Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10


S., J. C. Y S., J. Reg.: A y S t 202 p 453-457. Santa Fe, 10 de noviembre del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los defensores técnicos de J. C. S. contra la sentencia de fecha 11 de octubre de 2001, dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal de Rafaela en autos "S., J. C. -Abuso de autoridad-continuado-en concurso real ideal con malversación de caudales públicos-también continuada-todo en concurso real con peculado y S., J. -Partícipe principal de peculado- (Expte 272/00)" (Expte. C.S.J. nro. 104, año 2002); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 11 de octubre de 2001, la Cámara de Apelación en lo Penal de Rafaela resuelve -en lo que aquí es de interés- confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto condena a J. C. S. por el delito de Abuso de autoridad continuado (Arts. 248 y 55 a contrario sensu del Código Penal).

Contra dicha resolución, la defensa interpone recurso de inconstitucionalidad.

Invoca la existencia de vicios in judicando que lesionan gravemente la garantía del debido proceso y la defensa en juicio; afirmando que dichos defectos, generados en el curso de la segunda instancia, no pudieron ser previstos.

Argumenta que se condena a S. por un delito doloso sin que ese elemento psíquico conste acreditado y que, concretamente en los votos de los Dres. Doro y Roulet, omitiéndose considerar prueba importante y trascendente, se termina presumiéndolo.

Asimismo, expresa que el voto del Dr. Doro otorga credibilidad a los dichos de testigos sospechosos -Alfredo Roberto Giromini y Leonel José Chiementín- y ello contradice una de las reglas más básicas aplicables según la sana crítica racional. Asevera que, para sostener como válido el contenido de esas declaraciones, habría que brindar algo más que una simple referencia a su contenido, y que no observar las reglas de valoración implica el incumplimiento de la debida fundamentación requerida por el Art. 95 de la Constitución provincial.

Finalmente, agravia a la defensa que se omita considerar prueba trascendente para la resolución del asunto, por cuanto ninguno de los votos que mantienen la condena ha tratado el informe del perito contador oficial que -sostiene- resulta confirmatorio del convencimiento de S. en cuanto al límite para realizar compras directas y la manera de computarlo.

Más adelante, en su escrito afirma que si toda la discusión pasa por establecer si S. obró conforme a Derecho para poder acudir al procedimiento de compra directa, lo menos que podría esperarse de una sentencia correctamente fundada es que trate la única pericial contable de autos y, particularmente, aquellas afirmaciones técnicas que hacen ver la razón jurídica para fraccionar compras, sobre la base de los criterios del mayor ente público de control contable - administrativo - financiero que es, en la Provincia, el Tribunal de Cuentas.

2. La Cámara de Apelación en lo Penal de Rafaela, por auto de fecha 11 de marzo de 2002, resuelve denegar la concesión del recurso extraordinario.

Primero, señala que éste resulta inadmisible por falta de planteamiento oportuno de la cuestión constitucional, negando que pueda invocarse el factor sorpresa en la presunta arbitrariedad de su fallo.

Pese a ello, decide examinar la procedencia del recurso concluyendo que los planteos de la defensa se sustentan en una mera discrepancia con la apreciación que el Tribunal hace del material probatorio, lo que resulta insuficiente para abrir el camino hacia la Corte Suprema cuando todos los votos contienen argumentaciones consistentes y fundamentadas en los principios de la sana crítica racional.

También sostiene que la Alzada no tiene la obligación de referirse a toda la prueba, sino sólo a aquélla que sea conducente para esclarecer el hecho investigado, y que toda la prueba omitida en su tratamiento -de acuerdo con cada texto- puede considerarse irrelevante.

Finalmente, menciona que la eficiencia de las pruebas como elementos de cargo resultó de su inserción en el contexto probatorio.

Tal denegatoria motivó la presentación directa de los recurrentes ante esta Corte (fs. 48/49 vto.).

3. Ante todo, corresponde advertir que constituye carga del quejoso contestar los argumentos vertidos por la Cámara de Apelación en el auto denegatorio. Sin embargo, tal cometido no ha sido idóneamente asumido por los impugnantes en esta presentación directa.

No debe olvidarse que este Tribunal tiene dicho, de manera reiterada, que no cumple con la exigencia impuesta en el artículo 8 de la ley 7055, el impugnante que no rebate separadamente cada uno de los fundamentos de la resolución denegatoria de la vía extraordinaria (cfr. criterio de A. y S. T. 92, pág. 156, por todos).

Y en autos, se observa que los recurrentes no ensayan, siquiera, una respuesta al fundamento, dado por la Cámara, vinculado con la falta de planteo oportuno de la cuestión constitucional, incumpliendo de tal modo la exigencia antes mencionada.

No obstante ello, aún de no existir dicho óbice formal, del análisis de los argumentos expuestos en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad se deriva que el remedio intentado igualmente no podría prosperar.

En efecto, con relación al primer agravio, debe señalarse que de la confrontación de la sentencia impugnada con los planteos de los recurrentes, surge que no le asiste razón a éstos al afirmar que se ha presumido el dolo.

Por el contrario, la lectura de los votos de la mayoría del Tribunal permite advertir que la existencia de tal elemento subjetivo es inferida de las pruebas producidas en la causa.

Ello ha ocurrido en la resolución bajo examen, cuando el Vocal opinante en segundo término manifiesta que extrae el elemento psíquico, requerido por el tipo penal, del análisis de las palabras de Giromini y Chiementín y su conexión con los propios dichos y la conducta del justiciable (f. 22 vto., 2 y 3 párrafo).

Por su parte, el Vocal siguiente en el orden de votación también hace mención a los dichos del procesado S. -en cuanto a que conocía la normativa legal aplicable a las obras públicas-, a lo que agrega el verificado fraccionamiento de los pagos de las obras - cuidando de no sobrepasar el límite legal establecido para actuar sin autorización del Concejo-; para extraer de todo ello el elemento psíquico (f. 27, 1 y 2 párrafo y f. 27 vto., 1 párrafo). Posteriormente, vuelve a referirse a la cuestión, fundamentando la inexistencia de error (f. 28, 1 párrafo).

Conforme lo expresado, no persuadiendo la defensa que se haya verificado la invocada presunción de dolo, el agravio articulado al respecto, en orden a lograr la apertura de esta instancia excepcional, queda desechado.

Igual suerte adversa ha de correr el segundo de los argumentos de los recurrentes -arbitraria interpretación de testimoniales-.

En efecto, aún si se admitiera el carácter de "sospechosos" de los testigos - respecto de lo cual esta Corte no se ha de pronunciar, atento la esfera restringida de su competencia-, ello no habilita para considerar arbitraria la sentencia que se funde en sus declaraciones.

Resulta oportuno mencionar que la defensa, al postular este agravio, no ha tenido en cuenta las propias opiniones del autor que cita en su apoyo, referidas al valor y efecto de dichas declaraciones, quien en referencia a los testigos sospechosos afirma que su "deposición ... puede ... en razón de las circunstancias que concurran a darle mayor fuerza, inclinar la decisión del Juez. La sospecha ... no impide en cada especie (...) la intervención de otras consideraciones no menos graves: es preciso compararlas ... y sólo después de un maduro examen decide el Juez si el testigo tiene en la causa o no las necesarias garantías de veracidad" (Mittermaier, Karl; "Tratado de la prueba en materia criminal", Bs. As., Ed. Hammurabi, 1979, pág. 346).

Posteriormente añade que "sería cometer una falta grave desechar enteramente la declaración de un testigo, porque deba considerársele como sospechoso ... No hallar nunca en él fuerza probatoria, expondría al Juez a hacer una aplicación del todo falsa de los principios que deben dirigirle su examen" (op. cit., pág. 369).

Pero más allá de ello, a poco de estudiar los votos de la mayoría del Tribunal a quo se observa que, mientras el Vocal que votó en tercer término ni siquiera alude a las declaraciones de Giromini y Chiementín para fundamentar su posición; el Vocal opinante en segundo término no basa su voto, exclusivamente, en los dichos de ambos, sino que los valora en su "conexión" con otros elementos probatorios, como el descargo que produce el justiciable y su propia actuación frente al Concejo, aspectos que analiza seguidamente (f. 22 vto., 2 , 3 y 4 párrafo).

Con lo expuesto queda claro que la postulación de los impugnantes no resulta idónea para lograr de la apertura de la instancia excepcional, desde que traduce tan sólo un cuestionamiento respecto de la valoración de la prueba testimonial, efectuada por los jueces de la causa en ejercicio de su función jurisdiccional.

Por último, el tercer agravio sustentado por la defensa -omisión de tratamiento de prueba relevante- tampoco puede prosperar.

Tras analizar los votos que conforman la mayoría del Tribunal puede apreciarse que el Camarista opinante en tercer término hace referencia a la pericial contable, considerándola oportuna para absolver a S. por el delito de malversación de caudales públicos (f. 26 vto., 1 párrafo). En cambio, al pronunciarse sobre el delito de abuso de autoridad, la evalúa de una manera distinta a como lo hacen los recurrentes, interpretando que tiene un sentido incriminante (f. 27, 2 párrafo).

Por su parte, el Vocal del segundo voto no hace referencia a dicha prueba, sino que fundamenta su posición en la consideración de otros elementos probatorios.

Sin embargo, el breve memorial de la defensa resulta defectuoso, fallando en demostrar la pretendida trascendencia que tendrían las frases extractadas del informe pericial contable como para, eventualmente, excluir la configuración del delito de abuso de autoridad.

En efecto, la presentación no permite establecer si las manifestaciones del perito contador transcriptas son la directa respuesta a alguno de los puntos sobre los que debía versar la pericia o cuál es el contexto en el que se pronunciaron.

Tampoco se explica claramente si pretenden utilizarse para fundamentar la existencia de un error en el autor o para excluir la configuración de la prohibición penal en sus presupuestos objetivos.

A ello debe sumarse que la propia defensa técnica trae a colación que la pericial contable señaló la existencia de infracción en dos casos.

En suma, la argumentación desplegada resulta insuficiente, por cuanto la incompleta referencia al informe pericial y su falta de vinculación con el resto de los hechos probados deja vacíos y lagunas insusceptibles de superar siquiera por vía inferencial, lo que empaña el cumplimiento del recaudo legal de fundamentación suficiente y autónoma del agravio planteado.

Esta exigencia no constituye un ocioso y vacío formulismo, sino que responde a la necesidad de que la Corte pueda comprenderlo con la mera lectura del memorial y sin necesidad de acudir a los autos principales, a efectos de no distorsionar la índole extraordinaria de la impugnación (cfr. criterio de A. y S. T. 72, pág. 111; T. 100, pág. 449, entre otros).

A lo expuesto puede añadirse que los recurrentes, en su escrito, tampoco logran desvirtuar lo manifestado por la Cámara de Apelación en el auto denegatorio y convencer que, el hecho de que uno de los votos de la mayoría no se refiera a la pericial contable mientras que otro no haga específica mención a la parte transcripta de la pericial, resulte decisivo para hacer cambiar la suerte del proceso en su favor; frente a lo cual adquiere relevancia lo dicho por esta Corte de manera reiterada: que los jueces no están obligados a considerar, una por una, todas las pruebas de la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (A. y S. T. 130, pág. 40, por todos), con lo que omitir el tratamiento de una determinada prueba no importa invalidar la sentencia como acto jurisdiccional, sino que es preciso acreditar que dicha prueba es relevante para la resolución de la causa.

En síntesis, la Cámara de Apelación pondera minuciosamente, en su resolución, el plexo probatorio de la causa, interpretándolo conforme los criterios de la sana crítica racional.

En contraposición, los agravios de los recurrentes constituyen una mera discrepancia con la forma con la que el Tribunal, en ejercicio de funciones propias, analizó los hechos, valoró las pruebas aportadas y aplicó las normas en juego, ámbito que, en principio, resulta ajeno al remedio excepcional intentado.

Y es sabido que el acierto o error de los juzgadores en la realización de esta tarea no depara caso constitucional idóneo para franquear la instancia extraordinaria, cuya misión es efectuar el control de adecuación de la sentencia al ordenamiento jurídico fundamental pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional (A. y S. T. 95, pág. 341; T. 100, pág. 251, etc. En sentido análogo: A. y S. T. 99, pág. 102; T. 101, pág. 408; T. 137, pág. 341, entre muchos otros).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)