marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Universidades, gobierno de facto, gobierno de la universidad, autonomía universitaria
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Alice, Alberto Vicente c/ Universidad   Nacional  de  Buenos  Aires  -Facultad  de  Ingeniería- s/ Ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

El decreto 154/83 por el que se intervino la Universidad y quedó constituido el Consejo Superior Provisorio, fue dictado en ejercicio de facultades propias del poder administrador, ya que los conflictos en aquel ámbito requieren medidas y soluciones inmediatas, que en el caso se utilizaron a fin de alcanzar la autonomía universitaria y garantizar la libertad académica lesionada por la ley del gobierno de facto Nx 22.207, por un plazo breve y en forma inmediatamente anterior a la sanción de la ley 23.068 que ratificó tal atribución (art. 4x) al mantener provisoriamente las reglas del art. 7x de la ley del gobierno de facto Nx 22.207 que lo permitían.
Derecho a la salud, acción de amparo, tratamiento médico, personas con discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: FEDEROVSKY PERLA SUSANA c/ OSDEPYM s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-28

La falta de respuesta oportuna a los requerimientos de estos autos y lo expuesto por la perito odontóloga en la contestación al pedido de explicaciones formulado por la recurrente -en el sentido de que si bien la esclerosis múltiple es una enfermedad que no afecta de manera directa las piezas dentarias, el hecho de que produzca afectación sensitiva o motora del tronco y extremidades y espasticidad, "conduce a la imposibilidad de una buena higiene y cepillado correctos de las mismas"-, y que esa fundamentación no ha sido objetada con suficiente fundamento por la demandada. Por lo tanto cabe tener por configurados los extremos que tornan procedente la acción de amparo iniciada, máxime el estado de salud del amparista sumado el peligro que deriva de la suspensión de la intervención y tratamiento aludidos.
Recurso contencioso administrativo, facultades del Poder Ejecutivo, decretos, anulabilidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Irrazabal, Mariano Lucio c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-03-04

El Poder Ejecutivo está facultado para dejar sin efecto un Decreto; puede anular oficiosamente sus propios actos ilegales en el interés de la vigencia del orden jurídico ya que la gravedad de los vicios del acto que se anulaba lo tornaban imposible de corregir, y en este caso por tratarse de un acto irregular, al haberse apartado claramente de la legislación aplicable. Lo contrario significaría admitir como legítimo que el Poder Ejecutivo concediese una pensión o beneficio que la ley no otorga y que aplique una norma expresamente derogada.
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio, proceso penal, requisitoria fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., G. s/ Lesiones graves culposas - Extinción acción penal (Resolución Nro. 95,  Tomo 57, Folio 163)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-10

"Sólo los actos a partir de la requisitoria fiscal tienen virtualidad para ser entendidos como secuela de juicio", con fundamento constitucional en la reforma de 1994 y legal en el Código Penal, por lo que -a mi criterio- una interpretación sistemática de normas en un mismo código y, en especial, en un mismo capítulo, torna incongruente otorgarle un sentido distinto a la misma palabra.
Transporte aéreo, venta de pasajes, incumplimiento del contrato, ley de defensa del consumidor, cuestiones de competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: PEREZ LLANO, JOSE MANUEL C/DESPEGAR.COM.AR SA Y OTRO S/SUMARISIMO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-21

A diferencia de otros casos resueltos por esta Sala (ver "Gestido, Leandro Darío c/ Despegar.Com.Ar SA y otro s/ ordinario" del 18/2/22; íd. Miller, Rubén Eduardo y otro c/ Latam Airlines Group SA s/ sumarísimo" del 24/2/22), en la especie el actor no ha planteado cuestiones controversiales en lo relativo al contrato de transporte aéreo en sí mismo, sino que prevalecen en el fundamento de su reclamo cuestiones derivadas del vínculo contractual que existió entre las partes, de carácter meramente mercantiles, derivadas de supuestos incumplimientos contractuales y a la Ley de Defensa del Consumidor. De ahí que, a diferencia de lo sostenido en los precedentes indicados anteriormente, en tanto la fuente obligacional se derivaría de contratos regidos por las leyes mercantiles, en los que predomina la actividad lucrativa realizada de modo organizado en forma de empresa, en el caso estructurada bajo la forma de sociedades, tipo legal que acredita la comercialidad del acto, las actuaciones deben permanecer en esta Justicia Nacional en lo Comercial (conf. Dec. 1285/58: 43 bis). Voto del Dr. Lucchelli
Hábeas corpus, tribunal administrativo, sanciones administrativas, revisión judicial de actos administrativos
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Capranzano, Pompeo Pascual s/ acción de hábeas corpus en favor de Romero, Juan Carlos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-08

En el caso de sanciones impuestas por organismos administrativos con facultades jurisdiccionales, el habeas corpus procede en la medida en que no estén sujetas a un control judicial suficiente que evite la posibilidad de que aquellos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión posterior.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: xx s/ xx Costa Juan Rosendo Ernesto s/ Robo agravado - Recurso de hecho Méndez, Omar Ramón s/ Incidente de excarcelación. Recurso de hecho Duque, Juan J. s/ Homicidio. Inc. excarcelación. Recurso de hecho Gávez, Héctor R. s/ Inc. de excarcelación. Recurso de hecho Dicamilo, Daniel Guido s/ Inc. de excarcelación. Recurso de hecho Maradei, Marcelo Fabián s/ Homicidio - Juicio oral.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-21|1991-02-19|1994-08-09|1996-08-27|1997-02-18|1998-07-07|1989-02-21

Las decisiones de las Cámaras relativas al instituto de la excarcelación, no revisten carácter de definitivas en los términos del art.350 del Código Procesal Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Imputado, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: URQUIZA, MARIO DANIEL c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CALIFICADO POR SU FUNCION O CARGO COMO INTEGRANTE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD POLICIALES-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-02

Corresponde rechazar la queja desde que el recurrente no logra demostrar que se haya soslayado la concurrencia de circunstancias específicas que enervaran la sospecha de fuga o entorpecimiento probatorio ni el desacierto de aquellos fundamentos para confirmar la resolución de primera instancia que había dispuesto la prisión preventiva, erigiéndose en un insumo apto para fundar el pronóstico de riesgo de fuga o entorpecimiento probatorio la magnitud de la pena, toda vez que el hecho imputado- homicidio agravado por el uso de arma de fuego calificado por su función como integrante de las fuerzas de seguridad policial- tiene prevista como única alternativa la prisión perpetua y el riesgo que se pretende cautelar no es ya la realización de la investigación, sino el propio desarrollo y culminación del juicio ante una investigación virtualmente terminada.
Locación de cosas, resolución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: HURE, MARIA E. A. Y OTROS c/ AUDIO AMERICA S.A. s/ RESCISION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-08

El art. 1522 del Código Civil faculta al locatario a pedir la resolución el contrato si la cosa no puede ser usada o gozada para el fin previsto en el contrato, cuando ésto es debido a caso fortuito o a fuerza mayor. El codificador cita en su nota a este artículo a Marcadé, quien comentando el art. 1722 del Código Francés, menciona el caso en que el locatario es obligado a dejar el bien por la autoridad por razones de guerra o de peste, aunque excluye la resolución cuando no media una imposición sino razones de prudencia o de conveniencia del inquilino debidos a la guerra o a la peste. La norma del art. 1522 del Código citado supone que se trate de un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor o no sería estrictamente el caso si el impedimento era preexistente.

Los óbices que menciona el art. 1526 del Código citado por los cuales debe responder al locador pueden atribuirse a "vis maior" o a las acciones de terceros, ejercidas en el límite de sus derechos. El obrar municipal se supone fundado en el beneficio general de la comunidad de modo que su oposición a la utilización del inmueble en la forma convenida, puede ser encuadrada en los presupuestos del art. 1526 del Código Civil.

Si el locador responde por tales impedimentos, conforme la norma citada, parece claro que por no existir en el contrato de locación, cláusula alguna que transfiera esta responsabilidad a los locatarios, la imposibilidad de lograr la habilitación constituye causa suficiente para resolver la locación, aún cuando no constituya caso fortuito.
Abuso sexual calificado, delito doloso
Materia: PENAL
Carátula: J., E.R. s/ Abuso Sexual a una Menor
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-13

"El delito de abuso sexual gravemente ultrajante es doloso. El elemento subjetivo consiste en el conocimiento de que se realiza un acto de carácter sexual, sin el consentimiento de la víctima, sin llegar al coito. A esto se suma un elemento subjetivo del tipo, que es el animus del autor de someter a la víctima, degradarla, por alguna de las modalidades ya explicadas...".
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Ferreti, Carmelo A. c/ Cooperativa de Previsión de Electricidad y otros Servicios Públicos de Crédito y Vivienda de Coronel Dorrego Ltda. s/ Reinstalación en puesto de trabajo Garayoa, María Mercedes c/ Escuela de Capacitación Laboral San Roque s/ Indemnización despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25|2003-10-09

Según el texto expreso del art. 49 de la ley 23.551 para que surta efecto la garantía establecida en el art. 48 del mismo cuerpo normativo se requiere que la designación se haya efectuado cumpliendo con los recaudos legales y que fuera comunicada al principal. Tal notificación por imperio legal es constitutiva del derecho a la estabilidad que el ordenamiento sindical garantiza. Formalidad que no puede ser suplida por la sospecha, ni aún por la certeza de que el principal dispone de información suficiente en ese sentido.
Verificación de créditos, concurso preventivo, quiebra, pronto pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: IEPSI S.A. s/ Concurso preventivo. Incidente de pronto pago promovido por Mirta  Gladys Ortiz y otros.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-20

Si bien en principio es inobjetable la decisión de rechazar el pedido de pronto pago de los tickets canasta, en cuanto no se requirió su verificación como quirografarios y conforme el principio de congruencia (arts. 163, inc. 6to. y 56 Ley 24522)- se lo insinuó como inserto en los privilegios previstos por los arts. 241, inc.

2do. o 246 de dicha normativa- razones de celeridad y economía procesal aconsejan obviar el trámite de verificación tardía, desde que existe conformidad del concursado y opinión fundada de la sindicatura respecto de la existencia y legitimidad del crédito a través de la compulsa de los registros contables.-
Movilidad del haber jubilatorio, derecho de los beneficios de la seguridad social, derechos y garantías constitucionales, legisladores
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-08

No sólo es facultad sino también deber del legislador fijar el contenido concreto de la garantía constitucional de la movilidad jubilatoria, teniendo en cuenta la protección especial que la Ley Suprema ha otorgado al conjunto de los derechos sociales, ya que en su art. 75, incs. 19 y 23, impone al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social, para lo cual debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce de los derechos reconocidos, en particular a los ancianos, norma que descalifica todo accionar que en la práctica lleve a un resultado que afecte tales derechos.
Jubilaciones, carácter alimentario, remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VIDAECHEA, MIGUEL A c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 78-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-06-06

La retribución jubilatoria tiene naturaleza alimentaria, siendo una consecuencia de la remuneración que percibía el beneficiario en su actividad laboral cuando ésta cesa, lo que explica que la relación entre una y otra deba mantenerse.
Juicio ejecutivo, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: O. S. N. c/ PROPIETARIOS INDEPENDENCIA 1987 s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-08

El allanamiento del ejecutado a la pretensión ejecutiva no exime por sí sólo al juez del deber de dictar sentencia mandando llevar adelante la ejecución, aún cuando medie depósito del capital reclamado y de lo presupuestado para satisfacer sus accesorios (conforme Palacio, Derecho Procesal Civil, T. VIII, página 504, notas números 302 y 303). Si el allanamiento total seguido del cumplimiento de la prestación otorga a las partes derecho a que se dicte sentencia bajo la forma prescripta por el art. 161 del Código Procesal, a fin de acordarles los beneficios de la cosa juzgada, no existe razón alguna para adoptar un temperamento diferente en este supuesto (conforme Cámara Nacional Civil, Sala F, c. 287.967 del 27/4/83), máxime cuando el depósito ha sido objeto de rechazo por el ejecutante, quien lo estima parcial.-
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, juicio ejecutivo, concursos, concurso preventivo, obligaciones a plazo, caducidad
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Deutsche Bank AG c/ Zapater Díaz Industrial y Comercial S.A. s/ Juicio ejecutivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Una asimilación irrestricta entre las situaciones del deudor que forma concurso de acreedores (art. 753 del Código Civil) y de aquel que presenta su concurso preventivo, para concluir en la aplicación indiscriminada del principio de la caducidad de los plazos, distorsiona el régimen integral establecido y provoca un desenlace evidentemente no querido por el legislador, al colocar al deudor en una situación aún más apremiante de la que se hallaba antes del pedido voluntario de apertura de tal concurso (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Aduanas, resoluciones aduaneras, ley penal más benigna
Materia: ADUANERO
Carátula: "CAPSI  SRL  (TF 14371-AA) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-28

La aplicación de una resolución administrativa como ley penal más benigna no puede prosperar si el caso se encuentra regido por la disposición contenida en el art. 899 in fine del C.A. el que establece que no surte aquél efecto la norma que modificare el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería (Del voto el juez Buján, cons. II. 4).
Prueba, libre convicción, presunciones
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ABDELNUR NICOLAS OSCAR Y OTROS s/ CASACION PENAL - PRUEBA INDICIARIA CRUZ ROBERTO DONATO Y OTRO s/ CASACION PENAL - RECONOCIMIENTO - PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-23|1988-12-19

El sistema de libre convicción en la valoración de las pruebas aceptado por nuestro código procesal penal (arts. 410 Y 417 inc. 4To ), permite que la declaración de certeza sobre la participación del imputado se base no solo en pruebas directas, sino también en elementos de convicción indirectos, entre los que se destacan los indicios. La fuerza probatoria del indicio reside en que no pueda ligarse sino necesariamente con el hecho indicado. Por el contrario si el indicio es compatible con otro hecho, además del indicado, la relación entre ambos será contingente y, por ello, no podrá fundar una sentencia condenatoria.
Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, abogados, sanciones disciplinarias, ejercicio profesional, ley penal, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-FILOSOFIA
Carátula: R., P. A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Reconstrucción de la causa. Sanción  impuesta por el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados (Expte.   CSJ Nº 684-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-20

El campo de la responsabilidad ética se diferencia del Derecho Penal y Disciplinario en varios aspectos. Así, se distingue por las finalidades que persigue. La primera de éstas, en esencia, es lograr que existan "buenos abogados", indicando el camino o las exigencias -no sólo las universales y permanentes, sino también las históricas, para una sociedad y un tiempo determinados- que se conduzcan mediante el correcto ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación profesional;tender a la realización, perfeccionamiento o no pérdida del bien común de toda la sociedad, del bien de la parte a la que se presta el servicio de la abogacía, del "bien" de la contraparte, del "bien" de los miembros del Poder Judicial, del "bien" que sostienen y usufructúan los profesionales del Derecho y del "bien" del instrumento "Derecho". Así -para decirlo negativamente- si no hay "buenos" abogados, se perjudica a cada uno de esos bienes antes indicados, con los que se justifican los deberes éticos profesionales o perfeccionamiento de ese particular "bien moral". Se debe tender, además, a asegurar el correcto ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación profesional, apuntando a salvaguardar la dignidad y prestigio de esa profesión.
Facultades del juez, deberes del juez, debido proceso
Materia: CIVIL
Carátula: MAUD ELIAS s/ CONCURSO PREVENTIVO-INCIDENTE DE REVISION DEL BANCO HIPOTECARIO S.A.  -CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-11-17

La posición del juez no es lo mismo frente a los hechos que ante el derecho; un hecho no afirmado al menos por una de las partes, para el sentenciante no existe; por el contrario el juez no puede dar por existente una norma alegada por una o ambas partes si no existe, como tampoco puede dejar de considerar una norma existente, pese a que las partes no la hayan invocado, y ello es así porque el Magistrado tiene el deber de ser el celoso custodio del debido proceso, estando al servico de los justiciables para solucionar el conflicto en la medida y oportunidad que ellos consideren, siendo de su efectiva potestad la selección y aplicación del derecho que corresponda.-
Aduanas, control aduanero, estampilla fiscal, presunciones, responsabilidad penal
Materia: ADUANERO-PENAL
Carátula: "Entertainment Deport S.A. (T.F. 14.579-A) c/ D.G.A.". s/ infraccion aduanera
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-18

La presunción que crea la falta de estampillas no puede generar de por sí una responsabilidad penal de tipo objetivo, en tanto, aún en dichos supuestos la defensa basada en la buena fe del tenedor de la mercadería resulta viable (Fallos: 254:301; 266:43; 284:355, entre otros). Pero en tal supuesto la prueba de la buena fe invocada debe ser eficiente y no arrojar duda alguna de que con ella procedió el imputado (Fallos: 266:43; Sala I, 17/11/79, "Feldman, Moisés"; y esta Sala, 3/9/80, "L'Interdict S.A.C.").
Marcas, oposición al registro de marca, marcas confundibles
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOLINOS RIO DE LA PLATA SA c/ LA ARROCERA ARGENTINA SA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-17

Las marcas Galloro (pretendida) y Gallo Oro (opuesta) presentan tan subida semejanza que se justifica impedir la irrupción de la primera, aun cuando hubiese estado registrada al propio tiempo que la segunda. Y es que, la coexistencia meramente registral -sin una coexistencia real en el mercado- no comporta un factor que autorice el registro de una marca confundible (ver causas:

2976, del 31.8.84; 4377, del 3.6.86; 6876, del 3.11.89; 7183, del 22.5.90; 8760, del 21.4.92).
Tarjeta de crédito, prescripción, plazo, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: TARJETAS CUYANAS (EXPTE. Nro. 31712) c/ CASTILLO, JUAN CARLOS s/ EJECUCIÓN TÍPICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-12-05

El plazo de prescripción de las acciones nacidas de la tarjeta de crédito, con anterioridad a la vigencia de la ley 25.065 como asimismo a los contratos celebrados antes de la mentada vigencia en que se ha incurrido en mora en el mismo período, es de diez años; no siéndoles aplicable la nueva normativa sobre prescripción por cuanto implica una aplicación retroactiva, salvo que el ejecutante se haya sometido expresamente a la nueva ley aprovechando de sus ventajas, tales como preparar la vía ejecutiva.

En tal caso no le debe ser permitido fundar sus pretensiones en la nueva ley en su provecho -crear un título ejecutivo- y en la irretroactividad de esa misma ley en lo que aniquila aquella acción.

Si la actora se sometió voluntariamente a la nueva ley, esto conlleva como consecuencia necesaria la aplicación total y no parcial de sus normas, pues de lo contrario, se encontraría la ejecutante con un trámite de ejecución y todas las ventajas que ello le reporta, y un plazo de prescripción de diez años del todo ajeno a semejantes ventajas.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de San Nicolás c/ Sucesión de Jorge S. Cagnoni y/o sus herederos y/o quién resulte propietario s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-10

Si la titular del juzgado, en conocimiento de la apertura del sucesorio del demandado, según lo denunciara dicha parte, se limitó a desprenderse de las actuaciones iniciadas contra el mismo en razón del fuero de atracción correspondiente y sin que mediara previa bilateralización de la cuestión con la actora contraria, mal puede atribuirse a ésta carácter de vencida, no obstante el resultado favorable que mereció la pretensión de aquella parte, ya que no se suscitó incidencia alguna justificadora de tal imposición. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria, acusación fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DESLARMES, Jorge E. s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

Debe computarse como acto interruptivo de la prescripción el auto por el cual se ordenó la declaración indagatoria del imputado, y la acusación fiscal.