marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia contencioso administrativa, recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Andreoli, José María y otros c/ Provincia de Santa Fe y Caja de Jubilaciones y Pensiones s/ Avocación (Artículo 2, Ley 11330). Acción mere declarativa de   Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº 640-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-23

En supuestos en los que las cuestiones debatidas revisten indudable interés institucional, corresponde relativizar el control de admisibilidad del proceso específicamente instaurado por el ordenamiento jurídico para el juzgamiento de la materia contencioso administrativa (ley 11330), particularmente en los aspectos vinculados a la vía administrativa previa y, en su caso, al objeto de impugnación. En la disyuntiva entre el riesgo de obstaculizar el acceso a la jurisdicción y el de admitir desplazamientos de competencia que distorsionarían o derechamente violarían el mandato constitucional, dicha decisión es la que -a criterio de esta Corte- mejor se adecua a las distintas exigencias constitucionales en juego.
Principio de congruencia, requerimiento fiscal, escala penal, pena privativa de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: Punzano, Martín Sebastián c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-08

Sabido es que el principio de congruencia expresa como regla que la sentencia sólo se debe expedir sobre el hecho y las circunstancias que contiene la acusación, por las cuales ha sido intimado el acusado y, por consiguiente, sobre aquellos elementos de la imputación acerca de los cuales ha tenido oportunidad de ser oído. De la lectura de las actuaciones se advierte que el tribunal dio por probado la misma base fáctica que la parte acusatoria. El cambio de rol que le adjudicó al imputado en el sentido apuntado por la defensa no implicó una modificación de la base fáctica en relación al contenido del requerimiento fiscal y los alegatos del acusador público durante la audiencia de debate. Tampoco esa variación en la participación implicó una variación en el quantum punitivo, ya que la participación a título de autor como de partícipe necesario aparece conminada con la misma escala de pena privativa de la libertad.
Tenencia de armas, portación de armas
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de prisión preventiva en: 'CN 8891/11 Cabanillas, Jorge Alberto s/ infr. art. 189 bis CP'". competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de prisión preventiva en: 'CN 8891/11 Cabanillas, Jorge Alberto s/ infr. art. 189 bis CP'".
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-03

Basta con que una persona posea un "arma de fuego", sin la debida autorización legal, para que se configure el delito de tenencia, y el peligro que se busca evitar es uno anterior al de la "portación"; es decir, una cosa es tener un arma y otra es tenerla en condiciones de ser utilizada en forma inmediata. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Asociaciones sindicales, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de trabajo y seguridad social c/ Unión de trabajadores deportivos y civiles s/ ley de Asoc. Sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-18

Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia "la aptitud jurisdiccional de la C.N.A.T., según se desprende del diseño que prevé la ley 23551 en su art. 61, abarca a las resoluciones definitivas de la autoridad administrativa del trabajo en materia regulada por dicha ley y en lo vinculado a la vida interna de las asociaciones sindicales y no en lo concerniente a aspectos típicos de la negociación colectiva (ley 14250), ya sea que estos hagan a la interpretación de la propia normativa convencional o a la conformación de la comisión negociadora". Por ende, corresponde desestimar la queja formulada por la Asociación de Trabajadores con sustento en el art. 62 inc b) y e) de la ley 23551 cuestionando la composición de la comisión negociadora para la renovación de un C.C.T. en el ámbito de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Prov. de Bs. As., en tanto la temática recursiva versa sobre una cuestión ajena a la competencia originaria de esta C.N.A.T., según lo previsto por los arts. 61 y 62 ley 23551.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, recurso de rescisión, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: FABRIZI, ALDO ALBERO c/ HORST S.R.L. Y/O HORACIO LUIS HORST s/ Cobro de pesos - Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

El autor del Código Procesal Laboral si bien acepta la impugnación de la sentencia dictada con indefensión inimputable por iguales causales de procedencia que el recurso de rescisión (art. 84 C.P.C.C.), esto es: a) la nulidad del emplazamiento; b) la acreditación de la falta de comparecencia, por causa de fuerza mayor ó por no haber tenido conocimiento del pleito, remite al marco genérico de las nulidades por ineficacia de los actos procesales, aún para el supuesto en que la causa obstativa no se refiera a ninguna irregularidad intra proceso sino a causas externas al mismo como la fuerza mayor y la falta de conocimiento del pleito. La contradicción entre ambas conclusiones es sólo aparente dado que el legislador laboral, al igual que el civil, sólo pretende evitar la sentencia intrínsecamente injusta por el vicio de la indefensión, equiparando ambas hipótesis (nulidad por fraude y fuerza mayor ó falta de conocimiento) en cuanto a un igual tratamiento como causales de indefensión, aún cuando su naturaleza jurídica sea distinta. (Del Voto de la Dra. Belloti de Podestá) En el caso, la cuestion a resolver era la procedencia de la aplicación del recurso de rescisión en el procedimiento laboral.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, resolución denegatoria, accidente de tránsito, prioridad de paso, violación al deber de cuidado, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: P., R. F. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - HOMICIDIO  Y LESIONES CULPOSAS (EXPTE.: NRO. 540 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-11

Corresponde rechazar la queja fundada en la supuesta aplicación retroactiva de la ley 24.449, toda vez que en el auto denegatorio se aprecia que el Tribunal "a quo" no aplicó esa norma posterior sino que- con detenido desarrollo- afirma la vigencia de la regla de prioridad que corresponde como integradora del tipo objetivo culposo en la determinación del deber de cuidado exigible", y realizando un pormenorizado análisis sobre la postura doctrinaria y jurisprudencial y sostuvo que este principio "...no se puede relativizar por el preciso momento de arribo a las encrucijadas.

La jurisprudencia que así lo hizo y convirtió a la prioridad en una disputa sobre quien la gana arribando primero, ha llevado a una tergiversación del cuidado debido, fomentando el aumento del riesgo en las encrucijadas y provocando con ello un efecto criminógeno".

Por tanto, si la Cámara analizó las pruebas colectadas y explicitó su razonamiento para arribar a la conclusión condenatoria, su pronunciamiento adquiere validez y se ajusta a la exigencia constitucional de motivación de los fallos judiciales (art. 95 de la Constitución de Santa Fe), toda vez que es una resolución razonable y objetiva que analiza los hechos y el derecho aplicables en el caso, sin que el quejoso haya podido rebatir o poner de resalto de qué modo faltó a ese razonamiento o incurrió en un análisis erróneo. (De la Disidencia del Dr. Strada)
Seguros, seguro de daños patrimoniales, automotores
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lobosco, Carina Verónica y otros  c/ Paraná SA de Seguros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-08

Procede confirmar la resolución que condenó a la aseguradora a abonar 100% de la indemnización a la actora por el simple hecho de ser "asegurada". Ello por cuanto, si la aseguradora contrató el seguro con quien se presentó como poseedor del vehículo y no exigió que el tomador fuera el titular dominial del mismo, no puede luego pretender para hacer efectivo el pago de la indemnización una vez acaecido el siniestro, el cumplimiento de un recaudo que no estimó necesario al momento de formalizar el contrato, pues admitir tal tesitura implicaría para el asegurado ver frustrada su expectativa de cobro luego de haber abonado las primas, configurándose un enriquecimiento sin causa a favor del asegurador (conf. CNCom, esta Sala, "Battistin Ángel Ricardo c/ El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija SA s/ ordinario", del 19/4/11; íd., "Sosa María Esther c/ Seguros Bernardino Rivadacia Coop. LTDA. s/ ordinario", del 11/08/11, entre otros, con cita de CNCom, Sala C, "Felici, J. c/ Suizo Argentina Cía. de Seg.", del 23/8/94, publicado en LL 1995-B, 271; CNCom, Sala A, in re: "Israel Wasench E. c/ St. Paul Argentina Cía de Seg.", del 17/10/03, publicado en LL 2004-C, 476). Así, no puede soslayarse que "la compañía demandada en el ejercicio diligente de su profesión debió, a todo evento, corroborar la documentación pertinente para la celebración del pacto (CCIV 901) si consideraba relevante para otorgar la cobertura cuál era el alcance de la titularidad dominial de la requirente" (conf. CNCom, esta Sala, "Battistin Ángel Ricardo c/ El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija SA s/ ordinario", del 19/4/11; íd., "Sosa María Esther c/ Seguros Bernardino Rivadacia Coop. LTDA. s/ ordinario", del 11/08/11; íd. "Gutierrez, Rodrigo Alberto c/ Federación Patronal Seguros SA s/ ordinario", del 06/12/12).
Solicitud de marca, nulidad de la solicitud
Materia: COMERCIAL
Carátula: BENCHOAN, DAVID c/ BAZAR TOKIO SRL s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

La solicitud marcaria es un acto jurídico unilateral que produce algunos efectos en si (por ejemplo, la prelación que preve el art. 8 de la ley citada), pero que requiere de una decisión administrativa para que obtenga la plenitud de los efectos propios.

Por lo tanto, como principio, solo el registro -que confiere al solicitante la titularidad del derecho marcario-, es susceptible de una acción de nulidad. Antes de la registración existe una pura expectativa y, por lo tanto, resulta prematura la acción de nulidad que se deduce antes del pronunciamiento de la autoridad administrativa.
Procedimiento administrativo, plazos administrativos, prórroga del plazo, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NOVAL MARIO JOSE c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-18

Todos los términos del procedimiento administrativo -sin perjuicio de lo que corresponda para la interposición de recursos- que fueran establecidos por las normas vigentes para los particulares, son prorrogables, e incluso ha de considerarse limitada la facultad de negar las prórrogas (Ver Procedimiento Administrativo, Obra Colectiva. Agustín Gordillo, Director, Lexis Nexis; Depalma, p. 28).

Por lo demás, coinciden Cassagne y Gordillo en que la Administración puede disponer la prórroga tanto antes de operarse el vencimiento como así también después (Juan Carlos Cassagne, Derecho Administrativo, Séptima ed. p. 552; Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo", t. 4, ed. 2000, p. VIII-10).
Adopción, concubinato, matrimonio en fraude a la ley argentina
Materia: CIVIL
Carátula: M.S.O. s/ ADOPCION - HIJOS MATRIMONIALES DEL CONCUBINO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-03

No procede mantener la doctrina del Plenario/ "G., M.F.

s/adopción plena", de fecha 31 de marzo de 1980.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, obligaciones del asegurado, daño emergente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PEÑA LUIS MARIA c/ CAJA DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-21

Corresponde hacer lugar a una demanda por daño emergente toda vez que teniendo en cuenta que la obligación de la aseguradora era la de reponer un vehículo 0 km y que ésta no se cumplió, el perjuicio ocasionado se encuentra acreditado, siendo por ello razonable fijar el monto por este rubro en el valor que dicha unidad posea. Sin embargo, habiendo la aseguradora depositado judicialmente una suma en concepto de pago que comprendía el capital asegurado con más sus intereses calculados a la fecha del siniestro, y al ser dicha suma percibida por el actor, debe tomarse el valor del rodado a la fecha en que éste retiró el dinero depositado en pago, debido a que en aquel entonces esa suma representó un porcentaje mayor del valor del rodado al que en la actualidad implicaría. De lo contrario, admitir el precio de mercado a la fecha de hoy, sumado al devengamiento de réditos provocaría un indebido enriquecimiento sin causa del actor.
Indemnización tarifada, acumulación de indemnizaciones, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rampazzo, María Fernanda c/ Municipalidad de Chascomús s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-18

Si bien es cierto que la accionante dirigió ambas demandas contra los mismos sujetos y con sustento en la misma causa (el accidente de trabajo que alega haber padecido), el objeto reclamado en uno y otro caso son sustancialmente distintos, como asimismo lo son los presupuestos fácticos indispensables para configurar la responsabilidad de las demandadas en relación a cada una de las referidas pretensiones.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la materia, cuestión federal, puertos, acción de amparo, Reglamento Provisorio de Trabajo Portuario
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Sindicato Unidos Portuarios Arg. (SUPA.) - Pto. La Plata. c/ Dow Química Argentina  S.A. s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

Es competente el juez federal para conocer en la acción de amparo entablada por un sindicato contra una empresa, a fin de que se le ordene el cese en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 16, a del "Reglamento provisorio de trabajo portuario " (ley 21.429) y 2x de la disposición 18/77 de la Capitanía General de Puertos, en cuanto establecen que la tarea de carga y descarga en la zona portuaria sólo puede ser ejecutada por estibadores.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Monzón, Carlos s/ Homicidio Prendel, Mario Rubén s/ Homicidio Villanueva, Eduardo Gregorio s/ Homicidio Salto, Inocencio Ismael s/ Homicidio Garritano, Luis Alberto s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18|1996-06-21|1991-04-09|1997-02-04|1997-02-25

En el momento procesal del art. 271 "las consecuencias jurídicas que resultaren de la denegación" todavía no se han producido y la consabida fundamentación sólo podría desarrollarse debidamente adivinando lo que luego resolverá la Cámara -en función de la amplitud probatoria establecida en el veredicto y en la sentencia;

tan grave incongruencia legal no media entendiéndose que las razones del reclamante tienen adecuado lugar en la fundamentación de los recursos extraordinarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aumento de cuota alimentaria, alimentado de escasos recursos
Materia: CIVIL
Carátula: C., V. S. c/ R., G. D. s/ medidas urgentes (art. 21 inc. 4 ley 7676) - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-04-10

Corresponde hacer lugar al aumento de la cuota alimentaria a favor de un menor de edad, y a cargo del progenitor no conviviente, pues resulta indudable, sin necesidad de incorporar prueba que así lo acredite, que la mayor edad del alimentado, quien ha ingresado a la instrucción primaria, sumado al aumento del costo de vida, autoriza a inferir la existencia de nuevas necesidades a cubrir por la sola circunstancia del natural crecimiento y desarrollo, y no es una presunción dogmática sino que tiene su razón de ser en el aumento de las necesidades (alimentación, vestimenta, educación, vida social, entre otras).
Medidas preparatorias, plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/ Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos "Siliban, Daniel Omar s/ 189 bis - portación de arma de fuego de uso civil"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

El argumento del recurrente apoyado en que la calificación jurídica del hecho imputado fue modificada luego de la intimación, no guarda genuina relación con lo que aquí se debate: cómo computar el plazo disponible. Si hubo nuevas calificaciones jurídicas, es un derecho del imputado y una condición de validez de la investigación su eficaz y oportuna intimación, pero eso no implica alteración alguna de los plazos disponibles para la investigación del hecho por el que ya se formalizó una acusación. Por otra parte, la normativa establece prórrogas que no fueron solicitadas. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Guapa, Miguel Angel c/ Politec S.R.L. s/ Cobro indemnizaciones por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-02

Producido el accidente de trabajo por la actuación de las cosas de propiedad o guarda del empleador capaces de engendrar un peligro -en su conexión con diversos factores: peculiaridad de las tareas realizadas y modalidad de su desempeño- en el que se encuentra comprendido el daño sufrido por la víctima y no habiéndose acreditado por la demandada una causa de perjuicio diferente a la del riesgo creado, ésto es que la conducta del trabajador haya generado causal o concausalmente el infortunio, el principal es responsable por los daños según lo normado por el art. 1113, segunda parte in fine del Código Civil.
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, prueba
Materia: BANCARIO
Carátula: Duarte Oscar J. y otra c/ B.C.R.A. s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-06

Esta Sala ha sostenido con anterioridad que, ante la falta de registraciones contables de las operaciones y la situación irregular de la entidad financiera depositaria, aparecía razonable el reconocimiento al B.C.R.A. del derecho a requerir a quien invoca un crédito la prueba de la verosimilitud de su derecho a través de la acreditación del efectivo ingreso del dinero a la entidad, o la posibilidad cierta de tener la disponibilidad monetaria de hacerlo o, en todo caso, destruir la presunción que pudiera haber nacido de que los documentos con que pretende prevalerse se está escondiendo una operación no permitida o no alcanzada por la garantía legal (7/4/89, "De Seta Juan C. c/ B.C.R.A."; 16/9/94, "Osuna Edmundo c/ B.C.R.A.", en La Ley, diario del 30/6/95, entre otros). (Del voto del Juez Galli).
Proceso penal, prescripción, interrupción del plazo
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Leiva Daza de Fernández, Azucena del Valle s/ Recurso Extraordinario deducido en Expte. Corte Nº 66/07: Recurso de Revisión en causa Nº 97/00: Barroso, Norma del Valle; Pérez, Oscar Aníbal; Barroso, María Angélica; Barroso, Anita del Carmen; Fernández, Azucena del Valle Leiva Daza de y otros - Enriquecimiento de Funcionario Público y Falsificación material de Documento Público en concurso Ideal con fraude a la Administración Pública en Grado de Tentativa, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-11

La interrupción del plazo de prescripción penal requiere, como presupuesto indispensable, que la acción subsista, y las causales de interrupción sólo pueden operar desde la comisión del hecho ilícito hasta la sentencia firme.

Por ende, tanto el viejo como el nuevo ordenamiento impuesto por la ley 25.990 resultan inaplicables en causas en la que la acción ya ha fenecido con el dictado de la condena y su calidad de firme.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, apartamiento de las constancias de la causa, Poder Judicial Provincial, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Mai de Alegre, María Lidia c/ Poder  Judicial  de  la  Provincia del Chaco y/o Provincia  del Chaco s/ demanda contenciosoadministrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Si bien, en principio, lo atinente a las facultades de los tribunales provinciales, al alcance de su jurisdicción y a la forma en que ejercen su ministerio - regulado por normas constitucionales y leyes locales - es materia que no puede reverse en la instancia del art. 14 de la ley 48, tal regla reconoce excepción cuando la decisión respectiva se aparta notablemente de las constancias de la causa y de los términos de la litis, con menoscabo del derecho de defensa del justiciable garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional.
Decreto de necesidad y urgencia, empleados públicos, remuneración, reducción salarial, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-02

La posibilidad de eliminar total o parcialmente el ajuste establecido por el decreto 290/95 a medida que se superen las causas que le dieron origen (art. 25), permite atenuar las reducciones de un modo general o bien eximir sólo al personal que el Poder Ejecutivo considere conveniente para el mejor funcionamiento del Estado, por lo que tal disposición no evidencia, en sí, un vicio de persecución o indebido privilegio a sector alguno (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, tribunales de instancia única, responsabilidad extracontractual, juicio, codemandado
Materia: CIVIL
Carátula: CAPPELANO, ANTONIO c/ MIGUEL, MANUEL ERNESTO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD    EXPEDIENTE N. 505/91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-08

Deviene inadmisible el recurso de inconstitucionalidad intentado basado en el cuestionamiento a la hermenéutica que ha efectuado la Sala respecto de la responsabilidad extracontractual del codemandado, la adecuación de la resolución del Tribunal Colegiado al texto de la ley y, por consecuencia, la inadmisibilidad de la apelación extraordinaria deducida; so peligro de convertir a esta Corte en una suerte de Organo de tercera instancia ordinaria, contrariando lo previsto por la ley 7055.
Locación, tácita reconducción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iparraguirre, María Luisa y otro c/ Caiola, Atilio Raúl s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

Otorgar recibo por los alquileres pagados, aun cuando su monto varíe, no prueba la celebración de un nuevo contrato.
Prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: La Unión c/ Todo Madera s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

Cada parte debe probar los presupuestos de hecho basamento de la norma o normas que se invocan como favorables a su pretensión y así, cabe prima facie al actor la demostración de los hechos constitutivos, y al demandado u oponentes, los impeditivos, modificativos y extintivos que opongan (art. 375 del CPCC).-