Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-08


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Nueve.- San Fernando del Valle de Catamarca, 08 de mayo de 2013.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nº076/2011 "SESTO de LEIVA, Amelia del Valle - c/ ESTADO PROVINCIAL - s/ Acción Autónoma de Inconstitucionalidad", en los que a fs.65/70vta. obra Dictamen Nº76 de la Sra. Procuradora General Subrogante Margarita Niederle de Monti; llamándose autos para Sentencia a fs.71- En este estado el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) Es procedente la Acción Autónoma de Inconstitucionalidad interpuesta. En su caso que pronunciamiento corresponde.

2) Costas.- Practicado el sorteo conforme al Acta obrante a fs.72, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JULIO EDUARDO BASTOS, ENRIQUE ERNESTO LILLJEDAHL y CRISTINA CASAS NÓBLEGA.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Bastos dijo:

1.-) Se interpuso por la señora Un Ministro de la Corte de Justicia interpone Acción Autónoma de Inconstitucionalidad en contra del Estado Provincial, en el escrito de fs. 13/16, solicita se declare la inconstitucionalidad del Art. 195 de la Constitución Provincial, en cuanto limita la inamovilidad de los Magistrados a la edad de sesenta y cinco años.

Indica que en el orden federal, el actual Art. 110 de la Constitución Nacional, consagra la inamovilidad sin límites de edad, al establecer que "Los jueces de la Corte Suprema y de los Tribunales Inferiores de la Nación, conservarán sus empleos mientra dure su buena conducta ."; además de que la disposición mediante la cual se incorpora al Art. 99 inc. 4, 3º párrafo, en cuanto a la necesidad de un nuevo acuerdo para mantener el cargo de los magistrados que cumplan la edad de setenta y cinco años, ha sido fulminada por inconstitucional, por la Corte de Justicia de la Nación, en el caso testigo "Fayt, Carlos S.", al no formar parte, el tema relativo a la designación y remoción de los magistrados federales, de ninguno de los puntos I y J del Núcleo de Coincidencias Básicas para la reforma constitucional de 1994.- Sostiene que el valioso precedente ha determinado que al efectuarse la reforma se extralimitó el Órgano Constituyente, de allí que el actual Art. 110 cobra plena vigencia, en cuanto a la estabilidad vitalicia de los magistrado mientras dure su buena conducta, tal instituto integra los contenidos, mal llamados pétreos que cuentan con jerarquía constitucional; que el Art. 5to de la Carta Magna, reconoce la facultad de cada Provincia para dictar su Constitución, pero con claros lineamientos de los cuales, éstas, no pueden apartarse, con tal orden de ideas, es que la CSJN en "Iribarren, Casiano R. c/Provincia de Santa Fe" declaró la inconstitucionalidad de un precepto similar, al que se impugna con la presente acción; también cita el caso "Lilljedahl, E. c/Estado Provincial", tramitado y fallado, por la Corte Local, para proceder luego a reproducir los fundamentos allí desarrollados, en los que integrara el Tribunal, la hoy actora.- Sostiene que el límite de edad impuesto por la norma provincial, no supera el análisis de razonabilidad intrínseca que toda norma debe contener, además de controvertir el límite fijado por la Constitución Nacional, pues esta última lo fija en los setenta y cinco años, con la posibilidad de continuar en el cargo, con nuevos acuerdos, cada cinco años. Además la disposición coloca a los Magistrados en situación de precaridad funcional y sujetos al arbitrio del Poder Ejecutivo. Ofrece prueba y solicita se dicte sentencia por la que se haga lugar a la acción entablada.- 2.-) Se contesta el traslado oportunamente corrido en presentación que se agrega a fs. 46/51 vta., señala la claridad del texto del Art. 195 de la Constitución de la Provincia, que se completa con lo normado por el Art. 196, indicando que al asumir el cargo, la actora, no efectúo reserva alguna o planteo de inconstitucionalidad de tales normas, de allí que su conducta quede atrapada por el instituto del sometimiento voluntario a un determinado régimen jurídico, no puede luego impugnarlo de inconstitucional.- Indica que la norma es consecuencia del régimen federal adoptado para la Nación, como modo de organización social y política, por el cual cada Provincia conserva su propia identidad, personalidad política y su autonomía respecto a determinada materias cuyo tratamiento y legislación así fue consagrado en el Preámbulo y en los primeros artículos de su texto; además el Art. 121 del Ordenamiento Nacional, explicita que las provincias conservan todo el poder no delegado al Estado Nacional; menciona la existencia de fallos del Alto Tribunal Nacional para concluir que el Art. 195 no es contrario a los Arts. 110 y 120 de la Constitución Nacional y que el Art. 196, también local determina que la inamovilidad se pierde cuando se presentaren determinadas situaciones, entre ellas el cumplir la edad de sesenta y cinco años.- Señala que en el caso Fayt no se declaró la nulidad de la reforma constitucional, sino de que no le era aplicable, por haber sido designado durante la vigencia de la Constitución de 1860 y por principios sentados por el Código Civil en lo que hace a la irretroactividad de las normas. Además de que en los casos Reuteman, Iribarren y Fayt se sostuvo que si bien las constituciones provinciales deben adecuarse a la Constitucional Nacional, no puede exigirse que sean idénticas, ni se constituyan en una copia literal o mecánica de aquélla.- Indica que el texto del Art. 195 de la Constitución Provincial, establece un límite objetivo y general, que no afecta la independencia y sí preserva al magistrado de los avatares políticos y de que el Art. 110, de la Norma Nacional, no resulta aplicable por cuanto aquélla sólo es aplicable a los Jueces Nacionales. Sostiene además que la Carta Provincial se adecua en un todo a la Constitución Nacional, por lo que no cabe declarar su inconstitucionalidad.- 3.-) De comienzo constituye un imperativo puntualizar que el tema de la presente acción fue tratado de manera exhaustiva por la Procuración de la Corte, por lo que expreso mi adhesión al Dictamen Nº 76, del año 2012, producido por la señora Subrogante Legal, que se agrega a fs. 65/70 vta. del expediente, cuyos fundamentos y conclusiones doy por reproducidos, en honor a la síntesis.- 4.-) Dicho lo anterior, me ocuparé de algunos aspectos que, entiendo son dignos de destacar y que hacen a la temática de la presente acción, así es que voy a tomar la afirmación efectuada por la demandada, de que en realidad el límite de los sesenta y cinco años, es objetivo y general.- I.-) Afirmo que si se trata de un tema objetivo, debe tenerse presente que la Carta Provincial es del año mil novecientos ochenta y ocho, y desde esa fecha al presente ha variado de un modo sustancial la expectativa de vida, es así que según la Organización Panamericana de la Salud, información brindada por el diario La Gaceta, del 20-09-12, la esperanza de vida en Argentina, aumentó 27 años, como consecuencia convivirán cuatro generaciones.- Según Informe de XXVIII Conferencia Sanitaria Panamericana, que se desarrollara en Washington 2006, tantos los nacidos en América Latina y el Caribe vivirán durante el Siglo XXI, en un porcentual superior al 40%, los 80 años.- La Organización Mundial de Salud, confirma que España tiene la mayor expectativa de vida de Europa, con una media de 82,2 años. Agencia EFE, 13 de Marzo 2013. En el diario El País de Madrid, señala que 14 abogados de 80 años ejercen el turno de oficio. Aclaro que critican tal cuestión.- Puede observase fácilmente que desde la sanción de la Constitución de la Provincia, hasta el presente han transcurrido 25 años, por lo que al tratarse de sólo de una cuestión objetiva, por su sinónimo con lo fáctico, necesita, con total seguridad, actualización, para que conjugue con los nuevos parámetros que rigen la expectativa de vida de los habitantes de nuestra Provincia, que no está ajena a la generalidad que abarcan los informes antes citados.- II.-) La Constitución de la República del Paraguay, del año 1992, determina que la designación de los Miembros de la Corte lo será de por vida, con límite la edad de 75 años, para evitar criterios políticos en la designación. Trabajo sobre LA INAMOVILIDAD JIDICIAL de Rubén Maciel Guerrero.- III.-) En la exposición realizada por el Presidente del Poder Judicial Hugo Sivini Hurtado, ante la Comisión de Justicia del Congreso, Lima 27-08-03, señala que la edad de 65 años fijada como tope para los Magistrados de la Corte, indica que no sabe en mérito a qué criterio o investigación de orden fisiológico o psicológico se establece tal límite, para que se pierda la capacidad para efectuar una adecuada aplicación o invocación de la ley. El hecho de que se hubiere ceñido tal normativa al Poder Judicial, resulta suspicaz, por cuanto al ser un parámetro fáctico, también debería ser de aplicación a los integrantes de otros poderes del Estado, para el caso del Legislativo que participa en la elaboración de la legislación y del Ejecutivo que aplica aquélla.- IV.-) Bidart Campos, respecto de la limitación por la edad del ejercicio de alguna actividad, se pronuncia en el sentido de que todo fin debe ser alcanzado con medios aptos y proporcionados, poniendo énfasis en resaltar que la circunstancia de superar un límite de edad (determinado) es totalmente arbitrario y no significa que se carezca de aptitud técnica para desempeñar determinadas funciones por lo que el mero parámetro de la edad no es, considerado constitucionalmente un medio apto ni proporcionado. El trabajo es, desde el punto de vista dikelógico, una actividad humana en la que el hombre empeña y compromete su dignidad, no es una mercancía sino una conducta humana y por tratarse de la dignidad efectuar una distinción sobre el particular se trata de una discriminación palpable. Que debe ser corregida.- V.-) Con fecha Marzo de 2013, el Papa Francisco, en reunión con los Cardenales, en la Sala Clementina expreso que: "La vejes es la sede de la sabiduría de la vida, como el caso de Simeón ." (diario Clarín del 16-03-13 pág. 9). También resulta un precedente a tener en cuenta, de alta significación, pues no podemos perder de vista que el propio Francisco, fue elegido Papa por el Colegio Cardenalicio, cuando ya superó la edad de 75 años, persona que es, nada más ni nada menos, que el Vicario de Dios en la tierra.- VI.-) a.-) El voto del Dr. Negri en "Briceño A. c/Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, L.L. Buenos Aires 2002-1392, dijo: Una limitación así que no puede ser vencida siquiera con la acreditación de la aptitud profesional y la idoneidad para el cargo es francamente discriminatoria y contradice abiertamente el derecho a trabajar con igualdad ante la ley.- Los límites siempre con una finalidad admisible, dentro del esquema constitucional, deben tener presente que el derecho a trabajar se encuentra íntimamente ligado con la promoción individual, familiar y social.- b.-) La Corte de Justicia de Tucumán, sala Laboral y Contencioso Administrativa, 2008-07-11 "López, Estela del V. c/Provincia de Tucumán", decidió que: Carece de fundamentación el límite de edad consagrado en el artículo 13 inciso c de la ley 3470 de la Provincia de Tucumán -estatuto del docente-, por cuanto importa establecer un impedimento absoluto para poder desempeñar un cargo docente en carácter de titular, en violación a los artículos 14, 16 y 33 de la Constitución Nacional, con mengua de los derechos del afectado frente a los demás habitantes de la República sin que razones de "interés público" o "bien común" así lo justifiquen. . aparece como discriminatoria y contradice el derecho a trabajar y a la igualdad ante la ley por ser un límite que no podrá ser vencido con la acreditación de la aptitud profesional y de la idoneidad para el cargo.- Al comentar el fallo Laura J. Casas (La Ley Noroeste 2009-623/627), al sentar su conclusión dijo: "Este fallo declaró la inconstitucionalidad de una norma que no se ajustaba a la Constitución Nacional y a los tratados de Derechos Humanos porque era discriminatoria. En el análisis de la misma consideró que no esgrimieron razones de interés público o bien común u otras razones sustanciales que justifiquen su dictado pero no exigió que el Estado acredite un interés imperioso o la imposibilidad de lograr idéntico resultado con una disposición menos gravosa para el agraviado, exigencias estas que forman parte del escrutinio estricto que es el que se efectúa cuando se utiliza en una norma alguna de las categorías consideradas sospechosas. Pero tampoco puede afirmarse que el Tribunal realice un tradicional test de razonabilidad donde evalúe solamente la proporcionalidad entre el medio empleado y el fin buscado por la norma.".- c.-) El TTrab.Nº 3, Lanús "C., G. D. c/Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires", sentenció: "El art. 57 inc. e) del Estatuto Docente para la Provincia de Buenos Airtes -ley 10.579- en cuanto fija un tope de edad para inscribirse en los listados oficiales de ingreso a la docencia -45 años, con prorroga hasta los 50 en ciertos supuestos puntuales-, atenta contra la prohibición de discriminación por la condición social arts. 1º, Convención Americana de Derechos Humanos; 26, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de Discriminación.".- d.-) La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció el 11/12/12, en "Franco, Blanca T. c/Provincia de Buenos Aires", indicando que: "El art. 32 inc 1º del dec-ley 9020/78, en cuanto establece como causal de inhabilidad para ejercer funciones notariales la edad de 75 años, dispone una presunción "juris et de jure" de que quienes alcanzan dicha edad se encuentran incapacitados para ejercer tales funciones, resultando arbitrario debido a su generalidad y a su falta de sustento racionalidad, además de vulnerar el derecho de trabajar y la garantía de igualdad ante la ley, consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de jerarquía constitucional. . resulta inconstitucional por alterar la garantía de igualdad ante la ley, pues establece sin razón atendible una discriminación en perjuicio de los escribanos que lleguen a la edad aludida y no lo ha hecho respecto de otros profesionales con título universitario que ejercen funciones de relevancia social similar a la de aquéllos". L.L. 2003-D- 311.- Transcribo la conclusión a la que arriba C. A. Gómez, al comentar el pronunciamiento bajo el título "DERECHO A LA IGUALDAD Y LA DISCRIMINACIÓN EN RAZON DE LA EDAD, L.L.-D-311/316. "Colofón: . La generalidad de la presunción, que aparece juris et de jure, es falsa. Esto es, la edad de 75 años de los escribanos, no es ningún impedimento para ejercer la profesión con idoneidad probidad, rectitud y aptitud. Como sostiene la Corte "el solo hecho de alcanzar la edad de 75 años no revela la ausencia de condiciones para cumplir la función encomendada". El medio (la edad) escogido para restringir derechos fundamentales es irrazonable, por alterarlos esto es, se lesiona el derecho a trabajar (art. 14, CN) y a la vez no guarda ninguna relación sustancial con el fin que se pretende tutelar, la que además, era innecesaria y prescindible, ya que dicho interés general, se halla suficientemente resguardado con las normas que permiten separar a un escribano en caso de impedimento para ejercer la profesión. Es de sospechar la norma que fija un tope de edad, presumiendo que quienes la sobrepasan, carecen por ello, de aptitud de idoneidad, por ejemplo, para seguir ejerciendo la profesión notarial o cualquier otro oficio para el cual la persona se haya capacitado o para ingresar al sistema (v.gr. educativo), lo que no resiste una valoración objetiva. En síntesis, la edad de las personas no es un criterio válido de diferenciación, por lo que la medida restrictiva deberá sustentarse y acreditarse en algún criterio objetivo distinto de aquélla. Dicha justificación es tarea del Estado. Así sea.".- En el caso "Iribarren, Casiano R. c/Provincia de Santa Fe s/Acción declarativa" la Corte de la Nación se pronunció por la inconstitucionalidad del art. 88 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe por entrar en conflicto con el art. 5º de la Constitución Nacional. Sostuvo que aquella disposición en tanto dispone, sine die, la pérdida de la inamovilidad en el cargo de los magistrados que cumplan la edad de 65 años siempre que estén en condiciones de obtener su jubilación, y somete su continuidad en la función al arbitrio del gobernador de la Provincia, incumple con el debido respeto que las provincias deben guardar para con el sistema republicano de gobierno; puesto que la independencia de los jueces es un aspecto esencial y necesario a este requisito.- El caso que acabo de señalar guarda identidad con el que es tratamiento de la presente resolución, por lo que entiendo debe ser atendido con especial atención.- VII.-) a.-) En la declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, se determinó que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la Seguridad Social, en tanto que en la Declaración de Derechos y Deberes Humanos 1948, en el Título XVI se establece que toda persona tiene derecho a la Seguridad Social que la proteja contra las consecuencia de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad, que procedente de cualquier otra causa ajena a la su voluntad, la imposibilite física y mentalmente para obtener medios de subsistencia.- La normativa explicitada parece indicar que la protección se otorga, para cuando se haya alcanzado cierta edad y se presenten otras condiciones de las cuales es ajeno el beneficiario, lo que me hace sostener que el límite determinado por la Norma Constitucional Provincial, no puede actuar por si mismo, sino por el contrario necesita de la presencia de otra condición para resultar expedita.- b.-) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con rango Constitucional, Art. 75, Inc. 22 de la Constitución Nacional, también se estima vulnerado, desde que el Art. 26 prescribe: "Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.- En el mismo sentido se expresa la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación; conforme lo señalado se transgrede los Arts. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.- 5.-) I.-) En lo que hace al tema del control de constitucionalidad sobre las constituciones provinciales Alberto A. Spota, en "EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE LAS CONSTITUCIONES DE PROVINCIA (L.L. 2004-C-1190), expresa que: "Desde antiguo señaló la Corte que la autonomía provincial, merecedora del más cuidadoso de los respectos, reconoce límite en los derechos y garantías constitucionales (Fallos 250:811, entre otros). En consonancia con esta jurisprudencia, desde antaño, empero con carácter de excepción, se abocó a declarar la inconstitucionalidad de constituciones provinciales en cuanto afectasen derechos y garantías plasmados en la norma fundamental ."; al redactar el apartado V. Colofón, entre otros aspectos señala: "A su vez las constituciones de provincias están impedidas de conculcar o desconocer derechos o garantías de orden federal. O dicho de otra suerte, los derechos y garantías consagrados por el constituyente son una valla insalvable para el quehacer del poder constituyente provincial .".- Señala precedentes en los cuales se trató el tema en análisis, Fallos 312:326; 312:1394; 314:495 y 324:2315 disidencia Dr. Fayt y Petracchi.- II.-) La Excma. Corte de Justicia Nacional en el expediente "Hooft, Pedro c/Provincia de Buenos Aires", en lo que hace a las garantías constitucionales, dijo: . sólo son renunciables cuando están en juego derechos de contenido patrimonial y no aquéllos vinculados directamente con el estatus personal de la libertad (del dictamen de Procurador que la Corte hace suyo), ello en lo concerniente a la aplicación de la teoría de los actos propios, a la que recurre la demandada y esgrime como defensa.- Señala Mario A. Midon, en el comentario al fallo, bajo el título de DEMOSTRACIÓN DE LA "NECESARIEDAD" DE LA RESTRICCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD (L.L. 2005-A-293), que la decisión en la que sólo se registra la disidencia del Dr. Belluscio, se dijo: ". la mencionada presunción de inconstitucionalidad de la norma local sólo podía ser levantada por la provincia demandada con una cuidadosa prueba sobre los fines que había intentado resguardar y sobre los medios que había utilizado al efecto. En cuanto a los primeros, deben ser sustanciales y no bastará que sean meramente convenientes. En cuanto a los segundos, será insuficiente para una genérica "adecuación" a los fines, sino que deberá juzgarse si los promueven efectivamente y, además, si no existen otras alternativas menos restrictivas para los derechos en juego que las impuestas por la regulación cuestionada".- Tomando como base las enseñanzas citadas, se debe prestar atención que el Estado en este expediente, se ocupó de señalar la imposibilidad de la declaración de inconstitucionalidad de la Constitución Provincial, de la aplicación de la teoría de los actos propios, sin producir o aducir razón alguna que refiera al sustento funcional de la norma atacada de inconstitucional.- 6.-) Debo decir que si tomamos como parámetro la edad de 65 años señalada por la Constitución como límite para el ejercicio de la Magistratura, con carácter general, estaríamos también creando una situación de discriminación inversa, pues si efectuamos un cotejo de tal término, con la edad para jubilarse, tenemos que para la mujer se ha establecido la edad de 60 para obtener el beneficio previsional y se le permitiría, por decisión propia continuar en el cargo hasta los 65, logrando así un plus de cinco años, situación que no se asimila con la del hombre, por cuanto el requisito para jubilarse es el de haber cumplido los 65 años, no resultando aplicable aquél plus al que hice referencia, ello constituye una real discriminación.- Tampoco el Estado tomó a su cargo señalar, cuál es el interés público, al que se persigue arribar con la aplicación de la cota fijada por el texto Constitucional provincial y por supuesto no señaló el fin a resguardar. Debe prestarse atención que ninguna prueba rindió al dejar firme la Sentencia Interlocutoria número ochenta y cuatro del Mayo 2012, que declaró a la acción, como de puro derecho (fs. 55 y Vta.).- También debe tenerse presente la decisión de la Corta en el Caso de los escribanos en el que se había fijado como límite la edad de 75 años para el ejercicio de la profesión, es decir que se dio recepción al pedido dejando de lado el término y declarar la inconstitucionalidad de la norma que lo había impuesto, hago referencia al caso toda vez que estamos en presencia de una situación en la que, un plazo superior a diez años, a la norma en tratamiento, fue objeto de revisión, suprimiendo el límite establecido, todo ello determina sin más, que debe darse reopción a la presente denuncia, para fijar parámetros de igualdad de criterio para supuestos similares.- La norma vulnera institutos fundamentales al desempeño de la función como son inamovilidad, independencia, igualdad ante la ley, el de trabajar, discriminación, división de poderes, todos contenidos en la Carta Magna Nacional, por lo que mi propuesta, en el presente acuerdo, es dar recepción a la acción instaurada, declarando en consecuencia la inconstitucionalidad de la norma impugnada.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Lilljedahl dijo:

Que la cuestión traída a conocimiento de este Superior Tribunal, ha sido motivo de tratamiento in extenso por parte de la Representante del Ministerio Público y del Ministro Subrogante que me preceden en el Acuerdo, a cuyas consideraciones y conclusiones adhiero.- Sin perjuicio de ello, estimo de absoluta pertinencia resaltar, respecto de la alegada teoría de los actos propios esgrimida por la accionada a efectos de rechazar el planteo de parte, que los alcances asignados a la misma resultan de plena aplicación dentro del ámbito del derecho privado, cuyo ordenamiento adjetivo cuenta con previsiones de ineludible acatamiento.- Pero, dicha defensa ha obviado que esta teoría tiene una importantísima excepción, configurada cuando el contradictorio se desarrolla dentro del ámbito del derecho público afectando o menoscabando derechos esenciales dentro del sistema republicano de gobierno, que trasciende a meros intereses personales o patrimoniales para afectar instituciones fundamentales del estado de derecho de donde por las características intrínsecas del plexo normativo-constitucional vigente, no puede argumentarse válidamente transpolando un instituto ius privatista para concluir reputando inimpugnable una norma de inferior jerarquía en absoluta contradicción con el derecho constitucional y supraconstitucional vigente. Así, juzgada la cuestión a la luz de la pirámide kelsiana, determina la admisión de la acción. Es mi voto.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Casas Nóblega dijo:

Habiendo sentado criterio en autos Corte Nº31/06 "Lilljedahl, Enrique Ernesto - c/ Estado Provincial - s/ Acción Declarativa de Certeza e Inconstitucionalidad", al integrar en esa oportunidad Tribunal, decisorio que conforme a las constancias de los referidos obrados que tengo a la vista se encuentra firme ante la declaración de inadmisibilidad del recurso extraordinario de fecha 21-11-2007, sin mediar acto alguno que de cuenta de haber incoado recurso de queja, ha pasado en autoridad de cosa juzgada tal decisorio.- Si bien los Sres. Ministros que me preceden en el Acuerdo han agotado prácticamente el tema objeto de tratamiento, no puedo dejar de soslayar que si el Art.99 inc.4 colocó una limitación constitucional al postulado de la inamovilidad de los jueces, consagrada en el Art.110 del Máximo Cuerpo Legal y lo ha hecho a la edad de 75 años, con la reserva de que si la idoneidad se mantiene a esa edad, la manda constitucional admite un nuevo acuerdo el que puede ser repetido indefinidamente por el mismo trámite, en base a ello no podemos decir que el tope de edad señalado resulta insalvable. Por lo tanto la limitación temporal de 65 años contenida en el Art.195 de nuestra Carta Magna Provincial deviene inconstitucional al imponer una restricción que contraviene la Constitución Nacional.- Por lo cual con este pequeño agregado, hago remisión a lo explicitado en la causa de marras votando en idéntico sentido, que se plasma en los votos que anteceden.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Bastos dijo:

Conforme lo resuelto en la primera cuestión planteada, las costas corresponde sean soportadas en el orden causado.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Lilljedahl dijo:

Costas por el orden causado.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Casas Nóblega dijo:

Costas por el orden causado.- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe.- Fdo. Dres. Enrique Ernesto Lilljedahl -Presidente- Cristina Casas Nóblega y Julio Eduardo Bastos -Ministros- Esc. Elsa Lucrecia Arce -Sec. Contenciosoadministrativa.

San Fernando del Valle de Catamarca, 08 de mayo de 2013.- Y VISTOS:

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Hacer lugar a la Acción Autónoma de Inconstitucionalidad interpuesta en contra del Estado Provincial.- - - - - - - - - - 2) Costas por el orden causado.- - - - - - - - - - - - - - - - - 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fdo. Dres. Enrique Ernesto Lilljedahl -Presidente- Cristina Casas Nóblega y Julio Eduardo Bastos -Ministros- Esc. Elsa Lucrecia Arce -Sec. Contenciosoadministrativa