Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-02


SENT Nro. 401 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 02 DE JUNIO de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana, con más la integración del señor vocal de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo doctor René Mario Goane, -por excusación del doctor Antonio Gandur-, presidida por el doctor Alberto José Brito, el recurso de casación deducido por el querellante contra la sentencia dictada por el señor Juez Correccional de la Ia. Nominación, del 17/4/2002 obrante a fs. 363/364, el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 05/6/2002 (cfr. fs. 370 y vta.). En esta sede, tanto el querellante a fs. 381/382 como la defensa del imputado a fs. 384/386 presentaron memoria sobre el recurso casatorio, conforme consta en informe actuarial de fs. 387, mientras que a fs. 389 y vta. corre agregado dictamen de la señora Ministro Fiscal subrogante, quien se expide por casar la sentencia recurrida. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y René Mario Goane. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 367/369 por el querellante Luis Fernando Velazco, contra la sentencia del Sr. Juez Penal en lo Correccional de la Ia. Nominación del 17/4/2002, que dispuso el sobreseimiento del imputado por prescripción de la acción penal.

Invoca violación de lo normado por el art. 67 del Código Penal, concordante con el art. 62, inc. 2º del mismo cuerpo legal. Alega que el sentenciante omitió analizar distintas medidas de intimación de comparendo por medio de la fuerza pública; y que la víctima ha realizado todos los actos impulsivos del proceso, sin que le sean imputables las demoras de la Fiscalía.

Señala, como actos inequívocos de persecución penal, la solicitud de requerimiento de elevación a juicio formulada a fs. 231 y 286 por la querella; que ha sido puesta de relieve por la Sra. Fiscal Correccional en su dictamen del 14/3/2002. A su entender, el fallo impugnado desconoce la doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, sentada en la causa "Casanova, Evaristo s/lesiones culposas", sentencia Nº 776 del 06/10/97; que describe como secuela interruptiva de la prescripción, a todos aquellos actos por los cuales se solicita mayor celeridad en la investigación.

La vía extraordinaria local ha sido concedida por auto del 05/6/2002 (fs. 370); y a fs. 381/382 el recurrente presenta memorial, donde reitera los fundamentos expuestos en la interposición del recurso. En su presentación de fs. 384/386, la defensa del imputado se opone al progreso de la impugnación, negando eficacia interruptiva a las citaciones de fs. 224, 227 y 283, y a las presentaciones efectuadas por la querella; que según afirma, no corresponden a la voluntad del órgano estatal que traduzca un interés punitivo. A fs. 389 corre agregado dictamen del Ministerio Público, donde se señalan como secuela de juicio, entre otros actos, las presentaciones de la querella agregadas a fs. 231 y 286.

Según emerge del pronunciamiento en recurso, el Sr. Juez Correccional consideró extinguida la acción penal, por cuanto el plazo de dos años -máximo de prisión previsto para este tipo de delitos- había ya transcurrido al 12/12/2000, cuando se formuló requerimiento de elevación a juicio. Tuvo como actos interruptivos inmediatamente anteriores, la declaración del imputado del 16/03/98 (fs. 261), y la inspección ocular llevada a cabo el 28/8/98 (fs. 264). La posición de la Sra. Fiscal Correccional y del querellante fue desestimada, en razón de que los comparendos de fs. 224, 227 y 283 no serían imprescindibles para la continuación del trámite; mas nada dijo respecto de las presentaciones de la querella durante el período analizado, destinadas a urgir el trámite de la investigación.

2.- En la sentencia del 06/10/97, citada tanto por el recurrente, como por el Sr. Juez en lo Correccional, esta Sala Civil y Penal ha reiterado su doctrina, en el sentido de que existe secuela de juicio "cuando se produce o realiza un acto con entidad suficiente para dar real dinámica e inequívoco impulso persecutorio al proceso, manteniendo en efectivo movimiento la acción penal (cfr. CNCas. Penal, Sala IIIa., "Patat, Juan C. s/recurso de casación", 13/02/95; ídem, Sala II, "Andrada, Nicolás y otro", del 9/3/95).

Sostuvo entonces que en el concepto de secuela de juicio quedan aprehendidos los actos que se producen dentro del proceso, debiendo ser actos jurisdiccionales que hacen avanzar el proceso en contra del imputado, lo que excluye aquellos que sean de mero trámite, que no lleven a que la acción se canalice hacia la definitiva terminación del proceso, esto es, la sentencia que absuelve o condene" (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 77 del 26/02/96, autos "Fernández, Miguel A. s/quíntuple homicidio, etc."). Destacó el Tribunal que los actos interruptivos de la prescripción se caracterizan como aquellos que trasuntan una inequívoca voluntad persecutoria, o tienden a impulsar el proceso por ser directos contra la persona del acusado, sosteniendo la pretensión punitiva del Estado o demostrando un ejercicio de la acción penal hacia él, con significado de prosecución efectiva para adelantar secuencialmente en el camino de la decisión jurisdiccional. "Ello así, la secuela impulsiva consiste en un acto persecutorio que cause impulsión del procedimiento, el que mueve la maquinaria procesal activando sus consecuencias, de modo que mantenga su vitalidad y prosiga su desarrollo como efecto dinámico del acto mismo, lo que requiere la acción efectiva del órgano jurisdiccional dictando sus decisiones impulsivas del procedimiento del juicio penal (cfr. STJCba., sentencias Nº 14 del 22/5/92; Nº 18 del 26/6/91; 12 del 22/9/88). Que en consecuencia, quedan comprendidos dentro de ese concepto los actos procesales que reúnen las siguientes condiciones: a) que tengan idoneidad procesal para mantener en movimiento la acción p enal; b) que sean producidos por quienes tengan el ejercicio de la acción penal y/o la actualización de la pretensión punitiva del Estado; c) ser persecutorios, es decir, dirigidos contra una persona determinada con el objeto de actualizar esa pretensión punitiva. Secuela de juicio no significa simplemente juicio abierto, sino actos concretos y legalmente válidos de impulsión del procedimiento en lo que respecta a la acción penal, seguida contra un imputado determinado. No entran en esa esfera los actos del imputado, del defensor y del actor civil, así como los del Ministerio Fiscal cuando interviene a favor del imputado.

Puntualmente, el referido pronunciamiento dejó establecido que el escrito de la querella solicitando a la Fiscalía que imprima mayor celeridad a la causa, tiene entidad de impulsión del procedimiento en lo que respecta a la acción penal contra el imputado; desde que "el urgir el procedimiento pidiendo una mayor celeridad en la causa demuestra un interés por demás elocuente, de que el proceso siga su curso canalizándose hacia su definitiva terminación". También puso de relieve que -tal como acontece en el sublite- el Ministerio Público titular de la acción pública, siguió interesado en todas las instancias en que la acción continúe. En autos, la Sra. Fiscal Correccional consideró que entre las fechas señaladas, existieron diversos actos que importaron secuela de juicio; y en esta instancia el Ministerio Público mencionó, además de los actos procesales referidos, al escrito de fecha 23/3/99 (fs. 231), por el que la querella solicitó trámite de la causa; y su presentación en igual sentido de fs. 19/4/2000 (fs. 286).

Estos últimos actos tienen inequívoca entidad para impulsar el procedimiento. Mediante presentación del 23/3/99, el querellante solicitó al Sr. Fiscal de Instrucción que imprima trámite a la causa, atento al tiempo transcurrido sin que haya impulsión de la misma y pese a ser de aquellos delitos de acción pública y por tanto perseguibles de oficio; afirmando la existencia de elementos de convicción suficientes para el reproche penal. Luego de ordenarse y dar trámite a la solicitud de antecedentes personales del imputado, se agrega una segunda presentación de la querella en igual sentido que la anterior; donde además manifestó que su parte considera agotada la investigación; y solicitó se formule requerimiento de elevación a juicio, por existir elementos fundados para acusar. Este último escrito lleva cargo del 19/4/2000; advirtiéndose que con fecha 12/12/2000, el Sr. Fiscal de Instrucción formuló dicha requisitoria.

Cabe señalar que en oportunidad de responder la vista corrida con motivo de la solicitud de sobreseimiento, el querellante invocó la doctrina legal establecida en la sentencia de esta Corte Nº 776/1997; donde se asignó eficacia impulsiva del proceso a los escritos de la querella urgiendo el procedimiento (cfr. fs. 362).

3.- De lo expuesto resulta que durante el período que el juez a quo tomó en cuenta para admitir la solicitud de sobreseimiento de la defensa, existieron actos idóneos para interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal. Las peticiones de la querella mencionadas en el parágrafo precedente constituyen indudablemente secuelas del juicio, ya que se proyectaron en la dinámica de la acción y mantuvieron actualizada la pretensión punitiva. En el pronunciamiento cuestionado, el Juez a quo ha omitido considerar dichas presentaciones, y con ello la aplicación de la doctrina legal de esta Corte Suprema de Justicia, no obstante citarla en su resolución. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de casación en examen, por errónea aplicación del art. 67, cuarto párrafo del Código Penal, y aplicar en lo pertinente dicha doctrina, conforme a lo siguiente: "Constituyen secuela de juicio en los términos del art. 67, cuarto parágrafo del Código Penal, los actos de impulsión del proceso que realiza la querella, entre la declaración del imputado y el auto de elevación a juicio, consistentes en urgir el procedimiento y solicitar se formule requisitoria fiscal; por resultar idóneos para mantener en movimiento la acción penal dirigida contra persona determinada, con el objeto de actualizar y mantener vigente su pretensión punitiva".

Por lo expresado, y sin que sea necesario examinar la existencia de otros actos interruptivos, se concluye que la acción penal no ha prescripto en la presente causa. En consecuencia, procede dejar sin efecto el sobreseimiento por prescripción de la acción penal dictado a favor de Roberto Alejandro Quintana Abel por el delito de violación de domicilio en perjuicio de Guillermo Saracho y de Luis Fernando Velazco, hecho ocurrido el 22/5/97, con costas al querellado.

A las cuestiones propuestas los señores vocales Alberto José Brito y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 367/369 por el querellante, contra la sentencia del Sr. Juez Penal en lo Correccional de la Ia. Nominación del 17/4/2002 obrante a fs. 363/364. En consecuencia, se deja sin efecto el sobreseimiento por prescripción de la acción penal dictado a favor de Roberto Alejandro Quintana Abel, por el delito de violación de domicilio en perjuicio de Guillermo Saracho y de Luis Fernando Velazco, hecho ocurrido el 22/5/97, con costas al querellado.

II.- REMITIR la presente causa a su origen, para que continúe según su estado.

HAGASE SABER.- ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE