Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-16


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a losdieciséis días del mes de febrero del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"V, L y otra c/ C S J y otra s/ SUMARIO", Expte. nro. 15.836/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 (Expte. nro. 279/04), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 1170), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 1119/1130? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Vienen las presentes actuaciones por haber sido apelada a fs. 1146 por los codemandados la sentencia definitiva nro. 55 del 24/05/06 (fs. 1119/1130), habiéndose concedido a fs. 1147 el recurso de apelación libremente y con efecto suspensivo.

El fallo recurrido dispuso: 1) Hacer lugar parcialmente a la demanda, declarando existente la obligación y condenando a los codemandados V M, S J C y V C, a rendir cuentas a Leonor V y P L H, de su gestión administradora solo en los casos de las cláusulas 5ta., 6ta., 8va., 15ta., 23era. y principio general de la cláusula 8va., del contrato de cesión de cuotas sociales de la Sociedad de S P H e H Sociedad de Responsabilidad Limitada, signado entre las partes el 22/02/2000, por el procedimiento previsto en el art. 652 del CPr., desde el 22/02/2000 hasta el 29/07/2003 fecha de promoción de la demanda y en la forma ordenada en el considerando 9no., aps. 10) y 12); 2) Impone las costas a los demandados vencidos, regulando los honorarios de los profesionales intervinientes.

I.A.) A fs. 1152/1160 vta. obran glosados los agravios expuestos por la parte apelante codemandada, los cuales son contestados por la actora a fs. 1163/1167.

En principio he de adelantar que es criterio de la suscripta -coincidiendo con la doctrina y jurisprudencia especializada en la temática- que en la estructura de la sentencia, los resultandos (aplicable aquí a los agravios) tienen por finalidad la individualización de los sujetos de la pretensión y la relimitación del ámbito objetivo del litigio sobre el que recae el pronunciamiento, incluyéndose así entre los elementos que la sentencia deberá contener "la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio (o de los agravios), siendo el estilo judicial agregar una breve relación de las vicisitudes del proceso, a cuyo efecto basta una mera remisión" (conf. crit. Morello - Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T. II-C, pág. 64; Cám.Nac.Com. Sala C, 03/11/80, entre otros) y teniendo presente el principio procesal de concentración, he de realizar la transcripción de los mismos sin perjuicio de tener en cuenta cada línea de pensamiento expuesto en el desarrollo que en cada uno de sus agravios han realizado las apelantes.

Sintéticamente los agravios de la parte apelante codemandada se centran en que el a-quo erró:

a) en obligarlos a rendir cuentas cuando no se infiere del negocio jurídico celebrado entre las partes que se haya pactado una obligación en dicho sentido (fs. 1152/1157);

b) que dicha obligación la determine en forma genérica sin tener en cuenta la exhibición efectuada con la contestación de demanda (fs. 1157/1158 vta.);

c) en la forma en que decidió que se rindiera cuentas (fs. 1158vta./1159 vta.) y d) en condenarlos en costas (fs. 1159 vta./1160).I.-B) Conforme los términos en que se expresaron los apelantes codemandados, advirtiendo la correlación argumental que existe entre los distintos agravios he de tratar a los mismos en forma conjunta.

La cuestión traída a debate se suscita en cuanto a la interpretación que el a-quo efectuó del contrato de cesión realizado entre las coactoras y codemandados el día 22/02/2000 (fs. 7/14- doc. agregado por la parte coactora y no negado expresamente por la parte codemandada - fs. 439/451 vta.).

Estimo necesario, atento el planteamiento efectuado ante esta instancia, precisar conceptos que hacen al fondo (ley a aplicar) y a la forma (carga de la prueba), precisiones éstas que son necesarias para la decisión a tomar.

En cuanto al fondo, la directiva general del artículo 1198 del Código Civil, según la cual, la buena fe -en tanto es una pauta interpretativa de primer orden de la cláusula convencional-, debe ser buscada en cada caso a través de los antecedentes del contrato (conf. Sala II, E.D. supl. diario del 13.11.84), debiendo complementarse ella también con las reglas más prácticas y detalladas que trae el artículo 218 del Código de Comercio (conf. A.C. Belluscio-E. Zanoni, op. cit., t. 5, p. 904, nro. 8 y nota 40).

No siendo solamente la formación del consentimiento el resultado del encuentro de declaraciones, sino también y sobre todo, de voluntades, frente a un desacuerdo post-contractual, éste debe ser resuelto recurriendo -para aclarar el sentido del contrato- a lo que en realidad las partes tenían en su pensamiento y voluntad, sean cuales fueran las palabras empleadas por ellas, ya que las palabras habrán de corregirse a la luz de la efectiva voluntad común.

Y como todos los indicios son buenos para tal fin, corresponde meritar especialmente las circunstancias que han acompañado a la formación del contrato (fase de las negociaciones), la calidad y mentalidad de las partes, la naturaleza y la finalidad del contrato y las circunstancias análogas que pueden ayudar a reconstruir la intención común (conf. F. Messineo, "Doctrina general del contrato", Traducción de R.O. Fontanarrosa, S. Sentís Melendo y M. Volterra, Bs.As. 1952, t.II, p.s. 101 y ss., nro. 5; H. Lafaille, "Curso de Contratos", Bs. As. 1927, t.I, p. 225, nro. 378; A.G. Spota, "Instituciones de derecho civil- Contratos", vol. II, Bs.As. 1974, p. 110, letra i, nro. 6to.).

Dicho en otras palabras, habrá de meritarse todo lo que las partes han hecho en dependencia del contrato, antes, durante y después de la formación de éste; y no solamente lo que han expresado de viva voz o por escrito (conf. F. Messineo, op.cit., p.104).

Por lo demás, resulta útil destacar que si bien el artículo 218, inciso 4to., del Código de Comercio se refiere a los hechos de los contrayentes siguientes al contrato como "la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrar el contrato", una conocida doctrina extranjera y nacional ha indicado con acierto que para desentrañar la voluntad de ellas se debe examinar su comportamiento, tanto el anterior como el simultáneo a la formación del consentimiento (conf. J. Puig Brutau, "Fundamentos de derecho civil", Edit. Bosch, Barcelona, 1954, t.II, vol.I, p.301; M. Albadalejo, "El negocio jurídico", Libr. Bosch, Barcelona, 1958, p.357, nro. 205; F. Santoro Passarelli, "Doctrina general del derecho civil", trad. de A. Luna Serrano, Edit. Rev. de Derecho Privado, Madrid, 1964, p.281; F.N. Videla Escalada, "La interpretación de los contratos civiles", ps. 96/97; R. Fontanarrosa, "Derecho comercial argentino", Bs.As. 1969, t.II, p.155) valorando -reitero- las singulares circunstancias que han rodeado la contratación.

Es inadmisible que la parte pretenda fundamentar su accionar aportando razones de derecho que controviertan sus propios y anteriores actos, asumiendo en sede judicial una actitud que la coloca en contradicción con su pretérita conducta exteriorizada.

Una de las consecuencias del deber de obrar y ejercitar los derechos conforme a la buena fe es la exigencia de un comportamiento coherente, entendiéndose por esto que cuando una persona, dentro de una relación jurídica, ha suscitado en otra con su conducta una confianza fundada conforme a la buena fe en una determinada conducta futura, no debe defraudar la confianza suscitada, siendo inaceptable toda actuación incompatible con ella.

En materia de cesión de derechos y acciones, el único requisito exigido por la ley y desde un punto de vista formal, para que el contrato surta efecto entre las partes, es que se haga por escrito.

Ha establecido la jurisprudencia provincial que: "Interpretar un negocio jurídico significa desentrañar el sentido y alcance de las voluntades que concurren a formarlo en la medida en que han sido exteriorizadas.

No se trata de reconstruir la voluntad psíquica de las partes, sino de determinar el proceso volitivo a través de su exteriorización.

La voluntad así fijada no admite alteración alguna apoyada en el estudio de los procesos psíquicos internos de las partes que condujeron al acto.

La tarea de interpretar un negocio sólo puede tener lugar a través de la existencia de una voluntad sanamente expresada.

En este orden, existen reglas que guían el proceso de interpretación de los actos jurídicos, que constituyen verdaderas normas, que no sólo se dirigen al juez o al intérprete sino que deben ser tenidas presentes por las partes que negocian para ajustar su conducta al criterio legal que en definitiva será el fijado -si fuere necesario- por el juez.

Tales los artículos 1198 del Código Civil, o bien los artículos 217 a 219 del Código de Comercio...

La interpretación de un negocio a diferencia de la aplicada a la ley que es objetiva, es predominantemente subjetiva, sin perjuicio de presentar un cariz objetivo al tener que desentrañar en ocasiones, el sentido y alcance del texto que enuncia la voluntad mediante la aplicación de estándares de conducta -de pautas que se consideran normales en el ámbito de las relaciones negociales-.

Esta doble faz objetiva subjetiva incide para que deba distinguirse entre las normas de interpretación que persiguen reconstruir la voluntad real (histórica) de las partes, y aquellas que ante esa imposibilidad, tratan sólo de eliminar dudas y ambigüedades en la manifestación, fijando la voluntad presunta.

La reconstrucción de la primera exige el análisis del comportamiento de las partes -anterior, simultáneo y posterior al negocio- conforme las circunstancias de lugar y tiempo que debe ser captada "in re ipsa" en la declaración.

En los actos bilaterales, deber rehacerse su proceso de formación, y no atenerse a las declaraciones aisladas de las partes, que deben considerarse como elementos de un mismo fin práctico perseguido.

El negocio debe ser interpretado asimismo de manera sistemática, teniendo en cuenta su contexto general, tomando el acto jurídico como un todo...

La regla esencial de interpretación que indica el artículo 1198 CC -la buena fe- implica que la conducta de las partes debió estar regida por un criterio de recíproca lealtad y confianza.

Exige del declarante que la exteriorización de la voluntad se efectúe de manera tal que pueda ser captada en su verdadero alcance por el destinatario, y que éste actúe con la diligencia necesaria para que ese conocimiento de la expresión de la voluntad del emitente sea apreciado en su verdadero sentido (STJCh, 28-12- 01, Sentencia Definitiva, ministros: Fernando Royer - Agustín Torrejón - José Luis Pasutti: "N Sociedad Anónima c/ Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de la Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa").

Esta Sala "B" de la Cámara de Apelaciones ha expresado que: "Si bien para interpretar un contrato debe investigarse la voluntad de las partes, para determinar su exacto alcance siempre debe partirse del sentido y alcance de las palabras usadas" (11-02-2000, Sentencia Definitiva nro. 03/00, autos caratulados: "Banco d C SA c/ C G y E d C R s/ Ejecución Hipotecaria", expte. Nro. 11.343/99).

El proceso de rendición de cuentas en el cual una de las partes exige a la contraria el cumplimiento de una obligación de hacer, que consiste en que le brinde un informe detallado de su gestión, consta de dos etapas estrechamente vinculadas: la primera, está referida a establecer si existe o no obligación por parte del demandado a rendir cuentas y, la segunda, se inicia cuando el demandado reconoce tal obligación, o bien el juez mediante sentencia, que se encuentra firme, establece que se debe rendir cuentas (ídem. crit. "M H J c/ M A M s/ Rendición de Cuentas", Sentencia Definitiva - CNCIV - Sala F - Nro. de Recurso: F210961 - Fecha: 28-8-1997: elDial - AE354).

El día 22/02/00 las partes convinieron celebrar a fin de acordar y fijar las particularidades del contrato de cesión de cuotas sociales celebradas entre ellas en el día de la fecha.

Por lo cual, las relaciones entre compradores, vendedores y terceros afectados por la operación se regirán por el presente, las vendedoras en dicha fecha han transferido a los compradores todas las cuotas sociales que tenían y les correspondían en la firma que gira bajo la denominación "S P H H SRL.

A fs. 28//31 inician demanda de rendición de cuentas contra los coaccionados basándose en lo convenido en dicho acuerdo, en su cláusulas 3era., 5ta., 6ta., 8va., afirmando que jamás hubo pasivo que hubiera sido abonado por los demandados fuera de las deudas informadas en el contrato de cesión de cuotas sociales.

Razón por la cual no hubo pasivo oculto como pretenden los codemandados imputar para pagar en menos las cuotas convenidas requiriendo que éstos efectúen rendición de cuentas a través del proceso judicial.

Los codemandados contestan (fs. 439/451 vta.) negando expresamente que tengan obligación de rendir cuentas a las coactoras, refiriéndose que tanto en la cláusula 3era. como en la 8va. quedó absolutamente claro que la cancelación del pasivo se haría en la forma, tiempo y modalidad que crean convenientes los compradores o la sociedad; sociedad que a partir de ese día no tenía otros integrantes.

Agregando que dicha facultad otorgada a los compradores o a la sociedad es lógica, pues las vendedoras jamás fueron deudoras por derecho propio, quien adeudaba las sumas indicadas en la cláusula 6ta. era la sociedad y quién debía abonarlas era ésta y los compradores a partir de la venta, por lo que las vendedoras no tenían ningún riesgo ni obligación sobre las mismas.

Asimismo, que de la cláusula 8va. lo único que se desprende es que los compradores estaban obligados a exhibir los comprobantes de los pagos, obligación que dista enormemente de una rendición de cuentas.

Alude que para que proceda la obligación de rendir cuentas es condición necesaria e imprescindible, la gestión de negocios ajenos que no se da en el caso ya que los compradores pasaron a ser actos jurídicos dentro de un negocio propio.

En la valoración de la conducta detentada por las partes contratantes advierto -entrando en la interpretación del contrato de cesión de cuotas celebrado conforme las premisas legales precedentemente expuestas-, que conforme la cláusula 16ta. ambas partes dejaron sentado que realizarían sus mejores esfuerzos -en caso de nulidad- para sustituir las disposiciones por otra válida de similar contenido, lo cual evidencia la predisposición de actuar de buena fe y en pos del mantenimiento de lo acordado entre los contratantes.

Amerito, asimismo, que han quedado acreditados los pagos referenciados por los codemandados a través de los reconocimientos de firmas de prueba documental (aportada por la parte codemandada y que obra como documentación reservada por Secretaría de esta Cámara de Apelaciones bajo el nro. 113/06) prestada por la coactora L V -salvo la aclaración que efectúa de sobre la documentación de fs. 139-, quien reconoce la totalidad de los recibos de pagos efectuados por los codemandados y que se imputaron a veintiocho (28) cuotas correspondientes entre el período 29/02/00 al 12/06/02 de acuerdo a lo convenido en la cláusula 23era. del contrato que unía a las partes.

Dicha circunstancia hace a mi entender la actitud que, adoptada por dicha coactora en la demanda que pretende imponer en esta instancia, la viene a colocar en contradicción con su propia conducta anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, lo cual resulta inadmisible por contrario al principio de la buena fe, que impide volverse sobre los actos propios (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 275:235 y 459; 294:220; 300:909; 308: 72, 1965 y 2405; esta Sala, causas 8150 del 17.6.80; 6707 del 3.10.89; DIEZ PICAZO, L., La doctrina de los propios actos, Barcelona, 1963, p.134; ALTERINI, A.A.-AMEAL, O.-LOPEZ CABANA, R., La doctrina de los propios actos en el Código Civil, en DJ-1987-II-401; etc.).

Asimismo, se ha probado que por parte de los coaccionados los pagos aducidos en su contestación de demanda en virtud de los reconocimientos de pagos de facturas obrantes en doc. res. por Sec. de esta Cámara de apelaciones nro. 113/06) por Jorge Raúl Boeri (fs. 643), Alvador Luis Bucgeri (fs. 644), César Leonardo Devotto (fs. 648), Leonardo Andrés Ivancic (fs. 651), Enrique Javier Lecumberri (fs. 657), Ricardo Luis Gonzalez (fs. 663), Rosario Alberto Gianotta (fs. 663), Marcela Alejandra Quintana (fs. 668), Juan Miguel Parra (fs. 669) , Raúl Antonio Bocco (fs. 687), Nélida León (fs. 702), Luis Omar Iturra (fs. 705), Juan Carlos González Orono (fs. 706), Emilio Juan Menestrina (fs. 701), Oscar Iglesias (fs. 710), Gino Guerrino Gelmetto (fs. 711), Jorge Marcos Turkovic (fs. 712), Liliana Noemí Martínez (fs. 720), Dr. Miguel Díaz Vélez (fs. 724), Fernando Gabriel Echeverría (fs. 784), Armando Eulice Andrade (fs. 807), Fernando Fiorasi (fs. 861) y Juan Carlos Alarcón (fs. 864).

Pondero además que confrontando el domicilio constituido por las coactoras en el contrato en análisis (cláusula 22da.) con el remitido por los codemandados conforme la prueba informativa brindada por el Correo Argentino (fs. 519/521) que los codemandados remitieron sus contestaciones telegráficas al domicilio denunciado contractualmente; dicha conclusión se ve reforzada con la informativa prestada por el mismo Correo a fs. 563/568 donde la coactora L V remite sus Cartas Documentos y recibe las enviadas por los codemandados.

Del análisis de la prueba informativa rendida por el Registro del Automotor Provincial a fs. 510/vta. y 513/514 vta. surge que el contrato de prenda del dominio KOJ-948 a favor de Lloyds Bank fue cancelado el día 04/04/03 (lo cual es corroborado por la informativa prestada por dicha entidad bancaria -fs. 569), y el dominio AKO - 044, por el período años 2000 y 2001 se hizo baja de motor por no coincidir el número, retirando la demandante en autos la totalidad de la documentación el 18/10/01, reingresando el trámite el 01/11/01, efectuándose la baja del motor original y el alta de motor realizando el cambio numérico del mismo (circunstancia que es evidenciada conforme la testimonial prestada por el contador F D M contestación a la 12da. pregunta, cuya declaración también es coincidente con lo informado por la AFIP (551/vta. y la informativa prestada tanto por OCA sobre la CD remitida por los codemandados bajo el nro. CAH0061049- 9 - fs. 585/586 como por la Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privado (fs. 630/631).

La testimonial prestada por el contador F D M a la cual valoro ya que en dicha audiencia estaban presentes tanto la coactora L V como su letrada apoderada (contestación a la 3era., 5ta., 8va., 9na., 16ta. a 24ta., preguntas y 4ta. a 6ta., 12da., 14ta., repreguntas, aclaración efectuada por dicho testigo en la 16ta. repregunta y razón de sus dichos), tienen un marcado grado de convicción al ser contundente y haber intervenido personalmente tomando conocimiento directo de la forma en que se desarrollaron las negociaciones entre las partes, habiendo actuado los codemandados en un todo de acuerdo con lo estipulado en el contrato bajo análisis, circunstancia que no pudo desvirtuar la coactora a pesar del esfuerzo efectuado al momento de repreguntar.

Tanto la testimonial como los reconocimientos de firmas efectuados por la coactora V y comerciantes -anteriormente ponderados-, son coincidentes con el informe presentado por el perito contador a fs. 883/1079 vta. y presentación de explicaciones de fs. 1103) razón por la cual la valoro, además de ponderar la minuciosidad y claridad evidenciada por las conclusiones arribadas por el mismo.

En concreto considero que ha quedado acreditada la cancelación y/o la regularización de todas las deudas indicadas en la cláusula 6ta. del contrato de Cesión de Cuotas Sociales, encontrándose registrada en los estados contables y societarios de los codemandados, excepto la deuda mantenida con P A y con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, respecto del impuesto al automotor, careciendo de entidad suficiente la impugnación efectuada por la parte coactora a fs. 1105/vta. a los efectos de relativizar el valor y veracidad de lo expuesto en dicho peritaje.

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, arribo a la conclusión que la parte codemandada actuó de buena fe en la ejecución del contrato que la unía con la parte coactora, haciéndose cargo de las obligaciones por ella comprometidas en el contrato de cesión de cuotas sociales, no habiendo prueba alguna efectuada por la contraparte durante todo el desarrollo del proceso que desvirtúe la buena fe con la que actuaron los coaccionados, por lo que resulta incorrecta la sentencia de la primera instancia en cuanto hizo lugar a la demanda, entendimientos éstos por los cuales cabe acoger los agravios expresados por la parte codemandada apelante a fs. 1152/1160 y revocar en todas sus partes la sentencia de fs. 1119 /1130.

I.C) Atento que se ha decidido la revocación del fallo de primera instancia, corresponde la aplicación del art. 279 del CPCCh y en virtud del principio objetivo de la derrota deben imponerse las costas de ambas instancia a la parte coactora vencida (art. 68 del CPCCh).

La regulación de los honorarios profesionales tanto de primera como de segunda instancia se difieren para el momento del acuerdo en el cual se los regulará teniendo en cuenta la complejidad del tema traído a decisión, la labor profesional desarrollada y el éxito obtenido en un todo de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 6 a 11, 14, 47 y ccdtes. del Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el momento del acuerdo, en el caso de coincidir, la siguiente:

1) Hacer lugar a los agravios expuestos por la apelante codemandada a fs. a fs. 1152/1160 y revocar en todas sus partes la sentencia de fs. 1119/1130.

2) Imponer las costas tanto de primera como de segunda instancia a la parte coactora vencida (arts. 68 y 279 del CPCCh).

Diferir la regulación de los honorarios profesionales tanto de primera como de segunda instancia para el momento del acuerdo (arts. 6 a 11, 14, 47 y ccdtes. del Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335).

A la primera cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs 1137) de la sentencia de fs 1119/1130, que hace lugar parcialmente a la demanda, declara existente la obligación y condena a los codemandados V M, S J C y V M C, a rendir cuentas a L V y P L H de su gestión administradora sólo en los casos de las cláusulas 5ª, 6ª, 8ª, 15ª, 23ª, y principio general de la cláusula 8ª, del contrato de cesión de cuotas sociales de la S P H e H S de Responsabilidad Limitada, signado entre las partes el 22/02/2000, por el procedimiento previsto en el art. 652 del CPr, desde el 22/02/2000 hasta el 29/7/2003 fecha de promoción de la demanda y en la forma ordenada en el considerando 9) aps. 10) y 12).

Impone las costas a los demandados vencidos y regula los honorarios.

A fs 1152/1160 los apelantes sostienen que le causa agravios que se los condene a rendir cuentas, cuando no se ha pactado una obligación en tal sentido, ni se infiere del negocio jurídico celebrado entre las partes.

Luego de relatar lo que surge del contrato, agrega que al existir un pasivo activo oculto los compradores se reservaron el derecho de descontar del saldo del precio los mismos, reteniéndose sólo parcialmente las cuotas 5, 9, 20, 21 y 28.

Indica que no hubo gestión de negocio ajeno, ni administración por terceros como afirma el Sr Juez, equivocándose en el punto 7 al señalar que aparece en varias cláusulas del contrato de cesión la obligación de rendir cuentas.

Indica que la cláusula quinta nunca se tornó operativa, y que en la sexta no hay pactada rendición de cuentas.

Tampoco en la octava que refiere a exhibición de comprobantes y en la decimoquinta no se pactó obligación de rendir cuentas.

Si bien en la vigésima tercera hay una obligación, se circunscribe a los aportes y contribuciones a la seguridad social y de la obra social correspondiente al Sr E E H.

Rendición que no ha sido solicitada en el objeto de la demanda, pues los compradores la fueron cumpliendo en forma mensual, sin embargo es incluida en la condena.

Sostiene que en la cláusula octava no se estableció un principio general de rendición de cuentas y que a su vez este principio hay que relacionarlo con lo establecido en las cláusulas 5, 6, 15 y 23.

Dice que el título contiene tres palabras, exhibición, rendición y liquidación, que analiza.

Menciona el art. 1197 CC, para afirmar que lo que se desprende del mismo no es lo que se pactó en la cláusula octava.

Agrega que los compradores adquirieron un pasivo como propio y la única obligación que conllevaba era la cancelación.

Insiste en que el Juez olvidó el objeto de la cláusula octava, y que se equivoca al afirmar que la cláusula octava marca el principio del que se desprenden las otras obligaciones secundarias accesorias de rendición de cuentas, y dice que se equivoca porque las citadas cláusulas aprehenden supuestos distintos.

Menciona los fundamentos de la sentencia para obligarlo a rendir cuentas, observando que tiene varios errores, reiterando lo ya dicho el quejoso respecto de las distintas cláusulas, así repite que la obligación es de exhibir comprobantes de pago de las deudas y rendición de cuentas.

Señala que el juez debió en principio analizar qué negocio jurídico existió entre las partes, para luego determinar la obligación.

Alega que el pago de pasivo oculto que superara el saldo de precio adeudado sí puede ser objeto de rendición de cuentas a los vendedores, pero no se pactó rendición para el pago de aquel pasivo oculto que se pudiera cubrir con lo adeudado en concepto de saldo de precio, lo que surge de la cláusula quinta.

Agrega que los compradores exhibieron los comprobantes tanto extrajudicialmente como judicialmente y dieron explicación de su origen; así, el testigo M exhibe los recibos de pagos donde se deja constancia de lo descontado y la carta documento.

Dice que las cuotas eran parte del pago del precio, no dinero gestionado en nombre de terceros como lo afirma el juez, ya que se exhibiría o se demostraría la documentación que acreditaba la existencia de pasivo oculto, y que hacía precedente la retención, pero que ello no convierte a esa obligación de pago en una gestión ajena, no siendo tampoco los compradores mandatarios de los vendedores, pagaban y extinguían la obligación.

Bajo el título "La exhibición de comprobantes y las explicaciones dadas en la contestación de demanda", repite los argumentos que considera justos para resolver el conflicto, y agrega que en la cláusula sexta se dejó sentado que las deudas denunciadas en la misma eran asumidas por la sociedad y compradores dado que el 90% eran de obligaciones asumidas por la sociedad, por lo que la registración en los libros de la sociedad constituye plena prueba.

Indica que el juez hizo un análisis equivocado del alcance de las obligaciones asumidas por los compradores, ya que éstos se obligaron a pagar deudas y no a gestionar negocio ajeno.

Agrega que el desconocimiento de la documentación en forma genérica hecha por los actores no cumple con los requisitos del Art. 356 inc. 1 del CPCCCh, cita jurisprudencia.

Se agravia de la forma en que se ordena la rendición de cuentas, y entiende que es inadmisible, pues no hay activo administrativo, sólo hay un pasivo asumido, no hay patrimonio, porque no hay patrimonio administrado, no hay ingresos y egresos; sólo hay egreso que es lo que egresa del bolsillo de mis representados para pagar pasivo.

Por último le causa agravio que se los condene al pago de las mismas y arguye que al ser intimado respondieron ofreciendo exhibir los comprobantes en el domicilio de pago, lo que no se concretó, dice, por culpa del actor, iniciándose por ende este proceso por culpa del accionante.

A fs 1163/1167 se agrega la contestación de agravios de la actora.

Es preciso determinar si los codemandados estaban obligados a rendir cuentas a los actores, toda vez que no se controvierte que existió entre ambos un negocio jurídico por el cual los actores ceden a los codemandados, el 100% de las cuotas sociales que les corresponden en la firma que gira bajo la denominación "S P H e H Sociedad de Responsabilidad Limitada".

Asimismo, es concordante la jurisprudencia en punto a que la rendición de cuentas es la operación por la cual toda persona que actúa por cuenta de otro o en interés ajeno, le da a ésta razón de su cometido, detallando los actos cumplidos en su nombre, mediante la exposición de todo el proceso económico jurídico propio de ellos y estableciendo el resultado final.

Pero, debe distinguirse y diferenciarse el proceso tendiente a establecer si existe obligación de rendir cuentas del de la rendición propiamente dicha, que es consecuencia de aquello.

El primero es previo a la obligación en sí, de modo que en las demandas correspondientes es inoficioso entrar a discutir otras cuestiones fuera de la propia obligación de rendir cuentas.

En efecto, por la diversidad de las relaciones jurídicas que obligan a rendir cuentas y por la complejidad que aquéllas suelen presentar, el proceso supone dos o tres etapas.

En la primera se discute la obligación de tener que rendirlas; en la segunda, que nace con la condena, la rendición de cuentas en sí.

En la tercera, que depende del resultado que arroja la anterior, se persigue el cobro del saldo y se cumple en ocasión de la ejecución de la sentencia que aprueba las cuentas y fija el saldo debido (ver Enrique M. Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Abeledo Perrot-1986, t. IV, pág. 282/283, p.652.9.11).

En igual sentido nos dicen Fenochietto-Arazi en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Astrea 1987, que: se debe entender por rendición de cuentas la presentación que hace toda persona que haya administrado bienes o gestionado negocios total o parcialmente ajenos, dando razón de su cometido con el detalle de los saldos y operaciones debidamente justificados.

El juicio de rendición de cuentas recorre tres etapas, tal como se ha señalado en el punto anterior.

El juicio declarativo de rendición de cuentas es distinto del que versa sobre las cuentas mismas; el primero es previo a la obligación en sí, de modo que en la demanda sobre rendición de cuentas es inoficioso entrar a discutir otras cuestiones, fuera de la propia obligación de rendirlas (t.3, pág. 306/307, pts. 1 y 2).

Por su parte Morello-Passi Lanza-Sosa y Berizonce en "Códigos Procesales, Comentados y Anotados", Ed. Abeledo Perrot-1976, nos recuerdan que en verdad, corresponde deslindar dos actividades lógicamente sucesivas y de las cuales una es presupuesto necesario de la otra: cabe primero saber si se debe o no rendir cuentas; o sea, si alguien y respecto de otro, viene obligado a hacerlo.

Si hay dudas o discrepancias acerca de esa circunstancia, deber dilucidarse con carácter previo y en el correspondiente proceso de conocimiento, si existe o no tal indeterminación, pues ello se establece mediante la respectiva sentencia de condena.

En segundo momento y despejada esa incerteza, al cabo de la comprobación de cuentas, se abre paso al posterior procedimiento de rendirlas que es donde, judicialmente, podrán ajustarse, discutirse y, por tanto, agotar su resultado (t. VII, pág. 394; ídem Lino Enrique Palacio en "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo Perrot, 1977, t. VI, pág. 261, p.799 y CS, setiembre 24-1996, en "M A, I M de L c. R, Mi A R s. rendición de cuentas - sumario", en ED, 176-203).

Resume todo lo expuesto Hugo Alsina en su "Tratado Teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ed. Ediar-1965, t. VI, pág. 159, al señalar que la comprobación de la obligación de rendir cuentas es previa, porque el juez no puede exigir al demandado el cumplimiento de una obligación que éste desconoce.

La rendición de cuentas supone el reconocimiento de la obligación o, en su defecto, una sentencia que condene a rendirlas (doctrina enunciada por el Dr Alexandre en SD 34/01).

Junto a la doctrina mencionada sobre quiénes deben rendir cuentas, se debe establecer en el caso presente la situación de los cocontratantes, pues el motivo determinante de la rendición de cuentas es la necesidad de liquidar el negocio que se relaciona con las partes, es una operación corriente para poner en conocimiento de la otra parte el negocio, el saldo deudor o acreedor que resulte.

Y a decir de Gomez Leo en "Tratado de Derecho Práctico Comercial", tomo II, pág.186, existe la obligación de rendir cuentas, no sólo de las operaciones que se realizan por cuenta ajena sino de toda operación que se realice en interés ajeno.

Y la jurisprudencia es uniforme en el sentido que existe dicha obligación cuando se actúa por cuenta ajena o cuando el interés de una parte depende del resultado de la gestión de la otra, obra citada, pág 190.

Con tales principios he de analizar el contrato que dio origen a la cesión.

Y observo que en la cláusula 5ta. se estableció que en el caso de existir un pasivo oculto, que superare el saldo de precio, sería abonado por los vendedores, no obstante se requiere que los compradores rindan cuentas.

Pero de acuerdo a la carta documento enviada por los demandados y agregada su copia certificada a fs 22, los compradores hoy demandados, abonaron deudas ocultas, y entendieron que por imperio de la cláusula quinta los hoy actores debían reintegrarles.

Asimismo, si bien existe constancia documentada que algunas de las deudas de la sociedad se abonaron, de acuerdo a la documentación acompañada y reconocida, se trata de las derivadas de la cláusula sexta sobre las que si bien no se exigía la rendición de cuentas, atento que dichas deudas quedaban a cargo de la sociedad o de los compradores en forma individual y sólo cuando excediesen el monto de $315.000, debían ser descontados previo pago por parte de los compradores, del saldo del precio, de la cláusula 8, más allá de las consideraciones que efectúa el quejoso, comparto con el sentenciante el alcance de la misma, ya que el título de la cláusula no admite duda de ello, máxime cuando se agrega que podrán requerir la exhibición de los comprobantes de pago de las deudas asumidas, en el tiempo y forma que los compradores determinen su cancelación, a fin de asegurarse la liberación de la responsabilidad de su gestión.

Y este último concepto es el que entiendo concuerda con lo que vengo sosteniendo: que la rendición de cuentas existe con relación a todas las negociaciones, no sólo cuando se actúa por cuenta ajena, sino en todos aquellas situaciones en que el interés de una parte dependa del resultado de la gestión del otro.

"El motivo determinante de la rendición de cuentas es la necesidad de liquidar el negocio que relacionó a las partes", Revista de las Sociedades y Concursos, Nº 17, pág. 246.

Reconoce el apelante que sí hay una obligación de rendir cuentas pactada en la vigésima tercera cláusula, con lo que deja sin sustento las argumentaciones sobre el tema decisivo, como es el que no corresponde la rendición.

Y no es acertado que la rendición que se desprende de esta cláusula no ha sido solicitada en el objeto de la demanda, ya que más allá de lo tan claro de la misma, a fs 28 en el objeto, precisa que viene a promover proceso de rendición de cuentas, y no establece límite alguno.

En punto a la cláusula decimoquinta, se consignó expresamente la rendición de cuentas, en el supuesto que existan ajustes de deudas impositivas, y de acuerdo a lo que surge del testimonio de fs 581, esa circunstancia se produjo, respuesta número décimo tercera.

La rendición de cuentas impone al obligado no sólo aportar la documentación que sustenta cada partida, sino también explicar en forma clara, detallada y precisa la descripción gráfica de los diversos hechos, y establecer el resultado final vinculado a esta gestión.

En autos tales recaudos no se cumplieron porque, más allá de la existencia de documentación de donde surge el pago de algunas deudas, no se realizó el detalle de los pagos efectuados por el demandado por deudas, ni se indica cómo se arriba a los montos pagados al actor.

Se obligaron las partes en la cláusula décimo octava a no ceder el contrato ni los derechos y obligaciones hasta que se hubiesen extinguido y cumplido todas las obligaciones, lo que da una pauta más que los contratantes reconocían que existía una relación por el negocio jurídico que era de interés de ambos, y no sólo un negocio del comprador, ya que existía un interés ajeno.

Dice el apelante que la finalidad de la exhibición era para que los actores quedaran libres ante una eventual responsabilidad hacia los socios por su gestión generadora, lo que confirma lo que vengo sosteniendo.

Es preciso recordar que "la cesión de la cuota social constituye entre las partes un contrato perfecto, de eficacia real y obligatoria" a decir de Verón en "Sociedades Comerciales", pág. 864 en glosa al art. 152 y Pothier indica "se deben interpretar unas cláusulas por otras cláusulas contenidas en el acto, ya precedan o sigan a dicha cláusula" y agrega el autor cuya cita transcribí, Rodolfo Luis Vigo, en "Interpretación Jurídica", pág. 154, "Este criterio aparece reflejado en el art. 2º del art. 218 del Código de Comercio en donde remite al intérprete a considerar el "contexto general" del contrato", a lo que agrega que frente al artículo 1198 del Código Civil, el intérprete abocado a dilucidar "lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión", está exigido a guiarse por la buena fe, principalmente por la buena fe subjetiva".

Argumentos todos que me llevan a confirmar lo resuelto por el sentenciante, en cuanto a la decisión de fondo.

Se agravia también el quejoso por la forma en que se manda a rendir cuentas.

De la lectura de la "SOLUCION", punto 11) considero que el sentenciante enumera generalidades sobre la rendición de cuenta y no la exigencia que deban rendirse específicamente respetando tales ítems, toda vez que ordena rendirlas conforme el art 652 del CPCCCh, no obstante si así fuera, como lo entiende el quejoso, sabido es que la rendición no se encuentra sometida a formas sacramentales sino que debe ser de modo tal que resulte clara y entendible (descriptiva e instruida y documentada -arts. 68 y 70 del Cód. de Comercio), resultando secundaria la forma en que se realice, pero sí debe presentar una ordenada forma descriptiva, de todas y cada una de la operaciones realizadas, exponiendo en forma clara como arriba al cumplimiento total, pues no se ajusta a la rendición de cuentas la simple disposición de los libros de comercio, las que se pretenden rendir con un simple peritaje o las que no hacen referencia concreta a la documentación que la respalda.

Jurisprudencia citada por Gómez Leo en obra citada y Morello en "Cód. Proc. en lo Civil y Comercial de la Prov. Bs. As y la Nación", tomo VII "A", pág.465 y sgtes.

Lo expuesto permite al obligado a rendir cuentas de acuerdo a los parámetros fijados.

En cuanto a las costas de la instancia anterior, no encuentro motivos para apartarme del principio objetivo de la derrota.

Las costas de la Alzada a la apelante vencida.

A fin de regular los honorarios, que los difiero para el momento del acuerdo, tendré en cuenta la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los arts. 7 y 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo que:

1) Desestima los agravios de la demandada y confirma la sentencia de fs 1119/1130.

2) Impone las costas de la Alzada al apelante vencido.

3) Difiere la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

A la primera y segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por la parte demandada contra la sentencia definitiva nro. 55/2006 que hizo lugar parcialmente a la demanda declarando existente la obligación de los demandados V M, S J C, y V M C, de rendir cuentas a las accionantes L V y P L H de la gestión administrativa sólo en las cláusulas 5, 6, 8, 15 y 23 del contrato de Cesión de Cuotas Sociales de la Sociedad de S P H e h SRL por el procedimiento del art. 652 del CP e impuso las costas del proceso a los demandados (fs. 1119/1130, fs. 1137).

Sintéticamente, habida cuenta que se encuentra cumplimentada la exigencia procesal del art. 163 del ritual, por la reseña de las prevotantes de las quejas de los apelantes, detallo los agravios.

A fs. 1152/60 vta. luce la expresión de agravios de los apelantes.

En el memorial reiteran lo expresado al contestar demanda: la inexistencia de obligación de rendir cuentas.

Sostienen que hubo retención de importes por contingencias en alguna cuotas que detalla, 5, 19, 20, 21 y 28 remitiendo a los recibos de pago de fs. 549.

Retrucando lo dicho por el Aquo que en la cláusula 5 es para el caso de pagos de pasivos ocultos que superen el saldo de precio adeudado, no ocurrió la cláusula, no fue operativa, era un caso que las vendedoras actoras debían devolver dinero a los compradores a los demandados.

Las cláusulas 6 y 8 se refieren a la exhibición de comprobantes.

En la 15 no se pactó obligación de rendir cuentas.

Sí hay una obligación de rendir cuentas en la cláusula 23, pero sólo respecto de aportes y contribuciones.

En la cláusula 8 se pactó la exhibición de comprobantes y no rendición de cuentas, lo pretendido era desligar de responsabilidad a las vendedoras, hace referencia a lo prescripto en el art. 54 y 274 de la LSC.

De las cláusulas 5 y 6 surge que podían retener si el pasivo oculto superaba el saldo de precio y no se puede hacer un análisis conjunto porque son para dos situaciones distintas las cláusulas 5, 6, 15, haciendo referencias en su interpretación de las mismas.

Critica la forma en que se ordena la realización de la rendición, y las costas del proceso.

Contesta la contraria los agravios a fs. 1163/67.

Análisis de las cuestiones.

Poco ingenio se necesita para vislumbrar que se trata de un contrato complejo el que vinculó a la partes en lo que denominaron en la cláusula primera como cesión de cuotas societarias, que dejó establecido claramente (en la misma cláusula) que se sujetaría a los términos del mismo.

No se trató de una cesión en la cual por un importe cierto, determinado y sin más condicionamientos ni obligaciones se efectuaba el negocio.

De una lectura del mismo documento emerge que la cesión no se concluía hasta la cancelación de las cuotas previstas en la forma dispuestas al consensuar; quedando en consecuencia obligaciones pendientes, sin cumplirse la cesión hasta tanto se abonaran, y se acreditaran también las circunstancias previstas, tales como prórrogas de contratos con terceros, y como invocó la parte demandada la existencia de un pasivo diverso al previsto, que por otra parte era un elemento de consideración, mejor dicho, de determinación concreta del precio que fijó el importe de las cuotas, no obstante invocarse (por los demandados) que la modificación de las mismas obedeció a la variación detectada.

Si una cláusula contractual puede interpretarse en diversos sentidos, debe utilizarse el criterio que más nos acerque a lo que verosímilmente pudieron entender las partes al celebrar el contrato.

Además, es obvio que a través del acuerdo celebrado las actoras pretendían cubrirse de los perjuicios que pudieran derivarse de la inejecución de lo pactado, tales como los pagos previstos cancelatorios del pasivo, las cuotas, etc, que surgen de las cláusulas mencionadas por el Aquo en su condena.

Un ejemplo evidente de lo dicho es la cláusula 5.

Los demandados dicen haberse superado el pasivo calculado al momento de celebrar, era la sociedad, los compradores demandados, que debían saldar y no se previó en la misma la rendición -cláusula 6ta.-, pero se afectaban las sucesivas cuotas, tal y como emerge de los pagos inferiores a $4000 convenidos, encuentro que no debo apartarme de la interpretación que efectúa el Aquo de la cláusula 8va. y que coincidiría con lo que verosímilmente las partes pretendieron en especial las actoras, y solo mediante la forma de rendición de cuentas pueden demostrar el fiel cumplimiento de lo contratado.

Lo mismo ocurre con la disposición de la cláusula 15 que de la liminar lectura no puede concluirse otra cosa que la rendición de cuentas y que fuera demandada por las accionantes a fs. 28 porque estuvo destinada a todos las situaciones contractuales sin exclusiones, contrariando la afirmación de los demandados.

Por lo que encuentro poco convincentes los argumentos del recurrente en el sentido que no está obligado a dar cuenta de su gestión a la parte actora.

Pues no es una socia, como bien señala al contestar demanda y en el memorial de agravios, que sería la única alternativa contra quien podría oponerse a ese requerimiento.

No existe otra forma y medio de comprobar aquello que pesaba en cabeza de los compradores, puesto que la figura del balance le es totalmente ajena a las actoras, es más, no podrían requerirlo, para comprobar el fiel cumplimiento de lo pactado, por no ser parte de la sociedad.

De lo dicho se infiere que los argumentos carecen de contundencia que desacrediten la decisión de grado.

No se dispusieron otras formas o modos de acreditar el cumplimiento de obligaciones a cargo de los demandados cesionarios por parte de los actores cedentes en el momento de contratar y de allí la vía elegida para poder obtenerlo es la adecuada y no resulta opuesta a derecho.

Dice la doctrina, "para poder exigir la rendición de cuentas basta que una persona haya manejado dinero o bienes que sean ajenos total o parcialmente, sea en razón de un vínculo contractual o extracontractual; encuadro o no el primer caso en la figura de uno de los contratos nominados de nuestro código civil o de comercio.

En consecuencia, los supuestos de obligación de rendir cuentas no quedan limitados a los que menciona la ley de fondo" (ver Santiago Fassi, Alberto Maurino "Cod.Proc...", t.4 pág. 519/20, Ed. Astrea-2005).

Además del detalle de párrafos precedentes de las cláusulas contractuales, en su interpretación y acatamiento no puede dejar de marcarse que los intereses ajenos a la sociedad adquirente se exteriorizan en lo previsto en cláusula 18, también de la tercera, que remarcan las vinculaciones de los vendedores con otra empresa, y modifica el importe en juego.

Además, señalo que el juez Aquo determinó la existencia de la obligación, esa rendición de cuentas debe ser por escrito porque los actos o negocios jurídicos efectuados son de cierta envergadura (ver Etcheverry, "Derecho comercial y económico", cita Fassi, ob.cit., pág. 521).

Si bien no existen fórmulas sacramentales, siguiendo doctrina que transcribo "la rendición de cuentas no solo debe ser documentada, clara y detalladamente explicativa, ha de describir la actuación cumplida -en la especie está especificada en los puntos del contrato y que juez de grado identifica en su condena-, ...acompañar la documentación respaldatoria..." (autor y ob. citada, comentario art. 652, CPr., pág. 537).

Por todo lo expuesto considero que la rendición debe ser de acuerdo a lo dispuesto en el art. 68 del Código de Comercio, corresponderse con los asientos en los libros de la sociedad demandada que rinde cuentas y acompañada de los respectivos comprobantes.

Por último, agrego que la rendición debe ser de fácil interpretación para todos los interesados, con el objeto de lograr la visión más certera posible de la situación.

Los resultados inteligibles para los profanos en la materia (según Zaldívar E., citado por Otaegui, Julio en "Invalidez de los actos societarios", Ed. Abasco, Bs.As. 1978, pág. 403).

También veraz, tanto en los criterios de valuación como a la postración de sus resultados (Halperin Isaac, "Sociedades Anónimas", Ed. Depalma, Bs.As., 1974 pág. 483).

Los recurrentes no rebaten en este aspecto la condena, ya que no existe otra posibilidad de realizar la misma.

En punto a la queja por la imposición de las costas, habiendo concordado con lo fallado en la instancia de grado, no encuentro argumento alguno para apartarme del principio rector del art. 68 del ritual, por lo cual no puedo receptar el agravio.

Estos fundamentos me llevan a confirmar lo resuelto por el inferior, desestimando los agravios de los recurrentes.

Las costas de la Alzada se imponen a los apelantes vencidos conforme principio de la derrota (art.68 del CPCCCh), difiriendo la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes al momento del Acuerdo.

Por coincidir mi voto con lo dispuesto por la Dra. Reynoso de Roberts, doy por reproducida su fórmula postulatoria.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia de la Dra. Melero, la siguiente SENTENCIA:

1) Desestimar los agravios de la demandada y confirmar la sentencia de fs 1119/1130.

2) Imponer las costas de la Alzada al apelante vencido, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de la Dra. M A K en la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500) y del Dr. C S Ken la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($750).

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO -Presidente MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara NÉLIDA SUSANA MELERO - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro.05 DEL AÑO 2007 DELLIBRODE SENTENCIASDEFINITIVAS