marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, imputado, debido proceso, presunción de inocencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CARRERA, CARLOS s/ DEBATE - RECURSO DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1976-07-05

La garantía constitucional del debido proceso legal es comprensiva de todos los recaudos, sustanciales o formales, tendientes a asegurar la presunción de inocencia que ampara al imputado mientras no se demuestre su culpabilidad (C.N., arts. 18 y 17, Constitución Provincial). Como sujeto esencial e incoercible de la relación procesal, en cuanto atañe a la inviolabilidad de la defensa,el imputado no puede ser constreñido en forma alguna a ejercer su derecho de defensa material.-
Juicio de desalojo, reconvención
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aguilera, Tomás Ireneo c/ Vereda, Juan Carlos y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-15

El juicio de desalojo es un procedimiento especial, contemplado en el Código Procesal Civil y Comercial ( Tít. VII, arts 676 al 678), que tiende a la celeridad de la acción, para que aquella persona que se crea con título suficiente, obtenga la restitución del inmueble de manos de aquél que se encuentra obligado a restituirlo. Es ajeno a cualquier otra acción autónoma que se pretenda introducir por vía de la reconvención salvo aquellos que guarden relación directa con el mismo. El reintegro por daño material y moral pretendido por el reconviniente, deberá ejercerlo en otro juicio, en el cual aportará todas las pruebas que considere pertinentes, para lograr la sastifacción de su crédito -en caso de corresponderle-; y dadas las características del reclamo del apelante, solo entorpecería la presente acción de desalojo, desvirtuándolo; teniendo en cuenta, que ambas acciones son independientes entre sí.-
Aplicación de la ley, fideicomiso, simulación, daños y perjuicios, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ascar, María Andrea c/ Ahibe, Rosa Argentina y otros  s/ Ordinario daños y perjuicios (Turno A)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-29

En la nulidad por simulación de un contrato de fideicomiso, resulta determinante para juzgar la procedencia de la pretensión, la existencia de un poder general amplio y un poder general irrevocable donde a través de ellos el fiduciante se aseguró continuar administrando las tareas que realizaba antes del contrato en relación con los bienes entregados al fideicomiso, es decir, las tareas que correspondían a los fiduciarios y a vender los inmuebles integrados al fideicomiso durante un período de veinte años, y siendo que tales instrumentos son contemporáneos a la celebración del fideicomiso, la función de los fiduciarios se vació.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, incidente de nulidad, nulidad procesal, auto de prisión preventiva, Cámara de Apelaciones, tribunal colegiado, voto de los jueces
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Clínica Saint Emilien  SA. s/ art. 166 del Código Penal -causa nx 16.893-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que desestimó el incidente de nulidad contra la sentencia de cámara que había decretado la prisión preventiva, promovido con fundamento en que en la decisión se había dejado constancia de la ausencia momentánea de un vocal, cuando en realidad el integrante del tribunal era otro magistrado.
Empleo público, abandono de trabajo, intimación a reintegrarse al trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BARQUIN, Carlos c/ U.N. DE QUILMES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-16

En el art. 32, inc. b) del decr. 1.797/80, reglamentario de la ley de empleo público se establece que respecto de la comprobación del abandono de servicio, una vez cumplidas dos inasistencias consecutivas sin aviso o justificación, se intimará al agente a la presentación a sus tareas.
Inhabilidad de título, firma en blanco, excepciones procesales
Materia: CIVIL
Carátula: EMPAQUE S.R.L. c/ CARRASCOSA, HORACIO A. Y OTROS-EJECUTIVO- s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-05-16

No puede discutirse con éxito la excepción de inhabilidad de título en el proceso ejecutivo "fundada en el abuso de firma en blanco", en tanto, cuando el deudor firma un documento en blanco confiere al actor un mandato tácito para completar los elementos faltantes.
Elevación en consulta, inconstitucionalidad
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Pereiro, Susana Noemí y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-13

Corresponde casar la resolución que no hizo lugar al planteo de nulidad de la elevación en consulta al Fiscal General pues la opinión en sentido desincriminante que emiten los fiscales de instrucción ha quedado huérfana de inspección, ya que la única supervisión a la que se encontraba sujeta esa petición, que ejercía la Cámara de Apelaciones respectiva, fue considerada inconstitucional por la CS y el trámite de consulta al Fiscal General no aparece previsto en el ordenamiento jurídico nacional. (Dres. Fégoli, Madueño, Rodríguez Basavilbaso).
Acción contencioso administrativa, contrato de trabajo, empleo público, vencimiento del plazo, indemnización tarifada, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ovejero, Omar c/ Municipalidad de los Altos s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-05-18

La promoción de la presente acción, a los efectos de obtener de este Tribunal la declaración de nulidad del Decreto Municipal, que dispone dar de baja al actor como empleado de la Municipalidad de Los Altos, con retroactividad al 10 de diciembre de 2013 por la causa de incompatibilidad de cargo y de horario con el ejercicio de un cargo electivo en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Los Altos debe rechazarse, toda vez que el instrumento cuestionado, no es ilegitimo, incausado ni arbitrario, no correspondiéndole indemnización alguna por haberse producido el cese dentro del plazo razonable estipulado.-(Del voto del Dr. Figueroa Vicario).
Recurso de apelación (procesal), legitimación activa
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BENEDETTE VICTOR ALFREDO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1982-10-02

El art. 466 C.P.P., 2do párrafo, establece que el derecho de recurrir corresponder a tan solo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo. Lo que el dispositivo exige es un interés (agravio, en lenguaje de la doctrina procesal) en concreto, vale decir, que la resolución desmejore o contradiga la expectativa de la parte frente a aquella, lo que equivale a afirmar una hipotética afectación al interés que se pretende hacer prevalecer.-
Propiedad intelectual, patentes, interpretación de tratados internacionales, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, medicamentos
Materia: COMERCIAL
Carátula: PFIZER INC. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-21

La reivindicación de prioridad de una solicitud compleja del 15 de septiembre de 1986, invocando una prioridad del Convenio de París al 18 de septiembre de 1985, no satisfacía las condiciones del art. 70.8 del Acuerdo ADPIC, ni del art. 100 del reglamento de la ley argentina (decreto 260/96), razón por la cual el INPI no estaba obligado a mantener la solicitud de mayor protección en situación de "pendiente" hasta "la fecha de aplicación del Acuerdo" para la República Argentina en lo relativo al campo de los productos farmacéuticos y podía denegar lo peticionado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, Derecho laboral, despido indirecto, obligaciones del empleador, pago de la remuneración, diferencias salariales
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Dulcich, Rosa Beatriz c/ Salgado, Leonardo Martin s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-28

La compareciente insiste en negar la existencia de diferencias salariales y de justa causa como para motivar el distracto, mas se conforma con dirigir genéricos agravios constitucionales, sin demostrar cómo sus cuestionamientos apelatorios contra lo decidido en baja instancia no habrían obtenido una respuesta suficiente por parte de la Sala al resolver en grado de apelación, descartando el supuesto de incongruencia alegado, por entender como hecho evidente que la actora había denunciado haber percibido una remuneración inferior a la devengada, y esto con fundamento en diversos motivos (distinta categoría de la que efectivamente desempeñaba, remuneración básica menor a la correspondiente, adicionales de C.C.T. y rubro dispuesto por el decreto 14/2020) y referir como determinante para entender justificado el despido indirecto el hecho de la resistencia arbitraria por parte de la patronal, a cumplir sus obligaciones de pago íntegro de haberes, extremo que -evidenció- fue expresamente planteado por la actora en las comunicaciones telegráficas como motivante de la ruptura.
Responsabilidad del Estado, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ricca J. c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

Si bien debe el Estado resarcir el perjuicio que ocasione por la realización de una obra pública, éste no se extiende a una eventual o hipotética pérdida de venta, no resarcible conforme al art.

2620,2514 y concordantes del Cód. Civil.
Accidente de tránsito, culpa civil, presunción de culpa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ledezma, Rosalía Cristina c/ Angel Roque Arévalos y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-12-23

El conductor que embiste con la parte delantera de su automotor en la parte trasera del otro que se desplaza en la misma dirección crea una presunción iuris tantum de culpabilidad que debe ser destruida por prueba en contrario.
Prueba, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: P., J.D. c/ T.A. SRL y Otros s/ Cobro de haberes e indemniación de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-22

La atendibilidad de la prueba testimonial no se mide por el número de quiénes prestan declaración, pues el camino más seguro para establecer quiénes relatan el hecho con verdad y quiénes no lo hacen así, es la de ponderar todas las circunstancias que, examinadas, con criterio objetivo, valora de modo integral la prueba, y valga la repetición de aquello tan manido de que los testigos se pesan y no se cuentan.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Merino de Landriel, Clara y otro c/ Compañia agropecuaria 'La Clementina del Norte S.A.' s/ Rescision de boleto de compraventa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-01

Corresponde anular el pronunciamiento que omite tratar una cuestión esencial que, preterida en el fallo de primera instancia, fue expresamente sometida a consideración de la alzada por el apelante en su expresión de agravios (art. 273, C.P.C.C.).
Interdictos posesorios, interdicto de recobrar
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lucero Marta Beatriz c/ Marcolli Jorge y Marcolli Clemente s/ Interdicto de Recobrar la Posesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-06-30

El interdicto de recobrar no constituye una acción real ni posesoria, sino que es una disposición de orden público tendiente a prevenir las acciones violentas para lograr justicia por mano propia, como remedio policial urgente y sumario a favor de quien tiene la posesión. Se hace necesario acreditar que quien acciona tiene la cosa bajo su poder en los términos del art. 2351 del Código Civil, toda vez que el objetivo específico de la acción de despojo es el reintegro de la cosa al despojado, sin que quepa discusión alguna fundada en un título, pues la protección se concede al poseedor o tenedor cuando se acredita la existencia de desposesión por violencia, clandestinidad o abuso de confianza, según las hipótesis de los arts. 2492 y 2364 del Código Civil.

En autos, la condición de poseedor del accionante no fue acreditada fehacientemente por los testigos -quienes no depusieron con respecto a los inmuebles que son objeto del litigio-, faltó la probanza de los hechos denunciados como turbadores y la documentación que se refiere a la propiedad de los inmuebles no resulta valorable en una causa en la que, para su resolución, únicamente se debe atender al ejercicio de la posesión y a la existencia de actos turbatorios, quedando indemnes los derechos que deriven de la propiedad.

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de apelación articulado y revocar el fallo de Primera Instancia que ordenó la restitución de la posesión a la actora, disponiendo la improponibilidad de la demanda por no haber acreditado la accionante la existencia de actos posesorios ni turbatorios, con imposición de costas.
Juicio ordinario, excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, legitimación activa, sociedades comerciales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: FAISAN  SAIC DE PRODUCTOS DE ALGODON Y AFINES c/ EXFIN EXCHANGE YFINANCIAL  CO. TRUST VADUZ Y OTROS S/ s/ RD. (LL 2.6.04, Fplicacion107550; ED 22 Y 23.9.04, Fplicacion 52959).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-24

Cabe rechazar, por falta de legitimación activa la demanda iniciada -22.3.71- por una sociedad contra otras dos sociedades y el representante de una de ellas por rendición de cuentas, investigación y cobro de pesos, basada en un documento en el que la accionante aparece reconociendo una deuda -u$s 600.000 en favor de los accionados, la que fuera garantizada por un tercero con la dación "en prenda" de su personal tenencia accionaria de cierta sociedad y cuya restitución resulta -según demanda y escritos posteriores- la principal preocupación manifestada por la actora; ello así pues, además de no aludirse en ningún ordenamiento ritual en lo civil y comercial a la mentada investigación que se reclama, la accionante no probó haber pagado la deuda, careciendo así de legitimación para iniciar la acción, pues la perjudicada es esa tercera persona que entregó las acciones o pago la deuda y que no es parte en el proceso.
Sentencia firme, decomiso, defensa en juicio, cosa juzgada material
Materia: PENAL
Carátula: Ruso, Ángel Darío c/  s/ hurto con escalamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-10

Una vez que adquiere firmeza la sentencia de condena y se encuentra en la etapa de ejecución, sus fundamentos no puede ser reinterpretados ni ampliados a los fines de extender el alcance de sus dispositivos, sujetando a comiso un bien que no había sido ordenado decomisar en aquella sentencia. Los principios de cosa juzgada material, defensa en juicio y ne bis in ídem impiden la revisión en perjuicio del condenado, aún en caso de error u omisión judicial (art. 18 de la Constitución Nacional; 8.2.d de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 y 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (voto del juez Huarte Petite).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de la ley, ley federal, ley aduanera
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: A. FERIOL Y CIA. S.A.C.I.I. Y F. Y OTROS. s/ RECURSO DE APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-10

Procede el recurso extraordinario cuando se halla controvertida la inteligencia de normas federales -arts. 140 ter y 171 bis de la Ley de Aduana (t.o. en 1962 y sus modif.) y art. 1027 bis de las Ordenanzas de Aduana- y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa es contraria al derecho que la recurrente sustenta en ellas.
Cuestiones de competencia, fuero de atracción, sucesiones, prescripción adquisitiva, derechos reales
Materia: PROCESAL
Carátula: ORTEGA, RAUL AMERICO c/ SARSOTTI, CARLOS IGNACIO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-07

No procede el fuero de atracción sucesorio respecto de la acción tendiente a determinar la existencia de derechos reales -juicios de usucapión de un inmueble- ya que no se trata de las acciones personales de los acreedores del difunto, ni de las relativas a bienes hereditarios que se suscitan entre coherederos.
Pago con cheque sin provisión de fondos, interpelación, domicilio constituido, juicio ejecutivo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Funes, Oscar Reynaldo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-21

Las únicas notificaciones válidas a los efectos de la interpelación requerida en el art. 302, inc. 1° del C.P. son las que surgen de su propia letra: "...aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación". En autos se agregó la carta certificada emitida por el Banco dirigida al domicilio constituido por el imputado, mediante la que se hizo saber que en esa fecha se devolvió un cheque librado por él, por lo que se lo incluyó en la base de cuentacorrentistas inhabilitados. Esa comunicación es la que debió tomarse como satisfactoria para conformar el tipo legal en cuestión y no la que sostuvo la sentencia como válida, correspondiente a un proceso ajeno cuya forma de notificación se aparta de la indicada para la configuración del delito de emisión de cheques sin provisión de fondos (art. 302, inc. 1° del C.P.) aún cuando puede tener efecto en el juicio ejecutivo tendiente a su cobro en sede comercial. (Voto de los Dres. Bisordi, Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: I., I. s/ Lesiones culposas (Expte Nº28-99, Resolución Nº25, Tomo 5, Folio  478)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-29

La comprensión de lo que constituye secuela de juicio es algo que siempre produjo debates en doctrina y jurisprudencia, mas, a partir de la reforma introducida en el artículo 64 de nuestro Código Penal admitiéndose en dicho código de fondo -como antes no se lo había hecho- una diferencia entre lo que es instrucción y lo que es juicio propiamente dicho, he entendido (v. "Obregón", "Vignolo", "Alloa", etc.) que la cuestión se ha resuelto categóricamente, toda vez que me resulta impensable que un mismo cuerpo legal -el Código Penal- en una misma sección -su parte general- al aludir a un mismo término técnico -el juicio- le dé una vez un significado y otra vez otro. En el convencimiento pues de que al aludir en su parte general nuestro Código Penal al juicio, debe entenderse que lo hace a la etapa procesal que se inicia luego de finiquitada la instrucción, he llegado a la conclusión que ahora reitero de que por secuela de juicio únicamente puede entenderse secuela de juicio propiamente dicho o secuela del debate o plenario, negándole así entidad interruptiva de la prescripción de la acción a cualquier acto que pueda producirse durante la instrucción. La postura, en que me mantengo, creo por otra parte que fijó una nueva definición político criminal del Estado Argentino, acorde con los Pactos Internacionales que reclaman el juzgamiento en un plazo razonable.
Seguridad social, facultades del gobierno provincial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C. de M.R. c/ M.D. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

Frente a la nueva realidad normativa que supone la vigencia de la Constitución sancionada por la Convención Constituyente de la Provincia de Santa Fe, no puede ser opuesto el argumento en pro de la supremacía del dec. 2293/92 del P.E.Nac., pues cabe interpretar que la previsión contenida en el art. 125 de la referida Carta Magna -estableciendo que las provincias pueden conservar organismos de seguridad social para profesionales- implícitamente y basándonos en el principio de prelación ya aludido, deroga el decreto de marras.
Trabajadores marítimos, extinción del contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, despido, despido sin causa, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Aguirre  César  Federico c/ Pesquera  Santa Cruz S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

No debe interpretarse que ha mediado el supuesto previsto en el art. 241 de la L.C.T. ante el caso del trabajador que, luego de su desembarco, el buque donde prestaba tareas siguió zarpando durante cinco meses, y cumplido dicho plazo recibe de parte de su empleadora el telegrama de despido, lo que no cabe inferirse como tácita voluntad del trabajador de romper el vínculo. La espera de éste no puede traducirse como un desinterés en retomar su actividad. Durante esos cinco meses ha estado a disposición de ser convocado para embarcar. Por otra parte de acuerdo con el art. 64 del CCT 307/99 el armador o propietario no puede mantener a ningún tripulante en situación de "a órdenes" por más de noventa días corridos, salvo que medie conformidad del tripulante para prorrogar esta situación por sucesivos períodos adicionales de treinta días corridos. Vencidos dichos plazos el armador deberá reembarcar al tripulante o bien desvincularlo abonándole las indemnizaciones que le correspondan. De modo que al no configurarse el supuesto del art. 241 L.C.T., corresponde abonarle al actor las indemnizaciones por despido incausado. Toq. 1236.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, contratos bancarios, tarjeta de crédito, consumos problemáticos, contrato de descuento bancario, banco emisor, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Drocchi, Alfredo Pablo c/ First Data Cono Sur SRL y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Procede confirmar la resolución que hizo lugar a la demanda y condenó a las codemandadas por los daños padecidos por el actor, en tanto no se encuentra controvertido que era titular de una tarjeta de crédito emitida por el banco coaccionado, y que en cierta época se cargaron diversos consumos efectuados desde Brasil que, luego de ser impugnados, fueron inicialmente devueltos y finalmente cobrados de nuevo. Ello por cuanto, lo actuado por cada demandada afecta a la otra en tanto ambas resultan responsables frente al "cliente o consumidor" del servicio ofrecido. Por otra parte, pese a no existir un vínculo contractual directo entre la administradora y el accionante, debido a que la tarjeta fue entregada por el banco, el complejo sistema de tarjetas de crédito y la función que le compete a la codemandada dentro de este, hace que inexorablemente se encuentren relacionados, pues de todos modos ha sido parte necesaria en la prestación del servicio que se ofrece al usuario. Pues, el actor detentaba una tarjeta de crédito que, si bien emitida por una entidad bancaria, pertenece a un sistema que la otra administra. Quien organiza el desarrollo de su empresa a través de una estructura de crédito y servicio especializado, utilizando para su concreción la participación de otras entidades -que son quienes efectivizan la relación de consumo que da vida y esencia a ese sistema-, no puede considerarse ajeno al negocio por no ser el contratante directo ni puede por ello oponer la barrera del principio de los res inter alios acta (Muguillo, Roberto A., Tarjeta de Crédito, ed. Astrea, Bs. As. 2004, pág. 163; CNCom, esta Sala, 12/08/08, "De la mano, Osvaldo c/ Citibank NA. y otro"). Es que, es parte esencial del sistema por la decisiva actividad que desempeña en su funcionamiento; lo organiza y administra, lucra con el negocio y debe asumir su riesgo empresario (CNCom, Sala B, 06/12/02, "Gómez, Carlos Alberto c/ Argencard SA y Citibank NA").