marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Divorcio, injurias graves, malos tratos, vejaciones
Materia: CIVIL
Carátula: Taragano Benjamín Vital c/ Bisordi María Alejandra s/ Divorcio-Separación de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-12-19

Los malos tratos y vejaciones hacia el esposo frente a terceros invocada y puntualizada por la quejosa, si bien pueden revestir un carácter desagradable del trato entre cónyuges, debe ser evaluado dentro del contexto en que se produjeron, el medio en que actúan, la calidad de las personas y el motivo, causa o pretexto que dio lugar al hecho injurioso y también si, revistiendo el carácter general de injurias, asumen el tenor de grave, humillante o destituyente de la vida conyugal.
Recurso extraordinario, sentencia no firme, recurso contencioso administrativo, recurso de nulidad, omisión de considerar cuestión propuesta, vacaciones
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ HUBER, EDUARDO c/ MUNICIPALIDAD DE VERA s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO EXTRAORDINARIO POR  ANTE  LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION.     CSJ EXPTE NRO 195-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-22

Si el recurrente que aduce omisión de resolver el reclamo de "los importes correspondietes a las vacaciones de 1980" en la sentencia de este tribunal dictado en un recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción, debió utilizar, para lograr pronunciamiento, el medio idóneo para ello, es decir recurso de nulidad previsto en el artículo 80 inciso b de la ley 4106. De allí que, a causa de no haberse valido del remedio legal adecuado, contra una sentencia que en ese aspecto, no es definitiva, debe denegarse el recurso extraordinario (ley 48) intentado.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Heine, José Luis c/ Gobierno Provincia Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

El arma es indudablemente una cosa riesgosa (S.C.B.A. Ac. 36241 D.J.B.A. 135-314).
Mandato, poder general
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PLUSCARD S.A. c/ HEREDEROS DE JESUS JULIAN s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-06-12

La presentación del poder aunque defectuosa, hace cesar la participación provisoria del letrado; máxime si la contraparte ni el juez interviniente observaron tal irregularidad. Tal acto adquiere firmeza, ingresando en el campo de la preclusión.
Letra de cambio, poder especial, responsabilidad cambiaria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Meites, Eduardo c/ Godo, Walter y/o Perazzo, Walter y/o Jockey Club Fsa. s/ Ejecutivo Jockey Club Fsa. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-09-06

El hecho de que el mandato que permite a alguien obligar cambiariamente a un tercero ha de ser "especial", y no meramente "general", no significa ni más ni menos que la extensión a tal materia de la solución que establece el Código Civil, en cuanto dicho contrato en términos generales, no alcanza más que a los meros actos de administración pero no a los de disposición, como leemos en el art. 1880 del Código Civil.

Conforme Fernando A. Legón ("Letra de Cambio y Pagaré 2", pág. 66 ) "La disposición (art. 8 dec. ley 5965/63) prevé un mismo tratamiento tanto para la falta o insuficiencia de poderes como para el exceso en los mismos.

El pseudo representante, queda obligado cambiariamente en forma personal, como si hubiera obrado en nombre y por cuenta propia. Es decir que en ambos supuestos, quien firma la letra es quien queda obligado y sometido al rigor cambiario. El pseudo-representado no queda vinculado a la relación cambiaria en modo alguno".
Despido, demanda, buena fe, facultades del juez, apreciación de la prueba, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CASCO, Marcelino c/ TRANSPORTES AUTOMOTORES LA ESTRELLA SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

El hecho de que el actor hubiera iniciado demanda por accidente, describiendo las condiciones de trabajo, no constituye de ninguna manera incumplimiento a los deberes de buena fe y fidelidad, y mucho menos justifica la decisión de la empleadora de extinguir la relación laboral. En este caso, el despido del actor implicó la violación del derecho de todo trabajador de accionar ante la justicia, ya que la valoración de los hechos invocados en la demanda por accidente debe ser realizada por el juez en donde quedó radicada sin que ella tenga ninguna incidencia en la resolución del litigio por despido.
Recurso de apelación (procesal), feria judicial, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: TENTI MARIO ALEJANDRO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO-QUEJA APELACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-19

Con la notificación efectuada durante la feria judicial, ésta ha quedado habilitada y el cómputo para la interposición del recurso de apelación debe realizarse durante aquella.
Garantías procesales, defensa en juicio, declaración indagatoria, derechos de la víctima, declaración de la víctima, víctima menor de edad, interés superior del niño
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: A.G.A S/ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO Expte. Nº 2665 (A-566/07/T.S.J.). s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-08-19

Resulta absurdo el agravio expuesto por la defensa concerniente a que "...implica...discriminación sexual...no entrevistar al padre acusado...los profesionales se expidieron y opinaron sobre 'un grupo familiar' en donde uno de ellos -el acusado- nunca entrevistaron...", en función de la evidente violencia moral que significaría para la menor víctima de un acto de abuso sexual, cuyo sujeto activo es su propio padre, encontrarse en la situación de exponer la ingrata vivencia sufrida en presencia del autor.

Es evidente el grave daño psicológico provocado por el hecho en sí, en función de las circunstancias particulares del caso, que además someterla al escarnio de revelar los pormenores de los tocamientos incestuosos denunciados, revictimizaría innecesariamente al sujeto pasivo frente a la actuación impávida del Poder Judicial, situación que este Alto Cuerpo no puede admitir.

La entrevista psicológica y psiquiátricamente con el imputado se realizó con profesionales especialistas en adultos. Sin perjuicio de ello, todo cuanto debiera expresar el imputado en su descargo, cuenta con el momento procesal oportuno como lo constituye la declaración indagatoria, acto procesal que se efectúa con una serie de formalidades dirigidas a resguardar el derecho de defensa del incusado.

Por ello, no se aprecia situación alguna que haya conculcado el derecho de defensa en juicio, el principio de bilateralidad o contradicción, de inocencia y de igualdad ante la ley, como así tampoco que la medida probatoria atacada constituyera un acto discriminatorio, prohibido por la Ley 23.592, por la Constitución Nacional -art. 75 inc. 22- y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La decisión del tribunal oral encuentra fundamento en la Convención sobre los Derechos del Niño, norma esta última que procura la protección del interés superior del mismo (art. 3 inc. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño).

Las garantías procesales alcanzan no sólo al imputado sino también a la víctima y el testigo (arts. 72 inc. c) y 73 inc. c) del C.P.P.), razón por la que no se encuentran afectados el derecho de defensa y el debido proceso legal, como tampoco el principio de legalidad.-
Extradición, excarcelación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Rigaud, Daniel Philippe s/ Incidente de excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-03-05

Debe confirmarse la sentencia que denegó el pedido de excarcelación si el requerido se fugó de la alcaldía del Juzgado Federal cuando se hallaba cumpliendo el arresto provisorio con fines de extradición, permaneciendo fugitivo durante dos días hasta que el personal de la Policía Federal Argentina lo capturó nuevamente, pues ello demuestra en el plano axiológico y en forma indiciaría, que el mismo tendría intenciones de evadir el actuar de la justicia; no pudiendo prosperar en consecuencia el argumento sostenido por la defensa en cuanto a que el arraigo e intento de estar a derecho de su defendido con posterioridad a tal suceso neutralizada la presunción de semejante riesgo procesal.
Daño punitivo, derechos del consumidor, buena fe
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gaitán, María Cecilia  c/ Castillo SACIFIA  s/ sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-02-23

Resulta oportuno condenar por daño punitivo a la empresa demandada, atento a que los consumidores por naturaleza y desde el momento mismo de inicio de las negociaciones, tienen una posición de desequilibrio ante el que desarrolla de manera profesional actividades de, entre otras, comercialización de bienes y servicios. Por tanto, reconocida en aquél una presunción de ignorancia legítima, el deber en estudio se manifiesta como una expresión máxima de actuación del principio de buena fe para el ejercicio de los derechos -art. 9 del Código Civil y Comercial-, adquiriendo el rango de fundamental, al estar expresamente contemplado en el art. 42 de la CN. En el caso la demandada demostró una conducta reprochable al haberse desinteresado en brindar una solución de fácil alcance, lo cual evidencia un desapego y forzando una asimetría entre el interés y costo que podría significar la reposición de un celular y la importancia que el mismo reviste para la actora, por lo tanto la suma estimada resulta prudente.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, ley procesal, interpretación hermenéutica, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Si después de transcurridos cinco años de su dictado, el fallo pleno que no fuese expresamente modificado continúa siendo obligatorio (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-18

Desde el plano interpretativo, constituye una hermenéutica sobreabundante e innecesaria del precepto legal achacar al legislador que no estableció la caducidad automática del pleno a los cinco años, cuando ya había regulado suficientemente dicha limitación al establecer que el pleno "obliga... por el lapso de cinco años".

En efecto, aparece como contribución principal a la seguridad jurídica que la sentencia que sienta jurisprudencia obligatoria tenga una razonable proximidad temporal y personal con los autores -intérpretes que la establecen-.

La seguridad jurídica no depende en sí de la existencia de la obligatoriedad sino también de la certeza sobre la actualidad y conveniencia de la posición interpretativa que se impondrá, lo que indica que la limitación temporal de la obligatoriedad -mas allá de su opinable duración- es una alternativa aceptable. (De los Fundamentos del Dr. Ariza)
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la vida, derecho a la salud, fallos de la Corte Suprema
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Escalante, Andrea Cristina Jacinta c/ Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-02-25

Es reiterada la jurisprudencia de la CSJN que ha expresado que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta garantizado por la Constitución Nacional y, por ende, las Provinciales.

A partir de lo dispuesto en los Tratados Internacionales que tienen jerarquía constitucional (Art.75, inc.22, de la Ley Suprema) se ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud - comprendido dentro del derecho a la vida- y se ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las obras sociales o las entidades de medicina prepaga.

Asimismo, el voluntario sometimiento, sin reserva expresa, a un régimen jurídico, a una decisión judicial o a una determinada jurisdicción, comporta un inequívoco acatamiento que fija la improcedencia de impugnación posterior -con base constitucional- mediante el recurso extraordinario (Conf.: Fallos 184:361; 246:172; 269:333; 271:183; 300:51; 307:431).- En el caso, es la propia parte actora, mediante la historia clínica que adjunta, quien demuestra de manera indubitable que el Estado Provincial, por intermedio del sistema de salud pública -Hospital Interzonal "San Juan Bautista"- ha cubierto las necesidades y requerimientos de su enfermedad, señalando bajo el título de "Tratamiento efectuado" que : "Ha recibido dosis de quimioterapia..; se discontinua .. tratamiento por voluntad de la paciente".

Asimismo no consta en el expediente ni entre la escasa prueba aportada -que sólo acredita la enfermedad de la actora-, en qué consistiría el tratamiento médico y la asistencia requerida conforme a la patología que la afecta, ni la opinión del médico tratante que con fundamento científico proponga una terapia, como tampoco consta que la misma haya sido peticionada y denegada ya sea por el Estado Provincial o por la Obra Social de los Empleados Públicos.

De lo dicho se infiere que la demandante no se encuentra desprotegida y aún en la hipótesis de que la prestación médica -no especificada ni certificada por profesional médico alguno- excediera sus posibilidades económicas, puede continuar solicitando su cobertura al Estado Provincial como lo venía haciendo y, en su caso y oportunidad, a la Obra Social de los Empleados Públicos
Honorarios, segunda instancia, pautas
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Adanczuk, José Luis y otros c/ Federación Médica del Chaco y/o Femechaco Emergencias y/o quien resulte responsable s/ Cobro de diferencia de Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-12-01

De conformidad al art.11 de la Ley de Aranceles 2011, los honorarios de Alzada se deben regular entre el 25% y el 50% de lo que hubiere correspondido en Primera Instancia, por lo que atendiendo a la calidad, eficacia y extensión de la labor profesional, se estima que los honorarios diferidos deben establecerse aplicándose indicativamente (Ley Prov. 3965) el 14% del art.5; el 40% del art.6%; el 70% del art.7 y el 30% del art.11 de la mencionada ley.
Pensiones, sucesores
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Thomas, Ariel Alexis s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-19

El Dto.Ley nro. 1388, con las modificaciones introducidas por la Ley nro. 2367 al artículo 28, la Ley nro. 2767 al artículo 27, y la Ley 3390 al artículo 26, son las normas que rigen el presente caso. Las mismas, circunscriben el amparo previsional a ciertos deudos con vínculo legal, grupo de personas que enumera el artículo 26, régimen que se inspira en la necesidad de tutelar al núcleo familiar más próximo al afiliado fallecido. Entre los derechohabientes que podrán acceder al Beneficio de Pensión -en concurrencia con la viuda- se incluye a los hijos o hijas solteras hasta los 18 años de edad; la Ley Nro. 3390 agregó "o hasta que finalicen sus estudios primarios, secundarios o universitarios" "siempre que acrediten su condición de alumno regular". Esta Ley no modifica el artículo 27, ya reformado por Ley nro. 2767- que había establecido que el límite de edad de 18 años (así simplemente rezaba la norma hasta la Ley nro. 3310 inclusive) en el caso de que los hijos, nietos y hermanos de ambos sexos, cursen regularmente estudios secundarios o superiores y no desempeñen actividades remuneradas, ni gocen de jubilación, pensión, retiro...; ... en estos casos el haber se abonará hasta los 25 años de edad para quienes cursen regularmente estudios superiores y hasta los 19 años de edad para quienes cursen regularmente estudios secundarios, salvo que los hubiesen finalizado antes.
Acción de amparo, Constitución Nacional, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: D. A. A. , M. c/Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia del Chubut s/acción de amparo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-08-28

Los arts. 7º y 8º de la ley V nº 84 regulan la admisibilidad de la acción de amparo y su examen preliminar resulta insoslayable; como tal, compete a los magistrados y tiene por fin evitar dispendios jurisdiccionales innecesarios o infundados. Para examinar tal admisibilidad debe estarse, ante todo, a la propia Constitución Nacional (arts. 31 y 43), lo que implica juzgar si se satisfacen en concreto -como lo tiene dicho el Superior Tribunal de Justicia Provincial- los requisitos de índole subjetiva (legitimación) y cualitativa (inexistencia de otro medio judicial más idóneo y existencia de un acto/omisión manifiestamente ilegal), a los que cabe sumar el de la oportunidad de su planteo.-
Evasión fiscal, verificación de créditos, efectos de la sentencia civil en sede penal
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Müller, Carlos Eusebio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-22

Aún cuando no fueran admitidos ni declarados exigible en sede concursal los créditos denunciados por la A.F.I.P., pueden ser válidamente constatados en un proceso criminal. Ello así ya que no es de la esencia del proceso concursal de verificación de créditos determinar la existencia de estos últimos, sino si está probada su causa y puede ser exigido su cobro. De la propia sentencia del fuero comercial resulta la insuficiencia de las determinaciones de deuda de oficio -por falta de presentación de "una base documental y explicativa que permita seguir la secuencia lógica que culmine con los importes reclamados"- para acreditar "la causa de los presuntos crédito fiscales", es decir, que no se admiten o verifican estos últimos por falta de prueba de la causa de los títulos presentados y no por inexistencia de las obligaciones incumplidas que los generaron. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi).
Peritos, honorarios del perito, regulación de honorarios, auxiliares de justicia
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: RUIZ  EDGARDO DARIO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESY OTRO S/ s/ NCIDENTE APELACION PERITO MEDICO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-07

La decisión que se adopte tendrá por consecuencia que el perito médico que intervino en la causa pueda percibir la totalidad de la suma regulada en concepto de honorarios con motivo del trabajo cumplido, ello en virtud de lo dispuesto en el art. 77, último párrafo, del Código Procesal (texto según ley 24.432). Dicha norma importó la limitación del derecho reconocido por reiterada jurisprudencia a los peritos para perseguir, como auxiliares de la justicia, el cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes (Fallos 291:534; Cám. Federal Civ. y Comercial y Contenc. Administrativo, en pleno, "Agua y Energía", del 16.9.76, ED 70-204; esta Sala, causa 24.482 del 16.6.95, Sala 1, causa 2787 del 30.5.96; Sala 2, causa 8930 del 26.11.91).
Juicio abreviado, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Firpo, Susana Graciela s/ Estafas reiteradas a la administración pública en concurso ideal con  Falsificación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-02-26

El "Juicio Previo" y el "debido proceso" son garantías procesales establecidas en el "bloque de constitucionalidad" que se han establecido a favor del imputado frente a la existencia de un conflicto en la persecución penal, lo cual quiere decir que se requiere por un lado la imputación y acusación del actor penal y, por el otro, una resistencia o negación a la imputación/acusación de parte del imputado. Ahora, si no existe ese "conflicto" o "controversia de partes" y el imputado "acepta" la acusación, desaparece la necesesidad del juicio previo, ya que en él nada se va a discutir porque ambas partes están de acuerdo (hay consenso entre ambos protagonistas de la disputa). En tales casos, llevar a cabo un "pseudo" juicio es dilapidar recursos económicos y humanos que escasean para otra causa que sí los necesita, aclarándose que dicho "consenso" se limita al trámite o procedimiento (es decir, no llevar a cabo el contradictorio oral y público) y no a la "conformidad" con la pena solicitada por el Fiscal, la cual sólo cumpliría una función de límite máximo para el juzgador al momento de fijar la sanción penal. Se estima que si el imputado ejerce su derecho de defensa renunciado al juicio previo y aceptando la acusación, en estos supuestos la aplicación de pena no se legítima por el "proceso previo", sino por el "consenso" logrado entre las partes, por supuesto que con el debido control por parte de un Tribunal que interviene para verificar no sólo la seriedad y legalidad del trámite sino, por sobre todo, la libre y responsable manifestación de voluntad del imputado. Aceptada la constitucionalidad del instituto, no cabe la menor duda en cuanto al alto nivel de efi cacia que ofrece el procedimiento abreviado, pues permite la descongestión de los tribunales y hace efectiva la prevención especial respecto del imputado. Entendiendo que mediante la correcta aplicación de este instituto, se permitirá que el Estado dé mayores, mejores y más rápidas respuestas a la víctima, a la sociedad y también al imputado (porque tendrá una sentencia dentro de un plazo más que razonable) pero, a su vez, elevará el nivel de eficacia del sistema en su conjunto, a través de una menor cantidad de juicios, aunque de mayor calidad.
Elecciones provinciales, escrutinio electoral
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Acuerdo para el Bicentenario c/ Provincia de Tucumán s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-11

La anulación o no cómputo de votos válidamente emitidos en una elección supone la negación del ejercicio y efectividad de ese derecho, no solo a los votantes cuya voluntad queda suprimida e invalidada, sino también a los destinatarios o receptores de esos votos y, por ende, de la voluntad y preferencia de los electores, por lo que el mantenimiento de esa voluntad expresada en votos válidos debe constituir criterio preferente a la hora de interpretar y aplicar las normas electorales.
Recurso de apelación (administrativo), ejecución fiscal, procedimiento tributario, Ley de Procedimiento Tributario
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: AFIP c/ DEL GUIDICE, ALBERTO OSVALDO s/ EJECUCIÓN FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-02-17

Los juicios de ejecución fiscal, como derivado de la inapelabilidad que estatuye el art. 92 de la ley 11.683, se ven limitados a la decisión de un organismo jurisdiccional en instancia única, limitación que únicamente reconoce excepción en lo que respecta a las apelaciones arancelarias.
Universidades, docentes, nombramiento, concursos docentes, revisión judicial de actos administrativos, control de legalidad, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hergott Oscar Alberto c/ Universidad de Bs. As. Res. 5524/97 - 6150/96 C.D.F.D. Y C.S.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-21

"La designación y separación de profesores universitarios, así como los procedimientos arbitrados para la selección del cuerpo docente, no admiten, en principio, revisión judicial por tratarse de cuestiones propias de las autoridades que tienen a su cargo el gobierno de la Universidad, salvo aquéllos casos en que los actos administrativos impugnados en el ámbito judicial están afectados por arbitrariedad manifiesta (Fallos 314:1234; 315:724 y 317:40, entre otros), admitiéndose asimismo que aquél principio no resultaba obstáculo para que se ejerza judicialmente el control de legalidad de los actos administrativos dictados en el curso de los procedimientos de selección de los docentes (Fallos 307:2106 y sus citas, C.S.J.N. in re "Mocchiutti, Juan c/ UNC s/ contencioso administrativo" del 4 de noviembre de 1997). (Del voto del juez Licht, cons. IV).