marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tercería de dominio, sociedad conyugal, actos de administración, actos de disposición, responsabilidad patrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: LUCHI  DE  GAITAN  MARTA OFELIA EN AUTOS FINANCOR CIA FINANCIERA S.A. C. SORIANO RAMON Y OTROS - EJECUTIVO s/ TERCERIA DE DOMINIO - SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-05-22

Las disposiciones de los art. 1276 y sgts., se refieren expresamente al gobierno de la sociedad conyugal es decir, a los actos de administración y de disposición que pueden realizar los cónyuges en ejercicio de facultades legítimas, pero ello nada tiene que ver con la responsabilidad patrimonial que, frente a tercero, adquiere cada uno de los cónyuges por las deudas que haya contraído.

Esto último aparece regulado por las disposiciones de la ley 11357.
Acción de amparo, medida cautelar innovativa, peligro en la demora
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ DE ORIETA, FARIDES EUGENIA c/ CONSEJO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA s/ AMPARO ROJAS HUGO MARCELO Y CHAVEZ RAMON ESTERGIDIO c/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE FRIAS Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-12-29|2003-11-27

El despacho de una medida innovativa dentro del marco del amparo requiere una singular prudencia, en tanto este tipo de proceso supone una suerte de tutela temporalmente privilegiada de un derecho afectado o amenazado con lo cual el anticipo de efectos inherentes a la cautelar corre el riesgo de invadir zonas propias del debate sustancial. Máxime si se advierte que el peligro en la demora aparece con menor intensidad, toda vez que en procesos de esta naturaleza, con términos acotados, la decisión final recaerá en plazo breve, evitando que se tornen inoperantes sus efectos.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, nombramiento, antigüedad, ejercicio profesional, Poder Judicial, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

César Enrique Romero, comentando el artículo 97 de la Constitución Nacional, dice "Dado lo técnico del servicio el título de abogado es de inexcusable exigencia; y su antigüedad (ocho años de ejercicio) que no parece ser en el título, como se ha entendido siempre, sino que la ley fundamental y el recaudo tiene razonable fundamento- requiere ejercicio de la profesión de abogado...Ejercicio no es lo mismo que antigüedad; es la realización de la profesión que autoriza el título porque no es la misma experiencia el sólo desempeño de la carrera judicial, que el oficio de la abogacía: el duro oficio de pedir justicia. Es otra experiencia; y acaso esta última proporciona un mayor conocimiento de la vida, de la que transcurre en las afueras de los despachos judiciales, en más de una ocasión torres de marfil, ajenas en esa vida que más que naturaleza, como Ortega, es historia. En cuanto a nuestro criterio sobre ejercicio de la profesión y no simple antigüedad del título o desempeño en cargos en el Estado o en la magistratura judicial- como es el sentido asignado a la exigencia constitucional- tiene su antecedente en el art. XCIII del Capítulo Unico Sección IV de la Constitución de 1819 que mencionaba: 'letrado recibido con ocho años de ejercicio publico'.

La reforma de 1949 mantuvo el texto, sólo aumentado a diez años de ejercicio; y que nosotros entendemos que son en la profesión; y que, si fueren cuestionados deberían ser acreditados como se hace ante las Cajas de Previsión (artículo 92).
Recurso contencioso administrativo, derechos subjetivos, interés legítimo, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PODADERA, FRANCISCO CALIXTO c/ COMUNA DE VIDELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD (CSJ EXPTE N. 496  86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-02-21

La distinción entre los dos intereses tutelados por el Recurso Contencioso Administrativo -derecho subjetivo o interés legítimo- adquiere gran relevancia práctica de carácter procesal, porque sobre ella se fundan los recursos legislados por la ley 4106: Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción y Contencioso Administrativo de Ilegitimidad. El primero se diferencia del segundo por su finalidad, por su trámite y por su resultado, y su respectiva procedencia formal se ha de juzgar por la índole de la situación jurídica subjetiva afectada.
Pasantías, práctica rentada, aportes previsionales, contrato de trabajo, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GENERAL MOTORS ARGENTINA S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

Las prácticas rentadas (en el caso, la empresa acordó con distintas Facultades la realización de las mismas por alumnos que estuviesen cursando los dos últimos años de sus carreras universitarias, por períodos de dos o tres meses, de media jornada laboral y a cambio de una retribución específica en dinero) no pueden ser gravadas con aportes si no se demuestra que entre la empresa y los "becarios" se hubiese configurado un contrato de trabajo que tornase operativas las previsiones del art. 2 de la ley 18.037; máxime cuando el art. 11 del referido cuerpo legal establece específicamente que las asignaciones pagadas en concepto de beca no resultan gravadas con aportes al sistema.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, personal municipal, nombramiento, personal de gabinete, juez de faltas
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: RIVADERA, ROSSANA ALICIA c/ MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BERMUDEZ s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-09-22

Es inadmisible la queja interpuesta por la Municipalidad recurrente-quien alega ausencia de tratamiento sobre la calidad de personal de gabinete de la amparista- designación que el Intendente tiene la facultad de remover, no constituyendo dicha remoción un acto ilegal ni irrazonable- desde que soslaya la impugnante hacerse cargo del punto fundamental del fallo, esto es, su sustento normativo: el artículo 50 de la ordenanza n° 876/2008, vigente al momento del cese, que exige del Intendente una resolución fundada en caso de remover al Juez del Tribunal de Faltas directamente designado por él si es que lo hace antes del término de su gestión.
Entidades financieras, responsabilidad del síndico de la sociedad
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: ASTOLFO, H.R. Y OTROS (PROMOSUR  S.A.C.F. ) c/ B.C.R.A. s/ RESOL. N. 50
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01

Los Síndicos constituyen un órgano de fiscalización impuesto por la ley con el esencial cometido de velar por la preservación de la legalidad, con lo que la función que desempeñan viene a tutelar el interés particular manifestado por la voluntad de la asamblea que los elige, sin que baste para eximir su responsabilidad la mera alegación de ignorancia, en tanto ella comporte el incumplimiento de aquel cometido.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Angel Asís c/ Campillay, Karina Ester s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-19

Es criterio de la suscripta, en cuanto al contenido de la expresión de agravios, que no basta disentir con la interpretación dada por el juzgador sin fundamentar la posición ni concretar pormenorizadamente los errores u omisiones en que éste habría incurrido respecto de la valoración de los elementos traídos a juicio en función de las normas que rigen la materia, o sin dar las bases jurídicas de los distintos puntos de vista, como igualmente manifestar la disconformidad con la decisión por considerarla equivocada o injusta sin dar ninguna pauta distinta a la evaluada por el "a quo".
Robo, uso de armas
Materia: PENAL
Carátula: MANSILLA MARCOS LIDER s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-12-05

EL arma que no se halle en ese estado (operatividad), o el objeto que simula serlo, carecen objetivamente de capacidad ofensiva, aunque la víctima o el autor, equivocadamente se la atribuyen. Tal atribución subjetiva no cambia la condición objetivamente inofensiva del instrumento utilizado, sin perjuicio que, por constituir una de las hipótesis de la violencia física, encuadra en la figura básica del robo.
Daño, culpabilidad
Materia: PENAL
Carátula: T, M. A. s/ Daño (EXPTE. Nº 40-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-06-06

Ha quedado claro en la doctrina que el delito de daño no requiere un "dolo específico" (si es que resulta admisible su existencia), no es un dañar "para", un hacer desaparecer "para", etc. La culpabilidad de este tipo penal se acuña con el conocimiento de la repercusión dañadora de la acción y la voluntad de asumirla mediando ese conocimiento.
Derecho procesal, medidas cautelares, embargo preventivo, caución juratoria
Materia: COMERCIAL
Carátula: RAVAZZANI,  MARTIN c/ JACKSON BERKLEY LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DEVIDA S/ s/ RDINARIO S/ INC. DE MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-02

Procede admitir la traba de embargo preventivo sobre los bienes de la accionada, previa caución juratoria de la accionante, toda vez que se dan -en el caso- los presupuestos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, necesarios para su admisión, ya que se esta reclamando la restitución de todo lo abonado en el marco del contrato de seguro de vida y ahorro suscripto entre las partes, resuelto -según la asegurada- por culpa de la aseguradora que pretendió modificar indebidamente el signo monetario acordado oportunamente en el contrato, y no -como pretende esta- el rescate del capital asegurado; ello así, es factible que el derecho invocado por la accionante exista, cumpliéndose con el primer presupuesto; además, ante la profunda crisis económica y financiera que ha afectado a la economía nacional en los últimos años -con específico impacto en los mercados financieros y de seguros-, no puede descartarse la posibilidad de que al finalizar el juicio, la demandada no se encuentre en condiciones de soportar la eventual condena que pudiera dictarse, con lo cual existe un peligro para la accionante en aguardar el dictado de la sentencia sin que se disponga la cautelar solicitada, con lo cual se cumple el segundo de los presupuestos.
Daño moral, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: BONIFACIO, J. c/ Sindicato Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-07-06

Algunos fallos han decidido que si bien la parte dice en su escrito de demanda que los valores en concepto de daño moral quedarán sujetos a lo que en más o en menos resulte de la determinación judicial, debe apreciarse que no cabe, por parte de esta instancia, llevar los valores más allá de lo que la propia parte damnificada justipreció en su momento como daño moral, ya que precisamente este rubro no está sujeto a prueba alguna, sino que intenta reconocer la afectación que la parte manifiesta haber experimentado (C. Nac. Civ., sala M, 6/9/93, "Marino de Iglesias, Blanca O. v. Sidelski, Silvia L. y otro", JA 1995-III, síntesis). En similar sentido, se ha juzgado que el empleo de la fórmula "o lo que en más o menos resulte de la prueba" carece de significado para otorgar más de lo pedido con relación al daño moral, puesto que los elementos a aportar para dilucidar su monto ya obran en conocimiento de quien reclama, que tiene a su alcance arrimarlos al juicio para sustentar su posición, por cuanto no depende de parámetros ajenos al reclamante ni de peritajes técnicos que requieran conocimientos profesionales específicos (C. Nac. Civ., sala F, 21/11/02, "Rotella, Marcelo J. v. López, Gerardo y otro", JA 2004-III-síntesis). (del voto del Dr. López Mesa)
Escritos judiciales, ratificación de actos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Castan, Jorge Domingo c/ Camisay, Roberto David s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2000-06-28

Ninguna trascendencia tiene la ratificación posterior del interesado, cuando la calidad de apoderada es subsiguiente a la presentación de los escritos de apelación y fundamentación del recurso, y cuando ya habían vencido con exceso los plazos procesales previstos por las normas adjetivas. No hay convalidación o reconocimiento alguno de actos inexistentes, como los que se conforman por la ausencia de firma del demandado.
Daños y perjuicios, indemnización por accidente de trabajo, enfermedad accidente, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, Angel Oscar c/ RHONE MERIEUX ARGENTINA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-21

El derecho patrimonial que le asiste al trabajador víctima de una enfermedad profesional, tiene origen y queda incorporado a su patrimonio, desde el momento en que su empleador ha tomado conocimiento de la afección padecida por su dependiente a consecuencia del cumplimiento de sus funciones laborales. De ahí que, la ley que debe aplicarse es la vigente al momento de constitución de la relación jurídica de responsabilidad (enfermedad) -en el caso la ley 24.028- aun cuando el formulario de mediación se haya presentado con posterioridad a la vigencia de la ley 24.557.
Sentencia arbitraria, graduación de la pena, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Julio Miguel De Vido en la causa De Vido, Julio Miguel y otro c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-01

La determinación de la pena, además de compadecerse formalmente con la escala autorizada por la figura que reprime la conducta ilícita que se le reprocha al condenado, debe ser adecuadamente fundada de conformidad con las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, pues no se trata de un mero cálculo matemático o una estimación dogmática, sino de la apreciación de los aspectos objetivos del hecho mismo y de las calidades de su autor que deben ser ponderados conjuntamente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Ríos, José s/ Privación ilegal de la libertad agravada - Robo agravado por el uso  de armas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

Es insuficiente el recurso que impugna la prueba de presunciones sosteniendo que los indicios invocados son equívocos y que, analizados en conjunto, conducen a diversas conclusiones, pero no intenta demostrar la realidad jurídica de esa afirmación.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: GOBIERNO DE LA PROVINCIA c/ DOMINGUEZ SEBASTIAN Y OTROS s/ EXPROPIACION GOBIERNO DE LA PROVINCIA c/ DOMINGUEZ SEBASTIAN Y OTROS s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-17|1997-02-17

La carga de las partes de impulsar el procedimiento cesa únicamente con el llamamiento de autos para sentencia. Aún cuando el próximo acto procesal fuese el dictado de dicha providencia, esa circunstancia no libera a las partes de la necesidad de llevar adelante el proceso, carga que es de los litigantes y no del juzgado.Si no se ha dictado esa providencia y se han cunplido los requisitos exigidos por la ley, corresponde declarar la caducidad de la instancia.Esta solución no cae en lo puramente ritual, pues aparte de que el derecho es en gran medida un conjunto de formas, con mayor razón la rama del procesal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba, reconocimiento en sede judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANCHEZ, MARTIN c/ SANATORIO MAYO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-03

El cuestionamiento del recurrente no traduce más que una discrepancia con lo resuelto por la Cámara en el ejercicio de funciones que le son propias, desde que esta señaló que es inexacta la afirmación de que se soslayó la cuestión referida al reconocimiento por parte del demandado de las notas presentadas por el actor, ya que surge del considerando que se indica que sí se encontraba acreditado que el actor había prsentado las notas que acompañara denunciando irregularidades.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, acción civil, cuestiones prejudiciales, extinción de la acción penal, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: C., O. E.; A., E. R. Y P., C. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -   ADMINISTRACION FRAUDULENTA, ESTAFA PROCESAL Y TENTATIVA DE ESTAFA  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 12 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-25

Corresponde rechazar la queja desde que los reparos centrados en la ausencia de fundamento de la condena civil, alegando que la acción civil se ejercitó dentro de un proceso penal que culminó en el sobreseimiento de los imputados quedan hueros de sustento ante lo específicamente puntualizado por la Cámara acerca de que el sobreseimiento por prescripción de la acción penal no es equiparable a sentencia absolutoria -porque el hecho no existió o porque el imputado no fue el autor o partícipe o porque existen causas que justifiquen el obrar típico-, desde que la prescripción no borra el delito como hecho, desvaneciéndose así la pretensión del recurrente de identificar ambas situaciones.

En tal sentido, se advierte que la Cámara delimitó que si bien la acción pública penal se había extinguido, debía expedirse sobre la cuestión civil promovida y ejercitada dentro del proceso penal fundándose en lo dispuesto en el artículo 17 segundo supuesto y último párrafo del Código Procesal Penal, alegando que "no obstante que la sujeción de la acción civil al mantenimiento de la acción penal en razón de su accesoriedad es la regla, el legislador a través de esta norma ha reglamentado ciertas excepciones en las que por razones de economía procesal y de una tutela eficaz al justiciable damnificado -que también amparan los Tratados Internacionales de Derechos Humanos- configuran situaciones que justifican la excepcionalidad";

agregando que "la norma refiere al caso en que el órgano jurisdiccional resuelva la extinción de la acción penal, cuyos supuestos son los previstos en los Artículos 59 y 76 ter, del Código Penal".
Concursos, efectos de la apertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Auxilio Familiar Coop.Seg.Ltda. c/ Industrias Metalúrgicas T.y M. SA. s/ Cobro de Australes por recupero.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

Aquellos juicios que tengan por objeto la declaración o reconocimiento de un derecho quedan incluidos en la previsión del art. 22 de la ley de concurso ya que el acreedor tiene el medio más simple de la verificación de créditos para lograr la misma finalidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Corretaje, comisión del corredor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SANANES, JOSE c/ UNIFARMA  S.A. s/ CONTRATO DE CORRETAJE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-12

El corredor tiene derecho a su comisión por la eficacia de su gestión, la cual no exige que él haya participado desde el inicio de las tratativas sino que las haya conducido a feliz término.
Administración Pública, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, particular administrado, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARPINTERO DE PIÑA MARIA DEL CARMEN c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-09-11

Los actos cuestionados (decretos acuerdos Nro. 205-6-02 del 29/7/02 y Nro. 211-6-02 del 2/8/02 declarando en comisión a los Jueces de Faltas y Fiscal Municipal y disponiendo la remoción de éste último, respectivamente), pueden ser pasibles de revisión en cuanto exhiban una conducta manifiestamente ilegal o arbitraria por parte de la administración pública, y consecuencia de ello, se evidencie en el caso una efectiva lesión al derecho del administrado.
Mandamiento de prohibición, vicios del acto administrativo, acto administrativo ilegítimo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., C. A. s/ ACCION DE AMPARO s/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-30

La pretensión de ejecutar una resolución que no expresa ciertamente la voluntad del Estado constituye sin duda un abuso funcional que genera daño potencial al involucrado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, corrupción de menores, prueba, cuestión de derecho común
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Z., C. A. c/  s/ APELACION DEFENSA SENTENCIA CONDENATORIA Y APELACION FISCAL PUNTO 2 DE LA SENTENCIA Y MONTO DE LA PENA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-10

La defensa entiende que no se probó que el encartado tuviera conocimiento del carácter corruptor de los actos realizados y que la condena por esta figura importa una doble valoración de las mismas circunstancias no admitida por las normas superiores, , mas con ello no logra descalificar el razonamiento esgrimido por la Alzada, quedando sus reproches en el plano de la mera discrepancia con la interpretación que de normas de derecho común y con la valoración de las pruebas hiciera el Tribunal a quo, materia que -por regla- no resulta revisable por esta Corte, salvo supuestos de arbitrariedad o lesión a mandas constitucionales, cuya configuración en el caso no logra la interesada delinear.
Inadmisibilidad del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente, fallos de la Corte Suprema, ley vigente, ejecución de la pena, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Luis Marcelo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-06

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensora pública oficial de Luis Marcelo González contra la resolución que dispuso no hacer lugar, de momento, al pedido de reducción de plazos del Módulo I del Ciclo Básico del Nivel de Educación Secundaria respecto del nombrado. Ello por cuanto, en el sub judice, el recurrente no introdujo argumentos ni una crítica razonada que logre conmover la decisión adoptada por el a quo, limitándose a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el a quo consideró relevantes para no hacer lugar a su petición. Tampoco se ha demostrado la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Di Nunzio" (Fallos: 328:1108). El a quo, en base a la normativa vigente, analizó adecuadamente la cuestión sometida a estudio con relación al Módulo I del Ciclo Básico del Nivel Secundario. Ello así, toda vez que su fundamentación aborda suficientemente las cualidades y duración del curso invocado, afirmándose especialmente en que, conforme lo manifestó el Consejo Correccional, luego de ponderar el informe emitido por el Área Educativa, quien indicó que el cuestionado ciclo no satisface el requisito de carga horaria mínima necesaria para ser considerados de duración anual o equivalente tal como lo establece la norma, sin perjuicio de lo cual dispuso que el mismo sea tomado en cuenta en futuras presentaciones, para así, cumplimentar el requisito temporal exigido por el artículo 140, inc. "a" de la ley 24660, y poder acceder a la reducción del plazos. Dres. Figueroa, Petrone y Barroetaveña.