marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ley de Obediencia Debida, Ley de Punto Final, cosa juzgada, condena penal, delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad de la acción penal, violación de derechos humanos, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, corte interamericana de derechos humanos, República Argentina, obligaciones internacionales, jurisdicción internacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: Comes, César Miguel y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-29

Quienes resultaron beneficiados por la aplicación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más gravosa ni la cosa juzgada - en el caso, quienes fueron encontrados penalmente responsables por la comisión de delitos de lesa humanidad por un Tribunal Oral de la Ciudad de Buenos Aires, pidieron la nulidad del auto que dispuso la reapertura de su causa basándose en que la Corte Suprema ya se había expedido en la misma causa a favor de la constitucionalidad de aquellas normas-, pues conforme lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en "Barrios Altos" -sentencia del 14 de marzo de 2001 Serie C No 75-, las mencionadas garantías no impiden la prosecución de causas que fenecieron en razón de normas de impunidad por encontrarse el Estado argentino sujeto a la jurisdicción supranacional, puesto que infringiría el propio deber estatal de perseguir penalmente las violaciones a los derechos humanos.
Proceso penal, recurso de apelación (procesal), legitimación procesal, Ministerio Público Fiscal, fiscales, sobreseimiento, sentencia absolutoria, cosa juzgada
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: EUSEBIO, Héctor Dardo s/ inf. art. 189 bis C.P. - APELACION APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-11

Si bien es cierto que el artículo 61 inciso 1 de la Ley Nro. 12 (Ley Nro. 1.287 modif. por Ley Nro. 1.330) es claro en reconocer la potestad recursiva del fiscal en el único supuesto de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, y en el caso de absolución (in re "Alcaraz, Héctor Juan s/infr. art. 189 bis CP. Apelación" expte. 469-00/CC/2006, rta.6-07-06), cabe entender que dicha posibilidad también involucra al sobreseimiento ya que ambos producen la desincriminación del imputado y ponen fin o impiden la continuación del proceso.

Por lo expuesto, no existe motivo para excluir el supuesto de sobreseimiento cuando lo que diferencia a éste de la absolución es que el dictado de esta última se efectúa como consecuencia de un juicio oral, pero ambos tienen efecto de cosa juzgada al desvincular al imputado del hecho; cabe afirmar entonces que fijar los supuestos de impugnabilidad objetiva a la luz de las condiciones limitadas que surgirían de una interpretación literal de la norma en cuestión, con las dificultades que plantearía su alcance restringido, resultaría irrazonable.
Decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, control de constitucionalidad, falta de agravio concreto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rizzo, Jorge Gabriel y otro  c/ E.N.-DNU 70/23 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-01-23

Cabe resaltar que, luego del dictado del DNU 70/23, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, se cumplió con el trámite constitucional y legal establecido para el ejercicio del control previsto al efecto (art. 99, inc. 3 C.N. y ley 26.122). Por lo tanto, frente al esquema normativo aplicable al decreto cuestionado y ante la ausencia de un perjuicio concreto de la parte actora, no resulta posible considerar cuestiones que ya se encuentran sometidas al examen y control primario por parte de las autoridades competentes, como resulta ser, en el caso, el Congreso de la Nación.
Sentencia, fundamentación de sentencias, falta de motivación, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Berjano, Carlos Cesar s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-14

La sentencia impugnada adolece de vicios de fundamentación que la privan de validez como acto jurisdiccional.

Ello así porque rechaza los cuatro testimonios traídos como prueba de descargo, tachándolos genéricamente de falsedad por sus contradicciones sin especificarlas. En el caso, la resolución recurrida, no precisa, como debió hacerlo las contradicciones de las que hace mérito; y en segundo, aún cuando una coartada resulte falsa, si bien caería como medio desincriminatorio, no puede volverse por si misma y sin más una prueba de cargo. Las restantes pruebas valoradas hacen al hecho pero no a la autoría. Las conclusiones del Tribunal Oral aparecen así como meras afirmaciones dogmáticas, huérfanas de suficiente sustento lógico y probatorio. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David).
Contrato de obra pública, gastos improductivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pypsa S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de la Vivienda) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

La renuncia del contratista realizada respecto de la materia comprendida en los alcances de la ley 10200, no abarca los gastos improductivos generados anteriormente, toda vez que configuran un elemento ajeno al cuerpo legal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente en espectáculo deportivo, ley especial, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Di Prisco, Rosana Miriam Edith c/ Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-24

La ley 23.184 no resulta violatoria de los arts. 17, 28 y 33 de la Constitución Nacional.
Condena condicional, pena
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: F, A E s/ HOMICIDIO CULPOSO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 245-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-02-28

El mantenimiento del precepto contenido en el artículo 26 in fine del Código Penal que impide a los Jueces aplicar la condenación condicional respecto de la pena de multa e inhabilitación, vulnera los fundamentos de un moderno derecho penal, es irrazonable e injusto y afecta en el caso -que se trata de una inhabilitación especial para conducir vehículos por seis años por el delito de homicidio culposo- las garantías de los artículos 18, 19 y 14 bis de la Constitución Nacional y 9, 20 y 21 de la Provincial. Da al de seguridad un valor absoluto y elimina in totum el valor resocializador que está ínsito en el moderno concepto de pena.
Preclusión, ejecución de sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: REYES AGUILERA DANIELA c/ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE Y OTRO s/ AMPAROS Y SUMARISIMOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-16

La doctrina es conteste en sostener que la recta hermenéutica del art. 155 del C.P.C.C.N. obliga a compatibilizar el principio de preclusión procesal en virtud del cual "se produce la clausura definitiva de las etapas del proceso, impidiendo el regreso a estadios y momentos ya extinguidos y consumados, sin que el tribunal ni las partes puedan enervar dicho curso y retrotraerlo a etapas precluídas" (cfr. Arazi, Roland y Finochieto, "Régimen del Código Procesal Civil y Comercial dela Nación). Por tanto, la preclusión impide el replanteo de cuestiones decididas en forma expresa o implícita en el juicio, por lo que si la parte actora no interpuso los remedios procesales pertinentes, no puede en la etapa de ejecución de la sentencia sacar a relucir una cuestión que no fue resuelta -en el caso, por el Alto Tribunal y la sentencia dictada por este Tribunal-.
Cómputo de servicios, prueba, presunción juris tantum, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FERNANDEZ, ANGELA c/ Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-24

La acreditación de servicios por prolongados períodos de tiempo no puede admitirse en base a elementos aislados, presuntivos o amparados en criterios jurisprudenciales en exceso amplios en cuanto a la evaluación y aplicación del principio de la duda, porque a contrario de discernir lo justo en caso particular, lo que se hace es afectar injustamente el resto de la comunidad que sí ha cumplido con sus deberes previsionales e integrado el fondo contributivo del cual saldrán los recursos para pagar un beneficio cuya percepción no se ha justificado legítimamente (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, 8377, 9/4/91, "Barga, Julio c/C.N.P.I.C. y A.C.").
Accidentes de trabajo, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Fedczuk, Carlos O. c/ Garovaglio y Zorraquín S.A. y otro s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

Por ser manifiestamente violatorios de la autonomía provincial, los artículos 21, 22 y 46 -en su parte pertinente- de la Ley nro. 24.557 resultan inconstitucionales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Báez, Julio Oscar c/ Colegio Sec. "Belisario Enrique" y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-04-15

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, ya que en nuestro régimen procesal, la imposición de costas constituye una mera consecuencia de la derrota (conf. art.129 de la ley 2383), en tanto se sigue un criterio eminentemente objetivo. La única manera que el derecho del trabajador ganancioso salga incólume del proceso, es precisamente a través de la imposición de costas al vencido, ya que no otra cosa importa sino una reparación de los gastos necesarios que aquélla debió efectuar en el pleito, para obtener el reconocimiento del crédito cuestionado.
Recurso de inconstitucionalidad, relación de dependencia, ejercicio profesional
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ARDIT, CARLOS A. c/ SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO GARIBALDI s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-30

Esta Corte ha estimado que el método más confiable para desentrañar la real naturaleza de la relación que unió a las partes en disputa es proceder a la comprensión global y entrecruzada de los aspectos fácticos del vínculo, evitando la suma en distintas columnas como si se tratara de una operación contable. A la luz de tal razonamiento, en el juzgamiento de la resolución impugnada se observa que los Sentenciantes abordaron el análisis del vínculo habido entre las partes desde la ponderación de los tres aspectos de la subordinación (económica, técnica y jurídica), mas al avanzar en el análisis de la jurídica el razonamiento se tornó más endeble, por cuanto no puede perderse de vista que los postulados a que hicieron referencia (reglamento del hospital, fijación del horario de atención por parte de la Dirección de la Institución y su comunicación del organigrama interno, entre otros) traducen pautas propias y necesarias para la organización y funcionamiento de cualquier actividad destinada a la prestación de un servicio, sin que se imponga considerarlas inexorablemente como el ejercicio concreto de facultades de organización, dirección o disciplinarias propias de un empleador. Y más débil aún se presentó la fundamentación de la subordinación económica, por cuando consideró que se acreditaba por cuanto los actores no tenían ninguna intervención en la fijación de los aranceles que percibían por los servicios que prestaban, ni tenían obligación alguna de contribuir a solventar las pérdidas en caso de que el funcionamiento del sistema lo implicara.
Falsificación de instrumento público, falsedad ideológica, formulario 08, estado civil, simulación
Materia: PENAL
Carátula: GARGIULO, Gerardo s/ inf. art. 293 del C.P. Causa 30.285
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-13

"La falsedad ideológica no se refiere a cualquier falsedad o mentira introducida en el documento, sino solamente aquellas que recaen sobre el hecho que el instrumento mismo prueba erga omnes".

Por ello, los certificados "01" y "08" en los cuales consta como soltero el estado civil, no deben probar dicho estado aun cuando dicha irregularidad pueda dar lugar a una defraudación.

"...dentro de una escritura pública es preciso distinguir muy bien esos aspectos, porque puede confundirse la falsedad con la simulación, cosas muy distintas. La simulación podrá dar lugar a una estafa pero no es una falsedad.
Revocación de la libertad condicional, prescripción de la reincidencia, reincidencia múltiple
Materia: PENAL
Carátula: BIRRAGLIA, Omar s/ LIBERTAD CONDICIONAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-13

La prohibición contenida en el art. 17 del Cód. Penal, en cuanto a que ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada puede volver a obtenerla, rige sólo para la condena que se está ejecutando y no para otra ulterior, interpretación que guarda relación estricta con la nueva norma contenida en el art 50 CP versión ley 23057, según la cual existe la prescripción de la multirreincidencia.
Denuncia, desestimación de la denuncia
Materia: PENAL
Carátula: C.V.A. s/ s/ denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-08-27

En la especie el Sr. Agente Fiscal solicita la desestimación de la denuncia por considerar que los hechos referidos en ella, no encuadran en una figura penal. El Sr. Juez, a contrario sensu del supuesto del art. 183 in fine, se muestra conforme con ello y pese a que el denunciante, querellante o víctima, no lo estén, no existe en la norma procesal referida una disposici{on expresa que disponga su recurribilidad ni tampoco puede inferirse una admisi{on genérica de aquélla, toda vez que al poder efectuarse una nueva denuncia con elementos de juicio más precisos, contundentes y de mayor fuerza convictiva, la actual decisión desestimante no puede causar gravámen irreparable.
Concursos, pedido de quiebra, trámites judiciales, prueba sumaria del crédito, procedencia del recurso, sentencia, procedimiento laboral, verificación de créditos, crédito privilegiado, acuerdo preventivo, acreedor quirografario
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Sánchez Anterino, Nelson Alejandro le pide la quiebra Gimenez Ojeda, María Olga c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

En efecto, cuando el acuerdo propuesto en el concurso por el deudor se encuentra homologado, los créditos serán según su carácter susceptibles de ser percibidos en las condiciones del mismo o, por resultar ajenos a éste, inmediatamente exigibles (CNCom, Sala B in re "Magalcuer SA s/ concurso preventivo s/ incidente de pronto pago y verificación por Rodríguez Santiago" del 16/12/10; ídem Sala C in re "Transportes Servemar s/ concurso s/ incidente de pago por Farher" del 24/10/00), para lo cual tales acreedores pueden optar por este tipo de procedimiento.
Declaración de inconstitucionalidad, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Caja Previsional p/ Profesionales en Ciencias Jurídicas de San Juan c/ Rombola, Alberto Luis s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2000-08-18

La declaración de inconstitucionalidad de una ley es un remedio de excepción, al que cuadra recurrir en última instancia, debiendo los magistrados judiciales obrar con mesura y prudencia, ya que por tratarse de un acto de suma trascendencia y gravedad institucional, debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico.

Desde un punto estrictamente formal, se ha decidido la inadmisibilidad de la excepción de inconstitucionalidad en el juicio ejecutivo. Vale decir que, por ser éste un proceso de conocimiento limitado, no puede el ejecutado impugnar como contrario a garantías constitucionales lo que se le cobra; debe pagar y promover el juicio ordinario por repetición, planteando allí el problema constitucional.
Ofrecimiento de la prueba, REPÚBLICA ARGENTINA, asesinato, aduanas, policía, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, declaración testimonial, encubrimiento
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Gutierrez y Familia c/ Argentina s/ Resolución del presidente de la Corte Caso Gutierrez y Familia c/ Argentina s/ Resolución del presidente de la Corte
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-12-20|2013-11-25

Conforme lo establecido en los artículos 35.1., 40.2.c, 41.1., 46, 48, 50, 57 y 60 del Reglamento de la Corte Interamericana, el Tribunal garantizó a las partes el derecho de defensa respecto de los ofrecimientos probatorios realizados en el escrito de sometimiento del caso en que se demanda a la República Argentina por la presunta muerte violenta sufrida por un subcomisario y el supuesto posterior encubrimiento de autoridades, cuando aquél se encontraba a cargo de la investigación conocida como de la "aduana paralela", y considerando que ni la Comisión Interamericana ni el Estado, presentaron observaciones a las declaraciones testimoniales de las presuntas víctimas, corresponde recabar tales declaraciones por estar directamente relacionadas con los hechos del caso, a fin de poder apreciar su valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana crítica.
Refinanciación hipotecaria, deudor hipotecario, igualdad ante la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Massola, Hugo Juan y Otro c/ Estado Nacional y Otro s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-10-17

Resulta improcedente la pretensión de la actora tendiente a que la ley 25.798 le sea aplicable, so pretexto de afectar el principio de igualdad, en tanto el contenido del acto jurídico celebrado por la accionante, la naturaleza de la controversia y la índole contractual de la prestación concretada, se advierten al margen de la ley 25.798, y la demandante no ha probado ni formulado argumento apto alguno para calificar de irregular o ilegal la conducta de la demandada, pues no encuadra su condición en las admitidas por la norma para acogerse al sistema de refinanciación hipotecaria, ni tampoco ha acreditado un obrar negligente o irregular estatal.
Otorgamiento del beneficio, trabajadores rurales, procedencia del recurso, medidas cautelares
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SCOTT ESTANISLAO FABIAN c/ A.N.Se.S. s/ Medidas cautelares c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-28

Corresponde rechazar la medida cautelar interpuesta que tiene como objeto que se disponga judicialmente el otorgamiento de una suma mensual equivalente a un beneficio jubilatorio mínimo. Ello para atender a su subsistencia, mientras el organismo dicta la resolución otorgante del beneficio y de este modo acceder a la posibilidad de contar con una obra social, aunque el propio organismo previsional haya reconocido que el actor trabajador rural reúne 29 años, 5 meses y 21 días de servicios con aportes. Pues cabe señalar que, las medidas precautorias como la requerida, alteran el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, configurando un anticipo de jurisdicción favorable respecto de lo que en definitiva se decida sobre el derecho al beneficio del actor. Ello justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (cfr. Fallos 316:1833; 318: 2431; 319:1069 y 321:695). (Del voto de la mayoría. La Dra. Pérez Tognola voto en disidencia).
Reparación económica para familiares de desaparecidos, prescripción, cómputo del plazo
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL - CIVIL
Carátula: Tarnopolsky, Daniel c/ Estado  Nacional  y  otros s/ proceso  deconocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

Sólo a partir de la fecha de publicidad del acta del 5 de diciembre de 1983, en que cesó la imposibilidad jurídica de demandar, debe establecerse el inicio del curso de la prescripción de la acción de daños por la privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de los familiares del demandante (Voto del Dr.

Eduardo Moliné O'Connor).
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido, relación de dependencia, rescisión del contrato, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ARIAS OSVALDO c/ COOPERATIVA  DE  ELECTRICIDAD  Y  AGUAS  CORRIENTES DE EMBALSE LTDA Y OTRO s/ CASACION LABORAL - DESPIDO - JUSTA CAUSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-03-15

Si la parte demandada adujo haber despedido mediante telegrama el día treinta de octubre y la actora que lo fue el primero de noviembre (fecha de su recepción), a esta última correspondía la carga de la prueba y ninguna aportó, consintiendo el informe de ENCOTEL del que no se desprende la fecha de recepción del mencionado telegrama.
Determinación de deuda previsional, reglamentación de la ley, índices de actualización, actualización monetaria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: EL CANDIL S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-03

Los decretos que reglamentan las leyes 23.982 y 24.283, respecto de las deudas previsionales (589/91, 611/92 y 159/92), no están sujetos a índices o mecanismos, sino que establecen porcentajes en función del capital adeudado, los que deben ser aplicados cuando no contengan carga indexatoria.
Justicia municipal de faltas, revisión judicial, ley de tránsito, responsabilidad de las personas jurídicas, interpretación sistemática
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: E. C.  S. A.C. s/ Recurso de Queja por revisión Denegada. Denegada.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-08

La Ley Nacional de Tránsito Nro. 24.449, no operaba ni regía automáticamente en un ámbito espacial, sino que requería de la adhesión expresa por parte de las provincias o municipios.

El Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires no adhirió en modo alguno a dicha ley, en todo caso por ser sucesor de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución la receptuó como normativa existente a la fecha del cambio de status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires.

El Tribunal Superior de Justicia en la causa SAO 61/99 producida a raíz de un recurso de queja presentado, se pronunció en el sentido que al no registrarse la adhesión expresa de la Ciudad de Buenos Aires al mencionado régimen legal ha tenido la posibilidad cierta de seguir una política distinta en materia de responsabilidad por Faltas, consagrando como así lo establece la Ordenanza Municipal Nro. 50.292, la responsabilidad refleja de las personas jurídicas por infracciones cometidas por sus dependientes, distinto a lo normado por la Ley Nacional de Tránsito y con independencia del pensamiento particular que cualquiera de las partes del proceso exprese en relación a la calidad de la norma en cuestión.
Costas, regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

La ley 24.432 resulta aplicable con total independencia de la oportunidad en que nació la obligación reconocida en la sentencia o de aquella en la que se cumplieron los trabajos que dan lugar a las regulaciones de honorarios practicadas en calidad de costas (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).