Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06


INSAURRALDE, Alberto Oscar c. GALETTI, Mario Raúl y otros Reg.: A y S t 206 p 64-67.

Santa Fe, 6 de abril del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia 144 del 18 de agosto de 2004 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo laboral de esta ciudad en autos "INSAURRALDE, Alberto Oscar c. GALETTI, Mario Raúl y otros -C.P.L.- sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. 250/03)" (Expte. C.S.J. nro. 541, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que, promovida demanda de cobro de diversos rubros laborales derivados del despido, con más las indemnizaciones previstas por las leyes 24013 y 25323, la sentencia de primer grado de conocimiento acogió "in totum" la pretensión.

A su turno, y a raíz de la apelación deducida por la accionada, la Sala modificó parcialmente el pronunciamiento de grado y desestimó las indemnizaciones derivadas de las leyes 24013 y 25323.

Es contra este último decisorio que el actor endereza su recurso de inconstitucionalidad, por reputarlo arbitrario, como lesivo de derechos y garantías de rango constitucional.

Se queja, en primer término, de que la Sala estimara que la accionada había presentado la documentación que acreditaba que la fecha de ingreso era la invocada y que la actora -quien aludía a una anterior- para desmerecerla, debió haberla argüído de falsedad y no lo hizo. Al respecto, destaca que su parte no pudo efectuar contralor sobre esa probanza y además, que su postura surge de otros importantes elementos probatorios que la Sala omitió ponderar, por lo cual la decisión debe ser descalificada en este punto.

Por otra parte, se agravia de que el Tribunal desestimara la indemnización prevista por la ley 25323 sin dar razón suficiente para ello. Destaca que las escuetas expresiones del Magistrado de primer voto -y las consideraciones del de segundo- resultan insuficientes a fin de dotar al pronunciamiento de la debida motivación exigida por la Constitución provincial.

Recalca que, en tanto se trata de un despido incausado, corresponde aplicar la sanción de la ley 25323 sin más trámite; máxime cuando -tal como lo destaca el Vocal de segundo voto- fue debidamente intimada y reclamada ante la Secretaría de Trabajo. Añade que las conclusiones alcanzadas en la Alzada son el fruto de una inexacta valoración de la prueba rendida y del derecho aplicable.

La Sala denegó la concesión del remedio extraordinario por lo que el actor ocurrió en forma directa por ante esta sede.

2. La presente queja -se adelanta- no puede prosperar por cuanto, no obstante invocarse cuestión constitucional, del desarrollo de los fundamentos vertidos en la pieza recursoria en confrontación con la resolución atacada, surge tan sólo la mera disconformidad del recurrente para con lo resuelto por los Juzgadores en ejercicio de funciones propias, materia que resulta ajena al tratamiento en esta instancia de excepción.

En efecto, los reparos que el impugnante encolumna en su primera línea de ataque son insusceptibles de fundar una impugnación constitucional, desde que -como se anticipara- tan sólo evidencian su disenso para con la decisión de la Sala de rechazar la pretensión de los rubros derivados de la aplicación de la ley 24013. Ello así, pues la simple lectura del fallo demuestra que los Sentenciantes arribaron a tal conclusión a la luz de dicha legislación, en relación con las constancias de la causa y con sustento en ambos elementos, juzgaron que habiendo la empleadora acompañado la documentación legalmente exigida - contrariamente a lo afirmado por el Juez de primer grado de conocimiento, que al tenerla por no presentada aplicó derechamente los apercibimientos derivados del incumplimiento patronal considerando cierta la fecha de ingreso invocada por el actor- y no constando en la causa ninguna probanza aportada por el actor en orden a argüirla de falsa, debía considerarse que sus constancias -en el caso, en punto a la fecha de ingreso- eran fidedignas y en consecuencia desestimar las indemnizaciones previstas por la ley 24013 para sancionar las alteraciones de registración que se debatían en autos.

De lo reseñado se desprende que los agravios, tal como fueron planteados, quedan pues reducidos a la mera discrepancia en relación a la valoración de la prueba documental aportada por la accionada y sus proyecciones en el resultado de la pretensión, aspectos éstos que resultan ajenos a la revisión en esta instancia de excepción en tanto el impugnante no consigue demostrar que en tal faena -propia de sus atribuciones- los Magistrados hubiesen procedido de manera ilógica o arbitraria.

Por su parte, también devienen inadmisibles los reparos que giran en torno al rechazo de la indemnización prevista por la ley 25323 -por desinterpretación de la norma y por apartamiento de las probanzas rendidas en la causa- ya que, aunque escueta, la sentencia en este aspecto no puede resultar reprochable desde el punto de vista constitucional por falta de motivación y la respuesta dada por los Sentenciantes no aparece -o al menos, el recurrente no logra evidenciarlo con su también magro y genérico escrito- como absurda o ilógica de modo tal de merecer descalificación en esta instancia.

Es que, al sostener el Tribunal que en el caso, "...se está ante una situación que llamaría especialísima...en presencia de un despido injustificado que como tal surge de una valoración de los antecedentes de la causa..." (f. 3 vto.) y en el contexto en que debía analizar los agravios presentados ante sus estrados -la demandada había cuestionado también la resolución de grado en cuanto había entendido que el despido era injustificado pues la injuria invocada no revestía una gravedad tal que impidiera la continuidad de la relación laboral, y la Sala confirmó en este punto aquel fallo- se advierte que la postura de los Magistrados guarda sintonía con criterios doctrinarios y jurisprudenciales que en referencia al texto legal admiten la posibilidad de que el Juzgador disminuya o exonere de la sanción en los supuestos en que el empleador haya tenido motivos suficientes como para considerarse asistido del derecho a despedir.

En tal sentido, se ha sostenido que "Frente al despido dispuesto por el empleador con invocación de causa, la indemnización prevista por el artículo 2 de la ley 25323 debe ser concedida con carácter restrictivo, y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del artículo 242 L.C.T...." y que "El art. 2 de la ley 25323 no restringe de ninguna manera la potestad del empleador de denunciar el contrato con invocación de justa causa, podría decirse que la ley procura también que aquél haga uso funcional de su facultad de despedir y que obre de buena fe aun en ocasión de extinguir el contrato laboral...Lo cierto es que para exonerarse del pago de la reparación, el empleador está obligado a demostrar que actuó asistido de derecho al disponer el despido, o bien tuvo una razón valedera al omitir el pago de las indemnizaciones..." (C.N.A.T. Sala III, 18.7.2003) (C.N.A.T., Sala III, 18.07.2003, "Saczuk c. Siemens"); "...Frente a un despido dispuesto por el empleador con invocación de causa, corresponderá la exoneración de la sanción o bien su reducción, en los casos en que se justificare la conducta del empleador, lo cual deja librada a la apreciación judicial tanto la verosimilitud de la medida rescisoria, como la justificación de la falta de pago de los créditos indemnizatorios en debido tiempo" (C.N.A.T., Sala VIII, del voto del Dr. Billoch, 29.8.2003, "Rumi c. Cía. General de Comercio e Industria"); "Para la operatividad del art. 2 de la ley 25323 es necesario que medie un despido ad nutum, o un reconocimiento del derecho al cobro de las indemnizaciones derivadas de la denuncia del contrato de trabajo ya que, si se ha alegado una justa causa, sujeta a apreciación judicial, en el marco del art. 242 in fine L.C.T., es la propia sentencia la que constituye el título definitivo de la adquisición del derecho indemnizatorio. Regla que no incluye los supuestos en que se ha invocado como justa causa una motivación baladí o hechos o situaciones claramente inadmisibles, o no se ha intentado acreditar con pruebas idóneas una causa que, en principio, no sería irrazonable" (C.N.A.T., Sala VIII, 30.6.2004 "Alveal Cáceres c. San Isidro Textil Argentina S.A."; 28.2.2003 "Rivero c. La Fármaco Argentina I.C.S.A."); entre otros pronunciamientos. Y, como es sabido, el hecho de adscribir a una de las posturas lógicamente fundadas y aceptables -aunque existan otras, y más allá de la propia del recurrente- no genera cuestión constitucional.

En suma: las falencias atribuidas al decisorio revelan el sólo propósito del perdidoso de reabrir el debate acerca de cuestiones de hechos, prueba y derecho común en una suerte de tercera instancia ordinaria ajena a la esfera del remedio ensayado, no traspasando el planteo el límite de la disconformidad en cuanto a la valoración de la situación fáctica y aplicación de normas comunes, aspectos propios de las instancias ordinarias y, por ello, excluidos de este control al no haberse demostrado que las apreciaciones de los Sentenciantes -más allá de su grado de acierto o error- resulten ilógicas o irracionales, en tanto la sentencia contenga fundamentos jurídicos que impidan su descalificación como acto judicial.

La insistente intención de renovar el debate sobre la valoración fáctica y jurídica sobre temas de derecho común -ya tratado en las instancias ordinarias- no depara caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraodinaria en esta sede, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al orden jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su competencia jurisdiccional.

Por ello y ante esa mera discrepancia del recurrente, no se configura cuestión constitucional idónea para habilitar esta instancia de excepción cuyo cometido no es corregir posibles errores o soluciones opinables.

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)