Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18


SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 62206 SALA II Expte. Nº 49.818/10 (Juzg. Nº 60) AUTOS: "BENITEZ, EDUARDO JAVIER C/ TOOT S.A. S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 18/04/2012, reunidos los integrantes de la Sala II a los efectos de considerar el recurso deducido en autos y para dictar sentencia interlocutoria en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	La Dra. Pucciarelli, a fs. 108, resolvió -de conformidad con el dictamen fiscal obrante a fs. 107- rechazar el planteo de inconstitucionalidad efectuado en torno al art. 7 de la ley 24.635 por la parte actora, y admitir la excepción de prescripción opuesta por la demandada y, por ende, tener por prescripta la acción iniciada por el trabajador.

Sostuvo la sentenciante que -conforme la jurisprudencia de la C.S.J.N.- la declaración de inconstitucionalidad de una norma es una de las más delicadas funciones que puede encomendarse a un tribunal de justicia, a la que sólo debe recurrirse cuando una estricta necesidad lo requiera, en situaciones en las que la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta e indubitable y la incompatibilidad inconciliable. En ese sentido, destacó la insuficiencia de fundamentos del planteo efectuado por el trabajador ya que, en concreto, se limitó a expresar su disconformidad con el carácter que se le otorga a la actuación ante el SECLO, lo que resultó insuficiente para admitir un planteo de esas características.

Sentado ello, advirtió la coexistencia de dos causales de suspensión y que en virtud de lo determinado en el art. 3986 del Código Civil no era posible acumularlas, debiendo decidir con base en la subsistencia de la acción acogiéndose por tanto a la de mayor plazo. Y considerando la fecha de desvinculación del trabajador, la fecha del telegrama intimatorio y la de la interposición de la demanda, consideró prescripto el reclamo inicial por exceso del plazo legal vigente.

Contra tal decisión se alza el accionante (fs. 111/116, recurso replicado a fs. 121/123) alegando, en primer lugar, que el art. 7 de la ley 24.635 -que dispone que el inicio del trámite administrativo ante el SECLO suspenderá el curso de la prescripción- colisiona con el art. 257 de la LCT en tanto este artículo estipula que dicho reclamo interrumpirá el curso de la prescripción, y que la primera de las referidas normas fue dictada por el Congreso de la Nación como legislatura local, vulnerando así lo dispuesto en los arts. 31 y 75 inc. 12 de la CN.

A continuación, se agravia de la fecha de inicio de la demanda considerada por la Sra. Juez a quo. Y también se queja de la interpretación dada al art. 3986 del Código Civil, pues entiende que, cuando la demandada fue notificada de la intimación del actor dirigida al cobro de sus acreencias indemnizatorias, ya se habían iniciado las actuaciones administrativas ante el SECLO, por lo que esa intimación suspendió el curso de la prescripción del nuevo plazo que había comenzado luego de esta fecha. En este sentido, considera que no correspondía estarse a la fecha de la intimación sino a la de la recepción y que, cuando la accionada recepcionó esa comunicación intimatoria, había comenzado un nuevo plazo de la prescripción, operando plenamente el efecto suspensivo del art. 3986 del Código Civil, razón por la cual no había transcurrido ese nuevo plazo de dos años previsto en el art. 256 de la LCT. II.	En atención a la naturaleza de la cuestión debatida el Tribunal requirió la opinión del Ministerio Público quien, a fs. 129/130, se expidió en sentido contrario a las pretensiones del recurrente.

III. Adelanto que, en mi voto, las quejas de la parte actora no tendrán favorable andamiento.

En primer lugar creo necesario señalar que las cuestiones atinentes a la validez constitucional de las normas -en este caso, el art. 7 de la ley 24.635- deben ser formuladas en la primera oportunidad procesal, es decir, en los escritos constitutivos del litigio. Sin embargo, en virtud de las especiales particularidades de la causa, cabe aceptar que el agravio constitucional concreto para la parte actora nació recién cuando la demandada opuso la excepción de prescripción (cfr. fs. 82 punto II), y por eso puede admitirse con carácter excepcional que dicha tacha haya sido deducida por el accionante al contestar el referido planteo (ver fs. 93 vta., punto III).

Dicho ello, señalo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, pues configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la "ultima ratio" del orden jurídico (CSJN, Fallos: 316:2624, 319:3148 y 312:235, entre otros).

Ahora bien, a mi juicio, no es inconstitucional el art. 7 de la ley 24.635 puesto que, en primer lugar, esta norma fue dictada por el Congreso Nacional modificando la ley 18.345 que regla el procedimiento laboral en los Tribunales del Trabajo con carácter nacional. Considero que no se trata de una ley local puesto que la ley 18.345, aunque de carácter procesal, es ley nacional, es decir federal en el sentido constitucional y no dictada por la legislatura de la C.A.B.A. ni por el Congreso Nacional exclusivamente para dicho territorio. Tanto es esto así que las reglas de la ley 18.345, aún modificadas por la ley 24.635, son las que rigen el procedimiento en los reclamos de carácter laboral cuando tramitan en cualquier lugar del país en jurisdicción judicial federal (cfr. ley 22.241).

Por ende, el Congreso Nacional actuó regularmente cuando decidió establecer un régimen especial en materia de suspensión del plazo prescriptivo en materia de créditos laborales para los procedimientos de conciliación previa introducidos por la ley 24.635, es decir, que esta ley, en tanto ley nacional, podía modificar inclusive las reglas de la LCT en esta especial y particular materia, siendo del caso remarcar que se trataría de dos leyes del Congreso Nacional y que la ley 24.635 resulta ser ley posterior y específica en esta temática.

En segundo lugar, tampoco es inconstitucional el art. 7 de la ley 24.635 pues no colisiona con el art. 257 de la LCT. En efecto, este precepto general otorga efecto interruptivo a los reclamos administrativos efectuados ante la autoridad administrativa del trabajo, mientras que el art. 7 de la ley 24.635 regula los efectos -en este caso suspensivos- no de un reclamo administrativo ante la autoridad administrativa del trabajo (caso que sigue bajo el amparo del art. 257 LCT) sino del denominado trámite conciliatorio previo, que no constituye propiamente, a mi juicio, una reclamación administrativa puesto que no tiene como objeto obtener una resolución de la autoridad administrativa frente a un conflicto. Más aún, en rigor ese trámite conciliatorio previo no es procesado por la autoridad administrativa del trabajo a la que se refiere el art. 257 de la LCT sino por un Servicio de Conciliación Laboral, cuya gestión conciliatoria no está a cargo de funcionarios públicos sino de profesionales del derecho carentes de tal calidad.

Es decir que el art. 7 de la ley 24.635 regula un supuesto procesal diferente al del art. 257 de la LCT, con una especificidad que torna razonable la decisión legislativa plasmada en la ley 24.635 y que, reitero, no se superpone y por ende no colisiona con la regla del art. 257 de la LCT.

No es ocioso dejar expresamente aclarado que, diferentemente a lo afirmado por la parte actora en su recurso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Sallent, Adrián c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A." y "Lombardo, Héctor Ramón c/ BBVA Banco Francés S.A.", no ha sentado doctrina alguna en esta materia por cuanto, como puede advertirse de una cuidadosa lectura de ambas decisiones, el Máximo Tribunal se limitó, en el estrecho margen de la teoría de la arbitrariedad, a dejar sin efecto dos sentencias de esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en razón de eventuales vicios de construcción de los decisorios que, a juicio de la Corte, no daban una adecuada respuesta a los planteos efectuados por la parte actora. Pero, repito, el Tribunal Federal no sentó en tales casos doctrina alguna ni se expidió sobre la alegada inconstitucionalidad precedentemente tratada. Por estos motivos, voto en definitiva por la confirmación de este aspecto del pronunciamiento atacado.

IV. Con relación a la queja contra la admisión de la excepción de prescripción opuesta por la demandada, liminarmente corresponde memorar que la prescripción liberatoria constituye un medio que las leyes prevén de perder una acción por la suma de dos circunstancias: el transcurso del lapso indicado por las normas más la inacción del titular durante ese tiempo. Se trata de un mecanismo tendiente a dar seguridad jurídica y evitar que los reclamos puedan iniciarse sin un límite temporal. Sólo afecta la acción pero no el derecho del acreedor, es decir, que al operar la prescripción liberatoria por haber transcurrido el plazo legal sin que el acreedor inicie su reclamo, se lo despoja de la acción para demandar pero, según lo dispuesto en el art. 515 inc. 2 del Código Civil, eventualmente la obligación subsiste como natural (conf. Ley de Contrato de Trabajo Comentada, op. cit., pág. 425).

Sentado lo expuesto, surge de las constancias obrantes en la causa que la demandada procedió a despedir al Sr. Benítez el día 20/11/2007 (mediante CD 922483565 obrante a fs. 23), fecha en que comenzó a correr la prescripción.

En tal íter, el 28/11/2007 el actor envió el TCL 70377114 (obrante a fs. 24) -lo que constituyó la intimación fehaciente que exige el art. 3986 párrafo segundo del Código Civil para constituir en mora al deudor-, con lo cual hasta allí habían pasado ocho días desde el distracto, momento en el cual el conteo se suspendió por un año -esto es, hasta el 28/11/2008-, reanudándose al día siguiente (29/11/08). Y, a partir de allí, debían sumarse otros setecientos treinta y un días hasta la interposición de la demanda (el 30/11/2010, cfr. cargo inserto a fs. 18 vta.), haciendo un total corrido de setecientos treinta y nueve días, lo que equivale a 24 meses y 9 días, con lo cual puede apreciarse que, a esa fecha -reitero, al 30/11/2010- ya había fenecido el plazo previsto en el art. 256 de la LCT.

A mi juicio la iniciación del trámite ante el SECLO el 30/11/07 no tuvo en el caso virtualidad suspensiva en los términos del art. 7 de la ley 24.635 pues tanto a ese momento como seis meses después la prescripción no estaba corriendo pues se hallaba suspendida n virtud de la intimación del 20/11/07 y al amparo del art. 3986 del Código Civil.

Si bien ambas causales suspensivas pueden operar en un mismo caso, no tiene esa virtualidad el inicio del trámite mientras el conteo no está corriendo.

Las argumentaciones vertidas brindan adecuado sustento al pronunciamiento, razón por la que se omite el análisis de las demás cuestiones planteadas en tanto resultan inconducentes para la solución de la incidencia. En tal sentido la C.S.J.N. ha señalado que "los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo a tomar en cuenta las que estiman pertinentes para la correcta solución del litigio" (conf. Fallo del 30.4.74 en autos "Tolosa, Juan C. c/ Cía. Argentina de Televisión S.A." publ. en La Ley, Tomo 155 pág. 750 número 385).

Por lo expuesto, propicio confirmar también lo decidido en grado respecto a esta cuestión que fuera materia de agravios.

VI. Atento el resultado del recurso interpuesto, voto por imponer las costas de Alzada a cargo del accionante, vencido en la incidencia (conf. art. 37 de la LO).

Miguel Ángel Pirolo dijo: Adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza, por análogos fundamentos.	Por lo que resulta del acuerdo que antecede, y de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal General Adjunta, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar el pronunciamiento de fs. 108; 2) Imponer las costas de Alzada a cargo de la parte actora vencida.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Miguel Ángel Maza	Juez de Cámara Juez de Cámara