Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-24


Expte. nº 7637/10 "Instituto Tecnológico s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Instituto Tecnológico de Buenos Aires s/ Ej. fisc. - Avalúo'" Buenos Aires, 24 de junio de 2011 Visto: el expediente indicado en el epígrafe, resulta:

1. El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (en adelante, ITBA) interpuso una queja (fs. 28/36, de la queja) contra la decisión que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad (fs. 325/326 vuelta) deducido, a su turno, contra la sentencia de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario que, al modificar parcialmente la sentencia del juez de grado, mandó llevar adelante la presente ejecución en concepto de diferencia en contribución de Alumbrado Barrido y Limpieza, Territorial, y de Pavimentos y Aceras, y ley 23.514 (en adelante, "ABL") por los períodos que van del 1/1/2001 al 31/12/2006 (fs. 294/295).

2. Para así decidir, la Cámara sostuvo, primeramente, que, según surgía de la medida para mejor proveer decretada en autos, ".el inmueble sito en la Av. Eduardo Madero 301 registró [una] exención del 100% de las contribuciones inmobiliarias por el período 01/07/96 al 31/12/2000, toda vez que su titular, la entidad de autos, registró [una] exención por le (sic) período precitado conforme lo establece el art. 37, inc. 4º, del Código Fiscal (t.o. 2008), mediante Resolución nº 894/DGRyEl/97" (fs. 294 vuelta).

Luego de ello, señaló que la exención denunciada por el ITBA, esto es, aquella que le fue conferida por el PEN mediante el decreto 3028/73 (en virtud de lo dispuesto por la ley 17.604), ".fue derogada por el art. 87 de la ley 24.521, sancionada con fecha 20/06/1995 y publicada en el boletín oficial el 10/08/1995" (fs. 294 vuelta).

Finalmente, manifestó que la ".constancia de deuda de fs. 1 permit[ió] identificar con nitidez las circunstancias que justifican el reclamo por la vía elegida y posibilit[ó] un adecuado ejercicio del derecho de defensa".

A lo que agregó que el hecho de que ".en el título ejecutivo se haya consignado como adeudada una suma única en concepto de la contribución antes señalada y que la parte demandada se encuentre exenta a partir del 1/07/1996 hasta el 31/12/2000 de la contribución inmobiliarias (sic) no lo torna inhábil, ya que resulta factible que en la etapa de ejecución se determine el capital efectivamente adeudado" (fs. 295).

3. El ITBA sostiene que esa decisión debe ser equiparada a definitiva a los fines del recurso de inconstitucionalidad porque, a su juicio, en ".la presente causa se ha controvertido lo relativo a la procedencia de la exención impositiva de tal forma que lo aquí [.] resuelto [.] no podrá ser replantead[o] posteriormente" (fs. 302).

En cuanto al fondo del asunto, tacha de arbitraria la sentencia de Cámara.

Manifiesta que el a quo no se hallaba en condiciones de tratar el argumento del GCBA según el cual la ley 24.521 ".habría derogado la ley 17.601 que autorizaba al Poder Ejecutivo Nacional a dictar decretos de exenciones impositivas como lo hizo puntualmente con el ITBA" (fs. 303 vuelta).

En ese orden de ideas, afirma que "[e]l marco del proceso que[dó] delimitado por la pretensión de las partes.

El debate tiene los límites de esa pretensión. Luego de concluido ese debate en primera instancia, deviene extemporáneo y sorpresivo alegar cuestiones nuevas que no fueron introducidas en la estación procesal oportuna" (fs. 304); razón por la cual, afirma, la Cámara no pudo válidamente expedirse con relación a la ley 24.521, toda vez que esa ley no fue materia de debate ante la primera instancia.

Finalmente, sostiene que una correcta interpretación de la ley 24.521 lleva a concluir que esa norma ".no ha derogado la eximición impositiva que gozaba el ITBA, sino que por el contrario [ha] legislado expresamente que esa exención mantiene plena vigencia" (fs. 305).

En particular, dice el ITBA que es una universidad nacional de gestión privada (cf. lo dispuesto en la leyes 24.195 y 24.521).

En ese marco, afirma que se halla alcanzada por el art. 88 de la mencionada ley 24.521 que establece que "[t]odas las normas que eximen de impuestos, tasas y contribuciones a las universidades nacionales al momento de la promulgación de la presente ley, continuarán vigentes".

4. La Cámara -luego de que el GCBA contestara el traslado que le fuera conferido (fs. 310/321)- declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el ITBA; para resolver lo cual, sostuvo que si bien la sentencia era equiparable a definitiva, la parte demandada no había acreditado que se encuentre comprometida la interpretación de norma constitucional alguna. Señaló, asimismo, que el ITBA no demostró la arbitrariedad que le imputó a la sentencia de Cámara (fs.

325/326 vuelta).

5. El Fiscal General Adjunto opinó que la queja indicada en el punto 1 de estos "Resulta" debía ser rechazada porque, a su juicio, los agravios del ITBA sólo ".trasuntan una mera discrepancia con la valoración de las pruebas e interpretación y aplicación que la Cámara efectuó de las normas infraconstitucionales que consideró aplicables al caso." (fs. 95 de la queja).

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. El recurso de inconstitucionalidad está dirigido contra una sentencia definitiva (cf. el art. 27 de la ley 402). Si bien, la decisión a cuya revisión aspira el ITBA fue dictada en el marco de una ejecución fiscal lo que conllevaría, como principio, no acordarle el carácter indicado, los jueces de la causa se han expedido acerca de la obligación de fondo, impidiendo de esa manera que dicha discusión pueda tener lugar en un proceso ordinario ulterior.

En este orden de ideas, el a quo analizó la procedencia de la exención que invocó el ITBA con apoyo en lo dispuesto en la ley federal nº 17.604 y el decreto nº 3028/73 (emitido por el PEN), concluyendo que no cabía acordarle a esas normas los efectos pretendidos por ese Instituto. En particular, sostuvo que esas normas habían sido derogadas por medio de la ley 24.521 (v. el punto 2 de los "Resulta").

A su vez, el ITBA, entre sus agravios, ha propuesto una discusión que versa acerca de la interpretación que cabe acordarle a una ley federal: la ley 24.521 (v. último párrafo del punto 3 de los "Resulta").

Esas circunstancias, tornan al recurso de inconstitucionalidad procedente con relación a ese planteo, cf. la doctrina sentada por la CSJN en el precedente publicado en Fallos: 311:2478, "Di mascio".

2. La parte demandada sostiene ser, a la luz de lo dispuesto en a ley 24.521, ".una Universidad Nacional de Gestión Privada." (fs. 304vuelta, la negrita corresponde al original); razón por la cual, afirma que mantendría la exención al pago del ABL que le acordaba el decreto nacional 3028/73 y el art. 16 de la ley 17.604, toda vez que el art. 88 de la ley 24.521 (norma modificatoria de la ley 17.604) dispuso, expresamente, que "[t]odas las normas que eximen de impuestos, tasas y contribuciones a las universidades nacionales al momento de la promulgación de la presente ley, continuarán vigentes".

En ese orden de ideas, manifiesta que de acuerdo a lo previsto en la ley 24.521 (ley de educación superior) las universidades pueden ser nacionales, provinciales o municipales, sin que importe, a tales fines, que su gestión sea pública o privada. En apoyo a esa postura cita los artículos 1 y 26 de la mencionada ley 24.521, y agrega ".que los institutos universitarios estatales o privados reconocidos integran el sistema universitario nacional" (fs. 25vuelta, la negrita corresponde al original).

3. El tributo de cuyo pago sostiene la parte recurrente hallarse exenta por medio de una ley federal es uno de carácter local: el ABL. Ello no impide, per se, que el Estado Nacional pueda establecer un beneficio de esa especie que afirma tener el ITBA.

De hecho, en varias oportunidades he señalado que el Estado Nacional puede, bajo circunstancias que respeten la igualdad y la generalidad del tributo, y siempre que ello tenga por fin satisfacer un interés federal legítimo y prevaleciente, eximir del pago de tributos provinciales (cf. mi voto in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Expreso Singer SA c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos'", expte. n° 6664/09, sentencia de este Tribunal del 21de abril de 2010, entre otros).

Pero, una exención de esa especie constituye una medida extrema de la Nación que, por ello, sólo puede ser el resultado de una interpretación inequívoca de la ley.

A tales fines, el intérprete deberá constatar que: i) la voluntad del Congreso de sobreponer el interés federal al local sea inequívoca; ii) ese interés sea de aquellos que la Constitución Nacional encomienda tutelar al Congreso; y, iii) el predominio del interés federal sobre el local sea el único medio de asegurar el federal o que ese predominio evite una sensible desproporción entre un relativamente escaso sacrificio presente para el estado local y el relativamente desmesurado que la Nación experimentaría si adoptara cualquier otra medida federal para lograr el mismo objetivo.

En este segundo supuesto, cabría compensar el sacrificio del estado local.

4. Con arreglo a esos parámetros es que corresponde en el caso interpretar la ley 24.521; norma de la que, adelanto, no cabe extraer la conclusión a la que arriba el ITBA.

4.1. Primeramente, vale señalar que, a diferencia de lo que sostiene la parte recurrente (cf.

el punto 2 de este voto), conforme lo previsto en la mencionada ley 24.521 y en la ley de "Educación" (la 24.195), no cabe acordarle el mismo significado a los conceptos "universidades nacionales" y "Sistema Nacional de Educación", puesto que la relación que existe entre ellos es una de subsunción.

En efecto, la ley 24.195 regula el sistema educativo nacional, cuya estructura, en lo que ahora importa, se halla integrada por: una "Educación Inicial"; una "Educación General Básica"; una "Educación Polimodal"; una "Educación Superior"; y, por último, una "Educación de Posgrado"; (cf. el art. 10 de esa ley).

Por su parte, la ley 24.521 establece, entre otros, cómo estará constituida la mencionada "[e]ducación superior" (cf. su art. 5); en cuyo marco, se encuentra la enseñanza superior universitaria, la que de acuerdo a las previsiones del art. 26 ".estará a cargo de las universidades nacionales, de las universidades provinciales y privadas reconocidas por el Estado nacional y de los institutos universitarios estatales o privados reconocidos, todos los cuales integran el Sistema Universitario Nacional" (cf. el art. 26 de esa ley, el subrayado no pertenece al original).

De esas normas Así las cosas, las "universidades nacionales" forman parte del Sistema Universitario Nacional, el que, a su vez, integra el sistema de "Educación Superior", y éste, por último, la estructura del "Sistema Nacional de Educación".

4.2. Señalado ello, resta analizar si, a la luz de las previsiones de la ley 24.521, el ITBA puede ser caracterizado como una "universidad nacional" de gestión privada como sostiene la parte recurrente.

4.3. La oscuridad que, a tales fines, puede llegar a presentar el art. 1 de esa ley, queda despejada con los demás artículos relacionados con la cuestión aquí debatida.

Conforme surge del art. 26 transcripto supra, la enseñanza superior universitaria está a cargo de: (i) las universidades nacionales, provinciales, y privadas; y (ii) los institutos universitarios estatales o privados reconocidos.

En línea con ello, el art. 48 de la ley 24.521 (que da comienzo al Capitulo 4, del Título IV, cuyo nombre es: "De las instituciones universitarias nacionales") establece que "[l]as instituciones universitarias nacionales son personas jurídicas de derecho público, que sólo pueden crearse por ley de la Nación." (sin subrayar en el original).

El art. 62 (que inicia el capítulo siguiente, el 5, cuyo nombre es: "De las instituciones universitarias privadas") dispone que "[l]as instituciones universitarias privadas deberán constituirse sin fines de lucro, obteniendo personería jurídica como asociación civil o fundación.

Las mismas serán autorizadas por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que admitirá su funcionamiento provisorio por un lapso de seis (6) años, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y con expresa indicación de las carreras, grados y títulos que la institución puede ofrecer" (sin subrayar en el original).

Finalmente, el art. 69, (que inicia el Capítulo 6: "De las instituciones universitarias provinciales"), prevé que "[l]os títulos y grados otorgados por las instituciones universitarias provinciales tendrán los efectos legales previsto en la presente ley, en particular los establecidos en los artículos 41 y 42, cuando tales instituciones:// a) Hayan obtenido el correspondiente reconocimiento del Poder Ejecutivo Nacional, el que podrá otorgarse previo informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, siguiendo las pautas previstas en el artículo 63;// b) Se ajusten a las normas de los capítulos 1, 2, 3 y 4 del presente título, en tanto su aplicación a estas instituciones no vulnere las autonomías provinciales y conforme a las especificaciones que establezca la reglamentación" (sin subrayar en el original).

Esa organización, a su vez, no resulta novedosa. Es análoga a la que establecían las leyes federales 17.604, 17.778, 23.068 y 23.569, derogadas por medio del art. 87 de la ley 24.521.

En efecto, la leyes 17.604 y 17.778 regulaban todo lo concerniente a los establecimientos universitarios privados y provinciales, respectivamente; hoy legislado, en su mayoría, en los reseñados capítulos 5° y 6°; y, las leyes 23.068 y 23.569 regulaban el funcionamiento de las universidades nacionales (hoy previsto en el citado capitulo 4° y pássim de la ley 24.521).

En ese marco, el sistema ideado por la ley 24.521 dista de ser el que sostiene el ITBA según el cual las universidades serían todas estatales (nacionales o locales), pudiendo su gestión ser pública o privada.

Asimismo, nada agrega, en lo que acá importa, el hecho de que la parte recurrente recuerde que el ITBA forma parte del "Sistema Nacional de Educación".

Ello así, toda vez que, conforme quedó indicado más arriba, ese sistema (denominado nacional en razón del carácter de la ley que lo regula en cumplimiento del art. 75, inc. 19, de la CN) reconoce la existencia de instituciones universitarias locales y privadas; razón por la cual, del carácter nacional del sistema no se desprende el de los institutos que lo integran.

En este orden de ideas, la ley 24.521 ha separado a las universidades privadas de la públicas (supuesto este último en el que también ha distinguido según sean nacionales o locales), acordándoles a cada una de ellas deberes y obligaciones distintos.

Por ejemplo, el art. 30 de la ley 24.521 establece los supuestos en que las instituciones universitarias nacionales pueden ser intervenidas por el Congreso Nacional; regla que, de acuerdo a la interpretación propuesta por el ITBA, debería ser extendida a las universidades privadas.

Empero, esa no es solución prevista en la ley. La consecuencia que prevé la ley 24.521 frente a los incumplimientos en que incurran los institutos universitarios privados es la imposición de sanciones, las que podrán llegar hasta la clausura definitiva del establecimiento (cf. el segundo párrafo del art. 65 de la ley 24.521).

4.4. En esas condiciones, no cabe extender a la parte demandada, esto es, una institución universitaria privada, la regla del art. 88 de la ley 24.521. Ello así, toda vez que no hay razones, en virtud de lo señalado supra, para concluir que esa regla deba alcanzar a otros institutos universitarios que no sean a los que se refiere el Capítulo 4 del Título IV de la citada normativa.

Corrobora esa conclusión, por su parte, la circunstancia de que no se desprende de la ley 24.521 cuál podría ser el interés federal que vendría a comprometer el cobro del ABL a las mentadas instituciones privadas; interés que tampoco la parte recurrente se ha ocupado en identificar.

Primeramente, de la normativa aquí analizada no surge una voluntad del Congreso de eximir del pago de ABL a las instituciones universitarias privadas; y, en segundo lugar, tampoco se desprende de esos textos legales que el cobro de esa gabela importe impedir la concreción del interés que el Estado Nacional pueda tener en que existan esos institutos dentro del "Sistema Nacional de Educación".

4.5. Por ello, voto por confirma la sentencia de Cámara en cuanto resolvió que la ley 24.521 derogó la ley 17.604 y, por ende, el decreto 3028/73.

5. Finalmente, la queja debe ser rechazada con relación a la tacha de arbitrariedad (v.

segundo párrafo de los "Resulta").

5.1. Si bien la parte recurrente sostiene que la sentencia de Cámara resulta arbitraria porque se expidió acerca de cuestiones no propuestas ante la primera instancia, no ha acreditado que se esté frente a ese supuesto.

Primeramente, el ITBA no ha mostrado que la Cámara se hubiera pronunciado acerca de una cuestión distinta de la aquí debatida: si el inmueble ubicado en la Av. Eduardo Madero n° 301/399 se halla exento del pago del ABL en virtud de lo dispuesto en el decreto 3028/73 y la ley 17.604.

A ello se suma el hecho de que el ITBA no ha acreditado que el fundamento en que encontró apoyo la sentencia del a quo, la ley 24.521, sea uno al que el a quo se hallaba imposibilitado de acudir (cf. el principio iuri novit curia, instituido por el art. 145, inc. 6, del CCAyT).

Por ello, habiendo dictaminado el Fiscal General Adjunto, voto por: i) hacer lugar a la queja en lo relativo a la interpretación de la ley 24.521; ii) rechazar la queja en cuanto a la tacha de arbitrariedad; y, iii) confirmar, en cuanto fue válidamente recurrida, la sentencia de fs. 294/295. Costas a la vencida.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al voto de mi colega, el juez Luis Francisco Lozano.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Participo de los fundamentos y de la solución propiciados en el voto de mi colega el Juez Luis Francisco Lozano en el sentido de que el recurso de inconstitucionalidad es formalmente procedente en tanto se dirige a cuestionar un pronunciamiento que, si bien ha sido dictado en el marco de una ejecución fiscal, corresponde ser equiparado a sentencia definitiva en los términos del art. 27 de la ley nº 402 por cuanto los jueces de la causa se han expedido acerca de de la procedencia de la obligación de fondo y la inoperabilidad de la exención que se invoca impidiendo de tal modo que dicha discusión pueda reeditarse en un proceso ordinario posterior.

2. También coincido con el Señor Juez de trámite en que, en la presente causa, los agravios traídos a esta instancia versan acerca de la interpretación que cabe acordar a la ley nº 24.521 -Ley de Educación Superior- la que reviste nítida naturaleza federal.

Las circunstancias apuntadas en este y el anterior punto recomiendan brindar trámite al recurso de inconstitucionalidad articulado.

3. Igualmente, hago propios los argumentos jurídicos contenidos en el voto del Juez Lozano que conducen al rechazo del recurso interpuesto por el "Instituto Tecnológico de Buenos Aires" al entender que no resulta acreedor de la exención respecto de las Contribuciones sobre Inmuebles aplicadas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Alumbrado, Barrido, Limpieza, Contribución Territorial, Cercos y Aceras y Fondo Permanente de Subterráneos), beneficio instituido por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional nº 3028/73 dictado con respaldo en la ley federal nº 17.604, habida cuenta de la abrogación del apuntado régimen a tenor de lo dispuesto por el art. 87 de la ley nº 24.521.

4. Como fundamentos singulares, me permito discurrir sobre la cuestión practicando las siguientes puntualizaciones:

a) El otorgamiento de exenciones de impuestos locales -provinciales, municipales y hoy, incluso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del status jurídico que le ha venido a reconocer la Reforma Constitucional de 1994- por el Congreso Nacional, si bien es admitida a partir del leading case de la Corte Suprema de Justicia federal, in re: "El Ferrocarril Central Argentino contra la provincia de Santa Fe; sobre repetición de pago de lo indebido"-Fallos: 68:227-, sentencia del 3 de julio de 1887, con fundamento en la Cláusula del Progreso (art. 67 inc. 16 de la Constitución Nacional -texto: 1853-1860-), recibió desde su formulación importantes embates de la más calificada doctrina por cuanto ello implica que un plano estatal que no dispone de la potestad tributaria normativa para gravar ciertas materias imponibles -el nacional- viene a estar investido de la facultad de exonerar tributos de otros planos de gobierno -los provinciales y municipales-.

Casi contemporáneamente al dictado de la sentencia del Tribunal cimero de que se hizo mérito, se defendieron en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires dos medulosas tesis doctorales.

La primera de Juan Álvarez -quien años más tarde se desempeñaría como Procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación- titulada "El Gobierno nacional no puede exonerar del pago de impuestos provinciales a las empresas industriales o comerciales" (Ed. Hispano-Americana de R. V. Uría, publicada en Rosario, 1898); y la otra de Carlos M. Coll, orientada en igual sentido, más allá de su título: "Facultad de la Nación para exonerar impuestos provinciales a empresas industriales y comerciales" (Ed. Argos, publicada en Buenos Aires, 1998).

A ello cabe sumar, entre otras, la destacada opinión del tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en un ensayo al que se introdujo haciendo alusión a la "Facultad de las comunas de aplicar gravámenes a las empresas ferroviarias" aparecido en "Antología Jurídica, Revista de Derecho, Filosofía, Historia y Letras", publicación de la Universidad de Buenos Aires, año XXI, nº 261, ps. 3 y ss., Buenos Aires, 1939.

De la compleja situación antes descripta puede al menos inferirse, frente al divorcio entre los sujetos impositores (fiscos locales) y el sujeto que decide la exención (el Congreso Nacional, titular en dicha esfera de los poderes financieros), que los beneficios así concedidos reclaman una extremada prudencia en su interpretación para evitar que por tal conducto se afecte el federalismo, la autonomía de los gobiernos locales y la suficiencia presupuestaria de los estados miembros y de sus entes territoriales menores.

b) Tampoco puede olvidarse que el colectivo de institutos tributarios comprendidos bajo el nombre genérico de "contribuciones" abarca en el sub examine prestaciones públicas patrimoniales coactivas a las cuales la doctrina nacional reconoce el carácter de tasas.

Tal el caso del Alumbrado, Barrido y Limpieza en el cual, dada su naturaleza, juega el principio jurídico y económico financiero de la contraprestación, y es así que a su cobro debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente -Fallos: 251:222; 259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792 y 332:1503-.

Lo antes apuntado obliga a ser extremadamente cauto al momento de reconocer exoneraciones por cuanto ello gravita, ya en el desfinanciamiento de los servicios uti singuli que le dan base causal al instituto, ya en una merma recaudatoria que deberá ser soportada por el restante universo de contribuyentes alcanzados por la actividad estatal justificante, o finalmente, a que la cobertura de la reducción de los ingresos deba ser suplida por rentas generales.

Esto se ha traducido, invariablemente, en que el escrutinio realizado por el legislador para otorgar exenciones deba ser más estricto en materia de tributos vinculados (es decir, no sólo en las tasas sino también en las contribuciones especiales) y, por el contrario, más laxo o flexible tratándose de impuestos (en tanto tributos no vinculados).

c) Por otro lado, también dentro de las dispensas tributarias, cabe diferenciar aquellas que están relacionadas con la caracterización misma del gravamen particular de que se trata -tal el caso del mínimo no imponible de las personas físicas, ligado a la noción de mínimo existencial o de subsistencia-, de aquellas que constituyen verdaderos beneficios o privilegios.

En las primeras, como lo señala dentro de la doctrina española Pedro M. Herrera Molina, la exención constituye una situación objetiva configuradora del tributo que permite modular la incidencia del gravamen excluyendo supuestos especiales o reduciendo en ciertas hipótesis la cuantía del débito tributario (ver, Pedro M. Herrera Molina, "La exención tributaria", p. 119 y ss., Ed. Colex, Madrid, 1990), mientras que los segundos proceden por otro tipo de motivaciones, preferentemente de carácter extrafiscal, resultando indiferente que exista o no en el caso aptitud de pago o capacidad contributiva para afrontar la carga.

A tenor de la clasificación realizada en el párrafo precedente, la exoneración aquí pretendida se enrola en la segunda categoría, pues está inspirada en criterios políticos legislativos y, consiguientemente, se coloca en tensión con el principio de generalidad, conforme al cual todo aquel que detente capacidad contributiva -ya se trate de gravámenes directos y, en menor medida, de indirectos- debe responder a la obligación de participar en el levantamiento de las cargas públicas para el sostenimiento del Estado como comunidad política organizada.

d) Luego de las matizaciones realizadas, orientadas a caracterizar la exoneración que se debate, se hace necesario recordar que el beneficio, instituido por el Estado nacional, encuentra sustento en la Cláusula del Progreso o de la Prosperidad, residenciada hoy como atribución del Congreso, en el art. 75 inc. 18 de la Constitución Nacional, disposición que se ve complementada, a partir de la Reforma de 1994, con el enunciado del inciso 19 de igual artículo, que algunos han dado en denominar Nueva Cláusula del Progreso o Cláusula del Progreso con Justicia Social.

Conforme los enunciados de la Ley Suprema, las dispensas tributarias que se concedan con apoyatura en la primigenia Cláusula del Progreso -calificadas desde la redacción inaugural como privilegios- están condicionadas al cumplimiento de distintos recaudos, a saber: i) que los mismos sean enderezados a la consecución de objetivos constitucionales -lo que estaría cumplido en el sub lite por cuanto el precepto se refiere al progreso de la ilustración-; ii) que exista una adecuada proporcionalidad entre el medio empleado -concesiones (.) de privilegios y recompensas de estímulo- y el fin perseguido, lo que obliga a practicar el escrutinio de razonabilidad; y iii) que las apuntadas dispensas sean temporales -situación que no se verifica en la especie-.

En este tercer y último aspecto nos recuerda Enrique G. Bulit Goñi que estos beneficios fiscales, tratándose de un privilegio que la ley otorga, deben ser concedidos temporalmente, como lo hiciera la Ley Mitre a favor de las empresas concesionarias de los servicios ferroviarios, de modo que la falta de un límite temporal a la exención impositiva compromete la validez constitucional de la dispensa (ver "Presentación: Cláusula del Progreso" en "Constitución Nacional y Tributación Local", Tomo II, ps. 1399 y ss., y en particular: "La ley de ferrocarriles y los impuestos locales", ps. 1400 y ss., también publicado en La Información, tomo XLIII, p. 70 y ss.; como "La Cláusula del progreso en materia tributaria", ps. 1449 y ss., también publicado en El Derecho, Tomo 203, ps. 908 y ss.).

5. En cuanto a la queja para sostener el recurso de inconstitucionalidad por los agravios por los cuales no fuera concedido en donde el "Instituto Tecnológico de Buenos Aires" agita la tacha de arbitrariedad, estimo que la misma no propone una cuestión constitucional en la medida en que no ha demostrado que el tribunal a quo se hubiera pronunciado sobre una asunto distinto al propuesto, esto es, si el inmueble que suscita la requisitoria fiscal está gravado o exento por los tributos cuya exoneración aquí se debate.

A ello cabe añadir que la fundamentación de la sentencia ha sido realizada sobre la base de las normas que la Cámara entendió aplicables al caso a partir del principio iura novit curia en virtud de la doctrina reiteradamente sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme a la cual ".el juzgador tiene no sólo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes" (considerando 6º de la sentencia dictada in re "Victoria Paz de Goñi Moreno y Otros v. Ivan Goñi Moreno" -Fallos: 296:633-, del 16 de diciembre de 1976; criterio que aún hoy sostiene el Tribunal cimero -ver en especial Fallos: 324:2946, considerando 4º-) y cuyo ejercicio no comporta un agravio constitucional (conforme doctrina de Fallos: 323:2456; 324:2946; 326:3050, entre otros, reseñados en el dictamen de la Señora Procuradora Fiscal de fecha 17 de junio de 2009 al que remitió el Tribunal federal en oportunidad de resolver recientemente en autos "Guerrero, Estela Mónica, por sí y sus hijos menores c/ Rubén Leandro Insegna s/ muerte por accidente de trabajo" -Causa G. 134. XLIV-, sentencia del 2 de marzo de 2011).

6. Como consecuencia de los fundamentos propios y aquellos a los que me remito, comparto la solución propiciada para el caso por el juez de trámite Luis Francisco Lozano.

Así lo voto.

La jueza Alicia E.C. Ruiz dijo:

1. La queja del Instituto Tecnológico de Buenos Aires ("ITBA") fue deducida en tiempo y forma y contiene una crítica mínima aunque suficiente de la resolución de fs.

325/326 vuelta, vistos los términos en que fue denegado el recurso de inconstitucionalidad.

Por lo tanto, el recurso directo debe ser admitido.

2. El recurso de inconstitucionalidad de fs. 301/305 vuelta ha sido interpuesto en tiempo y forma ante el tribunal superior de la causa, y quien recurre goza de legitimación y capacidad procesal.

Asimismo, el pronunciamiento atacado debe equipararse a uno definitivo aunque fue dictado en el marco de una ejecución fiscal. Como lo advierte el recurrente a fs. 302, lo resuelto por la Cámara respecto de la exención invocada en estos actuados no podría volverse a debatir en un proceso ordinario posterior.

3. Pese a ser formalmente admisible, el recurso de inconstitucionalidad en tratamiento no puede prosperar toda vez que no se ha logrado articular un caso constitucional.

3.1. El accionado aduce que el a quo violó el principio de congruencia al expedirse sobre la ley nº 24.521 dado que esa cuestión recién fue introducida por el GCBA al apelar la sentencia de grado.

Coincido con mi colega Luis Francisco Lozano en que este agravio debe ser rechazado.

El Gobierno promovió juicio de apremio contra el ITBA por cobro de $177.878,86 en concepto de diferencia (por "ampliación") en contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley nº 23.514 ("ABL"), correspondiente al inmueble ubicado en Eduardo Madero 301, por los períodos que van desde el 1/1/2000 al 31/12/2006.

Al oponer excepciones de falta de legitimación pasiva y de inhabilidad de título, el ejecutado denunció -en lo que aquí importa- la existencia de una exención otorgada por decreto nacional nº 3028/73.

En primera instancia se hizo lugar a las defensas del demandado.

La Ciudad dedujo recurso de apelación y la Sala II revocó parcialmente la decisión de grado, ordenando llevar adelante la ejecución por los períodos comprendidos entre el 01/01/2001 al 31/12/2006.

Los camaristas indicaron que por resolución nº 894/DGRyEI/97 se había concedido una exención para el inmueble sito en Av. Eduardo Madero 301 únicamente por los períodos 01/07/1996 al 31/12/2000. Y destacaron (fs. 294 vuelta) que "(.) la exención invocada por la parte demandada y que fuera otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto nacional 3028/73, en virtud de la ley 17.604, fue derogada por el art.

87 de la ley 24.521, sancionada con fecha 20/06/1995 y publicada en el boletín oficial el 10/08/1995".

El a quo se limitó a evaluar las normas que juzgó aplicables para determinar si el ITBA estaba o no exento del pago del ABL por todos o parte de los períodos ejecutados.

Y al realizar ese examen la Sala II no alteró el eje de la discusión ni introdujo un elemento extraño para la resolución del pleito.

Como lo expliqué al votar en "A.C.A.R. y A. y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'A.C.A.R. y A. y otro c/ GCBA s/ amparo'", expediente nº 5294/07, fallo del 14/11/2007, "[e]s un principio básico del derecho procesal el que sostiene que los jueces no se encuentran vinculados por el derecho que las partes invocaron para fundar su pretensión o su oposición.

En este sentido, la tarea de clasificar jurídicamente esas pretensiones u oposiciones no queda clausurada por lo que las partes aducen en la etapa constitutita (sic) del proceso, sino por el principio iura novit curia. Los jueces deben aplicar el derecho, lo que quiere decir que no están limitados al derecho que las partes eligen o consideran pertinente al caso.

Si se aceptara esto último, las partes serían quiénes (sic) tendrían la exclusividad de configurar el plexo normativo dentro del cual el juez debería elegir. Esta consecuencia es decididamente inaceptable. Cuando los jueces aplican el derecho, aplican todo el derecho." 3.2. El recurrente afirma que la Cámara ignoró el artículo 88 de la ley nº 24.521 que deja vigentes aquellas normas que a la fecha de su promulgación eximieran a las universidades nacionales de impuestos, tasas y contribuciones. El ITBA dice ser una universidad nacional de gestión privada.

El planteo no puede ser acogido ya que el accionado no relaciona la omisión que atribuye al pronunciamiento impugnado con la afectación concreta de ningún precepto constitucional. Y esa deficiencia en la argumentación impide avanzar en el análisis más allá de lo expuesto.

4. En consecuencia, voto por declarar admisible la queja de fs. 28/36 y rechazar el recurso de inconstitucionalidad de fs. 301/305 vuelta, con costas (art. 62 CCAyT).

Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de queja planteado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires en lo relativo a la interpretación de la ley 24.521 2. Rechazar el recurso de queja planteado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires en cuanto a la tacha de arbitrariedad.

3. Confirmar, en cuanto fue válidamente recurrida, la sentencia de fs. 294/295, con costas a la vencida.

4. Mandar que se registre, se notifique, se agregue la queja al expediente principal y, oportunamente, se devuelva a la Cámara remitente.