Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-08-30


Salta, agosto 30 de 2006.

Considerando: 1º) Que la intervención de esta Corte ha sido requerida para que, ejerciendo las atribuciones que le confieren los arts. 153 ap. II inc. b de la Constitución Provincial y 40 del C.P.P., dirima la contienda planteada entre los Juzgados Correccional y de Garantías de Quinta Nominación, y de Instrucción Formal de Octava Nominación.

El primero de dichos tribunales, tras recibir las actuaciones con el correspondiente requerimiento de juicio formulado por la Fiscal Correccional, se avocó, y notificó a los interesados en los términos de los arts. 77 y 358 del C.P.P. Luego, a fs. 28 y vta., declaró su incompetencia considerando la presentación del damnificado como actor civil y la excepción prevista en el inc. 4º del art. 353 del referido código.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción Formal, a fs. 32/33, controvierte aquella declaración de incompetencia señalando, en lo esencial, que resulta extemporánea, pues la excepción invocada surte efecto durante el procedimiento sumario y no durante el juicio, porque lo contrario implicaría una afectación de la progresividad de las actuaciones.

2º) Que en su dictamen de fs. 39 y vta., el Sr. Procurador General de la Provincia, sostiene que la aparición del actor civil en el procedimiento sumario puede demorar o complicar un trámite procesal que tiene como característica principal la velocidad y simplicidad. Entiende que la constitución de actor civil necesariamente se produce luego del avocamiento y no puede concretarse en sede policial, y que la expresión "precedido" empleada en el art. 353 del C.P.P., debe interpretarse en el sentido de que la constitución anteceda al juicio correccional, nunca al avocamiento. Por ello estima que corresponde la intervención del Juzgado de Instrucción Formal.

3º) Que respecto a la constitución de actor civil, esta circunstancia ha sido establecida por el art. 353 del C.P.P. como el cuarto supuesto de desplazamiento excepcional del procedimiento sumario. Como se indica en el dictamen antes reseñado, se ha partido de la base de que la actuación de este sujeto eventual puede por sí complicar el trámite procesal de un modo incompatible con la elemental actuación que incumbe al Fiscal Correccional en la preparación de la acusación. El apersonamiento del actor obliga a tenerlo por parte mediante resolución fundada, a hacer conocer dicha decisión a la contraparte civil y puede suscitar además un conjunto de incidencias que exceden largamente la natural estrechez del procedimiento sumario.

4º) Que, sin embargo, la aplicación práctica de esta excepción aparece comprometida dado que el art. 358 del C.P.P. dispone que la participación a quienes corresponda a los fines del ejercicio de la acción civil recién debe ser otorgada por el Juez Correccional y de Garantías una vez que se avoca, luego de la elevación a juicio, es decir, cuando el procedimiento sumario que se pretende sustituir por la instrucción formal ya se ha agotado.

5º) Que ante esta deficiencia de sistematización la excepción aquí analizada sólo debiera resultar de efectiva aplicación cuando antes de la conclusión del procedimiento sumario mediante la formalización del requerimiento de juicio se toma conocimiento de la formal manifestación de un interesado de constituirse en actor civil. Si ello no ocurre y se da la situación de formulación de instancia tardía no puede dejar de ponderarse que la retrogradación del procedimiento hacia una etapa inicial para el total desarrollo de la instrucción implicaría afectar el principio de preclusión y la celeridad de actuaciones penales, sin que medie una razón vinculada al orden público. Asimismo, este negativo efecto se verificaría subordinando la suerte de las actuaciones principales a la aparición de una cuestión incidental accesoria, con posible afectación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable al que aluden los tratados internacionales de rango constitucional.

6º) Que a fin de observar la notoria inconveniencia de retrotraer el trámite a la etapa preliminar no debe perderse de vista la incidencia que ello tendría sobre el principio de economía procesal, puesto que el inicio de la instrucción formal necesariamente debería traducirse en la anulación de una actividad requirente válidamente cumplida por el Fiscal Correccional, con el solo motivo de haberse deducido en juicio una pretensión de carácter privado, con la consiguiente necesidad de reedición del requerimiento.

7º) Que lo antes expuesto, en ningún modo implica un desconocimiento del derecho a reclamar la reparación del daño irrogado por el delito en sede penal, ya que cuando la instancia de constitución de actor civil se formula en la oportunidad señalada en el art. 358 del C.P.P., resulta plenamente válida para otorgar a ese sujeto la participación que le corresponde en juicio; en cambio, su derecho a actuar en la etapa preliminar en el marco de una modalidad diferente al procedimiento sumario se encuentra subordinada a que efectúe una manifestación expresa y oportuna en tal sentido.

En razón de lo expuesto, cabe disponer la intervención del Juzgado Correccional y de Garantías.

La doctora María Rosa I. Ayala dijo:

Que, analizado el presente caso y, teniendo en cuenta una de las principales obligaciones que me incumbe en cuanto juez referida a la necesidad de confrontar las decisiones con los datos de la realidad y revisar las opiniones tantas veces como sea necesario para obtener pronunciamientos validados por la reflexión implícita que nos acerca más a la noble tarea que se nos ha confiado y que nos obliga a una actitud responsable y meditada; debo modificar -una vez más y no será la última puesto que el Derecho avanza y nosotros también y sabemos que toda actividad humana siempre es perfectible- el criterio que anteriormente sustentara con respecto a los supuestos que engloba, a título de excepción al procedimiento sumario el inciso 4º del art. 353 del C.P.P.

Es así que corrijo mi postura anterior en orden a la interpretación que debe darse al mencionado inciso relativo a la constitución de actor civil. En tal caso, adhiero a la opinión que sustentan mis distinguidos colegas pre-opinantes al respecto en tanto, a modo de compatibilizar los principios procesales en juego y la aplicación correcta del procedimiento sumario tal como ha sido entendido por la actual reforma, es claro que pueden darse dos situaciones, a saber: a) si la constitución de actor civil se realiza al momento de la denuncia o en una etapa previa a la intervención del Juez Correccional instado por el requerimiento fiscal de elevación a juicio se dará el supuesto de excepción al proceso sumario debiendo entender el Juzgado de Instrucción Formal que corresponda por el turno; b) si -por el contrario- la constitución de actor civil deviene como consecuencia de la notificación cursada por el Sr. Juez Correccional interviniente, en función de lo dispuesto por el art. 358 del C.P.P., deberá continuar interviniendo el Juzgado Correccional a modo de garantizar el correcto desenvolvimiento del proceso preservando el principio de defensa en juicio y en salvaguarda del referido a la preclusión procesal. En efecto, no otra solución se avizora frente a los actos procesales desarrollados y la imposibilidad de retrotraer el procedimiento a etapas precluidas.

Por ello, atendiendo a esta tarea que nos convoca a todos los protagonistas encargados de armonizar la interpretación que más se concilie con los fundamentos que dieron sustento a la Reforma establecida en materia penal y los lineamientos de su aplicación práctica a cada caso concreto, adhiero a la solución que se propicia en el voto precedente correspondiendo, por ello, desestimar el planteo de incompetencia formalizado en estos obrados y disponiendo que continúe interviniendo el Juzgado Correccional y de Garantías de Quinta Nominación.

Por lo que resulta de la votación que antecede; LA CORTE DE JUSTICIA RESUELVE: I. DECLARAR la competencia del Juzgado Correccional y Garantías de Quinta Nominación para intervenir en la presente causa. - Guillermo A. Posadas. - María Cristina Garros Martínez. - Antonio Omar Silisque. - María Rosa Ayala.