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Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, sociedad constituida en el extranjero
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Hoechst A.G. c/ D.G.I. s/ repetición -D.G.I.-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-01

De los artículos 14, 16 y 20 de la C.N. se infiere naturalmente que los derechos reconocidos presuponen la residencia de la persona beneficiada en el territorio de la República. Los derechos que se encuentran amparados en la Constitución son reconocidos a aquellas personas "que quieran habitar en el suelo argentino", de modo que aquel extranjero que no resida en él no tendrá éxito si pretendiera exigir el reconocimiento de una igualdad de tratamiento con aquel otro que ha decidido asentar su domicilio en el país. Por extensión, a igual conclusión habrá de arribarse en relación a la situación que se encuentra una sociedad constituida en el extranjero que fuera del país tiene su domicilio frente a aquella que ha cumplido con todos los requisitos para quedar sometida a la legislación de nuestro país. El eventual diferente tratamiento que se conceda en uno y otro caso no significaría una violación al principio constitucional de igualdad ante la ley.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo, derechos adquiridos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PARRA, JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 192-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-26

La obligatoriedad de la "motivación suficiente" es requerida -a falta de una norma expresa que la prevea- por la naturaleza del acto, cuando lo que se deniega es una reclamación basada en un "derecho adquirido".
Ejecución de sentencia penal, prescripción de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Pereyra, Carlos Enrique s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-09

Sostener que las interrupciones previstas en el Código Penal para la prescripción de la acción operan para la prescripción de la pena, implica una aplicación analógica in mala partem y que, por la naturaleza jurídica de la pena no tolera ninguna secuencia en un proceso penal concluido por sentencia firme.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), juicio, partes, pretensión, thema decidendum, defensa en juicio, principio de congruencia
Materia: CIVIL
Carátula: AZCOITIA, ROBERTO J. (SUCESION) c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-28

Si bien los recurrentes afirman haber requerido -tanto en sede administrativa como judicial- la indemnización de los perjuicios que invocan haber sufrido más allá de la reparación por mora convenida y la actualización peticionada, la Sala interviniente indicó que una pretensión tal no había sido introducida oportunamente en el trámite del juicio de primera instancia, por lo que dicha petición naturalmente no podía ser atendida sin desmedro del derecho de defensa de la contraparte y del principio de congruencia; y al no resultar de ninguno de los elementos de autos que se haya efectuado en tiempo oportuno el pedido de resarcimiento al que se alude, no se le podría achacar a la sentencia cuestionada una omisión de abordaje de los profusos agravios expresados por los actores con relación al menoscabo sufrido por la variación de las circunstancias tenidas en cuenta al celebrar el convenio y por el incumplimiento de la demandada, pues excederían al objeto de resolución de autos.
Defraudación, estafa
Materia: PENAL
Carátula: N., O.F. s/ Denuncia Presunta Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-03-02

El delito de defraudación o estafa imputado por el querellante en autos, requiere para su configuración que el perjuicio ocasionado lo haya sido mediante ardid o engaño, circunstancia esta que califica la conducta delictiva en el hecho y le acuerda consecuencias penales por sobre el mero marco obligacional del derecho civil. Tal así, es aquel ardid o engaño el que debe aparecer en la causa con suficiente convicción, semi-plena prueba o indicios bastantes como para procesar al imputado sometiéndolo a la acción persecutoria de la ley.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, ley nacional, ley provincial, farmacias, medicamentos, farmacéuticos, Estado Provincial, facultades concurrentes, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Farmcity S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-02-20

La Cámara resaltó que la Corte nacional indicó que mediante la política fijada por la ley 17565 y los decretos 2284/91 y 240/99, el Estado nacional adoptó medidas a los fines de facilitar la comercialización y distribución de medicamentos a nivel nacional, pero que la delimitación del alcance del ejercicio de la actividad del expendio de productos farmacéuticos en el ámbito local resultaba una competencia provincial, y que su aplicación sería obligatoria sólo en el ámbito de la entonces Municipalidad de Buenos Aires y en las Provincias que adhirieran a ese régimen, y considerando que, si bien la Provincia de Santa Fe adhirió al régimen nacional mediante la ley 10787, la aplicación del régimen se sujetó a acciones que finalmente no se cumplimentaron, desechando así los argumentos de la actora respecto a la aplicación del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, el cual había perdido vigencia al momento de la solicitud de la empresa reclamante; y frente a los extensos y medulosos fundamentos expresados por los Judicantes, la perdidosa insiste en cuestionar el pronunciamiento impugnado, pero sin demostrar que sus bases carezcan del debido sustento constitucional, quedando en pie los argumentos dados por los Sentenciantes al concluir en este punto en que la materia involucraba, además de la reglamentación del expendio local de este tipo de productos, la regulación del ejercicio de la profesión de farmacéutico, las condiciones de habilitación de los locales y el poder de policía en materia de salubridad, por lo que, tratándose de una facultad compartida con la Nación, la autoridad provincial ejerce la porción del poder estatal (de policía) que le corresponde dentro de su ámbito propio. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley nacional 17565; Decretos nacionales 2284/91 y 240/99; Ley provincial 10787
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, rechazo de la demanda, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, eximentes de responsabilidad del empleador, culpa grave del trabajador, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Valea López, José Angel c/ Corporación Fabricantes de Muebles  SA  Corfan. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda de indemnización por accidente laboral basada en la ley 9688, considerando que se había configurado la hipótesis de "culpa grave" del dependiente que excluía la responsabilidad patronal, si omitió ponderar en debida forma la actuación que le cupo al conductor del restante vehículo que intervino en el evento da!oso.
Recurso de casación, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: MOISÉS, MAMANÍ s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-04-08

Si tras el dictado la resolución que declara formalmente admisible el recurso de casación la defensa ha formulado un concreto planteo de prescripción de la acción penal, en función de la reforma recientemente introducida al art. 67 del C.P., dicho planteo debe ser previamente resuelto por la instancia originaria, ya que, se tornaría abstracta una de las cuestiones propuestas en la impugnación.

La intervención del tribunal de sentencia se torna insoslayable en razón de lo establecido en los arts. 455 y 472 del C.P.P. y por no tratarse la cuestión propuesta de un asunto que integre la órbita de competencia originaria y exclusiva de la Corte.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, democracia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Horacio Daniel s/ art. 109 del Código Penal - causa n. 18.839 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

Entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de la prensa es una de las que posee mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal.
Daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Acuña, Juan c/ Hristoff, Diego s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-14

Sobre el daño psíquico vale la disquisición conceptual acerca de la diferencia entre incapacidad psíquica y daño psíquico genéricamente expresado. Puede darse la situación de considerar la existencia de incapacidad psíquica cuando que si bien es cierta la posibilidad de mejoría ella no surgiría espontáneamente en el plano psicológico como una autogeneración curativa o mejoradora desde esa perspectiva, y para ello tal vez sea necesario que la víctima sea ayudada por terceros capacitados.
Recurso de reposición (procesal), improcedencia del recurso, sentencia definitiva, sentencia interlocutoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Central  Dock Sud S.A. y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

En tanto las sentencias definitivas e interlocutorias no son susceptibles de ser modificadas por la vía intentada (arts. 238 y 160 del Código Procesal Civil y Comercial de la NACION) corresponde rechazar el recurso de reposición.
Caducidad, impulso procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pastori Mario Alcides c/ José Manuel Alegría y/o Excelsior Cía.Seg. y/o quien resulte propietario y/o responsable s/ Daños y Perjuicios. Pastori Mario Alcides c/ José Manuel Alegría y/o Excelsior Cía.Seg. y/o quien resulte propietario y/o responsable s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-06-16|1995-06-16

La instancia abarca el tiempo del proceso desde la demanda hasta el llamado de autos para sentencia, consistiendo en el conjunto de procedimientos que realizan las partes para obtener la decisión judicial de una litis, por lo que con el llamamiento de autos para Sentencia, cesa -en principio- la carga procesal de las partes de activar el procedimiento, atento a que la instancia allí concluye, habida cuenta que la causa entra a su faz exclusivamente decisoria, de competencia excluyente del juzgador. La parte que demanda -actor- es la que debe urgir hasta conseguir su objetivo, que es la sentencia. El fundamento del instituto que nos ocupa, puede apoyarse en dos distintos motivos: a) la presunta intención de la parte de abandonar el proceso para lograr su extinción, y b) la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos ante el principio de seguridad jurídica.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, accidente de tránsito, leasing
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: GARDEL, EDUARDO ALBERTO c/ ESPASA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR LA CODEMANDADA ESPASA S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-23

Cabe rechazar la presente queja pues se advierte que los planteos vertidos, tal como han sido expuestos, no denotan sino el desacuerdo de la recurrente para con la decisión de la Alzada de condenar a su parte sin la limitación en la responsabilidad que pretende, atacando de tal modo la interpretación efectuada por los jueces en torno a la normativa considerada aplicable, mas sin lograr desmerecerla desde un punto de vista constitucional. En efecto, más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido, no aparecen como irrazonables ni ilógicas las conclusiones a que arribó el Vocal preopinante al evaluar que el artículo 33, párrafo 2do. de la ley 24441 -considerada aplicable conforme su vigencia al momento del accidente de tránsito- establece un tope o límite en la responsabilidad civil del dador del leasing bajo la condición de que hubiese existido, ya fuere en cabeza de este último o del tomador, una razonable imposibilidad de aseguramiento, destacando que la doctrina se expresó en el sentido de que exista una dificultad calificada objetiva de asegurar la cosa dada en leasing.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernandez, Claudio Oscar s/ terceria de dominio en autos " Kindaravicius, Liliana S. c. Diez,  Hector L. s. ejecutivo, Expdte. Nº 1057 / 95 "
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-26

No habiendo la parte interesada solicitado una nueva audiencia dentro del quinto día de transcurrida la anterior frustrada, no urgiendo las medidas de compulsión en tiempo y forma legal, cabe decretar sin sustanciación alguna, la caducidad de dicha prueba. La parte interesada en la producción de una prueba tiene la carga de colaborar con el juzgado en la realización de los actos necesarios para que el diligenciamiento tenga lugar en la oportunidad debida y no después. Si el testigo propuesto por la parte no comparece a la audiencia, sin invocar causa justificada, y dicha parte no requiere en tiempo oportuno las medidas de compulsión necesarias para tal comparecencia, corresponde declarar procedente el acuse de negligencia planteado. ( art. 430 inc. 2° y 3° CPCC ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho ambiental, distribución de competencias, competencia provincial, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Municipalidad de Magdalena c/ Shell CAPSA y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-03

El art. 7° de la ley 25.675, fiel al criterio de distribución de competencias plasmado en la Constitución Nacional, preserva la intervención de los magistrados locales en todos aquellos asuntos que no excedan el interés local sin perjuicio de lo cual pone énfasis en que la atribución de aptitud jurisdiccional ha de estar determinada, en primer término en función del territorio y, después, de la materia o de las personas (Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Pcia de Misiones c/ Govemén S.A s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-06-09

Sobre la base arancelaria reconocida por el a - quo, resulta dable verificar que éste ha receptado la base estimada por la actora sin atenerse ni a los términos de sentencia ni a los derivados de acuerdo de partes. No existe tal convenio desde que la incidencia a que diera lugar la estimación de base arancelaria no se resuelve en base a constancias de autos (no existe agregación ni menos aún homologación del convenio a que ambas partes aluden) sino con la mera adhesión a los dichos de la actora. Ello así, resulta procedente la declaración de oficio de nulidad del decisorio atacado a efectos de que se reformule planilla de base arancelaria, con sujeción a los elementos de la causa.
Regímenes jubilatorios especiales, cargos electivos, afiliados previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Figueroa, Hugo Andrés c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

El sistema de incorporación optativa al régimen previsional para las personas que desempeñaron cargos electivos o mandato a término fijo se hallaba consagrado por la ley 5425 y la forma de formular la opción se reguló a través de la ley 6211 debiendo ser la misma de carácter expreso, desde que la incorporación al régimen previsional no puede presumirse, sobre todo tratándose de afiliaciones que constituyen una excepción al principio de obligatoriedad.
Cuestiones de competencia, tribunal oral
Materia: PENAL
Carátula: F. R., N. y otro s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-13

A los efectos de resolver un conflicto de competencia trabado entre el juzgado y el tribunal oral del fuero de menores debe tenerse como guía el requerimiento de elevación a juicio efectuado por el representante fiscal, por lo que, corresponde atribuir competencia al tribunal oral de menores atento ser el órgano que debe conocer en la etapa del plenario del expediente.
Sobreseimiento, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V., J.L. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-04

El dictado del sobreseimiento requiere en el Juzgador un cierto o aproximado "estado de certeza".
Competencia por el territorio, actos de administración, domicilio
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: GERPE, JOSE s/ PEDIDO DE QUIEBRA -POR EL MARISCO SA-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-10

DEL DICTAMEN FISCAL 116284:. Procede rechazar el planteo de incompetencia territorial introducido por el requerido de falencia, por cuanto, ante el supuesto de tratarse de una persona de existencia visible -como en el caso- el proceso debe tramitar ante el juez del lugar donde el requerido posea la administración de sus negocios y, en su defecto, ante el del lugar del domicilio (ley 24522: 3-1°); a más, como en la especie, no se halla debidamente acreditado que efectivamente aquel posea la sede de la administración de sus negocios y su domicilio real en otra jurisdicción.
Costas, procedimiento laboral, honorarios, base
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: DERAGOPIAN DE ARSLANIAN DULCE c/ EDITORIAL CRECER  S.A. s/ INCAPACIDAD LEY 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-07-05

Una interpretación razonable y armónica de los arts. 28 y 127 de la ley 7987 debe conducir en casos en que se han acumulado diversas acciones que responden a causas distintas, a resolver el caso acción por acción, pues si así no se procediera se llegaría a soluciones verdaderamente absurdas, en este caso particular en que se ha acumulado una acción por rubros derivados de un despido incausado, que finalmente prospera, con la pretensión de resarcimiento de acuerdo con lo dispuesto por el art. 8 de la ley 9688, que no prospera, llegaría al absurdo que habría que regular los honorarios de los peritos médicos en base al monto de la indemnización por falta de preaviso adeudada, que nada tiene que ver con lo que fuera materia de peritación. Seguramente por eso el art. 30 alude al monto por el cual prospera la demanda o el acuerdo conciliatorio "que corresponde a su tarea". La ley debe interpretarse de manera armónica y razonable de acuerdo a su sentido ya que si así no se hiciera, si la pretensión que corresponde a la tarea de los peritos no prosperara, éstos no tendrían derecho a honorarios, pues según la literalidad de la norma citada, a ellos debe regulársele los honorarios tomando como base el monto por el cual prospera tal pretensión. Resulta evidente que debe regulárseles honorarios a los peritos en base a la pretensión que fue motivo de su tarea como dice el art. 30 de la Ley 7987, aún cuando ella no haya prosperado.

Igualmente resulta absurdo e inadmisible que tales honorarios sean soportados por la demandada, que ha triunfado en ésta pretensión, por el hecho que haya sido vencida en otra distinta, acumulada la primera, con la cual nada tiene que ver. Por estas razones se considera que la única alternativa posible es pronunciarse sobre las costas según el éxito y el fracaso de los litigantes en cada acción acumulada, lo que es perfectamente compatible con los textos legales de que se trata.-
Concurso preventivo, quiebra, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vitor Rubén O. y Bovier de Vitor Suzana A. s/ Su pedido de Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-07-11

El artículo 292 de la Ley 24.522 no deja lugar a dudas que se debe aplicar dicha disposición legal al momento de regular honorarios en las etapas previstas por dicha norma (cfr. artículo 265) toda vez que claramente establece: a partir de la entrada en vigencia de dicha ley se aplicarán las normas que en materia de regulación de honorarios ella prevé a los concursos y quiebras en trámite, se hayan iniciado con anterioridad o posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley.
Tenencia de estupefacientes, código penal, drogadicción
Materia: PENAL
Carátula: Alejandro Carlos CAPALBO c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES Gustavo Mario BAZTERRICA c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29|1986-08-29

Si estar bajo la influencia de ciertos estupefacientes puede facilitar la producción de infracciones penales, es castigo siempre deberá estar asociado a la concreta realización de éstas y no a la mera situación en que el delito podría cometerse.
Procedimiento tributario, sanciones tributarias, intereses, mora del deudor
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Dirección  General  Impositiva c/ Ferreira Gallegos, HoracioAlberto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

Los intereses previstos por los arts. 42 y 55 de la ley 11.683 encuentran justificación en la mora del deudor (art. 509 y 622 del Código Civil), y no en la necesidad de determinar el valor de una cosa o bien al momento del pago, de manera que no corresponde atribuir a tales accesorios el carácter de un mecanismo de actualización de deudas.
Fuero de atracción, concurso preventivo, crédito laboral, sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Don Enrique S.C.P.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-07

Si bien la ley 24.522 generaliza los efectos del fuero de atracción -con principal incidencia en el ámbito laboral-, no particulariza en el tema de las impugnaciones de deuda determi-nadas por los organismos (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 30.09.97, "Sanatorio Argentino S.A. c/ D.G.I.", voto del Dr. Fernández). "El fuero de atracción que ejerce el concurso preventivo respecto de una acreencia reclamada por el ente fiscal sólo podría operar después de la intervención del tribunal de alzada y, en el supuesto de que éste confirmara la sentencia ya dictada, correspondería remitir el juicio al tribunal del concurso" (cfr. dictamen del Procurador General al que remitió la C.S.J.N. en autos "Gauchat, Enrique Pedro", sent. del 04.07.03).
Recusación, recusación sin causa, renuncia al derecho de recusar, instrumentos privados
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: DUEK, Raúl c/ BARILA, Oscar Julio y otros s/ DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Desconocido el instrumento privado base de la pretensión, no resulta aplicable lo allí pactado en torno a la renuncia al derecho de recusar, pues, al no tratarse de un instrumento público -que hace plena fe hasta que no sea redargüido de falso, en los términos del art. 993 del Código Civil, ni de un instrumento privado que reconocido, corresponde admitir la recusación sin causa.
Proceso penal, defensa en juicio
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: José Minetti y Cía. Ltda. SACEI c/ Tucumán Provincia de s/ incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-06

La idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro, procurando de esa manera conciliar el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente (Fallos: 272:188, 311.652, 322:2683).