marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Debido proceso, presunción de inocencia, defensa en juicio, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Fernando Ariel Carrera en la causa Carrera, Fernando Ariel s/ causa n° 8398 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-25

Si bien la sentencia apelada no satisface el derecho del imputado a que su condena sea revisada de conformidad con los mandatos que derivan de la presunción de inocencia, no corresponde que la causa sea devuelta para el dictado de una nueva decisión (art. 16 primera parte, ley 48), ya que ello implicaría continuar dilatando una situación de indefinición reñida con el derecho de defensa y el debido proceso y se traduciría en la lesión del derecho que tiene todo imputado a obtener un pronunciamiento que defina su posición frente a la ley y a la sociedad, y ponga término al estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez y para siempre, su situación frente a la ley penal.
Responsabilidad civil, daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. E. c/ P. G. A. y S., L. E. y/o contra quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-02

Es de todos conocido que la sola verificación o sufrimiento de un daño no resulta suficiente para constituirse en sujeto indemnizable, desde que es menester determinar además -y entre otros recaudos- el vínculo de causalidad entre la consecuencia dañosa y el hecho que origina la responsabilidad.
Contrato de trabajo, trabajador en relación de dependencia, prestación de servicios, prueba, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Chinni, Pablo Antonio c/ Autosur S.A. y otra s/ Cobro de pesos el indem. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2024-02-15

Ante la existencia de servicios prestados contra un pago, es la presunción de que se está en presencia de una relación laboral, la que pone en cabeza del principal la carga de acreditar que esa actividad material no reviste el carácter de trabajo en relación de dependencia, obrado bajo subordinación técnica, jerárquica y económica, con total independencia de la causa que se le atribuya.
Recurso de casación, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: ELSA ISABEL MILANI c/ NELLY MARIA RODRIGUEZ s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-02-02

El recurso de casación está limitado a obtener del tribunal ad quem la revisión del juicio de derecho y no del juicio que sobre los hechos haya efectuado el tribunal a quo. No siendo la de esta corte una tercera instancia ordinaria, está excluida del recurso de casación toda cuestión relativa tanto a la fijación de los hechos conducentes a la solución del litigio, como a la meritación de su prueba, y a la apreciación de los mismos.
Policía, faltas disciplinarias, ascenso laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cruz, Arturo Ignacio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 17-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-12

No resulta ilegítima la consideración del antecedente de inhabilitación del recurrente durante dos años consecutivos -1986 y 1987- (artículo 91, inciso f, ley 6769) por parte de la Junta de Calificaciones que intervino en el año posterior -1988-, desde que esa fue la primera vez que consideró el antecedente a los efectos del ascenso, pues la anterior (año 1987) conforme al artículo 90, primera parte (ley 6769), no pudo válidamente considerarlo a los fines de evaluar la aptitud del agente para el ascenso, sino exclusivamente para comprobar su concurrencia como causal de inhabilitación; y con menor razón aún la Junta del año 1986 podía calificarlo, desde que por imperio del artículo 91, inciso e), de la ley mencionada ("hallarse bajo sumario administrativo, no resuelto"), el recurrente estaba inhabilitado.
Concursos, efectos entre partes, actos perjudiciales a los acreedores, acción revocatoria, simulación ilícita, compraventa, fraude procesal, atributos de la personalidad, sociedades comerciales, rebeldía, presunciones, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Porcel, Nancy Graciela c/ Endial SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-26

1 - Corresponde confirmar la sentencia de grado que declaró en rebeldía a los codemandados y admitió la demanda de simulación articulada por una acreedora por vía de cesión en un proceso de quiebra contra los codemandados, declarando la nulidad de la adquisición de cierto inmueble en la medida que su compra por el fallido fue bajo manifestación suya de hacerlo con dinero de la sociedad demandada y para ella, así como el acto jurídico posterior por el cual esta última sociedad aceptó la operación; y la inoponibilidad de la persona jurídica de la sociedad anónima demandada respecto de todos los acreedores del quebrado. 2 - En ese marco, la retención de la posesión del inmueble por parte del fallido y/o sus herederos es otro elemento comprobatorio de la simulación de que se trata. En efecto, la retentio possessionis equivale a la ausencia de toda conducta posesoria por parte del simulador adquirente de la cosa transmitida, y no hace falta subrayar que se trata de uno de los indicios más axiales del síndrome simulatorio (conf. Muñoz Sabaté, Luis., La prueba de la simulación, Editorial Temis, Bogotá, 1980, p. 329, n° 15).
Locación, depósito en garantía, moneda extranjera, obligaciones del depositario, obligación de restituir
Materia: CIVIL
Carátula: URBANO, FERNANDO c/ SAAL DE KAMELMAR, SARA s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-10

Si el depósito en garantía de la locación fue hecho en dólares con respecto a su devolución, cabe formular la siguiente observación: no se trata de una ejecución en dólares, con la obligación de convertirlos a moneda nacional (art. 520 del C. Procesal), ni un pedido de indexación. Se pide la devolución del mismo depósito que se entregó, y es aplicable el art. 740 del C. Civil: "El deudor debe entregar la misma causa a cuya entrega se obligó". En ello rige el principio de identidad cualitativa y el principio de integridad.
Jurisdicción y competencia, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: FISCAL DE ESTADO DR.LUIS MAGIN SUAREZ s/ FORMULA  DENUNCIA  -  SOLICITA  JURADO  DE  ENJUICIAMIENTO  ,  Y  SUS  ACUMULADOS  (JUICIO  POLITICO  A LOS MIEMBROS DE LA CORTE DE JUSTICIA  DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN )
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-29

Las garantías indispensables para la seguridad individual no sufren menoscabo por la aplicación retroactiva de las leyes sobre jurisdicción y competencia, pues una interpretación distinta serviría muchas veces de obstáculo a toda mejora en esta materia, obligando a conservar magistraturas o jurisdicciones dignas de supresión o de reformas.
Mandato, escritura pública, personería, acreditación de la personería, representación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (EPRE) c/ EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RIO NEGRO (EDERSA) s/ AMPARO s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-11-04

Se ha dicho que "Pese a que el mandato, en principio, no está sujeto a formalidades de ninguna clase - conf. art. 1873 del Cód. Civil -, por excepción debe ser otorgado por escritura pública si se tratase de un poder para presentar en juicio - ver art. 1184, inc. 7 del Cód. citado.
Defraudación, Administración Pública, energía eléctrica, delito imposible
Materia: PENAL
Carátula: PALACIOS OMAR ARGENTINO s/ DEFRAUDACION - DELITO IMPOSIBLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-12-29

Quien maniobró sobre el medidor produciendo una alteración en la computación del consumo sin reparar que el manipuleo a su vez cambió la lectura, de tal suerte que el período a facturar, acusaba una numeración inferior a la ultima lectura que e.P.E.C.

tenía ya registrada, debe responder como autor de tentativa imposible de defraudación en perjuicio de una Administración Pública (C.P. arts. 42, 174 inc. 5to. y 44 4to. párrafo), porque el comportamiento cruz o los límites del acto preparatorio constituyendo un comienzo de ejecución que no prosiguió hacia su fin porque mediaron circunstancias ajenas a su voluntad. La inidoneidad del medio generó, indudablemente, la ineficacia en la consecución del resultado propuesto. Existió una finalidad delictiva en el autor, acompañada de la creencia de que su comportamiento era idóneo. La conducta del autor ha provocado una imposibilidad delictiva por inidoneidad de la acción (inidoneidad relativa).-
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico, dolo
Materia: CIVIL
Carátula: RIBA, María de los Angeles c/ IRIARTE, Jorge Serafín s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-04-06

El dolo es causa de nulidad del acto cuando las maniobras practicadas por una de las partes son tales, que es evidente que sin duda la otra parte no hubiera contratado. El artificio debe ser idoneo para sorprender y engañar a un hombre de mediana prudencia.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), empleo público, aplicación de la ley, ley de contrato de trabajo, despido indirecto, Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: XARAU, ALBERTO ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

El impugnante no alcanza a demostrar suficientemente un supuesto de arbitrariedad en el razonamiento de la Cámara, que refirió que el carácter formal y documentado de la relación de empleo público se verifica en los aspectos vinculados a su constitución y ruptura de la relación y recordó que esta Corte ha desechado la aplicación analógica de las normas de la ley de Contrato de Trabajo, porque -en los aspectos mencionados- no pueden transferirse sin más los principios que sustentan dicha ley, no sólo por razón de los distintos objetivos o fines que distinguen la actividad de los órganos públicos de los sujetos de derecho en la órbita del ius privado, sino también por imperio de presupuestos elementales de carácter práctico; y en esa línea los Sentenciantes expresaron que la figura del despido indirecto, en tanto ruptura dispuesta de modo unilateral por el agente cuando se funda en justa causa, resulta esencialmente extraña a las relaciones de empleo público y con base en distintas citas jurisprudenciales concluyeron que resulta insuficiente la sola voluntad del empleado a los fines de producir la ruptura de la relación, requiriendo inexorablemente a tales fines la aceptación por parte de la autoridad respectiva, y que la relación de empleo público subsiste hasta el dictado del acto administrativo que provoca la respectiva ruptura. - CITAS: CSJStaFe: Mule, AyS T 141, p 159.
Asociaciones civiles, responsabilidad de la sociedad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION COOP. DE LA ESCUELA DE COMERCIO "ANTENOR A. FERREYRA" c/ BOGLIONE, JOSE LUIS s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-08

Dado el carácter de sujeto de derecho que tienen las asociaciones civiles sin personería jurídica, responden de los actos de sus representantes.
Derecho de protesta, libertad de prensa, publicación periodística, despido
Materia: PENAL
Carátula: V., P. c/  s/ Procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-16

Los vocales explicaron que "(...) se presenta en el caso una tensión constitucional entre el derecho de protesta o libre expresión de los manifestantes (artículos 75, inciso 22 de la CN, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), por un lado, y el derecho a la expresión a través de la libertad de prensa y al derecho de propiedad que se habría visto afectado por el perjuicio económico derivados de la imposibilidad o demora en la distribución del periódico (artículos 75, inciso 22° de la C.N, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 17 de la Constitucional Nacional). Para definir la cuestión, adquiere relevancia la doctrina que indica que el derecho de protesta no ampara los actos de violencia física o de intimidación (...)". Resaltaron que los elementos reunidos permitieron determinar que la convocatoria pretendió reflejar el descontento por la importante cantidad de empleados despedidos y reclamar por la reapertura de la fábrica. Que las acciones llevadas a cabo se dieron de manera pacífica sin que existieran disturbios ni ningún acto de violencia física contra las personas o cosas por lo que ".Frente a ese escenario, la actividad atribuida debe considerarse justificada por el referido derecho de protesta, que opera como una causal que desplazada la antijuridicidad, en los términos del artículo 34, inciso 4°, del Código Penal. Es decir, que la conducta imputada a V., resulta amparada por el derecho constitucional señalado y, por lo tanto, no constituye delito penal alguno, en tanto se ha visto abarcado por el precepto permisivo de mención.."; y que ".Así, no puede considerarse que en el ejercicio del mismo derecho- la libre expresión- regulado de forma distinta -libertad de prensa y de protesta- prevalezca el primero cuando no ha existido ningún acto de violencia en el ejercicio del segundo..". Por último, sin perjuicio de lo señalado, destacaron que resultaba relevante tener en cuenta que, a pesar de que la convocatoria fue llevada a cabo por el imputado en las redes sociales, no pudo determinarse su presencia en el lugar y por ello que haya tenido el dominio del curso causal que involucró a más de mil personas.
Trabajadores ferroviarios, remuneración, carácter remuneratorio, indemnización por despido, base indemnizatoria del despido
Materia: LABORAL
Carátula: ALDAMA, Juan c/ EFA EMPRESA  FERROCARRILES ARGENTINOS s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-18

Es indiscutible el carácter salarial de la suma abonada bajo el código 273, pues se trata de una suma fija abonada mensualmente, consistente en un porcentual del salario (art. 39 CCT 21/75). En consecuencia, teniendo en cuenta su calidad remuneratoria debe incluirse en la indemnización por despido.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ANDRE, GUSTAVO CRISTIAN c/ E.N.TEL. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

El primer requisito para la admisibilidad de la acción de amparo es que ella se encuentre dirigida contra un acto u omisión de autoridad pública que sea manifiestamente arbitrario o ilegítimo (art. 1 de la Ley 16.986).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, código procesal civil y comercial, ley orgánica del Poder Judicial, ley procesal, interpretación de la ley, acción de amparo, trámites judiciales, medidas urgentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Establecimiento Delsel SCA s/ Es procedente la Constitución de Tribunal plenario en los juicios de  amparo? (Expte. Nro. 292-89) -Tribunal plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-27

El código procesal civil y comercial contiene previsiones de trámite que la ley Orgánica del Poder Judicial no contempla y viceversa. En los aspectos que resultan propios del código de rito éste prevé (artículo 376) un informe "in voce" en el local de la Sala originaria y el acuerdo "dentro" de los 15 días siguientes en el mismo local. Si tenemos en cuenta que se trata de normas complementarias del trámite de apelación y que éste prevé que en caso de urgencia se puede ordenar el estudio simult neo de las causas (artículo 372, segundo párrafo) nada obsta que la providencia cite por un lapso breve de tiempo al Tribunal Plenario, entregando en ocasión de efectivizarse el informe "in voce" o con anterioridad, fotocopia de las partes pertinentes de los obrados para concretar el acuerdo en otro brevísimo lapso de tiempo. De tal modo se sortea el obstáculo de la celeridad propia de la materia: amparo. (Del Voto del Dr. Donati -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es la procedencia de la constitución de un tribunal plenario en los juicios de amparo.
Municipalidad, poder de policía, seguridad pública, delegación de facultades a la Administración, constitucionalidad, ordenanzas municipales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Caradaghian, Arturo S. y Otro c/ Municipalidad de Córdoba y Otro s/ Acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-09-07

1- La actividad de conservación de máquinas de elevación está plenamente comprendida dentro de las materias que debe atender el municipio desde que la misma contempla aspectos urbanísticos y edilicios, y fundamentalmente, de seguridad.

2- En el campo del derecho administrativo la delegación de funciones existe, una autoridad investida de un poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o persona descargándolo sobre ella.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: M. D. D. R. c/ S. A. I. SA s/ sumario - cobro de pesos e indemn. de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-03-27

La decisión judicial crea una norma jurídica individual que es derecho secundario, que reconoce sustento en una norma general y abstracta que es la ley. Su fundamentación debe poner en evidencia esta derivación, de allí que la sentencia para estar fundada requiera la invocación de la norma legal en la que el caso encuadra más un razonamiento lógico que permita inferir sin esfuerzo el camino intelectual seguido por el sentenciante para arribar a su solución.
Competencia federal, propiedad intelectual, falsificación de marca o designación, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: Peralta, Mauro Daniel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-10

Corresponde a la justicia federal, más allá que la infracción a la ley 11.723 sea ajena a su conocimiento, continuar con la sustanciación de la causa, en razón de que el caso resulta aprehendido por dos disposiciones legales -leyes 22.362 y 11.732- que concurrirían en forma ideal, pues ambas habrían sido cometidas simultáneamente y mediante una única conducta. (Dres. David, Slokar y Catucci).
Sentencia penal, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Rocca, Alberto Gustavo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en contra de la Sentencia 08/08 en causa Expte. 231/06 "Rocca, Alberto Gustavo s.a. Robo (3 hechos) en Concurso Real - Capital"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-02-06

Para la declaración de nulidad de una sentencia, no es suficiente que esta sanción se encuentre conminada y que resguarde una garantía constitucional, sino que, además, es necesario que con ella se beneficie aquél que la pretende. Ni la insubsanabilidad ni la oficialdad con que la ley resguarda la situación del imputado en lo que respecta a las nulidades que le atañen, en los términos del actual art. 186 inc. 3 del C.P.P., tienen por objetivo crear a su favor un sistema de nulidades puramente formales, al margen del principio del interés, en virtud del cual una nulidad sólo puede declararse cuando ello sea susceptible de beneficiar procesalmente a la parte en cuyo favor se dicte.

En idéntica dirección, cabe resaltar como ya lo hiciera esta Corte en pronunciamientos anteriores, que nuestro sistema procesal no admite la declaración de nulidad de los actos procesales por la nulidad misma, sino sólo en cuanto lesiona el interés de las partes, para acoger sólo aquella que, por su posible efecto corrector, tengan idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquel interés.
Daño material, indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: G., N.R. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-17

La reparación del daño moral no procede por la mera destrucción o menoscabo de objetos. Excepcionalmente en algunos casos, podría tornarse procedente el pago del rubro extrapatrimonial cuando lo que se daña no son objetos comunes sino aquellos que portan valores de afección. Los bienes preciados cuyo menoscabo habilite el resarcimiento extrapatrimonial serán aquellos cuyo valor no radique en su materialidad sino en su significación espiritual.
Recusación, prejuzgamiento
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Silvio Ramón s/ Homicidio- Incidente de recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-07-30

Corresponde rechazar el planteo de recusación con fundamento en que el magistrado habría incurrido en prejuzgamiento, respecto de quien se encuentra imputado en orden a los delitos de homicidio y lesiones por haber atropellado a dos menores, pues la información periodística presentada por la defensa, referente a que el juez habría admitido la excesiva velocidad en la que se conducía el automóvil, de ningún modo implica un adelantamiento fehaciente de la solución del caso antes de su resolución jurisdiccional, ya que aparecen solamente como datos descriptivos colectados por la labor de la Magistrada al concurrir al lugar del hecho dados a conocer a la opinión pública, más de manera alguna pueden entenderse como juicio de valor o de adelantamiento de su opinión jurisdiccional.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A, A s/ Homicidio preterintencional. Recurso Extraordinario para ante la   Corte Suprema de Justicia Nacional (Expte. CSJ Nº 24-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-16

El juicio de "admisibilidad" de la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, lo efectúa la Corte a través de una apreciación mínima y provisional, no plena y definitiva y en una primera aproximación a lo sustancial, estimando así si el recurrente ha articulado una hipótesis que en abstracto puede encasillarse como tipo doctrinario jurisprudencial de arbitrariedad o si se configure alguna lesión o garantías constitucionales, estableciendo en último término si la hipótesis de arbitrariedad articulada correctamente en abstracto por el impugnante, como eventualmente, la lesión constitucional argüida, guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso.
Acción de amparo, trabajadores de prensa, declaración de inconstitucionalidad, decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, rechazo de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Federación Argentina de Trabajadores de Prensa c/ E.N. - P.E.N. (DNU 70/23) s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-30

Cabe rechazar la acción de amparo interpuesta por un sindicato de trabajadores de prensa tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 40 y 48 al 52 del DNU 70/2023, mediante los que se derogan las disposiciones de la Ley 20.705, de Sociedades del Estado, y se dispone la transformación de los distintos tipos de sociedades estatales, puesto que no se advierte que en el caso esté afectado el derecho a la información invocado por la demandante, ya sea entendido como un derecho individual o en su aspecto colectivo. La derogación de la ley 20.705 y la transformación del tipo societario que se operaría en virtud del DNU no supone de por sí una lesión inmediata los derechos del colectivo, los que en todo caso podrán ser reclamados frente a una vulneración concreta por las vías judiciales pertinentes.