Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-17


SENT Nro. 57 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 17 DE FEBRERO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación deducido por el co-heredero Mario Alberto Rizo en autos: "Rizo, Carlos María s/Sucesión s/Incidente de fijación de valor locativo (por ocupación de inmueble calle San Lorenzo)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Viene a conocimiento y resolución del Tribunal, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de la Cámara Civil en Familia y Sucesiones, Sala Iª de fecha 12/6/2003, fs. 62. La resolución en cuestión, no hizo lugar al recurso de revocatoria con apelación en subsidio deducida por el co-heredero Mario Alberto Rizo en contra de la providencia de fecha 09/9/2002.

1.- Antecedentes del caso: El co-heredero Carlos Edmundo Rizo, actuando por derecho propio peticionó al Juzgado en donde se tramita el sucesorio de Carlos María Rizo, que se determine el valor locativo por el uso de un inmueble que forma parte del acervo hereditario, dictándose al respecto el siguiente proveído del 09/9/2002 (fs. 9 vta.): "Fórmese incidente por cuerda separada del principal; poniéndose nota por la Actuaria. Córrase traslado a Mario Rizo por cinco días. Personal. Téngase presente las pruebas ofrecidas y la reserva efectuada. Resérvense los originales en Caja Fuerte". La providencia fue puesta a la Oficina, quedando las partes notificadas el 12/9/2002, según nota de Secretaría. El día 10/10/2002 se cursó notificación por cédula al letrado apoderado de Mario Rizo (fs. 10), quien contra el decreto aludido planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio el 17/10/2002 (fs. 11), cuestionando la competencia del Juzgado para tramitar la petición del ahora incidentista. Recursos que fueron rechazados por extemporáneos el 13/11/2002, a tenor de lo dispuesto por el art. 163 Procesal (fs. 12).

A su turno el Tribunal de alzada, por resolución del 03/12/2002 (fs. 32), concedió el recurso de apelación interpuesto en subsidio, confirmando finalmente la providencia del 09/9/2002. En su considerando la Cámara argumentó que, la revocatoria cuestionando la competencia del Juzgado devenía extemporánea, en mérito de lo prescripto por el art. 163 Cód. Procesal Civil y que la notificación personal por cédula era la parte pertinente del decreto que corría traslado del incidente y en ese caso la orden del juez de formar incidente por separado, que no significaba emitir pronunciamiento sobre la petición, debió ser planteada por otra vía. Siendo esta la sentencia interlocutoria motivo del recurso de casación.

2.- El recurrente invoca la existencia de gravedad institucional en la sentencia motivo de casación, por violación de expresas disposiciones procesales, en cuanto a la aplicación e interpretación de los arts. 31, 34 y en especial, la que regulan el sistema de notificaciones, art. 154 incisos 1 y 10 y demás concordantes del CPCC. Afirma que la errónea interpretación de las normas procesales que efectuó la Cámara, quedó evidenciado en la especie al dividir el contenido del proveído (09/9/2002). Dándole carácter de notificación por imperio de la ley a una parte de ella, y de notificación personal a otra disposición del mismo pronunciamiento.

Señala que apartarse del principio de indivisibilidad del proveído, es atentar en contra de normas procesales básicas que forman parte del sistema notificatorio, cuya violación trae aparejada como consecuencia la inseguridad jurídica para los justiciables y que afecta la igualdad de las partes en el proceso, garantías de raigambre constitucional, cuya afectación va más allá del interés de los particulares, afectando el interés social, lo que configura, agrega, gravedad institucional.

Advierte como agravio, la arbitrariedad en la decisión de la Cámara que por resolución del 03/12/2002, hace lugar al recurso de queja y en consecuencia, abre el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto y que luego mediante sentencia del 12/6/2003 resuelve, no hacer lugar al recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

Considera que tal interpretación de las normas procesales, ha creado una evidente inseguridad jurídica que pone en peligro el derecho de defensa a su parte que, al interponer el recurso de revocatoria, sostuvo la incompetencia del juez del sucesorio para entender en la pretensión del actor, ni que el incidente sea la vía procesal correspondiente.

3.- Reexaminados los recaudos de admisibilidad de la vía intentada se constata que la sentencia impugnada no reviste el carácter de definitiva exigido por la ley procesal local. El pronunciamiento en cuestión, no resuelve una cuestión de fondo, ni tampoco resulta aprehendido en el inc. a) del art. 813, toda vez que no se trata de una resolución dictada en una cuestión incidental que termine o haga imposible su continuación.

La sentencia impugnada ha recaído sobre una cuestión de índole procesal articulada en un trámite incidental, originado con motivo de la pretensión de un co-heredero sobre un inmueble que forma parte del acervo sucesorio y por ante el juzgado que tramita el mismo. El tema central de la sentencia del tribunal de alzada, en lo pertinente, se ciñe respecto a la extemporaneidad del recurso de revocatoria que cuestiona la competencia del juzgado para entender en el mencionado planteo, por lo que la misma como resulta evidente no termina el pleito ni hace imposible su continuación, y por ende no puede ser equiparada a definitiva.

4.- De otra parte el pronunciamiento atacado, no es susceptible de irrogar un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, aspecto éste que no ha sido siquiera introducido en la presentación recursiva. En efecto, como lo señala la Cámara con relación al planteo efectuado en el recurso de revocatoria: "...la orden del juez de formar incidente por separado, que no significa emitir pronunciamiento sobre la petición, debió ser planteada no como revocatoria, sino por otra vía" (fs. 62).

5.- Contrariamente a lo afirmado por el recurrente, no concurre en autos el excepcional supuesto de gravedad institucional, único con la virtualidad necesaria para suplir la ausencia de definitividad en la sentencia impugnada. (CSJTuc., "Juárez, Hugo Fernando vs. Consorcio Edif. Torre Avenida s/Cobro de australes", 29/12/94).

Respecto al alcance del concepto de gravedad institucional, esta Corte ha delineado su configuración en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y atañen también a la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o pueden resultar frustratorios de los derechos de naturaleza federal, con perturbación de la prestación de servicios públicos (CSJTuc., sent. Nro. 267 "Barberis, Alfredo Octavio y otro s/Violación de los deberes de funcionario público, malversación de fondo", de fecha 18/4/2000).

La cuestión traída a conocimiento del Tribunal no excede el interés individual de las partes y, por ende al no trascender impactando negativamente sobre la buena marcha de las instituciones, el caso en análisis no asume gravedad institucional, razón por la cual corresponde descartar la configuración del supuesto del inc. b) del art. 813 del CPCC. De otro modo la Corte, como lo ha sostenido en reiterados pronunciamientos, se convertiría en una tercera instancia con desnaturalización funcional y sin un interés social de por medio.

6.- Por lo expresado precedentemente, el recurso de casación incumple los recaudos procesales impuestos por los arts. 813 y 814 CPCC, por lo que corresponde declararlo mal concedido, con costas por aplicación del principio general en la materia (arts. 106 y 108 Procesal).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación deducido por la parte demandada en autos, contra la sentencia de la Sala Iª, Cámara Civil en Familia y Sucesiones, de fecha 12/6/2003.

II.- COSTAS al recurrente.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA