Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-08-03


Santa Fe, agosto 3 de 2010.

Considerando: 1. Contra lo resuelto por la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la Segunda Circunscripción Judicial plantea el compareciente el recurso de inconstitucionalidad que regula la ley provincial 7055 atento juzgar que lo decidido no resulta derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, y ser lesivo de los derechos y garantías constitucionales que invoca. En el escrito introductorio sostiene que el pronunciamiento incurre en "arbitrariedad normativa procesal" al confirmar la resolución de grado que desestimó la petición de acumulación de causas. En este orden, señala que la Sala calificó de "opinable" dicha decisión, consideración, de la que infiere que "...se encuentran acreditados en autos los extremos tendentes a proceder a la acumulación...". Tras reseñar la motivación del fallo sobre este tópico afirma que el mismo desconoce lo preceptuado por el artículo 42 del C.P.L. Asimismo, dice, ha omitido ponderar que en la causa cuya acumulación pretende (del expediente 734/02), el hecho litigioso es el mismo, emerge de la relación laboral mantenida con los demandados y se discute la aplicación del estatuto de Viajante de Comercio, en el que se considera enmarcado. Expresa que su pedido obedece a la necesidad de evitar, probablemente, el dictado de sentencias contradictorias, lo que a su vez, importaría vulnerar el principio de seguridad jurídica. Además podría dar lugar a "prejuzgamiento", agregando que en nada incide la circunstancia que los presentes actuados se ofrecieron como prueba en la causa 734/02, pues serán tenidos en cuenta junto al restante plexo probatorio. Bajo esta tacha también señala que "ambas acciones son autónomas y si bien se encuentran fundadas en la misma causa, pueden tranquilamente tramitarse concomitantemente".

Asevera que el decisorio vulnera el principio protectorio del trabajador que consagra el derecho laboral (arts. 9 y ss. L.C.T.), precepto que cuenta con tutela constitucional (artículo 14 bis, Carta Magna nacional). En este sentido, expresa que la Cámara invierte la carga probatoria haciendo recaer en su parte una prueba diabólica al requerir que demuestre, a más de la actividad de venta, que la misma se efectuaba de modo habitual o que su actividad principal consistió en concertar operaciones de venta o la captación de nuevos clientes. Considera que los jueces de la causa omitieron ponderar elementos relevantes, tales, que los choferes (entre los que está incluido) "reciben el itinerario constituido por la lista de clientes que realizaron los pedidos a los que se agregan los que son a visitar..." (según reconocimiento de la accionada); que estos últimos, de acuerdo a los dichos de la demandada, son "aquellos que solicitaron que se les enviara el repartidor sin hacer el pedido..."; que los "vehículos van cargados con mercaderías y cubren requerimientos de los clientes, los que pueden ser variables en función de múltiples circunstancias ... que en alguna ocasión excepcional, el cliente no realiza compras pero existe una cierta regularidad promedio según la época del año..."; que el "chofer repartidor, abastece al cliente, redacta la factura y cobra la mercadería, ya que las operaciones son al contado". Aclara que "la exclusividad refiere a que el actor trabajaba como viajante sólo para la demandada, no que fuera el único vendedor o viajante que la empresa tuviera". En este orden, sostiene que los testigos ofrecidos por la demandada no logran desmerecer la calidad que afirma revistar, es decir, de viajante de comercio. Cuestiona la conducta procesal de la accionada por considerar que la misma se encontraba en inigualables condiciones para aportar probanzas -conforme el principio de distribución dinámica de las cargas probatorias- y, sin embargo, no lo hizo. El trabajador acreditó el vínculo y a aquélla correspondía demostrar cómo se prestaban los servicios, aplicando en tal cometido el principio de primacía de la realidad. Y en sintonía con lo expuesto, agrega que la Alzada no analizó que dicho comportamiento merecía reproche procesal. También se queja de lo resuelto sobre la "falta de consideración del alegato facultativo" por entender que la Cámara omite considerar que "operado el llamamiento de autos nace el derecho de producir alegato por las partes" (artículo 57 de la ley 7945), disposición que difiere de lo estatuido por el artículo 154 del C.P.C. y C. Califica de inexistente el argumento de la Alzada -extemporaneidad en la presentación del alegato por haber incorporado la causa al libro que lleva la Secretaria-, además, de lesivo del derecho de defensa en juicio y debido proceso legal. Expresa que el pronunciamiento carece de fundamentos normativos, vulnera el principio de igualdad entre iguales (en cuanto favorece a la accionada en la meritación de las pruebas y consecuentemente en la decisión final), y lesiona el derecho de propiedad al privarlo de modo irrazonable e injusto de las indemnizaciones derivadas del despido, por lo que el fallo deviene arbitrario. Alega la inobservancia de la Sala respecto de la prueba informativa presentada "concordantemente con la documental ofrecida ... en el punto 9.4.13 de la demanda, cuyo carácter de clientes fue debidamente reconocida por la demandada". Es decir, los clientes, eran los destinatarios de los pedidos de informes. En igual vicio, dice, incurre el Tribunal a quo al omitir evaluar: a) que los socios realizaban la actividad de viajante y "una vez incorporados los clientes la totalidad de ellos pasan a ser atendidos por los choferes repartidores" -entre los que se incluye a su parte-, recibiendo éstos un "itinerario constituido por la lista de clientes que realizaron los pedidos a los que se agregan los que son a visitar", siendo el actor quien concierta las operaciones, las que son exclusivamente al contado y en las que el mismo dependiente elabora la factura de venta (según reconocimiento de la demandada); b) que de la posición absuelta por el representante legal de "Café Guatemala" surge que "Stivada vendía y además cobraba", admitiendo las facturas de las operaciones concertadas y los respectivos recibos de cobranzas; c) que de las testimoniales rendidas emerge que el repartidor Stivada también vendía y cobraba; d) la ficha individual de inscripción ante la Secretaría de Trabajo -delegación Rosario- en la que figura como contratado para realizar tareas de venta (también fuera reconocida por la accionada). Afirma que la Cámara inaplica el principio de "primacía de la realidad" al analizar la labor cumplida para con la accionada, respecto de la que expresa que tras el nombre de repartidor o comercializador se oculta su verdadero desempeño, cual es, el de viajante de comercio. Por tanto, se considera comprendido en las disposiciones de la ley 14.546, normativa desconocida por la Sala. Califica de dogmática la aseveración que la contraparte no tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa en relación a la declaración jurada, la que reconoce no haber producido pero sí ofrecido al promover la demanda -a tal fin, dice, acompañó las planillas sustento de la misma-. La Sala denegó la concesión del remedio motivando la presentación directa del compareciente ante esta sede. 2. En primer término ha de señalarse que por cuestiones metodológicas se reordenarán, para su análisis, los diversos reproches esgrimidos por el recurrente. En efecto, los agravios referidos a "falta de acumulación de causas" -solicitud ya desestimada por el juez de grado- y "falta de consideración del alegato facultativo" no merecen favorable acogida atento tratarse de cuestiones de naturaleza procesal -propia de los jueces de la causa y ajenas, en principio, a esta instancia excepcional- que han sido debatidas y resueltas -según lo expone fundamentadamente la Alzada- en anterior instancia. Sin perjuicio de lo expuesto, además, repárese que el actor sólo itera aquellas tachas, las que no distan -en definitiva- de ser una expresión de agravios de una apelación común en virtud de las cuales insiste en su pretensión nulificante -la que fuera desestimada-. Ahora bien, en cuanto se imputa al Tribunal a quo invertir el principio de la carga probatoria y desconocer el carácter protectorio del trabajador (artículos 9 y ss. L.C.T.; 14 bis C.N.); omitir ponderar el abundante plexo probatorio ofrecido y producido en la causa e interpretar, en este orden, equívocamente las declaraciones de aquellos deponentes presentados por la demandada y; apartarse del principio de primacía de la realidad, en esencia, Stivada disiente con la decisión de Alzada al concluir que el mismo no reviste la condición de vendedor sino de "repartidor", labor que efectuó diariamente en un vehículo de la empresa de la que partía con una ruta y lista de clientes predeterminada a fin de entregar mercadería cuya "venta ya había sido concertada por sus dueños y/o administradores".

Para así resolver, la Cámara principia su análisis descartando las abundantes informativas producidas y la declaración jurada (del artículo 11 de la ley 14.546), sosteniendo, sobre este tópico, que el accionante mal puede pretender que los informes se correspondan con documental reservada en Secretaría -la que a su vez, no individualizó ni precisó en la etapa procesal oportuna-, por lo que debe cargar con las consecuencias derivadas de la forma en que tramitó la prueba. Considera, además, que ningún informe resultó reconocido por el emisor, cuestión significativa que impide pasar por alto el "carácter de testimonial encubierta sin control de la contraparte". No sólo las testimoniales, dice, sino la pericial contable y caligráfica le hubieran permitido otorgar algún respaldo no sólo a la informativa antes descartada sino también a la profusa documental acompañada que mayoritariamente fue desconocida por las personas llamadas a su reconocimiento. Precisa que la causa se abrió a prueba en 28.12.00 pasando a sentencia los autos en 22.06.04. Aprecia que los testigos -incluso los propuestos por el actor (Colautti y Díaz)-, si bien, con distinto grado de aproximación, corroboran la versión de los hechos y las tareas cumplidas efectivamente por aquél a las órdenes de la demandada -chofer repartidor-. Fundamentalmente, expresa, de las distintas posiciones surge en modo inequívoco la operatoria entre los encargados y/o dueños y los clientes, los arreglos y contactos comerciales que tenían, coincidiendo las mismas en que Stivada sólo bajaba la mercadería y hacía firmar los remitos, pues el modo usual consistía en habilitar una cuenta corriente con la empresa, celebrar con ella los detalles del negocio y repartir la mercadería habitualmente en días fijos, concertados de antemano (de los dichos de Caminotti, Valderrama, Casas y Broda; Rodríguez y Montaner). Y otras declaraciones, entre ellas las de Giménez, Antonelli y Capone, dan cuenta que Stivada se inició como "tostador" y luego como "repartidor", y que del trato con los clientes se ocupaba algún titular de la empresa. En consecuencia, afirma la Cámara, que el actor no demostró dedicarse a la promoción y captación de nuevos clientes y que aún, si pudiera acreditarse que en casos aislados actuó como agente de ventas de la empresa, ello no lo transforma en viajante de comercio al no ser ésta su función principal sino la de entrega y cobranzas de mercaderías (aunque ocasionalmente hubiera tenido la posibilidad de resolver su venta). Insiste el Tribunal a quo en que la clientela atendida por el recurrente no ha sido hecha por él, pues quienes ofrecían los productos para la venta eran los dueños y/o administradores de la empresa y al lograr colocarlos Stivada se erigía en un mero repartidor, que llegado el caso, podía cobrar lo que entregaba sin perjuicio que, en ocasiones, realizara alguna venta de la mercadería transportada. Conforme la decisión adoptada la Sala juzgó abstracto el agravio relativo a la prescindencia de la declaración jurada (art. 11, ley 11.456) al igual que la pretendida aplicación de la C.C.T. 97/90. Ninguna disposición legal, asevera, resulta aplicable atento que las tareas del actor, por sus características, no enmarcan en dichas normas. Esta es la inteligencia que la Alzada asigna al fallo y que delineara, según se advierte, respetando el principio de primacía de la realidad, expresas constancias de autos y su plexo probatorio, lineamiento frente al cual el compareciente invocando lesión de derechos de raigambre constitucional, entre ellos, fundamentalmente, el de propiedad -ante la no percepción de la indemnización peticionada- y la configuración de diversas causales de arbitrariedad -que son, por lo demás, reiteración de las esgrimidas en anterior instancia- no logra demostrar que el mismo no es derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa y que, por tanto, autoricen su descalificación como acto judicial válido. En efecto, los planteos del recurrente -y tal como se adelantara-, no obstante el tinte constitucional que aspira otorgarles para acceder a esta instancia, en realidad, se enderezan a aseverar que su actividad enmarca en el convenio que regula el régimen del viajante de comercio (y, consecuentemente, le alcanzan las disposiciones de la ley 11.456, artículo 11), pues, a su criterio, sostiene haber demostrado suficientemente que aquélla era su labor principal y no la de "chofer repartidor" como equívocamente, aduce, lo encasilla la Alzada (al igual que el juez de grado). De lo expuesto se colige, sin hesitación, el mero disenso entre lo pretendido por el compareciente y la solución propuesta por los jueces de la causa, la que se sustenta en la manifestación más amplia del principio protectorio, in dubio pro operario, el que engloba y constituye uno de los basamentos generales del derecho del trabajo (artículos 9 y ss. de la L.C.T., conc. Art. 14 bis, Carta Magna nacional). Las razones apuntadas determinan, sin más, la inadmisibilidad del recurso de naturaleza extraordinaria articulado.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia resuelve: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al tribunal de origen.- Gutierrez.- Falistocco.- Gastaldi.- Spuler.