marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Letra de cambio, pagaré, recursos, acción judicial, principios cambiarios, excepciones procesales, inhabilidad de título, improcedencia del recurso, abstracción cambiaria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Gire SA c/ León, Silvina Debora y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-14

Procede confirmar la resolución que desestimó la excepción de inhabilidad de título y mandó llevar adelante la ejecución. Ello por cuanto, en el caso, es claro que el texto del pagaré no contiene referencia alguna respecto a que hubiera sido emitido "en garantía", por lo que la ausencia de toda cláusula en ese sentido inserta en el documento, por elemental aplicación del principio de abstracción, impide alegar que el título sea causado y que remita a una obligación originaria o subyacente. La abstracción procesal consagrada en la legislación adjetiva (CPR 544-4°) veda la posibilidad de indagar las causas subyacentes de la acción pues exceden el marco cognoscitivo del juicio ejecutivo y, en concordancia con ello, no cabe en la especie avanzar sobre el límite mencionado dado el título que se ejecuta y la imposibilidad de considerar la causa de deber (cfr. arg. Sala E, "Banco Holandés Unido SA c/ Buenaventura Félix s/ ejecutivo" del 02/4/91, Sala A, in re: "Vidal Otero, Alfonso c/ Emanuel Isaac s/ ejecutivo" del 5/5/98; Sala C, in re: Finvercon SA Compañía Financiera c/ Mendoza Mario s/ ejecutivo" del 22/3/02; Sala B, in re: "Banco del Bueno Ayre SA c/ Soriano María del Carmen s/ ejecutivo" del 16/08/06; entre otros). En este marco, no está de más recordar que la dilucidación de las circunstancias extracartulares que pudieron haber rodeado el libramiento del título ejecutado podrán ventilarse, en su caso, a través de la vía contemplada en el CPR 553.
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE PARANA s/ ACCION DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1987-05-27

Corresponde hacer lugar a la acción de lesividad por la Municipalidad de Paraná, declarando nulos los decretos por los cuales se designa a Alicia Ger Villacampo como Directora de Turismo ya que la demandada no puede sanear por el transcurso del tiempo su ingreso irregular con violación de la exigencia de concurso impuesta por la Ordenanza 4220 que reglamenta su designación por lo que no goza de estabilidad consagrada en el artículo 21 de la Constitucion de Entre Ríos. No empece el vicio señalado la circunstancia de que los actos tengan apariencia de forma regular y el órgano de designación sea competente si sus condiciones intrinsicas no satisfacen la norma legal
Inundación, responsabilidad del Estado, Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LANGHI, RODOLFO OSCAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-05-10

Más allá de que se comparta o no el camino sugerido por la Sala ante un conflicto de esta naturaleza -reclamo de indemnización de daños y perjuicios derivados de la catástrofe hídrica de 2003- la comunicación cursada a este Cuerpo -en orden a la posibilidad de otorgar a la causa el carácter de proceso colectivo-, como cabeza del Poder Judicial, sobre el modo y la forma más eficaz y eficiente para incoar este tipo de pretensiones, encuentra en las instancias ordinarias el escenario más adecuado para que las partes y los propios órganos jurisdiccionales la consideren y, en su caso, la apliquen en los asuntos concretos sometidos a juzgamiento (Del voto del Dr. Falistocco)
Participación criminal, autoría, coautoría, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: SIDORAK, JUAN RAMON S/RECURSO DE CASACION Causa 603
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-22

Autor es quien no siendo simplemente cómplice, toma parte en la ejecución del hecho realizando la acción típica. Es decir, el sujeto que ejecuta la acción expresada por el verbo típico de la figura delictiva. Tomar parte en la ejecución del hecho -art. 45 del Código Penal- no es exactamente igual a ejecutar el hecho típico;

pero esto no significa que la ley esté excluyendo la figura del coautor, sino que por el contrario, en la descripción legal están comprendidos tanto el sujeto que sólo y por si mismo ejecuta la acción, como los que la ejecutan directa y conjuntamente con otros.

Pues cuando, la acción típica es susceptible de ser realizada en conjunto por varias personas, o bien de ser divisible entre ellas, todos toman parte en el hecho en calidad de autores.(voto del Dr.

Riggi)
Trámites judiciales, medidas cautelares, trabajador, despido, nulidad del despido, procedencia del recurso, decisiones administrativas, certificado médico
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Vázquez, Alberto c/ Oliver, Norberto Carlos s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-25

El juez a quo denegó la medida cautelar peticionada por la cual el actor pretende que se disponga la nulidad del distracto decidido por el demandado ordenándose la reinstalación a su puesto de trabajo con más el pago de los salarios caídos y el reconocimiento de la dispensa prevista en la Res. N° 207/2020 del MTESS. El actor ingresó a trabajar como chofer de taxi en enero de 2011. De los certificados médicos surge que el actor es diabético y que -pese a encontrarse dispensado- trabajó durante la vigencia del aislamiento preventivo, contrayendo COVID 19 lo que derivó en su internación. Por su parte, la demandada, conociendo estas circunstancias, decidió extinguir la relación laboral luego de haberlo intimado a retomar tareas imputando además pérdida de confianza. El derecho invocado por el trabajador se aprecia verosímil, puesto que el despido impuesto por la accionada en contraposición a los claros términos del Dec. 329/2020 que en su art. 2 expresamente prohíbe "los despidos sin justa causa" justifica la necesidad de respuesta urgente a la falta de ingresos de un trabajador constituyendo a su vez, un elemento que refuerza la verosimilitud del derecho al reclamo, el hecho de que el actor pertenece a un grupo de riesgo. Estos mismos elementos permiten inferir el peligro en la demora, toda vez que en la génesis misma de la normativa aludida se encuentra priorizar el derecho a la vida y la salud y para ello resulta necesario asegurar los medios de subsistencia indispensables de las personas, en virtud de los cuales se dictaron dichas normas y el despido sin causa del trabajador diabético y la falta de pago del salario, atentan contra dicho objetivo. Una tutela anticipatoria como la pretendida se exhibe razonable. Por lo tanto cabe disponer que con carácter cautelar el demandado reincorpore al accionante a su puesto de trabajo habitual en las mismas condiciones que al momento del despido, con la dispensa de asistencia al lugar de trabajo, y le abone los salarios adeudados desde dicha fecha, bajo apercibimiento de aplicar astreintes. (Del voto del Dr. Raffaghelli, en minoría).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, Constitución Nacional, control de constitucionalidad, ley nacional, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de casación - causa n. 32/93.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-07

Es admisible el recurso extraordinario si se ha puesto en tela de juicio la validez de una ley nacional (art. 459, inc. 2., del Código Procesal Penal de la Nación) por ser contraria a normas de la Constitución Nacional y de un tratado internacional al que ella hace referencia, y la decisión ha sido adversa al derecho fundado en estas últimas (artículo 14, inciso 3. de la ley 48).
Honorarios, perito contador, base regulatoria, cobro de aranceles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S.E.G.B.A. c/ BRUNETA  S.A. s/ HONORARIOS: PERITO CONTADOR. BASE REGULATORIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-19

Es errónea la argumentación de la perito contadora al pretender la modificación del monto base mediante la aplicación del art. 3 en su inciso b), segunda parte del decreto -ley 16.638/57, toda vez que éste autoriza al Juez a apartarse de los porcentajes establecidos en dicha norma, pero de ninguna manera a modificar la base regulatoria establecida por el mismo arancel.-
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: González, Ramón Eduardo s/ Robo y violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

No resulta violatorio de la sana crítica el entender que no implica mendacidad que la víctima de violaciones modifique, en sucesivas declaraciones, sus referencias al número y la vía de accesos sufridos de parte de cada coautor.
Tenencia de estupefacientes, aplicación de la ley penal, control de razonabilidad, bien jurídico protegido, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: Lucero, Fabio Alejandro y Marichal, Javier Isaías s/ ley 20.771 -Causa Nx 20.815-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

La presunción de peligro que emana del art. 6° de la ley 20.771 no es irrazonable, en atención a la relación entre los bienes jurídicos protegidos y la conducta incriminada.
Aduanas, origen de la mercadería, certificado de origen, tributos aduaneros, tasa de estadística
Materia: ADUANERO
Carátula: "Daimlerchrysler Argentina SAFICIM (TF 14.889-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-17

Cuando en el certificado de origen la autoridad interviniente remitió a la "factura comercial adjunta" identificándola por su número y fecha, y en ésta, a su vez, se hace remisión a la mercadería identificada en las hojas adjuntas. En tales condiciones negar el tratamiento preferencial solicitado por faltar en dichas hojas adjuntas la intervención de la autoridad certificante, importa una exigencia excesivamente rigorista de formalidades que sólo tienden a obstruir la finalidad de integración económica perseguida por el acuerdo, generando reacciones que puedan dificultar la prosecución de sus objetivos (Sala V "Bear Service", 27/9/2000) (Cons. V).
Sanciones disciplinarias administrativas, Derecho penal
Materia: PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Rico, Alberto Antonio. c/ Estado    Nacional    (Policía   Federal  Ministerio  del  Interior). s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-11

Las correcciones disciplinarias no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal ni del poder ordinario de imponer penas, razón por la cual no se aplican a su respecto los principios generales del derecho penal.
Competencia contencioso administrativa, contenido de la demanda, planteo oportuno
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Diaz Martínez, Jorge (Representante de I.A.T.E. S.A.) c/ Provincia de Catamarca s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-27

Comparece el actor, en representación de una SA, interponiendo acción contencioso administrativa de nulidad en contra de la Provincia de Catamarca, con el objeto de que se revoquen los Decretos O. y S.P. Nº214/09 y Nº1266/09, por considerarlos nulos de nulidad absoluta.

Conforme al estado procesal de la causa, corresponde que esta Corte de Justicia emita pronunciamiento en orden a lo normado por el Art.3 del CCA, referido a si la cuestión traída a su conocimiento corresponde prima facie a su jurisdicción.

Analizada la materia que involucra el litigio, se colige que la misma se trata de una relación regida por normas de derecho administrativo, que justifica la apertura de esta instancia contencioso administrativa, estrictamente revisora del actuar administrativo, de conformidad al Art.204 de la CP.

Deben tenerse por satisfechas las exigencias procesales extrínsecas de la demanda, además la causa implica materia contencioso administrativa, es iniciada por un particular en representación de una persona jurídica, reclamando contra una resolución definitiva emanada del Titular del Poder Ejecutivo Provincial y que hipotéticamente vulneraría derechos de carácter administrativos establecidos a favor del reclamante por disposiciones preexistentes.

El accionante justifica haber agotado la vía administrativa previa con el pronunciamiento de la autoridad de última instancia, representado por el Decreto O. y S. P. Nº1266, de fecha 16 de noviembre de 2009, que rechaza el recurso de reconsideración planteado contra el Decreto O. y S. Nº241 de fecha 17 de marzo de 2009, acto definitivo que en copia simple obra en autos, dándose por notificado con fecha 20/11/2009.

Conforme a la reseña fáctica, la acción ha sido deducida en tiempo hábil, dado que el agotamiento de la vía administrativa previa culmina con la notificación de fecha 20/11/2009, interponiéndose la demanda dentro del plazo previsto en el Art.7 del CCA, conforme al cargo de recepción.

Por ello, de acuerdo a las normas legales citadas y conforme lo dictaminado por el Ministerio Público, corresponde declarar, prima facie, la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en autos.
Excarcelación, libertad asistida, revocación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: N. A., P. C. c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-13

Indicaron que la magistrada dispuso la excarcelación del imputado bajo el argumento de que ".el art.54.permite la concesión de este tipo de libertad anticipada para aquellos condenados que les resten cumplir menos de tres meses de la pena impuesta, lo que ocurre en este caso porque N.A. se encuentra detenido desde el 22 de mayo de 2018 y conforme al cómputo de fs..su pena vence el 21 de agosto próximo". Explicaron y dieron razones por las cuales compartían la decisión de equiparar el instituto de la libertad asistida con la previsión del artículo 317 inciso 5 del CPPN, pero precisaron que la magistrada obvió evaluar los demás requerimientos que la norma prevé, aun cuando está satisfecho el plazo, porque el instituto puede denegarse cuando el "juez de ejecución o juez competente.considere que el egreso puede constituir un grave riesgo para el condenado, la víctima o la sociedad" (artículo 54, párrafo quinto). Así, señalaron que se omitió solicitar los informes del organismo técnico-criminológico y del Consejo Correccional del establecimiento (artículo 54, párrafo tercero) y escuchar a la víctima del caso, tal como lo prevé el artículo 12 de la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.
Trabajadores rurales, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ DOMINGO Y OTRO c/ POTRERO S.E.C.P.A. s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO Y DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-28

El abandono de trabajo como es concebido en la Ley Contrato Trabajo no existe en el régimen rural, de allí que las intimaciones de reintegro cursadas por la patronal no tienen igual efecto que respecto del artículo 244 de la ley citada, cuyo mero vencimiento configura el abandono de trabajo. En autos, negado el abandono por los actores, aún tardiamente ya que no tenían obligación de hacerlo antes, quedó la demandada en condiciones de tener que demostrar el abandono que adujo,no siendo acertado el criterio de requerir el abandono que adujo, no siendo acertado el criterio de requerir de los actores respuesta o manifestación alguna de continuar con sus contratos pues quien les puso fin, prematuramente, fue la propia patronal.
Privatizaciones, empresas del Estado, propiedad participada, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, relación de dependencia
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CRAPELLA, Pedro c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES S.A. Y OTRO s/ participación accionario obrero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-31

Sólo aquellos empleados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales cuyo vínculo se hallare vigente a la fecha de entrada de la ley 24145 (14/11/92) tienen derecho a adquirir en el P.P.P. de YPF SA, siempre y cuando no fuere personal eventual, contratado, funcionarios o asesores designados en representación del gobierno o sus dependencias (Cfr. inc. a del art. 22 de la ley 23696). Esto es así porque recién con la ley 24145 se dispuso la adopción de un programa de propiedad participada que combinó la privatización de los activos de la sociedad con la privatización de sus acciones (art. 9 de la ley citada).
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Miche, Ernesto José y otra c/ José Ernesto Moreno y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-03-18

...se propugna acoger, en este orden, el agravio de la accionada en cuanto a la incongruencia que denuncia, que denota que el a-quo ha traído al fallo rubros integrativos de condena reclamados en la demanda, que fueron rechazados por el juez de Primera Instancia, consentido el rechazo por la accionante, y ello con el agravante de hacerlo, no solo en base a una falsa proposición de juicio, sino en oposición a constancias comprobadas de la causa, que antes declaró válidas y convictivas -vg. prueba pericial-.
Convertibilidad, derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

La ley 23.928 no ha tenido en vista suprimir la reglamentación del derecho reconocido por el art. 14 bis de la Constitución Nacional ni establecer pauta alguna sobre el tema (Disidencia de los Dres.

Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A.

Bossert).
Acción de amparo, nulidad total, retenciones impositivas
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: SA Importadora y Exportadora de la Patagonia s/ queja por recurso de inconstitucionalidad dnegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-12

Corresponde anular todo lo actuado sólo cuando la elección de la vía del amparo le impide a la parte demandada ejercer con amplitud su derecho de defensa, ya sea por impedirle la deducción de determinadas pretensiones o defensas, o la producción de determinadas medidas probatorias. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Derecho procesal, partes del proceso, costas, excepciones procesales, objeto de la demanda, traba de la litis, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: Acevedo, Adrián Nicolás c/ FCA SA de Ahorro para Fines Determinados s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-14

En el marco de un pleito en que la demanda hubiere devenido abstracta, es decir, que lo cierto, concreto y jurídicamente relevante es que el trámite finalizó sin que mediara pronunciamiento sobre la materia litigiosa de fondo, de modo que -en rigor- no puede hablarse de que hubiera un vencedor y un vencido. Corresponderá excluir la imposición de costas a cargo de una de las partes, ya que - como regla general- cuando la cuestión de fondo se ha tornado abstracta y no existe una resolución sobre la procedencia de la pretensión sustancial, los litigantes emergen del proceso en igual condición y ninguno puede calificarse de ganador o perdedor, por lo que las costas deben distribuirse en el orden causado (Gozaini, Osvaldo, "Costas procesales", Buenos Aires, 1990, p. 343 y sus citas).
Seguro de responsabilidad civil, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lopez Marcelo Fabian c/ Yanovsky Maria Celia s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-09

Al tercero damnificado le son oponibles todas las claúsulas del contrato de seguro aún aquellas que restrinjan o eliminen la garantía de indemnidad, sin distinguir en la naturaleza que éstas pudieran tener y si bien es cierto que el objeto del seguro de responsabilidad civil es mantener indemne al asegurado (art.109 ley de seguros) y que no constituye una estipulación en favor de terceros; no lo es menos que el damnificado puede ver resguardada la efectiva percepción de su crédito con la presencia de un legitimado solvente, pero así como a raíz de la comparecencia de la aseguradora recibe un "beneficio" traducido en un privilegio sobre la suma asegurada (art.118, ley de seguros ya citada) debe aceptar todos los términos del contrato, aún aquéllos que eliminen o restrinjan la garantía de indemnidad.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, sociedades comerciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: GUTIERREZ RUTH MONICA c/ CIGADE IFASA S.A. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-02

Son válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones cumplidas en la sede social inscripta, aún cuando la registración no se ajuste a la realidad y la sede de la administración esté instalada en otro sitio.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, marihuana, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, Néstor s/ ESTUPEFACIENTES. Tenencia.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-15

Debe revocarse la sentencia apelada y condenarse al procesado por el delito de tenencia de estupefacientes, por cuanto la cantidad de 8,8 grs. de cannabis sativa -marihuana-, reviste la aptitud nociva para la salud pública que se tuviera en cuenta para reprimir a quienes fueran hallados en posesión de ella. Tomando como promedio razonable que con 1 gr. de marihuana se puede confeccionar un cigarrillo, se concluye mediante una simple operación aritmética, que ocho o nueve cigarrillos tienen idoneidad para producir en una persona los efectos que la norma del art. 77 CP quiere evitar.

NOTA: Se citaron: Sala I, c. 27695, 'Daye, J. L.', 9/8/84; 'La Marihuana' publicación de la Secretaría de Estado de Salud Pública, pág. 29 y sgtes.; López Bolado, 'Drogas y otras sustancias estupefacientes'.
Renuncia al empleo, nulidad de la renuncia, padecimientos mentales
Materia: LABORAL
Carátula: SCRIVANO, OMAR ABEL c/ LA NACION COMPAÑIA DE SEGUROS SA. s/ NULIDAD DEL DESPIDO, REINCORPORACION Y COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-10-28

Si se prueba que la renuncia al empleo fue formalizada cuando el trabajador se encontraba privado de sus normales facultades mentales (en el caso esquizofrenia y delirio persecutorio), al acto le falta discernimiento, y es susceptible de ser declarado nulo.
Veto parcial, control de constitucionalidad
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido Izquierda Unida s/ reconocimiento de personería jurídico política (caducidad art. 50 inc. 'e', ley 23.298)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-07

Corresponde efectuar el control de constitucionalidad correspondiente a la promulgación parcial dispuesta por el decreto N° 2004/2009 del Poder Ejecutivo, no obstante que la cuestión aún se encuentre pendiente de ser tratada por el Senado de la Nación, pues ante un gravamen concreto formulado por un partido político que se encontraría incurso en la causal de caducidad prevista en el artículo 50 inciso "e" de la ley 23.298, la omisión o la demora del órgano en cumplir con el dictado de las medidas que le encomendara el texto constitucional genera una trasgresión constitucional, y paralelamente activa del Poder Judicial de requerir el cabal cumplimiento de la función que le fuera encomendada al órgano moroso (del voto del Dr. Dalla Vía).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abella, Juan Carlos y otros s/ rebelión -causa Nro. 231/89
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

En modo alguno el art. 21 de la Constitución Nacional consagra un derecho que, por encima del marco ordenado del ejercicio de los poderes públicos, tengan los ciudadanos y que puedan ejercer libremente.