Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-16


BENITEZ, Marcelino Jacinto contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 197 p 488-492.

En la ciudad de Santa Fe, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "BENÍTEZ, Marcelino Jacinto contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 542, año 1994), de conformidad con el acuerdo celebrado el día nueve del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro decano doctor Vigo dijo: I.1. Marcelino Jacinto Benítez promueve recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe, tendente al cobro de la indemnización establecida en el artículo 212 y aplicables de la ley 20.744 y modificatorias, a las que remite la ley 10.052 para el personal de la Administración Pública provincial comprendido en la ley 8525, los intereses que fije el Tribunal y que mantengan incólume el capital a partir del 3.9.1993 hasta el efectivo pago y las costas del proceso.

Relata que fue empleado de la demandada hasta el día 3.9.1993, en que por decreto nro. 2184 se lo dejó cesante por incapacidad total y permanente, la que fue previamente dictaminada por la Dirección de Higiene y Salud del Trabajador; que el 27.5.1994 solicitó el pago de la indemnización ya aludida y que ante la falta de respuesta, dedujo pedido de pronto despacho en fecha 14.7.1994, acudiendo finalmente a esta sede.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (foja 21), comparece la Provincia a estar a derecho (foja 27) y contesta la demanda (fojas 30/32).

Plantea la inadmisibilidad del recurso, con fundamento en el artículo 12 inciso "e" de la ley 4106, toda vez que, conforme lo pone de manifiesto el actor en la demanda, inició reclamo administrativo previo de conformidad con lo dispuesto por la ley 7234 y, siguiendo los lineamientos de dicha normativa, dedujo posterior pedido de pronto despacho, sin obtener respuesta.

Dice que la mencionada ley regula las pautas previas que deben observarse para promover demandas contra la Provincia ante los jueces o tribunales ordinarios, habilitando la vía "ante los Juzgados que no tengan habilitada una competencia específica y originaria con un procedimiento especial", como acontece con este Tribunal, de modo que, "al equivocar la vía, el recurrente no ha agotado los pasos procedimentales previstos en el decreto 10.204, lo que acarrea la inadmisibilidad de la instancia judicial".

Sostiene, además, que el recurso es improcedente.

En ese sentido, niega que la Ley de Contrato de Trabajo resulta aplicable en virtud de lo dispuesto por la ley provincial 10.052; que ésta no enerva totalmente las disposiciones de la ley 8525, sino que limita a la materia de las condiciones de trabajo y el régimen salarial la aplicación del sistema de convenciones colectivas de trabajo, excluyendo lo relativo al régimen indemnizatorio; y que, por lo demás, la Provincia no ha convenido con sus dependientes, por el sistema de convenciones colectivas de trabajo, la modificación de las normas estatutarias relativas a la materia.

Para el supuesto en que se haga lugar a la demanda, postula que el rubro intereses debería limitarse a partir del 27.5.1994 -fecha de la reclamación administrativa previa-, pues con anterioridad no había sido constituida en mora.

Destaca que, según constancias de fojas 5/8 vto.

del expediente administrativo nro. 00701- 0023047-0, el recurrente habría gestionado el pago de la indemnización prevista en el artículo 33 de la ley 8525; que tal pedido fue desestimado por resolución del Ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio nro. 588/93, contra la que dedujo revocatoria -que fue denegada- y apelación en subsidio -concedida por resolución nro. 26/94-; y que, en fecha 23.3.1994, se corrió traslado al recurrente para que exprese agravios.

De ello deduce que Benítez habría intentado la percepción de la indemnización de la ley 8525 con anterioridad a la que ahora reclama, es decir, que también él consideró aplicable el régimen de aquélla.

Destaca que las indemnizaciones que prevén la Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 212, y el Estatuto para el Personal de la Administración Pública, en su artículo 33, son substancialmente idénticas y responden a la misma causa de cesantía por incapacidad.

Finalmente, plantea el caso federal para la hipótesis de una sentencia adversa a sus intereses y solicita el rechazo del recurso, con costas.

3. Abierta la causa a prueba, producida la que consta en autos y agregados los informes de las partes (fojas 57/58 y 59/60), se dicta el llamamiento de autos (foja 61).

Firme dicha providencia, se halla la causa en estado de ser resuelta.

II. Esta Corte ha sostenido invariablemente que el acogimiento del recurso en su aspecto formal hecho en la ocasión prevista por el artículo 25 de la ley 4106, no impide volver sobre la cuestión en el acuerdo definitivo (A. y S. T. 12-13, pág. 35; T. 42, pág. 228; T. 67, págs. 81/92; T. 105, págs. 125/135; T. 108, págs. 466/475) 1. Si bien este Tribunal, por mayoría, ha declarado (en el antecedente "Muñoz", A. y S. T. 129, págs. 52/57) su incompetencia para entender en causas como la presente, en la que se pretende el reconocimiento de indemnización por cesantía por incapacidad inculposa - aunque con fundamento en otra normativa-, tal solución no puede adoptarse en este caso.

Ello, en virtud del criterio que inspiró a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Tellez, María E." (La Ley, Tomo 1986-C-167, con nota al pie de página de Roberto Martínez Ruiz, quien cita otros antecedentes), respecto del momento desde el cual han de correr las nuevas pautas jurisprudenciales, y que sostuvo esta Corte in re "Carlacchiani", A. y S. T. 81, pág. 187 (en igual sentido, "Suligoy", T. 85, pág. 262; "Pennacino", T. 92, pág. 115; "Scota", T. 118, pág. 292; "Leppez", T. 119, pág. 46; "Bossio", T. 126, pág. 165).

En tales condiciones, la cuestión es de la competencia del Tribunal.

2. En el responde, la accionada ha planteado la inadmisibilidad del presente recurso con base en el inciso "e" del artículo 12, de la ley 4106, conforme se expusiera en el relato precedente.

Adelanto que su postulación no puede prosperar.

Como se dijo, la demandada plantea la inadmisibilidad del recurso con base en que, tanto el reclamo como el posterior pedido de pronto despacho (ambos dirigidos al Gobernador) fueron basados en la ley nro. 7234; que, seleccionado el trámite de esa ley, la causa debe ventilarse ante el juez ordinario competente, toda vez que la competencia originaria de esta Corte deviene del procedimiento previo administrativo previsto en el decreto nro. 10.204/58 y demás normas especiales asimilables; y que así el acto resulta susceptible de otra acción o recurso ante distinta jurisdicción (conf. artículo 12, inciso e, Ley 4106).

Ya en autos "Fontecchiari" (A. y S. T. 105, pág. 1), esta Corte se pronunció acerca de si es necesario que el particular exprese y califique sacramental y rígidamente los términos de sus reclamos y recursos, trayendo a colación los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que "puede prescindirse válidamente del 'nomen iuris' utilizado por la provincia para interponer su acción y atender a la real sustancia de la solicitud" (Fallos 307:1379).

Ello, sumado al principio de atenuación del rigor formal en favor del administrado, según el cual el contenido de las reclamaciones producidas en la vía administrativa deben interpretarse con benignidad evitando, por ejemplo, que por defecto de forma dejen de tramitarse recursos erróneamente calificados, pero sin que pueda alcanzar a cubrir recursos presentados fuera de término (Garrido Falla, "Régimen de impugnación de los actos administrativos", Madrid, 1956, pág. 294 y siguientes; Diez, Manuel, "Derecho Administrativo", tomo V, pág. 233, esp. cita Nro. 38 de Dictámenes de la Procuración del Tesoro, a contrario sensu, Plus Ultra, 1971) -criterio de A. y S. T. 110, pág. 42-, basta para desechar lo argumentado por la demandada.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler, Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro decano doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro decano doctor Vigo dijo: El actor pretende que se le reconozca la indemnización prevista en el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, a lo que se opone la demandada por entenderla inaplicable al caso, destacando que el recurrente tramitó en sede administrativa un pedido de otorgamiento de la indemnización del artículo 33 de la ley 8525.

En su informe de vista de causa, el recurrente admite tal extremo fáctico, pero argumenta que ello no obstaculiza el presente reclamo, según lo dispuesto en la última parte del artículo 212 de la L.C.T., cuya aplicabilidad sostiene, en la inteligencia que la ley 10.052 es el acto expreso de inclusión a que refiere el artículo 2, inciso "a" de la ley 20.744.

Adelanto que la tesis del actor no puede prosperar.

La cuestión a resolver exhibe similitud con la considerada y resuelta por este Tribunal -con anterior integración- en la causa "Argento" (de A. y S. t. 145, págs. 250/254).

En dicho precedente se consideró -mediante argumentos que resultan trasladables al presente caso- que la ley provincial 10052 establece en su artículo 1 que "las condiciones de trabajo y régimen salarial del personal de la Administración Pública Provincial actualmente comprendida en la ley nro. 8525, serán establecidos mediante el sistema de convenciones colectivas de trabajo". También se dijo que tal norma no podía ser interpretada con el alcance que propone el allí demandante "esto es, otorgándole la virtualidad de tornar aplicable, por imperio del artículo 2 de la L.C.T., las disposiciones de ésta a la relación de empleo público".

Corresponde destacar en primer lugar -tal como se hizo en el precedente mencionado- que la ley 10.052 no derogó las disposiciones de la ley 8525, ni consagró la automática inclusión de las relaciones de empleo público provincial "en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo", ni, menos aún, en la Ley de Contrato de Trabajo, sino que de sus normas claramente surge que estableció un sistema de negociación especial para el personal de la Administración pública provincial, regulándolo minuciosamente y remarcando la inaplicabilidad supletoria de las disposiciones de las leyes 14786 -Ley de Conflictos Colectivos del Trabajo- y 16936 -Ley de Arbitraje Obligatorio- (artículo 23).

Así, en particular, el artículo 4 ordena que "las disposiciones de la convención colectiva deberán ajustarse a las normas legales que rigen el derecho administrativo y el derecho del trabajo y no podrán contener cláusulas que afecten disposiciones dictadas en protección del interés general..."; el artículo 5 prevé la obligación de las partes de acordar la integración de una comisión que tendrá las facultades de entender y promover la conciliación en los conflictos colectivos de intereses que se susciten entre las partes, de acuerdo a lo normado por los artículos 19, 20, 21 y 22 de la ley, cuya composición es particularísima: un miembro de esta Corte, un diputado y un senador; el artículo 6 prescribe que la homologación de la convención se realizará mediante decreto fundado del Poder Ejecutivo y, si alguna de sus cláusulas implicase la modificación de normas presupuestarias vigentes, serán sometidas a la consideración del Poder Legislativo; etcétera.

Lo expuesto me lleva a afirmar que el dictado de la ley 10052, dirigida a regular determinados elementos del status, pero no a alterar su esencia per se, no tornó aplicables a la relación de empleo público provincial las normas de la Ley de Contrato de Trabajo.

En consecuencia, voto por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler, Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro decano doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro decano doctor Vigo dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas al actor.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler, Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro decano doctor Vigo, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Rechazar el recurso interpuesto; con costas al actor.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)