Muerte del concubino, legítima defensa, violencia familiar
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: L., M.C. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Eugenio Despouy Santoro en causa Expte. Nº 010/06: L., M.C. p.s.a. Homicidio Simple - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-05-31

La Cámara en lo Criminal, por mayoría, declaró culpable a la imputada como autora penalmente responsable del delito de homicidio simple (art. 79 y 45 del C. Penal) condenándola en consecuencia a sufrir la pena de doce años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal).

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico de la condenada, e interpone recurso de casación, en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de hacer lugar al Recurso Extraordinario deducido por el asistente técnico de la condenada.

Desde ya adelanto mi opinión compartiendo la postura del Sr. Juez votante en primer término, y en atención a la relevancia de la problemática controvertida, aprecio necesario efectuar una serie de precisiones respecto del instituto jurídico-penal dentro del cual se encuadra el caso particular en juzgamiento.

Tomando como punto de partida los instrumentos normativos internacionales invocados, como la legislación vernácula que los recepta y que fueran señalados en el primer voto, como así también partiendo del descargo efectuado por la procesada y el material probatorio habilitado para su valoración, y en camino a determinar la presencia de los elementos de la causa de justificación que subsume el presente hecho (Legítima Defensa Propia, Art. 34 Inc. 6° CP), entiendo que la concurrencia de la "Agresión ilegítima" debe ser interpretada dentro del contexto de violencia doméstica en el que se produce -cuyas repercusiones en el organismo de la prevenida resultan reflejadas en el inmediato informe médico practicado y que encuentran su correlato en las placas fotográficas que se le tomaron y en el Acta inicial de actuaciones y Secuestro-, situación que lleva a la instintiva reacción defensiva de la recurrente mediante el elemento que encuentra "a mano" -herramienta que no debería significar extraña en la vivienda atento el oficio practicado en vida por el occiso- frente a la superioridad física del atacante ("Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión"), sin siquiera aquella haber incitado sobradamente la conducta agresiva de la víctima ("Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende").

Entiendo que el fallo atacado contiene una serie de vicios que lo hacen vulnerable a la queja; yerros que partiendo de una deficiente consideración sociológica del fenómeno de violencia de género terminan por repercutir erróneamente en la adecuación típica del suceso otrora juzgado.

Así el descargo de la enjuiciada, congruente desde el primer momento de la investigación hasta su manifestación en debate, sirvió para empezar a reconstruir conceptualmente lo ocurrido aquella fatídica noche y ese relato guarda íntima relación con la prueba científica producida, principalmente con los vestigios corporales que el ataque del occiso provocó en aquella -que por otro lado, no se compatibilizan con un mecanismo de autolesión- y la situación de sumisión y vulnerabilidad de la que dan cuenta los exámenes psicológicos y psiquiátricos; dentro de un contexto de violencia doméstica, donde la agresión ilegítima se caracteriza, a diferencia de otros casos de legítima defensa, por ser fácticamente constante, produciéndose en la práctica una simbiosis entre sus notas de "inminente" y "actual", toda vez que resulta dificultoso precisar en la cotidianeidad cuando ha finalizado un acometimiento para comenzar el siguiente, creándose una amenaza latente al bien jurídico, una constante puesta en riesgo de la integridad física, psíquica y principalmente de la vida de la ofendida.

Y todo esto, dentro de un entorno intimidatorio creado por el agresor, donde la víctima está prácticamente anulada psicológicamente porque de ninguna manera puede saber cuándo se pasa de "la palabra al acto", de "la agresión verbal a la física"; estado emocional que la lleva a asumir pasivamente las golpizas, sin pensar volitivamente en defenderse ni mucho menos en alejarse del hogar, porque más allá de la situación de dependencia económica habitual en el mayor porcentaje de casos, de lo único que sí puede estar segura es que la próxima paliza será más rigurosa.

De allí, es que no podamos, en supuestos como el juzgado, exigir otras conductas por parte de la agredida, como sí se puede esperar en otros casos donde se discurre la procedencia de la causa de justificación analizada; ni mucho menos creer que por la mera circunstancia de quedarse la mujer en el hogar se concluya que ella al someterse libre y conscientemente a ese escenario tempestuoso deba también cargar con las consecuencias que resulten.

Arribar a conclusiones como la presente de ninguna manera importa construir un estándar especial para la resolución de casos de mujeres golpeadas, sino pretender que los jueces, en nuestra función cotidiana, frente a hechos visibles de "violencia contra las mujeres" -tal la definición, tipos y modalidades aportadas por la Ley 26.485, Arts. 4, 5, y 6- prestemos una muy especial atención en la valoración de todas las particularidades que rodean al caso, sin descartar presurosamente la concurrencia de eximentes de responsabilidad penal que permitan una resolución más equitativa a la cuestión sometida a juzgamiento (En idéntico sentido, DI CORLETO, Julieta, "Mujeres que matan. Legítima defensa en el caso de mujeres golpeadas", Revista de derecho penal y procesal penal, 5/2006, Lexis Nexis, Buenos Aires, p. 862).

(Del voto ampliatorio del Dr. Guillamondegui, por la mayoría)