Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-17


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 17 días del mes de diciembre del año dos mil ocho, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, bajo la Presidencia de su titular Dr. José Luis PASUTTI y asistencia de los Señores Ministros Dres. Daniel Luis CANEO y Fernando S. L. ROYER para dictar sentencia en los autos caratulados "C., T. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Indem. Acc. de Trabajo" (Expte. Nº 21.326-C-2.008), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 395, de conformidad con lo dispuesto en la Acordada Nº 3.204 correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. ROYER, CANEO y PASUTTI. --------------------------------- ------ Acto seguido, se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.------------------------------------------------------------------<#LINE > ------ A la primera cuestión el Dr. ROYER dijo: ----------------------------- ------ Vienen estos autos a conocimiento de esta Sala por vía del Recurso de Apelación Ordinaria que la demandada dedujera a fs. 367 contra la Sentencia Definitiva Nº 17/2.008 y fundara a fs. 389/392 vta. ---------------------------------------------------------------------------<#LIN E> ------ I.- ANTECEDENTES: ------------------------------------------------------ ------ El Señor T. C. , con la representación del Dr. C. A. F. , promovió demanda laboral contra la PROVINCIA DEL CHUBUT tendiente a obtener el cobro de la suma de pesos cincuenta y cuatro mil doscientos ($ 54.200) en concepto de indemnización por accidente de trabajo. -------------------- ------ Señaló que prestaba servicios en el Departamento Logística de la Jefatura de Policía de la Provincia del Chubut, en la categoría de Sargento Primero. -------------------------------------------------------------------- ------ Explicó que comenzó a laborar bajo las órdenes de la demandada el 31 de agosto del año 1.983 en perfecto estado de salud, y que el día 06 de octubre de 1.995, a las 12:30 hs. aproximadamente, cuando se encontraba colocando el cielorraso suspendido en la Obra del Museo Policial de Rawson, la escalera en la cual estaba apoyado, se deslizó y cayó, dando su cuerpo contra el lavatorio y su cabeza contra el piso. Por el fuerte impacto, perdió el conocimiento, siendo trasladado al Hospital Santa Teresita de la ciudad de Rawson. Como consecuencia del accidente sufrió traumatismo de cráneo y de la región lumbar izquierda y obnubilación transitoria. ----------------------------------------------------------- ------ Continuó diciendo que con el correr de los días se le fueron agravando las lesiones sufridas, practicándosele en el mes de diciembre de 1.995 una Junta Médica, reconociendo ésta las graves lesiones que padecía. ---------------------------------------------------------------- ------ Relató que el 29 de enero de 1.996 se le practicó una resonancia magnética donde se apreció una lesión lumbar traumática, que afectaba al cuarto disco lumbar con probable hernia intraesponjosa de disco. El 6 de mayo de ese mismo año fue operado de esa lesión. A pesar de la intervención quirúrgica, mencionó que continuaba padeciendo dolores intensos que no sólo le impedían realizar tareas livianas o pequeños esfuerzos, sino que el simple hecho de estar parado y/o sentado por un período corto de tiempo, le provocaba un agudo malestar. --------------------------------- ------ Manifestó que en el mes de noviembre de 1.996 se le determinó el 15% de incapacidad de la total obrera, manifestándose disconforme por cuanto no podía realizar tarea alguna sin que le provocara dolor físico. -------------------------------------- ------ Dijo que además de desempeñarse como albañil en la Jefatura de Policía, en los momentos libres, hacía "changas" para incrementar sus ingresos y mantener dignamente a su familia. Después del accidente, no pudo continuar realizando dichas tareas, afectando tal situación el presupuesto familiar. Por tal motivo, reclamó el 100% de incapacidad. ----------------------------------------------- ------ Practicó liquidación. Ofreció prueba. Formuló petitorio de estilo. -------------------------------------------------------------------------------- ----- ------ A fs. 18/20 vta. se presentaron los Dres. C. D. O. y H. H. M. , con el patrocinio de la Dra. S. H. D. , en representación de la Provincia del Chubut. Interpusieron formal excepción de incompetencia toda vez que entendieron que resultaba competente para intervenir en la presente litis el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de la ciudad de Rawson. ------------------------------------------------ ------ Contestaron demanda. Efectuaron, en primer término, la negativa de los hechos. Negaron que los accidentes sufridos por el accionante le hubieran provocado las dolencias que dijo padecer y le crearan las incapacidades consiguientes. Rechazaron que al actor por realizar tareas livianas o pequeños esfuerzos se le agravaran las lesiones que supuestamente padecía. Negaron que padeciera de incapacidad absoluta y permanente y que se le debiera alguna indemnización. ------------------------------------------------------------------------ ------ Reconocieron que el actor laboraba para la Provincia del Chubut; que en fecha 06/10/95 le ocurrió el accidente trabajando para la Policía; que como consecuencia del mismo fue intervenido quirúrgicamente; que en el Acta de Junta Médica del 21/02/97 se señaló que el tono y la fuerza muscular se encontraban conservados; que podía levantar la pierna un 60%, aunque con una incapacidad del 15%. ---------------------------------------------------------------- ------ Destacaron que ya en el año 1.990 el Señor C. padecía de lumbalgias reiteradas, diagnosticándosele desequilibrio del ráquis. -------------------------------------------------------------------------------< #LINE> ------ Alegaron que si el actor hubiera padecido algún grado de incapacidad su existencia se debía atribuir a los antecedentes y dolencias preexistentes, y no al evento dañoso motivo de esta demanda. -------------------------------------------------------------------------------- ------ Solicitaron el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas. Ofrecieron prueba. Formularon petitorio de estilo. ------------- ------ Mediante Sentencia Nº 45/SIL/1.999 la Sala "B" de la Excma. Cámara de Apelaciones dispuso la competencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de la ciudad de Rawson. ------------------------------------------------ ------ A fs. 317/323 luce agregada la Sentencia Definitiva Nº 375/2.007 dictada por el Señor Juez de Primera Instancia, mediante la cual se hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el Señor T. C. contra la Provincia del Chubut por accidente de trabajo; donde se condenó a esta última a abonar al actor en el plazo de diez días de consentida o ejecutoriada la misma, la suma de pesos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y cinco con cincuenta y nueve centavos ($ 52.665,59), con más intereses. ----------------------------------------------- ------ II.- SENTENCIA DE LA CÁMARA DE APELACIONES. --- ------ La Sentencia fue apelada por la parte demandada. En primer término se agravió que el Juez de grado realizara una incorrecta y equivocada valoración e interpretación de la prueba rendida. Consideró que no fueron tomadas en consideración las constancias de los legajos personales del actor, los cuales daban cuenta de la existencia de un desequilibrio en su columna vertebral anterior al accidente laboral, habiéndosele diagnosticado numerosas lumbalgias y lumbociáticas. ------------------------------------------------------- ------ Destacó que el actor cuando absolvió posiciones reconoció que, en forma previa al accidente, padecía un grave desequilibrio en la caquis (sic) y que su incapacidad podía deberse a tales dolencias preexistentes. Expuso que resultaba esclarecedora la declaración del Dr. N. acerca del diagnóstico por él realizado conforme el legajo médico, y sintomatología evidente de la existencia de tal hernia. -------------------------------------------------------------------------------- ---- ------ Se agravió, en segundo término, que el "a-quo" al fallar lo haya hecho fundándose en el art. 1.113 del C.C., alegando una supuesta opción ejercida por el actor de reclamo civil y no laboral. Entendió que del escrito de demanda el marco sería el de la responsabilidad contractual y, más específicamente, laboral ya que, en el caso, el actor hizo las tareas que conforme su escalafón de revista debía realizar y, entonces, mal podía aplicarse el art. 1.113 o la responsabilidad por el riesgo creado. Estimó que tampoco era de aplicación la fórmula HUNICKEN-VÁZQUEZ VIALARD, a los fines de cuantificarse la supuesta incapacidad existente, debiéndose -declaró- en todo caso, cuantificarse la misma conforme normas vigentes a la fecha del siniestro laboral, ello es la Ley Nº 24.028. --- ------ Refirió que el principio "iura novit curia" no autorizaba al juez a suplantar la acción elegida, por lo tanto no podía aplicarse, como lo hizo el "a-quo" el principio de la reparación integral. Expresó que la aplicación de la responsabilidad antes mencionada sería violatoria del principio de congruencia (se estaría fallando de forma ultrapetita) y además, quebrantaba el principio de defensa. ------------ ------ Como tercer agravio consideró que no se ajustaba a derecho la imposición de las costas en la primera instancia, o más bien, la distribución de las mismas. Explicó que el Juez de grado no las impuso proporcionalmente en relación al éxito obtenido. Entendió que debió repartirlas en un 75% a cargo de la actora y un 25% a cargo de la demandada. Citó jurisprudencia. -------------------------------- ------ En cuarto lugar se agravió del hecho que el Juez de grado ordenara el pago de la suma de pesos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y cinco con cincuenta y nueve centavos ($ 52.665,59), con más los intereses que cobra el Banco del C. S.A. en sus operaciones de descuento -tasa activa- desde la fecha del evento dañoso, esto es 06 de octubre de 1.995, hasta su efectivo pago. Manifestó que este punto resultaba incorrecto o errado, ya que el sentenciante omitió aplicar el texto de la Ley Nº 4.647, la cual en su artículo 1, adhirió a la Ley Nº 25.344, mediante la que se declaró la consolidación de todas las deudas provinciales, de título o causa posterior al 31/03/1.991 y anterior al 01/01/2.000, por lo que -agregó- a partir de esta última fecha se debía aplicar la tasa fijada para la caja de ahorro común. ------------------------------------ ------ Formuló petitorio de estilo. ------------------------------------------------ ------ A fs. 358/365 vta. la Sala "B" de la Excma. Cámara de Apelaciones, mediante Sentencia Definitiva Nº 17/2.008, revocó parcialmente la Sentencia apelada para disminuir el capital de condena a la suma total de pesos trece mil setecientos cincuenta ($ 13.750), con más los intereses establecidos en la anterior instancia, confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravios. -------------------------------------------------------------------------------- - ------ El Magistrado votante en primer término desechó el agravio relativo a que el actor padeciera de un desequilibrio en la columna vertebral anterior al accidente laboral y diagnóstico de numerosas lumbalgias y lumbociáticas, toda vez que estas manifestaciones eran reiteración de la postura asumida al contestar demanda. --------------- ------ En lo referente al presunto reconocimiento del actor de que "su incapacidad puede deberse a tales dolencias preexistentes", aclaró que la posición fue formulada como una mera posibilidad, por lo que, entendió que esa contestación en modo alguno resultaba relevante respecto del origen y grado de incapacidad laboral que presentaba el accionante. Agregó que con ese mismo direccionamiento la demandada formuló las preguntas al Dr. N. , por lo que sus dichos no tendrían virtualidad suficiente como para extraer de ellos que tal antecedente hubiera tenido alguna incidencia en la incapacidad laboral del actor. ---------- ------ Manifestó que le asistía razón al apelante al sostener que el actor no efectuó reclamo civil por aplicación del art. 1.113 del Código Civil. Explicó que el trabajador promovió demanda laboral por el accidente de trabajo sufrido en el marco de la Ley Nº 24.028. Consideró que el juzgador se equivocó al cuantificar el daño siguiendo la fórmula matemática-financiera de MOORE-BERNASCONI, pues la misma era aplicable en el caso de la acción de derecho común por no existir una base de cálculo predeterminada, pero no cuando se estaba en presencia de la acción especial prevista por la Ley de Accidente de Trabajo que fija una reparación tarifada y sus bases de cálculo. Por ello, expresó, toda vez que resultaba aplicable la normativa prevista por la Ley Nº 24.028, debían ajustarse los cálculos al procedimiento y tope contemplados por su art. 8 y siguientes. Razonó que si la norma establecía un máximo y para los casos de incapacidad parcial el mismo era proporcional al porcentaje de incapacidad, desde que se fijó una incapacidad parcial del 25% de la total obrera, ese porcentual debía aplicarse respecto del monto total reclamado de $ 55.000, por lo que -concluyó- el capital de condena ascendía a $ 13.750 (25% de $ 55.000). ---------------------------------------------------- ------ Explicó que no le asistía razón a la quejosa cuando consideraba que el Juez había omitido aplicar la Ley Nº 4.647 por lo que la tasa de interés a partir del 01/01/2.000 era la fijada para la caja de ahorro común. Alegó que la Ley Nº 4.647 adhirió al régimen de consolidación de deudas dispuesto por la Ley Nº 25.344, y esa consolidación fue consecuencia de la declaración de emergencia económico-financiera del Estado Nacional. ----------------- ------ Toda vez que, sostuvo, la Ley Nº 5.358 declaró el cese total del estado de emergencia en materia económica, financiera, administrativa y educativa, a partir del 1 de julio de 2.005, ello importó asimismo la finalización del régimen de consolidación de deudas previsto por la Ley Nº 25.344, a la que adhirió la Provincia del Chubut por Ley Nº 4.647. --------------------------------------------------- ------ Concluyó que el cese de la emergencia conllevaba a desestimar el agravio. -------------------------------------------------------------------------------< #LINE> ------ Abordó seguidamente la queja relativa a la distribución de las costas, en tanto la recurrente entendía que las mismas debían distribuirse en un 75% a cargo de la parte actora y en un 25% a cargo de la demandada sobre la base que se hizo lugar al 25% y no al 100% de la incapacidad reclamada. ----------------------------------------- ------ Estimó prudente la imposición de las costas de primera instancia en un 75% a cargo de la demandada y en un 25% a cargo del actor, desestimando -en consecuencia- el agravio. Explicó que dicha imposición se ajustaba en forma proporcional y adecuada al resultado de la litis, en concordancia con el principio establecido por la Ley de Procedimiento Laboral que permitía discernir la condición de derrotado o vencido en un enfoque global del resultado del pleito, y los vencimientos recíprocos (arts. 59 de la Ley Nº 69 y 71 del C.P.C.C.). --------------------------------------------------- ------ El segundo Magistrado votante coincidió con su predecesor al considerar que el argumento relativo a que el sentenciante de grado no atendió las constancias de los legajos personales del actor, los que daban cuenta de la existencia de un desequilibrio en la columna vertebral anterior al accidente laboral, fue invocado al contestarse demanda. La reedición de los argumentos esgrimidos en primera instancia no reunía el carácter de una expresión de agravios en los términos del art. 265 del C.P.C.C. ------------------------------------- ------ Destacó que si bien era cierto que el Señor C. en su absolución de posiciones había admitido las dolencias preexistentes al infortunio, negó estar recuperado de las provocadas por el accidente y sólo mencionó, como posibilidad, que parte de esa incapacidad podía atribuirse a patologías preexistentes. El mismo sentido le atribuyó el Magistrado votante a la pregunta formulada al testigo médico cuando contestó que la lumbociatalgia era el síntoma más frecuente de una hernia de disco. ----------------------------- ------ Entendió que la apelante, al impugnar en la instancia de grado el dictamen pericial de fs. 248/249 vta., nada dijo sobre la incidencia de dolencias preexistentes en la incapacidad del actor, toda vez que el escrito impugnatorio se limitó a observar el baremo utilizado por el experto, cuando éste concluyó que los antecedentes médicos del actor no incidieron en nada en la sintomatología alegada y que la incapacidad era resultante del accidente invocado.- ------ En lo tocante al segundo agravio expresó que correspondía tomar las pautas de la Ley Nº 24.028 a fin de cuantificar la indemnización requerida por la incapacidad que se determinó como secuela del accidente laboral. Acogió el agravio, y redujo el monto de condena a la suma de pesos trece mil setecientos cincuenta ($ 13.750). -----------------------------------------------------------------------------<#L INE> ------ En punto a la tercera queja estimó que la Ley Nº 4.647, que la apelante consideró que el Juez de grado omitió aplicar al establecer la tasa de interés, se inscribía dentro de las sucesivas prórrogas y modificaciones del estado de emergencia en materia económica, financiera y administrativa, que a la fecha actual y a la de la sentencia de primera instancia, habían cesado para todos sus efectos legales. ------------------------------------------------------------------------- ------ En relación a la imposición de costas, entendió que dado que el presente había tramitado por la vía procesal de la Ley Nº 69, la condición de vencido debía considerarse en un enfoque global del resultado del pleito, no siendo procedente la aplicación proporcional de las mismas de acuerdo al porcentaje de incapacidad acogido en relación al pretendido. Consideró que el reparto de las costas establecido por el sentenciante de grado se presentaba prudente y equitativo, ya que se ajustaba a una ponderación de la responsabilidad total de la demandada matizado con la recepción de la pretensión pero en un porcentaje inferior de incapacidad. ------ ------ En consecuencia, decidió revocar parcialmente la sentencia recurrida para reducir el capital de condena a la suma de pesos trece mil setecientos cincuenta ($ 13.750), con más los intereses establecidos en la instancia de origen. ----------------------------------------- ------ III.- EL RECURSO DE APELACIÓN ORDINARIA. ---------- ------ A fs. 367 los Dres. E. A. F. L. y C. M. M. , en representación de la PROVINCIA DEL CHUBUT, deducen Recurso Ordinario de Apelación por ante este Superior Tribunal de Justicia contra la Sentencia Definitiva registrada bajo el Nº 17/2.008 dictada por la Sala "B" de la Excma. Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew, el cual fundan a fs. 389/392 vta.. A fs. 394 se llama Autos para Sentencia.- ------ Se agravian de la interpretación que la Excma. Cámara de Apelaciones realiza de la normativa de emergencia y consolidación, pues entienden que la misma confunde consolidación con emergencia y por otra parte, yerra en cuál es el título o causa consolidada o atrapada en la emergencia. ------------------------------------ ------ Consideran que poca importancia posee la fecha en que la sentencia fue dictada pues, la situación de hecho o la causa nació el 06 de octubre de 1.995 y no el 24 de julio de 2.007, oportunidad en que se dicta la Sentencia de Primera Instancia. Alegan que no resulta argumento suficiente el expresado por el Dr. DE CUNTO acerca del hecho que a la fecha actual y de la sentencia, la emergencia ha cesado para todos sus efectos, pues entienden que la fecha de origen de la obligación es el día en que hubiese debido cobrar su crédito el acreedor y, en tal sentido, la sentencia que se dicta es sólo declarativa a este respecto. -------------------------------------- ------ Reconocen que si bien cesó la emergencia, no por ello la deuda dejó de estar consolidada, atento que la causa de la misma era posterior al año 1.995 y anterior al 2.000. Es que, explican, la Cámara confunde el término consolidación con emergencia y, si bien esta última pudo haber terminado merced a la declaración efectuada por la Ley Nº 5.358, no significa sin más que la deuda anterior cambie su título y deje de estar atrapada por tal Ley de consolidación, a la manera de una especie de novación de deuda. --- ------ Asimismo, se agravian de la condena en costas, ya que la consideran injusta atento el resultado de la demanda entablada por el actor, o más bien atento la labor desplegada por ellos que derivó en el rechazo la mayor parte de la demanda, y que en el fallo de la Cámara se baje aún más el monto de la misma. Estiman que deben distribuirse en otros porcentajes, cargándolos en menor forma, ya que si bien en la visión global del proceso podría decirse que a la actora le fue reconocida su discapacidad, no resulta menos cierto que ésta resultó ser la que más perdió o la que menos éxito ha tenido a la hora de hacer valer sus pretensiones. --------------------------- ------ Señalan que el argumento de que a tenor del art. 71 del C.P.C.C. no se impone un reparto aritmético sino prudencial ponderando las peculiaridades de la causa, no fue correctamente aplicado pues, en tal caso, se debería haber modificado la imposición en costas, cargando en menor medida con las mismas la parte demandada. -------------------------------------------------------------------- ------ En definitiva, solicitan se haga lugar a la Apelación en todo y cuanto ha sido objeto de agravio, revocándose el fallo atacado. ------ ------ IV.- ANÁLISIS. --------------------------------------------------------------- ------ 1.- El actor promovió demanda contra la Provincia del Chubut, con el fin de obtener indemnización por incapacidad del 100% de la T.O. derivada de un accidente de trabajo ocurrido cuando cumplía tareas de albañilería para su empleador. La sentencia del Juez de grado determinó la existencia de una incapacidad parcial permanente del 25%, y estableció el monto de condena, con más los intereses que cobra el Banco d. C. S.A. en sus operaciones ordinarias de descuento -tasa activa- desde la fecha del evento dañoso hasta su efectivo pago. Impuso las costas en un 75% a cargo de la demandada y en un 25% a cargo de actor.- ------ Recurrido el decisorio ante la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew, la Sala "B", lo revocó parcialmente disminuyendo el capital de condena, al que adicionó los intereses establecidos en la primera instancia. ------------------------------------------- ------ La accionada interpone ante esta instancia el Recurso de Apelación Ordinaria, por el que se agravia que la Cámara de Apelaciones considere que la acreencia reconocida al actor no se encuentra enmarcada en el régimen de consolidación de deudas del Estado establecido por la Ley Nº 4.647, como así también la forma en que se hiciera la distribución de las costas relativas a la instancia de origen. -------------------------------------------------------------------------------- ------ 2.- La vía recursiva intentada se encuentra prevista en el art. 254 del C.P.C.C., que habilita su procedencia en los casos contemplados en el artículo 32, inciso 7 de la Ley Nº 37, esto es, tratándose de una sentencia definitiva emanada de la Cámara de Apelaciones, en causa en que la Provincia es parte directa o indirecta, y exista un valor disputado. Todos estos recaudos los encuentro cumplidos en el presente, por lo que corresponde analizar los agravios traídos y ya reseñados. --------------------------------- ------ 3.- Cuestiona la recurrente en la primer queja que exhibe ante esta Sala, la interpretación que efectúa la Cámara de Apelaciones sobre la normativa de emergencia y consolidación. Afirma que la misma es errada, en tanto confunde consolidación con emergencia y equivoca al establecer cuál es el título o causa consolidada o atrapada en la emergencia. -------------------------------------------------------- ------ En este orden, es de señalar que en su voto el Señor Camarista, Dr. VERGARA, expresa que con el dictado de la Ley Nº 5.358 (B.O. del 01/07/2.005) se declaró el cese total del estado de emergencia económica, financiera, administrativa y educativa a partir del 1 de julio de 2.005, y que este cese importó asimismo el cese del régimen de consolidación de deudas previsto por la Ley Nº 25.344, al que adhiriera la Provincia del Chubut por Ley Nº 4.647.-------------------------------------------------------------------------- ----------- ------ La Provincia del Chubut, dictó el 14 de diciembre del año 2.000 la Ley Nº 4.647 (B.O. del 18/12/2.000), por la cual se adhirió al Régimen de Consolidación de Deudas del Estado Nacional establecido en la Ley N° 25.344, Capítulo V, artículos 13 a 18, ambos inclusive. De este modo, se consolidaron las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo de 1.991 y anterior al 1 de enero de 2.000, que consistan en el pago de sumas de dinero, o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero, y que se correspondan con cualquiera de los casos de deuda consolidada previstos en el artículo 1 de la Ley Nº 23.982. La norma legal citada en último término contempló, entre los supuestos abarcados por la consolidación, aquellos en que medie o hubiese mediado controversia reclamada judicial o administrativamente conforme a leyes vigentes acerca de los hechos o el derecho aplicable. A resultas de ello, y en tanto la Sentencia de la Primera Instancia estableció como fecha del evento dañoso el día 6 de octubre del año 1.995 -circunstancia que, confirmada por la Cámara de Apelaciones ha devenido firme ante esta instancia-, las acreencias en cuestión, se verían indefectiblemente abarcadas en su totalidad por este régimen especial de la consolidación de deudas, y devengarían "a partir de la fecha de corte, un interés equivalente a la tasa promedio de caja de ahorro común que publica el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente" (art. 12° - Dto. Nacional N° 1.116/00). -------------------------------------- ------ El régimen de consolidación de deudas constituye un mecanismo de excepción, concebido para paliar situaciones de emergencia en las que el Estado no puede hacer frente a su pasivo, y procede a postergar a largo plazo su pago o emitir títulos y colocarlos forzosamente en pago de dicha deuda. Como se señaló en SD Nº 15/SCA/2.006, "la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a lo largo de los últimos ochenta años, ha admitido la existencia y fijado los presupuestos y límites del poder de policía estatal en materia económica, ante situaciones de emergencia". (Fallos: 136:164; 172:21; 199:516; 243:449; 323:1.566, entre otros). Sobre el particular ha dicho que: "En casos de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole, el gobierno está facultado para sancionar las leyes que considere convenientes con el límite de que tal legislación sea razonable y no desconozca las garantías y restricciones que impone la Constitución (Fallos: 323:1.566); añadiendo en diversas sentencias que el fundamento de las normas de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar la gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto (Fallos: 136:170). Mas para justificar la utilización por parte del Estado de la policía de emergencia que, de suyo importa una fuerte tensión entre el poder y la propiedad, entre las prerrogativas estatales y los derechos individuales, el Cimero Tribunal Nacional ha exigido que se encuentren reunidos cuatro requisitos: una situación de emergencia definida por el Congreso, la persecución de un fin público que consulte los superiores y generales intereses del país, la transitoriedad de la regulación excepcional impuesta a los derechos individuales o sociales y la razonabilidad del medio elegido por el legislador, es decir, la adecuación de ese medio al fin público perseguido y el respeto del límite infranqueable trazado por el art. 28° en orden a las garantías constitucionales (Fallos: 243:466; 313:1.513)". ---------------------------------------------------------------------------<#LIN E> ------ Esto, sin duda, se refiere a un contexto histórico determinado, el que, como se desprende con la sanción de la Ley Nº 5.358 (B.O. del 01/07/2.005), se modificó en forma favorable para el Estado Provincial. Esto es lo que opiné al fundar mi voto en la reciente SD Nº 05/SCA/2.008, en la que aludí a similar cuestión a la que ahora se trae ante la Sala, pero con la particularidad que en esos autos los actores cuestionaron, expresamente, la constitucionalidad del régimen de consolidación de deudas del Estado Provincial, con fundamento en el reconocimiento expreso de la Provincia del Chubut -con el dictado de la Ley Nº 5.358-, del cese del estado de emergencia económica, financiera, administrativa y educativa. ------- ------ Expresé allí que: En numerosos precedentes este Tribunal admitió la constitucionalidad de la emergencia, y en su contexto, de la consolidación de las deudas del Estado. Así decía en SD Nº 4/SCA/96, 1 y 6/SCA/97, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 19/SCA/99: "...es incontrovertible, que frente a su especificidad, las conductas deben juzgarse -primero- enmarcadas en el Derecho Público, en la norma expresa que regula la relación jurídica que se concreta en la situación jurídica de las partes en conflicto"... "... en este orden no puedo ni debo perder de vista que tales relaciones derivan de leyes emergenciales, cuya legitimidad responde a, y deriva de, un estado de necesidad pública, para el cual -ya también he dicho- la norma reguladora es imprescindible, pues es la vía por la que el legislador, moviliza remedios excepcionales por un estado circunstancial y contingente, que requiere el apartamiento del orden jurídico de la "normalidad", y prevé efectos jurídicos que implican necesariamente, la suspensión -el sacrificio- de los derechos personales fundamentales (mi voto en SD Nº 6/SCA/96). La consolidación de la deuda pública es parte del orden jurídico de necesidad... De este modo, la peculiaridad de la relación jurídica de derecho público que se establece con la consolidación legal de la deuda, que exacerba, por otra parte, las que son particularidades propias del contrato administrativo: exhorbitancia del Estado, subordinación del particular... hacen de por sí inaplicable el régimen de las obligaciones que instaura el Derecho Civil...". ---------------------------------------------------- ------ Expresé "En el fallo a que aludí al tratar la prescripción (SD N° 5/SCA/04) tuve oportunidad de referirme a la Emergencia Económica y las consecuencias derivadas de ésta en orden a salarios, cuando es el Estado el que asume el carácter de empleador, como medida para superar la crisis financiera. Luego de admitir la procedencia -en ese caso- de una reducción en la retribución, sostuve "...nunca ilimitadamente. Que responda a circunstancias de excepción, con alcance general -al menos a los empleados del sector- que la prerrogativa sea ejercida razonablemente, que lo sea a futuro, que no afecte el poder adquisitivo considerando el costo de vida (ST Sgo. Del Estero -15/7/98 - "Juárez..." elDial AZ64F) o la "canasta familiar" (así lo resolvió alguna vez el Tribunal de Santa Cruz en fallo luego revocado por la Corte Nacional "Del Valle..." LL1998-A-63 y LL Supl. Der. Adm. 14/5/01 - pág. 52) que no sea confiscatorio. Estos "cotos" me indican que en verdad, y pese a la aceptación de la legitimidad de determinadas reducciones, la regla general es la de no disminución, y su contraria una excepción, que sólo en las circunstancias apuntadas se presenta ajustada a las garantías constitucionales por no afectar dentro de determinados parámetros la estabilidad salarial, el nivel escalafonario, la propiedad. ...las mismas no son absolutas y están sometidas a las normas que las reglamentan, siempre que no desnaturalicen su sustancia, y porqué no, por atender al carácter alimentario del sueldo del agente estatal... Si como excepción admito que por causa de la emergencia invocada ... la ley pueda modificar las condiciones de la relación de empleo... debe interpretarse necesariamente que así debe ser, dentro de aquéllas pautas. Y la de razonabilidad y no confiscatoriedad...". Y me pronuncié entonces a favor del abono de la diferencia salarial reclamada pero "sin actualización ninguna, con los intereses que derivan de la consolidación operada de pleno derecho". -------------------------------------- ------ Acoté luego que, "Así fue en el año 2.004. Pero el tiempo transcurre... y entonces, liminarmente debo mencionar, que la controversia que subyace en este proceso difiere sustancialmente de las diversas causas que tramitaron por este Cuerpo y he citado antes. Sin embargo, ello me proporciona un andamiaje con una cabal comprensión de las responsabilidades derivadas del rol institucional que es de la esencia de este Superior Tribunal en tanto titular de uno de los poderes constituidos del Gobierno Provincial. Y digo, sin perjuicio de lo resuelto previamente en causas análogas sobre el tema, porque estimo que deben ser analizados los novedosos hechos modificativos de la realidad económica imperante en el Estado provincial, que según aducen los accionantes serían diametralmente opuestos a los reinantes en ocasión de sancionarse las leyes cuestionadas". ---------------------------- ------ Repasé también: "La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, en forma reiterada... que no son los hechos los que deben seguir al derecho, sino que es el derecho el que debe seguir a los hechos" ("Avico c. de la Pesca", Fallos: 172:21; "Provincia de San Luis...", Sent. 05/03/03 en LL 06/03/03), específicamente en lo que nos atañe sostuvo "...el control judicial de constitucionalidad no puede desentenderse de las transformaciones históricas y sociales. La realidad viviente de cada época perfecciona el espíritu de las instituciones de cada país o descubre nuevos aspectos no contemplados antes, sin que pueda oponerse el concepto medio de una época en que la sociedad actuaba de manera distinta". ------------ ------ Aludí a GOZAINI, que en este aspecto ha dicho: "bien se indicó que el método dinámico de interpretación, que muchos sostienen debe ser sumamente restrictivo y excepcional, no es un invento de la Corte, pues "la doctrina ha admitido que en ciertos casos una ley puede no ser inconstitucional al momento de entrar a regir y volverse luego contraria a la Constitución por inconstitucionalidad sobreviniente, como ocurre cuando a posteriori hay que aplicarla a situaciones harto disímiles que no concurrían al promulgarse" (BIDART CAMPOS, Germán, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", Tomo I, Ed. Ediar, 1985, pág. 87) (Conc.: "Oportunidad procesal para declarar la inconstitucionalidad de las leyes", en LL 1.988-B-401).- ------ Continué: "... si indago cuál es el estado económico de la Provincia del Chubut a este momento de dictar esta Sentencia, verifico que la situación excepcional de la emergencia se mantuvo en el ámbito provincial hasta la sanción de la Ley N° 5.358 (B.O. del 1.07.05) por la cual se declaró al 1° de julio de 2005 "...el cese total del estado de emergencia en materia económica, financiera, administrativa y educativa... con todos los alcances con que fue dispuesta ... con sustento en el control y verificación que ha efectuado el Poder Ejecutivo Provincial sobre las distintas materias comprensivas de la misma, demostrativo de la evolución favorable que dichas materias han experimentado". ----------------------------------------------------------------------- ------ Apunté: "... nada mejor que la reseña del estado general en que se encuentra nuestra Provincia, desde que superó (normativamente) la grave crisis económica hasta la fecha, que la autorizada opinión del titular del Poder Administrador de la Provincia. Y el mensaje con el cual el Sr. Gobernador de la Provincia dejó inaugurado el XXXVI° Período de Sesiones Ordinarias de la Honorable Legislatura se inicia diciendo "...transitamos tiempos distintos ... teníamos el 14 por ciento de la gente sin empleo ...recibimos un banco saqueado y usurpado...también habían sido saqueados a los jubilados con el mal llamado aporte solidario... los hogares chubutenses bajo la línea de pobreza alcanzaban el 41% y las familias indigentes superaban el 18%...". Luego de referir que "esas viejas políticas han sido superadas", el funcionario explica haber tomado la "... decisión ... de... dejar atrás la emergencia económica. Una ley que durante años obstaculizó el crecimiento de muchos sectores del Estado. ... Hoy exhibimos un estado con mayor eficiencia... que tiene capacidad para incentivar y acompañar la producción, hacer crecer la obra pública". Resume los cambios operados y las inversiones realizadas, comentando "... los proyectos Ingentis I y II ya están en marcha... con una facturación anual de 190 millones de dólares..." (el primero) "...Ingentis II será construido en Esquel ... facturación estimada de 50 millones de dólares", menciona luego la Ley N° 26.197 y la prórroga de la concesión por diez años a la empresa Pan American Energy que "... permitirá ingresos al Estado Provincial por 778 millones de pesos". En política educativa refirió: "...al día de hoy existen 158 obras escolares en ejecución con una inversión de más de 100 millones de pesos... se logró la cobertura universal de la sala de 5 años... recuperamos la escuela de jornada completa a partir del 2006... y creamos 8 escuelas especiales, además de varios colegios para el nivel secundario... mejoramos el salario docente... en el 2.006... concretamos concurso... con un total de 18.684 horas cátedra". En materia habitacional ... "en los últimos 4 años... una inversión de más de 600 millones de pesos... el presupuesto de este año del Instituto Provincial... es de 347.825.293 pesos". Añadió que se otorgaron becas a los deportistas "...400 becas... 3 millones de pesos. Y más de 4 millones en... viajes, alojamiento, alimentación, indumentaria"; y destacó que la Lotería de la Provincia recaudó 275 millones de pesos, que permitió devolver el 13% histórico al sector pasivo y la movilidad de los haberes a los jubilados del Estado; a más de subrayar el importante rol que cumple el "Banco Provincial... el cual realizó "...51.000 operaciones crediticias por mas de 600 millones de pesos... redujo la morosidad del 84%... a solo 4%... exhibiendo... la rentabilidad del 39,2% mientras que el promedio del sistema financiero... es del 11,95%". Enfatizó que el cuidado del medio ambiente determinó la necesidad de jerarquizar el área "...en el 2003... el presupuesto total del área era de 177.791 pesos. En 2007 superó los 7 millones..." (Publicado por: Dirección de Impresiones Oficiales dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete de la Provincia del Chubut). ------------------------------------------------------------- ------ Afirmé también: "Como criterio complementario refuerza mi convicción de la necesidad de cambiar, en este caso y dadas las particularísimas circunstancias descriptas, la jurisprudencia sentada hasta el presente -sensible a las modificaciones operadas en el contexto histórico que no escapa al observador de la realidad- la considerable pérdida del poder adquisitivo de los salarios en general y de la remuneración de los agentes públicos en particular, como consecuencia de la desvalorización de la moneda y la inflación consecuente, hechos sobrevinientes alegados por los accionantes que son notorios por la experiencia diaria, de la que tampoco la judicatura puede desentenderse. Tal el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que sostuvo "...el mantenimiento de medidas transitorias... relativas a descuentos salariales y suspensión del cómputo de la antigüedad en el empleo público... deviene irrazonable y debe cesar en el futuro... (porque) ...atenta contra los arts. 14 bis, 17° y 28° de la Constitución Nacional... Ante la sustancial mejora de la situación financiera de la Provincia... debe declararse la inconstitucionalidad sobreviniente... de la ley de emergencia... teniendo en cuenta que el quebranto estatal no tiene la misma magnitud ni urgencia que en el origen de la crisis y aún cuando se prolongue la emergencia económica provincial..." (Sent. 30/06/03 in re "Flores...", en LL 2004-A,350). -- ------ Entendí que: "del análisis efectuado y a la luz de las circunstancias sobrevinientes, considero que se halla demostrado que la accionada ha mejorado la situación económica, evidenciando mayor solvencia en la realización del gasto público. Al escribir esto, recuerdo a BIDART CAMPOS diciendo "... Los jueces no juzgan ni revisan los criterios políticos de oportunidad, conveniencia, mérito, etc., con que se adoptan las medidas restrictivas de derechos personales. Pero en el estricto juicio de constitucionalidad y razonabilidad de esas medidas, hay que valorar y prever los efectos que ellas producen y que producirán" (Conc.: "Estamos enfermos de Emergencias", ED, 140-155)". ---------------------------------------------- ------ Y finalmente concluí: "Si está claro que la situación no es la misma que la preexistente al momento de fallar en anteriores causas, sería entonces irrazonable mantener la restricción que la Ley de Consolidación dispuso en relación a la tasa de interés que corresponde aplicar a las deudas del Estado Provincial originadas en la "fecha de corte", la que propicio se declare inconstitucional". ----- ------ Como lo previne, estos autos se diferencian de aquellos en los que se emitiera el decisorio que he citado, pues aquí ningún cuestionamiento formuló el actor a la constitucionalidad de la normativa, mas no puedo soslayar que se trata de una acreencia originada en un accidente de trabajo, y por ende, la indemnización del trabajador, debe también acceder a la protección que lo cobije de las consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo, reconocida en el precedente que sigo. De este modo observo que los argumentos expuestos por la Cámara de Apelaciones para desestimar el agravio relativo a la tasa de interés aplicable se fundan en análogas consideraciones a las expuestas por el suscripto, y antes transcriptas; como así también que los argumentos traídos por la recurrente no introducen cuestiones nuevas que no hubieran sido adecuadamente analizadas y merecieran apartarme de lo ya decidido. -------------------------------------------------------------------------------- - ------ Por lo señalado, no advierto en el decisorio cuestionado una errada interpretación de la normativa de emergencia y consolidación, analizada en el contexto actual de la realidad económica imperante a nivel provincial, y circunscripta a la indemnización debida por un accidente de trabajo acaecido mediando una relación de empleo público. Propongo de este modo al Acuerdo, el rechazo del presente agravio. ASÍ LO VOTO. --------- ------ 4.- En orden al cuestionamiento sobre la condena en costas, la apelante considera injusta que en la sentencia de grado le sean impuestas la mayor parte de éstas, pues afirma que de la lectura de la causa se desprende que la actora resultó ser la que menos éxito tuvo a la hora de querer hacer valer sus pretensiones, al haberse declarado la existencia de un 25% de incapacidad cuando pretendía el reconocimiento de un 100% de la total obrera. ------------------------- ------ En reciente SD Nº 05/SROE/2.008 recordé que en el ámbito del Derecho Laboral sostuve desde antaño mi criterio -siendo minoritario en anterior composición del Tribunal- respecto a que la imposición de las costas debía ser siempre a la vencida, por aplicación de los arts. 13 y 59 de la Ley N° 69, conc. art. 20 L.C.T. (SD Nº 49/92). Ello, aún cuando la demanda prosperase en una mínima parte, por no parcelar el litigio con relación a los distintos reclamos (SD Nº 21/SRE/97). ---------------------------------------------------- ------ Referí allí que a los fines de la determinación del porcentaje de costas que cargará cada parte, los jueces no deben valorarlas con un criterio aritmético, sino jurídico, "atendiendo a que en materia laboral las disposiciones procesales sobre las mismas deben ser interpretadas con los principios de Derecho del Trabajo, en especial el protectorio del trabajador" (LL 1990-A-528, DT 1990-A-609, DT 1992-B-1220), evitando el abuso que podría significar la pretensión de la demandada de beneficiarse con un supuesto exceso de lo peticionado, "siendo que ha mediado reticencia en cumplir lo justo por vía de la consignación de lo que entendía adeudar" (LLC 1990-717). La erogación que las costas implican no debe gravitar "en desmedro de la integridad patrimonial de quien se ha visto obligada a litigar por la actitud de su contraria, aunque esta última no haya sido considerada expresamente vencida en el pleito" (LL 1993-D-547), conf. LL 1992-E-597) (conf. SD Nº 9/SRE/06). ----- ------ Sentado ello, no puedo más que proponer el rechazo del agravio traído sobre este punto, en tanto la Cámara de Apelaciones ha efectuado una adecuada ponderación de las circunstancias particulares de la causa, así como de la índole laboral de la cuestión decidida, las normas aplicables y los principios generales en la materia. ASÍ LO VOTO. --------------------------------------------------------- ------ A la misma cuestión el Dr. CANEO dijo: ------------------------------ ------ El Ministro que me antecediera en el voto ha brindado explicaciones más que suficientes acerca de los recaudos de admisibilidad del Recurso Ordinario de Apelación en el orden local, ello con la intención de dejar en claro, que no ha de echarse mano a este remedio procesal, por la mera existencia de un gravamen aún calificado de irreparable. ----------------------------------------------------------- ------ A la sombra de la doctrina de nuestro Cimero Tribunal, esta Corte Provincial viene construyendo la propia, en orden a los recaudos específicos del remedio previsto en el art. 32, inc. 7° de la Ley N° 37, teniendo en cuenta que en el orden local, el análisis de admisibilidad a los efectos de abrir una Tercera Instancia Ordinaria que el utilizado, inclusive, para el Recurso de Casación vernáculo. -- ------ Esta vía, además de cumplir con los recaudos característicos de toda apelación común, cuenta con modalidades propias, entre las que se pueden señalar las siguientes: debe haber mediado intervención de un tribunal de justicia en una controversia judicial, cuya cuestión (justiciable) cause gravamen al recurrente, el que debe subsistir al momento en que el Cuerpo pronuncie sentencia (Conf.: TAWIL, Guido Santiago, "Recurso Ordinario de Apelación ante la Corte Suprema de Justicia", Ed. Depalma, 1.990, pág. 71).-- ------ En el caso de autos, nos encontramos frente a una sentencia que reviste tales características, toda vez que emana de una Cámara de Apelaciones, es definitiva, posee un interés económico y, una vez firme, impedirá a la recurrente, Provincia del Chubut, volver a efectuar el planteo respecto de la tasa aplicable y la distribución de las costas de este juicio. Es decir, el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto, resulta admisible por tener cumplimentados los requisitos formales en los términos previstos por el artículo 32, inc. 7º de la Ley Nº 37. ------------------------------------------------------------------ ------ Efectuado el primer análisis respecto de la admisibilidad formal del Recurso, advierto que la recurrente se presenta y considera erróneas dos cuestiones que fueran resueltas por la anterior instancia. La primera de ellas ataca la decisión de la Alzada de apartarse de la aplicación estricta de la normativa vigente sobre consolidación de deudas, que califica como la única aplicable a las obligaciones debidas por el Estado Provincial, en función de su adhesión a la Ley Nº 25.344, mediante la Ley provincial Nº 4.647. En segundo término, se opone a la forma en que fueran atribuidos los gastos casuídicos, la cual estima desajustada con el resultado de la litis, donde el actor no obtuvo más que un 25% de incapacidad laboral total y permanente, no obstante haber reclamado el 100% de la misma. ----------------------------------------------------------------------------<#LI NE> ------ Teniendo en cuenta la distinta naturaleza de cada uno de los agravios formulados, abordaré el tratamiento de los mismos, según el orden en el cual fueron presentados. Así, el primer "thema decidendum" se refiere a la aplicabilidad del régimen legal de consolidación de deudas que comenzó a regir a partir del año 2.000. Según la recurrente la obligación del Estado Provincial, al momento de hacer frente a la indemnización reclamada, tuvo origen cuando se produjo el hecho reclamado en autos, es decir, bajo la órbita legal regida por la Ley Nº 4.647, y por ello, poca importancia tiene la situación posterior reflejada en oportunidad de dictarse la sentencia de grado. Es decir, carece de relevancia jurídica, según sus términos, el cese de la emergencia económica, pues esta última no debe confundirse con las leyes de consolidación de deudas. -------------------------------------------------------------------------------< #LINE> ------ Para resolver esta queja no puedo dejar de ponderar que no solamente la situación económica, financiera y administrativa de la Provincia del Chubut, se había modificado diametralmente al momento de decidir la cuestión debatida en autos, sino que además esta situación fáctica fue reconocida, de manera expresa, por la propia recurrente. -------------------------------------------------------------------- ------ En el voto del Dr. de CUNTO quedó reflejada esta circunstancia de manera sumamente clara, puesto que, si bien el Magistrado adhirió a la posición del Dr. VERGARA, entendió que la Ley Nº 4.647, se enmarcaba dentro de aquellas otras disposiciones que mantuvieron y prorrogaron el estado de emergencia económica, financiera y administrativa por la cual se encontraba atravesando nuestro país, en general y la provincia en particular. Y también trajo a colación lo referido por el art. 163, inc. 6º de nuestro Código Adjetivo, al cual remite el art. 76 de la Ley Nº 69, donde expresamente se indica que: "La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos". Así, concluye el sentenciante que el fallo debe ponderar los hechos que extinguen o consolidan el derecho acaecido en el proceso por aconsejarlo así razones de economía procesal y jurídica teniendo en consideración también, las causas sobrevinientes que se constataran y fueran relevantes para la resolución del caso. -------------------------------------------------------- ------ Coincido entonces, con los fundamentos de la Alzada y adelanto mi opinión en este sentido, puesto que considero extremadamente frágil, y hasta ingenuo, el argumento del cual se sirve la recurrente para pretender escindir y definir como contrapuestas, la observación de las condiciones económicas actuales en el ámbito provincial y las leyes de consolidación de deudas, que precisamente nacieron y se derivaron de la necesidad de paliar, la distinta realidad por la cual atravesó nuestro país antes del dictado de la Ley de Consolidación de Deudas en el año 2.000. Ello significa que la situación fáctica no se puede analizar separada de las condiciones en las cuales dichas normas fueron establecidas. La vinculación es sumamente estrecha. --------------------------------------- ------ El Estado Provincial emergió totalmente de los vaivenes acontecidos. Esta recuperación fue confirmada mediante la normativa correspondiente, tal la declaración del cese total del estado de emergencia económica, financiera, administrativa y educacional, dispuesto a partir del 1° de julio de 2.005 por la Ley N° 5.358. Ello debilitó y, hasta podría decir que eliminó, los fundamentos que fueron concebidos para el dictado de las normas de emergencia, las cuales siempre se justifican cuando duran un lapso acotado en el tiempo y siempre que prevalezcan las condiciones que las motivaron. -------------------------------------------------- ------ Recientemente este Tribunal ha dictado Sentencia Definitiva en un caso de similares ribetes, donde uno de los temas a resolver se refería, precisamente, a las leyes de emergencia. En efecto al emitir mi voto en autos: "P., A. y Otros c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Demanda Contencioso Administrativa" (Expte. Nº 20.183-P-2.005), expresamente dije que: "Hace algún tiempo María Angélica GELLI mencionaba "... Al interpretar la Constitución estableciendo el sentido de sus disposiciones, la Corte Suprema utiliza diferentes métodos en los que la temporalidad es un elemento sustantivo. El principio, como el control de constitucionalidad de las normas inferiores se efectúa en casos concretos, la Corte Suprema considera el tiempo histórico en el que la sentencia se dicta y, efectuando una evaluación dinámica de la Constitución, toma del tiempo presente la coloratura de los valores preambulares. Es una interpretación situada, anclada en la axiología social". Y aclaraba "...la temporalidad subyace en la tarea interpretativa que el Tribunal aborda para encontrar el sentido de la Constitución ... (y) ... de las normas inferiores... Porque la compatibilidad o contradicción... se evalúa en el momento en que el examen se realiza, esto es, en ocasión de resolver el conflicto concreto". (Conc.: "La Corte Suprema de Justicia fija el alcance de la inconstitucionalidad sobreviniente...", LL 1.993-A-545). ------------------------------------------- ------ Sigo su autorizada opinión, para definir que: "...la inconstitucionalidad sobreviniente ... consiste en examinar la norma cuestionada a la luz de las circunstancias en las que aquélla debe aplicarse ... y en evaluar cómo, y en qué grado, una disposición reputada constitucional cuando se la dictó -o cuando se la sometió a prueba en una controversia judicial pasada- sobrevino inconstitucional por mudanza de las situaciones de hecho o jurídicas bajo las cuales se la sancionó". Añade GELLI que en la aplicación de este principio como criterio de control de razonabilidad la Corte Suprema muestra ambivalencia, y ejemplifica que en el caso "Tobar" donde se examinó la cuestión de la disminución de los salarios de los empleados de la administración pública, al hacer mérito en la devaluación operada a comienzos del 2.002 y del acelerado envilecimiento de los sueldos, jubilaciones y pensiones, sostuvo que en virtud de esas nuevas circunstancias, la normativa cuestionada había devenido irrazonable. Por otra parte, considerando otras circunstancias sobrevivientes -completa la autora- como el aumento del déficit fiscal, las restricciones y el estrangulamiento del sistema financiero y la declaración formal de la suspensión de pagos internacionales de la Nación, en su voto el Dr. BOGGIANO (en la misma causa) sostuvo la constitucionalidad de una rebaja de los salarios no confiscatoria. En consecuencia, concluye GELLI, "dado que el examen de esas circunstancias pueden configurar una inconstitucionalidad, como reforzar la constitucionalidad, la pauta será útil en tanto se argumente en torno a cómo y de qué manera y con qué intensidad la situación nueva impacta de modo tal que convierte en irrazonable la disposición normativa que no lo era en circunstancias diferentes" (Conc.: "Constitución de la Nación Argentina. -Comentada y Concordada-Tercera Edición...", LL 2006 - art. 28° Pto. 5. Razonabilidad e Inconstitucionalidad Sobreviniente, pág. 333/335, el destacado es propio). ------------------------------------------------------------- ------ Dije también que: "La Suprema Corte de Mendoza, en una causa donde se planteó la inconstitucionalidad de la aplicación de la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina, al pago de deudas que el Estado Provincial mantenía con agentes públicos derivadas del adicional por antigüedad, sostuvo "... los intereses moratorios ...implican una reparación al acreedor por el daño que le ocasiona el incumplimiento de la obligación... una ley provincial cuya normativa reduce significativamente el importe de ese crédito, ...convierte en una suma insignificante alejada de toda razonable reparación, al extremo de desnaturalizar su carácter resarcitorio y de casi anular ese derecho, inexorablemente deviene en inconstitucional por violatoria de su derecho de propiedad (art. 17, C. N.) y del mandato preambular de "afianzar la justicia".... En la realidad económica actual con cierto grado de inflación no cabe admitir la remisión lisa y llana a la tasa pasiva. Es verdad que el reajuste por inflación no está admitido, pero ello en modo alguno implica que los intereses moratorios deban dar totalmente la espalda a esa realidad económica..., con lo cual ...podría licuarse el objetivo del orden jurídico de reparar el perjuicio del acreedor y desalentar la morosidad..." (Conc.: Sent. 13/06/2.005 in re "Gourville y otros c. Provincia...", en LLGran Cuyo 2.005 (Octubre), 956)". --------------------------------------------------------------------- ------ Este Cuerpo a partir de la SD N° 6/SCA/02, atendió a: "... la situación de público y notorio de variación en la economía de la República y abandono de la Ley de Convertibilidad", propiciando el cálculo de intereses no comprendidos en la consolidación, a la Tasa Activa para préstamos personales del Banco d. C. S.A., teniendo presente la solicitud de la parte actora y la falta de oposición de la accionada". ------------------------------------------------------- ------ Si bien en el caso "sub-exámine" no ha habido un planteo específico de inconstitucionalidad de la normativa de emergencia, nos encontramos frente a una situación fáctica que refleja una incuestionable superación de los inconvenientes financieros que motivaron el dictado de aquellas leyes. No se advierte hoy que existan motivos valederos para aplicar una tasa de interés que no refleje, de alguna manera la depreciación monetaria sufrida, factor que evidencian el innegable envilecimiento que implicaría para los derechos del actor imponer en autos la tasa pasiva que fija la norma de consolidación cuestionada, tornando irrazonable su aplicación. -- ------ No quisiera continuar sin antes traer a colación las condiciones que los doctrinarios han delineado para justificar el dictado de leyes como la de consolidación de deudas. Así, siguiendo a Julio César CRIVELLI ("La emergencia económica permanente", Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, 2.001, pág. 77), debe existir una situación de emergencia declarada por ley del Congreso que persiga un fin público que consulte los superiores y generales intereses del país. Las restricciones excepcionales de derechos deben ser transitorias, nunca permanentes. Además, los medios elegidos para superar la emergencia deben ser adecuadamente proporcionados al fin perseguido, donde las restricciones no abarquen en ningún caso, la totalidad de las garantías constitucionales. Tampoco deben estar dirigidas a personas individuales o a grupos determinados de ellas. - ------ Sólo si se encuentran presentes tales recaudos, halla andamiaje la aplicación de leyes de consolidación, pero deben cesar cuando éstos desaparecen. Por lo señalado, coincido con la solución propiciada por el Dr. ROYER y, en consecuencia, considero que no corresponde modificar la tasa de interés establecida por la Alzada. ASÍ LO VOTO. ---------------------------------------------------------------------- ------ El segundo agravio se refiere a la distribución de las costas, la cual califica de injusta toda vez que la demanda fue rechazada en su mayor parte, motivo por el cual requiere al Tribunal que las imponga conforme el resultado del litigio. ----------------------------------- ------ En el proceso laboral -naturaleza que revisten estos autos- la imposición de las costas se encuentra regida por el art. 59 de la Ley N° 69, regla que establece que: "la sentencia condenatoria traerá aparejada, aunque no se solicitare, la imposición de costas a la parte vencida". En particular referencia a la aplicación concreta de tal regulación legal es que, como integrantes del Superior Tribunal los ahora Miembros de esta Sala señalamos, que en los procesos de naturaleza laboral las disposiciones que rigen la distribución de las costas deben interpretarse en concordancia con los principios del Derecho del Trabajo, en especial el protectorio del trabajador (Conf.: este Cuerpo, SI N° 13/SRE/05; SD Nº 05/SROE/08). --------- ------ Bajo estas premisas, estimo que el planteo de la recurrente es inconsistente, pues si bien dice que no propone realizar una simple fórmula matemática entre lo pretendido en la demanda y lo finalmente obtenido como porcentaje de incapacidad, de la lectura de su agravio se desprende que en definitiva esto es lo que requiere. Aún cuando se tratara de un proceso de distinta índole, reiteradamente se ha sostenido que las costas deben ser distribuidas en forma prudencial -y no matemática- en proporción al éxito obtenido por cada uno de los litigantes (Conf.: CNFed. Civ. y Com., Sala III, 20/12/01, LL, 2.002-C-853). Especialmente en el ámbito del Derecho del Trabajo, el Dr. MARTÍN señalaba que la diferencia que resulta en la liquidación no debe ser considerada para establecer proporcionalidad, pues la indemnización era debida, aunque en monto menor, y asistió razón para litigar (Conf.: este Cuerpo, SD Nº 21/SRE/97). ------------------------------------------------------ ------ Tengo presente además, que la actora se vio compelida a promover la acción judicial tendiente a obtener la satisfacción de su crédito que, valga la pena reiterarlo, dada su naturaleza laboral, otorga carácter netamente alimentario a sus prestaciones. Esto es, ha debido acudir a la instancia judicial a fin de sortear la reticencia de la demandada en reconocer la procedencia de la indemnización reclamada. ASÍ LO VOTO. ------------------------------------------------------- ------ A igual cuestión el Dr. PASUTTI dijo: --------------------------------- ------ De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. ROYER y CANEO, los que conforman la voluntad de la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería de este Superior Tribunal de Justicia, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1º del Acuerdo Extraordinario Nº 3.555, en concordancia con los arts. 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 5.475 y Acordada Nº 3.202. ------------------------------------------------------ ------ A la segunda cuestión el Dr. ROYER dijo: ---------------------------- ------ En mérito a la decisión arribada al votar a la primera cuestión, propongo al Acuerdo rechazar el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la Provincia del Chubut contra la Sentencia N° 17/2008. -------------------------------------------------------------------------------- - ------ En orden a las costas, propongo que las mismas sean impuestas a la apelante (art. 68 del C.P.C.C.). Sin regular honorarios profesionales a los letrados intervinientes en esta instancia, de conformidad con el art. 2 de la Ley Nº 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99. ASÍ LO VOTO. ----------------------------------------------- ------ A la misma cuestión el Dr. CANEO expresó: ------------------------- ------ De conformidad con los términos de mi voto en relación a la primera cuestión, acuerdo con la solución que propicia el Dr. ROYER. ASÍ LO VOTO. ---------------------------------------------------------- ------ A la misma cuestión el Dr. PASUTTI dijo: --------------------------- ------ Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión. -------------------------------------------------------------------------------- - ------ Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente: -------------------------------------------------------------------- ------------------------------- S E N T E N C I A ---------------------------------- ------ 1º) RECHAZAR el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la demandada Provincia del Chubut. -------------------- ------ 2°) IMPONER las costas por la actuación ante este Superior Tribunal a la apelante (art. 68 del C.P.C.C.). Sin regular honorarios a los letrados intervinientes en esta instancia (art. 2 de la Ley Nº 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99). --------------------------------------------------- ------ 3°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase. ------------------------- Fdo.: Dr. José Luis PASUTTI - Dr. Fernando S. L. ROYER - Dr. Daniel Luis CANEO.----------------------------------------------------------------- RECIBIDA EN SECRETARIA EL 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008 REGISTRADA BAJO EL N° 07 S.R.O.E. CONSTE