Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-28


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 28 de 2007.

El doctor Guibourg dijo:

Las partes actora y demandada apelan la sentencia de fs. 780/785 vta., que acoge en lo principal las pretensiones deducidas en el inicio, en los términos de los memoriales de fs. 797/802 vta. y fs. 818/826 vta., con réplica a fs. 845/850 vta. y fs. 852/855 vta. Impugnan, además, la aclaratoria de fs. 796, en los términos de las presentaciones de fs. 835/837 vta. y fs. 840/842 vta.

La primera se queja por el rechazo de los reclamos en concepto de vales alimentarios e indemnizatorio con sustento en el artículo 80 de la LCT. Reitera el cuestionamiento de constitucionalidad del artículo 4 de la ley 25.561. Apela la regulación de honorarios y la distribución de costas. Finalmente, se queja por los rubros tomados en cuenta por el juez para el cálculo del agravamiento del artículo 16 de la ley 25.561.

La demandada se queja porque el magistrado de grado considera justificada la decisión de la trabajadora de extinguir la relación de empleo. Según sostiene, la correcta valoración de los elementos probatorios y demás circunstancias que obran en la causa llevan a la solución contraria. Cuestiona el acogimiento de los reclamos en concepto de remuneración del mes de noviembre 2004, de asignaciones no remunerativas, de diferencias derivadas de una reducción salarial oportunamente convenida por las partes y de los agravamientos establecidos en los artículos 1 y 2 de la ley 25.323. También critica el salario admitido en grado en tanto contempla un supuesto pago parcial sin respaldo documental - que estima no probado - y la regulación de honorarios. Finalmente, se queja por los rubros considerados por el sentenciante para la determinación del incremento del artículo 16 de la ley 25.561.

Ante todo, señalo que resulta abstracto el tratamiento de la impugnación deducida por la parte actora por la omisión en torno de las multas por empleo no registrado, por cuanto el magistrado de grado hace lugar a la reparación establecida en el artículo 1 de la ley 25.323 por vía de aclaratoria.

Razones de orden metodológico llevan a analizar, en primer lugar, los agravios esgrimidos por la parte demandada.

En punto al distracto, señalo que la demandada reconoce que pagaba con atraso los salarios de sus empleados y alega - en su defensa - que tanto la actora como el resto del personal estaban informados de la situación de crisis económico - financiera por la que atravesaba la asociación, a quienes se había solicitado comprensión y colaboración.

El informe brindado por el Banco Río a fs. 245/259 da cuenta de que la accionada depositaba sumas parciales en concepto de acreditación de haberes. El perito contador informa a fs. 707/vta. que la demandada canceló el salario correspondiente al mes de noviembre de 2004 mediante depósitos: $ 170 el 21/1/05, $ 170 el 27/1/05, $ 170 el 4/2/05 y $ 38 el 11/2/05. Sin embargo, advierto que esta práctica irregular - demoras y depósitos de sumas parciales a cuenta - no permite en modo alguno imputar estos pagos a los conceptos reclamados por la trabajadora en el emplazamiento del 2/2/05.

Destaco, también, que la empleadora no desconoce el derecho de la accionante a percibir los salarios de diciembre de 2004, enero de 2005 y el aguinaldo.

Desde tal perspectiva, considero que la falta de pago de la remuneración es una de las principales obligaciones del empleador - cuyo carácter alimentario no puede ser puesto en duda - y su inobservancia (artículos 74 y 128 de la LCT) constituye un incumplimiento contractual injurioso de gravedad suficiente para justificar la extinción de la relación de empleo por parte de la dependiente (artículo 242 de la LCT).

Cabe señalar que la eventual circunstancia de crisis económico - financiera invocada por la demandada pudo haber justificado la adopción, por su parte, de los paliativos y procedimientos que las leyes laborales prevén para tales casos (artículos 221 de la LCT y 98 de la ley 24.013), acciones que la demandada no tomó, lo que refuerza la conclusión expuesta precedentemente en tanto evidencia una postura pasiva de la empleadora, que se limitó a alegar la crisis que le habría impedido cancelar los conceptos reclamados por la actora, cuya procedencia no desconoce, sin adoptar actitud positiva alguna destinada a brindar una solución concreta al justo planteo de la trabajadora. Propongo, pues, confirmar la decisión impugnada en el punto en análisis.

No prosperará la queja de la demandada respecto del salario del mes de noviembre de 2004, ya que el informe del Banco Río mencionado precedentemente, no demuestra la cancelación íntegra de este rubro.

Idéntico temperamento adoptaré en relación con el agravio referido a la reducción salarial. No se discute a esta altura que las partes convinieron una rebaja en el orden del 7%, homologada por la autoridad de aplicación mediante Resolución 229 del año 1995. En la lectura del acuerdo y la norma citada (fs. 92/95) no se observa que las partes hayan pactado la compensación de la quita con futuros aumentos salariales.

Por lo además, no puede interpretarse - como lo pretende la apelante - que la demandante haya consentido la rebaja de salarios por no haberla cuestionado, pues el silencio de los trabajadores no puede ser valorado como renuncia a los derechos que la ley le confiere (artículos 12, 58, 259, 260 y concordantes de la LCT). Por eso, considero que asiste a la actora derecho a las diferencias reclamadas, pues la empleadora no alega ni prueba haber integrado el salario - con la rebaja del 7% - al vencimiento del plazo pactado.

Sin embargo, no puedo soslayar que la demandada opone excepción de prescripción, por lo que corresponde reducir el monto a condena a la suma de $ 1.891,57.

En cuanto a los pagos en negro, señalo que los testimonios de Patcher (fs. 191/192), Reyes (fs. 195/196) y Kenigsberg (fs. 497/vta.) son eficaces para acreditar la incorrecta inscripción del contrato de trabajo invocada por la accionante. Los citados hacen hincapié en que era una práctica habitual de la empleadora el pago de sumas en concepto de capacitación sin respaldo documental contra la suscripción de vales, de color celeste según dichos de Kenigsberg. Reyes, por su parte, refiere con claridad que el dinero se cobraba en un sobre a nombre de cada empleado en la administración y que la comisión directiva informaba mediante carteles colocados en la secretaria la fecha de cobro del adicional. Las declaraciones de referencia resultan concordantes entre sí y provienen de personas que han tomado conocimiento directo de los hechos que relatan (ya que lo concerniente a la modalidad de pago de salarios afecta a todo el personal de la demandada), por lo que corresponde reconocerles valor probatorio (artículos 90 de la LO y 386 del CPCCN).

Lo precedentemente expuesto me lleva a confirmar lo decidido en grado respecto a los reclamos salarial en concepto de adicional por capacitación e indemnizatorio con sustento en el artículo 1 de la ley 25.323.

También corresponde confirmar el fallo de grado en cuanto admite la procedencia de la indemnización establecida en el artículo 2 de la ley 25.323, pues la recurrente no alega razones que justifiquen en el presente la exención por ella pretendida.

La demandada se queja por el acogimiento del reclamo en concepto de asignaciones no remunerativas. Le asiste razón.

En relación con el tema en debate tuve oportunidad de expedirme en el expediente "Zuccarelli Lidia Nora c. Belgrano Day School S.A. s/Diferencias de Salarios" (SD 87.688 del 18/4/06).

La ley 13.047 creó el Consejo Gremial de Enseñanza Privada y, en su artículo 31 inciso 2, le encomendó "resolver las cuestiones relativas al sueldo, estabilidad, inamovilidad y condiciones de trabajo del personal, que no estén contempladas en el presente estatuto". El artículo 32 establece que contra las resoluciones de dicho organismo "podrá interponerse recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo".

El decreto 1273/02 dispuso una "asignación no remunerativa de carácter alimentario" pata "todos los trabajadores del sector privado que se encuentren comprendidos en los convenios colectivos de trabajo" (art. 1º), con las excepciones establecidas en el artículo 2º que no tienen relación con este caso.

El decreto 1371/02 reglamenta el anterior y autoriza al Ministerio de Trabajo "a dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto" (art. 8).

El decreto 2641/02 volvió a fijar "una asignación no remunerativa de carácter alimentario" a partir del 1 de enero de 2003, asignación cuyo monto habría de incrementarse desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio del mismo año. El ámbito de aplicación del beneficio es el mismo que el previsto en el decreto 1273/02.

A pedido del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, la Secretaría de Trabajo dictó la resolución 175/02, donde aclaró "...que los docentes privados se encuentran comprendidos dentro de las previsiones de los Decretos 1273/02 y 1371/02...". Tal decisión fue dictada en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 8 del decreto 1371, ya mencionado.

A su vez, el Consejo Gremial de Enseñanza Privada dictó la resolución 1884/02, según la cual "no es aplicable el Decreto 1373/02 al personal docente de los establecimientos educativos comprendidos en el art. 2 de la ley 13.047".

Contra la resolución ST 175/02 se interpuso jerárquico. El Ministerio de Trabajo, en la resolución 921 del 6/12/04, declaró abstracto su tratamiento porque la decisión atacada no había sido publicada y porque consideró aplicable el régimen de la ley 13.047.

Considero, en este aspecto, que el Ministerio de Trabajo es superior jerárquico del Consejo Gremial de Enseñanza Privada y es, además, la autoridad para dictar normas complementarias y aclaratorias del decreto 1371 (y también del decreto 2641/02, si se atiende al texto del artículo 8 de este último). Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que ambos decretos fueron dictados bajo la forma de "necesidad y urgencia" prevista en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, por lo que, no habiéndose planteado en esta instancia cuestión alguna acerca de su constitucionalidad, han de reputarse en el mismo nivel legislativo que la ley 13.047 de la que derivan las facultades del CGEP. La resolución ST 175/02 habría de prevalecer, pues, sobre la resolución CGEP 1884/02, si no fuera porque el propio Ministerio de Trabajo revió su criterio y reconoció la aplicabilidad de esta última en la resolución 921/04.

Sentado lo expuesto, propicio revocar este segmento de la decisión impugnada.

Trataré, a continuación, los agravios vertidos por las partes respecto al agravamiento del artículo 16 de la ley 25.561.

Dado que la finalidad del resarcimiento establecido en el artículo 16 de la ley 25.561 es evitar la destrucción de puestos en el marco de la situación de emergencia social (comprensiva del nivel de empleo) que motivó su dictado y es reconocida por la misma ley (artículo 1), cabe interpretar - ante la falta de disposición en análisis - que la duplicación que la norma prevé como medio para alcanzar ese objetivo se refiere a todas las indemnizaciones cuya causa directa e inmediata sea el despido, sea éste directo o indirecto. En tales condiciones, corresponde entender que en el caso resultan alcanzadas por la duplicación las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva del preaviso omitido, como también la integración del mes de despido. Pero no resulta alcanzada la indemnización prevista en el artículo 1 de la ley 25.323, dado que el objeto de esta última se enmarca en las políticas diseñadas por el legislador para erradicar el trabajo no registrado (o registrado incorrectamente), propósito que difiere claramente del perseguido por la norma citada, de interpretación restrictiva en tanto establece el agravamiento de resarcimientos.

Tampoco corresponde duplicar la indemnización contemplada en el artículo 2 de la ley 25.323, por cuanto su objeto es sancionar la mora del empleador que, fehacientemente intimado, no abonare al trabajador las indemnizaciones por despido arbitrario, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, obligare a este último a iniciar acciones judiciales y administrativas para percibirlas. En otras palabras, el incremento tiene origen en una conducta del empleador posterior a la cesantía.

No obstante la convocatoria a Acuerdo Plenario en autos "Busquiazo Guillermo Ernesto c/Gate Gourmet Argentina S.A. s/Despido" (Expte. Nro. 20.829/2004), en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 301 del C.P.C.C.N., corresponde expedirse en torno de la pertinencia de la incorporación del resarcimiento previsto en el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo en la duplicación contemplada en el artículo 16 de la ley 25.561, de conformidad con el criterio seguido mayoritariamente por las distintas Salas que integran la Cámara (Sala I en "Ikei, Sebastián Javier c/Galdar S.A. y otro s/Despido" SD 80.479 del 20/3/03; Sala II en "Loubet, Mariana Lucía c/Big Idea S.A. s/Despido" SD 92.009 del 25/9/03; esta sala en "Adorno, Eusebio Olegario c/Brando Hnos. S.A. y otro s/Despido" SD 85.635 del 27/2/04; Sala IV en "Busquiazo, Guillermo Ernesto c/Gate Gourmet Argentina S.A. s/Despido" SD 91.386 del 12/5/06; Sala V en "Pedrozo, Claudio Alejandro c/Gano S.R.L. s/Despido" SD 68.620 del 11/7/06; Sala VI en "D'Agostino, José María c/PC Midi Center Sociedad de Hecho integrada por Peralta María del Valle, Rodriguez Pericoli Guillermo y Kurokawa M. S/Despido" SD 57.076 del 2/4/04; Sala VIII en "Manatini, María Isabel c/Consolidar A.F.J.P. S.A. y otro s/Despido" SD 33.805 del 30/11/06). Es criterio de este Tribunal que no procede la incorporación de la indemnización prevista en el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo para liquidar el agravamiento establecido en el artículo 16 de la ley 25.561, por cuanto la primera tiene su fundamento en la falta de entrega de los certificados de trabajo.

Por último, destaco que, en atención a la doctrina sentada en el acuerdo plenario "Tartaglini, Gustavo Mario c/La Papelera del Plata S.A. s/Despido" (Expte. Nro. 14.403/2005), no procede la incorporación de la indemnización prevista en el artículo 156 de la ley de contrato de trabajo para liquidar el agravamiento establecido en el artículo 16 de la ley 25.561, por cuanto la primera es aplicable cualquiera sea la causa de extinción de la relación de empleo (renuncia o muerte del trabajador, por ejemplo).

Sentado lo expuesto, corresponde recalcular el rubro en cuestión, el que asciende al importe de $ 16.935,13.

Me expediré, a renglón seguido, sobre los agravios esgrimidos por la parte actora.

En orden al reclamo relativo a los vales alimentarios, considero que asiste razón a la apelante dado que tales beneficios integraban la contraprestación recibida por la accionante por su trabajo, de modo que cabe entenderlos incorporados a su derecho de propiedad. Su supresión o reducción unilateral y arbitraria por parte de la empleadora, sin contraprestación compensatoria alguna (nada de esto se ha alegado ni probado al respecto) resultó ilegítima y, por ende, torna procedentes las diferencias reclamadas, por el importe de $ 149,00.

También procederá la queja referida a la indemnización con sustento en el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo.

El artículo 80 de la ley de contrato de trabajo establece en su último párrafo que "si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuera menor".

El artículo 3 del decreto 146/01, reglamentario de la norma citada, dispone que "el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (...) dentro de los treinta días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo".

La norma inferior debe ser leída con los límites de la norma superior que reglamenta. Esta última otorga al empleador un plazo de dos días hábiles para cumplir el requerimiento del trabajador relativo a la entrega del certificado o cargar con la indemnización que se regula; la brevedad de ese plazo puede así explicar la interposición de otro plazo antes de que aquel requerimiento quede habilitado ya que, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo puede incluir la necesidad de regularizar el vínculo (recuérdese que para estos fines un plazo idéntico es otorgado por la Ley de Empleo). La extensión del plazo encuentra su justificación en facilitar el cumplimiento del empleador antes que en obstruir la habilitación del trabajador para intimar, aunque la redacción de la norma pueda tolerar también esta última interpretación.

De tal modo, considero que la intimación fehaciente a que hacen referencia tanto la norma originaria como su reglamentación sólo puede surtir sus efectos (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización) una vez que haya transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye - desde el momento de la extinción - una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa.

Nótese que, en el presente, está fuera de discusión que la trabajadora requirió las certificaciones en la comunicación del distracto (ver epistolar que obra en sobre por cuerda).

La empleadora contaba con treinta y dos días para confeccionar los certificados y entregarlos al trabajador. Sin embargo, no cumplió su obligación dentro del plazo legal.

En esta inteligencia, propongo que se modifique lo decidido en grado y se adicione al monto de condena la suma de $ 2.795,43.

Finalmente, la parte actora reitera el cuestionamiento de inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley 25.561.

Ante todo, señalo que este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la actualización monetaria de los créditos laborales a partir de la vigencia de la ley 25.561, al dictar la sentencia Nro. 84.233, del 7.11.2002, en autos "Méndez, Gerardo Luis c/Black Carvajal y Cía. S.A. s/despido", en la cual se expuso que "... El artículo 67 inc. 10 de la Constitución Nacional de 1853, reformada en 1860, 1898 y 1957, disponía que "Corresponde al Congreso (...) hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras...". En uso de esa atribución, el Poder Legislativo dictó en marzo de 1991 la ley 23.928, cuyo artículo 1º fijaba el valor del dólar estadounidense en la suma de 10.000 australes (más tarde equivalentes a un peso). La actual Constitución, vigente desde 1994, establece en su art. 75, inciso 11 una cláusula idéntica a su antecesora. En uso de esta atribución, el Poder Legislativo dictó en enero de 2002 la ley 25.561, cuyo artículo 1º delega en el Poder Ejecutivo definir "el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias" y cuyo artículo 3º deroga los artículos 1º, 2º y otros de la ley 23.928. A la vez, el artículo 4º de la nueva regulación modifica los artículos 7 y 10 de la ley 23.928: el primero de ellos establece que el deudor de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación "dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada", a la vez que prohíbe "actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley"; el segundo mantiene "derogadas, con efecto a partir del 1º de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas...". "...La indexación, procedimiento expresamente prohibido por la ley vigente procura mantener el poder adquisitivo del crédito, cuando la moneda en que la deuda se halla expresada se ha depreciado entre la fecha de vencimiento y la de pago, multiplicando la cantidad inicial de unidades monetarias por un coeficiente representativo de aquella desvalorización. El coeficiente depende de mediciones estadísticas y puede resultar de diversos índices. De ellos, el más apropiado es el que mide la evolución de los precios al consumidor, ya que el consumo es, en definitiva, el uso final que de su dinero hacen las personas en general y, aun en mayor medida, los trabajadores...". "...No es la indexación, sin embargo, el único medio para restablecer el valor original de la deuda. Otro, empleado con mayor generalidad cronológica y geográfica, es la fijación de una tasa de interés que no sólo compense la falta de uso del dinero retenido sino exprese además la expectativa inflacionaria que en cada momento rija en el mercado...". "...El método de los intereses es una solución aproximada, ya que no mide exactamente la variación de los precios sino el modo en que los actores económicos, en su conjunto, prevén la evolución futura de los precios desde el momento en que los intereses se pactan. Pero hay que reconocer que tampoco la indexación es una solución precisa, porque depende de la evolución de una canasta de artículos, seleccionada por el organismo encargado de confeccionar la estadística, sin considerar cómo la variación de todos los precios (esos y otros) ha de incidir en la capacidad adquisitiva de un individuo determinado, habida cuenta de los hábitos de consumo del sujeto concreto...". "...La indexación se impone, pues, incluso por vía directamente constitucional, cuando la economía se desboca y la inflación se vuelve tan imprevisible que ni siquiera las tasas de interés fijadas en el mercado libre son capaces de proveer un remedio aproximadamente confiable para la desvalorización monetaria real. En tales casos, se hace preciso medir la inflación ex post facto y corregir sus efectos sobre el pago mediante la aplicación del correspondiente coeficiente. Pero, mientras la situación no llegue a ese extremo y pueda ser salvada mediante el uso de la tasa de interés, no hay lesión constitucional suficiente para aniquilar una expresa disposición legal que prohíba la indexación...".

Así, considero que no existe gravamen en el caso para la actora y que cualquier desfasaje que pudiera producirse está suficientemente compensado con los intereses que se mandaron aplicar.

En síntesis, propongo reducir el monto a condena a la suma de $ 80.111,73.

La modificación introducida lleva a dejar sin efecto las costas y los honorarios fijados en origen (artículo 279 del CPCCN). En consecuencia, en atención al resultado del pleito y la existencia de vencimientos parciales y recíprocos propondré imponer las costas en ambas instancias en 30% a cargo de la parte actora y en 70% a cargo de la parte demandada (artículo 68 del C.P.C.C.N.). En atención al mérito y a la extensión de las labores desarrolladas, cabe regular los honorarios de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora y demandada y del perito contador en 20%, 15% y 7% del monto de condena más intereses respectivamente, de lo que - en definitiva, les corresponda percibir al calcularse la liquidación que prevé el artículo 132 de la L.O. (artículo 38 de la L.O., leyes 21.839 y 24.432).

Respecto de la adición del Impuesto al Valor Agregado a los honorarios, esta Sala ha decidido en la sentencia nro. 65.569 del 27 de setiembre de 1993, en autos "Quiroga Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/Accidente - Ley 9.688", que dicho impuesto es indirecto y, por lo tanto, grava al consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía de Combustibles S.A. s/Recurso de Apelación" (C. 181 XXIV del 16 de junio de 1993), donde sostiene "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio - adicionárselo a los honorarios regulados - implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Voto, en consecuencia, para que se modifique el fallo de grado y se reduzca el monto de condena a la suma de $ 80.111,73. Propongo, además, imponer las costas en ambas instancias en 30% a cargo de la parte actora y en 70% a cargo de la parte demandada (artículo 68 del C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora y demandada y del perito contador en 20%, 15% y 7% del monto de condena más intereses respectivamente, de lo que - en definitiva, les corresponda percibir al calcularse la liquidación que prevé el artículo 132 de la L.O., proporción que no incluye la incidencia del impuesto al valor agregado. Finalmente, cabe hacer saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inciso 2) del artículo 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar, en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 de la ley 1181 G.C.B.A. y punto II Acordada CSJN Nro. 6/05).

La Doctora Porta dijo:

Que por idénticos fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Modificar el fallo de grado y reducir el monto de condena a la suma de $ 80.111,73 (pesos ochenta mil ciento once con setenta y tres centavos). II.- Imponer las costas en ambas instancias en 30% a cargo de la parte actora y en 70% a cargo de la parte demandada (artículo 68 del C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora y demandada y del perito contador en 20%, 15% y 7% del monto de condena más intereses respectivamente, de lo que - en definitiva, les corresponda percibir al calcularse la liquidación que prevé el artículo 132 de la L.O., proporción que no incluye la incidencia del impuesto al valor agregado. III.- Hacer saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inciso 2) del artículo 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar, en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 de la ley 1181 G.C.B.A. y punto II Acordada CSJN Nro. 6/05). - Elsa Porta. - Ricardo A. Guibourg.