Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-04


2º Instancia.- Santa Fe, agosto 4 de 2009.

1º ¿Es justa la resolución recurrida? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictarse? 1º cuestión.- El doctor Saux dijo:

Ismael Horacio Albarracín promueve demanda de daños y perjuicios (fs. 8) contra la Empresa Provincial de la Energía e Ignacio Daniel Hernández en virtud de la muerte por electrocución de dos equinos de su propiedad acaecida a raíz de una descarga eléctrica ocurrida al rozar los animales el alambre perimetral del predio del codemandado Hernández. Relata que el mencionado alambre se hallaba electrificado en virtud de una instalación rudimentaria fruto de una conexión anormal consistente en dos cables conectados a un poste de luz de propiedad de la Empresa Provincial de la Energía, que bajaban directamente hasta el pilar que distribuye la energía domiciliaria, sito en el terreno lindante del codemandado Hernández y que sólo tenía un hueco en donde debía estar el tablero y el contador con su respectiva llave térmica herméticamente cerrado. Ello así, responsabiliza objetivamente a la Empresa Provincial de la Energía como dueña o guardiana de la cosa riesgosa (art. 1113 del Código Civil), y al Sr. Hernández por haber obrado con total negligencia e imprudencia al haberse conectado irregularmente al tendido eléctrico y por su falta de control y cuidado de las instalaciones que estaban a su cargo. A título de daños, reclama el resarcimiento de gastos no documentados ($ 500), daños materiales ($ 10.000), lucro cesante ($ 4.000) y daño moral ($ 6.000).

Corrido el traslado pertinente la codemandada Empresa Provincial de la Energía se presenta a estar a derecho (fs. 21) y, por intermedio de apoderado, contesta la demanda a fs. 33. Niega todos y cada uno de los hechos alegados por el actor y respecto a la atribución de responsabilidad sostiene que aún poniéndose por vía de hipótesis en situación de que la instalación viciosa que presuntamente produjo los daños reclamados correspondiera a un suministro brindado por la E.P.E, resulta de aplicación el último párrafo del art. 28 del Reglamento General para el Suministro y Comercialización del Servicio Eléctrico, aprobado por Resolución nº 371/93, publicada en el Boletín Oficial nº 20107 del 24/01/1994 y sus respectivas modificatorias nº 1223/94 y nº 46/95 y nº 1123/94 en cuanto establece que: "Se encuentra terminantemente prohibido sujetar cualquier tipo de alambrado o cerramiento metálico al pilar de bajada de energía, debiendo los mismos en cualquier caso, ser sujetados por medio de postes o estacas". Estatuyendo el último párrafo del art. 14 que "A partir del punto de conexión con las redes de distribución, el titular del suministro en su carácter de propietario exclusivo de las instalaciones, es único y total responsable de los daños y perjuicios que pueda causarse a personas o cosas por cualquier tipo de deterioro, falla o accidente en esas instalaciones, con exclusión absoluta de responsabilidad para la E.P.E." A fs. 55 contesta el traslado de la demanda, el codemandado Hernández quien niega todos y cada uno de los hechos argüidos por el actor en la demanda y sostiene que la realidad fáctica es que él es propietario del inmueble inscripto en el Registro General de la Propiedad bajo el nº 48045 - Tº 97 - Fº 339, el cual está rodeado de un tejido perimetral que impide el acceso de terceros y/o animales. Que dicho inmueble contaba con la instalación de un contador de la luz, el cual a la fecha del siniestro fue hurtado, hecho que se dio a conocer oportunamente a la E.P.E. y que motivó la solicitud de no instalación de otro contador y el retiro de los cables y/o instrumentos eléctricos pertenecientes a la empresa, quien no accedió al pedido formulado dejando la conexión eléctrica que va desde el pilar al cableado por aire (comúnmente llamada "bajada de luz").

Abierta la causa a prueba en el cuaderno de pruebas del actor obra a fs. 91 informe de la Empresa Provincial de la Energía respecto a los antecedentes referidos al inmueble de propiedad del Sr. Hernández. A fs. 93/96 vto. obra declaración testimonial de Jorge Ceferino Antonio Pérez y Daniel Alejandro Albarracin. A fs. 98 encontramos la absolución de posiciones del codemandado Hernández. A fs. 107 el perito ingeniero N. R. G. responde a la pericia. El veterinario M. B. presenta informe requerido.

Respecto de la prueba producida por la Empresa Provincial de la Energía, a fs. 118 figura un informe de la Dirección General de Análisis de Producción agropecuaria en el cual se informa la cotización en plaza de equinos equivalentes a los fallecidos por electrocución. A fs. 122 obran las resoluciones de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe que aprueban el reglamento General para el Suministro y Comercialización del Servicio Eléctrico Nº 371/93 y sus respectivas modificatorias Nº 1223/94 y Nº 46/95.

Por su parte, en el legajo de pruebas del codemandado Hernández encontramos a fs. 210 la confesión de Ismael Horacio Albarracin.

Clausurado el período probatorio y habiendo alegado las partes, dictó sentencia el juez a quo en fecha 29/09/2006 (fs. 241/242 vto.), desestimando la demanda, con costas al vencido. Para así resolver el fallo a quo considera que el actor carece de legitimación para obrar por cuanto no acreditó ser propietario -por cuanto del boleto de compra de los animales pertenecientes a la marca alegada por el accionante surge que no son propiedad de éste sino de su padre-, usuario ni usufructuario de los equinos muertos.

Interpuesto recurso de apelación por la parte actora y radicados estos autos en esta sede, formula agravios dicha parte a fs. 264. Critica que el juez a quo haya considerado que carece de legitimación para obrar pues si bien es cierto que en el boleto de marca figura su padre y no su persona, del resto de la prueba aportada a la causa surge que demandó en su calidad de usuario y/o usufructuario de los equinos, justificando su postura en lo dispuesto por los art. 1110, 1095 y 2412 del Código Civil. Cita jurisprudencia al respecto. También critica que el magistrado de la baja instancia haya considerado que su falta de legitimación para obrar torna estéril el tratamiento de las restante cuestiones planteadas vinculadas a los daños y a la cuantificación de los mismos. A fs. 271 la codemandada EPE contesta agravios arguyendo que existe una falta de legitimación para obrar del actor en tanto éste demandó en calidad de "propietario" de los equinos muertos y de la prueba producida en la causa, fundamentalmente del boleto de marca, no surge tal condición. El actor recién en esta segunda instancia aduce y considera motivo de agravio que la legitimación activa le es conferida por el art. 1110, Código Civil (por ser propietario, poseedor y usuario de los caballos), cuando en la demanda sólo alegó la calidad de propietario, lo cual vulnera el principio según el cual "los hechos constitutivos de la litis configuran el tema de prueba" y el principio de congruencia. Por último sostiene que como consecuencia de la citada ausencia de legitimación para obrar del actor, la supuesta responsabilidad de la EPE luce nítidamente inexistente.

Como se deriva de la lectura de lo reseñado supra, es claro que el primer agravio de la parte actora recurrente finca en que el sentenciante de anterior instancia haya echado mano a la declaración de su falta de acreditación de la legitimación activa invocada ("dueño" de los semovientes muertos en el accidente) para desestimar la pretensión contenida en la demanda.

Desde lo fáctico, pareciera cierto que los fundamentos dados por el fallo impugnado se adecuan a las reales constancias de autos, vale decir, que Ismael Horacio Albarracín -en la ocasión, con patrocinio letrado, ver fojas 8 a 13- cuando introduce su pretensión resarcitoria mediante la demanda que encabeza estos obrados, dice ser el "dueño" de los dos equinos electrocutados -así como de otros más-, agregando que incluso ese vínculo jurídico con los cosas -los caballos- sobre las que se causara el daño se acredita con la marca "IA" de la que se adjunta copia (fojas 2). No se echa mano a otra perspectiva legitimante en ninguna de sus otras conformaciones eventuales, ya que si bien se alude (e incluso se transcribe) la parte pertinente del artículo 1110 del C. Civil en cuanto extiende dicho facultamiento no sólo al propietario sino también al poseedor, sus herederos, el usufructuario y el usuario -entre otros-, siempre se habla de que quien demanda es -o era- el "dueño", "propietario" o "titular dominial" de los animales en cuestión.

Incluso, en sus escritos de responde, los demandados niegan esa titularidad dominial, singularmente a la luz de que según la copia del boleto de marca con el cual se pretende por el actor investir aquel rol, el titular de la misma es el señor Ysmael Partenio Albarracín, quien el propio actor, al absolver posiciones, admite que es su padre.

A partir de allí, siendo que al demandar se invocó un rol legitimante (dueño de los animales) que no se probó en la causa, el juez de anterior instancia desestima la demanda por falta de legitimación activa declarada de oficio, ya que no se opuso por ninguno de los dos codemandados la defensa de "sine actione agit", más allá de haberse negado, entre otras propuestas del escrito introductivo de la instancia, aquel carácter.

La cuestión entonces, en cuanto concierne al agravio, es determinar si pese a admitirse que aquel rango que supuestamente vinculara al reclamante con las cosas sobre las que se ejerciera el daño (el apelante termina admitiendo no ser "dueño" de los caballos, al menos en la correlación de su situación con lo normado por la ley nacional nº 22.939 modificada por la 26.478 -a la cual ninguna de las partes, ni la sentencia, hace referencia alguna-, singularmente en su artículo 9º que genera una presunción de propiedad de quien tiene el animal mayor con su marca impresa) nunca fue acreditada, igualmente cabe viabilizar la pretensión resarcitoria en tanto en el decurso de la causa el actor, Ismael Horacio Albarracín, probó ser poseedor o al menos tenedor legítimo o interesado de los yeguarizos, o si el mero hecho de haberse autotitulado "dueño" sin probarlo echa por tierra la perspectiva de ampliar el horizonte legitimante durante el decurso del proceso.

El tema ha generado algunos debates en doctrina y jurisprudencia, y puntualmente a nivel personal he tenido oportunidad de analizarlos, aun cuando quizás en relación a otro tipo de bienes muebles registrables (como lo son los automotores), pero evaluando pautas uniformemente predicables (Vide Edgardo Ignacio Saux, "Accidentes de tránsito. Tenedores o usuarios del vehículo automotor. Dependientes. Legitimación activa y pasiva", en la "Revista de Derecho de Daños", Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, marzo 1998, tomo I, págs. 113 y ss.; así como comentario también de mi autoría al artículo 1110 del C. Civil en la obra "Código Civil y normas complementarias - análisis doctrinario y jurisprudencial", dirigida por A. Bueres y coordinada por E. Highton, Editorial Hammurabi, Bs. As., tomo 3A, págs. 405 y ss.).

En tal sentido, he manifestado que cuando en un proceso aquiliano se invoca una calidad legitimante (v.g. "dueño", en los términos del artículo 1113 del C. Civil) pero luego no se la acredita durante el decurso del proceso (y siempre que la misma sea negada en el escrito de responde, incluyendo con ello el tema en el contradictorio), se generan al menos dos corrientes de opinión en doctrina y jurisprudencia respecto a cómo cabe elucidar la cuestión.

Una de ellas -a la que he denominado "cerrada" o estricta, propuesta desde la dogmática por el maestro rosarino Roberto Brebbia (v. su obra "Problemática jurídica de los automotores", Astrea, Bs. As., 1982, T. II, pág. 172), a la que siguiera algún sector de la jurisprudencia (v. entre otros Cám.Nac.Civ., Sala F, 29.12.77, El Derecho 78-218; Cám.Apel.Civ. y Com. Sta. Fe, Sala 3º, 5.11.84, "Matra c/Morand", Zeus 41-J-259; etc.), entiende que no habiéndose acreditado con fehaciencia la calidad legitimante invocada -aunque se lo haga con otra en el transcurso de la causa-, cabe rechazar la demanda por carencia de la misma, ya que no son iguales las defensas oponibles a una y otra categoría de reclamantes ni los daños derivables de tales emplazamientos (por ejemplo, quien no es dueño sino guardián, o tenedor o mero usuario, en materia de automotores no puede reclamar la desvalorización del vehículo).

La otra, más elástica, y a la cual hemos anticipado nuestra adhesión (ver al respecto A. Kemelmajer de Carlucci, Juan J. Azpelicueta y Matilde Zavala de González, en doctrina, así como ya un viejo Plenario de la Cám.Nac.Esp. Civil y Comercial del 30.12.85 in re "Bellucci c/Pollano"; o CSJBsAs, 26.2.85, El Derecho 114-637; etc.) sustentándose en el principio del "iura novit curiae" e invocando el excesivo rigor formal que implicaría rechazar una demanda por que quien se dice "dueño" pese a no probar serlo ostensiblemente sí justifica otra calidad legitimante alternativa (usuario, poseedor, tenedor, retentista, etc.), proclama tener por salvada la omisión con dicha prueba sobreviniente y alternativa. Va de suyo que si alguno de los rubros reclamados no se correspondiere con la legitimación probada sino con la sólo invocada, deberá ser desestimado (como decíamos, si se trata de automotores el correspondiente a la desvalorización de la unidad por las reparaciones estructurales, que sólo afectará a quien pueda transferir el dominio y no al mero usuario).

En el particular, la EPE -codemandada- al expresar sus agravios manifestó que estando invocada (en la demanda) la calidad de "dueño", no hubo actividad probatoria de su parte tendiente a desvirtuar otro eventual rol legitimante (v.g. tenedor o usufructuario), pero si bien teóricamente el planteo puede resultar atendible, ya que no se debatió en la causa si Albarracín no siendo dueño de los equinos era su poseedor o usufructuario o usuario, en la medida en que de las diligencias probatorias rendidas en autos se derivan elementos acreditatorios vinculados a ello, no se ve agraviado el derecho de defensa ni el contradictorio, ya que si la codemandada hubiera querido resguardar su derecho a probar -negativamente- sobre dicho extremo, lo hubiera podido ofrecer al contestar la demanda y no lo hizo, aunque fuera "ad eventualiter".

Por lo demás, no puede perderse de vista que como lo estatuye el ya mencionado artículo 9º de la Ley de Propiedad de los Ganados, la existencia de la marca en un animal correspondiente al ganado mayor (equino y vacuno), en realidad genera una presunción "juris tamtum" de pertenencia en titularidad dominial al dueño de la marca en los registros respectivos, pero que jamás puede ser equivalente (en tanto admite contraprueba) a la titularidad dominial que se deriva de la "traditio inscriptoria" inherente al régimen de otros bienes muebles registrables, como los automotores.

En orden a lo expuesto hasta aquí dogmáticamente, tanto de los testimonios de Jorge Ceferino Perez (fojas 93/94 vta.) como del hijo del actor, Daniel Albarracín (fojas 95/96 vta.), y, fundamentalmente, de la declaración informativa del Médico Veterinario que atendiera los equinos, Dr. M. B. (fojas 111), se deduce que más allá de que la marca que tenían los caballos muertos por electrocución hubiera pertenecido al padre del aquí accionante, Ysmael Partenio Albarracín (se ignora incluso si vive o ha ya fallecido), quien tenía la posesión "animus domini" de los mismos es su hijo Ismael Horacio Albarracín (el aquí actor), y quien solía cuidarlos y a veces los montaba en las domas es el hijo de este último, Daniel Albarracín, testigo en estos obrados.

Y estando acreditado ese vínculo jurídicamente relevante entre la cosa dañada y el reclamante, no aparece entonces ajustado a derecho (o, más precisamente, luce como un supuesto de exceso ritual manifiesto) desestimar la demanda por cuestiones de legitimación activa de rango liminar.

En tal virtud, entiendo que el fallo a quo debe ser revocado, correspondiendo a esta Sala adentrarse al tratamiento del reclamo resarcitorio y de sus alcances cuantitativos, si se lo juzga procedente.

Respecto de lo atañente a la existencia de un débito resarcitorio en cabeza de los codemandados -entre quienes, aunque no se lo mencione, se predica una solidaridad imperfecta generadora de una eventual obligación concurrente o "in solidum", nacida de un mismo hecho pero de causas jurídicas distintas-, la aplicación de un factor objetivo de atribución que dimana de la clara subsunción del caso en la normativa del artículo 1113 del C. Civil resulta incontrovertible, en tanto comprobadamente la muerte de los equinos se deriva de su electrocución al haber tocado un alambrado perimetral del predio de propiedad del codemandado Ignacio Daniel Hernández, y de derivarse tal electrificación del contacto de dicho alambrado con cables sueltos del pilar adonde estuviera el medidor que según lo mencionado en autos habría sido previamente sustraído sin que la EPE tomara las medidas adecuadas para prevenir ese riesgo potencial.

Siendo ello así, no habiendo probado fehacientemente ninguno de los codemandados algún elemento que causalmente produzca una ruptura del vínculo que lo conecta a la causa como dueños o guardianes de las cosas causantes del daño (el tejido electrificado y la energía eléctrica misma) (v.g. la EPE que la conexión directa de los cables del pilar al alambre fuera obra de Hernández o de un tercero, o que el vicio proviniera de un sector interno de la instalación; y éste que luego de constatado el hurto del medidor, y aún habiendo denunciado el hecho ante la EPE, que el contacto entre los cables y el tejido perimetral fuera también obra de un tercero, de la propia víctima o del "casus"), cuanto cabe es corresponsabilizar a ambos codemandados por la reparación del perjuicio, dado que no incumbe a la víctima indagar los vínculos preexistentes entre ambos codemandados si ninguno de ellos acredita la culpa exclusiva del otro, el hecho de un tercero por quien no hay responsabilidad vicaria o el caso fortuito no imputable.

Obvio es destacar que si la Empresa Provincial demandada entendiera que el único responsable del evento es Hernández (cabe memorar que ninguno de los codemandados ha aportado a la causa elementos acreditatorios fehacientes del supuesto hurto y reclamo consecuente del medidor, limitándose la prueba inherente al vínculo causal sólo a la pericia de fojas 107/108, que poco y nada aporta al tema salvo dejar en claro que el alambrado estaba mal colocado pero que el problema que generara la derivación del fluido eléctrico hacia él no se relacionaba con un vicio en la instalación interna del inmueble, sino en la atañente a la EPE), supuestamente por haber incumplido la obligación prevista en el último párrafo del artículo 28 del Reglamento General para el Suministro y Comercialización del Servicio Eléctrico -al que alude a fojas 33 vta.-, en otro proceso autónomo podrá reclamar lo que, en su caso, deba aquí pagar al actor si éste dirige finalmente contra ella la ejecución de la sentencia.

En lo que concierne al tema de la cuantificación del daño, no debe olvidarse que ya en esta sede, al expresar sus agravios la parte actora apelante (ver singularmente fojas 267 vta./268) produce una adecuación o ajuste de sus pretensiones resarcitorias, estimando que el valor de cada uno de los caballos muertos debe oscilar entre $ 1.500 y 4.500; a lo que debe adicionar la suma de $ 325, abonados al veterinario que los atendiera luego del accidente, desistiendo del lucro cesante y dejando el daño moral librado al criterio de esta Sala.

En ese orden de ideas, tal como la misma parte actora lo menciona, los cuadrúpedos muertos por electrocución tenían alguna característica singular que podría ser una nota diferencial de otros semejantes. Así, los testigos que se refieren a ellos los denominan de consuno "caballos malos", pero no en relación a que fueran "malos caballos" -valga la referencia- para su función como elemento de trabajo, sino por tratarse de animales que para los que se los comprara, criara y preparara es para cumplir su rol de montados en los festivales de doma, en lo que comúnmente se denomina como "reservados", y teniendo esa singularidad de carácter que los tornaba aptos para tal destino, siendo en apariencia difíciles de ser amansados o domados, con lo cual su valor de mercado era notoriamente superior al de otro equino "común" o manso para silla o trabajo.

Tales pautas surgen de los informes rendidos concretamente a fojas 111 -del Médico Veterinario B., que los justiprecia en unos $ 4.500 cada uno- y a fojas 118 -de la Dirección General de Análisis de la Producción Agropecuaria de la Provincia, que habla de $ 1.500 para un equino macho de 18 meses y de $ 1.300 para una hembra de 2 años y medio, lo que se adecua a las edades de los accidentados-.

Hay un dato cierto que surge de máximas de experiencia, cual es que un caballo -o yegua- que se destine tanto a ser amansado para uso de paseo, o para trabajo o bien se lo entrene -que se lo hace también a tal fin- para festivales de doma, recién adquiere su potencialidad como adulto alrededor de los tres años, con lo cual en el caso de los dos equinos accidentados debe entenderse que en principio ninguno de ellos todavía había llegado a tal momento, lo cual relativiza de alguna manera los dichos del testigo Pérez a fojas 94 que alude a que la yegua había sido llevada a diez o doce domas y el potrillo ya a dos.

Valorando estas pautas, parece ajustado a derecho promediar un valor económico promedio de $ 3.000 para cada caballo, monto que tiene por cuantificado al momento del dictado de este pronunciamiento, pero que como capital de condena (equivalente a $ 6.000, por ser dos los accidentados) generará intereses puros al 12% anual desde la fecha del hecho y hasta que quede firme este decisorio, y de allí en más y hasta su efectivo pago los intereses equivalentes a la tasa activa que para descuentos de documentos a treinta días aplica el Banco de la Nación Argentina.

En lo que concierne al reclamo por la suma de $ 325 abonados al Médico Veterinario que atendiera a la yegua accidentada hasta su muerte a los pocos días, la declaración brindada por escrito a fojas 111 por el Dr. M. B. justifica hacer lugar al mismo, determinando que desde la fecha de tal pago, acaecido en la inmediación temporal del hecho dañoso, el monto genere un interés equivalente a la tasa mixta de las que emplea el Banco de la Nación Argentina para operaciones a treinta días, llevándosela a la tasa activa desde que este pronunciamiento quede firme y hasta su efectivo pago.

El daño moral reclamado en la demanda no ha sido probado, y más allá de la entendible sensibilidad que el actor pueda tener para con los caballos de tus tropillas, no se ha demostrado en la causa algún valor especial de afección que justifique viabilizar el reclamo, máxime cuando se trata no de daños personales sino patrimoniales.

En tal virtud, estimo entonces que debe hacerse lugar al recurso de apelación y en su lugar revocarse el fallo a quo, acogiendo la demanda en los términos y con el alcance preenunciado. Así voto.

El doctor Cordini expresó, a su vez, iguales razones en parecidos términos y votó, por lo tanto, en igual sentido.

La doctora De Césaris dijo:

Habiendo tomado conocimiento de estos autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad al art. 26 de la Ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión.

2º cuestión.- Los doctores Saux y Cordini manifestaron, sucesivamente, que de acuerdo a lo que antecede corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia a qua de fojas 241/242 vta., y en consecuencia acoger la pretensión indemnizatoria contenida en la demanda conforme a los alcances expuestos en estos considerandos, con costas en ambas instancias a los codemandados (art. 251, CPCyC).

La doctora De Césaris dijo:

Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, resolvió: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia de anterior instancia, revocando la misma y en su lugar haciendo lugar a la demanda en los términos y con los alcances enunciados en los considerandos de este pronunciamiento. 2) Costas en ambas instancias a los codemandados. 3) Los honorarios de alzada se liquidarán en la proporción establecida en el artículo 19 de la ley 6767, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense.- Edgardo I Saux.-Raúl J. Cordini.- María C. De Césaris.