Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 17942 EXPEDIENTE N° 36.333/2011 SALA IX JUZGADO Nº 72 En la Ciudad de Buenos Aires, 28/6/12 para dictar sentencia en los autos caratulados "ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS C/ MIRANT BORDE MIGUEL ALFREDO S/ JUICIO SUMARÍSIMO", se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:

I.- Que las presentes actuaciones llegan a conocimiento de esta Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 68/72 contra la resolución dictada a fs. 64/66 mediante la cual la Sra. Juez de la instancia anterior admitió la acción de exclusión de tutela sindical interpuesta por la parte actora y a fin de cursarle al Sr. Miguel Alfredo Mirant Borde la intimación prevista por el art. 252 L.C.T.

Que a fs. 75/78 contestó agravios la parte actora.	Que a fs. 82 se dispuso correr vista de las presentes actuaciones al Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien contestara a fs. 84/vta. (Dictamen Nro. 54.464 del 29/3/12).

II-	Que teniendo en cuenta la controversia planteada en autos y alcances del recurso interpuesto, no se discute en la causa que el accionante goza de estabilidad sindical en los términos de lo dispuesto por el art. 48 de la ley 23.551 y que se encuentra en condiciones de acceder a los beneficios del sistema jubilatorio (ver pronunciamiento apelado y escrito recursivo, en particular fs. 65/vta. y fs. 69vta.).

Concretamente, la controversia gira en torno a si respecto de un trabajador con estabilidad sindical puede cursarse la intimación prevista por el art. 252 L.C.T., previa acción de exclusión de tutela sindical.

Al respecto observo que la garantía de estabilidad sindical prevista por el art. 48 de la ley 23.551 sólo cesa por las razones de índole general previstas por el art. 51 de la ley 23.551 o previa acción judicial en los términos del art. 52 de la ley 23.551.	Justamente la acción incoada por la Afip en la presente se funda en lo dispuesto por el art. 52 de la ley 23.551 y persigue que, por la vía sumarísima en sede judicial, se disponga el levantamiento de la tutela sindical a los fines de proceder a cursarle al trabajador la intimación prevista por el art. 252 L.C.T.

Es ésta la única y exclusiva forma por la que cede la estabilidad sindical, en un caso particular, previo cotejo por el judiciante en el marco de la acción sumarísima que la medida que pretende adoptar la empleadora no encubra prácticas antisindicales o persecutorias de quien goza de estabilidad sindical.

Criterio que sostuviera este Tribunal en anteriores oportunidades al decir que sólo mediante resolución judicial recaída en el marco del procedimiento sumarísimo previsto por el art. 47 de la ley 23.551 cede la garantía de estabilidad sindical, lo que también ".alcanza la situación prevista en el art. 252 de la LCT cualquiera sea el régimen especial que se pretenda proyectar en orden a la edad, aportes o requisitos particulares de la prestación." ("Largui, Humberto Emilio c/ Aerolíneas Argentinas S.A. s/ despido" Sent. Def. Nro. 17.298 del 23/9/11).

III- Por otra parte, el art. 52 de la ley 23.551 no distingue qué circunstancias podrán justificar -a criterio del juzgador- el levantamiento de la tutela sindical, las que justamente deberán ser ponderadas por el sentenciante y - como se dijera anteriormente- previo cotejo que la medida que pretende adoptar la empleadora no encubra prácticas antisindicales o persecutorias de quien goza de estabilidad sindical.

Y, en el punto, remarco que en el escrito recursivo no se cuestiona en modo alguno lo decidido en la instancia anterior con relación a que la finalidad perseguida por la Afip -en este caso particular- se vincula exclusivamente con razones vinculadas con encontrarse el trabajador en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio; así como tampoco se individualizan elementos objetivos que permitan vislumbrar una intención contraria a la libertad sindical en la conducta de la empleadora. Centrando únicamente su apelación en los alcances que cabe darle a la garantía de estabilidad sindical en el caso de marras.

Lo que -en mi criterio- sella la suerte adversa del recurso incoado.	IV- Por lo demás, la naturaleza del vínculo habido entre las partes y las características de la empleadora en modo alguno pueden ser entendidos como una "imposibilidad" de extinción del contrato de trabajo, en particular cuando la causal de la que se trata es justamente la disolución por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a los beneficios del régimen jubilatorio. El cese por encontrarse en condiciones de acceder a las prestaciones del régimen previsional no distingue entre trabajadores del ámbito privado o público o entes de la naturaleza de la Afip. V- Sentado ello y toda vez que comparto íntegramente las consideraciones efectuadas por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a fs. 84/vta. (Dictamen Nro. 54.464 del 29/3/12), a cuyos argumentos y solución cabe remitirse en homenaje a la brevedad y que forma parte integrante de la presente, concluyo que, toda vez que no se advierten razones que justifiquen un apartamiento de lo decidido en la instancia de origen, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y -en su mérito- confirmar la resolución recurrida.	VI- En atención a la solución a la que arribo y el principio general que rige en la materia, las costas de esta Alzada propongo que se declaren a cargo de la demandada (art. 68 CPCCN).

VII- Teniendo en cuenta la naturaleza de las tareas profesionales cumplidas en esta instancia y las pautas arancelarias vigentes fijo los honorarios de los presentantes de fs. 68/72 y fs. 75/78 en el 25 % y 25 %, respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa anterior.	Por lo expuesto y de prosperar mi voto, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a fs. 84/vta., propicio: 1) Confirmar la sentencia apelada. 2) Declarar las costas de Alzada a cargo de la demandada. 3) Regular los honorarios de los presentantes de fs. 68/72 y fs. 75/78 en el 25 % y 25 %, respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa anterior. El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I- Que analizada la cuestión planteada en autos respetuosamente discrepo con mi distinguido colega preopinante. Ello así por las razones que expreso a continuación:

1- En primer lugar, teniendo en cuenta que no se discute en autos que el actor goza de estabilidad sindical, caber recordar que el eje del debate se centra en torno a si la acción de exclusión de tutela sindical es una vía idónea para que la empleadora luego de su admisión pueda cursarle la intimación prevista por el art. 252 L.C.T.

En tal sentido, coincido con lo afirmado por el Dr. Fernández Madrid en cuanto a que el delegado o el dirigente en condiciones de jubilarse no puede ser despedido antes de que finalice el lapso de estabilidad en el cargo gremial (arts. 48, 50 y 52 de la ley 23.551). De ahí que no sea viable la intimación para que se jubile que implicaría vulnerar dicha garantía, en tanto el cese no se haga efectivo después de su vencimiento (cfr. FERNANDEZ MADRID, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Tomo II, Ed. La Ley, Bs. As., 2001, pag. 1809).

2- Por otra parte, no se puede soslayar los efectos de la sentencia recaída en el marco de la tramitación de una acción de exclusión de tutela sindical y, en el punto, hay que tener en cuenta los alcances de este debate que Scotti describe acertadamente: "...por una parte se sostiene que este procedimiento posee naturaleza eminentemente cautelar y tiene por objeto solamente determinar la verosimilitud de la conducta atribuida al trabajador y al solo efecto de que el principal adopte la medida invocada en su demanda, la que debe merituarse en atención a las circunstancias que 'prima facie' tornen verosímil el planteo traído a decisión sin que ello implique abrir juicio acerca de la legitimidad final o el acierto de la medida (en el caso de que efectivamente se la aplique), aspecto que deberá ser dilucidado en otro proceso. En cambio para otra importante corriente de opinión y cuya postura compartimos, el pronunciamiento a dictarse en un procedimiento sumarísimo de exclusión de tutela no constituye una medida cautelar sino una decisión definitiva emitida en un pronunciamiento pleno que, por lo tanto, produce el efecto de cosa juzgada material y formal y no puede revisarse en otro juicio posterior" (cfr. SCOTTI, Héctor Jorge, "La protección a la actividad gremial", en Derecho Colectivo del Trabajo, Ed. La Ley, Bs. As., 1998, pág. 391).

Este debate también se ha suscitado en la jurisprudencia y en el pronunciamiento dictado por la Sala VI de la C.N.A.T pueden verificarse ambas opiniones. Así de los votos coincidentes de los Dres. Morando y Fernández Madrid se resuelve que la sentencia recaída en el marco del procedimiento sumarísimo de exclusión de tutela sindical reviste efectos de cosa juzgada, mientras que el voto minoritario del Dr. Capón Filas se enrola en el otro criterio, es decir que el procedimiento de exclusión de tutela sindical es provisorio y cautelar (C.N.A.T, Sala VI, "Establecimiento Modelo Terrabusi c/ Ferreira Silvio" Sent. del 25/10/94).	3- Pues bien, no se puede obviar la importancia que la estabilidad sindical tiene en orden a la protección de la persona que ejerce un cargo de representación sindical, así como también con relación a la tutela del interés de quienes lo han elegido para el desempeño de dicho cargo. De allí que este derecho fundamental se encuentra reconocido y tutelado por normas de jerarquía constitucional y supralegal. Tal el caso del art. 14 Bis. C.N. y de los los arts. 22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 23 inc. 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 22 del Pacto Internación de Derechos Civiles y Políticos y 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial.

Por otra parte, el artículo 3 del Convenio Nro. 87 de la O.I.T. garantiza a las organizaciones de trabajadores el derecho de elegir libremente a sus representantes y el artículo 1 del Convenio Nro. 98, en su apartado 1, establece que "... los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo ..." y en el apartado 2 inciso b) se prevé que "... dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto ... despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo ...".

También se debe recordar que el Convenio Nro. 135 de la O.I.T. se refiere a los representantes de los trabajadores y en el artículo 1 establece que "... los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor ..".

De tal modo, en mi opinión, teniendo en consideración la importancia trascendental que reviste la tutela de la permanencia en el puesto de trabajo de los representantes sindicales, que se desprende de la jerarquía del marco normativo descripto, dicha garantía de estabilidad no puede siquiera amenazada en su duración por la vía de cursarle al trabajador la intimación prevista por el art. 252 L.C.T., aún cuando dicha intimación sea el resultado de un trámite judicial previo como el de exclusión de tutela sindical. Pues ello posibilitaría que mediando un trámite de naturaleza como la acción de exclusión de tutela sindical se autorice a la empleadora a intimar en los términos del art. 252 L.C.T. y, a todo evento, a la finalización del plazo a disolver el vínculo de conformidad con lo previsto por dicha norma legal, afectándose por esta vía una garantía de raigambre constitucional como es la estabilidad en el puesto de trabajo.

En el mismo sentido puede consultarse lo resuelto por la C.N.A.T., Sala V, "Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado c/ Hamid Amed Abdul s/ Juicio Sumarísimo", Sent. Def. Nro. 73066 del 20/4/11 y C.S.J.N. en "González Avelino c/ Frigorífico La Blanca S.A.", del 4/9/68.	En definitiva, por las consideraciones expresadas precedentemente, propicio se revoque el pronunciamiento apelado y, en su mérito, se desestime la acción de exclusión de tutela sindical incoada.

II- De conformidad con lo dispuesto por el art. 279 C.P.C.C.N. y teniendo en cuenta la solución propuesta, corresponde efectuar una nueva imposición de costas y regulación de honorarios.

Por tanto, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida, índole de los derechos involucrados y forma de resolver, propongo que las costas de ambas instancias se declaren a cargo de la parte actora (art. 68 C.P.C.C.N.)	Con respecto a los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada, teniendo en cuenta la naturaleza de las tareas cumplidas en la instancia anterior y las pautas arancelarias vigentes, propongo que se fijen en las respectivas sumas de $ 1.500 y $ 1.800, calculada a valores a la fecha de este pronunciamiento.

Asimismo, por las tareas realizadas ante esta Alzada, fijo los honorarios de los presentantes de fs. 68/72 y fs. 75/78 en el 25 % para cada uno, a calcular sobre las sumas que les corresponde percibir por las labores cumplidas en la etapa anterior. El Dr. Gregorio Corach dijo:

Por compartir sus fundamentos, en cuanto es materia de disidencia, adhiero al voto del Dr. Balestrini.

A mérito del acuerdo que antecede y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a fs. 84/vta., el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada. 2) Con costas de Alzada a cargo de la demandada. 3) Regular los honorarios de los presentantes de fs. 68/72 y fs. 75/78 en el 25 % y 25 %, respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y, previa citación fiscal, devuélvase.

Dr. Roberto Pompa Dr. Alvaro E. Balestrini JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA	Dr. Gregorio Corach JUEZ DE CÁMARA Ante Mí