Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-22


SENTENCIA DEFINITIVA N° 95912 CAUSA N° 36.170 /2009 SALA IV "SIÑERIZ FABIAN MARCELO C/ EUROCINE S.A. S/ DESPIDO" JUZGADO N° 31.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 22 de noviembre de 2011 reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) A fs. 51/55 la actora apela la sentencia de primera instancia de fs. 44/47 que hizo lugar parcialmente a la demanda.

La recurrente se agravia, en síntesis, porque el Sr. Juez a quo consideró que la relación laboral se extinguió en los términos del art. 241 de la LCT, en razón del prolongado lapso (17 meses) que transcurrió entre el desconocimiento de la relación laboral por parte de la demandada y la remisión del telegrama de despido indirecto.

El apelante disiente de esa conclusión, pues estima -en síntesis- que el vínculo quedó resuelto por voluntad unilateral de la demandada "el día en que el actor recibió de parte de la demandada la carta documento, donde negaba toda relación laboral, o sea el 9 de abril de abril de 2008".

Anticipo que, a mi juicio, el recurso merece trato favorable.

II) En efecto, ante la situación procesal de la demandada (art. 71 de la L.O.) y la falta de prueba en contrario, cabe tener por ciertas las afirmaciones del actor en el sentido de que: a) éste comenzó a trabajar para la demandada el 5 de junio de 1997; b) durante el mes de febrero de 2008 la empleadora comenzó a negarle trabajo, por lo que, el día 29 de marzo, el dependiente le intimó telegráficamente a fin de que, en razón de esa negativa, fijara su situación laboral, bajo apercibimiento de darse por despedido; c) la demandada contestó mediante despacho del 9 de abril en el que rechazó su requerimiento y negó "cualquier tipo de relación a su respecto".

Esa actitud patronal resultaba contraria a lo que es propio de un "buen empleador", pues, si la demandada entendía que el vínculo no se había extinguido, debió, ante la concreta invocación del trabajador de negativa de tareas, expedirse concretamente acerca del cumplimiento o incumplimiento de su deber de ocupación y, en su caso, permitir la reanudación de las prestaciones (arts. 62 y 78, LCT). Sin embargo, optó por negar "cualquier tipo de relación", de manera que -acreditado en el juicio esa relación- cabe derivar de dicha conducta renuente, una presunción favorable a la afirmación del trabajador acerca del incumplimiento de aquel deber -art. 57 LCT- (esta Sala, 26/2/09, S.D. 93.903, "Chiesa, Víctor Fernando c/ Fruitful S.A. y otros s/ despido").

Asimismo, este Tribunal ha resuelto, ante un caso que guarda estricta similitud con el sub examine, que:

"Ante la terminante manifestación de la reclamada, desconociendo el vínculo laboral, que ha quedado sobradamente acreditado, y cuya existencia la reclamada no discute en esta alzada, mal puede imputarse al demandante violación del principio de buena fe del art. 63 de la LCT. Por otra parte, ante el mentado desconocimiento de relación, considero que exigir que el trabajador comunicara el distracto a quien ha negado ser su empleador configura exceso ritual manifiesto. Implicaría exigir al dependiente el cumplimiento de un mero formalismo, que a nada conduciría, habida cuenta de la terminante y arbitraria posición en que se colocó la demandada, más aún cuando por el pretendido mecanismo nada podía obtener el actor y menos aún la demandada, cuya posición había sido claramente manifestada. En síntesis, negada la relación laboral cabe entender que nada más correspondía efectuar al trabajador para considerar disuelta una relación ya desconocida por la reclamada, en términos que a mi ver comprenden el distracto" (CNAT, Sala VIII, 31/10/00, S.D. 29.386, "Sedmak, Vivian Débora c/ Kennel's Card Argentina S.R.L. y otro s/despido"; el subrayado me pertenece; en idéntico sentido: esta Sala, causa "Chiesa", antes citada).

En ese sentido, se ha sostenido reiteradamente que, como el despido ad nutum no requiere formas especiales, la conducta de la demandada que constituye un comportamiento concluyente en el sentido de no seguir ejecutando los contratos de trabajo celebrados con ellos, configura un despido, generador de derechos indemnizatorios (esta Sala, 31/8/07, S.D. 92.506, "Alanis, Dionisio Alfredo c/ Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. y otro s/ despido"; íd., 6/11/08, S.D. 93.720, "Iramain, Rodolfo Walter c/ Firme Seguridad SA y otros s/ despido"; íd., 25/3/09, S.D. 93.981, "Ochova, Antonio Enrique c/ Cooperativa de Trabajo Ferrocon Ltda.. y otro s/ despido"; íd., 24/2/10, S.D. 94.536, "Palacios Calixto c/ Empresa Ferrocarril General Belgrano SA y otro s/ cobro de salarios"; CNAT, Sala VIII, 14/10/98, "Sanabria, Marcos N. y otro c/ Prometex SA s/ despido").

Estimo entonces que cabe considerar extinguido el contrato, por decisión unilateral e injustificada de la demandada, el día en que el actor recibió la carta documento n° 927900515, lo que, a falta de mayores precisiones, considero ocurrido el día 14 de abril de 2008 (cfr. fs. 14), lo que conduce a admitir el reclamo de las indemnizaciones de los arts. 232, 233 y 245 de la LCT.

En cambio, no procede el incremento del art. 2° de la ley 25.323, pues el actor no practicó la intimación fehaciente prevista en dicha norma.

Tampoco corresponde el pago de la indemnización del art. 15 de la ley 24.013, pues el despido se produjo transcurrido el lapso de dos años (a contar del emplazamiento cursado el 28 de marzo de 2005, ver fs. 8) establecido por el citado precepto legal.

Como en la demanda el actor solicitó un resarcimiento por el trabajo clandestino, y si bien lo fundó en la ley 24.013, el art. 1 de la ley 25.323 contempla idéntica situación, sancionando dicho incumplimiento con el incremento de la indemnización por despido, considero que, en virtud del principio iura novit curia, corresponde condenar a la demandada a abonar el resarcimiento previsto en este último precepto (CNAT, Sala I, 28/4/03, "Molentino, María L. v. Pambi S.A.", LNL 2003-11-734; esta Sala, 30/3/06, S.D. 91.267, "Salomone, Miguel Ángel c/ González Diéguez, Amancio s/ despido").

III) Por lo que hasta aquí llevo dicho, y sobre la base de las pautas no impugnadas de la sentencia de primera instancia, corresponde reajustar la liquidación de condena del siguiente modo:

Rubros (e importes) firmes de fs. 46, punto 8	$ 4.654 Indemnización por antigüedad (11 x $ 1.500)	$ 16.500 Indemnización sustitutiva del preaviso, con incid. SAC	$ 3.250 Integración del mes de despido, con incid. SAC	$ 866,66 Art. 1° ley 25.323	$ 16.500 TOTAL	$ 41.770,66 IV) El nuevo resultado del pleito que por el presente propongo, conduce a dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios, y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 Cód. Procesal).

Las costas de ambas instancias deberían ser soportadas por la demandada, en su calidad de vencida (art. 68 Cód. Procesal).

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, y la etapa procesal cumplida (sólo la primera), estimo los honorarios de la representación y patrocinio del actor en el 11% del monto total de condena, incluidos los intereses; asimismo sugiero regular los estipendios del letrado del actor por su actuación en la alzada en el 2,5% del monto indicado (arts. 6, 7, 8, 9, 14 y conc. ley 21.839, y 38 L.O.).

V) En síntesis, voto por: 1) Modificar la sentencia apelada, elevando el monto de condena a la suma total de $ 41.770,66, con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada y regular los honorarios en los porcentajes indicados en el considerando respectivo.

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

Por coincidir con los fundamentos, adhiero a lo decidido en el voto precedente.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada, elevando el monto de condena a la suma total de $ 41.770,66, con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada y regular los honorarios en los porcentajes indicados en el considerando respectivo.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. GRACIELA ELENA MARINO HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria