que el gerente es responsable pero se la delega al contador para que haga las guardias técnicas. En este estado el testigo lee íntegramente la documental de fs. 82 del sumario. Dijo que respecto a Río Ceballos, él comenzó a hacer firmar las circulares y hacer los controles de tesorería. Agregó que no conocía la manera de trabajar del tesorero y del contador. Que cuando el llegó no recuerda si alguien salió de vacaciones en esa época. Que el hecho fue en noviembre de 2006. Tampoco conocía que Moretta sabía todas las claves, como dice el acta de fs. 191/192. Afirmó que él conocía las normas de seguridad del banco, pero en la sucursal anterior se manejaba de forma diferente a Río Ceballos, no manejaban la llave de ingreso. Comentó que había guardia de seguridad las 24 hs. Señaló que él tenía permitido delegar en el Contador la llave para las guardias pasivas. Agregó que se venía haciendo así desde algún tiempo. Indicó que el tesorero no puede abrir el banco. Que para la apertura el Gerente puede designar a otra persona, a pesar de que es su responsabilidad la sucursal. Agregó que él fue reincorporado como Jefe de Dpto. (cargo equivalente a Gerente), y lo derivaron a casa matriz. Dijo que la llave debía dejarse en la policía, en la comisaría de Río Ceballos y se la llevaba el contador a su casa. Que esto esta permitido cuando hay distancia entre la sucursal, pero en este caso no. Precisó que él no conocía de esta situación. Dijo que la llave la manejaba cotidianamente el Contador por las guardias de ATMs, porque a cualquier hora, cuando se traba o se cae el papel o cuando hay problema técnico, es el que tiene que levantar el cajero; es decir levantar el sistema. Reconoció que no se hicieron modificaciones a las claves. Que cuando él indicó que se hicieran ocurrieron los hechos (un par de días antes). Dijo que es una tarea del Contador y del Tesorero, viene un técnico para eso, el cambio se hace cada seis meses, pero no recuerda que se hubieran hecho. Expuso que él no conocía que hubiese divulgación de las claves en la Sucursal. Se le exhibe una nota de fs. 62 del sumario, del 9 de agosto de 2006, que es dirigida al gerente. Aclara nuevamente que pese a ello no se cambiaron las claves. Refirió que a él le aplicaron 30 días de suspensión. Dijo que cuando él asumió la sucursal a la llave la manejaba el Contador. Que la gerente anterior fue Adriana Acuña, aclara que fue la última. Dijo que el Contador González estaba solo en la sucursal. Que siguió con la misma modalidad porque el Contador seguía con las guardias técnicas. Refirió que el entendió que no iba haber problema a pesar que estaba fuera de las normas de seguridad. Reconoce que incumplió con lo que le mandaba el manual de seguridad. Apuntó que fue reincorporado a los cuatro meses, en marzo o abril del año siguiente 2007. Que Moretta estaba en la contaduría, era la trastienda de impuestos y tarjetas. Afirmó que supo que Moretta tenía conocimiento de la clave con los hechos. Ana Inés García: Precisó que es empleada del Banco hace 26 años y siempre estuvo en Río Ceballos. Que conoce a los actores. Dijo que estaba en la Secretaría en el año 2006 y también en atención al público. Expresó que ella dependía del gerente Juárez como secretaria. Que antes de Juárez estuvo González a cargo como contador. Que nunca fue citada para declarar. Que la sucursal siempre la abrió y la cerraba el contador y en ausencia del contador el gerente. Afirmó saber que los ATMs los abre el tesorero y el contador y en ausencia del Contador el gerente. Que en ausencia del tesorero lo reemplaza el sub tesorero, no otro personal. Agregó que Moretta estaba en la contaduría y ayudaba a los cajeros, colaboraba con el tesorero. Dijo que el gerente pide el cambio de clave, cuando llega uno nuevo tiene que cambiar las claves. Para eso viene un personal técnico de una empresa de Córdoba; cree que se llama Tambucio. Afirmó que ella trabajó en las extensiones de Unquillo y Salsipuedes. Que las llaves de ingreso del banco se guardan en la policía. Hasta aquí luce la trascripción de toda la prueba testimonial colectada en la causa. Ahora bien, no se encuentra controvertido en la emergencia, atento que surge debidamente acreditado con las constancias aportadas a la causa, las circunstancias de tiempo modo y lugar acerca de cómo ocurrieron los hechos investigados, como tampoco la responsabilidad funcional que le fuera endilgada a los demandantes; circunstancias que motivaron la factura de la relación laboral habida. Esto último surge prístino, a partir de verificar el expreso reconocimiento que Loza y González formularon en las actuaciones llevadas a cabo por la entidad bancaria caratuladas: "Investigación No. 2006/324/01/2491-Filial Río Ceballos"(Cfr. fs. 192). En efecto, en esa oportunidad -estando presentes ambos actores y también el Gerente Juárez-, Loza refirió: "Que los tres acá presentes, como dije hace un rato, estamos juntos desde el primer día, porque nos afecta mucho esta situación y que asumimos que hemos cometido errores con las claves, al dárselas a los cajeros al dárnoslas entre nosotros, que no respetamos la normas de seguridad, que hace mucho que no cambiamos la claves, que al volver de licencia cualquiera de nosotros (se refiere al Contador y Tesorero), no cambiábamos las claves, y que todo eso está muy mal, de lo que tenemos plena conciencia y lo admitimos lamentablemente, pero lo hicimos por confianza y nunca pensamos que podía ocurrir algo así". Seguidamente, tanto González como Loza, admitieron también, sin cortapisas, que: "ambos sabían sus propias claves y las del otro, por confianza y necesidades operativas. Que asumen que es un error, pero es así...". Empero, lo que los pretensores censuran en el escrito inicial es el trato discriminatorio que interpretan incurrió la demandada, pues, objetivamente, ante una misma situación la institución bancaria adoptó sanciones manifiestamente disímiles. En efecto, el Banco de la Provincia de Córdoba, rescindió la vinculación habida con los demandantes invocando como causal: pérdida de confianza, fundada en los términos que da cuenta la documental glosada a fs. 58/59 de autos (copia de la Resolución del Directorio), donde luego de precisar lo sucedido le imputan a los actores los siguientes hechos: "falta grave a su deber de prudencia y celo profesional y evidencian trasgresión de los parámetros de conducta contenidos en los arts. 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, como así también, se oponen a las obligaciones emanadas del Reglamento de Personal del Banco." A su vez, a fs. 60 de autos, también se dispuso el despido causado de quien al momento de los hechos ostentaba el cargo de Gerente de la Sucursal de Río Ceballos: Leonardo Javier Juárez. En dicha resolución se hace mención a que el funcionario: "incurrió en incumplimientos funcionales graves, con entidad suficiente para ocasionar injuria grave en los legítimos intereses del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., lo que no consiente la prosecución del vínculo laboral, ante la irremisible pérdida de confianza en su gestión dependiente que ello genera. Lo dicho, por cuanto quedó probado que con fecha 18 de noviembre de 2006, autores ignorados, ingresaron a la Sucursal, abriendo la puerta de ingreso sin forzamiento alguno; posteriormente, desactivaron la alarma local y procedieron a sustraer la suma de Pesos: Doscientos cuarenta y cuatro mil sesenta ($ 244.060) que entre dinero efectivo y depósitos, había en existencia en los dos Cajeros Automáticos existentes, designados bajo el Nro. 2820 y Nro. 5178, tras lo cual, se retiraron del lugar. Para llevar a cabo ese cometido, dichos autores debieron contar con los siguientes elementos de seguridad: Llaves de ingreso al edificio, clave de alarma local del Banco, claves de alarmas de ambos Cajeros Automáticos y las claves de cerraduras mecánicas y digitales de ambos ATMs. Hecho que pone de manifiesto de modo inequívoco, el incumplimiento, por parte del señor Juárez de las siguientes obligaciones funcionales: Se desentendió de su deber de controlar que el Contador y el Tesorero de la Sucursal, cumplieran con las medidas de seguridad que éstos tenían a su cargo, quienes incurrieron en las siguientes faltas: no se respetaban las normas vigentes en la guarda de la llave de ingreso a la sucursal. Las normas vigentes establecen que las llaves de ingreso al Banco deben ser guardadas diariamente en la "Caja Guarda Llaves" existente en la dependencia policial de la localidad (Manual de Seguridad Bancaria, punto 6.3.). Por el contrario, el Señor González, quien como Contador Encargado de las guardias técnicas de los Cajeros Automáticos, tenía a su cargo las llaves, las mantenía en su poder en forma permanente. En otro orden, omitió verificar la renovación, por parte del Contador y del Tesorero, de sus combinaciones numéricas y claves con la periodicidad que las circunstancias indicaban, ante la eventual divulgación, su descuido, su lectura indiscreta por terceros, al regreso de licencias reglamentarias, licencia por enfermedad, licencias reglamentarias, licencias por enfermedad, etc. (Manual de Seguridad Bancaria, punto 22.4). Todo lo expresado quedó corroborado en el marco de las actuaciones caratuladas "Investigación Nº 2006/324/01/2491 - Filial Río Ceballos-Hurto en cajeros automáticos". Configuran falta grave a su deber de prudencia y celo profesional y evidencian trasgresión de los parámetros de conducta contenidos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Contrato de trabajo, como así también, se oponen a las obligaciones emanadas del Reglamento de Personal del Banco. Por ello ante la injuria grave ocasionada a los legítimos intereses de esta Institución y ante la irremisible pérdida de confianza en el agente, el cual no consiente la prosecución del vínculo laboral, se dispone con fundamento en el dispositivo del artículo 242 de la LCT su despido causado, con efectividad al día de la notificación". Resulta imperioso señalar a esta altura del análisis que la deficiencia funcional enrostrada al antes nombrado, que fuera descripta minuciosamente ut supra, surge acreditada con meridiana claridad a poco de escrutar el Manual de Procedimiento de Seguridad Bancaria del Banco de la Provincia de Córdoba (con vigencia a partir del día 09/01/2005); habida cuenta que, precisamente, el Gerente como máxima autoridad de la sucursal es quien: "Tiene bajo su responsabilidad y administración el control de la totalidad de las Medidas de Seguridad y Protección, asegurando que en forma permanente y eficaz se lleven a la práctica, debiendo verificar que igualmente se cumplan en las Extensiones u Oficinas dependientes que le correspondan, además de la apertura y cierre del local bancario". Es por ello que, a su turno, Jorge Karim Hitt -Gerente de Investigaciones en la data de ocurrencia de los hechos-, afirmó en la audiencia de debate que: "También se determinó responsabilidad en el gerente de la sucursal Juárez Leonardo", y al mismo tiempo precisó que "tenía una responsabilidad primaria de control". Por su parte, Sergio Barrios Jefe técnico y a cargo del control operativo (persona que manejaba en ese momento la división que se llama control y vigilancia), fue contundente al afirmar que, a su juicio, sin efectuar distinción alguna la responsabilidad le cabía a los tres involucrados: González, Loza y Juárez. Es más, la exposición brindada por el propio Juárez, no obstante las justificaciones que blandió en su declaración intentando minimizar su actuación en los sucesos, terminó asumiendo explícitamente "que él entendió que no iba haber problema a pesar que estaba fuera de las normas de seguridad. Reconoce que incumplió con lo que me mandaba el manual de seguridad". Tanto es así que, verbigracia, en el acta de traspaso de funciones (Vé. fs. 67 de autos y fs. 288 del sumario), se deja constancia con fecha 17 de Julio de 2006 (es decir, varios meses antes del hurto perpetrado), que dio comienzo la licencia de José Daniel González (Contador de la Sucursal) y, no obstante que Barrios confirmó que lo correcto es que los cambios se efectúen ante la superioridad y que sean realizados después del retorno de licencia del Contador y del Tesorero, el Gerente reconoció que no fueron modificadas las claves durante toda su gestión en la sucursal (Vé. además actas de traspaso de funciones de fs. 76 y fs. 85). Es más, su secretaria García también refirió que "el gerente pide el cambio de clave, cuando llega uno nuevo tiene que cambiar las claves". Todo ello se encuentra perfectamente estipulado en el referido Manual de Procedimiento antes referenciado (Cfr. ptos. 22.2 y 22.4). De manera entonces que, si el ingreso a la institución como la sustracción de dinero del interior de los ATMs, se produjo del modo como lo revela la demandada, esto es, sin ejercer violencia en las cosas (como también lo advierte Barrios); va de suyo, entonces, que ello obedeció a la falta de confiabilidad de las distintas claves que se venían utilizando en esa entidad bancaria y que no fueron reemplazadas como reglamentariamente correspondía. Luego, entonces, surge como lógica deducción postular que, si Juárez hubiese respetado la obligación que le impone el Manual de Procedimiento de Seguridad Bancaria (que admitió conocer y no haber observado), probablemente se hubiese abortado el ilícito cometido, del modo como lo refirió también en su exposición el testigo mencionado supra. Con ello quiero poner de manifiesto que la mayor responsabilidad le cabe indudablemente a la máxima autoridad en la estructura jerárquica de la sucursal bancaria. Sin embargo, a Juárez a pesar de la "falta grave a su deber de prudencia y celo profesional", como fue calificado por la propia demandada, le fue admitida la reconsideración planteada y posteriormente reincorporado en un cargo equivalente en Casa Matriz, siendo pasible solamente de 30 días de suspensión, conforme lo asiente en su testimonio el propio Gerente de la Sucursal. Consecuentemente, a mérito de todo lo analizado supra, el mismo tratamiento debió adoptar la empleadora con respecto a ambos actores también involucrados en los sucesos. Sin embargo, antes similares planteos efectuados por los pretensores, la demandada le comunicó a cada uno de los requirentes -vía epistolar-, lo siguiente: "que el Directorio del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. ha tomado la siguiente resolución: 1º) ...se hace saber a Usted que se ha dado tratamiento a su nota de fecha 19 de febrero de 2007 bajo la referencia al asunto "Investigación Nº 2006/324/01/2491-Filial Río Ceballos-Hurto en cajeros automáticos" por medio de la cual pide se reconsidere la sanción aplicada en su contra a las resultas de la investigación aludida. Al respecto se ha reseuelto no hacer lugar a lo peticionado por no existir nuevos elementos de consideración que hagan variar las conclusiones a las que se arribó al término de las actuaciones instruidas, siendo que los argumentos que vierte en el referido escrito ya fueron oportunamente tenidos en cuenta y valorados. Por lo tanto se mantiene la medida aplicada, en todos y cada uno de sus términos" (Cfr. ambas CD de fechas 27.04.2007, reconocidas a fs. 219 de autos). Vale puntualizar que el Directorio se apartó de lo recomendado por los propios investigadores que solicitaron como sanción para los tres involucrados 30 días de suspensión, según los dichos de Karin Hitt (si bien es sabido que esta sugerencia no tiene efecto vinculante), y le aplicaron ante el mismo reproche la sanción más dura tanto a Loza como a González, a pesar de que se encontraban jerárquicamente en un escalón menor a Juárez. Otro dato que no resulta menor, es que la accionada sindica en el responde que "el Recurso de Reconsideración es un instituto propio del Derecho Administrativo que no se condice en absoluto con la normativa que rige las relaciones del Banco de la Provincia de Córdoba con sus dependientes, esto es la Ley de Contrato de Trabajo, que no prevé la reconsideración de sanción, supuesto que tampoco está contemplado en el Reglamento de Personal vigente" (fs. 23 vta.). Cabe entonces formular la siguiente reflexión. ¿Porqué razón entonces el Banco accedió favorablemente a un planteo idéntico formulado por el gerente Juárez de la Sucursal de Río Ceballos? Evidentemente, no se encuentra una respuesta adecuada al interrogante planteado. De otro costado cabe afirmar, que no se entiende que la accionada indique "que la reincorporación fue una decisión adoptada por instancias superiores, fundada en situaciones ajenas a esta causa"(Vé. fs. 26 vta.)", cuando el propio involucrado contraría esta aseveración en su exposición, al asentir que su embate recursivo fue acogido favorablemente por la empleadora. Ergo, todo ello lleva a la conclusión de que existió de parte de la institución bancaria un accionar arbitrario y discriminatorio toda vez que no dispensó objetivamente "igual trato" a todos los involucrados en los sucesos investigados, a pesar de la "identidad de situaciones" bajo escrutinio. Son disposiciones que imperan en el ordenamiento jurídico y que resultan prohibitivas del trato discriminatorios los arts. 17 y 81 LCT; Art. 14 bis, 16 de la CN y por disposición del art. 75 inc. 22 de la Carta Magna los pactos y convenciones con jerarquía constitucional. Así la protección surge prístina, entre otros, verbigracia en el art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Convenio Internacional Nro. 111 de la OIT. Como bien lo señala también Valentín Rubio "el principio de igualdad de trato es la contracara de la discriminación"...."El dictado de la ley 23.592 antidiscriminatoria y la reforma constitucional de 1994 han implicado un cambio fundamental en la materia, que significa un verdadero giro jurídico que tiene vastos alcances en el Derecho Laboral". Mas adelante este mismo autor postula que "La indemnización juega un papel importante, pues de ser efectiva, puede actuar como correctora de la conducta de quienes practican la discriminación" (Vé. Der. Individual del Trabajo -Rubinzal Culzoni- Año 2004 fs. 49 y ss.). Adhiero por compartir plenamente la opinión de Carlos Alberto Etala cuando el autor sindica que "La enumeración de los motivos de discriminación que formula la ley es meramente enunciativa y no taxativa. Ello significa que está incluida en la prohibición de toda distinción que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato de un trabajador fundada en un motivo arbitrario.." (Contrato de Trabajo -Ed. Astrea- 2000, p. 62). De manera que también debe considerarse un acto prohibido por discriminación la actitud asumida por la entidad bancaria involucrada en estos actuados, al conferirle a González y Loza un trato marcadamente diferenciado al que le fuera dispensado al Gerente Juárez (quien reconoció que a los 4 meses estaba reincorporado al Banco con el mismo cargo jerárquico). Ahora bien, conforme a todas las consideraciones formuladas supra, el despido devino a mi juicio incausado. Empero no es de recibo, a mi entender, la petición de reincorporación formulada por ambos accionantes. Ello resulta así, toda vez que la ley sustantiva laboral consagra solamente la estabilidad impropia que, ante la hipótesis de un despido incausado, la reduce al abono de una indemnización tarifada como protección en función del art. 14 bis de la Carta Magna. La única situación que podría considerarse como estabilidad propia relativa es la del representante gremial que prevé el artículo 52 de la ley 23.551 (Vé. Julio A. Grisolía - Derecho del Trabajo y la Seguridad Social -- Lexis Nexis - Depalma, 6ta. edición - pág. 529). En conclusión, corresponde en cambio admitir el reclamo subsidiario de ambos actores formulado en autos, en concepto de: Indemnización por Antigüedad y por Omisión del Preaviso. Ante la falta de acreditación con respecto a su abono también proceden los siguientes tópicos: Haberes correspondientes a 8 días del mes de Enero de 2008 e integración del mes de despido. Días de enfermedad: El art. 213 del RCT, prescribe expresamente que: "Si el empleador despidiese al trabajador durante el plazo de las interrupciones pagas por accidente o enfermedad inculpable, deberá abonar, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento de aquella a la fecha del alta, según demostración que hiciese el trabajador". Siendo ello así, ninguna duda cabe que sobre ambos solicitantes recaía la fatiga probatoria para acreditar en debida forma, el tiempo de tutela que reclaman en la demanda. Así lo interpreta la jurisprudencia dominante, habida cuenta que en lo que respecta a la duración de la cobertura a cargo del empleador la CSJN in re: "López c/Kenia SA", 23.12.1986, estableció que la finalidad del art. 213 de la LCT es proteger al dependiente contra el despido arbitrario durante el período de enfermedad pero no penalizar al empleador imponiéndole una carga que se prolongue más allá del lapso de duración de esa misma protección. También se ha expresado siguiendo esa misma línea de interpretación que: "El art. 213 de la LCT pone en cabeza del trabajador la demostración de la imposibilidad de prestar servicios luego del distracto; el derecho a cobrar el equivalente del salario hasta el fin de la enfermedad -siempre que no se produzca con posterioridad a la finalización del plazo de licencia paga prevista en la LCT- está supeditado a esa prueba, luego de resuelto el contrato, el trabajador no se halla sujeto a control, razón por la cual la ley le encomienda directamente la prueba necesaria para exigir los pagos posteriores al despido (Voto del Dr. Guiburg-CNTrab. Sala III, 1985/08/30-"Parada, Horacio R. c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales-DT 1985-B, 1609- Ver. juris. cit. en Digesto Práctico La Ley-Ed. 2003-Tomo II, p. 503). Ahora bien, en la emergencia entiendo que de acuerdo a las propias constancias de autos, los accionantes cumplieron con la carga procesal impuesta a su cargo. Ello es así, toda vez que adjuntaron un total de 48 certificados médicos -cuya recepción resultó expresamente reconocida por la demandada sin formular ninguna objeción al respecto (Cfr. fs. 219)-, y donde se avizora claramente que a partir del 21/12/06 -es decir, antes de producido el distracto-, ambos pretensores estaban con tratamiento y reposo ambulatorio por 15 días a partir de la data antes mencionada (González por padecer un cuadro de "Ansiedad con crisis nerviosa" y Loza con "Trastorno por ansiedad con crisis de angustia"), como da cuenta la documentación extendida por el Dr. M. C. S.. Esta situación se prolongó de modo inalterable en el tiempo, como lo demuestran los sucesivos certificados médicos extendidos por el mismo profesional de la salud, siendo el último el correspondiente al de fecha 06/03/08 donde se refleja la continuidad del tratamiento con reposo por espacio de 20 días más, a partir del 08/03/08. La existencia y causa de estas afecciones encuentran abono, por otro lado, con las conclusiones de los respectivos informes psiquiátricos (Cfr. ptos. 1 y 3 de fs. 263 y ptos. 1 y 3 de fs. 272). De manera que, tratándose de trabajadores que contaban con más de 5 años de antigüedad y con carga de familia -Vé. recibos de haberes y constancia de fs. 259 y fs. 268-, corresponde que la demandada les abone los haberes devengados a partir del día 09/01/2008 hasta el día 21/12/2008, en los términos de los arts. 208 y 213 del RCT. Art. 2 ley 25.323: El contenido de las epístolas remitidas por los pretensores a la principal con fecha 13 de Enero de 2008, torna procedente la sanción que el dispositivo legal antes referenciado consagra. Art. 16 Ley 25561: Empero no surge admisible la aplicación de este dispositivo legal, habida cuenta que de acuerdo con lo que he sostenido en anterior resolutorio (Vé. "Villan Verónica Valeria c/Condori Miguel Angel y otro - ordinario - despido expte. Nº 66464/37" -Sent. del 12.08.20101-), la reagravación que estatuyó el dispositivo referido quedó limitada a través del art. 4to. de la ley 25.972, cuando expresa: "Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el art. 16 de la ley 25561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) resulte inferior al diez por ciento (el subrayado me pertenece). Como puede advertirse, la caducidad de la sanción se sujeta solo a la verificación por parte del organismo competente de que el índice descendió a un dígito, hecho que en la práctica sucedió en el último trimestre del año 2006, no a la publicación de los datos, porque no es éste el requisito impuesto normativamente. Es decir, la ley se mantiene indemne hasta el momento exacto en que operó la condición resolutoria, último trimestre del año 2006, pues como la información no se trasmite a través del Boletín Oficial sino que el organismo facultado lo hace mediante informaciones de prensa que pueden ser consultadas en la Pag. Web: www.indec.gov.ar. Y es precisamente en este portal donde puede avistarse que el día 28 de Febrero de 2007, el instituto comunicó como adelanto de resultado de los principales indicadores del 4to. trimestre del año 2006, que el índice de desocupación descendía a un dígito -8,7 %. Luego de ello, dio a conocer nuevamente estos mismos datos (con fecha 14/03/2007), solo que en esta oportunidad lo hizo conjuntamente con los indicadores correspondientes al 2do. Semestre del año 2006 y con la información desagregada por área geográfica; pero siempre sus efectos se retrotraen a fines del año 2006 (insisto, conforme a la tasa de desocupación elaborada por el INDEC). De modo que siguiendo una correcta hermenéutica acerca del sentido y alcance dado al precepto legal bajo análisis, y aún reconociendo que sobre el punto no hay coincidencias jurisprudenciales, considero que a partir del día 1 de Enero de 2007 el art. 16 de la ley 25.561 y sus sucesivas prórrogas no se encontraban vigentes. Luego, producido el desahucio con posterioridad a esta data, no luce procedente la solicitud. Cabe destacar al respecto que la sanción del Decreto Nacional 1224/07, publicado en el B.O. el 11/09/2007, que a través del Art. 1º declaró cumplida la condición prevista por el primer párrafo del artículo 4º de la Ley Nº 25.972, resulta baladí para inquietar a las conclusiones arribadas supra, por cuanto esta situación en los hechos se encontraba debidamente dirimida varios meses antes, conforme lo explicitara renglones arriba. Daño moral. Cabe añadir que, en principio, la ley sustantiva laboral resarce a través de la indemnización tarifada todos los daños irrogados como resultante de la fractura incausada del vínculo. Empero, solo en caso excepcionales cabe la admisión del daño extrapatrimonial, ello en tanto y en cuanto la actitud asumida por el principal al momento de producir el despido, importe una conducta adicional abusiva que haga aparecer al empleador responsable en los términos del art. 1078 del CC. Empero, en la especie la accionante en la comunicación extintiva no le imputó a los reclamantes la comisión de delito alguno al momento de decidir la fractura vincular, solamente invocó inconducta de los dependientes de índole estrictamente laboral, que derivó en: "pérdida de confianza". Se ha expresado también que para fijar la existencia del daño moral no vale la mera perturbación que pueda haber generado la medida adoptada en el ánimo de los trabajadores despedidos, si no se avizora en la emergencia la configuración de actos ilegítimos de parte de la principal que justifique tampoco la reparación adicional pretendida. Ergo, a mi juicio, no luce de recibo esta petición. Inconstitucionalidad del art. 245 del RCT. Los accionantes censuran la validez constitucional del art. 245 de la ley sustantiva laboral con sustento en el fallo pronunciado por el Alto Cuerpo de la Nación en autos: "Vizzotti". El planteo resulta abstracto. Doy razones: el perito contador ha consignado a fs. 235 en el informe presentado (dictamen que se encuentra firme), que el mejor haber normal y habitual de Loza y de González, corresponden al mes de Septiembre del 2006 y ascienden a la suma remunerativa de $ 3.400,79 para el primero, y la de $ 3.218,96 correspondiente al segundo. De manera que, aplicando el criterio sustentado por la CSJN, el 67% de esos haberes para calcular el monto indemnizatorio se fija en la suma de $ 2.278,53 y $ 2.156,70 (respectivamente). Importes que lucen inferiores al tope legal que revela el propio Ministerio de Trabajo de la Nación a fs. 199 de estos actuados. Vales alimentarios: En los presentes obrados esta prestación no puede integrar la base de cálculo de la indemnización por antigüedad. Ello resulta de este modo por cuanto los actores no cuestionaron constitucionalmente en el escrito inicial que la referida normativa violenta los derechos laborales de las personas y los tratados internacionales que protegen a los trabajadores, como lo interpretó la CSJN en la causa 01/09/2009 "Pérez Aníbal c/Disco SA". Si bien a través del dictado de la Ley 26341, se ha establecido una conversión progresiva y escalonada remuneratoria de las prestaciones contempladas en los incisos b) y c) del artículo 103 bis de la LCT (art. 2º y 3º), el art. 1º del Decreto Reglamentario 198/2008, remite al anexo del mismo donde se establece que la fecha de conversión comenzará en el mes de Febrero de 2008 hasta el mes de Agosto de 2009. Como puede advertirse claramente la mentada conversión resultó operativa con posterioridad a la fecha de haberse producido el distracto laboral de ambos actores. En definitiva, el total de condena para cada uno de los pretensores se determinará en la etapa previa a la ejecución de la sentencia, de conformidad a la antigüedad no cuestionada en autos, los instrumentos de pagos reconocidos a fs. 219 y la información brindada a fs. 199 por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Debiendo aditarse una tasa de interés del 2% nominal y mensual en un todo de acuerdo con la jurisprudencia del TSJ en autos. "Hernández c/Matricería Austral SA.". Con más la tasa pasiva nominal y mensual que publica el BCRA. Las costas por los rubros admitidos se imponen a cargo de la demandada (art. 28 CPT), con excepción de las devengadas por los ítem rechazados que no se ponderan toda vez que el T.S.J. siguiendo el principio del vencimiento objetivo que campea en el derecho laboral en los autos caratulados: "Traghetti Benito c/Bustos y Beltrán S.A.-ordinario-desp.-recurso directo (Sent. Nro. 19, del 30.03.2009), sostuvo que, cuando los reclamos se vinculan estrechamente con el mismo hecho, o solo éste es el generador de distintas indemnizaciones, deben ser considerados conformando una misma acción (Sent. Nros. 15/94, 8/03 entre otras). Por todo lo antes expuesto y normas legales citadas el Tribunal resuelve: I) Rechazar la demanda promovida por los actores: Horacio Mariano Loza y José Daniel González, en contra del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en cuanto pretende la sanción del art. 16 de la ley 25.561 y el daño moral. II) Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida entre las partes antes referenciadas y, en consecuencia, condenar a la institución bancaria a abonarle al actor los siguientes ítem: Indemnización por Antigüedad y por Omisión del Preaviso; Haberes correspondientes a 8 días del mes de Enero de 2008 e integración del mes de despido; Días de enfermedad (arts. 208 y 213 del RCT) y art. 2 de la ley 25.323. III) Los montos definitivos de los rubros acogidos se determinarán en la etapa previa a la ejecución de la sentencia, de conformidad a las bases e intereses establecidos en los considerandos. IV) Imponer las costas a cargo de la institución demandada y diferir la regulación de honorarios a todos los profesionales intervinientes para cuando haya base definitiva para ello, y así lo soliciten los interesados. IV) Cumpliméntese con la ley 6468 (t.o. 8404). Protocolícese.- Víctor H. Buté.