Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-09


CAUSA Nº 182-03/CC/2004, Sala II, caratulada "Recurso de Queja en autos SOTO, Pablo José s/infr. Art. 40 y 41(ley 10)" En la Ciudad de Buenos Aires a los 9 días del mes de junio de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Pablo Bacigalupo, Fernando Bosch y Marcela De Langhe, para resolver la presente.

Y VISTOS:

Llegan las actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de queja interpuesto a fs. 59/62vta. por el Sr. Defensor Oficial -Emilio Capuccio, cotitular de la Defensoría Oficial Nº 4- contra la denegatoria (fs. 56/57) de la apelación articulada en subsidio del recurso de reposición (fs. 54/55vta.) cuestionando la resolución dictada por el Juez de grado que dispuso intimar a comparecer al Sr. Pablo José Soto para recibir el oficio y dar cumplimento a la pena de tareas de utilidad pública impuesta (fs. 53), en tanto denegó el pedido de suspensión de la ejecución de la condena a pesar del recurso de queja que había sido presentado por esa parte ante el TSJ.

Fundamenta la pretensión manifestando que no obstante ser regla general que la vía recursiva oportunamente deducida ante el Máximo Tribunal local no suspende el trámite de la decisión impugnada, las especiales circunstancias del caso -recurso interpuesto contra la sentencia condenatoria recaída en autos- y la irremediable consecuencia que la decisión del señor Juez de primera Instancia acarrearía -de cumplirse con la condena impuesta-, correspondería que, por respeto hacia la garantía de defensa en juicio y mesura ante una eventual resolución favorable del TSJ, se difiera la ejecución de la pena hasta tanto medie un pronunciamiento de aquel. Ello en atención a que se produciría un perjuicio irreparable, de no tener favorable acogida este planteo, atento que podría ocurrir que el Tribunal Superior hiciera lugar a tal pedido, o incluso llegara a admitirlo revocando la condena recaída en autos.

Por su parte, el Sr. Fiscal de Cámara postula en su dictamen que luce a fs. 66/67vta. que corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto, y en consecuencia devolver los actuados al Tribunal de origen para proseguir con la ejecución de la pena.

Cumplidos los pasos procesales de rigor se encuentran los presentes actuados en condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO El recurso de queja en examen satisface los requisitos de tiempo y forma exigidos por el ordenamiento procesal aplicable. Ha sido deducido dentro de las dos primeras horas del cuarto día de notificada la resolución que deniega la apelación intentada; por ante quien corresponde y contiene una exposición clara de los antecedentes del caso.

No obstante ello, la vía escogida resulta inadmisible toda vez que la queja articulada contra la denegatoria del recurso de apelación interpuesto en subsidio, persigue la apertura de esta impugnación respecto de un pronunciamiento que no constituye sentencia definitiva -rechazo del pedido de suspensión de la ejecución de condena- y que tampoco puede ser equiparado a aquella en tanto el presentante no ha podido conectar la decisión cuestionada con la lesión constitucional que invoca a efectos de acreditar la existencia de un gravamen irreparable. Ello así en virtud de que no resulta suficiente a tal fin la mera alegación de que "...teniendo en cuenta la naturaleza del recurso deducido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y las consecuencias que su decisión podría acarrear sobre la cuestión de fondo, para el caso de recibir favorable acogida el planteo realizado por esta defensa, no podría posteriormente repararse el perjuicio sufrido a mi defendida si, previo a su resolución, se la obligase a cumplir con la condena impuesta" (f s. 60).

En efecto, tal pretensión contradice abiertamente lo estatuído por el párrafo cuarto del art. 33 de la Ley 402 surgiendo de dicha normativa que, en todo caso, debió dirigirse la petición por ante el Tribunal competente para resolverla, donde precisamente se encuentra tramitando una queja por recurso de inconstitucionalidad denegado.

El art. 33º en su párrafo quinto establece así que "...mientras el Tribunal Superior de Justicia no haga lugar a la queja, no se suspende el curso del proceso salvo que el tribunal así lo resuelva por decisión expresa..." CAUSA Nº 182-03/CC/2004, Sala II (solución análoga brinda el art. 491 del CPPN al referirse al recurso de casación en la etapa de ejecución). En este sentido el mentado órgano supremo de la judicatura local ha expresado que si "...la Cámara Contravencional y de Faltas rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de mérito que condenó a los encartados -decisión que para la ley 402, era definitiva-, de manera que esta última resolución quedó ejecutoriada, lo cual equivale a considerarla 'firme' en los términos del art. 32 de la ley nº 10. En efecto, a partir del dictado por parte de la Cámara de la resolución que rechaza el recurso de inconstitucionalidad pertinente, el interesado no puede realizar ningún planteo impugnatorio que impida la ejecución de la sentencia, ya que el único recurso que puede interponer (queja contra dicha denegatoria) no reviste efecto suspensivo. Ello surge en forma expresa del art. 33 de la ley nº 402..." (del voto de la Jueza Ana María Conde en la causa nº 4066 "González, Carlos Alberto y Otros s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos; Laqcuanti, Roque y otros Bingo Congreso s/inf. Ley 255-Apelación' ", el resaltado nospertenece). Y también se ha dicho que: "Esa denegatoria importa reconocer firmeza a la sentencia de condena, pues su contenido es precisamente establecer que el recurso de inconstitucionalidad intentado por la parte que se considera agravi ada no es admisible...en las condiciones de la legislación procesal vigente, salvo que las normas que otorgan ejecutoriedad a la sentencia, en ese caso, sean tachadas de inconstitucionales, debería ser acatada la voluntad del legislador...la consecuencia gravosa de haber sufrido pena, si es que ello ocurrió, no obedece a la doctrina que adoptamos, sino a la circunstancia absolutamente fuera de controversia de que la queja no suspende el auto contra el que va dirigida " (del voto del Juez Luis Francisco Lozano en la causa citada ut supra).

Resulta relevante señalar que, contrariamente a lo que el Sr. Defensor sostiene en su presentación, no surge del recurso interpuesto ante el TSJ -que obra en copias a fs. 38/52- un pedido expreso y fundado de que se suspenda el trámite del proceso -en el caso la ejecución de la sentencia-, y el silencio en torno a ello por parte del único órgano competente -Tribunal Superior- inhabilita quitar a la sentencia efectos propios de acuerdo a la ley -ejecutoriedad-. En definitiva, la explicitación de los motivos por los cuales correspondería suspender la ejecución de la sentencia debe ser brindada ante la instancia jurisdiccional habilitada a tal efecto, esto es, aquella que decidirá el destino del recurso de queja por inconstitucionalidad denegado, por ser el órgano con competencia legalmente asignada para apartarse del principio general legislado en el art. 33 de la ley 402. No encuentra cabida entonces, en el marco regulatorio reseñado, la pretensión de que una instancia inferior sin competencia para ello, decida la cuestión requerida por el accionante.

Por lo demás, la solución brindada por el Juez de mérito es conforme a derecho en tanto se limitó a conceder a la sentencia sus efectos propios, en atención a la ausencia de suspensión expresa por parte del Máximo Tribunal.

Por todo ello, habiendo concluido el Acuerdo pertinente el Tribunal, RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de queja deducido a fs. 59/62vta.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen a fin de que proceda a la acumulación de la presente a la causa y cumpla con las notificaciones del caso. Sirva lo aquí proveído de atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.