Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa, indemnización, compensación económica
Materia: CIVIL
Carátula: Alegre, Claudia Beatriz c/ Telefónica Móviles Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-11

Cuando, como en el caso, no existe discusión en punto a que la obligación de entrega de la mercadería vendida, fue incumplida por la accionada, no cabe más que imponerle la responsabilidad de resarcir los daños y perjuicios que le hubiera causado a la accionante. Es que, si bien los comerciantes no tienen la obligación de mantener permanentemente en stock los productos que comercializan y, es legítimo que ofrezcan a la venta bienes que en ese momento pertenecen a alguien más -su fabricante o distribuidor, por ejemplo-, lo cierto es que, al aceptarse la oferta de un producto que no tengan en disposición, asumen frente a su cliente la obligación de procurárselo para luego transferírselo. De ese modo, independientemente de si el supuesto de marras debiese ser encuadrado como una promesa de contrato de compraventa de bienes ajenos o un contrato de compraventa sobre bienes ajenos -toda vez que no se discuta que la accionante no tenía conocimiento de que la demandada no tenía en su stock los equipos al momento de escogerlos-, lo cierto es que, es indiscutible que la accionada tenía la obligación de hacerse de esos equipos y entregarlos a la actora en el tiempo prometido en la oferta de venta, es decir, en el plazo de dos (2) a cuatro (4) días hábiles (LDC 7). A más, en la especie, la demandada no sólo no ha probado haber tenido alguna imposibilidad o -cuanto menos- dificultad para adquirir los bienes prometidos, sino que ni siquiera ha alegado haber intentado hacerlo. Por el contrario, su defensa se limitó a sostener que el simple hecho de no tener en su stock los equipos elegidos la relevaba de cumplir la oferta realizada y aceptada por la actora, argumento que carece de asidero legal.

Cuando, como en el caso, no existe discusión en punto a que la obligación de entrega de la mercadería vendida, fue incumplida por la accionada, no cabe más que imponerle la responsabilidad de resarcir los daños y perjuicios que le hubiera causado a la accionante. Es que, los argumentos de la reclamada de que la rescisión del contrato y la devolución de la suma pagada había sido legítima, no pueden ser atendidos. Y si bien la LDC 10 bis establece que, ante un incumplimiento del proveedor, el consumidor puede optar libremente entre exigir el cumplimiento -siempre que aquél fuera posible-, aceptar un producto de similares características o rescindir el contrato y obtener la devolución de lo pagado, todo ello sin perjuicio del reclamo por el resarcimiento de los daños y perjuicios que le hubiera producido tal incumplimiento; sin embargo la norma no concede al proveedor, en ninguna circunstancia, la facultad de optar entre las distintas alternativas allí contempladas, sino que ello es una potestad excluyente del consumidor, restándole al proveedor, en caso de que el consumidor rechazara injustificadamente tomar alguno de los caminos allí previstos, la posibilidad de realizar, eventualmente, una consignación judicial. De ese modo, ha de concluirse que la decisión de la demandada de rescindir unilateralmente el contrato y proceder a la devolución de lo pagado resultó, ilegítima.