Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-19


2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 19 de 2009.

Y Vistos: 1. Apeló la concursada la resolución de fs. 48/51 que rechazó su defensa de prescripción y distribuyó las costas en el orden causado. La memoria de fs. 58/60 fue contestada por la incidentista a fs. 62/64 y por la sindicatura a fs. 70.

2. En lo que respecta a la aplicación de la ley 26.086 al caso de autos corresponde señalar en primer lugar que el CCiv. 3 (reformado por la ley 17.711) establece: "A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales". De modo terminante queda explicitado el principio de irretroactividad de la ley salvo que ésta disponga lo contrario.

La norma citada también establece la aplicación inmediata de la nueva ley. Ello importa que los hechos de gestación prolongada que están en curso de desarrollo al tiempo de sanción de la nueva ley son regidos por ésta sin pecar de retroactividad. La ley toma a la relación jurídica preexistente en el estado que se encuentra al tiempo en que la norma es sancionada, de modo que pase a regir los tramos de su desarrollo aún no concluidos en tanto que a los ya cumplidos se los considera regidos por la ley vigente al tiempo en que tuvieron lugar.

La irretroactividad de las leyes es principio de jerarquía legal, no superlegal, y de no existir sentencia firme que pueda invocarse, no hay manera de que este se confunda con la inviolabilidad de la propiedad que consagra la CN 17. Tan solo se detiene su imperio irrestricto cuando se enfrenta con una resolución pretérita firme (CNCom., esta Sala, in re "Orga, Juan s/concurso preventivo", del 22/11/96).

De tal modo, aun cuando el legislador no ha querido que su aplicación resulte retroactiva pues no lo establece en su articulado, el plazo de prescripción contenido en la norma modificada (LCQ 56) debe aplicarse en esta etapa de la verificación pues se trató de una situación no concluida, desde que el trámite no se había iniciado al sancionarse la nueva ley modificatoria; no puede considerarse entonces una situación consolidada a esos efectos y el caso se coloca en la hipótesis contemplada en la primera parte del artículo 3 del Código Civil; esto es, la aplicación de la nueva ley "... a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes". Ello permite analizar la prescripción a la luz de la nueva normativa regulatoria del instituto bajo examen.

3. En tal órbita, la acción se encuentra prescripta a la luz de la LCQ 56 (t.o. ley 26.086).

La ley vigente contiene dos plazos distintos de prescripción (i) para aquellos créditos que no tenían promovido proceso judicial alguno, ni tampoco estaban autorizados a hacerlo, y cuya única vía de ingreso era directamente la verificación en el concurso, rige la prescripción de dos años desde la fecha de la presentación en concurso y (ii) en el caso de los créditos exceptuados del fuero de atracción: procesos laborales -como el presente-, procesos de conocimiento en trámite al momento de la apertura del concurso y aquellos en que el deudor es demandado como parte de un litisconsorcio pasivo necesario, el plazo se extiende a los seis (6) meses posteriores a la fecha de haber quedado firme la sentencia dictada por el tribunal respectivo. Vencido dicho plazo, el crédito, si han transcurrido los dos años desde la presentación en concurso, está prescripto.

En el caso la sentencia laboral (fs. 17/18) quedó firme en febrero de 2006 (fs. 19/20) y se aprobó la liquidación respectiva en octubre de 2006 (fs. 25). Desde allí hasta la interposición de la demanda verificatoria (15/09/08, fs. 29) transcurrieron los 6 meses previstos en la norma; habiendo transcurrido asimismo los dos años respectivos desde la presentación en concurso que data del año 2000.

4. Se admite el recurso de fs. 52 y se admite la defensa de prescripción opuesta por la concursada, con costas de ambas instancias al incidentista vencido (CPr. 68, 279). Devuélvase encomendándose a la a quo las notificaciones. El Señor juez Miguel F. Bargalló actúa de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones 261/06 y 261/07 del Consejo de la Magistratura y los Acuerdos del 15/06/06 y 01/06/07 de esta Cámara. La Señora Juez Ana I. Piaggi no interviene por hallarse en uso de licencia por compensación de feria (art. 109 RJN). - María L. Gómez Alonso De Díaz Cordero. - Miguel F. Bargalló.