Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-14


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 99.896 SALA II Expediente Nro.: 6.434/08 (Juzg. Nº 6) AUTOS: "RAFFO ROBERTO JORGE c/ CONSULTORA CABILDO S.H. Y OTROS s/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	14/11/11	, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar en lo principal a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación la parte actora y las codemandadas Global CC SA, Astilleros del Norte SA, Consultora Cabildo SA, Consultora Cabildo SH, Sergio Sinistri, María Cristina Volante Páez, María Cristina Páez y Ana María Sinistri de Bassi, en conjunto, en los términos y con los alcances que explicitan en sus respectivas expresiones de agravios (fs. 1.793/1.810 y fs. 1.839/1.866).

Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar los agravios en el orden que se expone a continuación.

Se agravian las codemandadas, en los términos del art. 110 y 117 LO, y con idénticos fundamentos que los expresados en el recurso deducido a fs. 349, contra la resolución dictada por la Sra. Juez a quo a fs. 334, en la cual se desestimó la posibilidad de que declarara una cantidad de testigos superior al límite que surge del art. 89 LO como lo habían propuesto las codemandadas Consultora Cabildo SH, Consultora Cabildo SA, Astilleros del Norte SA y Global CC SA a fs. 152 vta.

A mi juicio, este segmento del recurso, no satisface la exigencia del art. 116 LO porque no se explicitan razones concretas que lleguen a evidenciar qué elementos de interés para el litigio -diferentes a los ya existentes en autos- podrían llegar a aportar los testimonios que, en exceso del límite legal, ofrecieron las sociedades codemandadas que, en todo momento, actuaron en autos en forma conjunta y con representación unificada. Aún cuando está integrado por varias personas físicas y jurídicas, el litisconsorcio pasivo que integran dichas personas -constitutivo de la "parte demandada" en estos autos-, actuó conjunta y unificadamente contra las pretensiones del actor, y no se expidieron en el responde en base a argumentaciones disímiles que justifiquen la superación que, en forma excepcional, prevé el art. 89 LO con respecto al número máximo de testigos proponible por cada "parte".

Las recurrentes no explicitan argumentos que denoten qué datos o circunstancias podrían aportar los testigos que no fueron llamados a declarar, ni explican de qué modo éstos habrían de aportar a la causa evidencias o elementos diferentes a los ya suministrados por todos los demás testigos que efectivamente declararon a propuesta de dichas accionadas; por lo que, evidentemente, el recurso no se sustenta en la demostración de un perjuicio concreto y actual.

En tales condiciones, y en atención a los términos del planteo recursivo, no se advierte que lo decidido en la resolución de fs. 334 provoque un agravio actual y concreto a las apelantes. Al respecto, cabe memorar que, como lo ha señalado el maestro Lino Enrique Palacio, (Derecho Procesal Civil, Ed. Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1979, (T. V, págs.85/86) constituye un requisito subjetivo de admisibilidad del recurso la circunstancia de que la resolución correspondiente ocasione a quien lo interpone, o a su representado, un agravio o perjuicio personal porque, de lo contrario, faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte, cual es el interés. Asimismo debe tratarse de un agravio actual, desde el doble punto de vista del tiempo en que la resolución impugnada se dicta y del contenido de ésta. La jurisprudencia también ha entendido que la expresión de agravios no puede reducirse a un planteo carente de interés económico o jurídico actual y, por ende, abstracto o insusceptible de ser tutelado concreta y efectivamente (Cámara Comercial, Sala C, in re "Casanovas Héctor c/ Armenia del Río de la Plata Cía. Argentina de Seguros Generales S.A. s/ Sumario", del 20/11/92; esta Sala in re "Araoz Blanca Pilar c/ Consorcio de Prop. Del Edificio Zapiola 969" sentencia Nro. 97.640 17/2/10). Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada.	Por cuestiones de orden metodológico, trataré en primer término los agravios referidos a la relación que el actor dijo haber mantenido con la codemandada Consultora Cabildo SH. Al respecto, se agravian las codemandadas recurrentes por cuanto, a su entender, no se encontraría acreditado en autos que hubiera ingresado en la fecha denunciada en el escrito inicial; que el final la relación con dicha accionada haya sido ficticio, que luego de la renuncia hubiera continuado laborando en favor de Consultora Cabildo SH, ni que ostentara el cargo de Gerente General.

La parte actora se agravia, a su vez, por cuanto la sentenciante de anterior instancia consideró que no se encontraba acreditado que la fecha de inicio de la relación laboral datara de mediados del año 1997; y, por lo tanto, cuestiona que considerara que se inició en octubre de 1998.

No soslayo que, tanto la parte actora como las codemandadas recurrentes, se agravian también por cuanto la sentenciante de anterior instancia determinó que la remuneración devengada alcanzó a la suma de $ 10.000 por mes y que las primeras también cuestionan la conclusión referida al desempeño del actor en el cargo de Gerente General pero, por razones de orden expositivo, trataré tales cuestiones luego de analizar las referidas a la existencia o no de la relación laboral que la a quo entendió configurada con las sociedades codemandadas y a la integración de éstos a un grupo económico permanente que hubiera realizado maniobras fraudulentas.

Los términos de los agravios de las codemandadas imponen señalar que el actor denunció en la demanda que ingresó a trabajar en favor de Consultora Cabildo SH el 18/4/97 con el fin de analizar y evaluar un proyecto de fabricación industrial de casas de quebracho que ésta habría iniciado en sociedad con el Sr. Gustavo Lozano (ver fs. 12). Señaló que "A partir de ese momento el Sr. Sergio Hugo Sinistri me contrató para trabajar tiempo completo en Consultora Cabildo SH con el objetivo de organizar la empresa" (ver fs. 12) y describió suscintamente las labores que, en los términos de tal contratación, realizó en favor de Consultora Cabildo SH. Agregó que, el codemandado Sinistri abrió una caja de ahorro en el Banco Francés Sucursal Cabildo, a su nombre y a nombre del Sr. Jorge Rubén Santone -a quien atribuyó el carácter de empleado de dicha codemandada-, y que la cuenta era operada como cuenta propia ésta, y describió los movimientos que allí fueron realizados. Afirmó que el original proyecto de construcción de casas de quebracho falló, pero que, en virtud de que se encontraba vigente el contrato de alquiler con opción a compra de un predio en Villa Rosa, Pilar, Provincia de Buenos Aires, el codemandado Sinistri decidió construir allí un Parque Industrial para pequeñas y medianas empresas denominado "Pymes del Pilar", por lo cual se ejerció el derecho de compra y se registró a nombre de las codemandadas María Cristina Volante Páez y María Cristina Páez; y que, con motivo de ello, lo designó como encargado de las obras. Agregó que, en tal contexto, registró la marca "Pymes del Pilar" a nombre de Consultora Cabildo a través del estudio de marcas Coll Areco, que negoció la compra de los lotes linderos con la Inmobiliaria Rubica, que realizó la planificación de las calles, diseñó el loteo del Parque Industrial, etc; y que, para la realización de tales trabajos y por orden del codemandado Sinistri, contrató a los profesionales que detalla a fs. 13/14. Explicó que, además, efectuó los trámites necesarios para el funcionamiento del parque industrial ante la Municipalidad de Pilar, Edenor, Gas Ban, y Telecom. Explicó que, luego, en el año 2002, y también por orden del codemandado Sinistri, negoció el alquiler de uno de los lotes de la empresa Sueño Verde SA, y el alquiler de un predio con un galpón de 2.000 m2 para un depósito de pirotecnia con Fuegolandia SA, operaciones en las cuales también intervino personal de LJ Ramos Brokers Inmobiliarios.

Ahora bien, la sentenciante de anterior instancia señaló que, pese a que la codemandada Consultora Cabildo SH sostuvo que Raffo habría laborado sólo hasta el 31/12/2000, "la cotitularidad de las cuentas informadas por el BBVA Banco Francés por parte del actor y el señor Sinistri primero y luego con el señor Santone hasta el 20/7/2007 vinculado a Consultora Cabildo SH.reafirman la vigencia de una relación más allá de la fecha de renuncia admitida esto es el 31/12/2000" (ver fs. 1.778). Contra esta conclusión esencial, las recurrentes no efectuaron crítica concreta y razonada alguna, por lo que llega incólumne a esta instancia (art. 116 LO). En efecto, las codemandadas recurrentes, se limitan a efectuar una enunciación de los hechos que consideran no acreditados por el actor respecto de la relación que mantuvo con Consultora Cabildo SH; y en tal contexto, la presentación en el punto no cumplimenta los recaudos del art. 116 de la L.O., pues se limita a sostener en forma genérica un simple disenso subjetivo con la conclusión de la Sra. Juez a quo relativa a la continuación de la relación laboral con posterioridad a diciembre/00 que, como se vio, aparece patentizada a través de los elementos de juicio antes mencionados. Creo conveniente recordar aquí que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, a través de argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio; y, se debe demostrar, punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en los que pudiera haber incurrido el juzgador y se deben indicar en forma precisa las pruebas y las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. esta Sala, in re: "Tapia, Román c/Pedelaborde, Roberto", S.D. Nº73117, del 30/03/94, entre otras).

En el caso, con respecto a la continuación de la prestación laboral del actor en favor de Consultora Cabildo SH con posterioridad a la fecha indicada, las recurrentes han soslayado toda puntualización en torno a cuál sería el error o equivocación en el que se habría incurrido la juez y cuáles serían los elementos de prueba en los que pretendería sustentarse la aspiración recursiva.

Sin perjuicio de ello, me permito señalar que, en sentido coincidente con la magistrada, observo que del informe del BBVA Banco Francés obrante a fs. 613, se desprende que el actor era cotitular conjuntamente con el codemandado Sinistri y con Santone de una caja de ahorros, que fue abierta el 31/10/01 y cerrada el 12/8/02 y de otra a nombre del actor (y de Santone), abierta el 24/4/01 y cerrada el 20/7/07; es decir ambas, con posterioridad al 31/12/00, fecha en la cual las recurrentes alegan que Raffo, supuestamente, habría dejado de prestar servicios en favor de Constructora Cabildo SH. El reseñado informe, no fue impugnado por las codemandadas en el plazo que prevé el art. 403 del CPCCN.

Además, dicho informe no es el único que da cuenta de la participación del actor en operatorias relativas a su desempeño para Consultora Cabildo SH con posterioridad al 31/12/00. En efecto, a fs. 863, la firma El Nochero SRL informó que el actor, en representación de Consultora Cabildo y a partir del año 2001, participó en la negociación de una deuda que se generó con dicha accionada y que el actor firmó el convenio de pago en representación de dicha sociedad. A su vez, a fs. 487, la firma Optica Orduña informó que en el año 2004/2005 y con motivo de la colocación de un centro de venta de telefonía móvil de CTI y la colocación de un stand de venta de los equipos, negoció ".con el Ing. Raffo temas relativos a descuento de cheques que se hacían en Consultora Cabildo.". Tales informes, tampoco fueron cuestionados por las codemandadas recurrentes en el momento procesal oportuno (conf. art. 403 CPCCN).

Valorada la prueba reseñada precedentemente a la luz de las reglas de la sana crítica (art. 386 CPCCN), estimo que se encuentra acreditado que la relación laboral del actor con la codemandada Consultora Cabildo SH continuó luego del 31/12/00 por lo que corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia en el punto.

Ahora bien, el actor y las codemandadas se agravian por la fecha de inicio de la relación laboral que consideró acreditada la Sra. Juez a quo. Al respecto, señaló la sentenciante de anterior instancia, que "El inicio de la relación no aparece tan nítido como se pretende en la demanda, puesto que la prueba producida al respecto no arroja mi convicción acerca de que efectivamente, fuera el mes de julio de 1997, la fecha que debe computarse al respecto. En ese sentido habré de admitir por tanto en ese sentido el mes de octubre de 1998, fecha de la nota que suscripta por el demandante, fue entregada a la Municipalidad de Pilar y cuya autenticidad fuera reconocida.".

Las codemandadas recurrentes, al igual que ocurrió con la cuestión referida a la continuidad de la prestación de tareas por parte del actor en favor de Consultora Cabildo SH, no efectuaron crítica concreta y razonada alguna de los fundamentos en los cuales se sustentó la conclusión reseñada. El genérico y simple disenso subjetivo de las codemandadas recurrentes, no rebate en modo alguno los argumentos en base a los cuales la Sra. Juez a quo estimó que la relación se inició en octubre de 1998.

Con relación al agravio de la parte actora, cabe señalar que, si bien el recurrente señala que mediante la prueba informativa de Rubica Inmobiliaria SA (ver fs. 479/487) se encontraría acreditado que la relación laboral con Consultora Cabildo SH se habría iniciado a mediados del año 1997; lo cierto es que soslayó y omitió efectuar una crítica concreta y razonada contra la conclusión de la Sra. Juez a quo, según la cual dicha informativa excedía los límites del art. 397 CPCCN; y que, en tales condiciones, carecía de valor probatorio. En efecto, en el punto, la sentenciante de anterior instancia señaló que ".algunos de los datos aportados por los referidos informes no provienen de documentación, archivos o registros contables de los informantes, situación que impide acordar total eficacia a ciertas manifestaciones que resultan más propias de una declaración testimonial, cuanto en ese sentido existe un impedimento de acuerdo al límite que marca el art. 397 CPCCN.En tal sentido encuentro que escapa a los límites .de la oficiada Rubica Inmobiliaria SA cuando señaló que ".el actor hacia el año 1997 se presentó en nombre de Consultora Cabildo como gerente, a fin de que realizaran una búsqueda de una fracción de terreno en la zona de Pilar/Escobar para la construcción de casas de quebracho.", (ver fs. 1.780); y tal aspecto del decisorio de anterior instancia no fue cuestionado por el recurrente.

Por otra parte, si bien el actor señala que mediante la declaración del testigo Lozano se encontraría corroborada la fecha de inicio de la relación laboral alegada en la demanda, lo cierto es que el mencionado deponente afirmó que ".conoce al actor desde el año 1998 o 1997 aproximadamente.cuando se estaba instalando la fábrica en Villa Bosch y el Sr. Sinistri, le dijo al dicente que lo iba a visitar un ingeniero el Sr. Raffo, en representación de los inversores para llevar adelante el proyecto."; y luego agregó que el actor empezó a depender exclusivamente de Consultora Cabildo a partir de 1997 o 1998 (ver fs. 320/331). Tales imprecisas afirmaciones, restan valor probatorio a la declaración bajo análisis como para tener por acreditado a través de ella que la relación laboral se haya iniciado a mediados del año 1997 como pretende el recurrente (art. 90 LO).

Además, si bien la parte actora señala que la fecha de inicio alegada en la demanda, también se encontraría acreditada mediante la presentación de "copia de presupuestos, facturas y recibos, rendición de trabajos realizados por las empresas Maquinarias Rosignolo SRL; Farven SAICFI y Ferrocarriles Argentinos respecto al proyecto Pymes del Pilar fechados en el año 1997", lo cierto es que dicha documental fue desconocida por la contraria a fs. 295, y la parte actora no produjo prueba alguna que acredite su autenticidad, por lo cual carece de valor probatorio a los fines pretendidos.

En consecuencia, y en atención a las razones expuestas precedentemente, propongo confirmar la sentencia de anterior instancia en el punto.

A esta altura del análisis, creo conveniente destacar que se encuentra reconocido en autos (ver fs. 145/vta. y fs. 1.844/vta.) que Raffo se desempeñó en favor de la codemandada Astilleros del Norte SA, aunque disienten las partes en cuanto a la fecha en la cual habría comenzado a laborar para ésta, el cargo que desempeñó y el salario que percibió -cuestiones éstas últimas que, como ya he señalado trataré más adelante-.

Se agravian las codemandadas por cuanto se condenó a Consultora Cabildo SA como integrante de un supuesto grupo económico soslayando que, de la pericia contable surgiría que dicha sociedad no es operativa y que no tuvo actividad laboral, societaria o comercial.

Ahora bien, con relación a la codemandada Consultora Cabildo SA, cabe señalar que se trata de una persona jurídica que, evidentemente, fue creada para tener actividad empresaria y comercial lo cual no aparece desvirtuado por la mera circunstancia de que no se le haya exhibido a la perito contadora documentación que evidencie la realización concreta de operaciones comerciales (ver fs. 1.315/1.334). Es obvio que si una sociedad comercial se crea, es para desarrollar alguna actividad empresarial puesto que contradice toda lógica y el normal suceder de las cosas que una persona jurídica de naturaleza comercial se constituya para no tener ninguna actividad. Por lo tanto, es bastante evidente que la existencia de una actividad empresarial a cargo de la SA está ínsita y deriva de su propia creación como sociedad comercial, y que la falta de exhibición de documentación que acredite determinadas operaciones concretas, no puede llevar a considerar ausente del mundo jurídico a una persona de existencia ideal creada para desenvolver una actividad empresaria.

Por otra parte, cabe señalar que las codemandadas Consultora Cabildo SH, Consultora Cabildo SA, y Astilleros del Norte SA, denunciaron en su responde que su domicilio legal era el de la calle La Pampa 2326 piso 4º dto. 405 de esta Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, el "establecimiento" de Consultora Cabildo SA es una unidad de ejecución de su actividad empresaria y coincide con la unidad de ejecución de la desplegada por Consultora Cabildo SH y por Astilleros del Norte SA, por lo que no es posible considerar que la labor desempeñada por el actor en el marco de la actividad empresaria que tiene una misma unidad de ejecución no haya tenido también como beneficiaria a Consultora Cabildo SA (arg. art. 6 LCT). Por lo expuesto, corresponde tener por acreditado que los servicios prestados por el actor con sujeción a las facultades de dirección y organización de las otras sociedades que desenvuelven su actividad en ese mismo establecimiento también fueron prestados en favor y beneficio de Consultora Cabildo SA; ello sin perjuicio de las consideraciones que más adelante efectuaré con relación al agravio referido a la condena dispuesta en la anterior instancia en los términos del art. 31 de la LCT.

Se agravian las codemandadas por cuanto la sentenciante de anterior instancia consideró acreditada la relación laboral con la codemandada Global CC SA con fundamento en "la existencia de una cuenta bancaria, a un mandato conferido y a la otorgación y renovación de un permiso para portar armas" (ver fs. 1.844 vta. Quinto agravio).

Ahora bien, conforme surge del informe del Citibank NA, Global CC SA abrió una cuenta corriente a su nombre, activa desde el 28/4/05 al 10/7/07 (ver fs. 405), en la cual el actor fue designado apoderado, junto con el codemandado Sergio Sinistri (quien figuraba en calidad de Vicepresidente), de Juan Aroldo Valleboni (quien figuraba en calidad de Presidente), y de Adriana Valleboni y Elsa Gervasoni (quienes también, al igual que el actor, eran apoderadas). Asimismo, del informe del Registro Nacional de Armas surge que, en febrero de 2002, Global CC SA solicitó el otorgamiento de "la credencial de portación de armas para el señor Roberto Jorge Raffo (DNI 11.987.288), quien posee un poder especial para actuar en nombre y representación de la sociedad" y luego en la petición formulada al efecto se agregó que "Motiva esta petición la cantidad de dinero y valores que la empresa mueve diariamente para su normal desenvolvimiento" (ver fs. 884). Luego, en julio de 2003 (fs. 909), julio de 2005 (fs. 911) se solicitó la renovación de dicha credencial con idénticos fundamentos que los expresados en el pedido original. Dichos informes no fueron cuestionados por las codemandadas en el momento procesal oportuno (conf. art. 403 CPCCN).

Por otra parte, más allá del reconocimiento del carácter de apoderado de Global CC SA que se desprende de la solicitud de credencial de arma de fuego de fs. 884, observo que no se encuentra cuestionada ante esta Alzada -por lo que llega firme- la conclusión de la sentenciante de la anterior instancia, según la cual Global CC SA le otorgó a Raffo el 22/10/02 un poder "Especial bancario" para que "en nombre y representación de la sociedad. realicen depósitos en efectivo o cheques, retiren chequeras, cheques rechazados, realicen plazos fijos, cobren, renueven o cancelen los ya existentes en nombre de la sociedad con las entidades públicas o privadas que la sociedad crea conveniente.y asimismo realicen operaciones de cualquier naturaleza autorizadas por el Banco Central de la República Argentina en los Bancos, Bolsas o con cualquier persona física o jurídica del país o del extranjero, sin limitación de tiempo ni de cantidad.", entre otras facultades.

En atención a todo lo expuesto, considero que el otorgamiento por parte de Global CC SA de un "poder especial bancario" en favor de Raffo, así como su designación como apoderado de la cuenta corriente que dicha codemandada abrió en el Citibank, evidencian inequívocamente que el actor se desempeñó y cumplió funciones en favor y beneficio de dicha codemandada en el marco de su actividad empresaria. Por otra parte, si bien las recurrentes señalan que el Citibank informó que en la cuenta corriente de Global CC SA no hubo débitos por cheques girados contra esa cuenta; lo cierto es que, dicha circunstancia no implica que Raffo no haya participado en otras operatorias relativas a la cuenta, y no impide apreciar que, como surge del reseñado informe, la codemandada facultó a Raffo en carácter de apoderado conjuntamente con el Presidente y el Vicepresidente de Global CC SA -directivos de dicha sociedad-, para que actuara "en su representación" en las operaciones vinculadas a la cuenta corriente de la sociedad, lo que demuestra sin lugar a dudas que prestó servicios personales en el marco de la actividad empresaria que Global CC SA lleva a cabo en su establecimiento.

Desde esta perspectiva, coincido con la magistrada de anterior instancia en cuanto concluyó que "Global CC SA. le otorgó un lugar en su organización a tal punto que le extendió un poder especial, habilitó la apertura de una cuenta bancaria con directivos de la empresa, y tramitó y obtuvo en cinco oportunidades un permiso de portación de armas extendido a su nombre" (ver fs. 1.783).

Además, a pesar de que las recurrentes sostienen "Con relación a la cuenta bancaria que no se produjo en autos prueba alguna que permita acreditar su utilización para fines relacionados con la empresa Global CC SA" (ver fs. 1.844 vta.), lo cierto es que la testigo Martínez (fs. 1.355/1.368) -quien declaró a instancia de las propias recurrentes-, afirmó que Global CC SA "siempre se manejó con una sola cuenta del CITIBANK que es la que usa actualmente". Luego señaló que dicha codemandada en el Citibank "tenía y tiene en la actualidad una cuenta corriente en pesos" y agregó que "ahí se recibían las acreditaciones de comisiones de CTI, es variable de año a año y de mes a mes no puede precisar el monto, CTI paga mediante transferencia bancaria a esa cuenta". De las afirmaciones efectuadas por la testigo Martínez -reitero, propuesta por las recurrentes-, se desprende claramente la intensa utilización que Global CC SA hizo de la referida cuenta corriente del Citibank NA, en la cual el actor, tal como se acreditó en autos, era apoderado para actuar en representación de dicha codemandada.

Por otra parte, las recurrentes señalan que "se agravia severamente" por cuanto la sentenciante de anterior instancia señaló que "por lógica el aludido permiso estaba destinado a proteger todos los movimientos de dinero y de valores entre bancos de acuerdo a las necesidades de cada una de las empresas." (fs. 1.783). Si bien argumentan que ".se acreditó en autos, mediante la prueba testimonial, el actor jamás trasladó valores, por cuanto el medio utilizado era otro, como así también que el permiso otorgado a favor del actor no tenía relación alguna con la negada tareas que dice haber realizado." (ver fs. 1.844 vta.); lo cierto es que, tal como he señalado, del informe del Registro Nacional de Armas surge claramente que el fundamento que argumentó Global CC SA para solicitar la credencial de permiso de portación de arma de fuego, fue ".la cantidad de dinero y valores que la empresa mueve diariamente para su normal desenvolvimiento" (ver fs. 884). En tales condiciones, y dado que el informe no fue cuestionado por las recurrentes en el momento procesal oportuno (arg. art. 403 CPCCN), resulta carente de fundamento el argumento referido a la supuesta falta de acreditación de que el otorgamiento del permiso tuviera relación con algún servicio que Raffo prestara en favor de Global CC SA.

La situación aparece inscripta en la denominada doctrina de los actos propios, ya que se advierte objetivamente una conducta contrapuesta a otra anterior, en tanto fue la propia accionada quien argumentó frente a la autoridad correspondiente que la motivación para solicitar el permiso en favor de Raffo era la actividad que éste cumplía para la sociedad codemandada y por el movimiento de dinero, sin que de ello pueda extraerse en modo alguno que fuera el actor quien efectuara específicamente "el traslado de valores". Desde esa perspectiva, no resulta admisible el agravio en el punto, pues la posición de las recurrentes implica una contradicción con sus propios actos (cfr. Luis Moiset de Espanes, "Teoría de los actos propios", L.L. 1983-D-523). Cabe recordar que la regla "venire contra factum propium nulle conceditur", expresión latina que define sintéticamente la denominada doctrina de los actos propios, se funda en la inadmisibilidad de una postura que contradiga una conducta anterior, válidamente asumida por el litigante. Ello así, porque el principio de la buena fe no sólo es aplicable a la relación jurídica que mediara entre las partes, sino también al proceso en el que se ventila la controversia entre sus integrantes, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica (esta Sala, Sent. Nº 71807 del 31/8/93 in re "Dias, Ricardo A. c/ Transporte Sur Nor C.I.S.A."; consideraciones del voto de la Dra. González en la Sent. Def. Nro. 95374 del 08/11/2007 en autos "Koppius Alex c/ Estado Nacional Ejército Argentino s/ despido" y Sent. Nº 95.940 del 25/7/08 "Kotsial Héctor Darío c/ Siembra AFJP SA s/ despido").

La codemandada, reitero, no cuestionó en el momento procesal oportuno, la veracidad del informe brindado por el Registro Nacional de Armas (conf. art. 403 2do. párrafo CPCCN); y lo cierto es que, los términos de la solicitud del referido permiso evidencian por sí solos la existencia de la prestación de servicios alegada por Raffo en favor de la codemandada Global CC SA.

Además, si bien las recurrentes afirman que la solicitud de la autorización para portar armas de fuego respondió a "un favor" que Valleboni le hizo al actor, y que dicha circunstancia se encontraría acreditada mediante la prueba testimonial producida a instancia de la parte demandada, mi entender, los testimonios de Santone y Martínez -cuyas declaraciones invocan las recurrentes en apoyo de tal argumento- carecen de valor probatorio a los fines requeridos.

En primer término, cabe señalar que la transcripción que efectúan las recurrentes de la declaración de Santone, no se corresponde con las constancias que surgen del acta obrante a fs. 1.401/1.411. En efecto, las recurrentes a fs. 1.845 refieren que el deponente habría recibido "un llamado telefónico" en el cual Valleboni le ofreció sacarle el permiso de portación de arma; pero lo cierto es que Santone señaló que Valleboni "en otras reuniones que mantuvimos con Juan en una de ellas me comentó que si yo quería sacar portación de arma ya que Roberto Raffo le había solicitado oportunamente si le podía hacer el favor por intermedio de Global CC". De tal afirmación se desprende que el testigo no tuvo conocimiento directo y personal del hecho que relata, sino que extrajo la conclusión de un supuesto "favor" solicitado por Raffo, de un comentario de Valleboni.

En tal sentido, reiteradamente se ha sostenido que carecen de eficacia probatoria las declaraciones de testigos de referencia porque la relación de sujeto cognoscente a objeto conocido, no es directa (conf. SCBA. Sentencia del 24/11/76 in re "Ayrolo Juan C. C/ Del Castillo Jorge M y otros" L.L. 1977- y traduce una simple afirmación genérica sin respaldo suficiente en elementos de carácter objetivo, que justifiquen el acaecimiento de los hechos descriptos. Cabe memorar aquí que son testigos exclusivamente las personas que han tenido conocimiento personal de los hechos a comprobar, ya por haberlos visto, ya por haberlos escuchado, ya por haberlos percibido de cualquier manera; pero "propiis sensibus" (cfr. Francisco Gorphe, "La crítica del testimonio", Traducción española a la segunda edición francesa de Mariano Ruiz Fanes, Madrid, 1949, pags. 11 y 12).

Si bien la testigo Martínez (fs. 1.355/1.368) señaló que "el Sr. Juan Ballevoni , le solicitó cierta documentación de la empresa ya que le estaba haciendo un favor al actor según le comentó de esta manera ya que el actor tenía que hacer un trámite personal en el RENAR y el Sr. Ballevoni, como es costumbre de él hacer favores era una persona bondadosa y sabe que ha ayudado a mucha gente y le pidió a la dicente hacer fotocopia para el Sr. Raffo", y que "era un trámite personal de portación de arma, pero era en forma personal"; lo cierto es que de tales afirmaciones se desprende que, al igual que en caso de Santone, la deponente no tuvo conocimiento directo y personal del supuesto "favor" que habría realizado Valleboni al actor, dado que afirmó que había tomado conocimiento de ello por un comentario, sin que de su declaración se desprenda en qué habría consistido tal "favor", ni las circunstancias precisas y concretas del hecho. Todo lo cual resta valor probatorio a los testimonios analizados en el punto (art. 90 LO).

Por otra parte, las recurrentes señalan que "tanto un poder, como una portación de armas, nada prueba de una relación laboral más allá de la confianza o amistad que pudiera haber tenido el actor con el fallecido Juan Villeboni" (en obvia alusión al sr. Valleboni), y también señalan que "haber tenido poder de la sociedad solamente demuestra cierta confianza con su Presidente y no haber cumplido tareas"; lo cierto es que, tal argumento, carece de todo sustento lógico y jurídico. En efecto, tal como he señalado precedentemente, el otorgamiento de un "poder especial bancario" por parte de Global CC SA a Raffo, así como su designación como apoderado para el manejo de la cuenta corriente que dicha codemandada abrió en el Citibank, -de la cual se encuentra acreditada su intensa utilización por parte de dicha codemandada para su funcionamiento comercial-, y la solicitud de autorización para portación de arma de fuego con motivo de la actividad desplegada por el actor en favor de Global CC SA, evidencian que el actor se desempeñó y cumplió funciones en favor de dicha codemandada; y, tal conclusión no queda desvirtuada por la circunstancia de que las partes pudieran estar unidas por un vínculo de "confianza" porque rige en nuestra materia el principio de supremacía de la realidad, y es obvio que tal lazo de confianza carece de virtualidad para desplazar la operatividad de las normas de orden público que regulan el contrato de trabajo, sobre todo cuando no se ha producido prueba alguna que excluya la onerosidad de la prestación a cargo del actor y en favor de Global CC SA (conf. art. 115 LCT), ni que permita tener por evidenciado que pudo responder a una causa jurídica extra-laboral (vrg. trabajo benévolo, familiar, de vecindad, etc. arg. arts. 7, 12, 13 y 14 LCT).

En definitiva, valorando en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica la prueba reseñada en conjunto (cfme. arts. 386 CPCCN), concluyo que Raffo acreditó en autos haber prestado servicios en favor o en beneficio de la codemandada Global CC SA -y también del resto de las sociedades codemandadas-, con sujeción a las facultades de dirección y organización de ésta en el marco de una actividad empresaria que dicha sociedad lleva a cabo en otro piso del mismo edificio en el que tienen el suyo las otras sociedades codemandadas.

Esta última circunstancia, aún para la posición doctrinaria más restrictiva respecto del alcance que corresponde otorgar a la presunción del art. 23 de la L.C.T., implica la prueba directa de la subordinación de los servicios pues, éstos, en definitiva, se llevaron a cabo en un ámbito de actividad sujeto a un poder jurídico de organización y de dirección ajeno (conf. Justo López, "La presunción del contrato de trabajo. Art. 23 LCT" en L.T.XXIX, pág. 481).

De los elementos de juicio antes reseñados se desprende inequívocamente que la prestación del actor constituyó uno de los medios personales que la codemandada Global CC SA organiza y dirige en función de la actividad que desarrollaba (arg. art. 5 LCT).

Como es sabido, la asunción de riesgos por parte de quien presta un servicio es definitorio de una actividad por cuenta propia; y, por el contrario, la ajenidad en los riesgos de quien ejecuta una determinada tarea es una nota definitoria de una relación subordinada. En el caso, no está probado que el actor haya tenido a su cargo los riesgos inherentes a la actividad desplegada en favor de las sociedades codemandadas; de modo tal que resulta indudable la ajenidad en el desenvolvimiento de su prestación.

No empece a la conclusión que se viene sustentanto el análisis acerca de la responsabilidad que pudiera corresponderle -además- en virtud de haber conformado un grupo económico con las restantes sociedades codemandadas, lo cual, como se verá a continuación, efectivamente también ocurre en el caso de autos.

Se agravian las sociedades codemandadas por cuanto la Sra. Juez a quo las condenó en forma solidaria como integrantes de un grupo económico en los términos del art. 31 de la LCT.

En orden a ello, cabe destacar que, tal como señalé precedentemente, se encuentra acreditado en autos que Raffo prestó servicios en favor y en beneficio de la totalidad de las empresas codemandadas, con sujeción a las facultades de dirección y organización que ejercieron en el marco de una actividad empresaria llevada a cabo por éstas en forma conjunta.

En tales condiciones, y en virtud de todo lo expuesto precedentemente, los argumentos de las recurrentes referidos a la supuesta falta de prueba de la prestación de servicios de Raffo en favor de Global CC, de Consultora Cabildo SH y de Consultora Cabildo SA, resultan inatendibles en el punto.

Por otra parte, la afirmación de las recurrentes según la cual Consultora Cabildo SH, Consultora Cabildo SA y Astilleros del Norte SA "han funcionado desde sus distintos orígenes como empresas totalmente independientes entre sí y con objetos sociales claramente diferenciados."; así como que "fueron y son empresas totalmente diferentes, con domicilios sociales diferentes, con objetos sociales y personal diferente." (ver fs. 1.858 y vta,), resulta infundada pues no tiene apoyo en las pruebas producidas en autos; y, además, no contiene argumento objetivo que rebata la conclusión de la Sra. Juez a quo en el punto.

La Sra. Juez a quo sostuvo que de lo informado por la AFIP a fs. 363/368 y fs. 921/999 surgía que Consultora Cabildo SH está integrada por los Sres. Sergio Sinistri, María Cristina Volante Páez, Ana María Sinistri y María Cristina Páez; y, que tales datos fueron corroborados por la perito contadora, según surge del informe contable (ver fs. 1.315 y 1.318). Agregó la sentenciante de anterior instancia que dichos socios, además, constituyeron el 11/12/2000 Consultora Cabildo SA (ver fs. 441/475). Si bien las recurrentes señalan que, los objetos sociales de Global CC SA y de Astilleros del Norte SA no resultan coincidentes -por lo cual no cabría considerar que, la totalidad de las sociedades codemandadas conformaran un grupo económico en los términos del art. 31 de la LCT-, lo cierto es que, la sentenciante de grado anterior señaló que del informe de la IGJ (441/475), también surgía que con fecha 16/9/2000 se inscribió sociedad Astilleros del Norte SA, que fuera integrada, en un principio por Sergio Hugo Sinistri y María Cristina Volante Páez, agregándose luego, el 11/12/2000, Ana María Sinistri y María Cristina Páez; y que, Volante Páez, el 27/4/2000 integró e inscribió -aunque conjuntamente con Kokourek y Blanchard- Global CC SA, y que, mediante la modificación del 31/7/01 se designó como Director Suplente a Sergio Sinistri (ver fs. 441/475). Las explicaciones y valoraciones efectuadas por la Sra. Juez a quo en torno a la integración de las distintas sociedades y a la participación que tuvieron en ellas las personas físicas codemandadas no merecieron crítica concreta y razonada alguna por parte de las recurrentes, por lo que sus conclusiones respecto a tales cuestiones llegan firmes a esta instancia.

De lo expuesto se desprende claramente que las cuatro personas físicas codemandadas, en momentos diferentes, fueron integrantes de Consultora Cabildo SH, y de los órganos de dirección de Consultora Cabildo SA, de Astilleros del Norte SA, y de Global CC SA -aunque en este último caso sólo Volante Páez y Sergio Sinistri como Director Suplente a partir del 31/7/01-.

Además, en el responde, las propias sociedades recurrentes, Consultora Cabildo SH, Consultora Cabildo SA y Astilleros del Norte SA, denunciaron su domicilio social en La Pampa 2326 piso 4° dto. 405 de esta Ciudad de Buenos Aires, por lo cual, y tal como ya he señalado, el "establecimiento" de dichas sociedades como unidad de ejecución de su actividad empresaria es absolutamente coincidente (ver fs. 139). La codemandada Global CC SA denunció que su domicilio social se encontraba en La Pampa 2326 piso 5° dto. 501, y, si bien su establecimiento se encuentra a un piso de diferencia con el de las restantes codemandadas, lo cierto es que está dentro de un mismo edificio; y, tal coincidencia geográfica, no permite considerar que opere en un lugar "diferente" a las restantes.

Por otra parte, de la contestación de demanda obrante a fs. 139, se desprende que las codemandas Consultora Cabildo SH, Consultora Cabildo SA, Astilleros Alianza SA y Global CC SA, se han presentado en estos autos con la representación letrada unificada, lo cual también revela la existencia de un interés común a todas las sociedades.

Las recurrentes se agravian por cuanto la Sra. Juez a quo habría omitido considerar que los objetos sociales de las sociedades codemandadas son diferentes y que, por ello, resultaría improcedente considerar la que éstas conformaran un grupo económico.

Al respecto, la Sra. Juez a quo concluyó que "Los objetos sociales de Consultora Cabildo SA y Consultora Cabildo SA coinciden en su totalidad e incluso respecto de la actividad denunciada ante la AFIP a tenor de la información que aporta la perito contadora con sustento en la constancia de inscripción por la Web." (ver fs, 1.785); y tal conclusión de la sentenciante de anterior instancia no aparece rebatida por las recurrentes.

Cabe aquí memorar que, tal como he señalado en reiteradas oportunidades, el art.31 de la LCT establece la solidaridad entre empresas relacionadas o subordinadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, respecto de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con los trabajadores, cuando hubieran existido maniobras fraudulentas o conducción temeraria. La configuración de un conjunto económico está dada cuando hay unidad, o sea uso común de ciertos medios personales, materiales o inmateriales; y también cuando una empresa está subordinada a otra de la cual depende por razón de capitales o de negocios comunes y siempre que las decisiones de una estén condicionadas a la voluntad de la otra o del grupo al que pertenezca. La circunstancia de que dos o más sociedades tengan el mismo domicilio legal y que alguna persona física ocupe, indistintamente, distintos cargos en el órgano directivo de ellas; y que, además, desarrollen una operatoria en común con respecto a los productos fabricados o comercializados o a los servicios ofrecidos, suelen ser elementos reveladores de que las sociedades en cuestión forman parte de un mismo grupo económico de carácter permanente. La existencia de varias sociedades jurídicamente diferenciadas desde el punto de vista del derecho privado, no es obstáculo para considerar a los distintos integrantes de un grupo económico como responsables por las obligaciones contraídas por cualquiera de ellas con su personal (conf. "Tratado Jurisprudencial y Doctrinario" Tomo I sobre "Relaciones individuales" Ed. La Ley, Año 2010 pág.359 y subs.).

Distintos fallos de la CNAT dan sustento a la postura expuesta precedentemente (Sala II, 19/05/2009, Bristot, Alberto Martín y otro c. Dialog S.A. y otros; Sala III, 24/06/2008, Liguori, Diego Marcelo c. Rápido Viajes y Turismo S.A. y otros, DJ 31/12/2008, 2551 - DJ 2008-II, 2551, AR/JUR/6110/2008; Sala IV, 07/12/2009, Escudero, Marcos Claudio c. Cía. Láctea del Sur S.A. Ex Parmalat S.A. y otros, La Ley Online; AR/JUR/61923/2009; Sala VII, 30/04/2010, Botana, Jorge Eduardo c. Juan Carlos Oliva S. A. y otros, La Ley Online; AR/JUR/17136/2010; Sala VIII, 30/04/2010, Pichetto, Miguel Angel c. Ubicar Argentina S.A. y otros, AR/JUR/17674/2010; Sala IX 10/02/2009, Dieleke, Alfredo c. Atomlux S.R.L. y otros, La Ley Online; AR/JUR/4322/2009; Sala X, 21/05/2009, Botindari, Leonardo y otros c. Air Plus Argentina S.A. y otros, AR/JUR/16504/2009).

En tales condiciones, la circunstancia de que la totalidad de las sociedades codemandadas no tengan objetos sociales o actividades empresarias "idénticas" -lo cual sí se da en el caso de Consultora Cabildo SH y Consultora Cabildo SA-, no obsta a la posibilidad de considerar existente un grupo económico de carácter permanente, dado que su existencia no se relaciona, necesariamente, con una "identidad" de actividades, sino con una comunidad de intereses de índole económica. En otras palabras, la configuración de un grupo económico permanente -tal como se encuentra acreditada en el caso de autos-, está dada por un interés económico común a todas las integrantes de ese grupo, cualquiera sea la índole de la actividad que cada uno despliegue.

En consecuencia, dado que se encuentra acreditado que la totalidad de las sociedades codemandadas han utilizado en su favor los servicios del actor para las distintas actividades que realizan, que tienen directivos en común, que poseen coincidentes domicilios legales -salvo Global CC SA que, reitero, de todos modos, tiene el suyo en el mismo ámbito geográfico-, y que se han presentado en autos con una representación letrada común, es evidente que Consultora Cabildo SH, Consultora Cabildo SA, Astilleros del Norte SA y Global CC SA integran un grupo económico de carácter permanente. En tales condiciones, la falta de registración del contrato que mantuvieron con el actor en su verdadera extensión material y temporal (por parte de Consultora Cabildo SH) y también la ausencia de registro de la relación por parte de las restantes sociedades que utilizaron sus servicios, constituye una maniobra defraudatoria tendiente a eludir no sólo las obligaciones contractuales, sino además a causar lesiones en el patrimonio del trabajador y en sus derechos previsionales, y a defraudar el sistema de la seguridad social; entiendo que se justifica plenamente la extensión de responsabilidad solidaria a la totalidad de las sociedades codemandadas que integraron el grupo económico en los términos del art. 31 de la LCT decidida en la sentencia recurrida (conf. "Bristot Alberto Martín y otro c/ Dialog San y otros s/ despido" SD N° 96.679 del 19/5/09; "Benenati Natalia Lorena c/ Solo Empanadas SA y otros s/ despido" SD N° 97.393 del 12/11/09 del registro de esta Sala).

Si bien las codemandadas recurrentes señalan que, en virtud de que la fecha de creación de cada una de las accionadas sociedades han sido diferentes y posteriores al desempeño de Raffo a favor de Consultora Cabildo SH no cabría responsabilizarlas, lo cierto es que, al momento de incorporarse cada una de ellas al grupo económico que constituyeron, fueron asumiendo la responsabilidad derivada de una relación laboral preexistente originalmente establecida entre el actor y Consultora Cabildo SH (arg. arts. 31 y 229 LCT).

Por otra parte, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, cabe señalar que de acuerdo a las circunstancias hasta aquí analizadas, la responsabilidad solidaria de la totalidad de las sociedades codemandadas no solo deriva de la integración a un grupo económico permanente que realizó una maniobra de fraude (art. 31 LCT) sino, además, de la circunstancia de haber integrado todas ellas un sujeto empleador "pluripersonal" (art. 26 LCT). En efecto, si bien la relación se inició con Consultora Cabildo SH, a partir de las distintas fechas de constitución de las restantes sociedades codemandadas, se produjo una novación subjetiva del contrato de trabajo, en virtud del cual se integraron al sujeto empleador original -Consultora Cabildo SH- la codemandadas Global CC SA, Astilleros del Norte SA, y Consultora Cabildo SA. Obviamente que, al asumir dicha relación jurídica, tanto por lo dispuesto por el art. 225 LCT y subs. de la LCT, como por vía de la previsión contenida en el art. 229 de la LCT, Global CC SA, Astilleros del Norte SA, y Consultora Cabildo SA asumieron en forma conjunta y solidaria las obligaciones emergentes del vínculo que Consultora Cabildo SH y las sociedades que sucesivamente se fueron incorporando habían establecido con anterioridad con Raffo. Dicho vínculo, como se ha visto, siempre estuvo vigente pero con sujeción a las facultades de organización y de dirección de las diferentes personas jurídicas mencionadas. En consecuencia, y sin perjuicio de que, tal como he señalado, corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia en cuanto estableció la responsabilidad solidaria a la totalidad de las sociedades codemandadas en los términos del art. 31 de la LCT; también les cabe tal responsabilidad, como integrantes de un sujeto "empleador" pluripersonal.

Tal como lo expuse en mi trabajo "Aspectos procesales de la responsabilidad solidaria" (en Revista de Derecho Laboral 2001-1 Ed.Rubinzal-Culzoni, pág.397), se trata de un caso en el cual varias personas jurídicas han utilizado en forma conjunta e indistinta, los servicios de un trabajador por lo que, aplicando analógicamente la solución que contempla el art.26 de la LCT (cuando actúan conjuntamente varias personas físicas), es evidente que las sociedades accionadas asumieron en forma conjunta el rol de "empleador" (pluripersonal) que describe la norma y las consecuencias de su obrar como tal. No se trata de varios contratos diferentes ni de varios empleadores, sino de uno solo de carácter plural pues está integrado por varias personas -en el caso jurídicas-; y, como la totalidad del objeto de las obligaciones laborales emergentes de ese único vínculo puede ser reclamado por el trabajador in solidum a cualquiera de ellas, es indudable que todas deben responder en forma solidaria por las obligaciones emergentes del contrato (arg.arts. 690 y 699 del Código Civil y arts.225, 228 y 229 LCT). Algunos precedentes jurisprudenciales también llevan a considerar que, cuando dos o más personas físicas o jurídicas actúan en forma conjunta e indistinta como "empleador" de una misma prestación, debe admitirse la responsabilidad solidaria de todas ellas (CNAT, Sala III, 17-5-99, "Robert, Andrea K. C/Carmio, Jorge y otros s/despido", en T y SS, 1999, pág. 1078; CNAT, Sala IV, 27-10-95, "Esteves, Adalverto c/ Asistencia Odontológica Integral SA", en D.T. 1996-A, pág. 439; Sala II, 21-4-97, S.D. Nº 80.867, "Hechem, Estela c/ Mapro SA", 29-10-08, S.D. Nº 96.148, "Zardain Jorge Ricardo c/ Servin SA y otro s/ despido").

Se agravian las codemandadas por cuanto la sentenciante de anterior instancia extendió la responsabilidad por la condena de autos a las personas físicas codemandadas.

En orden a ello, cabe señalar que, como se vio, los codemandados Sergio Hugo Sinistri, María Cristina Páez, Ana María Sinistri de Bassi y María Cristina Volante Páez, integraron la sociedad de hecho que formó parte del grupo económico y del sujeto empleador pluripersonal que utilizó los servicios del actor. Cabe aquí memorar que el art. 23 de la LS dice que: "Los socios y quienes contrataron en nombre de la sociedad quedarán solidariamente obligados por las operaciones sociales, sin poder invocar el beneficio del artículo 56 ni las limitaciones que se funden en el contrato social". En tales condiciones, las personas físicas codemandadas resultan solidariamente responsables por vía de lo dispuesto por el art. 23 LS, por lo que corresponde desestimar el agravio en el punto (art. 499 Código Civil).

Sin perjuicio de ello, y dada la participación directa que las personas físicas codemandadas han tenido en la conformación del grupo económico integrado por las sociedades anteriormente mencionadas, es evidente que dichas personas físicas son también integrantes del mencionado grupo económico porque es obvio que no podrían haberse constituido personas de existencia "ideal", que se integraron a un grupo económico, sin la necesaria participación de las personas físicas que, evidentemente, realizaron actos orientados tanto a la creación de dichas personas jurídicas, como a su inserción en las actividades empresaria de un mismo grupo económico.

Por último, al margen de las razones precedentemente señaladas, al haber integrado los directorios de Consultora Cabildo SA, Astilleros del Norte SA y Global CC SA, y por las razones que in extenso he explicado en numerosos pronunciamientos anteriores (me remito a cuanto expuse en "Benitez Elida Susana c/ Integralco SA y otro s/ despido" SD N° 99.574 del 31/8/2011; "Martinez Agustín Ignacio c/ Bahía Maluca SA y otros s/ despido" SD N° 99.547 del 29/8/2011, del Registro de esta Sala) por aplicación de lo establecido en los arts. 59 y 274 de la ley 19.550, las personas físicas mencionadas también resultan solidariamente responsables por la totalidad de las obligaciones emergentes del vínculo laboral que las personas jurídicas cuya administración y dirección ejercieron mantuvieron con el actor como integrantes de un grupo económico y de un empleador pluripersonal.

Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia en el punto.

Se agravian las codemandadas por cuanto la Sra. Juez a quo consideró acreditado que el actor, tal como denunció en el escrito inicial, se desempeñó como gerente general. Ahora bien, con relación a Consultora Cabildo SH, cabe señalar que, tal como se desprende del informe del BBVA Banco Francés, el actor fue cotitular de una cuenta conjuntamente con el Sr. Sinistri y el Sr. Santone, desde el 31/10/01 hasta el 12/8/02, y también cotitular de otra a su nombre y a nombre de Santone desde el 24/4/01 hasta el 20/7/07 (informe que no mereció oportunamente impugnación por parte de las codemandada); y al respecto la Sra. Juez a quo concluyó que "la cotitularidad de las cuentas informadas por el BBVA Banco Francés por parte del actor y el Sr. Sinistri primero y luego con el señor Jorge Santone hasta el 20/7/07 vinculado a Consultora Cabildo SH.supera ampliamente el perfil de un simple empleado administrativo"; y lo cierto es que tal conclusión de la sentenciante de anterior instancia no aparece rebatida en modo alguno por las recurrentes.

Por otra parte, tal como he señalado, el actor se desempeñó como apoderado bancario de las codemandadas Astilleros del Norte SA y de Global CC SA (según informes del Standard Bank SA de fs. 520 y 639/705; y del Citibank NA de fs. 405). Además, mediante el testimonio Martínez (fs. 1.355/1.368) -quien declaró a instancia de las propias recurrentes- resultó acreditado en autos que dicha cuenta del Citibank, fue la única con la cual siempre se manejó Global CC SA,y que allí se recibían las acreditaciones de comisiones de CTI; con lo cual quedó claramente acreditada la intensa utilización que Global CC SA hizo de la referida cuenta corriente, de la cual el actor, era apoderado para actuar en representación de dicha codemandada.

Cabe aquí agregar que tanto Global CC SA como Astilleros del Norte SA, instituyeron al actor como apoderado bancario para que se desempeñara en representación de tales sociedades en los términos que surgen de la documental acompañada como anexos 6 y 7 del sobre reservado.

Además, del informe del Registro Nacional de Armas -que no fuera cuestionado por las codemandadas en el momento procesal oportuno en los términos del art. 403 CPCCN- se desprende que la solicitud del permiso para otorgamiento de arma de fuego, fue requerido por parte de Global CC SA, en favor del actor y del entonces presidente de dicha codemandada Sr. Valleboni, y con fundamento en "la cantidad de dinero y valores que la empresa mueve diariamente para su normal desenvolvimiento", lo cual revela claramente el rol que desempeñaba Raffo en la estructura de la empresa que, obviamente, excedía el de un empleado administrativo.

En tales condiciones, independientemente de las funciones específicas que el actor cumplió para cada una de las sociedades codemandadas, lo cierto es que realizó prestaciones de servicios de diversa índole en favor de las distintas integrantes del conjunto económico y del sujeto empleador pluripersonal; y que, las funciones principales que realizó implicaron el ejercicio de facultades de "representación" de las sociedades que ubican a su desempeño en la categoría propia de una función gerencial. A la luz de todo ello, entiendo que el desempeño de Raffo en favor del grupo económico y del sujeto empleador pluripersonal, globalmente analizado en función de su labor principal, resulta encuadrable en la categorización que efectuó la Sra. Juez a quo por lo que corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia en el punto.

Se agravian las codemandadas recurrentes y la parte actora, por cuanto la Sra. Juez a quo estableció la remuneración del actor en la suma de $ 10.000 por mes.

Al respecto la sentenciante de anterior instancia señaló que ".en uso de las facultades que me confiere el art. 56 LCT, ante las particularidades del caso y categoría laboral reconocida habré de establecer el importe de $ 10.000 como aquél que tomaré en cuenta a los fines de este decisorio.".

Ahora bien, el actor mantiene en los términos de los arts. 110 y 117 de la LO, el agravio deducido contra la resolución de la Sra. Juez a quo que desestimó el punto de pericia contable en el cual solicitaba "los orígenes y destinos de fondos que se hicieron en la caja de ahorro del Banco Francés" de la cual, Santone y el actor eran titulares. Señala que, mediante dicho medio de prueba se habría acreditado que, a través de dicha cuenta, "se pagaban los servicios públicos y las tarjetas de crédito del Ing. Raffo". Si bien el recurrente efectúa un pormenorizado detalle de los movimientos y gastos que mensualmente realizó, lo cierto es que no aporta razones objetivas para apartarse de lo resuelto por la sentenciante de anterior instancia, dado que, aún cuando se comprobara que los gastos de servicios públicos y de tarjetas de crédito del actor hubieran sido abonados a través de la caja de ahorro del BBVA Banco Francés -de la cual fueron titulares Santone y el actor desde el 24/4/01 al 20/7/07- lo cierto es que no existe posibilidad lógica de discernir si el dinero que ingresaba a esa cuenta -relacionada con la operatoria de la sociedad a la cual el actor representaba- correspondía invariablemente a la retribución de sus servicios personales ni de establecer si los pagos efectuados a través de esa cuenta se concretaron con dinero de los codemandados, o con dinero del propio actor -que, reitero era cotitular de la mencionada cuenta-. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida en los términos del art. 110 y 117 de la LO en el punto.

Por otra parte, el actor se agravia por cuanto existirían elementos probatorios "en demasía" que habrían sido omitidos por la Sra. Juez a quo, que acreditarían que Raffo percibió mensualmente la suma de $ 15.000; pero, a mi entender, no acreditó en autos el salario mensual denunciado en el escrito inicial.

En efecto, si bien el testigo Lozano (fs. 320/331) señaló que había escuchado comentarios de Sinistri en torno a un sueldo de Raffo de $ 15.000, lo cierto es que de tal afirmación se desprende que el testigo no tuvo conocimiento directo y personal del monto al que habría ascendido la remuneración del actor; lo cual resta valor probatorio a la declaración en el punto.

Como ya he explicado más arriba, son testigos exclusivamente las personas que han tenido conocimiento personal de los hechos a comprobar, ya por haberlos visto, ya por haberlos escuchado, ya por haberlos percibido de cualquier manera; pero "propiis sensibus" (cfr. Francisco Gorphe, "La crítica del testimonio", Traducción española a la segunda edición francesa de Mariano Ruiz Fanes, Madrid, 1949, pags. 11 y 12). Por lo tanto, la declaración de Lozano carece de toda eficacia probatoria en el punto (art. 90 LO).

Lo propio ocurre con el testimonio de Salaberri (fs. 832/846) porque si bien señaló que el actor cobraba $ 1.000 por Astilleros del Norte en concepto de "caja diaria", $ 5.000 que debitaba de la Caja de Astilleros del Norte y que por otro lado le enviaba Consultora Cabildo a Astilleros del Norte el pago de las tarjetas de crédito Mastercard, Argencard y Visa, lo cierto es que tales afirmaciones presentan divergencias con la versión del escrito inicial. En efecto, el actor en la demanda no hizo mención alguna a que percibiera una "caja diaria" de $ 1.000 por parte de Astilleros del Norte. Por otra parte el testigo afirmó que además de las tarjetas Visa y Mastercard, también se le habría abonado la tarjeta Argencard, que no fue invocada por el actor quien, a su vez, había sostenido que se le abonada American Express (no mencionada por el testigo). Indudablemente, las afirmaciones del deponente denotan ciertas divergencias con la versión de Raffo de la demanda y de la expresión de agravios (ver fs. 12 vta. y fs. 1.803 vta.). Por último, el testigo señaló que "calcula que sumando todo esto asciende a la suma de $ 15.000 o $ 16.000"; y tal afirmación implica una mera apreciación personal del testigo sin fundamento en un conocimiento directo y personal del monto real al cual habría ascendido la remuneración mensual del actor. En consecuencia, atento las divergencias existentes entre la declaración del testigo en el punto, y lo denunciado en el escrito inicial; y la falta de adecuada razón de los dichos de Salaberry en cuanto al monto total al que habría ascendido la remuneración mensual del actor, la declaración bajo análisis resulta inhábil a los fines pretendidos (art. 90 LO).

En tales condiciones, el actor no acreditó que su remuneración mensual haya ascendido a la suma de $ 15.000 ni, menos aún, que se le hubieran abonado -como parte integrante de su salario mensual- gastos personales, impuestos o tarjetas de crédito. Si bien el recurrente afirma que resultaría poco convincente que el actor con una remuneración de $ 10.000 pudiera haber efectuado mensualmente el nivel de gastos que efectivamente realizaba, el argumento no lleva, necesariamente, a admitir un nivel remuneratorio superior dado que, la circunstancia de que los codemandados le abonaran una retribución por sus servicios no obsta a la posibilidad de que Raffo contara con otros ingresos -provenientes de otras actividades- diferentes de los que percibió por la relación que mantuvo con aquellas.

En definitiva valorando la prueba producida en autos a la luz de las reglas de la sana crítica (art. 90 LO y 386 CPCCN); no está acreditado que el actor haya percibido la remuneración mensual denunciada en el escrito inicial, y las codemandadas tampoco acreditaron en autos la remuneración que, en esta instancia recursiva, señalan como percibida por Raffo de $ 5.000. En efecto, si bien las codemandadas afirman que, ante la ausencia de elementos que permitan corroborar la remuneración que habría percibido Raffo por parte de las recurrentes, la suma de $ 5.000 "resulta suficiente"; lo cierto es que, la suma de $ 10.000 determinada por la sentenciante en ejercicio de las facultades legales que expresamente le otorgan los art. 56 de la LO y 56 y 114 de la LCT, se adecua a la categoría que revestía el actor como gerente del grupo económico y del sujeto empleador pluripersonal, y a la diversidad de labores que realizaba Raffo en su favor y beneficio.

Por otra parte, en el caso de autos, -además- no se aprecia que exista correlación lógica entre el salario invocado por las codemandadas recurrentes y la tarea que el actor acreditó haber desempeñado en estos autos en favor del grupo económico y del sujeto empleador pluripersonal que integraban; y, por otra parte, no se aportaron elementos que denoten la irrazonabilidad de la determinación efectuada por la a-quo en ejercicio de la facultad que le acuerdan las normas legales antes citadas.

Se agravia la parte actora por cuanto la Sra. Juez a quo rechazó el reclamo por comisiones. Señala que la sentenciante de anterior instancia soslayó que en los puntos 8 y 9 del cuestionario de la parte actora de la pericia contable, la experta informó que las accionadas se negaron a exhibir la documentación y a aportar datos respecto de las embarcaciones en cuyas ventas habría intervenido el actor, así como respecto de las operaciones de las propiedades vinculadas con "Pymes del Pilar"; y que tal negativa a exhibir las documentación referida torna operativa la presunción del art. 55 de la LCT.

En autos, el actor no acreditó haber pactado el pago de comisiones con las codemandadas, ni que haya intermediado en las operaciones descriptas en el escrito inicial (conf. art. 377 CPCCN). En efecto, si bien el recurrente afirma que se encontraría acreditado mediante las declaraciones testimoniales de los Sres. Lozano, Carbi Haubold y Salaberri que Raffo pactó comisiones con las codemandadas "sobre los barcos vendidos y la venta de los terrenos de Pymes del Pilar" (ver fs. 1.805); no existe evidencia objetiva de ello.

Si bien el actor señala que el testigo Lozano (fs. 320/332) declaró que Sinistri le comentó que por "la venta de ese barco enorme" le había prometido al Ing. Raffo "una comisión del 10%", lo cierto es que el deponente no individualizó a qué barco se estaba refiriendo. Por otra parte, si bien el testigo señaló que "el actor estaba encargado en vender el barco en la suma de un millón doscientos mil euros", lo cierto es que no dio adecuada razón de sus dichos, sino que se limitó a afirmar que sabía de ello por comentarios de Sinistri. Además, el recurrente señala que Lozano dijo que Raffo percibía $ 15.000 y tenía una comisión el 10% por la venta de los barcos y un 10% por la venta de las Pymes, pero lo cierto es que el testigo no individualizó cuáles habrían sido las operaciones en las cuales "efectivamente" se habrían devengado tales comisiones; y, por otra parte, en este punto Lozano no dio adecuada razón de sus dichos, sino que se limitó a señalar que sabía lo expuesto "porque pasaba mucho tiempo en Astilleros del Norte y en Consultora Cabildo", lo cual denota la inconsistencia de su afirmación relativa al supuesto pacto acerca de los porcentajes de comisiones a los que se refiere. En consecuencia, dado que el testigo no explica razones objetivas que denoten que tuvo conocimiento directo y personal en torno al supuesto acuerdo de pago de comisiones, estimo que su declaración carece de todo valor probatorio a los fines pretendidos (art. 90 LO).

El testigo Salaberri (fs. 832/844) señaló que "tiene entendido" que la retribución de Raffo por la comercialización de barcos era el 10%, de lo cual se desprende que el deponente tampoco tuvo conocimiento cierto ni aporta evidencia objetiva de que las codemandadas hubieran "pactado" efectivamente esa comisión, ni menos aún de que las operaciones descriptas a fs. 29 vta por Raffo se hubieran efectuado. Por otra parte, si bien el testigo señaló que también habría escuchado discutir al actor con Sinistri por el tema de las comisiones, es evidente que tal supuesta conversación telefónica no constituye una base objetiva cierta de una supuesta condición salarial. Lo expuesto resta eficacia probatoria a la declaración bajo análisis a los fines requeridos (art. 90 LO).

Por último, de la declaración del testigo Carbi Haubold (fs. 503/511) sólo puede desprenderse que la codemandada Astilleros del Norte realizó operaciones relativas a la venta de barcos así como el supuesto valor involucrado en las mismas, pero los dichos del deponente no aportan dato alguno del que surja evidencia objetiva de que las codemandadas hayan pactado con el actor comisiones por la venta de dichos barcos, ni menos aún que, efectivamente Raffo hubiera concertado ventas en beneficio del grupo económico ni del sujeto empleador pluripersonal de las cuales se hubieran devengado comisiones.

El recurrente señala que a fs. 755/757 Costanera Uno SA informó que el ingeniero Raffo compartió el alquiler de un departamento en el puerto olímpico de Barcelona con el Sr. Néstor Grimaldi a los fines de concurrir al Salón Naútico en octubre de 2006, y que concurrió en representación de Astilleros del Norte SA; pero de tal informe sólo se desprende el cumplimiento de una labor del actor en favor de dicha codemandada; y en modo alguno puede entenderse acreditada por intermedio de la informativa en cuestión que el actor hubiera efectuado una operación comercial de venta de barcos a favor de las codemandadas, ni menos aún que se hubieran devengado comisiones en su favor. En idéntico sentido, del informe de Emilio José Baronio SACI (fs. 865/866) se desprende que Raffo intervino en representación de Astillero del Norte SA en la gestión para la exportación a España del Barco Pretorian 66; pero en modo alguno acredita que el actor haya efectuado la operación comercial de venta de dicha embarcación ni menos aún que se hayan devengado comisiones en su favor por su comercialización, y tampoco que haya pactado con las codemandadas una comisión por su venta.

En los casos como el de autos en los cuales se alega haber realizado operaciones comerciales en las cuales se habrían generado comisiones que -supuestamente- no fueron abonadas, aún cuando el trabajador haya denunciado en la demanda tales operaciones (ver fs. 29 vta.), ello no basta por sí solo para tener por acreditado que las partes de la relación individual hayan pactado que la remuneración debía estar integrada por un componente variable (comisiones), ni que el trabajador haya concertado operaciones no documentadas en favor del grupo económico ni del sujeto "empleador" pluripersonal. Para que la falta de exhibición del libro que requiere el art. 52 de la LCT o de otros documentos como los previstos en el art. 54 de la LCT hubiera generado la presunción del art. 55 LCT en favor de las sumas que Raffo invocó como devengadas en su favor en función de algún tipo de "marginalidad", era necesario que, previamente, se demuestren los presupuestos fácticos en los que se funda el derecho cuyo reconocimiento se persigue y que justificarían la viabilidad de tal pretensión.

La presunción que emana del art. 55 de la LCT, se origina cuando el empleador no lleva o no exhibe el libro que prevé el art.52 LCT o los documentos que detalla el art. 54 LCT y, obviamente, opera sólo con relación a los hechos y circunstancias que debieron estar consignados en ellos. Esta previsión normativa no puede llevar a tener por acreditada la concertación de operaciones que dieran lugar a comisiones a favor del trabajador, ni que tales supuestas operaciones se hubieran concretado en forma marginal porque la ausencia de los mencionados documentos no puede generar evidencia de aquello cuya no registración también puede responder a su inexistencia. A fin de que tal dispositivo normativo cobre operatividad en favor de las manifestaciones vertidas por el trabajador, es menester que éste acredite el presupuesto de hecho esencial de su invocación, es decir, la existencia de una condición salarial pactada en el marco de la relación individual que contemplara un módulo retributivo variable y la concertación a través de su propia gestión de operaciones de las que derivarían comisiones en su favor. Obviamente que, de haberse probado que las demandadas hubieran pactado con el actor el pago de comisiones sobre operaciones concertadas y que las ventas denunciadas en el escrito inicial (fs. 29 vta.) se hubieran concretado a través de su gestión -es decir, acreditados los presupuestos fácticos de los que surgiría el derecho del trabajador a percibir comisiones- la presunción que preve el art. 55 de la LCT, podría haber llevado a tener por acreditado que se habrían devengado a favor del actor los importes que se reclaman en concepto de comisiones. Pero, lo cierto es que, en estos autos, no hay prueba que acredite que las partes hayan pactado la percepción por parte de Raffo de comisiones ni la existencia de las operaciones comerciales de las que emergería el derecho a percibir una retribución variable. De haberse probado tales extremos, la directiva que emana del art. 55 de la LCT, permitiría determinar la cuantía de las sumas que se habrían devengado a favor del trabajador; pero, si no se probó su existencia, ningún efecto acreditativo puede otorgarse a un dispositivo normativo basado en aquello que debió estar asentado en libros o registros pues la no asentación de las operaciones que se denuncian como concertadas o de salarios que se dicen devengados, también puede responder a la inexistencia de marginalidad alguna.

Por todo lo expuesto corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia en cuanto rechazó el reclamo por supuestas comisiones (conf. art. 499 Código Civil).

Por lo tanto, estimo que corresponde no hacer lugar a los respectivos agravios deducidos por las partes y confirmar la sentencia en cuanto estableció prudencialmente que la remuneración del actor alcanzó a la suma de $ 10.000 por mes.

Ahora bien, las codemandadas se agravian por cuanto la base remuneratoria para el cálculo de la indemnización prevista en el art. 245 de la LCT supera el tope indemnizatorio regulado en la norma; y la actora dedujo planteo de inconstitucionalidad del tope dispuesto por el art. 245 de la LCT (ver fs. 29 vta. y sstes.) Al tiempo de producirse la ruptura, regía el art. 245 LCT modificado por la ley 25.877, por lo que no cabe duda que la remuneración que debe servir de base para el cálculo indemnizatorio debe ser cotejada y, acaso, limitada al tope emergente de considerar el triple del promedio de las remuneraciones fijadas en el convenio colectivo aplicable -en el caso, en virtud de la actividad desplegada en el establecimiento de las codemandadas el C.C. Nº 130/75-. El promedio triplicado de las remuneraciones establecidas en dicho convenio alcanzaba a la época de ruptura a la suma de $ 3.583,66.- (conf. Res. 92/07 MTSS en "Topes indemnizatorios"). Los períodos computables eran "9" (8 años y 9 meses) conforme la antigüedad que correspondía registrar a la fecha del despido (octubre 1998 a julio 2007). El art. 245 de la LCT no condiciona la limitación a la encuadrabilidad del vínculo en un convenio colectivo, sino que, simplemente, remite para su cálculo al promedio remuneratorio que surja del convenio que rija la actividad, aún cuando el trabajador despedido no se encuentre comprendido en él.

Ahora bien, de acuerdo con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Martinelli, Oscar H. y otros c/Coplinco SA" (SCJN, 16-12-93, en D.T. 1994-A pág. 713), la aplicación de un tope indemnizatorio a la base de cálculo de la indemnización por antigüedad no debe traer como consecuencia la violación del principio de buena fe ni la desnaturalización de la protección que el art. 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el despido arbitrario. Como ha señalado con acierto el Dr. Guibourg al votar en la causa "Zurueta, Héctor c/Maronese Sebastián e Hijos SA" (CNAT, Sala III, 19-7-96, en D.T. 1997-A, pág. 732), la mencionada garantía constitucional "requiere cierta proporcionalidad entre el resarcimiento y el ingreso del trabajador despedido; y tal proporcionalidad no se satisface cuando el módulo de cálculo es notoriamente inferior al salario computable". Tanto en la causa mencionada como en otro precedente (CNAT, Sala III, 31-5-96, "Cuevas, Guillermoc/Tres Cruces SA", en D.T.1996, B, pág. 2390), esta Cámara desechó la aplicabilidad del referido tope por considerar que, dada la limitación que imponía sobre el real nivel remuneratorio alcanzado por el dependiente, se producía una afectación a la garantía constitucional a una adecuada protección contra el despido arbitrario. A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su actual composición, al pronunciarse en la causa "Vizzoti, Carlos c/ AMSA SA s/ despido" (el 14-9-04), señaló que, a la luz de la garantía consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, no resulta razonable, justo ni equitativo que la remuneración que debe servir para el cálculo de la indemnización por antigüedad se reduzca en más de un 33%; y a la luz de la doctrina sentada en ese fallo cabe concluir que es inconstitucional toda limitación que genere una reducción de la base de cálculo superior al porcentaje indicado.

En estos autos se presenta una situación sustancialmente análoga a la analizada en dichos precedentes, porque la limitación que deriva de aplicar la limitación impuesta por el art. 245 de la LCT reduce en un 64,16% la retribución realmente percibida y, por consiguiente, la indemnización que derivaría de ella. En tales condiciones, con remisión a los fundamentos que emergen de los fallos precedentemente citados -que doy aquí por reproducidos en mérito a la brevedad-, concluyo que la limitación originada en esa norma afecta la garantía otorgada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y que, por lo tanto, debe prescindirse de su aplicación en la presente causa.

No empece a la conclusión que se viene sustentando la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Villarreal, Adolfo c/ Roemmers" (10-12-97, en DT 1998- A, pág.515) porque existen diferencias en los presupuestos fácticos de uno y otro litigio. Veamos: el Supremo Tribunal, valorando las circunstancias propias de esa causa, entendió que la privación derivada del tope que correspondía aplicar en ese caso particular no generaba una arbitraria afectación al derecho de propiedad del reclamante. De las restantes consideraciones vertidas en ese fallo se desprende que la aplicación del tope es convalidable en términos de constitucionalidad siempre que no implique la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar y que no traduzca la pulverización del real contenido económico del crédito indemnizatorio. A su vez, al pronunciarse en los autos "Mastroiani, Ricardo A. c/ Establecimiento Modelo Terrabusi SAIC" el máximo Tribunal señaló que la protección contra el despido arbitrario debe consistir en un cierto equilibrio entre el resarcimiento y el ingreso del trabajador; y sostuvo que dicha protección está sujeta a variaciones que no pueden ser materia de agravio constitucional, "salvo que se incrementen hasta la exorbitancia o se reduzcan hasta tornarla irrisoria" (CSJN, 27-5-99, en T y SS, 1.999, pág.879). En el caso de autos, si se toma la remuneración considerada por la Sra. Juez a quo -cuya determinación propicio confirmar en esta Alzada ($ 10.000)-, la disminución que genera la aplicación del tope contemplado en el art. 245 LCT es de una magnitud muy significativa (64,16%) e implica, por tanto, una injustificada desnaturalización del derecho a una adecuada protección contra el despido arbitrario contemplado en el art. 14 nuevo de la Constitución Nacional y una afectación a la garantía que consagra el art. 17 de la Ley Fundamental. En consecuencia, teniendo en cuenta los lineamientos fijados por la Corte en los casos "Villarreal", "Mastroiani" y "Vizzoti", entiendo que, tal como adelanté, en un caso como el de autos, cabe declarar la inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 245 LCT. Sin perjuicio de todo ello y, aún cuando en este caso particular la limitación que surge del convenio aplicable conduce a la afectación constitucional apuntada, no cabe duda que es inherente al sistema tarifario que establece nuestra ley la fijación de un límite en la base de cálculo de la indemnización por antigüedad y que prescindir de la aplicación del tope analizado no implica -necesariamente- soslayar la exigencia legal relativa a la fijación de una limitación sobre aquella base. A fin de compatibilizar la garantía constitucional que protege el derecho del actor a percibir una indemnización razonablemente adecuada a su nivel de ingresos con la necesidad de limitar la base de cálculo de la indemnización por antigüedad que está ínsita en la télesis del art. 245 LCT, estimo razonable adoptar el criterio seguido por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Vizzoti" a través de la reducción del tope a un valor que arroje un resultado adecuado a la compatibilidad buscada; y a tal efecto considerar como base de cálculo para la indemnización prevista en el art. 245 de la LCT la suma de $ 6.700 (67% de $ 10.000). En consecuencia, propongo reducir la indemnización por antigüedad a la suma de $ 60.300 ($ 6.700 x 9 períodos); y, por consiguiente el incremento del art. 2 de la ley 25.323 a la suma de $ 41.789,78.

Se agravia la parte actora por cuanto la Sra. Juez a quo rechazó el reclamo referido al agravamiento previsto en el art. 4 de la ley 25.972.

En atención a la doctrina sentada por la CNAT en el Acuerdo Plenario N° 324 Plenario N° 324 (Acta 2553 del 30/6/2010) Acta 2553 del 30/6/2010 "Lawson, Pedro José c/ Swiss Medical S.A. s/ despido", al momento del distracto aquí examinado (26/7/07) estaba vigente la suspensión de los despidos prevista en la ley 25.972, en virtud de la cual las codemandadas debían abonar el recargo del 50% de la indemnización por despido (cfr. lo dispuesto por el decreto 1433/05), por lo que propicio modificar la sentencia de anterior instancia en el punto y condenar a las codemandadas al pago de la suma de $ 30.150 en concepto del agravamiento previsto en el art. 4 de la ley 25.972 ($ 60.300 x 50%).

Se agravian las codemandadas por cuanto la Sra. Juez a quo hizo lugar a las indemnizaciones de los arts. 8 y 15 de la LNE. Sostienen -entre otras cosas- que la intimación efectuada a las codemandadas no cumplió los requisitos del art. 11, pues las comunicaciones que remitió el accionante contienen datos incorrectos. A mi juicio, les asiste razón.

En efecto, si se lee con detenimiento la intimación dirigida a las codemandadas y la comunicación a la AFIP que el actor cursó (ver fs. 7/20) se puede advertir que no fue cumplimentada cabalmente la intimación de regularización que exige el art.11 de la ley citada como condicionante de las sanciones que prevé, pues indicó en ellas un monto mensual de la remuneración que no fue acreditado, y el supuesto devengamiento de comisiones y viáticos que, como se vio, tampoco fue acreditado en estos autos. Por otra parte, en dichas comunicaciones se solicitó el registro de una fecha de inicio de la relación laboral que, tal como se determinó en la sentencia de grado anterior (conclusión que propongo confirmar en este voto) no es la "real" porque tampoco fue acreditada en estos autos. Como se ha sostenido en distintos precedentes jurisprudenciales, la intimación en cuestión debe contener -además del requerimiento de registración adecuada- los datos necesarios para que ese registro sea correcto y no defectuoso; por lo que el trabajador debe indicar adecuadamente su fecha real fecha de ingreso, la categoría laboral asignada y las remuneraciones verdaderamente percibidas desde el comienzo de la vinculación (conf. CNAT, Sala II, SD Nº 90.658 del 13/6/02 "Giardinieri Vanesa Carla c/ Telefónica de Argentina SA y otros s/ despido", SD N° 93.392 del 11/4/05 "Llañez Pablo Ramón c/ Coceres Alejandro Mario y otro", SD Nº 96.422 del 24/2/09 "Sajeta Leonardo Oscar c/ Di Benedetto Mariano Florencio s/ despido", SD 98.341 del 17/8/10 "Pecora José Antonio c/ Giordano Leonardo Roberto y otros s/ despido", SD N° 98.719 del 15/11/10 "Labaronnie Luis Fernando c/ Luis Alberto Raffo e Hijos SRL y otro s/ despido"; Sala VIII, SD Nº 27.487 del 26/2/99, "Torres, Vivian María c/ Stambolián, Edgardo s/ despido"; Sala IX, SD Nº 8.302 del 28/2/01, "Gasc, Miriam E. c/ Gazzoli, Cristina s/ despido"; Sala VIII, del 15/7/02, "Aguilar, Fermín y otros c/Escuela J.N.Bialik Asoc. s/fines de lucro y otros", en D.T. 2003, pág. 359). A la luz de las consideraciones expuestas, las deficiencias señaladas, a mi entender, impiden considerar efectivamente cumplimentada en legal forma la intimación del citado art.11 de la LNE a cuya regular concreción la propia ley condiciona la procedencia de las sanciones que prevé. En tales condiciones, propongo revocar la sentencia de grado en el punto y rechazar el reclamo por las indemnizaciones previstas en el art. 8 y 15 de la LNE (conf. art. 499 Código Civil).

Sin perjuicio de lo propuesto precedentemente, cabe señalar que, al votar -en segundo lugar- en la causa "Ronconi Carlos Antonio c/ Meyl SA y otro" (SD. 95.402 del 16.11.07 del registro de esta Sala), he sostenido que, cuando en la demanda no se reclamó el incremento previsto en esa norma sino la aplicación de otras sanciones, aplicar el agravamiento previsto en el art. 1 de la ley 25.323 implicaba analizar una cuestión ajena al objeto del litigio (conf. art. 34, inc. 4), 163, inc. 6) y 277 CPCCN). También observé en dicha causa que el actor no había reclamado en forma concreta, ni siquiera subsidiariamente, el referido agravamiento, por lo que dicho rubro no integraba el objeto de esa litis. Desde esa perspectiva, estimé que, admitir su viabilidad podría implicar fallar extra petita, soslayar el principio de congruencia (cfr. art. 34, inc. 4 y 163, inc. 6, del C.P.C.C.N.); y que, por esa vía se afectaba la garantía al derecho de defensa en juicio de la contraparte (cf. art. 18 C.N.). Por otra parte, al tratarse de una cuestión que no había sido sometida a decisión del Juez de primera instancia, su consideración en esta alzada implicaba apartarse de la directiva explícita del art. 277 del CPCCN. Sin embargo, en el precedente citado, mi distinguido colega el Dr. Miguel Ángel Maza, al votar en primer lugar sostuvo que la sanción prevista en el art. 1 de la ley 25.323 no está condicionada a un requerimiento o intimación, y corresponde "...cuando se trae de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente...". También explicó que si bien el accionante no reclamó específicamente la multa del art. 1 de la ley 25.323 sino las propias de la ley 24.013, las circunstancias fácticas que brindan fundamento a ambos regímenes sancionatorios del trabajo clandestino son análogas, por lo que correspondía aplicar el principio iura novit curia, iluminando el caso verificado -contrato de trabajo clandestino- con la otra regla legal de posible aplicación (art. 1 ley 25.323); y, en tal inteligencia, propició confirmar la condena en la especie. Ante la disidencia planteada, la Dra. Graciela A. González sostuvo que si el actor reclamó un resarcimiento por trabajo clandestino con fundamento en la ley 24.013, dado que el art. 1 de la ley 25.323 contempla idéntica situación pues, sanciona el mencionado incumplimiento con el incremento de la indemnización por despido, en virtud del principio iura novit curia, correspondía condenar a la empleadora a abonar el resarcimiento que prevé este último dispositivo legal (Conf. esta Sala, in re: "Álvarez, Francisco Adrián c/ Organización J.G. S.A. s/ Despido", S.D. 93.682, del 12.08.2005; y más recientemente, in re: "Tascon, Gonzalo Justo y otro c/ Rivadavia 5353 S.A. y otro s/ despido"; S.D. 94.432 del 12.09.2006); y en virtud de estos fundamentos, adhirió a la propuesta formulada por el Dr. Miguel Ángel Maza. Como se puede observar, esta Sala, en su actual integración, sobre el tema debatido y a través del voto mayoritario coincidente de los Dres. Maza y González, entiende que resulta viable el incremento del art. 1 de la ley 25.323 cuando se reclamaron las indemnizaciones de la LNE y no se admitió la procedencia de estas últimas, a pesar de verificarse una falta o irregularidad en la registración.

En tal marco, en atención a que, en el caso de autos se acreditó la marginalidad requerida por la norma, que dicha irregularidad se mantuvo inalterada hasta el momento del despido y por razones de economía procesal y en la inteligencia de que la opinión del suscripto no ha de ser aceptada, propongo condenar a las codemandadas al pago del incremento previsto en el art. 1 de la ley 25.323 que asciende en el caso a la suma de $ 60.300.

Se agravian las codemandadas por cuanto se las condenó a hacer entrega al actor del certificado previsto en el art. 80 de la LCT. A mi entender, el agravio no puede tener favorable acogida, en virtud de que, tal como he señalado, está acreditado que la totalidad de las personas físicas y jurídicas codemandadas integraron un grupo económico que realizó maniobras de fraude, por lo que todas ellas resultan solidariamente responsables por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones emergentes del vínculo laboral que las sociedades establecieron con el actor (art.31 LCT). En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia en el punto.

El agravio deducido por la parte actora con relación al rechazo de la sanción prevista en el art. 45 de la ley 25.345, a mi entender, debe tener favorable acogida.

En orden a ello, cabe señalar que la gestión conciliatoria que se llevó a cabo ante el SECLO, es constitutiva de la requisitoria referida a la entrega del certificado, y, en el caso, adquirió virtualidad a partir de la fecha de conclusión del trámite administrativo, es decir el 24/10/07 (ver fs. 9). Indudablemente, Raffo cumplió acabadamente con el recaudo previsto en el art. 3 del decreto 146/01 reglamentario de la ley 25.345 porque, luego de haber transcurrido el plazo de 30 días corridos a contar desde la extinción del contrato sin que ninguna de las integrantes del grupo económico ni del "empleador" pluripersonal haya hecho entrega de la certificación respectiva, el trabajador a través de la actuación administrativa ante el Seclo (el 24/10/07) requirió en forma concreta el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 LCT,( conf. art. 45 de la ley 25.345), sin que las obligadas se avinieran a cumplir con la obligación a su cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores.

En consecuencia, corresponde modificar la sentencia de grado y hacer lugar a la sanción prevista en el art. 80 LCT modificado por el art. 45 ley 25.345 por la suma de $30.000 ($ 10.000 x 3).

Se agravia la parte actora por cuanto la Sra. Juez a quo concluyó que el vínculo existente entre CTI SA y CTI PCS SA (actualmente AMX Claro) correspondía a la figura del contrato de agencia comercial el cual, al ser de naturaleza empresarial, a entender de la magistrada, excluiría toda posibilidad de establecer responsabilidad solidaria en tanto no habría contratado ni subcontratado servicios que complementen su actividad normal y específica.

Ahora bien, Raffo en la demanda señaló que "también prestó servicios laborales en la gerencia de la demandada Global CC SA" y que dicha codemandada era "agente oficial de la codemandada CTI SA y CTI PCS SA". Luego de efectuar una transcripción de los art. 29 y 30 LCT (sobre los cuales fundó su reclamo de extensión de responsabilidad solidaria) y numerosa jurisprudencia que entiende aplicable al caso de autos, concluyó su reclamo en el punto afirmando que "Global CC SA se dedica a la venta de aparatos telefónicos y CTI SA y CTI PCS SA, es quien presta el servicios de línea telefónica precisamente a través de los aparatos vendidos por mi empleadora. Con ello quiero decir que si Global CC SA no vente, CTI SA y CTI PCS SA, no puede ofrecer los servicios de comunicación telefónica" (ver fs. 25 vta./27vta.).

En tales condiciones, cabe señalar liminarmente que el planteo de la parte actora dirigido a que se condene solidariamente a la codemandada CTI SA -conjuntamente con el grupo económico y sujeto empleador pluripersonal-, muestra, en primer lugar, una evidente autocontradicción, dado que los supuestos previstos en los arts. 29 y 30 de la LCT se excluyen recíprocamente.

Como es sabido, la configuración del supuesto contemplado en alguna de esas normas, excluye en forma absoluta la posibilidad de que se configure el previsto en la otra. Aunque ambas normas disponen la solidaridad en los sujetos intervinientes, lo concreto y jurídicamente relevante es que los presupuestos de hecho no son los mismos, y los alcances tampoco. Ello así por cuanto el primer supuesto (primera parte art. 29) se configura cuando el carácter de empleador es ocupado formalmente por un intermediario para que el trabajador preste tareas en una determinada empresa a quien aquél le provee personal (usuaria); con sujeción a las facultades de dirección y organización de ésta última; y, por imperio de la ley, debe considerarse empleado directo a quien utiliza la prestación. Esta situación no se verifica en el caso de autos porque, tal como he señalado, no ha sido invocado en la demanda ni probado después que el actor se haya desempeñado con sujeción a las facultades de dirección y organización de CTI SA y CTI PCS SA(actualmente AMX SA) ni en un establecimiento de ésta. En efecto, en la demanda Raffo se limitó a enunciar y solicitar la extensión de responsabilidad por la condena de autos con fundamento en el art. 29 LCT, sin sostener, en ningún caso, haberse desempeñado bajo la subordinación de CTI SA y CTI PCS SA (AMX SA), ni que ésta haya sido "usuaria" en una supuesta intermediación. Por otra parte, tampoco se aportó prueba alguna al respecto mediante la cual pueda tenerse por acreditado que Raffo se haya desempeñado bajo la subordinación directa de CTI SA y CTI PCS SA (AMX SA), ni en un establecimiento de su propiedad.

En el caso del art. 30 de la LCT, quien formalmente ocupa el carácter de empleador no es un "hombre de paja" -como normalmente ocurre en el supuesto anterior- sino que éste es un subcontratista de "trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica" propias de otro establecimiento. La diferencia -que en el caso resulta trascendental- reside en que en el supuesto contemplado en el art. 30 LCT se mantiene el carácter de empleador de quien formalmente lo presenta, y el cedente, contratista o comitente principal, sólo es responsable solidario por las obligaciones emergentes del contrato de trabajo -en el caso de darse las condiciones fácticas previstas en dicha norma-, sin asumir por ello el carácter de empleador directo del trabajador ocupado en tareas propias de la actividad o explotación cedida o subcontratada.

Si bien coincido con el recurrente que la mera circunstancia de que exista un contrato de agencia entre la codemandada Global CC SA y AMX SA (antes CTI SA y CTI PCS SA) no excluye por sí sola la posibilidad de que pudiera extenderse la responsabilidad de una a la otra, lo cierto es que, en el caso de autos, no se verifica ninguno de los supuestos previstos en el art. 30 LCT. Por lo pronto, está fuera de discusión que CTI SA y CTI PCS SA (hoy AMX SA) no cedió en forma total ni parcial un establecimiento habilitado a su nombre a Global CC SA, por lo que cabe descartar el primero de los supuestos que contempla la norma.

Por otra parte, como surge de los propios términos de la demanda, Global CC SA no fue la única sociedad que utilizó los servicios del actor; sino que, por el contrario, sólo es una integrante de un grupo económico de carácter permanente y de un empleador pluripersonal que, además de Global CC SA, están compuestos por otras sociedades que no se dedican a la actividad normal y específica propia de AMX SA.

En efecto, todas las codemandadas, en conjunto, utilizaron los servicios del actor en actividades diversas que, salvo en lo concerniente a la de Global CC SA, no son coincidentes con la propia de AMX SA. Tal como el propio Raffo denunció en la demanda se desempeñó en favor de Astilleros del Norte SA cuyo objeto -como se ha visto más arrifa- consiste en dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros a la fabricación elaboración, mantenimiento y reparación de embarcaciones, así como a su comercialización. Como también explicó Raffo se desempeñó para Consultora Cabildo SA que -como también se vio- se dedica al otorgamiento de préstamos, financiaciones, operaciones de crédito en general; y para Consultora Cabildo SH que, como quedó demostrado en estos autos, se dedica a servicios de crédito NCP y operaciones Financieras.

Además, como surge del propio relato inicial, la antigüedad y remuneración que corresponden al vínculo jurídico invocado en sustento del reclamo de autos así como las pretensiones dirigidas contra todo el grupo, exceden de las que corresponden a la extensión temporal de la relación con Global CC SA -que se integró al grupo con posterioridad al momento en el cual se estableció la relación original con otra sociedad dedicada a otra actividad- y de la parte indivisa de la retribución percibida por el actor que se relaciona con la tarea cumplida sólo para ella.

Desde esa perspectiva y dado que el actor no prestó servicios sólo en favor de Global CC SA, sino que lo hizo en forma indistinta en favor de varias sociedades integrantes de un grupo económico que actuaron en conjunto como un "empleador" pluripersonal y que varias de ellas se dedican a actividades por completo ajenas a la de AMX SA, es evidente que tampoco se verifica el segundo supuesto contemplado en el art. 30 de la LCT.

Demás está decir que la coincidencia de la actividad de Global CC SA con la de AMX SA, valorada en el contexto de una relación jurídica en la cual las otras componentes del sujeto "empleador" se dedican a otras actividades, no autoriza en modo alguno la extensión de responsabilidad que prevé el art. 30 de la LCT pues, de lo contrario, podría llegar a darse el absurdo de solidarizar a una empresa dedicada a brindar servicios de telefonía por la tarea que un trabajador también cumplió en favor de otras dedicadas a otorgar créditos o financiaciones o al armado o reparación de embarcaciones en una extensión temporal diferente y con una retribución que contempla la actividad desplegada en favor de todas.

En tales condiciones, mas por los fundamentos precedentemente expuestos propongo confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó íntegramente la demanda dirigida contra CTI SA y CTI PCS SA -hoy AMX SA- (conf. art. 499 Código Civil).

Se agravia la parte actora por cuanto la Sra. Juez a quo impuso las costas de anterior instancia por la acción dirigida contra CTI SA y CTI PCS SA (hoy AMX SA) a su cargo.

Si bien el art. 68 del CPCCN establece la regla básica de aplicación derivada del principio objetivo de la derrota, también habilita al juzgador a examinar si la eventual razón fundada que pudo tener el pretendiente para promover la acción justifica apartarse de dicho principio rector. Desde esa perspectiva, cabe puntualizar que la especial naturaleza del tema debatido en estos autos, pudo haber llevado al accionante a considerarse asistido de mejor derecho con respecto a CTI SA y CTI PCS SA (hoy AMX SA); por lo que estimo equitativo modificar la sentencia de anterior instancias e imponer las costas de ambas instancias relacionadas con la acción dirigida contra dicha codemandada en el orden causado (art. 68 2do. Párrafo CPCCN).

En atención a la forma en que propongo se impongan las costas de anterior instancia por la acción dirigida contra CTI SA y CTI PCS SA (hoy AMX SA); la parte actora carece de interés recursivo para apelar los honorarios regulados en favor de la representación y patrocinio letrado de dicha codemandada.

De acuerdo con todo lo que llevo dicho, corresponde modificar la sentencia de anterior instancia y reducir el monto de condena a la suma de $ 274.403,81 ($ 575.783,37 monto de condena sentencia anterior menos la suma de $ 90.000 determinada en la sentencia anterior en concepto de indemnización por antigüedad art. 245 LCT; menos la de $ 56.639,78 determinada en la sentencia anterior en concepto de incremento art. 2 ley 25.323; menos la de $ 264.000 determinada en la sentencia anterior en concepto de indemnización art. 8 LNE; menos la de $ 113.279,56 determinada en la sentencia anterior en concepto de duplicación prevista en el art. 15 LNE; más la de $ 60.300 que propicio reconocer en concepto de indemnización por antigüedad art. 245 LCT; más la de $ 60.300 que propuse admitir en concepto de incremento del art. 1 de la ley 25.323; más la de $ 41.789,78 que propuse reconocer en concepto de incremento art. 2 ley 25.323; más la de $ 30.150 que propicié viabilizar en concepto de agravamiento previsto en el art. 4 ley 25.972; y más la de $ 30.000 que también propicié admitir en concepto de indemnización art 80 LCT); con más los intereses dispuestos en la sentencia de anterior instancia.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, se debe adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver las apelaciones respecto de la acción dirigida contra Consultora Cabildo SH, Consultora Cabildo SA, Global CC SA, Astilleros del Norte SA, Sergio Hugo Sinistri, María Cristina Páez, Ana María Sinistri de Bassi y María Cristina Volante Páez; lo cual torna abstracto los planteos en torno a la imposición de costas y las regulaciones de honorarios.

En orden a ello, reiteradamente he sostenido que, en los supuestos en los que la demanda prospera parcialmente, aquéllas deben ser distribuidas en la forma que prevé el art. 71 del CPCCN pues, aún cuando puede considerarse que el demandante se vio obligado a litigar, ello es exacto únicamente en relación con la porción admitida de su reclamo; por lo que no habría fundamento objetivo para que quien sólo en parte es vencedor resulte eximido de las costas y éstas sean íntegramente soportadas por quien también obtuvo una victoria parcial (cfr. esta Sala, S.D. Nº 72.160, del 26/10/93 in re "Soria, Carlos D. C/ Butomi SRL"; y S.D. Nº 99.042 del 18/3/11 in re "Richter María Teresa c/ Nodel & Asociados SRL y otro s/ despido"). En orden a ello, y habida cuenta que la imposición de costas no responde necesariamente a una cuestión aritmética sino que debe contemplar también la importancia de los rubros que progresan, estimo que corresponde imponer las costas de ambas instancias en un 80% a cargo de las codemandadas Consultora Cabildo SH, Consultora Cabildo SA, Global CC SA, Astilleros del Norte SA, Sergio Hugo Sinistri, María Cristina Páez, Ana María Sinistri de Bassi y María Cristina Volante Páez en forma solidaria; y en un 20% a cargo del accionante.

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la LO y del dec. 16.638/57, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora el 16%; los de la representación y patrocinio de las codemandadas Consultora Cabildo SH, Consultora Cabildo SA, Global CC SA, Astilleros del Norte SA -en conjunto- el 12%; los de la representación y patrocinio letrado de las codemandadas Sergio Hugo Sinistri, María Cristina Páez, Ana María Sinistri de Bassi y María Cristina Volante Páez -en conjunto- el 12%; y de la perito contadora en el 6% respectivamente, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art.132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena -capital e intereses- pues considero que dicho importe refleja razonablemente el valor económico razonablemente involucrado en este pleito (conf. C.S.J.N., Sent. del 31/10/2006 en autos "Romero S.A. s/ quiebra s/ incidente de revisión p/ fisco Nacional D.G.I.").

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia propongo que se regulen los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 25%; los de la representación y patrocinio de las codemandadas Consultora Cabildo SH, Consultora Cabildo SA, Global CC SA, Astilleros del Norte SA, Sergio Hugo Sinistri, María Cristina Páez, Ana María Sinistri de Bassi y María Cristina Volante Páez -en conjunto- en el 28%; y los de la representación y patrocinio letrado de la codemandada AMX SA en el 30%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por lo actuado en la instancia anterior.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos. Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de anterior instancia respecto de la acción dirigida contra Consultora Cabildo SH, Consultora Cabildo SA, Global CC SA, Astilleros del Norte SA, Sergio Hugo Sinistri, María Cristina Páez, Ana María Sinistri de Bassi y María Cristina Volante Páez, y reducir el monto diferido a condena contra las mencionadas codemandadas a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS ($ 274.403,81), con más los intereses dispuestos en la sentencia de anterior instancia; 2) Confirmar la sentencia de anterior instancia en cuanto rechazó la demanda dirigida contra CTI SA y CTI PCS SA (hoy AMX SA), con excepción de lo dispuesto en materia de costas que, con respecto a dicha acción se imponen en el orden causado en ambas instancias; 3) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios por la acción dirigida contra Consultora Cabildo SH, Consultora Cabildo SA, Global CC SA, Astilleros del Norte SA, Sergio Hugo Sinistri, María Cristina Páez, Ana María Sinistri de Bassi y María Cristina Volante Páez; 4) Imponer las costas de ambas instancias por la acción dirigida contra las codemandadas Consultora Cabildo SH, Consultora Cabildo SA, Global CC SA, Astilleros del Norte SA, Sergio Hugo Sinistri, María Cristina Páez, Ana María Sinistri de Bassi y María Cristina Volante Páez en un 80% a cargo de éstas en forma solidaria; y en un 20% a cargo del accionante; 5) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 16%; de la representación y patrocinio letrado de las codemandadas Consultora Cabildo SH, Consultora Cabildo SA, Global CC SA, Astilleros del Norte SA -en conjunto- en el 12%; de la representación y patrocinio letrado de las codemandadas Sergio Hugo Sinistri, María Cristina Páez, Ana María Sinistri de Bassi y María Cristina Volante Páez -en conjunto- en el 12%; y de la perito contadora en el 6%, sobre el monto total de condena -capital más intereses-; 6) Por los trabajos realizados ante esta Alzada, regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 25%; de la representación y patrocinio letrado de las codemandadas Consultora Cabildo SH, Consultora Cabildo SA, Global CC SA, Astilleros del Norte SA, Sergio Hugo Sinistri, María Cristina Páez, Ana María Sinistri de Bassi y María Cristina Volante Páez -en conjunto- en el 28%; y los de la representación y patrocinio letrado de la codemandada AMX SA, en el 30%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González Miguel Ángel Pirolo Juez de Cámara Juez de Cámara Nap