Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-20


Causa 4.813/2012 J: 2 S: 4 -I- "ANSES C/ UBERTALLI CARBONINO TOMÁS EZEQUIEL S/ REPETICIÓN" Buenos Aires, 20 de mayo de 2014.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto subsidiariamente a fs. 50/55 -cuyo traslado no fue contestado-, contra la decisión de fs. 49, mantenida a fs. 56; y CONSIDERANDO:

1. El magistrado hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por el demandado y ordenó la remisión de las actuaciones al juzgado federal con sede territorial en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires (conf. fs. 49).

La recurrente manifiesta que le causa agravio que el magistrado se declare incompetente remitiéndose a los fundamentos del Sr. Fiscal, quien a su vez omitió considerar y analizar la competencia a la luz de la resolución administrativa que ordenó revocar el beneficio previsional del demandado. Por otra parte, agrega que la competencia se debe determinar por la naturaleza de las acciones deducidas y no por las defensas opuestas por el demandado, conforme lo dispone el art. 5 del Código Procesal. Agrega que el inc. 4° de la referida norma establece la posibilidad de promover la acción en la jurisdicción del lugar donde el hecho ocurriera, o en la correspondiente al domicilio del demandado, a elección del actor. Finalmente, aduce que imponerle las costas implicaría destinar parte del presupuesto que está previsto para el pago de beneficios previsionales, lo cual conllevaría un perjuicio para toda la clase pasiva en su conjunto (conf. fs. 102/103).

2. En primer lugar, corresponde señalar que es doctrina reiterada de la Corte Suprema que los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos articulados por las partes o las probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquellos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos: 276:132; 280:320; 303:2088; 304:819; 305:537 y 307:1121, entre otros).

3. Ello sentado, es oportuno recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que para determinar la competencia de los tribunales corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda, y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión, pues los primeros animan al segundo y, por ello, son el único sustento de los sentidos jurídicos particulares que les fuesen atribuibles (conf. arts. 4 y 5, del Código Procesal; Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 303:1453; 306:328, 856, 948, 1056; 307:505, 774 y 871; esta Sala, causas 7.122 del 14.12.93, 20.039 del 23.2.95, 4.365 del 20.6.96, 2.041 del 3.4.97, 2.324/98 del 22.10.98, 5.295/07 del 27.9.07, 12.290/07 del 27.3.08, 5.959/07 del 3.6.08, 13.178/06 del 24.6.08, 4.868/07 del 26.8.08, 5.967/08 del 28.8.08, 723/08 del 11.9.08, 882/08 del 30.9.08, 13.470/07 del 2.10.08, 10.899/07 del 7.10.08, 7.683/08 del 25.11.08, 2.055/08 del 23.12.08, 3.295/08 del 10.2.09, 8.670/08 del 7.4.09, 9.876/08 del 19.5.09, 4.423/08 del 26.5.09, 11.300/08 del 6.8.09, 2.086/09 del 11.8.09, 13.783/07 del 18.8.09, 1.310/09 del 20.8.09, 2.701/09 del 24.9.09, 680/08 del 29.10.09, 2.801/09 del 29.10.09, 5.850/09 del 15.12.09, 3.544/09 del 22.12.09; entre otras).

También se ha sostenido que, a tal fin, se debe indagar en la naturaleza de la pretensión, examinar su origen, así como la relación de derecho existente entre las partes (conf. CSJN, Fallos 321:2917, 322:617).

Desde esta perspectiva, es preciso poner de manifiesto que la parte actora promueve demanda a fin de obtener la repetición de las sumas que habría percibido indebidamente el accionado, que gozaba del beneficio de pensión por hijo menor de edad -tras el fallecimiento de su progenitora-, y que habría continuado persiguiendo a pesar de haber alcanzado la mayoría de edad (conf. fs. 23 y siguientes).

4. En tales condiciones, se debe precisar que -al tratarse de una obligación de carácter personal-, el art. 5 , inc. 3 , del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que el fuero principal está determinado por el lugar en que debe cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido, conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación.

Esta regla confiere primacía al "forum solutionis", en tanto pueda surgir en forma expresa o implícita del contrato o de la naturaleza de la obligación (conf. Palacio, "Estudio de la Reforma Procesal Civil y Comercial", p. 62, Abeledo-Perrot, 1981). Y únicamente cuando ello no fuera posible, el actor podrá optar entre el juez del domicilio del demandado o el del lugar donde se celebró el contrato (conf. CSJN, 27-5-80, E.D., 89-242, n 40; Fassi-Yáñez, "Código Procesal Civil y Comercial", t. 1, p. 123, Editorial Astrea, 1988).

Entiende la Sala que el lugar de cumplimiento de la obligación se halla determinado y está limitado a la Provincia de Buenos Aires -Localidad de Monte Grande, Partido de Esteban Echeverría-, donde el accionado habría percibido la pensión por hijo menor de edad y donde fue diligenciado el aviso de recibo y -además- habita el accionado (conf. fs. 18, 19, 37 y 41/43), todo lo cual conduce a confirmar la decisión del magistrado de la anterior instancia.

5. Por último, respecto del agravio sobre la imposición de las costas, cabe destacar que la regla general que rige nuestro ordenamiento procesal en materia de costas, no implica una suerte de penalidad para el litigante vencido sino que tiene por objeto resarcir a la contraria de los gastos en que la conducta de aquél lo obligó a incurrir, de allí que la exoneración de su pago reviste carácter excepcional y es de interpretación restrictiva (conf. esta Sala, causas 2.630 del 30.4.84, 3.884 del 5.3.87, 6.229 del 6.4.93, 9.299 del 29.10.93, 438 del 9.8.94, 12.509 del 12.12.94; entre otras).

Por los fundamentos expuestos, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General ante esta Cámara a fs. 73, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución de fs. 49.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas de la CSJN n° 31/11 y 38/13 (B.O. 17.10.13).

El Dr. Ricardo Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese -al señor Fiscal General ante esta Cámara- y devuélvase.

María Susana Najurieta Francisco de las Carreras