marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, acción de amparo, responsabilidad del Estado, bonos de consolidación, intereses
Materia: ECONOMIA-FINANZAS-PROCESAL
Carátula: Vergara Mario Hugo y otro c/ EN M Economía y Finanzas y otro s/ amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-25

Se confirma la decisión de primera instancia que condenó al Estado Nacional, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al inmediato pago de los bonos de consolidación de los que es titular la parte actora, más los intereses respectivos. Se hace lugar al planteo de falta de legitimación pasiva de la Caja de Valores SA y se revoca la sentencia de primera instancia que la condenó. Se rechaza el planteo de extemporaneidad de la demanda de amparo formulado por el Estado Nacional.
Suspensión del juicio a prueba, consentimiento del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Vieira de Paula, Lucas s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-04

La estimación efectuada por el sentenciante no se limita a la verificación de los requisitos legales de procedibilidad de una condena de ejecución suspensiva, sino que claramente deberá efectuarse atendiendo a las concretas particularidades del caso, puesto que de adverso, constatados los requisitos legales y mediando conformidad fiscal, la aplicación del instituto ya no sería facultativa sino obligatoria para el juez que deba entender. La disidencia consideró que la opinión favorable del fiscal en punto a la admisibilidad del instituto vincula al órgano jurisdiccional a suspender el juicio a prueba y que la existencia de procesos en trámite no obsta para la concesión del instituto, en virtud de la presunción de inocencia y a fin de no agregar un requisito que la ley no contempla. (Dres. Riggi, Tragant, Ledesma en disidencia).
Acto administrativo, orden público, nulidad del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RIOMINSA S.A. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-02-27

La trascendencia del vicio que afecta al orden público hace que este interesado el bien común, el interés general, en sancionar la transgresión. Cuando el estado o el particular interesado impugnan un acto que adolece de nulidad absoluta, persiguen los mismos fines;

son situaciones iguales desde el punto de vista jurídico.
Improcedencia del recurso, daños y perjuicios, responsabilidad contractual, póliza, ajuste de la prima
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ GALINDO c/ SAN CRISTOBAL S.M.S.G. LTDA. s/ D.Y P. RES. CONTRACTUAL PARTICULARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-02-27

Corresponde rechazar la queja referida a la omisión de incluir en la suma de cobertura pactada en la 0 póliza ($ 67.700), el importe que resulta de aplicar el ajuste automático del 10% (conforme las condiciones particulares de la póliza), si se advierte que tal petición no surge ni de la demanda ni en las posteriores ampliaciones que efectuara el actor; lo cual determina que tal ajuste ha quedado fuera del ámbito de discusión en la instancia de grado y consecuentemente, importa una cuestión ajena a tratar en esta instancia, conforme el valladar impuesto por el art. 277 del Código Procesal, que dispone que el tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia.
Acción de amparo, tratamiento médico, medicamentos, cobertura médica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pérez Arduser, Ana c/ Medicus S.A. s/ amparo s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-10-01

Cabe precisar que si bien no correspondería conceder prestaciones indeterminadas que aún no han sido prescriptas por el profesional médico porque ello constituiría un avasallamiento a la seguridad jurídica (cf. STJRNS4 Se. 148/17 "CANAVESE"); en el caso de autos resultan aplicables las consideraciones que efectuara al emitir mi voto en el precedente "VIDAL" (STJRNS4 Se. 118/18), en relación a que no aparece como un exceso de jurisdicción la exigencia de dar cobertura al 100% de todo medicamento que se prescriba a la amparista para abordar su patología oncológica a los efectos de asegurar su tratamiento. (Voto de la Dra. Piccinini por la mayoría)
Ejecución prendaria, recurso de apelación (procesal), plazos procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COMPULSA EN J.: BANCO DE MENDOZA c/ RAFAEL BULOS s/ Ejec - Prend (LIBRO: A158 - 143)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-06-20

El art. 30 de la ley prendaria fija el plazo de dos días para apelar la sentencia y debe considerárselo de aplicación a todos los casos en que se interpongan recursos en una ejecución comprendida en esa ley. El recurso de apelación interpuesto al tercer día debe declarárselo interpuesto fuera de término.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del concesionario vial, eximentes de responsabilidad, culpa de terceros, responsabilidad del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: Paredes, Gabriel Ivan c/Autopistas Urbanas S.A. y otro s/ daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-05

Corresponde rechazar la demanda contra una empresa concesionaria de autopistas, interpuesta por un motociclista que cayó del vehículo mientras circulaba por la ruta, como consecuencia de que se le cruzara un peatón que venía corriendo velozmente, dado que éste último invadió una vía de tránsito rápido por donde circula una importante cantidad de vehículos a toda hora y por donde el tránsito peatonal no está permitido, incurriendo en graves violaciones a las reglas de tránsito, por lo que resulta acreditada la ruptura del nexo causal que exime a la concesionaria de responder por las consecuencias del accidente, es decir, el hecho de un tercero por quien no debe responder.
Impuestos, pago, plazo, Estado, gasto público
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: PRIMER CENTRO DISTRIBUCION DE COMESTIBLES CASSINERIO SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ REVOCATORIA     RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 142-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-29

Las prestaciones tributarias deben ser cumplidas estrictamente en el tiempo que determinan las normas que rigen la materia, es decir, el pago de los tributos debe ser oportuno y efectivo para que quede expedita la libre disposición de los fondos. La finalidad es garantir la regular percepción de los ingresos públicos como una consecuencia de que la consecución de los fines concretos que se propone el Estado, a través del ejercicio de las funciones y servicios que tiene asignados por el otorgamiento que debe desarrollar de modo continuo y permanente, y los consiguientes gastos que irrogan sean solventados prontamente a fin de evitar el caos social que inevitablemente sobrevendría si así no se actuase, porque la ley fiscal no persigue como única finalidad la recaudación fiscal, sino que se inscribe en un marco jurídico general, de amplio y reconocido contenido social, en que la sujeción de los particulares a los reglamentos fiscales constituye el núcleo sobre el que gira todo el sistema económico y de circulación de bienes.
Línea telefónica, compraventa inmobiliaria, transferencia de línea telefónica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROLON, Vda. de Girón, Gumersinda c/ Entel s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

Corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto ordenó a la demandada abonar el valor actual de reposición para la obtención de una línea telefónica en el domicilio que el accionante denuncie, más un 6% de interés anual desde el reclamo administrativo y revocarla respecto a la restitución de la suma correspondiente a los abonos pagados por la actora. (En autos la actora vendió el inmueble sin que en la escritura constara que incluía la línea telefónica en la venta no habiendo cesión a la compradora y anteriormente, había solicitado el traslado del servicio telefónico y que se mantuviera en funcionamiento hasta una fecha determinada en el inmueble vendido, denotando de tal actitud su intención de conservar el servicio, de trasladarlo a su nuevo domicilio y la precaución de no dejarlo incomunicado hasta el traslado).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Jacobs, Daniel R. Biglieri, José M. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16

Debe anularse de oficio la sentencia en la que la Cámara omitió toda referencia probatoria sobre las circunstancias de hecho que consideró probadas y en las que fundó su decisión ya que así impide a esta Corte conocer debidamente en el recurso interpuesto.
Delitos cometidos durante actividades antisubversivas, apreciación de la prueba, defensa en juicio, derecho a conocer el hecho imputado
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

La dificultad en contar con un plexo probatorio completo y acabado de los delitos cometidos durante el último gobierno de facto, en virtud del contexto existente en el funcionamiento de la maquinaria estatal de represión y aniquilamiento de los elementos subversivos, no habilita a prescindir de un análisis probatorio que brinde certeza acerca del pleno conocimiento, consentimiento y aporte del encartado en el delito imputado, toda vez que los principios rectores del Estado de Derecho y del Derecho Penal Liberal requieren que todo reproche jurídico-penal que se emita contra una persona se delimite en tiempo, modo y lugar determinados, a fin de garantizar al imputado el pleno ejercicio de su derecho de defensa en juicio. (del voto del Dr. Juan Carlos Gemignani en disidencia parcial)
Excarcelación, falsificación de instrumento público
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: JAIME, EDUARDO BENITO s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-08-22

Si al imputado se le atribuye el delito de falsificación de documento público (C.P., art. 292), pero además se encuentra sometido a proceso en la jurisdicción federal por el delito de comercialización calificada de estupefacientes (arts. 2, inc. 6to., y 8, inc. c), de la ley 20.771), no corresponde computar este delito a los fines de la excarcelación, pues de conformidad al art. 315 del C.P.P. (ley 7139), no este delito el que se le atribuye sino aquél y en consideración a la falsificación documental que debe estimarse "prima facie" si en el caso de condena se lo privará efectivamente de su libertad personal por más de ocho meses. Una interpretación contraria sería extensiva, lo que está vedado por imperio del art. 3 del C.P.P.- Esta conclusión nada obsta a que los antecedentes que el imputado registra en otras jurisdicciones puedan valorarse a la luz del art. 316 del C.P.P. (ley 7139).-
Trabajador, retribución por cese
Materia: LABORAL
Carátula: REYES PATRICIA KARINA c/ OBISPADO DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DIFERENCIA DE INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD,ETC.-CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-10-15

Aun cuando no se hubiere reclamado diferencias salariales, pero si una categoría diferente a la otorgada por el empleador, corresponde que el tribunal se expida sobre dicho aspecto del contrato.
Dictamen pericial, apreciación de la prueba, facultades del juez, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: López, Patricia Dominga c/ CROSS S.R.L. s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-07

El apartamiento de las conclusiones establecidas en el dictamen pericial debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, o de que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos. Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél.
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, cómputo de la actualización, haber mínimo jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GARCÍA, NORMA CONCEPCIÓN c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-16

A fin de tornar operativa la movilidad del haber previsional devengada desde el 01.04.95, resulta válido remitir -en lo sustancial- a los lineamientos establecidos por el voto mayoritario del Tribunal en los precedentes "Sirombra, Lucía Elvira" y "Rueda, Roberto" (ambas falladas el 14.09.05), que ordenó calcularlo y liquidarlo semestralmente a partir de enero de 2002, en base al incremento del Promedio de Remuneraciones, pero, a diferencia de lo decidido en los citados casos (en los que se descargó sólo el 70% del aumento de la pauta de ajuste escogida en atención a la emergencia declarada), en autos corresponde aplicar -en su integridad- la variación habida en el Promedio de las Remuneraciones declaradas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, porque la evolución de los parámetros macroeconómicos y sociales no legitiman, al presente, quita alguna. El baremo escogido es -en el actual contexto- por su naturaleza y continuidad, el apropiado para ser considerado el piso mínimo de la mentada movilidad de los haberes regidos por el art. 7, ap. 2 de la ley 24.463, pues traslada a los ingresos de pasividad -de manera paralela y simétrica- el incremento del Promedio de las Remuneraciones que sirven de base a la recaudación previsional, lo que permite dar a las mismas un tratamiento semejante al de otros beneficios regidos por leyes especiales (por caso, 22.731, 22.929, 24.016 y 24.018). En consecuencia, el titular será acreedor de la diferencia (con sus intereses) que surja -para cada período semestral sujeto a reliquidación- del cotejo entre el nuevo haber reajustado con el efectivamente percibido. Vale decir entonces, que la movilidad así dispuesta absorbe los aumentos ya aplicados (en el caso, por tratarse de una prestación cuyo importe devengado para enero de 2007 ya fue incrementado en un 37,97% -art. 2 Dec. 1199/04; art. 1 Dec. 764/06 y art. 45 ley 26.198-, le resta percibir al actor por la movilidad devengada durante el período en tratamiento, una diferencia acumulativa del 50,38% sobre lo ya abonado para completar la pautada por este pronunciamiento -para ese mes- en el 107,48%). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Obligaciones del abogado, prueba, coautoría
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Wendling Duarte, Víctor Antonio y Otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-02

Si la actuación del abogado del coimputado -ante la ausencia del defensor en 11 oportunidades- quedó reducida al simple compromiso-registrado y visible en los DVD's correspondientes- de hacerle llegar a su defensor designado el correspondiente soporte digital con la filmación de lo ocurrido, en ese ejercicio puramente formal no se advierte, en fin, mella alguna en el derecho de defensa invocado.

El cargo formal que los imputados hayan ostentado en las firmas es, en principio, irrelevante para el juicio de reproche penal formulado, ya que lo que interesará dilucidar es si ellos en efecto retuvieron, en los momentos relevantes, el dominio sobre las operaciones ilícitas que les fueron imputadas.
Recurso de apelación (procesal), inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Filipponi, Mercedes Irma y otro en Autos: "Banco Central R.A. s-Pedido de Quiebra Bco.Patagónico S.A." s/ Incidente de Verificación Tardía
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-23

...la desestimación por el juez del concurso del crédito fundada en sentencia pronunciada por el juez laboral sólo puede sustentarse en causales de impugnación de ella como, por ejemplo, el proceso fraudulento, o en defensas resultantes del estado concursal de la deudora", por lo que no resultan procedentes los agravios vertidos, debiendo ser desestimados.
Recurso de reposición (procesal), apelación en subsidio, juicio ejecutivo, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROM-GAL c/ FEDERICO GUILLERMO ROMERO s/ EJCUTIVO"RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA"EXPTE. N 10328
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-08-14

Recurrido el auto de intimación a la depositaria judicial por revocatoria, sin otro aditamento (es decir, sin la acumulación subsidiaria del recurso de apelación), la resolución que desestimó el intento de reposición ya causó ejecutoria(C.P.C., art. 237). Y si en dicha resolución se incurrió, según entiende el justiciable, en un vicio susceptible de causar su invalidación, la nulidad debió plantearse vía recurso (C.P.C.,ART. 251). Porque resulta totalmente ajena al carril del incidente la enmienda de déficit alojados no en el trámite procedimental previo a una sentencia sino en la sentencia misma.
Honorarios, regulación de honorarios, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Castro, Carlos Humberto y Spaciuk, Domingo Ernesto s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-04-28

Una resolución que aún recayendo sobre una cuestión incidental, finiquita toda posibilidad de replanteo de la base regulatoria y del capital regulado en concepto de honorarios sobre dicha base, finiquita la litis produciéndose los efectos de la cosa juzgada material, ya que no pueden ser motivos de nuevo juicio.
Contrato de trabajo, despido indirecto, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: MIRALPEIX, MARIA DEL PILAR c/ I.S.I.C.A.N.A. (INST. SALTEÑO DE INTERCAMBIO CULTURAL ARG. NORTEAMERICANO) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-08

Corresponde confirmar la sentencia de grado que sustentó la procedencia del despido indirecto en lo sorpresivo de la modificación de las funciones habituales de la trabajadora, al habérsele otorgado tareas claramente inferiores que suponen una descategorización implícita y un perjuicio para la trabajadora por alterar el principio de irrenunciabilidad, en relación a lo cual no resulta relevante que no haya habido disminución de las remuneraciones de la accionante), ni tampoco una modificación en la calificación profesional.

El ius variandi representa una arista del poder de dirección de que es titular el empresario y por ser actualizado unilateralmente sin contralor o participación del dependiente -quien, luego de su ejercicio, solo cuenta con la facultad de solicitar la revisión judicial de lo resuelto por el empleador y, desde la sanción de la ley 26.088, con la de considerarse despedido o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas (art. 66, segundo párrafo de la ley de contrato de trabajo).

Aunque el ejercicio del "ius variandi" se haya adecuado a las reglas legales y, precisamente por ello, pueda reputarse que se ha tratado del ejercicio legítimo y regular de la aludida facultad patronal, igualmente aparece un segundo nivel de protección legal que no puede dejar de ser tenido en cuenta. Es que el art. 66 en la parte final del primer párrafo dispone que el ejercicio del "ius variandi" en ningún caso podrá causar perjuicio material ni moral al dependiente.

Aun cuando resultare acreditado que el cambio que intenta implementar el empleador responde a una razón funcional, es necesario comprobar que no causa un perjuicio moral ni material al trabajador. En el caso de que el dependiente manifestare que no acepta el cambio propuesto, y expresare los motivos de su oposición, las directivas que emanan de los arts. 4°, 62 y 63 de la L.C.T. imponen al empleador adoptar las medidas necesarias para que el ejercicio del "ius variandi" no implique un avasallamiento de los aspectos subjetivos que se esgrimen afectados, sobre todo, cuando se trata de modificaciones en el horario y/o el lugar de trabajo que puedan llegar a tener una incidencia negativa en el tiempo que el trabajador destina a su vida personal, familiar y social.
Responsabilidad civil, sobreseimiento definitivo, cosa juzgada
Materia: CIVIL
Carátula: Torres, Juan Vicente c/ Sánchez de Pérez, Anita s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-21

El dictado de sobreseimiento definitivo en el fuero penal no es equiparable a la absolución en los términos del artículo 1103 del Código Civil, por lo que el mismo no tiene el valor de cosa juzgada en sede civil".
Responsabilidad penal, desechos peligrosos, productos agroquímicos, trabajadores rurales, piloto de aviación, prisión, contaminación ambiental
Materia: PENAL
Carátula: Gabrielli Jorge Alberto y otros p.s.a s/ Infracción ley 24.051
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-09-04

El agricultor y el fumigador resultan responsables en calidad de coautores del delito previsto por el art. 55 de la ley de Residuos Peligrosos - ley 24.051- en concurso real, -el hecho ocurrió en 2008- en tanto se acreditó que el primero instigó a este último para que realice una fumigación aérea utilizando productos químicos prohibidos y que dicha fumigación fue llevada a cabo, contaminando el ambiente de los habitantes de un barrio cercano y no obstante haber sido declarado dicho grupo poblacional en Emergencia Sanitaria por la Municipalidad de Córdoba y haber sido prohibida la aplicación de plaguicidas o biocidas químicos mediante fumigación terrestre, cualquiera sea su tipo y dosis, a menos de dos mil quinientos metros de cualquier vivienda o grupo de dichas viviendas.
Pena privativa de la libertad, torturas, delitos contra la humanidad, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final
Materia: PENAL
Carátula: Faraldo, Carlos c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-13

Teniendo en cuenta el contexto histórico de criminalidad a nivel nacional en el que se enmarcan los sucesos, no se advierte reparo alguno para que los mismos, que fueron subsumidos por el tribunal "a quo" como delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos, ingresen en la categoría de crímenes contra la humanidad y, como tales, imprescriptibles.La mera invocación de afectación a la garantía constitucional -por la incorporación al debate de un libro y un documental a fin de acreditar el contexto histórico nacional en el cual tuvieron lugar los hechos investigados-, no permite tenerla por efectivamente vulnerada máxime, cuando el plan sistemático y criminal instaurado durante la última dictadura militar que caracterizó dicho contexto histórico fue acreditado en el marco de la causa 13/84 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, constituye un hecho notorio y, conforme las reglas prácticas sancionadas por esta CFCP(Ac. Nº 1/12, Regla Cuarta).El examen de la garantía del plazo razonable importa reconocer que, en nuestro país, el juzgamiento de los hechos perpetrados durante el terrorismo de Estado ha afrontado dificultades excepcionales derivadas, en parte, del dominio de las estructuras estatales que -durante años- tuvieron sus autores, y también de las múltiples medidas que fueron articuladas para evitar represalias futuras y garantizar impunidad.A partir de la declaración de nulidad (legislativa) y de inconstitucionalidad (judicial) de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final la justicia argentina debió iniciar una compleja tarea de indagación y reconstrucción de los hechos ocurridos durante el gobierno militar, con las dificultades derivadas del paso del tiempo, la pérdida de rastros, pruebas, registros y testimonios y de las estrategias desplegadas para garantizar impunidad de autores y partícipes cuando tenían pleno dominio del aparato estatal y con posterioridad al restablecimiento del sistema democrático.