marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inadmisibilidad del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente, recurso extraordinario federal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Jaime, Ricardo Raúl c/  s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-07

Reiteradamente ha sostenido la CSJN que el recurso extraordinario federal exige entre otros requisitos para su procedencia, que la sustancia del planteo en que se funda implique el debate de una cuestión federal, lo que en el presente no se advierte. Tampoco cabe hacer excepción invocando la doctrina de la arbitrariedad pues la sentencia recurrida constituye una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. (Borinsky y Hornos)
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Luján, Stella Maris y otros s/ Fuga del hogar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-16

La circunstancia de que el recurso de inaplicabilidad de ley traído a conocimiento de la Corte haya sido mal concedido no excluye la posibilidad del Tribunal de declarar de oficio la nulidad de la sentencia contra la cual se lo ha interpuesto, si a simple vista se advierte que ella ha tenido como fundamento una ley que se encontraba derogada al tiempo de su dictado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aplicación de la ley, accidente in itinere, indemnización
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Bonomi, Juan Silvestre Benjamin c/ Galeno Art S.A. s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-20

Por aplicación del criterio de la capacidad restante, establecido en el baremo legal, tratándose de incapacidades distintas generadas por un único hecho dañoso, corresponde aplicar sobre el 100% de capacidad, la más elevada, o sea la física que el perito establece en el 25%. De esta operación resulta una capacidad restante del 75%, sobre la que debe aplicarse el porcentaje de incapacidad psicológica (75 x 10% = 7,5), determinándose, entonces, un porcentaje de incapacidad total del 32,5%. A este último porcentaje deben sumarse los factores de ponderación determinados por el perito médico (dificultad para la tarea alta, 20%, 6,5%; amerita recalificación, 10%, 3,25% y edad 1%) lo que hace un total de 43,25% de incapacidad (32,5 + 6,5 + 3,25 + 1).Luego, sobre este porcentaje de incapacidad el resultado de la fórmula del art. 14.2.a LRT es de $ 545.445,5 (53 x 13.520 x 1,76 x 43,25%).
Recurso de inconstitucionalidad, prueba crítica, competencia laboral, seguros, cobertura, póliza
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Suáres, Rómulo c/ C.I.L.S.A. F. e I. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda Laboral (Expte. CSJ Nº   801-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-15

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto si el Sentenciante, en la apreciación de los elementos de convicción, prescinde de un instrumento obrante en la causa que pudo haber alterado el resultado final del pleito. El instrumento preterido, concretamente las condiciones particulares del seguro, tiene una gravitación cierta y singular para la dilucidación del caso, ya que su consideración pondría nuevamente en discusión la validez o no de la cláusula adicional del contrato y, en este último caso, adquirirían transcendencia otras cuestiones planteadas en la especie (v.gr. vigencia temporal de la póliza). En suma, si bien el tratamiento de las cuestiones de hecho, prueba y derecho común es materia propia de los jueces de la causa y ajena a la instancia extraordinaria, ello admite excepción cuando la prescindencia de elementos de juicio conducentes para la solución del caso priva al fallo de la debida sustentación, porque éste no resulta así la aplicación razonada del derecho vigente a los hechos de la causa, apreciados objetivamente por los Jueces de la misma y considerados fundamentales para la decisión del pleito.
Privatizaciones, propiedad participada, facultades del Poder Ejecutivo, reconocimiento de derechos, trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: BERTANI, GUSTAVO SERGIO Y OTROS c/ Estado Nacional Ministerio de Economía s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31

Dado que la ley 23.696 sentó el marco esencial del proceso de privatización, si el Poder Ejecutivo Nacional, en ejercicio de las facultades atribuidas por la ley, resuelve implementar un Programa de Propiedad Participada, debe respetar la letra y el espíritu de la Ley de Reforma del Estado y los derechos allí reconocidos a los trabajadores, que no pueden frustrarse por reglamentaciones de inferior jerarquía.
Independencia del Poder Judicial, remuneración del juez, intangibilidad de la remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Almeida Hansen, Jorge A. y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-28

Cabe refirmar la cabal validez del artículo 96 de la Constitución Nacional y, en consecuencia, sostener que la compensación que determina la ley - o, en su caso, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, o cuando se permitió, una Resolución de la Corte Suprema debe corresponderse rigurosamente con el principio de esa norma.
Honorarios del abogado, cobro de sumas de dinero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pujal Carlos Evaristo c/ Yasin Alberto D. s/ Daños y perjuicios Banco de la Ribera c/ González Gloria s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-28|1994-04-19

El monto de la demanda actualizada es lo que provee la base económica a evaluarse para la regulación de honorarios (art. 23 Ley 8904) lo cual implica que el único ingrediente computable para tal determinación es el capital actualizado. Ello así no cabe por mérito de la sanción de la ley de convertibilidad, incorporar como constitutivo determinante un abstracto cómputo de intereses, por cuyo medio se estaría burlando a la postre el querer de la ley (la detención de toda indexación). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, defectos del procedimiento
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA, CESAR JAVIER c/ HECTOR J. BARRIOS PINTURERIAS s/ RECURSO DE INAPLICABLIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-09-21

No reune las condiciones del artículo 134 del Código Procesal Labora y, en consecuencia, corresponde calificarla como sentencia válida si en dicha resolución falta la "mayoría" del voto a que alude la misma.-
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: B., M. B. y Otros c/ L. Y. J. y/o Quién Resulte Responsable y/o propietario del Restaurante "G" s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-06

La jurisprudencia y la doctrina han sostenido en forma reiterada que no procede descalificar un testimonio mientras no se demuestre que haya sido inspirado por interés, afecto u odio, pues el sistema de apreciación de tal medio probatorio reclama de los magistrados un juicio fundado en las reglas de la sana crítica (art. 386, C.P.C.C.; su doctrina - arts. 45 y 76, Ley Nro. 69), siendo exigible el razonamiento de cómo y por qué aquélla va en desmedro de la capacidad, probidad e imparcialidad del testigo.
Despido por maternidad, denuncia del embarazo
Materia: LABORAL
Carátula: FOFFANI, Cristina Inés c/ SAN CALIXTO S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-07-31

Resulta injustificado el despido al no haberse probado la causal invocada consistente en ocultamiento o distorsión del estado de embarazo y fecha probable de parto, ya que no se acreditó que fuera condición del contrato que las postulantes no estuvieran embarazadas, ni que se las haya interrogado acerca del particular.

No existe norma que imponga a la mujer postulante el deber de denunciar su estado de embarazo ya que tal situación no puede originar un trato discrimintorio ni convertirse en una capitis disminutio.
Sentencia arbitraria, inversión de la carga de la prueba, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta Cecilio c/ Edefor S. A. s/ Accion Comun
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-02-17

La sentencia resulta arbitraria por contravenir lo dispuesto en la norma de rito laboral al invertir el sentenciante la carga de la prueba, obligando al trabajador a probar el pago de los conceptos reclamados -en contravención al artículo 56 2do. párrafo del CPL-, hecho que fue reconocido por el demandado, y por contener deficiente argumentación, pues el rechazo del reclamo se funda en afirmaciones genéricas, sin que exista una derivación razonada del derecho vigente.
Doctrina de la arbitrariedad, absurdo
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ ORFILA c/ EMPRESA DE TRANSPORTE ATAHUALPA S.R.L. Y/U OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS-BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-17

La arbitrariedad y el absurdo son causales de nulidad del fallo, por encontrarse afectadas su fundamentación y motivación.
Recurso de inconstitucionalidad, incongruencia, tipo penal, cambio de calificación legal, escala penal, reformatio in pejus, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PINO, LUCAS ALEJANDRO c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-20

En las concretas circunstancias del caso, el A quo suprimió la agravante vinculada a la intervención de un menor de edad, mutando así, en consecuencia, la escala penal aplicable en la especie conforme a lo resuelto por los Sentenciantes de primera instancia, quienes precisamente -según su razonamiento- habían determinado la aplicación del mínimo legal de la sanción, de modo que indefectiblemente debió revocar la pena impuesta, en tanto no podía sino tomar al delito como un injusto menos gravoso que el considerado por los Magistrados de grado; debiendo recordarse que, según doctrina establecida por la Corte nacional, la prohibición de la reformatio in pejus cuando no media recurso acusatorio tiene jerarquía constitucional, por lo cual toda sentencia que ignore este principio resulta inválida, en tanto importa que ha sido dictada sin jurisdicción, afectando de manera ilegítima la situación obtenida por el encausado merced al pronunciamiento consentido por el Ministerio Público Fiscal y lesiona, de ese modo, la garantía contemplada por el art. 18 de la Constitución Nacional, por lo que la circunstancia de haber mantenido la sanción penal, pese a haber considerado que la calificación del delito era más leve -al suprimir una de las agravantes-, resulta constitutiva de una vulneración a la garantía aludida, imponiéndose, por tanto, la descalificación como acto jurisdiccional válido del decisorio impugnado. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Netri). - CITAS: CSJN: Fallos: 311:2478; 312:1156; 318:1072; 342:1501 y 342:1501. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional, artículo 18; Código Penal, artículo 41 quater
Accidente de tránsito, peatón distraído
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Popovich de Vismara María E. c/ Méndez Luis Alberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

No cabe duda que tratándose de un accidente de tránsito en el que es herido un peatón, encontrándose éste sobre la acera, zona exclusiva y reservada para el transeúnte -parte débil y vulnerable frente al riesgo del automóvil- debe acudirse al art. 1113 2° párrafo "in fine" del Código Civil.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mensa, Hugo c/ Ferrandis, Néstor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

Cuando el art. 1113 del Código Civil establece que el dueño o guardián son responsables del daño que deriva del riesgo o vicio de la cosa, deja de lado la concepción de culpa, que constituye un elemento ajeno al caso. La ley toma en cuenta como factor para atribuir la responsabilidad al dueño o guardián, el riesgo creado, y ellos no se liberan demostrando que de su parte no hubo culpa porque ella no interesa a este régimen de responsabilidad. Se es responsable por existir la creación del riesgo que abastece y justifica el deber de reparar el daño.-
Clausura por falta de activo, clausura del procedimiento, fraude, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: La Nueva Favorita S.R.L. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-03-01

Cuando se produce la clausura del procedimiento por falta de activo, es decir insuficiente en la medida para satisfacer como mínimo los gastos y honorarios de la quiebra, ello importa la presunción de fraude, por lo que el juez que entiende en la quiebra debe comunicarla al juez penal para la instrucción del sumario correspondiente.
Instrumentos públicos, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: SOSA, OSVALDO c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE ELEVADORES, RECEPCIONES Y EMBARQUES SA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - COBRO DE AUSTRALES (CSJ EXPTE N  344-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-06

Al examinar la fuerza probatoria de los instrumentos públicos, se pueden establecer sintéticamente las siguientes conclusiones: 1) con relación a los hechos cumplidos por el oficial público, o pasados en su presencia (art 993, CC), la situación de las partes y los terceros es idéntica, debiendo recurrir unos y otros a la querella de falsedad para desvirtuar el instrumento de su fuerza probatoria; 2) en lo atinente a las cláusulas dispositivas (art 994, CC), el instrumento tiene el valor de una prueba completa, tanto para las partes como para los terceros. Unos y otros pueden establecer contra la fe del instrumento la insinceridad del acto, pero la doctrina general entiende que esta prueba no puede hacerse por las partes sino mediante un contradocumento. En cambio, los terceros pueden recurrir a todos los medios de prueba; 3) con respecto a las cláusulas enunciativas directas (las que tienen relación directa con el objeto principal del acto), la situación es idéntica a la anterior. Pero es preciso tener en cuenta que, por el efecto relativo de los actos jurídicos, las manifestaciones de las partes no pueden perjudicar a terceros; 4) por último, en lo referente a las cláusulas enunciativas indirectas (las que tienen lejana o ninguna vinculación con el objeto del acto, vgr en una compraventa, la manifestación del comprador de que el dinero del precio proviene del préstamo que le ha hecho un tercero), el instrumento carece de fe, es decir, no tiene valor de prueba completa; pero si vale como principio de prueba por escrito "contra la parte" que ha hecho la manifestación respectiva.
Cuestión constitucional, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Vallarino, Miguel Ángel c/ GCBA s/ revisión cesantías o exoneraciones de emp. publ. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido, expte n° 14976/17
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-15

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad si el único agravio que plantea el recurrente, remite a establecer cuál fue el alcance de las pretensiones recursivas ante la Cámara, materia propia de los jueces de la causa. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Seguros, seguro colectivo, jubilación por invalidez, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: IBA%EZ, ANTONIO c/ LA BUENOS AIRES CIA. ARGENTINA DE SEGUROS  S.A. s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-28

En el seguro colectivo debe considerarse que el otorgamiento del beneficio previsional por invalidez, acredita acabadamente la incapacidad absoluta y permanente del asegurado, en tanto no se haya alegado y probado que esa jubilación ha sido errónea o indebidamente otorgada.
Costas
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ESPELETA, CARLOS MARIA Y OTROS c/ ASOCIACION  ARGENTINA DE  TELEGRAFISTAS, RADIOTELEGRAFISTAS Y AFINES (AATRA) SECCIONAL SANTA FE s/ COSTAS EN ACCION DE AMPARO SINDICAL      EXPTE NRO 267-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-21

Dentro de la legislación procesal laboral existe una regla general que se traduce en la teoría objetiva del vencimiento, por la cual el derrotado en su posición jurídica debe reembolsar los gastos por actuar en justicia, pero existen causas excepcionales para alterar aquel principio. Tales supuestos excepcionales se configuran cuando las partes se enfrentan a cuestiones complicadas de derecho, de difícil resolución o de jurisprudencia contradictoria o cuestiones novedosas o leyes nuevas cuya interpretación aparece desconocida o incierta o en suma, alienta al pretensor o en el accionado un grado de incertidumbre tal que sólo en un pronunciamiento judicial hallaría certeza su petición o su defensa;

en el caso, a pesar de darse alguna de estas circunstancias, la postura errática de la gananciosa hace que deba confirmarse el decisorio que le impone a ésta las costas.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, falta de servicio público
Materia: CIVIL
Carátula: Cena, Gastón Aldo Matias c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ Ordinario - Daños y Perj.- Otras Formas de Respons. Extracontractual - Recurso de Apelación - Expte. N° 01342765/36
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-07-30

El accionar del servicio de seguridad adicional que realizan los agentes policiales debe cumplir el referido propósito en orden a la protección de la integridad física de los ciudadanos, debiendo evitar los comportamientos que puedan dañar su vida y salud. Es que, tales servicios son manifestación de las diferentes actividades que cumplen dependientes y/o funcionarios del Estado provincial resultando aplicable la normativa civil que regula su responsabilidad civil.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestiones de competencia, Banco Provincial de Salta, empleados de banco, empleados públicos, reincorporación
Materia: PROCESAL - LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez Elizalde, Diego c/ Banco Provincial de Salta. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Es improcedente el recurso extraordinario contra el pronunciamiento de la justicia nacional del trabajo que se declaró competente para entender en la demanda contra el Banco Provincial de Salta en la que el actor solicita la reincorporación al cargo que desempeñara, si no se advierte un caso de arbitrariedad que justifique su intervención en materias que, según el art. 14 de la ley 48, son ajenas a su competencia extraordinaria.
Transporte aéreo, actualización monetaria, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORTESFILMS  S.A. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ TRANSPORTE  AEREO.  INTERESES  DE  PLAZA,  CONJUNTO.  PRUEBA PERICIAL  OPORTUNIDAD DE LAS OBSERVACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-07

Toda vez que no se solicitó el reajuste monetario de la suma reclamada en la demanda sino los intereses de plaza, ellos deben ser liquidados en forma acumulativa mensual, por ser éste el procedimiento que más se ajusta a la naturaleza y duración de la deuda (superior al término de un año y medio) y ser el mismo método utilizado para el cálculo de la inflación. Este sistema viene a reemplazar el ajuste monetario y los intereses "puros", representando el costo que la actora habría debido pagar en el mercado financiero por el capital que la accionada no le abonó en su momento.

Al ser practicada la liquidación, corresponderá atenerse a la tasa equivalente vencida anual por operaciones de descuento a treinta días, que percibe el Banco de la Nación Argentina, tal como se solicita en la expresión de agravios.
Leyes, ley derogada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Pinamar c/ Peralta, Abel Aníbal s/ apremio Alday, Ever Samuel s/ infracción art. 74 dec. ley 8031/73 G.,L. A. s/ infracción arts. 72 y 74 dec. ley 8031/73 P., J.O. y G., C.M. s/ infracción art. 85 dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-31|1999-11-16|2000-09-25|2002-07-08

Ante la existencia de una incompatibilidad entre la norma anterior y la posterior, se produce una derogación tácita de la primera, razón por la cual la colisión de las normas debe resolverse en favor de la vigencia de la que fue dictada en último término. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, ley procesal, recursos, recurso extraordinario, improcedencia del recurso, actos jurisdiccionales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, suspensión del proceso judicial
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Correo Argentino SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción:  — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-13

Tampoco se observa configurado el supuesto de gravedad institucional alegado por los recurrentes. Ello, desde que se advierte que la especie no comprende cuestiones que excedan el marco de interés individual de las partes y afecten de modo directo al de la comunidad.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: M., N. A. c/ M. SA s/ DEMANDA LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-24

"Resulta arbitraria la decisión que sustenta el juicio de reproche en una apreciación fragmentaria y aislada del material probatorio, y prescinde -sin fundamento suficiente- de la confrontación con prueba contradictoria en menoscabo al adecuado servicio de justicia".
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, juicio, partes, quiebra, fuero de atracción
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ulanovsky, Angel c/ Banco Unión Com. Ind. Coop. Ltda. y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda   ordinaria (Expte CSJ Nº 552-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-13

Las cuestiones de carácter procesal, como las referentes a quiénes deben ser llamados al proceso, la determinación del carácter de partes, y la constitución de litisconsorcios pasivos, son, por su naturaleza, ajenas al recurso extraordinario. En el caso, lucen inconsistentes los argumentos de la perdidosa en orden a demostrar que el fuero de atracción no resultaba aplicable en virtud de que la relación litisconsorcial configurada entre las partes era facultativa, resultando inoponible a sus defendidos los efectos del contrato de cesión entre las entidades bancarias, por cuanto no convencen que la interpretación de la situación fáctica y normativa efectuada por el A quo exceda los márgenes de legalidad y razonabilidad tolerados. Más aún si se tiene en cuenta que, como lo apuntara la Sala "...tratándose de litisconsorcio necesario la obligación de proseguir la acción ante el juez de la quiebra es tal que la propia norma (artículo 133 Ley de Concursos y Quiebras, segundo párrafo) prevé la comisión a profesional de extraña jurisdicción con dicha misión, para ejercitar la atracción...".
Sentencia, homologación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: R., E.B. c/ B. R. SRL y/o B.R. e Hijos SRL y/u Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-24

Frente a un pedido concreto de homologación, el juez debe considerar el acuerdo externa e internamente, examinando las condiciones de capacidad y de cumplimiento de la ley. Así, debe verificar el contenido y esencia del acto o negocio sujeto a homologación, a fin de otorgarle ejecutividad, de modo que su tarea no se reduce una mera comprobación de aspectos formales, máxime si la cuestión involucra los intereses de menores de edad.