Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-07


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 7 días del mes de marzo del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de la Sra. Jueza de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y del Sr. Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "L B S.A. c/ L, C M s/ SUMARIO (Impugnación de Cuentas)", expte. nro. 15.701/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 (expte. nro. 2470/06), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 2897) y auto de fs. 2901, correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dr. Julio Antonio Alexandre.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 2839/2849? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a conocimiento de esta Alzada el presente pleito por apelación deducida por la parte demandada contra la sentencia definitiva nro. 184/2005 del juzgado Letrado en lo Civil nro. 1 de la jurisdicción, que hizo lugar a la demanda de impugnación de rendición de cuentas entablada por L B S.A., rechazó las cuentas rendidas por el administrador del establecimiento ganadero L N correspondiente al período 1-03-1999 a mayo del 2000 e impuso las costas a la parte vencida (fs. 2839/49, fs. 2852).

En el memorial de agravios que luce a fs. 2875/86 sostiene el apelante que el Aquo optó por el camino equivocado al dejarse llevar por el dictamen pericial nulo, no evaluó pruebas como el expte. 1899/97 en el que resulta que se administra un condominio regido por el art. 2700 del Código Civil, remarca que es una actividad civil y no comercial.

Por imperio del art. 1909 que reenvía al art.2700, el administrador no está obligado a rendir cuentas de sus operaciones ni llevar una contabilidad regular.

Transcribe doctrina y dice que el juez no verificó los comprobantes de ingresos y egresos y, en cambio, optó por considerar incumplida la obligación de rendir cuentas basándose en un nulo informe pericial y en normas que no le son aplicables.

La sentencia es nula porque no tuvo en cuenta el desquicio que produjo la intervención judicial que luego se revocó, ya que tuvo influencia en el período por ser inmediatamente posterior.

Sostiene que la sentencia es nula porque la rendición fue circunstanciada, causada, documentada y con resultado explícito, hay que revocar el fallo que se basó en un dictamen pericial que se expidió sobre normas y principios comerciales y no civiles como correspondía al caso.

Luego de citar doctrina y otro fallo indica que no es obligación informar sobre un "patrimonio neto", no se corresponde con la naturaleza del condominio, en el establecimiento ganadero hay bienes, ingresos y egresos, todos señalados en el informe y en las cuentas.

Detalla lo que a su entender debe informar el administrador de un establecimiento ganadero, describiendo puntualmente y el dinero de caja que lo está en el expte. 1901/97 y su incidente y la causa 2053/99 luego de la intervención.

Como segundo agravio del nulo fallo es que fue reclamado el período abril de 1999 a mayo del 2000 y el juez se hizo cargo de lo dicho por el perito respecto de los fondos de 1998, sin tener en cuenta que hay rendiciones de cuentas en expte. 1903/97 sin resolverse que tramita en autos "L B SA c/ R L y otros s/ rendición de cuentas",expte. nro. 2053/99, expedientes que no fueron incorporados.

En los mismos surge que el interventor entregó la administración sin fondos de caja, la zafra de 1998/99 sin vender por oposición de la aquí actora, con la zafra de 1999/2000 en plena cosecha.

En la época en que se efectuaron las operaciones de las que resultaron los ingresos y egresos, no había obligación legal de manejar los fondos a través de una cuenta bancaria, está probado que la actora se ha negado a concurrir al banco a firmar la documentación necesaria para su apertura, no reconoce la obligación emergente del condominio del recurrente sino de la ley 25543.

Critica que el juez hace mención a llevar registros, sostiene que es suficiente con las facturas y documentación.

Los recibos deben ser numerados, obvió fijarse en los acompañados.

Critica que el juez establece que deben ser depositadas las cobranzas y no utilizarse para pagos en efectivo.

Del período rendido es el inmediato posterior al cese de la intervención judicial, de la causa ofrecida surge como elemento probatorio que no había fondos disponibles en caja, que la actora se había opuesto a la cosecha de lana, que había obligaciones contraídas por el administrador judicial sin pagar y, otras, devengar en lo inmediato, que el condominio impugnante tampoco efectuó aportes suficientes en proporción a su participación.

A la fecha no había prohibición de pagar en efectivo.

Detalla que el lugar donde se encuentra el campo resulta imposible por falta de bancos para pagar sueldos, o a proveedores de ramos generales.

El juez confundió la forma en que se condujo el administrador, el acierto o error, lo que puede dar lugar a la remoción u otra sanción, no corresponde a lo pedido lo sentenciado.

Hubiera tenido que señalar qué norma obliga al cuentadante a utilizar una cuenta corriente propia y emitir cheque de su propia cuenta para atender gastos ajenos, habida cuenta que ha sido la contraria quien se negó a la apertura de la misma.

Nadie impugnó ventas no declaradas, por lo cual el juez no puede condenar por ello como tampoco respecto de las ventas que no requieren facturas individuales, describe el mecanismo en la actividad ganadera a fs. 2883/4, remarcando que la factura se pide cuando se paga; por otra parte recuerda la existencia de la "guía" para la venta de lana o animales.

También el Aquo sostuvo que debe mantenerse un fichaje por proveedor, critica diciendo que ello no demuestra gastos.

También que debe llevarse un registro de vencimientos, ello no es una rendición de cuentas y no indica que se dejó de pagar, insiste que una cosa es la forma de llevar la administración y otra es la rendición de cuentas.

No fue impugnado el informe del administrador recuerda el recurrente.

La rendición de cuentas no es más que un detalle de ingresos y egresos y su resultado, para mayores precisiones debió concurrir a las reuniones de condóminos.

Con relación a los fondos que aportaron los condóminos fueron, devueltos.

Dijo el juez que no hay comprobantes de gastos anteriores al 1-5-99; es inexacto, están en los expedientes de rendición 2053/99 y sus incidentes 1901/97.

Con relación a los pagos hay que ver la causa 2032/99, que se depositó al interventor.

No está resuelto el expediente de rendición de cuentas, por lo tanto no puede hablarse de recursos anteriores a l998.

Concluye pidiendo la nulidad de fallo y se revoque rechazando la demanda con costas.

Es retrucado por la contraria a fs. 2889/94.

Análisis de las cuestiones:

Atento a cómo están planteadas las cuestiones a resolver en esta instancia, se critica que el juez Aquo hizo lugar a la demanda y rechazó las cuentas rendidas por el administrador.

Como bien indicó la actora en su escrito inicial, y verifiqué en esta Alzada, se había interpuesto demanda por rendición de cuentas en expte. 727/00, el que fuera desistida a fs. 28 sin notificar a la contraria.

En su demanda impugnativa dice que rindió cuentas extrajudicialmente el administrador C L, lo que fue impugnado en el presente pleito.

A modo meramente expositivo, señalo que la obligación en cabeza del administrador es indiscutible y de hecho por aplicación de la teoría de los actos propios, cualquier comentario al respecto es innecesario, toda vez que las rindió y fue reconocido por las partes.

El juez de grado afirma que no discuten las partes el negocio que las vinculó, tampoco si la relación jurídica es regida por el código civil, y no el comercial como afirma el quejoso; sino que consideró que fue llevada en forma desprolija, por otra parte, ello no fue invocado en el pleito.

El actor si bien no lo expresa claramente, al incoar demanda surge de las constancias acompañadas que la persona ideal accionante (L B S.A.) es una sociedad comercial, que era comerciante, el demandado, hoy apelante nada dice expresamente en oportunidad de contestar es palmariamente evidente que la actividad es el agro, que "es ganadero" del establecimiento L N, me refiero a si se trata o no de una actividad civil o comercial, no fue tema de controversia ni decisión en la instancia grado.

No obstante exceder el marco contextual del presente caso, aclaro que la explotación de un establecimiento agrícola puede o no ser comercial, dijo la doctrina que la actividad agropecuaria y las industrias extractivas, las enajenaciones de sus productos no importan, en principio, la realización de actos de comercio puesto que no hay una previa adquisición a título oneroso (art. 452 inc.3, Cód.Com) y la venta mercantil es la segunda fase de un proceso económico de intermediación en el cambio ("P s/ quiebra CCCom. Rosario Sala 4, 20-3-80), con las siguientes particularidades, puede ser comercial cuando se organice como empresa de fábrica resultando la comercialidad del art.8 inc.5 Cód.Com.

Al respecto se sostuvo que la producción natural de un fundo no es un negocio jurídico contractual y por consiguiente no puede servir de antecedente a la venta mercantil, constituyendo una actividad civil, aunque fuere explotada por lucro si se realiza en forma individual en fundos propios y se comercializa el producto en el estado primario.

Por lo tanto no es comerciante el que vende los productos de su campo (ver Fernández Madrid, Juan Carlos "Código de Comercio Comentado", T.I, pág. 41/42, Ed. Errepar-2000).

Detengo el análisis de las cuestiones en estos puntos porque la contienda se resolvió de acuerdo a una legislación que fue la civil, con las acotaciones del juez de grado respecto de las formas en que se lleva la contabilidad, y escapó al debate la procedencia de otras normas, que por otra parte no pueden escapar a mi apreciación la falta de "affectio societatis" entre L B S.A. por una parte y el condominio integrado por el administrador demandado y otras personas físicas, de lo que dan cuentas la voluminosa cantidad de actuaciones judiciales acompañadas como prueba en estos actuados (en su mayor parte sin sentencia).

El condómino debe informar y el juez no dijo que era comercial sino que debía tener prolijidad escapando a su misión.

Quedó establecido que toda persona que haya administrado bienes, gestionado negocios que no le pertenecen exclusivamente, o ejecutado un hecho que suponga el manejo de fondos ajenos aunque sea parcialmente, se encuentra en la obligación de prestar cuentas de su administración o gestión, a menos que la ley lo exima expresamente o tácitamente, lo que no es el caso de marras.

Por ello la obligación de rendir cuentas no incumbe solo el mandatario, sino también a quienes hayan realizado gestiones por cuenta y encargo de otra persona o administrado bienes total o parcialmente ajenos (Cfed 42-556, C.Civil, Sala JA1960-IV-140, cita Falcon, E. "Cod.Proc.Com...", t.IV, pág.278).

Entiendo que debe definirse en primer lugar lo que puede considerarse una rendición de cuentas y que constituye una cuenta.

La rendición de cuentas es la operación por la cual toda persona que actúa por cuenta de otra o en interés ajeno le da a esta razón de su cometido, detallando los actos cumplidos en su nombre y estableciendo el resultado final, es además procedente cuando se trate de una gestión que involucre un interés propio, si también comprende uno ajeno.

La cuenta es un concepto contable y su objeto es reflejar las variantes económicas ocurridas mediante registros de cambios operados en los distintos elementos que componen los bienes objeto de la misma.

Se define como "la descripción gráfica de los diversos hechos y resultados pecuniarios relativos a determinada operación".

Se refiere a una operación y esto a la diferencia del balance (Anaya, Cód. Omeba. II, pág.129, Fontanarrosa, Der.Com. nro. 243, Malagarriga, Trat. I, pág. 891, citas de Falcón, Enrique en "Cod.Proc...", t.IV, pág.274, Ed. Abeledo Perrot-88).

Siguiendo al mismo autor, así la diferencia entre cuenta y balance es que la primera comprende una operación o conjunto de operaciones debidamente detalladas mientras que el balance que trata la totalidad de la actividad durante un período, presenta solo un resumen con los resultados de las cuentas (Falcón..., pág.275).

Reclama la actora cuando impugna la rendición de cuentas por el período abril/99 a mayo/2000, con exclusión de la última venta de lanas y lo sucedido en mayo del 2000, pero retrotrae a períodos anteriores para sostener que la rendición adolece de fallas formales consistentes en la omisión de desarrollar aspectos financieros, económicos y patrimoniales bloquea el administrador la posibilidad de control de la gestión del cuentadante e impiden la aprobación, es de carácter financiero e imposibilita ver la evolución.

Afirma que se utilizaron recursos importantes de los dos ejercicios anteriores para gastar en erogaciones corrientes e inversiones innecesarias de hacer en la magnitud que fueron hechas de un solo ejercicio, califica la gestión de caótica (fs. 985 vta./986).

Cabe preguntarse cuál es la impugnación cuando afirma que se gastó excesivamente en gestiones e inversiones (fs. 985), en el cuadro de fs. 986 vta. trascribe en forma de números las apreciaciones respecto de los dichos pero omite indicar qué era lo permitido y prohibido en materia de inversiones.

Extraer del informe del perito exclusivamente opiniones que conducen a la reflexión que el establecimiento podría haber generado más ganancias, no basta para adjudicar al condómino administrador un irregular o mala rendición de cuentas y tener por ciertas las impugnaciones de la actora cuando se cuestiona, como ya he dicho, sin indicar cuáles son las correctas inversiones y/o gastos.

Siguiendo al autor mencionado, digo que una vez rendidas las cuentas, ellas, en caso de disconformidad, deben ser objeto de impugnación concreta y categórica, a la vez que oportuna (T.IV, pág. 289), los primeros dos requisitos constituyen el objeto de litis, no así del tercero que no fue cuestionado, y que por las particularidades del proceso que puntualicé en párrafos anteriores no me expido además de no ser un tema de controversia.

Para ponderar comportamientos demostrativos por la frecuencia o falta de justificación adecuada se requiere mucho más que una atestación hipotética y conjetural de gastos sin relación con las utilidades posibles de conseguir, o potenciales peligros del fundo.

Como advierto de la lectura es que no se está frente a una impugnación de una cuenta delimitada al concepto de "cuenta" brindado, no es un partida específica sino que se objeta una administración, un período omnicomprensivo de algunas operaciones con exclusiones de otras, por lo cual ya el reclamo jurisdiccional se tornó indefinido, de allí que cabe preguntarse el por qué si no fue un proceso de rendición de cuentas, y tampoco especificó cuál fue la condena con relación a lo gastado y/o administrado que no le gustó al otro condómino, tampoco aprobar las rendidas por el actor impugnante que nunca presentó, como tampoco el demandado por lo menos judicialmente, porque no fue el proceso previsto en el Título IV "Rendición de cuentas", es decir, no se trabó la litis en las previsiones de los arts. 652 a 657 del código de procedimiento de la provincia porque esa fue desistida, ni tampoco lo previsto en el art. 781 del mismo cuerpo legal.

Hace imprescindible para resolver retrotraerse al comienzo del pleito, cómo fue entablada la demanda que pretendió y cuál fue el objeto de la litis, qué pretendieron las partes en sus escritos iniciales y qué se dispuso, para ver después con base en el devenir del trámite si fue, o no, justa la sentencia.

A fs. 985/991 luce la demanda bajo el título impugnación de cuentas y ofrece prueba, cuando el Aquo provee la presentación de marras, encuadra la cuestión (en lo que aquí importa) en las previsiones del art. 320 inc.2 "c" que se refiere al proceso sumario para "cuestiones entre copropietarios surgidas de la administración..." (fs. 997) mutando el período inicial, lo que dejó firme.

Más allá de que el juez de grado dijo en ese mismo proveído inicial, tener por promovida demanda de impugnación de cuentas y por denunciado el domicilio real, sin advertir que no se denunció sino la ciudad donde habita del demandado, aunque pequeña tiene barrios, calles con nombre y numeración; pero no importa en lo sustancial, también está firme y consentido, y solamente lo resalto en esta oportunidad, para advertir al sentenciador una mayor diligencia y cuidado en el futuro en la lectura previa a firmar lo que se ordena.

La demanda fue ampliada a fs. 1000 sin corregirse tampoco.

En el proceso de rendición de cuentas se establece además de la obligatoriedad o no de rendirlas, superada esa cuestión, en una segunda etapa que como condena se impone la rendición en sí, y de la aprobación o no se fija un saldo debido.

Es factible que se acumulen otras pretensiones con la impugnación de la rendición de cuentas pero en autos estuvo delimitada la cuestión exclusivamente al tema.

En la demanda de impugnación de cuentas no se especifica cuál es el gasto o erogaciones, teniendo en consideración la definición de cuenta, que pecuniariamente son objetados, porque hace referencia a situaciones anteriores, de años pasados al que se objetó, pero cuál es la sanción, que debería o no reintegrar el demandado, cuál es la condena peticionada al impugnar.

Las impugnaciones en análisis no están dirigidas a desvirtuar la exactitud de las cuentas presentadas sino el mérito y conveniencia de inversiones y/o gastos realizados en función de la administración ya que no existió en el pleito una determinación de saldos exigibles y a pagar a una u otra parte a raíz de la comprobación que se llegue en el pleito.

En la hipótesis de pretensiones accesorias a la demanda, como lo señale ut supra, lo que no ocurrió en la especie, debió surgir del escrito inicial.

Que emita dictamen en cuanto a la necesidad, oportunidad y monto de contrataciones a proveedores, afectación real al establecimiento constituyó uno de los interrogantes al técnico.

Dijo el perito, en síntesis, que no hay un sistema de control interno, también que no existe necesidad legal de hacerlo sostiene el recurrente, pero en términos pecuniarios qué ocurre, nadie lo dice, con lo cual la impugnación a las cuentas rendidas cae por falta de argumento y prueba que la sostenga, más allá, que no corresponde en este pleito al perito reitero, expedirse sobre mérito y conveniencia del manejo de los gastos, aconsejando cómo debería llevarse en el seno "societario" los fondos, en especial cuando ellos están estrechamente vinculados a las inversiones del fundo agropecuario o más precisamente ganadero, y con el sentido y alcance que deben darse a las inversiones, no surge cuáles fueron las directivas de los hoy impugnantes a la forma en que deben hacerse las mismas, como así también el sistema de control interno y de fondos.

En el punto 7b) de fs. 2743 se espera que diga sobre el rendimiento financiero de los fondos y disponibilidad de los mismos, que ademas es también un tema de balance no de cuenta, y cuál es la propuesta de condena, cabe preguntarse si debía existir o no para poder disponer su reintegro o no, pero obviamente está ausente.

En el informe del perito hace una serie de consideraciones respecto de inversiones presuntas del administrador en dinero en efectivo, pero se sigue en un análisis de conveniencia de inversiones o no con relación a ingresos de ventas que no fueron incluidos, y establece un superávit según surge del escrito de demanda, en las inversiones con relación a períodos anteriores, se gastó más dinero que períodos anteriores (también según la actora) en alambrados, otros bienes de usos menores, animales y un camión, pero -cabe la pregunta- en qué radica específicamente la impugnación, que se objeta de la inversión, cuánto se esperaba de las inversiones o cómo debían efectuarse y en qué momento se establecieron los parámetros a seguir por el administrador, en este caso escapa lo pedido a una pericia contable.

La opinión que de prácticas tales como el mantenimiento de alambrados, electrificación, técnicas reproductivas, configuren defectos susceptibles de corregir que pueden estar destinados al ejercicio acertado o no, de la administración observado desde una perspectiva abarcadora, pero no constituye una impugnación a las cuentas sino, reitero al gobierno.

Válido ello si estuviera en juego la remoción del administrador, de un gerente de campo empleado por ineptitud o defectuosa gestión, habría que analizar si tiene o no andamiento, lo exorbita este contexto.

Simplemente a modo ilustrativo recuerdo algunos criterios jurisprudenciales, en los cuales se dejó sentado el alcance de las impugnaciones, "la impugnación de la rendición de cuentas -en el caso respecto de la administradora designada en la sucesión- en cuanto a la explotación de un campo objeto del proceso, concreta categórica y oportuna, pero no bastan las observaciones genéricas del impugnante, por lo que estas no serán consideradas en la sentencia" (CNac.Civ., Sala C 5-4-2001, "C A E.A.", ED 193, 195).

Por estas razones, revoco la sentencia atacada, y conforme fue decidido y las facultades de esta Alzada, no es necesaria la declaración de nulidad del fallo que fue suplida con la presente decisión.

Entiendo que todo argumento que pueda ser corregido por vía de apelación no causa por sí nulidad de la sentencia ("F, E A c/ M K S.A.C.I.A.G.F. s/ Despido indirecto" - Sala nro.1 Camara de Apelaciones del Trabajo - RS - l000 25 RSD-53-00 - Resolución Definitiva - 29-6-2000 Citar: elDial - ARCB9).

Las costas de ambas instancias se imponen a la actora conforme lo dispuesto en los arts. 279 y 68 del código ritual, difiriéndose la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes al momento de Acuerdo en que se tendrá en consideración lo dispuesto en los arts. 6, 7, 9, 14, 47 y concs. de la ley arancelaria (ley 2200, t.o.4335).

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Esta vocalía propone 1.- Receptar los agravios, revocando la sentencia venida en crisis.- Rechazar la demanda de impugnación de cuenta de L B SA contra C L -administrador de L N-.

2.- Imponer las costas de ambas instancias a la actora.

Diferir la regulación de honorarios profesionales al momento del Acuerdo, según considerando respectivo.

A la primera cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación de la sentencia de fs 2792/2802 que hace lugar a la demanda de impugnación de cuentas rendidas entablada por L B S.A., rechaza las cuentas rendidas por el administrador del establecimiento L N, ubicado en la localidad de Lago Blanco, Provincia del Chubut, C M L, correspondiente al período comprendido entre el 1/3/99 a mayo de 2000.

Impone las costas al demandado vencido y regula los honorarios.

A fs 2875/2885 vta. se agrega la expresión de agravios, que señala que la sentencia es arbitraria.

Transcribe el fallo en la parte en que sigue al perito y se refiere a la naturaleza jurídica del negocio del que resulta la obligación de rendir cuentas.

Relata la situación que surge de los expedientes ofrecidos como prueba, resaltando que se trata de un condominio regido por los artículos 2701 y siguientes, por ser una actividad ganadera, de naturaleza civil.

Entiende que ante ello el cuentadante no está obligado a llevar una contabilidad regular.

Y detalla, siguiendo doctrina que menciona, cómo debe ser la rendición de cuentas e indica que las facultades del administrador y lo encomendado han sido aprobadas por los condóminos de acuerdo a escritura pública obrante en el expediente 1899/97, donde se rechazó la remoción y luce la rendición no observada.

Agrega que de la sola lectura del informe del administrador se tiene el estado del condominio, de los ingresos y egresos de las ventas y de las compras.

Menciona los documentos incorporados que avalan lo dicho y que es corroborado por los expedientes agregados como prueba.

Agrega que también se arribó a un resultado al establecerse el saldo existente en caja.

Cita jurisprudencia de la jurisdicción y doctrina.

Aduce que no es carga de una rendición de cuentas informar el patrimonio neto, y que la cita del a-quo se refiere al balance obligación que no pesa sobre el administrador.

Detalla qué es lo que el administrador debe informar para concluir que la rendición de cuentas que efectuara reúne los recaudos.

En el segundo agravio menciona las irregularidades en particular.

Dice que el período rendido va del 1/3/99 a mayo de 2000, y que el fallo haciéndose eco del nulo informe técnico contable, sostiene que no puede comprobarse el destino de los fondos ingresados en los años 1998 y 1999, sin tener en cuenta que hay dos pedidos de rendiciones de cuenta no resueltos y que quien administró el establecimiento ganadero fue el propio juez por intermedio del interventor judicial designado, contador A, causa 1901/97.

Es allí donde se debió verificar el destino de los ingresos por períodos anteriores, pues surge del expediente mencionado que se entregó la administración sin fondos de caja, la zafra de 1998/1999 sin vender, y con la de 1998/2000 en plena cosecha.

Resalta que a la época en que se efectuaron los ingresos y egresos no había obligación de manejar fondos a través de una cuenta bancaria y que los mismos se efectúan con la compulsa de las facturas o comprobantes, siendo innecesarios los registros, agregando que en las causas ofrecidas como prueba se encuentra la documentación que se le exige.

Entiende que merece reproche lo sostenido por el sentenciante en punto a que las cobranzas deben ser depositadas y no utilizarse para efectuar pagos en efectivo, ya que el período rendido es el posterior al cese de la intervención judicial, y resulta que no había fondos disponibles en caja, que la actora se había opuesto a la venta de la cosecha de lana, que había obligaciones contraídas con el interventor judicial sin pagar y otras obligaciones a devengar en lo inmediato, no existiendo a la fecha obligación de no pagar en efectivo.

Insiste en que no había obligación de implementar un sistema que brinde seguridad de que las ventas declaradas son todas las efectivamente realizadas, y por otra parte nadie impugnó la existencia de ventas no declaradas.

Señala que la AFIP, autoriza que en venta de productos de campo y de la actividad ganadera, la factura la emita el vendedor o el comprador, y que a todo comprador solo le es dable pedirle la factura y pagarle a su debido tiempo, obrando en autos los comprobantes respectivos.

El juez sostiene que el administrador deber emitir remitos de las ventas, olvidando que corresponde que el Juez de Paz expida una guía, la que es entregada al transportista que efectúa el flete, y es esa guía la que hace las veces de remito.

Dice el quejoso que no es un recibo lo que debe pedirse al vendedor con indicación de lo comprado, sino una factura, con indicación del producto o servicio contratado, las que están en el expediente.

Aduce que no es obligación llevar fichas por cada proveedor, sino que deben agregarse los comprobantes de gastos.

El registro de vencimientos que el aquo exige, dice el apelante, no es parte de una rendición de cuentas.

Se agravia por entender que lo relativo a los bienes de cambio es paradigmático, porque nada lo obliga a llevar una contabilidad regular y formal como en las sociedades comerciales y que tratándose de un campo con actividad pecuaria marca los aspectos relevantes, que surgen del informe del administrador, y que por otra parte no fueron impugnados.

Remarca que el juez siguiendo al perito sostiene que hay movimientos de fondo sin comprobantes, sin ver que los fondos los aportaron en efectivo los condóminos (a excepción de la actora) y cuando hubo ingresos (venta de la zafra lanera) se restituyeron.

Siendo sólo necesario un recibo firmado por el administrador como acuse de recibo de aporte, recibo que queda en poder de los condóminos y que debe tener una firma la que siempre es ilegible, dando respuesta al pago de $75.330 a los compradores.

Respecto a la inexistencia de los comprobantes de gastos anteriores al 1/5/1999, ni de los pagos efectuados por el interventor antes de la rendición, ni tampoco el pago de los honorarios de éste, a los que hace referencia el juez, asegura que los comprobantes lucen en la causa de intervención judicial (Nº 1901797) y en la rendición que tramita por expte. 2053/99.

En punto al pago de honorarios del interventor, manifiesta que ante la falta de pago por falta de fondos el interventor trabó embargo del crédito a cobrar ante la firma lanera, depositando ésta el importe respectivo.

Expediente 2031/99.

Indicó el juez que es imprescindible el uso dado a los recursos de los años 1998 y 1999, y tal vez tenga razón dice, ya que debió resolver antes las rendiciones anteriores como la presentada por el interventor.

Por ello invoca la nulidad y pide se revoque el fallo.

Reclama se tenga en cuenta que el pago periódico de sueldos, cargas sociales, provisiones, combustible, teléfono, etc., son gastos que naturalmente deben efectuarse y solo es menester la presentación de los comprobantes.

A fs 2889/2894 se agrega la contestación de los agravios. NULIDAD.

La nulidad de la sentencia sólo procede cuando adolece de vicios o defectos de forma o construcción que la descalifican como acto jurisdiccional (CPr. 253); es decir, cuando se ha dictado sin sujeción a los requisitos de tiempo, lugar y forma prescriptos por la ley adjetiva (CPr. 34, 4 y 163), extremos que no concurren en la especie, más allá que se pueda o no compartir la decisión a la que se arriba, así como los fundamentos en que se basa.

Y atento lo que dispone el artículo 253 del CPCCCh, resulta estéril admitir la nulidad, cuando como en el caso de autos los defectos pueden subsanarse con la apelación concedida.

Las deficiencias reprochadas fueron introducidas como agravios al fundar el recurso de apelación, ello evidencia que la recurrente aceptó que puede reparase por esa vía. Podetti, R. "Derecho Procesal Civil y Comercial-Tratado de los actos procesales", t.II, pág.488, ídem "Tratado de los recursos, pág.17; Alsina, Hugo "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", t.II, pág. 168).

El apelante embate el derecho aplicado en la sentencia, y observo que el a-quo en ningún momento consideró, tal se desprende de las citas y jurisprudencia que transcribe a fin de sostener sus argumentos, que eran de aplicación en autos las disposiciones del Código de Comercio, en consecuencia ninguna razón tiene las consideraciones efectuadas.

Se encuentra sin discusión en esta etapa, que se trata de un condominio, y que uno de los condóminos el Sr L es el administrador, tal como se desprende del expediente 1899/97, específicamente de fs 887/894, sentencia confirmada por esta sala.

Y acierta el quejoso en el punto 4.2, ya que tales consideraciones se desprenden del art. 2701 del CC.

Señalándose que el comunero administrador no es juzgado como mandatario, siendo sus facultades las propias del mandato general (art. 1880 CC), considerándose no conveniente aplicar las reglas referentes al socio administrador, pues no media entre los condóminos una "affectio societatis", pero como todo mandatario está obligado a rendir cuentas de su gestión "Código Civil", Bueres -Higthon, tomo glosa al art. 2701.

"La obligación de rendir o dar cuenta de la gestión le corresponde a toda persona que administra bienes total o parcialmente ajenos y realiza actos por encargo en nombre y por cuenta de otro".

Es por ello que la ley impone esa obligación no sólo al mandatario, sino también... al administrador de la cosa común (art 2701CC)", CC y leyes complementarias.

Director Belluscio-coordinador Zannoni, en glosa al art. 1909 CC.

En idéntico sentido al expuesto Ronald Arazi, expresa que "La obligación de rendir cuentas del cumplimiento exacto de la gestión es inherente a toda gestión de negocios ajenos, cualquiera que sea su carácter.

Toda persona que se haya desempeñado como gestor o mandatario o que haya realizado hechos que impliquen el manejo de fondos que no sean de su propiedad exclusiva tiene que rendir cuentas sobre el resultado de la operación, no siendo indispensable caracterización jurídica del negocio" (aut. cit. en "Derecho Procesal Civil y Comercial", Ed. Rubinzal Culzoni, año 1999, T. II, pág. 346).

Asimismo, sabido es que la rendición no se encuentra sometida a formas sacramentales sino que debe ser de modo tal que resulten claros y entendibles, (descriptiva e instruida y documentada (arts. 68 y 70 del Cód. de Comercio), resultando secundaria la forma en que se realice, pero sí debe presentar una ordenada forma descriptiva, de todas y cada una de las operaciones realizadas, exponiendo en forma clara cómo arriba al cumplimiento total de la gestión encomendada, pues no se ajusta a la rendición de cuentas la simple disposición de los libros de comercio, las que se pretenden rendir con un simple peritaje o las que no hacen referencia concreta a la documentación que la respalda.

Jurisprudencia citada por Gómez Leo en obra citada y Morello en "Cód. Proc en lo Civil y Comercial de la Prov. Bs. As y la Nación", tomo VII "A", pág.465 y sgtes.

En CC comentado ya mencionado, pág. 231, se sostiene que las cuentas pueden ser impugnadas, con el detalle de a cuáles de ellas se refiere la impugnación, y se puede también tachar de falsedad a la documentación agregada.

La autenticidad o falsedad corresponderá al obligado a rendirlas.

Las impugnaciones parciales dejan firmes aquellas que no son observadas, y no basta con un mero desconocimiento global de los instrumentos que fundamentan el resultado".

Ahora bien, en autos estamos ante una rendición de cuentas extrajudicial y que fue impugnada por la actora en autos, impugnación judicial de cuentas que se perfeccionó con lo actuado.

De la lectura de la demanda surge que si bien en principio efectúa una impugnación no precisa, a continuación lo hace especificando rubro por rubro, aquello que entiende es una impugnación, a lo que contesta el demandado, acompañando la rendición que ya efectuara en forma extrajudicial y dando las explicaciones que cree pertinentes.

Y atento que el Sr Juez se basa en el informe pericial a fin de admitir la demanda, y ha sido materia de agravio, sin referirse puntualmente a cada impugnación, desbrozaré una a una las impugnaciones efectuadas, admitiéndolas o rechazándolas según corresponda.

En principio no comparto con la actora cuando basa la impugnación en lo que considera gastos innecesarios o precios excesivos, pues ello sería objeto de otro planteo, pero no sustento de una obligación de rendir cuentas.

"En caso de que el demandante impugne las cuentas ofrecidas por el demandado, con base en una eventual desproporción de las sumas rendidas en concepto de..., es carga del impugnante acreditar la impertinencia de este tópico y no del accionado, quien ya ha ofrecido sus cuentas documentadas con la documentación respaldatoria correspondiente" DJ 9/11/2005, 728.

Así en GASTOS DE ESQUILA, aduce que resultan excesivos y no guardan relación con lo abonado en otros establecimientos, y que no se han adoptado los medios necesarios, pero no cuestiona la rendición sobre los gastos.

ALAMBRADOS: La impugnación consiste en que ni el Sr L ni S, han sido capaces de obtener mejor precio o personal mensualizado.

Surge de la carpeta 3 de la rendición (fs 1712) la factura Nº 14 del 28-11-99 por $3339,50, a fs 1961, factura 15 de fecha 25-3-00 por la suma de $8510 y recibo de pago por $5000, abonado el 6 de julio de 2000 a cuenta de la factura Nº 15. A fs 1968 consta el pago de $4.350 el 26 de marzo de 2000 (fs 2015).

Asimismo, del expediente 1901, a fs 338 vta. el entonces interventor, A, rinde cuenta que fue aprobada por la hoy actora, donde constan pagos efectuados a F, sin que le merecieran objeción.

No obstante ante la rendición del interventor por el período 1 de enero de 1997 al 3 de marzo, la actora en los presentes formula observaciones, se opone a que se contraten servicios de personas o empresas que no puedan discriminar IVA.

Observaciones que no han sido resueltas, y que decidir sobre ellas sería adelantar opinión sobre lo que el juez de la instancia anterior no se ha expedido.

Ello no impide concluir que no se ataca la rendición en sí, sino la obtención de mejores precios.

Entre las facultades dadas al administrador mediante escritura quinientos noventa y cinco, consta que atento el pésimo estado del establecimiento, los ingresos que genere el establecimiento durante los próximos cinco períodos anuales, a partir del 1 de enero de 1997, el producido neto del establecimiento sea destinados para ser invertidos en la realización y/o refacción y/o remodelaciones de obras de infraestructura y a título enunciativo señala, alambrados....

Pero sí asiste razón en punto a la factura que acompaña el administrador a fs 1461, ya que se trata de una factura de Empresa C de A de C D que resulta ilegible.

PRECIOS POR MATANZA DE ZORROS: Se impugnan por absolutamente excesivos y aquí cabe igual consideración de la efectuada en los puntos anteriores, ya que no se impugna la rendición en sí sino los precios, que, reitero deberán ser objeto de otro reclamo.

MULTAS Y PAGO FUERA DE TERMINO: en este punto el administrador acreditó los pagos y si bien surge de ellos el pago de multas, ello haría a una mala administración y no a lo que se reclama en autos, toda vez que lo que se impugna es la desatención y descuido de quien estaba obligado, tal como surge de fs 118 vta, renglón 17 "cumplir las funciones de administrador obrando con cuidado y previsión".

Más allá de ello no le asiste razón al cuentadante atento que la Cámara revoca la resolución de fecha 25 de septiembre de 1997, la que quedó firme el 21 de noviembre de 1998 (informe fs 587 expediente 2053/99), en cuanto decreta la separación del administrador, retomando su actuación el Sr L a partir de tal fecha.

Dicha resolución de la Cámara de Apelaciones fue dictada en el expte 10111, el 25 de septiembre de 1998, y se encuentra registrada bajo el Nº 97/98 del libro de sentencias interlocutorias VENTA DE PRODUCTOS SIN CONSULTA A LOS CONDOMINOS: Impugna la rendición porque no hubo comunicación en oportunidad de la venta de la cosecha de lana, y tampoco de la política de venta de hacienda, no hay evidencias de compulsa de precios, y en consecuencia no acepta la corrección de los importes obtenidos ni presta conformidad a la metodología empleada.

En principio consta en la escritura número quinientos noventa y cinco del diez de diciembre de 1996, que al ser designado el Sr L como administrador, lo que fue confirmado por sentencia definitiva Nº 4 del año 2004, fs 887/894, expte 1899/97, se otorgaron atribuciones y entre ellas con relación a la venta de productos, que deberá informar a cada condómino sobre la venta de lana, compra y venta de animales, vehículos y maquinarias, ajustándose la venta de lana a las siguientes pautas, deberá solicitar cotizaciones por lo menos a dos firmas laneras, detallará el precio, forma de pago y eventual adquirente, la comunicación se efectuará por medio documentado y que asegure el efectivo conocimiento de cada condómino, pudiendo cada uno dentro de las 24 h manifestar su derecho de preferencia, vencido el plazo sin que se ejerza esa opción se considerará aprobada la oferta y el administrador quedará facultado para proceder a la venta de la lana.

En punto a la venta de hacienda, no estará sujeta a restricciones, por lo tanto se observará si se cumplió con lo debido respecto a la venta de lana.

La demandada acompañó documentación (fs 2304 y sgtes) a fin de acreditar que realizó la comunicación sobre los precios, el comprador y la posibilidad de opción.

La actora desconoció la documental, ofreciendo el demandado prueba al correo argentino, cuyo oficio consta a fs 2408 (refoliado), no obstante tal prueba no fue producida, sin que las partes ni el secretario en los informes lo advirtieran.

Pero ello no impide ser merituada, toda vez que la actora reconoció haberlas recibido y contestó, tal como se desprende de fs 2767 vta, punto f.

Ante ello y que el cuentadante ha cumplido con lo establecido al otorgársele el cargo de administrador y no encontrándose cuestionada la cuenta en sí, desestimo tal impugnación.

INEXISTENCIA PLANILLAS RENDIMIENTO DE CAJA: Lo que indica la actora es que dicha inexistencia, no le permite visualizar la disponibilidad del fondo de caja y su tenencia al efecto de colocar los fondos en banco para obtener un rendimiento financiero a favor del condominio.

El demandado en la contestación reconoce la imputación pero alega no tener obligación de legal al tratarse de una obligación civil.

De las facultades acordadas en la escritura ya mencionada se dispone que a fs 118, 1.2) al referirse al contenido de la rendición de cuentas establece que "contendrá un detalle (balance) de los ingresos, egresos, inversiones realizadas, de la situación de establecimiento", operación que entiendo no se realizó y que es corroborado por el informe del perito, que si bien algunas partes de su informe no resultan relevantes por indicar cómo debió hacerse la rendición y sabido es que ésta no lleva implícita términos sacramentales, en este punto resulta útil.

Y ante el compromiso asumido de la manera en que debería realizarse la rendición "balance", las disquisiciones sobre balance y rendición que efectúa el demandado no son de aplicación en los presentes.

FALTA DE INFORMACIÓN DE LOS CONDÓMINOS PARA CUMPLIR SUS OBLIGACIONES FISCALES: La impugnación que efectúa la actora resulta poco clara y, ante ello, a pesar del criterio amplio que he adoptado para valorar las impugnaciones, ésta resulta insuficiente y así lo declaro.

INVERSION EN REPRODUCTORES SIN CRITERIO TECNICO: Rechazo tal impugnación por no ir dirigida a las cuentas en sí sino como lo manifiesta el actor a la compra sin criterio técnico, reproche que no hace al objeto de esta litis.

La justicia no debe convertirse en revisor directo de cuanta decisión adopte el administrador, cuyo abuso o torpeza puede ser motivo de remoción.

Pero en tanto no sea ese el caso, debe reconocérsele un mínimo de aptitud funcional no sometido al contralor específico y circunstanciado (Sala D, "P S S.C.A. c/ I, I W y Cía. S.A.", del 26/05/81).

VENTAS DE DUDOSA CREDIBILIDAD: El administrador ha rendido cuenta sobre la venta al Sr M, y ha justificado parte de pago así como acuerdo de reconocimiento, consolidación y forma de pago de deuda, más, el perito que tanta incidencia ha tenido en la resolución por parte del sentenciante, aún con las consideraciones que efectúa sobre el valor del vehículo dado en pago (egreso o ingreso), reconoce como cobranza en especie el camión ($17.000).

Y digo que ha justificado lo rendido porque, si bien desconoce la documentación acercada por el demandado, el perito se ha valido de ella y fue consentido por la actora.

No siendo suficiente para admitir la impugnación la duda.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE LAS VENTAS DESDE FC 112 HASTA FC 159: será rechazada parcialmente la impugnación toda vez que se acompañaron las facturas respectivas de fs 151 a 159 y la impugnada.

No obstante deberá acompañar aquellas que dice se encontraban vencidas.

VETERINARIA ARGENTINA: No corresponde la impugnación a este rubro ya que la misma no sólo no se refiere concretamente a la falta de documentación que acredite los gastos, sino que se basa en la falta de cotejo de precios.

APORTES PRESTADOS POR LOS CONDÓMINOS: Consta a fs 882 del expediente 1901, el informe del contador A, sobre los requerimientos de fondos.

A fs 982 la ahora actora pidió explicaciones y a fs 1791, no desconoció los aportes sino que impugnó la aplicación que se hizo de los mismos de acuerdo a lo que surge de fs 1632.

Pero observo que asiste razón a la impugnante en cuanto a la devolución de los préstamos del período 11 de noviembre de 1998 - junio de 1999, ya que a fs 1437, al rendir cuenta señala el administrador "durante el período de la rendición comprendida entre el 1-11-98 y el 30-6-99 los condóminos que seguidamente se informa realizaron los siguientes aportes", indicando el reintegro.

Y si bien se acompañan recibos de donde surgiría que fueron devueltos, algunos con firmas ilegibles y que el demandado manifestó a fs 2347 vta que se citaría a los condóminos para su reconocimiento, lo que no hizo, lo esencial es que no existe documentación que avale tales préstamos.

Todo ello se ve corroborado por lo informado por el perito a fs 2700, punto 2.

Corresponde, por ende, admitir la impugnación.

INSEMINACIÓN: La actora no acepta la factura que consigna "a cuenta" ni el importe que surge de la misma.

El testigo C apoderado de Arroyo Verde, da cuenta de la venta de pajuelas importadas de Australia, lo que se ve corroborado por el testimonio de C a fs 2540/2541.

Si a ello se suma que en las facturas acompañadas (fs 1821) se detalla a cuenta de pajuelas de semen de carneros merinos cantidad (300) trescientos y que el testigo C se refirió a igual número y al precio, entiendo que las sumas abonadas responden por el total, máxime que lo aludido por el demandado no son más que manifestaciones sin prueba corroborante.

Admito parcialmente la impugnación.

CASTRACIONES DE VACAS VIEJAS Y ANALISIS DE BRUCELOSIS: He de dar respuesta conjunta a ambas impugnaciones, ya que las razones en que se basa la impugnante radican en que los gastos son inadmisibles y que el análisis de brucelosis es innecesario.

Y entiendo que más allá que pueda asistir razón o no a la impugnante, los gastos realizados fueron rendidos en forma, de allí que los argumentos no alcanzan para impugnar la rendición respectiva, ya que lo que se quiere demostrar es la ineficiencia de los responsables.

GASTOS TELEFONICOS: El cuentadante acompañó pago de facturas telefónicas, pero no explicitó a qué respondían las mismas, máxime cuando surge del disket acompañado que se realizaron llamadas telefónicas nacionales e internacionales de las que "no se puede deducir" nombre de abonado, y el administrador no ha justificado las mismas.

CUENTA DEL B F: Reconoce el obligado al rendir cuentas que la cuenta en dicho banco no se abrió, no dando razones fundadas que justifiquen sus alegaciones.

Consta en la escritura Nº 595/96, punto 6. que "Los fondos que ingresen al Establecimiento sea por ventas, aportes a los condóminos o cualquier otro concepto deberán depositarse en una caja de ahorro, que el administrador deberá abrir en una institución bancaria de plaza.

A -T R T Y P Y V: Si bien la impugnación a éstos rubros dista de reunir los requisitos mínimos para ser tal, el demandado dio las explicaciones y acompañó la documental correspondiente.

T A J: La impugnante sostiene que este contratista facturó supuestos trabajos realizados en el año 1997 en el año 1999 o los realizados durante la intervención, existiendo co-rresponsabilidad por parte del Establecimiento desde el punto penal tributario.

Agrega que dichos gastos fueron incluidos en la rendición de C L al 30-4-99 y la factura Nº 27 podría tratarse de una misma mercadería comprada con anterioridad y por un valor semejante.

El impugnado sostiene que la deuda fue contraída por A y que se encontraba impaga.

Consta a fs 48 del expte 2053/99 que la actora en los presentes impugna dichas facturas por entender que López pretendió legitimar luego del cese de funciones.

Ante ello es que considero que expedirme sobre la presente impugnación significa adelantar opinión sobre situaciones no resueltas en la instancia de grado.

En punto a los gastos de la factura 27, son sólo presunciones carentes de elementos corroborantes.

CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS Y DORMITORIOS: El hecho que resulten excesivos para la impugnante no es suficiente para no tener por acreditados los gastos.

Se le otorgaron facultades a L para el mejoramiento del establecimiento (ver escritura 595, punto 2, renglón 17 Nº 259544 vta).

ERROR EN EL SALDO DE DISPONIBILIDADES: El Sr L reconoció el error que se endilga.

PAGOS A R M: Las explicaciones dadas por el cuentadante, avalan lo sostenido por la impugnante, ya que reconoce que no se efectuó la retención del impuesto a las ganancias.

PAGOS A C L: Impugna por ser sumas fijadas por el mismo, sin conocimiento de nuestra parte.

Resulta cierto que los honorarios fueron fijados en la reunión de condóminos y que consta en la escritura Nº.....

A lo que agrego que los recibos se encuentran a fs 376/381 y es el administrador quien los presenta como abonados.

En punto a la suma que reclama la actora sobre $54.498,97, es idéntica a la que reclama en autos 2053/99 lo que deberá resolverse previamente a fin de no adelantar opinión, es más la actora en los presentes reconoce en ambas causas, que ningún resultado final podrá ser opuesto a mi mandante, ya que entre febrero y marzo de 1996, existían $54.498,70 imputables a su participación y que a la fecha no han sido contabilizados.

Y consta "B G y otro c/ L R s/ inhibición de bienes", expte Nº 1371 agregado por cuerda al expte 15701/2006 que los actores L B S.A. solicitaron inhibición general de bienes del Sr R L con fundamento en que éste último, pretendió rendir cuentas del período 1994/1996, tal como lo ordenara la Cámara Sala "A", reconociendo la existencia de una suma cercana a $35.000 a favor de la Sra N L de T, que afirmó haber dejado en el fondo de reserva del establecimiento ganadero, suma que de acuerdo a lo que surge del expte 1903/98 no existe.

De tal petición que fue rechazada, se desprende que la actora, no obstante lo que asegura a fs 986, reconoció lo sostenido por L al respecto al contestar la demanda, pues en la circunstancia descripta fundó la veracidad del derecho que invocaba para que la pretensión de inhibición general de bienes prosperara.

Y en el expediente Nº 933, reitera lo sostenido en expediente 1371, agregando que al ser la Sra L de T, cedente de los actores M y B, promueven ejecución por la suma de $36.332,46 más los intereses desde el 31 -12-95, ejecución que fue concedida, no constando en autos que se librara el mandamiento respectivo.

En suma el administrador deberá justificar y rendir acabada cuenta de los rubros impugnados y que fueron admitidos de acuerdo a los considerandos respectivos, lo que indudablemente modificará el resultado final de la rendición efectuada, en el término de diez días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento (art. 652 CPCCCh).

Costas y honorarios corresponde sean adecuados (art.278 CPCCCh).

Las costas de ambas instancias las impongo al administrador, toda vez que es quien ha dado origen a esta incidencia.

A fin de regular los honorarios, que los difiero para el momento del acuerdo, valoraré la actuación profesional, el resultado obtenido y demás pautas de los artículos 6,7 y 41 de la ley de aranceles A la segunda cuestión La Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Revocar la sentencia de fs 2835/ 2849, y admitir parcialmente la demanda, debiendo el administrador Sr C M L, justificar y rendir acabada cuenta sobre los rubros impugnados y admitidos de acuerdo a los considerandos respectivos.

2) Costas de ambas instancias al demandado.

3) Difiero la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Se alza la demandada en contra de la sentencia que obra -conforme refoliación- a fs. 2839/2849, por haberle resultado adversa y en los términos del informe de fs. 2875/2885 vta., contestados a fs. 2889/2894.

En los votos de mis colegas preopinantes luce el cumplimiento de los requisitos formales del recurso interpuesto y el desarrollo de los agravios, por lo que su mera reiteración carece de interés sin mengua de la manda constitucional y conforme la reglamentación de esta etapa procesal.

Respecto del origen de la administración y de la naturaleza del bien administrado, como de las obligaciones que emergen de tal desempeño y normativa compresiva de tales hechos ha sido motivo de anteriores intervenciones, tal como se lee en los autos acordelados, circunstancia aceptada en la demanda de fs. 985/990 vta.

La presente se limita a decidir la impugnación de cuentas liquidadas y correspondientes al período de tiempo denunciado en la demanda y señalado por el a quo en la primera parte de sus resultandos (01/03/99 a mayo del 2000).

Así, se desprende que, en el caso y conforme sus antecedentes, la rendición en cuestión no se hallaba sujeta a fórmulas estrictas no obstante el debido detalle explicativo y razonable precisión en los montos, no bastando, tal como nos informa la doctrina en casos análogos (ver v.gr. Bernal, Castro Beatriz, en LL 1987-E, 98 y sus citas), las cuentas sinópticas, limitadas a operaciones aritméticas o de contabilidad.

Lo dicho se corresponde con lo acordado por las partes interesadas integrantes del condominio en cuanto al modo de llevar a cabo la gestión por parte del administrador allí designado -ahora demandado- y que luce en la actuación notarial de fs. 115/122 vta. de la causa 1899/97 acordelada, más allá de la frustrada impugnación de los hoy recurrentes, tal como se decidió en dicha causa.

Pese a lo allí decidido, la actora persiste en su actitud negativa e impugna las cuentas rendidas por la demanda.

Se imputa fundamentalmente, que se han rendido cuentas extrajudicialmente que adolecen de fallas, ya reiteradas en ejercicios anteriores y que al no tener un claro desarrollo económico, financiero y patrimonial impiden su control y han afectado la rentabilidad del bien administrado.

Sintetizan el planteo en una fórmula resaltada (con mayúsculas a fs. 986 vta.), objetando seriamente las inversiones realizadas durante tal período.

En consecuencia, ante tales planteos, tendré en cuenta una serie de pautas admitidas pacíficamente por doctrina y jurisprudencia refiriendo a que si las cuentas no se aceptan debe ser por algún motivo serio y fundado, y por tanto se debe exponer la causa de tal rechazo, para darle a éste alguna operatividad, para que tenga entidad como impugnación y atribuirle responsabilidad al presentador de las cuentas y, en su caso, tener por válidas eventualmente las cuentas que presente el mandante, como, llegado el caso, demandar a aquél, no sólo por rendición, sino por cobro del saldo que hubiere.

Además vale recordar que no existe impugnación por sí misma.

Impugnar no es negar, no corresponde a un mero desconocimiento o negativa de la documentación o cuentas presentadas.

Esto es, toda impugnación debe ser concreta; debe fundarse y, en su caso, desarrollarse la cuenta correcta o hacer hincapié en sobre qué consiste la objeción, su motivo, señalando el error o la falla presentada.

El principio general es que quien impugna debe probar el cuestionamiento.

El impugnante debe demostrar en qué consiste la impugnación, cuál es la objeción y su acreditación y ver si tiene magnitud suficiente para invalidar un balance o estado patrimonial y si se trata de un mero error material salvable, una falta leve o una irregularidad meramente formal (ver v.gr. Gabás, Alberto A., en: LA LEY 2006-A, 767).

También se ha afirmado que "Las cuentas no pueden ser impugnadas en forma general; las observaciones que se hagan deben concretarse y fundarse; en caso contrario, deben ser aprobadas ...

Si la impugnación se funda en la falta de alguno de los comprobantes, quien observa las presentadas debe individualizar las partidas a que se refiere, para que el juez decida sobre la procedencia, y, en su caso, exigir su justificación..." (Salas-Trigo Represas, "Código Civil y leyes complementarias.

Comentado y anotado", 2ª ed. actualizada, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1979, t. 2, p. 442, N° 5).

Cuando lo que se impugna es el comprobante o documento en cuanto a su autenticidad, la carga de la prueba corresponde al presentante de las cuentas; pero si lo que se impugna es el monto, dicha carga se invierte y quien debe justificar la impugnación es quien la invoca: "Si no se impugna la autenticidad de la documentación acompañada sino el importe que en ellas se refleja la realidad de los gastos o entradas, la carga de la prueba corresponde al impugnante" (Salas-Trigo Represas, cit. p. 442, n° 5).

Por último, es principio indiscutido en la materia que no corresponde admitir la impugnación de una liquidación, sin haber formulado el impugnante su propia cuenta alternativa (ver v.gr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, 06/05/1993, C S. A. c. C B, soc. de hecho y otro).

Pocas actividades que sean tan sensibles como la agropecuaria a los aconteceres del mercado externo cuando no factores naturales que impiden estar a pautas ciertas en cuanto a la rentabilidad que de común y ordinario pueda considerarse promedio probable.

De allí la relatividad de las comparaciones como se propone en la demanda.

Pese a que los condóminos tenían amplias facultades para establecer pautas de conducta en cuanto a la gestión impugnada, máxime cuando los antecedentes no les habían resultado satisfactorios, no existen constancias de instrucciones que en el caso hayan sido violadas o de irregular cumplimiento.

Así, la impugnación que refiere a los gastos de esquila (fs. 986 vta. p. a), no coteja diferencia de modos y beneficios con el actuar de gestiones anteriores y sin discriminar concretamente acerca del número de animales sometidos a esquila, las diferencias, que tan solo por sentido común, se sabe que existen en la manada, distancias, comodidades y demás aspectos que hacen al establecimiento de precios al efecto, en discurso ambiguo y genérico proponen que todo lo que supere el consignado resulta excesivo.

La impugnación de tal modo conlleva la insuficiencia señalada en las pautas antes referidas.

Además, al no haberse demostrado advertencias previas o acuerdos violados, se está invocando la queja queda subsumida en la doctrina de los actos propios.

En el p. b) se cuestionan gastos por construcción y reconstrucción de alambrados, no se han aportado a la causa datos ciertos respecto al tipo de alambrado requerido para la zona en reparación, dentro de variedad existente en el mercado, tanto en cuanto al material empleado y mano de obra adecuada, presupuestos u otros datos ciertos referidos a las hipotéticas irregularidades.

También acá la insuficiencia impugnativa es notoria.

Para preservar las manadas de la depredación causada por el zorro, en nuestra región, no existen reglas estrictas -más allá de las sugerencias que brindan los institutos de control- y es absolutamente circunstancial, de allí que no existan precios que de común y ordinario se abonen por tareas en tal sentido, todo depende de acuerdos, generalmente con los mismos operarios del establecimiento que va desde entregarles la piel para negociarla con compradores circunstanciales o no, al pago por sumas libremente acordadas por unidad.

De allí que sin otros datos de relevancia y sin acuerdo previo de condóminos el administrador actuará de conformidad con el real estado de necesidad y así lo ha hecho sin que lo rendido pueda considerarse desmedido o absurdo.

De las multas y recargos, se ha señalado que de conformidad con los antecedentes de la causa existe pago o reproche que no alcanza al actor y que fue motivo de resolución judicial (causa nº 2053/99 acordelada).

Con respecto a la presunta desatención o descuido imputados al administrador, el fin de tal impugnación no es objeto propio de la presente, debiendo encausarse por las vía legales que los condóminos presuntamente afectados tienen a su disposición.

En cuanto a la venta de productos al margen de no mencionarse cuál ha sido el perjuicio concreto, no existen elementos probatorios de incumplimiento de conformidad con lo acordado conforme causa nº 1899/97 y sin que mediara oposición alguna a tales operaciones.

Todo quedó consentido y la queja actual resulta además de genérica, extemporánea.

En el prólogo de la presente se han señalado las pautas de la presente rendición de conformidad a su naturaleza, de allí que la exigencia de los usos contables a que aluden en el p. f), resulta excesivo.

Existiendo facultades consensuadas, tal como se ha adelantado en puntos anteriores y sin que exista perjuicio alguno debidamente demostrado que emerja de algún incumplimiento a que refiera el p. g), corresponde desestimar tal queja.

El reprocha a aptitudes técnicas para el ejercicio del cargo además de extemporáneo resulta ajeno a la materia de esta litis, de allí que no permita avanzar en ninguna otra opinión al respecto.

Las dudas en el resultado de una operación, aún cuado lo fuera inconclusa, que no es el caso en cuestión, no puede fundar ninguna impugnación de cuentas, si existe o existió perjuicio debe ser definido y demostrado fehacientemente.

Sigue así la retahíla de imputaciones, que al margen del error reconocido en cuanto al Saldo de Disponibilidades y en consecuencia salvado, hacen en su esencia al modo de llevarse a cabo la gestión y que no es objeto de la presente litis.

Resulta fácil advertir de la lectura de todo el cúmulo litigioso acordelado la ausencia de una razonable comunicación que persuada al administrador a brindar adecuada y oportuna información (ver v.gr. "La aprobación de las cuentas rendidas por el administrador del consorcio, como condición de viabilidad de cobro del saldo resultante" por Gabás, Alberto A., publicado en: LA LEY 2006-A, 767) y la colaboración de los requirentes a tal fin, más allá de las críticas y observaciones que puedan surgir y corregirse como fruto de un diálogo positivo en pos del óptimo rendimiento de la empresa tal como declaman en sus informes y alegatos.

De allí que comparta el criterio de la Dra. García Blanco en cuanto a que las impugnaciones objeto de la presente son propias de otro incidente pero insuficiente al intentado.

Así, propongo al acuerdo el acogimiento de los agravios de la recurrente y, en consecuencia, desestimar la impugnación de cuentas intentada por la actora.

Tal opinión conlleva la aplicación de lo ordenado en el art. 279 CPr. debiéndose imponer las costas a la vencida (art. 68 CPr.) en ambas instancias, debiéndose diferir la regulación de honorarios al momento del acuerdo en el que se tendrán en cuenta las pautas arancelarias de la ley 2200 y su reforma por ley 4335.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Habiendo con concordado con la opinión de la Dra. García Blanco, reitero su fórmula decisoria.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia de la Dra. Reynoso de Roberts, la siguiente SENTENCIA:

1) Receptar los agravios y revocar la sentencia de fs. 2839/2849 venida en crisis.

2) Rechazar la demanda de impugnación de cuenta de L B S.A. contra C L -administrador de L N-.

3) Imponer las costas de ambas instancias a la actora.

Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en primera instancia a la Dra. L D. J de M en la suma de PESOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($16.450), a los Dres. D O. H e I A M, conjuntamente, en la suma de PESOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS ($21.600) y al perito contador A O G en la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500).

Por los trabajos realizados en la alzada se regulan los honorarios profesionales del Dr. D O. H en la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA ($7.560) y de la Dra. L D. J de M en la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO QUINCE ($4.115).

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO -Presidente MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 009 DEL AÑO 2007 DELLIBRO DE SENTENCIASDEFINITIVAS