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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, costas, costas en el orden causado, honorarios del abogado, cobro al cliente, aportes previsionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BANCO DE SANTA FE SAPEM c/ RICHIGER S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - EJECUCION  PRENDARIA -INCIDENTE DE APREMIO POR COBRO DE APORTES PROMOVIDO POR  CAJA FORENSE (EXPTE.: C.S.J. NRO. 72 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26

Es admisible la queja interpuesta por la entidad bancaria contra la resolución del a quo que rechazó las defensas de nulidad de la ejecución e inhabilidad de título opuestas en el juicio de apremio con sustento en la desinterpretación irrazonable del artículo 250 del C.P.C.C., toda vez que, si bien la regla general que establece esta norma es que "cada litigante debe satisfacer las costas causada s a su instancia y la parte que le corresponda en las comunes", no establece una situación simétrica a la condena en costas. Expresa que cuando no se da ninguna de las hipótesis del artículo 251 y las costas se declaran en el orden causado, no hay propiamente condena en costas, que el mencionado artículo 250 no condena en costas, sino que "...otorga acción al profesional contra su propio cliente, magüer del cobro directo al, ahora sí, condenado en costas, a tenor del art. 260..." y que, dado que en el presente caso nunca se devengaron honorarios a favor del profesional que lo representa -porque su parte no es en rigor "cliente" y además el letrado percibe un sueldo por su tarea profesional- no hay "condena en costas" u "obligado al pago", es decir, no hay propiamente costas y menos acción para reclamar el cumplimiento o pago de honorarios contra el empleador, por lo que, considera el recurrente que "...no puede suponerse que nazca, en cabeza de ese propio empleador, la obligación 'ex lege' de realizar aportes a un tercero (la Caja Forense)..."
Poder Judicial, independencia del Poder Judicial, intangibilidad de la remuneración, inflación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Jáuregui, Hugo René Mario y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

La garantía del artículo 96 de la Constitución Nacional, dada su finalidad que consiste en proteger la independencia del Poder Judicial, no implica desligar a los jueces del deber solidario de sufrir los embates de la inflación, en tanto la erosión salarial no sea tan significativa que pueda impedir el logro de la finalidad perseguida por la norma.
Ley vigente, derechos del consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: Necxus Negocios Informáticos SA c/ Cigliutti Guerini SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-23

Así pues, para que tal calidad pueda ser otorgada en los hechos, tanto el texto original de la norma como su redacción actual e igual dispositivo del Código de fondo ahora vigente (cfr. Lorenzetti, en "Código Civil y Comercial de la Nación comentado", Buenos Aires, 2015, t°. VI, pág. 232) requieren que la persona física como la jurídica, adquiera o utilice bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Tal exigencia importa encuadrar como consumidor a la persona física que adquiera un producto o goce de servicios con destino a un uso esencialmente privado.
Ejecución fiscal, ejecución previsional, omisión de retener o percibir aportes, multa tributaria, competencia civil y comercial federal, competencia por conexidad
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL DGI c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE JABONEROS s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-19

No resulta óbice para declarar la competencia del Fuero en lo Civil y Comercial Federal la circunstancia de que la causa de la obligación sea una multa derivada de una infracción al Régimen Nacional de la Seguridad Social, habida cuenta de la conveniencia de que lo atinente al cobro de contribuciones previsionales y de créditos conexos sea unificado en el ámbito donde se ventilan las ejecuciones en general regidas por el mismo plexo normativo.
Avocación jurisdiccional, Corte Suprema de Justicia de la Nación, hecho notorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Del  Val,  Ricardo  Jaime,  Gobernador de la Provincia de Santa Cruz. s/ AVOCACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-03

Siendo un hecho público y notorio la destitución del presentante como Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, resulta abstracto pronunciarse sobre el pedido de avocación.
Caducidad de instancia, inactividad procesal, suspensión del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: BENEDETTI, AUGUSTO c/ ENRIQUE AURELIO GALOVICHE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-09

La caducidad de la instancia supone el abandono voluntario del trámite procesal durante los lapsos que la ley determina. de ahí que estos plazos se suspenden cuando, por razones de fuerza mayor o en virtud de cualquier otra causa, las partes se encuentran imposibilitadas o inhabilitadas para activar la marcha del proceso.
Competencia federal, competencia por la persona, declinatoria de jurisdicción, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Raymundo, Leonardo Matías c/ UGOFE S.A. y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

Cuando el fuero federal se establece ratione personae, puede ser declinado y su renuncia debe admitirse en todos los casos en que sea explícita o resulte de la prórroga de la jurisdicción consentida en el juicio.
Nulidad procesal, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calleja, Luis Alfonso c/ Parodi, Pedro Armando s/ Rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

Mal pueden plantearse ante la alzada supuestas irregularidades sucedidas durante el transcurso del proceso, porque es verdad conocida que las nulidades procesales solamente pueden ser reclamadas por la parte afectada en la misma instancia en que se produjeron y por vía de incidente.
Concursos, verificación de créditos, crédito fiscal, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CATALFAMO HECTOR JUSTO s/ PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO - INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO AFIP  -DGI - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-22

Si bien los certificados de deuda pueden ser válidos y suficientes en los procesos ejecutivos tributarios, no lo son en el procedimiento especial establecido por la Ley de Concursos y Quiebras, en el que expresamente debe demostrarse la causa de la obligación. Lo establecido en el art. 33 de la LCQ, no es una disposición estanca, sino que ella se armoniza en función del art. 32, es decir, que si bien el síndico tiene la obligación de efectuar tareas de investigación e información de los créditos insinuados, ello cobra operatividad en cuanto el pretenso acreedor hubiese acompañado la documentación pertinente y adecuada a dichos efectos, ya que la carga impuesta al síndico no implica una liberación del ente recaudador de presentar debidamente su pedido de verificación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, sobreseimiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Concina, Carlos c/ Farias, Aurora s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

En el caso que nos ocupa -venta forzosa- el tratamiento dado a la seña difiere del caso del art. 1202 del Código Civil, el cual establece la devolución de la seña oblada; y ello en razón de que en tanto el propietario-vendedor, del Código Civil ha cobrado la seña, no lo ha hecho el propietario-vendedor-ejecutado. En efecto, el ejecutado no es accipiens de la seña; la recibe el juez -normalmente lo hace el martillero, más está integrada en el banco de depósitos judiciales-, y queda supeditada a las consecuencias del proceso, por lo que el ejecutado no puede devolver nunca lo que nunca recibió, ni el comprador le dio. El art. 573 CPCC se refiere a una facultad del ejecutado dentro del proceso y no a una prerrogativa de un contratante arrepentido en los términos del art.

1202 del Código Civil, por lo que el ejercicio de esta facultad se realiza en forma exacta cuando se deposita en el juicio una suma a favor del comprador igual a una vez y media el monto de la seña pagada por el comprador más un 50%.
Orden público laboral, renuncia de derechos
Materia: LABORAL
Carátula: Falcón Gustavo José c/ Angel Nerpiti s/ Ordinario (LIBRO: S068 - 263)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-15

El orden público laboral está destinado en primer lugar a proteger al trabajador de posibles abusos por parte del empleador, imponiendo un contenido mínimo al contrato. Así el ordenamiento jurídico protege al trabajador mediante lo que se denomina una sustracción normativa de contenidos que afecta el objeto del negocio, que concede al trabajador derechos, no sólo irrenunciables, sino también indisponibles. Por ello no resulta necesario buscar vicios de la voluntad en la negociación para restarle validéz a los actos mediante los cuales el trabajador abandona derechos derivados del contrato de trabajo.
Jubilación por invalidez, jubilación ordinaria, jubilación por edad avanzada, cesación de servicios, otorgamiento del beneficio, ley vigente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CASTAÑARES, GERMAN FEDERICO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-17

El art. 43 de la ley 18.037, al referirse a la posibilidad de obtener los beneficios de jubilación por invalidez, ordinaria y por edad avanzada, en los supuestos que se produzca la incapacidad o se cumpla la edad requerida dentro de los cinco años siguientes al cese de servicios, constituye una excepción al precepto consagrado por la ley 21.451 ("El derecho a las prestaciones se rige...por la ley vigente a la fecha de cesación en el servicio..." -art. 27, ley 18.037-), ya que no puede aplicarse la legislación vigente al cese si en ese momento no están cumplidos todos los requisitos para obtener la prestación, sino la que rige al momento de producirse los hechos que concurren a configurar plenamente el derecho a los beneficios solicitados.
Responsabilidad médica, mala praxis, muerte del paciente, homicidio culposo, in dubio pro reo, responsabilidad penal, responsabilidad civil
Materia: PENAL
Carátula: PAZ, ARISTOBULO VICTOR s/ S.D.HOMICIDIO CULPOSO E.P.MARIA MARTA CARRIZO (CASACION).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-11-21

El hecho de que un médico acusado de homicidio culposo fuese favorecido con el beneficio de la duda, no obliga a que se exima de responsabilidad al centro asistencial denunciado civilmente, ya que toda la plataforma fáctica se cimentó siempre en el hecho ocurrido durante el servicio de salud prestado por el sanatorio, por que si bien la víctima ingresa como paciente de un determinado médico, se realizan luego una serie de interconsultas con profesionales que la misma ni siquiera conoce en persona, lo que demuestra la intervención de un grupo de doctores que en su conjunto representan al sanatorio demandado.-
Nulidad procesal, recurso de reposición (procesal), resolución denegatoria, resoluciones equiparables a definitiva, recurso de casación penal, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: B., D. H. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-02

La resolución donde no se hace lugar al recurso de reposición deducido contra la decisión de diferir el tratamiento de las nulidades articuladas por la defensa hasta la oportunidad de la audiencia de debate, no constituye sentencia definitiva ni equiparable a ella -art. 457 del C.P.P.N., limitación objetiva que obsta la procedencia del recurso de casación. (Voto de los Dres. Riggi, Ledesma, Tragant).
Expropiación, valor llave
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dirección de Vialidad de la Pcia. de Buenos Aires c/ Campos y Baiocco Omar s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Se conceptúa al valor llave como la probabilidad de que los antiguos clientes recurrirán al lugar conocido, concepto que ha ido ampliándose hasta adquirir la consistencia actual en el sentido de toda disposición que los clientes mantienen hacia la casa de comercio identificada con un nombre o razón social determinados y que puede inducirlos a continuar sus compras en ella.
Acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad, declaración de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Yosifides, Ileana c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-29

La potestad jurisdiccional que proporciona el último párrafo del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que al regular la acción de amparo autoriza a los jueces a declarar de oficio la inconstitucionalidad "...de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva", tiende a reforzar la eficacia de la enérgica tutela de los derechos y garantías constitucionales y legales en que el amparo consiste. Ese propósito es el que ha de servir de guía en la materia, lo cual abona la prudencia con que ha de emplearse la atribución bajo examen en la medida en que, ausente aquella finalidad, los jueces deberían abstenerse de ejercerla. (Del voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Carlos F. Balbín).
Impuestos, régimen penal tributario, extinción de la acción penal, aceptación de la pretensión fiscal
Materia: PENAL
Carátula: TARICA, JOSE RAUL s/ Régimen Penal Tributario, Recurso de queja por apelación denegada  Causa 31009
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-12

1- Para acogerse a un beneficio excepcional, voluntario y único como el que prevé el art. 14 de la ley Penal Tributaria (declaración de la extinción de la acción penal por cumplimiento de la obligación), no cabe sino aceptar la pretensión fiscal en forma lisa y llana, como lo expresa dicha norma.- 2- Si el monto de la pretensión fiscal ya ha sido determinado por la Dirección General Impositiva (D.G.I.) y el procesado no está de acuerdo con él, en tanto la norma legal no lo obliga a su acogimiento, puede optar por continuar con el proceso y debatir en el plenario, con todas las garantías que le otorga la ley a las cuestiones de fondo que dieron motivo a la formación del proceso, pero es inoportuna su discusión en el trámite del recurso de queja.
Acción de amparo, medicina prepaga, alcance de la cobertura, diabetes
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A. J.M. c/ OSPRERA s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-26

A. J. M. y A. R. S. son menores de edad (tienen 13 y 10 años, respectivamente), que son afiliados a OSPREPRA, que padecen diabetes tipo 1, y que su médica indicó que deben realizar 5 controles diarios de glucemia.

Está en debate, en cambio, la obligación de la accionada de proveer cautelarmente la cobertura integral de las tirillas reactivas para control de la glucosa prescriptas por la pediatra. El Ministerio de Salud y Acción Social aprobó el Programa Nacional de Diabetes, PRONADIA y Normas de provisión de medicamentos e insumos especificados en el anexo I (ver art. 1). En su art. 3, la resolución dispone que "el Programa aprobado en el Artículo 1° de la presente Resolución pasa a integrar el sistema de Prestaciones Médicas Obligatorias, P.M.O.". Ya en el marco del Programa Nacional de Prevención y Control de Diabetes (ver anexo 1), se prevé que "Acorde con la Ley 23.753/89 y el Decreto Reglamentario 1271/98, quedan comprendidos dentro de sus disposiciones los medicamentos e insumos básicos y cobertura mínima inicial, para el control y tratamiento del paciente con Diabetes Mellitus".las."Tiras reactivas para glucosa en sangre", y en lo que aquí interesa, "400 por año". Luego, en lo que se refiere a la cantidad, la disposición agrega a modo de nota "Dación mínima por pacientes diabéticos".
Despido indirecto, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Gagliostro de Polimeni, María c/ Moreyra, Carlos R. s/ Indemnización despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06

Incumbe al trabajador, la responsabilidad por la elección del medio utilizado para lograr la notificación de la intimación a aclarar la situación laboral y la posterior rescisión del contrato de trabajo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, accidentes de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: Héctor Juan FERREYRA c/ Y.P.F. s/ IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  CUESTION NO FEDERAL -  INTERPRETACION DE NORMAS Y ACTOS COMUNES - ACCIDENTES  DEL  TRABAJO -  PRUEBA DE TESTIGOS - PERITOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que no hizo lugar a la demandada tendiente a obtener la indemnización por incapacidad total y absoluta en los términos de la ley de accidentes del trabajo, si los agravios del apelante sólo suscitan el examen de cuestiones de hecho, prueba y de derecho común.
Sentencia arbitraria, procedencia del recurso, aplicación errónea de la ley, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Sajoux, Nicolás y otros c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Nicolás Sajoux (UBER) s/ art. 83 usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) - CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

De la interpretación sistemática del marco normativo aplicable a quienes realizan la actividad de traslado de pasajeros mediante un automóvil, no quedan dudas que la obtención de una licencia de conducir clase "D" se dirige a quienes realicen el servicio de transporte de pasajeros reglado por esa misma norma (para el caso de los taxis) y por normas vinculadas, como la que surge del Código de Habilitaciones y Verificaciones, Capítulo 8.4, que reglamenta el "servicio de alquiler de automóviles con conductor (remises)". En cambio, no puede concluirse lo mismo con relación a las conductas aquí investigadas -transporte de pasajeros, utilizando la aplicación UBER-. Y, en la medida que estas conductas no encuadran en ninguna de las actividades reguladas por el derecho positivo local, dicho blanco normativo obsta a exigirles a los encausados adecuar su conducta a una norma cuya aplicación presta lugar a confusiones o dudas, pues es evidente que el legislador no tuvo en consideración esta actividad al momento de regular esta licencia especial. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg. Voto coincidente de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Sentencia condenatoria, usurpación, violencia de género, condena condicional, prisión, reglas de conducta, prueba, dictamen fiscal, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: D. L. S., E. c/  s/ art. 181, inciso 1 del CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-23

Procede condenar al imputado por ser autor penalmente responsable del delito de usurpación, previsto y reprimido por el art. 181, inc. 1 del CP, a la pena de dos años de prisión en suspenso y debiendo cumplir además durante el plazo de dos años las reglas de conducta establecidas, pues a la luz de la regla de amplitud probatoria que rige sobre la problemática y las reglas de la sana crítica para valorar el testimonio de la víctima, concluyó el Sr. Fiscal que se encuentra acreditado el hecho imputado y también el contexto de violencia de género en el que se originó, con el grado de certeza requerido para el dictado de una sentencia de condena. Cabe señalar que el contexto de violencia en el que estaba inmersa la víctima, se dio en al menos dos tipos de violencia: simbólica y económica.

El tipo penal examinado tutela como bien jurídico, no sólo el dominio y otros derechos reales, sino la tenencia o posesión del inmueble en cuestión. El delito de usurpación no requiere exigencias especiales en el autor, pudiendo ser incluso autor el titular de dominio del inmueble; es un delito de consumación instantánea y de carácter permanente, sin embargo, sólo se perfecciona si el despojo se realiza mediante alguno de los medios comisivos taxativamente enunciados en el propio tipo penal, ésto es, violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad. A su vez, dicha acción puede producirse por invasión del inmueble y también por permanencia o expulsión; en el caso el despojo se produjo cuando invadió el inmueble en el que residía su ex pareja con sus hijos menores, gracias a los servicios de cerrajería, hecho que fue cometido mediante clandestinidad aprovechando el autor la ausencia momentánea de los legítimos moradores.
Contratos administrativos, pliego de bases y condiciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Goldman, Simón Raúl c/ Provincia de Buenos Aires (Multas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Si bien el pliego de bases y condiciones es ley para las partes, pues constituye contenido mismo del contrato de cuyos términos aquéllas no pueden apartarse, el principio no es absoluto y cede frente a disposiciones de tal naturaleza contractual que se refieren a materias reservadas al legislador como ocurre, entre otras, con la atinente a la competencia judicial por razón de la materia -que no es prorrogable- o los presupuestos para acceder a la instancia judicial; son cuestiones de orden público que, por ende, no pueden sufrir modificación alguna por acuerdo de partes. (Minoría u opinión personal)
Prisión domiciliaria, resolución denegatoria, homicidio culposo, lesiones graves, lesiones culposas, accidente de tránsito, prófugo, intención de entorpecer la investigación judicial, coronavirus
Materia: PENAL
Carátula: Papadopulos, Ricardo Emanuel c/  s/ arresto domiciliario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-04

Debe ser confirmada la decisión que rechazó el pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa del imputado, que se encuentra procesado con prisión preventiva, en orden al delito de homicidio culposo, en concurso ideal con el de lesiones culposas de carácter grave, calificados por la conducción imprudente de un vehículo con motor (arts. 45, 84 bis, segundo párrafo y 94 bis, segundo párrafo C.P.), dado que en el caso se verifica la existencia de peligros procesales que ameritan que continúe en detención, pues luego del accidente automovilístico, el encartado habría huido sin detenerse por un segundo para auxiliar a las víctimas. Además, cabe destacar que permaneció prófugo durante ocho días, lo que demuestra que cuenta con los medios necesarios para permanecer oculto, dado que fue buscado arduamente por las fuerzas de seguridad e incluso su foto estuvo publicada en los medios de comunicación. Asimismo, el acusado no posee patologías de base que lo coloquen en situación de vulnerabilidad o como población de riesgo en caso de contagio de COVID-19, que conduzcan a priorizar el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión.
Recurso de apelación (procesal), desistimiento de la instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: PINCHEIRA ROSA VIVIANA s/ GUARDA - QUEJA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-05-20

La denegatoria de la apelacion subsidiaria impediría al recurrente el tratamiento en esta alzada de la cuestión incidental a resolver,cual es si resulta correcta la declaracion de deserción decretada en la anterior instancia, lo cual podría llegar a impedir, también, el tratamiento del recurso principal con el consiguiente perjuicio para la parte.