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Propiedad horizontal, consorcio de propietarios, personalidad jurídica del consorcio, partes comunes, titularidad del dominio
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO    DE    PROPIETARIOS   DR.  HONORIO  PUEYRREDON  1246-1250 c/ SISTRO JOSE Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-17

La personalidad del consorcio, controvertida en la doctrina, ha sido admitida por muchos autores y por la jurisprudencia casi mayoritaria, sólo en lo que atañe al desenvolvimiento de la comunidad.

Esa admisión tiene el límite de la capacidad de derecho, propio de la naturaleza especial del ente, que está restringida, según el criterio de especialidad (art. 35 del Código Civil), a la satisfacción de las necesidades de la institución del Consorcio y a los fines de su objeto, que es la gestión de los intereses comunes de los co-propietarios, respecto de los actos y relaciones jurídicas vinculadas con el funcionamiento del sistema comunitario.

Esa capacidad restringida al objeto de la institución hace a la dinámica de la propiedad horizontal, v.gr. cobro de expensas, contratos de mantenimiento y de servicios, pagos a proveedores, obras de refacción, cobro de medianería, demanda de indemnización de daños por responsabilidad extracontractual a partes comunes del inmueble, infracciones de los copropietarios al Reglamento o al Régimen legal (arts. 6, 7, 8 y 9 "a" de la ley 13.512).

Esa concepción de la particular personalidad jurídica, no permite sostener que el Consorcio sea titular de dominio de las partes comunes del edificio, que son un condominio forzoso de los copropietarios y que no entran en el patrimonio de aquel.

El patrimonio del consorcio está constituido por los créditos por expensas comunes, por los fondos de reservas que sean votados, por los derechos emergentes de los contratos que realice, v.gr.

publicidad, por los créditos de medianería, y eventualmente por alguna unidad destinada a renta,
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Constitución Nacional, reforma de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rico, Aldo; Etchenique, Roberto A.; Muruzábal, Hilario Raúl; Nuñez, José L. y Del Castillo, Fernando Raúl s/ su presentación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

La presentación efectuada para que la Corte Suprema "otorgue certeza respecto de cual es el texto real y completo de la Constitución Nacional vigente...", es ajena a la competencia originaria del Tribunal (Voto de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi, Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA del CHUBUT c/ B. , S. R. y Otro s/ Acción de Amparo s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-02

La norma del art. 32 inc. 7 de la Ley Nro. 37 estipula la procedencia de la vía, cuando "el valor disputado en último término" no exceda de una suma que se fija, evidentemente desactualizada a la fecha, no corregida por leyes ulteriores. Los sucesivos cambios de moneda han determinado el desuetudo de una suma mínima, aunque es claro que debe existir en juego un valor patrimonial, para habilitar la instancia".

E interpretando los términos "valor disputado" ó "evidente contenido patrimonial" ó "cuestiones de determinada cuantía" se concluía, luego de comparar la norma con la vigente a nivel nacional en que -ante la inaplicabilidad de un mínimo- "...cada caso debe merecer un análisis determinativo por el Superior Tribunal, en orden al cumplimiento del recaudo para establecer la admisibilidad del recurso, atenta su finalidad.

Del mismo modo, y aunque sin dudas la demostración del recaudo es una carga del apelante, también es competencia del Cuerpo, aventar el rigorismo formal o el exceso ritual, si la cuantía de los intereses patrimoniales en juego surge obvia y clara de los elementos objetivos obrantes en la causa.
Inconstitucionalidad, tasa activa, tasa pasiva, honorarios
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Nuñez, José Juan De La Cruz c/ PRIERI y C.I.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-30

El art. 61 de la ley 21.839 viola el principio protectorio que consagran los arts. 14, 14 bis, el derecho de propiedad del art. 17 de la CN, así como, el derecho a la igualdad, del art. 16 de la CN, ya que el deudor como acreedor de honorarios judiciales son tratados de uno modo diferente del resto de los deudores y acreedores, lo cual significa un menoscabo al derecho del trabajo profesional que se presume oneroso y su retribución tiene carácter alimentario.
Acción de amparo, cuestiones de competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Frade, Mónica Edith c/ Municipalidad de Quilmes  s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-10-31

El sistema para asignar casos en el proceso constitucional de amparo -regido por las resoluciones 1358/06 y 1794/06 de este Tribunal, ratificadas por la resolución 957/09- no requiere una especialización específica por razón de la materia y establece una amplia regla de competencia. Sin embargo, la Suprema Corte resaltado la necesidad de armonizar las acciones de amparo relacionadas con distintos regímenes legales (v.gr., arts. 34 y 35 de la ley 11.723).
Pérdida de la chance, indemnización, publicación de fotografía, modelo profesional
Materia: CIVIL
Carátula: GALATI, ADRIAN c/ PEPSICO DE ARGENTINA S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-25

Es improcedente la indemnización por pérdida de chance pretendida por un actor profesional ante la indebida difusión de su imagen en una campaña publicitaria, ya que no probó que por causa de esa improcedente exhibición, él no pudo participar en alguna campaña publicitaria según los usos y costumbres que regulan tal actividad, conforme lo invocó, dado que para que la costumbre pueda producir efectos jurídicos, debe reunir los requisitos de uniformidad, frecuencia y generalidad.
Excarcelación, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: OBREGON CANO, RICARDO s/ ASOCIACION ILICITA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-20

Este Tribunal ha señalado reiteradamente que la ley rituaria regula la procedencia de la excarcelación según el estadio procesal en que se encuentra la causa y que no es correcto resolver un pedido dentro de una norma correspondiente a una etapa ya superada. Ello así, porque la regla es amplia en los primeros momentos de la pesquisa, cuando las probanzas son inciertas y pueden truncarse más de un sumario, pero no lo es tanto cuanto el estado de la causa ha llegado a un grado mayor de certeza -que es lo que ocurre cuando media acusación fiscal-, pues la dinámica del proceso va incrementando la certidumbre a través de sus distintas etapas hasta concluir con la sentencia definitiva.

Lo expuesto confirma la alegación de que quien tiene el derecho en el sumario debe tenerlo en el plenario y que, además, debe tomarse en cuenta el carácter preclusivo de múltiples instituciones procesales.
Responsabilidad del socio, sociedades comerciales
Materia: LABORAL
Carátula: BAGNATO LUIS c/ SIGLO XXI S.R.L. Y/U OTROS s/ COMISIONES IMPAGAS, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-11-30

De acuerdo con las disposiciones de la ley comercial, los administradores (aplicable también al gerente de la SRL) así como los representes del ente societario, deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, que al efecto constituye un estandarte jurídico a los fines de la apelación judicial. El incumplimiento de ese deber los hace responsables en forma ilimitada y solidaria hacia la sociedad por el mal desempeño de su cargo, así como por la violación de la ley, el estatuto, dolo, abuso o culpa grave (arts. 59, 274 aplicable a los gerentes de las sociedades de responsabilidad limitada, y 157 de la ley 19550). Ello se justifica en razón de que los mismos tienen a su cargo la gestión de los negocios y a través de ellos se expresa la voluntad social.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia, principio de congruencia, responsabilidad médica, prueba, testigos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ANSALDI, IRINA c/ DELLISANTI, VANINA ESILDA Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-02

Se advierte que los reproches referidos a una supuesta incoherencia o doble vara del Tribunal para examinar las conductas de los distintos médicos actuantes, eximiendo a una y culpando a otro en base a circunstancias pretendidamente similares -dado que, según la recurrente, se habría demostrado que ninguno estaba a cargo de la atención del parto al producirse el hecho dañoso- no trasunta otra cosa que su mera discrepancia, sin entidad constitucional, respecto de la conclusión sentencial -apoyada en la ponderación de elementos tales como la declaración de una testigo, la adulteración de la historia clínica enrostrada a uno de los profesionales codemandados, la ausencia de aporte probatorio contrarrestante sobre el punto por parte de este último- acerca de la presencia efectiva del obstetra de cabecera al momento en que, según se juzgó, debería haberse realizado la cesárea -dato en el cual aparece sustentada la distinción formulada por los Juzgadores al valorar el accionar atribuido a cada profesional codemandado-.
Sentencia de trance y remate, subasta, depósito del precio
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA, JOSE c/ FERNANDEZ, CARLOS ERNESTO s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Es desde la aprobación de la subasta, es decir, el acto por el cual el magistrado comprueba si se han cumplido las condiciones necesarias para su validez, que comienza a correr el término para el depósito del saldo de precio. Puede darse el caso de que el comprador haya depositado el saldo con anterioridad a la resolución judicial aprobatoria y ésta, entonces, deberá tener por realizado el pago en ese acto, siempre y cuando el ejecutado no haya hecho uso de la facultad que le acuerda el art. 583 del Código Procesal Pero si el adquirente en la subasta depositó el saldo de precio estando aún pendiente la resolución sobre la nulidad que planteara la demandada, dicho pago no pudo tener efectos cancelatorios toda vez que aún no había nacido la obligación respectiva.
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CEPEDA LAURA CRISTINA c/ ZAVALLA JUAN MANUEL Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-03-04

En los supuestos de privación material del bien, el daño moral (no patrimonial) no se presume in re ipsa, debiéndose aportar la prueba necesaria para demostrar la efectiva producción del daño al orden afectivo o espiritual, dado que no toda perturbación a la tranquilidad justifica por sí sola la procedencia de la reparación.
Proceso judicial, recursos, vencimiento del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: "Chaparro  Nemseff  Clarisa  Micaela c/ M°  J y DDHH -art 3 ley 24.043- Resol 266/09 (Ex 145230/04)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-04

Si al momento de la interposición del recurso se encontraba vencido el plazo establecido por la disposición del art. 3 de la ley 24.043 el recurso debe ser desestimado (Cons. III).
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aracil, Eduardo c/ Supermercado Elefante y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad que pretende impugnar la forma en que la cuestión fue resuelta.
Competencia originaria, habeas data
Materia: PROCESAL
Carátula: Falconier, María L. c/ Cámara de Diputados de la Provincia de Salt s/ competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-03-09

Procede declarar la competencia originaria de este Tribunal, ello de conforme al art. 153, ap. II, inc. c) de la Constitución de la provincia de Salta, a esta Corte de Justicia le compete conocer y decidir en forma originaria en las acciones de amparo, hábeas corpus y hábeas data contra cualquier acto u omisión de alguna de las Cámaras Legislativas o el titular del Poder Ejecutivo. La demanda de hábeas data se fundó en la omisión en la que habría incurrido la Cámara de Diputados en torno al resguardo y prevención de la difusión de una grabación sobre lo acontecido en una reunión de la Comisión de Justicia -llevada a cabo en el marco de la tramitación de un proyecto de ley-, por lo que el caso encuadra en el citado artículo.
Contratos, compraventa de automotores, vicio oculto, carga de la prueba, apreciación de la prueba, responsabilidad solidaria, responsabilidad de la concesionaria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bazan, Felipe Alfredo c/ Volkswagen Argentina SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-16

2 - En ese marco, la demandada, por encontrarse en mejores condiciones y tener la carga de hacerlo pudo, ofrecer pruebas que acreditaran haber resuelto el inconveniente en el período de garantía y así demostrar que la pérdida de aceite detectada por el perito no tenía relación con las fallas alegadas por el actor desde el primer service.
Quiebra, crédito verificado, alimentos, cosa juzgada material
Materia: COMERCIAL
Carátula: PERERA, NESTOR FEDERICO ABEL s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-27

Del dictamen fiscal 93209:

Procede excluir del pasivo verificado en la quiebra la parte correspondiente a los alimentos devengados y no percibidos por el acreedor (cuyo cese retroactivo había sido resuelto por un juzgado civil) cuando, -como en el caso-, se verifica que su acreencia carecía de aptitud para que su reconocimiento en sede concursal surtiera los efectos de la cosa juzgada material, toda vez que se trató de un crédito que desde su origen era esencialmente mutable y su titular mas bien puede ser asimilado a un acreedor condicional en los términos de la L.C. art.125-2°, sujeto a condición resolutoria, la que finalmente se concretó (cfr. CCIV:art. 528; Galindez Oscar, "Verificación de Créditos", Bs. As., 1990, Ed. Astrea, pag. 79).
Recurso extraordinario, gravamen actual, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Morales, María Soledad s/ sumario iniciado a raíz de su muerte.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

No corresponde que la Corte emita pronunciamiento alguno, si pendiente de resolución el recurso contra el auto de procesamiento y prisión preventiva, se declaró su invalidez.
Prescripción, interrupción de la prescripción, reconocimiento de las obligaciones
Materia: CIVIL
Carátula: PROV. DE SAN JUAN c/ Martinez Raúl Antonio y Otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-05-13

El reconocimiento de la deuda interrumpe la prescripción pendiente (art. 3989), porque la actitud del deudor pone de manifiesto que se somete al vínculo obligacional, lo que borra los efectos de la inactividad del acreedor.

En cambio, el reconocimiento no borra los efectos de la prescripción cumplida (art. 3965). Esta renuncia no resulta del reconocimiento porque la intención de renunciar no se presume (art. 874).

La carta documento mediante la cual la parte contesta el requerimiento de pago de los honorarios que el actor formulara cursada una vez transcurrido el plazo de prescripción, no puede interpretarse como un reconocimiento de la deuda interruptivo de dicho plazo, pues, para que produzca ese efecto, es necesario que el reconocimiento se efectúe con anterioridad al cumplimiento del plazo correspondiente.

Para que el reconocimiento del deudor tenga el efecto interruptivo a que se refiere el art. 3989 del Código Civil, debe importar la renuncia a la prescripción ya ganada (conf. art. 3965) que no se identifica con el simple acto de reconocimiento, porque "la intención de renunciar no se presume" (conf. art. 874) y sería gratuito suponer que todo reconocimiento de una deuda prescripta lleva forzosamente esa intención.

Esa renuncia no se presume y los actos que la induzcan a probar esa intención debe interpretarse restrictivamente.
Honorarios, regulación de honorarios, recurso de reposición (procesal), causa no susceptible de apreciación pecuniaria
Materia: PROCESAL
Carátula: ANTONINO MOSCATO E HIJOS TRANSPORTE ROSARIO SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 283-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-05-09

La circunstancia de que el monto regulado en una cuestión no susceptible de apreciación económica se aleje sustancialmente del mínimo legal establecido en la ley 6767, no es motivo suficiente para acceder a la revocatoria interpuesta, desde que dicha regulación debe hacerse respetando dicho mínimo, pero en base a la posición económica y social del interesado y a la trascendencia que para éste reviste la cuestión debatida.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, culpa de la víctima, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Lezano Hugo Eduardo c/ Coresa Argentina SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-13

Con justicia se ha resuelto, respecto a la responsabilidad emanada del art. 1113 Cod.Civil, que cualquier elemento o inducción no muy claros o definidos no bastan para considerar la culpa de la víctima sin mayores ponderaciones, y que las presunciones legales se levantan sólo ante verdaderas pruebas convincentes y que no den lugar a dudas. Por lo que si el juzgador tiene dudas sobre la intervención de la víctima en el hecho ilícito, debe resolver a favor de ésta (in dubio pro victimae). Probada la responsabilidad de la demandada, sea por presunciones legales o por otros medios probatorios (hecho constitutivo), la culpa de la víctima debe ser acreditada certera, claramente, pues se trata de un hecho impeditivo cuya prueba incumbe a quien lo alega, constituyendo una excepción al régimen de la responsabilidad.
Personal de casas particulares, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ceballos Norma Beatriz c/ Álvarez Luis Antonio s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-10-21

Si bien uno de los testigos declaró que veía que la trabajadora "andaba con los chiquitos haciendo la compra, los mandados", ello resulta insuficiente para acreditar que sus tareas comprendían el cuidado de los hijos menores del demandado en la condición de "niñera", pues, aún cuando la dicha categoría no haya sido definida por el Decreto Nº 7979/56 -reglamentario del Decreto Ley Nº 326/56-, la experiencia común indica que sus tareas implican el cuidado y atención de niños de modo habitual durante la extensión de la jornada laboral, lo que excede ampliamente el mero hecho de llevar ocasionalmente a los niños al salir del domicilio donde se prestan servicios como empleada doméstica para realizar, con ellos, compras o mandados en locales del vecindario, pues esto último podría revelar que los niños estaban a su cuidado sólo esporádicamente y durante breves períodos de tiempo (del voto de los Dres. Goane y Estofán).
Concurso preventivo, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARROYO, ESTEBAN. s/ CONCURSO PREVENTIVO. HOY QUIEBRA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2015-07-01

La Ley 24522 prevé expresamente la revisión oficiosa por la alzada de los honorarios regulados (art. 272 LCQ) en cuyo caso puede reducirlos o confirmarlos pero no elevarlos, si no ha mediado agravio del interesado (cf. Rouillón, Adolfo A. N., "Régimen de Concursos y Quiebras, Ley 5422", edit. Astrea, 2004, p. 361), pues corresponde a la alzada determinar si los honorarios regulados en primera instancia son correctos, y si se ajustan a las normas arancelarias vigentes, lo que equivale a interpretar que no se encuentren regulados por encima de los máximos legales ni que sean exorbitantes con relación a la labor cumplida y la cuantía del juicio (CApelCC Salta, Sala IV, XXXI, fº 171).

El artículo 271 segundo párrafo de la normativa concursal dispone que los jueces deberán regular honorarios sin atender a los mínimos fijados en esta ley cuando la naturaleza, alcance, calidad o resultado de la labor profesional o el valor de los bienes que se consideren indicaren que la aplicación lisa y llana de aquéllos conduce a una desproporción entre la importancia del trabajo realizado y la retribución resultante.

Considerando que las regulaciones de honorarios practicadas tienen el carácter de provisorio, deviene procedente ordenar la devolución de los presentes autos al Juzgado de Primera Instancia a fin de que se practique la regulación de los honorarios en base al activo realizado y, cumplimentado ello, vuelvan a ser remitidos a esta Sala Primera a los fines de la revisión que dispone el artículo 272 de Ley de Concursos y Quiebras.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, interpretación de la constitución, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MENDEZ ANDRES PELAYO s/ DECLARACION DE CERTEZA DE LA INTERPRETACION DEL ART. 80 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-14

En cuanto a la pretensión que "...se declare la inconstitucionalidad de la interpretación del art. 80 de la Constitución Provincial formulada en Resolución Nro. 14 de la Junta Electoral del Partido Justicialista y de la candidatura de José Jorge Alperovich", cabe hacer notar que no es misión del órgano jurisdiccional, en el marco de la acción interpuesta, juzgar declarando inconstitucionalidades de interpretaciones, sin perjuicio de que, a todo evento y en cualquier caso, se comparte también en este punto la opinión del dictamen fiscal, en el sentido que, conforme a la Ley Nro. 23.298, corresponde a la justicia federal, con competencia electoral, entender en la materia.
Éjido municipal, Constitución Provincial, jerarquía de las leyes, ordenanzas municipales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T., H. R. c/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-08-16

Este tipo de cuestiones no han sido cuestionadas y el precedente de este STJ. de fecha 16 de septiembre de 1988 en los autos "CONCEJO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE" -SE. ORIGINARIAS 177/88, a propósito de la Ordenanza Nro. 018/87, dictada por la Municipalidad de Catriel, se dijo que "la aludida ordenanza no colisiona con norma legal alguna, toda vez que la demarcación de límites que contiene no adquiere operatividad por sí, sino que ha sido dictada por las facultades concedidas a los Municipios colindantes por ley 2159.

Que según la misma legislación, ante una eventual discrepancia de pretensiones es la Legislatura Provincial el órgano encargado de dirimir la cuestión previo dictamen de la Comisión de Límites, Ley 1812" (Echarren, Cortés y Pearson). Téngase en cuenta que la nueva Constitución rige desde el 4 de junio de 1988, y que el STJ. falló el 16 de septiembre de 1988 en base a la normativa anterior sobre ejidos colindantes siendo a nuestro parecer correcto, de acuerdo a lo que son las fuentes de nuestro derecho provincial y municipal.
Seguros, interpretación del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fairbairn, Alfredo Oscar c/ Alico Seguros de vida S.A. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-04-20

El sólo hecho que el contrato de seguro participe de las características propias de un contrato de adhesión, no significa que en todos los casos se deba resolver en favor de la parte más débil, ni que sus cláusulas deban considerarse abusivas y/o pasibles de aplicarse respecto de ellas las sobre defensa del consumidor. Por el contrario, es aquí donde renace la necesidad de efectuar una interpretación que se ajuste a los principios de buena fe y equidad antes mencionados.