Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2008-03-04


CASACIÓN 130/2008 En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cuatro (04) de Marzo de dos mil ocho, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "León Alfredo y otros vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Expropiación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 405/423 por el apoderado de la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 25/4/2007 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común El pronunciamiento mencionado (fs. 399/401) dispuso hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocar la sentencia de primera instancia, y revocar, por tanto, la demanda por expropiación inversa que fuera oportunamente admitida acogida por el juez a quo.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada, por sentencia de fecha 08/6/2007 que glosa a fs. 431, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y considerar -en su caso- la procedencia del mismo.

II.- En orden a la definitividad del pronunciamiento recurrido (art. 813 del CPCC) la exigencia formal puede considerarse satisfecha en la especie. Se trata de una sentencia dictada por el tribunal de alzada, que resuelve de modo definitivo, la acción incoada en autos.

III.- Invoca el recurrente la errónea valoración de los antecedentes de la causa y la consiguiente arbitrariedad del pronunciamiento recurrido. Sostiene que lo resuelto por el tribunal importa asimismo, la infracción a la preceptiva de los arts. 1198, 1409 y 2522 del Cód. Civil. Al explicitar la infracción normativa invocada, señala que los instrumentos agregados al proceso -y que sirven de base a la acción intentada- no respaldan los extremos invocados por el tribunal, para desestimar la acción intentada. Expresa que de las escrituras acompañadas y de los planos ofrecidos como prueba, surgen claramente las condiciones de la compra oportunamente celebrada entre el actor y sus antecesores en el dominio del inmueble, el objeto de la misma y su extensión, como así también, los derechos emergentes para las partes.

Denuncia que los vicios del pronunciamiento, importan la afectación de derechos y garantías de rango constitucional, como los consagrados por los arts. 14, 17 y 28 de la Constitución Nacional.

Invoca asimismo, que el pronunciamiento asume caracteres de gravedad institucional, al contrariar precedentes del propio tribunal y doctrina de esta Corte.

Admite que el primer plano de mensura presentado en autos (fs. 196) -en el que consta la superficie objeto de expropiación- es el aprobado por la Dirección de Catastro y Loteo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán el 12/12/72 (Expte. 38792-72), correspondiente al inmueble, que en ese entonces, pertenecía a Carlos Giúdice (anterior titular del inmueble). Señala que al serles cedido en venta el inmueble, se transmitió a los compradores (los actores) todos los derechos que sobre el bien objeto de la transacción, poseía el vendedor. Afirma que la venta se hizo de conformidad al título originario, sin descontar la fracción afectada por corrimiento de la línea municipal. Insiste en que la fracción a expropiar recién afectaría la vivienda al momento de la aprobación del plano de División y Unificación aprobado por Expte. 4.582-F-77, con el número 1.262-K-77, descrito en el testimonio de escritura n° 989 del 19/12/1977.

Sostiene que el vendedor no hizo reserva de ningún derecho (como por ejemplo, reclamar la indemnización por la futura expropiación), y de allí que lo que las partes verosímilmente entendieran que se les transmitía la totalidad de las acciones litigiosas contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Cuestiona que el tribunal de alzada sostenga que la desposesión de la fracción del inmueble a expropiar se operó en el acto de aprobación de los planos originarios, y que con la mentada indisponibilidad jurídica, se operó un correlativo efecto en la esfera patrimonial de quien era titular registral. Impugna la tesis sentencial conforme la cual por efecto de la desposesión, pasan a ser otras las medidas del inmueble a expropiar y que en caso de enajenación, el propietario no vende sino conforme las medidas del plano aprobado (consecuencia del principio consagrado por el art. 3270 del Cód. Civil). Observa la tesis del desdoblamiento del derecho del titular (disminución del valor de la cosa y nacimiento de la acción para reclamar el pago de la indemnización derivada de la expropiación) y niega que en casos como el de autos, el enajenante sólo transfiera uno de los dos derechos (la propiedad del inmueble ya menguado en sus medidas originarias) y conserve para sí, la acción para reclamar el pago de la fracción expropiada.

Se agravia de que el tribunal considere que nada autoriza a suponer que en el caso, el titular originario quiso transferir a los actores, el derecho a la indemnización derivada de la expropiación operada con anterioridad. Entiende que la Sala sentenciante no puede alegar en apoyo de esta posición, el carácter restrictivo con que debe interpretarse la renuncia de los derechos (art.874 del Código Civil).

Entiende que se trata de una interpretación desacertada de los antecedentes del caso y que ello condujo a que el tribunal negara injustificadamente a los actores, la titularidad del derecho a reclamar el pago de la indemnización aquí pretendida.

El recurrente realiza una pormenorizada reseña de los antecedentes de la causa, transcribiendo la parte pertinente de la escritura de compra del inmueble objeto de la presente litis (fs. 7/9), y destacando la cláusula en la que se mencionan las medidas y la superficie del mismo. Todo ello a efectos de acreditar que los actores adquirieron el inmueble según los títulos originarios, "sin mengua o detrimento alguno" y sin que el vendedor se reservar derecho alguno. Advierte que el corrimiento de la línea de edificación recién se haría efectivo al momento en que se confeccionó el plano de división y unificación confeccionado por el Ing. Carlos E. Flass, y aprobado por la Municipalidad de Tucumán y por la Dirección de Catastro de la Provincia (Expte. 1262-K-77) que se explica mediante la transcripción del instrumento en el memorial casatorio (escritura de fs. 10/14 por la que los actores unifican el inmueble objeto de la presente litis, con otro que adquieren en esa oportunidad). Refiere también a las constancias de una escritura posterior (fs. 16/21), mediante la cual los actores venden el inmueble a la sociedad Egeo, y de cuya transcripción surge que los actores vendedores, transfieren una superficie que descuenta la superficie correspondiente al retranqueo municipal.

Insiste en que adquirió la propiedad del inmueble en cuestión, en su integridad y con todos sus accesorios; en las mismas condiciones en que lo ostentaba el enajenante (sin descontar la superficie a retranquear y con la construcción originaria). Afirma que el titular originario tampoco se reservó el derecho de reclamar el pago de la indemnización derivada de la desposesión sino que cedió in totum, los derechos vinculados al inmueble objeto de la presente causa.

Con apoyo en precedentes jurisprudenciales y doctrina concordantes, expresa que la acción derivada del acto expropiatorio es susceptible de cesión al momento de la enajenación del inmueble o en forma autónoma, que debe admitirse la cesión implícita en relación a los contratos que puedan involucrarla, que la venta involucra la transmisión de la totalidad de los derechos del vendedor sobre la cosa objeto del contrato (entre ellos los derivados de la expropiación) y que en caso contrario, debía existir una reserva expresa por parte del enajenante.

Señala que en el caso, no hay renuncia de derechos por parte del enajenante (que haya que interpretar restrictivamente). Rechaza de plano, la aplicación de las normas mencionadas por el tribunal de alzada, relacionadas con la abdicación de derechos y facultades. Alega, en el caso, la realización de un negocio jurídico que incluyó una cesión implícita de la acción para reclamar el pago de la indemnización derivada de la expropiación perfectamente lícita, válida y eficaz.

De conformidad a las consideraciones precedentes, propone doctrina legal, pide se admita la procedencia de la casación intentada y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

IV.- La sentencia recurrida en casación dispuso acoger favorablemente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, revocar el pronunciamiento de primera instancia y rechazar la demanda de expropiación inversa interpuesta en autos.

De discurso sentencial, se advierte que el tribunal de alzada consideró que los actores había adquirido un inmueble respecto del cual y por efecto de la desposesión operada, contaba con una superficie menor a la originaria y de la que se había ya descontado la fracción expropiada. E indagada la posibilidad de entender incluida en la transmisión, la cesión de la acción que correspondía al enajenante (para reclamar el pago de la indemnización derivada del actor expropiatorio) concluyó que ésta no se había transferido a favor de los actores al momento de la compra del inmueble.

Asiste razón al recurrente en tanto el pronunciamiento incurre en un evidente desacierto, al examinar el contenido de las pruebas arrimadas y evaluar su fuerza de convicción. La conclusión sentencial no encuentra respaldo en los antecedentes que conforman la base fáctica de la causa; lo que convierte a la sentencia impugnada en un decisorio dogmático y puramente voluntarista, descalificable como acto jurisdiccional válido.

V.- Tal como surge de las constancias de la causa, el título de dominio esgrimido por la parte actora (fs. 7/9) consigna que el inmueble adquirido por su parte, tenía las mismas medidas y la misma superficie que los títulos que le sirven de antecedentes. Así lo menciona el citado instrumento (fs. 8) y lo corroboran los planos agregados a la causa (fs. 196, 133/164, 109) y los informes registrales y catastrales (fs. 104/105). Y atento a las constancias de la causa, no se advierten las razones que justifican el criterio adoptado.

Si se cotejan las constancias del plano de mensura que glosa a fs. 196 (cuando el inmueble pertenecía aún al señor Carlos Giúdice), se advierte que las medidas "según plano", guardan relación con las que emergen del título. Y aun cuando el plano mencionado destaca la superficie afectada por el retranqueo (zona demarcada entre la vieja y la nueva línea de edificación) dicha porción de terreno no se traduce en una mengua de la superficie total objeto de la transferencia posterior.

VI.- En precedentes que resultan de aplicación al caso, esta Corte sostuvo que "si la venta fue del inmueble íntegro, sin restarse la fracción desposeída y sin que el vendedor hiciera reserva alguna, el comprador queda legitimado para reclamar el cobro de la indemnización por expropiación de la fracción pertinente" (CSJT, sent. 298 del 12/5/2004, "Neme, Bchara Bachur vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Expropiación"; sent. 494 del 23/8/1994, "Cohen Imach, Eduardo y otro vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Expropiación irregular o inversa").

Se entendió que "quien enajena una cosa que no entrega al adquirente, simultánea y necesariamente le transmite el poder jurídico de reclamarla", máxime si del título en cuestión no surge que el vendedor se reservó el derecho respectivo. Es que "si el titular del bien -legitimado para accionar por el cobro de una indemnización derivada de la expropiación- transmite su derecho de dominio a otro", transfiere asimismo la acción para procurarse el equivalente de la cosa (cfr. arg. CSJT, sent. 298 del 12/5/2004, "Neme, Bchara Bachur vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Expropiación"; sent. 494 del 23/8/1994, "Cohen Imach, Eduardo y otro vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Expropiación irregular o inversa").

En respaldo de tal criterio se ha señalado que "la cesión está implícita en el acto de venta porque como lo expresa la nota al art. 2109 del Cód. Civil, se juzga que cada enajenante ha transferido la cosa a su adquirente cum omni sua causa, es decir, con todos los derechos que le competía" (cfr. precedentes citados).

VII.- Corresponde por tanto, anular el pronunciamiento impugnado conforme la siguiente doctrina legal: "Es descalificable como acto jurisdiccional válido, el pronunciamiento que funda su decisión en afirmaciones que se contradicen con las constancias de la causa. Constituye un supuesto de sentencia arbitraria, aquella que apartándose de las pruebas arrimadas al proceso, niega que en la enajenación del inmueble objeto de la expropiación, vaya implícita la cesión del derecho a reclamar el pago de la indemnización correspondiente." Los autos deberán ser remitidos a la Excma. Cámara a fin de que por intermedio de quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento. Se advierte que atento al modo en que el tribunal de alzada resolvió la cuestión planteada, quedaron sin ser abordados parte de los agravios que sustentaron el recurso de apelación interpuesto. Siendo así, y atento a lo resuelto en esta instancia casatoria, corresponde que en oportunidad del reenvío, se analice la admisibilidad y en su caso, la procedencia del remedio incoado (art. 775 procesal).

VIII.- Atento a las razones que motivan la nulidad aquí declarada, las costas deberán ser soportadas en el orden causado.

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 25/4/2007 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común de conformidad a la doctrina legal precedentemente expuesta. En consecuencia, los autos deberán ser remitidos a la Excma. Cámara a fin de que por intermedio de quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR - ALBERTO JOSÉ BRITO - HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ: MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA