Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13


Reg.: A y S t 281 p 209/213. Santa Fe, 13 de marzo del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Jorge Antonio Bordiga contra la resolución 382, del 22 de mayo de 2017, dictada por el Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, doctor Álvarez, en autos "BORDIGA, JORGE ANTONIO -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'MOREIRA, JUAN CEFERINO (1); CORNEJO, FRANCO OSCAR (2); ACUÑA, MIGUEL ÁNGEL (3); BOCATURO, GUILLERMO FABIÁN (4); BORDIGA, JORGE ANTONIO (5) sobre APELACIÓN PRISIÓN PREVENTIVA Y PLANTEO DE NULIDADES EN CARPETA JUDICIAL 'SANCHEZ, GERARDO Y OTROS S/ COHECHO ACTIVO - PECULADO'- (CUIJ N° 21-06599359-4)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511462-1); y, CONSIDERANDO: 1. El Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, doctor Álvarez, por resolución 382, del 22 de mayo de 2017, en lo que aquí interesa, rechazó los planteos de nulidad del allanamiento practicado en el domicilio del imputado Jorge Antonio Bordiga y de las intervenciones telefónicas y confirmó la decisión dictada en primera instancia que, a su turno, había convertido en prisión preventiva su detención (fs. 4/11). 2. Contra este pronunciamiento deduce la defensa técnica recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario (fs. 14/50v.). Alega afectación a las garantías de inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia epistolar y de los papeles privados; y de los derechos a la privacidad, a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a la defensa en juicio y al debido proceso. Cuestiona en primer lugar que la Alzada rechazara su planteo de nulidad de las intervenciones telefónicas que tuvieron lugar en la causa. Refiere que el A quo prescindió de la prueba documental acompañada por su parte que acreditaba de modo fehaciente que dichas medidas habían sido ordenadas por la Fiscal y no por el Juez, en violación de las disposiciones de la Ley Nacional de Telecomunicaciones y de la Ley de Inteligencia Nacional que -dice- exigen la intervención de un magistrado que ordene la medida y que controle su ejecución. Del mismo modo, critica la decisión de la Cámara de rechazar la nulidad del allanamiento practicado en el domicilio del imputado. Se agravia de que no se tuviera en cuenta el acta acompañada con la apelación, la cual -entiende- resultaba relevante para resolver, por cuanto de ella surge claramente que los Fiscales no estuvieron presentes en el sitio, ya que no obran sus firmas al pie. Agrega que el registro se llevó a cabo cuando la finca estaba ocupada por dos hijos del justiciable, menores de edad y uno discapacitado, sin que la comisión policial fuera autorizada por una persona mayor de edad para ingresar. Por otro lado, sostiene que el fallo cuestionado violenta la prohibición de "reformatio in peius", con base en que agrava la situación de Bordiga al considerarlo incurso en el tipo penal de asociación ilícita, siendo que en primera instancia el Judicante rechazó la pretensión acusatoria sobre dicha figura. Asimismo, objeta el pronunciamiento de Cámara en cuanto confirmara la prisión preventiva del justiciable impuesta en primera instancia. Refiere que la decisión se fundó en la necesidad de la fiscalía de seguir investigando y que ello violenta la garantía de inocencia, porque aplica el encarcelamiento preventivo como un anticipo de condena. Pone de resalto que este proceder además vulnera la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, porque el Ministerio Público de la Acusación no especificó las diligencias investigativas que restaban realizar, ni el A quo fijó un término para se cumplieran. Discrepa con que se considerara la calidad de funcionario público de Bordiga como un obstáculo para que recuperara la libertad, por cuanto en relación a otros imputados en la causa que también revisten tal condición se dispuso el cese de la cautelar. Expresa que no se encuentran reunidos los presupuestos del artículo 219 del Código de Procedimientos, en el entendimiento de que el Juez se apartó de la calificación jurídica fijada en primera instancia; y no abordó los planteos defensivos vinculados con que no correspondía la figura de extorsión, no se encontraba probado el peculado y el "delito de violación de pruebas y documentos" atribuido se basaba en evidencia recolectada en el "ilegal allanamiento". Considera que estos agravios resultaban medulares para abordar la cuestión vinculada con la pena en expectativa, y así, poder hacer una estimación en relación a la segura ejecución efectiva de una eventual condena en los términos del inciso 2 del citado artículo. 3. El A quo, por auto 633 del 2 de agosto de 2017, deniega la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 53/55v.); lo que motiva la presentación directa de la interesada ante esta Sede (fs. 60/76). 4. Ante todo, cabe señalar que si bien la resolución atacada no es -atento a su naturaleza- sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, puede constituirse excepcionalmente en objeto procesal de la impugnación extraordinaria pues, en tanto impide la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior y requiere tutela inmediata (conforme criterio de A. y S., T. 190, pág. 12; T. 216, págs. 158 y 306; T. 220, págs. 156 y 170; T. 222, págs. 212 y 350, en el mismo sentido, Fallos:307:549; 314:791; 328:1108; 330:1465; entre otros). 5. Sentado ello, se adelanta que la presente queja debe ser rechazada, ya que pese al esfuerzo de la recurrente, lo cierto es que no logra con sus alegaciones demostrar la configuración de un caso constitucional que habilite la revisión extraordinaria pretendida. En efecto, en primer lugar, los agravios de la defensa vinculados con el rechazo de las nulidades procesales planteadas se desvanecen a poco que se analice la resolución de la Cámara, al advertirse que el Magistrado evaluó y dio respuesta fundada para descartar las invalidaciones pretendidas. Así, el A quo explicó por qué el allanamiento debía reputarse válido, haciendo hincapié en que se habían observado las normas procesales pertinentes. Seguidamente, analizó los cuestionamientos de la presentante referidos a las intervenciones telefónicas que habían sido ordenadas en la causa y los desechó con motivos suficientes, cuya irrazonabilidad o insuficiencia no alcanza la impugnante a acreditar con sus alegaciones vertidas en el memorial recursivo. Del mismo modo, no resultan idóneas para habilitar la instancia extraordinaria las críticas referidas a la confirmación que la Alzada hiciera de la prisión preventiva del imputado dispuesta en primera instancia. Es que, las formulaciones defensivas analizadas en confrontación con la decisión atacada revelan la mera discrepancia de la interesada con la interpretación que de los hechos, las pruebas y las normas procesales en juego han efectuado los Jueces de la causa, en el ejercicio de funciones propias que no corresponde a esta Corte revisar, salvo supuestos de arbitrariedad o afectación a mandas constitucionales, de cuya configuración en la especie no persuade la compareciente. En este sentido, el Judicante para confirmar la decisión de grado, evaluó las constancias de la causa a la luz de los agravios y concluyó que estaban reunidos los presupuestos exigidos por el artículo 219 del Código Procesal Penal para el dictado de la prisión preventiva. Al respecto, expresó que a la apariencia de responsabilidad que podía sostenerse con las evidencias presentadas por la acusación, debían añadirse el pronóstico de pena en expectativa de cumplimiento efectivo -dando razones en abono de su afirmación- y la peligrosidad procesal existente en su variante de entorpecimiento probatorio, a partir de la naturaleza de los hechos investigados y la calidad de funcionario público del imputado. Frente a esta argumentación, la defensa insiste con sus invocaciones de arbitrariedad y falta de motivación, mas sin lograr descalificar desde la óptica constitucional la motivación ensayada por el Tribunal para convalidar la decisión de primera instancia. Por lo demás, la suerte de la presente impugnación no puede variar con base en las violaciones constitucionales alegadas, toda vez que -más allá de ser la reiteración de las formuladas en las instancias anteriores que ya fueron debidamente abordadas y desechadas con razonables motivos- no resultan suficientes en orden a demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho o garantía invocado y lo ocurrido en la causa. En este sentido, las afectaciones vinculadas con las invalidaciones procesales pretendidas por la defensa se desvanecen a la luz de la respuesta brindada por la Cámara, la que -como se dijo- la recurrente no logra descalificar por arbitrariedad o insuficiencia. Por otro lado, en referencia a la argumentación tendente a fundar la violación en el caso de la garantía de "no reformatio in pejus", la interesada no evidencia la decisividad que el supuesto rechazo de la imputación del delito de asociación ilícita por el Juez de grado tendría en relación a los requisitos legales de la prisión preventiva, considerando el cúmulo de conductas que integran la acusación, sus calificaciones legales y las escalas penales previstas para ellos. En conclusión, desde que no ha acreditado la compareciente que las apreciaciones efectuadas por la Alzada encuadren en alguna hipótesis de arbitrariedad o lesión de garantías constitucionales, no presentan los agravios ensayados entidad suficiente como para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.	FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO(AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS)-GASTALDI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FALISTOCCO: Coincido con lo argumentado y decidido en la resolución precedente. Sin perjuicio de ello, creo oportuno señalar que las postulaciones vinculadas con presuntos vicios constitucionales en la recolección de evidencia en los teléfonos celulares, no cuentan con un adecuado relato que permita otorgarle decisividad a la cuestión y mucho menos relacionarla con el gravamen constitucional que invoca, puesto que la resolución cuestionada exhibe variedad y cantidad de evidencias, las que son analizadas por el Magistrado interviniente y que, en su conjunto, no demuestran un absurdo lógico o normativo para sustentar la revocación de la medida preventiva dictada. En este contexto, los planteos de la impugnante no constituyen cuestión susceptible de ser revisable por esta vía cuando, como ocurre en este supuesto, los fundamentos que brindó el Tribunal para solventar su decisión, se compartan o no, en modo alguno logran ser descalificados desde la óptica constitucional, al no demostrar la recurrente prescindencia de las reglas de la sana crítica racional, ni que los argumentos expuestos no resulten derivación razonada del derecho vigente. Por ello, entiendo corresponde rechazar la queja interpuesta. FDO.: FALISTOCCO-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, doctor Álvarez.