marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Indemnización por accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: Ubillos, Carolina Andrea c/ Mastroberardino, Domingo Y Otro/A s/ Daños Y Perj.Autom.C/Les.O Muerte (Exc.Estado)(99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-04

Corresponde endilgarle responsabilidad en un cincuenta por ciento para cada uno de los protagonistas de un accidente de tránsito - conductor de la motocicleta y del automóvil respectivamente-, pues teniendo en cuenta que en la especie han intervenido dos cosas riesgosas, rige una responsabilidad de tipo objetiva conforme la teoría del riesgo creado - art. 1113 2do. Apartado in fine del C.C.-, por lo que ante la ausencia de otras probanzas para recrear el accidente, cabe concluir que ambos conductores contribuyeron en igual medida al desenlace dañoso.
Juicio por delitos de acción privada, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: SILIKON SUDAMERICANA s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-13

Respecto a la prohibición de actuar de oficio en los delitos de acción privada que tienen los jueces, éstos en su calidad de directores del proceso -calidad que no pierden aunque se trate de esta clase de delito- pueden corregir a la parte y proveer lo que fuera pertinente.
Sentencia, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ALIAGA, RAUL AUGUSTO Y OTRO s/ SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1971-07-08

Siendo seis los hechos analizados en la sentencia recurrida al tratarse la primera de las cuestiones propuestas,si el defensor encuentra que los tres de malversación culposa de caudales públicos "están perfectamente individualizados", no puede imputar oscuridad en orden a la especificación de los correspondientes a la calificación de peculado reiterado (tres hechos), que resulta evidente que se trata de los tres hechos restantes.-
Sistema electoral, sistema de representación proporcional, sistema D hont
Materia: ELECTORAL
Carátula: Recurso de Apelación en autos Mendez, Héctor O. -Apoderado del Partido Humanista -Cap. Fed.-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-25

Para la elección de diputados nacionales el Código Electoral Nacional ha establecido (arts. 158 a 163) el sistema de representación proporcional de cocientes sucesivos ideado por el belga Víctor D=Hondt, supeditando la asignación de cargos a la obtención de un mínimo del 3% de votos sobre el padrón electoral.

El umbral de representación, piso o barrera legal, es una condición adicional que algunos ordenamientos jurídicos al adoptar un sistema electoral de representación proporcional imponen a los fines de adjudicar las bancas, y que se traduce en la obtención de un mínimo de votos como Aconditio sine qua non para poder participar en dicho reparto. El legislador, al ejercer su poder reglamentario, ha optado por uno de los criterios restrictivos dentro de un panorama de posibles alternativas sin que pueda válidamente afirmarse que dicha elección importe una transgresión a las prescripciones de nuestra ley suprema, aun cuando resulte posible discutir si tal criterio es el más conveniente.
Policía, personal policial, ascenso policial, escalafón, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEREZ, ADOLFO ELISEO LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nº. 178 Año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-23

El artículo 5 del Reglamento de Promociones Policiales, decreto 4460/89, establece que "los ascensos se producirán grado a grado y de acuerdo a las vacantes asignadas por el Jefe de Policía a cada Cuerpo y Escalafón, en ningún caso las vacantes que se asignen a los Cuerpos Profesional y Técnico podrán ser inferiores al 20% del total de las vacantes existentes para ese año. Asimismo, ningún Escalafón de los aludidos Cuerpos podrá quedar sin vacantes." Por lo tanto, corresponde hacer lugar al reclamo del recurrente -que se desempeña en el cuerpo profesional, Escalafón Jurídico de la Policía Provincial- al que le correspondía ascender pero no fue propuesto por "falta de vacantes", desde que -en el propio decreto que agotó la vía administrativa-, el Poder Ejecutivo reconoce que al Cuerpo Profesional-Escalafón Jurídico no se le asignó vacante, que el total de vacantes era 53 y que para los Cuerpos profesional y técnico fueron 10; que de dicha informativa surge con precisión que la distribución no cumplió con lo establecido por el mencionado artículo 5, por no respetarse el mínimo del veinte por ciento (20%) para dichos cuerpos. Ello así, por cuanto -en base a tales expresiones- podría sostenerse que, en el razonamiento del Gobernador, al Escalafón Jurídico del Cuerpo Profesional debió asignársele, a la época de discernirse los ascensos ahora cuestionados, al menos una vacante.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, liquidación
Materia: LABORAL
Carátula: Lamberti, Jorge N. c/ Maggi, Juan Cataldo s/ Despido. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-13

La liquidación practicada como consecuencia de la sentencia y su aclaratoria, integra la determinación de la condena a los fines de lo dispuesto por el art. 56 del dec. ley 7718 (arg. art. 48 del dec.

ley citado y art. 1 del Acuerdo 1531). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho de enseñar y aprender, facultades del gobierno nacional, autonomía provincial, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

El Estado Nacional tiene potestades para dictar planes de instrucción general y universitaria (artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional) y sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales (art. 75, inc. 19 de la Constitución Nacional) (Voto del juez Rosenkrantz).
Pena de muerte, Pacto de San José de Costa Rica, principios del derecho internacional de los derechos humanos, ius cogens
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Dacosta Cadogan c/ Barbados s/ excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2009-09-24

Si bien la abolición de la pena capital no figura en la Convención Americana y sólo se ha logrado obtener el consenso de los países para reducirla, minimizarla y condicionarla, considerando que resulta en sí misma ilícita y absolutamente ineficaz para alcanzar el objetivo que nominalmente se propone, cual es la reducción de la criminalidad; llegará un día en que un gran consenso universal establezca su proscripción en el marco del jus cogens, tal como sucedió con la tortura. (Del voto razonado del Juez Sergio García Ramírez).
Accidente de tránsito, contrato de transporte, responsabilidad del transportador
Materia: CIVIL
Carátula: Agüero Ramírez, Celestina c/ Cradenas  S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-20

Si el chofer del vehículo en el que viajaba la actora, circulaba con la puerta abierta, contraviniendo elementales normas de seguridad, lo que posibilitó la caída de la víctima al pavimento, a raíz de la brusca maniobra realizada por el conductor del transporte, la circunstancia de que un rodado guiado por un tercero apareciera en forma imprevista frenando bruscamente para evitar la colisión, obligando al colectivo a que frene también bruscamente, no alcanza para exonerar de responsabilidad al portador.

La aparición en forma imprevista de otro vehículo resulta ser en las condiciones en que se desenvuelve el tránsito urbano una contingencia más, por lo tanto previsible, que debe soportarse con la pericia de la que supone dotado todo conductor, máxime tratándose del chofer de un vehículo de transporte de pasajeros.
Acción de inconstitucionalidad, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: REMEDI RICARDO EDGARDO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1985-02-14

Es competente la justicia ordinaria para entender en la acción interpuesta por un agente de la administración por la cual procura se declare la inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo que dispone su separación del empleo, violando la garantía del artículo 21 de la Constitución Provincial y la normatividad reguladora de su relación laboral (artículo 167, inc. 2do., apartado a) Constitución Entre Ríos. Su posible reincorporación y cobro de remuneraciones resulta ajena a la litis planteada, pero esto no impide que se logren con posterioridad, ejercitando la vía contencioso administrativa
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Magdalena c/ Ríos, Francisco y ot. s/ Cumplimiento de convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-10

Habiendo optado el letrado por ejecutar sus honorarios al beneficiario de sus trabajos, la liquidación practicada a esos efectos no necesariamente debe ser notificada a todos los deudores arts. 58 cit. y 497, 498, 501, 502, del C. Proc.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Renuncia al empleo, extinción por mutuo acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: Chamorro, Jorge Lucas c/ Eridania S.A.C.I.F. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-12-20

Tanto la manifestación de voluntad del trabajador, como la de la empleadora, que se materializó en un acta notarial, revelan la existencia misma de un negocio jurídico por medio del cual, y a través de una declaración de voluntad común, ambas partes acudieron a rescindir el contrato de trabajo que hasta entonces los unía en los términos del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, daños y perjuicios
Materia: LABORAL
Carátula: Fiol, Adriana Isabel y otras c/ A.G.A. Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

Determinar el monto de la indemnización por daños y perjuicios es extraño -en principio- al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo.
Recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Quiroga Ochoa Horacio Osvaldo s/ Rapto en concurso real con violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-04-17

De la sentencia surgen análisis erróneos ilógicos e inequitativos del material fáctico y probatorio, que parcializa, aísla y no integra ni armoniza debidamente en su conjunto, y que así interpuesto, suscita la debida y correcta intervención de este Tribunal Superior de Justicia, sin que obste a ello que las cuestiones debatidas y traídas, correspondan a hechos y prueba -en principio ajenas a la instancia extraordinaria provincial, y materia propia y soberana de los Magistrados de grado-, pues en casos como el presente, teniendo en cuneta sus particularidades sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad por valoración absurda de la prueba, se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: MACCHIAROLA HECTOR ARMANDO c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-08-08

El cómputo de la prescripción, su interrupción y su fecha de iniciación, no obstante ser en principio cuestiones de hecho ajenas a la instancia extraordinaria, no constituyen óbice si se ha prescindido, para proceder a su examen, de la consideración de argumentos, constancias de la causa y normativas conducentes para la correcta solución del litigio o cuando la valoración jurídica de la prueba de los hechos es arbitraria y/o contraria a derecho.
Acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asencio, Marcelo Alejandro s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-10-03

El solo argumento del transcurso del tiempo, no resulta suficiente para justificar el pedido de suspensión de un acto administrativo, cuando ni siquiera se ha alegado que esa fuera la única o más importante fuente de ingresos del actor.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, mal de Chagas
Materia: LABORAL
Carátula: GOROSITO, ALBA c/ BODEGAS Y VIÑEDOS PEÑAFLOR  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

El mal de chagas/Mazza puede constituir enfermedad-accidente indemnizable, si el trabajador es infectado por el vector "por el hecho o en ocasión del trabajo", lo que podría ocurrir sólo si presta servicios en un medio en el que la enfermedad es endémica debido a la proliferación de vinchucas.
Despido, injurias
Materia: PROCESAL
Carátula: Pérez, Omar c/ Inti S.A.I.C. s/ Despido (Proceso laboral)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-05-09

Si el distracto es invocado como consecuencia de la violación de las obligaciones del trabajador representada por un hecho que presumiblemente merece el reproche penal , al no haberse verificado la comisión del mismo, que a su vez fuera invocado como causal de despido, esa sola circunstancia limita las facultades del juzgador pues esa situación hace jugar la prejudicialidad que preve el art.

1103 del C.Civil, esto es que no podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiere recaído la absolución.
Delegado gremial, tutela sindical, despido indirecto, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Di Croche, Agustín M. c/ E.R.S.E. s/ Indemnización por despido s/Inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-03-02

El art. 52 de la ley 23551 claramente establece una "opción" en favor del trabajador amparado por la tutela sindical que se traduce en la posibilidad de elegir entre las alternativas que le confiere la ley; esto es, peticionar por vía sumarísima la reinstalación en el puesto, o considerar extinguido en vínculo en virtud de la decisión del empleador y colocarse en situación de despido indirecto, originando con ello el derecho a percibir las indemnizaciones legales. Por su parte, el art. 30 del decreto reglamentario 467/88 se encamina a incluir dos hipótesis más en las que el trabajador afectado por una medida antisindical puede ejercitar la opción del art. 52 de la ley.

La situación allí normada se refiere a aquellos que, habiendo optado por la reinstalación, obtienen un pronunciamiento judicial favorable que la patronal se resiste a cumplimentar en el plazo fijado. Ello así puesto que, en caso contrario, el delegado se vería constreñido sólo a percibir las astreintes eventualmente fijadas sin poder contar con la posibilidad de colocarse en situación de despido y reclamar las indemnizaciones especiales. (En disidencia: Dr. García Osella).
Medidas cautelares, injurias, sitio web, contenido de sitios de Internet
Materia: PENAL
Carátula: Trillo Carlos Arnoldo c/  Google Argentina SRL s/ incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-11

Se trata, como se señaló en los anteriores considerandos, de críticas formuladas en un blog respecto de la actividad profesional del actor con referencia a la experiencia en una cirugía estética que manifiesta la titular del contenido cuestionado. La especial protección constitucional del derecho a la libertad de expresión -tanto en su dimensión individual como colectiva- determina que si la pretensión cautelar se funda en calumnias o injurias que provocan una lesión a la intimidad, honor o buen nombre a través de medios electrónicos, la carga argumentativa y probatoria recae sobre quien pretende la restricción (Corte Suprema, "Rodríguez, María Belén c. Google Inc. s. daños y perjuicios", R.522.XLIX, del 28-10-2014, disidencia parcial de los doctores Lorenzetti y Maqueda, considerando 13; esta Cámara, Sala 2, causas 7183/08 del 3-6-2009, 4718/09 del 8-6-2010, 978/10 del 12-7-2011 y 92.755/13 del 24-4-2015).
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente
Materia: LABORAL
Carátula: ARENAS DIEZ ALBERTO c/ EMPRESA ABLO S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-08-24

La fecha de iniciación de una licencia por enfermedad o iniciación de carpeta médica, no pueden ser consideradas como la exteriorización de las enfermedades incapacitantes del trabajador.

Ello es así porque un certificado médico presentado a la empresa, que sólo prescribe reposo psíquico por varios días por un cuadro neuroactivo en estudio, para que genere el derecho del trabajador a accionar por indemnización por enfermedad-accidente dentro del marco de la Ley 9688 T.O., y para que surja la responsabilidad del empleador, debe existir un daño consistente en una lesión corporal física o psíquica que provoque incapacidad.

Así, si la primera comunicación fehaciente que el actor formula a la accionada sobre las incapacidades derivadas de las enfermedades que padece se efectivizó con la presentación de la demanda, donde denuncia sus dolencias físicas y psíquicas con diagnóstico, grado y carácter de permanente de la incapacidad que las mismas le ocasionan, este es el momento en que se exteriorizan las consecuencias incapacitantes de las afecciones determinantes del amparo legal.-
Evasión fiscal, ley penal más benigna
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Saldutti, Verónica Karen s/ Imp. de Evasión tributaria simple
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

En virtud del aumento del mínimo punible dispuesto por la reforma introducida por la ley 26.735 al art. 1º de la ley 24.769, corresponde considerar que las defraudaciones inferiores a esos montos ya no configuran el delito de evasión y aplicar el principio de la retroactividad de la ley penal más benigna.
Mediación, excepciones procesales, defecto legal
Materia: PROCESAL
Carátula: TEXTILANA S.A. c/ SAMILIAN, Manuel s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-09

La cuestión atinente al modo en que se cumplió la etapa de mediación resulta absolutamente ajena a la excepción de defecto legal, porque ello, en todo caso, se vincula con la habilitación de la instancia judicial, pero no con la ambigüedad u oscuridad de la demanda, que imposibilita ejercer en debida forma el derecho de defensa en juicio.-
Jueces, iura novit curia, contrato de trabajo, empleador, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Giménez, Irma Marcelina c/ Rocha, Teresa y otro. s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-19

Si bien es cierto que los jueces no se encuentran vinculados por la calificación jurídica que las partes dan a sus pretensiones y pueden enmendar o reemplazar el derecho mal invocado por aquellas, ello es así en la medida que no alteren las bases fácticas del litigio y la causa petendi, lo que acontece cuando la pretensión originariamente deducida reprochando responsabilidad a un presunto empleador directo, se convierte en otra en virtud de la cual se lo termina condenando como garante solidario del verdadero empleador.
Extinción del contrato de trabajo, preaviso, falta de preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: O., M.R. c/ G., O.A. y Otro s/ Cobro de Pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-10

Aunque la obligación de preavisar es bilateral no puede desconocerse que es diferente la posición en que frente a un cese intempestivo se encuentran las partes, pues el trabajador resulta directamente afectado en su salario, cuya percepción la ley le garantiza durante el lapso del preaviso; en cambio la posición del principal es diferente pues lo común y según cuál sea la categoría profesional de que trata ha de poder sustituir de inmediato al trabajador que renuncia, máxime cuando no se ha producido un abandono malicioso de la labor.
Facultades del juez, demanda, defecto legal
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUAYO DE PACHAO, Irma c/ SUCESION DE JOSE DOMINGO TEMPORETTI E HIJOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-08-04

No existe norma alguna que ponga a cargo de los jueces la tarea de enmendar las omisiones incurridas en las demandas, más aún cuando no se invocaron oportunamente las razones de imposibilidad o urgencia que se esgrimen al apelar, estremos que en consecuencia no forman parte de la litis, ni pueden ser resueltos en este momento sin afectar al artículo 271 del Código Procesal Civil y Comercial.
Recurso extraordinario de nulidad, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Augusto, Juan Lucas y otros s/ Violación calificada - Privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-16

Es ajeno al recurso extraordinario de nulidad el modo en que fue valorado el plexo probatorio en la sentencia recurrida.
Prueba, nulidad del acto jurídico, falta de firma, medidas para mejor proveer, facultades del juez
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GONZALEZ PIDRE CARLOS c/ GAWURNYN JORGE RICARDO s/ ORDINARIO - MEDIDA MEJOR PROVEER
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-08-20

cuando el pliego de absolución de posiciones no ha sido firmado por el Tribunal ni está foliado como corresponde, es nulo, habida cuenta que no fue introducida correctamente, además, no es el Tribunal el que debe formular las posiciones o preguntas que crea necesarias, pues no se trata de una probanza de la parte, sino que tiende a la mejor ilustración del Judicante en la materia para aclarar dudas.
Prenda, aplicación de la ley, clasificación de las obligaciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: HSBC Bank Argentina SA c/ Alvarez Rodriguez Maximiliano s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-16

Aun encontrándose el deudor impedido de promover recurso alguno en el marco del secuestro prendario, lo cierto es que está fuera de discusión que el título que otorga el derecho de secuestrar fue originado en una deuda contraída con el objeto de adquirir bienes para consumo. Véase que, de los términos del contrato surge claramente que el préstamo dinerario sería aplicado a la adquisición del automotor prendado y que el mismo sería destinado para uso particular. Cabe concluir entonces que estamos ante una relación de consumo en los términos de la LDC 3 y que las circunstancias personales de las partes y elementos obrantes en las actuaciones permiten formar convicción positiva respecto del encuadramiento de la relación jurídica dentro de las operaciones regidas por la LDC 36. En ese contexto, no cabe soslayar que las normas que rigen el secuestro prendario son, en definitiva, disposiciones meramente procesales o de forma, que deben armonizarse y coordinarse con todo el ordenamiento vigente (CN 31 y CPR 34, 4). De modo que la primacía del estatuto del consumidor por sobre las normas citadas, se funda en la necesaria armonización entre las normas procesales y sustanciales, en los principios de lex posterior derogat prior y lex specialis derogat generalis, y en la jerarquía constitucional de la Ley de Defensa del Consumidor -reglamentaria de la cláusula constitucional contenida en el art. 42-.
Cosa riesgosa, actividad riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: PRADO, SILVIO EDUARDO c/ CONORVIAL S.A. s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-27

Cuando el precepto legal hace referencia al riesgo de la cosa alude a que aquella encierra en si mismo una acentuada posibilidad de causar daño, ya sea por su propia naturaleza, o en razón de su utilización o empleo.En éste último caso el riesgo no está tanto en la cosa en sí, como en la actividad desarrollada con ella.-