Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08


G., R. A.

Reg.: A y S t 212 p 156-160.

Santa Fe, 8 de marzo del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de R. A. G. contra la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2004, dictada por la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Santa Fe en autos "G., R. A. -Abuso deshonesto y exhibiciones obscenas- (Expte 534/04)" (Expte. C.S.J. Nro. 157, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisorio de fecha 14 de diciembre de 2004, la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Santa Fe resuelve -en lo que aquí es de interés- confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto condena a R. A. G. por el delito de abuso deshonesto calificado reiterado (Arts. 45, 127 última parte y 55 del Código Penal), le impone la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y hace lugar a la acción civil promovida, con costas (fs. 9/16 vta.).

Contra dicha resolución, la defensa técnica interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 26/45 vta.).

Afirma que la sentencia ha venido a conjugar en su seno a casi la totalidad de las hipótesis jurisprudenciales de arbitrariedad reconocidas, que se resumen en la existencia de una fundamentación meramente aparente.

Sostiene que el fallo omite el tratamiento efectivo de la crítica minuciosa formulada contra la sentencia de primera instancia, consistente en que ésta debía reunir los requisitos del artículo 402 del Código Procesal Penal pero carecía de la debida motivación, conculcaba el debido proceso e incurría en arbitrariedad.

Manifiesta que los planteos no tratados se dirigían a indicar que se había prescindido de establecer las encontradas posturas de las partes, como límite del objeto procesal sobre el que debía producirse el conocimiento, y que se había dispensado del requisito de expresar razonadamente los hechos que se consideraban probados, declarándolos pero sin establecerlos.

Considera que ninguna de la sentencias tiene concreta y correctamente manifiesto cuál hecho individual considera probado y en base a qué, y agrega que los jueces se sintieron dispensados de verificar y determinar explícitamente cuál verbo o adjetivo preciso hacía que se configurara el hecho incriminado en el artículo 127 del Código Penal y no se preocuparon de decir si efectivamente hubo violencia, minoridad de doce años, privación de la razón, una situación irresistible o si el acometimiento fue intimidatorio.

Señala que en todo momento, como argumento central, había planteado que para resguardar la necesaria bilateralidad dentro de los límites de los planteos de las partes, había que ver que en verdad la hipótesis fáctica construida por el fiscal no se correspondía con ningún supuesto delictivo y perfilaba -en todo caso- una vía de seducción, situación que debía merecer debido tratamiento; pero la substracción que de la misma se hizo en realidad llevó a la adjudicación caprichosa de los supuestos delictivos, en un caso de reformatio in pejus prohibida.

Apunta que la Sala prescindió de ubicar debidamente la achacada ausencia de debida motivación como causal de nulidad e indica que la resolución desbarata al más mínimo sentido común cuando, así como se respaldó que al fallo a quo le faltara expresar la prueba precisa, qué de ella se atendía, cuál tipo de convencimiento producía y qué extremo fáctico se consideraba sucedido, hizo a su tiempo lo propio al simplemente señalar los números de fojas de los autos, cual si esa fuera la sentencia.

Reitera que, con notabilísimos defectos, se dijo que habían sucedido cinco hechos pero no cuándo, cómo, dónde y de qué manera, ni se establecieron la causa fáctica ni la necesaria correspondencia legal que tendrían con la norma del artículo 127, como requisito que además de un tocamiento se le sume una situación propia a cualquiera de los tres incisos del artículo 119 al cual remite.

Estima que se verifica una palmaria prescindencia de un correcto y concreto tratamiento de los elementos de juicio en el sentido que la lógica jurídica precisa, al no saberse la razón por la que, por ejemplo, las esposas -si ultrajadas- no recurrieran de común en pedido de auxilio, de queja o al menos para imponer de los hechos a sus esposos, si estaban presentes en el lugar de los sucesos, sin que se puedan explicar conductas diferentes.

Se interroga si el hecho de que las denunciantes se valieran de testigos que adjetivaron de bestia y diabólico al encausado -a cuyo coro llegarían a sumar hasta a su defensora de confianza- no perfila el complot del que hablan los feligreses.

Alega que la Alzada también se substrae de tratar debidamente el planteo contra el carácter efectivo de la sanción -que contraría el precepto del artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto a que la pena no es castigo- y advierte que desde la denuncia habían transcurrido casi diez años, y cuatro se evaporaron con los autos a fallo, a lo que se sumaba como efectiva pauta legal que la conducta posterior era intachable.

Argumenta que, con idéntico dogmatismo, la Sala confirmó el aspecto civil pecuniario, dispensando a los actores de identificar precisa y debidamente la reparación pretendida, ya que lejos está de ser legítimo que el arbitrio se aplique prudentemente por el órgano de la jurisdicción, si se pauta o depende de hechos que se sostienen y pruebas que se producirán, cosa no acaecida. Se agravia de que el magistrado dejó de mensurar las verdaderas pautas y pruebas propuestas y producidas, y que nunca conoció cuánto se pretendía y por cuál alegado daño, lo que es visible en tanto el fallo se substrajo de considerar los rubros que fueron pretendidos, que se dejaron sin cuantificación sin causa alguna.

2. La Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Santa Fe, por auto de fecha 20 de abril de 2005, resuelve denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad, entendiendo que la pretensión del impugnante endereza a someter el caso a una tercera instancia (fs. 60/61 vta.).

Tal denegatoria motiva la presentación directa del recurrente ante esta Corte (fs.

65/71 vta.).

3. El examen de los agravios contenidos en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad, en contraposición con los fundamentos de la resolución atacada, revela que aquel fue bien denegado por el A quo.

En efecto, los planteos del recurrente -por lo demás, confusamente articulados- traducen una simple disconformidad con el criterio sustentado por la Alzada para confirmar parcialmente la sentencia condenatoria de primera instancia.

En primer término, cabe insistir en la confusa mezcla que exhibe el recurso deducido, entre afirmaciones dogmáticas respecto a los supuestos vicios que contendría el fallo impugnado y expresiones de desacuerdo en torno a la valoración de la situación fáctica y el plexo probatorio de la causa.

Testimonio de tal desorden resulta el párrafo en el que el recurrente expresa no saber "la razón por la que se habría creído ni en que grado o punto, a , p.e., los esposos..cuando si estaban en el lugar de los sucesos -como señalan-... lo razonable y común conforme la experiencia es que sus esposas, si ultrajadas, recurrieran de común en pedido de auxilio, de Más allá de lo apuntado, y luego de un trabajoso análisis del remedio intentado, resulta claro que -contrariamente a lo postulado por el impugnante- la Alzada dio respuesta en el fallo atacado a los cuestionamientos defensivos contra la sentencia de primera instancia, sin que pueda advertirse que en tal tarea haya traspasado los límites impuestos a los juzgadores por la Constitución y la ley.

Así, en torno al pedido de nulidad, la Sala suministró fundamentos por los cuales desechó el planteo -que se apoyaron en la circunstancia que "el juzgador de primera instancia evaluó los elementos de juicio conforme las reglas de la sana crítica y fundamentó sus conclusiones en los considerandos (fs. 738/739)", en que resulta "ajeno a esta cuestión el tratamiento de los agravios que exteriorizan desacuerdo con el mérito probatorio" y en las consideraciones formuladas al tratar el fondo de la cuestión, a las que expresamente remitió-; los que no lucen insuficientes, absurdos o irracionales.

Luego, la Sala separó el tratamiento de las objeciones relativas al extremo penal de las referidas al aspecto civil.

Con relación al primero, se refirió de manera concreta a la alegada falta de detalles de los actos de abuso sexual reprochados, señalando que "en el pronunciamiento en recurso se identificó a quienes resultaron víctimas de exhibición obscena y de tocamientos inverecundos, con remisión a las fojas de donde resultan los detalles particulares, que se reclaman como ausentes", explicitando los medios de prueba que permitían tener por satisfechos los requisitos del artículo 402 del Código Procesal Penal y proporcionando diferentes razones por las cuales entendió "innecesario consignar el devenir de cada caricia impúdica y la mención del orden y los lugares en que las propinaba".

También explicó por qué concluyó que la prueba de cargo no alcanzó a ser desvirtuada por los testigos de la defensa.

Finalmente, se pronunció sobre la crítica a la calificación legal de los hechos, valorando que "la forma que observó el Inferior es correcta Con relación a la fijación del "quantum" indemnizatorio del daño moral, la Alzada dejó sentado que, "en cuanto refiere a la supuesta individualización de la pretensión", ésta "ha de tener fundamento en los hechos y el derecho, lo que está expuesto en el escrito de fs. 226/236", y que si "el apelante refiere a la falta de apreciación económica en el objeto del instituto procesal referido, aprecio que el demandante peticionó la indemnización de daños y perjuicios, como lo consignó y pidió el cobro de sumas de dinero 'cuya valuación judicial efectuará V.E.'". En base a estas consideraciones, y a que el A quo había acogido la petición en cuanto al daño moral, la Sala entendió que el supuesto "tiene previsión legal en lo dispuesto por el artículo 130 inciso 3º, 2º párrafo del C.P.C.C., aplicable conforme remisión del artículo 19 del C.P.P.".

Además, consideró que las sumas fijadas por el juez de primera instancia no resultaban injustas frente a "los sufrimientos psíquicos padecidos por las mujeres demandantes" y, citando los artículos 29 del Código Penal y 245 in fine del C.P.C.C., desechó el agravio del apelante.

Lo decidido por la Alzada coincide con el criterio adoptado por esta Corte en la causa "Villarruel", ante un planteo similar, oportunidad en la que se señaló que "carecen de sustancia constitucional en orden a operar la apertura de la instancia extraordinaria, los vicios dirigidos a cuestionar un supuesto exceso de jurisdicción en la decisión del Tribunal de segundo grado por decidir cuestiones no planteadas -... fijar el monto indemnizatorio sin que la actora hubiese determinado ni comprobado cantidades-, cuando el Tribunal A quo, en la denegatoria, ... -respecto del aspecto civil del fallo-, expresó que la condena recaída se había limitado al resarcimiento del daño moral concretamente reclamado, cuya existencia se acreditara precisamente con la acción antijurídica, y cuyo monto queda por ende reservado a la prudente ponderación judicial" (A. y S. T. 155, pág.

156).

En definitiva, los reproches que esgrime el recurrente -en el modo en que fueron expuestos- sólo exteriorizan su desacuerdo con el temperamento adoptado por la Alzada para confirmar parcialmente la decisión de baja instancia, intentando hacer prevalecer su propio enfoque de la solución que hubiese correspondido al caso -opuesto al del tribunal-, más sin lograr aportar razones valederas tendentes a persuadir a este Cuerpo acerca de que el A quo, en la apreciación de los hechos y del plexo probatorio y la aplicación de la ley penal sustantiva, hubiera incurrido en arbitrariedad.

Y es sabido que el acierto o error de los juzgadores en la realización de esa labor no depara caso constitucional idóneo para franquear la instancia extraordinaria, cuyo objeto es controlar la adecuación de la sentencia al ordenamiento jurídico fundamental pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional (A. y S. T. 95, pág. 341; T. 100, pág. 251; T. 202, pág. 453, entre muchos otros).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria).