Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-12


Buenos Aires, septiembre 12 de 2007.

Resulta:

1. El defensor oficial de Pablo José Soto interpuso recurso de queja (fs. 31/38) contra la decisión dictada el día 26 de marzo de 2007 (fs. 24/27) mediante la cual la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad intentado contra la resolución del día 27 de diciembre de 2006 que, por un lado, confirmó la decisión del juez de primera instancia en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de prescripción de la acción penal promovido por la defensa y, por el otro, revocó la suspensión de la ejecución de la pena impuesta a Soto (fs. 12/14).

2. En su recurso de inconstitucionalidad -que la Cámara denegó por entender que no planteaba un caso de competencia del Tribunal- el defensor había sostenido dos agravios:

a) En primer lugar, consideró que la interpretación efectuada por la Sala II respecto de las normas locales que rigen la prescripción de la acción contravencional -y la que ensayó acerca del momento en que adquirió firmeza el fallo dictado en autos- violó de modo directo e inmediato el principio de "estricta legalidad" en materia penal (art. 18, CN, y art. 13.3, CCABA) y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (art. 8.1, CADH, art. 14.3, PIDCyP, art. 75, inc. 22, CN, y art. 10, CCABA). Entendió, en el mismo sentido, que también se desconoció el sistema de control judicial de constitucionalidad de las sentencias locales que ejerce la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 116, CN, y ley nº 48), porque en el sub examine se habría soslayado el contenido de diversos precedentes del tribunal cimero que serían de aplicación en el presente caso.

b) Asimismo, la defensa señaló que la Cámara -al hacer lugar a un recurso de la fiscalía y revocar la suspensión de la ejecución de la condena decidida en primera instancia- afectó la vigencia efectiva del derecho al recurso que asiste al imputado (art. 8.2, CADH, art. 75 inc. 22, CN), a quien se negó la posibilidad de obtener el doble conforme sobre esa cuestión.

3. El Fiscal General Adjunto, al contestar la vista conferida, se pronunció por el rechazo del recurso de queja intentado, en razón de que no se encontraba fundamentado. En este sentido, sostuvo que éste carecía de una crítica pormenorizada de la resolución de la Cámara que denegó el recurso de inconstitucionalidad. Asimismo, entendió que la defensa sólo se limitó a reiterar planteos ya tratados y resueltos en las anteriores instancias -lo que reflejaba su mero disenso con la decisión judicial adversa- y que procuraba convertir al Tribunal en una tercera instancia ordinaria (fs. 44/45).

Fundamentos La juez Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja fue presentado por escrito, en tiempo oportuno y ante el Tribunal. Asimismo, contiene un relato pormenorizado de los hechos de la causa y, respecto del agravio vinculado al régimen de prescripción de la acción contravencional, expone una crítica suficiente al auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (art. 33, ley nº 402).

Al respecto considero, sintéticamente y con apoyo en el voto de mi colega Julio B. J. Maier -al que adherí- en la causa "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Oniszczuk, Carlos Alberto s/ inf. ley 255 -apelación-'", expte. nº 3726, sentencia del 30/03/05, que el defensor demostró la existencia de una cuestión constitucional en los términos del art. 27 de la ley nº 402, por lo que voto por hacer lugar a la queja en ese punto.

2. En distintos precedentes del Tribunal me expedí respecto al régimen que regula la prescripción de la acción en materia contravencional (cf. "Andretta, Carlos Hugo s/ art. 41 CC s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expte nº 811/01, resolución del 15/5/01; "Caballero, Jorge Alberto y otros s/ art. 71 CC -causa 555-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad s/ incidente de prescripción", expte. nº 912-1, resolución del 5/12/01; y "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Oniszczuk, Carlos Alberto s/ inf. ley 255 -apelación-'", expte. nº 3726, sentencia del 30/03/05, entre otros y, luego de lo resuelto por la CSJN in re "Recurso de hecho en 'Caballero, Jorge Alberto y otros s/ art. 71 CC [causa nº 555 CC/2000] s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad -incidente de prescripción-'", C. 459. XXXVIII, resolución del 08/11/05, lo que sostuve al votar en "González, Carlos Alberto y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos; Lacquaniti, Roque y otros [Bingo Congreso] s/ inf. Ley 255 -apelación-'", expte. nº 4066, sentencia del 19/12/05, entre otros).

En aquellas decisiones sostuve, como lo hago en este voto, que la única causal de interrupción de la acción contravencional -según la ley nº 10- es la audiencia de debate prevista en el art. 46 de la ley nº 12. Asimismo, en esas oportunidades expresé que dicha acción conforme la regla vigente al momento del hecho se extendía por el plazo máximo de un año (dos para las contravenciones de tránsito) desde que culmina aquel acto procesal hasta que la sentencia queda firme, ya sea por haberse agotado los recursos que la ley (local o federal) prevé o bien por haber transcurrido el plazo para su presentación sin que estos recursos fueran interpuestos.

3. En lo que aquí interesa, considero que la interpretación que realizó la Cámara para descartar el planteo de la defensa -fs. 12/4- se aparta, en perjuicio del imputado, de las disposiciones legales aplicables (arts. 31 y 32 de la ley nº 10). La sentencia impugnada fija un límite al curso de la prescripción de la acción (el agotamiento de la instancia recursiva local o la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad contra la condena) que no tiene sustento normativo y que, además, extiende más allá de lo razonable el plazo máximo con el que cuenta el Estado para aplicar una sanción contravencional -penal en sentido material-, por lo que la resolución recurrida vulnera el principio de legalidad (arts. 18 y 75 inc. 22, CN y 10 y 13.3, CCABA) y el derecho a obtener un pronunciamiento definitivo dentro de un plazo razonable (arts. 8.1 CADH, 75 inc. 22, CN y 10, CCABA).

4. Tal como lo señalé, el art. 31 del Código Contravencional -conforme la ley nº 10- establecía como plazo de prescripción de la acción el término genérico de un año. Por lo tanto, dado que, en el caso, la audiencia de juicio culminó el día 07/09/2005 y que el planteo de prescripción de la acción contravencional fue interpuesto el 26/09/2006 (fs. 28/9), cuando estaba tramitando un recurso extraordinario federal contra la condena, corresponde -ya admitida la queja sobre este punto- hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, declarar prescripta la acción contravencional incoada y sobreseer a Pablo José Soto en este proceso.

5. Por lo demás, en atención a la forma en la que he resuelto el primer agravio planteado por la defensa, no es preciso que me pronuncie respecto del relacionado con la decisión de la Cámara que ordena ejecutar la pena.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. En su queja por recurso de inconstitucionalidad denegado la defensa cuestiona el rechazo de su planteo de prescripción de la acción contravencional por las instancias de mérito (cf. fs. 31/38 vuelta). Ese rechazo se fundó en una interpretación particular del art. 31 de la ley nº 10 realizada según los argumentos esgrimidos por la mayoría de este Tribunal en una sentencia anterior (cf. fs. 1/3 vta. y 12/14 vta.), interpretación que, a juicio de la defensa, vulnera no sólo el principio de estricta legalidad y el derecho de ser juzgado en un plazo razonable sino que, asimismo, atenta contra "... la lógica del sistema recursivo en el sistema de administración de justicia local en el marco del control judicial de constitucionalidad que efectúa la Suprema Corte de Justicia de la Nación ..." (cf. fs. 36 vuelta). Tal como ya lo he afirmado oportunamente, resulta claro que el tribunal competente para decidir sobre la prescripción de la acción es el competente para resolver el caso, esto es, en el concreto período del procedimiento que analizamos, aquel hipotéticamente habilitado para pronunciarse sobre la validez o invalidez de la sentencia de mérito final dictada contra el Sr. Soto (cf. mi voto en "Moreno, Rodrigo Félix s/ inf. art. 56 CC -apelación- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 4993/06, sentencia del 23/05/2007). Para avalar mi posición advierto que la instancia local está totalmente agotada, incluso con la decisión del recurso posible ante este Tribunal, con lo cual concluyó también su competencia para decidir el caso. La prescripción de la acción, denunciada o sostenida después de la sentencia definitiva, incluida la actuación del TSJ local, sólo podría ser tratada por la CSJN, si ella considera que la cuestión es promovible por denuncia o de oficio. A tal punto ello es así que, para conocer a ciencia cierta si la sentencia de mérito final ha quedado ya firme y la fecha en que ello ha sucedido o, por lo contrario, si ella no ha ingresado en autoridad de cosa juzgada material, es menester conocer, en el caso, si se ha planteado un recurso de hecho ante la CSJN, único medio procesal disponible para que el defensor del Sr. Soto manifieste su disconformidad con la decisión de este Tribunal que denegó, de manera provisional, su acceso a la instancia federal (cf. relato del recurrente a fs. 32).

Precisamente este último punto es el que resulta desconocido en las presentes actuaciones. Repárese en que el recurrente ha omitido denunciar ante este TSJ la eventual interposición de una queja ante la CSJN y, en su caso, la suerte del recurso de hecho supuestamente intentado. En este sentido, resulta claro que, de no haber sido deducida la queja citada, la sentencia de condena del Sr. Soto habría adquirido firmeza y, por ende, no cabría expedirse aquí sobre la posible prescripción de una acción contravencional ya agotada. Debe recordarse, así, que la firmeza de la sentencia de condena significa la obtención de la cosa juzgada sustancial y ésta no sólo trae aparejada la irrevocabilidad del pronunciamiento sobre el fondo, sino que impide toda revisión del trámite por el cual se llegó a esa sentencia, salvo, claro está, el caso del recurso de revisión, que no es aquel que nos ocupa ahora (cf. punto 2 del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz, al cual adherí, in re "Incidente de prescripción en autos 'Martínez, Alfredo Luis s/ ley 255 -apelación- recurso de inconstitucionalidad concedido'", expte. nº 4185/05, resolución del 19/12/2005). De cara a estas circunstancias, advierto que, de todos modos, el recurso de queja deducido a fs. 31/38 vta. debe ser rechazado por este motivo. En efecto, si la revisión de la decisión de mérito final (definitiva) se encuentra pendiente ante el máximo tribunal federal, este Tribunal no resulta competente para tratar el planteo incidental intentado en este legajo. Caso contrario, esto es, si la sentencia de condena del Sr. Soto se encuentra firme, el recurso ahora en cuestión debe ser igualmente rechazado, pues la cosa juzgada material impide discutir y rever con posterioridad a ella la cuestión relativa a la prescripción de la acción.

2. En cuanto al segundo agravio contenido en el recurso de la defensa, es posible aseverar que él se remite a cuestiones que no poseen carácter constitucional alguno. En efecto, los motivos que el recurrente nombra a fs. 37 vta. -todos ellos relativos a la interpretación de la ley procesal acerca de cuándo una sentencia puede ejecutarse- proponen a este Tribunal la discusión de cuestiones propias de la decisión de los jueces de mérito, irrevisables, en principio y frente a la ausencia de toda discusión relativa a una norma de carácter constitucional, en esta instancia de excepción. A su vez, el recurso de inconstitucionalidad ha sido correctamente denegado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas en relación con la supuesta lesión al derecho al recurso de su defendido (cf. fs. 65/65 vuelta). A todo evento, debe destacarse que el recurrente omite explicar las razones por las cuales considera que la doctrina enunciada en el precedente de la CSJN citado a fs. 38 resulta aplicable a las circunstancias particulares de este proceso incidental. En efecto, no basta con enunciar la existencia de un supuesto derecho para exigir su ejercicio en un caso concreto, sino que resulta necesario conectarlo con la particular pretensión sometida a estudio de este Tribunal (cf. "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja" en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. II, ps. 20 y siguientes).

3. Por último, y frente al rechazo de la queja expresado en los párrafos precedentes, debo aclarar que, según lo expuse en reiteradas ocasiones (ver, inter alia, mi resolución como juez de trámite en "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 3- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Abalos, Oscar Adrián s/ art. 71 CC -apelación-'", expte. nº 1509/02: interpretación sistemática del art. 34, II, ley nº 402 y art. 3, inc. a, ley nº 327), no corresponde intimar al defensor oficial -órgano del ministerio público según la propia CCBA- para que acredite el pago del depósito previsto como requisito de admisibilidad de un recurso de queja relativo a un recurso de inconstitucionalidad denegado.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El recurso de queja -interpuesto en tiempo oportuno y forma adecuada- debe ser rechazado.

2. La condena impuesta al señor Soto en primera instancia, confirmada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, fue impugnada por la defensa a través de un recurso de inconstitucionalidad declarado inadmisible por el Tribunal a quo el día 6 de abril de 2006. Contra esa decisión el recurrente dedujo una queja ante este Tribunal que fue rechazada el día 6 de septiembre de 2006. La Defensora General interpuso a continuación un recurso extraordinario federal que fue denegado con fecha 7 de noviembre de 2006. Del relato de la defensa no surge que esta última decisión del Tribunal haya sido impugnada a través de la interposición de la respectiva queja por recurso extraordinario federal denegado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, tal como lo señala el doctor Maier en su voto, la condena recaída en la causa habría pasado en autoridad de cosa juzgada.

3. Desde esta perspectiva, las cuestiones que agravian al recurrente en razón de la interpretación que los jueces de mérito realizaron del art. 31 de la ley nº 10 -relativas a la supuesta vulneración del principio de "estricta legalidad", del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y del sistema de control judicial de constitucionalidad (arts. 116, CN y ley nº 48)- resultan ajenas a la solución del caso, pues, ante la omisión de recurrir en queja contra la decisión de este Tribunal que denegó el recurso extraordinario federal oportunamente interpuesto, la condena recaída en esta causa, salvo supuesto de revisión, resulta irrevocable.

4. Por último, toda vez que el recurrente goza del beneficio de litigar sin gastos (conf. constancias de fs. 47/9), la integración del depósito de la queja no resulta exigible (art. 34, segundo párrafo, ley nº 402).

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Adhiero al voto de mi colega José O. Casás, a cuyos argumentos me remito en honor a la brevedad.

En cuanto al depósito dispuesto en el art. 34, ley nº 402, voto por declararlo no exigible en la causa. Ello, habida cuenta de que el deber de depositar se genera por la improcedencia formal de una presentación, decidida exclusivamente por el defensor, único firmante del recurso (ver fs. 38 vuelta); y dicha presentación no pudo ser eludida por el defendido, puesto que la defensa, aunque para tutelarlo, le ha sido impuesta. Esta conclusión resulta avalada también por las razones apuntadas en mi voto en la causa "Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC -apelación- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado", expte. 3996/05, sentencia de este Tribunal del 14/09/2005, de la cual resulta que el depósito se constituye en un obstáculo a la jurisdicción.

La juez Ana María Conde dijo:

Adhiero al voto de mi colega el doctor José Osvaldo Casás y discrepo expresamente con la solución a la que arriba la señora jueza de trámite. Ello así, pues, más allá de que hubiera sido fundamental saber concretamente si se dedujo o no un recurso de queja ante la CSJN, lo cierto es que la defensa ha omitido aclarar tal extremo en su presentación y ello parece indicar que la sentencia condenatoria ha pasado en autoridad de cosa juzgada material, lo cual, incluso desde la perspectiva del defensor, impide pronunciarse sobre la supuesta prescripción de una acción contravencional que, para todos, ya se encuentra agotada. En verdad, poco importa a los fines de este análisis que la defensa haya presentado su planteo de prescripción de la acción mientras se encontraba pendiente de admisibilidad la apelación federal deducida ante este Tribunal, puesto que, para que este planteo eventualmente triunfara, el defensor debió procurar, a partir -insisto- de su propio razonamiento, que esta acción subsistiera mediante la interposición del correspondiente recurso de hecho (frente a la denegación del recurso extraordinario federal). Si no lo dedujo, como es posible presumir en función de esa omisión, carece de toda lógica seguir pretendiendo que se declare la prescripción de esta acción una vez que se ha agotado a consecuencia de su normal ejercicio. Esta ha sido, por otra parte, la posición asumida por varios de mis colegas en precedentes análogos al presente ("Incidente de prescripción en autos 'Martínez, Alfredo Luis s/ ley 255 -apelación-' s/ recurso de inconstitucionalidad concedido, expte. nº 4185/05, resolución del 19/12/05).

En esos términos, la interpretación formulada por los jueces de mérito acerca de las normas que regulan la prescripción contravencional -que, por cierto, encuentra suficiente sustento en una exégesis que aún hoy mantengo (ver mi voto, in re, "Moreno, Rodrigo Félix s/ inf. art. 56 CC -apelación- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 4993/06, resolución del 15/08/07)-, excede a la solución del caso, ya que la sentencia condenatoria dictada en autos no sólo está firme para la ley local, sino que también lo está con respecto a los excepcionales fines de la ley nº 48 ("Ministerio Público -Defensor Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Oniszczuk, Carlos Alberto s/ inf. ley 255 -apelación-'", expte. nº 3726, resolución del 13/12/06) y, por lo tanto, definitivamente ha pasado en autoridad de cosa juzgada. Ello significa naturalmente que el pronunciamiento sobre el fondo no puede ser revocado, ni puede ser revisado el trámite por el cual se llegó a tal sentencia, salvo que se invoque un supuesto de revisión, lo cual no sucede en autos (ver en este sentido: Clariá Olmedo, Jorge, en Tratado de Derecho Procesal Penal, t. IV, Ed. Ediar, 1964, p. 304).

En consecuencia, corresponde rechazar la queja interpuesta.

Por ello, oído lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja interpuesto a fs. 31/38.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita esta queja a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas. -Alicia E. C. Ruiz. -Julio B. J. Maier. -José Osvaldo Casás. - Luis Francisco Lozano. -Ana María Conde.