Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, embargo, improcedencia del recurso, aplicación de la ley, vivienda
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Garantizar SGR c/ Chernitsky, Andres Normando y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-28

Procede confirmar la resolución que, a pedido de la ex cónyuge del demandado, prohibió llevar adelante la ejecución de la vivienda familiar que la peticionante ocupa con su hijo discapacitado, que en un 50% corresponde al deudor ejecutado; ello con base en lo dispuesto en el CCCN 456, último párrafo, a cuyo fin estimó que, aunque esa disposición no existía al tiempo en que la deuda había sido contraída, el supuesto quedaba atrapado por el efecto inmediato atribuido a las normas por el art. 7 del código citado. En ese marco, cabe señalar que no es necesario, a estos efectos, pronunciarse acerca de si el referido art. 7 fue o no bien aplicado; pues, aun si no se compartieran los fundamentos que condujeron al magistrado a resolver del modo en que lo hizo con tal sustento, la aplicación de esa norma al caso vendría de todos modos impuesta por razones constitucionales que impiden aceptar que la actora haya adquirido bajo aquella otra ley el derecho a ejecutar el bien. Aun así, podría objetarse, si se quiere, que el derecho de propiedad -traducido aquí en el derecho que asiste a la acreedora- también tiene protección constitucional, pero la colisión entre los derechos respectivos que sin duda existe, debe entenderse superada por la decisión implícita en la norma cuestionada, de la que resulta que el Estado fijó una prioridad a resultas de la cual postergó al acreedor en aras de proteger la vivienda familiar. Toda la materia, en fin, se halla sujeta al principio de no regresividad (o de progresividad) que prohíbe adoptar políticas y medidas que perjudiquen la preexistente situación del derecho humano de que se trate. Ese parámetro debe también ser aplicado para resolver el caso concreto, pues, si ese caso fuera juzgado bajo una norma anterior que inhibía el carácter operativo del derecho, no solo se estaría incurriendo en una regresión, sino que se estaría aplicando una norma que ha dejado de ser constitucional a la luz de la nueva reglamentación. Esa es la solución que se impone, por lo demás, por aplicación del criterio indicado por la CSJN al sentenciar in re "Madorrán"; pues, como allí se señaló, esa es la solución que mejor concuerda con los principios y pautas de interpretación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que obligan al intérprete a escoger el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana (Fallos 330:1989). El alto Tribunal tuvo presente el decidido impulso hacia la progresividad en la plena efectividad de esos derechos y el principio "pro homine" connatural a las referidas normas internacionales ("Medina" Fallos: 331:250), recordando varios precedentes en los que había admitido la aplicación de normas posteriores a situaciones jurídicas preexistentes. Señaló, además, que, cuando la Constitución Nacional reconoce derechos humanos, lo hace para que ellos resulten efectivos y no ilusorios y que el llamado a reglamentarlos no puede obrar con otra finalidad que no sea la de darles todo el contenido que aquélla les asigna (Fallos: 327:3677; 332:2043). En ese marco se inscribe la norma cuestionada en términos que concuerdan con el postulado de la constitucionalización del derecho privado argentino que, como fue explicado por la misma comisión redactora, guió la redacción del Código Civil y Comercial que incorporó esa norma a nuestro derecho positivo.