Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-18


ERNESTO SANCHEZ Y CIA. S.R.L.

contra BANCO RIO S.A.

Reg.: A y S t 216 p 253-257.

Santa Fe, 18 de octubre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra el acuerdo 201 de fecha 16 de mayo de 2005, dictada por la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario en autos "ERNESTO SANCHEZ Y CIA. S.R.L. contra BANCO RIO S.A. -Juicio Ordinario-Daños y Perjuicios-(Expte 250/04)" (Expte. C.S.J. nro. 36, año 2006); y, CONSIDERANDO: Por decisorio de fecha 16 de mayo de 2005 la Sala Primera -Integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario rechazó la nulidad e hizo lugar parcialmente a la apelación revocando la sentencia de baja instancia, condenando a la accionada al pago de $ 1980, con más un intereses equivalente a la tasa activa del B.C.R.A., imponiendo las costas en un 90% para la actora y 10% para la demandada (fs. 1/9vto.).

Contra dicho pronunciamiento interpuso la parte actora recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3) de la ley 7055, invocando arbitrariedad sorpresiva.

(fs. 11/21).

En el memorial recursivo afirma que configura un supuesto de arbitrariedad la falta de motivación suficiente del decisorio, por cuanto el razonamiento de los Sentenciantes, apartándose de la necesidad de explicar los fundamentos de la resolución con un grado de lógica y coherencia con la realidad de las constancias de autos y con la ley, revoca el fallo de primera instancia, infringiendo normas procesales sustanciales, dejando a su parte en absoluto estado de indefensión.

Sostiene que la sentencia, al apartarse de la valoración probatoria que realizara el A quo (al considerar que el análisis de si las firmas eran manifiestamente falsificadas debe ser realizado por el juez "con sus propios ojos, sin acudir a la calificada visión del perito auxiliar"), viola elementales derechos de raigambre constitucional.

Entiende que el criterio de la Alzada constituye una grosera visión y valoración de la prueba pericial agregada en autos, generando con ello un grave perjuicio violatorio de su derecho de propiedad, como así también de las normas procesales que establecen que las sentencias deben ser motivadas, con lo que el pronunciamiento es arbitrario por no constituir una derivación razonada del derecho vigente.

Destaca que el razonamiento y la solución propiciada por el Vocal preopinante fueron injustos, atento que éste no posee los conocimientos, ni la experiencia que tienen los empleados bancarios al momento del cotejo de la firma, arrogándose hacia sí mismo conocimientos y experiencias que son propias de un empleado bancario.

Añade que, incluso, se cita jurisprudencia que se contradice con lo que se resuelve.

Apunta que no se entiende que, si la institución bancaria está obligada a contratar personas idóneas en el manejo de cuentas corrientes, debido a la complejidad y responsabilidad en cuanto al pago de cheques, el Magistrado haya desatendido lo informado por el perito (en cuanto que "las irregularidades no debieron pasar inadvertidas por quién estaba a cargo del control", como así también que las anormalidades que presentaban estas firmas podían ser advertidas por el empleado bancario), con lo que el pronunciamiento es infundado por haber desvirtuado la apreciación realizada por el perito calígrafo que resulta imprescindible a los fines de dirimir la cuestión, tal como lo había sostenido el A quo.

Entiende que el fallo carece de sustento racional y lógico puesto que el Vocal de primer voto define la solución del litigio solamente con la apreciación visual de los cheques y su manifestación de que "la acreditación de tal adulteración no es suficiente para determinar la responsabilidad de la demandada y apelante", descartando lo dictaminado por el perito calígrafo, y realizando, por ende, una errónea interpretación del artículo 35 de la ley 24452 (que establece la responsabilidad del girado "cuando la firma del librador fuese visiblemente falsificada").

Afirma que la omisión del dictamen pericial implica que no se ha aplicado razonablemente el derecho por existir una errónea subsunción del caso en lo establecido en el inciso 1 del artículo 35 de la ley 24452.

Colige que la arbitrariedad del fallo encuadra en supuestos de arbitrariedad normativa y fáctica.

Agrega que la errónea valoración que la Cámara ha realizado de las pruebas rendidas en autos -y especialmente el dictamen pericial- constituyen un claro supuesto de arbitrariedad fáctica que conduce inexorablemente a una arbitrariedad normativa, puesto que se realiza una hermenéutica de la norma que resulta inexacta, elusiva, injusta, temeraria o subjetiva.

Expresa que también le agravia lo resuelto por cuanto el decisorio considera relevante el comportamiento del beneficiario de los cheques, para luego hacer una serie de conjeturas de las que se concluye que éste cometió una conducta reprochable.

Infiere, en tal contexto, una ponderación irrazonable de prueba a este respecto, ya que lo relevante para dirimir la responsabilidad del banco girado era dilucidar la visibilidad manifiesta de la falsificación de la firma, mas no el comportamiento de Andrés Gustavo Sánchez y si la Sala puede considerar relevante la conducta de esta persona que presumiblemente con su proceder pudo haber perpetrado un delito (arts. 172 y 292 C.P.).

Añade que el razonamiento de la Alzada es injusto atento centrar la resolución del conflicto en una conducta que, de probarse, constituye delito; y encima responsabiliza a quien ha sufrido un perjuicio (el actor, titular de la cuenta corriente), dejando de ponderar la circunstancia de una posible connivencia entre Andrés Sánchez y el cajero, teniendo en cuenta la asiduidad al banco de aquél para hacer trámites.

Entiende que la consideración por la Sala, a los fines de dirimir el conflicto, de la conducta de Andrés Gustavo Sánchez (beneficiario del cheque) y la atribución de responsabilidad a la actora por el hecho de haber denunciado verbalmente y no formalmente (por escrito) el extravío de los cheques, conducen a entender que el fallo se encuentra teñido de arbitrariedad fáctica.

2. A su turno, la Alzada denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad, mediante auto 612 del 21 de diciembre de 2005 (fs. 23/26 vto.), lo que motivó la presentación directa de la quejosa ante esta sede (fs. 30/34).

3. Liminarmente, aun cuando pudieran juzgarse satisfechos los recaudos formales exigibles, el remedio intentado no ha de prosperar con el alcance que ha de exponerse a continuación.

Ello así toda vez que al ingresar -mínimamente- en el ámbito de lo sustancial se advierte que, no obstante la impugnante acusa la invalidez del pronunciamiento por presunta arbitrariedad por lesionar derechos y garantías constitucionales, con las limitaciones propias del estadio que transita la presente impugnación, el desarrollo de los fundamentos vertidos en la pieza recursoria, en su confrontación con la resolución atacada, permite advertir que los planteos que la recurrente intenta encuadrar en hipótesis conculcatorias de garantías constitucionales carecen de consistencia y no alcanzan a demostrar la configuración de los pretendidos vicios imputados, traduciendo tan sólo su cuestionamiento la mera disconformidad con la labor jurisdiccional cumplida por los Sentenciantes en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión, en ejercicio de funciones propias y sobre materia -en principio- extraña al contenido del recurso de inconstitucionalidad intentado.

Una atenta lectura del memorial recursivo permite concluir que las disconformidades de la quejosa se orientan, con diversas argumentaciones, a demostrar que la Sala incurrió en arbitrariedad normativa y fáctica, (por dictar una sentencia sin fundamentación suficiente, apartarse del examen del perito calígrafo, arrogarse el Vocal preopinante los mismos conocimientos y experiencia propias de un empleado bancario, interpretación arbitraria del artículo 35 inciso 1 de la ley 24452, ponderación irrazonable de la prueba), mas con su argumentación no logra persuadir a este Cuerpo de que al fallar la causa se hubiese incurrido en arbitrariedad.

Primeramente, en relación con la valoración de la pericia, cabe memorar que lo relativo a la selección y valoración de la prueba o el reparto de la carga de aportarla queda normalmente detraído del ámbito del recurso de inconstitucionalidad, dado que es una tarea que se reserva a los sentenciantes ordinarios toda vez que ellos son soberanos en la fijación de los hechos litigiosos y en el análisis de los medios de confirmación (A. y S., T. 213, pág. 39).

Dicha regla no se erige en obstáculo para que este Tribunal conozca en aquellos casos cuyas particularidades hacen excepción a ella con base en la causal de arbitrariedad.

En ese mismo sentido ha dicho esta Corte que "la libertad judicial de apartarse de las conclusiones del perito no significa arbitrariedad, aunque el apartamiento no necesita apoyarse en consideraciones de orden técnico, debiendo fundarse en un análisis crítico a las opiniones del perito, confrontándolas con los restantes elementos de juicio obrantes en el proceso" ("Suarez", A. y S., T. 207, pág. 163).

Ahora bien los cuestionamientos perfilados por la actora con sustento en el apartamiento del dictamen pericial deben ser rechazados, pues de la lectura de la sentencia impugnada surge que fueron expuestas las razones que llevaron a la Sala a apartarse parcialmente del mismo.

Así, los Sentenciantes consideraron que "cuando se demanda al banco endilgándole responsabilidad por el pago de un cheque falsificado, el primer presupuesto que necesita de prueba, es si realmente el instrumento de pago se encuentra o no falsificado, tarea que contundentemente se alcanza a través del peritaje caligráfico.

Empero, una vez acreditada dicha circunstancia es el propio magistrado el que debe compulsar con 'su vista', si en el caso la falsificación se exhibe 'visible' o 'manifiesta'" (f. 3), concluyendo, luego de compulsar los cheques con el registro de firmas que "han sido 'dibujadas' de tal manera que a simple vista parecen 'auténticas', imitando el falso autor los verdaderos trazos que pudieron haber sido utilizados en una 'indubitada', y que sólo el cheque nro 72991933 por $6000 pudo haber despertado en el cajero o controlante bancario sospecha de falsificación", por lo que se apartó parcialmente del dictamen, ya que "sólo con los ojos de un experto -excepción del mentado cheque por $6000- podría aseverarse que las irregularidades y/o falsificación que presenta el otro cheque por $5000, podían ser detectadas por el empleado bancario o despertar sospechas" (f. 5 y vto.).

Por lo tanto, no puede reputarse que la resolución haya prescindido sin motivo justificante alguno del dictamen del perito ni que tales aseveraciones priven de fuerza de convicción a las conclusiones del fallo.

Además, no le corresponden a la Corte mediante la vía intentada juzgar sobre el resultado de la valoración probatoria, sino tan sólo respecto de la ausencia o insuficiencia de dicha ponderación ("Rossi de Ruiz", A. y S. T. 199, pág. 159).

Asimismo, la recurrente no se hace debidamente cargo de lo que señalara la Sala en el auto denegatorio en lo atinente a que "la impugnante olvida que es regla aceptada: a) de conformidad con el Art. 199 del CPCC de la Provincia de Sta. Fe: 'El juez no estará obligado a seguir el dictamen pericial y deberá apreciar el mérito de la prueba según su criterio', b) el acuerdo dictado explicita las razones por las que se aparta 'parcialmente' del dictamen del experto" (f. 24).

A igual conclusión ha de arribarse en cuanto a los demás agravios atinentes a la valoración probatoria, dado que en el "sub lite" no se observan circunstancias que justifiquen su intervención en cuestiones que, en principio, son ajenas a la jurisdicción extraordinaria.

En el punto, el Tribunal consideró el comportamiento tanto del beneficiario de los cheques como de la propia reclamante.

Sobre el primer aspecto, por haber sido objeto de agravio por la demandada la falta de ponderación de tal conducta por la jueza de primera instancia y formar parte del conflicto.

Argumentando que el nombrado Gustavo Andrés Sánchez trabajaba como empleado dependiente de la parte actora, cumplía funciones administrativas, concurría al banco a hacer trámites, conocía la firma del socio gerente, por ser sobrino de éste; y también valoró que no se denunció el presunto extravío o sustracción de los cheques mencionados, y sus dichos a tenor de la absolución de posiciones rendidas en la causa (donde niega que las firmas no sean apreciables a simple vista pero señala que "un perito supongo, lo saca").

Frente a ello, la quejosa enfatiza que la Cámara prescindió de los elementos probatorios que la jueza de baja instancia tuvo en cuenta al fallar, la falta de fundamentación del decisorio al darle importancia a elementos que no merecen ser analizados y apartarse de otros que son importantes para resolver el litigio.

Tales argumentos denotan su discrepancia con lo decidido, pretendiendo reabrir la discusión sobre cuestiones ya resueltas por la Alzada en ejercicio de funciones propias, intentando imponer su propio criterio, por cuanto surge del fallo que al no existir prueba de quién fue el autor material de la falsificación y de acuerdo a la prueba producida y de conformidad con el artículo 37 de la ley 24452 le asignó a la entidad bancaria el 33% de culpa, atribuyendo el 66% restante a la actora y al beneficiario del cheque por no haber observado ambos una conducta diligente según el orden jurídico, lo que implicaría ingresar en un ámbito que resulta ajeno a la instancia del recurso extraordinario deducido, desvaneciéndose con ello tales alegaciones y quedando incólumes los fundamentos de Tribunal a quo.

Con lo expuesto se diluyen las tachas atinentes a la actividad probatoria.

Igual resultado adverso deben correr las demás imputaciones de la impugnante, dado que vistas en su desarrollo, y no obstante la invocada arbitrariedad y lesión a garantías constitucionales, el recurso no pasa de ser la mera manifestación de la discrepancia de la apelante con la apreciación realizada por la Sala de las circunstancias del caso y con su solución, en una faena que, más allá del mayor o menor acierto en sus conclusiones, no aparece "prima facie" divorciada de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida.

En definitiva, se ha de seguir que, en el "sub examine", no se advierte la existencia de una cuestión constitucional aprehensible que legitime el franqueamiento de la instancia excepcional ante esta Corte; la conclusión a la que arribó la Alzada podrá o no ser compartida, pero en la medida que no implica un palmario apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por todo ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)