Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-31


PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA Nº 18106 Expediente Nº 50.284/2010 SALA IX Juzgado Nº 12 En la Ciudad de Buenos Aires, al 31/8/2012 para dictar sentencia en las actuaciones caratuladas: "PRADO MARCELA ELIZABETH C/ ACTUALIZACIONES MEDICAS S.R.L. Y OTRO S/ DESPIDO": se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:

I- Contra el pronunciamiento dictado en la anterior instancia se alzan las partes actora y los codemandados a tenor de los memoriales obrantes a fs. 251/256 y fs. 258/262, respectivamente, que merecieron réplicas a fs. 267/269 y vta. y fs. 271272 y vta.

II- Por razón de método, me abocaré en primer lugar a la queja planteada por la codemandada Actualizaciones Médicas S.R.L. en torno a la calificación laboral del vínculo habido entre las partes, la que -de compartirse mi voto- no tendrá favorable recepción.

En tal sentido, es dable destacar que al contestar la demanda instaurada en su contra, la accionada reconoció que la actora prestó servicios a su favor (ver fs. 81 "in fine"), y en consecuencia, se tornó operativa la presunción que emana del art. 23 de la L.C.T., que se proyecta sobre la existencia misma del contrato de trabajo invocado al demandar, sin que sea requisito para ello la demostración del carácter dependiente de la relación pues, de no ser así, se despojaría de eficacia al dispositivo legal.

Ello así, correspondía a la beneficiaria de los servicios acreditar que los mismos estuvieron motivados en otras circunstancias, relaciones o causas distintas de un contrato laboral. Es decir que la demandada debía probar el carácter autónomo de los servicios brindados por la accionante, tal como invocó al contestar la acción (ver fs. 81 "in fine"), extremo que no fue alcanzado en la especie.

En efecto, considero que los argumentos vertidos por la recurrente se exhiben ineficaces ante el análisis de los distintos elementos ponderados por la Sra. Juez de grado.

Repárase en que la demandada transcribe partes aisladas de las declaraciones testimoniales rendidas en autos, e invoca que de las mismas se desprende que la actora desarrollaba sus tareas desde su casa, en forma discontinua, sin sujeción a directivas ni al cumplimiento de un horario fijo, en un marco de autonomía y libertad para el despliegue de su actividad, y sin exclusividad, todo lo cual -según su postura- excluiría la existencia de una relación dependiente. Sin embargo, en el caso concreto, teniendo en cuenta la actividad de que se trata y sus particulares características, donde la accionante -médica- desempeñaba funciones en el ámbito de una empresa dedicada a la publicación de una revista de carácter médico con especialidad en dermatología, a mi juicio, los elementos que destaca la recurrente no obstan a la existencia de un contrato de trabajo, puesto que lo determinante a fin de establecer el carácter del vínculo está dado por la circunstancia de que el profesional se encuentre inserto en una organización empresaria ajena, percibiendo por ello una suma determinada de dinero como retribución.

Debe tenerse presente que la dependencia o subordinación en la relación laboral puede manifestarse de diversas formas y grado, según la categoría laboral del trabajador o el grado de profesionalidad de la prestación. Así, la subordinación técnica que se presenta como menos rigurosa e intensa, permite al trabajador cierta libertad y autonomía para el desarrollo de sus tareas, que no obsta a la existencia de un vínculo dependiente, aún cuando se verifique la ausencia de los elementos objetivos a través de los cuales se manifiesta usualmente el poder de dirección (como ser ciertas órdenes, exigencias de horarios, etc.).

Sin perjuicio de lo expuesto, resalto que omite la apelante cuestionar la relevancia otorgada por la Sra. Juez a la prueba informativa dirigida a la Sociedad Argentina de Información (ver fs. 127) -empresa que diseña el sitio web de la demandada desde abril de 2007- de donde emerge que la actora ". era la persona que nos enviaba los contenidos de la secciones denominadas "Resúmenes on line", "Encuesta" y "Resúmenes de las jornadas" para ser subidas a dicho sitio a través de su cuenta de correo .". Asimismo, en cuanto a la valoración de la prueba testimonial, agrego que el testigo Manavella (fs. 203/204), -propuesto por la propia demandada- si bien señaló que a la reclamante la veía en el Hospital de Clínicas, posteriormente reconoció que también la veía en la sede de la accionada, y que allí "... estaba sentada en un escritorio y tenía papeles .".

Cisneros (fs. 205/208) -quien laboró como secretaria para la sociedad demandada- refirió a las tareas realizadas por la actora, en la sede de la accionada, y cumpliendo un horario.

No soslayo los cuestionamientos que formula la recurrente respecto de los dichos de la testigo, pero estimo oportuno destacar que en ningún segmento de la declaración la dicente afirmó ser "amiga" de la actora -como aquella sostiene-, sino que dijo conocerla porque ". somos conocidas .". También considero que, si bien la declarante se desvinculó de la accionada en el año 2008 -mientras que la accionante continuó laborando hasta el año 2010-, lo cierto es que del testimonio se desprende que prestaron servicios juntas durante tres años, relatando las circunstancias del vínculo durante ese período.

Donatti (fs. 209/210) -secretaria de redacción- sostuvo que la reclamante cumplía tareas en su casa, y que ". concurría al Hospital de Clínicas a reunirse con el Dr. Allevato para arreglar las tareas .". Asimismo, admitió que aquella concurría a las oficinas de la demandada, aunque ". no sé con qué periodicidad .".

Barrionuevo (fs. 215) -secretaria del codemandado Allevato- señaló que le consta la accionante ". trabajaba en su casa .", sin dar razón de sus dichos, y luego añadió que ". algunas veces iba a la oficina, se sentaba en la computadora .".

También De Pablo (fs. 216/217) -quien ocasionalmente concurría a la sede de la empresa a efectuar traducciones- vió a la reclamante en las oficinas de la accionada, frente a una computadora; mientras que Gonzalez (fs. 218/219) -editora de la revista- declaró que ". al principio veía a la actora en las oficinas de ATD y después mezclado entre ADT y Hospital. NO puedo precisar en qué horario . la veía con la computadora y con trabajos de publicaciones .".

Tales testimonios, ponderados en sana crítica (conf. arts. 386 del C.P.C.C.N. y 90 de la L.O.), en mi opinión, y desde la perspectiva "ut supra" reseñada, no resultan idóneos para enervar la presunción que se proyecta sobre el carácter laboral de la relación habida entre las partes (conf. art. 23 antes citado), sino que, por el contrario, se aprecian eficaces para corroborarla, ya que de los mismos puede extraerse que la actora desarrollaba su actividad, a través de la prestación de sus servicios, que integraban los medios personales de una organización empresaria ajena, que pertenecía a la accionada, y por ende bajo su dependencia, percibiendo una retribución como contraprestación de los citados servicios. En cuanto a los argumentos en que hace hincapié la apelante, referidos al carácter de monotributista de la actora, y a la circunstancia de que ésta emitía facturas, cabe resaltar que dichos elementos, en el marco que impone el principio de "primacía de la realidad", consagrado por los arts. 14, 21, 22, 25 y cctes. de la L.C.T. resultan inoponibles frente a la configuración de un vínculo que, no obstante la denominación que se atribuya a la remuneración, y la posición de la actora frente a los organismos fiscales, presenta -a tenor de las consideraciones vertidas precedentemente- los extremos que definen el contrato de trabajo. Con relación a la prueba documental obrante a fs. 69, sin perjuicio de destacar que no es posible establecer con certeza que la actora hubiera remitido el mail en cuestión, en mi opinión, en el contexto de lo expuesto en los párrafos anteriores, dicho instrumento no luce determinante a fin de dilucidar la cuestión debatida. En definitiva, considero que quedó probada en autos la existencia de un cuadro fáctico eficaz para activar la presunción contemplada en el art. 23 de la L.C.T. -que no fue desvirtuada-, a lo que se suma que, con relación al desempeño de la accionante también quedaron acreditados los presupuestos fácticos de la dependencia, por lo que no cabe más que proponer la confirmación de la sentencia de grado en este aspecto.

III- Sentado ello, no tendrá mejor suerte el agravio esbozado respecto al encuadramiento de la actora dentro del Estatuto del Periodista -Ley 12.908- Al respecto, y más allá de los reparos que me merece la queja en este punto, conforme las directivas que emergen del art. 116 de la L.O., es dable memorar que la aplicabilidad de un Estatuto Profesional se encuentra determinada por la condición del empleador, el lugar donde se desarrolla la labor o bien, por la actividad desempeñada por el trabajador, y en este marco, el art. 2 del mencionado Estatuto del Periodista establece que se consideran periodistas profesionales a las personas que realicen en forma regular mediante retribución pecuniaria, las tareas que les son propias en publicaciones diarias o periódicas.

Es decir, que es la naturaleza y la modalidad de las tareas cumplidas por la trabajadora, lo que determina la operatividad del referido estatuto -el cual no agota la completa enumeración de las calificaciones posibles del trabajador periodístico-. Desde tal óptica, en cuanto a las tareas desarrolladas por la actora, advierto que la recurrente se limita a sostener que ningún testigo expresó que aquella firmaba notas o artículos, e hizo hincapié en que la declarante Cisneros expresamente señaló que la reclamante no era periodista; soslayando que de la transcripción de las declaraciones efectuadas en la sentencia de grado -a las que me remito-, se desprende que la actora desempeñó funciones de índole periodístico en forma regular, vinculadas al servicio de la información, tal como exige la normativa en cuestión. A lo expuesto se suma que, tal como ha sostenido este Tribunal en precedentes de aristas similares al presente, carece también de trascendencia decisiva que la actora no se encontrara inscripta en la matrícula nacional de periodistas y que no hubiese obtenido carnet profesional, pues si bien dicha circunstancia implica un incumplimiento a la disposición del artículo 4º de la ley 12.908, de acuerdo a lo establecido expresamente en el artículo 51 de la L.C.T., ello no obsta a su inclusión dentro del ámbito de aplicación del estatuto del periodista profesional, tratándose de una profesión cuyo ejercicio no exige un título expedido por autoridad determinada (cfr. esta Sala en su anterior integración, en autos "Sclar, Mariana c/Estrellas Satelital S.A. s/Despido, S.D. Nº 12.524 del 7/6/05).

En virtud de lo dicho, sugiero confirmar el pronunciamiento apelado también en este punto.

IV- En cambio, será receptado favorablemente el disenso formulado por la codemandada Actualizaciones Médicas S.R.L. respecto del rubro "integración mes de despido". Ello así toda vez que, si tal como ha quedado dicho, la relación estuvo regida por la ley 12.908 no cabe hacer lugar al cálculo del mentado concepto puesto que el art. 43 del Estatuto aludido prevé un sistema de protección contra el despido arbitrario que no contempla el rubro en cuestión. Por ello y dado que de admitirse un temperamento como el propuesto en el pronunciamiento de grado se incurriría en una acumulación indebida de sistemas normativos, propicio modificar este segmento del fallo apelado y consecuentemente, eliminar de la indemnización decidida el rubro bajo análisis (ver en similar sentido, sent. def. de esta Sala nro. 15.735, del 31/7/09, en expte. nro. 31.873/06, "Torrens María Teresa c/ América T.V. S.A. s/ despido").

V- Sentado ello, se impone analizar el agravio planteado por la accionante en torno a su pretensión de integrar el sac en la base de cálculo de la indemnización prevista en el art. 43 inc. b), c) y d) de la ley 12.908.

Al respecto, considero que asiste razón a la apelante. Digo ello por cuanto, en mi opinión, a diferencia de lo que sucede con la base remuneratoria que prevé el art. 245 de la L.C.T. -que remite a la consideración de la mejor remuneración normal y habitual de pago "mensual"-, el art. 43 inc e) de la ley 12.908 se refiere al promedio que resulte de lo percibido durante los últimos seis meses, a cuyo efecto, ordena computar las retribuciones extras y las gratificaciones de todo tipo. Dado que el SAC es una remuneración que se devenga a partir de cada prestación y que se debe abonar en forma semestral (arts. 121 y 122 LCT) su incidencia debe ser considerada para establecer la base de cálculo de las indemnizaciones ello conforme el precedente citado anteriormente "Esteban" de la Sala II de esta Cámara, cuyos términos comparto (sent. def. de esta Sala nro. 17.838, del 23/5/12, en expte. nro. 19.243/2008, "Gomez Muñoz Nicolas Manuel c/ Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. s/ despido", entre otros). En consecuencia, corresponde modificar el pronunciamiento de grado en este punto, establecer como base para el cálculo de las indemnizaciones previstas en el art. 43 inc. b), c) y d) la suma de $2.383,33, y por ende, viabilizar las mismas por los siguientes montos: art. 43 inc. b): $9.533,32 ($2.383,33 x 4); art. 43 inc. c): $19.066,64 ($2.383,33 x 8 períodos); y art. 43 inc. d): $14.299,98 ($2.383,33 x 6).

Asimismo, en atención a las modificaciones propuestas en los considerandos IV y V, y su incidencia en el cálculo de la multa prevista en el art. 15 de la ley 24.013, teniendo en cuenta los rubros que conforme la sentencia de grado integran la mencionada multa -aspecto que llega firme a esta Alzada (art. 116 de la L.O.)-, el concepto en cuestión ascenderá a la suma de $42.899,94 ($9.533,32 + $19.066,64 + $14.299,98).

VI- Por otra parte, también tendrá favorable acogida la queja esbozada por la actora con relación a las vacaciones correspondientes a los años 2008 y 2009.

En efecto, advierto que asiste razón a la apelante en cuanto a que en el escrito de inicio invocó que ". gozó de la totalidad de las vacaciones a las que tenía derecho pero no le fueron abonadas ." (ver fs. 10 pto. VI), por lo que no habiendo la accionada acreditado su pago (cfr. art. 138 de la L.C.T.), propiciaré que se recepte la queja en este punto, haciéndose lugar a la pretensión por la suma de $2.860, correspondiente a las vacaciones 2008/2009, más sac (cfr. art. 35 del Estatuto del Periodista y remuneración de $2.200).

VII- Como corolario de lo resuelto en los considerandos IV, V y VI, propongo modificar la sentencia de grado, y recalcular el capital de condena, que quedará expresado en la suma de $152.891,48; con más los intereses fijados en la instancia de grado, que arriban firmes a esta Alzada.

VIII- En cuanto al agravio que cuestiona el rechazo de la demanda incoada contra Miguel Angel Allevato, a mi juicio, tendrá favorable recepción.

En tal sentido, considero relevante en el presente caso que en el escrito de contestación de demanda el propio accionado reconoció su condición de socio gerente de la codemandada Actualizaciones Médicas S.R.L. en la época en que la actora alegó haber laborado para la misma (ver fs. 31 pto. III).

Asimismo, en razón de lo resuelto en el considerando II, ha quedado acreditado en autos que la actora se desempeñó para la sociedad en forma directa, sin registración alguna ante los organismos correspondientes; ello así dichos elementos son suficientemente demostrativos de las graves irregularidades que se presentaron en la vinculación contractual que interesa, entablada entre una trabajadora y una sociedad de responsabilidad limitada.

En efecto, la comprobada falta de debida registración del contrato de trabajo se presenta como significativa, y permite inferir una actuación encuadrable en el supuesto que contempla el art. 54, último párrafo, de la ley 19.550 para responsabilizar solidariamente a los socios por los perjuicios causados. Ello es así, porque las graves circunstancias que se verifican en el sub lite, además de alejarse de la consecución de los fines propios de la sociedad, indican que se ha recurrido a esta última para "violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros", en los términos de la norma citada.

Esta conclusión toma en cuenta las consecuencias sociales y económicas de la actuación societaria reprochable y no soslaya las implicancias que tiene la diferenciación entre la personalidad de la sociedad y la de sus socios y administradores; diferenciación en la cual asienta el régimen especial de la ley 19.550 y que ha sido aludida en varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero estimo que tal distinción debe ser conjugada con la necesidad de indagar en cada caso, en sana crítica y a la vista de lo afirmado y probado durante el desarrollo del pleito, la configuración de alguno de los supuestos excepcionales -previstos por el mismo régimen de la ley 19.550- que permita resguardar el derecho de quienes -como ocurre en autos con la trabajadora reclamante- se han visto perjudicados por el abuso de la personalidad jurídica (cf. art. 1071, segundo párrafo, del Código Civil).

En definitiva, por los motivos expuestos, propongo revocar parcialmente la sentencia de grado, y extender la condena en forma solidaria al codemandado Miguel Angel Allevato (cfr. art. 54 de la L.S.C.).

IX- Lo resuelto precedentemente torna abstracto el tratamiento de los planteos efectuados por la actora a fs. 254 vta. Ap. E pto. 1 y a fs. 255 vta. pto. 5.

Con relación a lo peticionado por la accionante a fs. 255 vta. pto. 4), estése a lo normado por el art. 96 "in fine" del C.P.C.C.N; ello sin perjuicio de destacar que la imposición de costas no fue solicitada en el momento procesal oportuno (cfr. art. 53 de la L.O.).

X- El nuevo resultado del litigio impone dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios practicada en la anterior instancia, debiéndose efectuar nuevamente en esta Alzada en forma originaria (conf. art. 279 del C.P.C.C.N.), tornándose abstracto el tratamiento de la queja dirigida contra dichos accesorios.

En cuanto a las costas, en atención a que los codemandados resultaron vencidos en lo principal, sugiero imponer dicho accesorio -respecto de ambas instancias- a su cargo, en forma solidaria (conf. art. 68, primer párrafo del C.P.C.C.N.).

Asimismo, teniendo en cuenta la calidad, extensión y mérito de la labor desarrollada, y de conformidad con las pautas arancelarias vigentes (ley 21.839 -mod. por la ley 24.432-, y art. 38 de la L.O.), estimo adecuado regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora, y de los codemandados Actualizaciones Médicas S.R.L. y Miguel Angel Allevato -en conjunto-, en el 16% y 14%, respectivamente, del nuevo monto de condena, incluidos los intereses.

X- Por las actuaciones desplegadas ante esta Alzada, regúlense los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y de los codemandados -en conjunto- en el 25% de lo que a cada una le corresponda por lo actuado en la anterior instancia (art. 14 de la ley 21.839).

El Dr. Roberto C. Pompa dijo: Por compartir los fundamentos, me adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach: no vota (art. 125 de la L.O.).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE: I) Modificar parcialmente la sentencia de grado y elevar el monto de condena a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($152.891,48), con más los intereses fijados en la anterior instancia. II) Asimismo, extender la condena en forma solidaria al codemandado Miguel Angel Allevato. III) Dejar sin efecto la imposición de costas y los honorarios regulados en primera instancia. IV) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de los codemandados. V) Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y codemandados -en conjunto-, en el 16% y 14%, respectivamente, del nuevo monto de condena incluidos los intereses. VI) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y fue materia de apelación y agravios. VII) Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y de los codemandados -en conjunto-, por su actuación ante este Tribunal, en el 25% de lo que a cada una le corresponda por lo actuado en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Ante mí