Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-06


SENTENCIA DEF. Nº: 15648 EXPTE. Nº 15.465/2004 (22.651) JUZGADO Nº 78 SALA X AUTOS: "MENDEZ VICTORIA RAMONA C/ TRINTER S.A. Y OTRO S/ DESPIDO" Buenos Aires,06/11/2007	El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:	1º) Vienen los autos a esta alzada con motivo del recurso de apelación que, contra el pronunciamiento de primera instancia, interpuso la actora a tenor de la presentación obrante a fs. 241/244, cuyos agravios merecieron réplica del demandado a fs. 249/252. También recurre el perito contador los estipendios que le fueron regulados por estimarlos exiguos en tanto que la actora apela la totalidad de los honorarios fijados en la instancia anterior por entenderlos elevados.	2º) El señor juez de la anterior instancia dictó sentencia definitiva en la que si bien hizo lugar al reclamo del seguro de vida voluntario, eximió de responsabilidad a la codemandada Generali Corporate Compañía Argentina de Seguros S.A. condenando únicamente a la demandada Trinter S.A.

Para resolver de tal modo tomó en consideración que al momento del fallecimiento del causante ocurrido el día 5/12/03, y debido a la falta de pago de las primas, la póliza se encontraba suspendida ya que habían vencido los plazos de gracia previstos en el contrato. Asimismo, en virtud de lo dispuesto por el art. 31 de la ley 17.418 y lo dispuesto en las cláusulas 7, 8 y 9 de la póliza eximió de responsabilidad a la aseguradora, pero no a la ex empleadora (Trinter S.A.) a quien condenó por entender que si hubiese pagado en plazo las primas mensuales, la póliza hubiera tenido plena vigencia al momento del deceso del cónyuge de la reclamante.	La actora se queja al aducir que la oportuna falta de pago de la prima no resulta oponible al trabajador quien no puede verse perjudicado por el incumplimiento en el que podría haber incurrido su empleadora, máxime cuando la aseguradora admitió la renovación posterior de la póliza. Refirió también que la empresa aseguró el riesgo cobrando para ello durante más de diez años los importes de las primas correspondientes, por lo que -según entiende- el intento de evadir el pago del siniestro constituiría un enriquecimiento sin causa. También señaló que el pago de las primas del seguro colectivo de vida no era realizado por el trabajador fallecido, sino por su empleadora (Trinter S.A.). Por ello considera que la aseguradora no puede válidamente invocar la falta de pago del asegurado a quien, por habérsele retenido los importes correspondientes, debió notificar dicha situación, cosa que no hizo. A lo dicho añade la quejosa que la pericia contable indica que no consta en los libros de la aseguradora la fecha en la que su productor de seguros percibió el pago, sino la fecha en que aquél lo ingresó en la compañía por lo que desde dicha perspectiva no puede eximirse de responsabilidad. Asimismo, con fundamento en la cláusula 11.4 de de la póliza en cuestión, sostiene que no puede considerarse extinguido o caducado el seguro mientras al asegurado se le descuenten de sus haberes el importe correspondiente a la prima en tanto no puede hacerse recaer sobre el trabajador y sus beneficiarios las consecuencias de los incumplimientos interempresarios.

En atención a las argumentaciones vertidas en el memorial recursivo, señalo que las contingencias que tienen por origen la voluntad exclusiva del asegurado -en el caso el actor- tiene su fundamento en un contrato de seguro en el cual el empleador y el los trabajadores solo sirven de punto de referencia para la fijación del costo y el diseño de la póliza.	En tal contexto y dado que el debate de autos se ciñe a las cuestiones emergentes de dicho pacto, el análisis debe circunscribirse al contenido del contrato de se seguros suscripto entre las partes que -dicho está de paso- es de naturaleza comercial, comprendido en la ley de seguros y no de la Ley de Contrato de Trabajo.

Sobre tal base, remarco que es conclusión firme del fallo apelado que desde el día 30/9/03 la empleadora Trinter S.A. dejó de pagar las facturas del seguro, reiniciándose su pago el día 18/12/03.	Y desde dicha perspectiva, si se tiene presente lo dispuesto en las cláusulas 7, 8 y 9 de la póliza obrante a fs. 182 y sgtes. y lo normado por el art. 31 de la ley 17.418 no cabe más que confirmar lo decidido en este aspecto en el pronunciamiento de grado.

Ello es así pues al no haberse efectivizado el pago, la mora se produjo de pleno derecho con la consecuente sanción de suspensión de la cobertura a que refiere el art. 31 de la ley de seguros. Dicha suspensión se materializa en la supresión de la garantía asumida por el asegurador, de modo tal que si el siniestro ocurrió durante la suspensión, el asegurado no puede exigir el pago de la indemnización y dicha suspensión se mantiene hasta tanto el tomador regularice su situación, en cuyo caso se produce la rehabilitación ex nunc de la cobertura.	3º) En cuanto a lo manifestado por la apelante acerca de que la aseguradora debió notificar la falta de pago de las primas, observo que no se ha invocado ningún sustento normativo que viabilice tal pretensión.

En lo concerniente a que no consta en los libros de la aseguradora la fecha en la que su productor de seguros percibió el pago, sino la fecha en que aquél lo ingresó en la compañía, constituye una manifestación conjetural que resulta ineficaz para atribuir la responsabilidad pretendida a la aseguradora codemandada.	En orden a la apelación de honorarios, estimo que los regulados para la representación y patrocinio letrado de la actora, la aseguradora demandada y el perito contador se revelan acordes al mérito, importancia y extensión de la respectiva labor profesional realizada por lo que propicio su confirmación (art. 38 L.O. y cctes. ley arancelaria).

Voto, en consecuencia, por: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de apelación y agravios; 2) Costas de alzada en el orden causado en atención a la índole de la cuestión suscitada y porque en razón de ella el actor pudo -razonablemente- estimarse con derecho a litigar (art. 68, segundo párrafo, CPCCN), regulándose los honorarios correspondientes al letrado de la actora y a la letrada de la aseguradora codemandada en el 25 %, para cada uno de ellos, de lo que les ha correspondido por la instancia anterior (art. 14, ley arancelaria).

El Dr. GREGORIO CORACH, por compartir los fundamentos, adhiere al voto que antecede.

El Dr. HECTOR J. SCOTTI, no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de apelación y agravios; 2) Costas de alzada en el orden causado, regulándose los honorarios correspondientes al letrado de la actora y a la letrada de la aseguradora codemandada en el 25 %, para cada uno de ellos, de lo que les ha correspondido por la instancia anterior (art. 14, ley arancelaria); 3) Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

ANTE MI Z.A..