Empleo público, razonabilidad, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Doro, Pablo Santiago c/ Gobierno de la Provincia de Catamarca - Ministerio de Salud s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-06

El actor, a través de la presente acción de amparo, persigue la declaración de nulidad de la Disposición A.P. Nº7 - Nº04/2012 dictada el día 31/01/2012 por el Jefe del Área Programática Nº7, mediante la cual ordena su traslado como médico, desde el Hospital Zonal de Icaño hacia el Hospital de Ancasti.

A fin de fundamentar su reclamo, informa el recurrente que desde hace veinte años se desempeña como médico en el Hospital de Icaño, y que el día primero de febrero del corriente año le notifican la medida dispuesta.

Aduce que el cambio de lugar de trabajo configura un ejercicio abusivo del ius variandi, que le provoca serios perjuicios materiales y morales, dado que el lugar de su residencia es en la localidad de Icaño y el Hospital de Ancasti, lugar al que fue trasladado, se encuentra ubicado a 25 km de dicha localidad, lo que implica que deba recorrer diariamente 50 km., que no existe en el medio transporte público que haga el recorrido en el horario de trabajo, por lo que debería trasladarse en su vehículo particular, ocasionándole ello un gasto mensual significativo en combustible y desgaste del automotor, que la Autoridad Administrativa no ofreció compensar.

El tema de la movilidad que afecta en este caso al recurrente, se relaciona directamente con las condiciones bajo las cuales el trabajador venía prestando sus servicios y que refieren según surge del escrito de la demanda "al donde" de la prestación.

En ese marco habrá que analizarse si el traslado del actor a cumplir funciones a 25 km del lugar en que lo venía haciendo y donde tiene su residencia se encuentra validado en los presente autos, teniendo presente lo sostenido por cierto sector de la doctrina, de que en el ámbito del derecho administrativo el análisis de los límites y de las exigencias impuestas al ejercicio de la potestad variandi son apreciadas con menos rigurosidad que en el ámbito del contrato de trabajo privado, pues la alegación y prueba de la utilidad y la razonabilidad de los cambios se atenúan en cierta forma, como el requisito de indemnidad del agente cuando éste confronte con un interés de la Administración en introducirlos.

En función de ello, debe decirse que la Administración puede ejercer esta facultad legal que no es absoluta ni ilimitada, sino que encuentra sus límites precisos en la razonabilidad, en la imposibilidad de alterar la sustancia del contrato y en la indemnidad del trabajador.

Esta cuestión se relaciona con el uso que se hace de esta facultad legal, pues es por todos conocidos que cuando la Administración hace uso de sus facultades discrecionales como en el caso, la explicación detallada y concreta de las razones que llevan a emitir el acto y disponer la modificación, deben surgir claramente de su enunciado, ya que ella -la motivación- constituye un resguardo frente a la arbitrariedad. El control judicial se impone entonces para revisar si la causa -aquella necesidad de reestructurar el servicio- en verdad existió y si la finalidad -de mejorar la asistencia de la salud de la población- ha sido sincera, ya que éstas han sido las razones que determinaron el traslado.

Se suele afirmar que para que el acto administrativo cumpla con la finalidad del interés publico, se requiere que ese fin sea honesto, verdadero, específico, detallado y concreto.

A su vez, no debe pasar inadvertido que el análisis de esta cuestión involucra un tema complejo como es el de la prueba de los móviles que determinaron el dictado del acto, pues el recurrente sostiene que la falta de mención expresa de los motivos hace pensar que el traslado no tiene por objeto mejorar el servicio como se afirma, sino encubrir una persecución política. Y es que ante semejante aseveración, hubiera correspondido que la Administración de una explicación detallada respecto a lo expresado en la demanda, máxime cuando se la acusa de realizar actos que con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta conculca derechos y garantías constitucionales.

En tal sentido debo apuntar, que habiendo sido notificada de la acción instaurada y vencido el término para evacuar el informe requerido sin presentar éste en tiempo oportuno, se le da por perdido el derecho a contestar.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la acción de amparo interpuesta, ordenando al Director del Hospital Zonal de Icaño y Jefe de Área Programática Nº 7 dejar sin efecto la disposición A.P. Nº 7 - Nº 004/12 que ordenó el traslado del actor y mantener en consecuencia la situación de hecho y de derecho anterior al dictado de la misma.