Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-08


Buenos Aires, febrero 8 de 2007.

Los doctores Franza y Manes dijeron:

Resulta:

1) Que a fs 412/419 obra la sentencia de fecha 16 de agosto de 2006 en la que se condenó al Sr. Pedro Campos Ramos por ser autor responsable de la contravención de oferta de sexo en los espacios públicos (art. 81 de la ley 1472) a la pena de ocho (8) días de trabajo de utilidad pública de cuatro horas cada uno y se dejó en suspenso su cumplimiento durante el lapso de nueve meses (art. 46 CC), durante el cual se le impuso el cumplimiento a las siguientes reglas de conducta: a) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de ésta; b) cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el juzgado hiciera y c) abstenerse de concurrir a la zona delimitada por las calles Independencia, Entre Ríos, y Garay hasta su encuentro con la calle Salta, de esta ciudad y d) efectuar los trámites pertinentes para obtener el documento de identidad de su país de origen, como así también, los necesarios para lograr el otorgamiento, por el estado argentino, de un documento nacional de identidad.

2) Que a fs. 452 el Sr. Fiscal, con fecha 31 de octubre de 2006, denunció el incumplimiento por parte del Sr. Campos Ramos a una de las reglas de conductas impuestas, la que ordenaba le abstenerse de concurrir a la zona delimitada por las calles Independencia, Entre Ríos y Garay hasta su encuentro con la calle Salta de esta ciudad, y en consecuencia solicitó que se efectivizara la condena impuesta.

3) Que a fs. 457/459 vta. se encuentra la resolución de fecha del 7 de noviembre en la que el Juez a quo dispuso: "I) Hacer lugar al pedido del Sr. fiscal y revocar la suspensión de la ejecución de la condena, que le fuera impuesta a Pedro Campos Ramos o Luis Alberto Ramos Lapa, en estos actuados registrados bajo el nro. 9212/2005 (número interno 298/DCA), seguidos en su contra por infracción al art. 81 de la ley 1472, 2) disponer que el imputado deberá cumplir con la pena de 8 (ocho) días de trabajos de utilidad pública de cuatro horas cada uno (art. 46 de la ley 1472)".

4) Que a fs. 461/465 vta, el Dr. F. E. S. interpuso recurso de apelación contra la resolución de fs. 457/459 vta.

5) Oída la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 474/475, pasan los autos a resolver.

Considerando:

Primera Cuestión: Admisibilidad del recurso 6) En primer término, cabe mencionar que el recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 50 de la ley nº 12 y art. 449 del C.P.P.N., respectivamente, y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

En efecto, el Sr. Juez de Grado resolvió con fecha 7 de noviembre de 2006 revocar la suspensión de ejecución de la condena, que le fuera impuesta a Pedro Campos Ramos o Luis Aberto Ramos Lapa y disponer que el imputado cumpla con la pena de ocho días de trabajos de utilidad pública de cuatro horas cada uno (art. 46 de la ley 1472), resolución que fuera notificada a la defensoría contravencional el día 9 de noviembre del mismo año (fs. 460 vta.), quien interpuso el recurso de apelación el día 15 de noviembre ppdo. (fs. 461/465 vta.), es decir dentro del tercer día de su notificación, mediante escrito fundado con indicación de los motivos de su agravio.

Por lo expuesto, siendo admisible la vía procesal intentada, corresponde entrar a analizar los agravios del impugnante.

7) El recurrente refiere que la resolución adolece de defectos de fundamentación que la vician de arbitrariedad, ya que tiene por acreditada la identidad del imputado a partir de constancias que no surgen de la causa: "... en ningún momento se ha realizado el cotejo de fichas dactilares que el Sr. Juez menciona. Al menos, no consta en ninguna parte de la causa que alguna división especializada haya procedido a realizarlo, en el marco de la incidencia traída a estudio" (ver fs. 462).

Cabe señalar que, contrariamente a lo sostenido por la defensa se encuentra acreditado en el presente legajo (ver fs.6 del expediente bajo el nº 29713/06), y así lo ha entendido el juez a quo que Campos Ramos y Ramos Lapa son la misma persona. En este sentido, el sentenciante explicó que "... luego de haber sido realizado el cotejo de las fichas dactilares extraídas al aprehendido con las obrantes en la dependencia policial División Informes de Antecedentes de la Policía Federal Argentina) se constató que el nombrado registraba el prontuario policial nro. AGD 882449 en el cual había sido identificado con el nombre de Luis Ramos Lapa o Pedro Campos Ramos"(ver fs.458vta.).

Corresponde concluir con respecto a este punto en cuestión que no encontramos la posible existencia de "arbitrariedad en la decisión judicial", no se advierte y el recurrente tampoco demuestra los motivos que sustentan tal afirmación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que: "la doctrina de la arbitrariedad tiene por objeto cubrir casos de carácter excepcional en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impiden considerar el pronunciamiento de los jueces como la sentencia fundada en ley a la que hace referencia el artículo 18 de la Constitución Nacional" (Fallos 312:246; 389, 608, 1839, entre otros).

Por el contrario, considero que la resolución del a quo no adolece de ningún defecto de fundamentación, por lo cual el acto es jurisdiccionalmente válido.

8) Asimismo, la defensa señala que no existe certeza suficiente sobre el incumplimiento de las reglas de conducta por parte del condenado, ya que resulta imposible constatar las constancias de las causas 29713/06 y 29813/06 las cuales fueron archivadas por falta de pruebas, -sin siquiera corroborar quién era realmente la persona que habría sido identificada- por lo cual es imposible tener acreditadas las constancias que allí se consignaban, particularmente, las que darían cuenta de la presencia del Sr. Campos Ramos, el día 22 de octubre de 2006, en la intersección de las calles Virrey Cevallos y Constitución de esta ciudad.

Una de las reglas de conducta que debía cumplir el imputado Campos Ramos en el presente legajo era "Abstenerse de concurrir a la zona delimitada por las calles Independencia, Entre Ríos y Garay hasta su encuentro con la calle Salta, de esta ciudad" durante el lapso de nueve meses, que vencerán el 16 de mayo de 2007, a las 24.00 horas.

El día 22 de octubre de 2006 a las 23.00 en la intersección de las calles Virrey Cevallos y Constitución de esta ciudad se labró acta contravencional por infracción al artículo 81 del Código Contravencional a una persona que había referido ser Luis Alberto Ramos Lapa y que carecía de documentación.

Ahora bien, en los párrafos anteriores este Tribunal refirió que se encontraba acreditado en autos la identidad de Pedro Campos Ramos o Luis Alberto Ramos Lapa, -resultando ser la misma persona-, que se hallaba registrado bajo el legajo AGD 882449 en la División Informes de Antecedentes de la Policía Federal. (ver fs.6 del expte. 29.713/06).

Es dable concluir que el fiscal de grado archivó las actuaciones registradas bajo el nº 29713/06, por infracción al artículo 81 de la ley 1472, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 inc. 1º de la LPC, por entender que la falta de prueba se vincula con el juicio de reproche y con la carencia de pruebas fílmicas; sin embargo afirma que no cabe ninguna duda que el día 22 de octubre de 2006 a la hora 23:00 se encontraba el encartado en la intersección de las calles Virrey Cevallos y Constitución de esta ciudad.

En efecto, el Sr Campos Ramos o Ramos Lapa fue sorprendido en un lugar incluido en la zona a la cual debía abstenerse de concurrir y dentro del término de vigencia de la regla de conducta, más allá que no se pueda comprobar fehacientemente que el día que se labró el acta contravencional, el imputado hubiera ofrecido en forma ostensible servicios sexuales en espacios públicos no autorizados.

Por lo que la argumentación de la defensa se desvanece y debe ser rechazado el recurso de apelación de fs.461/465 vta. impetrado por la defensa.

9) Atento al mérito que antecede, el tribunal resuelve: I. Confirmar la resolución de fs. 457/459 vta. que revoca la suspensión de la ejecución de la condena, que le fuera impuesta a Pedro Campos Ramos o Luis Alberto Ramos Lapa, por infracción al artículo 81 de la ley 1472. y dispuso que el imputado deberá cumplir con la pena de 8 (ocho) días de trabajos de utilidad pública de cuatro horas cada uno (art. 46 de la ley 1472 y 51 LPC). II. Tener presente la reserva del caso federal. Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado de Primera Instancia interviniente a fin de que practique las notificaciones restantes. -Jorge Franza. -Silvina Manes.

La doctora Paz dijo:

Vistos: 1. Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de queja interpuesto por el Defensor de Pedro Campos Ramos contra la resolución de fecha 7 de noviembre de 2006 que dispuso: 1) hacer lugar al pedido del sr. fiscal y revocar la suspensión de la ejecución de la condena, que le fuera impuesta a Pedro Campos Ramos o Luis Alberto Ramos Lapa..." 2.- El recurso fue interpuesto por quien se encontraba legalmente facultado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

3.- En lo referente al objeto del recurso, cabe consignar que debe otorgarse al imputado y a su defensa la posibilidad de descargo ante un incumplimiento, previo a resolver la revocación del instituto.

Resulta aplicable lo dispuesto en el art. 515 in fine del CPPN en virtud del art. 6 del CC que dispone que: "...En caso de incumplimiento o inobservancia de las condiciones, imposiciones o instrucciones, el tribunal de ejecución, otorgará posibilidad de audiencia al imputado, y resolverá, a cerca de la revocatoria o subsistencia del beneficio..." Ello conlleva la necesidad de que tenga lugar una audiencia con participación de todas las partes del proceso, previo a resolver sobre la revocatoria o subsistencia de la suspensión del juicio a prueba, lo que no ocurrió en el caso de autos, donde efectuada la denuncia de incumplimiento por el Sr. Fiscal (ver fs. 452) se confirió apenas una vista a la Defensa.

4.- Oír al imputado no puede convertirse en mera formalidad y aún debe considerarse, en su caso, la imposibilidad del cumplimiento de lo acordado si fueren por algún motivo de imposible cumplimiento por el mismo.

En este sentido, Gustavo Vitale expresa que "El órgano judicial que toma conocimiento de un posible incumplimiento de estas reglas, debe citar al imputado y escucharlo en audiencia pública (a la que deberá concurrir con su letrado, quien debe haber tenido una real posibilidad de asesorarlo previamente), antes de disponer la revocación, para posibilitarle el ejercicio de la defensa en juicio (art. 18 CN)". Suspensión del proceso penal a prueba, pág. 358. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004.

La jurisprudencia ha resuelto que: "El art. 515, 2do. párrafo del C.P.P.N. es claro en cuanto a que en el caso de incumplimiento de los deberes impuestos al imputado será el Juez de ejecución el encargado de disponer la eventual revocatoria del instituto. Mas para ordenarla válidamente habrá de otorgar previamente audiencia al imputado para que se exprese (*). Ello apunta a garantizar la defensa en juicio, toda vez que la posibilidad de que el imputado pueda ser oído debe ser cierta para que pueda efectuar el descargo pertinente, en la eventualidad de que existan causales ajenas a la voluntad del encartado impeditivas en la ejecución de las obligaciones impuestas. La participación del imputado, entonces, resulta fundamental; ya que del cumplimiento de las reglas de conducta establecidas, reparación de los daños en la medida ofrecida y comportamiento del interesado depende que se extinga la acción penal o se reanude el juicio. En consecuencia, debe dejarse sin efecto el auto en cuanto revoca la suspensión de juicio a prueba". CNCrim y Correc., Sala V, Navarro, Filozof. (Sec.: Collados Storni). c. 20.058, Baiza, Raúl Héctor. Rta: 24/10/2002.

5.- No habiéndose efectivizado tal audiencia en autos;; tal omisión constituye una lesión de carácter esencial en tanto hace a la intervención del imputado en el proceso (conf. arts. 18 CN, 167 y 168 y cc del CPPN) corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado desde fs. 452, debiendo en la instancia de grado darse cumplimiento a la referida audiencia.

Ello torna innecesario expedirse en este momento sobre el planteo hecho por la defensa acerca de la certeza respecto del incumplimiento del imputado, fundada en la imposibilidad de constatar -a su juicio- si las persona identificada era su defendido en autos.

6.- Por lo expuesto corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 452.

Así lo voto. -Marta Paz.