Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2017-08-16


EXPTE. Nº: C-92940/2017 Voces Jurídicas: MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS - TRAMITE DE URGENCIA - DEMOLICION DE INMUEBLE ABANDONADO Tribunal: Cámara en lo Civil y Comercial Sala I Competencia:

Fecha: 16/08/2017 San Salvador de Jujuy, dieciséis de agosto de 2017 AUTOS Y VISTOS:

Los de este Expte. Nº C-092.940/17: "MEDIDA AUTOSATISFACTIVA: ESTADO PROVINCIAL c/ ARJONA, GLADYS DEL CARMEN Y OTROS", de los que:

RESULTA:

I.-Por estos obrados comparece el Dr. Mariano R. ZURUETA como Procurador Fiscal de Fiscalía de Estado, asumiendo la representación del ESTADO PROVINCIAL, con patrocinio letrado del Dr. Luis S. ALBESA, a mérito de la copia juramentada de poder general para juicios (fs. 1/2), promoviendo "Medida Autosatisfactiva y/o Tutela Anticipada, con carácter de Inhibitoria y/o preventiva de daños" (arts. 1710 y sig., del Código Civil y Comercial) en contra de los Sres. ARJONA, Gladis del Carmen; BALBÍN; Filemón; VIZUARA, Raúl Gustavo; VIZUARA, Claudia Cecilia; MAMANI DE VILCA, Santos Esperanza; BALVIN, Mariano; CRUZ, Elsa; CRUZ DE ORTIZ, Santos; AIMA DE LOPEZ, Lucinda; LOPEZ, Isabel Reinelda; MENDEZ, Gabriela Mariana; LOPEZ, Julio César; LOPEZ, Rosa Lima; LOPEZ, Ermitania Paulina; LOPEZ, Beatriz Laura; LOPEZ, Ronaldo Roberto; LAMAS, Pedro; LAMAS, Cirila; LAMAS, Gaspar; CONDORI DE LAMAS, Francisca; LAMAS, Miguel; LAMAS, Carlos Francisco; LAMAS, Natividad Esteban; LAMAS, Margarita Eusebia; LAMAS, Wilfredo Ivan; LAMAS, Nora Gladys; LAMAS, Juana Aurelia; QUIROZ CONDORI, Esteban; GALIAN, Teresa; BUSTAMANTE, Fatima Paola; BUSTAMANTE, Mercedes; QUIQUINTO, Gladys Esther; LOPEZ, Celina Gladys; MARCOS, Ana; BALVIN, Jacinta; BALVIN, Justa; BUSTAMANTE, Ramon; QUIROS DE SIVILA, Asunción; CAYO, Juana Pastora; AIMA, Aurelia Eusebia; AIMA, Teresa Zulema; QUIROZ DE SIVILA, Asunción; TERCERO, Florencio; SOTO, Salvador; SOTO, Pedro Nolasco; SOTO, Gregorio; SOTO, Rufino; VILCA, Bernabe; MARTEARENA DE UGARTE, Clara; UGARTE, Ramón Norberto; UGARTE, Elvira Rosa; UGARTE, Humberto José; BARCENA, Carlos Alberto; BARCENA, María Raquel; TOLABA, Eulogia; URZAGASTI, Roberto Lázaro; SALINAS, María de la Paz; SALINAS, José Luis; MACHACA DE ZAMBRANO, María Manuela; MACHACA, Hilda Azucena; MACHACA, Eva Beatriz; MACHACA, Daniel Oscar; MACHACA, Mónica Isabel; QUIVAL, Pablo; MACHACA, Héctor Rubén; MACHACA, Jorge Raúl; ZAMBRANO, Pedro; LOPEZ, Sabiuno; LOPEZ, Andrés; VELAZQUEZ, Pablam; VELAZQUEZ, Victoriana; VELAZQUEZ, Anselma; VELAZQUEZ, Emiliana; VELAZQUEZ, Alejandro; VELAZQUEZ, Gladys; VELAZQUEZ, Elvira; RODRIGUEZ, Teodosio Inocencio; SALAS, Berta Lidia; SALAS, Olga Liliana; SALAS, Judith Yamila; SALAS, Franco Víctor, ESPINDOLA, Ambrosio; ESPINDOLA, Teobaldo Luis; ESPINDOLA, Gabriela Narcisa y ESPINDOLA, Calixto, quienes figuran como titulares registrales de los inmuebles ubicados en las Manzanas 1, 2, 13 y 14 de la localidad de Volcán y demás inmuebles dispersos, solicitándose su demolición "total y/o parcial, según la gravedad del estado de las casas".

II.- Asimismo, solicita se despache la presente medida autosatisfactiva con el carácter de inaudita parte y una vez concedida se notifique por Edictos, atento el desconocimiento del "paradero y domicilio de los demandados y/o herederos de estos últimos, según el caso". En tales términos, solicita se "autorice" al Estado Provincial a demoler las viviendas precarias y en riesgo de derrumbe para la posterior construcción de nuevas casas. Acto seguido, desarrolla los hechos y el derecho presuntamente aplicable, haciendo reserva de "ampliación de la medida" ante nuevos peligros de derrumbe; ofrece la prueba; cita el derecho y finaliza con el petitorio.

III.-Una vez recepcionada la medida autosatisfactiva, con fecha 23/06/17 (fs. 327), se proveyó tener por presentado al Procurador Fiscal y sin que implique aceptar competencia, se requirió con habilitación de horas indique el interesado: 1º) Los nombres y domicilios de los propietarios y "ocupantes" de las viviendas que se indican, 2º) Individualice las viviendas que se encuentran en peligro ubicadas en las Manzanas 1, 2, 13 y 14 de la localidad de Volcán, notificándose por cédula.

Así las cosas, con fecha 26/06/17, se presentó un escrito intitulado "Cumplimenta.", en el cual se informó que los nombres de los propietarios fueron individualizados en el escrito inicial como también los inmuebles "detallados e identificados en los estudios técnicos"; con respecto a los ocupantes, afirma que las viviendas en peligro de derrumbe "desde hace unos meses sin habitar por persona alguna.".

IV.- Con fecha 26 de junio de 2017 (fs. 331), Presidencia de trámite dispuso, mediante providencia de trámite, que la medida autosatisfactiva promovida por el Estado Provincial en contra de los presuntos titulares registrales denunciados "no ha lugar, en virtud de lo dispuesto por los Arts. 60, inc. 1º; 137 incs. 4, 15, 20, 21, 23 Constitución Provincial y Decretos Acuerdos Nº 2294-G-2017 y Nº 3012-G-17. Notifíquese por cédula con HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS" (fs. 331). Con fecha 27 de junio de 2017, a las 11:30 hs, se notificó la providencia antedicha a Fiscalía de Estado (fs. 333/334).

V.- Que, con fecha 4 de julio de 2017 a las 8:56 horas, se interpuso aclaratoria con habilitación de días y horas, mediante la cual se denuncia que se omite tener en cuenta "que la normativa referida en modo alguno impide a la Justicia intervenir en la acción de marras (.) en mérito a encontrarse en juego el derecho de propiedad de los accionados sobre dichos inmuebles". Asimismo, se agregó que "con la sentencia a aclarar se cierran las puertas de la justicia a esta parte, con un fundamento aparente, y más aún si se tiene en cuenta la gravedad y urgencia que supone la interposición de la acción autosatisfactiva de marras" (fs. 335).

Acto seguido, se dispuso no hacer lugar al recurso de aclaratoria interpuesto por no darse los supuestos del art. 49 del C.P.C. (fs. 336), ordenándose la notificación por cédula con habilitación de días y horas inhábiles, que fuera debidamente cumplida a las 16:45 horas del mismo día (fs. 337 vta.).

VI.-Que, con fecha 12 de julio de 2017 a horas 9, se interpuso reclamo ante el cuerpo (fs. 338/340) en contra de las resoluciones citadas, invocándose como agravios los siguientes: a) Derecho de acceso a la justicia, derecho a la jurisdicción o tutela judicial efectiva.

En concreto, se afirma que la resolución en crisis "resulta equivocada en su interpretación, y arbitraria en su conclusión, cercenando el derecho de acceso a la justicia, derecho a la jurisdicción o tutela judicial efectiva.". Asimismo, se agrega que corresponde que sea el Poder Judicial quien emita dicha autorización, solicitada en la medida autosatisfactiva de marras, en mérito a encontrarse en juego el derecho de propiedad de los titulares registrales sobre dichos inmuebles (.) situación que ciertamente impediría a esta parte actuar manu militari y de modo unilateral, por cuanto toda persona se encuentra impedida de privar de la propiedad, sino en virtud de sentencia fundada en ley.". En tales términos, se afirma que "los Decretos y artículos de la Constitución provincial referidos en la providencia atacada, en modo alguno habilitan a la intervención directa e inconsulta por parte del Estado Provincial con fines de demoliciones de viviendas. Conste" (la cursiva es del original).

Por último, se solicita se deje sin efecto las resoluciones cuestionadas, se hace reserva del caso federal, invoca doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia y se incluye petitorio.

VII.-Que, con fecha 14 de julio de 2017, se solicita habilitación de feria judicial atento los intereses en juego (fs. 341), a lo cual se hace lugar mediante providencia del día de la fecha (fs. 342). Con fecha 20 de julio de 2017, se solicita avocamiento del tribunal de Feria (fs. 343), a los efectos que se resuelva el "reclamo ante el cuerpo interpuesto con habilitación de días y horas", lo que fue proveído inmediatamente no haciéndose lugar por "no encontrarse la presente causa dentro de las disposiciones del art. 38" de la Ley Orgánica del Poder Judicial (fs. 344). La providencia de trámite antedicha no fue cuestionada, quedando firme y consentida.

Oportunamente, con fecha 28 de julio de 2017 se dispuso la remisión al tribunal de origen (fs. 345).

VIII.- Una vez integrado el tribunal, y firme, se dispone autos para resolver el reclamo ante el cuerpo interpuesto (fs. 338/340) por el Estado Provincial.

CONSIDERANDO:

I.-Desde el punto de vista administrativo, el Estado en general y el Poder Ejecutivo en particular cuentan con aquellas herramientas que le brindan la Constitución Nacional y la Provincial, más la armadura que le provee el ordenamiento jurídico, a través de las leyes en sentido material y formal y especialmente los decretos, reglamentos y resoluciones que emite el Poder Administrador dentro del marco de su competencia, para llevar a cabo los cometidos de orden público guiados por el bien común y la justicia distributiva.

En otras palabras, la actividad de la Administración se concreta en hechos y actos jurídicos cuya validez depende que la "actividad correspondiente haya sido desplegada por el órgano actuante dentro del respectivo círculo de sus atribuciones legales. Este círculo de atribuciones legales determina la capacidad legal de la autoridad administrativa, capacidad que en derecho administrativo denomínase competencia" (MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de derecho administrativo, 5ª edición actualizada, Reimpresión, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, t. I, pág. 589). Así, se ha definido la competencia como "el conjunto de funciones, actividades, poderes, potestades, atribuciones y facultades que un agente-órgano puede legítimamente ejercer, es decir, la medida y la órbita de su actuación legal y legítima" (GORDILLO, Agustín y DANIELE, Mabel, Procedimiento Administrativo, 2ª edición, Lexisnexis, Buenos Aires, 2006, pág. 78). En tal sentido, la competencia de la Administración comprende "el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente" (DROMI, Roberto, Derecho Administrativo, 10ª edición actualizada, Ciudad Argentina, Buenos Aires-Madrid, 2004, pág. 361).

Empero, le corresponde a la esencia del poder administrador ejercer aquellas funciones que expresa e implícitamente le son confiadas desde la Constitución Nacional -y de modo especial la Constitución Provincial- que le facultan a elegir opciones, con arreglo al criterio de oportunidad, mérito y conveniencia, en lo que hace a sus potestades de administrar la cosa pública y ejecutar la ley, como por otra parte es consustancial a la facultad del poder jurisdiccional ejercer la función revisora, sin inmiscuirse en todo aquello que -como queda dicho- resulta de competencia exclusiva y excluyente del Poder Administrador.

Esta actividad tiene su fundamento en las prerrogativas de orden público que sustentan jurídicamente a la Administración, en virtud del carácter exorbitante de su régimen jurídico, que se concretan en: a) La creación unilateral de deberes y vínculos obligacionales; b) La presunción de validez o legitimidad de los actos administrativos; c) El principio de ejecutoriedad; d) Prerrogativas relacionadas con la ejecución de los contratos administrativos; e) Prerrogativas procesales.

Esta actividad normal de la Administración activa (art. 3, Ley 1886) y que se traduce en ejecutar hechos y actos administrativos, gozando estos últimos de las prerrogativas de validez, legitimidad y ejecutoriedad, se modifica superlativamente en casos de emergencia en las cuales no hay tiempo que perder y se requiere tomar decisiones, rápidas y adecuadas a la situación fáctica, sin perjuicio que luego puedan ser analizadas por el Poder Judicial en orden a su legitimidad y razonabilidad. La emergencia es una situación que no admite dilación que puede concretarse en aspectos administrativos (vgr. Ley Nº 23.696 en el orden nacional) o bien, mediante la consolidación de deudas (Ley Nº 23.982; Decreto Nº 88/91 y 317/95 en el orden local) como emergencia situación económico-financiera (v.gr. Ley Nº 25.344; Ley Nº 5320 en el orden local).

En otras palabras, tratándose de situaciones excepcionales se requieren también soluciones excepcionales a los fines de evitar perjuicios o bien impedir que sean mayores, teniendo en cuenta las circunstancias fácticas. Es allí donde la Administración o el Poder Administrador (Poder Ejecutivo) tiene todas las herramientas jurídicas de carácter indelegable que le concede la Constitución Provincial y el ordenamiento jurídico inferior a fin de resolver las situaciones -complejas y anómalas- que se verifiquen en el caso. Empero, para el supuesto que no tenga normas específicas, puede dictar todas aquellas normas que sean necesarias para su implementación (vgr. Decretos, reglamentos, resoluciones, directivas) o bien requerir el dictado de legislación determinada al Poder Legislativo.

II.- En el caso de autos, la parte actora es el Estado Provincial (Poder Ejecutivo) quien solicita expresa autorización al Poder Judicial (Cámara Civil y Comercial) a los efectos de proceder a la demolición total o parcial de casas en virtud del "Alud de Volcán", configurándose un supuesto de carácter excepcional de peligro. La legitimación invocada por parte de Fiscalía de Estado, en nombre del Poder Ejecutivo, requiere se autorice la demolición de casas ante un eventual peligro de derrumbe, sin denunciar domicilio real de sus propietarios.

El anticipo de jurisdicción que se requiere al tribunal requiere conciliar intereses tanto de la parte actora como de la demandada -que ha sido individualizada parcialmente- que exigen otro ámbito de debate, en virtud que la acción promovida "no importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta del demandante y lleva ínsita una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie -según el grado de verosimilitud- los probados intereses de aquél y el derecho constitucional de defensa del demandado" (Cons. 12, CSJN, 7/08/1997 in re "Camacho Acosta, Maximino c. Grafi Graf S. R. L. y otros", Fallos 320:1633; más reciente ver Fallos 324:4520, considerandos 9° y 10, y sus citas).

En el caso bajo estudio, el Estado pretende apartarse de la manda constitucional de gobierno para asumir las decisiones políticas, de gestión o administrativas que desde la Carta Fundamental local se establecen como de su responsabilidad exclusiva y excluyente (arts. 60, inc. 1º; 137 incs. 4, 15, 20, 21, 23 de la Constitución Provincial), requiriéndose mediante la autorización judicial una suerte de delegaciones de facultades, en desmedro de la autotutela administrativa. Especialmente, debe ejercer el poder de policía que contiene aspectos de seguridad, salubridad y salud pública (art. 137, inc. 15), dictándose todos aquellos instrumentos administrativos que sean necesarios para paliar la situación de emergencia que se denuncia.

En tal sentido, se ha emitido el Decreto Acuerdo Nº 2994-G-2017, de fecha 10/01/17, que procedió a declarar "zonas de desastre y el estado de emergencia social" (art. 1º), instruyéndose a los Ministerios competentes para "implementar y ejecutar, en la emergencia, todas las medidas, planes, acciones, proyectos y/o programas, que aseguren asistencia integral y permanente, con fondos provinciales o en coordinación con organismos y fondos nacionales" (art. 2º). Disponiéndose, para llevar adelante tales medidas, "las partidas de los presupuestos de cada uno de los organismos involucrados" (art. 3º), teniendo plena vigencia legal las normas antedichas, mientras "subsistan las causas excepcionales que le dan origen".

Con posterioridad, ante la magnitud y excepcionalidad de los daños producidos, se dispuso mediante Decreto Acuerdo Nº 3012-G-17 ampliar la declaración de "estado de emergencia, a la salud, educación e infraestructura educativa, medio ambiente, turismo y trabajo" (art. 1º), ampliándose la nómina de Ministerios competentes a dichos efectos (art. 2º), con las partidas presupuestarias que "aseguren asistencia integral y permanente" (art. 3º), mientras "subsistan las causas excepcionales que le dan origen" (art. 4º).

Ambos instrumentos administrativos son legítimos y ejecutorios en virtud que no han sido cuestionados. Como bien dice Cassagne, el principio de ejecutoriedad "habilita a los órganos que ejercen la función materialmente administrativa para disponer la realización o cumplimiento del acto sin intervención judicial, apelando excepcionalmente al uso de la coacción dentro de los límites dispuestos por el ordenamiento jurídico" (CASSAGNE, Juan C., Derecho Administrativo, 6ª edición actualizada, Reimpresión, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, t. II, pág. 21).

III.- Por todo ello, concluimos que el Estado Provincial (Poder Ejecutivo) posee aquellas herramientas constitucionales y legales para ejercer sus prerrogativas de orden público a fin de llevar adelante todas las medidas que sean necesarias para cumplir con los Decretos emitidos (Nº 2294 y Nº 3012) y entre tales acciones debería ser la demolición de las parcelas o terrenos que considere riesgosos, como lo sostiene en autos el Estado Provincial.

Conforme informara tanto a la prensa como al público en general, el ministro de Infraestructura: ". que comenzó la demolición de viviendas en Volcán, a fin de comenzar la reconstrucción del pueblo a través de un proyecto integral." (http://www.eltribuno.info/jujuy/nota/2017-7-24-20-36-0-invertiran-cifra-millona ria-para-reconstruir-volcan y http://prensa.jujuy.gob.ar/2017/07/18/rizzotti-expondra-el-avance-de-obras-en-vo lcan/), consideramos que corresponde rechazar el reclamo ante el cuerpo planteado en autos a fs. 338/340.

Por todo lo expuesto, la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial:

RESUELVE:

1.- No hacer lugar al reclamo ante el cuerpo presentado por el Estado Provincial por improcedente, conforme los fundamentos dados en los considerandos.

2.- Agregar copia en autos, notificar por cédula (con habilitación de días y horas), registrar