marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho al recurso, fundamentación del recurso, recurso extraordinario
Materia: COMERCIAL
Carátula: De Carli Alejandro Oscar c/ Graña Patricia Laura s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-16

La sentencia dictada en un juicio ejecutivo no puede considerarse definitiva en los términos de la ley 48: 14 pues se halla sometida a la posibilidad de ser posteriormente revisada en un proceso de conocimiento pleno, y por tanto tampoco autoriza la admisión del remedio federal en cuestión (Fallos 330:336; CNCom, Sala F, 19.8.10, "Garantía de Valores SGR c/ Ledda Walter Ariel y otro s/ ejecutivo" Expte. n° 025128/09).
Representación procesal, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Prats, Celia H. c/ Mutual Ayuda Club Cía. Gral. Bs. As. y otro s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-19

La representación invocada por el accionante quien interviene en nombre de su madre insana, reviste carácter necesario (arts. 56 y 57 inc. 3 del C.C.) difiriendo en consecuencia de la voluntaria a que refiere el art. 47 del C.P.C. y por ende, si mediare defecto en su acreditación, no le es aplicable la sanción prevista en el art. 48 del mismo código. (Minoría u opinión personal)
Pago de la remuneración, recibo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Merelle Ruiz, Jaime Guillermo c/ LASEP y-u Otro s/ Demanda Laboral -Indemnizaciones-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-06-22

Aún admitiendo que la interpretación del art. 1028 del código civil -"el reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido"- permite acreditar la inexactitud de las constancias del recibo por cualquier medio de prueba, si el reconocimiento judicial del mismo es coincidente con las constancias auténticas de los libros de sueldos y jornales y la conclusión de la pericia contable -si la hubiere-, la prueba testimonial, como única contradictora del recibo de pago, es insuficiente y ha de estarse en tal supuesto a lo enunciado en este último.
Proceso penal, juicio abreviado, unificación de penas, acuerdo de partes, carácter vinculante, defensa en juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: SANCHEZ, Ricardo Damián s/ / infr. art. 189 bis C.P. - Apelación .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-10

La unificación de condenas es parte del acuerdo abreviado (art. 60 Ley Nro. 1287) celebrado entre el fiscal y el imputado, conjuntamente con su defensa.

En efecto, si un tribunal al realizar la unificación de penas, por otra condena anterior, elabora una sentencia total como si fuera un concurso real, va de suyo que esa pena única debe ser parte del acuerdo abreviado, pues el imputado consiente la pena solicitada por el fiscal como consecuencia de una negociación que realizan las partes en torno, justamente, a la determinación de la pena y ante la eventualidad que en el juicio, se le imponga una mayor.

Esta además parece ser la única forma de garantizar el derecho de defensa en juicio, pues el imputado que ejerce el derecho al juicio abreviado, lo hace como un modo de saber anticipadamente la pena que se le va a imponer y que ésa va a ser en todo caso, inferior a la que podría caberle de llevarse a cabo un juicio oral y que no va a ser modificada por el juez sentenciante en su perjuicio.
Ley sobre riesgos del trabajo, competencia por la materia, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Vieyra, Matías Daniel c/ Ministerio del Interior Policía Federal Argentina s/ Accidente - Acción Civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-30

Resulta competente la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la causa por accidente iniciada por un miembro de la Policía Federal. En este sentido, la propia ley 24.557 en su art. 2, punto 1, ap. a), comprende un extenso campo en lo que respecta a su ámbito de aplicación personal y no distingue a los empleados privados de los públicos -entre los que se encuentran incluidos los funcionarios y empleados del sector público nacional-, ni excluye a los integrantes de la Policía Federal.
Impuestos, AFIP DGI
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Pérez, Oscar Miguel (TF 18.417-I) c/ D.G.I".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-13

La D.G.I. posee facultades para proceder a la determinación de oficio sin perjuicio del derecho del contribuyente para probar fehacientemente en juicio -como corresponde- los errores que atribuye a la liquidación practicada por la autoridad administrativa (Fallos: 268:514; 197:210; 205:31 y 210:107) (Cons. IV).
Honorarios, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Peña Carlos Alberto y Millan Ford Jorge Leopoldo c/ Peñaflor S.A. s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-03-06

Es procedente el recurso de apelación deducido contra los honorarios regulados. Ello así, ya que surgiendo de la regulación apelada que se aplicara el 18% del art. 5 de la Ley de Aranceles 2011, dicho porcentual resulta elevado, atendiendo a la naturaleza del juicio, no haber mediado interposición de excepciones y extensión de la labor realizada, por lo que corresponde la modificación de los regulados tomando el 12% del art. 5, el 80% del art. 15 y el 40% del art. 6 de la ley de aranceles.
Interés superior del niño, interés concreto, deberes del juez, interpretación sistemática, derechos de las niñas, niños y adolescentes, guarda del menor
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: V.,J.E. s/ Inscripción de nacimiento y guarda con fines de adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-02

Considerar el interés del menor significa analizar el conjunto de bienes necesarios para su desarrollo integral y protección, atendiendo siempre a lo que más conviene en una circunstancia histórica determinada y en concreto puesto que no hay un interés del menor puramente abstracto, debiendo quedar excluida toda consideración dogmática a fin de poder dar respuesta a las circunstancias particulares que presenta cada caso, máxime cuando es sabido por la propia naturaleza vital, que en materia de menores todo está signado por la provisoriedad pues lo que hoy resulta conveniente mañana puede ya no serlo, y a la inversa, lo que hoy aparece como inoportuno puede en el futuro transformarse en necesario.
Homicidio preterintencional, defensa, fiscales, juicio por jurados
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Comisaría 18 de Los Menucos  c/  s/ investigación homicidio agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-11-30

Le asiste razón a la fiscalía cuando sostuvo -al oponerse a la incorporación de la instrucción de homicidio preterintencional- que la defensa no puede incorporar una nueva hipótesis en las instrucciones finales, y pretender que se juzgue esa hipótesis "sobre lo que no adelantó, no trabajó, no argumentó y no le permitió a la contraparte ejercer el contradictorio". (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)
Constitución en mora, valor probatorio, fundamentación insuficiente
Materia: CIVIL
Carátula: Acuña, Jesús Maria c/ Galarza, Sergio Eduardo s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-05-27

Resulta insuficiente para desplazar el valor probatorio de la carta documento remitida en el marco de la mediación previa obligatoria -con el alcance de la llamada "constitución en mora del deudor"-, la simple negativa de su envío, contenido o recepción por parte del recurrente, quien debió esforzarse por demostrar la veracidad de su defensa, proporcionando y proponiendo producir la prueba pertinente que acredite el efectivo cumplimiento del cargo de la donación.
Monto del juicio, excepciones procesales, autonomía del recurso, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Israel Silicaro, Osvaldo Juan c/ Brites, Rosa Iris s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-06-29

El criterio jurisprudencial (C.S.J.N. in re "Strada" y "Di Mascio") que condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa (como -en el caso el valor del litigio previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial), a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales, requiere para su aplicación, de la afectación de derechos fundamentales, siendo carga del impugnante brindar argumentos suficientes que permitan avizorar la existencia de una relación directa e inmediata entre las normas federales denunciadas y las circunstancias concretas debatidas y resueltas en el caso (doct. art. 15, ley 48).
Acto administrativo, causa del acto administrativo, empleados públicos, sanciones disciplinarias, servicio penitenciario
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: MAGNI, VICENTE JUSTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 177-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-09-03

Debe rechazarse la crítica del recurrente dirigida a demostrar vicios ligados a la causa del acto, si la resolución de la administración pública (sanción disciplinaria: cesantía) guarda relación directa con las pruebas del caso, si hay una correcta apreciación de los hechos y el derecho aplicable, y la diferencia entre los antecedentes y la decisión radica en el lenguaje.

En el caso, el dictamen del asesor legal del "servicio penitenciario" refiere a una "negligente" actitud de vigilancia de parte del agente sobre su área de competencia y la decisión final adoptada por el poder ejecutivo alude a responsabilidades "dolosas".
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, indemnización, prueba documental, dominio
Materia: CIVIL
Carátula: Rossi, Adhemar José c/ Vertedor, José Luis y otro (Pcia. de Buenos Aires) s/ da!os y perjuicios (acc. tráns. s/ lesiones o muerte).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Si bien la documentación acompa!ada para acreditar la condición de propietario del vehículo es insuficiente, corresponde reconocer los gastos de reparación derivados de un accidente de tránsito, a la luz de lo dispuesto por el art. 1110 del Código Civil, toda vez que su realización ha sido comprobada y su monto justificado.
Interdicto de recobrar, prueba, violencia como vicio de la voluntad, clandestinidad
Materia: PROCESAL
Carátula: INDUSTRIA ARG. DE RECICLADO SA. c/ OPS S.A.C.I. Y OTRO. s/ INTERDICTO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-09-24

De lo someramente reseñado se deduce que, más allá de que el depósito de chatarra y basura pueda considerarse signo de ocupación (toda vez que no encuadra en la descripción enunciativa del art.

2384 cód. civ. para ser calificado como acto posesorio), la prueba rendida no acredita con suficiente fuerza convictiva que la ocupación del predio en cuestión hubiese tenido lugar con violencia, clandestinidad o abuso de confianza, extremos cuya carga probatoria incumbe a la actora (art. 377 cód. proc.), por lo que propongo al Acuerdo que se haga lugar a la apelación, revocando la sentencia y rechazando la demanda.
Deberes del juez, duda
Materia: PENAL
Carátula: VALDIVIA GONZALEZ, ORLANDO DEL CARMEN s/ HOMICIDIO SIMPLE EN PERJUICIO DE JULIA JOSEFINA ABALLAY
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-26

Existiendo duda en el estado psicológico de cualquier juez la ley tiene previsto en la norma contemplada en el art. 4 del C.P.P, que en caso de duda deberá estarse a lo que sea mas favorable al imputado.
Concursos, concurso preventivo, tasa de justicia, plazo, pago
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ciexai Eventuales SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-08

El pago de la tasa de justicia en los concursos preventivos debe efectuarse al notificarse el auto de homologación del acuerdo (ley 23898:9 ap. b). Es de recordar que la tasa de justicia debe ser oblada conforme las directivas legales vigentes a la época en que es jurídicamente viable su satisfacción (conf. CNCom, Sala F, "Dobarro Julio Raul s/ concurso preventivo", del 14/12/10).
Empleo público, exoneración, nulidad del acto administrativo, prescripción decenal
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: LIFISCAS DE CHESTER MARTA Y OTRA c/ ESTADO  NACIONAL  - MINISTERIO  DE  SALUD  PUBLICA  Y MEDIO AMBIENTE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-28

Corresponde encuadrar en el art. 4023 del C.Civil -aplicable por vía analógica- el régimen de prescripción de una acción que plantea la nulidad del acto administrativo expulsivo del causante.
Divorcio, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CHAPARRO, FRANCISCO MIGUEL c/ AGUIRRE PEREZ, RAMONA DEL VALLE s/ DIVORCIO VINCULAR ROLDAN, ROMULO RAMON c/ CORONEL DE ROLDAN, ANA ELIZABETH s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-12-07|2002-09-16

El juez, para poder extraer la verdad de lo ocurrido en el seno del hogar y establecer la culpabilidad que corresponde a cada cónyuge en el fracaso del matrimonio, debe analizar las pruebas en conjunto, a través de todos los elementos de convicción de que se disponen, y determinar las causas o razones determinantes del clima en que se desenvolvía la vida conyugal.
Indemnización, daño emergente, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: BROCCOLI, LORIS c/ INTEPHANIAN, CLAUDIO ALEJANDRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-28

Para fijar los daños emergentes de un hecho ilícito, no es suficiente que el hecho sea imputable y que exista un daño causado.

Es necesario que entre el hecho y el daño medie una relación de causalidad, lo cual constituye una cuestión de hecho a decidir en base a las previsiones de los arts. 901 a 906 del C.Civil, en concordancia con las de los arts. 520 y 521 del mismo cuerpo sustantivo. No basta haber sufrido un daño para que esto sea suficiente título de la respectiva indemnización, siendo menester establecer el nexo de causalidad entre ese efecto dañoso y el hecho que suscita la responsabilidad en cuestión en cuanto, este hecho sea el factor por cuyo influjo ocurrió aquel daño. No es suficiente comprobar que un hecho ha sido antecedente de otro para que sea su causa eficiente, para ello es necesario que tenga, por sí la virtualidad de producir semejante resultado.
Indemnización por accidente de trabajo, muerte del trabajador, responsabilidad del empleador, daño por el hecho o en ocasión del trabajo, carga de la prueba, presunción legal
Materia: LABORAL
Carátula: NASO DE ANTUN, MARIA C. c/ LA GERMINADORA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

Conforme a las reglas referentes a la distribución del "onus probandi", la circunstancia de que el occiso haya encontrado la muerte en el curso de una misión encomendada por su empleador, es suficiente, en principio para admitir que medió, en el caso, la "ocasión del trabajo" que autoriza la aplicación del sistema compensatorio de la ley 9688, conforme a su art. 1.
Inadmisibilidad del recurso, resoluciones irrecurribles, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Fay, Daniel Alberto y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-26

Corresponde declarar inadmisibles los recursos extraordinarios toda vez que no se dirigen contra la sentencia definitiva de la causa, ni tampoco contra una equiparable a tal, pues no ostentan dicho carácter los pronunciamientos que no ponen fin a la acción, ni a la pena, ni hacen imposible la continuación de las actuaciones, ni tampoco deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena, ni proporcionan un perjuicio de imposible reparación ulterior. Tampoco se encuentra en los escritos presentados una cuestión federal suficiente debidamente fundada, y las defensas no han conseguido acreditar en autos defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido.(Dres. Borinsky y Hornos).
Sucesiones, administración judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Administradora Definitiva Martorana Miryan Rita c/ Nicolás Yerfino y Ots. s/ Nulidad de Donación (LIBRO: A132 - 042)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-08-01

El Código Civil no ha previsto la intervención del Juez mediante el proceso sucesorio, ni tampoco, por ende, el nombramiento de administrador judicial. Son los códigos procesales los que han regulado el proceso sucesorio, y dentro de él, la figura de aquel administrador. La administración de la herencia constituye un oficio de derecho privado, pues el admnistador es nombrado por el Juez para servir a intereses superiores, aunque cuando es heredero también sirve a los suyos propios. El administrador no es un representante de la herencia -que carece de personería jurídica- ni de los herederos; y esto último, no sólo porque su nombramiento procede del juez, sino porque tiene lugar, incluso con la oposión de alguno de los herederos. Tampoco es un mandatario de los herederos (ni siquierea en el caso de que su designación haya sido efectuada a propuesta de todos ellos), porque su labor la realiza conforme a las reglas procesales, y no a la voluntad de esos herederos, si bien normalmente se la tiene en cuenta.
Delitos contra la integridad sexual, apreciación de la prueba, declaración de la víctima menor
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: I., M. E. s/ Denuncia abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-03

Libres de cualquier tasación, los Jueces pueden evaluar toda demostración que sea legalmente incorporada al proceso, brindándole valor.

Ni el testigo único ni el incorrectamente denominado "testigo de oídas" son inaceptables en tanto fuentes de prueba, en un contexto determinado, aún cuando fueren de cargo.

Mucho menos el relato de una menor víctima de un delito sexual, o las opiniones técnicas a partir de las cuales se forma convicción, sobre lo que reflexionaré en las líneas que vendrán.
Honorarios, patrocinante
Materia: PROCESAL
Carátula: CASA PETRINI S.A. c/ PROVENCOR S.A. s/ ORDINARIO - REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-02-28

El art. 45 ley 7269 prevé que se trata de dos funciones distintas, la de procurador y patrocinante, sin que ninguna absorba la otra, mereciendo cada una regulación autónoma y diferenciada;

asimismo, contempla de modo concreto la hipótesis en que un sólo letrado cumpla ambas, en cuyo caso el principio a aplicarse es exactamente el mismo.

Por otra parte, esa normativa es congruente con la realidad a la que se aplica, pues una cosa es brindar asistencia técnica, y otra ejercer la representación de la parte.

Cuando un letrado despliega ambas, significa que no sólo presta labor de asesoramiento sobre la manera en que debe desenvolverse el juicio, sino que además actúa por la parte, reemplazándola jurídicamente en los actos procesales. La necesidad de diligencia profesional se multiplica entonces, y se acrecienta correlativamente la eventual responsabilidad, pues ella ya no podrá ser descargada, por ejemplo con motivo del defecto de colaboración del cliente.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, vehículos, sociedades comerciales, usos comerciales, gerentes, daños al automotor, responsabilidad objetiva, responsabilidad solidaria, responsabilidad de la concesionaria, responsabilidad del fabricante
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Alertas Seguridad Privada SRL c/ Alra SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

Ello así, pues ninguna de las demandadas acreditó que el rodado haya ingresado en ningún otro taller que no fuera concesionario oficial de la marca, ni que haya sufrido golpes que pudieran haber provocado la rotura. Y cuarenta y cinco días antes de que el vehículo dejara de funcionar, se había efectuado el service en el taller de la concesionaria donde manipularon las piezas que luego resultaron rotas. A su vez, el informe pericial del ingeniero mecánico declaró que "...el desperfecto que presenta la pieza del auto no se debe a un uso incorrecto o a falta de mantenimiento del mismo, sino, a una deficiencia en la intervención del automotor...".
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, acción penal, prescripción, ley procesal penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ESTRADA, BRENDA VANESA c/  s/ HOMICIDIO CULPOSO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-03-26

En orden a los reproches relacionados al rechazo del planteo de prescripción de la acción penal, la crítica desarrollada por el compareciente -pese al matiz constitucional que pretende otorgarle- sólo trasluce su desacuerdo con la solución dada al sub lite por la Cámara que -en una postura adversa a sus pretensiones- concluyó que la acción no se encontraba prescripta, por entender que entre el día de inicio de las actuaciones y el requerimiento acusatorio, entre éste y el traslado para la defensa y entre éste y la fecha del dictado de la sentencia condenatoria no había transcurrido el plazo máximo de vigencia de la acción correspondiente al delito en juzgamiento, conforme el criterio sentado por esta Corte en "Schillagi". - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 84; Código Procesal Penal de Santa Fe, artículos 67, inciso d); 378 y 521. - Jurisprudencia vinculada: Schillagi, AyS T 211, p 93/100, sumario J0033950.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apartamiento de las constancias de la causa, depreciación monetaria, compraventa
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: ELBA IRIS CORREA Vda. DE MERINO c/ ROMEO BRUN s/ NULIDAD DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-02

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que desestimó la actualización de la suma que se debía devolver a la demandada, fundada en que no se había impugnado oportunamente el fundamento de la declarada improcedencia de lo pedido, siendo que lo expuesto en la resolución cuestionada en manera alguna se exhibe como un fundamento de su improcedencia total.
Pena de inhabilitación, suspensión del juicio a prueba, juicio oral, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Pedrozo, Ramón Agustín s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-30

El ofrecimiento de auto-inhabilitación efectuado por el solicitante permite tener por satisfecho el medio idóneo para sortear el obstáculo previsto en el art. 76 bis último párrafo CP, y determina que el consentimiento brindado por el representante del Ministerio Público Fiscal supere el control exigido por el art. 69 CPPN, motivo por el cual resulta vinculante para la jurisdicción, ya que la pena de inhabilitación prevista para el delito imputado en la especie no puede erigirse como un obstáculo válido para la suspensión del juicio a prueba. El voto concurrente señaló que el hecho de que el delito imputado tenga prevista pena de inhabilitación no es un obstáculo para la suspensión del juicio a prueba, a menos que la inhabilitación esté prevista como pena exclusiva y que, aun cuando la auto-inhabilitación sea ofrecida voluntariamente por el imputado, no puede soslayarse que las partes no se encuentran habilitadas para crear pretorianamente condiciones de procedibilidad no exigidas en la norma jurídica. La disidencia sostuvo que, aun cuando el acusado hubiera ofrecido la auto-inhabilitación, al haberse afectado el bien jurídico máximo -la vida de una persona-, la gravedad y las circunstancias en las que acaeció el delito reclaman la realización de un debate oral y público a fin de que los familiares de la víctima como la sociedad puedan entender los verdaderos motivos por los que se desencadenó el hecho como también el grado de responsabilidad que le cupo al imputado