marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Emergencia económica, ejecución de alquileres, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zanoni, Amalia Nelly c/ Villadeamigo, Valeria Mariana s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-11-07

La única solución justa es la recomposición del monto de la deuda. No solamente es la solución que - sin imponerla - se propicia en el ámbito del derecho, sino que también es aquella que la sociedad toda contempla como adecuada a la situación actual.

Si bien es cierto que las decisiones judiciales no están concebidas para satisfacer opciones políticas o sociales, no lo es menos que la aceptación de las mismas es un factor importante para arribar a la decisión, puesto que de ella depende la paz social que nace de la solución de los conflictos. Y que en definitiva, optar por una u otra solución se reduce a decidir cual de las partes - acreedor o deudor - y en que momento se verá en la obligación de reclamar el acuerdo a que alude el art. 8 de Decreto 214/2002. La imposibilidad de pretender la recomposición impuesta al deudor moroso - a la que debería recurrir de mantenerse la deuda en dólares - hace que, no obstante aparecer prima facie como inequitativa, me incline por aplicar la pesificación en la forma prevista por el art. 11 de la ley 25.561, puesto que es precisamente para esta situación para la cual las normas legales en vigencia consideran aplicable la recomposición que propicio.

No creo que resulte injusto hacer recaer en el acreedor la carga de instarla, es el único que podría hacerlo. Es por eso que con el carácter general que cabe acordar a este voto, mi opinión es que los Jueces deberán, en todos los casos, previa audiencia de partes resolver sobre la proporción en que cada una de las ellas deberá soportar la carga de la pesificación de la deuda con relación al valor del dólar en el mercado libre al momento del pago. Y con el único alcance de permitir esa solución es que voto por la pesificación de la deuda en mora. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Revocación de sentencia, caución real, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: T., A. G. s/ inc. de excarcelación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-25

En aquellos dictados en las Causas Nº 80.896/19 "P.", Nº 80.939/19 "R." ambos del 25 de noviembre y Nº 81.189/19 "C." del 28 de noviembre, Carlos Alberto González e Ignacio Rodríguez Varela revocaron las resoluciones y ordenaron la libertad de los imputados. En el caso del primero con la imposición de una caución de tipo real de $ 5000 más la obligación de presentarse quincenalmente en el juzgado; en el segundo con la imposición de una caución de tipo real de $ 7000 y la obligación de comparecer cada quince días ante el tribunal de la causa y en el tercer caso con la imposición de una caución real de $ 10.000, el control de uno de los miembros de su familia y la obligación de presentarse ante el Tribunal cada quince días. En cada fallo se analizó por qué no estaba justificada la medida de coerción (art. 210 inc. "k" del CPPF), cuáles eran las presunciones vinculadas con el peligro de fuga que se hallaban presentes o no en cada caso (art. 221 del CPPF) y cuáles los indicadores de peligro de entorpecimiento que fueron descartados en las tres situaciones (art. 222 del CPPF) para finalmente concluir qué medidas alternativas menos gravosas correspondía imponer (art. 210 del CPPF).
Informe in voce, querellante
Materia: PENAL
Carátula: ZBAR DE REICH s/ QUERELLA - GENERALIDADES.-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-10-24

Sólo las partes pueden presentar memorial sustitutivo del informe in voce, porque, tal como es imperativo que concurra a la audiencia correspondiente al artículo 538 del código de rito el que tenga interés directo en la causa o lo represente, aunque pueda tomar la palabra el letrado asistente; así también es necesario que el escrito que reemplace al informe oral sea suscripto por el querellante.
Caducidad de instancia, incidentes, impulso procesal
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALVARADO DE ARGAÑARAZ, MARTA c/ SALEM, HUGO ROBERTO s/ INDEMNIZACION.DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-06-24

A las partes, especialmente a la que interpone la excepción incumbe el impulso, debiendo hacer avanzar el proceso hasta poner dicha cuestión en estado de ser resuelta, por ser la principal interesada en el pronunciamiento del juez sobre ella. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Capacidad residual, accidentes de trabajo, prueba insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Erma c/ Prevención ART S.A. s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-10

En función de lo dictaminado en las experticias analizadas por mi distinguido colega de Sala, de manera alguna encuentro que en la hipótesis de autos resulte de aplicación el Decreto N° 659/96, dado que como ya lo sostuve, la tesis de la capacidad residual se aplica a los supuestos en que el trabajador cuenta con una incapacidad en el examen preocupacional, a los siniestros sucesivos y al gran siniestrado, esto último para que el porcentaje no supere el 100%. Ninguna de estas situaciones se encuentra configurada en autos. (del voto de la Dra. Barrese, en minoría).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, juicio ejecutivo, excepción de incompetencia, acción cambiaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ingeniero Pell Construcciones S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecutivo (Expte CSJ Nº 713-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-06

No puede considerarse arbitraria la solución otorgada por la Sala al caso -incompetencia del fuero civil y comercial para entender en la ejecución de un pagaré contra el estado provincial- cuando es claro que ella adscribió a la posición que admite el debate causal en los procesos ejecutivos -más allá del modo en que dichas cuestiones fueron introducidas en el proceso (a raíz de la interposición de una excepción de incompetencia)-, postura que ha sido sostenida por numerosos autores que han reconocido al librador de estos títulos la posibilidad de oponer defensas causales contra la acción cambiaria instaurada por las personas con las que se obligaron directamente (o sea, por los primeros tomadores).Entre las diversas razones que se han propuesto en apoyo de esta idea, se puede citar a la mencionada por Messineo, quien ha llegado a sostener que "si sobre la base del título abstracto se encuentran frente a frente deudor y primer tomador del título, la abstracción no opera, y el deudor cartular puede igualmente referirse al negocio fundamental". (De los Fundamentos del Dr. Gutiérrez).
Acción de amparo, prueba, defensa en juicio, apreciación de la prueba, derecho a conocer las pruebas en contra, principio de contradicción
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Pérez Víctor Gustavo y Otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-01-25

El derecho de defensa en juicio de la parte demandada, no se agota con la posibilidad de ofrecer y producir prueba, sino que se extiende también a la posibilidad de controlar la producida por la contraparte durante el trámite del proceso. En el caso, el juzgador se basó en una prueba producida sin intervención de la demandada, para dictar la sentencia de mérito. Ello importa, en principio, un injustificado apartamiento de las normas vigentes en la materia -que exigen la intervención de la contraria al practicarse el reconocimiento judicial, artículo 388 del Código Contencioso Administrativo y Tributario-, así como del principio de bilateralidad que, es aplicable al juicio de amparo y viene impuesto por el derecho de defensa. (Del voto de los Dres. Carlos Francisco Balbín y Esteban Centanaro.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pereira, Manuel Carlos Antonio y otra s/ Beneficio de litigar sin gastos Nuñez, Karina y Olmedo, Pablo s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-15|2000-06-27

Siendo el beneficio de litigar sin gastos un privilegio restrictivo y excepcional, debe demostrarse la ausencia de recursos para costear los gastos del proceso, por lo que la carga de la prueba corresponderá a quien lo solicita (art. 79, inc. 2 del CPCC). Si la contraria afirma que la situación patrimonial no es la descripta por los peticionantes, deberá aportar lo necesario para justificar la existencia de recursos. Para concederse el beneficio, no se exige que se demuestre un estado de indigencia, ni puede obstar a su otorgamiento el hecho de que el peticionante tenga lo indispensable para su subsistencia, sino sólo demostrar la ausencia de medios que hagan imposibles o sumamente gravosa la erogaciones que requiere el proceso.
Defensa en juicio, calificación legal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MAHALLA, Juan Carlos s/ FALSEDAD IDEOLOGICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-19

La circunstancia de que el Fiscal de Cámara otorga a la conducta del justiciable una significación jurídica diferente de la requisitoria del Fiscal de Primera Instancia, de ninguna manera limita el ejercicio de la defensa en juicio, ni la capacidad del cabal juzgamiento del sentenciante, toda vez que el juzgador no se encuentra constreñido a seguir las partes en cuanto al encasillamiento de los hechos objeto del debate.
Competencia, locación de cosas, ejecución de alquileres
Materia: PROCESAL
Carátula: FITMAN, INES REGINA c/ SUPERMERCADOS HIPERMARC  S.A. s/ CONSIGNACION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

Las acciones derivadas del contrato de locación son de competencia de los jueces civiles, más allá del destino que se le pudo haber dado al inmueble locado sin que quepa diferenciación alguna por el destino de vivienda o local de comercio o industria.

Ello así, pues la ley 23637 de unificación de los fueros Civil y Especial Civil y Comercial dispuso su competencia en todos los asuntos que no estuviesen atribuidos a jueces de otro fuero. De allí que si el contrato de locación del inmueble o la acción de consignación de alquileres están apartados del destino comercial que pudo darse a la cosa locada, siendo aquel elemento y no otro, el que define la competencia del Fuero, debe entender la justicia civil.
Recurso extraordinario, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

Si bien es principio aceptado que la sanción disciplinaria, es materia en la que no es procedente el recurso de extraordinario, el mismo admite excepción en el caso de tratarse de una evidente arbitrariedad.
Recurso extraordinario, Estado Provincial, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Mansilla,  Juan  Carlos s/ homicidio, robo calificado y hurto de automotor en San Nicolás -causa N° 7433-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

Las provincias son libres para crear las instancias judiciales que estimen apropiadas, pero no pueden vedar a ninguna de ellas y menos a las más altas, la aplicación preferente de la Constitución Nacional. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Concursos, jueces, concurso preventivo, propuesta de acuerdo preventivo, competencia, competencia penal
Materia: COMERCIAL
Carátula: VICENTIN S.A. c/  s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-29

La extraordinaria relevancia en el orden económico social del presente proceso concursal y las innumerables consecuencias que pueden derivarse de las decisiones que se adopten importan priorizar la extrema prudencia con la cual habrá de ponderarse la propuesta de acuerdo formulada, en tanto condiciona su viabilidad a decisiones judiciales propias de la justicia penal y ajenas a la competencia del juez del concurso, cuestiones éstas que pudieron no haber sido advertidas por los acreedores que han prestado su conformidad, en tanto -a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos (como la Ley concursal española que expresamente otorga al juez del concurso competencia exclusiva y excluyente de toda medida cautelar que afecte el patrimonio del concursado)- en nuestro ordenamiento vigente el magistrado interviniente en el proceso concursal carece de una atribución similar para decidir el destino de las mismas. (Del voto del Dr. Erbetta)
Intereses, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Chascomús c/ Fundación María C. de la Barca s/ Intereses. Actualización Monetaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

No debe confundirse la actualización de una deuda mediante un procedimiento de "indexación", con los intereses que devenga.

Mientras que el primero es un concepto económico, que recurre a variables de ajuste, compensatorios del envilecimiento del signo monetario producido por el fenómeno inflacionario, el segundo es un concepto jurídico -aunque tenga contenido económico- regulado legalmente, y en ocasiones judicialmente o convencionalmente, compensatorio de la utilización de un capital punitorio por su retención.
Leyes, interpretación de la ley, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rossia, Vilma Magdalena c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Fernandez, Enrique c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14|2002-12-18

Las declaraciones de los funcionarios publicadas en los medios de comunicación no resultan un medio idóneo para probar el alcance jurídico que ha de darse a determinadas disposiciones legales o reglamentarias y en la medida que no constituyan decisiones dictadas dentro de la ley, no comprometen a la Administración. Esta, dada la índole de su actividad que es formal, expresa su voluntad (actos) y realiza su actividad general (hechos) con la actuación de los funcionarios u órganos, los que sólo obran válidamente dentro de las normas legales. La actividad jurídica de la Administración se prueba, por principio, con documentos y no con declaraciones verbales.
Instrucción sumaria, delegación de la investigación, situación del imputado, prisión preventiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ROBLEDO, E. s/ INSTRUCCION SUMARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-26

La intervención del Ministerio Público en virtud de lo dispuesto por el art. 353 bis, C.P.P., presupone que, previamente, el juez dicte un auto de mérito donde seleccione el encuadre típico "prima facie" asignable a los hechos y se analice la situación procesal del imputado para concluir que no se reúnen los extremos del art. 312 del citado cuerpo normativo.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOLVEYRA CASARES JUAN RAMON c/ ESTADO NACIONAL ARGENTINO MINISTERIO INTERIOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-30

Aunque el procedimiento que ocasionó el daño hubiese sido arbitrado en función tutelar de personas y bienes, el estado no puede quedar al margen de las consecuencias de una represión errónea, pues aunque se trate de un resultado no querido, elementales razones de solidaridad que el propio ordenamiento civil con sustento en razones de equidad- recepta como fundamento de la reparación de las consecuencias de los actos involuntarios, obligan al estado a responder por los hechos de los funcionarios. (S1 1917,300683)
Admisibilidad formal, recurso extraordinario federal, cuestión federal, interpretación de leyes federales, beneficios para detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Inocencio s/ M° del Interior -art. 3° ley 24.043
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-16

Es formalmente admisible el recurso extraordinario si se encuentra en discusión el alcance e interpretación de normas federales -leyes 24.043 y 24.906- y la decisión es contraria al derecho que la apelante funda en ellas. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Medidas cautelares, acción de amparo, aplicación de la ley, disidencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bottan, Enzo Alejandro y otro c/ Estado Nacional - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-04

El art. 15 de la ley 16.986, con claridad expresa que los recursos que se interpongan contra las sentencias definitivas y las resoluciones que dispongan medidas de no innovar, deben concederse o denegarse en ambos efectos. Comentando el artículo en cuestión, Néstor Sa-gües sostiene: ". ello significa que una medida cautelar autorizada por el juez de primera instancia no puede ejecutarse hasta que sea confirmada por la alzada, si resulta apelada", agregando luego ". tal fue, incuestionable, el propósito del legislador, el que a través del entonces secretario de justicia, puntualizó que la norma se apartaba de los antecedentes obrantes en la materia, y que lo hacía por los riesgos institucionales que un amparo podría provocar al contraponer a distintos poderes del Estado. Debía haber pues, una suerte de respaldo judicial superior a lo resuelto por una juez de primera instancia en el tema, antes de ejecutarse lo decidido respecto de una medida precautoria" (cfr. "Derecho Procesal Constitucional - Acción de amparo", pág. 500; mismo autor, "La inconstitucionalidad de la concesión con efecto suspensivo de la resolución admisoria de una medida cautelar", E.D. 188-554). (Disidencia de la Dra. Dorado).
Contrato de trabajo, cooperativa de trabajo, reintegro del fondo cooperativo
Materia: LABORAL
Carátula: Artaza  María  Eugenia  y  otros c/ Banco Almafuerte CooperativoLtdo. y otro s/ reint. p/ sumas de dinero.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-25

No cabe hacer lugar al reclamo de los actores Contra el Banco Almafuerte Cooperativo Limitado, tendiente a obtener el reintegro del Fondo Cooperativo previsto por el art. 42 inc. 2) de la ley 20.337, toda vez que el acreedor de los excedentes repartibles a los que alude la norma es un ente diferenciado -el Fondo-, que cuenta con una finalidad específica para el grupo colectivo laboral, y no los trabajadores individualmente considerados. No se trata, pues, de una suerte de retributiva participación en las ganancias, y los eventuales incumplimientos en que pudiere haber incurrido la empleadora en relación con sus obligaciones hacia el fondo, no generan una deuda específica a favor de los accionantes. No existe disposición normativa que imponga abonar el crédito a los dependientes, conclusión que en el caso se ve avalada por la contestación de oficio cursada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, donde se informa que "el fondo en cuestión no es distribuible entre los asociados, como si fuera un excedente o retorno, sino que debe utilizarse a los fines previstos al ser constituído".
Bien jurídico protegido, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: Q.T. c/  s/ Guarda Institucional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-11

En aras del interés superior del menor y de la protección y defensa de sus derechos, quedan relegados en una medida razonable los de los mayores, y el proceso despojado de toda consideración ritualista, para tender casi exclusivamente a la satisfacción de aquella meta, aún mucho más resaltada a partir de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño a nuestro texto constitucional por imperio de la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22). (del voto del doctor PETTIGIANI).
Suspensión del trabajador, faltas disciplinarias
Materia: LABORAL
Carátula: ALBARENQUE, OSCAR ANTONIO Y OTROS c/ PINDAPOY S.A. s/ SALARIOS CAIDOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-16

Atento a las facultades de representación conferidas por los artículos 31, inciso a) y 40 de la Ley 23.551, las impugnaciones formuladas en representación de los trabajadores tienen plenos efectos en cuanto se trata de una actividad conservatoria de derechos emergentes de una relación individual de trabajo.
Honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: GORDILLO Walter A. y Otros c/ Municipalidad de Albardon s/ Contencioso Adminsitrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-02-12

La labor profesional desarrollada no es ajena a los rubros que componen la condena porque sin aquella la condena no existiría". El profesional contribuye con su trabajo a que ingrese al patrimonio del cliente un bien económico determinado (los montos de los intereses del crédito), del lucro cesante, el daño moral, el daño emergente, etc.)" por lo que no hay razón para discriminar uno y otro, en cuanto a la base regulatoria.
Juicio de desalojo, intimación de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PETRICH, ANTONIO M. c/ ARRUA, RICARDO J.R. s/ DESALOJO Y COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-05-08

No puede admitirse la posición de los demandados apoyada en las deficiencias de la intimación cuando durante el proceso han sostenido la inexistencia de deuda alguna alegando haber cancelado en su oportunidad el importe mensual de la locación, lo que no pudieron probar en momento alguno. En esas circunstancias no concurre la situación imprevista que la ley pretende evitar en amparo del locatario.
Cuestiones de competencia, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: JUZGADO DE INSTRUCCION MILITAR NRO. 50. s/ INHIBITORIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-20

Los conflictos de competencia deben ser resueltos como cuestión de orden público entre magistrados, con la sola intervención del Procurador General, sin que a los particulares les sea permitido participar del procedimiento ni hacer peticiones vinculadas con la decisión que debe adoptar la Corte Suprema.
Obligaciones, obligaciones pendientes de cumplimiento, obligaciones de dar cantidades de cosas, cosas fungibles, mora, indemnización, monto de la indemnización, pautas
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA, JORGE c/ ARENERA PUERTO NUEVO  SAMCII Y A. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-13

Siendo que en las obligaciones de dar cantidad de cosas fungibles (cciv 2324 y 606), el deudor cumple la prestación entregando la cantidad, especie y calidad estipulada (cciv 607), corresponde que ante el caso de mora, el obligado deba satisfacer el resarcimiento del daño moratorio experimentado por el acreedor, respondiendo por ello conforme con la extensión de este resarcimiento en función de los principios generales, solo por el daño inmediato que acredite, que consiste en las obligaciones señaladas, en el valor de las cantidades impagas, del que se ha visto privado el acreedor, que debe evaluarse al tiempo de la sentencia que fija la indemnización, o al momento posible más próximo a esa época, según lo propicia un sector de la doctrina, aún cuando se trate de un tema opinable.
Sentencia, nulidad de sentencia, audiencia de conciliación laboral, incomparecencia del demandado
Materia: PROCESAL
Carátula: Sánchez de Navarrete, Olga. c/ Hospital Privado de Niños S.R.L. y otros. s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-27

Infringe el art. 73 CPTT, y por ende es nula, la sentencia dictada por la Cámara del Trabajo, que ante la incomparecencia de la parte demandada y de su apoderado a la audiencia de conciliación (art. 69 CPTT), ordena el desglose del escrito de responde y tiene por incontestada la demanda con los efectos de los arts. 58 y 73 CPTT, cuando la convocatoria a la audiencia no contuvo el apercibimiento comprendido en esta última norma.