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Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, facultades jurisdiccionales, sistema federal
Materia: LABORAL
Carátula: Churruarín Pedro Oscar c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-06

La normativa que se pretende aplicar (Ley provincial de adhesión Nº 10.532) violenta el sistema federal de gobierno que la Constitución Nacional adopta y que distribuye competencias entre la Nación y la provincia: las provincias deben asegurar la administración de justicia en forma autónoma, es una de sus facultades reservadas como atribución exclusiva y no delegable. Esa delegación de facultades jurisdiccionales es inconstitucional (Voto Welp)
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, procedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Cabral, José Enrique c/ Municipalidad de Berisso s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

El recurso extraordinario de inconstitucionalidad se abre en el único supuesto en que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos confrontados con normas de la Constitución local (art.

161 inc. 1º de la Constitución provincial). Pero, si el planteo constitucional fue resuelto en la instancia con fundamento tanto en preceptos de la Constitución de la Nación como de la Provincia resulta ineficaz la impugnación pretendida porque su eventual acogimiento no podría conmover la decisión que conservaría su sustento en las normas nacionales, irrevisables mediante tal vía de impugnación.
Recurso extraordinario, aplicación de la ley, depósito judicial
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Canteros Sergio Ernesto y otros c/ U.C.A.L. s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-11-06

Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Ello así, ya que, Examinada la referida presentación, se advierte que se encuentran reunidos los requisitos formales que habilitan la concesión del recurso, ha sido anunciado e interpuesto en término, contra sentencia definitiva y, prima facie, se considera fundado en derecho, encuadrándose así en las previisones de los arts. 2, 4, 6,y 7 del decreto-Ley 1413/62, ley 2383 de facto, art.139. Respecto a la carga económica impuesta por el art. 140 de nuestra ley de rito, se considera cumplimentada la misma con la boleta de depósito, con un importe que cubre el monto de condena, capital e intereses, quedando así aseguradas las acreencias del actor.
Tributos, acción meramente declarativa, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Cable Sono Visión S.R.L. c/ Municipalidad de Tinogasta s/ Acción Declarativa de Certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-31

La parte actora-titular de licencia para el funcionamiento y explotación de servicios complementarios de radiodifusión- deduce acción declarativa de certeza con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de diversas normas del Código Tributario del Municipio demandado como así también normas de la ordenanza impositiva anual que estatuyen el pago del tributo por ocupación y/o uso del espacio aéreo municipal.

En la especie, no se cumplimenta el requisito del estado de incertidumbre que la acción declarativa de certeza exige sobre una relación jurídica o amenaza de lesión, ya que el plexo normativo cuya declaración de inconstitucionalidad pretende el actor, ha sido aplicado por la autoridad local, sirviendo de fundamento a la resolución por la que se determina el monto del tributo cuestionado.

En efecto, siendo todo ello el resultado de un procedimiento iniciado con la intimación mediante la cual se solicita a la actora que presente las declaraciones juradas correspondientes a los fines de determinar el monto del tributo, por lo que la puesta en ejecución de las normas impugnadas, despeja, en el caso, la incertidumbre que se procura remediar por esta vía.

Por otra parte, si bien es cierto que no existe en nuestro ordenamiento procesal un plazo de caducidad para deducir la acción declarativa de certeza, lógico es suponer que dada su función preventiva y el interés patrimonial comprometido, que la misma sea deducida en un tiempo no muy lejano de la publicación oficial de la norma tributaria cuestionada.

Tomando en consideración que el Código Tributario de la Municipalidad demandada cuya constitucionalidad hoy se cuestiona rige desde el año 1985, y que la Ordenanza Impositiva es del mes de Agosto de 2000, la aplicación de dichas normas al sub- examine, importa un hecho consumado, por lo que no otra conclusión que el rechazo de la demanda debe auspiciarse, ante la ausencia de su fundamento, pues la acción procede ante la amenaza fundada de sufrir una lesión en los derechos o garantías de naturaleza constitucional, es decir cuando la norma impugnada no ha sido efectivamente aplicada de modo que, precisamente, lo que se procura con dicha acción es impedir su ejecución.

Del voto del Dr. Cáceres-por la mayoría
Recurso extraordinario, interposición del recurso, convenios colectivos de trabajo, laudo arbitral
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: Yoshiro TOYOSHIMA c/ PESQUERA SAN PEDRO  S.A. s/ LAUDO  - CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO - LEY DE CONTRATO DE TRABAJO -  RECURSO EXTRAORDINARIO - IMPROCEDENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-04

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó el reclamo por diferencias salariales si el recurrente no demuestra que los francos compensatorios no gozados, tuvieran distinto tratamiento retribuido en el laudo que invoca, que en el convenio colectivo que meritúa la sentencia.
Concursos, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torres, Carlos A. c/ Salfo, Walter s/ Daños y perjuicios - Ejecución de honorarios Miguez, Alberto Martín c/ La Primera de San Isidro s/ Ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-06|1993-05-11

No procede la remisión del expediente al juez de la liquidación como ya ha resuelto este Tribunal en forma reiterada (art.137 de la ley 19.551), puesto que no es contra la aseguradora de la demandada (en liquidación) contra la que se ha enderezado la demanda, sino que se ha ejecutado a la apelante. Tampoco impide llegar a esta solución lo que ha decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Alaniz, Emilio c/Chacama s/Sumario", pues en autos se configura una situación distinta. En efecto; cuando la actora ejercita el derecho que le acuerda el art.137 de la ley de concursos en una ejecución de sentencia, goza de un crédito que ya ha sido reconocido en un pronunciamiento ejecutoriado. No es, entonces, el caso asimilable al fallado en la causa citada, en la cual se buscó evitar la duplicación de procesos de cognición (juicio civil contra el demandado y petición de verificación contra el asegurador), por razones de economía procesal y para aventar un posible escándalo jurídico derivado de sentencias contradictorias. Existiendo ya sentencia firme, no hay cognición, no hay duplicación de esfuerzos ni posibilidad de pronunciamientos contradictorios. Simplemente ocurre que el ejecutante no quiere ver supeditado el cobro de su crédito a la liquidación de la aseguradora, persiguiéndolo sólo contra el asegurado, para no ver atraído el juicio por el universal.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Iglesias, Daniel Alejandro; Casucelli, Julio s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

A los fines de la interposición de los recursos extraordinarios sólo se entiende por sentencia definitiva, conforme a la enunciación del art. 482 del Código Procesal Penal, la que termina la causa o haga imposible su continuación o la que recayendo sobre cuestión incidental, produce ese mismo efecto respecto de la causa principal.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Administración Pública, colegio profesional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CURIESES, ELVA DEL CARMEN c/ CAJA DE JUBILACIONES s/ DEMANDA ORDINARIA.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 432-85 BADIA, JUANA FRANCO DE c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 68-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-11-19|1986-11-19

Existen sujetos privados que desarrollan función administrativa, sin llegar a identificarse subjetivamente con la Administración Pública.
Contrato de trabajo, enfermedad profesional, acuerdo de partes, principio de irrenunciabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: Sanabria  Miguel  Ruben c/ SECOMA  AUTOMATISMES  S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-29

En caso de haberse iniciado el lapso de un año previsto por el art. 211 L.C.T., la empleadora debe adoptar alguna de las alternativas previstas por el art. 212, a saber, otorgar las tareas si está en condiciones de hacerlo, comunicar al trabajador la imposibilidad de ocuparlo en esas condiciones o -si aquél se encuentra definitivamente incapacitado- poner fin a la relación con el pago de las indemnizaciones respectivamente previstas por los párrafos segundo y tercero de la norma citada. Por ello, la sola manifestación de haber celebrado un acuerdo con el actor (sin producir prueba idónea al respecto) para que se le abonara el 50% de las remuneraciones por el período de licencia, carece de sustento jurídico, ya que aún habiendo acreditado dicho acuerdo -lo cual tampoco sucedió- ello habría merecido reproches (conf. arts. 12, 58 y concordantes, LCT).
Daño moral, legitimación activa
Materia: PENAL
Carátula: PAZ, ARISTOBULO VICTOR s/ S.D.HOMICIDIO CULPOSO E.P.MARIA MARTA CARRIZO (CASACION).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-11-21

Uno de los vacios más notables que la doctrina señala en nuestro Código Civil, es la ausencia de una norma que especifique quien está legitimado para reclamar el daño moral. La normativa vigente se ha pronunciado, dentro de la tésis amplia y restrictiva, por ésta última, concediéndole ese derecho sólo al damnificado directo.-
Acción de amparo, subsidiaridad
Materia: PROCESAL
Carátula: GIOIA, JORGE c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

La acción de amparo, de naturaleza procesal expedita y rápida, mantiene su carácter subsidiario, no supletorio de otras vías; es decir que procede cuando no existe otro medio judicial más idóneo. Por ello, no advirtiéndose la existencia de un perjuicio irreparable derivado de la vía procesal a la que el quejoso debió adecuar obligatoriamente su actuación (art. 33, ley 24.463), cabe concluir que la remisión a vías paralelas (art. 43 C.N. y 2 inc. a, ley 16.986) no comporta para la interesada un agravio serio e irreparable (cfr. "Morello, Augusto -Vallejin, Carlos, "El Amparo-Régimen Procesal") y, por consiguiente, deberá reencausar su presentación mediante el procedimiento previsto en el art. 15 de la ley 24.463, con la reforma introducida por la ley 24.655.
Recurso de inconstitucionalidad, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Flatas n° 8 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado Contravencional y de Flatas nº 8 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-25

El recurso de inconstitucionalidad constituye una apelación de carácter extraordinario, de modo que el tribunal a quo debe expresar, si la impugnación versa sobre uno de los casos extraordinarios que permiten abrir la instancia. A su vez, el recurso de queja constituye precisamente el correctivo del error y eventualmente del exceso, si lo hubiere.
Intervención de línea telefónica, medios de prueba, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Iluminati, Maximiliano; Cubilla, Angela Verónica y Dominguez, Cristian Gustavo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-13

En este orden de ideas, en el sub lite se advierte que la información recabada hasta dicho momento en el expediente justificó la adopción de las medidas probatorias cuestionadas en autos (intervenciones telefónicas de los abonados celulares utilizaban los imputados), a fin de determinar la verosimilitud de dicha información; extremos que fueron debidamente tomados en cuenta por el magistrado instructor al ordenar dicha medida. Es decir, al momento de disponer la intervención telefónica el juez contaba con información brindada por la autoridad prevencional que daba cuenta de posibles actividades de comercio de estupefacientes. (Dres. Borinsky, Figueroa y Hornos).
Juicio de desalojo, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: JOSE BENITO PEREZ c/ MINISTERIO  DE  ASUNTOS  SOCIALES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA  CRUZ s/ DESALOJO  EXPTE. N. P-4080-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-07-31

Debe considerarse como monto del juicio, en el desalojo, a los efectos de la regulación de honorarios profesionales, el importe correspondiente a 18 meses de alquiler tal como lo prevé la norma del art. 26 de la Ley 1.519, y también en cuanto a que el cánon locativo debe actualizarse a la fecha de la regulación en virtud de lo dispuesto por el art. 22 de la misma Ley citada.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia parcial, cuestión constitucional, prueba, Derecho laboral, trabajador, ausencias injustificadas, injuria laboral, despido con causa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ESTALLE, LAURA FERNANDA c/ SELLART, GRACIELA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-17

La Sala omitió brindar un tratamiento adecuado a la controversia, en cuanto soslayó el análisis de elementos conducentes obrantes en las actuaciones, sin integrarlos ni armonizarlos debidamente en su conjunto, como por ejemplo los inconvenientes que suscitaba a la organización laboral las ausencias reiteradas de la trabajadora -conforme surge de las declaraciones testimoniales-; por cuanto, si bien la última inasistencia, como un hecho aislado, no alcanzaría a revestir la gravedad suficiente para poner fin a la relación laboral, no se tuvo en cuenta las circunstancias dadas por reiteradas situaciones anteriores que generaban un ambiente incompatible con el orden y la funcionalidad laboral, toda vez que si bien ciertos hechos -en forma aislada- no poseen entidad para dar por finalizada justificadamente una relación laboral, en cambio valorados en un contexto de antecedentes y consecuentes advertencias pueden configurar situaciones que impidan la continuación del contrato de trabajo, lo que exige por parte del juez la ponderación de todos los elementos obrantes para la cabal medición de la gravedad de la injuria y la proporcionalidad de la consecuente reacción. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhiere el Dr. Gutiérrez)
Excepción de prescripción, plazo, contrato de publicidad, incumplimiento del contrato, publicación de fotografía
Materia: CIVIL
Carátula: Mazza, Valeria Raquel c/ Aguas Danone de Argentina S.A s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-03

Procede rechazar la excepción de prescripción, dado que las partes previeron en el contrato publicitario celebrado, la utilización de la imagen de la actora sólo dentro de las dependencias de la demandada luego de finalizado el convenio, por lo tanto, al haber publicitado los spots en la página web de la demandada y la imagen en un comercio particular, se ha incumplido con una obligación de no hacer prevista en el contrato, por lo que su responsabilidad debe analizarse desde la esfera contractual, cuyo el plazo de prescripción es de diez años -art. 4023 del Código Civil-.
Juicio ejecutivo, fianza, presidente del directorio, sociedad anónima, falta de prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO COMAFI SA C/CARRO, DIEGO HERNAN Y OTRO S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-18

En ese marco, la contemplatio domine de la que se deriva la imputación del acto a la sociedad afianzada no fue desvirtuada por el apelante en tanto no negó expresamente la calidad de presidente de la sociedad, del firmante de los títulos ejecutados; limitándose solo a invocar la insuficiencia de la aclaración de su firma sin que ello resulte suficiente contingencia que hubiere ameritado demandarlo en forma personal (LGS 59) cuando no ha sido ofrecida prueba alguna a tales efectos (arg. CPR 549).
Detención, detenido, tratados internacionales, ley interna, ley nacional, ley provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Artigue, Sergio Pablo. s/ Incidente de restitución de detenido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-25

Los ordenamientos procesales y sustanciales protegen de un modo prevalente la integridad física y psíquica de los detenidos y castigan su afectación, lo que determina la ausencia de conflicto alguno entre las disposiciones de los tratados y la legislación interna, nacional y provincial.
Extradición, Derechos humanos, deberes del juez, pena privativa de la libertad, cómputo del plazo
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Llama Adrover, Francisco Javier y otro s c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

Razones de equidad y justicia que reconocen sustento en las normas del derecho internacional de los derechos humanos que obligan a los países, aconsejan que el juez de la causa ponga en conocimiento del país requirente el tiempo de privación de la libertad al que estuvo sometido el requerido en este trámite de extradición, con el fin de que las autoridades extranjeras arbitren las medidas a su alcance para que ese plazo de detención se compute como si el extraditado lo hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, procedimiento laboral, excepción de incompetencia, excepciones procesales, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: BARRETO, JUAN c/ LAMINFER S.A. s/ Demanda obligación de hacer (Expte.: Nº 559 Año 1998) (Tribunal  Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-27

La regulación de las excepciones como de previo y especial pronunciamiento no tiene cabida en el sistema normativo diseñado por la ley 7945. Basta para ello la sola lectura de su texto, confirmando la interpretación gramatical, los elementos lógico y sistemático (art. 47 inc. d); art. 51 parte II inc. c) y art. 108 inc. b) y c) por lo que si la cuestión gira en torno a la normativa vigente (de lege data) y no sobre otra mejor manera de regular la interposición y trámite de las excepciones (de lege ferenda), la cuestión encomendada se reduce a una labor puramente hermenéutica:

averiguar la voluntad del legislador. De tal modo, los argumentos fundantes de la postura adoptada no se centrarán en cuestiones de conveniencia o practicidad, sino de respeto a esa voluntad que asegura el principio de legalidad consagrada constitucionalmente por el art. 19 CN, esto es, una solución que implica una derivación razonada de la norma vigente, ni deformada por el arbitrio del aplicador. Contestado el interrogante en general, el sistema no sufre ninguna clase de excepción respecto a la incompetencia. (De la Disidencia de la Dra. Bellotti de Podesta). En el caso la cuestión a resolver es: ¿En el procedimiento reglado por el Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe, Ley 7945, corresponde que la excepción de incompetencia se substancie como de previo y especial pronunciamiento?.
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: TRAVERSA, Mirta c/ NANI, José s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-05

Los deberes y facultades que poseen los jueces, tendientes a posibilitar el cumplimiento del deber de administrar justicia rectamente, están rodeados por el principio de irrecurribilidad, con lo que el criterio para optar por una solución contraria debe someterse a la evaluación que indique si se quebrantó el principio de igualdad, se afectó la garantía de la defensa o se ocasiona un grave perjuicio, en los términos del art. 242 del Código Procesal.-
Situación del imputado, testigo calificado
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: B.P., M. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-29

El imputado puede ser también un testigo. El imputado no pierde su capacidad de percibir por medio de los sentidos y de trasladar a la investigación sus percepciones, pero la duplicidad de roles potenciales no deroga su estado de sujeto incoercible del proceso penal.
Expendio de medicamentos, ejercicio profesional, farmacéuticos, autonomía provincial
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ pretensión anulatoria - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

Toda vez que el consumo excesivo y la utilización incorrecta de medicamentos suponen un derroche de recursos financieros de los sistemas de seguridad social, que resulta perjudicial porque el sector farmacéutico debe responder a necesidades crecientes y genera gastos considerables, incumbe a las provincias someter el ejercicio de la profesión a condiciones estrictas a fin de asegurar el nivel de seguridad y calidad del abastecimiento de medicamentos a la población (Voto de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti).
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: FIGUEIREDO, BENITO c/ WAISBERG, JORGE s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-15

La defensa del ausente por el defensor oficial de ausentes, importa el cumplimiento de la función propia del cargo por lo que de ningún modo se justifica la percepción de honorarios, aún cuando el ausente apareciere o las costas se decreten a cargo de la contraria.

Ello, toda vez que su intervención hace a la función estatal de asegurar la existencia de un verdadero proceso contencioso y tiende, asimismo, a preservar el derecho de defensa en juicio, para lo cual goza de un sueldo asignado en el presupuesto de la nación, cumpliendo así como cualquier funcionario de la administración de justicia.
Derecho de huelga, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Orellano, Francisco Daniel c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ Juicio sumarísirmo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-07

Dado que el único requisito al que el art. 14 bis de la Constitución Nacional supedita el ejercicio de los derechos sindicales por parte de las organizaciones de trabajadores es el de su simple inscripción en un registro especial, cabe concluir que el legítimo ejercicio del derecho de huelga está subordinado a que el sujeto que la dispone haya cumplido con tal recaudo de inscripción.