marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño moral, relación de consumo, derechos del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: Pérez, María Cristina c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios - Incumplimiento contractual (Exc. estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-08-05

Corresponde otorgar una indemnización en concepto de daño moral, atento los padecimientos sufridos por la accionante que van desde los incesantes reclamos efectuados telefónicamente al proveedor del servicio de telefonía demandado, las interrupciones injustificadas del servicios con la imposibilidad de comunicarse que ello conlleva, la necesidad de tener que concurrir a la sede administrativa para obtener el reconocimiento y resarcimiento de sus derechos vulnerados, la gran cantidad de facturas recibidas en el domicilio de la accionante donde se indica el carácter de deudora sin brindar las explicaciones ni la información debida, provocan en la vida de cualquier persona, una clara lesión a la esfera espiritual que supera los que comúnmente la jurisprudencia denominaba como "padecimientos propios de la vida en sociedad".
Concurso preventivo, acuerdo de partes, crédito verificado
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Agrícola Ganadera LTDA. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Concurso   preventivo. Incidente de revisión en el incidente de impugnación al   informe de la Sindicatura (Expte. CSJ Nº 303-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-10

Estándose en presencia de un proceso concursal preventivo, no de quiebra liquidativa, donde se alcanzó un acuerdo con los acreedores -ya homologado- con el voto favorable de quien se presentó a verificar el crédito cuya revisión se solicita, la no verificación del mismo no beneficiaría más que al deudor, con afectación del carácter circulatorio de los títulos valores y de la cosa juzgada que emerge de la sentencia ejecutiva recaída en el juicio donde se reclamó el cobro de los pagarés.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Morales, Víctor s/ Infracción art. 302 del Código Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

No se transgrede lo dispuesto en los arts. 307 y 342 del Código de Procedimiento Penal si la Cámara decidió que la nulidad provenía de un vicio de forma y de contenido de la sentencia originaria y no de un vicio de procedimiento, por lo que se encontraba obligada a fallar sobre el fondo de la cuestión (arts. 307 y 342 citados).
Domicilio, cambio de domicilio, notificación, caducidad de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Morínigo, María Pabla y otros c/ Municipalidad de Clorinda s/ Demanda contencioso-administrativa Clorinda s/ Demanda contencioso-administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-05-04

El acto de comunicar nuevo domicilio -y la carga de hacérselo saber a la contraria, que sí le correspondía a la demandada- devienen actos que poseen efecto interruptivo del recurso de caducidad
Secuela de juicio, ley penal
Materia: PENAL
Carátula: L., A. s/ LESIONES LEVES DOLOSAS (Expte. Nro.489-01, Resolución Nro. 207, Tomo 51,  Folio 458)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-09-12

Todo lo referido a la incriminación y condena en el ámbito del derecho penal está dominado por el principio de legalidad sustancial de tal modo que en el tema impera una interpretación judicial restrictiva. Por ello se ha resuelto que "aceptar la noción amplia de la secuela de juicio significa dejar de lado los principios de legalidad y del debido proceso".
Embargo, ampliación del embargo, cosa juzgada
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LASALVIA, Jorge Osvaldo s/ INCIDENTE DE EMBARGO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-10

La actualización de un embargo no significa una alteración de lo decidido, ya que como lo ha sostenido la Corte Suprema, en circunstancias en que los valores sufren una permanente distorsión por el influjo del envilecimiento del signo monetario, se impone como exigencia considerar los bienes según estimaciones actualizadas.

Por otra parte el reajuste de sumas de dinero no compromete la autoridad de cosa juzgada.
Reglamentos, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C., R. H. c/ Municipalidad de Camarones s/ Recurso Contencioso Administrativo (Expte. N° 16371- 2007).
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-01

"Reglamento y acto son figuras diferentes. Los primeros integran el ordenamiento jurídico; los actos, en cambio son algo ordenado y no ordinamental; el dictado de actos administrativos es una potestad connatural con el carácter de órgano de la Administración. Todo órgano tiene alguna competencia para dictar actos; de otro modo no podría administrar. sin embargo, no todo órgano está investido de potestad reglamentaria.

Generar actos o reglamentos son dos poderes cualitativa y cuantitativamente diferentes. .El reglamento innova el ordenamiento, mientras que el acto se limita a aplicar el ordenamiento.

Si bien -en principio- el reglamento tiene un alcance general y el acto es de alcance individual, esta correlación general-singular, como expresión de la distinción entre reglamentos-actos, no siempre se manifiesta así.

En efecto hay actos administrativos que no aparecen dirigidos a un destinatario concreto, sino a un conjunto indeterminado de sujetos, o a toda una colectividad.hay reglamentos que tienen alcance singularizado".

Y luego el autor que vengo citando se refiere a "actos administrativos destinados a una pluralidad indeterminada de sujetos" que no están definidos al emitirse el acto. Los sujetos alcanzados serán determinables o, en ciertos casos no se determinan.

Por ejemplo -dice- la convocatoria al servicio militar de determinada clase -cuando era obligatorio-; las convocatorias a exámenes en la universidad, las convocatorias a licitación pública.

No obstante su generalidad, no constituyen típicamente reglamentos; porque no se integran ni conforman el ordenamiento jurídico y persiguen un efecto consuntivo, vale decir se agotan con su simple cumplimiento, se consumen con éste.

Para que se cumplan en otra oportunidad, será menester el dictado de otro acto de alcance general.

En cambio, el reglamento, una vez dictado, se instala en el orden jurídico, no se consume cada vez que se cumple; al revés, su sucesivo cumplimiento lo consolida y mantiene".
Derecho civil, seguros, exclusión de la cobertura
Materia: CIVIL
Carátula: COSSO, RAFAEL GUSTAVO c/ TECHEIRA, DIEGO Y OTRO s/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-02-15

Conforme reiterada doctrina fijada por LA Sala CyC del STJER es inaplicable la obligación de la aseguradora de expedirse en el plazo fijado por el art. 56 de la Ley de Seguros en los supuestos de exclusión de cobertura, por tratarse de un obrar ilícito excluido de toda cobertura contractual (Expte. No 3421, del 18/04/2002; Expte. N° 6994, del 30/07/2015; Expte. N° 7612, del 26/02/2018; Expte. N° 7547, del 28/11/2017).
Relación de dependencia, prueba insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Plaza, Rubén Maximiliano c/ Becerra, Juan Carlos s/ Proceso Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2013-08-27

Se encuentra acreditada la relación laboral denunciada por quien alegó haber trabajado en el predio rural del accionado, no sólo en virtud de la prueba reunida y el silencio del demandado, sino también por la falta de exhibición del libro previsto por el art. 122 de la ley 22.248 y la consiguiente presunción favorable a las afirmaciones del trabajador, máxime cuando el demandado no produjo prueba suficiente para desacreditar la prestación de servicios invocada por el actor, ni se apoyó en una crítica concreta y razonada a los fundamentos del a quo.
Juicio ejecutivo, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO LIBERTADOR COOP. c/ FRANCISCO GALLELLA Y OTRO s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: A106 - 378)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-02-19

El plazo para deducir la apelación en el ejecutivo lo es de TRES DIAS, no obstante que se recurra solamente el aspecto honorarios, en tanto se trata de un accesorio que sigue al principal.-
Costas, principio protectorio
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ MARIO SALVADOR c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-08-18

Debe tenerse encuenta que aunque la gran mayoría de las pretensiones de la actora fueron rechazadas, haciéndose lugar a una mínima parte de ellas, en materia laboral las disposiciones procesales sobre costas deben interpretarse conforme al principio protectorio y si bien el principio general indica que ellas son corolario del vencimiento (art. 68 del C.P.C.C.), en la distribución de las mismas (art. 71 del C.P.C.C.) los jueces deben guiarse con un criterio jurídico y no aritmético, teniendo en consideración la índole de las pretensiones de las partes, los rubros que resultan procedentes y que el actor debió accionar para obtener el cobro del reclamo al que se le hizo lugar, por mínimo que fuere, sumado a que tiene carácter alimentario. Por lo que se considera justo en autos imponer las costas de la primera instancia en el orden causado, revocando lo resuelto en este aspecto por el "a-quo".
SIDA, leyes, interpretación de la ley, prueba hematológica, proceso penal, declaración autoincriminante
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: V., C. D. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ?LESIONES GRAVISIMAS - RECURSO APELACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 54 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-08-13

El decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 1244/91, reglamentario de la ley 23798 -cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada -, indica en el artículo 2, inciso 1 del Anexo I que "Los profesionales médicos, así como toda persona que por su ocupación tome conocimiento de que una persona se encuentra infectada por el virus HIV, o se halla enferma de SIDA, tienen prohibido revelar dicha información y no pueden ser obligados a suministrarla".

Pero a renglón seguido, en dicho cuerpo normativo se formula una serie de excepciones a esa prohibición, posibilitando que se la revele (a la información) "A los jueces en virtud de auto judicial dictado por el juez en causas criminales ..." (apartado 5, del referido art. 2 inc. c).

Sentado lo anterior, se observa que en el sub iudice la medida cuestionada se dictó en el marco de un proceso penal en el que se investiga el presunto contagio del virus HIV a la denunciante, hecho que fuera encuadrado en el delito de lesiones gravísimas (artículo 91 del C.P.), figura delictiva por la que en su oportunidad fue procesado el encartado.

Teniendo en cuenta dicho contexto, el impugnante no demuestra ni siquiera en grado liminar -más allá de las genéricas invocaciones de las leyes 23798 y 25326- que el requerimiento judicial violente distintos derechos y garantías de raigambre constitucional por haber sido dictado sin que existieran en la causa los extremos objetivos necesarios al efecto.

Y ello así, conforme no sólo al estadio por el que transita el proceso, sino también porque el recurrente no logra poner de manifiesto con sus reproches que la decisión adoptada por la Sala luzca ilógica, irrazonable o carente de fundamentos suficientes. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco)
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Swida, Wojciech c/ Expreso del Sud S.A. de Transporte s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

Si la demandada admitió el hecho de la prestación de servicios, pero negó la existencia de una relación laboral argumentando una de distinta naturaleza -en el caso, locación de servicios-, a ella incumbía la prueba de la alegada vinculación en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y no habiéndolo hecho, rige la presunción que los trabajos se efectuaron en relación de dependencia (art. 23, L.C.T.).
Derecho procesal, recurso de apelación (administrativo), pedido de prueba, recursos, improcedencia del recurso, hechos nuevos
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ OSCAR CARLOS c/ BORRELLI JORGE Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-20

Corresponde rechazar un recurso de apelación tendiente a que se incorpore un hecho nuevo toda vez que no se advierte que el hecho denunciado guarde relación con el objeto del pleito o sea conducente para la solución del litigio. En efecto, con los agravios expresados no logra la recurrente demostrar de qué modo la admisión del hecho nuevo invocado incidiría en el resultado del juicio; puesto que no refiere a los actos cuya revocación se pretende con la promoción de la acción (artículo 961 Cpr). En cuanto a la oportunidad del planteo, corresponde señalar que, para formular tal denuncia, no basta la ignorancia del hecho en cuestión, sino que es necesario que esa ignorancia no provenga de la propia negligencia de quien la invoca como tal (conf.

Alsina, H., "Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial", 2ª ed., T. IV, p. 400). A lo dicho se suma que la información de que se trata, bien pudo ser aportada por la codemandada al tiempo de contestar la demanda, pues no requería de ella una actividad mayor a la que luego desplegó a fin de obtener el dato preciso atinente a la existencia de bienes en el patrimonio del demandado.
Falta de licencia de conducir, accidente de tránsito
Materia: PENAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Y. S.A. y Otras en autos "D.P. y Otros s/Acción de amparo" Expte. N° 126 /2015 s/Incidente de levantamiento de medida cautelar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2017-01-20

La carencia de registro habilitante para conducir no exculpa al otro protagonista si esta presunción de culpa queda desvirtuada por la forma en que se produjo la colisión, imputable al exclusivo obrar de quien estaba habilitado.
Empleados públicos, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Beneventano, Mirta Gisela c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación s/ Demanda contencioso administrativa. Y sus acumuladas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-04-05

El derecho al sueldo del agente estatal nace con el acto administrativo o legislativo que lo concede, por lo que la efectiva prestación de servicios en un cargo superior al que legalmente se tiene asignado no autoriza a exigir el pago del sueldo correspondiente a dicho cargo superior si no ha mediado el necesario nombramiento o la designación en este último con carácter retroactivo. Es que sólo mediando designación regular, el funcionario puede percibir las diferencias de sueldos correspondientes al cargo superior, ya que al no mediar expreso nombramiento o regular designación no hay norma legal que autorice el pago de aquéllas.(doctor Soria, sin disidencia)
Recurso extraordinario federal, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ACUÑA HERNANDEZ, OMAR M. c/ FRUTAS GATO NEGRO S.A. s/ ORDINARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-03-12

Si el recurrente invoco precedentes de la Corte para sustentar su rechazo de la pretensión de la contraria, cabe considerar que la cuestión federal quedo así virtualmente planteada para el supuesto de un pronunciamiento adverso.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Ghigo, Dardo Raúl c/ Zerboni, María Josefina s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-04-30

El recurso de que se trata, de conformidad con lo que dispone el art. 98 de la Ley 7987, sólo podrá deducirse en contra de las sentencias definitivas, dictadas en juicio oral por las cámaras o salas de Trabajo.

Las decisiones posteriores al pronunciamiento principal no reúnen aquella condición. Sin embargo, en el presente caso, la interlocutoria apelada es equiparable por causar gravamen de imposible reparación ulterior. Ello así, por la magnitud del perjuicio económico que provocaría, tornando ilusoria la condena. De tal modo, también se vería afectada la cosa juzgada.
Jueces, conjueces
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Agente Fiscal Doctor Sanz en j: Fiscal c/ V. Peralta s/ Incidente de recusación - Homicidio - Inhibitoria (Libro: A019-398)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1952-05-17

Si la designación del conjuez se ha producido, no por implicancia legal del juez que debió conocer en los autos sino porque éste se encontraba con licencia, procede que al hacerse cargo del juzgado, cese la intervención del conjuez.
Concurso preventivo, efectos de la apertura, actos sujetos a autorización judicial, compraventa de automotores
Materia: COMERCIAL
Carátula: Manuel RODRIGUEZ e Hijos - SOCIEDAD ANONIMA s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE INFORMACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-24

La venta de un automotor acordada durante la vigencia de un concurso preventivo, sin la autorización de la ley 19551:17, es ineficaz. No obsta a dicha ineficacia la ausencia de inscripción de la inhibición en el registro automotor zonal, por ser ella consecuencia inmediata del incumplimiento de la disposición legal citada, y de que la convocatoria de acreedores debe estimarse conocida con la publicación de edictos, efectuada con antelación a la concertación de la venta.
Acción de amparo, inexistencia de otras vías, poder de policía, impuestos, agentes de percepción
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Compañía de Perforaciones Río Colorado  S.A. c/ Dirección General Impositiva. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

Debe revocarse la sentencia que cercenó las facultades del organismo recaudador si la actora no demostró que su pretensión - de carácter estrictamente patrimonial - no pudiera hallar tutela adecuada en los procedimientos ordinarios ni que se encontraba impedida de obtener, mediante ellos, la reparación de los perjuicios que eventualmente pudiera causarle la aplicación de normas legales que han modificado las facultades de la demandada para adecuarlas a las exigencias de la política económica vigente.
Competencia por la materia, competencia comercial, cuestiones de competencia, AFJP, apercibimiento, Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA  DE  ADMINISTRADORAS  DE  FONDOS  DE  JUBILACIONES Y PENSIONES c/ SAN JOSE AFJP  SA. s/ APELACION POR MULTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-19

Si la superintendencia de AFJP impuso a una administradora una sanción de apercibimiento por infracciones al régimen de publicidad, resulta improcedente que la sociedad sancionada alegue -como en el caso-, que media un conflicto de competencia en razón de la materia resultante de una presunta oposición entre la ley 24241: 118, rr) y 152, que hace referencia a la cámara en lo penal económico. Ello, por cuanto la sanción de referencia, concierne a la fiscalización del funcionamiento administrativo de la entidad, que la ley especial 24241 impone al organismo de contralor. A más, el apercibimiento fue aplicado observando el procedimiento sumario previsto por la ley 24241: 118, rr), 4º, el cual establece expresamente la competencia de la cámara nacional de apelaciones en lo comercial para conocer en el recurso respectivo. Por tanto -tal como acontece en el caso-, el alegado conflicto de competencia no aparece configurado, máxime que no está en cuestión la configuración de una figura delictiva de tipo penal.
Beneficio de litigar sin gastos, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: Lagana, Luis Alberto c/ Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-06-27

En los supuestos en que el beneficio de litigar sin gastos se solicita durante el proceso en trámite, la resolución que le otorgue no alcanza a los gastos de justicia devengados con anterioridad a dicha solicitud, por aplicación del principio de preclusión procesal.
Responsabilidad del Estado, derecho al desarrollo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramírez, Juan Carlos c/ E.B.Y. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

Ningún Departamento del Estado puede ejecutar políticas públicas cuyas consecuencias futuras, sean mediatas o inmediatas, conduzcan inexorablemente a la exclusión y la marginalidad social de una población determinada; y pretender permanecer incólume ante la producción de un resultado ciertamente catastrófico para dicha comunidad, máxime cuando sus habitantes tienen derecho a participar de los beneficios del desarrollo humano y social (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, prueba, bienes inmuebles
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: CARLAMI S.A. c/ GIROLAMI, GUSTAVO Y URMED S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-21

Más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido los juzgadores, los reproches esgrimidos por la recurrente dirigidos a cuestionar la tarea de valoración de los elementos probatorios aportados al caso, no resultan suficientes ni idóneos como para lograr la invalidación del fallo como acto jurisdiccional, toda vez que el Tribunal especificó que la escritura pública de constatación -al contrario de lo sostenido por la apelante- fue analizada por el juez inferior, más allá de la validez que le hubiera otorgado, y destacó que el rechazo parcial a la indemnización por deterioro del inmueble se fundó sustancialmente en el hecho de considerar que gran parte del mismo se produjo como consecuencia de la humedad propia del inmueble (circunstancia fáctica que surgía de la escritura en cuestión), y no por culpa de la demandada, es decir, a un vicio propio no imputable al comodatario.
Consorcio de propietarios, lesiones culposas, medidas de seguridad
Materia: PROCESAL
Carátula: C., M. c/  s/ lesiones culposas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-28

Alberto Seijas coincidió con su colega Pociello Argerich y resaltó que a la imputada no la unía vínculo alguno con el edificio del cual pudiera emanar responsabilidades generadas por las cosas. Agregó ". que las tareas encomendadas, en lo que aquí interesa, se vinculaban con la "reparación integral de cúpula de acceso a escalera de emergencia de cocheras cambiando planchas de policarbonato, contravidrios, partes estructurales de herrería soldada, reparación de puerta de escape, rasqueteado, masillado, pintado con antióxido terminación esmalte sintético negro", detalle que delimita el alcance de la labor de C., a quien no incumbía emprender otro tipo de trabajo o adoptar medidas de seguridad específicas que debían haber estado instaladas con anterioridad."
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Estrella, Luis Fernando; Menéndez, Luciano Benjamín; Vera, Domingo Benito s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

El derecho a ser juzgado en un plazo razonable no se encuentra vulnerado en la causa que persigue a los militares como presuntos autores de delitos de lesa humanidad, en virtud de la cantidad de víctimas involucradas y de casos examinados, la diversidad y calidad de los imputados sometidos a juicio y la complejidad de este tipo de investigaciones, sumado a la complejidad de este tipo de causas, en las que se investigan y juzgan a funcionarios públicos que se valieron de la estructura de poder estatal para llevar a cabo las graves violaciones a los derechos humanos, que actuaron con el firme propósito de garantizar su impunidad ocultando toda clase de rastros de los delitos llevados adelante. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)