Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-19


SENTENCIA Nº 90157	CAUSA Nº 22.342/2005 "SOLIS, XOANA SOLEDAD C/ LEDEZMA, CARLOS S/ DESPIDO" - JUZGADO Nº 51.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a	19/9/08 , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Guibourg dijo:

Contra la sentencia dictada en primera instancia se alzan las partes actora y demandada a tenor de sus presentaciones obrantes a fs. 252/265 y fs. 267/273, con réplicas de la contraria a fs. 277/281 y fs. 283/288.

La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda. Tuvo por acreditada la existencia del contrato de trabajo denunciado por la actora y acogió el reclamo por el pago de salarios adeudados y horas extras; en cambio, desestimó el progreso de las indemnizaciones derivadas del despido incausado por entender que no se demostró el supuesto de hecho invocado por la actora para denunciar el vínculo.

La parte actora se queja por el rechazo de las indemnizaciones pretendidas como consecuencia del despido indirecto, por la apreciación de la prueba testimonial, por la valoración de la prueba confesional, por la falta de valoración de la conducta procesal de la demandada, por la desestimación de la multa por malicia y por la forma de imposición de las costas. Asimismo, sus letrados apelan la regulación de honorarios practicada a su favor, por considerarla reducida.

La demandada, por su parte, apela porque se tuvo por acreditado el vínculo invocado por la actora; cuestiona, además, la aplicación al caso de la presunción establecida por el art. 55 de la LCT, los guarismos derivados a condena y la obligación que se le impone de hacer entrega de los certificados de trabajo; recurre, también, el progreso de las horas extras y, en su cuarto agravio, afirma que corresponde rechazar los distintos conceptos otorgados por el juez, dado que los hechos por los que la actora se consideró despedida jamás ocurrieron, como corroboró el propio magistrado. Por último, apela por altos los honorarios regulados a los profesionales intervinientes por la parte actora y la imposición de costas. Iniciaré el análisis con el primero de los agravios vertidos por la parte demandada y, en este sentido, adelanto que concuerdo con la decisión adoptada por el juez en cuanto tiene por acreditado el vínculo laboral.

El demandado reconoce en el responde que, junto con su esposa, es propietario desde el año 1992 del inmueble sito en la calle Helguera 1057/59 de esta ciudad (este lugar es el que, justamente, la actora denunció como sede de la prestación de las tareas).

Sostuvo también que decidió poner este inmueble en alquiler como inversión y que, en estas condiciones, celebró en el mes de agosto de 2002 un contrato con la señora Karina Servin (testigo propuesta por el demandado y desistida a fs. 202) que venció el 15 de agosto de 2003, y se prorrogó un día después hasta el mes de agosto de 2007. Señala, además, que su concurrencia al inmueble se daba cuando iba a percibir el alquiler, lo que podía acontecer en mas de una oportunidad en cada mes cuando la inquilina no había logrado reunir el importe convenido. Sobre esta base, negó haber revestido la calidad de empleador de la actora y, a tales efectos, en la etapa probatoria presentó la declaración correspondiente a la testigo Elda Lucía Baratte Olivieri (v. fs. 197/201).

Ahora bien, el fallo de grado desestima no sólo estas cuestiones introducidas sino, también, la declaración de Baratte. Sostuvo para ello que, del informe de la Dirección de Inspección Federal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (v. fs. 115/123) surge que en el inmueble sito en la calle Helguera 1057/59 de esta ciudad funciona un taller habilitado a nombre de la Sra. Rosa Mirtha Ledezma, hermana del demandado y quien, destaco a tenor de las declaraciones de los testigos propuestos por la actora (que más abajo analizaré), formaba parte de la estructura empresaria organizada por Carlos Ledezma.

El recurrente cuestiona ante esta alzada la valoración hecha en primera instancia respecto de la declaración vertida por Baretta; sin embargo, no se hace cargo de los argumentos señalados por el juez (recientemente transcriptos) para desestimar las afirmaciones de la accionada.

Por el contrario, los testigos que declaran a instancias de la actora (Elena Elisabeth Moranje y Ramón Orlando Duarte, v. fs. 190/196 y 209/216, respectivamente) acreditan que Solís trabajó para el demandado en el taller que éste explotaba personalmente.

En efecto, la claridad y coherencia que guardan sus dichos me llevan a tener por cierto que ambos trabajaron con Solís en la fábrica sita en la calle Helguera 1057 de la ciudad de Buenos Aires, en los períodos que cada uno de ellos expone (sin perjuicio de lo que más abajo diré con relación al correspondiente a la testigo Moranje, cuestión que incide en el resultado final de la presente) y bajo la dirección de Ledezma.

Así, destaco en primer término la declaración brindada por Duarte; éste afirma haber trabajado en la fábrica en el año 2004, y es allí donde conoce a la actora quien, a su vez, ya trabajaba en el lugar.

Duarte, además, describe con precisión no sólo las tareas que cumplía Solís en la fábrica (anoto que trabajaba a unos metros de distancia de ella) sino, también, la organización de la empresa y pagos de salarios en cabeza de Carlos Ledezma, así como el horario de trabajo que, de hecho, era común para todos los empleados. La claridad conceptual con la que declara sobre estos tópicos proviene típicamente de quien trabajó en el lugar donde se suscitaron los hechos a investigar (arts. 90 LO y 386 CPCC).

Moranje se expide en términos similares a los que vierte Duarte. No lo hace con la misma claridad con la que se explaya éste (por ejemplo, al no poder precisar el lugar donde se encontraba la fábrica y el nombre de otros compañeros); sin embargo, entiendo que sus dichos deben ser valorados de acuerdo a las particularidades que expone en su caso y, en este aspecto, a la luz de la sana crítica, debe tenerse presente su declaración en forma favorable a la posición de la actora.

Se cuestiona a Moranje su amistad con la actora, que no hace una descripción precisa de la persona del demandado y que no recuerda hasta cuándo trabajó Solís en el taller. Sin embargo, se trata de temas menores en el momento de analizar sus dichos; la testigo, entre diversas cuestiones, dice que trabajó sólo tres meses en la fábrica y que no conoce mucho de la ciudad de Buenos Aires (vive en Esteban Echeverría). Estos extremos, sumados a una experiencia personal negativa muy fuerte trabajando para el demandado que la llevó a no concurrir más a la fábrica (extremo que abordaré en otro segmento de la presente), justifican, en definitiva, la falta de precisión con la que depone sobre diversos tópicos.

Por lo demás, y sin perjuicio de las limitaciones antedichas, no observo contradicciones sustanciales en su relato, especialmente respecto de las modalidades operativas de la empresa en el sentido que expone Duarte; en definitiva, ambos dan cuenta que la actora trabajó para el demandado durante los años 2004 y 2005 en las condiciones asentadas en el libelo de inicio. Por todas las razones expresadas, considero acertada la decisión del magistrado de grado en este aspecto.

El recurrente cuestiona que en grado se tienen por acreditadas la fecha de ingreso, la jornada y el salario de la actora denunciados en el inicio, con sustento en la presunción prevista en el art. 55 de la LCT.

No le asiste razón en su planteo. En primer lugar, el magistrado aplicó la presunción señalada junto con la declaración correspondiente al testigo Duarte.

La presunción del art. 55 de la LCT con relación a la fecha de ingreso (el salario será tratado en otro segmento de la presente), es consecuencia necesaria de la falta de registro de la dependiente en los libros que, como empleador, debía llevar el demandado. Ha dicho esta sala que "Ante la falta de toda registración del contrato de trabajo, cobra operatividad en el caso la presunción del art. 55 de la ley de contrato de trabajo, por lo que se tendrá por veraz la fecha de ingreso denunciada por el actor" (SD Nº 86827 del 24/06/05, autos "Peña, Carlos S. c/ Odontología de Avanzada S.R.L. s/ Despido", expte. Nº 19799/2002).

En cuanto a la condena a hacer entrega de los certificados de trabajo, acreditado el vínculo laboral, se impone aplicar a la relación la regulación que fija la LCT y entre sus normas (art. 80) se encuentra la obligación de hacer entrega de este instrumento.

Tampoco merecerá mejor suerte el agravio relativo a la procedencia de las horas extras.

En primer lugar, no observo deficiencias en el reclamo, ni menos que éste resulte global como se dice. Decir recién en esta instancia que los datos insertos en la demanda no eran suficientes para ejercer una debida defensa suena, en este caso, extemporáneo, en especial cuando en el responde no se planteó, siquiera en subsidio, ningún tipo de impugnación al reclamo del rubro ni por defecto formal en su invocación.

En su cuarto agravio la demandada plantea, entre otras cuestiones, que los distintos reclamos de la actora son injustificados si no se tuvo por acreditado el hecho injurioso que motivó el distracto. Entiendo que esta queja puede resolverse conjuntamente con el recurso interpuesto por la actora ante el rechazo de las indemnizaciones derivadas del despido incausado. El juez desestimó estas pretensiones por entender que no se acredita el episodio ocurrido el 16 de julio de 2005, que motivó el distracto (v. TCL 63535990 de fecha 28.7.05 y réplica de Ledezma transcripta a fs. 45).

Discrepo respetuosamente con la solución tomada para el caso en primera instancia, en cuanto adoptó una diferente interpretación de la declaración de la testigo Moranje; su testimonio sí acredita el hecho imputado como injurioso por lo que, en definitiva, se torna abstracta para resolver en este punto (como pretende la actora) la conducta del demandado durante la prueba confesional.

Es verdad que la testigo dice que los tres meses que había trabajado en la fábrica correspondían al año 2003; sin embargo, una lectura integral de sus dichos a la luz de la sana crítica me lleva a la conclusión de que, en realidad, su vínculo con Ledezma se desarrolló durante el año 2005 y no en el 2003, diferencia que responde a un equívoco excusable de acuerdo a las circunstancias a las que ya he hecho referencia, y a otras que seguidamente expondré.

En efecto, la testigo da cuenta de un hecho que, si bien no puede precisar en fecha, se corresponde con el que alega la actora como justificativo de su decisión de considerarse despedida en el mes de julio de 2005. Así, dice que ".se había perdido la plata de una compañera, y llegó el sábado que se tenían que retirar.", ".Carlos Ledezma las hizo quedar a todas y las metió tipo en una oficina, en un cuartito que tenía él, para ver si tenían la plata."; expone además que, no conforme con ello, el demandado ".las quería hacer desnudar para ver si tenían la plata.", a lo que ellas, dice, le respondieron ".no porque sos un hombre, que venga tu hermana y lo haga ella.".

Continúa su relato mencionando que llegó la hermana de Ledezma, que ésta les revisó el bolso y que quienes eran examinadas, iban sacándose la ropa. Fue ahí que ".cuando estaban sacándose la ropa, entra Ledezma, y se queda como nada y empieza a amenazarlas: que va a llamar a la policía, que si no aparece la plata porque él estaba con la policía, que la plata tenía que aparecer porque si no las iba a denunciar.". Destaco que la deponente, casi al finalizar su declaración (v. fs. 194) señala que ".en el episodio a que hizo referencia . las operarias quedaron completamente desnudas.", por lo que es evidente, de acuerdo al relato, que estaban totalmente desvestidas cuando entró el empleador, y éste se quedó en el lugar donde hacían la inspección, desoyendo el pedido de las empleadas.

Referiré cuáles son los elementos que me llevan a considerar que este suceso (que motivó el distracto) aconteció en el año 2005. Así, destaco que, cuando la testigo se refiere al hecho, dice que para ese momento tenía 19 años. Resalto que, al momento de la declaración, Moranje dice tener 21 años; la audiencia se tomó en el año 2007 (v. fs. 190), por ende, lógico es que lo que expone haya sucedido dos años antes.

Por otro lado, la testigo declara que la actora trabajaba en la fábrica desde dos años antes del momento del ingreso de la propia deponente. La fecha que la actora denuncia como de inicio del vínculo es 20/8/03.

Tampoco es un dato a soslayar lo dicho por Duarte en cuanto señala que trabajó en la fábrica durante ".un año y pico.". Así, si éste sitúa su ingreso en el año 2004, debe entenderse que laboró hasta el 2005.

Pues bien, este declarante señala que tomó conocimiento de los sucesos que la actora invocó como causa del despido porque se lo comentaron la actora y la testigo Moranje y, sobre esta última, dice que la conoce de la fábrica antes de irse, por lo que ya a esta altura no puede caber duda de que Moranje trabajó en el año 2005.

Sentado lo expuesto, entiendo que con la declaración de esta última se encuentra acreditado en autos el supuesto de hecho denunciado como justa causa del distracto (".sus reiterados actos de acoso sexual y el intolerable y denigrante episodio ocurrido el mismo día 16 de julio de 2005 -en que junto a otras operarias y bajo su mirada nos obligaron a desvestirnos quedando en paños menores-.") y, en consecuencia, entiendo justificada la decisión de la trabajadora (art. 242 LCT), sin necesidad de hacer mayores comentarios.

Es que la injuria que motivó la ruptura del vínculo excede el marco del contrato que unió a las partes. Es un acto que sólo puede ser ejecutado por quien, desde su posición dominante, abusa del poder sin parar mientes en la posibilidad de lesionar con su proceder el honor y la intimidad de las personas; agrava esto la circunstancia de que este abuso se realizó sobre una trabajadora menor de edad.

En resumidas cuentas, el empleador no sólo menospreció, respecto de sus dependientes (y en lo particular, la actora) los derechos previstos en la Constitución Nacional sobre condiciones dignas de trabajo; soslayó también todos aquéllos relativos a la persona humana establecidos no sólo en la norma fundamental, sino también en los diversos pactos que la complementan por la vía del art. 75 inc. 22 (Pacto de San José de Costa Rica, Convención de los Derechos del Niño, entre otros).

La decisión alcanzada importa revocar parcialmente lo decidido en grado y, en consecuencia, condenar al demandado al pago de las indemnizaciones estipuladas en los arts. 232, 233 y 245 de la LCT (to ley 25877), 1º y 2º de la ley 25323 y 16 de la ley 25561, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos exigidos para la procedencia de cada uno de estos rubros.

No obsta al progreso de este último el planteo de inconstitucionalidad formulado por la demandada, pues la solución que dicha norma prevé resulta adecuada a las críticas condiciones sociales y económicas (y a los efectos de éstas sobre el nivel de empleo) que motivaron su dictado y que subsistían al momento del distracto (julio de 2005). Nótese, en este sentido, que el artículo 1º de la citada ley declara la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria hasta el 10/12/03, término que fue sucesivamente prorrogado por las leyes 25820 (extiende el plazo de la emergencia hasta el 31/12/04) y 25972 (prorroga por un año dicha fecha límite).

En efecto, la medida establecida por la norma importa un razonable incremento de la protección contra el despido arbitrario garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en circunstancias en que los efectos negativos que para los trabajadores derivan de una eventual situación de desempleo son sustancialmente más graves que los que normalmente se producen en un contexto de normalidad (ver, en sentido análogo, SD 85.534 del 23/12/03 en autos "Prego, Miguel Angel c/ Club de Gimnasia y Esgrima s/ despido" y SD 85.555 del 30/12/03 en autos "Sánchez, Alberto Nicolás c/ Corporación General de Alimentos S.A. s/ despido", del registro de esta Sala).

Es acertado el salario adoptado en grado. En efecto, la suma de $ 761,28 establecida se ajusta a la que devengaba mensualmente la actora, de acuerdo con las escalas salariales previstas en el CCT 123/90 aplicable a la relación (destaco que, si bien se adujo en el escrito de inicio que el convenio colectivo era el Nº 120/90, es evidente que tal extremo responde a un error de tipia).

De acuerdo a la normativa convencional, la actora debía encuadrarse dentro de la figura de "Empleado Categoría C" (arts. 9º inc. a y 17) y el mínimo que se garantiza para ella, en calidad de "mínimo global" (concepto que, de acuerdo al Acta Acuerdo 46/05, absorbe el premio a la productividad establecido por el CCT 123/90), es para el año 2005 de $ 734,08 (cfr. Resolución 584/2005 MT y SS de la Nación).

Destaco que este mínimo se proyecta como piso cuando, sumados entre sí el básico de la categoría ($ 377,55, cfr. Anexo I expte. MTSS Nº 1097520/04) y los adicionales por presentismo (15% del básico, cfr. apartado IV de la mencionada acta acuerdo) y antigüedad ($ 9,88, cfr. Resolución Nº 583/05 MTSS) no lo alcanzan. En consecuencia, no advierto en el caso la existencia de agravio para la actora. Son equivocadas las críticas que la parte demandada formula respecto del monto del salario en el punto VII de fs. 272. El magistrado lo fijó integrando el total de horas extras devengadas. Tampoco observo que la parte actora hubiera sido imprecisa en la denuncia del convenio colectivo aplicable al caso; además, de acuerdo a lo previsto por el art. 8º de la LCT, no le incumbía producir prueba respecto de él.

Corresponde, por último, declarar maliciosa la conducta asumida por el demandado en estos actuados.

Esta Sala - de modo reiterado - ha sostenido que las sanciones procesales fundadas en temeridad, malicia o pluspetición inexcusable han de juzgarse con criterio penal. No basta para ello que se aleguen hechos no probados o derechos que no resulten acogidos: es preciso que se pruebe positivamente que la parte imputada no pudo ignorar la sinrazón de su pedido (en igual sentido, Sentencia nº 62949 del 30/4/92, en autos "Dato Monterio, Juan Francisco Solano c/ Resero S.A.", del registro de esta Sala).

Considero que en el caso, la conducta del demandado encuadra en las previsiones del art. 275 de la LCT, pues desconoció la relación laboral con la actora y, a su vez, como titular del establecimiento sito en la calle Helguera 1057/1059, creó una situación de apariencia (alquilando a un tercero que no comparece a estos autos la planta baja del inmueble y poniendo el registro del taller a nombre de la Sra. Rosa Mirtha Ledezma) con el objeto no sólo de exonerarse de las obligaciones laborales y de la seguridad social que por dicho vínculo se encontraban a su cargo, sino, principalmente, de ocultar las condiciones indignas de labor a las que sujetaba a sus empleados (contratación de menores con jornadas por demás extensas, salarios irrisorios, abuso de posición dominante, etc).

Por lo tanto y de conformidad con lo dispuesto por el art. 275 de la LCT, propongo condenar al demandado a pagar a la actora, sin perjuicio de los intereses moratorios que ya han sido fijados en grado, un interés sobre el capital de condena de 15% anual (desde la exigibilidad del crédito hasta su efectivo pago) (ver SD Nº 78886 del 17/5/99 en autos "Olivera, Liliana Alicia c/ Niro S.A. y otros", SD Nº 86269 del 15/11/2004 "Alfasso Mezzogiorno, Lucas Brian c/ Lytwiniuk, Fernando, del registro de esta Sala).

En definitiva, la demanda prosperará por los siguientes rubros y montos: 1) $ 3059,76 ($ 1529,88 x 2) por indemnización por antigüedad; 2) 1657,37 por indemnización sustitutiva del preaviso más la incidencia del SAC; 3) $ 611,95 por indemnización en concepto de integración mes de despido; 4) $ 3059,76 por art. 1º ley 25323; 5) $ 2664,54 por art. 2º ley 25323; 6) $ 2447,80 en concepto de indemnización artículo 16 de la ley 25561 (80% de 1., según art. 4º ley 25972 y dec. 2014/04); 7) haberes julio.05 hasta el distracto, $ 917,93; 8) $ 530,36 por vacaciones proporcionales.06 más SAC; 9) $ 1529,88 por SAC primer y segundo semestres 2004; 10) $ 892,43 por SAC 1er. Sem. 05 y proporcional 2do. Sem.; 11) $ 17677,80 por horas extras adeudadas; total $ 35049,58, suma esta última que llevará los intereses fijados en grado, con más los establecidos en el considerando anterior.

En atención al nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 CPCC, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y encarar su determinación en forma originaria, por lo que deviene abstracto el tratamiento de las restantes apelaciones introducidas al conocimiento de esta alzada.

Las costas de ambas instancias serán impuestas a la parte demandada (art. 68, 2da. parte del CPCC).

Teniendo en cuenta el monto por el que prospera la acción, la calidad y la extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales y lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios de primera instancia para la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en 16% y 12% del monto de condena con los intereses, con más 25% de lo que a cada una de ellas le corresponde, en concepto de honorarios, por las tareas realizadas ante esta Alzada. Con relación a la adición del IVA a los honorarios regulados, esta sala ha decidido, en la sentencia 65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos "Quiroga, Rodolfo c. Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) al sostener "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

En definitiva y por lo que antecede, voto por: I. Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide; II. Elevar el monto de condena a la suma total de $ 35049,58, que deberá ser abonado por el demandado a la actora en la forma, en el plazo y con más los intereses moratorios fijados en el fallo apelado, con más los establecidos en el considerando en donde se hace lugar a la aplicación de la sanción en concepto de malicia; III. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada; IV. Regular los honorarios de primera instancia para la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en 16% y 12% del monto de condena con intereses, con más 25% de lo que a cada una de ellas le corresponde, en concepto de honorarios, por las tareas realizadas ante esta Alzada; en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

La Doctora Porta dijo:

Que por idénticos fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I. Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide; II. Elevar el monto de condena a la suma total de $ 35049,58, que deberá ser abonado por el demandado a la actora en la forma, en el plazo y con más los intereses moratorios fijados en el fallo apelado, con más los establecidos en el considerando en donde se hace lugar a la aplicación de la sanción en concepto de malicia; III. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada; IV. Regular los honorarios de primera instancia para la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en 16% y 12% del monto de condena con intereses, con más 25% de lo que a cada una de ellas le corresponde, en concepto de honorarios, por las tareas realizadas ante esta Alzada; en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Elsa Porta	Ricardo A. Guibourg Juez de Cámara	Juez de Cámara Ante mí:	Stella Maris Nieva Prosecretaria Letrada