marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, personal militar, excombatientes de Malvinas, aplicación de la ley, pensiones graciables, Constitución Nacional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ZAMORA WALTER DANIEL Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

El beneficio acordado por la ley 23.848 se trata de una pensión graciable vitalicia y, por lo tanto, es ajena a las que se otorgan en el ámbito del sistema previsional. Por ello, la determinación de los requisitos a cumplir para su otorgamiento es un acto de política legislativa, que el art. 75, inc. 20 de la Constitución Nacional, atribuye al Congreso de la Nación. En este orden de ideas, los parámetros para evaluar su procedencia y extensión, difieren de los utilizados para los beneficios comunes de la seguridad social.
Actualización monetaria, desindexación
Materia: CIVIL
Carátula: LOMBARDO, JOAQUIN MARIO c/ JUAN CARLOS MEDINA Y OTRA s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-11

Si bien, no puede dudarse que la pretensión desindexatoria contemplada en la ley 24283 es de articulación libre, no es menos cierto que esa presentación se caracteriza por poner de relieve que la prestación reclamada con motivo de la actualización calculada, resulta superior al valor real y actual de la misma.
Encubrimiento, calificación legal, escala penal, ley posterior, ley penal más benigna, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SAMSO, Daniel Alejandro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-17

Si de las probanzas recolectadas se desprende que la supuesta acción desvalorada tuvo su desarrollo entre el 10 de diciembre de 2001 y el 7 de octubre de 2003, habrá de concluirse en que la ley que regía para ese entonces, es la 25.246, sin que la posterior reforma legislativa -ley 25.815-, haya determinado variaciones en la escala punitiva el art. 277 del Código Penal.

Una comparación íntegra o "en bloque" de ambas legislaciones, lleva a concluir que también, por resultar la más benigna, se impone la aplicación de las disposiciones acuñadas por la ya mentada ley.

Un auto de mérito, constituye un todo indivisible que se conforma con la armónica integración de los motivos o fundamentos que apoyan el decisorio. Si en el caso no se albergan dudas en cuanto que el señor juez de grado, tras valorar las probanzas colectadas, entendió que el imputado debía ser pasible de reproche por violación de una norma del derecho sustantivo, y en tanto las sucesivas reformas legislativas que se introdujeron al compás de las variaciones advertidas en el interés público, se han limitado a complementar el bien jurídicamente protegido, no puede negarse que la actividad reprochada por el instructor se encuentra desaprobada por la ley sustantiva y, por ello, el yerro que se advierte en la cita legal, puede ser remediado en esta instancia sin que aparezca afectada garantía alguna en el proceso.

Por ello, corresponde rechazar el planteo de nulidad efectuado por la defensa con base a que se ha aplicado una ley inexistente al tiempo de comisión de la conducta investigada.
Violación de derechos humanos, imprescriptibilidad, derecho de gentes
Materia: PENAL
Carátula: Gallone, Carlos Enrique y otros s/ recurso de casación (Masacre de Fátima)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-30

Los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado por alevosía cometidos por personal policial en el año 1976 resultan violaciones al derecho de gentes receptado por el artículo 118 de la Constitución Nacional, pues lesionaron el derecho internacional de derechos humanos tanto consuetudinario como convencional, en virtud de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, lo que conduce inexorablemente a su imprescriptibilidad.
Jubilaciones, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ROLDAN, ISIDRO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 74-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-05-21

El cumplimiento de las condiciones mínimas de edad y antigüedad previstas por las normas que regulan el derecho a la jubilación, no genera en el agente derecho a jubilarse por cesantía, porque el nacimiento de éste depende no sólo del cumplimiento de cierta cantidad de años de servicios efectivo con aportes pagos, sino además, que haya sido dejado cesante por causa que no le sea imputable. Hasta tanto no se haya producido este acto jurídico integrativo del supuesto normativo complejo previsto por la ordenanza municipal que lo contempla, no se origina para el sujeto el derecho a obtener ese beneficio jubilatorio. Es decir, en tanto no adquiere ese derecho, no pierde la estabilidad; y si no pierde la estabilidad, no puede ser dejado válidamente cesante, pues no concurre el presupuesto condicionante del ejercicio de la potestad.
Retiro policial, determinación del haber jubilatorio, actos de servicio
Materia: CIVIL
Carátula: Ruiz, Roberto Eduardo c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Pol. Fed. s/ Apelación Res. 225/90
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

El art. 86 inc. a ap. 1 del decreto 4.639/73 - reglamentario de la ley 19.373 - dispone que el haber jubilatorio se determina conforme al sueldo y suplementos íntegros de la categoría inmediata superior a la desempeñada, tanto si la inutilización es "por actos de servicio" como "en actos de servicio". El beneficio extraordinario comprende ambas situaciones sin discriminar y con ese alcance hay que interpretar el derecho del agente.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, obligaciones del médico, donación de sangre, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, SIDA
Materia: CIVIL
Carátula: C., M.I. c/ RUSS, Carlota s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-30

Frente a la convención suscripta entre la actora y el nosocomio con el objeto de confirmar si era portadora del virus que transmite el HIV, no cabe responsabilizar a la médica dependiente del establecimiento que atendió a la actora y le hizo saber el resultado positivo que erróneamente arrojó el referido análisis. Máxime, si dicha profesional requirió a la institución que se hiciera cargo del examen de confirmación diagnóstica. Es que, la conducta de la profesional dependiente debe encuadrarse dentro de las normas de la responsabilidad extracontractual al no estar obligada por el acuerdo mencionado y por otra parte carecía de facultades para ordenar la confirmación diagnóstica. De haber adoptado una conducta contraria a lo resuelto por sus superiores, hubiera transgredido el art. 86 de la ley de Contrato de Trabajo; y dentro de la esfera civil, su carácter de dependiente es excluyente de responsabilidad frente al daño causado, por haber obrado por orden de un superior legítimo.
Acción subrogatoria, asegurador, indemnización, contrato de garaje, responsabilidad del garajista, hurto de automotor, automotor en playa de estacionamiento, responsabilidad contractual, depósito
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANCOR COOP. DE SEG. LTDA c/ CENCOSUD SA s/ ORD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-06

Cabe hacer lugar a la demanda promovida por una Compañía de Seguros, subrogada en los derechos de su asegurado (LS 80) por repetición de indemnización que debió abonar por el robo de un vehículo, hecho acaecido mientras se hallaba depositado en la playa de estacionamiento de un hipermercado, toda vez que si bien -en el caso- no puede sostenerse que medio un contrato típico de deposito (CCIV 2182 y 2190), no necesariamente se sigue de ello la inexistencia de ningún tipo de relaciona jurídica que obligue a la "accionada" respecto de las personas que estacionan sus rodados en dicha playa, ya que la modalidad operativa o empleada por una empresa titular de un emprendimiento comercial de envergadura constituye una oferta dirigida a la potencial clientela, de una prestación accesoria de estacionamiento gratuito complementaria de su actividad principal de comercialización de mercaderías y otros productos que se integran con la aceptación de quienes se avienen a aprovechar la infraestructura y presunta seguridad suministrada para el resguardo de sus vehículos, surgiendo de esta manera un vínculo contractual (CCIV 1137), en que cobra decisiva importancia la obligación de guarda, custodia y restitución de vehículos depositados. Por ello, resulta irrelevante la falta de control en la entrada y salida de los automóviles, la inexistencia de barreras y de otros recaudos, tales, por caso, tomar nota del numero de patente, entregar tickets, comprobantes del horario de ingreso y egreso, pues predica la ausencia de un adecuado control y una notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones que le competen, resultando operativa la regla que dispone que nadie puede alegar su propia torpeza (CCIV 929). (En el caso, se revoca la sentencia del a quo y se fija la suma de $ 21.500, representativa de la indemnización abonada al damnificado por la CIA. de seguros actora -subrogada-, suma esta que devengara intereses, a la tasa que percibe el banco de la Nación Argentina en sus operaciones a treinta días (conf. CNCO en pleno, "S.A. La Razón s/ Quiebra s/ Inc. de pago los profesionales", del 27.10.94).
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lopez, Yolanda Soledad y Otro c/ Casse, Marcelo Raúl y/o quien resulte responsable s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-08-08

No es cierto que el girar en "U" a contramano carezca de efecto jurídico ante la costumbre inveterada de realizar el mismo. Es una violación a las reglas que regulan la circulación -Título VI Ley 24.449- ya que tratándose de una maniobra riesgosa como lo es el giro a la izquierda, se interfiere con ello la circulación de los vehículos y genera la culpa civil del infractor en los términos de los arts. 512, 1109 y 1113 del Código Civil, debiéndosele atribuir por ello la culpabilidad exclusiva en la producción del evento.
Contrato de trabajo, despido con causa, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: González Vda. de Garay, María Elena c/ Román Marítima S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-11-27

La pérdida de confianza constituye un factor subjetivo que, para justificar el distracto, debe derivar de hechos o actitudes objetivamente injuriosas si, por su naturaleza, implican un comportamiento seriamente reñido con los deberes de probidad, decoro, lealtad, fidelidad y buena fe ínsitos en el contrato de trabajo.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ACUÑA DE GUILLAMENT ANA MARIA c/ ISAIAS SCHRAGE Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-24

Un pedido de nulidad de sentencia exitoso sólo puede basarse en la omisión de cuestiones esenciales, en que la sentencia carezca de fundamento legal, en inobservancia de las formalidades esenciales, o que no haya voto fundado en razones jurídicas.
Acción de amparo, inconstitucionalidad, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Gonzalez, José Norberto c/ A.N.Se.S. s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-13

Corresponde hacer lugar a la acción de amparo, ante una situación "delicada y extrema", en el decir de la Corte, donde peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, por lo que dicha vía aparece como el remedio más eficaz, rápido y expedito que posee el actor para proteger su derecho, por el cual busca la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.426, pues resulta ser el amparo la vía más idónea para el análisis sobre la cuestión planteada.
Constitución Nacional, facultades del gobierno nacional, facultades delegadas, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Disco Sociedad Anónima c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

Conforme el principio de que quien tiene el deber de procurar un determinado fin tiene el derecho a disponer de los medios necesarios para su logro efectivo y habida cuenta de los objetivos enunciados en el Preámbulo y los deberes facultades establecidas en los incisos 12, 13, 16 y 28 del art. 67 de la Constitución Nacional tiene razón de causa final y móvil principal del Gobierno Federal, no cabe sino concluir que éste no puede ser enervado en el ejercicio de los poderes delegados, en tanto se mantenga en los límites razonables de los mismos conforme a las circunstancias. Este es, por lo demás , el principio de supremacía que consagra el art. 31 de la Constitución Nacional.
Daños y perjuicios, daño moral, procedencia del recurso, responsabilidad contractual, compraventa inmobiliaria, corredor, existencia del agravio, tipo de cambio, consecuencias mediatas, consecuencias inmediatas
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Laura Andrea  c/ Katz, Jorge Silvio  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

Corresponde admitir el reclamo de indemnización en concepto de daño moral ($150.000), solicitado por el comprador de un bien inmueble, promovido contra el corredor interviniente en la operación, toda vez que éste omitió recabar y comunicar la hipoteca que gravaba la propiedad, especialmente cuando publicitó el bien como "apto crédito" y la actora le manifestó la importancia de ese dato para efectuar la correspondiente reserva. Situación que provocó posteriormente una demora en la cancelación del gravamen e inscripción de la transferencia, así como un mayor costo en la operación debido a la variación temporal del tipo de cambio de la moneda nacional y el dólar. En estos términos, el daño moral resulta implícito en la naturaleza de los hechos en cuestión (CNCom, Sala B in re "García Dietze, Alejandro Pablo c/ laorana SRL y otro s/ ordinario", del 13/04/22).
Sentencia arbitraria, costas, doctrina legal, interés concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRIZO DE FERNANDEZ ELIDA BEATRIZ c/ MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION s/ COBROS (ORDINARIO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14

Resulta arbitraria la imposición de costas que no toma en cuenta la forma en que se resolvió el pleito y prescinde de la razón probable para litigar que asistió a la actora.
Recurso de casación, sentencia definitiva, nulidad procesal, secuestro de estupefacientes
Materia: CIVIL
Carátula: Urrutia, Jorge s/ Infracción Ley 23.737 (Art.5 Inc. C)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-05-06

Es admisible el recurso de casación dirigido contra la resolución que confirmó la declaración de nulidad de los actos de registro y secuestro mediante los cuales se obtuvo el material estupefaciente cuya tenencia se les atribuye a los imputados, pues dicha resolución impide la continuidad de las actuaciones y, por tanto, es asimilable a las resoluciones de carácter definitivo.
Empleados públicos, personal contratado, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Crosa, Juan Gerónimo c/ D.G.F.N. s/ Cobro de australes y daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-09

El ingreso sin cumplir con los requisitos indispensables para una designación en calidad de personal permanente, y la aceptación de los contratos y sus pertinentes prórrogas, presididos por un régimen de inestabilidad, veda al demandante reclamar los derechos emergentes de la estabilidad en el empleo, pues de otro modo, también se violentaría el principio que impide venir contra los propios actos, y además se beneficiaría con aquél derecho quien no se ajustó a las condiciones necesarias para gozar de él.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sociedades comerciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piñeyro, Abraham Félix s/ Sucesión. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16

El pronunciamiento de la Cámara que ordena se tome razón e inscripción en el libro de registro de acciones de una sociedad la transferencia operada sobre las acciones del causante a sus herederos con independencia de la dilucidación de la continuación de su titularidad o en su caso del derecho al reintegro de su valor, no reviste el carácter de definitivo, como tampoco lo relativo a la imposición de las costas debido a su carácter accesorio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Banco central, régimen de garantía de los depósitos, depósito a plazo fijo, plazo fijo nominativo intransferible, restitución de sumas de dinero
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANTAMARIA, ALBERTO GUSTAVO c/ B.C.R.A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-15

Por tratarse de un certificado de depósito a plazo fijo nominativo, intransferible, a tasa de interés no regulada, debe hacerse lugar en parte a la demanda, debiendo devolverse los fondos depositados y los intereses pactados, sólo en proporción y con los topes resultantes de las reglamentaciones dictadas por el Banco Central vigentes con relación a ese tipo de depósito, es decir australes 100 con mas el 1% sobre el excedente, según comunicaciones "A" 614, del 29.3.85 y "A" 687 del 28.6.85
Recurso contencioso administrativo, sentencia, ejecución de sentencia, incidentes, traslado, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: CIA. DE ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES ING. RODOLFO CORNERO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - HONORARIO S PERITO CONTADOR- PEDIDO DE DECLARACION DE CADUCIDAD DE INSTANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-05-09

Si bien es cierto que las disposiciones que prevé el Código Procesal Civil y Comercial provincial respecto del instituto de la caducidad no son aplicables a la ejecución de sentencia (art. 238), también lo es que nos encontramos ante una instancia recursiva cuya posibilidad de perención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 87 de la ley 4106, ha sido prevista por el legislador provincial, y no puede admitirse el argumento basado en que el trámite se había agotado con la contestación del traslado corrido, quedando pendiente de resolución la incidencia toda vez que la tramitación acordada oportunamente no se encontraba finalizada al restar concretar la vista ordenada a la Caja Forense.

En consecuencia, ante ese panorama, mal puede entenderse que la causa se encontraba a resolución del Tribunal, por cuanto a la accionada le correspondía instar el trámite de la incidencia y colocarla en estado de resolución.
Facultades de la autoridad de prevención, estado de sospecha, detención
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cipolatti, Hugo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-15

Los preventores -en el caso- actuaron conforme a derecho, de acuerdo con los arts. 184, inc. 5°, 230 y 284 del C.P.P., habida cuenta que el estado de sospecha fue previo al procedimiento. Por ello corresponde casar la situación ante la ausencia de logicidad en la ponderación de los elementos de juicio habidos hasta el momento de la resolución impugnada, que la descubren como fundamentación aparente. Asimismo no puede despreciarse la posible participación en un hecho delictual de persona alguna por más que se trate de un sujeto conocido por su intervención en el medio artístico, como lo hizo el tribunal a quo. (Voto de la Dra. Catucci, adhiere el Dr. Bisordi según su voto, Dr. Madueño en disidencia).
Contrato de obra pública, recursos administrativos, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ingeniero Pell Construcciones S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 28-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-09-07

El carácter provisorio de los certificados de obra -lo que a juicio de la accionante le habría permitido reclamar hasta la liquidación final- no empece a que la cuestión planteada por la contratista haya adquirido firmeza como consecuencia de la falta de interposición oportuna de los recursos respectivos, por cuanto- en el caso- no estaba en cuestión un aspecto de mera determinación aritmética, sino la aplicación de un parámetro para efectuar los cálculos, aspecto de trascendencia general a toda la ejecución de la obra pública, y que ya había sido resuelto por la Administración.
Apartamiento del querellante, delito de acción pública, acceso a la justicia, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: ARIAS, Juan Pablo s/ rechazo de apelación; Arias, Juan Pablo s/ apartamiento de parte querellante c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-18

El art. 82 CPPN no hace distinción alguna ni establece restricciones a quien resulta particularmente ofendido de un delito de acción pública garantizando, de este modo, su derecho a acceder a la justicia. Por ello, si se presentan imputaciones recíprocas que recaen sobre dos ilícitos diferentes cuyas plataformas fácticas y damnificados son perfectamente distinguibles, corresponde tener al recurrente del rol de querellante, sin perjuicio de que ambas tuvieron origen a partir del suceso acaecido el mismo día, la prueba de una imputación no conlleva necesariamente al descarte de la otra (voto de los jueces Morin, Días y Sarrabayrouse)
Derechos y garantías constitucionales, bancos, secreto bancario, expediente, expediente reservado, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de nulidad en autos NN (FORMOAPUESTAS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-02

En el caso, la defensa se agravia en cuanto a que se ha vulnerado la confidencialidad des datos bancarios de cuentas de su titularizad, en atención a que informes requeridos a entidades bancarias, fueron introducidos a la causa quedando expuestos a la vista de terceros hasta el momento en que se dispuso su reserva.

Debe recordarse que para que un acto sea alcanzado por la declaración de invalidez debe haber conculcado algún derecho, causando algún perjuicio. Es por ello que a pesar de que el juez a quo no dispuso en forma inmediata la reserva de los informes fuera de la causa judicial, de las actuaciones no se desprende que efectivamente terceros extraños hayan tenido acceso a dicha información o que hubieran utilizado dichos datos en forma alguna, por no que se afectación a derecho constitucional alguno.
Superintendencia de Seguros de la Nación, empleados públicos, tasas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Levy, Horacio Alberto y otros c/ Estado Nacional (Mrio. de Economía y Superintendencia de Seguros de la Nación) s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

La tasa uniforme del art. 81 de la ley 20.091 constituye un recurso más entre los numerosos con que cuenta el Estado para la satisfacción de las necesidades públicas, por lo que se trata de un recurso público que contribuye a la formación de un fondo de igual naturaleza, el cual aunque se encuentre afectado a un ente autárquico específico, no por ello deja de constituir una porción del patrimonio del Estado. (Disidencias del Dr. Enrique Santiago Petracchi y del Dr.

Antonio Boggiano).
Impugnabilidad objetiva, doble instancia, inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Monte, Miguel Enrique c/  s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-13

El voto concurrente señaló que, más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, toda vez que la parte se limita a alegar su disconformidad genérica con el a quo, sin expresar razones concretas y fundadas que permitan conmover lo decidido, el recurso en examen se presenta inadmisible por carecer de la debida fundamentación. (Dres. Gemignani, Borinsky, Hornos).