Robo calificado, recurso de casación, política criminal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Acosta, Jorge Exequiel y Delgado, Gabriel Benjamín s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Sergio Andrés Guillamondegui en contra del Auto Interlocutorio Nº 15/2013 referente a Expte. Letra A-D Nº 37/12 - Acosta, Jorge Exequiel y Delgado, Gabriel Benjamín - Robo doblemente calificado (...)
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-18

Por Auto Interlocutorio, la Cámara en lo Criminal, en su conformación unipersonal, resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado oportunamente.

Contra dicha resolución, comparece el asistente técnico de los imputados (por el delito de robo doblemente calificado) e interpone recurso de casación invocando los motivos previstos en el inc. 1º del art. 454 del C.P.P.

En la señalada dirección denuncia la errónea aplicación del art. 76 bis del C.P.

La resolución impugnada tiene suficiente sustento en la negativa fiscal a la concesión de la solicitada suspensión del juicio, en tanto la opinión del representante del Ministerio Fiscal no es arbitraria, caprichosa ni ilógica, encontrándose su dictamen adecuadamente fundado en circunstancias pertinentes.

Contrariamente a lo postulado por el recurrente, esta Corte ha sostenido en distintos precedentes (S. Nº 14/2012, Nº 23/09 y Nº 34/09), que si se encuentra debidamente fundada la oposición fiscal a la suspensión del juicio obliga al Tribunal, por lo que, en honor a la brevedad, y para evitar repeticiones innecesarias, me remito a las consideraciones efectuadas en las nominadas resoluciones.

En cuanto a las razones suministradas por el Representante del Ministerio Público, considero que constituyen adecuado fundamento de su oposición en tanto se vinculan con circunstancias de imprescindible ponderación a los fines de formular un pronóstico serio sobre la probable modalidad de ejecución de la pena.

Por la escala punitiva conminada en abstracto prevista para el delito atribuido a los imputados, esto es, robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego no apta para el disparo y por ser cometido en poblado y en banda, la procedencia del instituto debe ser analizada en los términos del art. 76 inc.4º del Código Penal, que categóricamente exige consultar las circunstancia del caso, dado que, en ese marco legal, sólo éstas pueden permitir dejar en suspenso el cumplimiento de la eventual condena.

Sentado lo anterior, debo resaltar que, en la audiencia respectiva, el Fiscal interviniente invocó razones de política criminal al opinar que, con arreglo a las circunstancias del caso, estimaba que no pediría la aplicación de una pena de ejecución condicional para los acusados.

En lo medular de su exposición, surge que su postura se apoya en que el investigado se trata de un delito consumado, que produjo un daño de relevante entidad, nunca se recuperó el dinero sustraído, que se efectuó en un comercio donde había gente a la que redujeron y que en esta clase de delitos contra la propiedad, el Estado tiene interés en intervenir, incrementado el poder punitivo previsto para estos casos.

En esas condiciones, el tribunal a quo no constató vicio de logicidad ni de motivación, ni otra deficiencia que afectara el carácter vinculante del dictamen fiscal, el que fue considerado como debidamente fundado, y el recurrente no señala errores graves en la interpretación del Instituto ni en la de los motivos legales que obstan a su aplicación.

Por ello, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.