marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Presunción legal, presunción juris et de jure, testamentos, impugnación de testamento
Materia: CIVIL
Carátula: SCIARRA, FERNANDO J. c/ ELICECHE, MARCELO B. Y OTROS s/ NULIDAD DE TESTAMENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-10-04

El artículo 3616 del Cód. Civil parte de la presunción de que toda persona está en su sano juicio mientras que no se pruebe lo contrario; este principio general de la validez del testamento es aplicable en supuestos como el que nos ocupa de un demente no declarado; además quien reviste la calidad de demandante afirma que el acto es nulo y por ende le incumbe la prueba de tal afirmación contraria a la presunción legal -art. 375 Cód. Procesal-, y la prueba del estado mental del testador debe ser decisiva, seria y contundente.

Ha dicho la SCBA "quien tiene la carga de probar los extremos de su demanda es el actor (art. 375, C.P.C.) y en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés.( SCBA, Ac 82245 S 1-4-2004, Ac 91961 S 20-12-2006, AC 100570 S 29-4-2009, C 94338 S 16-9-2009, JUBA B21621).

No obstante ello, cuadra apuntar que la presunción es "juris tantum"; que se admiten todo tipo de probanzas y, finalmente, que "si se probara que en la época cercana a la firma del testamento el testador se hallaba habitualmente afectado por una demencia notoria, quien quiere sostener la validez del testamento deberá demostrar que el causante lo hizo en un intervalo lúcido" -cfr. Bueres-Highton, "Código Civil...", T. 6 a, p. 808 y sgtes.; Llambías-Méndez Costa, "Código", V-C. p. 158 y sgtes.; Ferrer-Medina, "Código", T.II, p. 226; Medina, G. "Nulidad de Testamento", p. 276; Fassi, "Tratado de los Testamentos", T. 2, p.379-".
Recurso de casación penal, cuestiones de hecho y prueba, principio de inmediación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Soraire, Carlos Eliseo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Sr. Carlos Eliseo Soraire con el patrocinio del Dr. Víctor M. Pinto, en contra de la Sentencia Nº 52/08 de Expte. Nº 188/06 "Soraire, Carlos Eliseo - Lesiones Leves Calificadas"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-05-06

Reiteradamente ha sostenido esta Corte en fallos que anteceden, que por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el tribunal de casación se encuentra facultado para efectuar un examen ex novo de la causa puesto que el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aún en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación, es decir, aquello que exclusivamente ha ingresado en la percepción del tribunal.

Con relación a esto último, adviértase que los principios de inmediación y contradicción imponen que los órganos de prueba que hayan de producirse en el debate deban comparecer personalmente a fin de que, precisamente, tanto el tribunal como las partes, tomen conocimiento directo de los mismos, de su impronta, semblante, actitudes, expresiones gestuales, forma de expresarse y demás circunstancias que sirven para evaluar su veracidad y eficacia, y por sobre todo ello, de interrogar directa y libremente a los testigos a fin de indagar sobre el verdadero conocimiento que de los hechos puedan tener.

De este modo, se han señalado con claridad los límites que tiene el tribunal de casación en el contralor lógico de la motivación de las sentencias a través del recurso de casación. En tal sentido, se ha expresado que a la casación llegan los relatos que de la prueba efectúa el tribunal de juicio "pero no le llegan ni las pruebas testimoniales originales, ni las impresiones originales de las inspecciones y comprobaciones realizadas en el curso del debate", por lo cual el contralor no puede ni debe invadir el ámbito que configura la competencia reservada precisamente a los jueces de mérito, porque son quienes tienen la inmediación en la recepción de la prueba, les corresponde apreciar libre y prudencialmente la eficiencia probatoria (Núñez, Ricardo C., "El contralor de las sentencias de los tribunales de juicio por vía de la casación", Opúsculos de Derecho Penal y Criminología, n° 40, Ed. Lerner, p. 30).
Jueces, dictámenes
Materia: CIVIL
Carátula: MENDIETA MIGUEL -NGEL c/ OVEJERO CARLOS GERMAN s/COBRO DE PESOS s/ CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-07-13

El juez para fallar, busca la mayor aproximación posible a la verdad de los hechos, con las limitaciones propias de su marco contextual, en principio por su condición de ser humano -que no lo hace omnisciente- y por sobre todo, porque la esfera de su conocimiento radica en especial en lo efectivamente alegado y aportado al proceso por las partes -conforme al principio dispositivo sobre el cual se desarrolla el proceso civil- en relación a la existencia de los hechos constitutivos, extintivos o impeditivos de sus derechos sobre los cuales las partes deben desarrollar toda su actividad a los efectos de lograr la convicción del juez.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestión de derecho común, sentencia, vicio de irrazonabilidad, fundamentos insuficientes, proceso penal, querellante, desistimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TALLARICO, LUIS ALBERTO c/  s/ FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN CONCURSO IDEAL CON MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-22

La impugnación merece favorable acogida en esta instancia, pues si bien los agravios planteados remiten al examen de cuestiones -como lo son las vinculadas con la interpretación de normas de derecho común y procesal- que por su naturaleza resultan ajenas en principio al recurso reglado por la ley 7055, corresponde hacer excepción a dicha regla cuando lo decidido ha supuesto transponer efectivamente el límite de razonabilidad; y en el caso la consecuencia asignada por el Magistrado a la extemporaneidad declarada no encuadra en ninguna de las causales legalmente establecidas en el ordenamiento procesal, y ninguna fundamentación al respecto se observa en la resolución cuestionada, toda vez que la normativa brinda cuatro casos en los que se evidencia una clara trascendencia procesal cuyo incumplimiento sí puede constituirse como una manifestación tácita de apartarse del proceso y, a partir de las cuales, el Legislador interpretó que esas actitudes demuestran una falta de interés en continuar con su instancia de persecución penal, y en estos autos, la consecuencia le fue impuesta a la querellante en el trámite de apelación de otros pretensos querellantes, no resultando dirimente su intervención, por lo que el hecho de presentarse un día después del vencimiento del plazo impuesto (si se computase la duplicación prevista en la ley 7234) no tiene ningún parecido con la inasistencia a prestar declaración testimonial o a la realización de cualquier medio de prueba; no asistir a la convocatoria de la Fiscalía en los términos del artículo 287 del Código de rito; y las inasistencias a la audiencia preliminar o la de debate. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículos 98 y 287; Ley 7234; Ley 7055
Expropiación, indemnización, terreno lindero, bienes inmuebles
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO c/ TESARI, ROSA Y TESARI, JUAN CARLOS s/ EXPROPIACION.     CSJ EXPTE NRO 49-78
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-05-29

Es jurisprudencia de esta Corte que para respetar el principio constitucional de la justa indemnización expropiatoria, el tribunal debe ser amplio en la valoración de los elementos de convicción, y ello se satisface determinando el monto a partir de un valor básico por metro cuadrado que no sea inferior al fijado por la comisión de tasaciones para otros terrenos de la zona de similares características aceptados por la expropiante en los respectivos juicios, y por el tribunal, en la sentencia. Se mantiene así en lo posible, el principio de igualdad de trato entre inmuebles afectados a igual destino.
Juicio ejecutivo, sentencia de trance y remate, nulidad de sentencia, falta de prueba, certificado de saldo deudor, falta de causa
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARAU, ELENA c/ BANCO MAYO COOP. LTDO. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-30

En un proceso ordinario en el que se persigue la nulidad de la sentencia de trance y remate dictada en un proceso ejecutivo, la repetición de lo abonado en virtud de esa decisión, y los daños y perjuicios ocasionados, resulta improcedente alegar la falta de prueba de la deuda ejecutada, toda vez que no resulta idónea tal alegación en el marco cognoscitivo de un proceso de conocimiento (CPCCN art. 553). Máxime, si el certificado deudor en cuenta corriente utilizado por el defendido para acreditar su acreencia, no mereció excepción o impugnación de falsedad material en el juicio ejecutivo previo (CPCCN 544 inc. 4), razón por la cual no procede la revisión de esa cuestión que pudo plantearse en aquel proceso abreviado (CPCCN art. 553 parr. 4).

A más, en el procedimiento ordinario es la pretensora quien debe probar la inexistencia o, en su caso, la ilegitimidad de la deuda reconocida en el ejecutivo precedente, en tanto es el fundamento de hecho de su pretensión (CPCCN art. 377). Por su parte, en caso de alegarse la ilegitimidad o falta de causa, no cabe obviar que dicha causa se presume (Cod. Civil art. 499), por lo que, desde el punto de vista sustancial, también le correspondía a la accionante desvirtuar esa premisa.
Obligaciones en moneda extranjera, pesificación, esfuerzo compartido, equidad, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: G. G., A. y Otra c/ C., A. y Otra s/ ORDINARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-28

En un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, "Teruel, Santiago y otros v. Dalvian S.A. s/ inc. por Convalán Nanclares, Pablo y otros") del 24-11-03 (voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci)...c) La apertura de una jurisdicción de equidad. Este punto de partida implica, que cuando no hay acuerdo de partes ni reglamentación precisa que contemple el caso, no hay otro remedio que invocar principios de equidad, en cuyo caso el juez, en su función de intérprete de la ley, tiene el deber de recomponer la situación. No ignoro que estas facultades judiciales son discutidas por un sector importante de la doctrina nacional, pero a ese sector se responde con palabras de Carlos Cossio: "Quien cree que no tiene jueces no tiene por qué depositar su fe en las normas". En la ley 25561 y su modificatoria de noviembre de 2003 la llamada "jurisdicción de equidad" actúa a través de la "pretensión distributiva del esfuerzo compartido".

Se trata, como tantas otras, de una jurisdicción de equidad, con sus peligros y virtudes. Se ha dicho que "la equidad tiene algo de misterioso; suponemos que es la justicia o la verdad del caso particular. Es imaginativa, conciliadora, tolerante, incompatible con la hipocresía, el egoísmo, el formalismo".

Dentro de ese misterio los jueces aplicarán la llamada "gap filling doctrine", que tiende a "llenar el vacío" de modo razonable y según las circunstancias del caso.
Daños y perjuicios, responsabilidad solidaria, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: GARAY, CLAUDIO OMAR c/ SEGBA - ENTEL - REDES TELEFONICAS - EL LAGO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

Surge de las pruebas arrimadas a la causa que ambas codemandadas son responsables en forma solidaria de la ocurrencia del accidente.

La Subcontratista de una contratista de ENTel. lo es en los términos de los arts. 512, 902 y 1109 del Código Civil, porque dejó expuestos los conductores de electricidad de SEGBA -cuya existencia debió necesariamente prever, ponderando el lugar donde efectuó las excavaciones-, posibilitando de tal modo que el agua proveniente de intensas precipitaciones pluviales los afectara de manera que de ellos se derivaran daños a terceros, sin adoptar mínimas medidas de advertencia para estos. Y SEGBA lo es porque la electrificación de la masa de agua que cubría la zona por donde transitaba la víctima también se produjo a través de un conductor suyo conectado a la carcaza de un empalme también suyo, de donde su responsabilidad queda comprometida en su calidad de propietaria, por el riesgo o vicio de su cosa.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, recurso de nulidad, plazo, notificación por cédula, domicilio falso, medidas cautelares, embargo, sentencia, recursos, expediente
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: PASCUA, INDALECIO c/ BAR MAPPET Y OTRO s/ COBRO DE AUSTRALES     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 421-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-26

Habiendo el demandado acusado de nulidad que todo lo actuado hasta la sentencia por no habérsele dado debida intervención en el proceso, al citárselo y efectuarle todas las demás notificaciones en domicilio extraño; incurrió en arbitrariedad por excesivo apego a las formas en desmedro de la verdad jurídica objetiva, la Sala que desestimó la queja por denegación del recurso de nulidad por ser extemporáneo, computando el plazo para recurrir la sentencia y su trámite previo desde el día siguiente al de la diligencia de un embargo, que no era un acto idóneo para permitirle al accionado conocer las presuntas irregularidades. Así, privó al justiciable indebidamente de una instancia de revisión a la que tenía derecho, ya que la pretensión nulificatoria aparecería como tempestiva si se hubiera juzgado razonablemente el momento a partir del cual pudo considerárselo al demandado sabedor de los supuestos vicios (una vez examinado el expediente, luego de su devolución por el apoderado de la contraria, y de la reanudación de los términos procesales).
Marcas, uso de marca, obligaciones del deudor, responsabilidad del deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: GOYENECHEA  Y  CIA c/ CORPORACION ARGENTINA DE ABERDEEN ANGUS s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12

En el ámbito contractual, la responsabilidad del deudor sólo queda comprometida cuando concurren todos los presupuestos que la configuran, siendo apropiado agregar que basta que alguno de esos requisitos fracase para que el deudor quede exento de responsabilidad por las consecuencias de su actividad (conf. Llambías, J.J., "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", 4ta. ed., t. I, pág. 119/120, n° 98), criterio ese observado por esta Sala en diversos supuestos análogos (conf. causas n° 7315/99 del 20.9.06; n° 592/00 del 24.11.06; n° 13.947/03 del 22.2.07; n° 9367/01 del 26.10.07; n° 3091/01 del 27.12.07; entre otras). En el presente caso no se verifica incumplimiento alguno imputable a la accionada de las obligaciones que asumiera con motivo del contrato de licencia para el uso de la marca "Aberdeen Angus" celebrado con "Goyenechea y Cía" en los términos que surgen de la carta del fecha 25.4.91.
Fraccionamiento de vinos, poder de policía, control sanitario
Materia: PROCESAL
Carátula: Augusto y Renato Vaschetti  S.A.C.I.I.F. c/ Dirección General Impositiva e Instituto Nacional de Vitivinicultura. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Al no haberse demostrado que los medios arbitrados por la ley 23 149 no guardan relación con los propósitos perseguidos, ni que sean desproporcionados con respecto a éstos, no corresponde someter a juicio de los tribunales la oportunidad y conveniencia de las medidas tomadas o el acierto en la elección de los medios empleados.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, contratos civiles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Yartaburo, Rubén A. c/ Rives, José s/ Cumplimiento de contrato e indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

El valor del litigio está dado para el demandado que cuestiona la condena que le fuera impuesta en la sentencia de Cámara, por el importe de ésta, calculado a la fecha de interposición del recurso.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: AVILA RAMON ANTONIO c/ SANTILLAN ALDO HORACIO s/ QUIEBRA-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-18

Los requisitos de admisibilidad exigidos por el Código ritual, responden a la necesidad siempre actualizada de no quitar al recurso casatorio su carácter de medio de impugnación verdaderamente extraordinario, ello mismo, supone el previo cumplimiento de cargas inexcusables.
Derecho procesal, partes del proceso, representación procesal, gestor judicial, ratificación del acto jurídico, efectos entre partes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Dubois, Christian s/ ejecutivo Cognini, Fernando Javier c/ Peugeot Citroen Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-20|2019-06-19

Cuando como en el caso, el recurso no se encuentra suscripto por el actor, sino sólo por uno de sus letrados patrocinantes, quien -por lo demás- no ha invocado siquiera la calidad de gestor (CPR 48) que lo habilitaría temporalmente a proceder de ese modo (conf. CNCom, Sala D, 30.6.14, "Sisterna, Eduardo c/ Spinelli, Jorge s/ejecutivo"; íd., CNCom, Sala F, 18.5.10, "Inés, Pablo Daniel c/ Mitsubishi Motors SA y otro s/ ordinario"), corresponde declarar mal concedida la apelación deducida. Al respecto, corresponde tener presente que el escrito de apelación no puede producir efectos procesales si carece de firma del patrocinado, ya que -al no mediar representación suficiente- se trata de una actuación procesal inexistente y, en principio, insusceptible de convalidación posterior (conf. arg. CSJN, 8.6.93, "Báez Florentino c/ Provincia del Chaco", Fallos 316:1189; 23.8.88, "Ferias Bonansea SRL c/ Carlos A. Celis Gigena", Fallos 311-1632, entre otros; Couture, E., Fundamentos del derecho procesal civil, Buenos Aires, 1958, pág. 377; Fassi, S., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, 1978, tomo I, pág. 493; Alvarado Velloso, A., Introducción al estudio de derecho procesal, Santa Fe, 1989, pág. 288).
Responsabilidad del Estado por actos ilícitos, responsabilidad extracontractual del Estado, personal policial, uso de armas
Materia: Administrativo - Civil
Carátula: Contreras de Ñanculeo, Juana Francisca y otras c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-08-08

Con diversos fundamentos según exponen distintas teorías, el Estado debe resarcir los daños que su actividad provoque, deriven aquéllos de actos o hechos lícitos o ilícitos. El cómo se presenta la antijuridicidad en los supuestos de la obligación de resarcir por actos ilícitos, no carece de trascendencia en el sub-lite, ya que, amén de otros factores que juegan en el caso, el exigir la portación permanente de un arma al funcionario policial, no puede considerarse teñida de ilicitud ante la finalidad de seguridad concreta ínsita en la genérica de bien común propia de la persona pública estatal. Sin embargo, por no ser ésta la causa directa del daño -aunque se constituye en nexo causal- no merece un análisis teórico ponderado.

La cuestión que se dilucida en autos es la responsabilidad estatal y su emergente obligación de resarcir un daño que provoca el hecho ilícito de un agente de su dependencia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Mura, Marcelo Daniel s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

Es inatendible el agravio relativo a la atenuante que habría omitido considerar la Cámara si el mismo no fue sometido a su conocimiento en la debida oportunidad.
Ministerio Público Fiscal, Asesoría de menores, facultades del Ministerio de Menores, participación en juicios penales, legitimación procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P., J. P. s/ infr. art. 189 bis CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-22

La Ley Nro. 21 establece las funciones de los Asesores Tutelares ante las Cámaras de Apelaciones y ante la Justicia de Primera Instancia, al determinar su participación en toda oportunidad en que se encuentren comprometidos los derechos de las personas menores de edad (art. 34 inc. 1).

Asimismo, deben promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de los derechos de aquéllos, como también participar, en los términos del artículo 59 del Código Civil en todo asunto judicial o extrajudicial (incisos 2 y 4).

En este sentido, el artículo 12, de la Convención sobre los Derechos del Niño prescribe que debe darse al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte y que ello se instrumentará directamente, por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la Ley Nacional.

Si bien el Código Procesal Penal de la Nación no incluye en el Título IV del Libro I como parte al Asesor de menores, específicamente en el "Juicio de Menores" -art. 413 inc. 3- obliga a intervenir a aquél, concediéndole la posición de un defensor, aun cuando haya designado el suyo propio o de su confianza, interviniendo ambos en el procedimiento.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, deserción del recurso, daños y perjuicios, denuncia
Materia: PROCESAL
Carátula: Suárez, Enrique Guillermo c/ Inst. Serv. Soc. para Jubilados y Pensionados s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-06

Corresponde declarar desierto el recurso ordinario de apelación interpuesto contra la sentencia que rechazó la acción tendiente a la reparación de los daños y perjuicios que habría experimentado el recurrente a raíz de la denuncia penal formulada en su contra por el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, si no se ha efectuado una crítica concreta y razonada -tal como lo exige el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- de modo de desvirtuar que dicha denuncia cuestionada no resultó infundada, en tanto de la ulterior absolución del imputado no corresponde inferir que la denuncia oportunamente formulada en su contra no habría tenido sustento objetivo.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL
Carátula: Taragano Benjamín Vital c/ Bisordi María Alejandra s/ Divorcio-Separación de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-12-19

La injuria grave, como causal de divorcio, implica una manifiesta desconsideración de un cónyuge hacia el otro. Irritabilidad, impulsos, descortesía pueden o no configurar injurias, según su gravedad, intensidad, razón de ser, etc. pero es necesario que se demuestren los hechos en sí, que se diga en qué consisten, para que judicialmente se pueda resolver si implican causales de divorcio. Una simple ofensa no puede llevar a la disolución de la familia sino cuando revista una trascendencia o menoscabo tal que deje una impresión profunda, capaz de impedir la vuelta a la convivencia.
Representación sindical, buscadores de Internet, encuadramiento sindical
Materia: LABORAL
Carátula: FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO c/ GOOGLE ARGENTINA S.R.L. s/ COBRO DE APOR. O CONTRIB.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-09

La empresa dedicada al asesoramiento para el mejor aprovechamiento de Internet y su comercialización en un buscador no puede alegar que su actividad no haya estado representada por quienes participaron por el sector patronal en la Comisión Negociadora del CCT 130/75, pues la idea de la representación sobre la que se construye el universo de la negociación colectiva y su obligatoriedad erga omnes, no puede en modo alguno ser objeto de una lectura estática y prescindente de la natural vocación de permanencia que tienen los convenios colectivos de trabajo, en función de la virtual fuerza de ley que le confiere el ordenamiento jurídico.