Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-18


///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil once, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. DANIEL OMAR CARUBIA y los Vocales Dres. CLAUDIA MONICA MIZAWAK y CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ, asistidos por el Dr. Rubén A. Chaia fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "BEBER, Lucas Julián c/SGPER S/ ACCION DE AMPARO".- Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. CARUBIA, CHIARA DIAZ y MIZAWAK.- Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó la siguiente cuestión:

¿Qué corresponde resolver? A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. CARUBIA, DIJO:

I.- Contra la sentencia de fs. 23/26 que rechaza, por extemporánea (art. 3º, inc. c, Ley Nº 8369), la acción de amparo por mora promovida por Lucas Julián Beber contra el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos e impone las costas a la actora, se alza el amparista interponiendo recurso de apelación (fs. 29) cuyos fundamentos expone ante esta Alzada (fs. 34/36); califica de absurdo el resolutorio atacado y brega por su revocación y el acogimiento de la acción incoada, fijándose plazo para que el accionado resuelva el reclamo administrativo.- A su turno, el Ministerio Público Fiscal (fs. 41/42) dictamina que debe rechazarse el recurso en análisis y confirmarse la sentencia apelada.- II.- Sabido es que el art. 16 de la Ley Nº 8369 dispone que el recurso articulado en estas actuaciones importa también el de nulidad, por tanto, el Tribunal ad quem debe avocarse, aún de oficio, al examen de lo actuado y, en su caso, expurgar del proceso los vicios con tal entidad que eventualmente se constaten.- La actora/recurrente (fs. 29 y 34/36) no hace mérito de la existencia de concretos defectos susceptibles de acarrear esta sanción extrema, en tanto que el Ministerio Público Fiscal (fs. 41/42) se expide expresamente por la negativa.- Efectuado, no obstante, el examen ex officio de las actuaciones, no es dable constatar la presencia de vicios o defectos que no puedan ser suficientemente corregidos a través del examen apelatorio en razón de no advertirse alguno con entidad y trascendencia suficiente para justificar una autónoma sanción nulificante en este estadio del proceso y, por consiguiente, corresponde declarar que no existe nulidad.- III.- Puesto a resolver la controversia traída, cabe recordar -en síntesis- los antecedentes relevantes del caso que emergen de los instrumentos acompañados y de los argumentos esgrimidos por las partes, debiendo destacarse al respecto que el actor, Lucas Julián Beber, formuló el día 19/2/10 un reclamo administrativo al señor Gobernador de la Provincia en el Expediente Nº 654597 (fs. 1/2) y, transcurrido el tiempo, no se ha dictado aún la resolución correspondiente, por lo que en 30/5/11 solicitó "pronto despacho" (fs. 6), sin lograr resultado alguno e interpone -en 18/7/11- acción de amparo por mora (fs. 3/4vlto.) a efectos de remover la inmovilidad que padece el expediente y conseguir que el Poder Ejecutivo se expida en un tiempo razonable. Por su parte, la Fiscalía de Estado (fs. 20/21vlto.) cuestiona la procedencia formal de la acción incoada, sosteniendo básicamente que la actora requirió pronto despacho en fecha 30/5/11 sin otorgar un plazo para resolver y, por tanto, debió promover esta acción hasta el 30/6/11, conforme al art. 3º, inc. c, de la Ley Nº 8369, deviniendo extemporánea su articulación en fecha 19/7/11.- La jueza a quo, por su parte, se enrola en la sugerida extemporaneidad de la acción, pero elucubrando un razonamiento verdaderamente ininteligible, en el que indica que debe remitirse al art. 35 de la Ley de Trámites Administrativos (Dec.-ley Nº 7060/83, ratif. por Ley Nº 7504) que establece un término de tres días para que las oficinas de la Administración diligencien los expedientes que reciban, con excepción de los que requieran informes técnicos en cuyo caso el plazo será de -subraya- veinte días, que podrá ampliarse por resolución ministerial, y, acto seguido, sin otra explicación, concluye: "de manera que al momento de interponerse la presente acción ... dicho término se encontraba ampliamente vencido, por lo que cabe rechazar la presente acción por inadmisible -art. 3, inc. c) ley 8369-" (fs. 25/26).- IV.- Analizados esos elementos con miras a adoptar la decisión que pueda corresponder, cabe poner de relieve en primer término que -como lo indica el recurrente- la parte accionada no satisface, en su presentación de fs. 20/21vlto., el informe requerido de acuerdo a lo establecido en el art. 8 de la Ley Nº 8369 - sobre la exactitud del hecho que motivó la demanda y en caso afirmativo la razón en que se funda su actitud- sino que se limita a repeler la acción bajo el argumento de resultar inadmisible por extemporánea, efectuando un caprichoso cómputo del plazo del art. 3, inc. c, de la Ley Nº 8369, partiendo de la fecha de articulación del pedido de pronto despacho ante el Poder Ejecutivo y sumándole un indescifrable término de 31 días, lo cual no guarda ninguna relación con los hechos de la causa ni con la normativa aplicable.- Por otro lado, la a quo se muestra seducida por esta simple alternativa para dar término al asunto, pero se enreda en la búsqueda de una norma que pueda sustentar el criterio e involucra un dispositivo legal que no se sabe para qué lo hace ni cómo pretende hacer jugar sus preceptos, toda vez que pareciera -no lo dice expresamente- tomar en cuenta la interposición del pronto despacho y el plazo de veinte días para resolver en casos que requieran informes técnicos, pero la conclusión a la que arriba en modo alguno responde a esa postura, habida cuenta que si la interpretación de la Jueza fuera que debía la Administración resolver el pronto despacho en el plazo de veinte días, los cuales deben computarse como hábiles administrativos, evidentemente no transcurrieron los treinta días del art. 3, inc. c, de la Ley Nº 8369 al 18/7/11, los cuales, en ese supuesto razonamiento, no habrían podido empezar a correr antes del 28/6/11.- Estas circunstancias revelan incontrastablemente que la sentencia recurrida se basa en consideraciones abstractas y apodícticas por entero ineptas para sustentar válidamente la conclusión a la que arriba y en modo alguno configura una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las concretas constancias comprobadas de la causa, lo que la descalifica como acto judicial eficaz en términos de conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre arbitrariedad.- Necesario resulta señalar -como dato cardinal- que nos encontramos en estos actuados frente a un reclamo administrativo que tramita -nada menos- desde febrero de 2010, en un expediente (Nº 654597) que habría tenido inicio en enero de 2006 (cftr.: ficha, fs. 5), sin lograr resolución expresa, continuando el reclamante a la espera de una decisión -a la que le asiste pleno derecho- cuya omisión no encuentra ninguna explicación ni referencia informativa de la parte demandada en ocasión de corrérsele traslado de la demanda requiriéndole informe, en los términos del art. 8º, 1er. párr., de la Ley Nº 8369, sobre la exactitud del hecho que motivó la demanda y, en caso afirmativo, la razón en que se funda su actitud; respecto de lo cual, como se puntualizó precedentemente, hace completo caso omiso la Fiscalía de Estado en su libelo de resistencia meramente ritual de la procedencia de la acción promovida.- No puede desconocerse que desde que el actor estuvo en condiciones de considerar tácitamente denegado su reclamo (cfme.: art. 5º, D.L. Nº 7061/83, ratif. por Ley Nº 7504) ha transcurrido con creces el plazo de caducidad -1 año- para ejercer la acción contencioso-administrativa (cfme.: arts. 1º, 2º, 17º, 19º y ccdts., decreto-ley cit.) y, por consiguiente, también se han agotado largamente los treinta días corridos que determina la Ley de Procedimientos Constitucionales como límite temporal de admisibilidad de la acción de amparo genérica (cfme.: art. 3º, inc. c, Ley Nº 8369) o de la específica de ejecución (cfme.: art. 27º, ley cit.) considerada como la más apta para canalizar el amparo por mora de la Administración; circunstancia que pone en inequívoca evidencia que el reclamante ya no cuenta con eficaz remedio legal alguno para hacer cumplir a la Administración con su incontestable deber de resolver expresamente el planteo formulado por Lucas Julián Beber, habida cuenta que ello no constituye una discrecional potestad administrativa.- Esto impone considerar en el sub judice -como lo hice en el precedente "OLIER" (cftr.: S.T.J.E.R., Sala de Proced. Const. y Penal, 30/03/11)- que si por la propia incuria, la Administración no resolvió oportunamente el reclamo poniendo fin a la situación planteada, la desestimación de la acción de amparo por mora en función de las causales de inadmisibilidad establecidas en el art. 3º de la Ley Nº 8369 traduciría un exceso ritual injustificable, debiendo omitirse su aplicación al caso bajo examen (en idéntico sentido, in rebus: "RIGONI", 10/7/01; "PEREYRA", 31/10/08, entre otras), toda vez que semejante eventual inadmisión de la acción, atento a la imposibilidad del actor de ocurrir a otro remedio judicial eficaz para hacer valer su inalienable derecho a obtener una expresa decisión de la Administración a su reclamo, se traduciría en una concreta privación de acceso a la justicia en su perjuicio y, como contrapartida, en una indebida legitimación de la cuestionada omisión de resolver por parte de aquélla.- En efecto, tal como he señalado repetidamente (cftr.: S.T.J.E.R., Sala Nº 1 de Proced. Constit. y Penal, in rebus: "MARQUEZ", 25/6/08; "PEREYRA", 31/10/08; "PORTORREAL", 31/10/08, entre otras), la eventual alternativa del administrado de optar por el acceso a la órbita jurisdiccional considerando tácitamente denegada la pretensión articulada en el trámite administrativo es absolutamente potestativa del interesado, juega exclusivamente en su favor y en modo alguno exime a la Administración de su obligación de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento ni puede legítimamente obstar al ejercicio del derecho del interesado de exigir y obtener una decisión expresa de la autoridad administrativa requerida. En consecuencia, la posibilidad de la actora de acudir al proceso judicial contencioso-administrativo esgrimiendo una probable denegatoria tácita de la Administración -claramente caducada en la especie- no veda su posibilidad de ejercicio del derecho de contar con decisión expresa a su reclamo, no releva a la Administración de su obligación en tal sentido ni puede convertirse en un obstáculo legítimo a la admisibilidad de una acción de amparo por mora que se dedujera con la finalidad de logar esa decisión administrativa expresa.- Por lo demás, la norma constitucional que incorpora al texto vigente de la Carta Magna provincial la específica acción de amparo por mora de la Administración (cftr.: art. 57, Const. de E. Ríos) no exige presupuestos tan estrictos de vulneración de derechos o garantias fundamentales para su procedencia como los expresamente requeridos en los arts. 56 de la misma y 1º de la Ley Nº 8369 para la procedencia de la acción genérica de amparo, habida cuenta que este nuevo dispositivo sólo contempla la existencia de un caso de simple "demora injustificada" de la autoridad interviniente en expedirse sobre el asunto requerido por el interesado, extremo que en la especie aparece inequívocamente demostrado, configurándose el presupuesto sustancial de procedencia de la especial acción de amparo por mora que consagró la norma fundamental señalada en cuanto resulta incontestable la existencia en el caso de una demora de la autoridad administrativa interviniente en expedirse sobre el asunto requerido por el amparista, habida cuenta que su petición en sede administrativa, formulada en febrero de 2010 no ha sido definitivamente resuelta por el Poder Ejecutivo provincial luego de transcurridos más de dieciocho meses desde su planteo, sin que la demandada haya podido justificar semejante demora para resolver un asunto cuyos elementos de convicción emergerían de los propios registros de la Administración y, aunque así no fuere, ha transcurrido tiempo más que suficiente para poder munirse de todos los que sean necesarios para decidir, se encuentren donde se encuentren, concluyendo con la paralización que, en realidad, padece el expediente (cfme.: S.T.J.E.R., Sala de Proced. Const. y Penal, 15/4/11, in re: "CARBONE").- Surge de ello indudable que la Administración ha contado sobrada y generosamente con tiempo más que suficiente para dictar una resolución final respecto del planteo formulado por la actora en el Expte. Nº Unico 654597 y esa palpable demora no aparece justificada en la especie, tornando procedente el instituto del art. 57 de la Constitución de Entre Ríos.- V.- Todo lo precedentemente expresado me conduce inexorablemente a concluir que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fs. 23/26 resulta procedente y debe hacerse lugar al mismo, revocarse en todas sus partes el pronunciamiento impugnado y hacerse lugar a la acción de amparo por mora promovida por Lucas Julián Beber contra el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, ordenando al Poder Ejecutivo resolver en el plazo perentorio de 30 días hábiles administrativos el reclamo formulado por el accionante en fecha 19/2/10 en el Expte. Nº 654597; debiendo soportar la parte accionada vencida las costas de ambas instancias (cfme.: art. 20, Ley Nº 8369).- Así voto.- A la misma cuestión propuesta el Sr. Vocal Dr.	CHIARA DIAZ expresa su adhesión al voto del Dr. CARUBIA.- A su turno la Señora Vocal Dra. MIZAWAK manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz -	SENTENCIA:

Paraná, 18 de agosto de 2011.- Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1º) DECLARAR que no existe nulidad.- 2º) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fs. 23/26 que, en consecuencia, se revoca en todas sus partes.- 3º) HACER LUGAR a la acción de amparo por mora promovida por Lucas Julián Beber contra el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, ordenando al Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos resolver, en el plazo perentorio de 30 días hábiles administrativos, el reclamo formulado por el accionante en fecha 19/2/10 en el Expte. Nº 654597, librándose mandamiento a tal fin.- 4º) IMPONER la totalidad de las costas de ambas instancias a la parte accionada.- 5º) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. Sergio Gustavo Avero por la actuación que le cupo en primera instancia en la suma de pesos un mil cien ($1.100,00.-) y por su actuación en esta Alzada en la suma de pesos cuatrocientos cuarenta ($440,00.-) -cfme.: arts. 2, 3, 5, 6, 15, 64, 91 y ccdtes. Decreto Ley Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 7503; 1º y 13º Ley 24.432; 505 Código Civil-.- Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.- Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz - Ante mí: Rubén A. Chaia-Secretario" **ES COPIA** Rubén A. Chaia Secretario