marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Querellante, sociedad anónima, directorio, asamblea ordinaria, asamblea extraordinaria
Materia: PENAL-COMERCIAL
Carátula: TONNO, Ricardo. s/ DEFRAUDACION-QUERELLA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-27

Los arts. 255 y ss. de la ley 19.550 confieren al directorio la administración ordinaria de la persona jurídica, con mayor o menor amplitud según el caso, aunque siempre con el objeto social como referencia. Pero decidir querellar en causa penal ni es un acto de administración ni se refiere al objeto social, de modo que no ha de compartirse con el apelante que sea una fuente legal explícita la que otorga al órgano de dirección la adopción de esta especie de determinación. Limitada la incumbencia del directorio a actos de administración referidos al objeto social, la ley por contrapartida confiere facultades más amplias a las asambleas ordinaria y extraordinaria (art. 233 y ss. de la ley 19.550), al punto que le otorga, a la última "todos los asuntos que sean de competencia de la asamblea ordinaria" (art. 235, ley op. cit). Hallándose por fuera de la discusión que estatutariamente pudiera haber sido otorgada esta facultad al directorio de la sociedad, a la asamblea ordinaria o a la extraordinaria, corresponde considerar que en ausencia de disposición expresa en el estatuto, esta decisión debe ser adoptada por la asamblea extraordinaria. La verificación de las disposiciones del estatuto aparece como requisito indispensable para admitir la validez de la actuación del directorio en el ámbito de su incumbencia en la persona jurídica en cuestión. Habiéndose omitido acreditar que el directorio decidió estatutariamente otorgar mandato para querellarse, el pedido ha sido debidamente rechazado (*).
Leyes de indias, Iglesia Católica, entidades de bien público, instituciones de beneficencia, patronato, Estado Nacional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sociedad de Beneficiencia de la Capital. c/ Estado Nacional. s/ reivindicación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-29

La administración de los hospitales y la educación, en las Leyes de Indias, era reconocida como de competencia propia de la Iglesia.

Pero así también, cuando se entregaban dichas obras al clero, se hacía presente que quien ejercía el patronato sobre el establecimiento conservaba la propiedad sobre los bienes que aportaba y los que surgieren en el futuro con motivo de la función que encomendaba.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, fiscal de Cámara, deberes y facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Rubén Raúl s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-05-29

La norma del art. 330 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- señala la oportunidad en que el Fiscal de Cámaras puede decidir no mantener el recurso intentado por el Agente Fiscal: a partir de la notificación allí prevista; lo que descarta el hipotético argumento que al ser facultativa la expresión de agravios en este tipo de recursos, no habrá posibilidad de desistir de la apelación. Tal conclusión sería contraria a la interpretación sistemática de las normas que rigen el tópico, como ajena a la esencia misma del ejercicio de la acción pública en sede penal (es absurdo acordar la posibilidad del Ministerio Público de no mantener una apelación deducida contra una sentencia que decide sobre un robo agravado o unas lesiones gravísimas, y no hacerlo cuando se tratara de un hurto o unas lesiones culposas).
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Campbel, Marcela Ester c/ La Cabaña S.A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

Tratándose de una deuda de valor (daños y perjuicios), cuyo contenido económico se determinó en el momento del fallo, según poder adquisitivo de nuestra moneda en esa fecha, razón por la cual no estuvo sujeta a depreciación de ninguna índole ni a los avatares del mercado, conservando con ello su incolumnidad económica durante todo el lapso en discusión resulta ajustada a derecho la aplicación de la tasa del seis por ciento anual al capital de condena.-
Medida de no innovar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Valladares, Carlos Julio c/ Monasterio, Marcelo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-15

La prohibición de innovar que se dispone como medida cautelar en un proceso, crea la imposibilidad de cambiar el estado de la cosa objeto de la litis, para que no sea trabada la acción de la justicia y pueda ser entregada al que deba recibirla tiende así a resguardar la inalterabilidad de la situación de hecho o derecho planteada y por supuesto a impedir que la sentencia se torne de ilusorio cumplimiento. En la especie, en función del derecho literal, autónomo y abstracto emergente de los documentos base del compulsorio, se pretende el cobro del crédito que aquellos instrumentan, por lo tanto, en la medida que la pretendida prohibición de innovar se intenta ejercer sobre bienes que no están en discusión la misma resulta improcedente, pues no tiende a resguardar bienes objeto de discusión (art. 230 Cód. Proc.).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Menores, representación procesal, Ministerio de Menores
Materia: PROCESAL
Carátula: YOVOVICH DE MEDINA, Viviana c/ DANTE A. BIANCO SA Y OTROS s/ accidente ley 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-16

Cuando los incapaces se hallan debidamente representados en el proceso, el ministerio pupilar no es más que un órgano de vigilancia y asesoramiento y carece, en principio, de facultad para sustituirse a la actividad directa del representante. Por ello, la falta de intervención del ministerio de menores en esos casos, reviste carácter relativo, desde que sólo tiene en vista la protección del incapaz y por ende, puede ser subsanada por la confirmación expresa o tácita que haga el asesor de menores de los actos cumplidos sin su participación.
Competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, competencia por la materia, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Pertino, Abel Rodolfo c/ Buenos  Aires,  Provincia  de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

La competencia originaria de la Corte en razón de la materia procede solo cuando la acción entablada se funda "directa y exclusivamente" en prescripciones constitucionales de carácter nacional, ley del congreso o tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa, pero no cuando se incluyen temas de índole local y de competencia de los poderes locales.
Culpa, sentencia, sentencia absolutoria, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: GUTIERREZ VILLAFAÑE RICARDO c/ SABATINI LAURA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CULPA - SEDE CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-05-24

El art. 1103 del C.C.se limita a establecer que, absuelto el procesado, no se podrá ya alegar en el juicio civil la existencia sobre el hecho principal sobre el cual se hubiese dictado absolución.

Pero nada empece a que, absuelto por falta de culpa, el tribunal civil lo encuentra culpable. No se trata de la existencia o inexistencia de un hecho, sino de la culpa del imputado en la producción de ese hecho.

En la actualidad hay concordancias en la jurisprudencia en el sentido de que la resolución dictada en sede penal no hace cosa juzgada en el proceso civil, con respecto a la culpa del imputado.

Después de la absolución del acusado, puede discutirse en juicio civil la existencia de la culpa y condenarlo como autor de un cuasidelito a pagar daños y perjuicios.

Los arts. 1102 y 1103 del C.C. vedan discutir en sede civil lo decidido por el Juez penal, lo decidido por el hecho principal. Si la justicia del crimen ha declarado que el hecho no existe o que el imputado no es autor, no se podría decidir lo contrario en el proceso civil. Pero, si en sede penal se ha reconocido autoría del hecho y se pronuncia absolución por falta de culpa, el Tribunal Civil puede indagar si ha habido culpa suficiente como para fundar el reclamo indemnizatorio de la víctima.

La culpa que puede ser insuficiente para la aplicación de una pena, puede, por lo contrario, bastar para la condenación al pago de daños, porque aunque la culpa penal es lo mismo que la culpa civil, es diferente la valoración que se hace de una y otra, y así una mínima culpa del art. 512 C.C. puede ser suficiente para justificar una condena resarcitoria.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 de Código Penal -causa N° 3221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17

De tener que pronunciarse la Corte sobre la supuesta parcialidad de la jueza luego de llevado a cabo el juicio y agotados los recursos pertinentes, se produciría una dilación indebida del proceso, en perjuicio del imputado, como así también un dispendio jurisdiccional innecesario, tomando en cuenta que de resolverse favorablemente la pretensión de la defensa, se debería realizar un nuevo juicio.
Compraventa, perfeccionamiento del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ens, Erhard c/ Pereña de Bustos, Benigna s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-04

El contrato de compraventa de inmueble puede celebrarse aún verbalmente toda vez que el recurso de la escritura pública del art.

1184 inc. 1 del C.Civil hace a la transferencia del dominio y no a la formación del contrato, que se perfecciona por su naturaleza consensual, con la aceptación de la oferta -art. 1323, 1140 y 1144 del C.Civil.-
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LUCERO JOSE MARIA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-06-06

El derecho a la estabilidad del agente público es relativa o impropia, pues no existen derechos absolutos, sino que, al igual que los restantes derechos constitucionales, debe ejercerse conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio y armónicamente con las atribuciones estatales, que con igual jerarquía, establece la misma Constitución.
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, suspensión del beneficio
Materia: PENAL
Carátula: CASTELLI, Néstor Rubén c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-16

El voto concurrente agregó que la imbricación de los hechos de violación dentro del plan es una circunstancia objetiva que no puede quedar de soslayo, y ésta es la razón que impone considerar que los hechos sean interpretados como parte del plan, y la verificación de la existencia del plan es lo que otorga a los hechos la calificación de injustos imprescriptibles, puesto que en el marco de ese mismo plan han sido perpetrados, y se refirió a la fundamentación de la responsabilidad de los imputados en causas de lesa humanidad y la especial obligación institucional que su calidad funcionarial les atribuía a los imputados en autos, finalmente, dejó a salvo su criterio en cuanto considera contraria a los imperativos constitucionales la suspensión de los beneficios de la seguridad social contemplada en el art. 19 inc. 4 CP. (Dres. Borinsky, Gemignani -voto concurrente-, Hornos).
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, subasta, bienes inmuebles, moneda extranjera, conversión de moneda
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ortiz, Diego Sebastian  c/ Italmol SRL s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-04

Procede revocar la resolución por medio de la cual el magistrado a quo admitió la posibilidad de que el eventual adquirente del inmueble cuya subasta fue ordenada en autos, cancele el precio de venta fijado en dólares estadounidenses mediante la entrega de moneda de curso legal, utilizando al efecto la cotización compradora del llamado "dólar oficial". Para hallar la solución al caso no puede prescindirse de la realidad económica que impera en el país; realidad que da cuenta de que el valor del dólar oficial no se halla al alcance del común de la gente para operaciones entre particulares, sino solo para negocios de exportación. En ese marco, la pauta de conversión utilizada no refleja la realidad de que aquí se trata, por cuanto los pesos que de aquel modo se depositen no expresarán la cantidad de dólares que verdaderamente vale el bien a rematar, sino un valor -esto es, el que tendrían que pagar los importadores de bienes o servicios- que no tiene nada en común con los precios de los inmuebles en el mercado local. Por esas razones, la Sala juzga que tal conversión debe ser efectuada a la cotización - tipo comprador- del llamado "dólar MEP", del día anterior a la subasta.
Estado Nacional, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones, beneficios previsionales, derechos adquiridos, Administración Nacional de la Seguridad Social, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sánchez, Gregorio Hernán c/ Gobierno de la Provincia de San Juan y otro s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-11

El Alto Tribunal de la Nación, en un precedente análogo al de autos -en el cual se debatía si un beneficio otorgado por la Provincia de San Luis puede ser reajustado mediante la incorporación de servicios simultáneos comprendidos en el ámbito de la A.N.Se.S., después de haber entrado en vigor el convenio firmado con la Nación que derogó todas las normas locales de naturaleza previsional y dispuso la transferencia del régimen de jubilaciones de la mencionada provincia al sistema nacional regulado por las leyes 24.241 y 24.463- puntualizó que: "por haber quedado demostrado que durante la vigencia del régimen local se cumplieron todas las condiciones legales para obtener una prestación proporcional a los diferentes cargos desempeñados, debe concluirse que existe un derecho adquirido al reajuste según las reglas previstas por esa legislación [provincial] con independencia del momento en que se haya presentado la solicitud, toda vez que los beneficios previsionales no se extinguen por el mero transcurso del tiempo, ni pueden ser alterados o suprimidos por una norma posterior sin menoscabo de las garantías consagradas en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional" (cfr. "Blanco de Mazzina, Blanca Lidia", sent. del 19.02.08, Considerando N° 12). (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia).
Depósito bancario, depósito a plazo fijo, intereses, tasas de interés
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: MERPERT, JORGE E. c/ B.C.R.A.  BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-12

Las sumas depositadas deberán continuar devengando intereses a la tasa pactada, hasta los 30 días posteriores al vencimiento de la imposición original, y ser indexadas con arreglo al índice establecido por el a-quo -índice de precios mayoristas, nivel general- sobre el cual no se formuló ningún tipo de objeción.
Indemnización expropiatoria, valor objetivo del bien
Materia: CIVIL
Carátula: Matiuda de Capelleto, Matilde Adriana y otros s/ Expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

El artículo 10 de la Ley 21.499 relativo a la indemnización que se abona al expropiado sólo comprende "el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa o inmediata de la expropiación".
Quiebra, cesación de pagos, hechos reveladores, cumplimiento de la obligación, mora, sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: TUBOMET  S.A.  DE INVER. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-28

A los fines de la fijación de la fecha de cesación de pagos, por incumplimiento debe entenderse la falta de pago de una obligación, vencida, líquida y exigible, lo que no ocurre tratándose de obligaciones litigiosas, aún cuando hubiese recaído sentencia condenatoria si ella es susceptible de recurso.

La exigibilidad de una deuda emergente de sentencia, cobra virtualidad cuando adquiere la calidad de cosa juzgada. Sin desvirtuar la validez de la afirmación que toda sentencia es declarativa de los derechos invocados en el proceso, el incumplimiento se configura cuando cesa la litigiosidad que afectó a esos derechos.
Impuesto a las ganancias, inflación, actualización monetaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: FINATLANTIC  S.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-18

La ley 21894 incorporó un título a la ley de Impuesto a las Ganancias con el objeto de contemplar, con respecto a ese gravamen , el ajuste por inflación del resultado impositivo. A los efectos de precisar dicho ajuste estableció un procedimiento que consiste en obtener la diferencia entre el activo y el pasivo al comienzo del ejercicio, la que se actualiza aplicando un índice establecido y luego se suma o se resta al resultado impositivo de que se trata.
Recibo, prueba del pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: Citrolew S.A.C.I. y F. c/ Dávila, Jorge s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1974-12-19

Siendo el recibo medio idóneo por excelencia, como que es el instrumento unilateral emanado del propio acreedor, mediante el cual reconoce expresamente haber percibido aquello que se le adeudaba; justo es que el pagador negligente que no lo exigiere, cargue con prueba de relevancia.
Indemnización, chance matrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: CARRERA MARIA ROSA c/ SUCESORES    UNIVERSALES    DE  CECILIA  AURORA  RAMOS  DE  ARNOLETTO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-10-14

En una mujer joven, que sufrió graves lesiones que determinaron que quedara con una pierna mas corta que la otra, debe computarse la disminución de chance matrimonial, sin necesidad de probar que estuviera por casarse; esto seria así para el supuesto de admitirse el rubro como daño material, donde incluso seria necesario acreditar también, que el novio es persona de fortuna. Pero como daño moral, que es como debe ser considerado, es suficiente que se trate de una persona soltera, aunque por supuesto es necesario tener en cuenta la edad, pues aquella posibilidad disminuye a medida que se eleva.
Cuestiones de competencia, demanda, exposición de los hechos
Materia: PROCESAL
Carátula: Godoy, Hernán c/ TAMIC  S.A.M.C.I.A. s/ demanda laboral por cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-20

Para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y después, y sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Inchaurrondo, Leandro Marcel y otro c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Cobro ordinario de pesos Palacios, Herminia c/ Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05|1991-05-21

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que sólo opone un mero disentimiento basado en el propio criterio del recurrente respecto de la apreciación de la prueba, lo que no basta para demostrar el absurdo denunciado y determinar la apertura de la instancia extraordinaria al conocimiento de cuestiones de hecho.
Recurso contencioso administrativo, competencia de la Corte Suprema, competencia contencioso administrativa, competencia ordinaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Roberto J. Azcoitia y Compañía Sociedad de Responsabilidad Limitada c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso Administrativo de plena jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 285-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-28

En el sistema singular del proceso contencioso administrativo de nuestra Provincia -y según se establece específicamente en el artículo 70 del Código de forma-. La Corte Suprema no puede expedirse respecto a derechos reales, civiles o de otra naturaleza, no siendo competente para decidir sobre materia indemnizatoria.
Responsabilidad del conductor, senda peatonal, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: ANTUNEZ PERCINCULA DAVILE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-21

El automovilista al aproximarse a la senda peatonal debe reducir la velocidad, y hasta detenerse para ceder el paso a los peatones, ya que éstos tienen prioridad sobre los automotores para atravesar la calzada por esa senda. La circunstancia de que en el interín se produzca un cambio de señal lumínica que favorezca al automotor, no constituye un derecho absoluto, ni tampoco la facultad para arrastrar con cuanto se encontrase a su paso.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: CASTRO RIOS, MAURICIO ARIEL c/ SANZ, JOSÉ SEGUNDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-02-26

La reparación del agravio moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y lo más sagrados afectos.

La indemnización del hecho moral es procedente en cualquier clase de hecho ilícito, sea o no delito del derecho penal, bajo el concepto que la persona humana es una unidad corporal y anímica inescindible y de que toda reparación de perjuicio debe ser integral.-
Actos ilícitos, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: TELLO, JACINTO ROQUE c/ COLEGIO MEDICO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS II CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-08-20

En los casos de hechos ilícitos tanto civiles como penales, la responsabilidad por daños se extiende no sólo al autor del ilícito sino al tercero civilmente responsable.
Juegos de azar, Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Club Atlético Brown c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad decreto 690/88
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

No aparece como irrazonable la decisión del Gobernador de clausurar todas las salas dedicadas a la explotación del bingo existentes en la Provincia, si la misma se fundamentó en razones de preservación del orden frente a la proliferación de tales salas sin contarse con la autorización considerada pertinente.
Suspensión del juicio a prueba, facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Norte de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Legajo de juicio en autos Espina, Juan Carlos. s/ Infr. art. 1, Ley 13.944.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-08

En la medida en que un fiscal exprese fundamentos suficientes (o incluso opinables), corresponde dar virtualidad a su negativa a otorgar la suspensión del juicio a prueba en el caso concreto, toda vez que la manera como debe impulsarse la acción o dejar de hacerlo es una atribución exclusiva del órgano requirente y el control que efectúan los jueces sobre los fundamentos del Ministerio Público Fiscal, no debiera importar tanto como desplazarlo en ese ejercicio ya que de lo contrario, bastaría con que un magistrado no compartiera tales argumentos, o directamente prescindiera de estos para desnaturalizar el contenido del instituto y el alcance de su función dentro del proceso penal (voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).