marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tributos aduaneros, pago de tributos, cheque, tipo de cambio, conversión de la deuda
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Productos Sudamericanos S.A. -T.F. 7204-A c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-04

La Administración Nac. de Aduanas dictó las resoluciones 3872/83 como norma de carácter general a fin de evitar soluciones contrarias unificando la interpretación en los supuestos de divergencia entre la demandada y los administrados. La resolución establecía: "Cuando el pago se efectuare con cheques no certificados, sujetos a "clearing", se considerará como fecha efectiva del mismo la de la correspondiente acreditación. En consecuencia, los exportadores con posterioridad a dicho acto pero antes del vencimiento de los ocho (8) días hábiles de espera deberán reajustar el pago en función del tipo de cambio vigente al momento de la acreditación". La resolución 2037/85, reglamentaria de la ley 21.453 (modificada por la ley 20.036), derogó la resolución 3872/83 pero reprodujo la normativa aplicable al cheque común. Las resoluciones mencionadas se refieren a cheques comunes que extinguen la obligación tributaria aduanera con la acreditación de los fondos, siempre que los valores no deban ser reajustados acorde al tipo de cambio vigente al momento de la acreditación. La resolución 3873/83 reglamentaria del pago de tributos en operaciones de exportación en general, trata la forma y mecánica del pago realizado con cheque certificado, disponiendo: "...En caso que el pago se efectúe con cheque certificado, se tomará como fecha de efectivización la consignada por el Banco de la Nación Argentina, en la boleta de depósito (Form. OM-6698), debiendo a tal efecto los exportadores insertar en dicho formulario la leyenda 'Pagado con cheque certificado' la que será debidamente conformada por la sucursal interviniente".
Daños y perjuicios, daño causado por animales, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zacharski Ana c/ Municipalidad de San Pedro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

El deber de custodia sobre animales feroces hace recaer sobre la Municipalidad la responsabilidad sobre el daño que éstos causaron al liberarse de la jaula, en cuanto no demuestre que de su parte no hubo culpa o todo ello se debió a razones de fuerza mayor (arts. 1127 y 1128 del Código Civil). En tal sentido, aún cuando los animales hubieran sido soltados por mano criminal ello no es equiparable a la fuerza mayor como eximente, porque ella actúa como tal en tanto no hubiera sido posibilitada por quién pretende ampararse en ella (art. 513 Código Civil).
Competencia, competencia por la persona
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE BARTOLOME MITRE c/ ROJO NIETO ESTEBAN LAZARO s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

En el juicio promovido por la Municipalidad de Bartolomé Mitre en pos del cobro de una tasa, tal materia concierne a una facultad impositiva desplegada por tal ente comunal en un ámbito provincial que debe coadyuvar al aseguramiento de los municipios (Constitución Nacional, art. 5°) y por consiguiente en los límites de las facultades reservadas merced al art. 104 de la Constitución Nacional, circunstancia que aventa la intervención de la justicia nacional. Es añadible que por vía de las facultades propias de los estados locales, la provincia en función de su poder público organiza los procedimientos para el cobro de las rentas fiscales, ajenas a la competencia federal, debiendo en tales supuestos tramitar el proceso ante la justicia local, sin perjuicio del recurso extraordinario que quepa por ante la Corte Suprema.
Sanciones administrativas, policía del trabajo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ITURREGUI, MARIA AMELIA Y OTRA c/ AEROLINEAS ARGENTINAS (SOCIEDAD DEL ESTADO) s/ AMPARO - COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

Lo propio ocurre en las cuestiones relativas a la existencia de elementos no administrativos incidentes en un acto administrativo, por ejemplo, imposición de una sanción administrativa a un empresario por incumplimiento de la legislación laboral. Aquí habrá una cuestión de índole laboral que incide sobre el acto administrativo y sobre la que hay que tomar decisión a los efectos de valorar correctamente la legalidad del acto.
Transporte de carga, transporte terrestre, robo de mercaderías
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAPFRE  ARGENTINA  SEGUROS  S.A. c/ GARCIA  TRANSPORTES SRL s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSP. TERRESTRE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-14

El estándar de conducta no es el heroísmo ni la resistencia, sino algún despliegue que sea idóneo para desalentar la frecuente sucesión de robos o el recupero rápido de la mercadería transportada. En estos autos, sólo puedo concluir que el uso de la tecnología estuvo orientado al seguimiento y a la recuperación de los vehículos transportadores. La descripción de los hechos revela que no se utilizó ningún elemento disuasivo - la intervención de un solo chofer en un traslado nocturno y sin custodia ya es una conducta imprudente -, y el sistema que se había implementado no era útil para la protección del cargamento. En tales condiciones, considero aplicable la línea jurisprudencial establecida desde hace años por este Tribunal que me permite afirmar que el transportista no pudo probar la causal eximente de su responsabilidad contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 172 del Código de Comercio. Ausente esa prueba, la parte demandada debe responder por la falta de entrega de la carga transportada en destino (art. 162 del Código de Comercio).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, homologación judicial, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto Provincial del Seguro de Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-12

Con relación a los honorarios regulados a los letrados, no se compadece con los principios emergentes de la justicia conmutativa, que deban tenerse parámetros distintos para apreciar y/o cuantificar uno u otro trabajo (vencedor o vencido). Aceptarlo importaría tanto, como vulnerar flagrante y conscientemente la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Esta sola circunstancia descalifica el recurso y lo torna insuficiente, o carente de fundamentación adecuada y atendible, toda vez que, en virtud del convenio homologado, se acordó una suma en concepto de capital que sirvió de base para la regulación. (Dr. Bertolini: Según su voto).
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: ASTILLEROS HERNAN CORTES  S.A. c/ ESTADO NACIONAL s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-05

"El fundamento actual de la responsabilidad del Estado, ya se trate del Estado-administrador, del Estado-juez o del Estado legislador, no es otro que el Estado de derecho y sus postulados, cuya finalidad es proteger el derecho. Es de esos principios o postulados, que forman un completo y que tienden, todos, a lograr la seguridad jurídica y el respeto del derecho de los administrados, de donde surge el fundamento de la responsabilidad estatal en el campo del derecho público, incluso, desde luego, la responsabilidad del Estado por sus actos de legislación". Los "postulados" aludidos "resultan y surgen de la Constitución Nacional, como así de las generosas expresiones de su Preámbulo, y de ciertos principios generales del derecho... )no dañar a otro, dar a cada uno lo suyo), cabiendo mencionar entre otros principios integrantes de ese "complejo", el derecho a la vida, el respeto a los derechos adquiridos y/o propiedad (art. 17, Constitución Nacional), la expropiación por causa de utilidad pública, la igualdad ante las cargas públicas, etc.
Competencia, inhibitoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guardia, Valentina Jova s/ sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-02

Las cuestiones de competencia de las cuales hablan los arts. 7 / 13 del Código de Forma son conflictos entre magistrados una vez que han sido planteados o han quedado evidenciados en las actuaciones.

(Minoría u opinión personal)
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, juicios en que la Nación es parte, Gas del Estado, obras públicas, depreciación monetaria, gasoductos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INGENIERO AUGUSTO H SOINAZZOLA. c/ GAS DEL ESTADO. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-28

Es improcedente el recurso deducido con respecto a la aplicación de la ley 21.392, para el reajuste de la deuda por un período anterior al previsto en dicha ley, si la demandada -Gas del Estado- no demostró que la solución impugnada perjudique el interés de su parte ni que la diferencia que pudiera resultar del cambio de un sistema de actualización por otro supere el límite requerido para la admisibilidad del recurso ordinario de apelación ante la Corte, y asimismo, con relación al monto correspondiente al impuesto al valor agregado se reconoció la actualización monetaria conforme a las pautas establecidas por dicho régimen legal, sin que ello mereciera objeciones de la demandada en su recurso de apelación ante la Cámara, de lo cual se infiere su consentimiento con el procedimiento empleado para el reajuste del crédito.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: GUTIERREZ PEREZ, Salvador Antonio s/ Falsedad ideológica de instrumento público
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-03

No corresponde declarar la nulidad de la sentencia, que unifica una condena firme anterior con otra que impone sin fijar, para esta última, el monto de la sanción impuesta.-
Acción reivindicatoria, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rochi de Manucci Olga P. c/ Leguizamon Ramon y otra s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-10

El comprador de un inmueble, a quien se le ha otorgado la pertinente escritura traslativa de dominio puede aún antes de la tradición de la cosa ejercer la acción reivindicatoria contra el tercero poseedor de la misma.
Escritos judiciales, plataforma de firma digital remota, firma electrónica, expediente electrónico
Materia: PROCESAL
Carátula: Maculan, Jean Paul  c/ BTC Trade S.R.L. y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-06

Corresponde revocar la decisión que tuvo por no presentado el escrito el escrito inicial por no haberse dado acabado cumplimiento con el protocolo de actuación para la tramitación de expedientes digitales establecido por la CSJN en la Acordada 31/2020, puesto que asiste razón al recurrente quien en el escrito inicial anticipó que la demanda se encontraba firmada de manera electrónica de conformidad a lo dispuesto por la Ley 25.506, la cual en el art. 3 equipara tal tipo de firma con la manuscrita, y, en consecuencia no corresponde que el a quo insista con el requerimiento de firma ológrafa sin, en todo caso, efectuar ponderación alguna sobre la cuestión anticipada en tal aspecto.
Responsabilidad internacional del Estado, prueba, explotación laboral
Materia: PENAL
Carátula: Costantino, Juan c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-15

Las relaciones de trabajo que se dan entre los trabajadores migrantes y terceros empleadores pueden generar responsabilidad internacional del Estado cuando éste tolera acciones o prácticas que perjudican los derechos de aquéllos.

En las especiales circunstancias de autos, la única forma de valorar una prueba tan compleja y dirimir la aplicación de una u otra norma (ley penal vs. ley laboral) es la realización del juicio cuya nota principal es la inmediación, gracias al debate oral y público, máxime teniendo en cuenta que incluso existen medidas de prueba pendientes de producción.
Constitución de sociedades, administrador de la sociedad, representante legal, sociedad de responsabilidad limitada
Materia: COMERCIAL
Carátula: TOME FUENTES MARIA FLORENCIA c/ CLUB DE CAMPO LA EMILIA SA s/ INCIDENTE ART. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-19

La LGS ha previsto prestar apoyo al derecho del accionista a reunirse en asamblea, cuando ese derecho no le ha sido reconocido por la sociedad. La ley legitima entonces al pretensor, para requerir el auxilio de la justicia en la cuestión lo cual se extiende, también, al socio de una responsabilidad limitada pues la facultad contenida en la LGS 236 resulta de aplicación a todos los integrantes de sociedades comerciales. Dicho esto, la ley 19550: 236 -hoy LGS- impone una serie de recaudos, cuya concreción, torna procedente la acción de convocatoria judicial, a saber: a) la acreditación de la condición de accionista, b) ser titular de más del cinco por ciento (5%) del capital o el porcentaje que el estatuto fije al efecto; c) la comprobación de haber requerido en tiempo y forma la convocatoria, y el transcurso del plazo de cuarenta (40) días sin que la asamblea haya sido convocada y celebrada -que ha transcurrido al presente-.
Prueba, medios de prueba, grabaciones, derecho a la intimidad, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: " BRITO, Gabriel Alejandro s/ procesamiento ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-08

"Este Tribunal ha sostenido que "...es principio inconmovible del sistema probatorio vigente en el ordenamiento procesal, el criterio de no taxatividad de los medios de pruebas, de modo que 'el considerar abierta a la enumeración que la ley hace de ellos implica que la presencia de algún medio probatorio que no tenga regulación específica no obsta a su admisión si resulta pertinente para comprobar el objeto de prueba'..." (conf. esta Sala en causa n° 13.928 "Cingolani", rta. el 19/12/97, reg.n° 15.010; causa n° 15.106 "Pache", rta. el 30/3/99, reg. n° 16.138, y causa n° 26.416 "Lynch", rta. el 11/7/08, reg. n° 28.666, y sus citas)". "Por otra parte, ambas Salas de esta Cámara han compartido el criterio de que la grabación de una comunicación por parte de uno de los interlocutores, para el caso de particulares, se trata "sencillamente" de la documentación de un hecho acaecido que no invade la esfera de prohibiciones probatorias (conf. Sala I en causa n° 30.468 "Raña", rta. el 20/4/99, reg.n° 255; y esta Sala en causa n° 13.928 "Cingolani", ya citada)". "Así, la cuestión radica en que "...este modo de entender el alcance de la protección constitucional de la intimidad reposa en la premisa de que el riesgo tomado a cargo por un individuo que voluntariamente propone a otro la comisión de un delito o que voluntariamente permite a otro tomar conocimiento de tal propuesta o hechos que son relevantes para la prueba de un delito ya cometido, incluye el riesgo de que la oferta o los hechos puedan ser reproducidos ante los tribunales por quien de esta forma, tomó conocimiento de ellos" (conf. esta Sala en causa n° 26.700 "Bark", rta. el 24/10/08, reg.n° 29.103 y sus citas)".
Municipalidad, concejales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tata, Rodolfo Salomón c/ Provincia de Buenos Aires (A.G.O.S.B.A.) s/ Demanda contencioso administrativa Tata, Rodolfo Salomón c/ Provincia de Buenos Aires (A.G.O.S.B.A.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28|2001-02-28

Si bien el Tribunal ha decidido que el cargo electivo de concejal constituye una carga pública "honoraria", dejó expresamente a salvo los alcances que tal concepto jurídico importa a aquellos supuestos en que, tergiversando su propia naturaleza, se percibieran "remuneraciones" uniformes generales, constantes y sin contrapartida en gastos o perjuicios debidamente documentados. Ello en la inteligencia de que, de tal modo, la desnaturalización de la expresión legal "indemnización por la afectación de sus actividades privadas" (art. 92, dec. ley 6769/58, modif. por ley 10.263) asimilaba el cargo a aquéllos de carácter rentado.
Decreto de necesidad y urgencia, ratificación tácita del decreto, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: LOPEZ, DEMETRIO c/ CAPYNA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

El tema respecto de la legitimidad de los denominados decretos de necesidad y urgencia ha sido zanjado por la CSJN al decidir en los autos Peralta, Luis c/Estado Nacional (2.12.93) consagrando la tesis de la tácita convalidación de las medidas extraordinarias adoptadas por el PEN y las circunstancias que el Congreso Nacional tuviera conocimiento suficiente de su contenido y no tomar decisiones que manifiestan su rechazo, reiteradas en el precedente Cocchia, Jorge c/Estado Nacional (2.12.93).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, fundamentación suficiente, nulidad del acto jurídico, declaración de oficio, escritura pública, donación con cargo, reserva de usufructo, actos jurídicos
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: LEINGRUBER, NELLY T. c/ PIERINA L.G. CALEGARIS DE BAZZE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-NULIDAD  PARCIAL DE ACTO JURIDICO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 209 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-09

Corresponde rechazar la queja desde que las causales de arbitrariedad endilgadas al pronunciamiento no se encuentran configuradas, evidenciando la mera discrepancia de la recurrente para con lo decidido por los jueces de la causa, discutiendo los fundamentos vertidos en la sentencia impugnada para desestimar la nulidad parcial del acto, en lo que respecta al usufructo que se constituyera en favor de la demandada, en razón de considerar -atento la regla de separabilidad de un acto jurídico- que no puede separarse el usufructo respecto del resto del acto, hermenéusis ésta que condujo a los sentenciantes a concluir en que no se está en presencia de una nulidad manifiesta que autorice a proceder de oficio.

A esta línea conceptual se opone la parte actora sosteniendo la nulidad parcial del acto, en lo que respecta al usufructo en cabeza de la demandada, afirmando que el Tribunal a quo priorizó la divisibilidad o no del acuerdo, cuestión accesoria a su criterio, cuando en realidad debió ubicar en primer plano la nulidad del mismo, insistiendo en la invalidez del acto impugnado en razón que los sentenciantes soslayaron ponderar ciertas normas estatuidas por el código de Vélez, las que precisamente prohíben la donación entre cónyuges.
Medidas cautelares, embargo preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: CUMEO LIBARONA, MARIANO c/ ODONE, LUIS ALBERTO s/ COBRO DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-24

Nada impide que se ordene embargo preventivo sobre el eventual crédito que el accionado pudiere percibir de las entidades Estatales que se denuncian, y siempre que aquel adquiera la libre disposición de sus bienes, en cuyo único caso se haría efectiva la medida cautelar, debiendo las oficiadas comunicar al Sr. Juez intervinientes en oportunidad de su cumplimiento.
Costas
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ESPELETA, CARLOS MARIA Y OTROS c/ ASOCIACION  ARGENTINA DE  TELEGRAFISTAS, RADIOTELEGRAFISTAS Y AFINES (AATRA) SECCIONAL SANTA FE s/ COSTAS EN ACCION DE AMPARO SINDICAL      EXPTE NRO 267-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-21

La razón probable o fundada para litigar como fundamento en la imposición de las costas resulta aplicable cuando por las circunstancias del caso puede considerarse que el perdidoso actuó sobre la base de una convicción razonable acerca de la existencia de su derecho, dicho principio ha sido acogido en la normativa procesal laboral (artículo 102 del Código Procesal Laboral) como causal de eximición total o parcial de las costas. No obstante ello tales pautas no pueden llevar a imponer totalmente las costas al ganancioso sino que, en consonancia con las argumentaciones esgrimidas por el sentenciante corresponde cargarlas en el orden causado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente, liquidación, impugnación de la liquidación
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Félix Miguel y otros c/ Petroquímica Bahía Blanca S.A.I.C. s/ Premio productividad etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-25

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la sola variación del sistema de liquidación se señala como configurativo de avasallamiento patronal, sin rebatir adecuada y eficazmente la conclusión central y decisiva del fallo cual es -y más allá del consentimiento que explícita o tácitamente, según los casos, evidenciaron los actores- que no se probó menoscabo alguno en la percepción salarial, lo cual fue invocado como fundamento del reclamo.
Comisión Nacional de Valores, sanciones disciplinarias administrativas, agente de bolsa
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDUARDO A. NELLEN s/ SUM. MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-26

La sanción de revocación de la inscripción para actuar como agente de bolsa solo cabria aplicarla -a modo de ejemplo- a los reincidentes de faltas graves y a los condenados por delitos que afecten al mismo tiempo en forma grave los intereses y bienes jurídicos en orden a cuya protección se ha establecido la regulación estatal en materia de bolsas y mercados de valores, y solo excepcionalmente imponerse como primera sanción disciplinaria.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, doble instancia, sentencia, reenvío
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: WAGNER, OSCAR OSVALDO c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO POR EL VINCULO ATENUADO POR SU COMISION EN ESTADO DE EMOCION VIOLENTA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-02

No pueden tener favorable acogida las alegaciones de la compareciente respecto a la invocada necesidad de un derecho de revisión amplia del que goza el imputado, refiriendo a una nuevo escenario legal, desde que la impugnante no se hace cargo de acreditar por qué el derecho aludido no había sido garantizado en el trámite llevado a cabo como consecuencia del acuerdo emanado de esta Corte, a través del cual se ordenó la remisión de la causa a la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia para que designara la integración de un Tribunal de Apelación Oral que debía revisar la sentencia dispuesta en primera instancia, pero modificando la calificación legal, quitando el estado de emoción violenta e imponiéndole la pena de prisión perpetua como autor de homicidio calificado por el vínculo, a los efectos de asegurar precisamente la garantía de revisión amplia y de doble conforme, según surge del bloque de constitucionalidad. (Del voto del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJStaFe: Wagner, AyS T 272, p 260/266; Scalcione, T 271, p 239; Garfagnoli, T 283, p 327; Gómez, T 280, p 288; Aguilar, T 287, p 17. -
Propiedad horizontal, expensas comunes, pago, negativa a recibir el pago, consignación judicial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GAMBARRUTA, Ernesto c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS TUCUMAN 1501 s/ NULIDAD DE ASAMBLEA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-12

Resulta injustificada la negativa del administrador de un edificio en propiedad horizontal a recibir el pago de expensas, condicionando su recepción a la integración de un fondo especial decidido por la asamblea de copropietarios -y a la sazón sujeto a revisión judicial-, razón por la cual procede la consignación de los importes correspondientes.-