Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-10-21


Expte. Nº 6472 "C/ ALÉ MALDONADO, José Luis - por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves, daño en Conc. Real y Hom. Simple e/p de Julio Iturrieta y otro S/ Casación" En la Ciudad de San Juan, a veintiún días del mes de octubre del año dos mil quince , se reúnen los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, por los doctores Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Ángel Humberto Medina Palá, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal.

No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del CPP, el Tribunal - ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:

Contra la sentencia dictada en fecha diecisiete de diciembre del año dos mil catorce, por la Sala Tercera de la Cámara en lo Penal y Correccional, cuya parte resolutiva obra a fs. 965 y vta. y sus fundamentos se glosan a fs. 966/1009, deducen recurso de casación la titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 5 Dra. Analía Larrea (fs. 1015/1019 vta.); el titular de la Defensoría Oficial Nº 4 Dr. Carlos A. Reiloba, en representación de la parte querellante (fs. 1020/1022); y el Dr. Nicolás A. Fiorentino, defensor del condenado José Luís Alé Maldonado (fs. 1023/1034). El fallo recurrido condenó al procesado a la pena de siete (7) años y diez (10) meses de prisión, por los siguientes delitos: "Lesiones Leves, Daño y Resistencia a la Autoridad", en concurso real (arts. 89, 183, 239 y 55 del CP), en perjuicio de José Ceferino Carbajal, Clínica El Castaño y la Administración Pública; "Lesiones Leves " (art. 89 del CP), en perjuicio de Julio Washington Iturrieta; "Homicidio Simple con exceso en la legítima defensa y Lesiones Leves" - dos hechos -, en concurso real (arts. 79, 35 en función del 34, inc. 6º y 84; 89 y 55 del CP), en perjuicio de Julio Washington Iturrieta, Luís Emiliano Barraza y Maximiliano Daniel Iturrieta; con costas y accesorias de ley. - Aduce la Dra. Larrea que el fallo habría incurrido en vicio in iudicando pues en el tercer hecho se meritó la conducta en perjuicio de Julio Iturrieta como homicidio con exceso en la legítima defensa, siendo que tal accionar encuadraría en la figura de homicidio simple.

Explica que el voto mayoritario consideró que ante la agresión del occiso -consistente en acercarse al automóvil de Alé con intenciones de arrojarle un ladrillo- este último se excedió en su defensa pues con un cortaplumas le inflingió una herida mortal a la víctima.

Señala la quejosa que tal solución sería errónea, ya que cuando la víctima tropezó se le cayó el ladrillo y no causó lesiones al acusado, ni daños de relevancia a su automóvil.

Indica también que por portar el arma Alé se hallaba en una situación de superioridad respecto a su oponente. Sugiere que la torpeza de la víctima tornó irrelevante el ataque y que cuando el acusado descendió del auto, el accionar del occiso ya había concluido.

Por otra parte, menciona la presunta existencia del denominado "exceso extensivo", alegando que resultaría injustificado extender los efectos del art. 35 CP a toda agresión posterior por el sólo hecho de haber tenido como antecedente una causa de justificación. Todo lo cual, a su entender, constituiría un mero pretexto para perpetrar un injusto autónomo.

En virtud de tales argumentos, peticiona que se case sin reenvío la sentencia dictada, en la parte que fue motivo de agravio. En cuanto al recurso de la querella, de manera análoga resiste la calificación legal respecto al tercer hecho endilgado.

En tal sentido, dice el Dr. Reiloba que el accionar de Alé no estuvo justificado, ya que aunque se demostró que el occiso portaba un ladrillo, el mismo se desplomó y fue atacado en el piso por el condenado. Juzga que la pelea fue desigual, ya que por esgrimir un cortaplumas el agresor mantuvo dominio absoluto sobre la víctima.

Se agravia el recurrente, además, del monto de la pena impuesta, peticionando la aplicación de una condena no inferior a los veinte años de prisión.

En lo que respecta al planteo incoado por la defensa, los argumentos desarrollados son -en síntesis- los siguientes: Como primer motivo, se invoca la existencia de vicio in procedendo y violación a la garantía de la defensa en juicio, que arrastraría la nulidad del debate realizado.

Expone el Dr. Fiorentino que durante el debate se impidió al acusado sentarse junto a su defensor, conculcándosele el derecho de hablar con este último sin que la audiencia se suspenda.

En segundo término, postula que el Tribunal no habría accedido a la ampliación de las testimoniales de Analía V. Iturrieta, Rubén O. Atencio, Emiliano Barraza y el médico forense, ni a los careos entre Iturrieta y Barraza, y de éstos con Alé; como tampoco a la reconstrucción del hecho con la presencia de la testigo mencionada.

Desde otra óptica distinta, cuestiona la valoración de la prueba por parte del Juzgador. Dice, en torno al primer hecho, que pese a que en la Clínica El Castaño había pacientes internados, los únicos testigos que declararon fueron personas vinculadas a dicha institución.

Añade que no estarían las esposas dañadas, ni la prueba de las cosas que en la referida clínica habría roto el acusado. Como segundo motivo, denuncia que por considerar a Alé como atacante, el dictum contendría errores en el razonamiento desplegado.

En lo que hace al tercer hecho, arguye que existiría una eximente de responsabilidad pues el imputado no habría sido consciente de su conducta contra el occiso.

Postula que ante el inesperado ataque desplegado por Julio Iturrieta, Alé sufrió una perturbación de consciencia o alteración transitoria de sus facultades mentales, debiendo aplicarse lo previsto en el inc. 1º del art. 34 CP. Expresa que al haber existido una agresión actual, plenamente vigente e ilegítima, la conducta de su defenso constituiría una legítima defensa.

Subraya que contando con la colaboración de dos personas más, el occiso mantuvo una actitud agresiva y que no se vio que Alé persiguiera a Iturrieta.

Por último, rechaza el recurrente la consideración de la personalidad del imputado como circunstancia calificante, refiriendo que la medida de la pena no podría exceder el reproche de la culpabilidad pues la Carta Magna consagraría un derecho penal de acto; más no un reproche a la personalidad del agente. En consecuencia, pondera que habría existido una arbitraria aplicación del art. 41 del CP, al imponerse un castigo que implicaría un plus de punición sin culpabilidad. A fs. 1038 /1042 el Tribunal A-quo concedió los recursos de casación interpuestos.

Tramitado que fue el planteo, el Ministerio Fiscal mantuvo el recurso interpuesto (fs. 1049), mientras que la defensa reiteró los argumentos vertidos previamente (fs. 1055/1061). La querella, a su vez, amplió lo fundado, expresando que de los testimonios colectados podía concluirse que, cuando el imputado abrió la puerta de su vehículo, al occiso se le cayó el ladrillo que llevaba, no pudiendo volver a aferrarlo. Que Alé atacó a Julio Iturrieta cuando estaba indefenso en el suelo, causándole la muerte.

Por lo cual, tal situación distaría significativamente de las hipótesis previstas por los art. 34 inc.6º y 35 del CP pues la agresión no habría alcanzado la relevancia exigida por la causa de justificación mencionada.

Destaca, además, que Alé ya había neutralizado el accionar de la víctima, y que pese a la ventaja física que tenía sobre su oponente, innecesariamente utilizó el arma blanca. Por último, cuestiona el impugnante que el voto mayoritario contemple mayores circunstancias agravantes que el voto minoritario, siendo que la pena impuesta resultó menor que la propugnada por esta última. Formula reservas.

Habiendo expuesto los agravios incoados, entiendo que, en atención a las eventuales consecuencias que podrían derivarse si prosperase la queja por arbitrariedad en el procedimiento desarrollado -vicio in procedendo- primeramente corresponde abordar dicho agravio, procediendo luego - si concerniere - al estudio del material recursivo restante. En relación al reclamo por la ubicación del imputado en el recinto (fs. 943 vta. y 944 vta.), entiendo que lo dicho no puede prosperar.

En tal sentido, quedó consignado en actas que pese a que se dispuso la separación espacial de Alé, en todo momento se le garantizó la plena comunicación con su defensor, haciéndosele saber que sólo bastaba peticionarlo para que tal derecho se concretase. En virtud de ello, lo planteado resulta artificioso pues no se impidió o dificultó en forma alguna el derecho citado.

El derecho de asistencia al imputado no está directamente vinculado a cuestiones físicas o de ubicación, como tergiversadamente trata de instaurarlo el Sr. defensor. No consta en el acta que el derecho de asistencia y comunicación entre el defensor y el imputado se haya visto impedido de modo alguno (cfr. art. 456 CPP).

En lo atinente a las medidas de prueba solicitadas (fs. 945 vta.), soy conteste con lo resuelto por el Juzgador pues considero que el quejoso efectuó una mención genérica -aludiendo a supuestas divergencias en las testimoniales- sin precisar el motivo concreto que justificaba la nueva citación de los deponentes nombrados.

En segundo término, advierto que la parte oportunamente interrogó a los testigos, por lo cual, la reiteración de ello se tornaba innecesario y meramente dilatorio.

En cuanto a los careos, la similitud general de lo declarado tornaba irrazonable e improductiva su realización. En lo que hace a la presunta "necesidad de requerir la opinión de algún otro médico forense", ocurre otro tanto.

Adviértase la improcedencia del pedido, habida cuenta que la defensa se limitó únicamente a invocar "algunos puntos.-que en ningún momento precisó- de la autopsia realizada".

Tampoco puede obviarse que el estudio tanatológico fue plenamente consentido en las etapas transitadas, ya que el recurrente no cuestionó sus conclusiones u ofreció pericias relativas al esclarecimiento de la causa de muerte.

Asimismo a fs. 952 la parte prestó expresa conformidad para la incorporación por lectura del protocolo de autopsia obrante a fs. 109 y vta. En función de ello, considero a lo solicitado como un artilugio obstructivo del proceso y comparto -como lo anticipé- la solución del Juzgador.

En lo atinente a la incomparencia de Analía Iturrieta a la reconstrucción del hecho, entiendo que tal circunstancia no impedía que se efectuara el acto. En efecto, al mismo asistieron los propios damnificados Daniel Iturrieta y Luís Barraza, la comerciante Amelia Rodríguez y Omar Atencio, quienes a escasa distancia apreciaron los hechos.

Por otra parte, durante la audiencia dicha testigo fue interrogada por el Tribunal y las partes, expidiéndose claramente sobre lo acaecido. Pondero que la insistencia sobre el punto se enmarca en la serie de incidencias que, sin fundamento alguno, causaron la constante y tediosa interrupción del trámite, no vislumbrándose en esta secuencia de peticiones desestimadas ninguna omisión a pruebas decisivas o determinantes.

Al respecto, la doctrina ha señalado que: "El principio del Estado de Derecho y la protección de la dignidad de cualquier imputado exigen un control efectivo del ejercicio del poder estatal con relación a la protección de todos los derechos del imputado, tanto de sus derechos fundamentales como de la formalidad del proceso judicial, pero no le dan al defensor el derecho de obstaculizar la consecución de los fines del proceso o el proceso mismo más allá de esto; aquí encontramos un límite inmanente al derecho del defensor como parte legitimada para pedir pruebas.

Quien quiere hacer uso de un derecho garantizado en un proceso formal...sólo puede hacer valer ese derecho dentro del proceso, pero no de forma extraña y en contra del mismo" (La actividad procesal del Ministerio Público Fiscal III. Rubinzal - Culzoni, Pág. 20, 2008). A tenor de lo expuesto, las limitaciones impuestas a la actuación de la defensa - especialmente en relación a las medidas probatorias solicitadas - surgieron de lo dispuesto en los arts. 451, 453 y 458 del CPP, no constituyendo de manera alguna una disminución inadmisible de los derechos del procesado. Analizando el agravio respecto al daño endilgado, juzgo que tampoco le asiste razón al recurrente pues tal ilícito se encuentra probado con grado de certeza. En tal sentido, el dictum valoró los testimonios de: a) José Ceferino Carbajal y Sergio M. Echenique (policías); b) Mariano Ariel Garcés (empleado de la Clínica El Castaño); y c) Adrián Orlando Vargas (guardia de seguridad).

A partir de tales relatos, resultaron verosímiles los destrozos causados por Alé en la clínica aludida. Respecto a que las personas internadas no comparecieron como testigos, la insólita mención del recurrente me exime de cualquier análisis y comentario, desde que la condena se sustenta válidamente en prueba suficiente y legítima dentro del marco de lo dispuesto por los arts. 241 y 243 del CPP.

En relación al daño causado a las esposas, el mismo quedó plasmado en el acta del aprehensión de Alé (fs. 292/293 vta.) y a través de las testimoniales brindadas por Carbajal y Echenique, tanto en la instrucción, como en el debate. Considero entonces que la notoria ausencia de fundamentos valederos impone el rechazo de tal agravio.

En torno a las circunstancias en que se produjo la muerte de Julio Iturrieta -conducta incluida en el tercer hecho atribuido a Alé -tanto el Ministerio Público, como las partes, invocaron la presunta existencia de vicio in iudicando.

Por ende, en razón de coincidir los planteos -aunque con distinto fundamento y pretensión- respecto de la referida cuestión, efectuaré un único tratamiento analizándola. En primer término, advierto que el Juzgador consideró acreditado que portando un ladrillo en una de sus manos, Julio Iturrieta se aproximó al auto donde estaban Alé y su amigo Atencio. A continuación -y según lo relatado en el fallo- Iturrieta tropezó y cayó sobre el rodado. En dicha acción, el occiso golpeó involuntariamente el vidrio de una ventanilla, sin llegar a romperlo.

Como consecuencia de ello, Alé descendió del auto esgrimiendo un cortaplumas. Asimismo, dio por probado el Sentenciante que con la exclusiva intención de separarlos se acercaron Daniel Iturrieta y Emiliano Barraza, quienes fueron heridos por el imputado, no pudiendo detener el ataque que Alé desplegaba sobre la víctima.

En cuanto a la conducta finalmente atribuida al acusado, interesa de sobremanera reparar en la siguiente descripción del A-quo: ".ya sin estorbos, volvió al ataque sobre Julio W. Iturrieta al que había derribado y arrojándose sobre él, le produjo el corte de la vena femoral que culminaría con el shock hipovolémico causante de la muerte del nombrado" (fs. 999 vta.). Analizando la citada conclusión, pondero que le asiste razón al Ministerio Público y a la querella en que existió errónea aplicación del derecho sustantivo. El error in iudicando se encuentra patentizado desde la faz probatoria como así también al momento del encuadre típico frente al hecho descrito.

En efecto, tanto lo declarado en la Instrucción por Luís Emiliano Barraza (fs. 200/202); Rubén Omar Atencio (fs. 217/219 vta.); Analía Vanesa Iturrieta (fs. 351/356); Daniel Maximiliano Iturrieta (fs. 364/365); Maira y Laura Micaela Bruna (fs. 375 y vta., 376/377, respectivamente); como lo aportado durante el debate por los testigos citados (fs. 944/947); y lo plasmado por el Juzgador, concuerda en que al momento de recibir la herida mortal, Julio Iturrieta yacía en el piso a causa de los golpes inflingidos por Alé.

Resulta claro, entonces, que el intento de los testigos por detener al acusado se motivó en la golpiza que estaba recibiendo la víctima. Asimismo, es llamativo el extremo grado de violencia desplegado por Alé, quien previo a asestar la puñalada mortal hirió a las tres personas que intentaron detener su ataque.

Por ende, si bien existió una agresión o conato de ella a través de un primer accionar del occiso, este último carecía de una actitud ofensiva cuando resultó fatalmente herido pues se encontraba vencido e indefenso. Siendo tales los hechos probados, salta a la vista la errónea subsunción jurídica efectuada por el A-quo.

Cabe indicar que pese al correcto desarrollo secuencial narrado, el voto mayoritario invirtió el rol que le cupo a Alé, considerándolo como agredido en vez de agresor. Ello porque en el momento cúlmine de su conducta ya no existía ataque alguno del cual tuviera que defenderse.

En definitiva, al atacar con un cortaplumas a la víctima yaciente, la conducta de Alé pudo verse impulsada por la ira o deseos de venganza, pero no motivada en la defensa de su persona o derechos.

Pondérese que Barraza dijo que el occiso venía retrocediendo y que Alé le lanzaba golpes de puño en clara actitud de pelea. Que Daniel Iturrieta narró que corrió a separarlos ante el claro castigo que recibía su hermano, ya que Julio estaba tirado en el piso (fs. 991).

Que Analía declaró que el occiso no podía más y que Alé le pegó una piña derribándolo. (fs. 992). Que, asimismo, Amelia Rodríguez confirmó que Julio Iturrieta cayó al piso (fs. 993 vta.).

Tal cúmulo de circunstancias permite plenamente descartar que Alé se estuviera defendiendo del occiso. Por el contrario, se destaca una conducta agresiva por parte del acusado, quien omitió detenerse incluso ante la intervención de terceros.

Desde otro ángulo, hago notar que el voto de la mayoría concluyó que Alé lesionó dolosamente a Daniel Iturrieta y Luís Barraza, condenándolo por los delitos respectivos.

Por tanto, resulta ilógico que el A-quo no haya mantenido el mismo criterio o temperamento respecto al accionar contra el occiso, siendo que la intervención de los testigos solamente pretendió frenar la paliza de quien ya no podía defenderse.

En virtud de todo ello, considero que únicamente en el inicio de los acontecimientos podría haberse originado una situación de legítima defensa, pero no en la etapa final del episodio, cuando el presunto ataque había cesado por completo. En tal sentido, la doctrina ha señalado que: ".la norma impone un límite temporal a la acción de legítima defensa, límite incluso que surge de la misma situación de necesidad a la que responde el permiso.

En efecto: la situación de defensa se extiende desde que hay una amenaza inmediata al bien jurídico, correctamente apreciada por el agredido, hasta que ha cesado la actividad lesiva o la posibilidad de retrotraer o neutralizar sus efectos". (Código Procesal Penal de la Nación, Horacio Romero Villanueva, Abeledo-Perrot, 2012, pág. 145).

En cuanto a la figura del exceso, necesariamente debe ser descartada, por cuanto: "Para hablar de exceso en la defensa, primero corresponde observar la existencia de una legítima defensa, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo" (Ibídem, pág.151).

En virtud de lo analizado, entiendo que la figura típico-legal a imponer es sin más la del art. 79 CP. Pondero que la acción de apuñalar en el piso a Julio Iturriera constituyó un obrar doloso y materialmente idóneo para causar su muerte. Se ha dicho así, que: "Basta que la lesión o herida sea la causa eficiente de la muerte para que se repute como mortal, debiendo guardar una relación mediata o inmediata, directa o indirecta, con la muerte, no destruyéndose en ningún caso el nexo causal por el tiempo transcurrido entre el hecho del autor y el deceso de la víctima" (Ibíd. pág. 304).

En relación al medio empleado, la longitud del cortaplumas descrito por Atencio (fs. 217/219) brinda una pauta relevante para inferir la idoneidad lesiva de tal elemento. Por tanto, también se ha indicado que: "Cuando se procede al análisis del medio utilizado "para matar", su idoneidad constituye la base del reproche a título de homicidio y queda excluida toda otra consideración sobre la índole de la intención del autor: la conclusión debe ser irremisiblemente que el autor obró con dolo homicida" (Ibíd., pág. 305). En lo atinente al estado de inimputabilidad exculpatorio planteado, considero que además de hallarse huérfano de todo fundamento y prueba inequívoca producida por quien invoca tal estado, tal argumento contradice plenamente la propia versión de Alé.

En efecto, el acusado efectuó un relato que no condice con la hipótesis alegada pues apeló a situarse como víctima del ataque de varias personas, incluyendo al occiso.

En tal contexto, admitió el episodio del ladrillo, aunque luego varió en forma drástica y mendaz el desarrollo de lo sucedido. Así, describió que a raíz del supuesto ataque que recibió de parte de un grupo que incluía al fallecido, encontrándose agazapado y casi a expensas de sus agresores, arrojó una puñalada a ciegas que impactó fortuitamente sobre la víctima. Valoro que tal narración sólo implica el vano intento por controvertir la sólida prueba de cargo, la cual es claramente indicativa de la autoría del homicidio enrostrado.

En tal línea de ideas, recalco que su descargo no fue confirmado por ninguno de los testigos de la causa, y que existió un accionar plenamente consciente en los actos contra el damnificado. Así descarto totalmente una situación configurativa de inimputabilidad.

En lo que respecta a las agravantes fijadas, sin mengua del ajuste de la calificación a imponer, conforme lo que se viene sosteniendo, entiendo que los argumentos de la defensa no son acertados pues no existe en el caso una doble valoración de la culpabilidad, sino la fijación de la pena sobre la base de ciertas circunstancias perfectamente autorizadas por la ley que coadyuvan a individualizar el castigo legislado en abstracto. Entiendo que las pautas brindadas en los arts. 40 y 41 del CP configuran un medio para precisar la punición que de manera genérica se halla comprendida entre los mínimos y máximos de las escalas penales respectivas.

En relación a las circunstancias agravantes expuestas en el fallo -a fs. 1003 y vta. y 1008 vta.- las mismas se encuentran encuadradas en los lineamientos fijados por la normativa de aplicación y corresponde tenerlas por tales en virtud de ser el resultado de la apreciación directa de los magistrados y no resultar como arbitrarias o desprovistas de sustento probatorio.

En respuesta a la queja del Dr. Fiorentino cabe colacionar que: ".la decisión sobre el monto de la pena ha de ser consecuencia necesaria de la valoración de diversas circunstancias del hecho y características de la personalidad del procesado" (Ibíd., pág. 154).

Consecuentemente con todo lo dicho propugno que se rechace el recurso de la defensa y se haga lugar a los reclamos del Ministerio Público Fiscal y la parte querellante, debiéndose casar la sentencia dictada (cfr. art. 586 C.P.P.) solamente en lo que respecta al delito "homicidio simple con exceso en la legítima defensa" (arts. 79, 35 en función art. 34 inc.6º y 84 del Código Penal), en perjuicio de Julio Washington Iturrieta, por haber existido una errónea aplicación de la ley sustantiva, confirmándola en todo lo demás.

En consecuencia, declarar responsable a José Luís Alé Maldonado de los delitos "Lesiones Leves, Daño y Resistencia a la Autoridad", en concurso real (arts. 89, 183, 239 y 55 del C.P.), en perjuicio de José Ceferino Carbajal, Clínica El Castaño y la Administración Pública; "Lesiones Leves" (art. 89 del C.P.), en perjuicio de Julio Washington Iturrieta; y "Homicidio Simple y Lesiones Leves" -dos hechos-, en concurso real (arts. 79, 89 y 55 del C.P.), en perjuicio de Julio W. Iturrieta; Luís Emiliano Barraza y Maximiliano Daniel Iturrieta, y haciéndose eco de las circunstancias agravantes y atenuantes meritadas imponer la pena de trece años (13) años de prisión, con costas y accesorias de ley. Así voto. LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y ANGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa. II) Hacer lugar a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante en la forma expuesta en la presente resolución. III) Casar parcialmente la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara Penal en fecha diecisiete de diciembre de 2014 solamente en lo que respecta al delito "homicidio simple con exceso en la legítima defensa" (arts. 79, 35 en función art. 34 inc.6º y 84 del Código Penal), en perjuicio de Julio Washington Iturrieta, por haber existido una errónea aplicación de la ley sustantiva, confirmándola en todo lo demás. IV) Declarar responsable a José Luís Alé Maldonado de los delitos "Lesiones Leves, Daño y Resistencia a la Autoridad", en concurso real (arts. 89, 183, 239 y 55 del CP), en perjuicio de José Ceferino Carbajal, Clínica El Castaño y la Administración Pública; "Lesiones Leves" (art. 89 del CP), en perjuicio de Julio Washington Iturrieta; y "Homicidio Simple y Lesiones Leves" -dos hechos-, en concurso real (arts. 79, 89 y 55 del CP), en perjuicio de Julio W. Iturrieta; Luís Emiliano Barraza y Maximiliano Daniel Iturrieta. V) Imponerle la pena de trece años (13) años de prisión, con costas y accesorias de ley; sanción que deberá cumplir en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial. VI) Protocolícese, agréguese copia, notifíquese a quienes corresponda y oportunamente bajen los autos al inferior. Fdo. Dres. Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Ángel Humberto Medina Palá. Ante mí: Héctor Fabián Meló - Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

///Si ///guen las firmas.

Cp-6472 CS PRE S.2° 2015-IV-619.