Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-28


-- En la ciudad de Trelew, a los días de Septiembre del año dos mil once, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Dante Ferrari y Marcelo J. López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "I. J. I. V. c/ Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) s/ Acción de Amparo" (Expediente 349 - Año 2011 CAT) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 439.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Doctor Marcelo LOPEZ MESA expresó:--I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 420/427) resolvió: I) Declarar abstracta la cuestión objeto del presente amparo respecto a que A.R.B.A. se abstenga de retener y/o de continuar reteniendo sumas de dinero, por sí y/o por intermedio de cualesquiera de los bancos en los cuales J. I. V. I. tuviere cuentas, con imputación a Impuestos a los Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires. II) Rechazar la acción efectuada por el Sr. J. I. V. I., respecto a la devolución de las sumas percibidas y/o retenidas por A.R.B.A., en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires, debiendo ocurrir por la vía administrativa y/o judicial que estime corresponder. III) Imponer las costas en el orden causado, regulando los honorarios de los Dres. J. C. E. (letrado apoderado de la parte actora) y G. C. (letrado apoderado de la parte demandada), los que se harán acreedores a la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ( $ 7.339,41), en ambos casos con más el IVA si correspondiere. IV) REGISTRESE Y NOTIFÍQUESE.-II. El fallo es apelado a fs. 430/434, siendo fundado en el mismo acto. El primer cuestionamiento a la sentencia apelada finca en la falta de análisis de la ausencia de prueba de la demandada, así como la ausencia de correlación en el análisis de las diversas probanzas de las partes. En segundo lugar, se cuestiona la falta de resolución expresa en la parte resolutiva sobre lo peticionado por su parte. En tercer lugar, se impugna la futilidad del recaudo de reclamo previo y la improcedencia del rechazo de la acción tendiente a la devolución de las sumas retenidas. En cuanto lugar, se cuestiona la imposición de costas en el orden causado. --- III.- Ingresando al abordaje de la cuestión traída es dable realizar algunas precisiones conceptuales. En primer lugar, para que puedan ser abarcados por la acción de amparo las decisiones, actos, hechos u omisiones que afecten a los derechos o garantías constitucionales, deben incurrir en arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. En segundo lugar, la temática debatida no debe desbordar el estrecho marco cognoscitivo de un amparo, procedimiento especial, de esencia excepcional, que no cabe ordinarizar, ni extender en cuanto a su órbita de aplicación ad infinitum. Además, el amparo requiere como notas esenciales, la existencia de urgencia en la tutela, de peligro en la demora, etc.

Yendo al primer aspecto, cabe decir que para considerar que el presupuesto de "manifiesto" de la ilegalidad o arbitrariedad concurre, las conductas deben aparecer como claras, incontestablemente contrarias a derecho, según el análisis que corresponde que realice el juez dentro del ámbito cognoscitivo utilizable en el amparo. Debe advertirse que se presenta una situación palmariamente ilegal, que no genere dudas sobre dicha ilegalidad (confr.: Rivas, "El amparo", ed. 1.987, pág. 86).- Los hechos relatados por la actora no pueden ser tachados de manifiestamente arbitrarios a los efectos del amparo; ello, por cuanto la cuestión traída a juzgamiento ha requerido de la producción de prueba a su respecto y el apelante se basa en una serie de conjeturas sobre lo que él entiende significa un párrafo de la contestación de su contraria, lo que lejos está de ser tan claro como él expresa.

En cualquier caso, no es éste un caso en que la ilegalidad apuntada al proceder de la contraria sea manifiesta. Y bien se ha dicho que el artículo 43 de la Constitución Nacional ha receptado los dos requisitos esenciales que definen el amparo, esto es: 1) que exista un acto u omisión que afecte cierta categoría de derechos o garantías con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y 2) que tramite con la mayor celeridad y urgencia (Palacio, La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994, LL-1995-D-1937). Tanto la ilegalidad como la arbitrariedad deben poseer un requisito que necesariamente las acompaña y que consiste en que deben ser manifiestas, lo cual implica, que dichos vicios deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial (Palacio, ob. cit. pág. 1238) (C. Civ. Neuquén, sala 2ª, 23/07/1996, "I. P. O. s/ ACCIÓN DE AMPARO", en Juba sum. Q0001773).

La acción de amparo únicamente procede para la tutela inmediata de un derecho constitucional violado en forma manifiesta, y resulta inadmisible -en cambio- cuando el vicio que comprometería garantías constitucionales no resulta con evidencia de manera que la dilucidación del conflicto exige una mayor amplitud de debate y prueba. Ello así pues los jueces deben extremar la prudencia para no resolver materias de complejidad fáctica y técnica por la vía expedita del amparo a fin de no privar a los justiciables del debido proceso mediante pronunciamientos dogmáticos. Si bien el proceso de amparo no es excluyente de cuestiones que necesitan demostración, sí descarta aquellas cuya complejidad o difícil comprobación requiere de un aporte mayor de elementos de juicio de los que pueden producirse en el procedimiento previsto por la ley 16986 . (Citas Corte Sup., Fallos 306:1253 ; 307:747 , 1953 y 2345 ; "Entre Ríos, Provincia de y otro v. Estado Nacional (Estado Mayor del Ejército) Fallos 323:1825 (2000); Fallos 323:2097 (2000) (Corte Sup. Just. Santa Fe, 29/10/2002, "MUNICIPALIDAD DE ROSARIO E INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISIÓN SOCIAL DE ROSARIO v. PROVINCIA DE SANTA FE) J0029453", en AP online).

No se aprecia en el sub lite a simple vista, ni de modo superficial, ilegalidad, arbitrariedad o injusto en la actuación de la accionada, que torne procedente conceder la tutela del amparo. No puede soslayarse que el acto atacable por vía de amparo debe ser, pues, o bien ilegal o arbitrario, pero en ambos supuestos, tales notas deben ser manifiestas. En el campo de la ilegalidad "lo manifiesto es la manera en que se expresan las conductas en juego, en cuanto trascienden jurídicamente si aparecen como claras, incontrastables contrarias al derecho según el análisis que al respecto realizará el Juez dentro del marco cognocitivo utilizable en el amparo, probado el hecho o la omisión lesiva, el Juez debe advertir sin asomo de duda que se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal o resultante de la irrazonable voluntad del sujeto demandado (Cám. CC Neuquén, Sala 2ª, 1/4/96, "M. R., R. L. s/ ACCION DE AMPARO", en Juba sum. Q0000429).- Según se ha expresado, para la procedencia del recurso de amparo es necesario que la arbitrariedad o ilegalidad surja en forma inequívoca y evidente, y de esa forma el juzgador pueda captarla a simple vista, lo que no ocurre en el sub lite, aunque el apelante dogmáticamente pretenda así sostenerlo. --- No concurren en autos los requisitos inexcusables para la procedencia del amparo intentado, con lo que la sentencia de grado deviene correcta y pasible de confirmación.- No cabe soslayar que como dijera en mi voto, actuando como subrogante de la Sala B de este Cuerpo, el derecho del amparista de autos puede ser digno de tutela, si éste prueba los extremos de hecho que alegara; pero deben ponerse las cosas en perspectiva y, entonces, surge de aplicación al caso la teoría de las limitaciones inmanentes de los derechos, en virtud de la cual "los derechos y libertades por reconocerse en el interior del ordenamiento jurídico, han de conciliarse con otros bienes que el ordenamiento protege y no pueden hacerse valer de modo absoluto frente a éstos" (cfr. Lorenzo MARTIN-RETORTILLO e Ignacio DE OTTO Y PARDO, "Derechos fundamentales y constitución", Ed. Cívitas, Madrid, 1992, p. 110), que lleva a pensar que no estamos ante un derecho que amerite la concesión de la vía más expeditiva con que el derecho cuenta (cfr. mi voto, en decisión de la sala B de este Cuerpo, de fecha 3/9/08, in re "S., E. s/ Acción de Amparo" (Expte. N° 22.944).

También recordé en ese voto, con cita del maestro JOSSERAND, que Los conocimientos del espíritu más simples y más seguros, no son siempre aquellos que encuentran el mayor crédito en la conciencia universal, ni siquiera en la conciencia jurídica: mientras que sofismas especiosos resisten indefinidamente la acción del tiempo y de la crítica, hay verdades eternas, "ideas-fuerzas", o para hablar con frase anglosajona, "Standards" fundamentales, que aunque representan el armazón de todas las legislaciones en todas las épocas y en todos los países, se encuentran periódica o constantemente sujetas a discusión y aun a negación: de este número es el concepto de la relatividad, y consiguientemente, del abuso de los derechos, que constituye una de las piezas principales de los sistemas jurídicos de todos los países civilizados, o más bien, la atmósfera, el elemento mismo en que estos sistemas se desenvuelven y se realizan" (JOSSERAND, Louis, "El espíritu de los derechos y su relatividad", trad. de Eligio Sánchez Larios y José M. Cajica Jr., Ed. José M. Cajica Jr., México, 1946, p. 7) (cfr. mi voto, en decisión de la sala B de este Cuerpo, de fecha 3/9/08, in re "S., E. s/ Acción de Amparo" (Expte. N° 22.944).- Ergo, la vía procesal del amparo, y su limitado marco cognoscitivo, no pueden ser la palanca procesal que permita reclamar la protección de una situación previa dudosa, que de hecho debe esclarecerse en cuanto a sus alcances. Como se sostuviera en un meduloso voto en un fallo neuquino, resulta fundamental discernir que el amparo se da para establecer la lesión o no del derecho o garantía de que se trate, y no para discutir primero la conformación del derecho, y luego su eventual violación, dado que con ese criterio todo conflicto podría tramitar por esta vía. En otras palabras, esta particular acción procura dar protección expedita y rápida a los derechos fundamentales, pero no resulta idónea para delinear los contornos del derecho invocado, cuando éste aparece con ribetes dudososo o ambiguos. Entonces, si la acción que nos ocupa es un modo de garantizar, en forma rápida y eficaz, derechos de raigambre constitucional, bajo la sola condición de que el acto u omisión causante de la infracción exteriorice arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, cuando esto último no se patentiza, la vía idónea será otro tipo de juicio, con la correlativa bilateralidad, amplitud en cuanto a los medios de prueba, plazos, etc. (TSJ Neuquén, 24/11/03, voto del Dr. MASSEI, in re "Casas Julio César c/ Consejo Provincial de Educación s/ Acción de Amparo", en Juba sum. Q6975).- Se agregó allí que sobre la base de la evidencia o notoriedad que tiene que revestir el acto lesivo, la jurisprudencia se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que el andarivel de marras es inadmisible cuando las cuestiones planteadas como fundamento del carril elegido son opinables o discutibles (C.S.J.N., Fallos 270:69; 271:165; 273:84; 274:186; 281:394; 297:65; 310:622, entre otros), o cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate y prueba (Fallos 275:320; 296:575; 305:1878; 306:788, etc.) señalando que este criterio no ha variado con la sanción del nuevo art. 43 de la Constitución Nacional (TSJ Neuquén, 24/11/03, voto del Dr. MASSEI, in re "Casas Julio César c/ Consejo Provincial de Educación s/ Acción de Amparo", en Juba sum. Q6976).- En el caso de autos, aún de aceptarse las afirmaciones de la amparista, los derechos que invoca al menos son dudosos o discutibles, requiriendo al menos la práctica de ciertas probanzas y determinaciones complejas destinadas a acreditar la base fáctica y jurídica en que el actor basa su reclamo, lo que aleja el sub lite del centro de gravedad del amparo.

No dándose los presupuestos de andamiento de la acción de amparo, corresponde confirmar la decisión de grado que rechazara la pretensión actora, debiendo declararse la inacogibilidad de los tres primeros agravios.

- Pero además de tal argumento -que ya podría justificar el rechazo del recurso en análisis- creo que existen otros tan buenos como éste y concordantes con él. Dichos argumentos se extraen de un fallo del Máximo Tribunal de Justicia de esta Provincia, el que con motivo de un amparo ambiental, dejo trazadas importantes líneas doctrinales sobre el proceso de amparo en general -las que son de necesaria aplicación a este caso-.-- - El Superior Tribunal de Justicia del Chubut, con fecha 28/12/2001, en sentencia dictada en los autos caratulados: "G., E. L. D. V. c/Municipalidad de Trelew y/o quien resulte responsable s/Acción de Amparo" (registrada bajo el Nº 26 S.R.E.), declaró a través del primer voto del Dr. Royer que: "Esta cuestión -sin embargo- que no ha escapado a las controversias de opiniones- entronca con el carácter principal o subsidiario, excepcional u ordinario, que ha de otorgarse al amparo en el marco de la reforma constitucional. Mi opinión ya ha sido dada en SD Nº 14/SRE/01 - transcripta en 6.1 con cita de QUIROGA LAVIÉ: la excepcionalidad y la subsidiariedad, continúan siendo connaturales al Amparo. En esta postura se enrolan otros autores de renombre, especialistas en materia de Amparo, RIVAS (Pautas para el nuevo Amparo Constitucional - XVIII Congreso de Derecho Procesal - STA. FE - Junio de 1955 - pág. 595) y SAGÜES (Acción de Amparo - pág. 667) entre otros. Así surge -señalan Patricio SANMARTINO y Fabián CANDA , que también comparten este criterio- de la propia norma constitucional. "El enfático condicionamiento prescripto, al tiempo que consagra un criterio rector de admisibilidad amparista, fijando, correlativamente, una pauta de exclusión: el amparo no será el medio procesal adecuado si existen otros procesos que aseguren una útil y efectiva tutela judicial..." y acota: si existe ese medio, la vía excepcional del amparo queda automáticamente cerrada".-- - Siguió diciendo el juez de primer voto que "Por cierto que estos autores se inquieren sobre cuáles son los parámetros para decidir si existe o no vía más apta... "cómo" se determina el "cuándo"... y considera que la respuesta tiene anclaje en la presunción de eficacia garantizadora del sistema procesal vigente, ya que el constituyente con toda lógica entendió que los remedios procesales comunes ofrecen garantías suficientes y adecuada para tutelar en forma efectiva los derechos, ya que lo contrario -opina- sería "una ilogicidad meridiana, toda vez que dicho postulado, ab-initio, descalificaría a las leyes procesales como injustas y a todo el sistema procesal como irrazonable, por ende más que el imperio de la ley, regiría, desde esta línea argumentativa, el imperio de la inseguridad jurídica. En este contexto, la constitucionalización del amparo adviene como un implícito reconocimiento de que, sólo ocasionalmente, ante situaciones extraordinarias, los medios judiciales comunes -cuya eficacia se presume- resultan insuficientes para conferir una auténtica tutela judicial efectiva en los términos del art. 18 CN".- - Indicó luego el Dr. Royer que "Así es que, el "cuándo" del amparo, está sujeto a la confluencia de requisitos, íntimamente relacionados entre sí: - que el amparista logre destruir la presunción constitucional de eficacia del sistema procesal común. -que el amparista acredite la existencia de una situación de urgencia que haga necesario, objetivamente, conferir una tutela judicial inmediata ... Urgencia que se relaciona con "inmediatez" con que se debe conferir la tutela e "irreparabilidad" o imposibilidad de restituir, restablecer o salvaguardar -preservar- in natura el derecho de rango privilegiado que se denuncia violentado. - que el amparista logre demostrar que la vía del amparo es un factor de evitación del daño cierto, grave e irreparable que sobrevendría previsiblemente si el caso se ventilara por las vías comunes".- - Sostuvo luego el mencionado magistrado que "la presunción de eficacia del sistema procesal exime de prueba a la parte a quien favorece -esto es, la demandada-. Por lo tanto, la prueba que destruya dicha proposición competerá al amparista, quien tendrá la carga procesal de demostrar que el amparo incoado no persigue eludir las normas generales, sino que fue interpuesta atendiendo a la previsible inutilidad de los remedios comunes para tutelar en forma efectiva el derecho que dice violentado". Todo ello significa que el juzgador "in concreto" debe efectuar un pronóstico objetivo y razonable de probabilidad en torno de la relación causal que se cierne entre la remisión a los procedimientos judiciales y el daño grave e irreparable que dicha remisión provocaría en los derechos que se intentan tutelar. Si de este pronóstico surge que el uso de los remedios comunes no provoca daño irreparable, deviene claro que no se da la relación causal antedicha y por ende no quedará constitucionalmente justificada la utilización de la vía del amparo. (El Amparo Constitucional y sus relaciones con los demás cauces formales de tutela. (El "núcleo vital" del Amparo en la Constitución reformada) - JA 1996-IV-827). Tal la postura asimismo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Ballesteros..." del 4/10/94, en "Louzán..." del 17/11/94, y en "Prodelco..." de 7/5/96 - en particular el voto del Dr. FAYT (LL 1998 - C- 574)". El desarrollo del voto lo lleva luego a exponer que "De más está el aclarar que esta inteligencia en modo alguno violenta -sino por el contrario se ajusta- al art. 54 de la Constitución Provincial. Y, en cuanto al art. 5º de la Ley Nº 4572, habrá de analizarse en idéntico contexto, partiendo de los presupuestos enunciados en la Constitución Nacional, y que reitera su propio art. 3º.- Una inteligencia contraria conduciría a admitir esta acción siempre y en todos los casos que se planteen ante la justicia, porque siempre -en mayor o menor medida- un derecho constitucional está en juego, subyacente en la concreta pretensión".

- Sigue diciendo que "Relacionada -parcialmente- la apelante la cuestión de la vía más idónea con la necesidad de un mayor debate y prueba. No es excepción este recaudo a la situación controversial antes enunciada con respecto a la consideración del Amparo después de la reforma constitucional. GOZAÍNI, considera a ésta una causa de improcedencia que subsiste, pues si el admitir o no el amparo se supedita a la existencia de conducta de ilegalidad o arbitrariedad manifiestas, y a la ausencia de otra vía más apta, resulta evidente que no queda habilitado para cuestiones que requieran de tal amplitud, aunque deberá confrontarse si los trámites ordinarios que planifican una dimensión superior de conocimiento son idóneas para cubrir la expectativa de protección que se espera, atendiendo al objeto material solicitado, y a las facultades de actuación que tenga la magistratura para obrar con la expeditividad y rapidez que necesite el caso. (En Revista de Derecho Procesal Nº4 - pág. 71/72)2.- - Concluye el Dr. ROYER que "a mi juicio ni ha logrado destruir la presunción constitucional de eficacia del sistema procesal común, ni ha acreditado suficientemente la exigencia de una tutela judicial inmediata -el fallo mismo lo demuestra- ni el daño sobreviniente si el caso se hubiera ventilado por las vías comunes".-- - También el voto del Dr. TORREJÓN tiene interesantes aristas que son de aplicación en este caso; recordó el mencionado Vocal que: "Ha expuesto el Dr. ROYER, que entre los llamados presupuestos del Amparo, algunos derivan directamente de la norma constitucional - art. 43 CN - y provinciales consecuentes - art. 3 de Ley Nº 4572 - y otras han sido impuestas, o emergen, de normas rituales impuestas por las Provincias de acuerdo las facultades no delegadas que le asisten. Así lo destaca CASSAGNE, quien afirma que las Provincias tienen una suerte de poder legislativo "complementario" para reglamentar la legislación básica nacional dada por la Constitución, cuyo marco normativo y principios no pueden ser alterados por las leyes provinciales. Así como a su vez, las normas reglamentarias que dicte la Nación no deben alterar las "jurisdicciones locales" (Sobre la protección ambiental - LL 1995-E-1217). ..."- - Sostuvo luego que "Por otra parte, debo adherir sin hesitación ninguna, a la afirmación del Dr. ROYER de "encadenamiento" de todos los presupuestos de la Acción de Amparo entre sí..., como compatible absolutamente con los establecidos directamente por la norma constitucional. En particular con la expeditividad o prontitud de esta vía que tiene como circunstancia de hecho operativa la urgencia, y con el carácter excepcional y subsidiario de la misma, relacionado a su vez con la "vía más idónea".

- Luego el Dr. Torrejón expuso su adhesión "a la tesis de que esta vía es de carácter excepcional y subsidiario... y que de existir otras más aptas, debe ser desdeñada para evitar su "ordinarización". Criterio del que -como señala el preponente- se hace eco la mayoría de los tribunales (vg. Cám. Civ. Com. Rosario - Sala II - 2/8/96 "S...", CTrab. Rosario - Sala II - 25/6/97 "Z...", CCiv. Com. M J (Cba.) 3/7/97 "R..", Cám. 3º Civ.Com... Mendoza - 25/9/97 "UPCN...").-- - Por último, el voto del Dr. PASUTTI, también resulta de interés para la correcta resolución de esta litis. Dijo, en lo que aquí interesa el mencionado Vocal que "Atenderé también a la evidente relación -expuesta por SAGÜÉS y ya anticipada- entre la "urgencia" que justifica y habilita la acción y la "inminencia" que se requiere del daño para su procedencia, con la referencia que señalan los prevotantes de estos presupuestos, con la "naturaleza" de la acción y su relación con la "vía más idónea". - - Agregó después. "que el Amparo es un medio procesal excepcional, y no ha debilitado la reforma esa característica, surge de mi voto en SD Nº 14/SRE/01 (punto 4). Así también lo ha resuelto la jurisprudencia: "Las pautas jurisprudenciales que informan acerca de los recaudos de la acción de amparo no han variado, en términos generales, con el actual texto del art. 43 CN, de modo tal que las características de esta acción como vía de excepción se mantienen en el texto constitucional" (CNFral. Cont. Adm. Sala I - 18/4/96 "M..."). Es ilustrativa al respecto la publicación de Fernando GARCÍA PULLÉS (en LL 1995-A-861), que alude al tratamiento del art. 43 en el Plenario de la Convención Constituyente para la reforma, y en la Comisión de redacción. En esta última CAFIERO y BARCESAT propusieron la exclusión de la frase "siempre que no exista otro medio judicial más idóneo", a fin de "quitarle" su carácter residual; este último inclusive, sugirió retirar el recaudo de la "...arbitrariedad e ilegalidad manifiestas..". La posición fue resistida por los convencionales CARRIÓ, LÓPEZ de ZAVALÍA, y GARCÍA LEMA. El segundo recordó el principio de validez de los actos públicos, y la circunstancia de que una amplitud excesiva pudiera paralizar la actividad administrativa. GARCÍA LEMA insistió en mantener estos conceptos por ser "...el amparo una vía sumarísima excepcional, un remedio previsto para circunstancias excepcionales..." ( -"Vías procesales en la protección de los derechos del ambiente"-).

- Y luego expuso el Dr. Pasutti que "A este punto de partida, no comparto la "ordinarización" del trámite so pretexto de la operatividad constitucional. Que ésta ha "aguzado" el arma para hacer efectivos los derechos y garantías que tutela -ambiente incluido- no significa que haya dado vía libre a la posibilidad de acudir a este medio expeditivo en todo y cualquier caso. Lo ha hecho para los supuestos que enuncia, de afectación manifiestamente ilegal o arbitraria, con resultado de daño -efectivo o posible- grave e inminente. ... La "inminencia" debe ser siempre objeto de ponderación (CNFral. Cont. Adm. Sala I - "B, C..." del 22/2/01 - Voto del Dr. Coviello)".-- - Y, por si quedara alguna duda, dice luego el mismo que "El propio art. 43 lo enuncia: Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo...- Lo repite el art. 3º de Ley Nº 4572.- SAGÜÉS enuncia: "...los procesos ordinarios son generalmente más idóneos que el amparo para custodiar un derecho constitucional vulnerado, desde el momento en que en ellos se estudia cualquier tipo de lesión (manifiesta o no) con un aparato probatorio más amplio" (Amparo, Hábeas Data y Hábeas Corpus en la reforma constitucional - LL 1994-D-1191). En igual sentido se manifiesta BUSTAMANTE ALSINA: "La idoneidad de esta acción comparativamente con otras como la ordinaria, radicaría en su simplificada sustanciación, aunque va de suyo que la ordinaria es más apropiada, aún dentro de la complejidad del trámite, para allegar al proceso los elementos cabalmente demostrativos de la lesión constitucional" (Derecho Ambiental - pág. 80).--Recuerda el Dr. Pasutti luego que "la jurisprudencia sigue la misma orientación. En una posición extrema, el Superior Tribunal de Jujuy falla "...no constituye un medio de procurar solución jurisdiccional a una gama indiscriminada de conflictos, máxime cuando existen remedios judiciales o administrativos que no han sido tentados por los accionantes. En consecuencia, un ensanchamiento indebido de su cauce provocará su desnaturalización con la consecuente afección al principio del debido proceso por la cognición limitada que implica su trámite y descalabro de todo el mecanismo jurisdiccional...- El amparo no tiene por finalidad obviar o urgir el trámite de los procedimientos administrativos o judiciales previstos legalmente o reglamentariamente para el logro del resultado que con él se procura, ni resulta apto para autorizar a los jueces a irrumpir en asuntos ajenos a la jurisdicción conferida, alterando el normal juego de las instituciones vigentes" ("S.." 16/8/96 - LL NOA 3/3/97). Más moderadamente, se ha sostenido que esta acción "...no autoriza a atribuir al constituyente la intención de ordinarizar un trámite procesal tradicionalmente sumario y de excepción, cambiando las pautas jurisprudenciales seguidas en el país hasta el presente.... Su mayor o menor idoneidad comparativamente con otras vías judiciales, no puede ser sólo evaluada en función de su presunta mayor celeridad -pues llevaría a reconocer su procedencia para la protección de cualquier derecho de raigambre constitucional o legal; también se debe tener en cuenta la finalidad perseguida, o sea la tutela judicial efectiva de los derechos concretos que se alegan como conculcados" (CNFral. Cont. Adm. Sala I - 24/11/97 "M..." LL Supl. Der. Adm. pág. 8).- ".no está pensada para alterar las instituciones adjetivas vigentes, ni faculta a los jueces a sustituir los trámites pertinentes por otros más convenientes, cuando los remedios ordinarios no aparecen cuestionados como una forma de acceso oportuno e idóneo a la jurisdicción..."(CNTrab. - Sala V - 18/11/96 - DJ 1997-I-878)".- - Sigue diciendo luego que "este último fallo encara también la cuestión de mayor debate y prueba, y decide que "si la cuestión en debate transita por complejas facetas de hecho y prueba relacionadas con la esencia de los vínculos que exceden el prieto marco de cognición de la acción de amparo, no procede la aplicación de tal figura de excepción". La SC de Mendoza, desaconseja y determina la inaplicabilidad de la vía amparista "en aquellas cuestiones dudosas o complejas que para una correcta administración de la justicia, requieren de un marco amplio para el desarrollo del debate y el ofrecimiento y producción de pruebas" (10/6/97 - "Cons. Surballe-Sadofschi..." LL Supl. Der. Adm. del 16/2/97, pág. 57 - Idem CNFral. Cont. Adm. Sala II - 22/8/95 "La P...", Sala III - 16/2/95 - "V.." - LL 1995-E-498, Sala IV - 15/11/95 "E..." LL 1996-D-76)".-- - Y que "La vía ágil, eficaz y sencilla del amparo se halla estrechamente relacionada con la plataforma fáctica de la pretensión intentada y la naturaleza del derecho que la sustenta. Así, si lo pretendido por esta acción requiere un ámbito de cognición judicial extenso, con profundidad en la etapa probatoria, el camino del amparo ya no es el medio procesal adecuado para la protección del derecho. Por el contrario, sí será la senda correcta una acción de conocimiento, donde la presencia de medidas precautorias pueden resultar aptas para cautelar el reconocimiento del derecho vulnerado, en el tránsito a la sentencia definitiva" (S P de C -El rechazo "in límine" de la acción de amparo - LL 1997-B-419).

- Y luego el Dr. Pasutti recuerda el voto de dos jueces en un fallo de la Corte Suprema dice que "... ambos se refirieron también a la carga de demostrar la procedencia de este proceso de excepción, no puede sino recaer en cabeza de quien así lo invoca: "...la posible lesión -actual o inminente- a tales derechos debe ser satisfactoriamente demostrada por los demandantes" (Fallos 323:1261 - específicamente pág. 1276)". (STJ Chubut, 28/12/2001, in re "G., E. L. D. V. c/Municipalidad de Trelew y/o quien resulte responsable s/Acción de Amparo" (registrada bajo el Nº 26 S.R.E.), -- - Pasando en limpio estas máximas orientadoras y llevándolas al plano de los hechos de esta causa, surgen de esta transpolación importantes consecuencias, que terminan por desbaratar la pretensión del aquí recurrente.

- 1) Conforme jurisprudencia del STJ del Chubut y la opinión de prestigiosos autores, la excepcionalidad y la subsidiariedad continúan siendo connaturales al Amparo, pese a la reforma constitucional de 1994. Por ende, habiendo dispuesto el actor de vías procesales ordinarias para obtener la devolución de una acreencia patrimonial, no habiéndola ejercido, cuando a la par no se ha demostrado la urgencia extrema de la devolución que amerite recurrir a una vía excepcional como el amparo, el amparo aquí intentado no era desde un comienzo el medio procesal adecuado..-- 2) Acoger el planteo de autos implica en este caso "ordinarizar" el amparo al tornarlo una vía directa, principal, ilimitada, de cuestionar actos administrativos, lo que implica una ampliación de su natural objeto hasta llevarlo a convertirse en una vía indirecta de revisión por un juez de los criterios de los administradores que han intervenido en la cuestión, sobre la base de reglas vigentes. Ello, en nuestro concepto, no procede.-- - En palabras de Sagües, "la doctrina del amparo como vía ordinaria, que fue lo no querido y rechazado por la constituyente, obliga a meditar seriamente sobre la inflación y consecuente devaluación que puede producir esta acción" (SAGÚES, Néstor P., "Nuevamente sobre el rol directo subsidiario", en La Ley, 1995-D-1520/1).-- - 3) El amparista en autos no ha logrado destruir la presunción constitucional de eficacia del sistema procesal común.

Para que un amparo prospere es necesario que, quién deduce un recurso de amparo, se encuentre trabado o impedido en el ejercicio de un derecho constitucional, cuya integridad peligre y no disponga de otro medio racional para evitarlo. La acción de amparo se admite cuando la urgencia en restablecer la situación que se ataca, es presupuesto esencial para la procedencia de la vía escogida, así como la comprobación de un daño grave e irreparable, extremos que no se dan ni han quedado demostrados en autos, lo que desnaturaliza y pone en consideración a la materia que resulta extraña a esta vía excepcional de carácter sumarísima y que no admite mayor debate, por lo que resulta improcedente el recurso intentado (Sup. Trib. Just. Santiago del Estero, 04/02/2005, "O. D. L., N. v. PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ACCIÓN DE AMPARO-APELACIÓN", en Juba sum. Z0002206).

En rigor el apelante ni siquiera ha intentado destruir la presunción de eficacia del sistema procesal común, como no ha intentado tampoco conmover las vigas sentenciales que sostienen al decisorio apelado, limitándose a efectuar una serie de apreciaciones subjetivas -que bien pudieron conducir a la declaración de deserción de su recurso-, que permanecieron siempre en un plano paralelo al del fallo atacado, pero sin hacerse cargo de las razones dadas en éste ni lograron socavar sus bases de sustentación. - Pero no se aprecian en su escrito constitutivo del proceso ni en su apelación el desarrollo ni fundamentación que muestre al amparo como un trámite procedente en este caso, a la par que demuestre la insuficiencia o inadaptación de otras vías procesales comunes para tutelar su pretensión.

Por ende, el amparista no ha dado cumplimiento a otra de las exigencias que el STJ del Chubut sentara en su fallo de la causa "G." ya citada: el amparista no ha cumplido "la carga procesal de demostrar que el amparo incoado no persigue eludir las normas generales, sino que fue interpuesto atendiendo a la previsible inutilidad de los remedios comunes para tutelar en forma efectiva el derecho que dice violentado".-- - Es obvio que tal demostración requería un adecuado tratamiento y argumentación del punto, lo que no se aprecia en el escrito inicial de autos.

- Realizado el "pronóstico" que exige el STJ en "G.", surge de él que el empleo por el aquí amparista de los remedios comunes no le hubiera provocado a éste un daño irreparable, deviniendo por ende claro que no queda entonces constitucionalmente justificada la utilización de la vía del amparo en este caso.- - 4) Tampoco el amparista acredita la existencia de una situación de urgencia que haga necesario, objetivamente, conferir una tutela judicial inmediata ... Urgencia que se relaciona con "inmediatez" con que se debe conferir la tutela e "irreparabilidad" o imposibilidad de restituir, restablecer o salvaguardar -preservar- in natura el derecho de rango privilegiado que se denuncia violentado, en palabras del STJ en el caso "G.". Si se piensa un poco el daño alegado por el amparista no puede ser evitado por este medio, dado que la retención ya se produjo. En tal situación no veo en el caso que se resuelve dónde estaba la urgencia extrema justificatoria de recurrir al amparo, máxime cuando el trámite del mismo comenzó en Marzo de 2010 y todavía se está tramitando, lo que demuestra que el mismo no era apto para el trámite breve, expeditivo, limitado del amparo. Y, en consecuencia, ello refuerza mi determinación de que no era el amparo el medio idóneo para tramitar esta litis.

- De tal manera el amparista no ha logrado demostrar que la vía del amparo era un factor de evitación del daño cierto, grave e irreparable que hubiera sobrevenido previsiblemente si el caso se hubiera ventilado por las vías comunes, conforme la exigencia del STJ en el caso "G.". Si se piensa un poco, todos los requisitos exigidos como presupuesto de admisibilidad del amparo por el STJ del Chubut en el ya muy citado caso "G.", no se cumplen en este caso. Y tanto en el voto del Dr. Royer, como en el del Dr. Torrejón, se sostuvo la necesaria "confluencia" de tales requisitos, con lo que bastaría que no se cumpliera uno, para que el amparo fuera inadmisible. Y en este caso hemos visto que más de uno, si no todos, no se cumplen.- - 5) Además considero que las cuestiones planteadas en autos, son cuestiones complejas, que ameritan y exigen un mayor debate y prueba que el que un amparo puede producir.

- El amparo inicial de esta causa creo, ante estos argumentos, languidece.-- - 6) Duda y amparo son conceptos incompatibles. El amparo no es una flor que crezca en un terreno sembrado de dudas. Si existe duda sobre la violación de los derechos constitucionales, el amparo no procede, porque éste exige la arbitrariedad o inconstitucionalidad manifiesta, y si hay duda, justamente no hay una violación patente, manifiesta, incontestable. Tampoco procede el amparo si hay duda sobre cuál sería la vía procesal más idónea, justamente porque para que proceda el amparo, el amparista debe haber desvirtuaado la presunción constitucional de eficacia del sistema procesal común. Si subsisten dudas es porque no ha logrado desvirtuar esta presunción.

Ello lleva al rechazo de los tres primeros agravios del recurso de fs. 420/427. En cuanto al último, relativo a la imposición de costas por su orden, toda vez que la sentencia de grado que rechazara la demanda se mantiene en esta sede, y que no se aprecian elementos de juicio como para variar la imposición de costas, de por sí favorable para el actor, como que no le ha cargado la totalidad de las costas, pese al rechazo de la demanda, por lo que el agravio debe rechazarse.

Es más, sustancialmente el agravio está desierto, ya que el apelante se limite a lanzar mandobles contra la política recaudatoria de ARBA que ha establecido un sistema perverso -a su juicio-, pero sin lograr desvirtuar, ni intentarlo, los fundamentos que hicieron que en la instancia anterior se impongan las costas en el orden causado.

En tal circunstancia, la confluencia de ambas razones, la relativamente favorable imposición de costas al actor y la ausencia de refutación concreta y atinada de los fundamentos dados en el grado para basar tal distribución de costas, hacen que la pretensión revisora de su imposición naufrague irremediablemente.

IV. Por tales fundamentos, habré de proponer al acuerdo la confirmación del decisorio impugnado en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, imponiéndose las costas de alzada a la apelante vencida en esta instancia (art. (cfr. Art. 69 , Ley XIII, Nro. 5).

En cuanto a los estipendios profesionales, propondré la determinación de los de alzada correspondientes al Dr. J. C. E., letrado de la actora, en el 25% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado, porcentual que se corresponde con la importancia, mérito, trascendencia, calidad y resultado de las labores profesionales cumplidas en la alzada (arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46, Ley XIII N° 4).- Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Carlos D. Ferrari: --I. En el voto precedente el Dr. López Mesa ha hecho una reseña de los antecedentes del caso, de los fundamentos del fallo apelado y de los motivos de agravio expresados por la apelante, de manera que no será necesario abundar acerca de dichos aspectos. Por lo tanto, en los apartados siguientes abordaré las cuestiones planteadas a decisión de esta alzada, si bien puedo anticipar desde ya mi coincidencia, en líneas generales, con las conclusiones expuestas por el distinguido colega preopinante.II. La arbitrariedad o ilegalidad manifiestas a las cuales alude el art. 43 de la Constitución Nacional apuntan a lo notorio, es decir, aquello que se visualiza sin que sea necesario un estudio pormenorizado de la prueba y de los hechos (conf. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza o 02/12/1996 o Banco Exprinter o LA LEY 1997-D, 757 - DJ 1997-3, 763 o AR/JUR/2062/1996). En sentido análogo, se ha sostenido que siendo el amparo un recurso de trámite sumario (art. 17, Constitución Provincial), rápido y expeditivo, la arbitrariedad o ilegalidad que en el caso se pretende atribuir al hecho o actuación, debe demostrarse y surgir de modo manifiesto. De lo contrario, el amparo no resulta admisible cuando el juez interviniente en el recurso precisa un mayor y detenido análisis a efectos de determinar la presencia o no de esa ilegitimidad (conf. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe o 22/12/1993 o Capella, Juan A. y otros o DJ 1994-2, 59 o AR/JUR/2352/1993). III. En la especie no se presentan los requisitos señalados. En este sentido, bien ha puntualizado la doctrina que la procedencia del amparo requiere la existencia de un acto lesivo, involucrando con ello todo hecho positivo o negativo, sean actos, hechos, acciones, decisiones, órdenes, negocios jurídicos u omisiones, con capacidad para afectar los derechos de los particulares (conf. Morello-Vallefin, "El amparo - Régimen procesal" - pág. 18/19 - 4ta. edición - Librería Ed. Platense, La Plata, 2000); supuestos que no se han constatado en la causa bajo examen. En idéntica dirección, la Corte Suprema de la Nación ha expresado que la acción de amparo constituye un remedio de excepción y es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, así como cuando la determinación de la eventual invalidez del acto o conducta que se impugna requiere amplitud de debate y de prueba, extremos cuya demostración es decisiva para su procedencia (CSJN, 10/06/2008 , "Melano, Arriel Carlos c/AFIP (DGI) s/amparo ley Nº 16.986", Fallos 331:1403; CS, 15/05/2007, "Gianola, Raúl Alberto y otros c/Estado Nacional y otros", Fallos 330:2255), añadiendo en otro precedente que el art. 43 de la Constitución Nacional mantiene el criterio de excluir la acción cuando no se da el requisito de "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" en la afectación de los derechos y garantías constitucionales, requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla. (CS, 18/09/2007, "T.S.R. Time Sharing Resorts S.A. c/Neuquén, Provincia del s/amparo", Fallos 330:4144). IV. Es que la acción de amparo es, como se sabe, un dispositivo excepcional, destinado a brindar remedio rápido y eficaz para aquellas situaciones que en forma clara y evidente indiquen la imprescindible necesidad de evitar la lesión o amenaza actual o inminente de derechos o garantías de rango constitucional. Esta regla, consagrada particularmente en los arts. 43 de la Constitución Nacional, 54 de la Carta Magna Provincial y 3° de la Ley N° 4572, tiene como requisito básico de procedencia que se trate de actos, hechos u omisiones de una autoridad pública o de particulares que indiquen la esa probable afectación con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas. Esto significa que si el acto hipotéticamente lesivo no exhibe esas características en forma palmaria, ostensible, indudable, el amparo no resulta ser el arbitrio adecuado para debatir la cuestión litigiosa. Así lo vienen sosteniendo en forma pacífica la doctrina y jurisprudencia mayoritarias al interpretar los textos legales ya citados, y lo ha refrendado una vez más la propia Corte Suprema de la Nación en fallos recientes, al expresar: "La apertura de la acción de amparo exige la presencia de circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expedita" (conf. C.S.J.N. o 24/05/2005 o O., S. B. c. Provincia de Buenos Aires y otros o LA LEY 07/10/2005, 8; en igual sentido, C.S.J.N., 23/11/2004 o Intendente de Ituzaingó y otro c. Entidad Binacional Yacyretá o - LA LEY 2005-B, 725; entre otros).- V. Así, en lo que refiere a no haberse dispuesto la devolución de los fondos retenidos por ARBA en la parte dispositiva del fallo, supeditando dicha reintegro al cumplimiento de los trámites pertinentes -primer agravio, fs. 431/432-, considero que esta crítica no puede ser atendida. La sujeción al cumplimiento de normas administrativas de orden general para obtener el reembolso de los fondos no puede calificarse de un requisito "ilegítimo y absurdo", sino de la satisfacción de reglas reglamentarias e igualitarias que, prima facie, no se aprecian como manifiestamente ilegales ni arbitrarias, por lo que a mi criterio esta queja debe ser desestimada. VI. Acerca de la alegada omisión en la parte dispositiva de "declarar abstracta la cuestión de las sumas percibidas por sus acreedores..." "...conforme al considerando IV - fs. 424- de la sentencia apelada" (segundo agravio, fs. 432), francamente no se comprende el objeto de la declaración solicitada ni se advierte que haya mediado omisión alguna al respecto. Al adoptar este aspecto de la decisión, la sentenciante se limitó a comprobar que antes de ser notificada de la acción de amparo, la demandada había comprobado su error y había dispuesto la exclusión de la actora del padrón de contribuyentes, por lo que ese acto había sustraído la materia del pronunciamiento, de manera que la declaración efectuada en el punto I de la parte dispositiva, declarando abstracta la cuestión objeto del presente amparo, ha sido correcta y autosuficiente, sin que exista omisión alguna a su respecto. VII. El agravio titulado como "Futilidad del recaudo de reclamo previo e improcedencia del rechazo de la acción tendiente a la devolución de las sumas retenidas y/o percibidas" (fs. 433/vta.) agraviándose de lo dispuesto en el punto II de la parte dispositiva del fallo ya ha merecido respuesta en el ap. V precedente, donde he tenido ocasión de señalar que la remisión a las normas administrativas para gestionar el reintegro de los fondos retenidos no se aprecia como una disposición manifiestamente ilegítima ni arbitraria, sino como el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias generales vigentes, por lo que opino que el agravio también debe ser desestimado.

VIII. A la luz de todos estos elementos, considero que no se acreditado la existencia de una lesión o amenaza actuales o inminentes a derechos y garantías constitucionales, ni menos aún una ilegalidad o arbitrariedad manifiestas en los actos cuestionados que justifiquen acordar el amparo solicitado en los términos de los arts. 43 y 75, inc. 17 C.N., 34 y 54, Const. Prov. y 3° y conc. de la Ley V N° 84 - antes Ley 4572, habiéndose declarado correctamente la cuestión abstracta a partir de los hechos comprobados en la causa.IX. Las costas de primera instancia: El agravio referido a la imposición de las costas en el orden causado es, en mi opinión, igualmente inaudible. Adviértase que para así decidirlo la sentenciante a quo se apartó en forma excepcional de la regla general en la materia, que impone esta carga a la parte vencida, atendiendo a que "la parte actora pudo haberse creído con derecho para interponer la acción de amparo, teniendo en consideración para ello que el desarrollo de su actividad económica se efectúa únicamente en las provincias de Chubut y Santa Cruz" (conf. fallo, fs. 426 vta.). En suma, puede apreciarse que este aspecto de la decisión le ha sido favorable a la apelante, al acordar en su beneficio una solución que contempló las circunstancias particulares del caso. Mal podría pretender en cambio que se impusiera la totalidad de las costas a cargo de la parte demandada, cuando la pretensión, en definitiva, ha sido rechazada, por lo que la excepción al principio general sólo puede llegar a la exención, mas nunca a la imposición de dicha carga a la parte vencedora, porque ello importaría tanto como contrariar las disposiciones procesales vigentes (art. 69 -antes 68- del C.P.C.C. y art. 17, Ley V N° 84.-X. Conclusiones: - Como síntesis de lo expresado y en plena concordancia con el colega de primer voto, opino que el fallo apelado merece confirmación en lo que ha sido materia de agravios, con costas en la alzada a cargo de la parte recurrente (art. 17, Ley V N° 84), fijándose los honorarios del letrado actuante en esta sede, Dr. J. C. E., en el 25% de los que le correspondieron por sus tareas en la instancia de origen (arts. 5, 13, 18, 46 y conc., Ley XIII N° 4).Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.-- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de Trelew, Doctor Marcelo López Mesa, expresó:- En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente:

1) CONFIRMAR el decisorio impugnado en cuanto ha sido materia de recurso y agravios.- 2) IMPONER las costas de alzada a la apelante vencida.-- 3) REGULAR los estipendios profesionales de alzada correspondientes al Dr. J. C. E., letrado de la actora, en el 25% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado.-- 4) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.-- Tal mi voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Carlos D. Ferrari expresó: - Tal como lo adelanté, comparto en todos sus términos la resolución propuesta por el colega preopinante, votando en sentido idéntico.- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (art. 8 Ley V - Nº 17).- Trelew, de septiembre de 2011. En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:- S E N T E N C I A: CONFIRMAR el decisorio impugnado en cuanto ha sido materia de recurso y agravios.- IMPONER las costas de alzada a la apelante vencida.- REGULAR los estipendios profesionales de alzada correspondientes al Dr. J. C. E., letrado de la actora, en el 25% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO J. LOPEZ MESA CARLOS DANTE FERRARI JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA - REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2011 - SDE.- CONSTE.- JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO.