Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-24


En la ciudad de Trelew, a los 24 días de agosto del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones esta ciudad, bajo la presidencia a cargo del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Edgar María de la Fuente, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "F., A. C. y otro c/ S., M. M. y otra s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 22.100 año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es admisible el recurso de apelación interpuesto a fs. 354 concedido a fs.357?, SEGUNDA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?, TERCERA: ¿Son justos los honorarios regulados al punto 2 de la sentencia de fs. 333/342 y vta. a favor del Dr. V. E. R.? Y CUARTA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 383.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

Si bien el juzgado de la anterior instancia a fs. 357 concedió libremente el recurso de apelación interpuesto a fs. 354, cabe señalar que el recurso de apelación está sujeto a un doble examen: el de admisibilidad y el de fundabilidad. Queda claro, entonces, que el juicio de admisibilidad es previo al de fundabilidad y que la ausencia de cualesquiera de los recaudos de aquella naturaleza, exime al órgano de apelación de emitir opinión sobre el mérito del asunto. En otras palabras, la admisibilidad se antepone al fundamento; de ahí que si el tribunal declara la inadmisibilidad del recurso no debe considerar el fundamento. Desde luego, para ser estimada, la apelación debe ser admisible y fundada (AzpelicuetaTessone, "La Alzada. Poderes y deberes", Librería Editora Platense S.R.L., 1993, págs. 9/10).

Por eso, corresponde a este Tribunal examinar la admisibilidad del recurso de apelación, sin estar obligado ni por la voluntad de las partes ni por la concesión hecha por el juez de grado, por más que se halle consentida (esta Sala, SIC 47/07). Ello así, desde que el recurso de apelación está sujeto a un doble examen: el de admisibilidad y el de fundabilidad, y este último habrá de efectuarse después que se haya verificado la concurrencia del primero. En ese sentido, cabe recordar, que como todo lo vinculado a la competencia de grado es de orden público, no puede desde ningún aspecto obligarse al Tribunal de Alzada a intervenir en un asunto que no le corresponde; y es él, quien en definitiva debe resolver sobre tal cuestión. La Alzada se dice "es juez del recurso" y sólo ella regula la competencia funcional que le concierne, la que surge únicamente de la ley (S.T.J., S.C.A. N° 04/05).

Con tales pautas, debe precisarse que a fs. 354 de esta causa N° 22.100 (Expte. N° 469/2001) luce agregado escrito presentado por los Dres. T. R. y N. M. invocando la participación acordada en autos "C., L. A. c/ S., M. M. y otra s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 470F° 190Año 2001)(el subrayado me pertenece).

Al respecto, compulsadas dichas actuaciones surge que la demanda obrante a fs. 36/40 fue interpuesta por el Dr. R. W. H. en su carácter de mandatario judicial de los Sres. L. A. C. y M. L. B. (p. I, fs. 36), conforme al poder general para juicios que luce en copia a fs. 6/8 y que fuera otorgado a favor de los Dres. R. W. H. y/o S. O. C..

De tal modo, la intervención que le cupo al Dr. T. M. A. R. se limitó al patrocinio letrado de esa parte y así resulta del encabezamiento del escrito inicial de demanda (" . con el patrocinante, Dr. T. M. A. R. .", fs. 36), situación procesal que se mantuvo inalterable a lo largo del pleito a pesar que se presentara dicho profesional posteriormente invocando una "participación acordada" sin especificar el alcance de la misma (fs. 116/vta., 117/vta., 118/vta., 120, 129, 192, y 246).

Nótese que a fs. 131, 137, 141, 226, 236, y 276/277 y vta. se presentaron los actores M. L. B. y L. A. C., por derecho propio, con el patrocinio del Dr. T. R., y que en ese carácter fueron suscriptas las cédulas de notificación de fs. 148/154, 160/161, 166/167, 170, 174/177, 197/200, 222/225, 228/231, y 238/243.

En consecuencia, el citado profesional no tiene la representación legal de los actores B. y C. y por ende carece de facultad para interponer un recurso de apelación respecto de personas que no lo apoderaron a tal fin.

Respecto de la Dra. N. M. debe precisarse que, compulsadas las actuaciones del Expte. N° 470, F° 190, Año 2001, se advierte su presentación exclusivamente como letrada patrocinante de los accionantes en el escrito de fs. 206.

La única salvedad que cabe realizar carente de relevancia procesal pues se refiere a otras personas es que en estos autos (Expte. N° 469, F° 115, Año 2001) los Sres. A. C. F. y M. C. A., actuando en nombre y en representación del hijo de ambos menor R. M. F., otorgaron poder especial a favor los Dres. T. M. R. y/o N. E. M. (fs. 222/223).

En síntesis, los Dres. T. M. A. R. y N. E. M. carecen de representación procesal para actuar en nombre de los accionantes L. A. C. y M. L. B., por lo que se encuentra ausente el recaudo subjetivo de admisibilidad del recurso de apelación referido a la necesidad de que el recurrente goce de personería.

Debido a que los requisitos de admisibilidad que nos ocupan son los que permiten coronar el proceso con una sentencia en el mérito, es evidente que no sólo deben estar reunidos en el comienzo, sino, además, en el momento culminante del proceso. De manera que la inadvertencia inicial del órgano y de las partes, o la desaparición de alguno de ellos durante el curso del procedimiento de primera instancia, podrá ponerse de resalto en el trámite de la apelación, gozando la Alzada de potestad para observar ex officio la concurrencia de los requisitos de admisibilidad (AzpelicuetaTessone, ob. cit., pág. 40).

Y quien no ha acreditado la personería invocada no puede interponer un recurso en representación de una de las partes. Para interponer los recursos que autoriza el ordenamiento procesal aflora como primer requisito subjetivo de admisibilidad, que se tenga legitimación procesal suficiente, y esa calidad la ostentan como regla general quienes revisten la condición de partes o de representantes voluntarios o necesarios de éstas (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense AbeledoPerrot, 1988, T. III, págs. 118/119 y 143, y cita de pronunciamientos).

Por las razones vertidas, propicio al Acuerdo declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto a fs. 354 ante la ausencia del requisito subjetivo referido a la personería invocada, y en consecuencia mal concedido a fs. 357 dicho recurso.

Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo:

Esta primera cuestión se halla referida a la circunstancia puntual a tratar, a los efectos de dilucidar si es que resulta admisible el recurso de apelación deducido a fs. 354 y concedido libremente a fs. 357.

He de principiar por expresar que sin perjuicio del recurso apelatorio señalado, y que los profesionales presentantes lo hacen por la participación acordada en autos "C., L. A. c/ S., M. M. y Otra s/ Daños y Perjuicios", Expdte. N° 470 F° 190 Año 2001, resulta cierto que es competencia de la Alzada resolver sobre la admisibilidad del recurso con el aditamento de que su pleno ejercicio no se halla limitado como corolario de lo actuado en la anterior instancia, aún cuando esta última actuación se encuentre consentida por los interesados (conf., De Santo, V., "Tratado de los Recursos", Ed. Universidad, año 1999, T. I, p. 388 y sgts.; idem, CNCiv., Sala D, LL, 1984 B 142, entre otros).

Como muy bien ha sido ya destacado en el voto antecedente, el recurso de apelación se halla sometido a dos momentos claramente distinguibles, configurados por la admisibilidad y la procedencia (fundabilidad o mérito).

En este contexto cabe recordar que existen divergencias doctrinarias en cuanto a la importancia práctica que pudiera revestir tal distinción, por cuanto algunos entienden que no existe una apreciable disimilitud entre el rechazo en el mérito (por improcedencia) y la absolución de la instancia (por inadmisibilidad), ya que en ambos casos se produce el mismo efecto (Calamandrei); mientras que otros autores le han concedido alguna trascendencia (Betti, Chiovenda), y si bien el primero de los juristas está haciendo referencia al recurso de casación , sus conceptos resultan válidos para todo el sistema impugnativo, (v. Calamandrei, Piero, "La Casación Civil", Bs. As., año 1959, p. 116; idem, Chiovenda, José, "Instituciones de Derecho Procesal Civil", Madrid, año 1954, T.II, p. 622).

Así, con respecto a los requisitos de "admisibilidad" del recurso de apelación, los autores coinciden en que los mismos están constituidos por: a) resolución apelable; b) legitimación; c) gravamen; d) deducción oportuna; e) motivación y f) cumplimiento de las formalidades.

Para concluir el esquema jurídico de lo antedicho, y más allá que los doctrinarios diferencien con mayor o menor intensidad la aludida distinción de los requisitos que posibilitan el recurso de apelación, uno de los recaudos pertinentes, y tal como se viene de decir, se halla constituido por la necesaria y obligada legitimación de las partes apelantes, que habiliten la viabilidad del recurso por parte del tribunal de Alzada.

Y por supuesto, que para que esto tenga lugar por el tribunal revisor, resulta imprescindible que se encuentren cumplidos todos los requisitos ya enumerados.

Aquí es, precisamente, adonde se presenta el principal escollo que permita el tratamiento de la queja interpuesta, y ello a la luz de los elementos fácticos que surgen de la causa bajo examen.

En efecto, cabe ponderar que del análisis de la actuaciones contenidas en los referenciados autos caratulados "C., L. A. c/ S., M. M. y Otra s/ Daños y Perjuicios", es dable advertir que en el mismo el Dr. T. M. A. R., actuó como profesional patrocinante del actor, manteniendo esta calidad a lo largo del proceso.

A su vez, del citado expediente 470/2001 la Dra. N. M. se presentó a fs. 206 exclusivamente como letrada patrocinante.

Por el otro lado, en las presentes actuaciones los actores, en nombre y representación del hijo menor, R. M. F., otorgaron poder especial a los Dres. T. M. A. R. y/o N. M. para que los represente en este proceso (v. fs. 222/223).

Planteadas así las distintas situaciones procesales que se han establecido, a mi leal saber y entender, no cabe duda que atendiendo al carácter de letrados patrocinantes que los Dres. T. M. A. R. y N. M. detentaran en los aludidos autos "C., L. A. c/ S., M. M. y Otra s/ Daños y Perjuicios" (Expdte. N° 470 F° 190 Año 2001), carecen de la personería suficiente para deducir el recurso de apelación intentado a fs. 354.

Ello así, por cuanto el primer requisito subjetivo de admisibilidad para interponer los recursos autorizados por el ordenamiento adjetivo es la legitimación procesal suficiente, que se encuentra reservada, como regla general, a quienes revisten condición de parte en el proceso. Y si los recursos fueron deducidos exclusivamente por el patrocinante y no apoderado, obviamente no tenía legitimación para ello (conf., CNCiv., Sala A, LL, 1993A 589; idem, Civil y Com. San Francisco, LLC, 1989 66; idem, DJLL, año 1996, T. XII, p. 43 y sgts.).

Por tales motivos, corresponde declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto a fs. 354, y mal concedido a fs. 357, habiendo devenido firme la sentencia con respecto a los actores de los invocados autos, en todos aquellos agravios expresados en el escrito apelatorio desestimado.

A esta primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Vergara dijo: 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por los actores A. C. F. y M. A. a fs. 355 por medio de sus apoderados, que fuera concedido libremente a fs. 357, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 333/342 vta. que rechazó la demanda por daños y perjuicios instaurada por A. C. F. y M. A., por si y en representación de su hijo R. M. F., contra R. R. y COMPAÑIA DE SEGUROS L. M. A. S.A., con imposición de costas a los actores vencidos, las que incluyen también las provenientes del desistimiento de la acción y del derecho respecto de los demandados M. S., E. I., y S. C. SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES, y asimismo rechazó la demanda promovida por L. A. C. y M. B. contra los mismos demandados, con costas a estos actores vencidos.

Los agravios de la actora lucen a fs. 374/377, el traslado conferido a fs. 378 fue evacuado por su contraria a fs. 379/381, y señala básicamente la apelante que se agravia de la sentencia en cuanto rechaza la demanda promovida por los progenitores de M. F. y ratificada por éste contra R. R. y la Compañía L. M. A. ya que exculpa al Sr. R., propietario del camión M. B., por no resultar hecho controvertido que ese vehículo se encontraba estacionado sobre la Avda. Irigoyen a metros de su establecimiento comercial, con cita de la Ordenanza 912/94 que prohíbe la circulación y estacionamiento de vehículos con una tara superior a 4.000 y 6.000 kgs. en determinado radio de la ciudad pero admite la carga y descarga en esos lugares dentro de determinados horarios por exclusión, argumento de R. para sostener que podía estacionar en el lugar. Entiende que si está prohibido circular y estacionar, tampoco esos vehículos pueden hacer carga y descarga a ninguna hora. La prescripción del art. 3 de la citada ordenanza respecto de la prohibición de operaciones de carga y descarga en esas áreas restringidas en los horarios de 10:30 a 13 hs. y de 18:30 a 22 horas, para todos los vehículos cualquiera sea su porte o tara, lleva a la magistrada a concluir con la inadmisible consecuencia de que pueden efectuar cargas y descargas, una auténtica contradicción. Insiste el a quo en el razonamiento incorrecto al expresar "Hago referencia al estacionamiento antirreglamentario pues en los informes municipales se hace referencia estricta a la prohibición de circular camiones de esas taras sin aludir a la factibilidad que de ello pueda efectuarse las tareas de carga y descarga (lo que obviamente exige la circulación y estacionamiento, que alude R.)". En ese párrafo el a quo consuma su desacertada interpretación aún en contra de los informes municipales, que aluden correctamente a la prohibición absoluta.

Esta argumentación basada en una interpretación errónea resulta en cierta manera insusceptible de modificar la situación del camión mal estacionado, toda vez que el accidente se produjo conforme al acta policial a las 4 hs. de la madrugada. Alude al razonamiento seguido por la magistrada en el último párrafo de fs. 340 y estima que cuesta un gran esfuerzo mental compartirlo en lo más mínimo. Ignora que en un lugar prohibido nunca puede estar estacionado un vehículo, y si ello ocurre impide la normal circulación vehicular siendo relativa la situación ocupacional cerca o lejos de la vereda. Sostener como dice el acta policial que un vehículo se encuentra "bien estacionado" por encontrase junto al cordón de la vereda en un lugar prohibido constituye una auténtico dislate. Transcribe la parte final del último párrafo de fs. 340 y el primer párrafo de fs. 340 vta. y manifiesta que el concepto vertido y las citas jurisprudenciales efectuadas por el sentenciante en vano quieren destruir el nexo causal existente entre el choque del camión embestido en un lugar prohibido. Resulta obvio que la infracción por mal estacionamiento que "mienta" (sic) el a quo, se refiere a un lugar prohibido, como es frente a un banco, un hotel, un establecimiento educativo, cualquier edificio público o cualquier prohibición particular sostenida por el Municipio pertinente. Ello significa que si un vehículo dentro de una fila común pero en un área prohibida se encuentra estacionado, no concurre ni es causa eficiente de un accidente que pudiera provocar otro automotor por esa situación. Sólo a ello se refieren las citas jurisprudenciales, las que no pueden ser aplicables al presente caso. Contrariamente a lo sostenido, la presencia de un vehículo en una avenida donde se prohíbe su estacionamiento concurre con la responsabilidad pertinente a reparar el daño que su ilegítima estada conlleva. En este caso, en las circunstancias particulares de lluvia, oscuridad, el camión estacionado a las 4 hs. de la mañana, sin balizamiento alguno, o señalización en ese lugar prohibido, fue causa eficiente. O mejor, como ocurrió al evento dañoso, sin que atempere el mismo, la actitud del conductor embistente. Corrobora esto el relato obrante a fs. 355 de la sentencia. El sólo hecho de que la jueza lo toma como agravante que no hubo frenada es todo lo contrario, significa que el conductor no vio el camión de gran porte. La pericia describe los daños producidos en ambos vehículos. Lado derecho el del embistente y parte trasera izquierda el del camión. Lo que hace suponer que aún cuando la imprudencia del conductor es causa en parte del evento, sino hubiese estado el camión en ese lugar, a oscuras, sin balizas, es fácil suponer que el accidente no hubiese ocurrido. La exculpación que hace el a quo al demandado R. no tiene fundamento. Transcribe la parte pertinente de un fallo que, con referencia al estacionamiento de un vehículo automotor de gran porte, señala que configura de por sí una situación de peligro dado que obstaculiza la normal circulación por la vía pública, y que se agrava por ocurrir el evento dañoso en horas de la noche y en invierno. La relación causal, aun cuando, se trataré de un camión detenido, no lo puede liberar de una intervención causal de la cosa, y por ello debe concurrir al resarcimiento. Lo que se reclama y se reclamó en primera instancia era la concurrencia del co responsable del evento dañoso en la proporción que fije el fallo. Por ese motivo se siguió la acción contra el propietario del camión y su aseguradora. Peticiona se revoque la sentencia en cuanto rechaza la demanda contra R. R. y L. M. A., haciendo lugar a la demanda promovida en el expediente principal y en el acumulado N° 470, año 2001.

A su turno, la citada en garantía en su escrito de contestación señala que el primer agravio no está especificado expresamente pues se limita a enunciar dichos de la sentenciante, de los que resulta que el estacionamiento del camión era antirreglamentario, tal como lo sostiene el aquo en su decisorio. Por no constituir una crítica concreta y razonada debe aplicarse el art. 266 del C.P.C.C. El segundo agravio tiene como premisa una afirmación falaz, pues se da por cierto que el camión estaba "bien estacionado" desde el punto de vista reglamentario cuando en realidad no es así. Resulta de toda evidencia que el aquo al tomar como referencia el acta policial que consigna que el móvil estaba "perfectamente estacionado" lo hace en el sentido que estaba sobre la derecha y junto a la acera, sin entorpecer la marcha de los rodados por la avenida, y sostiene que ello no fue causa adecuada para la producción del evento, poniendo el énfasis para adjudicar la responsabilidad del conductor del automotor que colisiona al camión en que conducía a 77 Km/h, no se detectaron huellas de frenada, condiciones ambientales de lluvia en plena madrugada invernal, comprobada ingesta alcohólica del joven, testimonial de D. a fs. 277.

Todos estos factores llevaron al accidente. Con relación a la adquisición de la prueba y a la relevancia otorgada a la misma por el juzgador, con cita de doctrina hace referencia a las constancias del sumario penal agregado y a las actuaciones realizadas por los funcionarios de la Policía Federal. La causa penal ha sido ofrecida como prueba por todas las partes, incluido el apelante, razón por la cual todas las constancias tienen relevancia determinante, y de ellas resulta la responsabilidad exclusiva y excluyente del conductor del automotor donde transitaban los menores. Por otra parte, como bien lo señala el Juez aquo, el estacionamiento antirreglamentario de ninguna manera resulta idóneo a los fines de la atribución de la responsabilidad, sea parcial o total. No implica per se responsabilidad. Ello no anula la obligación de mantener el dominio del rodado ni entorpece la debida atención que debe ponerse. En conclusión no existe causalidad adecuada entre la infracción cometida por estacionamiento antirreglamentario y el resultado dañoso, habiendo aportado todos los elementos para la producción del evento, un tercero (S.) por el cual R. y la aseguradora no deben responder. Solicita se confirme la sentencia, con costas. Hace presente que la eventual revocación de la sentencia alcanzará únicamente a los autos caratulados "F. c/ S.", pues el decisorio no ha sido motivo de apelación y agravios por los accionantes en los autos "C. c/ S.", quienes han consentido la sentencia. Se está ante un supuesto de acumulación subjetiva, por lo que el litisconsorcio resulta voluntario, difiriendo la situación de manera determinante con el caso de litisconsorcio necesario en donde el hecho de que uno de los litisconsortes apele basta para que pueda llegar a beneficiar a todos los litisconsortes.

2. En atención al pedido formulado en la última parte del punto III.2. de fs. 377 cabe señalar que en la presente causa se configura un supuesto de acumulación subjetiva que origina un litisconsorcio facultativo, motivo por el cual aun en el supuesto que se revocara la sentencia de la anterior instancia ello no favorecería a aquella parte que no recurrió la misma.

La acumulación subjetiva de pretensiones da origen al litisconsorcio facultativo, y en caso de que uno solo de los litisconsortes recurra la sentencia, la revocatoria por el tribunal de alzada no beneficiará a los demás, aunque las pretensiones acumuladas se hayan originado en una misma relación sustancial. Quien consintió la sentencia se somete a la decisión judicial y debe cumplir el mandato, aunque otro tribunal decida que aquélla es injusta (AraziRojas, "Código Procesal .", RubinzalCulzoni Editores, 2001, T. I, par. 4 y 8, págs. 349 y 351).

Dicho de otro modo, en la acumulación subjetiva, los litigantes mantienen autonomía, de modo que deben ser considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes distintos y los actos de uno no aprovechan ni perjudican a los demás (Falcón, Enrique M., "Código Procesal .", AbeledoPerrot, 1982, T. I, par. 88.9.4., pág. 498).

Por tales razones, la declaración de inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto a fs. 354 lleva a desestimar la pretensión de la parte actora contenida en el petitorio en cuanto solicita se haga lugar a la demanda promovida en el expediente acumulado "C., L. A. c/ S., M. y otra s/ Daños y Perjuicios" (p. III. 2, fs. 377).

3. También cabe señalar que el fallo de primera instancia se encuentra firme respecto del Sr. R. M. F. pues ese actor no dedujo recurso de apelación contra dicha sentencia y su inactividad procesal no quedó suplida por la intervención de los apoderados de sus progenitores, conforme a los fundamentos que seguidamente se exponen.

En tal sentido, la demanda fue promovida por apoderado judicial de los Sres. A. C. F. y M. A., actuando por sí y en representación de su hijo menor R. M. (no M. R. como se indica al p. I, fs. 33), nacido el 11 de abril de 1983 (fotocopia del certificado de nacimiento, fs. 10).

Y esa representación necesaria de los padres (art. 57, inciso 2°, del Código Civil) cesó por la mayoría de edad adquirida el día en que cumplió 21 años, esto es, el 11 de abril de 2004, ya que el fundamental efecto que se produce es la cesación de la incapacidad de hecho y la adquisición de la plena capacidad civil del sujeto (arts. 128 y 129 del citado ordenamiento).

El precepto legal faculta al menor para estar en juicio civil o penal. Al poder actuar por sí mismo, debe entenderse que no existe inconveniente alguno para que el menor se haga representar por terceros, otorgando los correspondientes poderes. La edad de mayoría opera automáticamente, sin necesidad de que medie un pronunciamiento judicial al respecto, borrando la incapacidad de hecho del sujeto, que queda habilitado para todos los actos de la vida civil (Llambías, Jorge Joaquín, "Código Civil Anotado", AbeledoPerrot, 1987, T. I, págs. 279/280).

En tales condiciones, el poder especial obrante a fs. 222/223 otorgado por sus progenitores el 3 de abril de 2003 (con anterioridad a que alcanzara la mayoría de edad el menor) a favor de los Dres. T. M. A. R. y/o N. E. M. no puede ser invocado en representación del hoy mayor de edad, pues es causal de cesación de la representación de los apoderados el haber cesado la personalidad con que litigaba el poderdante (art. 53, inciso 3°, del C.P.C.C.).

El inciso contempla la hipótesis de que el mandante haya conferido el poder en su calidad de representante necesario de otra persona y que haya cesado el motivo de esa representación. Tal lo que ocurriría, por ejemplo, en el caso de cesación de tutela por haber llegado el pupilo a la mayoría de edad (Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", AbeledoPerrot, 1970, T. III, pág. 91; en el mismo sentido Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal", EDIAR, 2da. ed., 1956, T. I, pág. 520).

En ese mismo direccionamiento, dado que la mayoría de edad cesa la incapacidad del menor, ésta produce la caducidad de la personalidad con que su madre otorgó el mandato y la cesación automática de la representación otorgada al mandatario (Capel. San Nicolás, junio 14960, La Ley 102316).

Máxime cuando en el caso de autos al alcanzar la mayoría de edad compareció el Sr. R. M: F. por derecho propio y constituyó domicilio.

Así, por haber cesado la representación necesaria que ejercían sus padres al alcanzar la mayoría de edad también cesó la representación de los apoderados, motivo por el cual el juzgador a fs. 300 lo citó a fin que tome la intervención que le corresponda en estas actuaciones.

De tal modo, a fs. 311 compareció por derecho propio, denunció domicilio real y constituyó domicilio, y a fs. 312 se lo tuvo por parte, llamándose autos para sentencia.

Por ello, desde que los apoderados judiciales de los actores no tienen la representación procesal del Sr. R. M. F., no quedó notificada dicha persona del fallo de primera instancia con la notificación cursada a sus padres a fs. 343, lo que llevó a que el tribunal a fs. 365 hiciera saber que no estaba notificado de la sentencia recaída en autos.

Esa providencia ocasionó que se le cursara la cédula de notificación de fs. 366, y a pesar de haber quedado notificado de a sentencia de primera instancia no apeló el fallo.

En consecuencia, la falta de apelación del coactor R. M. F. impide atender a los agravios que formulara con el escrito de fs. 374/377, toda vez que en el litisconsorcio facultativo los recursos interpuestos por uno de los litisconsortes no benefician a los restantes (Palacio, obra y tomo citado, pág. 224).

Interesa destacar, todavía, que en los procesos con partes múltiples, en virtud del principio de personalidad de la apelación, sólo son atendibles los agravios de los sujetos que hubiesen apelado. El litisconsorte que no interpuso recurso no interviene en el procedimiento de segunda instancia y, por tanto, le está vedado expresar agravios o presentar memorial. Paralelamente, la sentencia de Alzada sólo tiene efectos personales, es decir, respecto del sujeto procesal que recurrió. Los límites subjetivos del fallo ahí se detienen, estando vedado extenderlos a los litisconsortes que consintieron el pronunciamiento de primera instancia (AzpelicuetaTessone, ob. cit., pág. 166).

El recurso debe abrirse respecto a cada litisconsorte. Así, si el proceso es fallado en contra de los litisconsortes, y alguno de éstos no apela, aunque la sentencia definitiva sea revocatoria, carecería de efectos a favor de quienes la dejaron consentir (Podetti, "Tratado de la tercería", EDIAR, 2da. ed., 1971, T. III, n° 69, pág. 378).

Así, la falta de interposición del recurso de apelación por el coactor R. M. F. impide ingresar en los agravios que formulara ese litisconsorte pues a su respecto no se 5. En atención a los alcances expuestos al punto 3 que antecede ingresaré al tratamiento de la queja vertida por los actores A. C. F. y M. A. en lo que respecta al derecho propio invocado al demandar.

Así, luego de transcribir los dos primeros párrafos del considerando IV que lucen a fs. 340 y el segundo párrafo de fs. 340 vta. los apelantes en su primer agravio estiman que la argumentación del a quo se basó en una desacertada interpretación ya que el camión de propiedad del codemandado R. se encontraba mal estacionado.

Al respecto, advierto que el fallo en crisis contiene cierto grado de imprecisión sobre la cuestión toda vez que al finalizar el segundo párrafo del considerando IV alude al argumento de R. para sostener que podía estacionar en el lugar, y a renglón seguido con referencia al acta policial obrante a fs. 1/3 de la causa penal N° 1044, año 2001 expresa que el camión se encontraba "perfectamente estacionado" (fs. 340).

Y a pesar de tales consideraciones, lo cierto es que la Sra. Juez de la anterior instancia tuvo por mal estacionado a ese vehículo de carga ya que concluyó en que: Resulta pertinente entonces, determinar si el estacionamiento antirreglamentario configuró la relación adecuada entre el hecho imputado y el daño . (el subrayado me pertenece).

En consecuencia, en este aspecto referido al indebido estacionamiento del camión no hay agravio que atender pues en definitiva así lo consideró el juzgador.

Y en el análisis de la relación de causalidad no concuerdo con la citada en garantía en cuanto pretende postular con un alcance absoluto a fs. 380 que "el estacionamiento antirreglamentario de ninguna manera resulta idóneo a los fines de la atribución de la responsabilidad, ya sea parcial o total".

Por lo demás, en sentido contrario a las citas jurisprudenciales que realiza se sostiene que el accidente producido por un choque contra un vehículo mal estacionado casi siempre deberá ser atribuido a culpa de ambos conductores (Brebbia, Roberto H., "Problemática jurídica de los automotores", Astrea, 1982, T. 1, pág. 191, y cita de fallos en nota n° 89).

Y frente a esas posiciones extremas se señala que si bien es cierto que las infracciones a las leyes de tránsito no implican, de por sí, la culpa del infractor, constituyen una fuente de presunción en su contra, cuando analizada la conducta según las reglas del Código, se concluye en su incorrección. Y aun cuando se atempere esta presunción también debe considerarse que si bien no toda infracción a las reglamentaciones de tránsito genera una presunción de culpa, ello no puede conducir a considerar que tales normas constituyen letra muerta o que sólo sirven como material para el otorgamiento de la licencia de conductor. De modo que tales reglas jurídicas deben ser valoradas juntamente con otras circunstancias emanadas de la mecánica del hecho (conf. López Mesa, Marcelo J., "Responsabilidad civil por accidentes de automotores", RubinzalCulzoni Editores, 2005, págs. 484/485, y citas de pronunciamientos, notas nros. 94 y 96) (el subrayado me pertenece).

Por eso, con acierto se considera que en realidad lo que está en juego en este supuesto no es tanto la virtual infracción a la norma de tránsito, sino la imprudencia del conductor que al dejar mal estacionado el vehículo crea una situación de riesgo para quienes circulan por la misma mano (RepresasLópez Mesa, "Tratado de la Responsabilidad Civil", La Ley, 2004, T. III, pág. 803).

De tal modo, estimo que no debe descartarse el estacionamiento antirreglamentario del camión toda vez que debe ser ponderado con las restantes circunstancias que resultan de la mecánica del accidente a fin de determinar en el caso concreto el alcance que puede atribuirse a esa situación de riesgo generada por esa infracción a las reglas de tránsito.

Desde esta perspectiva, para que el hecho, en este caso de un tercero, exonere en cualquier medida al autor material del hecho generador del perjuicio, o al dueño de la cosa causante del daño, debe tener relación de causalidad adecuada con dichos efectos dañosos (Salas Trigo Represas López Mesa, "Código Civil .", Depalma, 1999, T. IVA, pág. 601).

Sobre el particular, tenemos que recordar que examinando la cuestión a través del prisma de la "causalidad adecuada" (art. 906, Cód. Civil), para establecer en el plano jurídico si un suceso es causa de otro, es necesario realizar ex post facto un juicio o diagnóstico de probabilidad en abstracto, inquiriendo si la acción u omisión que se juzga era de suyo idónea para producir normalmente ese evento, según el curso ordinario de las cosas (Goldenberg, "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", La Ley, 2da. ed., 2000, par. 66, pág. 175).

En síntesis, se puede afirmar pues, que el vigente artículo 906 receptó la doctrina de la "causación adecuada". Siguiendo esos lineamientos, nuestra jurisprudencia tiene resuelto que es "adecuada" la conexión causal que vincula un hecho antecedente a uno consecuente, cuando el primero tiene virtualidad para producir normalmente al segundo, de acuerdo al curso natural y ordinario de las cosas; y que por el contrario no lo es: cuando la acción debe considerarse indiferente, según la experiencia de la vida, para la producción del daño (Cazeaux Trigo Represas, "Derecho La teoría de la causa adecuada, recogida por el texto actual del art. 906, Cod. Civ., distingue entre "causa" que es el antecedente, que, según el curso natural y ordinario de las cosas, es idóneo para producir el resultado, y "condición", que son los demás antecedentes o factores de ese resultado ( Salas Trigo Represas López Mesa, ob. cit., T. IVA, pág. 389).

En tal sentido, ninguna incidencia tuvo la conducta del propietario del camión al dejar dicho vehículo mal estacionado por no ser causa adecuada para que el accidente se produjera. Esa falla a las reglas de tránsito no fue en el presente caso la "causa adecuada".

} Es que, en el curso natural y ordinario de las cosas la causa adecuada fueron los siguientes hechos, a saber: a) el vehículo conducido por M. E. S. se desplazaba a una velocidad de circulación de 77 km/h., sin consignarse ninguna huella de frenada (pericia accidentológica, fs. 51 y 49, respectivamente, de la causa penal N° 1044, año 2001); b) el conductor se encontraba en estado de ebriedad ya que el dosaje de alcohol en sangre tomado a las 9 hs. (transcurridas más de 4 horas del accidente) arrojó como resultado 0,58 g/l (fs. 26 del citado expte. penal); c) la colisión "que sucedió a las 04,30 horas de la madrugada, en día lluvioso ."; y d) en particular por cuanto esa persona reconoció respecto del camión ". que no lo vio jamás", y ello ya que ". tanto S. como sus acompañantes recuerdan que los cristales estaban empañados ." (considerando de la sentencia penal, fs. 157) (el subrayado me pertenece).

Esa fue la causa adecuada del daño al potenciar el riesgo de la cosa por la excesiva velocidad del rodado, sumado a las adversas condiciones climáticas (lluvia y en horas de la madrugada de un día de invierno), el estado de ebriedad del conductor, y la particular circunstancia de no haber visto el camión ya que los cristales del automóvil se encontraban empañados, todo lo cual le impidió de modo absoluto conservar el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito, tal como lo exige el art. 39, inciso b, de la ley 24.449 a la que adhiriera la Municipalidad de Puerto Madryn (art. 1 de la ordenanza N° 1177/95).

Y toda vez que hay que distinguir entre la causa que produce el efecto, y la condición que no la produce por sí, aunque de alguna manera lo permite o descarta (Alterini, Atilio, "Responsabilidad Civil", AbeledoPerrot, 1972, pág. 138), el estacionamiento antirreglamentario del camión no fue causa adecuada en la producción del evento, no tuvo relación causal relevante con el hecho productor, ya que introdujo una mera condición.

Con palabras de Compagnucci de Caso se trata "de una condición que no concurre a la producción del resultado" (argumento "a contrario", aut. cit., "Responsabilidad civil y relación de causalidad", p. 53) (del voto del Dr. Galdós, C. Civ. y Com. Azul, sala 2a., 11/06/96, "A., M. I. y otro v. P., S. D.", J. A. 1997II, 183).

Así, el actuar del codemandado R. al estacionar en forma antirreglamentaria el camión es una mera condición que no alcanza la entidad de causa adecuada autónoma, ya que ella devino irrelevante en el encadenamiento de todos sus eslabones que estructuraron el efecto final. Ha dicho la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se expresa en el fallo que "el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquél". El Alto Tribunal recoge en ese pronunciamiento el concepto de normalidad que supone que el efecto es resultado de un acontecimiento que ordinariamente era pronosticable, vale decir, de esperar (Goldenberg, "El principio de causalidad adecuada en un esclarecedor fallo", J.A. 1997II, 190).

Hay conexión causal entre un acto y un resultado, cuando ese acto ha contribuido de hecho a producir un resultado, y además debía normalmente producirlo, conforme al orden natural y ordinario de las cosas (art. 901). A la inversa, no hay conexión causal cuando la acción debe considerarse indiferente según la experiencia de la vida, para la producción del daño; o bien, cuando el acto, aunque factor esencial del resultado, solamente lo ha producido por la intervención de circunstancias extraordinarias e imprevisibles (Orgaz, Alfredo, "El daño resarcible", Bibliográfica Omeba, 1980, págs. 87/88).

En consecuencia, el mal estacionamiento del camión es una mera condición que fue irrelevante por no concurrir a la producción del resultado ya que la excesiva velocidad del automotor en condiciones climáticas adversas, estado de ebriedad del conductor y falta total de visibilidad por tener los vidrios empañados no fue un acontecimiento que "ordinariamente" era pronosticable según el curso ordinario de las cosas, por lo que debe desestimarse el agravio.

4. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios por los actores A. C. F. y M. A., con costas de Alzada a los apelantes vencidos, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

Atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arroja los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, considero prudente establecer los emolumentos del Dr. T. R., letrado apoderado de los actores F. y A., y de los Dres. R. J. L. y A. A. F., en conjunto, letrados patrocinante y apoderado de la citada en garantía, en las sumas porcentuales equivalentes al 2,45% y 4,62% del monto del proceso establecido en la anterior instancia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.

Finalizo el tratamiento y a esta segunda cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente expresó:

I. Vienen a esta Alzada las presentes actuaciones con motivo del recurso de apelación deducido a fs. 355 por la parte actora, Sres. A. C. F. y M. A., concedido que fuera a fs. 357, contra el pronunciamiento de primera instancia que corre a fs. 333/342 vta., por la cual se rechazó la demanda por daños y perjuicios que promovieran los actores y en representación de su hijo menor R. M. F. en contra del Sr. R. R. y Compañía de S. L. M. A. S.A., con imposición de costas a los demandantes perdidosos, las que asimismo incluyen las correspondientes al desistimiento de la acción y del derecho con relación a los demandados M. S., E. I. y S. C. Sociedad Mutual de Seguros Generales, y rechazando también la acción instaurada por L. A. C. y M. B. contra dichos demandados, con costas a estos actores.

A fs. 374/377 se halla agregada la expresión de agravios de los accionantes, y conferido el traslado pertinente a fs. 378, el mismo es respondido por la contraria en el escrito que luce a fs. 379/381.

La descripción de las quejas vertidas por los actores, como así también de la respuesta que las mismas merecieran de la contraparte, ya han sido adecuada y suficientemente explicitadas por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, motivo por el cual y en homenaje a los principios de economía procesal, omitiré su reiteración, siguiendo en el tratamiento de las cuestiones a resolver, y en la medida que lo estime oportuno y conveniente, el mismo orden de consideración ya perfilado por mi colega preopinante, a fin de dotar de una mejor claridad expositiva a la sentencia a dictar.

II. En el contexto señalado, y previo al estudio de la cuestión de fondo planteada por la parte actora apelante, será necesario expedirse sobre aspectos procesales que resultan preliminares, y que a continuación expongo.

II.a.1) El primero de ellos tiene relación con el pedido formulado por la contraria, en el sentido que la eventual revocación de la sentencia alcanzará únicamente al proceso que tramita en el expediente caratulado "F., A.C. c/ S., M.", en razón que el fallo de la anterior instancia no ha sido apelado por los demandantes de los autos "C., L. c/ S., M.", ya que se está en presencia de una acumulación subjetiva de acciones, que configura un litisconsorcio voluntario, razón por la cual el resultado del pronunciamiento alcanza sólo a aquellos que apelaron el fallo precedente, pero no a quienes lo consintieron.

Y efectivamente, esto es así, por cuanto el litisconsorcio facultativo se caracteriza por el hecho de responder a la libre y espontánea voluntad de las partes que intervienen en el proceso. Por lo tanto no viene impuesto por la ley o la naturaleza de la situación jurídica controvertida, sino que se encuentra autorizada por razones de economía procesal y de certeza en la aplicación del derecho jurisdiccional o el pronunciamiento de sententencias contradictorias (conf., entre otros, CNCiv., Sala G, in re "C., T. y Otro c/ P., N., Suc.", DJ, 986II225).

Es por ello que en estos supuestos los actos de cada litisconsorte son independientes en sus efectos respecto de los restantes, y como regla, media una independencia en la situación de cada partícipe, por lo que en el caso como el de autos, en que uno sólo de los accionados ha apelado la sentencia, el recurso deducido y la consecuente revocación del pronunciamiento recurrido que decide el Tribunal no beneficia al litisconsorte que lo consintió, dado que en esta circunstancia, los recursos interpuestos por alguno de litisconsortes no benefician, y/o perjudican, a los demás.

Por los argumentos precedentes, y en virtud de la inadmisibilidad del recurso decidida al resolver la primera cuestión, corresponde la desestimación de la pretensión postulada por la parte actora, en cuanto peticiona se haga lugar a la acción promovida en los referenciados autos "C., L. A. c/ S., M." (v. fs. 377, Punto III, 2) de la expresión de agravios).

II.a.2) El otro aspecto de ineludible tratamiento previo, está referido a la situación que asume el coactor R. M. F., con relación a la posición en que se ubica en la presente instancia recursiva aquí en trato.

Así, de la atenta lectura del escrito promocional de fs. 33/35 se desprende que la presente demanda fue promovida por los Sres. A. C. F. y M. A., por sí, y en representación de su hijo menor R. M. F..

Desde esta posición cabe advertir que al momento de interponerse la acción de daños y perjuicios que aquí se examina, el menor indicado contaba con diecinueve años de edad, motivo por el cual, y en virtud de los requisitos que emanan del artículo 57, inc. 2, del Código Civil, en estos casos los padres asumen la representación necesaria del menor.

Y esta representación cesa ipso jure (por la misma ley), en el preciso momento en que el menor alcanza la mayoría de edad, o sea a los veintiún años, según lo impone el artículo 128, primera parte del citado código sustancial.

Esto así, por cuanto la situación jurídica del menor en su calidad de tal concluye automáticamente el día en que llega a la mayoría de edad, no requiriéndose pronunciamiento judicial alguno para la asunción de su nuevo estado jurídico, alcanzando entonces, en plenitud, la totalidad de los derechos y obligaciones que el ordenamiento jurídico vigente ha establecido para las personas mayores.

En tal contexto, y desde el punto de vista procesal, el artículo 53 del código de rito, al hablar de la cesación de la representación, en su inciso 3°, indica como causal ". por haber cesado la personalidad con que litigaba el poderdante".

Y entiendo que aquí se plantea dicho supuesto.

Siguiendo la hilación planteada, es preciso señalar que el joven R. M. F. cumplió los veintiún años el día 11 de Abril de 2004, asumiendo a partir de dicha fecha, tal como se viene de decir, la integralidad de los derechos y obligaciones de las personas mayores, y en consecuencia el mandato otorgado con anterioridad a dicha fecha por los padres, haciendo uso de la representación legal necesaria ya invocada, caducó irrevocablemente dicho día.

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que citado a fs. 300 a tomar intervención en el juicio, el citado compareció a fs. 311 por derecho propio, fijando domicilio, y teniéndoselo por parte a fs. 312, siendo el llamado de autos para sentencia posterior a esta última providencia. Asimismo notificado de la sentencia que lo tenía por parte, no recurrió el fallo.

Y en este aspecto ha de ponderarse que la interposición del recurso de apelación únicamente produce efectos para el proponente, pero no para los restantes litisconsortes, excepto en las hipótesis de obligaciones solidarias e indivisibles (conf. Santos, V., "Tratado de los Recursos", Ed. Universidad, año 1999, T. 1, p. 286 y sgts.).

Ante la circunstancia apuntada, y en razón que el Sr. R. M. F. no otorgó el mandato necesario a los Dres. T. M. A. R. y N. M., que habilite a los citados profesionales para intervenir en su representación, y que asimismo el citado coactor no apeló la sentencia definitiva dictada, por tratarse, pues, de un litisconsorte facultativo no corresponde ingresar al tratamiento de los agravios vertidos por este codemandante.

II.b) Expuesto lo anterior, he de abordar entonces, los agravios volcados por A. C. F. y M. A. en su escrito apelatorio de fs. 374/377, en cuanto al derecho propio que les asiste.

I.b.1) El primero de ellos se halla destinado a cuestionar la interpretación que formula la sentenciante, a la que tilda de desacertada, con relación al correcto o incorrecto estacionamiento del camión contra el cual colisionara el rodado conducido por M. S..

El recurrente parte de la premisa en la que afirma que la Sra. Juez a quo tuvo por bien estacionado el vehículo embestido.

Y si bien es cierto que la juzgadora no expresó con claridad suficiente su pensamiento al respecto, lo que podría dar lugar a dudas con relación al tema, no obstante en el Considerando II, a fs. 340 vta. hace expresa referencia a la circunstancia de si el "estacionamiento antirreglamentario" constituyó la relación adecuada entre el hecho imputado y el daño.

En consecuencia, vacía de contenido queda la queja postulada atento la forma antirreglamentaria que tuvo en cuenta la Sra. Magistrado anterior, al calificar la posición en que se encontraba el camión embestido, razón por la cual el agravio resulta inatendible.

II.b.2) Queda en pie, pues, la pretensa responsabilidad que con fundamento en el aludido estacionamiento antirreglamentario del camión, intenta endilgar la parte recurrente.

A los fines de defender su postura las partes han ensayado distintos argumentos, que apoyan en citas doctrinarias y jurisprudenciales que tengo por reproducidas, y que van desde las que predican que tal situación antirreglamentaria de ninguna manera resulta idónea a los fines de la atribución de responsabilidad (v. fs. 379/381), hasta las que sostienen que en estos supuestos, en general, deberá atribuirse a la culpa a ambos conductores (v. fs. 377).

He de coincidir en que los criterios extremos como parámetros de evaluación para el caso de autos, no resultan apropiados.

En primer lugar, no todos los supuestos de automotores detenidos en la vía pública son iguales. Cada supuesto fáctico tendrá sus características especiales, de ahí que los factores eximentes de responsabilidad (hecho de la víctima o de un tercero por quien no se debe responder) cobren especial énfasis a la hora de examinar las conductas de los protagonistas del ilícito (conf., Sagarna, Fernando A., "Responsabilidad por daños causados por automóvil detenido en una autopista", LL, 2002A243).

Asimismo, se ha dicho, que el vehículo embestido se encontrara estacionado en un lugar no permitido no acarrea, por sí, la responsabilidad de su titular si no obstruía el tránsito ni se encontraba en una zona extremadamente peligrosa (idem, CNCiv., Sala D, in re "A., M. J. c/ G., J. C. y Otro", LL, 200C947).

En igual sentido, y con el prestigio jurídico que la caracteriza, se ha expedido la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, al manifestar que ". en general, del mal estacionamiento no puede derivarse responsabilidad si el daño tiene su causa adecuada en otra conducta" ( Kemelmajer de Carlucci, A., comentario al artículo 1113 del Código Civil, en "Código Civil" de BelluscioZannoni, T. 5, p. 502).

Y precisamente, la cuestión que en este agravio se dilucida estriba en comprobar si el mal estacionamiento del camión de R. fue la causa adecuada que provocara el accidente.

Así, en segundo lugar, ha de partirse del hecho cierto que en sede penal la responsabilidad del evento dañoso fue imputado en cabeza de M. M. S., y ante esta decisión judicial, por imposición de las pautas fijadas por el artículo 1102 del código de fondo, queda fuera de discusión en sede civil la eximición de responsabilidad al respecto.

Tampoco se podría impugnar en sede civil la culpa del condenado declarada en sede penal como fundante del reproche estatal, claro está que esto no implica anular la posibilidad de que se puedan probar otras situaciones que incidan sobre la acción de reparación. Lo que no se puede hacer es volver a indagar si existió o no culpa del condenado en sede penal (conf. Piedecasas, Miguel A., "Incidencia de la Sentencia Penal en Relación con la Sentencia Civil", en Revista de Derecho de Daños Relaciones entre la responsabilidad civil y la penal, Ed. Rubinzal Culzoni, año 2002 3, p. 77).

Sentado esto, la discusión se centra en establecer su hubo responsabilidad concurrente del titular del rodado embestido.

Tengo para mí que tal postura de atribución no puede prosperar.

En efecto, las reglas de la mencionada causalidad adecuada, indican que no basta que un hecho haya sido, en el caso concreto, condición sine qua non del daño, sino que se requiere además que, en virtud de un juicio de probabilidad, resulte causa adecuada de ese daño (conf. Diez Picazo, L., "Derecho de Daños", p. 338, N° IV).

Si bien muchos autores han encontrado en las previsiones del artículo 906 del Código Civil la fuente de la causalidad adecuada, otros aseveran que sus corrientes ya emanaban de los artículos 901, 902, 903 y 904 de dicho plexo normativo.

Por ello se ha dicho que causalidad equivale a regularidad: ello significa que la causa de un determinado efecto es aquella que lo produce según el curso ordinario de las cosas, es decir, según lo que acostumbra suceder regularmente. La causa, para ser tal, debe ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente (conf. Goldenberg, I, "La Relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil", p. 32; idem, CNCiv., Sala D, in re, "F., L. y Otro c/ Inst. de Serv. Bancarios y Otro", LL, 1999A508).

Por ello, ante las pruebas incontrastables que surgen del proceso, especialmente las derivadas del expediente penal que tengo a la vista, como lo son el exceso de velocidad del Fiat UNO que conducía S. (77 k/h); de noche y con lluvia, los cristales empañados del vehículo y su propia declaración de no haber visto el camión, no aplicando los frenos a fin de evitar o amortiguar el choque, y sumado al estado de ebriedad del conductor, constatada más de cuatro horas después del accidente, me llevan al convencimiento que la total responsabilidad del evento dañoso que aquí se examina, recae en cabeza del conductor del rodado embistente, por haber incurrido en una conducta negligente y descuidada con respecto a las normas de circulación contenidas en el la Ley Nacional de Tránsito 24.449 (arts. 48°, inc. a); 39°, inc. b), entre otros).

A mi leal saber y entender, y siguiendo las pautas comentadas más arriba con respecto al estacionamiento antirreglamentario del camión, a pesar de ello, el mismo se hallaba estacionado en una avenida, sin obstruir el tránsito, ni tampoco se encontraba en una zona peligrosa.

El mal estacionamiento pudo haber sido una hipotética condición para producir el accidente, pero no la causa adecuada determinante del mismo, pues en las circunstancias fácticas desfavorables en que se desarrollaron los acontecimientos, derivados del comportamiento de S. al conducir, el Fiat, por ejemplo, bien pudo haber embestido otro vehículo bien estacionado, o una columna de alumbrado público.

Por tales fundamentos, ha de desestimarse el presente agravio.

II.c) En virtud de los razonamientos expuestos, he de proponer al Acuerdo la confirmación del fallo recurrido en todas aquellas cuestiones que fueran materia de agravio por parte de los codemandantes A. C. F. y M. A., con imposición de las costas de segunda instancia a su cargo, de acuerdo a las previsiones del artículo 68 del CPCC.

En tal entendimiento, y en mérito a la calidad, extensión, eficacia y resultado obtenido por sus trabajos de Alzada, estimo adecuado regular los honorarios del Dr. T. A. R., apoderado de los accionantes, en 2,45%, y los de los Dres. R. J. L. y A. A. F., patrocinante y apoderado de la citada en garantía, en el 4,62 %. Dichos porcentuales serán tomados del monto del proceso ya determinado en primera instancia, y todo ello según los lineamientos dados por los artículos 6, 14 y 47 de la ley arancelaria, a los que se añadirá el IVA pertinente.

Doy por concluida mi intervención y a esta segunda cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Vergara dijo:

A fs. 356 el perito médico Dr. V. E. R. apeló los honorarios regulados a su favor por considerarlos exiguos, recurso concedido en relación a fs. 357.

Al respecto, desde que alude, entre otras pautas, a la incidencia útil en la solución de la contienda, debe considerarse que en definitiva la demanda fue rechazada.

Sin embargo, atendiendo a las labores cumplidas a fs. 262/266, monto de la demanda, y pautas previstas en la ley del arancel, estimo adecuado incrementar los emolumentos del citado profesional para fijarlos en el 2% del monto del juicio (arts. 6 y 61 de la ley 2200), con más el I.V.A. pertinente.

Cierro mi intervención y a esta tercera cuestión voto POR LA NEGATIVA. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo:

El perito médico, Dr. V. R. a fs. 356 apeló por bajos los honorarios que le fueran regulados por el informe que luce a fs. 262/266, argumentando entre otros fundamentos, la importancia determinante que el dictamen pericial tuvo para arribar al decisión del fallo recurrido.

Y si bien la demanda fue rechazada, no puede dejarse de ponderar el prolijo trabajo profesional cumplido por el aquí apelante en el señalado informe, por lo que considero adecuado incrementar los honorarios del Dr. R. por sus tareas en la primera instancia en el 2% del monto del proceso, al que ha añadirse el IVA correspondiente, conforme las pautas de los artículos 6 y 61 de la ley arancelaria.

Con tales alcances a la tercera cuestión voto POR LA NEGATIVA.

A LA CUARTA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto a fs. 354 ante la ausencia del requisito subjetivo referido a la personería invocada, y en consecuencia mal concedido a fs. 357 dicho recurso; b) confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios por los actores A. C. F. y M. C. A.; c) incrementar los emolumentos del Dr. V. E. R. para fijarlos en el 2% del monto del juicio establecido en la anterior instancia; d) imponer las costas de segunda instancia a los actores apelantes vencidos; e) regular los honorarios del Dr. T. R., y de los Dres. R. J. L. y A. A. F., en conjunto, por sus tareas de alzada, en las sumas porcentuales equivalentes al 2,45% y 4,62% del ya aludido monto del juicio; y f) declarar que los referidos honorarios deberán incrementarse con el I.V.A. pertinente.

Así lo voto.

A LA CUARTA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. Vergara, por constituir el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en todas las cuestiones traídas a su decisión.

ASÍ LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haber sido recusado el Sr. Juez de Cámara Dr. Sergio Rubén Lucero (art. 8 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto a fs. 354 ante la ausencia del requisito subjetivo referido a la personería invocada, y en consecuencia mal concedido a fs. 357 dicho recurso; CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios por los actores A. C. F. y M. C. A.; INCREMENTAR los emolumentos del Dr. V. E. R. para fijarlos en el 2% del monto del juicio establecido en la anterior instancia; IMPONER las costas de segunda instancia a los actores apelantes vencidos; REGULAR los honorarios del Dr. T. R., y de los Dres. R. J. L. y A. A. F., en conjunto, por sus tareas de alzada, en las sumas porcentuales equivalentes al 2,45% y 4,62% del ya aludido monto del juicio; DECLARAR que los referidos honorarios deberán incrementarse con el I.V.A. pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 23 DEL AÑO 2007 SDC. CONSTE. Rawson, de de 2007.