Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-06-07


Salta, 7 de junio de 2.016	AUTOS Y VISTOS: este expediente caratulado "AGUILERA, CESAR RAUL c. MARTINEZ, JOSE EDUARDO - ORDINARIO", EXP. n° 24.919/10, originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo nº 2 del Distrito Judicial del Centro, para resolver la vía recursiva interpuesta a fs. 137/139 y, ____________________	__________________C O N S I D E R A N D O____________________ _____ María de las Mercedes Domecq dijo:	_____I. La sentencia de fs. 133/139 que condena a José Eduardo Martínez pagar a Cesar Raúl Aguilera la suma de $ 132.379, 09, es objeto de la mentada vía recursiva interpuesta por el actor.	_____Tras efectuar consideraciones respecto de los fundamentos de la sentencia, el apelante niega que exista contradicción entre los testigos Rivas y Ruiz, tal como lo sostiene la Sentenciante.	Como sustento de esta queja refiere que el hecho de que Ruiz viera los kilometrajes de los camiones no significa que supiera cuáles son los destinos, ni implica que no haya podido ver los papeles.	Califica de irrisoria la decisión de la Jueza al restarle validez a los dos testigos que no fueron impugnados por el actor en el momento procesal oportuno previsto en el art. 458 del C.P.C.C.	Señala que el actor no pudo acreditar los viajes internaciones negados por su mandante y que los testigos "referidos" no probaron en modo alguno que el actor pernoctaba fuera de su domicilio ni que controlaba la carga y descarga.	Los recibos de sueldo y planilla de kilometrajes acompañados -según el memorial- reflejan exactamente el pago completo del básico convencional, los kilómetros recorridos, viáticos, cruce de frontera, control de carga y asignaciones extraordinarias no remunerativas.	Sostiene que su parte, al contestar demanda, reconoció que el accionan era chofer de larga distancia y que sus destino eran fundamentalmente las provincias del interior del país - Jujuy y Tucumán principalmente- y -en menor medida- la frontera con Chile, negando que aquél pernotare en sus lugares de destino, salvo en muy pocas veces en Chile.	De acuerdo al memorial, resulta equivocado que la Sentenciante haya afirmado que se intimó a su parte a adecuar planillas de kilometrajes y le haya restado valor probatorio a la misma por contener una simple omisión formal, pese a que las mismas se encontraba suscriptas de puño y letra por el señor Aguilera y no fueron impugnadas por éste.	Considera antijurídica la actitud de la Juzgadora al otorgar un valor de presunción jure et de iure a las palabras del actor y sostiene que la Señora Jueza de grado excede el marco de la norma, ya que jamás se previó que, ante la falta de algunas formalidades, deba otorgársele un valor sacramental e irrefutable a las planillas de control de kilometraje.	Entiende que la Juzgadora ha utilizado indebidamente el principio in dubio pro operario, el que está sujeto a dos condiciones: 1) la existencia de un estado de duda insuperable y 2) que no tenga causa en la negligencia probatoria del trabajador; que tal decisión le ha generado una grave afectación a su derecho de defensa.	Insiste en que su parte aportó prueba documental -amen de su ínfima informalidad- dando cuenta que el demandante fue debidamente retribuido por sus labores y que firmó de conformidad todos sus recibos de haberes y planillas de kilometrajes; que lo afirmado por su parte se corrobora con el testimonio rendido por los testigos, en especial, el señor Rivas.	Indica que la prueba aportada por el actor resulta imprecisa, careciendo de contenido las declaraciones de los testigos al punto que, en la sentencia, no se enuncia ningún pasaje de las mismas.	La Jueza sustenta la procedencia del despido indirecto en pequeñas diferencias salariales, las cuales resultan -de acuerdo a los términos del memorial- absolutamente insuficientes como para legitimar la ruptura del vínculo laboral y son la última alternativa, ya que las partes deben actuar de buena fe y propender a la continuidad y se pudo haber optado por el reclamo judicial independiente. Cita doctrina judicial.	Refiere que "iguales condiciones" caben respecto del reclamo global de ropa sin indicación de períodos y causa.	Formula reserva de la cuestión constitucional.	Ordenado el traslado a fs. 143, lo contestan los representantes de la parte actora a fs. 146/147 solicitando el rechazo por carecer de sustento fáctico jurídico y de un análisis razonado y crítico de la sentencia; sostienen que no existe vicio alguno de ilegitimidad ni improcedencia de las pruebas rendidas y que el escrito apelatorio resulta insuficiente para revertir los fundamentos del fallo.	A fs. 162/163, la Asesora de Incapaces nº 7 contesta la vista ordenada a fs. 160 y, por los argumentos que allí expone, solicita el rechazo del recurso.	II. Del tenor de la memoria apelativa es posible advertir, no obstante lo sucinto de su argumentación, que la queja se orienta a cuestionar la procedencia de: a) diferencias salariales en relación a los kilómetros recorridos nacionales e internacionales y su incidencia en las horas extraordinarias por kilómetros y viáticos por kilómetros recorrido, b) pernoctada fuera del domicilio, c) control de carga y descarga y d) la legitimidad del despido indirecto perfeccionado por el actor.	En relación al punto a), cabe hacer notar, en primer lugar, que el demandado acompañó a fs. 90 recibos de haberes, planilla de control de kilometrajes y hojas móviles e inexplicablemente -e incorrectamente- el Juzgado requiere a su presentante "adecuar la documentación presentada a fin de agilizar la tramitación de la presentes causa", sin advertir en qué consiste la mentada "adecuación", ni especificar ningún apercibimiento para el caso de incumplimiento, ni, en su caso, si tal incumplimiento provocaría la devolución de dicha documentación: no es posible sostener -por lo tanto- que la misma no fue presentada frente a la intimación que formuló el Juzgado a fs. 70.	Sentado ello, debo señalar, como ya lo hice en otro precedente (T.2015, fl. 146/154, Expte. nº 17393/7) que, en oportunidad de valorar los elementos de juicio incorporados en autos, es importante recurrir a la normativa contenida en el C.C.T. 40/89, la que establece una regla expresa que modifica el régimen de la carga de la prueba.	_____ En el ítem 4.2.15 de esa norma convencional que regula la actividad de los trabajadores del transporte de cargas por automotor en el territorio nacional se establece claramente la necesidad de llevar un control del kilometraje recorrido y de otras operaciones, como descarga o permanencia fuera de residencia habitual, a fin de compensar las horas extras, disponiendo la obligación de llevar por duplicado una planilla rubricada por la autoridad de aplicación, según un modelo anexo, "...en la cual se asentarán los kilómetros recorridos en cada viaje, la que para conformidad firmarán las partes y mensualmente el Principal entregará el o los duplicados debidamente firmados".	_____ La implicancia procesal de esa obligación se refleja en el ítem 4.2.18, el que dispone que el incumplimiento del convenio, la inobservancia de sus disposiciones o la ausencia de las formalidades prescriptas, hará pasible al empleador a abonar las mensualidades y retribuciones por kilometraje y demás ítems previstos en la "planilla anexa" con la sola prueba de su declaración jurada.	_____ En efecto: el punto 4.2.18 del C.C.T. 40/89 prevé la exigencia de que se abonen las retribuciones por kilometraje cuando el empleador no cumple con las formalidades que le son impuestas, entre las que se encuentra la de llevar una planilla, indicando que el juramento suplirá ésta, salvo prueba en contrario aportada por el empleador.	Son tan peculiares las características de la actividad regulada por la norma, que la jornada de trabajo del conductor de camiones de larga distancia tiene una regulación orientada no a la cantidad de horas durante las cuales debe prestar servicios sino a las de descansos.	Es por eso que el empleador debe llevar documentación tendiente, primero, a acreditar el control que realiza sobre el tiempo durante el cual el dependiente pone su tiempo a su disposición y, luego, a remunerarlo correctamente.	Es por ello también que su ausencia marca la dificultad ante la que se encuentra el trabajador en orden a acreditar la cantidad de horas y operaciones cumplidas fuera de la sede de la empresa, dificultad esta que los actores sociales suscribientes del convenio señalado procuraron suplir mediante la mentada declaración jurada.	Esta declaración jurada, también, debe especificar correctamente los datos que permitan al Juzgador realizar un simple cálculo y aplicar directamente la presunción establecida a su favor.	Para que sea operativa dicha declaración en juicio y para que tenga el efecto de la inversión probatoria, debe contener, al menos, alguna individualización de aquellas circunstancias de tiempo (fechas de salida y llegada), de cantidades (kilómetros recorridos), control de cargas, cruce de frontera, de modo concreto, en razón de que significan situaciones de hecho individuales, que es necesario destacar de modo particular y no puede ser referida a un reclamo global, ni ser un simple juramento de "lo adeudado", es necesario que quien lo preste individualice y concretice los hechos en que se basa y de los que surge el reclamo; sin esas condiciones, la carga probatoria se distribuye según los principios comunes (doctrina de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería I, Circunscripción Judicial Neuquén, en "Arismendi, Mario Héctor c. Expreso Oliva Hnos. S.R.L. - despido", sentencia del 19 de agosto de 2.008).	También se ha sostenido que: "En tal sentido es de observar que una reclamación genérica en la demanda por 10.000 km. mensuales, no llega el requisito mínimo de la declaración jurada, que la misma convención ha establecido a los efectos de su grado de certeza, a determinar con algunos datos de certeza que indiquen alguna realidad media. Es que "si en el escrito de inicio el reclamo vinculado a diferencias de salarios, se efectúa en números generalizados sin aporte de precisión alguna, ni relato de ningún hecho, sin arrimar tampoco ningún fundamento para la base de cálculo, corresponde desestimar el planteo" (conforme doctrina sentada en la causa "Pérez, Mario Eduardo c. Gerardo Francisco Cappeta - cobro de pesos", de la Cámara Laboral Sala 2 Tucumán, del 14 de marzo de 2.002 y "Gil, Mariano Roberto c. H.A.G.A.N.A.H. S.R.L. - diferencias salariales", 25/6/1998 - Sala del Trabajo de la Cámara de Concepción del Uruguay-Entre Ríos, del 25 de junio de 1.998, El Dial.com AT2144).	Sentado ello, y dentro marco jurídico convencional enunciado encuentro que las planillas de control de kilometrajes acompañadas por el demandado a fs. 90 no contienen el detalle de los datos necesarios (hora, fecha, kilómetros recorridos 4.2.3, viáticos por km 4.2.4., control de descarga 4.2.6,), según el modelo anexo del convenio colectivo de trabajo n°40/89, ni se encuentra rubricada por la autoridad de aplicación.	Y si bien el defecto en la confección de la mentada planilla tornaría operativo el precepto convencional 4.2.18., la eficacia de la presunción a favor del trabajador se encuentra condicionada al hecho de que el trabajador haya prestado declaración jurada detallando los datos de los viajes por los que reclama el pago del adicional en cuestión, condición que tampoco encuentro cumplida en autos.	En efecto, la planilla practicada con la demanda (fs. 3/6) no constituye efectivamente la declaración jurada que debió prestar el actor, puesto que carece del primero de los requisitos para su existencia: la firma de quien la otorga, ausencia esta que no fue suplida ni luego de otorgado el poder especial cuya instrumentación obra a fs. 14 y con la cual se ratificó lo actuado con personería de urgencia a fs. 7/11 vta..	Pero además resulta defectuosa e infundada ya que respecto de algunos ítems detalla montos globales sin particularizar fecha, lugar de partida ni destino: entiendo que, en esas condiciones, no puede funcionar la inversión del onus probandi sobre los hechos y circunstancias que debieron consignarse en la planilla de contralor de kilómetros recorridos, debiendo distribuirse la carga probatoria según los principios comunes.	En esas condiciones se impone analizar los elementos de juicio incorporados al proceso, teniendo en cuenta que no ha sido desconocido los viajes nacionales aunque no es posible afirmar con certeza la fecha y los lugares de destino o si ellos eran destinos intermedios entre viajes internacionales.	En la demanda (fs. 4 vta./6) el actor solo detalla sumas globales por "viajes nacionales varios", no surgiendo de la prueba testimonial ni la documental ninguna precisión sobre ninguna de las circunstancias ya referidas: fecha, lugares de partida y destino, y los kilómetros recorridos en cada viaje.	En relación a los viajes internacionales, no existe controversia respecto al hecho que el actor efectivamente los realizaba, pero la cuestión reside en la cantidad de viajes y lugares de destino.	Encuentro como relevante el informe de A.F.I.P. - D.G.A., Aduana de Jujuy, reservado a fs. 117, que da cuenta de que de los MIC DTA presentados por el actor, efectivamente realizó por la ruta por jurisdicción de la Aduana de Jujuy los viajes que detalla: a) mes de mayo/2007: en fecha 24/05/07, Salta -Antofagasta, Chile (fs. 20) y San Pedro de Atacama (Chile) - Salta, en fecha 27/05/07 (fs.19); b) mes de junio/2007: refiere que no efectuaron la ruta por la jurisdicción de la Aduana de Jujuy; c) mes de julio/2007: Iquique (Chile)- Tucumán en fecha 9/07/07 (fs. 18); d) mes de agosto/2007: Salta- Arica (Chile) en fecha 15/08/07 (fs. 16) y Salta- Arica (Chile), en fecha 22/08/07 (fs.15); e) mes de septiembre/2007: Iquique (Chile)- Bs.As., Campana, en fecha 4/09/07 (fs. 14) y Salta -Antofagasta (Chile), en fecha 25/09/07 (fs. 13); f) mes de octubre/2007: Salta- Arica (Chile), en fecha 01/10/07 (fs. 12), Salta- Antofagasta (Chile) en fecha 24/10/07 (fs. 8) y San Pedro de Atacama (Chile)-Salta en fecha 26/10/07 (fs.9); g) mes de noviembre/07: Salta- Arica (Chile) en fecha 05/11/07 (fs. 7); h) mes de diciembre/07: Pocitos (Arg.)- Antofagasta (Chile) en fecha 4/12/07 (fs.6), Antofagasta (Chile) - Villa María (Cordoba- Arg.) en fecha 12/12/07 (fs.5) y Orán - Arica (Chile) en fecha 27/12/07 (fs. 4) y i) mes de febrero/08: San Pedro de Atacama (Chile)- Jujuy (Arg.) en fecha 3/02/08 (fs. 2).	Información que, comparada con la cantidad de viajes denunciados por el actor, refleja que los constatados por el ente aduanero son menores en cantidad a los detallados por el aquél, no coincidiendo en algunos casos con los destinos.	Teniendo en cuenta esos antecedentes y que no se detallaron correctamente la cantidad ni los kilómetros recorridos en los viajes nacionales realizados no resulta posible constatar los kilómetros recorridos ni por ende, la existencia de las diferencias en conceptos de horas extraordinarias por kilómetros y viáticos por kilómetros recorrido.	Hago notar que la declaración testimonial de los señores Carlos Chocobar (fs. 102/103), Emilio Manuel Aguirre (fs. 103 vta./105); Elio Patricio Ruiz (fs. 105 vta./106) y Miguel Alberto Rivas (fs. 106vta./108) no describen los viajes realizados por el accionante con detalle de la fecha, los puntos de partida y destino que permita sostener la efectiva realización de los viajes nacionales o internacionales denunciados por el actor en la demanda.	En este contexto fáctico y procesal no surge de la planilla anexa a la demanda cuáles fueron los trayectos en el ámbito nacional que César Raúl Aguilera manifiesta haber cumplido individualizados correctamente, ni los kilómetros recorridos que permitan considerar su procedencia y cuantificarla, diferenciándola de los destinos internacionales, siendo la exigencia de especificación un requisito indispensable para hacer operativa la presunción y tener por ciertos los hechos afirmados por el actor en su declaración jurada.	_____ Hago notar que tampoco surge de las constancias de autos que se haya aportado elementos de juicios que permita tener por configurado el sustento fáctico para la procedencia de los rubros reclamados.	En fin: desestimada toda eficacia de la pretendida declaración jurada, advierto que el señor Aguilera no aportó prueba tendiente a acreditar los hechos afirmados en su escrito introductorio en orden a justificar las diferencias de sueldo en razón de los kilómetros recorridos por mes, la que hubiera resultado eficaz para desvirtuar la veracidad de los datos contenidos en la documentación laboral llevada por la patronal, en especial, la liquidación efectuada en los recibos de sueldos acompañados por el actor (reservado en secretaría conforme detalle de fs. 12, fl. 11/22), por lo que cabe estar a lo afirmado por aquél y tener por ciertos los datos contenidos en la mentada documentación respecto de los meses mayo a diciembre del año 2007 y febrero/08.	b) En relación al rubro pernoctado previsto en el ítem 4.1.14: hago notar que no resulta aplicable para el operador de transporte de larga distancia sino que fue incluido para el personal de corta distancia y locales (cuando no supere los cien kilómetros del lugar habitual de trabajo).	Consecuente con la línea argumental desarrollada y teniendo en cuenta la omisión del actor de aportar datos en orden a los viajes nacionales que realizaba el actor (fecha, lugar de partida y destino, kilómetros recorridos) que permita constatar los presupuestos de hecho prevista en la norma convencional, este rubro reclamado por el actor no puede prosperar debiendo ser rechazado.	c) En relación al control de carga y descarga (ítem 4.2.6) previsto para el personal de larga distancia y conforme se examinara en los parágrafos anteriores, la cantidad de viajes informados por el Organismo Aduanero son menores en relación los denunciados por el actor, circunstancia que impiden sostener la hipótesis planteada por este en orden a que este realizó cinco controles de descarga en el mes de mayo/07, ocho en junio, en julio y en agosto/07, diez controles en septiembre/07, ocho en octubre y noviembre y cuatro controles en diciembre del mismo año y siete en febrero de 2.008.	A lo que debo agregar que el reclamo del actor respecto de este rubro padece del mismo defecto que los anteriores en cuanto no identifica cuando y dónde se cumplió con dicha actividad.	d) Ingresando al análisis de la queja relativa a la legitimidad de las causales invocadas por el señor César Raúl Aguilera para sustentar el despido indirecto comunicado mediante la pieza postal CD 88588299 de fecha 26 de Marzo de 2008 (reservada en secretaría conforme detalle de fs. 12, fl.23, propongo rechazar la relativa a la falta de pago de las diferencias salariales en atención a los fundamentos analizados precedentemente.	Asimismo, la causal relativa a la falta de pago de los rubros: permanencia diaria fuera de la residencia habitual, descansos y feriados trabajados y aquella referida al requerimiento efectuado a la empleadora para que esta intime "a La Segunda ART para que proceda a realizar la reapertura del expediente por accidente laboral sufrido en fecha 29/04/200/", contenida en la ya individualizada pieza postal, no constituyeron parte del objeto de la demanda ni fue objeto de debate y prueba.	Finalmente la supuesta deficiente registración en orden a la fecha de ingreso contenida en la mentada pieza postal como causal del despido indirecto, tampoco se acreditó en autos, hecho que llega firme a esta instancia.	En fin: no habiéndose demostrado los incumplimientos atribuidos a la patronal, la situación de despido en que se colocó el señor César Raúl Aguilera ha devenido injustificado, tornando ilegitimo el despido perfeccionado por éste e improcedente las indemnizaciones emergentes del mismo (indemnización por antigüedad, la de falta de preaviso, art. 1 y 2 de la ley 25323).	En atención a las consideraciones desarrolladas, propongo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en su mérito, revocar el punto I de la parte dispositiva de la sentencia de fs. 133/135 y rechazar la demanda deducida por el señor César Raúl Aguilera, con costas a su cargo, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 67 del C.P.C.C).	De acuerdo a lo determinado en la Acordada nº 12.062, del 11 de abril de 2.016 y conforme las pautas establecidas en los arts. 4, 7 y 13 del Decreto Ley nº 324/63 y modificatorias, propongo que los honorarios por la labor desarrollada en esta instancia se determinen en el 50% de lo que se regule en primera en relación a lo que ha sido materia de agravios.	La Dra. Mirta Inés Regina dijo: Que estando en un todo de acuerdo, adhiero al voto que antecede.-	Por ello, LA SALA II DE LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO:	___________________________R E S U E L V E	I.-HACER LUGAR al recurso de apelación del demandado y, en su mérito, revocar el punto I de la parte dispositiva de la sentencia de fs. 133/136 y rechazar la demanda deducida por el señor César Raúl Aguilera, con costas, en ambas instancias, a su cargo.	II. TENER presente la reserva formulada por el apelante.	III. REGULAR los honorarios por la labor profesional desarrollada en esta instancia, en un 50% de lo que se regule en primera en relación a lo que ha sido materia de agravios.	V. ORDENANDO se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.

Camara de Apelaciones del trabajo de Salta - Sala II VOCALES DRAS.M.M. DOMECQ Y M. I.REGINA.-