Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-05-07


N° 593 En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los siete días del mes de mayo del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS y MARÍA LUISA LUCAS como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente:

"GAVIRAGHI, EDUARDO ADOLFO S/ MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS", N° 51.874, año 2002, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 79/86.

C U E S T I O N E S I.- ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de inconstitucionalidad articulado a fs. 79/86 contra la resolución dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad de Resistencia, que obra a fs. 63/68.

Concedido el mencionado remedio y elevada la causa, la misma se radica a fs. 107 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra definitivamente con los suscriptos a fs. 121.

A fs. 110 y vta. emite su dictamen N° 327/03 el Sr. Procurador General; a fs. 114/117 vta. corre agregado memorial potestativo presentado por la demandada, y a fs. 123 se llama autos para sentencia, lo que deja la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- En el análisis de la concurrencia de los extremos que habilitan esta instancia extraordinaria, encuentro reunidos los de anuncio e interposición en término, legitimación para recurrir, la resolución reviste carácter definitivo y el agravio constitucional invocado, de existir, se habría configurado con el fallo de segunda instancia, de modo que su invocación a través del recurso extraordinario deviene oportuno, por lo que corresponde ingresar al examen del remedio en su faz sustancial.

Aduce la parte recurrente que el fallo en crisis incurre en causales de arbitrariedad en cuanto resuelve de manera impropia lo atinente a costas y honorarios profesionales. Respecto del establecimiento de las primeras por su orden, sostiene que la Alzada incurre en un apartamiento incongruente de la solución normativa prevista para el caso, señalando que el principio en la materia es que el vencido debe soportarlas, sin atender a los elementos subjetivos como los referidos por la Cámara:

singularidad del caso y cuestión novedosa. Afirma que si la medida es revocada como consecuencia del recurso deducido contra la resolución que la ordena, deben las costas ser soportadas por el actor vencido en la contienda. Agrega que la decisión debe ser acorde al resultado del litigio y las pretensiones expuestas por las partes.

En ese orden de ideas, expone que debieron ser impuestas a la actora, quien asumió el riesgo de plantear la litis ante un magistrado que, en principio, era incompetente, habiendo su parte opuesto el respectivo planteo.

En abono de su tesis, acota que mediante la medida autosatisfactiva revocada por la Cámara, se había impuesto la recepción compulsiva de los bonos quebracho por parte de quien no tenía derecho a ello, constriñó a su cliente a congelar la situación del crédito y le impidió percibir su integridad en tiempo oportuno.

En la relación a la materia arancelaria, los letrados sustentan que la sentencia adolece o tiene una deficiente fundamentación cuando se regulan sus honorarios en montos que no guardan relación con la adecuada labor llevada a cabo ni con el monto base del proceso, sin considerar diversas pautas establecidas por la Ley Arancelaria al respecto, lo que hace incurrir al decisorio en los vicios de falta o deficiente fundamentación, afirmaciones dogmáticas y apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso y las constancias de la causa, afectándose así los derechos y garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio y justa retribución.

Tras la reseña de los agravios planteados por la recurrente extraordinaria, enderezado a criticar lo decidido sobre la materia causídica, es de señalar ab-initio que tal cuestión, en principio, no justifica la intervención del Alto Cuerpo en una materia en la que por tratarse de la inteligencia de normas de derecho procesal que disciplinan el modo de imposición de las costas, resulta ajena a su instancia extraordinaria.

Así lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Lo atinente al cargo de las costas es por su naturaleza procesal, materia ajena al recurso extraordinario" (Fallos 293:226), siendo dicha regla susceptible de ser excepcionada en base a la doctrina de la arbitrariedad, cuya interpretación es particularmente restrictiva en la materia, doctrina que resulta de aplicación al recurso extraordinario local que está imbuido de iguales principios que el de orden federal (conf. Sent. Nº 243/97, entre muchas otras de esta Sala).

En el sublite, el análisis de los reproches vertidos no persuaden en torno a la existencia de un vicio que merite la descalificación de lo decidido, habida cuenta que los sentenciantes han explicitado, si bien mínimamente, los motivos fundantes de su criterio para imponer las costas en el orden causado, lo que descarta la tacha de arbitrariedad invocada, al aparecer dicha solución como una derivación posible de las normas y principios que rigen la materia.

El desarrollo básico de las razones sopesadas por los camaristas no suscita la descalificación del pronunciamiento, en tanto que ". la parquedad de un pronunciamiento no importa por ello sólo falta de fundamentación." (confr. Sagüés, "Recurso extraordinario", Ed. Astrea 1992, T. 2, p. 239).

Ello sentado, abordo el análisis del reproche esbozado por el letrado que actuara como representante de la entidad bancaria en relación a la materia arancelaria.

En ese cometido, en forma liminar voy a sentar mi discrepancia con el dictamen emitido por el Sr. Procurador General en cuanto aprecia que ". la objeción señalada no es planteada por el titular del derecho presuntamente violado, al haber omitido realizar por su propio derecho el anuncio del recurso extraordinario dentro del plazo de tres días prescripto por el Decreto Ley 1.407 y modificatorias, lo cual desmerece sin más la suerte del remedio intentado." Ello así, toda vez que debe tenerse por satisfecho el recaudo formal con el desarrollo efectuado en el ítem Objeto de la presentación que obra a fs. 74/75 vta., donde el profesional (suscribiendo el escrito en forma conjunta con la Dra. Rosa Norma Moussa) especifica -en lo sustancial- los motivos que vertebrarían los recursos.

Tal cuando proclama que "2.- Regula los honorarios profesionales del Dr. HORACIO ALFREDO MANSILLA, en la suma de ., por bajos." Como que "La omisión de regular los honorarios en tan baja suma . se traduce en violación y desmedro de las garantías y derechos del recurrente.", de lo que puede inferirse sin hesitación que fue anunciada en interés propio la articulación de las vías extraordinarias, no obstante que en el encabezamiento de dicho escrito el profesional no explicitó que lo hacía por derecho propio, puesto que lo contrario conllevaría un injustificado rigor formal, susceptible de afectar la defensa en juicio.

Superado tal obstáculo, es de señalar acerca de la impugnabilidad de las decisiones en materia de honorarios, lo reiteradamente expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido que:

"Lo referente a la regulación de honorarios devengados en las instancias ordinarias, así como las bases computables al efecto, en principio, constituye materia ajena al recurso extraordinario, salvo circunstancia de orden excepcional" (CS 15.963, Rev. La Ley XXV, 1443, sum. 599), siendo la doctrina de la arbitrariedad restrictiva a su respecto (Fallos 300:386; 301:148, Digesto XVI, p. 794, N° 670, cit. en Sent. N° 357/02).

También ha dicho el Alto Tribunal Nacional que el principio antes enunciado resulta pasible de ser excepcionado cuando la decisión no corresponde a un fundamento acorde con la seriedad y extensión de las articulaciones de las partes o cuando su fijación haya sido irrazonable o arbitraria (Fallos 298:565).

Dicha doctrina resulta de estricta aplicación al recurso extraordinario local, que participa de similares motivos que el estatuido en el orden federal y ha sido reiterada por este Tribunal (conf. Sent. N° 300/95, entre muchas otras).

En el caso de autos entiendo concurre el supuesto de excepción que autoriza la apertura de la instancia extraordinaria puesto que, luego de elucidar la problemática de fondo en el sentido que debía desestimarse la medida autosatisfactiva impetrada en autos, arriban al estadio de expedirse sobre la materia arancelaria, sentando lacónicamente que "Los honorarios de los profesionales intervinientes se regulan por aplicación analógica del art. 25 L.A., en concordancia con los arts. 6, 7 y 11 del mismo cuerpo legal, en las sumas que se consignan en la parte resolutiva" (confr. fs. 68).

Tal decisión -en el aspecto que suscita la queja extraordinaria- aparece desprovista de una adecuada fundamentación, toda vez que dogmáticamente se dispone la "aplicación por analogía" de la norma contenida en el art. 25 de la Ley Arancelaria, sin brindar las razones que justificarían la subsunción del caso de autos a los supuestos contemplados por dicho precepto y/o la extrapolación del mandato legal contenido en esa norma al subjudice.

Obsérvese que mientras este proceso refiere a una medida autosatisfactiva (art. 232 bis del rituario) promovida con el objeto de que el actor efectúe el pago de ciertas obligaciones en el mismo porcentaje de pesos, bonos "quebrachos y lecops que percibía en sus haberes, las hipótesis enunciadas por la norma reputada de observación remite -según su texto- a las regulaciones que caben efectuarse en los ". recursos de habeas corpus, amparo, trámites por extradición, demanda de inconstitucionalidad, juicios contenciosos-administrativos y mandamientos de ejecución y prohibición previsto por la Constitución Provincial.." Desde esta óptica, el regulatorio impugnado no satisface el requisito legal de fundamentación, lo que apareja su descalificación como acto judicial válido, al tiempo que se advierte que no resulta derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias fácticas del proceso, cuya ponderación debió ser abordada por la Alzada para establecer si en función del objeto que persiguió la tutela urgente, a los efectos regulatorios merecía o no calificarse el juicio como susceptible de apreciación pecuniaria.

Esta Sala en reiteradas oportunidades ha resuelto que "La mera enunciación de normas arancelarias y pautas genéricas para la regulación, atento las particularidades de la causa, no guarda el suficiente fundamento legal, por lo cual la tacha de inconstitucionalidad encuentra justificación en la arbitrariedad de la sentencia, al lesionarse de tal modo las garantías de defensa en juicio y del derecho de propiedad (arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional)" (Sentencias Nº 89/91, 371/97, entre otras).

Por las razones que anteceden, propicio se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada, exclusivamente en lo atinente a la regulación de honorarios. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 79/86, exclusivamente respecto de los honorarios regulados en la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, de esta ciudad, que obra a fs. 67/68, cuya nulidad parcial debe declararse, debiéndose devolver los autos a dicho Tribunal, para que la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento (art. 44 del Decreto Ley 1407/62).

Atento la solución impresa y que la resolución recurrida no ha sido sostenida por la contraria, las costas de esta instancia deben ser afrontadas en el orden causado, conforme criterio sentado a partir de la sentencia Nº 06/80. La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que obre sentencia definitiva. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del Dr. Ramón Rubén Ávalos respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y diferimiento de honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretario subrogante, de lo que doy fe.

S E N T E N C I A N° 593 RESISTENCIA, mayo 7 de 2004.

AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 79/86, en lo que refiere a la regulación de honorarios practicada en la sentencia dictada a fs. 63/68 por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, de esta ciudad, y en consecuencia decretar la nulidad del Punto II del fallo en su parte pertinente.

II.- DEVOLVER los autos a dicha Cámara, para que la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

III.- IMPONER las costas de esta instancia en el orden causado.

IV.- DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales para la oportunidad explicitada en el Acuerdo que antecede.

V.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación a la Sra. Presidente de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, de esta ciudad, y remítase copia autenticada de la presente a la Sra. Presidenta de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.