Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-01


Salta, 1º de marzo de 2013.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "MERCADO, JORGE ALBERTO y RUIZ, MARCOS c. DUKY S.R.L. y/o otros - ORDINARIO", EXP - 19143 /7; originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo Nº 1, para resolver las apelaciones interpuestas a fs. 378/380 vta.; 385/390 y 391/396, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Cabrera dijo: Vienen estos autos a fin de resolver las apelaciones interpuestas a fs. 378/380 vta.; 385/390 y 391/396, por los codemandados en autos: Alberto José Dolan, FORKEY SRL y DUKY SRL, respectivamente.

Apelación de fs. 378/380 vta.: El codemandado Dolan se agravia por las afirmaciones contenidas en el Punto V) de los Considerandos de la sentencia de la instancia, formulando expresas negativas respecto a su condición de integrante de las empresas demandadas y también sobre su condición de empleador de los actores, argumentando que por ello mal puede aportar dato alguno o dar versión de los hechos en cuanto a la relación laboral existente entre los actores y las empresas. Agrega que su versión de los hechos efectuada al responder la demanda, estuvo orientada a probar la falta de legitimación pasiva, por lo que no ha existido de su parte la mentada ambigüedad, ni evasiva al contestar demanda, ni ha incumplido lo dispuesto por el art. 356 del CPCC, como se afirma en la sentencia. Que ha quedado acreditado en autos que no integró jamás la sociedad DUKY SRL, QUE PIZZA SRL ni FORKEY SRL lo que ha quedado probado por los contratos sociales obrantes en autos como por la prueba informativa librada a la IGJ. Solicita se revoque la sentencia y se haga lugar a la excepción opuesta.

Se agravia el recurrente de la interpretación que efectúa el A-quo de las testimoniales de Liendro y Aramayo, expresando que ellas no prueban los dichos vertidos por la actora en la demanda, es decir que fuera él quien los contratara, les pagara los sueldos y les impartiera las órdenes, por lo que debe revocarse la sentencia.

También formula como agravio la fundamentación esgrimida por la sentenciante a fin de responsabilizarlo personalmente en carácter de empleador y decidir su condena basado ello el hecho de que en los contratos de locación analizados, su parte asume la calidad de codeudor solidario, lo que -dice- resulta totalmente arbitrario e infundado al pretender convertirlo en empleador de las personas que están bajo la dependencia de la empresa que alquiló un local en un centro comercial, por el hecho de ser codeudor solidario en el contrato de locación. Que su responsabilidad como codeudor solidario es sólo para el caso de incumplimiento con los pagos de los cánones locativos, impuestos, tasas, etc., y que únicamente lo obliga con la empresa locataria y el shopping respecto a ese contrato de locación. Efectúa consideraciones y concluye en que no se puede hacer extensiva la responsabilidad a su parte en los términos del art. 54 de la ley 19.500 y aclara que jamás fue intimado en los términos de la ley 24.013 ni de la LCT, por lo que resulta infundado y arbitrario que se le haga extensiva tal responsabilidad.

A fs. 410/413 vta. obra responde de la actora solicitando el rechazo de la apelación, con costas, y formulando reserva de los recursos extraordinarios, para el supuesto de que se haga lugar al recurso.

Apelación de fs. 385/390: La codemandada FORKEY SRL se agravia de que se la haya condenado solidariamente con la empleadora DUKY SRL, por los créditos laborales reconocidos a los trabajadores y con fundamento en que quedó comprobado en los hechos una continuidad del mismo emprendimiento (con anterioridad a la desvinculación laboral), bajo la misma denominación "Oasis Cofee" y desde una interpretación amplia que dimana del art. 228 LCT que impone solidaridad entre el adquirente y el cedente del establecimiento cualquiera sea el título de la transferencia. Considera que no existe fundamento para avalar lo decidido, pues no hubo continuidad del mismo emprendimiento con anterioridad a la desvinculación laboral. Refiere a los hechos relacionados con la habilitación del local comercial Nº 77, a la fecha de inicio de las actividades y al desempeño de los actores para concluir afirmando que, durante el transcurso de la relación laboral entre los actores y DUKY SRL, la empresa FORKEY SRL no había iniciado su explotación y si bien se había suscripto el contrato de locación al que alude la sentencia, su parte no había iniciado su actividad comercial, por lo que no existió la continuidad del mismo emprendimiento ni se puede inferir que fuera prolongación, secuencia o idéntico el empleador de los actores, argumento esgrimido por la sentenciante para fundar la sentencia contra su parte. Agrega que tampoco existe testigo alguno que haya declarado que FORKEY SRL fuera la empleadora de los sres. Mercado y Ruíz, ningún medio de prueba que permita arribar a la conclusión de la solidaridad con la empresa DUKY SRL y ausencia de intimación a su parte en los términos de la LCT, ley 24013 u otra normativa laboral.

Sostiene que la arbitrariedad de la sentencia es manifiesta pues se aleja de las constancias de la causa y de las pruebas traídas regularmente al proceso. Que, asimismo, ha de tenerse en cuenta que no se probaron los extremos jurídicos para caracterizar como solidariamente responsable a su parte. Cita jurisprudencia.

Señala también como agravio la imposición de costas al no evaluarse la inaplicabilidad del principio general y la razón para eximir de responsabilidad a su parte, la que posee razones fundadas para ejercer su defensa ante la equivocada pretensión de la parte actora. Formula reserva de los recursos extraordinarios.

A fs. 405/409 contesta la actora solicitando el rechazo del recurso, con costas y formulando también la pertinente reserva de los recursos extraordinarios para el supuesto de acogimiento del presente.

Apelación de fs 391/396: la recurrente, DUKY SRL, luego de transcribir párrafos de la sentencia y de su contestación de demanda, sostiene que no quedó probada la fecha de ingreso que el actor Mercado señala en su demanda, por lo que no puede condenarse a su parte a respetar una supuesta antigüedad que no quedó probada en autos. De igual modo afirma, respecto del actor Ruíz, la inexistencia de pruebas que acrediten que ingresó a trabajar el 14-06-05, por lo que -dice- la sola presunción del art. 55 de la LCT, no es suficiente para tener por cierta la denunciada y condenar así a su parte. Refiere a las testimoniales de Aramayo y Liendro concluyendo que las mismas nada prueban en relación a la fecha de ingreso, horarios o jornadas, por lo que solicita se revoque la sentencia en cuanto hace lugar a las diferencias de haberes solicitadas y se rechace la demanda al respecto, con costas a cargo de los actores.

Se agravia también de que la sentenciante haya considerado que los despidos dispuestos por su parte fueron ilegítimos en los términos del art. 242 de la LCT y que, en virtud de la incorrecta registración como del deficiente pago de haberes, los actores se encontraban facultados a reclamar las diferencias salariales y que contaban con suficientes razones para justificar la retención de tareas efectuada. Sostiene que no quedó probado en autos que los actores estuvieran mal registrados, que ni Mercado ni Ruíz acreditaron las supuestas y mendaces fechas de ingreso denunciadas, es decir, no probaron la deficiente registración, ni el supuesto deficiente pago de haberes, ni se encontraban facultados a reclamar supuestas diferencias salariales y tampoco tenían motivo alguno para retener tareas por lo que por sus inasistencias injustificadas y sin aviso, quedaron incursos en abandono de trabajo.

La recurrente formula también queja por la condena a abonar las indemnizaciones de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323. Afirma que no existió despido sino abandono de trabajo y que, como lo expusiera, al no encontrarse mal registrados, no procede incremento indemnizatorio alguno. Que tampoco corresponde indemnización derivada del despido, por lo que no se puede hacer lugar a la correspondiente al art. 2 del citado cuerpo legal. Solicita se revoque también la sentencia en este aspecto.

Formula agravio por la condena al pago de la indemnización del art. 80 de la LCT. Argumenta que los actores se negaron a retirar el certificado de trabajo y a firmar la copia del mismo por lo que, ante tal actitud, la empresa los acompañó en oportunidad de contestar la demanda. Que tal actitud no le es imputable a su parte, por lo que la misma no puede redundar en un castigo para la empresa. Solicita se revoque la sentencia con costas a los actores.

Por último apela la imposición de costas y solicita la revocación de la totalidad de la sentencia, con costas a los actores.

A fs. 414/420 obra responde de la actora, solicitando el rechazo del recurso, con costas y formulando reserva de los recursos extraordinarios para el eventual supuesto de que se haga lugar al mismo.

Entrando al análisis de las apelaciones intentadas, nos referiremos en primer término a la formulada a fs. 378/380 por el codemandado Marcelo Alberto José Dolan. En relación a ella puede comprobarse en autos que le asiste razón al sentenciante al afirmar que el ahora apelante no ha logrado, durante el transcurso del proceso, aportar material probatorio eficaz para sostener sus genéricas negativas expuestas en la demanda. Así no se encuentra en el material de prueba, datos que conlleven a pronunciarse sobre la alegada falta de legitimación de su parte, por el contrario -y como bien lo advierte el sentenciante- la prueba testimonial rendida en autos aporta elementos que más bien se compadecen con su condición de empleador, corroborando dichos expuestos por los demandantes. Siendo que el demandado debe probar los hechos impeditivos, modificatorios o extintivos del derecho cuya existencia alega el actor, puede observarse que en el caso que nos ocupa, tal carga procesal no ha sido cumplida por el nombrado. Así, las afirmaciones contenidas en la demanda en relación a la calidad de socio gerente de Que Pizza SRL del Sr. Dolan y de su condición de contratante de los trabajadores, no fueron desvirtuadas en el proceso, en el cual surgen datos que muestran el convencimiento de la participación de Dolan en el quehacer de estos establecimientos gastronómicos que se fueron sucediendo en el mismo local comercial y con los mismos empleados y si bien es cierto lo que afirma el recurrente en cuanto a que el hecho de ser codeudor solidario en un contrato de locación no es sinónimo de su responsabilidad en el marco de las normas de la LSC ni de la LCT, en el sublite tal condición adquiere relevancia en virtud de lo expuesto. Lo decidido en la sentencia debe confirmarse, rechazándose la apelación intentada por el Sr. Marcelo Dolan, con costas (art. 67 del CPCC).

Apelación de fs. 385/390: Esta apelación formulada por la codemandada FORKEY SRL, corre idéntica suerte que la anterior toda vez que, tal como lo señaláramos supra, en el presente caso se ha podido comprobar una situación fáctica particular que evidencia la continua sucesión de sociedades comerciales (Que Pizza SRL, Duky SRL, Forkey SRL) en el giro de un establecimiento gastronómico, en el mismo local comercial (Oasis Cofee en Alto Noa Shopping), idéntica actividad y también con la permanencia de empleados que originalmente se vincularon laboralmente con la sociedad anterior y se mantuvieron en dicha relación luego de las diferentes cesiones y transferencias de los establecimientos resultando, además y como ya dijéramos, Dolan (por sí y como presidente de Keysun SA) el codeudor solidario en todos los contratos de locación concretados por las sociedades comerciales en cuestión (v. fs. 321, 329 y 335): Que Pizza SRL cedente, Duky SRL cesionario, luego Forkey SRL como locatario; por lo que resulta correcta la decisión de la instancia de efectuar una interpretación amplia del art. 228 LCT y establecer la existencia de responsabilidad solidaria de Duky SRL, Forkey SRL y Marcelo Dolan, respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo.Por otra parte, pese a los argumentos de la sociedad recurrente sobre la inexistencia de prueba sobre la continuidad del emprendimiento que pudiera sustentar la responsabilidad solidaria decretada por el A-quo y a la cuestión de la habilitación datada en fecha posterior a la finalización de la relación laboral con los actores, se puede observar en este proceso la existencia de una profusión de datos que, en lugar de disipar dudas sobre tal responsabilidad solidaria, la perfilan como tal. La finalización de la relación laboral, en ambos casos data de Abril/07. Surge de la propia prueba aportada por Forkey SA que ésta se constituyó en locataria del local comercial a partir del 26-02-07 (fs. 335 y 1/3 doc. reserv.), del informe de la Dirección de Rentas obrante a fs. 262 que el inicio de sus actividades lo fue el 13-11-06 cuando a su vez Durkey SRL solicitaba un permiso transitorio el 23-11-06 y luego otro Permiso Nº 000530 en fecha 14-03-07 (fs. 262). Por otra parte, los datos aportados a la causa demuestran confusión en cuanto a la fecha de inicio de actividades por parte de Forkey SRL en el mismo local comercial: al momento de la traba de la medida cautelar ordenada puede comprobarse que la encargada del local argumenta que "funciona en ese nombre la firma Forkey SRL", con inicio de actividades desde el 30-03-07 adjuntándose tickets de los que surge en uno como fecha de inicio el 24-05-06 y en otro la anterior. Existe también otra fecha posterior: 3-05-07 en el certificado de habilitación que la parte presentara y otra anterior: la contenida en la cláusula 5ª del contrato de locación celebrado entre Forkey SRL y APSA por el local cuyo destino es la cafetería que funciona en el mismo local comercial y que continuaría girando bajo la denominación de Oasis Cofee y que establece el 1-06-06 como inicio de su vigencia. Todo lo señalado aporta elementos suficientes para interpretar la existencia de la mentada continuidad del emprendimiento, con la participación de las sociedades en cuestión por lo que corresponde la confirmación de lo decidido en la instancia y el rechazo, con costas del recurso. (art. 67 del CPCC).

Apelación de fs 391/396, formulada por DUKY SRL. Los dos primeros agravios refieren a lo decidido sobre la fecha de ingreso de los trabajadores como así a las cuestiones relativas a la jornada laboral.

Verificadas las constancias y pruebas de la causa, lo decidido por el sentenciante resulta correcto. Ello es así, puesto que en el caso que nos ocupa ante la orfandad probatoria de la demandada al respecto y, esencialmente, ante la falta de aportación de los libros de comercio, debidamente requeridos como así de las planillas exigidas por la ley 11544, ( fs. 193/195, fs. 197/199, ver informe pericial de fs. 256/258, 278/279), cabe presumir a favor de los datos expuestos en la demanda por los trabajadores, tanto en relación de la fecha de ingreso como en lo atinente a la extensión de la jornada laboral. (Esta Sala, "Aguirre c. Panadería Ramos", Expte. Nº 17612/07, 30-10-07), por lo que debe confirmarse la sentencia en este aspecto.

Lo expuesto hace perder eficacia a los argumentos del recurrente respecto de la deficiente registración y pago de haberes, demostrando la procedencia del reclamo de éstos contenida en la demanda y reconocida en la sentencia de la instancia.

Pese a ello, considero le asiste razón a la recurrente en cuanto a que la valoración efectuada por el A-quo, en relación a la resolución del vínculo laboral, no tiene en cuenta la situación de hecho ni la prueba. Puede comprobarse, de la profusa epistolar cursada interpartes, que los trabajadores fueron intimados por la patronal al retorno a sus tareas en atención a las ausencias en las que venían incurriendo, bajo apercibimiento de considerar el hecho como abandono de trabajo (Mercado CD del 30-03-07 y Ruíz del 3-04-07). Ante ello, los trabajadores efectuaron responde el 3-04-07 y el 4-04-07, respectivamente, intimando a la patronal el pago de diferencias salariales y otros rubros como así corrección de registración, otorgándole plazos de 2 días y el legal para ambos fines. Ambos empleados, en tal momento, comunicaron expresamente a la patronal que seguiría acogiéndose en lo dispuesto por el art. 1201 del CC, en el caso de Mercado y en el de Ruíz, que se amparaba en tal normativa.

En forma reiterada esta Sala viene sosteniendo que el trabajador no puede ejercer la exceptio non adimpleti contractus (prevista en el art. 1201 del Código Civil, que lo faculta a retener tareas), sin tener una causa grave ni dar noticia de su intención al empleador, para posibilitar una eventual rectificación que haga innecesario planteo alguno y que resulta abusivo asumir una actitud remisa desde el comienzo, pues ello se parece más a una extorsión que al ejercicio de un derecho (Galli c. Banco Macro Bansud SA", Expte. Nº 12831/05, 9-02-10). Asimismo hemos afirmado que la excepción en análisis, no es de aplicación automática y que razones de buena fe imponen que el dependiente anuncie su intención de ampararse en la norma del art. 1201 CC. La intimación previa al empleador para que cese su incumplimiento, bajo apercibimiento expreso de retención, resulta necesaria para que aquel conozca, desde el comienzo la causa de la no prestación de tareas y cuáles pueden ser las alternativas futuras de la relación laboral. (Peralta Luis César c. Moreno SRL", Expte. 18.201/07, 8-10-07). Como puede verificarse en autos, no se evidencia en ellos que se hayan cumplido las condiciones señaladas para la procedencia del instituto en cuestión pues la conducta asumida por los trabajadores dista de la esperada, conforme a la buena fe que debe reinar en la relación laboral. Además, ha de tenerse en cuenta que los autodespidos se concretaron en fecha posterior (14-04-07 y 13-04-07) a la que la patronal les comunicara que se encontraban incursos en abandono de trabajo (9-04-07).

A mayor abundamiento debemos señalar que la inexplicable conducta de los trabajadores descripta supra (y ello independiente de la supuesta legitimidad de sus reclamos), no fue tendiente a la solución de sus problemas originados en los incumplimientos de la patronal -los que también quedaron comprobados- sino que fue abusivo el ejercicio de sus derechos y no permitieron avizorar las alternativas futuras de la relación laboral, ni dar la oportunidad de mantener la relación y ello independiente de los legítimos reclamos de índole salarial. Tampoco se demostró la coacción que invocan. Por todo lo expuesto, no comparto lo decidido por el Juez a-quo, pues si bien es cierto lo que señala en cuanto a que los trabajadores no deban soportar indefinidamente la dilación en el pago de sus créditos, su derecho debe ser ejercido dentro de un marco legal y de buena fe contractual; que es justamente lo que aquí se analiza, es decir si los trabajadores ejercieron correctamente los derechos que los asistían y, en el caso que nos ocupa, el que confiere de modo excepcional el instituto de la "exceptio non adimpleti contractus".

Respecto de la exigencia de la previa intimación y del consiguiente apercibimiento, se dijo en autos "Araya c. ENPO" (19-11-99) que "es una imposición de la buena fe que debe presidir la ejecución del contrato y resulta necesaria para que el empleador conozca desde el comienzo la causa de la no prestación de tareas y, por tanto, cuáles puedan ser las alternativas futuras de la relación laboral". Requisito incumplido por los trabajadores en el presente, como ya lo dijéramos, que torna ilegítimo el autodespido, lo que así debe declararse, revocando la sentencia y rechazando la demanda en este aspecto y por consiguiente, la indemnización del art. 2º de la ley 25.323.

Distinta suerte corre esta apelación en lo atinente a la queja por la condena a abonar las indemnizaciones del art. 1º de la ley 25.323 y art. 80 de la LCT, en atención a lo ya expuesto supra al referirnos a la cuestión de la indebida registración de los trabajadores, asistiéndole razón al A-quo en su fundamentación al respecto, la que compartimos. Debemos agregar que la alegación del recurrente acerca de la negativa a retirar la mentada certificación, pierde eficacia si atendemos a que tal intimación se realizó en el mes de Julio/07, fecha realmente alejada de los treinta días otorgados a tal fin 2l 13-04-07 y que, la que se acompañara al contestar la demanda, además de tardía, tampoco refleja la real situación laboral de los trabajadores.Ha sostenido la jurisprudencia que "transcurridos treinta días desde el despido indirecto del actor, el demandado se encontraba en mora respecto de su obligación de hacer entrega de los certificados de trabajo (Dec. 146/01), por lo que la puesta a disposición realizada con posterioridad y entrega de los mismos en la audiencia de conciliación obligatoria no obsta a la procedencia de la indemnización emergente del art. 45 de la ley 25.345"(Sala VII; 27/11/02, "Toledo Oscar c. Seguridad Grupo Maipú SA"), por lo que corresponde rechazar la apelación en estos agravios, con costas.(art. 67 del CPCC).

El agravio suscitado por la imposición de costas decidida en la sentencia resulta ahora parcialmente procedente sólo en cuanto, en atención al resultado arribado, los actores resultan vencidos en lo atinente a la calificación del autodespido. En consecuencia, en virtud del principio objetivo de la derrota, corresponde imponer las costas a la actora, en ambas instancias, por la diferencia entre lo condenado y lo que ahora se decide. (art. 67 del CPCC).

Resta por último indicar que la procedencia parcial de esta apelación, conlleva a la revocación cuantitativa de la sentencia de la instancia (Punto II de su parte resolutiva) cuyo monto de condena se fija, luego de efectuar las operaciones pertinentes como consecuencia de la calificación del autodespido como ilegítimo, en la suma de $42.981,59 en el caso del Sr. Mercado y en $40.589,65 en el del Sr. Ruíz, a la fecha y condiciones allí establecidas.

En consecuencia de todo lo expuesto, voto por: a) el rechazo de la apelación interpuesta por el codemandado Dolan a fs. 378/380 vta., con costas, b): el rechazo de la apelación incoada por la codemandada FORKEY SRL a fs. 385/390, con costas y c) el acogimiento parcial de la intentada por la recurrente, DUKY SRL a fs. 391/396, revocando en consecuencia la sentencia de la instancia conforme lo indicado en el párrafo anterior, con costas a la actora, en ambas instancias, por la diferencia entre lo condenado y lo que ahora se decide, rechazando el resto de la apelación con costas (art. 67 del CPCC). Debe asimismo tenerse presente las reservas de la cuestión constitucional formuladas por la actora y Forkey SRL. En tal sentido, voto.

El Dr. Figueroa adhiere al voto precedente.

Por ello, la CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA I F A L L A I) Rechazando el recurso de apelación interpuesto por el codemandado Marcelo Dolan; con costas.

II) Rechazando el recurso de apelación interpuesto por la codemandada Forkey SRL; con costas.

III) Haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por Duky SRL, revocando la sentencia de 1ra. Instancia en la forma indicada; con costas a la actora en ambas instancias, por la diferencia entre lo condenado y lo que ahora se decide. Rechazando el resto del recurso; con costas.

IV) Teniendo presente las reservas de la cuestión constitucional formuladas por la actora y Forkey SRL.

V) Difiriendo la regulación de honorarios hasta que se practique la de primera instancia.

VI) Ordenando se copie, registre, notifique y bajar los autos al Juzgado de origen.-