Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-16


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 16 días del mes de noviembre de 2009, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

I. Vienen los autos a esta alzada a propósito de los agravios que contra la sentencia de fs. 592/598 formulan: a) la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 607/608vta., que mereció réplica de la contraria a fs. 632/633 y b) la parte demandada a mérito del que luce a fs. 612/622, replicado por la contraria a fs. 626/629vta. Por su parte, a fs. 599/600vta. apela el perito médico y a fs. 602 lo hace la perito contadora, ambos por estimar exiguos los honorarios regulados a su favor.

II. Por razones de índole metodológica, trataré en primer término el recurso interpuesto por la parte demandada, quien se agravia por cuanto el sentenciante de grado, por aplicación de los artículos 21 y 23 de la L.C.T., consideró suficientemente acreditada la existencia de una vinculación dependiente entre la actora y el instituto demandado y condenó a éste a abonar las indemnizaciones derivadas de la falta de debida registración de la trabajadora de conformidad con lo dispuesto por el art. 8º de la ley 24.013 y a abonarle sumas de dinero en concepto de devolución por reducción salarial efectuada y aguinaldos adeudados. Sostiene la recurrente que el sentenciante habría valorado erróneamente las pruebas obrantes en la causa.

Más adelanto que -por mi intermedio- su postura no habrá de tener favorable acogida.

La demandada insiste en sostener que las prestaciones realizadas por la Sra. C. lo fueron como consecuencia de contratos de locación de servicios, reiterando a tal fin en su memorial recursivo argumentos ya esgrimidos en el responde, tales como que la actora integraba un plantel que se denominaba "POR PRESTACION", por lo tanto revistaba como una "simple trabajadora autónoma" sin legajo, que la forma de contratación que se adoptó con ella se encuentra expresamente prevista en la ley y que el cobro de sus servicios era a través de honorarios que se calculaban por la cantidad de horas trabajadas, para lo cual debían emitirse facturas. Además, cuestiona la valoración que de las pruebas rendidas en autos hizo el Sr. juez a quo.

Para comenzar diré que, a diferencia de lo que sostiene la apelante, soy de opinión que la presunción que emerge del art. 23 L.C.T. no debe descartarse por el solo hecho de que quien presta los servicios tiene un título profesional universitario o terciario, como la aquí reclamante.

Así las cosas, siendo plenamente aplicable en la especie y tratándose de una presunción "iuris tantum", pesaba sobre el instituto demandado la carga de demostrar que dicha prestación no fue realizada bajo relación de dependencia, lo que a criterio del sentenciante de grado no se logró cumplimentar y, a mi juicio, tampoco se logra en esta instancia del proceso.

En efecto, digo así pues advierto que la quejosa reitera en su memorial recursivo argumentos esgrimidos en su escrito de responde tales como que la reclamante no tenía que cumplir horarios fijos, ni estar en un lugar de trabajo determinado, que percibía sus honorarios a través de facturas que ella misma emitía siempre y cuando los servicios fueran efectivamente cumplidos y en función de las horas realizadas; que gozaba de vacaciones cuando lo deseaba, que de ser así no percibía pago alguno, y que para el cobro de sus servicios profesionales emitía facturas tipo "C".

Y si bien afirma reiteradamente que tales extremos quedaron suficientemente demostrados en la causa, lo cierto es que sólo hace referencia concreta a los testimonios de Luque (fs. 170) y Mitre (fs. 171vta.) y a la prueba pericial contable rendida en la causa (fs. 224/227 y posteriores aclaraciones).

Ahora bien, respecto a esta última advierto que la quejosa hace hincapié en el extremo señalado por el experto en cuanto a que "La actora no posee legajo, ya que no se encuentra en relación de dependencia. Es médica prestadora del PAMI, y lo que posee es código de prestador" (fs. 226); que "Como la Dra. C. no se encuentra en relación de dependencia de la demandada, verifiqué que sea prestador de la misma. Lo es a partir del mes de mayo de 1993 siendo su número de prestador en una primera etapa (hasta septiembre de 2001) el Nro. 7099 y luego hasta la fecha es el Nro. 55.084"; que "Teniendo ante mi las planillas de liquidaciones que me fueran exhibidas y las facturas emitidas en originales da la actora que es prestadora, informe que la misma presenta facturas tipo "C" mensualmente. Las emite en su calidad de médida y, como corresponde a un profesional independiente posee CUIT..., es responsable no inscripto en el IVA y exento en el impuesto sobre los ingresos brutos"; que "El procedimiento para la facturación es el siguiente: La Dra.. C. informa la cantidad de horas trabajadas en el PAMI. Entonces proceden a preparar la Liquidación, confeccionándose luego la Orden de Liquidación para posteriormente emitir la Orden de Pago respectiva. La misma cobra sus guardias con cheque del Banco Nación Argentina" (fs. 226) y que "Las Facturas emitidas varían en su valor, ya que la liquidación de los honorarios de la actora se efectúa sobre la base de la cantidad de horas trabajadas, las que se convierten en guardias de 24 horas. El concepto por el que se emitía cada factura es 'Guardias', con indicación del mes y año que se cobra" (fs. 227).

Ahora bien, parece obvio señalar que todas las circunstancias reseñadas por la apelante son irrelevantes en el caso en análisis, toda vez que son precisamente las que constituyen el objeto de reclamo en el marco de la relación laboral cuyo reconocimiento se pretende.

Algo similar ocurre con la prueba testimonial, pues la escueta alegación formulada por la apelante respecto de los dichos de Luque y Mitre se ciñe a extremos similares a los destacados del aludido informe pericial contable, lo que no resulta suficiente -a mi juicio- como para enervar los alcances de la aludida presunción, pues no evidencian per se la inexistencia de una vinculación laboral.

Lo que interesa en el caso es determinar si la trabajadora, cualquiera sea el área en la que se desempeñe, realiza funciones y tareas tendientes al logro de los fines de la empresa en forma tal que las cumple bajo dependencia de esta última, sujeta a sus órdenes e instrucciones y efectuando la labor por cuenta de tal organización; extremos que en este caso quedaron probados a través de los restantes testimonios brindados en la causa (Farrando -170vta./1, Bartolone -fs. 212-, Cervellino -fs. 237-, Billota -fs. 319-) y, sobre todo, de la auditoría médica de campo realizada en autos a fs. 491/495, pruebas todas estas reseñadas por el Sr. juez de grado, sobre las que nada dice la apelante.

Así las cosas, en lo demás, cabe recordar que la exclusividad no es una nota esencial para tipificar un contrato de trabajo; que quedó determinado en autos que la actora trabajaba en los días y jornada de trabajo fijados por el instituto demandado, debiendo suscribir en la "planilla registro asistencia personal profesional y superior" sus horarios de ingreso y egreso y que desde el punto de vista funcional, era la accionada la que sentaba las pautas organizativas de labor (ver testimonio de Farrando y auditoría médica); que también fue acreditado que la actora percibía sumas mensualmente a cambio de los servicios que prestaba, que eran abonadas en forma exclusiva por la accionada sin que la circunstancia de que los pagos (remuneraciones) hayan sido variables o sujetos a la cantidad de prestaciones efectuadas, le quite el carácter laboral dependiente a la contratación pues el salario por rendimiento o por unidad es una forma más -válida- de fijarlo (conf. art. 104 L.C.T.).

Tales circunstancias colocan a la accionante fuera del marco de la autonomía, del ejercicio del libre albedrío y en definitiva del ejercicio libre de su profesión y la coloca al amparo del régimen de un contrato de trabajo (conf. art. 21, 22 y 23 LCT -t.o.-).

El "nomen iuris" que las partes le hayan dado a su forma de vincularse -aun voluntariamente- es intrascendente en este marco, en tanto es el juez laboral quien en realidad está llamado a desentrañar la verdadera naturaleza de la prestación.

Por ello resulta irrelevante y no obsta a la conclusión a la que arribo el hecho de que la actora emitiera facturas a cambio de la percepción de sus retribuciones, pues frente al "principio de primacía de la realidad" es razonable concluir que a los profesionales se les exigió esa forma para desobligarse y evitar el régimen de contrato de trabajo (art. 12 LCT).

En cuanto al argumento del prolongado lapso transcurrido sin que la demandante formulara reclamo alguno acerca de la modalidad de la relación, ello no reviste en mi opinión trascendencia alguna en este caso, pues su silencio en principio no puede constituir presunción en su contra (art. 58 L.C.T.), ya que en el ámbito laboral debe atenderse a los principios de irrenunciabilidad y de primacía de la realidad.

Tampoco empece a lo expuesto la circunstancia de que la accionada haya optado por una de las formas de contratación de las previstas en la normativa de aplicación vigente a la época de contratación de los reclamantes, pues el artículo 33 de la ley 22.269 en su inciso a) brinda como alternativa la prestación de servicios "...Por profesionales en relación de dependencia con remuneración fija..." y si bien la propia demandada sostuvo tener profesionales de planta en relación de dependencia y "prestadores" -como calificó a la aquí reclamante-, la prueba reunida permite afirmar que no hay diferencia alguna en la forma de ejercer y llevar a cabo la prestación entre los profesionales contratados de una u otra forma, que todos hacen lo mismo y en las mismas condiciones (ver testimonio Farrando sobre el que -reitero- nada se dice en el memorial sub examine), por lo que en el caso no cabe hacer tal distinción.

En definitiva, lo que debió acreditarse en el caso para que el instituto se eximiera de responsabilidad, era que la prestación de servicios de la actora, por sus propias características y/o por la forma en que se realizaba, era ajena a la propia de un contrato dependiente y que la accionante era empresaria (o en este caso, profesional liberal independiente) que asumía en forma libre sus riesgos, lo que evidentemente, por lo hasta aquí expuesto, no ha acaecido.

Por todo lo expuesto y porque según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no es necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320), considero innecesario referirme a las restantes alegaciones efectuadas por la apelante tendientes a hacer desaparecer la real naturaleza de la vinculación que surge acreditada en la causa.

En consecuencia, propongo confirmar en este aspecto el decisorio apelado.

III. Igual suerte correrá la queja vertida respecto a la indemnización prevista en el art. 8 de la ley 24.013.

En primer lugar, por cuanto la apelante insiste en pretender que entre las partes no existió una relación laboral dependiente que debiera ser registrada de tal forma, extremo sobre el que ya me expedí en el considerando anterior al que me remito en honor a la brevedad.

En lo demás, por cuanto sostiene la demandada la improcedencia de dicho segmento de la condena ya que la carta documento por la cual intimó la actora el registro de su relación laboral refería un importe mensual como supuesta remuneración cuando en realidad el importe de los honorarios de aquélla variaba mensualmente, circunstancia que -a criterio de la quejosa- obsta a la procedencia de la sanción pretendida (art. 8, L.N.E.) toda vez que dicho emplazamiento no cumplió con el recaudo de consignar los datos verídicos de la relación (conf. art. 11 ley cit.).

Mas observo que tal argumento constituye un planteo novedoso en la especie, toda vez que no fue sometido a consideración del sentenciante de grado (ver fs. 53 vta.) circunstancia que obsta a su consideración por esta alzada (conf. art. 277 C.P.C.C.N.), por lo que propicio confirmar también en este aspecto el fallo de grado.

IV. Cuestiona también la accionada que se haya dispuesto "...hacer lugar a las diferencias reclamadas por la reducción del 12% impuesta por la demandada...". Sostiene a tal fin que el mentado descuento fue impuesto a su mandante por el Poder Ejecutivo Nacional a través del dictado del decreto 461/2001. Ergo, el descuento no fue producto de una decisión unilateral de su parte, sino consecuencia de los decretos 430/00, 461/00 convalidados por la ley 25.453 y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Müller, Miguel Angel c/ Poder Ejecutivo Nacional -Contaduría General- Ejército Argentino- Dto. 430/00 s/ amparo ley 16.986".

Ahora bien, aún cuando observo que le asiste razón a la recurrente en cuanto a que la mentada rebaja salarial no fue producto de un ejercicio abusivo del "ius variandi" de su parte, lo cierto es que considero que la solución de grado no debería ser modificada.

Me explico: El punto a destacar es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en el caso citado por la apelante ("Müller", sentencia del 10-4-2003) convalidando la validez constitucional del decreto 430/00 -derogado por la ley 25.453, lo que se interpretó como una ratificación de dicho decreto; dictamen del Procurador Gral. de la Nación al que adhirió la C.S.J.N.- y expresamente dejó asentado que "... la restricción salarial impuesta con sustento en el decreto 430/00 se extendió por un lapso de trece meses (desde junio de 2000 hasta julio del año siguiente), en el cual las remuneraciones de los agentes públicos no sufrieron el envilecimiento provocado por la devaluación de la moneda operada a partir del año 2002; circunstancia ésta que -entre otras razones- diferencia el caso de autos de la situación contemplada en el pronunciamiento dictado por esta Corte el 22 de agosto de 2002 en la causa T.348.XXXVIII 'Tobar, Leónidas c/ E.N. Mº de Defensa - Contaduría General del Ejército Ley 25.453 s/ amparo ley 16.986'..." En el caso sub examine resulta de aplicación el decreto 1006 (B.O. 15/8/01) que resolvió incluir a los empleados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a fin de aplicar la reducción salarial dispuesta en la ley 25.453 (art. 1º), aclarando que, a partir del 1º de julio de 2001, el Decreto Nº 461/00 -que disponía extender la reducción salarial, con el alcance dispuesto en el decreto Nº 430 del 29 de mayo de 2000 al personal de los entes públicos no estatales que se encontrasen intervenidos por el Estado Nacional y recibiesen para su funcionamiento aportes del Tesoro Nacional- no resultaría de aplicación a dicho Instituto (art. 7).

Así las cosas, y puesto que es insoslayable la consideración de la sentencia dictada por el Alto Tribunal el 22-8-2002 en relación a la ley 25.453 in re: "Tobar, Leónidas c/ E.N. Ministerio de Defensa-Contaduría General del Ejército- Ley 25453 s/ Amparo-Ley 16986", T.348.XXXVIII -tesis que avala planteos similares al de autos- considero que -si bien por distintos fundamentos- debe confirmarse también en este aspecto la sentencia de grado.

V. El recurso de la parte actora gira en torno a cuestionar el rechazo del reclamo correspondiente al sueldo anual complementario del segundo semestre del año 2007 que fuera objeto de ampliación en los términos del artículo 70 de la L.O. a fs. 564 vta.

La sentenciante de grado desestimó este segmento de la pretensión de la accionante "por no encontrarse vencido a la fecha de su reclamo", o sea el 28-11-2007 según cargo obrante a fs. 564 vta. (ver fs. 597).

Ahora bien, conforme doctrina del fallo plenario nº 202 de esta Cámara ("Condori Limachi, Daniel c/ Valentini"): 1º) Rige supletoriamente en el procedimiento laboral el art. 331 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 2º) Si en la demanda se pide que la condena incluya lo devengado hasta la sentencia, solo es preciso acudir a la ampliación de la misma en la forma prevista en el art. 331 del citado código, cuando el demandado, expresamente, se opuso a aquella pretensión del actor.

Tal como sostiene la recurrente, en el capítulo XIV de la demanda se formuló la "RESERVA DE AMPLIACION" en los siguientes términos "Atento que la actora continúa desempeñando sus funciones habituales, formulo reserva de ampliar la demanda por diferencias salariales y/o aguinaldos y/o vacaciones devengadas con posterioridad a la traba de la litis" (ver fs. 17 vta.), no habiendo la demandada efectuado manifestación alguna al respecto al tiempo de responder la acción (ver escrito de fs. 43/68vta.); ergo, no se tornaba necesario acudir al art. 331 C.P.C.C.N. para reclamar el rubro en cuestión. Aclaro que al momento de dictarse el decisorio apelado sí estaba vencido el plazo de pago; y propongo acoger favorablemente la queja y hacer lugar al rubro en análisis por la suma indicada por la peticionante a fs. 564 vta., pto. b), de $ 1.575,60, que no fue cuestionada en su cuantía por la parte demandada, cifra que llevará intereses desde la fecha que es debida a razón de la tasa dispuesta en la sede de grado que llega firme a esta alzada.

VI. En atención a los términos en que fue planteado y lo propuesto en el considerando II del presente en torno a la existencia del vínculo laboral, deviene abstracto el tratamiento del recurso actualizado por la parte actora en los términos del artículo 117 de la L.O. a fs. 607 vta., pto. IV.

VII. De acogerse mi moción, correspondería elevar el monto de condena a la suma de $ 119.133,20, con mas los intereses dispuestos en la sede de grado que llegan firmes a esta alzada.

VIII. No obstante la modificación propuesta -por la que correspondería dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y regulaciones de honorarios tornándose abstracto el tratamiento de los agravios vertidos al respecto (conf. art. 279 C.P.C.C.N.), es mi opinión que aun desde la óptica de dicha disposición legal, debería mantenerse -ratificarse- la forma en que fueron impuestas las primeras (a cargo de la parte demandada) en la instancia anterior -pues la accionada resultó vencida en lo sustancial y en la mayoría de lo pretendido, y la condena aunque levemente, se incrementaría en caso de seguirse mi opinión- (conf. art. 68 código citado).

El prorrateo de honorarios peticionado por la recurrente (ver fs. 618) resulta prematuro, debiendo diferirse su tratamiento -para el caso de ser articulado por la interesada- en la etapa de ejecución de sentencia.

En cuanto a los porcentajes de honorarios, teniendo en cuenta el mérito, importancia y extensión de las labores realizadas, las etapas cumplidas y las pautas arancelarias vigentes, sugiero mantener los fijados en la sede de grado, por estimarlos equitativos, con la aclaración que deberán calcularse sobre el nuevo monto de condena, comprensivo de capital e intereses (conf. (arts. 38 L.O., 1, 6, 7, 9, 19 y 39 ley 21.839/24.432, 3 decreto-ley 16.638/57).

IX. Las costas de alzada también deberían ser impuestas a cargo de la parte demandada (conf. art. 68 C.P.C.C.N.), regulando a tal fin los honorarios de los Dres. R. J. F. y F. N. de la Vega en el 4% y 3,25%, respectivamente, porcentajes a calcular sobre igual base que la utilizada para determinar los correspondientes a la instancia anterior (conf. art. 14 L.A.).

EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Modificar parcialmente el decisorio apelado y elevar el monto de condena a la suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS ($ 119.133,20), cifra que llevará intereses desde que cada suma es debida a razón de la tasa dispuesta en la sede de grado; 2º) Mantener la imposición de costas y los porcentuales de honorarios fijados en la sede de grado, con la aclaración que estos últimos deberán calcularse sobre el nuevo monto de condena comprensivo de capital e intereses; 3º) Estar en cuanto al prorrateo peticionado por la demandada, a lo indicado en el punto VIII del primer voto de este acuerdo; 4º) Confirmar en lo demás el fallo apelado; 5º) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada y regular los honorarios de los Dres. R. J. F. y F. N. de la Vega en el 4% y 3,25% respectivamente, porcentajes a calcular sobre igual base que la utilizada para determinar los emolumentos correspondientes a la instancia anterior. Reg., not. y dev..Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.. Conste que la vocalía tercera se encuentra vacante (art. 109 RJN).

MMV María C. García Margalejo Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara