Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18


REGISTRO Nro: 555.12.4 //la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de abril	del año dos mil doce, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente, los doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos como Vocales, asistidos por la Prosecretaria de Cámara Doctora Jesica Y. Sircovich, a los efectos de resolver el recurso de casación de fs. 96/106vta., de la presente causa nro. 15212 del registro de esta Sala, caratulada: "GUGLIELMINETTI, Raúl Antonio s/recurso de casación"; de la que RESULTA:

I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de esta ciudad, en el marco del incidente de excarcelación formado en relación a la causa N° 1267 de su registro, con fecha 21 de diciembre de 2011 resolvió, en lo que aquí interesa: RECHAZAR la solicitud de arresto domiciliario en favor de Raúl Antonio GUGLIELMINETTI, sin costas (fs. 81/91).

II. Que, contra dicha resolución, el Dr. Sergio R. Steizel, Defensor Público Oficial ad-hoc de Raúl Antonio GUGLIELMINETTI, interpuso recurso de casación a fs. 96/106vta., que fue concedido a fs. 111/112.

III. Que el impugnante invocó el motivo previsto en el art. 456, incisos 2° del C.P.P.N., en tanto entendió que la resolución recurrida adolece de un vicio en su fundamentación (arts. 123 y 404 del código de rito).

En orden a ello, cuestionó el razonamiento desarrollado por el tribunal a quo para considerar acreditada la existencia de riesgo de fuga por parte de su defendido, señalando que resulta mucho más lógico suponer que GUGLIELMINETTI -en caso de obtener el beneficio del arresto domiciliario- preferirá transcurrir la última etapa de su vida en su casa junto a su familia y no vivir en la clandestinidad.

Por último, la defensa hizo reserva del caso federal.

IV. Que celebrada la audiencia prevista por por el art. 465 bis, en función de los arts. 454 y 455 del C.P.P.N. (Ley 26.374), de lo que se dejó constancia en autos, quedaron las actuaciones en estado de ser votadas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos.

El señor juez Mariano Hernán Borinsky dijo:

De la lectura del decisorio puesto en crisis, no surge la existencia de los vicios de fundamentación señalados por el recurrente, toda vez que se advierte que el tribunal a quo ha realizado un juicio amplio y crítico de probabilidad para evaluar riesgos procesales, con relación a la situación particular de Raúl Antonio GUGLIELMINETTI y a la luz de la jurisprudencia sentada por la C.S.J.N. en la materia.

Así las cosas, y en punto al análisis de la razonabilidad del criterio adoptado por los sentenciantes, en cuanto entendieron que existía un riesgo concreto de fuga que justificaba el rechazo del pedido de arresto domiciliario interpuesto por la defensa, cabe recordar que con fecha 31 de marzo de 2011, Raúl Antonio GUGLIELMINETTI fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de esta ciudad a la pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA Y PERPETUA por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravada por mediar violencia o amenazas, reiterado en veinticinco oportunidades, de las cuales dos se encuentran agravadas por su duración de más de un mes, que concurren en forma real con el delito de imposición de tormentos reiterados en veintiún oportunidades. Esta sentencia no se encuentra firme, toda vez que se encuentran a estudio de esta Cámara Federal de Casación Penal los recursos deducidos por la defensa.

De igual manera, el tribunal a quo tuvo en cuenta, también, que GUGLIELMINETTI registra otra condena -que tampoco se encuentra firme- dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la Capital Federal, por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención y tortura denominados "Atlético, Banco y Olimpo", a la pena de veinticinco años de prisión (causas nros. 1668 y 1643); como así también registra procesos en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 6 de esta ciudad y ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, en ambos casos por delitos de lesa humanidad.

En tal contexto, es menester tener presente que la gravedad de las penas impuestas a GUGLIELMINETTI se erige como un elemento de especial relevancia a la luz de los estándares definidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -por remisión al Sr. Procurador ante la Corte- para evaluar riesgos procesales en causas donde se investigan y juzgan delitos de lesa humanidad (cfr. causa "Vigo, Alberto Gabriel" -V.621. XLV- cuyos fundamentos fueron compartidos, en lo pertinente, por la C.S.J.N el 14/9/2010; en similar sentido, C.S.J.N "Pereyra" P.666 -XLV-, del 13/11/2010; "Binotti" B.394 -XLV- del 14/12/10; "Clements" C.412 -XLV- del 14/12/10; "Altamira" A.495 -XLV- del 14/12/10, entre otros).

En este orden de ideas, vale destacar que aunque los precedentes de cita resultan antecedentes en los que estaba en juego la libertad de los imputados (excarcelación), ello no empece a que de ellos surjan pautas que deban ser evaluadas al tiempo de analizar riesgos procesales para decidir cuestiones como las que se tratan en el sub lite, habida cuenta que la concesión del arresto domiciliario comporta, objetivamente, un aumento en el riesgo de fuga en casos donde los imputados fueron condenados a penas de prisión de cumplimiento efectivo.

Máxime cuando el especial deber de cuidado que deben observar los jueces al momento de evaluar riesgos riesgos procesales a partir de la modalidad de comisión de los hechos por la que fuera condenado GUGLIELMINETTI, fue reafirmado por nuestro Alto Tribunal en la causa O.83 XLVI, "Otero Eduardo Aroldo s/ causa 12.003", con remisión al dictamen del Procurador General de la Nación cuyos fundamentos fueron compartidos, en lo pertinente, por nuestro Alto Tribunal el 1/11/2011 (en igual sentido, causa D.174 XLVI, "Daer, Juan de Dios s/ causa 11.874", del 1/11/2011).

No puede soslayarse, a su vez, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de resolver un caso sustancialmente análogo al presente a partir de la temática involucrada, ocasión en la cual se desestimó el recurso extraordinario presentado contra la decisión que dispuso revocar la concesión del arresto domiciliario (R. 903 XLIV "Rodríguez, Hermes Oscar s/ recurso extraordinario" del 26 de octubre de 2010 con remisión, en lo pertinente, al dictamen del señor Procurador Fiscal).

Es importante destacar, asimismo, que el objetivo incremento del riesgo de fuga que importa, como ya se ha mencionado, la concesión del beneficio del arresto domiciliario, configura un supuesto del cual podría derivarse una sanción para el Estado argentino. Ello así, en tanto la responsabilidad internacional del Estado nacional no se agota con la obligación de investigar y juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país en el período histórico que relevan las presentes actuaciones, sino que se extiende también en el deber de sancionar a sus responsables, tal como surge de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los precedentes "Barrios Altos" (sentencia del 14 de marzo de 2001, Serie C N 75) y "Almonacid" (sentencia del 26 de septiembre de 2006, Serie C N 154), receptados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Simón" (Fallos: 328:2056) y "Mazzeo" (Fallos: 330:3248).

Por los motivos precedentemente expuestos, considero que corresponde: RECHAZAR el recurso de casación deducido por el Dr. Sergio R. Steizel, Defensor Público Oficial ad-hoc de Raúl Antonio GUGLIELMINETTI, contra la resolución de fs. 81/91, sin costas (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).

El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo:

Que habré de adherir al voto del doctor Borinsky, en cuanto propone el rechazo del remedio intentado, teniendo en cuenta que los argumentos expuestos por el colega preopinante -a los que me remito en honor a la brevedad-, resultan concordantes no sólo con la normativa aplicable, sino también con las particulares circunstancias personales del recurrente.

En las condiciones dadas, el mantenimiento de Guglielminetti en un establecimiento penitenciario resguarda de manera razonable la obligación del Estado de juzgar los hechos de estas características, sin que ello resulte en el caso violatorio de sus garantías constitucionales, atento la inexistencia de razones relativas a la salud o de cualquier otra índole que impliquen desatender las razones humanitarias inherentes a la detención domiciliaria.

Por todo lo expuesto, entiendo que la solución acordada al caso no se aparta de las previsiones legales que rigen la materia, encontrando la resolución impugnada adecuado y suficiente sustento en todo cuanto se desarrollara en el voto que comparto, extremo que me conduce a propiciar el rechazo del recurso de casación, sin costas (arts. 530 y 532 -en función de los arts. 140y 15 de la ley 24.946- del C.P.P.N.). Téngase presente la reserva del caso federal.

Así voto.- El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. Que corresponde expedirme primeramente acerca de la admisibilidad formal del recurso de casación interpuesto por la defensa de Raúl Antonio Gulielminetti contra la resolución que denegó la solicitud de arresto domiciliario.

A esta Cámara Nacional de Casación Penal compete la intervención en cuestiones como la aquí planteada, en la que la resolución recurrida resulta susceptible de ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior, habiéndose alegado la violación a garantías constitucionales y la arbitrariedad de sentencia.

Ello por cuanto es el órgano judicial "intermedio" a quien ha sido confiada la reparación de los perjuicios irrogados a las partes en instancias anteriores, sin necesidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o bien porque su intervención aseguraría que el objeto a revisar por el Más Alto Tribunal "sería un producto seguramente más elaborado" (C.S.J.N. "Giroldi" -Fallos 318:514-), aún en los supuestos en los que, como en el sub examine, no entre en cuestión la cláusula del artículo 8°, apartado 2°, inc. h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (disidencia de los doctores Petracchi y Bossert en el caso R. 1309. XXXII, "Rizzo, Carlos Salvador s/ inc. de exención de prisión, causa N°. 1346", del 3 de octubre de 1997, y sentencia dictada en el caso A. 339. XXVIII. "Alvarez, Carlos Alberto y otro s/ injurias", del 30 de abril de 1996; entre otras).

II. Seguidamente, conviene recordar cuál es el marco normativo que regula la detención domiciliaria, a fin de analizar si han sido erróneamente aplicadas las normas que la regulan, como afirma el recurrente; o si, por el contrario, tal denegación constituye una razonable aplicación al caso del marco jurídico en cuestión.

El artículo 314 del Código Procesal Penal de la Nación prevé expresamente la posibilidad de que el cumplimiento de la prisión preventiva sea en detención domiciliaria. Así, establece que "el juez ordenará la detención domiciliaria de las personas a las cuales pueda corresponder de acuerdo al Código Penal, cumplimiento de pena de prisión en el domicilio".

El siguiente interrogante a responder es, entonces, cuándo corresponde el cumplimiento de la prisión preventiva en el domicilio de acuerdo a esa norma adjetiva, al Código Penal y las normas complementarias. El artículo 10 del citado cuerpo legal prevé que:

"Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria:

a) El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;

b) El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal;

c) El interno díscapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel;

d) El interno mayor de setenta (70) años;

e) La mujer embarazada;

f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo" (el resaltado me pertenece).

A su vez, este artículo del Código Penal se encuentra acompañado por la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (N° 24.660. modificada por la ley 26.472), cuyo artículo 229 señala que es complementaria al Código Penal.

El nuevo artículo 32 de la ley 24.660 ha quedado redactado de la siguiente manera: "...El juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: a) al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) al interno mayor de setenta (70) años; e) a la mujer embarazada; f) a la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo ..." (el resaltado me pertenece).

El canon transcripto se ve complementado en su aplicación por la norma del art. 33 de la misma ley, que reza "... La detención domiciliaria debe ser dispuesta por el juez de ejecución o competente. En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la decisión deberá fundarse en informes médico, psicológico y social...".

La inspección jurisdiccional que se reclama se ciñe a la aplicación concreta de los preceptos del artículo 10 del Código Penal y de los artículos 32 y 33 de la Ley 24.660, todos modificados recientemente por la Ley 26.472 (que entró en vigor el 20 de enero de 2009).

Pues bien, de un análisis exegético de la reciente modificación al marco normativo del instituto de la detención domiciliaria puedo advertir, preliminarmente, que éste condiciona la concesión del beneficio del arresto domiciliario a los informes médico, psicológico y social "solamente" para los casos de internos enfermos que no gocen de adecuado tratamiento intramuros y correspondiere, en consecuencia, su alojamiento en un nosocomio (inciso a) del art. 32); o al interno que se encuentre en el período terminal de una enfermedad incurable (inciso b) del art. 32); o bien al interno discapacitado que, en virtud de su condición, la privación de la libertad en el establecimiento penitenciario le ocasionara un trato cruel, inhumano o degradante (inciso c) del art. 32).

Infiero, entonces, que ningún condicionamiento es impuesto por la ley respecto de la concesión de la prisión domiciliaria a quienes se encuentren comprendidos en el inciso d) del artículo 32, es decir, a quienes superen objetivamente la condición etaria de setenta (70) años de edad.

Sin embargo, también advierto, sin apartarme un ápice de la letra de la última modificación al texto de la ley, que la concesión del arresto domiciliario por cumplimiento del requisito etario no funciona de manera automática, sino que el Juez puede rechazarla de mediar circunstancias justificantes que lo habiliten, siempre que sujete tal rechazo a los límites impuestos por la razonabilidad (artículo 1 de la Constitución Nacional).

Así las cosas, en primer término advierto que en el caso el imputado se encuentra en una franja etaria que supera los 70 años de edad, lo que prima facie habilitaría la concesión del beneficio por estar comprendido en el supuesto del artículo 32, inciso d) de la ley 24.660. Pero tal como explicara anteriormente, el cumplimiento de tal requisito no funciona como otorgador automático del beneficio; y el rechazo no funciona como un poder discrecional del juez, sino que sólo puede denegarlo de mediar circunstancias justificantes que lo habiliten, siempre que sujete tal rechazo a los límites impuestos por la razonabilidad.

Por ello, puesto que el a quo denegó la solicitud de arresto domiciliario con fundamento -en lo sustancial- en las condenas que el nombrado registra ante dicho tribunal y el T.O.C.F. Nro. 2 (las que no se encuentran firmes) así como también en los procesos en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 6 de esta ciudad y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén (reseñadas en el voto que lidera el presente acuerdo); entiendo que lo resuelto resulta razonable (de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la C.N.).

Finalmente, las consideraciones efectuadas por el tribunal por las que descartó las razones humanitarias alegadas en punto a la solicitud de aplicación analógica de lo dispuesto en el inciso f) del artículo 32 de la ley 24.660, aunque mínimas resultan claras y suficientemente fundadas con sustento en las constancias obrantes en autos (punto XI de la resolución recurrida obrante a fs. 81/91).

En definitiva, el auto impugnado trata de un acto jurisdiccional válido, y por ello, propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa. Sin costas (artículos 530 y 531 in fine del C.P.P.N.). Téngase presente la reserva de caso federal efectuada por la parte.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el tribunal	RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de casación deducido por el Dr. Sergio R. Steizel, Defensor Público Oficial ad-hoc de Raúl Antonio GUGLIELMINETTI, contra la resolución de fs. 81/91, sin costas (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese y remítase al tribunal de origen, quién deberá notificar personalmente al imputado, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

MARIANO HERNÁN BORINSKY JUAN CARLOS GEMIGNANI GUSTAVO M. HORNOS Ante mí:

JESICA Y. SIRCOVICH PROSECRETARIA DE CÁMARA