marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BARRIO CARLOS; PINTO ROBERTO Y OTRO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-06-13

La descentralización, una de cuyas variantes es la autarquía, supone siempre una dependencia jurídica de otro órgano, sea bajo una relación jerárquica -desconcentración- o bajo el control de tutela del titular originario de las facultades cuyo ejercicio podrá delegar, aunque sin desprenderse de ellas ni de las obligaciones que surgen de las mismas. Toda descentralización administrativa es, por definición, autárquica -en cuanto conlleva la facultad de autoadministrarse-. Por lo tanto, la administración y sus entes dependientes, en tanto forman parte de un órgano principal del Estado, no pueden eludir la responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que ocasionen, ni a la inversa, podrá el Estado esquivar su responsabilidad por los daños que aquellos causen. En rigor, la obligación de responder podrá exigirse a la Administración central y/o a su entidad descentralizada; pero ello a elección del demandante, nunca una determinación de la figura excluyente de alguno de esos posibles demandados, todos dependientes de la cabeza responsable que es el Estado mismo, más allá de sus figuras actuantes. La particular situación de estos entes se traduce en una verdadera falta de autarquía económico-financiera, que torna ambigua la realidad institucional del ente, dado que es el gobierno central el único que podrá cumplir en caso de resultar una condena a indemnizar el daño. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HEREDEROS DE SIMON MARTINEZ ESPINOSA c/ ROBERTO ORLANDO PEZZUTTI s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S131 - 309)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-11-22

Es que la prioridad de paso que en el caso de marras tenía el conductor del ónmibus (semáforo en verde) y sin que ello signifique dejar de señalar una vez mas el privilegio que debe darse a todas las normas ordenadoras del tránsito, no significa que teniendo en cuenta las circunstancias del caso, pueda quien la posea comportase negligentemente, pues en tal caso deja de ser una mera circunstancia irrelevante en la producción del daño, para convertirse en causa adecuada del perjuicio.-
Intereses, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Juan Alejandro Nespral S.R.L. c/ Canepa, Alicia S. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Si bien la ley 23928 determina que no se devengarán nuevos ajustes por depreciación monetaria a partir del 1/4/91, no hace referencia de manera concreta respecto de los intereses, por consiguiente es de aplicación lo resuelto por esta Alzada en el fallo plenario dictado en la causa nº 77920 del 30/11/90 reg. 382(S) en donde se admiten los intereses punitorios del 2 por ciento mensual fijados en la ordenanza general nº 165, mientras que los compensatorios se establecen en el 6 por ciento anual. En tal sentido los intereses se calcularán hasta el efectivo pago, en tanto la actualización del capital sólo se aplicará hasta el 31/3/91. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Inconstitucionalidad, facultades del juez, facultades disciplinarias del juez, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, régimen disciplinario administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Del Sel, Percy Ramón s/ sucesión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art.

18 del decreto - ley 1285/58 que se basó en que dicha norma había quedado derogada implícitamente con el dictado de la ley 23.187.
Vivienda familiar, protección de la vivienda
Materia: CIVIL
Carátula: Scavino, Matías Ariel c/ Tosetti, Luis Enrique y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

El CCCN 456 CCCN consagra el principio general de la inejecutabilidad del inmueble que constituyera la vivienda familiar por las deudas que hubieran sido contraídas tras la celebración de las nupcias exceptuándose a aquellas adquiridas por los cónyuges en forma conjunta, o por uno de ellos contando con la debida aprobación del restante. Ese artículo trae una solución que queda inscripta en el registro de los dispositivos tendientes a tutelar la vivienda familiar, al estipular como principio general su inejecutabilidad por deudas de causa anterior a la celebración de las nupcias. Así el Código brinda una solución a tono con la idea de la vivienda como derecho humano (CSJN, Fallos 335:452), que cuando involucra la vivienda familiar, tal protección observa un doble fundamento de índole constitucional- internacional: la protección integral de la familia contemplada en la CN 14 bis (Lorenzetti, Ricardo Luis, "Código Civil y Comercial de la Nación", T III, págs. 43/7). Del Dictamen Fiscal N° 1054/21
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Colombo, Angel c/ Sandaza, Sixto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-01

El término de dos años previsto en el art. 4037 no debe computarse a partir de la formulación de la denuncia, sino desde la fecha en que mediante resolución judicial se decretó la conversión del sobreseimiento provisorio en definitivo. Ello por cuanto la sentencia respectiva, configura el pertinente "título", y su fecha, el "dies a quo" a partir de la cual, comienza a correr la prescripción. (Minoría u opinión personal)
Obras públicas, contrato de obra pública, proyecto de obra pública, obligaciones del empresario, responsabilidad del empresario, vicios de la construcción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: José Cartellone Const. Civiles S.A. c/ D.N.V. s/ contrato de obra pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

Tal como lo dispone el art. 26 de la ley 13.064, pesa también sobre el constructor de obra pública la carga de verificar la corrección del proyecto y, en su caso, denunciar sus vicios a la comitente "antes de iniciar el trabajo" -tal como en el caso lo hizo la actora, ya que el contratista faltaría a su deber de lealtad si efectuase trabajos sobre una documentación técnica defectuosa, obligando a su posterior destrucción y nueva ejecución con los mayores gastos que eso supone. (Del voto del juez Buján, cons. X.6.).
Servicio Penitenciario Federal, retiro militar, facultades discrecionales, igualdad ante la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barrientos, Hugo Rafael c/ EN - M° Justicia - resol. 78/03 dto 864/03 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-08-12

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda promovida contra el Estado Nacional (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) a fin de obtener que se declarara la ilegitimidad del decreto 864/03 y de la Resolución 78/03 de la Secretaría de Justicia y Asuntos Penitenciarios si la propuesta de la Junta Superior de Calificaciones -posteriormente aprobada por el Director Nacional- de pasar a retiro obligatorio al actor en los términos del art. 101, inc. a), de la ley 20.416, no fue la consecuencia lógica de una verdadera valoración de la aptitud y los antecedentes de la totalidad de los agentes de su mismo escalafón y grado (art. 56 del decreto 54/76) para seleccionar a aquellos que debían pasar a retiro para producir vacantes, sino que constituyó el mero reflejo de la voluntad ministerial de desvincularlo del servicio activo. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Instrumentos públicos, escritura pública
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: S.S.E. c/ E.N.P. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-11-04

El documento hace plena fe, del hecho de las manifestaciones y no, de la veracidad o falsedad de su contenido. Para atacar la verdad de las nombradas aseveraciones, no es necesario, argüir de falso el instrumento público, ni recurrir a la querella de falsedad, es suficiente la prueba que demuestre lo contrario. Si ha sido la propia declarante en la escritura pública, la que ha prestado en esta sede, un testimonio que invalida el anterior como contrario a la verdad, en consecuencia, ha perdido el instrumento, el valor de convicción que prima facie posea.
Principio de publicidad, sistema republicano
Materia: PROCESAL
Carátula: Araujo, Francisco Marcelo s/ denuncia -causa Nx 36.268-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

A los fines de la publicidad de los juicios no son determinantes ni el lugar físico elegido para su realización ni los controles o autorizaciones que se implementen para ordenar el acceso del público salvo, en el primer caso, que por las exiguas dimensiones del en los hechos la publicidad debida, o que, en el segundo, las supuestas actividades de verificación y orden impliquen en la realidad una prohibición de acceso al recinto.
Injuria laboral, oportunidad procesal, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL
Carátula: MUÑOZ NORMA BEATRIZ c/ PANIFICADORA TORRES s/ APELACION DE SENTENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-23

La determinación de la existencia de injuria y de la oportunidad en que se produjo el cese de la relación laboral, son cuestiones de hecho reservadas a los jueces de grado, salvo oportunidad manifiesta.
Subasta judicial, desocupación del inmueble
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez Manuel y Martínez Eugenio s/ Sucesión Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

Puesto en posesión de lo adquirido sin observación alguna, el comprador en una subasta que invoca como cuestión novedosa la ocupación del inmueble por parte de personas distintas a las que lo hacían con su previo conocimiento -se incluyó ello en los correspondientes edictos- deberá ejercer al respecto las acciones pertinentes y por el procedimiento idóneo, que no es otro que el juicio de desalojo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impugnabilidad objetiva, inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: VIANCO, Mariela Luján c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-22

El voto concurrente señaló que más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, toda vez que la parte se limita a alegar su disconformidad genérica con el a quo, sin expresar razones concretas y fundadas que permitan conmover lo decidido, el recurso de casación intentado se presenta en el caso inadmisible por carecer de la debida fundamentación requerida por el art. 463 CPPN. (Dres. Borinsky, Hornos -voto concurrente-).
Sentencia condenatoria, robo seguido de homicidio, tentativa, tipo penal, dolo, participación criminal, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: Naranjo, María Laura y otro. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-12

No puede tenerse por probado el homicidio criminis causae puesto que los requisitos de la tipicidad objetiva de un delito tentado, en caso que no haya habido un peligro cierto y concreto para el bien jurídico, no pueden llenarse o subsanarse con elementos de la tipicidad subjetiva -el dolo-. Pues ello implicaría una postura cercana casi a la llamada teoría subjetiva de la tentativa -en la que funda la posibilidad de la tentativa en la exclusiva voluntad del autor contraria o enemiga del derecho-. Ello implicaría una actitud moralizante del derecho penal, violatoria del principio constitucional de legalidad y lesividad -art. 18 y 19 de la CN-, puesto que se penaría por lo supuestamente el autor quiso hacer, cuando en verdad no ha habido lesión potencial al bien jurídico vida. De otro lado, por parte de la coimputada no existió dominio de curso causal alguno que haya puesto en peligro cierto y concreto el valor vida de la víctima.
Concesión comercial, concesión para la venta de automotores, compraventa de automotores, carga de la prueba, rechazo de la demanda
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dionisio Demattei SA c/ Ford Argentina SCA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-07

En el marco de un contrato de concesión, corresponde se rechace la demanda tendiente a la devolución del 2% del margen comisional- supuestamente retenido por la automotriz en virtud de las renovaciones posteriores del "Acuerdo para la reactivación y el crecimiento del sector automotriz" al que "ACARA" no suscribió-. Ello, ya que la apelante debía demostrar no sólo que no se hallaba vinculada al "Acuerdo", sino también que se habían configurado los demás supuestos de hecho que ella misma había alegado en sustento de este aspecto de la acción, es decir que las demandadas hubieran efectivamente pagado una "comisión" a la actora y, en consecuencia, realizado una retención del 2% de la misma. Como ocurrió en el caso "Rot Automotriz SACIF c/ Sevel Argentina SA y otros s/ ordinario, del 3.3.11", del presente no se desprende del expediente ".el sometimiento a una política comercial por la que se imponga vender a pérdida o que, sólo permita la obtención de un beneficio insustancial en relación al esfuerzo y al capital comprometidos y, en el transcurso del tiempo ponga en serio riesgo la supervivencia del otro".
Audiencia de conciliación, incomparecencia de las partes, representación procesal, gestor
Materia: PROCESAL
Carátula: BELLARIA DE D'ESTEPA, Graciela c/ DI PALMA, Carlos Alberto s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

La comparecencia del emplazado a la audiencia fijada a los efectos conciliatorios, constituye un acto eminentemente voluntario y, por lo tanto, objetivamente previsible, que por sí mismo no pone en evidencia la necesidad insuperable de recurrir a la figura anómala prevista en el art. 48 del Código Procesal, máxime cuando el letrado no ha invocado un hecho de envergadura tal que posibilite al juzgador apreciar, en el caso concreto, la procedencia de la aplicación de dicha norma.
Competencia, competencia civil y comercial federal, bancos, acuerdo de mediación, competencia por conexidad, acto fiduciario
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMPAÑIA   FINANCIERA   DE  CREDITOS  HIPOTECARIOS  SA c/ BANCO HIPOTECARIO SA S/ s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-08

Resulta competente la justicia civil y comercial federal para entender en una cuestión en la que se pretende ejecutar contra una entidad bancaria, un convenio celebrado entre las partes en el marco de una mediación cuando, -como en el caso-, surge que:

a) la composición de la deuda deriva de la formalización de diversos convenios de financiación de proyectos constructivos con garantía fiduciaria sobre los inmuebles en que se ejecutaron las obras, en el marco de la línea de financiamiento de emprendimientos constructivos con transmisión de dominio fiduciario del banco y destinados a la financiación de proyectos constructivos ubicados en distintas localidades del país, b) que era intención de las partes suscribir dicho convenio a fin de acordar los saldos de deuda registrados, procedimientos, condiciones y pautas para su cancelación, como también pautas de liberación a favor de las empresas de unidades de vivienda y otros inmuebles afectados a la garantía fiduciaria del banco, y c) se comprometían a efectuar las presentaciones necesarias en orden a una causa judicial promovida por la pretensora contra el banco accionado en tramite ante un juzgado nacional en lo civil y comercial federal. Ello pues, procede dirimir la cuestión de competencia por razones de estricta conexidad y "no" en razón de la materia en favor de la justicia nacional en lo civil y comercial federal, toda vez que no puede escindirse el objeto de la pretensión anterior (en la especie, incumplimiento contractual) en el tribunal indicado, toda vez que se pretende ejecutar una deuda de composición compleja, plasmada en el convenio referido y las actuaciones indicadas, atento la inexistencia de constancias de desistimiento de aquellas actuaciones.
Dirigente gremial, nombramiento, notificación al empleador, despido sin causa, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Morales González, Emilia de Jesus c/ Colegio Farmacéutico de Catamarca s/ BENEFICIOS LABORALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-03-24

No resulta de recibo el reclamo del actor que pretende el reconocimiento en esta instancia, ante el despido sin causa, de la indemnización agravada prevista en la ley de Asociaciones Sindicales.

En efecto, teniendo en cuenta el texto de la misma se advierte que no asiste razón al actor, si de autos surge que el mismo omitió notificar de modo fehaciente -carta documento, telegrama o cualquier otra forma escrita- al empleador su condición de representante gremial. Por ello no corresponde hacer lugar al recurso deducido, sin perjuicio de entender que en la causa resulta acreditado el cumplimiento de los requisitos de la ley 23.551 en lo que se refiere a la elección del demandante como dirigente gremial, así como también resulta probado que quien recibió la nota donde se comunica de la designación en el cargo al empleador ha sido la propia actora.

Empero ello, todas estas circunstancias no logran suplir, a fin de invocar la protección de la ley sindical, el conocimiento cabal que debe tener el empleador de la condición de delegado gremial que tiene el trabajador, puesto que dicho carácter implica que la empresa empleadora asuma una serie de cargas y obligaciones.
Corretaje, consentimiento, comisión del corredor
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARBONE LUIS U. c/ BRAVO EDUARDO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-22

El corredor es un simple mediador; no contrata sino que facilita el contrato acercando a los interesados y procurando el acuerdo de voluntades. No es posible vincularlo a las vicisitudes o contingencias ulteriores provenientes de las modalidades propias de cualquier convenio, desde el momento que el derecho a la retribución, se encuentra vinculado por una razón de causalidad a su cooperación de mero hecho.

Si bien es cierto que la aceptación de la intervención del corredor en la operación de corretaje puede ser tácita, por una de las partes, es menester la prueba de que ésta la conocía.
Sentencia, cuestión esencial
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGO RODOLFO c/ MARÍN CARLOS. s/ SENTENCIA CIVIL Y COMERCIAL-CUESTIONES ESENCIALES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-08-15

CUANDO LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA HA OMITIDO PRONUNCIARSE SOBRE CUESTIONES ESENCIALES PARA LA DECISIÓN DE LA CAUSA VIOLANDO EL ARTÍCULO 163 DEL CPC, ACARREA AL SENTENCIANTE GRAVES Y DIVERSAS CONSECUENCIAS, PERO NO NECESARIAMENTE LA NULIDAD DEL FALLO, PORQUE EN PREVISIÓN DE DICHO SUPUESTO Y POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL FUE IMPLEMENTADO EL ARTÍCULO 273 DEL CPC.
Competencia federal, telecomunicaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Bahía Blanca c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Apremio Gomerías Rodar S.A. c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Pago por consignación Municipalidad de Florencio Varela c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-23|1996-11-20|1996-11-20

Corresponde entender a la justicia federal en la demanda dirigida contra la prestadora del servicio telefónico (Telefónica de Argentina) y vinculada al servicio que brinda.
Acción de amparo, demanda
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: DIAZ, MANUEL ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-08

En la medida que el escrito de inicio de la acción de amparo contenga los datos elementales que permitan precisar su objeto y el beneficio de que goza quien reclama, debe considerarse que se encuentran reunidos los recaudos mínimos que permitirían a la demandada ejercer su derecho de defensa en juicio al contestar el informe del art. 8 de la ley 16986.
Fallo plenario, obligatoriedad del fallo plenario, discrepancia del recurrente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: "RAMIREZ, JUAN EDGAR S/ EXCARCELACIÓN", Expte. P- 5135/11-2 (R-718/12/TSJ) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2012-05-09

Cabe aclarar la validez que tienen los fallos plenarios. La interpretación de la ley aceptada en una sentencia plenaria es de aplicación obligatoria para la Cámara, los Tribunales Orales, Cámara de apelaciones y para todo otro órgano jurisdiccional que dependa de ella, sin perjuicio de que los jueces que no compartan su criterio dejen a salvo su opinión personal.
Entidades financieras, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Compañia Financiera Munro S.A. s/ Pedido de quiebra (por Banco Central de la República Argentina)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-06

La circunstancia de no encontrarse firme la resolución que dispuso la liquidación de la entidad financiera no debe ser obstáculo para la declaración de falencia si se encuentran reunidos los requisitos previstos por la ley concursal, toda vez que para el caso de dejarse sin efecto aquélla, ello no influiría en la quiebra. Tal es lo que se infiere del texto del art. 50 de la ley 21.526, en su redacción según ley 22.529, ya que no resulta de su interpretación que la quiebra de la entidad esté supeditada a su previa o simultánea liquidación.
Abogado apoderado, intimación a acreditar personería, gestor judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Hijos de Angel Tessaro (S de H) (T.F. 15689-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-01

Si los presentantes tenían ya poder otorgado y no lo presentaron, correspondía determinar la fijación de un plazo para cumplir con aquello que habían omitido, mas no subsumir su hipótesis en el supuesto de gestor del art. 48 del Código Procesal; máxime cuando tal categoría procesal no había sido requerida por los letrados, quienes expresamente indicaban que lo hacían en su carácter de apoderados (sin agregar el correspondiente poder).
Prueba confesional, indivisibilidad de la confesión
Materia: PENAL
Carátula: CURIALE, Leonardo A. s/ TENTATIVA DE HURTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

No es indispensable que las presunciones invocadas para dividir la confesión reúnan los recaudos de la plena prueba indiciaria, pues son suficientes elementos de valor que deben conducir razonablemente a la certeza de que el confesante faltó a la verdad, ya que no actúan para probar su responsabilidad sino sólo para desvirtuar las excusas que alega (art.239, C.P.P.).