Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-31


C., L.

Reg.: A y S t 216 p 430-434.

Santa Fe, 31 de octubre del año 2.006.

VISTOS: Los autos "C., L. -Homicidio Culposo- sobre Recurso de Inconstitucionalidad" (Expte. C.S.J. Nro. 881, Año 1.995), venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario interpuesto por los actores civiles para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia de fojas 76/84; y, CONSIDERANDO:

Mediante el pronunciamiento impugnado, esta Corte -integrada por todos sus miembros y por el Vocal doctor Rucci- declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los actores civiles contra la sentencia de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario (fs. 548/564), en tanto la opinión que resultó mayoritaria no acogió el agravio fundado en la violación del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por carecer dicho decisorio del voto totalmente concordante de dos jueces.

En su presentación, los recurrentes plantean que la morosidad en el dictado del fallo les causó un daño sustancial, por cuanto, de confirmarse la decisión, las costas a pagar sufrirán posiblemente el incremento de diez años de intereses (art. 6to., ley 6767), y en caso de ganar tendrán dificultades extremas en cobrar el juicio desde que en ese lapso dos de los tres demandados pasaron a estado de falencia.

Alegan que la emisión del decisorio por un Tribunal integrado por siete miembros, en el que el último voto de un reemplazante dirimió la causa por la existencia de empate, resulta violatorio de la garantía del juez natural con trascendencia para el resultado del juicio.

Postulan la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 10.160, en razón de que "infiltra una perplejidad insoslayable en la nominación del juez natural", en tanto dicha norma resulta intrínsecamente contradictoria desde que no puede comprenderse cómo si el voto del Presidente en caso de empate es decisivo puede no ser dirimente, con lo que se configuran dos procedimientos que se excluyen entre sí.

Entienden que si el voto del Presidente es decisivo en caso de empate y no otorgándole la norma doble voto, es claro que éste sólo vota en caso de empate y que en la sentencia recurrida el empate se ha producido computando incorrectamente su opinión, reservada a dirimir empates sin doble voto.

Es claro, entonces, prosiguen, que detrayendo dicho voto, el resultado es favorable a su parte, cambiando el signo de la decisión (tres votos y dos en contra).

Por último, aducen que el empate fue dirimido por un magistrado agregado y no por el Presidente según ordena la norma, lo que implica otra violación de la garantía del juez natural, siendo indiferente el sentido que tuvo el voto del doctor Gutiérrez en la decisión, pues volcado en el segundo turno, no conoció el cuarto voto favorable del doctor Netri, ni pudo sopesar los argumentos de uno u otro.

Señalan que la trascendencia del vicio es innegable pues "de no acaecer ganábamos el juicio".

Por otra parte, sostienen que aunque el fallo fuera válido su contenido es de flagrante arbitrariedad pues incurre en autocontradicción externa -con el precedente "Milo"- e interna con el auto de concesión, porque el núcleo del razonamiento del voto del doctor Vigo exhibe un silogismo falso toda vez que se valida por llegar a una única respuesta por dos discursos jurídicos, o sea se valida por el resultado y no por la discordancia del discurso.

Destacan que, justamente, el vicio de la falta de mayoría siempre tiene un mismo resultado; por tal razón, la circunstancia de que por ello se lo valide tiene una falla lógica que hace arbitrario el decisorio por cuanto "se quiebra la lógica íntima de la motivación".

Agregan que el voto presenta una clara contradicción con las constancias de autos al afirmar que el presupuesto común en que se había basado el fallo de Alzada era la ausencia de una relación de causalidad y que ello proporcionaba el aludido minimun de "sustancial coincidencia", lo cual no es cierto toda vez que -según enuncian- hubo un voto que no habló de relación causal.

Remarcan la trascendencia del vicio en razón de que si se analizaba debidamente la diferencia fáctica y jurídica de ambos votos cambiaba el signo de la decisión.

Asimismo, en cuanto a las afirmaciones vertidas por el doctor Rucci alegan que la adhesión del vocal del tercer voto al primero es inmotivada y que es claro que lo es respecto a la solución, con lo que también incurre en contradicción con las constancias de autos y, además, en dogmatismo cuando recurre al argumento de la cosa juzgada en respuesta al segundo voto (fs. 87/100).

2. Corrido el traslado que prescribe el artículo 257 del C.P.C. y C.N., la contraparte lo contesta oponiéndose a su concesión (fs. 109/118).

3. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la admisibilidad a fin de conceder o no -según corresponda- el recurso federal intentado.

Al ingresar en dicho examen, y en lo que concierne a la censura opuesta en torno al modo en que esta Corte, ante la concurrencia de empate en las opiniones vertidas por sus miembros, interpretó y aplicó las previsiones del artículo 14 de la ley 10.160 ordenando la composición del Cuerpo con un Juez de Cámara en lo Penal para el dictado del pronunciamiento en recurso, cabe señalar, en primer lugar, que los recurrentes no se hicieron cargo del oportuno consentimiento que habían dado al decreto que dispuso tal integración por no haber "mayoría suficiente a los fines de dictar sentencia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 10.160" (v. f. 67; cédula de f. 70), siendo notificados de la designación del doctor Rucci mediante cédula de foja 73, sin articular reparo alguno al respecto (cfr. criterio de "Cueva" A. y S. T.206, p.394 y A. y S. T.208, p.433; el Recurso de hecho interpuesto en dicha causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue desestimado en 20.12.2005), inacción que torna tardíos los planteos en que se apoyan para agraviarse en esta instancia de una presunta violación a la garantía del juez natural.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que "...la cuestión federal, base del recurso extraordinario, debe ser planteada en la primera ocasión que prevea el procedimiento a fin de que los jueces de la causa puedan considerarla y decidirla (Fallos: 275:97; 276:168; 278:35; entre otros), por lo que es indudable que la recurrente debió exponer la invocada afectación a la garantía del juez natural en oportunidad de ser notificado de la integración del tribunal a quo que ahora impugna (...), y no después del posterior pronunciamiento adverso a su parte" (cfr. I.206.XL, Recurso de Hecho, "Itkin, Raúl Eduardo", 23.08.2005).

No obstante lo dicho, los reparos tampoco resultarían aptos para habilitar su tratamiento por esta vía, pues remiten al análisis de normas de derecho común y procesal local vinculadas a la constitución e integración de los tribunales y al modo de emitir el voto de los jueces cuando aquéllos son colegiados, cuestiones que constituyen materia propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, al recurso extraordinario (Fallos: 274:277; 281:306; 304:154; 315:978; 320:2485; 324:1884), sin que los argumentos expuestos ostenten idoneidad para hacer excepción a la mentada regla.

Puntualmente, y pese al esforzado discurso, los recurrentes no consiguen demostrar la trascendencia que revestiría el supuesto vicio que imputan a la conformación del Tribunal, apenas se repare en que el Presidente suscribió la opinión que, con el voto del Vocal designado, hizo a la postre mayoría.

Así, la suerte desfavorable del recurso de inconstitucionalidad local deducido por aquéllos no se revertía aun de haber sido decidido por este Cuerpo con su composición ordinaria, no advirtiéndose a tales efectos qué relevancia tendría el turno en que emitiera su voto el titular en el acuerdo, toda vez que el texto legal (segundo párrafo, art. cit.) únicamente establece la cualidad que puede adquirir su opinión en un supuesto de empate entre los miembros, mas no que "sólo" debe intervenir para dilucidar un previo empate, conforme se infiere de la postulación impugnativa.

Por ello, sus aseveraciones carecen de fuerza persuasiva para poner en cuestión el modo en que se integró el Organo para fallar en el sub lite, a la luz de la exégesis asignada a la norma reguladora de su quórum y de las exigencias para el dictado de sentencia válida, quedando reducidas, en definitiva, a una mera discrepancia incapaz de justificar un reproche a nivel constitucional.

En otro orden, y en cuanto a la arbitrariedad que le imputan al voto que hizo mayoría, debe consignarse que el núcleo del planteo radica en la oposición que sostienen los impugnantes al entendimiento de que mediaba una sustancial coincidencia entre el primer y el tercer voto de la sentencia de la Alzada en punto a la ausencia de una relación de causalidad adecuada entre la conducta del demandado y la muerte de la señora de Z.

Como reproche los recurrentes invocan, apoyándose además en la postura de la minoría, un apartamiento de las constancias de autos pues el tercer voto "no habló de relación causal" y alegan que se dio validez al decisorio por el resultado lo que justamente supone el vicio de falta de mayoría, por lo cual la fundamentación es falsa.

Sin embargo, tales aseveraciones no revisten eficacia para poner seriamente en tela de juicio el criterio sostenido por la mayoría de los integrantes del Cuerpo pues sólo traducen una disímil interpretación de la concurrencia, en el sub lite, de concordancia entre los votos en cuestión en miras al cumplimiento del recaudo exigido por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aspecto que se relaciona estrictamente con el ejercicio de funciones propias del Tribunal, no siendo acertado sostener que sólo se atendió a la respuesta y no a los discursos.

Muy por el contrario, la conclusión arribada resulta de un minucioso análisis de las razones vertidas por cada uno de los Vocales en ocasión de emitir pronunciamiento en la causa, en la que se había interpuesto -vale recordar- demanda civil contra L. D. C. y/o contra Transporte Manuel Belgrano S.A., tendente al cobro de la indemnización de los "daños derivados de la muerte" de la señora E. P. de Z. (v. referencia de foja 76 introducida en la sentencia ahora impugnada).

El Ministro doctor Vigo -cuyo voto fue compartido por los doctores Gutiérrez y Gastaldi- aludió expresamente a los considerandos expuestos por el Vocal de primer voto -doctor Sorrentino- quien entendió que el inferior había enfocado con exactitud el problema planteado y concluyó en que "en síntesis, advierto que se ha producido una circunstancia extraña -la infección contraída que causa la muerte de la señora- que no se compadece con el curso normal y ordinario que se suscita en este tipo de accidentes, y ello lleva a merituar la inexistencia del nexo causal en el desenlace ulterior de la cuestión analizada", y remarcó que el Vocal doctor Vacca Gorostarzu "dijo compartir 'el criterio sustentado por el Sr. Vocal preopinante, Dr. Sorrentino' (...), estimando con extensas referencias posteriores al artículo 1.103 del Código Civil 'que existe impedimento de cosa juzgada penal para analizar si la conducta del demandado L. D. C. fue causante de la muerte de la Sra. E. P. de Z. y de ese modo se le puede atribuir jurídicamente el resultado derivado de la responsabilidad por riesgo que preceptúa el art. 1113 del Código Civil', y destaca en tal sentido que 'en primera instancia el Sr. Juez Correccional de la 3ra. Nom. establece que no hay nexo causal entre la conducta del imputado y la muerte de la víctima' y que 'según el decisorio el óbito de la Sra. de Z., se produce por el bacilo piociánico, bacilo que según lo informado por el consultorio médico legal, ingresa al organismo por la aparatología médica, estando probado que a la paciente se le había suspendido todo antibiótico, habiendo sido retirada de la Unidad de Terapia Intensiva (...).

En base a ello, el Sentenciante se expide en el sentido de que no hay relación de causalidad entre la muerte y el accidente (...) decidiendo absolver de culpa y cargo al acusado.

Absolución que ha sido consentida por el Ministerio Público Fiscal y ha pasado en autoridad de cosa juzgada en su faz penal'.

Por ello, 'estimo que se violentaría el art.1103 del Código Civil y la cosa juzgada penal, si se accediera a la pretensión de la recurrente, dado que tendríamos que volver a indagar si hubo homicidio culposo, si la muerte tuvo relación con el accidente, si hubo relación causal entre el accidente y la muerte (...)'".

Y por su lado, el doctor Rucci -quien también votó en el mismo sentido- no encontró dudas de la adhesión del doctor Vacca Gorostarzu a lo expresado por el doctor Sorrentino.

Puntualmente, afirmó que "al decir el criterio está significando que acompaña el juicio o razonamiento y no únicamente a la solución final propuesta (así suele verse en algunos fallos de Cámara para no comprometerse con el criterio sustentado para alcanzar la decisión).

Precisamente en ese juicio de Sorrentino está la posición que tomara acerca del problema de la concausa que es el centro gordiano del conflicto.

Es por ello entonces que Vacca Gorostarzu concuerda íntegramente con su colega en el contenido de su pensamiento jurídico y por los mismos fundamentos, en la inteligencia, que no se puede responsabilizar civilmente por la muerte, ya que la relación causal se habría cortado y el homicidio no constituye una concausa de las lesiones sufridas por la víctima en el accidente de tránsito.

En definitiva arriban, por un mismo camino, a idéntico punto de encuentro"; y finalmente coligió que "los votos no pueden ser atacados de contradictorios, irreconciliables o discordantes y por lo tanto es posible sostener firmemente que en su lógica lucen concordantes y por ello no corresponde aceptar la invocación de una falsa mayoría, o que haya causado perplejidad al perdidoso".

La reseña expuesta es, pues, demostrativa de la sinrazón de los impugnantes al acusar la existencia de una "motivación falsa" en cuanto "se asientan en el resultado común desechando o soslayando los caminos diversos por los que a él se llega" (v. f.99 vto.).

Por último, y con respecto al perjuicio que alegan los ocurrentes ante la demora de esta Corte en expedirse, dable es consignar que no se hicieron debidamente cargo de que contaron con diversos medios procesales tendentes a urgir la solución del pleito, extremo que resta suficiencia al reproche para la viabilidad de la impugnación (cfr. criterio de "Sanchez Granel", A. y S. T. 97, p.179).

La falta de entidad de los planteos esgrimidos que se deriva de todo lo expuesto conduce irremediablemente a la denegación del recurso extraordinario federal deducido en el sub examine.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIÉRREZ-GASTALDI-RUCCI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)