Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 11 de 2007.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta, la Señora Juez de Cámara, Doctora Míguez, dijo:

I. La sentencia de fs. 760/771 rechazó la demanda por daños y perjuicios deducida por Sofía Raquel Guerchon y Jacobo Alberto Guerchon contra Clínica Modelo S.A., Ana María Bruno, José Armando Fochi y Miguel C. Sangiovanni, a quienes absolvió e impuso las costas a los actores vencidos (art. 68 C.P.C.C.N.).

Los actores sustentaron su reclamo en que la colocación fallida del catéter doble por punción yugular, la realización de hemodiálisis con la sustancia anticoagulante (heparina) así como la colocación intermitente en varias oportunidades del respirador artificial en la sala de terapia intensiva de la Clínica Modelo determinó el agravamiento y posterior muerte de su hermano. Formularon un relato pormenorizado de lo sucedido, así como de todos los tratamientos aplicados al causante durante su internación.

Sin perjuicio de ello, la magistrada de grado juzgó que los accionantes acreditaron debidamente la relación de causalidad entre las prácticas realizadas en el centro asistencial demandado y al agravamiento de la enfermedad y posterior muerte del paciente. Tuvo en cuenta que en todos los casos de responsabilidad médica, la actora debe probar la existencia de negligencia y la accionada el cumplimiento del deber de diligencia en el arte de curar. Ello así, consideró que como los demandantes reconocieron que su hermano padecía "insuficiencia renal crónica" y que había sido tratado por diversos profesionales a raíz de su dolencia, se exigía mayor estrictez en el cumplimiento de la carga de la prueba de la mala praxis imputada.

Destacó también, que la apreciación de la responsabilidad médica debía efectuarse con suma prudencia y moderación, valorándose la índole de la profesión, su carácter en cierta medida conjetural y los riesgos que su ejercicio supone en el estado actual de la ciencia. Por lo tanto, a la luz de las pruebas producidas juzgó que no existió negligencia en el arte de curar y que la insuficiencia respiratoria y demás padecimientos sufridos por el paciente que determinaron su muerte, han sido consecuencia directa de la enfermedad preexistente: "insuficiencia renal crónica".

Ponderó así que: a) el informe médico pericial producido en la causa penal nº. 45.103 "Pini Miriam Graciela s. denuncia", encomendado a la Asesoría Pericial de La Plata, da cuenta de que la causa de la muerte correspondía a una sepsis grave con insuficiencia múltiple de órganos, con punto de partida en un foco infeccioso pulmonar severo y que el cuadro séptico se interpretaba como una complicación severa de la insuficiencia renal crónica avanzada en etapa de esclerosis renal irreversible con curso clínico y de laboratorio de carácter terminal; b) el informe médico del Consejo Directivo del Colegio de Médicos de la Pcia. de Bs. As. esclarece que el cuadro clínico, los valores de los catabitos nitrogenados (urea, creatinina etc.) que tenía el paciente al ser internado en la Clínica Estrada, el valor reducido del filtrado glomerular, la acidosis metabólica y la disminución del tamaño renal demostrado por ecografía avalaban el diagnóstico de insuficiencia renal crónica en etapa terminal por esclerosis renal irreversible y c) que del informe producido por el perito médico designado de oficio surge que la práctica de colocar el catéter no es del todo simple, toda vez que presenta riesgos aun en manos expertas; que el hematoma ubicado en el cuello no influyó en el fallecimiento y que la heparina es de uso habitual en una sesión de urgencia de hemodiálisis para evitar la coagulación de la sangre y que se obstruya el catéter por donde ésta se efectuaba.

Por último, precisó que los profesionales que atendieron a Guerchon asumieron una obligación de medio, no pudiendo exigirse de los profesionales que intentaron "compensar" al enfermo, una obligación de resultado.

II. Contra dicho pronunciamiento se alzaron los actores que sustentaron el recurso interpuesto con la expresión de agravios de fs. 806/811 que mereció las réplicas de fs. 822/825 y 830/832.

Los quejosos se agravian de la valoración de la prueba efectuada por la juzgante que la llevan a concluir que el deceso del paciente se produjo como consecuencia directa de una dolencia preexistente.

III. Adelanto, que propiciaré el rechazo del recurso interpuesto y por ende de la acción deducida con base en los argumentos que seguidamente expondré.

A fs. 43/44. Sofía Raquel Guerchon funda su legitimación en las siguientes circunstancias: invoca que por razones de urgencia y como hermana de Daniel Rubén Gerchon, -cuya partida de nacimiento adjunta-, "en su nombre y representación" promueve la pretensión resarcitoria por los daños y perjuicios generados por mala praxis médica. Precisa que éste se encuentra internado en la Sala de Terapia Intensiva de la Clínica Modelo S.A. en estado de semiinconsciencia, padeciendo de incapacidad total a fin de otorgar poder. Como medida preliminar solicita su "nombramiento de curadora provisional" -art. 776 del Cód. Procesal- y 468 y concordantes del Código Civil, a los fines de legitimar esta presentación, en defensa de los derechos nacidos en cabeza del incapaz. Manifiesta que "...se compromete a presentar su partida de nacimiento para de acreditar el parentesco, a fin de dar cumplimiento con lo establecido por el art. 46 y concordantes del Cód. Procesal".

La demanda fue promovida el 4.8.1995 a las 8.15 hs. (cargo de fs. 64) ante el juzgado de Primera instancia nº 3 en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora. Se dio vista al Asesor de Menores e Incapaces, quien dispuso se procediera a la revisación del nombrado por los médicos de la Asesoría Pericial, a fin de determinar si se encuentra encuadrado dentro del arts. 141 y 152 bis del Código Civil (fs. 71).

A fs. 72 se acompaña el acta de fallecimiento de Daniel Rubén Guerchon, -de 29 años, soltero- por insuficiencia cardiorrespiratoria e insuficiencia renal crónica, acaecido ese mismo día, 13 horas más tarde, es decir a las 21,15 hs. Se presentan Jacobo Alberto Guerchon y Sofía Raquel Guerchon, ambos por sus propios derechos, manifestando que han promovido la sucesión ab intestato del actor, a los fines de "proseguir" el proceso, en carácter de únicos y universales herederos y ejercer los derechos que les competen "jure hereditatis" con relación al daño moral derivados de la mala praxis que le produjo la muerte (fs. 76). Seguidamente reformulan la pretensión incoada, acotándola al resarcimiento del daño moral que cuantifican en $ 300.000, con más intereses y costas. Puntualizan que tal pretensión no cede ante la disposición limitativa del art. 1078 apartado segundo del Código Civil, por la naturaleza del reclamo, pues no actúan por derecho propio por ser hermanos de la víctima sino como sus sucesores universales y en virtud de heredar una pretensión formulada en vida por aquél (fs. 105/ y vta).

Es dable destacar que ordenado el desglose de las partidas nacimiento a fin de que se adjunten debidamente legalizadas (fs. 77) no surge en autos su posterior agregación en esta causa, ni consta la declaratoria de herederos de los demandantes, no obstante haber denunciado la tramitación de los autos sucesorios de Guerchon Daniel Rubén.

El fallo de la C.N.Civil en pleno, in re, "Lanzillo José A. c. Fernández Narvaja Claudio A.", del 7 de marzo de 1977 sentó el criterio que "la acción en curso por reparación del daño moral puede ser continuada por los herederos" (LA LEY, 1997-B, 84).

Considero que la pretensión deducida en modo alguno puede entenderse que ha sido continuada por los herederos de Daniel Rubén Guerchon por las circunstancias fácticas expuestas ut supra. En efecto el damnificado no otorgó poder, ni se presentó por derecho propio ratificando lo actuado por quien dijo ser su hermana, invocando razones de urgencia para demandar "en su nombre y representación", solicitando ser designada como "curadora provisional", nombramiento que se frustró en razón del fallecimiento acaecido el mismo día de esa presentación.

Cabe concluir, que surge inequívocamente de los hechos expuestos que la acción no fue iniciada por el damnificado directo antes de su fallecimiento, por lo que mal pueden los herederos "continuar" la pretensión de acuerdo con los principios generales del derecho sucesorio, precisamente porque no existe acción en curso deducida por el damnificado directo en vida por reparación del daño moral. Por consiguiente, tampoco existe, un crédito litigioso susceptible de transmitirse a los herederos desde la muerte del acreedor. En tales condiciones, la presentación de fs. 43/64 carece de los efectos jurídicos propios de la demanda, pues como se ha dicho, no pudo ser ratificada por el damnificado directo en los términos del art. 48 del Cód. Procesal, ni se perfeccionó la representación legal invocada en razón de que debido al mentado fallecimiento no fue designada como curadora ad litem. Por ende, no hubo transmisión mortis causae de acción alguna.

Ciertamente, si la demanda hubiera sido promovida y posteriormente acaece la muerte del damnificado directo, podrían continuarla sus herederos (forzosos o no y aun testamentados), pero en este caso en calidad de tales. Es evidentemente aplicable, por analogía lo dispuesto en el art. 1099 del Cód. Civil (Guillermo Borda. "La reforma del Código Civil, Responsabilidad extracontractual, E.D. t. 30-809 y ss.; idem "La reforma de 1968 al Código Civil", pág. 204, nº 133).

Cabe recordar que el segundo párrafo del art. 1078 del Cód. Civil, establece quiénes son los legitimados para reclamar la reparación al disponer "...La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos".

Pero la legitimación para accionar está circunscripta a los damnificados indirectos más inmediatos: los herederos forzosos. Estos últimos podrán reclamar el resarcimiento del daño moral a título personal y como damnificados indirectos, pero no como sucesores del difunto, excepto si la acción ha sido entablada por este último (art. 1099 del Cód. Civil).

IV. Esta Sala ha sostenido pacíficamente que tanto el juez a quo como el Tribunal de Alzada deben declarar de oficio la falta de legitimación para obrar -por cuanto más que una facultad constituye un deber del magistrado examinar- antes de analizar la fundabilidad de la pretensión incoada, en cualquier momento y aun cuando se dicte sentencia (conf. esta sala, in re, "Flor de Lis SA c/ Guarneri Juan y otro" del 24.9.98, "Madanes Monica c/ Aluar Aluminio Argentino S.A s/ sumario", del 29.12.99; "Testone SRL c/ Testone Claudia s/ordinario" del 7.5.99; "Gatti Ernesto c/Bulad Alfredo s/sumario" del 22.10.99; "Castro Alejandro Gabriel y otros c/ "Xerox Arg. S.A. s/ ordinario" del 27.6. 2006, C.N.Com. Sala B in re "Tarena c/ Pons si quiebra" del 30.11.76 y C.N.Com. Sala C, "Basf Argentina SA c/ Romero y Fernández SRL" del 22.2.90.

Considero que la falta de legitimación puede declararse de oficio en la sentencia, cuando en circunstancias especiales como la del sub lite, constituye un impedimento sustancial para que el juez pueda emitir una sentencia de fondo o de mérito, ya que constituye un presupuesto de la pretensión contenida en la demanda y/o de la oposición que a aquella formula el accionado, para que sea posible la sentencia de fondo que resuelva sobre ellas y no una excepción ni un impedimento procesal.

Forma parte de la fundamentación de la demanda en sentido general. Resulta evidente de todo lo expuesto, que la legitimación en la causa (como el llamado por algunos "interés sustancial para obrar") no es un presupuesto procesal, porque lejos de referirse al procedimiento o al válido ejercicio de la acción, contempla la relación sustancial que debe existir entre el sujeto demandante o demandado y el interés sustancial discutido en el proceso. Se trata de presupuestos materiales o sustanciales para la sentencia de fondo. Por ello, si en el momento de decidir la litis, el juez encuentra que falta esta condición para dictar la sentencia de fondo o mérito, debe declararlo así, oficiosamente y limitarse a proferir una sentencia inhibitoria. Es decir, está impedido de resolver sobre la existencia del derecho material pretendido, por lo cual no niega ni afirma que ese derecho exista y es imposible entonces, que se produzca cosa juzgada sobre un punto que no ha sido objeto de la decisión. (Devis Echandía "Teoría General del proceso", T. I, capítulo XVI, págs. 287/313).

V. Así pues, el análisis de la legitimación invocada por los actores, debe centrarse en el segundo apartado del art. 1078 Cód. Civil que establece que "...La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos." Son múltiples las interpretaciones que surgen a partir de dicho texto sobre quienes resultan los damnificados indirectos que se encuentran legitimados para iniciar el reclamo. Ni siquiera en el derecho comparado existe una solución uniforme.

En la doctrina y jurisprudencia francesas reina la más extrema liberalidad en tanto no solo la novia, sino también la concubina o pupila pueden deducir la pretensión resarcitoria por daño moral, con la única exigencia de probar concretamente el perjuicio. Por el contrario, en el derecho italiano impera un criterio restrictivo. Solo pueden accionar los parientes próximos. Algunos lo limitan a los herederos, para otros alcanza a aquellos unidos por vínculos de consanguinidad y no faltan quienes sostienen un criterio más amplio de la familia. En la doctrina alemana, la reparación del daño moral, iure propio por muerte de una persona, solo es viable cuando se trata de un daño no patrimonial y solamente puede exigirse una compensación económica en los casos determinados por la ley. En el derecho portugués, tienen acción el cónyuge no separado y los hijos y otros descendientes, en conjunto, a falta de éstos, los padres u otros ascendientes y en su defecto, los hermanos o sobrinos, hijos de hermanos prefallecidos de la víctima.

Nuestro derecho pertenece al grupo que resuelve expresamente la cuestión por vía legislativa siguiendo el criterio restrictivo de los "herederos forzosos" del causante. Este alcance limitado es rechazado por un sector de la doctrina nacional que propone de lege deferenda criterios más amplios de legitimación para casos de muerte.

Ahora bien, el art. 1078 del Cód. Civil, establece límites precisos y determina taxativamente quiénes son los titulares de dicha acción. Así, el derecho a la reparación del agravio moral no es un derecho sucesorio que se ejerza "iure hereditatis", sino que es un bien que se demanda por derecho propio, "iure proprio".

Si bien es innegable que, la familia supone de por sí la unidad de un conjunto de parientes ligados entre sí por estrechos vínculos de afecto y por una cierta solidaridad de vida en la cual los sucesos favorables y los desfavorables que ocurren a cada uno de sus miembros repercuten vivamente en los demás, el régimen legal limita el derecho a reclamar el daño moral únicamente a algunos damnificados como una cuestión de política legislativa, cuya axiología no cabe examinar en sede jurisdiccional. La ley presume en esos casos que esos parientes tan próximos experimentan un perjuicio de afección que los autoriza a demandar la reparación (Bustamante Alsina J. en "Tratado General de la Responsabilidad Civil" págs. 249 y siguientes). Así pues, dicha regla no puede ser extendida analógicamente por vía pretoriana so color de ser innegable el sufrimiento del pariente no heredero forzoso (conf. Orgaz, "El daño resarcible", pág. 248).

En lo que concierne al tema de la acción por indemnización del daño moral, existen dos corrientes doctrinarias y jurisprudenciales respecto de la expresión "herederos forzosos". Cabe recordar que legalmente dicha calidad sólo la invisten los ascendientes, descendientes y el cónyuge (conf. arts. 3591, 3592 y 3576 bis del Código Civil).

Para la corriente estricta, deben considerarse legitimados activos para reclamar por daño moral, únicamente a quienes se hallaren investidos en concreto de la calidad de herederos al tiempo del fallecimiento del causante (Borda, "La Reforma del Código Civil, Abuso del Derecho", E.D. 29 - 767, "La Reforma de 1968 del Código Civil, pág. 205 y Tratado... Obligaciones, 6º ed. Actualizada, T. 1, pág. 194; Cichero. "La Reparación del daño moral", E.D. 66-181, nº XIV. "Hechos y actos jurídicos", Augusto C. Belluscio "Código Civil y Leyes complementarias, comentado, acordado y concordancias" Belluscio -Director- y Eduardo A. Zannoni -Coordinador- T.5 p. 117); Mosset Iturraspe "Responsabilidad por daños" (El Daño Moral), t. IV, pág. 221, entre otros, y Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del 3.5.1994, recaído en los autos, "Valverde de Tamagni, Gladis A. y otras v. Armando J. Rios S.A. y otro").

La corriente doctrinaria y jurisprudencial amplia, considera que tienen acción para reclamar por daño moral todos aquellos que invistieren potencialmente el carácter de herederos forzosos al tiempo del fallecimiento del causante. Boffi Boggero, "Tratado de Obligaciones", 1973, t. 2, p. 306; Trigo Represas y Compagnucci de Caso "Responsabilidad civil por accidentes de automotores", T. 2 b, pág. 573; Kemelmajer de Carlucci en "Código Civil..., dir. Belluscio, coord. Zannoni, T. 5, p. 117 y "Legitimación activa para reclamar daño moral en caso de muerte de la víctima", (actualización jurisprudencial), E.D. 140-892. Para Llambías, la norma se ha referido a todos aquellos que son legitimarios potencialmente, con independencia de que de hecho queden desplazados de la sucesión por la existencia de otros herederos de mejor grado, o mejor derecho. Esta comprensión atiende a que el derecho a la reparación del agravio moral no es un derecho sucesorio, que se ejerza "jure hereditatis" sino que es un bien que se demanda por derecho propio, "jure proprio" y no en cuanto sucesor del muerto. Es que no se trata del daño moral sufrido por la víctima, sino del padecido por sus herederos a causa de la muerte de aquélla. ("Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T. IV-A- nº 2365", págs. 107 y ss., Código Civil Anotado, T.II.- B- págs. 326 y siguientes).

El sistema de la ley 17.711 ha sido criticado por alguna doctrina, insistiéndose en que debería abrirse el espectro de los legitimados a todos aquellos que acrediten un daño jurídico cierto, ya que el campo de los herederos forzosos es demasiado estrecho (Cazeaux - Trigo Represas "Derecho de las obligaciones", t. 4 2da, ed, pág. 760, y t. III pág. 501).

De ahí que, carece de sustento la demanda interpuesta por los hermanos del causante. Se requiere una reforma legislativa para que el reclamo de éstos pudiera prosperar ya que cualesquiera sea la forma como se interprete la expresión "heredero forzoso", los hermanos no entran en dicha categoría (conf. Belluscio, "Codigo Civil Comentado, Tomo 5, págs. 117/118). De ahí que en el II Congreso Internacional de Derechos de Daños, Buenos Aires, 1991; en las III Jornadas de Derecho Civil y Comercial de La Pampa 1991; en las XIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil y Tucumán de 1993, diversos juristas han recomendado ampliar en una futura reforma del Código Civil el ámbito de damnificados indirectos legitimados para reclamar la reparación del daño moral. Dicha postura, fue sostenida entre otros, por los Dres. Bueres, Pizarro, Zabala de González, Chiapero de Bas, Junyent de Sandoval, Lloveras de Resk y Stiglitz (conf. Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por Daños", tomo V, págs. 247/250).

Por ende, lo que importa es la calidad de pariente íntimo del difunto, con esa calidad de parentesco que entraña potencialmente la herencia forzosa. No hay reparación del daño moral si los demandantes no son herederos forzosos en el orden y modo determinado en el libro IV, secc. I, título IX, caps. I a 5 Cód. Civil. (C.N.Civ., Sala E, E.D. 61-294 sum 11). Lo que se intenta, es evitar innumerables demandas por indemnización del daño moral, pues se ha dicho que las ondas dolorosas que esos hechos producen, son, teóricamente, al menos, indefinidas, lo que se prestaría sin lugar a dudas a graves abusos.

Sobre esta norma en particular, se ha pronunciado la Cámara de Apelaciones en lo Civil en pleno, en autos, "Ruiz Nicanor y otro c/ Russo Pascual O.", del 28.2.94 resolviendo la mayoría en forma impersonal: "Cuando del hecho resulta la muerte de la víctima, los herederos forzosos legitimados para reclamar la indemnización por daño moral según lo previsto por el art. 1078 del Cód. Civil, no son sólo los de grado preferente de acuerdo al orden sucesorio". Se recepta el criterio de la interpretación amplia en relación a la frase: "herederos forzosos" sentado por la Corte Suprema, in re, "Frida A. Gomez Orue de Gaete y otra c/ Provincia de Buenos Aires y otros s/ daños y perjuicios" del 9.12.93 (F. 279-XXII -originario-) que sostuvo que "...corresponde asignar una interpretación amplia a la mención "herederos forzosos" que hace el art. 1078, de modo que alcance a todos aquellos que son legitimarios potenciales, aunque -de hecho- pudieran quedar desplazados de la sucesión por concurrencia de otros herederos de mejor grado, comprensión que -por otra parte- se compadece con el carácter iure proprio de esta pretensión resarcitoria y, a la vez satisface la necesidad de evitar soluciones disvaliosas, pauta a la que cabe recurrir para juzgar el acierto de la labor hermenéutica.

En fecha posterior, la Corte Suprema ratificó su criterio en los fallos "G. O. de G. F.A. y otra c. Prov. De Buenos Aires y otros (LA LEY, 1994-C, 46); "Bustamante, Elda y otra c. Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios", del 10.12.1996 y en autos "Badín, Rubén y otros c. Pcia. de Buenos Aires", del 7.8.1997, entendió que si bien es cierto que el art. 1078 del Cód. Civil admite el reclamo del daño moral sufrido como consecuencia del fallecimiento de una persona sólo con respecto a los "herederos forzosos", dicha expresión debe interpretarse en forma amplia, de modo que alcance a todos aquellos que son legitimarios con vocación eventual, aunque -de hecho- pudieran quedar desplazados de la sucesión por la concurrencia de otros herederos de mejor grado, comprensión que, por otra parte, se compadece con el carácter iure proprio de esta pretensión resarcitoria y, además, satisface la necesidad de evitar soluciones disvaliosas. (Fallos 320 1645). Luis Andorno, considera acertado dicho criterio amplio, puesto que dicha pretensión resarcitoria no es un derecho sucesorio, sino que se ejerce como derecho propio ("iure proprio"); y además lo que importa es el carácter de pariente íntimo del causante, parentesco que entraña potencialmente la herencia forzosa ("Legitimación activa "iure proprio" amplia de los herederos forzosos por reclamo de daño moral indirecto", LA LEY, 1998-E, 193 y ss. 21.9.1998).

Es decir que, tienen legitimación para reclamar por daño moral todos aquellos que ostenten el carácter de "herederos forzosos de la persona fallecida", aun cuando en el momento de la muerte se vean desplazados por otros que tengan grado preferente en el sucesorio, pero ello no lleva a extenderlo a los hermanos de la víctima por cuanto, pese a que pueden ser llamados a recibir la herencia, al tratarse de parientes colaterales no resultan herederos legitimarios (arts. 3567, 3592, 3714 y concs. Cód. Civil; C.N.Civil, Sala B in re, "Piatti de Bentiboglio Nelly Josefa c/ Broitman Carlos s/ daños y perjuicios" del 11.6.97 y C.N.Com. Sala D, in re, "Martelli Aldo c/ El Rápido Argentino SA s/ ordinario" del 5.4.2005).

Los tribunales han aplicado la norma, en el entendimiento de que, ésta no deja margen a una interpretación que extienda a otras personas la posibilidad de obtener una indemnización por el concepto indicado, más allá de la injusticia que pueda representar la solución legal en algunos casos particulares. Por consiguiente, los actores en su condición de hermanos carecen de acción para demandar el resarcimiento del daño moral (Belluscio, "Código Civil", T. 5, pág. 117/118), por no ser titulares del derecho invocado, -por más intenso que haya sido el dolor experimentado a causa del hecho-, lo que torna improcedente ingresar al tratamiento de la cuestión de fondo debatida por las partes. En cuanto a la reparación del agravio moral, la exclusión de los colaterales vuelve a ser incuestionable frente al claro texto del art. 1078.

IV. Por todo lo expuesto, propicio al Acuerdo desestimar el recurso deducido por Sofía Raquel Guerchon y Jacobo Alberto Guerchon. En consecuencia, corresponde confirmar el rechazo de la acción deducida más por los argumentos desarrollados en la ponencia que antecede, por carecer los reclamantes de legitimación activa para reclamar el daño moral en razón de lo establecido por el art. 1078 párrafo 2do. Del Cód. Civil, por no ser "herederos forzosos. Las costas de alzada se imponen a los apelantes en su condición de vencidos. Así expido mi voto.

Por análogas razones los Señores Jueces de Cámara Doctores Kölliker Frers y Uzal adhieren al voto precedente.

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve: desestimar el recurso deducido por Sofía Raquel Guerchon y Jacobo Alberto Guerchon y confirmar la sentencia apelada en cuanto al rechazo de la acción deducida, debido a la ausencia de legitimación activa en cabeza de los reclamantes. Las costas de alzada se imponen a los apelantes en su condición de vencidos.

Conforme el monto comprometido en la presente litis, (Com. en pleno, del 29.12.1994, "Banco del Buen Ayre c/ Texeira Mendez SA s/ Ordinario s/ Incid. honorarios por Bindi Gustavo A."), atento las etapas efectivamente cumplidas y merituando la labor profesional desarrollada por su eficacia, extensión y calidad, estando apelados sólo por altos se confirma la totalidad de los honorarios fijados a fs. 770/771 a favor de los doctores R. A. C., G. L. A., F. M. A., D. A. C., del perito médico A. G. P., del síndico E. A. & C., y del doctor P. R. Asimismo, habida cuenta que se encuentran apelados por altos y bajos, se confirman en nueve mil setecientos pesos los emolumentos fijados en las mencionadas fojas a favor de la doctora C. S. B. (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 40 de la ley 21839, modif. por la ley 24432). -Alfredo A. Kölliker Frers. -Isabel Míguez. -María Elsa Uzal.