Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-18


Trelew, 18 de agosto de 2006.- Y VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto a fojas 150 por la Concursada y a 153 por la incidentista contra la resolución de fs. 146/148 vta., memoriales de fs. 1625/167 y 169/169 vta, y la contestación del primero de fs. 172/174 vta., y CONSIDERANDO:

I.- Se agravió la concursada, en lo esencial, porque no se consideró la total desidia de la incidentista en la presentación de su pedido de verificación, de lo que se deduce que las costas debieron ser a su cargo.

Adujo que 164 días era tiempo suficiente para que la actora, empleando la debida diligencia, evitara el entorpecimiento de la causa y realizara la verificación tempestiva.

Explicó que el incidente de verificación tardía se presentó setecientos setenta y cinco días luego de iniciada la pericia, insumiendo la determinación de la deuda un lapso que no debe exceder las cuatro horas, con total desprecio por la documental que poseía la empresa y sin aportar ninguna documental a su demanda. Transcribió jurisprudencia que relacionó con el agravio. - Alegó que es desatinada la liquidación a prorrata realizada por la incidentista, dado que provoca un enriquecimiento sin causa no sólo de la masa concursal, sino también de diversos particulares dado que en el prorrateo la AFIP tuvo en cuenta sólo a los trabajadores que estaban registrados en el libro de sueldos y jornales, pero parte de esas sumas correspondían a técnicos y profesionales. En tal sentido trajo a colación lo decidido en un expediente que identificó, que demostraría lo incorrecto de esa liquidación. - Expresó extrañeza de que el Sr. Juez haya ignorado por completo la opinión del Síndico -altamente negativa-, sobre acoger favorablemente la verificación pretendida por la actora.

Sostuvo que respecto a los intereses y las multas el fallo consagra un beneficio inaceptable, pues la deuda se incrementó en un promedio de poco más de dos años en casi el 250 %.

Indicó que no se redujo la multa como lo dispone el art. 6 de la Resolución General 1779.

Manifestó que mediante la sentencia en crisis se convalidó una conducta manifiestamente inicua de la incidentista que relató. II.- La actora se agravió, en cuanto los montos detallados en la parte dispositiva del fallo no se compadecen con lo que surge de los considerandos de la sentencia. - Expuso que al crédito con privilegio general que verificó, que asciende a la suma de $ 308.686,21 y no a la suma de $ 587.559,55 consignada por el Magistrado en la parte resolutiva hay que restarle el privilegio rechazado, correspondiente a los aportes y contribuciones del período 12/98 a 9/01 y sumarle la suma de $ 446,7, correspondiente al mismo período que quedó verificada por consejo de la Sindicatura, lo que hace un total de privilegio de $ 271.887,05. - Explicó que el crédito quirografario que verificó asciende a la suma de $ 760.544, 32 y sin embargo en la sentencia se consignó la suma de $ 383.230,57. - Indicó que se omitió restar el crédito rechazado del período 12/98 a 9/01 y a su vez sumarle la suma de $ 297,74 que mencionó el Sr. Juez en el inc. "b" de los considerandos. III.- Se agravió la concursada, en primer lugar sosteniendo que las costas se le deberán imponer a la incidentista. En la resolución apelada se decidió imponer las costas a la concursada en un 90 % y a la actora en un 10 %.

Como principio las costas de la presentación tardía deben ser impuestas al acreedor intempestivo, con independencia del resultado que arroje la respectiva decisión (confr.: CNCom., Sala "A". E.D. 161-458).- Es que la carga de insinuar los créditos ante el síndico, entregándole la documentación justificativa dentro del plazo legal, alcanza a todos los acreedores, cualquiera sea la naturaleza de la acreencia o de sus dificultades probatorias; de allí que en una presentación tardía las costas, en principio, deben ser impuestas al acreedor que intenta reclamar el reconocimiento de su crédito vencidos dichos plazos (confr.: Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso Civil", Astrea 2.000, 525), aunque este no es un principio inmutable, cuando las circunstancias del caso aconsejan apartarse de dicha regla (confr.: C.A.S., sala "B" S.I.C. 114/01).- En el caso es correcta la resolución que dispuso cargar con las costas en sólo un 10 % a la incidentista apartándose del principio general, teniendo en cuenta para ello, el resultado del incidente, la oposición del fallido y que la determinación de la acreencia fue producto de actuaciones administrativas que si bien dieron comienzo antes de la presentación del concurso, finalizaron luego de la etapa de verificación tempestiva, lo que configuran razones atendibles que excusan la demora en la iniciación del incidente (confr.: CNCom, sala "A", L.L., 1999-C,427).- IV.- Respecto del resto de los agravios de la concursada, confrontados los argumentos conclusivos expuestos por el judicante de grado con aquellos otros que la recurrente incluyera en su pieza de agravios, se advierte que estos últimos no satisfacen mínimamente los requisitos impuestos por el art. 265 del C.P.C.C. como una carga que el apelante habrá de cumplir para la suficiencia técnica de la pieza recursiva. En efecto, la apelante no ha rebatido en forma suficiente los argumentos dados por el juez "a quo" en el fallo en crisis, que consideró que ante actuaciones administrativas que dan lugar a la determinación de las contribuciones, intereses y multas debidos a la A.F.I.P., para el supuesto de que los mismos no fueran impugnados en esa sede oportunamente, en tanto no esté cuestionada la legalidad del procedimiento, la constitucionalidad de la ley que lo regula o la posibilidad de defensa del fallido o del síndico en su caso, no corresponde su cuestionamiento judicial posterior. - - La expresión de agravios debe consistir en una articulación seria, que patentice concreta, objetiva y fundadamente los pretensos errores el fallo recurrido, demostrándolos punto por punto (conf., esta Sala S.D.C. 18/99; S.I.L. 42/99;S.I.L. 17/00; S.I.C. 09/00). Desde que la pieza analizada no cumple con las exigencias apuntadas, el recurso debe declararse desierto conforme a las claras directrices de los arts. 265 y 266 del ordenamiento procesal.

V.- Le asiste razón a la actora en sus agravios. El monto de los créditos privilegiados que se intentó verificar en estos obrados asciende a la suma de $ 308.686,21 (ver fs. 138). De los considerandos de la resolución apelada, surge que sobre la suma reclamada correspondiente a los períodos 12/98 a 9/2001 de $ 37.245.87 ($ 24.251,98 + 12.993,89), sólo se admitió la cantidad de $ 446,71, de lo que resulta que corresponde modificar la sentencia admitiendo como créditos privilegiados $ 271.887,05.

En lo que se refiere a los créditos quirografarios se demandó por $ 760.544,32 (ver fs. 138). En la sentencia en crisis se reconoció por intereses de esos mismos períodos únicamente la suma de $ 297,74, en vez de los $ 61.938,99 reclamados, de lo que se desprende que teniendo en cuenta los considerandos, la cantidad que corresponde reconocer por este rubro es de $ 698.903,07. VI.- Las costas de Alzada se impondrán a la concursada derrotada (arts. 278 L.C.Q. y 69 C.P.C.C.).

En atención a la importancia y calidad de los trabajos realizados, resultado obtenido, monto del incidente y demás pautas legales, se regularán honorarios por su labor ante la Alzada a la Dra. S. P. d C. B. en la suma de $ 4.030 (arts. 6, 7, 9, 14, 33 y concs. del dec. 2.200), con más el I.V.A. pertinente. No se regularán honorarios al Dr. A. A. C., en razón del resultado de la apelación y de lo dispuesto por el art. 265 L.C.Q.

Por ello, la Sala "A", de la Cámara de Apelaciones de Trelew, RESUELVE:

I.- Modificar la resolución de fs. 146/148 vta. y verificar el crédito insinuado por la Administración Federal de Ingresos Públicos por la suma de $ 308.686,21 como privilegiado y la cantidad de $ 698.903,07 como quirografario, confirmándola en lo demás que decide.

II.- Imponer las costas de Segunda Instancia a la concursada.

III.- Regular honorarios por su labor ante la Alzada a la Dra. S. P. d C. B. en la suma de $ 4.030, con más el I.V.A. pertinente.

IV.- No regular honorarios al Dr. A. A. C..

Se deja constancia que el presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Juan Humberto Manino (art. 8 de la ley 1.130, T. ley 4.550).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: CARLOS DANTE FERRARI - CARLOS A. VELAZQUEZ REGISTRADA BAJO EL N° 94 DE 2006.- SIC.- CONSTE.-