Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-19


--En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil ocho, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia del Dr. Günther Enrique Flass y con la asistencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Jorge L Früchtenicht, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "V., R. A. y otros c/ DE B., E. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 183/07 CANO), venidos en apelación a esta Alzada. --- --Practicado a fs. 346 el sorteo establecido por el art. 268 del C.P.C.C., correspondió el siguiente orden para la votación: Dres.: FRÜCHTENICHT - FLASS. -- --Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 287/294 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?. - --A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Früchtenicht, dijo: --1. Llegan a conocimiento de esta Alzada los presentes autos como consecuencia del recurso de apelación impetrado por la parte actora a fs. 307 y que le fuera concedido libremente (v. providencia de fs. 308) contra la sentencia definitiva de fecha 23 de agosto de 2007 registrada bajo el Nro. 57 del mismo año, dictada por el magistrado de la instancia que precede, la que rechazó en todos sus términos la demanda entablada por los Sres. R. A. V., E. V. y N. B. G. contra el Esc. E de B e impuso a los primeros las costas del juicio (v. fs. 287/294) y por la apelación que por estimar bajos los honorarios regulados a su favor intentase, por su propio derecho y a fs. 304, el Dr. R L G, letrado apoderado del demandado. - --2. En ocasión de deducir sus agravios los actores apelantes, circunscriben su queja a seis (6) cuestiones. Ellas son: PRIMER AGRAVIO: Se ofenden por estimar que se ha violentado el debido proceso y en su consecuencia, se lo haya desnaturalizado al haberse incorporado prueba indebida que, aunque no han sido consideradas por el sentenciante, a su juicio han influido en la solución final de la cuestión traída a conocimiento de la jurisdicción (v. fs. 318/319); SEGUNDO AGRAVIO: Califica de equivocada la sentencia agraviándose por ello, al estimar errada la estructura lógica del acto jurisdiccional hoy en crisis que trata en tercer y último término el nexo causal entre la conducta del escribano demandado y los daños reclamados (v. fs. 319/323); TERCER AGRAVIO: En tercer orden, se queja por no haber el judicante considerado el carácter de orden público y esencial de la obligación impuesta al escribano de inscribir los actos jurídicos que afecten derechos reales constituidos sobre bienes inmuebles (v. fs. 323/324vta.); CUARTO AGRAVIO: Su queja sobreviene por haber el sentenciante justificado el incumplimiento de la obligación de inscribir por el "relevo" de contar con los "certificados administrativos" (SIC) (v. fs. 324vta./326); QUINTO AGRAVIO: Se ofende también, por cuanto el sentenciante ha justificado el incumplimiento de la obligación de inscribir por deudas de impuestos, gastos y honorarios (v. fs. 326/329); SEXTO AGRAVIO: Por último se agravia en orden a la imposición de las costas a su exclusivo cargo, estimando que por las particularidades del caso, su parte razonablemente ha podido creerse con derecho a litigar (v. fs. 329 y vta.). En cada agravio se extiende en profusas consideraciones y citas a las que me remito en homenaje a la brevedad. Finalmente, realiza una referencia a los daños irrogados y que reclamase en su demanda, reserva el caso federal, y concluye que el fallo atacado es lesivo a su parte y a la profesión misma del notariado. --En oportunidad de replicar los agravios deducidos por la apelante (v. fs. 337/342), el demandado contesta todos y cada uno de aquéllos, para finalmente solicitar se confirme la sentencia recurrida. --Al apelar por bajos los honorarios regulados en su favor, el Dr. R L G -por intermedio de su apoderado Dr. Martín E I M - manifiesta que, a su juicio, la base regulatoria debe estar constituida no solo por el capital reclamado en la demanda, sino también por los intereses pretendidos (v. fs. 304). -- --3. Debo advertir que -a juicio del suscripto - los escribanos de registro resultan funcionarios públicos cuando desarrollan la profesión con la facultad de dar la fe pública, es decir, como fedatarios, y en ocasión del ejercicio de dicha potestad, la que le ha sido delegada por el Estado (art. 1112 Cód. Civil). En el contexto descripto, la responsabilidad del notario se ubica en lo que preceptúa el artículo citado y descarga su consecuencia en una responsabilidad extracontractual o aquiliana. Mas cuando se analiza la responsabilidad de aquél desde la óptica de la relación escribano-cliente, es decir cuando el primero actúa a requerimiento voluntario y personal de las partes, otorgando las escrituras suscriptas por voluntades en acuerdo, la responsabilidad aparece con rasgos eminentemente contractuales y regida por los arts. 519 y 520 del Código Civil, ya que se configura en virtud de la violación de una relación jurídica anterior que se corresponde con el ejercicio de la profesión liberal del notariado y que unía a las partes; el perjuicio es sufrido por uno de los contratantes, y resulta una consecuencia directa del incumplimiento, por cuanto la relación que se establece entre el notario y los otorgantes del acto resulta ser una "locación de obra intelectual", regida por el art. 1493 y ssgts del código sustantivo (cfr. BUERES, "Responsabilidad civil del escribano"; Ed. Hamurabi; Bs. As.; 1984; p. 39 y ssgts; TRIGO REPRESAS, Félix; "Responsabilidad civil de los profesionales" en "Seguros y Responsabilidad Civil"; Tº I; p. 125; Ed. Astrea; Bs. As.; 1978; BUSTAMANTE ALSINA; "Teoría General de la Responsabilidad Civil del Escribano Público"; ED, 105-929; COMPAGNUCCI DE CASO, R.; "Manual de Obligaciones"; Ed. Astrea; Bs. As.; 1997; p. 602; Nro. 501, entre otros autores. También: CNCiv, Sala "A"; sent. 30/10/1997 in re "Patria Cía. de Seguros c/ B.R., M.J."; pub. LA LEY 1998, 18; ED, 17992 y JA 1998-II-374). --Así sentado lo expuesto, en los presentes autos los actores atribuyen al escribano demandado el incumplimiento de la inscripción en el Registro de la Propiedad de esta provincia de un título que instrumentaba una donación con reserva de usufructo formalizada entre el Sr. E V y su cónyuge, Sra. N. B: G. a favor de sus hijos R. A. y P. V. y G.. --- --Planteada así la cuestión referida a la naturaleza jurídica de la responsabilidad del escribano en ocasión del ejercicio liberal de su profesión, corresponde considerar los agravios deducidos por los actores apelantes. Así, en orden al primer agravio, tengo para mi que la sana crítica como sistema de apreciación de la prueba impuesto por el art. 386 del rito provincial, responde a normas de criterio fundadas en la lógica y la experiencia. En su consecuencia, aquél se halla constituido por un estándar flexible referido a la sensatez del juzgador, que obliga a éste a ponderar la prueba rendida con un criterio adecuado a las leyes de la razón humana (lógica) y al conocimiento que como hombre posee de la vida (máximas de la experiencia), de manera tal que sus conclusiones no aparezcan singulares ni subjetivas, sino que puedan ser compartidas por otros hombres. - --La lógica se constituye así en el parámetro por excelencia -mas no el único - para la apreciación de la prueba, y al momento de ponderar la reunida en autos, el magistrado realizará una operación mental sujeta a los principios de la lógica que gobiernan el razonamiento correcto, con la pretensión de no violentar los principios de no contradicción, tercero excluido, identidad y verificabilidad o razón suficiente (cfr. MIDÓN, M S.; "Tratado de la prueba"; Ed. Librería de la Paz; Córdoba; oct/2007; Cap. V; p. 205 y ssgts.). - --En el sentido desarrollado, no se advierte violencia alguna para con los principios señalados y el agravio deducido en primer término se me aparece entonces como una mera divergencia con el criterio del juzgador, que no alcanza entidad impugnativa suficiente ni consigue conmover lo resuelto a la luz de las facultades que el art. 36 le proveen al magistrado, con más la regla impuesta por el precitado art. 386, ambos del rito. Por ello, el agravio no debe prosperar y así lo voto. --- --En cuanto a la segunda queja, y de las constancias acumuladas en autos (v. fs. 166/167vta.; informe AFIP-DGI de fs. 114/115, entre otras), entiendo que el escribano aquí demandado desplegó su actividad conforme a las circunstancias, de manera correcta y ajustado a la conducta proba y leal de un notario, traduciéndose lo dicho en un "comportamiento no culpable". Debo hacer notar que la inscripción cuya demora se imputa al accionado no constituye obligación principal del escribano a la luz de la Ley Nacional de Registro de la Propiedad Inmueble Nro. 17.801 (B.O. 10/07/1968) como así tampoco "obligación esencial" del notario conforme la normativa que surge del Capítulo V, arts. 16 a 22 de la Ley Orgánica Notarial del Chubut Nro. 5.055 (B.O. 03/10/2003). Y ello resulta así, por cuanto la falta de inscripción registral que se le endilga al emplazado no se concretó pues no se le entregaron los fondos respectivos para su realización, y la ausencia de tal aportación resulta responsabilidad de los actores, quienes no alcanzaron a acreditar en la estación procesal oportuna que hubiesen entregado al demandado en tiempo propio el dinero que correspondía para diligenciar la inscripción de la escritura otorgada como así tampoco lo sostenido en su escrito postulatorio de la demanda en el sentido que el demandado no percibía suma alguna (v. fs. 3/12). Las máximas de la experiencia antes referenciadas me imponen presumir que si existió renuncia alguna, debió referirse solo a los honorarios, mas no aparece del curso ordinario de los negocios que el escribano deba sufragar gastos cuando ya ha tenido una deferencia con su cliente, consistente en no percibir emolumento alguno, circunstancia negada por el accionado en el supuesto en análisis. A mayor abundamiento, el propio art. 874 del Código Civil establece que: "La intención de renunciar no se presume, y la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva". --Por todo ello, no existió nexo causal alguno entre la conducta del aquí demandado y los perjuicios que invocan haber sufrido los actores, y que se pretende enrostrar a aquél. Por lo expuesto, el segundo agravio no debe prosperar y así lo voto. --Se sostiene que "Para que exista responsabilidad civil es indispensable la concurrencia de cuatro elementos: daño, ilicitud, imputabilidad y causalidad. De los elementos enunciados, tres son puramente objetivos: el daño, la ilicitud y la causalidad, mientras que el restante, la imputabilidad, es subjetivo. Basta que uno solo de estos requisitos falte para que no haya responsabilidad." (LLAMBÍAS, Jorge Joaquín; "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones"; Tº I; p. 119 y ssgts; Nro. 98; cit, por MOISÁ, Benjamín en su art. "La culpa como único fundamento de la responsabilidad civil. Breve esbozo de una teoría general."; publ. en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros; La Ley; XII-2006, 10). --Por las razones expuestas en ocasión de considerar el primer y segundo agravio vertido y a las que me remito en honor a la brevedad, estimo abstracta la ponderación del tercer, cuarto y quinto agravios deducidos. --- --Al sexto agravio, debo señalar que el principio objetivo de la derrota que se aloja en el art. 68 del Código Procesal de aplicación al sub lite, en su parte pertinente, establece que "La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos del contrario (...). Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento (...)". --- --La firme convicción de creerse con derecho a litigar judicialmente la reparación del daño, en el caso concreto, deberá ser convenientemente extrapolado -por el magistrado - con la conducta sumida por la contraparte, antes y durante el litigio, para eximir de tal responsabilidad y aunque sea parcialmente al vencido. Mas en el supuesto en análisis, y no habiendo provisto los fondos necesarios para diligenciar la inscripción registral en tiempo oportuno y útil para los otorgantes del acto y cuya demora y daños invocados se endilgan al demandado, inhiben considerar cualquier tipo de exención de responsabilidad en orden a la condenación en costas, tal como lo ha dispuesto el magistrado de la instancia anterior y que comparto, por lo que el agravio no debe prosperar y así lo voto. --- --4. En orden a la apelación contra los honorarios regulados a los peritos V. y T. (v. fs. 307), y realizados los cálculos pertinentes, se advierte que los mismos han sido fijados en el mínimo dispuesto por los arts. 6 y 61 de la Ley del Arancel Nro. 2200 t.o. Ley 4335 B.O. 24/02/99 (1% del monto de la demanda). Por lo tanto, acoger el agravio indicado implicaría un avance sobre el derecho de propiedad que sobre sus emolumentos les asiste a aquéllos (art. 17 de la Constitución Nacional). Por ello, el agravio no puede prosperar y así lo voto.--- --5. Diferente suerte debe asignarse a la apelación deducida por el letrado del demandado. ---En efecto, la base regulatoria para la determinación de los emolumentos del letrado apelante debe establecerse con el capital reclamado en la demanda con más sus intereses, expresamente solicitados por los actores (v. demanda pto. II.- OBJETO de fs. 3), ello por imperio de la Ley del Arancel Nro. 2200, debiendo calcularse sus honorarios sobre la base del capital reclamado en la demanda con más sus intereses, conforme lo viene sosteniendo en forma reiterada este Cuerpo. Así, le asiste razón al letrado apelante, y su agravio debe prosperar parcialmente, pues conforme lo sostuvo este Cuerpo: "El art. 1627 del C.Civ. impone imperativamente a los Jueces, el deber de reducir equitativamente los honorarios cuando la aplicación de los mínimos arancelarios condujera a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida. A los fines de mensurar la importancia de la labor cumplida prevista en el texto mencionado, no puede dejar de valorarse la trascendencia económica de la litis, sobre todo tratándose de causas con un contenido netamente patrimonial" ("R., H. A: c/ A. V., J. J. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 22/06 CANO; SDC N° 19/06 CANO y "R., G. C. c/ A. L., A. y ots. s/ Daños y Perjuicios" Expte. Nro. 202/06 CANO). Y es así que con la prudencia que la temática en tratamiento impone, y con base en el criterio expuesto en los autos que cito, estimo corresponde regular los honorarios del letrado apelante en la suma total de $ 303.903.- Así lo voto. --- -A idéntica cuestión el Dr. FLASS dijo: - -Habiendo el Dr. Früchtenich, reseñado acabadamente los hechos antecedentes y planteos expuestos a esta alzada voy a abordar directamente las cuestiones traídas a decisión del Tribunal. - --Apelación de la actora: --- --1) La nulidad por incorrecta incorporación de la prueba: --- --Se queja la recurrente de que se haya oficiado al Colegio de Escribanos para que se expida sobre la responsabilidad civil del demandado; dice que ello desnaturaliza el proceso; afirma que, a pesar de lo expresado en la sentencia, la prueba influyó en el decisorio, hipótesis a la que llega al observar que hay identidad entre la contestación de demanda, lo informado por el Colegio de Escribanos y las conclusiones del a quo. --- --Aunque con motivos distintos a los expresados por el Sr. Juez que me precediera en el tratamiento de la cuestión voy a coincidir con el resultado final en cuanto rechaza el agravio expresado. Es cierto que el magistrado, en nuestro sistema romanista, no es libre de decidir conforme a su subjetiva apreciación de los hechos sino que se encuentra constreñido a las constancias del proceso que no puede alterar ni ignorar arbitrariamente aun cuando esté su íntima convicción orientada en sentido contrario, pero es que en el sub iudice no se ha producido tal circunstancia conforme lo analizaré ut infra. -- --En primer lugar debo destacar que la incorporación de una prueba improcedente puede dar lugar a la nulidad del decisorio pero no implicaría la desnaturalización del proceso desde que no se ha transgredido ni el principio de contradicción, preclusión, congruencia, etc. En consecuencia estaríamos ante un supuesto de nulidad relativa. - --Para que una nulidad relativa provoque la anulabilidad del proceso, es necesario, entre otras circunstancias, que hubiera causado un perjuicio a la parte que la reclama (pas de nulité sans dommage). En el caso que nos ocupa, la sentencia sería nula si se hubiera basado en la prueba erróneamente incorporada, ergo todo pasa por analizar en que medida ha influido el informe al Colegio de Escribanos en la decisión tomada por el a quo. - --El Sr. Juez a quo ha manifestado expresamente que los informes del Colegio de Escribanos no influyeron en su conclusión y no habría motivos para dudar, de tal afirmación. La recurrente fundamenta su recurso en una supuesta identidad entre la contestación de demanda, lo informado por el Colegio de Escribanos y los dichos del sentenciante, hipótesis que se desvirtúa a si misma. Es que si solo hubiera identidad entre lo informado por el Colegio de Escribanos y lo dicho por el sentenciante, quizás podríamos entrar a analizar en que medida ha influenciado lo primero en lo segundo, pero al ser argumentos esgrimidos por la defensa nada nos indica que el a quo no se hubiera basado exclusivamente en el escrito de contestación de demanda obviando la prueba de oficio en cuestión. No debemos olvidar que ambos (la contestación de demanda, el informe del Colegio de Escribanos y la sentencia) se estructuran en base a argumentos de derecho y no sobre los hechos acaecidos. Se trata en definitiva de una hermenéutica propuesta por el demandado y receptada favorablemente por el juzgador de allí que resulta superfluo el hecho del que el Colegio de Escribanos, al contestar su informe, se haya expedido en forma coincidente con el primero de los mencionados. --- --Todo lo dicho me lleva a concluir que los oficios del Colegio de Escribanos no han tenido una influencia decisiva en la sentencia y de allí que resulte superfluo determinar la legitimidad o no de su incorporación al proceso. --- --Por lo expuesto entiendo se debe rechazar el agravio en análisis. --- -- 2) La relación de causalidad: --- --El a quo niega que haya relación de causalidad suficiente y ello es motivo de expreso agravio por la actora. La recurrente abunda en argumentos tendientes a convencer de la falta de dolo o culpa en la falencia de su cliente; impugna por carente de fundamentos la afirmación del a quo en el sentido de que no habría relación causal suficiente; sostiene que las normas invocadas (arts. 512 y 902 del C.Civ.) llevan a conclusiones contrarias a la arribada por el Sr. Juez de la anterior instancia. - -Nuestro Código Civil se ocupa de la relación de causalidad en los arts. 901 a 906 y si bien el codificador no conoció, a la época de su sanción, la teoría de la causa adecuada, es prácticamente unánime la doctrina en sostener a que ella se desprende del texto legal, en especial el art. 901 en cuanto habla de lo que "...acostumbra suceder conforme al curso normal y ordinario de las cosas...". La teoría de la causa adecuada desarrollada por V. K. en 1888 propone, para determinar el origen de un hecho, atender a la posibilidad y probalidad de un resultado en orden al curso ordinario de los acontecimientos (GOLDENBERG, Isidoro "La relación de causalidad" 2ª ed. La Ley. Buenos Aires 2000, pag. 23). Entonces, no basta con que un hecho haya contribuido de alguna forma a la producción de un resultado sino que habrá relación de causalidad solo cuando ese hecho, aisladamente, tenga potencialidad para producirlo en condiciones normales y ordinarias o como dice el art. 901 del Cod. Civ., cuando el resultado "...acostumbra suceder conforme al curso ordinario y natural de las cosas...". - -Los hechos de la causa, objetivamente apreciados, nos muestran que hubo una donación con reserva de usufructo que no fue inscripta oportunamente en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria; que el titular del derecho real no pudo oponer el acto a los acreedores y que perdió el dominio sobre el inmueble en cuestión. Cabría preguntarnos si, conforme al curso ordinario y natural de las cosas, la falta de inscripción provocaría la pérdida del derecho real en manos de los acreedores del disponente y la respuesta será necesariamente negativa pues lo contrario equivaldría a otorgar habitualidad y normalidad al incumplimiento de las obligaciones. Lo normal, natural, habitual y ordinario es que las deudas se paguen voluntariamente y solo en el caso excepcional de que así no ocurriese, el acreedor tendrá un poder de agresión contra el patrimonio del deudor para procurarse el cumplimiento forzado. Reconocer naturalidad a esta última situación - la del cumplimiento forzado - no solo contradice la letra de la ley sino principios elementales de ética jurídica y aun cuando quizás pueda decirse que en los últimos tiempos se han incrementado los supuestos de incumplimiento y falencia, no por ello habremos de resignarnos y considerar normal lo que no lo es. Dice W. " Cuando se perfecciona una obligación - derivada de cualquiera de las fuentes aceptadas - surge inmediatamente la necesidad de su cumplimiento voluntario. Ello significa que el acreedor no recurrirá, en principio, a los medios legales puestos a su alcance para compeler al deudor a realizar la prestación. Del infinito número de obligaciones que a diario genera la vida de relación, la gran mayoría de ellas son cumplidas normal y espontáneamente. Quien está obligado siente el deber moral (además del jurídico) de responder, o quizá tiene temor a las acciones judiciales, y cumple sin esperar que el acreedor haga uso de los medios coactivos. Una prueba de ello: del inmenso número de obligaciones, las ejecuciones que llegan a los estrados judiciales son las menos" (W., E. C. "Derecho Civil. Obligaciones. T. 1 Buenos Aires 1990) --- --La inscripción tardía de una donación no produce per se la pérdida del derecho real en el titular dominial ni la frustración en su beneficiario. Solo acaecerá la pérdida cuando, ante una situación excepcional de incumplimiento, los acreedores del donante ejecutan el patrimonio de aquel. Entiéndase bien, lo dicho no significa que la mora en el deber del escribano de inscribir un acto - si fuera que el escribano tiene tal deber- sea inocuo para producir daños pero esos daños solo serán resarcibles cuando fueran consecuencia inmediatas y necesarias de tal incumplimiento (art. 520 C.Civ.) --En conclusión, la causa eficiente del daño fue el incumplimiento oportuno de las obligaciones del Sr. V y no la tardía inscripción de la donación. - --Estamos ante un claro caso de interrupción del nexo causal por el hecho de la víctima y digo hecho ya que no es necesaria una reprochabilidad en grado de dolo o culpa sino que basta una actividad o abstención de la víctima, atribuible a ella, aun sin imputación, por eso resultan inocuos los esfuerzos de la recurrente por convencer de que su cliente no tuvo culpa en la situación de falencia incurrida, mas es necesario agregar que quien asume un litigio judicial, por mas convencido de sus razones que esté, ha de tomar las previsiones suficientes para afrontar las costas en caso de perderlo pues ello es lo que aconseja un mínimo de prudencia exigible. - --Cabe agregar que, aun en la hipótesis del recurrente según el cual la pérdida del inmueble se debió a la falta de inscripción en el registro - lo cual rechazo pues como lo he sostenido reiteradamente la pérdida obedeció a las deudas contraídas por el Sr. V-, tampoco habría relación de causalidad suficiente pues ambos contratantes podrían haberlo instado a efectuar la inscripción y no lo hicieron siendo ellos los verdaderos interesados en que el negocio se registre siempre que, claro está, hubieran tenido la voluntad de que el mismo sea oponible a terceros pues nada obsta a que las partes quisieran celebrar un negocio solo válido inter partes. La jurisprudencia ha dicho " ...pesa sobre ambos contratantes, indistintamente la obligación de instarlo para que llene su cometido, aunque se lo hubiere designado como condición de la compraventa" (CNCiv. Sala D, abril 28-969, LL 136-420). -- --Todo lo expresado me lleva a coincidir con la sentencia recurrida y votar por el rechazo del agravio respectivo. --La procedencia de una acción de indemnización de daños exige necesariamente la verificación de requisitos esenciales (daño, antijuridicidad, relación de causalidad y factor de atribución) de allí que la ausencia de solo uno de ellos sea suficiente para su rechazo. Constatado, entonces, que no existió relación de causalidad suficiente entre el daño y el hecho atribuible al demandado resulta abstracto analizar los demás argumentos recursivos de la parte actora, salvo lo atinente a la imposición de costas de lo cual me ocuparé ut infra. No obstante considero oportuno referirme a otro de los elementos esenciales de la acción de daños que ha sido motivo de expreso agravio tal cual es la antijuridicidad en la conducta del demandado. La recurrente ha insistido en que la obligación del escribano es de resultado entendiendo por ello que solo se cumple cuando el acto es inscripto en el registro respectivo. Mas allá de disentir con la clasificación demoguiana entre obligaciones de medio y de resultado - tengo para mi que toda obligación es de resultado-, debo destacar que la recurrente se equivoca en cuanto a su concepción del resultado del negocio y la función de los registros. Los registros públicos en nuestro sistema no son constitutivos de derechos reales - salvo en el régimen particular del automotor- y el efecto de la inscripción es la posibilidad de oponer el negocio erga omnes, sin embargo el mismo es perfecto desde su celebración pues cobra validez inimpugnable entre las partes, en consecuencia afirmar que la obligación del escribano sea de resultado no significa lo mismo que atribuir a este el deber de inscribir el negocio pues el resultado se alcanza con la celebración del acto, nada obsta a que las partes voluntariamente quieran celebrar un negocio oponible solo y exclusivamente entre ellas. Ciertamente que el escribano será responsable por los defectos que pueda evidenciar el instrumento que otorga mas no por las ulterioridades de su registración salvo cuando ello fuera encomienda específica. La jurisprudencia de nuestro mas alto tribunal nacional ha dicho "... el notario está autorizado a cumplir los trámites de inscripción en el Registro de la Propiedad, pero no obligado a hacerlo" (C.S. agosto 19-969 LL 136-693- Voto del Dr. Baños) "El artículo 3141 prevé el supuesto de que, en lugar de las personas indicadas, sea el propio escribano que otorgó la escritura de hipoteca quien pida su inscripción. De todo lo cual se deduce que el notario puede pedir la toma de razón pero no está legalmente obligado a solicitarla" (CS Buebnos Aires . Revista Notarial 1969, pag. 1759 y LL 147-769), en forma coincidente "El escribano no es responsable por los perjuicios causados como consecuencia de la falta o demora de la inscripción de una inhibición voluntaria (Cciv. 2ª Capital, abril 15-921. J.A t. 6 pag 326).--- --Es necesario también advertir que la actora ha iniciado una acción de indemnización por incumplimiento contractual y era carga propia el acreditar la existencia de la obligación, mas específicamente, de la obligación del notario de proceder a la registración y no lo ha logrado. La jurisprudencia ha dicho que " La existencia de un encargo especial hecho al notario para que procediera a la inscripción de la hipoteca, surge, entre otras circunstancias acreditadas en la causa, de haber recibido de los interesados (actores) el dinero necesario para los gastos de inscripción" (Rev. Notarial 1969 Pág. 1759 y LL 147-795). En la causa de marras el actor no ha acreditado ni el encargo especial ni siquiera que hubiera abonado al demandado los gastos de inscripción. -- --Por último, si bien el actor ha manifestado que los gastos de inscripción eran de poca monta no por ello queda eximido de cumplir esta obligación cuando se advierte, tal como lo hace el Sr. Juez preopinante, que la labor profesional fue gratuita, hipótesis, esta última, sostenida por los actores. Todo lo dicho me lleva a concluir que, a mas de ausencia de relación de causalidad, tampoco hay antijuridicidad en la conducta del demandado. --La imposición de costas: - --Se agravia la recurrente de que se le hubieran impuesto las costas pues sostiene que su parte tenía motivos suficientes para litigar y se debieron distribuir las cargas en forma mas equitativa. -- --En nuestro sistema las costas son un corolario de la derrota lo cual constituye la aplicación de un principio axiológico de sustancia procesal, en cuya virtud se debe impedir, en cuanto sea posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en un daño a quien se ve constreñido a litigar. "La excepción a este principio debe aplicarse con criterio estricto" (CNCiv. D 8/7/82 ED 124-217; CNCiv. G 10/2/84 LL 1984-B283) . La excepción autorizada por el art. 68 no se asienta solo en la mera creencia subjetiva del litigante acerca de la razonabilidad de su pretensión, pues todo aquel que somete una cuestión a la decisión judicial es por que cree le asiste razón para peticionar, sino que han de darse circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximir al vencido en costas; han de tratarse entonces de casos verdaderamente excepcionales en los cuales las cuestiones de derecho son excepcionales, dudosas o de difícil interpretación y la existencia o no de suficiente relación de causalidad entre un hecho y un daño tal como se ha presentado en la presente litis no es una de ellas ergo no justifican apartarse del principio objetivo de la derrota. - --Los honorarios de los peritos: --- --La actora recurrente apela por altos los honorarios regulados a los peritos M V y G T. --De las constancias de autos surge que los honorarios de los peritos mencionados fueron regulados en un 1% del monto de la demanda para cada uno de ellos, lo cual resulta acorde con lo dispuesto por los arts. 6 y 61 de la ley arancelaria, así como también con la labor desplegada por los mismos. Adviértase que el porcentaje establecido es el mínimo que permite la ley arancelaria en su art. 61. En consecuencia entiendo no corresponde modificarlos debiéndose, por el contrario confirmar lo resuelto por el Sr. Juez a quo. --Apelación del apoderado de la demandada: -- --Se agravia también el apoderado de la demandada, Dr. R. L. G. mediante representación del Dr. M E I M al considerar bajos sus honorarios en virtud de que los mismos se calcularon sobre el monto demandado sin tener en cuenta los intereses devengados. -- --No caben dudas de que la base regulatoria ha de ser integrada con los intereses devengados durante la tramitación del proceso cuando ellos fueron objeto de expreso pedido pues ello es letra clara de la ley (art. 6º inc. a Ley 2.200), en consecuencia se debe proceder a regularlos conforme a la pauta mencionada. - No obstante lo dicho, si aplicáramos igual porcentaje al establecido en la primera instancia, resultaría una suma absurda, exagerada, desproporcionada con la labor realizada. El artículo 1.627 del C.Civ. dispone que los jueces, en situaciones como la descripta, tienen ya no la facultad sino el deber de morigerar los emolumentos hasta una justificada proporción. Ya es doctrina reiterada por este tribunal que : "El art. 1627 del C.Civ. impone imperativamente a los Jueces, el deber de reducir equitativamente los honorarios cuando la aplicación de los mínimos arancelarios condujera a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida. A los fines de mensurar la importancia de la labor cumplida prevista en el texto mencionado, no puede dejar de valorarse la trascendencia económica de la litis, sobre todo tratándose de causas con un contenido netamente patrimonial" ("RIQ:, H. A. c/ A. V., J. J. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 22/06 CANO; SDC N° 19/06 CANO y "R., Gladis C. c/ A. L., A. y ots. s/ Daños y Perjuicios" Expte. Nro. 202/06 CANO). Es por lo expuesto que, también a este respecto, voy a coincidir con el Sr. Juez que me precediera en el tratamiento de la cuestión y voy a considerar que en atención a la labor desplegada por el letrado, en relación al monto del proceso resulta razonable que sus emolumentos se regulen en una suma total de $ 303.903.- Así lo voto. --- --A la SEGUNDA CUESTION, el Dr. Früchtenicht dijo: -- --Por lo expuesto en ocasión de votar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia apelada, modificándola en cuanto a los honorarios profesionales regulados al Dr. R. L. G., los que deberán determinarse en la suma de $303.903-; con más el IVA pertinente (arts. 6, 7, 8, 9, 39, 47 de la Ley 2.200). II.- IMPONER las costas de esta instancia a la recurrente vencida (art. 68, CPCC), regulando los honorarios de la Dra. A. A. en la suma de $31.400.- y los del Dr. R. L. G. en la de $91.000.-, ambos montos con más el IVA pertinente, por la labor efectuada en esta Alzada. (art. 14 del Arancel), y III.- TENER PRESENTE la reserva del denominado Caso Federal. --A idéntica cuestión el Dr. Flass dijo: Conforme a lo manifestado al analizar la primer cuestión considero se debe: I.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia Nº 57/07 de fecha 23 de agosto de 2007 (fs. 287/294 vta.), modificándola solo en lo atinente a la regulación de honorarios del Dr. R. L. G., los que deben fijarse en la suma de $303.903.- (arts. 6, 7, 8, 9, 39, 47 de la Ley 2.200 y 1.627 Cod. Civ.). II.- IMPONER las costas de la presente instancia a la recurrente vencida (art. 68, CPCC), debiéndose regular los honorarios de la Dra. A. A. en la suma de $31.400.- y los del Dr. R. L. G. en la de $91.000.-, ambos montos con más el IVA pertinente, por la labor efectuada en esta Alzada. (art. 14 del Arancel), y III.- TENER PRESENTE la reserva del denominado Caso Federal. --- --Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente: - S E N T E N C I A -- --Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve: - --1º) CONFIRMAR, parcialmente, la Sentencia Nº 57/07 de fecha 23 de agosto de 2007 (fs. 287/294 vta.), modificándola solo en cuanto a los honorarios regulados al Dr. R. L. G., los que se fijan, en definitiva, en la suma de $303.903.-; con más el IVA pertinente (arts. 6, 7, 8, 9, 39, 47 de la Ley 2.200, art. 1.627 ). --- --2º) IMPONER las costas de esta instancia a la recurrente vencida (art. 68, CPCC), regulando los honorarios de la Dra. A. A. en la suma de $31.400.-y los del Dr. R L. G. en la de $91.000.-, ambos montos con más el IVA pertinente, por la labor efectuada en esta Alzada. (art. 14 del Arancel). --3º) TENER presente la reserva del denominado Caso Federal. -- --4º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase. --- --La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley 1.130, texto según Ley 4.550) y encontrarse recusado el Sr. Juez de Cámara Dr. Benjamín Moisá. - GÜNTHER ENRIQUE FLASS JORGE L FRÜCHTENICHT REGISTRADA BAJO EL Nº 04 DEL AÑO 2008 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS.- CANO.- Norma Marrero Secretaria.