Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-10-07


San Luis, octubre 7 de 2008.

I) ¿Es procedente la Demanda Contencioso Administrativa? II) En su caso ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? III) ¿Cuál sobre costas? A LA PRIMERA CUESTION, el Dr. Florencio Damián Rubio dijo:

1) Que a fs. 13/18 vta. se presenta el apoderado de la Sra. BELENNA ISABEL V. FERNANDEZ DE TABOADA promoviendo demanda contencioso administrativa contra el Estado Provincial a efectos de lograr se anule la Resolución Nº 2479 -HyOP-94, recaída en el Expte. Nº 54463-M-94, y solicitando se restablezca el imperio de la Resolución Nº 1106 -HyOP(SH)-94.

En cuanto a los hechos, expresa que peticionó por aplicación del art. 5 de la Ley 4579 la equivalencia del cargo detentado por el extinto esposo de su mandante, la que se declaró mediante dicha Resolución, percibiendo, a partir del 24 de septiembre de 1993, un haber mensual de $ 1.857,24. Agrega que esta situación dura trece meses, esto es, hasta noviembre de 1995, en que se dicta la Resolución Nº 2479 -HyOP-94, que revocando la anterior, fija una equivalencia distinta, correspondiente a la función del fallecido cónyuge en el área de salud, pasando a cobrar un haber mensual de $ 315,25, con el agravante de que el Instituto le reclama una deuda de $ 24.609,46, que se le descuenta mensualmente, por lo que está percibiendo por mes un haber de $ 236,53.

Refiere que la resolución fue impugnada en tiempo y forma, y que no podía revocarse un acto administrativo que gozaba de estabilidad, que había generado prestaciones que se estaban cumpliendo, afectando en consecuencia, la garantía de la propiedad y de los derechos adquiridos.

2) Corrido el traslado de ley, a fs. 65/69 vta. se presenta Fiscalía de Estado a efectos de contestar el mismo en representación del Gobierno de la Provincia, negando todos y cada uno de los hechos, para luego señalar la falta de derecho de la actora para promover la demanda contencioso-administrativa, y seguir enriqueciéndose indebidamente cobrando sumas de dinero que nunca debió percibir, por lo que solicita el rechazo de la misma.

3) Abierta la causa a prueba, producida la misma, la demandada alega de bien probado a fs. 146/147 vta. y a fs. 171 se expide el Sr. Procurador General, por lo que encontrándose firme el llamado de autos, la presente causa quedó en estado de dictar sentencia.

4) Sobre el punto en estudio cabe analizar en primer lugar, si concurren en el presente caso los requisitos necesarios a los fines de la admisibilidad de la acción incoada.

Al respecto, es preciso destacar que tratándose la presente de una demanda donde se ataca la validez de un acto administrativo, uno de los elementos esenciales para que el mismo sea válido, es que se encuentre debidamente motivado. Que la motivación, contenida dentro de lo que usualmente se denomina los considerandos, es una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación, o sea los motivos o presupuestos del acto, que constituye por lo tanto la fundamentación fáctica y jurídica con que la administración entiende al sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada (Cfr. Agustín Gordillo, "Tratado de Derecho Administrativo", t. 3, p. X-6 y 7; Miguel S. Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", t. II, p. 298).

En similares términos se ha pronunciado la jurisprudencia al sostener: "Los actos administrativos deben ser motivados, es decir deben contener la mención o enunciación de las causas que los determinan" (S.T.S.L. Nº49/04 "EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN LUIS S.A. (E.D.E.S.A.L. S.A.) C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PCIA. DE SAN LUIS - DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA" Expte. Nº 7-E-97, en fecha 14-10-04, "GARBERO JOSE DANTE C/ PODER JUDICIAL DE LA PCIA. DE S. LUIS Y/O GOB. DE LA PCIA. DE S. LUIS - DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA"; 27-04-2007, entre otros).

También se tiene dicho que, la motivación es la expresión en forma concreta de las razones que inducen a emitir el acto, consignando los hechos y antecedentes que les sirven de causa y el derecho aplicable y se trata de una exigencia que, por imperio legal, es establecida como elemento condición para la real vigencia del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos, presupuesto ineludible del estado de derecho" (cfr."S.A. DE EXPORTACIONES SUDAMERICANAS - S.A.D.E.S.A. C/ D.G.I. S/ AMPARO", 7-5-96, Revista El Derecho, Boletín de Jurisprudencia, año 1996, nº 2, p. 37; S.T.J.S.L. "SEVASTEI JORGE ALBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS - ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA", 25-10-2007).

5) A fin de examinar si los antecedentes que se invocan para justificar la emisión del acto impugnado constituyen la causa válida de su dictado, debe recordarse que el control de la legitimidad del acto administrativo supone el de la debida aplicación de las normas, de manera que los hechos se aclaren adecuadamente y lo decidido se ajuste al texto legal (confr. C.S. doctrina de Fallos: 326:859: w.w.w..csjn.gov.ar.jurisp. "Santa Cruz, Provincia de c/ Estado Nacional s/ inconstitucionalidad - acceso 28/08/2008).

Conforme a los conceptos precedentemente enunciados se advierte que la Resolución Nº 2479 -HyOP-94, que revocó la Resolución Nº 1106 -HyOP(SH)-94, fue dictada en el marco legal que establece el art, 45 del Decreto Nº 567/44 y del art. 474 de la Ley 310 (actual 847 del C.P.C.C.), que facultan a la Autoridad Administrativa a revocar, de oficio o administrativamente, sus resoluciones dictadas por error de hecho o derecho.

En efecto el art. 45 del Decreto Nº 567/44 establece que "Los Decretos, Resoluciones o Providencias dictadas por error de hecho o derecho, podrán revocarse de oficio en cualquier momento, a iniciativa de las reparticiones o de la Superioridad, siempre que la revocación beneficie a la Provincia o tienda a evitar una revisión por la vía judicial jurisdiccional ordinaria...", y por su parte la normativa procesal, luego de señalar los supuestos y las condiciones en que las autoridades administrativas no pueden revocar sus propias decisiones, determina que: "Exceptúase de esta disposición toda resolución que tenga por objeto rectificar errores de hecho o de calculo los que podrán ser corregidos administrativamente" (art, 847 del C.P.C.C, in fine).

Del análisis de las constancias de la causa, se desprende, tal como lo sostiene la demandada, que con posterioridad al dictado de la Resolución Nº 1106, que declara la equivalencia, "la Administración advierte que el cargo u oficio desempeñado por el extinto Taboada, lo fue dentro del escalafón de la administración publica provincial, figurando el mismo en el presupuesto actual por lo que no corresponde su dictado, en virtud de que la equivalencia se dicta cuando el cargo o función no figure en el presupuesto", ello atento a lo reglado en el art.5 de la Ley 4579., debiendo agregarse que el Sr. Taboada "jamás perteneció, ni optó por el Sistema de Carrera Sanitaria Provincial y se jubiló antes de implementarse la misma, por lo que mal se podría otorgar una equivalencia con un cargo que nunca existió durante el tiempo que el mismo prestó servicios".

6) Que de lo expuesto, surge claramente la legitimidad de la Resolución Nº 2479 -HyOP-94, la que a su vez, encuentra apoyatura fáctica en los antecedentes de la causa, puesto que ha sido dictada en el marco de las facultades que le son propias a la Administración, cuando la misma advierte en que ha incurrido en un error de hecho, y la única forma de subsanar y evitar que se continúe abonando indebidamente esa pensión es revocando el acto administrativo, que es lo que ha acontecido en autos.

En consecuencia, se concluye que la Resolución atacada por la accionante, ha sido dictada en uso de facultades otorgadas a la administración pública provincial, encontrándose la misma respaldada en normas legales, por lo que el acto se evidencia motivado y legítimo, por lo que la demanda debe ser rechazada.

7) Por último, y en relación a las costas, cabe destacar que atento a la declaración de inconstitucionalidad del art. 858 del C.P.C. resuelta por este Alto Cuerpo, en su actual composición, en autos "Sevastei, Jorge Alberto c/ Municipalidad de la Ciudad de San Luis - Acción Contencioso Administrativa", Expte. Nº 04-S- 04, en fecha 25-10-07, corresponde condenar a la actora vencida a soportar las costas de este proceso.

En mérito a la brevedad y por los fundamentos dados en dicha causa, se reitera una vez mas la declaración de inconstitucionalidad del art. 858 del C.P.C, debiendo realizarse las comunicaciones previstas por el art. 10 de la Constitución Provincial.

Por lo expuesto, VOTO a esta PRIMERA CUESTION por la NEGATIVA.

Los Señores Ministros Dres. Oscar Eduardo Gatica y Omar Esteban Uria, comparten los fundamentos expuestos por el Dr. Florencio Damián Rubio, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido esta PRIMERA CUESTION.

A ESTA MISMA PRIMERA CUESTION EL DR. Horacio G. Zavala Rodríguez, dijo:

I.- Adhiero al voto precedente en lo principal que decide: Rechazo de la demanda contencioso administrativa.

Sin embargo cabe agregar que la invocación del Dec. Nº 567/44 es correcta, atento la fecha en que se dictó la Resolución Nº 2479-HyOP-94 que revocó la anterior Nº 1106-HyOP (SH9-94).

Cuando se dictó la Resol. Nº 2479, el 16 de noviembre de 1994, se encontraba vigente el Dec. Nº 567/44, hoy sustituido por la Ley Nº VI-0156-2004.- A LA SEGUNDA CUESTION, el Dr. Florencio Damián Rubio dijo:

Atento como se ha votado la cuestión anterior, corresponde rechazar la demanda contencioso administrativa interpuesta. ASI LO VOTO.

Los Señores Ministros Dres. Oscar Eduardo Gatica, Omar Esteban Uria Y Horacio G. Zavala Rodríguez, comparten los fundamentos expuestos por el Dr. Florencio Damián Rubio, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido esta SEGUNDA CUESTION.

A LA TERCERA CUESTION, el Dr. Florencio Damián Rubio dijo:

Corresponde imponer las costas a la actora, no solo por haber sido solicitadas por ambas partes (fs. 18 y fs. 69), sino también teniendo presente la norma del art. 858 del Cod. Procesal Civil y Comercial, atento a la declaración de inconstitucionalidad del mencionado artículo, resuelta por este Alto Cuerpo. ASI LO VOTO.

Los Señores Ministros Dres. Oscar Eduardo Gatica, Omar Esteban Uria y Horacio G. Zavala Rodríguez comparten los fundamentos expuestos por el Dr. Florencio Damián Rubio, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido esta TERCERA CUESTION.

En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE I) Rechazar la demanda contencioso administrativa interpuesta.

II) Declarar la inconstitucionalidad del art. 858 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.

III) De conformidad con lo previsto por el art. 10 de la Constitución de la Provincia comunicar la declaración de inconstitucionalidad declarada precedentemente al Sr. Gobernador de la Provincia, y a los Sres. Presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la Provincia, mediante oficios a los que se adjuntará fotocopia certificada de esta sentencia. IV) Costas a la actora. - Florencio Damian Rubio. - Omar Esteban Uria. - Oscar Eduardo Gatica. - Horacio G. Zavala Rodríguez.