Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-14


Salta, 14 de febrero de 2013.

AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados "SAMANIEGO, CARLOS ALBERTO c. CALVO, RUBÉN DARÍO - ORDINARIO", expte. de Sala nº EXP 25352/12, originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 3, para resolver la apelación interpuesta a fs. 127/29, y C O N S I D E R A N D O Dijo el Dr. Figueroa: la sentencia de primera instancia, hace lugar parcialmente a la demanda, originando el recurso de apelación que la parte demandada interpone, por las razones que invoca en su memorial de fs. 127 y sgtes., que paso a examinar.

Luego de sostener que el fallo le agravia por apartarse de las constancias de la causa y del derecho vigente, por prescindir de prueba que ni siquiera analiza y por sustentarse únicamente en prueba de la contraria, lo que lo convierte en arbitrario, señala que en relación a la fecha de ingreso del actor, la sentencia tiene a la denunciada por él, como avalada por la testimonial rendida, dejando de lado la disposición nº 1308, del 20/6/07, de la Dirección Nacional de Gestión de Calidad Turística, instrumento público cuya vigencia fue reconocida por la contraparte y acredita que la relación laboral nunca pudo haber comenzado con anterioridad a ella. Agrega, que recién a partir de tal instrumento, su parte es habilitada como agencia de viajes de turismo estudiantil, en los términos de las leyes 25599 y 26208; que antes de ello, la demandada no existía como tal; que el propio actor en su demanda, señala que su actividad se refería al turismo estudiantil; que la disposición 1308/07, marca el comienzo de la accionada como agencia de turismo estudiantil; que corresponde se revoque el fallo en tal tópico y se tenga como fecha de ingreso del actor el 1/5/08, en categoría de vendedor, media jornada, como consta en los recibos de haberes acompañados.

Continúa, argumentando que el actor sabe perfectamente (posiciones 1 y 2 del pliego), que la actividad "viajes turismo estudiantil", está reglada y que Calvo obtuvo la autorización para funcionar como tal recién a partir de la citada disposición 1308/07; que el actor manifiesta, que ya hacía turismo estudiantil bajo el nombre de "Snow Travel" y "Travel Tres", siendo la primera una persona distinta de Calvo, a través de la cual él comercializaba sus viajes; que ése es el argumento, que utiliza el actor para decir que trabajó con anterioridad a la resolución 1308, que habilitaba al demandado a vender viajes estudiantiles; que las declaraciones testimoniales deben analizarse a la luz de las constancias de autos; que Agüero, preguntado para que jure cómo es cierto que Snow Travel funcionaba en la provincia de Buenos Aires, contestó que lo hacía en la calle Dean Funes, frente al Correo, donde ellos tenían una agencia, pero Calvo tenía la representación de Snow Travel en Salta; que ello no fue materia de litigio y, además, el demandado nunca tuvo oficina en calle Dean Funes, sino en Güemes nº 402, como está acreditado con el escrito de demanda y la notificación de fs. 17; que el propio actor, a fs. 4 vta., señala que Travel Tres, inició su actividad en el rubro turismo estudiantil en el año 2006, con viajes a Camboriu y Carlos Paz, nunca a Bariloche; que el testigo Abraham (100 y vta.), ante la pregunta de si era la misma agencia, contestó que estaban fusionadas dos agencias, Travel Tres para viajar a Carlos Paz y Snow Travel, para hacerlo hacia Bariloche, no para Calvo, que no tenía habilitación y recién comenzó a hacerlo en 2008; que otro ejemplo más claro, es la testigo Herrera, que dice que Samaniego empezó a frecuentar en temas de viaje en el año 2007, aunque no logre demostrar quién firmaba los contratos y que otro punto, son los recibos firmados por el actor, que si lo hizo en los términos de los arts. 1012, 1024 y 1032 y cc. del C.C., reconoció fecha de ingreso y categoría laboral.

Se agravia asimismo, de lo resuelto en cuanto a la fecha de egreso, señalando como tal la pedida por el actor en su demanda, en cuanto sostiene que la demandada adujo voluntad concurrente de las partes a partir del 30/11/09, por no haber concurrido el actor a trabajar a partir de tal fecha. Dice que el fallo sostiene que no existe prueba que acredite tal situación y por ello debe tenerse por cierta la indicada en la demanda, en virtud del principio de conservación del empleo, art. 10 LCT, que establece que en caso de duda debe estarse a favor de la subsistencia o continuación del mismo, lo que es improcedente; que el artículo citado, es aplicable a los supuestos de contratos a plazo fijo, de temporada o eventual, de los arts. 90 y 100 de la LCT, no al caso de autos, que es otro supuesto; que el actor dice haber trabajado hasta el 28/2/10 y por ello remite carta documento, pero nunca acreditó haberlo hecho, lo que estaba a su cargo, en tanto su parte aceptaba adeudarle el sueldo de noviembre de 2009 y la liquidación final, hasta la fecha que trabajó el actor, lo que está acreditado con los recios de sueldo acompañados.

Finaliza, manifestando que el actor, en la demanda, señala que remitió carta documento en fecha 28/2/10, intimando el pago de los rubros y el despido se produce en marzo de ese año; que en su absolución, dijo haber llegado hasta principio de 2010, "cuando el regresaba de vacaciones"; que con ello, hay una contradicción, pues cómo no va a saber una persona hasta cuándo trabajó; que en las declaraciones, hay dos o tres meses de diferencia, que implican otros tantos sueldos; que esta contradicción (de decir en la demanda haber trabajado hasta el 28 de febrero y, al absolver, hasta principio de 2010), se debe a que en verdad Samaniego sólo lo hizo hasta noviembre de 2009; que la mentira del demandante, respecto del salario familiar, queda al descubierto con el informe de la ANSES; que resulta improcedente lo decidido, sin analizar tales pruebas ni tener presente las constancias de autos, al tiempo que se aludió a un principio inaplicable en autos, se produjo un apartamiento del derecho vigente y se desobligó ilegítimamente al actor de la carga de probar lo que expone; que por ello, también corresponde se revoquen las indemnizaciones por despido y preaviso y las agravadas; que de los recibos firmados voluntariamente por Samaniego, reconocidos por él, surge claramen-te cuál era su categoría, su sueldo y su jornada; que en la demanda, nada se dice acerca de que hubiera firmado obligado o engañado, se le pagó lo pactado y por ende corresponde estar a lo allí indicado, en orden a fecha de ingreso, sueldo, jornada y categoría. Pide se haga lugar a la apelación, se revoque la sentencia y se rechace la demanda; con costas. El recurso, es contestado a fs. 132 y sgte., ocasión en que se pide sea declarado desierto, o bien rechazado, con costas.

Entrando al análisis de los agravios vertidos, entiendo que el primero no puede tener andamiento. En efecto, por mucho que sea exacto lo relacionado con la disposición 1308, mencionada a fs. 127, II, segundo párrafo, tenemos noticias de que Samaniego prestaba tareas en beneficio del demandado aún antes de tener la habilitación "como agencia de viajes para turismo estudiantl" (127 in fine). Período, durante el cual la circunstancia de no estar habilitado, no le impedía al demandado llevar adelante su negocio y servirse del trabajo del accionante. Siendo, paralelamente inexacto, que "antes mi mandante no existía como tal" (127, penúltimo renglón), si quien detenta tal condición (ver fs. 46) es Rubén Darío Calvo, del cual no hay noticias que haya comenzado a existir el 20 de junio de 2007, (127, II, cuarto renglón del segundo párrafo).

De todas maneras, si se interpretara que la testimonial detallada al último párrafo de fs. 122 no resultara suficiente para establecer fehaciente-mente la fecha de ingreso del demandante, tengamos presente que la patronal incumplió la intimación (fs. 61) a presentar el Libro del art. 52 LCT ofrecido por la contraria a fs. 7 vta. y proveído a fs. 49, cuyo inciso "d" alude a la fecha de ingreso y, el que lleva la letra "g", a los "demás datos que permitan una exacta evaluación de las obligaciones" a cargo del empleador, entre las cuales está, naturalmente, la jornada cumplida, que configura otra de las cuestiones litigiosas, resuelta a 122 vta. aplicando el art. 196 LCT y el principio sentado por la Sala, p. ej. en autos Meneses c. Jiménez, donde con fecha 14/12/12, se dijo que "en materia de jornada, la común es la de ocho horas, la reducida la excepcional y la prueba de ésta, a cargo de quien la invoca". Ello, sin que el recurso formule argumentación alguna en contra, que no sea la mención del primer párrafo de fs. 127 vta..

Respecto de la validez probatoria de los recibos traídos a juicio, en los que el recurso hace hincapie para acreditar "fecha de ingreso, monto de haber, jornada laboral y categoría" (128 vta., II in fine), anoto dos cuestiones. La primera, vinculada a que la prueba pericial dirigida a despejar dudas acerca de su validez, no se llevó a cabo, por no haber el demandado anticipado gastos al efecto, ver fs. 103, 106, 107 y 108. La segunda, relacionada con que aún los tres recibos traídos a juicio por la parte actora, no tienen la constancia de la presunta media jornada en los recuadros que corresponderían, "calificación profesional" o mejor, "tarea cumplida", sino sólo la mención "sueldo básico ½ jor.prop.", que tanto podría obedecer a la eventual legitimidad de la postura de la parte actora, cuanto al pago insuficiente de la obligación remuneratoria, situación que obviamente no puede beneficiar al demandado y da lugar preci-samente a la condena a pagar diferencias salariales, del primer renglón de la planilla de liquidación de la sentencia.

Lo que digo más arriba sobre la fecha de ingreso, se hace extensivo en igual medida a la de egreso, donde el citado inciso "d" obvia cualquier dis- cusión sobre si se hacía aplicable el art. 241 LCT o si Samaniego concurrió a no a trabajar después del 30 de noviembre de 2009, convirtiéndose en igual-mente estéril, el debate acerca del alcance de la expresión "principio de año". En cuanto a la supuesta mentira del actor (fs. 128 vta. primer párrafo), referida a salario familiar, el recurso no la explica, del mismo modo que no lo hace con los alcances del informe de la ANSES. Tampoco hace referencia al principio que objeta ni a su presunta inaplicabilidad.

Las razones expuestas, me llevan a proponer el rechazo del recurso intentado y la consecuente confirmación de la sentencia recaída en primera instancia. Ello con costas, atendiendo al responde formulado y a lo dispuesto por el art. 67 CPCC; debiéndose reservar la regulación de honorarios y en su momento devolver los autos al Juzgado de orígen.

El Dr. Cabrera, adhiere al voto anterior.

Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, FALLA I) Rechazando el recurso interpuesto y en su mérito confirmando la sentencia de primera instancia en lo que fue materia de agravios. Con costas.

II) Difiriendo la regulación de honorarios hasta que se practique en 1ª Instancia y mandando registrar, notificar, reponer y en su momento, devol- ver los autos al Juzgado de orígen.