Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-05


CAUSA N° 134-00-CC/2006 "Villarreal, Jorge Alberto s/ inf. art. 73 CC -Apelación-" //n la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de febrero de 2007, se reúnen los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensora particular de Jorge Alberto Villareal, Verónica E. Rodríguez, a fs. 521/525, contra la sentencia obrante a fs. 498/513 dictada por el Titular del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 15, Gustavo Adolfo Letner, de la que, RESULTA:

1.- Que a fs. 120/vta. obra copia de la disposición nº 2670/UPI/2004, mediante la cual se ratifica la clausura preventiva impuesta el día 16/07/2004 en el local sito en la calle Venezuela 1113, pisos 1º y 2º de esta Ciudad, por hallarse afectadas las condiciones mínimas de seguridad, higiene y funcionamiento.

2.- Que a fs. 3/vta. luce el acta labrada a Jorge Alberto Villarreal el día 30/04/2005, por haberse verificado la presencia de dos menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas en el local mencionado (art. 61 CC).

3.- Que a fs. 56/vta., 77/vta., 85/vta., 93/vta., 103, 215/vta. y 227/228 vta. obran las actas labradas al encartado por haberse corroborado que durante los días 22/10/05, 05/11/05, 6/11/05, 12/11/05, 27/11/05, 19/02/06 y 24/02/06, respectivamente, el local se encontraba abierto al público, violando la clausura impuesta en sede administrativa (art. 73 CC). Los días 27/11/05, 19/02/06 y 24/02/06 se procedió a la reimplantación de la clausura administrativa vigente.

4.- Que a fs. 243/244 obra acta de la audiencia del art. 41 LPC, llevada a cabo el 15/3/2006, oportunidad en la que el encartado hizo uso de su derecho de negarse a declarar.

5.- Que a fs. 245/246 la Fiscal de Grado, Verónica Andrade, solicita que se ordene la clausura preventiva del local en cuestión, toda vez que sobre el mismo se encuentra vigente una clausura impuesta en sede administrativa, la cual ha sido reiteradamente violada. Entiende que la medida solicitada deberá subsistir hasta que se acredite de manera indubitada la realización de las tareas encomendadas en oportunidad de ratificarse la medida impuesta.

6.- Que a fs. 250/252 el Magistrado de Grado dispuso el inmediato cese de la clausura preventiva parcial impuesta y puso al establecimiento en cuestión a disposición de la Dirección General de Fiscalización y Control de la CABA, toda vez que pesaba sobre el local una clausura administrativa, a los fines que correspondan en ese ámbito, decisión que motivó a la Fiscal interviniente a interponer el recurso de apelación obrante a fs. 253/255 vta., al cual el Magistrado decidió no hacer lugar (fs. 259/260).

7.- Que a fs. 287/291 vta. se agrega el requerimiento de elevación a juicio solicitado por la Fiscal, en el que se atribuye al encartado los hechos cometidos en forma continua y permanente desde el día 30/04/05 hasta el 24/02/06, los que consistieron en la violación de la clausura administrativa impuesta sobre el local. Asimismo, la titular de la acción desiste de la acción oportunamente intentada contra el imputado respecto de la contravención prevista en el art. 61 CC, solicitando se declare extinguida la acción. Finalmente, señala que corresponde aplicarle como sanción principal la pena de cinco mil pesos ($5000) de multa y la accesoria de clausura por el lapso de sesenta (60) días respecto del local en cuestión, por la conducta subsumida en el art. 73 CC.

8.- Que a fs. 372/377 obra el acta de la audiencia de debate, la que continúa a fs. 394/399 vta. y a fs 460/465. Luego de finalizada , el 29/09/06 el Magistrado de Grado resuelve declarar la nulidad parcial del requerimiento elevación a juicio en relación al hecho de fecha 30/4/2005, no hacer lugar a las nulidades de las actas de fs. 56, 77, 85 y 227/228 y condenar al imputado por ser autor de la contravención consistente en violación de clausura en forma continuada, conformada por los hechos de los días 22 de octubre de 2005, 5 y 6 de noviembre de 2005 y 19 de febrero de 2006, a la pena de mil quinientos pesos ($1500) de multa, y declaración de reincidencia lo que agrava la sanción en un tercio, totalizando en dos mil pesos ($2000) de multa el monto a imponer, con costas (fs. 498/513).

9.- Que a fs. 521/525 obra el recurso de apelación interpuesto por la abogada defensora del imputado contra la resolución supra mencionada. Así, se agravia en primer término por el rechazo del planteo de nulidad de las actas contravencionales de fs. 56, 77 y 85, puesto que en su opinión al tratarse de hechos irreproducibles y definitivos la presencia de testigos, que sean terceros imparciales, es requisito para su validez. En segundo término, expresa que la prueba no resulta suficiente para demostrar que el encartado haya violado en forma reiterada y dolosa la clausura administrativa impuesta, puesto que no se logró acreditar que en el local se haya llevado a cabo actividad comercial alguna. Finalmente, hace reserva del caso federal.

10.- Que a fs. 528/529 el Magistrado de Grado concede el recurso interpuesto.

11.- Que a fs. 533/vta. la Sra. Fiscal de Cámara, en su Dictamen Nº 210/FC2/06, solicita se confirme la resolución apelada. Al respecto, y en cuanto al primer agravio de la defensa considera que siendo que no se han visto vulneradas garantías constitucionales, que las actas fueron labradas de conformidad con el art. 36 LPC -que no impone como obligatorio la presencia de testigos al momento de su labrado-, no resultan aplicables supletoriamente las disposiciones del CPPN puesto que la normativa local regula expresamente los requisitos de las actas contravencionales, es que corresponde confirmar el decisorio en cuestión en cuanto rechaza el planteo de nulidad. En relación al segundo agravio, señala que la defensa cuestiona la valoración de la prueba producida durante el debate efectuando apreciaciones parciales, a fin de intentar demostrar que no se llevó a cabo una actividad comercial sino que se trataba de una reunión de amigos; sin embargo, el análisis efectuado por el a quo no presenta incongruencias, ni deficiencias lógicas, y los dichos de los testigos en su totalidad, junto al resto de las pruebas obrantes en la causa, dan cuenta de que el local estaba operando, a pesar de la clausura administrativa, en las fechas reseñadas; por lo que corresponde confirmar la sentencia impugnada.

12.- Que a fs. 537 pasan los autos a estudio del Tribunal.

PRIMERA CUESTIÓN:

El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada se encuentra expresamente previsto en el art. 50 de la LPC, y reúne las condiciones formales legalmente exigidas por lo que ninguna duda cabe acerca de su procedencia.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Habiéndose declarado formalmente admisible el recurso interpuesto por la defensa, corresponde adentrarse en el análisis de los agravios por ella planteados.

1- Agravio relativo al rechazo del planteo de nulidad La Defensa de Jorge Alberto Villarreal se agravia en este punto por la decisión del a quo que resolvió no hacer lugar a las nulidades de las actas contravencionales labradas los días 22 de octubre, 5 y 6 de noviembre del 2005 -obrantes a fs. 56, 77 y 85-. Al respecto, señala que los hechos que se le imputan a su defendido son irreproducibles y definitivos, razón por la cual la presencia de testigos que sean terceros ajenos a la autoridad resulta requisito imprescindible para su validez, por lo que en su opinión las citadas actas resultan nulas de nulidad absoluta, y la decisión del a quo que rechaza su planteo vulnera el debido proceso y el ejercicio de la defensa en juicio. A su vez, refiere que no puede sostenerse la validez de las actas por la presencia de inspectores en el procedimiento, toda vez que el art. 138 CPPN prohíbe que intervengan como testigos los preventores pertenecientes a la repartición.

En primer término, es dable aclarar que el recurrente no ha cuestionado en forma alguna el argumento central esgrimido por el Magistrado para el rechazo del planteo de nulidad de las actas, a saber la extemporaneidad de su cuestionamiento de acuerdo a lo dispuesto por el art. 170 inc. 1º CPPN.

Sin perjuicio de ello, su pretensión tampoco tendrá favorable acogida por otras consideraciones que a continuación se expondrán.

En primer término, cabe destacar que la Ley de Procedimiento Local (Ley 12) establece en el art. 36 que "Cuando la autoridad preventora compruebe prima facie la posible comisión de una contravención, debe asegurar la prueba y labrar un acta que contenga ...5. El nombre y domicilio de los testigos y del denunciante, si los hubiere ... ". Es decir, y en relación a la falta de testigos alegada por la impugnante, la ley únicamente exige que si éstos existieran -como así también el denunciante- se consigne en el acta su nombre y domicilio. No obstante ello, es importante recordar que esta Sala ha expresado en anteriores precedentes que de lo prescripto por el artículo 36 de la Ley Nº 12 se desprende que la normativa contravencional dispone los requisitos que debe contener el acta que da origen a las actuaciones, sin establecer que la omisión de alguno de ellos conlleve necesariamente a la declaración de nulidad del instrumento. Ello en razón de que no configuran requisitos "ad-solemnitatem" sino que deberá acreditarse en cada caso el agravio que la presunta omisión ocasionaría a los intereses del encartado (causas Nº 223-01-CC/2004 Incidente de nulidad en autos "Gordillo, Eduardo Luis s/infracción art. 39 CC- Apelación", rta. 3/9/2004; Nº 4838-01-CC/2006 "Incidente de apelación en autos Olesa, Néstor s/inf. art. 83 Ley 1472, rta. el 30/8/2006; entre otras).

Por otra parte, tal como ha expresado este Tribunal, en forma coincidente con el Magistrado de Grado, el acta contravencional configura la "notitia criminis" que sirve de base para la posterior instrucción de la causa por parte del Ministerio Público Fiscal, es decir que dicha pieza tiene por objeto poner en conocimiento del órgano acusador la noticia de la posible comisión de una contravención y es éste quien debe desarrollar luego la investigación necesaria para comprobar la existencia de los hechos denunciados, razón por la cual no es posible equiparar las actas contravencionales a los actos definitivos e irreproducibles contenidos en el art. 138 CPPN.

Por ello, y dado que de la presente causa surge que los datos contenidos en las actas resultaron suficientes para el desarrollo de la pesquisa de la conducta investigada en autos, a lo que se aduna el hecho de que, tal como se ha afirmado anteriormente, del art. 36 LPC no surge la obligatoriedad de la presencia de testigos en el labrado del acta, que reclama la defensa, ni la exigencia que los mismos sean ajenos a la prevención o a la administración del GCBA, su planteo nulificatorio habrá de ser rechazado.

Por tanto, y si lo que pretende cuestionar la defensa es la imparcialidad de los dichos de los inspectores, la vía adecuada no es la nulidad, puesto que el valor probatorio a sus declaraciones será asignado por el Magistrado de acuerdo al resto de los elementos probatorios recolectados en la causa, conforme las reglas de la sana crítica.

En este sentido, en cuanto a la validez otorgada por el a quo a las mencionadas actas presenciadas por inspectores en el procedimiento, cabe señalar que este Tribunal ya se ha pronunciado al respecto, señalando que "si admitiésemos de iure que la mera circunstancia de revestir determinada calidad, o posición respecto de un conflicto, cercena la posibilidad de testificar acerca de lo visto y percibido, limitaríamos fuertemente la oportunidad del sistema judicial de contar con herramientas eficaces a los efectos de arribar a la solución de un pleito. En tal sentido, el art. 241 CPPN dispone que toda persona posee capacidad de atestiguar, sin perjuicio de la valoración que haga el Juez del testimonio conforme las reglas de la sana crítica" (Causa Nº 396-00-CC/2004 "Miguel Ángel Martino Samohod s/ Infracción art. 38 CC -Apelación", rta. el 24/02/2004).

En otro orden de ideas, cabe mencionar que según se desprende de la sentencia, el Magistrado también rechazó el planteo nulidad respecto del acta obrante a fs. 227/228, pero por este hecho el encartado no fue condenado.

2- Agravio relativo a la orfandad probatoria En este punto, la defensa critica la forma en la que el Juez valoró las declaraciones testimoniales y la importancia que le ha otorgado a las mismas en relación con las actas de comprobación, a los fines de afirmar que en reiteradas oportunidades se llevó a cabo actividad comercial en el local en cuestión, configurándose así la violación de clausura oportunamente impuesta.

Ahora bien, en primer término y previo a efectuar el análisis de los agravios invocados por la impugnante, cabe dejar constancia del alcance que posee el recurso de apelación en el ámbito contravencional, a los fines de fijar la perspectiva desde la que será abordada la impugnación interpuesta. En efecto, acorde con lo que esta Sala ha sostenido en anteriores pronunciamientos (causas nº 1592-00-CC/2003 "Ybarra, Claudio Daniel s/art. 39", rta. 8/3/2004; nº 1602-00-CC/2003 "Roldán, Hugo Daniel por infrac. art. 72 CC s/Apelación", rta. el 11/3/2004, nº 339-00-CC/2005 "González Lobo, Ramón s/art. 72 CC- Apelación", rta. el 22/11/2005; entre otras), si bien el art. 50 de la Ley Nº 12 prevé la posibilidad de impugnar la sentencia mediante el recurso de apelación -que por su naturaleza implica un reexamen por parte de un tribunal superior de la situación de hecho y de derecho-, la oralidad y la publicidad propia del procedimiento contravencional impiden una revisión amplia de aquella prueba que requiere de la presencia del juzgador en virtud del principio de inmediación.

En este sentido, cabe mencionar que la postura de este Tribunal es conteste con la que sostiene la Corte Suprema de la Nación que ha afirmado "... lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación. Esto es así porque se imponen limitaciones de conocimiento en el plano de las posibilidades reales y -en el nivel jurídico- porque la propia Constitución no puede interpretarse en forma contradictoria ... exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral. Esto es lo único que los jueces de casación no pueden valorar, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad, sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento. Se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso ..." (CSJN, C. 1757. XL. Causa Nº 1681 "Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa", rta. el 20/9/2005).

De este modo, cabe adentrarse al análisis de las presentes actuaciones a los efectos de merituar si se encuentra debidamente acreditado que el encartado en forma continuada, conformada por los hechos de los días 22/10/2005, 5/11/2005, 6/11/2005 y 19/2/2006, violó la clausura impuesta sobre el local sito en Venezuela 1113/5 de esta ciudad por resolución Nº 2670/UPI/04, tal como lo ha estimado el Judicante.

En primer término, y del recurso de apelación se desprende que la Defensa, en su escrito, efectúa un análisis aislado de las pruebas rendidas en la audiencia, lo que la lleva a afirmar que las mismas no permiten fundar un juicio convictivo respecto de los hechos endilgados al encartado, es decir sobre el desarrollo de una actividad comercial en el local de marras. Por ello, es importante recordar que la valoración de las pruebas conforme las pautas de la sana crítica racional impone una ponderación conjunta, teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no un tratamiento particular de cada una de ellas.

Es a partir de lo expresado, que corresponde en esta instancia analizar si las probanzas rendidas en la audiencia de juicio permiten tener por acreditados, con el grado de certeza necesario para fundar una sentencia condenatoria, los hechos endilgados al imputado. Así, y teniendo en cuenta las críticas efectuadas por el impugnante se analizarán los hechos por los que Villarreal ha sido objeto de sanción y que fueran valorados jurídicamente en forma unitaria.

Al respecto, ningún cuestionamiento efectúa la Defensa en relación a que el local había sido efectivamente clausurado por la Unidad Polivalente de Infracciones, y que tal decisión fue notificada fehacientemente a Villarreal conforme surge de fs. 412, razón por la cual nada se agregará sobre el punto. Afirma sí, la inexistencia de prueba en orden a su violación, afirmando que su defendido no ejercía actividad comercial sino que se trataba de una reunión de amigos.

En primer término, y con relación a la violación de clausura de fecha 22/10/2005 cabe adelantar que la pretensión defensista no tendrá favorable acogida, puesto que de la lectura de la sentencia recurrida se desprende que el Magistrado efectuó una clara descripción del hecho, así como de los elementos de juicio que permitieron tenerlo por acreditado.

Al respecto, del análisis de la resolución cuestionada se desprende que el Sentenciante, valoró los dichos de los inspectores Novillo y Arrayago quienes han sido contestes en afirmar que en el local se estaba desarrollando alguna actividad de libre acceso al público y no una reunión privada, tal como pretende la defensa. Así, ambos coincidieron en la descripción del lugar, en que había personas consumiendo bebidas que eran entregadas en la barra, que había música, a lo que agregó Arrayago que se estaban vendiendo entradas en la puerta o al menos -refirió- que se entregaba algún tipo de ticket a los ingresantes.

Por tanto, tal como concluyó el Magistrado las declaraciones de los testigos rendidas en la audiencia de juicio permiten tener por acreditado con el grado de certeza necesario que el 22/10/2005 en el local sito en Venezuela 1113/5 de esta ciudad el encartado desarrolló actividad comercial, violándose -por tanto- la clausura administrativa impuesta. No obsta a ello, como pretende la defensa que el oficial Corzo haya declarado que no percibió actividad comercial, pues tal como expresa el Juzgador, el propio testigo expuso que no ingresó al lugar, sino que se quedó en la vía pública limitándose a labrar el acta (fs. 460).

En relación al hecho de fecha 5/11/2005 declararon en la audiencia de juicio el preventor Calligaro y los inspectores Amado y Castroman, de cuyos dichos se desprende, tal como refiere el Judicante, que Villareal no estaba ajustando su accionar a la orden impartida y que el local estaba operando y con libre acceso al público, y no se trataba de una reunión privada como también alegó la Defensa.

Así, los tres testigos en la audiencia coincidieron en la descripción del lugar, la presencia de una barra, la luz y en el hecho de que había personas haciendo uso de las instalaciones, lo que no implica per se que el encartado llevara a cabo una actividad comercial, tal como refiere la Defensa. No obstante ello, y conforme lo expresa el Sentenciante, los inspectores del GCBA fueron mas precisos en cuanto a los hechos, mencionando ambos que el local estaba abierto, siendo en este punto mas específico Amado al decir que "Cuando ingresa nadie lo detuvo y accedió al primer piso", lo que implica que el acceso al público era libre y no se trataba de una reunión privada tal como pretende la impugnante, por lo que también cabe tener por acreditado el hecho de fecha 5/11/2005 en los términos formulados.

La misma solución cabe propiciar respecto del hecho de fecha 6/11/2005. Así el subinspector Tedeschi expresó que el local estaba funcionando, y por su parte la inspectora Trape refirió que estaba abierto y que pudo acceder arriba, agregando que "... generalmente en las fiestas privadas no se puede entrar directamente. El hecho de que uno acceda son indicios ... que ella vio cuando estaban desarmando un equipo de música ..." (fs. 377).

Por tanto, y tal como ha afirmado el Sr. Juez de Grado, ponderando las declaraciones hasta aquí mencionadas en su conjunto permiten otorgar plena certeza a lo esgrimido por Trape en cuanto a que el local estaba abierto al público y que en él se desarrolló un espectáculo en vivo, lo que permite tener por acreditada con el grado de convicción propio de esta etapa del proceso la materialidad del hecho de fecha 6/11/2005.

Finalmente, y en relación a la violación de clausura de fecha 19/2/2006, de las declaraciones rendidas en la audiencia de juicio surge también de manera fehaciente que el encartado abrió las puertas del local al público vulnerando la clausura administrativa impuesta.

Al respecto, el inspector Pinto fue contundente al afirmar que el local se encontraba con actividad comercial; así refirió que "... ingresó al lugar y la puerta estaba abierta... vio gente escuchando música, sirviendo tragos ... el lugar tiene mesas, una pantalla con videos, gente parada ... mientras estaba arriba vio ingresar gente ... La gente que estaba ahí parecía no conocerse ... vio venta de bebidas alcohólicas ..." (fs. 396). A su turno, la inspectora Rey, quien permaneció en la entrada, expresó que "... estaba abierta la puerta y estaba entrando gente ... ... había público, movimiento. Se veía por la ventana que estaban las luces prendidas. En los vidrios de la puerta de acceso está pegada la publicidad ... entraba y salía público. Era una fiesta tipo dark. ... no considera a su criterio que había una relación con el encargado ..."(fs. 396 vta./397).

En este punto, la Defensa plantea que los dichos de ambos resultan contradictorios, puesto que según expresa, el procedimiento se habría llevado a cabo fuera del local, por lo que Pinto nunca habría ingresado al mismo. Sin embargo, de la lectura de las declaraciones esgrimidas en la audiencia de juicio surge, tal como expresa el Judicante, que el único que accedió al 1º piso del local fue Pinto y que la inspectora permaneció en el hall de entrada, coincidiendo ambas declaraciones en el hecho de que el local se encontraba funcionando con afluencia de público.

Tampoco resultan contrarios los dichos del preventor (Rodríguez) ni de la testigo López puesto que ambos estuvieron presentes al momento del labrado del acta contravencional (fs. 215/vta.) que recién se labró a las 4.43 hs., y no ingresaron al local.

De lo hasta aquí expresado, se advierte que el Magistrado ha valorado las pruebas testimoniales y documentales incorporadas a la audiencia de juicio respecto de los hechos endilgados al encartado, teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia conforme las pautas de la sana crítica racional que implica libertad de convencimiento, sometido a las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología, y que permiten tener por acreditado -con el grado de certeza requerido para un pronunciamiento condenatorio- que Villarreal violó la clausura administrativa impuesta sobre el local sito en Venezuela 1113/5 de esta ciudad en forma continuada, conformada por los hechos de los días 22/10/2005, 5/11/2005, 6/11/2005 y 19/2/2006.

En síntesis, tal como expresó el Judicante cabe afirmar que las probanzas rendidas en la audiencia de juicio permiten tener por acreditado que "... el local efectivamente estaba funcionando como un local bailable clase "C", independientemente de si una noche determinada había personal de seguridad o si se cobraban entradas o se vendían las bebidas. Como rasgo común, los testigos lo describieron como un café bar o pub, con mesas y sillas ubicadas de manera separada, con poca iluminación y música, al cual acudía gente que parecía no conocerse entre sí. Incluso, en una oportunidad hasta se llevó a cabo un espectáculo en vivo. También los testigos coincidieron en que la gente entraba libremente y accedían sin problemas hasta la planta alta ..." (fs. 508).

Por tanto, y siendo que la valoración efectuada por el a quo no presenta contradicciones, ni incongruencias, el agravio defensista se traduce en una mera discrepancia con el criterio del juzgador respecto de cómo debió haber valorado la prueba en autos, esgrimiendo para ello apreciaciones parciales de las declaraciones testimoniales obrantes en autos. Por lo expresado, corresponde confirmar la sentencia impugnada.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE:

I- CONFIRMAR el punto II de la sentencia impugnada en cuanto resuelve NO HACER LUGAR a las nulidades de las actas de fs. 56, 77 y 85 solicitadas por la Defensa (arts. 166 y sgtes. CPPN, art. 6 LPC) II.- CONFIRMAR el punto III la sentencia recurrida en cuanto resuelve CONDENAR a Jorge Alberto Villareal, por ser autor de la contravención consistente en violación de clausura en forma continuada, conformada por los hechos parte de los días 22 de octubre de 2005, 5 y 6 de noviembre de 2005 y 19 de febrero de 2006 a la pena de mil quinientos pesos de multa ($1500), y la declaración de reincidencia, lo que agrava la sanción en un tercio, totalizando en dos mil pesos de multa ($2000) el monto a imponer, con costas. (arts. 17, 22 inc. 2º, 26 y 73 del Código Contravencional).

III.- Tener presente la reserva del caso federal efectuada por la defensa.

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia, a sus efectos.

Ante mí:

slr/RI