Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-27


2º Instancia.- Buenos Aires, marzo 27 de 2008.

El doctor Galmarini dijo:

I. La sentencia de fs. 211/213 consideró que los elementos de convicción aportados al proceso resultaban insuficientes para tener por acreditada la ocurrencia del hecho motivo de estas actuaciones, por lo que rechazó la demanda instaurada por Armando Migueletto y Edgardo Luis Migueletto contra David Alberto Devia, con costas.

Apelaron los actores, quienes expresaron agravios a fs. 275/277, cuyo traslado no fue contestado.

II. Ante la razón expresada por el magistrado para el rechazo de la demanda, vinculada con la falta de prueba de la existencia del hecho, la crítica esgrimida por los actores resulta convincente en cuanto con sustento en la jurisprudencia que invoca sostiene que no puede soslayarse la apreciación de prueba instrumental, incorporada al proceso con posterioridad a la sentencia apelada, que es demostrativa de la existencia del accidente de tránsito alegado en el escrito inicial. También adquiere importancia en el caso el silencio guardado por la citada en garantía a la intimación dispuesta en la audiencia del art. 360 del Código Procesal, para que acompañe a este proceso la denuncia del siniestro y/o actuaciones administrativas efectuadas por el asegurado como consecuencia del accidente que aquí se investiga, con el apercibimiento previsto por el art. 388 del Código Procesal (ver fs. 97 vta.).

Es de advertir que tanto al responder a la demanda el accionado, como al contestar la citación en garantía la aseguradora de aquél, mediante la misma letrada apoderada, formularon una negativa de los hechos tal como fueran alegados por los reclamantes, pero sin dar una versión distinta de los hechos y sin precisar asertivamente que el accidente no existió.

Si bien frente a esa negativa pesaba sobre los reclamantes la carga de la prueba del acaecimiento del choque, lo cierto es que ante la agregación principalmente del acta de choque en la que aparece como denunciante el mismo demandado (fs. 228), aun cuando se incorporara con posterioridad al dictado de la sentencia de primera instancia, el Tribunal no debe ignorar el contenido de ese instrumento autenticado por la autoridad policial correspondiente, menos aún si se tiene en cuenta que ante el traslado del memorial, tanto el demandado como su aseguradora guardaron silencio ante la invocación por los actores de ese instrumento.

En el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocado por los actores se sostuvo lo siguiente: "Que la condición necesaria de que las circunstancias de hecho sean objeto de comprobación ante los jueces, no excusa la indiferencia de éstos respecto de su objetiva verdad. Es en efecto exacto que, por lo regular, a fin de juzgar sobre un hecho, no cabe prescindir de la comprobación del modo de su existencia, que en materia civil incumbe a los interesados. Y también es cierto que esa prueba está sujeta a ciertas limitaciones, en cuanto a su forma y tiempo, pues es exacto que de otro modo los juicios no tendrían fin".

"Que, sin embargo, el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata simplemente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte".

"Que concordantemente con ello la ley procesal vigente dispone que los jueces tendrán, en cualquier estado del juicio, la facultad de disponer las medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos. Y tal facultad no puede ser renunciada, en circunstancias en que su eficacia para la determinación de la verdad sea indudable. En caso contrario la sentencia no sería aplicación de la ley a los hechos del caso, sino precisamente la frustración ritual de la aplicación del derecho".

"Que, desde luego y por vía de principio, es propio de los jueces de la causa, determinar cuando existe negligencia procesal sancionable de las partes así como disponer lo conducente para el respeto de la igualdad en la defensa de sus derechos. Pero ni una ni otra consideración son bastantes para excluir de la solución a dar al caso, su visible fundamento de hecho, porque la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de justicia" (CSJN septiembre 18/1957, "Colalillo Domingo c. Cía. de Seguros España y Río de la Plata", Fallos 238:550).

En ese fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia porque había rechazado una demanda teniendo en cuenta la presentación extemporánea de un documento del que podía depender la solución del pleito. Como integrante de la Sala "C" de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil tuve ocasión de aplicar el mismo criterio al emitir pronunciamiento en los autos "O.S.N c. Autoplaya Vélez Sarsfield S.A. s/ejecución fiscal" (CNCiv. Sala F, febrero 15/1996, R. 142.308).

De las actuaciones remitidas a la Sala por la Comisaría Primera de Hurlingham surge por un lado que el 10/05/05 se recibió oficio del Juzgado en lo Civil Nº 60, correspondiente a estos autos (fs. 225) y se remiten las actas de choques por las denuncias efectuadas por cada uno de los protagonistas del hecho, en la misma fecha (Edgardo Luis Migueletto fs. 227 y David Alberto Devia fs. 228). De la denuncia de este último surge que el vehículo del actor Renault 19 circulaba por la Av. Roca y llegando a la intersección con Los Árboles se detiene por el semáforo en rojo y el vehículo Nº 1 -el suyo, Renault 9- que venía detrás intenta hacer lo mismo y le fallan los frenos y lo embiste en la parte trasera. Allí mismo se indican los deterioros en ambos rodados y es de advertir que se indican como desperfectos en el Renault 9: "toda la trompa del vehículo"; y en el Renault 19: "parte trasera del vehículo" (fs. 228).

Estas actuaciones autenticadas revelan en forma indudable la existencia del choque alegado por los actores y que fue protagonizado por uno de ellos (Edgardo Luis Migueletto) y por el demandado (David Alberto Devia).

Frente a esta prueba de la existencia del accidente, la forma en que se formuló la negativa de los acontecimientos que fuera relatada en la demanda, constituye una actitud en alguna medida reprochable de parte del demandado y de la aseguradora, pues no cumplieron con la exigencia del segundo inciso del art. 356 que dispone el deber del demandado de especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa. Específicamente no negaron la existencia del accidente, sino que negaron que hubiera ocurrido como lo relataron los actores, pese a que lo contrario surge de la versión dada por el mismo demandado al efectuar su denuncia en el acta de choque de fs. 228.

Esta actitud de la demandada en el proceso constituye un elemento de convicción corroborante de la prueba instrumental, desfavorable a su posición en el pleito, de conformidad con lo previsto por el art. 163, inc. 5, último párrafo del Código Procesal. Lo mismo que el silencio mantenido por la aseguradora ante la intimación efectuada en la audiencia de fs. 97 y vta. para que acompañara al expediente copia de la denuncia del siniestro, bajo el apercibimiento del art. 388 del Código Procesal. Como en esa audiencia estaba presente el letrado apoderado de la citada en garantía, dicha intimación era operativa y al menos debió dicha aseguradora dar alguna explicación, no habiéndolo hecho resulta aplicable la previsión de la norma citada en el sentido de que constituirá una presunción en su contra.

De todos modos, basta el contenido de la denuncia efectuada por el demandado en el acta de choque, que constituye una prueba acabada de la realidad de lo ocurrido que el tribunal no debe soslayar, por las razones expuestas anteriormente, para considerar debidamente probada la existencia del hecho y acreditado el choque. Si el demandado pretendía liberarse de la responsabilidad prevista en el art. 1113, segunda parte del segundo párrafo, del Código Civil, debió acreditar alguna de las eximentes allí mismo contempladas. Pero como nada ha invocado, ni probado en tal sentido, corresponde revocar la sentencia en cuanto rechaza la demanda, y considerar responsable del accidente al demandado. Por lo que corresponderá entrar a considerar la indemnización de los daños pretendidos.

III. Reparación del rodado:

De acuerdo con lo informado por el Registro Nacional de Propiedad Automotor el codemandado Armando Luis Migueletto es titular del Renault 19, dominio DHO105 (fs. 140).

El perito ingeniero mecánico estimó a la fecha de la peritación el costo de las reparaciones y reposiciones que insumiría el vehículo del actor para dejarlo en buenas condiciones de uso. Así determinó el costo por chapa, pintura, mecánica y electricidad, y también el costo de los repuestos, para llegar al monto de $ 7.674, importe similar al presupuesto de fs. 11 que fuera reconocido por el tallerista en la audiencia de fs. 150 y vta. ($ 7.285). Aun cuando este último presupuesto sea algo menor que el calculado por el perito dado los fundamentos explicitados por éste a fs. 134 vta./135 en cuanto al costo de las reparaciones de los deterioros descriptos a fs. 133 y vta. y la relación causal con el accidente (fs. 133 vta.), corresponde acceder a este reclamo indemnizatorio por el monto presupuestado por el experto. Las impugnaciones de la demandada y de la citada en garantía (fs.153/154), fueron debidamente rebatidas por el perito a fs. 170/173.

IV. Privación de uso y lucro cesante:

En el caso está acreditado el uso del automóvil del actor como taxímetro (fs. 140). El perito calculó el tiempo necesario para la realización de los trabajos y las demoras habituales en este tipo de tareas que impidieron la utilización del automóvil, según el experto durante aproximadamente 19 días hábiles.

A su vez el Sindicato de Conductores de Taxis de la Capital Federal informó que al mes de abril de 2005 la recaudación aproximada de un taxímetro por hora era de $ 14,319 y la jornada laboral era de 8 horas por turno (fs. 111).

Sobre la base de las pruebas producidas, teniendo en cuenta el tiempo que el titular del automóvil taxímetro se vio privado de utilizarlo, la pérdida de ganancias que durante ese lapso ha padecido, calculada en razón de los ingresos habituales informados por el sindicato respectivo, deduciendo los importes por gastos que el uso del rodado comúnmente provoca, llevan a acoger el reclamo indemnizatorio en examen, fijando el resarcimiento en la suma de $ 1.700.

V. Desvalorización del rodado:

El perito mecánico al inspeccionar el Renault 19 RE, Diesel, Berlina, 4 ptas., modelo 2000, taxi, DHO105, verificó la reposición de la tapa de baúl, paragolpes, guardabarros izquierdo, faro trasero izquierdo, acrílico, reparación del piso del baúl, con signos de soldadura, cierres de puertas y lineabilidad de la tapa de baúl fuera de escuadra. Observa que la puerta trasera izquierda no ajusta correctamente ya que el panel de techo no se encuentra correctamente alineado. Los burletes no se posicionan correctamente. Por las razones que expone estima en un 6% la desvalorización del automóvil, que en función de la valuación allí indicada de un vehículo similar en buenas condiciones ($ 17.500), lleva a determinar el monto de la merma del valor venal en la suma de $ 1.050 (fs. 134 vta.). La impugnación efectuada por la demandada y su aseguradora sobre el punto también fue debidamente respondida por el experto a fs. 172 vta.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la indemnización por este item, fijando la suma de $ 1.050.

VI. Incapacidad sobreviniente:

Este item abarca todo menoscabo en la vida, la salud e integridad o armonía física o psíquica de la persona humana, por lo cual el daño debe ser resarcido por tratarse de una disminución en la capacidad vital, aun en los casos en que esa merma o deterioro no dificulte la realización de tarea alguna (CNCiv. Sala C, agosto 31/1993, LA LEY, 1994-B, 613, fallo Nº 92.215; id. Junio 6/2000 "Maidana, Javier Y. c. Reina Carlos E. y otros s/daños y perjuicios", L. 342.607). Lo que se indemniza por este concepto no son las lesiones padecidas, sino la disminución de la aptitud física o psíquica derivada de las secuelas del accidente, especialmente las que perduran de modo permanente, y si bien los porcentajes de incapacidad fijados en los peritajes constituyen un medio útil para la apreciación de la entidad del daño, sólo tienen un valor relativo, por lo que el juzgador, con sustento en las circunstancias personales del damnificado, debe valorar principalmente las secuelas físicas, psíquica o estéticas que surgen descriptas por el experto que importen una disminución en la capacidad vital (conc. CNCiv. Sala C, septiembre 20/1999, "Huaman, María de la Cruz c. Micro Omnibus Norte S.A. s/daños y perjuicios", L. 258.943; id. Sala F, noviembre 16/2004, "Krauthamer Diego c. Arriola Dalmiro Alberto y otros", L.372.901; id. abril 14/2005, "Gómez, Jesús Eduardo y otro c. Muiños, Eduardo Alejandro y otros s/daños y perjuicios, L. 403.962).

El médico forense destaca a fs. 179 que si bien no se ha encontrado limitación funcional en la radiografía se observa una contractura paravertebral y radiculopatía C6-C7 que son coincidentes con el mecanismo traumático descripto en la demanda. Aunque estima que no se puede hablar de incapacidad, ya que no hay alteración funcional, existe un daño en la columna que puede estimarse en un 5% (fs. 179). En la presentación de fs. 186/187 reitera en lo fundamental lo expresado en el primer dictamen.

Más allá de que lo indemnizable por la partida en examen no se limita a la incapacidad funcional, sino toda secuela que importe un menoscabo en la aptitud vital, la verificación de la subsistencia del daño en la columna que fue estimado en un 5%, justifica la procedencia del resarcimiento para cuya determinación deberá tenerse en cuenta la edad del damnificado al momento del hecho -32 años-, la actividad que desarrollaba y las características de la secuela descripta por el médico forense. Por estas consideraciones y concordantemente con la valoración de la Sala en situaciones similares, en uso de las facultades atribuidas por el art. 165 del Código Procesal, propongo fijar por la partida en estudio a favor del coactor Edgardo Luis Migueletto la suma de $ 7.500.

VII. Daño moral:

En virtud de lo previsto por el art. 1078 del Código Civil, habiéndose acreditado los padecimientos físicos descriptos en los dictámenes del profesional del cuerpo médico forense y las secuelas aún subsistentes, no cabe duda de la procedencia del reclamo indemnizatorio del daño moral. Para determinar la indemnización debe apreciarse la entidad de tales padecimientos con el fin de valorar la medida en que presumiblemente esas lesiones y secuelas han repercutido en los sentimientos y en el espíritu del damnificado. Así, sobre la base de la valoración de la Sala en circunstancias similares, propongo fijar como indemnización del daño moral a favor del coactor Edgardo Luis Migueletto en la suma de $ 4.000.

VIII. Tratamiento kinésico y gastos de farmacia y traslados:

Con respecto al tratamiento kinésico el médico forense sostuvo que dado el tiempo transcurrido no se considera efectuar tratamiento curativo (fs. 179), razón por la cual debe desestimarse esta partida.

Sin embargo, como reiteradamente ha dicho el tribunal los gastos por la asistencia médica, de farmacia y de traslado que debieron hacerse como consecuencia del accidente, se tienen por acreditados aun sin presentar la documentación que los avale, siempre que la entidad de las lesiones hagan presumir que esos desembolsos han debido hacerse.

Aunque en el caso las lesiones no han tenido gravedad, es presumible que algunos gastos médicos, de farmacia y de traslado, ha debido afrontar para atender el traumatismo cervical padecido como consecuencia del choque en la parte trasera del automóvil en el que viajaba Edgardo Luis Migueletto. Por ello juzgo razonable establecer en la suma de $ 500 el resarcimiento por el rubro en examen.

IX. Sobre los importes admitidos se aplicarán intereses a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (CNCiv. en pleno, agosto 2/1993, "Vázquez, Claudia A. c. Bilbao, Walter y otros", LA LEY, 1993-E,126 y sigtes., fallo 91.733; CNCiv. en pleno, marzo 23/2004, "Alaniz, Ramona Evelia y otro c. Transportes 123 S.A.C.I. Interno 200 s/daños y perjuicios", ED 206-p. 680, fallo 52.626), que se liquidarán desde el día en que se produjo cada perjuicio objeto de reparación de conformidad con lo decidido en el fallo plenario "Gómez, Esteban c. Empresa Nacional de Transportes" del 16/12/58 (LA LEY, 93-667).

X. Ante el reconocimiento por la aseguradora "Paraná S.A. de Seguros" de que a la época del accidente estaba vigente el contrato de seguro que amparaba al demandado por la responsabilidad civil frente a terceros (fs. 76), por aplicación del art. 118 de la ley 17.418 corresponde hacer extensiva la condena a la citada en garantía en la medida del seguro.

Por las consideraciones precedentes, voto porque se revoque la sentencia de fs. 211/213, y consecuentemente porque se haga lugar a la demanda, condenando a David Alberto Devia a pagar, dentro del plazo de diez días, a Armando Luis Migueletto la suma de $ 10.424, y a Edgardo Luis Migueletto la suma de $ 12.000, ambos importes con intereses a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina desde la producción de cada perjuicio hasta el efectivo pago. Se hace extensiva la condena a "Paraná S.A. de Seguros en los términos del art. 118 de la ley 17.418. Con las costas de ambas instancias al demandado y a la citada en garantía (art. 68, Cód. Procesal).

Por razones análogas a las aducidas por el vocal preopinante los doctores Posse Saguier y Zannoni votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se revoca la sentencia de fs. 211/213, y consecuentemente se hace lugar a la demanda, condenando a David Alberto Devia a pagar, dentro del plazo de diez días, a Armando Luis Migueletto la suma de $ 10.424, y a Edgardo Luis Migueletto la suma de $ 12.000, ambos importes con intereses a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina desde la producción de cada perjuicio hasta el efectivo pago. Se hace extensiva la condena a "Paraná S.A. de Seguros en los términos del art. 118 de la ley 17.418. Con las costas de ambas instancias al demandado y a la citada en garantía.Toda vez que este tribunal ha revocado lo resuelto por el Sr. juez de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, corresponde adecuar los honorarios de los profesionales intervinientes en autos. Por ello, en atención al monto del proceso (capital e intereses); trabajos realizados apreciados por su importancia, extensión y calidad; etapas cumplidas, y lo dispuesto por los arts. 6º, 7º, 9º, 10, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -mod. por la ley 24.432-, se regulan los honorarios del Dr. R. D. G., letrado patrocinante de la actora, en cuatro mil cien pesos ($ 4100). Asimismo, por la representación letrada de la demandada y de la citada en garantía, se regulan los honorarios de la Dra. A. F. juntamente con el Dr. M. del F. en tres mil trescientos pesos ($ 3300). Por la labor realizada por el perito ingeniero R. O. B., apreciada por su importancia y calidad, teniendo en cuenta lo dispuesto por el dec. ley 7887/55 -mod. por dec. ley 16.146/57 y ley 21.165- y en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan sus honorarios en mil cien pesos ($ 1100).Por la labor de Alzada (art. 14 del arancel), se regulan los honorarios del Dr. G. en mil cuatrocientos treinta y cinco pesos ($ 1435).Con relación a los letrados, deberán adicionarse en su caso y en los términos de los arts. 79 y 80 de la ley 1181 del G.C.B.A. y Acordada Nº 06/05 de la CSJN, el aporte previsional tenido en cuenta por el a quo en la resolución apelada. Notifíquese. Devuélvase.- José L. Galmarini.- Fernando Posse Saguier.- Eduardo A. Zannoni.