Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13


Reg.: A y S t 281 p 172/175. Santa Fe, 13 de marzo del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia 96 de fecha 13 de marzo de 2017 dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario en autos "MUSRE, VICTOR contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- (EXPTE. N° 46/15)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511398-6); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que, por resolución de fecha 13.3.2017, la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 declaró improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el actor, por el cual pretendía la anulación de los actos administrativos que declaraban la caducidad y baja definitiva y absoluta de la licencia de taxi RA 2313 que titularizaba, disponiéndose se le permita transferirla a su hermano o a un tercero, con costas (fs. 2/14). Contra aquel pronunciamiento interpuso el perdidoso su recurso de inconstitucionalidad, fundándolo en los supuestos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 1 de la ley 7055 (fs. 15/20). Al invocar el supuesto del artículo 1, inciso 2), argumenta que los Jueces encuadraron la cuestión dentro de las facultades propias del Estado de aplicar el Estatuto del Empleado Municipal de forma discrecional, sin advertir la incongruencia entre los hechos y el derecho en tanto la aducida irregularidad se mantuvo sin ninguna observación de la Municipalidad por más de 30 años. Con ello, asegura, se vulnera el artículo 20 de la Constitución de la Provincia que protege el trabajo en todas sus formas y aplicaciones. También remarca que la licencia en cuestión es transferible, que pertenecía a su hermano desde el año 1980, quien se la transfirió luego a él, y que de ello surge claro que no fue obtenida por ningún mecanismo ilegítimo. En punto a la arbitrariedad endilgada, sostiene que la caducidad y baja definitiva de la licencia dispuesta por la Municipalidad vulnera su derecho de propiedad y el derecho a trabajar de su hermano, a quién él podría transferirla nuevamente para subsanar el conflicto de incompatibilidad en el que se encontraría incurso por ser empleado de planta permanente (según entiende la Cámara, por disposición de la ley 9286). Reprocha al A quo no haber ponderado correctamente que él no optó con conocimiento sino que fue inducido a obrar en perjuicio propio por el empleador, quien se encontraba en una clara posición de superioridad, y que como no contaba con asesoramiento no comprendió las consecuencias de sus actos (en particular, el haber optado por la actividad laboral y depositado en caución la chapa, sin ejercer el derecho de transferirla a su hermano, quien por otra parte se encontraba explotándolo y constituía su único ingreso). Argumenta sobre la irrazonabilidad de la decisión municipal de pretender aplicar una norma que nunca se aplicó y con la que beneficia a algunos y perjudica a otros -como él-, y que con el argumento de mejorar la gestión política, en realidad, el Municipio favorece a un limitado número de personas, lo que no constituye un fin público (interés general) como el que debe perseguir el Estado con su obrar. 2. La Cámara, por auto del 23.6.2017, denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 23/26) lo que motivó la presentación directa del perdidoso ante esta Sede (fs. 29/31v.). 3. Se adelanta que el presente recurso no puede prosperar, pues, como se advierte de las constancias de autos, el quejoso en su presentación directa incumple la carga estipulada en el artículo 8 de la ley 7055 de rebatir cada uno de los motivos expuestos por la Cámara para apoyar su decisión de denegar la concesión del remedio extraordinario, en tanto no trae razones de peso a fin de neutralizar la referida fundamentación. Así, con relación al encuadre realizado por el compareciente, quien intenta fundar el remedio excepcional en la configuración del supuesto comprendido en el inciso 2) del artículo 3 de la ley 7055, y tal como lo señalaran los Sentenciantes en el auto denegatorio, tal norma "requiere que se hubiere cuestionado la inteligencia de un precepto de la Constitución y la decisión haya sido contraria al derecho o garantía fundado en él, mas de ningún modo admite ni sugiere la posibilidad de que por esa vía se verifique si una sentencia es compatible con las normas constitucionales. Entenderlo así sería superponer el inciso 2) con el 3), o pero aún, tornar a éste último innecesario e inoperante" (A. y S. T. 235, pág. 12; entre otros). Siendo ello así, los planteos del recurrente habrán de ser analizados bajo la óptica del agravio de arbitrariedad invocado. En este punto, de la lectura del recurso directo en confrontación con el auto denegatorio, se desprende que también los argumentos relativos a la mera discrepancia dados por la Cámara se mantienen incólumes, sin poderse siquiera entrever, cómo se encontraría configurada la causal de arbitrariedad que en abstracto invoca el actor, ni cómo se conectaría con la realidad del caso. En efecto: el Tribunal memora en el auto denegatorio que, entre otras consideraciones señaló que "...el recurrente se hace fuerte en sostener que nunca tuvo que realizar declaración jurada por ser empleado de la planta permanente de la Administración accionada con fecha de ingreso anterior a la vigencia de la norma que así lo ordena, pero en la verdad objetiva de los hechos, no se hace debido cargo que, se le reprocha que a la fecha en que se le transfirió la licencia del taxi RA2313, el 05.02.85 y por ende consumó su situación de incompatibilidad, la ley N° 9286, publicada en el Boletín Oficial el 25.10.83, se encontraba plenamente vigente, por lo que no puede válida y legítimamente argumentar que por falta de asesoramiento ignoraba que se encontraba incurso en una situación de incompatibilidad, no sólo por haber violado la prohibición del inc. c) del art. 14 de 'Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias y adjudicaciones celebrados u otorgados por la administración en el orden Municipal', sino también por haber omitido a dicha fecha cumplimentar con el deber a su cargo de declarar todas las actividades que desempeñaba y el origen de todos sus ingresos con la finalidad de establecer si eran compatibles con el ejercicio de sus funciones como se lo indica el inc. i) del art. 13" (f. 25). Y en ese sentido, el A quo consideró el principio de la inexcusabilidad del error de derecho recogido por la legislación y jurisprudencia, sobre el que apoyó también el razonamiento que lo condujera al rechazo del recurso contencioso administrativo, y que los agravios del remedio extraordinario se dirigían derechamente a cuestionar la interpretación de los hechos, la prueba y las normas aplicables que efectuaran los Magistrados pero sin lograr demostrar cómo se configurarían ni la decisividad de sus planteos. Frente a todo ello, el quejoso se limita a mencionar que tal regla merece ser excepcionada en el caso por cuanto lo resuelto no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados en la causa, y que la omisión de tratar los planteos propuestos afecta su derecho de defensa en juicio. Pero, en puridad, lo cierto es que los argumentos traídos a consideración de este Cuerpo en el memorial del recurso de inconstitucionalidad, puestos en confrontación con la sentencia atacada, no revelan más que la mera discrepancia del compareciente con los fundamentos desarrollados por la Cámara, trasuntando los agravios deducidos, la disconformidad del quejoso con el resultado adverso y su propio enfoque acerca de la solución que a su juicio habría debido darle el A quo al pleito. Y aunque insiste una vez más con planteos ya sostenidos en dicha Sede -arbitrariedad e irrazonabilidad de la decisión municipal-, no lograr persuadir de que el Tribunal, al interpretar los hechos del caso y aplicar la normativa de derecho público local hubiese incurrido en arbitrariedad. En conclusión, el asunto, tal como ha sido traído a estos estrados, no aparece idóneo para franquear la vía extraordinaria intentada, por quedar comprendido dentro del marco de la ponderación que efectuó la Cámara en torno a cuestiones de hecho, prueba y normas de derecho público local, propias de los jueces de las causa sometidas a su decisión, y por ende, insusceptibles de ser revisadas por la vía de excepción intentada. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055). Regístrese y hágase saber, oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.. GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario.