marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de obra pública, dación en pago, aceptación
Materia: Administrativo
Carátula: L.A.L., S.A.C.I.F.I.A. c/ Administración de Vialidad Provincial y Pcia. del Chubut s/ Demanda Resarcitoria y Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-12-04

Surge de los expuesto, en primer lugar, que la reserva consignada en los recibos de fs. 5-6 no importa condición alguna, sino una manifestación unilateral, destinada a dejar a salvo el derecho a reclamar eventuales perjuicios patrimoniales; en segundo lugar, consecuencia de lo manifestado, la legalidad del pago de los certificados referidos mediante la entrega de Títulos de Cancelación está fuera de discusión, pues en definitiva fue aceptado por la actora, como que dispuso de los mismos.
Sucesiones, partición
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LEDESMA DE GOMEZ, CASIMIRA s/ SUCESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-07-14

En los procesos sucesorios es regla general según el art. 3.475 bis del Código Civil, la división y partición de bienes en especie. La partición es una operación consistente en singularizar previa determinación (inventario) y avalúo del total, los bienes a adjudicar a cada heredero individual en orden al alcance de su vocación sucesoria, hallándose sujeta a un sistema regulado por el Código Civil y también cuando ello se ha de producir dentro de un proceso judicial por normas adjetivas que guardan correlación con él.
Contratos administrativos, contrato de suministros, prórroga del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Camtral  S.A. c/ Ferrocarriles Argentinos  S.A. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

La frase del inc. 3), art. 2 de la Resolución (h) 888/77, limitativa de la actualización a la fecha de entrega contractual, "incluso cuando se ha otorgado prórroga", debe entenderse que se refiere a las prórrogas concedidas al sólo efecto de permitir la continuación de la ejecución del contrato, pero sin eximir al incumplidor de las restantes consecuencias de la tardanza injustificada, entre ellas, la limitación del sistema de actualización del precio del suministro.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: V, M D s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE  LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO (CSJ EXPTE N. 148-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-07

El principio de "congruencia" consiste en aquella exigencia que obliga a establecer una correlación total entre los dos elementos definidores del esquema contencioso: la pretensión y la decisión. Su fundamento radica en la garantía del debido proceso, del "due process of law", del juicio previo constitucional como presupuesto de validez de la sentencia, y, sobre todo, de la inviolabilidad de la defensa en el proceso. De tal suerte, lo que no pudo ser materia de contradictorio, aquello que sobrevino intempestiva y sorpresivamente sin estar en el marco de la enfrentada dialéctica de las partes, no puede ser materia de la decisión jurisdiccional, pues, de otro modo, lesionaría las reglas de una discusión franca, convergente y sin trampas.
Llamamiento de autos, conclusión de la causa para definitiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: RAMOS JUAN JOSE c/ LR3 RADIO BELGRANO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-10

El planteamiento del apelante en el sentido de que nunca escuchó la grabación es tardío. Debió formularlo antes de consentir el llamamiento de autos para sentencia, que cierra toda discusión (art. 484, Código procesal).
Juicio de desalojo, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Córdoba Higinio M. y Ot. c/ Miguel A. Vargas y Ot. s/ Desalojo (LIBRO: S127 - 454)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-11-11

Los actores aseveran medió comodato con los accionados, en tanto que los demandados afirman fue locación, ergo, los segundos han debido probar su aserto desconocido por los primeros, pues no se han limitado a negar la calidad que éstos les atribuyen, sino que han afirmado tener otra.- En tal sentido bien se ha resuelto que corresponde al demandado probar su condición de inquilino, en una forma cabal y circunstanciada, y que la prueba de que existe locación y no comodato es a cargo de quien lo invoca.- Si bien puede sostenerse que el pago de impuesos, tasas y precios públicos que inciden sobre el inmueble pero que el contrato pone a cargo del locatario integran el concepto de alquiler, ello es así cuando sin duda media una locación de cosas, pues si existe comodato, serían meros gastos para servirse de la cosa, la gratuidad del comodato no empece que el ocupante se haga cargo de ciertos pagos como los impuestos y el servicio teelefónico.-
Fundamentación de sentencias, secuestro extorsivo, declaración de la víctima, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Sanchéz Fuentes, Jorge y Perdomo Lucas, Wander Linder s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-02

Está debidamente fundada la condena por el delito de secuestro extorsivo, mediante las declaraciones de la víctima y su esposa -quien pagó el rescate-, los testimonios de los preventores y del taxista que lo auxilió al escapar de sus secuestradores, la rueda de reconocimiento de personas, el cruce de llamadas y el comprobante del envió internacional de remesas en favor de uno de los imputados. Carece de lógica pretender impugnar la existencia de un hecho determinado por lo que un testigo haya creído o interpretado sobre lo que realmente estaba sucediendo. Son dos campos netamente diferenciados, ya que por un lado tenemos el hecho que transita por el mundo real -que es lo que se terminó probando en el debate-, y por el otro, lo que pudo haberse generado en el imaginario de quien percibe esos hechos. (Dres.

Riggi, Borinsky y Catucci).
Impuesto sobre los ingresos brutos, principio de legalidad, cuestión no federal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Altieri e Hijos S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" y expte. nº 2595/03 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Altieri e Hijos S.A. c/ Dirección General de Rentas (Res. 1672-SHyF-2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR (art. 114, Código Fiscal) inconstitucionalidad denegado" y expte. nº 2595/03 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Altieri e Hijos S.A. c/ Dirección General de Rentas (Res. 1672-SHyF-2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR (art. 114, Código Fiscal)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-29

La Cámara obliga a la administración a distinguir, a los fines de la nueva reliquidación ordenada en la etapa de la ejecución de la sentencia y en función de la prueba producida en la causa, entre construcción y servicios vinculados a ella. El argumento del recurrente no adquiere rango constitucional por cuanto no logra demostrar el modo en que la interpretación de la Cámara, con la que él discrepa, afecta al principio de legalidad y a otros principios constitucionales que invoca en el escrito (vg.

razonabilidad, defensa en juicio, jerarquía normativa y régimen rentístico local, arts. 18, 19, 28, y 31, CN y arts. 9, 12, 13 y 51 de la CCBA).
Reajuste jubilatorio, seguros, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-COMERCIAL
Carátula: Yopolo, Miguel Angel c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-14

La Corte sostuvo que la prestación previsional viene a sustituir el ingreso que tenía el peticionario como consecuencia de su labor, de modo que el nivel de vida asegurado por la jubilación debe guardar una relación justa y razonable con el que le proporcionaban al trabajador y su núcleo familiar las remuneraciones que venía percibiendo y que definían la cuantía de sus aportes. Ello ha llevado a privilegiar como principio el de la necesaria proporcionalidad entre los haberes de pasividad y de actividad.
Duración del proceso, caducidad de instancia, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: F., W. E. por abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de A.D. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-10-23

El nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Salta prevé una regla absoluta que determina el plazo de duración máxima del proceso penal, así como las consecuencias jurídicas que corresponden en caso de cumplimiento de tal límite. Para ello distingue las dos etapas del proceso: a) para la investigación penal preparatoria el plazo es de cuatro meses a contar desde la última declaración del imputado, pudiendo ser prorrogado por el juez de garantías por seis meses más; y b) para el juicio establece como plazo de duración del proceso el de dos años, computados desde el requerimiento acusatorio, prorrogables un año más por el Tribunal de Impugnación, a pedido fundado del tribunal de juicio, o a pedido de las partes, por intermedio de éste.
Recurso de casación penal, robo, coautoría
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: URIBE, LIDIA DEL CARMEN Y OTROS s/ ROBO CALIFICADO S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-06-04

No procede el recurso de casación penal interpuesto por la defensora de la imputada, contra la sentencia que la condena por el delito de robo calificado por el uso de armas cuando, como en el caso, aquella prestó contribución al hecho común en virtud de su convergencia intencional, incrementando el poder intimidatorio del grupo delicitivo. Ello, en tanto, no se trata aquí de una cuestión de participación primaria -art. 45 del CPE- o secundaria -art. 46 del CPE-, sino de coautoría, ya que la imputada tomó parte en la ejecución del hecho.-
Cheque en blanco, mandato
Materia: PROCESAL
Carátula: DELEGACION TRABAJO DE BARILOCHE s/ COBRO INDEBIDO DE CHEQUE (EXP. 40411-00) EXPTE. Nro. 1036/00 - FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS s/ APELACION" (Expte. Nro. 20024/05 - STJ -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-09-21

Quien firmó un cheque en blanco, con fecha en blanco o sin nombre de beneficiario, firmó el mandato para que quien lo recibiera, tuviera o presentara al cobro lo completara porque opera legalmente como mandatario.
Hábeas corpus colectivo, legitimación procesal
Materia: PENAL
Carátula: DEFENSORES OFICIALES ANTE LOS TRIBUNALES DE JUICIO ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL s/ HABEAS CORPUS CORRECTIVO Y COLECTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-06-06

En las causas en las que se presentare alguna situación relacionada con las condiciones de las personas privadas de su libertad en establecimientos carcelarios, siendo tales causas de características muy especiales, de gravedad institucional, y siendo potestad constitucional del Poder Judicial supervisar las cárceles de la provincia (Art. 190 inc. 10° Const. Prov.) a fin de verificar que en ellas se respeten los preceptos legales que rigen su funcionamiento, corresponde que, en forma excepcional y por la particularidad del caso, se reconozca legitimación a los accionantes, Defensores Oficiales de Cámaras de Juicio Oral, para entablar la presente acción colectiva.
Cesación de pagos, período de sospecha
Materia: COMERCIAL
Carátula: RAMONDA PEDRO SENCIO s/ QUIEBRA PROPIA - INCIDENTE DE CALIFICACION DE CONDUCTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-08-11

El fallido no ha abusado del crédito teniendo en cuenta que la simple gestión ante la autoridad bancaria de obtener un préstamo, que no llegó a concretarse, dentro del período de sospecha creado por la fijación del estado inicial de la cesación de pagos, no puede aprehenderse, sin mas, como figurativo de la causal susodicha, máxime cuando tampoco se encuentra configurada la del inc. 15 del art. 235, por lo que atribuir conducta abusiva del crédito por el solo hecho de obtener refinanciación bancaria de deudas anteriores, en el período anterior al estado de cesación de pagos, constituye una estrictez de juicio que no llega a compaginarse con la situación económica general que vive el país.
Medidas cautelares, embargo, tercero adquirente de buena fe, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: VELLOCCI, VICENTE c/ ZOCCO, TERESA Y OTRO s/ COBRO DE PESOS. ORDINARIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 294-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-02-18

Frente a la afirmación de la Sala de que "la obligación asumida por el adquirente de un inmueble embargado, se limita al monto de la suma de dinero que expresa la inscripción registral, sin exceder de dicho importe, pese a que la sentencia condene a pagar una suma mayor...", debe tenerse en cuenta que la relación jurídica global, indivisiblemente, recibe las consecuencias de un presupuesto único la inflación-, poniendo de manifiesto la irrazonabilidad de un tratamiento parcial, limitado a uno de los elementos o componentes de aquélla, desintegrándola y adjudicando autonomía, aun parcial al vínculo accesorio y subsidiario.
Acción de amparo, inexistencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO
Carátula: CAPELLA, JUAN ANTONIO; SEGOVIN DE CAPELLA, MILAGROS DEL CARMEN; CHEMES, JORGE ALBERTO s/ RECURSO DE AMPARO. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N° 237-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-22

El artículo 12 inciso 1 de la ley 7055, establece que "no procederá el recurso de amparo si pudiesen utilizarse los remedios ordinarios sin daño grave e irreparable", consagrándose así un principio general: el de la necesaria utilización de los remedios ordinarios;

y una excepción; los casos en que su utilización acarrea al afectado un daño grave e irreparable.
Sentencia definitiva, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONTRAVENCIONAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado de Faltas nº 4 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-23

Las decisiones referidas a medidas o provisiones adoptadas durante la tramitación del proceso previas a la acusación no constituyen sentencia definitiva en el sentido del art. 27 de la ley nro. 402.
Juicio de desalojo, locación de inmuebles, restitución de bienes
Materia: PROCESAL
Carátula: SZPRACHMAN, Regina c/ CALOMITI, Gabriela s/ DESALOJO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-22

Dado que se busca la recuperación inmediata del inmueble objeto del juicio de desalojo, corresponde intimar al locatario a efectuar el retiro de sus pertenencia bajo apercibimiento de que no realizarse en el plazo impuesto se proceda a su envío a un deposito judicial, cuyos gastos de traslado y conservación recaerán sobre el demandado.
Daños y perjuicios, daño estético, daño moral, carácter resarcitorio
Materia: CIVIL
Carátula: Verón, Nora Hilda c/ Santos, Juan Carlos y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-08

Cuando se afecta la estética del paciente, se entra en el daño no patrimonial pues los valores humanos no se agotan con la ganancia, sino que tocan en su poliédrica consistencia elementos superiores del "deber ser" dirigidos a satisfacer el espíritu.

Todo lo que contribuye a satisfacer estas exigencias constituye el complejo de bienes psíquicos y la pérdida o deterioro de ellos entra en la calificación de daños no patrimoniales, con lo cual se supera las repercusiones patrimoniales indirectas del dolor.

Toda manifestación de dolor o de demérito que tenga repercusión patrimonial, no es daño extrapatrimonial, pero lo es el que desfigura la presencia, sobre todo de una mujer. Y es extrapatrimonial porque en nada afecta el patrimonio de la víctima, sino que opera sobre su prestancia física y psíquica. La estética es un valor que no puede medirse en dinero pero que debe apreciarse, necesariamente en dinero.
Leyes, interpretación de la ley, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: Humberto Pérez y Otros. s/ Amparo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-11-03

La interpretación de toda Ley debe efectuarse a partir del análisis de la totalidad de su precepto, de manera que armonice con todas las normas del ordenamiento vigente y del modo que mejor coincida con los principios y garantías constitucionales.
Regulación de honorarios, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: B., R. L. A. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-26

El art. 33 del Dto. Ley 2200, se refiere a los incidentes que guarden relación con el objeto principal del proceso, que no es el caso de autos en que la controversia versa sobre la liquidación de honorarios, y dado que la jurisprudencia ha resuelto que los incidentes suscitados durante el trámite de ejecución motivan una regulación autónoma, cuya cuantía está dada por los intereses económicos en juego, debe calcularse en primer lugar el estipendio del rt. 7° de la Ley -labor judicial- y obtenida esa cantidad tomarse de un 10% a un 20% de la misma por el incidente que se resuelve.
Cláusula penal, fijación judicial
Materia: CIVIL
Carátula: GOTICH, RAUL M c/ COMIS - MUNICIPALIDAD DE LA VIVIENDA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-01-14

El reconocimiento del principio de la autonomía de la voluntad consagrado por el C.Civil, no significa que las cláusulas penales deban admitirse en forma absoluta y corresponde a los jueces reducirlas a límites adecuados, cuando su monto resulta lesivo a la moral y el sentimiento de justicia. Por ello, la pena debe aplicarse dentro de los principios rectores de nuestro ordenamiento, consagrando la supremacía de la moral sobre los fueros de la autonomía de la voluntad, acudiendo para ello a la facultad morigeradora que a los jueces confiere el art. 656 del cuerpo legal citado. Al acordar las partes una pena de A 50 por cada día de retardo en el cumplimiento de la obligación de escriturar, previeron la actualización monetaria de dicha pena a partir del 14.6.87, a fin de preservar su significación económica, admitir esa repotenciación por el lapso abril 87/marzo 89 sin limitación alguna importaría contrariar las señaladas directivas de la moral y las buenas costumbres. La aplicación lisa y llana del parámetro de indexación utilizando el índice de precios al consumidor resultaría abusivo por ser gravemente desproporcionado frente al valor de las prestaciones, pues se llegaría al absurdo de que la vendedora no sólo deberá transferir el dominio del inmueble, sino además habría de abonar al comprador una suma varias veces superior a su valor. Dado que la adquirente dispone de la tenencia de la vivienda, a la que accedió a través de un plan ventajoso de financiación por medio de la Comisión Municipal de la Vivienda, y de acuerdo al valor venal real que se le asigna, la cláusula penal deberá ser actualizada de acuerdo con el índice pactado, pero reduciéndose el importe resultante a una décima parte del total del reclamo.
Despido por falta o disminución de trabajo, fuerza mayor
Materia: LABORAL
Carátula: PACHAO, MARTIN LAZARO; ESTOPIÑA, DIONISIO FABIAN c/ MOSCA, ATILIO S.A s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-04-20

Para la aplicación del dispositivo invocado por el apelante, artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, en la atenuación de responsabilidad en él prevista los requisitos deben ser rigurosamente cumplimentados, pues de lo contrario, de alguna forma resultaría el trabajador vinculado a los riesgos empresarios, a lo que, sabido es resulta ajeno.
Recurso de apelación (administrativo), amparo por mora, actos u omisiones de autoridades públicas, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Reschini, José Luis - RQU - c/ Ministerio de Economía s/ Queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

El término de apelación previsto en el art. 15 de la ley de amparo 16.986 resulta aplicable respecto de la imposición de costas en el amparo por mora en tanto integra la sentencia cuando el juez hizo saber expresamente a las partes (y éstas lo consintieron) que la causa tramitaría por el procedimiento que establece la Ley 16.986 en lo referente a los plazos, prueba y notificación.
Responsabilidad civil, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: C., A.I. c/ S., J.M. y Otros s/ Daños y Perjuicios  Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-20

Tanto el artículo 901 como los artículos 903, 904, 905 y 906 se van a referir a lo que se conoce como relación de causalidad, o nexo causal, o bien las consecuencias de los actos voluntarios. El tema es estudiado como elemento indispensable de la responsabilidad civil, donde adquiere su mayor trascendencia.

Si bien la legislación argentina no lo incluye como tal, aparece en forma implícita en algunos de los artículos del Código Civil, tales como: 1068, 1074, 1109, 1111, 1113, etc., donde se habla de "causare" u "ocasionare", etc., lo que da pauta para inferir que es necesario que entre el hecho antecedente dañoso y el daño debe existir una ligazón caracterizada.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones irrecurribles, contrato de obra pública, pago, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martín y Martín S.R.L. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 551-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

La morosidad en el pago de las obligaciones a cargo de la Provincia surgidas de un contrato de obra pública en un "mero hecho" y no un acto administrativo.
Acto administrativo, control de legitimidad, Municipalidad, intendente, recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SYCIC S.A.C.I.F. E I. c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 303 y 440 año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-19

No le asiste razón a la actora en el planteo de que el acto de rescisión es ilegítimo por haber sido dictado por un funcionario -el Intendente- que había sido recusado, por cuanto las razones en que, en su momento, fundó su pedido de recusación resultan manifiestamente insuficientes para concluir en la ilegitimidad de dicho acto. El planteo recusatorio -con base en un supuesto "prejuzgamiento"- se funda en las afirmaciones efectuadas por el Intendente municipal en una carta documento en la que el titular del Departamento Ejecutivo municipal rechazó los términos de una nota dirigida por la empresa, pero no el recurso de revocatoria y el reclamo que se habían deducido en la misma fecha; ello queda claro con la sola lectura de la misiva, que escinde claramente las dos presentaciones. Por ello, el pedido de recusación se ha formulado sin fundamento consistente; de hecho, no alcanza a explicar la actora, siquiera mínimamente, por qué razón debería interpretarse que el Intendente, en la oportunidad señalada, habría "adelantado opinión", siendo que la actora no ha discutido que, a esa fecha, el contrato seguía vigente. Y si bien es cierto que lo técnicamente correcto hubiera sido rechazar primero la recusación y recién luego resolver el fondo -es decir, a la inversa de lo que hizo la Administración-, lo decisivo, es que la actora no ha logrado demostrar ni en sede administrativa ni judicial la concreta concurrencia de una causal seria de prejuzgamiento que hubiera justificado el apartamiento de la autoridad municipal.