Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-18


SENT Nro. 63 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 18 DE FEBRERO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Díaz, Sandra del Valle vs. Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio s/Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, con fecha 5 de marzo de 2002 (fs. 125/128 y vta.), la parte demandada interpone recurso de casación, el que es concedido por auto del 2 de julio de 2002. Consta en el informe actuarial de fs. 170, que ninguna de las partes ha presentado memorial facultativo.

2.- El fallo atacado acoge la demanda por la suma de $ 39.699,52, en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, haberes impagos, integración mes de despido, diferencia de haberes años 1993/97, vacaciones proporcionales de ese último año y SAC s/ preaviso. Rechaza el rubro vacaciones años 93, 94, 95 y 96, impone las costas a la vencida y regula honorarios a los profesionales actu antes.

Divide el tema en cuestiones, definiendo como primer punto lo relativo a la real naturaleza jurídica de la relación, discriminando en el restante los rubros de condena.

Examina las probanzas producidas, de las que en criterio de la sentenciante surge que por las tareas desarrolladas como odontóloga por la actora, en los consultorios de la demandada, no recibía honorarios, sino un verdadero salario mensual.

Concluye que debe aplicarse el principio de la primacía de la realidad, en concordancia con los arts. 23, 25, 26 y 36 LCT, declarando que en autos existió una subordinación jurídica y económica con un objeto preponderante en el carácter intuito personae de la relación.

Finalmente dispone que al encuadrarse la extinción de la relación laboral en el supuesto contemplado por el art. 246 LCT, corresponde el progreso de los rubros demandados, tomándose el valor de la hora técnica informada por el Colegio de Odontólogos, que multiplicado por las prestaciones horarios que determina, asciende a una remuneración básica de $ 660,73.

3.- La expresión de agravios, comienza con una referencia a los requisitos formales de admisibilidad y el relato de los antecedentes de la causa, planteando violación de los arts. 33, 34 y 40 del CPCCT y las disposiciones del art. 1° inc. "d" LCT y 1197 del C. Civil.

Considera que se trata de un negocio jurídico bilateral donde se ha estipulado un salario que no transgrede al convenio colectivo ni al mínimo vital, por lo que no resulta aplicable el art. 260 de la LCT, ya que no se trata de un pago insuficiente.

Explica que habiéndose acordado una mensualidad de $ 419, la Sala hace tabla rasa con las norma citadas y establece un salario de $ 660,73, sobre la base del monto que el Colegio de Odontólogos establece para la hora técnica, razón que hace devenir inmotivada a la sentencia.

Postula que el mencionado Colegio sólo puede hacer recomendaciones, sin entidad alguna para regular salarios libremente convenidos, las que no tienen el imperium del convenio colectivo, ni tales montos tienen validez erga omnes, ni pueden supraordinarse a lo convenido expresamente por las partes.

4.- Reexaminada la admisibilidad advertimos temporánea interposición contra sentencia definitiva, cumplido el afianzamiento del art. 133 CPTT y 132 del mismo ordenamiento, existiendo motivo casatorio suficiente (art. 131 inc. "a") y planteada arbitrariedad, razones por la que debe abordarse la procedencia.

5.- El examen debe circunscribirse al único elemento que está cuestionado en la instancia extraordinaria, cual es el monto salarial aplicado a la liquidación de los diversos rubros.

La decisión en crisis funda su criterio, en el informe producido a fs. 79 por el Colegio de Odontólogos de Tucumán, persona jurídica pública no estatal creado por ley 5542, cuyo art. 49 inc. "l" facultaba a esa entidad a la fijación del valor de la llamada "hora técnica odontológica"(texto según ley 6002, publicada el 19/1/90), de la misma manera que determinaba honorarios y aranceles profesionales previa aprobación del Sistema Provincial de Salud .

A partir de la ley 6508 se deja sin efecto "la fijación de aranceles mínimos con carácter de restricciones que impidan el ejercicio de las profesiones de quienes hayan obtenido los títulos de grado respectivos contenidos en las leyes... 5542, etc.".

El mismo ordenamiento fija en su art. 2° que los honorarios se percibirán conforme al monto que se pacte en el convenio que deberá comunicarse y registrarse en la entidad profesional respectiva.

Debe tenerse en cuenta asimismo que la fecha de ingreso es el 1/7/93, es decir anterior a la publicación de la referida ley, efectuada el 20/12/93.

Cabe acotar que hasta entonces la facultad que otorgaba al Colegio de Odontólogos la posibilidad de fijar aranceles en el mencionado art. 49, había sido reglamentada mediante decreto provincial nro. 2533 del 1° de agosto de 1985, publicado el día 10 del mismo mes y año, cuyo art. 60 inc. "e", establecía como función de la mencionada entidad la de autorizar y homologar todo convenio de prestación de servicios que brindaran sus colegiados con relación de dependencia laboral.

Tratando una cuestión similar esta Corte dijo: "la determinación judicial de la remuneración del trabajador está prevista en los arts. 56 y 114 de la LCT.. La primera de las normas condiciona la referida facultad de los jueces a que se encuentre controvertido el monto de la remuneración (no la existencia del crédito) y la prueba rendida resulte insuficiente para acreditar lo pactado entre las partes; y la segunda, asigna a los jueces, cuando no hubiere sueldo o salario fijado por convenciones colectivas o actos emanados de autoridad competente o convenidos por las partes, la determinación de su cuantía, ateniéndose a la importancia de los servicios y demás condiciones en que se prestan los mismos, al esfuerzo realizado y a los resultados obtenidos. En otras palabras, sostiene Julián Arturo de Diego que la determinación judicial se plantea en general cuando las partes dirimen la categoría profesional y las tareas ejecutadas por el dependiente, y cuanto en general, también, no existe una norma legal o l o convencional que asigne el salario perteneciente a ella. (Cfr. "La remuneración del trabajador". Depalma. Buenos Aires, 1984, pág. 148). La decisión del tribunal de recurrir a la determinación judicial de la remuneración de la actora, de acuerdo a lo prescripto por los artículos 56 y 114 exige de un previo análisis acerca de la existencia de una remuneración pactada por la s partes o de una fijada en convención colectiva; de modo que la insuficiente fundamentación del fallo recurrido, al omitir examinar el supuesto en que la remuneración resulta fijado por la causa fuente convención colectiva, determina la procedencia, en lo pertinente, del recurso intentado" (CSJT sent. 1030 del 19/11/2000).

La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresó que " procede el recurso extraordinario contra la sentencia que tiene por acreditada la relación de dependencia entre un odontólogo y la obra social, basada en determinadas restricciones laborales- limitación horaria, sometimiento a un contralor y cumplimiento de reglas propias de la profesión, sin tener en cuenta que éstas eran una consecuencia necesaria de la organización del sistema médico-asistencial en el que el actor prestaba servicios" ( Diario " La Ley"; 4 de setiembre de 2002).

Lo hasta aquí dicho, teniendo en cuenta los argumentos utilizados en el responde, circunscritos por la expresión de agravios sólo al monto salarial aplicable a los efectos de la liquidación de los rubros de condena, incluidas según el caso las diferencias salariales, determinan que el decisorio, deba ser revocado en este punto a tenor de la siguiente doctrina legal: "es nula la sentencia que determina el salario de un profesional odontólogo, omitiendo analizar la aplicación de las disposiciones provinciales vigentes acerca de la posibilidad de convenir honorarios y los requisitos para su instrumentación" y en consecuencia disponer el reenvío de las actuaciones, para que con la composición que corresponda la Excma. Cámara dicte nuevo pronunciamiento sobre el punto.

6.- Las costas del recurso se imponen por su orden en razón de provenir la nulidad de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPTT y 106 inc. 1° CPCCT.

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, con fecha 5 de marzo de 2002 (fs. 125/128 y vta.), en base a la doctrina legal que da cuenta el punto "5" de los considerandos, y disponer se REENVIEN los autos a la Excma. Cámara, para que con la composición que corresponda dicte nuevo pronunciamiento sobre el punto.

II.- COSTAS, como se tratan.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO