marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, interposición del recurso, robo de automotor, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Sánchez, Nestor Ramón Dante s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-10

El agravio referente a la inconstitucionalidad del art. 38 del decreto ley 6582/58 se encuentra manifiestamente infundado, si se asienta en la irrazonabilidad de las penas en comparación de los mínimos establecidos para el homicidio y para el robo del automotor calificado, pero no atiende el argumento de la sentencia según el cual la conducta del acusado fue calificada como robo simple de automotor, cuya escala penal tiene un razonable mínimo de tres años de prisión.
Actos jurídicos, inexistencia del acto jurídico, acción contencioso administrativa, plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio Cop.Edif. Gulfi IV c/ Ferreiro Manuel s/ Ejecución de expensas Lorenzo R. c/ Ropón Morales s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-10|2000-04-18

Si bien en el planteo de inexistencia no rigen los plazos acuciantes de la nulidad, debe efectuarse aquel en consonancia con los tiempos en los cuales prudencialmente quien lo promueve pudiera tomar conocimiento de la circunstancia que alegue y en tanto el proceso no haya finalizado con el dictado de una sentencia firme, en cuyo caso deberá ocurrirse por otra via. (Minoría u opinión personal)
Extradición, tráfico de estupefacientes, introducción y salida de estupefacientes, Convención Única sobre Estupefacientes de Ginebra, non bis in ídem
Materia: PROCESAL-PENAL-INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Rojas Morales, Carlos Hugo s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

No existe menoscabo al principio "non bis in idem" ante la posibilidad de que el extradido sea condenado en nuestro país por exportación de estupefacientes y en el país requirente por su importación, pues la dualidad típica que el delito de tráfico podría encerrar queda desvirtuada ante la regla de intepretación que establece el art. 36, segundo párrafo, apartado a), inc. i. de la Convención Unica de Estupefacientes, celebrada en Ginebra en 1961 de la que surge que los delitos allí enumerados deben considerarse como infracciones distintas, si son cometidos en diferentes países.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, testamentos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aguirre, María Azucena c/ Gándara de Casares, Gloria Susana s/ Nulidad de testamento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-12-03

Resulta una cuestión de hecho apreciar si existieron maniobras dolosas que acarrean la captación de la voluntad de la causante.
Prisión domiciliaria, condiciones personales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rezett, Fortunato Valentín s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-10

El reconocimiento del derecho a cumplir la prisión preventiva en el domicilio de quien reúne, en principio, las condiciones personales tenidas en cuenta por el legislador al regular su otorgamiento, no puede ceder por la sola gravedad de las imputaciones que se le dirigen o por la elevada sanción penal que le impone una sentencia, por cuanto valorar estas circunstancias en forma negativa sin ningún otro elemento de juicio que acompañe el intelecto sobre el que se edifica la decisión -aumento del peligro de fuga-, lo cual torna inaplicables las estrictas razones humanitarias que animan el instituto.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García, Héctor c/ Aybar, Marcelo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-19

El vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada -normal- entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquella -arts. 1068, 1074, 1109, 1111, 1113, 1114 Cód. Civil-; y para ello no podrá dejar de valorarse el cuadro total de la conducta de todos los protagonistas desde una perspectiva integral (S.C.B.A. Ac. 35531, 35822 y 36006 del 27-5 -86).
Honorarios del martillero, acreedor hipotecario, suspensión de la subasta
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO FRANCES SA c/ SUSZCZYK, ALEJANDRO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-09

Resulta improcedente que al acreedor hipotecario citado en una ejecución promovida por un banco, se lo intime al pago del honorario fijado a favor del martillero actuante cuando, -como en el caso-, se verifica que la designación del auxiliar fue instada por la entidad bancaria para hacer efectiva la sentencia de remate dictada, máxime, si el ejecutante solicito la suspensión del remate una vez depositados fondos, con base en resultarle "antieconómica" su realizacion.
Asociaciones sindicales, encuadramiento sindical, acción meramente declarativa
Materia: LABORAL
Carátula: Círculo  Oficiales de Mar c/ Unión de Trabajadores Entidades Deportivas y Civiles s/ acción declarativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-29

Los arts. 59 y 62 de la ley 23.551 regulan un sistema imperativo de solución de las controversias de encuadramiento sindical que no puede ser soslayado y que conlleva tanto la intervención del órgano de cúpula en la esfera asociacional, como la actuación de la autoridad administrativa. En mérito a ello, resulta inadmisible una acción declarativa como la deducida ya que ello implicaría transgredir el diseño de composición de tales controversias, puesto que la finalidad de la acción es el cese de una incertidumbre que hace a la relación entre la apelante y la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, situación que sólo podría obtenerse en un pronunciamiento referido al encuadramiento mismo.
Auxiliares de la medicina, ópticos técnicos, lentes de sol
Materia: CIVIL
Carátula: Sportfila  S.A.  y otro c/ Estado Nacional (PEN.) s/ acción meramente declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

La exigencia de que las lentes de sol sean expendidas por profesionales ópticos (arts. 68 y 70 de la ley 17.132) no resulta irrazonable, en tanto son susceptibles de ocasionar daños a la salud.
Legitimación procesal, sentencia no firme
Materia: PENAL
Carátula: A. B., M. s/abuso sexual c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-01

Ricardo Matías Pinto, en disidencia, indicó que si bien compartía lo sostenido por sus colegas en punto a que no correspondería legitimar a la parte al sólo efecto de recurrir una resolución anterior, ello sólo se daba cuando el temperamento recurrido estaba firme, situación que no era la que tenían a estudio por lo que debía fijarse la audiencia que establece el artículo 454 del CPPN
Beneficios previsionales, divorcio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Urraza, Ana María c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-02

Aún mediando divorcio vincular -art. 31, ley 14394- los efectos de la culpa se proyectan para la determinación de los derechos previsionales. En consecuencia, y toda vez que el art. 52 de la ley 8587 ha excluido en forma expresa del beneficio pensionario a las hijas divorciadas por su culpa, no le asiste derecho a la actora en tanto el divorcio se decretó por culpa de ella por haber incurrido en la causal de adulterio.
Proceso penal, falta de acción, querellante
Materia: PENAL
Carátula: HERMELO, RICARDO s/ QUERELLA.    ACCION  PARA  QUERELLAR.  TITULAR.  ACCION  PROPIETARIA.  DIVISAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-28

Dado que el derecho a querellar nace de la lesión a un bien jurídicamente protegido y sólo corresponde a su titular y no a quien haya sufrido perjuicio, corresponde hacer lugar a la excepción de falta de acción y apartar al recurrente del rol de querellante, porque si bien el poderdante fue quien se encargó de la contratación para el envió de las divisas reclamadas, la titular de la acción es únicamente la propietaria de las divisas, que es la única que puede constituirse en acusadora particular.
Audiencia, comparecencia del procesado
Materia: PENAL
Carátula: Pedreño, Mario J. y otro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-17

Es infundado el planteo vinculado a la violación del art. 8 del Código procesal -según ley 3589 y sus modif.- si antes de la primera de las sentencias de la Cámara se dio cumplimiento a lo impuesto en la citada norma. Y la circunstancia de haberse integrado dicho tribunal, respecto de la segunda sentencia -debida a la aplicación del art. 2 del Código Penal en función de la derogación del art. 38 del dec. ley 6582/1958 por ley 24721-, con sólo dos de los magistrados que dictaran la primera es irrelevante pues el tercero no gravitó decisivamente en el contenido del fallo en cuestión.
Deberes del juez, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

El primer método de interpretación al que cabe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a las palabras de la ley (Disidencia parcial del Dr. Gustavo A. Bossert).
Pena, individualización de la pena
Materia: PENAL
Carátula: FLORES CARLOS ANTONIO s/ ABUSO DESHONESTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-09

En orden a la pena a aplicar, tengo en cuenta su falta total de antecedentes, su condición socio cultural, practicamente un marginal, analfabeto, los informes positivos hacia la persona del encartado efectuados por los testigos, las demás pautas mensuradoras de los artículos 40 y 41 del Código Penal, lo cual me lleva a proponer la pena de ejecución condicional ya que atendiendo a lo expuesto, en modo alguno justifico en este supuesto su prisionalización.
Empleo público, relación de dependencia, actos jurisdiccionales
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Cicero, Carlos Alberto y otros c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Las cuestiones introducidas recién en oportunidad de la presentación del recurso de inconstitucionalidad constituyen una reflexión tardía que veda la posibilidad de que puedan ser tratadas en esta instancia extraordinaria. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhieren los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Concursos, privilegios (comercial), acreedores del concurso, acreedor laboral, prorrateo
Materia: COMERCIAL
Carátula: RE Y SOL - SOCIEDAD ANONIMA - MANSILLA, Juan C. s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

Existiendo pluralidad de acreedores de origen laboral en idéntica condición, y no apareciendo suficientes los fondos para atender a todos ellos, debe practicarse prorrateo.
Filiación, prueba de histocompatibilidad, presunción de paternidad
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ Filiación Extramatrimonial - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-06-26

La presunción adversa al accionado que crea la ley, cuando en un proceso sobre filiación éste se niega a la prueba de histocompatibilidad (H.L.A.), no vulnera garantías constitucionales, justamente, porque nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, y porque representaría un acto de violencia física, es que no se ejerce compulsión sobre el litigante para obtener la muestra de sangre destinada a la prueba biológica. Lo que la ley 23.511 y la opinión pacífica de jueces y autores hacen, es interpretar, conforme a la lógica más elemental el significado, la razón de ser de una conducta procesal asumida por la parte.

El adelanto científico permite que en los juicios de filiación la comprobación de la existencia del vínculo biológico ya no quede sujeta sólo a elementos hipotéticos, como son los hechos de la vida, sino que se cuente con una prueba biológica, como es la de histocompatibilidad (Human Lymphocyte Antigen), que, con márgenes de acierto que oscilan -conforme a las publicaciones científicas específicas- entre el 96 y 99.9 por ciento, permiten señalar si entre determinadas personas existe o no un vínculo de filiación.
Uso indebido del espacio público, Transporte, admisibilidad del recurso, recurso de inconstitucionalidad, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Uber y otros c/  s/ s/ 83 - usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) (art.86 según TC Ley 5666 y modif.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

El objetivo de la doctrina de la arbitrariedad, conforme su desarrollo jurisprudencial expuesto en precedentes de la CSJN, es atender casos en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la sentencia fundada en ley que exige la Constitución Nacional (Fallos: 308:2351, 2456; 311:786; 312:246, 608 y 323:2196, entre otros). (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Informe general del síndico, falta de impugnación, rendición de cuentas
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONCORFIN S.A. c/ BANCO CENTRAL DE LA REP■BLICA ARGENTINA s/ RENDICION DE CUENTAS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

De acuerdo a lo preceptuado en el art. 41 de la ley 19.551, el deudor o eventualmente su socio mayoritario -la actora-, si hubieran querido, podrían haber examinado el informe que prevé el art. 40 (Cámara, "El Concurso Preventivo y La Quiebra", Depalma, 1984, II, pág. 733 y 787, punto a); Williams, "El Concurso Preventivo", Plus Ultra, 1975, pág. 222) dado que, como lo dice el primer autor citado, "tiene mucho interés en todas las cuestiones relacionadas con el informe, tanto desde el punto de vista económico como personal" pudiéndolo observar íntegramente, es decir, "en todos y cada uno de los temas, causas de desequilibrio económico, composición del activo y pasivo y los valores de realización del último" (ob. cit. pág. 788).

La detenida lectura del informe del síndico en confluencia con los incisos del art. 40 de la ley de concursos, lleva a la conclusión de que el pedido de rendición de cuentas que motiva estas actuaciones, involucra el mismo período que abarca el informe sindical, por lo que, al margen de que -según lo confiesa la accionante-impugnaron en la quiebra los estados contables, balances, inventarios y demás presentaciones efectuadas por la sindicatura o si, como lo presumo, no lo hicieron, lo cierto es que, de última, tuvieron oportunidad de haberlo hecho. Entonces, lo que se intenta por esta vía del pedido de rendición de cuentas, es retrotraer una situación ya considerada judicialmente en sede del juez de la quiebra y que desembocó, de acuerdo a las constancias de autos, en el pedido fiscal para que se califique la conducta de la fallida y la de los miembros del directorio respectivo como fraudulenta y culpable y fraudulenta respectivamente.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, concesión comercial, restaurantes, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: HARASICH DE MERCADO, VICENTA Y OTRO c/ GALIMBERTI P. Y COMPAÑIA SAICF. Y OTRO s/ DESPIDO - COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-27

La empleadora que presta servicio de comedor a su personal incorpora esa prestación a las condiciones laborales de la empresa, pasando a integrar dicho servicio su actividad normal y, por lo tanto, resulta responsable solidariamente por los empleados ocupados en el referido servicio por el concesionario (conforme artículo 30 LCT.) (Conforme Sala VII, sentencia 6954, 31 de agosto de 1984, 'Solar, Ramón Emilio c/ Reynoso Marciano y otros s/ despido').
Recurso de inconstitucionalidad, competencia de la Corte Suprema, acción de amparo, acto administrativo, Municipalidad, intendente
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CARDEMA SRL c/ MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA s/ RECURSO DE AMPARO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 515-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-07-20

Si la materia que se llevó a los tribunales ordinarios por la vía del amparo (artículo 17 de la Constitución provincial) prima facie, sería de competencia originaria y exclusiva de la Corte (artículo 93 inciso 2 de la constitución provincial), negar la admisión del recurso de inconstitucionalidad, cuando el amparo fue acogido, importaría declinar la competencia de este tribunal y aceptar la que se han atribuido los órganos jurisdiccionales ordinarios, sin el análisis que sólo podrá efectuarse al tratar el recurso concedido En el caso, a través del amparo incoado contra el decreto del intendente de una municipalidad se cuestionó la legitimidad, competencia y observancia de la forma y límites constitucionales y legales del obrar del ente municipal por el que intimaba a la actora, en un plazo improrrogable de diez días, a la desocupación de determinadas calles, facultando al ejecutivo a efectuar la apertura de aquéllas, si la orden fuera incumplida.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-16


2º Instancia. - Buenos Aires, marzo 16 de 2009.

Y VISTOS:

I. Apeló Juan Carlos Fioriti, quien adujo ser locatario de un inmueble de propiedad del fallido, la resolución de fs. 464/465 que declaró resuelto el contrato acompañado y lo intimó a depositar los cánones adeudados desde el decreto de quiebra. Sus fundamentos de fs. 469/471 fueron respondidos por el síndico a fs. 473/474.

A fs. 477/478 se agregó el dictamen fiscal.

II. El recurso ha de prosperar en forma parcial.

Señálase que no se comparte la decisión de rescindir el contrato del juez a quo.

Conforme lo establecido por el art. 157 LCQ el contrato de locación continúa produciendo sus efectos legales -en los casos en que no ha sido controvertida la ocupación con anterioridad al auto de quiebra-, resultando además que la pretensión de desalojar al locatario por la falta de pago de los cánones es una acción que debe incoar la sindicatura (arts. 110 y 182 LCQ) más no ante el fuero concursal (Cfr. Heredia, Pablo "Tratado Exegético de Derecho Concursal" tomo 5, ed. Abaco, año 2000) A similar solución se arribaría, si -como señaló el juez a quo- la suscripción del contrato se considerara celebrada dentro del período de sospecha, pues no es este el marco en que dicha declaración deba efectuarse (cfr. art. 119 LCQ) De tal modo, la pretensión de desalojar al recurrente deberá encauzarse por las vías pertinentes.

b) Diferente suerte correrá el agravio del locatario referido a la intimación a efectuar el pago de los cánones adeudados.

El recurrente se anotició de la existencia del proceso falencial en el acto de constatación efectuado por la sindicatura en el aludido inmueble (ver fs. 248 vta./249), ello además de la publicación edictal cuyo efecto erga omnes (cfr. arts 88, 89 y ccdes. LCQ) no puede ser soslayado.

En tal contexto, no pudo ignorar que debió efectuar tales pagos a la quiebra -síndico- (art. 109 LCQ) y no al fallido, resultando que su apuntado conocimiento del estado de falencia impide relevarlo de sus consecuencias.

En tal contexto, los pagos realizados al fallido que se encontraba desapoderado, resultan ineficaces (LCQ 107 y 109) (en similar sentido: CNCom. esta Sala "in re" "Esses, Víctor s/quiebra s/incidente de realización de bienes" del 18.05.07) Por lo dicho, fue bien decidida la intimación al recurrente para que deposite los cánones que aun adeuda a la fallida por los meses en los que continuó utilizando el predio.

III. Se estima en forma parcial el recurso de fs. 467. Con costas en el orden causado. Notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho. Cumplido, devuélvase encomendándose al a quo las notificaciones. El doctor Bargalló actúa de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones 261/06 y 261/07 del Consejo de la Magistratura y los Acuerdos del 15/06/06 y 01/06/07 de esta Cámara. -María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. -Miguel F. Bargalló. -Ana I. Piaggi.
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: TOOL RESEARCH ARGENTINA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO      EXPTE NRO 165-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-24

La instancia de Alzada es de orden público, dimana de la ley y no de la voluntad de las partes y por lo tanto, debe el órgano jurisdiccional de segundo grado verificar aun de oficio y previamente a la cuestión de fondo, si la interposición del recurso ha sido hecha por parte legítima, dentro del plazo que fija la ley, en contra de una resolución recurrible y por el medio técnico idóneo para su apertura.
Tentativa, pena, robo calificado
Materia: PENAL
Carátula: AVILA, JORGE s/ EXSORCION  -  TENTATIVA  -  DELITO  FRUSTRADO - DELITO EXPERIMENTAL -  PARTICIPACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-09-06

La redacción del art. 44 del Código penal es confusa. Si bien esta norma dispone "...se disminuir a de un tercio a la mitad..." esto no significa de por sí llevar el mínimo a dos tercios y el máximo a la mitad.

La realidad que plantea el permanente comportamiento de hechos no consumados con escalas penales inadecuadas elevadas, se inclinará a rechazar la aplicación de esta última tesis.

Quizás, sería más sano proveer un esquema más amplio que permita aportar una solución justa y adecuada al mayor universo posible de situaciones que pueden presentarse.

Si se piensa en el robo calificado de automotor en grado de tentativa, cuyo mínimo por aplicación de esta teoría sería de seis años, cuando en realidad sólo se corrió un peligro, censurable desde luego, pero no se padeció un daño ni perjuicio patrimonial alguno.

Quizás el autor, teniendo en cuenta las particulares circunstancias que rodearon al suceso merezca esa sanción o una m as grave, pero quizás no la merezca esa y es por esta posibilidad siempre latente, de estar ante hechos cuyo autor deba ser penado con una pena mayor a la del mínimo, es que me inclinan a rechazar la interpretación del art. 44 en la forma aludida.

Las razones expuestas me conducen a aceptar una cuarta interpretación de la norma en examen, que reconozco minoritaria, pero considero m as equitativa, según la cual para el delito tentado los topes de la escala estarán compuestos por el tercio del mínimo - como límite menor -y la mitad del máximo como límite mayor.
Protección del medio ambiente, evaluación del impacto ambiental, desmonte de bosque nativo, audiencia pública, nulidad de la resolución
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Mamani, Agustín Pío y otros c/ Estado Provincial - Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales y la Empresa CRAM S.A. s/ recurso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-05

Corresponde declarar la nulidad de las resoluciones mediante las cuales la provincia otorgó las autorizaciones de desmonte cuestionadas si omiten la mención de las observaciones que surgen de las inspecciones previas realizadas en el predio, comprenden una superficie mayor a la detallada en el estudio de impacto ambiental y no surge de las constancias de la causa que se hayan celebrado las audiencias públicas antes del dictado de las mismas.