Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-06


SENT Nro. 572 San Miguel de Tucumán, 06 DE AGOSTO de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada interpuesto por el querellante Gustavo Horacio Sáez en autos: "Sanagua de Domínguez, Argemina del Carmen s/Injurias"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- A fs. 14 y vta. el querellante Gustavo Horacio Sáez plantea queja directa ante esta Corte Suprema de Justicia, por haberle sido denegado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala VIIa. del 26/02/2003, que absolvió a la querellada por el delito de injurias en su perjuicio.

Cuestiona los fundamentos del auto impugnado, de fecha 07/4/2003, donde el Tribunal a quo expresó que si bien ha invocado la falsa o errónea aplicación de normas constitucionales, sustantivas y adjetivas, indicando la doctrina legal aplicable al caso, los argumentos críticos se limitarían a cuestionar la interpretación del Tribunal, recaída sobre el sustrato fáctico del proceso, para concluir en la ausencia del dolo delictual; omitiendo invocación o indicación de normas sustantivas o adjetivas violadas o atacadas.

Sostiene el quejoso que en el escrito de interposición del recurso ha efectuado una crítica pormenorizada de la sentencia, señalando la errónea aplicación del art. 110, CP, con cita de doctrina y jurisprudencia que avalaría su posición. Que invocó además la doctrina de la arbitrariedad, por no haberse hecho mérito de la prueba producida; remitiéndose al contenido del memorial adjuntado en copia a su presentación.

2.- La lectura del escrito recursivo obrante a fs. 8/11 revela que los agravios del impugnante se presentaron dirigidos a cuestionar la conclusión del Tribunal a quo, relativa a la ausencia del elemento subjetivo propio del tipo penal descripto en el art. 110 de la ley sustantiva. A su entender, el pronunciamiento se apartó de la doctrina y la jurisprudencia en torno a las características del dolo requerido para la configuración de la injuria; omitiendo además la valoración de los hechos según las reglas de la sana crítica racional impuesta por el art. 193 del CPP.

Insistió en el carácter infamante de las denuncias interpuestas por la querellada; poniendo de relieve que la primera de ellas fue archivada. Según afirmara, la acusación por el delito de amenazas de muerte en perjuicio de una mujer mayor, madre de su esposa y abuela de sus hijos, sin acompañar elementos incriminatorios serios, y objetivos, importa un verdadero agravio deshonrante y desacreditante; y tal fue el único objetivo perseguido por la denunciante.

De otra parte, se agravió ante la interpretación efectuada por el Tribunal a quo en torno a los alcances del Acta Nº 196 del 27/6/2000, confeccionada por la defensoría de Menores. A su entender, las valoraciones de la Sala a quo para excluir la intención dolosa de la acusada están reñidas con la razón, la lógica, la experiencia y el sentido común que deben presidir la interpretación de los hechos. Considera increíble que carezca de propósitos deshonrantes y desacreditantes, la manifestación por escrito de que un padre es presunto abusador sexual de su hija menor de edad. Según afirma, el contexto familiar, la situación de la abuela y el deseo de ver a sus nietas, de ningún modo pueden constituir motivos exculpatorios. Tal conclusión se apartaría de la interpretación que la Corte Suprema de Justicia ha efectuado en reiteradas oportunidades, en torno a la figura del citado art. 110. Pone de relieve, en tal sentido, que la incriminación tuvo lugar varios años después del comentario recibido de su hija, quien además le había manifestado que tal preocupación fue falsa, pues tanto el pediatra como la psicóloga que examinaron a la niña desecharon de plano el hecho, después de exhaustivos exámenes que le realizaron. Esto no habría sido valorado por el Tribunal a quo; con lo que la sentencia también resultaría inmotivada, en violación al art. 28 de la Constitución de la Provincia. Propuso doctrina legal acorde a los agravios así expuestos.

3.- La reseña precedente muestra que la impugnación casatoria se basta a sí misma, indicando los motivos del recurso y sus fundamentos, con cita de las normas legales pretensamente violadas o erróneamente aplicadas.

Si bien el impugnante cuestiona la valoración de los hechos y de las pruebas reunidas en la causa; tarea que como principio compete a los jueces de mérito y resulta ajena a la instancia extraordinaria local, en el caso se invoca la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, por déficit de motivación y violación a las reglas de la sana crítica racional; con mención de las normas pretensamente violadas y de la aplicación que se pretende en las concretas circunstancias de esta causa. De otra parte, la cuestión de derecho planteada en torno a la configuración y características del elemento subjetivo propio del tipo penal contenido en el art. 110, CP, constituye motivo de casación que puede habilitar la apertura de la instancia extraordinaria reclamada; en tanto lo propuesto sea un reexamen del encuadramiento de los hechos en un determinado concepto jurídico (en el caso, art. 110 del CP cfr. CSJTuc., autos "Suárez, Víctor M. s/defraudación, sentencia del 04/3/98; "Brandán, Simón F. s/homicidio", del 07/6/2000, entre otras).

Se trata de una sentencia definitiva; y encontrándose reunidos los restantes recaudos de admisibilidad, procede hacer lugar a la queja en examen; sin que ello implique emitir opinión sobre la procedencia del recurso intentado.

Por ello, y compartiendo la conclusión a que arribara el señor Ministro Fiscal en su dictamen obrante a fs. 16/17, se R E S U E L V E :

HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto a fs. 14 y vta. por el querellante Gustavo Horacio Sáez, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala VIIa. del 07/4/2003.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR (en disidencia) ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALFREDO CARLOS DATO ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA Voto en disidencia del doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Comparto lo expresado en el voto de la mayoría en los ítems 1 y 2 de los considerandos referidos a los antecedentes del caso. Expongo a continuación mi voto en relación a los requisitos de admisibilidad del recurso casatorio que hacen viable la procedencia de la queja.

2.- La liminar lectura del recurso de queja y su confrontación con los antecedentes adjuntados en autos demuestran que los agravios no logran cumplir los requisitos que posibiliten la admisión del planteo.

Se debe recordar que corresponde a esta Corte Suprema de Justicia, como tribunal del recurso de queja, efectuar el examen pleno de admisibilidad de la impugnación casatoria, analizando el cumplimiento de todos los recaudos que la ley adjetiva instituye para la apertura de la instancia extraordinaria local. Ello porque, aun cuando se hallen reunidos los requisitos exigibles para la interposición de la vía directa, resulta inoficioso admitirla si no se han cumplido las exigencias de admisibilidad de la casación tentada.

De este modo, podemos señalar, en relación al proceso indicado por amenazas y que concluyó en el archivo de las actuaciones, que el planteo sostenido por el recurrente solo expresa un criterio diferente al esgrimido por la Cámara. Queda evidenciado en su escrito que la querella realizó simplemente una valoración del archivo de la actuaciones como a la intervención de los testigos opuesta a la del tribunal sin que se advierta una violación a los principios de la sana crítica o una norma expresa. En este sentido, es aplicable el criterio de esta Corte relativo a que la valoración y selección de pruebas atendibles para resolver la cuestión planteada es privativa de los jueces de grado, y que la mera discrepancia con la valoración de las pruebas ha realizado el tribunal, no es revisable por esta vía, a menos que se acredite violación a las reglas de la sana crítica o manifiesta arbitrariedad que implique un liso y llano apartamiento de la preceptiva adjetiva y de fondo que dominan la cuestión sometida a juzgamiento, situación que no se ha configurado en el presente caso.

Respecto al supuesto injurioso ocurrido en la presentación por ante la señora Defensora de Menores se debe remarcar que la vocal indicó que "Las expresiones vertidas voluntariamente fueron efectuadas únicamente en el ámbito judicial, no fueron proferidas con animus injuriandi ...El medio elegido lo fue ante una dependencia que entendía en el juicio que por régimen de visitas incoaba con el objeto de ver a sus nietas..." De dichas afirmaciones podemos inferir que el tribunal ha considerado que la situación presentada en autos configuraría un supuesto de excusa absolutoria. En efecto, el art. 115 del CP establece que "Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores, en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes".

La situación descripta por el artículo del CP busca preservar el ejercicio de la defensa "... si bien el legislador considera penalmente impune las ofensas, deja subsistente la posibilidad de que se impongan al ofensor las correcciones disciplinarias correspondientes para mantener el buen orden en el proceso, prevista por las leyes procesales o por otros cuerpos legales de carácter administrativo (leyes orgánicas)." (Carlos Creus, Derecho Penal, Parte Especial, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1991, pág. 174).

Sería ajustado suponer, al evaluar la finalidad procesal de los arts 427 y 332 del CPPT, que la figura de la excusa absolutoria también queda encuadrada entre los supuestos en los que tribunal puede declarar la inadmisibilidad de la pretensión del querellante. En este sentido, la doctrina indicó: "Si tenemos presente que lo que se pretende en la querella es la punición del eventual delito -de modo principal- y ésta ab initio resulta imposible, sería pensable que también en dicho supuesto podría rechazarse o desestimarse aquélla" (Carlos Creus, Derecho Procesal Penal, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1996, pág. 207). "...en verdad lo que se ha querido decir es que no encuadre en figura típica; pero, muy excepcionalmente, pueden darse otras hipótesis: verbigracia, la indiscutida verificación de una excusa absolutoria, como sería, bien que respecto de la querella por delito de injuria, su pronunciamiento en juicio según el art. 115 del CP..." (Guillermo R. Navarro y Roberto R. Daray, "La Querella", Ed. DIN, Buenos Aires, 1999, pág. 120).

Se puede concluir, a partir de lo señalado por la Cámara, que la dicha pretensión del querellante no sería admisible en autos por configurar una excusa absolutoria que en el futuro tornaría imposible su persecución.

3.- Conforme a lo precedentemente exhibido, la queja en examen no puede prosperar, por cuanto la instancia casatoria pretendida resulta inadmisible.

HAGASE SABER ANTONIO GANDUR