Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-07-03


[[p]]///MA, de julio de 2015.[[/p]][[p]]Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, doctores Liliana L. Piccinini, Enrique J. Mansilla, Sergio M. Barotto, Ricardo A. Apcarian y Adriana C. Zaratiegui, según surge del acta de audiencia obrante a fs. 143, con la presencia del señor Secretario doctor Wenceslao Arizcuren, para el tratamiento de los autos caratulados "U., C. s/Incidente de excarcelación s/Casación" (Expte.Nº 27532/14 STJ), elevados por la Cámara Primera en lo Criminal de la VIª Circunscripción Judicial con asiento de funciones en Cipolletti, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, en conformidad con el orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:[[/p]][[p]]C U E S T I O N E S 1ª ¿Es fundado el recurso? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde? V O T A C I Ó N A la primera cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini dijo:[[/p]][[p]]1. Antecedentes de la causa:[[/p]][[p]]Mediante Sentencia Interlocutoria Nº 626, del 17 de noviembre de 2014, la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti resolvió no hacer lugar al planteo excarcelatorio que habían presentado los señores defensores particulares de C.U. -doctores Oscar Raúl Pandolfi y Marcelo Alejandro Inaudi-, ratificando lo resuelto a fs. 70/71. En la decisión aludida (Auto Interlocutorio 612, de ese mismo mes y año), ese Tribunal había revocado la excarcelación concedida al nombrado y ordenado su inmediata detención, "procediéndose así a ejecutar la condena impuesta en el principal".[[/p]][[p]]Contra lo decidido, la defensa interpuso recurso de casación, que fue declarado admisible por el a quo y, posteriormente, este Cuerpo declaró bien concedido.[[/p]][[p]]Se dispuso entonces que el expediente quedara por diez días en la Oficina para su examen por parte de la defensa y se dio intervención a la Fiscalía General.[[/p]][[p]]Realizada la audiencia prevista en los arts. 435 y 438 del Código Procesal Penal con la asistencia del señor Fiscal General doctor Marcelo Álvarez, quien manifestó que no haría uso de la palabra, dada la incomparecencia de la parte recurrente y acompañó escrito de /// contestación, luego agregado al expediente (fs. 138/142 y vta.), los autos han quedado en condiciones de ser tratados.[[/p]][[p]]2. Agravios del recurso de casación:[[/p]][[p]]La defensa sostiene que la resolución impugnada resulta derivación de una inobservancia de los principios constitucionales invocados por esa parte en materia excarcelatoria, lo que implica una fundamentación técnicamente arbitraria de la decisión finalmente adoptada.[[/p]][[p]]Reseña los requisitos formales del recurso, entre los que incluye la invocación de una evidente inobservancia de principios constitucionales y una errónea fundamentación (en realidad, aparente), cuando se aconsejaba la imposición de una medida cautelar menos gravosa, por lo que la privación de libertad sería indebida e ilegítima. También hace referencia, como motivo que se alega, a la inobservancia de normas sustanciales y principios axiológicos que las inspiran, contenidos en nuestra Carta Constitucional y en los tratados internacionales de derechos humanos con vigencia supralegal.[[/p]][[p]]Seguidamente realiza un racconto del trámite de la incidencia desde que se condenó a su defendido, incluyendo los recursos que se presentaron contra esa condena (casación, recurso extraordinario federal y queja ante su denegatoria), así como también la excarcelación oportunamente concedida, su posterior revocación, la petición de excarcelación y la decisión que no hizo lugar a este planteo, cuya impugnación aquí se analiza.[[/p]][[p]]Pasa luego a tratar el fondo del asunto y señala que, al revocar la excarcelación de su defendido, la Cámara Criminal no dedicó un solo párrafo a la posibilidad de que este eludiera el accionar de la justicia, no se mencionó pauta objetiva alguna de la que se pudiera inferir peligro de fuga (ni por las condiciones personales el imputado, ni por su comportamiento a lo largo del proceso, ni por la gravedad de la pena impuesta), por lo que la única razón del encarcelamiento preventivo es el estado procesal de la causa, al considerarse que la sentencia habría quedado firme por el rechazo del recurso extraordinario federal por parte de este Cuerpo.[[/p]][[p]]Considera que el fallo en cuestión no se encuentra firme, dado que la firmeza de un fallo se adquiere, al decir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "con la inmutabilidad propia de la cosa juzgada", y que a su vez esta aparece recién con la desestimación de la queja ///2. dispuesta por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Invoca en este punto la doctrina del caso "Olariaga" (considerando 7º).[[/p]][[p]]Con base en lo anterior señala que, antes de que el fallo adquiera firmeza de cosa juzgada, todo encarcelamiento es "preventivo" y, como tal, debe resultar debidamente justificado, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corte Suprema en la causa "Loyo Fraire", fallo posterior a la jurisprudencia de este Superior Tribunal que se cita en la resolución recurrida.[[/p]][[p]]Continúa afirmando que no procede en esta instancia la "ejecución de la condena" dispuesta, como así tampoco hacer referencia al estado procesal de la causa como único fundamento de la prisión preventiva.[[/p]][[p]]Menciona además que, en el caso, la sentencia se encuentra cuestionada ante la Corte por incumplimiento de garantías constitucionales (defensa técnica eficaz -art. 18 C.Nac.- y doble conforme -arts. 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP-).[[/p]][[p]]Cita parte del dictamen del Procurador de la Corte doctor Eduardo Casal, al que remite el Tribunal en la causa "Loyo Fraire", en tanto sostuvo: "No pierdo de vista que en el sub examine -a diferencia del citado \'Martini\'- se dictó sentencia de condena que, no se encuentra firme, constituye una decisión sobre el fondo que, como tal, goza de una presunción de acierto que incide desfavorablemente en cuanto al riesgo de fuga. Sin embargo, estimo que ese pronunciamiento, aún así, no priva de significación aquella omisión del a-quo, desde que el encarcelamiento no deja de ser cautelar, y entonces la decisión debe contener la motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a los requisitos impuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos, el de necesidad, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no existe una medida menos grave respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuenten con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto (sentencia de la CIDH del 21 de enero de 1.994, en el caso Gangaram Pandoy vs. Surinam, Parágrafo 93)" (el destacado pertenece a los recurrentes).[[/p]][[p]]Concluye que, pese a existir una condena, en la medida en que esta no se encuentra firme, toda prisión que se disponga no deja de ser preventiva o cautelar, hasta que la sentencia /// quede firme o adquiera inmutabilidad de cosa juzgada, y destaca que, mientras tanto, habrá que seguir las pautas fijadas en "Loyo Fraire" por la Corte.[[/p]][[p]]Los letrados desarrollan luego las consecuencias que traería ese fallo y señalan, en primer lugar, que en el estado en que se encuentra el presente proceso el juicio de peligrosidad procesal solo concierne al riesgo de fuga. Añaden que resulta obvio que es insuficiente invocar que el principio de inocencia adquiere una diferente textura una vez que se ha dictado sentencia condenatoria.[[/p]][[p]]Refieren que, según el fallo del máximo Tribunal de la Nación, se admite la privación cautelar de la libertad solo cuando se configura alguna de estas circunstancias en el proceso cuyos fines se intenta resguardar y que, por ende, en la medida en que no se hayan verificado conductas concretas que permitan colegir que el imputado habrá de sustraerse de la investigación, del juzgamiento o, después de producido este, del cumplimiento de la pena impuesta, corresponderá mantenerlo en libertad.[[/p]][[p]]Manifiestan que no surge ni de la resolución que dispuso la libertad cautelar, ni de la que rechaza la excarcelación requerida, que remite a aquella, que su defendido se haya sustraído del proceso sino todo lo contrario, ya que ha cumplido las condiciones impuestas.[[/p]][[p]]En otro apartado del recurso, la defensa sostiene que "la CSJN remitiéndose al dictamen del Procurador General Casal que hizo suyo, pontificó que es absolutamente imperativo el cumplimiento de la Resolución 35/07 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que veda absolutamente cualquier motivo para dictar una Prisión Preventiva, que no se vincule estrictamente con la \'peligrosidad procesal\' ya que ésta está acreditada solamente si se demuestra, como vimos, que existe concreto \'peligro de fuga\' (frustración del juicio) o idéntico peligro para la investigación (frustración de la investigación)" (el destacado es del recurso).[[/p]][[p]]Destaca que los pactos internacionales rigen en la medida de su vigencia, lo cual veda la aplicación de los precedentes de este Superior Tribunal invocados en el fallo apelado, que violentan la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y la resolución antes citada.[[/p]][[p]]Cita precedentes de la Corte, otros informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y doctrina en relación con el carácter excepcional del encarcelamiento preventivo, lo que se encuentra constitucionalizado y surge directamente de la combinación ///3. entre el derecho general a la libertad ambulatoria y la prohibición de aplicar una pena antes de obtener una sentencia condenatoria firme (principio de inocencia), con mención de la normativa pertinente.[[/p]][[p]]Agrega que el argumento de la severidad de la sanción penal no puede ser el único que se tenga en cuenta a la hora de evaluar sobre la procedencia del dictado de una medida cautelar de coerción personal, dado que otorgarle preeminencia absoluta frente a otros parámetros que confronten con él y que pudieran resultar plenamente acreditados en una causa puede conducir a resultados disfuncionales e incompatibles con el ordenamiento constitucional y legal.[[/p]][[p]]Finaliza señalando que los "criterios" a los que viene aludiendo deben ser aplicados, al momento de resolver, con la mayor racionalidad, ejerciendo el más prudente sentido común y según los criterios de proporcionalidad y subsidiariedad.[[/p]][[p]]Por lo expuesto, solicita que se revoque lo decidido, se disponga la libertad del imputado y, si se juzgase necesario, se establezca la caución real que se estime pertinente.[[/p]][[p]]3. Dictamen de la Fiscalía General:[[/p]][[p]]El señor Fiscal General manifiesta en su dictamen que corresponde hacer lugar al recurso de la defensa y revocar la decisión del a quo que dispone la ejecución de la condena impuesta al imputado.[[/p]][[p]]Señala que el alcance del recurso en tratamiento no puede ser otro que el análisis referente a la posibilidad de "ejecutar la sentencia", esto es, determinar si la decisión de la Cámara de juicio ha sido debidamente fundada en derecho.[[/p]][[p]]Afirma que le asiste razón a la defensa, en primer lugar, en virtud de que el precedente que cita en el recurso (Fallos 330:2826) no resulta ser el único emanado de la Corte que fija criterio sobre la cuestión, y trae a colación lo resuelto por ese alto Tribunal en dos precedentes, que cita (causa N° 314/99C (G. 2533. XLI). RECURSO DE HECHO "García, Gustavo Alberto y otros s/ peculado y malversación culposa de caudales públicos" y "Caballero, Jorge Antonio" Fallos 329:3928-).[[/p]][[p]]Por otra parte, menciona doctrina que sostiene que la Corte Suprema es quien tiene la última palabra con relación a la interpretación y salvaguarda final de la Constitución Nacional y de los derechos y garantías en ella contenidos.[[/p]][[p]]/// Hace referencia a la postura contraria, que parte de la interpretación del art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y los argumentos que expuso la doctora Carmen Argibay en su voto disidente en autos "Chacoma" (Fallos 332:700), en el sentido de que el recurso de queja constituye una acción impugnativa de una sentencia firme, y alude a ciertos argumentos que permiten su refutación, entre ellos, que el principio de inocencia impide la ejecución de sentencias a penas de prisión mientras no adquieran firmeza.[[/p]][[p]]Menciona además que el criterio según el cual el fallo condenatorio no se encuentra firme por existir un recurso pendiente de resolución y en trámite ante la Corte Suprema ha sido adoptado en anteriores pronunciamientos de este Superior Tribunal (considerandos del precedente STJRNS2 Se. 132/13 "Amulef").[[/p]][[p]]Por todo lo expuesto, entiende que corresponde hacer lugar al recurso de la defensa, revocar la resolución de la Cámara en lo Criminal y remitir los autos a dicho Tribunal para que se resuelva la cuestión planteada por la defensa, relativa a la excarcelación del acusado, que no fue tratada en la instancia.[[/p]][[p]]4. Análisis y solución del caso:[[/p]][[p]]Una atenta consideración de lo resuelto por la Cámara Criminal en el sub examine, en confronte con los agravios desarrollados por la defensa, liminarmente permite avizorar -por un lado- que el recurso posee serias chances de prosperar y -por otro lado- que se impone readecuar criterios otrora sostenidos por este Superior Tribunal de Justicia, en anterior integración. Ello, a partir de la revisión de las consideraciones que otorgaban sustento a dicha doctrina y, fundamentalmente, por la irrestricta obligación que asume la judicatura respecto de la correcta aplicación de las normas constitucionales y convencionales involucradas, con alineamiento a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que rige el punto en tratamiento.[[/p]][[p]]Corresponde entonces analizar la cuestión traída a recurso partiendo de un primer plano que consiste en establecer si, al momento de revocar la excarcelación y ordenar el encierro del imputado/condenado, habiendo agotado la vía extraordinaria local, denegada la vía extraordinaria federal por parte de este Cuerpo y encontrándose pendiente el recurso de queja por tal denegación, la sentencia que le imponía ocho años de prisión se encontraba o no firme y en condiciones de ser ejecutoriada. Luego, en una suerte de segundo plano de análisis, con directa vinculación, habrá de determinarse qué naturaleza jurídica otorgar a dicho ///4. encarcelamiento por vía de revocación primero y de rechazo de excarcelación después, con la consiguiente y necesaria verificación de los recaudos a cumplir por parte del a quo.[[/p]][[p]]1) La firmeza del fallo condenatorio:[[/p]][[p]]Al momento de revocar la excarcelación que había sido concedida a U., así como también -por vía de remisión- al no hacer lugar al planteo excarcelatorio ensayado luego, la Cámara Criminal optó por invocar y seguir el criterio sostenido por este Cuerpo al respecto, merced al cual se establecía que el fallo condenatorio adquiría firmeza cuando se pronuncia la sentencia que declara inadmisibles las impugnaciones extraordinarias posibles de ser articuladas -casación, inconstitucionalidad y federal-, además de que la mera interposición del recurso de queja por denegación del remedio federal no suspende el proceso, lo que solo ocurre si la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara procedente la referida impugnación (conf. STJRNS2 Se. 151/04, entre muchos otros).[[/p]][[p]]El a quo resaltó además que el fallo "Olariaga" de la Corte Suprema de Justicia claramente habla de ejecutabilidad de las sentencias, lo que no debe confundirse con el momento en que las resoluciones adquieren firmeza, por lo que consideró que la sentencia condenatoria era ejecutable -reiterando el criterio señalado por la Fiscalía de la instancia- en cuanto a que la queja ante aquel Tribunal no suspendía la ejecución de la pena impuesta. Mencionó también lo resuelto por este Superior Tribunal en el fallo STJRNS2 Se. 132/13 "Amulef", respecto del cual haré referencia más adelante.[[/p]][[p]]Lo cierto es que, en definitiva, la Cámara Criminal consideró aplicable al caso el criterio de estar ante una sentencia que había adquirido firmeza, según la doctrina legal de este Cuerpo, y abundó aludiendo a la ejecutabilidad de lo decidido, amparándose en la distinción efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que también citó.[[/p]][[p]]Al así decidir, la Cámara Criminal desinterpretó el criterio establecido por el máximo Tribunal de la Nación, al que incluso hizo referencia, en cuanto a que la sentencia condenatoria en rigor de verdad no se encontraba firme (ni lo está aún) por encontrarse en trámite la queja por denegatoria del recurso extraordinario federal.[[/p]][[p]]Como invoca la defensa, el cimero Tribunal de la Nación se ha ocupado de esta temática en el precedente "Olariaga", de fecha 26/06/07, y también en otros posteriores, tales como el fallo "García" (18/09/07), al que hizo referencia la Fiscalía General al acordar con el /// agravio de los recurrentes, y también en "Loyo Fraire" (de fecha 06/03/14), precedente este último que fue oportunamente invocado en el planteo excarcelatorio presentado, argumentando que "la sentencia no firme no abastece el requisito de constitucionalidad de la detención" (fs. 90); sin que ello haya merecido consideración expresa por parte del a quo.[[/p]][[p]]Es más, la Cámara soslayó dar respuesta a tal argumentación, al decidir el rechazo excarcelatorio sosteniendo que "se advierte que no se introdujo ninguna cuestión distinta a la que ya fuera analizada al momento de disponer la revocación del beneficio mediante resolución que consta agregada a fs. 70/71, a la cual nos remitimos en honor a la brevedad" (fs. 103 y vta.).[[/p]][[p]]No ponderó el juzgador lo ya resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese fallo (por vía de remisión a lo oportunamente dictaminado por la Procuración General), que expresamente alude a la existencia de una sentencia de condena no firme, estableciendo claramente -en lo que aquí interesa- que tal motivo no implica que el encarcelamiento dejara de ser cautelar, por lo que debían reunirse ciertas exigencias para que no fuera arbitrario, tema que será tratado más adelante.[[/p]][[p]]Reitero lo expuesto por la Corte en el precedente "Olariaga", donde sostuvo que "... los jueces anteriores en jerarquía confundieron la suspensión de los efectos que hace a la ejecutabilidad de las sentencias con la inmutabilidad propia de la cosa juzgada que recién adquirió el fallo condenatorio el 11 de abril de 2006 con la desestimación de la queja dispuesta por este Tribunal".[[/p]][[p]]Para entender, interpretar, invocar y aplicar en sustento de las decisiones jurisdiccionales el precedente cuya parte sustancial acabo de transcribir, es menester encontrar su justo alcance, el que se halla en el prenotado fallo "García", en el que -también por remisión a lo dictaminado por la Procuración General- se estableció que "... la circunstancia de que se encuentre por ante el Máximo Tribunal el recurso de queja por apelación extraordinaria denegada... impide considerar que se encuentre firme la decisión cuestionada en aquella oportunidad, pues. de ese modo se halla operativa la fase recursiva contra la sentencia condenatoria que oportunamente fue dictada en la causa principal (in re \'Caballero\', considerando 8°). Todo ello me lleva a concluir que la decisión del a quo que, al fijar un criterio respecto a la firmeza de esa resolución que dependía del agotamiento de la instancia local, efectuó una exégesis sobre la materia que no halla base legal alguna y que implica la ///5. consagración de un límite arbitrariamente establecido para obstaculizar la viabilidad de la prescripción de la acción derivada de aquel texto (in re \'Caballero\', considerando 5°), cuyo análisis le era exigible por la especial naturaleza de la cuestión. Por otro lado, frente a los términos del pronunciamiento impugnado, estimo necesario aclarar que las consideraciones precedentes son independientes del carácter suspensivo del efecto de la interposición del recurso de queja por apelación federal denegada (de acuerdo a la doctrina que surge de Fallos: 193:138; 253:445; 258:351; 259:151; 305:1483; 311:1042; 319:398) y a las previsiones del artículo 285 in fine del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cuanto refiere a que, mientras la Corte no haga lugar a esa vía no se suspenderá el curso del proceso, pues estas cuestiones se refieren a la posibilidad de lograr la ejecución inmediata de la resolución impugnada durante el plazo para recurrir, pero no definen la firmeza de la decisión...".[[/p]][[p]]A ello se suma, en relación con el último aspecto mencionado, que la posibilidad de ejecutar de modo inmediato una decisión no firme resulta claramente incompatible con el derecho a la presunción de inocencia que tiene toda persona sometida a proceso mientras una sentencia firme no establezca legalmente su culpabilidad (arts. 18 C.Nac., 8.2 CADH y 14.2 PIDCP), máxime en casos como el presente, en el que el comienzo de ejecución anticipado de una sentencia condenatoria trajo aparejada la privación de la libertad de la persona, que venía aguardando sin encierro cautelar (por estimarse innecesario hasta ese momento) la resolución definitiva de su situación procesal.[[/p]][[p]]En concreto, entonces, la sentencia condenatoria no puede considerarse firme hasta tanto no se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la queja presentada por denegación del recurso extraordinario federal, ya que recién en ese momento y a partir de allí adquirirá la inmutabilidad propia de la cosa juzgada, sin que sea posible el adelantamiento de la ejecutoriedad de la pena impuesta, so riesgo de vulnerar el estado de inocencia.[[/p]][[p]]2) La motivación y demás exigencias de la prisión preventiva:[[/p]][[p]]Por consiguiente, la naturaleza del encierro previo a la firmeza del fallo condenatorio no puede ser otra que la cautelar; descartada toda posibilidad legal a título de cumplimiento anticipado de pena, se advierte y se potencia la necesidad -también constitucional- de motivación fundada para así proceder.[[/p]][[p]]/// Cabe recordar una vez más aquello que viene reiteradamente dicho (desde el precedente STJRNS2 Se. 32/06), puntualizando que el único encarcelamiento previo que cabe disponer es el que responde a razones de cautela, pues la restricción de la libertad es en los límites estrictamente necesarios para asegurar que el imputado no impida el desarrollo eficiente de las investigaciones y no eluda la acción de la justicia.[[/p]][[p]]Para ello, no resulta suficiente acudir solamente a la estimación de la mayor gravedad del delito, pues el derecho constitucional a la libertad no podría sujetarse a una única presunción abstracta, en desmedro de otras que podrían indicar lo contrario.[[/p]][[p]]"Por ello, debe ser enumerada una serie de elementos con el fin de analizar la posible intención del imputado de evadir la acción de la justicia o entorpecer el curso de la investigación (ver STJRNS2 Se. 225/10 \'Painefil\' y Se. 47/13 \'Villarroel\', entre otras).[[/p]][[p]]"En consecuencia, para tal estimación no cabe evaluar únicamente la gravedad del delito por su pena en abstracto, pues este es solo un parámetro para la demostración pretendida, y es necesario acudir a otros indicios o contraindicios resultantes del expediente" (STJRNS2 Se. 40/15 "Mobilio").[[/p]][[p]]Ahora bien, en el sub examine claro está que, en atención a las particularidades del caso, las razones de cautela ya no podrán estar dadas en el riesgo de entorpecimiento de la investigación y se limitan a la posibilidad de que U. evada el accionar de la justicia, pretendiendo fugarse y, aledaño a ello, el monto de pena no sería ya una conminación abstracta sino en concreto (ocho años de prisión), sin perjuicio de que tal parámetro siga siendo uno de los que deben ser valorados y que de modo suficientemente fundado deberían ser indicativos de la intencionalidad de eludir aquel accionar judicial.[[/p]][[p]]Nada de esto fue analizado por la Cámara Criminal en el caso al revocar la excarcelación que había sido concedida al imputado. Solo se fundamentó lo decidido en la supuesta firmeza y ejecutabilidad de la sentencia condenatoria, argumento que -como ya se analizó- no resulta aplicable en el caso, por las razones dadas.[[/p]][[p]]Asimismo, el a quo invocó otro argumento que tampoco podría estimarse de entidad suficiente para sustentar, en soledad, una privación de libertad cautelar, lo que se suma a que la Corte también brinda razones para desestimarlo. Me refiero concretamente a que la Cámara en lo Criminal, al revocar la excarcelación, mencionó lo decidido en STJRNS2 Se. 132/13 "Amulef" en cuanto a que "la resolución denegatoria de la excarcelación se ajusta a la ///6. doctrina legal sentada por este Cuerpo, en el sentido de que \'. el avance de la causa hasta el dictado de una sentencia condenatoria confirmada por el Superior Tribunal implica la suma de un indicio de peligro procesal concreto de magnitud suficiente para habilitar una inferencia respecto de la necesidad de disponer un encarcelamiento preventivo.[[/p]][[p]]"\'Ello se funda en que la pena de prisión impuesta es de considerable gravedad [.].[[/p]][[p]]"\'[. En la Sentencia 189/09 STJRNSP,] este Cuerpo sostuvo: «En este orden de ideas, y dada la revisión integral de la materia a decidir de acuerdo con la doctrina legal mencionada, se advierte que la modificación en la situación de libertad que traía el imputado tiene que ver con una variación en el avance procesal de la causa, toda vez que la medida cautelar se dicta en la decisión que resuelve de modo definitivo la acusación en su contra, imponiendo la pena de prisión efectiva como consecuencia de considerarlo autor de los hechos reprochados.[[/p]][[p]]"\'«\'Dicho avance es uno de los indicios admitidos para fundamentar lo resuelto, dado que sigue la misma secuencia lógica de la doctrina expuesta, la cual admite la valoración de la aptitud del imputado -en determinado tránsito del proceso- para esperar en libertad un pronunciamiento condenatorio con pena de prisión efectiva, pero cuya decisión es todavía eventual y por tanto abstracta, instancia que ahora ya ha sido superada con la expresión concreta y acabada de las razones para adoptarla.[[/p]][[p]]"\'«\'A ello se agrega que la pena es -de toda evidencia- grave y de ejecución efectiva, lo que también constituye prueba indiciaria de la resolución cuestionada\'» (con remisión a la Se. 89/09 STJRNSP y sus citas\' (cf. Se. 113/12 STJRNSP)".[[/p]][[p]]Cabe destacar que la doctrina supra referida se compadece con las razones expuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Loyo Fraire", dado que la existencia de condena a una pena de prisión no firme, tal como lo declara el máximo Tribunal (por remisión al dictamen de la Procuración General), "constituye una decisión sobre el fondo que, como tal, goza de una presunción de acierto que incide desfavorablemente en cuanto al riesgo de fuga", lo que, reitero, podría ser valorado solo como un indicio más, entre otras pautas que deberán ser explicitadas en la sentencia que ordene la privación de libertad, dado que en modo alguno implica que el encarcelamiento deje de ser cautelar.[[/p]][[p]]/// Este último dato determina que "la decisión debe contener la motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a los requisitos impuestos por la Corte Interamericana [de] Derechos Humanos, entre ellos el de necesidad, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto...", lo que no se verificó en el caso sometido a conocimiento por la Corte.[[/p]][[p]]Tampoco en este expediente se advierte el cumplimiento de tales recaudos, cuando ello resultaba relevante para los fines de ponderar la eventual necesidad del encierro cautelar, siendo imprescindible la valoración de ciertos datos objetivos que surgían de las actuaciones y de las propias decisiones del juzgador. Así, en cuanto a las pautas de conducta que se le habían fijado, según surge de la lectura del presente incidente, la propia Cámara reconoció que U. "ha cumplido con cierta regularidad en torno a las presentaciones que debe realizar ante este organismo" (fs. 70 y vta.), sin que existan constancias respecto del incumplimiento de las otras que se le indicaron. También al concedérsele la excarcelación se dejó constancia de que "al momento de disponerse su condena se hizo mención expresamente que el imputado había cumplido acabadamente con todas las reglas de conducta que se le impusieron oportunamente, dando fe de su residencia en la zona a lo largo de todo el proceso (vid fs. 316 y vta.). Anexándose -además- al momento del fallo, la prohibición de salir del país (conf. certificación de fs. 04 ha cumplido hasta el presente con sus obligaciones procesales)" (fs. 6).[[/p]][[p]]Por otra parte, teniendo en consideración los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente antes citado, tengo dicho en reciente pronunciamiento (in re "Mobilio") que "estimo oportuno puntualizar o -antes bien- recomendar la valoración de los principios que dimanan no solamente de nuestro ritual, sino del derecho convencional, los que -debida y claramente expuestos-, en consonancia con la debida fundamentación lógica que corresponde se efectúe al analizar las constancias de la causa, decididamente contribuirá a una mejor y más rápida administración de justicia en el caso [...].[[/p]][[p]]"En claro y con contundencia debería plasmarse que... el riesgo procesal debe evidenciarse merced a otros extremos, constitutivos todos ellos de una presunción iuris ///7. tantum indicadora tanto de una eventual fuga como de la obstrucción o entorpecimiento de la investigación [...].[[/p]][[p]]"Al respecto, es menester que la judicatura, al disponer y confirmar una medida de coerción personal restringiendo anticipadamente la libertad de un imputado, tenga en consideración si la ley ritual (art. 297 C.P.P.) resulta suficiente y adecuada a los principios que dimanan de los arts. 18 de la Constitución Nacional y 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para ello bastará con internalizar lo resuelto por el cimero Tribunal de la Nación, que otorga mayor alcance a lo ya dispuesto en la doctrina de este Superior Tribunal de Justicia.[[/p]][[p]]"Así en el precedente \'L[oyo Fraire], Guillermo Luis s/ psa estafa reiterada\' (L.196 XLIX, se. del 06/03/2014), la Corte Suprema de Justicia de la Nación se remitió al dictamen del Procurador General, el que -a su vez- se referenció en su anterior dictamen, en virtud de hallarse ante un caso sustancialmente análogo, que recayera en autos \'M. Ariel Osvaldo s/psa estafa procesal\' (M-960 XLVIII). En ambos surgió cuestión federal suficiente (art. 14 Ley 48) en razón de discutirse la interpretación de una norma procesal provincial como lesiva al art. 18 de la Constitución Nacional y 7.3. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se aludía al art. 281 inc. 1º del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, de factura y télesis similar a nuestro art. 287 ritual. Se recordó entonces aquello que la Corte tiene ya dicho (conf. Fallos 318:514,319:1840; 321:3555; 329:518) respecto de la jerarquía de la prenotada Convención (art. 75 inc.22 C.Nac.), se aludió a la letra del art. 7.3. (léase: \'nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario\'), para luego remarcar aquello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ponderó en los casos \'Gangaram Panday vs. Surinam\' y \'Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador\', sentencias que señalan la necesidad de ajuste a la Convención de toda preceptiva de encarcelamiento que -a más de legal para el derecho interno- debe guardar estricta razonabilidad, previsibilidad y proporcionalidad. En concreto, que la prisión preventiva debe ser no solo lícita, sino además razonable en toda circunstancia. Así también se trajo a análisis lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en \'Palamara Iribarne vs. Chile\' y \'Bayarri vs. Argentina\', resaltando en el primero que el Estado debe fundamentar y acreditar la existencia, en el caso, de los requisitos exigidos por la Convención, y en el segundo que las /// características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva.[[/p]][[p]]"Aludo a todo ello, ante la necesidad de promover aquello que inicialmente remarcara. Esto es, que la jurisdicción debe extremar sus esfuerzos para dar cumplimiento a la fundamentación razonada y en su desarrollo argumentativo dar cuenta de la aplicación y el apego no solamente a la norma procesal, sino a su aplicación conforme la Convención, atendiendo a la idoneidad de la medida para cumplir con el fin perseguido y ante la inexistencia de alguna otra que sea menos gravosa respecto del derecho que coarta o interviene, como también a justificar que el sacrificio del derecho no resulte desmedido frente a las ventajas que se obtienen" (conf. mi voto en STJRNS2 Se. 40/15 "Mobilio").[[/p]][[p]]En la misma dirección, he expresado recientemente que debía tenerse en cuenta lo que este Cuerpo señaló y enfáticamente recomendó en el precedente STJRNS2 Se. 47/13 "Villarroel", donde se reafirmó lo expresado en los precedentes STJRNS2 Se. 32/06 "Pérez Casal" y Se. 63/06 "Pilquimán", en cuanto se sostuvo que el análisis de la situación de restricción de la libertad de quien no ha sido condenado aún a una pena impuesta mediante una sentencia definitiva firme involucra no solo la normativa procesal, sino constitucional y convencional (conf. mi voto en STJRNS2 Se. 73/15 "Huenchul").[[/p]][[p]]Destaco aquí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue reiterando invariablemente los estándares referidos en cuanto a los recaudos que deben reunirse para el dictado de toda privación de la libertad cautelar. Así, por ejemplo, en el caso "Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile" (sentencia del 29 de mayo de 2014), ha sistematizado los estándares fijados hasta el momento en su jurisprudencia -con cita de precedentes anteriores- de la siguiente manera: "El principio general en esta materia es que la libertad es siempre la regla y la limitación o restricción siempre la excepción. Tal es el efecto del artículo 7.2, que dispone: \'Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas\'. Pero el solo cumplimiento de las formalidades legales no es suficiente pues el artículo 7.3 de la Convención Americana, al disponer que \'[n]adie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios\', prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ///8. ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, imprevisibles o carentes de proporcionalidad.[[/p]][[p]]"[...] La aplicación de ese principio general a los casos de detención o prisión preventiva surge como efecto combinado de los artículos 7.5 y 8.2. En virtud de ellos, la Corte ha establecido que la regla general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, ya que éste goza de un estado jurídico de inocencia que impone que reciba del Estado un trato acorde con su condición de persona no condenada. En casos excepcionales, el Estado podrá recurrir a una medida de encarcelamiento preventivo a fin de evitar situaciones que pongan en peligro la consecución de los fines del proceso. Para que una medida privativa de libertad se encuentre en concordancia con las garantías consagradas en la Convención, su aplicación debe conllevar un carácter excepcional y respetar el principio de presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática".[[/p]][[p]]Reiteró además, más adelante, las características que debe tener una medida de detención o prisión preventiva para ajustarse a las disposiciones de la Convención Americana y, en lo que aquí interesa remarcar, ha dicho que "es una medida cautelar y no punitiva: debe estar dirigida a lograr fines legítimos y razonablemente relacionados con el proceso penal en curso. No puede convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena". Afirmó el Tribunal interamericano que "no es suficiente con que sea legal; además, es necesario que no sea arbitraria", lo cual implica -según explicitó- que la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: finalidad compatible con la Convención, idoneidad, necesidad, proporcionalidad y -por último- que "[c]ualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención. De este modo, para que se respete la presunción de inocencia al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención" (párrafos 309 a 312).[[/p]][[p]]Resulta pertinente destacar que recientemente, en el ámbito de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de interpretar y supervisar la aplicación del /// Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -que también tiene jerarquía constitucional en nuestro país- ha establecido estándares similares a los fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, al interpretar el alcance del art. 9 relativo a la libertad personal (similar al 7 CADH, antes citado) ha aclarado que toda detención que carece de fundamento legal es arbitraria, y ha sostenido que "una detención o reclusión puede estar autorizada por la legislación nacional y ser, no obstante, arbitraria. El concepto de \'arbitrariedad\' no debe equipararse con el de \'contrario a la ley\', sino que deberá interpretarse de manera más amplia, de modo que incluya consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia, la imprevisibilidad y las debidas garantías procesales, además de consideraciones relacionadas con la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad. Por ejemplo, la reclusión preventiva por la imputación de un delito deberá ser razonable y necesaria en toda circunstancia. Salvo en el caso de sentencias condenatorias impuestas judicialmente por un período determinado, la decisión de mantener a alguien en cualquier forma de reclusión es arbitraria si su justificación no se reevalúa periódicamente" (Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 35 "Artículo 9 (Libertad y seguridad personales)", aprobada por el Comité en su 112º período de sesiones, del 7 a 31 de octubre de 2014, fecha de distribución general 16 de diciembre de 2014, párrafos 11 y 12).[[/p]][[p]]Más adelante aclara que "[l]a segunda oración del párrafo 3 del artículo 9 dispone que la reclusión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, sino la excepción. También especifica que la puesta en libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado, por ejemplo en el acto del juicio o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo" (párrafo 38), aspecto este último que adquiere relevancia en el presente caso y que -cabe destacarlo- no se encuentra contemplado expresamente en la norma correlativa de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 7.5, última parte).[[/p]][[p]]5. Conclusión:[[/p]][[p]]De todo lo anterior se colige que C.U. fue arbitrariamente privado de su libertad, al no motivar debidamente el a quo la necesidad de su encarcelamiento, de naturaleza cautelar, circunstancia esta última que fue soslayada por el Tribunal, al considerar que estaba ante un pronunciamiento firme y ejecutable.[[/p]][[p]]///9. Se advierte además que, al así decidir, la Cámara aplicó de modo prácticamente automático la doctrina legal de este Cuerpo, establecida en anterior integración, soslayando la incidencia que tal aplicación tenía respecto del estado de inocencia del nombrado, que subsiste hasta tanto el fallo que declara lo contrario se encuentre firme y resulte inmutable, con lo que ha vulnerado su derecho a la libertad ambulatoria al no dar debida y fundada motivación a la medida cautelar, todo ello en conformidad con los estándares que rigen la materia de medidas cautelares privativas de la libertad en la jurisprudencia internacional, cuya vigencia -en tales condiciones- fue expresamente reconocida en nuestra Constitución Nacional al asignarles jerarquía constitucional a los dos tratados de derechos humanos analizados (art. 75 inc. 22, segundo párrafo). ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla dijo:[[/p]][[p]]Adhiero al criterio sustentado por la vocal preopinante y VOTO EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:[[/p]][[p]]Puestas estas actuaciones a mi voto, y sin perjuicio de la solución que propiciaré más adelante, estimo necesario consignar y dejar a salvo mi opinión personal respecto de las cuestiones sometidas a tratamiento, lo cual hago seguidamente.[[/p]][[p]]Entiendo que no pueden dejar de ponderarse dos cuestiones que considero centrales. Por un lado, si bien es cierto que tanto la imposición como el posterior mantenimiento de la prisión preventiva deben regirse por el principio de inocencia, tal presunción se debilita cuando se trata de una persona que ha sido procesada y condenada mediante una decisión que luego fue revisada por un tribunal superior, el que, además y con posterioridad, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto respecto de dicho decisorio.[[/p]][[p]]A ello se suma, a modo de complemento de lo anterior, que a esa persona ya se le ha garantizado el "doble conforme", es decir, la revisión amplia de su condena, con el aditamento -como ya se mencionó- del posterior análisis del recurso extraordinario federal, lo que refuerza lo expuesto en el sentido de que ya no hay principio de inocencia totalmente incólume o impoluto.[[/p]][[p]]Lo antedicho, en cuanto a la condición judicial en la que arriba la persona al momento de plantearse la queja ante la Corte -por denegatoria del recurso extraordinario federal-, /// permite reflotar y aplicar en estos supuestos la norma del art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial, que establece, en su parte pertinente: "Mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso"; asimismo, y en mi humilde entender, posibilita dar mayor fundamentación a la doctrina judicial emergente de "Olariaga", en cuanto distingue entre los alcances que debe asignarse a los conceptos procesales de firmeza y ejecutoriedad, en este tipo de escenario jurisdiccional.[[/p]][[p]]En aquella misma dirección de pensamiento, traigo a colación lo establecido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en la causa "Loyo Fraire, Gabriel Eduardo - Presentación" (Se. 34, del 12/03/14, dictada luego de la anulación y el reenvío ordenados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación), donde sostuvo que, "... una vez que la sentencia de condena ha atravesado exitosamente las instancias locales de revisión -en nuestro caso, confirmada por el recurso de casación e inadmitido el recurso extraordinario federal-, la probabilidad de la efectivización de la condena se alza con una inminencia tal que amerita disponer, sin más, el encierro cautelar del imputado. [. E]n nuestro ordenamiento jurídico, el resguardo del derecho al recurso es cumplido por el recurso de casación, en especial en la dimensión delineada por el Alto Tribunal de la Nación in re \'Casal\' (20/09/05), y no por el recurso extraordinario, que a diferencia de las amplias exigencias de revisión que demanda la Corte Interamericana, transita por un muy estrecho cauce [.] Se estipuló además, que si en la esfera local [esta garantía] tiene su engarce en el recurso de casación, será la decisión que resuelve esta impugnación la que deberá ser tomada como término ad quem para el cómputo establecido por la ley 24.390 en su artículo 7 [.] Dada la amplitud con que la CSJN ha propiciado que se reconozca al derecho a la libertad durante el proceso, juzgamos prudente extender aún más dicho límite y fijarlo en la decisión de este Tribunal Superior que inadmite el recurso extraordinario federal, dado el estrechísimo margen revisor atribuido por la ley y la propia Corte a esta impugnación, como así también la ausencia de efecto suspensivo del recurso directo ante dicho Tribunal por su no concesión... La solución propiciada, en cuanto a fijar la inadmisibilidad del recurso extraordinario federal como término ad quem del mantenimiento de la libertad durante la falta de firmeza de la sentencia de condena, se compadece además con el efecto suspensivo que tiene asignado el recurso de casación (art. 453 CPP [de la Provincia de Córdoba]), y con una lectura favorable al imputado de las dispares interpretaciones que ha efectuado la Corte en torno al efecto suspensivo o no ///10. de la mera interposición del recurso extraordinario federal, aspecto éste sobre el que ha cavilado emitiendo resoluciones en uno y otro sentido (vid., Fallos, 305:827, 316:2035, 310:348, 324:3599, 09/11/2000, \'Andrioli y otros c. Pcia. Santa Fe\', JA., 2001-IV, 779, etc.)".[[/p]][[p]]En el citado precedente se aludió expresamente a similar criterio interpretativo de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires (en la sentencia de fecha 16/01/14, dictada en la causa "Grassi") -cuyos fundamentos, en lo pertinente, también comparto-, según el cual "... el pedido fiscal [de detención del imputado condenado] y su aceptación por sendos tribunales, encuentra fundamento en el aumento del peligro procesal de fuga a partir de este hito, interpretado como un nuevo debilitamiento de las posibilidades de obtener la absolución y por lo tanto, esta circunstancia -atento a la amenaza cada vez más concreta de que se aplique la alta pena impuesta por el TOC- asigna mayor entidad al pronóstico posible de fuga".[[/p]][[p]]Vale agregar que, mediante la postura reseñada, el Tribunal de Casación Penal bonaerense convalidó lo resuelto por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón que, a su vez y siempre en la misma causa, confirmó lo actuado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Morón que, a su turno, había entendido que correspondía el encierro cautelar, dado que "... partiendo del análisis de elementos objetivos. pesan sobre la cabeza del acusado tres fallos dictados por órganos judiciales de diferentes instancias, agotando la jurisdicción provincial. confirmando todos ellos la culpabilidad del encartado y el consecuente cumplimiento de la pena de quince años de prisión. Por ello, y al observar en qué etapa del procedimiento nos encontramos, es que entendemos que tenemos la obligación legal, que estando en nuestras manos la posibilidad, fallemos asegurando los fines de este proceso, el cual, a esta altura, y con sólo una posibilidad extraordinaria a nivel federal de que el último pronunciamiento sea revisado para tornar la cuestión en definitiva, existen extremos objetivos que nos indican la amplia probabilidad de que Julio César Grassi tenga por delante la aplicación de una medida que restrinja su libertad...", concluyendo que la sucesiva confirmación de la condena constituyen "actos ciertos, claros y precisos . que dejan en evidencia un peligro de fuga concreto y verificable" ("Grassi", 23/09/2013).[[/p]][[p]]A todo evento, destaco que la aplicación del art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial a casos de denegatorias de recursos extraordinarios deducidos en el fuero penal ha /// sido convalidada innúmeras veces por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ej. "Recurso de hecho deducido por Marcelo Andrés Olariaga en la causa Olariaga, Marcelo Andrés s/ causa 35/03 O" del 26.06.07, O.300.XL; "Interpol s/ pedido de extradición a España de Mario Luis Bertero -causa nº 298/08", del 05.10.2010, I.52.XLV, T.33, P.1930, entre otros).[[/p]][[p]]Teniendo en cuenta el prestigio personal y profesional del que gozaba en vida la doctora Carmen Argibay, tanto a nivel nacional como internacional, hago saber que era su opinión -en tanto Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que, a partir de la resolución por la que se declara que no es admisible el recurso extraordinario federal deducido por la parte, la sentencia adquirió firmeza; tal lo votado en disidencia in re "Chacoma" (causa C.1383.XLIII, resolución del 31/03/09), a cuyas constancias me remito, en mérito a la brevedad.[[/p]][[p]]Por último, también hago mía aquella postura doctrinaria que hace notar -con acierto- que "[l]a queja no es un recurso. La queja por recurso denegado constituye una categoría congruente con el régimen procesal vigente, toda vez que la apelación, en su caso el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, debe presentarse al tribunal que ha pronunciado el fallo adverso. Es decir, si el recurso se dedujese directamente ante el tribunal \'ad quem\', la queja carecería de objeto. Sin embargo la queja no constituye propiamente un recurso, ni es un medio de impugnación de los actos jurisdiccionales. No la califica como recurso el Código Procesal, ni tampoco lo hacía el anterior Código de Procedimiento, que en su derogado art. 271 facultaba al litigante, ante su apelación denegada a \'ocurrir directamente... ante el Tribunal...\'. En realidad la queja es un instrumento para lograr la concesión de un recurso denegado por el juzgador. Aceptada la proposición enunciada, mal se puede atribuir a la queja por recurso denegado los efectos típicos y normales de un recurso, concretamente el efecto suspensivo de la condena judicial" (Carlos E. Fenochietto, "Queja por recurso denegado y efecto suspensivo", DJ, 1986-2, 129, en "negrita" en su original). ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:[[/p]][[p]]Adhiero al criterio sustentado por el vocal preopinante y VOTO EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión la señora Jueza doctora Adriana C. Zaratiegui dijo:[[/p]][[p]]///11. Adhiero al criterio sustentado por la doctora Liliana L. Piccinini y VOTO EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]A la segunda cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini dijo:[[/p]][[p]]Por los motivos expuestos, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa y, en consecuencia, anular la resolución denegatoria de excarcelación y devolver la causa al origen con el fin de que, de acuerdo con el derecho que aquí se declara, reanalice la petición excarcelatoria y, atendiendo a la naturaleza cautelar que corresponde atribuir al eventual encierro en este estado del proceso, otorgue debida y fundada motivación para así proceder, en los términos referidos, muy especialmente aquellos que deben extraerse de la aptitud del enjuiciado de permanecer en libertad, conforme las constancias de la causa, justificando que el sacrificio del derecho no resulte desmedido frente a las ventajas que se obtienen (arts. 200 C.Prov.; 18 y 75.22 C.Nac.; 7, 8.1 y 8.2 CADH; 9 y 14.2 PIDCyP). ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla dijo:[[/p]][[p]]Adhiero a la solución propuesta por la vocal preopinante y VOTO EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:[[/p]][[p]]Habiendo dejado a salvo mi opinión personal al tratar la primera cuestión, y teniendo en consideración los votos emitidos por mis colegas preopinantes, manifiesto mi adhesión a la solución propuesta por el solo imperio que entiendo cabe asignar a las sentencias que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional, aspecto sobre el cual el propio máximo Tribunal judicial del país ha señalado: "No obstante que las decisiones de la Corte se circunscriben a los procesos concretos que le son sometidos a su conocimiento, no cabe desentenderse de la fuerza moral que emana de su carácter supremo, sin verter argumentaciones que la contradigan, pues dada la autoridad institucional de los fallos del Alto Tribunal en su carácter de supremo intérprete de la Constitución Nacional y las leyes, de ello se deriva el consecuente deber de someterse a sus precedentes" (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema, en R. 756. XLIII; REX, "Romero, Carlos Ernesto c/Andrés Fabián Lema s/desalojo - recurso de casación e inconstitucionalidad", del 23/06/2009; T. 332, P. 1488).[[/p]][[p]]/// En aquel marco de prelación jurídico-institucional, la solución propugnada por la magistrada y el magistrado que me preceden en el orden de votación es congruente con los lineamientos de doctrina judicial establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los precedentes analizados, respecto de la adquisición de firmeza de las sentencias y la necesidad de fundamentar debidamente la imposición de medidas privativas de la libertad de naturaleza cautelar. Entiendo, entonces, que tal solución se impone, para no ocasionar un dispendio jurisdiccional innecesario, aun sin desconocer que, como el propio alto Tribunal de la Nación lo ha admitido, sus pronunciamientos solo deciden en los procesos concretos que le son sometidos, por lo que no resultan obligatorios para casos análogos.[[/p]][[p]]Por lo expuesto, coincido con los señores Jueces preopinantes en que corresponde hacer lugar al recurso de casación en estudio, anular la decisión impugnada y reenviar la causa al Tribunal de origen para que trate la cuestión en conformidad con el derecho que aquí se declara. MI VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:[[/p]][[p]]Adhiero a la solución propuesta por el doctor Sergio M. Barotto y VOTO EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión la señora Jueza doctora Adriana C. Zaratiegui dijo:[[/p]][[p]]Adhiero a la solución propuesta por la doctora Liliana L. Piccinini y VOTO EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE:[[/p]][[p]]Primero: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 113/121 de las presentes actuaciones por los doctores Oscar Raúl Pandolfi y Marcelo Inaudi, en representación de C.E.O.U.[[/p]][[p]]Segundo: Anular la Sentencia Interlocutoria Nº 626/14 de la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti y reenviar la causa al origen con el fin de que reanalice la petición excarcelatoria conforme el derecho que aquí se declara (arts. 200 C.Prov.; 18 y 75.22 C.Nac.; 7, 8.1 y 8.2 CADH; 9 y 14.2 PIDCyP, y 441 C.P.P.).[[/p]][[p]]Tercero: Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos.[[/p]][[p]]///12. Déjase constancia de que el doctor Enrique J. Mansilla no suscribe la presente, no obstante haber participado del Acuerdo, por encontrarse en comisión de servicios.[[/p]][[p]]ANTE MÍ:[[/p]][[p]]Firmantes:[[/p]][[p]]PICCININI - BAROTTO (por sus fundamentos) - APCARIAN (por sus fundamentos) - ZARATIEGUI ARIZCUREN Secretario STJ.[[/p]]
[[p]]///MA, de julio de 2015.[[/p]][[p]]Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, doctores Liliana L. Piccinini, Enrique J. Mansilla, Sergio M. Barotto, Ricardo A. Apcarian y Adriana C. Zaratiegui, según surge del acta de audiencia obrante a fs. 143, con la presencia del señor Secretario doctor Wenceslao Arizcuren, para el tratamiento de los autos caratulados "U., C. s/Incidente de excarcelación s/Casación" (Expte.Nº 27532/14 STJ), elevados por la Cámara Primera en lo Criminal de la VIª Circunscripción Judicial con asiento de funciones en Cipolletti, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, en conformidad con el orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:[[/p]][[p]]C U E S T I O N E S 1ª ¿Es fundado el recurso? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde? V O T A C I Ó N A la primera cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini dijo:[[/p]][[p]]1. Antecedentes de la causa:[[/p]][[p]]Mediante Sentencia Interlocutoria Nº 626, del 17 de noviembre de 2014, la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti resolvió no hacer lugar al planteo excarcelatorio que habían presentado los señores defensores particulares de C.U. -doctores Oscar Raúl Pandolfi y Marcelo Alejandro Inaudi-, ratificando lo resuelto a fs. 70/71. En la decisión aludida (Auto Interlocutorio 612, de ese mismo mes y año), ese Tribunal había revocado la excarcelación concedida al nombrado y ordenado su inmediata detención, "procediéndose así a ejecutar la condena impuesta en el principal".[[/p]][[p]]Contra lo decidido, la defensa interpuso recurso de casación, que fue declarado admisible por el a quo y, posteriormente, este Cuerpo declaró bien concedido.[[/p]][[p]]Se dispuso entonces que el expediente quedara por diez días en la Oficina para su examen por parte de la defensa y se dio intervención a la Fiscalía General.[[/p]][[p]]Realizada la audiencia prevista en los arts. 435 y 438 del Código Procesal Penal con la asistencia del señor Fiscal General doctor Marcelo Álvarez, quien manifestó que no haría uso de la palabra, dada la incomparecencia de la parte recurrente y acompañó escrito de /// contestación, luego agregado al expediente (fs. 138/142 y vta.), los autos han quedado en condiciones de ser tratados.[[/p]][[p]]2. Agravios del recurso de casación:[[/p]][[p]]La defensa sostiene que la resolución impugnada resulta derivación de una inobservancia de los principios constitucionales invocados por esa parte en materia excarcelatoria, lo que implica una fundamentación técnicamente arbitraria de la decisión finalmente adoptada.[[/p]][[p]]Reseña los requisitos formales del recurso, entre los que incluye la invocación de una evidente inobservancia de principios constitucionales y una errónea fundamentación (en realidad, aparente), cuando se aconsejaba la imposición de una medida cautelar menos gravosa, por lo que la privación de libertad sería indebida e ilegítima. También hace referencia, como motivo que se alega, a la inobservancia de normas sustanciales y principios axiológicos que las inspiran, contenidos en nuestra Carta Constitucional y en los tratados internacionales de derechos humanos con vigencia supralegal.[[/p]][[p]]Seguidamente realiza un racconto del trámite de la incidencia desde que se condenó a su defendido, incluyendo los recursos que se presentaron contra esa condena (casación, recurso extraordinario federal y queja ante su denegatoria), así como también la excarcelación oportunamente concedida, su posterior revocación, la petición de excarcelación y la decisión que no hizo lugar a este planteo, cuya impugnación aquí se analiza.[[/p]][[p]]Pasa luego a tratar el fondo del asunto y señala que, al revocar la excarcelación de su defendido, la Cámara Criminal no dedicó un solo párrafo a la posibilidad de que este eludiera el accionar de la justicia, no se mencionó pauta objetiva alguna de la que se pudiera inferir peligro de fuga (ni por las condiciones personales el imputado, ni por su comportamiento a lo largo del proceso, ni por la gravedad de la pena impuesta), por lo que la única razón del encarcelamiento preventivo es el estado procesal de la causa, al considerarse que la sentencia habría quedado firme por el rechazo del recurso extraordinario federal por parte de este Cuerpo.[[/p]][[p]]Considera que el fallo en cuestión no se encuentra firme, dado que la firmeza de un fallo se adquiere, al decir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "con la inmutabilidad propia de la cosa juzgada", y que a su vez esta aparece recién con la desestimación de la queja ///2. dispuesta por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Invoca en este punto la doctrina del caso "Olariaga" (considerando 7º).[[/p]][[p]]Con base en lo anterior señala que, antes de que el fallo adquiera firmeza de cosa juzgada, todo encarcelamiento es "preventivo" y, como tal, debe resultar debidamente justificado, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corte Suprema en la causa "Loyo Fraire", fallo posterior a la jurisprudencia de este Superior Tribunal que se cita en la resolución recurrida.[[/p]][[p]]Continúa afirmando que no procede en esta instancia la "ejecución de la condena" dispuesta, como así tampoco hacer referencia al estado procesal de la causa como único fundamento de la prisión preventiva.[[/p]][[p]]Menciona además que, en el caso, la sentencia se encuentra cuestionada ante la Corte por incumplimiento de garantías constitucionales (defensa técnica eficaz -art. 18 C.Nac.- y doble conforme -arts. 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP-).[[/p]][[p]]Cita parte del dictamen del Procurador de la Corte doctor Eduardo Casal, al que remite el Tribunal en la causa "Loyo Fraire", en tanto sostuvo: "No pierdo de vista que en el sub examine -a diferencia del citado \'Martini\'- se dictó sentencia de condena que, no se encuentra firme, constituye una decisión sobre el fondo que, como tal, goza de una presunción de acierto que incide desfavorablemente en cuanto al riesgo de fuga. Sin embargo, estimo que ese pronunciamiento, aún así, no priva de significación aquella omisión del a-quo, desde que el encarcelamiento no deja de ser cautelar, y entonces la decisión debe contener la motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a los requisitos impuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos, el de necesidad, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no existe una medida menos grave respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuenten con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto (sentencia de la CIDH del 21 de enero de 1.994, en el caso Gangaram Pandoy vs. Surinam, Parágrafo 93)" (el destacado pertenece a los recurrentes).[[/p]][[p]]Concluye que, pese a existir una condena, en la medida en que esta no se encuentra firme, toda prisión que se disponga no deja de ser preventiva o cautelar, hasta que la sentencia /// quede firme o adquiera inmutabilidad de cosa juzgada, y destaca que, mientras tanto, habrá que seguir las pautas fijadas en "Loyo Fraire" por la Corte.[[/p]][[p]]Los letrados desarrollan luego las consecuencias que traería ese fallo y señalan, en primer lugar, que en el estado en que se encuentra el presente proceso el juicio de peligrosidad procesal solo concierne al riesgo de fuga. Añaden que resulta obvio que es insuficiente invocar que el principio de inocencia adquiere una diferente textura una vez que se ha dictado sentencia condenatoria.[[/p]][[p]]Refieren que, según el fallo del máximo Tribunal de la Nación, se admite la privación cautelar de la libertad solo cuando se configura alguna de estas circunstancias en el proceso cuyos fines se intenta resguardar y que, por ende, en la medida en que no se hayan verificado conductas concretas que permitan colegir que el imputado habrá de sustraerse de la investigación, del juzgamiento o, después de producido este, del cumplimiento de la pena impuesta, corresponderá mantenerlo en libertad.[[/p]][[p]]Manifiestan que no surge ni de la resolución que dispuso la libertad cautelar, ni de la que rechaza la excarcelación requerida, que remite a aquella, que su defendido se haya sustraído del proceso sino todo lo contrario, ya que ha cumplido las condiciones impuestas.[[/p]][[p]]En otro apartado del recurso, la defensa sostiene que "la CSJN remitiéndose al dictamen del Procurador General Casal que hizo suyo, pontificó que es absolutamente imperativo el cumplimiento de la Resolución 35/07 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que veda absolutamente cualquier motivo para dictar una Prisión Preventiva, que no se vincule estrictamente con la \'peligrosidad procesal\' ya que ésta está acreditada solamente si se demuestra, como vimos, que existe concreto \'peligro de fuga\' (frustración del juicio) o idéntico peligro para la investigación (frustración de la investigación)" (el destacado es del recurso).[[/p]][[p]]Destaca que los pactos internacionales rigen en la medida de su vigencia, lo cual veda la aplicación de los precedentes de este Superior Tribunal invocados en el fallo apelado, que violentan la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y la resolución antes citada.[[/p]][[p]]Cita precedentes de la Corte, otros informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y doctrina en relación con el carácter excepcional del encarcelamiento preventivo, lo que se encuentra constitucionalizado y surge directamente de la combinación ///3. entre el derecho general a la libertad ambulatoria y la prohibición de aplicar una pena antes de obtener una sentencia condenatoria firme (principio de inocencia), con mención de la normativa pertinente.[[/p]][[p]]Agrega que el argumento de la severidad de la sanción penal no puede ser el único que se tenga en cuenta a la hora de evaluar sobre la procedencia del dictado de una medida cautelar de coerción personal, dado que otorgarle preeminencia absoluta frente a otros parámetros que confronten con él y que pudieran resultar plenamente acreditados en una causa puede conducir a resultados disfuncionales e incompatibles con el ordenamiento constitucional y legal.[[/p]][[p]]Finaliza señalando que los "criterios" a los que viene aludiendo deben ser aplicados, al momento de resolver, con la mayor racionalidad, ejerciendo el más prudente sentido común y según los criterios de proporcionalidad y subsidiariedad.[[/p]][[p]]Por lo expuesto, solicita que se revoque lo decidido, se disponga la libertad del imputado y, si se juzgase necesario, se establezca la caución real que se estime pertinente.[[/p]][[p]]3. Dictamen de la Fiscalía General:[[/p]][[p]]El señor Fiscal General manifiesta en su dictamen que corresponde hacer lugar al recurso de la defensa y revocar la decisión del a quo que dispone la ejecución de la condena impuesta al imputado.[[/p]][[p]]Señala que el alcance del recurso en tratamiento no puede ser otro que el análisis referente a la posibilidad de "ejecutar la sentencia", esto es, determinar si la decisión de la Cámara de juicio ha sido debidamente fundada en derecho.[[/p]][[p]]Afirma que le asiste razón a la defensa, en primer lugar, en virtud de que el precedente que cita en el recurso (Fallos 330:2826) no resulta ser el único emanado de la Corte que fija criterio sobre la cuestión, y trae a colación lo resuelto por ese alto Tribunal en dos precedentes, que cita (causa N° 314/99C (G. 2533. XLI). RECURSO DE HECHO "García, Gustavo Alberto y otros s/ peculado y malversación culposa de caudales públicos" y "Caballero, Jorge Antonio" Fallos 329:3928-).[[/p]][[p]]Por otra parte, menciona doctrina que sostiene que la Corte Suprema es quien tiene la última palabra con relación a la interpretación y salvaguarda final de la Constitución Nacional y de los derechos y garantías en ella contenidos.[[/p]][[p]]/// Hace referencia a la postura contraria, que parte de la interpretación del art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y los argumentos que expuso la doctora Carmen Argibay en su voto disidente en autos "Chacoma" (Fallos 332:700), en el sentido de que el recurso de queja constituye una acción impugnativa de una sentencia firme, y alude a ciertos argumentos que permiten su refutación, entre ellos, que el principio de inocencia impide la ejecución de sentencias a penas de prisión mientras no adquieran firmeza.[[/p]][[p]]Menciona además que el criterio según el cual el fallo condenatorio no se encuentra firme por existir un recurso pendiente de resolución y en trámite ante la Corte Suprema ha sido adoptado en anteriores pronunciamientos de este Superior Tribunal (considerandos del precedente STJRNS2 Se. 132/13 "Amulef").[[/p]][[p]]Por todo lo expuesto, entiende que corresponde hacer lugar al recurso de la defensa, revocar la resolución de la Cámara en lo Criminal y remitir los autos a dicho Tribunal para que se resuelva la cuestión planteada por la defensa, relativa a la excarcelación del acusado, que no fue tratada en la instancia.[[/p]][[p]]4. Análisis y solución del caso:[[/p]][[p]]Una atenta consideración de lo resuelto por la Cámara Criminal en el sub examine, en confronte con los agravios desarrollados por la defensa, liminarmente permite avizorar -por un lado- que el recurso posee serias chances de prosperar y -por otro lado- que se impone readecuar criterios otrora sostenidos por este Superior Tribunal de Justicia, en anterior integración. Ello, a partir de la revisión de las consideraciones que otorgaban sustento a dicha doctrina y, fundamentalmente, por la irrestricta obligación que asume la judicatura respecto de la correcta aplicación de las normas constitucionales y convencionales involucradas, con alineamiento a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que rige el punto en tratamiento.[[/p]][[p]]Corresponde entonces analizar la cuestión traída a recurso partiendo de un primer plano que consiste en establecer si, al momento de revocar la excarcelación y ordenar el encierro del imputado/condenado, habiendo agotado la vía extraordinaria local, denegada la vía extraordinaria federal por parte de este Cuerpo y encontrándose pendiente el recurso de queja por tal denegación, la sentencia que le imponía ocho años de prisión se encontraba o no firme y en condiciones de ser ejecutoriada. Luego, en una suerte de segundo plano de análisis, con directa vinculación, habrá de determinarse qué naturaleza jurídica otorgar a dicho ///4. encarcelamiento por vía de revocación primero y de rechazo de excarcelación después, con la consiguiente y necesaria verificación de los recaudos a cumplir por parte del a quo.[[/p]][[p]]1) La firmeza del fallo condenatorio:[[/p]][[p]]Al momento de revocar la excarcelación que había sido concedida a U., así como también -por vía de remisión- al no hacer lugar al planteo excarcelatorio ensayado luego, la Cámara Criminal optó por invocar y seguir el criterio sostenido por este Cuerpo al respecto, merced al cual se establecía que el fallo condenatorio adquiría firmeza cuando se pronuncia la sentencia que declara inadmisibles las impugnaciones extraordinarias posibles de ser articuladas -casación, inconstitucionalidad y federal-, además de que la mera interposición del recurso de queja por denegación del remedio federal no suspende el proceso, lo que solo ocurre si la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara procedente la referida impugnación (conf. STJRNS2 Se. 151/04, entre muchos otros).[[/p]][[p]]El a quo resaltó además que el fallo "Olariaga" de la Corte Suprema de Justicia claramente habla de ejecutabilidad de las sentencias, lo que no debe confundirse con el momento en que las resoluciones adquieren firmeza, por lo que consideró que la sentencia condenatoria era ejecutable -reiterando el criterio señalado por la Fiscalía de la instancia- en cuanto a que la queja ante aquel Tribunal no suspendía la ejecución de la pena impuesta. Mencionó también lo resuelto por este Superior Tribunal en el fallo STJRNS2 Se. 132/13 "Amulef", respecto del cual haré referencia más adelante.[[/p]][[p]]Lo cierto es que, en definitiva, la Cámara Criminal consideró aplicable al caso el criterio de estar ante una sentencia que había adquirido firmeza, según la doctrina legal de este Cuerpo, y abundó aludiendo a la ejecutabilidad de lo decidido, amparándose en la distinción efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que también citó.[[/p]][[p]]Al así decidir, la Cámara Criminal desinterpretó el criterio establecido por el máximo Tribunal de la Nación, al que incluso hizo referencia, en cuanto a que la sentencia condenatoria en rigor de verdad no se encontraba firme (ni lo está aún) por encontrarse en trámite la queja por denegatoria del recurso extraordinario federal.[[/p]][[p]]Como invoca la defensa, el cimero Tribunal de la Nación se ha ocupado de esta temática en el precedente "Olariaga", de fecha 26/06/07, y también en otros posteriores, tales como el fallo "García" (18/09/07), al que hizo referencia la Fiscalía General al acordar con el /// agravio de los recurrentes, y también en "Loyo Fraire" (de fecha 06/03/14), precedente este último que fue oportunamente invocado en el planteo excarcelatorio presentado, argumentando que "la sentencia no firme no abastece el requisito de constitucionalidad de la detención" (fs. 90); sin que ello haya merecido consideración expresa por parte del a quo.[[/p]][[p]]Es más, la Cámara soslayó dar respuesta a tal argumentación, al decidir el rechazo excarcelatorio sosteniendo que "se advierte que no se introdujo ninguna cuestión distinta a la que ya fuera analizada al momento de disponer la revocación del beneficio mediante resolución que consta agregada a fs. 70/71, a la cual nos remitimos en honor a la brevedad" (fs. 103 y vta.).[[/p]][[p]]No ponderó el juzgador lo ya resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese fallo (por vía de remisión a lo oportunamente dictaminado por la Procuración General), que expresamente alude a la existencia de una sentencia de condena no firme, estableciendo claramente -en lo que aquí interesa- que tal motivo no implica que el encarcelamiento dejara de ser cautelar, por lo que debían reunirse ciertas exigencias para que no fuera arbitrario, tema que será tratado más adelante.[[/p]][[p]]Reitero lo expuesto por la Corte en el precedente "Olariaga", donde sostuvo que "... los jueces anteriores en jerarquía confundieron la suspensión de los efectos que hace a la ejecutabilidad de las sentencias con la inmutabilidad propia de la cosa juzgada que recién adquirió el fallo condenatorio el 11 de abril de 2006 con la desestimación de la queja dispuesta por este Tribunal".[[/p]][[p]]Para entender, interpretar, invocar y aplicar en sustento de las decisiones jurisdiccionales el precedente cuya parte sustancial acabo de transcribir, es menester encontrar su justo alcance, el que se halla en el prenotado fallo "García", en el que -también por remisión a lo dictaminado por la Procuración General- se estableció que "... la circunstancia de que se encuentre por ante el Máximo Tribunal el recurso de queja por apelación extraordinaria denegada... impide considerar que se encuentre firme la decisión cuestionada en aquella oportunidad, pues. de ese modo se halla operativa la fase recursiva contra la sentencia condenatoria que oportunamente fue dictada en la causa principal (in re \'Caballero\', considerando 8°). Todo ello me lleva a concluir que la decisión del a quo que, al fijar un criterio respecto a la firmeza de esa resolución que dependía del agotamiento de la instancia local, efectuó una exégesis sobre la materia que no halla base legal alguna y que implica la ///5. consagración de un límite arbitrariamente establecido para obstaculizar la viabilidad de la prescripción de la acción derivada de aquel texto (in re \'Caballero\', considerando 5°), cuyo análisis le era exigible por la especial naturaleza de la cuestión. Por otro lado, frente a los términos del pronunciamiento impugnado, estimo necesario aclarar que las consideraciones precedentes son independientes del carácter suspensivo del efecto de la interposición del recurso de queja por apelación federal denegada (de acuerdo a la doctrina que surge de Fallos: 193:138; 253:445; 258:351; 259:151; 305:1483; 311:1042; 319:398) y a las previsiones del artículo 285 in fine del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cuanto refiere a que, mientras la Corte no haga lugar a esa vía no se suspenderá el curso del proceso, pues estas cuestiones se refieren a la posibilidad de lograr la ejecución inmediata de la resolución impugnada durante el plazo para recurrir, pero no definen la firmeza de la decisión...".[[/p]][[p]]A ello se suma, en relación con el último aspecto mencionado, que la posibilidad de ejecutar de modo inmediato una decisión no firme resulta claramente incompatible con el derecho a la presunción de inocencia que tiene toda persona sometida a proceso mientras una sentencia firme no establezca legalmente su culpabilidad (arts. 18 C.Nac., 8.2 CADH y 14.2 PIDCP), máxime en casos como el presente, en el que el comienzo de ejecución anticipado de una sentencia condenatoria trajo aparejada la privación de la libertad de la persona, que venía aguardando sin encierro cautelar (por estimarse innecesario hasta ese momento) la resolución definitiva de su situación procesal.[[/p]][[p]]En concreto, entonces, la sentencia condenatoria no puede considerarse firme hasta tanto no se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la queja presentada por denegación del recurso extraordinario federal, ya que recién en ese momento y a partir de allí adquirirá la inmutabilidad propia de la cosa juzgada, sin que sea posible el adelantamiento de la ejecutoriedad de la pena impuesta, so riesgo de vulnerar el estado de inocencia.[[/p]][[p]]2) La motivación y demás exigencias de la prisión preventiva:[[/p]][[p]]Por consiguiente, la naturaleza del encierro previo a la firmeza del fallo condenatorio no puede ser otra que la cautelar; descartada toda posibilidad legal a título de cumplimiento anticipado de pena, se advierte y se potencia la necesidad -también constitucional- de motivación fundada para así proceder.[[/p]][[p]]/// Cabe recordar una vez más aquello que viene reiteradamente dicho (desde el precedente STJRNS2 Se. 32/06), puntualizando que el único encarcelamiento previo que cabe disponer es el que responde a razones de cautela, pues la restricción de la libertad es en los límites estrictamente necesarios para asegurar que el imputado no impida el desarrollo eficiente de las investigaciones y no eluda la acción de la justicia.[[/p]][[p]]Para ello, no resulta suficiente acudir solamente a la estimación de la mayor gravedad del delito, pues el derecho constitucional a la libertad no podría sujetarse a una única presunción abstracta, en desmedro de otras que podrían indicar lo contrario.[[/p]][[p]]"Por ello, debe ser enumerada una serie de elementos con el fin de analizar la posible intención del imputado de evadir la acción de la justicia o entorpecer el curso de la investigación (ver STJRNS2 Se. 225/10 \'Painefil\' y Se. 47/13 \'Villarroel\', entre otras).[[/p]][[p]]"En consecuencia, para tal estimación no cabe evaluar únicamente la gravedad del delito por su pena en abstracto, pues este es solo un parámetro para la demostración pretendida, y es necesario acudir a otros indicios o contraindicios resultantes del expediente" (STJRNS2 Se. 40/15 "Mobilio").[[/p]][[p]]Ahora bien, en el sub examine claro está que, en atención a las particularidades del caso, las razones de cautela ya no podrán estar dadas en el riesgo de entorpecimiento de la investigación y se limitan a la posibilidad de que U. evada el accionar de la justicia, pretendiendo fugarse y, aledaño a ello, el monto de pena no sería ya una conminación abstracta sino en concreto (ocho años de prisión), sin perjuicio de que tal parámetro siga siendo uno de los que deben ser valorados y que de modo suficientemente fundado deberían ser indicativos de la intencionalidad de eludir aquel accionar judicial.[[/p]][[p]]Nada de esto fue analizado por la Cámara Criminal en el caso al revocar la excarcelación que había sido concedida al imputado. Solo se fundamentó lo decidido en la supuesta firmeza y ejecutabilidad de la sentencia condenatoria, argumento que -como ya se analizó- no resulta aplicable en el caso, por las razones dadas.[[/p]][[p]]Asimismo, el a quo invocó otro argumento que tampoco podría estimarse de entidad suficiente para sustentar, en soledad, una privación de libertad cautelar, lo que se suma a que la Corte también brinda razones para desestimarlo. Me refiero concretamente a que la Cámara en lo Criminal, al revocar la excarcelación, mencionó lo decidido en STJRNS2 Se. 132/13 "Amulef" en cuanto a que "la resolución denegatoria de la excarcelación se ajusta a la ///6. doctrina legal sentada por este Cuerpo, en el sentido de que \'. el avance de la causa hasta el dictado de una sentencia condenatoria confirmada por el Superior Tribunal implica la suma de un indicio de peligro procesal concreto de magnitud suficiente para habilitar una inferencia respecto de la necesidad de disponer un encarcelamiento preventivo.[[/p]][[p]]"\'Ello se funda en que la pena de prisión impuesta es de considerable gravedad [.].[[/p]][[p]]"\'[. En la Sentencia 189/09 STJRNSP,] este Cuerpo sostuvo: «En este orden de ideas, y dada la revisión integral de la materia a decidir de acuerdo con la doctrina legal mencionada, se advierte que la modificación en la situación de libertad que traía el imputado tiene que ver con una variación en el avance procesal de la causa, toda vez que la medida cautelar se dicta en la decisión que resuelve de modo definitivo la acusación en su contra, imponiendo la pena de prisión efectiva como consecuencia de considerarlo autor de los hechos reprochados.[[/p]][[p]]"\'«\'Dicho avance es uno de los indicios admitidos para fundamentar lo resuelto, dado que sigue la misma secuencia lógica de la doctrina expuesta, la cual admite la valoración de la aptitud del imputado -en determinado tránsito del proceso- para esperar en libertad un pronunciamiento condenatorio con pena de prisión efectiva, pero cuya decisión es todavía eventual y por tanto abstracta, instancia que ahora ya ha sido superada con la expresión concreta y acabada de las razones para adoptarla.[[/p]][[p]]"\'«\'A ello se agrega que la pena es -de toda evidencia- grave y de ejecución efectiva, lo que también constituye prueba indiciaria de la resolución cuestionada\'» (con remisión a la Se. 89/09 STJRNSP y sus citas\' (cf. Se. 113/12 STJRNSP)".[[/p]][[p]]Cabe destacar que la doctrina supra referida se compadece con las razones expuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Loyo Fraire", dado que la existencia de condena a una pena de prisión no firme, tal como lo declara el máximo Tribunal (por remisión al dictamen de la Procuración General), "constituye una decisión sobre el fondo que, como tal, goza de una presunción de acierto que incide desfavorablemente en cuanto al riesgo de fuga", lo que, reitero, podría ser valorado solo como un indicio más, entre otras pautas que deberán ser explicitadas en la sentencia que ordene la privación de libertad, dado que en modo alguno implica que el encarcelamiento deje de ser cautelar.[[/p]][[p]]/// Este último dato determina que "la decisión debe contener la motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a los requisitos impuestos por la Corte Interamericana [de] Derechos Humanos, entre ellos el de necesidad, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto...", lo que no se verificó en el caso sometido a conocimiento por la Corte.[[/p]][[p]]Tampoco en este expediente se advierte el cumplimiento de tales recaudos, cuando ello resultaba relevante para los fines de ponderar la eventual necesidad del encierro cautelar, siendo imprescindible la valoración de ciertos datos objetivos que surgían de las actuaciones y de las propias decisiones del juzgador. Así, en cuanto a las pautas de conducta que se le habían fijado, según surge de la lectura del presente incidente, la propia Cámara reconoció que U. "ha cumplido con cierta regularidad en torno a las presentaciones que debe realizar ante este organismo" (fs. 70 y vta.), sin que existan constancias respecto del incumplimiento de las otras que se le indicaron. También al concedérsele la excarcelación se dejó constancia de que "al momento de disponerse su condena se hizo mención expresamente que el imputado había cumplido acabadamente con todas las reglas de conducta que se le impusieron oportunamente, dando fe de su residencia en la zona a lo largo de todo el proceso (vid fs. 316 y vta.). Anexándose -además- al momento del fallo, la prohibición de salir del país (conf. certificación de fs. 04 ha cumplido hasta el presente con sus obligaciones procesales)" (fs. 6).[[/p]][[p]]Por otra parte, teniendo en consideración los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente antes citado, tengo dicho en reciente pronunciamiento (in re "Mobilio") que "estimo oportuno puntualizar o -antes bien- recomendar la valoración de los principios que dimanan no solamente de nuestro ritual, sino del derecho convencional, los que -debida y claramente expuestos-, en consonancia con la debida fundamentación lógica que corresponde se efectúe al analizar las constancias de la causa, decididamente contribuirá a una mejor y más rápida administración de justicia en el caso [...].[[/p]][[p]]"En claro y con contundencia debería plasmarse que... el riesgo procesal debe evidenciarse merced a otros extremos, constitutivos todos ellos de una presunción iuris ///7. tantum indicadora tanto de una eventual fuga como de la obstrucción o entorpecimiento de la investigación [...].[[/p]][[p]]"Al respecto, es menester que la judicatura, al disponer y confirmar una medida de coerción personal restringiendo anticipadamente la libertad de un imputado, tenga en consideración si la ley ritual (art. 297 C.P.P.) resulta suficiente y adecuada a los principios que dimanan de los arts. 18 de la Constitución Nacional y 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para ello bastará con internalizar lo resuelto por el cimero Tribunal de la Nación, que otorga mayor alcance a lo ya dispuesto en la doctrina de este Superior Tribunal de Justicia.[[/p]][[p]]"Así en el precedente \'L[oyo Fraire], Guillermo Luis s/ psa estafa reiterada\' (L.196 XLIX, se. del 06/03/2014), la Corte Suprema de Justicia de la Nación se remitió al dictamen del Procurador General, el que -a su vez- se referenció en su anterior dictamen, en virtud de hallarse ante un caso sustancialmente análogo, que recayera en autos \'M. Ariel Osvaldo s/psa estafa procesal\' (M-960 XLVIII). En ambos surgió cuestión federal suficiente (art. 14 Ley 48) en razón de discutirse la interpretación de una norma procesal provincial como lesiva al art. 18 de la Constitución Nacional y 7.3. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se aludía al art. 281 inc. 1º del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, de factura y télesis similar a nuestro art. 287 ritual. Se recordó entonces aquello que la Corte tiene ya dicho (conf. Fallos 318:514,319:1840; 321:3555; 329:518) respecto de la jerarquía de la prenotada Convención (art. 75 inc.22 C.Nac.), se aludió a la letra del art. 7.3. (léase: \'nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario\'), para luego remarcar aquello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ponderó en los casos \'Gangaram Panday vs. Surinam\' y \'Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador\', sentencias que señalan la necesidad de ajuste a la Convención de toda preceptiva de encarcelamiento que -a más de legal para el derecho interno- debe guardar estricta razonabilidad, previsibilidad y proporcionalidad. En concreto, que la prisión preventiva debe ser no solo lícita, sino además razonable en toda circunstancia. Así también se trajo a análisis lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en \'Palamara Iribarne vs. Chile\' y \'Bayarri vs. Argentina\', resaltando en el primero que el Estado debe fundamentar y acreditar la existencia, en el caso, de los requisitos exigidos por la Convención, y en el segundo que las /// características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva.[[/p]][[p]]"Aludo a todo ello, ante la necesidad de promover aquello que inicialmente remarcara. Esto es, que la jurisdicción debe extremar sus esfuerzos para dar cumplimiento a la fundamentación razonada y en su desarrollo argumentativo dar cuenta de la aplicación y el apego no solamente a la norma procesal, sino a su aplicación conforme la Convención, atendiendo a la idoneidad de la medida para cumplir con el fin perseguido y ante la inexistencia de alguna otra que sea menos gravosa respecto del derecho que coarta o interviene, como también a justificar que el sacrificio del derecho no resulte desmedido frente a las ventajas que se obtienen" (conf. mi voto en STJRNS2 Se. 40/15 "Mobilio").[[/p]][[p]]En la misma dirección, he expresado recientemente que debía tenerse en cuenta lo que este Cuerpo señaló y enfáticamente recomendó en el precedente STJRNS2 Se. 47/13 "Villarroel", donde se reafirmó lo expresado en los precedentes STJRNS2 Se. 32/06 "Pérez Casal" y Se. 63/06 "Pilquimán", en cuanto se sostuvo que el análisis de la situación de restricción de la libertad de quien no ha sido condenado aún a una pena impuesta mediante una sentencia definitiva firme involucra no solo la normativa procesal, sino constitucional y convencional (conf. mi voto en STJRNS2 Se. 73/15 "Huenchul").[[/p]][[p]]Destaco aquí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue reiterando invariablemente los estándares referidos en cuanto a los recaudos que deben reunirse para el dictado de toda privación de la libertad cautelar. Así, por ejemplo, en el caso "Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile" (sentencia del 29 de mayo de 2014), ha sistematizado los estándares fijados hasta el momento en su jurisprudencia -con cita de precedentes anteriores- de la siguiente manera: "El principio general en esta materia es que la libertad es siempre la regla y la limitación o restricción siempre la excepción. Tal es el efecto del artículo 7.2, que dispone: \'Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas\'. Pero el solo cumplimiento de las formalidades legales no es suficiente pues el artículo 7.3 de la Convención Americana, al disponer que \'[n]adie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios\', prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ///8. ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, imprevisibles o carentes de proporcionalidad.[[/p]][[p]]"[...] La aplicación de ese principio general a los casos de detención o prisión preventiva surge como efecto combinado de los artículos 7.5 y 8.2. En virtud de ellos, la Corte ha establecido que la regla general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, ya que éste goza de un estado jurídico de inocencia que impone que reciba del Estado un trato acorde con su condición de persona no condenada. En casos excepcionales, el Estado podrá recurrir a una medida de encarcelamiento preventivo a fin de evitar situaciones que pongan en peligro la consecución de los fines del proceso. Para que una medida privativa de libertad se encuentre en concordancia con las garantías consagradas en la Convención, su aplicación debe conllevar un carácter excepcional y respetar el principio de presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática".[[/p]][[p]]Reiteró además, más adelante, las características que debe tener una medida de detención o prisión preventiva para ajustarse a las disposiciones de la Convención Americana y, en lo que aquí interesa remarcar, ha dicho que "es una medida cautelar y no punitiva: debe estar dirigida a lograr fines legítimos y razonablemente relacionados con el proceso penal en curso. No puede convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena". Afirmó el Tribunal interamericano que "no es suficiente con que sea legal; además, es necesario que no sea arbitraria", lo cual implica -según explicitó- que la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: finalidad compatible con la Convención, idoneidad, necesidad, proporcionalidad y -por último- que "[c]ualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención. De este modo, para que se respete la presunción de inocencia al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención" (párrafos 309 a 312).[[/p]][[p]]Resulta pertinente destacar que recientemente, en el ámbito de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de interpretar y supervisar la aplicación del /// Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -que también tiene jerarquía constitucional en nuestro país- ha establecido estándares similares a los fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, al interpretar el alcance del art. 9 relativo a la libertad personal (similar al 7 CADH, antes citado) ha aclarado que toda detención que carece de fundamento legal es arbitraria, y ha sostenido que "una detención o reclusión puede estar autorizada por la legislación nacional y ser, no obstante, arbitraria. El concepto de \'arbitrariedad\' no debe equipararse con el de \'contrario a la ley\', sino que deberá interpretarse de manera más amplia, de modo que incluya consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia, la imprevisibilidad y las debidas garantías procesales, además de consideraciones relacionadas con la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad. Por ejemplo, la reclusión preventiva por la imputación de un delito deberá ser razonable y necesaria en toda circunstancia. Salvo en el caso de sentencias condenatorias impuestas judicialmente por un período determinado, la decisión de mantener a alguien en cualquier forma de reclusión es arbitraria si su justificación no se reevalúa periódicamente" (Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 35 "Artículo 9 (Libertad y seguridad personales)", aprobada por el Comité en su 112º período de sesiones, del 7 a 31 de octubre de 2014, fecha de distribución general 16 de diciembre de 2014, párrafos 11 y 12).[[/p]][[p]]Más adelante aclara que "[l]a segunda oración del párrafo 3 del artículo 9 dispone que la reclusión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, sino la excepción. También especifica que la puesta en libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado, por ejemplo en el acto del juicio o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo" (párrafo 38), aspecto este último que adquiere relevancia en el presente caso y que -cabe destacarlo- no se encuentra contemplado expresamente en la norma correlativa de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 7.5, última parte).[[/p]][[p]]5. Conclusión:[[/p]][[p]]De todo lo anterior se colige que C.U. fue arbitrariamente privado de su libertad, al no motivar debidamente el a quo la necesidad de su encarcelamiento, de naturaleza cautelar, circunstancia esta última que fue soslayada por el Tribunal, al considerar que estaba ante un pronunciamiento firme y ejecutable.[[/p]][[p]]///9. Se advierte además que, al así decidir, la Cámara aplicó de modo prácticamente automático la doctrina legal de este Cuerpo, establecida en anterior integración, soslayando la incidencia que tal aplicación tenía respecto del estado de inocencia del nombrado, que subsiste hasta tanto el fallo que declara lo contrario se encuentre firme y resulte inmutable, con lo que ha vulnerado su derecho a la libertad ambulatoria al no dar debida y fundada motivación a la medida cautelar, todo ello en conformidad con los estándares que rigen la materia de medidas cautelares privativas de la libertad en la jurisprudencia internacional, cuya vigencia -en tales condiciones- fue expresamente reconocida en nuestra Constitución Nacional al asignarles jerarquía constitucional a los dos tratados de derechos humanos analizados (art. 75 inc. 22, segundo párrafo). ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla dijo:[[/p]][[p]]Adhiero al criterio sustentado por la vocal preopinante y VOTO EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:[[/p]][[p]]Puestas estas actuaciones a mi voto, y sin perjuicio de la solución que propiciaré más adelante, estimo necesario consignar y dejar a salvo mi opinión personal respecto de las cuestiones sometidas a tratamiento, lo cual hago seguidamente.[[/p]][[p]]Entiendo que no pueden dejar de ponderarse dos cuestiones que considero centrales. Por un lado, si bien es cierto que tanto la imposición como el posterior mantenimiento de la prisión preventiva deben regirse por el principio de inocencia, tal presunción se debilita cuando se trata de una persona que ha sido procesada y condenada mediante una decisión que luego fue revisada por un tribunal superior, el que, además y con posterioridad, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto respecto de dicho decisorio.[[/p]][[p]]A ello se suma, a modo de complemento de lo anterior, que a esa persona ya se le ha garantizado el "doble conforme", es decir, la revisión amplia de su condena, con el aditamento -como ya se mencionó- del posterior análisis del recurso extraordinario federal, lo que refuerza lo expuesto en el sentido de que ya no hay principio de inocencia totalmente incólume o impoluto.[[/p]][[p]]Lo antedicho, en cuanto a la condición judicial en la que arriba la persona al momento de plantearse la queja ante la Corte -por denegatoria del recurso extraordinario federal-, /// permite reflotar y aplicar en estos supuestos la norma del art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial, que establece, en su parte pertinente: "Mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso"; asimismo, y en mi humilde entender, posibilita dar mayor fundamentación a la doctrina judicial emergente de "Olariaga", en cuanto distingue entre los alcances que debe asignarse a los conceptos procesales de firmeza y ejecutoriedad, en este tipo de escenario jurisdiccional.[[/p]][[p]]En aquella misma dirección de pensamiento, traigo a colación lo establecido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en la causa "Loyo Fraire, Gabriel Eduardo - Presentación" (Se. 34, del 12/03/14, dictada luego de la anulación y el reenvío ordenados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación), donde sostuvo que, "... una vez que la sentencia de condena ha atravesado exitosamente las instancias locales de revisión -en nuestro caso, confirmada por el recurso de casación e inadmitido el recurso extraordinario federal-, la probabilidad de la efectivización de la condena se alza con una inminencia tal que amerita disponer, sin más, el encierro cautelar del imputado. [. E]n nuestro ordenamiento jurídico, el resguardo del derecho al recurso es cumplido por el recurso de casación, en especial en la dimensión delineada por el Alto Tribunal de la Nación in re \'Casal\' (20/09/05), y no por el recurso extraordinario, que a diferencia de las amplias exigencias de revisión que demanda la Corte Interamericana, transita por un muy estrecho cauce [.] Se estipuló además, que si en la esfera local [esta garantía] tiene su engarce en el recurso de casación, será la decisión que resuelve esta impugnación la que deberá ser tomada como término ad quem para el cómputo establecido por la ley 24.390 en su artículo 7 [.] Dada la amplitud con que la CSJN ha propiciado que se reconozca al derecho a la libertad durante el proceso, juzgamos prudente extender aún más dicho límite y fijarlo en la decisión de este Tribunal Superior que inadmite el recurso extraordinario federal, dado el estrechísimo margen revisor atribuido por la ley y la propia Corte a esta impugnación, como así también la ausencia de efecto suspensivo del recurso directo ante dicho Tribunal por su no concesión... La solución propiciada, en cuanto a fijar la inadmisibilidad del recurso extraordinario federal como término ad quem del mantenimiento de la libertad durante la falta de firmeza de la sentencia de condena, se compadece además con el efecto suspensivo que tiene asignado el recurso de casación (art. 453 CPP [de la Provincia de Córdoba]), y con una lectura favorable al imputado de las dispares interpretaciones que ha efectuado la Corte en torno al efecto suspensivo o no ///10. de la mera interposición del recurso extraordinario federal, aspecto éste sobre el que ha cavilado emitiendo resoluciones en uno y otro sentido (vid., Fallos, 305:827, 316:2035, 310:348, 324:3599, 09/11/2000, \'Andrioli y otros c. Pcia. Santa Fe\', JA., 2001-IV, 779, etc.)".[[/p]][[p]]En el citado precedente se aludió expresamente a similar criterio interpretativo de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires (en la sentencia de fecha 16/01/14, dictada en la causa "Grassi") -cuyos fundamentos, en lo pertinente, también comparto-, según el cual "... el pedido fiscal [de detención del imputado condenado] y su aceptación por sendos tribunales, encuentra fundamento en el aumento del peligro procesal de fuga a partir de este hito, interpretado como un nuevo debilitamiento de las posibilidades de obtener la absolución y por lo tanto, esta circunstancia -atento a la amenaza cada vez más concreta de que se aplique la alta pena impuesta por el TOC- asigna mayor entidad al pronóstico posible de fuga".[[/p]][[p]]Vale agregar que, mediante la postura reseñada, el Tribunal de Casación Penal bonaerense convalidó lo resuelto por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón que, a su vez y siempre en la misma causa, confirmó lo actuado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Morón que, a su turno, había entendido que correspondía el encierro cautelar, dado que "... partiendo del análisis de elementos objetivos. pesan sobre la cabeza del acusado tres fallos dictados por órganos judiciales de diferentes instancias, agotando la jurisdicción provincial. confirmando todos ellos la culpabilidad del encartado y el consecuente cumplimiento de la pena de quince años de prisión. Por ello, y al observar en qué etapa del procedimiento nos encontramos, es que entendemos que tenemos la obligación legal, que estando en nuestras manos la posibilidad, fallemos asegurando los fines de este proceso, el cual, a esta altura, y con sólo una posibilidad extraordinaria a nivel federal de que el último pronunciamiento sea revisado para tornar la cuestión en definitiva, existen extremos objetivos que nos indican la amplia probabilidad de que Julio César Grassi tenga por delante la aplicación de una medida que restrinja su libertad...", concluyendo que la sucesiva confirmación de la condena constituyen "actos ciertos, claros y precisos . que dejan en evidencia un peligro de fuga concreto y verificable" ("Grassi", 23/09/2013).[[/p]][[p]]A todo evento, destaco que la aplicación del art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial a casos de denegatorias de recursos extraordinarios deducidos en el fuero penal ha /// sido convalidada innúmeras veces por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ej. "Recurso de hecho deducido por Marcelo Andrés Olariaga en la causa Olariaga, Marcelo Andrés s/ causa 35/03 O" del 26.06.07, O.300.XL; "Interpol s/ pedido de extradición a España de Mario Luis Bertero -causa nº 298/08", del 05.10.2010, I.52.XLV, T.33, P.1930, entre otros).[[/p]][[p]]Teniendo en cuenta el prestigio personal y profesional del que gozaba en vida la doctora Carmen Argibay, tanto a nivel nacional como internacional, hago saber que era su opinión -en tanto Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que, a partir de la resolución por la que se declara que no es admisible el recurso extraordinario federal deducido por la parte, la sentencia adquirió firmeza; tal lo votado en disidencia in re "Chacoma" (causa C.1383.XLIII, resolución del 31/03/09), a cuyas constancias me remito, en mérito a la brevedad.[[/p]][[p]]Por último, también hago mía aquella postura doctrinaria que hace notar -con acierto- que "[l]a queja no es un recurso. La queja por recurso denegado constituye una categoría congruente con el régimen procesal vigente, toda vez que la apelación, en su caso el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, debe presentarse al tribunal que ha pronunciado el fallo adverso. Es decir, si el recurso se dedujese directamente ante el tribunal \'ad quem\', la queja carecería de objeto. Sin embargo la queja no constituye propiamente un recurso, ni es un medio de impugnación de los actos jurisdiccionales. No la califica como recurso el Código Procesal, ni tampoco lo hacía el anterior Código de Procedimiento, que en su derogado art. 271 facultaba al litigante, ante su apelación denegada a \'ocurrir directamente... ante el Tribunal...\'. En realidad la queja es un instrumento para lograr la concesión de un recurso denegado por el juzgador. Aceptada la proposición enunciada, mal se puede atribuir a la queja por recurso denegado los efectos típicos y normales de un recurso, concretamente el efecto suspensivo de la condena judicial" (Carlos E. Fenochietto, "Queja por recurso denegado y efecto suspensivo", DJ, 1986-2, 129, en "negrita" en su original). ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:[[/p]][[p]]Adhiero al criterio sustentado por el vocal preopinante y VOTO EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión la señora Jueza doctora Adriana C. Zaratiegui dijo:[[/p]][[p]]///11. Adhiero al criterio sustentado por la doctora Liliana L. Piccinini y VOTO EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]A la segunda cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini dijo:[[/p]][[p]]Por los motivos expuestos, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa y, en consecuencia, anular la resolución denegatoria de excarcelación y devolver la causa al origen con el fin de que, de acuerdo con el derecho que aquí se declara, reanalice la petición excarcelatoria y, atendiendo a la naturaleza cautelar que corresponde atribuir al eventual encierro en este estado del proceso, otorgue debida y fundada motivación para así proceder, en los términos referidos, muy especialmente aquellos que deben extraerse de la aptitud del enjuiciado de permanecer en libertad, conforme las constancias de la causa, justificando que el sacrificio del derecho no resulte desmedido frente a las ventajas que se obtienen (arts. 200 C.Prov.; 18 y 75.22 C.Nac.; 7, 8.1 y 8.2 CADH; 9 y 14.2 PIDCyP). ASÍ VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla dijo:[[/p]][[p]]Adhiero a la solución propuesta por la vocal preopinante y VOTO EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:[[/p]][[p]]Habiendo dejado a salvo mi opinión personal al tratar la primera cuestión, y teniendo en consideración los votos emitidos por mis colegas preopinantes, manifiesto mi adhesión a la solución propuesta por el solo imperio que entiendo cabe asignar a las sentencias que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional, aspecto sobre el cual el propio máximo Tribunal judicial del país ha señalado: "No obstante que las decisiones de la Corte se circunscriben a los procesos concretos que le son sometidos a su conocimiento, no cabe desentenderse de la fuerza moral que emana de su carácter supremo, sin verter argumentaciones que la contradigan, pues dada la autoridad institucional de los fallos del Alto Tribunal en su carácter de supremo intérprete de la Constitución Nacional y las leyes, de ello se deriva el consecuente deber de someterse a sus precedentes" (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema, en R. 756. XLIII; REX, "Romero, Carlos Ernesto c/Andrés Fabián Lema s/desalojo - recurso de casación e inconstitucionalidad", del 23/06/2009; T. 332, P. 1488).[[/p]][[p]]/// En aquel marco de prelación jurídico-institucional, la solución propugnada por la magistrada y el magistrado que me preceden en el orden de votación es congruente con los lineamientos de doctrina judicial establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los precedentes analizados, respecto de la adquisición de firmeza de las sentencias y la necesidad de fundamentar debidamente la imposición de medidas privativas de la libertad de naturaleza cautelar. Entiendo, entonces, que tal solución se impone, para no ocasionar un dispendio jurisdiccional innecesario, aun sin desconocer que, como el propio alto Tribunal de la Nación lo ha admitido, sus pronunciamientos solo deciden en los procesos concretos que le son sometidos, por lo que no resultan obligatorios para casos análogos.[[/p]][[p]]Por lo expuesto, coincido con los señores Jueces preopinantes en que corresponde hacer lugar al recurso de casación en estudio, anular la decisión impugnada y reenviar la causa al Tribunal de origen para que trate la cuestión en conformidad con el derecho que aquí se declara. MI VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:[[/p]][[p]]Adhiero a la solución propuesta por el doctor Sergio M. Barotto y VOTO EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión la señora Jueza doctora Adriana C. Zaratiegui dijo:[[/p]][[p]]Adhiero a la solución propuesta por la doctora Liliana L. Piccinini y VOTO EN IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE:[[/p]][[p]]Primero: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 113/121 de las presentes actuaciones por los doctores Oscar Raúl Pandolfi y Marcelo Inaudi, en representación de C.E.O.U.[[/p]][[p]]Segundo: Anular la Sentencia Interlocutoria Nº 626/14 de la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti y reenviar la causa al origen con el fin de que reanalice la petición excarcelatoria conforme el derecho que aquí se declara (arts. 200 C.Prov.; 18 y 75.22 C.Nac.; 7, 8.1 y 8.2 CADH; 9 y 14.2 PIDCyP, y 441 C.P.P.).[[/p]][[p]]Tercero: Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos.[[/p]][[p]]///12. Déjase constancia de que el doctor Enrique J. Mansilla no suscribe la presente, no obstante haber participado del Acuerdo, por encontrarse en comisión de servicios.[[/p]][[p]]ANTE MÍ:[[/p]][[p]]Firmantes:[[/p]][[p]]PICCININI - BAROTTO (por sus fundamentos) - APCARIAN (por sus fundamentos) - ZARATIEGUI ARIZCUREN Secretario STJ.[[/p]]