Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-26


Salta, 26 de Febrero de 2013.

AUTOS y VISTOS: Estos autos caratulados: "RODRÍGUEZ GALÍNDEZ CESAR, TOYOS JULIA TAMARA Y OTROS VS. RACEDO ALBA BEATRIZ S/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS", EXPTE Nº 28.130/11, originario del Juzgado de del Trabajo nº 2 (expte. 28130/11), para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 37/39 vta. y C O N S I D E R A N D O El Dr. Cabrera dijo: I) Comparecen al proceso Cesar Rodríguez Galíndez, Julia Toyos y Federico Javier Lorca deduciendo apelación contra la resolución de fs. 35/36, que hizo lugar al levantamiento de embargo sin tercería que había deducido la demandada.

Dicen, que el fallo apelado esgrimió como fundamento que los ejecutantes no acreditaron que el bien embargado no es la vivienda actual o futura de la trabajadora. Sin embargo, no fueron considerados los antecedentes del caso y las actuaciones llevadas a cabo en el expediente principal. El domicilio mantenido durante el proceso fue el de calle Urquiza 2146. El domicilio real refiere a la residencia efectiva (art. 89 CC). Resulta de aplicación la teoría de los actos propios, al contradecirse la parte y mencionar otro domicilio. Tampoco fue ponderado en el razonamiento de la resolución dictada, el consabido principio general de la carga de la prueba del art. 377 CPCC.

Que el art. 20 LCT cuando refiere a la vivienda del trabajador, lo hace en el sentido de habitación, de vivienda efectiva. No excluye la responsabilidad del trabajador, con otros bienes por el pago de las costas. De la cédula parcelaria acompañada, surge que el inmueble es baldío. Por ello, no esta alcanzado por el art. 20 LCT.

Que la demandada interpuso levantamiento de embargo sin tercería y que el Juzgado, en lugar de rechazar el planteo, lo acogió con costas. Sólo los terceros perjudicados podrían promover ese planteo y que no podía la ejecutada, ya que es parte del proceso.

También se agravian por la imposición de costas. Individualizan expedientes que citan como prueba, donde no se impusieron las costas. Se sostuvo que la ejecutante podría haberse creído con el derecho a embargar los bienes. Hacen reserva del caso federal.

Corrido traslado del recurso (fs. 40) comparece la Dra. Liza Carolina Peréz a solicitar se declare mal concedido, con costas (fs. 50 y vta.).

II) En orden a la facultad de la Cámara consagrada en el art. 70 CPL, corresponde el análisis de la procedencia formal del recurso. En ese marco, puedo comprobar que nos hallamos dentro de un proceso de ejecución de sentencia, donde resulta aplicable el art. 73 CPL que establece "Serán inapelables todas las resoluciones que se dicten durante el proceso de ejecución de sentencia, con excepción de aquéllas que declaren o denieguen la nulidad del procedimiento, por vicios anteriores al proceso de ejecución, cuando puedan afectar la legítima defensa".

Consecuentemente, nos hallamos dentro de la figura de la inapelabilidad consagrada por el mentado art. 73 CPL. Y si lo principal es inapelable, lo resuelto sobre las costas, también lo es, por aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Las razones explicitadas, me llevan a votar que se declare mal concedido el recurso, con costas (art. 67 CPCC).

El Dr. Alvaro Figueroa dijo: Que adhiere al voto que antecede.

Por ello la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta, RESUELVE I.-) Declarar mal concedido el recurso de la apelación deducido a fs. 37/39.

II.-) Mandar registrar, notificar, tener presente la reserva del caso federal y oportunamente bajar los autos al Juzgado de origen.