Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-02


2º Instancia. - Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 177/192? El Señor Juez de Cámara Doctor José Luis Monti dice:

I.- Viene apelada por la parte demandada la sentencia de fs. 177/192 por la cual el a quo admitió parcialmente la pretensión deducida por Editorial PGP S.A. contra el Centro Argentino de Ingenieros, por daños y perjuicios derivados de una rescisión contractual.

II.- La actora explicó que se había vinculado con la demandada mediante un contrato de "armado y distribución de ejemplares de la revista de la asociación de ingenieros". Dijo que originariamente el contrato había sido suscripto entre Editorial Anper S.R.L. y el Centro Argentino de Ingenieros, y que esa editorial le había cedido su parte en abril de 2005. Agregó que la cesión había sido aceptada por la demandada. Describió las obligaciones contraídas por cada una de las partes y explicó que el contrato tenía una vigencia de dos años, renovable automáticamente por igual período. Indicó que se habían previsto dos formas de rescisión del convenio, una de común acuerdo exteriorizado con sesenta días de antelación a la salida del próximo ejemplar, y la otra por el vencimiento del plazo. Dijo que, no obstante, el 3.1.07 había recibido una carta documento donde la demandada le informaba que rescindía el contrato sin invocación de causa, tesitura que rechazó manifestando que esa facultad no estaba prevista. Luego de un intercambio epistolar sin que llegaran a un acuerdo, inició la presente acción reclamando una indemnización en concepto de lucro cesante, comprensiva de la ganancia que hubiera percibido durante el año y medio que restaba para la finalización del convenio. Cuantificó ese rubro en la suma de $136.500, más intereses.

III.- Centro Argentino de Ingenieros solicitó el rechazo de la demanda. Reconoció el convenio, pero negó la interpretación que había realizado la actora de sus cláusulas, específicamente la de rescisión. Luego de explicar una serie de incumplimientos en que habría incurrido la editorial desde el inicio de la relación contractual, indicó que se habían cumplido los dos requisitos para finalizar la relación. Por un lado, dijo que había transcurrido el tiempo de ejecución del acuerdo -9 años-, y por el otro, que la voluntad de rescindir había sido comunicada con el preaviso suficiente. Al respecto aclaró que había notificado la rescisión del contrato en enero de 2007, mientras el próximo número saldría recién en mayo de ese año, con lo cual había respetado el plazo de 60 días de aviso previsto contractualmente. Explicó que la actora habría consentido tal rescisión, por cuanto recién había contestado la carta documento dos meses después. Por otro lado, agregó que ante la actuación deficiente de la editorial, no se le podía exigir a la entidad que permaneciera obligada sin término a un contrato que la perjudicaba inmerecidamente. Finalmente, solicitó el rechazo de los daños reclamados por considerarlos improcedentes.

IV.- El juez de grado hizo lugar parcialmente a la demanda por la suma de $36.750, más intereses. Para decidir del modo indicado, encuadró el contrato en una locación de obra y, sobre la base del art. 1638 del Código Civil, sostuvo que ambas partes tenían la facultad de rescindir unilateralmente el contrato sin invocación de causa, independientemente de que estuviera o no previsto en el convenio, pero con la carga de reparar los daños ocasionados. En ese orden, consideró que la demandada había ejercido esa facultad, por lo que no admitió las causas que luego invocara al contestar demanda, y dispuso la reparación de los daños que la extinción del contrato le generara a su contraria. Para su cuantificación, tomó como base la suma solicitada por la actora, en virtud de que la demandada no había producido prueba tendiente a demostrar los costos y/o ganancias de tal publicación. En consecuencia, estimó la ganancia líquida perdida en un 35% del monto solicitado por la actora, justificando la disminución en que de la suma pretendida no se habían deducido los costos del trabajo. Impuso las costas a la demandada.

V.- Apeló esta última. Tacha de arbitraria la sentencia de grado por entender que no habría valorado la totalidad de la prueba. En primer lugar, cuestiona el encuadre jurídico del contrato de marras, afirmando que no se trata de una locación de obra, por cuanto en esa clase de contratos no se presenta el tracto sucesivo en las prestaciones, la forma de pago pactada, ni el status asociativo o colaborativo que caracterizaba al contrato que la vinculara con la actora. Luego se queja de que el juez no hizo alusión al plazo de preaviso establecido en la cláusula de rescisión, que había sido respetado. Destaca que el a quo también habría omitido considerar que la actora no había respondido esa comunicación sino dos meses después, lo que habría importado un consentimiento tácito a la extinción del acuerdo. Dice que tampoco consideró que se había reducido la cantidad de números publicados, siendo sólo cinco en los dos últimos años, contra los siete anuales comprometidos. Por otro lado, cuestiona la indemnización otorgada en concepto de lucro cesante. Manifiesta, en primer lugar, que no se habría acreditado la existencia de ganancias, por cuanto nunca le habían sido repartidas, y en segundo lugar, que la actora no había demostrado los costos, gastos, ni ingresos que producía la revista. Finalmente se agravia de la imposición de las costas.

VI.- Tal como ha quedado planteada la cuestión en esta instancia, no cabe ingresar en el análisis de lo que con frecuencia se llama la naturaleza jurídica del contrato objeto de autos, expresión con la que suele hacerse referencia a una calificación o categorización del contrato en alguna de las figuras tipificadas en la ley o en la práctica y usos mercantiles (ver art. 1138 y su nota), tarea que puede resultar estéril si se prescinde de las consecuencias que pudieran resultar de las alternativas examinadas, es decir, los efectos jurídicos que en cada caso cupiera atribuir al acuerdo de que se trata (ver Genaro Carrió, "Notas sobre derecho y lenguaje", Abeledo-Perrot, Bs. As., 1965, págs. 73 y ss.). Como sea, más allá del rótulo que las partes asignen a sus contratos, la calificación del vínculo -y sus efectos- quedarán siempre deferidos a la tarea judicial (conf. art. 1326, C. Civil; Federico Videla Escalada, "La causa final en el derecho civil", Abeledo-Perrot, Bs. As., 1968).

En el caso, la recurrente se limitó a cuestionar el encuadre jurídico que el a quo le asignara al contrato de marras, sin expresar un agravio concreto, ni esbozar siquiera cuál consideraría apropiado. En ese contexto, la cuestión pierde relevancia si se repara en los restantes agravios, pues con abstracción del nomen juris que se le asigne a la relación, la cuestión a resolver en esta Alzada consiste en determinar si la Asociación de Ingenieros tenía derecho a concluir unilateralmente el contrato y, en todo caso, si debe reparar los daños que ello le habría ocasionado a Editorial PGP, cuestiones inescindibles de las particularidades propias del acuerdo en cuestión.

El convenio suscripto entre ambas partes establecía un plazo de duración: 2 años prorrogables automáticamente (cláusula décimo cuarta). En un contrato de estas características, amén de la rescisión que supone un acuerdo de voluntades tendiente a poner fin al vínculo (art. 1200, C. Civil), la facultad de extinguirlo unilateralmente y sin expresión de causa, sólo sería factible en la medida en que ello resultare de una previsión contractual o de un texto legal. Del análisis del "contrato de revista" (fs. 7/9) -como lo llamaron las partes- no surge una estipulación en ese sentido. La cláusula décimo quinta sólo indica que "se podrá rescindir y dejar sin efecto este contrato por acuerdo de partes con anticipación de 60 días (...)" (fs. 9).

El art. 1638 del C. Civil, que rige en materia de locación de obra y que fuera mencionado en la sentencia de grado como base de la solución alcanzada, podría ser aplicable en la especie si se admite que se trata aquí de un contrato de locación de obra -cuestión controvertida-, pero también podría aplicarse por vía analógica, pues resulta compatible con el contrato de edición previsto en los arts. 37 y ss. de la ley 11723, dadas las connotaciones propias de éste (ver: Raymundo Salvat, Derecho Civil Argentino, Contratos, TEA, B. Aires, 1957, t. III, p. 636, nº 2649 ss., en especial la nota 4.a de Arturo Acuña Anzorena en p. 639). De todos modos, como se verá de seguido, el examen de las circunstancias particulares del contrato objeto de autos y los hechos que dieron origen al litigio, son suficientes para arribar a una adecuada solución de éste.

En el sub lite no hay duda que la extinción del vínculo se produjo unilateralmente a instancias de la demandada, quien lo dio por rescindido a "partir de la recepción de la carta documento" enviada el 3.1.07 (fs. 12), sin expresar en esa oportunidad un motivo ni imputación alguna. Esa comunicación se produjo faltando poco más de un año para la culminación de la última prórroga prevista.

Ahora bien, la circunstancia de que el Centro de Ingenieros hubiera notificado a la actora su voluntad de poner fin al contrato con 60 días de anticipación a la salida del próximo número de la revista, no puede ser invocada por dicha entidad para exonerarse de responsabilidad, por cuanto la cláusula décimo quinta sólo preveía aquel efecto en el supuesto que mediara -en el lapso indicado- un acuerdo de voluntades en tal sentido, el cual ciertamente no existió en el caso.

De su lado, la demora de la actora -de casi dos meses- en contestar la misiva donde la demandada le comunicaba su desvinculación del contrato (ver cartas documentos de fs. 12 y 14), no puede interpretarse como una manifestación tácita de voluntad por parte de la editorial a los fines de la extinción del vínculo (conf. art. 919, Cód. Civil), habida cuenta de la estipulación contractual que exigía un acuerdo al efecto, por lo que no es dable predicar la existencia de una obligación de expedirse en los términos de la parte final de la citada norma legal.

A todo evento, cabe resaltar que el Centro de Ingenieros no invocó alguna causal válida que la liberara de responsabilidad al poner fin al vínculo unilateralmente. Pues aún considerando las explicaciones que expuso al contestar demanda, relativas a ciertos incumplimientos de la editorial que la habrían llevado a tomar esa decisión, se advierte una orfandad probatoria en punto a confirmar tales incumplimientos. Los diversos testigos propuestos por la demandada con ese propósito, no demuestran per se la existencia y entidad de alguna infracción de gravedad atribuible a la editorial, según los términos del contrato; máxime si se tiene presente que se trata de declaraciones de ingenieros asociados a la demandada (ver fs. 90/2; 93/5), de modo que la sana crítica aconseja que debieran haber sido corroboradas por otros medios, lo que no ocurrió.

En tal contexto, se muestra adecuada la conclusión del a quo en el sentido que debe la demandada responder por las consecuencias perjudiciales que con su actitud causara a su co-contratante. Considero por tanto que corresponderá desestimar este agravio de la demandada y confirmar la sentencia en lo que a este punto se refiere.

VIII.- El Centro de Ingenieros también cuestiona la procedencia y magnitud del lucro cesante. Este rubro ha sido calculado sobre la base de las utilidades que hubiera obtenido la actora de continuar editando la revista durante el lapso que restaba para culminar su vigencia (8 de agosto de 2008). Si bien es cierto que la actora no ofreció prueba pericial contable sobre sus libros, ni adjuntó alguna otra documentación de esa índole que ilustrara respecto de los costos y ganancias producidos por cada publicación, no lo es menos que la demandada fue declarada negligente en la producción de esa misma prueba (fs. 151).

No obstante esta carencia, es preciso recordar, en cuanto atañe a la prueba de este rubro, que en varios precedentes el Tribunal ha sostenido que, como principio, la indemnización del lucro cesante no requiere demostrar con absoluta seguridad su existencia, y que basta una cierta probabilidad objetiva de que exista (esta Sala, "Egan, Guillermo c/ Ingenplast S.R.L." del 13.4.93).

En el caso, las partes acordaron en la cláusula novena del "contrato de revista" que los costos y remuneración de las tareas que asumía la demandada, por cada número, ascendían a un total de $15.000. Si bien este dato por sí solo no permite establecer con certeza las utilidades frustradas, en tanto -como bien observó el a quo- faltan mecanismos que permitan determinar cuál era la suma correspondiente a gastos por cada número, parece suficiente para demostrar la existencia del daño. Ya hemos visto que no resulta factible requerir una total certeza en torno del perjuicio de que se trata. Basta que razonablemente pueda afirmarse esa probabilidad cierta de un ingreso que se frustra por la ruptura indebida de la relación contractual. En circunstancias como la de autos podría decirse que el daño surge in re ipsa en tanto el contrato extinguido llevaba casi diez años de ejecución continuada, con renovaciones consecutivas cada dos años desde su celebración (noviembre 1997) Con tales antecedentes cobra singular relieve la declaración de la encargada del sector de publicidad de la revista, Adriana Emilia Lorca, quien expresó que tenían contratada la publicidad por un año (fs. 106/108, respuesta 5), testimonio éste que no fue impugnado por la demandada. De manera que no puede ofrecer dudas la configuración del perjuicio. Y puesto que, aunque demostrada su existencia, no se cuenta en autos con elementos concretos que permitan establecer con base cierta pautas cuantitativas sobre las utilidades frustradas, corresponde estimar el rubro prudencialmente (conf. art. 165, CPCC), conforme procedió el juez de grado.

Sin embargo, considero apropiado disminuir la compensación fijada por el a quo. Tal como surge de los testimonios incorporados a la causa, en los últimos dos años la totalidad de los números publicados no eran siete, como estaba previsto en el contrato, sino tres o cuatro ejemplares anuales (ver fs. 90/92, resp. 5º; fs. 106/108, resp. 5º, fs. 109/111, resp. 4º; fs. 147/149, resp. 6º). Por consiguiente, habida cuenta que tales testimonios no fueron impugnados, parece apropiado fijar la indemnización partiendo de esa cantidad de publicaciones anuales. Con esa advertencia, utilizando el mismo criterio considerado por el a quo, esto es, asignando un 35% como utilidad, cabe reducir el capital de condena a la suma de $21.000, monto sobre el cual se computarán los intereses en la forma dispuesta en la sentencia.

Con ese alcance, corresponde modificar la sentencia en lo que hace a este punto.

IX.- En cambio, respecto de las costas, no encuentro elementos para apartarme de lo dispuesto por el juez de grado. Tiene reiteradamente resuelto esta Sala que en las acciones por daños y perjuicios -como el caso sub lite-, aquéllas deben imponerse a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio, conforme una apreciación global de la controversia y con independencia que las reclamaciones del perjudicado hayan progresado parcialmente en relación con la totalidad de los rubros o montos pretendidos, sin que quepa sujetarse en esta materia a rigurosos cálculos aritméticos (v. en tal sentido esta Sala, 14.2.91, in re "Enrique R. Zenni y Cía. S.A. c/ Madefor S.R.L. y otro s/ordinario"; ídem, 22.12.99, in re "Burgueño, Walter Ricardo c/ Banco Mercantil S.A. s/ordinario", entre muchos otros). Las mismas razones conducen a aplicar igual criterio en las costas de alzada.

X.- Por los motivos expuestos, si mi criterio fuera compartido, deberá confirmarse la sentencia apelada en lo principal que decide, con la modificación indicada en el considerando VIII. Las costas de esta instancia, por las razones ya expresadas, corresponderá imponerlas a la demandada (art. 68, 1er. párr., CPCC). Así voto.

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara Doctores Juan R. Garibotto y Alfredo Arturo Kölliker Frers adhieren al voto anterior.

Y Vistos:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo principal que decide, con la modificación indicada en el considerando VIII. Las costas de esta instancia se imponen a la demandada (art. 68, 1er. párr., CPCC).

El doctor José Luis Monti suscribe la presente en virtud de lo dispuesto en el punto III del Acuerdo General de esta Cámara del 25.11.09.

El doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers actúa conforme lo dispuesto en la Resolución de Presidencia de esta Cámara, nº 26/10 del 27.4.10. -Juan R. Garibotto. -José Luis Monti. -Alfredo Arturo Kölliker Frers.