marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Partes del proceso, muerte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Adan, Sergio c/ Ferragina, Domingo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-23

Dado que el art. 53 inciso 5º del ordenamiento procesal prevé que comprobado el deceso o la incapacidad del poderdante, el juez señalará un plazo para que los interesados concurran a estar a derecho, citándolos directamente si se conocieren sus domicilios, o por edictos si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor en el segundo, se impuso, frente al fallecimiento del actor, que se decretara la citación por edictos. Si como correlato de ello y en razón de desconocerse la existencia de herederos y sus domicilios, se efectuó la pertinente publicación edictal, venciendo el plazo de la misma como resultado negativo, devino forzoso que se hiciera efectivo el apercibimiento, nombrándose al Defensor de pobres y ausentes para que asumiera la debida representación de aquéllos (art. 53 inc. 5º CPC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Parada, Angélica Noemí c/ Videla, Daniel C. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-04

Los nietos no son en el caso herederos forzosos de su abuelo, por lo que carecen de legitimación para reclamar el resarcimiento del daño moral que dicen experimentar por su fallecimiento en un accidente, siendo que ese carácter corresponde a su madre viva e hija del occiso.
Recurso de casación, gestor, plazo, nulidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA S/ COBRO DE PESOS s/ CASCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-05

Si el recurso de casación fue presentado por un profesional que actuaba como gestor, transcurrido con holgura el término que concede el art. 48 del C.P.C.C para que acreditara personería o se ratificara la gestión sin que se hubiese cumplido alguno de esos actos, deviene nula toda la actuación del profesional, inclusive el recurso propuesto.
Juicios contra el Estado, legitimación pasiva, inconstitucionalidad, Consejo de la Magistratura
Materia: PROCESAL
Carátula: "Federación  Argentina  de  Colegios de Abogados c/ EN -Ley 26.080 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-17

La C.S.J.N. in re "Provincia de Entre Ríos c/EN" (Fallos: 331:1412) 10/06/2008, hizo lugar a una demanda dirigida exclusivamente contra el Estado en su calidad de emisor de la ley y declaró la inconstitucionalidad de esta última, aún cuando no habían sido demandados los beneficiarios de la norma. Sobre dicha base, en el caso el Estado Nacional reviste legitimación pasiva, en su doble condición de emisor de la norma y parte de la relación jurídica sustancial involucrada, ya que el Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial (art. 1 de la ley 24.937) y se encuentra en la misma órbita de la persona estatal en la cual el órgano legislativo desarrolla su actividad (Cons. VI).
Prescripción, cómputo del plazo, prescripción bienal, responsabilidad extracontractual del Estado, registro de la propiedad automotor, hurto de automotor
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Pereyra, Carlos Horacio c/ Estado  Nacional  (M.  de  Justicia  -  Rég.  Nac.  Prop.  Automotor) s/ Prescripción Bienal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-04

Es aplicable el plazo bienal del art. 4037 del Código Civil, habida cuenta de que la acción promovida tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado Nacional, desde que lo que achaca el actor al Registro del Automotor fue la conducta omisiva de los funcionarios del organismo en la reconstrucción del legajo.

El comienzo del cómputo del plazo para la prescripción ubica necesariamente en el momento en que el demandante tuvo la certeza de que - agotado su reclamo administrativo el Registro no había satisfecho su petición.

Nada hizo desde 1986 para instar el procedimiento administrativo o incluso iniciar la acción prescripta en el art. 28 de la ley 19.549 (esto es, el amparo por mora de la Administración). Así si hubiera instado el procedimiento administrativo de reconstrucción entre 1986 y 1988, hubiera podido asegurar su vehículo (esto dicho por vía de hipótesis, admitiendo que la ausencia de título obstaba a la contratación del seguro) y nada tendría que reclamarle al Registro Automotor. Al no haberlo hecho, corresponde aplicar la doctrina de los propios actos.

Por lo demás, el apelante confunde el punto de arranque de la acción que tendría contra el autor del hecho ilícito (en el caso hurto del automotor), para quien comienza desde el hecho generador, con la de la responsabilidad que puede caberle al organismo automotor por la neglicencia o conducta omisiva de sus funcionarios.
Derecho penal, amenazas, intervención obligada, etapas del proceso, facultades jurisdiccionales, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. c/  s/ Daños s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

Los conflictos de competencia en materia penal deben decidirse de acuerdo con la real naturaleza del delito y las circunstancias especiales en que se ha perpetrado, según pueda apreciarse prima facie y con prescindencia de la calificación que le atribuyan, en iguales condiciones, los jueces en conflicto (Fallos: 316:2374; "Fernández, Juan Pablo" Competencia CSJ 496/2014 (50-C)/CS1", entre muchos otros). (Del voto de las juezas Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).
Aplicación de la ley, ley de abastecimiento
Materia: PENAL
Carátula: GABRIELA ROMANO S.A. s/ Acción de amparo Causa 35264 -
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-02

1- Debe confirmarse la resolución que hizo lugar a la acción de amparo promovida por la firma imputada contra la clausura preventiva dispuesta por la Secretaría de Comercio e Inversiones ordenándose a dicha Secretaría la remisión de las actuaciones a la Dirección General Impositiva (D.G.I.), a fin de instruir sumario conforme a la ley 11683 (t.o.1978) y modificatorias, en tanto dicha clausura es ilegítima dado que mediante disposiciones de un determinado ordenamiento se pretenden sancionar hipotéticas transgresiones con relación a otra normativa cuya aplicación compete al organismo recaudador.- 2-Ante las supuestas infracciones imputadas debería haber sido la D.G.I. quien instruyera el correspondiente sumario sobre la base de la ley de procedimientos tributarios, en lugar de aplicarse la Ley 20680 de Abastecimiento.
Concursos, proceso de verificación, acción de revisión, resoluciones judiciales, costas
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Proms SA c/  s/ quiebra s/incidente de revisión de crédito por libertad sa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-11

Por ende, considerando las concretas particularidades del caso, donde la incidentista resultó objetivamente vencedora pero, a su vez, originó la iniciación del trámite por no haber acompañado íntegramente probanzas que permitiesen tener por demostrado su crédito en la oportunidad prevé la LCQ 32, se estima apropiado, en la especie, modificar el régimen de costas adoptado por la juez de primera instancia y distribuir los gastos causídicos por su orden (CPR 68-2° y 69; LCQ 278).
Compraventa, obligación de escriturar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Stambolakis, Anastasio c/ Michelini, Pío s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-30

A los efectos de la escrituración por el juez resulta pertinente la citación al ejecutado en los términos del art. 503 del Código Procesal y la exigencia que se abone la correspondiente tasa de justicia (art. 28 ley 10732). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones prejudiciales, suspensión de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: CADILLO, OSCAR CESAR c/ EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA. (ELMA SA.) s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-18

La prescripción no se suspende por la existencia de un juicio penal en el que el trabajador ha sido imputado, pues se trata de acciones que tienen curso independiente y causa diferente.
Recurso de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, contratos civiles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rebolo, Juan C. c/ Persa Bahía S.A. s/ Cump. de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

El valor económico del litigio es de monto determinado y está representado por el precio del contrato cuyo cumplimiento se exige, actualizado a la fecha de interposición del recurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Finamore, Eduardo Humberto Luis; Greco, Alfredo Fabián s/ Robo - Atentado a la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-28

Debe ser declarada nula de oficio la sentencia en cuanto declaró probados los delitos de resistencia a la autoridad y abuso de armas mediante la invocación de una serie de constancias de la causa pero sin determinar qué especies de pruebas constituirían, deficiencia ésta que hace razonablemente imposible interponer de manera adecuada el recurso de inaplicabilidad de ley según las reglas procesales atingentes y con ello priva a la defensa de su legal derecho a recurrir en función de dichas reglas.
Procedimiento laboral, excepción de cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Parra,   Gabriel  Roberto c/ ADECCO  Recursos Humanos ArgentinaS.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-28

La institución de la cosa juzgada cumple una función negativa, es decir, evitar la tramitación de un proceso que versa sobre lo que ya ha juzgado otro, pero además el principio de la cosa juzgada tiene una función positiva que excede el interés privado o dispositivo de los litigantes y satisface una finalidad pública de paz social. En virtud de la cosa juzgada el juez no puede pronunciar un fallo sobre una misma cuestión, que se encuentra firme y consentida. La cosa juzgada supone fundamentalmente inimpugnabilidad de la sentencia. Existe cosa juzgado en sentido formal cuando contra la sentencia no puede articularse recurso de ninguna naturaleza; la cosa juzgada en sentido material se configura cuando la sentencia, además de no ser susceptible de ataque directo mediante la interposición de algún recurso también lo es de ataque indirecto a través de otro juicio que permita la obtención de un resultado distinto al alcanzado en el anterior juicio tramitado entre las mismas partes.
Sindicatos, trabajador, cargos gremiales, delegado gremial, relación de dependencia, remuneración, adicionales de remuneración, carácter no remuneratorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL
Carátula: SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DE TRANSPORTE DE CARGA DEL CHACO c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

El período durante el cual el trabajador actúa en el sindicato en ejercicio de sus funciones gremiales no tiene relación de dependencia con la entidad sindical en la que desempeña su mandato, sin que a ello obste el hecho de que el gremio asuma el pago del salario del delegado como compensación por la falta de ese ingreso de parte de su empleador. En consecuencia, descartado el vínculo laboral, va de suyo que no puede considerarse al pago que se realiza al delegado o representante gremial como remuneración (entendiendo por tal a la contraprestación que recibe el trabajador como consecuencia de la disponibilidad de su fuerza de trabajo), ni base del salario previsional sujeto a aportes y contribuciones con destino al financiamiento de los entes de la seguridad social.
Procedimiento administrativo, actuaciones administrativas, vista de las actuaciones
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Vilte Raúl Oliver c/ Director General de Gendarmería s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-07

La vista de los actos administrativos se fundamenta en un principio de actuación pública derivado del sistema republicano de gobierno, basado en la responsabilidad de la autoridad pública, una de cuyas consecuencias es la publicidad de los actos para asegurar el control de la comunidad y, en especial, de los posibles interesados directos, quienes podrán efectuar las impugnaciones que el ordenamiento consienta (del dictamen del Procurador General de la Nación cuyos términos la Corte hace propios "La Bs.As. Cía. de Seguros S.A.", 12/5/88, Fallos: 311:350). (Consid. IV).
Facultades del juez, recurso de casación, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

La Cámara de Casación Penal se encuentra facultada para dictar una sentencia de condena a fin de corregir el error del a quo a la luz de una lectura exegética del Código Procesal Penal de la Nación, especialmente lo relativo al recurso de casación, pues la falta de aptitud de dicho Tribunal para resolver volvería inocua la revisión mandada por el artículo 470 del citado digesto, que no efectúa distinción alguna en cuanto al recurso de casación del imputado o del acusador y vulneraría el derecho de defensa en juicio y la garantía a la tutela judicial efectiva de la víctima.
Expresión de agravios, autonomía del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA CESAR JAVIER c/ HECTOR J. BARRIOS PINTURERIAS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-05-16

El recurrente se limita a expresar discrepancias con el sentenciante pero en forma alguna indica en que se equivocó en tener por acreditado que no existió notificación fehaciente o en su criterio de que dicho requisito que exige la ley no puede ser suplido, intentando demostrar el conocimiento del empleador o en su valoración de los testimonios y al respecto concretamente en las dos causas, sobre las que nada se dice, que se señalan para destacar los mismos.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: LABORAL
Carátula: Mardones, Mario Rodolfo c/ Erviti Hnos. S.R.L. y otra s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-29

El tribunal del trabajo interviniente desplazó indebidamente el tratamiento de la decisión fundamental del fallo a dictarse avocándose a resolver un tema diferente del propuesto en el litigio -art. 39 de la ley 24557- y que tenía preferencia previa de resolverse respecto de los otros planteos formulados en la demanda.
Derecho procesal, principios procesales, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: BUSTOS, VICTOR A. c/ ZARATE, ANGELA Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-08

El principio de congruencia, puede definírselo como la conformidad que ha de existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, mas la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto. No debe considerar el magistrado otras cuestiones que las incluidas en la relación procesal, ni pronunciarse sobre pretensiones no deducidas, cosas no pedidas o solicitudes no formuladas. de ello se desprende que la sentencia no puede hacer mérito de lo peticionado en la demanda. La decisión de los jueces ha de ser congruente con la forma en que ha quedado trabada la litis, por lo que no pueden fallar ultra petitum, es decir, no pueden conceder mas de lo peticionado por los litigantes, ya que ello importaría lesionar las garantías constitucionales de la propiedad y de la defensa en juicio.
Allanamiento sin orden, nulidad procesal, secuestro extorsivo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MARTINEZ, JOSE GWERDER, RODOLFO ERNESTO s/ TENENCIA DE ARMA DE GUERRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-14

En principio, el secuestro de armas de un domicilio que ha sido efectivizado sin la pertinente orden judicial de allanamiento, originaría la nulidad de las actuaciones, siguiendo el principio rector del art. 188 del C.P.M.P. .

La circunstancia de no haberse opuesto el interesado a tal medida carece de relevancia al no estar contemplada dicha causal entre las excepciones a la necesidad de contar con orden judicial prevista en el art. 189 del cuerpo legal citado.

Sin embargo, considerando el particular desenvolvimiento de la prevención policial en este caso -secuestro extorsivo-, estimo que deben equipararse las circunstancias en que se desarrolló el allanamiento, con las previstas por el art. 189, incs. 1 y 3.

No cabe asignar a esas disposiciones una inteligencia literal, sosteniendo que si el testimonio que menciona la 1 no se refiere a un "asalto" o la noticia de que en el domicilio se está cometiendo un delito no proviene de "voces dentro de él" o "pedido de socorro", quede excluido el deber de los policías de hacer cesar del modo más rápido posible la acción ilícita. Obrar de otro modo conduciría a poner a esta norma en colisión con otras de igual o mayor jerarquía y violar por ende, una regla básica de la interpretación.

El carácter permanente del delito de secuestro de que la irrupción en el domicilio puso fin, contribuye decisivamente a hacer aplicable a este caso mencionado criterio.
Sociedad conyugal, deudas de los cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferrando Hernán y ot. c/ Seeber Marquez de Peralta Ramos Sofía s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

No estando operada la disolución de la sociedad conyugal sólo cabe al acreedor de uno de los cónyuges agredir los bienes propios del mismo a los gananciales que se encuentren inscriptos a su nombre.

Con relación a la cuota de gananciales que pudiera corresponder al esposo deudor debe esperar que se haga la partición y que se inscriba la hijuela que a éste corresponde o, en caso de ser ello posible, subrogarse en los derechos de su deudor y pedir la partición en su nombre (art.505 inc.1 Cód.Civil). De acuerdo a lo normado por el art.5º de la ley 11.357 el principio general es la irresponsabilidad de cada uno de los esposos por la deuda contraída por el otro, salvo los supuestos previstos por el art.6 del mismo ordenamiento. No habiendo acreditado la acreedora que se trate de una deuda para atender las necesidades del hogar, la educación de los hijos o la conservación de los bienes comunes y no habiendo contraído ambos esposos la deuda, sino tan solo la esposa, no puede dirigirse la ejecución contra un bien que está a nombre del esposo que no se obligó. No solo porque no se trata de una deuda comprendida en el art.6 ya referido, sino porque, aún en caso contrario, la responsabilidad se limitaría a los frutos de los bienes y no al bien en si mismo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, hábeas corpus, libertad corporal, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Lara, María Verónica s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Dada la especial naturaleza del instituto del hubiste corpus, sólo una rápida y eficaz actividad judicial puede lograr su finalidad específica, que no es otra que la de resguardar y proteger en forma inmediata la libertad ambulatoria y, en la persecución de este objetivo no corresponde a la Corte extremar las exigencias formales para la procedencia del recurso extraordinario (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Apelación concedida libremente, expresión de agravios, autosuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: C., C.B. c/ B. SA s/ Demanda Laboral -Haberes e Indemnización de Ley-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-05-03

La expresión de agravios debe autoabastecerse y no cabe remitirse a los argumentos sostenidos en primera instancia, pues ello no cumplimenta la carga de realizar la crítica razonada de la sentencia impugnada.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, cómputo privilegiado de la privación de libertad, ley penal más benigna, ultraactividad de la ley, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: R, C F s/ R., C .F. S/ HOMICIDIO AGRAVADO POR USO DE ARMA. COMPUTO DE PENA. RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE.: N 64 AÑO 2005) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-28

El art. 7 de la ley 24.390 cuya aplicación ultraactiva se pretende aplicar , no puede ser arbitrariamente fragmentado y éste es terminantemente claro al prescribir que es indispensable el cumplimiento de la condición que el mismo precepto establece, esto es "...Transcurrido el plazo de dos años previsto en el art. 1 se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión...". Los jueces no son legisladores y no pueden por su cuenta tomar una aporte de la norma anterior mas favorable y dejar de lado aquella otra parte que no le conviene al imputado.

La cuestió n planteada constituye una grave confusión porque cabe preguntarse ¿que es lo que pretende la defensa en este proceso? Y la respuesta no puede ser otra que se le aplique a su pupilo la ley mas benigna entre la 24.390 y su posterior 25.430 y, ante ello, no pueden caber dudas que a los jueces sólo le está permitido determinar si una de ellas es mas favorable que la otra, pero haciendo una valoración completa de ambas y no parcializada. Una cosa es aplicar una ley mas benigna y otra muy distinta es aplicar solamente un tramo más benigno de una ley creando un derecho inexistente, pues no hay norma alguna en el derecho penal argentino que contemple esa situación y permita aplicar el cómputo de prisión preventiva contemplado en la ultima parte del art. 7 de la ley 24.390 sin tener en consideración el precepto en su totalidad, esto es, la condición previa de que se hayan cumplido íntegramente los plazos previsto en el art. 1 de la referida ley. (De la disidencia del Dr. Fierro).

En el caso, la cuestión a resolver es:¿Es necesario haber cumplido dos años en prisión preventiva en forma previa a la vigencia de la ley nro. 25.430 para que sea ultraactivo el cómputo privilegiado que establecía el texto derogado del artículo 7 de la ley 24.390?
Alteración de la tranquilidad pública, lesividad, contravención de peligro
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, M. A. y M. C. A s/ artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-14

Son las circunstancias de tiempo, lugar y modalidad en ejercicio de la actividad de ofrecer o demandar servicios sexuales en los espacios públicos, las que en definitiva marcan la existencia del peligro cierto que requiere la conducta del individuo para incurrir en la lesividad del artículo 1 del Código Contravencional y hacerla merecedora de pena. (Del voto del Dr. Ventureira)
Procedencia del recurso, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Pereyra, Antonio y Otro c/ Provincia  de  Río  Negro  (Ministerio de Obras y Servicios Publicos- MOSP.) s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-09-29

Es criterio reiterado de este Superior Tribunal de Justicia resolver todos los litigios posibles en forma directa y con la mayor economía procesal en cuanta ocasión así pueda hacerse.