Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, procedencia del recurso, requerimiento de elevación a juicio, avocación jurisdiccional, partes del proceso, prueba, debate
Materia: PENAL
Carátula: ISA, Marcos Esteban c/ FARFAN, Manuel Jesús; VARGAS, Omar Antonio; JÁUREGUI, Alberto Isidoro; RODRÍGUEZ, Agustín; MOREIRA, Hugo Santiago s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-28

A fin de comprender puntualmente los alcances de las normativas del procedimiento sumario, debe tenerse presente que su verdadero carácter no es el de investigar un hecho, tal como en forma similar acontece con la etapa instructoria del proceso penal. En el primero está a cargo de la policía el recolectar todos los elementos que hubieren y fueren atinentes a un hecho que puede o no ser materia de un proceso penal; ello dependerá del análisis en abstracto que el Fiscal Correccional formule sobre todo aquello que muestra el Acta Única policial, de modo tal que si concluye que se describe una conducta penal y se atribuye a una determinada persona, debe requerir juicio, momento a partir del cual existe un proceso en su fiel concepto terminológico, vale decir, obra una acusación, posibilidad de defensa, de producción de pruebas y finalmente una sentencia.

A todo evento útil resulta recordar que no se exige por norma jurídica alguna como un requisito de validez de la requisitoria de elevación a juicio en el procedimiento sumario, una fundamentación sobre la probabilidad de la autoría material del hecho similar a la del auto de procesamiento dictado por un Juez de Instrucción Formal, ya que jamás podría darse tal pretendida equiparación atento las distintas funciones y naturaleza de los organismos que estos integran, siendo el Juez el único sujeto investido de jurisdicción, prerrogativa de la que como es sabido carece el integrante del Ministerio Público Fiscal.

Así, deben entonces ser perfectamente diferenciados los "elementos de convicción suficientes" que exige para requerir juicio el art. 357 del C.P.P. al Fiscal Correccional, de los "elementos de convicción suficientes para juzgar que existe un hecho delictuoso y que aquél, es culpable como participe del mismo", que el art. 295 del C.P.P. exige al juez de instrucción para el dictado del auto de procesamiento.

Como consecuencia del principio de oficialidad y de legalidad, (éste ultimo opuesto al de oportunidad), que impera respecto al requerimiento fiscal, el representante del Ministerio Fiscal tiene el deber de ejercer la acción pública siempre que aparezca descripto como cometido un hecho delictuoso. Por ende, su sometimiento a la ley lo pone en la imperativa necesidad de actuar, no dejándole facultad alguna de discrecionalidad.

Téngase en cuenta que no es facultad del Ministerio Fiscal hacer juicio de mérito sobre la veracidad de los hechos sobre los que requiere juicio, ya que si así lo hiciera vulneraría el principio de legalidad, no exigiéndose que tenga que arribar a una convicción en grado de "probabilidad positiva" que supere la mera sospecha sobre la conducta típica denunciada para recién dar inicio a un proceso penal.

Por el contrario, el hecho histórico que resulte penalmente típico por el que requiere juicio será precisamente objeto de un profundo tratamiento durante la sustanciación del debate, para lo cual el órgano requirente tiene el deber de ofrecer previamente las pruebas de cargo, con la posibilidad de ampliarlas en la etapa pertinente. A su turno el imputado tiene la facultad de ofrecer también las pruebas que estime hacen a su defensa, como lo prevén los arts. 357 y 359 del C.P.P..

De allí entonces que todas las cuestiones probatorias - entre las que se incluye determinar si hubo o no dolo, si obró o no justificadamente - necesariamente corresponde sean dilucidas en el debate.