Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-10


SENT Nro. 106 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 10 DE MARZO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Valenzuela Vda. de Joyas, Marta A. vs. Dirección Provincial de Vialidad y otro s Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora, a fs. 537/541, deduce recurso de casación en contra de la sentencia Nº 388, del 6 de diciembre de 2001, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, corriente a fs. 531/532 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 25-7-2002 (cfr. fs. 556 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado que prevé el artículo 816, in fine, del CPCC, siendo esta normativa de aplicación supletoria en el fuero por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Sostiene la recurrente que el fundamento principal de sus agravios radica en el hecho que la sentencia atacada privó de carácter impulsivo a un acto procesal que sí lo posee, como es el pedido de obtención del beneficio de litigar sin gastos.

Manifiesta que su parte impulsó el proceso hasta el momento de solicitar el beneficio, siendo este el único acto procesal que revestía entidad jurídica suficiente para hacer avanzar al proceso ya que, atento al estado de las actuaciones, sólo tenía a su alcance dos posibilidades, pagar la planilla fiscal o eludir su pago con la solicitud y concesión de la franquicia de marras.

En este mismo orden de ideas insiste en que, en el sub lite, el beneficio de litigar sin gastos tuvo por finalidad activar el procedimiento pues su otorgamiento previo resultaba una condición sine quan non para que los autos pasaran a fallo, ante la imposibilidad económica de su parte para hacer frente a la planilla fiscal.

Aduce que en aras de la estricta justicia, no correspondería aplicar la ley sin contemplar las circunstancias del caso -conforme a las cuales no le quedaba otra alternativa que obtener la prerrogativa o abandonar la causa- pues, de otro modo, se transgredería el principio de la sana crítica. Añade que, teniendo en cuenta lo manifestado, en el sub examine se había operado la suspensión de hecho del juicio, no pudiéndose computar el plazo establecido para que se articule la caducidad de la instancia.

Refiere al dictamen de la Fiscalía de Cámara, al cual se adhiere, y arguye que la Excma. Cámara debió ajustarse estrictamente a las circunstancias de forma y no considerar situaciones de fondo inaplicables en esta etapa del juicio. En esta perspectiva resalta que la posición del juzgador fue inapropiada debido a que sólo debió haber determinado si la tramitación del beneficio en este proceso individual y autónomo revestía entidad suficiente para que fuera considerado como un acto impulsivo, dejando para más adelante la ponderación de si la obtención del mismo tenía efectos retroactivos, quedando a su parte recién la posibilidad de oponerse a ello.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal del recurso de casación, la de revisar si el mismo ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a su admisibilidad.

Al respecto destaco que ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 533 y del cargo actuarial inserto a fs. 541; la sentencia atacada es equiparable a definitiva; no corresponde efectuar el depósito exigido por la ley de rito en mérito a que la recurrente actúa con el beneficio de litigar sin gastos conferido por Resolución Nº 233, del 31-5-2000 (cfr. fs. 47 y vta. del incidente sobre el beneficio de litigar sin gastos que se tiene a la vista); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y aunque no propone expresamente doctrina legal, la misma se infiere del contenido del recurso, y en la impugnación recursiva se alegan infracciones jurídicas. Por ello, el recurso resulta admisible; voto porque así se declare.

IV.- La Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, en orden a los fundamentos para hacer lugar al incidente de perención de instancia, consideró que no era correcta la afirmación de la recurrente en el sentido de que, atento al estado del juicio, tenía a su alcance sólo dos posibilidades, pagar la planilla fiscal o eludir su satisfacción con el trámite y obtención del beneficio de litigar sin gastos. A su entender, al haber solicitado la actora la mencionada franquicia cuando ya se habían agregado los alegatos y careciendo la dispensa de efectos retroactivos, la tramitación del beneficio no resultaba idónea para eludir el pago de la liquidación fiscal, calculada en base a actuaciones ya cumplidas; asimismo sostuvo que la efectiva alternativa procesal de la accionante, en la inteligencia de evitar el pago del tributo, consistía en regularizar su situación frente a la Dirección General de Rentas de la Provincia, en los términos del artículo 314 de la Ley Nº 5231.

Para la recta composición de la litis, y teniendo en cuenta los agravios vertidos por la agraviada, interesa poner de relieve que para que un acto tenga habilidad interruptiva del curso de la perención, es preciso que esté inexorablemente dirigido al desenvolvimiento de la relación procesal principal; de allí que no produzca ese efecto la actividad que persigue exclusivamente la satisfacción de un interés privativo de uno de los litigantes, cual es el trámite tendiente a la obtención del beneficio de marras.

Por lo tanto, la argumentación de la impugnante, a mi modo de ver, prescinde del hecho que el beneficio de litigar sin gastos, en cualquier circunstancia o momento, siempre tiende a la satisfacción de un interés particular de uno de los litigantes, y que todas las actuaciones que se realizan en procura de su obtención no constituyen actos inherentes al proceso o que hagan a su estructura esencial, sino que son contingencias que pueden llegar o no a producirse y que, aunque se efectúen con vista al trámite de un determinado proceso, carecen de aquellas condiciones y en todo caso se encuentran ordenadas a requerimientos o necesidades de orden privativo y personal de la parte que lo solicita, por lo que no corresponde asignarle a dichos trámites, carácter interruptivo del plazo de caducidad.

Del mismo modo, tampoco se advierte configurado déficit jurisdiccional alguno por haberse fundado el acogimiento del planteo de caducidad en el carácter no retroactivo del otorgamiento del beneficio, en mérito a las consideraciones que a continuación se efectúan.

En primer término, viene al caso recordar la doctrina sentada por esta Corte en los autos "Ortiz, Carlos César vs. Cervecerías y Malterías Quilmes Sociedad Anónima Industrial Agrícola y Ganadera s/ Daños y perjuicios" (sentencia Nº 286, del 24-4-2001). En efecto, allí se dijo que "Las tasas y aportes deben ser abonadas al momento en que se requiere la actuación del órgano jurisdiccional, pues tal requerimiento constituye el hecho imponible que origina la obligación de pagar. Las leyes 6059 y 5121 establecen claramente las oportunidades de pago (...) Las oportunidades legalmente establecidas no pueden ser obviadas ni alteradas por el hecho de que, con posterioridad a la generación de la obligación de pago, se haya solicitado el beneficio para litigar sin gastos; lo contrario significaría instaurar una desigualdad de las partes frente a la ley (...) si bien es correcto que el beneficio para litigar sin gastos puede ser solicitado con posterioridad a la demanda y que mientras éste tramita el interesado podrá actuar como si ya lo hubiese obtenido (arg. art. 268 procesal), lo cierto es que de ello no puede inferirse la modificación de actuaciones que, al momento de la solicitud del beneficio, hubiesen sido ya alcanzadas por la preclusión procesal. Así, y en virtud de este principio, la resolución que otorga el beneficio para litigar sin gastos no puede alcanzar a los gastos de justicia devengados con anterioridad a dicha solicitud (...) La solicitud del beneficio para litigar sin gastos no exime al solicitante del pago de la tasa de justicia y aportes previsionales que se hubieren devengado con anterioridad a tal petición".

En segundo lugar, también debe repararse en lo expresado por este Tribunal, en sus distintas composiciones, en punto a los requisitos para que un acto procesal pueda considerarse interruptivo del curso del plazo de caducidad de la instancia: "...la doctrina procesalista se ha ocupado de este tema, definiéndose tres posiciones: a) una que exige que 'los actos interruptivos para ser tales, deben ser útiles, idóneos, adecuados al estado del proceso y efectivamente eficaces para alcanzar su cometido de hacer avanzar el 'proceso'; b) la opinión opuesta considera que 'es suficiente que el acto ponga de manifiesto la voluntad del litigante de mantener vivo el proceso, haciendo saludo de presencia y existencia, aunque no sólo conduzca hacia delante sino que ni siquiera tenga aptitud virtual de pretenderlo', c) y en medio de ambas existe un criterio ecléctico y moderado que considera actos interruptivos los que 'tengan la dirección apta para comunicar un adelanto al estado del juicio y la fuerza necesaria para obtenerlo, aunque de hecho tal finalidad se frustre o quede postergada' ( cfr. Loutayf Ranea, R. y Ovejero López, G., 'Caducidad de Instancia', Ed. Astrea, pág. 98). La última de las posturas y las que se le acercan en grado inmediato es la prevaleciente y debe ser tenida por atendible para reconocer eficacia interruptiva del curso de la perención. En concordancia se ha dicho que es acto interruptivo de la cad ucidad de la instancia conforme lo normado por art. 311 del Código Procesal (Adla, XXVII-C, 2649) aquél que 'tuviere por efecto impulsar el procedimiento', es decir, aquél que tiende a que el proceso avance, a activarlo en forma directa e inmediata y resulte adecuado al estado de la causa con prescindencia del resultado o eficacia de la actuación o pedido. (CMEsp. C. y Com., Sala I, 06/8/79, Malineverni J.M.)" (sentencia Nº 44, del 22-2-99; ídem: sentencias Nº 246, del 25-4-97 y 464, del 11-6-2001, entre otras).

Siendo ello así, entonces, es de suma evidencia que la Sala a quo pudo legítimamente considerar que, en el caso, la solicitud del beneficio de litigar sin gastos formulada con posterioridad a los alegatos carecía de efectos interruptivos del curso de la caducidad por cuanto no dispensaba del pago de la tasa por actuaciones que ya se habían cumplido, atento al carácter no retroactivo del beneficio, toda vez que dicha consideración resultaba necesaria a los efectos de poder establecer si la solicitud de otorgamiento de la franquicia en cuestión, en las particulares circunstancias de la causa, poseía o no la virtualidad de contribuir al adelantamiento del proceso.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación articulado por la parte actora contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, del 6-12-2001, obrante a fs. 531/532 de autos; voto porque así se declare.

V.- Atento al resultado a que se arriba, las peculiares circunstancias del caso y la naturaleza de la cuestión debatida, considero que ello bien pudo nutrir la convicción de la recurrente acerca del derecho que le asistía, dándole razón probable para recurrir, por lo que las costas de esta instancia casatoria se imponen por el orden causado (artículos 106, inciso primero, del CPCC y 89 del CPA).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 567/569, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 6-12-2001, glosada a fs. 531/532 de autos, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO