Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-22


Expte. nº 7387/10 "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:

'Huidobro, Cristian Roberto s/infr. Art. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes -CC-'" Buenos Aires, 22 de junio de 2011 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La Fiscalía de Cámara en lo PCyF interpuso queja (fs. 94/100) contra la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad (fs. 64/68) oportunamente articulado para cuestionar la decisión de la Sala I de la Cámara en lo PCyF que declaró, de oficio, la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 del Código Contravencional de la CABA incorporado por Ley nº 2641 (fs. 55/60 vuelta).

2. La Fiscalía, en su recurso, manifestó que en la decisión impugnada se había incurrido en un exceso de jurisdicción al declararse -de oficio- la inconstitucionalidad de la norma aludida en tanto la apelación estaba dirigida exclusivamente a cuestionar el otorgamiento de la suspensión del proceso a prueba.

Agregó, además, que los jueces se habían pronunciado sobre la ilegitimidad constitucional de la norma de manera abstracta, pues lo que en definitiva podría llegar a afectar la garantía del juicio previo y el principio de inocencia sería su eventual aplicación, lo que no había ocurrido en el caso en virtud de que la jueza de primera instancia, al conceder la suspensión del juicio, se abstuvo de efectuar la notificación a la Administración; por ello, señala, habrían invadido la competencia exclusiva del Tribunal, afectando la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley.

Por último, indicó que la sentencia resultaba arbitraria porque resolvía sobre cuestiones que no habían sido controvertidas por las partes y, asimismo, carecía de una fundamentación adecuada, al postular que una notificación al Poder Ejecutivo equivaldría a la aplicación de una pena sin culpabilidad de autor y sin control judicial.

3. La Sala I declaró inadmisible el recurso en razón de que no se habría configurado un caso constitucional. Afirmó que las cuestiones relativas a la interpretación de normas infraconstitucionales como la del art. 45 del CC resultaban, por regla, ajenas al recurso intentado.

4. El Sr. Fiscal General Adjunto, al contestar la vista conferida, propició mantener el recurso deducido por su inferior jerárquico, que se declare admisible la queja interpuesta y, en consecuencia, se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad y que se revoque la resolución que declaró la inconstitucionalidad del art. 45, último párrafo, del Código Contravencional (fs. 104/106).

Una vez que las actuaciones se encontraban en estado de ser resueltas, el Tribunal requirió los autos principales a la Cámara (fs. 107/108).

Fundamentos La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. En autos acude en queja el Ministerio Público Fiscal y se agravia por la declaración de inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 del CC que practicara de oficio la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

2. La queja interpuesta es admisible. Fue deducida en tiempo y forma (art. 33, ley nº 402) y contiene una crítica suficiente y acertada de la resolución que le denegara el recurso de inconstitucionalidad.

3. Además, ha logrado exponer una cuestión constitucional, al confrontar la decisión de los jueces de la Cámara con las previsiones del art. 113, inc. 2º CCABA en tanto señala una extralimitación jurisdiccional por parte de los magistrados actuantes al haberse pronunciado de oficio sobre la ilegitimidad constitucional de una norma que no se había aplicado en el caso concreto llevado a su consideración.

4. En efecto, la cuestión que se venía debatiendo y la Cámara debía resolver giraba alrededor de la procedencia o no de la suspensión del proceso a prueba dispuesta en la causa, sin formar parte de la discusión si correspondía o no la notificación al Poder Ejecutivo prevista en la última parte del art. 45 del CC, ya que la jueza, al conceder el beneficio, no había ordenado el libramiento de comunicación alguna a la Administración.

5. En esas condiciones, la Cámara, al fallar como lo hizo, sobredimensionó la cuestión a decidir y utilizó de manera infundada una herramienta excepcional -como lo es la declaración de inconstitucionalidad-, para pronunciarse sobre la validez de una norma que no había sido aplicada en el caso concreto.

6. En atención a los argumentos expresados, considero inoficioso expedirme respecto de la adecuación constitucional del enunciado normativo incorporado por Ley nº 2641 al art. 45 del CC, como pretende el Fiscal General Adjunto.

7. Por ello, voto por hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y revocar el punto II de la resolución de la Sala I en cuanto declaró -en forma abstracta- la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 del Código Contravencional de la CABA incorporado por Ley nº 2641.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El representante del Ministerio Público Fiscal viene en queja ante este Tribunal contra la decisión que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad oportunamente interpuesto contra la decisión que dispuso declarar la inconstitucionalidad de la última parte del art. 45, CC.

La presentación fue interpuesta en legal tiempo y forma (cf. art. 33 de la ley n° 402) y expone una crítica concreta y desarrollada que logra poner en crisis el auto denegatorio de los recursos de inconstitucionalidad.

2. El recurrente ha logrado exponer una cuestión constitucional al confrontar de modo concreto y suficiente la decisión de los jueces de la Cámara que declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45, CC, con las previsiones de los arts. 18, CN y 13.3, CCABA, en tanto señala una extralimitación jurisdiccional por parte de los magistrados actuantes que no se ajusta al desenvolvimiento natural que debe imponerse al debido proceso.

El representante del Ministerio Público Fiscal denuncia que la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, por mayoría, se pronunció de oficio y en abstracto al declarar la inconstitucionalidad de las previsiones del art. 45, CC, última parte.

En esa resolución, los jueces señalaron, en síntesis, que la notificación al Poder Ejecutivo de la suspensión del proceso a prueba necesariamente conlleva la posibilidad de que se descuenten puntos de los concedidos al imputado en su registro de conducir, infringiendo la garantía del juicio previo y el principio de inocencia constitucionalmente consagrados.

El recurrente señala que dicha declaración se efectuó a pesar de que el juez de la causa no había aplicado esa previsión legal en la decisión que había cuestionado mediante recurso de apelación.

La forma en que se ha arribado a la decisión que aquí se recurre y las consecuencias que de ella podrían derivarse, adquieren una incidencia que, entiendo, exige la intervención anticipada de este Tribunal en el caso.

En efecto, se denuncia que el tribunal de alzada se ha expedido, invalidando una disposición legal que, en consecuencia, no podrá ser aplicada durante este proceso, decidiendo en torno a aspectos para los que no había sido habilitada su jurisdicción por el recurso que estaba llamada a decidir, sin que exista otra oportunidad para que este Tribunal, frente a tal irregularidad, ejerza al respecto las funciones que el art. 113.3, CCABA le ha conferido (ver, mutatis mutandi, este Tribunal in re "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:

'Del Tronco, Nicolás s/ infr. art. 184 inc. 5 -CP-'" expte. n° 6784/09 y su acumulado, "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Del Tronco, Nicolás s/ infr. art. 184 inc. 5 -CP-'", expte. nº 6785/09, resolución del 27/09/10 y sus citas).

3. Al margen de las cuestiones sobre las que podría discurrirse en torno a la posibilidad de que los jueces declaren de oficio la inconstitucionalidad de una norma en un procedimiento contravencional, deseo destacar que si bien la decisión objetada intentó respaldarse en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que admite bajo rigurosas circunstancias el control de constitucionalidad de oficio por parte de los magistrados, en el caso, se ha pasado por alto que la apuntada doctrina jurisprudencial prevé que tal actuación procede en el marco de un caso, causa o controversia judicial, cuando no exista otra posibilidad de resolver adecuadamente el pleito y en tanto la repugnancia de la norma o acto cuestionado, respecto de la cláusula constitucional comprometida, resultare indudable y la incompatibilidad inconciliable (Fallos: 324:3219 y 327:3117) ya que la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal -ya sea a petición de parte y mucho más ex officio- es una medida de extrema gravedad institucional, al punto de constituir la ultima ratio del ordenamiento jurídico (cf. mi voto in re: "Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales' en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ daños y perjuicios [excepto responsabilidad médica]'", expte. nº 5427/07, sentencia de fecha 12 de marzo de 2008).

Lo cierto es que los jueces de la Cámara de Apelaciones procedieron a declarar la inconstitucionalidad del art. 45, CC, última parte, no sólo sin demostrar que aquella sorpresiva y precipitada decisión fuera la única forma posible de dar respuesta a los agravios que se le habían planteado a través del recurso del Fiscal que habilitó su intervención en el proceso sino, además, en abstracto, esto es, mediante un pronunciamiento inconducente, con valor exclusivamente declamatorio.

En efecto, tras afirmar que la jueza de la causa "debió referirse a la exigencia del art. 45, CC, último párrafo -según ley nº 2461- al momento de conceder la suspensión del proceso a prueba" (foja 59), los jueces decidieron analizar la validez constitucional de esa regla por los efectos que hubiese podido generar, ad eventum, en cabeza del imputado de haber sido aplicada al caso, cosa que, como se viera, no ocurrió.

Así las cosas, la incorporación de oficio por parte de la Cámara de la consideración sobre la constitucionalidad de la regulación en cuestión a partir de un escenario hipotético, contrario al que se había desarrollado en el caso, conlleva un exceso de jurisdicción que desorbita la función judicial e importa, en los hechos, prejuzgamiento.

Resta señalar que aún en el único supuesto expresamente contemplado en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que específicamente asigna a este Estrado conocer en las acciones promovidas para el control de constitucionalidad en abstracto, se exige la sustanciación de un proceso respetuoso de los intereses de las partes para que, luego de tramitado y con intervención obligatoria del Ministerio Público, permita a este Tribunal actuar en el caso de una sentencia estimatoria de la articulación de inconstitucionalidad, como legislador negativo expulsando el precepto del ordenamiento, salvo insistencia respecto de la validez de la regla local de alcance general por parte de la Legislatura (art. 113, inc. 2).

4. Por lo expuesto, adhiero al voto de la señora jueza de trámite, doctora Alicia E.

C. Ruiz, y entiendo que corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad interpuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal y revocar el punto II de la resolución de la Sala I que declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45, CC, incorporado por la ley nº 2641.

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero a los votos de mis colegas, doctores Alicia E. C. Ruiz y José Osvaldo Casás.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La sentencia contra la que se dirige el recurso de inconstitucionalidad cuya procedencia defiende la queja bajo estudio no es la definitiva en los términos del art. 27 de la ley nº 402, pero debe ser equiparada a tal.

Esa equiparación encuentra apoyo en que, si no se pronuncia en esta oportunidad, este Tribunal se vería impedido de expedirse con relación a los agravios planteados por el recurrente, los que, conforme se desarrolla más abajo, son de aquellos capaces de habilitar esta vía extraordinaria establecida en el art. 113, inc. 3 de la CCBA.

2. El recurrente sostiene que la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas se pronunció en forma extra petita al declarar, de oficio, la inconstitucionalidad del art. 45, in fine, de la ley nº 1472 (texto según ley nº 2641, que en lo que aquí importa no ha sido modificado por la ley nº 3515, texto actualmente vigente), lo que constituye un exceso jurisdiccional porque importa una declaración en abstracto de invalidez de una ley, que afecta el principio de división de poderes (arts. 1, 5, 121, 129 y 75, inc. 12 de la CN), invade atribuciones propias de este Tribunal (art. 113, inc. 2 de la CCBA) y altera el sistema contradictorio que rige en los procesos contravencionales en la Ciudad.

A su turno, la Cámara, para declarar esa inconstitucionalidad de oficio, sostuvo que la norma en cuestión vulnera el principio de inocencia y la garantía de juicio previo (art. 18, CN y 10 CCBA), interpretación que fue resistida por el recurrente.

Esas cuestiones ponen en juego la inteligencia de las normas constitucionales enunciadas por lo que configuran supuestos capaces de habilitar la competencia que el art. 113, inc. 3 de la CCBA otorga a este Estrado.

Conforme ya lo he manifestado, una vez habilitada esa competencia, este Tribunal tiene la posibilidad de establecer la correcta interpretación de las normas, en el caso locales, que dieron lugar a ese planteo (cfr. "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Verseckas, Emilia María c/ GCBA s/ daños y perjuicios [excepto resp. Médica]'" expte. n° 3260/04, sentencia del 16/3/2005).

Para establecer la inteligencia de las normas cuya interpretación le corresponde, los tribunales no se encuentran limitados por los argumentos de las partes ni por los que surjan de las sentencias de las instancias anteriores (mutatis mutandi Fallos 308:647; 310:727; 316:2636).

3. La parte del art. 45 mencionado que se encuentra en juego es aquella que prevé "[l]a suspensión del proceso a prueba no obstará a que en los casos previstos en los artículos 111, 112, 113 y 114 del Título IV, Capítulo III de este Código el Juez Contravencional notifique al Poder Ejecutivo para que se adopten las medidas, administrativas previstas en el Título Undécimo del Código de Tránsito y Transporte, que resultarían aplicables en el caso que recayera condena".

La Cámara argumentó que si bien la quita de puntos en sí no parecería constituir una sanción, las consecuencias que se derivan de que un conductor llegue a cero puntos (vgr. inhabilitación temporal, art. 11.1.8 del Código de Tránsito) configuran una pena, pues son manifestaciones de la coerción estatal que importan privación de derechos.

En ese contexto, el a quo entendió que la comunicación establecida en el art. 45 vulnera el principio de inocencia y la garantía de juicio previo sin importar si se realiza en el momento en que se concede la suspensión de juicio a prueba o cuando se la revoque o se declare la extinción de la acción.

En cualquier caso, ello implicaría una pena sin una decisión judicial previa y ello afectaría los preceptos constitucionales mencionados.

4. Con todo acierto la Cámara a quo observa la modalidad que el texto legal elige para imponer o contribuir a la imposición de una pena de inhabilitación a quien no ha sido declarado judicialmente merecedor de ella.

Una interpretación de la ley que coloque a una persona en situación de sufrir una pena sin mediar examen judicial de su conducta, sino un supuesto consentimiento, que no consiste más que en la resignación a no ejercer su defensa para esquivar sanciones cuya probabilidad aprecia como más grave que el riesgo de verse privado en un futuro de la licencia para conducir, pone a este precepto en pugna con el modo sumamente restrictivo con que el legislador, en resguardo de garantías constitucionales, ha admitido algún efecto al consentimiento del sancionado.

En este sentido, aún cuando se trata de un instituto que ha sido objeto de críticas, resulta ilustrativo que el legislador haya admitido el juicio abreviado y no el allanamiento en los procesos de tipo penal. En el pago voluntario de una multa puede verse el otro extremo; pero, ciertamente, está limitado legislativamente a sanciones que recaen sobre bienes disponibles por su dueño.

La interpretación del art. 45 citado más apegada a su letra y prescindente del contexto normativo, en particular el constitucional, obraría como antecedente de la sanción de inhabilitación no una decisión judicial sino una aceptación que el sancionado presta bajo la presión de arriesgar consecuencias que estima mayores y en condiciones en que ese consentimiento no es estrictamente a la inhabilitación sino al riesgo de padecerla en el futuro si se reúnen situaciones cuya ocurrencia no está verdaderamente en posición de prever.

5. En lo que ahora importa, el art. 11.1.3 del Código de Tránsito establece:

11.1.3 Descuento de puntos.

A los conductores se les descuentan puntos de acuerdo a la escala establecida en el artículo 11.1.4 del presente Código al momento de recaer sobre ellos decisión definitiva en sede administrativa por infracciones a las normas de tránsito.

El Controlador Administrativo debe incluir en la resolución los puntos a descontar.

Cuando la decisión definitiva en sede administrativa implique la pérdida total de puntos, el conductor puede solicitar la revisión ante la Justicia Contravencional y de Faltas, la que tendrá efecto suspensivo.

En los casos de contravenciones cuyas conductas son previstas para la pérdida de puntos, que hayan sido remitidas a la Justicia Contravencional y de Faltas las sentencias serán comunicadas a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, a los efectos de que se proceda al correspondiente descuento de puntos, según lo establecido en el Artículo 11.1.4 del presente Código.

En caso de que la sentencia de calificación de conducta sea apelada por el contraventor, una vez firme en sede judicial, deberá notificarse a la Unidad Administrativa de Control de Faltas interviniente la sentencia final recaida, a fin de adecuar los actos administrativos a lo que en definitiva se resuelva.

De la normativa reseñada surge, sin lugar a dudas, que el legislador buscó salvaguardar el derecho a obtener la revisión judicial de las medidas que implican la pérdida de los puntos que posibilitan el mantenimiento de la licencia.

Ciertamente, limita la oportunidad a aquella en que los puntos quedan agotados.

Sin embargo, nada dice acerca del alcance con que la revisión judicial opera; esto es, no establece que solamente la última decisión administrativa puede ser revisada.

Más aún, en tanto las pérdidas de puntos pueden provenir de decisiones administrativas distintas y toda vez que no hay razones para creer que circunscribió la posibilidad de revisarlas a la última, cabe concluir que, en ocasión de ser emitida la que finalmente conlleva la pérdida del derecho a conducir, pueden ser revisadas las asunciones de hecho y de derecho sobre cuya base fueron emitidas todas ellas, incluso en aquellos casos en que la decisión administrativa también haya dado lugar a una sanción de multa no cuestionada judicialmente.

Igual mecanismo cabe en el supuesto del pago voluntario cuando es acompañado de pérdida de puntos. En cambio, cuando los puntos quedan retirados con apoyo en una decisión judicial, en lo que aquella ha pasado en calidad de cosa juzgada no admite revisión.

Esto no es más que aplicar las reglas de la cosa juzgada, por un lado, remitir el control judicial de las decisiones administrativas a la oportunidad en que provocan un perjuicio concreto, por otro lado, y, finalmente, dar al pago voluntario el mismo efecto que tenía hasta la introducción del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores, generalmente denominado "scoring".

Es decir que en los casos en que se disponga la pérdida de puntos en virtud de una decisión dictada en sede administrativa a propósito de una conducta que no constituya una contravención, incluso cuando el presunto infractor haya realizado un pago voluntario (art. 17, ley nº 451), la revisión de esas quitas quedará supeditada a que ella sea una de las acumuladas para dejar al conductor con cero puntos.

Por su parte, si la conducta constituye también una contravención, como principio, habrá que estar a lo dispuesto en el tercer párrafo y la posibilidad de que opere la quita de puntos por esa conducta estará supeditada a la decisión judicial a la que se arribe en el proceso contravencional.

Cuando al regular el instituto de la suspensión de proceso a prueba el art. 45 del Código Contravencional prevé, en lo que ahora importa, que la autoridad administrativa dispone la quita de puntos que correspondería en caso de que recayera condena, no hace otra cosa que limitar las posibilidades de dicha suspensión con un criterio acorde al anterior.

Si quedan reunidos los requisitos que permiten suspender el proceso a condición de que quien se defiende en él asuma ciertas cargas, el legislador ha querido dejar a salvo el scoring.

La manera en que lo ha hecho, interpretado el texto de un modo armónico con el ya avanzado a propósito del párrafo tercero del art. 11.1.3 y de la modalidad de pago voluntario de las multas, es evitar que los puntos puedan quedar condonados por la vía de la suspensión, sin que por ello quepa entender que quedan automáticamente impuestos.

Simplemente, a la hora en que el perjuicio se torne concreto, esto es, cuando se pierda el último punto, quedará abierta la posibilidad de requerir el examen judicial de la cuestión que, por hipótesis, no habrá quedado cerrada por una decisión de naturaleza jurisdiccional.

Ello lleva a que en caso de que la suspensión de juicio a prueba sea revocada, deba estarse a los resultas de la decisión judicial. Así, en caso de que se absuelva al imputado la quita de puntos dispuesta con sustento en la hipotética realización de esa conducta, no podrá ser utilizada para dejar con puntaje cero al conductor.

En caso de que ello ocurra, esa sentencia podrá ser aprovechada por el administrado para atacar el acto del Controlador de Faltas que disponga la quita total de puntos.

A su vez, si es revocada la suspensión y se arriba a una sentencia de condena, la quita de puntos dispuesta al momento de la suspensión de juicio a prueba no podrá ser objeto de una revisión judicial posterior (en caso de que se llegue a una quita total y sin perjuicio de que sí sean revisadas las quitas que no encontraron apoyo en decisiones pasadas en autoridad de cosa juzgada).

Por último, si el proceso judicial finaliza en virtud de que el imputado ha dado acabado cumplimiento a las pautas establecidas en la suspensión, éste preservará la posibilidad de requerir el control judicial en los términos del tercer párrafo del art. 11.1.3, o sea, en caso de que el puntaje del conductor llegue a cero.

6. Con el alcance dado a las normas citadas quedan salvados los serios reparos que contra levantó el a quo contra el art. 45, CC, sin que pueda decirse que la solución proviene del arbitrio judicial. Asimismo, se salva la voluntad legislativa.

Esta solución torna abstracto el agravio de la recurrente, ya que no existe pronunciamiento judicial que declare la inconstitucionalidad de la norma.

Al hipotético reparo consistente en suponer que resolver conforme se lo requería el asunto relativo a la declaración sua sponte de la inconstitucionalidad habría tornado innecesario interpretar la ley cabe responder que, si ése hubiera sido el criterio -cosa que, ante la prescripción del art. 14 de la CCBA y tratándose de una norma local, no puede darse por supuesto- la sentencia habría sido revocada, pero, de ello no se habría derivado el mantenimiento de la interpretación a tenor de la cual la invalidez fue declarada.

Contrariamente, habría sido necesario revisar dicha interpretación, que es lo que aquí propongo, con el resultado de eliminar la otra cuestión.

7. En cuanto al momento en que debe realizarse la notificación prevista en el art. 45, tanto la letra de la norma como el sistema de scoring establecido brindan argumentos que dan apoyo para concluir que esa notificación debe ser realizada en el momento en que es concedida la suspensión de juicio a prueba.

El artículo en cuestión dispone que la notificación se realiza para ".que se adopten las medidas administrativas previstas en el Título Undécimo del Código de Tránsito y Transporte, que resultarían aplicables en el caso que recayera condena" (el subrayado me pertenece).

Las partes resaltadas denotan que la norma prevé que en los casos de suspensión de juicio a prueba se debe realizar la quita de puntos que corresponda, asumiendo, en forma preliminar, que existe responsabilidad del imputado.

Resulta razonable que el legislador presuponga que las condiciones allí estipuladas serán debidamente cumplidas y que disponga, en esa instancia, la quita de puntos, pues en ese caso no habrá una decisión judicial sobre la cuestión y la quita de puntos tendrá como base, al igual que en los supuestos de conductas que configuran faltas y no contravenciones, solamente una decisión administrativa. Esa aplicación inmediata, además, es coherente con el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores, ya que poseer una valoración sin dilaciones, al acercar la sanción a la conducta sancionada, brinda mayor efectividad al sistema que pretende corregir a los conductores que no se apegan a las normas de tránsito.

Por lo demás, la diferencia con el supuesto contemplado en los párrafos tercero y cuarto del art. 11.1.3 (procesos que llegan a sentencia) se justifica porque en esos casos la cuestión se encuentra a la espera de una decisión judicial.

Ello brinda razones para que la norma prevea que cuando la decisión sobre la calificación de la conducta queda firme sea comunicada a la Unidad Administrativa de Control de Faltas. Nada impedía al legislador optar por una solución similar para los casos en que una suspensión de juicio a prueba fuera revocada y el proceso concluyera con una absolución, y requerir allí la notificación a la Administración para que adecue la puntuación del imputado.

Empero, no es función de los jueces establecer si la solución adoptada por el legislador es la mejor posible, y no se ha mostrado que la opción legislativa contravenga normas de rango constitucional, toda vez que, como se explicó, en todos los supuestos el administrado tiene garantizado su derecho de acceder a la justicia y solicitar una revisión plena, en los casos en que esa quita de puntos se traduzca en una afectación real sobre su esfera de derechos, en el caso, la posibilidad de conducir un automóvil.

No se me escapa que existe la posibilidad, aunque remota, de que se realice una suspensión de proceso a prueba y que ello tenga como consecuencia la quita de los últimos puntos de un conductor. Allí deberá respetarse la posibilidad de requerir la revisión de todas las quitas que sólo tengan apoyo en una decisión administrativa, incluida la última surgida de la suspensión del proceso a prueba.

Por otro lado, deberá custodiarse la competencia del juez que atienda en la causa suspendida a prueba, remitiendo a él el control del acto que dispuso la quita final de puntos.

En caso de que esa revisión sea solicitada y la sentencia que se dicte sea incompatible con una de condena, quedará en manos del imputado la posibilidad de disparar la revocación del beneficio de la suspensión para que se dicte una sentencia en ese proceso.

Por las razones expuestas, voto por admitir la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia de Cámara en cuanto declara la inconstitucionalidad del art. 45 del CC.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de queja interpuesto.

2. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad agregado a fs. 64/68 y, en consecuencia, revocar el punto II de la resolución de la Sala I, de fs. 55/60 que declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45, CC, incorporado por la ley nº 2641.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.