marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo por tiempo indeterminado, rescisión del contrato
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BLANDO, NILDA GLADIS c/ NIDERA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-02-12

La más prestigiosa doctrina nacional entiende que en los contratos sin plazo, o bien con un lapso indeterminado, el vínculo perdura en el tiempo hasta que se le ponga un fin, pero no es razonable pensar que los contratantes se obligaron a perpetuidad; así, aun cuando no haya sido expresamente pactada una cláusula de rescisión unilateral, la misma debe ser presumida en los contratos por tiempo indeterminado, ya que no puede obligarse a las partes a permanecer eternamente vinculadas. Ahora bien, la circunstancia de que, en principio, sea legítimo que una de las partes rescinda unilateralmente un contrato de las características del que unía a la actora y a la demandada, no obsta a que el ejercicio de tal facultad pueda ser realizado de manera abusiva y, por tanto, antijurídica, lo que puede darse en los supuestos en que la ruptura se realiza de manera intempestiva, sin otorgarse preaviso a la contraria, o si no se respeta un plazo de duración de la relación que permita la amortización de las inversiones y la obtención de ganancias razonables. DOCTRINA: Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos, T. I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, páginas 551/553 y 560.
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, homologación del acuerdo preventivo, cauciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: JOSE ALVAREZ SUAREZ s/ CONCURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-17

La intimación a la concursada para que deposite en el expediente la cuota correspondiente a un crédito respecto del cual se objeta la declaración de admisibilidad, no requiere la caución previa de la LC 69, esta garantía es anterior al retiro de los fondos por el presunto acreedor; pero no es necesaria para el ejercicio de la otra opción, indicada en aquella norma, consistente en el depósito del importe en el expediente.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, responsabilidad del funcionario público, disparo de arma
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gómez, Javier Horacio c/ Quiróz, Alfredo y Estado Nacional (Policía Federal) s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

Corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios causados por un disparo de arma de fuego a quien, usando un arma intentó robar, si el agente policial interviniente adoptó las diligencias que pueden considerarse razonablemente exigibles en atención a las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjo el suceso.
Recurso de inconstitucionalidad, domicilio, notificación, oficina de mandamientos y notificaciones, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: PALUDETTI, MARIO LUIS c/ GOROSITO, MARIO OMAR s/ RESOLUCION DE CONTRATO. APREMIO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 221-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-02-19

No resulta decisivo el planteo del recurrente, si no justifica la acreditación fehaciente del cambio de domicilio que invoca, no siendo suficiente a tal efecto la remisión a determinados fojas del expediente, ni la mención de un informe de la oficina de mandamientos y notificaciones. Máxime si se considera, que el recurrente cuestiona la afirmación del tribunal a quo, de que debió probar acabadamente la circunstancia alegada, en sustento de la nulidad del trámite de ampliación de sentencia, esto es, que el traslado corrido se le notificó en domicilio inexistente.
Juicio oral, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Lafranconi, Ricardo Luis y otros s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-21

El art. 286 del Código de Procedimiento Penal no llega a ser aplicable a las pruebas previamente desplazadas -y, entonces, no adquiridas- en función del art. 281, que se dirige a la etapa lógica y jurídicamente previa de la incorporación de la prueba.
Excepciones procesales, falta de acción, inmunidades parlamentarias, inmunidad de jurisdicción, audiencia de conciliación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Albamonte, Alberto s/ Excepciones
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-26

La audiencia prevista por el art. 591 del C.P.M.P. es un acto procesal enderezado a vincular al querellado a los procedimientos, sometiéndolo en calidad de sujeto de una acción penal a la jurisdicción judicial, por lo que resulta improcedente que se lleve a cabo tratándose el querellado de un legislador, ya que se avasallaría su inmunidad, correspondiendo en tal caso hacer lugar a la excepción dilatoria de falta de acción, suspendiéndose el trámite de la causa.
Pagaré, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carta Austral S.A. c/ Jara, Silvio Teodoro y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-14

El art. 50 del decreto ley 5965/63, si bien no libera al portador de la obligación de presentar el pagaré, establece que la prueba de su inobservancia recae sobre el deudor. Y, ante la clara disposición legal y como dicha circunstancia no ha acaecido en autos, corresponde aplicar a tal fin la fecha denunciada por la parte ejecutante.
Ejecución de sentencia, ley de orden público, bonos de consolidación, moneda extranjera, pesificación
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Young de Aguirre, Beatriz c/ ELMA S.A. s/ Accidente.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-25

Dado el carácter de orden público de la ley 25565, la referida cancelación de la opción de los acreedores de recibir bonos de consolidación en dólares estadounidenses importa para el Estado Nacional, la prohibición de entregar tal tipo de bonos a partir de la vigencia de la ley referida. En el caso se trata de diferencias no canceladas, por erróneas liquidaciones, de honorarios de los profesionales intervinientes en la causa.

Como la "pesificación" en cuestión sólo resulta aplicable- de conformidad con lo establecido por el art. 1 del decreto 1873/02-en relación a las deudas que "aun no se hubieran cancelado", debe interpretarse que si existen diferencias a cobrar por tales profesionales que aun fueron canceladas, las mismas caen dentro de la normativa cuestionada. El argumento relativo a los derechos adquiridos que tendrían los mencionados profesionales a recibir los títulos que les habrían correspondido de no mediar liquidaciones erróneas de la demandada carece de importancia práctica para determinar la inaplicabilidad de la ley en cuestión, pues el Estado se halla jurídicamente imposibilitado de entregar los bonos pretendidos.
Rebeldía, prueba, presunciones
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: O'Higgins, José Alberto c/ Kennett, Smith y/o quien resulte responsable s/ Reclamo laboral resulte responsable s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-12-13

Debe analizarse la incidencia del silencio del accionado, en cuanto debidamente notificado de la demanda incoada en su contra, no compareciera a estar a derecho, por lo que resulta de aplicación el art. 34 de la Ley Nro. 639 y 353 inc. 1 del C.P.C.C., que prescriben que la incontestación de demanda hace presumir la veracidad de los hechos lícitos afirmados en demanda.

Esta circunstancia procesal sin embargo no obsta a la obligación que pesa sobre la parte actora de la prueba del hecho básico invocada, cual es la prestación de los servicios, la puesta a disposición de su fuerza de trabajo a favor de la empleadora a cambio de una retribución en los términos de los arts. 21, 22 y 23 de la L.C.T.

Ello así por cuanto el art. 60 del C.P.C.C. aplicable por remisión procesal del art. 89 del C.P.L. establece que "la rebeldía no alterará la secuela regular del proceso. La sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el art. 353 inc. 1.

En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración ...", de tales disposiciones se desprende que la rebeldía no puede tener por efectos acordar un derecho a quien no lo tiene, ya que si bien la incomparencia del demandado permite presumir la verdad de las afirmaciones del contrario, se trata de simples presunciones "hominis", que necesitan la verificación, ratificación o robustecimiento de la prueba apta para producir convicción suficiente", por ello es que la ley expresa que "la rebeldía no alterará la secuela regular del proceso" y que "la sentencia será pronunciada según el mérito de la causa". Fundamento de la Dra. Niveyro.
Contrabando simple, contrabando con el concurso de personas, prescripción de la acción penal, personas jurídicas, cómputo del plazo
Materia: PENAL
Carátula: EVADIN S.A. s/ Incidente de Prescripción, Averiguación de contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-02

1- La circunstancia de estar procesada una firma por hechos que configurarían contrabando simple, Art. 187 inc. f) de la Ley de Aduanas (t.o.1962) y habiendo sido llamados dos integrantes de la misma a prestar declaración indagatoria, no puede desprenderse de ello-desde que no se procesó a titulo personal a los mencionados-que hubiesen intervenido en el hecho por lo menos tres personas, no resultando tampoco válido al respecto el argumento de que en la empresa trabajasen alrededor de cien personas, pues ello no significa convergencia intencional, argumentos aquellos que pretendían calificar los hechos como contrabando agravado.- 2- Pero aún cuando se concluyera en la hipótesis de la existencia de contrabando calificado, la solución no variaría en el caso pues se trata de la prescripción de la acción respecto a un ente ideal y para ello sólo podría ser tenido en cuenta el plazo mayor correspondiente a las penas que- en abstracto- pudieren serle impuesta, entre las que no está la privación de la libertad. Por ser la pena mayor aplicable la inhabilitación perpetua, conforme al Art.

62, inc. 3) del Código Penal, el lapso a tener en cuenta es de cinco años.
Recurso de revisión (procesal), acción de amparo, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: ORTEGA F. s/ AMPARO - REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-05

A los fines de determinar el carácter definitivo de la sentencia dictada en la acción de amparo, el art. 13 de la ley provincial Nro. 4915 (reformada por la ley 5770) reglamentada por la acción de amparo, resulta esclarecedor. La ley sostiene el carácter de cosa juzgada sustancial o material de la sentencia dictada en el procedimiento de amparo cuando decide sobre el fondo de la cuestión sometida a discusión, es decir: cuando el oficio formula una declaración de certeza sobre el mérito de la pretensión. Distinto es el caso en que la orden (del juez) es extintiva cuya función consiste en la negativa del acto de composición por parte del oficio, cuando falta un hecho extintivo o una circunstancia impeditiva del mismo, a tenor de las enumeradas en los arts. 2, 3, 4, 10, y 14 de la ley citada. Esta sentencia no puede ser una decisión, precisamente porque no contiene un acertamiento del derecho, esto es: no decide, pero es una orden que prevé sobre el proceso de amparo, aplicando el derecho. En este último supuesto, es innegable que la sentencia alcanzara el efecto de cosa juzgada formal, cuando haya quedado firme o ejecutoriada.

El efecto de cosa juzgada relativa, de la sentencia firme recaída en juicio de amparo, impide renovar la misma cuestión , contra el mismo acto, el mismo actor, por idéntica causa pretendi. La sentencia, en tales condiciones, asume la dignidad de decisión definitiva (Voto del Sr. Vocal Dr. Petitto).-
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, caducidad de instancia, devolución del expediente, libros del tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: Freysselinard, Federico Julián y otro c/ Confederación General del Trabajo y otro. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que declaró operada la caducidad de instancia sin ponderar adecuadamente la circunstancia de que en los libros del juzgado no había sido consignada la devolución de la causa, lo que traducía la existencia de una adicional dificultad para que la recurrente tomase conocimiento de que podía impulsar el procedimiento hacia una etapa superior.
Instrucción sumaria, eximición de prisión, excarcelación, deberes del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: LEIVA, R. s/ INSTRUCCION SUMARIA:EFECTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-13

La instrucción sumaria en nada ha modificado el régimen establecido en la ley ritual respecto de la exención de prisión y excarcelación. Por ello se debió tramitar la libertad del imputado por vía incidental y ajustar el decisorio a lo normado en los arts.

316 y ss., C.P.P. Así el juez deberá citar a los encausados y determinar bajo qué pautas compromisorias concede el beneficio siguiendo el trámite ordinario.
Prueba, reconocimiento en rueda de personas
Materia: PENAL
Carátula: SINOPOLI AZCOAGA LEONARDO ABEL s/ ESTAFA INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-14

El reconocimiento en rueda de personas practicado por el a-quo, deviene nulo de nulidad absoluta, toda vez que fue realizado tomando como base un acto prevencional, como fueran los reconocimiento fotográficos realizados con los testigos en sede policial, violando el derecho constitucional de defensa (artículo 18 Constitución Nacional), ya que todo reconocimiento (artículo 270, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal) deben ser actos jurisdiccionales, pues se trata de actos definitivos e irreproductibles.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, juicios en que la Nación es parte, valor disputado en último término, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fisco Nacional c/ N.N. y/o Varela, Juan Pedro s/ Expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

Es formalmente viable el recurso ordinario de apelación en tercera instancia en causa en que la Nación directa o indirectamente reviste el carácter de parte, si, según surge del memorial, la diferencia entre la cantidad regulada y la que a juicio del apelante correspondía adjudicar, actualizada a la fecha de interposición del recurso, supera el mínimo establecido en el art. 24, inc. 6°, apartado a) del decreto ley 1285/58, modificado por las leyes 21.708 y 22.434 y resolución de la Corte N° 445/85.
Empleo público, sanciones disciplinarias administrativas, suspensión del trabajador, suspensión preventiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Califano Mario c/ CONICET -Resol. 715/97 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-22

Las medidas preventivas de traslado transitorio y suspensión preventiva proceden cuando el alejamiento del sumariado resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados o cuando su permanencia fuera inconveniente. (Consid. 3º).
Responsabilidad civil, accidente de tránsito, costas al vencido, indemnización
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Gallegos, Paola Ester  c/ Zurita, Daniel Ezequiel y otros  s/ d. y p. derivados del uso de automotores (con lesión o muerte)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-07

Si bien la distribución de la responsabilidad ha sido en la forma mencionada por el apelante -40% a cargo de la parte actora y un 60% a su cargo- no encuentro motivos para apartarme del principio general que impera en materia de costas, esto es "costas al vencido". En efecto, el comportamiento de los accionados ha originado que con independencia de la distribución de responsabilidad que se atribuye, la actora haya tenido que iniciar un nuevo juicio para reclamar los daños físicos experimentados por su hijo a raíz del accidente. En ese sentido, los accionados negaron adeudar la indemnización que se les reclamaba por la incapacidad física sufrida por el niño, producto del accidente; ello a pesar de que en parte fueron responsables, y en vez de allanarse en función de la responsabilidad que se les atribuye en su producción, negaron rotundamente no sólo el reclamo efectuado por daño físico, sino la existencia misma del accidente.
Honorarios del perito, pericia contable, regulación de honorarios, pautas
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CONFITUZR S.A. c/ RUBENS RONALD SALOMON s/ EXHORTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-10

La comprobación de asientos existentes en los libros examinados por un perito contador, no configura una verdadera pericia en el sentido del art. 3, inc. a) del arancel respectivo, que torne aplicable la escala de dicho artículo, y por lo tanto, el honorario debe fijarse teniendo en cuenta dicha circunstancia y las normas de orden general contenidas en el art. 6 de la citada norma legal.-
Donación, aceptación de la donación, menores, revocación de la donación
Materia: CIVIL
Carátula: OGER, Liliana Noemí c/ GUILLAMET CHARGUE, Guillermo y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

La aceptación, en esencia, un acto complementario de la donación, debe recibir un tratamiento particularizado cuando los beneficiarios del regalo son incapaces, en tanto los donantes son, precisamente, sus representantes legales, quienes, además, son las personas obligadas a realizar las gestiones hábiles y conducentes para que la aceptación se emita en legal forma. En este contexto, y cuando se omite, manteniéndose durante un largo tiempo el estado de incertidumbre sobre la situación jurídica de los bienes donados, existe la posibilidad de que la revocación del donante se constituya en un acto abusivo.-
Superior Tribunal de Justicia, sentencia, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Olmo Herrera, Alfredo Mario c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Misiones s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1990-02-22

Es definitiva la sentencia que dictan los Superiores Tribunales de Provincia en instancia única a los efectos del artículo 14 de la Ley 48.
Pacto de San José de Costa Rica, estado parte, Derecho internacional, responsabilidad internacional del Estado, obligaciones internacionales, pacta sunt servanda, buena fe
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Penitenciarías de Mendoza s/ medidas provisionales
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2006-03-30

Conforme el artículo 63.2 de la Convención Americana, el Estado está obligado a adoptar las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana puesto que rige el principio básico del derecho de la responsabilidad internacional de los Estados según el cual, deben cumplir sus obligaciones convencionales de buena fe -pacta sunt servanda-, por lo que el incumplimiento de una orden de adopción de medidas provisionales dictadas por el Tribunal puede generar la responsabilidad internacional del Estado.
Accidentes de trabajo, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: Trejo, Jorge Elias c/ Stema S.A. y Otros s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-24

Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia que rechazó el reclamo indemnizatorio por accidente de trabajo fundado en el derecho común, así como la pretensión deducida en subsidio contra la aseguradora para el supuesto de que no se hiciese lugar a la reparación integral, pues la calificación de la conducta de la víctima, que determinó la existencia de culpa exclusiva que liberó de responsabilidad al demandado ( art. 1113, párrafo 2º, in fine, del Código Civil), se basó en una consideración aislada de los dichos de algunos testigos, sin integrarlos ni armonizarlos con otras constancias de la causa, no sólo por haber omitido el estudio de otros testimonios distintos a los mencionados en el fallo, sino por haber preterido extremos vinculados con el control efectivo, concerniente a los deberes del empleador, sobre la observancia de las medidas adecuadas de prevención respecto del balancín donde ocurrió el accidente, tal como lo estableció el perito técnico.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Abaca, Laura Gabriela c/ Casali, Marco Miguel s/ varios (f) s/ casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-12-10

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su actual composición, ha determinado que "...no obstante que sus decisiones se circunscriben a los procesos concretos que son sometidos a su conocimiento, la autoridad institucional de sus precedentes, fundada en la condición del Tribunal de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, da lugar a que en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos sus conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentemente seguidas tanto por esta misma Corte como por los tribunales inferiores; y cuando de las modalidades del supuesto a fallarse no resulta de manera clara el error y la inconveniencia de las decisiones ya recaídas sobre la cuestión legal objeto del pleito, la solución del mismo debe buscarse en la doctrina de los referidos precedentes (Fallos: 339:1077) y sus citas)" (22.05.18 en autos "Viñas, Pablo c/ EN-M. Justicia y DDHH s/ Indemnizaciones-Ley 24403-art.3", CAF 47871/2016/CS1- CA1). Para apartarse de lo que en doctrina se ha denominado el "stare decisis horizontal" (respecto de la propia jurisprudencia), el Juez debe aportar una "carga argumentativa calificada", tendiente a "...demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente la existencia de causas graves que hagan ineludible el cambio de la regla de derecho aplicable". (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Lesión subjetiva, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Zumezu, Raúl c/ Orts, Adela María y otro s/ Nulidad de Acto Jurídico
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-22

Se ha estimado que la desproporción de las prestaciones tiene visos de evidencia cuando está en orden a la mitad del precio justo.

Si la mitad del justo precio habría sido $A78 y se pago $A35, abonándose menos de la mitad de la mitad, si no se ha traído ninguna prueba efectiva que lo justifique en esas condiciones (ánimo liberal; otras ventajas consideradas; mucha amistad o parentesco), que da a la vista la enorme desventaja que hubiera requerido, para salvar la posición de la enjuiciada, una verdadera prueba de la inexistencia del aprovechamiento o la preparación, conocimiento, aptitudes negociables, estado óptimo de la lesionada que fue objetivamente informada, etc.

Cuando el art. 954 del Código Civil establece el sistema de presunción ante la "notable desproporción de las prestaciones, quedan presumidos dos elementos subjetivos de la lesión.