Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-14


SENT Nro. 121 San Miguel de Tucumán, 14 DE MARZO de 2003.- Y VISTO: Estos actuados en los que Andrés Pelayo Méndez promueve acción declarativa o de certeza, de conformidad a lo normado en los artículos 89 y cc. del CPC, en los autos: "Méndez, Anndrés Pelayo s/Declaración de certeza de la interpretación del art. 80 CP"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, la presentación efectuada por Andrés Pelayo Méndez, con patrocinio letrado, por la que, según lo expone en el escrito de fs. 36/56 de autos, deduce de conformidad a lo normado en los artículos 89 y concordantes del Código Procesal Constitucional (CPC), acción declarativa o de certeza en los términos y con el objeto que da cuenta el aludido escrito (fs. 38/39, 52 y 55/56).

II.- El CPC, en el artículo precitado -que integra el capítulo II del Título III que refiere al "Control jurisdiccional de constitucionalidad"-, se refiere a una de las formas en que dicho control puede hacerse efectivo, en estos términos: "Acción declarativa. Puede deducirse acción tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad total o parcial de una norma legal o disposición normativa con fuerza de ley, provincial o municipal, o de reglamentos u ordenanzas provinciales o municipales, o actos administrativos, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la constitucionalidad de una relación jurídica, siempre que esa falta de certidumbre pueda producir un perjuicio o lesión al actor y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente".

De ello se desprende que, en el sub iudice, para que exista cuestión judiciable o, de otra forma, pueda hacerse efectiva la jurisdicción con respecto a la acción mentada en el aludido dispositivo, es menester que se verifique nítidamente la presencia de una relación jurídica ya que, precisamente, lo que mediante la interposición de aquella acción se persigue es obtener una declaración de inconstitucionalidad que haga cesar un estado de incertidumbre acerca de la constitucionalidad de la relación misma.

En esta misma dirección, el segundo párrafo del inciso 5º del artículo 90 del CPC precisa el concepto y refiere al "caso contencioso" que da lugar a la acción declarativa de inconstitucionalidad. Igualmente, es de interés recordar que en Ley Fundamental de la Nación, es decir, en el contexto del derecho constitucional federal, se atribuye competencia a la justicia solamente en causas o asuntos (cfr. artículos 116 y 117), siendo doctrina reiterada y consolidada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación la que pregona, con sustento en el artículo 2º de la Ley Nº 27, que el control de constitucionalidad sólo puede hacerse efectivo cuando concurra un caso o una controversia concreta (Fallos: 311: 421).

Por lo tanto, y no correspondiendo decir más sobre el particular, conviene simplemente retener que, de acuerdo a la considerado, es requisito ineludible para el ejercicio de la jurisdicción que exista una relación jurídica, causa o caso.

Expresa Germán José Bidart Campos que "Para que haya causa, el pronunciamiento que dicta el tribunal no tiene que asumir naturaleza de dictamen, o de una opinión de carácter consultivo, sino de una decisión sobre una cuestión real y sustancial que afecte a la parte justiciable" ("La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional", pág. 181). En el mismo sentido, también se ha sostenido que "...es una de las bases del sistema de control constitucional difuso que los tribunales no puedan dar opiniones consultivas. El primer fundamento es la separación de poderes que mantiene a los tribunales fuera del proceso legislativo. La función judicial es la de resolver controversias concretas, lo que no incluye el asesoramiento al Congreso o al Presidente. La prohibición de opiniones consultivas asegura que los casos serán presentados a la Corte en términos de disputas concretas y no como cuestiones jurídicas hipotéticas" (cfr. Sola, Juan Vicente: "Control Judicial de Constitucionalidad", pág. 261).

De allí entonces que resulte claro que no se satisface adecuadamente el recaudo en examen cuando la cuestión que se somete a consideración del órgano jurisdiccional resulta genérica o se propone bajo la forma de consulta. Tal es la situación que se configura en el sub lite, no bien se repara en la manera que ha sido concebido el objeto de la pretensión deducida en autos.

En efecto, en la parte pertinente de la presentación de marras, el actor manifiesta que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 89 y concordantes del CPC "...viene a interponer acción declarativa o de certeza a los efectos de dejar establecido la imposibilidad jurídica de declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución Provincial por las autoridades de la Provincia, y la incompetencia de la Justicia Federal para tratar sobre la validez constitucional de la Constitución Provincial por afectar la autonomía provincial, como asimismo establecer que el único medio de reformar la Constitución Provincial es a través de un poder supra legal denominado Poder Constituyente, no pudiéndose introducir reformas a nuestra carta magna por vía del Poder Judicial; o por el contrario establecer si es posible declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución Provincial írrito o que pudiera resultar contrario a los arts. 1, 2 y 23 del Pacto de San José de Costa Rica como sería la cláusula confesional del art. 80 y/o la prohibición de reelección de los legisladores provinciales (cláusula de no reelegibilidad del art. 40 Constitución Provincial) por considerar que las mismas tienen proscripciones o discriminaciones de carácter político o religioso, debiéndose brindar el esclarecimiento debido a la correcta interpretación de los recaudos exigidos por los arts. 40 y 80 de la Constitución Provincial y el momento en el que se tornan exigibles, además estipular que si un candidato que no reúne las condiciones de los arts. 40 y 80 de la Constitución Provincial puede competir en elecciones, y cual será el mecanism o de sustitución si al momento de exigírseles el cumplimiento de dichos artículos no pueden hacerlo, y en que grado se debe reparar a los terceros que sean afectados por tener menos posibilidades electorales que el que resultare electo sin las condiciones constitucionales;..." (cfr. fs. 38/39). Tales conceptos son reproducidos a fs. 52 y 55/56 de los presentes actuados.

Se advierte así la ausencia de una relación jurídica concreta, causa o caso contencioso en punto a las cuestiones que se pretende ingresar al conocimiento y decisión de este Tribunal, las que han sido formuladas de manera genérica y a modo de consulta involucrando, asimismo, situaciones hipotéticas o conjeturales, en los términos vistos llegando, incluso, al extremo de incluir en el planteo al tópico de la reelección de legisladores, intendentes y concejales, sin que a su respecto se verifique mínimamente la existencia de una controversia o situación particularizada o concretizada, a estar a las constancias de autos.

A tono con este criterio se ha expedido el más Alto Tribunal de la Nación en Fallos: 304: 310, 310:342, entre muchos otros, a propósito del artículo 322 del CPCCN, doctrina ésta perfectamente aplicable en el tema.

En mérito a lo expuesto, se observa que el objeto de la pretensión no contempla un marco contencioso singular adecuado, que torne posible el control de constitucionalidad que se ejerce a través de la jurisdicción, puesto que la acción declarativa no se concede a título consultivo ni puede tener por objeto una indagación meramente especulativa, sino que debe sustentarse en una relación jurídica invocada por el titular de un interés jurídico concreto y suficiente, lo que no acontece en el sub examine sin subsanarse, incluso con las circunstancias que el presentante aduce a fs. 75/78.

Del mismo modo, y en cuanto a la pretensión que "...se declare la inconstitucionalidad de la interpretación del art. 80 de la Constitución Provincial formulada en Resolución Nº 14 de la Junta Electoral del Partido Justicialista y de la candidatura de José Jorge Alperovich" (cfr. fs. 39), cabe hacer notar que no es misión del órgano jurisdiccional, en el marco de la acción interpuesta, juzgar declarando inconstitucionalidades de interpretaciones, sin perjuicio de que, a todo evento y en cualquier caso, se comparte también en este punto la opinión del dictamen fiscal, en el sentido que, conforme a la Ley Nº 23.298, corresponde a la justicia federal, con competencia electoral, entender en la materia.

Finalmente, y a mayor abundamiento, interesa poner de relieve que es criterio aceptado por la CSJN aquel que postula que la posibilidad de obtener tutela judicial se relaciona con la existencia de un interés que pueda darle apoyo y que el mismo se da cuando la situación de hecho es tal que el actor, sin la declaración legal de certeza, sufrirá un daño, de modo que la intervención de los magistrados se presenta como un medio necesario para evitarlo (Fallos: 301:991). En la especie, el accionante invoca su condición de afiliado al Partido Justicialista y su aspiración a ser elegido en un cargo electivo y a propósito de lo cual, dice, puede verse obligado a competir con personas a quienes la Constitución les veda la posibilidad de ser elegidos. Dichas circunstancias no son suficientes para considerarlo titular de un derecho o interés propio y, por ende, como damnificado de un agravio o daño personal, en la medida que la pretendida discriminación por razones religiosas viene a nutrir solamente el interés de la persona que la sufre, a lo que se agrega que tampoco surge acreditado de las constancias de autos que Andrés Pelayo Méndez fuera candidato a gobernador, ni se advierte en el caso la presencia del interés público, cuya defensa dice asumir aquél, sino más bien de un interés particular que eventualmente podría considerarse titularizado en la persona que se presentare alegando discriminación por razones de credo o religión.

Por lo fundamentos expuestos, se concluye que corresponde desestimar in limine la presentación de Andrés Pelayo Méndez en los actuados vistos.

Por ello, de conformidad a lo dictaminado por el Ministerio Fiscal a fs. 58/64, se R E S U E L V E :

DESESTIMAR in limine la presentación de Andrés Pelayo Méndez en los actuados vistos.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO ANTONIO GANDUR ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA Voto del señor vocal doctor Antonio Gandur:

Manifiesto conformidad con el voto de la mayoría como también con su parte resolutiva, pero dejo sentada mi aclaración en el sentido que resulta absolutamente improponible el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la interpretación del art. 80 de la Constitución de la Provincia efectuada por la Resolución Nro. 14 de la Junta Electoral del Partido Justicialista, debiendo además señalar que dicho cuestionamiento está fuera del alcance de la Ley de Partidos Políticos Nro. 23.298, ya que su interpretación y constitucionalidad debe ser juzgada en la Provincia de Tucumán, sin perjuicio de que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación conozca la cuestión vía Recurso Extraordinario Federal. Invoco como precedente el dictamen del Señor Procurador General de Nación Dr. Nicolás Becerra quien se expidió por la competencia de la Justicia de la Provincia de Catamarca para decidir sobre la inhabilitación de un candidato a gobernador.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR