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Delitos, peculado, sujeto activo, funcionarios públicos, rendición de cuentas
Materia: PENAL
Carátula: B., E. s/ Peculado y omisión de deberes de funcionario en concurso ideal  (Resolución Nro. 94, Tomo 57, Folio 161)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-10

"El Secretario del Juzgado, funcionalmente a cargo de la recaudación de la tasa por certificados, tenía ante sí claras obligaciones cuyo adecuado cumplimiento se traducía en sencillas operaciones y recaudos respecto de la recepción, custodia y manejo del estampillado correspondiente que le permitía cumplir el servicio, como asimismo con relación a la recepción del dinero y remisión del mismo con las pertinentes rendiciones de cuentas. Los largos períodos sin responder a los reclamos de rendición de cuentas y sin el estampillado que le permitía prestar el servicio a su cargo, en virtud de la señalada omisión de rendir cuentas con remisión de lo recaudado y de prestación del servicio, probabilizan suficientemente en el actual estado de la causa tanto el peculado como el incumplimiento imputado, sin que tenga entidad en este estado para obstar a tal conclusión, las explicaciones que brinda el imputado y que la defensa pretende hacer valer como prueba que acreditaría que no se percibió -y consecuentemente, que no se sustrajo o retuvo-, como asimismo que no existió el dolo requerido típicamente y sí un estado de necesidad por la imposibilidad en la que el mismo imputado se habría colocado".
Instrucción, acusación fiscal, impulso de oficio, clausura de la instrucción, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: NAGERA, CESAR EDUARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. Causa: 1075
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-28

Los actos cumplidos durante dicha instrucción preparatoria del juicio no pueden dar base a la sentencia sino a una acusación o, en su caso, al sobreseimiento, razón ésta que, sumada a la imposibilidad de apertura del proceso en forma oficiosa y a la necesidad reconocida por la corte de una acusación ratificada después de producida la prueba del debate, convierten al recordado art. 348 Sólo en la herramienta puesta en manos de los jueces para asegurar la vigencia del principio de oficialidad en la persecución penal que consagra nuestra legislación.
Defensa del consumidor, acción judicial, debido proceso, beneficio de litigar sin gastos, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Grangetto, Alejandra  c/ Dencorp SA y Otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-01

En el contexto de una acción iniciada por vicios redhibitorios contra una sociedad y su presidenta, resulta improcedente la queja de la accionante respecto a la imposición de costas a causa del otorgamiento del beneficio de gratuidad previsto en la ley 24240.

Ello así es dable señalar que, la concesión del beneficio de justicia gratuita no importa la imposibilidad de que sean impuestas las costas, sino que establece que el beneficiario se encuentra eximido de abonarlas. Ello, claro está, con independencia de lo que se resuelva al momento del dictado de la sentencia, en función del encuadre definitivo de la relación jurídica y la eventual firmeza que pudiera adquirir la referida concesión.

Corrobora lo antedicho la doctrina plenaria sentada in re: "Hambo Debora Raquel c/ CMR Falabella SA s/ sumarísmo" del 21/12/21 según la cual el 'beneficio de justicia gratuita' que dispone la LDC 53, además de los gastos, sellados u otros cargos inherentes a la promoción de la demanda, exime al consumidor del pago de las costas del proceso si fuera condenado a satisfacerlas total o parcialmente.
Cuenta de capitalización individual, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones, depósito voluntario, AFJP, sumas de dinero
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Chocron, Sergio Alejandro c/ Estado Nacional - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y otros s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-20

Respecto a las sumas ingresadas a la cuenta de de capitalización individual en virtud de depósitos voluntarios o convenidos realizados por su titular, el art. 6 de la ley 26.425 establece que éste podrá ser transferido a la A.N.Se.S. para mejorar su haber previsional conforme lo determine una reglamentación a dictarse, o a una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones. Dicha limitación al poder de disposición del aportante colisiona con la garantía de propiedad contenida en el art. 17 de la CNN., puesto que acota arbitrariamente su libre facultad para dar a sumas de dinero de las que es propietario el destino que juzgue conveniente. Nada se opone a que si el titular de la cuenta desea efectuar esas colocaciones de dinero así lo haga; pero ellas no pueden serle impuestas por ley. (Del voto del Dr. Laclau).
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, defectos en la consideración de extremos conducentes, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Rocha de Ranea, Ernestina s/ sucesión s/ incidente de rendición de cuentas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que impuso las costas en ambas instancias en el orden causado, si prescindió de la consideración de circunstancias relevantes de la causa y consagró una excepción no contemplada en la ley sobre la base de pautas de excesiva latitud (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Antonio Boggiano).
Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: V., A. Y OTROS c/ B., J. A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - INVESTIGACION (CSJ EXPTE NRO  73-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-06

El procedimiento estatuido por la ley 7050 es estructuralmente contradictorio y el esquema ideado responde a la clásica dialéctica del debate judicial, pero con la preocupación de una llaneza que asegure -sin sacrificar indispensables garantías- tanto para la acusación como para la defensa, la rapidez y eficacia del trámite.

Este procedimiento rechaza determinada espectacularidad y privilegia el contenido intrínseco de la cuestión en debate por sobre un estéril impacto exterior.
Obligaciones a plazo, plazo indeterminado, buena fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García, Rodolfo por "Palo Santo Muebles S.R.L." c/ Poma, René y/o Vipo S.R.L. s/ Cumplimiento de contrato y/o restitución de sumas pagadas Poma, René y/o Vipo S.R.L. s/ Cumplimiento de contrato y/o restitución de sumas pagadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-12

El hecho de no haberse fijado plazo para la obligación cuyo cumplimiento se demanda, no implica que estuviera en la posibilidad de alguna de las partes prolongar abusivamente "sine die", la fecha de cumplimiento, pues las obligaciones deben cumplirse de buena fe y del modo que fue intención de las partes que se ejecutaran.
Superior Tribunal de Justicia, sentencia, Estado, régimen de consolidación de deudas, leyes, interpretación de la ley, jueces, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SANMARTINO, REMIGIO Y OTROS c/ VISCARDI, VICTOR H Y-U OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ORDINARIO (CSJ EXPTE N. 322-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-30

Cabe preguntarse si un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (V gr declarando improcedente el recurso) puede otorgar al crédito reconocido en un decisorio el carácter de "situación jurídica consolidada" que impone la ley 24283. Si la respuesta resultara afirmativa, cabria a su vez preguntarse si puede la Corte cercenar poderes atribuidos por la ley a los jueces ordinarios (en el ingreso a los aspectos fácticos de la causa y haciendo interpretación del derecho común), y si fuere negativa, restaría aun preguntarse acerca de la efectividad (en definitiva, utilidad) del pronunciamiento de ese Cuerpo, desde que, al no resultar la confirmada una relación jurídica consolidada, existiría, desde luego y conforme a la ley vigente, la posibilidad de los jueces de grado de desindexar el crédito.
Recurso de apelación (procesal), providencia simple
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.G.S.S. de la Municipalidad de Quilmes c/ Santos, Jose María s/ Apremio - Recurso de queja.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

Constituye presupuesto de procedencia del recurso de apelación contra "providencias simples", que éstas causen al recurrente un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho bancario, Economía y finanzas, bancos, responsabilidad del banco, caja de ahorro, comisiones, ventanilla, elementos del acto administrativo, Banco Central de la República Argentina, incumplimiento del deber de informar, reintegro de gastos, procedencia del recurso
Materia: BANCARIO-LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Asociacion Aduc c/ Industrial And Comercial Bank Of China SA (Ex Standard Bank Arg. SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-09

Procede confirmar la resolución que hizo lugar a la demanda entablada por una asociación de consumidores, condenando al banco accionado a que restituyese, a los titulares de cajas de ahorro, el aumento del cargo o comisión cobrado por la atención en ventanilla en un periodo determinado. Ello por cuanto, en el caso, la accionante no impugnó la existencia y legitimidad del cargo por el servicio de ventanilla hasta una suma determinada, sino sólo su aumento, por considerarlo incausado, ilegítimo e inconsulto. En el caso, no es posible excusar al banco de la sencilla prueba que demostrara que comunicó a sus clientes de la variación o aumento de las comisiones. Porque nadie mejor que el remitente para acreditar el envío de una misiva, noticia o comunicación de la que el banco debió guardar evidencia, pues era la base o llave a partir de la cual se habilitaban los aumentos de comisiones. No probado el envío de dichas comunicaciones, no puede abrazarse una presunción para excusar la carga probatoria que incumbe al banco.
Recurso de casación, aplicación errónea de la ley
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Orlandi, Enzo A. y otros c/ V.I.P. y/o Rojas, Pablo M. y/o Loma Negra CIASA - Cobro de pesos - Casación s/ Cobro de pesos - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-04-06

Debe ser rechazado como fundamento del recurso de casación interpuesto el alegado vicio de errónea interpretación de la ley que habrían realizado los votos de la mayoría respecto del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo para hacer extensiva a la recurrente la solidaridad en la responsabilidad contractual contemplada por la norma, puesto que se trata de una consecuencia de la diferente interpretación que de los hechos y prueba agregada a la causa realizan los señores Jueces de Cámara, por una parte, y la recurrente, por otra. (Del voto del Dr. Díaz)
Accidente de tránsito, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Amore, Jose y otra c/ Cordoba, Jorge Eduardo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-03

Si de las pruebas de autos surge que el comportamiento del chofer del camión al estacionar en calle angosta durante condiciones climáticas adversas sin señalizar con balizas ha sido el factor exclusivo del accidente, debe relevarse de responsabilidad al vehículo embistente, en la mecánica del artículo 1113 del Código Civil.
Juicio de apremio, excepción de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Principiano Ruben Angel s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-03

La renuencia frente al requerimiento de la autoridad de aplicación, configura la situación de pago "no comunicado" al que alude el art. 128 del ordenamiento fiscal. Tal omisión conlleva la inhabilidad de los pagos como sustento de la excepción y la asunción de las costas devengadas por su rechazo.-
Licitación pública, procedimiento licitatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Blas Parera S.R.L. c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nº   126-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-12

La exigencia de que se acompañe cierta documentación junto con las ofertas tiene por finalidad la acreditación de condiciones subjetivas y objetivas de los oferentes -cumplimiento de sus obligaciones fiscales, solvencia, adecuada estructura organizativa, etc.- de decisiva trascendencia a la hora de la selección, por lo que en su efectivo cumplimiento está especialmente comprometido el interés público. Unicamente podría sostenerse que esta exigencia puede ser satisfecha de modo acabado por el control efectuado en el acto de apertura de sobres, si se desprende de las características del acto que el examen detenido de la documentación se llevará a cabo exclusivamente en ese momento, lo que no se verifica en el caso de autos.
Diferencias salariales, regularización previsional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Perretta, Walter Alfredo y otros c/ GCBA s/ Empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-04

El temperamento adoptado por la Cámara CAyT, al condenar al GCBA a regularizar la situación previsional del accionante, podría entenderse lesivo del principio de reserva de ley que impera en materia de derecho tributario sustantivo (arts. 4; 17; 19; 52;

75, incs. 1 y 2; 76; 99, inc. 3º, de la CN) en tanto éste impone la necesidad de que sea una ley emanada del órgano depositario de la voluntad popular la que establezca todos y cada uno de los elementos estructurales de la hipótesis de incidencia tributaria , es decir, el material, el temporal, el especial, el cuantitativo -más allá de la flexibilización que cierta doctrina y jurisprudencia admiten a su respecto- y el personal. (Votos de los Sres. Jueces José O. Casás, Ana María Conde e Inés M. Weinberg).
Designación de jueces, competencia, Cámara de Diputados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Da Costa Oliveira de Matta, Ligia s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1992-11-05

El nombramiento de los funcionarios judiciales se trata de una facultad que derivando de la propia Constitución es discrecional, privativo y excluyente de la Cámara de Diputados. La Cámara, en este caso, se ha desenvuelto dentro del ámbito funcional propio que la Constitución le acuerda en materia de designación o nombramiento de funcionarios del Poder Judicial. La designación realizada no puede ser revisada jurisdiccionalmente por cuanto si el Poder Judicial hubiera sido facultado para ello, habría dejado de existir la separación de poderes.
Sentencia no firme, arresto domiciliario, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: Smart, Jaime L. s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-11

Aún cuando la condena impuesta no esté firme, no se encuentran reunidos los requisitos que ameritan la concesión del arresto domiciliario, pues tal como surge de los informes médicos, no se advierte que en el particular caso se cumplan las condiciones establecidas en los incs. a), c) y d), del art. 10 CP y arts. 32, incs. a), c) y d) conforme art. 33 de la ley 24.660 de ejecución de penas, modificada por ley 26.472, sin perjuicio de la debida asistencia médica y realización de estudios periódicos a fin de determinar si la evolución de las patologías del encartado requiera modificación de lo resuelto. La disidencia consideró que el tribunal de juicio no ha dado fundamentos suficientes que permitan excepcionar el principio que prescribe el art. 442 CPPN en cuanto al efecto suspensivo que tiene la interposición de un recurso, ya que no se encuentra firme la condena. (Dres. Figueroa, Gemignani y Cabral).
Contratos innominados, células madre, biotecnología moderna, derechos de las partes, obligaciones de las partes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Bruno, Marcela Paola y otro  c/ Matercell SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

La regulación de la actividad de los establecimientos privados dedicados al almacenamiento de células hematopoyéticas (células madre), también denominados biobancos, que conservan unidades con fines autólogos es aquella que la Ley de Sangre establece para la autoreserva de sangre -las normas del depósito regular del Código Civil- más allá, también, de lo que técnica y administrativamente fije la autoridad de aplicación, o sea el Ministerio de Salud" (conf. CSJN, 22/05/12, "C., M. E. y otros c/ Estado Nacional -INCUCAI- s/ amparo ley 16986"). En otras palabras, el Alto Tribunal estableció que lo dispuesto por el art. 55 de la Ley de Sangre n° 22990 respecto de la custodia de autoreserva de sangre, en cuanto remite a la regulación del depósito regular en el Código Civil, se aplica mutatis mutandi a los biobancos privados de células madre de sangre de cordón umbilical y placenta.
Competencia, disolución de sociedades, sociedad de hecho, concubinato, juzgado de primera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Contreras, Silvia Jovita c/ Arroyo, Juan Eduardo s/ Conflicto Negativo de Competencia (Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial nº 1 Secretaría nº 1 y Tribunal de Familia - Vocalía IV), suscitado en el expte. nº B-104.236/03 Disolución de sociedad de hecho y separación de bienes. L.A. N 52 F 145/146 N 72 Conflicto Negativo de Competencia (Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial nº 1 Secretaría nº 1 y Tribunal de Familia - Vocalía IV), suscitado en el expte. nº B-104.236/03 Disolución de sociedad de hecho y separación de bienes. L.A. N 52 F 145/146 N 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-10-01

La pretensión que persigue se disponga la disolución de la sociedad de hecho y la separación de bienes en contra del demandado -derivados de una relación concubinaria- es de naturaleza eminentemente ajena al fuero especializado en materia de familia, correspondiendo que entienda en la causa el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial.
Honorarios del abogado, aplicación temporal de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Provincia de Misiones s/ acción declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-04

El nuevo régimen legal de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal -Ley 27.423- no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución.
Liquidación de entidades financieras, depósito bancario, banco central, régimen de garantía de los depósitos, responsabilidad del depositante, responsabilidad del banco, omisión de estados contables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Krupin c/ Banco Central de la República Argentina s/ Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

Si existen razones de peso que hacen dudar de la buena fe del depositante, es legítimo que el Banco Central, velando por la correcta aplicación de los fondos públicos que le son confiados, se niegue a otorgar la garantía legal.

No contraría a esta conclusión, la imputación de un deficiente contralor de la entidad financiera por parte del Banco Central, pues mal puede la institución fiscalizar operaciones que de ninguna forma aparecen en la contabilidad o en la documentación; si las operaciones - de existir - no se encontraban contabilizadas, mal puede tener conocimiento de ellas el Banco Central, al menos hasta la presencia de quien aparece invocando la titularidad de derechos de crédito, hasta entonces desconocidos.
Costas, instancia administrativa previa, allanamiento
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Scania Argentina S.A. c/ Fisco Nacional (D.G.I.) s/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-22

Si el agotamiento previo de las instancias administrativas tiende a dar a la administración la oportunidad de revisar el caso y eventualmente revocar el error, evitando juicios innecesarios (Fallos: 230:509 y 297:37:1306; este Fuero: Sala II "Cervera", del 28/2/95, "Adudinac S.A.", del 9/11/94 y Sala III, "Contrera", del 17/11/96, y "Descalzi", del 28/11/96, y Mairal, Héctor A.: "Control Judicial de la Adm.Pública", Bs.As. 1984, Vol. I, p.304. Vallefín, Carlos A.: "Proceso Adm. y habilitación de la instancia", La Plata 1994, p. 10), fue, justamente, durante la sustanciación en sede administrativa donde la demandada tuvo la oportunidad de enderezar su enfoque, con lo cual, el allanamiento deviene tardío, sin que existan en la especie razones de atenuación a lo dicho. (Del voto del Dr.

Coviello, consid. 5).
Exceso ritual manifiesto, juicio, recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, traslado
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: TSCHOPP, HEBERTO c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 141-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-04-29

El excesivo rigor formal manifiesto -como causal descalificante de un decisorio judicial- apunta a señalar un vicio fundamental del trámite, cual es el emplear las formas con despreocupación de la verdad, de modo tal que el proceso queda destartalado y exento de sustancia real; máxime cuando no media sólo un simple y reprochable "apego de las formas", sino un indebido uso de ellas.

En el caso, el Tribunal corrió traslado para expresar agravios por el término de cinco días, habiéndose decretado con anterioridad la duplicidad de los términos procesales, declarando extemporáneo el escrito presentado considerando que tal "error" fue consentido por la parte al no interponer revocatoria del decreto.
Homicidio simple, dolo eventual, legítima defensa, agresión ilegítima, personal policial, cumplimiento de un deber
Materia: PENAL
Carátula: Coitinho, Marcelo A. s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-25

Corresponde encuadrar en el delito de homicidio simple (art. 79 del C.P. ) la conducta de un policía que disparó dos tiros contra un automóvil cuando huía, perforando los proyectiles la carrocería e impactando en el cuerpo de una de sus ocupantes ocasionándole la muerte. El dolo de matar en el caso surge por el lugar en que impactaron los proyectiles, pues por su formación de policía el acusado tenía suficiente capacitación en tiro con armas de fuego como para conocer su poder vulnerante y dirigir correctamente los disparos, frente al hecho de que el automóvil circulaba con personas a bordo, lo que permite afirmar la actuación al menos con dolo eventual.

Debe desecharse la existencia de legítima defensa cuando los disparos fueron efectuados por el imputado sin saber quienes iban en el automóvil, y sin que los mismos respondieran a una actitud defensiva ante el chofer, que según el acusado intentó arrollarlo con el vehículo, puesto que para que la defensa sea legítima se necesita que la agresión injusta sea actual o inminente, y ello no ocurría en el caso pues el automóvil estaba yéndose.

También cabe descartar la posible actuación en cumplimiento de un deber, puesto que el código penal prohibe a toda persona disparar a otro sin que se den los requisitos de la legítima defensa y, en concordancia con él, el art. 8 del decreto ley 333-58 -Ley Orgánica de la Policía Federal- y el art. 8, inc. d) de la ley 21.965 sólo autorizan a la policía a esgrimir sus armas contra las vías de hecho, cuando deba asegurar la defensa oportuna de las personas o los derechos de terceros o propios, lo que implica la actuación dentro del marco de la legítima defensa o el estado de necesidad.