Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-13


Causa 108-00/CC/2006 "SEMPREVIVO, SABRINA S/INFR. ART. 189 BIS CP - APELACION" En n la ciudad de Buenos Aires, a los13 días del mes de febrero de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz, a efectos de resolver el recurso interpuesto a fs. 178/185, Los Dres. Silvina Manes y Jorge A. Franza dijeron:

1º) En primer término, cabe mencionar que el recurso ha sido interpuesto en forma temporánea, y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

Es dable resaltar que el art. 61, inc. 1º de la ley adjetiva local habilita al Ministerio Público Fiscal a interponer recurso, pues en el presente caso se plantea un supuesto de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva siendo que se cuestiona la concesión del instituto previsto en el art. 76 bis del Código Penal ante la oposición fiscal.

En este sentido, tal como fuera resuelto in re "Justiniano, Enzo Natalio s/ Infr. Art. 189bis CP- Apelación", causa Nº 067-00-CC/2006, rta. 23-05-2006, este Tribunal ha reconocido a la resolución que suspende o revoca el proceso a prueba como un auto equiparable a sentencia definitiva pues causa gravamen de imposible o difícil reparación ulterior que habilita su procedencia.

Si bien es cierto que la normativa aplicable es clara en reconocer la potestad recursiva del fiscal en el único supuesto de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, y en el caso de absolución (in re "Alcaraz, Héctor Juan s/infr. art. 189 bis CP. Apelación" expte. 469-00/CC/2006, rta.6-07-06), cabe entender que dicha posibilidad también involucra a la resolución de suspensión de juicio a prueba pues cumplidas que sean las obligaciones impuestas en ella, se dictará el sobreseimiento produciendo, en consecuencia, la desincriminación del imputado y la extinción de la acción penal (en sentido similar in re "Eusebio, Héctor Dardo s/inf. art. 189 bis CP. Apelación", c.n° 13145-01/CC/2006, incidente de sobreseimiento, rta.11-08-06).

2º) Previo al tratamiento de las cuestiones de fondo traídas a estudio, corresponde abordar el planteo introducido por la Sra. Fiscal de Cámara, en torno a la solicitud de apartamiento de este Tribunal por haber prejuzgado sobre la procedencia del instituto de la probation en el presente caso, afectándose, según su parecer, la imparcialidad, legalidad y legitimidad de la decisión impugnada.

En primer término cabe mencionar que la ley nº 12 en su art. 8 sólo admite el planteo del denunciante o del imputado, y para que proceda el planteo será necesario que el juez esté comprendido en alguna de las causales enumeradas en el art. 7 de la citada ley.

Sin perjuicio de ello, en atención a lo establecido en el art. 58 del C.P.P.N., de aplicación supletoria (art. 55 LPC) corresponde extender dicha potestad también al Ministerio Público Fiscal en los casos que considere correspondan.

Si bien el art. 7º de la ley local enumera taxativamente los casos en que procede la excusación, entendemos que dichos motivos deben ser interpretados con la amplitud suficiente como para incluir aquellos otros casos en que se encuentre comprometida la imparcialidad del juez.

Al respecto, para que prospere se requiere un mínimo de acreditación de la situación especial en que se halla el juez y su relación con la sospecha de parcialidad, que, adelantamos, no advertimos en el caso de autos.

En efecto, cabe consignar que contrariamente a lo afirmado por la representante de la vindicta pública, en momento alguno la mayoría de esta Sala "ordenó a la a quo el sentido de su decisión", sino por el contrario, se limitó a resolver la materia del recurso oportunamente interpuesto por la defensa, entendiendo que la oposición del fiscal había sido infundada y en consecuencia que debía revocarse lo resuelto por la a quo, quien debía verificar si concurrían los demás extremos requeridos por el art. 76 bis CP.

Frente a ello, la resolución final de la Sra. Juez de grado obrante a fs. 174/176vta. no fue más que consecuencia de su propia argumentación, pues luego de analizar si concurrían los demás requisitos habilitantes de la suspensión de juicio a prueba resolvió favorablemente la concesión del beneficio, cuando en rigor de verdad pudo haber resuelto lo contrario de entender que era improcedente el instituto por motivos diferentes a los desarrollados por la mayoría de este Tribunal (v.g. en relación al tema de la inhabilitación).

Por lo expuesto, no sólo resulta improcedente el planteo introducido por la Sra. Fiscal de Cámara por no acreditarse ninguno de los supuestos del código de forma, sino que deviene extemporánea su petición pues no existen causales sobrevinientes para que prospere, más aún cuando no fue introducido oportunamente por el Fiscal de la instancia.

3º) Sentado ello, y en atención a que a partir de la resolución de fs. 174/176vta. mediante la cual la a quo dispuso suspender el proceso a prueba a favor de Semprevivo, se habría producido el agravio que aquí se denuncia, corresponde adentrar a analizar los agravios planteados por el Sr. Fiscal de grado a fs. 178/185vta.

El Gabriel E. Unrein sostuvo que se efectuó una errónea aplicación de la suspensión el proceso a prueba, pues: a) la escala penal prevista en abstracto por el art. 189 bis del CP resulta ser mayor a tres años y por lo tanto conforme al primer párrafo de dicha norma el beneficio sería inviable; y b) no se cuenta con el consentimiento del Fiscal exigido en el cuarto párrafo del precepto legal citado.

4º) La primera cuestión a determinar es la interpretación a dar al art. 76 bis del Código Penal.

A grandes rasgos la doctrina se ha dividido en dos grupos con criterios interpretativos disímiles.

Para el primero, el art. 76 bis CP encierra un solo supuesto, delitos reprimidos con pena privativa de la libertad cuyo máximo no excede de 3 años y que las circunstancias del caso "permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable" (Juan C. Reynaga, "La ley 24.316: análisis y aplicación de los institutos" L.L. T. 1995-D pág.1486; Carlos Arturo Ochoa "La suspensión del juicio a prueba" L.L. T. 1995-C pág. 1274; Daniel A. Saez Zamora y Verónica Fantini "Reflexiones sobre la implementación de la ley 24.316 en nuestro sistema penal" L.L. T. 1995-D pág. 1136; Carlos Edwards "La probation en el Código Penal Argentino", Marcos Lerner Editora.; Alejandro M. Becerra "Probation: "Aplicación amplia o restringida" en J.A. del 13 de agosto de 1997, pág. 13, entre otros).

Para el segundo el art. 76 bis CP encierra dos supuestos escindibles: a) el supuesto del primer párrafo: "delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años"; y b) el supuesto del cuarto párrafo: delitos que según las "circunstancias del caso" permitirían "dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable" (En este sentido: Gustavo L. Vitale, "Suspensión del proceso penal a prueba, Editores del Puerto 1996; Miguel Angel Almeyra, "Probation. "Sólo para los delitos de bagatela"" L.L. Suplemento de Jurisprudencia Penal. Pág. 7; Eleonora Devoto, "La Probation (A propósito de su incorporación al Código Penal Argentino)" L.L. 23 de agosto de 1994; Carlos M. Bossi y Daniel C. Ranuschio, "Suspensión del Juicio a Prueba (Motivos que justifican su aplicación)" J. A. Octubre 29 de 1997, pág. 19 y "Suspensión del Juicio a Prueba (Ideas para una posible reforma legislativa de los actuales arts. 76 bis y 76 ter del Código Penal)" L.L. Actualidad 24 de marzo de 1998; Marco Antonio Molero, "Probation y Juicio abreviado cuando los cambios vienen marchando", L.L. 24 de agosto de 1998; Alberto Bovino, "La suspensión del procedimiento en el Código Penal Argentino y la "diversion" estadoun idense (Un análisis comparativo)", L.L. 28 de febrero de 1997; Raúl Guillermo López Camelo, "Probation. Algo más acerca de su alcance normativo" D.J. 1997-2 pág. 635; José María Orgeira y Eduardo M. Vaiani L.L. 1996-E Pág. 813 y otros).

5º) Diversos son los motivos que nos inclinan a adoptar la postura distintiva de dos supuestos en el art. 76 bis, por los motivos que explicaremos en nuestra exposición.

En primer lugar, se advierte que de acuerdo a una interpretación gramatical y teleológica, la ley hace referencia a los distintos grupos de delitos en párrafos diferentes. Así, en el primer párrafo la norma citada contempla la pena en abstracto, cuyo máximo no debe superar los tres años de prisión, mientras que en el cuarto prevé la pena en concreto, y la posibilidad de dejar en suspenso su cumplimiento, con clara alusión al art. 26 del CP (Conf. Vitale, Gustavo, Suspensión del proceso penal a prueba, ed. Del Puerto, Bs. As, 1996, p. 74 y ss).

Nótese que el primer párrafo del art. 76 bis habla de "delito (...) reprimido con pena (...) cuyo máximo no exceda de tres años", mientras que en el cuarto párrafo del mismo artículo se hace expresa mención a la "condena aplicable". En efecto, la ley se refiere en el primer párrafo al máximo de pena previsto en el tipo penal que se atribuye al imputado; no se hace mención a la condena aplicable, como sucede en el cuarto párrafo, es irrelevante para la ley conocer cuál es la condena que puede llegar a dictarse en el caso concreto, pues para esos casos, le basta con la comprobación del máximo de la pena privativa de libertad prevista en la ley (conf. Vitale, ob. cit.,75/6).

Ello muestra una diferencia nítida entre los supuestos comprendidos en el primer párrafo del art. 76 bis del CP y los incluidos en el cuarto párrafo.

Otra prueba de ello radica en que el párrafo primero del art. 76 bis acuerda la posibilidad de solicitar la suspensión del juicio a prueba al imputado de un delito reprimido con pena de "reclusión" o prisión cuyo máximo no exceda de tres años.

A su turno, el párrafo cuarto del mismo artículo indica que para otorgar el beneficio, las circunstancias del caso deben permitir dejar en suspenso la condena aplicable.

Frente a ello, a los efectos de clarificar las dificultades que suscita una lectura restrictiva del artículo, traemos a colación que el art. 26 del Código Penal permite obtener la ejecución condicional de la condena al sentenciado por primera vez a pena de "prisión" que no exceda de tres años, excluyendo la de reclusión.

No está permitido al intérprete hacer caso omiso de la letra de la ley, así como no cabe presumir la contradicción o el absurdo en los términos de la ley, los cuales deben ser entendidos como coherentes.

Al respecto, Almeyra explica que "si la pena de reclusión ha sido implícitamente excluida del beneficio de la condicionalidad por la ley 23.057 (Adla, XLIV-B, 1265), parece extremadamente claro que no existe otra posibilidad que interpretar los dos párrafos transcriptos, como rigiendo situaciones diferentes". Y más adelante continúa "no hay otra forma, en efecto de conciliar el texto legal que se analiza, pues si es inadmisible que una condena a reclusión por tres años o menos se imponga en suspenso, sólo puede interpretarse el primer párrafo del dispositivo analizado a partir de la idea de que cuando se trata de un delito menor, la eventualidad de una condena suspensiva no es presupuesto que defina la suspensión del proceso a prueba y que el recaudo si es necesario cuando la escala penal prevista por la ley supere ese margen" (Conf. Miguel Ángel Almeyra."Probation" "Sólo para los delitos de bagatela", Suplemento de Jurisprudencia Penal, pág. 7).

Además, en virtud del uso que la ley hace de los términos "Juez" y "Tribunal" en el tercero y cuarto párrafo del art. 76 bis, respectivamente, se pueden admitir dos supuestos para la procedencia de la "probation", de acuerdo al órgano jurisdiccional que puede acordar la suspensión del juicio, siendo el juez correccional para los delitos de menor gravedad y el Tribunal de juicio para los más graves.

Para arribar a dicha conclusión en nada obsta la circunstancia de que en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires sea un juez unipersonal el que debe juzgar la procedencia o no de la suspensión de juicio a prueba en aquellos casos en que el máximo de la pena a imponer pueda superar los tres años de prisión, tal como ocurre en el caso en estudio, pues el Convenio de Transferencia Progresiva de competencias Penales (BOCBA Nº 1098, del 27/12/00) así lo habilitó.

Asimismo, de acoger favorablemente la llamada tesis restrictiva no tendría explicación la expresa exclusión del beneficio para la pena de inhabilitación -prevista en el último párrafo del art. 76 bis- puesto que ésta ya se vería excluida por imperio del art. 26 in fine CP, que veda la condenación condicional de esa especie de pena.

Por último, desde el punto de vista teleológico, consideraciones de política criminal, aconsejan la adopción de la tesis aquí propiciada. Tanto la estructura como el sentido del instituto de la suspensión del juicio a prueba vedan toda posibilidad de una interpretación restrictiva.

6º) Uno de los fines de la suspensión del juicio a prueba es evitar la estigmatización de un imputado con la imposición de una pena; por ello no sólo constituye un factor de eficiencia del sistema penal, en tanto procura el descongestionamiento de una justicia penal sobresaturada de casos para permitir, así, el tratamiento preferencial de los casos "graves e importantes", esto es, aquéllos que deben ser solucionados indiscutiblemente mediante la reacción penal (conf. Maier, B.J., "El nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Análisis critico", Del Puerto, Bs. As., 1993, pág. 837 y ss), sino que, a su vez, resulta un medio idóneo de prevención especial.

En tal entendimiento dable es recordar las "Reglas de Tokio" (Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, Resolución 45/110 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14/12/90) en cuanto prevén entre sus objetivos la introducción de medidas no privativas de la libertad con la finalidad de reducir la aplicación de penas de prisión y racionalizar políticas de justicia penal teniendo en cuenta los derechos humanos, las exigencias de justicia social y las necesidades de rehabilitación de delincuentes, estableciendo en relación a su alcance que a fin de asegurar una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente y la protección de la sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la pena de prisión, el sistema de justicia penal establece una amplia serie de medidas no privativas de libertad, desde la fase anterior al juicio (2.3), concluyendo que las medidas no privativas de la libertad serán utilizadas de acuerdo con el principio de mínima intervención (2.6).

Consecuentemente, la Naciones Unidas han exhortado a los Estados Miembros a introducir medidas no privativas de la libertad en sus respectivos ordenamiento jurídicos, de acuerdo a los objetivo expuestos, por lo que mal puede interpretarse restrictivamente su procedencia.

A la luz de tal situación, ya no es posible entender razonablemente que se encuentren fuera de las previsiones normativas del art. 76 bis CP, aquellos delitos previstos con pena mayor a tres años que, según las circunstancias del caso, mediante un juicio predictivo, permita ser dejada en suspenso el cumplimiento de la condena.

Por lo demás, lo contrario conduciría a desnaturalizar el instituto en análisis como instrumento de prevención especial, que sin duda requiere, la combinación de dos variables: levedad de ilícito y verificación de circunstancias que permitan conjeturar que el imputado habrá de asumir un comportamiento de acuerdo a derecho.

Por lo tanto sostener que sólo el monto máximo de la pena establecido para el delito determina por sí la no aplicación del instituto importa una interpretación de la norma que desatiende de modo absoluto el fin preventivo especial tomado en cuenta expresamente por el legislador al incorporar el instituto a la legislación nacional; porque de lo contrario, es decir, si la interpretación normativa parte de esa finalidad preventiva especial no puede omitirse atender principalmente, si se pretende coherencia y razonabilidad en la interpretación, a la verificación en concreto de las circunstancias personales del imputado que permitan, en cada caso, efectuar a su respecto un pronóstico de sujeción y respeto al orden jurídico (conf. voto del Magariño en la causa nº 784 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal nº 23, seguida a Ariel Armando Menghini, rta. 24-02-2000).

7º) Sin perjuicio de lo expuesto, por último, en caso de colisión de dos interpretaciones posibles de un texto legal, ninguna de las dos puede tener un fundamento completo, por lo que la decisión a favor de una u otra no puede apoyarse en el mejor fundamento lógico o hermenéutico de alguna de las interpretaciones posibles: estamos ante un conflicto de más o menos libertad (Bacigalupo,"Principios constitucionales de derecho penal", Hammurabi, Bs. As., 1999, pág.95 y ss).

De modo que entre las posturas definidas corresponde decidirse en favor de aquella menos lesiva para el sujeto y que reduzca el campo de intervención de la justicia penal. No parece equitativo que el costo de las inconsistencias o los defectos en la técnica legislativa deba ponerse a cargo del justiciable, ni que una interpretación inadecuada aparezca siendo más restrictiva para la libertad y determinando al sistema judicial hacia el dispendio y la inoperancia. (Conf. voto de los Dres. Casanovas y Tragant en el fallo plenario "KOSUTA, Teresa s/ recurso de casación", rta. 17-08-99).

En consecuencia, la necesidad de racionalidad en la interpretación de la ley penal exige entender que el máximo de tres años de prisión o reclusión al que hace referencia la norma legal es el máximo aplicable en el caso concreto, compatibilizando así el sentido preventivo especial del instituto de la suspensión del proceso a prueba.

8º) Aclarado ello, cabe recordar que el Sr. Fiscal de Grado se opuso a la suspensión del proceso a prueba, en primer lugar, pues consideró que dicho instituto no resultaba viable en el presente caso, pues el máximo de la pena previsto para el delito imputado excedía los tres años de prisión.

Ahora bien, la interpretación que de las normas se efectúe debe quedar en última instancia en cabeza del juzgador, lo contrario conduciría a desnaturalizar su función primordial, como órgano aplicador del derecho.

Al respecto, se ha dicho que la interpretación de las normas es tarea específica del Poder Judicial (CSJN, Fallos 254:315, 314:1415, entre otros), pues "los jueces tienen la misión de desentrañar el contenido de las normas penales, sus presupuestos, delimitar los hechos punibles y los no punibles [...] En este sentido, la interpretación judicial constituye una de las funciones primordiales de la actividad jurídica de un estado de derecho con el fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas frente al poder del estado, erigiéndose así, en conquista irreversible del pensamiento democrático. Para alcanzar acabadamente este objetivo, lo cual significa que la tarea interpretativa adquiera legitimidad, es requisito indispensable que ella permita la aplicación racional de las normas jurídico penales." (Fallos 309:5).

9º) De ello se colige que en el caso de autos, la falta de consentimiento del Sr. Fiscal de Grado, por fundarse en un criterio interpretativo de la norma en cuestión, no resulta vinculante para el juzgador quien, en el ejercicio de su actividad jurisdiccional tiene el deber de interpretar la norma contenida en el art. 76 bis CP, a fin de determinar su sentido y alcance.

Al respecto, cabe reiterar lo expuesto en el voto mayoritario del fallo de esta Sala, de fecha 12 de octubre de 2006 (reg.529/2006), en el sentido de que el Tribunal y el Ministerio Público cumplen funciones completamente distintas y diferenciadas en el procedimiento penal, la participación de cada uno de ellos en el proceso de decisión acerca de la suspensión del procedimiento penal a prueba deben representar intervenciones de diferente contenido, alcance y valor (conf. Bovino, Alberto, "La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal Argentino", Ed. Del puerto, 2001, pág. 155).

10º) En este sentido, sólo el Tribunal puede resolver acerca de la presencia de los requisitos de legalidad para la aplicación de la suspensión del proceso a prueba; es el juez el que debe en definitiva comprobar la presencia de las condiciones objetivas de admisibilidad.

A mayor abundamiento, en honor a la brevedad, nos remitimos a los fundamentos expuestos en el voto mayoritario del fallo de este Tribunal, que originó la presente impugnación (v. fs.157/67vta.).

En consecuencia, la oposición del fiscal fundada en el incumplimiento de un requisito objetivo de admisibilidad, que por vía interpretativa consideró no contemplado en el art. 76 bis del CP, no obliga al tribunal que puede decidir con autonomía la legalidad de la solicitud del imputado.

Por lo expuesto, cabe descalificar como válido el primer argumento por el cual el fiscal se opuso a la suspensión del proceso a prueba -improcedencia del instituto en delitos cuya pena supera los tres años de prisión pero que se les podría aplicar el art. 26 del CP- y, consecuentemente, tal objeción deviene irrelevante a los fines de la concesión de la suspensión de la acción penal, a partir de un estricto control jurisdiccional de legalidad respecto de la objetiva acreditación de los extremos previstos por el art. 76 bis del ordenamiento de fondo.

11º) Ahora bien, el Sr. Fiscal, como segundo agravio, planteó la no viabilidad de la suspensión del proceso a prueba pues no había prestado su consentimiento a tal efecto.

Al respecto se observa, sin embargo que, la resolución ahora impugnada no posee base propia en cuanto a la materia del segundo agravio, sino que se remite, en todo lo que conforma su fundamentación, al pronunciamiento de esta Sala obrante a fs. 157/167 vta.

Esta circunstancia hace que los agravios en los que el Sr. Fiscal sostiene su presentación ya hayan sido abordados por la mayoría de este Tribunal, al resolver el recurso interpuesto oportunamente por la Defensa.

12º) Partimos entonces de la premisa que sostiene que el juicio del acusador acerca de la conveniencia de suspender o no el proceso a prueba se debe limitar a las razones político-criminales que ese Ministerio Público pueda legítimamente tener en cuenta para tomar su decisión (conf. Bovino, ob. cit., pág.160).

En primer lugar, el Sr. Fiscal de grado efectuó en el recurso en estudio la disquisición entre los alcances de motivar y fundamentar las resoluciones, alegando que motivar no equivale a fundamentar, y que tratándose la motivación de un estándar menor de argumentación que la fundamentación, no podía considerarse que su oposición no superara dicho nivel argumentativo (v. fs.160vta.).

Sin perjuicio de la distinción conceptual referida precedentemente, y no desconociendo la letra y el alcance del art. 69 del C.P.P.N., varios han sido los autores que, sin perjuicio de la distinción técnica, han utilizado indistintamente ambos términos. Así Alberto Bovino manifestó "La opinión del ministerio público (...) debe ser fundada" (ob.cit. pág.159, lo destacado me pertenece); Gustavo Vitale explicó que "la manifestación de disconformidad del fiscal con la suspensión debe encontrarse debidamente fundada en ley (ob. cit. pág. 266, lo destacado me pertenece), y en igual sentido se expresan Edgardo A. Donna y María Cecilia Maiza: "en principio, y conforme la redacción dada por la ley, la oposición del ministerio público fiscal no habilita al tribunal para acordar la suspensión, salvo que la oposición no esté fundada" ("Código Procesal Penal y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1994, pág. 334, lo destacado me pertenece).

13º) Frente a ello, sin perjuicio de los distintos alcances de los términos referidos, cierto es que las circunstancias mencionadas por el Sr. Fiscal, como criterio de política criminal que aconsejan la no suspensión del proceso a prueba, no configuran motivos valederos, no se ajustan a las constancias de la causa, y se refieren a alusiones subjetivas que no se vinculan con parámetros objetivos de estricta política criminal; por ello su opinión fue correctamente descalificada como válida.

Los jueces están siempre habilitados para efectuar un examen de razonabilidad sobre los criterios emanados del Ministerio Público en sus dictámenes (conf. José M. Orgeira y Eduardo M. Vaiani "La suspensión del juicio a prueba y los delitos con pena mayor a tres años", L.L. 1995-E pág.813), y es por ello que podrán desvincularse de su opinión en el supuesto de que no cumpla con las exigencias requeridas.

Si el Ministerio Público hubiese alegado motivos de oportunidad, mérito o conveniencia, basados en criterios objetivos de política criminal, dicha oposición hubiese escapado al control jurisdiccional, pero ello no sucedió.

Recordemos que las razones que fundamentaron la negativa del Sr. Fiscal y que fueran avaladas oportunamente por la Sra. Magistrada en nada se condicen con verdaderas cuestiones de política criminal por cuanto, la supuesta actitud de fuga al momento de su detención, la existencia de una orden de paradero y rebeldía registradas anteriormente, el supuesto abandono del domicilio denunciado y el desfavorable informe socio ambiental, no responden al objetivo de contrarrestar el fenómeno de la criminalidad y por lo tanto, a un juicio legítimo de conveniencia, cuya formulación está en cabeza del Representante del Ministerio Público.

De ello se sigue que para determinar la inconveniencia de suspender el proceso a prueba el Fiscal de grado alegó haber recurrido a motivos propios de política criminal, como son las condiciones establecidas en el art. 26 del Código Penal y el art. 319 del C.P.P.N. (v. fs.183vta.). Sin embargo, cierto es que ambos artículos se refieren, respectivamente, a las condiciones necesarias a fin de imponer una condena condicional y a la inviabilidad de la excarcelación, siendo estos institutos de naturaleza opuesta a la suspensión del juicio a prueba.

Es por ello que, contrariamente a lo sostenido por el representante del Ministerio Público, no son aplicables las pautas enumeradas en los preceptos citados, pues de ser así se estarían valorando condiciones que por su naturaleza deben analizarse cuando ya se ha arribado a un juicio de responsabilidad penal; motivo por el cual la propia argumentación esgrimida por el apelante descalifica su opinión como vinculante.

Por lo expuesto, la pretensión del apelante debe ser rechazada por los motivos desarrollados por los suscriptos en el fallo de este Tribunal de fecha 12 de octubre de 2006, a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad.

14º) En segundo lugar, el recurrente argumentó que se ha vulnerado su derecho a ser oído pues no se celebró una nueva audiencia de suspensión de juicio a prueba a fin de que se expida sobre el período conveniente de la suspensión del proceso y la viabilidad de las reglas de conducta impuestas.

Al respecto, cabe consignar que tanto el Fiscal de grado como la Sra. Fiscal de Cámara confunden el "derecho a ser oído" con la intervención necesaria del Ministerio Público, que en el caso en autos, se produjo. Es que el Fiscal de grado, sin perjuicio de su oposición en la audiencia celebrada el pasado 26 de junio de 2006, debió prever que la juez podía hacer lugar a la probation, y debió argumentar, subsidiariamente, en torno al período conveniente de suspensión del proceso a prueba, y a cuáles eran las reglas de conducta adecuadas para el caso; al haber omitido todo pronunciamiento al respecto perdió la oportunidad útil para hacerlo, sin perjuicio de lo cual, cabe destacar que su opinión en este sentido no resulta obligatorio para el juez.

15º) Por último, este Tribunal no se encontraba habilitado a resolver definitivamente la suspensión del proceso a prueba, pues corresponde al juez de mérito verificar, en una primera oportunidad, si concurren la totalidad de los requisitos de admisibilidad que permitan habilitar la concesión del instituto, y en su caso, si existe algún impedimento legal que así lo imposibilite.

De ahí que entendamos que, en este caso, no correspondía a esta Sala dictar una resolución definitiva al respecto, pues ello hubiera importado la posibilidad de una primera sentencia adversa dictada por los jueces de Cámara, privándose de esa forma a la imputada de recurrir ante un tribunal revisor, al no prever la Ley de Procedimiento Contravencional (nº 12) un recurso ordinario o amplio ante otro órgano judicial, para impugnar la sentencia en segunda instancia, debiendo acudir a un recurso extraordinario como es el de inconstitucionalidad, con las limitaciones que por su propia naturaleza éste contiene.

16º) Por todo lo expuesto, votamos por confirmar la resolución de fs. 174/176 vta., en cuanto fuera materia de recurso.

En virtud de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR la resolución de fs. 174/176 vta. en cuanto resuelve suspender el proceso a prueba respecto de Sabrina Semprevivo, en los términos y bajo las condiciones establecidas (arts. 61 LPC)..

Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 5.

Ante mí:

La Marta Paz dijo:

Y VISTOS:

La sentencia de 1º Instancia que resolvió suspender el juicio a prueba (fs. 174/ 176 y vta.).

El recurso de apelación interpuesto por el cotitular de la Fiscalía Nº 9 contra la resolución de fecha 3 de noviembre de 2006 en cuanto dispuso suspender el juicio a prueba respecto de la imputada Sabrina Semprevivo (fs. 178/185).

Las presentaciones de Defensoría (fs. 193/195 y vta) y de Fiscalía de Cámara de fs. 197/200 vta.

Y CONSIDERANDO:

1. El recurso de apelación fue interpuesto por quien se encontraba legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

2. La resolución recurrida señala que: "Elevadas las actuaciones, la Sala III de la Cámara del Fuero -con la disidencia de la Paz- descalificó como válido el primer argumento fiscal léase tesis restrictiva- e indicó que la negativa puesta de manifiesto en la resolución, lejos de fundarse en cuestiones reales de política criminal, se basa en 'consideraciones que exceden a la normativa legal y que no están vinculadas con la naturaleza del instituto´. Sostienen que 'constituyen una serie de elementos subjetivos de valoración...´ y que 'no se ajustan a las constancias de la causa´. Finalmente las califica de arbitrarias y revoca lo resuelto...'´Esta magistrada mantiene el criterio oportunamente expuesto, no obstante, la desautorización de los argumentos efectuada por la alzada y lo decidido en consecuencia, amerita el nuevo tratamiento de la cuestión´´...Sobre la base que los Dres. Manes y Franza entendieron se daban los requisitos, a saber que las circunstancias del caso permiten dejar en suspenso una eventual condena aplicable, verbigracia, tesis amplia -lo cual comparto- y falta de fundamentación suficiente del Ministerio Público, por ende arbitrariedad -con lo cual no estoy de acuerdo-, es que corresponde examinar la viabilidad del beneficio solicitado." (fs. 174 y vta. y 175 vta.).

Asimismo, el fiscal apelante expresó en su recurso que: "...toda vez que la mencionada resolución no se sustenta en el criterio jurídico de la distinguida magistrada que la dicta, quien ha dejado prolija y pormenorizadamente a salvo su opinión personal y que por su puesto (sic) se comparte plenamente; sino que tiene como único fundamento el voto de los Dres. Manes y Franza emitido en autos como integrantes de la Sala III de la Excma. Cámara el 12/10/06; esta impugnación tiende a habilitar la instancia para que la Sra. Fiscal de Cámara cuestione, de considerarlo pertinente, aquella fundamentación que sustenta la decisión en esta instancia". (fs. 178).

3. Cabe consignar que la Alzada se expidió con fecha 12 de octubre de 2006, por mayoría, haciendo lugar al recurso de apelación de la defensa contra la resolución de fs. 128/135 vta. en cuanto la misma rechazaba la suspensión del juicio a prueba.

Dicha sentencia fue notificada a la fiscal de cámara con fecha 13 de octubre de 2006 (fs. 167) y al Ministerio Público de la Defensa y a la Sra. Sabrina Semprevivo en la misma fecha (fs. 171).

La resolución recurrida de fs. 178/185, se limita a cumplir lo decidido previamente por este Tribunal mediante sentencia del 12 de octubre de 2006.

La normativa procesal a que se alude como respaldo formal para la procedencia de la apelación en trato, esto es el art. 61 de la ley 1287, prevé la recurribilidad de la sentencia definitiva (1ª Instancia) o de cualquier acto equiparable a ella.

Que contra la sentencia de cámara sólo hubiera correspondido -en su caso- por parte del ocurrente la vía recursiva prevista en el art. 53 del LPC y de los inc. 4 y 5 de la Ley Orgánica de Tribunales, dentro del quinto día hábil a partir de su notificación -13/11/2006-. El recurso de apelación en análisis resulta entonces improcedente.

En consecuencia el plazo para recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia el decisorio de esta Cámara del 12 de octubre de 2006 expiró en las dos primeras horas del día lunes 23 de octubre a las 10:30 hs.

El recurso de apelación que se considera, carece de efecto suspensivo para la interposición de los recursos extraordinarios a que aluden los incisos 4 y 5 de las LOT. Ello porque debidamente notificada la fiscal de cámara de la sentencia de alzada el 13 de octubre de 2006, según constancia de fs. 167 es precisamente esa fecha la que debe tenerse presente a los efectos de calcular el plazo para la interposición de un recurso extraordinario ante el TSJ, a pesar de lo erróneo de la interposición del recurso de apelación en trato.

A mayor abundamiento, la sentencia de este Tribunal del 12 de octubre de 2006, debe entenderse a todo evento como sentencia definitiva que pone fin al pleito a los fines recursivos; siendo ésta en su caso, la que podría ocasionar agravios a la fiscalía apelante, habiendo precluido la instancia recursiva.

4. Los párrafos transcriptos en el punto segundo que corresponden a la resolución recurrida y al recurso de apelación del fiscal de grado evidencian que el motivo de cuestionamiento es la decisión, por mayoría, de este Tribunal, la que no fue recurrida por la vía y en la oportunidad correspondiente.

5. Por todo lo expuesto, corresponde DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACION presentado a fs. 178/185 por el Ministerio Público Fiscal.

Ante mí Ennotifico a la Sra. Fiscal de Cámara . Conste.

Enlibré una cédula. Conste.