Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03


EMPRESA 9 DE JULIO S.R.L. contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 193 p 427-438.

En la ciudad de Santa Fe, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil tres, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler con la presidencia del titular, doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "EMPRESA 9 DE JULIO S.R.L. contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 52, año 1994), de conformidad con el acuerdo celebrado el día veintiseis de noviembre del corriente año.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

I.1. La "Empresa 9 de Julio" S.R.L. deduce recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Municipalidad de Rosario a los fines de que se declare la nulidad del decreto 1648/93, por el cual el Intendente declaró la caducidad de la concesión para la explotación de la línea 104 de transporte urbano de pasajeros.

También solicitó la nulidad del decreto 78/94, por el cual se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto en su oportunidad.

Solicita que, a consecuencia de la nulidad que peticiona, se dejen sin efecto los actos mencionados "convirtiendo la caducidad en rescisión o, en caso de no considerarlo procedente la Corte, ordenando se restituya la concesión a su poderdante". Agrega que hace reserva, en cualquiera de ambas hipótesis, a reclamar oportunamente la indemnización de los daños y perjuicios que el obrar antijurídico de la Municipalidad le ha ocasionado.

Relata que la explotación de la línea 104 de transporte automotor de pasajeros le fue adjudicada mediante decreto 1428/92, previo procedimiento licitatorio.

Dice que la línea fue correctamente atendida hasta el momento en que una causal de fuerza mayor, pública y notoria, constituida por una huelga de personal y por el conflicto generado en torno al mismo, imposibilitó la prestación regular del servicio, tanto a ella como a muchas otras de Rosario. Añade que prácticamente todas las empresas concesionarias del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario, tienen declaradas caducas sus respectivas concesiones, habiendo recurrido las mismas.

Señala que desde el principio de la prestación del servicio se plantearon problemas que le ocasionaron graves perjuicios, tales como surge de las diversas notas presentadas a la Municipalidad, las que no merecieron respuesta alguna.

Afirma que el 19.1.1993 presentó un escrito reiterando los planteos expuestos anteriormente, subrayando los inconvenientes y daños patrimoniales "resultantes del tránsito por calles angostas, con pavimentos rotos, árboles sobresalidos, ramas sin podar, estacionamiento autorizado a vehículos de gran porte y dificultades resultantes de los cortes en calles céntricas".

Agrega que "se señalaron también problemas tarifarios, explicando la baja relación pasajero-kilómetro", circunstancia ésta que, según expone, fue reconocida por el subsecretario de servicios públicos y el presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal.

Prosigue diciendo que el 19.2.1993 solicitó un cambio parcial de recorrido de la línea, y que dicha nota fue presentada como consecuencia de una entrevista mantenida con el Secretario de Servicios Públicos, quien le habría sugerido presentar propuestas alternativas que permitieran solucionar los problemas denunciados.

Afirma que el 18.3.1993 presentó un escrito por el cual se pedía formalmente la rescisión del contrato y la indemnización de los perjuicios o, en defecto de ello, la modificación del recorrido.

Aclara que, alternativamente, solicitó la indemnización de los perjuicios emergentes tanto del retraso tarifario y la consecuente ruptura de la ecuación económico- financiera.

Continúa exponiendo que en junio de 1993 estalló un conflicto gremial que paralizó la prestación del servicio de la línea 104; que ese conflicto fue de conocimiento público; y que posteriormente se amplió con intervención sindical y que debió despedir a parte del personal involucrado por no haberse reintegrado al trabajo, no pudiendo reemplazarlo por la actitud sindical manifestada ante la propia autoridad laboral.

Indica que mantuvo conversaciones con el señor subsecretario, y como consecuencia de lo sugerido por éste, presentó la nota. 294 (del 22.6.1993), en la que se ofrecía la rescisión de contrato por común acuerdo "para facilitar al municipio las medidas tendientes a restablecer el servicio".

Asevera que el Intendente, de modo sorpresivo, declaró la caducidad de la concesión, mediante el mencionado decreto 1648/93, por considerar no demostrado el incumplimiento involuntario o inculpable del servicio.

Refiere que una vez declarada la caducidad, encomendó en forma directa la prestación de un servicio de emergencia de la línea 104 a la empresa "20 de junio S.R.L.": le otorgó a esa empresa el recorrido que le había sido negado sistemáticamente a ella y accedió a un pedido de cambio de recorrido idéntico al que había iniciado en su momento.

Añade que en este caso la Administración actuó con "inusual premura", actitud contraria a la que había descripto durante el lapso en que ella fue la concesionaria.

Aduce que la Municipalidad nunca puso en tela de juicio la existencia de una huelga, aspecto que no resultaría controvertible por su carácter de público y notorio.

Plantea que los actos impugnados carecen de motivación, porque mediante ellos la Administración se limitó a invocar un dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, pero resolviendo exactamente lo contrario a lo allí aconsejado.

También discrepa con el dictamen que precedió al decreto 78/94, ya que allí se reconoce que existió fuerza mayor, pero con el agregado de que no surgía de las actuaciones ninguna acreditación tendiente a demostrar que ella hubiera sido ajena a los motivos que habían originado dicha fuerza mayor.

Razona que "es obvio que, reconocida la existencia de la causal de fuerza mayor, sería el poder público concedente quien debería en su caso haber demostrado de algún modo que la empresa era responsable del desencadenamiento de la causal, y no la empresa quien debiera demostrar su inocencia en el caso, por elementales principios constitucionales que hacen a la presunción de inocencia".

También acusa irrazonabilidad por desproporción, toda vez que la sanción aplicada es la máxima prevista en el pliego, y no había sido precedida por ninguna otra.

De ello extrae que se ha violado la garantía innominada de la razonabilidad, lo cual se nota aun con mayor nitidez "si se tiene en cuenta que el régimen específico ha previsto otras sanciones, como multas que pueden llegar a ser graves".

En otro orden alega que se ha violado el debido proceso legal, puesto que "no existió sumario previo, ni se siguió el procedimiento previsto en el mismo contrato y en la ordenanza de transporte para estos casos".

Finalmente, refiere a un supuesto de desviación de poder. Reconoce que este vicio es uno de los más difíciles de acreditar; sin embargo, opina que en el presente caso el comportamiento de la Administración permite su alegación. En concreto, afirma que lo que en realidad ella pretendió es privarla de la concesión para otorgarla a otra empresa en forma directa, con el recorrido que la hacía rentable y que antes no se le había admitido.

Postula que ello queda palpablemente demostrado con el análisis de lo acaecido.

Solicita, en suma, se haga lugar al recurso; con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso (foja 27), comparece la demandada a estar a derecho (foja 36) y contesta la demanda (fojas 39/43).

En sustancia, niega que la actora atendiera correctamente la explotación de la línea hasta que la huelga de personal imposibilitara la prestación regular del servicio; que el Secretario de Servicios Públicos sugiriera a la actora presentar propuestas alternativas que permitieran solucionar la situación; que ella hubiera ofrecido la rescisión del contrato de común acuerdo.

En otro orden, dice que no le consta que en junio de 1993 estallara un conflicto gremial que presuntamente paralizara la prestación del servicio de la línea 104, y mucho menos que ello fuera un hecho público y notorio; tampoco que la actora debiera despedir a parte del personal involucrado en el presunto conflicto gremial, y que no pudiera reemplazarlo.

Afirma que la caducidad no fue declarada sorpresivamente, sino previo procedimiento administrativo; y que la sola alegación de una fuerza mayor ya implica tener por probado el incumplimiento contractual.

También, que no hubo ningún "colapso" en el transporte público de pasajeros, tal como fue denunciado en la demanda.

Postula que si la empresa hubiera seguido el trámite normado por la ley nacional 14.786 y por el decreto 2184/90, el conflicto seguramente se habría evitado o, en el peor de los casos, habría perdurado por muy poco tiempo.

De ello colige que la negligencia de la actora en el manejo de la crisis laboral es únicamente imputable a ella, y que "no puede tolerarse que la incapacidad empresaria pueda ahora endilgarse a mi parte, y que una huelga de personal pueda considerarse 'fuerza mayor' suficiente para eximir de responsabilidad a un incumplidor de un contrato de concesión" (foja 41).

Con cita de doctrina, apunta que la huelga, en principio, no es un caso fortuito, pero que puede llegar a serlo cuando reúne todos los caracteres de tal, es decir cuando cierre al deudor toda perspectiva de cumplimiento; como así también que "sólo la huelga ilegal puede constituir caso fortuito, la huelga declarada legal prueba que la actitud de resistencia del empleador ha sido irrazonable, y no puede servir para eximirlo de responsabilidad frente a terceros con quienes hubiere contratado".

De allí que afirma que como la actora no ha probado y menos acreditado que la huelga que invoca haya sido declarada ilegal, la eximente esgrimida no puede prosperar.

Indica que no mejora la posición de la actora el hecho de que, una vez declarada la caducidad de la concesión, el servicio de la línea 104 hubiese sido autorizado con carácter precario y de emergencia a otra empresa y que luego se hubiera efectuado un cambio de recorrido, por cuanto ambas facultades surgen tanto de la ley 2756 como de la ordenanza 3946/85.

Agrega que no son hechos que deban ser tenidos en cuenta en la presente litis, en la que el Tribunal -dice- debe limitarse a examinar la conducta de la concesionaria desde que le fue otorgada la concesión y hasta el momento de la caducidad dispuesta.

Con este argumento rechaza el planteo de desviación de poder.

Alega que no puede prosperar el reproche de irrazonabilidad por desproporción, pues la sanción aplicada se encuentra claramente prevista en los artículos 65, 74, 75 y concordantes de la ordenanza nro. 3946/85, y la actora incumpliente encuadró en dicha normativa.

Solicita, en suma, el rechazo del recurso, con costas.

3. Abierta la causa a prueba (f. 44) y producida la que consta en autos, informan las partes sobre su mérito (fs. 117/118 y 119/123). Dictada (f. 124) y consentida la providencia de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

II. La demandada desliza, a foja 40 vto., un planteo que tiene que ver con la admisibilidad del recurso: concretamente alude a que en el caso se podría ver violentada la congruencia entre el procedimiento administrativo y la demanda judicial, por cuanto la recurrente no habría logrado probar en su oportunidad la configuración de la fuerza mayor invocada.

Este planteo no puede prosperar, ya que los requisitos de la instancia revisora se satisfacen con la congruencia que debe verificarse entre las pretensiones propuestas en el trámite administrativo y las ejercidas en la demanda judicial, independientemente del éxito que pueda haber tenido la actividad probatoria intentada en aquella sede.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco y Netri, coincidieron con lo expuesto por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:

1. Estimo que debe hacerse una aclaración previa.

Tal como se ha visto, la recurrente alude en su demanda a una serie de situaciones que habrían incidido negativamente en la explotación del servicio. Menciona, en concreto, que el pavimento se encontraba en mal estado; que existían árboles que invadían la calle (lo cual entorpecía la circulación y provocaba deterioros en los coches); que el recorrido que tenía asignado arrojaba un resultado económico deficitario; y, en fin, refiere al conflicto laboral y gremial que habría tenido lugar en el mes de junio de 1993.

Ante la proposición de tan disímiles aspectos fácticos, debe dejarse aclarado que la dilucidación de la presente litis pasa por el análisis de las razones en que se fundó el decreto 1648/93 (de caducidad), es decir, en las razones que habrían podido -o no- justificar el cese del servicio a cargo de la actora en el mes de junio de 1993.

Y esas razones, de conformidad a las constancias de autos, se vinculan de modo excluyente, con el paro de personal de la actora.

Ello, desde luego, no implica que los planteos vinculados a los demás inconvenientes en la prestación del servicio no sean tenidos en cuenta por el Tribunal como sustento argumental de los agravios postulados en la demanda -en especial, como apoyo del vicio de desviación de poder-.

2. Por una razón de orden lógico, corresponde analizar en primer término el planteo referido a la violación del debido proceso. Afirma la actora que "no se le dio la posibilidad de defenderse, pues no existió sumario previo ni se siguió el procedimiento previsto en el mismo contrato y en la ordenanza de transporte para estos casos" (foja 15 vto.).

Este agravio no puede ser acogido.

En efecto: la ordenanza 3946/85 -reglamentaria de la explotación del servicio de transporte urbano de pasajeros- exige como paso previo al dictado de la caducidad sólo una "previa intimación por escrito" (artículo 75). Surge de las constancias administrativas que dicha diligencia fue satisfecha en el caso mediante telefonograma nro. 1621, del 10.6.1993 (f. 72, expte. adm. nro. 1542/93 y sus agregados).

A ello debe agregarse que el contrato de concesión suscripto entre la actora y la Administración no contiene ninguna cláusula que establezca excepciones a la disposición mencionada (v. copia del contrato a f. 48 de las actuaciones administrativas citadas).

Este agravio, pues, debe ser desechado.

3. En otro orden, la recurrente aduce que los actos impugnados carecen de motivación suficiente. Afirma, en concreto que el decreto 1648/93 se limitó a invocar un dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y que "no basta que en un caso como éste la Administración se remita a un dictamen, particularmente cuando se aparta de lo aconsejado en el mismo, sino que debe decir, concretamente, en qué han consistido las causales que pueden justificar la caducidad, y cómo y por qué considera que se han cumplido los requisitos necesarios para aplicar tamaña sanción, la más grave en el marco del contrato de concesión de servicios públicos de que se trata...".

Se adelanta que este planteo no puede prosperar.

Este Tribunal ha señalado reiteradamente que la motivación es exigencia propia de los actos administrativos que restringen la esfera jurídica de los particulares (criterio de "Villar", A. y S. T. 84, pág 362; "Troane", T. 97, pág. 49; "Moyano", T. 96, pág. 133; más recientemente, "Nahass", A. y S. T. 184, pág. 99; entre otros), vinculando la cuestión de su exigencia, incluso, al artículo 95 de la Constitución local.

Sin embargo, advirtiendo los matices que puede presentar este elemento del acto administrativo, ha admitido que el análisis de la motivación de los actos administrativos -fundamentalmente a los fines de precisar su alcance en cuanto vicio invalidante de los mismos- debe ser efectuado necesariamente en una estricta vinculación con las circunstancias que caracterizan a cada caso en particular, y, fundamentalmente, con el procedimiento administrativo en el que el acto se halla engarzado.

Ése ha sido, evidentemente, el criterio adoptado por este Tribunal en el precedente "Carvallo" (de A. y S. T. 155, pág. 431), en el que rechazó el vicio de falta de motivación dirigido contra un acto cuyos considerandos estaban redactados en términos verdaderamente genéricos, dado que si se analizaba el procedimiento que había precedido a su dictado, era posible concluir que el recurrente, en definitiva, había podido conocer "cuáles eran las irregularidades que se le imputaban y los fundamentos de las mismas".

También, el que subyace en la resolución del caso "Nahass" (citado) en el que la Corte indicó que el análisis de la motivación del acto allí impugnado no podría ser efectuado sin vinculación a las condiciones en que el recurrente había accedido a la situación escalafonaria que se dejaba sin efecto.

En el presente caso, si bien es cierto que los "considerandos" del decreto 1648/93 están constituidos casi en su totalidad por una transcripción del dictamen previamente emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, también lo es que de su lectura resulta posible conocer las razones que sustentan la caducidad dispuesta -más allá de la discrepancia que respecto de ellas plantea la actora, aspecto que se vincula con el debate respecto del elemento "causa", lo que se analizará más adelante-.

En efecto: se indica en los considerandos del decreto que la concesionaria no demostró que hubiera sido "ajena a los motivos que habían originado la invocada causa mayor (sic) derivada de una situación laboral, cuyo concreto planteamiento, alcances, circunstancias y documentación no son de conocimiento del suscripto".

Además, este acto presenta la particularidad de que también en su parte resolutiva hay elementos que coadyuvan a sustentar la decisión: me refiero a la mención de los artículos 75, incisos 4, 9, 16 y 20, y concordantes de la ordenanza 3946/85 y a la expresión consistente en que, a criterio del Intendente, "no (está) demostrado el incumplimiento involuntario o inculpable del servicio", ambas expuestas en el artículo 1, última parte.

Y si bien es cierto que el organismo asesor aconsejó elevar al Ejecutivo el ofrecimiento presentado por la actora el 24.6.1993, también lo es que ningún elemento de la causa indica que aquella presentación vinculara al Intendente, quien debía considerarla y sólo "eventualmente" tratarla con la concesionaria, como lo dice el dictamen en términos expresos.

No debe perderse de vista que la actora no logró probar la realización de la reunión en la que las autoridades municipales hubieran estado de acuerdo con que el contrato debería rescindirse en el modo en que lo propuso la empresa en aquella oportunidad.

En tales condiciones, la decisión de disponer la caducidad de la concesión por culpa de la empresa -tal como en definitiva fue resuelto- no puede sino ser interpretada como un tácito rechazo a la propuesta de la recurrente.

No se registra, pues, un apartamiento de parte del Intendente a lo aconsejado por el órgano asesor, tal como se denuncia la actora al demandar.

En definitiva: más allá del mayor o menor grado de acierto de la técnica de redacción escogida por la Administración en el caso, no se observa que el decreto 1648/93 resulte en verdad infundado.

Y tampoco podría afirmarse que carece de motivación el decreto 78/94 -ello, más allá de la incidencia que la efectiva configuración de dicho vicio podría tener respecto de la suerte del recurso-, por cuanto este acto indica en sus considerandos que "no surgió de las actuaciones ninguna acreditación tendiente a demostrar que la concesionaria sea ajena a los motivos que habían originado la causa mayor" (considerando primero); máxime en el caso, en el que la actora, al deducir la reconsideración ofreció pruebas que consideró expresamente "innecesarias ... por el carácter público y notorio de los hechos relatados" (f. 99, actuaciones administrativas).

Como se observa, el acto expone con suficiente claridad las razones en que se sustenta, las que -puede agregarse- son similares a las aducidas por la Administración en el acto de caducidad.

Queda, pues, desechado el planteo analizado.

4. Corresponde ingresar al fondo de la cuestión.

a. Ante todo, se debe abordar la cuestión de la concreta ocurrencia de una huelga del personal de la actora, aspecto sobre el cual ésta funda su argumentación sustancial.

Contrariamente a lo afirmado por la actora en su demanda, no es cierto que la Administración "nunca puso en tela de juicio la existencia de una huelga" (foja 13), ya que ésta afirmó en sede administrativa que no le constaba "el concreto planteamiento, alcances, circunstancias y documentación" relativa a "la situación laboral" aducida por la concesionaria (decreto 1648/93); y, al contestar la demanda, nuevamente negó "por no constarle, que en junio de 1993 estallara un conflicto gremial que presuntamente paralizara la prestación del servicio de la línea 104", y que ello fuera "público y notorio" (foja 39 vto.).

Corresponde, pues, determinar si se ha probado la efectiva ocurrencia de la medida de fuerza mencionada.

Se comenzará por un repaso de las actuaciones administrativas.

El expediente 1542/93 contiene actuaciones vinculadas exclusivamente con los pedidos de la actora vinculados a los problemas del diseño del recorrido y del estado de las calles; el expediente 6832/93 consiste en una reiteración de los pedidos anteriores.

El expediente 22.522/93 no contiene ninguna información de interés para el punto: un pedido de pronto despacho, algunos proveídos de trámite y una copia del decreto 1648/93.

El expediente 17.309/93 sí guarda relación con el aspecto ahora analizado; sin embargo, las únicas constancias que aluden al paro son la carta documento dirigida por la actora en contestación a la intimación de la Administración (mencionada; f. 73, numeración corrida) y la propuesta de rescisión por mutuo acuerdo presentada por la empresa el 24.6.1993 (f. 67).

Lo mismo puede predicarse de los expedientes 26.337/93 y 28.812/93. Mediante la actuación mencionada en primer término, se tramitó el recurso de reconsideración deducido por la actora, y la única oportunidad en la que se alude a la supuesta medida de fuerza es el propio escrito recursivo (fs. 95/101). Mediante el segundo de los expedientes mencionados, la actora reiteró su impugnación, y no obra en dichas actuaciones ninguna otra constancia de interés más que el propio escrito por ella presentada.

Por su parte, en el expediente 35.091/93, la recurrente dedujo pronto despacho ante el Intendente (f. 133), y ninguna las constancias que allí se adjuntan refieren a la ocurrencia de paro alguno. Aclaro que la copia de la resolución 50 del Subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación (del 21.4.1993) que se adjunta a foja 137/139 no alcanza para convencer acerca del punto examinado.

Lo único que podría mencionarse al respecto es que en dicho acto la autoridad nacional alude al acaecimiento de "conflicto" entre la Unión Tranviarios Automotor y la Cámara Empresaria Transporte Urbano de Pasajeros y la Asociación Interprovincial Transporte Automotor de Pasajeros - considerando 1-, afirmación que dista mucho, desde luego, de referir a la adopción de una concreta medida de fuerza de los obreros de una empresa en particular que habría tenido lugar más de un mes y medio después de la fecha de dicho acto.

Finalmente, se menciona que el expediente 3240/94 refiere con exclusividad a la cuestión del cambio de recorrido de la línea; y el expediente 3162/94 refiere a un pedido de pronto despacho deducido por la empresa el 2.2.194.

Lo hasta aquí expuesto permite verificar que, en las actuaciones administrativas, las únicas constancias que hacen referencia a que los trabajadores de la línea 104 habrían llevado adelante un paro de actividades, son las presentaciones efectuadas por la concesionaria, las que -tal como se vio- no cuentan con ningún sustento probatorio.

Y si bien es cierto que en la nota presentada por la empresa el 22.6.1993, ésta hace alusión a que habría mantenido una reunión con el Subsecretario de Servicios Públicos en la que se habría abordado el tema de la medida de fuerza, debe señalarse que la actora - tal como se dijo antes- no pudo probar en autos la concreta realización de esa reunión.

En cuanto a las pruebas que se produjeron en la causa judicial, se anticipa que no mejoran la suerte de la actora.

Entre ellas, merece especial atención el informe producido por la Unión Tranviarios Automotor, en el cual expone que en el mes de junio de 1993 "tuvo lugar un conflicto gremial que afectó a las líneas del transporte urbano de pasajeros de esta ciudad 103 y 104, motivada por una controversia salarial relativa al pago de un adicional denominado 'quebranto' de caja...." (foja 106; el subrayado no corresponde al original).

En mi opinión, esta constancia tampoco alcanza para entender corroborada la razón alegada por la empresa para eximirse de responsabilidad contractual. En efecto: la frase "conflicto gremial", de hecho, puede interpretarse de muy diferentes maneras; tal vez en su acepción más fuerte podría llegar a equiparársela a un paro de personal.

Pero para poder considerar configurada dicha posibilidad, con el grado de convicción que exigen las circunstancias de autos, resulta necesario que se reúnan elementos de prueba adicionales que, en su caso, permitan corroborar esa interpretación.

Y es aquí adonde la postura de la actora adolece de una notoria deficiencia.

Así, por ejemplo, el informe que se solicitó al Director General de Transporte, a los fines de que se indique si se produjo "un conflicto gremial que paralizó, entre otras, la prestación del servicio de la línea 104" (foja 51 vto.) no arroja datos de trascendencia, toda vez que la autoridad oficiada se limitó a adjuntar una fotocopia del telefonograma enviado a la recurrente y de su respectiva contestación (fs. 3 vto./5 del cuadernillo de la contestación al oficio nro. 1468).

Por su parte, los dichos del testigo Panozzo no resultan precisos sobre el punto, ya que en contestación a la pregunta de si "en junio de 1993 se produjo un conflicto gremial que paralizó el funcionamiento de líneas de transporte en Rosario" (foja 52), dijo que "lo recordaba", aunque "no con exactitud" (foja 98), agregando que "el tema de la rescisión del contrato de esta empresa era porque no estaba prestando el servicio; si mal no recuerdo, todas las empresas habían resuelto el 'problema gremial', y la empresa '9 de julio' era una de las únicas que no había resuelto el problema de la falta del servicio..." (f. 98 vto.).

Tampoco tiene sustento la alegación de que las razones que originaron la medida de fuerza hubieran sido "públicas y notorias", como lo dice la recurrente.

En este sentido, los artículos periodísticos producidos como prueba en la causa tampoco le otorgan suficiente sustento a las afirmaciones de la actora. En efecto: los de fojas 79/83 deben ser desechadas por el solo hecho de referir a noticias publicadas con posterioridad al dictado del acto de caducidad -ello, más allá de que los artículos agregados a fojas 79, 80 y 81 no guardan relación con lo debatido en la causa, por cuanto refieren al ingreso de coches de transporte de pasajeros a localidades aledañas a Rosario- . Por su parte, la noticia agregada a foja 83 no refiere en modo alguno a la cuestión del paro de choferes -sí alude a la quiebra de las líneas 105 y 106 y al reclamo de los concesionarios por una suba de la tarifa-; tampoco el de foja 84 -referido a la constitución de una comisión de concejales para estudiar el sistema de transportes de la ciudad-; ni el de foja 85, que alude a una serie de problemas por los cuales estaría atravesando el sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario en el mes de julio de 1993, entre los cuales no se menciona a ninguna medida de fuerza.

A lo expuesto se agrega que la actora siquiera ha intentado la prueba de ciertos hechos que expone en la demanda, los cuales -en su caso- podrían haber sido tenidos en cuenta en el análisis del punto que se viene tratando.

Así, por ejemplo el hecho consistente en que "había radicado la cuestión donde correspondía: ante la autoridad administrativa laboral, quien debía resolver" (foja 13 vto.); el referido a que "el propio Intendente llamó a determinadas partes para tratar de imponer determinadas soluciones al conflicto" (f. 14 vto.); el consistente en que "debió despedir a parte del personal involucrado por no haberse reintegrado al trabajo, no pudiendo reemplazarlo por la actitud sindical manifestada ante la propia autoridad laboral" (f. 10 vto.); o en que previamente "había procedido a intimar al personal que no prestaba servicio de modo ilegal a reintegrarse a sus tareas" (f. 11).

De la sola lectura del ofrecimiento de pruebas respectivo (foja 51), surge que no ha ofrecido, por ejemplo, prueba documental que, en su caso, permita corroborar las gestiones laborales que dice que tuvo que llevar a cabo respecto de sus empleados, ni tampoco las actuaciones que se habrían llevado por ante la autoridad de policía del trabajo.

Conclusión de lo expuesto es que las afirmaciones de la recurrente, vinculadas a que habría habido un paro de personal que le habría impedido prestar el servicio de transporte, no se encuentran probadas.

b. Si bien lo expuesto basta para rechazar el recurso interpuesto, corresponde señalar que, aun en el supuesto de que se concluyera que el personal de la actora, en efecto, dispuso una huelga de características tales que le impidieron a aquella prestar el servicio de transporte, igualmente el recurso debería ser desestimado.

Es que una medida de acción directa dispuesta por los empleados de una empresa puede tener origen en muy diversas razones, las cuales, desde un punto de vista teórico, se pueden originar tanto en conductas imputables a la parte patronal como a la parte obrera.

En tales condiciones, sólo una huelga que no hubiera tenido origen en incumplimientos de los deberes propios de la parte patronal podría llegar a computarse, en principio, como eximente de responsabilidad en la prestación del servicio de transporte.

Autorizada doctrina coincide con esta apreciación. Marienhoff, por ejemplo, sostiene que la huelga "puede constituir un caso de fuerza mayor si fuere totalmente exterior o ajena al contratante, es decir, si éste no sólo no dio lugar o no la facilitó, sino además, si efectuó todos los esfuerzos conciliatorios que razonablemente pueden exigírsele; además, debe constituir un impedimento insuperable para el obligado, siendo por esto que la huelga debe tener carácter 'general', abarcando todo un gremio, produciendo en la rama de la respectiva industria una paralización total..." (Marienhoff, Miguel. "Tratado de Derecho Administrativo", Abeledo Perrot, t. III-A, tercera edición actualizada, pág. 366).

Las constancias administrativas dan cuenta de que la propia recurrente comparte este razonamiento, toda vez que, al contestar la intimación dirigida por la Administración el 10.6.1983, alega en su defensa el ocurrimiento de un paro "intempestivo, inconsulto y arbitrario" (carta-documento del 11.10.1993). Como se observa, la terminología utilizada por la recurrente en esa oportunidad permite interpretar que ella misma está afirmando que el paro que -según dice- tuvo lugar, habría sido dispuesto por razones que no tenían que ver con su culpa, y que es, precisamente, esa característica de la medida de fuerza la que le permitiría, en su caso, eximirse de responsabilidad frente a la concedente.

Y, tal como se ha visto, no se ha logrado probar ni en sede administrativa ni en esta judicial, que la huelga de los empleados hubiera tenido las características mencionadas.

En efecto: en sede administrativa ni siquiera intentó ofrecer pruebas que permitan sustentar esas afirmaciones; por el contrario: se limitó a afirmar que la circunstancia que alegaba era suficiente para deslindar "responsabilidad alguna ante el poder concedente" (carta-documento mencionada).

Entiendo que no resulta necesario volver a efectuar un examen de la prueba intentada por la actora, la cual -como se ha visto- resulta manifiestamente insuficiente para probar incluso la ocurrencia misma de la medida de fuerza.

5. En otro orden, afirma la actora que la caducidad dispuesta por la Municipalidad constituye una sanción irrazonable por su desproporción, que fue aplicada sin haber estado precedida por sanciones anteriores, previstas en el reglamento.

Basta para desechar este agravio con recordar que el artículo 75 de la ordenanza 3946/85 -norma en la que se funda la caducidad dispuesta en autos- establece las causales de caducidad de las concesiones "sin necesidad de incumplimientos anteriores o infracciones reiteradas".

Por lo demás, a la hora de juzgar la razonabilidad de la medida aplicada, no puede dejar de señalarse que la caducidad fue dispuesta el 20.8.1993 respecto de un servicio que no se prestaba desde el 10.6.1993 -ver informe del Subsecretario de Servicios Públicos de f. 84 de las actuaciones administrativas que se vienen mencionando-; como así también -se insiste- que la recurrente no alcanzó a probar la realización de la reunión en la que se habría concertado con la Municipalidad una rescisión del contrato por mutuo acuerdo.

Queda, pues, desechado el planteo.

6. La recurrente plantea un caso de desviación de poder sobre la base de que "en realidad, lo que se pretendió es privar a la empresa de su concesión para otorgarla a otra en forma directa, con el recorrido que la hacía rentable, y no se le había admitido" a ella (f. 15 vto.).

Se adelanta que este planteo no puede ser acogido, ya que no obran en la causa suficientes elementos que permitan verificar la configuración de este vicio.

La actora no alcanza a precisar qué concreta razón existiría entre los pedidos de cambio de recorrido que había efectuado desde la adjudicación de la concesión y los hechos que, según alega, habrían justificado la cesación del servicio.

Por lo demás, la posibilidad de otorgar autorizaciones precarias de explotación del servicio se encuentra expresamente prevista en el artículo 65, inciso 3, de la ordenanza reglamentaria.

Las razones expuestas son suficientes para desechar el agravio en cuestión; y, con éste, el recurso interpuesto.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco y Netri, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler, y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde rechazar el recurso interpuesto. Las costas se impondrán a la actora (art. 84, ley 4106).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutíérrez y los señores Ministros doctores Falistocco y Netri, dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

Rechazar, con costas, el recurso interpuesto.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)