Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-02-28


SENTENCIA NÚMERO: UNO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil trece, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 106/12, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Víctor M. Pinto, en contra de Sentencia Nº 80/12, de Expte. Nº 001/07 - GUTIÉRREZ, Mario Martín - Homicidio culposo - Sta. María", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización de la pena? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 80/2012, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. Fue interpuesto en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de la sentencia condenatoria que pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 26 los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Sentencia Nº 80/2012, dictada el 13/07/2012, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "I) Aplicar a MARIO MARTÍN GUTIÉRREZ, de condiciones personales relacionadas en autos, una pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, y una inhabilitación especial de ocho años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores (arts. 84 segundo párrafo, segundo supuesto; 45, 40, 41 y cctes. del CP y arts. 407, 409 apartado tercero y correlativos del CPP); ordenándose una vez firme esta sentencia, el retiro del carnet de conductor habilitante del encausado y el libramiento de oficios de rigor y en la forma de estilo a las autoridades administrativas otorgantes y fiscalizantes a esos efectos, con remisión de copia de la presente sentencia. La pena de prisión impuesta se hará efectiva en el momento en que quede firme esta sentencia (.)" II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Víctor Manuel Pinto, en su calidad de asistente técnico del imputado Mario Martín Gutiérrez, e interpone recurso de casación esgrimiendo el motivo previsto en el inc. 3º del art. 454 del C.P.P.

II.a. En tal sentido, sostiene que el a quo ha errado en la valoración de las pruebas al ponderar como agravantes circunstancias que no lo son -daño causado; naturaleza y modalidad delictiva; negación de responsabilidad y ausencia de arrepentimiento; estado de ebriedad -enfatiza el casacionista-, razón por la cual rebate los argumentos dados por el magistrado, citando jurisprudencia, a fin de respaldar su postura. Con relación a las circunstancias atenuantes, considera que en la pena impuesta no se refleja que éstas hayan sido valoradas. Manifiesta que el tribunal, en esta nueva sentencia, no hizo otra cosa que "acomodar" los conceptos y frases ya utilizados en la sentencia declarada nula. Argumenta que el a quo omitió expedirse sobre una cuestión planteada oportunamente por la defensa, la que hubiera incidido en el quantum y la aplicación de la pena, por lo que considera que la sentencia es arbitraria.

Hace reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

II. Conforme ha quedado expuesto, la pretensión recursiva se dirige a cuestionar la errónea aplicación de las normas previstas en los arts. 40 y 41 C.P. para individualizar judicialmente la pena (art. 454 inc. 3º C.P.P.).

Adelanto mi respuesta negativa, siguiendo lo sostenido por esta Corte en S. 47, del 30/12/10, en donde se dijo que los agravios planteados resultan improcedentes, pues el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena de las circunstancias atenuantes y agravantes tenidas en cuenta por el tribunal, no implica violación legal alguna. Sumado a ello, tampoco se vislumbra que el a quo haya efectuado un análisis parcializado al fundamentar la tercera cuestión del fallo puesto en crisis, como pretende demostrar quien recurre. En consecuencia, los agravios expuestos no resultan procedentes por cuanto no evidencian que el tribunal de juicio haya ejercido su facultad discrecional de fijar la pena de manera arbitraria. En tal sentido, adviértase que el sentenciante justificó el monto de la pena considerando la naturaleza de la acción, los medios empleados para cometerla, el daño causado, las particularidades personales y morales del acusado, todo ello habiendo tomado conocimiento directo y de visu del acusado.

En la señalada dirección, cabe destacar que a los fines de la graduación de la pena, el juez, en la figura bajo examen (Homicidio Culposo Calificado, art. 84 -segundo párrafo, segundo supuesto- y 45 C.P.), se encuentra legalmente limitado por una escala penal que va de un mínimo de dos años a un máximo de cinco años de prisión e inhabilitación especial por cinco a diez años. Que en el caso, el tribunal estimó justo aplicar al imputado la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial de ocho años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores. Esto evidencia que no ha sido para nada arbitraria -como interpreta el recurrente- la incidencia que han tenido en el juzgador las circunstancias agravantes al momento de individualizar el quantum de la pena a imponer, la cual se inclina más hacia el mínimo de la escala prevista para el delito que hacia el máximo. De manera que, resultando razonable el monto, con arreglo a la figura atribuida, y el análisis de las circunstancia atenuantes y agravantes de la pena, no corresponde atender este cuestionamiento. Refuerza lo dicho, lo señalado por este Tribunal en el precedente Manzini (S. nº 26, 23/12/08), en donde se sostuvo la necesidad de partir del punto medio de la penalidad amenazada, y que a partir de allí comiencen a operar las atenuantes o agravantes, en una y otra dirección de la escala sancionatoria, de forma tal que ninguna atenuante y/o severizante tenga el mismo peso relativo, dependiendo su incidencia en la escala correspondiente de las circunstancias del caso; consecuentemente como adelantara, no advierto en el presente, que el tribunal haya ejercido su potestad jurisdiccional de fijar la pena de manera arbitraria, máxime cuando se ha omitido denunciar arbitrariedad en el monto de pena atribuido al imputado Mario Martín Gutiérrez. Es decir, no se ha especificado a través de la vía recursiva intentada de qué manera las denuncias efectuadas (en relación a la omisión de circunstancias atenuantes y a la errónea interpretación de las agravantes), hubiesen impactado en el quantum de la condena, ni desarrollado cómo habrían influido en su accionar delictivo a los fines de disminuir la pena aplicable, como aparentemente se pretende -ya que no especifica cuál es la pena disminución de pena a la que aspira-. Con relación a esto último, también debo recordar el criterio sentado al respecto en el referido precedente, al señalar que: "La inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implican por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo (S. nº 14, 31/03/2010; S. nº 4, 03/03/09; S. nº 26, 23/12/08, entre otros). Ello así, puesto que tanto los máximos sancionatorios como los mínimos legales, resultan de excepción y se encuentran reservados exclusivamente para los supuestos extraordinarios que así lo justifiquen".

En atención a lo expuesto precedentemente, de ninguna manera puede prosperar la afirmación del recurrente en cuanto considera que existe una desproporción en la comunidad valorativa impuesta, aseverando que existen más atenuantes que agravantes contra Gutiérrez que no se ven reflejados en la pena impuesta, argumentando que la misma resulta desproporcionada al injusto cometido, pero omitiendo, reitero, especificar de qué manera las denuncias efectuadas hubiesen impactado en el monto de la condena, así como, desarrollar de qué modo habrían influido en su accionar delictivo a los fines de disminuir la pena aplicable.

Sentado lo anterior, corresponde ahora ingresar puntualmente al tratamiento del resto de los agravios denunciados. En primer término, debo decir que no le asiste razón al recurrente cuando afirma que el a quo, al ponderar la extensión del daño causado, ha incurrido en doble valoración cuando dice: ".y como correlato la extensión del daño causado, nada más y nada menos, que la pérdida de la vida de un niño de trece años".

Ante ello, interpreta el casacionista que, cuando la norma refiere al daño y a su extensión, es evidente -argumenta-, que lo hace respecto a los delitos que pueden mensurarse como el robo o las lesiones, donde el daño se puede cuantificar mínimamente. Pero en el caso del homicidio (sea doloso o culposo), el daño es justamente la privación de la vida de una persona -enfatiza-. Esta aseveración de la defensa, resulta improcedente. Así lo considero porque justamente el delito no sólo daña el bien jurídico protegido por la figura respectiva, sino que también, el delito produce consecuencias mediatas, que se pueden traducir por ejemplo: en el dolor sufrido por la madre que perdió a su único hijo de trece años de edad, con las repercusiones que ello puede ocasionar en distintos ámbitos de su vida. Debo resaltar aquí, lo manifestado en debate por la mamá de la víctima quien refirió que por el stress sufrido no logra quedar nuevamente embarazada. En efecto, la pérdida de un hijo de trece años, denota repercusiones y alteraciones en el nivel de vida de las personas directamente allegadas -de índole familiar, laboral, psicológica, psiquiátrica, etc.-. Como se advierte, a diferencia de lo postulado por la defensa, existen distintas repercusiones que pueden tener influencia en la mensura de la pena y no sólo las que se limitan al menoscabo que el ilícito hace de modo específico en el bien jurídico protegido por la figura penal de que se trate. Entonces, no se trata de que el tribunal haya ponderado doblemente la pérdida de la vida -el resultado letal producido-, sino más bien, denota que lo que puntualmente se ha valorado es la edad de la víctima, poniendo de resalto que al momento del hecho tenía tan solo trece años.

A continuación, la defensa esgrime que el tribunal ha resaltado en forma abstracta como agravante la naturaleza, gravedad y modalidad delictiva empleada. Lo que puntualmente le causa agravio es que haya valorado en contra del acusado, su postura de negación de responsabilidad pretendiendo adjudicar la misma hacia el menor víctima del suceso. En razón de ello, argumenta el recurrente que según surge del Dictamen Pericial obrante a fs. 147/151, Gutiérrez circulaba a escasa velocidad -enfatiza-, 22 km/h, lo cual, demuestra, a su modo de ver, cautela en la medida de sus posibilidades teniendo en cuenta su estado (1,20 gr/l - embriaguez); fundamentando que no se ha podido determinar la velocidad en la que circulaba la víctima, probablemente en notable exceso pues no se explica semejante resultado fatal, pero sí se determinó que éste no llevaba puesto casco en la cabeza a los fines de amortizar el golpe.

Advierto que el recurrente intenta desvirtuar el razonamiento efectuado por el tribunal realizando una interpretación parcializada, puesto que en el análisis que efectúa no tiene en cuenta que el Dictamen Pericial Accidentológico (fs. 147/151), puntualmente concluye que: "1) Etiología del accidente: luego del análisis de los indicios registrados en el expediente, a consideración de la suscripta se estima que la causa principal del accidente fue la invasión del sentido contrario de circulación por parte de la motocicleta marca magíster 70 cc, sin chapa patente.4) Rodado embistente: Motocicleta marca Magíster 70 cc, sin chapa patente".

Entonces, aunque el recurrente intente atribuir, al igual que su asistido, la responsabilidad del desenlace fatal al menor víctima de trece años de edad, alegando probabilidades no demostradas, como que venía a exceso de velocidad; cabe responder que, lo que indefectiblemente se ha constatado, es que la causa principal del accidente fue la invasión del carril contrario por parte del acusado, embistiendo de esta manera al menor, quien se conducía en su bicicleta todo terreno, en sentido Norte-Sur por la ruta Nº 39, en compañía de su amigo Lucas Daniel Chaile. Es decir, que la causa eficiente del accidente ha sido justamente la falta de dominio del ciclomotor por parte de Gutiérrez, quién alcoholizado se cruzó abruptamente de carril, embistiendo al menor víctima.

Tampoco pueden tener acogida favorable los argumentos referidos a minimizar la conducta atribuida a Gutiérrez, afirmando la defensa que se debió tener en cuenta la excepcionalidad de la circunstancia que provocó este trágico hecho, ya que no era habitual en él la ingesta de alcohol y las pocas veces que lo hacía tomaba el recaudo de irse en remis u otro medio de movilidad (Informe Socio Ambiental fs. 45/46). Lamentablemente, en este caso, el imputado omitió tomar los recaudos que, según dice, acostumbraba a asumir y ello provocó el desenlace fatal. Consecuentemente, no logro apreciar que los argumentos vertidos sean capaces de modificar el razonamiento del a quo.

Continuando con sus críticas, el recurrente reitera que le causa agravio la ponderación negativa por parte del tribunal quién consideró que: "la postura de negación que asumiera sobre el hecho que se le incrimina, pretendiendo adjudicar la misma hacia el menor víctima del suceso, en mi postura, torna aún más reprochable e inmoral su conducta.". Con relación a ello, cabe referir, que en modo alguno el fallo alude, como insinúa la defensa, a la falta de arrepentimiento del acusado. El tribunal, lo que ha hecho es ponderar la actitud posterior al delito asumida por el acusado, quien a todas luces intenta atenuar su responsabilidad - con argumentos que reitera la defensa a través de la vía recursiva intentada- pretendiendo sugerir una conducta imprudente o negligente por parte del menor víctima. Pero en modo alguno, se puede formular interpretaciones de algo que el tribunal no ha realizado, por lo que la jurisprudencia que cita no es de aplicación al caso.

Desde otro ángulo, considera que el estado de ebriedad de Gutiérrez (1, 20 gr/l - embriaguez) debió jugar a su favor y no en contra. No obstante ello, y en sentido diametralmente opuesto a lo pretendido, el a quo congruente con su razonamiento, correctamente aclaró que el estado de ebriedad avanzada en el imputado fue el factor que indudablemente propició la pérdida del control de la motocicleta que conducía, cruzándose de carril, embistiendo al menor Parra y desencadenando su consecuente deceso; lo que transparenta un alto grado de imprudencia y de inobservancia reglamentaria, pues de hecho -aclaró el tribunal-, le estaba prohibido conducir con tamaño grado de alcohol en sangre. En razón de lo expuesto, estimo que, en el presente caso, ninguna duda cabe de que el nexo causal que determinó la pérdida del control de la motocicleta que conducía el imputado fue justamente el estado de embriaguez que tenía al momento del hecho, estado que la defensa pretende minimizar. En efecto, la mencionada infracción a los reglamentos de tránsito -haber conducido un vehículo en estado de embriaguez- por parte del conductor de la motocicleta fue la que ocasionó decididamente la producción del hecho de la causa y el daño consiguiente (fs. 99/100 -Informe de dosaje de alcohol en sangre-; fs. 147/151 -Dictamen Pericial Accidentológico-; fs. 14 -Inspección Ocular-; fs. 154/155 -Informe Técnico Planimétrico-; Declaración testimonial de Lucas Daniel Chaile). Por lo que el pretendido cuestionamiento no resulta de recibo.

Dice también el defensor que debieron tenerse en cuenta las circunstancias que rodearon al accidente, reconociendo que si bien existió una imprudencia y una falta al deber de cuidado, a su modo de ver, las mismas, no fueron de una magnitud extrema que permitan observar una peligrosidad en la velocidad del encartado. Reitera que si la víctima hubiese usado casco en su cabeza, las reglas de la experiencia demuestran que el resultado hubiese sido otro. En primer término, corresponde destacar aquí, que no está en duda la velocidad en la que se conducía el imputado (constatada mediante Dictamen Pericial Accidentológico (fs. 147/151), aunque se ha logrado comprobar sólo la velocidad mínima (22,55 km/h) en la que se trasladaba). Lo que el tribunal a quo consideró como alto grado de imprudencia e inobservancia reglamentaria atribuidos a Gutiérrez está dado por la conducción de una motocicleta en estado de ebriedad avanzada (1,20 gr/l - embriaguez), siendo éste el factor determinante, reitero, el que propició que perdiera el control de dicho vehículo y se cruzara de carril embistiendo consecuentemente al menor Parra, produciendo de inmediato su deceso, ya que el menor llegó sin vida al hospital. En esta dirección, también corresponde poner de resalto, que la estrategia defensiva afirmando que si el menor hubiese usado casco para andar en su bici el desenlace hubiese sido otro, implica un razonamiento que no se sustenta con las constancias obrantes en la causa. Digo ello, puesto que conforme a lo constatado en el Informe Técnico Médico (fs. 04/04 vta.) (en donde se establece que el menor ingresó sin vida al hospital, con fractura de vértebras cervicales: descerebración) no se advierte cuál hubiese sido la incidencia del uso o no del casco, ya que el impacto le fracturó las vértebras cervicales. Desde esta óptica, considero que no se debe perder el eje, ya que no es al menor víctima a quién se ha juzgado, sino al imputado, Mario Martín Gutiérrez. Y es justamente aquí, a donde cabe detenerse. En efecto, ha quedado comprobado que el accidente era perfectamente evitable, puesto que atento a lo analizado ut supra, la causa principal del mismo ha sido la pérdida del control de la motocicleta que manejaba Gutiérrez por encontrarse este alcoholizado, ya que se ha logrado constatar mediante material probatorio debidamente incorporado a debate, que la iluminación en el lugar de los hechos era buena y las condiciones de visibilidad eran óptimas (Acta Inicial de Actuaciones, fs. ½) y que la ruta se encontraba asfaltada, en regular estado (fs. 50 y 51 -Placas Fotográficas- y 155 -Croquis Ilustrativo-). Desde otro ángulo, también se ha logrado constatar que el imputado no usaba casco, que la motocicleta circulaba en una ruta provincial sin chapa patente, con la rueda trasera lisa, sin espejos retrovisores (Informe Técnico Mecánico, fs. 162). Por último, corresponde también reiterar que el tribunal no solo consideró como agravante la conducta precedente, en cuanto Gutiérrez ingirió bebidas alcohólicas en un ámbito de diversión compartiendo un asado, sabiendo que posteriormente debía conducir su motovehículo (por una ruta provincial); sino también, su postura de negación de responsabilidad en el sentido de pretender en todo momento adjudicar, sin fundamento comprobable alguno -como se dijo-, aquella al menor víctima. En este orden de ideas, considero también que se debió ponderar como circunstancia agravante la actitud asumida por el acusado con posterioridad a la comisión del hecho. Lo dicho encuentra sustento en lo manifestado por la progenitora del menor en debate cuando textualmente refirió ".Ahora recién conozco a Gutiérrez, nunca fue él ni nadie de su familia a pedirme disculpas, ni a ofrecerme ayuda o a preguntarme como estaba. Nunca nadie me ayudó con nada de dinero desde el accidente hasta el día de hoy" (destáquese, que transcurrieron casi cinco años desde la fecha del accidente).

Del análisis efectuado precedentemente, antes de finalizar también cabe agregar que la crítica expuesta en orden a la fundamentación omisiva de circunstancias favorables al imputado, como ya lo adelantara, no evidencia que el Tribunal de mérito haya ejercido la facultad discrecional de fijar la pena de manera arbitraria. Téngase presente que si el juzgador partió de un mínimo de dos años de prisión (art. 84, párrafo segundo del C.P.), efectivamente consideró las circunstancias atenuantes -su corta edad, la carencia de antecedentes y el informe socio ambiental-, caso contrario, hubiese impuesto a Gutiérrez un monto de pena más elevado, no obstante ello, y en atención a la cantidad de agravantes analizadas, le aplicó la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo con más ocho años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores de cualquier tipo.- Por último, habré de referir que en relación a la jurisprudencia citada por el recurrente, ya me he expedido al respecto en causas "Oyola" y "Rivero" (S. nº 5, 04/07/2006 y S. nº 22, 11/11/2008). Allí sostuve que "en el caso del homicidio culposo también puede darse que se prive de la libertad cuando la incidencia de circunstancias agravantes y minorantes del comportamiento humano y que surgen de la plataforma fáctica demuestren que nos encontramos en presencia de una conducta totalmente reprochable, como ser conducir totalmente alcoholizado, drogado, que haya abandonado a la víctima, que haya dos víctimas fatales, picadas, conducir en autos sin frenos, con cubiertas lisas, el caso de una culpa con representación, etc.; es imposible detallar el casuismo. En mi criterio, no basta que sólo uno de esos elementos provoque el accidente para que se lo deba privar de la libertad, sino una concurrencia de varios elementos; deben valorarse todas las pautas de los arts. 40 y 41 y haber una conjunción de elementos agravantes para imponer una pena privativa de la libertad".

En atención a lo examinado, como ya lo señalara, entiendo que en el caso de autos, la pena impuesta no se revela como injusta. Por ello voto negativamente a la presente cuestión.	A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/14 vta., por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en su carácter de asistente técnico del imputado Mario Martín Gutiérrez. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal efectuada y la del recurso contenido en el art. 2 apartado 3, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. .

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/14 vta., por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en su carácter de asistente técnico del imputado Mario Martín Gutiérrez 2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal efectuada y la del recurso contenido en el art. 2 apartado 3, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.