marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, derecho de réplica
Materia: PROCESAL
Carátula: Libercom SRL  c/ Telecentro SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

Nuestro derecho ritual no admite réplicas ni dúplicas, es decir, no reconoce la posibilidad de rebatir las manifestaciones contenidas en la contestación de demanda mediante una nueva contestación (en similar sentido, Santiago C. Fassi, "Código procesal comentado, anotado y concordado", T. II, pág. 143, edit. Astrea, 1978; CNCom, Sala F, en autos "Diransa San Luis SA c/ Curtiembre Arleri SA s/ ordinario", del 12/04/11; CNAp. Civ y Com. Fed, Sala II, en autos "Patrimonio en Liquidación Banco Nac. De Desarrollo c/ Astilleros Vicente Forte SAMCI s/ recurso de queja", del 13/06/08; entre otros). En ese contexto, la cuestión controvertida ha quedado debidamente conformada según los términos expuestos en la demanda y su contestación.
Divorcio contradictorio, competencia por conexidad, tenencia de hijos menores
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: MARIA C. VIESCA DE ROMERO FERIS c/ RAUL ROLANDO ROMERO FERIS s/ REINTEGRO DE HIJO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-04

Si de autos surge inequívocamente la iniciación del juicio de divorcio, corresponde aplicar el art. 6, inc. 3, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que establece que los juicios de tenencia que se hubiesen iniciado con anterioridad al de divorcio, pasarán a tramitar ante el juzgado donde queda radicado este último.
Costas, recurso extraordinario local
Materia: PROCESAL
Carátula: DIRECCION GENERAL DE RENTAS c/ PELLEGRINI, Héctor Carlos s/ APREMIO y EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-08-15

Si bien, tal como lo señala el dictamen del señor Procurador General, las cuestiones relativas a la imposición de costas, como así su eximición total o parcial, constituyen, pro principio, materia ajena al recurso extraordinario y privativa de los jueces de mérito, cabe apartarse, excepcionalmente, de dicho criterio cuando lo decidido prescindió de la solución normativa vigente prevista para el caso sin brindar los fundamentos que lo justificasen en función de sus circunstancias particulares.- Precisamente ello es lo que ha ocurrido en la causa pues, pretextando como único argumento "... lo resuelto con anterioridad por esta Cámara, en casos análogos", se apartó de la norma expresa y específica para el caso que pone a cargo del actor las costas de primera instancia (y del recurrente en segunda) si el proceso concluye por la perención de la instancia (art. 298 del C.P.C.C).- La resolución del Tribunal de Alzada no apunta qué es lo que ha resuelto con anterioridad ni las razones que la llevaron a tales decisiones. Tampoco dice cuáles son los casos análogos a los que hace referencia y la vinculación que los mismos pudieran guardar con el presente, máxime si tal como lo destaca el recurrente, veintiocho días antes de la resolución que lo agravia su parte resultó gananciosa en otra causa en la misma Sala de la Cámara que confirmó la caducidad de la instancia decretada e impuso las costas a la actora apelante (expte. 13368/06, r.C.A, 2/05/06, "Municipalidad de Santa Rosa, c/Pellegrini, Héctor Carlos s/ Cobro de Pesos".- Los motivos así expresados no son válidos como para apartarse de la solución legal que sienta un principio objetivo y no contempla la posibilidad de eximición de costas al vencido cuya inactividad determinó la declaración de caducidad (conf. Loutayf Ranea, Roberto G, "Condena en costas en el proceso civil", ed. Astrea, 1998, p. 186; Palacio- Alvarado Velloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", ed. Rubinzal-Culzoni, 1989, T. III, p. 184).-
Compraventa de automotores, mala fe
Materia: CIVIL
Carátula: SALINAS RAMON ANTONIO c/ PAREDES PEDRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-06-27

El comprador que adquirió una cosa ajena, teniendo conocimiento de esa circunstancia, resulta ser comprador de mala fe; no tiene ninguna acción para demandar la nulidad de la venta, ni la resolución del contrato, ni los daños y perjuicios que hipotéticamente podría haber padecido (art. 1329 Código Civil).
Ejecución hipotecaria, intimación de pago, domicilio constituido, nulidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO DEL SUQUIA S.A c/ CANTON VIRGILIO s/ DOMICILIO-JUICIO EJECUTIVO HIPOTECARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

La intimación de pago hecha al domicilio especial constituido en la escritura hipotecaria hace improcedente la nulidad por ello peticionada.
Recurso contencioso administrativo, costas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BALMACEDA, PABLO DARIO c/ MUNICIPALIDAD DE LAS TOSCAS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-17

No procede el agravio sobre la imposición de costas a la parte demandada en la instancia inferior, pues si bien la compareciente intenta convencer que la decisión genera cuestión constitucional al sostener que las defensas previas, seriamente fundadas, pudieron ser planteadas como defensas de fondo al contestar la demanda y que de haberlo hecho de ese modo, no hubiera existido una especial condena en costas por tales planteos, ya que -cualquiera haya sido la solución de fondo- las costas habrían sido incluidas en dicha solución; pero sin con ello acreditar que el A quo al imponer las costas como lo hizo hubiera incurrido en causal de arbitrariedad que permita excepcionar la regla conforme la cual la materia debatida trata sobre una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa, accesoria y, en definitiva, extraña al fin para el cual ha sido instituida la vía excepcional.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: González, Angel Alberto y otros s/ Robo calificado. Resistencia a la autoridad. Abuso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

Es insuficiente el agravio relativo a la validez de la confesión si sólo se realizan meras observaciones respecto del sumario instruido por los apremios denunciados sin demostrar la violación del art. 238 inc. 3º del Código de Procedimiento Penal invocado.
Aplicación de la ley penal, sentencia absolutoria, derecho a un medio ambiente sano
Materia: PENAL
Carátula: Drube , Luis Alberto ; Gasep , Santiago Dañiel damnificado Gob. de Sgo. del Estero - La Trinidad c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-22

El voto concurrente agregó que el tribunal de juicio aplicó erróneamente las previsiones de la ley penal vigente pues, al fundar su decisión absolutoria -al menos parcialmente- en la supuesta falta de comprobación de que los efluentes tóxicos hayan puesto en riesgo la salud de una o varias personas individualizadas -entendida en suacepción tradicional ya superada- apoyaron su pronunciamiento en exigencias típicas que el delito atribuido, empero, no contiene. (Dres. Figueroa, Hornos -voto concurrente-, Borinsky).
Contrato de trabajo, despido discriminatorio, discriminación por enfermedad, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández Mansilla, Nadia Elizabeth c/ YPF S.A. s/ despido por causales genéricas
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-04-16

El despido de la trabajadora constituye un acto discriminatorio en los términos del art. 1 de la ley 23.592, si de los indicios de la prueba aportada surge que el mal desempeño laboral que invoca la empleadora se vincula directamente con la enfermedad de la accionante, y el hecho que la demandada haya tolerado conductas de la trabajadora motivadas en su enfermedad, o que la haya ayudado por solidaridad con su empleado, no influye sobre el motivo del distracto en aquélla causa.
Contratos administrativos, obligaciones del contratista, incumplimiento del contrato, facultades de la administración, interpelación, rescisión del contrato administrativo, culpa del contratista, trabajos pendientes, constitución en mora, Administración General de Puertos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Paz,  Valentín c/ Administración Gral. de Puertos - Res. 318 y 67/83 - y otro s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

El reclamo de obra faltante efectuado por la Administración General de Puertos y que incluye en forma explícita la ejecución total de la pavimentación en el sector bajo silo - que había sido uno de los objetos del contrato - constituye una apropiada constitución en mora, que hizo nacer en favor de la Administración la facultad de rescindir el mismo.
Ejecución hipotecaria, mutuo en moneda extranjera, emergencia económica, esfuerzo compartido, modificación de la tasa de interés, reducción de oficio
Materia: CIVIL
Carátula: VUKUSICH, Aldo Omar y otro c/ CARRILLO, Claudia Marcela s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-26

Las reglas contenidas en los arts. 621 y 1197 del Código Civil encuentran su límite en la pauta rectora contenida en el art. 953 del citado cuerpo legal que fulmina de nulidad las cláusulas exhorbitantes y faculta al juez a morigerarlas, reduciéndolas a límites razonables, para lo cual ha de tenerse presente que aun cuando se aplique la directiva del "esfuerzo compartido" en definitiva se mantiene como referencia la divisa norteamericana pactada (conf. CNCiv., Sala F, 4/12/03, L.372952). De ahí que, ponderando dichas circunstancias en consonancia con la evolución del mercado económico corresponde reducir la tasa al 8 por ciento anual, comprensiva de compensatorios y punitorios, desde que la mora se produjo y hasta el efectivo pago.
Trámites judiciales, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO VELOX c/ MIGUEL FUCHILIERI s/ Ejec (LIBRO: S065 - 094)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-06-22

De un instrumento pueden surgir varios titulos ejecutivos. El ejecutante puede ejercitar todos en forma acumulada o independiente. Si no se lo promueve en un solo acto que justifique la acción ejecutiva, las de reajuste y los intereses, deben demandarse por juicio ordinario.
Impuestos, régimen penal tributario, extinción de la acción penal, pretensión fiscal, falta de aceptación
Materia: PENAL
Carátula: PEREYRO, RODOLFO JOSE s/ Régimen Penal Tributario, incidente de extinción de la acción Penal  Causa 31448
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-17

Debe confirmarse la resolución apelada que no hizo lugar a la extinción de la acción fundada en el régimen de presentación espontánea reglamentado por el Decr. 631/92, si el plan de pagos fue declarado caduco presentándose la Dirección General Impositiva (D.G.I.) como parte querellante contra los procesados y estos no aceptaron la pretensión fiscal al cuestionar las sumas reclamadas por el ente recaudador, depositando las que ellos consideraron ajustadas, de donde no resulta de aplicación la norma del Art. 14 de la Ley Penal Tributaria.
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guillaume  de  Paredes,  María  Isabel  y la Agremiación del Docente Formoseño s/ Acción de Amparo Agremiación del Docente Formoseño s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-08-24

El artículo 263 del Código Procesal establece que la expresión de agravios deberá indicar concretamente los puntos de la sentencia con los que el recurrente está disconforme y ello es así porque el agravio es la medida de la apelación.
Parentesco, parentesco por consanguinidad, obligación alimentaria entre parientes
Materia: CIVIL
Carátula: P., M.S. y otro c/ C., J.M. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-30

En materia alimentaria, por sobre las peculiaridades de la dinámica de cada familia y las posiciones que asuman los adultos que la integran, a la luz de la finalidad que informa el art. 367 del Código Civil, debe procurarse la efectiva satisfacción de las necesidades de los menores que, en definitiva, no pueden cargar con las consecuencias de los actos de aquéllos.
Trabajadores ferroviarios, pase a disponibilidad, incapacidad laboral, incapacidad total, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: BRIZUELA, ANGEL EMILIO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-11-23

El trabajador ferroviario declarado 'en disponibilidad' en los términos de la ley 21580 que sufre una incapacidad total y permanente tiene derecho al cobro de la indemnización prevista por el artículo 212 LCT. ya que se encuentra vinculado a su empleadora, aunque sin prestar servicios, al momento de determinarse la minusvalía; su situación resulta diferente al del personal declarado en situación de apartado de servicios (artículo 7 de la ley 21580) que no goza de la expectativa de reubicación.
Pacto de San José de Costa Rica, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, responsabilidad internacional del Estado, estado parte, violación de derechos humanos, situación de vulnerabilidad, pueblos originarios, derecho de propiedad ancestral, reivindicación de tierras
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek c/ Paraguay s/ sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-24

Resulta una violación al artículo 4 de la Convención Americana, en relación a su par 1.1., la conducta asumida por la República del Paraguay en el caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek que lo demandó internacionalmente por violación a su derecho de propiedad ancestral lo que, necesariamente, conduce a la afectación de otros derechos, pues conociendo las condiciones de riesgo especial, real e inmediato en que se encontraban sus miembros, no brindó las prestaciones básicas que evitaran un daño al derecho a la vida, lo que no se encuentra remediado por el hecho de que en la actualidad se les brinde asistencia de emergencia.
Expulsión de extranjeros, improcedencia del recurso, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: Calle Calle, Alfredo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-25

La resolución que rechazó la petición efectuada por el Fiscal de expulsión del país del procesado extranjero no se encuentra contemplada entre aquellas previstas en el art. 457 del CPPN, por lo que corresponde declarar mal concedido el recurso. La disidencia expresó que corresponde hacer lugar a la expulsión del país del procesado extranjero toda vez que el nombrado ingresó al país eludiendo el control migratorio y carga con un auto de procesamiento, de conformidad con lo previsto en los art. 29 inc. "i" y 64 inc. "c" de la ley 25.871. Dres. González Palazzo -en disidencia-, Diez Ojeda y Hornos
Regulación de honorarios, responsabilidad del deudor, costas, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: D. N. N. M.  c/ V., I. L.  s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-12

El art. 505 CC -actual art. 730 CCC, última parte- no significa que en la sentencia de mérito no deban regularse los honorarios correspondientes a cada letrado interviniente, conforme sea su actuación en la causa y de acuerdo a lo que tenga derecho a percibir, por haberlo devengado con su trabajo; el art. 505 CC o el actual art. 730 CCC no levantan una barrera entre el letrado y los honorarios a que tiene derecho, si así fuera sería inconstitucional, porque implicaría un factor de cercenamiento de derechos ya devengados. Por ende, es del todo desatinada la pretensión postrera de la aseguradora recurrente. Lo que el art. 505 CC y su correlativa norma del nuevo código -730 CCC- hacen es declarar que la responsabilidad por el pago de las costas tiene el límite del 25% que allí se establece. Es decir, los honorarios se regulan en la sentencia, como deban ser regulados en función de los trabajos hechos y de las pautas arancelarias en juego y se imponen las costas, de acuerdo al éxito o derrota de una o varias partes. Luego, al momento en que esos honorarios queden firmes y pretendan ser ejecutados, podrá plantear el legitimado pasivo al pago el exceso del tope y allí, en su caso, se prorratearán los honorarios que habrá de afrontar su parte, lo que no implica que el eventual remanente no pueda serle cobrado por el profesional a otro obligado.
Juicio, partes, carga procesal, trámites judiciales, actos y diligencias procesales, preclusión, demanda, falta de contestación de la demanda, incidentes, reconocimiento en sede judicial, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: CHANTIRI, ORLANDO s/ CONCURSO CIVIL (HOY QUIEBRA)     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 185-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-03-01

Las partes están gravadas frecuentemente con cargas procesales, que son situaciones jurídicas que conminan al litigante a realizar determinados actos bajo amenaza de continuar adelante, prescindiendo de él. El Tribunal coopera al desenvolvimiento del juicio, señalando por propia decisión, y dentro de los términos de la ley, plazos para realizar los actos procesales. La estructura misma del juicio contribuye por su lado a que agotados los plazos que se conceden para realizar los actos, se considere caduca la posibilidad de realizarlos (preclusión), pasándose a los actos siguientes. Pero esa actitud omisiva -en el caso, falta de contestación de una demanda incidental-, además de precluir el derecho dejado de usar, importa el reconocimiento de los hechos y la carga de la prueba "como sanción", no necesitando de ningún apercibimiento por estar ya contenido expresamente en la ley aplicable (Código Procesal Civil y Comercial, artículos 143 y 413 inciso b).

Del voto del Dr Iturraspe (al que adhiere la mayoría). En disidencia los Dres Iribarren y Barraguirre.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones irrecurribles, facultades disciplinarias, sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FALTONI, HECTOR DANIEL c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 302-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-11-23

Habiéndose iniciado el respectivo sumario administrativo con la incorporación de documental y recepción de testimoniales; recibida correctamente la declaración indagatoria del recurrente -debidamente notificado y con la lectura de los cargos que constituían la materia de la imputación-, debe concluirse que en el procedimiento, que puede ser calificado de regular, no existieron falencias formales de tal carácter que le viciaran. No se advierte desviación en su finalidad ni irrazonable empleo de la potestad disciplinaria de la empleadora, con lo que queda debidamente justificado el ejercicio de la facultad discrecional disciplinaria de la Administración, que encuentra únicamente obstáculo a su ejercicio en la posible ilegitimidad o irrazonabilidad.
Proceso penal, daños y perjuicios
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Martínez, Mariano Raúl s/ inf. art(s). 189 bis, CP Inconstitucionalidad s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-12

En el recurso de queja debió explicarse en qué consistiría el daño -cuya reparación la Fiscalía califica de urgente-, lo que basta para tornarlo inadmisible en el marco de las disposiciones de la CN y de la CCBA, según las cuales las garantías del procedimiento penal no están concebidas para proteger al Estado de sí mismo, sino para y en favor de los imputados (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Policía, personal policial, ascenso laboral, orden de mérito
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PANCALDO, RICARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 347-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-02-17

De la demostración de la ilegitimidad de los ascensos producidos, no puede extraerse el automático reconocimiento del derecho del actor (agente policial) a ser promovido, sin antes analizarse su situación frente a los restantes candidatos, que, con su mismo promedio final, igualmente no ascendieron por falta de vacantes.
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abella, Juan Carlos y otros s/ artículo  80,  incisos  2, 6 y 7, etc. del Código Penal -ley 23.077-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

Estando en juego problemas de gravedad tal que han comprometido el devenir de las instituciones que establece la Constitución Nacional, y el futuro de nuestra comunidad toda, se deben superar ápices formales frustratorios del remedio federal.
Competencia, prevención
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viera, Roberto Sirio y ot. c/ Línea 278 S.R.L. Cía. de Omnibus 25 de Mayo y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-11

Si bien se dictó una sola sentencia en dos causas acumuladas la conexidad terminó en los presentes con la sentencia del Sr. Juez a quo. Ello, nos induce a concluir que en los presentes autos no corresponde se haga jugar la prevención que se invoca. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución fiscal, pequeños contribuyentes, monto del juicio
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: GCBA  c/ Podliszewski Oscar Mariano s/ ejecución fiscal - ABL - pequeños contribuyentes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-20

La modificación del art. 219 del CCAyT por ley n° 5931 instituye a la Cámara como tribunal superior en todas las causas que puedan ser luego objeto de revisión por este Tribunal a través del recurso extraordinario, sin importar cuál sea el monto comprometido en el pleito. El sistema queda así estructurado de modo que ya no hace atender al Tribunal algo a cuyo respecto no tuviera la palabra de la Cámara, lo cual es comprensible desde que el monto que pueda hallarse comprometido deja de ser el único elemento relevante, sino también el contenido del debate y lo que a su respecto se decide. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, por remisión a su voto en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Malabia 2497 SRL s/ ejecución fiscal", expte. n° 15878/18; sentencia del 14-05-2020).
Recurso de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, cheque, endoso, bancos, obligaciones, Banco Central de la República Argentina
Materia: CONSTITUCIONAL - COMERCIAL
Carátula: COMERCIAL ADINOTOR'S SA c/ BANCO LITORAL (HOY SUDECOR LITORAL) COOPERATIVO LIMITADO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 807-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-26

No se advierte configurada la supuesta violación de las reglas constitucionales (artículo 31, Constitución Nacional y artículos 1 in fine, y 6 Constitución Provincial) por la sentencia a quo que sostuvo que la circular "OPASI -1-" (del Banco Central) de fecha 11.9.1981 y que determina la obligación del banco de verificar la firma del último endosante del cheque, lejos de ser "contra legem", se puede considerar como una expresión reglamentaria profesional -para el banquero- de los principios generales de los artículos 512, 902 y concordantes del Código Civil, y, en ese sentido, entendió que el banco "cobrador" de un cheque depositado por su cliente para percibirlo de otro banco (girado) a cuyo cargo fue librado -el cual es ajeno al giro bancario y, por ello, no se encuentra contemplado en el decreto ley sobre cheques-, incurre en omisión de diligencias apropiadas (artículo 512 citado) si no verifica la firma del último endosante, deber éste que consiste en asegurarse de la correspondencia entre depositante que rubrica y beneficiario del cheque, cuando dicho papel de comercio no circuló por endosos.