marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Municipalidad, personal municipal, remuneración, política salarial, paritarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RIVERO, HECTOR BENIGNO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 389-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-02

El artículo 78 (anexo II) de la ley 9286, es indudablemente aplicable al período comprendido desde el 1º de setiembre de 1983 (fecha desde la cual entraron en vigencia las nuevas estructuras según ordenanza 8505/83) hasta enero de 1987 (en que comenzó a actuar la Comisión Paritaria creada por ley 9996). Por lo tanto, debe desecharse el argumento esgrimido por la demandada para justificar la reconocida falta de aplicación de la escala salarial que surge de dicho artículo. En efecto, durante el período que se examina, su aplicación al caso resulta clara, como así también que no estaba en manos de la autoridad municipal establecer coeficientes inferiores a los previstos por la ley, determinando -en definitiva- en qué medida se mantendría la jerarquización de sus agentes, aspecto éste expresamente regulado por la ley. En todo caso, la situación de hecho que invoca, esto es las condiciones económico sociales derivadas de la crisis imperante, podrían haber motivado gestiones en favor de la modificación de la normativa que entendía tan desajustada a la realidad que alega, sin que aparezca en la especie respaldada por ninguna norma la prerrogativa de disminuir los sueldos de sus empleados.
Regímenes jubilatorios especiales, médicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Loustaunau, Carlos Alberto c/ Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20

La jubilación extraordinaria se otorga a quien se incapacita física e intelectualmente en forma absoluta y permanente. De modo que quien se halle en tal situación no podría reanudar actividades por serle prácticamente imposible, salvo que desaparezca la incapacidad. En cuyo caso el beneficio cesa (art. 53, ley 6742).
Derecho administrativo, sanciones administrativas, Régimen Penal Administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BASSI, Héctor Rafael c/ B.C.R.A.  -  Resols.  224/92  y 134/93  (Sum.  546  Exp. 100330/82)" s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-22

La C.S.J.N., sin encerrarse en rígidos sistemas de doctrina, ve en el contenido del denominado derecho penal administrativo, un derecho especial que admite en armónica síntesis, no sólo la fundamental recurrencia a los principios del derecho común, sino también su derogación aún implícita como resultado de su incongruencia con el régimen específico (confr. Fallos: 214:425;

191:245; 195:319; 211:1657; 212:64 y 134).
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal, convertibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: SPOTORNO, RICARDO c/ GOBERNA DE FIOTTO, INES s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

Cuando el contrato contiene cláusula penal por mora, resulta contrario al principio del art. 953 y concordantes del Código Civil, que los deudores deben efectivizarla según el instrumento pertinente, si de forma paralela, se dispuso la actualización de la deuda hasta el 31.3.91, pues al día siguiente comenzó a regir el plan de convertibilidad del austral, y se adicionó intereses a la tasa del 8%anual. En tal hipótesis, es razonable que la pena se modifique y para ello es prudencial adicionarla por el período aludido, al capital actualizado a una tasa que no supere el 12% anual de éste.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, embargo
Materia: LABORAL
Carátula: Masa, Osvaldo C. c/ ESEBA SA s/ Indemnización por despido. Incidente levantamiento embargo  preventivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-23

Las decisiones sobre medidas cautelares y en particular las que resuelven sobre el levantamiento de un embargo, no tienen -en principio- carácter de sentencia definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Recurso de casación, homicidio, robo, homicidio en ocasión de robo
Materia: PENAL
Carátula: Aranda, José Antonio s/ Homicidio Simple- Robo- Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-10-28

La norma del Art. 165 del Código Penal, expresa textualmente: "Se aplicará reclusión o prisión de diez a veinticinco años si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio". Si se tiene en cuenta la letra de la norma, se observa la expresión "con motivo u ocasión" de robo. En el caso de autos se acreditó que lo que se produce primero es el homicidio y el robo después. El homicidio no es con motivo del robo; sino que la víctima al negarse a dar la combinación de la caja fuerte, fue muerta para facilitar y consumar el robo. La conducta se adecua a la figura descripta en la norma del art. 80 inc. 7º del Código Penal, no a la del art. 165 como pide el casacionista. Por lo que se desestima el presente Recurso de Casación.
Ordenanzas municipales, prohibición de fumar, medidas cautelares, medida cautelar innovativa, derechos y garantías constitucionales, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: Casin Magic Neuquén S.A. c/ Municipalidad de Neuquén. s/ Acción de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-02

Corresponde rechazar la pretensión cautelar - deducida en el marco de una acción autónoma de inconstitucionalidad - por la que se pretende la autorización de la puesta en funcionamiento de un espacio específico y resguardado, destinado a no fumadores, y se ordene a las autoridades municipales que se abstengan de aplicar la Ordenanza que prohíbe fumar en todos los espacios cerrados de acceso público en el ámbito municipal, por entender que vulnera la libertad de comercio, el derecho a trabajar y a ejercer industria lícita, en tanto los derechos constitucionales invocados carecen por sí solos de entidad para dotar de verosimilitud al pedido frente a la valoración efectuada por el Concejo Deliberante al momento del dictado de la Ordenanza, con fundamento en el derecho a la salud y a la convivencia social, pues la índole y trascendencia de los derechos en juego y el juicio de razonabilidad constitucional que la cuestión a resolver exige, excede holgadamente las posibilidades de la medida cautelar solicitada, máxime frente al marcado cariz restrictivo con que deben ponderarse las peticiones precautorias, cuando se enderezan a la suspensión de la vigencia de normas emanadas del órgano que, por antonomasia, ejerce la representación popular.
Contrato de turismo, agencia de turismo, reembolso de gastos, pasaje aéreo, incumplimiento del contrato, efectos entre partes, aeronaves
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Ripa, Eliseo Alejandro y otro c/ Opus Viajes (Trypco SRL) y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

Procede confirmar resolución que condenó a la agencia de viajes y a la aerolínea, coaccionadas, al reembolso de cierta suma por la compra de pasajes aéreos que fueron abonados por los actores y luego cancelados a raíz de una situación de fuerza mayor derivada del fallecimiento de un familiar. La condena de restitución del importe de los tickets de viaje reviste el carácter de solidaria por devenir aplicable en el sub-exámine, lo establecido por la LDC 40, régimen protectorio que autoriza al consumidor a ejercer sus derechos frente a todos los integrantes de la cadena de comercialización cuando el daño resultare del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación defectuosa del servicio (cfr. Hernández, Carlos A.; Picasso, Sebastián, "La conexidad en las relaciones de consumo", en Picasso- Vázquez Ferreyra, "Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y anotada", Ed. La Ley, T. III, pág. 498), como sucede en el caso (justamente se trata de un daño causado a un consumidor por la deficiente prestación del servicio de la agencia de viaje como intermediaria del negocio celebrado entre el cliente y la aerolínea).
Contrato de trabajo, locación de servicios, actividades laborales, deportistas profesionales
Materia: CIVIL
Carátula: Najdunel, León. c/ Confederación Argentina de Basquetball. s/ Ordinario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-27

En relación a la subordinación existente entre las partes de un contrato deportivo, elemento definitivo en la conceptualización de pacto en cuanto a su naturaleza jurídica, puede resaltarse que si bien es obvio que cierta sujeción debe existir entre el director técnico del equipo deportivo y la entidad -obligación de rendir cuentas respecto de su labor o sugerencia de planes de entrenamiento para el equipo- lejos está de la subordinación propia del contrato de trabajo, con todas las obligaciones emergentes del mismo para empleador y empleado. El contrato deportivo es una locación de servicios, especial en sus modalidades por lo cual debe regirse por el texto de la ley de fondo civil, a falta de una normativa particular.
Daños y perjuicios, responsabilidad del consorcio, filtraciones de humedad
Materia: CIVIL
Carátula: ORLOFF, Hernán Alejandro c/ CONSORCIO PROP.ARENALES 1167/71 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-06

La sola circunstancia de que un inmueble hubiese experimentado deterioros, provenientes de filtraciones que obedecieron a la deficiente inpermeabilización de partes comunes del edificio al que pertenece dicha unidad funcional, determinó que se configurara un menoscabo patrimonial que debe ser reparado por el consorcio demandado, en su calidad de dueño de las cosas viciosas (conf. 1113, 2do. párr. "in fine" del Código Civil). Esta obligación no queda desmerecida como consecuencia de que, durante el trámite del pleito, el departamento fuera vendido sin que su dueño le efectuara los pertinentes arreglos.-
Acumulación de procesos, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: DEL VALLE DE FRADE Elvira c/ D'ARCO Rodolfo Mario y otro s/ NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-05

La circunstancia de que dos procesos se hayan acumulado, procediéndose al dictado de una sola sentencia con validez para ambos, no obsta para regular los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con los trabajos realizados en cada uno de los expedientes.
Compraventa inmobiliaria, entrega de la posesión, escrituración, mora del vendedor, daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: INPELSA -  IND.  de PIELES SUD  S.A. c/ BERTEL SKOU  S.A.A.I.I.C. s/ DAÑOS  Y PERJUICIOS - COMPRAVENTA INMOBILIARIA - DEMORA EN ESCRITURAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-26

La demora en obtener el pertinente título de dominio, así como en disponer libremente de la propiedad, ocasionan un perjuicio al adquirente de modo tal que aunque éste se vea compensado con un desembolso menor del que le hubiera correspondido abonar, acaso no alcanza a paliar la incertidumbre e inquietud en que tal situación habrá, a todas luces, de sumirlo, porque de no mediar el incumplimiento de la vendedora esta parte no hubiera recibido un pago despreciado, y, además porque si su inconducta no se hubiera producido, la accionante no hubiera padecido desasosiego.

No es necesario acreditar en forma fehaciente por quien adquiere un inmueble el perjuicio que una falta de entrega de posesión o de escrituración pueda originarle ya que es obvio que, aun no mediando una intención inmediata de habitabilidad o renta, quien compra debe recibir la cosa comprada (arts. 1409 y concs. Código Civil).

A quien adquiere legítimamente una cosa, le corresponde el condigno poder de disposición en el tiempo convenido o, como dice la ley a falta de tiempo convenido, cuando el adquirente lo desee.
Seguros, citación en garantía, cosa juzgada
Materia: Civil-Comercial
Carátula: Gaggero, Mario Enrique c/ Fabri S.A. y-u otra y-o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-02-04

La Ley de Seguros ha sancionado un derecho a favor del tercero damnificado, para que pueda ejercer su reclamo en contra del asegurador, tendiente a la reparación del perjuicio ocasionado por su asegurado. Ese derecho que tiene la víctima, se concreta con la citación en garantía del asegurador del responsable civil del daño.

La citación en garantía es un instituto, que dentro del derecho procesal forma parte de la teoría relativa a la intervención de terceros en el proceso civil, y se encuadra en el supuesto de litis consorcio pasivo necesario, a cuya intervención, el tercero está coactivamente obligado ministerio legis. No hay acción directa, sino una situación que es la consagración expresa del litis consorcio pasivo, ya que la sentencia a dictarse producirá, para el litisconsorte -tercero en la litis- los efectos de la cosa juzgada, y será ejecutable contra él en la medida del seguro.
Arresto domiciliario, responsabilidad internacional del Estado, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Barreiro, Ernesto Guillermo c/  s/ incidente de prisión domiciliaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-03

La disidencia sostuvo que no estando prevista legalmente ninguna otra exigencia más allá del cumplimiento del requisito etario, se impone que, para cobrar validez jurídica las decisiones de los tribunales acerca de la cuestión bajo estudio, sólo deben evaluarse y fijarse las condiciones a las que de hecho quedará supeditado el arresto domiciliario a fin de garantizar un real y efectivo control jurisdiccional, y que una vez alcanzado el requisito previsto en el art. 32, inc. "d" ley 24.660, exigir recaudos formales que no se encuentran previstos en la normativa resulta violatorio de la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino no sólo frente a sus ciudadanos, sino también ante toda la comunidad internacional sobre el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas mayores de edad (cfr. arts. 4, 5, 10, 13, 31 y 32 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, OEA, AG/RES. 2875, del 15/06/15). (Dres. Borinsky, Gemignani -disidencia-, Hornos -voto concurrente-).
Habilitación de instancia, reclamo administrativo previo, exceso ritual manifiesto, aplicación supletoria de la ley, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORTINA, CARLOS ALBERTO c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-12

Resultaría un ritualismo inútil reenviar las actuaciones a sede administrativa a los efectos de que la actora plantee un reclamo administrativo previo, cuando ha mediado de parte del Estado una clara conducta que hace presumir la ineficacia cierta del procedimiento, solución que, por lo demás, no haría más que entorpecer el curso normal de las actuaciones . Por lo tanto, y con sustento en el art. 32, inc. e) de la ley 19.549 que consagra el principio anteriormente aludido, el reclamo administrativo en el caso de una solicitud de reajuste del haber de pasividad tornaríase innecesario, correspondiendo por ello habilitar la instancia . (Del voto del Dr. Fernández)
Tambero mediero, contratos
Materia: RECURSOS NATURALES-AGRARIO
Carátula: Charmandarian, Armo c/ Lieby, Lelio S. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Dación en pago. Lanzamiento (Expte   CSJ Nº 588-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-10

Algunos autores consideran que, colocándose en una posición analítica frente al estatuto del tambero mediero y utilizando un método empírico dialéctico, es decir conjugando sus normas con la realidad del campo argentino, se llega a comprobar que bajo la cobertura de toda una serie de elementos dogmáticos que somete a su análisis, y que son característicos del contrato de trabajo, subyace candente el alma de la aparcería pecuria, opinando que bajo la apariencia de un contrato laboral que muestra al examinador distintas normas legales, se esconde, conservando los rasgos genéricos de la aparcería, una especie de mediería. La comunidad de las partes en el riesgo de la explotación, y la ausencia de la subordinación jurídica del tambero mediero, son argumentos más frecuentes y positivos y sobre ellos se edifica la tesis contractualista, colocando al contrato dentro de la aparecería pecuaria, como una especie de mediería. Pero, no obstante, sostienen que la naturaleza jurídica del contrato que vincula al tambero mediero con el dueño del tambo, es de carácter polémico, predominando en la doctrina y jurisprudencia la tesis que la presenta como un contrato sui géneris de formas asociativas.
Contrabando, extinción de la acción penal, prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, carga de la prueba, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, PEDRO HORACIO. s/ Contrabando, incidente de prescripción de la acción promovido por Delia Cristina Fernández.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-31

1 - La interrupción de la prescripción admitida por la ley es la comisión de un nuevo delito, por lo que la certificación de que existe una causa en trámite (en el caso, en la justicia de instrucción) no es prueba suficiente de la comisión del nuevo delito y, por aplicación del principio de la carga de la prueba, debe resolverse a favor de la imputada que dedujo el incidente, haciéndose lugar a la excepción de prescripción y dictándose su sobreseimiento (Del voto del Dr. Hendler).- 2 - Dentro de los requisitos que deben tenerse en cuenta a efectos de determinar como interruptiva la comisión de un nuevo delito es la declaración de la existencia del posterior delito y responsabilidad del imputado a través de una sentencia condenatoria firme; no concurriendo en autos el hecho interruptor del término de la prescripción, corresponde hacer lugar a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción (Del voto del Dr. Bonzón).-
Cuestiones de competencia, desechos peligrosos, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BIANCHI, Jorge. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-17

El interés federal está dado no sólo por el hecho de que los perjuicios que puedan causar los residuos trasciendan los límites de la Capital Federal, sino porque el legislador ha dado a la ley carácter federal y, por ello ha previsto la intervención de los tribunales de excepción para conocer en los casos que pueden adecuarse a los supuestos previstos en ella (*).

Es competente la justicia federal para entender en los delitos previstos y reprimidos en la ley 24.051 de residuos peligrosos, toda vez que no sólo la norma que asigna competencia de excepción es expresa, sino también las causas que justifican la intervención de la justicia federal se dan plenamente en el caso, ya que es el Estado Nacional quien debe velar por la protección del ambiente en cumplimiento de la C.N. y los tratados internacionales suscriptos (**) (del voto del Dr.

Bonorino Peró).
Derecho penal, Derecho procesal, resistencia a la autoridad, coacción, prueba insuficiente, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: RAMIRO GONZALO TESEYRA c/ CAZON SERGIO ORLANDO s/ COACCION AGRAVADA, PORTACION DE ARMA DE FUEGO DE USO  CIVIL, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN C/REAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-06-23

En cuanto a la Coacción y Resistencia a la Autoridad, por falta de pruebas no se tipifican esas figuras, ya que de la testimonial surge que el imputado se encontraba en total estado de ebriedad y que la "resistencia no fue severa" ya que el personal policial logró "taclearlo de frente" y lo redujo en el suelo donde le colocaron las esposas.

Es decir, que en esta etapa procesal, tenemos una resistencia normal en todo procedimiento, y por falta de pruebas, corresponde estar a lo dispuesto en el art. 4to del Código Procesal Penal, por lo tanto corresponde la absolución por la duda.
Tarjeta de crédito, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Scarzello, Blanca Lucía s/ Cobro ejecutivo Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Giagnoni, Ramón Carlos s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-17|2000-08-17

La ley 24.240 de defensa del consumidor, también de orden público, complementa las disposiciones de la Ley 25.065. Frente al titular usuario la entidad emisora tiene el deber de información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre el negocio jurídico que se trata el deber de seguridad, alertando al adherente sobre las característica del servicio y las consecuencias de su utilización (art. 42 de la Constitución Nacional y arts. 3, 4, 5, 37 y 38 de la ley 24.240).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, cuestión de derecho público local
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de Tanti c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2024-08-01

La apertura de su jurisdicción originaria en razón de la materia -cuando es parte una provincia- sólo procede cuando la acción entablada se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso, o tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa, por lo tanto, quedan excluidos de dicha instancia aquellos procesos en los que se debatan cuestiones de índole local que traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de estas o que requieran para su solución la aplicación de normas de esa naturaleza, o el examen o revisión en sentido estricto de actos administrativos de las autoridades provinciales, legislativos o judiciales de carácter local.
Banco central, acto administrativo, sumario administrativo, notificación del acto administrativo, prescripción, interrupción de la prescripción, cómputo del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Herrero,  Jorge  Raimundo   otros c/ BCRA-resol 414/02 (expte.100966/82 sum fin 566)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-20

Los actos de la Administración sólo producen efectos desde su notificación -en los términos del art. 11 de la ley 19.849 y por las normas de procedimiento contenidas en el punto 1.2.2.2 de la comunicación A-90, "iniciación y substanciación del sumario", que en el subpunto 1.2.2.2 de la comunicación A-90, "iniciación y substanciación del sumario", que en el subpunto 1.2.2.2.1 obliga a notificar la apertura a los imputados- inclusive a efectos de interrumpir la prescripción, de modo que los plazos respectivos deben contarse desde ese momento (Del voto de la juez Herrera).
Daños y perjuicios, ofensas cometidas por medio de la prensa, programa de televisión, funcionarios públicos, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Oyarbide, Norberto Mario c/ Tauro, Marcela y otro. s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda de daños, si el comentario de la periodista en el programa televisivo, no configuró una crítica al desempeño de la función pública del juez, ni un reproche a su conducta en cuya rectitud reposa el interés público -supuestos en los que el periodismo contaría con indiscutida protección constitucional-, sino que la acotación de la demandada vulgarizó consideraciones personales, revelando, en tono de burla, supuestas señas físicas particulares del actor, que luego dijo no haber visto, y que carecen de todo interés público (Disidencia de los Dres. RIcardo Luis Lorenzetti, Carlos S. Fayt y E. Raúl Zaffaroni). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.