Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-30


SENT Nº 978	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Treinta (30) de Octubre de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el actor en autos: "Sequeira Lorenzo Domingo vs. Núñez José Raúl y otro s/ Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1. Contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 30 de noviembre de 2009 (fs. 409/414), el actor interpone recurso de casación que fue concedido por resolución del 28/12/2010 (fs. 462). Según informe actuarial de fs. 507, ninguna de las partes ha presentado la memoria prevista en el art. 137 del CPL.

2. La sentencia impugnada hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó al demandado José Raúl Nuñez a pagar al actor la suma de $9.079,17 en concepto de haberes adeudados correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2000, sueldo anual complementario 1er. semestre del año 2000, vacaciones proporcionales año 2000, fondo de desempleo julio 1998/julio 2000, ropa de trabajo e indemnización art. 18 Ley 22.250, y desestimó la pretensión de pago de la asignación por hijo. Asimismo, rechazó la demanda incoada contra José Santos Nuñez y la excepción de falta de acción opuesta por este, admitió la defensa de prescripción planteada por ambos demandados, impuso las costas y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

3. El actor alega que la sentencia impugnada resulta contraria a normas expresas de nuestro derecho positivo y a reglas y principios constitucionales, al haber vulnerado las disposiciones contenidas en los arts. 17 y ccs. de la Ley 22.250, 225, 228, 229 y 256 de la LCT y 14 bis y 17 de la CN.

Señala que el recurso se dirige contra el punto I en forma parcial, en la parte pertinente a la discriminación del rubro fondo de desempleo al que se hace lugar por un período limitado de dos años, el punto II en su totalidad y el punto III en la parte pertinente a la admisión de la defensa de prescripción. Afirma que "el principal agravio que causa la sentencia recurrida es el relativo al reconocimiento limitado y temporal que efectúa del principal rubro reclamado, cual es el 'fondo de desempleo'", toda vez que no obstante haber quedado demostradas la efectiva prestación de servicios por un período superior a los 28 años, y que hubo transferencia del contrato y continuidad laboral, reconoce dicho rubro solo por el período 1998 a 2000.

Manifiesta que el segundo agravio recae sobre lo decidido en relación a la solidaridad de las partes y la prescripción de la acción, ya que el tribunal no consideró que el plazo de este instituto comienza a computarse a partir de la fecha en que el crédito es exigible, lo que en el caso se da a partir del 27/7/2000, fecha del cese de la relación laboral. Asevera que siendo el fondo de desempleo un rubro cuya exigibilidad nace a partir del cese de la relación laboral (conf. art. 17 Ley 22.250), corresponde que el adquirente José Raúl Nuñez asuma el pago de la totalidad de lo adeudado por los 28 años trabajados.

Sostiene que el art. 229 de la LCT expresamente prevé que cedente y cesionario responden solidariamente por todas las obligaciones resultantes de la relación cedida; en consecuencia -prosigue-, el Sr. José Raúl Nuñez (cesionario) es responsable por el pago del fondo de desempleo por todo el período trabajado, dada la transferencia del contrato, y también lo es José Santos Nuñez (cedente) por las deudas que existían al tiempo de la transferencia. Destaca que la obligación existente al tiempo de la transferencia era justamente la del empleador de tener depositado el aporte mensual del fondo de desempleo, por lo que hasta la fecha en que existió el vínculo con él como primer empleador, éste es solidariamente responsable por las deudas y obligaciones de esa relación laboral.

Explica que estaba impedido legalmente de exigir el cobro del fondo de desempleo a la época de la transferencia toda vez que no se había notificado cese alguno de la relación laboral, sino por el contrario, la continuidad de la misma con el hijo de su empleador; consecuentemente -afirma-, es recién al cese total del vínculo con el cesionario que emerge su derecho al pago de dicho fondo por todo el período trabajado, alcanzándoles la responsabilidad a ambos empleadores por cuanto hasta el año 1992 la obligación de aportar estaba en cabeza del demandado José Santos Nuñez, no siendo procedente beneficiarlo con la prescripción toda vez que el actor recién pudo ejercer el reclamo de su crédito cuando este se tornó exigible, es decir a partir del mes de julio de 2000.

Finalmente, solicita que en el supuesto de prosperar el recurso, se revoque lo resuelto en relación a las costas y los honorarios profesionales, efectuándose un recálculo de la planilla de condena.

4. El recurso de casación ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, se funda en infracción normativa y en la arbitrariedad del pronunciamiento, y no es necesario cumplir con el afianzamiento por ser el actor el que recurre (conf. arts. 130/133 CPT). Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia de la vía extraordinaria local intentada.

5. Razones de orden imponen analizar en primer término el planteo del actor vinculado a la procedencia de la excepción de prescripción opuesta por los demandados respecto del rubro fondo de desempleo (hoy denominado fondo de cese laboral, conforme modificación dispuesta por el art. 14 de la Ley 25371).

En lo pertinente, la Cámara consideró que "respecto del demandado José Santos Nuñez, el derecho del actor para todo tipo de reclamo de naturaleza laboral comenzó al tiempo del cese de su relación con aquel (31/01/92) prescribiéndose el 31/01/94. Es decir, ya se ha prescripto toda acción de reclamo judicial. No corre igual suerte el co-demandado José Raúl Nuñez, a quien los beneficios de la prescripción no lo contemplan respecto a los aportes al Fondo de Desempleo a partir de agosto de 1998 como de los restantes rubros reclamados por el accionante".

El art. 15 de la Ley 22.250 -cuya aplicación al caso no ha sido cuestionada- dispone que "el Fondo de Desempleo vigente para el trabajador de la industria de la construcción de todo el país se integra con un aporte obligatorio a cargo del empleador, que deberá realizarlo mensualmente desde el comienzo de la relación laboral. El Fondo de Desempleo constituirá un patrimonio inalienable e irrenunciable del trabajador, no pudiendo ser embargado, cedido ni gravado salvo por imposición de cuota alimentaria y una vez producido el desempleo. El sistema a que se refiere el presente artículo para el trabajador de la industria de la construcción reemplaza al régimen de preaviso y despido contemplados por la Ley de Contrato de Trabajo". El art. 17 de la citada ley establece que "el trabajador dispondrá del Fondo de Desempleo al cesar la relación laboral, debiendo la parte que resuelva rescindir el contrato, comunicar a la otra su decisión en forma fehaciente. Producida la cesación, el empleador deberá hacerle entrega de la Libreta de Aportes con la acreditación de los correspondientes depósitos y de la actualización a que hubiere lugar, según lo determinado en el art. 30, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas de finalizada la relación laboral. Únicamente en caso de cese se abonará en forma directa el aporte que corresponda a la remuneración por la cantidad de días trabajados durante el lapso respecto del cual no haya vencido el plazo para el depósito previsto por el art. 16.".

De los términos de las normas precedentemente transcriptas, surge que si bien el fondo de cese laboral se integra con los aportes mensuales que debe efectuar el empleador desde el inicio de la relación laboral, lo cierto es que el trabajador solo puede disponer del fondo una vez extinguido el vínculo y cualquiera sea la causa de dicha extinción. La exigibilidad de dicho fondo se difiere hasta el momento del cese, única oportunidad en que el dependiente puede exigir su pago. Dicho de otro modo, el derecho del trabajador a percibir el fondo por cese laboral nace a partir de la extinción de la relación de trabajo por cualquier causa que fuere; mientras esté vigente el vínculo, el dependiente no tiene acción para reclamar el pago del referido fondo, el que se torna exigible, precisamente, con la extinción o cese del vínculo laboral.

Se ha señalado que el fondo de cese laboral (o de desempleo) consiste en "una suma líquida acumulada en función del tiempo de servicio y durante el transcurso de él, que se devenga mes a mes -como la remuneración que es pagada por el empleador y percibida directamente por el trabajador-, pero cuya exigibilidad y consiguientemente su entrega, percepción y goce, se difieren hasta el momento de la extinción del contrato de trabajo" (Marigo, Susana - Rainolter, Milton, Personal de la industria de la construcción, Astrea, Bs. As., 1994, pág. 115). Asimismo, que "el trabajador no dispone del fondo, sino cuando se cumple el requisito-condición para la adquisición material de los valores dinerarios, es decir, cuando se opera la extinción del contrato. El trabajador devenga el fondo de desempleo en la medida en que devenga sus remuneraciones (con las excepciones de los arts. 21 y 27) y sólo adquiere su efectiva disposición cuando se cumple el presupuesto jurídico previsto en la ley y, hasta ese momento, el fondo de desempleo, como salario diferido, está en el patrimonio del trabajador, pero no en el ámbito de su disponibilidad jurídico-material" (op. cit., pág. 121).

Consecuentemente con lo antes expresado, frente al reclamo del fondo de cese laboral -anteriormente denominado fondo de desempleo-, el plazo de prescripción de dos años que contempla el art. 256 de la LCT se computa desde la fecha de la extinción de la relación de trabajo, oportunidad en que el trabajador de la construcción puede disponer de dicho fondo (conf. art. 17 Ley 22.250). Ello así toda vez que "la prescripción liberatoria no puede separarse de la pretensión jurídicamente demandable, y el plazo respectivo comienza a computarse a partir del momento en que ella puede ser ejercida (Fallos: 308:1101), es decir coincide necesariamente con el momento del nacimiento de la acción (Fallos: 312:2152), actioni non natae non praescribitur" (CSJN, "Cinturón Ecológico S.E. c/ Libertador S.A.", 04/5/1995, Fallos: 318:879, La Ley online, AR/JUR/376/1995). En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires dijo que "el derecho a la percepción del fondo de desempleo nace para el trabajador recién cuando acontece el cese de la relación laboral -26/5/1985-, oportunidad en la que se hace exigible (art. 17 parte 1ª ley 22.250), teniendo expedita la acción para su cobro -en el caso iniciada el 15/5/1987- y determinando el punto de partida del plazo de la prescripción (arts. 256 LCT y 3956 CCiv.; conf. causa L 45045, sentencia del 11/9/1990)" (SCBA, "Dutkiewics, Francisco Miguel v. Assembly SACIFI s/ Despido", 04/8/1992, Abeledo-Perrot online).

En el caso, el tribunal acertadamente sostiene que el cómputo de la prescripción debe partir desde el momento en que la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer, pero se equivoca cuando interpreta que respecto del demandado José Santos Nuñez, el derecho del actor para todo tipo de reclamo de naturaleza laboral comenzó el 31/01/1992, en tanto que, en relación al codemandado José Raúl Nuñez, se encuentran prescriptos los aportes al fondo de desempleo anteriores a agosto de 1998. El error de la Cámara queda configurado con solo advertir que declarado extinguido el vínculo laboral el 27 de julio de 2000, es en ese momento, con la extinción de la relación laboral cualquiera fuese su causa que nace el derecho del actor a percibir el fondo de cese laboral, momento a partir del cual comienza a correr el plazo de prescripción.

Por tanto, como se anticipó, el planteo en examen resulta procedente y corresponde, en lo pertinente, casar parcialmente la sentencia impugnada en base a la siguiente doctrina legal: "El plazo de prescripción del fondo de cese laboral -antes denominado fondo de desempleo- se computa a partir de la fecha de extinción del vínculo laboral, oportunidad en la que dicho fondo se torna exigible de conformidad a lo dispuesto por el art. 17 de la Ley 22.250".

5.1 El agravio referido a la solidaridad de los demandados, también habrá de prosperar. El recurrente sostiene que José Raúl Nuñez (cesionario) es responsable por el pago del fondo de desempleo por todo el período trabajado dada la transferencia del contrato, y que también lo es José Santos Nuñez (cedente) por las deudas que existían al tiempo de la transferencia. Señala que la obligación existente al tiempo de la transferencia era justamente la del empleador de tener depositado el aporte mensual del fondo de desempleo, por lo que hasta la fecha en que existió el vínculo con él como primer empleador, éste es solidariamente responsable por las deudas y obligaciones de esa relación laboral.

En lo pertinente, la Cámara afirmó que "de las pruebas colectadas en autos, no se logra desvirtuar la continuidad laboral que invoca el actor. En consecuencia, hubo transferencia de la relación de trabajo, pues ella se operó independientemente de todo cambio de titularidad de la unidad productiva y evidentemente el vínculo laboral prosiguió en las mismas condiciones con el otro empleador -el hijo de José Santos Nuñez-. Y, es por ello que el trabajador conservó todos los derechos derivados de su antigüedad, condición y categoría profesional conforme se corrobora con los recibos de haberes expedidos por José Raúl Núñez, obrantes en autos. Así está demostrada la transferencia del contrato no obstante el quiebre que se intentó plasmar a través del cese y baja en la actividad del Sr. José Santos Núñez".

Sostuvo el tribunal que "la responsabilidad solidaria entre los demandados y encuadrada dentro de lo previsto por el Art. 229 de la LCT se limita a las deudas devengadas hasta el momento en que se produjo la transferencia y no alcanza a lo que luego se generaron o sea en el curso posterior de la relación", razón por la cual en el punto II dispositivo del fallo rechazó la demanda incoada contra José Santos Nuñez (hoy sus herederos).

Juzgó que el cese de la relación laboral del actor con José Santos Nuñez acaeció el 31/01/1992 y que no estaba acreditado conforme a la Ley 22.250 (art. 16 y concs.) el depósito del fondo de desempleo, señalando que "el demandado José Santos Núñez pretende acreditar su cumplimiento con el recibo de fecha julio 21 de 1.995, cuya copia corre agregada a fs. 49 y el co-demandado José Raúl Núñez con el de fecha 31 de marzo de 2.000 (fs. 67). Asimismo, cabe decir que el pago deberá efectuarse mediante depósito bancario previo a la apertura de la correspondiente cuenta bancaria, debiendo extenderse la correspondiente libreta de aportes prevista en el Art. 17 del estatuto de la construcción, atento a la prohibición de su pago directo y dada la necesidad de controlar el trabajo sin registración y la actualización de los aportes".

Cabe señalar que el art. 229 de la LCT dispone que "la cesión del personal sin que comprenda el establecimiento, requiere la aceptación expresa y por escrito del trabajador. Aún cuando mediare tal conformidad, cedente y cesionario responden solidariamente por todas las obligaciones resultantes de la relación de trabajo cedida".

Señala Héctor Guisado que en los supuestos de cesión del personal "media continuidad de la relación, que sigue siendo la misma, como si no hubiese mediado la cesión. En consecuencia, el trabajador conserva todos los derechos derivados de su antigüedad, condición y categoría profesional. A semejanza de lo que ocurre en el caso de transferencia del establecimiento, la LCT también establece en la cesión del personal un vínculo solidario entre los dos empresarios, ya que ambos 'responden solidariamente por todas las obligaciones resultantes de la relación de trabajo cedida'. la solidaridad allí establecida se limita a las deudas devengadas en el momento de la cesión y no alcanza a las que se generen en el curso posterior de la relación de trabajo transferida, salvo el caso de fraude (art. 14, LCT)" (Ley de Contrato de Trabajo - Coordinador: Raúl Horacio Ojeda, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011, T. III, pág. 253).

Al respecto, esta Corte tiene dicho que "la solidaridad entre los sucesivos empleadores se da en los términos de los arts. 228 o 229 LCT, abarcando tan sólo las deudas devengadas hasta el momento de la transferencia de la relación, y, en relación a los transmitentes, no alcanza a las que se generen en el curso posterior de la relación transferida, salvo el caso de fraude laboral" (CSJT, "Quinteros, Hernán Omar y otros vs. Cía. Circuito Cerrado S.A. s/ Diferencias", sentencia nº 441 del 07/6/2000).

Asimismo, se debe tener presente que el art. 16 de la Ley 22.250 dispone que "los depósitos de los aportes al Fondo de Desempleo se efectuarán dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente a aquel en que se haya devengado la remuneración, prohibiéndose el pago directo al trabajador que cesare en sus tareas, salvo el supuesto contemplado en el artículo siguiente".

Susana Marigo y Milton Rainolter afirman que "este aporte -depósito de una remuneración diferida- debe ser realizado por el empleador 'desde el comienzo de la relación laboral', es decir, desde el comienzo de la efectiva prestación de los servicios por parte del trabajador, porque es a partir de ese momento en que empieza a devengar la remuneración sobre la cual y en relación a la cual (y también como parte integrativa diferida de ella), debe calcularse y liquidarse el 'aporte obligatorio al fondo de desempleo'" (op. cit., pág. 116). También señalan que "las obligaciones relativas al pago de aportes y de su actualización, en cuanto obligaciones dinerarias, son directamente ejecutables sobre el patrimonio del empleador-deudor. En este caso, el empleador deberá depositar en los autos el importe total de condena." (op. cit. pág. 138).

Jorge Sappia señala que "el Fondo de Cese Laboral se forma con el aporte -debió decirse contribuciones para mantener el clásico criterio de llamar así a los pagos impuestos al empleador- que obligatoriamente debe depositar el principal, en forma mensual, y sin que sea exigible ninguna antigüedad al trabajador, desde que comienza la ejecución del contrato" (El estatuto de los trabajadores de la construcción, Revista de Derecho Laboral 2004-1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, pág. 102). Confrontados los argumentos del actor con los fundamentos del fallo y los antecedentes del caso a la luz de las disposiciones legales referenciadas, se advierte que le asiste razón al recurrente cuando denuncia infracción de las disposiciones del art. 229 de la LCT en orden a los alcances de la responsabilidad solidaria de los sucesivos empleadores. En el marco de la norma citada, la responsabilidad solidaria del cedente alcanza solo a las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes al momento de efectuarse la cesión; en tanto que el nuevo empleador (cesionario) asume en forma solidaria las deudas existentes y es deudor exclusivo de las que se generen a partir de la cesión o transferencia. Las obligaciones alcanzadas por la solidaridad legal son: a) las deudas contraídas por el cedente antes de la cesión, tanto las que ya resultaban exigibles en ese momento como las que aún no tenían plazo vencido; b) las indemnizaciones por el despido indirecto motivado por la transferencia; c) las indemnizaciones derivadas de la extinción, si el transmitente despide al trabajador en razón de la transferencia o si el adquirente no admite la continuación de la relación. Los autores coinciden en que la solidaridad no abarca las obligaciones nacidas con posterioridad a la transferencia, que están exclusivamente a cargo del nuevo empleador, salvo, naturalmente, el caso de fraude (Ackerman, Mario E., Tratado de Derecho del Trabajo, Tomo III, pág. 788/789; Vázquez Vialard, Antonio, Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Tomo III, págs. 246/247, Etala, Carlos A., Contrato de Trabajo, pág. 228). La solidaridad dispuesta legalmente, tiende a impedir que, por vía de la transferencia, se prive al empleado de toda garantía de su crédito al desaparecer su obligado directo (cfr. CSJT, "Brizuela, Miguel Ismael y otro vs. Palavecino, Víctor Miguel y otros s/ Cobros", sentencia nº 1315 del 22/12/2008).

De allí que en las concretas circunstancias de la causa, en la que el tribunal tuvo por operada la cesión del contrato de trabajo en los términos del art. 229 de la LCT, y que no se efectuaron los depósitos del fondo de cese laboral -o de desempleo- por parte del cedente ni del cesionario (circunstancias que no se encuentran controvertidas), cabe concluir que el Sr. José Santos Nuñez en su carácter de cedente en los términos del citado art. 229, resulta solidariamente responsable respecto de los aportes al referido fondo devengados al tiempo de la cesión acaecida el 31/01/1992. Ello así, por cuanto los aportes al fondo de cese laboral deben ser depositados por el empleador mensualmente y en los plazos previstos en la ley (arts. 15 y 16 de la Ley 22.250), es decir, se devengan mes a mes como la remuneración del trabajador, sin perjuicio de que la disponibilidad y exigibilidad del referido fondo por parte del trabajador esté diferida hasta el momento del cese de la relación laboral.

En consecuencia corresponde, en lo pertinente, casar parcialmente el pronunciamiento impugnado en base a la siguiente doctrina legal: "En el supuesto de cesión del personal contemplado en el art. 229 de la LCT, el cedente es solidariamente responsable por los aportes al fondo de cese laboral devengados al momento de la cesión".

En mérito a todo lo antes expresado, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el actor, por ende, Casar parcialmente la sentencia impugnada, puntos dispositivos I -solo en cuanto a los períodos y monto por los que prospera el rubro fondo de cese laboral o fondo de desempleo y la planilla de condena que también se deja sin efecto-, II y III -solo en cuanto admite la defensa de prescripción opuesta por los demandados- y Disponer en sustitución de los puntos dispositivos I, II y III del pronunciamiento recurrido: "I. Hacer Lugar Parcialmente a la demanda interpuesta por Lorenzo Domingo Sequeira contra José Raúl Nuñez por los siguientes rubros: haberes adeudados correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2000, Sueldo Anual Complementario 1º semestre del año 2.000, vacaciones proporcionales del año 2.000, fondo de desempleo (aportes período 15/08/1972 al 27/07/2000), ropa de trabajo e indemnización prevista en el art. 18 de la Ley 22250 por el monto que surja de la planilla de condena, y Rechazarla por el concepto asignación por hijo. II. Condenar solidariamente a Enrique Nuñez, Dardo Samuel Nuñez, José Raúl Nuñez y Amalia Cervanda Nuñez en su carácter de herederos del codemandado José Santos Nuñez, por el rubro fondo de cese laboral -o fondo de desempleo- solo por los aportes devengados al momento de la cesión (conf. art. 229 de la LCT). III. No Hacer Lugar a la excepción de prescripción interpuesta por los demandados y Rechazar la de falta de acción opuesta por José Santos Nuñez"; Dejar sin efecto la imposición de costas contenida en el punto IV y los honorarios fijados en el punto resolutivo V; y Remitir los autos a la Cámara a fin de que practique nueva planilla de condena, imponga las costas y regule los honorarios profesionales.

6. Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado en razón de que la nulidad declarada proviene de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPT y 105, inc. 1° del CPCCT).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, sin perjuicio de dejar expresamente consignado que el recurso de casación deducido por la parte actora cumple con el requisito del artículo 131 inciso 1) del CPL, en la medida en que está fundado en una supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo. Al respecto, es del caso aclarar que la ponderación por parte de este Tribunal Cimero de la valoración del material probatorio de la causa efectuada por el Tribunal de grado, resulta objeto propio del recurso extraordinario local, por tratarse de una típica cuestion jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del A quo.

Por lo señalado, el recurso en examen es admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara del Trabajo del 30/11/2009 (fs. 409/414) en base a las doctrinas legales expresadas en los apartados 5 y 5.1 de los considerandos. En consecuencia, CASAR parcialmente el referido fallo, puntos dispositivos I -en cuanto a los períodos y monto por los que prospera el rubro fondo de cese laboral o fondo de desempleo y la planilla de condena que también se deja sin efecto-, II y III -solo en cuanto admite la defensa de prescripción opuesta por los demandados-; y DISPONER SUSTITUTIVAMENTE: "I. Hacer Lugar Parcialmente a la demanda interpuesta por Lorenzo Domingo Sequeira contra José Raúl Nuñez por los siguientes rubros: haberes adeudados correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2.000, Sueldo Anual Complementario 1º semestre del año 2.000, vacaciones proporcionales del año 2.000, fondo de desempleo (1.972/2.000), ropa de trabajo e indemnización prevista en el art. 18 de la Ley 22.250 por el monto que surja de la planilla de condena, y Rechazarla por el concepto asignación por hijo. II. Condenar Solidariamente a Enrique Nuñez, Dardo Samuel Nuñez, José Raúl Nuñez y Amalia Cervanda Nuñez en su carácter de herederos del codemandado José Santos Nuñez, por el rubro fondo de cese laboral -o fondo de desempleo- solo por los aportes devengados hasta el momento de la cesión (conf. art. 229 de la LCT). III. No Hacer Lugar a la excepción de prescripción interpuesta por los demandados y Rechazar la de falta de acción opuesta por José Santos Nuñez"; DEJAR SIN EFECTO la imposición de costas contenida en el punto IV y los honorarios fijados en el punto resolutivo V; y REMITIR los autos a la Cámara a fin de que practique nueva planilla de condena, imponga las costas y regule los honorarios profesionales.

II.- COSTAS del recurso, conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ .

Reg: 00032626-03