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Procedimiento contencioso administrativo y tributario, acto administrativo, ejecutoriedad del acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, revisión judicial de actos administrativos, estado de derecho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Rodríguez María Laura s/ Aut. Adm. María Laura s/ Aut. Adm.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-12

No resulta posible dar una respuesta sin matices en materia de suspensión de la ejecución de los actos administrativos. Si la ejecutividad en todo caso puede producir efectos dañosos para los derechos e intereses de los particulares, la suspensión automática por la interposición de un recurso administrativo puede prestarse también a excesos en perjuicio de intereses generales y la no suspensión puede implicar la imposibilidad de tutelar el derecho que se considera afectado.

Lo cierto es que aún partiendo de la hipótesis más estricta, y considerando que la interposición de los recursos nunca suspende la ejecución del acto, ello no impide que el interesado pueda requerir la suspensión de los efectos del acto en sede administrativa o judicial.

Desde el punto de vista del Estado de Derecho es siempre valioso que el control judicial sea previo a la ejecución efectiva del acto. No hay que ver en la adecuada revisión judicial un medio para evitar el cumplimiento de las obligaciones que la ley impone a los particulares. En el caso, negar efectos suspensivos al recurso y mandar que se lleve adelante la ejecución destruyendo las obras en supuesta infracción, puede producir un perjuicio irreparable.

Sin la suspensión, en el caso para nada cierto de que el acto fuera ejecutado antes de que la justicia se expidiera sobre la alegada nulidad del acto, se tornaría abstracta toda decisión al respecto.
Recurso de apelación (procesal), caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLAR DE GALINDEZ, Graciela Lucrecia c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA PROV. DE SALTA y PROVINCIA DE SALTA s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-05-19

Existiendo dos apelaciones cada una guarda independencia respecto de la otra en lo que atañe a la caducidad de las mismas.
Costas, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Rico, Adriana Scuccimarra de c/ Meitar Aparatos S.A. y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ordinario (Expte. CSJ Nº 60- 98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-03

La circunstancia de que, según la resolución de segunda instancia, la demanda no haya prosperado en cuanto a la restitución de todos los beneficios económicos dejados de percibir como consecuencia de la realización del acto cuestionado, no obsta a la aplicación de la pauta objetiva del art. 251 del Código Procesal Civil y Comercial -según la cual "la parte vencida será siempre condenada a pagar las costas del juicio", toda vez que sí prosperó en lo relativo a la pretensión alternativa a la misma esto es, la indemnización de los perjuicios ocasionados en virtud de aquél a la actora.
Apreciación de la prueba, resoluciones recurribles, usurpación
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Sur de la CABA- c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'de los Santos, Eduardo s/ infr. art(s) 181, inc. 3, usurpación (turbación de la posesión) CP (p/ L 2303)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

Resulta arbitraria la sentencia que, al revocar la condena dictada por el juez de grado absolvió al imputado en orden al delito de usurpación (art. 181, inc. 1, CP), toda vez que no tiene en cuenta los parámetros exigidos para la valoración de la prueba en los casos de violencia contra las mujeres, los que han sido expresamente invocados por el juez interviniente y oportunamente introducidos por el Ministerio Público Fiscal en sus sucesivas intervenciones. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Competencia, declaración de insania
Materia: PROCESAL
Carátula: R., M. D. L. M. s/ Insania.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

Es principal obligación del curador del incapaz que éste recobre su capacidad (art. 481 del Código Civil). De ahí que resulte conveniente y en beneficio exclusivo del insano cuando el Juez y el causante se encuentran en distintas jurisdicciones, que los trámites ulteriores a la declaración de insania, se realicen por ante el señor Juez competente de la ciudad donde vive el causante. No sólo en el hipotético caso de que tanto el curador o el ministerio pupilar, representante promiscuo del insano, intenten pedir su rehabilitación sino también en circunstancias en que deben tomarse medidas que requieran inmediatez. El domicilio que se tendrá en cuenta a los fines de la determinación de la competencia es el real;

la residencia es sólo subsidiaria y excepcional.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, prueba crítica, contrato de garaje, daños y perjuicios, responsabilidad civil, carga de la prueba, prueba testimonial, prueba confesional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pisacco, Edgar José c/ Di Paolo, Ester Teresa s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-07

De la lectura de la sentencia atacada se desprende que el criterio empleado por el Tribunal de apelación para calificar la relación habida entre las partes como un contrato de garaje -con la consiguiente imposición a cargo de la demandada de una obligación de resultado atinente a la vigilancia y custodia de los vehículos estacionados en su galpón, asignándole por ende la carga de probar las circunstancias relativas a la entrada y salida de los mismos, y atribuyéndole finalmente la responsabilidad por el daño reclamado- trasunta una irrazonable evaluación de relevantes extremos fácticos y jurídicos del caso, puesto que, para arribar a tal conclusión, la Sala restó importancia a lo declarado por la totalidad de los testigos y por el propio actor al absolver posiciones en el sentido de que, a la época del hecho denunciado, quienes estacionaban sus vehículos dentro del inmueble privado de la demandada contaban hacía tiempo con las llaves del portón respectivo y podían entrar y salir sin dar parte a esta última, en tanto no había en el lugar personal ni dispositivos que controlaran ingresos y egresos -lo cual podría resultar indicativo de que, para ese entonces, la dueña del galpón se había desprendido o confería en cierto modo la tenencia del mismo a los usuarios y que no asumía el compromiso de custodiar las cosas que se introducían dentro de su propiedad; en cambio la Alzada otorgó suma preponderancia al hecho de que, años atrás, la relación entre las partes había tenido origen en ese mismo local, el cual por entonces funcionaba como comercio abierto al público habilitado bajo el rubro cochera, con estadías horarias o diarias y -necesariamente- con personal a cargo; ello bajo el argumento de que no habría mediado luego consentimiento alguno para variar las condiciones contractuales originales y que, por tanto, la modificación de la explotación dispuesta unilateralmente por la demandada no resultaba oponible al actor (De la disidencia del Dr. Netri, a la que adhieren los Dres. Gutiérrez y Spuler).
Revocación del sobreseimiento, apropiación indebida de recursos de la seguridad social, delito continuo
Materia: PENAL
Carátula: COSTA GONZALEZ, Juan Eduardo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-01

La disidencia parcial señaló que corresponde revocar el sobreseimiento pues la mayoría de los episodios ventilados (presunta omisión de depositar los aportes del sistema único de seguridad social) constituyen lo que en doctrina se ha dado en llamar delito continuado, con lo cual, el valor en dinero que ha de tomarse en consideración para determinar si los sucesos ventilados resultan típicos o no a la letra del artículo 7 del nuevo Régimen Penal Tributario (RPT) - según ley 27.430-, es la sumatoria de los montos consecutivos reclamados por el fisco; en razón de cada categoría de tributo, sumatoria que en el caso supera con holgura el monto mencionado en el artículo 7 del RPT.Dres. Hornos, Borinsky y Gemignani -en disidencia parcial-.

Fuente del sumario: OFICIAL
Procedencia del recurso, medidas cautelares, gravamen irreparable, situación de calle
Materia: PROCESAL
Carátula: H. P. N. c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en H. P. N. y otros contra GCBA sobre incidente de apelación - amparo - habitacionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-10

Corresponde hacer lugar a la queja porque si bien para denegar el acceso a esta instancia, los jueces a quo sostuvieron que la parte actora no había impugnado una sentencia definitiva, los accionantes explicaron que la decisión de la Cámara que revocó la medida cautelar dispuesta a su favor les provoca un gravamen irreparable, pues conlleva que queden colocados en riesgo de situación de calle, el que se agravará con el paso del tiempo y a medida que su deuda de alquileres se acumule. Las manifestaciones reseñadas satisfacen la carga de fundamentación prevista en el segundo párrafo del art. 32 de la n° 402. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Pago, depósito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREZ, José Martín s/ QUIEBRA solicitada por J. Gardá Regueira S.A.C.I. y F.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-04-03

Habiéndose denegado el libramiento de los fondos depositados, a cuenta de planilla, es el interesado en liberarse mediante el pago, quien debió arbitrar los medios para que tal pago se realice, y no habiéndolo hecho, debe cargar con los perjuicios de su omisión.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño moral, monto de la indemnización, pautas, incapacidad permanente, accidente de tránsito
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: CALDARONE GABRIEL s/ INDEMNIZACION  -  DAÑO  MATERIAL - ACCIDENTE DE TRANSITO - DAÑO MORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-03-19

Para fijar el monto del daño moral se debe tener encuentra el prolongado lapso de tiempo que demandó el restablecimiento a medias de la víctima, la edad de la misma -cuatro años-, el sexo, la salud y la alegría que poseía antes del accidente, los traumas psicológicos y psíquicos que posee y poseerá por el embestimiento, la pérdida definitiva de la pierna derecha, el pie "equino valgo" con que ha quedado la pierna izquierda, la gran cantidad de cicatrices y queloides que tiene en su cuerpo a causa del embestimiento, la deformación física permanente y las consecuencias negativas que ello traerá aparejado en la vida de relación deportiva, sexual, etc., la angustia sufrida, el miedo permanente padecido y ha padecer, la pérdida de toda posibilidad laboral, el tiempo que estuvo internado en terapia intensiva con todo el trágico cuadro que allí vivió (muerte de otros pacientes, sufrimiento de las lesiones y tratamiento propio), la gran dificultad para moverse y el cansancio que ello provoca, la cantidad y gravedad de las intervenciones quirúrgicas que la practicaron y le tendrán que practicar, lo doloroso y molesto de las lesiones sufridas y curaciones practicadas, la necesidad que posee que la ayuden a ir al baño de noche y a bañarse, lo molesto y angustiante de los tratamientos de fisioterapia y kinesiología que deberá recibir, las molestias de las adaptaciones de la prótesis, el cambio de carácter que ha sufrido por las consecuencias del accidente, la posibilidad que un futuro se vuelva adicto a la morfina en razón de que se tuvo que utilizar tal droga en las curaciones y ésta puede producir adicción, el grave impacto en su personalidad que significó el estar en peligro de muerte permanente en los primeros días después del accidente y, fundamentalmente, el prolongado período de tiempo (hasta su muerte) que tendrá que padecer muchas de las consecuencias reseñadas.-
Asociaciones civiles, objeto de la asociación, bien común
Materia: CIVIL
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

La noción del bien común al que se refiere el art. 33 del Código Civil no puede ser construida sobre la base de un dogma religioso, por más que sea compartido por la mayor parte de la población del país.
Sucesiones, legítima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Abad de Crespo, Sara Esther c/ Flores, Bonifacia Juliana y otros s/ Acción de reducción de herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

La circunstancia de que el causante haya hecho constar en su testamento que se encuentra separado de hecho y sin voluntad de unirse por más de 23 años, no pasa de ser una manifestación de voluntad inepta para destituir un llamamiento hereditario imperativo, debiendo probarse las imputaciones que se formulen contra el demandado en el proceso ordinario de exclusión de herencia.
Cosa juzgada, despido, indemnización, liquidación, error numérico, ejecución de sentencia, ley de empleo
Materia: LABORAL
Carátula: Lysyj, Jorge Omar c/ Tarjeta nueva SRL s/ Despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

Si los jueces al descubrir un error aritmético o de cálculo en una sentencia, no lo modificasen, incurrirían con la omisión en una falta grave, pues estarían tolerando que se generara o lesionara un derecho que sólo reconocería como causa el error, por lo que el perjuicio alegado por la recurrente debe ser subsanado a fin de dar prevalencia a la verdad jurídica objetiva y de ese modo evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos caprichosos. En efecto, la sentencia definitiva condena a pagar $28.000 en concepto de multa del art. 8 de la ley 24.013, sobre la base de un salario mensual de $1750, durante la relación laboral que se extendió por 16 meses, razón por la cual una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación para fijar multa establecida en la norma citada, alcanzaría la suma de $7.000 (16 meses x 1.750 = 28.000 x 25%) y no los $28.000 estimados en la sentencia. Cabe señalar que los errores aritméticos padecidos en una sentencia pueden rectificarse en cualquier tiempo, aun en el trámite de ejecución de sentencia, sin que ello importe vulnerar la intangibilidad de un derecho adquirido.
Derecho procesal, competencia, ejecución de sentencia, determinación del monto, recurso de apelación (procesal)
Materia: COMERCIAL
Carátula: DISTRIBUIDORA SERIGRAFICA SRL c/ ROSELLI MIGUEL s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

Toda vez que la sentencia definitiva, difirió la determinación definitiva de la extensión económica del litigio a la etapa de ejecución de sentencia por un perito árbitro conforme lo determina el CPR 516, consecuentemente no resultó procedente dar curso a la presentación que impugnó la pericia presentada, pues el laudo arbitral sólo resultó impugnable a través de la demanda de nulidad contemplada en el CPR 771 (CNCom. Sala B in re "Consultores de Grandes Emprendimientos c/ Riley Sur SRL s/ ordinario" del 12/04/10), la que aquí no se advierte promovida.

De todos modos, si se considerarse que la presentación importó la nulidad del laudo, la solución no variaría en tanto la resolución del Juez sobre la validez o nulidad del laudo no admite recurso alguno (art. 771 cit.).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba testimonial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gómez, Virginia B. c/ Municipalidad de Vicente López s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-22

Constituye un supuesto de absurdo en la apreciación de la prueba testimonial, considerar de ella sólo aquello de lo que puede extraerse una conclusión adversa a uno de los contendientes, omitiendo valorarla en su integridad y dentro de su contexto general (arts. 384 y 456, C.P.C.C.).
Caducidad, juicios contra el Estado, seguridad jurídica, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Daus,  Oscar  Normando c/ M°  del  Interior  y otros s/ daños yperjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-18

La existencia de plazos de caducidad para demandar al Estado se justifica por la necesidad de dar seguridad jurídica y estabilidad a los actos administrativos y estas razones adquieren mayor significación aún cuando están en cuestión actos originados en organismos militares o de seguridad, que podrían quedar sujetos a eventual impugnación judicial por largos períodos con la evidente perturbación de los principios de verticalidad en el mando y disciplina y la consiguiente afectación del interés público comprometido en su mantenimiento (Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Libertad de prensa, ingresos públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Emisiones Platenses S.A. s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

Es clara la importancia que cabe asignar a la estructura económica de la información, ya que la capacidad financiera se corresponde con el grado de independencia y eficacia de la prensa (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Derecho laboral, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: MONZON GUSTAVO ANGEL c/ PROFRU COOP. SEGUROS LTDA. s/ ENFERMEDAD PROFESIONAL CON ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-09

Teniendo en cuenta que tanto el Decreto n° 1694/2009 como la Ley 26.773 contienen normas expresas respecto de su vigencia temporal, entiendo que deben ser éstas invalidadas a efectos de posibilitar su aplicación en autos. (Del voto de la Dra. Clerici, en minoría).
Fallos de la Corte Suprema, recurso de reposición (procesal)
Materia: CIVIL
Carátula: Pergentil, Fany c/ Gaspard, Carlos y otros s/ simulación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-27

Las sentencias definitivas e interlocutorias de la Corte no son susceptibles de ser modificadas por la vía intentada (arts. 238 y 160 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), sin que se den en el caso circunstancias estrictamente excepcionales que autoricen a apartarse de tal principio.
Principio de apariencia, fraude laboral, aplicación de la ley laboral, orden público laboral
Materia: LABORAL
Carátula: OJEDA DOMINGO c/ ASOCIACIÓN ATLÉTICO BOXING CLUB s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-11-30

En el presente caso se ha creado una situación jurídica aparente, negocio sin causa, por la cual se priva de derechos al trabajador por la vía de eludir el cumplimiento de las prestaciones laborales obligatorias (causa ilícita), construyendo una figura contractual no laboral. Le cabía a la demandada demostrar que no se trata de un contrato de trabajo encubierto, a pesar de los indicios que la guían hacia tal conclusión.

Las contradicciones -propiamente dichas- intitulando y negando la categoría de "encargado" pese a dirigirle directivas propias de la potestad organizativa de un empleador, la negación y luego alegación de un contrato de locación primero y de una especie de concesión del espacio para explotar un gimnasio después, la buena voluntad para con un inquilino moroso, un convenio de desocupación con matices de dimisión de derechos, entre otras circunstancias, demuestran la intención de la demandada de negarle imperio al Derecho laboral (fraudem legis) in contraendo, subsistente durante toda la relación laboral y en el mientras de este proceso.

Por tanto habrá de primar la realidad, dejándose sin efecto las cláusulas que estipulen derechos en detrimento de los mínimos legales e imperará el ordenamiento laboral que pretendió rodearse.-
Vivienda única, bienes inembargables, protección de la vivienda
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GUTIERREZ FELICIANO ALFONSO s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-02-12

La Provincia ha dictado la Ley 8067 reglamentaria del derecho establecido por la Constitución Provincial en su art. 58: "la vivienda única es inembargable en las condiciones que fija la ley" En sus arts 1 y 2 legisla la inembargabilidad para deudas posteriores a la sanción de la misma, pero esclarece profundamente el alcance de la expresión "en las condiciones que fija la ley" del art. 58 de la Constitución Provincial la cual, a su vez cumple el mandato de la Constitución Nacional (art. 14 bis) del "acceso a una vivienda digna". Y este esclarecimiento es fundamental para las situaciones de obligaciones nacidas con posterioridad a la vigencia del nuevo texto constitucional provincial y anteriores a la flamante ley reglamentaria e incluso para situaciones que, aunque originadas en deudas anteriores al nuevo texto constitucional sean materia de embargo de vivienda única, por la clara disposición del art. 3 del Código Civil primera parte.

El esclarecimiento que hace el legislador es profundo y simple: cuando la Constitución Provincial en su art. 58 establece la inembargabilidad de la vivienda única en las condiciones que fija la ley, no está exigiendo la formal inscripción de la vivienda como bien de familia, sino que se den las condiciones para que pudiera inscribirse como tal. Así surge nítidamente de la nueva normativa que tiene como inscripta como bien de familia, aunque no lo esté formalmente, a la vivienda que reúna los requisitos y condiciones establecidas por la ley nacional 14394 y su decreto reglamentario 2513/60 y la congruente ley provincial 6074, normativas que mantienen su vigencia, pues la protección de la vivienda única es aún más amplia que el bien de familia . (Voto del Dr. Baquero Lascano, mayoría).-
Daños y perjuicios, establecimientos educacionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Faguaga, Jose R. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-02

Si un alumno sufre lesiones en una clase de educación física, siendo menor de diez años de edad, resulta obvio que no medió, por parte del profesor respectivo, el cuidado que las circunstancias de tiempo y lugar exigían, lo que perfila una negligencia en los términos del art. 1109 del Código Civil, infringiendo los deberes destinados a la protección de los intereses a tutelar, lo cual revela una antijuridicidad que se imbrinca en una imputabilidad de culpa (arts.

901, 902, 904, 1066, 1067, Código Civil), siendo innecesario acudir al art. 1117 Código Civil, privando la concepción solidarista que informa al derecho de daños y para lo cual basta con aplicar los principios que informan los arts. 1109 y 1113, 1era. parte, Código Civil en consonancia con el art. 43, de dicho Código, en torno a la responsabilidad de esta Provincia por los hechos de sus dependientes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: PENAL
Carátula: Hidalgo, Juan José s/ Robo agravado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denuncia la violación de los arts. 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal pero omite impugnar la prueba testimonial mediante la cual el "a quo" tuvo también por acreditada la autoría y responsabilidad del procesado.