Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-11-30


AUTOS 95492 (C.C.Nº21325) DEL Cuarto Juzgado Civil, CARATULADOS: "OLMOS Jorge Omar y Otra C/ MORETA PEDRO M. y Otro - Daños y Perjuicios".

PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2012- del Tº IV -Fº01/07.- En la Ciudad de San Juan a treinta (30) días del mes de noviembre de 2012, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Roberto M. Pagés Lloveras y los Sres. Vocales Dres. Octavio Augusto Sánchez y Oscar Roberto Otiñano, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. 252, contra la sentencia de fecha 28 de julio del año dos mil once, recaída en los presentes autos Nº95492 (C.C. Nº21325) caratulados: "OLMOS JORGE OMAR Y OTRA C/ MORETA PEDRO M. Y OTRO - Daños y Perjuicios", dictada por el Sr. Juez titular del Cuarto Juzgado Civil, obrante a fs. 244/247 vta.- Cuestiones Primera: ¿Es ajustada a derecho la resolución impugnada?;

Segunda: En su caso, ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? EL DR.ROBERTO PAGÉS LLOVERAS DIJO:

PRIMERA CUESTIÓN Antecedentes I. En la resolución obrante a fs. 244/247 vta., se dispuso no hacer lugar a la demanda deducida contra el Sr. PEDRO MORETA y contra el Sr. MANUEL ALBERTO VILLALDA por los argumentos expuestos en los considerandos; imponer las costas a la actora vencida; regular los honorarios del Dr. Fernando Baudonnet como perdidoso en por dos etapas cumplidas (demanda y prueba) en el 8,4% de la liquidación que oportunamente se practique o se convenga; regular los honorarios del Dr. Miguel Rodríguez Muñoz y Jorge Alvo en forma conjunta por una etapa cumplidas en el 7% de la liquidación que oportunamente se practique o se convenga; regular los honorarios del Jorge Alvo por una etapa cumplida prueba en el 7% de la liquidación que oportunamente se practique o se convenga; y regular los honorarios del perito Dr. Hugo Jorge en el 2% de la liquidación que oportunamente se practique o se convenga.

Para así resolver, en síntesis, la Sra. Juez consideró que el conductor demandado de la Camioneta que avanza por la derecha sobre calle 9 de Julio hasta llegar a la intersección de calle Gral. Acha, tenía la prioridad de paso y le basta con probar solo esto, aplicándose desde allí la presunción iuris tantum de culpa respecto de quien lo hacia por la izquierda. Estimó que la presunción de responsabilidad no ha podido desvirtuarse con las probanzas de autos por la parte actora.

II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora plantea el recurso de apelación a fs. 251. El memorial de agravios obra a fs. 254/256vta. y la contestación a fs. 258/260.

La parte actora recurrente expresa, en síntesis, que se agravia alegando que no se ha analizado y valorado la totalidad de la prueba producida. Señala que no se ha considerado las afirmaciones del demandado en su contestación de demanda con relación a la hora del siniestro; su declaración en sede penal; la absolución de posiciones del demandado; las fotografías y demás documental.

Concluye afirmando que el demandado ingresa a gran velocidad a la encrucijada, colisionando a la actora cuando ésta ya había ingresado al cruce, y se encontraba a la mitad del punto de intersección de las líneas imaginarias centrales de ambas calzadas. Pide que se haga lugar a la apelación y se resuelva que el responsable del accidente fue exclusivamente el demandado.

En su réplica, la parte demandada expresa -en resumen- que el agravio es una mera discrepancia con lo resuelto en primera instancia, sin constituir una crítica concreta y razonada de la sentencia, por lo que pide que sea declarado desierto.

Sin perjuicio de ello, afirma que no existe prueba alguna que acredite que la actora haya cruzado con el semáforo en verde, como que la confesión ficta del demandado resulta irrelevante en razón de encontrarse desvirtuada por el informe emitido por el Municipio de la Capital y acta policial.

Solicita que se rechace el recurso, con costas.

III. A fs. 281 se certifica el pase de los autos a estudio.

TRATAMIENTO DEL RECURSO 1. La expresión de agravios constituye una verdadera carga procesal, debiendo efectuar los recurrentes una refutación de las conclusiones de hecho y de derecho que fundamentan la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento.

2. La teoría del riesgo creado (arts. 1113, párr. 2° "in fine", Cód. Civil), regula la responsabilidad civil por el hecho de las cosas riesgosas y constituye el principio rector de la materia, y -por ende- no rige, en principio, el criterio de imputación subjetiva de responsabilidad.

Por aplicación de dicha teoría, a la víctima incumbe la prueba del hecho y su relación de causalidad con el daño sufrido, mientras que para eximirse de responsabilidad la parte demandada debe acreditar la existencia de fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

Es decir que para eximirse de responsabilidad, la culpa de la víctima o la invocación del hecho del tercero, con aptitud para cortar totalmente el nexo de causalidad entre el hecho y el perjuicio a que alude el art. 1113 del C.Civil, debe aparecer como única causa del daño, aparte de revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor.

3. En el caso en análisis se tuvo por acreditado que en la intersección de las calles 9 de Julio y Gral. Acha, donde ocurrió el siniestro el día 06/08/06 a la 01,30 hs., los semáforos funcionaban con la luz amarilla de precaución en forma intermitente, como que el demandado circulaba con prioridad de paso al hacerlo por calle 9 de Julio.

Ahora bien, la confesión ficta del demandado por la producción del siniestro, en tanto sin causa justificada y debidamente citado no compareció a la audiencia respectiva fijada por el Juzgado a fin de la absolución de posiciones, resulta idónea para tener por cierto que conducía en forma negligente, pues apreciada en correlación con la restante aportada por las partes, como un todo, lleva a la convicción de que embistió sin intentar frenar con el frente de la camioneta Ford F-100 (presentaba rotura del capot, rotura de la óptica delantera costado izquierdo, abolladura del bigote del frente, rotura de rejilla, paragolpe abollado, porta óptica roto. Cfr. informe pericial obrante a fs. 15 del sumario penal) al vehículo Fiat Uno con el que circulaba la Sra. Díaz, en su parte trasera, cuando había pasado en centro de la intersección (Ver cróquis ilustrativo, fs. 03 del sumario penal, sobre todo el lugar donde quedaron los restos de vidrios y la ubicación posterior de los vehículos).

4. Y si bien se presume responsable del accidente al que carecía de prioridad de paso, ello lo es sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponderle por no haber evitado el siniestro cuando pudo haberlo hecho voluntariamente (art. 64, ley 24.449).

En consecuencia, si tal como lo alega el recurrente, el demandado conducía en forma negligente al no conservar el dominio efectivo del vehículo ni intentar frenar para evitar el siniestro (no existen marcas de frenada, según se indica a fs. 02 del sumario penal), pues "...no se percató de que en el momento cruzaba un auto marca Fiat Uno (declaración del demandado obrante a fs. 09 del sumario penal) .

5. Entiendo, por lo dicho, que los conductores que colisionaron en la intersección de calles 9 de Julio y General Acha, son responsables de forma concurrente por los daños y perjuicios derivados del siniestro, en tanto el embistente -si bien circulaba con prioridad de paso- condujo de forma desatenta y no divisó a tiempo al vehículo embestido; mientras que éste, si bien al momento de la colisión ya había transpuesto la encrucijada con cierta ventaja, debió extremar su precaución y asegurarse de que su circulación se encontraba expedita para emprender el cruce sin ningún peligro para quien tenía prioridad de paso.

Propongo que se fije una responsabilidad del 60 % a la actora que cruzó la encrucijada sin respetar la prioridad de paso de quien circulaba por calle 9 de Julio, y en un 40% al demandado que conducía en forma negligente al no conservar el dominio efectivo del vehículo ni intentar frenar para evitar el siniestro.

6. De compartirse dicha atribución de responsabilidad, estimo que con relación al rubro reclamado por la lesión estética de Pablo Julián Olmos, quien al momento del accidente tenía 15 años, al haberse acreditado que a consecuencia del accidente padece una lesión en su cara consistente en una cicatriz de 5 cm de longitud en la zona frontal, que se advierte a 3 mts. de distancia (informe pericial obrante a fs. 188/189 vta.), ello importa daño indemnizable por cuanto la belleza corporal tiene importancia para el comportamiento de la víctima o en sus actividades sociales, con repercusiones de índole moral o psíquica.

Es indudable que a la víctima se le ocasionó un daño cierto, que al configurarse en el rostro de la persona tiene su gravitación más dramática, ya que altera la armonía del aspecto habitual que tenía la persona antes del hecho. Se manifiesta como una deformación, desfiguración, afeamiento o mutilación del cuerpo, más allá del daño patrimonial que pueda provocar, constituye en sí misma un perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, ya que la indemnización que al respecto le es debida a la víctima no debe apoyarse, para su valoración, únicamente en lo que haya quedado afectada su capacidad laborativa, sino también en todo aquello que pueda proyectarse sobre su personalidad plena, es decir, tanto en el plano individual como social.

Y dado que en este caso se ha reclamado por este rubro la suma de $5.500, considerando las secuelas sufridas por la víctima, que tenía 15 años de edad al momento del accidente, no resulta irrazonable, pero teniendo en cuenta el grado de responsabilidad fijado a la parte actora, propongo que prospere en el 40% de dicha suma; es decir en $ 2.200 a la fecha del accidente.

7. Respecto del rubro daño moral reclamado para Pablo Julián Olmos ($ 9.500) y para la Sra. Claudia Mabel Díaz ($5.500), diré que el primero de los citados fue quien padeció de las mayores secuelas a consecuencia del siniestro.

Tal como se indicó precedentemente, sufrió una lesión en la cara que le produjo una cicatriz de 5 cm., horizontal, de color blanquecina, que es visible permanentemente (informe pericial, fs. 189 vta.), por lo que teniendo también en cuenta su edad al momento del accidente (15 años), su situación económica y social (tramitó el beneficio de litigar sin gastos), el monto establecido en el rubro daños estético, y el grado de responsabilidad fijado a la parte actora estimo prudente fijar como monto indemnizatorio en este rubro la suma de $ 3.000 a la fecha del siniestro.

La Sra. Díaz sólo sufrió politraumatismos y hematomas (informe pericial, fs. 189), por lo que teniendo en cuenta su edad al momento del accidente (38 años), sexo (femenino), estado civil (casada), las lesiones referidas y el grado de responsabilidad que se le ha fijado, propongo establecer a su favor una indemnización por daño moral en la suma de $1.000 a la fecha del accidente.

8. En el rubro daño psicológico, a los fines de poder ser indemnizado, debe ser acreditada la afectación de la integridad psíquica que arroja una secuela que impide definitivamente el restablecimiento del estado de cosas de que gozaba la persona con anterioridad al suceso dañoso. Se configura mediante una alteración patológica de la personalidad, una perturbación del equilibrio emocional que afecta toda el área del comportamiento, traduciéndose en una disminución de las aptitudes para el trabajo y la vida de relación, que en este caso no se ha acreditado y corresponde su rechazo.

9. Con relación a lo reclamado en concepto de daños materiales ($ 4.852 + $4.500 + $ 810 = $10.162), si bien se adjuntaron los presupuestos expedidos por "Fiat San Juan" (fs. 29), "R G Taller de Chapa y Pintura" (fs. 30) y "Neumáticos Daitona" (fs. 31), no se acreditó su autenticidad. Pero con la fotografías (fs.32/39) y el informe pericial obrante en el sumario penal (fs. 14) se acreditó la existencia de perjuicios compatibles con la mecánica de este, que tienen por consecuencia la necesidad de reparación y de adquisición de repuestos, por lo que en uso de la facultad prevista en el artículo 167, último párrafo, del C.P.C. y teniendo en cuenta el grado de responsabilidad establecido para la parte actora, propongo fijar una indemnización en este rubro de $ 3.000, a la fecha de la sentencia en razón de que no se acreditó que el gasto se haya efectuado.

10. En el rubro privación de uso, si bien no se ha acreditado su indisponibilidad temporaria durante el tiempo que insume la reparación de los daños ocasionados como consecuencia de la colisión, por la magnitud de los daños causados al vehículo (ver informe pericial obrante a fs. 14 del sumario penal) debe presumirse razonablemente que se ha causado ese perjuicio indemnizable. Ahora bien, no acreditado su monto y teniendo también en cuenta el grado de responsabilidad establecido para la parte actora, propongo fijar una indemnización en este rubro de $ 400 a la fecha de la sentencia (artículo 167, último párrafo, del C.P.C.).

11. Por último, estimo que debe rechazarse el rubro "pérdida del valor venal", pues sólo resulta procedente junto con la reparación de los daños causados cuando, aun efectuados los arreglos necesarios, el bien no queda en condiciones similares a las que tenía antes de que se produjera el daño, y en este caso no se lo ha acreditado.

Así voto.

SEGUNDA CUESTIÓN En razón de lo establecido precedentemente, corresponde admitir parcialmente el recurso de apelación deducido a fs. 252 y revocar la sentencia impugnada. En su lugar, se dispone hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar a los demandados Sres. Pedro M. Moreta y Manuel A. Villalda, como a la aseguradora Paraná S.A. en la medida del seguro, a pagar a la parte actora, Sr. Jorge Omar Olmos y Sra. Claudia Mabel Díaz, la suma de Pesos Nueve Mil Seiscientos ($9.600), conforme los rubros indicados precedentemente y con más los intereses legales en la forma señalada, en el plazo de quince días de consentida o ejecutariada la presente.

Las costas de primera instancia se imponen en un 60% a cargo de la parte actora y en un 40% a cargo de la parte demandada, en razón del grado de responsabilidad atribuido a cada un de las partes, y las de alzada en el orden causado atento al resultado obtenido (art. 70, C.P.C.)..

EL DR.OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	EL DR.OCTAVIO AUGUSTO SÁNCHEZ DIJO:	Por razones análogas a las aducidas por el Dr. Roberto Pagés Lloveras, voto en el mismo sentido.- Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Admitir parcialmente el recurso de apelación deducido a fs. 252 y revocar la sentencia impugnada. En su lugar, se dispone hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar a los demandados Sres. Pedro M. Moreta y Manuel A. Villalda, como a la aseguradora Paraná S.A. en la medida del seguro, a pagar a la parte actora, Sr. Jorge Omar Olmos y Sra. Claudia Mabel Díaz, la suma de Pesos Nueve Mil Seiscientos ($9.600), conforme los rubros indicados precedentemente y con más los intereses legales en la forma señalada, en el plazo de quince días de consentida o ejecutariada la presente II- Las costas de primera instancia se imponen en un 60% a cargo de la parte actora y en un 40% a cargo de la parte demandada, en razón del grado de responsabilidad atribuido a cada una de las partes, y las de alzada en el orden causado atento al resultado obtenido.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

PROSECRETARIO AUXILIAR: DR. AGUSTIN RUGNA.