Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-01


2º Instancia.-Buenos Aires, diciembre 1 de 2006.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión planteada el doctor Sansó dijo:

1. La sentencia de fojas 486/902 que admitió la acción de daños causados en un accidente de tránsito, fue apelada por la actora, los demandados Martín Carlos Cufré, Jorge Alberto Hisas, que expresaron agravios respectivamente a fojas 534/540 (contestados a fojas 570/75), fojas 541/43 y fojas 559/561 (con respuesta de la demandante a fojas 570/575).

Se queja la actora de que no se extendiera la condena al codemandado Luis Fernando Fassi, y de las indemnizaciones que le reconociera el fallo apelado por los diversos conceptos, la distribución porcentual para los copartícipes, la insuficiencia de los importes, y la omisión de compensar la privación del uso del rodado.

El demandado Martín Carlos Cufré se agravia de la atribución de responsabilidad y de reparación por el daño moral por considerarla improcedente y excesiva.

Jorge Alberto Hisas, impugna también la atribución de responsabilidad, y el resarcimiento por agravio moral.

2. La sentencia recurrida le reconoció a las demandantes indemnizaciones por diversos conceptos. Por daño moral pesos doce mil para la actora María Rufina Suárez, y pesos quince mil para María Florencia Velázquez. Daños al rodado de la demandante, pesos setecientos seis.

Tuvo en cuenta para así decidir, las consecuencias del denominado tercer hecho, consistente en la agresión que los demandados ejercieron respecto de las actoras y los daños que le causaron al automóvil, ya que los otros dos anteriores hechos, sucesivos choques con ambos rodados, quedaron superados mediante el acuerdo celebrado entre la damnificada, y la aseguradora del propietario del rodado Fiat Vivace patente AUC 267, el codemandado Fernando Luis Fassi (Resultandos XII fojas 489 vuelta). 3. Estando en debate la responsabilidad, corresponde abordar el tratamiento de este agravio, porque de variar la solución que se asigne a la imputabilidad, procedería la acción, y en consecuencia el derecho al resarcimiento.

Advierto que el sobreseimiento de Hisas, Cufré y Fassi tiene carácter de parcial, y en relación con los delitos de lesiones (artículos 94 y 89 del Código Penal), y daños (artículo 183 del mismo cuerpo legal) conforme considerando I de foja 213 del Expediente Nº 928, Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 6, fue pronunciado porque no hubo certeza en cuanto a quien o quienes causaron los deterioros en el vehículo de la actora, ni las lesiones que se comprobaron respecto de María Florencia Velázquez, con lo cual no hubo técnicamente pronunciamiento explícito acerca de la existencia o inexistencia del hecho, ni de las circunstancias, tampoco en relación con la autoría.

Es bien diferente comprobar que el hecho imputado no ocurrió; o que habiendo ocurrido, no se demostró la autoría del acusado; a que se dicte un sobreseimiento, pese a que la existencia del accidente resulte probada.

Ya Salvat (Raymundo "Tratado de Derecho Civil Argentino - Fuentes de las Obligaciones" tomo 3, VII parte, pagina 133 Nº 2956 Editorial La Ley, 1946), se preguntaba ¿Es posible, después de la absolución del acusado en lo criminal, discutir en lo civil la existencia de culpa civil y condenarlo, como autor de un cuasidelito de este orden, al pago de la correspondiente indemnización? Y respondía, mencionando que la doctrina anterior a 1898, y la que más tarde vino a prevalecer, que la solución afirmativa se imponía, ofreciendo como justificativos que el texto de la ley sólo veda volver en lo civil, sobre la existencia del hecho principal; que es posible diferenciar el delito criminal de la culpa civil (puede no existir aquél pero encontrarse los elementos de esta última), y que la nota del codificador a los artículos 1102 y 1103 así permite inferirlo.

En similar sentido se pronuncia Guillermo Borda ("Tratado de Derecho Civil - Obligaciones" volumen II página 397 Nº 1617), cuando comenta "Una primera lectura de este texto (se refiere al artículo 1103) induce a pensar que absuelto el procesado, no puede ya declararse en juicio civil su culpabilidad, y en efecto, así lo resolvieron algunos tribunales. Pero un examen más atento de la ley, pone en claro que no es ése el sentido de la disposición. Esta se limita a establecer que, absuelto el procesado, no se podrá ya alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el que hubiere recaído la absolución. Pero nada se opone a que absuelto el acusado por falta de culpa, el tribunal civil lo encuentre culpable. Aquí no se trata de la existencia o inexistencia de un hecho, sino de la culpa del imputado en la producción de ese hecho. Sobre este problema de la culpa el artículo 1103 nada decide".

Aída Kemelmajer de Carlucci, en el Código Comentado de Belluscio - Zannoni (tomo V página 318), llega a la misma conclusión, destacando que "la influencia de la absolución dictada en sede penal no depende de la forma -sentencia dictada en plenario o sobreseimiento en la etapa instructoria- sino de su contenido o sustancia. Por eso el sobreseimiento no hará cosa juzgada si se funda en la falta de culpa del imputado, o en la prescripción de la acción, o en la muerte del imputado, o en la amnistía, o en el pago del máximo de la multa, o en la retractación en el caso de injuria. Pero sí atará al juez civil, si se ha fundado en la inexistencia del hecho".

En el campo de la responsabilidad civil entonces, alcanza con la comprobación de que el hecho generador se produjo. Por lo demás, y al margen del desacuerdo de los accionados, el plexo probatorio, autoriza a presumir que efectivamente los perjuicios a las damnificadas se causó en las circunstancias de tiempo y lugar relatadas en la demanda, y respecto de todo lo cual no existe contradicción de los codemandados Fassi y Marco que no contestaron demanda, al paso que estos ni los otros demandados ninguna aportación hicieron para relevarse de responder, en tanto no demostraron culpa de la víctima o de tercero por quien no debieran responder.

En las primeras declaraciones agregadas a la causa correccional, por ejemplo Hisas imputa a Marcó (fojas 129/131 de la causa correccional), también lo hace Fassi (fojas 132/33 y 160 que amplía incluyendo además de los daños al vehículo, agresión a las personas); Cufré relató que Hisas y Marcó confrontaban con la actora; Marcó imputa a Hisas (ver fojas 152 vuelta y 158 en ampliación de la indagatoria, que presenta mediante el escrito de fojas 158/159).

Los recurrentes Hisas y Cufré insisten en que no hay prueba directa de que hubieran participado en la agresión física, ni en los daños, que tampoco puede generalizarse involucrando a ambos en la calificación de "pluralidad de autores".

Adelanto que esta expresión concierne al modo de responder cuando varias personas concurren a la producción del daño, y con sus singulares actuaciones contribuyen a causar perjuicios, por lo que habrán de responder frente a las víctimas, en forma solidaria, al margen de las acciones de regreso que reconoce el artículo 1109 del Código Civil si es que la respectivas participaciones son susceptibles de establecer y definir por separado.

Esto precisamente es lo que el decisorio apelado hizo. Discriminó a los efectos de las acciones eventuales de regreso, los porcentuales que asignaba en cuota parte a cada uno de los imputados responsables.

En cuanto a la prueba, cuenta y en grado superlativo no solamente las declaraciones de los acusados que fueran materia del comentario precedente, sino también las de Argañaraz y del agente de la Policía Federal que previno desde el comienzo. A foja 9 del expediente correccional, este último (Roberto Del Torto) relata que al apersonarse al lugar, calle Serrano a la altura de Costa Rica, observa que los ocupantes del vehículo Fiat 147, descienden y "comienzan a golpear a los ocupantes del rodado que se encontraba detrás, notando que estos eran dos mujeres y un masculino, luego los del primer rodado se subieron arriba del vehículo de atrás de color rojo, y uno de ellos comenzó a saltar en el techo, el cual pudo ver que se encontraba vestidos con ropas de jean de color celeste, y cabello corto" .

Cuenta después que al advertir la proximidad policial, ascienden al Fiat e intentan evadirse llegando hasta la calle Nicaragua, donde se detienen y allí les da voz de alto que es acatada por dos, mientras que otros tres intentan escapar. Finalmente refiere como, mediante la intervención del móvil consiguen detener a todos, indicando especialmente a aquel que describiera como saltando sobre el automóvil de la actora.

En carácter de Jefe de Servicio Externo, el Oficial de la Policía Federal Alejandro Vidal, da cuenta de la actuación que tuvo en el hecho, ante el requerimiento del Agente Del Torto, y describe las circunstancias, individualizando e identificando a cada uno de los demandados que participaron.

Coordinando estas exposiciones, con los dichos de los mismos accionados aparecen claramente comprometidos en las agresiones, todos los apelantes a excepción de la entonces menor Claudia Mariana Hisas.

Y si bien como está dicho, sus actos no constituyeron delito en los estrictos términos en que la legislación represiva describe la figura punible, es indudable que atacaron verbal y físicamente a las demandantes y también al acompañante de éstas.

Conforme la reseña policial, el acometimiento de cuatro jóvenes, a dos mujeres, y a un menor, ascendiendo al vehículo en que estos se transportaban, subiendo al capot y al techo saltando sobre la carrocería, aparte del daño al rodado, necesariamente generó pánico en las personas agredidas, que exhibieron lastimaduras y golpes evidencia del asalto. La conjunción de todos los hechos relatados contradice categóricamente las expresiones de los apelantes, especialmente porque fluye de sus propias afirmaciones argumentación que más asiento tiene en la ambigüedad que en la certeza. En el capítulo IV de foja 542 vuelta, Cufré aduce que en la causa penal "directamente se ha declarado que no he intervenido, es decir ...nada tuve que ver con los hechos que se han investigado".

Parecidos son los intentos de censura que vierte Hisas en su memorial de fojas 559/561, aunque sus asertos se muestren más terminantes, se hallan igualmente desprovistos de sustento. Así es que asegura haberse probado en "forma más que fehaciente que nunca participé en ningún hecho dañoso contra de las aquí demandantes" (foja 559, primer agravio). El interrogante que se impone ante esta concluyente afirmación, cuales fueron los medios de prueba fehaciente, tiene una respuesta, ninguno. En la indagatoria de Hisas (fojas 129/131; 15-09-1997), reconoce éste que Cufré tenía en la época del hecho "cabello largo". También lo describe de esa manera la menor Velázquez en el reconocimiento en rueda de personas de fojas 192/3m y el testigo Argañaraz (foja 380 vuelta de estos autos). Estos dos en sus declaraciones coinciden en que los tres agresores de la menor fueron Marcó, Cufré e Hisas.

Como sucede con el discurso de Cufré, Hisas confunde no haber sido condenado por el delito de lesiones, con inimputabilidad civil por hechos agraviantes que lesionaron espiritual y físicamente a la víctima. Y es esto lo que aquí está en juego. La responsabilidad por la participación en un ataque abominable que tres jóvenes consuman respecto de una menor, y que por carácter transitivo, afecta a la progenitora testigo presencial de esa agresión que no puede evitar.

En términos generales la actividad violenta de quienes actúan en grupo, rasgo lamentable de "patoterismo", pudiera quedar exenta de punición, porque resulta dificultoso esclarecer en la jurisdicción criminal, cual ha sido la exacta participación de cada uno de los integrantes del conjunto. Pero en el ámbito de la responsabilidad por daños, como en toda la materia de índole civil patrimonial, la analogía, los indicios que sostienen presunciones, y todo elemento de convicción, aportan y deben ser valorados.

Es por ello que del conjunto complejo probatorio, la atribución de responsabilidad que el Señor Juez de la causa hiciera respecto de estos codemandados, se muestra coherente con las constancias y los medios convictivos aportados, y no alcanza a ser conmovida por los desacuerdos que traen los apelantes.

4.- El agravio de la demandante referido a la exclusión de Fassi (Capítulo II de fojas 534/535), que no fue condenado porque el juzgador interpretó que fueron las declaraciones de la misma apelante las que lo habrían exculpado, no tiene consistencia ni asciende a crítica eficiente.

Especialmente porque al reproducir el texto contenido en el expediente criminal (foja 636 vuelta), que es lo suficientemente persuasivo como para desincriminar a este demandado, no lo refuta, limitándose a reproducir parciales de las indagatorias y testimonios en las que se refleja la actuación del grupo.

Retomando las iniciales declaraciones agregadas a la causa criminal, y corroborando que Fassi no agredió a ninguno de los damnificados, del conjunto se extrae que dejando de lado la discusión generada por el segundo choque (solucionado transaccionalmente), hay coincidencia en que el conductor y propietario del Fiat se mantuvo estático, "sentado en el umbral viendo lo que pasaba" (ver foja 135).

Considero por tanto que este agravio no debe recibirse.

5.- La recurrente se queja de la distribución porcentual que el decisorio estipula, al fijar la condena por daño moral, y también por la escasez de las cantidades.

Cuando se trata de responsabilizar a los integrantes de un conjunto de personas, que actuando ilícitamente ocasionan perjuicios, la solidaridad es regla; en tanto que la estimación de las cuotas partes en función de la participación que les cupo, según lo entiende el juzgador, tiene clara relación con el segundo apartado del artículo 1109, y esta previsión del pronunciamiento recurrido, no causa gravamen a la actora.

Referente a los importes de condena, si bien es cierto que el hecho generador en su particular modalidad de violencia, supera las molestias por los encontronazos que el tránsito anárquico de la ciudad produce habitualmente en los automovilistas, y que las actitudes agresivas del grupo beligerante debieron causar pánico, e incluso que el contacto físico pudo atemorizar sumamente a la menor Velázquez, lo cierto es que el Juez de la anterior instancia, ha ejercido razonablemente el arbitrio que la ley procesal le asigna (artículo 165 del Código Procesal), y estimo que la diferencia entre lo reclamado, y el importe de la condena constituye una mera disconformidad insuficiente para considerar que pueda tomarse como crítica eficiente.

A similar conclusión se llega abordando el tratamiento del capítulo 4º de foja 543, ya que las argumentaciones del demandado Marco se limitan a disentir con el monto estipulado, y a mencionar que el fallo no provee datos que ilustren sobre las pautas que inspiraron la decisión. Censura esta que no tiene en cuenta el primer considerando, que de foja 490 vuelta a 491 se aplica a determinar la procedencia de la pretensión, y su entidad.

6.- La actora se queja de la suma que el fallo le reconoce en concepto de compensación por los daños al vehículo, que fueron consecuencia del accionar de Marcó, es decir el hundimiento de techo y capot, fundada en que aparte de ser insuficiente la cantidad estipulada, se omitió tener en cuenta que está demostrado el costo final de los arreglos, y que la factura emitida por el taller, revela que la erogación ascendió a Dos mil seiscientos pesos.

El considerando que se ocupa del tema, es bien explícito en cuanto a que el exclusivo responsable es el codemandado Marco, y por tanto restringe este segmento de la composición, a los deterioros que fueron consecuencia de los hechos ejecutados por este copartícipe, y que consistieron en montarse sobre esas partes del rodado, y saltar sobre ellas.

De allí, que el importe constituya solamente un parcial del costo total que demandaron los arreglos, que afectaron otros sectores del mismo automóvil, y que fueron secuela de los otros dos hechos, o choques anteriores. Y también del acuerdo transaccional al que arribara la demandante.

Opino que este agravio debe ser rechazado.

7.- Privación de uso. La apelante pretende que se le reconozca una indemnización, basada en la indisponibilidad del rodado por un lapso de seis meses.

Corresponde precisar que en la demanda, y en relación con los dos primeros hechos, la actora estima una privación de uso por tres días, y una indemnización de cien pesos (foja 53 vuelta).

En cambio, y a consecuencia del tercer hecho, pretende Un mil quinientos pesos, por la privación de uso a lo largo de seis meses.

La sentencia no contiene referencia alguna a esta parte de la acción, y por tanto cabe entender que la rechazó.

Cuando se trata de la privación de uso de un automotor destinado al uso personal de quien se dice damnificado, la jurisprudencia admite unánimemente, que se ocasiona al propietario un perjuicio, porque la indisposición del rodado durante el lapso abarcado por los arreglos hace presumir sobre bases de probabilidad objetiva que se le priva de un medio transportarse sea por necesidades de trabajo, o de esparcimiento.

La actor manifestó que calculaba la pérdida en función del tiempo que se vio privada del vehículo que no podría mandar a reparar, por carecer de recursos suficientes, obviando mencionar el lapso que demandaría el arreglo.

La queja persiste en exigir coherente con la pretensión desarrollada en la demanda, que se le indemnice todo ese tiempo en que no pudo contar con el automóvil.

Como se ha dicho, en realidad el período susceptible de ser resarcido, es aquel que en hipótesis se correspondería con el tiempo que llevaría la compostura, al margen de que la indisponibilidad fuera mas extensa, por carecer el damnificado de los recursos para hacer frente a los desembolsos que fuera necesario abonar.

El informe pericial (ver foja 346) al expedirse sobre el punto, estima que si los repuestos son de fácil ubicación, pudiendo el taller conseguirlos rápidamente, los plazos se abrevian, pero que sumado a los días de efectivo trabajo, debe computarse otros tiempos de más para la obtención de presupuesto, y a su vez la organización de trabajos de los establecimientos. De tal forma estima un lapso que fluctúa entre uno y diez días.

La actora impugnó el dictamen (ver foja 349/350), y el experto respondió a fojas 360/361.

Estimo que las discrepancias allí suscitadas, no eximen de valorar que tardando cuatro días en ejecutar las reparaciones del rodado, dado las particularidades del mismo, marca, modelo y limitación del mercado de repuestos, la demora en concretar la terminación, no podría ser inferior a un total de quince días. Razón por la cual propongo reconocerle a la apelante, una indemnización total de Quinientos pesos por la privación del uso.

En síntesis, y por las precedentes consideraciones opino que al rechazarse las quejas, se confirme la sentencia apelada a excepción de lo que se propone en el precedente capítulo 7. Con las costas en esta instancia a los demandados apelantes vencidos.

Los doctores Ramos Feijóo y Mizrahi, por análogas razones a las aducidas por el doctor Sansó, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se modifica parcialmente la sentencia recurrida fijando en PESOS QUINIENTOS ($ 500) la indemnización por privación de uso y se confirma en lo demás que decide y ha sido materia de agravios. Con las costas en esta instancia a los demandados apelantes vencidos. -Gerónimo Sansó.- Claudio Ramos Feijóo.-Mauricio L. Mizrahi.