Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2010-07-16


2º Instancia. - Resistencia, julio 16 de 2010.

A la cuestión planteada, la sra. juez Marta Alicia De La Vega, dijo:

I.-Contra la sentencia de primera instancia, que declara abstracta la excepción de prescripción, declara la inconstitucionalidad del tope establecido por el art.245 de la L.C.T. y hace lugar parcialmente a la demanda deducida por el Sr. Raúl Arnaldo Insfrán contra Cepas Argentinas Sociedad Anónima, condenando a esta última al pago de la suma de $41.537,64 y a la entrega de certificado de trabajo y de cesación de servicios y constancias documentadas de aportes previsionales, imponiendo costas y difiriendo su regulación, apela la parte demandada a fs. 705.

a) A fs. 738/744 y vta. se agravia en primer lugar respecto a la falta de consideración por parte de la juez a quo del convenio del 01.10.00 que refiere al cambio de funciones, en cuanto a que ésta sostuvo que carecía de entidad suficiente para tener por probado el cambio de tareas y el régimen laboral invocado, en cuanto no se demostró el cumplimiento de las formalidades mínimas instrumentadas para la protección del trabajador, registración en libro especial del art.52 L.C.T. y en el libro de viajantes de comercio, y con las testimoniales producidas concluye que el Sr. Insfrán cumplía funciones de viajante de comercio. Menciona párrafos del fallo sobre los fundamentos de la sentenciante sobre la no registración del convenio 01.10.00 en el libro del art. 52, y dice que ésta yerra tanto al sostener que dicho convenio debió registrarse para acreditar el cambio de tareas, como en la valoración de la prueba pericial contable y el sistema de registración de su parte. Respecto del convenio, destaca que la voluntad de las partes está expresamente prevista como fuente del derecho laboral en el art. 2 L.C.T. y en consecuencia un acuerdo sobre las condiciones de trabajo es en principio válido y que al no ser declarado inválido formalmente por la sentenciante el mismo debe reputarse como tal, toda vez que considera que no cabe tener por inválido un convenio de partes(art.1197 C.C.) si no es expresamente declarado judicialmente como tal, porque no es dable confundir la validez o invalidez de un contrato, con su fuerza probatoria en un juicio. Señala que el argumento utilizado por la a quo es aparente y en el fondo esconde arbitrariedad porque -dice- que el hecho de que su parte no llevara el libro del art. 10 de la Ley 14.546, no tiene implicancias jurídicas sobre la supuesta deficiente registración desde que aquel libro no se encuentra contemplado en el art. 7 de la L.N.E., ni tiene relevancia sobre la prueba de las tareas que cumplía el actor, ya que en ese libro no se registran esos datos. Además expresa, que la interpretación de la pericia no se condice con la práctica ni las constancias de la causa y que en el registro del trabajador no se incluyen tareas ni categoría, cuyos datos no deben constar en el libro del art.52 L.C.T. Cuestiona la interpretación dada por la sentenciante en lo que respecta a la registración de la categoría y tareas y dice que la rúbrica posterior al asiento no le quita valor probatorio al mismo. Agrega, que al momento del despido Insfrán estaba debidamente registrado y las interpretaciones de la sentenciante son erróneas al respecto, desvirtuando lo expuesto por el perito. Al efecto, critica la evaluación de la pericial contable. Remarca que el sistema remuneratorio que se acordó con el actor desde 01.10.00 no varió su monto, ni afectó el régimen indemnizatorio, ya que el mismo siguió vendiendo pero ya no como viajante sino por medio de telemarketing o sistema EDI por la computadora de la empresa, y que la indemnización se modificó por la inconstitucionalidad del art. 245 de la L.C.T. Refiere a que la sentenciante recurre a interpretaciones probatorias forzadas en lo que concierne a las testimoniales rendidas por los Sres. Uriarte y Fernández, ya que éstos contestaron sobre el estado de salud del actor y que indirectamente hicieron alguna referencia imprecisa sobre el trabajo de Insfran. No testificaron sobre las tareas cumplidas desde el 01.10.00 hasta su despido, cuando el último año de trabajo transcurrió desde el 24.02.00 hasta el 23.02.01 y el cambio de tareas ocurrió a partir del mes de octubre de 2000. No surge de los testimonios si el actor fue reemplazado por otro vendedor, ni las fechas en que ocurrió, las tareas realizadas por Fernández y si eran habituales. Concluye entonces que existió entre las partes un convenio de fecha 01.10.00, válido y que no vulnera el orden p blico y que el actor se encontraba debidamente registrado al momento del despido.

b) En segundo término su queja refiere a la declaración de inconstitucionalidad del art. 245 L.C.T. del fallo recurrido, en cuanto la Sra. Juez A-quo consideró la existencia de una desproporción entre el módulo utilizado para calcular la reparación por despido incausado $1.350,90 e importe de la mejor remuneración del último año $2.866,52, sosteniendo que dicha declaración carece de fundamentos que la justifiquen, extralimitándose la sentenciante al legislar un sistema que la ley no prevé. Señala la falta de consideración de las cuestiones introducidas por su parte en el pto.XIII de la contestación de la demanda.

c) Por último, se agravia por el incremento indemnizatorio del art.1 de la Ley 25.323, en cuanto alega, que tal lo expresado en el primer agravio no ha existido deficiencia en la registración, resultando el rubro condenado improcedente. Hace reserva de los recursos extraordinarios. Que a fs. 747/749, la actora contesta los agravios, solicitando en primer término la deserción del recurso, cuya pretensión se desatenderá por cuanto me encuentro enrolada en un criterio de amplitud para el análisis de los escritos recursivos, a fin de preservar el derecho de los litigantes a la instancia superior, por lo que aquéllos son admitidos siempre que reúnan las mínimas condiciones de fundamentación, con expresión clara de las partes del fallo que le agravian, crítica fundamentada de la valoración probatoria y cumplidas condiciones técnicas de admisibilidad, permitiendo al Tribunal su análisis y al contrario rebatir sus términos. A posteriori, contesta los agravios inferidos por la contraria, solicitando el rechazo del recurso incoado, cuyos fundamentos doy por reproducidos en ésta oportunidad por razones de brevedad.

II. Entrando al análisis de los agravios, en primer lugar he de avocarme al tratamiento del que refiere al cambio de funciones del actor, en virtud del convenio aludido por la demandada de fecha 01.10.00, toda vez que según ésta el demandante ya no ejercía tareas de viajante de comercio sino de vendedor por medio de telemarketing o por sistema informático, por lo que sus remuneraciones estaban bien abonadas y por ende la liquidación de las indemnizaciones y demás rubros de ley. Como asimismo la registración efectuada por la patronal estaba correcta, ya que no era necesario registrar las tareas realizadas por el dependiente en el Libro del art.52 de la LCT, ni era imprescindible llevar el Libro del art.10 de la ley 14.546 de viajantes.

En primer lugar es dable señalar que tal lo expresado por la juez a quo, el supuesto convenio referido por la recurrente (ver anexo 7 fs.119 del sobre n 10281 de la demandada), no es ni más ni menos que una nota de la patronal donde comunica al dependiente sobre las nuevas tareas a desarrollar a partir del 01.10.00, y las nuevas remuneraciones que percibiría a partir de esa fecha, nota esta que fue firmada por el actor donde dice "conforme", lo que no lo convierte en un convenio. Al respecto es importante destacar lo dispuesto por la nuestra Carta Magna en su art. 14 bis, y los Tratados Internacionales que conforme el art. 75 inc.22 de la C.N. adquirieron jerarquía constitucional, y lo dispuesto en base a tales premisas por la L.C.T. en su art. 12, en concordancia con otros de su normativa (arts. 7, 8, 9, 11, 13, 66, etc. de la ley 20744), en defensa de los derechos del trabajador, según el cual, será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en dicha ley, en los estatutos profesionales o en las convenciones colectivas, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derecho provenientes de su extinción -como ocurre en el caso en trato-. Esa limitación a la capacidad de negociación que tiene el empleado, establecida en su propio beneficio, alcanza no sólo a todos los actos jurídicos, concernientes a la formación y ejecución del contrato, sino también a aquellos que sean consecuencia de su extinción, ya producida ésta.

En tal sentido no podemos olvidar que la desigualdad de los contratantes no alcanza a ser equilibrada por el poder sindical, porque una cosa es el establecimiento de una norma y otra diferente es el cumplimiento, efectivo y la forma en cómo se desarrolla el contrato. En la confrontación del interés individual del trabajador con el poder del empleador de dirección y organización, siempre existirá un desequilibrio en favor de este último que sólo podrá atenuarse (no remediarse) mediante la interpretación más favorable al trabajador, es decir mediante el principio protectorio, contenido en las normas precedentemente citadas. Tampoco escapa al análisis, el hecho de que el actor haya prestado su conformidad a esa modificación de tareas y por ende de remuneraciones impuestas por la patronal-demandada, toda vez que dada la imperatividad del principio in dubio por operario, no es posible pretender aplicar en contra del trabajador la notificación de una decisión de la patronal como una expresión de voluntad, ya que es sabido que es éste quien fija las pautas del contrato y de la relación de trabajo y las actitudes del dependiente responden a que debe atenderse su hiposuficiencia ante las reglas impuestas por el empleador. Es por ello que la interpretación de dicho documento debe efectuarse teniendo como premisa el principio protectorio en pos de equilibrar la desigualdad jurídica del trabajador. Razón por la que conforme lo fallado por la juez inferior dicho pseudo convenio, carece de validez, a los efectos emergentes de la cuestión resuelta, respecto a las funciones cumplidas por Insfrán.

En cuanto a que el cambio de categoría o tareas, así como las remuneraciones no deben registrarse en el Libro del art. 52, es totalmente errónea la apreciación del recurrente, porque de la simple lectura de dicha normativa surge nítida su obligación en el inc. g) según el cual se debe inscribir la registración de todos los datos que permitan una exacta evaluación de las obligaciones a su cargo, en congruencia con los demás datos que establece dicho artículo y asimismo los demás que establezca la reglamentación. Es de destacar que la relevancia de la obligación patronal tiene dos aspectos bien diferenciados: por un lado, constituye el ámbito de contralor de la autoridad administrativa y por el otro, es un elemento de prueba frente a un conflicto entre las partes de un contrato de trabajo, por lo que resulta necesario contarse con el registro de las tareas y categoría que reviste el actor, ya que en caso de controversia es referente la registración asentada en dicho libro especial, que la ley prescribe.

Que la falta de registración de elementos esenciales del contrato de trabajo como son las tareas que realiza el trabajador así como las remuneraciones que se le abonan conforme aquéllas, son pruebas presuncionales en contra de la patronal, que tal lo expuesto por la juez a quo al examinar la pericial contable obrante a fs. 289/299 de autos, extrae que en la misma surge que las tareas desarrolladas por Insfrán fueron las determinadas por la sentenciante y no las administrativas de gestión comercial que pretende introducir la empresa recurrente, según el pseudo-convenio aludido de fecha 01/10/00. Por otra parte advierte el experto contable deficiencias en lo que respecta a la rubricación del Libro del art. 52 L.C.T. y que la empresa demandada no lleva el libro de viajantes porque no tiene personal bajo este régimen, lo que se contradice con las numerosas documentales aportadas por el actor. Surge de dicha pericia, además que el actor fue designado como Jefe de Negocios, modificándosele los rubros que incluían sus remuneraciones, ya que no cobraba más comisiones por ventas, ni por cobranzas instituyéndosele un básico de $433,44 más otro a cuenta de futuros aumentos por la suma de $2092,16. Ello determinó que no le fueran liquidadas las comisiones de los últimos meses. Al respecto se ha dicho, que además de inscribirse al dependiente en el Libro especial del art. 52 de la L.C.T., éste debe ir acompañado en su caso de registraciones especiales como el libro de viajantes (art.10 de la Ley 14.546), relativos a la forma y prueba de los contratos laborales.

Adunado a ello cabe mencionar las testimoniales de los Sres. Uriarte (fs252/252) y Fernández (fs.253/254), quienes han expresado que el actor continuó realizando las mismas tareas(viajante de comercio) hasta el fin del vínculo laborativo. Ergo, en virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el primer agravio inferido contra el decisorio primigenio.

b) En lo que respecta al segundo agravio en que cuestiona la declaración de inconstitucionalidad del art. 245 L.C.T., en lo que hace a su aplicación al pago de las indemnizaciones correspondientes al actor, abonadas por su parte, ya que consideró la existencia de una desproporción entre el módulo utilizado para calcular la reparación por despido incausado $1.350,90 e importe de la mejor remuneración del último año $2.866,52, sosteniendo que dicha declaración carece de fundamentos que la justifiquen, extralimitándose la sentenciante al legislar un sistema que la ley no prevé. Considerando el tenor de los agravios, importa subrayar, que el recurso de apelación, es una instancia en la que se debe efectuar una revisión crítica del razonamiento del juez primigenio, donde se ataca o destruye tal razonamiento; no es una instancia de reiteración de argumentos ya expuestos, o se efectúa una mera discrepancia con la solución arribada por la sentenciante sin argumentos valederos, buscando ganar una suerte diversa a la obtenida en origen, por lo que considero que la crítica expuesta por la parte recurrente, a mi modo de ver es una mera disidencia sin concretar los errores de la juez a quo, expresando un razonamiento paralelo y propio que sólo transmite objeciones y apreciaciones subjetivas.

No obstante, en homenaje a la Jurisdicción, comparto el razonamiento de la juez inferior. En ese sentido, y conforme lo pronunciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ("Vizzotti Carlso c/Amsa s/Despido"(del 14-04-04), según el cual sólo cabe aplicar la limitación a la base salarial prevista en el segundo párrafo del art. 245 de la L.C.T., hasta el 33% de la mejor remuneración normal y habitual computable. Por ello, considero que cabe receptar dicha doctrina, en la que el cimero tribunal funda su pronunciamiento en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y en tratados internacionales sosteniendo que el trabajador es un sujeto de tutela preferente y señalando que las garantías constitucionales de condiciones equitativas de labor y de protección contra el despido arbitrario suponen una protección en el caso.

Ya que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye una función inherente a los tribunales de justicia, cuando a ello se recurre cuando las circunstancias particulares del caso lo requiere, por lo que entendiendo que en atención a las particularidades del supuesto bajo examen, debe confirmarse lo decidido en origen y mantener, para el concreto caso que nos ocupa, la declaración de inconstitucionalidad, en cuanto establece el tope de la base, a fin de proceder al cálculo de la indemnización por despido.

Es que de aplicarse el tope, el actor, vería reducido su monto indemnizatorio a mucho menos del 75%, dada la diferencia entre la mejor remuneración normal y habitual de $2866,52 y el tope máximo utilizado de $1350,90, que la demandada aplicó para proceder a liquidar y abonar la indemnización por despido.

Es dable señalar, que al liquidarse la indemnización por despido tomándose dicha base ($1350,90), se afecta el contenido económico real de la indemnización -y de consiguiente el derecho de propiedad del actor- conculcándose así, la protección del despido arbitrario, garantía de jerarquía constitucional.

De los considerandos del fallo recurrido se advierte que la sentenciante, se avocó al tratamiento de la cuestión respetando el principio de congruencia que le impone pronunciarse sobre pretensiones deducidas en juicio. Por otra parte, en orden a las apreciaciones que refieren a que la magistrada de grado se atribuyó facultades legisferantes al fallar siguiendo lineamientos jurisprudenciales de la Cámara Laboral de la Nación y efectúa crítica a la posición adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dictar el fallo Vizzotti, entiendo que ello no es así, sino que tanto la juez a quo como los tribunales mencionados, ejercieron la función en una situación concreta, y que el más alto Cuerpo judicial, ha sentado un precedente sumamente valioso.

En síntesis, la juez primigenia, en su razonamiento aborda la lesión al derecho de propiedad, pues dejó demostrado que el resarcimiento era absurdo, desnaturalizando al mismo tiempo el carácter reparatorio de la indemnización por despido -derecho consagrado en el art. 14 bis de la C.N. que si bien la doctrina considera constitucionalmente válido el sistema tarifado de indemnización por despido, sabido es que el monto de la misma debe guardar una razonable vinculación y proporción con los elementos fácticos que el propio legislador eligió como significativos para su cálculo, y en el caso, la limitación de la base salarial de la indemnización en los montos y proporciones que indica la sentenciante, hacen que no pueda afirmarse que logre su finalidad reparadora. Por lo expuesto, la queja en trato debe ser desestimada.

c)Finalmente, considero el ltimo agravio vinculado a la indemnización impuesta por la ley 25.323 en su art. 1 , seg n lo cual la apelante expresa que no existió registración deficiente, remitiéndome a los fundamentos dados brevitatis causa.

Al respecto, es dable señalar que conforme lo expuesto al tratar el primer agravio, la registración en el Libro especial del art. 52 según la pericia contable obrante en autos ha sido deficiente o incompleta, toda vez que nos se estableció la exacta categoría del trabajador, ni las remuneraciones que se abonaban conforme las tareas por él realizadas. Asimismo también se advierte, que la patronal-demandada omitió llevar conforme lo dispuesto en el art. 52 de la L.C.T. y el art. 7 de la ley 24.013 de empleo, el correspondiente Libro de viajantes de acuerdo al art. 10 de la ley 14546, y por otra parte cabe tener presente en este tópico lo tratado en el primer agravio en lo que concierne a las remuneraciones del actor. La interpretación jurisprudencial y doctrinaria, a la que adhiero, en virtud de lo que se entiende por inscripción o registración deficiente ha considerado que de acuerdo a lo establecido en el art.7 de la ley 24013, estará mal registrada o lo estará de modo deficiente cuando no se consigne el salario real, la fecha de ingreso verdadera o la categoría que corresponde al trabajador. Ahora bien el art. 1 de la ley 25323, recoge esa tesitura, y soluciona el inconveniente suscitado para los trabajadores que no intimaron a la patronal seg n el art. 11 de la ley de empleo, disponiendo que las indemnizaciones previstas por la L.C.T. en su art. 245 o las que en un futuro la reemplacen serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté en forma deficiente. El único requisito que se requiere para el progreso de esta multa, es que se compruebe que al momento del despido la relación no esté registrada o lo esté de modo deficiente, es decir son los mismos parámetros impuestos por la Ley Nacional de Empleo, con la diferencia de que sólo se aplica a relaciones laborales vencidas, como ocurre en el caso en cuestión.

En conclusión, dándose los supuestos legales establecidos en la cuestión en trato, corresponde la desestimación del presente agravio. Por las enunciadas razones, sana crítica racional mediante, los agravios vertidos no fueron suficientes para conmover la sólida fundamentación dada por la Sentenciante Inferior y por lo cual soy de opinión y propongo al Acuerdo: a) Rechazar el recurso interpuesto por la demandada; b) Confirmar la sentencia en cuanto constituyera materia de apelación; c) Imponer las costas de Alzada a la demandada-vencida en virtud del principio objetivo de la derrota, difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad que sean fijados los de Primera Instancia. Así voto.

A la cuestión planteada, el sr. juez Osvaldo A. Verón, dijo:

Adhiero, por sus fundamentos, a las conclusiones arribadas por la Sra. Juez preopinante. Así voto.

Por ello, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, resuelve: I.-Rechazar el recurso de apelación deducido por la demandada a fs.738/744 y vta. y, en consecuencia. II. Confirmar la Sentencia de fs.691/702 y vta., en cuanto constituyera materia de apelación.- III.-Costas a cargo de la parte demandada-apelante, difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad en que se establezcan los de Primera Instancia.- Osvaldo. A. Veron. - Marta Alicia De La Vega.