Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-04


SENT Nro. 848 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 04 de Noviembre de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Ale, Julio César vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Contencioso administrativo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte demandada, a fs. 1009/1014 vta., plantea recurso de casación en contra de la sentencia Nº 166 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 6 de mayo de 2002, obrante a fs. 994/1003 vta., que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 15-11-2002 (cfr. fs. 1031 y vta.), habiéndose dado cumplimiento en forma previa al trámite previsto en el último párrafo del artículo 816 del CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Sostiene la recurrente que la sentencia atacada incurre en infracción a normas de derecho (artículos 16, 17 y 18 de la Constitución nacional, y 143, 156 y concordantes de la Ordenanza Nº 731/82), es arbitraria y reviste gravedad institucional.

En esta dirección se agravia del fallo en cuanto considera que la sanción aplicada resulta absolutamente desproporcionada con la falta cometida, siendo arbitraria e irrazonable; que surge manifiesto que, en la especie, existe un vicio en la finalidad, puesto que no se persiguió con la misma el buen orden sino otros fines distintos, cual es el voluntarismo del funcionario de separar al actor de los cuadros de la administración, y que la arbitrariedad -que es una nota subjetiva caracterizada por el mero voluntarismo enderezado a la violación del derecho-, concurre en el sub iudice.

Como consecuencia de lo anterior, se muestra disconforme con la decisión sentencial que, tachando al artículo 4º de la Resolución Nº 30/SG/98 (y, por ende, a la Resolución Nº 75) de nulo de nulidad absoluta por violatorio del artículo 156, inciso g de la Ordenanza Nº 731/82, ordena la reincorporación del demandante en el mismo cargo y funciones que ocupaba antes del acto separativo.

Luego de hacer alusión al Decreto Nº 413/FM/97, por el que se resolvió la nulidad del Decreto Nº 1615/SG/97 y de las conclusiones sumariales, como así también la designación de una nueva instructora sumarial, y de estimar que las conclusiones a que arribara esta última en punto a los cargos imputados al actor no merecen reparos, al igual que el acto administrativo dictado en su consecuencia, se muestra disconforme con que se haya aseverado que la decisión de la municipalidad implica una diferente valoración de las circunstancias, apoyadas en una subjetividad ajena al procedimiento disciplinario, por cuanto el haber ponderado nuevos elementos de las pruebas anteriores no significa, ni fue el caso de autos, que se haya perdido la objetividad del procedimiento disciplinario.

Manifiesta que el hecho de no registrar antecedentes en su legajo el accionante "...no constituye fundamento de la sentencia para sostener que la sanción que se le aplique con posterioridad lo sea '... por una diferente valoración de las circunstancias, apoyadas en una subjetividad ajena al procedimiento disciplinario'" (cfr. fs. 1011 vta.).

Alega que lo expresado por el Intendente Municipal en el expediente Nº 2726/110/C/97 no pudo servir de motivación al acto jurisdiccional en crisis, debido a que sus declaraciones sólo pudieron ser objeto de una causa penal por los delitos en que el afectado estimara incurso al declarante, a lo que se agrega que en la causa penal efectivamente iniciada por el demandante, el Intendente fue sobreseído.

A propósito de lo considerado por el pronunciamiento recurrido en el punto d) de fs. 1000 vta., arguye que los fundamentos del sobreseimiento dictado en favor de Julio César Ale no son plenamente aplicables en sede administrativa para obtener idéntico resultado; en su criterio, la rigidez de la adecuación de la conducta del imputado a una figura penal típica, antijurídica y culpable es característica del proceso penal, a lo que se añade que el delito investigado era de cohecho; por el contrario, dice, en sede administrativa dichos principios no son aplicables en forma tan estricta, siendo válida la adecuación a las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico, siempre que se haya respetado el procedimiento prefijado y se encuentre comprobada la conducta reprochable del autor. Por consiguiente, afirma que habiendo sido admitido por la propia sentencia que su parte cumplió satisfactoriamente el proceso sumarial pertinente, la valoración de la causal y la sanción a imponer no debieron tener reparos en virtud de que se trata de hechos comprobados y de sanción prevista en la Ordenanza Nº 895/68.

En lo que concierne a lo expuesto por la Excma. Cámara con relación al acogimiento del recurso de reconsideración interpuesto por Pedro Gerardo Poggi (punto e, de fs. 1001), señala que si bien es real que las sanciones impuestas a este último y a Ale fueron diferentes, también es cierto que los hechos por los que fueron sancionados eran distintos, y que a ello justamente obedeció a aquella diferente reprensión, lo que fue meritado oportunamente por el ente autárquico municipal.

Resalta que no existió animosidad en contra del accionante y que no se forzó una decisión en determinado sentido, habiéndose procurado alcanzar la verdad material en la inteligencia de resolver lo adecuado.

Finalmente, descarta que se hayan conculcado las prescripciones de los artículos 156, inciso g, y 143 de la Ordenanza Nº 731/82; que exista la desproporción que menta este último dispositivo; concluye diciendo que si cualquier otra persona hubiera incurrido en la misma falta que Julio César Ale, también se le hubiera impuesto idéntica sanción, por aplicación de las normas vigentes.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Así, ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 1004 y vta. y del cargo actuarial inserto a fs. 1014 vta.; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva en los términos de los artículos 813, inciso a) y 814 a contrario sensu; se dio cumplimiento con el depósito establecido en la ley del rito (cfr. fs. 1008); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone doctrinas legales, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por consiguiente, voto en el sentido de considerar admisible el recurso en examen.

IV.- Preliminarmente, de conformidad a lo considerado por la Sala a quo, interesa poner de relieve que si bien es facultad discrecional de la administración la de determinar la intensidad de la sanción disciplinaria a imponer, debe advertirse también que la misma posee límites, que están dados fundamentalmente por el principio de razonabilidad, el que se erige en un criterio válido para apreciar la legitimidad del actuar estatal en ejercicio de potestades discrecionales. Así se ha dicho que la "Razonabilidad implica la coherencia interna del acto administrativo entre sus supuestos (premisas) y conclusiones. Pero también conlleva la idea de idoneidad. El medio elegido, dentro de los que la Administración dispone, debe ser idóneo al fin buscado, y éste, a su vez, sintonizar con el interés general", haciéndose referencia más adelante a que se debe atender "... a la exigencia de un proceder razonable en los casos en que la desproporción es susceptible de configurar una desviación o exceso de poder" (cfr. Lorenzo, Susana: "Sanciones Administrativas", págs. 16 y 18).

Concordantemente, Miguel S. Marienhoff sostiene que "La evidente desproporción entre la sanción aplicada y la conducta incriminada, por implicar un acto irrazonable, puede dar lugar a la más grave 'ilegalidad', ya que constituyendo eso un agravio a los arts. 28 y 33 de la Constitución, el acto sería írrito por inconstitucional" ("El exceso de punición como vicio del acto jurídico de derecho público", L.L. T. 1989-E-, pág. 964). Asimismo, este mismo autor en el Tomo III-B de su "Tratado de Derecho Administrativo", págs. 469/470, tiene dicho que "La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que la 'ilegitimidad' puede quedar configurada en la indebida graduación de la pena".

En este mismo orden de ideas se ha afirmado también, con relación a la revisión judicial de las sanciones administrativas, que "... el examen de legitimidad del acto comprende no sólo sus elementos reglados, sino también a los discrecionales, en cuanto el ejercicio de esas facultades hayan violado o excedido los límites que condicionan con el orden jurídico. Estos actos serían, así, según las enseñanzas de los principales administrativistas, susceptibles de control por el fin (que da lugar a la técnica de la desviación de poder, lo que ocurre cuando se ejercen potestades administrativas con un objetivo distinto al fijado por el ordenamiento); de control por los hechos determinantes (o sea, la comprobación de la real existencia del sustracto fáctico en el que se apoya la decisión); de control por los principios generales del derecho, constitucionales o legales, tales como la razonabilidad, igualdad, buena fe (cuya violación no puede ser convalidada); y de control por los conceptos jurídicos indeterminados" (Pose, Guillermo A.: "Régimen Jurídico de la Función Pública", pág. 111).

A la luz de las premisas sentadas precedentemente, resulta descalificable la aseveración de la recurrente de que la cesantía, para el hecho que se le imputa al demandante, es la sanción prevista en la Ordenanza Municipal Nº 895/68, toda vez que la aplicación de tal sanción no deviene impuesta automáticamente para un caso como el de marras, ni resulta la única alternativa posible. Por el contrario, es de toda evidencia que para el caso en cuestión, más que nunca, debió hacerse -cosa que no se hizo- una aplicación adecuada y razonable de lo preceptuado en el artículo 34 de la precitada Ordenanza, el que dispone que "Toda sanción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta o infracción, los antecedentes del agente y en su caso, los perjuicios causados" (ídem artículo 30 de igual digesto). Cobran así plena vigencia en el sub lite, los siguientes conceptos de Bartolomé A. Fiorini: "La disposición sobre sanciones no debe obligar en forma automática a la Administración pública, pues las faltas deberán ser evaluadas para su aplicación, teniendo en cuenta la gravedad, los perjuicios y los antecedentes del agente, que deben influir, sea como agravantes o atenuantes" ("Derecho Administrativo", T° I, pág. 859).

En efecto; y como bien lo precisó el fallo impugnado, a la hora de disponerse la medida expulsiva del actor, se prescindió de sus antecedentes obviando el hecho que no registraba sanción disciplinaria alguna en su legajo, falla ésta que lejos está de verse purgada con el argumento de que "El hecho de no registrar antecedentes en su legajo por parte del actor no constituye fundamento de la sentencia para sostener que la sanción que se le aplique con posterioridad lo sea por '...una diferente valoración de las circunstancias, apoyadas en una subjetividad ajena al procedimiento disciplinario'" (cfr. fs. 1011 vta.).

Ello así, mucho más aún, cuando atento a la naturaleza y gravedad de la falta que se le atribuyera (se le imputó haber detenido un rodado en las cercanías del lugar en que se había ordenado se practicaran los controles), se presenta absolutamente razonable la conclusión sentencial de tener por desproporcionada la sanción expulsiva aplicada al agente, siendo ello demostrativo de la irrazonabilidad y déficit en la finalidad que fueran declaradas por el tribunal a quo. De allí entonces que, a mi modo de ver, no resulte arreglado a derecho ni consulte adecuadamente las constancias de la causa, la apelación de la accionada a la objetividad de todo lo actuado en el procedimiento administrativo; o que las manifestaciones del Intendente vertidas en el expediente Nº 2726/110-C-97 (cfr. fs. 416) con relación al accionante resulten totalmente irrelevantes en esta causa, habida cuenta que traducen claramente un concepto no valioso acerca del actor, por parte de la máxima autoridad jerárquica administrativa del municipio las que, por lo demás, no se ajustan estrictamente a las constancias de autos, conforme fuera puntualizado por el fallo en recurso a fs. 1000 vta.

De otra parte, en lo relativo a la transformación de la sanción de cesantía en suspensión con relación a Pedro Gerardo Poggi, mediante Resolución Nº 110/SG/98, del 28-9-98 (cfr. fs. 912/917), cabe poner de resalto que, tanto dicha cesantía como la del actor, se dispusieron en el marco de los mismos hechos, esto es, los que se refieren a las circunstancias vinculadas a lo acontecido el 23-4-1997, a propósito del control efectuado por ambos inspectores de la camioneta chevrolet matrícula nº RET-561, y la denuncia penal y posteriores actuaciones administrativas promovidas a raíz de la misma.

En lo que respecta al argumento que la medida depurativa aplicada a ambos agentes obedeció a distintos causas o hechos imputados, no puede dejarse de advertir que, tanto la falta atribuida a Poggi como la que se le endilgó a Ale, fueron calificadas en el acto depurativo (cfr. fs. 907/908) como graves, porque afectaban el correcto y legítimo ejercicio del poder de policía municipal y la transparencia del mismo. Y que luego de rechazarse el planteo de nulidad por ilegitimidad de la Resolución sancionatoria Nº 30/SG/98, del 13-4-98 (cfr. fs. 900/911) contenido en el recurso de reconsideración deducido por Pedro Gerardo Poggi y, por lo tanto, de dejarse intacta la falta disciplinaria atribuida, se invocó genéricamente y sin ninguna precisión como fundamento para la transformación de la sanción, a los antecedentes laborales del actor (en el acto depurativo se había dicho que si bien no registraba sanciones anteriores, su conducta debía ser valorada también a la luz de la trascendencia de los hechos -cfr. fs. 908-), y a la "...estimación de la gravedad de la falta cometida" (cfr. fs. 916), sin efectuar ninguna otra referencia sobre el particular, es decir, con respecto a una falta a la que le había sido atribuida la misma gravedad que a la de Julio César Ale, sin perjuicio que también luce evidente que su entidad, tal como fuera destacado por el acto judicial en examen, no revestí a tal gravedad que justificara la imposición de una sanción disciplinaria como la cesantía. Se puede decir, entonces, siguiéndolo a Fiorini, que el vicio de arbitrariedad en la apreciación de los criterios que sirvieron al administrador para aplicar la sanción, se manifiesta cuando se exterioriza un juicio de gravedad sin sustento de razón, pruebas o hechos que lo justifique (ob. cit. T. I, pág. 861).

Lo hasta aquí expuesto es suficiente para patentizar la razonabilidad de lo decidido por el a quo, en cuanto consideró absolutamente irrazonable o desproporcionada la sanción aplicada, más allá que lo exteriorizado por Gabriel Gustavo Guillen en el careo que se verificó en sede penal, no haya constituido una circunstancia que pudo ser tomada en consideración por la Excma. Cámara, atento a la fecha de realización de aquélla medida de prueba (26-8-98 -cfr. fs. 15 del expediente penal que se tiene a la vista), al igual que el testimonio prestado en la misma sede por Julio César Guillen el 22-9-98 (cfr. fs. 22 vta. de las mismas actuaciones).

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar, con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia Nº 166 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 6 de mayo de 2002, obrante a fs. 994/1003 vta.. En tal sentido mi voto.

V.- Acorde al resultado a que se arriba, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia casatoria se imponen a la parte vencida, demandada en autos (artículos 89 del CPA y 106, primera parte, del CPCC).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación planteado por la parte demandada en contra de la sentencia Nº 166 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 6 de mayo de 2002, glosada a fs. 994/1003 vta. conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO