Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-05


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 5 de 2007.

La Dra. De los Santos dijo:

I.-Contra la sentencia de fs.329/344 interpone recurso de apelación la parte demandada, fundándolo a fs.477/488. Se agravia por la responsabilidad atribuida y, subsidiariamente, por los montos indemnizatorios fijados y las costas. Su contraria le responde a fs.493.

II- Responsabilidad.

El hecho que motiva esta litis ocurrió cuando, según el actor, él caminaba por la calle Córdoba y al llegar a la intersección con Callao pisó una tapa de una cámara eléctrica perteneciente a la empresa demandada, recibiendo una violenta descarga eléctrica que lo arrojó por el aire a dos metros de distancia.

La juez a-quo consideró acreditado el hecho mediante la prueba reunida y haciendo mérito de la conducta asumida por la demandada en relación a la pericia electrónica; luego, por aplicación del art.1113 del Código Civil - y no habiéndose probado eximente alguna - responsabilizó a la empresa de energía eléctrica por el accidente que sufriera el actor.

Tal decisión es objeto de cuestionamiento por parte de Edesur S.A. quien sostiene que no existió dispersión de electricidad alguna, apoyándose en los testimonios de dos de sus empleados, agregando que era imposible que el hecho sucediera tal como lo relata el actor porque aquél llevaba calzado con suela de goma, que actúa como aislante para la conducción de electricidad. Sugiere que la víctima pudo sufrir un desgarro muscular, confundiéndolo con un descarga eléctrica. Critica la ponderación de la prueba testimonial y pericial, como así también la valoración efectuada sobre su conducta.

En primer lugar, estimo oportuno reconocer que por las características del hecho que se intenta probar, no es fácil encontrar elementos precisos y contundentes que lo acrediten. Frente a ello, el juez debe flexibilizar el análisis del material probatorio e intentar unir todas las pruebas, verificando la concordancia que pueda existir entre ellas, a fin de alcanzar un grado de certeza sobre la ocurrencia del hecho. Porque, en definitiva, no es la certeza absoluta lo que ha de buscar el juzgador al ponderar la prueba, sino la certeza moral de características harto distintas. Esta última se refiere al estado de ánimo en virtud del cual el sujeto aprecia, ya que no la seguridad absoluta, sí el grado de probabilidad acerca de la verdad de la proposición de que se trata, de tal suerte que superada la mera opinión pueda el juez fundar su pronunciamiento. Muchas veces, dicha certeza moral no se obtiene con una evaluación aislada de los diversos elementos de prueba sino en su totalidad, que es bien diferente. Probanzas que individualmente estudiadas pueden ser objeto de reparo, ser débiles o imprecisas, en numerosos casos se complementan entre sí de tal modo que, unidas, llevan al ánimo del juzgador la convicción de la verdad de los hechos (conf. distintos fallos citados en Morello, "Códigos Procesales...", T.V-A, pag. 251, Editorial Abeledo Perrot 1991).

Así, lo adelanto, ocurre en el caso de autos. Las pruebas reunidas, si bien analizadas por separado pueden parecer débiles, cuando son valoradas desde una perspectiva global permiten formar convicción acerca de la ocurrencia del accidente relatado, pues de la concordancia o discordancia el juzgador obtiene nuevos elementos de convicción.

En ese estudio conjunto del material probatorio, es dable mencionar la declaración de Adrián M. Villacorta, testigo presencial del hecho, quien vio al actor -que venía por la Avda. Córdoba- pisar la tapa y salir volando, para caer sobre la Avenida Callao. Relata también que el Sr. Mattei estaba semi inconciente y agitado, mojado (porque estaba lloviendo), y que se quejaba de dolores de pierna y cintura (fs.120/121). Tal versión corrobora lo expuesto por la propia víctima acerca del modo y lugar donde ocurrió el hecho.

Por su parte, el perito ingeniero electromecánico designado de oficio informó que si bien no pudo disponer de datos técnicos para aseverar o negar la hipótesis, existía la posibilidad de que hubiesen ocurrido los hechos manifestados por la parte actora (v. punto a), fs.248).

El informe técnico de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina obrante a fs.18/22 de la causa penal es también otro dato relevante a analizar con las restantes pruebas. A diez días del accidente, los expertos efectuaron mediciones en las tapas existentes en la intersección de Callao y Córdoba y si bien no detectaron tensión eléctrica en ninguna de ellas, pudieron comprobar la existencia de una tapa de madera en la esquina Noreste (donde dicen el actor y el testigo Adrián Villacorta que ocurrió el hecho), no pudiendo descartar la existencia de fallas previas en esa caja que hubieran sido reparadas antes de su llegada, con el consiguiente desdibujamiento del lugar del hecho (v. conclusiones a fs.21).

Esa posibilidad de que se haya reparado una falla previa que pudiera haber existido no parece irrazonable si se advierte que a poco de ocurrido el hecho al menos tres empleados de la empresa de electricidad concurrieron al lugar ante un llamado que denunció que una persona había recibido una descarga (conf. testimonios de Daniel C. la Torre y Guido A. Caporaletti). Aunque ambos sostienen que de las verificaciones efectuadas no surgió dispersión alguna y afirman que es imposible que la dispersión haya desaparecido al llegar ellos al lugar, no lo es menos que estas afirmaciones aisladas no encuentran correlato en otras pruebas, a diferencia de lo que ocurre con el restante material que se analiza.

Por otra parte, el perito médico afirmó que el accidente de autos, conforme se lo narra, reúne las condiciones necesarias como para haber ocasionado las lesiones que hoy presenta, esto es, hipotrofia muscular leve con impotencia funcional del hallux. En tal sentido, informó que la atrofia muscular está descripta como secuela de golpe eléctrico en bibliografía especializada que cita (v. fs.218 vta.). Y si bien sus conclusiones fueron impugnadas a fs.257/259, el experto respondió con precisión y coherencia a fs.268/269, por lo cual la fuerza probatoria del dictamen a mi criterio no ha sido desvirtuada.

A su vez, junto con el material probatorio es sabido que la conducta observada por las partes durante el proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones (conf. art.163, inc.5), último párrafo, del Código Procesal).

No debe olvidarse que respecto del aporte del material probatorio existe un deber de solidaridad o colaboración de las partes en el proceso que encuentra sustento normativo en lo dispuesto por el art. 34 del CPCC, en cuanto impone actuar con lealtad, probidad y buena fe. Desde la perspectiva probatoria el deber de colaboración se resuelve en una serie de conductas: ser congruente en la fijación del problema fáctico, ser sincero en las afirmaciones de hechos secundarios o simples, no impedir la prueba de la contraparte ni omitir la propia, etc. Pero no es la falta de moralidad sino la falta de colaboración específica lo que tipifica una conducta procesal desde el punto de vista probatorio (cfr. Muñoz Sabaté, L., "Técnica Probatoria", edit. Praxis, Barcelona, 1993, p. 477). Cuando el régimen procesal regula el valor probatorio de la conducta procesal de las partes (art. 163 inc. 5º, último párrafo) no alude a consideraciones éticas que impongan como castigo o premio determinadas admisiones, sino que trata de conclusiones que se apoyan en argumentos lógicos y que tienen sustento en la sana crítica: quien es reticente o falaz en el aporte de datos y perturba el esclarecimiento de los hechos, cabe inferir que adopta tales conductas por cuanto no le asiste razón (conf. esta Sala, "Emebé S.A.C.F.A.I. c/ Saramaga Rodríguez Daniel s/ daños y perjuicios", de fecha 22-03-07).

En este orden de ideas, no puede dejar de valorarse la conducta asumida por Edesur S.A. en relación a la pericia que debía llevar a cabo el experto en ingeniería electromecánica. Ello porque su falta de colaboración impidió al perito dar respuesta a puntos relevantes, como por ejemplo, la potencialidad dañosa de los voltajes involucrados en la instalación de la cámara transformadora, su estado, el tipo de aislación que poseía la tapa, si se realizaron tareas en el lugar en fechas cercanas a la del accidente o si hubo otros reclamos por similar causa (fs.237/249 y 318), elementos que hubieran permitido precisar de mejor modo las circunstancias del caso.

Más allá de las explicaciones que brindan en esta instancia sobre el cambio de la tapa en cuestión, queda aún sin respuesta la falta de colaboración de la empresa en relación a tareas que pudieron llevarse a cabo en el lugar inmediatamente antes o después, y la existencia de otras denuncias similares al accidente sufrido por el reclamante de autos. Esta conducta reticente merece valorarse como un elemento de convicción corroborante de las demás pruebas (conf. art.163, inc. 5º, del Código Procesal).

De tal manera, el análisis conjunto de las pruebas reseñadas, sumado a la valoración de la conducta adoptada por la demandada, conforme las reglas de la sana crítica permiten tener por acreditado el hecho relatado en la demanda.

No obsta a ello el argumento referido a que es imposible que el actor hubiera recibido una descarga eléctrica porque tenía calzado de goma - siendo que la goma actúa como aislante - pues tal circunstancia se relativiza en el caso de autos ya que en aquel momento llovía. Lo expuesto se infiere de la respuesta dada por el perito ingeniero electromecánico quien, aunque no podía disponer de datos técnicos para negar o aseverar la hipótesis del accidente, reconoció la posibilidad de que un calzado de goma sufra una descarga eléctrica; especificando que "esto dependerá de varios factores, como ser, la cantidad de corriente que circulara en el punto del supuesto contacto con el calzado, si el piso está mojado o húmedo al momento del supuesto contacto con el calzado de goma, porque esto hace menos resistido (mas conductor) al piso por lo tanto más conductor el espesor de la suela de la zapatilla, la característica físico-química de la zapatilla, entre otras cosas" (conf. fs.248 vta.).

Tampoco resultan suficientes los testimonios de Daniel C. la Torre y Guido Caporaletti (fs.145/147 y 149/150), pues su relación de dependencia con la demandada (de larga data en el caso del primero) lleva a analizar sus dichos con rigurosidad; ello implica que, aunque no se los desestime totalmente, deben encontrarse corroborados por otras pruebas. En el presente, el restante material probatorio no permite otorgarle mayor valor a estas declaraciones y, por el contrario - como ya lo adelantara - al analizarlo en conjunto permite considerar acreditado el accidente relatado por el actor.

Por estas consideraciones, corresponde desestimar las quejas sobre la ocurrencia del hecho y en tanto no se ha cuestionado la aplicación del art. 1113, segundo párrafo, segundo apartado, del Código Civil, corresponde atribuir la responsabilidad exclusiva a la empresa demandada, atento a no haberse acreditado ninguna causal de eximición.

De lo expuesto se colige que será confirmada la sentencia de anterior grado en lo que a este punto se refiere.

III.- Indemnizaciones.

En su expresión de agravios la parte demandada, tras agraviarse por la procedencia y cuantía de las indemnizaciones por daño moral e incapacidad psicológica, fundando debidamente su queja, plantea en el punto III.b.3 (fs.486) que las sumas reconocidas en los rubros de la sentencia son desproporcionadas, efectuando así una impugnación genérica sin atacar concretamente ningún rubro.

Es oportuno aclarar, entonces, que con excepción de las quejas sobre el daño moral y la incapacidad psicológica, que han sido suficientemente fundadas, en relación a las restantes indemnizaciones (por incapacidad física, tratamiento psicológico y gastos médicos, de farmacia y de traslados) no existe una crítica concreta y razonada del fallo tal como lo exige el ordenamiento procesal (art. 265).

No puede soslayarse que para cumplir tal requisito es menester argumentar en relación a cada ítem indemnizatorio los motivos por los cuales se considera errónea la decisión del juez, pues conforme lo tiene establecido reiterada jurisprudencia, las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto, o la acumulación de alegaciones meramente sumadas o añadidas, entre otras situaciones, no satisfacen las exigencias del art. 265 del Código Procesal (conf. esta Sala, expte. 105.464 "Far J. J c. Aspeche C.M. s/cobro de sumas de dinero").

Por lo expuesto, sólo corresponde abordar los agravios sobre los rubros puntualmente cuestionados, debiendo declararse desierto el recurso en relación a los restantes (conf. art.266 del Código Procesal).

a) Incapacidad psicológica.

La recurrente, sin perjuicio de recordar la jurisprudencia que entiende que este perjuicio integra el daño moral, sostiene que no corresponde otorgar indemnización alguna por este concepto, reiterando las impugnaciones efectuadas a la pericia psicológica, cuya valoración - rememora - debe realizarse conforme las reglas de la sana crítica, siendo facultad privativa del juzgador asignarle eficacia probatoria.

De acuerdo con la pericia psicológica de fs.195/197 el actor presenta un "stress postraumático en período de estado insinuado o leve", cuyo porcentaje de incapacidad oscila entre el 1 y el 10%.

Sin embargo, más allá de este diagnóstico, no especifica si la incapacidad es definitiva o transitoria, y tampoco surge clara y objetivamente de la pericia en qué modo lo afecta al actor, vale decir, cuáles son las tareas concretas en las que se manifiesta la incapacidad que padece y que no puede realizar. En este aspecto, no bastan las simples referencias de la víctima sobre el miedo a salir por la calle los días de lluvia, pues se trata de un dato subjetivo.

Es preciso recordar que el daño psíquico en sí mismo no es indemnizable, porque el simple menoscabo a la integridad psicofísica del afectado no tiene valor económico "per se" sino como medio instrumental, por la aplicación de las aptitudes y facultades del mismo en ámbitos directa o indirectamente productivos. Para que sea resarcible en forma autónoma es necesario que produzca efectos patrimoniales, tales como la incapacidad para la realización de una actividad productiva. Pero en lo que no los genere, se trata de un daño extrapatrimonial que debe considerarse para la fijación del daño moral.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, no surge de autos cuál podría ser realmente esa imposibilidad de realizar actividad productiva, ni cuál sería ésta, por lo cual en el presente caso no corresponde fijar un resarcimiento autónomo; ello sin perjuicio de valorar al momento de analizar el daño moral las afecciones espirituales provocadas por el stress postraumático.

Sumado a ello, cabe recordar que conforme resume Ghersi, tras citar distintos autores que han definido el daño psicológico, este perjuicio consiste en la perturbación del aparato psíquico, que reviste carácter patológico, causada por situaciones inusuales de cierta gravedad que impactan abruptamente sobre un sujeto (conf. su conclusión en la obra "Valoración económica del daño moral y psicológico", pág. 166, Editorial Astrea, 2000). En efecto, el daño psicológico se configura por la alteración o modificación patológica del aparato psíquico como consecuencia de un trauma que desborda toda posibilidad de elaboración verbal o simbólica (conf. esta Sala en autos "Mendoza Martín Sebastián c/ Balduzzi Gustavo Gerardo s/ daños y perjuicios", de fecha 15-03-07).

En consonancia con esta postura, se ha sostenido que la determinación de la procedencia del daño psicológico como rubro indemnizatorio, requiere que el impacto emocional experimentado se deba a situaciones que revistan cierta gravedad , vale decir, de fenómenos que producen una importante modificación en la vida del sujeto (conf. esta Sala en "Chillemi Matilde c/ Gómez Andrés Guillermo s/daños y perjuicios", expte. Nº 181.064/96, entre otros), situación que no es homologable a la que aquí se trata, tal como resulta de las propias conclusiones del informe pericial psicológico que califica de "leve" al stress post-traumático en atención a su escasa repercusión psíquica, circunstancia que lleva a pensar que el tratamiento psicológico indicado va a revertir el cuadro y restablecer el equilibrio psíquico, como destaca la experta a fs.197.

Por ello, y sin perjuicio de valorar la incidencia anímica del cuadro descripto por la experta al analizar el daño moral, me inclino por revocar lo decidido en este punto y rechazar la indemnización autónoma del daño psíquico.

b) Daño moral La demandada cuestiona la procedencia y cuantía del resarcimiento de este perjuicio.

En cuanto a su admisión, es oportuno recordar que el daño moral debe presumirse en todos los casos en que se han producido lesiones al damnificado. En efecto, cuando las lesiones han existido no necesita ser probado y su monto se fija atendiendo a la índole de éstas, sus secuelas, tratamiento y repercusión en el área del dolor, entre otras circunstancias" (conf. "Pérez Gustavo D. c/ Quintela Jorge y otro s/ daños y perjuicios", 19-07-95; conf. esta Sala, "Gutiérrez Olga Alicia c/ Transporte Avenida Bernardo Ader S.A. s/ daños y perjuicios", de fecha 06-07-05). Tal el caso de autos donde se ha comprobado que el actor sufrió una lesión compatible con un desgarro muscular en la pantorrilla izquierda (conf. hoja de guardia del Hospital Rivadavia, fs.167/168), que dejó una secuela incapacitante por hipotrofia muscular leve con impotencia funcional del hallux.

Por otra parte, cabe aclarar que la indemnización por este concepto no se adeuda a título de pena impuesta al infractor, pues su carácter no es punitorio, sino resarcitorio, ya que tiende a reparar un daño real causado a los más íntimos sentimientos (conf. esta Sala "Cabrera de Alonso Lidia c/ Montero Carlos F. s/ daños y perjuicios", del 15-02-99; "Ponce Dina C. c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ daños y perjuicios" del 02-12-98). Por ello su indemnización es independiente del dolo o la culpa del responsable del hecho ilícito.

En virtud de lo expuesto, a la hora de evaluar la suma a conceder deben meritarse las circunstancias relacionadas con el hecho y sus consecuencias. Así, cabe recordar que el actor recibió una descarga eléctrica, que le causó una lesión muscular, que dejó como secuela una incapacidad física del 6% de la total obrera, a lo cual cabe agregar la inquietud espiritual provocada por el cuadro psíquico que se desencadenó por este hecho. En este sentido, si bien es cierto que no ha mediado un largo o penoso proceso de recuperación, no puede soslayarse el impacto emocional que causa a cualquier transeúnte advertir los enormes riesgos a que se encuentra expuesto en la vía pública por la deficiente conservación y cuidado de las instalaciones por parte de la empresa demandada.

De tal manera, valorando el daño moral experimentado, considero que el resarcimiento otorgado de $10.000 no es excesivo ni configurativo de un enriquecimiento indebido, por lo que propongo su confirmación.

IV.- Costas.

Pide el demandado que las costas sean distribuidas teniendo en cuenta que la demanda no prosperó por el total reclamado.

Nuestro ordenamiento ritual consagra en el art. 68 del Código de procedimientos el criterio objetivo de la derrota como fundamento de la imposición de costas. Las mismas son un corolario del vencimiento y tienden a resarcir al vencedor de los gastos de justicia en que debió incurrir para obtener del órgano jurisdiccional la satisfacción de su derecho.

La circunstancia de que el éxito de la demanda sea "parcial" no le quita al demandado la calidad de vencido a los efectos de las costas. Esto pues "la noción de vencido ha de ser fijada con una visión sincrética del juicio, y no por análisis aritméticos de las pretensiones y los resultados. El fundamento aludido del hecho objetivo de la derrota no sufre desmedro por la sola circunstancia de que el reclamo inicial no prospere en su totalidad. Se sigue de ello que si el actor estuvo forzado a formular la demanda, un progreso parcial no implica restar relevancia a la necesidad de litigar, por lo que las costas deben imponerse a la demandada (conf. A. M. Morello, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial...", Editorial Abeledo Perrot, pág. 61 y 113).

En consecuencia, aunque no se haya declarado la procedencia de todos los rubros indemnizatorios reclamados, ello no obsta a que las costas de primera instancia se impongan a la accionada. Las costas deben ser impuestas íntegramente a la parte que se opuso negando la procedencia de la pretensión, pues aunque la suma reclamada no fuera acogida en su totalidad, la litis resultó igualmente necesaria para el progreso de la acción y las indemnizaciones que correspondieran otorgar.

Por otra parte, es importante señalar que la sumas indemnizatorias concedidas tienen como finalidad producir el equilibrio patrimonial de la víctima, objetivo que no se alcanzaría si se disminuyesen en la medida de las costas. De ese modo, se protege el principio de reparación integral que rige en sede civil.

Por estas razones, confirmaré la imposición de costas de primera instancia a cargo del demandado.

Por similares motivos, y en atención al resultado del recurso planteado por la demandada (quien cuestionó la responsabilidad, los rubros indemnizatorios y las costas, obteniendo éxito sólo en dos de las indemnizaciones cuestionadas), corresponde que las costas de alzada sean impuestas a la demandada, que ha resultado sustancialmente vencida.

V.- Conclusión.

Por las consideraciones precedentes, voto por modificar parcialmente la sentencia recurrida rechazando la indemnización por incapacidad psicológica, y confirmarla en todo lo demás que fuera objeto de agravio. Con costas de alzada a la parte demandada (art.68 del Código Procesal).

Los Dres. Díaz de Vivar y Ponce adhieren por análogas consideraciones al voto precedente.

Y Visto:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: Modificar parcialmente la sentencia recurrida rechazando la indemnización por incapacidad psicológica, y confirmarla en todo lo demás que fuera objeto de agravio. Con costas de alzada a la parte demandada (art. 68 del Código Procesal).

Difiérese la regulación de honorarios por los trabajos en la alzada para una vez practicada la regulación de la anterior instancia. -Mabel De los Santos. -Elisa M. Díaz de Vivar. -Carlos R Ponce.