marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba anticipada, apreciación de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cono Sur S.A.C.I.F.I.A. s/ Pedido de Producción anticipada de pruebas anticipada de pruebas
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-07-06

Las medidas de prueba anticipada no revisten autonomía respecto del juicio y serán objeto de valuación por el Juzgador en la sentencia, juntamente con las restantes probanzas que se produzcan en la etapa procesal oportuna.
Hurto simple, hurto con llave o ganzúa, cosas en el automotor, competencia correccional
Materia: PENAL
Carátula: MOSQUERA, Norberto s/ COMPETENCIA CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-27

La actual redacción del art. 163, inc. 3 del Cód. Penal, califica el hurto cuando el uso de la llave igual o ganzúa se utiliza para penetrar al recinto donde se halla la cosa hurtada y como se investiga el apoderamiento de efectos guardados en el baúl del auto del denunciante, el delito a investigarse es el de hurto simple cuyo juzgamiento compete a la Justicia Correccional (art. 28 CPC).
Delitos contra el orden público, asociación ilícita, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: "MEDINA, MATIAS AUGUSTO; DÍAZ, FERNANDO JUAN HORACIO; ALBARRACÍN, JHONATAN; DÍAZ CRISTIAN OMAR; GUILLÉN, CARLOS ALBERTO; GUARDA NÉSTOR FABIÁN s/ ASOCIACIÓN ILÍCITA", Expte. Nº 2870 (M-577/08/TSJ) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-04-06

El bien jurídico protegido por el art. 210 del C.P. al reprimir la integración de una asociación ilícita es "...la tranquilidad pública, no sólo porque el hecho del conocimiento de su existencia produce inquietud social, sino también por el peligro que implica para la preservación del orden social establecido y legalmente protegido..." En el caso del delito Asociación Ilícita, el derecho penal sanciona conductas tangibles, que se exteriorizan en un daño efectivamente comprobado a los bienes jurídicos tutelados: el orden público, la tranquilidad y la paz pública, que se ven afectados por la alarma colectiva traducida en la sensación de desasosiego de las personas que la integran, nacida de la desconfianza de poder vivir en una atmósfera de paz social, puesto que los delitos que la afectan producen sensación de inseguridad y alarma colectiva.-
Asociaciones profesionales de trabajadores, estabilidad del delegado gremial, tutela sindical, trámite jubilatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Sindicato Independiente de Remiseros c/ Federación Argentina de Remises y otro s/ ley de asoc. sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-22

El juez a quo consideró que el acceso a un cargo gremial implica una prórroga del plazo establecido por el art. 91 L.C.T., y pospone el ejercicio de la facultad conferida al empleador por el art. 252 de la ley citada hasta el vencimiento del período de tutela. En consecuencia, admitió la acción de exclusión de tutela sindical a partir de una fecha en que comenzaría el plazo para que el accionado iniciara los trámites jubilatorios. Éste a su vez se encuentra rebelde en la contestación de la demanda. Teniendo en cuenta que estamos ante un sujeto particularmente protegido (arts. 9 L.C.T. y 14 bis C.N.), no puedo albergar dudas de que el derecho de la Universidad de Buenos Aires, de intimar a sus empleados que se encuentren en situación de jubilarse a que inicien los trámites pertinentes, debe ceder ante uno superior como lo es el del trabajador amparado por una garantía sindical. De modo que el hecho de haber alcanzado el accionado la edad jubilatoria no puede obrar como causal del pedido de exclusión. (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría). Sala III, Expte. N° 70076/2017/CA1 Sent. Def. del 22/08/2018 "UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES C/Ríos, Horacio Tomás s/Juicio sumarísimo" fCAÑAL-PEREZ-PERUGINI).
Contratos civiles, boleto de compraventa, representante legal, autorización de venta
Materia: CIVIL
Carátula: Nader, Jorge V. c/ Cooperativa de Vivienda y Consumo de Chilecito LTD s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-08-27

La facultad de celebrar la venta o el boleto de compra-venta, debe constar y acreditarse en forma expresa, no siendo suficiente una mera cláusula contractual que haga referencia a ello, sino que la autorización para vender en nombre o representación de otro, o de alguna persona jurídica, debe estar fehacientemente acreditado (art. 1869, 1870 inc. 2 y 3, 1880, 1881 inc. 7, 3270 y concs. del C.C.).
Daño resarcible, indemnización por despido, indemnización tarifada
Materia: LABORAL
Carátula: NICOTRA Natacha Agostina c/ FST S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-31

La indemnización del art. 245 LCT es tarifada y ello significa que la misma ley establece la forma de cálculo, excluyendo otra reparación por causa del despido, ya que es de la esencia de las reparaciones tarifadas que el titular carezca de legitimación para obtener una suma superior a la tarifa demostrando que ha experimentado daños no contemplados en ella, y el obligado a su vez, para pagar menos, o no pagar, aduciendo la inexistencia de todo daño, o que de existir, la tarifa excede su valor real. Por ende, es improcedente la reparación por daño moral, al margen de las compensaciones tarifadas previstas en la LCT y estatutos especiales. (Del voto del Dr. Morando, en minoría).
Ejecución de la pena, trabajo penitenciario
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Arce, Enrique H s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-05

Es válida la retención del 25 % prevista en la norma en tanto implica conformar un fondo de garantía para cubrir los denominados "gastos extraordinarios". La disidencia consideró que la remuneración obtenida por el trabajo carcelario no debe ser destinada a la manutención del interno, pues ello es una obligación que tiene el Estado. (Dres. Fégoli -en disidencia-, Madueño y Rodríguez Basavilbaso).
Costas, transacción, conciliación
Materia: PROCESAL
Carátula: LT 8 RADIO ROSARIO c/ PHONEX  S.A.C.I.F.I.A. s/ LOCACION DE SERVICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

Establece el art. 73, párrafo primero, del Código Procesal, que "si el juicio terminare por transacción o conciliación las costas serán impuestas en el orden causado". Pero, en la generalidad de los supuestos, las costas serán por su orden sólo entre quienes celebraron la transacción y no con relación a otros codemandados, para los que dicho acuerdo es "res inter alios acta". En tales casos, el actor debe hacerse cargo de las costas de los codemandados, habida cuenta de que se mantiene la presunción de que la demanda no hubiese progresado contra ellos, doctrina que debe aplicarse igualmente a quien solicitó la citación de un tercero a juicio.
Leyes, interpretación de la ley, ley previsional, jubilaciones, haber jubilatorio, remuneración, gastos reservados
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DEPETRIS, JOSE MARIA ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CSJN      CSJ EXPTE NRO 144-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-14

La simple extensión del significado de una palabra es obra de la aclaración que comprende lo que se llama "interpretación lata" o "comprensiva", que no lleva a una modificación de la ley sino simplemente a una explicación de su fórmula.

En el caso, la Corte consideró que el término "remuneración" era comprensivo de los llamados "gastos reservador".
Accidentes de trabajo, ambiente de trabajo ruidoso
Materia: LABORAL
Carátula: NAMONCURA, Olegario c/ MELLOR GOODWIN SA s/ accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-12

El uso de protectores auditivos hace presumir la existencia de ambiente capaz de provocar daño, pues no se concibe que la empleadora los entregue si el ambiente no resulta ruidoso.
Control de constitucionalidad, ley de emergencia, razonabilidad, cuestión no justiciable, política económica, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: G. G., A. y Otra c/ C., A. y Otra s/ ORDINARIO s/ CASACION BANCO DE LA PAMPA c/ P. S. A. s/ EJECUTIVO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-28|2004-12-22

La misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma; ello así, por considerar que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial.

Además tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no le corresponde expedirse sobre cuestiones de política económica que son privativas de los otros poderes del Estado.

En tal sentido, los jueces poseen la atribución constitucional de controlar en plenitud tanto la efectiva existencia fáctica de la situación de "necesidad y urgencia" invocada por el Poder Ejecutivo como el trámite de su dictado y, por supuesto, la razonabilidad de las medidas adoptadas para regularla .
Inconstitucionalidad, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: KOSS HARON s/ INC. DE HONORARIOS DEL DR. CORIA PEÑATE. INCONSTITUCIONALIDAD Y  CASACION. SUCESORIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-06-27

Todo lo atinente a interpretación o aplicación de normas procedimentales encuentra su amparo en la inconstitucionalidad.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, juicio de apremio, inhabilidad de título, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ANDREOLI, GERARDO ENZO c/ ISALEX SA s/ APREMIO.     CSJ EXPTE NRO 516-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-18

Debe considerarse bien rebatidos los argumentos del auto denegatorio -falta de definitividad de la sentencia recaída en el apremio que manda llevar adelante la ejecución-, desde que la inhabilidad de título y la nulidad de las actuaciones no podrían ser materia de revisión ulterior.
Daño moral, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: Rocha, Jorge Edio c/ Saieva Patagónica S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-23

Siendo que el daño moral está constituido por todo perjuicio que no atañe al individuo en su fortuna o en integridad física, distinto a las reparaciones que se reconocen a la víctima de una enfermedad por el daño material, el planteo de la demandada, relacionado a que el daño psíquico ya había sido considerado, no es agravio suficiente para liberarla de la condena del pago del daño moral, porque lo que se esta reparando son daños diferentes.
Embargo, levantamiento del embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NADAL EDUARDO EN J: RAYBON EDITH c/ ZULLY ESTER ROMAN s/ Cambiaria (LIBRO: A106 - 263)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1984-11-06

Tratándose de cosas muebles la presunción de propiedad que crea la posesión de ellas, hace que el tercerista debe justificar plenamente el dominio que invoca, en otras palabras la prueba a su favor debe ser categórica.-
Honorarios, regulación de honorarios, ejecución de honorarios, honorarios del perito, costas al vencedor, ley vigente, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Cantos, José María c/ Santiago del Estero, Provincia de y/o Estado Nacional s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Corresponde rechazar el pedido de los peritos para que se les permita ejecutar la totalidad de sus honorarios contra cualquiera de las partes, si su postura anterior reconocía que la responsabilidad de los intervinientes en el juicio solo alcanzaba al 50% de los honorarios en función de la modificación del art. 77 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por la ley 24.432, pues frente a la índole disponible de los derechos creditorias en juego, la resolución de las cuestiones suscitadas en cada uno de los procesos debe atender a las circunstancias del asunto, en tanto el pronunciamiento no puede exceder el interés cuya tutela pretenden los interesados (arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 6°, del Código citado) y en el caso de los peritos restringieron inequívocamente su reclamo (Disidencia del Dr. Julio S. Nazareno).
Contratos, obligación de seguridad, establecimientos educacionales, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: S., P. V. Y OTROS c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22

La denominada ampliación cualitativa del contenido del contrato ha determinado -ya desde antiguo- el surgimiento de nuevas obligaciones en su seno.

Dentro de ese contexto, se ha estimado que, al celebrar un determinado negocio, las partes entienden que una de ellas debe respecto de la otra una obligación de seguridad. Según se afirma, esta obligación se caracteriza por ser tácita y absoluta:

tácita, en el sentido de que no tiene necesidad de ser estipulada, que está implicada, postulada por la economía general de la obligación, por las exigencias de la buena fe y de la equidad; absoluta, puesto que quien está obligado debe restituir al contratante sano y salvo, de manera que si sobreviene un accidente, en cuanto a la prueba, la víctima se encontrará en una situación tan ventajosa como es posible, pues es la constituida al acreedor contractual en presencia del incumplimiento de su deudor: a éste corresponderá probar que el daño se ha producido por la culpa de la víctima o en razón de un caso de fuerza mayor (Josserand, Louis, "El desarrollo moderno del concepto contractual", LL, 2: 119).

Más recientemente y en nuestro derecho, se ha identificado -con fundamento en el primer párrafo del artículo 1198 del Código Civil- la obligación de seguridad como accesoria de los demás deberes del deudor en diferentes contratos, como los de transporte, espectáculo público o servicios médicos, en orden a tutelar la indemnidad física y patrimonial del acreedor de la obligación contractual principal.

Y, en cuanto aquí interesa, esta obligación tácita de seguridad también se ha considerado ínsita en el contrato de enseñanza (Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1997, 9ª ed., § 168, p. 394; Mayo, Jorge A., op. cit., LL, 1984-B, 949; López, Estanislao, "Responsabilidad de esta blecimientos educativos: la inconsciente necesidad de subjetivizar la responsabilidad objetiva", LL, 2005-B, 473). (Del voto en disidencia de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro).
Accidentes de trabajo, instancia administrativa previa, comisiones médicas, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Zayas Elías David c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-03-06

El argumento central que invalida constitucionalmente el art. 1° de la Ley 27.348 es la obligatoriedad de la instancia administrativa previa y excluyente que los trabajadores afectados por una contingencia o siniestro laboral deben agotar ante las Comisiones Médicas establecidas por la LRT, para recién después poder reclamar judicialmente (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: Después de transcurridos cinco años, ¿Es   obligatorio el fallo pleno (artículo 28 de la ley 10160) No   modificado expresamente? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-13

El riesgo de llegarse a una excesiva fijeza jurisprudencial no sería obstáculo insuperable a la interpretación que propugna la obligatoriedad de los fallos plenos no modificados expresamente, aún después de transcurrido su plazo legal. Al contrario, aunque al cabo de los cinco primeros años continúe siendo obligatorio el fallo pleno, a pedido de parte o de la simple mayoría de los jueces de la cámara él debe ser sometido a revisión. Tiene, así, mayor posibilidad de cambio que el fallo pleno "renovado", esto es, el votado nuevamente como obligatorio al cabo de los cinco años para darle -formalmente- vigencia por otros cinco años más. (Del Voto del Dr. Rouillon).
Tribunal oral, secuestro extorsivo, competencia por la materia, declaración de incompetencia, recurso de casación penal, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: García, José Pablo y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-21

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la querella en cuanto se agravia de la declaración de incompetencia dictada por el Tribunal Oral Federal por cuanto los argumentos desarrollados por el a quo para inhibirse de seguir interviniendo se apoyan en conceptos correctamente analizados y, cuya doctrina emana del Máximo Tribunal de la Nación, y que también es compartida por esta Sala. No se advierten vicios en su actuación, tampoco en cuanto a la oportunidad procesal, porque en esa instancia -causa elevada a juicio- los jueces tienen el deber de efectuar un nuevo examen para establecer entre otras cuestiones si resultan competentes, así, este cotejo fue realizado por el Tribunal Oral no bien las actuaciones fueron elevadas a juicio.

(Voto del Dr. Mitchell; adhieren los Dres. Fégoli y David).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no decisiva, prueba, proceso penal, reconocimiento en rueda de personas, arma de fuego
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MANGOLD, GERMAN EDUARDO c/  s/ ROBO CALIFICADO USO DE ARMA DE FUEGO, EN DESPOBLADO Y EN BANDA, Y PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-28

Resulta palmario el déficit argumentativo de la recurrente, pues en pretendido fundamento se conforma con una indeterminada enunciación de principios constitucionales que expresa afectados por un reconocimiento en rueda de personas y por un arma de fuego, improcedentemente valorados en el juicio, por su anómala práctica o incorporación -según lo entiende-; mas no se hace cargo de refutar eficazmente la respuesta dada por la Alzada a esos planteos, sino que en lugar de ello se limita a una reedición de los mismos en la presente instancia, que no evidencia esas irregularidades, ni las afectaciones invocadas, ni su concreta incidencia, al tiempo que soslaya controvertir la totalidad de los aspectos del razonamiento seguido en el pronunciamiento confirmatorio; con lo que -en definitiva-, con sus sesgadas críticas, no patentiza su decisividad en la solución del caso, siendo así, inidóneas a los fines de la vía intentada.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa, arma de fuego, policía, responsabilidad objetiva
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: GAMBOA, JUAN RAMON s/ ROBO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-09-23

Si discute en asignar la condición de riesgosa a las cosas que adquieren o aumentan su potencial ofensivo por la acción del hombre, porque esta intervención lleva a distinguir si se trata de un caso que debe ser resuelto en el ámbito de la responsabilidad derivada de factores subjetivos de atribución o de factores objetivos.

Considerada en sí misma, el arma por su naturaleza y destino cuenta con la potencialidad para producir daños, cualidad que le es inherente y que explica los resguardos que se toman para dotarla de mecanismos de seguridad a fin de evitar que se accione, como también para limitar su portación y uso. Son precisamente esos resguardos, los que evidencian que normalmente el arma de fuego tiene una potencialidad dañosa.

Si el arma tiene esa cualidad, aunque haya sido accionada por el hecho del hombre, no se excluye la aplicación al caso del régimen de responsabilidad objetiva previsto por el art. 1113 C. Civil, porque por esta circunstancia el riesgo, que es la razón de la responsabilidad, no desaparece, sino en todo caso se suma al otro componente causal. En todo caso, podría concurrir también el factor subjetivo de atribución de responsabilidad contemplado por el art.

1109 C. Civil, tal como sucede cuando se trata de daños en los cuales interviene activamente un automóvil conducido culposamente por una persona.

El sistema de responsabilidad objetiva consagrado por el art. 1113 C. Civil no conlleva a la inexcusabilidad de todo daño atribuible al riesgo (como factor causal único o concurrente), pues se admite la irresponsabilidad del dueño o guardián si la cosa hubiera sido usada en contra de su voluntad expresa o presunta.

En cuanto a la interpretación de los alcances de esta causa de exoneración corresponde un criterio amplio, conforme al cual no se necesario que medie un desapoderamiento de la cosa sino que basta que el dueño o guardián acredite que la utilización de la cosa ha sido efectuada en contra de su voluntad expresa o tácita.

La misión que le confiere la ley a la Policía consiste en "el mantenimiento del orden y la seguridad pública, ejerciendo las funciones que la legislación establezca para resguardar la vida, los bienes y los derechos de la población" (art. 1 Ley 6701), la cual legitima que en ese marco el personal policial tenga el deber de portar las armas de fuego (art. 14 inc. e, Ley 6702). La completa ajenidad del hecho con la función policial (aún abusiva) es la razón que fundamenta que jurídicamente se considere que concurre la causa de exoneración de responsabilidad objetiva prevista por el último párrafo del art. 1113 C. Civil.
Recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: Artaza, María Teresa s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-10-03

La recurrente por la causal de arbitrariedad (art. 257 inc. 4º del C.P.C.), censura de arbitraria a la resolución imputándole la violación del principio lógico de razón suficiente. Pero omite la imprescindible y precisa puntualización del razonamiento sentencial, que configure la infracción anotada; exhibe solamente una profundización de sus embates expresados cuando formuló la impugnación casatoria dilucidada precedentemente, todo lo cual conduce a impedir el examen del particular.
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, indemnización por incapacidad, incapacidad permanente
Materia: LABORAL
Carátula: Aguirre Nestor c/ Massuh S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-24

La responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada debe limitarse a los términos de la póliza pactada de conformidad con lo previsto por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557.
Cuestiones de competencia, competencia contencioso administrativa, archivo del expediente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rojas, Modesta Angélica. c/ Municipalidad de Santa Ana. s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2003-02-24

Habiendo opinado el Procurador General que la cuestión es competencia del Superior Tribunal de Justicia, y estando firme la Resolución del Juez Civil y Comercial que previno, puesto que no obra constancia de que se haya planteado recurso de apelación respecto de la misma, corresponde devolver la causa a Primera Instancia a fin de que disponga su archivo.(Márquez Palacios:en disidencia).-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Hernán s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-09

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley donde la defensa, reclamando sobre los hechos, basa su argumentación en supuestas manifestaciones que habría realizado el imputado en la audiencia de vista de causa, de las que no existe constancia en el acta respectiva -arg. art. 277, C.P.P.- ni en el veredicto.