Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-03


SENT Nº 831	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Tres (03) de Octubre de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor René Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Antonio Gandur -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Valderrabano José Luis y otro vs. Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres s/ Nulidad/Revocación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor René Mario Goane, doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- Héctor Fernando Díaz, apoderado común de la parte actora, plantea recurso de casación (cfr. fs. 415/424) contra la sentencia Nº 295 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II de fecha 16 de junio de 2011 obrante a fs. 408/411 vta., que es concedido mediante Resolución del referido Tribunal del 20-10-2011 (cfr. fs. 438), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC) norma, ésta, de aplicación por expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante CPA).

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como Tribunal de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 412 y 424 vta.); el acto judicial atacado constituye una sentencia definitiva; se dio cumplimiento con el depósito (cfr. fs. 414); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y aunque no propone expresamente doctrina legal, ella se infiere del contenido del recurso; y la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho en cuanto invoca el vicio de arbitrariedad en la ponderación del material fáctico obrante en autos, entre otros planteos, por los que se denuncia lesión a normas jurídicas. Por todo ello este recurso es admisible; por ende, queda expedita a este Tribunal Supremo la competencia jurisdiccional para ingresar a analizar la procedencia del recurso de casación.

III.1.- La sentencia en crisis, para componer la litis, estimó dirimente esclarecer la verdadera naturaleza del vínculo que ligó a las partes y la norma aplicable al caso.

Así, luego de declarar que de las constancias del expediente administrativo nº 887/110/V/03 surgía que José Luis Valderrabano se desempeñó como Técnico Auxiliar, Técnico Asistente y, finalmente, como Personal de Apoyo a la Investigación y Transferencia en el nivel de Técnico Asociado "C"; y que Héctor Fernando Díaz cumplió funciones como Técnico Auxiliar; Investigador Ayudante y Personal de Apoyo a la Investigación y Transferencia en el nivel de Técnico Asociado "C", se detuvo en el análisis de las normas que reputó pertinentes para la resolución de la presente controversia.

En esta inteligencia puntualizó: a) que el artículo 5 inciso b) de la Ley Nº 5.020 preveía, como atribución del Directorio de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (en adelante E.E.A.O.C.), el dictar las normas reglamentarias que fuesen necesarias para su mejor funcionamiento y en su inciso e), designar y remover al personal del organismo; b) que la Resolución del Directorio Nº 3.843/76, del 30-8-1976, aprobó el Reglamento de Organización Funcional de la E.E.A.O.C. en donde se contemplaban las funciones de los investigadores (artículo 11) y de los técnicos (artículo 13); c) que mediante Resolución Nº 3.988/77 del 11-01-1977 se aprueba el escalafón de Investigadores y Técnicos y que en el artículo 1 del Anexo I de la norma se dispone: "El personal incorporado al régimen de Investigador o Técnico será contratado por el término que específicamente disponga el H. Directorio de la Institución y gozará del sueldo de la clase de revista, los adicionales, suplementos y compensaciones que se establecen en el presente escalafón"; d) que esta última norma fue ampliada por Resolución Nº 5.665/81 que reconoció al técnico profesional sueldo anual complementario proporcional a las remuneraciones pactadas, salario familiar, bonificación por antigüedad y licencia anual proporcional al tiempo trabajado. Igualmente, en el artículo 2º se dispuso que en las designaciones que se efectuaren en el futuro deberá hacerse constar que el técnico y/o investigador nombrado declara conocer y aceptar los términos de las Resoluciones Nº 3.988/77 y Nº 5.665/81; e) que por Resolución Nº 6.809/85 del 04-6-1985/85 se dejó sentado que, las disposiciones de la Ley Nº 5.473 (Estatuto del Empleado Público) y su Decreto Reglamentario, será aplicable en el ámbito de la E.E.A.O.C. en lo que no estuviere previsto en los reglamentos y/o resoluciones que marcan el régimen funcional y administrativo del organismo y en cuanto no se opongan a las modalidades laborales, escalafonarias y salariales propias; f) que por Resolución Nº 7.085/86 se ordenó reconocer una indemnización que deberá abonar la parte responsable del distracto a la otra, en los supuestos de rescisión voluntaria, unilateral o incausada de las relaciones de empleo o función pública que liga a los investigadores y técnicos con la E.E.A.O.C; y g) que la Resolución Nº 7.673/88 del 03-10/1988 puso en vigencia un régimen de promociones, para investigadores y técnicos, indicó el plazo de permanencia mínima en la clase anterior como así también las condiciones en las que operarían las promociones.

Después de estas precisiones la Sala A quo arribó a la conclusión que, del análisis de las normas detalladas, se infería que el régimen que regulaba al personal técnico e investigadores de la E.E.A.O.C. era el propio del personal transitorio. Arguyó que, en un caso análogo, esta Corte en sentencia Nº 282/1.988 a propósito de la naturaleza del vínculo de los técnicos e investigadores de la E.E.A.O.C., expresó: "Ello surge (la calidad de personal transitorio), no sólo de las funciones propias asignadas por la estructura funcional del organismo a aquéllos (consistente en el desarrollo de programas de investigación que por definición tiene una duración temporal) sino, también, porque se trata de tareas que suponen un nivel de idoneidad que necesariamente llevan a la comprobación casi permanente, de la aptitud para el servicio de dicho personal, lo que resulta incompatible con la necesidad de asignar carácter permanente al cargo desempeñado (.) Siendo la EEAOC un organismo esencialmente destinado a la investigación científica y tecnológica, resulta adecuado que el personal que realiza tareas de investigación sea contratado o designado temporalmente en función de las necesidades de mantenimiento, modificación o extinción de los programas específicos de investigación (.) No debe perturbar la circunstancia que exista un régimen de promociones o carreras de los investigadores y técnicos pues es razonable que si el proyecto investigativo se extiende por años y los investigadores, además de demostrar adecuada idoneidad, acreditan significativos avances, puedan ser ascendidos de categoría" (cfr. fs. 410 vta.).

En este punto, la Cámara valoró esencial enfatizar que, si bien las consideraciones realizadas por el Superior Tribunal estaban referidas a los investigadores, resultaban también extensibles al personal técnico de la E.E.A.O.C. toda vez que el régimen de técnicos incluía al personal a cargo de tareas auxiliares de apoyo o que colaboraba con trabajos de investigación (artículo 13 del Anexo I de la Resolución Nº 3.843/76). No le pasó por alto tampoco que las diversas designaciones de los actores se efectuaron por plazo cierto que era expresamente establecido en cada resolución y que, en suma, atento a la naturaleza transitoria del vínculo con la E.E.A.O.C., aquéllos no gozaban de la estabilidad propia que caracterizaba al empleado público de planta permanente.

Por último, a mayor abundamiento, señaló que los demandantes se sometieron voluntariamente a un régimen jurídico, conducta ésta que implicaba un acatamiento inequívoco a aquél máxime si se tenía en cuenta que, dicho régimen, no había sido cuestionado sino todo lo contrario, transcribiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema, en especial el precedente sentado en la causa "Ramos".

Por tales motivos, el acto jurisdiccional concluyó que las resoluciones impugnadas se encontraban ajustadas a derecho pues denegaban la renovación de los contratos lo que era una facultad exclusiva del H. Directorio de la E.E.A.O.C., dentro del régimen que reguló el vínculo de los actores con dicho organismo.

III.2.- Sostienen los recurrentes que la Ley Nº 6.181 no fue ni siquiera mencionada por el fallo atacado y a ella habían hecho expresa referencia en su demanda considerándola la piedra angular de su presentación, en la medida que en su artículo 1º al personal comprendido en el escalafón general como uno de los requisitos para poder gozar del beneficio de la estabilidad otorgado a los sujetos que revistaran en la condición de contratados o transitorios siempre que, además de formar parte del personal alcanzado por el escalafón general de la Administración Pública Centralizada o Descentralizada (Ley Nº 3.941), contaran con una antigüedad al 30-6-1991 de 2 años en aquellas condiciones de revista. Declaran cumplir con dichas exigencias, justificando su pertenencia al escalafón general con los recibos de sueldo que adjuntan de los que surgiría que, entre otros conceptos, percibían el adicional de la Ley Nº 6.247 y los adicionales de los Decretos Nº 1.275/3 y 1.595/3, todos los cuales eran otorgados por el gobierno al personal del escalafón general de la Administración Pública provincial. Denuncian que la sentencia es arbitraria al no ponderar la ley analizada y que, si bien la accionada incurrió en una omisión al no tomar los recaudos del artículo 5º de la Ley Nº 6.181 a los efectos de dictar el acto administrativo relativo al cambio de su situación de revista, esto no obstaba al pleno goce del derecho a la estabilidad reconocido por dicha ley, por constituir una garantía cuya operatividad era directa.

De otra parte, aducen que la Ley Nº 6.765 (BONO SOLIDARIO) se aplicó para el pago de indemnizaciones de los agentes de la Administración Pública que cesaren en sus cargos por reestructuración o cualquier otra causa no imputable a dichos agentes, siempre que estuvieran en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria reducida en los términos del artículo 40 de la Ley Nº 6.446. Relatan que el artículo 6º de esta ley especifica, como comprendidos en sus disposiciones, a los técnicos profesionales y no contratados, como consecuencia de lo cual infieren que se reconoció indubitablemente el derecho a la estabilidad, al habérsele otorgado a varios técnicos que cumplían funciones en la E.E.A.O.C. la indemnización prevista en aquella ley y la jubilación respectiva identificando, a renglón seguido, a sus presuntos beneficiarios. Por otro lado, señalan que la Ley Nº 6.745 (BOCEP) postulaba que podían solicitar su retiro los agentes que formaran parte de la planta permanente del Estado local. Agregan que el apartado b) del artículo 2º de esta ley identifica a los agentes del escalafón general que tengan derecho a la estabilidad conforme a las disposiciones de la Ley Nº 6.181, como abarcados por dicho régimen. Y a tono con esta idea expresan que, al Licenciado Carlos M. González Terán, quien se desempeñaba como técnico de la E.E.A.O.C., se le otorgó los beneficios de la Ley Nº 6.745, por lo que existiría en este caso un nuevo reconocimiento expreso del derecho a la estabilidad y del encasillamiento de los técnicos dentro el régimen de la Ley Nº 6.181.

¿Qué decir de estos agravios?	La Ley Nº 6.181 en su artículo 1 estipula que "El personal comprendido en el Escalafón General de la Administración Pública provincial -Ley N° 3941-, que cuente al 30 de junio de 1.991, con más de dos (2) años de antigüedad en el Estado Provincial y que revistare como personal no permanente -transitorio, contratado, mensualizado y/o jornalizado-, adquirirá el derecho a la estabilidad reconocido en el Título II, Capítulo I del Estatuto para el Personal de la Administración Pública de Tucumán -Ley N° 5473-, a partir del 1° de julio de 1.991. Se considerará comprendido en las disposiciones del presente artículo al Personal Auxiliar de Servicios de Escuelas (conserjes) que al 30 de junio de 1.991, contare con una antigüedad superior a los seis (6) meses". El artículo 2º, de idéntico ordenamiento, prescribe: "Se aplicarán al personal mencionado en el artículo anterior, las demás disposiciones que, para el personal permanente, contiene la Ley N° 5.473"; y, a su turno, en el artículo 5º se dispone que "El cambio de situación de revista será dispuesto mediante Decreto, para lo cual cada Ministerio elevará la nómina del personal de su área incluido en las disposiciones de la presente Ley y en la forma que establezca la reglamentación".

La pregunta de rigor es, entonces, si el personal de la E.E.A.O.C. se encuentra o no abarcado por el referido escalafón general a los fines de justificar que los actores en autos estaban alcanzados por lo preceptuado en el artículo 1º de la Ley Nº 6.181 y, como consecuencia de ello, contaban con el derecho a la estabilidad reconocido en el Título II, Capítulo I, del Estatuto para el Personal de la Administración Pública de Tucumán, Ley N° 5.473.

Preliminarmente, viene al caso recordar que el estatuto y el escalafón constituyen dos cuerpos normativos que, si bien pueden complementarse, apuntan a aspectos claramente diferenciados del empleo público. Mientras el estatuto fija reglamentariamente el plexo de condiciones de ingreso, carrera, deberes, derechos y egreso de la función pública, el escalafón es una norma que tiene por objeto regular las condiciones para el ascenso, las modalidades de la promoción (vgr. concursos, juntas calificadoras, juntas examinadoras, etc.), los sueldos y asignaciones complementarias, la forma de encasillar al personal, etcétera (cfr. Marienhoff, Miguel S.: "Tratado de Derecho Administrativo", T. III-B-, pág. 62). Por el escalafón se determina el encasillamiento y el sistema retributivo de los agentes públicos como son, por ejemplo, los adicionales que integran su remuneración, conforme su encasillamiento y situación.

Hecha esta aclaración corresponde, a continuación, referirse a la ley Nº 3.941 que contiene el escalafón general que mienta el artículo 1º de la Ley Nº 6.181. En este sentido especial significación tiene el artículo 2º de la Ley Nº 3.941 que expresamente establece su aplicación a todo el personal comprendido en las correspondientes categorías presupuestarias pertenecientes a la Administración Pública Centralizada y Descentralizada "en cuanto no estuviera incluido en otros regímenes".

Para desentrañar el interrogante planteado, cobran singular importancia también los incisos b), c) y e) del artículo 5º de la Ley Nº 5.020 y sus reformas, que constituye la Carta Orgánica de la E.E.A.O.C. Aquellos incisos prescriben lo siguiente: "Son atribuciones y deberes del Directorio: (.) b) Dictar las normas reglamentarias que fuesen necesarias para su mejor funcionamiento. c) Formular el presupuesto de Gastos y Cálculos de recursos del Organismo, dentro de los cursos que fija la presente Ley, el que será elevado al Poder Ejecutivo para que sea parte del Presupuesto General de la Provincia, que define el Art. 103 apartado 7º de la Constitución de la Provincia. Aquél debe explicitar los principales programas de investigación experimental que se realizarán en el curso del año financiero (.) e) Designar y remover al personal del organismo.".

Con arreglo a la normativa citada entiendo que ella es decisiva en el tema en tanto de su contenido se puede colegir, sin dificultad, que el ente autárquico demandado se encuentra habilitado para dictar normas y fijar políticas salariales con categorías presupuestarias específicas, propias de un régimen escalafonario y elaborar el proyecto de su propio presupuesto, independiente del presupuesto general de la Provincia en el que, una vez aprobado, se insertan las estructuras orgánicas de la entidad y sus respectivos cargos y funciones. La circunstancia que el ente autárquico tenga un presupuesto propio, en base al cual debe atender la erogación que demanda su estructura orgánica, aleja la posibilidad que el escalafón general de la Administración Pública provincial le sea aplicable a sus dependientes sin perjuicio que, de las constancias de autos, se desprende la existencia no solamente de un régimen orgánico establecido a partir de Resoluciones del Directorio de la E.E.A.O.C. que la organizan funcionalmente (cfr. Resolución Nº 3.843/76, del 30-8-1.976 -cfr. fs. 329/356-), sino también de actos emanados del aludido Directorio que consagran aspectos propios de un verdadero escalafón para los investigadores y técnicos de la institución, como la Resolución Nº 3.988/77 del 11-01-1977 (cfr. fs. 357/361); la ampliación de la anterior mediante Resolución Nº 5.665/81 del 01-10-1981 (cfr. fs. 362/364); la Resolución Nº 7.085/85 del 30-6-1.986, que asigna a sus disposiciones carácter ampliatorio o complementario de las Resoluciones anteriores (cfr. fs. 366/368), y la Resolución Nº 7.673/88, del 03-10-1988 (cfr. fs. 369/371). Téngase presente, en esta dirección, que el mismo inciso 2º de la Ley Nº 3.941 condiciona la aplicación del escalafón general de la Administración Pública allí contemplado al personal que "no estuviera incluido en otros regímenes". Y en esta inteligencia, a mayor abundamiento se adjuntaron al juicio, a raíz de la medida para mejor proveer requerida por la Cámara, fotocopias certificadas de la Resolución del Directorio Nº 14.662/2.008 del 21-4-2008, que contiene el "Régimen Único para el personal bajo sistema de designación a término del E.E.A.O.C.", el que incluye cuestiones atinentes al escalafón (cfr. 384/405).

La pasada interpretación -por la que se valora no comprendidos en el escalafón general de la Provincia a los investigadores y técnicos de la accionada- se refuerza por el hecho que la Ley Nº 6.181 estableciera las excepciones al principio que su aplicación solamente corresponde al personal comprendido en el escalafón general de la Administración Pública provincial, sin que entre aquéllas se mencione al mencionado personal de la E.E.A.O.C. Dicho en otros términos, la circunstancia que los artículos 8º y 9º de la referida ley hayan incluido en sus previsiones únicamente a la Dirección Provincial de Vialidad y al personal no permanente de las Comunas, permite inferir que si hubiera querido alcanzar también a los sujetos de marras de la E.E.A.O.C., se hubiera así dispuesto expresamente.

A ello se añade que, sobre la base de la prerrogativa que le asiste al Directorio de la E.E.A.O.C. para dictar normas reglamentarias que hagan a su funcionamiento (inciso b, artículo 5º Ley Nº 5.020), en lo que al presente expediente interesa, la Resolución del Directorio Nº 6.809/85 del 04-6-1985 establece la aplicación de la Ley Nº 5.473 únicamente ".en lo que no estuviera previsto en los reglamentos y/o resoluciones que marcan el régimen funcional y administrativo del Organismo y en cuanto no se opongan a las modalidades laborales, escalafonarias y salariales propias del mismo" (cfr. fs. 365); solución ésta que no consiente la aplicación de la Ley Nº 5.473 con los alcances que contempla el artículo 2º de la Ley Nº 6.181, si es que fuera ajustado a derecho, que en mi criterio no lo es, la aplicación al personal de la E.E.A.O.C. en cuestión las disposiciones de esta última ley. Por lo demás, también se sigue de las constancias de autos que nunca se dispuso, en el ámbito de la E.E.A.O.C., el cambio de situación de revista de aquel personal.

A la luz de las consideraciones precedentemente expuestas, soy de opinión que la sola circunstancia que en la remuneración de los recurrentes, eventualmente, se incluyeran adicionales establecidos para el personal del escalafón general de la Administración, no es suficiente para concluir que los actores de marras estuvieran allí comprendidos, por los fundamentos considerados más arriba; antes bien, pareciera más razonable pensar que la mencionada inclusión constituiría el resultado de una política salarial aceptada y asumida por el ente autárquico, en plena correspondencia con lo anteriormente explicitado. De igual modo, al quedar descartada por las razones vistas la pertenencia de los demandantes al escalafón general de la Provincia, carece de entidad para modificar lo resuelto en la instancia de grado la apelación de los recurrentes a lo prescrito en el inciso b) del artículo 2º de la Ley Nº 6.745 (BOCEP), más allá que tampoco se ha acreditado en este proceso la afirmación vertida en el recurso de casación que al Licenciado Carlos M. González Terán, que al decir de los agraviados se desempeñaba como técnico en la E.E.A.O.C., se le otorgó los beneficios de esta ley. Lo propio es dable predicar, asimismo, con relación a la invocada Ley Nº 6.765 (BONO SOLIDARIO)	En mérito a los argumentos desarrollados ut supra juzgo no aplicable, a los actores, las disposiciones de la Ley Nº 6.181 y, por ende, voto en el sentido de no reconocerles el derecho a la estabilidad pretendido en el escrito de demanda.

III.3.- Desde otra perspectiva, los agraviados tachan de arbitrario al pronunciamiento imputándole desconocimiento de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que emana de los autos: "Ramos, José Luis c. Estado Nacional (Min. de Defensa-A.R.A.) s/ Indemnización por despido" y "Cerigliano, Carlos Fabián c. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As. U. Polival de Inspecciones ex Direc. Gral. de Verif. y Control", conforme a la cual se otorgaría estabilidad al personal contratado con renovaciones periódicas ilegítimas.

A su modo de ver, el precedente "Ramos" es prácticamente idéntico al caso de autos: 21 años de antigüedad y el reconocimiento de derechos que sólo correspondían a empleados de planta permanente. Dicen que se encuentran acreditados los 14 y 21 años de antigüedad de ellos, según el caso, y la totalidad de los derechos que la E.E.A.O.C. les reconoció, como el SAC, salario familiar, bonificaciones por antigüedad, sueldos en vez de honorarios, supresión de los contratos e implementación de designaciones a través de Resoluciones, y el pago por conducto de partidas presupuestarias que no correspondían al personal contratado.

Transcriben conceptos vertidos en la causa "Ramos", recordando especialmente la alusión a la desviación de poder que entraña la utilización de figuras autorizadas legalmente para casos excepcionales con el objetivo de encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado, en franca violación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que consagra la protección del trabajador contra el despido arbitrario.

Relatan que la Corte Nacional, al fallar el caso "Cerigliano", fue más allá de lo decidido en "Ramos" al consignar que, lo dispuesto en este último precedente, alcanzaba a todos los trabajadores ligados por un vínculo contractual renovado en forma continua, ya sea con la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o, como en ese caso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Indican que la sentencia del Tribunal, al desconocer los derechos y garantías plenamente reconocidos y amparados por la Carta Magna, la Constitución local y los Tratados Internacionales, lesionó los principios protectorio, estabilidad, justicia social, progresividad, pro-homine y "favorabilidad", siendo importante reparar en el parágrafo 8º del voto en minoría de los Ministros Fayt, Maqueda y Zaffaroni, respecto a la protección internacional de los mencionados principios. Desde su punto de vista, el órgano judicial, para rechazar la demanda, se basó en un precedente de esta Corte al que reputa análogo -en franca violación del derecho a trabajar anteriormente invocado-, obviando que en el escrito de iniciación de la acción se demostró que éste no era aplicable en el sub lite y lo oportunamente allí esbozado sobre el particular. Alegan que no se pudo válidamente recurrir a un precedente con la simple mención que el caso era "análogo", prescindiendo que desde la fecha de su dictado hasta nuestros días son muchísimos los derechos y garantías a los cuales se les amplió el margen de la tutela constitucional e internacional, sobre todo a partir de la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Apuntan que la Cámara le confirió, a simples resoluciones como son las que constituyen el régimen de la demandada, preeminencia sobre la Ley Fundamental y los Tratados Internacionales.

Bajo el título de "Nomen Iuris" destacan que la Corte en las causas "Ramos" y "Cerigliano" se apartó de las consideraciones de las partes en cuanto al objeto de la pretensión, que era de daños y perjuicios por despido sin causa, y valiéndose del alcance de la garantía fundamental consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional las reconfiguró y falló con un sentido plausible de justicia y equidad. De allí que reprochen a la Sala A quo no haber reencausado la demanda en la forma indicada; concluyen solicitando que, para el hipotético supuesto de no hacer lugar a la reincorporación impetrada, se disponga la reparación en debida forma de los perjuicios sufridos.

Finalmente, en los términos de fs. 422 y vta., controvierten las reflexiones del Tribunal vinculadas a la teoría del "sometimiento voluntario".

Lo primero que debe señalarse es que el pronunciamiento desestimó la demanda arguyendo que las consideraciones efectuadas por esta Corte Suprema de Justicia, en su sentencia Nº 282 28-4-1998 (in re: "Guzmán, Luis Pablo vs. Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres s/ Indemnización por cesantía ilegítima") referidas en dicho caso a los investigadores, resultaban también extensibles al personal técnico de la E.E.A.O.C., toda vez que el régimen de técnicos incluía al personal a cargo de tareas auxiliares de apoyo o que colaboraba con trabajos de investigación (artículo 13 del Anexo I de la Resolución Nº 3.843/76). Esto último en coincidencia con lo dispuesto en el artículo 1º de dicha norma en la parte en la que se estipula que "Las Secciones Técnicas son las dependencias encargadas de desarrollar las tareas inherentes a los programas de investigación y otras actividades técnicas".

De la mera consulta de los agravios formulados en la presentación impugnativa en análisis se sigue que los recurrentes no explicitaron ningún cuestionamiento en contra de esta idea central de la sentencia en crisis, sin perjuicio de resultar también perfectamente racional el concepto desarrollado en el precitado antecedente jurisprudencial en el sentido que, siendo la E.E.A.O.C. un ente esencialmente destinado a la investigación científica y tecnológica, deviene adecuado que el personal que realiza tareas vinculadas de alguna manera a la investigación, como los actores de marras que cumplían funciones de técnicos de apoyo a la investigación, sea contratado o designado temporalmente en función de las necesidades de mantenimiento, modificación o extinción de los programas específicos de investigación.

A más de lo señalado ut supra, los recurrentes tampoco reparan en otra circunstancia deducible de los mismos precedentes jurisprudenciales por ellos citados que, de por sí, patentiza la imposibilidad jurídica de extender las conclusiones de dichos antecedentes al sub lite. Me refiero específicamente al hecho que, en el voto mayoritario recaído en la causa "Ramos" (el recaído en los autos "Cerigliano" constituye en esencia una aplicación o desarrollo del anterior -cfr. considerando nº 4-) suscrito por los Ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco, Petracchi, y Argibay, en su considerando 8), dejó categóricamente sentado que ".la solución propuesta no significa que el mero transcurso del tiempo haya modificado la situación irregular del actor, que tiene derecho a la reparación de los perjuicios derivados del obrar ilícito de la demandada, pero no podría solicitar su reincorporación al empleo ni a la aplicación de un régimen laboral específico para el cálculo de la indemnización que le corresponde. En particular, no puede sostenerse que el actor tenga derecho a la reincorporación en el cargo. Esa conclusión vulneraría el régimen legal de la función pública, y el principio constitucional que prevé que, corresponde al Congreso autorizar anualmente el presupuesto general de gastos de la Administración Nacional, y que toda erogación que se aparte de estos límites resulta ilegítima (artículos 75, inciso 8 de nuestra Carta Magna y 29 de la ley 24.156)". Recordemos que en ambas causas falladas por el más Alto Tribunal de la República la pretensión deducida era indemnizatoria, mientras que en los presentes actuados la pretensión articulada fue ".la nulidad del acto administrativo que dispuso la cesantía oportunamente ordenada en contra de los suscriptos en dicho Organismo, y a los efectos de la restitución de la situación jurídica extinguida" (cfr. fs. 44).

En este orden de ideas interesa poner de relieve, asimismo que, tal como lo puso en evidencia el Tribunal de grado, la circunstancia que el régimen normativo aplicable acuerde el carácter de temporario al vínculo de empleo público que une los actores con la E.E.A.O.C., se encuentra corroborada no solamente por las designaciones transitorias a término de los demandantes, sino también por la partida presupuestaria con que se les abonaba su remuneración que, como se desprende de las constancias de autos, se corresponde con la del personal transitorio y no con la del permanente, tal como lo admiten los propios recurrentes en su escrito de demanda (cfr. fs. 48). Que hayan sido contratados o transitorios, en suma, en nada favorece la posición de los agraviados ya que, tanto en uno como en otro caso la situación de revista es la de agentes no permanentes y, por consiguiente, carentes del beneficio de la estabilidad en el empleo.

Las consideraciones que anteceden son suficientemente demostrativas de la falta de sustento del argumento de los recurrentes con base en el considerando 4º del caso "Cerigliano", habida cuenta las peculiares circunstancias que caracterizan al de autos, como la particular función cumplida por los sujetos demandantes, la normativa aplicable a su respecto y la pretensión contenida en la demanda que se redujo solamente a reclamar la restitución en el cargo y no la indemnización de los perjuicios presuntamente ocasionados.

De allí, asimismo que devenga manifiestamente improcedente, también, la declarada intención de "reencausar" el objeto de la pretensión incoada en la causa por los actores, ante la prohibición expresa existente en tal sentido en los artículos 34, 264 y 265 inciso 7º, del CPCC y, mucho menos, por idénticas razones, conceder una pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios que no fue impetrada en la demanda, en resguardo del principio de congruencia receptado en las aludidas normas.	Acorde con estas ideas se ha dicho que constituye un principio procesal inconcuso que toda sentencia definitiva debe componer la controversia suscitada en los autos, ateniéndose estrictamente a las pretensiones y pruebas que las partes afirman y producen, respectivamente, en sus escritos de demanda y de contestación y, en su caso, en la reconvención y su responde (cfr. CSJT: sentencia Nº 683, del 19-9-2011). Y en el mismo pronunciamiento se recordó igualmente el pensamiento de Lino E. Palacio en cuanto es la ley la que exige una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones oportunamente planteadas por las partes lo que supone, como es obvio, la adecuación del pronunciamiento a los elementos de la pretensión deducida en el juicio (sujeto, objeto y causa), y que esto se trata de la aplicación del denominado principio de congruencia, que constituye una de las manifestaciones del principio dispositivo y reconoce, incluso, fundamento constitucional en la garantía de la defensa en juicio.

Todos estos desarrollos argumentativos son, por demás, suficientes para desestimar la presentación en examen tornándose, por lo tanto, inoficioso hacerse cargo de los cuestionamientos relativos a la aplicación de la doctrina del "sometimiento voluntario" efectuada por el A quo.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación incoado por la parte actora contra la sentencia Nº 295 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II de fecha 16 de junio de 2011 obrante a fs. 408/411 vta. de autos.

IV.- Atento a las conclusiones inferidas, las peculiares circunstancias de la causa, la complejidad y naturaleza de la cuestión controvertida y los argumentos explicitados en la pretensión recursiva en análisis todo lo cual bien pudo nutrir la convicción de los recurrentes acerca del derecho a recurrir que le asistía, corresponde imponer las costas de esta instancia extraordinaria local por el orden causado (cfr. artículos 89 del CPA y 105 inciso 1º, del CPCC).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto el voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, apartados I, III.1, III.2, III.3, IV y los puntos dispositivos. Asimismo, adhiero a la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de casación (apartado II, párrafo segundo, última parte) toda vez que el mismo ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, se funda en infracción normativa y arbitrariedad de sentencia, se basta a sí mismo y se dio cumplimiento con el depósito (art. 752 CPCyC).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 447/449, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia Nº 295 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II de fecha 16 de junio de 2011, glosada a fs. 408/411 vta. de autos, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como están consideradas.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	ANTONIO GANDUR	(con su voto) ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00032327-02