Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-09


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 74103 SALA V. AUTOS: "HEGUI JUAN CARLOS C/ TIA MARUCA ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL" (JUZGADO Nº 70).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 9 días del mes de mayo de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el DOCTOR ENRIQUE NÉSTOR ARIAS GIBERT dijo:

Contra la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda se alzan todos los sujetos del proceso principal y, por sus honorarios, los peritos médico y contador.

En primer lugar ha de analizarse el planteo de la empleadora relativa a la prescripción de la acción de derecho común. En la medida que la actora optó por la acción extracontractual de derecho común, la misma corre la suerte de toda acción de derecho común.

El artículo 3949 señala:

La prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere.

Correlativamente el artículo 4017 establece:

Por sólo el silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley, queda el deudor libre de toda obligación. Para esta prescripción no es preciso justo título, ni buena fe.

En este orden de ideas, si se demanda por la vía de las obligaciones que nacen de los artículos 1113 y 1074 del Código Civil, la prescripción de la acción debe regirse por esas normas que establecen como dies a quo el haber dejado de intentar la acción (esto es desde que el daño se ha producido conforme lo normado por el artículo 3956) durante un lapso. Se requiere entonces el silencio y el transcurso del tiempo resultando indiferente el conocimiento que tenga la víctima del daño. Por este motivo al momento de la demanda ha transcurrido con exceso el plazo del artículo 4037 del Código Civil por lo que la sentencia debe ser modificada rechazándose la demanda en todas sus partes contra todos los sujetos por haber sido demandados ambos demandados como copartícipes en el ilícito y ser, consecuentemente solidarios. Por este motivo la prescripción aprovecha o perjudica a todos los deudores solidarios (artículos 713 y 3994 del Código Civil).

Por este motivo estimo que la sentencia de grado debe ser modificada, rechazándose la demanda en relación con el reclamo fundado en las disposiciones del derecho común en todas sus partes.

Atento el resultado de la causa en relación con el reclamo fundado en las disposiciones del derecho común y lo dispuesto por el artículo 279 CPCCN corresponde, dejar sin efecto la regulación de honorarios e imposición de costas, por lo cual se torna abstracto el tratamiento de los recursos planteados sobre el punto.

Por lo tanto, en cuanto a la acción fundada en las disposiciones del derecho común propicio imponer las costas de ambas instancias en el orden causado atento a que el actor pudo considerarse con mejor derecho para litigar (art. 68 del C.P.C.C.N.).

Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado del actor, de la demandada Tía Maruca Argentina S.A., de la codemandada Berkley International Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima, de la perito contadora, ingeniero y médico en las sumas de $ 24.700, $ 37.000, $ 37.000, $ 15.000, $ 15.000 y $ 18.000, a valores actuales.

En cuanto al reclamo por despido, se considera que los honorarios fijados al perito contador, los emolumentos fijados por la acción basada en las disposiciones del derecho común, el mérito y eficacia de la labor desarrollada por la experta, que la suma fijada en la anterior instancia resulta ajustada a las pautas arancelarias de aplicación, motivo por el cual corresponde confirmarla en esta instancia (artículo 38 de la L.O.).

EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I) Contra la sentencia de fs. 523/537 apelan Tía Maruca Argentina S.A. y Berkley International A.R.T. S.A. a tenor de los memoriales agregados a fs. 545/550 y 555/561, respectivamente, respondidos por la parte actora a fs. 566/569 vta. Los peritos médico y contadora, a fs. 540 y 543 respectivamente, cuestionan los honorarios regulados a su favor, por considerarlos reducidos. El actor apela a fs. 553/554. Oportunamente este tribunal devolvió las actuaciones al juzgado de primera instancia a fin de que constatara el cumplimiento cabal de lo dispuesto en los arts. 48, inc. ñ) y 119 de la L.O. respecto al recurso interpuesto por la parte actora (ver fs. 576). Conferido el traslado pertinente, fue respondido por las codemandadas a fs. 580/581 vta. y 583/vta.	II) Por razones de método, corresponde expedirse en primer lugar acerca del agravio articulado por Tía Maruca Argentina S.A. respecto a la excepción de prescripción. Coincido con la solución propuesta por mi distinguido colega preopinante con los alcances y por las razones que expondré seguidamente.	Constituye criterio reiterado de este tribunal que el plazo de prescripción de la acción de derecho común por la incapacidad derivada de un accidente de trabajo o de una enfermedad-accidente debe computarse desde el momento en que el trabajador pudo ejercitarla, luego de haber apreciado con objetividad la real magnitud del daño sufrido. Este plazo comienza a correr desde que el daño es cierto y susceptible de apreciación (conf. C.N.A.T., Sala V, sent. nº 71.722, 30/07/2009, "Benítez, Miguel Angel c/Belgrano Cargas S.A.", sent. nº 71.806, 15/09/2009, "Maza, Dalila Eusebia c/Danone S.A. y otros", sent. nº 73.154, 31/05/2011, "López, María Mercedes c/Hipódromo Argentino de Palermo S.A.").

Respecto a la responsabilidad extracontractual en general, nuestro Supremo Tribunal Federal ha señalado:

Si bien es cierto que en los casos de responsabilidad extracontractual el plazo de prescripción se computa, en principio, desde la producción del hecho generador del reclamo, su nacimiento está subordinado al conocimiento por parte del acreedor de ese hecho y del daño proveniente de él, conocimiento que debe ser real y efectivo (Fallos: 289:267; 293:347; 303:384; 308:2494), asumiendo desde ese momento el perjuicio carácter cierto y susceptible de apreciación para el reclamante (Fallos: 307:771 y 2048).

En lo que se refiere específicamente a la responsabilidad derivada de accidentes del trabajo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho:

En materia de accidentes de trabajo, lo correcto para el cálculo del plazo de prescripción es arrancar desde aquél hecho que precisamente determina la incapacidad en forma fehaciente (Fallos: 306:337), lo que requiere una apreciación objetiva del grado de incapacidad que ponga de manifiesto el cabal conocimiento de su invalidez por parte del accidentado, sin que pueda suplirse esta exigencia sobre bases inciertas que no demuestran de manera concluyente que el trabajador dejó transcurrir los plazos legales consciente de las afecciones que lo aquejaban (Fallos: 308:2077 y 311:2056).

La jueza de grado señala en lo pertinente:

".El accidente de autos ocurrió el 9 de mayo de 2006. Ahora bien, si bien se trata de un hecho puntual no es menos cierto que el actor se vio sometido a una serie de tratamientos y de procedimientos administrativos impuestos por la ley 24.557, que finalizaron con la determinación de una incapacidad parcial y permanente por parte de la SRT en fecha 4 de enero de 2008. A ello se agrega que la demandada lo despide en octubre de 2009, momento a partir del cual el actor se ve enfrentado con el mercado laboral, tomando conciencia de las serias dificultades para reinsertarse en él. A partir de ello debe considerarse que si bien el hecho que dio origen a las secuelas por las cuales se acciona en la presente causa tuvo lugar en mayo de 2006, el actor tomó cabal conocimiento de sus limitaciones físicas en enero de 2008 y de las laborales en octubre de 2009. Tomando cualquiera de estas dos fechas como de efectiva y fehaciente toma de conocimiento por parte del actor de su minusvalía, se observa que el reclamo de autos no se encuentra prescripto.".

Desde la perspectiva delineada precedentemente, considero fundada la petición recursiva efectuada al respecto por la codemandada Tía Maruca Argentina S.A.

Disiento de la conclusión de la magistrada de la instancia anterior según la cual la determinación de la incapacidad parcial y permanente del actor habría sido realizada por la SRT el 4 de enero de 2008, y que en esta fecha el Sr. Hegui habría tomado cabal conocimiento de sus limitaciones físicas, por las siguientes razones.

La nota de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo datada precisamente el 4 de enero de 2008, y acompañada por el propio actor, reza en lo pertinente:

"Trata la presente en relación a la contingencia que sufriera el 09/05/06 y atento que se comunicó que la Comisión Médica (CM) le determinó una Incapacidad Laboral Permanente Total Provisoria (ILPTP), la Superintendencia se acerca a Ud. a fin de informarle algunos datos que le serán de utilidad."	".Requerido a la Aseguradora que informara sobre el particular, la misma comunicó que, inicialmente, bajo el expediente 10D-L-03939/06, con fecha 29/03/07, la CM Jurisdiccional determinó una Incapacidad Laboral Parcial Provisoria (ILPPP), y un cese de la ILT el día 27/09/06, por lo cual la ART procedió a liquidar por el período Sep/06 (3 días) a Abril/07 la suma bruta de $ 4.220,94 y a partir de Mayo/07 hasta Julio/07, inclusive, la suma bruta mensual de $ 594,61. Posteriormente atento que la ART se notificó el día 02/08/07 del dictamen de la Comisión Médica (expediente 10D-L-02756/07) el cual le determinó una Incapacidad Laboral Permanente Total Provisoria (ILPTP), la misma comenzó a abonar una prestación dineraria mensual de $742,19." (ver fs. 107).

Por otra parte, a fs. 323 la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acompaña copia certificada de los expedientes médicos nº 10D-L-03939/06 y 10D-L-02756/07, no impugnados, ni redargüidos de falsedad en legal tiempo y forma (conf. arts. 386, 403 y concs., C.P.C.C.N., 993, 994, 995 y concs., C. Civ. y 155, L.O.).

De los expedientes precitados, incluidos en el sobre que corre agregado por cuerda, surge que la comisión médica pertinente el 29/03/2007 determinó que el actor padecía una incapacidad parcial, permanente y provisoria del 56,15%, decisión que fue notificada al Sr. Hegui el 26/04/2007, y que la comisión médica pertinente el 27/07/2007 determinó que el actor padecía una incapacidad total, permanente y provisoria del 70,30%, decisión que fue notificada al demandante el 2/08/07.

Sin perjuicio de las constancias precitadas, las que gozan de presunción de autenticidad por tratarse de copias certificadas de instrumentos públicos no impugnados ni redargüidos de falsedad oportunamente, el propio actor adjuntó el documento agregado a fs. 101 a través del cual la codemandada Berkley International A.R.T. S.A. le notificaba el 25/04/2007 la decisión de la comisión médica de otorgarle una incapacidad parcial, permanente y provisoria del 56,15%.

En este contexto, considero que el 2 de agosto de 2007 el actor tomó conocimiento en forma cabal, real y efectiva de los daños sufridos como consecuencia del accidente padecido el 9 de mayo de 2006, y en cuya virtud incoa la demanda que da origen a este pleito.

De ahí que la recepción de la nota de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo fechada el 4 de enero de 2008 no pueda ser tomada en este caso como punto de partida del plazo prescriptivo, pues a ese momento el Sr. Hegui ya tenía conocimiento de los daños padecidos y la acción destinada a obtener su reparación ya había nacido.

Por las razones expuestas, tampoco coincido con la decisión de la jueza a quo de situar el inicio del lapso de prescripción al momento del despido.

Teniendo en cuenta que el trámite ante el SECLO fue iniciado el 9/11/2009 (ver fs. 2) y que la demanda fue interpuesta el 28/12/2009 (ver cargo mecánico de fs. 8), a este último momento había transcurrido el lapso prescriptivo pertinente.

Propicio, en consecuencia, revocar la sentencia de grado, acoger la excepción de prescripción opuesta por la codemandada Tía Maruca Argentina S.A. y rechazar la demanda de reparación de daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo incoada por el actor contra aquélla codemandada, lo que torna inoficioso el tratamiento de los restantes agravios planteados en forma subsidiaria en el memorial de fs. 545/550.

III) Disiento, en cambio, de la solución propuesta en el primer voto en cuanto a la extensión de la prescripción respecto de la acción del actor contra Berkley International A.R.T. S.A., por las siguientes razones.

En el presente caso, la responsabilidad de ambas codemandadas es concurrente y no encuadra en las previsiones del art. 1.109 "in fine", C. Civ., ni, mucho menos, en las del art. 1.081 del mencionado ordenamiento jurídico.

Según caracterizada doctrina, son obligaciones concurrentes las que tienen un mismo acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causa y de deudor (conf. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", LexisNexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Quinta Edición, 2005, Tomo II - A, pág. 575).

En el mismo sentido, nuestro más Alto Tribunal reiteradamente ha sostenido que las obligaciones concurrentes -también denominadas in solidum-, son las que se caracterizan por la existencia de un solo acreedor, un mismo objeto, pero distintas causas con relación a cada uno de los deudores (conf. C.S.J.N., 25/09/2001, "Ahumada, Lía Isabel c/Buenos Aires, Provincia de y otros", 23/05/2006, "Tortorelli, Mario Nicolás c/Buenos Aires, Provincia de y otros", entre otros).

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que, a semejanza de las obligaciones solidarias, en las obligaciones in solidum, o concurrentes, encontramos pluralidad de sujetos deudores de una misma prestación, y la posibilidad del acreedor de reclamar íntegramente la prestación a cualquiera de ellos (conf. Moisset de Espanés, Luis, "Curso de Obligaciones", T. 2, Buenos Aires, Zavalía, 2004, pág. 77; C.S.J.N., 21/12/1989, "Buenos Aires, Provincia de c/Arturo Julio Sala").

Desde esta perspectiva, es necesario no confundir la coautoría de un cuasidelito en los términos del art. 1.109 "in fine" del Código Civil, con la responsabilidad concurrente que el ordenamiento jurídico atribuye a ciertas personas.

En el "sub-lite" el actor atribuyó responsabilidad a Tía Maruca Argentina S.A. en su calidad de dueña y guardiana de la cosa cuyo riesgo o vicio habría causado el daño alegado, y a Berkley International A.R.T. S.A. por el incumplimiento de los deberes jurídicos impuestos a su cargo por el sistema de prevención y reparación de daños derivados de riesgos del trabajo.

Estamos en presencia, por ende, de obligaciones concurrentes, pues la causa de cada una de ellas -responsabilidad objetiva fundada en el art. 1.113, C. Civ. en el primer caso, y responsabilidad subjetiva fundada en el art. 1.074 y concs., C. Civ. en el segundo- es distinta, sin que haya sido alegada ni tampoco probada la coautoría exigida por el art. 1.109 "in fine" del C. Civ.

Constituye criterio doctrinal consolidado que en las obligaciones concurrentes la prescripción actúa independientemente para cada deudor, y no son aplicables los arts. 713 y 3.994 del C. Civ. (conf. Llambías, Jorge Joaquín, op. cit., pág. 577, Borda, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", La Ley, Buenos Aires, 9° edición, 2008, Tomo I, pág. 459).

Por las razones expuestas, no cabe considerar prescripta, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 713 y 3.994, C. Civ., la acción incoada por el actor contra Berkley International A.R.T. S.A., máxime que esta última ni siquiera efectuó oportunamente planteo alguno al respecto.

IV) En el marco descripto precedentemente, corresponde expedirse ahora acerca de los recursos interpuestos por Berkley International A.R.T. S.A. y por el actor, los que serán tratados en el orden metodológico expuesto seguidamente.

V) Sin perjuicio de la prescripción de la acción incoada contra Tía Maruca Argentina S.A., llegan firmes a la alzada las siguientes conclusiones de la sentencia de primera instancia:

".El actor describe la mecánica del accidente y atribuye lo ocurrido al mal estado de conservación de la máquina, a su mal funcionamiento y a la falta de protecciones que impidieran que la mano del operario llegara a los rodillos. La demandada, por el contrario, atribuye el hecho a la negligencia y/o dolo del actor quien, supuestamente, decidió realizar un proceso de mantenimiento de la máquina sin detenerla y colocando voluntariamente su mano en un lugar evidentemente peligroso."	"Destaco, en primer lugar, que la propia demandada aduce que no era necesario colocar una protección en esa máquina pues, en condiciones normales, a nadie se le ocurriría colocar la mano donde la puso el actor. Ello resulta inadmisible ya que, ante un peligro de tal magnitud y que la propia empresa reconoce, debió extremar las protecciones de la máquina para evitar, justamente, imprudencias o negligencias. Así, debió al menos procurar un proceso de corte automático de aquella para el caso de que un operario negligente colocara su mano cerca de los rodillos."	".Finalmente, otro elemento que perjudica la postura de la demandada y que refuerza la del actor acerca de la peligrosidad de la máquina y de la falta de protección, es la reticencia con la cual se comportó la empresa frente al perito ingeniero. Ante los requerimientos del técnico la empresa negó toda colaboración. Así, nada se le informó sobre las características de la máquina de marras, sobre su modelo o marca, sobre la modalidad de trabajo del actor, sobre las condiciones del lugar donde ocurrió el hecho. El testigo BAEZ confirmó que la máquina no poseía protección y que los mecánicos la retiraban para que se trabajara más rápido."	"En síntesis, la propia demandada reconoció la peligrosidad de la máquina. Luego invocó culpa grave cercana al dolo por parte de la víctima, pero no lo probó. Finalmente, se mostró reticente frente a los requerimientos del perito ingeniero permitiendo presumir ciertos los vicios que el actor imputara a la máquina con la cual se accidentó y que el testigo BAEZ confirmó. A la luz de todo ello no cabe más que tener por demostrado que en la ocurrencia del infortunio intervino en forma directa una cosa riesgosa o viciosa, propiedad y bajo la guarda de la demandada (Tía Maruca Argentina S.A.) y de la cual extraía beneficio económico, sin que se haya demostrado culpa alguna por parte del operario en la mecánica de los acontecimientos." (ver fs. 534/535).

En este contexto, considero infundada la petición recursiva de Berkley International A.R.T. S.A. que postula la revocación de la condena impuesta en primera instancia.

Considero que el Estado Nacional ha delegado en las aseguradoras de riesgos del trabajo todo lo relativo al control y sujeción de los empleadores a las normas de higiene y seguridad, imponiéndoles a estos gestores privados del sistema diversas obligaciones de control y supervisión.

Desde esta perspectiva, se genera una ampliación de los sujetos responsables, de modo tal que deja de ser el empleador el único sujeto obligado en materia de prevención de riesgos laborales; por lo cual la omisión o cumplimiento deficiente de aquella función "cuasi-estatal", puede generar la responsabilidad de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, previa comprobación -claro está- de un nexo de causalidad adecuada con el daño sufrido por el trabajador.

Cabe destacar enfáticamente que uno de los objetivos esenciales de la ley sobre riesgos del trabajo es la reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos laborales (cfr. art. 1º, ap. 2, inc. a), ley 24.557).

En este marco, el sistema impone obligaciones concretas en cabeza de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

Así, el art. 4º, ap. 1º, ley 24.557 dispone en la parte pertinente que ".las ART están obligadas a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo.A tal fin, y sin perjuicio de otras actuaciones establecidas legalmente.deberán asumir compromisos concretos de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo."	Según el art. 31, ap. 1º de la ley citada, las A.R.T.:

".a) Denunciarán ante la SRT los incumplimientos de sus afiliados de las normas de higiene y seguridad en el trabajo."	".c) Promoverán la prevención, informando a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acerca de los planes y programas exigidos a las empresas.".

Asimismo, los empleadores, en el marco del sistema, tendrán derecho a recibir de parte de las ART ".asesoramiento en materia de prevención de riesgos." (cfr. art. 31, ap. 2º, a), lo que constituye correlativamente una obligación de dichos entes.

Por su parte, en virtud de lo dispuesto por el art. 18, dec. 170/96, las ART ".deberán brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados, en las siguientes materias: a) Determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los establecimientos del ámbito del contrato; b)Normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo; c)Selección de elementos de protección personal."	La omisión es causal cuando la acción esperada hubiere probablemente evitado el resultado; en otros términos, la relación causal se establece juzgando la incidencia que el acto debido, de ser realizado, hubiera tenido con respecto al resultado o a su evitación (cfr. Lorenzetti, Ricardo L, "Notas sobre la responsabilidad civil por omisión", Zeus, t. 33-D, p. 55).

Desde el punto de vista de la relación de causalidad, ese no hacer viene a ser una condición apta o adecuada para que el desmedro se produzca. Prueba de lo expuesto es que de haberse observado el comportamiento positivo que las circunstancias exigían se podría haber interrumpido el proceso causal, evitándose el desenlace dañoso (Goldenberg, Isidoro H., "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 212; López Cabana, Roberto, "Poder de policía y responsabilidad del Estado", en Alterini, Atilio A. - López Cabana, R., "Responsabilidad Civil", Diké, Bogotá, 1995, p. 380).

El tema que nos ocupa está estrechamente vinculado con la dilucidación de la responsabilidad por omisiones del Estado en el ejercicio del poder de policía de actividades privadas.

La peculiaridad del caso es que -como ya fue adelantado "ut-supra"- ese poder de policía -en materia de higiene y seguridad y de prevención de riesgos laborales- es ejercido, por delegación estatal, por una entidad privada con fines de lucro.

Resulta pertinente, por ende, el conocimiento de los criterios imperantes en esa materia.

Así, se ha señalado, con criterio que comparto, que a tenor del art. 902 del C. Civ., cuando un ente especializado y con competencia suficiente toma conocimiento de la actividad de un particular que puede causar daño a terceros y omite tomar las medidas necesarias para evitar tal perjuicio, cuando su actuar le está impuesto objetivamente por la ley que previó tal situación, no puede caber duda alguna sobre la jerarquía causal de la omisión (cfr. Schiavo, Carlos A., "Responsabilidades emergentes de omisiones en el ejercicio de control de las actividades aseguradoras", Rev. Jurídica Argentina del Seguro, La Empresa y la Responsabilidad", año V, nº 17/20, p. 103, cit. por Kemelmajer de Carlucci, Aída, "La responsabilidad del Estado por omisión en la experiencia jurisprudencial", en Bueres, Alberto J. - Kemelmajer de Carlucci, A (directores), "Responsabilidad por daños en el tercer milenio. Homenaje al Profesor Doctor Atilio Anibal Alterini", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 498 y nota 27).

En sentido concordante con estas conclusiones, recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: " Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gula Oil Argentina S.A. y otro" (T. 205. XLIV del 31 de marzo de 2.009) ha sostenido que: " ..no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales. Tampoco las hay, dada la variedad de estos deberes, para que la aludida exención, satisfechos los mentados presupuestos, encuentre motivo en el solo hecho que las ART no pueden obligar a las empleadoras aseguradas a cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a éstas que ejecuten sus trabajos por no alcanzar ciertas condiciones de resguardo al no estar facultadas para sancionar ni para clausurar establecimientos. Esta postura, sin rebozos, conduciría a una exención general y permanente, por cuanto se funda en limitaciones no menos generales y permanentes. Asimismo, pasa por alto dos circunstancias. Por un lado, al hacer hincapié en lo que no les está permitido a las ART, soslaya aquello a lo que están obligadas: no se trata, para las aseguradoras, de sancionar incumplimientos o de imponer cumplimientos, sino de algo que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos como medio para que éstos, y los riesgos que le son anejos, puedan evitarse. Por el otro, olvida que no es propio de las ART permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de denunciar resulta una de sus funciones preventivas".	En el marco de la mecánica del siniestro padecido por el actor descripta precedentemente, el plexo normativo precitado le imponía a Berkley International A.R.T. S.A. la obligación de ofrecer asistencia técnica al empleador en materia de selección de elementos de protección personal adecuados a las tareas cumplidas, efectuar capacitación de los trabajadores en materia de prevención de accidentes de trabajo, la elaboración de un plan de mejoramiento, así como también la obligación de denunciar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los incumplimientos de la empleadora, medidas legalmente exigibles a la aseguradora de riesgos del trabajo para prevenir eficazmente la ocurrencia de un accidente como el sufrido por el demandante	Sin embargo, la ART no produjo prueba alguna tendiente a demostrar el cumplimiento cabal de estos recaudos.

En efecto, si bien el perito ingeniero constató que el 19 de abril de 2006 la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada efectuó una visita al establecimiento de Tía Maruca Argentina S.A. donde prestaba servicios el actor al momento del accidente, detectó algunos incumplimientos y formuló una serie de observaciones y recomendaciones en materia de prevención (ver fs. 392/vta.), como señala acertadamente la jueza de primera instancia no surge que Berkley International A.R.T. S.A. haya efectuado ningún otro control al respecto y, justamente, fue la falta de protección de una parte de una máquina en movimiento la que causó las graves lesiones padecidas por el actor.

Por otra parte, y esto resulta decisivo, del detalle brindado por el ingeniero Vercesi a fs. 392/vta. no surge clara y concretamente que las observaciones y recomendaciones apuntadas se hayan referido específicamente a la máquina que lesionó al Sr. Hegui.

No favorece la postura de la recurrente el hecho de que el contrato de afiliación con la empleadora del actor "sólo" haya regido durante el lapso comprendido entre el 1/09/2005 y el 31/03/2007, pues lo trascendente es que ese vínculo estaba vigente al momento del siniestro.	Además, no hay constancia de que la A.R.T. haya efectuado denuncia alguna ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.	Por ello, en el presente caso, los incumplimientos por parte de Berkley International A.R.T. S.A. de deberes legales a su cargo guardan nexo de causalidad adecuada con los daños sufridos por el actor (conf. arts. 901, 902, 904, 1.074 y concs., C. Civ.).

El art. 901, C. Civ. establece:

"Las consecuencias de un hecho que acostumbre suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código `consecuencias inmediatas´. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman `consecuencias mediatas´. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman `consecuencias causales´"	El art. 902, C. Civ. dispone:

"Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos".

A su vez, el art. 904, C. Civ. reza:

"Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas".

Las consecuencias mediatas suscitan un mayor interés en este caso, porque son las que provienen de la vinculación del hecho del sujeto con otro acontecimiento. Este último, interpuesto entre el acontecimiento principal y la consecuencia, impone la responsabilidad, dentro de la teoría de la causalidad adecuada, si su autor debió preverlo, empleando la debida atención y conocimiento de las cosas (art. 904). Pero el juicio de la probabilidad de las consecuencias en abstracto debe llevarse a cabo teniendo en cuenta que el sujeto, por sus conocimientos, sus aptitudes o su actividad, poseía mayor idoneidad de previsión que un hombre medio.

Desde esta perspectiva, en virtud de los incumplimientos mencionados precedentemente, considero que ha mediado un nexo de causalidad adecuado entre los daños sufridos por el actor y los incumplimientos de Berkley International A.R.T. S.A.

No modifican la conclusión expuesta las manifestaciones vertidas por la recurrente a fs. 556/557 respecto a la declaración de inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1° de la ley 24.557 dispuesta en primera instancia, pues, más allá de la ausencia de agravio al respecto en los términos del art. 116 de la L.O. a la luz de la doctrina fijada por el Supremo Tribunal Federal en el caso "Aquino", la responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo en este litigio debe ser dilucidada en forma autónoma, por lo que la determinación del alcance y validez de aquella norma resulta irrelevante.

Por las razones expuestas, propongo la confirmación de la condena contra Berkley International A.R.T. S.A.

VI) Tampoco considero atendible el agravio de la aseguradora de riesgos del trabajo relativo a la incapacidad del actor.

En efecto, estimo que el apelante no logra rebatir con las exigencias impuestas por el art. 116 de la L.O. la conclusión adoptada al respecto por la magistrada de la instancia anterior con fundamento en el peritaje médico.

En el tramo pertinente de su informe el Dr. Sabelli señala:

".Del exhaustivo examen clínico, físico, funcional y de los estudios complementarios realizados al actor se puede determinar lo siguiente: el accidente relatado en autos le determinó una gravísima lesión de la palma de la mano (derecha) con sección de todos los colaterales venosos, arteriales y nerviosos de todos los dedos excepto del pulgar. Asimismo la sección de todos los tendones flexores superficiales y profundos de los cuatro dedos restantes. También lesiones severas capsulo-ligamentarias del pulgar e índice, sección en el pulgar de su tendón extensor largo, del tendón flexor largo y de la cápsula articular interfalángica del pulgar con pérdida de sustancia en cara dorsal de las falanges."	"En la actualidad y como secuelas determinadas por el accidente, el actor presenta una mano inútil funcionalmente, por grave disminución de la movilidad en sus dedos y por anquilosis (falta de la movilidad articular) en otros. Evidencia una hipertrofia muscular total de todos los músculos intrínsecos de la mano y una multiplicidad de cicatrices ya descriptas. Presenta graves secuelas sensitivas que lo pueden exponer a quemaduras y lesiones, por factores térmicos o mecánicos, ya que no los puede detectar; evidencia secuelas vasculares con frialdad de la mano y los dedos (debe usar guantes en forma permanente). Existe una gravísima alteración funcional del conjunto armónico de la mano, ya que se le hace imposible la realización de puño, garra y oposición con los dedos afectados. El fundamento de la razón funcional del miembro superior está en la movilidad de la mano y en la especialización que esta adquiera. La jerarquización anatómica de la mano radica en la especialización funcional de la misma y en la que toma especial importancia la movilidad del pulgar, que junto al índice se hallan afectados. Así, la pinza con el pulgar-índice y con los demás dedos es impracticable. Presenta una secuela estética evidenciada por las cicatrices, la actitud de la mano y dedos y la atrofia muscular."	".Todas estas secuelas le determinan al actor una incapacidad laboral física de tipo TOTAL Y PERMANENTE del 85% del V.O.T. según la Tabla del baremo del Dr. E. F. P. Bonnet. Por qué se da el porcentaje más alto: porque la mano no sólo es inútil funcionalmente, sino que para peor, presente graves secuelas neuro-vasculares que puede determinar lesiones tróficas cutáneas y de partes blandas.Considero inapropiada en el caso de autos la aplicación de la Tabla de Baremo de Ley 24.557 por no reflejar la minusvalía del actor, o sea que el dictamen de la Comisión Médica que le asigna un 70.30%, lo considero insuficiente. Respecto a la incapacidad previa al segundo accidente, es casi imposible su determinación, pero si trabajaba en tareas manuales luego del mismo, debía haber quedado con secuelas funcionales no muy graves, pese a las amputaciones de parte de las falanges distales de los dedos medio, anular y meñique."	"El actor no presenta antecedentes clínicos ni heredo-familiares relacionables al accidente, ni a las secuelas. La atención médica dispensada al actor fue la que se puede realizar en estos casos de heridas graves de mano."	"Considero al actor no pasible de ningún tipo de tratamiento quirúrgico y que no se halla en condiciones de aprobar un examen médico preocupacional."	"Durante el examen efectuado al actor se ha comparado el miembro afectado con el sano." (ver fs. 471/473).

Las impugnaciones efectuadas por Berkley International A.R.T. S.A. a fs. 482/483 fueron adecuada y fundadamente respondidas por el perito médico a fs. 487, y las manifestaciones vertidas a fs. 495/vta. sólo constituyen discrepancias dogmáticas que no logran conmover los sólidos argumentos científicos expuestos por el experto (conf. arts. 386 y 477, C.P.C.C.N. y 155, L.O.).

Las consideraciones vertidas a fs. 559/560 insisten en las discrepancias precitadas, pero -insisto- no controvierten con las exigencias impuestas por el art. 116 de la L.O. las conclusiones adoptadas por la jueza a quo con fundamento en el peritaje del Dr. Sabelli.

Postulo, en consecuencia, la confirmación de la sentencia de primera instancia en este punto.

VII) Previo al tratamiento del agravio de la aseguradora de riesgos del trabajo referido al monto de condena, me expediré acerca del recurso de la parte actora.

En cuanto a la cuantificación del daño material, es sabido que no debe aplicarse fórmula alguna en consonancia con los términos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL" donde se sostuvo que: ".El valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres." (A. 436. XL; Recurso de hecho: "Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL, del 8 de abril de 2008).

Sentado ello, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la edad del actor a la fecha de la toma de conocimiento de los daños sufridos como consecuencia del accidente, el salario mensual percibido, las secuelas psicofísicas verificadas, la perspectiva de ganancia de la que el trabajador se vio privado, la dificultad para conseguir empleo en virtud de su estado deficitario de salud, así como las diversas circunstancias de índole económico-social, atendiendo a las particulares circunstancias de la causa, estimo que la suma nominal fijada en la instancia de grado no es insuficiente para reparar el daño material comprensivo de todos los rubros antes aludidos.

Toda vez que la acción instaurada involucra la petición de la reparación integral del perjuicio padecido por el reclamante, considero que debe confirmarse la condena por el resarcimiento del daño moral, según lo ha reconocido la jurisprudencia uniforme de los tribunales que se consolida a través de la doctrina legal de la sentencia plenaria Nro. 243 del 25/10/82 in re: "Vieites, Eliseo c/ Ford Motor Argentina S.A." en tanto es sabido que el daño moral no requiere prueba especial y que los jueces gozan de un amplio criterio para su determinación. Por lo que teniendo en cuenta la naturaleza de la dolencia y las circunstancias personales de la actora, tampoco deviene insuficiente la suma estimada en la instancia de grado por la indemnización por daño moral.

Propicio, en consecuencia, la confirmación de la sentencia de primera instancia en este punto, dando tratamiento al denominado primer agravio de la parte actora.

VIII) En cuanto al inicio del cómputo de los intereses moratorios, no coincido con la solución adoptada por la magistrada de la instancia anterior, quien los hace correr a partir de la sentencia.

En efecto, en los casos en que se persigue una indemnización por los daños sufridos por el trabajador durante la relación laboral en virtud de circunstancias que determinan que las condiciones de trabajo imperantes o las cosas del empleador guardan vinculación causal con la manifestación de dicho daño, para determinar la época en que se produce el siniestro no puede omitirse considerar el momento en que se manifiesta el daño que se pretende resarcir. Esta manifestación, en términos absolutos, se produce cuando el trabajador advierte los síntomas de su dolencia que limitan a su capacidad laboral o tiene noticia cierta de la misma (conf. C.N.A.T., Sala V, sent. n° 71.406, 12/03/2009, "Elías, Ana María c/Caesar Park Argentina S.A.", entre otros), situación que en el presente caso se produjo el 2 de agosto de 2007.

En consecuencia, y dando tratamiento al denominado segundo agravio del actor, propicio revocar la sentencia de grado y disponer que los intereses allí fijados comiencen a correr el 2 de agosto de 2007.

IX) Estimo parcialmente atendible el agravio de Berkley International A.R.T. S.A. relativo al monto de condena.

En efecto, según el peritaje contable la codemandada precitada abonó al actor la suma total de $ 29.266,09 en concepto de reparación por incapacidad laboral permanente (ver detalle de fs. 263 y peritaje contable de fs. 266/273 vta.).

No obsta a la conclusión expuesta la impugnación efectuada por el actor a fs. 292 "in fine", por las siguientes razones.

En primer lugar, porque el actor admitió expresamente haber percibido la suma de $ 2.800 (ver fs. 7 vta. y 112 vta.).

En segundo término, el propio demandante acompañó un documento emanado de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (ver fs. 107) que da cuenta de la liquidación por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada de una suma superior a la admitida en el responde.

En virtud de lo expuesto, considero verosímil la información constatada por el perito contador.

De prosperar mi voto, corresponderá descontar del monto total de capital de capital e intereses calculados en la etapa del art. 132, L.O. la suma de $ 29.266,09.	X) La solución propuesta implica dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios dispuesta en origen en el reclamo por accidente de trabajo y proceder a su determinación en forma originaria (cfr. art. 279 C.P.C.C.N.), lo que torna abstracto el tratamiento de los recursos en ese sentido.

Teniendo en cuenta las particulares circunstancias del presente caso, en especial la existencia de daño derivado del accidente de trabajo y la controversia suscitada en torno a la fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción, considero razonable la aplicación de la excepción prevista en el último párrafo del art. 68 del C.P.C.C.N., y propicio distribuir las costas del reclamo contra Tía Maruca Argentina S.A. en el orden causado.

Estimo justo y equitativo imponer a Berkley International A.R.T. S.A. las costas derivadas del reclamo contra ella, incluidos los honorarios de los peritos médico, ingeniero y contadora (conf. arts. 68, C.P.C.C.N. y 155, L.O.).

Según jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal, la regulación de honorarios profesionales no depende exclusivamente del monto del juicio y de las escalas dispuestas en las normas arancelarias sino de un conjunto de pautas precisas previstas en los regímenes respectivos que deben ser evaluados por los jueces y entre los que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos realizados, la manera de arribar a una solución justa y mesurada acorde con las circunstancias particulares de cada caso.

Establecer los honorarios profesionales mediante la aplicación automática de los porcentuales fijados en la ley arancelaria, aún del mínimo establecido, puede dar por resultado sumas exorbitantes y desproporcionadas en relación con las constancias de la causa, no compatibles con los fines perseguidos por el legislador al sancionar la ley arancelaria ni con los intereses involucrados en el caso, ni con los parámetros del mercado de trabajo en general (conf. C.S.J.N., A. 70. XLI. R.O., 18/11/2008, "Astra Compañía Argentina de Petróleo c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales").

Las normas arancelarias deben ser interpretadas armónicamente, para evitar hacer prevalecer una sobre otra, con el propósito de resguardar el sentido que el legislador ha entendido asignarles y, al mismo tiempo, el resultado valioso o disvalioso que se obtiene a partir de su aplicación a los casos concretos.

Como principio general cabe sostener que los arts. 3º, incs. a), b) y g) del dec.-ley 16.638/57, 38 de la L.O. y 13 de la ley 24.432, configuran un bloque normativo con determinación de pautas para fijar los honorarios que debe ser analizado y ponderado en conjunto al momento de efectuar las pertinentes regulaciones. La escala dispuesta en el art. 3º, inc. a) configura una pauta general, una directriz, que permite verificar en cada caso concreto el grado de razonabilidad del resultado de la regulación.

El art. 13 de la ley 24.432 consagra en forma explícita la interpretación propuesta, ya que dispone que los jueces deberán regular honorarios a los profesionales, peritos, síndicos, liquidadores y demás auxiliares de la Justicia, por la labor desarrollada en procesos judiciales o arbitrales, sin atender a los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales que rijan la actividad, cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta, lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder.

En la cuestión de regulación de honorarios es de aplicación también el principio elaborado por el Supremo Tribunal Federal según el cual la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de los textos legales, sino que requiere del intérprete la búsqueda de la significación jurídica o de los preceptos aplicables que consagre la versión técnicamente elaborada y adecuada a su espíritu, debiendo desecharse las soluciones notoriamente injustas que no se avienen con el fin propio de la investigación judicial de determinar los principios acertados para el reconocimiento de los derechos de los litigantes (Fallos: 253:267, entre otros) (C.S.J.N., D.163. XXXVII. R.O., 14/02/2006, "D.N.R.P. c/Vidal de Docampo, Clara Aurora", en especial considerandos 10), 11), 12) y 13) del voto del Sr. Ministro Dr. Juan Carlos Maqueda).

Por otra parte, en el mismo sentido el art. 38 de la L.O. dispone en lo pertinente:

".Excepcionalmente, y por resolución fundada, estarán facultados (los jueces) para fijar, en relación con todo ello (honorarios de los letrados apoderados, peritos, expertos y demás auxiliares de la justicia), sumas inferiores a las que resultaren de la aplicación de los respectivos aranceles profesionales."	Teniendo en cuenta los criterios expuestos, la naturaleza, mérito, alcance y calidad de las tareas profesionales cumplidas, propicio regular por su actuación en primera instancia, a la representación y patrocinio letrado del actor, de la codemandada Tía Maruca Argentina S.A., de la codemandada Berkley Argentina S.A., del perito médico, del perito ingeniero y de la perito contadora, las sumas de $ 100.000, $ 100.000, $ 70.000, $ 30.000, $ 25.000 y $ 25.000, respectivamente, calculadas a valores actuales.

XI) Por idénticas razones, las costas de alzada serán distribuidas en la misma forma que las de primera instancia.

Siguiendo las pautas expuestas en el considerando anterior, sugiero regular, por la actuación en segunda instancia, los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de Tía Maruca Argentina S.A. y de Berkley International A.R.T. S.A. en las sumas de $ 25.000, $ 25.000 y $ 17.500, respectivamente, todas calculadas a valores actuales (conf. art. 14, ley 21.839).

XII) Teniendo en cuenta los criterios expuestos en los considerandos que anteceden, y las tareas profesionales cumplidas, adhiero a la solución sugerida en el primer voto, respecto al recurso articulado por la perito contadora contra la regulación de sus honorarios por la actuación relativa al reclamo de salarios e indemnizaciones derivadas del despido.

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO manifestó:

Adhiero al segundo voto, por análogos fundamentos a los que allí lucen, aunque con la siguiente aclaración en lo que respecta a su punto V.

Sobre la responsabilidad de Berkley International ART, sin perjuicio de mi opinión personal al respecto, considero que es insoslayable tomar en cuenta la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en el caso "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A." (sentencia del 31-3-2009), donde la mayoría de los miembros del Alto Tribunal estableció que no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona del trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquel, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el incumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales (considerando 8º); previamente dicho fallo había dejado constancia de las obligaciones impuestas por la ley 23.557 a las A.R.T. que incluyen adoptar las medidas necesarias para prevenir eficazmente los riesgos (art. 4.1), incorporar en los contratos un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad (art. 4.2) así como controlar la ejecución de dicho plan y denunciar todo incumplimiento (y de las normas de higiene y seguridad) a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art. 4.4) entre otros deberes -considerando 5º voto de la mayoría-.

Puesto que, en forma reiterada he indicado que como principio general corresponde acatar las doctrinas emanadas del Máximo Tribunal, y dado que en este caso en base a ello se torna procedente la responsabilidad -en los términos de la ley civil- de la ART, en atención a lo que se señala sobre la falta de acreditación del cumplimiento de las obligaciones que pesaban sobre la aseguradora (ofrecer asistencia técnica al empleador, elaborar plan de mejoramiento, denunciar ante la S.R.T. los incumplimientos del patrono), habré de sumarme a la propuesta del distinguido colega votante en segundo término.

En lo demás, como dije, por análogos fundamentos adhiero a lo propuesto por el Dr. Zas.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1) Revocando la sentencia de primera instancia, en cuanto condena a Tia Maruca Argentina S.A., admitiendo la excepción de prescripción opuesta por esta codemandada respecto del reclamo por accidente de trabajo. 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios con relación al citado reclamo. 3) Distribuir las costas de la referida pretensión en ambas instancias en el orden causado. 4) Confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto condena a Berkley Internacional A.R.T. S.A. en el reclamo por accidente, con excepción de los intereses que correrán a partir del 2 de agosto de 2007. Del monto de capital e intereses calculados en la etapa del art. 132 L.O. se descontará la suma de $ 29.266,09. 5) Costas y honorarios de primera y segunda instancia según lo sugerido en los considerandos X, XI y XII del segundo voto. 6) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

MLF Enrique Néstor Arias Gibert Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara María C. García Margalejo Juez de Cámara