marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino c/ Domingo Domingo y Otra s/ Cobro Ejecutivo Banco Frances S.A. c/ Carrizo Miriam Liliana s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13|1999-09-14

Procede la capitalización de interese prevista por el art. 795 del Código de Comercio aún con posterioridad al cierre de la cuenta corriente, en tanto ello no importa la novación de la deuda generada y no se advierte razón legal frente a la subsistencia de la misma deuda, pero por otra parte, existen razones de equidad de igual peso que determinan la procedencia de la capitalización ya que de lo contrario, el deudor moroso encontraría en la justicia, el ámbito propicio para premiar su incumplimiento, con un interés menor al que debe pagar el cliente de un banco que autorizado a girar en descubierto, cumple con los pagos sin llegar al extremo de originar la ejecución judicial de los saldos deudores.
Deber de información, PERÚ, pueblos originarios, contaminación por hidrocarburos, medidas urgentes
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 52/2017 - Medida cautelar No. 120-16 -- Pobladores de la Comunidad de Cuninico y otra respecto de Perú c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-12-02

Debe el Estado Peruano informar a la Comisión Interamericana y en un plazo no mayor a los 15 días de resuelta por dicho organismo, la protección en beneficio de los miembros de la comunidad afectada por los sucesivos derrames de petróleo y la incesante expansión de sus residuos tóxicos, las medidas adoptadas a los fines de salvaguardar su vida y mitigar los efectos que sobre la salud de dicha población tienen las fuentes de riesgo que dieron lugar a la decisión referida.
Prueba pericial, oportunidad procesal, recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Saucedo, Miguel c/ Oscar Pellado SA s/ Cobro de australes. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº   149-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-24

El artículo 81 del Código Procesal Laboral solo alude a la impugnación que, fundada en razones procedimentales, se instrumenta mediante la promoción de un incidente de nulidad pero de modo alguno puede, sino a riesgo de menoscabar elementales principios que rigen la valoración de la prueba, comprender el supuesto de "impugnación del contenido del dictamen pericial" que, como acontece con el resto de las probanzas rendidas, su mérito debe hacerse en el alegato o en el curso de la pieza de segunda instancia correspondiente, cuando la pericial en cuestión tuviera lugar en la Alzada. Aunque el tema es de índole procesal, la preocupante gravitación que de él se deriva para la defensa en juicio y la ostensible connotación que fluye del derecho a la jurisdicción, imponen el control constitucional que esta Corte no puede rehusar.
Prueba documental, revocación de sentencia, multa aduanera
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cacciatore, Jose Ramón TF 20683-A c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-21

Infracción administrativa, declaración inexacta (art. 954, inc. b), Código Aduanero). Diferencia en la posición arancelaria que surge del Certificado de Importación para Vehículos Especiales emitido por la Subsecretaría de Industria (Res. SI 91/95 - Res. SICyM 880/98) en base a la documentación aportada por el importador y la que resultó luego de la comprobación teniendo a la vista la mercadería, que resultó de importación prohibida (anexo II de la Res. nro. 909/94). Falta de diligencia del importador (art. 902 Código Aduanero). Se revoca la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación y se confirma el acto aduanero que había impuesto la multa.
Recurso de apelación (procesal), providencia simple, secretario judicial, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: E.S.E.I.C.  SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR BARBARA RAMON
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

Si la providencia fue suscripta por el secretario del tribunal es improcedente la interposición del recurso de apelación: debe seguirse el procedimiento reglado por el Código Procesal: 38, última parte.
Reclamo salarial, diferencias salariales, base indemnizatoria del despido, salario bruto
Materia: LABORAL
Carátula: CAMPOS, CARLOS JAVIER
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-25

La indemnización debe calcularse con base en el salario bruto percibido por el trabajador, los descuentos que se efectúan sobre el salario constituyen una remuneración indirecta que le asegura al trabajador servicios que de otra manera tendría que afrontar de su peculio; de modo que dicha indemnización no debe estimarse de acuerdo a la remuneración neta del trabajador, sino que debe ser determinada con arreglo a su sueldo bruto.
Indemnización, daño emergente, lucro cesante, know how
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRESIPLAST SA c/ PETRI SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-08

En un contrato de licencia de uso del know how y la asistencia requeridas para la producción de volantes y accesorios fabricados o a fabricar en la argentina, ante la ruptura de la relación por parte de la licenciante, procede la indemnización del lucro cesante, ello así por cuanto, las partes convinieron una vigencia inicial de 10 años, de los cuales -frente a la resolución dispuesta- transcurrieron algo mas de cuatro años; dicha resolución del contrato de licencia por parte de la demandada legitima a la contraria a exigir el resarcimiento correspondiente a ese rubro, toda vez que se vio privada de las ganancias netas que pudo haber obtenido en los poco mas de cinco años restantes para el cumplimiento de los 10 pactados en un primer momento. Asimismo, considerando el rol que la accionante cumplió en el mercado -siendo una de las principales proveedoras de volantes para automóviles del país- el monto conferido por el sentenciante -$ 1.800.000- en concepto de lucro cesante significó una mas que considerable reducción respecto al monto calculado por la perito contadora interviniente -$ 2.887.219 por lo que no correspondería reducir el importe atinente a esta indemnización.
Honorarios del abogado, ley arancelaria
Materia: LABORAL
Carátula: Valverdi Bernardo David Y Otro c/ Montane María Victoria Y Otro s/ Abreviado - Consignación De Alquileres - Recurso De Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-02-15

El valor del ius dispuesto en la ley 9459 de Córdoba se aplica a trabajos realizados con anterioridad a su entrada en vigencia, pues una interpretación contraria tornaría superflua, redundante y sin sentido alguno que justificara la inclusión expresa de la disposición contenida en el primer párrafo del artículo 125, desenlace incompatible con elementales criterios de interpretación normativa que sugieren suponer que cada norma legal posee un sentido propio, razonable y coherente con el resto del ordenamiento jurídico y que imponen descartar aquellas hermenéuticas que importen vaciar de contenido a la regla de derecho positivo de que se trate.
Dictamen pericial, notificación, nulidad procesal, subsanación del vicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Rodríguez, Ernesto o Tello, Carlos H. s/ Dictamen Pericial.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-09

No corresponde declarar la nulidad de los informes periciales - en virtud de no haber sido notificada la defensa de su realización , si es que no se dedujo oposición u objeción al auto de procesamiento motivado en dichos exámenes, ni a la notificación realizada a posteriori de su producción (conf. art. 349, C.P.P. ).

En ambos casos, la defensa ha prestado tácita conformidad, consintiendo los efectos del acto cuestionado, y siendo así, la alegada nulidad - de carácter relativo - fue subsanada.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, proceso penal, sentencia absolutoria, tenencia de estupefacientes
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Noguera, María Marta y otra. s/ Tenencia de estupefacientes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que absolvió en orden al delito previsto en el art. 6° de la ley 20.771, toda vez que se cuestiona la interpretación de una norma de carácter federal.
Convenios colectivos de trabajo, Constitución Nacional, facultades reglamentarias
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Soengas, Héctor Ricardo y otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

La posibilidad de que se dejen de lado por ley posterior las normas de los convenios colectivos más favorables para los trabajadores excluiría en lugar de limitar o reglamentar la garantía en cuestión.
Recurso de apelación (procesal), sentencia del Tribunal de Cuentas, revocación de sentencia, sentencia absolutoria, efectos de la sentencia penal en sede civil, juicio administrativo de responsabilidad, responsabilidad civil, daños y perjuicios, billete de pasaje, competencia funcional
Materia: PROCESAL
Carátula: SEFEPA s/ RECLAMO ORDENES DE PASAJES A VIALIDAD PROVINCIAL (Expte. N* 266/96 - FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS) s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-10-06

No es cierto que el recurrente hubiera ordenado y/o autorizado la emisión de los pasajes de SEFEPA como concluyera el Tribunal de Cuentas en el pronunciamiento impugnado. El recurrente no ordenó, ni dispuso la emisión de los pasajes en cuestión (no tenía competencia funcional para ello), sólo los solicitó, lo que implica que la disposición de los mismos (disposición patrimonial) correspondía a otra persona u órgano (las autoridades de SEFEPA), luego no puede imputársele responsabilidad administrativa patrimonial. Máximo, cuando también en la sentencia penal, quedó también acreditado que la Empresa SEFEPA y/o sus autoridades no resultaron engañadas ni fueron inducidas a error en dicha disposición patrimonial (otorgamiento de pasajes). Al respecto, resulta pertinente transcribir un párrafo de lo dicho por éste Superior Tribunal de Justicia al rechazar el recurso de queja interpuesto por el Fiscal de Cámara: "...a juicio de este Cuerpo, tal solicitud no puede constituirse en un acto ejecutivo del verbo típico. En tal sentido, el hecho de que alguien pueda 'solicitar' pasajes no permite suponer que tiene competencia para disponer de dicho servicio; en realidad, se solicita a quien sí puede disponer de ellos, autorizando su otorgamiento. En otras palabras, en este caso el recurrente confunde el alcance del verbo 'solicitar' con el de 'otorgar', y es este último el que supone un funcionario competente para disponer de los servicios requeridos.".

En tal orden de ideas, entiendo que dicho razonamiento es igualmente aplicable a la sentencia del Tribunal de Cuentas aquí recurrida, en tanto - a fin de declarar la responsabilidad administrativa patrimonial - confunde el alcance del verbo "solicitar", con los verbos "ordenar" y/o "autorizar", que sí pueden implicar un acto de disposición patrimonial, y consecuentemente generar responsabilidad patrimonial.

En conclusión, de las constancias de la causa surge que no ordenó, ni dispuso la emisión de los pasajes en cuestión (no tenía competencia funcional para ello), ni tampoco pretendió hacerlo, motivo por el cual deberá revocarse la decisión del Tribunal de Cuentas impugnada, que declarara la responsabilidad administrativa patrimonial del aquí apelante.
Estafa procesal, caja de ahorro, juicio ejecutivo, certificado de saldo deudor, cuenta corriente bancaria, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Giusto, Luis Francisco y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-21

No existe normativa alguna que autorice a un Banco a transferir el saldo deudor de un cliente de Caja de Ahorros a Cuenta Corriente; por tanto, en principio, tal trasferencia aparece como un medio de hacerse de un certificado de deuda -imposible en Caja de Ahorros- que le permitiese iniciar una acción ejecutiva, indudablemente más perjudicial para el demandante que un juicio ordinario, habida cuenta que tal certificado fue efectivamente presentado ante la justicia comercial en la que se inició el juicio ejecutivo y se obtuvo embargo preventivo, no puede desecharse, prima facie, la comisión de los delitos por los que se querella. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. David y Fégoli).
Tareas domésticas, producción de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ROSALES DE RODRÍGUEZ LILIANA MABEL c/ HERMINIA OLIMPIA TESTA DE SCAVARDA Y/ U OTROS s/ DEMANDA LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2007-06-05

De la merituación de la prueba producida a luz de la sana crítica art. 386 del CPCC de aplicación supletoria al CPL se infiere que la relación que existió entre las partes son las propias del servicio domestico, quedando excluida de la aplicación de la regulación legal de la Ley de contrato de Trabajo y ley 24013.
Acción contencioso administrativa, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MORSELETTO FRANCISCO VICTOR c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-09-08

La ley Provincial 1.795 regula expresamente la carrera profesional para los agentes que prestan servicios en los establecimientos dependientes del Ministerio de Asuntos Sociales, estableciendo en su art. 42 la vía y el órgano de revisión de las resoluciones del Poder Ejecutivo que determinen la separación del cargo de los profesionales, fijando el plazo de quince días hábiles para la deducción del 'recurso contencioso-administrativo' ante el Tribunal Superior de Justicia, a partir de la fecha de la notificación de la medida, estableciendo también la forma de sustanciació del mismo (art. 42 'in fine'), esto es, la creación de una normativa especial respecto a la regulación de conductas de índole contencioso administrativo que plantea una marcada diferenciación respecto de la reglamentación enmarcada en una ley de carácter típicamente general como lo es la impuesta por la ley 1 260.
Dictamen pericial, perito arquitecto, impugnación de la pericia, perito de parte, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Giachero, Eduardo Daniel c/ Vit, Adrián Marcelo y otros s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-09-07

El sentenciante puede apoyarse en las conclusiones del perito sin necesidad de un análisis detenido de la pericia si ésta no ha sido impugnada y si el perito de control no ha presentado objeciones en su contra, ello no viciará la sentencia de arbitrariedad, pues se estará apoyando en un elemento probatorio producido con el debido contralor de parte.
Empleo público, derecho a la carrera, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Miranda, Isabel del Carmen c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa y de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-10

El agente público -como corolario al "derecho a la carrera"- tiene el indiscutible derecho a ser correctamente "encasillado" - -ubicado- dentro del escalafón; si así no se hiciere puede ocurrir a la justicia para que ésta ponga en orden las cosas, no hay derecho que carezca de acción para obtener su respeto.
Resoluciones equiparables a definitiva, proceso penal, auto de sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: ESTHER QUIROGA DE MAYULI Y OTRO c/ SERRANO, JULIAN ALBERTO s/ LESIONES CULPOSAS-RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-02-09

Tampoco se ha considerado que constituyen resoluciones equiparables a sentencia definitiva aquellas en virtud de las cuales surge la obligación de continuar sometido a proceso criminal, pues no ponen fin al proceso ni agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior. Tal ocurre en los autos que dejan sin efecto un sobreseimiento definitivo o el provisional o resuelven impugnaciones articuladas contra autos de procesamiento. También con los que rechazan la excepción previa de falta de acción en los procesos penales o no admiten nulidades procesales".
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Iparraguirre, Juan A. c/ Arribas, Saturnino y ot. s/ Accidente de trabajo Pereyra, Graciela c/ Banco Supervielle Societe Generale SA s/ Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-09|2003-04-30

La expresión "cosa" utilizada por el art. 1113 del Código Civil con posterioridad a la reforma de 1968, no incorporó un sistema de responsabilidad que contemple el denominado riesgo de autoridad o profesional, sino que se limitó a receptar la responsabilidad fundada en el riesgo creado que se aplica solamente a los casos en que media intervención de una cosa, pero que no se extiende a supuestos diferentes ni lo constituye el trabajo desempeñado por el dependiente que no puede enmarcarse dentro de la definición de cosa productora de riesgo a que alude la citada norma legal.
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cardinale, Roberto c/ De Manterola, Juan y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-09

El dictamen pericial no es imperativo ni obligatorio, pues ello convertiría al perito -auxiliar del juez- en autoridad decisoria dentro del proceso, la obligatoriedad de dar razones suficientes para evitar que el apartamiento represente el ejercicio de su sola voluntad constituye para el juzgador el límite a su ejercicio de ponderación de la prueba.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dalla Vía Juan Carlos c/ Expreso Villanueva S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-17

El fallecimiento de la parte actora que puede caracterizarse como un hecho procesal, se halla provisto de la aptitud suficiente como para tener repercusión en el desarrollo del proceso. El efecto notorio producido no es otro que la suspensión de la relación procesal, hasta tanto se presenten o pierden la facultad de hacerlo los sucesores de la parte que ha fallecido. Hasta la muerte del actor sobre él pesaba el deber de dinamizar el proceso, pero mal puede sostenerse que no mantuvo viva la instancia cuando el mismo no lo estaba. A partir de que acaeciera el hecho, son sus sucesores quienes cargarán con dicha imposición pero sólo una vez anoticiados de la situación que los pone ante tal obligación y no antes.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: PAREDES VDA. DE GANDARAS c/ PEREZ GANDARAS s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-08

Cuando se demanda el desalojo por cesación de comodato incumbe al accionado el "onus probandi" sobre la titularidad de su derecho a la tenencia suficiente para repeler la acción del comodante.
Obligaciones del empleador, higiene y seguridad del trabajo, competencia civil, indemnización, leyes, accidentes de trabajo, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: JAIMES, JUAN c/ ALPARGATAS  S.A. s/ ACCION CONT. ART. 75 LCT
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-08

La demandada que se funde en el contrato de trabajo y en las obligaciones de medio que consagra el art. 75 LCT sólo puede ser tramitada ante los jueces en lo civil de la Capital Federal, por cuanto la reparación correspondiente encuentra su marco legal en el derecho civil, y la ley 24028 sólo reserva a la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo las acciones fundadas en el sistema tarifado que ella consagra, en la línea iniciada por la ley 9688.
Competencia federal, cuestión federal, ley federal, distribución de gas, ejecución fiscal, competencia provincial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de Viedma c/ Camuzzi Gas del Sur S.A. s/ ejecuciónfiscal s/ casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

Si lo sustancial del litigio no versa sobre aspectos propios de la jurisdicción local, sino que exige determinar, con base en la ley federal 24.076, si la ejecutada debe tributar o no el gravamen que impugna con fundamento en la exención establecida en el decreto nacional 2451/92, se trata de una cuestión de preponderante naturaleza federal que debe ser resuelta por la justicia de excepción, por lo que corresponde declarar la nulidad de las actuaciones cumplidas ante la justicia provincial en la medida que se opongan a la competencia de dicho fuero.
Deserción del recurso, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Candil Iluminación SRL c/ EN-M Desarrollo Productivo-Secretaría Industria Economía del Conocimiento y Gestión Externa y otro s/ Proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-12

Por mayoría, se declara la deserción del recurso deducido por la parte demandada contra el rechazo del planteo de falta de agotamiento de la vía administrativa. El voto del juez Facio concluye en que la posición asumida por las partes demandadas conduce a percibir la irrazonabilidad de exigir a la firma actora que transite la instancia administrativa, toda vez que ese tránsito comportaría un "ritualismo inútil".
Cuenta corriente bancaria, juicio ejecutivo, certificado de saldo deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: CITIBANK  S.A. c/ SAWICKI, MANUEL s/ CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

La discusión sobre los rubros que componen el saldo deudor en cuenta corriente bancaria excede el marco del juicio ejecutivo, por referirse a cuestiones propias de la causa de la obligación.
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ZALAZAR OSCAR ALBERTO Y OTRA por sí y en nombre y representación de su hijo menor de edad c/ MUNICIPALIDAD DE PARANA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-02-16

La prueba directa de la magnitud del daño moral sufrido resultará casi imposible, atento a lo cual, de conformidad con lo establecido en el art. 162 CPCC, el juez deberá considerar las circunstancias del hecho generador de la lesión, el diagnóstico de los expertos, como así también la calidad moral y otras circunstancias de índole personal del reclamante que permitan ponderar en concreto -no en abstracto- el grado de afección que el evento dañoso pudo causar en su espíritu; todo ello a fin de establecer objetivamente la cuantificación del daño moral irrogado.
Hurto simple, hurto de automotor, in dubio pro reo, documentación del automotor
Materia: PENAL
Carátula: PACHECO, F. s/ HURTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

No corresponde considerar la sustracción de los papeles del automóvil como un hecho independiente respecto del hurto del vehículo, por la escasa prueba existente en ese sentido, por lo que es de aplicación el beneficio de la duda, ya que nada hay en autos que demuestre claramente su mendacidad.
Sociedades comerciales, rendición de cuentas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Warman, Reynaldo c/ Valenza, José s/ Disolución y liquid.de sociedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-02

Hasta el fallecimiento de la socia, las cuentas deberán versar sobre toda la actividad desarrollada por la sociedad, dando razón y justificación de sus ingresos y egresos, lo que incluye, las operaciones pendientes a ese momento. En cambio, para el período posterior y hasta la partición, la rendición de cuentas de acuerdo a lo propuesto se deberá limitar a dar explicación de lo actuado con los bienes sociales (en cuanto a la parte que le correspondía al socio fallecido) y de los eventuales frutos civiles obtenidos entre la fecha de disolución y la de la partición.