marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño material, muerte de la madre, hijo menor de edad
Materia: CIVIL
Carátula: M.A. y Otros c/ Estado Nacional Ministerio del Interior - Policía Federal y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-20

Trataré en primer término el reclamo correspondiente a la niña B.R.M, nacida en 1998, que contaba con 5 años al tiempo de la muerte violenta de su madre, con quien convivía junto con sus abuelos maternos.

Indudablemente, la pérdida de la vida de su madre, en las concretas circunstancias particulares de la pequeña y en tan corta edad, constituye un daño inconmensurable y los jueces sólo podemos estimar el alcance de la abrupta supresión del sostén económico y de las carencias apreciables en dinero que pudo representar la desaparición de quien indudablemente era el pilar del desenvolvimiento de la pequeña. Sin perjuicio del desgarramiento del mundo afectivo, la muerte de A. produjo indudables efectos de proyección patrimonial, difíciles de apreciar en dinero. Por otro lado, debo ponderar que la niña cuenta con la atención de su padre -quien ejerce su representación legal en este litigio- con quien convive desde el fallecimiento de la madre. Con estas limitaciones propiciaré, en los términos del artículo 165 in fine del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, fijar la indemnización por daño material en la suma de $ 500.000 a valores actuales.
Recurso contencioso administrativo, verosimilitud del derecho invocado, juicio, aplicación analógica de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Litoral Gas SA c/ Municipalidad de Arroyo Seco s/ Recurso contencioso administrativo. Medida cautelar (EXPTE CSJ Nº   172-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-28

No otorga verosimilitud al derecho de la recurrente el decisorio de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario por el que se habría concedido el recurso extraordinario interpuesto por su parte contra una sentencia de la Juez Federal de primera instancia en una materia que guardaría analogía con la situación que depara el sub examine, desde que aquel Tribunal había confirmado el decisorio de la Inferior que rechazaba la pretensión promovida y luego, al conceder el recurso extraordinario, sólo se ha pronunciado sobre la admisibilidad de la impugnación (artículo 257, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según ley 22434).
Concurso preventivo, gastos del proceso, regulación de honorarios, monto mínimo
Materia: CIVIL
Carátula: Gomez, Daniel Ramon s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-06-01

La regla retributiva prevista en el segundo párrafo del artículo 266 de la LCQ, establece un piso o "sostén" que entra a jugar cuando, luego de efectuados los cálculos correspondientes para la regulación de honorarios, el resultado arrojase un importe menor a dos sueldos del secretario del juzgado concursal, en cuyo caso el monto total de las regulaciones y en conjunto, no puede ser menor a esos dos sueldos. Los Tribunales deben respetar el límite legal ya que sólo con esa suma es posible garantizar una adecuada compensación profesional. A diferencia de lo que suele ocurrir en la quiebra, en el concurso es el propio deudor quien, al momento de evaluar la conveniencia de acceder al remedio preventivo, ha debido valorar las consecuencias de tal proceder, entre las que se incluyen los eventuales honorarios mínimos preestablecidos por el art. 266 de la LCQ
Responsabilidad extracontractual, cuestiones prejudiciales
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GUTIERREZ VILLAFAÑE R. c/ SABATTINI V. Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-05-30

es nula por falta motivación la sentencia que omite la consideración de un hecho manifiestamente decisivo para la composición del litigio, cual es que la absolución de la imputada vino impuesta en razón de que la sentencia penal concluyó sosteniendo que ésta no contribuyó en forma alguna a la producción del ilícito o expresando simple y directamente: no fue autora. Si no existió imputatio facti, lógicamente no se pudo ni tan siquiera admitir la posibilidad de la imputatio iure. (Voto del Dr. Petitto por sus fundamentos).-
Asociaciones sindicales, delegado normalizador, ejecutoriedad del acto administrativo
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ URSAIN, JUAN c/ SINDICATO DE VENDEDORES DE DIARIOS Y REVISTAS s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-24

La res. 77/89 del Ministerio de Trabajo que designó un delegado normalizador en el sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Cap. Fed. y Gran Bs.As., art. 56 inc. 4 de la ley 23551, constituye un acto administrativo que goza de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, art. 12 de la ley 19549, facultando a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios.

Por ello debe tener acogida favorable la solicitud de medidas coactivas, expresamente previstas por la ley, para poder concretar dicho acto.

En el caso se pedía mandamiento para que el delegado designado pudiera entrar a la sede del sindicato más tarde se resolvió que la directiva precedentemente establecida no prevalece frente a una medida cautelar dispuesta por un Juez de Primera Instancia.
Honorarios del contador, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Inversora Bahiense S.A.C.F. c/ Añazco, Juan Ramón s/ Cumplimiento de contrato. Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

El art. 212 de la ley 10.620 no permanece al margen de los reproches efectuados a otras normas del mismo ordenamiento referido a la regulación de honorarios a los contadores por su desempeño en causas judiciales, si se tiene en cuenta que fija la base para proceder a la regulación de los honorarios de los interventores recaudadores con total prescindencia del mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, del monto del juicio y de los emolumentos de los demás profesionales que han intervenido en la causa.
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Acosta Daniel Albero y Otros c/ Estado Provincial y Dirección Provincial de Vialidad s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-08-26

Dentro de las atribuciones propias de la provincia (como implícitamente reservadas) se cuenta la de legislar en materia de personal del Estado (tanto en lo referente a cantidad de agentes estatales -art. 81 incs. 2, 9, 14-, cuanto en lo que respecta a las condiciones de su designación y al régimen laboral- arts. 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 42 inc. d), quedando comprendidos dentro de ello, a los empleados de los entes autárquicos- art. 81 inc 29 idem).

Ejercitando tales potestades nuestra Provincia legisló acerca de la relación laboral de sus agentes viales, disponiendo a través de la Ley 8186 la adhesión provincial al Estatuto Escalafón único para los Agentes Viales Provinciales establecido en la Ley 20320.

Lo expresado resulta fundamento incuestionable de la inaplicabilidad de la Ley 24.013 (como tampoco lo es la Ley de Contrato de Trabajo).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio de apremio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cánepa Hnos. SAICF s/ Apremio.Rec.de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

El pronunciamiento de la Cámara -revocatorio del de primera instancia- que en un juicio de apremio rechaza las excepciones de prescripción y pago, mandando llevar adelante la ejecución, reviste carácter de definitivo en los términos del art. 278 del C.P.C..

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de obra pública, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oroquieta, Indalecio María c/ Municipalidad de Tandil s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-15

En materia de reclamaciones de honorarios por el ejercicio de la profesión de ingeniero la ley arancelaria establece que, si la interrupción del cometido se produce por voluntad o inacción del comitente, los honorarios serán los correspondientes a la totalidad del trabajo encomendado.
Trabajadores de la construcción, personal de vías y obras, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: MACIAS, OSCAR c/ CANALE, EMILIO LUIS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1974-11-25

'Los empleadores y trabajadores comprendidos en la actividad denominada 'vías y obras', estaban incluidos en el campo de aplicación del decreto-ley 17258/67 antes de la fecha fijada por el decreto-ley 20059/72'.
Traslado, plazo, fiscales, expresión de agravios
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: F, J M s/ CESE DE ENCARCELAMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-02-11

Los pedidos efectuados por el señor Fiscal de Cámaras una vez corrido el traslado para expresar agravios, para que se le acompañen los autos principales, cuadernillos de pruebas, etc, al ser admitidos por el Tribunal implican la suspensión del plazo legal que, diligenciada la medida y reanudado el traslado originario, prosigue hasta su agotamiento definitivo, siendo extemporánea la expresión de agravios presentada con posterioridad, operándose la deserción del recurso.
Ley de Concursos, regulación de honorarios, pautas, incidente de verificación, aplicación analógica de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: M. OLUB E HIJOS s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-12

En tanto la ley concursal no establece pautas para fijar los estipendios a favor del letrado apoderado de un acreedor, por las labores inherentes a la insinuación del crédito ante el síndico en la oportunidad prevista por la ley de concursos, art. 32, debe acudirse por analogía a lo previsto por la ley de concursos, art. 287 para incidentes de verificación y revisión, que, a su vez, remite a los parámetros que prevén las leyes arancelarias locales para los incidentes.
Prisión preventiva, derecho a la libertad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Penitenciaria de Mendoza s/ habeas corpus correctivo y colectivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-12-23

Si la prisión preventiva, en la mayor parte de los casos, asegura procesos que finalmente no culminan con la condena del acusado, su utilización sino como "pena anticipada", al menos "medida de seguridad anticipada", resulta tan evidente como inaceptable.
Régimen de garantía de los depósitos, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: ANNOVAZZI DE MINGRONE, NELIDA c/ B.C.R.A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-25

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 690, 699, 705, 731 inc. 2 y cc. del C.C. - sin perjuicio de lo que oportunamente pueda decirse en la hipótesis de invocarse una "limitación" al régimen de garantía de los depósitos, ni de las acciones y derechos que puedan corresponder entre los herederos de su co - acreedor fallecido - su cónyuge está legitimada para reclamar en la forma que lo hizo.
Sentencia, fundamentación de sentencias, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: P. c/ M. A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-06-30

La sentencia, bajo pena de nulidad, debe ser completa y contener en su parte resolutiva la decisión respecto de todas las cuestiones que han sido objeto del proceso debe ser expresa, porque la parte resolutiva de la sentencia no puede consistir en una remisión a la motivación o a otro documento; debe ser precisa, de modo de indicar con exactitud los alcances de la decisión, monto de la pena impuesta y de las indemnizaciones, y la calificación jurídica con indicación de las normas legales aplicadas; debe ser clara, de modo que no dé lugar a confusiones e incertidumbres.

Planteada una cuestión por las partes, debe ser abordada por el Tribunal en la deliberación, y luego consignada en su resolución, tanto en los considerandos de los votos respectivos como en el capítulo dispositivo.
Accidente de tránsito, culpa de la víctima, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodríguez Julio A. y Ot. c/ Federico P. Guiñazú y Ot. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S141 - 163)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-03-24

Pero a mayor abundamiento y si no se compartiera que la culpa de la víctima se encuentra claramente acreditada, de lo que por cierto estoy plenamente convencido, retomo el análisis de las presunciones legales. No advierto, como a veces se sostiene, la necesidad de pronunciarse sobre la prioridad entre ellas, pues el juego armónico de ambas, es el que determina, en el caso concreto, la responsabilidad del actor: la presunción del art. 1113 del C.C., le exige al demandado, chofer del camión, la prueba de la culpa de la víctima para liberarse de su responsabilidad objetiva, lo que logra precisamente con la otra presunción contenida en la legislación reguladora del tránsito (prioridad de paso del que circula por la derecha), pues como se dijo, el objeto de la presunción legal es hacer innecesaria su prueba, debido a que considera cierto el hecho presumido
Concejo deliberante, elección de autoridades, conflicto de poderes
Materia: PROCESAL
Carátula: VALDEZ, LUIS ERNESTO c/ CONCEJO DELIBERANTE DE ANDALGALA s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-05-29

Del análisis literal del art. 159 de la COM, que establece la forma de la designación de las autoridades del Concejo Deliberante, surge que dicha norma no hace mención a mayoría calificada alguna, ni tampoco remisión para su aplicación o interpretación a sistema electoral específico, porque es ella misma la que establece el criterio a seguir, que no es otro que el mayor número de votos obtenidos por el primer partido, lo que habilitaría pura y simplemente al concejal de esa fuerza a ocupar la presidencia del Concejo Deliberante.

Pero el criterio apuntado no sólo delimita el rol de primera fuerza sino que, en relación a ella, queda fijada la posición de los otros partidos que hayan obtenido bancas; por lo que de mera lógica resulta que la norma establece como 1) minoría al 2 partido en número de sufragios y como 2) minoría al 3 en ese orden. Ello así, resulta por demás alambicado el razonamiento de la mayoría del Concejo Deliberante que pretende que el 1 en sufragios se convierta, no en el que hubo obtenido mayor número de votos, sino en la 1) minoría, para así desplazar -en contra de la letra de la Ley- a la 3) minoría al partido que hubiere obtenido el 3er puesto.

En conclusión, debe hacerse lugar a la acción intentada, declarando la nulidad de las designaciones de vicepresidente 2) y secretario realizadas en la sesión preparatoria del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Andalgalá, debiéndose convocar al Cuerpo a fin de dar cabal cumplimento de lo dispuesto por el Art. 159 de la Carta Orgánica municipal. (Del voto de la Dra. Sesto de Leiva)
Terminación del proceso, caducidad de instancia, indivisibilidad de la instancia, litisconsorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: C., C.R. c/ M., E.M. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-08

La instancia es indivisible y por ello su caducidad también lo es, y por lo tanto, ésta corre, se suspende o se interrumpe para todas las partes, se trate o no de una obligación solidaria, divisible o indivisible.
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, procedencia del recurso, leyes, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa, efectos de la sentencia penal en sede civil, sentencia absolutoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-CIVIL
Carátula: H., A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS EN CONCURSO IDEAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 520 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

Dentro del marco de análisis que impone al artículo 11 de la ley 7055, es admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora civil desde que la Sala podría haber postulado una hermenéutica inadecuada de los artículos 1103 y 1113 del Código Civil, en grado tal de tornar prescindente la normativa que regula, en definitiva, la influencia de la absolución penal sobre la acción civil y la responsabilidad objetiva por riesgo o vicio de la cosa. (De La Disidencia Del Dr. Falistocco)
Banco central, liquidación de entidades financieras, quiebra, medidas cautelares, suspensión del proceso judicial, recurso de reposición (procesal)
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO ARGENTARIA  S.A. c/ B.C.R.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

El efecto devolutivo del recurso del art. 32 de la ley 21.526, el resguardo de los intereses públicos que procura y la regla que impide declarar a título precautorio la inconstitucionalidad de las leyes, obstan a que se ordene al Bco. Central abstenerse de proseguir el proceso de la quiebra y liquidación de la entidad recurrente, que está sometido a la ley 19.551 y en donde la decisión judicial que se dicte puede recurrirse conforme a su art. 98.
Prisión preventiva, prisión domiciliaria, modificación de la cláusula penal, límites del pronunciamiento, doctrina de la arbitrariedad, opinión consultiva, dictamen fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Martín, Jorge Gustavo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-02

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa oficial, anular la resolución impugnada y reenviar las presentes actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento. En el caso, la representante de la vindicta pública actuante ante el tribunal de grado opinó favorablemente respecto de la solicitud de morigeración de las condiciones de cumplimiento de la prisión preventiva dispuesta, y en esta dirección, postuló que correspondía hacer lugar a la detención domiciliaria, debiendo implementarse un dispositivo de vigilancia electrónica. Así, se advierte que no se ha verificado controversia entre lo solicitado por la defensa técnica oficial y lo dictaminado fundadamente por la señora fiscal. La ausencia de contradictorio entre la defensa y el dictamen fundado del Ministerio Público Fiscal impide la convalidación del fallo impugnado dictado en el sentido contrario. En consecuencia, carece de adecuada fundamentación la resolución dictada por el tribunal que desatiende la opinión del Ministerio Público Fiscal expuesta en materia de solicitud de medidas cautelares, sobre todo si el decisorio basa su apartamiento de tal postura -a la que no tacha de infundada- en condiciones que no son suficientes para considerar motivado el fallo impugnado. El voto concurrente subrayó que debe tomarse en cuenta lo normado por el art. 210 del C.P.P.F. -ya implementado- en cuanto al rol que posee el acusador en materia de solicitud de medidas cautelares. Señaló que el representante del Ministerio Público Fiscal ha dictaminado fundadamente en favor de la morigeración de la prisión preventiva en una prisión domiciliaria y que el tribunal ha justificado su apartamiento en condiciones insuficientes para considerar fundada la resolución recurrida, en razón de no haber explicitado los motivos por los cuales desestimó la postura de la acusación. Dres. Carbajo y Hornos -voto concurrente-.
Suspensión del trabajador, sentencia absolutoria, salarios caídos
Materia: LABORAL
Carátula: CAJAL, RAUL ALFREDO c/ SOCIEDAD   ITALIANA  DE  BENEFICENCIA  EN  BUENOS  AIRES  -  HOSPITAL ITALIANO s/ COBRO DE PESOS ZAPATA, JULIO ALBERTO c/ SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30|1987-06-15

Que el artículo 224 de la Ley de Contrato de Trabajo no consigne expresamente el término 'absolución' y sólo contemple las hipótesis de que la denuncia fuera desestimada o el trabajador sobreseído provisoria o definitivamente, no significa que el empleador no se vea obligado a pagar los salarios correspondientes a la suspensión originada en denuncia criminal, ya que la ratio legis es la misma:

la suspensión resulta injustificada porque el trabajador no deviene responsable penalmente.
Sumario administrativo, instrucción del sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Díaz, Luis Alberto c/ Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

La vista previa conferida al agente a fin de que efectúe su descargo sobre las inasistencias en que incurriera no reviste el carácter de una vía procedimental autónoma, significando en todo caso una medida preparatoria de la instrucción del sumario, toda vez que con ella la autoridad administrativa comienza a reunir los datos para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos.
Citación en garantía, ley de seguros
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Díaz, Juan Bautista c/ Errozarena de Cassani, María Nieves y-o Quien Resulte Responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-07

La citación en garantía es un instituto que dentro del derecho procesal forma parte de la teoría relativa a la intervención de terceros en el proceso civil, encuadrándose en el supuesto de litis consorcio pasivo necesario, a cuya intervención el tercero está coactivamente obligado por la ley. Previendo el citado artículo 118 de la L.S. que el asegurador no podrá oponer al damnificado defensas nacidas con posterioridad al siniestro, distinguiéndolas de las defensas anteriores, el objetivo de la ley es no frustrar el derecho del mismo.
Aportes y contribuciones previsionales, regularización previsional, cuestión constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: De Donato, José c/ G.C.B.A. s/ Empleo público (no cesantía ni exoneración) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-20

La parte actora se agravia respecto del plazo por el cual se ordena al GCBA efectuar las contribuciones, a su juicio, diez años con fundamento en el art. 16 de la Ley nº 14.236, cuando el fallo manda hacerlo por cinco años, según lo dispuesto en el art. 4027 del Cód. Civil, en atención al carácter accesorio de los aportes y contribuciones previsionales en relación al reconocimiento del carácter remuneratorio de los adicionales que ella efectúa, de modo que la cuestión no exhibe ningún aspecto constitucional o que pueda tener naturaleza federal que el Tribunal deba decidir de acuerdo con lo dispuesto por el art. 113 de la CCABA. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Excepciones procesales, prescripción, traba de la litis, oportunidad procesal, audiencia de conciliación
Materia: LABORAL
Carátula: GIMENEZ, María c/ DEBO S.A. Y OTRO s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-11

Para el demandado, el momento para deducir la excepción de prescripción es la audiencia donde queda trabada la litis, sin estar obligado a hacerlo antes y con la imposibilidad de hacerlo después. Por ello, si en el caso se celebraron dos audiencias a fin de lograr una conciliación y en las mismas ambas partes concluyeron que no era posible, la traba de la litis se operó en la última y la accionada obró bien al oponer en ese momento su defensa.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, facultades jurisdiccionales, excusación, Poder Ejecutivo, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Son o no procedentes las excusaciones de los jueces, que intervienen  en juicios en los que resulta ser parte la provincia de Santa Fe, y  motivadas en su condición de ser accionantes amparistas y   considerar que tienen al respecto "pleito pendiente" (artículo 10   inciso 2 del Código Procesal Civil) (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-06-17

La crisis de excusaciones quedaría neutralizada por una simple manifestación de los letrados de la Provincia. Por lo tanto, me expido por la procedencia de las excusaciones cuando fuere demandado directamente el gobierno provincial. (Del Voto del Dr. Sagüés -En Disidencia-).