Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11


Causa Nº 35563-00-CC/2006 caratulada "PORBAIRES SRL S/ FUNCIONAR COMO LOCAL DE BAILE CLASE 'C' NO ESTANDO INSCRIPTO".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de julio de 2007, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS A fs. 275/279 el Sr. Marcos Antonio Videse -gerente de "Porbaires S.R.L.", conf. designación obrante en el punto 2 de la copia del instrumento de fs. 169/171-con el patrocinio letrado del Matías Luis Pantarotto, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de fs. 268/271 -cuyo dispositivo fuera leído a las partes luego de sustanciada la audiencia de fs. 266/267- dictada por el Santiago Otamendi, a cargo del Juzgado nº 12. La pieza condena a la sociedad imputada a la pena de multa de tres mil pesos ($3.000) por funcionar como local de baile clase "C" no estando inscripta en el Registro Público de Locales de Baile incumpliendo con el D.N.U. Nº 1 (acta serie 2 nº 0899765 y art. 4.1.1 -Libro II- de la ley 451) y deja en suspenso su cumplimiento, con costas -fs. 267 y 271.

El Magistrado se expidió a favor de la validez del documento acusatorio y le reconoció el efecto asignado por el art. 5º de la Ley 1.217 -fs. 269- Estimó a continuación que ninguna de las pruebas producidas durante la audiencia de juzgamiento resultó útil para desvirtuar la imputación, con lo que tuvo por acreditada la materialidad de la infracción enrostrada -ídem-. Consideró que la falta en estudio encuadra en las previsiones del art. 4.1.1 del R.F., en tanto se pena allí a quien ejerza la actividad prevenida sin la debida habilitación o en infracción a la ya concedida, hipótesis ésta que se verifica, a su juicio, frente a la inobservancia en la especie de lo normado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/2005 -fs. 269vta.-.

Circunscripta entonces la discusión al ámbito interpretativo de la normativa aplicable, el a quo discurrió acerca de la relación de integración entre las normas involucradas, en la inteligencia de que el régimen de faltas acepta la formulación de estructuras típicas abiertas que permitan contemplar la totalidad de las hipótesis abarcadas por la infracción, sin que con ello se verifique mella alguna de garantías constitucionales -fs. 269vta./270-. En definitiva, la conducta imputada quedaría subsumida en la previsión de "infracción a la habilitación o permiso concedido" del mentado art. 4.1.1 de la Ley 451, en el marco de los expedientes de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos nº 13.800/03 y 19145/06 -fs. 270vta.-.

A continuación individualizó la sanción a imponer, fijándola en el mínimo legal en orden a la adopción por parte de la firma de las medidas necesarias a los fines de subsanar la situación irregular constatada. De conformidad con lo peticionado por la Sra. Fiscal durante la audiencia, dejó en suspenso su cumplimiento -fs. 270-; finalmente, le fijó las costas del proceso -fs. 271-.

El recurrente estructura dos agravios. Señala, en primer lugar, que el Magistrado omitió considerar la oposición defensista vinculada con la efectiva solicitud de inscripción del local en el Registro creado por el D.N.U. nº 1/2005, la que se habría comenzado a tramitar el día 04/05/2006, meses antes de la fecha de constatada la presunta infracción. La demora observada obedecería a causas exclusivamente imputables a la Administración; tales circunstancias tornarían dogmática la consideración de no haber conmovido la relación de los hechos enrostrada -fs. 276 y 279-, máxime cuando el resultado de las concretas tramitaciones exigidas habría sido publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad del día 22/11/2006 -fs. 276-.

Por otra parte, entiende que la conducta en reproche no se encuentra en realidad tipificada, pues el mencionado Decreto no establece sanción alguna para el supuesto de que los locales allí descriptos no procedan a la registración demandada; en este sentido, sólo se encuentra prevista la prohibición de funcionar -art. 4º de la norma-, mas no la aplicación de otras penas, las cuales -al igual que la conexión con el artículo del ordenamiento sustantivo- debieron haber sido expresamente consignadas en la disposición -fs. 276vta. y 277vta-. Así, la exégesis del art. 4.1.1 de la Ley 451 expuesta por el a quo devendría forzada y extensiva de la figura efectivamente prevista -fs. 276vta. y menciones de fs. 277, 277vta. y 278-, mucho más en orden a que la inadecuada construcción típica que propugna se encontraría conformada también por los "antecedentes normativos" del Decreto de marras, de modo que habrían quedado incluidos en la figura judicialmente creada elementos obrantes en sus considerandos, que no obran en el plexo dispositivo de la norma -fs. 278-. Por lo demás, no se encontrarían en su virtud modificados el Código de Habilitaciones y Verificaciones, el Régimen de Faltas ni las garantías constitucionales; ni se exigiría ahora la obtención de una Causa Nº 35563-00-CC/2006. Sala II.

nueva habilitación: simplemente, el Decreto cuestionado habría agregado nuevas "condiciones de funcionamiento", mas no "de habilitación", interpretación esta última que importaría una franca violación al principio de legalidad -fs. 278 y vta.-.

Abonaría también la postura desincriminante la circunstancia de haberse levantado la clausura en sede administrativa, con fundamento en el cese de las causales de su imposición -fs. 277-. En suma, "Porbaires" habría cumplido cabalmente con las exigencias legales sin que se verifique, además, la realización de actividades en exceso de su permiso originario, por lo cual no correspondería penarla -fs. 278, 278vta. y 279- El Sr. Fiscal de Cámara se expide a fs. 287/288, oportunidad en la cual propicia el rechazo del recurso interpuesto. Sostiene que la inscripción al registro de locales bailables se ha convertido a partir del dictado del decreto mencionado en un requisito cuyo incumplimiento inhabilita a los locales a funcionar o reabrir. Es por ello que, a la fecha de realizada la inspección, "por más que ya estuviera habilitada en el rubro, no podía funcionar". Expone en esta dirección que existe una suerte de unidad lógica entre habilitación y registro, aunque se trate de dos trámites que se realizan por vías distintas -pues comparten un mismo fin-, y ello trae que la falta del elemento obtenido a instancias del primero se convierta en una infracción al permiso concedido. Es así que la versión esbozada por el quejoso constituiría una mera discrepancia con el criterio sustentado por el Magistrado, insuficiente a los efectos pretendidos en el libelo.

Cumplidos los respectivos plazos y pasos procesales, corresponde resolver la apelación incoada.

Y CONSIDERANDO 1.

La vía es formal y sustancialmente admisible, en orden a que la presentación impugnaticia se ha ingresado ante el Tribunal que dictó la resolución en crisis, por escrito y dentro del quinto día de notificados sus fundamentos -conf. art. 57 de la Ley 1.217, cédula de fs. 274 y cargo obrante a fs. 279vta.-. El accionante procura la revocación del decisorio bajo la pretensión de resultar éste arbitrario y contrario a las disposiciones legales y constitucionales, particularidad que remite a las causales de apertura diseñadas en el art. 56 de la L.P.F.

2.

Antecedentes normativos y fácticos: En atención a la profusión de normas de diverso rango que cobraron vigencia con posterioridad a la llamada "tragedia de Cromagnon" del 30 de diciembre de 2004 -cuyos ejes de imputación reglamentaria precisamente giraron en torno a la adecuación de los "locales bailables" a estándares aceptables de seguridad- resulta necesario efectuar un breve repaso de las disposiciones relativas a la materia y de su contenido, a fin de determinar su alcance en el concreto caso sometido a decisión de este Tribunal. Ello, sin perder de vista la acusación recaída en contra de la firma, a cuyo tenor se endilga "funcionar como local de baile clase 'C' no estando inscripto en el Registro Público de Locales de Baile incumpliendo con el DNU Nº 1" -comprobante de fs. 9-, como tampoco el fundamento legal de la decisión condenatoria, sustentada en la violación al art. 4.1.1 del Código de Faltas en tanto se habría verificado la realización de una actividad "en infracción a la habilitación o permiso concedido" -conf. fs. 269 vta., primero y último párrafos-.

En este orden, los "locales de baile" se encuentran definidos en el art. 10.2.1 del Código de Habilitaciones (AD 700.49) como aquellos establecimientos de diversiones en los que, básicamente, se ejecute música y/o canto hasta las cuatro horas, se expenden bebidas o se ofrecen bailes públicos. A su turno, el art. 10.2.20 delimita, concretamente, las características del rubro correspondientes a la clase "C". Cualquiera sea su categoría, estos locales no podrán funcionar hasta contar con el certificado de habilitación respectivo -art. 10.2.3 inc. a], mod. por Ordenanzas nº 50.250 y 50.848, en función del art. 10.2.21 -texto conf. art. 8º de la Ordenanza nº 36.103-. Como regla general, las disposiciones del mismo cuerpo atingentes a esta actividad no eximen a los locales comprendidos en sus determinaciones del cumplimiento de las normas concurrentes que resultaren de aplicación -art. 10.2.28-.

Al día siguiente de acaecido el luctuoso suceso referenciado, el Poder Ejecutivo porteño dictó el Decreto nº 2462/2004 -B.O.C.B.A. nº 2101 del 04/01/2005-, de conformidad con el cual al duelo declarado se sumó la suspensión por tres días del desarrollo de espectáculos musicales y actividades de baile en Causa Nº 35563-00-CC/2006. Sala II.

los locales habilitados como "local de baile" -arts. 1º y 2º-, a la vez que se dispuso revocar durante el mismo período todo permiso otorgado para el despliegue de tales eventos en espacios públicos y en todo otro ámbito que hubiera requerido autorización expresa de autoridad competente -art- 4º-. En el mismo boletín, y a continuación del anterior, se publicó el Decreto Nº 1/2005, que prorrogó por quince días corridos aquella suspensión -art. 1º-, toda vez que "las circunstancias que caracterizaron el incendio en cuestión (...) ponen de manifiesto la necesidad de evaluar la multiplicidad de factores que coadyuvaron a que tal hecho desgraciado se produjera" -cons. segundo- en el reconocimiento de la complejidad de la situación suscitada y a fin de concretar las medidas que deban adoptarse en resguardo de la seguridad y el orden públicos" -cons. quinto-.

Fue así que el 5 de enero de 2005, mediante Decreto nº 6/2005 -B.O.C.B.A. nº 2104 del 07/01/2005- dejó de contemplarse como permitida dentro de las disposiciones del art. 10.2 del C.H. la realización de espectáculos musicales en vivo -art. 1º-. Se impuso a las actividades allí reguladas la obligación de cumplir -además de las reglas relacionadas con la habilitación concedida- con ciertos recaudos tendientes a reforzar la previsión de siniestros. Las nuevas demandas se fundaron en el hecho de que "la normativa aplicable al caso no previó la realización de espectáculos musicales en vivo, tales como recitales, con las características de masividad que éstos pueden tener y la imposibilidad de que se desarrollen dentro de los locales encuadrados bajo lo dispuesto en el Capítulo 10.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones" -cons. cuarto-. Por otra parte, ordenó el cumplimiento de ciertos requisitos sin cuya observación quedaba expedita la vía para la clausura del establecimiento -art. 4º-: reválida de la certificación de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, obtención de un Seguro de Responsabilidad Civil acorde a la capacidad de l establecimiento, colocación de una chapa mural identificatoria, presentación de un Plan de Evacuación suscripto por un profesional matriculado y la confección de entradas preimpresas numeradas correlativamente -art. 2º, incs. 1 a 5-. Sólo quedaron exceptuados de este régimen los lugares en los que se enseñe, practique y/o baile la danza del tango, conocidos comúnmente como milongas -Decreto nº 104/2005 del 28/01/2005, B.O.C.B.A. nº 2.121 del 01/02/2005-.

El 8 de febrero siguiente el Jefe de Gobierno suscribió el aquí controvertido D.N.U. nº 1/2005 -B.O.C.B.A. nº 2.126 del 10/02/2005, cuyo contenido fue dos veces ratificado por la Legislatura de la Ciudad -Resoluciones nº 613/05 del 24/02/2005 y nº 103/06 del 18/05/2006-. Su aparición encontró causa en la necesidad de evitar la producción de nuevos estragos como el reseñado, lo que originó la revisión de las reglas referidas a la actividad bailable -considerandos primero y segundo-. De ésta surgió "...la necesidad de generar una nueva norma que, teniendo como eje la actividad independientemente del tipo de establecimiento en el que ella se desarrolle, aporte efectividad y transparencia en todo lo que se refiere a la habilitación, seguridad e higiene de los establecimientos, tanto para los concurrentes, como así también para los vecinos, empleados y comerciantes" -cons. tercero-. Fue así que se entendió que resultaba menester adecuar razonablemente el plexo vigente para estos establecimientos y para los que en el futuro soliciten ser autorizados, habida cuenta de la evolución experimentada por este sector del esparcimiento y de la antigüedad de las disposiciones vigentes, que superaba los veinticinco años -considerandos cuarto y quinto-.

El D.N.U. de marras creó el Registro Público de Lugares Bailables en el ámbito de la Subsecretaría de Control Comunal de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, oficina en la cual deben inscribirse "previo a iniciar y/o reiniciar la actividad" los locales como el inspeccionado en estos autos -art. 2º-. La disposición establece que el ingreso del local en el Registro se acredita mediante decisión conjunta de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de Fiscalización de Obras y Catastro, y de Habilitaciones y Permisos -art. 3º-. Sin derogar el Dec. 6/2005, el mismo artículo enumera los extremos requeridos al efecto de otorgar la inscripción: constancia de capacidad autorizada, certificación de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, constancia de que la totalidad de los revestimientos existentes en el lugar son de materiales no combustibles o ignífugos o con tratamiento ignífugo, Seguro de Responsabilidad Civil de conformidad con la capacidad del establecimiento, presentación de un Plan de Evacuación suscripto por un profesional matriculado, constancia de contratación de personal de seguridad en los términos de la Ley 118, colocación en el frente del local de una chapa mural informativa y la constancia relativa al pago del Impuesto a los Ingresos Brutos -in cs. 1 a 8-. Finalmente, "los establecimientos a que se refiere el art. 1º que no estuvieren inscriptos en el Registro creado por el presente decreto no podrán funcionar" -art. 4º-.

Causa Nº 35563-00-CC/2006. Sala II.

El organismo se estableció como "Fuera de Nivel" por el Decreto nº 1481/05 del 28/09/2005 -siete meses y medio después de su creación- y su primera disposición data del 11/11/2005, casi dos meses más tarde -B.O.C.B.A. nº 2413-.

De acuerdo con las constancias de la causa, el día 28 de junio de 2006 el Director General Adjunto de la D.G.H. y P. dispuso otorgar la habilitación a "Porbaires S.R.L." como Local de Baile Clase "C", en concepto de actividad complementaria -fs. 162/164-. La plancheta respectiva obra en copias a fs. 32, 81 y 120, y consigna claramente la actividad respecto de la cual se extendió el permiso.

No obstante ello, el 7 de octubre de 2006 el local fue inspeccionado por personal del Gobierno de la Ciudad, quien, frente a la comprobación de que se estaba ejerciendo la conducta coincidente con la concesión expedida por el organismo pertinente, procedió a labrar el acta de fs. 9 y a clausurarlo, habida cuenta de que no fue exhibida la constancia de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables. La interdicción fue levantada seis días después en forma parcial, pues se la mantuvo en relación a la actividad "Local de Baile clase C" -resolución del Controlador nº 6 glosada a fs. 15-. El 2 de noviembre siguiente se dictó la resolución conjunta demandada por el D.N.U 1/2005; una vez acreditada esta exigencia, el 27 de noviembre la autoridad administrativa dispuso el cese de la medida -fs. 50-. El mismo día, condenó a la firma en virtud de lo vertido en el formulario arriba citado. Pasadas las actuaciones a la Justicia en lo Contravencional y de Faltas, el Otamendi también arribó a una solución sancionatoria, por los argumentos ya referidos en los considerandos de la presente.

3.

Agravios: Comenzaremos el análisis con el agravio relativo a la construcción típica en virtud de la cual se formuló el juicio de reproche pues, lo que sobre este punto se decida, podría tornar abstracto el tratamiento de las demás cuestiones. En efecto, el Magistrado, al efectuar el estudio de la figura aplicable, centralmente entendió que la omisión de inscripción en el Registro creado en febrero de 2005 constituye un elemento integrador de la conducta prevista en el artículo 4.1.1 del cuerpo sustantivo de Faltas, en cuanto se reprime allí el ejercicio de una actividad "en infracción a la habilitación o permiso concedido" -ver fs. 269vta.-. El problema se proyecta no sólo sobre la delimitación del elemento normativo en crisis, sino, además, sobre el carácter que reviste el diseño típico; esto es, si se trata de una figura abierta o de una ley penal -"infraccional"- en blanco -distinción que, a pesar de no haber sido considerada por el a quo, reviste en el particular una especial relevancia, como se verá, a fin de ventilar el problema en estudio.

Se aduna en la emergencia una aparente contradicción normativa que, en aras de evitar la presunción de imprevisión o deficiente construcción de las disposiciones por parte del ente con competencia legiferante, conciliando las normas en juego y dejando a todas con valor -según doctrina de nuestro más alto tribunal en Fallos 310:195; 312:1614 y 1849; 313:132 y 1149; 314:458; 315:727; 319:1131; 320:2701; 321:2453 y 324:1481- resulta de imprescindible dilucidación. La discordancia viene dada en la especie por el dictado del D.N.U. nº 1/2005 que prohíbe el funcionamiento de los locales si éstos no se hallan inscriptos en el Registro por él creado, y la aparición -un año y cuatro meses más tarde- de la Disposición nº 756-DGHP-2006 -obrante en copias de fs. 162/163 y también emanada de un organismo perteneciente al Poder Ejecutivo- que concede la habilitación para funcionar al local perteneciente a "Porbaires S.R.L.". En este marco, la norma general anterior veda la misma actividad que la particular posterior perm ite, en tanto "para el ejercicio de toda actividad comercial o industrial en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires, deberá solicitarse habilitación o permiso municipal según corresponda" -art. 1.1.1 del C.H. y V.-.

De inicio cabe rebatir la versión relativa a que la figura en estudio -la segunda hipótesis prevista en el artículo 4.1.1 del Código de Faltas- constituya un "tipo abierto". En efecto, aunque la locución "en infracción a la habilitación o permiso concedido" no parece describir en forma exhaustiva y en todos sus aspectos el objeto de la prohibición, pretender que sea el Magistrado quien en este preciso caso lo delimite importaría una carta abierta para la construcción de uno de los proscriptos "tipos judiciales", según los cuales los Magistrados estarían habilitados a determinar si el hecho juzgado constituye un quiebre del orden normativo, con sólo fundamento en criterios de antijuridicidad material. Ello así, en virtud de que sólo con referencia exclusiva a la ley -también material- es posible determinar con exactitud la "infracción" que se reprocha. Así, "la cuestión de cuándo un precepto contiene todos los presupuestos que condicionan la pena puede ser contestada desde dos puntos de vista distintos, según que se piense Causa Nº 35563-00-CC/2006. Sala II.

que se trata de una enumeración expresa de los elementos, o bien que se admita que ésta puede ser implícita. En este último caso estaría cumplida la exigencia del principio de legalidad siempre que la ley brindara los criterios que permitieran deducir el elemento de la infracción de que se trate" -Bacigalupo, Enrique: Derecho penal. Parte general. Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2º edición, 1999; pág. 126-. Y a pesar de que las disquisiciones judiciales demandadas por estos moldes típicos alcanzaran -desde un punto de vista abstracto- a superar el umbral exigido por el mentado principio, no se trata en la especie de dilucidar el tipo a través de "valoraciones sociales que respondan a una moral general" -Bacigalupo, op. cit., pág. 127- ni de efectuar el análisis desde la perspectiva de la antijuridicidad mediante la verificación positiva de "elementos especiales" a ella pertenecientes -conf. Roxin, Claus: Derecho Penal. Parte General. Madrid, Ed. Civitas, 1ª edición, reimpresión de 2006; Tomo I, pág. 298-. Por el contrario, si alguna proyección conserva en materia de Faltas el principio contenido en el art. 19 de la C.N. -en tanto nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda- ésta se da en relación a que, frente a un universo de prohibición en el que la permisividad es la excepción -característico de esta rama del Derecho-, sólo la norma jurídica tiene la virtualidad de abrir la posibilidad de aplicación de una pena por deficiente ejercicio de tal permiso, habida cuenta del carácter estrictamente formal de la concesión, cuya discusión remite sólo a los tópicos objetivos de su otorgamiento.

Corresponde advertir entonces que la vinculación del art. 4.1.1 de la Ley 451 a la "infracción a la habilitación o permiso concedido" no constituye un supuesto de exhortación de la norma al buen criterio judicial fundado en la contemplación de valores asentados en el núcleo social, sino, antes bien, una concreta referencia a la manifestación de autoridad que da vida al permiso. No en otro sentido debe entenderse la doctrina emanada de esta Sala in re "Local Ritmo Bailantero S.R.L. s/ falta de matafuego" -causa nº 411-00/CC/2005, rta. el 16/12/2005-, conforme la cual el análisis aislado y meramente gramatical de la ley, desconectado del espíritu que la informa y apartado de las circunstancias de la causa, no constituye herramienta hábil a fin de meritar desincriminadas conductas indeseables para el orden pretendido. Precisamente, la correcta exégesis del aquel desarrollo sustenta la exigencia de observar cuidadosamente el basamento legal de la pretensión punitiva, a efectos de cumplir con aquella demanda republicana. En esta dirección es que la atenta contemplación de la red de previsiones punitivas garantiza la verificación real del sustento normativo en el que debe encolumnarse necesariamente la pena, quedando descartada desde ya la eventualidad de que el juzgador -so color de indemnidad del principio involucrado- abra el espectro sancionatorio, delineando por canal sólo exegético una hipótesis represiva donde no la hay.

De conformidad con lo hasta aquí dicho, y en ausencia de mayores previsiones definitorias en el plexo infraccional -de por sí abundante e intrincado- del tipo aquí enrostrado, es posible avizorar en la disposición en análisis una "ley penal en blanco". "Las leyes penales en blanco se distinguen, como es sabido, de las leyes penales completas, que contienen la norma (prohibición o mandato) y la sanción. (...) Las leyes penales en blanco (...) contienen la sanción, pero no describen las acciones prohibidas (u ordenadas, en los delitos de omisión). Se remiten, en cuanto a la norma, a otras leyes penales, a leyes de otros sectores del ordenamiento jurídico o a disposiciones de rango inferior a la ley, generalmente de carácter reglamentario" -Cerezo Mir, José: Temas fundamentales del Derecho Penal. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Editores, 1º edición, 2002; Tomo II, pág. 8-. Fuera de toda valoración extraña al círculo estrictamente jurídico formal, resulta nítido que la "infracción a la habilitación o al permiso concedido" remite en forma directa al acto administrativo que otorgó la habilitación o concedió el permiso, en la medida en que estas autorizaciones locales conforman un rígido espacio de permisividad en el conglomerado prohibitivo que, como se dijo, constituye la regla en materia de actividades lucrativas -mucho más en cuanto al ámbito objeto de venia administrativa y a su urgente atención coyuntural-, rigiéndose férreamente por ellas, en inflexible cerco de actuación. Este contexto de análisis, a la par que obsta a la mera constatación de extremos formales como única vía de justipreciación de la situación traída a estudio, impone verificar la conexión inmediata entre la norma "en blanco" y aquélla que la completa, de manera de verificar rigurosamente si el acontecimiento fáctico se adecua a la compleja previsión típica, o bien si, por el contrario, la conducta en observación resulta penalmente inocua.

Así entonces no cabe sino reconocer que la firma "Porbaires S.R.L." fue condenada en primera instancia por una falta que, como sostiene la defensa, es inexistente en nuestro cuerpo de infracciones. Efectivamente, apartada la versión de que el local se hallase el día 7 de octubre de 2006 "sin la debida autorización o permiso", y proscripta la posibilidad de que el judicante se encuentre habilitado a construir un tipo represivo con fundamento en apreciaciones valorativas, la operatividad de la restante previsión contenida en el artículo 4.1.1 del R.F. viene Causa Nº 35563-00-CC/2006. Sala II.

condicionada por los términos del acto que delimitó el ámbito de su permiso; esto es, la resolución de fs. 162/163 a través de la cual se expidió la autorización cuestionada, que habilita al inmueble de marras bajo la descripción de "local de baile clase C".

Obra a estos efectos de parámetro de interpretación la rúbrica que el Legislador ha consignado como "título" del artículo -"ausencia de habilitación y desvirtuación de rubro"-, del que se desprende con claridad cuál debe ser el criterio aplicable al momento de dilucidar de qué se trata la "infracción" al permiso. Desde esta perspectiva -coherente, por otra parte, con la naturaleza de la figura aquí advertida- sólo cabe considerar revestido el tipo en cuestión en los casos en que la conducta de quien ejerce la actividad lucrativa se manifieste en exceso de la permisión -desplegando más actividades que las autorizadas- o en evidente ajenidad de su objeto, desplegando otras conductas lucrativas -esto es, desvirtuando el rubro-, mas nada de ello se verifica al observarse, como en el particular, una identidad entre el objeto de la habilitación o permiso y la actividad prevenida. Mal puede, entonces, encuadrarse el accionar así descripto en la disposición escogida por el proveyente a fin de justificar la decisión condenatoria ahora en crisis.

En cuanto a las implicaciones de la acción ejercida por los explotadores del inmueble habilitado, consistente en funcionar sin encontrarse inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables creado por el art. 2º del D.N.U. nº 1/2005, a falta también de mayores precisiones en la norma, cabe colegir que se reducen a la posibilidad de la Administración de clausurar el local, en ejercicio del poder de policía que le es propio. Tal consecuencia deviene necesaria no sólo en función de la naturaleza intrínseca de la medida -idónea al efecto de cumplimentar la manda del art. 4º del mismo decreto, que dispone que ante la omisión del requisito de marras los locales "no podrán funcionar"- sino, además, en relación a la pretensión tuitiva que la disposición de emergencia persigue respecto de los bienes jurídicos violentamente vulnerados al producirse la tragedia que originó su rápido dictado: la seguridad pública, la vida, el normal desarrollo de actividades lucrativas, el esparcimiento público. Habiéndose acreditado en estos autos la adopción de tal medida desde el momento del labrado del acta de fs. 9, su mantenimiento en relación a la actividad "local de baile clase C" -fs. 15- y la decisión administrativa que dispone su finalización una vez arrimadas las constancias de inscripción en el Registro, un mes y veinte días después de la interdicción -resolución de fs. 37/39-, sólo resta derivar, en consonancia con la discusión anterior, que la firma ha afrontado acabadamente el único desenlace previsto para su comportamiento antijurídico, por lo que no corresponde -en estricta observancia del principio nulla poena sine lege- que asuma otro castigo.

Esta postura resulta coincidente, además, con la propuesta fiscal, en tanto la clausura le impidió a la imputada durante el lapso referenciado desempeñar el objeto de su permiso, "por más que ya estuviera habilitada en el rubro" -fs. 288-. Sin embargo, no se advierte que la "unidad lógica" procurada en el dictamen entre habilitación e inscripción obste -por aplicación de la guía rectora antes invocada- a la consideración penal independiente de aquellas omisiones registrales cuya observación se dirige a un mismo fin. Si así fuera, quedaría expedito en todos los casos el camino a la indefinida punición de una misma conducta, con fundamento en la sola afinidad teleológica de las previsiones involucradas en el caso-protectivas, por ejemplo, del mismo bien jurídico- lo que claramente incumple a la exigencia de lex certa contenida en el principio de legalidad.

Es por ello también que pierde corporeidad la aparente inconsistencia normativa arriba mentada, al tratarse de dos situaciones distintas -necesidad de habilitación y regularidad del funcionamiento- respecto de las cuales la ley ha previsto consecuencias diferentes; circunstancia ésta que obsta a la convalidación de la acumulación punitiva procurada por la acusación, lo que así se decidirá.

Por todo lo expuesto, resultando abstracto el tratamiento de los restantes agravios formulados por la defensa y en virtud de haber concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE REVOCAR la sentencia de fs. 268/271 en cuanto condena a "Porbaires S.R.L." - C.U.I.T. Nº 30-70803032-, a la pena de multa de tres mil pesos [$3.000] por funcionar como local de baile clase "C" no estando inscripto en el Registro Público de Locales de Baile incumpliendo con el D.N.U. Nº 1 [acta serie 2 nº 0899765 y art. 4.1.1 -Libro II- de la ley 451] dejando en suspenso su cumplimiento, con costas; y en consecuencia ABSOLVER a la mencionada firma por la falta imputada, sin costas -art. 55 inc. h de la Ley 1.217-.

Causa Nº 35563-00-CC/2006. Sala II.

Tómese razón, notifíquese por cédula al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen, debiendo el Sr. Magistrado a quo practicar las notificaciones correspondientes.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: Se deja constancia de que la Marcela De Langhe no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.