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Intereses, régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, bonos de consolidación, valor nominal, deuda no consolidada, tasas de interés, liquidación judicial, revisión de la liquidación
Materia: COMERCIAL
Carátula: AUAD ROLANDO c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-23

A los fines de su acreditación en favor del acreedor, el valor técnico de los bonos de consolidación (cuya existencia es meramente escritural en los términos del art. 208 de la ley 19.550 (cfr. art.

23 del dec. 2140/91) resulta fijado por el Banco Central de la República Argentina teniendo en cuenta la tasa de interés que lleven (Caja de Ahorro Común citada o Libor). Tal extremo es cumplido por la citada entidad bancaria mediante comunicaciones que emite regularmente, v.gr. A 1938 del 17.3.92; A 4925 del 15.5.92; B 4976 del 6.7.92; B 5003 del 4.8.92; etc. (cfr. Mabromata, E. G. y Sanoner, M.

F. "Consolidación de Deudas del Estado, Resolución SIGEN N. 10/93 y decreto 1639/93", en rev. La Ley actualidad del 4.11.94). Tratándose de deudas expresadas al 1.4.91 (o sea a la "fecha de corte" aludida en el art. 1., ley 23.982 y art. 2., inc. b, dec. 2140/91), los intereses se calcularán desde esa fecha). En cambio, tratándose de una deuda expresada, por así corresponder, a una fecha posterior al 1.4.91, tal particularidad debe ser específicamente detallada en el pertinente requerimiento de pago de deuda consolidada, pues en tal hipótesis la deuda devengará intereses a partir de la fecha posterior que correspondiere (art. 7., dec. 1639/93, B.O.: 10.8.93). En este caso, por tratarse de una deuda que no está fijada a valores del 1.4.91, la Secretaría de Hacienda, conforme lo dispuesto en la nota SIGEN N. 2037 del 25.8.93, que aclara lo dispuesto por el art. 7., dec. 1639/93, procede a reliquidar el crédito judicial como paso previo a la emisión de los bonos; reliquidación que consiste en el descuento de la cantidad que corresponda a los intereses (cfr.

Mabromata, E. G. y Sanoner, M. F., op. cit., loc. cit.). Esto así, porque tratándose de un crédito expresado a valores de una fecha posterior al 1.4.91, para que el capital de ese crédito coincida con el de los bonos que se entreguen (los cuales contienen de por sí, intereses "capitalizados" a partir del 1.4.91, a la tasa que resulte de la oposición elegida), el referido descuento se impone como necesario paso para evitar un enriquecimiento del acreedor.
Organismos del Estado, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barreiro, Luis D. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

La competencia, no obstante ser irrenunciable por su titular, puede ser legítimamente ejercida por éste dentro del necesario marco de discrecionalidad señalado por la norma que se la atribuyó.
Robo calificado, robo en banda
Materia: PENAL
Carátula: Guzman,  Santiago;  Retamal,  Silvio  César;  Chávez,  José H.; Peña, Ariel Hernán (Menor Punible) s/ ROBO CALIFICADO REITERADO EN CONCURSO REAL S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-10-25

El fundamento de la agravante del robo cometido en "banda", está dado en las mejores posibilidades de éxito de los autores del robo, que se muestra no sólo en mayor indefensión de la víctima frente a una pluralidad de ladrones, sino también en la mayor facilidad para el cumplimiento del objetivo cuando se emplea fuerza en las cosas y aunque la víctima no esté presente.
Fondos comunes de inversión, obligaciones de medios
Materia: COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION POR LA DEFENSA DE USUARIOS Y CONSUMIDORES (ADUC) C/ BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS ARGENTINA SA SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION Y OTRO S/ ORDINARIO. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-02

"La obtención de un resultado positivo no constituye una obligación de la sociedad gerente ya que es solamente una obligación de medios, no de resultado... la gestión de un portafolio de inversión representa siempre un alea..." (Castellanos Santiago, D'Felice José, "Derecho Bursatil", pg. 287, Ed. Advocatus, Córdoba, 2010).
Contrato de obra pública, pliego de bases y condiciones, contratista, obligaciones, Administración Pública, licitación pública, adjudicatario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUSANICHE HERMANOS Y COMPAÑIA SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 655-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-12

En el contrato de obra pública la ley de la licitación o ley del contrato es el pliego en donde se especifican el objeto de las contrataciones y los derechos y obligaciones del licitante, de los oferentes y del adjudicatario.
Recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso, memorandum de entendimiento con Irán, prórroga de la instrucción, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Zanini, Carlos A. c/  s/ queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-21

Debe ser rechazado el recurso de queja interpuesto por la defensa del imputado en el cual reclamaba la nulidad del proceso por el que se investiga la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, habida cuenta que el procedimiento que se pretende censurar es amplia y cotidianamente utilizado en expedientes de complejidad por resultar adecuado frente a los diferentes intereses legítimos que exigen compatibilizar la necesidad de evitar demoras injustificadas y, a la vez, cumplir en forma completa con los fines de la instrucción, entre los que se encuentra el de corroborar o descartar la eventual participación de todos los presuntamente implicados. En consecuencia, no genera ningún agravio que se haya mantenido parcialmente abierta la etapa preparatoria para tratar las situaciones de otros imputados todavía no indagados y para investigar aspectos susceptibles de profundización.
Concubinato, sociedad de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: R., A. c/ Sucesión de B., D.R. s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-05-31

La situación de concubinato no crea por sí una sociedad de hecho, sin perjuicio de que quienes conviven puedan establecer entre sí relaciones jurídicas válidas, ajenas e independientes de su relación de convivencia, que puedan adoptar formas sociales de derecho o de hecho, de modo que de la existencia del concubinato no se desprende presunción alguna que favorezca la existencia de sociedad de hecho.
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Liborio, Ruben c/ solari, marta y/o Ocupante s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

Si bien pesa sobre el Oficial Primero la carga de elevar las actuaciones de acuerdo a lo normado por el art. 251 del CPC, ello no impide que, cuando medie un lapso prolongado desde la fecha de concesión del recurso sin que se haya producido la elevación, proceda declarar la caducidad de la segunda instancia a partir de su concesión (art. 310 Inc. 3º CPC), por ser evidente el desinterés del recurrente en sostener su recurso.
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Olivera Carlos Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-10

El indicio de autoría que el Juzgador extrae del testimonio de un oficial de policía adolece de la condición que demanda el art.259 inc.7 del Código de Procedimiento Penal, si el hecho que se pretende probar, o sea, la admisión personal del imputado de haber sido el autor de la sustracción tiene una sola fuente que lo informa y que no es otra que dicho testimonio. Ello es insuficiente para demostrar que el hecho que relata haya sucedido y por ende no logra configurar un indicio apto en los términos del ya mentado artículo 259 del C.P.P.-
Régimen penal tributario, extinción de la acción penal por pago de multa, pago en cuotas
Materia: PENAL - TRIBUTARIO
Carátula: MARIN, Esteban s/ ext. acc. penal Causa nro. 11.993
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-22

La virtualidad que podría tener el acogimiento a un plan de facilidades de pago como para generar luego la extinción de la acción penal, en innumerables precedentes los suscriptos han hecho especial referencia a la circunstancia de que, para que proceda la aplicación de dicho instituto, resulta ineludible el previo cumplimiento y verificación de los requisitos que impone el artículo 14 de la ley 23.771.
Concesión parcial del recurso, concurso real, homicidio calificado, tentativa, arma de fuego, lesiones graves, prueba, requerimiento de elevación a juicio, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: Gómez Norberto Raúl y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-30

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación que aplicó al caso las reglas del concurso real entre las figuras reprochadas -tentativa de homicidio agravado por su comisión con arma de fuego, lesiones graves, portación de arma de uso civil sin autorización legal y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas y lesiones graves- si no surge de la acusación una descripción suficientemente circunstanciada que permita discernir en el acto de la agresión dirigida a la víctima una secuencia temporal relevante para establecer como hechos independientes la salida a la vía pública del imputado, desde su domicilio, llevando consigo el arma, y el comienzo de ejecución de la agresión con el arma de fuego con la secuencia de disparo fallido, disparo al piso y nuevo disparo al cuerpo, y para establecer si después de ello, reingresó a su domicilio o si continuó circulando con el arma por la vía pública. En esas condiciones el peligro indeterminado para los bienes jurídicos de terceros creado por la portación no se diferencia temporalmente de un modo relevante del comienzo de ejecución de la tentativa de homicidio y la consumación de las lesiones corporales en perjuicio del damnificado. En la sentencia recurrida se ha tenido por probado el hecho de la acusación y sus circunstancias en términos sustancialmente idénticos a los que se describieron en el requerimiento de remisión a juicio. No obstante, el tribunal no ha dado otra precisión temporal sobre la ejecución de la portación, lo que en cualquier caso no podría haber excedido las circunstancias del hecho sostenidas por la acusación promovida por la fiscalía. Al respecto, el a quo no estaba habilitado a avanzar más allá de los límites fácticos establecidos en el marco del art. 347 CPPN, porque ello privaría al imputado y a su defensa de la oportunidad útil de discutir los extremos pertinentes del hecho por el que fue llevado a juicio. De ese modo, en defecto de determinación de una independencia entre la portación y las agresiones con el arma de fuego, se presenta un supuesto de concurso ideal entre la portación, la tentativa de homicidio y las lesiones graves causadas con el arma, que se rige según el art. 54 CP (voto del juez García al que adhirió el juez Bruzzone)
Mandato, regulación de honorarios, falta de legitimación para obrar, empresas del Estado, pago, acuerdo de partes
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguiar, Samuel Antonio s/ Regulación de honorarios por trabajos extrajudiciales s/sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-03-26

Debe acogerse la excepción de falta de legitimación articulada por la demandada-Dirección de Energía Catamarca-ante el pedido de regulación de honorarios por trabajos extrajudiciales efectuados por el mandatario, ya que si bien dicha labor es comprensiva de la gestión administrativa, el empleado público y el ente administrativo arribaron a un acuerdo de pago sin intervención del mandatario, y en el que nada se estipuló acerca de cargas y costas del trámite. Razón por la cual, la cuestión se rige por las normas generales aplicables al instituto de las costas, que para el caso determina su imposición por el orden causado. (Disidencia del Dr. Caceres)
Recurso contencioso administrativo, intereses, depreciación monetaria, actualización monetaria, pago, principio de integridad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: GALIANO, JORGE ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 63 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-22

No es óbice para el acogimiento de la pretensión del recurrente el hecho de que no incluyera el rubro intereses en el reclamo formulado en vía administrativa, pues la regla de que no se puede demandar judicialmente lo que no haya sido peticionado en aquella instancia, no rige en el caso de intereses. Por lo tanto, no obstante no surgir de las constancias administrativas se haya reclamado la actualización monetaria del monto peticionado, corresponde que la misma sea otorgada desde que cada suma fue debida al actor, ya que la misma no importa un cambio intrínseco de la prestación esgrimida en sede administrativa, sino por lo contrario, tiende a mantener idéntico a sí mismo el contenido de los reclamos.
Superintendencia, jueces, régimen disciplinario administrativo, funcionarios judiciales, sanciones disciplinarias administrativas, renuncia al empleo, aceptación de la renuncia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Juzgado Federal de Salta - avocación - Cornejo, Abel (juez federal) s/ sanción impuesta a Aramayo, David Rubén.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

La cámara debió haber resuelto la apelación interpuesta en subsidio por un empleado a quien se había aplicado una sanción de suspensión antes de aceptar su renuncia por haber sido designado con una categoría superior en otro juzgado ya que con esa actitud despojó al juez de la facultad disciplinaria que ejerció respecto de su ex empleado.
Apelación de honorarios, base regulatoria, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARRIGOSI, CARLOS Y FRANCISCO ANGELONI c/ DIRECCION COOPERATIVA DE MENDOZA s/ rec - Amparo (LIBRO: A158 - 499)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-08-11

"El Tribunal tiene reiteradamente resuelto que el ámbito de aplicación del art. 40 CPC está referido a los montos de la regulación y a la aplicación de las normas de la ley arancelaria, no pudiéndose plantear cuestiones relativas a la improcedencia o nulidad de la regulación, ni a la responsabilidad por el pago. Admitir tales posibilidades de discusión implican una violación del derecho de defensa de los profesionales, que no tienen la posibilidad de ser oídos sobre las cuestiones planteadas por el apelante. En tales supuestos el recurrente debe solicitar que se imprima al recurso el trámite previsto en el art. 142 del CPC.
Emergencia económica, intereses moratorios
Materia: CIVIL
Carátula: Salomón, Ernesto. c/ Municipalidad de Embarcación. s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-09-01

En cuanto a los agravios del actor, referidos a la tasa de interés por la mora de la demandada, que la sentencia ha fijado en el 6 por ciento anual, debe decirse que los cambios acaecidos en la situación económica y financiera del país, que se han venido dando a partir de diciembre del año 2001, como consecuencia del dictado, por parte del gobierno nacional, de medidas de emergencia económica, han producido un proceso de desvalorización monetaria con la consecuente modificación frente a la derogada convertibilidad.

Por lo cual, estima la Sala que la tasa aplicada por la señora juez de la anterior instancia, para este caso, no satisface ni cubre las consecuencias derivadas de la mora del deudor y deben elevarse. Por ello se considera adecuado en mérito a las circunstancias de la causa, elevar la tasa por intereses moratorios al 12 por ciento anual desde la mora de la demandada hasta el 31 de diciembre de 2.001, y a la del 20,75 por ciento anual peticionada, desde entonces.
Juicio oral, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: Labonia, Roberto s/ Lesiones leves, corrupción calificada y homicidio calificado por  alevosía, ensañamiento y criminis causa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-08

Si de la sentencia no resulta, ni expresa ni implícitamente, que la exclusión del elemento de convicción cuestionado no hubiese modificado la "convicción sincera" del juzgador, corresponde -sin necesidad de considerar los demás contenidos del recurso- anular el veredicto y la sentencia dictados, lo actuado en el juicio oral y los demás actos dependientes del mismo y reenviar los autos para la nueva realización de todo ello.
Ejecución fiscal, recurso de apelación (procesal), sentencia, archivo del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: "AFIP DGI-rqu- c/ Ozores S.A.C.I.F.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-07

La resolución por la que, si bien se dispone el archivo del expediente, reconoce como fundamento el rechazo de las excepciones opuestas por la ejecutada, ha de ser equiparada a los fines del artículo 92, duodécimo párrafo de la ley 11.683 a la sentencia de ejecución en tanto eésta se alcanza, por lo general, por la desestimación de defensas como las que aquí se pretendió esgrimir. De allí que nada impide considerar dicho pronunciamiento a efectos de la apelabilidad del pronunciamiento entre aquellos actos alcanzados por la limitación establecida en dicha norma.
Competencia civil, daños y perjuicios, explosiones, Metrogas Sociedad Anónima
Materia: PROCESAL
Carátula: GARRICHIO, José Ismael c/ METROGAS S.A. s/ INTERRUPCION DE PRESCRIPCION - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

Corresponde intervenir a la Justicia Nacional en lo Civil en el proceso en el que se reclaman daños y perjuicios que habría sufrido el actor por una explosión de gas ocurrida en su negocio, pues resulta independiente de la relación usuario-prestador de un servicio público de índole contractual, siendo el origen de aquéllos de naturaleza extracontractual.-
Juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Bertini Oscar Santiago y otro s/ Cobro ejecutivo Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Moraschetti Ricardo Miguel s/ Apremio Arias Miguel c/ González de Trejo Blanca s/ Cobro ejecutivo Cesaretti Lorenzo c/ Garetto Gustavo y otros s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09|1991-12-26|1987-04-07|1987-06-16

Ante una demanda ejecutiva que persigue el cobro, en alguna medida, de cantidad que no se debe y que prospera parcialmente, no debe aplicarse el art.72 del C.P.C., sino el art. 556 del mismo.
Expropiación, indemnización expropiatoria, valor llave
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LOS ANDINOS S.A.C.I.F.I. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-18

No es admisible la reparación del "valor llave" en los términos del art. 11 de la ley 13.264 -sustancialmente análoga al art. 10 de la ley 21.499-, ya que al depender su realización de una eventualidad, como es la posible transferencia futura del negocio, la frustración de ella como consecuencia del acto expropiatorio no recae sobre ningún elemento positivo y actual del inmueble expropiado, sino únicamente sobre una esperanza de lucro(Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Villanueva, Eduardo Gregorio s/ Homicidio Cresta, Liliana Mabel s/ Homicidio Garritano, Luis Alberto s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09|1997-07-08|1997-02-25

La expresión legal -art. 271, C.P.P.- "fundada en las consecuencias jurídicas que resultaren de la denegación" es ambigua. Puede ser interpretada atribuyéndole sentido formal o material. Desde el primer punto de vista puede entendérsela como imponiendo al potencial recurrente el requisito penalmente ritual de expresar, además de la "protesta" en sí misma, que la realiza "por las consecuencias jurídicas que resultaren de la denegación"; o como atribuyendo al interesado la carga de puntualizar los hechos que intentaba acreditar mediante la prueba denegada y los efectos jurídicos implicados. En cambio si tiene un sentido material debe interpretarse que el art. 271 citado requiere del "peticionante" una sola condición formal: la de efectuar la "protesta" y que aquélla frase está destinada a impedir que mediante la mera protesta la denegatoria abra, por sí sola, el camino de los recursos extraordinarios. La primera debe ser descartada porque el simple requerimiento de la protesta es en sí mismo suficiente modo de imponer una expresa advertencia procesal respecto del futuro recurso, constituyendo el agregado de la frase en cuestión una pura solemnidad sin función jurídica alguna. También es desechable la segunda eventual interpretación formal porque si se entendiera que la expresada fundamentación tiene por objeto que la Cámara contara con ella para resolver la cuestión, debió ser legalmente requerida para antes y no -como ocurriría con tal interpretación del art. 271- para después que el tribunal hubiera producido la denegatoria.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficio de litigar sin gastos, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piccardo, Raúl D. c/ Canda Hnos. Const. S. A. y/o IMOVI y/o Municipalidad de Pergamino s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-05

La SCBA, con fundamento en el art. 6, inc. 5° del CPC, puede entender en el beneficio de litigar sin gastos, si va a conocer en el juicio en que tal solicitud se hará valer.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sistema de refinanciación hipotecaria, interpretación de la ley, fideicomiso para la refinanciación hipotecaria, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CIVIL
Carátula: YOVINO,  Silvia  Mónica c/ D'ALESSANDRO,  Antonio s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-17

La facultad del Estado de imponer límites al nacimiento o extinción de los derechos,no lo autoriza a prescindir por completo de la relaciones concertadas al amparo de la legislación anterior, especialmente cuando las nuevas normas se enfrentan con una sentencia judicial que estableció la forma de cancelar la obligación además, más ventajosa que la convenida.

La lesión al derecho de propiedad del acreedor (art. 17 de la Constitución Nacional) es, en el caso, evidente. Es que de aplicarse el sistema creado por la ley 25.798, el acreedor no sólo podría recibir en pago una cosa distinta de la debida (art.

740 del Código Civil)sino mediante un procedimiento especial previsto en el decreto reglamentario 1284/03 -Anexo I, Inc.

a) del art. 16-. Ello importa un menoscabo que es grave y afecta, sin duda, la garantía constitucional que en forma categórica establece la inviolabilidad de la propiedad privada. Fundamentos del Dr. Giardulli.
Administración fraudulenta, retención indebida, compraventa inmobiliaria, reserva de compra
Materia: PENAL
Carátula: VIALE, LUIS s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-12

Constituye el delito de administración fraudulenta y no el de retención indebida, la acción del procesado que habiendo recibido dinero extranjero en concepto de reserva para la compra de un inmueble de propiedad de un tercero que no aceptó la oferta, no lo reintegró, pues la retención requiere que el agente omita devolver la misma cosa que se le dio, y en este caso no se individualizaron los billetes de moneda extranjera entregados.

El procesado aceptó un negocio determinado y recibió el manejo de los fondos destinados a concertarlo (arts. 222, 239 y concordantes del Cód. de Comercio) violando el deber de fidelidad en la gestión autónoma que se le confió.