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Prescripción, actos u omisiones de particulares, acción judicial, daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, sociedades offshore
Materia: CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Fos, Gastón c/ Banco Patagonia SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-26

Procede revocar la resolución que hizo lugar parcialmente a la demanda promovida contra el banco accionado, y en consecuencia, declarar prescripta la acción en los términos del CCIV 4037. Ello por cuanto, en el caso, la presente acción persigue la directa imputación al Banco demandado en carácter de promotor de la operación de inversión a través de un servicio de banca off shore brindado por su filial uruguaya (BPU), en violación a las normas coactivas del BCRA (ley 21526: 1, 7 y 19), constituyendo un acto ilícito que habría comprometido -en principio- la responsabilidad del banco demandado en orden a la reparación del perjuicio que esa operatoria habría ocasionado al actor y, para ello, resultaba insoslayable y necesario entablar la acción y dilucidarla, integrando al BPU y declarando la inoponibilidad de los actos jurídicos celebrados en su nombre. No habiendo ocurrido ello así, cualquier imputación que pretenda atribuírsele al banco accionado, derivada de actos obrados por un sujeto de derecho distinto de aquél con el cual el accionante aparece vinculado, encuadra en el ámbito de la responsabilidad extracontractual al no aparecer el banco demandado formando parte de las relaciones contractuales invocadas. Es que, la responsabilidad derivada de proveer o facilitar una intermediación ilícita para colocar inversiones en una entidad financiera del exterior, es de índole extracontractual y, desde este ángulo no puede sino concluirse en que el plazo de prescripción aplicable, efectivamente, es el de dos (2) años previsto para el tipo de responsabilidad endilgada (CCIV 4037). Así las cosas, en el caso, en esos términos, la acción se encuentra prescripta por haber transcurrido el plazo de referencia, desde la supuesta fecha de los hechos vinculados a la actividad ilícita que se atribuye -2008-. (En el caso, el actor invirtió cierta suma de dinero en dólares estadounidenses desde la cuenta abierta en una filial del banco accionado, en Uruguay en un fondo de inversiones -del tipo hedge fund- constituido en las Islas Vírgenes Británicas que hacía colocaciones en el fondo Madoff, siendo que la operación la materializó la sucursal uruguaya, por cuenta del actor, a través de la cuenta fronting a su nombre, quedando expuesto en el año 2008 al reconocido fraude, que implicó la desaparición de la inversión realizada y que motiva esta litis).
Proceso judicial, reclamo administrativo previo, habilitación de instancia, ley de procedimientos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Arias  José  Feliciano c/ EN  -Mº  Defensa-  EMGA s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de SEG".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-07

La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos contempla -según que se impugnen o no actos administrativos- dos vías a través de las cuales puede llegar a considerarse habilitada la instancia judicial para accionar contra el Estado Nacional: la primera llamada impugnatoria o recursiva exige el agotamiento de la instancia administrativa por vía de la obligatoria deducción de los recursos que para ello fuere menester y, posteriormente, la interposición de la acción judicial de impugnación del acto administrativo definitivo en un perentorio plazo de caducidad; la segunda, denominada reparatoria o reclamatoria exige el previo reclamo administrativo, para precisamente provocar el acto administrativo, antes de demandar al Estado Nacional (Buján, Néstor H. "Reflexiones sobre los requisitos procesales de admisibilidad de la pretensión administrativa y la habilitación de la instancia judical a la luz de las reformas de la ley 25.344" en Revista de Derecho Público, 2003-2, ed. Rubinzal- Culzoni).

(Cons.8).
Enfermedades inculpables, prescripción, accidentes de trabajo, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: MANUEL MALDONADO c/ S.A.  LUIS MAGNASCO Y CIA. LTDA. MANTEQUENA MODELO s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-30

No resulta adecuado atribuir al cambio de tareas -"más livianas"- el carácter de hecho determinante que haya permitido al obrero conocer su incapacidad permanente causada por el trabajo, si no existía un diagnóstico en tal sentido, por lo que cabe concluir que sólo con el despido tuvo noción de su estado físico, dado que hasta entonces cumplía con las tareas asignadas por su empleador.
Sentencia, recurso de inconstitucionalidad, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSEJO DE ADMINISTRACION HOSPITAL DE NIÑOS ORLANDO ALASSIA c/ TORRES, MARIA DEL CARMEN LUCIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (ACLARATORIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-05-13

Cabe hacer lugar al recurso de aclaratoria interpuesto en cuanto a las costas ocasionadas en esta instancia, por cuanto puede subsumirse en las previsiones del artículo 248 del código de rito atento la sustracción de materia declarada en las presentes actuaciones, correspondiendo establecer la solución dispuesta por el artículo 250 del Código Procesal Civil y Comercial, de aplicación conforme a lo normado por el artículo 13 de la ley 7055. Es decir, cada parte deberá soportar las costas causadas a su instancia y la parte que le corresponda en las comunes.
Improcedencia del recurso, confirmación de sentencia, responsabilidad concurrente, asegurador, daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: Terán Viaña Nicolás c/ Santillán Nicolás Ariel y o. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-03-15

Procede no hacer lugar al recurso de apelación incoado por la aseguradora codemandada, ni al recurso de apelación deducido por el demandado, en consecuencia, se confirma la sentencia que los condenó a abonar a la actora con los límites y condiciones dispuestos en el contrato de seguro respecto de la franquicia -en ocasión del accidente de tránsito producido- la suma resultante en concepto de daños y perjuicios, pues teniendo en cuenta los daños referidos, el lugar del impacto, la trayectoria descripta por los protagonistas previo al impacto y la posición final de los vehículos -elementos objetivos sobre los que no hay controversia-, resulta acertada la conclusión de la a quo en el sentido que el siniestro se produjo como consecuencia de la maniobra de giro hacia la izquierda realizada por el conductor demandado, constituyendo así un obstáculo insalvable para la actora que circulaba en sentido contrario y por su mano, la que terminó impactando contra el vehículo mayor. En el caso de accidentes de motocicletas con automóviles, no existe motivo para dejar a un lado la aplicación de la norma del art. 1113, segunda parte, segundo párr. del Código Civil, el que remite necesariamente al modo en que las partes deben soportar la carga de la prueba y su valoración. Cabe aclarar que no asiste razón a la aseguradora recurrente cuando insiste en que el colectivo conducido por el demandado contaba con "paso liberado de giro hacia a la izquierda" ya que la conducta debida por quien va a variar el sentido de circulación hacia una vía de menor jerarquía es justamente contraria a la que indica, así lo establece el art. 41 de la LNT; es decir, el demandado no sólo no contaba con preferencia de paso, sino que la maniobra realizada le exigía su máxima atención y cuidado. A mayor abundamiento, el carácter de embistente de la víctima en las particulares circunstancias del caso constituyó una condición o mera circunstancia, pero en modo alguno puede entenderse que actuó como causa eficiente o generadora del daño, es decir, no tuvo incidencia causal, por lo tanto no existe una causal de exoneración que libere a la parte demandada de responder.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, competencia de la Corte Suprema, contratos administrativos
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Sideco Americana  S.A.C.I.I.F. c/ Chubut, Provincia del s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

No es de la competencia originaria de la Corte la demanda por cobro de los títulos emitidos por una provincia a fin de negociar su deuda emergente de la celebración de contratos de obra pública y de suministro.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, Derecho laboral, trabajador, despido por falta o disminución de trabajo, sanciones disciplinarias
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Barranco, Oscar Hugo y otro c/ Federico Mainers Ltda. S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Salarios y  aguinaldos proporcional (Expte. CSJ Nº 288-83)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-09-12

Es admisible la queja sin en el recurso de inconstitucionalidad se plantea la arbitrariedad del fallo por falta de motivación suficiente en razón de que el Tribunal a quo, arrogándose el papel de legislador, lo sustenta en el artículo 223 del Régimen General de Contrato de Trabajo aplicable a las suspensiones fundadas en razones disciplinarias y no a las debidas a falta o disminución de trabajo, incurriendo asimismo en autocontradicción y desinterpretación de la prueba.
Daños y perjuicios, bancos, falta de legitimación para obrar, falta de prueba, improcedencia del recurso, derechos del consumidor, trato digno
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Zelaya Norma Isabel c/ Banco Macro S.A. (Suc. Tribunales) s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-03-17

Si se encuentra acreditado que la actora tuvo un altercado con la policía al reclamarle por el ingreso de una persona sin turno. El demandado debía demostrar que el trato a la consumidora fue digno. Por ello, frente a los indicios señalados, no puede soslayarse la conducta asumida por el banco, a quien le incumbe una responsabilidad objetiva. Es que los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios, respetando la dignidad de la persona conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. Por ello, deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias (art. 8bis LDC, 1097 CCyC y cc.). No puede ignorarse, en las concretas y particulares circunstancias de la causa, el malestar y padecimiento que le puede originar a la actora el recibir un trato indigno por parte del personal de la sucursal del banco demandado, a la que debe concurrir cada vez que tiene que efectuar un trámite en razón de su profesión
Desindexación, Ley de desindexación, aplicación de la ley, transporte terrestre, pérdida parcial de mercaderías, valor real, lucro cesante
Materia: COMERCIAL
Carátula: REDEX SAC c/ COORDINADORA DE SERVICIOS RA SA s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANS TERRESTRE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Admitida la aplicación de la ley 24.283, corresponde determinar su extensión. Esta Sala -acudiendo al mecanismo contemplado por el art. 23 de la ley 21.839-ha delineado un método que permite llegar a tal fin (cfr. Causas 712/94 del 12.4.94 y 2957/94 del 24.5.94). La demandada ha propuesto una suma concreta originada en el mecanismo seguido por el perito tasador, habiendo omitido un dato relevante, "la ganancia esperada", que el perito tasador había indicado -respecto de diciembre de 1981, de modo que en la actualidad (y a ello apunta la ley), puede ser distinto en 110%. Por lo tanto, devueltas estas actuaciones a primera instancia, se encomendará al perito tasador que determine, mediante consulta en plaza o por el "método indirecto" incorporando la ganancia esperada pertinente, cual es el valor real y actual de la mercadería faltante. Si el resultado que se obtiene es superior al sugerido por la demandada, en cualquiera de las hipótesis se dará prioridad al mayor, siempre y cuando no esté por encima de la suma resultante de la liquidación practicada por la actora para el rubro capital. La adopción del mayor valor responde al hecho de que la demandada ha establecido un "piso". Entonces, si el valor en plaza no existiera o fuera inferior al sugerido por la accionada, se tomará éste y se le adicionará el beneficio esperado. En cambio, si fuera superior, se optará por aquél.
Constitución Provincial, aplicación de la ley, derechos y garantías constitucionales, sistema electoral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PARTIDO MOVIMIENTO VIABLE s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA-SALTO DE INSTANCIA Y EXPEDIENTES  ACUMULADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-10-28

El dictado de la Cláusula Transitoria Sexta de nuestra Constitución Provincial no satisface el requisito de que exista una necesidad social imperiosa, toda vez que dicha necesidad y el interés público imperativo que subyace en la obligación de los poderes (constituyente y constituido) de asegurar la vigencia del principio republicano de gobierno, no depende de la decisión política o interpretación que se haga o deje de hacerse de una circunstancia única, excepcional e irrepetible ocasionada por el tránsito de un régimen constitucional a otro, toda vez que la consagración de la posibilidad de la reelección y su limitación se encuentra explícitamente contemplada en el art. 152 de la Constitución de la Provincia.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Asesoría Tutelar N° 1 Contra Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y Otros sobre Incidente de Apelación - Amparo - Genérico", expte. SACAyT n° 31418/16-5 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-28

Corresponde rechazar la queja debido a que el recurrente no logra plantear una cuestión constitucional ni demuestra que la decisión impugnada sea arbitraria. Los agravios que el demandado pretende traer a conocimiento de este Tribunal (evaluación del cumplimiento de la medida cautelar dictada en autos y de la procedencia de las astreintes) exigen el análisis de circunstancias de hecho y del derecho procesal infraconstitucional, cuestiones que resultan, en principio, privativas de los jueces de mérito, sin que el quejoso logre articularlas con la interpretación de las cláusulas constitucionales que invoca. Asimismo, los agravios son invocaciones genéricas que solo trasuntan la disconformidad con la sentencia recurrida, sin esbozar siquiera las razones concretas por las cuales la fijación de las astreintes resultaría ilegítima. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Daños y perjuicios, ofensas cometidas por medio de la prensa, programa de televisión, jueces
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ DE VIVAR, Elisa Matilde c/ NEUSTADT, Bernardo y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-21

Las apreciaciones vertidas en un programa de televisión en el cual se acusó a un juez de haber actuado en connivencia con terceras personas no pueden calificarse como carentes de entidad injuriante, particularmente si se advierte que las encuestas revelan un grado de desprestigio por parte del Poder Judicial y un creciente descreimiento de los ciudadanos en la eficacia de la actividad de sus integrantes.
Daños y perjuicios, automotores, culpa, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: QUIROS V. c/ DI SANTO s/ Daños Perjuicios (LIBRO: S065 - 026)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-06-15

Las lesiones sufridas por la menor embestida, demuestran que la velocidad de circulación del automóvil, superior a la normal, lo que le impidió dominar el rodado.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Egües, Alberto José c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

No es óbice a la declaración de incompetencia de la Corte para conocer en instancia originaria en la causa el hecho de que el actor cuestione la validez constitucional de ciertas normas procesales locales, ya que nada obsta a que los magistrados provinciales entiendan en dichas cuestiones federales, sin perjuicio de que ellas puedan eventualmente ser sometidas a conocimiento del Tribunal por la vía prevista en el art. 14 de la ley 48.
Daño moral, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ríos de Mateheis, Angélica V. c/ Franco, Gregorio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

Son bien sabidas las dificultades que enfrentan en punto a determinar la indemnización del daño moral, ya que éste -por su propia naturaleza- no resulta mensurable con criterios estrictamente objetivos, ni por procedimientos matemáticos. Corresponde -pues- atenerse a un criterio fluido que permita computar todas las circunstancias del caso, sobre la prudente ponderación de la lesión a las afecciones íntimas del damnificado y a los padecimientos experimentados, es decir, a agravios que se han configurado en el ámbito espiritual del reclamante y que no siempre resultan claramente exteriorizados. Es por ello que su monto se encuentra sujeto a la circunspección y discrecionalidad del juzgador (art.

1078 Cód. Civil, 165 Cód. Proc.).
Impuestos, régimen penal tributario, ley penal tributaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Agroferia SRL (TF 20436_I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-15

La ley 24.769 rompe con la prejudicialidad que establecía el artículo 16 de la ley 23.771. Allí se le impedía al fisco dictar resolución administrativa hasta tanto no se haya dictado sentencia en la causa penal. Aquí sucede exactamente lo contrario, con excepción de las sanciones, convirtiendo el proceso penal en un virtual "solve et repete" y permitiendo la contradicción jurídica. Ello por cuanto el sujeto puede estar obligado a pagar una deuda que no existe y tal demostración surgirá el proceso penal (Del voto del juez Morán, cons. VII).
Materia: PROCESAL
Carátula: FORO DE ABOGADOS s/ Plenario convocado en Expte. Nº 84 "Foro de abogados - Apelación Dra. Silvia García Gutiérrez - Apelación de sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados S/ Plenario"
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-08-08

El artículo 42 de la ley 3725, en cuanto asigna competencia a la Corte de Justicia para entender en el recurso de apelación previsto en esa disposición, ha quedado derogado por virtud de lo dispuesto en el artículo 281 de la misma Constitución de la Provincia de San Juan.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Giménez, Alfredo s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-12

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia que -respecto de la materialidad ilícita- la Cámara ha efectuado una remisión al fallo de primera instancia, mencionando inadecuadamente las especies probatorias a las que remite, y omitiendo señalar de que forma concreta se forman los supuestos indicios o cual es la pericial a la que recude, si la Cámara -aunque con deficiente técnica- dio por acreditado el delito con testimonios que individualizó, y mediante remisión meramente pericial al fallo de primera instancia, incorporó su fundamento legal, aclarando la naturaleza pericial y presuncional de los elementos citados por el "a quo", y proporcionó las razones por las que habría de confirmar la decisión apelada, pudiéndose conocer suficientemente tanto el contenido de lo resuelto como el sentido del apoyo legal.
Relaciones de familia, Pacto de San José de Costa Rica, derechos de las niñas, niños y adolescentes, derechos y obligaciones de los padres
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: S., A. M. c/ A., H. M. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-07

El art. 32 del Pacto San José de Costa Rica remarca el conjunto de derechos y deberes que atribuye a hijos y padres, de lo que se infiere que si el padre no cumple con los derechos de su hijo, incumple sus deberes. De este precepto surge expresamente que toda persona tiene "deberes" para con su familia (ap. 1) y que los derechos de la persona están limitados por los derechos de los demás (ap.2). (Minoría u opinión personal)
Empresas del Estado, Obras Sanitarias de la Nación, gratificaciones
Materia: LABORAL
Carátula: ILLANES, ANTONIA GUILLERMINA Y OTROS c/ OBRAS SANITARIAS DE LA NACION s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-07

El premio abonado con sustento en la resol. 73460 constituye un aumento voluntario otorgado por única vez, no pudiendo cambiar el carácter ocasional del mismo, el hecho de que la forma de pago se estableciera en seis meses, por cuanto así lo indicó la norma al momento de otorgarlo.
Subasta judicial, LEY DE CONCURSOS, ley provincial, martillero, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Santangelo, Horacio s/ CONCURSO   PREVENTIVO  S/QUIEBRA (INCIDENTE  APELACIÓN)  S/CASACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-05-12

En un concurso, cuando se propicia la aplicación del art. 31 Ley 2051 y tratándose de una subasta suspendida por causas ajenas a los martilleros, se debe admitir que el propio texto de la norma expresa que se aplicará en cada subasta suspendida e inmediatamente después de ocurrido el hecho, sin ninguna otra sustanciación o espera y aún cuando le correspondiere al mismo martillero realizar el nuevo remate posteriormente. De tal manera, aparecen inicialmente dos observaciones: 1ra.: no es frecuente pero sucede que en los concursos una subasta pueda frustrarse varias veces. Con la tésis que no comparto, en cada una de esas oportunidades el mismo martillero podría cargar a la masa la falsa comisión. 2da.: el texto contiene imposiciones procesales ("sin ninguna otra sustanciación o espera") francamente contrarias al trámite habitual de los concursos, especialmente los referidos a la remuneración de profesionales y demás auxiliares.
Honorarios, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: CLARIA RICARDO RUBEN c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS S.A s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-21

El artículo 100 de la ley arancelaria posibilita la regulación por el juez de primera instancia con vistas de las actuaciones administrativas y sin sustanciación. En autos, no puede pasarse por alto que, en oportunidad de practicarse planilla de liquidación final del juicio, se solicitó la regulación de los estipendios profesionales del abogado por su intervención en el expediente referenciado, de lo cual tomó debido conocimiento la contraria, sin que formulara ninguna oposición.
Medida de no innovar, levantamiento de medidas cautelares
Materia: Procesal
Carátula: Herrera, Julio Roberto Claudio y Otros c/ Provincia del Chubut -Superior Tribunal de Justicia- s/ Ordinario-Prohibición de innovar Pérez, Javier Fabián c/ Provincia del Chubut - Superior Tribunal de Justicia s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-12-04|1992-12-04

Las causas alegadas para lograr el levantamiento deben necesariamente ser sobrevinientes, pues en tanto no se advierta alteración de la plataforma fáctica tenida en cuenta en ocasión de disponer la cautelar, no es lícito volver sobre una situación que fue ya materia de decisión, cualquiera sea el acierto o desacierto de esta última.

En síntesis, la naturaleza provisional de las medidas en cuestión hace sentir su influjo recién a partir de la modificación del cuadro de situación antes valorado; previo a ese instante, impera por el contrario la firmeza ganada por el decreto, inmune a revisiones tardíamente propuestas.