marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido, indemnización agravada
Materia: PROCESAL
Carátula: Zapico Claudio Ramón c/ Ecohabitat SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-18

El actor apela la sentencia de primera instancia que admitió parcialmente la demanda por diferencias salariales y limitó la multa del art. 2 de la ley 25.323 a dichas diferencias. Teniendo en Cuenta que la empleadora efectuó un pago parcial es decir, que abonó en su momento parte de las sumas indemnizatorias adeudadas, considero acertada la decisión del Sr. Juez "a quo" de imponer la multa del 50% que establece la referida norma sólo sobre las diferencias existentes entre lo abonado por aquélla al momento del cese y lo que en definitiva debió haber cancelado en su oportunidad (es decir, el 50% sobre el saldo impago en concepto de indemnizaciones por despido). (Del voto de la Dra. Craig y el Dr. Brunengo que adhiere).
Recurso de inconstitucionalidad, resoluciones recurribles, imputado, vicio de irrazonabilidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal c/ Linares Borobio, Rodrigro s/ Homicidio Culposo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-04-01

No resulta razonable que un código de formas, prevea las hipótesis de impugnabilidad objetiva (art. 475 del Código Procesa Penal)-resoluciones recurribles-y que al tiempo de precisar quiénes y qué pueden recurrir, -art. 478 inc. 3 del mismo cuerpo normativo-, no queden incluidos los autos enunciados en la primera de las normas.
Extinción de la acción penal, sentencia absolutoria, non bis in ídem
Materia: PENAL
Carátula: PIANA, ENRIQUE JOSÉ Y OTROS s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-01

En la medida en que la acción penal contra los imputados no se extinga por el dictado de una sentencia firme, la eventual revocación de un auto de mérito desincriminatorio no implica el nacimiento de una nueva acusación por los mismos hechos, sino tan sólo la prosecución de la acción preexistente, por ende, la revisión de la resolución que dicta el sobreseimiento o la absolución de los imputados no vulnera el ne bis in idem, ya que no existen dos acusaciones sino una sola, que sigue su curso a partir de la revocación del fallo que pretendía ponerle fin.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, acta de asamblea, derecho de receso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Arias, María Elena y otra c/ Clínica San Jorge SAC y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-12

1. El derecho de separación o garantía de receso tiene por objeto satisfacer dos intereses legítimos: el de la sociedad a modificar sus estatutos y el derecho individual del accionista de no aceptar modificaciones sustanciales en el marco del ente societario (conf. G. Auletta y N. Salanitro, "Diritto commerciale", Giuffrè, Milano, 1977, pág. 197; Ignacio Escuti (h), "Receso, exclusión y muerte del socio", Depalma, Buenos Aires, págs. 131 y ss.; CNCom, Sala B, in re "Perlas de Mir, Monserrat c/ Mir Chaubell y Cía. SACIA", del 8-6-88). 2. En ese sentido, resultaría tan injusto que una minoría impidiese la concreción de una modificación necesaria para la sociedad, aprobada por la asamblea, como que se impidiera retirar del ente a quienes no aceptaron la alteración de las condiciones esenciales originalmente pactadas. 3. Así, en los casos de aumento de capital, el receso se convierte en un instrumento de tutela del accionista que permite atenuar las consecuencias perjudiciales que irroga a quien no puede o no quiere suscribirlo (CNCom, Sala B, in re "Ruca Mel SA c/ Berger, Jorge", del 19-410).
Recurso de queja (procesal), cuestiones procesales, proceso penal, sentencia condenatoria, notificación, notificación al condenado, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Vilar, Juan Carlos s/ estafa en grado de tentativa -Causa nx 20.126-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

Las cuestiones debatidas se vinculan directamente con la garantía de la defensa en juicio, por no tratarse solamente de determinar la cuestión procesal relativa al modo como debe notificarse al procesado una sentencia condenatoria en causa criminal, pues la queja trasunta que el perjuicio a la defensa en juicio surgiría de la elección de una forma de notificación que le impide recurrir de ella.
Exacciones ilegales, delito autónomo, concusión, dádiva, concurso de delitos
Materia: PENAL
Carátula: STUTZ, Oscar y otros s/ Procesamiento y falta de mérito, Causa nro. 29.490
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

En orden a una correcta diferenciación de los tipos contenidos en el art. 266 y por el 268 del Código Penal es necesario analizar aquello que resulta ser objeto de la ilegítima exigencia , por cuanto en razón de requerir la exacción ilegal la demanda de algo que únicamente se puede deber al Estado -una contribución o un derecho-, es menester concluir en que tal extremo de ningún modo concurre en el supuesto de exigencia de dádivas, entendiendo por tales algo que la víctima nunca puede suponer como adeudado regularmente al Estado. Así el agente actúa "ab initio" en su exclusivo beneficio, con motivo de lo cual no puede convertir en su propio provecho lo así obtenido, infringiendo por ello solamente el art. 266, como delito autónomo e independiente.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, instrucción, fallo plenario, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C, A y otro s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Infracción  a la Ley Sarmiento. Incidente de recusación (Expte. CSJ Nro.  862-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-15

Cabe desestimar la queja interpuesta cuando los argumentos del recurrente no resultan aptos para demostrar la pretendida arbitrariedad de los jueces de la causa, a poco que se repare en que fueron expuestos fundadamente los motivos de índole fáctica y legal por los cuales se estimó ajustada a derecho la denegatoria de la recusación puesta en tela de juicio. Así, de acuerdo a los términos de la resolución atacada, frente al interrogante de que "si el juez que actuó durante la instrucción se convierte en objetivamente parcial al actuar en el juicio y dictar la sentencia definitiva, dijo que "más allá del juicio crítico que pueda merecer la actual organización de la Justicia Correccional de nuestra Provincia, en relación a la atribución de su competencia material, la misma no evidencia la transgresión a principios y garantías sostenidos por la Constitución Nacional y Tratados de jerarquía constitucional, que viabilicen el planteo de inconstitucionalidad formulado...siguiendo los lineamientos y conceptos expuestos por el Dr. Ramón Ríos... no media prejuzgamiento, ni emisión de opinión determinante de la separación del Juez Correccional, cuando este resuelve por auto fundado, cumplimentando el artículo 95 de la Constitución provincial y las concordantes normas procesales, el recurso de revocatoria interpuesto por la defensa contra el decreto de procesamiento, en tanto este juicio necesario se limite estrictamente a la probabilidad reglada por el artículo 325 Código Procesal Penal...".
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, Derecho laboral, contrato de trabajo, convenios colectivos de trabajo, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: VAZQUEZ, SANTIAGO WALDEMAR c/ GAUNA, MARCELO EUGENIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-06-15

La queja articulada no ha de prosperar, pues más allá de las diversas tachas de arbitrariedad atribuidas por el quejoso al pronunciamiento impugnado, las mismas se reducen a discutir la solución propuesta por la Sala, quien a la luz de coincidentes testimonios sostuvo que actor y demandado han sido sujetos de un contrato de trabajo (en los términos del artículo 23 de la ley 20744), en el que la prestación de servicios tuvo vigencia al menos durante el tiempo y horas denunciadas por el actor en su escrito inicial; destacando que dichas declaraciones no resultaron desvirtuadas por elementos de juicio suficientes ni por la circunstancia que este último cursara estudios universitarios simultáneamente con el desempeño de su labor; y enmarcó las actividades cumplidas en la Convención Colectiva de Trabajo 130/75 y fundado en ella fijó la retribución a percibir, agregando que no se demostró el pago contractual de una remuneración superior a la convencional.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: DEVIZA, DANILO s/ ESTUPEFACIENTES.  TENENCIA  (  ART.  6  LEY 20.771). ESCASA CANTIDAD.  ALCANCES DEL CONCEPTO, FALTA DE OTRAS PRUEBAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-01

la cantidad de estupefaciente es un indicio que,junto al resto de la prueba, puede contribuir a dilucidar si hubo agravio o no para el bien jurídico protegido, no siendo descartable que según las circunstancias una tenencia ínfima ponga en peligro la salud pública y en elcaso de autos el material secuestrado (1 gr. De marihuana y 0 041 gr. De polvo que contenía cocaína) resulta insuficiente para decidir en sentido condenatorio, siendo éste el fundamento por el cual se confirma el fallo liberatorio, teniéndose en cuenta la falta de otra fuente informativa que no sean los propios dichos del encausado que afirma que eran para consumo personal,la ocasión en que le fueron secuestrados los estupefacientes y que su acompañante desconocía la tenencia.
Recurso de apelación (procesal), falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: ABRAPEN  S.R.L. c/ JUJUY MATERIALES Y/O RUIZ ALICIA Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-10-20

Existe una correlación ente el deber del juez de fundar adecuadamente su fallo y la carga procesal del justiciable de criticarlo, no siendo razonable permitir a éste que reproduzca alegaciones anteriores que precisamente fueron replicadas en el fallo, resultando así inoficioso el escrito que prácticamente hace una remisión genérica y literal a presentaciones anteriores, desde que el razonamiento hecho en el mismo -mal o bien- ya ha sido juzgado. Lo que está ahora en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación. Y no es lo mismo reiterar argumentos que atacar de equivocado al razonamiento y las conclusiones del juez apelado.
Derechos y garantías constitucionales, derecho al honor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOMEZ, Rene Alberto c/ PEÑA, Mario Ernesto s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-04-29

El derecho al honor cuenta con amparo contitucional, como garantía no enumerada emergente del artículo 33 de la Constitución Nacional y se halla expresamente establecido en el Pacto de San José■ de Costa Rica y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Club de campo, expensas comunes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Asociación de Residentes de San Carlos Countries c/ Figini, Hector A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-06-06

Acreditado que el demandado es titular del dominio de dos lotes en el predio del country actor, y que de los registros contables de la asociación civil titular del mismo surge indubitado su carácter de asociado, corresponde desestimar las excepciones de falta de legitimación pasiva opuesta por el actor a la demanda de cobro de expensas, con fundamento en que nunca se asoció ni utilizó las instalaciones.
Regímenes jubilatorios especiales, martillero, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kleiner,José Nicolás c/ Caja de Prev. Social para Martilleros y Corredores Pub. de la la Provincia de Buenos Aires. s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

La actividad de intermediación limitada a la confección de la 'solicitud de venta' sin que el interviniente cumpliera con las obligaciones que establece el Código de Comercio para los corredores (esp. del art 103 del mismo),no constituye corretaje profesional solicitado por quien solo ha acreditado haber desarrollado actividades de aquel tipo.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, violación de la ley o doctrina legal
Materia: Procesal
Carátula: Ganeva Vicheva, Varbina y otro c/ Fernández, Audelino y otra s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-04-12

En cuanto a la supuesta violación de precedentes jurisprudenciales cabe acotar que en la organización del Código de rito lo que se titula como Recurso Extraordinario de Casación por violación de la ley o doctrina legal carece de la amplitud propia de otras legislaciones y viene limitada por los supuestos expresos de admisibilidad que enumera el art. 288 del Código de Procedimiento Civil y Comercial.
Detención sin orden, requisa personal, secuestro de automotor, requisa del automotor, estado de sospecha
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ordinola, Eric Angel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-15

La interceptación del vehículo secuestrado en autos se sustentó exclusivamente en el reconocimiento que los funcionarios en cuestión hicieran de la persona del encausado en función de su intervención en un procedimiento anterior. Aún cuando la tesis sustentada por el fiscal de que la detención de la marcha del rodado tuvo como único propósito la identificación de sus ocupantes, pudiera encontrar respaldo en la narración que sobre el desarrollo de lo acontecido hiciera el entonces imputado, lo cierto es que la facultad que tienen los agentes policiales para solicitar la exhibición de documentos públicos con el propósito de identificar personas en la vía pública en el ejercicio de sus funciones de prevención debe ser ejercida con razonabilidad. En el presente caso el mentado requisito de razonabilidad luciría ausente, en virtud de que el único factor que habría motivado la actuación de los preventores consistió en haber reconocido al imputado por haberlo detenido en un procedimiento anterior por averiguación sobre la infracción a la ley de drogas. En dicho contexto, carece de relevancia la posterior advertencia de que el nombrado "dejaba caer algo detrás del asiento de la camioneta", una vez que los funcionarios policiales dieran la orden de detener la marcha del vehículo. Ello así, en razón de que resultando írrita la actuación prevencional en su primer tramo, por carecer de motivo legítimo para proceder a la interceptación del rodado, tampoco resulta válido como motivo previo o concomitante, la sobreviniente actitud, en principio sospechosa, asumida por el encartado, a los efectos de convalidar el segundo tramo en el que tuvo lugar la requisa vehicular que condujera al secuestro del material estupefaciente. Por las consideraciones expuestas, se advierte ajustada a derecho la decisión del a quo nulificante de la actuación prevencional cumplida y, en consecuencia, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el fiscal. (Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, según su voto).
Cuestiones de competencia, abuso de armas, portación ilegítima de armas, hurto, tentativa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Lin, Leiting sobre 189 bis (2) - portación de arma de fuego de uso civil s/ conflicto de competencia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

Corresponde atribuir competencia a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional para continuar interviniendo en las presentes actuaciones, en las que se investiga la supuesta comisión de los delitos de abuso de armas y portación ilegítima de arma de guerra, previstos en los artículos 104 y 189 bis, inc. 2°, párr. 4° del Código Penal. Ello así, haciendo primar un criterio que privilegie un servicio de justicia eficiente, a la luz de la estrecha vinculación de los hechos cometidos -que aconseja su juzgamiento conjunto- y toda vez que ha quedado fijada la competencia de la Justicia Nacional para conocer respecto del hurto en grado de tentativa y que no integra el presente conflicto de competencia. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Incidente de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL
Carátula: PRIETO PLINIO c/ CARLOS LEON GONZALEZ AVALOS s/ RENDICION DE CUENTAS-RECONSTRUCCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-14

No rpocede el planteo de nulidad fundado en la ausencia de la debida constitución del Tribunal, si la recusación fue resuelta por los dos magistrados no recusados como expresamente lo autoriza el Art. 26 de la Ley Orgánica de Tribunales.-
Certificado de trabajo, certificado de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL
Carátula: "Rodriguez, Lidia Susana c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ impugnación de deuda Mirski, Silvia Margarita c/ ANSES s/ jubilación y retiro por invalidez
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-20|2020-06-04

En materia de certificados y certificaciones que puede un trabajador obtener de manos de su empleador, no debe confundirse el certificado de trabajo del art. 80 LCT con la certificación de servicios y remuneraciones de la ley 24.241 (art. 12 inc. g, ley 24.241), ya que esta última se expide en un formulario de la ANSES en el que se insertan datos similares -la remuneración mensual sujeta a pagos previsionales, de, como máximo, los últimos 10 años de trabajo-, aunque no del todo coincidentes con los exigidos por el citado art. 80 LCT. Cada uno de estos certificados tiene una finalidad, y uno no reemplaza al otro, porque que el certificado de trabajo sirve al trabajador para conseguir otro empleo, y la certificación de servicios y remuneraciones se utiliza para gestionar un reconocimiento de servicios o la obtención de un beneficio previsional, y queda archivado en las oficinas de la ANSES.
Servidumbre de electroducto, depósito previo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires c/ Estevez, Néstor s/ Servidumbre de electroducto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-17

El depósito efectuado por el titular de la servidumbre tiene su razón de ser en el cumplimiento de una obligación legal (art.24, ley 8398) a efectos de obtener la autorización judicial para penetrar en el predio afectado a fin de iniciar la ejecución de los trabajos, y es la contrapartida de la privación que sufre el propietario. Se trata de un pago parcial de singulares características, porque el titular de la servidumbre está obligado a hacerlo en razón de la existencia de un interés público superior que exige la constitución de la servidumbre administrativa de electroducto en forma inmediata, no siendo justo que dicho interés tenga como consecuencia el desmedro patrimonial del titular de la servidumbre, constreñido a soportar la depreciación del depósito si el propietario -como en autos- rehusa extraerlo, simplemente porque no conforma sus aspiraciones en cuanto al pago de la indemnización.
Contratos, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AGROINDUSTRIA INDAR  S.R.L. c/ ERNESTO J. ROCHIETTI  S.A. s/ ORDINARIO - LOCACION DE SERVICIOS - PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-14

Si no se ha producido la prueba del precio, esta omisión tiene dos aspectos. Por un lado, no se ha probado el precio estipulado, tornando inaplicable el art. 1627 del C.C. , norma que sólo entra a regir a falta de ajuste del precio, es decir, para suplir y no para modificar la voluntad de las partes.

En segundo término, y ya dejando de lado la consideración anterior, no se ha probado el precio de plaza o de costumbre al que remite el art. 1627 Cód. Civil. Esta prueba, que la jurisprudencia ha admitido que sea la pericial en defecto del juicio arbitral, debe producirse antes y no después de la sentencia. En esta materia no rigen las disposiciones de los arts. 354, 355, 959, 965, 970 y concordantes del C.P.C., que sólo son aplicables en las acciones dirigidas al pago de frutos, resarcimiento de daños y rendición de cuentas.

De allí que en los juicios de cumplimiento de contratos no resulte legítimo habilitar la etapa de ejecución para que se produzca la prueba del precio, sea éste el pactado o el de costumbre al que alude el artículo ya citado del Código Civil.-
Servicios educativos, defensa del consumidor, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: S., R. D. V. c/ M. D. S., L. M. s/ Patria Potestad: Privación O Suspensión -Contencioso
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-04-18

El plazo de prescripción anual previsto en el art. 4035 del Código Civil para el cobro de cuotas por escolaridad privada comienza desde cada uno de los vencimientos de las cuotas reclamadas, pues el costo anual de la escolaridad se dividió en doce cuotas mensuales y consecutivas con fecha de vencimiento propia.
Antijuridicidad, actos ilícitos
Materia: CIVIL
Carátula: Asinpat SRL c/ Municipalidad de Trelew s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-09

El concepto de antijuridicidad es sinónimo de ilicitud. El acto ilícito consiste en una infracción a la ley que causa daño a otro y que obliga a la reparación a quien resulte responsable en virtud de imputación o atribución legal del perjuicio.
Contrato de prestaciones médicas, medicina prepaga, planes de cobertura médica, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: CHAVEZ TADEO JUAN Y OTRO c/ CONSOLIDAR SALUD S.A. s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-11

La ley 24.754 dispone que las entidades que prestan servicios de medicina prepaga deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial, las mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales, conforme lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y 24.455, y sus respectivas reglamentaciones (art. 1). La medida dictada por el juez no merece reproche por que es la solución más adecuada a la naturaleza del juicio cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema, Fallos: 302:1284)- reconocido por los pactos internacionales (vgr. Convención de los Derechos del Niño; Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional; esta Sala, causa 12.802/06 del 6.02.2007 y sus citas). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho a la vida -que incluye la salud- es el primer derecho de la persona garantizado por la Constitución Nacional y por tratados internacionales, y constituye un valor fundamental respecto del cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos: 323:3229 y 324:3569).