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Daños y perjuicios, responsabilidad civil, medidas cautelares, resoluciones judiciales, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores c/ Hsbc Bank Argentina SA s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-24

Cabe reconocer que la importante reforma que trajo el Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a la recepción de la función preventiva de la responsabilidad civil (arts. 1708 y 1710), consagratoria de los deberes de: a) evitar causar un daño no justificado, b) adoptar medidas para evitar un daño o disminuir su magnitud, y c) no agravar el daño ya producido. Las "acciones preventivas" -en rigor, "pretensiones preventivas"- de los arts. 1711 a 1713 cód. cit. llegan, entonces, tanto para prevenir el eventual daño como para solicitar su cese. Y es dable conjeturar que mientras no sean reguladas en los códigos de forma locales podrán ser ejercidas de modo provisorio o definitivo; principal o accesorio -v. gr. mediante un proceso de condena atípico, medidas cautelares, medidas autosatisfactivas, amparos de fuente sustancial, procesos inhibitorios comunes, etc.- (conf. Bestani, Adriana, coment. art. 1711 Código Civil y Comercial Comentado, anotado y concordado, Garrido Cordobera, Lida M. R.- Borda, Alejandro-Alferillo, Pascual E., Bs. As., Astrea, 2015; íd. "Acción Preventiva y omisión precautoria en el nuevo Código Civil y Comercial" en RCCyC 2015, Nov. 17/11/2015, RCyS2016-III, 26, LL on line AR/D0C/3881/2015; Meroi, Andrea A. "Aspectos procesales de la pretensión preventiva de daños", RCCyC 1026, 6/4/2016, 70, LL on line AR/D0C/956/2016; Peyrano, Jorge W. "Procesos individuales de consumo: la acción preventiva en general y en el terreno consumeril" en Stiglitz, G. Hernández C, Tratado de Derecho del Consumidor, Bs. As. La Ley, t. IV p. 162; Arazi, Roland, Tutela Inhibitoria, en Rev. Dcho. Procesal, Sta. Fe, Rubinzal Culzoni, 2008-2, p. 92). Se exige la acreditación de dos factores: (i) la antijuridicidad, entendida como la trasgresión al ordenamiento jurídico -en forma comisiva u omisiva- y (ii) el interés razonable en la prevención del daño (CCCN 1712). Quede claro que se excluye la ponderación del factor de atribución de responsabilidad, a la vez que la norma tampoco reclama, de modo indefectible, la concurrencia de la "urgencia". Aunque ausente de modo expreso, es de toda lógica que la prevención sea factible tanto material como jurídicamente (v. gr. que no esté consumada la acción, sea posible su cese y que se pueda aplicar la medida sin óbices normativos: i. e. eventual censura previa, CN 14 y 32). Pero por sobre todas las cosas, debe sopesarse que dada la relevancia axiológica de la tutela no debiera ser interpretada como excepcional, ni aplicarse con criterio restrictivo (conf. Zavala de Gonzalez, cit. por Vazquez Ferreyra, Roberto en "La función preventiva de la responsabilidad civil", L.L. 2015-C, 726).
Acción de amparo, aclaratoria (procesal)
Materia: CIVIL
Carátula: VELLA, LUIS JOSE c/ I.S.S.P. s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-11-14

En principio, los considerandos de una sentencia no pueden ser objetos de corrección o verificación por vía del Recurso de Aclaratoria, pero como los mismos guardan estrecho ligamento a la parte resolutiva, corresponde hacer lugar al mencionado recurso a fin de transcribir el párrafo omitido del convenio cuya homologación es materia de la parte dispositiva.
Delitos contra la humanidad, personal militar
Materia: PENAL
Carátula: Paccagnini, Norberto Rubén y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-19

Los homicidios de los detenidos en la Base Aeronaval a manos de personal militar devienen delitos de lesa humanidad, atento a que tuvieron lugar en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil llevado a cabo de conformidad con una política de Estado, fundado en la doctrina de la seguridad nacional y utilizando la fuerza pública del Estado en su conjunto, con el objetivo de perseguir y eliminar a militantes sociales, disidentes, contestatarios y detenidos del régimen de facto imperante al momento de los eventos de marras, a quienes constituyeron en enemigos internos o subversivos.
Daño, daño calificado, daño en bienes de uso público, colectivo de línea
Materia: PENAL
Carátula: DI DONATO, Luis A. s/ Causa 27.035
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

Es improcedente la aplicación de la agravante prevista en el inc. 5° del art. 184 del C.P., respecto del vehículo afectado (colectivo) por tratarse de un bien de propiedad privada, al cual se otorga una licencia para prestar un servicio público, pero no goza de la custodia y protección que merecen como tales los bienes del Estado, abonando este razonamiento la circunstancia de que la utilización de los transportes colectivos, es facultativa del usuario y a raíz de ello, la relación entre el prestador y la persona transportada es de naturaleza contractual y no reglamentaria, lo que categoriza a estos vehículos como bienes aportados por el concesionario para la prestación de un servicio habilitado por las autoridades municipales.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, acordadas
Materia: PROCESAL
Carátula: Cespedes Vda. de Viera, Rosalia Catalina s/ Queja en Autos: Cespedes Vda. de Viera, Rosalia Catalina c/Yunes, Ricardo Y/U Otros s/Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-03-21

De conformidad con lo dispuesto en la Acordada Nº 04/2007 -CSJN- el Recurso Extraordinario Federal interpuesto contra el fallo del Superior Tribunal que resolvió rechazar la admisión del Recurso Extraordinario local por la falta de cumplimiento de los requisitos formales exigidos, debe ser desestimado, pues en lo que respecta a la regla 2 de la acordada, que está vinculada a los datos que debe contener la carátula que debe preceder obligatoriamente al recurso, se impone señalar que la misma no fue presentada por el recurrente, lo cual sella de manera definitiva la suerte del remedio extraordinario.
Facultades del juez, graduación de la pena, monto de la pena, atenuantes de la pena, agravantes de la pena, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., G. A.; C., Y. M. y N., N. N. s/ Robo agravado s/ Inconstitucionalidad s/Casación. (Expte. Nº 26574/13 STJ)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-04-09

Siguiendo a Zaffaroni, debe admitirse que la prohibición de doble valoración no se encuentra prevista específicamente en la legislación argentina, no obstante debe surgir del deber de fundamentación de las sentencias, al considerarlo un requisito de coherencia interna de la decisión jurisdiccional.

Ese deber consiste en fundar la sentencia en argumentos propios del caso y no en aquellos que ya fueron tenidos en cuenta por el legislador para crear la prohibición. (Sobre el particular, in extenso ver Ziffer en Código Penal", Baigún, Zaffaroni, Terragni, Tº 2, pág.81). (Mayoría: Dra. Piccinini, Dr. Apcarian, Dr. Mansilla y Dr. Barotto)
Historia clínica, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: BRANDONE, Gustavo Adrián s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

La historia clínica no ratificada en autos, y que proviene de un solo profesional, no constituye ningún medio probatorio.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, cuenta corriente bancaria, contratos bancarios, incumplimiento del contrato, Organización Veraz
Materia: COMERCIAL
Carátula: ZAKIN,  SANTIAGO  ELIAS  Y  OTRO c/ BANCO RIO DE LA PLATA SA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-28

Procede la acción por la cual un cuentacorrentista reclama de una entidad bancaria los daños ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones generadas en el marco de una cuenta corriente bancaria cuando, -como en el caso-, surge que la tardía acreditación de fondos en la cuenta del pretensor, produjo un evidente desajuste en sus finanzas, producto del erróneo estado de su cuenta. Máxime si el defendido, -en cumplimiento de la normativa del Banco Central-, informo al ente de control la deuda del accionante, situación que origino su inclusión en los listados brindados por "Organización Veraz S.A.".
Honorarios del abogado, prescripción decenal
Materia: PROCESAL
Carátula: EDESAL S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) y otro s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-23

En virtud de la previsión contenida en el art. 2537 del Código Civil y Comercial de la Nación, resulta aplicable al caso la doctrina de la Corte en materia de prescripción de honorarios según la cual debe distinguirse entre el derecho a cobrarlos, cuando ya han sido regulados, y el derecho a que se regulen, dado que mientras en el primer supuesto -como ocurre en el caso- se aplica la prescripción decenal, en el segundo rige la bienal. Cabe concluir que como no transcurrió el plazo decenal indicado, la defensa de prescripción no puede prosperar.
Domicilio procesal, prescripción adquisitiva, incidente de nulidad, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguilar, Raimundo Nicanor c/ Desarrollos Buenos Aires S.A. s/ usucapión - incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-03-30

Habida cuenta que quien peticiona la nulidad es precisamente la parte que constituyó domicilio procesal en un lugar inexistente, no puede ser beneficiada con la declaración de nulidad del acto irregular que ella misma ha originado (art. 168 CPCyC) pues carece de legitimación para peticionarla.
Jurisdicción y competencia, justicia militar, tribunales militares
Materia: PROCESAL
Carátula: VICTOR MELCHOR BASTERRA s/ CUESTIONES  DE  COMPETENCIA. JUSTICIA MILITAR- TRIBUNALES MILITARES.  CONSEJO SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-20

La intervención del fuero castrense está reservada a los supuestos en los que personal militar individualizado se halle procesado o por lo menos imputado en la causa; razón por la cual las actuaciones del fuero militar no bastan para disipar el obstáculo a la excepcional competencia de dicho fuero que surge de que la contienda sólo provenga de un procedimiento de oficio destinado a sustraer de la justicia local a un imputado militar, sin que exista ante el fuero castrense actuación ni denuncia contra personal militar.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, sentencia, inconstitucionalidad, régimen de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia, haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, remuneración
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sánchez de Vasalo, Elsa Odilia s/ pensión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

El recurso extraordinario contra la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 49 y 53 de la ley 18.037 e hizo lugar al reajuste previsional solicitado es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Mandato, rendición de cuentas
Materia: CIVIL
Carátula: Instituto Provincial de Seguros de Salta c/ Neuquén, Provincia del s/ rendición de cuentas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-04

Todo mandato supone necesariamente una rendición de cuentas a su término, sea que se cumpla en definitiva y de manera total el cometido, o sea que se interrumpa al revocárselo; el mandatario debe rendir cuentas, y esta obligación no se limita a la rendición económico-numérica sino que debe probarle al mandante haber cumplido bien el cometido, proporcionando el detalle de la actividad desarrollada, exigencia que no sólo surge de los arts. 70, 72, 73, 277 del Código de Comercio y de los arts. 1909, 1911 y concordantes el Código Civil, sino también de la expresa previsión del art. 54 de la ley 17.418.
Derecho laboral, costas, regulación de honorarios, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: I. A. S. S. c/ Asociart S.A. A.R.T. s/ Regulación de honorarios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-03

Los trámites iniciados a los fines de la regulación de honorarios por el asesoramiento de los trabajadores ante las comisiones médicas son incidencias promovidas en el propio y exclusivo interés de los abogados, por lo cual no resulta razonable la imposición de costas. Resulta errada la "bilateralización" de la petición decidida por el a quo. El trámite voluntario diseñado por el art. 100 de la ley 7046 es claro y no prevé sustanciación. Lo actuado en vez de resguardar el derecho de defensa complejizó innecesariamente este asunto, el cual, para su resolución solo requería verificar la actuación de la letrada en aquella instancia administrativa (para lo cual bastaba con ver el expediente digital agregado) (Voto Ronconi. Adhesión Welp)
Recurso de inconstitucionalidad, falta de agravio concreto, juicio, partes, Cámara de Apelaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SEGUNDO PILOT Y ANIBAL ROMANO PAPELERA PERGAMINO SA c/ CELULOSA ARGENTINA SA s/ CONCURSO  PREVENTIVO  INCIDENTE  DE  IMPUGNACION  DE  HONORARIOS.   QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 220-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-04-14

Cabe descartar ab initio el agravio referido a la integración del del Tribunal, desde que habiéndose notificado los impugnantes personalmente- de la constitución del mismo, no arbitraron los medios idóneos a los fines de lograr su propósito. Medió en el caso una conducta omisiva, jurídicamente relevante y eficaz, por cuanto los propios interesados contribuyeron -al no utilizar en tiempo, remedio legal idóneo- a la producción de la situación contra la que hoy claman.
Jurisdicción y competencia, competencia por la materia, recurso de queja (procesal), morosidad del proceso, sistema previsional, jubilaciones, depreciación monetaria
Materia: PROCESAL - LABORAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: INTECO  S.R.L. s/ IMPUGNACION DE ACTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-21

Es competente la justicia nacional del trabajo para entender en el recurso de queja por retardo de justicia en el cumplimiento de la sentencia de la cámara de ese fuero por la que se ordenaba a la Dirección Nacional de Recaudación Previsional la devolución a la actora de sumas depositadas con la correspondiente actualización monetaria, por tratarse de una causa en que tiene influencia decisiva la determinación de cuestiones directamente vinculadas con aspectos del derecho previsional.
Recurso de queja (procesal), delegación de la investigación, plazos procesales, plazo ordenatorio, resoluciones inapelables, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ABDEL JELICK, Oscar J. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-11

Dado que la delegación de la instrucción al fiscal no es materia apelable, sumado a que los plazos establecidos en el C.P.P.N. para la actividad de los tribunales son ordenatorios, y que la decisión de correrle vista al fiscal en los términos del art. 180 del C.P.P.N. en nada impide que luego el juez de grado ejerza la opción que dicha norma le otorga, ya que ello sería consecuencia del previo y necesario requerimiento , debe rechazarse la queja interpuesta .
Instrucción, apertura de la instrucción, requerimiento de instrucción, falta de requerimiento de instrucción, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lorenzo, Ernesto y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-29

La falta de intervención del acusador penal público no se encuentra saneada, en este caso, por el hecho de que haya formalizado requerimiento de elevación a juicio, ya que lo que se trata es de resguardar la prohibición de actuación oficiosa del órgano jurisdiccional en la disposición de cualquier medida que pueda afectar los derechos individuales -privacidad e intimidad- (arts. 18, 19 y 75 inc. 22 de la C.N.), sin impulso fiscal. En consecuencia, se advierte un vicio esencial en lo actuado, que por sí invalida las decisiones adoptadas por el magistrado instructor al omitir la intervención necesaria del Ministerio Público Fiscal (arts. 167 inc. 2°y 168 del C.P.P.N.), como presupuesto de la medida coercitiva adoptada, conforme la función que cumple.(Voto de la Dra. Ledesma, adhiere el Dr. Tragant según su voto, Dr. Riggi en disidencia).
Declaración de inconstitucionalidad, ley derogada, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Alsina, Rubén Valetín y otros. s/ Demanda de Declaración de Inconstitucionalidad de la ley 3201.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-03-12

Al momento de expedirme la Ley 3201 se encuentra derogada. Como principio general, tal circunstancia torna abstracto el pronunciamiento a dictarse; en el caso de autos procede hacer excepción al principio cuando de la aplicación de normas que han perdido vigencia derivarían perjuicios remanentes. Estas circunstancias obstan a considerar que el objeto es abstracto. (Dra Catella:en disidencia).-
Testamento por acto público, capacidad de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: F.,H.J. c/ F.,R. y Otros s/ Nulidad de Testamento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-17

El testamento de acto público otorgado por el causante debe considerarse válido pues a la época de la facción del testamento se desprende que el testador no presentaba signos de patología mental ni evidencias de deterioro cognitivo, sino que por su edad presentaba la conservación de sus funciones psíquicas y un pensamiento coherente con su estilo de vida.
Transporte de estupefacientes, dolo
Materia: PENAL
Carátula: León Robledo, Gonzalo Ezequiel c/  s/ Recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-15

La figura de transporte de estupefaciente se consuma con la realización del verbo típico requerido en la norma, independientemente de que la sustancia llegue o no al destino, conforme al plan del autor.
Pensiones, extinción del derecho de pensión, separación personal, culpa civil, deberes de la administración, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: STANICCIO, ANTONIA LEONILDE c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-31

La recta interpretación de lo dispuesto en el art. 1 de la ley 17.562, impone al organismo previsional establecer si la peticionante fue la culpable o no de la separación en la medida que existan causas que justifiquen tal sospecha, mediante la fehaciente demostración de tal culpabilidad, pero nunca presumir la existencia de la misma y someterla a la exigencia de demostrar su inocencia, desde que tal procedimiento se encuentra reñido con las garantías constitucionales de la defensa en juicio (art. 18 de la C.N.) y con el espíritu de las leyes que intenta aplicarse
Contrato de obra pública, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Padulo, Roberto Enrique c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Cuando el contrato de obra pública se extingue por rescisión, el modo anormal en que se resuelve el vínculo determina la necesidad de realizar un balance final de la obra con una liquidación de los trabajos hasta el momento de la decisión.
Recurso contencioso administrativo, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal), cauciones, medidas cautelares, contracautela, facultades discrecionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Malaguarnera, Roberto c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativa. Ley 11.330 - Medida cautelar -   Revocatoria (Expte.: C.S.J. Nro. 80 año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-12

Debe desestimarse el recurso de revocatoria interpuesto por la actora contra la providencia que fijó en la suma de $ 40.000 la contracautela que en forma de caución real deberá constituir previo a despacharse la medida cautelar, y que fundamenta en que la misma es excesiva respecto de los posibles daños a resguardar, solicitando, además, la consiguiente fijación de fianza personal.

Ello así, desde que el Alto Cuerpo dispuso "Suspender, previa contracautela que, a satisfacción de la Presidencia y en modo de caución real o personal...la ejecución de los efectos de la medida impugnada...", decisorio que confirió a la Presidencia del Tribunal la facultad de fijar, tanto el monto de la contracautela que se debe prestar, como el modo de la misma -sea en forma de caución real o personal-, siendo esa potestad, de carácter discrecional y originada al despacharse la medida cautelar, el fundamento de que la contracautela exigida deba constituirse en forma de caución real.

Con lo dicho, lo ordenado por Presidencia, encuadra perfectamente en las facultades conferidas en el auto interlocutorio mencionado y respeta sus lineamientos, dando por tierra con lo pretendido por la recurrente.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, prueba, competencia penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: DURAN, JOSE LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-09-09

En casos como el presente -donde se tuvo en cuenta para la confirmación de una condena prueba ilegalmente obtenida y otras que fueron su directa consecuencia- no corresponde a esta Corte ponderar si su eliminación del proceso conduce a un resultado distinto al que arribó el A quo, sino que advertida la transgresión constitucional de la que resulta prueba que, al menos en parte, es utilizada para fundar un juicio de reproche, debe hacerse lugar a la impugnación de esa prueba, revocar la condena y ordenar a los tribunales de grado que dicten una nueva sentencia, que prescinda de tomar en cuenta la prueba inválida (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhirió el Dr. Vidal).
Código Procesal Penal Federal, acción penal, conciliación, dictamen fiscal, delitos contra la propiedad, política criminal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ROBLES, J. E. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-18

Conforme los términos de los artículos 25 y 30, inc. c, del Código Procesal Penal Federal, la conciliación es un supuesto de disponibilidad de la acción penal por parte de su titular, por lo que no puede prosperar si no cuenta con un dictamen fiscal favorable, que sea fundado y supere el control de legalidad y razonabilidad, incluso cuando se trate de delitos patrimoniales sin grave violencia sobre las personas -Artículo 34 del Código Procesal Penal Federal-, siempre que la fiscalía se funde en cuestiones de política criminal.
LEY DE CONCURSOS, proceso de verificación, incidente de revisión, oportunidad procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fiorasi Hnos. Imp. y Exp. S.C.C. s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-08

La resolución que declara admisibles o inadmisibles los créditos impugnados, puede ser revisada a petición del interesado formulada dentro de los veinte días siguientes a la decisión del juez.
Temeridad o malicia, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Veloso, José c/ Municipalidad de Florencio Varela s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Si una Municipalidad prácticamente omitió contestar una demanda dirigida contra actos suyos groseramente ilegítimos, contrarios a numerosos dictámenes de su Asesoría Letrada, obligando al demandante -al que con tal proceder le genera un daño adicional- a promover y a sustanciar todo un juicio a sabiendas de que no tenía razón valedera, deben imponérsele las costas porque tal conducta configura el supuesto de notoria temeridad que aprehende el artículo 17 del Cód. de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo.