Remuneración, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MOYA MARIANO MARSELO Y OTROS c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-12-28

El régimen, previsto en el artículo 5 de la Ley Nº 5.692 (Ley Nº 6.305), adquirió operatividad en noviembre de 1991 reemplazando recién, a partir de dicha fecha, al sistema remuneratorio del personal policial instituido por la Ley Nº 3.283, lo que pone en evidencia claramente que lo dispuesto en la Ley Nº 6.173 y sus anexos, en manera alguna, constituye un argumento a favor de la postura que sustenta el recurrente, en la medida que no traduce la consagración de un régimen remunerativo previamente dejado sin efecto -como lo pregona el agraviado-, sino la recepción o establecimiento de un sistema remunerativo que recién con posterioridad a su institución fue alterado por el artículo 5 de la Ley Nº 5.692, conforme al texto conferido por la Ley Nº 6.305 de noviembre de 1991. Ahondando en esta última reflexión, que guarda estrecha vinculación con el agravio relativo a la declarada derogación del sistema remunerativo de la Ley Nº 3.283 -merced a las previsiones del artículo 5 de la Ley Nº 5.692-, por parte del Tribunal a quo, considero que no le asiste razón al recurrente al afirmar que no existe ley alguna, a la fecha, que preceptúe que no debe determinarse el sueldo básico y autorice el establecimiento directo de la asignación del grado; en otras palabras, que el sistema legal vigente prescribe lo contrario, haciendo imperativo para la Administración la determinación del sueldo básico en cuestión y los correspondientes suplementos. Ello así por cuanto es el propio texto del artículo 5 de la Ley Nº 5.692, conforme a la redacción brindada por la Ley Nº 6.305 que expresamente preceptúe que las remuneraciones del sector público provincial serán únicamente las que se establezcan con arreglo a la distribución analítica que se prevé "quedando derogada toda otra norma de carácter general o particular que regía la materia". Esta previsión derogatoria final permite apreciar la racionabilidad de la conclusión del Tribunal de grado en el sentido que, en virtud de las prescripciones de aquella norma, se encuentra habilitada la posibilidad de fijar directamente la suma correspondiente a la "asignación por cargo" (prescindiendo del procedimiento de fijar la suma que corresponde al sueldo básico y de ahí trasladarla en porcentajes a los distintos adicionales para llegar a la "asignación de grado"), quedando de este modo desautorizada jurídicamente la pretensión del actor que los rubros 'blanqueados' sean trasladados al sueldo básico y, luego, a los adicionales. Y tanto ello es así, como bien lo pone de resalto el fallo recurrido, que tal temperamento fue receptado en los distintos decretos que a posteriori dictó el Poder Ejecutivo en cumplimiento del artículo 5º de la mencionada ley, al proceder directamente a la determinación de la "asignación de grado" (vgr. Decreto Nº 1.861/3 (MH), del 15-9-1999; Decreto Nº 827/3 (ME), del 19-3-2007; Decreto Nº 784/3 (ME), del 18-3-2008, el que conforme al informe de fs. 197, fue la última "asignación al grado" de la policía hasta ese momento). En este orden de ideas, asimismo, no se advierte que en la Ley de Administración Financiera Nº 6.970 (texto consolidado) exi sta alguna norma que contradiga explícitamente el resultado al que se llega en los presentes actuados; contrariamente, su artículo 54 es categórico en sostener que "Las autorizaciones para gastar aprobadas por el Presupuesto General de la Provincia en las partidas específicas a las que se imputen los gastos del personal, se regirán por lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nº 5.692 -Ley Complementaria Permanente de Presupuesto- y sus modificatorias o las normas que los reemplacen". Este criterio derogatorio es el que se infiere claramente de la correcta hermenéutica de las normas implicadas en el caso, sin que adquiera relevancia para controvertir con razón esta posición, lo que eventualmente hubiera podido explicitarse en alguna jurisprudencia sobre el tema, sin perjuicio que este Superior Tribunal tuvo oportunidad de ratificar la virtualidad derogatoria atribuida al artículo 5º de la Ley Nº 5.692 (cfr. sentencia Nº 330, del 10-5-1999).