Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04


R. 1169. XLII.

RECURSO DE HECHO Ríos, Gregorio y Prellezo, Gustavo Daniel s/estafa - sustracción de persona agravada por muerte víctima - homicidio (causa N° 2958).

Buenos Aires, Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Gustavo Daniel Prellezo en la causa Ríos, Gregorio y Prellezo, Gustavo Daniel s/ estafa - sustracción de persona agravada por muerte víctima - homicidio (causa N° 2958)", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal, a cuyos términos se remite en razón de brevedad.

Por ello, concordemente con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Remítase al tribunal de origen con el fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Hágase saber y cúmplase.

DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal, se la desestima.

Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día, efectúe el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución. Hágase saber y archívese, previa devolución de los autos principales.

Recurso de hecho interpuesto por Gustavo Daniel Prellezo, representado por el Dr.

Mario Luis Coriolano Tribunal de origen: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Tribunales que intervinieron con anterioridad: Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Dolores; Tribunal de Casación Penal provincial, Sala I DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL Ríos, Gregorio y Prellezo, Gustavo Daniel s/ estafa, sustracción de persona agravada por muerte, homicidio (Causa Nº 2958) S.C. R. 1169, L. XLII Suprema Corte:

I La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial de Dolores, provincia de Buenos Aires, condenó, el 2 de febrero de 2000, a Gustavo Daniel Prellezo a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor de estafa y sustracción de persona agravada por la muerte de la víctima, en concurso real, y este último delito en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía en calidad de autor (artículos 54, 55, 172, 142 bis, 80 inciso 2, del Código Penal).

La defensa, luego de haber hecho la reserva el día siguiente al de la lectura del fallo, interpuso recurso de casación el 23 de febrero de 2000, y dos días después, presentó un escrito de ampliación de motivos, explicando que estaba dentro del plazo para hacerlo, ya que la aclaratoria del 3 de febrero, que integraba la sentencia condenatoria, le había sido notificada el 4 de febrero.

El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, el 19 de diciembre de 2000, declaró inadmisible el recurso porque no se había hecho la reserva del caso, y porque el mero anticipo del defensor, cuando aún no se había fallado, de que recurriría si no se absolvía a Prellezo, no era suficiente para tener por cumplido el artículo 451 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que prescribe que dentro de los primeros siete días del plazo establecido para interponer casación, el recurrente deberá manifestar ante el órgano que dictó la resolución, su intención en tal sentido.

Además, se dijo que "una parte del recurso fue acompañada fuera de término, es decir, excedido el plazo de 20 días".

Contra esa decisión, la parte presentó, el 5 de febrero de 2000, un recurso de "nulidad y reposición en subsidio", con el argumento de que la declaración de inadmisibilidad se debió a dos errores materiales, ya que se había pasado por alto que sí se había formulado, por escrito y al día siguiente de notificada la condena, la reserva de recurrir.

También era falsa -para la defensa- la alegación de que la ampliación del recurso era extemporánea, ya que no se había tenido en cuenta que se había dictado una aclaratoria que completaba el fallo condenatorio, y por lo tanto, los términos quedaban prorrogados.

El 6 de junio de 2002, la Sala I de la casación rechazó tanto el recurso de reposición, como el "planteo de nulidad". Sobre este último, dijo que la invalidez pedida por la parte era inseparable de la tacha de tribunal imparcial, por lo que, al haberse denegado oportunamente la recusación, correspondía ahora hacer lo mismo con este planteo. En cuanto al primero, sostuvo que una sentencia definitiva no es susceptible de ser modificada por este remedio, apto sólo para atacar resoluciones dictadas sin sustanciación.

La defensa, el 10 de julio de 2002, interpuso recurso extraordinario de nulidad y de inaplicabilidad de ley, con base en que el tribunal de casación, "mediante un exceso ritual manifiesto, había vulnerado la garantía de revisión del fallo por un tribunal superior".

El 12 de febrero de 2003, la suprema corte bonaerense rechazó ambos recursos, con el argumento de que la resolución de la casación que desestima la reposición y la nulidad planteada, "no constituye la sentencia definitiva susceptible de ser atacada por vía de recursos extraordinarios".

En su opinión, ante la declaración de inadmisibilidad efectuada por la casación, se debió ocurrir directamente ante el máximo tribunal provincial, y no presentar, como paso intermedio, los recursos de reposición y nulidad. Y ya no era posible enmendar ese intento recursivo, porque, de todas maneras, los tiempos se encontraban vencidos en exceso.

Contra esa sentencia se interpuso el recurso extraordinario federal, en donde se refutó lo sostenido por la corte provincial, con los siguientes argumentos: "la presentación contra la declaración de inadmisibilidad del tribunal de casación, que se llamó 'nulidad y reposición' se trataba en rigor de un pedido de rectificación de la decisión debido a errores materiales cometidos por el órgano de casación, por lo que -sin perjuicio de su denominación- debió ser considerada como un pedido de rectificación en los términos del artículo 109 del C.P.P. En este sentido, la suprema corte soslayó que, en esencia, se trataba de un pedido de rectificación, más allá de que se hablara de una 'reposición'. Las peticiones de las partes, máxime en el proceso penal en donde están en juego los más importantes derechos y garantías, deben ser reencauzadas por los tribunales sin restringirse al nomen juris. Es decir, si materialmente se trataba de una rectificación del artículo 109 del CPP, aun cuando el letrado la haya denominado 'nulidad y reposición', debe ser considerada en tal sentido. Y ante un pedido de 'rectificación' de errores materiales por parte del tribunal de casación, esa instancia -tal como lo establece el artículo 109 del C.P.P.- suspende los plazos para interponer los recursos que procedan". En este caso, recién comenzaron a correr los términos a partir de la notificación a la defensa del rechazo de la resolución del 6 de junio de 2002, por lo que -siempre a juicio de la recurrente- los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos el 10 de julio de 2002, fueron presentados en término.

La suprema corte provincial denegó, con fecha 9 de agosto de 2006, el recurso extraordinario federal, con el argumento de que "las cuestiones relativas a la aplicación e interpretación del derecho procesal son privativas de los tribunales locales y ajenas como regla a la competencia federal, por lo que en estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente respecto de los agravios que la originan con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional" (fojas 539 y vuelta).

Finalmente, la defensa oficial articuló recurso de hecho ante V.E. (fojas 541/558).

II En primer lugar, corresponde señalar que V.E. tiene dicho que "si bien las decisiones que declaran la inadmisibilidad o improcedencia de los recursos locales deducidos ante los tribunales de la causa no justifican, por regla, el otorgamiento del recurso extraordinario, ello no es óbice para invalidar lo decidido cuando la resolución carece de fundamentación suficiente y ha frustrado una vía apta para el reconocimiento de los derechos invocados, con menoscabo de la garantía de la defensa en juicio reconocida en el artículo 18 de la Constitución Nacional" (Fallos: 324:3640 y sus citas).

Los agravios de la recurrente suscitan cuestión federal, ya que el a quo, al rechazar por razones formales el recurso de inaplicabilidad de ley, al tiempo que convalidó la respuesta, a mi criterio dogmática, del tribunal de casación -no se hizo cargo del hecho de que la defensa sí había avisado, con posterioridad a la condena, de que la recurriría-, evidencia un rigor formal que justifica la vía intentada con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad.

Ello es así, pues más allá de que se debatan cuestiones procesales locales, está en juego un aspecto fundamental de la garantía constitucional de la defensa en juicio, como es la posibilidad que tiene el inculpado de un delito de recurrir la decisión adversa ante un tribunal superior (art. 8º, inc. h, del Pacto de San José de Costa Rica).

No puedo pasar por alto que la jurisdicción local omitió subsanar un error decisivo, señalado oportunamente por el recurrente, como es la presentación que efectuara la defensa durante el plazo legal para impugnar, dando aviso de que interpondría recurso de casación ante el tribunal superior de la condena que se impusiera a Prellezo (escrito de fojas 355 con cargo de la cámara de Dolores).

Esta circunstancia que importa el apartamiento de las constancias comprobadas de la causa, por parte de quien debe decidir el litigio, conlleva "per se" las razones de su descalificación como acto jurisdiccional válido, con base en la conocida doctrina elaborada por V.E. sobre arbitrariedad de sentencias, y puesto que significó una lesión efectiva a la garantía de la doble instancia, los tribunales de la provincia debieron asegurar que el error judicial sea reparado más allá de los defectos formales que hubieran encontrado en las presentaciones de la parte.

En consecuencia, son igualmente arbitrarios los sucesivos pronunciamientos que denegaron el examen de los agravios ante las instancias ordinarias y el acceso a la instancia extraordinaria federal.

De este modo, se sorteó sin más la doctrina del Tribunal sentada en los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), por lo que en este sentido la decisión del a quo deviene arbitraria y corresponde sea descalificada como válida.

III En consecuencia, considero que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires debe dictar una sentencia que permita una revisión integral de la sentencia condenatoria (doctrina del precedente "Casal", Fallos: 328:3399).

Así, opino que V.E. puede abrir la queja y declarar procedente el recurso extraordinario federal.

Buenos Aires, 2 de julio de 2007.

ES COPIA LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE