Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-07


CERUTTI; Marta Elena GERBAUDO de contra MUNICIPALIDAD DE RAFAELA Reg.: A y S t 203 p 311-316.

Santa Fe, 7 de diciembre del año 2.004.

VISTOS: Los autos "CERUTTI; Marta Elena GERBAUDO de contra MUNICIPALIDAD DE RAFAELA sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION" (Expte. C.S.J. nro. 437, año: 1.992), venidos para resolver la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, CONSIDERANDO: 1. Contra el decisorio de este Cuerpo registrado en A. y S. T. 200, págs. 438/450 que resolvió declarar improcedente el recurso contencioso administrativo, deduce la actora el remedio extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48.

En la pieza de interposición del memorial recursivo (fojas 193/200) expresa en relación a la "Admisibilidad formal del recurso", que ha sido deducido temporáneamente; que posee legitimación para recurrir; que se impugna una sentencia definitiva que proviene del Superior Tribunal de la causa; que se introdujo oportunamente la cuestión federal. Bajo el acápite "Materia del Recurso. Procedencia sustancial" tacha de arbitrario al fallo.

Alega que la demandada no acreditó las razones invocadas para justificar el traslado, que estaban dirigidas a lograr una mayor eficiencia en la prestación del servicio en el Corralón Municipal, lo que -según entiende- no se demuestra aduciendo razones organizativas y fue corroborado por las constancias de la causa, ya que asumiendo el error cometido la Administración resolvió que desde enero de 1.993 cumpla funciones en la Sub-secretaría de Servicios Públicos. Interroga la recurrente si su traslado encuadraba en la normativa vigente, cuál es la razón por la que se resuelve posteriormente que cumpla funciones en otro destino.

Cuestiona al decisorio, por considerar legítimo el acto que ordenó el traslado, aduciendo que vulnera el derecho a la estabilidad, por cuanto la retrogradación es inconciliable con el concepto de carrera administrativa; la función que desempeña el agente conforme al nivel escalafonario alcanzado no es tópico ajeno al de la carrera administrativa, toda vez que el derecho a ésta implica el de realizar una determinada tarea (lo cual se contrapone a cualquier otra, que no sea la inherente a las funciones que desempeña el agente), por lo que toda desjerarquización aunque sea meramente funcional resulta ilegítima, habida cuenta que tiene que existir una adecuación de las funciones asignadas a la respectiva ubicación escalafonaria alcanzada.

Expresa que no resulta aplicable a la causa el caso "Cataldo", por cuanto en autos la modificación de la función resulta grosera y vejatoria y tanto es así que la Municipalidad vuelve sobre sus pasos y posteriormente la traslada como secretaria del Sub- secretario de Obras Públicas. Arguye que la falta de provisión de elementos indispensables para el cumplimiento de las tareas asignadas impedían su desempeño, debiendo permanecer durante todo el horario de trabajo, sin poder concretar tarea alguna por causa inimputable a ella, lo que es denigrante para la dignidad y el decoro humano.

Le achaca al decisorio, en tal sentido, merituar en forma irrazonable las constancias de la causa, por cuanto -dice- que la provisión de los elementos a los que alude el fallo ocurrió mucho tiempo después y además no se ha acreditado en autos que la mentada Comisión haya cumplido su cometido.

Insiste en las alegaciones efectuadas al demandar referentes al deterioro en su salud y la afectación de su vida familiar y social.

Se agravia en tal sentido, que tales cuestiones no merecieron el tratamiento que se compadezca con la profundidad del tema, toda vez, que los certificados médicos no valorados por el Tribunal dan cuenta de los padecimientos que le producía el lugar al que había sido trasladada; lo cual genera un resarcimiento por daño moral, considerado insuficiente por el Tribunal para declararlo procedente.

Aduce que el traslado, atento a los padecimientos y vicisitudes que debió soportar, le produjo un estado de hipertensión con incidencia a nivel cardiovascular, en grado tal que la obligó a concurrir a la consulta de médicos siquiatras que les diagnosticaron las afecciones que constan en los certificados médicos, situación que se mantiene en la actualidad, encontrándose en uso de licencia por razones síquicas y con secuelas de agravamiento para el futuro.

Le endilga al decisorio incurrir en contradicción con los precedentes "Juarez" y "Cáceres", atento que en éstos casos la Corte admite el recurso contencioso administrativo, por lo que al desestimarlo en esta causa vulnera su propia doctrina, ya que en dichos precedentes -afirma la recurrente-, el Tribunal sostuvo que el traslado se perfila como un status del trabajador, en cambio en el presente caso, pasa a ser poco menos que una potestad discrecional del Estado, soslayándose la interpretación que se efectúa en el caso Juarez a las normas estatutarias (ley 9286) y se prescinde de toda consideración relativa a la existencia de las razones de interés en el servicio y su correlato, la violación de los derechos adquiridos del agente. In extenso alega acerca de la vulneración del derecho de propiedad, invocando garantías constitucionales y Pactos Internacionales.

Por último, se agravia de la imposición de costas, argumentando que la decisión sobre la materia principal de lo que es sometido a juzgamiento determina una solución en costas con aquella y atento que recae sobre el principio de la indemnización que debe cargar quién someta a la otra parte a un desgaste jurisdiccional.

Corrido traslado a la contraria, lo contestó a fojas 203/207 postulando su rechazo. 2. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la viabilidad del recurso extraordinario federal intentado.

Cabe señalar que la mera interposición del recurso, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad.

A tales efectos es menester que en el escrito de interposición del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por la Corte para fundar su decisión, trayendo razones de peso en orden a destruir la fundamentación de tal decisorio por considerarlo lesivo de derechos constitucionales.

Ello es así, por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la Ley 48 -recurso extraordinario de apelación-, demanda que el recurrente impugne el pronunciamiento que objeta, demostrando asimismo ante la Corte por qué considera que el decisorio impugnado no satisface el derecho federal invocado.

Realizando el análisis señalado en párrafos anteriores, se advierte que la pieza recursiva no se basta a sí misma, quedando de tal modo incumplida la exigencia del artículo 15 de la ley 48 (Fallos 298:793;302:155). En efecto, la impugnante no efectúa un mínimo relato de los antecedentes de la causa resultando así insuficiente en orden a demostrar los fundamentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional planteada.

Tal como lo ha sostenido reiteradamente el más alto Tribunal nacional su sola lectura tiene que ser suficiente para la comprensión del caso (302:1171; 306:885; 307:885); de modo que haga innecesario a tal fin la lectura del expediente (307:885; 308:51).

No obstante que lo expuesto, basta para sellar la suerte adversa del recurso extraordinario deducido, es dable señalar que el mismo igualmente no habría de prosperar.

Es que, se advierte del cotejo de la pieza recursiva con la sentencia impugnada, que las tachas de arbitrariedad invocadas por la recurrente tan sólo traducen su mera discrepancia para con los criterios seguidos por el Tribunal, denotando la intención de renovar el debate acerca de las circunstancias fácticas de la causa y con relación a cuestiones de derecho público local, lo que no resulta idóneo para habilitar la instancia extraordinaria (Fallos 308:118; entre otros).

Es dable señalar inicialmente que, los argumentos vertidos en el memorial introductorio del remedio extraordinario constituyen, en esencia, reiteración de los expuestos al demandar y alegar sobre el mérito de la causa, sin aportar ningún elemento de convicción que justifiquen una solución distinta a la adoptada y sin lograr conmover los fundamentos de la sentencia. En efecto, surge de la lectura del fallo impugnado que el Tribunal luego de un análisis de la situación fáctica y legal en autos y con remisión a doctrina y jurisprudencia aplicable explicitó las razones si bien opuestas a las de la impugnante- en virtud de las cuales declaró improcedente el recurso.

En cuanto la recurrente continúa agraviándose de que el traslado dispuesto por el Municipio, vulneró el derecho a la estabilidad y a la carrera administrativa, el Tribunal dio una acabada respuesta a dicho planteo. Así, para resolver como lo hizo, consideró el Cuerpo, en el decisorio en crisis, que de conformidad a la doctrina que surge de precedentes -"Bilicich" (A. y S., T. 109, pág. 198) en el que la Corte sostuvo que "...el agente público no tiene un derecho absoluto a ser mantenido en el ejercicio de su oficio, prescindiendo del interés de la Administración Pública..."; y en similar sentido, in re "Cataldo" el más alto Tribunal nacional expresó que "...la estabilidad del empleado público, no importa un derecho absoluto a permanecer en la función sino,...un derecho al cargo presupuestario..."-; en confrontación con las circunstancias de la causa y lo estipulado por el acto impugnado, en cuanto a que la afectación a la órbita de la Comisión, no modifica la C Igual suerte ha de correr el reproche basado en la supuesta inaplicabilidad del caso "Cataldo", con el que la recurrente lo único que vuelve a mostrar es una concepción diferente de la adoptada en la resolución recurrida.

Carece también de debido sustento la tacha atinente a una supuesta interpretación irrazonable de las constancias de la causa, que la recurrente finca, en síntesis, en que que la falta de provisión de elementos de trabajo impedían su desempeño; que la aludida en el fallo ocurrió mucho tiempo después; que esa situación laboral produjo un deterioro en su salud y que no se ha acreditado en autos que la Comisión haya cumplido su cometido ni que el traslado obedeció a razones de una mejor prestación del servicio.

Dichas apreciaciones sólo revelan su discrepancia con la solución alcanzada en el sub- lite por el Cuerpo, intentando imponer su criterio sobre las circunstancias fácticas del caso, más sin traer argumentos de peso en orden a demostrar que el Tribunal al apreciar las constancias de la causa, lo haya hecho de un modo arbitrario o conculcando derechos o garantías de raigambre constitucional.

Así, de la simple lectura de la sentencia impugnada se advierte que el Tribunal analizóla motivación del acto, el detalle de funciones asignadas y cumplidas por sus integrantes según informe del secretario de Obras y Servicios Públicos y en relación a las condiciones edilicias del ámbito en el cual se debían cumplir las tareas, valoró que sin perjuicio de que en general no resultaban ser las más aptas, no se advertía un grado tal de déficit que pueda tornar vejatorio Efectivamente, la Corte consideró que el acogimiento de tal pretensión en el recurso contencioso administrativo tiene como presupuesto ineludible el reconocimiento de la ilegalidad del acto que se ataca, pues únicamente podrán admitirse las pretensiones patrimoniales cuando exista un acto previo que desconozca un derecho subjetivo (criterio de "Iungman", A. y S., T. 118, pág. 77) y que en el caso, si bien es cierto que la relación de empleo sufrió alteraciones, no surge de las constancias de la causa -más allá de las afirmaciones de la recurrente y de elementos tales como los certificados médicos obrantes en la causa y las testimoniales de Menara, Gandolfo, Andereggen, Carruega, Schmidt y Porello- que la medida impugnada hubiera significado una aflicción moral susceptible de ser reparada, o que concurra alguna otra situación de excepción como la reconocida en A. y S., T. 116, pág. 9 (y similares).

Se advierte, en primer lugar, que el Tribunal no omitió la valoración de los certificados médicos, sino que en ejercicio de su labor jurisdiccional, los mérito con un alcance diferente al pretendido por la compareciente. Por lo que este agravio trasluce tan solo el desacuerdo con la valoración e incidencia que a determinadas pruebas otorga el Tribunal en orden a resolver la litis, planteo que a menos que se demuestre arbitrariedad manifiesta, resulta ajeno al recurso extraordinario federal.

Por lo demás, la crítica de la impugnante solo trasunta diversidad de criterio con el de esta Corte, lo que no genera cuestión constitucional como para operar la apertura de la vía intentada. No encuentra tampoco asidero la tacha de contradicción con precedentes del Tribunal, invocada por la recurrente con fundamento en que en la causa "Juarez" la Corte declaró procedente el recurso contencioso administrativo y sostuvo que el traslado se perfila como un status del trabajador, en cambio en la presente causa "es poco menos que una potestad discrecional del Estado" y no se efectúa un análisis de las normas del Estatuto Escalafón como en aquel caso.

Cabe puntualizar, que es la propia recurrente la que i Es decir, que la solución alcanzada en el sub-lite por el Cuerpo en modo alguno se contradice con la doctrina emanada de precedentes, pues conforme a la hermenéutica asignada a ley 9286 (ver: fojas 186/186 vto.) -al igual que en la causa Juarez-, entendió que la Administración puede disponer el traslado del empleado dentro de la misma sede, sin que ello configure una potestad discrecional del Estado como dice la impugnante, quién en definitiva discrepa con la interpretación efectuada por el Tribunal de las circunstancias del caso.

Por lo demás, tampoco la recurrente demuestra la identidad fáctica y jurídica con la causa "Cáceres". Igual resultado adverso ha de correr el agravio atinente a la imposición de las costas, fundado en que la misma "reposa sobre el principio de indemnización que debe cargar quién someta a la otra parte a un desgaste jurisdiccional".

En efecto, el Tribunal rechazó por improcedente el recurso contencioso administrativo imponiendo las costas a la recurrente, habida cuenta que la decisión sobre la materia principal necesariamente determina una solución en costas acorde con aquella, aplicando al caso el sistema de vencimiento objetivo, de conformidad a lo normado por el artículo 84 de la ley 4106, norma que no ha sido cuestionada por la impugnante.

En definitiva, conviene recordar que conforme a reiterada jurisprudencia del más alto Tribunal nacional, el recurso extraordinario federal no propone la sumisión a la Corte Suprema de cualquier causa en la que, eventualmente, pueda existir una solución inadecuada, o acaso injusta, sino el tratamiento de la supremacía de la Constitución nacional (Fallos: 172:149); y, como fuera dicho, los planteos de la compareciente carecen de entidad para habilitar la apertura de la instancia extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; con costas.

Regístrese y hágase saber. Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)