Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-08-12


La Plata, 12 de agosto de 2009.

Antecedentes I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín declaró la inconstitucionalidad del art. 74 del Código Contencioso Administrativo (ley 12.008 con las modificaciones introducidas por la ley 13.325) y dispuso conferir a los accionantes un plazo para formular opción por encauzar su pretensión por el trámite del proceso ordinario o por el del proceso sumario de ilegitimidad previstos en el código ritual ya citado, notificándose lo resuelto al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.

II. Disconforme con tal pronunciamiento, el referido Colegio Profesional, al que se le corriera traslado de lo decidido, toma intervención en autos, dejando a salvo que no lo hace como contradictor de la parte, sino en defensa de la norma en crisis, deduciendo recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.

III. Oída la señora Procuradora General, la causa se encuentra en estado de pronunciar sentencia, por lo que corresponde plantear y votar las siguientes cuestiones: 1º. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad? En caso negativo: 2º. ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley? Votación A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

I. Brevemente planteadas, las circunstancias de la causa, relevantes para la decisión del recurso en tratamiento, son las siguientes:

1. Con fecha 4 de mayo de 2001 el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martín sancionó a los abogados M. M. F. y A. A. B. con cuarenta y cinco y treinta días, respectivamente, de suspensión en el ejercicio de la profesión por la comisión de hechos a los que calificó como violaciones a los incs. 2º y 4º del art. 62 de la ley 5177 (fs. 86 a 89 del expte. F-1869/1995, agregado sin acumular a la causa).

Contra la aludida decisión los interesados interpusieron recurso de apelación (fs. 92/97 del expte. agregado sin acumular a la causa), el que fue desestimado por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires con fecha 1º de octubre de 2004(fs. 3 a 4 de la causa).

2. Se volvieron a alzar los abogados sancionados deduciendo recurso directo en los términos del art. 74 del Código Contencioso Administrativo -texto según ley 13.325-. La presentación fue realizada ante el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (fs. 12/20 de la causa).

3. El presidente de dicho organismo de derecho público no estatal dictó la providencia de fecha 15 de junio de 2005, por la que, con cita de las leyes 13.325 y 13.329, dispuso la remisión de las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín (fs. 21 de la causa).

4. El 8 de septiembre de 2005 la Cámara actuante dictó la sentencia que se cuestiona en autos, en la que -de oficio- se declaró "la inconstitucionalidad del art. 74 del Código Contencioso Administrativo en cuanto limita la impugnación que regula a un control restrictivo de legalidad, así como también la amplitud de debate y prueba propia de toda acción procesal", disponiendo, asimismo, conferir a los interesados un plazo para que opten por encauzar su pretensión por el procedimiento ordinario o por el procedimiento sumario de ilegitimidad, ello con cita del art. 27 del Código Contencioso Administrativo (fs. 27 a 29 de la causa).

Para así decidir, el a quo argumentó que toda vez que el art. 74 de la ley 12.008 determina que, recibidas las actuaciones, la Cámara debe llamar autos para sentencia se advierte que con la derogación de las reglas de sustanciación procesal contempladas en el anterior régimen (art. 74 aps. 2 y 3), la norma en su letra y télesis conduce a una afectación del derecho de defensa, del debido proceso y, en definitiva, de la tutela judicial efectiva (arts. 15 y 166, párrafo 5º de la Constitución provincial, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Agregó que en el supuesto de recursos como el interpuesto por los colegiados, a los que consideró como una "acción procesal", debía garantizarse el control judicial suficiente el que, conforme la doctrina surgida del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita, comprende el acceso a un órgano judicial al menos, mediante un procedimiento que garantice la amplitud de debate y prueba.

Recordó asimismo la doctrina sentada por este Tribunal en diversos precedentes en relación a la garantía de defensa en juicio del art. 18 de la Constitución nacional, definiendo el control judicial suficiente como aquél que asegure al afectado por una decisión administrativa la oportunidad de acudir ante un órgano judicial por una vía ordinaria mediante una pretensión por la que pueda solicitar la revisión de cuestiones de hecho o de derecho comprendidas o resueltas en la decisión administrativa.

También refirió la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho del art. 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas puedan defender adecuadamente sus derechos, son exigibles no sólo en materia penal, sino también en cualquiera de otro orden, entre los que menciona al procedimiento administrativo sancionatorio o jurisdiccional. De lo que se deriva que la actuación de los entes públicos no estatales en ejercicio de funciones administrativas delegadas por el Estado debe quedar sujeta a control judicial suficiente.

II. Contra el aludido decisorio se alza el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, representado por su Presidente, aclarando que recurre por considerarse afectado por la decisión, sin que ello implique "asumir el carácter de contraparte, oponente, contrincante o contradictor del interesado", posición que resigna ocupar en el entendimiento de que "de aceptarse el criterio ahora expuesto, el Colegio de la Provincia pasaría de juzgador primero... a convertirse en parte oponente del abogado cuyo reclamo previamente juzgara..." (punto 3 del recurso en tratamiento).

III. Como consideración preliminar debo dejar sentado:

1. Sabido es que, por principio, para poder impugnar un acto procesal de resolución resulta menester haber tenido intervención en el proceso de que se trate y que lo decidido le produzca al impugnante un gravamen, es decir una diferencia perjudicial entre lo peticionado y lo que le fuera concedido.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, por la propia reforma introducida por la ley 13.325 al art. 74 del Código Contencioso Administrativo, los Colegios o Consejos de Profesionales han dejado de ser parte en el proceso de revisión judicial de sus decisiones definitivas referidas al gobierno de la matrícula o registro de profesionales y/o control disciplinario de los mismos y las definitivas emanadas de los órganos de control disciplinario, motivo por el cual obviamente no han tenido intervención previa en el proceso.

Siendo ello así, nos encontramos frente a un supuesto en el que, articulado por el interesado el recurso de apelación previsto en dicha norma, lo decidido in limine litis (la sentencia que descalificaba constitucionalmente la norma) se le notificó también al órgano del cual emanaba el acto decisorio final, en virtud de haberse dispuesto por la Cámara que el hasta entonces recurrente adecuara su presentación inicial -recurso de apelación- de conformidad con lo establecido en el art. 27 del Código Contencioso Administrativo -de acuerdo a la ley 13.101- al procedimiento ordinario o sumario de ilegitimidad, intimando a su vez a las partes a constituir domicilio procesal dentro del radio de asiento del juzgado (conf. art. 56 inc. 4, C.C.A.).

"Los terceros no pueden interponer recursos en los procesos en que no intervengan, pero pueden hacerlo desde que se incorporen a la relación procesal, porque en ese momento asumen calidad de partes" (Alsina, Hugo; "Tratado Técnico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", ed. Adiar, Bs. As. 1961, tomo IV, p. 191).

Ahora bien, en el sub lite quien es llamado al proceso para que tome intervención como parte, atento la readecuación de la pretensión de la parte actora que se ordenara, impugna el decisorio.

En tal sentido y como recaudo de admisión subjetiva del recurso traído, es menester considerar si del decisorio surge un agravio.

En ese análisis debemos considerar que el perjuicio concreto para la entidad impugnante viene dado por dejarse de lado el control de legalidad de sus actos decisorios finales, que la ley 13.325 introdujo en la reforma del art. 74 del Código Contencioso Administrativo, para pasar a un proceso de revisión plena, menoscabando el poder de policía delegado para el juzgamiento entre pares, colocándolo como contraparte del profesional.

2. Asimismo que si bien es cierto que se han interpuesto conjuntamente los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley, no corresponde tener a esa particularidad como causal de rechazo en tanto resulta posible discernir los argumentos de uno y de otro (doct. causas P. 51.953, sent. del 11-VII-1995; P. 50.224, sent. del 8-IX-1998; P. 70.428, sent. del 17-VII-2002; P. 80.176; sent. del 6-VII-2005; Ac. 91.830, sent. del 5-V-2006).

Para así decidir habré de considerar, asimismo, que, dado que el objeto del recurso de inconstitucionalidad es el de asegurar la supremacía de la Constitución de la Provincia de modo que sus principios, declaraciones y garantías no resulten conculcados por leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos locales, asegurando la uniformidad en su interpretación judicial (Ac. 3508, "Acuerdos y Sentencias", t. 1961-V-193; Ac. 24.277, sent. del 12-XII-1977, "Acuerdos y Sentencias", T. 1978-II-543; "D.J.B.A.", 116-109), verificada la presencia de un caso constitucional en los términos del art. 161 inc. 1º de la Carta Magna local, debe seguirse un criterio amplio en la tarea de verificar su admisibilidad y adecuada fundamentación (Ac. 79.369, sent. del 1-IV-2004).

Máxime en casos como el presente, en los que la cuestión que se ventila reviste importancia institucional en tanto se refiere al cauce procesal por el que habrán de ventilarse las impugnaciones a las decisiones dictadas no sólo por la recurrente, sino por la totalidad de los colegios o consejos profesionales provinciales, lo que se encuentra puesto de manifiesto por la existencia de diversos expedientes ya radicados ante este Tribunal a raíz de la interposición de recursos extraordinarios locales en los que se somete a decisión similar cuestión a la planteada en autos, la que por otra parte no ha sido resuelta en forma coincidente por los tribunales intervinientes.

3. El objeto del recurso extraordinario de inconstitucionalidad es el de corregir errores in iudicando cometidos al apreciarse el apego de una norma local a la constitución provincial (arts. 161 inc. 1º de la Const. prov. y 299 y 300 del C.P.C.C.). De allí que en esta primera cuestión analizaré la impugnación efectuada por el recurrente a las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado que dan sustento al caso constitucional.

Dentro de este catálogo de agravios habré de marginar el que se refiere a la violación del art. 171 de la Constitución provincial ya que éste resulta sólo reparable por la vía del recurso extraordinario de nulidad (art. 296 del C.P.C.C.), el que no ha sido articulado por el recurrente (doct. causa P 53.789, sent. del 12-V-1998).

Tampoco es propio del recurso de inconstitucionalidad -pero en este caso habrá de ser tratado como argumento del de inaplicabilidad- aquél por el que se denuncia que la sentencia ha vulnerado el art. 41 de la Constitución provincial, pues no es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sentencia, sino la de la norma aplicada o inaplicada por el a quo, lo que constituye el supuesto del recurso extraordinario de inconstitucionalidad (doct. causa L 78.205, sent. del 10-IX-2003; Ac. 94.716, res. del 3-V-2006).

IV.1. Es dable señalar que el art. 15 de nuestra Constitución local, siguiendo el paradigma del art. 18 de la Constitución nacional, establece la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial y que, a su turno, el art. 57 edicta, clara y concretamente, que toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que las que los mismos artículos permiten o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces.

Desde esa plataforma y tratándose el artículo cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad nos ocupa de una cuestión procesal, eminentemente local, no cabe duda de la validez del escrutinio estricto que al respecto realizara la Cámara de intervención.

Por lo demás, la facultad de los magistrados para decretar de oficio la inconstitucionalidad de las normas legales, ha sido admitida por esta Corte en el precedente identificado como L. 67.598, "B.", sent. del 2-XI-2002, en el cual por mayoría se expidió en forma favorable por la habilitación de los magistrados para tal cometido.

Señalé allí que en el precedente "Mill de Pereyra, Rita Aurora y otros c/ Provincia de Corrientes" (del 27-IX-2001, "La Ley", 5-XII-2001), la Corte Suprema de Justicia de la Nación introdujo una variante en su criterio en orden a la prohibición de la judicatura para decretar de oficio la inconstitucionalidad de las normas legales, sostenido en diversos precedentes de ese Tribunal (Fallos 282:15; 289:89, entre otros).

Se conformó la necesaria mayoría de opiniones en el fallo señalado, con los votos de los señores jueces doctores López y Bossert, quienes expresaron su adhesión a ejercer la facultad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas, en la especie la ley de convertibilidad 23.928, cuando se ha garantizado el derecho de defensa de los litigantes, esto es, si éstos han tenido suficiente oportunidad de ser oídos sobre el punto como sucedió en el referido caso en el remedio federal y su escrito de contestación. Exigencia que, en mi concepto, en las presentes actuaciones se cumplimenta con la deducción del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

2. En relación a que la declaración efectuada fuera realizada in limine litis, tengo para mí que no conculca el derecho de defensa ni resulta prematura, desde que, de un lado, como manifestamos, en virtud de que por lo resuelto fue traído al proceso el organismo de derecho público no estatal, a los fines de respetar el principio de bilateralidad de la acción y, en su consecuencia, darle oportunidad de impugnar lo decidido -como hizo- a quien era traído al proceso (arts. 18 de la Constitución nacional, 15 de la local y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

De otro lado, pues la cuestión resuelta versaba sobre el tipo de proceso que correspondía transitar, por lo que la circunstancia que lo hiciera sin atenerse a los extremos expresados en el recurso de apelación que abriera su competencia funcional revisora, pues éstos eventualmente estarían encorsetados en el marco de la normativa vigente, que motivara su descalificación por la restricción a la revisión plena en sede jurisdiccional de lo actuado que para la Cámara supone, y porque paralelamente se determinaba, de manera refleja, la competencia funcional del organismo al que le correspondería dirimir el conflicto, lo que demuestra claramente que la cuestión versaba sobre el encuadre procesal y por lo tanto debía tratarse de manera previa.

3. Tal como ha quedado planteado, el tema a decidir se vincula con los recaudos a los que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires ha sujetado la revisión judicial de las decisiones adoptadas en el ejercicio de funciones administrativas.

a) En primer lugar he de recordar que tal actuación por parte de entes públicos no estatales -como en el caso, el gobierno de la matrícula y el ejercicio de facultades disciplinarias en relación a los matriculados- no exhibe ninguna característica que permita eximirla de los recaudos a los que se sujeta la juridicidad de la actuación de los entes públicos que desempeñan función administrativa en cualquiera de los tres poderes del Estado (doct. causa Ac. 79.728, sent. del 24-III-2004).

El mismo criterio habrá de aplicarse en lo que se refiere a los principios que rigen el juzgamiento de los casos originados en su actuación. La diferenciación que pregona el recurrente, con pie en la naturaleza del ente que dictó los actos cuestionados, no encuentra sustento en el carácter de la institución y tampoco en la cláusula del art. 166 de la Constitución provincial, que al definir la materia contencioso administrativa, incluyó el juzgamiento de los casos originados en el ejercicio de función administrativa por parte de entes públicos no estatales.

b) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de una interpretación dinámica del anterior art. 95 de la Constitución nacional -actual art. 109 del texto reformado en 1994- ha condicionando la validez del ejercicio de funciones "jurisdiccionales" (o cuasi jurisdiccionales) por parte de órganos de la Administración Pública, a que sus decisiones puedan ser posteriormente objeto de un control judicial suficiente (Fallos 247:646), criterio reiterado más recientemente al fallar en la causa "Angel Estrada y Cía. S.A.", sentencia de fecha 5 de abril de 2005.

Ha señalado el citado Tribunal que el establecer si se ha observado el control judicial suficiente no depende de reglas generales u omnicomprensivas, pues aquél podrá ser más o menos extenso y profundo según las modalidades de cada situación jurídica (Fallos, 305:129) en atención al conjunto de factores y circunstancias variables o contingentes que rodean el caso concreto. Entre otras, pueden mencionarse a título de ejemplo, la naturaleza de los derechos involucrados, la fuente normativa del régimen que fija el procedimiento, el grado de autonomía funcional del órgano que decide en vía administrativa, y la índole del conflicto cuya resolución se le encomienda (v.gr. si es entre particulares, o entre uno o varios particulares y la Administración) etc., lo que obliga a examinar en cada caso, los aspectos específicos que singularizan la concreta materia litigiosa (Fallos, 313:433).

Por mi parte, entiendo que sólo asegurando una oportunidad al afectado de ocurrir ante el órgano judicial en procura de justicia, con el fin de someter a su amplio contralor toda decisión de la autoridad administrativa, se dejan a resguardo las garantías del juez natural y de la defensa en juicio de la persona y de sus derechos (art. 18, Const. nacional).

c) A similar conclusión habrá de arribarse en el ámbito provincial a poco que se repare en la prescripción contenida en el art. 15 de la Constitución provincial, sin que obste a ello que el nuevo texto constitucional no haya reiterado la exigencia del juicio pleno a los fines del juzgamiento de los casos administrativos sino sólo en la cláusula que atribuyó competencia transitoria a la Suprema Corte de Justicia para el conocimiento y decisión de los casos iniciados antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema (art. 215, texto constitucional citado).

Ello así en tanto el cumplimiento de la garantía de la defensa en juicio de la persona y de sus derechos -en el caso, lo que está en juego es el derecho a trabajar (arts. 27 de la Const. provincial y 14 de la nacional)-, establecida en el art. 15 de la Constitución local (art. 18 de la Constitución nacional) reclama, como condición de validez constitucional, que la decisión de los órganos administrativos esté sujeta a un control judicial suficiente. Ello requiere, tal como lo ha sostenido este Tribunal, asegurar al afectado la oportunidad de ocurrir ante un órgano judicial por una vía ordinaria, mediante una pretensión a través de la cual pueda solicitar la revisión de las cuestiones de hecho y de derecho comprendidas o resueltas en la decisión administrativa (Ac. 87.265, "Carrefour S.A.", res. del 12-II-2003).

d) El sistema adoptado por la legislación provincial a partir de la sanción de la ley 13.325, no cumple con los recaudos señalados.

Dice el texto del art. 74 de la ley 12.008 con las modificaciones insertas por la ley citada:

"Las pretensiones que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos definitivos emanados de los Colegios o Consejos Profesionales referidos al gobierno de la matrícula o registro de profesionales y/o control disciplinario de los mismos y los definitivos emanados de los órganos de control disciplinario, tramitarán mediante recurso directo ante la(s) Cámara(s) Departamental(es) en lo Contencioso Administrativo que corresponda(n) al lugar donde se produjo el hecho que motivó el acto cuestionado a los fines de establecer el debido control de legalidad de aquéllos. El plazo para deducir el recurso será de quince (15) días a partir de la notificación de la última resolución administrativa y deberá interponerse ante el órgano Colegial que dictó el acto administrativo. El recurso tendrá efectos suspensivos y deberá ser fundado en el mismo acto".

"El Organo Colegial pertinente deberá remitir el recurso juntamente con las actuaciones administrativas, dentro de los diez (10) días hábiles de recibidos, bajo exclusiva responsabilidad de las autoridades de la Institución, quienes serán pasibles de multas procesales en caso de incumplimiento".

"Recibidas las actuaciones, la Cámara deberá llamar autos para sentencia y dictará el fallo definitivo dentro del plazo de sesenta (60) días".

"En caso de denegarse la concesión del recurso por parte del Organo Colegial, el recurrente podrá interponer recurso de queja ante la Cámara competente dentro del plazo de cinco (5) días de notificado de la denegatoria. Con la queja deberá adjuntarse copia de la sentencia recurrida y del escrito recursivo. La Cámara podrá requerir las actuaciones administrativas, las que deberán ser remitidas por la Autoridad Colegial dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, bajo el apercibimiento antes previsto. La remisión de las actuaciones administrativas tendrá efectos suspensivos respecto de la sentencia dictada por el Organo Colegial".

Como se afirma en la sentencia recurrida, la norma transcripta ciñe el control confiado al órgano jurisdiccional al de legalidad de lo resuelto, privando al afectado de ejercer adecuadamente su derecho de defensa en juicio en tanto restringe las defensas de que puede valerse para sostener su postura, así como de la oportunidad de ofrecer y producir prueba, constituyendo al ente colegial en el único juez de los hechos.

Agrego que, paralelamente, tampoco ha sido prevista en este régimen oportunidad alguna para que los colegios o consejos profesionales formulen alegaciones en defensa de la decisión que han adoptado, circunstancia que -si bien no ha sido alegada por el recurrente- ostensiblemente importa un déficit de la garantía de defensa que no puedo dejar de advertir.

4. Ninguno de los argumentos sostenidos en el recurso en tratamiento logran conmover las conclusiones a las que arriba en este tópico la alzada.

En primer lugar he de señalar que, a contrario de lo argumentado por el recurrente, la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos que traducen el ejercicio de una potestad disciplinaria -criterio extensible a cualquier otra actividad estatal que se concrete el en dictado de actos incluidos dentro de la calificación de "discrecionales"- no exhibe, en principio, elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer su inimpugnabilidad en sede procesal administrativa. Tales actos se encuentran comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa y traducen un quehacer que, como tal, está sujeto a control y eventual invalidación judicial de comprobarse no sólo arbitrariedad o irrazonabilidad, sino también la ocurrencia de cualquiera otra causal de nulidad prevista en el ordenamiento jurídico (art. 15 de la Const. provincial). Y es que, tal como viene decidiendo este Tribunal, la actividad discrecional de la Administración no constituye una franja exenta de revisión judicial (ver mi voto en causa B. 57.250, "Acuña", sent. del 28-VIII-2002, y el voto del doctor Hitters, al cual adherí en B. 56.758, "Neustadt", sent. del 4-IV-2000), sin que el aludido control signifique sustituir a la Administración en el ejercicio de su propia competencia, sino sólo reestablecer, en su caso, el derecho que se denuncie como vulnerado.

No encuentro que el recurrente haya logrado acreditar los vicios que endilga al decisorio cuestionado.

V. Por los fundamentos expuestos propongo rechazar el recurso intentado.

Costas de esta instancia por su orden dada la naturaleza de la cuestión planteada (art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.), por aplicación -por razones de economía y celeridad procesal- del régimen del Código Procesal Civil y Comercial en la materia (conf. doctrina de la mayoría en causa A. 68.782, "Colegio de Bioquímicos", sent. del 22-XII-2008).

Con tal alcance, voto por la negativa.

A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

He de adherir al voto del doctor Pettigiani, con las siguientes consideraciones adicionales.

1. Tal como prescribe nuestra Constitución nacional, y de conformidad con los presupuestos esenciales del sistema de gobierno democrático y participativo, la facultad para resolver disputas en forma final ha sido atribuida exclusiva y excluyentemente a los tribunales integrantes del Poder Judicial, quedando expresamente prohibido a los Poderes Ejecutivo y Legislativo el ejercicio de facultades jurisdiccionales (art. 109, C.N.).

Así también lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto ha sostenido en reiteradas ocasiones que, cualquiera sea la naturaleza de las competencias ejercidas por el Poder Ejecutivo - sancionatorias, de resolución de conflictos , etc.- las decisiones por éste adoptadas siempre deben estar sujetas a control amplio y suficiente por parte de los jueces ordinarios, en tanto el Poder Judicial es el único órgano constitucionalmente autorizado para dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos ("Fernández Arias, Elena y otros c/ Poggio, José", Fallos 247:646).

En este célebre precedente la Corte sostuvo que "... control judicial suficiente quiere decir: a) reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recursos ante los jueces ordinarios; b) negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos, con excepción de los supuestos en que, existiendo opción legal, los interesados hubiesen elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial (doct. de Fallos 205:17 y 245:351). La mera facultad de deducir recurso extraordinario basado en inconstitucionalidad o arbitrariedad, no satisface las exigencias que en la especie han de tener por imperativas...".

Este criterio fue reiterado en numerosas oportunidades. Así, por ejemplo, en la causa "Litoral Gas S.A. v. Energas, resolución 29/1994", sent. del 16-VIII-1998, el máximo Tribunal sostuvo que "...conviene recordar la doctrina de esta Corte en cuanto al ejercicio de facultades jurisdiccionales por órganos administrativos a efectos de una mayor protección de los intereses públicos mediante el aprovechamiento de la experiencia administrativa en la decisión judicial que finalmente se adopte. La actuación de tales entes u órganos ha sido siempre condicionada a limitaciones constitucionales que surgen del art. 109 de la Constitución nacional y de la garantía consagrada en el art. 18 de la Ley Fundamental, tales como la exigencia de dejar expedita una vía de control judicial verdaderamente suficiente (Fallos 247:646; 310:2159; 311:334) y la limitación que se deriva de la materia especifica que la ley sometió al previo debate administrativo".

Por su parte, en un reciente precedente el Tribunal federal ha restringido aún más la facultad de la Administración para ejercer facultades que signifiquen resolver controversias en sede administrativa, al exigir -además de la existencia de un contralor judicial amplio y suficiente- que éstas hayan sido atribuidas por ley formal, que el órgano que las ejerza esté dotado de suficiente independencia y, asimismo, que tal asignación de competencias haya sido razonablemente justificada por el legislador ("Angel Estrada y Cía. S.A. c/ Secretaría de Energía y Puertos", sent. del 5-IV-2005) Sólo asegurando una oportunidad al afectado de ocurrir ante el órgano judicial en procura de justicia, con el fin de someter a su contralor cualquier decisión de la autoridad administrativa, no se configura un menoscabo a las garantías del juez natural y la defensa en juicio (art. 18, Const. nacional).

2. Como bien señala el colega preopinante, a similar conclusión habrá de arribarse en el ámbito provincial.

El cumplimiento de la garantía de la defensa en juicio de la persona y de sus derechos, establecida en el art. 15 de la Constitución local (art. 18, Const. nac.) reclama, como condición de validez constitucional, que la decisión de los órganos administrativos esté sujeta a un control judicial suficiente.

Este Tribunal, aún con anterioridad a la reforma constitucional, había cimentado un criterio amplio para el enjuiciamiento de los casos administrativos, al establecer que "... para que la jurisdicción administrativa sea constitucional deben satisfacerse dos requisitos: que exista control judicial suficiente, el que queda cumplido, en principio, cuando al justiciable se le reconoce el derecho a interponer recurso ante un tribunal judicial contra la decisión del órgano administrativo, y que en el procedimiento se garantice la audiencia y defensa del involucrado, otorgándose la posibilidad de ofrecer pruebas..." (I. 1428, sent. del 8-IX-1992).

De esta manera, quedaba en claro que la revisión judicial resultaba comprensiva tanto de los hechos como del derecho tenidos en cuenta por el órgano administrativo.

Este criterio fue reiterado recientemente por esta Corte al sostener que "el cumplimiento de la garantía de la defensa en juicio (art. 18 C.N.), sólo requiere, como condición de validez constitucional, que la decisión de los órganos administrativos esté sujeta a un control judicial suficiente, y ello supone asegurarle al afectado la oportunidad de ocurrir ante un órgano judicial, en procura de justicia, por una vía ordinaria, mediante una pretensión a través de la cual pueda solicitar la revisión de las cuestiones de hecho y de derecho comprendidas o resueltas en la decisión administrativa" (Ac. 87.265, "Carrefour S.A.", res. del 12-II-2003; L. 75.708, "Quiroga", sent. del 23-IV-2003; L. 76.941, "Mezza", sent. del 8-IX-2004; L. 89.144, "Luna", sent. del 10-V-2006).

3. El mecanismo de revisión judicial de la actuación de los Colegios y Consejos Profesionales tal como se encuentra regulado actualmente por las leyes 13.325 y 13.329 parece estar en pugna con los principios constitucionales de acceso irrestricto al proceso judicial y de tutela judicial efectiva.

Dice el texto del art. 74 de la ley 12.008 con las modificaciones insertas por las leyes citadas:

"Las pretensiones que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos definitivos emanados de los Colegios o Consejos Profesionales referidos al gobierno de la matrícula o registro de profesionales y/o control disciplinario de los mismos y los definitivos emanados de los órganos de control disciplinario, tramitarán mediante recurso directo ante las Cámaras Departamentales en lo Contencioso Administrativo que correspondan al lugar donde se produjo el hecho que motivó el acto cuestionado a los fines de establecer el debido control de legalidad de aquéllos. El plazo para deducir el recurso será de quince (15) días a partir de la notificación de la última resolución administrativa y deberá interponerse ante el Organo Colegial que dictó el acto administrativo. El recurso tendrá efectos suspensivos y deberá ser fundado en el mismo acto".

"El Organo Colegial pertinente deberá remitir el recurso juntamente con las actuaciones administrativas, dentro de los diez (10) días hábiles de recibidos, bajo exclusiva responsabilidad de las autoridades de la Institución, quienes serán pasibles de multas procesales en caso de incumplimiento".

"Recibidas las actuaciones, la Cámara deberá llamar autos para sentencia y dictará el fallo definitivo dentro del plazo de sesenta (60) días".

"En caso de denegarse la concesión del recurso por parte del Organo Colegial, el recurrente podrá interponer recurso de queja ante la Cámara competente dentro del plazo de cinco (5) días de notificado de la denegatoria. Con la queja deberá adjuntarse copia de la sentencia recurrida y del escrito recursivo. La Cámara podrá requerir las actuaciones administrativas, las que deberán ser remitidas por la Autoridad Colegial dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, bajo el apercibimiento antes previsto. La remisión de las actuaciones administrativas tendrá efectos suspensivos respecto de la sentencia dictada por el órgano colegial".

Del texto citado surge que el problema radica, no en el establecimiento de un remedio directo, sino en las características especiales que tiene dicho recurso, en tanto califica virtualmente como sentencias a las resoluciones administrativas dictadas por los órganos colegiales; y - de hecho- los convierte en juzgados de primera instancia. Siendo obligatoria la interposición del recurso directamente ante el Colegio o Consejo Profesional, a quien le corresponde llevar a cabo el análisis de admisibilidad. Si lo encontraren admisible deberán remitirlo a la Cámara de Apelaciones respectiva, en caso contrario, procederán a rechazarlo, habilitándose una queja por denegación del recurso directo.

El sistema veda expresamente cualquier posibilidad de sustanciación del recurso y tampoco admite el ofrecimiento y la producción de prueba. A su vez, limita los alcances de la revisión únicamente a los aspectos de legalidad de la resolución administrativa emitida por los Colegios y Consejos Profesionales.

Es decir, esa limitación -y no el carácter directo del recurso- hace patente que el mecanismo instaurado soslaya y recorta el sistema de revisión amplio que consagran la Constitución provincial y el Código Contencioso Administrativo, afectando la garantía del debido proceso y los principios constitucionales de acceso irrestricto a la jurisdicción y tutela judicial efectiva (arts. 15 y 166 último párrafo de la Constitución provincial; 18 y 75 inc. 22 C.N.).

4. Reiterando mi adhesión al voto del doctor Pettigiani, doy el mío también por la negativa.

Costas por su orden dada la naturaleza de la cuestión debatida (art. 68, segundo párrafo del C.P.C.C.).

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I. En el presente recurso extraordinario de inconstitucionalidad, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires controvierte el pronunciamiento de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, mediante el cual declaró la inconstitucionalidad del art. 74 del ritual en cuanto la impugnación en esta materia quedaba reducida -restrictivamente- al control de legalidad, como así también disminuía la amplitud de debate y prueba que correspondía a toda acción procesal.

II. Preliminarmente debo dejar sentado que la ley 12.008 (B.O., 3-XI-1997), fue sancionada durante la vigencia de mi mandato como legislador provincial.

En dicho sentido, y tal como se desprende del criterio que sostuve en la causa B. 58.388, "Moldes, Mario Paulino y otros contra Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo)", consideré que correspondía formular mi excusación en las causas en donde se debatían impugnaciones a la constitucionalidad de leyes en las cuales actué -para su sanción- como senador provincial.

Sin embargo, el mentado art. 74 del cuerpo normativo citado -en su redacción original-, fue sustituido por la ley 13.325 (B.O., 4-V-2005), siendo que ese último texto es el que se encuentra ahora en debate y en cuyo trámite legislativo no participé.

En virtud de ello entiendo que no resulta de aplicación el criterio al que hice referencia anteriormente.

III.1. Tal como se desprende del relato de los antecedentes realizado por el señor Juez del primer voto, el actor interpuso en los términos del art. 74 citado, un recurso ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín frente a la sanción de suspensión en el ejercicio de su profesión que le fuera impuesta por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.

2. Remitido el expediente por la entidad profesional actuante, la alzada dictó el fallo objeto del recurso en tratamiento, sin petición del particular en ese sentido.

3. De allí resulta que lo relevante para la composición de la presente controversia -en esta primera aproximación- consiste en determinar si la Cámara actuante estaba habilitada para declarar en esas condiciones la inconstitucionalidad de la norma en cuestión.

En esa línea de pensamientos, he de señalar que la temática relativa a la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de las leyes fue abordada con anterioridad por este Tribunal en las causas L. 83.781, "Zaniratto", sent. 22-XII-2004 y posteriores, en las que se postuló dicha atribución a los jueces provinciales, permitiendo a los judicantes abordar esta cuestión sin reclamo de parte.

4. De allí que la alzada, en virtud de la mencionada doctrina legal -a la cual estaba compelida- no extralimitó sus facultades, sino que actuó en el marco de la habilitación de los precedentes dictados por esta Suprema Corte de Justicia.

IV.1. En lo substancial, el conflicto subyace acerca del alcance de la intervención judicial en materias reservadas a las entidades que agrupan a profesionales que se desempeñan a nivel provincial.

Considero que no resulta ocioso recordar que dichas asociaciones de individuos -que gestionan intereses de profesionales o económico sociales- son personas públicas no estatales y ocupan un lugar preponderante en cuanto personas jurídicas, que por disposición estatal, han tomado a su cargo todo lo atinente al gobierno y contralor de sus incumbencias (v. Tomás Hutchinson, "Las Corporaciones Profesionales", F.D.A., Buenos Aires, 1982, págs. 25, 39, 47 y ss.).

En particular han sido investidos de la potestad de aplicar sanciones, mantener la colegiación obligatoria, el control de su matrícula, etc., es decir, que por disposición estatal ejercen sobre los particulares facultades que implican limitaciones en la órbita de sus derechos subjetivos y que ejercen prerrogativas que solo encuentran su fundamento en dicha delegación, la que a su vez regula su actuación (v. Augusto M. Morello y Roberto O Berizonce, "Abogacía y Colegiación", Ed. Hammurabi, Bs. As., pág. 211 y ss.).

2. En el llamado poder de policía se halla incluida la facultad de reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales, con la limitación natural que establece el art. 28 de la Constitución nacional, la razonabilidad de la norma y la necesaria igualdad excluyente de ilegítima discriminación (Fallos 156:290; 237:397).

En ejercicio de ese poder, las provincias han dictado numerosas leyes que reglamentan, de diversos modos, la práctica de la medicina, abogacía, farmacia, notariado, etc., favoreciendo la estructuración natural de la sociedad mediante la organización de entidades, asociaciones, consejos o colegios, integrados y dirigidos por miembros de cada profesión, y dotados de facultades disciplinarias y de contralor, con el objeto de jerarquizar el nivel profesional, imponer el respeto y vigencia efectiva de normas éticas, la solidaridad de los integrantes del cuerpo y, en definitiva, asegurar la necesaria y obligatoria contribución de los profesionales al bienestar general de la comunidad (Fallos 286:187).

V. Considero menester abordar la historia institucional de la Provincia en esta materia a fin de deslindar algunos conceptos que permitan arribar a la solución del debate.

La Constitución de 1854, en su art. 129 estableció por vez primera un Tribunal especial para el juzgamiento de este tipo de contiendas (Osvaldo Máximo Bezzi, "Hacia la Justiciabilidad Plena de la Administración Pública", Anales 30, U.N.L.P., Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales, pág. 30 y ss.; v. también Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de 1994, 15º Sesión, págs. 1995 y 2027).

La correspondiente ley reglamentaria no fue sancionada, siendo que en su lugar se incorporó el art. 9 inc. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, registrada bajo el nro. 166 del año 1857. De manera que sin crearse el Tribunal contencioso administrativo, se establecía una instancia de alzada de las resoluciones de gobierno.

En esa época la prueba producida ante la autoridad administrativa bastaba a los efectos de la apelación (Luis V. Varela, "Proyecto de Código Contencioso Administrativo", Talleres de Publicación del Museo, 1904, pág. 57; v. en cuanto al procedimiento, v. Manuel Ibáñez Frocham, "La Organización Judicial Argentina", Ed. E. Bolentini, 1938, La Plata, pág. 194 y ss.).

Es decir que en aquel entonces, a pesar de la manda constitucional, a través de la legislación citada se volvió al modelo de justicia retenida.

Luego, la Constitución de 1873 estableció que la Suprema Corte de Justicia entendería en esas causas en juicio pleno, reconociendo que los procedimientos administrativos no formaban instancia, y que ante la jurisdicción judicial, debía admitirse la prueba de los hechos controvertidos (op. cit.; v. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de 1994, cit.).

Permítaseme citar a Luis V. Varela cuando decía: "El juicio pleno que la Constitución manda se siga en las causas contencioso administrativas, tiene como fundamento principal el de que estos pleitos se decidan en única instancia ante la Suprema Corte". "En la tramitación administrativa, no le es posible al particular obligar á la autoridad á que reciba la prueba que él ofrezca, para evidenciar los hechos que alegue; y lo que es más, aun cuando esa prueba fuese admitida, ella no revestiría el valor jurídico de la prueba legal, puesto que no habría sido tomada por los funcionarios ni en la forma que las leyes determinan para la prueba judicial". "Hoy no se apela para ante la Suprema Corte, como se apelaba antes para ante el Superior Tribunal de Justicia; hoy se inicia una causa [...], que se ve y falla en única instancia y juicio pleno por la Suprema Corte, según expresamente lo manda la Constitución" (op. cit.).

Tales directivas fueron mantenidas en los textos respectivos de las Constituciones de 1889 y 1934.

Cierto es que la Convención reformadora de 1994 no incluyó en el texto del art. 166 ap. 5to. un categórico determinante como el que se hallaba en los textos anteriores.

Sin embargo de los debates que dieran origen a la cláusula mencionada, puede extraerse que "La cláusula no contiene la expresión æinstancia única y juicio plenoÆ como lo tiene el texto anterior del artículo 149, y esto es natural, teniendo en cuenta que el constituyente no ha definido el modelo de órgano jurisdiccional competente. Este puede ser de instancia única, de doble instancia, o puede tener a su vez un procedimiento ordinario más apropiado" (Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de 1994, cit., pág. 1996. El subrayado no se encuentra en el texto original).

De tal modo, resulta evidente que el derrotero histórico institucional, que sintéticamente he recordado, ha sido profundizado -y afianzado en el aspecto en tratamiento- por los Constituyentes de 1994, que instauraron el actual modelo de juzgamiento de las contiendas contencioso administrativas.

VI.1. El sistema de enjuiciamiento de las resoluciones dictadas por entidades profesionales, se regía con anterioridad, a través de las disposiciones del dec. ley 9398/1979 -con las modificaciones introducidas por el dec. ley 9671/1981- que estableció un control limitado.

En efecto el sistema allí instituido fijaba la interposición de un recurso de apelación ante la Cámara en lo Civil y Comercial contra las decisiones definitivas de los organismos competentes de los colegios profesionales o instituciones afines, que tuviesen a cargo el gobierno de la matrícula o registro de profesionales (art. 1º).

Articulada la impugnación en término y con los antecedentes administrativos a la vista la Sala interviniente declaraba la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso. Una vez declarado admisible el recurso, sin más trámite llamaba autos para sentencia (art. 6º).

2. Sin embargo, el texto original de la ley 12.008, en su art. 74 preveía un control pleno de las resoluciones de las entidades profesionales, al igual que el art. 49 de la ley 13.101 -con ligeras variantes en cuanto a plazos y concordancias-. Así ordenaba que la demanda debía interponerse por escrito, directamente ante el juez en lo contencioso-administrativo, y luego de requerirse la remisión de los antecedentes administrativos, el juez conferiría traslado al ente demandado. Contestado el traslado o expirado el plazo respectivo, se llamaría autos para sentencia. Si hubiere hechos controvertidos, la causa sería abierta a prueba.

3. Finalmente, como se dijo en la sentencia recurrida el art. 74 del Código ritual, establece un mecanismo de impugnación que limita el control de lo resuelto a la legalidad de la decisión.

En efecto, el mecanismo diseñado por el art. 74 de la ley 12.008 -con la redacción dada por la ley 13.325- reproduce, en cuanto a la magnitud del examen de las decisiones de las entidades profesionales, al sistema del dec. ley 9398/1979 (con las modif. del dec. ley 9671/1981) que disponía un control de legalidad. En lo esencial -y en lo que importa para la solución del caso- determina que:

3.1. La pretensión impugnatoria deberá versar sobre actos administrativos definitivos emanados de los Colegios o Consejos Profesionales referidos al gobierno de la matrícula o registro de profesionales y/o control disciplinario de los mismos y los definitivos emanados de los órganos de control disciplinario.

3.2. Dicha articulación, tramitará mediante recurso directo.

3.3. Los órganos judiciales que habrán de conocer serán las Cámaras Departamentales en lo Contencioso Administrativo que correspondan al lugar donde se produjo el hecho que motivó el acto cuestionado.

3.4. Tal intervención lo será a los fines de establecer el debido control de legalidad de aquéllos.

3.5. El plazo para deducir el recurso será de quince (15) días a partir de la notificación de la última resolución administrativa y deberá interponerse ante el órgano colegial que dictó el acto administrativo.

3.6. El recurso tendrá efectos suspensivos y deberá ser fundado en el mismo acto.

VII. 1. Tal como se adelantara escuetamente, la normativa en análisis determina el alcance y la modalidad de la intervención de los órganos del Poder Judicial en materia decididamente sancionatoria, por parte de las entidades profesionales.

Ello refiere a la autoridad que, dentro del marco legal, posee cada una de ellas para aplicar sanciones como punición a las infracciones estatutarias en que incurran sus asociados, derivada directamente de la ley de su constitución.

2. En efecto, y a partir de otra nomenclatura el actual art. 74 de la ley 12.008 -mod. ley 13.325- diseña de algún modo -y a semejanza del sistema pretérito- una actuación limitada de los cuerpos judiciales en asuntos colegiales, acotando -al solo examen de legitimidad- por mandato legislativo el conocimiento de éstos acerca del contenido del debate.

3. Más allá de la problemática que encierran las denominadas atribuciones jurisdiccionales de la Administración o duplicidad de jurisdicciones, detalle que primariamente pudiera impactar directamente con lo establecido en los arts. 1, 18 y 109 de la Carta nacional, lo cierto es que desde antiguo la Corte Suprema de Justicia determinó -en tales hipótesis- que en su caso resultaba necesario el cumplimiento básico de dos condiciones. La primera de ellas es que la misma estuviese creada por una ley, en tanto que la restante consiste en que se instituyese -allí mismo- una instancia de enjuiciamiento pleno del acto de la Administración (Fallos 244:584; 247:646; v. además Miguel A. Ekmekdjian, "La Instancia judicial plena de revisión de actos administrativos jurisdiccionales: su alcance y naturaleza", "La Ley", 1978-D-1112 y "La llamada Jurisdicción Administrativa en tela de juicio", "La Ley", 1986-E-319).

Posteriormente el superior Tribunal federal añadió que no cualquier controversia puede ser válidamente deferida al conocimiento de órganos administrativos con la mera condición de que sus decisiones queden sujetas a un ulterior control judicial suficiente.

Los motivos tenidos en cuenta por el legislador para sustraer la materia de que se trate de la jurisdicción de los jueces ordinarios deben estar razonablemente justificados pues, de lo contrario, la jurisdicción administrativa así creada carecería de sustento constitucional, e importaría un avance indebido sobre las atribuciones que el art. 116 de la Constitución nacional define como propias y exclusivas del Poder Judicial de la Nación.

Admitir que el Congreso pudiera delegar en los órganos de la Administración facultades judiciales sin limitación material de ninguna especie sería tan impensable como permitir que el legislador delegara la sustancia de sus propias funciones legislativas, lo cual está expresamente vedado en el art. 76 de la Constitución nacional, con salvedades expresas (Fallos 328:651).

4. Por su parte esta Suprema Corte de Justicia tuvo oportunidad de señalar su doctrina al respecto en la causa B. 54.239, "González, Raúl y otra", sent. del 28 de marzo de 1995, especialmente en los fundamentos dados por el señor Juez doctor Hitters.

De allí se extrae que resulta imposible otorgarle en forma incondicional atribuciones jurisdiccionales a órganos administrativos, carentes del pertinente encastre judicial de contralor, a fin de evitar que ellos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sin la factibilidad de revisión ulterior, lo que contraría el art. 18 de la Constitución nacional (C.S.N., Fallos, 247:646, 193:135, 209:28, 246:87, entre muchos otros).

Agregando que la factibilidad de inspección jurisdiccional de la actividad de los demás poderes, hace al principio republicano de la división de funciones, y cualquier delegación de tareas jurisdiccionales vale en la medida que exista la conservación de la decisión final en el judicial.

5. En particular, este Tribunal sostuvo la viabilidad -sin restricciones- del control judicial de las facultades disciplinarias de la Administración Pública, no sólo en cuanto a su "legalidad" sino también en lo atinente a su "razonabilidad" aun cuando se trata de potestades discrecionales, sin que ello implique que los jueces tengan la posibilidad de inspeccionar la "oportunidad, mérito o conveniencia" de dichas facultades, misión que les es ajena (conf. doct. causas B. 57.508, "Luna", sent. del 27-II-2008; B. 58.128, "Iuliano", sent. del 5-III-2008; B. 62.838, "Rugolo", sent. del 19-III-2008, entre otras).

Añadiendo que la fiscalización jurisdiccional de la actividad administrativa que traduce el ejercicio de la potestad disciplinaria no presenta ningún elemento estructural que justifique efectuar un análisis distintivo, que acote las causales de invalidez invocables a la hora de establecer su impugnabilidad respecto de otros tipos de actos de la Administración, ni menos todavía, un acotamiento en las causales determinantes de su invalidez.

Bien que bajo la observancia de la regulación material que les sea aplicable, tales actos también se encuentran comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa; ellos traducen un quehacer que, como tal, está sujeto a control y eventual invalidación judicial al comprobarse no sólo arbitrariedad o irrazonablidad sino también la concurrencia de cualquier otra causal de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (conf. causa B. 57.907, "Von Ortel", sent. del 4-VIII-2004).

6. En la misma línea de pensamientos, corresponde apuntar que, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada "Pacto de San José de Costa Rica", consagra en su art. 8.1 como garantía de libertad individual el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente "independiente e imparcial", protección judicial concreta que se reitera en el art. 25, al asegurar a toda persona la sustanciación de un proceso judicial (B. 49.102, "Pizzagalli", sent. 28-X-1986).

Dicha expresión sentencial cobra mayor virtualidad ahora, puesto que la reforma de la Constitución nacional del año 1994 le otorga a dicho "Pacto", jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), dándole preeminencia sobre cualquier norma local -y un mismo rango con la Constitución nacional- estando inclusive por encima de cualquier precepto -aún de las constituciones provinciales- que se le pueda oponer (art. 31, Const. nac.).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, interpretando el art. 6.1 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, de similar redacción al art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, ha dicho en el caso "Adolf" (García de Enterría -Linde-Ortega- Sánchez Morón, "El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos", Civitas, España, año 1983, fs. 95) que la garantía de ser juzgado equitativamente por un organismo judicial independiente, significa el derecho de acceso a la justicia (B. 54.239, cit.).

VIII. Con este sentido y en virtud de todas las razones explicitadas hasta aquí, la limitación al juzgamiento de las contiendas en tratamiento dadas por el art. 74 de la ley 12.008 -mod. por ley 13.325- significa la infracción no sólo a las directivas del art. 15 de la Constitución provincial, que garantizan el acceso efectivo e irrestricto a la justicia, sino a los cimientos históricos constitucionales más elementales del sistema de juzgamiento de las contiendas en lo contencioso administrativo provincial.

IX. Por lo expuesto hasta aquí y en lo que con ello resulte concordante, adhiero al voto del señor Juez doctor Pettigiani y doy el mío en igual sentido.

Costas por su orden atento la naturaleza del caso y el modo en que se resuelve la presente (art. 68, segundo párrafo, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. Discrepo con la opinión de los distinguidos colegas preopinantes.

II. Liminarmente, cabe resaltar que a posteriori de la reforma constitucional de 1994, fue sancionado el Código Contencioso Administrativo, en cuyo art. 74 establecía la impugnación de las resoluciones de Colegios y Consejos profesionales por ante los Tribunales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo.

Con la sanción de las leyes 13.325 y 13.329, se produjo una modificación al sistema de control judicial instaurado anteriormente, estableciéndose que la impugnación de las resoluciones de Colegios y Consejos profesionales se efectuara por medio de un recurso directo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo que correspondiere.

Así, el art. 74 vigente reza: "Las pretensiones que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos definitivos emanados de los Colegios o Consejos Profesionales referidos al gobierno de la matrícula o registro de profesionales y/o control disciplinario de los mismos y los definitivos emanados de los órganos de control disciplinario, tramitarán mediante recurso directo ante las Cámaras Departamentales en lo Contencioso Administrativo que corresponda al lugar donde se produjo el hecho que motivó el acto cuestionado a los fines de establecer el debido control de legalidad de aquéllos. El plazo para deducir el recurso será de quince (15) días a partir de la notificación de la última resolución administrativa y deberá interponerse ante el Órgano Colegial que dictó el acto administrativo. El recurso tendrá efectos suspensivos y deberá ser fundado en el mismo acto".

"El Órgano Colegial pertinente deberá remitir el recurso juntamente con las actuaciones administrativas, dentro de los diez (10) días hábiles de recibidos, bajo exclusiva responsabilidad de las autoridades de la Institución, quienes serán pasibles de multas procesales en caso de incumplimiento".

"Recibidas las actuaciones, la Cámara deberá llamar autos para sentencia y dictará el fallo definitivo dentro del plazo de sesenta (60) días".

"En caso de denegarse la concesión del recurso por parte del Órgano Colegial, el recurrente podrá interponer recurso de queja ante la Cámara competente dentro del plazo de cinco (5) días de notificado de la denegatoria. Con la queja deberá adjuntarse copia de la sentencia recurrida y del escrito recursivo. La Cámara podrá requerir las actuaciones administrativas, las que deberán ser remitidas por la Autoridad Colegial dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, bajo el apercibimiento antes previsto. La remisión de las actuaciones administrativas tendrá efectos suspensivos respecto de la sentencia dictada por el Órgano Colegial".

El sistema así consagrado posee total similitud con el vigente antes de la sanción del nuevo Código Contencioso Administrativo, en el que era un Tribunal recursivo de instancia única el Tribunal Especial creado para resolver recursos contra sanciones disciplinarias de los Colegios y Consejos profesionales, integrado por los presidentes de las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial I y II de La Plata, vigente desde 1975.

Análogo régimen puede apreciarse actualmente en relación al recurso en instancia única para las sanciones del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. De igual manera pueden mencionarse otros supuestos de sanciones con recurso en instancia única, tales como los vinculados con infracciones a la Ley de Pesca y de Caza de la Provincia (ley 11.477).

III. Numerosos ejemplos pueden citarse en los que la Corte Suprema trató cuestiones atingentes al poder disciplinario de órganos administrativos, en los que la constitucionalidad de tal sistema en modo alguno resultó observada (vgr., causas D 1607. XL "Disco S.A.", sent. del 19-VII-2006, recurso previsto en el art. 22 de la ley 22.802 de lealtad comercial; C.3 XXXV Recurso de Hecho, sent. del 6-II-2003, "Cencosud S.A", misma ley; en S. 2702 XXXVI "Superintendencia de Seguros c/ LUA" trató el tema con respecto al recurso del art. 83 de la ley 20.091 de las aseguradoras y su control; C 2096 XXXIX "Central Térmica Quemes c/ resolución 1650/98 ENRE", sent. del 26-IX-2006 con respecto al recurso del art. 76 de la ley 24.065; C.904 XXXVII "Cencosud S.A" del 15-VI-2004 con respecto a la ley 24.204 de Defensa del Consumidor, recurso del art. 45; L. 46. XXXVII "Laboratorios Duncan" del 5-VI-2005 con relación a la ley de medicamentos 16.463; Y.31 XXXVII "Yacht Club Argentino c/Inspección General de Justicia" del 28-II-2006 respecto a la ley 22.315).

Desde el célebre precedente "Fernández Arias, Elena c/ Poggio, José" fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1960, la doctrina y jurisprudencia han aceptado unánimemente la existencia de actividad jurisdiccional a cargo de organismos administrativos como son, en el caso subexamen, los Colegios Profesionales. Sobre fenómenos similares a éste, surgidos al amparo de justificaciones eminentemente pragmáticas ("hacer más efectiva y expedita la tutela de los intereses públicos, habida cuenta de la creciente complejidad de las funciones asignadas a la administración", ver fallo nacional cit.), nos alertaba Mauro Cappelletti diciendo que "el más grande peligro (...) consiste en el riesgo de que por perfeccionar los procedimientos se dejen a un lado las garantías fundamentales, especialmente las que se refieren al juez imparcial y al derecho de las partes a ser oídas (...). Aún cuando la innovación sea importante, no hay que olvidar que, después de todo, las grandes instituciones procesales han sido moldeadas, durante muchos siglos de lucha, para evitar la arbitrariedad y la injusticia" (en "El acceso a la justicia", Col. de Abog. de La Plata, 1983, p. 182).

Sin embargo, y consciente de los riesgos que implica la plena consagración de la "jurisdicción administrativa", la existencia de la misma fue condicionada por la Corte Suprema -de manera indefectible- al "control judicial" suficiente y efectivo. "Una interpretación contraria no tendría cabida dentro del derecho argentino (...). Primeramente, porque el art. 18 de la Constitución Nacional incluye la garantía de que, mediando situaciones del carácter indicado (resoluciones administrativas con contenido jurisdiccional), ha de reconocerse a los habitantes del país el derecho a ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia (...). Si este requerimiento no recibe satisfacción, esto es, si las disposiciones que gobiernan el caso impiden a las partes tener acceso a una instancia judicial propiamente dicha (...) existe agravio constitucional originado en privación de justicia. En efecto, ésta se configura toda vez que un particular, no obstante hallarse protegido por la indicada garantía del art. 18, queda sin juez a quien reclamar la tutela de su derecho" (del considerando 20º del fallo citado supra).

Estos conceptos altamente garantistas, emanados de nuestra Corte nacional hace más de tres décadas, se ven revitalizados en nuestros días a partir de los trascendentes cambios introducidos en la Constitución nacional por la reforma de 1994. En efecto, el nuevo art. 75, en su inc. 22, otorga jerarquía constitucional a una serie de tratados internacionales, entre los que se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos que fuera suscripta en la ciudad de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y ratificada por la República Argentina el 14 de agosto de 1984, previa aprobación por parte del Congreso mediante la ley 23.054. El depósito en la Secretaría General de la O.E.A. del instrumento de ratificación -que tuvo lugar el 5 de noviembre de 1984- marcó el momento a partir del cual entró en vigencia en nuestro ámbito (ver Hitters, "Derecho Internacional de los Derechos Humanos", t. II, Ediar, 1993, p. 76). Este Tratado dispone en su art. 8 ("Garantías judiciales") que "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".

De aquí se deduce que es connatural con el debido proceso la existencia de un juez o tribunal "independiente e imparcial". "No es dudoso, asimismo, -enseña Morello- que entre las cuestiones que se vinculan con la mejor administración de justicia, la primera y basilar es la de que ella se ejerza con imparcialidad. Por cierto que es éste uno de los elementos esenciales de la defensa en juicio, tal como con esos términos está subrayado por el Alto Tribunal, entre otros precedentes, en Fallos, 198:78; 257:132, consid. 3º. Independencia e imparcialidad no obstante ser conceptualmente autónomas, se interrelacionan pues la falta de aquélla obsta, en los hechos, a la imparcialidad del juicio. La garantía de imparcialidad del Juez pegada al principio de legalidad, es condición de efectividad de la función decisoria" (en "El proceso justo", Lib. Edit. Platense, 1994, p. 418).

Tales notas son propias del "juez judicial" y ajenas, por naturaleza, al ámbito de la administración -donde quien ejerce funciones jurisdiccionales es, al mismo tiempo, parte en la controversia-. De allí que la falta de esta figura en procesos de cualquier índole es violatoria del art. 8º del Pacto mencionado, el que tiene -a partir del nuevo texto del art. 75 inc. 22- rango constitucional (ver Hitters, Martínez y Tempesta, "Jerarquía de los Tratados sobre Derechos Humanos...", "El Derecho", t. 159, p. 1074).

IV. Sentadas así las bases que atañen a la posibilidad de existencia de actividad jurisdiccional en el ámbito administrativo a condición de que se garantice suficientemente el control judicial adecuado, corresponde examinar concretamente si en el caso se han dado notas de relevancia tal que conduzcan a una conclusión descalificadora de la norma aplicable como la adoptada por la Cámara.

Y en esa labor de apreciación específica de las particularidades que presenta el sub lite, encuentro que el decisorio recurrido ha emanado desde una perspectiva puramente teórica y abstracta, decididamente independizada de las connotaciones que exhibe la litis, en una suerte de ensayo genérico y omnicomprensivo sobre la naturaleza y caracteres que indeterminadamente refleja el instituto del recurso consagrado en el art. 74 del Código Contencioso Administrativo, sin referencia alguna a la hipótesis en juzgamiento. En efecto, tal como lo denuncia el Colegio recurrente, el decisorio en examen ha formulado una serie de consideraciones jurídicas expuestas en términos generales, mas omitiendo analizar el supuesto puntual de la sanción aplicada en autos y la manera en que en todo caso el sistema estatuido legalmente habría coartado el ejercicio del derecho de defensa de los sancionados y el debido proceso legal que se les debe constitucionalmente.

Entiéndase bien. No estoy sosteniendo que la Cámara carezca de la facultad de plantear de oficio la inconstitucionalidad de una norma. Solamente advierto que, en autos, lo ha hecho sin evidenciar en dónde radica el agravio, la lesión, la afectación o el perjuicio que se seguiría al eventual interesado.

La atribución de declarar la invalidez constitucional de los actos de los otros poderes reconocida a los tribunales ha sido equilibrada poniendo como límite infranqueable la necesidad de un caso concreto, excluyendo el control genérico. Esta pauta se conoce desde "Marbury vs. Madison", en donde se dijo que "la competencia de la Corte es solamente decidir sobre derechos de los individuos, no para analizar cómo el ejecutivo o los oficiales del ejecutivo desarrollan sus deberes sobre los cuales ellos tiene discreción" (conf. "La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la interpretación de variables mutables", María Rosa Siluros; "La Ley", 2006-E, 850).

Recientemente esta Suprema Corte, en la causa "Candia" (C. 85.129, sent. del 16 de mayo de 2007, voto del doctor Roncoroni) expresó que "los jueces, en ejercicio del control difuso de constitucionalidad, no sólo pueden sino que deben declarar de oficio la invalidez de una norma pues la Constitución no rige cuando alguien lo pide, sino siempre (art. 31, Const. nac.). Por cierto, eso no significa que los jueces reemplacen a los legisladores, lo que también sería inconstitucional, pues resultaría contrario al régimen republicano (art. 1, Const. cit.; conf. L. 71.014, sent. del 29-X-2003) (...). La pregunta relevante no es si es posible o no la declaración oficiosa, sino bajo qué requisitos lo es, debiendo examinarse si ellos se cumplen en el caso en juzgamiento (...). En efecto, la declaración de inconstitucionalidad de la norma (o más exactamente, la inconstitucionalidad de su aplicación al caso), no se proclama en abstracto, sino en una causa abierta. Tampoco se trata de un dictum, u opinión de los miembros del tribunal, sino de una declaración estrictamente determinada, provocada, por pretensión de mejoramiento del resultado del proceso en que el recurso intentado consiste".

Los requisitos a que me refiero han sido explicitados por la Corte Suprema (conf. "Mill de Pereyra c/Prov. de Corrientes", Fallos 324:3219). Por cierto que no resultan del hecho de que hayan sido reconocidos por el más Alto Tribunal de la Nación, sino que derivan de la división de poderes que ordena la Constitución. Así, señaló la Corte federal que la declaración de inconstitucionalidad "es un acto de suma gravedad, al que sólo debe recurrirse cuando una estricta necesidad lo requiera, en situaciones en las que la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta e indubitable y la incompatibilidad inconciliable ... la declaración de inconstitucionalidad sólo será procedente cuando no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa" (cit., considerando 10).

V. En tales condiciones, considero que la pretendida incompatibilidad del sistema establecido en el art. 74 del Código Contencioso Administrativo debió ser analizada en autos a la luz de su aplicación al caso concreto sometido a juzgamiento. Dicho de otro modo, la Cámara necesariamente tenía que efectuar un pormenorizado análisis de los datos de la causa evaluando la situación en que se encontraron colocados los profesionales objeto de la sanción, en particular verificando qué afectaciones se deparaban para su defensa, para su posibilidad de ofrecer y producir prueba, para el aseguramiento a su respecto del debido proceso. Era imprescindible el adecuado examen de la relación existente entre el sistema creado por el art. 74 y las pretensiones y alegaciones incorporadas por los sancionados. Nada de esto observó el a quo, que se ha abstenido de incorporar un solo dato del expediente del que resulte algún tipo de eventual quebrantamiento de los derechos del apelante, razón por la cual su decisión aparece, cuanto menos, como prematura.

En resumen, es posible que se susciten supuestos en los que el régimen de apelación de las decisiones emanadas de los Colegios Profesionales se torne inconstitucional al constatarse efectiva lesión al plexo garantista que hace a la defensa en juicio. Del mismo modo, el juzgamiento por ese carril, en situaciones que en modo alguno trasunten tal perjuicio, no sería susceptible de invalidación. Mas lo que de ningún modo puede hacerse, en mi opinión, es predicar en abstracto la inconstitucionalidad de una norma sin atender mínimamente a la existencia o inexistencia, en el particular supuesto de que se trata, de lesión constitucional. De allí que lo decidido en autos sea meramente conjetural e hipotético en tanto la sentencia carece de toda referencia a la demostración del interés sustancial que autorice a pronunciarse en la forma en que se lo hace.

La Corte federal, en este sentido, no tolera la declaración de inconstitucionalidad sobre hipótesis abstractas sin demostración de agravios concretos a las garantías que se afirman vulneradas (conf. Fallos, 256:602; 258:255; 307:1656; 314:407; 315:952, entre otros).

En definitiva, el ejercicio del control de constitucionalidad, preciada potestad del órgano jurisdiccional, ha de ejercerse con la prudencia y responsabilidad que corresponde a tan delicada función. En el caso, al omitir toda consideración a la existencia de eventuales afectaciones, la Cámara interviniente ha extralimitado su labor. A lo que se agrega que la reiteración de pronunciamientos, que emergen en igual ausencia de ponderación de las particularidades de cada causa, que se constata en los expedientes que arriban al Tribunal, conduciría a la virtual derogación de la norma involucrada, lo que es intolerable para nuestro sistema jurídico.

VI. Por lo expuesto propongo hacer lugar al recurso intentado revocándose la declaración de inconstitucionalidad del art. 74 del Código Contencioso Administrativo por prematura, debiendo retornar los autos al Tribunal de origen para que integrado por jueces hábiles, proceda a resolver el caso en atención a sus específicas particularidades. Se imponen las costas en el orden causado (arts. 303 del C.P.C.C. y 51 de la ley 12.008 con las modificaciones de la ley 13.101).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. Discrepo con las conclusiones a las que arriba el señor Juez Pettigiani en el punto III.2 de su voto.

Más allá de que, según comenta, la corporación recurrente lo hace sin "... asumir el carácter de contraparte, oponente, contrincante o contradictor del interesado", sino en calidad de "parte desde el punto de vista institucional", lo cual en esta litis torna difícil explicar su legitimación (v. fs. 46.), es menester destacar que, además y fundamentalmente, en su presentación engloba, en modo confuso, indistinto y no diferenciado, argumentos de orden doctrinario y constitucional, cuya correspondencia con los recursos que dice plantear no es discernible.

II. Lo expuesto evidencia la inadmisibilidad de los reclamos.

1. De acuerdo con el criterio que adopté en la causa Ac. 88.638, "Iezzi", de fecha 8-III-2008, al adherir en un todo al voto de mayoría expedido por mi distinguido colega, doctor Hitters, considero que los recursos extraordinarios interpuestos a fs. 44/62 deben ser desestimados en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 279, C.P.C.C.; 31 bis, ley 5827, texto según ley 12.961, vigente al tiempo de su interposición).

En esa oportunidad, el colega mencionado recordó la reiterada doctrina de este Tribunal, por la cual se descarta la posibilidad de fundar recursos extraordinarios diferentes (el de inaplicabilidad de ley, el de nulidad o el de inconstitucionalidad) en los mismos fundamentos o con agravios entremezclados (Ac. 46.599, sent. de 10-VIII-1993, Ac. 50.762, sent. de 7-III-1995, Ac. 57.323, sent. de 13-II-1996, Ac. 61.024, sent. de 7-VII-1998, entre otras), toda vez que en esta sede extraordinaria no cabe admitir embates cuya promiscuidad argumental genere una confusión en la que no sea posible desentrañar, con debida certeza, dónde comienza o finaliza uno u otro (doct. Ac. 45.213, sent. de 27-XII-1991, v. voto del doctor Hitters en la causa Ac. 91.830, sent. de 3-V-2006).

Por otra parte, parece obvio recordar que no es labor de la Corte suplir falencias de orden técnico que mellan la viabilidad de la impugnación que se intenta en su sede extraordinaria (arg. arts. 279 y 300, C.P.C.C.).

2. Según sostuvo el ministro cuyo pronunciamiento rememoro "... los recursos extraordinarios tienen exigencias técnico-formales propias, de insoslayable cumplimiento, que la Suprema Corte no puede dejar de lado, pues de lo contrario, se infringen normas de carácter constitucional y legal que lo sustentan (arts. 161, Const. prov.; 279 y 296, C.P.C.C.; Ac. 40.667, sent. de 6-VI-1989; Ac. 44.744, sent. del 13-VIII-1991; Ac. 50.193, sent. del 22-III-1994; Ac. 57.323, sent. del 13-II-1996)" (conf. causa Ac. 88.638, cit.).

Tras recordar la aplicabilidad del principio dispositivo, también explicó que "... por ello es que en este campo se advierte una característica propia, conocida como "principio de formalidad" (ajeno, por supuesto, a toda connotación excesiva o formulista), del cual se deriva, como uno de sus principales corolarios, la regla de la "unicidad" recursiva, según la cual cada resolución tolera -generalmente- un solo carril de impugnación (mi voto en la causa L. 75.147, sent. del 6-VIII-2003, v. Barbosa Moreira, Comentarios ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, 4º ed., v. V, p. 281)" (causa Ac. 88.638).

3. Que se admita deducir en un solo escrito más de un recurso (Ac. 91.909, "Porta", sent. de 23-V-2007), no conduce a una solución diversa en la especie por cuanto tal posibilidad tiene cabida si los fundamentos en que cada uno se asienta han sido debidamente deslindados (Ac. 91.909, cit.), cosa que aquí no ocurre. La carga de exponer con claridad y precisión los agravios que a cada recurso le corresponden no ha sido observada. Fiscalizar su cumplimiento atañe al Tribunal, a quien le está vedado efectuar lecturas "creativas" o "reconstructivas" de planteos carentes de los recaudos de suficiencia impuestos por el ordenamiento.

Tampoco, se menciona, ni se presenta, la situación excepcional que permite abordar en forma conjunta agravios pertenecientes a ambos tipos de recursos como los aquí formulados. Ello ha procedido solamente cuando los preceptos cuya errónea aplicación se denuncia son del mismo contenido normativo (v.gr.: la infracción a la garantía de la inviolabilidad de la propiedad, a la igualdad, al derecho a trabajar, o a otras normas idénticas o similares incluidas en los textos constitucionales nacional y provincial; conf. Ac. 32.929, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 30-XI-1984; L. 81.849, "Larrosa", 10-XI-2004), circunstancia que en modo alguno se presenta en el sub lite.

Por todo ello, se impone en autos la desestimación del remedio intentado (art. 279 ya citado). Voto por la negativa.

Costas al recurrente vencido (60 inc. 1º del C.C.A., ley 12.008 -texto según ley 13.101 y 303 del C.P.C.C.; conf. doct. de la mayoría en causa A. 68.914, "Larrauri", sent. del 22-XII-2008, sin perjuicio de mi opinión en contrario allí manifestada).

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. El recurso no puede prosperar.

II. El sistema adoptado por la legislación provincial a partir de la sanción de la ley 13.325, no satisface la garantía de la defensa en juicio de la persona y de sus derechos establecida en el art. 15 de la Constitución provincial (art. 18, Const. nac.), en tanto la misma reclama como condición de validez constitucional que la decisión de los órganos administrativos esté sujeta a un control judicial suficiente.

El cumplimiento de aquella garantía supone asegurar al afectado la oportunidad de ocurrir ante un órgano judicial por la vía ordinaria, mediante una pretensión a través de la cual pueda solicitar la revisión de las cuestiones de hecho y de derecho comprendidas o resueltas en la decisión administrativa.

El art. 74 de la ley 12.008, con las modificaciones de la ley 13.325, ciñe el control confiando al órgano jurisdiccional el de la legalidad de lo decidido, privando al afectado de ejercer adecuadamente su derecho de defensa en juicio, constituyendo en definitiva al ente colegial en el único juez de los hechos.

Conforme lo he sostenido antes de ahora, la doctrina judicial que reconoce amplias facultades a la autoridad administrativa para valorar y calificar los hechos y determinar las sanciones, se restringe naturalmente por la exigencia de un control judicial posterior al acto.

Ello conduce a la posibilidad de revisión judicial de tales facultades de la Administración (doct. de la mayoría en causa B. 51.249, "Trezza", sent. del 10-XI-1992 y fallos allí citados), sin que el aludido control suficiente signifique sustituir a la Administración en el ejercicio de su propia competencia, sino sólo restablecer, en su caso, el derecho que se denuncie como vulnerado.

Por tales razones y demás fundamentos concordantes expuestos en el voto de mi colega, doctor Pettigiani, adhiero a la solución por él propiciada, en cuanto decide el rechazo del recurso interpuesto y desestima el agravio vinculado con la vulneración del art. 41 de la Constitución provincial, en tanto el mismo resulta ajeno a la vía intentada (conf. causas L. 78.205, sent. del 10-IX-2003; Ac. 94.716, res. del 3-V-2006, entre otras).

Voto por la negativa.

Costas por su orden dada la naturaleza de la cuestión planteada (art. 68, segundo párrafo del C.P.C.C., conf. voto de la mayoría en causa A. 68.782, "Colegio de Bioquímicos", sent. del 22-XII-2008).

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

1. Resultan fundamentos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en tratamiento los siguientes: violación del art. 41 de la Constitución provincial; inaplicación de normas de la ley 5177 y encuadre de la decisión cuestionada en la doctrina del "absurdo".

2. Adelanto que, en mi opinión, el recurso resulta insuficiente en tanto carece de una argumentación convincente sobre el yerro imputado al pronunciamiento de grado, amén que nada dice en relación al considerando del fallo relativo al art. 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su interpretación.

3. En primer lugar debo señalar que el art. 41 de la Constitución provincial no tiene el alcance que pretende el recurrente. En lo que al caso interesa, el citado precepto constitucional dice: "La provincia reconoce a las entidades intermedias expresivas de las actividades culturales, gremiales, sociales y económicas y garantiza el derecho a la constitución y desenvolvimiento de colegios o consejos profesional...".

Esta garantía de constitución y desenvolvimiento no puede equipararse al otorgamiento de la potestad de gobierno de la matricula y control del ejercicio profesional.

Obsérvese que el art. 42 del mismo cuerpo constitucional, al establecer que queda a la Legislatura la facultad de determinar lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales, de ningún modo establece una pauta que implique que el Poder Legislativo deberá delegar tal actuación en las corporaciones profesionales.

Pero, aunque se concluya en forma contraria a lo recientemente expuesto, es claro que la atribución a los colegios o consejos profesionales de la facultad de ejercer el control de la matrícula profesional -sea ésta una atribución deferida por la ley o la Constitución- de ningún modo es puesta en riesgo ni retaceada por la circunstancia de que los actos de gravamen que tales instituciones emitan sean pasibles de un amplio control judicial, ni ello implica transferir al juez del caso las potestades que le fueran otorgadas por la legislación a la colegiación.

4. Tampoco se satisface adecuadamente la fundamentación del agravio consistente en la inaplicación de la ley 5177 desde que ni siquiera se precisa qué preceptos del aludido cuerpo legal han sido inaplicados o violentados en la sentencia, ni en qué consiste el error que al respecto se adjudica a la misma.

El Código Procesal Civil y Comercial de aplicación por reenvío (conf. art. 60 del C.C.A. -según ley 13.101-) estipula que el escrito en el que el recurso se deduzca deberá contener en términos claros y concretos la cita de la norma o, en su caso, la doctrina, violadas o aplicadas falsa o erróneamente en la sentencia, indicando igualmente en qué consiste la violación, o el error (art. 279, C.P.C.C.), recaudos no verificados en el caso.

5. Tampoco demuestra el recurrente de qué manera se aproxima lo resuelto a la causal caracterizante del vicio del absurdo, conforme denuncia.

El colegio profesional impugna el fallo porque, en su entender, "produce una confusión normativa que afecta la supremacía constitucional y por ende la seguridad jurídica y la paz social. Casi podría afirmarse que se aproxima a lo que ha dado en llamarse ædoctrina del absurdoÆ", a la que define como una creación pretoriana mediante la cual se habilita una vía para que se puedan ventilar muy excepcionalmente planteos de hecho.

Mas advierto que el pronunciamiento no se ha sustentado en la apreciación de cuestiones de hecho o prueba alguna y la argumentación del recurrente se circunscribe a genéricas afirmaciones que solo indican un criterio discordante con el del juzgador sin efectuarse, como debiera, un cuestionamiento concreto y razonado de la motivación del pronunciamiento objetado.

6. La réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo es un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante en vía extraordinaria, por tanto la insuficiencia recursiva que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos sobre los que la misma se asienta, sella adversamente la suerte de los agravios planteados en tales términos (doct. Ac. 73.447, sent. de 3-V-2000; Ac. 72.204, sent. de 20-VI-2001; Ac. 81.965, sent. de 19-III-2003, Ac. 87.624, sent. del 7-II-2007, entre otras).

7. Por lo expuesto corresponde rechazar el recurso interpuesto.

A la segunda cuestión planteada, voto por la negativa.

Costas de esta instancia al vencido, con aplicación, por razones de economía y celeridad procesal, del régimen del Código Procesal Civil y Comercial en la materia- conforme doctrina de la mayoría en causa A. 68.914, "Larrauri", sent. del 22-XII-2008 (art. 289 del C.P.C.C.).

El depósito queda perdido para el recurrente (art. 294 del C.P.C.C.), debiendo el tribunal a quo dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/2002 -texto según Resolución 870/2002.

A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

Adhiero al voto del doctor Pettigiani y doy el mío también por la negativa.

Costas a la recurrente vencida (art. 289 del Código Procesal Civil y Comercial).

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

Adhiero a los fundamentos expuestos por el señor Juez doctor Pettigiani.

Voto por la negativa.

Costas a la vencida (art. 289 in fine del C.P.C.C.).

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

Por los mismos fundamentos expuestos al tratar la primera cuestión, propongo hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley, revocándose la declaración de inconstitucionalidad del art. 74 del Código Contencioso Administrativo por prematura, debiendo retornar los autos al Tribunal de origen para que, integrado por jueces hábiles, proceda a resolver el caso en atención a sus específicas particularidades. Se imponen las costas en el orden causado (arts. 289 inc. 2º del C.P.C.C. y 51 de la ley 12.008 con las modificaciones de la ley 13.101).

Voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

Por lo expuesto al tratar la primera cuestión, propongo también el rechazo del recurso de inaplicabilidad de ley deducido, al que le cabe el mismo reparo, en tanto ha sido promiscuamente formulado con el de inconstitucionalidad (arts. 279 y 300, C.P.C.C.).

Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1º del C.C.A., ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 del C.P.C.C., conf. doctrina de la mayoría en causa A. 68.914, "Larrauri", sent. del 22-XII-2008, sin perjuicio de mi opinión en contrario allí manifestada).

Voto por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

Adhiero a los argumentos expuestos y solución propiciada por mi colega, doctor Pettigiani.

Voto por la negativa, con costas (art. 289 del C.P.C.C.).

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente Sentencia:

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oída la señora Procuradora General, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 303 del C.P.C.C.), imponiéndose las costas, por mayoría de fundamentos, en el orden causado dada la naturaleza de la cuestión debatida (art. 68 segundo párrafo del C.P.C.C.).

Por mayoría de fundamentos se rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, C.P.C.C.), imponiéndose las costas, por mayoría de fundamentos, al recurrente vencido (art. 289, Cód. cit.).

El depósito queda perdido para el recurrente (art. 294 del C.P.C.C.), debiendo el tribunal a quo dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/2002 -texto según Resolución 870/2002- Regístrese, notifíquese y devuélvase. - Pettigiani - Kogan - Genoud - de Lázzari - Soria - Negri