Insuficiencia del agravio, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ramos, Stella Marys s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr.José Leonardo Berber en causa Nº 254/07 Ramos, Stella Marys - Peculado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-04-27

Se interpuso recurso de casación contra la Cámara que resolvió declarar culpable a la imputada como autora penalmente responsable del delito de Peculado continuado, condenándola a sufrir la pena de dos años y seis meses de prisión cuya ejecución dejó en suspenso, y la de inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos.

Quien recurre la sentencia invoca los motivos previstos en el art. 254 incs. 1º y 2º del rito por errónea aplicación de la ley penal sustantiva y de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba.

Dice que la sentencia impugnada aplica erróneamente al caso el art. 261 del Código Penal en tanto sobre los fondos de que se trata no tenía la imputada su administración, percepción o custodia por razón de su cargo.

Después de examinar el recurso y la sentencia apelada, observo que el primer agravio, vinculado con la tipicidad de los hechos de la causa, no puede prosperar.

Así lo considero habida cuenta que las objeciones planteadas en esta instancia son similares a las expuestas en los alegatos, pero quien recurre no refuta las respuestas que le fueron suministradas en el fallo.

En esas condiciones, el recurso no desvirtúa los fundamentos del fallo sobre el punto, los que, por falta de crítica, permanecen incólumes como sustento válido de lo decidido.

No obstante, estimo pertinente señalar que las razones del fallo sobre la cuestión son acertadas, atento a que quedó debidamente acreditada en el juicio la concurrencia en la imputada de los requisitos subjetivos exigidos en el art. 261 del Código Penal para la configuración del delito de peculado por el que fue condenada.

Así, quedó debidamente establecida tanto su calidad de funcionaria pública como su vinculación funcional con los fondos de cuya sustracción se trata, por el encargo en términos claros e inequívocos que la imputada reconoció haber recibido por parte de la autoridad, no por confiar la autoridad en ella personalmente, sino por razón de su cargo como Directora de Acción Social, en tanto el ejercicio de las funciones encargadas no requería formalidad específica lo que, sin embargo, no la eximía de ejercerlas con probidad y responsabilidad, de conformidad con los reglamentos de aplicación.

Constato, en ese sentido, que la imputada era ciertamente administradora de los fondos en cuestión en tanto tenía facultadas de disposición sobre ellos.

Así las cosas, carece de sustento el argumento de quien recurre sobre la supuesta ausencia en la imputada de las condiciones legales para ser sujeto activo del delito de Peculado debido a la inexistencia de instrumento legal que pusiera a su cargo la custodia de esos fondos.

Por una parte, esa pretensión resulta incompatible con el referido reconocimiento de la imputada de haber recibido del entonces Intendente de la Municipalidad de Valle Viejo el mandato o autorización, en su carácter de Directora de Acción Social, de recibir fondos de un área de esa Dirección y de aplicarlos a gastos de otras áreas también de esa Dirección.

Por otra parte, ese mandato constituía un acto declarativo de la voluntad de Estado que inequívocamente le atribuía a la imputada el ejercicio de una función pública con relación a esos fondos y la obligaba a responder por su adecuada custodia y aplicación, como bien señaló el a quo, y no refuta quien recurre.

Por ello, corresponde rechazar el recurso de casación por este agravio.