marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obediencia debida, personal militar, Fuerzas Armadas
Materia: ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: González, Sonia Beatriz s/ desaparición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09

Del silencio que la Cámara mantuvo dentro de los treinta días de promulgación de la ley 23.521 acerca de si el recurrente tuvo capacidad decisoria o participación en la elaboración de las órdenes ilícitas no puede derivarse su desprocesamiento tácito, desde que la propia ley invocada lo excluye expresamente en el caso de aquellos oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que hubiesen revistado como jefe de zona en la lucha librada contra la subversión y el terrorismo.
Diferencias salariales, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual remuneración por igual tarea, doctrina de la arbitrariedad, sentencia, procedencia del recurso, aplicación errónea de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Costantini, Luciana c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad toda vez que el recurrente no logra articular un caso constitucional. Más allá del acierto o error de la sentencia, la solución a la que llegó la Sala luce adecuada y razonable desde una perspectiva constitucional y es un modo posible de encauzar el conflicto de autos; los vocales confirmaron la decisión de grado mediante la cual se demostró la lesión de los arts. 14 bis de la Constitución Nacional y 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación al estándar de igual remuneración por igual tarea. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Cámara de Apelaciones, superintendencia, funcionarios públicos, auditor interno, calificación del empleado público, facultades de la Cámara de Apelaciones, facultades del Poder Legislativo, juicio político
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dres. Literas y Bagnasco.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-20

No corresponde hacer lugar al pedido de un juez para que se practique una auditoría en su juzgado ya que no es función del Tribunal practicar investigaciones genéricas destinadas a juzgar el correcto desempeño de los magistrados a su cargo y semejante tarea, además de ser de ejecución materialmente imposible, carecería de finalidad práctica ya que no le incumbe a la Corte determinar si los magistrados han incurrido en mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones (art. 53 de la Constitución), ni le corresponde expedir avales de buen desempeño que, aun fundados, carecerían de valor para los organismos constitucionales encargados de aquella tarea.
Impuesto a los activos financieros, impuesto sobre el patrimonio neto, exenciones impositivas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Desalvo, Juan Antonio c/ Direccion General Impositiva s/ Demanda contenciosa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-14

Si el contribuyente había pagado el impuesto al patrimonio neto (Ley 21.282) por el período fiscal 1981, lo que incluyó el cómputo de las exenciones correspondientes, no es aplicable el impuesto de emergencia sobre los activos financieros (ley 22.604) en tanto alcanza a bienes exentos del impuesto al patrimonio neto.
Robo calificado, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: LIZARRAGA GUILLERMO HUGO Y CAJAL RICARDO DARDO S.D. ROBO CALIFICADO E.P. FARMACIA SARMIENTO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-06-20

El delito de robo calificado por el uso de armas se encuentra absolutamente consumado desde que la cosa mueble objeto del ilícito sale de la esfera de custodia de su legítimo tenedor.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, cuestiones prejudiciales, proceso penal, acción civil
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Odetto, Roberto Horacio c/ Persoglia, Rene y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecutivo   (Expte. CSJ Nro. 999-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-08

Pese a la argumentación de la demandada -ahora recurrente- encaminada a renovar ante los Altos estrados su postulación, instalada en los diversos grados de conocimiento, acerca de que se está ante un supuesto de prejudicialidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 1101 del Código Civil, debiéndose haber suspendido el curso de la acción civil ejecutiva y aguardar el pronunciamiento del juez penal acerca de la legitimidad -o no- del documento origen de la acción, ésta no resulta hábil para superar el óbice formal de la falta de definitividad de la sentencia recaída en la Alzada, desde que los cuestionamientos de orden causal esgrimidos -y de ello se trata el tema relativo a la alegada falsedad del título y el dolo manifiesto en la suscripción del documento, fundamentos de la acción penal instaurada-, son susceptibles de ser ventilados y resueltos en el eventual juicio ordinario que posteriormente pudieran promover los ejecutados en pos de obtener la satisfacción de sus derechos. De tal suerte, no obstante lo dispuesto por el artículo 1101 del Código Civil, nada impediría el dictado de la sentencia de trance y de remate en el juicio ejecutivo, aunque se encontrara el juicio criminal pendiente. Y es que, en función de ello, la Alzada consideró que sólo la sentencia definitiva podría encontrarse en pugna con la decisión del juez penal, ya que así como la sentencia de trance y remate puede quedar sin efecto mediante el ulterior proceso de conocimiento, ésta también sería la vía idónea para encauzar los efectos de una sentencia penal en contradicción con lo resuelto en la ejecución, con lo cual queda descartada toda posibilidad de escándalo jurídico.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Racine, Rodolfo Mario y Mantaras, Benigno Carmelo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario interpuesto por ante la Corte Suprema de  Justicia de la Nación - Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-30

El plazo para interponer el recurso extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se suspende ni se interrumpe por la deducción de otros recursos ante el tribunal de la causa u otro Superior declarados improcedentes; el plazo es perentorio y no se interrumpe por la presentación de recursos declarados inamisibles por razones formales.
Personal municipal, adicional por dedicación exclusiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MEDINA HUGO ROBERTO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN s/ COBRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-30

La Resolución Nro. 611, establecía un mecanismo para el reconocimiento de un adicional por dedicación plena por tareas extraordinarias, que incluía a los agentes públicos de la ex Caja Municipal, según su categoría de revista y cantidad de horas de prestación efectiva de servicios (mínimas mensuales según las categorías) cumplidas en horario vespertino.

Es decir se trataba de un régimen excepcional, para circunstancias también excepcionales, en que la necesidades del servicio requerían una mayor dedicación de los agentes extendiendo la jornada normal de trabajo.

Tratándose de tareas extraordinarias, el plazo o período por el que se extendería el reconocimiento del adicional, dependía de que las mismas subsistieran, siempre, claro está, sujetando su liquidación y pago a la comprobación del efectivo cumplimiento de la jornada extraordinaria.

Ello así, el régimen de compensación por dedicación plena, era de carácter extraordinario y contingente... jurídicamente no importa una condición natural, ni una exigencia inherente al cargo en sí mismo en cuanto tal, y por lo tanto tampoco constituye un rubro remuneratorio regular y habitual que deba ser incorporado definitivamente al haber del agente como lo pretenden los actores, no obstante que por los mismos y durante su vigencia, se hicieran los aportes de ley.

Consecuentemente, la garantía de la Ordenanza Nro. 2555 de "preservar el nivel salarial actual" del personal absorbido, comprende sólo a aquellos conceptos inherentes a la remuneración que los actores venían percibiendo de manera habitual y regular y no adicionales específicos para cubrir tareas extraordinarias.
Emergencia económica, pesificación, ejecución hipotecaria, esfuerzo compartido, intereses, tasa del 15% anual
Materia: CIVIL
Carátula: Meyerhoff, Rosner c/ García, Jorge s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-07

Frente a mutuos hipotecarios celebrados entre particulares en los cuales resulta aplicable la normativa de emergencia, el ejecutado debe satisfacer el crédito insoluto, calculándose el mismo al valor de la moneda estadounidense al tiempo de contratar (1$=1U$S), con más el 60% de la diferencia mayor de esta moneda con respecto a la de curso legal, al día del efectivo pago de la deuda, según cotización tipo vendedor en el mercado libre de cambios. Asimismo corresponde fijar la tasa del 15% anual, comprensiva de las rentas compensatorias y punitorias que habrán de devengarse desde la fecha de la mora hasta su efectivo pago. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Filiación extramatrimonial, prueba de histocompatibilidad, pericia médica
Materia: CIVIL
Carátula: F., P. C. I. (menor) representada por su madre F., S. A. c/ G., G. J. s/ filiación y daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2011-03-09

El Código Civil ha receptado el principio de amplitud probatoria en los procesos de filiación, y para demostrar el vínculo de sangre se admite cualquier medio de prueba (art. 253, Cód. Civil), y sin dudas las modificaciones más trascendentes introducidas por la ley 23.264 han sido la incorporación y valoración de las pruebas biológicas en dichos procesos, resultando indudable que en la práctica la prueba por excelencia es la prueba biológica. Posteriormente, la ley 23.511 estableció en su art. 4°: "Cuando fuese necesario determinar en juicio de filiación de una persona y la pretensión apareciese verosímil o razonable, se practicará el examen genético que será valorado por el juez teniendo en cuenta las experiencias y enseñanzas científicas en la materia". Actualmente el examen que científicamente se impuso es el denominado "tipificación de ADN" o ácido desoxirribonucleico, pericia que permite determinar tanto la maternidad como la paternidad y otros parentescos más lejanos, método que virtualmente alcanza la certeza absoluta, y que encuentra una aceptación generalizada por la comunidad científica. Por cierto, para que se pueda realizar la pericia hematológica resulta imprescindible la colaboración de ambas partes, puesto que la oposición de cualquiera de ellas imposibilita su producción, de allí que se plantea la cuestión de valorar la actitud de rechazo a los exámenes necesarios. La ley 23.511 se limitó a disponer en su art. 4°, segunda oración del primer párrafo: "La negativa a someterse a los exámenes y análisis necesarios constituirá un indicio contrario a la posición sustentada por el renuente".-
Constitucionalidad, actuaciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GUERRIERI, MARIO RAMON c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-08

La superioridad normativa de la Constitución no es un postulado abstracto, sino que penetra todas y cada una de las normas, y específicamente de las administrativas, pauta de la actividad ordinaria y más extensa del Estado. Todas las instituciones del Derecho Administrativo están enmarcadas por la regulación básica del poder y de la libertad que se contienen en la Constitución...No hay, pues, discrecionalidad al margen de la ley, sino justamente solo en virtud de la ley y en la medida en que la ley haya dispuesto... Cada vez más se es consciente de que renunciar a un control judicial de la discrecionalidad sería consagrar una verdadera patente de corso a favor de los despachos administrativos... En todo acto de la administración, aún en los discrecionales, debe existir un principio de razonabilidad que no los torne arbitrarios o ilegales... La discrecionalidad sólo puede ejercitarse legítimamente cuando respeta los derechos o intereses de los particulares.-
Contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: González c/ Restaurant "De La Pérgola" y/u otros s/ Laboral (Expte Nro. 316-01, Resolución Nro. 31, Tomo 20, Folio 122/127)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-27

Para que exista una relación laboral subordinada, el débito al que se compromete el trabajador debe consistir en estar a disposición del empleador, poniendo al servicio de éste su capacidad laboral de manera tal que tenga la posibilidad de dirigirla y controlarla, sustituyendo la voluntad del trabajador con la suya propia en la realización de las tareas, cuantas veces lo crea conveniente.
Recurso de inconstitucionalidad, gravamen eventual, cuestión abstracta, costas en el orden causado, circunstancias sobrevinientes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE REVISION EN BID- QUIEBRA - CUERPO DE FOTOCOPIAS ACTUACIONES RELATIVAS A REVOCATORIA RECHAZADA RESOLUCION 354/04 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 193 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-17

La imposibilidad de fallar en un recurso de inconstitucionalidad por haberse tornado eventual el gravamen de la impugnante, genera una situación de "ius superveniens" que justifica el apartamiento del criterio objetivo del vencimiento receptado por el artículo 251 del Código Procesal Civil y Comercial y, específicamente en el artículo 12 de la ley 7055.
Proceso judicial, caducidad de instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Rocca Rolando César c/ B.C.R.A. s/ daños y perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-25

El criterio de interpretación restrictivo en materia de caducidad de la instancia sólo conduce a descartar su procedencia en supuestos de duda (Fallos: 315:1549; 320:1676;

323:44 y 3204) situación que no se presenta en el sub-examine (Cons. V).
Compraventa mercantil, incumplimiento del contrato, accipiens, silencio, factura, aceptación sin reserva, crédito líquido, cláusula penal, compensación, buena fe
Materia: COMERCIAL
Carátula: EL ARRIERO S.A. c/ TANDANOR S.A.C.I. Y N. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-18

Tandanor S.A. recibió -con retraso -el material licitado, sin reserva o salvedad jurídicamente relevante. Y si a ello se agrega que, además, recibió las cuatro facturas vinculadas a los cuatro remitos y no formuló observación o impugnación de ninguna clase, se impone concluir razonablemente en que -por el efecto de su silencio en materia comercial -las respectivas cuentas se deben entender firmes y liquidadas (doctrina del art. 474 de Código Mercantil) y, por consiguiente, insusceptibles de sufrir alteración por una conducta notoriamente tardía en la demandada, incompatible con la seguridad de los negocios y con la estabilidad de las relaciones comerciales. En suma, por aplicación del principio de la buena fe en el orden contractual (art. 1198 C.C.), por encuadrar la situación en las disposiciones de los arts. 524 y 525 del C.C.; y por hallarse la situación de la actora amparada por la norma del art. 474 CCom., Tandanor S.A. había perdido el derecho de sancionar con la cláusula penal por atraso al adjudicatario y, naturalmente su pretensión de compensar el crédito de éste con la sanción punitoria carecía por completo de sustento jurídico.
Recurso de inconstitucionalidad, régimen penal de la minoridad, escala penal, atenuantes de la pena, Convención sobre los derechos del niño
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. G., M. I. c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR FEMICIDIO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-27

La solución adoptada por la Cámara resulta descalificable desde la óptica constitucional, desde que la Alzada, luego de considerar que la reducción prevista por la ley 22278 es facultativa y no obligatoria para los jueces, brindó las razones por las cuales no correspondía -en su estima- aplicarla en el caso del menor imputado y, en consecuencia, al no poder imponerle la pena de prisión perpetua, recurrió a una integración normativa para buscar cuál era la escala penal a tener en cuenta, concluyendo que aquélla debía ser la prevista para la figura básica del delito por el cual se había condenado al justiciable y, dentro de la escala del homicidio simple, confirmó la pena impuesta en primera instancia que había sido de 21 años y 6 meses de prisión; mas en este razonamiento el A quo no debió desatender que, al dejar de lado la reducción de la pena en el modo previsto para la tentativa, se apartaba de los principios específicos vigentes en la materia -privación de la libertad como ultima ratio y por el menor tiempo posible-, por cuanto la solución a la que arribara la Cámara implica desconocer lo dispuesto por el artículo 37, inciso b de la Convención sobre los Derechos del Niño -norma con jerarquía superior que manda a imponer la pena más breve posible-, al habilitar la consideración a la hora de individualizar la pena del imputado de una escala penal con un máximo -25 años- ostensiblemente mayor al que surge de aplicar la escala atenuada prevista en el artículo 4 de la ley 22278 -15 años-. (Del voto del Dr. Erbetta. En disidencia: Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 22278, artículo 4.
Período de prueba, aplicación de la ley, contrato de trabajo por tiempo indeterminado
Materia: LABORAL
Carátula: QUINTANA, Patricia c/ EDITORIAL SER S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-22

La caracterización del período de prueba no deriva de la voluntad de las partes sino de la letra de la ley. No se trata de que el empleador esté o no habilitado para invocarlo si ha cumplido determinadas cargas. De manera que tratándose de una relación de plazo indeterminado y no habiendo mediado con anterioridad otro lapso de prueba, la naturaleza condicional del primer tramo no se encuentra sujeta por carga alguna.
Fuentes del derecho, leyes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NAHIM CARLOS c/ RODOLFO MARCONI s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S062 - 423)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-12-29

La interpretación analógica implica indagar las razones que determinaron la sanción de la norma para aplicar la misma solución a casos no previstos por el legislador; mientras que en la interpretación extensiva solo se declara el real alcance de un texto legal en el que la fórmula utilizada no coincide con el pensamiento legislativo porque en ella se expresa menos de lo querido. El primer tipo de interpretación no puede utilizarse cuando importa sustituir al legislador creando una excepción que no ha admitido aunque sea por no haber previsto el caso.
Leyes, interpretación de la ley, aplicación analógica de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUIRRE, EMILIANO (H) c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-12-04

La analogía constituye un procedimiento hermenéutico, al que se recurre cuando en el ordenamiento jurídico pertinente no se halla una norma aplicable al caso.
Proceso penal, individualización de la pena
Materia: PENAL
Carátula: S. M. M. s/ HOMICIDIO DE GRADO DE TENTATIVA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-24

Corresponde recordar que la individualización de la pena por parte del tribunal oral representa un momento medular en el proceso de juzgamiento del imputado por cuanto fija de manera concreta y definitiva la cuantía del poder punitivo estatal que soportará el ciudadano. En nuestro Código Penal, si bien prevé penas absolutas, la regla predominante es el establecimiento de penas flexibles, mediante la conminación de sanciones relativamente determinadas, de manera tal que será el juez quien concrete la individualización de las penas dentro de un mínimo y máximo, limitando el ámbito penal dentro del cual se fija el quantum adecuado a la naturaleza del hecho y la personalidad del delincuente.

Los artículos 40 y 41 son la base legal del sistema de cuantificación el cual se caracteriza por una enumeración no taxativa de circunstancias relevantes sin fijar si se tratan de agravantes o atenuantes, ni cuál es el valor relativo de cada una de tales circunstancias. Teniendo en cuenta las particulares características del citado texto del Código Penal, la doctrina ha remarcado que si bien el sistema de individualización de la pena, permite un amplio margen de discrecionalidad judicial al momento e la individualización de la penal ".la propia existencia del art. 41 sólo cobra sentido en tanto la decisión que individualiza la pena no sea 'discrecional', en el sentido del tribunal, sino que hay de realizarse siguiendo ciertas reglas que implican un deber de fundamentación explicita que permita el control crítico-racional del proceso de decisión". En igual sentido, la Corte Suprema de la Nación ha indicado: "Si bien el ejercicio de la facultad de los jueces para graduar las penas no suscita, en principio, cuestiones idóneas para la apertura de la vía extraordinaria, procede el remedio federal si se ha ocasionado un agravio a las garantías de defensa en juicio y de debido proceso que, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, se tiende a resguardar, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa".

Del mismo modo, se sostuvo que "La determinación del monto de la pena a imponer debe estar debidamente fundada por los jueces ya que, tal imposición, constituye la cúspide de su actividad resolutoria".

DRES.: ESTOFAN - GANDUR - POSSE.
Sentencia, fundamentación de sentencias, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Ruben Alberto s/ Robo - Hurto - Violación. Ortega, Juan y otro s/ Robos reiterados N.N. s/ Homicidio Fomiga, O.V. Veliz, R.C. Stefani de Veliz, S. s/ Asociación ilícita - Robo reiterado Caro, Manuel Alberto s/ Robo aut.tor Del Río, Aldo Domingo s/ Estafas reiteradas Martins, Horacio s/ Tentativa de homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27|1985-06-04|1986-03-04|1985-04-30|1992-09-22|1996-08-30|1991-08-06

Constituye garantía de los derechos de las partes la obligación judicial de fundar las sentencias de modo que se perciba claramente el itinerario lógico y jurídico del que deriva la resolución final, pues las deficiencias de los fallos pueden obstar la interposición de los recursos pertinentes -complicando sus técnicas y, en ciertos casos, haciéndolos impracticables- y el control de legalidad cuando así correspondiere. En función de lo antedicho corresponde la anulación de oficio de la sentencia que impide conocer a esta Corte debidamente en los recursos de inaplicabilidad de ley.
Contratos administrativos, licitación pública, presentación de las ofertas, oferta más conveniente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Organización de Protección Industrial  S.A. c/ Gas del Estado s/ Nulidad del acto administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-24

No resulta ilegítima la adjudicación a la empresa cuya oferta se valoró como más conveniente aunque no haya sido quien estimó el menor precio.