Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-20


Causa 7011/2013 J: 7 S: 14 -I- "L. F. J. C/ BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" Buenos Aires, 20 de mayo de 2014.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 95 -fundado a fs. 101/103-, contra la decisión de fs. 93; y CONSIDERANDO:

1. El magistrado -en remisión al dictamen emitido por el agente fiscal de la anterior instancia de fs. 91/92-, se inhibió para conocer en las presentes actuaciones y atribuyó la competencia a la justicia contencioso administrativo federal (conf. fs. 93).

El apelante manifiesta que su relación con la demandada no es de empleo público, sino que es su empleadora en los términos de la ley de contrato de trabajo (ley 20.744). Sostiene que se trata de un reclamo fundado en el derecho común, toda vez que reclama los daños y perjuicios derivados de la negligencia, discriminación y mal desempeño de los funcionarios de la entidad accionada. Cita jurisprudencia en apoyo de su tesitura (conf. fs. 101/103).

2. En primer lugar, es conveniente señalar que para determinar la competencia de los tribunales corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda, y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión, pues los primeros animan al segundo y, por ello, son el único sustento de los sentidos jurídicos particulares que les fuesen atribuibles (conf. arts. 4 y 5 del Código Procesal; Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 303:1453; 306:328, 856, 948, 1056; 307:505, 774 y 871; esta Sala, causas 7.122 del 14.12.93, 20.039 del 23.2.95, 4.365 del 20.6.96, 2.041 del 3.4.97, 2.324/98 del 22.10.98, 5.295/07 del 27.9.07, 12.290/07 del 27.3.08, 5.959/07 del 3.6.08, 13.178/06 del 24.6.08, 4.868/07 del 26.8.08, 5.967/08 del 28.8.08, 723/08 del 11.9.08, 882/08 del 30.9.08, 13.470/07 del 2.10.08, 10.899/07 del 7.10.08, 7.683/08 del 25.11.08, 2.055/08 del 23.12.08, 3.295/08 del 10.2.09, 8.670/08 del 7.4.09, 9.876/08 del 19.5.09, 4.423/08 del 26.5.09, 11.300/08 del 6.8.09, 2.086/09 del 11.8.09, 13.783/07 del 18.8.09, 1.310/09 del 20.8.09, 2.701/09 del 24.9.09, 680/08 del 29.10.09, 2.801/09 del 29.10.09, 5.850/09 del 15.12.09, 3.544/09 del 22.12.09; entre otras).

Desde esta perspectiva, es dable destacar que el actor promueve demanda contra el Banco Central de la República Argentina por los daños y perjuicios que sufriera -según sus dichos- a raíz de inconductas laborales, discriminación, negligencia y mal desempeño de funcionarios de esa entidad, padecidos desde octubre de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2009. Relata que realizó reclamos por reencuadramiento funcional y que fueron demorados y/o denegados y que no se lo consideró para los ascensos que -asegura- le correspondían (conf .fs. 2 y siguientes).

3. En tales condiciones, corresponde precisar que el BCRA es un ente autárquico del Estado Nacional y que está sometido a la jurisdicción de los tribunales federales de conformidad con lo dispuesto por el art. 55, Carta Orgánica, Ley 24.144 (Fallos 324: 2592).

En efecto, en presencia de un interés nacional corresponde en términos generales la competencia de la justicia federal (conf. CSJN, 12.2.69; Fallos 273:16; 15.4.70, L.L., 138-542; J.A., 1970-6, p. 529; 13.11.73, J. A., 1973-21, p. 297; 7.7.75, L.L., 1975-C, p. 319; esta Sala, causas 4697 del 30.6.87, 9.381/05 del 11.4.06, 14.965/04 del 6.3.07, 1.880/09 del 1°.7.10, 5.041/10 del 28.12.10, 2.204/13 del 17.9.13, 6.912/12 del 27.12.13, entre otras).

4. Sobre la base de lo expuesto, se debe destacar que cuando se trata de decidir sobre la competencia entre los fueros civil y comercial federal y en lo contencioso administrativo federal, lo que verdaderamente interesa examinar es la índole de las normas y principios que prima facie, estén llamados a resolver el conflicto (conf. esta Sala, causas 6.443 del 25.8.94, 20.309 del 23.2.95, 30.533 del 17.10.95, 4.606/99 del 9.12.99, 788/00 del 4.5.00, 6.583/00 del 17.10.00, 6.678/02 del 19.09.02, 6.675/06 del 15.05.07, 2.723/07 del 7.08.07, 3.038/07 del 30.08.07, 322/07 del 4.10.07, 3.053/08 del 10.8.08, 2.830/08 del 4.8.09; Sala II, causa 1.242/02 del 7.05.02; Sala III, causas 2.520 del 22.5.92, 5.458/98 del 19.10.00, 3.324/02 del 27.06.02 y 4.139/02 del 3.10.02).

La ponderación a realizar consiste, pues, en determinar con el alcance indicado, si la pretensión jurídica se desenvuelve en la esfera del derecho administrativo o si, por el contrario, se está frente a una relación jurídica de naturaleza civil regida por los principios propios del derecho común. Pero ello, sólo en la medida necesaria para dirimir la cuestión de competencia y sin perjuicio de la oportuna dilucidación sobre el mejor derecho sustancial que puede asistir a las partes una vez definidos los hechos que han sido materia de prueba, y la entidad y proyecciones de los argumentos jurídicos expuestos por ambas (conf. esta Sala, causas 30.533, 4.606/99, 788/00, 6.583/00, 6.678/02, 6.675/06, 2.723/07, 3.038/07, 322/07, 3.053/08, 2.830/08 citadas; Sala III, causas 4.797 del 29.5.87, 12.962 del 24.2.95 y 11.006 del 23.6.95).

En consecuencia, teniendo en cuenta el relato efectuado en el escrito de inicio, la naturaleza de las relaciones jurídicas involucradas y las normas que se aplicarán para resolver la controversia, cabe concluir que la pretensión jurídica deducida en el sub examine está regida prima facie por principios y normas de derecho común y no se desenvuelve en la órbita del derecho administrativo y, por lo tanto, resulta propia al conocimiento del fuero civil y comercial federal (conf. esta Sala, doctr. causas 10.353/01 del 19.11.02, 7.007/01 del 29.05.03, 1.298/03 del 19.8.03, 4.428/02 del 7.10.03, 14.098/03 del 18.03.04 y 2.830/08 del 4.8.09).

En virtud de los fundamentos expuestos, y de conformidad con lo dictaminado por el señor fiscal general a fojas 107/108, SE RESUELVE: revocar la resolución apelada y disponer que el magistrado debe reasumir la jurisdicción que declinó.

Hágase saber a los letrados que en las causas en las que se haya interpuesto recurso de apelación o de queja por apelación denegada a partir del 18.11.13 deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de la ley las sucesivas resoluciones y providencias del tribunal (conf. Acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-).

El Dr. Ricardo Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese -al Sr. Fiscal General ante esta Cámara- y devuélvase.

María Susana Najurieta Francisco de las Carreras