Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-03


Buenos Aires, 3de mayo de 2006.

Visto: el expediente citado en el epígrafe, resulta:

1. El 3 de febrero de 2006 la Sra. controladora de faltas a cargo de la unidad nro. 24, ofició al Fiscal General Adjunto con motivo del acta de infracción N 2-00929126, "a fin de poner en su conocimiento que el responsable del local sito en Velazco 996 de esta Capital, habilitado como hotel, ha obstruido la inspección al lugar". En razón de lo expuesto "solicit[ó] al Fiscal Contravencional en turno de la zona que corresponda una orden de allanamiento a los fines de realizar la debida inspección, que se hará coordinadamente con la Dirección General de Fiscalización y Control" (ver fs. 3/5) Remitidas las actuaciones a la Fiscalía en lo Contravencional y de faltas n° 7 (fs. 2), su titular pidió a la Mesa de Entradas de la cámara del fuero la desinsaculación del "juzgado que deberá realizar la diligencia peticionada" (fs. 5), asignación que recayó en el juzgado CyF n° 19.(fs. 7) 2 . El 13/2/2006 el juez contravencional y de faltas nro. 19 (fs. 8) declaró su incompetencia y decidió remitir las actuaciones al fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Sostuvo a esos efectos que la medida se requería para "obtener el ingreso de representantes de la administración a un inmueble habilitado como hotel a fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente, es decir, el Gobierno de la Ciudad a través del organismo pertinente pretende ejercer el poder de policía que la ciudad le ha otorgado...", y citó la doctrina del Tribunal en el precedente "GCBA c/ propietario u ocupante inmueble C. Arenal 4612 UF 1 y 3 s/ otras causas donde la autoridad administrativa es actora s/ conflicto de competencia", Expte. n° 3416/04.

3. Recibido el expediente en el juzgado CAyT n° 12, y previa intervención del señor Fiscal CAyT n° 2 que propugnó la competencia del fuero contravencional por considerar que se "procura la obtención de una orden de allanamiento para realizar una inspección, y no se trata de ejecutar un acto administrativo dictado en ejercicio de policía administrativa" (fs. 12), la señora juez titular del citado tribunal se remitió a los argumentos del dictamen fiscal, se declaró incompetente y devolvió los autos al fuero Contravencional y de Faltas (fs. 13).

4. A fs. 22, el magistrado previniente consideró que "en virtud de las constancias obrantes en autos no parece surgir la urgencia en la medida solicitada, y resolvió "no hacer lugar de momento al pedido de allanamiento solicitado ... por la Controladora Administrativas n° 24 de la UACF... dar por trabada la cuestión de competencia ... y, en consecuencia, remitir las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que dirima el conflicto..." 5. El Fiscal General Adjunto dictaminó a fs. 30/31 que es competente el juzgado en lo contravencional y de faltas nro. 19 por considerar que el acto jurisdiccional por medio del cual se rechazó el allanamiento en cuestión tuvo por "virtualidad fijar la competencia de dicho fuero para entender en estas actuaciones".

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. En oportunidad de emitir mi voto en el expediente n° 4514/06 "GCBA s/ solicitud de allanamiento en Tucumán 2889, PB 1º, 2º, 3º y 4º s/ conflicto de competencia", resolución del 15/3/2006, me referí en profundidad acerca de los criterios que deben tenerse en cuenta para resolver conflictos negativos de competencia trabados entre los juzgados en lo Contravencional y de Faltas y los del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, en orden a los pedidos de allanamiento instados por la administración.

Allí sostuve, en lo que ahora importa, que los allanamientos según las finalidades y competencias que aparezcan involucradas en cada pedido, pueden ser dispuestos por dos vías distintas que corresponderán respectivamente al fuero Contravencional y de Faltas o al Contencioso Administrativo y Tributario. Para distinguirlas se debe determinar si el allanamiento tiene por objeto que una autoridad judicial reúna prueba a fin de constatar una posible infracción al régimen de faltas o intenta ejecutar un acto que exige intervención judicial, distinto de la constatación de una falta, aun cuando de él pueda surgir la prueba de su comisión.

2. En el sub examine los elementos de juicio obrantes en la causa para resolver el conflicto de competencia planteado, a la luz de los criterios aludidos, son de momento insuficientes (no hay copia de la actuación administrativa que culmina con la intervención de la UACF). La orden de allanamiento fue pedida al Fiscal Contravencional por obstrucción de inspección (conducta penada por el régimen de faltas en el art. 9.1.1), pero se agregó que la medida en cuestión se solicitaba "a los fines de realizar la debida inspección, que se hará coordinadamente con la Dirección General de Fiscalización y Control" (fs. 3).

En tal contexto, haber dirigido el pedido de allanamiento, a través de la UACF, al fuero Contravencional y de Faltas en relación con la obstrucción denunciada impondría la necesidad de atribuir competencia a ese fuero para que decida acerca de la procedencia de la medida requerida orientada, por regla, a colectar prueba vinculada con la falta denunciada cuya verificación y sanción, en definitiva, quedará sujeta al control del propio fuero Contravencional a instancia del infractor. Por otro lado, la ausencia de invocación, en el pedido de allanamiento, de acto alguno emanado de la administración tornaría injustificada la intervención del fuero Contencioso Administrativo y Tributario (cf. mi voto in re "GCBA s/ solicitud de allanamiento en Tucumán 2889..." ya citado).

3. Sentado lo anterior corresponde señalar que el juez contravencional rechazó el pedido de allanamiento. A esta altura, entonces, la pretensión articulada quedó resuelta por el magistrado competente. Ello sin perjuicio de lo que pudiera corresponder si la actividad futura de la Administración modifica la base tenida en cuenta para resolver.

En atención a que la competencia debe decidirse en función de los elementos colectados en el expediente y ante la indeterminación apuntada, me inclino -de conformidad con la doctrina sentada por el Tribunal en "Digur SA c/ GCBA s/amparo (art. 14, CCABA) s/ conflicto de competencia", resolución del 2/4/2004, en lo que es aplicable- por atribuir la competencia al juez que previno, esto es, al señor magistrado en lo Contravencional y de Faltas n° 19, a quien deberá devolverse las actuaciones a sus efectos.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Comparto la solución del Sr. juez de trámite por los fundamentos que expusiera en mis votos en los precedentes "Solicitud de allanamiento de inmueble Hernandarias 1317 CABA por presunta infracción artículo 54 CC s/ conflicto de competencia", expte. nro. 4498, resolución del 13 de marzo de 2006 y "GCBA s/ solicitud de allanamiento en Tucumán 2889 PB 1°, 2°, 3° y 4° s/ conflicto de competencia", expte. nro. 4514, resolución del 15 de marzo de 2006.

Los jueces Ana María Conde y José Osvaldo Casás dijeron:

Coincidimos con la solución propiciada por los jueces preopinantes y con los fundamentos concordantes del Fiscal General Adjunto (fs. 30/31). En efecto, en este caso, se impone asignar competencia al Juzgado Contravencional y de Faltas nro. 19 que previno y a los efectos que allí se crean convenientes. Ello así, por cuanto, la solicitud de allanamiento que nos convoca reconoce su origen en la presunta infracción al régimen de faltas ("obstrucción de inspección" prevista en el art. 9.1.1, de la ley nro. 451) y fue demandada en el marco de un sumario administrativo que tramita ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas, el que, por cierto, podrá ser examinado por el magistrado previniente, si esa fuera la voluntad del administrado. Cabe tener presente, además, que el allanamiento ha sido rechazado con carácter previo por ese tribunal, y que el objeto concreto de la petición expresada por la administración, en principio, se habría agotado con tal pronunciamiento; sin perjuicio de los futuros allanamientos que pudieran recaer sobre el inmueble de marras.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Quiero advertir acerca de la opinión que he dado al votar en la causa "Alberti, Solange Herminia c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA) s/ conflicto de competencia" (expte. n° 2128/03, resolución del 03/03/03), opinión que he reiterado en sentencias posteriores. Ella sólo acepta resolver las cuestiones de competencia entre tribunales de mérito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una cuestión menor, que no ha sido establecida para el Tribunal como competencia constitucional, y que éste sólo toma a su cargo por razones prácticas -básicamente, "(...) en homenaje a la necesidad de conceder a los ciudadanos un acceso verdadero a los órganos judiciales para plantear sus problemas, tengan o no tengan razón (...)" (cf. causa "Alberti", punto 1 de mi voto)-.

2. No resulta clara en la legislación local la división entre el Derecho de faltas, el procedimiento administrativo sancionatorio y el ejercicio de poder de policía por parte de la Administración. Buscar un límite exacto, una línea divisoria que quizá no exista, pues es posible concebir cierta competencia compartida o genérica, y desperdiciar en ello tiempo y esfuerzo dignos de mejor tarea, me parece irracional. En este caso, el juez que previno decidió pronunciarse sobre la razón del requerimiento efectuado por la Administración, puesto que "llegados a este punto y sin que ello implique la asunción de la competencia declinada por mi colega, es que estimo corresponde, en tanto este juzgado ha sido el primero en prevenir, resolver la medida solicitada" (cf. fs. 24). A tal efecto, el juez en lo contravencional y de faltas decidió "no hacer lugar de momento al pedido de allanamiento solicitado por la Dra. Mariana P. Tognetti, Controladora Administrativa n° 24 de la UACF" (cf. fs. 24 vuelta). Con estas actuaciones se agotó toda intervención judicial en el marco del pedido en cuestión, puesto que ello ocurre tanto cuando la solicitud es concedida en favor de la Administración (cf. mi voto in re "Solicitud de allanamiento de inmueble Hernandarias 1317 CABA por presunta infracción artículo 54, CC s/ conflicto de competencia", expte. n° 4498/05, sentencia del 13/03/06) como cuando el juez requerido rechaza esa concesión (cf. mi voto en la causa "GCBA s/ solicitud de allanamiento en Tucumán 2889, PB 1°, 2°, 3° y 4° s/ conflicto de competencia", expte. n° 4514/06, resolución del 15/03/06).

3. Con todo ello quiero decir que la difícil cuestión a resolver en la legislación local acerca de quien tiene competencia judicial para intervenir en cuestiones reguladas por el Derecho de faltas, o por el Derecho administrativo sancionatorio, o bien, en caso de que la Administración pretenda ejercer su poder de policía, así como también el problema atinente a cuál es la línea divisoria entre las categorías mencionadas, aquí no se presentan. Me parece correcto que, más allá de toda controversia, la Administración se someta a la decisión judicial local para allanar una finca o morada por cualquier motivo, motivo que deberá ser analizado por el juez que previno, sin dilaciones o con carácter urgente -carácter que parece eliminar, en lo posible, todo conflicto de competencia-, como ha sucedido en el caso bajo análisis. Por lo demás, en procesos de naturaleza análoga (aunque con matices), el Tribunal ha convalidado el criterio propuesto en este voto (entre otros, "Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria c/ Propietario local Av. Gral. Paz 10.634, 4° 406 s/ Aut. Adm. Actora -otros-" en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. III, p. 192 y ss.), así como también, por mi parte, he reiterado esta solución en el marco de procedimientos urgentes, como ser en la causa "Alberti" (ya citada).

4. Puesto que resulta claro que con la decisión de fs. 24/24 vta. finaliza toda intervención del Poder Judicial local en el caso concreto que analizamos, voto por devolverle los autos al juez en lo contravencional y de faltas que previno, con el objeto de que él archive estas actuaciones.

Por ello, y oído lo dictaminado por el señor Fiscal General Adjunto, El Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1º. Declarar la competencia del juzgado en lo Contravencional y de Faltas n° 19 para conocer en este expediente.

2º. Mandar que se registre, se notifique, se ponga en conocimiento de la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nro. 12 y se remita el proceso al juzgado declarado competente, a sus efectos.