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Apreciación de la prueba, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, seguridad jurídica, tribunales internacionales de derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Cantos c/ Argentina s/ Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2002-11-28

En materia de recepción y valoración de la prueba, los procedimientos que se siguen ante la Corte Interamericana, no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, pues la incorporación de los elementos propuestos al acervo probatorio debe efectuarse con particular atención en orden a los límites trazados por el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes, en el entendimiento que no debe adoptarse una rígida determinación del quantum probatorio por tratarse de tribunales internacionales de derechos humanos.
Ejecución de alquileres, ampliación del monto
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: HERMANAS MISIONERAS CATEQUISTAS DE CRISTO REY c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-15

Por tanto el reclamo de ampliación del monto de la demanda por alquileres correspondientes a un contrato que no fue integrativo de la demanda, no queda aprehendido dentro del art. 540 CPCC, pues tal precepto posibilita la ampliación o extensión de la demanda a las cuotas o períodos que provengan del mismo título.

En la especie, tanto la causa como el título del que provienen los alquileres reclamados por los meses referidos son diferentes a los que sustentan la demanda, toda vez que entre las partes, ante el vencimiento del contrato anterior, se celebró un nuevo contrato de alquiler, aunque de igual naturaleza y objeto, pero distinto a los anteriores.

Es decir, los alquileres reclamados por los meses de diciembre/02, enero/03 y, febrero/03, marzo/03 y abril/03, no tienen causa ni título en los contratos que sustentaron la demanda y que, por voluntad de los contratantes, fenecieron el 31/12/2001. (DISIDENCIA DEL DR. AREA MAIDANA).
Municipalidad, personal municipal, defensa en juicio, recurso contencioso administrativo, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: ZAPATA, ALBERTO OSCAR; ALI, HECTOR DARIO; AUDERO, ADALBERTO JESUS Y ASTUDILLO, JOSE LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 261-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-10

Corresponde rechazar el planteo de violación del derecho de defensa de los recurrentes, relativo a que no les fue notificado el informe del Jefe de Personal obrante en el expediente administrativo, bastando para ello con considerar que dicho informe -al estar incorporado a las actuaciones administrativas- fue traído por la Municipalidad demandada al contestar la demanda, con lo cual los recurrentes pudieron en esta sede hacer valer sus derechos con relación a él.
Robo de automotor, robo con armas, pena, control de razonabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Saldaña, Juan Ramón;  Galarza, Oscar Orlando y Berón, José Ricardo s/ robo da automotor - recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

La agravación de la pena para el robo de automotores con armas (art. 38 del decreto - ley 6582/58) no carece de razonabilidad.
Horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Viera, Adela O. c/ Riccio, Enrique E. y otra s/ Diferencias salariales y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-10-16

En la valoración de la prueba testimonial con la que se intenta acreditar el trabajo en horas extraordinarias, no se trata de descalificar plenamente cualquier testimonial que no precise detalle y fundamente sus dichos o que aparezcan teñidos de cierta parcialidad, sino de considerar en esta materia un especial rigor, de modo tal que no aparezcan situaciones dudosas, sino ciertas y convincentes.
Juicio ejecutivo, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Credicoop LTDA. c/ Dávila, Silvia Cristina y otros s/ Cobro ejecutivo Suárez, Lía Noemí c/ Martín, Oscar s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-14|2000-10-10

En el juicio ejecutivo la prueba de las excepciones corresponde al demandado, puesto que el actor justifica su derecho con el título que sirviera de base a la demanda (art. 547, segundo párrafo Código Procesal). Es decir que tratándose de defensas, excepciones e impedimentos procesales, susceptibles de oponerse en el juicio ejecutivo, está a cargo del ejecutado demostrar acabadamente los hechos en los cuales apoya su oposición o probar la certidumbre de sus objeciones.
Expropiación, indemnización, liquidación, despojo, intereses, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia de Santa Fe c/ Brest Inmobiliaria S.R.L. s/ Expropiación (Expte. C.S.J. Nro. 52 Año 1989) Provincia de Santa Fe c/ Quiroga, María Esther Susana y/o Quien resulte propietario s/ Expropiación (Expte. CSJ Nro. 819-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-22|2001-02-21

La aseveración del expropiado acerca de que la fijación del monto indemnizatorio en las expropiaciones, debe efectuarse a la fecha más próxima a la decisión, lejos está de constituir un criterio uniforme y aplicable en todos los casos. Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sustentado una posición opuesta a la que propicia el demandado. Así, previo haber aclarado que lo que se trataba de resarcir era la desposesión, dijo que "El no haber dispuesto del precio de la tierra ocupada durante el tiempo transcurrido desde entonces podrá determinar que se le pague con intereses, si los reclamó, pero no que se lo fije de acuerdo con valores posteriores a los de aquel momento. No lo puede pretender el expropiado para favorecerse con posibles aumentos, por la misma razón que haría inadmisible análoga pretensión del expropiante en el supuesto de que con el transcurso del tiempo los precios hubieren descendido".
Derechos y garantías constitucionales, domicilio, allanamiento domiciliario, prueba, competencia penal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL PENAL
Carátula: P, P A s/ COMPLICE NECESARIO DE LESIONES LEVES, ETC     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 589-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-04-24

El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que "...El domicilio es inviolable,... y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podría procederse a su allanamiento y ocupación".

Por su parte el Código Procesal Penal, al regular el registro domiciliario entre los medios de prueba, establece que el juez debe decretarlo por resolución fundada (artículo 218 Código Procesal Penal).
Recurso extraordinario, doble instancia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Bergés, Jorge Antonio s/ excarcelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-11

La existencia de órganos judiciales "intermedios" contribuye a la creación de las condiciones imprescindibles para que la Corte Suprema satisfaga al alto ministerio que le ha sido confiado, sea porque ante ellos puedan encontrar las partes la reparación de los perjuicios irrogados en instancias anteriores, sin necesidad de recurrir al Tribunal, sea porque el objeto a revisar por ésta ya sería un producto seguramente más elaborado (Voto del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Concursos, pedido de quiebra, trámites judiciales, prueba sumaria del crédito, procedencia del recurso, cheque, rechazo del cheque
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Distribuidora Manno c/  s/ pedido de quiebra por ingredion argentina srl
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-24

Procede hacer lugar al pedido de quiebra por cuanto, en el caso, con los documentos sobre los que se ha sustentado esta petición (cheques rechazados) se encuentran reunidos los recaudos previstos por la LCQ 83, que requiere del acreedor peticionario la prueba sumaria de los hechos reveladores del estado de cesación de pagos, entre los que expresamente la ley incluye, la "mora en el cumplimiento de una obligación" -art. 79-2°, del citado cuerpo normativo-. Se trata de títulos que por sí solos traen aparejada la ejecución. No obstando a ello, la circunstancia de que el acreedor no hubiera intentado obtener el cobro de su crédito por la vía individual no es un requisito de admisibilidad previsto por la normativa vigente.
Quiebra, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sebastian Maronese e hijos SA s/ quiebra c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-09

Dado que la propia LCQ dispone expresamente que para el cálculo de las regulaciones previstas en los arts. 265 a 270 no se aplican las disposiciones de leyes locales (art. 271, párrafo 1), no cupo efectuar la regulación de honorarios en UMA, razón por la cual corresponde revisar cuantitativamente los montos fijados en pesos (CNCom, Sala D in re "Esuvial SA s/ concurso preventivo", del 07/12/21; entre otros).
Declaración indagatoria falsa, prueba, presunciones, apreciación de la prueba, declaración autoincriminante, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: DAVID, JUAN C. s/ PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-18

La mendacidad en que incurra el procesado en su indagatoria no debe computarse como elemento incriminatorio, porque legalmente no puede ser obligado a decir verdad.

La mendacidad indagatoria sólo puede rebatirse con presunciones, cuando éstas cumplen las condiciones del art. 358 del CPMP, entre las que se cuenta la comprobación fenomenológica del cuerpo del delito a través de la prueba directa e inmediata.

Aún cuando se encuentre plenamente probada la mentira del contenido de una indagatoria, no puede considerarse jamás como prueba de cargo sin vulnerar un principio constitucional que se halla debidamente reglado por nuestras normas, al surgir en forma diáfana la fulminante nulidad que viciaría tal acto procesal de recibirlo bajo juramento.
Recurso extraordinario, jurisprudencia, debido proceso, defensa en juicio, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Astiz, Alfredo y otros s/ delito de acción pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

En tanto la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial en cuanto al cumplimiento de los requisitos propios del recurso extraordinario, no puede configurar un obstáculo para que sean atendidos los agravios del recurrente, corresponde remitir las actuaciones a la instancia de origen para que el recurrente pueda ejercer sus derechos y postular sus agravios federales involucrados mediante el recurso pertinente ante el tribunal intermedio, habilitándose a tal efecto los plazos legales a partir de la notificación de la radicación de los autos ante la alzada.
Gobierno de facto, seguridad jurídica
Materia: PENAL
Carátula: PAGANI, JORGE LUIS s/ DENUNCIA SOBRE REBELION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-02

La vigencia de las normas dictadas por el gobierno de facto, y aun su subsistencia en el período "de iure", por razones estrictamente vinculadas con la necesidad y seguridad jurídica, no restan ilicitud al acto usurpador.
Suspensión por falta o disminución de trabajo, preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: LEPERA, ERNESTO c/ MERCEDES BENZ DE ARGENTINA  S.A. s/ COBRO DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

La finalidad del deber de preavisar reside en la posibilidad del conocimiento anticipado de la finalización del contrato de trabajo.

En consecuencia no constituye un acto integrante del despido. Puede ser interpretado como un acto preparatorio, pero en todo caso diferente del despido mismo. De manera que si la demandada se obligó a no despedir durante un lapso determinado, es válido el preaviso que anuncia la ruptura para la fecha del vencimiento del plazo garantizado, especialmente si se tiene en cuenta que se había convenido una suspensión por causas económicas "paga", pero la ley sólo obliga al pago de salarios - o sus sumas equivalentes - en aquéllos casos donde se persigue una protección especial;

vacaciones, enfermedad, accidente, maternidad, licencias especiales del art. 158, pero libera del pago de remuneración a los restantes casos, art. 183 inc. c, 211, 214, 215, 217, 221 LCT.
Accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: PROCESAL
Carátula: VARGAS GOMEZ MARIA MAGALY c/ CORREA  MARTIN  ELOY  Y OTRO Y/O QUIEN RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-05-13

Habiendo los conductores, tanto de la camioneta como del ciclomotor, guardado las precauciones debidas y no existiendo prueba eficaz que acredite la culpa exclusiva de uno de ellos dado que no es posible por los daños que el estigo describe, presumir la intempestiva apertura de la puerta alegada, corresponde declarar la culpa concurrente ya que ambas partes fueron responsable en el siniestro, una de ellas, por abrir la puerta de su vehículo que daba a la calzada, lo que implica una operación riesgosa, sin tomar las debidas precauciones, y la conductora del ciclomotor ya que no tuvo el dominio del vehículo que guiaba ante un obstáculo no tan infrecuente en el tránsito cotidiano, por lo que ambas en igual proporción contribuyeron al siniestro.
Daños y perjuicios, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: P.V. y Otra c/ Provincia del Chubut y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-02

He tenido oportunidad de expedirme sobre la procedencia de la tasa activa en S.D. 35/SRE/04 y 03/SROE/05, entre otras, considerándola, en atención a las circunstancias económicas imperantes en nuestro país, como más adecuada, y he propiciado su aplicación.
Compraventa, automotores, obligaciones del vendedor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOYANO ELIO c/ EDUARDO CANNIZZO s/ Transf - Autom (LIBRO: S083 - 395)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-11-04

De acuerdo con el régimen instituido por el decreto ley mencionado, ratificado por ley 14467, la inscripción en el Registro Público de la propiedad del automotor, asume calidad constitutiva considerándose en consecuencia como dueño, a aquél que tiene registrado el vehículo a su nombre. Por consiguiente, la propiedad del vehículo no se transfiere, ni por el contrato, ni mediante la tradición, sino por la inscripción en el registro. Por ello, el vendedor no se desobliga, sino con la entrega de la documentación pertinente que habilite al comprador a inscribir a su nombre el vehículo adquirido.
Recurso de casación, menores, descanso semanal
Materia: LABORAL
Carátula: Fernandez, Cecilia E. y Otra c/ Rustom, Ale s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-08-30

El trabajo de menores prestado en días feriados debe ser retribuído con el recargo salarial correspondiente, no es razón para negar dicho recargo la circunstancia de que la tarea se haya cumplido en violación de la ley (art. 206 LCT.) por cuanto la causa de la obligación no es contraria a la moral y a las buenas costumbres y por otra parte las sanciones derivadas de infracciones a las normas laborales sólo deben recaer sobre el empleador.
Sociedad irregular, exclusión de socio, domicilio, domicilio procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: TAPICERIA  REAL  - SOCIEDAD DE HECHO SOBRE PEDIDO DE QUIEBRA POR JUAN CARABAJAL. s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

Tratándose de una sociedad no constituida regularmente la dirección que le hubieran asignado sus integrantes en el contrato no inscripto no permite atribuirle efectos de domicilio constituido a los efectos de la citación del lc: 91, cuando el domicilio ha quedado inscripto, su modificación también es necesario que quede registrada y es así como se considera conocido por los terceros, en cambio en las sociedades irregulares no es posible asignar al domicilio los mismos efectos que el de las regulares debidamente inscripto.
Descanso semanal, prohibición de trabajar
Materia: LABORAL
Carátula: CORRES DE MARTINEZ BLANCA I. c/ ANGELO PAOLO ENTRERRIANA s/ COBRO  DE  PESOS  Y  SUPRESION  JUDICIAL  DE SANCIONES DISCIPLINARIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-24

Las delegadas de personal carecen de facultad para pactar, sin consentimiento de la actora, cambio en el contrato de trabajo de ésta -en el caso de su jornada de trabajo-, arg. artículos 43, 31 inciso a), 23 inciso a) y concordantes de la ley 23551 y artículos 26, 22 y concordantes del decreto 467/88, e incluso la propia trabajadora desautorizó expresamente que las citadas delegadas pudieran celebrar, en su nombre, un convenio tal.
Cuenta corriente bancaria, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Cooperativo de La Plata Ltdo. c/ TEYSA S.R.S. y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-02

Los intereses en las cuentas corrientes bancarias únicamente se capitalizan, salvo estipulación expresa en contrario, mientras la cuenta está abierta. Es que si bien el art. 795 del Código de Comercio prevé que en la cuenta corriente bancaria los intereses se capitalizaran por trimestre, ello está referido, en principio, a las operaciones normales entre el banco y el cliente y como consecuencia de los movimientos de la cuenta y no a los intereses adeudados a partir de la constitución en mora y del cierre de aquélla. Si no surge que haya mediado convenio alguno que lleve la capitalización de los intereses más allá del cierre de la cuenta corriente bancaria, no corresponde hacer lugar a dicha capitalización con posterioridad a tal cierre.
Facultades de la administración, facultades discrecionales, límites a la discrecionalidad, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, control de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jugos del Sur S.A. c/ Estado Nacional (Min. de Economía y Obras y Ser. Pub.) s/ Juicios de conocimientos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-05

La circunstancia de que la Administración obrase en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbiraria, puesto que es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dicha exigencia (Fallos: 298:223; este pronunciamiento que cito es de aplicación al sub lite en virtud de guardar cierta analogía los hechos de ambos). (Del voto del juez Coviello, cons. IV. 4.a).
Facultades del juez, multa, empleador, incumplimiento de resolución judicial, embargo, remuneración
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA, JORGE JOAQUIN c/ SURRA, RICARDO ALBERTO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-10

Procede intimar a una empresa empleadora del ejecutado para que deposite cierta suma de dinero en concepto de multa cuando, -como en el caso-, se verifica que no acreditó haber efectivizado un embargo ordenado precedentemente respecto del sueldo del defendido, razón por la que el ejecutante debió requerir una nueva intimación a la destinataria de la multa.
Títulos de crédito, cheque, domicilio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VILLAREAL c/ MARTORELL s/ Ejecutivo (LIBRO: A064 - 263)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-10-28

El domicilio fijado en el Banco girado por el titular de la cuenta corriente, resulta domicilio especial a todos los efectos derivados de la emision del cheque, lo cual involucra las relaciones con cualquier tenedor legitimado.
Caducidad de instancia, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nozijkoswki, Adán José c/ Maderera Noroeste del Chubut S.A. s/ Prepara Vía Ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-06-03

El plazo de caducidad alegado comienza a correr desde que fue concedido el recurso, incumbiendo al apelante la carga de instar en el Juzgado de origen la elevación del expediente al Tribunal de Alzada, sin que sea obstáculo para así determinarlo la obligación que tiene aquél de hacerlo ni la responsabilidad que recae en el Prosecretario del mismo, según lo prescripto en el art. 251 del CPCU.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad extracontractual, contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, titular de cuenta corriente, inhabilidad para cuentas bancarias
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ARAGONE, ROBERTO c/ BANCO FRANCES DEL RIO DE LA PLATA SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-19

No resultando dudoso que, la errónea inhabilitación para operar en cuenta corriente ha debido afectar seriamente la tranquilidad anímica del cuentacorrentista, al ver injustificadamente amenazados su prestigio y buen nombre, máxime tratándose de una persona de intensa actividad profesional y participante en distintas tareas de contenido social y espiritual, procede acceder a su reclamo de indemnización por daño moral, correspondiendo reducir a $ 12000 el monto fijado por el juez de grado.
Recurso de inconstitucionalidad, tutela sindical, injuria laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GALLARDO, RAUL JOSE c/ INTERBUS S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-05-30

Las alegaciones desplegadas no sobrepasan de genéricos reproches insuficientes en acreditación de falta motivación o fundamentación en lo decidido, permaneciendo incólumes los argumentos expuestos por el Sentenciante respecto a que, en el limitado marco de análisis de la acción intentada (amparo), la compareciente no había demostrado los presupuestos de su pretensión, en tanto no se encontraba acreditado el supuesto accionar antisindical o discriminatorio, mientras que, por el contrario, el grave obrar antijurídico del actor -impeditivo de la continuación del vínculo laboral- se había acreditado, e incluso reconocido, tanto en su ocurrencia como en su autoría. (Del voto de la Dra. Gastaldi, al que adhirió el Dr. Netri. En minoría: Dres. Erbetta y Falistocco)
Extradición, derechos del niño, interés del menor, derecho a ser oído
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Caballero López, Pablina s/ Extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-16

A los fines de la extradición, resulta insuficiente per se la mera invocación del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño para fundar un planteo de nulidad del procedimiento por no haber dado intervención al niño hijo del progenitor sometido al trámite, máxime si la parte no se hace cargo de que el mismo precepto consagra que el derecho a ser oído del niño debe efectuarse "en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional" y la ley aplicable al procedimiento de extradición no regula su intervención ni invoca circunstancias de hecho que aconsejen la adopción de alguna medida en salvaguarda del "interés superior del niño".