Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-13


SENT Nº 126	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Trece (13) de Marzo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Antonio Gandur -por encontrarse excusado el doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Olivar Paula Marcelina vs. Superior Gobierno de la Provincia y otros s/ Nulidad/Revocación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor René Mario Goane, doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- Paula Marcelina Olivar, parte actora en autos, plantea recurso de casación (cfr. fs. 433/436) contra la sentencia Nº 730 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II de fecha 25 de noviembre de 2010, obrante a fs. 421 y vta., que es concedido mediante resolución del referido Tribunal del 07-6-2011 (cfr. fs. 467), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC), norma ésta de aplicación por expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante CPA).

II.- Sostiene el recurrente que la caducidad de instancia, declarada en la causa, no existe a no ser por el retroceso a la anacrónica justicia rogada, de conformidad a la cual las partes deben instar el trámite aún después de los alegatos de bien probado, lo que tiñe al fallo de arbitrariedad. Entiende que por disposición expresa de la ley, el impulso del proceso a cargo de los contendientes llega hasta la presentación de los alegatos ya que, a partir de allí, la instancia debe ser impulsada de oficio por el órgano jurisdiccional que debe llamar los autos a despacho para resolver, aunque las partes no lo pidan. En este sentido afirma que esto se desprende del artículo 399 del CPCC.

Asimismo, se agravia que la sentencia tampoco escuchó el dictamen Fiscal que llegaba a una conclusión similar, optando abiertamente por seguir los argumentos de la demandada.

Indica que el proceso se encontraba concluido y pasado a la estación definitiva habiendo presentado su parte los alegatos. Sin embargo, afirma, el pronunciamiento le atribuye negligencia por no haber instado el trámite a posteriori de aquella diligencia.

Desde otra óptica, manifiesta que durante el intervalo entre la presentación de los alegatos y los planteos de perención, se produjo un incendio en las instalaciones del fuero que hasta el día de hoy, y de las constancias de autos, no surge que haya sido denunciado oficialmente por ante esta Corte, lo que constituye una grave omisión funcional de la Sala II, a más de estar incursa en una virtual negligencia por el hecho de no haber indagado acerca del verdadero origen técnico y humano de dicho siniestro.

Finalmente, denuncia que ni siquiera se tuvo en cuenta la presunción legal del beneficio de la duda frente al estrago referenciado que conllevaba una suspensión de hecho del procedimiento, sin olvidar que las actuaciones se encontraban expeditas para el dictado de la sentencia definitiva configurándose así otra causal de exclusión de la caducidad, a tenor de lo prescrito en el artículo 218, inciso 1, del CPCC.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como Tribunal de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 422 y 436 vta.); el acto judicial atacado constituye una sentencia equiparable a definitiva; no corresponde efectuar depósito en razón que el recurrente actúa con el beneficio de litigar sin gastos (cfr. fs. 3 y 35); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone doctrina legal; finalmente, la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho en cuanto invoca el vicio de arbitrariedad en la ponderación del material fáctico obrante en autos, entre otros planteos por los que igualmente se denuncia lesión a normas jurídicas. Siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la valoración por este Tribunal local Cimero de la ponderación del referido material -ponderación ésta del A quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-; por todo ello el recurso en estudio es admisible, por ende, a este Tribunal le queda expedita la competencia jurisdiccional para ingresar a analizar la procedencia del recurso de marras.

IV.- Los cuestionamientos del recurrente, por los que pretende sustraerse a la perención de la instancia atribuyendo el impulso del proceso exclusivamente al órgano jurisdiccional, una vez que las partes presentaron sus alegatos, conducen a la cuestión central y dirimente del tema, cual es, la referida al momento que cesa la obligación de las partes de instar el proceso y si, la inactividad del órgano jurisdiccional, puede constituir una dispensa válida a la pasividad de la actora.

Para desentrañar estos interrogantes, conviene comenzar recordando que la caducidad de la instancia es un instituto procesal que tiende a sancionar la falta de diligencia o actividad de las partes, pues su fundamento radica en la necesidad de evitar la duración indefinida de los procesos.

En nuestro ordenamiento adjetivo civil, de aplicación supletoria al fuero (cfr. artículo 15 del CPA), de conformidad a lo que preceptúa su artículo 211 inciso 1, la carga impulsiva del procedimiento recién cesa para las partes cuando los autos se encuentran "pendientes de sentencia"; o sea, que este artículo excluye de la caducidad de la instancia a los procesos en los que lo único que falta es la sentencia, mas no a aquellos en los que aún resta la conclusión del trámite para colocarlos en estado de sentenciarse (cfr. CSJT: sentencia Nº 498, del 13-8-1996).

Hasta dicha oportunidad procesal, entonces, deben los litigantes adoptar todas las medidas que resulten necesarias para poner la causa en situación de ser fallada, al no haber cesado de regir el principio de impulso de parte. Y esta situación no es la de autos, porque la inactividad de la parte causativa de la perención tuvo lugar con anterioridad, es decir, antes que se hubiera ordenado agregar los alegatos (que era justamente la providencia que, conforme al estado del proceso, correspondía adoptar en lo inmediato, sin perjuicio que a posteriori se confeccionara la planilla fiscal y, por último, el llamamiento de autos para sentencia) y, por ende, no se llegó a dictar este último decreto poniendo el expediente para fallo. De allí que no le asista razón al impugnante al procurar hacer cesar su obligación de impulso antes de dicho momento, porque de la referida norma se desprende con toda claridad, como se dijo, que en nuestro ordenamiento procesal el impulso de la causa para las partes recién cesa cuando el decreto de llamamiento de autos se ha dictado , quedando a su cargo, incluso, urgir su dictado aún cuando de oficio pudiera el Tribunal disponerlo so pena de, llegado el caso, se declarare la perención de la instancia.

Pero aún cuando me situara en el supuesto que, en la especie, hubieran existido deberes en cabeza del Tribunal no satisfechos oportunamente -como lo alega el recurrente al imputarle no haber oficiosamente llamado los autos para sentencia, o en puridad, la agregación de los alegatos que, como se dijo, era el acto idóneo para impulsar el proceso-, no albergo la menor duda que aún en tal hipótesis no le asiste razón en su planteo. Ello es así por cuanto la inactividad u omisión del órgano jurisdiccional no exime al litigante de la carga de instar el trámite del procedimiento a efectos de colocarlo en condiciones de ser fallado debiendo formular, en esa inteligencia, las peticiones adecuadas para vencer la conducta renuente del obligado en procura del cumplimiento de los deberes que le incumben.

En esta perspectiva se ha dicho que "...no cabe perder de vista que el sistema procesal civil de la Provincia de Tucumán no contempla entre los casos de improcedencia de la perención a aquél en que la prosecución del trámite depende de una actividad impuesta a cargo del Juzgado. A su vez, el ya citado artículo 218 inc. 1º (actual artículo 211 inciso 1) determina como supuesto de improcedencia de la caducidad de la instancia aquél en que los autos estén pendientes de sentencia, de modo tal que aunque los actos a cumplir estén a cargo del juzgado, la norma sólo alude al llamamiento de autos para sentencia como causa obstativa de la caducidad de la instancia. Siendo así, es recién a partir del dictado de la providencia que lo contiene que cesa la carga de impulsar el procedimiento, aun cuando el próximo acto procesal esté a cargo del juzgado, y aunque fuese el dictado de dicha providencia" (cfr. CSJT: sentencia Nº 417, del 05-6-2003). Concordantemente, se ha expresado también que la inacción del órgano judicial, que pudo ser salvada con la adecuada actuación procesal, no excusa la ausencia de participación del interesado en el impulso del proceso, de conformidad con la vigencia ineludible del principio dispositivo (cfr. CSJT: sentencia Nº 174, del 25-3-1999, entre otras).

El actual artículo 211 del CPCC, precedentemente citado, prevé de manera taxativa los supuestos en que no se producirá la caducidad de la instancia, entre los que no se contempla la circunstancia que la actividad impulsiva dependa del juzgado, por lo que cabe concluir que la conducta omisiva del órgano jurisdiccional respecto de sus deberes o funciones no desobliga a la parte de arbitrar los medios aptos para incitar la actividad jurisdiccional a fin de evitar la perención. Por esta razón es que el artículo 55 del CPA, tampoco sirve de sustento a la posición que defiende el agraviado, no sólo por las consideraciones que anteceden, sino porque de este precepto no surge consagrada la eximición de la parte respecto de la carga de impulso del proceso; por el contrario, su texto es explícito en sostener que únicamente con el llamamiento de autos para sentencia queda cerrado el debate, y que es recién entonces que les está vedado a las partes la presentación de escritos, hacer alegaciones o aportar nuevas pruebas. Lo propio es dable predicar con relación al artículo actual 390 (ex 399) del CPCC.

Si bien en el artículo 36 del CPCC se hace referencia al impulso procesal de los jueces (adviértase, sin embargo, que la proposición normativa emplea el vocablo "podrán"), de ello no se sigue que el órgano judicial sustituya a las partes en lo que concierne a mantener en movimiento al proceso. Antes bien, se trata de una responsabilidad compartida que no hace cesar la carga de las partes al respecto. El deber de actuar del juzgado coexiste con la carga que pesa sobre los contendientes.

En este orden de ideas considero que avalan también el concepto de que, por imperio del principio dispositivo, el impulso procesal compete fundamentalmente a la parte hasta el momento indicado ut supra, los mismos fundamentos en que se apoya el instituto de la perención, y muy especialmente, la indiscutible conveniencia de estimular la diligencia y el cuidado de las partes, sus abogados y de los jueces, en pos de la resolución del conflicto planteado lo más rápido posible, con lo que se evita la pendencia indefinida en el tiempo por negligencia de una situación de discordia e inseguridad, que conspira contra los valores jurídicos que nutren desde el punto de vista axiológico a este instituto, como son la paz y la seguridad jurídica (cfr. Palacio, Lino E.: "Derecho Procesal Civil", T. IV, pág. 218).

Las razones hasta aquí expuestas demuestran la impertinencia de la pretensión de revertir el resultado adverso obtenido en la instancia de grado.

De otra parte, del carácter no vinculante del dictamen del Ministerio Público Fiscal con respecto al órgano jurisdiccional se desprende la manifiesta improcedencia del agravio relacionado con el tema, de tal suerte que los derechos del demandante se ven suficientemente resguardados con la posibilidad impugnativa que el ordenamiento jurídico admite en contra de la sentencia del Tribunal.

Tampoco el carácter restrictivo de la interpretación en materia de caducidad mejora la posición del actor habida cuenta que, en el caso, no se arriba a la declaración de caducidad en mérito a una interpretación extensiva, sino todo lo contrario; de igual modo, al encontrarse claramente configurados en el sub examine los extremos a los que se encuentra subordinada aquella declaración, fuerza es concluir que no se está en presencia de ningún caso objetivo de duda que torne aplicable el principio general en favor de la continuación del proceso, o de una situación en la que la búsqueda de la verdad material haya sido rehuída sin fundamento o sin sustento fáctico y jurídico, ya que en el la especie es el mismo recurrente, con su pasividad, el que ha imposibilitado avanzar en pos de este resultado.

Por las consideraciones que anteceden concluyo que, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, no se acredita transgresión alguna a las normas que se citan en el escrito recursivo.

Desde otra perspectiva, con relación a las manifestaciones del recurrente en el sentido que el incendio que afectó a la Sala II de la Excma. Cámara a mediados de 2009 no fue denunciado todavía a esta Corte, no se advierte su relevancia para revertir la caducidad declarada en la instancia anterior, más allá de que aquellas expresiones no se corresponden con las constancias de autos (cfr. fs. 406). Lo dicho, sin perjuicio que, como bien lo puso de resalto la sentencia en crisis, según el informe actuarial de fs. 406, el incendio producido en el mes de julio de 2009 no causó al primer cuerpo de la presente causa más que leves deterioros al pie de folios, sin afectar fechas, firmas ni acto procesal alguno, de lo que se sigue que el siniestro de marras no tuvo consecuencia alguna en el cómputo de los términos que estaban corriendo. Tales apreciaciones, a más de corresponderse con las constancias de autos, no fueron objeto de la debida crítica en la presentación recursiva, al igual que las consideraciones vertidas a renglón seguido por la Cámara en las que atinadamente se percató que la actora no tuvo conocimiento del incendio sino hasta el día 18-3-2010, conforme surge de fs. 390 vta., lo que contribuyó razonablemente en criterio del Tribunal, a evidenciar su negligencia en la tramitación de la causa.

Por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia Nº 730 de Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II de fecha 25 de noviembre de 2010, obrante a fs. 421 y vta. de autos.

IV.- Atento a las conclusiones inferidas, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia extraordinaria local corresponde imponerlas a la parte vencida, actora en autos (artículos 105 primera parte, del CPCC y 89 del CPA).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto y adhiero a la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de casación deducido por la parte actora, expresada en el voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, toda vez que ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, denuncia con fundamento suficiente infracción normativa y arbitrariedad de sentencia y el recaudo del depósito no resulta exigible en tanto el recurrente actúa con beneficio de litigar sin gastos (arts. 748/752 del CPCC). Asimismo comparto y adhiero a los puntos dispositivos y fundamentos del referido voto.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 486/488, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia Nº 730 de Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II de fecha 25 de noviembre de 2010, glosada a fs. 421 y vta. de autos, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como están consideradas.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	ANTONIO GANDUR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030778-01.