Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-21


RAWSON, 21 de Abril de 2010.- ------ VISTOS:

------ Estos autos caratulados: "M., M. C. y Otros c/ Chubut, Provincia del y Otro (Río Negro) s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 21.765-M -2009)".- ------ DE LOS QUE RESULTA:- ------ Que por Sentencia Interlocutoria N° 60/SCA/09 obrante a fs. 464/469 y vta. esta Sala intimó a la parte actora a fin de que cumplimentara lo normado por el art. 330° en todos sus incisos y párrafos del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chubut, bajo apercibimiento de rechazar "in limine" la demanda.-------- ------ Que a fs. 488/506 y vta. comparece el Dr. E. R. H., con el patrocinio letrado de la Dra. M. C. P., solicitando ser tenido como gestor por la parte actora y en ese carácter, ratifica el Beneficio de Litigar sin gastos oportunamente propuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-- ------ Que, a continuación manifiesta que mantendrá la demanda tal como la formula el letrado que lo precedió, pues -explica- los demandados ya han sido notificados, a excepción de la co-demandada Provincia del Chubut.---- ///--- Que invocando los términos del art. 331 del CPCC (en Digesto 334 Ley N° XIII-5) expone "...expresamente desisto del Punto II -párrafo cuarto- y X. 11. del escrito de inicio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que "...fuera como petición especial y autónoma contra la Provincia del Chubut...no afecta a los demás co-demandados"(fs. 488 vta.).-- ------ Que el hecho de haber circunscripto la acción en esta jurisdicción -afirma- no implica en modo alguno desistimiento de la acción contra la Provincia de Río Negro y contra el Dr. L. S.------- ------ Que en consecuencia, en el Apartado II OBJETO, ratifica la demanda oportunamente interpuesta contra la Provincia del Chubut; el Suboficial Mayor J. I. T.; el Comisario Fabián Gabriel LOPEZ; el Comisario Jorge Eduardo CASTILLO; el Dr. J. O. C.; el Dr. M. E. Z., el Dr. E. R. F. y contra el Dr. O. A. H. y pide sean solidariamente condenados al pago de la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 3.332.880) como indemnización por los daños y perjuicios, daño moral y asistencia futura.- ------ Que asimismo, solicita se condene a la Provincia del Chubut a establecer a través del Poder Judicial "...la verdad de las circunstancias en que perdió la vida en la Comisaría de El Hoyo... el Sr. G. V. y castigar a los responsables" (fs. 489), pretendiendo además se condene a "...la actuación del Poder Legislativo, a cumplir con la obligación impuesta por el art. 2° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, adoptando medidas legislativas con relación a /// los recaudos que el Estado deba cumplir para investigar debidamente las muertes ocurridas bajo su custodia, y adoptar medidas especiales para la protección y custodia de quienes denuncien a los poderes del Estado o sus dependientes..." (fs. 489).--- ------ Que, según estima, la competencia de la presente causa deviene originaria y exclusiva de esta Sala y la sustenta en lo dispuesto en el art. 178, inc. 1) de la Constitución Provincial.--- ------ Que a continuación, reitera en los apartados IV. HECHOS y V. LIQUIDACIÓN, de manera idéntica, el relato efectuado en el escrito de demanda, los que fueron narrados en la S.I. N° 60/SCA/09. Luego ofrece pruebas y funda en derecho su pretensión, invocando genéricamente el derecho a la honra y dignidad de la familia V. consagrados en los Tratados Internacionales con rango constitucional, en el art. 75° inc. 22) de la Constitución Nacional y en los arts. 1109°, 1112° y concordantes del Código Civil, art. 1° de la Ley N° 23.592, art. 12° "in fine" del Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Ratifica expresamente los extremos del líbelo introductorio donde achaca la responsabilidad de la Provincia del Chubut, la que estima derivada del obrar del Poder Judicial, mencionando además en qué conductas de cada uno de los demás codemandados de la causa fincan la responsabilidad de éstos (Puntos VII b. a VII. i inclusive (fs. 16/19).---------- ------ Que, en el Apartado VIII reitera la reserva del Caso Federal y plantea la inconstitucionalidad de la aplicación al caso del art. 138° de la Ley de Procedimiento Administrativo Provincial (en Digesto 136 Ley N° /// I-18), alegando que en oportunidad de iniciar la pretensión la competencia era originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tuvo por promovida la demanda el 17 de marzo de 2006 sometiéndola a las reglas del proceso nacional. Sin embargo, luego del caso "Barreto." y "Agrar." menciona "...lo que antes era admisible al inicio de la acción, dejó de serlo mientras tramitaba ...por un cambio de jurisprudencia del Máximo Tribunal...la acción dejó de subsumirse en las reglas procesales nacionales para someterse, a partir de ese momento, al régimen procesal local..." (fs. 505 vta.) y con ello argumenta que, pretender la exigencia retroactiva de que debiera haberse sometido la presente acción al proceso local, violaría -afirma- el principio de irretroactividad de las leyes, que considera analógicamente aplicable a la jurisprudencia. Sostiene la accionante que la aplicación del art. 138° conllevaría a la privación jurisdiccional con vulneración de los derechos garantizados en el art. 18° de la Constitución Nacional, 8°1. del Pacto de San José de Costa Rica y 10°, 18° (inciso 9), 44° y concordantes de la Constitución Provincial.

------ Que a fs. 507 se tiene por presentado al letrado en el carácter invocado (art. 49 Ley N° XIII-5- antes art. 48 CPCC) y por cumplido con lo ordenado en el punto 1º de la S.I. Nº 60/SCA/09.------- ------ Que advirtiéndose, a fs. 508, que hay discrepancia entre el 3er. párrafo del Punto "I.b- Cumple intimación" y el 2do. párrafo del apartado "II. Objeto" de la presentación comentada, se deja sin efecto el llamado de Autos para Resolver dispuesto a fs. 507, hasta que la parte efectúe las aclaraciones correspondientes.-- ///--- Que a fs. 509 corre agregado escrito en el cual, el Apoderado de los actores, ratifica la gestión realizada por el Dr. H.. Y aclara, cumpliendo con lo ordenado, que incurrió en un error involuntario en la mención de los párrafos cuando se refiere al desistimiento, pues cuando indicó Punto II -párrafo cuarto- pretendió mencionar el tercero, subrayando "...exclusivamente desiste ...de la pretensión a que se condene a la Provincia del Chubut a erigir un cenotafio en el lugar y condiciones descriptas...".---------- ------ CONSIDERANDO: -------- ------ Que la doctrina de este Superior Tribunal de Justicia indica que para discernir la competencia, debe analizarse el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico-procesal (S.I. N° 175/90, 79/91, 118/91, 84/95, entre otras), así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa, y la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda. Más allá del derecho que se invoca en el reclamo, el criterio determinante es el del derecho aplicable, habiéndose resuelto que frente a la exposición de los hechos, "el juez debe decidir sobre la competencia con abstracción del régimen normativo alegado" (CNFed. en pleno in re "Boccardo..." LL 1987-C-5).--- ------ Que la Ley Nº V-3 (antes Ley N° 37) en su art. 32 inc. 3º, acuerda competencia originaria a este Cuerpo en aquellos casos en que además de intervenir el Estado Provincial, o alguna entidad autárquica, la materia del juicio está regida por el Derecho Constitucional y/o Administrativo.

///--- Que los accionantes han descripto los hechos y fundado el derecho en la demanda.---- ------ Que enseña DEVIS ECHANDÍA que en ésta "aparece inevitablemente la pretensión como fin concreto que el demandante persigue, y que tiene dos elementos esenciales: su objeto, que es el determinado efecto jurídico perseguido (derecho o relación jurídica que se pretende o responsabilidad que se imputa al sindicado) por lo tanto la tutela jurídica que se reclama; y la razón que es el fundamento que se le da, y se distingue en razón de hecho o de derecho, o sea el conjunto de hechos que constituyen el relato histórico de las circunstancias de donde se cree deducir lo que se pretende y la afirmación de su conformidad con el derecho en virtud de determinadas normas de derecho material o sustancial, identificándose con la "causa petendi" de la demanda y con los hechos en que se basa la imputación formulada, esto es, la "causa imputandi".- A su vez la pretensión tiene un fin, cual es la tutela particular del pretendiente, puntualizado en la demanda, mediante sentencia favorable.- (Conc.:"Teoría General del Proceso" Tomo I- Ed. Universidad- pág. 239/240 y 242).------- ------ A tenor de lo expuesto, el estudio de esta demanda conduce a establecer que la pretensión deducida contiene más de un objeto, y a los que asisten distintas razones y fines.- Uno, de naturaleza principalmente patrimonial, conformado por el achaque de responsabilidad dirigido contra la Provincia del Chubut conjuntamente con las personas que allí se mencionan en calidad de codemandados, completando el reclamo contra la Provincia para que a través del Poder Judicial se establezca ".la verdad de las circunstancias en que perdió ///la vida.quien en vida fuera .V.." (fs. 489). La otra, en palabras del doctrinario citado, "persigue una declaración completamente distinta", porque los efectos jurídicos que en caso de obtener un fallo favorable surgirían de esa disímil pretensión, evidencian su contenido extrapatrimonial de naturaleza institucional, tal el planteo realizado respecto del Poder Legislativo para que "adopte medidas legislativas" -esto es, sancione Leyes- relativas a los recaudos que el Estado debe cumplir para investigar debidamente las muertes ocurridas bajo su custodia y para proteger y custodiar a quienes denuncien a los poderes del Estado o sus dependientes.- Cada una, evidencia una razón propia y particularizada; de hecho, que en el primer caso estaría dada por las conductas relatadas que perjudicaron a los actores y en el segundo la omisión de emitir normas determinadas; de derecho, pues la pretensión de objeto patrimonial es fundada en las normas de responsabilidad civil y la segunda en una supuesta obligación del Poder Legislativo sustentada en la Constitución y Pactos Internacionales.- A más -como es de evidencia- un distinto fin.---------- ------ Que esta distinción efectuada, tiene efectos en el discernimiento de la competencia para su conocimiento y resolución.

------ a) Que -y en orden al objeto patrimonial de la pretensión- tal como se puso de manifiesto en otros decisorios, debe admitirse que para discernir la competencia en materia de Responsabilidad del Estado, en particular la extracontractual, doctrina y jurisprudencia no han podido establecer reglas rígidas, más aún en situación, como la de autos, en que la relación jurídica debatida está sometida en parte al ///Derecho Público, y en parte al Derecho Civil. Muchos Códigos en lo Contencioso - Administrativo, legislación de la que carece esta Provincia, han procurado deslindar las materias y competencias estatuyendo adjetivamente que no son de tal naturaleza los juicios en que se reclame la reparación de daños ocasionados por hechos, cosas o agentes de la Administración Pública, cuando no se produzcan por incumplimiento o en relación a una vinculación especial de Derecho Público contractual o reglamentaria establecida entre la Administración y el reclamante (v.g. Pcias. de Corrientes, Formosa, Buenos Aires - Ver Revista de Derecho Público - Proceso Administrativo I -2003-1).--------- ------ Nuestra Provincia no cuenta con un Código en lo Contencioso-Administrativo, ni hay norma adjetiva específica que discierna respecto de la competencia, en general, para atender los pleitos que procuran hacer efectiva la responsabilidad del Estado.---------- ------ Que "la Constitución Provincial en su art. 60 ha prescripto que el Estado garantiza la plena reparación de los daños causados por error judicial sin otro requisito que su demostración. Especialmente, añade el segundo párrafo "indemniza los daños ocasionados por la indebida privación de la libertad, su indebido agravamiento, o por incumplimiento de los preceptos referidos al tratamiento de detenidos y presos". (S.I. N° 8/SCA/09 - in re "M....").---- ------ Que a más, comentando este precepto, en la SI N° 41/SCA/06 ("T....") la Sala consideró que "no hay norma adjetiva específica, que discierna respecto de la competencia en estos supuestos, ni en general para atender los pleitos que procuran hacer efectiva la ///responsabilidad del Estado, debiéndose acudir a analizar la singularidad de la materia litigiosa, pues será ésta la que en cada caso ha de conducir al establecimiento, bajo la égida de estimar si la cuestión está principal o preponderantemente regida por el Derecho Público Constitucional o Administrativo, o bien por el Derecho Privado (conf. Roberto Enrique LUQUI, Revisión Judicial de la Actividad Administrativa -Astrea 2005- págs. 106 a 113, 130 a 133)".----- ------ En el mismo fallo, el Superior Tribunal de Justicia advirtió que "el Estado, como sujeto, tiene una sola personalidad, y es de Derecho Público; pero el problema está en dilucidar cuándo se aplica uno u otro derecho. En el primer caso ejerce sus potestades, ya sea para dictar reglas de conducta, para imponer obligaciones o para aplicar su poder coactivo" -siguiendo a LUQUI (ob. citada págs. 107/108). Autor que señala que "decidir cuándo predominan las normas de Derecho Público sobre las de Derecho Privado no es un tema simple, y por tanto ésta no es pauta suficiente.- Y para que un litigio sea de competencia contencioso-administrativa, es preciso que importe el juzgamiento de una operación administrativa, esto es de un acto, conducta, omisión, imputable a la Administración, en cuanto ejerce actividad administrativa. Lo relevante, es la cuestión sustancial y en caso de duda, la competencia será del Juez Ordinario por ser residual" (Ob. cit. pág. 110/112).-------- ------ Además, en aquel fallo (SI Nº 41/SCA/06) asentó su interpretación en el derecho que habría de ser aplicado para dirimir el caso, al decir que "la responsabilidad atribuida se funda en el caso preponderantemente ///en las normas de derecho privado que sustentan la pretensión actora, a la luz de las cuales ha de dirimirse".---------- ------ Que son las propias expresiones de los accionantes contenidas en la demanda, las que están exponiendo que a las Provincias demandadas se les atribuye la responsabilidad común por un mismo hecho -sin perjuicio de la jurisdicción ante la cual deba ocurrir para hacerla efectiva como consecuencia de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.- Esto es, esgrimen la negligencia en el esclarecimiento de una muerte violenta acontecida bajo custodia de una de ellas (la de Chubut), que además dirigió la investigación de los acontecimientos que se sucedieron con posterioridad a ese evento y, según se agravian, todo ello estuvo coronado por las graves negligencias que endilgan los accionantes a los funcionarios judiciales intervinientes, conductas que impidieron -esgrimen- esclarecer debidamente la muerte en cuestión. En esos términos, se agravian los actores en el líbelo introductorio de la función jurisdiccional desplegada por la actividad de cada uno de los codemandados (las que extensamente enumera), y tratan de justificar abierta y expresamente, que la actividad policial simuló el suicidio del nombrado, con "groseras fallas investigativas" -así calificaron- de los Fiscales FALCO y ZACCHINO. A ello añadieron la existencia de actos de discriminación desplegados en contra de la familia V. por el Juez COLABELLI los que, considerados en el proceso de enjuiciamiento tramitado en su contra, habrían agravado la situación del Magistrado. Destacaron además los accionantes, la conducta negligente desarrollada por los médicos que intervinieron en las autopsias (Dres. H. Y S.) ordenadas por el Ministerio Público Fiscal de Esquel, de cuyas conclusiones se infiere que ///la causa de muerte de V. había sido un suicidio, en franca oposición a la postura de quienes accionan.- ------ Que además de todas esas conductas, eminentemente jurisdiccionales desarrolladas en la investigación judicial, descartan la posibilidad de subsumir el caso en el Derecho Administrativo.- Pues no interesa si las mismas constituyen o no faltas a obligaciones impuestas por el Derecho Público, sino si quedan involucradas en los presupuestos de responsabilidad civil cuya satisfacción por vía de indemnización requieren.- Así es que cuando fundan en derecho su postura, en el punto VII de la demanda -ratificado en el mismo Apartado de la presentación obrante a fs. 488/506 y vta. -se apoyan en- a más de las normas supra constitucionales consagradas en el art. 75° inc. 22) de la C.N.- en los arts. 1109°, 1112°, y siguientes del Código Civil, complementando ello con la Ley Nacional que ordena dejar sin efecto todo acto discriminatorio y reparar el daño moral o material ocasionado (art. 1° - Ley N° 23592). Ello, luego de haber desarrollado los rubros que componen la suma que reclaman por los diversos daños que estiman derivados del desafortunado hecho comentado, que son, ciertamente, emergentes de aquel tipo de responsabilidad.--------- ------ No empece a estas consideraciones que el derecho reclamado finque en un deber de resarcir de fuente constitucional. Como tantas veces lo ha dicho el Cimero Tribunal, y se comparte, no hay derecho que no encuentre su raíz y origen en la Constitución; mas ello no es atributivo de competencia judicial, pues de así considerarse, no tendría razón de ser la distribución de la misma en distintos fueros. Ni ha de olvidarse que esa fuente en particular deriva de circunstancias ///históricas, que durante décadas, ya largamente superadas, retrajeron al Estado justamente de la aplicación de las normas civiles.---- ------ En autos, la responsabilidad patrimonial atribuida por los actores a la Provincia del Chubut, debe dirimirse preponderantemente por aplicación de normas de Derecho Privado, a la luz de las cuales la misma ha de juzgarse.--- ------ Que íntimamente relacionado con ello se encuentra la tacha de inconstitucionalidad que se adujo, en contra de la aplicación a esa pretensión patrimonial de lo normado en el art. 136° de la Ley I N° 18 (antes art. 138° Decreto Ley N° 920), norma que prevé específicamente la tramitación de una "reclamación" en vía administrativa, como requisito previo al ejercicio de toda clase de acción que, "...fundadas en el derecho común...", se intente contra la Provincia de Chubut o sus entes autárquicos.- En tanto objeto, razón y fin de la pretensión patrimonial deducida es regida preponderantemente por el derecho común, la cuestión vincula con los presupuestos procesales de aquélla, y guarda evidente conexidad.- Lo mismo ha de decirse respecto de la petición -obligación de hacer- de que se ordene al Poder Judicial establezca ".la verdad de las circunstancias en que perdió la vida.quien en vida fuera .V.." .- ------ Así porque como sostuvo esta Sala, en S.I. Nº 68/SCA/07 ("in re J."), siguiendo a PALACIO ". existe conexión en sentido procesal cuando dos o más pretensiones tienen en común alguno de sus elementos objetivos (objeto o causa) o se hallan vinculados por la naturaleza de las cuestiones involucradas en ellas. En este orden de ///cosas cabe distinguir entre una conexión sustancial, y una meramente instrumental. La primera determina un desplazamiento de la competencia que se funda -en términos generales- en la necesidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias. La segunda, en cambio, produce el mismo resultado a raíz de la conveniencia práctica de que sea el mismo órgano competente para conocer en un proceso determinado quien, en razón de su contacto con el material fáctico-jurídico y probatorio de aquél, también lo sea para entender en las pretensiones o peticiones -accesorias o no- vinculadas con la materia controvertida en dicho proceso. En este caso, el objetivo de la acumulación se relaciona con el principio de economía procesal. (Conc.: Derecho Procesal Civil - Tomo II- Nº 187 conc. Cám. C.y C. Común - Sala 1- 6/2/98 y sus citas elDial BB374F, CC010101 LP 14/9/00 elDial W13126).- En síntesis, por las razones referidas por el doctrinario en la segunda causal comentada, ambas cuestiones deben ser abordadas por el Magistrado competente para conocer de la pretensión patrimonial perseguida en contra de la Provincia del Chubut.----- ------ Que por lo expuesto, y en relación a esta pretesión y sus conexas, debe declararse la competencia material del Juez Civil. Fuere la propia del lugar del hecho -El Hoyo- que excita la correspondiente al Juez Civil y Comercial y Laboral de Esquel; o por el domicilio de la co demandada Provincia del Chubut, al Juez Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de la ciudad de Rawson, a elección de los actores (art. 5° inc. 4° de Ley N° XIII-5 - CPCC), la que deberá formular dentro de los diez (10) días de notificados considerando la distancia (art. 157 y 160 Ley N° XIII-V (antes 150 y 158 CPCC) de la presente. Caso contrario, se ///remitirá al último mencionado (art. 34 inc. 5° ap. e), 36 inc. 1 - Ley N° XIII- 5 - CPCC).------- ------ b) Que en lo que respecta a la pretensión de naturaleza institucional esgrimida contra la Provincia, mediante la cual se persigue la actuación del Poder Legislativo, que tiene por objeto que sea condenado a adoptar "medidas legislativas" sobre "los recaudos que el Estado debe cumplir" -afirman- en relación a las circunstancias de hecho precisadas en el escrito de demanda, la misma debe ser dirimida en un marco de Derecho Público Constitucional, resultando de competencia de este Superior Tribunal de Justicia -esta Sala- y así debe declararse.------ ------ Que atendiendo a la razón de la pretensión -según fue definida anteriormente- y considerada bajo el paraguas del principio republicano de la división de poderes, dígase que importa "mandar" a un Poder del Estado a ejercer la que son funciones exclusivas y excluyentes de su competencia pública, por lo que aquél se constituye en un valladar imposible de superar.---- ------ Que según comenta María Angélica GELLI para explicar la finalidad de este principio en el Estado moderno "En el sistema de la república democrática, la separación de poderes fue dispuesta para controlar el poder, posibilitar la libertad y garantizar los derechos de las personas. No obstante, la Corte.reconoció otras finalidades. "la doctrina de la división de los poderes o de la separación de las funciones, especialmente en nuestras sociedades modernas, halla su causa y finalidad en la especialización que pide el cumplimiento de ejercicio de ///las diversas funciones que deben satisfacer los estados. La distribución de dichas funciones en órganos, cuya integración personal y medios instrumentales está pensada con arreglo a la especificidad de aquéllas, es prenda de un mejor acierto de sus proyectos y realizaciones".(Conc.: "Constitución de la Nación Argentina- Comentada y concordada- Tercera Ed. Ampliada - LL - 2006 - pág. 23).- ------ Que a más, un criterio firme que viene sosteniendo el Cimero Tribunal de la Nación desde antiguo es el de que "la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes jurisdiccionales, toda vez que es el Judicial el llamado por ley a sostener la observancia de la Constitución Nacional, por lo que un avance de este poder en desmedro de las facultades de los demás, revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público" (CSJN, Fallos 155:248, 311:2580; 320:2851; 324: 2315 elDial AAAD9 - STCH SD N° 18/SRE/06).--------- ------ Que, a mayor abundamiento y dentro de esta línea de razonamiento, no puede soslayarse que la Constitución Provincial, cuando establece el proceso que debe seguirse para el dictado de las leyes, ha dedicado específicamente el art. 136° para determinar que tendrán origen en proyectos presentados por los legisladores, por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial sólo en los casos autorizados por la Carta Magna provincial incluyendo también el novedoso instituto de iniciativa popular.--------- ///--- Que, siendo ello así, el pronunciamiento que los accionantes requieren de esta Jurisdicción, como es que mediante una condena se inste el procedimiento para dar origen a un proyecto de ley, deviene, a tenor de lo expuesto improponible. Augusto MORELLO y Roberto BERIZONCE exponen, que una demanda es objetivamente improponible cuando el objeto en que se sustenta la pretensión que porta en sí, se exhibe constitutivamente inhábil para hacerse audible y de disponerse su sustanciación se daría lugar a un proceso infecundo, que habría nacido frustrado "ab origine" (Conc.: "Improponibilidad objetiva de la demanda" - JA, 1981 - Tomo III, pág. 790), y en el caso, este objeto está excluido por la misma Constitución.- ------ Que en tales supuestos incluídos, el art. 340 Ley N° XIII-5 (antes 337 CPCC) faculta a los jueces a rechazar las demandas "in límine" (Autores citados, FENOCHIETTO-ARAZI, FASSI en sus Códigos anotados, en comentarios al art. 337 CPC de la Nación y sus citas ).------ ------ Por ello la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia;--------- -------- R E S U E L V E: --------- ------ 1º) DECLARAR LA COMPETENCIA MATERIAL del Juzgado Civil y Comercial, para entender en la pretensión de objeto patrimonial de condena seguida contra la Provincia del Chubut y demás codemandados, por daños y perjuicios, daño moral y asistencia futura.-- ///--- 2°) Dentro del plazo de diez (10) días de notificada la presente, los actores podrán elegir entre las opciones dadas por el art. 5 inc. 4° de Ley N° XIII-5- C.P.C.C. expuestas en el Considerando respectivo-. Vencido el término si no se formulare la opción, la causa será remitida al Juez Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de Rawson (art. 34 ------ 3º) DECLARAR LA COMPETENCIA MATERIAL del Superior Tribunal de Justicia de conformidad con el art. 32° inc. 3 de la Ley N° V-3 (antes Ley N° 37) para entender en la pretensión de objeto institucional, extrapatrimonial incluida en la demanda.--------- ------ 4º) RECHAZAR "in límine" por improponible, la demanda contra la Provincia del Chubut persiguiendo que el Poder Legislativo adopte "medidas legislativas" como se solicita, por las razones expuestas en los respectivos Considerandos (art.340 Ley N° XIII-5 -antes 337 CPCC). Sin costas.------ ------ 5°) REGÍSTRESE y Notifíquese.----- Fdo.Dres. Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti , Fernando S.L. Royer.

Recibida y Registrada en Secretaría el 22/04/10 Bajo el N° 09 SCA/10