Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-28


STJSL-S.J. N° 7/08.

---la Ciudad de San Luis, a Veintiocho días del mes de Febrero de dos mil ocho, se reúnen en Audiencia Pública los Señores Ministros Dres. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, FLORENCIO DAMIAN RUBIO, OMAR ESTEBAN URIA Y OSCAR EDUARDO GATICA, Miembros del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, para dictar sentencia en los autos: ?FUNES ANTONIO FEDERICO C/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS ? DEM. DE INCONSTITUCIONALIDAD ? NULIDAD POR INCONST. E INCONST. INTRINSECA - MEDIDA CAUTELAR (PROHIBICIÓN DE INNOVAR)? Expte. N° 19-F-2000.

Conforme al sorteo practicado oportunamente con arreglo a lo que dispone el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial, se procede a la votación en el siguiente orden: Doctores, OMAR ESTEBAN URIA, OSCAR EDUARDO GATICA, HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ Y FLORENCIO DAMIAN RUBIO.

Las cuestiones formuladas y sometidas a decisión del Tribunal son:

I) ¿Es procedente la Demanda de Inconstitucionalidad planteada?.

II) En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar?.

III) ¿Cuál sobre costas?.

A LA PRIMERA CUESTION, el Dr. OMAR ESTEBAN URIA dijo: 1) Que a fs. 12/26 vta. el Sr. Antonio Federico Funes articula en los términos de los arts. 440, 439 y cc. de la Ley 310 e incisos 1°, 2° y 8° del art. 213 de la Constitución Provincial, Demanda de Inconstitucionalidad - Nulidad por Inconstitucionalidad e Inconstitucionalidad Intrínseca, en contra de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, por el dictado de las Ordenanzas N° 2646/HCD/96 y N° 2679/HCD/96.

Manifiesta que dichas Ordenanzas han producido una modificatoria al Código Procesal Municipal de Faltas, disponiendo la suspensión del recurso de Apelación establecido en dicho Código, lo que considera "una inconstitucionalidad manifiesta con el "derecho de defensa" dispuesto en los arts. 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional y arts. 10 y 11 de la Constitución Provincial.

Que en punto a la Ordenanza N° 2768/HCD/98, que incorpora al Código Municipal de Faltas el art. 54 bis, que dispone "la remoción de vehículos en la vía pública que estuviesen estacionados en lugares permitidos, pero sin recibo de estacionamiento o vencido el mismo", sostiene que incurre "en una flagrante "inconstitucionalidad" con el derecho de propiedad y el derecho de libre circulación, dispuestos en los arts. 17 y 14 de la Constitución Nacional y arts. 35 y 11 de la Constitución Provincial.

También plantea la inconstitucionalidad del inciso c) del art. 138 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de San Luis, por contraponerse dicha disposición con el art. 257 de la Constitución Provincial.

Se refiere luego a su legitimación procesal, la surge de su calidad de vecino contribuyente, ciudadano elector de la Ciudad de San Luis, lo que acredita con la respectiva documental y también de su calidad de parte en el Expte. N° 2103/F/2000, que se tramita en virtud de lo expuesto, se observa, el que ofrece como prueba, sosteniendo los graves perjuicios económicos que le acarrea la normativa que acusa de nulas e inconstitucionales .

Que, además, en el Pto. VII solicita Medida Cautelar Previa de Prohibición de Innovar o Cautelar Innovativa, la que es rechazada a fs. 43/48 de estos actuados.

2) Que, corrido el traslado de ley, a fs. 60/65 vta. se presenta el apoderado de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis a contestar la demanda, aclarando que lo hará con respecto a las Ordenanzas N° 2646/HCD/96; N° 2679/HCD/96; 2768/HCD/98 y del art. 138, inciso c) de la Carta Orgánica Municipal, pero no sobre la pretendida nulidad en base al art. 277 de la Constitución Provincial, ?por ser totalmente incoherente y carecer absolutamente de fundamentación?.

Manifiesta que las Ordenanzas cuestionadas no se oponen o contradicen a la Constitución Provincial, ni tampoco a la Constitución Nacional, realizando un pormenorizado análisis de las cuestiones planteadas, solicitando el rechazo de la acción incoada, con costas.

Sostiene la improcedencia de la pretensión declarativa de inconstitucionalidad a las Ordenanzas N° 2646 y N° 2679, atento a que la misma carece de interés jurídico, por cuanto las referidas ordenanzas no impiden o cercenan el derecho de apelar, solo indican que la apelación ante la Cámara de Faltas está suspendida por no estar constituida, pudiendo el actor en el presente caso, intentar otras vías, indicadas por la ley o la jurisprudencia, las que menciona.

Que en punto a la Ordenanza N° 2768 destaca que no se produce menoscabo constitucional al derecho de circular del actor, ni el derecho de propiedad, y que por otra parte, la cuestión es ajena al control judicial, pues se trata de una actividad propia de otro poder.

Al referirse a la impugnación de inconstitucionalidad del inciso c) del art. 138 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de San Luis, sostiene que el mismo es producto de la autonomía institucional de que goza el Municipio, ?no contradice la Constitución Provincial, sino por el contrario, fortalece aún más el sistema republicano?.

3) Abierta la causa a prueba, producida la misma, la actora alega de bien probado a fs. 160/165; y a fs 166/168 lo hace la parte demandada, explicitando las razones y los fundamentos dados al contestar la demanda.

4) Que corrida vista, a fs. 171 luce glosado dictamen del Sr. Procurador General Subrogante quien opina que el planteo de inconstitucionalidad no ha cumplido con las exigencias legales del art.818 del CPC, por lo que considera que el mismo es improcedente.

5) Sobre el punto en estudio, cabe destacar que el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera contraría a la Constitución, causándole de ese modo un gravamen, siendo indispensable que precise y acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición, pues la alegación de agravios meramente conjeturales resulta insuficiente para descalificar el precepto impugnado.

Al respecto, el más Alto Tribunal Nacional ha sostenido que: "La cuestión de si una ley es nula por ser repugnante a la Constitución es, en todo tiempo, una cuestión muy delicada, que debe ser raras veces, sino jamás, decidida afirmativamente en un caso dudoso, ya que es doctrina admitida que en la duda los tribunales deben pronunciarse a favor de la validez de la ley y eso aunque la duda fuese razonable.

De ese principio se infiere que la Corte al ejercer el elevado control de constitucionalidad de las leyes debe imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celoso en el uso de las facultades que le son propias cuanto es el respeto de la esfera que la Constitución asigna, con carácter privativo, a los otros poderes (C.S. Fallos 306:655), y en consecuencia, no corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la contempló, ya que les está vedado el juicio sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades (Cfr. C.S. Fallos 305:518).

Asimismo, ?la Constitución no consagra derechos absolutos, insusceptibles de una razonable reglamentación, dependiendo la razonabilidad de ésta de su adecuación al fin perseguido, no siendo pasible de tacha inconstitucional en tanto no tenga base en una iniquidad manifiesta? (Fallos: 305:831).

Sentado ello, se analizarán los agravios esgrimidos por el accionante conforme el orden por él expuestos. Así, respecto a la suspensión del recurso de Apelación establecido en Código Municipal de Faltas, lo que considera el actor "una inconstitucionalidad manifiesta con el "derecho de defensa" debe señalarse que no le asiste razón alguna, por cuanto existían alternativas procesales- no sólo extraordinarias, como refiere, sino también ordinarias- que le permitían hacer efectiva la protección a los derechos presuntamente conculcados.

A su vez, ante la alegación de la violación del derecho de defensa, es preciso advertir que conforme surge de las propias constancias de la causa, el actor se presentó ante el Juzgado de Faltas Municipal dando lugar a actuaciones administrativas ( Expte N° 1870-F-2001, agregado y que a la vista se tiene), por lo que no es exacto que el demandante no haya podido ejercer el mencionado derecho puesto que ha tenido oportunidad de ser oído y de presentar los recursos administrativos respectivos, consecuentemente el hecho de que la pretensión allí esgrimida haya sido rechazada, no significa que se haya vulnerado su derecho a la defensa.

Reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad de una ley, un tratado o decreto o acto administrativo, es una decisión de gravedad excepcional; es decir, el último argumento que solamente se lo debe usar en casos extremos (conf. Spota, Alberto A.., ?El principio de la supremacía de la Constitución y los medios establecidos para garantizarla en Argentina, en el ámbito del Poder Judicial Federal?, LL 1993-C-782).

En cuanto al agravio del actor respecto a la remoción y a la alegada violación de los derechos constitucionales que invoca carece de todo sustento. Por otra parte, tampoco se advierte la relación directa e inmediata de la cuestión constitucional con la solución del pleito, ni cuál es el perjuicio concreto y actual que alega el peticionante.

En tal sentido se tiene dicho que: ?quien alega la inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría a la Constitución Nacional, causando un perjuicio que también debe ser fehacientemente demostrado, ya que la declaración de ésta constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad institucional que debe considerarse como ultima ratio del orden jurídico? (CS, 9/12/93, JA 1195-I-44; id; 7/5/1991, LL 1991-B-785).

Finalmente, corresponde hacer algunas consideraciones en relación a hasta aquí expuesto, pues cabe tener presente que ?el gobierno municipal regula materias propias de carácter edilicio y urbano, casi toda la materia de seguridad e higiene y en especial sobre bienes públicos.

El gobierno de asuntos locales, está contemplado en el art. 5º de la Constitución, cuando impone a las constituciones provinciales que aseguren el régimen municipal?.

La mayor parte de estos cuerpos legales autorizan a los órganos deliberativos municipales, a sancionar normas reglamentarias de la libertad y de los derechos individuales.

En esas ordenanzas no hay ninguna delegación legislativa; son simples disposiciones reglamentarias de normas establecidas en leyes generales municipales para y en beneficio de la gestión del municipio?? (Cfr. Dromi, Roberto; Derecho Administrativo, Ed. Ciudad Argentina, 7ma. Edición Actualizada, 1998, p. 685/686).

A su vez, la limitación jurídica de los derechos subjetivos de los administrados, es algo propio de la función administrativa que se exterioriza con la necesidad pública de reglamentar, regular, ordenar, limitar e imponer ciertas conductas, por razones de bien común.

Que a la luz de lo precedentemente expuesto, VOTO a esta PRIMERA CUESTION por la NEGATIVA.

Los Señores Ministros Dres. OSCAR EDUARDO GATICA, HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ Y FLORENCIO DAMIAN RUBIO, comparten los fundamentos expuestos por el Dr. OMAR ESTEBAN URIA, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta PRIMERA CUESTION.

A LA SEGUNDA CUESTION, el Dr. OMAR ESTEBAN URIA dijo: Conforme se ha votado la cuestión anterior, corresponde rechazar la demanda de inconstitucionalidad planteada. ASI LO VOTO.

Los Señores Ministros Dres. OSCAR EDUARDO GATICA, HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ Y FLORENCIO DAMIAN RUBIO, comparten los fundamentos expuestos por el Dr. OMAR ESTEBAN URIA, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta SEGUNDA CUESTION.

A LA TERCERA CUESTION, el Dr. OMAR ESTEBAN URIA dijo: Costas al perdidoso. ASI LO VOTO.

Los Señores Ministros Dres. OSCAR EDUARDO GATICA, HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ Y FLORENCIO DAMIAN RUBIO, comparten los fundamentos expuestos por el Dr. OMAR ESTEBAN URIA, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta TERCERA CUESTION.

Con lo que se dio por finalizado el acto, disponiendo los Señores Ministros la sentencia que va a continuación, firmando por ante mí, doy fe.

FDO. Dres. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, FLORENCIO DAMIAN RUBIO, OMAR ESTEBAN URIA Y OSCAR EDUARDO GATICA- SRIA. DRA. EMMA B. KLUSCH.

SAN LUIS, Febrero Veintiocho de dos mil ocho.

Y VISTOS: En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: Rechazar la Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley Nº I-0020-2004 (5611 ?R?). Costas al perdidoso. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.

FDO. Dres. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, FLORENCIO DAMIAN RUBIO, OMAR ESTEBAN URIA Y OSCAR EDUARDO GATICA- SRIA. DRA. EMMA B. KLUSCH.