Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-04-11


SALA SEGUNDA Expte. N° 5737 caratulado: "AVILA Omar Rodolfo c/ Empresa Barceló de Barceló Eduardo Jaime - Apelación de Sentencia - INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION" En la Ciudad de San Juan, a once (11) días del mes de abril del año dos mil doce, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero, a fin de examinar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en fecha dieciséis de diciembre de dos mil once, en autos Nº 8761 caratulados: "Avila, Omar Rodolfo c/ Empresa Barceló de Barceló, Eduardo Jaime s/ Apelación de Sentencia".

EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO:

La parte actora plantea recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

En dicha resolución, cuya copia obra a fojas 54/56 de estos autos, el a quo rechazó la apelación de la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado fundado en justa causa el despido directo y rechazado la indemnización consecuente.

El Tribunal llegó a tales conclusiones tras considerar, en primer lugar, que el memorial no cumplía las exigencias del artículo 253 del CPC, lo cual, aclaró, determinaría sin más la desestimación del agravio. Sin perjuicio de ello, el a quo añadió algunas consideraciones sobre las constancias de la causa, aclarando que ellas tornaban improcedente el cuestionamiento de la recurrente.

La actora encuadra su recurso de inconstitucionalidad en la causal del inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275. Dice que la sentencia es arbitraria y viola su derecho de defensa, al no haber considerado adecuadamente pruebas y constancias decisivas.- En primer lugar, se agravia de que el Tribunal considere que, por reconocer el actor la existencia de los bidones de nafta, quedan sin sustento sus agravios referidos a que nadie vio cargar los bidones. Dice que ello es una versión antojadiza del Tribunal, producto de la falta de lectura y análisis de los hechos.-- En segundo lugar, la recurrente se agravia de que el a quo aluda al silencio de su parte en un careo, expresando que ello vuelve a demostrar la falta de lectura, ya que no estuvo presente en dicho careo. Y que también se viola el derecho de defensa al atribuirse veracidad a los dichos de los testigos de la contraria.- La impugnante encuadra su recurso de casación en las causales de los dos incisos del artículo 15 de la ley 2275. Dice que el a quo no ha realizado un pormenorizado análisis de los hechos ni aplicado el principio protectorio del artículo 9 de la LCT. Agrega que el SAC por vacaciones debe pagarse, conforme jurisprudencia que cita.

Expuestos sucintamente los antecedentes del planteo, me aboco a examinar su admisibilidad formal, adelantando que dicho examen conducirá a desestimar formalmente los recursos.-- En primer lugar, la recurrente no ha objetado el principal fundamento del fallo que impugna, teniendo en cuenta que el a quo rechazó su apelación, básicamente porque no cumplía con los requisitos del artículo 253 del CPC.

Este fundamento es decisivo en el sentido del fallo y autosuficiente para sustentarlo. Sin embargo, la recurrente no intenta rebatirlo y sus objeciones se dirigen a lo que sería el fondo del asunto (el despido), pero no a la circunstancia señalada por el a quo (la suficiencia de su memorial de agravios).- Así las cosas, no correspondería considerar el fondo de los recursos. Tiene dicho el Tribunal que el recurrente debe hacerse cargo de todas las motivaciones y fundamentos que sustentan la conclusión, y que -caso contrario- esos puntos de la sentencia han de considerarse firmes e irrevisables en la instancia extraordinaria (P.R.E. 1968-121; P.R.E. S.2ª 1988-I-61; P.R.E. S.1ª 1990-I-141; P.R.E. S.2ª 1993-III-72).

En segundo lugar, e incluso obviando lo anterior, los recursos deberían ser igualmente desestimados.

En cuanto al de inconstitucionalidad, la presentación recursiva no se autoabastece, con lo que la recurrente incumple con la exigencia del artículo 4 de la ley 2275, según el cual "El recurso debe autoabastecerse, de forma tal que permita al Tribunal examinar y decidir la admisión formal sin necesidad de requerir antecedentes o actuaciones".

Ha dicho al respecto esta Corte que el recurso extraordinario es de interpretación restrictiva y debe bastarse a sí mismo, por lo que la presentación debe estar integrada por todos los elementos necesarios para demostrar y apoyar la pretensión esgrimida.

No cabe, por ende, suplir las eventuales omisiones mediante reenvíos o solicitud de autos principales para integrar fundamentos, pues la competencia de este Tribunal está objetivamente ceñida por el régimen de la ley 2275 (P.R.E. 1985-166; S.1ª 1989-1; S.2ª 1991-I-26; etc.).

En la especie, el recurso de inconstitucionalidad no se autoabastece desde un doble punto de vista: en primer lugar, porque, al no acompañar copia íntegra de su memorial de agravios, la recurrente no acredita haber introducido la cuestión constitucional que ahora esboza ante esta instancia.

En efecto, la última copia del escrito que presenta (ver fs. 38 y vta. de estos autos), finaliza con el título "Reserva del caso federal", tema que, es de suponer, resulta desarrollado en una parte del documento que, como digo, no se acompaña.

Más allá de que el título no refiere específicamente a la cuestión constitucional prevista en el citado artículo 12 -porque se alude al "caso federal" y, además, a una reserva y no concretamente a la introducción de la cuestión- lo cierto es que no se adjunta copia del texto pertinente.

Ello, sumado a que de la parte del documento que sí se acompaña no surge introducción de cuestión constitucional alguna, hace que en definitiva la recurrente no acredite haber cumplido con el requisito del artículo 12.

El segundo aspecto en el cual el recurso no se autoabastece, tiene que ver con el agravio vinculado con la valoración de la prueba. La impugnante objeta lo referido a un careo y a las testimoniales de la contraria, pero no acompaña copia de las actuaciones pertinentes, con lo que impide al Tribunal juzgar sobre la admisibilidad del planteo.

También el recurso de casación debe ser, a mi juicio, desestimado. Al argumento relativo a la falta de impugnación de uno de los fundamentos del fallo atacado, se suma: en cuanto al primer agravio, que remite claramente a cuestiones fácticas y probatorias.

Al respecto, tiene dicho el Tribunal que la revisión de cuestiones fácticas y probatorias es notoriamente ajena a la finalidad específica de la casación. Y que el recurso es inviable cuando, aunque se pretexten objeciones normativas, en realidad se insta dicha revisión (PRE 1981-313; 1982-87; S.2ª 1989-77; etc.).

El segundo agravio, en tanto, carece de fundamentación adecuada, pues la recurrente incumple con los requisitos establecidos en los incisos 3º y 4º del artículo 16 de la citada ley 2275.

Por todo ello, voto por desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos.-- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSE ABEL SORIA VEGA Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente. En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I) Desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero. Ante mí: Dr. Hugo Alberto Fornés - Secretario Letrado.

Df-5737 S.E.

Si-// ///guen firmas:

P.R.E. S.2ª 2012-II-237.