Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25


Reg.: A y S t 285 p 383/387. Santa Fe, 25 de setiembre del año 2018. VISTA: la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la resolución nro. 265, del 2 de agosto de 2017, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista en autos "RIO DEL NORTE S.A. contra SAMPAYO, MIGUEL JOSÉ Y/O C.T.O. Y/O QRJR - INCIDENTE DE DESALOJO - (EXPTE. 255/15)" (Expte. C.S.J. CUIJ: 21-00511730-2); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que por resolución nro. 265, del 2 de agosto de 2017, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista, rechazó los recursos de nulidad y apelación articulados por el demandado concursado contra la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la demanda incidental y ordenó el lanzamiento del accionado del inmueble donde realizaba su actividad económica, desestimando la pretensión del concursado de restituirle el predio (fs. 2/4). Contra ese pronunciamiento deduce la demandada recurso de inconstitucionalidad (fs. 6/14), por considerar que aquél no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia (art. 1, inc. 3 de la ley 7055). En su pieza impugnativa, luego de considerar cumplidos los requisitos que hacen a la admisibilidad formal del remedio articulado y relatar los antecedentes del caso, se agravió en primer término del menoscabo a la garantía del debido proceso que generó el pronunciamiento cuestionado. En ese sentido, expresó que no se han respetado las normas procesales previstas para desapoderar al recurrente del bien inmueble que utilizaba en virtud de un contrato de locación, que no se acató el mandato judicial que ordenó volver a poner a la concursada en posesión del predio y que tampoco ha habido una supuesta convalidación de su parte al continuar el trámite por ante el mismo juez de primera instancia que dictó la orden de desahucio que fuera revocada posteriormente por la Alzada (el concursado, en su recurso de nulidad, señaló que la Cámara debió reenviar la causa -luego de revocar la sentencia que ordenó el desalojo- al juzgado que le sucediera en el turno, argumento que fue rechazado por el A quo con sustento en que, luego de reenviarse la causa al mismo juez que había entendido originariamente, la recurrente prosiguió el trámite de la misma sin manifestar nada al respecto). Señaló que el accionado viene peticionando ser puesto en posesión de los silos que administraba y de los que fue "ilícitamente separado", lo que tuvo como consecuencia impedirle la continuación de la explotación y, por ende, su ingreso en el estado de cesación de pagos. Agregó que no se han cumplido con las formas debidas para proceder al desalojo y que la orden judicial que dispuso la restitución del inmueble al demandado ha sido desoída por la accionante. Como segundo agravio, expresó que la actora ha incumplido con el mandato judicial que ordenó restituirle el predio a la concursada. Con esta inteligencia, manifestó que la Cámara -en el incidente de resolución de contrato promovido con anterioridad a los presentes autos-, utilizó como argumento para revocar la sentencia de primera instancia que había ordenado el lanzamiento, el hecho de que "la resolución que declara resuelto el contrato de locación del inmueble no manda conjuntamente el desalojo". Añadió que el tercer párrafo del artículo 262 del Código Procesal Civil y Comercial local establece que "si la sentencia fuere de condena a dar o restituir cosa cierta, mueble o inmueble, se librará mandamiento para desapoderar de ella al obligado o se ordenará, en su caso, el lanzamiento correspondiente" y que la sentencia que declaró resuelto el contrato no condenó a ninguna obligación, motivo por el cual no procedía la orden de desalojo. Asimismo, afirmó que la conducta de la actora podría encuadrarse en la conducta típica contenida en el artículo 239 del Código Penal. En tercer lugar, se agravió de la afectación del derecho de la propiedad sufrido por su parte y que agravó el estado de insolvencia en el que se encontraba. Insistió en que los reiterados planteos formulados con el objeto de hacer efectiva la toma de posesión del inmueble por parte de la concursada fueron sistemáticamente obstruidos por la contraria. Aclaró que en virtud de dicho impedimento, la demandada no ha podido hacer frente a los acuerdos económicos, acentuándose la situación de cesación de pagos. Por otra parte, evaluó que el A quo pasó por alto la ausencia de tradición, consecuencia de haberse incumplido con el mecanismo adecuado para desalojar a su parte del silo arrendado. Aclaró que, no habiendo la Alzada ordenado la restitución del predio a la actora, se imposibilitó la tradición del fundo, por lo que mal podía aquélla efectuar un nuevo contrato de arrendamiento con otra empresa sin tener la posesión legítima del bien (sobre el que, además, pesaba un mandato judicial para ser restituido a la demandada). Como quinto agravio, indicó que la celebración de este nuevo contrato de arrendamiento da cuenta de los manejos maliciosos y contrarios a la buena fe que fueron desplegados por la accionante contra la concursada, a los que cabe agregar los actos tendentes a impedir la restitución del inmueble ordenada judicialmente mediante el ejercicio abusivo de la jurisdicción. En último término, se agravió del "yerro interpretativo" en el que incurrió la Cámara, aclarando que -contrariamente a los sostenido por el Tribunal- no ha existido convalidación alguna de lo actuado en estos autos, ni expresa ni tácitamente. 2. Mediante resolución nro. 444 del 15 de diciembre de 2017, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad deducido, con costas (fs. 31/32), por considerar que los vicios de arbitrariedad que el recurrente intenta atribuir a la sentencia cuestionada "no se encuentran configurados en el caso de marras", resultando, en definitiva, una mera disconformidad respecto del criterio adoptado al resolver la presente causa. Agregó el Tribunal que los argumentos esgrimidos en el escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad (referidos al incumplimiento de las normas procesales previstas para el desalojo, la falta de acatamiento de mandatos judiciales y la inexistencia de la supuesta convalidación de la concursada de lo actuado por el juez de baja instancia) "resultan insuficientes al intentar demostrar el vicio invocado", puesto que estos no se producirian en la resolución aquí recurrida, sino en la decisión que declaró resuelto el contrato que unía a la concursada con Río del Norte S.A., que se encontraba firme por no haber sido impugnada oportunamente. Por último, explicó que "el acogimiento del recurso implicaría la apertura de una nueva instancia ordinaria de revisión, destruyéndose así la finalidad de este instituto y ampliándose indebidamente la competencia de la Corte". Por ese motivo, el presentante ocurrió por vía de queja ante esta Corte (fs. 38/50). 3. Se adelanta que la presente queja debe ser desestimada. En efecto, se advierte que el presentante no levanta la carga que le impone el artículo 8 de la ley 7055 de rebatir cada uno de los motivos expuestos por la Cámara para apoyar su decisión de denegar la concesión del remedio extraordinario, al no traer razones de peso a fin de neutralizar la referida fundamentación, especialmente en cuanto a que "los argumentos esgrimidos a través del escrito de interposición del recurso resultan insuficientes al intentar demostrar el vicio invocado" (una supuesta violación al debido proceso), puesto que tal supuesto vicio no se produciría en la resolución recurrida, sino en la recaída en el incidente de resolución del contrato, decisión que se encuentra firme y que "no fue motivo de crítica por el apelante". Es que la lectura del memorial de la queja revela que el recurrente tan sólo se limita a efectuar postulaciones genéricas y a reiterar los planteos esgrimidos en oportunidad de enderezar el recurso de inconstitucionalidad local, mas sin hacerse cargo de demostrar, con suficiente entidad, que sus agravios superan el nivel de la discrepancia y poseen sustancia constitucional. Ello, en tanto el impugnante desde su propia óptica, expuesta ya en la instancia ordinaria y que mereció adecuada respuesta por parte del Órgano jurisdiccional interviniente, aún cuando no lo conformara, procura en realidad reabrir el debate sobre cuestiones discutidas en el incidente de resolución del contrato de locación que unía a Río del Norte S.A. con la recurrente, que fueron objeto de un pronunciamiento distinto al aquí impugnado y contra el cual el interesado debió haber interpuesto los recursos que haya considerado correspondientes. En ese sentido, los presentes autos versan sobre un incidente de desalojo, promovido luego de haber sido declarado resuelto el contrato de locación mencionado -el que, además, se encuentra vencido-, acotándose, por ende, el thema decidendum a examinar si procede o no el lanzamiento solicitado. Por el contrario, el quejoso insiste en debatir nuevamente determinadas circunstancias (que nunca se le restituyó el silo que fuera objeto del contrato de locación pese a que ello había sido judicialmente ordenado, que ello había agravado su estado de cesación de pagos por imposibilidad de continuar su explotación comercial, que Río del Norte S.A. habría incurrido en mala fe al volver a celebrar un contrato de locación con un tercero, etc.) que no son atinentes al objeto del proceso de marras, sino que que correspondían ser debatidas en el incidente de resolución de contrato referido. No es ocioso recordar que "el recurso extraordinario no tiene por objeto revisar decisiones de los jueces de la causa relativas al alcance otorgado a cuestiones de hecho, derecho común y procesal, salvo que medie apartamiento de las constancias comprobadas de la causa o inequívoca y manifiesta omisión de las normas conducentes para la solución del litigio" (Fallos, 331:886; ver también 322:981; 330:4770; 330:4983; 331:147, entre otros). En tal situación, los agravios expuestos por el accionante solo muestran su particular apreciación de lo acontecido en estos autos, por lo que corresponde declarar improcedente el recurso extraordinario interpuesto contra la resolución del A quo que ha dado razones suficientes en sustento de su decisión, que no corresponde revisar en esta instancia y que le otorgan validez a su sentencia e impiden, por ende, su descalificación como acto jurisdiccional válido. Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado. Regístrese y hágase saber. FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista.