Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-08-28


SENT Nº 850	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiocho (28) de Agosto de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Coronel Miguel Armando vs. Barone S.A. y otros s/ Despido".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción el 22 de agosto de 2007 (fs. 198/202), la parte actora dedujo recuso de casación, que fue concedido mediante resolución de fecha 03/12/2007 (fs. 229). Consta en informe actuarial de fs. 276 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 CPL.

2.- La sentencia impugnada resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda promovida en contra de Barone S.A., a quien condenó a abonarle al actor la suma de $15.105,35 por los conceptos detallados en la planilla de condena.

Por otro lado, la Cámara absolvió a la firma Barone S.A. de los rubros horas extras y vacaciones no gozadas año 2001 y 2002, y dispuso rechazar la demanda promovida en contra de Su Crédito S.A.

3.- El recurrente sostiene que lo agravia la sentencia en relación a tres cuestiones: a) en cuanto deniega la responsabilidad solidaria de las demandadas frente a los reclamos del accionante; b) en relación a la absurda interpretación que realiza respecto de las horas extras, que se encuentran fehacientemente probadas; c) debido a la falta de pronunciamiento sobre el reclamo por diferencias salariales.

En relación a lo primero, denuncia que la sentencia viola el art. 31 de la LCT en cuanto exime de responsabilidad a la demandada Su Crédito S.A., pues pese a reconocer la existencia de un grupo económico conformado por las demandadas, al momento de rechazar la demanda en contra de aquella firma invoca razones que no fueron contempladas por la ley, doctrina ni jurisprudencia.

Afirma que en doctrina y jurisprudencia se ha sostenido que cuando nos encontramos frente a un grupo económico, existe responsabilidad solidaria entre las empresas, más aún cuando se ha demostrado que el traspaso de una empresa a la otra fue realizado con el objeto de despedir al actor por medio de una empresa vaciada y en posterior concurso de acreedores como lo es Barone S.A.

Remarca que si bien el fraude a la ley es un elemento esencial para que se configure la responsabilidad solidaria del art. 31 LCT, ello no significa que debe probarse el dolo del empleador ni un propósito fraudulento, sino que basta que la conducta empresarial se traduzca en una sustracción a esas normas laborales.

Expresa que si la Cámara tuvo dudas respecto de la aplicación de la ley, lo lógico sería que se incline por la norma más favorable al trabajador que es la del art. 31 de la LCT, por lo que entiende que el caso debería ser juzgado a la luz de esta norma.

Por otro lado, sostiene que existen diversos elementos de prueba que hacen a la determinación de las horas extras laboradas, como sería lo expresado en la demanda al respecto y lo declarado por la testigo obrante a fs. 114, elementos que no fueron valorados por el fallo al rechazar el reclamo por horas extras.

Expresa que tampoco se valoraron pruebas sobre las tareas realizadas por el actor, las que se solicitó sean tenidas en cuenta al momento de sentenciar para el rubro indemnización por diferencias salariales. Entre dichas pruebas, señala que se encuentran las boletas de depósitos bancarios que el actor realizaba; las constancias de la causa penal que fue abierta con motivo del robo del que fue víctima el actor al trasladar enormes sumas de dinero de la demandada; y los dichos de la demanda.

Finaliza diciendo que el pronunciamiento no expresa las razones que determinaron que el importe del juicio ascienda a la suma de $15.105,35, y menos aún si se tiene en cuenta que tampoco se expidió siquiera sobre el tópico referido a las diferencias salariales adeudadas, lo cual se vincula con la base para determinar los demás rubros indemnizatorios.

4.- El recurso ha sido deducido en término, se dirige contra un pronunciamiento definitivo, y no es exigible el afianzamiento de ley por ser el actor quien recurre (arts. 130, 132 y 133 CPL). El motivo y suficiencia de la casación intentada será examinado al tratar los agravios particularizadamente.

4.1.- En relación al reclamo por horas extras, los agravios expresados en el memorial recursivo se dirigen a cuestionar la valoración y selección de las pruebas de la causa, lo cual constituye una cuestión de naturaleza eminentemente fáctica que desborda el estricto ámbito de admisibilidad que establece el art. 131 del CPL para la vía impugnativa intentada.

De los términos del memorial recursivo, se desprende que la denuncia de arbitrariedad efectuada es insuficiente, toda vez que los agravios expresados en casación no alcanzan para descalificar el pronunciamiento.

En primer lugar el recurrente cuestiona la falta de valoración de los términos de la demanda en relación al horario de trabajo del actor. En autos la demanda fue tenida por incontestada, lo que llevó a la Cámara a disponer la aplicación de los efectos previstos en el art. 58 CPL, teniendo por ciertos los dichos invocados en ella ante la falta de prueba en contrario.

Sin embargo, considero que la presunción contenida en el art. 58 de la LCT, no alcanza para acreditar la existencia de horas extras, por lo que el hecho de que en el caso no se hayan tenido en cuenta las aseveraciones expresadas en la demanda, carece de entidad para descalificar el pronunciamiento. En efecto, de acuerdo el criterio judicial reinante en la materia, la prueba de las horas extras debe ser concluyente y fehaciente tanto en lo que se refiere a los servicios prestados como al tiempo en que se cumplieron, no pudiendo ser acreditadas con meras presunciones. Al respecto, es criterio de esta Corte que la presunción del art. 58 del Código Procesal Laboral de Tucumán abarca sólo las prestaciones ordinarias del contrato de trabajo; y que siendo las horas extras prestaciones excepcionales, para la procedencia del reclamo se requiere la acreditación fehaciente de su cumplimiento (CSJTuc., sentencia n° 89 del 07/3/2007).

Por otro lado, el recurrente también refiere a que no se valoraron los dichos del testigo de fs. 114, pero no demuestra de qué modo lo declarado por el testigo lograría descalificar lo decidido por la sentencia en relación al rechazo de las horas extras reclamadas.

Consecuentemente, el carácter fáctico de la cuestión traída en casación y la insuficiencia del vicio de arbitrariedad de sentencia denunciado, determinan la inadmisibilidad del agravio analizado en este punto (arts. 131 y 132 incs. a y b CPL).

4.2.- Los planteos relativos a que la sentencia habría incurrido en una infracción al art. 31 de la LCT y que omitió pronunciarse sobre el reclamo por diferencias salariales, han sido suficientemente expuestos en el memorial recursivo, se basan en la infracción de normas jurídicas y se ha invocado el vicio de arbitrariedad de la sentencia, razón por la cual al cumplir estos agravios con la totalidad de los requisitos de admisibilidad de la casación (arts. 130 a 133 CPL), corresponde entrar a examinar su procedencia.

5.1.- Para un adecuado análisis del planteo referido a la infracción al art. 31 de la LCT por parte de la sentencia, conviene comenzar transcribiendo la disposición legal implicada en el agravio.

Establece el artículo 31 LCT: "Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria."	De acuerdo con esta disposición, son dos los requisitos que deben concurrir para que exista solidaridad: a) debe existir un grupo de empresas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente; y b) deben haber mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria.

En el caso, la sentencia ha considerado acreditado el primero de los presupuestos señalados, al sostener que las empresas demandadas Barone S.A. y Su Crédito S.A. constituyen un verdadero conjunto económico. Tal afirmación se basa en el informe remitido por el Registro Público de Comercio agregado a fs. 45/48, de acuerdo al cual las empresas demandadas no sólo están compuestas y dirigidas por las mismas personas, sino también comparten el domicilio social en calle Maipú 140 de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Este extremo que la Cámara tiene por acreditado no ha sido cuestionado por ninguna de las partes, razón por la cual la cuestión se circunscribe a determinar si mediaron o no maniobras fraudulentas.

Siguiendo a calificada doctrina en la materia, podemos decir que maniobras fraudulentas son las conductas o actitudes orientadas a burlar los derechos del trabajador, a través de traspasos, artificios o manejos, cualesquiera que sean, con la finalidad de sustraerse a las obligaciones que impone la legislación laboral o de la seguridad social. Así, se ha entendido que cabe calificar de fraudulentas conductas tales como el uso de artilugios que provocan el fraccionamiento de la antigüedad, con el consecuente desbaratamiento de los derechos que de ella dependen. En relación a este supuesto de fraude, se ha sostenido que si bien el art. 31 de la LCT supedita la existencia de la solidaridad pasiva a que se verifiquen maniobras fraudulentas o una conducción temeraria, en supuestos en que se produce una fragmentación de la antigüedad del trabajador es innecesario probar el dolo de los involucrados o un propósito fraudulento de éstos. Es decir que en estos casos el trabajador no debe probar la intención subjetiva de evadir las normas laborales, bastando para cumplir la exigencia normativa que la conducta empresarial se traduzca en una sustracción a esas normas laborales, con intención o sin ella (cfrme. Vázquez Vialard, Antonio y Ojeda Raúl Horacio, Ley de Contrato de Trabajo comentada, Tomo I, págs. 377 y 378).

A la luz de las consideraciones efectuadas, interpreto que en el caso se debe tener por constatada la conducta fraudulenta que exige la norma para que opere la solidaridad prevista en el art. 31 de la LCT. En efecto, como bien lo considera la Cámara, en autos se ha decretado que las demandadas han incurrido en incontestación de la demanda y que tampoco han comparecido a la audiencia de conciliación llevada a cabo en la presente causa, lo que autoriza a presumir como ciertos los hechos invocados en la demanda, salvo prueba en contrario (arts. 58 y 73 del CPL).

Remitiéndonos a lo expresado en la demanda (fs. 30 a 33), allí el actor manifestó haber ingresado a trabajar para la firma Su Crédito S.A., y que luego se le cambió el nombre del empleador en los recibos de sueldo haciendo figurar a Barone S.A., pero afectando su antigüedad laboral, la cual no le fue reconocida desde su fecha de ingreso para la firma Su Crédito a pesar de que siguió prestando tareas en la misma forma en que lo venía haciendo, con lo que se le ocasionó un grave perjuicio.

Tales circunstancias, que deben tenerse por ciertas ante lo normado por el art. 58 de la LCT y la falta de producción de prueba en contrario por parte de las demandadas (cfrme. informe actuarial de fs. 127), autorizan a tener por acreditada la existencia de una maniobra fraudulenta llevada a cabo por las empresas Su Crédito S.A. y Barone S.A. integrantes del conjunto económico, razón por la cual entiendo que las mismas resultan solidariamente responsables en los términos del art. 31 de la LCT por los diversos rubros reclamados en autos a cuyo pago condena la sentencia.

Es decir que al constatarse que existió una novación subjetiva del contrato de trabajo entre sociedades integrantes de un mismo conjunto económico, y que desde entonces se desconoció la antigüedad que el trabajador tenía para con su anterior empleador con afectación de los derechos que dimanan de la misma, ello habilita a declarar la responsabilidad solidaria de dichas sociedades por todas las obligaciones a cuyo pago condena la sentencia, sin que corresponda limitarla a las obligaciones existentes al momento de la transferencia como equivocadamente lo considera la sentencia.

Consecuentemente, corresponde CASAR la sentencia impugnada en su punto II resolutivo, en base a la siguiente doctrina legal: "Infringe el artículo 31 de la LCT, la sentencia que desestima la responsabilidad solidaria de las empresas demandadas sin considerar que de la prueba documental surge que las dos relaciones de trabajo se sucedieron sin discontinuidad y que se cometió fraude en perjuicio del trabajador al cambiar su antigüedad laboral, sin descontar que el mismo tribunal consideró que ambas empresas componen un grupo económico", disponiéndose sustitutivamente lo siguiente: "II.- HACER LUGAR a la demanda deducida por Miguel Armando Coronel en contra de Su Crédito S.A., a quien se condena solidariamente al pago de los rubros y montos resultantes de la sentencia (art. 31 LCT)".

En cuanto a las costas impuestas en el punto III resolutivo, las mismas también corresponde sean dejadas sin efecto como consecuencia de lo decidido, quedando diferida su imposición al momento en que la Cámara dicte un nuevo fallo conforme a lo dispuesto en el punto siguiente.

5.2.- También asiste razón al recurrente cuando considera que la sentencia no se ha pronunciado sobre su reclamo por diferencias salariales.

Según se desprende del escrito de demanda a fs. 32, el actor reclamó el pago de diferencias salariales, en el entendimiento de que por las tareas realizadas y las responsabilidades asumidas, le correspondía una remuneración mayor a la que efectivamente percibía. En consecuencia, solicitó que se le abone una diferencia entre lo que efectivamente se le abonaba y la remuneración que se determine por autoridad judicial a la luz del art. 114 de la LCT.

La Cámara no se ha expedido sobre este reclamo, sino que se ha limitado a considerar que los rubros por los que prospera la demanda debían ser calculados tomando como base la suma de $357 informada en la demanda, prescindiendo de que el actor reclamó expresamente el reconocimiento de un salario mayor.

La omisión de pronunciarse sobre la procedencia o no de un reclamo efectuado en la demanda, infringe los arts. 273 incs. 5º y 6º y 272 del CPCC, aplicables en la especie en virtud de la supletoriedad que prevé el art. 14 del CPL, comprometiendo además el principio de congruencia, de raigambre constitucional (arts. 18 de la CN y 30 de la CP).

En mérito a ello, corresponde CASAR parcialmente el punto I resolutivo del fallo cuanto al monto de condena al que arriba, y como lógica consecuencia de ello el punto IV resolutivo, en base a la siguiente doctrina legal: "Vulnera el principio de congruencia la sentencia que omite resolver todas las cuestiones planteadas en la demanda", debiéndose remitir los autos a la Sala que, por turno corresponda, para que se pronuncie sobre el reclamo de diferencias salariales planteado en la demanda.

6.- Atento al progreso parcial del recurso, estimo prudencial que las costas sean soportadas por el orden causado (arts. 49 CPL y 109 CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- DECLARAR PARCIALMENTE INADMISIBLE, y por ende mal concedido, en lo que respecta al agravio analizado en el considerando 4.1, al recurso de casación deducido por la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 22 de agosto de 2007 (fs. 198/202).

II.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso, por los agravios examinados en los puntos 5.1 y 5.2 del presente fallo, y en consecuencia CASAR parcialmente la sentencia, con el alcance considerado y conforme a las doctrinas legales allí expresadas, disponiéndose sustitutivamente al punto II resolutivo lo siguiente: "II.- HACER LUGAR a la demanda deducida por Miguel Armando Coronel en contra de Su Crédito S.A., a quien se condena solidariamente al pago de los rubros y montos resultantes de la sentencia (art. 31 LCT)".

III.- REMITIR los autos a la Excma. Cámara del Trabajo, a fin de que por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte pronunciamiento en relación al reclamo por diferencias salariales efectuado en la demanda y demás cuestiones conexas, debiendo también emitir un nuevo pronunciamiento en relación a las costas y a la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.

IV.- COSTAS, conforme se considera.

V.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad	HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.