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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho público local, facultades del juez, ordenanzas municipales, Municipalidad, poder de policía, control ambiental, neumáticos, tasa municipal
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bridgestone Argentina S.A.I.C. c/ Municipalidad de Casilda s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

El presente recurso no puede prosperar pues de la confrontación del escrito recursivo con las constancias de la causa, se advierte que los argumentos -tal como han sido traídos a esta Corte- tan sólo revelan la mera discrepancia de la recurrente con los fundamentos expuestos por la Cámara al emitir el pronunciamiento y remiten a cuestiones fácticas, probatorias y de interpretación de normas de derecho público local, materias propias de los jueces de la causa y que no incumbe a esta Corte revisar por esta vía de excepción, toda vez que -para declarar procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la actora cuestionando el cobro de la Tasa de Almacenamiento, Traslado y Reciclado de Neumáticos Fuera de Uso a su fabricante y distribuidor- los Sentenciantes entendieron que la norma local colisionaba con las disposiciones de la Constitución nacional al avanzar en la materia extendiendo la responsabilidad a la empresa recurrente productora de neumáticos, sin verificarse la prestación de un servicio, imponiéndole una tasa específica para el financiamiento de un sistema de almacenamiento y disposición final de neumáticos fuera de uso; y, si bien aludieron a la cuestión del domicilio de la actora, hicieron especial referencia a que de las constancias de la causa no se había probado que la demandada le hubiera prestado efectiva y concretamente un servicio estatal individualizado que justifique la legitimidad y validez de la tasa creada por la ordenanza 2915/2018 en cuanto ubica a la empresa como sujeto pasivo. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco) Ordenanza 2915/18 de la Municipalidad de Casilda.
Control de razonabilidad, deberes del juez, interés superior del niño, grupos vulnerables
Materia: PROCESAL
Carátula: F. A. c/  s/ guarda a pariente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-08-19

Los conflictos relativos a derechos de los infantes deben resolverse a la luz del principio del interés superior del niño en tanto sujetos de tutela preferente considerando muy especialmente su situación de vulnerabilidad, la naturaleza de los derechos en juego que siempre exceden el interés de las partes y la necesidad de resaltar la existencia de un fuerte interés estatal para su protección, entendido como el de la sociedad en su conjunto.
Derecho laboral, despido, trabajador en condición de jubilarse, contrato de trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Giménez, Carlos Horacio  c/ Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

La demandada se agravia porque la Jueza de grado consideró que la relación laboral feneció en el momento que el accionante recibió el primer despacho extintivo y que no se invocó por ninguna de las partes la situación del artículo 234 de la LCT. Resuelta injustificada la decisión rupturista y la condena a abonar las indemnizaciones de los artículos 232, 233 y 245 de la LCT, la duplicación que preveía el artículo 2 del DNyU 34/2019 y la multa del art. 2 de la ley 25.323. En base al principio iura novit curia, el magistrado tiene el deber de aplicar el derecho vigente, haya sido o no invocado por las partes. Pese a que no se consignó expresamente, es claro que la epistolar remitida por la accionada, mediante la cual concedió una prórroga para iniciar los trámites jubilatorios y, a la par, aludió a una extensión de la vigencia de la relación laboral, constituyó una retractación del despido que había informado. La extinción del vínculo dependiente se produjo cuando la entidad demandada comunicó esa decisión con fundamento en la obtención del beneficio jubilatorio por parte del actor (art. 252 LCT, párrafo tercero). El contrato de trabajo por tiempo indeterminado tiene vocación de permanencia y se extiende hasta que el dependiente accede a la pasividad. A partir de ese momento se produce la extinción ope legis de la relación laboral, sin derecho indemnizatorio. La pretensión indemnizatoria actoral no puede tener favorable acogida en tanto el despido se sustentó en que el actor había obtenido su beneficio jubilatorio. Cabe modificar lo decidido en la instancia anterior y dejar sin efecto la procedencia de las indemnizaciones del despido de la LCT, incremento del art. 2 ley del DNyU 34/2019 y la multa del artículo 2° de la ley 25.323.
Despido, remuneraciones accesorias, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Terrado, Julio Fernando  c/ Securitas Buenos Aires, S.A. y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

La posición del actor en un cargo ejecutivo generó la entrega por parte de la accionada de un teléfono móvil para uso laboral, y no ha sido demostrado que tal uso se circunscribiera solo a dicho ámbito. En función de la jerarquía del actor se presume que la utilización del servicio telefónico se extendía a su vida privada. Ello así, pues tales prestaciones generalmente se encuentran incorporadas al estilo de vida de las personas en este rango de autoridad, lo cual importa un beneficio patrimonial.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Administración Pública, política salarial, Poder Judicial, Estado, división de poderes, distribución de competencias, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Aguirre, Lisandro Pedro y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-06-11

En relación con la pretensión de los actores, la Cámara puso de relieve que ella se vincula con la determinación de políticas salariales, esto es, de cuestiones ajenas -salvo casos excepcionales que no se presentan en autos- a la competencia del Tribunal, de acuerdo, además, con lo señalado por esta Corte, en el sentido de que la retribución de los empleados estatales normalmente se determina según atribuciones esencialmente discrecionales de las autoridades competentes, estrechamente vinculadas con la ponderación de circunstancias políticas, económicas, sociales o de otra índole; pero siempre ajenas, todas ellas, a la valoración de los jueces; asimismo, se agregó en la sentencia cuestionada que no podría siquiera sostenerse que el régimen salarial de los recurrentes haya sido alterado por la decisión de una autoridad distinta a la que en su oportunidad lo había dispuesto, sino que el régimen ha sido establecido por la autoridad con competencia constitucional, por lo cual lo que aquí se disputa en verdad es el criterio de regulación utilizado por ella; que el órgano jurisdiccional no podría sustituir a la Administración ni al órgano deliberativo (que es expresión política del consenso de la comunidad, a través del proceso de sanción de leyes) en la apreciación de la conveniencia, mérito u oportunidad de un determinado régimen salarial, porque ello importaría invadir la esfera propia de sus potestades, contrariando el principio republicano de la división de poderes; y que no se cuestiona la aplicación de una mecánica establecida mediante determinadas directrices de indudable vigencia, sino que se pretende la descalificación -además con base en el incumplimiento o cumplimiento deficiente de la norma- del acto legislativo por el cual se fijaron aquellas directrices, lo que supone el ejercicio de atribuciones discrecionales, estrechamente vinculadas con la ponderación de circunstancias en principio ajenas a la valoración de los jueces. - CSJStaFe: García Leiva, AyS T 112, p 43; Donayo, T 137, p 414; y Abrigó, T 149, p 458.
Despido, fallo plenario, suspensión de la prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Velázquez, Andrea Giselle c/ Xiun S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-08

Según lo normado por el art. 7° de la ley 22.465 y por aplicación de la doctrina emanada del Fallo Plenario N° 312 CNAT (06/06/2006) la presentación del trámite conciliatorio o el reclamo ante el SECLO provoca la suspensión del curso de la prescripción por seis meses (art. 257 LCT). Si se produce la coexistencia de dos causales de suspensión de la prescripción, si bien esta debe ser interpretada en el sentido más favorable a la subsistencia de la acción y en consecuencia tomarse en consideración la causal que establezca el plazo mayor, ello no implica la sumatoria de ambos actos interruptivos. Es decir, si bien es cierto que nada impide que pueda acumularse ambas suspensiones del curso de la prescripción si se deben a dos causas distintas, ello no implica que cuando coexistan o se superpongan puedan sumarse o acumularse en forma sucesiva. Por el contrario, cuando ambos plazos se superponen debe entenderse que el plazo de la suspensión por una de las causales se subsume con la restante.
Pacto de cuota litis, honorarios, homologación judicial
Materia: LABORAL
Carátula: D'Andrea, Daniel Alberto  c/ Fredes Sabrina Noelia  s/ homologación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-21

El pacto de "cuota litis" es el acuerdo de honorarios por el cual el abogado se hace partícipe en el resultado del pleito y percibe un porcentaje si tiene éxito su gestión. De acuerdo con el art. 277 LCT, su validez exige la ratificación personal y la homologación judicial de modo previo al dictado de la resolución que ponga fin al proceso, ya que de no ser homologado, la norma impone una sanción legal que es la "nulidad de pleno derecho". De este modo, el proceso en el que el letrado procura la homologación y ejecución del pacto de cuota litis suscripto en forma privada, no resulta el momento procesal adecuado para ello sino que debió ser planteado en el proceso principal, y en su caso, instada la ratificación durante el transcurso del proceso de conocimiento. De conformidad con el acuerdo plenario N° 329 en las causas en las que el reclamo tenga fundamento en las leyes 24.557 y 26.773 no es admisible el pacto de cuota litis.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, proceso penal, imputado, sentencia condenatoria, prisión preventiva, excarcelación, gravamen eventual
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: G., M. A. c/  s/ delitos contra la integridad sexual-amenazas-lesiones dolosas-apelación defensa resolución de fecha 15.08.2023 (prisión preventiva)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

El pronunciamiento atacado -que en definitiva, revoca la decisión que mantuvo la prisión preventiva del imputado ordenada en la sentencia condenatoria de primera instancia y dispone, en consecuencia, la libertad- en modo alguno reúne el requisito de definitividad previsto en el artículo 1 de la ley 7055 pues no es, en principio, sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación; y si bien esta Corte ha reconocido excepción a tal regla cuando lo resuelto pudiere provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior, es de ver que en el sub judice las postulaciones contenidas en el escrito introductorio del recurso de inconstitucionalidad y en el recurso directo en tal sentido carecen de suficiencia a los fines de siquiera esbozar la concurrencia en la especie de un gravamen de la entidad requerida para superar el mencionado recaudo, desde que -para fundar la irreparabilidad pretendida- la recurrente se limita a aseverar que en el caso existe gran riesgo de que el justiciable condenado a dieciséis años de prisión se fugue del proceso evitando así el cumplimiento de la sanción impuesta, mas tal alegación no resulta suficiente en pos de demostrar que la decisión atacada le irrogue un gravamen efectivo y de imposible o insuficiente reparación ulterior, toda vez que es la propia presentante quien se expresa en términos de potencialidad de ocurrencia, circunscribiendo en un terreno conjetural la línea argumental de los reproches que pretende esbozar. - CSJN: Fallos 314:377; 316:1943 y 2063; CSJStaFe: AyS T 100, p 453; T 110, p 83; T 129, p 382.
Revocación de sentencia, acción de amparo, despido discriminatorio, daño moral, indemnización, producción de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Villella, Daniel Francisco c/ Administración de Infraestructuras Ferroviaria Sociedad del Estado s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-16

El vínculo laboral se extinguió por el despido directo dispuesto por la empleadora y el trabajador percibió la liquidación final por despido incausado. El actor sostiene que el distracto responde a un supuesto de discriminación peyorativa, en los términos de la ley 23.592 -por su estado de salud- toda vez que padecía fibrosis pulmonar idiopática, y reclama la indemnización por daño moral. La reparación fue admitida en primera instancia y por ello se agravia la accionada. La ley 23.592 reprime la discriminación peyorativa fundada en aspectos objetivos o subjetivos de la persona. En el caso del trabajador, habría sido su estado de salud. Si bien es cierto que el actor aduce haber notificado a la empleadora acerca de su patología la demandada negó en forma expresa que tuviese conocimiento del referido estado de salud. En consecuencia, se encontraba en cabeza del actor acreditar dicho extremo, pues lo único que surge acreditado es su condición de vulnerabilidad, como consecuencia de su estado. La prueba producida no da cuenta que la empleadora con cierto sentido objetivo hubiese sido notificada de la situación de salud del trabajador al momento del despido, aún en grado de indicio. Por ello, y en orden a lo dispuesto por el máximo Tribunal en la causa "Pellicori" no obran en autos elementos que prima facie permitan inducir a considerar que el despido dispuesto por la demandada responda a un supuesto de discriminación peyorativa en los términos de la ley 23.592. Cabe revocar el decisorio de grado. (Del voto del Dr. Guisado, en minoría).
Derecho laboral, despido, gerentes, maltrato laboral, presentación extemporánea, acoso sexual
Materia: LABORAL
Carátula: Denza, Adriano Ernesto c/ Círculo Argentino de Odontología Asoc. Civil s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

El actor se desempeñaba en el nivel más alto de responsabilidad y decisión para la asociación civil accionada en calidad de gerente administrativo. Las labores del trabajador se vieron dificultadas debido a pedidos o exigencias "reñidas con el debido cuidado de los intereses propios de la asociación" generadas por el órgano de decisión de la accionada, lo cual produjo tensión en la relación, y a partir de allí se vislumbró el interés por desvincularlo. Le fue notificado epistolarmente el despido, en cuyo marco se le atribuyeron conductas indebidas y de maltrato y acoso laboral con las empleadas. La intimación epistolar realizada por el actor a dichas empleadas y a la institución a fin de que informaran detalladamente las conductas que se le endilgaron, bajo apercibimiento de demandarlas por calumnias e injurias, no fue respondida. El actor sostiene que fue instrumentado un ardid patronal. La admisión parcial del reclamo del actor por parte del a quo, genera el agravio de la accionada. La invocación de situaciones de violencia, en modo alguno puede implicar un bill de indemnidad para la demandada. El actor luce perdiendo intempestivamente su trabajo, sin haber tenido posibilidad de ser escuchado, contexto en el que cobra vital relevancia la intimación que este cursara en miras a que la patronal reviese su situación y que le fue desestimada in límine sin mayor argumentación. Si bien no se descarta que las declaraciones testimoniales dan cuenta de un comportamiento reprochable por parte del accionante, y pudo haber resultado razonable (y hasta necesario) extinguir la contratación, es trascendente el hecho de que la accionada omitiese instar el sumario pertinente a fin de que el trabajador fuera escuchado y pudiese oponer defensas en forma previa a su desvinculación. Asimismo, los hechos generalizados en la notificación rupturista no lograron ser acreditados ni probados, y resultaron extemporáneos. Cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia respecto a que el despido determinado por la empleadora no superó el vallado determinado por el art. 243 de la LCT, tornándose procedente el pago de las indemnizaciones derivadas del despido incausado.
Acción contencioso administrativa, suspensión de la ejecutoriedad, insuficiencia del agravio, justicia municipal de faltas, empresa de transporte
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ersa Urbano S.A.  c/ Municipalidad de la Capital y/u otro  s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción - Recurso Cont. Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2023-03-08

Procede rechazar la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción deducida, conforme el dictamen del Ministerio Público se declara la admisibilidad de la acción, pero no se hace lugar a la suspensión de ejecución de acto, pues la actora brinda argumento suficiente para revertir o nulificar las actuaciones administrativas. Con relación lo alegado respecto a que el juzgado tenía la obligación de notificar la existencia del trámite administrativo de cobro de una infracción con la descripción completa de la naturaleza y circunstancias en que se habría producido y la obligación de acompañar el acta de infracción conjuntamente con la notificación del descargo y una segunda citación previa a la declaración de rebeldía, no resulta ser cierto ya que la norma -Ordenanza Nº 792- específicamente hace mención a los requisitos de acta pero no a los de la notificación de la misma. Es por eso que conforme al art. 5, la accionante se encontraba formalmente notificada de los hechos que dieron lugar a la sanción que se le impuso y tenía 5 días hábiles para presentarse ante el Tribunal a efectuar el pago voluntario, situación que en el caso no aconteció; por tal motivo, la autoridad de aplicación continuó con el procedimiento tal como lo indica el art. 9.
Accidentes de trabajo, prueba insuficiente, relación de causalidad, responsabilidad del asegurador, responsabilidad civil
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: V., D. A.  c/ Asociart A.R.T. S.A. s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2023-07-31

"... Dable es concluir que de las probanzas colectadas en autos no se logró acreditar el nexo causal adecuado entre los daños padecidos por el trabajador y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la aseguradora de sus deberes legales. Lo cual imposibilita endilgar responsabilidad civil a ASOCIART A.R.T. S.A. y por ende, cabe el rechazo de la pretensión indemnizatoria intentada por el Sr. D. A. V.."
Acción contencioso administrativa, personal de planta permanente, excepción de prescripción, diferencias salariales
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Bled Daniel Enrique y otros  c/ Bled Daniel Enrique y otros  s/ demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2023-04-24

". CONDENAR al Poder Judicial a reconocer y abonar a la parte actora la bonificación por "Riesgo de Salud", por aplicación del art. 17 de la Ley N° 196-A, de manera retroactiva desde que fueron designados agentes de planta permanente del Poder Judicial con funciones de Peritos y Peritas del Gabinete Científico, atento que la parte demandada no opuso excepción de prescripción, con las diferencias del SAC proporcional adeudado [...] Más intereses tasa activa a calcular en la forma expuesta supra. A tal fin, practíquese planilla en los términos expuestos en los considerandos."
Acción contencioso administrativa, insuficiencia del agravio, justicia municipal de faltas, empresa de transporte
Materia: PROCESAL
Carátula: Ersa Urbano S.A c/ Municipalidad de la Capital y/u otros s/ Recurso Cont. Administrativo - Recurso Cont. Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2023-04-26

Corresponde rechazar la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada contra la condena en rebeldía a su parte -por infracciones tipificadas como incumplimientos de horarios o frecuencias de las diversas unidades de transporte de las que la demandante es titular-, dado que el principio general que rige en el procedimiento administrativo es la oralidad y la publicidad, el administrado -en el caso, la infractora- puede ejercer plenamente su derecho de defensa, a la vez que el magistrado tiene contacto inmediato con aquélla y con las pruebas. Vale destacar que la recurrente no formula un real descargo mediante la alegación de razones exculpatorias de las infracciones que se le imputan, sino que mediante el planteo de inconstitucionalidad pretende tergiversar el procedimiento vigente que establece, como se dijo, la oralidad y publicidad del juicio. Así las cosas, la recurrente no ha logrado acreditar la falta de legalidad invocada respecto del rechazo por parte del juez de faltas de los descargos formulados por escrito, toda vez que no especifica la normativa que se alude violada ni mucho menos acredita violación a sus derechos constitucionales que alega han sido lesionados.
Procedencia parcial, rechazo de la demanda, daños y perjuicios, incumplimiento del contrato, plan de ahorro previo, costas en el orden causado
Materia: CIVIL
Carátula: Saavedra Marcelo Héctor Fabián c/ Plan Rombo SA de Ahorro para Fines Determinados y Otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-03-04

Procede parcialmente el recurso de apelación articulado por la parte demandada, y en su mérito, cabe no hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios instaurada, pues de acuerdo a lo reglamentado por el contrato que unió a las partes, se ha cumplido con la entrega del automóvil dentro de los plazos establecidos; es decir, no hubo incumplimiento contractual de la parte demandada, así como tampoco se las debe condenar en concepto de multa por incumplimiento, por lo que el agravio debe prosperar, debiéndose desestimar las indemnizaciones otorgadas. Asimismo, en relación al incumplimiento del deber de información y trato digno en que habrían incurrido las empresas accionadas, vale destacar que el accionante no acompañó ninguna prueba a partir de la cual se pueda inferir dichos incumplimientos. El agravio con respecto a que las costas deberían ser impuestas al actor vencido, se precisa que el art. 55 de la LDC prevé que "Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita". Así las cosas, si bien el actor resultó vencido, se lo debe eximir especialmente del pago de las costas de esta instancia porque dicho beneficio se mantiene, y entonces las costas se deben imponer por su orden -art. 53 LDC y art. 487 del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Tucumán-.