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Procedimiento contencioso administrativo y tributario, honorarios del abogado, cobrador fiscal, convenio extrajudicial, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Youtchak, Jorge c/ GCBA s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09

No corresponde hacer lugar a la medida cautelar que prohíba a un mandatario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la percepción extrajudicial de honorarios sobre juicios en que haya participado un mandatario anterior, y obligue al depósito de aquéllos en cada uno de los expedientes en trámite de ejecución toda vez que, si bien en el caso, el actor entiende que las tareas desarrolladas por la nueva mandataria pueden afectar su derecho de propiedad, esta afectación no encuentra asiento en una conducta arbitraria o ilegítima imputable a la demandada, sino, por el contrario, en el normal desarrollo de los mecanismos legales que tienden a alcanzar una debida percepción de la renta pública.

Dicha medida podría además entorpecer indebidamente el interés público comprometido en la recaudación tributaria y siendo la pretensión del actor, el dictado de una medida cautelar que intervenga, desde un solo tribunal, sobre el trámite de un importante número de causas, haciendo abstracción de las particularidades específicas de cada una; la misma se advierte como desmesurada, cuando correspondería que el daño invocado sea esgrimido ante cada juez actuante en las ejecuciones que, estando a su cargo, pudieran ser objeto de un convenio extrajudicial que cancele la deuda reclamada.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castro y Wenzel, Tatiana c/ Garay, Ana Elena s/ Exclusión vocación hereditaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-29

Con los fundamentos de su defensa, al haber invocado la parte demandada en la posición de su adversario, debió probar su afirmación (art. 375 CPC).
Trabajadores de la salud, ley de contrato de trabajo, interpretación de la ley, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: GARCILAZO, MARIA c/ SANATORIO SEGUROLA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

Si el laboratorio era parte del sanatorio, resulta consecuencia necesaria que no es admisible dividir la empresa médica en tantas unidades funcionales como servicios cuente el sanatorio, ello va en contra del principio de empresa establecido en el art. 5 de la LCT y contradice el orden natural de las cosas, porque un servicio inserto en un sanatorio está sujeto a un orden jerárquico y no es susceptible de concesión, considerando este contrato de colaboración empresaria como una entidad de gestión autónoma sin relación exclusiva o necesaria con el concedente o por lo menos con la posibilidad de actuar por sí, de hacerlo con otra clientela, de rechazar análisis, etc.
Obligación de seguridad, responsabilidad contractual
Materia: LABORAL
Carátula: Alegre, Norma Luisa y otro c/ Mois Chami S.A.C.I. y/o propietario casa Beige s/ Enfermedad Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-08-31

La posibilidad de que el incumplimiento del art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 diere lugar a responsabilidad extracontractual sólo se podría dar de considerarse que dicho artículo lo es de naturaleza extracontractual, en tanto de considerarse que lo es de naturaleza contractual, de conformidad art. 1107 del Código Civil, los hechos u omisiones convencionales, no dan lugar a responsabilidad extracontractual, si no degeneran en delito del derecho criminal.
Compraventa inmobiliaria, escrituración, plazo cierto, mora del deudor
Materia: CIVIL
Carátula: MONTARAZ  I.C.E.I.S.A.  Y OTRO c/ ALMEIRA, RICARDO JORGE s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-30

Si la obligación de escriturar estaba sujeta a un plazo suspensivo cierto (arts. 509, 566, 567 y 750 del Código Civil), antes de su vencimiento ninguna de las partes podía exigir el cumplimiento de esa prestación. Sólo después quedaban en situación de acudir a las vías de ejecución de la obligación, previa constitución en mora del deudor.
Crisis económica, derechos adquiridos, conciliación laboral, falta de pago, denuncia, derechos y garantías constitucionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LASTRA, JOSE ALBERTO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

Cuando una situación de crisis o de necesidad pública exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, se puede, sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, postergar -dentro de límites razonables- el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos (cfr. C.S.J.N., sent. del 27.12.90, "Peralta, Luis A. y otro"). En consecuencia, corresponde desestimar la denuncia por falta de pago del acuerdo transaccional cuando el afiliado percibió la mayoría de la cuotas (en el caso, cobró 12 de las 15 pactadas, y las 3 restantes le fueron determinadas conforme los lineamientos del art.

5° de la ley 23.982), lo que no permite advertir una afectación de derechos que agravie garantías de rango constitucional.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rimasa S.A. Agrop. C.F.I. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Salazar de Amaya, Lidia c/ Municipalidad de Moreno y otro s/ Indemnización daños y perjuicios Piedrabuena, Angel Luis y otra c/ Keller, Ricardo Daniel y otro s/ Daños y perjuicios Fernández Barón, Daniel Germán c/ Fernández, Elida Susana y otro s/ Daños y perjuicios Valente, Dante Nicolás y otra c/ Porta, Roberto Juan y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10|1994-08-16|1996-07-16|1997-05-13|2001-11-14

Para demostrar el absurdo no basta con reiterar conceptos vertidos en la contestación de la demanda y en la expresión de agravios o transcribir parcialmente afirmaciones técnicas obrantes en la causa, soslayando las invocadas por el fallo, ya que ello implica oponer a la valoración probatoria realizada por la sentenciante la propia en apoyo de la posición asumida.
Control de constitucionalidad, reserva de la cuestión federal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L.R.A. y C:M. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 37 s/ Artículo 37
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-04

Con relación a la reserva de Caso Federal por inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley de Procedimiento Contravencional introducida por el presentante, es oportuno señalar que conforme la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las cuestiones federales deben ser invocadas por el interesado de modo inequívoco y explícito, debiendo indicarse concretamente las disposiciones pertinentes del derecho federal en juego. Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira.
Daños y perjuicios, indemnización, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Sosa, José Américo; Santillán, Rodolfo Augusto y Bravo, Américo Cristóbal c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 25-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-23

En cuanto al monto de la indemnización por daño moral -el que no aparece estimado en la demanda-, considerando que ya en el año 1984 se había declarado que la baja de los actores no reconoció como motivo las razones de servicio previstas en el decreto ordenanza 4469 y sus prórrogas; y que la indemnización fijada en autos "Piccioni" (AyS T 66 p 346, citado) fue establecida luego de meritarse adecuadamente la existencia de declaración previa de ilegitimidad (ver AyS T 72 p 284) como así también la prohibición de reingresar a las Administraciones Públicas por cinco años (ley 7859 , artículo 8) que pesó sobre el agente, lo que también acontece en el sub judice (decreto ordenanza 4469, artículo 8), se estima justo reconocer el derecho de los actores a percibir una indemnización equivalente a la suma resultante de multiplicar por doce los sueldos que, al 31.3.1991 (artículos 1, 7 y 13, ley 23928), correspondían a los cargos que ellos ostentaban al momento del cese; con más intereses al 6% anual desde el momento del reclamo administrativo (12.9.1984) hasta el 31.3.1991. De allí en adelante deberán liquidarse a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto 941/91, o la que en su caso se demuestre pueda corresponder, hasta el efectivo pago.
Actos de crueldad a animales, informe ambiental, condiciones personales, apreciación de la prueba, dolo, falta de dolo, auto de procesamiento, revocación del auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MOLINA, Ramón Gustavo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

En esta clase de delitos, no puede dejarse de lado las circunstancias sociales, económicas y culturales que lo circundan. Si del informe socio-ambiental confeccionado al imputado se desprende que "Evidencia haber buscado trabajar desde muy chico y al parecer debido a su condición de analfabeto, su actividad ha sido precaria...La situación económica parece bastante desfavorable y por lo dicho, viven en condiciones precarias", esta situación no puede ser obviada.

Corresponde considerar la falta de nociones básicas de aquél para acceder al nivel de conocimiento que requiere el dolo exigido en la figura traída a estudio.

Por ello, corresponde revocar el procesamiento decretado (del voto de la Dra. Garrigós de Rébori).

La automaticidad sancionatoria repele al principio de justicia, de la adecuada retribución y al necesario examen jurisdiccional que caracteriza el sistema republicano de la organización política constitucional.

Sin perjuicio de la acreditación de la materialidad de la conducta, debe establecerse si los intereses que se anexan a la norma y que conforma el ámbito real de aplicabilidad, producen un efecto disparador de la sanción prevista como consecuencia de la vulneración del derecho.

Por ello, analizada la situación planteada, evaluada la entidad e intensidad de los bienes jurídicos a proteger, y considerados los resultados del evento criminal, así como las circunstancias personales de sujeto activo y los de tiempo, modo y lugar, la particular situación planteada, permite suponer la improbabilidad de acreditar los extremos de configuración del dolo que es menester para hacer funcionar la respuesta sancionatoria de la norma (del voto del Dr. González Palazzo que se adhirió al voto de la Dra. Garrigós de Rébori).
Contrato de trabajo, empleo público, personal contratado, contrato de trabajo por tiempo determinado
Materia: LABORAL
Carátula: GANDIAGA, CARLOS ALBERTO Y OTROS c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA  D.G.I. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-08

La norma que dispone los requisitos a que debe ajustarse la Administración para la contratación del personal temporario no trae consigo sanción alguna por su incumplimiento que puede, al menos, convertir la contratación originaria. El carácter permanente de las tareas asignadas al empleado no importa borrar el título que dio origen a su nombramiento.
Honorarios del mediador, aplicación de la ley, audiencia de mediación
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA SA c/ GIACHETTA, ALEJANDRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-23

Los honorarios de la mediadora deben establecerse en función de las pautas previstas por la norma que regia en el momento de celebrarse la audiencia de mediación (conf. CNCIV, sala H, 5.2.02, "Burbrige, Clelia Josefina c/ Consorcio de Propietarios Ecuador 1428 s/ Nulidad de asamblea"); en tanto que la regulación judicial sólo agrega un reconocimiento -y cuantificación- de un derecho preexistente a la retribución del trabajo profesional (cfr. CSJN, 6.2.97, "Greco Hnos. S.A. s/ quiebra s/ inc. de rend. de cuentas por Furlotti S.A.", E.D. 29.5.97).
Integración de la litis, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Dycasa Dragados y Construcciones Argentinas S.A.I.C.I. c/ Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-02-23

Ha de decirse respecto del límite temporal impuesto por el art. 89, 2 parte CPCC, que la norma representa una directiva de orden que, en presencia del objetivo a que responde el litisconsorcio necesario y de los principios que informan los ordenamientos vigentes, no puede considerarse infranqueable. Por lo que aún dictada la providencia de apertura a prueba, tal el caso de autos, es admisible excepcionalmente disponer la integración de la litis con la Provincia; lo contrario implicaría afrontar concientemente el riesgo de proseguir el desarrollo de una actividad procesal inútil en la medida en que puede impedir, fatalmente, un pronunciamiento sobre el mérito de la pretensión, al no haberse integrado la litis en forma correcta.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, fallos del Superior Tribunal, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CATTANEO, OSCAR ALBERTO c/ COMUNA DE CARRIZALES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-10

Corresponde rechazar la queja interpuesta debido a que la decisión que concedió la medida cautelar, por su propia naturaleza, no constituye una sentencia definitiva o un auto equiparable y obsta, por ende, a la admisibilidad del recurso; y tampoco se advierte perfilado un gravamen irreparable que torne inexcusable la vigencia de las excepciones que esta Corte tiene admitida, ya que, en efecto, la jurisprudencia tiene resuelto que no basta con alegar un perjuicio sino que es preciso señalar y demostrar cómo y dónde surgirá un agravio de esa índole y magnitud; y, en el caso, la mera postulación formulada a través de todo el proceso cautelar, en cuanto a que se vio obligado a reponer como miembro de la Comisión Comunal a un sujeto deudor de tasas comunales, tratando de imponer su propia postura respecto a la valoración de los hechos y las constancias obrantes en la causa y en cuanto a la interpretación que se le debe dar al artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunas, resultan -por su generalidad- claramente insuficientes en orden a argumentar que concurra en el caso un gravamen insusceptible de oportuna reparación. - CITAS: CSJN: Fallos 303:658; 306:140; 311:612 y 316:1870; CSJStaFe: AyS T 88, p 262; T 94, p 457; T 104, p 312; T 202; p 331 - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 2439, artículo 24
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, relación de causalidad, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Baigorria, María Lidia c/ Caetano Pinto, Antonio y-u Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-04-03

Es entendimiento de la suscripta que cuando ocurre un accidente entre dos rodados en movimiento, no juega en tal supuesto la presunción de culpa establecida por el artículo 1113 del C.C., ya que se trata de cosas que a la sazón se hallaban bajo la conducción del hombre, es decir, merced a su dominio y voluntad, de donde debe concluirse que ambos han creado el riesgo. De allí deviene que, en lo referente a la prueba, se torna de aplicación lo normado por el artículo 377 de la ley ritual, debiendo la accionante probar la existencia del daño y la imputabilidad del mismo por la relación causal al demandado -ilicitud- para que proceda el reclamo.
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes, intereses, tasa pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios Edificio Kilmesi III c/ Boimzaiger Raúl y Otra s/ Cobro de Expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

Se debe aplicar la tasa pasiva; a la deuda proveniente de las expensas, criterio este, que resulta justo y razonable en atención a las características del crédito ejecutado y las pautas que la realidad cotidiana del mercado financiero exhibe. Por otra parte, la circunstancia alegada en cuanto al incremento de los gastos que han soportado el resto de los consorcistas cumplidores, no resiste el menor embate, ya que la referida tasa compensaría la posible diferencia o incremento que pudieron haber conseguido en caso de contar con los fondos que se vieron obligados a erogar.
Recurso extraordinario, excepciones dilatorias, litispendencia, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: NACHT, LILIANA c/ BRAVO, JUAN s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-30

La desestimación de una defensa dilatoria, como la de litispendencia, no ocasiona gravamen material susceptible de invocación en vía extraordinaria.
Competencia contencioso administrativa, primera instancia, objeto de la demanda, recurso directo, sociedad cooperativa, multa administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COOPERATIVA   DE  VIVIENDAS  MERCEDES  LTDA.  PARA  SUBOFICIALES  DEL EJERCITO ARGENTINO "ARRIBEÑOS" c/ ESTADO NACIONAL s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

Si el objeto de la demanda excede el restringido marco del art.

103 de la ley 20.337 (ref. por ley 22.816), por no impugnarse la multa impuesta sino el ejercicio por parte de la Secretaría de Acción Cooperativa de las funciones que por ley le competen, aspectos cuya revisión no está prevista por la vía del recurso directo ante esta Cámara, la competencia corresponde al Juez de primera instancia del fuero.
Daños y perjuicios, obligaciones del conductor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GIL DE COZZA NELIDA CELIA. c/ ADAN JOSE ROSELLI Y OTROS. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-30

El conductor debe tener siempre el total control del automotor y evitar toda negligencia por mínima que fuera en razón de usar una cosa peligrosa susceptible de ocasionar daños a terceros. (Sala 1,2039,300983)
Responsabilidad del Estado, error judicial, condena por error, resarcimiento a personas condenadas por error
Materia: PROCESAL
Carátula: IACOVONE  HERNAN  MARIANO c/ PODER JUDICIAL DE LA NACION s/ dañosy perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-16

El pronunciamiento que declaró la absolución del ahora actor no derivó del reconocimiento por parte de los órganos judiciales intervinientes de la arbitrariedad de la prisión preventiva, ni de la inexistencia de los elementos objetivos tenidos en cuenta para el dictado de tal medida -lo que de haber ocurrido podría denotar la conducta antijurídica que genera la responsabilidad del Estado-, sino de la insuficiencia de la prueba para dar sustento al reproche penal sin haberse descalificado las cautelares adoptadas oportunamente. Debe hacerse notar que el mismo tribunal oral que dictó la absolución, con anterioridad había confirmado la prisión preventiva y que todas las resoluciones dictadas en torno a dicha medida, tuvieron la intervención de los jueces de ambas instancias, lo cual, según la jurisprudencia de la Corte, refuerza la protección contra el error judicial (Fallos: 327:5097).
Prescripción adquisitiva, animus posesorio, pago de tributos
Materia: CIVIL
Carátula: Malossi, Noemí Adriana c/ E.N.A. - O.N.A.B.E. s/ prescripción adquis.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-15

El pago de impuesto constituye una exteriorización del animus posesorio y tiene un valor meramente complementario, pero es un elemento válido de especial consideración cuando las obligaciones tributarias se cumplen regularmente en los términos periódicos de vencimientos o, cuando su pago, aunque tardíos, es el resultado de una conducta espontánea e independiente de la eventual acción judicial.
Delitos contra la integridad sexual, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: N. N. c/  s/ Abuso sexual agravado con acceso carnal (art. 119 inc. 1° y 3° del CP) e/p del menor N. N. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-12-09

Como bien lo señala el Sr. Fiscal, la declaración del niño, la de su madre, los informes psicológicos, el examen médico, el reconocimiento en rueda de personas, conforman un todo homogéneo que resulta por demás suficiente para acreditar el abuso del menor y el daño psicológico que refiere la sentencia. El resultado negativo del ADN no es obstáculo para desoír el cúmulo de material cargoso, máxime cuando al prestar declaración el perito dejó aclarado que la exclusión pudo deberse a la injuria ambiental o bien por la circunstancia de no haber eyaculado allí.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-27


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 27 de 2005.

Considerando: I.- Apeló la demandada la decisión de fs. 206/211 que rechazó la defensa de prescripción que oportunamente opuso. Los fundamentos del recurso obran en fs. 216/218, los que fueron contestados por la actora en fs. 222.

II.- La apelante sostiene el recurso en el inexistente efecto suspensivo del curso de la prescripción que el a quo otorgó a la carta documento que la actora le remitió el 12.01.01, por entender que no configura la situación prevista en el art. 3986 del Cód. Civil.

Las acciones fundadas en el contrato de seguro de vida colectivo prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible (art. 58 de la ley 17.418); y para el contrato de seguro de vida la norma citada fija su cómputo desde que el beneficiario conoce la existencia del beneficio, limitando el plazo hasta tres años del acaecimiento del siniestro (cuarto párrafo del citado artículo).

Es decir que en el caso del seguro de vida, no varía el término anual ordinario determinante de la prescripción, sino que la ley establece -eventualmente- el comienzo de su cómputo en una oportunidad distinta al resto de los seguros.

La demandada rechazó categóricamente el siniestro el 20 de diciembre de 2000 (v. carta documento de fs. 33), de modo que fue desde tal fecha que quedó para la actora expedita la vía para promover la acción.

La fecha de mediación que surge del formulario anejado en fs. 1 da cuenta que la misma se realizó el 28 de mayo de 2002; entre esta fecha y la señalada para el inicio del cómputo, transcurrió holgadamente el lapso determinante de la prescripción de la acción.

A su vez, no cabe reconocer efectos suspensivos a la promoción del incidente de verificación de créditos de la actora en el concurso preventivo de la empleadora -Cía. de Transportes Río de la Plata S.A.- pues si bien la insinuación constituye una verdadera demanda, no ha sido dirigida a la accionada, ni resultó preciso su interposición con carácter previo a esta acción, por lo que ningún efecto suspensivo del plazo prescriptivo deriva de tal actuar.

III.- Por lo expuesto, se revoca la decisión recurrida, y consecuentemente prescripta la acción incoada. Las costas de ambas instancias se imponen a la actora, vencida (art. 69 del Cód. Procesal). El doctor Monti no interviene en esta resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). - Bindo B. Caviglione Fraga. - Héctor M. Di Tella.