marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Personal municipal, regímenes jubilatorios especiales, pensiones, persona a cargo, conviviente, otorgamiento del beneficio, igualdad ante la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CICHETTI, Mabel c/ Instituto Municipal de Previsión Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-24

No resulta violatorio de la garantía constitucional de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.) la norma que en materia de previsión municipal exige al conviviente que pretende obtener el beneficio de pensión, haber estado a cargo de la causante e incapacitado en forma total y permanente para el trabajo, a la muerte de ella (ordenanza 40.464, art. 1 inc. c). Ello es así en virtud de que la norma referida no hace discriminación entre los que están incluidos en el sistema, el que resulta de aplicación para todos los beneficiarios del especial régimen jubilatorio municipal.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, arraigo, costas, pago, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Granrio SA c/ Orsi, Pedro Antonio Francisco y otra s/ Demanda ordinaria por simulación (Expte. Nro. 240-90)-Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-07-23

El espíritu de la primera parte del inciso 1 del artículo 330 Código Procesal Civil y Comercial (arg. artículo 693 Código Procesal Civil y Comercial), no puede ser otro que el de imponer al demandante en los principales la carga limitada de acreditar "prima facie" que cuenta con la solvencia específica que esta norma requiere. En puridad, la ley sólo quiere que al manifestar el demandante en los principales que disfruta de solvencia específica exigida por la primera parte del inciso 1 del artículo 330 Código Procesal Civil y Comercial, INDIVIDUALICE cuáles bienes invoca en apoyo de su manifestación. (De los Fundamentos del Dr. Gómez). En el caso, la cuestión a resolver era: ¨Sobre cuál de las partes recae la carga de comprobar la insolvencia del demandante para hacer procedente el arraigo?
Régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Nuñez, Luis Ramón c/ Ministerio del Interior y Otro s/ Accidente en el ámbito militar y fuerzas de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-09

El Estado Nacional no brinda fundamentos suficientes para concluir, en las condiciones reseñadas, que las normas que impugnó el actor no importen una nueva restricción que altera la sustancia misma del derecho reconocido en la sentencia -como lo resolvió la jueza-, y alejan aún más la posibilidad de la reparación plena y oportuna de las secuelas que sufrió quien fuera su agente en el cumplimiento de funciones destinadas a mantener la seguridad de la población; tal ha sido la finalidad de la indemnización otorgada (cfr. doctrina las siguientes causas: esta Sala, 6898/00 del 5-8-2005, 5303/00 del 4-5-2006; Sala 1, 5306/00 del 14-8-2008 y 2085/00 del 2-9-2008; Sala 2, causa 1998/99 del 20-11-2007).
Expulsión de extranjeros, interpretación de la ley, sentencia condenatoria, tráfico de estupefacientes
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: Manzaba Cagua, Jessica c/ EN - M Interior OP y V- DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-10

Toda vez que el artículo 29 de la ley 25.871 hace referencia exclusivamente al "tráfico de estupefacientes", no se advierten razones que justifiquen interpretar que la comisión de cualquier delito vinculado con estupefacientes, en aquellos casos en los que no se probó que el condenado haya tenido intención de comercializar esas sustancias, genere, a los fines migratorios, consecuencias distintas de las que ocasionan otros tipos de delitos.
In dubio pro reo, encubrimiento
Materia: PENAL
Carátula: V, R M s/ ENCUBRIMIENTO      EXPTE NRO 140-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-23

Se puede aplicar el beneficio de la duda a la autoría o participación en el delito (en el caso, robo de automotor), pero nunca a quien guarda y-o esconde el producto del latrocinio, (encubrimiento), con pleno conocimiento de su origen espúreo.
Recurso de casación, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL
Carátula: De los Rios, Jacinto s/ Por retensión indebida, estafas reiteradas -dos hechos- en perjuicio  de  Juan  Arroyo  y  otros  y  Estafas  reiteradas -cinco hechos- en  perjuicio de Francisco Manzano - Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-12-29

El recurso de casación es formalmente improcedente si el recurrente cuestiona la aplicación del principio In dubio pro reo, el que, por constituir una regla procesal relativa a la comprobación de la existencia del delito y a la participación del imputado, escapa al control de la casación.
Secuestro extorsivo, denegatoria del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Negrón Farina, Leonardo Alcides-Cuadra, Juan Sebastián s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-20

Corresponde rechazar los agravios contra la condena por secuestro extorsivo agravado si se demostró la participación de los imputados en el suceso, el hecho de haber tratado de averiguar algún dato de la investigación, las semejanzas existentes con otro suceso -utilización del mismo rodado-, las comunicaciones telefónicas entre los imputados, el conocimiento que los perpetradores tenían de los lugares frecuentados por la víctima.
Defensa del consumidor, asociaciones de consumidores, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RED  DE  CONSUMIDORES  ASOC  CIVIL c/ HSBC BANK ARGENTINA SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-05

La habilitación normativa de las asociaciones de consumidores no viene dada tan sólo por el artículo 43 de la Constitución Nacional, sino además, por la Ley 24240 modificada por la Ley 26361, que contempla expresamente en el artículo 52 la posibilidad de accionar en defensa de los intereses individuales y colectivos. De un lado, y en relación a la protección de un interés individual, la ley confiere legitimación al consumidor o usuario, a las entidades de defensa de consumidores, a la autoridad de aplicación, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público. Es decir, que frente a la afectación de un interés de este tipo existen otros legitimados además del titular directo, esto es, el consumidor, por lo que mientras el titular actúa por derecho propio, los otros lo hacen por representación legal. De otro lado, la norma comentada comienza a incorporar la perspectiva colectiva del derecho de los consumidores.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Provincia de Buenos Aires c/ Limmer y Wacker E.A. (suc.) s/ Nulidad de testamento ológrafo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-26

Si bien la valoración de la prueba de los hechos es labor reservada a los jueces de grado y extraña al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, una vez determinados los hechos que se tienen por probados, la adecuación que se formula para subsumirlos en alguna norma jurídica deja de ser una cuestión de hecho para convertirse en tema estrictamente de derecho, de tal manera que el error en la subsunción de un hecho en determinada norma conduce a la errónea aplicación de la ley o doctrina legal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia ordinaria, competencia penal, juez previniente, privación ilegal de la libertad, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: COLAYAGO, JUANA MATILDE Y OTRO. s/ PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-16

Corresponde atribuir el conocimiento de la causa en la que se investiga la privación ilegal de la libertad de una persona a la justicia ordinaria -que previno- por cuanto aún no se ha practicado una investigación que permita establecer la identidad de los autores de los hechos ilícitos consumados y determinar -eventualmente- de qué autoridad emanó la supuesta orden de detención máxime si por ley 23.077 se derogó la ley del gobierno defacto 22.928 que, en ciertas circunstancias, atribuía competencia federal para hechos análogos y de lo actuado no surge, por ahora, que en el suceso haya intervenido personal militar de las fuerzas armadas o personal de las fuerzas de seguridad, policial o penitenciario bajo control operacional de aquéllas (art. 10 de la ley 23.049).
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ORFICA S.C. c/ OMAR ESTERGIDIO ALOMO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-08-27

La temática de la tasa de interés ya no puede quedar regulada por una " versión reglamentaria única", sino que corresponde a la razonable " discreción de los jueces" determinar los intereses moratorios aplicables, lo que de ningún modo implica, erradicar la tasa pasiva ni tampoco bloquear la admisión de la tasa activa en el ámbito judicial, sino por el contrario, significa reconocer a la judicatura amplia libertad para definir con flexibilidad el interés judicial moratorio de acuerdo con la naturaleza del crédito impago.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Comodato, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zuelgaray Carlos c/ Calviello Rosa y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-25

Demostrada la falsedad de la afirmación de la demandada respecto de su posesión "animus domini" del inmueble de autos, la prueba del dominio por parte del actor, y la carencia de otro título que autorice a retener el ocupante, permiten presumir el comodato invocado por aquél (arts.2263 y 1190 Código Civil).
Compraventa inmobiliaria, rescisión del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: ALMAGRO CONSTRUCCIONES  S.A. c/ ZULUETA GRACIELA s/ CUMPLIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-24

La negativa de la compradora a pagar las mensualidades que consideraba excesivas no configura un comportamiento antijurídico, porque nadie puede ser obligado a un acto de cumplimiento que posteriormente pueda afectar el ejercicio de las prerrogativas legales o simplemente dilatarlo con mayor perjuicio. De allí que aquella negativa, si tiene el debido amparo de una razón de justicia, debe ser apreciada como subsumida en una causal de justificación del incumplimiento. Aún cuando la facultad de revisión contractual deba ser apreciada con criterio restrictivo, comprende la posibilidad de establecer el pago fraccionado del saldo debido, si las circunstancias del caso así lo imponen a condición de que se asegure el mantenimiento del poder adquisitivo de la suma fijada.
Excepciones procesales, cosa juzgada, homologación judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Ocampos Medina Leonor c/ 5 A Sec Argentina SA y otros s/ Accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-10

En el caso, el actor se agravia en relación con la decisión del juez a quo de hacer lugar a la excepción de cosa juzgada interpuesta por la demandada en los términos del art. 15 L.C.T. y, con ello, el rechazo de la acción incoada. El recurrente afirma que para arribar a esa decisión, el a quo omitió considerar un aspecto fundamental, a saber, que la resolución homologatoria del acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes con anterioridad, no se encuentra firme ni consentida ya que su parte efectuó cuestionamientos mediante recursos administrativos (recurso de reconsideración, jerárquico en subsidio, de nulidad e incidente de redargución de falsedad) aún pendientes de resolución. Resulta prudencial y razonable confirmar la sentencia de primera instancia pero no por los fundamentos dados por el juez a quo, sino porque, aún al momento actual, no se han resuelto los recursos incoados por el apelante en sede administrativa. Una solución diferente implicaría una eventual contradicción entre lo resuelto en una sede como es la administrativa que ha sido el propio interesado el que activó para dar solución a su pretensión referida al acuerdo conciliatorio celebrado y homologado por el SeCLO, y lo que se pueda concluir a través de una sentencia judicial. Solo agotada la instancia administrativa habría quedado expedita la revisión judicial del requerimiento del actor.
Declaración indagatoria, prueba confesional
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: NIEDZWIADEK, Carlos A. s/ incidente de apelación Causa nro. 12.196
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-07

Si bien la declaración indagatoria del imputado es un medio de defensa, ello no implica que él allí no pueda volcar libremente una confesión, la que habrá de valorarse conglobadamente con el resto de la evidencia colectada en la instrucción.
Honorarios del perito, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lar Constructora S.A. c/ Barral, Juan Carlos s/ Interdicto de recobrar la posesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-07

Si alguna de las partes hubiera manifestado no tener interés en la pericia, absteniéndose por tal razón de participar en ella, los gastos y honorarios de los peritos serán a cargo de quien la solicitó, cuando aquella no hubiere sido necesaria para la solución del pleito.
Abogados, ejercicio profesional
Materia: CIVIL
Carátula: Valaire  SACI. c/ Pedrana  SA. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-28

El ejercicio profesional de la abogacía constituye un servicio necesario e indispensable para la realización en plenitud de la justicia.
Juicio de apremio, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Unión Gandarense S.A.I.C.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

Si se genera la situación de pago "no comunicado" (art. 104, ley 10.397), el deudor debe cargar con las costas del apremio.
Nulidad de la notificación, acción civil en el proceso penal, mediación obligatoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Galín, S.  c/  s/ incidente de nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-08

Acción civil. Rechazo del planteo de nulidad formulado contra la notificación de la demanda interpuesta.

Circunstancia de que el actor civil haya dirigido su demanda hacia la sociedad anónima y luego, una vez individualizados sus responsables legales, hubiera solicitado que se notifique a la directora suplente, que satisface los requisitos previstos en el artículo 93 del Código Procesal Penal de la Nación y los contemplados en el artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Requisito obligatorio de la mediación previa que no corresponde extenderlo a las acciones civiles formuladas en el proceso penal.

Confirmación.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: C., M. B. y Otro C/ Kabalin, Leonardo y Otro - Expte N° 809780/36 y su acumulada C., M. B. y Otro c/ Kabalin Leonardo y Otros - Ordinarios - Otros - Expte. N° 1152905/36 s/ Ordinario - Daños y Perj. - Accidentes De Transito - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-08-12

A los efectos de acreditar la ausencia de culpa, no basta que el dueño o guardián de dichos elementos obstativos pruebe que desplegó "algunas" diligencias o precauciones. Es menester, además, que ellas hayan sido las "necesarias y adecuadas" acorde con las circunstancias; es decir, las normalmente exigibles en dicho contexto ocasional (Del voto en disidencia parcial del Dr. Sánchez Torres)
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, intervención de terceros, Estado Nacional, política tributaria
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Centauro S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

No es óbice al rechazo de la jurisdicción originaria de la Corte la pretendida citación del Estado Nacional basada en que la demanda involucraría la política fiscal federal si la actora omitió mencionar adecuadamente las razones por las que considera procedente o necesaria la intervención de aquél.
Extinción del contrato de trabajo, despido, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Cabezas, Rodolfo c/ El Calafate S.C.C. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-30

El despido no exige una forma determinada o sacramental para efectuarse y notificarse, pero sí requiere que el mismo sea claro y preciso en cuanto a las circunstancias alegadas por quien lo formula y la notificación o conocimiento fehaciente de quien lo recibe.
Derecho procesal, emergencia económica, medidas cautelares, recurso de apelación (procesal), legitimación procesal, Estado Nacional, depósito bancario
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI,  SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

Cabe admitir el recurso deducido por el Estado Nacional contra una medida cautelar tendiente a que se restituyan fondos depositados a plazo fijo en una entidad bancaria en la moneda de origen, decretada en atención a que, el depositante, dado su estado de salud y edad avanzada se encontraba alcanzado por las excepciones previstas por la ley 25587 art. 1, parr.3 ; ello así pues, si bien, liminarmente, tal legitimación aparece cuanto menos dudosa, sin embargo, siendo que de la medida decretada contra el banco, podría resultar -hipótesis que no se juzga alguna responsabilidad para el estado, resulta procedente la admisión de tal recurso.
Constitución Nacional, constitucionalidad, facultades del Poder Judicial, obediencia debida
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL - PROCESAL
Carátula: Ramón Juan Alberto Camps y otros c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

Nunca como en esta ocasión, en que debe aplicarse la ley 23.521, la facultad del Poder Judicial de interferir, por medio del control de constitucionalidad, con la voluntad manifiesta del Poder Ejecutivo y Legislativo de adoptar medidas que éstos juzgan necesarias para preservar la convivencia armónica y pacífica de nuestra sociedad, debe asumirse como un ejercicio hermenéutico complejo, que no se agota con la mera subsunción lógica de la ley en el marco general que establece la Constitución. En éstas circunstancias adquiere trascendental relevancia la advertencia, tantas veces reiterada por la Corte, de que la declaración de inconstitucionalidad sólo se justifica como última ratio.
Indemnización, daños y perjuicios, costas
Materia: CIVIL
Carátula: Uzqueda, Teodosia Francisca c/ SADE SA s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-27

"...en materia indemnizatoria por vía de principio y para evitar que la restauración en lo posible de las cosas al estado anterior del daño no se vea disminuida por motivo alguno, las costas deben ser soportadas por la demandada aún cuando no se admita la procedencia de todos los rubros reclamados en la medida en que lo pretende la víctima".
Sociedades comerciales, sociedad de hecho, disolución de sociedades, notificación, socios
Materia: COMERCIAL
Carátula: REBASTI, ALDO AUGUSTO c/ VILLALBA, RUBEN OMAR s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-13

Resulta improcedente desestimar in limine una acción por la que se persigue tanto la disolución de cierta sociedad de hecho que el pretensor constituyera con el defendido, cuanto la devolución de los aportes que efectuara para el emprendimiento. Ello pues, si bien de la  L.S. art. 22 surge que con sólo notificar fehacientemente a los consocios -ya que no es necesario hacerlo a la entidad societaria- esta se disuelve y debe liquidarse totalmente; es decir, la demanda no tiene por finalidad romper el vinculo societario: éste queda destruido de pleno derecho con la notificación al último de los socios, sin embargo con la acción judicial se pretende en cambio, un reconocimiento forzoso en forma de sentencia declarativa de los derechos otorgados por esa previsión legal, pero ella podrá ser incoada únicamente en el supuesto de resistencia o silencio frente a la petición liquidatoria. De modo pues, que entre los socios la disolución opera de pleno derecho, con la simple comunicación, que deberá demostrarse en caso de negativa; si hay oposición -explícita o implícita- cabe la demanda judicial, camino hoy forzoso de acceso a la etapa de liquidación del ente, debiendo procederse a la recíproca rendición de cuentas (Etcheverry, Raúl, "Sociedades irregulares y/o de hecho", Pág.. 236, Ed. Astrea, Bs. As., 1981).
Honorarios del perito, dictamen pericial, prueba anticipada, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: Harengus  S.A. s/ Medida Preliminar s/ Bq. "Santa Cruz"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-18

Debe tenerse presente, por un lado, el carácter de trámite autónomo de estas actuaciones así como, por otro lado, el contenido meramente procesal cautelar de las pretensiones en tanto se encaminaban a solicitar una prueba pericial anticipada a un futuro proceso de conocimiento y una medida de no innovar en apoyo de la primera.

No obstante que ambas medidas consideradas en abstracto son autónomas e independientes, una en relación a la otra, no merecen ser tratadas así en autos.

Desde ésta perspectiva, no parece razonable regular los honorarios de los profesionales intervinientes encuadrando la cuestión, primordialmente, en la figura del "reconocimiento pericial" y el resto de las cuestiones como accesorias de ésta, incluida la prohibición de innovar y los incidentes planteados y resueltos a lo largo de este trámite, las que serán reguladas bajo el régimen del art. 33 del arancel.
Recurso de casación, costas, expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL
Carátula: HEREDEROS DE BERNARDO BAILON c/ EMPRESA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR MANUEL BELGRANO S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-13

La discrepancia del recurrente acerca del criterio seguido por los sentenciantes en la distribución de las costas, no conducen a la aceptación de sus agravios, a los fines de habilitar la instancia extraordinaria del recurso casatorio si las criticas del apelante se reducen a una mera reedición de objeciones ya formuladas al impugnar el fallo de Primera Instancia, y sólo transunta su disconformidad con el criterio de los jueces de la causa para resolver el punto, con fundamentos que bastan para sustentarlo.
Cómputo de servicios, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, falta de prueba, prueba testimonial, valor probatorio
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OJEDA de NAVARRO, Petrona c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-30

La valoración de las distintas pruebas con el objeto de acreditar servicios efectuada por organismos administrativos, debe realizarse con razonabilidad para que los pronunciamientos de éstos produzcan efectos jurídicos válidos, siendo indispensable tener en cuenta que cuando se trata de acreditar servicios de antigua data, la falta de prueba documental no puede desvirtuar la fuerza probatoria de las declaraciones testimoniales, ni invalidar el contenido de la certificaciones de servicios.