marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Indemnización por despido, tope indemnizatorio, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Bertoni Daniel A. c/ Danone Argentina S.A. y O. s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-29

La declaración de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptible de encomendarse a un Tribunal de Justicia, siendo un acto de suma gravedad institucional y que debe considerarse como "ultima ratio" del orden jurídico, de tal forma que únicamente debe recurrirse a ella cuando una estricta necesidad así lo requiera. (En el caso, se declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 25.013, en razón de que de haberse aplicado al trabajador el tope allí establecido, habría reducido su indemnización en prácticamente un 78%).
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: SORIANO, Pedro Rodolofo. c/ BANK BOSTON N.A. s/ DÑOS Y PERJUICIOS. SORIANO, Pedro Rodolofo. c/ BANK BOSTON N.A. s/ DÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-03|2012-10-03

No resulta lo mismo causa que condición. Recordamos que la causalidad exige una relación determinada, rígida, entre antecedente y consecuente, de manera que pueda afirmarse que el efecto es atribuible a la causa o, a la inversa, que ésta determinó el efecto".

Que no todo antecedente es causa; que ella es el evento que produce un efecto; el acto que genera un resultado; que, en cambio, la "condición" (en el caso, comportamiento omisivo) es el evento cuya ausencia permite o facilita la producción del efecto pero resulta impotente, por sí sola, para producirlo.

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GANDUR (CON SU VOTO) - POSSE.
Ejecución de sentencia, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vio Quiroga, Stella Maris c/ Cortizo, Miguel Angel s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

La pretensión de aseguramiento con miras a perseguir el cobro compulsivo de emolumentos, afectando directamente bienes de quienes aparecen como fiadores, deviene totalmente inviable desde que respecto de ellos, la actora carece de título ejecutorio que la habilite (arts. 498 inc. 3, 500, 501, 502, 503, del Código Procesal;

58 dec. ley 8904/77), pues los garantes no sólo resultan ajenos a la condena en costas dispuesta en la causa predecesora, sino que tampoco fueron "demandados" en este incidente de ejecución. (Minoría u opinión personal)
Derecho procesal, partes, acumulación de acciones, principio de prevención
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: LIBERTY   ART   SA c/ ARBITRIA  AAVIS RENT A CAR DE ARGENTINA YOTROS S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-10

Procede hacer lugar a la acumulación de dos pleitos que, aunque en diversas jurisdicciones, deben resolver acerca de la mecánica de un accidente y de las eventuales responsabilidades en su producción, pues de esa manera se aventaría la eventualidad de escándalo jurídico frente a otras cuestiones de rango menor -v. gr. sometimiento a un régimen procesal distinto- que pueden hallar remedio; además el criterio de asignación del CPCCN art. 189 en función de la cuantía del pleito -invocado por la parte-, solo juega en supuestos de intervención de jueces que tuvieran "distinta competencia en razón del monto", y aquí ello no se presenta.
Emergencia económica, igualdad ante la ley
Materia: ECONOMIA
Carátula: Rodríguez, Ramona Esther y otro c/ PEN - ley 25.561 dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo sobre ley 25.561
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

Si se admite la validez de normas de excepción para los deudores y las de normalidad para los acreedores, puede afirmarse que se lesiona el principio de igualdad ante la ley; o se aplica el derecho común de los contratos, declarando la inconstitucionalidad de las leyes de emergencia, o se aplican las normas flexibles propias de una situación de excepción que vivieron tanto los deudores como los acreedores (Voto del Dr. Ricardo L. Lorenzetti).
Hábeas data, supresión de datos
Materia: COMERCIAL
Carátula: SEGRETIN, CARLOS c/ ABN AMRO BANK NV SUC. ARG. s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-07

Transcurrido el plazo previsto en la ley 25326: 26-4°, cabe ordenar la supresión de las bases de datos de las empresas de riesgo crediticio, de la información referida a la supuesta deuda de la tarjeta de crédito del accionante que denunciara el banco accionado, sin que obste a ello la veracidad del dato, toda vez que, predicar que la caducidad prevista en dicha norma sólo puede alegarse frente a informaciones inexactas carece de sentido y choca contra el espíritu mismo de la ley en cuanto: por un lado exige "calidad de los datos" y una estrecha relación entre la finalidad de la recolección y el mantenimiento de esos datos en archivos y registros, apuntando a la utilidad y vigencia de la información que se difunde (cfr. Peyrano, "Régimen legal de los datos personales y habeas data", 2002, lexis N° 8004/002465); y por el otro, ha querido dar al deudor la posibilidad de no quedar preso indefinidamente de su pasado.
Defensa en juicio, revisión judicial
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Fertimport SA c/ Ministerio de Trabajo s/ Queja expte. Administrativo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-12

Esta Sala se ha pronunciado en causas análogas acerca de la restricción a la revisión judicial impuesta por el art. 11, cuarto párrafo de la ley 18.695 haciendo mérito de que violenta la garantía constitucional de la defensa en juicio (en igual sentido, CNAT, Sala IV, 30-3-12, Sent. Int. Nº48.962, en autos "Kod SRL c/ Ministerio de trabajo s/ Queja Expte. Administrativo").
Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, personal municipal, nombramiento, cargo, acción de reintegro, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: MENDOZA, CARLOS ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE FUNES s/ MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (CSJ EXPTE Nº   1686-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-14

Habiendo solicitado el recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 11330, su provisorio reintegro al cargo del que entiende fue ilegítimamente despojado -mediante una resolución que declaró la nulidad de la resolución por la que se lo había nombrado-, hasta tanto se resuelva en definitiva el recurso;

corresponde el rechazo de la cautelar solicitada en razón de que el acto administrativo resultaría dictado en ejercicio de la potestad administrativa de autoanulación, respecto de la cual en reiterados precedentes este Tribunal ha sostenido que la concurrencia de las condiciones para dicho ejercicio y, en general, los aspectos vinculados al mismo, exceden, en principio y salvo que la facultad anulatoria aparezca ejercida de manera manifiestamente ilegítima, lo que -como se señaló- no concurre en el caso, el ámbito de discusión propio de las cautelares.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, confirmación del acto jurídico, impulso procesal, desistimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Silvestre, Stella Maris; Reggiore, Cristina Isabel y Franco, Beatriz Guadalupe c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Caducidad   (Expte.: C.S.J. Nro. 478 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-17

Debe declarase la caducidad de instancia acusada por la demandada si en los autos se encuentran cumplidos los elementos que de manera objetiva sirven de base a la declaración de perención de la instancia, esto es, el transcurso que el plazo legal estipula y la falta de actividad idónea para hacer avanzar el proceso hacia su culminación, no pudiendo admitirse la hipótesis obstativa que ensaya la parte actora, dado que contrariamente a la forma en que ella lo expresa, la ley 4106 no refiere a "cualquier acto procesal", puesto que cuando reza que "la instancia de cualquiera de ellos... aprovechará a todos" utiliza ese término en el concreto sentido de "instar" es decir, realizar actos que hagan avanzar al proceso y a los cuales, por ende, se les reconoce aptitud interruptiva del plazo de caducidad, por lo que el desistimiento de un actor en un supuesto de litisconsorcio voluntario, dista de resultar un trámite de impulso procesal que tiende a hacer avanzar el proceso, antes bien, está dirigido a darlo por terminado.
Proceso penal, apreciación de la prueba, sana crítica racional, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Garay, Roberto Carlos s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Guillermo Castro en causa Expte. Nº 248/06 caratulado: "Garay, Roberto Carlos p.s.a. Abuso Sexual Simple (Hecho nominado Primero) y Abuso Sexual con Acceso Carnal (Hecho nominado segundo) en Concurso Real - Belén - Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-05-29

La obligación constitucional y legal de fundar la sentencia consiste en el deber de consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ella contiene, con base en la prueba reunida y de acuerdo al sistema de valoración admitido por la ley procesal, porque éste es el modo de posibilitar el contralor de las partes y del Tribunal de Casación.

El ordenamiento ritual (art. 403 C.P.P.), reglamentando expresas normas constitucionales (art. 18 C.N. y 210 Const. Prov.) y como garantía de justicia, exige la motivación adecuada de las resoluciones conforme a las reglas de la sana crítica racional, esto es, de la lógica, de la psicología y de la experiencia común en la valoración de la prueba (art. 408 inc. 3 C.P.P.).- De tal modo, la fundamentación configura una operación lógica fundada en la certeza, ya que la libre convicción debe apoyarse en un convencimiento sometido a dichas pautas y estructurado sobre la base de elementos probatorios legalmente admisibles (Cfr. Núñez, Ricardo, "Código Procesal Penal, Anotado", nota 1, al art. 130, 2ª ed. Marcos Lerner, 1986, p. 123; T.S.J.Cba., Sala Penal, "Guizzoni", S. nº 61, 31/10/97).- En esta dirección, Vélez Mariconde sostuvo, entre otros, que el sistema de valoración de la libre convicción "consiste en que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos...ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad (en principio, todo se puede probar y por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común" (Derecho Procesal Penal, T. I, Marcos Lerner, Córdoba, p. 361 y sgts.).-
Suspensión del juicio a prueba, facultades del juez, oposición del fiscal, proceso penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Estigarribia, Federico Milcíades y otro s/ infr. art. 189 bis CP, portación ilegítima de arma de fuego de uso civil -apelación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-13

Los fundamentos desarrollados por el titular de la acción por lo tanto, "sin más aditamentos, constituyen "un obstáculo serio, razonado y suficiente" como para no otorgar el beneficio de la probation, toda vez que importan una valoración procesal global del imputado y de las características del delito concreto, valoración surgida a partir de un minucioso estudio del caso por parte del representante del Ministerio Público Fiscal" ("Toledo", 28/10/09); minucioso estudio, que, aun en el supuesto de que finalmente resulte incorrecto o exagerado, deberá ser validado o no por los magistrados de la causa al momento de dictar la sentencia que se expida sobre su mérito. (Del voto de la Dra. Conde)
Recurso de casación, facultades de la Cámara de Apelaciones
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COLÍN,  FÉLIX  Y  GUTIÉRREZ,  ENRIQUETA  EN RECURSO DE QUEJA EN AUTOS "LÓPEZ LAVAYÉN Y LÓPEZ APESTEGUI". s/ QUEJA POR CASACIÓN DENEGADA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-06-14

ENTENDIENDO QUE EL ACCESO A LA CASACIÓN NO PUEDE SER ORDINARIZADO COMO UNA INSTANCIA MÁS, DEBE RECONOCERSE AL TRIBUNAL DE MÉRITO CAPACIDAD SUFICIENTE PARA REALIZAR UN PRIMER ANÁLISIS EN LOS CASOS EN LOS QUE -COMO EN AUTOS- SE PLANTEAN CUESTIONES DE HECHO SIN ALEGAR LA ABSURDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, NI EXPLICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES LOS HECHOS MERITUADOS EN EL FALLO NO SON CIERTOS, O EL MODO EN QUE LA CUESTIÓN PODRÍA SER REVISADA MEDIANTE DISTINTOS HECHOS NO MERITUADOS.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: PENAL
Carátula: Bonavita, Ricardo A. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-26

Es irrelevante el cuestionamiento de la prueba testimonial si las circunstancias acaecidas resultan acreditadas por la prueba confesoria (art. 350 -n.a.- C.P.P.).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mendez, Cristobal c/ Vallejos, Gustavo Rafael y otros s/ Resolución por incumplimiento. Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-12

En el art. 1189 del Código Civil establece para el supuesto de arrepentimiento una compensación fija, pero no contempla en cambio el supuesto de inejecución imputable del contrato, para lo cual deben aplicarse las disposiciones generales sobre indemnización de los daños causados -arts. 519, 520, 628 y cc. del Código Civil-, admitiéndose en principio el resarcimiento integral de aquellos cuya realidad se demuestre.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contratos civiles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vázquez, José Santos c/ Vázquez, María Ester s/ Escrituración Suárez, Tomás Carlos c/ Suárez, Tomás Alberto s/ Pago por consignación D'Oria, Juan c/ Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Salud Argentina s/ Cobro de pesos Torres, Ana María c/ Sieira, José s/ Acción declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16|1992-04-14|1997-07-15|1996-09-24

Juzgar el sentido, alcance, consecuencias jurídicas de las estipulaciones que integran el convenio celebrado entre los litigantes, así como desentrañar su intención, interpretando los escritos del proceso y apreciando la prueba producida, constituyen típicas cuestiones de hecho reservadas como tales a los jueces de grado y exentas de censura en la instancia extraordinaria.
Emergencia económica, obligación alimentaria, cuota alimentaria, reordenamiento del sistema financiero, pesificación
Materia: CIVIL
Carátula: G.F., M.T. c/ L.G., M.A. s/ EJECUCION DE ALIMENTOS - INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-07

Más allá de su acierto o error, tanto la declaración de emergencia como el fin de la convertibilidad tienen su origen en la situación particular de inusitada gravedad económica, política, institucional y social que atraviesa la República que produjo una profunda interferencia en las relaciones jurídicas tanto del derecho público como privado y que provocó -entre otras turbaciones- la virtual ruptura de la cadena de pagos, alterando, así el funcionamiento de la economía interna en general. Por esa razón, el Estado dictó una serie de normas en procura de amortiguar la incidencia de la crisis, entre las que se encuentran la pesificación de las deudas, cuyo fundamento radica en las transformaciones globales producidas en la economía interna pero que no inciden en los dineros o recursos que nacionales o extranjeros obtengan de otros países.
Exceso ritual manifiesto, recurso de inaplicabilidad de ley, denegatoria del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Blanco, Eduardo Luis c/ Banco Popular Argentino  S.A . s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Incurre en exceso ritual la sentencia que rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley afirmando dogmáticamente que el recurrente había caído en insoslayable insuficiencia técnico recursiva, sin considerar los planteos contenidos en el escrito respecto de la arbitrariedad en que había incurrido la sentencia apelada.
Reconocimiento por fotografía, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: S., M.A.-R., J.A. s/ Robo calificado por el uso de arma
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-25

El acto del reconocimiento en rueda de personas se encuentra enervado por el reconocimiento fotográfico previo efectuado en dependencias policiales. Al respecto cabe señalar que tal acto prevencional no reunió las formalidades mínimas de nuestro código de rito, no sólo por la falta de contralor de parte sino también porque no se dio cumplimiento a los demás requisitos que garantizarían un proceder no indicativo que tuviere basamento sobre un espectro que permita una selección comparativa entre otros sujetos de similares características. Que siendo ello así, el reconocimiento posterior resulta a todas luces carente de objetividad, fruto de un antecedente espúreo que desnaturaliza la espontaneidad que tal acto requiere, descalificándolo como prueba cargosa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trámites judiciales, carga
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Sánchez, Antonio c/ Firenze Viajes S.R.L. s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-06-20

La caducidad planteada resulta fundada, por cuanto la apelante no activó el trámite para obtener la remisión de los autos al Superior Tribunal, encontrándose superado el período de seis meses art. 146 inc.b, ley 2383, que habilita su procedencia. Existiendo recurso concedido, es el apelante a quien corresponde urgir el trámite recursivo, y en el caso, el interesado dejó transcurrir los plazos legales sin activar el trámite para elevar el expediente al Tribunal de Alzada. Encontrándose superado el período que habilita la procedencia de la perención de Segunda Instancia corresponde declararla y en consecuencia firmes los honorarios regulados.
Concursos, medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares, sustitución de garantía
Materia: COMERCIAL
Carátula: Global Distribution & Services SA  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-04

Corresponde declarar abstracta la pretensión de la concursada de obtener el levantamiento del embargo preventivo dictado sobre sus cuentas bancarias en un incidente de ejecución de sentencia seguido en su contra, toda vez que, el juez tuvo en cuenta que la medida habría de ser "sustituida" por una póliza de caución.

De ello se sigue que esa contratación que posibilitó el levantamiento de la medida cautelar originariamente ordenada no constituyó, en estricto rigor, una sustitución -en el sentido de reemplazar un bien afectado por otro distinto-, sino que importó incorporar a un tercero -el asegurador- como un nuevo obligado frente al beneficiario.
Amenazas, homicidio calificado, violencia de género, prisión preventiva, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Armas, José Santos s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Jiménez Pagés contra Auto Interlocutorio Nº 115/13 de fecha 19/12/13 en autos Expte. Nº 62/13 - Armas, José S. p.s.a. Amenazas - Homicidio agravado en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-05-07

Por Auto Interlocutorio, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos resolvió no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado y confirmar la prisión preventiva del nombrado, a quien se le atribuye la probable comisión de los delitos de Amenazas (Hecho Nominado Primero) y Homicidio Agravado por el Uso de Arma de Fuego en Grado de Tentativa (Hechos Nominados Segundo y Tercero) en calidad de autor.

Contra esa resolución es interpuesto este recurso de casación.

El recurrente argumenta que se ha establecido una pena anticipada, basada en una ficción sostenida a ultranza, tanto por el Ministerio Público como por la Cámara de Apelaciones.

La medida dispuesta resulta compatible con las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscripta en Belém do Pará, República Federativa del Brasil, el 9 de junio de 1994, aprobada por Ley del Congreso Nº 24.632, el 13 de marzo de 1996, que exigen la investigación de conductas como las que son objeto de estos autos y la adopción de medidas útiles para asegurar su juzgamiento y el cumplimiento de la eventual pena.

Por ello, en atención a que las dos primeras conductas atribuidas al imputado tendrían como victima a una mujer -su anterior pareja-, la decisión apelada resulta adecuada a la debida diligencia comprometida por el Estado argentino ante la comunidad internacional para la prevención, sanción y erradicación de toda forma de violencia en contra de la mujer.

No obstante, estimo menester recordar que, tanto como la imposición de la prisión preventiva, la razonabilidad de su prolongación también es cuestión susceptible de revisión. Por ello, considero que cabe recomendar la mayor diligencia a la Fiscalía y a las demás autoridades que eventualmente tengan que intervenir en el trámite de las presentes, de modo que la investigación no se vea paralizada y el proceso avance sin demoras hacia la etapa del juicio y el dictado de la sentencia definitiva; para evitar que la privación de la libertad del imputado, dispuesta a título cautelar, se prolongue más allá de lo estrictamente imprescindible de conformidad con los fines a los que está destinada.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, homicidio calificado
Materia: PENAL
Carátula: Oliveira, Miguel A. s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

Los arts. 40 y 41 del Código Penal no son aplicables cuando la pena a imponer es perpetua, como en el caso previsto en el art. 80 inc.

7º del Código Penal.
Portación de armas, armas de guerra
Materia: PENAL-POLITICO
Carátula: Bujanda, Joaquín Pablo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-04

La conducta prohibida del tipo penal atribuido al imputado es la portación sin autorización, de cierta clase de armas, y a los efectos de la prohibición es irrelevante la finalidad de la portación. La finalidad, en todo caso, podrá constituir un motivo de atenuación del reproche que no afecta la tipicidad objetiva o subjetiva, pues no afecta ni la naturaleza de la conducta, ni es constitutiva del dolo. (Dres. García, Yacobucci y Mitchell).
Honorarios del abogado, intereses, base imponible, incidente de revisión
Materia: CIVIL
Carátula: Super Stop Sociedad de Hecho c/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Revisión Promovido por AFIP-DGI
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-26

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso c) del art. 65 de la ley 5480 de la Provincia de Tucumán, para fijar la base regulatoria debe tomarse el monto cuya insinuación se pidió, -sin intereses posteriores a la presentación en concurso-, pues tal fue el interés económico comprometido en la pretensión verificatoria, en la que no se pidió intereses posteriores a la presentación en concurso sobre el monto pretendido. Ello es así pues deben aplicarse por analogía las mismas reglas que corresponden al rechazo de la demanda, y considerarse como monto del juicio a la suma que el incidentista pretendió.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Platacard SA c/ Fernandez, José Luis y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-04

Tratándose de deudas dinerarias, los intereses punitorios devengados desde el 1 de abril de 1991, deben computarse a la tasa que resulta de la sumatoria del uno (1) por ciento mensual -admitida por todo concepto cuando ha mediado reconocimiento de la pertinente actualización monetaria- con la abonada por el Banco de la Prov. de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente durante los distintos períodos de aplicación (SCBA Ac. 43448 arts. 8 ley 23928, 622 y 1197 del Cód. Civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)