Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-04-13


Autos N° F-1.457 (J.P.L. Ullum, N° 4.130), caratulados: "SUBSECRETARÍA DE CONSERVACIÓN Y ÁREAS PROTEGIDAS c/ Z. C. - Presunta infracción al art. 98 de la Ley Prov. N° 941-R".

-----San Juan, 13 de abril de dos mil dieciocho. - -----VISTO: -------------------------------------- -----El encausado, actuando por su propio derecho, apeló a fs. 18/19 la resolución obrante a fs. 9/10. -------------------------------------------- -----Por providencia de fs. 22 el a quo concedió dicho recurso en relación y con efecto suspensivo conforme lo previsto por el art. 90 de la Ley Prov. N° 941-R (Código de Faltas de la Provincia de San Juan, en lo sucesivo C. de F.). ----------- -----Y CONSIDERANDO: ----------------------------- -----I. Por conducto del decisorio ahora resistido el a quo condenó al Sr. C. H. Z. al pago de una multa equivalente en dinero a unidades tributarias ( U.T.), por haber incurrido en infracción al art. 5, inc. c, ap. 3, de la Ley Prov. N° 607-L circular con vehículos motorizados en lugares no autorizados en Reservas, Parques, Santuarios y Monumentos Naturales, informándole que dicha suma debería ser depositada en las cuentas bancarias allí indicadas, haciéndole saber asimismo las consecuencias que sobrevendrían en caso de incumplimiento del pago de la multa en el término estipulado. -------------------------------------- -----II. Disconforme con el pronunciamiento, el encartado articuló recurso de apelación. --------- -----Concretamente, su agravio se centró en que la resolución ahora apelada vulneró garantías previstas en el art. 18 de la Constitución Nacional, conforme surge del memorial que obra a fs. 18/19, en atención a que no existe delimitación oficial de la zona protegida. ------- -----III. A fs. 22 se ordenó elevar el expediente a la Cámara, lo que se materializó según constancia de fs. 23. ---------------------------- -----Ya en esta sede apelatoria, a fs. 24 se fijó fecha para la realización de la audiencia de rigor estipulada en el art. 96 del C. de F., lo que fue notificado por cédula de fs. 25 y vta. y 26 y vta.

-----El encartado concurrió personalmente al emplazamiento, confirmó el recurso interpuesto y ratificó los agravios (vide fs. 28). ------------- -----A petición del encausado, a fs. 29 Presidencia del Tribunal ordenó oficiar a la Dirección de Geodesia y Catastro de la Provincia de San Juan (en adelante DGyC), a los fines de que informara si se había realizado la determinación de la zona protegida de la denominada "Lomas de las Tapias", y en su caso, en qué fecha fue efectuada dicha determinación. El despacho en cuestión figura a fs. 31. ------------------------ -----Dado que este último no fue respondido, por Presidencia se dispuso su reiteración y ampliación a fs. 37. El nuevo oficio de pedido de informes sí fue respondido por el Director de la DGyC, Ing. Agrim. Juan Pablo Quattropani, en constancias que obran a fs. 41/45. ------------------------------- ------A fs. 46 se decretó el llamamiento de autos a resolver, lo que fue notificado al encausado a fs. 47 y vta. y 49 y vta. ------------------------ -----Posteriormente, por Secretaría, se procedió al sorteo y a la adjudicación a estudio de la causa (fs. 52). ---------------------------------- -----IV. De un repaso de las actuaciones y en lo que aquí interesa, surge: ------------------------ a. Que el día 1 de octubre de 2016, funcionarios de la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable constataron que el Sr. C. Z. se encontraba circulando en una motocicleta marca Yamaha 250 c.c., dentro del área protegida denominada "Lomas de las Tapias" procediendo a labrar el acta de infracción N° 2.307 (vide fs. 1 y vta.) por haber transgredido la normativa mencionada en el citado instrumento contravencional. --------------------------------- b. En ocasión de comparecer a efectuar sus descargos (fs. 4), el encartado manifestó desconocer que el lugar por donde se encontraba transitando era un "Área Protegida" dado que no existía ningún cartel y que le resultaba "muy difícil saber las limitaciones de las áreas protegidas" (sic). ------------------------------- c. A fs. 9/10 obra la aludida sentencia. --------- d. Corre agregado a fs. 18/19 el escrito mediante el cual el encausado dedujo y fundó el recurso de apelación que en esta ocasión convoca al Tribunal, del que surge: ----------------------------------- d.1. Que si bien la Ley Prov. N° 729-L declara en los términos de la Ley Prov. N° 606-L, Parque Natural y Paisaje Protegido al sector de "Lomas de las Tapias" (art. 1), refiere que la determinación definitiva del área está sujeta a relevamiento oficial que debía ser realizado por la Dirección de Geodesia y Catastro de la Provincia de San Juan -art. 3, ibid.-, y que a la fecha en que se labró el acta de infracción no existía acto administrativo alguno que delimitara dicha zona. - d.2. Que actualmente no sólo existe un camino -tipo huella- que une al Departamento Albardón con el de Ullum como vía de comunicación entre los aludidos departamentos, sino que con posterioridad a la sanción de la ley se vienen organizando en dicha zona competencias nacionales e internacionales de la especialidad "Enduro". ----- e. Del informe emanado de la DGyC (fs. 41/45) puede extraerse: --------------------------------- e.1. Que en el año 2005 se creó un Consejo Consultivo integrado por representantes de diferentes instituciones acordándose un polígono del área protegida que comprendería, aproximadamente, cinco mil quinientas hectáreas (5.500 has.). ------------------------------------ e.2. Que dicho Consejo Consultivo resolvió demarcar el polígono con mojones confeccionados con hormigón con una placa de bronce central con una leyenda de referencia, siendo aquéllos fabricados por la DGyC con material aportado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (desde ahora SAyDS), los que serían colocados en tierra rodeados de un "corralito de alambre de púa" (sic, fs. 42). ------------------------------ e.3. Que en atención a las distancias, las características del terreno que dificultan el acceso a algunos puntos y el traslado de materiales, los miembros del Consejo Consultivo acordaron en 2005 que la colocación de los mojones estaría a cargo de la Municipalidad de Ullum, también miembro integrante de dicho Comité. ------ e.4. Que dicha tarea no fue llevada a cabo y el Consejo Consultivo no volvió a reunirse. --------- e.5. Que al tiempo de rendir el informe (léase: 29 de agosto de 2017), la SAyDS se había puesto en contacto con la DGyC para retomar la tarea inconclusa de amojonamiento, la que se habría estado llevando a cabo en aquel momento. --------- e.6. Finalmente, adjunta una copia de la imagen satelital en la que se demarca el polígono del Área Protegida "Lomas de las Tapias" y las coordenadas aproximadas, aclarando que las definitivas quedan supeditadas a la medición final, la que será llevada a cabo una vez culminados los trabajos de amojonamiento. -------- -----V. Ya situándonos en la cuestión sobre la que cabe expedirse, juzgamos que corresponde admitir el recurso intentado por el quejoso. Ello, en razón a las siguientes ponderaciones. ------------ -----a. Rige desde el año 1998 en la Provincia de San Juan, la Ley Prov. N° 606-L (antes Ley Prov. N° 6.911, 10-12-1998, B.O. 31-03-1999, renumerada conforme "Digesto Jurídico de la Provincia de San Juan" aprobado por la Ley Prov. N° 1.260-E). Entre sus objetivos se destacan la protección, conservación, repoblación, generación y promoción del aprovechamiento sustentable de la Flora, Fauna Silvestre, Fauna Ictícola, como así también la creación, fiscalización y desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas a los fines de lograr la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas en todo el territorio de la Provincia de San Juan.

-----Asimismo, la norma se encuentra complementada legislativamente con el régimen sancionatorio a las transgresiones de dichas disposiciones, contenido en la Ley Prov. N° 607-L (antes Ley Prov. N° 6.912, 10-12-1998, B.O. 31-03-1999), la que efectivamente resulta de aplicación en los presentes actuados. ------------------------------ -----Concretamente, la Ley Prov. N° 729-L (antes Ley Prov. N° 7.307, 18-11-2002, B.O. 20-11-2002) declara, en los términos de la Ley Prov. N° 606-L, Parque Natural y Paisaje Protegido al sector de "Lomas de las Tapias", localizada en la costa Noroeste del Embalse y al costado Este de la Presa, de la franja Norte del Perilago del Área Presa de Embalse Dique de Ullum, del Departamento del mismo nombre (art. 1). ----------------------- -----Por el expreso mandato contenido en el art. 3 de la citada norma, la determinación definitiva del área quedó sujeta al relevamiento oficial que debía ser realizado por la Dirección de Geodesia y Catastro de la Provincia de San Juan. ------------ -----De las constancias de autos -concretamente el informe de la DGyC (fs. 41/45)- surge que a la fecha de la comisión del hecho endilgado, la tarea de determinación definitiva no se encontraba culminada. --------------------------------------- -----Consecuentemente, no obstante las disposiciones contenidas en el régimen sancionatorio apuntado, no puede obviarse que desde que la citada norma declaró Área Natural Protegida al sector "Lomas de las Tapias", ha transcurrido mucho más de una década -conforme las propias manifestaciones del órgano estatal encargado de realizar la tarea legalmente encomendada- sin que se haya efectuado una precisa delimitación, impidiendo así, no sólo al encartado sino a la ciudadanía en general, conocer cabalmente cuáles son los límites por donde está permitido transitar con vehículos motorizados, sin que aquéllos puedan adecuar su comportamiento a la norma contravencional, razón por la cual no resulta justo atribuirle al Sr. C. Z. la comisión de la infracción contenida en el art. 5, inc. 'c', ap. 3, de la Ley Prov. N° 607-L. ------- -----Mutatis mutandis, tiene dicho la doctrina que la referencia a la lex certa pretende impedir leyes difusas o indeterminadas, en las que se ponga de manifiesto qué es lo efectivamente prohibido y cuál la consecuencia imputada. Desde ese punto de vista, el significado de la cuestión es permitir a los ciudadanos conocer desde un principio lo que está prohibido -en el sub examine, debería entenderse como desde y hasta dónde está prohibido el tránsito- para así poder adecuar su comportamiento a la regla que sostiene la decisión sancionatoria (cfr. C.P.C.F., C.A.B.A., Sala III, 14-07-2008, causa 13.69800-CC-2006, "Pérez"). --------- -----En razón de lo expuesto, corresponde revocar la pena de multa impuesta por el a quo, sobreseyendo al encausado. ----------------------- -----b. Más allá de lo manifestado precedentemente, no cabe duda de que en el sub lite se encuentra en juego el derecho a un ambiente sano y equilibrado, derecho humano fundamental del que emana el principio de sustentabilidad que ha sido reconocido expresamente en el primer párrafo del art. 41 de la Carta Magna, el art. 58 de nuestra Constitución Provincial, y las disposiciones que alberga, en especial el art. 1, inc. 1), de la Ley Prov. N° 379-E. ------------------------------------------- -----Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ubica al derecho ambiental en la "esfera social" de los individuos, y sostiene que se trata de un derecho de pertenencia comunitaria o supraindividual, referido al bien colectivo ambiente, o a alguno de sus componentes. --------- -----Vale evocar que los "bienes colectivos" son los bienes comunes o indivisibles, y constituyen una categoría de bienes que, receptados por la reforma de 1994 a la Constitución, que reconoce los derechos de incidencia colectiva, en especial el derecho ambiental (arts. 41 y 43), son ahora recogidos en el texto del Código Civil y Comercial de la Nación, Ley N° 26.944 (arts. 14, 240, 1737 y concordantes) (Cafferatta, Néstor, "Orden público en el derecho ambiental", La Ley, 12-11-2015, La Ley, 2015-F, pág. 819). --------------------------------------------- -----De ese modo, el reconocimiento del status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la expresa y típica previsión atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental, no configuran una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente. --------------- -----Es que la tutela del ambiente como bien colectivo importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudadanos tenemos respecto del cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos mismos ciudadanos tenemos a disfrutar de un ambiente sano, para ellos y para las generaciones futuras, porque el daño que un individuo causa al bien colectivo, se lo está causando a sí mismo. La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales (cfr. C.S.J.N., M. 1569, XL, Originario, "Mendoza, Beatriz S. y otros c/ Estado Nacional y otros s/ Daños y perjuicios (derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)", 20-06-2006; Fallos, 329:2316, Cita Online: AR/JUR/1945/2006). - -----No escapa a este Tribunal que la decisión adoptada se da de frente con los paradigmas esbozados, produciéndose un severo conflicto del derecho con la justicia, razón por la cual corresponde oficiar al Ministerio de Hacienda y Finanzas del Poder Ejecutivo Provincial, cartera de quien depende organizacional y jerárquicamente la Dirección de Geodesia y Catastro de la Provincia de San Juan, para que informe a este Tribunal los avances producidos en la delimitación de dicha zona protegida, desde el mes de agosto de 2017 (data del informe que obra a fs. 41/45) a la fecha de la presente sentencia, ello conforme manda el art. 3 de la Ley Prov. N° 729-L. -------- -----Por ello, normas legales, doctrina y jurisprudencia citadas, la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada RESUELVE: ------------------------- -----I. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 18/19, por los fundamentos aquí vertidos, revocándose en consecuencia la sentencia de fs. 9/10. ------------------------------------- -----II. Ordenar se oficie al Ministerio de Hacienda y Finanzas del Poder Ejecutivo Provincial, a los fines de que emita el informe solicitado en los considerandos que anteceden. --- -----III. Protocolícese, notifíquese y bajen al Juzgado de origen. ------------------------------- Fdo: VÍCTOR BAZÁN - PRESIDENTE; JUAN LUIS ROMERO - VOCAL; MARÍA ESTHELA TONELLI - VOCAL. P. de F. N° 28, fs.33/39