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Interés superior del niño, interpretación de la ley, centro de vida de niñas, niños y adolescentes
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS-CIVIL
Carátula: S., M. A. c/  s/ art. 19 de la C.I.D.N.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-27

La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su art. 3º, entiende por interés superior de los niños la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en ella, debiéndose respetar: a) su condición de sujeto de derecho; b) el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d) su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; e) el equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; y f) su centro de vida, entendiendo por tal el lugar donde hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.
Legítima defensa, racionalidad del medio empleado
Materia: PENAL
Carátula: M.E.A. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-01-31

La legítima defensa, pertenece al grupo de justificantes cuyo fundamento es el llamado "principio de responsabilidad" que significa que la víctima de la intervención tiene que responder por las consecuencias de su comportamiento de organización. Quien puso en marcha antijurídicamente un curso dañoso debe soportar en principio los costes de su eliminación. Los límites entonces de la defensa legítima no están dados -a diferencia del estado de necesidad- por "evitar un mal mayor" -proporcionalidad de males-, sino sólo por la racionalidad de la defensa.
Competencia, competencia por la materia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bejarano, Roberto A. c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Santiago del Estero s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-07-10

La competencia en razón de la materia, como del grado, es absoluta y responde a necesidades de orden público, de donde resulta que no sólo las partes están impedidas de prorrogarla, sino que el propio órgano jurisdiccional debe inhibirse de oficio de entender en la demanda, si de sus propios términos y exposición resulta que la causa no es de su competencia, siendo dicha declaración, en esos supuestos, procedente en cualquier estado de la causa. Incluso el Tribunal de Alzada, puede ejercitar ex officio esa potestad y remitir las actuaciones a la justicia competente.
Suprema Corte de Buenos Aires, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cooperativa de Consumo Vivienda y Crédito entre el personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires (CO.PO.BA.) c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto Provincia de Acción Cooperativa) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

No cabe entender que pueda abrirse la competencia originaria en lo contencioso administrativa de esta Suprema Corte en materia de policía societaria de cooperativas, si ninguna norma se la atribuye y la solución legal existente en el régimen análogo indica que se trata de un caso excluido de dicha competencia al conferir el conocimiento y decisión de las impugnaciones judiciales a otro órgano judicial local (art. 215 Const. prov. art. 10, decreto ley 8671, t.o. 1986). (Minoría u opinión personal)
Concubinato, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Robles, Eva del Valle c/ I.S.S.P. s/ Recurso contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-05-29

El concubinato, por definición, es una sucesión continuada de hechos a los que el legislador ha provisto de efectos jurídicos. A su demostración en un orden lógico y concatenado, han de ser aptas todas la evidencias que recreen sucesos o comportamientos que si bien carecen de la formalidad sacra del vínculo matrimonial consagrado de conformidad a las disposiciones legales, no amenguan la esencialidad de hechos o circunstancias que son específicos de una comunidad familiar; y en tal inteligencia, debe ponderarse toda clase de pruebas, partiéndose de elementos aislados en algún caso, de indicios en otros, o de aquellos hechos en que por su objetividad y fuerza gravitante en el criterio del intérprete, no permiten arribar a distintas conclusiones que la contundencia que la sana lógica impone.
Embargo, reinscripción de la medida cautelar, caducidad de la inscripción
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Nissen, Ricardo Augusto y otro c/ Condelmar SA s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-20

Cabe desestimar el pedido de libramiento de testimonio ampliatorio donde se pretende dejar constancia de la subsistencia de la inscripción de embargo, vencido los cinco años desde la última inscripción, ya que, la ley 17801: 37 inc. b) dispone que los plazos se contarán a partir de la toma de razón de la medida. En el caso, la reinscripción del embargo se produjo con fecha 6/2/13, el cómputo para habilitar la nueva solicitud en tal sentido, debe empezar a computarse desde esa última fecha y no como se predica. Destácase que la reinscripción opera para el futuro y no tiene efectos retroactivos respecto de la inscripción originaria acaecida el 11/8/08. Síguese de ello, que para determinar el cumplimiento del término de caducidad de 5 años establecido por la norma legal invocada (art. 37, inc. b) de la Ley 17801), cabe estar no a la fecha originaria de la inscripción, sino a la de su última registración. De ahí que el acreedor si bien tiene derecho a que el juez ordene la reinscripción todas las veces que fuera necesario en razón que la ley no contempla limitación alguna a tal posibilidad, lo cierto es que la misma debe ser solicitada y concretada antes del vencimiento del plazo, es decir cuando el plazo de inscripción no ha caducado. Por ello, habiendo sido inscripto el embargo el 6/2/13, e ingresado el testimonio al registro el 26/4/18, es claro que han transcurridos cinco años desde la última inscripción. Ergo la medida no puede reinscribirse.
Gravamen actual, cuestión abstracta, existencia del agravio, incidentes, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Martínez Garcete, Juan Blas s/ 83 - usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) (art.86 según TC Ley 5666 y modif.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-25

Si el juez de la causa ha tenido por extinguida la acción contravencional por resolución que se halla firme, no subsiste el interés jurídico denunciado por la parte recurrente; razón por la cual corresponde rechazar la queja. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Juicio político, trámites judiciales, defensa en juicio, debido proceso, deber de imparcialidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Intendente de la Comuna de Tolhuin c/ Concejo deliberante de Tolhuin s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-05-06

Tal como ha sido receptado en nuestra Carta Magna Provincial en la Segunda Parte, Primera Sección, Capítulo IV, el procedimiento para el trámite del Juicio Político debe respetar dos etapas bien diferenciadas: la primera es la acusatoria, en la cual deberán determinarse debidamente las causales que objetiva y subjetivamente llevan a la procedencia del juicio político, detallándose con precisión cada uno de los hechos que motivan el juicio, aportando las pruebas en las que se apoya la acusación; y la segunda es la etapa juzgadora, en la cual se brindará al acusado la posibilidad de ejercer debidamente su derecho de defensa, asegurándose la imparcialidad del órgano sentenciador.
Recurso de inconstitucionalidad, realismo económico, pesificación, interpretación de la ley, intereses moratorios, tasas de interés, contratos
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: OVER SRL c/ BAUDUCCO, OSCAR FD s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 227 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-06-03

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que a la hora de examinar los cuestionamientos relativos a la determinación de intereses, los Magistrados de la instancia revisora no podían dejar de examinar que se trataba de una condena dineraria pesificada, siendo los intereses un concepto incluido en la forma de recomponer el equilibrio de las prestaciones; caso contrario, se arribaría a un resultado que no condice con las leyes de emergencias.

Y bien, el déficit por arbitrariedad normativa torna descalificable constitucionalmente el fallo atacado por cuanto el interés establecido quebranta el equilibrio de la ecuación en las prestaciones, arribándose a un resultado económico en la condena que afecta excelsas cláusulas constitucionales.

Las consideraciones que anteceden se enmarcan en el criterio del cimero Tribunal de la Nación en su exigencia de que la adjudicación judicial debe estar imbuida por un sentido de realismo en la consideración de las soluciones concretas, y en supuestos como el que nos ocupa, en la adecuada tutela del derecho de propiedad -en este caso del deudor- de no ser privados ilegítimamente de su patrimonio.
Derecho procesal, costas, costas en el orden causado, nulidades societarias, cuestión abstracta, demanda, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: García, Ester Delfina y otro c/ Club de Campo San Diego SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-22

Corresponde modificar la resolución de grado que en el marco de una demanda de nulidad societaria que luego se declaró abstracta, impuso las costas a la demandada vencida. Ello así, pues si bien como principio general, corresponde imponer costas a la sociedad vencida cuando la declaración de abstracción se encuentra fundada en la propia conducta sobreviniente de las decisiones del ente a instancia de sus nuevos administradores quienes, sea por vía de voluntad de confirmación o rectificación, inhibieron las impugnaciones de los accionistas pretensores, conducta que se ha considerado como un virtual allanamiento (ver Roitman, H., "Ley de Sociedades Comerciales comentada y anotada", T.IV, pág. 302, ap. e. ii, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2006; Nissen, Ricardo Augusto, "Ley de Sociedades Comerciales comentada, anotada y concordada", Ed. Astrea, T. III, pág. 77, 2010, Bs. As.), tornando aplicable lo dispuesto por el CPR 70 interpretado a contrario sensu. Sin embargo, en el caso de autos se advierte que al momento de disponerse el traslado de la demanda, ya se habían celebrado las asambleas en las que se adoptaron las resoluciones que convalidaron al club de campo demandado como una sociedad anónima regulada por la Ley de Sociedades.
Accidente ferroviario, contrato de transporte, responsabilidad de la empresa ferroviaria, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: MORALES DE ABAN INES c/ F.F.A.A s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-18

Aceptada la existencia de un contrato de transporte, la responsabilidad de la empresa de ferrocarriles por los daños sufridos por el pasajero está determinada en el art. 184 del Cód. de Comercio, en concordancia con el art. 65 de la ley 2873 y el Reglamento general de la empresa ferroviaria.-
Seguro de responsabilidad civil, honorarios del abogado, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Grande de Insúa, Isabel c/ General Paz Cooperativa de Seguros Limitada s/ Ejecución de honorarios Brianti, Felipe O. c/ Olam Cooperativa de Seguros Ltda. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28|1996-02-06

La aseguradora no es deudora de los honorarios regulados al letrado del asegurado.
Cámaras de casación, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Juzgado de Garantías nro. 1 del Departamento Judicial de San Martín y el Juzgado de Garantías nro. 4 de San Isidro s/ Incidente de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-20

No alcanza a configurar cuestión de competencia resoluble por el Tribunal de Casación Penal el planteo referente a una defraudación derivada de utilizar documentación fiscal apócrifa para la trasferencia de un automotor, si no consta fehacientemente la índole de los documentos tachados de apócrifos que fueron entregados al gestor por el antiguo propietario del rodado trasferido o por otro gestor administrativo, o que exista documentación expedida por autoridades nacionales dentro del cúmulo de elementos suspectos, dado que cualquier atribución pasaría a ser entonces meramente adivinatoria y a todas luces prematura. (Minoría u opinión personal)
Prueba confesional, confesión ficta, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO AVENIDA INDEPENDENCIA 2047/49 c/ GORINO, J s/ LOCACION DE OBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-11

Si bien la confesión ficta no tiene valor absoluto, cuando no existen en la causa prueba en contrario u otros elementos de juicio que la neutralicen, genera una eficaz presunción de veracidad de los hechos insertos en el pliego, criterio aplicable aún cuando se trate de hechos negados al contestar la demanda.
Ejecución de sentencia, honorarios del abogado, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Iotti Atilio Carlos c/ Jorge Alberto Caso S.A. s/ Embargo preventivo -incidente de ejecución de honorarios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-17

Procede por el juez tratar la excepción de inhabilidad opuesta considerando las constancias del beneficio de litigar sin gastos, ofrecido como prueba, receptado ello favorablemente sin oposición e incluso con participación del coactor en su producción. Es que se trata de un expediente judicial individualizado e incorporado, que no hace exigible al magistrado adjuntar el testimonio de las constancias procesales, máxime cuando se vincula con el embargo preventivo iniciado contemporáneamente y donde fuera invocado. En consecuencia, la introducción de tal prueba es apta (art. 332, 540, 2do. párrafo y 547 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires) y lejos de violarse el art. 505 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, implica intentar probar la excepción mediante las "constancias del juicio" (art. 547 citado). La interpretación disímil configuraría un exceso ritual manifiesto incompatible con el buen servicio de justicia.-
Accidentes de trabajo, accidente in itinere, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: SANNADONIO, TERESA c/ SIC MALLORY SAICIF. Y OTRA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-12-16

En los accidentes 'in itinere' la relación de causalidad entre el accidente y el trabajo debe apreciarse con criterio estricto, porque en este aspecto la protección de la ley es de amplitud máxima (conforme sala I, 22 de septiembre de 1966, DT. 1966-392 y 24 de abril de 1964 DT. 1965-313).
Proceso penal, prueba, prueba testimonial, idoneidad del testigo, autoridad de prevención, apreciación de la prueba
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Alcaraz Héctor Juan ó Ríos, Ramón Alberto s/ inf. art. 189 bis C.P. - APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-06

Los preventores no son sujetos ajenos al hecho, sino justamente los que toman intervención, en razón de sus funciones, ante la posible comisión de un delito, teniendo un claro interés en el resultado de la causa. Por ello es posible considerarlos como testigos sospechosos.

No se intenta crear una suerte de "testigos discriminados" por el sólo hecho de ser funcionarios policiales, sino que, el respeto a las garantías constitucionales y a la presunción de inocencia exige que dichos testimonios no puedan ser tenidos en cuenta como prueba dirimente del ilícito atribuido al imputado.
Fletero, ayudante, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: BERON, RICARDO O. c/ COCA COLA SAICF. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-28

En tanto no se demuestre el carácter empresarial de los fleteros ocupados en la distribución de bebidas gaseosas, sus ayudantes de carga son dependientes de la empresa resultando irrelevante que hayan llevado uniforme provisto por la empleadora, que hayan sido los supervisores o los fleteros quienes les dieran las órdenes o, incluso, quienes les pagaban las remuneraciones.
Sociedad conyugal, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carou de Demianiuk, María c/ Sapowicz de Demianiuk, Agafia y otros s/ Nulidad de compraventa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

La falta de asentimiento no ocasiona un impedimento definitivo para que el acto sea otorgado, ya que si no media justa causa para la negativa, la disposición del bien puede ser autorizada judicialmente (art.1277, C.C.).
Asesoría de menores, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Vega, Carmen del Valle c/ Chagra, Jorge Edmundo; García, Gustavo Alejandro; Cabana, Marcelo Fabián s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 12427/12 (Sala I - Cámara de Apelaciones Civil y Comercial) Demanda Laboral por cobro de diferencias - Remuneraciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-10-30

La falta de intervención del Ministerio Pupilar en juicios en los que son parte menores es sancionada con nulidad relativa que, como tal, puede ser subsanada por la ratificación expresa o tácita de los trámites realizados sin la presencia del representante del Ministerio Pupilar, lo que sucede en el caso, en el cual la Defensora Oficial de Menores e Incapaces no advierte perjuicio alguno a sus representados.
Revocación de sentencia, daños y perjuicios, responsabilidad profesional, médico anestesista, médico cirujano, prueba insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: G. G. y otro c/ G. A. S.A s/ daños y perj.resp.profesional (excluido estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-12-21

Cabe revocar la sentencia apelada en cuanto admitió la demanda contra el accionado -cirujano interviniente- rechazando la misma a su respecto, y confirmando la condena a la accionada -anestesióloga-, al respecto se señala que la Corte Nacional ha resuelto que la autonomía científica y técnica que caracteriza la función del anestesista obsta al establecimiento de una relación de subordinación con el cirujano, quien carece de facultades para ejercer un control o vigilancia respecto de los actos propios de otra incumbencia profesional, limitándose su órbita legal de fiscalización -y por ende su responsabilidad- a los actos de su personal auxiliar -art. 19, inc. 9°, Ley 17132-. En el caso surge incluso de la documentación médica, que el problema se dio durante la recuperación anestésica y aún si temporalmente, hubiera sido durante la cirugía, nada indica que ésto tendría que ver con la cuestión de la que se estaba ocupando el cirujano. De este modo, no existen circunstancias como para responsabilizar al médico cirujano, a mayor abundamiento, no se cuenta con una historia clínica clara, prolija y correlativa que vaya especificando ordenadamente el tratamiento y evolución del menor.

Por esta razón y según las máximas de la experiencia -art. 384 CPCC-, es válido presumir -art. 163 inc. 5 CPCC- que si no se consignó algo que sucedió, ello fue porque lo que sucedió, de alguna manera, inculpaba a quien intervino en el acto. Llegado este punto, es irrelevante que la pericia en anestesiología diga que las drogas utilizadas eran las adecuadas, o que la pericia médica nos hable de la corrección del acto quirúrgico vinculado con la hernia, o de la corrección de la atención en la terapia intensiva, porque el problema -y la mala actuación- tiene que ver con algo que sucedió en el seno del quirófano y que no se ha expuesto en la historia clínica, lo que generó que un niño que ingresó sano, egresara con una parálisis cerebral. En coincidencia con la a quo, se presume la existencia de una inadecuada conducta médica.
Servicio público, servicio telefónico, concesión de servicio público, monopolio, entes reguladores, defensa del consumidor, reglamento telefónico, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: BIESTRO DE BOVER AMELIA T. c/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-16

La justificación a la existencia de los entes regulatorios está dada en la función subsidiaria del rol estatal y no en el intervencionismo protagónico del mismo, sin perder de vista que la concesión a manos privadas de grandes monopolios o cuasi monopolios de consumidores cautivos a manos de capitales privados implique indefectiblemente la desprotección del último eslabón de la cadena económica. En algunos casos, a pesar de la tardía introducción de las normas reglamentarias del servicio (en la especie, el Reglamento General del Servicio Básico Telefónico -R.G.S.B.T. aprobado por el decreto 1420/92 del 7.8.92) que fue dictado dos años después de la concesión, responde no obstante el imperativo constitucional acuñado en el art. 42.
Competencia, Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, medidas cautelares, cambio de AFJP
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Arauca Bit AFJP S.A. c/ Superintendencia de AFJP s/ Medida cautelar (autónoma).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

Es de competencia del Juzgado Federal de la Seguridad Social la causa en la que la actora solicita que se decrete una medida cautelar por la cual se ordene a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones que en tanto tramita el reclamo administrativo que interpusiera contra el art. 3º de la Resolución SAFJP nº 495, suspenda los efectos de dicho acto y permita que afiliados que deseen traspasarse a Arauca Bit puedan hacerlo sin estar obligados a integrar y suscribir la solicitud de traspaso en oficinas de esa administradora y con la intervención de personal jerárquico autorizado.
Defensa en juicio, recurso extraordinario, indefensión
Materia: PENAL
Carátula: Romero, Miguel Octavio s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20

Deben declararse nulas las actuaciones posteriores a la notificación del defensor particular del procesado si éste quedó en la instancia extraordinaria sin ser asistido por ningún defensor, librado a sus comprensibles limitaciones, pues la ausencia de defensa observada en esta instancia extraordinaria es violatoria de la garantía constitucional de la defensa en juicio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, acción civil
Materia: LABORAL
Carátula: MUÑOZ, NORMA c/ CEVOLI, OSCAR J. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-02-01

Ejercida la acción común que autoriza el art.17 de la ley 9688 no son de aplicación las normas del derecho laboral-