Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14


Reg.: A y S t 280 p 352/358 . En la ciudad de Santa Fe, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil diesciocho se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler con la Presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "CASSIET HECTOR ANDRES contra PROVINCIA ART S.A. SOBRE ACCIDENTE DE TRABAJO (EXPTE. 39/2016) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ NRO. 21-05160974-0). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gutiérrez, Spuler, Netri y Falistocco. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: 1. Surge de las constancias de autos que el señor Héctor Andrés Cassiet inició demanda laboral por accidente de trabajo, ocurrido el día 19 de marzo de 2013, contra PROVINCIA ART S.A. tendente a obtener el cobro de las indemnizaciones sistémicas dispuestas en el régimen de reparación de la ley de riesgo del trabajo, de acuerdo a la incapacidad laborativa que surja de la pericial médica y/o la suma que en más o en menos determine el juez de acuerdo a las pruebas de autos, con más intereses y costas. Relató que debido a que en fecha 25/4/2013 se le comunicó el alta médica "sin incapacidad" por finalización del tratamiento de ILT, debió recurrir al Tribunal a efectos de que se determine judicialmente su invalidez y, en consecuencia se ordene a la ART a abonarle las indemnizaciones correspondientes conforme a su reclamo. Contestada la demanda, realizada la audiencia que prescribe el artículo 51 de la ley 7954 y clausurada la actividad probatoria, en fecha 3 de febrero de 2016, el Juez de Primera Instancia en lo Laboral de la Cuarta nominación resolvió hacer lugar a la demanda teniendo por acreditado que la incapacidad actual del 5,62% en la mano derecha es fruto del accidente reconocido. Resolvió que todas ls prestaciones dinerarias a cargo de la ART condenada se liquidasen al momento del pago, conforme a las modificaciones previstas por los arts. 3, 8 y 17.6 de la ley 26773, devengando por los mismo, desde la mora, ocurrida según lo previsto en la resolución 414/99 a los 45 días del alta médica sin incapacidad (acontecida el 15.05.13) y hasta el efectivo pago, un interés puro anual del 12%, declarando la inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14, con costas a la vencida. Impugnado el pronunciamiento por la demandada, la Sala Primera -integrada-de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe resolvió hacer lugar en forma parcial a la apelación de la accionada y, modificando la sentencia de grado, dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14, ordenando liquidar la indemnización sin aplicación del RIPTE. Declarar la inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557 y, modificando la sentencia de grado, disponer que la indemnización por incapacidad laboral permanente se liquide tomando como base para su "cálculo, liquidación y ajuste" la remuneración que la víctima percibió, debía percibir o hubiera percibido de no mediar el impedimento en el mes inmediatamente anterior al que se practique la liquidación administrativa o judicial de su acreencia (art. 208 L.C.T.). Añadió que una vez establecido el capital de la prestación conforme al procedimiento preindicado, la suma resultante ha de devengar intereses retrospectivos desde la mora y el momento de la liquidación, como así también intereses prospectivos (desde la liquidación del capital con más los moratorios hasta entonces) hasta el cumplimiento. Para los primeros fijó una tasa del 12% anual, ya que indemnizan la pura indisponibilidad del capital en tiempo oportuno; para los segundos, dispuso estar a la doctrina de la Sala II de esa Cámara en el precedente "Ibarra" del 28.08.15. 2. Contra dicho pronunciamiento interpone la compareciente recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055. Ante todo relata que luego del pase de autos a sentencia, ya notificadas las partes, la Sala ordenó que éstos salgan de fallo atento a que conforme la doctrina de la C.S.J.N. en el caso "Espósito" y las resoluciones dictadas por la Sala II de esa Cámara in re "Antuña" e "Ibarra", a los efectos de asegurar el derecho de audiencia de ambas partes, y sin perjuicio de la vigencia del principio iura novit curia, se corra traslado simultáneo a todas las partes a fin de que expresen lo que estimen conveniente a su derecho dado el nuevo contexto jurídico sobrevenido al debate. Sostiene la recurrente que esta decisión de la Cámara constituyó una "flagrante violación al debido proceso y la garantía de defensa en juicio", y un disfraz jurídico a la introducción de cuestiones constitucionales improponibles en esa instancia, toda vez que la inconstitucionalidad del artículo 12 de la L.R.T. no fue peticionada ni debatida en autos. Afirma que la Alzada se excedió en su competencia al decidir sobre cuestiones distintas a las que conformaron la litis, ya que la doctrina del fallo "Espósito" no es ni nueva ni novedosa, sino que confirma jurisprudencia pacífica de la Corte nacional. Por otra parte alega la quejosa que la Sala se apartó gravemente de los hechos acontecidos, incurriendo en incongruencia, puesto que condenó a su parte "...por la incapacidad sobreviniente a la 'la fractura completa en hueso trapezoide'" que no fue consecuencia del accidente asistido por esa aseguradora. Explica que el accidente ocurrió el 19.03.2013, y que la pericia se practicó el 1.12.2014, y que en esta oportunidad el actor presentó estudios radiológicos que dan cuenta de esta fractura, pero que no existía al momento del siniestro y que no fue objeto de la demanda incoada ni, por ende, de debate entre las partes. Se agravia asimismo de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Señala que este obrar de los juzgadores, que en realidad constituye la última ratio del orden jurídico, "se transformó en un medio ritual para el florido abanico de condenas dictadas en las más diversas versiones de violación de la ley...". Asevera que la sentencia incurrió en un error interpretativo tanto de la norma como de la doctrina de la Corte Suprema de Nación. En ese sentido detalla que en virtud de que la primera manifestación invalidante sufrida por el actor fue en fecha 19.03.2013, el marco legal de aplicación está compuesto por las leyes 24557 y 26773, los decretos 1278/00 y 1694/09, y las Resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Continúa diciendo que no cuenta con fundamento jurídico alguno la expresión del fallo atinente a que el índice RIPTE se debe aplicar a las fórmulas indemnizatorias, ya que es imputable a importes (cifras expresadas en pesos) y no a fórmulas. También cuestiona el razonamiento seguido por los jueces relativo a que al no poder ya aplicar el índice aludido entendieron que correspondía actualizar el valor del ingreso mensual, en tanto nuestro ordenamiento prohíbe la actualización y la indexación. Evalúa que el error primigenio lo constituye entender que la prestación sistémica es insuficiente si no se actualiza de este modo, cuando la misma ley 26773 garantiza la actualización conforme los artículo 8 y 17 inciso 6°. Aclara que el "ingreso base mensual" es un elemento de la fórmula tarifaria y no un parámetro de actualización para una reparación plena. Enfatiza que el mecanismo plasmado en la resolución que impugna implica "un verdadero despojo contra la aseguradora, que quebranta el equilibrio del contrato". Señala que la inflación no sólo resulta nociva para el trabajador damnificado, sino que lo es para todos los sujetos de la economía. Endilga también arbitrariedad a la sentencia en la fijación de los intereses, dado que sólo por excepción y cuando no exista ley especial que determine el régimen pertinente es que puede darse determinación judicial. 3. La Sala en fecha 2 de mayo de 2017 denegó la concesión del remedio excepcional intentado, lo que motivó la presentación directa de la impugnante ante este Cuerpo. 4. Mediante pronunciamiento registrado en A. y S. T. 277, págs. 156/159 la Corte admitió la queja deducida, al verificar -desde el análisis mínimo y provisorio que correspondía a ese estadio- que la postulación de la recurrente contaba, prima facie, con asidero en las constancias de la causa y suponía articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción. El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos principales a la vista, me conduce a propiciar la rectificación parcial de la conclusión arribada por el Cuerpo en aquella oportunidad, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 218/221 vto.). Ello así, al comprobar que los agravios dirigidos a cuestionar la condena por incapacidad sobreviniente, en base a la prueba pericial médica producida en autos, alegando que en verdad lo resuelto al respecto implica un grave apartamiento de los hechos probados, no refleja más que su mera discrepancia con lo resuelto por los jueces de la causa en ejercicio de funciones propias. Máxime si se tiene en cuenta que lo resuelto en Primera Instancia al tener por acreditado que la incapacidad actual del trabajador es fruto del accidente reconocido, no ha podido ser desacreditado con los genéricos agravios expresados al respecto al apelar; y que la prueba pericial médica no fue objeto de cuestionamiento alguno luego de ser practicada ni al alegar, lo que sella definitivamente la suerte adversa de tal planteo. Cabe recordar que la valoración de extremos de hecho y prueba, en principio, no deparan materia idónea en orden a lograr el acceso a la vía excepcional intentada, que -como se ha destacado en reiteradas oportunidades- no constituye una tercera instancia ordinaria ante la cual los recurrentes puedan cuestionar decisiones equivocadas o que estimen tales según sus particulares interpretaciones, ni tiene por objeto permitir la sustitución de los criterios adoptados por los juzgadores en el ejercicio de funciones privativas (cfr. R.A. y S., T. 54, pág. 382; T. 55, pág. 212; T. 59, pág. 319; T. 62, pág. 386; T. 64, pág. 259, etc; en sentido concordante, Fallos 297:29, 117 y 291; 300:1039; 301:1062; 306:143; 307:234; 311:1950; 313:1222, entre otros). No ocurre lo mismo con los restantes agravios esgrimidos por la quejosa en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad, pues los mismos poseen entidad constitucional suficiente como para lograr la apertura de la instancia prevista en la ley 7055. Voto, pues, parcialmente por la afirmativa. A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Ante todo corresponde destacar que teniendo en cuenta la fecha del accidente laboral -19.03.2013- resulta aplicable al caso la ley 26773, lo que no generó discusión con entidad alguna. Sin embargo la Sala en oportunidad de resolver la apelación deducida por la demandada -y previo traslado a las partes para que expresen lo que estimen conveniente a su derecho teniendo en cuenta los fallos "Espósito", "Antuñez" e "Ibarra"- dictó un pronunciamiento que a la postre culminó por desmerecer el derecho que regula el caso, con argumentos que resultan insuficientes para sustentar lo decidido desde una óptica constitucional. Es que la Alzada, siguiendo el criterio que surge del fallo "Espósito" entendió que no correspondía declarar la inconstitucionalidad del artículo 17 del decreto 472/14, reglamentario de la ley 26.773. Por ello dispuso que la indemnización debía liquidarse sin la aplicación del índice RIPTE sobre la fórmula prevista en el artículo 14 de la ley 24557. Mas, sin ningún otro tipo consideración en relación al caso concreto respecto del sistema indemnizatorio consagrado por la ley 26773, la reglamentación establecida por el decreto 472/14 y las resoluciones que, en consecuencia, dicta la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entendió -en base a precedentes de la misma Cámara que cita- que al no poder aplicarse el RIPTE a la fórmula implicada, y a efectos de evaluar la suficiencia de la indemnización, debía en autos juzgar de oficio la constitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557. Concluyó así que correspondía declarar su inconstitucionalidad en aras de otorgar al damnificado una indemnización que sea justa y plena, lo que no podía lograrse en el caso ni aplicando el sistema normativo en su diseño previo a la ley 26773, ni tampoco recurriendo a la aplicación de ésta conforme a la doctrina de "Espósito". Dicho razonamiento evidencia un déficit que lo torna descalificable en el caso concreto, desde que no puede la Alzada colocarse en la situación anterior al dictado de la ley 26773, ignorando el precedente "Espósito" y la vigencia de esta ley y de las demás normas que con posterioridad fueron regulando la materia y adecuando los importes correspondientes, apoyándose en pronunciamientos respecto de los cuales sólo efectúa una transcripción genérica, sin correlación específica con las particularidades de autos, para declarar de oficio una inconstitucionalidad que no fue introducida por la parte interesada, cuando tal declaración es excepcional y debió como mínimo desde la postura de la Sala estar relacionada con la insuficiencia en el caso de la indemnización que hubiera correspondido conforme al derecho aplicable; ya que no debe olvidarse que no estamos frente a un supuesto de reparación integral, como así tampoco que los pisos mínimos establecidos en el decreto nro. 1694/09 y compensaciones adicionales de pago único del artículo 11 de la ley 24557 y modificatorias, con el dictado de la ley 26773 se incrementan conforme a la variación del índice RIPTE (conf. artículo 8 y 17 decreto 472/2014), lo que fue marginado en el razonamiento de la Alzada, lo que de por sí invalida su pronunciamiento. En relación a lo antes dicho debe recordarse que la declaración de inconstitucionalidad de una norma supone siempre que se ha demostrado una vulneración a los derechos invocados por la parte afectada, de forma tal que el agravio que su aplicación provoque con la consiguiente conculcación de garantías constitucionales debe ser cierto, palmario, evidente. Ello así pues el análisis de la validez constitucional de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, y es sólo practicable como razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere, entendiendose que por la gravedad de tales exámenes, debe estimárselos como la última ratio del orden jurídico, de tal manera que no debe recurrirse a ellos sino cuando una estricta necesidad lo requiera (doctrina de Fallos 260:153, por todos). En el presente los sentenciantes elaboraron una nueva norma sin justificar debidamente el apartamiento del régimen legal de reparación vigente conforme surge de las pautas trazadas por el Máximo Tribunal nacional en el fallo "Espósito. Y, al respecto, cabe puntualizar que la ley 27348 -sancionada el 15.02.2017- sustituye el artículo 12 de la ley 24557 consagrando un nuevo mecanismo de determinación del ingreso base para cálculos indemnizatorios. Dicha ley adopta la misma pauta de corte temporal que consagra la ley 26773 en su artículo 17.5 y el decreto 472/14 en su artículo 17, al establecer en el artículo 20 que "la modificación prevista al artículo 12 de la ley 24557 y sus modificatorias, se aplicará a las contingencias cuya primera manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de la presente ley". La norma no deja lugar a dudas en cuanto a su aplicación temporal, de allí que cualquier intento de retrotraslación de la solución legal a un caso anterior a su entrada en vigencia para actualizar o indexar el monto de la indemnización debida, implica desentenderse de las claras directivas que emanan del Supremo Tribunal de la Nación. Por otra parte, la Sala al adicionar al capital intereses de acuerdo a lo decidido en el precedente "Ibarra", incurre nuevamente en arbitrariedad conforme a los fundamentos expuestos por esta Corte in re "Olivera"de fecha 31.10.2017, a los que me remito y doy aquí por reproducidos. Por todo lo expuesto, voto pues, por la afirmativa. A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde adoptar?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto con el alcance indicado y, en consecuencia, anular al respecto la sentencia impugnada, con costas por su orden. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento conforme al presente. Así voto. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Falistocco dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Presidente doctor Gutiérrez y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto con el alcance indicado y, en consecuencia, anular al respecto la sentencia impugnada, con costas por su orden. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento conforme al presente. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. FDO.:GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Laboral, Sala Primera, Santa Fe Otro Tribunal interviniente: Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral, de la Cuarta Nominación, Santa Fe