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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones procesales, concurso preventivo, síndico del concurso, remoción del síndico del concurso
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Empresa Constructora S.G.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Concurso   preventivo. Incidente remoción síndico (Expte. CSJ Nº 528-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-14

No merece reproche constitucional la decisión de la Sala que declara mal concedidos los recursos de apelación y nulidad del auto que rechazó el pedido de remoción del síndico del concurso, fundamentándola en que las resoluciones que disponen la remoción del síndico son apelables (artículo 279, ley 19551; artículo 255, ley 24522), pero no así las que rechazan el pedido de remoción al no estar prevista su expresa apelabilidad en dichas normas; añadiendo además -en el auto denegatorio- que tal interpretación judicial es preexistente en el futuro. Además, las alegadas particularidades del caso en estudio resultan insuficientes para persuadir de que lo resuelto por la Sala merece ser descalificado por desbordar los límites de lo razonable, si en el decisorio se puntualizó que la inapelabilidad para el caso en que el Juez rechaza la remoción lleva el propósito de evitar las dilaciones que acaecerían en el proceso concursal si se admitiera formalmente la apelación, por la perduración de la incertidumbre acerca de quien desempeña el rol clave de síndico.
Ley provincial, escribanos públicos, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abud, Jorge Homero y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ declaración de inconstitucionalidad ley 10.542.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-01

La ley 10.542 de Buenos Aires es inconstitucional.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Núñez, Eduardo Filemón c/ Becerra, Enrique y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Determinar si medió relación causal entre la utilización del arma reglamentaria portada por el agente de policía y el daño, constituye una cuestión de hecho.
Honorarios del perito, cobro a las partes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vitelli, Norma s/ Incidente de  verificación de crédito en Frigorífico Marejada s/  concurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-26

Por principio, sea el carácter de la prueba individual o común, el derecho del perito a reclamar el pago de los gastos y honorarios devengados puede ejercerse indistintamente contra cualquiera de las partes, quienes se han beneficiado por la labor pericial, sin perjuicio del derecho de éstas de repetir entre si, según sea el cargo de las costas.
Pensiones, separación personal, cónyuge culpable, cónyuge inocente, prueba insuficiente, denegatoria del beneficio, cónyuge separado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALEGRE, ELVIRA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-26

No habiéndose presentado pruebas fehacientes sobre la no culpabilidad de la peticionante en la separación matrimonial, debe confirmarse la resolución administrativa que denegó el beneficio de pensión derivado del fallecimiento del cónyuge por considerarla incursa en lo pescripto por el art. 1 de la ley 17.562. Ello así porque conforme la doctrina de la carga probatoria dinámica, los extremos invocados deben ser acreditados por la parte que posee un conocimiento directo de los hechos, no siendo justo ni eficaz requerir que el organismo desvirtúe las afirmaciones vertidas por la titular. (Del voto de la mayoría - argumento del Dr. Wassner - El Dr. Laclau votó en disidencia).
Cuestión constitucional, cuestiones de hecho y prueba, empleo público, remuneración, adicional por actividad crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Idalgo, Sergio Fernando y otros c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público - diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Corresponde rechazar el recurso de queja articulado por el GCBA pues no logra configurar de manera clara y precisa un caso constitucional, ni demuestra la arbitrariedad de la sentencia en crisis. En este sentido, el decisorio que el GCBA cuestiona -en cuanto dispuso abonar el adicional por área crítica a los enfermeros de las áreas de terapia intensiva- se basó en aspectos de hecho, prueba y derecho infraconstitucional que, por regla, no corresponde revisar a este Tribunal por vía del recurso de inconstitucionalidad. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Competencia provincial, lugar del hecho, administración fraudulenta, AFIP DGA
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Alvarez Valdés, Horacio s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-19

Corresponde a la justicia provincial y no a la nacional, continuar entendiendo en la investigación de las irregularidades cometidas por un dirigente de la Asociación de Empleados de la Administración Nacional de Aduanas - Subdelegación de San Antonio Oeste -, asociación que, según afirma el denunciante, se habría visto damnificada por el delito de administración fraudulenta. Ello es así, pues tal delito debe estimarse cometido en el lugar donde se ejecuta el acto infiel - en el caso San Antonio Oeste - aún en el supuesto de que el organismo social tenga su sede en extraña jurisdicción.
Compraventa inmobiliaria, bienes gananciales, asentimiento del cónyuge, falta de asentimiento
Materia: CIVIL
Carátula: I.R.V. c/ P.E.M. s/ SUC. S-ESCRITURACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-06

Si se prometió en venta un inmueble referente a la mitad indivisa de un bien ganancial a nombre del marido y la cónyuge no prestó el asentimiento a que alude el artículo 1277 del Código Civil, esa omisión no implica liberar sin más al vendedor, que silenció esa circunstancia, pues -en el mejor de los casos- debe considerarse que asumió el compromiso de transmitir en tiempo oportuno la propiedad del inmueble vendido, previa gestión del asentimiento conyugal o la autorización pertinente del juez. Y en el caso de no obtenerlo quedará comprometida su responsabilidad, mediante el pago de los daños y perjuicios que ocasione a la adquirente la frustración del acto escriturario (conf. C.N.Civ. Sala C, E.D. 78-184; íd. Sala F, E D. 72-536; íd. L.L. 1977-D-692).

De otro modo se podría fácilmente violar la palabra empeñada, quedando en letra muerta las obligaciones contractualmente asumidas (artículos 1197 del Código Civil). La muerte del vendedor no altera lo expuesto, toda vez que, de acuerdo al artículo 1195 del Código Civil, los efectos de los contratos se extiendan activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales. Tanto el cónyuge, como el heredero no pueden alegar la nulidad o acaso inoponibilidad del negocio en su carácter de sucesor del causante (artículo 3417 del Código Civil y doctrina C.N.Civ. Sala C, E.D. 71 206). Y aún cuando la cónyuge, por derecho propio y como beneficiaria de la tutela del artículo 1277 del Código Civil pueda hacerlo, en tal hipótesis no existe obstáculo legal para que en el juicio de escrituración se dilucide su oposición, y para el caso de que la negativa no tuviera justa causa, el juez supla dicha negativa, puesto que el artículo en análisis no establece un trámite determinado, bastando la audiencia de partes (conf. C.N.Civ. Sala F, E.D. 50-340; íd. E.D. 72-536; íd. Sala D, L.L. 1977-D121; íd.

Sala B, E.D. 75-314; íd. Sala E, E.D. 78-313), lo que encuentra suficientes garantías en un juicio contradictorio, como lo es del de escrituración. La autorización puede conferirse a solicitud del acreedor de la obligación de escriturar, quien se subroga en los derechos del marido, siempre que medie intervención de las partes, a fin de que expongan sus defensas y reparos.
Contrato de trabajo, accidentes de trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, trámites administrativos, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Villalba  Miguel  Angel c/ Provincia  Art. s/ accidente accióncivil.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14

Tal como estableciera la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Castillo Ángel c/Cerámica Alberdi S.A." (del 07/09/2004), es inconstitucional el art. 46 inc. 1 de la ley 24.557 en cuanto dispone la competencia de la justicia federal para entender en los recursos deducidos contra las resoluciones de las comisiones médicas provinciales, pues no es aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias propias del derecho común -en el caso accidentes laborales- ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el art. 75 de la Constitución Nacional. La mencionada ley sólo regula relaciones entre particulares y de sus preceptos no aparece manifiesta la existencia de una específica finalidad federal que sustente una declaración de tal naturaleza. El art. 46 de la ley 24.557 afecta los principios del juez natural y de acceso a la justicia. Al establecer la obligatoriedad de una instancia previa al trámite y duración inciertos, constituída tanto por la intervención de la autoridad de aplicación en materia laboral, como por la esencial actuación de las comisiones médicas, impiden al trabajador ocurrir ante un órgano independiente para exigir la reparación de sus infortunios, restringiendo el acceso a la justicia, excluyendo a la justicia del trabajo y vedando el derecho a reclamar, en consecuencia, ante jueces naturales mediante el debido proceso.
Jubilaciones, pensiones, interpretación de la ley, acumulación de beneficios, aplicación de la ley previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Riccardi, Francisco Edgardo s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-05

Si bien la investidura otorgada por el decreto 9316/46, de "status" de jubilado a veces limita o anula la posibilidad de cobrar el haber jubilatorio -por disposición del art. 13, aplicable a quienes reingresan a una nueva actividad-, por otro lado atribuye el correlativo derecho -instituido por el art. 14-, a convertir el beneficio de jubilación voluntaria en jubilación ordinaria, si se reúne la antigüedad y edad requerida para ello, computándose los nuevos servicios y remuneraciones. En tales condiciones, si el interesado cumplió con los requisitos de edad y tiempo de servicios, el derecho que posee para transformar su beneficio en uno de mayor jerarquía no puede serle desconocido con fundamento en presuntas trabas de un convenio, cuya vigencia es posterior al momento en que adquirió dicho derecho como un componente de su "status" jubilatorio.
Facultades de la administración, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Olivera, Vicente Elvio c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-05-23

El principio de legalidad rige el quehacer de la Administración. No existen poderes ilimitados, y aún los que no corresponden a la actividad reglada, sino discrecional, no se consideran tales, sino simplemente imprecisos, pero en definitiva delimitados en su aplicación por diversas técnicas: las de acotamiento de las potestades discrecionales, la de los conceptos jurídicos indeterminados, y aún aquellos poderes que se consideran excepcionales -en situaciones de emergencia o necesidad- están ordenados en el tiempo y destinados a un fin específico que debe respetarse.-Todos a su vez, y en el devenir en mayor medida- sujetos a la revisión judicial.
Accidente de tránsito, lucro cesante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LEVA JORGE c/ MARIO O. PAEZ s/ Sumario (LIBRO: S129 - 073)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-02

Para pretender indemnización por lucro cesante, debe no sólo probarse con certeza el desarrollo de determinadas actividades, sino también sus características y, aproximadamente al menos, lo ingresos que ellas deparaban.-
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rottgardt, Marta del Carmen c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30

El derecho a la prestación jubilatoria móvil queda ligado a las variaciones que experimente la remuneración del cargo otrora desempeñado, por lo que si el cargo de Asistente Social ocupado por la reclamante no ha sido suprimido ni se han alterado sus funciones, producida la modificación en el sueldo del activo, el I.P.S. debió proceder a trasladar el aumento a los haberes jubilatorios (art. 50 del dec. ley 9650/80).
Derecho penal, principio de legalidad, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: V., L. y OTROS c/ S., J. y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- CALUMNIAS E INJURIAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 235 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-11

El diseño de los tipos penales y, en general, las condiciones deperseguibilidad penal de las conductas, son determinaciones del legislador que no agotan la tutela de los bienes jurídicos. En tal sentido, la legislación penal no crea bienes jurídicos, sino queéstos son creados por la Constitución, el derecho internacional y el resto de la legislación. En esos ámbitos se trata de bienes jurídicos tutelados. La ley penal sólo eventualmente individualiza alguna acción que lo afecta de cierto modo particular, pero nunca puede brindarle una tutela amplia o plena, dada su naturaleza fragmentaria y excepcional.
Derecho penal, amenazas, competencia por conexidad, improcedencia del recurso, archivo del expediente, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Zerpa, Santiago c/  s/ Coacción (art. 149 bis) s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-14

Corresponde atribuir la competencia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional si no hay evidencias que justifiquen la subsunción del episodio denunciado en el delito de usurpación (arts. 181, CP). (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Compraventa inmobiliaria, pacto comisorio, abuso del derecho
Materia: CIVIL
Carátula: Carino, Roberto Oscar c/ Rastelli, Luis Antonio s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-06

No parece que en este concreto caso configurara un abuso del derecho del vendedor el que haya resuelto el contrato pese al pago del 70 por ciento del precio estipulado. Ese importe no fue integrado en varios pagos sucesivos posteriores a la firma del boleto, sino con una entrega en ese mismo acto y otra mayor a los treinta días, pago este último con el que recién tuvo "principio de ejecución" el contrato; parece bien claro entonces que la importancia proporcional de estos pagos parciales -70 por ciento- no fue óbice para que las partes convinieran el pacto comisorio para el supuesto de incumplimiento de las restantes cuotas del precio. Al estipularlo de esta manera, el comprador no pudo dejar de advertir que la facultad resolutoria de su cocontratante quedaba prevista para operar en caso de que incumpliese él con las entregas mensuales destinadas a cancelar el restante 30 por ciento del total.
Fallo plenario, reforma legislativa, ley derogada, jurisprudencia, falsificación de cheque, cheque público, cheque privado, estafa, falsificación de instrumento privado equiparable al público
Materia: PENAL
Carátula: SERRANO BLACH, D. s/ FALLOS PLENARIOS. FALSIFICACION DE CHEQUE. CHEQUES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-26

1) Al derogarse una ley, el plenario que acompaÑó a la misma, también pierde vigencia y por lo tanto las Cámaras deben reunirse en pleno, en caso de jurisprudencia contradictoria de las distintas salas. Y esto es así porque la jurisprudencia interpreta dentro de la ley y no fuera de ella, o más allá de ella.

2) Respecto al problema de los cheques, cabe señalar que el art. 285 se refiere a los cheques oficiales y no a los privados, siendo de aplicación por lo expuesto el Cód. Penal en su reforma de la ley 23 077 y no la ley 21.338. Se condenó al procesado por el delito de estafa, en concurso ideal con falsificación de instrumento privado equiparado a público.
Sentencia, Estado Provincial, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Estado Nacional c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ nulidad por inconstitucionalidad ley 5379 y decreto 3017.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

La escasa cuantía del crédito -de cuya ejecución se trata- no constituye un óbice para proceder a su ejecución, ya que no se advierte de qué manera el embargo que ha sido decretado por el monto del crédito que la propia provincia señala como ínfimo, pueda deteriorar su contabilidad.
Recurso de inaplicabilidad de ley, jurisprudencia contradictoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VARIG (SA) s/ APELACION    RESOLUCION    DIRECCION   NACIONAL  DE  MIGRACIONES.   PROCEDIMIENTO JUDICIAL- RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY- FACULTAD  DE  LA  CAMARA  EN  PLENO  DE REVISAR LA EXISTENCIA DE CONTRADICCION. CRUZEIRO DO SUL s/ RESOLUCION  NRO.  2544  DE  LA  DIRECCION  NACIONAL  DE  MIGRACIONES-  PROCEDIMIENTO  JUDICIAL  RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-  FACULTAD  DE LA CAMARA EN PLENO DE REVISAR  LA EXISTENCIA DE CONTRADICCION-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-25|1986-09-25

De acuerdo a jurisprudencia plenaria de la Cámara, ésta se encuentra facultada para revisar lo decidido por las Salas en cuanto a la existencia de contradicción entre la doctrina sentada.

Se desestima el recurso de inaplicabilidad por inexistencia de contradicción.
Personas con discapacidad, cobertura médica
Materia: CIVIL
Carátula: B.N.D. c/ OSDE s/ Incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-10

La discapacidad certificada por la autoridad sanitaria sitúa al afiliado en el mercado jurídico de la ley 24.091; por lo tanto goza del reconocimiento diferenciado de derecho que el legislador le confirió a ese universo de personas al sancionar la ley 24.901. El contrato queda integrado, entonces, no sólo con las resoluciones administrativas concernientes a la actualización del PMO, sino también con dicha ley federal que hace inmediatamente operativa la obligación de los agentes de salud y de las empresas médicas de cubrir, en forma "integral", las prestaciones enumeradas a partir del artículo 14, como así también los servicios específicos contemplados en los artículos 18 y ss. de dicho plexo normativo.
Ejecución hipotecaria, excepciones procesales, inhabilidad de título, contratos comerciales, apertura de crédito
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: SIDERAR SAIC c/ COHEN FREUE, José y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-19

1- Una de las características centrales de todo título ejecutivo está dada por su autonomía con respecto a la relación sustancial que ha generado el crédito y su suficiencia, en cuanto a que de la sola lectura del título documentado deben surgir no sólo los sujetos legitimados sino también el monto del crédito o su fácil liquidación y su exigibilidad. Y a los efectos del art. 520 del Código Procesal la obligación es "fácilmente liquidable" cuando su determinación dependa de una simple operación aritmética, cuyas bases constan en el respectivo título.

2- Un contrato comercial de ap
Materia: CIVIL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Radio Pucará FM S.A. c/ Provincia de Catamarca y/o Estado Provincial s/ Cobro de Pesos s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-11-08

La incapacidad o falta de idoneidad que pudieran tener los funcionarios intervinientes, no excusa el deber de colaboración que asiste siempre al administrado cuando se vincula o celebra contratos con la Administración.

"La idea del particular como colaborador de la autoridad administrativa, se traduce en la proyección de efectos jurídicos que, por un lado, integran la esfera de derechos del particular, y por otro constituyen deberes a su cargo cuyo cumplimiento resulta exigible por la Administración.

Por eso, una consecuencia lógica derivada de aquella idea es que, cuando el administrado no actúa en coherencia con el rol colaborador que le corresponde, los efectos imputables a esa actitud son, correlativamente, disvaliosos". (Cassagne, Juan Carlos, Rivero Ysern Enrique, "El proceso de formación de la voluntad de la Administración en los contratos de la administración pública", páginas 651/656).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que ".el recurrente concurre como colaborador en la elaboración de la decisión administrativa aun cuando defiende sus derechos subjetivos." (CSJN, "Derusse de Fernández, Graciela B.c Provincia de Santa Fé", JA, 1987-I-589). Del voto del Dr. Cáceres.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, sentencia condenatoria, propiedad intelectual
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Martínez, Marcelo y otros s/ infr. ley 11.723 y 22.362 causa n° 27.009 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que condenó al imputado como autor del delito previsto en los arts. 71 y 72 bis, inc. d), de la ley 11.723 (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Nulidad procesal, agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Milagro Amalia Ángela Sala en la causa Sala, Milagro Amalia Ángela y otros c/  s/ p.ss.aa. de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-15

La declaración de la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto, y no procede su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la ley.
Leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Valeria Muñoz J. c/ Padilla Hector s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

En cuanto a la regulación de los honorarios conforme a lo dispuesto por la ley 24432, tratándose de normas procedimentales contenidas en una ley de fondo -a las que todavía no ha adherido la Provincia de Buenos Aires, pese a la invitación que en forma genérica se le hiciere (conf. art. 16), no corresponde tenerla en cuenta en punto a las limitaciones impuestas en su agregado al art. 505 del CCI, por cuanto la ley arancelaria 8904 mantiene su plena vigencia y es, en consecuencia, la normativa aplicable en materia de honorarios de abogados y procuradores (conf. arts. 5, 75 inc. 12, 121 Const. Nac.;

1º Const. Prov.,doc. Art. 1190 del CCI). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Emergencia económica, reordenamiento del sistema financiero, indisponibilidad de los depósitos, actos voluntarios
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez, Ramona Esther y otro c/ PEN - ley 25.561 dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo sobre ley 25.561
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

No es legítimo imponerle al reclamante la carga de demostrar que no había voluntariedad, pues es un hecho notorio y relevado de prueba, la existencia de una situación en la que los bancos no devolvían el dinero y que los depositantes no podían retirarlo de ninguna manera, salvo aceptando lo poco que se les daba, por lo que la ausencia de libertad plena deteriora la existencia de voluntariedad en el acto (Voto del Dr. Ricardo L. Lorenzetti).