Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-03


Nro. de Sentencia: 003 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 3 días del mes de febrero del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de la Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de la Sras. Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"L., H. O. c/ I., A. s/ SUMARIO (Cobro de Pesos)", Expte. nro. 14.956/05, venidos del ex Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 -actual nro. 1- (Expte. nro. 2118/00), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 40), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 359/369? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por la parte demandada contra la sentencia definitiva nro. 021/05 del juzgado de primera instancia letrado Civil, Comercial, Rural y de Minería nro.2 de la jurisdicción que hizo lugar a la demanda íntegramente y condenó a A. I. a pagar al actor H. L. la suma de $4217 a los cinco días de notificada la sentencia con mas los intereses y las costas del proceso (fs. 376, fs. 359/69).

En el memorial de agravios la demandada recurrente sostiene que no es una derivación razonada del derecho en primer término porque el Aquo tuvo por reconocida la documental acompañada, consistente en recibos de terceros que no fueron citados a tal efecto (S. y M..) no son documentos de la parte.

Segundo agravio es que el demandado pagó trabajos directamente surge de fs. 156/7 que debieron ser afrontados por el actor. Tercer agravio Corregir errores, hubo una mala interpretación del juez del testimonio de fs. 160.

Cuarto agravio es no considerar pagos efectuados por el demandado, contrastado con los recibos de fs. 47, 49, 51 y 51 vta.

El monto de condena lo toma de la carta documento y las facturas emitidas, lo que es contradictorio porque había el juez descalificado las factu-ras de M. fs.365/4. Además la carta documento no es instrumento publico. Hace reserva del caso federal.

Siendo retrucado por la contraria a fs. 394/7.

Análisis de las cuestiones:

En su responde el accionado no niega el presupuesto de L. sino que dice ser elevado, ni la existencia de la vinculación contractual, cuestiona puntualmente la suma final reclamada más allá de negarla, que según L. corresponden a gastos erogados por el accionante por servicios prestados por terceros (fs.33) el demandado dice haberlos abonado (fs.62, fs. 64 y vta.).

El actor inicia demanda por cobro de pesos, en el curso del pleito quedó demostrada la existencia de una vinculación contractual entre las partes y me remito a las afirmaciones efectuadas por el sentenciante de grado en base a los dichos de las partes, la realización correcta de las obras encomendadas al accionante como director de obra o coordinador de los trabajos entiendo que es irrelevante, inconducente a los fines del objeto de la demanda, más allá de no coincidir con la conclusión que efectúa el Aquo (pericial de fs.294/5); pero el punto el meollo del juicio no es la vinculación contractual sino la existencia de deuda que fundamenta L. en los pagos realizados por él a terceros, y la cancelación de facturas por diversos materiales, que no fue constatado esto ultimo, pues si abonó a M. y a otros comercios ello debió estar asentado en los libros de comercio que no se acompañaron o exhibieron, ni los del actor ni los terceros como tampoco el reconocimiento de las firmas en las facturas acompañadas de los Sres. M.. o S.. En esto último receptaré el agravio por cuanto iniciado un proceso por cobro de pesos, lo que debe acreditarse es la existencia de la deuda, lo cual ni siquiera puede inferirse en cuanto a su existencia y monto con las constancias de autos. La pericial de fs.294/5 poca luz arroja sobre el tema a decidir -como expresara precedentemente-, pues efectúa una estimación del valor de los trabajos, pero afirma no poder expedirse sobre tareas previas para llegar a la culminación o terminación de la obra que el experto está viendo (fs. 294 vta.), por lo que se deduce que no puede afirmase que se hayan efectuado con la dirección de L., y menos aun que por ello se deba la suma de $4217 reclamada.

Además de lo dicho el actor intima por carta documento contestada por el demandado, en la misma no puede precisarse a partir de cuando se debe el dinero, cuando, como y que, se pago a los proveedores, si se concluyó el contrato que los vinculaba, las generalidades e imprecisiones son tales, que conllevan a la insuficiencia en la propia proposición de la demanda por cobro de pesos.

La cuestión de la carga de la prueba se reduce a establecer cuáles son los hechos que considerados como existentes por el juez deben bastar para inducirlo a estimar la demanda, llegando a la conclusión de que el actor debe probar los hechos constitutivos, esto es, aquellos hechos que normalmente producen determinados efectos jurídicos, el demandado debe probar los hechos impeditivos, esto es la falta de aquellos hechos que -normalmente concurren con los constitutivos, falta que impide a estos producir el efecto que le es propio (ver Fenochietto, Carlos E., "Cod.Proc.", t. 2, pág. 473, con cita de Alsina).

El actor debe probar la existencia del crédito, hecho constitutivo según el autor citado, lo que no ocurrió en autos. Los testimonios de fs. 153, 154, 156, dan cuenta que fueron pagados por el actor y en algunos casos por actor y demandado, pero en ningún momento se desprende el monto, y que el actor haya efectuado el pago de "su bolsillo".

Las deficiencias probatorias en torno a una demanda incoada por cobro de pesos que no inducen a la convicción de la existencia y cuantía del crédito lo que acarrea el rechazo de la acción.

Estos motivos me llevan a receptar los agravios revocando la sentencia venida en crisis. Por imposición del art.279 del CPCCCh tanto la imposición de las costas como la regulación de los honorarios profesionales han de readecuarse, por ello las impongo a la actora vencida conforme principio objetivo de la derrota (art.68 del CPCCCh), criterio que mantengo para esta segunda instancia.

Difiero la regulación de los honorarios profesionales en ambas instancia al momento del Acuerdo en que se tendrá en consideración lo establecido en los arts. 6, 7, 9, 22, 38, 47, 14 y concs. de la ley 2200 t.o.4335.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Esta vocalía propone para el Acuerdo:	1.- Receptar los agravios, modificando la sentencia venida en crisis, rechazando la demanda incoada por H. L. contra A. I..

2.- Imponer las costas de ambas instancias al actor conforme considerando respectivo, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que, a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut, es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien vota precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a la misma me remito.

I.A)La parte demandada expresa agravios a fs. 384/392 y la parte actora contesta los mismos a fs. 394/397vta.

I.A-1) En la presente cuestión no se discute entre las partes: a) la existencia de negocio jurídico contractual entre los Sres. H. O. L. (actor) y A. I. (demandado) cuyo objeto era un contrato de locación de obra del inmueble sito en la calle **** nro. ****, Barrio ... de esta ciudad.

El planteamiento origen de los presentes se suscita en el desacuerdo existen en que el demandado si bien reconoce la realización parcial de los trabajos encomendados al actor le imputa a éste: 1) diversas irregularidades; sobre la calidad de la obra de mano; 3) por el precio elevado de los mismos; 4) que debió el demandado rehacer parte de lo hecho por el actor y 5) el abandono de la obra por parte el accionante.

El a-quo basado en las declaraciones testimoniales, cartas documentos y pericial arquitectónica resuelve en el pto 7 (fs. 368) darle la razón al accionante, fijando a renglón seguido (pto. 8) la suma de pesos por el peticionada de dos mil doscientos diecisiete ($2.217) con más intereses y costas.

Es criterio de la suscripta que en la estructura de la sentencia los resultandos (aplicable aquí a los agravios) tienen por finalidad la individualización de los sujetos de la pretensión y la relimitación del ámbito objetivo del litigio sobre el que recae el pronunciamiento, incluyéndose así entre los elementos que la sentencia deberá contener "la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio (o de los agravios), siendo el estilo judicial agregar una breve relación de las vicisitudes del proceso, a cuyo efecto basta una mera remisión (conf. crit. Morello- Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.II-C, pág. 64; Cám.Nac.Com. Sala C, 03/11/80, entre otros) y advirtiendo que de las conclusiones en que la apelante demandada y del escrito de contestación de demanda efectuada por la actora, sintetizan los argumentos de sus agravios en forma clara y concisa y teniendo presente el principio procesal de concentración, he de realizar la transcripción de los mismos sin perjuicio de tener en cuenta cada línea de pensamiento expuesto en el desarrollo que en cada uno de sus agravios y contestaciones han realizado los justiciables.

En casos como el presente estimo que los jueces deben aplicar con criterio restrictivo la atribución excepcional que les concede lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 1638 del Código Civil, en el caso de desistimiento del dueño de la obra, ya que debe haber una desproporción evidente, notable, fuera de toda duda, entre las prestaciones de ambas partes, que produzca un desequilibrio económico grave para el locatario (conf. Crit. "S. y B. c/ E. S.R.L. s/ ordina-rio" (Sentencia Definitiva - CNCIV - Sala E - Nro. de Recurso: E292780 - Fecha: 08-06-00); elDial - AE15A1).

Merituó, en lo atinente a la prueba testimonial, que la misma adquirió capacidad demostrativa ya que conforme emerge de los entendimientos expuestos por el a-quo (pto. 7 -fs. 361/363 vta.-) es valorada con sistematicidad, de modo contextual e íntegro, evitando la apreciación fragmentada e independiente del conjunto. Es así que el magistrado obtuvo una conclusión extraída del conjunto sintético y coherente que resultó de la prueba, mediante la utilización de un medio crítico y analítico global (conf. crit. Devis Echandía, Hernando, "Teoría General de la Prueba Judicial", pág. 308)".

Se hace dable destacar que conforme emerge de la absolución de posiciones del actor (fs. 152 contestación a la 7ma. posición que él mismo no reconoció los recibos de pago nros. 411, 419, 416, 406, 404 y 412,atento que no se los exhibieron.

En cuanto a la estimación que efectúa el apelante demandado respecto al valor probatorio de las Cartas Documento (pto. 31 - fs. 388 vta.) es clarificadora la jurisprudencia que determina que: "Está fuera de cuestión que si bien cualquiera de los prestadores puede brindar el servicio de carta-documento, únicamente tienen valor fehaciente las de Correo A. S.A. Los demás prestadores necesitan de un fedatario para ese fin. En esas condiciones, no puede entenderse como susceptible de inducir a error, engaño o confusión, al anuncio que expresa que "la única manera de enviar comunicaciones fehacientes sin la intervención de escribano público... es mediante cartadocumento del Correo A.". La circunstancia de que también los telegramas colacionados sean comunicaciones fehacientes sin intervención de escribano público, no es motivo para entender que haya habido inexactitud u ocultamiento en el anuncio desde que este último se encuentra circunscripto por el encabezamiento que se refiere únicamente a las cartas-documento (conf. crit. causa 47483 Folio 271 - "Correo A. S.A. s/22802" - CPECON - Sala A - 22/11/2001: elDial - AAFA8).

Considero razonablemente probado que al actor se le encomendó la realización de trabajos de albañilería, pintura, carpintería y arreglos en general del inmueble de calle **** nro. ****, Barrio ..., y que, en cumplimiento de tal encomienda, comenzó los trabajos encomendados. Es cierto que la encomienda no se celebró por escrito entre las partes.

Pero no lo es menos que la confección efectiva de los planos -reveladora de una locación de obra (conf., Art. 1627, Cód. Civil y Molina Quiroga, Eduardo y Viggiola, Lidia, en: Belluscio-Zannoni, "Código Civil comentado", t. 8, pág. 66, comentario al Art. 1629 § 7, a)- es un hecho que, como tal, puede acreditarse por cualquier medio de prueba, sin que rija la limitación del Art. 1193 del Cód. Civil (ver Sala C, 14/7/83 "ED", 108-139 y del 23/11/93, "LL", 1994-C-405, de la Sala A, 21/9/89, "LL", 1990-B-203 y de la Sala K, 28/5/90, "DJ" 1991-I-53, entre otros).

"Basta al locador acreditar mediante toda clase de pruebas el trabajo o la obra, pues cuando una de las partes ha recibido la prestación y se niega a cumplir el contrato, no rige el principio del Art. 1193 del Cód. Civil". Que el demandado dispuso realizar en el inmueble las obras de refacción y remodelación está fuera de discusión. Bien es verdad que ninguno de los presupuestos acompañados por el actor se hallan firmados por el comitente.

Pero esta circunstancia, en el caso, no permite considerar que los mismos no alcanzaran a demostrar el vínculo entre las partes, por faltar el consentimiento por aquiescencia y aprobación del locatario.

Más aún, en un caso como el presente, no era carga del actor probar que los presupuestos fueron recibidos por el demandado de conformidad pues ninguna constancia existe de que éste se reservara en su favor la facultad de aceptar o rechazar el trabajo.

Una aprobación formal sólo es esencial cuando el comitente se ha reservado tal facultad, ya que en caso contrario el locador de obra tiene derecho a pretender el pago de sus honorarios demostrando que ha alcanzado el resultado prometido y que éste ha respondido al programa constructivo del comitente.

Dada la recepción de la obra, la aplicación de la previsión del Art. 1647 bis del Código Civil se presenta como inevitable, pues es el hecho de la simple recepción lo que libera al locador de toda responsabilidad por los defectos aparentes de la obra.

La complejidad del negocio integral no afecta la simplicidad de la relación de locación de obra establecida entre el actor y el demandado, ni impide que en el marco de esa relación bilateral se aplique la norma del Art. 1647 bis del Código Civil.

La falta de adecuada instrumentación de la operación es del todo irrelevante, puesto que la liberación de la responsabilidad del locador por los vicios aparentes deriva exclusivamente del hecho de la recepción de la obra por el locatario, sin que esa norma exija que el contrato esté instrumentado de alguna forma -ni, más concretamente, que haya sido emitida una factura- (conf. crit. "causa 20806/94 - "M., J. c/ Talleres S. T. S.R.L. y Otros s/ Ordinario" - CNCOM - Sala D - 29/12/2000 elDial - AA70E).

Por otro lado, cuando el dueño ejerce el derecho de desistir de la obra que le confiere el art. 1638 del Código Civil, no se presenta, en sentido estricto, una hipótesis de incumplimiento contractual, sino que se pone en juego una facultad discrecional con consecuencias indemnizatorias que están previstas en la norma.

Se trata, sin duda, de un derecho potestativo (en tanto no requiere expresión de motivos y puede ejercitarse en cualquier tiempo) de orden legal, que constituye una excepción a la intangibilidad de los contratos y que no encuentra otra limitación que la obligación de indemnizar los perjuicios que prevé la propia ley (conf. Crit. G. N. c/ E., M. s/ daños y perjuicios" (Sentencia Definitiva - CNCIV - Sala F - Nro. de Recurso: F226408 - Fecha: 4-12-1997 -elDial - AE305 ):

Es que la decisión del dueño de la obra, de contratar a un tercero para su ejecución, sin haber intimado al locador a finalizarla, importa un desistimiento unilateral de su parte con el alcance que le confiere el art. 1638 del Código Civil (conf. crit. "C., P. M. c/ A., A. A. s/ Cobro de honorarios", Sentencia Definitiva - CNCIV - Sala F - Nro. de Recur-so: F190421 - Fecha: 7-4-1997 elDial - AE557).

La responsabilidad del locador con motivo del abandono de la obra no enerva su derecho al cobro de los trabajos ya realizados y habida cuenta de la naturaleza del opus convenido, la suma percibida a cuenta del total de los honorarios, estipulados no se muestra excesiva como retribución de los trabajos efectivamente realizados, corresponde pues el pago pretendido por el accionante (L 253531 - "L., N. R. C/ c. S.A. s/ Cobro de Sumas de Dinero" - Cnciv - Sala H - 17/03/1999).

Se ha de considerar, también, que el contrato de actividad profesional es un contrato multiforme o proteiforme. Esta teoría del contrato variable, permite contemplar mejor la totalidad de los supuestos, otorgándole a éste el carácter de locación de servicios, de locación de obra, o incluso de mandato, de acuerdo a las características particulares del caso.

En la medida en que he considerado que corresponde reconocer la rescisión unilateral cuando se está en presencia de un contrato sin plazo determinado, incluso cuando las partes no la hayan estipulado, ya que cabe considerarla tácitamente incluida, corresponde analizar si, pese a haber hecho uso de una facultad que se le ha reconocido, la demandada ha cometido un abuso en su ejercicio que torne viable la pretensión indemnizatoria introducida por el actor al incoar la demanda.

Para efectuar tal valoración, tengo presente los siguientes aspectos: por un lado, el demandado no notificó con antelación suficiente la intención de poner fin al contrato, de manera de dar al cocontratante la posibilidad de reacomodarse en su actividad, y por el otro, no acreditó si el tiempo transcurrido de ejecución del contrato hizo posible que la otra parte recuperara su inversión y obtuviera una razonable ganancia.

En la valoración de las pruebas, tampoco me olvido de las modernas tendencias probatorias -que si bien han sido desarrolladas partiendo preponderantemente de los procesos en los que se ventila la responsabilidad médica, considero que pueden generalizarse a situaciones análogas, aceptando, en principio, que ambas partes deban -frente a ciertas circunstancias- contribuir a conformar el plexo probatorio, llegándose a sostener que el favor probationis o la "teoría de las cargas dinámicas", se inclina -más allá de todo elemento presuncional- por poner el peso de la acreditación sobre la parte que está en mejores condiciones de hacerlo.

En el caso de autos la demandada resalta desperfectos en los trabajos, lo que encierra sin la menor duda el reconocimiento de aquellas obras encomendadas que dice haber recibido en pésimas condiciones. Tal reconocimiento, desplaza la carga de la prueba de los desperfectos u omisiones a su cargo al afirmar que el actor "habría hecho el trabajo mal".

El pago total del precio, en principio, debe producirse a la entrega de la obra (art. 1636, Cód. Civil), atento el carácter conmutativo del contrato de locación de obra, pero en la práctica es frecuente efectuar "pagos a cuenta", en obras que por su envergadura requieran importantes inversiones, provisión de fondos que el comitente suele efectuar a través de certificados, anticipos o adelan-tos de precio".

En cuanto a la prueba pericial efectuada por el arquitecto M. O. C. (fs. 294/295) -que conforme emerge de fs. 298 y 304/5 no fue impugnada- es opinión reiterada de la suscripta que aunque las opiniones de los peritos no resultan vinculantes, cabe asignar a la prueba pericial importancia significativa, sobre todo cuando la materia sometida a peritación -por su naturaleza eminentemente técnica- excede los conocimientos propios de un juez.

Por ello, el apartamiento de sus conclusiones requiere razones serias y fundadas, elementos objetivos que acrediten la existencia de errores de entidad que justifiquen prescindir de sus datos.

Dicho en otros términos, si se comparten las conclusiones del dictamen, basta con así expresarlo (conf. Colombo, C. J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y comentado, tomo III, Abeledo-Perrot, 1969, págs. 661/662; Fenochietto, C. E.; Arazi, R., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, tomo 2, Astrea, 1985, págs. 522/524; Sala I (causa N° 1.992/99, del 8.05.03; Sala II, causa N° 7.487/92, del 10.8.99; Sala III, causa N° 1.898/97, del 14.9.99).

El dictamen de dicho perito fue concluyente en cuanto a que (fs. 924vta) las tareas constructivas necesarias para arribar a la terminación completa de la vivienda de referencia fueron realizadas en su totalidad, siendo los valores de mano de obra declarados en los apartados nro. 2,3a, y 3b-c, de $2,400, $6.800 y $7.880, respectivamente (denunciados por el actor a fs. 30vta/33), razonables dado el tipo y de terminaciones de los trabajos realizados, los que son acordes con el nivel de calidad constructiva y de terminaciones de vivienda.

En definitiva, por las consideraciones de hecho, de derecho, doctrinarias y jurisprudenciales referenciadas precedentemente arribo a la conclusión que deben desestimarse los agravios expuestos por el apelante demandado (fs. 384/392) y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 359/369 en cuanto fuera materia de apelación.

I.B) En virtud del principio objetivo de derrota, las costas de esta instancia son impuestas a la apelante demanda vencida (art. 68 del CPCCCh). Se difiere la regulación de los honorarios profesionales para el momento del acuerdo donde se tendrá en cuenta el tema traído a decisión, la labor desarrollada y el éxito obtenido en un todo de acuerdo con lo prescripto por los arts. 6, 7, 9, 14 y ccdtes del Dto. Ley Pcial Nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial Nro. 4335.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el momento el acuerdo la siguiente:

1) Desestimar los agravios expuestos por el apelante demandado (fs. 384/392) y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 359/369 en cuanto fuera materia de apelación.

2) Imponer las costas de esta instancia al apelante demando vencido (art. 68 del CPCCCH). Se difiere la regulación de los honorarios profesionales para el momento del acuerdo en un todo de acuerdo con lo prescripto por los arts. 6, 7, 9, 14 y ccdtes del Dto. Ley Pcial Nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial Nro.4335).

3) Tener presente la ratificación de la reserva del caso federal planteado por el recurrente demandado a fs.391vta.

A la primera cuestión la Sra. juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs 376) de la sentencia de fs 359/369 que hace lugar a la demanda y condena a A. I. a pagar a H. O. L., la suma de cuatro mil doscientos diecisiete pesos, en concepto de sumas demandadas, dentro de los cinco días de notificada la presente, con más los intereses hasta su cancelación total y definitiva a liquidar en la etapa de liquidación de sentencia, impone las costas al demandado y regula los honorarios.

A fs 384/392 se agrega la expresión de agravios.

El primer agravio se refiere al reconocimiento de la documentación adjuntada por la actora, que obra a fs 14/19, recibos supuestamente otorgados por los Sres S. y M.., cuando la misma fue desconocida por el apelante y no se desarrolló respecto de ella ninguna otra prueba corroborante.

Señala que no se incluyó el reconocimiento de firma de S. y M.. y la documental en poder de terceros fue desistida (fs 328).Ante ello la afirmación del sentenciante en punto a que la prueba fue "recíprocamente reconocida" es sólo una afirmación dogmática. Aclara que la negativa de la documentación sólo está prevista para la documentación que emane de las propias partes.

En el segundo agravio, afirma que está probado que I. pagó trabajos que correspondía pagar al actor.

Aduce que se ha arrimado prueba que demuestra la existencia de pagos por trabajos presupuestados por el actor pero que terminaron siendo hechos por el mismo contratista de aquel, S. y cancelados por su parte (fs. 156/157).

En el tercer agravio alega que está probado que I. tuvo que pagar para corregir errores de L..

Transcribe lo que sostiene el fallo a fs 366 vta, "no surge que se hayan corregido trabajos hechos por L. con fundamento en testimoniales, conclu-yendo, el quejoso, que tal afirmación es incorrecta, lo que basa en la declaración de C. (fs 160 vta).

En el cuarto agravio, acota que la sentencia se desentiende de todos los pagos que efectuara el demandado y que se encuentran plenamente probados, (fs 47/51 vta).

Le agravia la condena ya que la misma se dispone en base a una serie de patentes incongruencias y asimismo por un monto que no resulta de las constancias de la causa, amén que tampoco se explica.

Indica que la única referencia sobre el particular se encuentra a fs 368 donde alude a la estimación de los trabajos de albañilería y costo obrante a fs 86,26 facturas emitidas por M., cartas documentos y pericia del arquitecto, pero si se recurre a ello a fs 86 hay agregado un presupuesto, el que fue pagado el 29-1-98 $1200 saldo $780, las facturas de M., que meritúa a fs 365/364, 3.3., las había descalificado.

No entiende en base a qué razonamiento pueden constituir "prueba" del "crédito" del actor facturas abonadas por mi mandante.

Considera que no se puede fundar la condena en dos cartas documentos por no haber sido atacadas de falsedad, dando a las mismas el rango de instrumento público, lo que constituye un desvío conceptual.

Pero aún en el improbable caso que se admitiera que se trata de un instrumento público, lo que es inadmisible es la pretensión del sentenciante de que debió mi parte haber planteado la redargución de falsedad.

Remarca la falta de coherencia del sentenciante al no haber reprochado lo mismo respecto de la carta documento que alude a fs 364 vta.

Finalmente y con relación a la pericia obrante a fs 294/295 destaca que no existe allí mención específica alguna a la cantidad de $4.217 por lo que prospera la acción y que el único monto que aparecería como supuesto crédito es de fs 86 y allí solo se alude a la suma de $780.

Ratifica reserva del caso federal.

A fs 394/397 vta se agrega la contestación de los agravios, entendiendo en el punto 1º que ante la insuficiencia del recurso, falta expresión de agravios.

Y dando respuesta a esto último, diré que admitiré los agravios de la demandada, ante el criterio amplio que ha adoptado esta Cámara, por entender que tal directiva es la que más adecuadamente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por el art. 265 del ritual con la garantía de defensa en juicio de raigambre constitucional, y que se corrobora con lo decidido por el STJ en autos "P., R. J. c/ B. P. S.A. M.C.I. y/u otro s/ Demanda Laboral", S.I. Nº 03/2001.

Se inicia la demanda reclamando la suma de $4127, correspondientes a los gastos erogados por el accionante por los servicios prestados por terceros que debían haber sido abonados por el comitente, producto de los trabajos encomendados por I. en la vivienda de **** Nº****, acompañando presupuesto y recibos de pagos realizados por el actor.

La demandada niega la deuda y desconoce la documentación acompañada; a su vez acompaña documentación que es desconocida por la actora.

Como se advierte, las críticas del demandado están dirigidas a cuestionar la valoración de la prueba aportada a la causa, así como el derecho invocado por el sentenciante.

Es dable recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido que los jueces no están obligados a tratar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar las decisiones (CSJN, Fallos 274:113, 280:320 entre muchas), ni tratar tampoco imperativamente, todas las argumentaciones propuestas por las partes, sino sólo aquellas que estimen decisivas (Fallos 258:304; 310:267).

"Considero útil señalar que, en sentido procesal, la prueba es "un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio" (Couture, Eduardo, "Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Depalma, 1958, pág. 217, N° 136) y el propio ordenamiento adjetivo insta a las partes a agotar los recursos dados por la ley para formar en el espíritu del juez un estado de convencimiento acerca de la existencia o inexistencia de las circunstancias relevantes del juicio (Art. 377, Cód.Procesal).

Así la obligación de afirmar y probar, se distribuye entre las partes, en el sentido de que se deja a la iniciativa de cada una de ellas, hacer valer los hechos que quiere que sean considerados por el Juez y que tiene interés que sean tenidos en cuenta por él como verdaderos, (Chiovenda, "Principios de Derecho procesal Civil", t. II, pág. 253).

Es un imperativo del propio interés de cada parte, una circunstancia de riesgo que consiste en que quién no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho, pierde el pleito ya que la ley coloca al litigante en la situación embarazosa de no creer sus afirmaciones, en caso de no ser probadas (Couture, ob. cit., pág. 242; en igual sentido en autos "G., C. c/ A. C. SA", del 25/4/1995).

De lo hasta aquí expuesto se desprende que el ordenamiento del rito impone a los litigantes el deber de probar los presupuestos fácticos que invoca como fundamento de su pretensión, defensa o excepción y tal imposición no depende de la calidad de actor o demandado sino de la situación que se coloquen dentro del proceso, por lo tanto al actor le corresponderá acreditar los hechos constitutivos de su pretensión en tanto que, al contrario, los extintivos, impeditivos o modificatorio que oponga a ellos la demandada a ésta (in re, "A. B. B. y Cía. SCA c/ T., R.", pronunciamiento del 5/3/1979, ED, 87-703), ya que las simples alegaciones procesales no bastan, para proporcionarle al órgano jurisdiccional la suficiente convicción para emitir un pronunciamiento favorable.

En forma coincidente se pronuncia Spota al respecto, afirmando que en la locación de obra rigen, según la tendencia jurisprudencial, los principios comunes respecto de la carga de la prueba.

En consecuencia, el onus probandi atañe en primer lugar al actor probar los hechos normalmente constitutivos de la relación jurídica, sin perjuicio, en la locación de obra material, de los efectos jurídicos de la recepción provisional y de la definitiva (art. 1647 bis), y al demandado acerca de los hechos innovatorios, renuncia-tivos o extintivos ("Contratos", vol. V, Depalma, 1987, N° 1191 y 1196, Págs. 332, 333 y 338). "T. SA c/ P. AS S/ ORDINARIO", CNCom. Sala A-12-03.

Sentado la jurisprudencia transcripta, más allá de ello, he de referirme a la queja del demandado respecto a la carta documento admitida por el sentenciante como prueba conducente (fs 361 y 364), alegando que no fue atacada de falsedad, resulta un análisis equivocado, pues sin perjuicio que se califique a la carta documento como instrumento público, al no tratarse su contenido de hechos "que el oficial público hubiera anunciado como cumplidos por el mismo o que han pasado en su presencia" (art. 993 del CC) no es necesario reargüirlo de falsedad, sin dejar de merituar asimismo que tal carta documento fue contestada.

"Las disposiciones del artículo 903 del C.C., en cuanto a cómo se ataca un instrumento público no resultan aplicables al caso, ya que como dice calificada jurisprudencia "el contenido de una carta documento no puede asimilarse sin más a una escritura pública, ya que en ésta es un depositario de la fe pública quien vuelca en la misma actos que ocurren en su presencia o son percibidos por él, en tanto en la carta es el propio interesado quién expone los hechos que subjetivamente aprecia sin detentar carácter de fedatario alguno.

Por ello, tampoco resulta necesaria la redargución de falsedad de lo sostenido en el despacho postal, pues el silencio observado, en el mejor de los casos, podría ser considerado como un indicio que deberá conjugarse con los demás elementos de prueba" (CNCIV., Sala K, Octubre 13/1.992 - LL 1994-B313). Dres.: GOANE - PONSATI - DATO. Sentencia N° 813 - "A. S. R. c/ L. DE D. I. s/ COBROS" - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - 16/10/1997, elDial- BB3250, en igual sentido Dr Caneo en sentencia definitiva Nº 6/93 y pág.57 en glosa al artículo 993/995, Código Civil, 2C.Alberto Bueres y Elena I. Higton.

Adelanto que los presupuestos acompañados por ambos se tornarán irrelevantes atento que llevan una firma ilegible, y que ambas partes desconocieron los mismos y que en el momento procesal oportuno, no se citó al demandado para el reconocimiento y a fs 229 se tiene por desistida de la prueba de reconocimiento de documentación de la demandada por parte de L..

Surge de la sentencia que el a-quo, sostuvo que no discuten las partes la existencia del negocio jurídico contractual, que el accionante realizó para el demandado trabajos de construcción, pintura y arreglos en general de la vivienda de la calle **** **** del Barrio ...; el demandado reconoce en el proceso y confirma, la realización parcial de los trabajos encomendados, imputándole irregularidades.

Y he de coincidir con ello, pues al contestar la demanda se niega deuda alguna, aunque se reconoce el inicio de trabajos de albañilería, lustrado de muebles, placares y pintura, lo que es corroborado por las respuestas dadas en la absolución de posiciones (Nº 9, fs 149) y la declaración de los testigos (fs 153, 154 y 156).

De allí que más allá que los presupuestos presentados carecen de firma, estos fueron intercambiados por las partes.

Discrepan, reitero en cuanto a la deuda que reclama el actor, en principio y luego en el monto, aseverando el demandado que la actora realizó defectuosamente lo encomendado, y que debió contratar a otros profesionales para rehacer la tarea, constituyendo esto último, otra razón que corrobora la existencia de las obras realizadas por el actor.

No logró el demandado probar la deficiencia en la tarea realizada, a través de los testi-gos, mas: entiendo que de haber existido ello, tal incumplimiento debió ser planteado en tiempo y forma y no como consecuencia del reclamo del actor.

Su incumplimiento permitía al comitente, según el caso, hacer uso de lo disponen los arts Art. 1201, 1204 del Código Civil o Art. 216 del Código de Comercio; la ejecución forzada de la obra del Art. 629 Código Civil, por un tercero o por sí (Arts. 505, 626 y 630) y, aún la destrucción de la obra mal ejecutada si lo ha sido deficientemente -tratándose de un aspecto esencial y no reparable- (Art. 625) y hasta hacer al locador responsable de los daños e intereses que le cause el incumplimiento o ser pasible, entre otras alternativas. Pero, aunque se coincida en que no es necesaria la intervención judicial previa, en algunos supuestos, es importante señalar que la prudencia siempre aconsejará una rápida constatación, mediante acta notarial o medio de prueba de similar eficacia, antes de completar, reparar o destruir las obras defectuosas o incompletas para poder acreditar después el estado de las obras recibidas (ver esta sala in re "C. SA c/ S. ICSA y otros s/ordinario", del 16/05/2001).

Tampoco cabe olvidarse que en casos de "desaparecer" o "abandonar" la obra, es decir dejar de realizar los trabajos correspondientes, como alega, resulta recomendable obrar con similar prudencia para facilitarle al requeriente -no incumplidor- la demostración de los causales en que funda el pedido de resolución del contrato (Art. 1643) (Causa 11499/96. "T. S.A. s/ ordinario", CNCom., Sala A-12-05-2003.

Asimismo, del informe del perito de fs 294, se desprende que "no le consta que se debieron realizar ciertas tareas correctivas.

Al no haber, reitero, el demandado tomado ninguna de estas actitudes, no ha actuado con el cuidado y diligencia que le es exigible (art. 909), y en consecuencia debe abonar los trabajos que se acrediten haber sido realizados y no abonados.

Y a fin de determinar la existencia o no de deuda a favor del actor, pasaré a analizar la prueba incorporada.

Como ya señalara, con la absolución de posiciones de I., se acredita que se contactó con L., que recibió presupuestos que no fueron aprobados y que luego de presentados éstos, se comenzaron los trabajos.

L., en cuanto interesa reconoció que todas las compras fueron solventadas por I., de allí que las facturas sobre compras, no son dirimentes y coincido con lo que señala el a-quo a fs 363 vta/364 p.3.3 "es poco sino inexistente su valor probatorio en el sub lite" y por ende asiste razón al quejoso, en punto, a que luego de admitir el sentenciante, lo transcripto, descalificando tales facturas, posteriormente las meritúa.

Atento lo dicho sobre la falta de reconocimiento de documentación que fuese desconocida, emanada de actor y demandado, adquieren relevancia las testimoniales de G., S. y M...

A fs 153 M.., atestiguó que estuvo en la obra, que hizo trabajos de pintura, que le pagó L., y reconoce los recibos de fs 50 pero sostiene que dicho pago fue por trabajos posteriores que I. le encargó. Y advierto que tales recibos llevan fecha marzo y abril de 1998 y los trabajos sobre los que se reclaman fueron realizados entre diciembre de 1997 y enero de 1998 (posición 1, fs 151), motivo suficiente para desechar tales pagos como correspondiente a los hechos que dieron origen a la causa.

Pero constato que no se pidió al testigo que reconociera los recibos de pago que L. acompaño para justificar los pagos (fs 17,18,19), ante el desconocimiento del demandado, de allí que tales recibos resultan inoficiosos.

Y similar situación surge de la declaración de S. a quien no se le pidió que reconociera la documentación de fs 14/16, aunque afirmó en su testimo-nio que los dos primeros pagos los recibió de L., desconociéndose el monto y el resto de I., reconociendo las sumas que dice el demandado haber pagado y que los prueba con la documentación agregada a fs 48, por la suma de $2980.

El testigo G., declaró que el trabajo de albañilería que efectuó se lo abonó L., pero de la documentación de fs 86, que presentó el demandado cumpliendo lo ordenado a fs 80 y que no fuera desconocida, surge que el total de la mano de obra ascendía a $1980, que se pagó $1200 y que quedó un saldo de $780.

Dicha constancia lleva una firma y su aclaración H. L., de donde colijo que este último recibió el dinero de I. y a su vez abonó a G..

El Sr. S., manifestó a fs 313, que no contaba con ninguna documentación en su poder respecto al caso y a fs 328, el actor desiste de la prueba documental en poder de terceros respecto al Sr M.. y del Sr S., atento lo manifestado.

Todo ello y sin perjuicio de insistir el actor que la suma que reclama surge de los distintos trabajos efectuados a favor del demandado, no precisó como arriba tal suma.

Y no he de compartir con el sentenciante con relación a no se demostró el pago, ya que como lo señalara precedentemente, el demandado acreditó, por las razones dadas en los puntos anteriores, el pago de $2980 (fs 48) y $1200 (fs 86), suma que asciende a $4180.

Ante ello entiendo que debe desestimarse la demanda y así lo propiciaré.

Las costas y honorarios por mandato del art. 278 del CPCCCh, deben adecuarse.

La costas de ambas instancias estarán a cargo del actor.

A fin de regular los honorarios, de la instancia anterior y de la Alzada, merituaré la actuación profesional, la posibilidad que las pretensiones prosperen, el resultado obtenido y demás pautas de los art. 6, 7, 9 y 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Admitir los agravios y revocar la sentencia de fs 359/369, en consecuencia rechazar la demanda incoada por el Sr H. O. L. contra el Sr A. I..

2) Imponer las costas de ambas instancias al actor y diferir la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia de la Dra. Melero, la siguiente SENTENCIA:

1) Admitir los agravios, revocar la sentencia de fs 359/369 y, en consecuencia, rechazar la demanda incoada por el Sr H. O. L. contra el Sr A. I..

2) Imponer las costas de ambas instancias al actor. Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en primera instancia de los Dres. S. A. C. de J., I. F. de las C., A. F. A., conjuntamente, en la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($2.400), de los Dres. E. N. y M. M. N., conjuntamente, en la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1.800) y del perito arquitecto M. O. C. en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350).

Por los trabajos realizados en la alzada se regulan los honorarios profesionales del Dr. I. F. de las C. en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA ($840) y de la Dra. M. M. N. en la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($450).

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NÉLIDA SUSANA MELERO - Presidente GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara	REGISTRADA BAJO EL nro. 03 DEL AÑO 2006	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS