Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-09


En la ciudad de Buenos Aires, a los 9días del mes de agosto del año dos mil seis, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Mariano Luis Bertelotti a fs. 14/22 de la presente, de la que:

RESULTA:

1º) Que a fs. 1/4 del presente incidente obra el planteo de nulidad interpuesto por el Emilio Cappuccio, titular de la Defensoría Oficial nº 4 en lo Contravencional y de Faltas, contra el procedimiento llevado a cabo en autos, la medida cautelar adoptada y la resolución de fs. 10/11del expediente principal.

2º) Al contestar la vista a fs. 6/7, la Sra. co-titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contravencional y Faltas nº 4, entendió que "el procedimiento fue efectuado legalmente, debiendo permanecer incólume por cuanto se llevó a cabo a resguardo de las garantías constitucionales relativas al debido proceso".

3º) Que a fs. 9/13 obra decisorio del Sr. Juez de Grado, Marcelo G. Bartumeu Romero, por el que resuelve no hacer lugar a las nulidades articuladas por la Defensa, respecto del procedimiento llevado a cabo el 15 de marzo de 2006, que incluyó el secuestro de una estantería metálica, veintitrés cajas de Saladix, ochenta y un alfajores, cinco cajas de maní con chocolate, cinco turrones, veintitrés paquetes de galletitas, un pack de agua mineral, una caja plástica con milanesas y cuarenta y tres obleas, que aparecen detallados en el acta correspondiente de fs. 3 del principal; como también de la resolución del 29 de marzo de 2006, mediante la cual aprobó la actuación policial y convalidó la incautación de los efectos antes indicados (ver fs. 10/11 del principal).

4º) Que a fs. 14/22 obra el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial contra la resolución mencionada ut supra, solicitando su revocación.

5º) Que a fs. 23 el Juez de Grado concede el recurso de apelación interpuesto por la defensa.

6º) Oído el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 29/30, pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a dilucidar: ¿resulta admisible el recurso de apelación interpuesto, y en su caso ¿resulta adecuado a derecho el resolutorio recurrido PRIMERA CUESTIÓN:

Admisibilidad del Recurso 7º) En primer término, cabe mencionar que el recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 50 de la ley nº 12 y art. 450 del C.P.P.N., respectivamente, y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

En efecto, el Sr. Juez de Grado resolvió con fecha 26 de mayo de 2006 rechazar en un todo el planteo del Sr. Defensor Oficial, resolución que fuera notificada a la defensa oficial el día 30 de mayo del mismo año (fs. 13 vta.), quien interpuso el recurso de apelación el día 2 de junio ppdo. (fs. 14/22 a las 12:58 horas.), es decir dentro del tercer día de su notificación, mediante escrito fundado con indicación de los motivos de su agravio.

Este Tribunal ha dicho que si bien la ley 12 prevé expresamente la apelación de sentencia (art. 50) y hace otras referencias a dicha vía (art. 29 y 57 inc. 3), es de aplicación supletoria el Código Procesal Penal de la Nación, en atención a lo dispuesto por el art. 6 de la ley citada (in re Corjuera, María s/Infr. art. 83 C.C., Apelación, expte. nº 5428-00/CC/2006, resuelto el día 15 de mayo de 2006) De allí entonces que la temporaneidad del recurso de apelación en aquellos casos en que no esté estipulado un término especial, está prevista por el art. 450 del C.P.P.N. (tres días).

Por otra parte, las resoluciones impugnables son las declaradas apelables expresamente por la ley nº 12, como así también las previstas por el art. 449 del C.P.P.N., entre las que se encuentran todas aquellas que causen un gravamen irreparable.

Frente a ello, consideramos que la decisión del Sr. Juez de Grado será capaz de irrogar un gravamen irreparable en los términos exigidos en esta instancia, siendo en consecuencia la resolución cuestionada de aquéllas que han sido indicadas como objeto de impugnación. Concluiremos en la admisión del recurso interpuesto.

8º) Por lo expuesto, siendo admisible la vía procesal intentada, corresponde entrar a analizar los agravios del impugnante.

SEGUNDA CUESTIÓN:

De los agravios 9º) En lo relativo a la cuestión de fondo traída a estudio de esta Alzada, cabe analizar los agravios expresados por el Sr. Defensor Oficial en el recurso obrante a fs. 14/22, contra la resolución del a quo de fs.10/11.

Adelantamos que confirmaremos la decisión recurrida, conforme las consideraciones que expondremos a continuación.

En este caso sub examine no encontramos ningún vicio sustancial ni violación constitucional que pueda servir de fundamento para que se declare la invalidez de un acto.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que "la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia" (Fallos 295:961; 298:312; 311:237, entre otros).

10º) La Defensa Oficial se agravia en que el secuestro efectuado en autos careció de toda razonabilidad, por falta de motivación, y que del análisis de la figura contravencional prevista en el art. 83 de la ley 1472, y de su comparación con las constancias que han sido agregadas al expediente, asegura que en este caso no existe un hecho típico.

Con respecto a la atipicidad de la conducta, si la defensa técnica observó "...la inexistencia del delito cuando resulte manifiesta de la mera descripción efectuada en el acto promotor..." ("Código Procesal Penal de la Nación" comentado Francisco J. D'Albora, Editorial Abeledo Perrot, Año 1999, pág. 585) no se debió plantear como una nulidad sino como un supuesto de falta de acción por inexistencia de delito, el cual está previsto en el art. 339 inc. 2º CPPN, ya que la vía escogida no es la pertinente para manifestar su discrepancia respecto de la relevancia jurídico penal de los hechos en cuestión.

Por otra parte, la atipicidad planteada por la Defensa no deviene palmaria y evidente, por lo que derivar una nulidad del procedimiento policial por ausencia de contravención, resulta, al menos, prematuro.

Las medidas cautelares sólo pueden ser mantenidas mientras permanezca invariable la situación fáctica que primariamente aconsejara su adopción por el órgano jurisdiccional.

De allí que al haber señalado el juez de grado que no es posible descartar, en este estadio procesal, que la conducta imputada a Valenzuela pueda configurar el tipo contravencional de uso indebido del espacio público (art. 83 ley 1472), lo cierto es que éste es un pronunciamiento de carácter provisional, más allá de que, avanzado el proceso, una nueva evaluación sobre el encuadre legal lo convenza de lo contrario.

En el caso analizado la conducta reprochada al imputado constituiría "prima facie" una contravención (art. 83 LC), por lo que resulta correcta la decisión de convalidar el secuestro.

De ahí que, firme la sospecha de responsabilidad en cuanto a la comisión de la contravención -que motivara el secuestro de los elementos reseñados por parte del personal policial- se sigue que la medida cautelar ha sido correctamente adoptada.

11º) El Sr. Defensor Oficial manifestó que el control jurisdiccional del secuestro efectuado por la P.F.A fue tardío e ineficaz, contrariamente a las exigencias que derivan del art. 21 de la L.P.C., de la garantía constitucional del debido proceso (a la cual se liga la presunción de inocencia de todo imputado, que obliga al Estado a tratarlo como si fuese inocente), y del derecho a la propiedad privada de quien aparece como legítimo poseedor de los bienes que fueron secuestrados (arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, y art. 13 de la C.C.B.A.).

La finalidad del art. 21 de la L.P.C. es que el fiscal tome conocimiento del secuestro practicado por personal policial preventor en el preciso momento que se incautan los bienes (ver fs. 1 vta.), y que el Juez de grado convalide tal acto, por lo cual a nuestro entender se debe analizar si se ha actuado con la premura necesaria en el caso analizado.

Las presentes actuaciones se iniciaron el día 15 de marzo del cte., siendo remitidas a la Fiscalía interviniente el día 28 de marzo, fecha en que fueron elevadas al órgano jurisdiccional (conf. fs. 8 ppal.).

Si bien es cierto que el plazo de once días transcurrido entre la última diligencia policial (16 de marzo del cte.) y la remisión a la Fiscalía (27 de marzo) resulta carente de justificación, tal demora resulta achacable a las fuerzas de seguridad, ya que el titular de la acción actuó con absoluta premura (24 horas). Cierto es que, sin perjuicio de la necesidad de un control efectivo sobre la actuación del personal policial para brindar mayor celeridad sobre el procedimiento, conforme se desprende de lo afirmado por el juez a fs. 9/13 del incidente, la demora en la convalidación no ha ocasionado perjuicio real alguno para el recurrente, no resultando afectado el principio de razonabilidad. La mera alegación a la afectación de la propiedad privada es insuficiente para sustentar un agravio fundado en la demora de la convalidación jurisdiccional del secuestro de fs. 3 ppal.

De esta forma al referirnos a la "inmediatez" (art. 21 L.P.C), debemos apelar a la sana crítica del juez, quien debe hacer un análisis de qué es razonable a luz de los hechos específicos correspondientes a cada caso.

Si queremos estimar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso tres son los requisitos necesarios: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. (Conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos "Geni Lacayo", del 29-01-1997 y "Suárez Rosero", del 12-11-1997). Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el plazo razonable "depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que no puede traducirse en un número de días, meses o años" (Fallo Barra, Roberto Eugenio, causa Nº 2053-W-31 rta. 9/3/04).

Es por ello, que no habiéndose afectado derecho constitucional alguno, rechazaremos el planteo de nulidad efectuado por la Defensa Oficial .

12º) Finalmente, la defensa técnica impugna la decisión del magistrado de fs. 10/11 del expediente, por cuanto considera que evidencia un caso de arbitrariedad por falta de fundamentación (arts. 1 y 28 de la C.N).

Contrariamente, la resolución recurrida no es incongruente ni auto contradictoria, y constituye una derivación razonada de los hechos y del derecho vigente, ya que por un lado afirma la existencia de contravención y por otro confirma una medida asegurativa cuyo presupuesto es un hecho con relevancia jurídico-penal (contravención prevista en el art. 83 de la ley 1472).

Ante la inexistencia de vicio alguno de carácter esencial, que nulifique lo resuelto por el Sr. Juez a quo, siendo que los agravios sostenidos por el defensor son muestras de mera disconformidad con la apreciación efectuada por el magistrado, corresponde rechazar el presente planteo.

A la luz de lo que venimos sosteniendo en los párrafos precedentes, la resolución del juez contravencional exhibe una motivación coherente y lógica.

Al respecto, Fernando De la Rúa explica que para que la motivación sea lógica, es necesario que sea coherente, "es decir, constituída por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, formulados sin violar los principios de identidad, de contradicción y tercero excluído. Para ello, debe ser: a) congruente, en cuanto las afirmaciones, las deducciones y las conclusiones deben guardar adecuada correlación y concordancia entre ellas; b) no contradictoria, en el sentido de que no se empleen en el razonamiento juicios contrastantes entre sí, que al oponerse se anulen; c) inequívoca, de modo que los elementos del raciocinio no dejen lugar a dudas sobre su alcance y significado, y sobre las conclusiones que determinan" ("La Casación Penal", Editorial Depalma, Año 1994, pág. 156/157).

Del mismo modo compartimos el concepto de motivación dado por Fernando Díaz Cantón así que "... es la exteriorización por parte del juez o tribunal de la justificación racional de determinada conclusión jurídica...Esta necesidad de exteriorización de los motivos de la decisión, retroactúa sobre la propia dinámica de formación de la motivación, obligando a quien la adopta a operar; ya desde el principio, con unos parámetros de racionalidad expresa y de conciencia autocrítica y mucho más exigentes. Pues no es lo mismo resolver conforme a una corazonada que hacerlo con criterios idóneos para ser comunicados. Sobre todo en un sistema procesal que tiene el principio de inocencia como regla de juicio". ("La motivación de la sentencia penal y otros estudios", 1ª Ed. Buenos Aires, Editorial Del Puerto, Año 2005, pág.99).

De tal forma se encuentra motivada la resolución jurisdiccional del juez a quo en los presentes actuados, puesto que circunscribe el hecho y brinda precisos fundamentos acerca de su decisión.

En consecuencia, resultando ajustada a derecho y a las constancias de autos, corresponde confirmar la resolución obrante a fs. 10/11, en todo cuanto ha sido materia de recurso.

13º) Atento al mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I. CONFIRMAR el decisorio recurrido, obrante a fs. 10/11, en cuanto no hace lugar a los planteos de nulidad realizados por la Defensa del Sr. Juan Carlos Valenzuela.

II. Tener presente la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese al Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 11, a fin de que efectúe las notificaciones pertinentes.

Ante mí:

La Marta Paz no firma por hallarse en uso de licencia. Conste.

Endede 2006 notifiqué al Sr. Fiscal de Cámara. Conste.

En de de 2006 se remitió al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº11. Conste.