Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-03-07


AUTOS Nº 99.531 (Cuarto Juzgado Civil) (SALA III Nº 10.764) "MANRIQUE Javier Martin C/ Farias Sergio Raul y Otro - Daños y Perjuicios".

///En la ciudad de San Juan, a 07 días del mes de Marzo de dos mil trece, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia del Dr. Daniel Olivares y los Dres. Catalina Cúneo de García y Humberto R Caballero como Vocales, para conocer sobre los recursos de apelación concedidos al actor a fs. 250 y, a la citada en garantía, demandado y co-demandado a fs. 252, contra la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2010 obrante a fs. 238/246 de estos autos.

CATALINA CELIA CÚNEO DE GARCIA DIJO:

El Sr. Juez a-quo resolvió: "I) Hacer lugar parcialmente a la demanda -y en consecuencia- condenar a la demandada Sres. Sergio Raúl Farías y Alejandro Francisco Domínguez, como así tambien a la citada en garantía -Río Uruguay Coop. de Seguros Ltda.- en la medida del seguro, a pagar a la actora -Sr. Javier Martín Manrique-, la suma de Pesos Doce mil doscientos cincuenta con 00/100 ($ 12.250,00), por los rubros admitidos, en el término de diez días de consentida o ejecutoriada la presente, con más los intereses legales (Ley Nº 4119) desde la fecha del accidente hasta su efectivo pago, bajo apercibimiento de ejecución.

II) Imponer las costas del proceso a la demandada y citada en garantía vencidas, regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en la forma expuesta en los considerandos precedentes"(sic).

Contra dicho pronunciamiento el actor interpone recurso de apelación a fs. 249, el mismo se le concede a fs. 250. Expresa agravios a fs. 253/257, los que fueron respondidos por la contraria a fs. 260/262 vta.. Asimismo contra el fallo se alza la parte accionada (demandado, co-demandado y citada en garantía) a fs. 251, el recurso se le concede a fs. 252. Funda el mismo a fs. 264/274, siendo respondidos los agravios a fs. 281/283 vta.. Las partes hacen expresa reserva de los recursos extraordinarios de la Ley N° 2275 y del caso federal del art. 14 de la Ley N° 48.

Sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por el Sr. Juez a-quo en la sentencia apelada, diré que: la presente acción tiene origen en la demanda de daños y perjuicios interpuesta a fs. 03/18 vta. por el Sr. Javier Martín Manrique contra el Sr. Sergio Raúl Farías -conductor de la camioneta marca Chevrolet Corza Dominio DXF 573 interviniente en el accidente- y contra el Sr. Alejandro Francisco Domínguez -titular registral del vehículo-.

Solicita se cite en garantía a la compañía de seguros "Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada".

Relata los hechos diciendo que el día 20 de mayo de 2006 aproximadamente a las 14:15 hs., se dirigía a bordo de su motocicleta marca Zanella 043 BBY por calle Buenos Aires en dirección este-oeste. Al llegar a la intersección con calle Necochea, habiendo traspuesto prácticamente dicho cruce, fue abrupta, sorpresiva y violentamente embestido por la camioneta conducida por el Sr. Sergio Raúl Farías, quien se dirigía por calle Necochea en dirección norte-sur.

Este, al llegar al cruce, hizo caso omiso a la señal de tránsito existente por calle Necochea que ordena "Pare" e invadió la intersección de manera negligente y temeraria, embistiéndolo con el frente de dicho rodado costado izquierdo. Por la fuerza de la colisión fue impactado contra el frente del rodado siendo despedido y cayendo pesadamente sobre la capa asfáltica perdiendo el conocimiento, sufriendo lesiones de consideración por las que debió ser trasladado a un centro asistencial tras ser atendido por personal de EIFEME, móvil 91 a cargo del Dr. Neder.

Atribuye exclusiva responsabilidad al conductor del rodado embistente al no observar lo dispuesto por el art. 39 inc. b) de la Ley N° 24.449. Además, por no haberse detenido ante la existencia de la señal de "Pare" al circular a excesiva velocidad (art. 50 de la Ley N° 24.449). También atribuye responsabilidad al titular registral del vehículo en los términos del art. 1113 del C.C., Decreto N° 6582/58 y art. 27 de la Ley N° 22.298.

Reclama los siguientes daños: a) Daño emergente - patrimonial:

1) Rodado: Del informe del perito especialista designado en las actuaciones prevencionales surgen los daños sufridos por la motocicleta. Reclama la suma de $750 en base a los presupuestos acompañados (firma Full Time S.H. de Orlando Segovia y Julio Calívar);

2) Privación de uso del rodado: Expresa que la reparación demandará un tiempo apreciable a lo que añade la imposibilidad de afrontar la erogación que ello implique. Es el único medio de transporte que posee y es el que utiliza para trasladarse a su empleo como a las demás actividades que realiza como padre de familia. La privación ha originado gastos de remís, tasa y colectivo, reclamando la suma de $700;

3) Desvalorización del rodado: El ciclomotor tenía un valor de plaza a la fecha del hecho no inferior a $1.000, estimando la desvalorización que ha sufrido en un 70% de su valor. Señala que tenía una antigüedad de 13 años al momento del accidente, solicitando se condene a pagar la suma de $700;

4) Atenciones médicas y otros gastos (traslado) sin factura: El accidente le provocó lesiones de consideración en su pierna izquierda -concretamente en la rodilla-, lesiones en su rostro y cráneo, fracturas en sus vértebras con consecuencias como desmayos, pérdida del equilibrio, debiendo realizar tratamientos de rehabilitación.

Todo ello, motivó atención médica neurológica. Reclama el monto de $800 en concepto de atenciones médicas y la suma de $500 por gastos de traslado. 5) Gastos de rehabilitación: Se le indicó tratamientos de rehabilitación, kinesiológico y psicológico a fin de controlar los síntomas (dolor).

Reclama el monto de $ 800, promedio de dos sesiones semanales desde el 20/05/06 hasta la actualidad. Deja librada, la determinación de la cantidad de sesiones necesarias, a lo que surja de la prueba pericial médica; b) Daño moral: Reclama la suma de $40.000. c) Lucro cesante: Se encuentra imposibilitado de prestar funciones laborales en la firma "TCA S.A.", no pudiendo desempeñarse como árbitro dependiente de la Federación de Básquetbol de la Provincia atento lo cual, no percibe mensualmente su remuneración la que ascendía a $ 650 en concepto de aranceles de partidos arbitrados y $350 por instruir a nuevos jueces. Con su salario sostenía el hogar conyugal compuesto por su esposa y tres hijos menores de edad.

Lo que surge de la documental acompañada. Ello surge de las certificaciones expedidas por la Lic. Erica Fernández de fecha 31/08/06 y 16/04/07, por la Federación de Básquetbol -donde consta que fue dejado cesante el día 21/08/07- y por el Dr. Daniel Álvarez en fecha 12/09/07.

Al momento del accidente contaba con 34 años de edad a ello, agrega el tiempo que razonablemente su aporte contribuiría al sostén del hogar (31 años), reclamando la suma de $172.000. d) Daño psicológico: reclama el monto de $20.000.

- - -En total pide se condene a la parte demandada a abonar la suma total de $236.250 o, lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos, con más los intereses legales y/o el coeficiente o mecanismo de actualización hasta su efectivo pago.

- - -Ofrece y rinde la siguiente prueba: I) Documental: que se acompaña en sobre referida a constancias de "La Caja A.R.T." y actuaciones Policiales de fs 143/169. II) Confesional: del demandado -Sergio Raúl Farías- a fs. 74, según pliego de fs. 73 y del co-demandado -Alejandro Francisco Domínguez- a fs. 76, conforme pliego de posiciones de fs. 75. III) Pericial Mecánica: fs. 94/109. IV) Pericial Psicológica: De 130/132. V) Informativa: De fs. 121/126, de fs. 174/186.

A fs. 30 se tiene por iniciada la demanda y se ordena citar y correr traslado de la acción a los demandados y citar en garantía a la Compañía de Seguros denunciada, en los términos del art. 100 del C.P.C..

- - -A fs. 46/59 vta. comparece la citada en garantía, Río Uruguay Seguros Cooperativa Limitada, quien asume la defensa de los demandados.

Aduce que, sólo responderá para el supuesto de condena del asegurado en los límites y el alcance fijados en la Ley de Seguros, formulando reserva para repetir lo pagado contra quien corresponda. Efectúa una negativa general de todos y cada uno de los hechos relatados por el actor y una negativa particular de los mismos.

Señala que del informe técnico obrante en las actuaciones policiales surge categóricamente que la motocicleta que conducía el actor, fue el rodado que embistió frontalmente a la camioneta. Sólo reconoce los sujetos intervinientes en el accidente como la fecha y hora del evento dañoso que refirió el accionante.

Afirma que el demandado conducía lentamente la camioneta por calle Necochea de Norte a Sur, porque se aproximaba a la intersección con calle Buenos Aires. Cuando se encontraba en dicha encrucijada, fue violentamente embestido por la motocicleta conducida por el actor que circulaba velozmente, por dicha arteria de este a oeste, quien sin frenar, impacta en el guardabarro delantero izquierdo del furgón conducido por el accionado.

Por la violencia de la embestida, la motocicleta rompe el espejo retrovisor izquierdo de la camioneta trizando su parabrisas, abollando la puerta izquierda y el capot.

El actor no advirtió que el furgón ya se encontraba en la encrucijada y sin poder frenar la motocicleta, lo embistió violentamente en su lateral izquierdo. Atribuye exclusiva responsabilidad al actor.

Niega los rubros reclamados, eventualmente y para el caso de su admisión y estimación, solicita se considere el reconocimiento de la parte actora en el sentido que recibió atención en el Hospital Rawson, la aplicación rigurosa del principio procesal de la prueba concreta de la existencia del daño, la imposibilidad de duplicar reclamos bajo distintos rubros y el carácter no vinculante de la prueba pericial. Niega la autenticidad de la prueba documental acompañada por el actor y se opone a la agregación de cualquier otra en el futuro. Se opone asimismo a la prueba pericial mecánica, accidentológica, psicóloga y médica por resultar improcedente.

Ofrece y rinde la siguiente prueba: I) Documental: Copia de la póliza N° 00:04:1605837 emitida a favor de la Sra. Norma Beatriz Miqueley a fs. 41/43; copia de fotografías de los vehículos intervinientes en el evento dañoso a fs. 44/45; II) Confesional: Del actor -Javier Martín Manrique- a fs. 78, según pliego de fs. 77. III) Informativa: De fs. 137/138. Solicita el rechazo de la demanda, con costas a la contraria.

La sentencia apelada, causa agravios a las partes intervinientes en el proceso, que subsumiré del siguiente modo:

Agravios del actor:

I) Referido a que el Juez a-quo ha violado el principio de congruencia (art. 33 inc. 4° del C.P.C.) y el derecho de igualdad de las partes en el proceso. Expresa que ha determinado erróneamente los montos que condenó a pagar, los que resultan exiguos de conformidad a la prueba rendida en la causa.

a) En relación al rubro "daños del rodado" el Juez a-quo efectúa una simple enumeración de los mismos sin hacer referencia al reemplazo de las piezas. Agrega que jamás la fuente tomada como base para la determinación del monto condenado a pagar (Mercado Libre.com.ar), puede ser tomada como parámetro para reducir lo solicitado en la demanda.

La suma de $200 no es suficiente para adquirir el 50% de los repuestos, sin mencionar lo relativo a los valores de reparación. Pide se modifiquen los montos y se tengan en cuenta los presupuestos acompañados con la demanda.

- - -b) En relación al rubro "privación del uso del rodado" el Juez a-quo efectúa manifestaciones que se contradicen con las circunstancias y hechos que surgen de las constancias de autos.

Expresa que la intervención de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo -luego de acaecido el accidente (in itinere)-, demuestra que la motocicleta era una herramienta de trabajo y que la distancia existente entre su domicilio (España N° 1031 norte, Capital) y el lugar de trabajo (Avda. Circunvalación N° 441, norte, Santa Lucía) hace presumir que con la misma no sólo cubría el trayecto con una línea de colectivo sino que, pudo necesitar otro medio de transporte a tal fin.

Agrega que, la motocicleta no sólo era utilizada para trabajar, sino también para movilizarse con cierta libertad. En lo relativo al tiempo de reparación, el mismo no depende sólo de la voluntad del damnificado sino también, de sus condiciones económicas debiendo considerarse que perdió el trabajo y que debió disponer de sus ingresos para el tratamiento de sus afecciones. El plazo de reparación estimado en la sentencia es exiguo y el monto condenado a pagar es ínfimo.

c) Con respecto a la suma condenada a pagar por los gastos de atención médica, gastos de traslado y de rehabilitación el Juez a-quo los ha valorado en base a un conocimiento parcial de la existencia y gravedad de los mismos, determinando un monto exiguo. Ha tenido sólo en cuenta la descripción realizada en el expediente penal respecto de las lesiones que presentaba inmediatamente después del accidente -descriptas por el médico legista-, sin haber considerado el diagnóstico y las conclusiones de la Junta Médica N° 26. En las constancias existentes en la ART hay estudios que con el tiempo demuestran el evidente agravamiento de su estado de salud.

Existieron cuatro Juntas Médicas durante dos años, concluyendo el 02/06/08 con un dictamen que establece que, después de transcurridos dos años del accidente, padece "politraumatismo con síndrome vertiginoso, entorsis de rodilla izquierda y traumatismo facial moderado" que causan "limitación funcional rodilla izquierda, fractura de huesos de la nariz con obstrucción nasal bilateral parcial e hipoacusia bilateral neurosensorial y alteración de rama vastibular nervio auditivo, todo lo que produce una incapacidad parcial, definitiva y permanente del 47,56%".

Le agravia el monto de $450 condenado a pagar, porque con el mismo no puede afrontar el tratamiento médico de la envergadura acreditada, ni el farmacológico ni la rehabilitación. Reitera que el dictamen de la Comisión Médica N° 026 lo exime de otra prueba que avale la validez de lo reclamado en la demanda.

d) En relación al daño psicológico expresa que la prueba pericial que el Juez a-quo sostiene haber analizado, resulta ser mucho más seria y gravosa para su parte que el monto que condenó a pagar. Agrega que el informe pericial no fue impugnado por las partes y que el mismo denuncia una serie de secuelas graves, que fueron ignoradas por el Juez a-quo las que pasan desde "el insomnio hasta frecuentes pensamientos de muerte e ideación suicida, el que resulta recurrente a pesar de la transitoriedad del mismo".

No consideró el Juez a-quo que el perito afirmó que el estado que padece surge del "accidente sufrido y que, la disminución de sus anteriores capacidades afectó el equilibrio de su personalidad y repercutió negativamente en el ámbito familiar, laboral y recreativo...".

La profesional afirma que padece una depresión severa por lo que estima una incapacidad del 80% al 100%, con más la prolongación del tratamiento por un período casi indeterminado, sin expectativa de mejoría, elemento de singular importancia teniendo en cuenta el precio de la sesión (fs. 132). La suma de $3.500 es un monto ínfimo teniendo en cuenta el daño psicológico existente.

e) Le agravia el monto de $ 3.000 condenado a pagar por el "cómputo de las ganancias dejadas de percibir hasta el día en que se dio el alta al lesionado" (lucro cesante) atento el Juez a-quo no consideró el oficio remitido por la Caja donde se certifica que la dolencia duró más de dos años y dura actualmente.

Padece una gran invalidez definitiva que no sólo lo inhabilita para ser árbitro de fútbol, sino también para cualquier trabajo. Ha quedado acreditado que sus ingresos, al momento del accidente, eran de aproximadamente $3.500 y que, desde el evento dañoso hasta la determinación de la incapacidad definitiva transcurrieron casi tres años.

f) En relación al daño moral, sostiene que la suma que condena a pagar el Juez a-quo, minimiza y desvaloriza las afecciones sufridas las que van, desde la pérdida del trabajo hasta casi un estado de locura, pasando por una incapacidad laborativa importante (hipoacusia). Por lo que pide se modifiquen los montos de la condena.- - Agravios de la citada en garantía, del demandado y co-demandado:

I) Relativo a la errónea determinación de la responsabilidad y/o culpabilidad de las partes intervinientes en el accidente. Le agravia que el Juez a-quo le atribuya responsabilidad al demandado -Sergio Raúl Farías- al no tener la prioridad de paso basándose en la presunta inexistencia de un cartel de "Pare" sobre calle Buenos Aires y, porque reviste calidad de embistente.

Para sostener la inexistencia del cartel señalizador, el Juez a-quo se apartó de la pericia accidentológica de fs. 94/109. Agrega que no hay dudas de la existencia del mismo sobre la mano izquierda o norte de calle Buenos Aires. La primera fotografía obrante en la figura 3 a 5 de la pericia, claramente ilustra el cartel de "Pare" (círculo resaltador).

Si las fotografías tomadas por calle Necochea de norte a sur -dirección en que circulaba la demandada- obrantes en las figuras 14 a 22, no captan el cartel "Pare" es porque desde el lugar donde están tomadas no alcanzan los cincuenta metros hacia el este, donde está ubicado el mismo.

De no resultar así, la pericial jamás podría concluir con que "...ambas arterias poseen cartelería que advierten a los conductores que la intersección es peligrosa, obligándolos al momento previo al arribo a detenerse, esto si respetan la señalización ubicada estratégicamente a los laterales y en el piso" (pto. "B"/"C").

En relación a las actuaciones preliminares citadas por el Juez a-quo, que el hecho de no constar en el croquis el cartel, no supone su inexistencia, porque es habitual la imprecisión de los mismos por la falta de solvencia técnica en su confección.

II) En cuanto el Juez a-quo no consideró el doble sentido de circulación de calle Necochea y que la calle Buenos Aires tiene sólo una mano. Tampoco que la parte demandada circulaba por una vía de mayor jerarquía que la actora.

Ha quedado acreditado con la pericial rendida, que la calle Necochea es de mayor importancia no sólo por el doble sentido de circulación o carácter de avenida sino también por su mayor flujo de tránsito. Para cruzar la intersección con calle Necochea sin riesgo alguno, la Av. Circunvalación tiene un puente, como se ilustra con las fotografías acompañadas.

Por el contrario, si se desciende desde la Av. Circunvalación por calle Buenos Aires, lo habitual es que los conductores que transitan por las arterias se detengan o aminoren la marcha -como concluye la pericia-. De las constancias de autos se infiere que corresponde adjudicar exclusiva responsabilidad al actor.- III) Relativo a que el actor violó lo dispuesto por el art. 64, 2° párrafo de la Ley 24.449. Expresa la apelante que, el accionante cometió una infracción al no haber aminorado o detenido la marcha y al no haberle otorgado la prioridad de paso al demandado. La imprudencia y negligencia del actor resultan la causa necesaria y suficiente del accidente, lo que ha quedado probado con el dictamen pericial. - Las consecuencias jurídicas del obrar del actor resultan previstas en el art. 1113, 2° párrafo y art. 1111 del C.C.. La exclusiva responsabilidad del actor opera como eximente de responsabilidad del demandado.- IV) Relativo a la calidad de embistente que se le atribuye al accionado, deviene de una presunción argumental meramente dogmática y ajena a las circunstancias del caso. El carácter de embistente es una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario y que debe ser aplicada con mucha prudencia. No siempre coincide el concepto de embestidor mecánico con el de embestidor jurídico refiriéndose el primero a la materialidad y el segundo, a la responsabilidad.

El accionado circulaba con pleno dominio de su vehículo y fue, la imprevisible y riesgosa conducta del actor, lo que lo convierten en sujeto pasivo, sin poder evitar la sorpresiva y arriesgada aparición del mismo. El demandado realizó una maniobra evasiva mediante la aplicación de los frenos.

V) Siendo la propia víctima quien causó con su obrar el daño, a nadie puede reclamar su reparación. Frente a la falta absoluta de responsabilidad del accionado, debe declararse la improcedencia de los rubros admitidos en la sentencia.

Con respecto a los gastos de reparación de la motocicleta, el Juez a-quo no consideró que está probado en autos que el actor no reparó los daños ni acreditó el monto necesario para la reparación.

Mediante la sentencia se está condenando a pagar un monto que no ha sido acreditado.- En relación al rubro "privación del uso del rodado", el actor no ha producido prueba alguna que establezca el plazo requerido para la reparación del ciclomotor atento lo cual, el Juez a-quo debió desestimar el rubro reclamado.

- - -Con respecto a los gastos de farmacia y gastos de traslado, el Juez a-quo se aparta de los principios generales en materia de daño por el que se exige que todo gasto debe acreditarse como presupuesto para su admisión.

Omitió considerar el Juez a-quo que en la actualidad es habitual que de todo este tipo de gastos se emitan comprobantes fiscales, tickets o facturas. En relación al daño moral remite a los argumentos dados al responder la demanda sobre la improcedencia de dicho rubro. Es injusto resarcir a quien ha contribuído decididamente a generar el daño causado.- Le agravia que se admita el rubro "lucro cesante" atento las labores que el Juez a-quo tiene por probadas no justifican el monto admitido. Lo mismo ocurre con la suma fijada por el daño psicológico el que no es congruente con las pruebas rendidas.

VI) Le agravia la imposición de costas (a cargo de la demandada y de la citada en garantía). No es razonable imponerlas de tal manera cuando la demanda no ha resultado procedente por el total reclamado. Hay vencimiento parcial y mutuo.

VII) Le agravia que el Juez a-quo sostenga que los intereses deben computarse desde la fecha del accidente. Para el caso de tornarse procedente la obligación de pago impuesta por el Juez a-quo expresa que los intereses moratorios estipulados para cada uno de los rubros, deben liquidarse a una tasa del 6% anual desde la producción del daño hasta la fecha del fallo. La suma establecida en la sentencia lo fue a valores actuales.

Mantienen las reservas de los recursos de la ley 2275 y el Caso Federal del art.14 de la Ley 48. Piden en definitiva se revoque la sentencia y se impongan las costas al actor.

Al responder la parte actora, los agravios de la parte accionada solicita el rechazo del recurso, por no reunir la fundamentación del mismo, los caracteres de crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considera equivocadas conforme a lo dispuesto por el art. 253 del C.P.C.. Agrega, que, introduce capítulos no propuestos a consideración del Juez a-quo.

Tiene dicho este Tribunal: Si bien el escrito deberá contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas (art. 265 del C.P.C.) ante la gravedad de la sanción impuesta por el art. 266 del Cgo. citado, en caso de duda, y a condición de que el apelante individualice su disconformidad con la sentencia recurrida, debe tratarse la apelación.- (Prot. de Sent. Tº III Fº 527/529 Año 1999, PROT. DE AUTOS Tº I Fº 27/28 AÑO 2002 - Prot. de Autos T° I, F° 41/44, año 2004, Prot. de Sent. T III, F° 466/474 año 2009), entre otros.). Por lo que se tratarán los agravios de los demandados.

Por razones de metodología en primer término me ocuparé de los referidos a la atribución de la culpabilidad, cuyo tratamiento subsumiré de la siguiente forma:

I) Se agravian los demandados en cuanto a que el a-quo, se aparta de la pericia de fs. 94/109 al desconocer que antes de la intersección de ambas arterias, tanto para quienes circulan por calle Necochea de Norte a Sur, como para quienes lo hacen por calle Buenos Aires de Este a Oeste, hay carteles indicadores de la señal: PARE. Admite sólo el que existe por calle Necochea y no el de la Calle Buenos Aires, basándose en las actuaciones policiales de fs. 144/169.

Advierto al respecto que las actuaciones policiales que constan a fs.144/150, (Inspección ocular y croquis), fueron realizadas a las 14,30 hs. del día 20 de mayo del año 2006, inmediatamente después de acaecido el accidente.

Allí consta textualmente: " Que calle Necochea, antes de llegar a Buenos Aires, de sentido Norte a Sur, tiene un cartel, señal de tránsito con la descripción de PARE, sin poder visualizar otras señales en las otras esquinas." (sic).

La pericia accidentológica (ver fs. 94/109), a fs. 96 acompaña las fotografías, que aclara expresamente son actuales a la fecha de la pericia (junio de 2009), identificadas con los N° 3 a 5. Indican que la calle Buenos Aires, ubicada en el lateral Norte de Avenida de Circunvalación, en el sentido Este-Oeste por donde circulaba el actor en el ciclomotor, tiene mano única de circulación hasta Necochea.

Unos 50 mts. antes del cruce con dicha arteria, al costado Sur de Buenos Aires, hay un cartel vertical que indica "PARE" y en el carril Norte, metros previos a Necochea, sobre el pavimento otro cartel de "PARE". A fs. 97 hay secuencias fotográficas. tomadas de Este a Oeste de calle Buenos Aires.(Fotos N° 6 a 13).

A fs. 98 se agregan fotografías actuales a la fecha de la pericia, (N° 14 a 16) tomadas de Calle Necochea de Norte a Sur, en el sentido en que se desplazaba la camioneta. La arteria tiene doble mano de circulación, previo a la intersección con calle Buenos Aires, presenta al costado Oeste- vertical- un cartel que indica "PARE".

A continuación la pericia indica el probable punto de colisión y la condición de embistente de la camioneta y el motorista caído delante de esta (ver fs. 100, 101 e informe siguiente, de fs. 102/109).

La discrepancia de los demandados con el fallo apelado está precisamente, en que no se tuvo en cuenta la pericia que da cuenta de las señales de "PARE", para quienes circulan por calle Buenos Aires de Sur a Norte, lo que el actor no tenía a su favor la prioridad de paso.

Al respecto y como ya lo indicara las actuaciones policiales labradas en forma inmediata al accidente (20/05/2006 a las 14.30 hs.), indican claramente que la única señal de "PARE" existente, es la está sobre calle Necochea a metros de la intersección con Buenos Aires, en sentido de circulación de la camioneta.-.

Además, lo dice claramente el perito, las que indica en su informe existen a la fecha del mismo (junio de 2009). Las actuaciones policiales no fueron atacadas de falsedad, por lo que debe estarse a dicho informe.

Esta prueba avala la confesional del demandado Manrique de fs. 74 a tenor del pliego de fs. 73, quien reconoce expresamente la existencia del cartel, que le obligaba a parar (4a. posición). Que hizo caso omiso a la señal, invadiendo la intersección de manera temeraria y negligente y embistiendo en forma violenta al actor (5a. y 6a. posición).

Además que lo embistió con el frente de su rodado costado izquierdo, cuando el actor ya había traspuesto el cruce y sufrió lesiones de consideración. (7a.,8a., y 11a. posición.).

Hay dos hechos probados que avalan la culpabilidad plena del demandado: el no respetar el cartel de "PARE" y la condición de embistente. Además la velocidad con que arribó al cruce.

Tiene dicho la jurisprudencia que este Tribunal comparte: "La existencia del tipo de señal PARE, además de demostrar una evidente prioridad de paso para la vía opuesta a la que se antepone el cartel, exige la detención. (Cc0002 Az 37425 Rsd-51-96 S-Fecha: 27/05/1996-Juez: De Benedictis (sd)-Caratula: Di Natale C/ Avendaño S/ Daños Y Perjuicios-Mag. Votantes: De Benedictis - Galdós - Fortunato; (Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires).

"El cartel PARE, significa detención total del rodado. Su significación, además de precisa y concluyente es por demás clara en la medida que se trata de un término inequívoco que no permite otra interpretación o significación en la lengua castellana.

Ante una señal como la indicada, era obligación inexcusable del conductor que se encuentra frente a ella, de detener totalmente el rodado para permitir el paso de quienes circulaban por la otra arteria que formaba la intersección con aquélla donde se encontraba la señal"(Autos: Bellelli, Dante C/ Héctor A. Hectler Y Ot. S/ Daños Y Perjuicios - Nº Fallo: 89190113 - Ubicación: S064-037 - Nº Expediente: 57984 Mag. : GARRIGOS-STAIB - TERCERA CÁMARA CIVIL - Circ. : 1 - Fecha: 02/10/1989 (Jurisprudencia de la Provincia de Mendoza)." La norma que contiene el art.41 de la Ley 24.449, es un precepto imperativo, del que sólo es posible apartarse cuando muy graves razones así lo aconsejan, debiendo prevalecer sobre cualquier ordenamiento general. De acuerdo al inc. a) la prioridad se pierde con la señalización específica en contrario. En este caso el demandado no respetó la prioridad de paso y fue el embistente.

A todo lo expuesto cabe agregar, que según el informe pericial de fs. 107, que la camioneta desarrollaba una velocidad elevada para encarar el cruce, (60 Km/hs aproximadamente); teniendo en cuenta las huellas de frenada de la misma (4,80 mts.).

La maniobra evasiva para evitar la moto la comienza en el carril norte de calle Buenos Aires, culminados casi en la zona central de esa arteria y deteniendo su marcha en el carril Sur, sin poder evitar la colisión.

La conducta del demandado además fue violatoria de los arts.50 y 51 de la ley 24.449 inc. a apart.1 e inc. e) apartado.1.

Al respecto tenemos dicho que: "La velocidad máxima permitida por la reglamentación de tránsito no debe ser valorada aisladamente, pues aún quien conduce dentro de los límites de velocidad permitidos deberá adoptar las precauciones necesarias cada vez que su vehículo pueda ser causa de accidente y dentro de las mismas obviamente queda comprendido el reducir la velocidad, aún por debajo del límite permitido, cuando por las circunstancias de tiempo y lugar sea exigible un mayor deber de prudencia (Ver Luis Moisset de Espanés-Accidente de Automotores pág. 394 Nº 1545)"(Prot. de Sent. Tº III-Fº 516/530-2000).-Autos Nº 31.749 del 3º Juz. Civil (Sala III 8083) "Chavez de Ibaceta Victoria c/Aragon José - Sumario - Daños y Perjuicios".-Prot. de Sentencia T º II Fº 224/240 Año 2006).- (PROT. DE SENT. Tº I Fº 55/66 AÑO 2007).

Por lo que los agravios de los demandados y la aseguradora deben ser desestimados en cuanto a la atribución de la culpabilidad.

II) En segundo término y en forma conjunta me ocuparé de los agravios referidos a los rubros y montos de la condena, planteados por ambos apelantes.

El actor apela los siguientes rubros: a) Daños en el rodado; b) Privación del uso del vehículo; c) Gastos de atención médica, traslados y rehabilitación; d) Daño Psicológico; e) Lucro cesante; f) Daño moral.

Los demandados y aseguradora apelan:1) Daños en el rodado; 2) privación del uso; 3) Atenciones médicas; 4) Gastos de Traslado; 5) Daño moral; 6) Lucro Cesante; 7) Daño Psicológico.

1) RESPECTO A LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS EN EL RODADO: El actor reclamó la suma de $ 750. El actor se agravia que el Juez a-quo fijó una suma de pesos Doscientos ($ 200), según valores del Mercado Libre, por el valor similar del vehículo siniestrado. Los daños se encuentran acreditados, según informe de las actuaciones policiales de fs. 163 y pericial accidentológica de fs. 94/101. El actor se agravia pues con dicho monto no se pueden ni siquiera comprar los repuestos.

Los demandados de la procedencia del rubro por cuanto los gastos no están acreditados, ya que no se efectuaron las reparaciones.

Probados los daños del vehículo, el responsable debe resarcir al damnificado, con abstracción de que los trabajos de reparación hayan sido o no efectuados. Es decir que, acreditada la existencia de la colisión y los daños causado por ella, el resarcimiento es procedente, siendo irrelevante que los arreglos se hubieren efectivizados y pagados (Luis Mosset de Espanés-Accidente de Automotores. T°1- pág 322 y siguientes. Ediciones Jurídicas de Cuyo-año 1991). Los demandados cuestionan además el monto que no fue probado y piden no se admita la apelación del actor en cuanto a modificar al mismo.

En cuanto al monto de las reparaciones que el actor cuestiona, es preciso insistir que, si hay prueba de los daños pero no está acreditado el monto, queda librado al prudente arbitrio judicial ( art. 167 del C.P.C.).

El monto de las reparaciones debe guardar relación con el daño causado y no con su valor de reventa en el mercado de usados. Además debe tenerse en cuenta que al no estar acreditado el pago, no corresponden intereses.

Tiene dicho este Tribunal: Los intereses legales correspondientes al resarcimiento, por los arreglos del vehículo, deben ser liquidados desde la fecha en que dichos gastos fueron pagados. Conceder intereses cuando no hubo pago, sería autorizar un enriquecimiento sin causa de la actora. (PROT. DE SENT. Tº I Fº 111/119 AÑO 2003 ).

De acuerdo a las atribuciones conferidas por el art.167 del C.P.C. , el monto de las reparaciones se fija en la suma de pesos: Cuatrocientos cincuenta ($ 450), sin intereses por no estar acreditado el pago. Aclaro que si bien se aumentó dicho monto, no se imponen intereses.

Por lo que si bien se rechazan los agravios de la demandada, referidos a la procedencia del rubro, monto e intereses, se aumenta el monto pero con las modificaciones especificadas que resulta equivalente al fijado por el a-quo con intereses que se deniegan. Por lo que tampoco se admite el del actor.

2) Privación del uso: Ambos apelantes cuestionan el monto, la actora por bajo y los demandados por altos, al no estar acreditado el tiempo que durarían las reparaciones.

Tiene resuelto este Tribunal: "Que la privación de uso de un vehículo... importa siempre un perjuicio económico para su dueño, lo que debe ser indemnizado, no siendo impedimento para ello la falta de elementos probatorios, pues se presume que quien tiene y usa un vehículo lo hace para llenar una necesidad. Ante la falta de prueba sobre el monto del perjuicio la determinación queda librada al prudente arbitrio judicial, ....(Prot. de Sent. Tº III-Fº 580/594-año l998).-(PROT. DE SENT. T° II F° 386/392 AÑO 2010).

El a-quo estimó el tiempo de las reparaciones en diez días, plazo que aparece razonable. La circunstancia de que el actor no haya dispuesto de los fondos para efectuar las reparaciones, no es una consecuencia previsible del accidente, ni tampoco secuela normal en el curso ordinario de las cosas; por lo que el reclamo del actor por el tiempo que la moto no pudo ser reparada es improcedente.

En consecuencia se confirma el monto de la condena, con más los intereses desde la fecha del accidente y hasta el efectivo pago. Se rechazan así los agravios del actor.

3) GASTOS MÉDICOS, GASTOS DE TRASLADO Y REHABILITACIÓN: Se tienen a la vista en este acto las actuaciones remitidas por La Caja ART. en las que constan los informes médicos, psicológicos, fisioterapéuticos, estudios realizados, historias clínicas, tratamientos indicados, incapacidades establecidas, etc. referidos a las lesiones sufridas por el actor a consecuencia del accidente. Además de las actuaciones policiales de fs. 144/168 y la pericia psicológica de fs. 130/132.

- - -El monto de la condena fue apelado por bajo por el actor y por alto por la Aseguradora y los demandados, quienes se agravian de la falta de prueba.

Es jurisprudencia de este Tribunal que: "Los gastos de asistencia médica y farmacia resultan razonables teniendo en cuenta la naturaleza de las lesiones sufridas por la víctima y el tiempo que duró su curación, aún en ausencia de prueba. Para determinar los gastos de farmacia y asistencia médica causados por un accidente de tránsito, no es indispensable la presentación de recibos y facturas, pero bien guardar relación con el daño sufrido." "Aunque los gastos médicos y de farmacia no estén acreditados, debe admitirse los reclamados si así resulta de la naturaleza de las lesiones sufridas y la prolongada asistencia médica citada. La verosimilitud de la necesidad de inversión de gastos por asistencia médica y de farmacia, en ausencia de toda documentación, debe quedar librada a apreciación judicial (art. 165 Cód. Procesal) en juicio de accidentes de automotores.- (PROT. DE SENT. Tº I Fº 111/119 AÑO 2003 - PROT. DE SENT. Tº III Fº 534/542 AÑO 2004, PROT. DE SENT. Tº II Fº 365/373 AÑO 2005).(PROT. DE SENT. T° II F° 346/360 AÑO 2010 ).

Además: "No es necesario agregar documentos que acrediten las erogaciones por gastos de traslado, ya que la costumbre determina que no se otorgue comprobante alguno. No requieren, entonces, una prueba fehaciente para ser admitidos, sino que ellos se deducen de las lesiones sufridas por la víctima y la atención médica que requieren Nº Sent.: 004326 Mayoria.- Civil - Sala D - Fecha: 05/09/1997).

A lo expuesto cabe agregar que: "Los hospitales públicos ni las obras sociales satisfacen todos los gastos que el paciente se ve obligado a hacer, como consecuencia de las lesiones producidas por un accidente de tránsito, tales como médicos, enfermeras, medicamentos, colocación de inyecciones, movilidad, etc., que son indemnizables aunque no exista prueba específica en cuanto a su monto, si su verosimilitud resulta cierta como consecuencia lógica y necesaria de las secuelas producidas por el hecho. Civil - Sala A - Fecha: 20/06/1989).- (PROT. DE SENT. T° I F° 151/159 AÑO 2009).

Teniendo en cuenta las lesiones sufridas por el actor, descriptas en la demanda y corroboradas con la prueba rendida (ver fs.168vta. y prueba documental reservada que se tiene a la vista en este acto.), tiempo de recuperación y gravedad de las mismas, la determinación de su monto queda librado al prudente arbitrio judicial (art. 167 del C.P.C.).

Considero a tal fin que la indemnización fijada por el a-quo en cuanto a los gastos médicos y de farmacia, es baja en su lugar se fija la suma de pesos: Seiscientos ($ 600) a la fecha del accidente y con más los intereses de la tasa activa, desde esa fecha y hasta el efectivo pago.

En igual sentido considero exiguo el monto fijado en concepto de gastos de traslado. En su lugar se fija la suma de pesos: Doscientos ($ 200) a la fecha del accidente y con más los intereses ya indicados.

En cuanto a los gastos por rehabilitación psicológica y kinesiología los mismos requieren constancias de las erogaciones. El reclamo es desde la fecha del accidente.

Si bien en la prueba documental de la CAJA ART-.consta la indicación de la sesiones de kinesiología y psicología, el pago de las mismas fue realizado al CEAC por la Caja Aseguradora de Riesgos. Por lo que el rubro fue bien desestimado.

4) LUCRO CESANTE: El monto de la indemnización fijada en la sentencia es cuestionada por el actor por insuficiente y por los demandados por cuanto las tareas no fueron probada, de acuerdo al monto de la condena.

La prueba rendida consistió en el informe de la Federación de Básquetbol de la Provincia de San Juan de fs. 126, en el que consta que se desempeñó como árbitro desde el año 1996 hasta mayo de 2006 que por el accidente que lo dejó imposibilitado de seguir desarrollando su actividad, por la que percibía un haber de pesos Un mil ( $ 1.000), mensuales.

El informe de TCA S.A. de fs.174/186, el que consta que dejó de cumplir funciones efectivas como operario de fábrica de autopartes, desde mayo de 2006 y que con posterioridad se desvinculó de la empresa. Además de la prueba documental remitida por LA CAJA ART. ( ver fs. 188) que se tiene a la vista en este acto.

Según se desprende de los arts. 519 y 1069 del Código Civil, lucro cesante es la ganancia o utilidad de que se vio privado el acreedor a raíz del acto ilícito, lo cual implica una falta de ganancia o de acrecentamiento patrimonial que el acreedor razonablemente hubiere podido obtener de no haberse producido el evento, de modo que el reclamo debe hacerse sobre una base real y cierta.

El lucro cesante tiende a reparar las ganancias concretas que la víctima se vio privada de percibir, a raíz de las lesiones sufridas en el accidente. No sólo es necesario probar la imposibilidad de trabajar, sin que ello significó la pérdida normal de ingresos de la actividad que desarrollaba.

Debe aportarse datos que permitan presumirlas de modo fidedigno. En tal caso la indemnización queda librada al prudente arbitrio judicial. En este caso el a-quo estimó el tiempo de imposibilidad de trabajar en lapso de tres meses. Ello en relación a su actividad como árbitro. En cuanto al resto de la prueba está debidamente acreditada la incapacidad para reintegrarse a su labores habituales.

Es menester aclarar que los demandados cuestionaron el rubro por considerarlo improcedente según las pruebas rendidas y, en su caso sólo por alto y la actora por bajos.

Cabe al respecto advertir que el lucro cesante y la indemnización por incapacidad sobreviniente no pueden superponerse, porque responden a conceptos diversos. El primero está destinado a enjugar las pérdidas experimentadas durante el tiempo de inactividad absoluta de la víctima, el quebranto patrimonial derivado de las limitaciones que se verifican una vez reanudadas las labores- o la definitiva imposibilidad de hacerlo- deben ser cubiertas mediante el importe que se fija para resarcir la incapacidad.

De otro modo, se otorgaría una doble indemnización por igual concepto (ver jurisprudencia citada por el Dr. Luis Moisset de Espanés en "Accidente de Automotores "- Tomo II pág. 231.Ediciones Jurídicas de Cuyo). En este caso no se condenó por el rubro incapacidad, no solicitado en la demanda. Sólo por daño moral y psicológico.

Por lo tanto sólo puede liquidarse en forma independiente el rubro lucro cesante, si está probada la posibilidad de reintegrarse a las tareas habituales. En este caso está acreditado con la documentación aportada por la actora en el expediente N° 292636, de La Caja ART (fs. 188), cuyas copias se tienen a la vista en este acto, que al 12/06/07, el actor presentaba una incapacidad: TIPO Permanente. GRADO: Parcial. CARACTER: Provisoria. del 60%.

En la nueva junta de fecha 14/05/2008 se dictamina del alta para realizar tareas, con incapacidad: PERMANENTE, PARCIAL Y DEFINITIVA del 47,56%. Por lo que debe considerarse como límite esa fecha, como probable para reanudar sus tareas. Sin perjuicio del daño psicológico que importa un rubro parte.

Por lo que la indemnización fijada resulta ser baja. En su lugar se condena a pagar la suma de pesos: VEINTICUATRO MIL ( 24.000) a la fecha del accidente, con más los intereses de la tasa activa hasta el efectivo pago. Se admite así el agravio del actor y se rechaza el de los demandados.

IV) DAÑO PSICOLÓGICO: En razón de los agravios de la parte demandada, trataré este rubro de la condena antes del daño moral. La prueba rendida consistió en la pericia de fs. 130/133 que dictamina una incapacidad del 80 al 100% del actor, por depresión severa (con ideas de autoeliminación).

Tiene dicho la jurisprudencia y la doctrina receptada por este Tribunal: "En el supuesto en que se acreditara incapacidad psíquica, esta debe admitirse, distinto del deterioro psíquico afectivo -cuando no comporta incapacidad- que es reparable a través del daño moral.(Cc0102 Lp 231989 Rsd-173-98 S-Fecha: 01/12/1998-Juez: Vásquez (sd) Caratula: Chavez, Mara C/ Otreras, Raúl S/ Daños Y Perjuicios-Mag. Votantes: Vásquez-rezzónico, J. C.).

"Respecto al daño psicológico en Lexis Nº 0003/001028-Género: Doctrina -Título: Daño psicológico-Autor: Taraborrelli, José N.-Fuente: JA 1997 II 777, se lo describe de la siguiente forma: "El daño psicológico consiste en la perturbación permanente del equilibrio espiritual preexistente, de carácter patológica, causada por un hecho ilícito, que genera en el sujeto que lo padece la posibilidad de reclamar el resarcimiento o la indemnización de tal concepto contra quien ha ocasionado el daño y debe responder por ello.

Se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, una perturbación profunda del equilibrio regulado por el razonamiento, que guarda un adecuado nexo causal con el hecho dañoso." "El daño psicológico se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima, que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración en el medio social".

"El daño psicológico es una lesión al funcionamiento del cerebro, que altera el razonamiento o las facultades intelectuales de la persona humana y produce una incapacidad a nivel psíquico o de la mente, ya sea transitoria o permanente.".

"Aunque se dude si las secuelas de orden psíquicas del accidente, puedan ser superadas mediante tratamiento adecuado o son definitivas, corresponde admitir su resarcimiento, sea por los gastos que demanda o por la incapacidad irreversible (La ley -155-342).(PROT. DE SENT. T° I F° 63/83 AÑO 2012).

Teniendo en cuenta las circunstancias particulares de esta causa, edad del actor a la fecha del accidente (33 años), y la incapacidad establecida en la pericia, el monto indemnizatorio es bajo en su lugar se fija la suma de pesos: Diez Mil ($10.000) a la fecha del accidente y con más los intereses de la tasa activa hasta el efectivo pago. Se rechazan los agravios de la demandada y se admiten los del actor.

6) DAÑO MORAL: El actor reclamó en concepto de daño moral la suma de pesos: Cuarenta mil ($40.000). El Sr. Juez a-quo condenó a pagar la suma de pesos: Cinco mil ($5.000). Suma apelada por baja y por alta.

Con la prueba rendida están acreditadas las lesiones graves sufridas por el actor, el tiempo de inactividad, su incapacidad y padecimientos.

Tiene dicho en forma reiterada este Tribunal que: "El daño moral es la lesión a los derechos extrapatrimoniales del sujeto que afectan a su honor, paz, dignidad, pudor, seguridad personal, afecciones legítimas o el goce de sus bienes, en suma todos los padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho ilícito.

Su determinación está librado al prudente arbitrio judicial, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso (dolor, tristeza y soledad provocada por la muerte de la víctima esposo y padre de los actores).

Como lo señala Alfredo Orgaz ("El daño resarcible" Nº 68 pág. 63), no existe ninguna relación forzosa entre el perjuicio moral y material y para su determinación se debe tener en cuenta la gravedad objetiva del daño (Ver Moisset Iturraspe "El valor de la vida humana" p. 206) (Prot. de Sent. Tº III-Fº 524/534- Año 1993).- (PROT. DE SENT. Tº I Fº 39/52 AÑO 2003 - PROT. DE SENT. Tº III Fº 556/567 AÑO 2007).

"La reparación del agravio moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos.

En el caso de las lesiones el daño moral está caracterizado por el cúmulo de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho, dolor, ansiedad, disgusto, temor por las consecuencias definitivas de las heridas sufridas, duración del tratamiento, padecimientos de las curaciones, las inquietudes que necesariamente se ha tenido por no encontrarse en condiciones de atender los quehaceres habituales cuando se ha perturbado el ritmo normal de vida del damnificado" (E.D. 55-190; 57-230; 57-252).- La Corte de Justicia de la Provincia ha resuelto: "La indemnizabilidad del hecho moral es procedente en cualquier clase de hecho ilícito , sea o no delito del derecho penal, bajo el concepto de que la persona humana es una unidad corporal y anímica inescindible y de que toda reparación de perjuicio debe ser integral (L. de S. Tº 8, p. 17; Tº 11, p. 70)". (Prot. de Sent. Tº II-Fº 318/335-1992).

"El daño moral no necesita ser probado, la existencia del mismo se tiene por acreditada por el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad de los accionantes.

A falta de elementos indicativos respecto a su monto, queda librado al prudente arbitrio judicial." (Prot. de Sent. Tº I, Fº 182/187, Año 1989 y otros). Debiendo valorarse la entidad de las lesiones, los padecimientos y molestias que el damnificado ha soportado y debe soportar por tal motivo" (PROT. DE SENT. Tº I Fº 55/66 AÑO 2007- PROT. DE SENT. Tº I Fº 37/47 AÑO 2008- 18-02-08- PROT. DE SENT. Tº III Fº 460/472 AÑO 2008).

Reitero, teniendo en cuenta la edad del actor al momento del accidente (33 años), trabajos que realizaba, gravedad de las lesiones, tratamientos, secuelas etc. el monto de la indemnización es baja. En su lugar se fija la suma de pesos: Veinte mil ($ 20.000) a la fecha del accidente con más los intereses de la tasa activa hasta el efectivo pago.

- - - -Se admite así el agravio del actor y se rechazan los de la parte demandada y su aseguradora, en cuanto a los montos fijados en concepto de daño moral.

- -7) INTERESES: Los demandados y su aseguradora se agravian de los intereses de la tasa activa y solicitan se aplique el 6% anual.

No les asiste razón a los apelantes. No se han fijado valores actualizados, por lo que es de estricta aplicación la ley 4119 y corresponde adicionar a los valores que se mandan a pagar la tasa activa, en la forma indicada en cada rubro. Por lo que el agravio es improcedente.

8) COSTAS: Atento al resultado del recurso las costas en ambas instancias por el carácter indemnizatorio de la condena se imponen a los demandados y la Aseguradora (Art. 68 y conc. del C.P.C.). También se rechaza este agravio.

Los honorarios devengados en la alzada por la apoderada del actor Dra. Sylvia Gimbernat y de los demandados y citada en garantía Dr. Diego Seguí se fijan en el 30% de los que les correspondan en primera instancia (art. 196 de la ley 2150 y art. 800 inc. 10 del C.P.C.).

LOS DRES. DANIEL OLIVARES YAPUR Y HUMBERTO R. CABALLERO, por sus fundamentos, adhieren al voto que antecede.

POR TODO ELLO, normas legales y jurisprudencia citada, SE RESUELVE: Denegar el recurso de apelación concedido a la citada en garantía, demandado y co-demandado a fs. 252 y admitir parcialmente el concedido al actor a fs. 250, contra la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2010 obrante a fs. 238/246, la que se confirma en cuanto a la atribución de la culpabilidad, reparación de los daños del rodado, privación del uso y desestimación de gastos de rehabilitación y kinesiología, intereses y costas. Se modifican los siguientes rubros en cuanto al monto de la condena.

Por gastos médicos y de farmacia se condena a pagar la suma de pesos Seiscientos ($ 600). Por gastos de traslado la suma de pesos: Doscientos ($ 200). Por lucro cesante la suma de pesos Veinticuatro mil ($ 24.000). Por Daño psicológico pesos: Diez mil ($ 10.000). Por Daño moral, pesos: Veinte mil ($ 20.000).

Todos los montos se fijan a la fecha del accidente, con más los intereses de la tasa activa desde esa fecha y hasta el efectivo pago, en el término de diez días de consentida la presente. Las costas en ambas instancias por el monto que prospera la demanda se imponen a los demandados y su aseguradora. Los honorarios de la alzada se fijan en el 30% de lo que les corresponda en Primera Instancia (art. 196 de la ley 2150 y art. 800 inc. 10 del C.P.C.).

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.

PROT. DE SENT. T° I-F° 68/83-AÑO 2013 FDO:DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. HUMBERTO CABALLERO Y DR. DANIEL OLIVARES YAPUR. ANTE MI DR. CARLOS FERNANDEZ COLLADO ? SECRETARIO.