Tributos, facultades tributarias, facultades tributarias municipales, facultades tributarias nacionales, coparticipación federal
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: AISLANTES TECNOPOR S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-09-21

En nuestra Provincia la reforma constitucional del año 2006, siguiendo las pautas establecidas en el art. 123 de la Constitución Nacional, estableció que "esta Constitución consagra la autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional de los municipios" (art. 132, Constitución de Tucumán) y, en cuanto a los recursos con que disponen y a la conformación de los mismos, la Constitución establece que los recursos municipales se formarán con "los tributos que se fijen según criterios de equidad, proporcionalidad y progresividad aplicada en armonía con el régimen impositivo provincial y federal" (art. 135, inc. 1, Constitución de Tucumán). En cuanto a la distribución constitucional de competencias entre la Nación, las Provincias y los Municipios, es pertinente tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que "de acuerdo a la distribución de competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos (art. 75) (Fallos 304:1186, entre muchos otros). Dentro de este contexto, cabe entender que las prerrogativas de los municipios derivan de las correspondientes a las provincias a las que pertenecen (arts. 5 y 123)" (cfr. CSJN, "Telefónica de Argentina SA vs. Municipalidad de General Pico", sentencia del 27/02/1997 y "Telefónica de Argentina vs. Municipalidad de Chascomús", sentencia del 18/4/1997). En esta línea interpretativa sostiene Enrique Bulit Goñi también que la reforma constitucional de 1994 consagra "una suerte de autonomía atenuada, ya que siempre será la norma provincial la que ha de reglar su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo y financiero" (cfr. "Constitución Nacional y Tributación local", Ad hoc, Buenos Aires, 2009, tomo I, pág. 479). En otras pa labras, la extensión de las facultades tributarias reconocidas a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán nace de la propia Constitución Provincial, la que consagró en su art. 132 la autonomía de los municipios de esta Provincia junto a una habilitación expresa para crear "tributos", dejando de lado la expresión "tasa por servicios efectivamente prestados" que contenía el anterior art. 114 de la Constitución de 1990. Siendo ello así, no merece reproche alguno la interpretación de la Cámara acerca de que es "privativo de las provincias conceder o no a sus municipalidades la facultad de crear impuestos" y por tanto "es lógico que la ley nacional nada haya dicho acerca de tal exclusión en referencia a impuestos municipales, atento que ello es una cuestión que se resuelve en la dinámica provincias-municipios y en la amplitud de las potestades tributarias que la primera otorgue a los segundos". El mismo recurrente reconoce que "el nuevo status constitucional del municipio le permite la creación de impuestos" au nque insiste en que "luego de la reforma constitucional y pese a las nuevas potestades tributarias del municipio, conserva su vigencia la prohibición a éste último de aplicar el impuesto a los ingresos brutos" contenida en la ley de coparticipación federal. Tal afirmación no encuentra sustento en la letra del art. 9, inc. b de la ley 23.548, con independencia de los diversos mecanismos de coordinación fiscal entre las jurisdicciones, la extensión de las facultades tributarias del municipio es materia definida por la Constitución Provincial y no por la norma nacional de distribución y coordinación de los fondos públicos coparticipables. Como señaló el Tribunal, ello no implica que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán pueda desatender las obligaciones asumidas por la Provincia al adherirse al régimen de coparticipación federal. Es que "cualquiera sea el status jurídico de estos entes públicos territoriales, actúan de manera inflexible los sistemas de coordinación financiera y tributaria a que hayan adherid o las provincias. Consecuentemente, le son oponibles las obligaciones que a título propio y que por los municipios de su jurisdicción han asumido las provincias al adherir sin limitaciones ni reservas al régimen de coparticipación provincial en impuestos nacionales y, en especial, de no establecer tributos análogos a los nacionales coparticipados" (cfr. José Osvaldo Casas, "Derechos y Garantías constitucionales del contribuyente", Ad Hoc, Buenos Aires, 2002, pág. 118). Tan es así que la facultad conferida a los municipios para crear tributos se encuentra subordinada en nuestra Constitución Provincial a que la misma sea aplicada "en armonía con el régimen impositivo provincial y federal" (art. 135, inc. 1, última parte).En síntesis, la interpretación del tribunal a quo de las limitaciones contenidas en el art. 9, inc. b de la ley de coparticipación federal n° 23.548, se ajusta a la distribución de competencias tributarias establecidas en la Constitución Nacional y sustenta una interpretación armónica de las ex igencias del régimen de coordinación y distribución fiscal de la ley de coparticipación con las facultades impositivas asignadas a las Municipalidades de la provincia, tras la reforma constitucional de 2006.