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Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-20


Salta, 20 abril de 2010.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "HUBER, FEDERICO A. vs. AROCENA GOMEZ, MARCELA - EJECUCION DE HONORARIOS" - Expte Nº 252.595/09 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil de Personas y Familia 4º Nominación (Expte. N° CAM 297.641/10 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

Apela el actor a fojas 49, la sentencia de fojas 47/48 que hace lugar a la excepción de pago y ordena llevar adelante la ejecución por la Suma de $260, presentando sus agravios a fojas 61/62, los que son contestado por la demandada a fojas 65/66 solicitando el rechazo del recurso interpuesto.

El artículo 253 C.Pr. complementado con Acordada Nº 9959 vigente desde el 2008, establece que no serán apelables las resoluciones cuyo monto no exceda de $2.000, por lo que la sentencia atacada es inapelable. Dicha inapelabilidad no sólo alcanza a la sentencia definitiva sino, a las otras resoluciones que se dicten, cualquiera fuere su naturaleza, no pudiendo escapar a dicha regla la ejecución de honorarios, comprendido en el concepto de costas del proceso.

Por ello se declara mal concedido el recurso de apelación de fojas 49, con costas.REGÍSTRESE, notifíquese y baje.
Instrumentos privados, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: De Filippi Casimiro c/ Carra Alberto s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-10

El documento privado reconocido tiene el mismo valor probatorio que el instrumento público, pero ello no impide que el documento sea parcial y totalmente atacado de falso, cuando es opuesto en juicio a su firmante; falsedad que puede acreditarse por simple prueba en contrario.
Daños y perjuicios, indemnización, daño material, demanda
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ COBRO DE PESOS.    COMODATO - FUERZA MAYOR.    DAÑOS    Y  PERJUICIOS-  COMPETENCIA  ORIGINARIA  DE  LA  CORTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-18

Al no haber sido reclamado en la demanda, no corresponde indemnizar el perjuicio que se menciona en el alegato como derivado de la suspensión de funciones ya programadas de la ópera, en el caso en que se reclaman los daños derivados de la destrucción de parte del vestuario de la "La Traviata".
Deber de imparcialidad, recusación con causa, recusación por amistad, excusación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Anzorreguy, Hugo s/ excusación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-23

Si bien el art. 63 CPPN establece el deber de los secretarios y auxiliares de intervenir en el caso cuando se presente alguno de los supuestos del art. 55, no se observa que medie ninguno de los supuestos de hecho a los que la disposición se refiere si no se invoca amistad con alguna de las partes, sino con un hijo de éstas, pues las causales de excusación y recusación son de interpretación restrictiva cuando se trata de los secretarios. La garantía de imparcialidad del juez o tribunal no impone también un régimen de apartamiento de sus secretarios y auxiliares, materia que ha quedado reservada a la apreciación del legislador y, por ende, de mera raigambre legal y no está regida ni por la Constitución, ni por los instrumentos internacionales de derechos humanos. (Dres. García, González Palazzo, Rodríguez Basavilbaso).
Depreciación monetaria, índices de actualización, moneda, equidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fitam  S.A.I.C.F.I. c/ Ma-cer  S.A.C.I.F. e I. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

No corresponde la imposición de un sistema de reajuste determinado, sino que se restablezca en alguna medida, el equilibrio de las prestaciones sobre la base de un enfoque equitativo y según las características del caso, pues de esta forma se logra preservar la intangibilidad del crédito dado que el reajuste monetario se desarrolla en la órbita del derecho monetario y no en la de la responsabilidad civil.
Medidas cautelares, caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alfredo Alvarez e hijos -Soc.Colectiva -su quiebra- c/ Canestrari roberto s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

La suspensión del proceso solicitada por el propio accionante antes del traslado de la demanda, constituye facultad que no le es disponible en el caso, por haber obtenido precedentemente el decreto de una medida cautelar que le obligaba a interponer la demanda dentro de una plazo determinado (art.207 CPC). En tal sentido, una correcta interpretación del querer perseguido por esta norma impide al actor prolongar el mantenimiento de tal cautelar, mediante el recurso de la postergación de la notificación del traslado mencionado (art.34,inc.5° CPC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de revisión (procesal), resoluciones recurribles, sentencia definitiva, juicio ejecutivo, inhabilidad de título, Municipalidad, certificado de deuda, notificación, acto administrativo, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SANZONE Y DIGON S.R.L. c/ EDUARDO VACA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-04-24

La vía de excepción de inhabilidad de título permite indagar el proceso de formación del título ejecutivo, sin que por ello se ingrese en la causa de la obligación .

El certificado de deuda expedido por la autoridad municipal es un instrumento público y, en consecuencia, encuadra en la previsión del art. 819, inc. 1°, Ley 1.419 y modif. El título así creado por la autoridad estatal tiene una eficacia procesal análoga a la del reconocimiento de deuda otorgado por el deudor, "pero las constancias respectivas deben haber sido expedidas cumpliendo las formalidades legales" ya que es condición de validez del certificado de deuda que haya sido otorgado "en la forma que las leyes hubieren determinado" (art. 979 inc. 2° C.C.) de donde resulta que en este caso "el examen de la habilidad del título tiende no sólo a asegurar las formas extrínsecas sino que debe asimismo abarcar las circunstancias de haberse o no observado el procedimiento que la ley impone como previo a su exigibilidad, lo cual de modo alguno significa avanzar sobre la causa de la obligación. (VOTO DEL DR. FERRER, POR SUS FUNDAMENTOS)
Recurso de apelación (procesal), inapelabilidad en razón del monto, concesión errónea del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Somoza, Celso y Otro c/ Punta Sabioni S.R.L. y Otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-21

El valor económico cuestionado ante esta Alzada no alcanza la suma prevista actualmente por el art. 242 CPCC - según reforma ley 26.536- , por lo que se declara mal concedido el recurso de apelación.
Honorarios, depreciación monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LONDRES Y RIO DE LA PLATA COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. EN J: BAUCO ANTONIO FRANCISCO s/ (LIBRO: A067 - 495)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-05-12

"Conforme al art. 2 del decreto ley 1304/75 los profesionales tienen derecho a que se les actualicen sus honorarios "computandose la depreciacion producida entre la fecha de la regulacion y la fecha de pago". Por lo tanto si se procede a actualizar lisa y llanamente el monto del juicio a partir de la fecha de promocion del incidente (4-8-81) y sobre el mismo y sus intereses se regulan los honorarios al dia 31-10-84, deben descontarse los honorarios regulados a fs. 50 actualizados a la misma fecha y a contar desde la de la resolucion (6-12-82). Caso contrario implicaria realizar una regulacion duplice, sobre este ultimo periodo...".-
Policía, jefe de policía
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDOZA, FERNANDO SEBASTIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 466-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-30

Las "pautas para el funcionamiento de las Juntas de Calificaciones" dictadas por el Jefe de Policía de la Provincia, no pueden considerarse "normas internas" -que por otra parte, no corresponden al Jefe de la Policía, según el artículo 72 inciso 4 de la Constitución Provincial-, salvo aquellas que le están atribuidas por la ley de modo expreso y que prevé el inciso "g" del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia Nº 7935 (t.o.

Decreto 1841), en el sentido de que puede modificar las normas reglamentarias internas, para mejorar los servicios, cuando la medida se encuentre dentro de sus facultades administrativas.
Tercerías, embargo, automotores
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ Fabián Alfredo c/ Díaz Saul B. y Otros s/ Tercería de Mejor Derecho (en Autos Nº 55252- "Díaz C/ Araya - Sumario - Ejecución)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-12-11

A tenor de lo previsto en el art. 103 las tercerías "deberán fundarse en el dominio de los bienes embargados o en el derecho que el tercero tuviere a ser pagado con preferencia al embargante.

El actor en la tercería reconoce que el automotor respecto del cual invoca derechos se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad del Automotor a nombre de otra persona, de modo que siendo tal inscripción constitutiva de derechos, dicha circunstancia fulmina la pretensión del tercerista.- No altera la conclusión aludida el hecho de que el tercerista, tenga la posesión del rodado y haya presentado el formulario 08 suscripto por el Gerente de la S.R.L. titular registral del vehículo, porque ello da cuenta de un convenio entre partes que no puede hacerse valer frente a terceros que no han participado en dicha transacción.
Recurso de inconstitucionalidad, subasta, personas con discapacidad, orden público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ZEGALO, SERGIO ALEJANDRO c/ TABORDA, HECTOR LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-28

Teniendo presente el reiterado planteo del ejecutado advirtiendo la especial prudencia que requiere el caso por encontrarse en juego los intereses de una persona con discapacidad -su hija-, con la cual convive en el inmueble objeto de la subasta, si bien ello no implica necesariamente la inejecutabilidad del inmueble en cuestión, sí determina la necesidad de extremar el cumplimiento de todos los recaudos tendentes a garantizar el derecho liberatorio con el que cuenta el ejecutado -con incuestionable voluntad de pago- o cualquier tercero por cuenta de éste, contemplado en el artículo 495 del Código de rito, dando así la certeza que el caso requería respecto de la subsistencia o no de la acreencia y de su monto o, incluso, para el caso del correspondiente remate, para asegurar su mejor valor posible en un contexto de transparencia, en virtud de la protección de los derechos cuya consagración y protección hacen al orden público. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhieren los Dres. Falistocco, Spuler, Netri y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 495
Régimen penitenciario, libertad asistida, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: E., J. s/ Libertad asistida (Expte Nº 59-98, Resolución Nº  44, Tomo 4, Folio  1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-18

El artículo 54 de la ley 24.660 sólo condiciona la obtención de la "libertad asistida" a que la pena que se esté cumpliendo sea de naturaleza temporal, y a que se la haya cumplido en medida tal que se esté transcurriendo el período anterior en seis meses a su agotamiento. Para la sustanciación del incidente reclama una manifestación de voluntad del condenado requiriéndolo y, también, la evacuación de informes del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento. Dentro del régimen estudiado, son condiciones obstativas para la procedencia de la "libertad asistida", que al condenado se le hubiese impuesto la accesoria del artículo 52 del Código Penal (la reclusión por tiempo indeterminado que sigue a la declaración de multirreincidencia), y, en su caso, la estimación judicial de "que el egreso puede constitui r un grave riesgo para el condenado o para la sociedad" (sic). Se preocupa sin embargo la ley por dejar en claro que la denegación de incorporación al régimen de liberación que crea, ocurrirá sólo "excepcionalmente", dirigiendo nítidamente esta conminación al juez que debe pronunciarse acerca de la única pauta susceptible de valoración subjetiva, que no es otra sino la señalada en la última parte del párrafo precedente.
REPÚBLICA DEL PARAGUAY, Pacto de San José de Costa Rica, responsabilidad internacional del Estado, Corte Interamericana de Derechos Humanos, violación de derechos humanos, violación del derecho a la vida, propiedad comunitaria de la tierra, pueblos originarios, situación de vulnerabilidad, personería jurídica, analfabetismo, incumplimiento de resolución judicial, reparaciones urgentes, desnutrición infantil
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa c/ Paraguay s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2007-02-02

No corresponde la adopción de medidas provisionales en el caso en el que la República del Paraguay resultó condenada -el 29 de marzo del 2006-, por violación al derecho a la vida, los derechos de propiedad, protección judicial y personalidad jurídica -artículos 8, 25, 21, 4, 4.1, 19 y 3 de la Convención Americana-, en perjuicio de los miembros de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, pues la Corte Interamericana tuvo por plenamente comprobado que a la carencia de sus tierras se sumaban el analfabetismo, las tasas de morbilidad por enfermedades evitables, la desnutrición y la marginalización por causas económicas, geográficas y culturales que los ubicaba en situación de vulnerabilidad, constituyendo, la extrema gravedad y urgencia que el caso posee, una flagrante violación a la Norma Internacional.
Acción de amparo, revocación del acto administrativo, examen nulo, establecimientos educacionales, universidades privadas
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: KAPLAN, ALEJANDRO D. c/ FUNDACION UNIVERSIDAD DE BELGRANO s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-06

Las resoluciones que dictan las universidades en el orden interno, disciplinario, administrativo y docente que le es propio, no son, como principio, susceptibles de revisión judicial en tanto ellas respetan en sustancia los derechos y garantías establecidos en la constitución nacional y no constituyen un proceder manifiestamente arbitrario. El hecho de que sólo sean revisables por el poder judicial las resoluciones o actos manifiestamente ilegales o que violen algún derecho o garantía constitucional, es una consecuencia del principio, constitucional también, de división de poderes, art. 321 del C.Procesal. Debe rechazarse el amparo deducido por un alumno tendiente a que se revoque el acto administrativo dictado por una universidad privada, que desestimó su pedido de nulidad de un examen, fundado en la composición de la mesa por un solo profesor y en que se lo interrogó utilizando un programa que no había sido aprobado por la facultad, si se probó que la primer integración de la mesa con otros dos profesores y si el mismo alumno, en su demanda, pide que se lo interrogue sobre la base de ese programa, lo que demuestra que su anterior utilización no afectó su posibilidad de exponer sus conocimientos.
Impuesto a las ganancias, desgravación impositiva, mutuo comercial, actividad agropecuaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Eurotur SRL. s/ recurso de apelación - ganancias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

No procede la desgravación, si ninguna cláusula del contrato de mutuo cuyo monto constituiría la presunta inversión en la recuperación de tierras áridas (art. 111 de la ley 20.628 modificado por el art. 28 de la ley 20.954) vincula la suerte del préstamo al resultado de la explotación agropecuaria.
Prescripción, daños y perjuicios, relación de consumo, interrupción del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Plazaola, Mónica Alejandra c/ Telecom Argentina S.A.- s/ sumarísimo s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-04-26

El trámite iniciado por el consumidor en sede administrativa (en el caso, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones) interrumpe el plazo de prescripción (art. 50 LDC según texto Ley 26361). En el sentido interpretado, el art. 183 párrafo segundo del Anteproyecto de Ley de Defensa al Consumidor elevado el 6 de diciembre de 2018 ante las autoridades del Ministerio de Producción y Trabajo y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (ambos de la Nación), por la comisión designada al efecto, establece que "el curso de la prescripción se interrumpe por la iniciación de actuaciones administrativas, efecto que se mantiene hasta la terminación de esta instancia".
Prevención del delito, Ministerio Público Fiscal, yacimientos paleontológicos, objeto fuera del comercio, error de prohibición, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: MIÑO, Claudio Rubén c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

El imputado obró con total libertad al determinar su conducta, y en nada influyó el posterior actuar de la prevención, bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal. La pretendida ausencia de "ánimo de onerosidad" postulada por la defensa no tiene ningún tipo de asidero ni se condice con las probanzas recolectadas. Recuérdese que en los propios anuncios efectuados en la página web, se consignó frases como "espero buena oferta" o "escucho ofertas", circunstancia que revela sin lugar a dudas que precisamente la finalidad de esas publicaciones no era otra más que ejecutar un acto de comercio respecto de piezas fósiles especialmente protegidas y amparadas por la ley. Siendo ello así, el encuadre de la conducta corroborada como constitutiva del delito previsto en el art. 48 de la ley 25.743 queda fuera de toda discusión. Recuérdese que la figura en trato sanciona al que "transportare, almacenare, comprare, vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiere en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de yacimientos arqueológicos y paleontológicos nacionales e internacionales". Téngase particularmente en cuenta además que conforme lo dispuesto por el artículo 9 de la ley 25.743 los bienes arqueológicos y paleontológicos pertenecen al dominio público, extremo que conlleva su inenajenabilidad absoluta por encontrarse fuera del comercio (artículos 235 inciso "h" y 237 del Código Civil, y artículos 43 y 48 de la ley 25.743); lo expuesto, sin perjuicio del régimen estatuido para los propietarios de piezas o colecciones anteriores a la sanción de la referida ley (ver artículos 16 y siguientes). Por lo demás, y respecto al planteo de error de prohibición, no cabe más que señalar que no se advierte -ni la parte logró demostrar- motivo alguno que permita válidamente sostener que el acusado no tuviera la posibilidad de conocer la antijuridicidad de su conducta, pues sabía que los restos fósiles que tenía en su poder y que ofrecía para la venta revestían la calidad de "piezas paleontológicas", circunstancia que luce evidente del contenido de los anuncios efectuados, así como también de las conversaciones mantenidas con la prevención y de los llamados efectuados por el acusado al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas de Entre Ríos.
Medida de no innovar, leyes, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Pesoa, Sergio Alfredo y Otros. s/ Declaración de Inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-09-15

Tratándose del cuestionamiento a una ley, no resulta en principio admisible la pretensión de suspender su vigencia si no se invoca y prueba un daño de gran magnitud e imposible reparación, no puede ser el caso de la quita de un porcentaje del sueldo de los agentes públicos, ya que se presume juris el et de jure la solvencia del Estado y la consiguiente responsabilidad del mismo por todo perjuicio que causen sus actos legislativos, administrativos o judiciales.

Las medidas de no innovar no pueden tener por objeto impedir la aplicación de una ley, pues en el conflicto suscitado entre ésta y el interés particular, debe tener primacía la inmediata aplicación de la ley. La presunción de validez de los actos del Estado impide al Poder Judicial, salvo supuestos excepcionales, cercenar la vigencia de las leyes por vía de un simple mandato de no innovar, para el cual no concurren, los recaudos básicos que exige el ordenamiento legal vigente, como el peligro en la demora y la irreparabilidad del perjuicio.-
Alimentos, cuota alimentaria, pautas
Materia: CIVIL
Carátula: S.M. c/ B.E. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-05-19

No debe tenerse en cuenta, como pauta a los fines de la fijación o cambio de la cuota alimentaria, únicamente la capacidad económica del alimentante, pues deben contemplarse también las necesidades de los alimentados y el nivel social al que estaban acostumbrados.-
Relación de dependencia, prueba, testigos
Materia: LABORAL
Carátula: Retamozo, Mario Javier c/ Kreis, Alfredo Oscar s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-08-26

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo que en base a la prueba testimonial, fecha de ingreso del actor. Se queja porque según su postura, los recibos de haberes constituyen elementos probatorios suficientes para oponerlos a la testimonial, deviniendo irrelevante, que el libro de sueldos y jornales fuera habilitado con posterioridad al inicio de la relación laboral. Ello así, ya que los testigos son espontáneamente coincidente en declarar como fecha de inicio de la relación laboral la consignada en la demanda, no advirtiéndose contradicciones ya que los hechos narrados lo fueron con claridad y seguridad. Asimismo, se ha resuelto que se debe privar de eficacia al recibo cuando su examen, correlacionado con otros elementos, cree dudas sobre la realidad del pago, porque además de la omisión de recaudos del art. 143 de la Ley 20744, no existe correlación con la documentación laboral y comercial, según pericial contable, incorporándose operaciones cancelatorias por más de un concepto y por un monto global sin discriminación en abierta violación a la norma tuitiva laboral.