marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, inundación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maggio de Larrosa, Josefa y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

No puede afirmarse que la única causa adecuada de la producción del daño sea la salinidad de las aguas provenientes del complejo lagunar, puesto que dicho caudal o masa líquida ingresó a los campos cuando los mismos se hallaban cubiertos con un gran volumen líquido proveniente de las lluvias y escurrimientos naturales, lo que habría diluido la salinidad a concentraciones mínimas. Además, si las aguas del complejo lagunar no hubieran encontrado ya el terreno con la gran masa de agua proveniente de causas naturales, hubiera ocupado un reducido espacio de superficie y los daños no serían de la magnitud de los reclamados.
Cuidado personal compartido, plan de parentalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., H. A. c/ C.,, A. s/ régimen de visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-01

El régimen de visitas no tiene raigambre matrimonial sino paterno -filial, no siendo indispensable ni necesaria para su andamiaje, la previa iniciación del trámite de divorcio. La ley 21.040 ha incluido el art. 376 bis en el Código de Fondo, el cual establece el derecho que aquí se reclama para aquellos parientes que se deban recíprocamente alimentos y no solo respecto de los arts. referentes al divorcio ( art. 236 inc. 1 C.C. )
Régimen penal tributario, responsabilidad penal de los directivos de empresas, prueba pendiente, sobreseimiento
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: GUARD S.A. s/ Régimen Penal Tributario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-20

Corresponde revocar la resolución que dispuso el sobreseimiento parcial en la causa y totalmente respecto de la imputada, que se fundara en que el delito investigado no fue cometido por aquella pues habría renunciado a su cargo en el directorio de la sociedad anónima en cuyo nombre se habrían llevado a cabo los hechos denunciados, dado que la denuncia efectuada y el informe producido por el organismo de recaudación se refieren a hechos que en parte habrían ocurrido antes de dicha renuncia y si bien no se han aportado elementos de juicio que indiquen que haya intervenido en el hecho en la forma prevista en el Art. 14 de la ley penal tributaria, tampoco puede descartarse que eso haya ocurrido, cuando ni siquiera se ha practicado la elemental averiguación de verificar los asientos hechos en el libro de actas previsto en el Art. 73 de la Ley 19550 (ley de sociedades).
Inadmisibilidad del recurso, suspensión del juicio a prueba, delitos contra la salud pública, inexistencia de cuestión federal suficiente, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Negrete, Sabrina Noelia c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-06

Es inadmisible el RE deducido contra la denegatoria del de casación contra el rechazo del pedido de suspensión del juicio a prueba -en virtud del riesgo generado a la salud pública por la comercialización ilegal de determinados medicamentos-, si la sustancia del planteo en que se funda no implica el debate de una cuestión federal, sin que se pueda hacer la excepción de la arbitrariedad de sentencia, por cuanto, en atención al carácter restrictivo de la admisión de dicha doctrina, para que prospere la impugnación con ese respaldo, es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida, que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual la defensa no ha conseguido acreditar en autos. (Dres. Gemignani, Hornos, Borinsky).
Jueces, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: DIAZ, RAMON HECTOR Y OTRO. c/ LA LUGUENZE S.R.L. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-10

Ocurre que el Tribunal de mérito tiene la más absoluta libertad para escoger los caminos que considere más convenientes para abordar y resolver el litigio llevado su conocimiento pero, siempre que no queden al margen de la decisión elementos que, por su trascendencia, resulten indispensables para emitir un juicio fundado sobre el tema en discusión, el cual no puede realizarse sin un examen completo de los hechos, pruebas y alegaciones pertinentes introducidas en el pleito por las partes.

Es así que el discurso del órgano jurisdiccional debe contener argumentos suficientes dirigidos a rebatir las razones relevantes esgrimidas por el litigante en sentido contrario a lo que se decide y apartarse fundadamente de los elementos probatorios conducentes acercados por aquél. Esta Corte ha sostenido que entre las facultades de los jueces de grado se encuentra la de valorar o no de manera expresa alguna probanza; es más, los magistrados no están obligados a ponderar, una por una, exhaustivamente, todas las pruebas agregadas a la causa. Pero lo que sí les está vedado es prescindir del plexo probatorio suministrado por el proceso a los efectos de dar basamento fáctico a la conclusión a que se arriba.

Es así que la arbitrariedad se configura cuando la consideración de elementos probatorios pertinentes ha sido injustificadamente omitida en la línea argumental del pronunciamiento cuestionado déficit que, desde esta perspectiva, cabe tener por existente en la especie de conformidad a los pasados desarrollos.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, juicios en que la Nación es parte, empresas del Estado, intervención de terceros
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Mavizaq  SRL c/ Gas del Estado -Soc. del Estado- s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

Es de la competencia originaria de la Corte la demanda deducida contra una sociedad estatal en la que se citó como tercero a una provincia, a los fines de conciliar el precepto del art. 101 de la Ley Fundamental respecto de los estados provinciales con la prerrogativa jurisdiccional que asiste a la Nación al fuero federal (art. 100 de la Constitución Nacional).
Interés legítimo, legitimación procesal, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S. G. SA c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Sumario (Daños y Perjuicios)"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-22

"...en el orden nacional, la interpretación predominante en la doctrina y jurisprudencia en materia de legitimación requerida para acceder a la instancia judicial ha sido aquella que limita la protección de los órganos judiciales a los supuestos en que se invoca la lesión de un derecho subjetivo. Se ha negado, en consecuencia, la procedencia de la acción procesal administrativa cuando quien demanda esgrime la lesión de un interés legítimo o, menos aún, de un interés simple".
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, apreciación del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: WUSSMAN, MONICA B c/ COSENTINO, LILIANA S s/ DESPIDO, PREAVISO, ETC.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 26-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-12-05

La discrepancia de la recurrente con la valoración de la prueba realizada por la Sala A quo, no es idónea para habilitar la instancia ante la Corte, prevista normativamente para el control de la legalidad de base constitucional de los pronunciamientos judiciales.
Recurso extraordinario, medidas cautelares
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: LOPEZ REGA, JOSE s/ ASOCIACION ILICITA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-22

Las decisiones en materia de medidas cautelares son en principio, ajenas a la instancia extraordinaria, salvo cuando media cuestión federal bastante para sustentar el recurso y los agravios expresados por el recurrente resulten posteriormente irreparables en atención a las circunstancias del hecho.
Seguro de desempleo, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines c/ Narvik S.A. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-03-27

Estando regida la retención y aportes del subsidio por desempleo en disposiciones especiales (leyes 23.551, 23.540 y 11.683), corresponde que los intereses ha aplicarse sean aquellos que dichas disposiciones, en forma especial, determinan para los supuestos de incumplimiento de la empleadora como agente de retención, con lo cual viene a producirse una excepción a la norma general que regla la ley 4.119.
Inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Basualdo c/ Hospital Interzonal s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-07-19

El Juez tiene como deber la custodia de la estructura piramidal del ordenamiento jurídico y no se lo puede obligar a que aplique una ley contraria a ese ordenamiento por el hecho de que las partes no plantearon la cuestión. Los Jueces pueden expedirse de oficio acerca de la inconstitucionalidad de una norma.
Costas, costas al vencido, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Taubert, Herman Arturo s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-02-28

La regla general estatuída por el artículo 68 del C.P.C.C. , establece que las costas se imponen al vencido en juicio. Si bien la segunda parte del artículo mencionado, faculta a los jueces a eximir total o parcialmente de dicha responsabilidad al litigante vencido;

esta facultad debe ser ejercida en forma restrictiva y excepcional sobre la base de las circunstancias fácticas o jurídicas que acrediten que la aplicación del hecho objetivo de la derrota se torna injusta.
Jubilaciones, prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: JOAQUIN ALBERTO SOBRINO s/ JUBILACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-11

La prescripción anual prevista en el segundo párrafo del art. 82 de la ley 18.037 -t.o. 1976- viene indicada para regir el pago de haberes devengados con anterioridad a la solicitud del beneficio, mientras que para los devengados con posterioridad a ese acto, el plazo por cuyo transcurso quedaría extinguido el crédito, es de dos años, conforme lo previsto en el párrafo tercero de dicha norma.
Recurso de casación, procedencia del recurso, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: VILLAVICENCIO MANUEL c/ CARPITENRIA DE MADERA DE M-MACEDO E HIJO s/ ACCIDENTE DE TRABAJO(INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-17

El Superior Tribunal debe revisar aquellas sentencias donde la inequidad es el resultado de la absurda valoración de la prueba.No demostrada la existencia de absurdo, la apreciación de la prueba es irrevisable en casación.
Privatizaciones, empresas del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, propiedad participada, compraventa de acciones, transmisión de acciones, trabajadores petroleros
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: MUÑOZ, Carlos Y OTROS c/ YPF YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA Y OTRO s/ Part. acc. obrero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-30

La fecha de corte a tener en cuenta para el trabajador que se desvinculó de la empresa con anterioridad al reclamo de las acciones clase "C", es aquélla en la cual se transformó la Sociedad Estatal en Sociedad Anónima, es decir, cuando se privatiza el ente en sí(no cuando se lo habilita para que en el marco de la ley 23.696 art. 9 párr. 21, anexo I párrafo III pueda concretar concesiones, asociaciones y/o contratos de locación en áreas de exploración y explotación o constituir sociedades mixtas para áreas de recuperación asistida). Dicha fecha es el 1.1.91 ya que la ley 23.696 del 17.8.89 sólo impone una decisión de carácter general y programática, implementada recién por el dec. 2778 del 31.12.90.

(Del voto de la Dra. Guthmann, en minoría).
Sentencia condenatoria, fundamentación de sentencias, prueba testimonial, interrogatorio de testigos, prueba de cargo, fallos de la Corte Suprema, defensa en juicio, tratados internacionales
Materia: PROCESAL
Carátula: S., E. s/ Queja en: 'S., E. s/Abuso sexual reiterado'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-02-15

Conforme los arts. 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la defensa tiene el derecho de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos.

En relación con tal normativa, este Superior Tribunal de Justicia es conteste con la doctrina que surge del fallo "BENITEZ" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que entiende contradicho tal derecho en la medida en que el tribunal de juicio funde la sentencia de condena en prueba de cargo decisiva que la defensa no tuvo oportunidad adecuada de controlar.

De tal modo, "... el derecho de examinación exige que el imputado haya tenido - una oportunidad adecuada y apropiada para desafiar y cuestionar a un testigo o cualquiera que hubiera hecho declaraciones en su contra.
Exceso ritual manifiesto, procedimiento administrativo, recursos administrativos, plazo, seguridad jurídica
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Galateo, Angel Alberto Mario c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ  Nº 559-86) Ingeniero Pell Construcciones S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 28-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-18|1994-09-07

La exclusión de la rigurosidad en el procedimiento administrativo no puede llegar a la permanente inseguridad procesal, es decir a la paradoja del legal incumplimiento de las normas que rigen el procedimiento administrativo y establecen plazos para recurrir. Aun los autores que excluyen el principio de la preclusión del procedimiento administrativo, afirman que ello no puede cubrir el incumplimiento de las cargas y los plazos; la solución contraria importaría fomentar el capricho o la desidia del administrado.
Honorarios, regulación de honorarios, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Capital Compa!ía de Seguros c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ cumplimiento de contrato y cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

A fin de establecer la base regulatoria no deben acumularse los intereses al capital.
Beneficio de litigar sin gastos, tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: García Ríos, Carlos Enrique c/ Pride International SA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-11-22

Si el actor obtiene beneficio de litigar sin gastos y son impuestas las costas a la contraria, la tasa debe pagarse de conformidad con el monto de sentencia o transacción, no pudiéndose reclamar a aquel el pago de la diferencia.
Prueba, apreciación de la prueba, libre convicción
Materia: PROCESAL
Carátula: M., S. M. c/ Central de Taxis R.H. SH s/ Cobro de Pesos -Laboral-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-27

Sentís Melendo explica que el principio de la libre apreciación de la prueba, o sea el que deja al juez la facultad de medir sin trabas legales de ninguna especie, el mayor o menor valor que pueda tener determinado medio de prueba con respecto a su convicción, es sin duda el que ha sido adoptado por nuestro Código del rito en consonancia con la doctrina y legislaciones más modernas. Añadiendo al respecto que "...es claro que así sea, porque es el que, en principio, se conforma más a la realidad de la vida, tortura menos la conciencia del juez y evita la posibilidad de consagrar una oposición entre el convencimiento humano y el jurídico,...".
Declaración indagatoria, dictadura militar, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Godoy, Pedro Santiago y Feito, Alfredo Omar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-30

El apodo "Cacho", cuya identificación con el encausado fue cuestionada por la defensa, fue acreditado por el a quo en base a declaraciones indagatorias de otros imputados y los datos aportados por testigos-víctimas. No puede dejar de atenderse a las especiales circunstancias que rodearon los hechos investigados -y que se advierten en todas las causas en las que se investigan los atroces hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar-, el tiempo transcurrido desde aquéllos hasta que las víctimas prestaron sus declaraciones, la subjetiva apreciación de cada uno de los damnificados, todo lo cual dificulta contar con testimonios contundentes y excesivamente precisos -como exige la defensa-, pero ello no le resta validez ni importancia a sus dichos, los que deben ser valorados a la luz de la sana crítica racional y en conjunto con la restante prueba. Resulta acreditado que, más allá que la prueba producida en autos, cabe afirmar, sin lugar a dudas, la identificación del imputado con el apodo "Cacho", su presencia en los centros clandestinos de detención Banco y Olimpo, y su grado de colaboración dentro del plan criminal, ya que, además, la defensa no logró rebatir los sólidos argumentos brindados por el tribunal a quo, sino que sólo manifestó su desacuerdo con las conclusiones arribadas por aquél.
Prueba testimonial, parentesco, testigo prohibido, divorcio, separación de hecho, deber de fidelidad, injurias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: NN s/ Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-09-01

1- Los familiares más cercanos al matrimonio son por lo general los únicos que conocen los hechos que configuran causal de divorcio, acaeceres propios de la intimidad familiar que todos procuran disimular frente a terceros, por vergüenza y, a menudo, en un esfuerzo por salvar el matrimonio que sólo cesa al tiempo de demandar. Siendo así, prescindir de su declaración importa renunciar al conocimiento del a verdad y, con ello, a la solución justa del caso.

La salvaguarda de los vínculos familiares, ratio legis de la prohibición contenida en el art. 309 del C. de P.C., cede en este caso ante la necesidad de un justo desenlace frente al desmembramiento de la familia, quiérase a no consumado con motivo del divorcio (art. 310 inc. 2 C.P.C.).

2- La ley no ha suspendido específicamente la vigencia de los derechos y deberes propios del matrimonio durante la subsistencia del vínculo matrimonial. En las relaciones personales de los esposos está, en principio, excluida la operatividad de la autonomía de la voluntad.

Sin embargo, no puede ignorarse que el cese de la cohabitación entre los cónyuges, sea decidido de común acuerdo o unilateralmente, provoca un "relajamiento" del vínculo que determina que se "aflojen" los lazos jurídicos que perviven entre los esposos desunidos.

Es que el nivel de exigencia no puede ser el mismo, y esto se traduce en la práctica, en la adopción de un criterio restringido en el juzgamiento de las presuntas transgresiones posteriores al cese de la convivencia.

Así no todas las conductas tendrán virtualidad para implicar una violación al deber de fidelidad, sólo aquéllas que impliquen un franco desprecio al debilitado vínculo matrimonial subsistente podrán configurar la injuria grave.

Pretender que el deber de fidelidad subsista luego de producida la separación de hecho con la misma intensidad y modalidades que durante la convivencia contradice pautas morales y sociales asumidas por nuestra realidad cultural. Que la cónyuge, seis meses después de separada de hecho entable una relación afectiva con otro hombre, desarrollada discretamente y sin más exteriorización pública, no es visualizado socialmente como un agravio al honor, y, por tanto, mal puede configurar injuria grave en los términos del art. 202 inc. 4 del Cód. Civil. Ello al menos mientras no haya sido invocada y probada una singularidad en la "educación, posición social y demás circunstancias de hecho" (art. 202 inc. 4 CC) que, en el caso particular, permita atribuir entidad injuriante a una conducta que no la tiene para el común de la gente.
Robo con armas, arma blanca, lectura de derechos, declaración indagatoria, nulidad procesal, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VARGAS, Omar F. y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-15

Si el encausado, en momentos en que fue aprehendido presentaba una herida en su pierna derecha motivo por el cual se requirió su traslado al hospital, la posterior confección del acta de detención y lectura de derechos al nombrado realizada en el citado nosocomio no acarrea sanción de nulidad sino que, atento a las circunstancias en que se produjo su detención, resultaba prudente que la lectura de sus derechos se efectuara luego de ser trasladado y recibir atención médica pertinente con la finalidad de que el encausado se encontrara en condiciones aptas para comprender los hechos que se le imputaban y las garantías que lo asistían.

Tampoco puede acogerse favorablemente el agravio invocado por el enrostrado relativo a que cuando se le recibió declaración indagatoria no se le habría señalado en forma precisa la prueba que existiría en su contra, en tanto en atención a los principios de trascendencia y conservación de los actos procesales, la nulidad peticionada requiere de un perjuicio que justifique el interés jurídico de su declaración, que no se observa si el imputado se negó a prestar declaración indagatoria.

Aun cuando no se halla secuestrado el arma utilizada en el robo perpetrado, si de los testimonios surge la utilización de una cuchilla de mango color blanco, se encuentran reunidos los elementos del tipo penal del art. 166, inc. 2º del C.P. se encuentran satisfechos y la calificación legal ha sido bien escogida.

Por ello, corresponde confirmar el procesamiento decretado en orden al delito de robo con armas.
Leyes, aplicación de la ley, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: Elicabe, Eduardo Fermín s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-30

Atacándose un acto jurisdiccional dictado con anterioridad a la fecha señalada como de inicio de las actividades del Tribunal de Casación Penal, es decir cuando todavía no se hallaba vigente el recurso que posibilita la actuación del órgano en el proceso, la resolución debe expedirse por el rechazo del remedio intentado, habida cuenta el principio de irretroactividad que gravita en los casos de sucesión de leyes procesales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excarcelación, robo calificado
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MARTINEZ, CARLOS MARCELO s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-03-08

Si al acusado se le atribuye el delito de robo calificado por escalamiento (C.P., arts. 167 inc. 4to. en función del art. 163, inc. 4to.), teniendo en cuenta la escala penal con que en abstracto se encuentra reprimido dicho ilícito, personalidad moral del acusado, que el mismo carece de antecedentes penales computables, escaso daño patrimonial causado -el damnificado recuperó todos los efectos sustraídos- y demás pautas de mensuración de los arts. 40 y 40 del C.P., se presume que en caso de condena, al acusado se le impondrá el mínimo de la pena (tres años de prisión) (C.P.P., art.

315, ley 7139), lo que torna improcedente la excarcelación.-
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, recursos, improcedencia del recurso, agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: MAMANI, JOSE c/ CASTRO, SILVIA DEL VALLE s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-09-06

Es insuficiente el recurso que no impugna eficazmente la sentencia recurrida por lo cual deben quedar firmes las conclusiones del fallo no atacado en forma idónea por ser ineficaz el recurso que hace caso omiso a los fundamentos del fallo que ataca limitándose a una repetición de los argumentos ya vertidos en la instancia de origen" (J.A. 1975-388).