marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Comodato, obligación de restituir, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: LLEONART DE PAGNOTTA, SUSANA c/ LIO, BRENDA MABEL Y/U OCUPANTES s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-28

Cuando el comodante pide la restitución de la cosa en los términos del art. 2285 del Código Civil, la condena de desalojo se equipara al supuesto de vencimiento de plazo, según lo prescribe el art. 686 inciso primero del Código Procesal, no siendo procedente extender el plazo de desocupación pues ello sería tanto como desnaturalizar la norma de fondo (..." puede el comodante pedir la restitución de la cosa cuando quisiere" art. 2285 del Cód. Civ.).
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, funcionarios públicos, delitos contra la disciplina, desobediencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Complejo Penitenciario Federal Nº 1 s/ coacción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-17

En el delito de desobediencia corresponde entender en la investigación al juez del lugar donde se ha omitido el cumplimiento de la orden impartida por el funcionario público en ejercicio de sus funciones.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Secuestro de bienes, objetos secuestrados, devolución de objetos secuestrados, legitimación activa, sociedad anónima, representantes de la empresa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RETA, EDGARDO RAUL. s/ Apropiación indebida de recursos de la seguridad social, recurso de queja por apelación denegada.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-02

1 - Por el Art. 238 del CPP se establece que los objetos secuestrados que no esten sometidos a la confiscación, restitución o embargo serán devueltos tan pronto como no sean necesarios a la persona de cuyo poder se sacaron, por lo que cabe concluir que sólo la persona de cuyo poder los bienes fueron sacados se encuentra habilitada para solicitar la devolución de los objetos secuestrados y legitimada para recurrir la eventual negativa a aquella devolución.- 2 - Toda vez que la documentación cuya devolución se solicita pertenece a la sociedad anónima y fue secuestrada en sede de aquella sociedad, sólo dicha sociedad anónima se encuentra habilitada para solicitar, mediante apoderados, la devolución de la documentación y a recurrir ante la negativa, no reuniendo tales requisitos el letrado defensor de quien ostentaría el carácter de representante de la sociedad, por lo que no se encuentra legitimado en los términos del Art. 432 del CPP.- 3 - La devolución de la documentación no tiene por objeto garantizar los derechos de los imputados, sino limitar la afectación de los derechos del legítimo poseedor al grado mínimo necesario a los fines del proceso, estableciéndose la obligatoriedad de la devolución de los objetos secuestrados tan pronto como no sean necesarios.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, procedencia del recurso, caducidad de instancia, purga de la caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: NARVAEZ, Roberto Néstor c/ Olguín Orlando Balderramo y Otros s/ Simulación - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-10-02

Resulta arbitraria la sentencia en la que se concluye que una actuación posterior al acuse de caducidad podría haber purgado la perención cumplida, de haber mediado consentimiento de la demandada. Ello por cuanto la purga de la caducidad, es un instituto que opera una vez cumplido el plazo previsto por ley (art. 294 o 274 de los códigos rituales), pero realizado antes de que el legitimado activo oponga el acuse. Nunca después de éste (art. 299 o 279 de los códigos rituales).
Locación de inmuebles, obligaciones del locador, gastos de reparación del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: Falcon García, Néstor Sergio c/ Martínez Herrera, Mariano Alberto s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

Cuando el locador no cumple la obligación de reparar el inmueble, se abre para el inquilino otra vía para hacer valer su legítima pretensión, como lo es la resolución del contrato que para ese supuesto autoriza el artículo 1204 del Código Civil.

Si el inquilino que no probó haber efectuado las reparaciones más elementales, continuó reteniendo los alquileres y continuó además con la ocupación, excediendo largamente el tiempo fijado como plazo de la locación, el ejercicio torcido de sus derechos no podría obtener amparo jurisprudencial.
Prueba documental, fecha de ingreso, relación de dependencia
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: T. , M. A. c/ R. , R. s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2012-02-03

El demandado fue declarado renuente a presentar aquella documental en la que debía constar la fecha en que se inició la relación laboral (el libro especial previsto por el art. 52 LCT y los recibos de haberes). Dicha circunstancia origina una presunción favorable a las afirmaciones del actor referidas a los datos que debían constar en dicha documentación y, en lo que nos interesa, acerca de la fecha en que comenzó la relación. A la presunción establecida por el art. 55 LCT debe sumarse la que resulta de la aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba, que imponía a la empleadora acreditar sus afirmaciones por encontrarse en mejores condiciones materiales para hacerlo.-
Concursos, proceso de verificación, verificación tardía, costas, incidentes, excepciones procesales, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cabaña Avícola Jorju SA c/  s/ quiebra s/inc. verificación afip
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-05

1 - La solución pretorianamente establecida de imponer al promotor del incidente las costas generadas por la verificación tardía, reconoce como fundamento el hecho de que, previsto en la ley un trámite de verificación tempestivo que no genera costas -el cual, a su vez, es concebido como la máxima expresión de la "concursalidad" en tanto habilita el recíproco control entre coacreedores-, quien deja de utilizarlo injustificadamente debe cargar con los gastos que se hubiera dispensado de pagar si hubiera hecho uso de dicho mecanismo legal (ver "Pintureria Profesional de Marcos SRL s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación (por Fisco Nacional)", del 01/11/12; "CIDEC Compañía Industrial del Cuero SA s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito de AFIP"del 28/06/18; entre otros).

2 - No obstante, la vigencia de esa solución jurisprudencial -que, en estricto rigor, no reconoce expresa previsión legal- no debe ser aplicada de manera automática, sino que requiere el examen de las circunstancias particulares de cada caso. 3 - Ello así, en el caso, siendo que no es hecho controvertido que parte de las acreencias insinuadas son anteriores a la presentación en concurso preventivo de la deudora, hoy devenido en quiebra; en ese contexto, la mera invocación de la LCQ 202 para eximirse de las costas se exhibe insuficiente, en tanto no puede alcanzar aquellos rubros que debieron insinuarse en el concurso.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad, reformatio in pejus, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: A, M. A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Robo simple en concurso real con el  delito de robo calificado por el uso de arma (Expte. CSJ Nro. 454-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-11

Corresponde propiciar -en el examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055- un criterio discordante con el sustentado por la Alzada que concedió el recurso de inconstitucionalidad por considerar que "el tema entraña cuestión constitucional porque, de admitirse la adhesión fuera de los límites que le son propios, se afectaría la prohibición de la 'reformatio in pejus', de reconocida jerarquía constitucional", al no existir razones que habiliten -siquiera liminarmente- a sostener que el pronunciamiento impugnado resulta lesivo de principios constitucionales o violatorio del derecho a la jurisdicción que acuerda la Carta Magna provincial. Ello es así por cuanto, sin perjuicio de la innegable jerarquía constitucional que ostenta la regla que proscribe la reformatio in pejus -consagrada a nivel positivo local por el artículo 414 del código de rito, presente en todas las legislaciones modernas y cuya inobservancia afecta al debido proceso y lesiona el derecho de defensa del acusado-, lo cierto es que el recurrente no logra persuadir a la Corte de que la Sala haya desconocido las exigencias que de ella se derivan cuando modificó la decisión del Juez de baja instancia.
Sentencia definitiva, plan de parentalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Vazquez Gomez, Juan G. y Santibañez, Margarita E. s/ RESTITUCIóN DE MENOR S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-08-04

La doctrina que asigna carácter de equiparables a fallo definitivo, a las sentencias que resuelven el régimen de visitas, sólo tiene aplicación en caso de manifiesta y concreta gravedad, de palpable irreparabilidad, de incuestionable peligro para la salud física o moral de los menores o de la familia -caso que no es el de autos-.
Contrato de trabajo, accidentes de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Cassiodoro,  Graciela  Isabel c/ Estado  Nacional Ministerio deJusticia  Seguridad  y  Derechos  Humanos  de  la  Nación PolicíaFederal Argentina s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-14

En los casos de reclamos de prestaciones en dinero que consagran los arts. 18, 15.2, 11.4 de la ley 24.557 para los supuestos de accidentes mortales, el plazo de prescripción es el previsto en el art. 44 de la mencionada norma, es decir dos años, computables desde "la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada y, en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral". (Del Dictamen de la Fiscal Adjunta "ad hoc", al que adhiere la Sala).
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, Derecho contravencional y de faltas, multa, prescripción, interrupción de la prescripción, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ADIL, HUMBERTO BERNARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-16

El Aquo, al decidir sobre infracciones y faltas municipales, transpoló derechamente criterios estrictamente penales para interpretar la interrupción de la prescripción de la acción regulada en el artículo 31 de la ordenanza 7881, mas en aquella faena no ponderó el alcance revisor de su propia labor jurisdiccional y la plena vigencia, en el caso, de los principios de legitimidad y de ejecutoriedad de los actos administrativos. Así, por aplicación al caso de la doctrina sentada por la Corte nacional en materia penal en la causa "Reggi, Alberto" según la cual la interrupción tiene lugar por la comisión de una nueva falta, entendió que las faltas anteriores al año del dictado de la sentencia resultaron alcanzadas por el instituto de la prescripción de la acción y que respecto de dichas infracciones no se había operado la interrupción de la prescripción; y si bien en el caso le fueron imputadas varias faltas, no han dado lugar, en el término del plazo a que refiere el mencionado artículo 31, a un pronunciamiento condenatorio consentido o firme, por lo que no se había producido -en dicho entendimiento- ningún hecho jurídico interruptivo.
Trabajadores portuarios, sereno de buque, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Reyes,  Josè c/ Antonio Marìa Delfino S.A. Naviera Comercial s/ Diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-05

La expresiòn "...el titular designado para cumplimentar el servicio tiene derecho a percibir su jornal desde el momento de su despacho..." debe entenderse que el salario es procedente desde la entrega de la boleta que indica que fue sorteado para realizar labores como sereno en el buque que se identifica y nada impide que una norma posterior y especìfica disponga que antes de la efectiva prestación del servicio, el trabajador tiene derecho a la percepción de su remuneración en atención a las particularidades de la actividad ante la imposibilidad de cumplir labores en otros buques distintos al que fue destinado.
Honorarios, base, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE COSQUIN c/ ENRIQUE JOHNSON s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-30

Tanto en el anterior (ley 7269) como en el actual Código Arancelario (ley 8226), se establece que en las medidas cautelares los honorarios se regulan teniendo exclusivamente en cuenta el monto de lo que se tiende a asegurar; debiendo aplicarse para los procesos de cancelación las normas arancelarias que rigen en materia cautelar.
Cuenta corriente bancaria, mora, mora automática, interpelación
Materia: COMERCIAL
Carátula: NUEVO BANCO SANTURCE  S.A. c/ DRAGO BERETTA Y CIA.  SACIFI s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-24

No es necesaria la intimación requerida por el fallo plenario "Banco de Entre Ríos c/ Genética Porcina", del 21.11.84, si existe convención expresa disponiendo que la mora se produce de pleno derecho de no ser cubierto el saldo dentro de las 24 hs. de producido.
Sociedad anónima, absolución de posiciones, directorio, mandato
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, ROSA ADRIANA c/ IPSA SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-31

La representación de la SA. corresponde al presidente del directorio. El artículo 87 de la LO. establece que si se tratare de personas de existencia ideal, además de los representantes legales podrán absolver posiciones sus directores o gerentes con mandato suficiente. Para absolver posiciones por una SA., no basta ser su director, sino que debe mediar mandato suficiente otorgado de conformidad con el estatuto, sin que alcance el otorgamiento dado por el presidente del ente atento lo normado por el artículo 268 de la ley 19550 (conforme Sala IV, sentencia 48664, 28 de septiembre de 1982, 'Crovetto, Héctor R. c/ Epifanio Velasco e Hijos SA.').
Transacción, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mena, José Rodolfo c/ Citibank N.A. s/ Regulación por diferencia de valor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

Si el letrado que no intervino en la transacción no adujo -pudiendo hacerlo- que mediara un acuerdo fraudulento o doloso para frustrar su derecho a una justa retribución, no hay motivos para apartarse del monto establecido en aquélla para regular honorarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Atribución de culpa en el divorcio, cónyuge inocente
Materia: CIVIL
Carátula: Jiménez, Juan Pablo c/ Bianco Teodolina s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº B - 50945/99 Divorcio Vincular Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº B - 50945/99 Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-09-17

Encontrándose acreditado en el expediente principal que el actor se retiró del hogar conyugal y que convive con otra mujer por lo menos desde el año 1.986, legítimo es concluir que es quién, resulta culpable de la separación.

Por lo que corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido en autos, para acoger el planteo de la demandada deducido en oportunidad de contestar la demanda entablada en su contra ya que de ello se corrió traslado al actor, quién en oportunidad de contestarlo no esgrimió agravio al respecto, ni ofreció contraprueba alguna para desvirtuar lo alegado por la demandada, y dejar a salvo sus derechos, en conformidad a lo establecido por el artículo 204 último párrafo del Código Civil.
Recurso de apelación (procesal), calidad de parte, fundamentación del recurso, delitos, delitos contra la propiedad, imputado, situación del imputado, consumación del delito, Derecho penal, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: ARIAS, ESTEBAN LEANDRO c/ AGÜERO, ESTEBAN LEONARDO; FARFAN, ESTEBAN DANIEL s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-05-16

Que a diferencia de lo sustentado por el Vocal preopinante resulta claro para el suscripto que si hubo desapoderamiento del celular a la menor víctima por parte del agente y por ende consumación del robo. El hecho que luego de darse a la fuga, fueran aprehendidos los causantes, ello no implica que el iter criminis no se haya concretado en su totalidad.

En precedentes similares el suscripto para así pronunciarse ha seguido las enseñanzas del Dr. Ricardo Núñez que el hurto (o robo) "es una sustracción (que) se consuma, en realidad, tan pronto como un acto de apoderamiento del autor ha privado a otro de la posesión corporal de la cosa", situación que acontece según el autor "cuando, según las circunstancias del caso, a causa del acto de apoderamiento del autor, la cosa ya no es portada o conducida por la víctima, o ya no está en la esfera o ámbito de custodia del agraviado ..."; y para completar la idea continúa diciendo "El acto de apoderamiento se estructura, por un lado, con el acto material de obtención de la cosa, y por otro, con el propósito de someterla al propio poder, es decir, el de disponer de ella" (Trat. De Der. Penal, Ed. Lerner, 1989, T.IV, pág. 181 y ss.).

Como se ve, el segundo momento se satisface para este autor sólo con el propósito del agente, con la intención o voluntad de someter a su poder la cosa sustraída, lo cual no debe confundirse con la posibilidad cierta y efectiva de hacerlo.

El desapoderamiento se abastece, por otra parte, con la pérdida de la relación de hecho del tenedor respecto de la cosa objeto de la sustracción; no debe olvidarse el bien jurídico protegido en el caso (la tenencia de la cosa) en tanto que la intervención casual de terceros no puede beneficiar a los acusados cuando el propósito de señorío sobre el bien hurtado o robado está probado.

La Cámara Nacional de Casación Penal también lo entendió así.

Dijo "En la medida en que el asaltante haya gozado, aún por un efímero instante, de la posibilidad de disponer de la cosa, la conducta típica debe considerarse consumada ... independientemente de la posibilidad de aprovechamiento efectivo del botín, que trasciende el umbral de la consumación para ubicarse en un momento posterior" (Sala I, 19/03/10, Aguilar, Ramón M. s/rec. de casación, La Ley Online). DR. PANCIO
Non bis in ídem, fundamentación insuficiente, transporte de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Vidaurre, Felipe y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-17

Corresponde rechazar la alegada violación del ne bis in ídem expuesta por la defensa, toda vez que los arts. 7 y 11 inc. c) de la ley 23.737 sancionan conductas distintas, por lo que exigen la concurrencia de elementos típicos diferentes para su configuración, mientras la primera normativa se remite a la actuación previa a la comisión del hecho juzgado, mediante la planificación, preparación y coordinación, ubicando al autor en un espacio-temporal previo al delito, la segunda requiere que esa intervención sea conjunta con al menos tres personas, con división de roles y funciones, agravando la conducta por la mayor intensidad desplegada en el injusto, por lo que la defensa no ha logrado demostrar la violación de la garantía que prohíbe la múltiple persecución penal que alega, ni la superposición o doble valoración jurídica de un mismo hecho que justifique en el caso la aplicación del concurso aparente que postula.Para tener por configurado el aspecto subjetivo del delito de transporte de estupefacientes (art. 5, inc. "c" de la ley 23.737), basta con el mero conocimiento y voluntad del traslado de un punto a otro pues se trata de una figura de peligro abstracto sin que sea necesario la acreditación de una especial ultraintención del sujeto activo. siendo suficiente con que se compruebe -tal como sucede en la presente causa- que el imputado sabía y quería trasladar la sustancia prohibida toda vez que dicha circunstancia basta para poner en peligro la salud pública que es el bien jurídico que el legislador tuvo en miras al sancionar el delito de transporte de estupefacientes.

Fuente del sumario: OFICIAL
Competencia, defensa de la competencia, Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, competencia en lo penal económico
Materia: PROCESAL
Carátula: LUNCHEON   TICKETS  S.A. s/ APEL.RESOL. COMISION NACIONAL DEF. DELA COMPETENCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-21

Al elaborar los considerandos del decreto 1019/99, se entendió coherente el mantenimiento del fuero penal fijado por la ley 22.262 para la revisión judicial de las decisiones del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, a cuyos efectos suprimió la competencia que el proyecto de ley sancionado atribuía a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Siguiendo esa línea interpretativa la Corte Suprema de Justicia -con remisión a lo dictaminado por el Señor Procurador Fiscal- juzgó que en esta materia corresponde mantener la competencia que la ley 22.262 asigna al fuero en lo Penal Económico (conf. Fallos: 323:2577 y pronunciamiento del 21.3.06, causa n° 1431-XLI "Repsol Y.P.F. GLP Envasado en la Ciudad de San Nicolás s/ recurso de queja"). Los pronunciamientos de los tribunales inferiores deben adecuarse a la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia como intérprete final de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, a los efectos de asegurar la paz social y la estabilidad de las instituciones (Fallos: 307-1:1097 y sus citas, entre otros), conclúyese que debe entender en el recurso promovido en estas actuaciones la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Acción de inconstitucionalidad, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Benegas, Julio s/ Inconstitucionalidad art.6, Acordada 2084
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Si no surge de las constancias de autos que la norma impugnada haya sido aplicada al actor, fundando una denegatoria en fecha determinada, no corresponde formular observación alguna respecto del plazo de interposición de la demanda.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, jueces, proceso penal, encuadre legal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., Y. J. J. Y OTROS c/  s/ ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO SIN APTITUD PARA EL DISPARO ACREDITADA Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-03

Los impugnantes insisten con la calificación jurídica que a su juicio correspondía adoptar en el caso, esto es, la del artículo 166 inciso 2 segundo párrafo del Código Penal, mas con ello no logran evidenciar arbitrariedad en la argumentación de la Alzada, que expresó que si bien el Sentenciante nunca había puesto en duda que el delito contra la propiedad fuera cometido mediante la utilización de un arma de fuego, y en consecuencia, admitió tal agravante pretendida por la Acusación, por las circunstancias concretas del suceso -las que reseña-, el Magistrado de grado había concluido que no podía relacionarse la pistola secuestrada con el arma de fuego que habría sido utilizada durante el asalto, inclinándose por la duda a la hora de vincularlas y direccionando así el encuadre legal hacia un delito que reconocía una menor gravedad sancionatoria. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 166, inciso 2, segundo párrafo