Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-28


Esquel 28 de abril de 2006.- -VISTO: -El recurso de apelación interpuesto a fs. 23 contra los puntos I) y II) de la resolución de fs. 20/21 y vta. y, - CONSIDERANDO:

Que el nulidicente se agravia considerando que existe arbitrariedad en el resolutorio y manifiesta contradicción con los fundamentos expuestos, expresando que a su entendimiento la liquidación practicada de la que se le corriera traslado, importa una ampliación de demanda, pues no sólo se trata de una liquidación, sino de una nueva demanda por rubros anteriormente no incorporados, por lo que la misma debe ser notificada en el domicilio real de su apoderado y no en el constituido como se hizo, y que el perjuicio de ello se traduce en la afectación del derecho de defensa en juicio, por cuanto no tenía instrucciones al respecto. Agrega que "lo único que se cuestionó, y muy claramente, es que no correspondía incluir rubros en una liquidación que no habían sido previamente intimados (por lo tanto no integran la litis), y que en todo caso, y en función de tal extremo la notificación no era válida para producir sus efectos en el domicilio constituido, debiendo la misma practicarse en el domicilio real".

Se agravia asimismo respecto a la sanción impuesta por entender que la misma no tiene ninguna razón de ser respecto a la cuestión planteada y que fuera motivo de resolución, porque son ajenos al debate de los fundamentos que le darían sustento, afectándose de esta forma el principio de congruencia. Que a fs. 20/21 y vta. la Sra. Juez de Familia desestima el planteo de nulidad por considerar que el mismo adolece de un yerro, agregando que independientemente de las instrucciones impartidas, su función consiste en controlar el acierto o no de la planilla, respecto de su contenido, la que de otro modo se aprobará dando lugar al embargo correspondiente.

Expresa asimismo que con fecha 24 de Agosto se celebró una audiencia con ambas partes y sus letrados, estando vencidas a esa fecha también las cuotas de los meses que con esta incidencia se objetan, por lo que mal puede afirmarse que el deudor alimentario no se encontraba en conocimiento de la deuda si en ese acto reconoce expresamente la deuda que mantiene. - La Juez de grado en dicho resolutorio declara la conducta del alimentante Sr. F. L. temeraria y maliciosa en perjuicio de sus hijos, imponiéndole en consecuencia una multa del 10 % del monto que arroje la liquidación, a favor de los niños. Que lo primero que advierte este Tribunal, es que la nulidad bajo análisis es violatoria del principio de preclusión. - Ello es así, por cuanto se advierte del estudio de los presentes y teniendo a la vista los autos principales caratulados: "G., L. I. y L., F. M. s/ homologación" (Expte. Nº 543/128/2003), que éste es un proceso especial de homologación, con sentencia firme (15 de octubre de 2003, fs. 5/6) y que además, el alimentante tomó conocimiento de la deuda reclamada en la audiencia celebrada con fecha 24 de agosto de 2005 y que, con fecha 26 de septiembre de 2005 al plantear nulidad de notificación, no puede aceptarse la intención del recurrente, que mediante los fundamentos expuestos pretende modificar la cuestión procesal, la que ha quedado firme y consentida por haber fenecido los plazos procesales atinentes.

En oportunidad similar a la que aquí se discute, esta Alzada, manifestó: "Al decir de Chiovenda, citado por Palacio en Derecho Procesal Civil, T. I, págs. 280 y 282 la preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal que alcanza a la de renovar las cuestiones que fueron planteadas y decididas ... ", como en el caso de autos (SIC nro. 14/86, SIC nro. 22/04 CANO).-- En tales circunstancias, la resolución atacada decide una cuestión ya definida, la que se encuentra firme y consentida; ello así, por cuanto el propio interesado no hizo uso de la oportunidad procesal prevista, del mecanismo de defensa -impugnación- que tenía a su alcance, por lo que corresponde se confirme la misma. Finalmente, este Cuerpo ha de referirse al pedido de declaración de temeridad formulado por la actora en su escrito de fs. 15/16 y vta., para lo cual citaremos, en primer lugar, lo resuelto por la Cámara en S.D.C. nro. 44/02 CANO:

"Hay temeridad en quien litiga, ya sea como actora o como demandada, sabiendo que no tiene razón valedera para hacerlo, de donde se desprende que en la configuración del instituto confluyen dos aspectos, a saber: uno, objetivo, como lo es la ausencia de razón para obrar como se lo hace, y otro, subjetivo, como lo es el conocimiento que se tiene de lo infundado de la postura procesal adoptada. (Ver Fenochietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Editorial Astrea, 1987, Tomo 1, pág. 188)". - Asimismo, se ha dicho que "deben tenerse en cuenta, en el caso concreto, los criterios que hacen al resguardo del derecho de defensa en juicio, el que no debe coartarse en el sólo fundamento de las facultades disciplinarias que acompañan al deber legal que pesa sobre el Juez que vela por la conservación del decoro y del buen orden en el desarrollo del proceso (art. 35 CPC y C)" (S.D.C. Nº 9/99, 40/99, 23/00 y 10/01 CANO). Tal como lo hemos dicho en los considerandos que anteceden, se encuentra acreditado que el alimentante ha desplegado una conducta dilatoria en el procedimiento, puesto que al tratarse de una cuestión alimentaria se afectan directamente intereses de sus hijos, por tal motivo, en nuestra opinión, la conducta asumida reúne los requisitos para ser calificada como temeraria, correspondiendo la confirmación de la sanción aplicada. - Atento como ha quedado resuelta la cuestión, corresponde imponer las costas en esta Instancia al vencido y regular los honorarios de los profesionales actuantes en la Alzada, fijándolos para el Dr. R. M. en la suma de $50 y para el Dr. F. R. en la suma de $30 (art. l4 Dto. Ley 2200). -Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, -R E S U E L V E:

--1) CONFIRMAR, en cuanto ha sido materia de recurso la sentencia de fs. 20/21 y vta.2) IMPONER las costas en esta instancia al alimentante (art.68 del C.P.C.C.), regulando los honorarios del Dr. R. M. en la suma de $ 50 y del Dr. F. R. en la suma de $30 , por la labor desarrollada por ambos en esta Alzada (art.14 Dto.Ley 2200).

--3) Regístrese, notifíquese y devuélvase juntamente con los autos principales. -La presente resolución se dicta con el Tribunal integrado por el Sr. Juez Civil, Comercial y Laboral Dr. Omar Magallanes, por encontrarse vacantes dos vocalías de este Cuerpo y haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 Ley 1.130, último párrafo C.P.C.C., texto según Ley 4.550 y Acordadas STJ 3.223/00 y 3.303 S.A.) - BENJAMÍN MOISÁ OMAR MAGALLANES REGISTRADA BAJO EL Nº 43/06 CANO.-CONSTE.-Norma Marrero.