Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-08-12


AUTOS 78.255 (C.C.Nº19.624) DEL Tercer Juzgado Civil, Comercial Y Mineria, Caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ Pallito Eduardo Miguel y Otra - Ejecución Hipotecaria -".

PROTOCOLIZADO: L. de Sent.- Año 2009- del Tº II- Fº168/176.- San Juan, 12 de Agosto de 2009.- VISTOS: estos autos n° 78.255 (C.C. n° 19.624) caratulados "PROVINCIA DE SAN JUAN c/ PALLITTO EDUARDO MIGUEL Y OTRA - EJECUCION HIPOTECARIA -" para resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada a fs. 85 y 113, concedidos a fs. 86 y 114 en relación y ambos efectos, contra la resolución de fs. 76/83 que rechaza las excepciones de prescripción e inhabilidad de título opuestas por los codemandados y el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora ordenando se continúe adelante la presente ejecución.

CONSIDERANDO:

De las constancias de autos surge que a fs. 1/22 la parte actora, Provincia de San Juan, promueve ejecución hipotecaria contra los Sres. Eduardo Miguel Pallitto y Ana María Ziliotto por el cobro de la suma de U$S 646.571,60, suma calculada al 24/07/1995 con más sus intereses y costas. Se acredita con Certificado de Deuda emitido por el Poder Ejecutivo Provincial y firmado por el Ministro de Economía y Coordinador del Comité Ejecutivo Ley 6.753. A fs. 28/30 y vta. comparece el codemandado Sr. Eduardo Miguel Pallitto excepcionando por inhabilidad de título y a fs. 38/39 y vta. la codemandada Sra. Ana María Ziliotto opone excepción de prescripción. Corridos los traslados de ley a la parte actora y evacuada la vista por la Sra. Agente Fiscal respecto al planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora, la Sra. Juez a quo resuelve a fs. 76/83 rechazando las excepciones de prescripción e inhabilidad de título opuestas por los codemandados, como el planteo de inconstitucionalidad de la ley 25.561 y decreto 214 formulado por la actora. En consecuencia ordena continuar la presente ejecución en contra de los demandados hasta hacer trance o remate en bienes de su propiedad y con su producido íntegro pago al acreedor de la suma de $624.851,20, con más el C.E.R. que fija el Banco Central e intereses legales equivalentes a la tasa activa que fija el Banco Nación (Dec. 214/02 arts. 3° y 4°) desde que la obligación se hizo exigible hasta su efectivo pago y costas de la ejecución. La Sra. Juez a quo fundamenta la no aplicación de la ley 7.417 (que fija el plazo de prescripción en cinco años) en que con la presente se pretende ejecutar una deuda contraída por particulares con una entidad crediticia, y la cesión del crédito efectuada por el Banco de San Juan S.A. a la Provincia de San Juan no altera su naturaleza esencialmente privada. Además, tratándose de una operación concertada con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley provincial dicha normativa no resulta de aplicación a autos. Entonces, el plazo de prescripción aplicable es el de diez años establecido por el art. 4.023 del Código Civil (equivalente al art. 846 del Código de Comercio). Por tanto, con un certificado de deuda con fecha de vencimiento 24/07/1995 y una demanda deducida el 06/12/2004 el plazo de prescripción no se ha producido, por lo que debe rechazarse esta excepción. Cuestionada por la demandada la habilidad del título porque el certificado de deuda consigna la suma en dólares, la Sra. Juez a quo cita jurisprudencia al respecto y recuerda que el art. 617 del Código Civil establece que las obligaciones en que se hubiera estipulado dar moneda que no sea de curso legal en este país debe considerarse como de dar sumas de dinero. Rechaza esta excepción considerando que por efecto de la aplicación de la normativa de emergencia, los títulos ejecutivos exigidos en dólares estadounidenses son plenamente hábiles para sostener la presente acción ejecutiva. Concluye que la modificación en el tipo de cambio no los perjudica en su aspecto extrínseco tal como lo determina la norma del art. 529 inc. 4 del C.P.C., como condición necesaria para la admisibilidad de la defensa opuesta. Además, el excepcionante no cuestiona la forma extrínseca del documento base de la demanda sino alega que su mandante no adeuda suma en moneda extranjera. En el caso que el excepcionante quiera cuestionar la causa que dio origen al crédito plasmado en el certificado base de la ejecución, la Sra. Juez a quo le recuerda que deberá promover el juicio ordinario posterior ya que el certificado de deuda es un título autónomo, literal y completo que se basta a sí mismo y que cumple con todos los requisitos contemplados en la ley 7.053. Por último, ante el planteo sobre la inconstitucionalidad de la normativa de emergencia efectuado por la actora la Sra. Juez a quo recalca que todo el plexo de la normativa de emergencia es constitucional. Que conforme criterio de la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan los derechos declarados por la Constitución Nacional no son absolutos sino que quedan sometidos a las leyes que reglamentan su ejercicio. Que frente a una crisis sin precedentes se necesitaban respuestas acordes a las circunstancias de parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en uso de las facultades que le son propias. Concluye que no se advierte inequidad de la normativa de emergencia por cuanto ambas partes deberán soportar las consecuencias de la pesificación ya que el decreto 214/02 prevé un régimen de actualización mediante un sistema de índices que compensa el desfasaje producido por la pesificación. Finalmente, el hecho de no haber sido pesificada la suma reclamada no torna viable la excepción, que debe ser rechazada. Por último resuelve aplicando la legislación específica Ley 25.561, Decreto 214/02 y ctes..

A fs. 88/91 y vta. el codemandado Sr. Eduardo Miguel Pallitto expresa agravios fundamentando los mismos en que con anterioridad al inicio de la presente ejecución se encontraba vigente la ley 25. 561 y el dec. 214/02 de manera que el ejecutante debió pesificar la deuda y sólo así iniciar la presente ejecución. En igual sentido el art. 505 del C.P.C. dispone que si la obligación fuere en moneda extranjera la ejecución deberá promoverse por el equivalente en pesos. No existiendo monto líquido o determinado en el título base de esta ejecución, la excepción de inhabilidad de título debió ser procedente. Manifiesta que de la escritura de refinanciación e hipoteca surge en forma clara que el monto adeudado por su poderdante era en pesos ($625.204,88) y el certificado de deuda y la presente ejecución se realiza en dólares (U$S 646.571,66). Aduce que su mandante fue presionado en oportunidad de suscribir la refinanciación y la hipoteca y se vio en la necesidad de aceptar los términos que injustamente le imponía el Banco de San Juan. El segundo agravio que sustenta su apelación reside en la condena total de las costas toda vez que el actor resultó vencido en cuanto a su pretensión de reclamar la deuda en moneda extranjera. Afirma que las costas debieron ser impuestas en orden al éxito de las pretensiones esgrimidas en la causa, de modo tal que su parte no puede considerarse totalmente perdidosa, ni la actora totalmente vencedora. Finaliza solicitando se revoque la sentencia de primera instancia declarándose inhábil el título base de esta ejecución. Corrido el traslado pertinente lo contesta la actora a fs. 95/99 y vta.. Advierte que como se dijo al momento de contestar excepciones el título es hábil y que la intención de la contraria es evadir el pago de lo debido negando adeudar tal suma y en tal moneda, contradicción que se evidencia al constar en la hipoteca en cada uno de los folios la firma de los demandados. Reitera los fundamentos dados por la Sra. Juez a quo al decir que el título base de la presente demanda goza de las cualidades propias de su especie cumpliendo además con los requisitos de la ley que le dio origen N° 7.053. Que la modificación en el tipo de cambio producida por las leyes de emergencia no lo perjudica en su aspecto extrínseco. Deduce a partir del art. 617 del Código Civil que las circunstancias de que en el mutuo con garantía hipotecaria se haya pactado en dólares no puede importar que estén afectados aspectos esenciales ni formales del título ejecutivo. Recalca que la demandada alega ahora haber sido víctima de abuso de necesidad, de la amenaza de un pedido de quiebra o de presión. Tales situaciones no pueden ser examinadas en esta etapa pues las mismas no fueron sometidas a la decisión del juez de primera instancia. En cuanto al segundo agravio de que la imposición de costas corresponde a ambas partes, ya la Sra. Juez a quo dejó ver en la parte resolutiva de la sentencia apelada que la demandada fue vencida en el pleito rechazándole la excepción de inhabilidad de título prosperando así el objeto principal de la pretensión. Cita jurisprudencia de la Cámara Nacional Civil en la que se resolvió que aunque la acción prospere por una cantidad menor que la reclamada (lo que no se da en el caso de autos) no significa que no debe aplicarse el principio objetivo de la derrota en juicio ya que el valor de la condena depende de la apreciación judicial. Concluye manifestando que la hoy mal apelada sentencia incide escasa y únicamente en la forma de liquidar el capital reclamado, el que prosperó sin ingerencia externa alguna. Por lo expuesto finaliza solicitando se confirme la sentencia de primera instancia.

A fs. 115/116 y vta. expresa agravios la codemandada Sra. Ana María Ziliotto, con patrocinio letrado. Centra su agravio en que la Sra. Juez a quo rechaza la excepción de prescripción interpuesta por su parte. Que la sentenciante infiere que al no establecer la ley de creación del título la prescripción de cinco años debe aplicarse la prescripción decenal. Pero ahora bien, dicha ley tampoco prevé la prescripción decenal aplicada, entonces se agravia su parte de que se rechace la aplicación de un plazo de prescripción y se aplique otro plazo que tampoco está establecido en la mencionada ley. Que la sentenciante omite la aplicación de una ley, N° 7.417 en su art. 12, que expresamente dispone que cualquiera sea el origen de la deuda con el Estado, ésta prescribe a los cinco años de su vencimiento. Por último se agravia de que la sentenciante rechace la aplicación de la ley 7.417 manifestando que la misma fue creada y promulgada con posterioridad a la operación concertada y aplica una ley en beneficio de la accionante que también fue creada y promulgada con posterioridad a la operación concertada. Habiendo fundamentado su apelación, solicita se revoque la sentencia de primera instancia y se declare prescripta la deuda base de esta ejecución. A fs. 118/123 y vta. la parte actora contesta la expresión de agravios formulada por la codemandada. Aduce que la base de la presente ejecución está constituida por un certificado de deuda que al fin de formarlo lo ha precedido un procedimiento administrativo del cual es su culminación y en donde surge la existencia de la suma reclamada. Este instrumento se encuentra regido por la ley 7.053 que en sus arts. 1 y 13 facultan al Poder Ejecutivo a expedir el título hábil para iniciar el cobro por vía ejecutiva. Señala también, en palabras de Colmo, que los preceptos que consagran prescripciones particulares son por eso mismo, especiales. De manera que son la excepción a la regla que es el plazo decenal. Aquellos deben ser interpretados estrictamente y aplicarlos al caso expresamente legislado. Por lo que en el caso de autos el plazo de prescripción no es otro que el decenal. No resulta aplicable la ley 7.417 pues tal como la demandada lo menciona la obligación venció el 24 de julio del año 1995, tal como surge del certificado que se ejecuta. La ley citada fue sancionada y promulgada el 2 de octubre del año 2003 y no tiene efecto retroactivo por imperio del art. 3° del Código Civil. Además resulta inaplicable la norma antes mencionada pues la obligación incumplida no participa de la naturaleza que la demandada pretende asignarle pues no se trata de una obligación fiscal. La relación obligacional vinculó en su origen al Banco San Juan S.A. y a la codemandada en autos. La cesión efectuada no altera su naturaleza esencialmente privada. Manifiesta también la actora que la ley provincial N° 7.417 es inaplicable al caso de autos toda vez que transgrede el orden jerárquico consagrado por el art. 31 de nuestra Constitución Nacional. No le corresponde al legislador provincial derogar o modificar artículo alguno del Código Civil, en el caso de autos, prescripción, como lo ha hecho mediante la sanción de la mencionada ley en su artículo 12. Por último contesta el agravio de que la Sra. Juez a quo rechazara la excepción de prescripción basada en una ley creada con posterioridad y aplicara otra también dictada con posterioridad al origen de la obligación. Responde a la codemandada afirmando que la norma aplicable al caso de autos no reside en la norma traída por esa parte, Ley N°7.417, ni tampoco en la que crea el título hoy ejecutado, Ley N° 7.053, sino, en lo que al instituto jurídico de la prescripción liberatoria respecta, la norma aplicable es el art. 4.023 del Código Civil, o bien, el art. 846 del Código de Comercio. Finaliza solicitando se confirme la sentencia de primera instancia con costas. A fs. 134 vta. obra el llamamiento de autos, el que se encuentra firme y consentido.

A los fines de establecer un orden priorizaremos el tratamiento de los agravios del primer apelante, Sr. Eduardo Miguel Pallitto. De la lectura de la expresión de agravios surgen primeramente dos cuestiones por las que la demandada se siente agraviada y que no resisten el menor análisis. Por un lado asevera que la deuda por él contraída era en pesos y la ejecución que hoy se entabla es en dólares. Para decir esto se remite a la escritura de refinanciación de deuda e hipoteca celebrada con el Banco de San Juan S.A.. Creemos que este agravio no puede prosperar. Esto porque en la misma escritura, cuya copia ha sido arrimada a la causa por la actora, se lee lo siguiente: ". . . el importe del presente acuerdo, a petición de los deudores queda establecido en U$S 625.204,88 dólares estadounidenses." Y en otra parte se lee: ". . . tanto los importes del capital como de intereses, deberán ser abonados de contado efectivo en la moneda que se establece la deuda (dólares estadounidenses)." Por tanto resulta hoy contradictorio el agravio de la demandada habiendo aceptado las condiciones del acuerdo de refinanciación suscribiendo éste en su momento. "Toda vez que en la ejecución hipotecaria debe respetarse el convenio ejecutivo en el cual se acordó la base del remate, si se estableció que la misma sería el capital adeudado, expresado en dólares estadounidenses con más sus intereses y las costas presupuestadas, debe estarse al principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el art. 1.197 del Código Civil y respetar lo pactado libremente por las partes, cuya validez es inobjetable en virtud de lo dispuesto por el art. 619, modificado por el art. 11 de la ley 23.928." (Kroll Bieber, Gloria B. c/ Pericoppi, José L. S/ Ejecución Hipotecaria. C.N.Civ. Sala C LL 1995-C-667). La segunda cuestión que pretende introducir es que su mandante fue presionado en oportunidad de suscribir la refinanciación y la hipoteca. Debemos decir que si lo que pretende alegar la parte demandada es que el acto jurídico celebrado en su momento con el Banco de San Juan se encuentra viciado, ya no es el momento para hacerlo. Más aún, esta cuestión no ha sido expuesta en la instancia de mérito por lo que no ha sido sometida a estudio de la Sra. Juez a quo no correspondiendo a este tribunal expedirse sobre el asunto.

Continuando con el análisis del memorial el agraviado manifiesta que no existe monto líquido o determinado en el título base de la ejecución. Cabe aclarar que en lo contable y lo jurídico monto líquido es lo cierto en cantidad o valor. Se encuentra definido como el estado de lo que ha sido objeto de liquidación, es decir, resultado de monto determinado. Siguiendo con esta idea no se observa iliquidez en el título que acompaña la actora, título confeccionado según los requisitos establecidos en la ley que le dio origen. En palabras de Bustos Berrondo nos encontramos con "la constancia de una obligación exigible de dar cierta suma de dinero". Dinero que en el caso está en dólares, lo que por ese sólo motivo, no afecta su liquidez. Recordemos que la deuda que hoy se ejecuta fue contraída originariamente en pesos pero refinanciada en dólares con consentimiento de la parte deudora. Lo cual se instrumentó mediante escritura pública la cual goza de presunción de autenticidad que solo puede ser desvirtuada mediante una redargución de falsedad, lo que no se desprende de autos. No consideramos entonces que el título que en autos se ejecuta carezca del requisito de un monto líquido. Y mucho menos creemos que se trate de un título inhábil en los términos del art. 529 inc. 4° C.P.C.. Bien es sabido que esta excepción se limita a las formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. La doctrina ha ido especificando con el tiempo los casos en que tiene cabida dicha excepción, diciendo al efecto que ella es viable: cuando no figura el título entre los mencionados por la ley, en el caso de autos es un título ejecutivo según el art. 508 inc. 8° del C.P.C.; porque no reúne los requisitos a que está condicionada su fuerza ejecutiva, en el caso el título cumple con todos los requisitos del título como tal y los de la ley que le diera origen; o porque el ejecutante o el ejecutado carecen de legitimación procesal en razón de no ser las personas que figuran en el título como acreedor o deudor, lo que no se da en el caso de autos. También es reconocida por la doctrina y la jurisprudencia imperante que esta excepción sólo tiene cabida cuando el deudor ha negado la deuda que se le reclama. Y no se cumple con este presupuesto con la mera negación de la misma ya que nos encontraríamos con un simple recaudo formal que cumplir pero sin el convencimiento en el Juez que la misma debe provocar. En el caso de autos las expresiones de la demandada resultan contradictorias. Al contestar excepciones asegura ". . . que mi parte niega enfáticamente adeudar a esa fecha. . . " Luego dice: " . . . dado que como está acreditada por las propias constancias adjuntas, no existía deuda alguna en moneda extranjera que adeudaran los demandados de autos." En el memorial de agravios centra su principal agravio en que la deuda no se encontraba pesificada al momento de la ejecución. Es más, se atreve a manifestar ". . . que si el ejecutante, hubiera dado cumplimiento a la normativa vigente, hubiera presentado el certificado de deuda pesificado, y hubiera remitido el mandamiento en pesos, y si mi mandante hubiera tenido la cantidad de $624.851,20 es indudable que se hubiera liberado de esta ejecución. . . ." Es decir, que de la simple lectura surge que el punto fundamental en que discrepa la parte demandada es en la moneda que hoy se le reclama, con sus propias expresiones, reconoce no sólo la deuda sino también el monto por el que hoy se lo condena. La doctrina y jurisprudencia son contestes al afirmar que al excepcionar por inhabilidad de título no se trata simplemente de negar el monto adeudado o el quantum de los intereses que se reclaman, sino la obligación que le dio origen al reclamo. Si no, esta excepción vendría a encubrir una mera discrepancia que nunca puede llevar en sí la identidad suficiente para hacer caer el título base de la ejecución que se entabla. Así es improcedente la excepción de inhabilidad de título "si se niega el monto de la deuda, cuando no se ha desconocido la obligación ni se ha consignado el importe que se dice adeudar". (C.n.civ, Sala A, 16/9/96, DJ, 1.996-2-1.388). Por lo expuesto, esta excepción no puede prosperar.

Habiendo descartado la iliquidez de la deuda que hoy se ejecuta y la excepción de inhabilidad de título interpuesta por la demandada, llegamos al punto en que el quid de la cuestión se reduce a que se debió pesificar la deuda antes de demandar. Creemos que al caer los anteriores argumentos esta cuestión ha devenido abstracta -salvo en lo que luego diremos al tratar el tema costas- ya que la Sra. Juez a quo ha procedido en la resolución hoy apelada a aplicar las normas de emergencia y pesificar el monto de la deuda según las mismas, volvemos a decir, motivo principal de agravio por parte de la demandada. Por lo que quedaría sin sustento el reclamo al respecto. Además, si hiciéramos lugar a la excepción de inhabilidad por falta de pesificación de la deuda haríamos viable la interposición de esta excepción cuando estuviera basada en un defecto legal en el modo de proponer la demanda. Esto es a todas luces inconcebible ya que no es el sentido que el legislador quiso darle a esta excepción en la enumeración taxativa del art. 529 del C.P.C.. Por todo lo expuesto, los agravios del codemandado deben ser rechazados.

El codemandado también se agravia de la imposición total de costas a su parte fundado en que el actor resultó vencido en cuanto a su pretensión de cobrar la deuda en moneda extranjera. Estimamos que en este punto el apelante tiene razón, aunque la inhabilidad de título por no reclamar la deuda pesificada haya sido rechazada. Esto en atención a que la aplicación de la pesificación dispuesta por la legislación específica (ley 25.591 y Dctos. 214 / 02 y concordantes)fue invocada en subsidio por la recurrente y la sentencia la aplica, desestimando la inconstitucionalidad de aquella normativa planteada por la actora. Además esto importa un vencimiento en la pretensión actora de cobrar en dólares o su equivalente al cambio oficial (ver demanda fs. 20/22 y mandamiento de fs. 41), vencimiento que está representado por la diferencia entre lo pretendido en la demanda y lo que se manda pagar en la sentencia. En esta medida las costas deben imponerse a la actora.

Entrando ahora en la expresión de agravios de la codemandada, Sra. Ana María Ziliotto, estimamos que la misma yerra en su razonamiento, correspondiendo darle la razón a la sentenciante en cuanto a la aplicación en el caso de la prescripción decenal. En efecto, nos encontramos con una obligación que tiene su origen en el ámbito del derecho privado y la cesión que por ley efectuara el Banco de San Juan a la Provincia en nada altera la naturaleza de esa obligación convirtiéndola en una obligación de tipo fiscal. Esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse diciendo: "No obstante compartir con la recurrente que la prescripción de cinco años prevista en el art. 12 de la ley 7.417 no se refiere sólo a las obligaciones fiscales sino que comprende a otros créditos en que el Estado sea acreedor y cualquiera sea su origen, estimamos sin embargo, que la norma se refiere a créditos en los cuales el Estado como sujeto de derecho público es originalmente acreedor y no cuando deviene en acreedor por una relación de derecho privado o por cesión de un crédito determinado -como en el caso- y donde la prescripción de la acción para cobrarlo es la que corresponde al crédito cedido de que se trate, pues de lo contrario habría que interpretar que la ley 7.417 deroga y desplaza los plazos de prescripción de las acciones y derechos establecidos por la legislación de fondo (Códigos Civil o Comercial), lo cual sería inconstitucional (art. 31 C.N.). De conformidad con lo dicho el plazo de prescripción aplicable al caso y por el tipo de la naturaleza del crédito de cuya cesión se trata es el del art. 846 del Código de Comercio. . ." (L.S. 2007-T° II-136/138). Por tanto, siendo de aplicación la prescripción ordinaria de diez años y habiendo sido exigible la obligación el día 24/07/1995 según certificado que se adjunta, a la fecha de interposición de la demanda 06/12/2004 la prescripción liberatoria no había operado. Por lo que el agravio expresado por la codemandada debe ser rechazado.

Por lo expuesto, SE RESUELVE:

I- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación concedido a fs. 86 al codemandado Sr. Eduardo Miguel Pallito contra la sentencia de fs.76/83, en la parte en que ordena llevar adelante la ejecución por el capital reclamado $ 624.851,20 con más el coeficiente de estabilización de referencia (C.E.R.) e intereses legales de tasa activa, con costas a su cargo (punto 4 de la resolutiva), lo que se modifica, agregando a dicho punto que las costas por la diferencia entre la pretensión en dólares de la demanda (o su equivalente al cambio oficial de dicha moneda) y lo que resulte de la forma en que se admite la pretensión en la sentencia, se imponen a la actora en favor del codemandado apelante.

II- Rechazar el recurso de apelación concedido a fs.114 a la codemandada Sra. Ana María Ziliotto de Pallito contra la sentencia de fs. 76/83.

III- Imponer las costas de alzada a las codemandadas apelantes en la medida del rechazo de sus recursos, y a la actora respecto de la parte en que progresa el recurso indicado en el punto I de esta resolutiva. Difiriendo las pertinentes regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.