Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-12


SENTENCIA NÚMERO: CINCUENTA Y OCHO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los doce días del mes de noviembre de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 24/12, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN en contra de la Sentencia Nº 09/12 interpuesta por el Dr. Cerezo, Mariano referente a Expte. Letra "A-A" Nº 171/11 - Ahumada, Darío E. y otro p.ss.aa. Robo Calificado por ser cometido con armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por cuya violencia resultaron las lesiones previstas en el art. 90º C.P.", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 2º) ¿Es nula la sentencia por haber inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización de la pena? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 09/2012, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

El recurso interpuesto es formalmente admisible debido a que fue presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, se dirige en contra de la sentencia condenatoria que pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 22, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva y, en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº 09/2012, dictada el 07/03/2012, la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación, en lo que aquí concierne, por mayoría resolvió: ".II) Declarar culpable a Ahumada, Darío Enrique, de condiciones personales ya mencionadas en la causa, como co-autor penalmente responsable del delito de Robo Calificado por ser cometido con Armas de Fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por cuya violencia resultaron las lesiones previstas en el art. 90 del C.P., previsto y penado por los arts. 166 inc. primero -Art. 90 del C.P.-, e inciso segundo, éste en función del último párrafo del citado artículo y 45 del Código Penal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de nueve años de prisión, de cumplimiento efectivo con más accesorias de ley (arts. 12, 40 y 41 del CP), ordenándose en consecuencia su inmediata detención debiendo ser alojado en el pabellón adecuado del Servicio Penitenciario Provincial, a cuyo fin ofíciese. Con costas (arts. 407, 536 y cc del CPP)".

El tribunal tuvo por acontecido el siguiente hecho: "Que con fecha 23 de noviembre de 2010, siendo las horas 20:30 aproximadamente, en el domicilio sito en la Falda de Los Mazas - San José, dpto. Fray Mamerto Esquiú de esta provincia-, vivienda de la propiedad de la familia Herr - Cubas Vera, se hicieron presentes en el mismo Hugo Daniel Argañaraz y Darío Enrique Ahumada, quienes ingresaron a la casa violentando una puerta de dos hojas ubicada en el sector norte de la galería de la misma, para posterior a ello iniciar la búsqueda de elementos para sustraer, y momentos después, alrededor de las horas 23:00 y 23:30 aproximadamente arribaron al domicilio Luis Antonio Herr y su esposa Clara Cubas Vera quienes ingresaron al mismo y fueron atacados por Argañaraz y Ahumada mediante golpes de puño, puntapiés y golpes con la culata de las armas que portaban y apuntaban con las mismas, las que no fueron secuestradas hasta el momento en las presentes investigaciones. Luego de golpear y maniatar al matrimonio Herr, comenzaron a exigirles la entrega de dinero, a lo que Herr les manifestó que le entregarían todo, por lo que los arrastraron hasta la oficina escritorio que se encuentra en el extremo de la galería de la casa, y donde se encontraba una caja fuerte, la que fue abierta con su llave y que contenía en su interior la suma de pesos argentinos cien mil aproximadamente de los cuales se apropiaron ilegítimamente junto con joyas sin poder precisar cuántas, dólares estadounidenses sin poder precisar cantidad y dos teléfonos celulares marca Nokia, uno de ellos con cámara, ambos de la empresa Personal, como así también la billetera de Herr. Luego de ello, encerraron a las víctimas Herr y Cubas Vera en la oficina escritorio y luego huyeron del lugar con los elementos sustraídos".

II. Contra el decisorio aludido comparece el Dr. Mariano Cerezo -en adelante el recurrente-, en su calidad de asistente técnico del imputado Darío Enrique Ahumada, e interpone recurso de casación invocando los motivos previstos en los incs. 2º y 3º del art. 454 del C.P.P.

II. a. Como primer agravio cuestiona la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2º C.P.P.).

Sostiene que el juzgador llegó a conclusiones erróneas, basándose en premisas falsas; que la prueba ha sido valorada en forma parcializada, desvalorizando testimonios que demuestran la inocencia de su defendido. Dice que la sentencia es arbitraria y que viola el principio de inocencia.

Cuestiona las declaraciones testimoniales de Castillo Muñoz, calificándolas de inverosímiles, contradictorias y obtenidas bajo presiones y amenazas del personal de la Brigada de investigaciones, según lo manifestado por el propio testigo en debate -enfatiza-.

Considera que existen contradicciones que el tribunal ha minimizado, como la existente entre las fechas consignadas en el acta de denuncia y las actas de reconocimiento, así como, entre las diferentes descripciones realizadas por la víctima -Herr- en relación a su defendido -al realizar la denuncia, en acta inicial y en el acto de reconocimientos-, lo cual, a entender del recurrente, le quita todo valor convictivo al reconocimiento realizado.

Atribuye el rápido señalamiento como sospechoso a su cliente, por los agentes comisionados, lo que atribuye a la intimidación de los testigos para que involucren a su defendido y a otro imputado. Manifiesta que el tribunal a quo sostuvo que no merecía análisis esta cuestión, lo que le causa agravio.

Sostiene que el tribunal ha desvalorizado los testimonios que dan cuenta que su defendido al momento en que ocurrían los hechos se encontraba en otro lugar, circunstancia que descarta la participación en el hecho.

Afirma que existe una prueba concluyente, que excluye toda participación de su cliente en el hecho imputado -el cotejo papiloscópico entre las huellas encontradas en el lugar y las de su cliente, que no se correspondían-, y ello no fue tenido en cuenta por el tribunal.

Finalmente manifiesta que la sentencia es arbitraria, que no se basa en pruebas colectadas en autos sino en conjeturas y prejuicios sin sustento fáctico en la causa. Asevera que se ha violado el principio de inocencia, solicitando se absuelva a su asistido.

II. b. A fin de dar respuesta a los vicios de fundamentación denunciados, cabe destacar en primer lugar, que el cuestionado testimonio de José Castillo Muñoz, ha sido percibido por el tribunal en el transcurso del debate -inmediación-. En tal sentido, esta Corte en numerosos precedentes siguiendo la doctrina sentada por el Máximo Tribunal de la República a partir del fallo "Casal" (CSJN 20-09-05), dijo que: "por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el tribunal de casación se encuentra facultado para efectuar un examen ex novo de la causa, puesto que, el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aún en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación; es decir, aquello que exclusivamente ha ingresado en la percepción del tribunal" (S. nº 23, 31/05/2012; S. nº 7, 04/04/11; S. nº 3, 02/03/2011; S. nº 45, 17/12/2010; S. nº 13, 26/06/09; S. nº 9, 23/04/09; S. nº 3, 03/03/09; S. nº 1, 06/02/09; S. nº 2, 06/02/09; S. nº 22, 11/11/08, S. nº 8, 30/04/08, entre otras).

Y es que, a la casación llegan los relatos que de la prueba efectúa el tribunal de juicio pero no le llegan ni las pruebas testimoniales originales, ni las impresiones originales de las inspecciones y comprobaciones realizadas en el curso del debate, por lo cual el contralor no puede ni debe invadir el ámbito que configura la competencia reservada precisamente a los jueces del mérito, a quienes, porque son los que tienen la inmediación en la recepción de la prueba, les corresponde apreciar libre y prudencialmente la eficiencia probatoria.

En el caso, advierto que el recurrente se limita a cuestionar la impresión de veracidad que la declaración del mencionado testigo ocasionó en el sentenciante, omitiendo que se trata de cuestiones relacionadas en forma directa con la inmediación del juicio oral, y por tanto, resultan excluídas del control casatorio en razón de su naturaleza irreproductible.

Y es que, el tribunal luego de percibir con sus propios sentidos el testimonio brindado en debate por José Castillo Muñoz, concluyó que éste menciona diversos acontecimientos anteriores y posteriores al hecho, e inclusive durante el mismo, lo cual contribuye a la individualización de los sujetos activos, como la utilización de armas de fuego por parte de los incusos. En tal sentido, señaló el tribunal que Carrizo Muñoz dijo que pasó a buscar a Argañaraz para ir a cobrar una plata en la casa de los Herr. Que en el auto se quedó con Barrionuevo y Ortiz, mientras que Argañaráz y el Chino entraron a la casa de los Herr, con un arma de fuego y luego salieron, el vehículo que manejaba Darío "el Chino", era una moto, de color roja, 110. Dijo en la audiencia que lo declarado en la etapa de la investigación fue lo que realmente pasó, manteniéndose en sus dichos ante el interrogatorio de las partes (destáquese que ello se constata además en el Acta de Debate respectiva a fs. 557/558). De este modo, puso de resalto la veracidad del testimonio, aclarando que no se contradijo en nada con lo oportunamente relatado. Asimismo, el juzgador dijo compartir la postura del representante del Ministerio Público Fiscal en referencia a que éste testigo en sala de audiencias, con las garantías del debido proceso pudo haber cambiado su versión y no lo hizo, lo cual, es concluyente -enfatizó el tribunal- que el mismo dice la verdad de lo acontecido ese día y que obviamente tiene su apoyo, en el cotejo del resto del material probatorio y mediante el análisis comparativo adquiere validez acreditante.

En efecto, debo decir que el análisis que antecede desvirtúa las aseveraciones del recurrente en cuanto pretende poner en duda la veracidad del aludido testimonio.

Desde otro ángulo, también cabe referir que la alegada variación de fechas consignadas en la denuncia y acta de reconocimiento mediante las cuales el recurrente intenta insinuar contradicción y mendacidad del testimonio de una de las víctimas -Herr- no puede tener acogida favorable. El tribunal puntualmente aclaró que Herr en forma categórica dijo que hizo primero la denuncia y luego efectuó los reconocimientos, con lo cual, carece de relevancia la argumentación defensiva, poniendo de resalto que seguramente se trató de un error material que en nada altera el contenido de las declaraciones recibidas.

Opino además, que este cuestionamiento configura una reflexión tardía de la defensa, la que tuvo innumerables etapas procesales para cuestionar el error material que ahora denuncia, no obstante ello, recién introduce dicho planteo en la etapa final del juicio, es decir, al momento de alegar.

Esta Corte se ha expedido en numerosos precedentes sosteniendo que, la sentencia deviene nula sólo cuando el defecto formal que a ella se atribuye es dirimente, en el sentido que su eventual corrección posee aptitud suficiente para conducir a una conclusión diferente de la que se impugna. La demostración del valor decisivo del vicio ha sido requerida tanto para la procedencia formal del recurso, como para su procedencia sustancial. En tal sentido, este Tribunal ha dicho que no hay nulidad por la nulidad misma, sino sólo cuando hay una lesión efectiva al interés de las partes y que tal exigencia tiene por objeto evitar el establecimiento de un sistema de nulidades puramente formales, acogiendo sólo aquellas que por su posible efecto corrector, tengan idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquel interés (S. nº 30, 29/06/2012; S. nº 35, 03/07/2012).

Del mismo modo se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aun tratándose de nulidades absolutas, al sostener que la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (C.S.J.N., Fallos 295:961, 298:1413, 311:2337, entre muchos otros).

En materia recursiva, dicho principio tiene expresa acogida en el artículo 430 del C.P.P., según el cual: ".El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo". En consecuencia, esta condición no sólo es un requisito para la procedencia formal, sino también, para la procedencia sustancial de la impugnación. Por ello, en relación a lo primero, es necesario que en su escrito el recurrente procure demostrar qué perjuicio concreto le ocasiona el defecto que denuncia; con respecto a lo segundo, corresponde analizar -en un examen concerniente al fondo del asunto- si, sorteada aquella primera valla, el agravio es susceptible de ser reparado a través del recurso.

Es decir, que el interés existe en la medida que la materia controvertida puede tener incidencia en la parte dispositiva del pronunciamiento, anulándolo o modificándolo, o bien cuando el recurso deducido resulta ser el medio adecuado para excluir el agravio que aparece como posible. En el caso, el presunto vicio denunciado, como lo adelantara, en modo alguno puede tener acogida favorable.

Corresponde ahora dar respuesta a otra de las críticas expuesta por el recurrente, en cuanto a las supuestas contradicciones en las distintas descripciones realizadas por Herr -víctima- respecto del imputado Ahumada en los difierentes actos procesales (denuncia, acta inicial de actuaciones y acta de reconocimiento).

Pero resulta que el recurrente no especifica de manera concreta en qué consisten las contradicciónes; y cuál es la manera que las mismas influirían positivamente en las conclusiones alcanzadas por el tribunal. Concretamente la defensa ha omitido señalar y fundamentar en qué consisten las alegadas objeciones.

No obstante, estimo oportuno resaltar lo ponderado por el tribunal en relación a las descripciones que efectuó Herr de ambos acusados, poniendo de resalto que el damnificado aportó una descripción más detallada en las ruedas de reconocimientos, sin embargo, aclaró que a las mismas asistió la defensa de los co-imputados y no formularon ningún tipo de objeción. A ello se suma, la consideración de los dichos de la víctima que surgen de fs. 31/31 vta., destacando que el damnificado reveló características físicas y cómo estaban vestidos ambos sujetos al momento del atraco, individualizando la tarea de cada uno ese día y que ante preguntas del Sr. Fiscal, respecto de si alguna vez había visto a esas personas, si las conocía, si le mostraron fotografías o videos de los mismos, Herr dijo que no los había visto ni antes ni después del hecho. En tal sentido, destacó que inmediatamente se constituyó una rueda de personas de condiciones exteriores semejantes en las que los individuos eligieron su ubicación, y al ser invitado Herr para que diga si entre las personas que integraban la rueda de personas se encontraba la persona que describió anteriormente, la víctima indicó: ".que la persona que describí anteriormente se encuentra ubicada en tercer lugar de la rueda de personas que se me exhibe"; siendo esa ubicación la del imputado Darío Enrique Ahumada.

En este sentido, reviste trascendental importancia lo destacado por el tribunal al resaltar que en audiencia de debate, sin dudar, Herr volvió a señalar a Ahumada como uno de los individuos que realizó el atraco, aclarando que en el reconocimiento referido se centró en ver los rostros de cada uno de los integrantes de la rueda de personas y no como se encontraban vestidos, más allá de lo consignado en el acta de reconocimiento, la que estuvo refrendada por su defensa en aquél momento, corroborando así, que las personas que integraban la rueda eran de similares características.

Como lo adelanté, este cuestionamiento de ningún modo puede prosperar.

Otro de los agravios expuesto por el recurrente, consiste en la falta de consideración de prueba contundente que excluye la participación de Ahumada en el hecho en cuestión. Puntualmente argumenta que el cotejo papiloscópico de los rastros encontrados en la escena del ilícito, no coincide con las impresiones papilares de su asistido.

Advierto que el punto en cuestión, ha sido correctamente ponderado en el fallo atacado. Y es que, el tribunal aclaró que si bien es cierto que los cotejos reseñados fueron negativos, ello no es óbice para desacreditar la co-autoría de los sujetos traídos a proceso, ya que existen pruebas de cargo que así lo demuestra. En razón de ello, el tribunal destacó que no existe una única prueba que involucre a los co-imputados, sino que cotejados de manera integral emana su eficacia probatoria. En la señalada dirección, consideró los testimonios brindados en debate por Muñoz Castillo, quien alude que Argañaraz y Ahumada fueron las personas que ingresaron a la vivienda de Herr; que Jerez y Vega aportan que podrían ser los traídos a debate los autores del ilícito; que Herr reconoció a ambos imputados como los autores del hecho; concluyendo que no le caben dudas al tribunal que ello fue en esencia como lo relataron ante la Fiscalía y ante el Tribunal, no existiendo razón alguna, para que los mismos inventaran tan grave acusación, como intentó atribuirles la defensa, ya que Herr no los conocía y denunció un hecho sin indicación de autores, que luego identifica a través de los reconocimientos, los incusos carecían de antecedentes y Castillo Muñoz, relató sin fisura alguna lo vivenciado esa noche -inmediación-.

Tampoco advierto que el tribunal a quo haya minimizado, como sostiene la defensa, el tratamiento de los testimonios que, según surge de lo declarado por el imputado, lo vieron en otro lugar en el horario de comisión del hecho. Digo ello, porque en el fallo se consideró la evacuación de citas destacando que: a) Walther Alejandro Collantes (199/199 vta.) manifestó que conoce de vista a Ahumada, pero no puede asegurar que ese día haya ido a buscar a su mujer en la fábrica, que algunas veces lo vio, las pocas que puede salir de la fábrica a las 23:00. 2) Cristian Ezequiel Molina a fs. 200/200 vta. expresó que sí conoce a Ahumada, porque era concuñado de él, pero no pudo precisar si lo vio ese día cuando buscaba a su esposa de la fábrica, aclarando que no tiene un horario fijo y algunas veces trabaja a la mañana y otras a la tarde, pero asegura que algunas sí lo veía cuando la buscaba. 3) Sergio Darío Bazán (fs. 205/205 vta.) indicó que no vio a Ahumada ese 23 de Noviembre de 2010, ya que tuvo que esperar que otros compañeros marcaran la tarjeta para así poder hacer lo mismo y hasta que marcó su tarjeta a hora 23:07, no vio al Sr. Ahumada ni a su mujer en el trayecto de salida de la fábrica. 4) Juan Marcelo Romero (fs. 214/214 vta.) acredita la situación por él vivida en el frente de la plaza de San Isidro en cuanto a que tuvo que frenar porque otra moto pasó en rojo y por ello el testigo lo insulta, ante lo cual, la otra persona detiene su marcha y también lo insulta, desconociendo si se trataba de Ahumada a quién no conoce, pero situando el hecho 20 días antes de la fecha de su declaración, que fue manifestada el 27/12/2010, en tanto la fecha del robo que se atribuye a Ahumada fue el 23/11/2010. 5) Jessica Paola Pacheco (215/215 vta.) aseguró haber visto a Ahumada y a su señora en la moto a horas 23:15 y que ninguno la saludó a la altura del Supermercado Beracca, aludiendo también, que el novenario del suegro de Ahumada había terminado dos o tres días antes del robo -lo que desvirtúa lo dicho por el imputado que fue al novenario de su suegro-. 6) Duilio Fernando Juárez (fs. 227) relató que es compañero de trabajo de Ahumada y que el día 24 de noviembre de 2010 estuvo en su lugar de trabajo no advirtiendo nada especial con respecto al imputado -es decir, al día siguiente del hecho.

Como se advierte, no se puede sostener la crítica efectuada por la defensa, en cuanto a que el tribunal parcializó el análisis de los referidos testimonios; todo lo contrario, puesto que el sentenciante enfatizó que tales declaraciones deben ser confrontadas con los demás elementos probatorios debidamente incorporados al proceso -con anuencia de las partes-, lo cual le permitió concluir que sin lugar a dudas surge la conducta antijurídica del imputado Ahumada, la cual, como se dijo, además de las citadas pruebas, se evidencia en el reconocimiento en rueda de personas, con la individualización por parte de la víctima, Luis Antonio Herr, del imputado Ahumada.

En efecto, en el sub examine, ha quedado plenamente acreditada la veracidad de los dichos de la víctima, los que no sólo se corroboran con los testimonios analizados por el tribunal a quo y con el resto del material probatorio examinado, sino que también, este análisis comparativo lógico que corroboran el elevado grado de validez acreditante de las expresiones de Herr no ha logrado desestabilizarse frente al intento defensivo efectuado por el recurrente, el cual se limita a denunciar contradicciones sin señalar ni fundamentar puntualmente en qué consisten aquellas objeciones.

En consecuencia, estimo que debe rechazarse el recurso de casación que impetra el recurrente alegando la supuesta arbitrariedad y contradicción pues, tampoco se ha demostrado que el fallo recurrido carezca de fundamentación adecuada o que sea contradictorio, resultando que los planteos del recurrente parten de una lectura parcial de una sentencia que considera desfavorable, careciendo de crítica concreta, desarrollada y fundada del fallo. Concretamente, considero que de la lectura del resolutorio cuestionado se advierte que en él se ha cumplido el requisito de la motivación exigido, no luciendo contradictorio ni insuficiente, resguardándose con ello la garantía prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional.

Por lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

III. a. Subsidiariamente, el recurrente introduce como segundo motivo de casación, la inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3º C.P.P.).

En tal sentido, sostiene que el voto mayoritario se limitó a mencionar las normas de los arts. 40 y 41 del CP sin analizar las pautas de valoración establecidas, excepto la supuesta peligrosidad del encartado, haciéndolo sólo de manera parcial.

Manifiesta que el tribunal no tuvo en cuenta la circunstancia de que su cliente no registra antecedentes, y que el informe socio ambiental no debió tomarse en su contra, sino que correspondía aplicar el in dubio pro reo. Refiere que el tribunal impuso la pena de nueve años sin tener en cuenta ningún atenuante, resaltando que se trata de una persona joven, que proviene de una familia de trabajo y que no posee ningún tipo de antecedente.

Finaliza su escrito, con la formulación de expresa reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3º, inc. b) del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos.

III. b. La cuestión a dilucidar radica entonces, en analizar si efectivamente el tribunal de mérito ha incurrido en inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización judicial de la pena (arts. 40 y 41 del C.P. y 454 inc. 3º del C.P.P.).

Adelanto mi respuesta negativa, siguiendo la postura sostenida por esta Corte en el precedente "Baigorria" (S. 47, del 30/12/10), en donde se dijo que tales agravios resultan improcedentes, pues el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena de las circunstancias atenuantes y agravantes tenidas en cuenta por el tribunal, no implica violación legal alguna.

Sumado a ello, debo decir que tampoco se vislumbra -como enfatiza el recurrente- que el tribunal a quo se haya limitado a mencionar las pautas de mensuración previstas en los arts. 40 y 41 del C.P., ni mucho menos que haya efectuado un análisis parcializado al fundamentar la tercera cuestión del fallo puesto en crisis, como pretende demostrar quien recurre. En consecuencia, los agravios expuestos no resultan procedentes por cuanto no evidencian que el tribunal de juicio haya ejercido su facultad discrecional de fijar la pena de manera arbitraria.

El juzgador justificó el monto de la pena considerando la naturaleza de la acción, los medios empleados para cometerla, el daño causado a las víctimas del robo, las particularidades personales y morales del acusado, todo ello habiendo tomado conocimiento directo y de visu del mismo.

Ponderó a favor del acusado Ahumada, su grado de instrucción -secundario incompleto-, que se trata de una persona joven, que carece de antecedentes penales computables, lo que evidentemente demuestra que el sentenciante consideró circunstancias atenuantes a favor del acusado, en sentido contrario a lo argumentado por la defensa.

En contra del acusado, ponderó la falta de motivos que lo determinaron a delinquir, en especial que no se encontraba en estado de miseria o dificultad para ganarse el sustento, aclarando que trabajaba como empleado público, sin impedimentos físicos y psíquicos que los impidan a vivir honradamente, siendo el móvil el ánimo de lucro; el concepto regular a malo de la comunidad en la que vive (Informe Socio Ambiental); la falta de contemplación para con los damnificados, poniendo énfasis en la agresión física propinada a dos personas de avanzada edad (70 y 67 años), quienes no se resistieron y, no obstante ello, cometieron el delito; que fueron dos los sujetos, la nocturnidad aprovechada para cometer el ilícito, sumado a que la vivienda de las víctimas se encontraba alejada de otras viviendas; que golpearon violentamente a sus víctimas, siendo que una de ellas era de condición femenina, que las maniataron y encerraron en una de las dependencias de la casa, librándolos a su suerte; que las víctimas no sólo no recuperaron los objetos sustraídos, sino que además, originaron en ellas un daño material y moral que se pudo apreciar -aclaró el tribunal- durante el transcurso de sus declaraciones cuando las mismas espontáneamente lloraron al recordar la situación vivida ese día (inmediación), demostrando la angustia que les generó y les genera el evento.

Por otra parte, corresponde decir, que si bien la defensa cuestiona la valoración negativa que ha efectuado el tribunal con respecto al Informe Socio Ambiental del imputado Ahumada, no ha formulado argumentos al respecto, sino sólo se ha limitado a manifestar que corresponde "que se aplique el principio in dubio pro reo". Concretamente, no expresa en qué consiste la crítica formulada, advirtiéndose que sólo efectúa una inferencia que ninguna incidencia tiene, a mi entender, para desestabilizar el razonamiento del juzgador al respecto.

Por último, y a fin de dar respuesta a otro de los cuestionamientos esgrimidos respecto al monto de pena impuesto al acusado Ahumada (9 años de prisión), cabe recordar lo sostenido por esta Corte en distintos precedentes (S. nº 14, 31/03/10; S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09; S. 8, 30/04/08 entre muchos otros), en donde se dijo que la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

En tal sintonía, también se ha destacado que la arbitrariedad no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo, no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.

En consecuencia, estimo ajustada a derecho la imposición de la pena atribuida, puesto que la misma ha sido fijada respetando los límites impuestos por la escala. Adviértase además que, las expresiones utilizadas por el tribunal de grado para sustentar la cuantificación de la condena impuesta al imputado, satisfacen el requisito de motivación que exige la decisión atacada, fundando los motivos que se tuvieron en cuenta para graduar la pena, evaluándose correctamente las pautas de los arts. 40 y 41 del C.P.

Considero que el recurrente omitió demostrar a través de la vía recursiva intentada, de qué manera hubiese impactado favorablemente en la determinación final del quantum de la condena la consideración de las atenuantes cuya ponderación se pretende; como así, la omisión de las agravantes consideradas por el tribunal.

En razón de lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/9 vta., por el Dr. Mariano Cerezo, en su carácter de asistente técnico del imputado Darío Enrique Ahumada. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/9 vta., por el Dr. Mariano Cerezo, en su carácter de asistente técnico del imputado Darío Enrique Ahumada.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.