Proceso penal, acusación fiscal, monto de la pena, facultades del juez, sentencia, deber de imparcialidad, defensa en juicio, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., G. A.; C., Y. M. y N., N. N. s/ Robo agravado s/ Inconstitucionalidad s/Casación. (Expte. Nº 26574/13 STJ)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-04-09

La acusación resulta así uno de los elementos esenciales y previos al dictado de una sentencia y las conclusiones alcanzadas se expresan en un alegato final que fija la pretensión punitiva, dando cuenta de las circunstancias relevantes que el acusador ha tenido en cuenta para arribar al monto de pena pretendido y, sobre todos los tópicos señalados, el imputado tiene el derecho a resistirlos. No se concibe, entonces, una acusación que no señale la pena pretendida, porque forma parte inescindible de aquella.

En cuanto a la sentencia, el Tribunal se encuentra imposibilitado de sobrepasar los límites que le ha marcado la Acusación, lo cual halla fundamento en el modelo procesal delineado por la Constitución Nacional en cuanto distingue claramente la función de acusar de la función de juzgar, independientes y distintas, y cada una de estas a cargo de órganos diferenciados y autónomos.

Si se entendiera que el Tribunal de juicio puede superar el monto punitivo expresado en el el alegato final, deberíamos considerar la pena solicitada como simple dato, como un mero señalamiento formal que a nadie obliga, y ello tornaría absurda la defensa contra argumentos que de todos modos pueden ser analizados en forma más gravosa por los sentenciantes, cuando "para garantizar adecuadamente el derecho de defensa-estos deben velar porque no se sorprenda al imputado en ninguna de las fases del juicio. Pero, además, el Tribunal estaría así asumiendo una actividad acusatoria vedada por la garantía de imparcialidad.

Así, la finalidad de asegurar que el Tribunal que juzga no se encuentra comprometido con la acusación que está llamado a resolver asegura la imparcialidad de aquel, garantía que fue definida por el maestro Ferrajoli como "la ajenidad del juez respecto de los intereses de las partes en causa.

El juez no debe tener ningún interés, ni general ni particular, en una u otra solución de la controversia que está llamado a resolver, al ser su función la de decidir cuál de ellas es la verdadera y cuál es la falsa" (Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, trad. de Perfecto Andrés Ibáñez y otros, Ed. Trotta, Madrid, 1995, págs. 580/581,citado por la CSJN, Fallos: 327:120, "Mostaccio", de fecha 17/02/04, del voto de los Dres. Fayt y Vázquez).

Como se ve, acusación, defensa y sentencia se hallan íntimamente relacionadas, y es justamente el derecho de defensa el que impone que el ejercicio de juzgar se realice con el alcance que le ha fijado la acusación. De allí que la decisión del juez que impone oficiosamente una pena mayor, en tanto importa una decisión inaudita parte, perjudicial a los intereses del imputado y que este no ha tenido oportunidad de contradecir, deviene razonablemente sospechada de parcialidad.

La solución que propicio resulta conforme con los lineamientos sentados para resolver en análoga cuestión por los doctores Lorenzetti y Zaffaroni en su voto en disidencia in re "Amodio" (CSJN, Fallos: 330:2658, de fecha 12/06/07), criterio que también fue compartido posteriormente por el doctor Fayt en "Fagundez" (CSJN, causa F. 452. XLIII, recurso de hecho "Fagundez, H. O. y otro s/ causa N° 7035", sentencia dictada el 12/08/08). (Disidencia: Dra. Zaratiegui)