marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, fundamentación de sentencias, principio de congruencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: DE LUCA, Marta Susana c/ MARCO, Marcelo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-19

No cabe incluir una partida no expresamente reclamada, aun cuando el perjuicio esté debidamente probado en el expediente, puesto que se trata de derechos esencialmente renunciables, sin que tenga relevancia el hecho de que incorrectamente se haya producido prueba relativa a la cuestión no propuesta, puesto que ella debe recaer únicamente sobre los hechos oportunamente alegados por las partes (conf. C.N.Civ. Sala E, "Martínez Vidal, Manuel c/ Benetti, Francisco José y otros s/ Daños y perjuicios", del 7/4/98).
Daños y perjuicios, prestación de servicios, responsabilidad médica, mala praxis, historia clínica, valor probatorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ  CARMEN TERESA Y OTRO c/ CASARES ENRIQUE ALBERTO Y OTROS/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

La relevancia de la idea de la "carga dinámica de la prueba", en casos de responsabilidad en el marco de una acción por mala práxis, guarda estrecha relación con la vital importancia de las historias clínicas, que como principio deben contener una descripción exacta de todos los estudios y análisis que se hayan practicado a los distintos pacientes. Es por ello, que la falta de aporte de los datos contenidos en una historia clínica podría implicar una voluntaria ocultación de antecedentes, lo cual favorecería al médico o al establecimiento asistencial, en detrimento de sus pacientes. En efecto, los datos suministrados en la historia clínica deben ser científicamente explicables y empíricamente correctos, por lo que toda deficiencia en la elaboración de la historia clínica, así como su desaparición, no deben perjudicar al paciente, cuya situación de inferioridad ha de ser tutelada. En esta situación, cobra también particular importancia la prueba de presunciones, en tanto el paciente -o sus familiares-, normalmente, se encuentran en una posición débil para demostrar contundentemente la mala praxis. Es que, en la inmediatez temporal al hecho dañoso, el afectado -y su familia- se encuentran, obviamente, preocupados y ocupados por recuperar su salud y no, por definir si las lesiones producidas son resultado accidental de la práctica médica, si obedecen a otro problema distinto o, si son la consecuencia de una infracción a los deberes profesionales. Sin perjuicio de las salvedades expuestas en relación con la compleja acreditación de la culpa médica, debe destacarse que ninguna de ellas obsta a que sea indispensable la prueba concreta de la negligencia, impericia o imprudencia del profesional, quien a su vez podrá excusar su responsabilidad no sólo demostrando la culpa exclusiva de la víctima o de un tercero -o el caso fortuito o fuerza mayor- sino también la mera inexistencia de negligencia de su parte -o prueba de su no culpa-. Es que, el médico, en el desempeño de su profesión, no puede garantizar el éxito del tratamiento y/u operación realizada al paciente, de modo que no responderá civilmente si no se prueba de manera inequívoca la existencia de dolo, culpa grave, negligencia o impericia profesional en el cumplimiento de sus prestaciones, en los términos de los artículos 512, 902 y conc. del Cciv.
Excepción de prescripción, deudas impositivas
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Fisco De La Provincia De Cba. c/ Peralta, Victor Ricardo s/ Ejecutivo Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-02-28

La excepción de prescripción deducida por el demandado procede parcialmente respecto de algunos períodos correspondientes al Impuesto Inmobiliario, pues tratándose de acciones de cobro de deudas tributarias de orden local rigen los plazos de prescripción previstos en el art. 4027, inc. 3, Código Civil, computables a partir del vencimiento de la obligación y/o desde la fecha del título, conforme al art. 3956 del citado cuerpo legal, es decir de cinco años a partir del vencimiento contenido en el título.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, apreciación de la prueba, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: IRAMAIN, CATALINA MARIEL Y OTROS c/ SADESA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - COBRO DE PESOS LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 213 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

Sabido es, por cierto, que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba; ni puede tampoco configurarse como un medio de sustituir a los jueces ordinarios en la decisión de cuestiones que les son privativas; como así también que las cuestiones vinculadas con la interpretación del derecho aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa se encuentran reservadas a los jueces del proceso y, por ende, a menos que se demuestre arbitrariedad, no resultan susceptibles de revisión por la vía excepcional intentada. En el caso, echa de verse de la lectura de los reproches endilgados a la decisión de la Alzada que el recurrente persiste en sostener que el Vocal insólitamente modificó su postura, contrariando anteriores decisiones y apartándose por consiguiente de los criterios tanto de la Sala que integra como de la otra Sala. Sin embargo, preciso es señalar que -no obstante la aparente contundencia de su argumentación- ello no configura "per se" arbitrariedad, ya que la Corte local tiene dicho, con invocación de jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación, que ésta "...no cubre el alegado apartamiento de precedentes jurisprudenciales, aunque hayan provenido del mismo tribunal...".
Usurpación, menores, derecho a la vivienda digna, simple damnificado, restitución del inmueble
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN (Lugones 2640)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

Dada la existencia de menores de dieciocho años que no han sido imputados por el delito previsto en el art. 181, CP y que habitan en el inmueble en cuestión, por decisión de sus representantes necesarios, el integrante del Ministerio Público Tutelar no se encuentra legitimado para formular los planteos de nulidad desechados por las instancias de mérito. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Desviación de poder, enjuiciamiento de magistrados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Denuncia formulada por el Sr. Fiscal de Estado Dr. Guillermo H. de Sanctis y otro c/ El Titular del Juzgado en lo C.C. y M. de Quinta Nominación Dr. Carlos. Macchi
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-12-09

Hay que distinguir entre lo que es una cuestión opinable y debatida jurídicamente, lo que es un error jurídico, más o menos grave, que puede cometer el juez, y lo que es un acto judicial que de modo manifiesto y grosero se aparta del orden jurídico vigente y, que dada su manifiesta inexplicabilidad jurídica, puede dar indicios ciertos de esconder un posible desvío en el ejercicio del poder jurisdiccional concedido por la constitución a los magistrados. Es sólo en éste último caso, y no así en los dos primeros supuestos, donde surge la responsabilidad política del juez por mal desempeño con relación al contenido de las sentencias (del voto del Dr. Lima).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia, fundamentación suficiente, impuestos, prueba, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-02-09

Corresponde rechazar la queja desde que se advierte que la postulación de la compareciente -invocando la falta de respuesta de la Cámara a sus reproches vinculados a la improcedencia y confiscatoriedad de la multa- carece de la decisividad que pretende otorgarle.

Así, conviene destacar que la Cámara valoró la conducta de la recurrente y la normativa referente a infracciones tributarias, así como las constancias de la causa y estimó que no se había demostrado que la Municipalidad hubiera actuado ilegalmente o en forma arbitraria al imponer la sanción cuestionada, concluyendo que, por ende, la decisión impugnada no podía reputarse ilegítima en tanto "...en lo referente a infracciones tributarias...el onus probandi sobre la falta de culpabilidad recae sobre el presunto infractor a diferencia de los delitos tributarios, produciéndose de esa manera una inversión de la prueba, sin que ello presuponga la configuración del ilícito..." y que en el caso "la recurrente no ha logrado demostrar la efectiva ocurrencia de algún supuesto de error excusable que justifique la conducta sancionada por la administración y autorice, en consecuencia, la anulación de la multa".
Accidente de tránsito, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Roca, Inés del Carmen y otros c/ Castro López, Sergio Daniel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-02-12

Aún cuando el rubro reclamado se lo titula en la demanda: "Lucro Cesante", el mismo se ha fundado en las disposiciones de los arts.

1084 y 1085 del Código Civil. Es decir que está referido al perjuicio que causa la pérdida de una vida. La vida humana tiene por sí un valor económico que debe ser resarcido, con independencia de que se pruebe o no el perjuicio que ella pudo haber producido, quedando por tanto librado su monto al prudente arbitrio judicial.
Locación, litispendencia, competencia, competencia por conexidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUILLERMO V. CASSANO S.A. c/ JUAN CARLOS VAN CAUTEREN Y OTROS s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-02-09

La regla de las tres identidades no sienta sino una norma o guía para el razonamiento lógico que remite lo esencial de la cuestión a la apreciación del juzgador con la mayor amplitud; en efecto, la institución no se funda sólo en la posibilidad de sentencias contradictorias, sino en la posibilidad jurídica de que una única situación de hecho o de derecho se juzgue en dos procesos distintos.

A tal fin, se debe tener presente la conexidad entre ambos procesos, ya sea por el título o el objeto, y que por ser pretensiones hechas valer en distintos juicios, no pueden ser resueltas separadamente sin riesgo de incurrir en decisiones contradictorias; la consignación de llaves importa la entrega simbólica de la cosa en favor del locador, y la ejecución deducida en el juicio de homologación tiende efectivamente a lograr la recuperación de ese mismo inmueble con más los accesorios. Sin dudas, que determinar si ha existido cumplimiento a lo convenido, en tiempo y forma, sólo compete al Juez interviniente en aquel otro proceso (doct. arts. 1 y 11 del Código de Procedimiento Civil.

La consignante debió, necesariamente, comparecer ante el Tribunal donde tramita la homologación, a hacer efectiva la entrega del inmueble si consideraba cumplidas las obligaciones asumidas en el convenio, más aún, al haberse pactado el lanzamiento inmediato en caso de que no se hiciera entrega de la cosa.-
Acción de amparo, excepción de incompetencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEÑA OSVALDO c/ DEPARTAMENTO EJECUTIVO HONORABLE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO s/ Amparo (LIBRO: S154 - 235)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-11-13

No se comparte una interpretación literal de los arts. 19 y 22 del decreto ley 2589 (Amparo), en especial el último mencionado que veda a las partes plantear "excepciones previas...ni incidentes de ninguna naturaleza". No sería obstáculo que se interponga la excepción de incompetencia, sin el carácter de previa, ya que no atenta contra la celeridad del proceso de ampero.-
Competencia, cuestiones de competencia, competencia por el territorio, delitos contra el honor, ofensa escrita
Materia: PENAL
Carátula: MICHEL TORINO, A s/ CUESTIONES  COMPETENCIA  -  CALUMNIAS  INJURIAS  -  CARTA  DOCUMENTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-15

En el caso de injurias contenidas en cartas, libelos, folletos, etc , es juez competente el del lugar donde tuvo dicho documento, concebido en términos ofensivos para la persona destinataria de dichas manifestaciones, la primera divulgación.
Contrato de obra pública, obligaciones del contratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Huayqui S.A. de Construcciones c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de la Vivienda) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

La invariabilidad de precios establecida como régimen ordinario en el art. 22 del Reglamento de Contrataciones de la ley de Contabilidad resulta inmutable y el contratista está obligado a sujetarse a ella, en tanto y en cuanto las obligaciones de la Administración comitente directamente relacionadas con el precio sean cumplidas en el marco de lo convenido, pues de otro modo el esquema de invariabilidad carece de rigor operativo a consecuencia de la distorsión provocada por la acción u omisión de una de las partes de la relación jurídica.
Mala praxis, responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ortiz Amarilla, Mariela y otros  c/ Hospital de la Madre y El Niño y/u otros s/ Juicio Ordinario (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2024-03-26

Cuando la responsabilidad del sanatorio o clínica está ligada al desempeño del acto médico propiamente dicho, habrá de responder por la culpa en que incurren sus dependientes. Es decir, la responsabilidad por los perjuicios sufridos por los pacientes existe siempre que medie responsabilidad profesional de los facultativos intervinientes. Por eso, debe determinarse si hubo o no mala praxis, ya que si no la hubo, tampoco puede haber responsabilidad del establecimiento en donde se cumplen las prestaciones.
Transporte por agua, conocimiento de embarque, formulario preimpreso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Meridional CompaÑía Argentina de Seguros  S.A. c/ Capitán y/o Propietario y/o Armadores Buque "Deirem" s/ Cobro Australes (A24.484,64)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-20

Como principio las cláusulas para ser válidas, deben cumplir los siguientes requisitos: a) corresponde incorporarlas especialmente y exponer las causas a las que responde su inserción; b) en supuestos de excepción, mediando cláusula específica, puede dispensarse la fundamentación de la reserva cuando, objetivamente es posible comprobar su evidente razonabilidad y c) se encuentre o no fundada, la validez de la cláusula depende de que resulte razonable con arreglo a las especiales circunstancias del caso. Incumbe al transportista demostrar la verdadera imposibilidad de comprobar el peso, contenido o estado de la mercancía, siendo insuficiente la genérica afirmación de no poder hacerlo.
Daños y perjuicios, responsabilidad de la provincia, registro de la propiedad inmueble, error registral, relación de causalidad, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Terrabón SACIFIA. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

La procedencia de un reclamo de daños y perjuicios por supuestos errores y omisiones cometidos por el Registro de la Propiedad requiere - entre otros elementos - la demostración de la relación causal entre la conducta del Estado provincial y los perjuicios sufridos, como así también la posibilidad de imputar los daños a la demandada.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Andreoli, Raúl A. c/ Hernandez, Liliana G. y otro s/ Cobro de alquileres Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fasacal SCI s/ Cobro ejecutivo Fisco de la Provincia c/ Gagliardi, Carlos Alberto s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-25|1993-10-14|1996-06-13

La inhabilidad proviene de no reunir el documento los requisitos para que proceda la ejecución y que sólo pueda fundarse en las condiciones extrínsecas del documento que comprueba la obligación, o bien a raíz de que no se esté en presencia de un título ejecutivo por no ser ninguno de los enumerados por el art. 521 del Código Procesal ni autorizado por otras leyes, o por carecer de alguno de los elementos constitutivos del mismo.
Carga de la prueba, deber de información, derechos del consumidor
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Galera Laferrere, Andrés Alfredo c/ AMX Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios - Incumplimiento contractual (Sin Resp. Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-08-04

Es procedente la demanda interpuesta por un cliente contra una empresa prestadora del servicio de telefonía celular, por los daños derivados del incumplimiento del deber de informar respecto del servicio de roaming, pues no existe ninguna constancia que permita siquiera presumir que se celebró un contrato donde conste en forma clara y precisa el plan de prestación del servicio, por lo que, esta orfandad probatoria, analizada bajo el prisma de la carga de la prueba, se erige como un obstáculo insalvable para el progreso de la postura defensiva de la accionada, ya que es la demandada quien se encontraba en mejores condiciones de probar la efectiva realización de un contrato con los recaudos que la normativa específica requiere (art. 53 de la ley 24.240 -modif. por ley 26.361-).
Divorcio, notificación
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: J.B.A. c/ J.J.M. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-05-13

Es dable advertir que en la ley 7676 se pueden distinguir dos posiciones: la del art. 61 que exige expresamente el comparendo personal de las partes y la del art. 76 que establece la necesidad de notificar personalmente a las partes.

Este criterio debe completarse con el del art. 78 que admite la posibilidad de receptar la audiencia "con las partes que asistieran".

Por ello las normas procesales y sustanciales que rigen el derecho de familia permiten que el Tribunal resuelva en cada caso qué tipo de cuestiones requieren para su mejor solución la presencia personal de los involucrados en el conflicto.-
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ADUR NICOLAS EMILIO c/ CARDOZO SILVIO ARMANDO s/ DESALOJO-CASACION JIMENEZ HUGO c/ MINISTERIO DE SALUD Y OTROS s/ INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD, ETC.-CASACION VILLALBA REIMUNDO DE JESUS c/ LINEAS ELECTRICAS Y/O PROPIETARIO s/ HABERES CAIDOS-CASACION SALVATIERRA ARGENTINO DE JESUS c/ BANCO QUILMES s/ HORAS EXTRAS-CASACION ESCALANTEZ MIGUEL ANGEL c/ LOMA NEGRA C.I.A.S.A. s/ INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD, ETC.-CASACION MACCIO, HUGO WALTER c/ MINISTERIO DE SALUD Y/O GOB. DE LA PROVINCIA s/ INDEMNIZACION POR MUERTE POR ACCIDENTE DE TRABAJO-CASACION MEDINA RITA CECILIA c/ SUPERMERCADO BELGRANO Y/O RESPONSABLE s/ DIFERENCIA DE SUELDOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-05-29|2000-05-05|2000-03-27|1999-09-06|2000-10-30|2001-02-09|2002-10-22

Seleccionar los medios de prueba computables y atribuirles la jerarquía pertinente es, en principio, facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y exenta de casación.
Desaparecidos, delitos contra la humanidad, obligaciones internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Hagelin, Ragnar Erland s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Es deber de todo Estado, en orden a los crímenes contra la humanidad, ejercer su jurisdicción penal removiendo los obstáculos o, en su caso, ajustando los criterios de interpretación del derecho interno que lo impidan (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Competencia por el territorio, domicilio conyugal, domicilio del demandado, tenencia de hijos menores, régimen de visitas
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Bilotta, Silvia Ana s/ inhibitoria -expte. Nx82388/90.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-04

Cuando se reclama la tenencia de hijos y el régimen de visitas, compete a los jueces otorgar el conocimiento del proceso, en el marco del art. 227 del Código Civil (t.o. ley 23.515), a los magistrados con jurisdicción en el último domicilio conyugal o en el domicilio del demandado, de acuerdo con la solución que mejor convenga a la situación del menor.
Leyes, aplicación de la ley, retroactividad de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Innecco, Miguel s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-02

La ley 12.059 estableció como excepciones a la irretroactividad, una mención taxativa de supuestos concretos que confirman la regla clásica del Derecho intertemporal en tema de procedimientos penales.

(Minoría u opinión personal)
Transporte de carga, transporte por agua, responsabilidad del transportador, conocimiento de embarque, factura
Materia: NAVEGACION
Carátula: AUTOTECNICA  S.A. c/ CAP. Y/O PROP. Y/O ARM. BQ. RIO MARAPA s/ INTERRUMPE PRESCRIPCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

del conocimiento de embarque, que constituye el instrumento del contrato, surge el número de bultos (3), no expresándose ni la remuneración, ni la cantidad de cajas (boxes) transportadas en los 3 "pallets", por lo que no corresponde considerarlas como bulto o unidad de carga, cabiendo agregar que el peso bruto consignado es el de la totalidad del cargamento y no el de las cajas. No obsta a dicha conclusión el hecho de que la lista de empaque se refiera a 300 "ctns" (abreviatura de "cartons", cajas de cartón), especificación que debe surgir del conocimiento, y si bien éste debe ser autosuficiente, no puede dejarse de lado la circunstancia de que la nota de carga revisada menciona únicamente los "pallets" y que constituye una declaración bilateral, desde que fue suscripta por representantes de ambas partes.

En consecuencia, toda vez que no existe concordancia entre el conocimiento de embarque, la factura comercial y la lista de empaque, no puede deducirse de su análisis comparativo que la unidad de carga esté constituida en el "sub-litem" por las cajas o "boxes", ni que éstas alcancen al número de 300. Ello así, el límite del monto indemnizatorio se calculará con relación a los 3 "pallets".
Medidas cautelares, medida de no innovar, regalías hidrocarburíferas
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Capex S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-26

Corresponde hacer lugar a la prohibición de innovar tendiente a que la provincia demendada se abstenga de exigir a la sociedad actora el pago de la diferencia por regalías hidrocarburíferas que resulten de la aplicación de la disposición de la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos provincial hasta tanto se dicte sentencia definitiva, pues las constancias obrantes en la causa, y las circunstancias que se han denunciado con posterioridad al inicio del juicio relativas a la inminencia de la promoción de juicios de apremio y posibles embargos, permiten tener por configurados los presupuestos cautelares necesarios para acceder a la medida solicitada (Disidencia parcial del juez Rosenkrantz).