Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-16


CULZONI, Dante contra SOCIEDAD ESPIRITISMO VERDADERO y Dirig. y/o Direct. Resp. De SOC.

ESPIRITISMO VERDADERO Reg.: A y S t 215 p 232-235.

Santa Fe, 16 de agosto del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia de fecha 27 de mayo de 2005 dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela, en autos "CULZONI, Dante contra SOCIEDAD ESPIRITISMO VERDADERO y Dirig. y/o Direct. Resp. De SOC. ESPIRITISMO VERDADERO -Ordinario y de Indem. de Daños y Perjuicios- (Expte. 172/04)" (Expte. C.S.J. nro. 559, año 2005); y, CONSIDERANDO: Por sentencia de fecha 27 de mayo de 2005 la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rafaela resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia que rechazó la demanda, en cuanto ha sido materia de agravio, con costas al impugnante.

Contra dicho pronunciamiento interpuso el actor recurso de inconstitucionalidad invocando violación de los artículos 7 y 12 de la Constitución Provincial y arbitrariedad de sentencia.

Al fundar el recurso deducido afirmó que se violó el derecho de defensa al invertirse el orden fijado por todo el sistema jurídico, ya que primero se defendió y luego el señor Presidente de la sesión, Mario Molfino, realizó la acusación.

Agregó que la "S.E.V." no tenía previsto el procedimiento sancionatorio de sus estatutos, sino que en la misma sesión donde tuvo que ejercer su defensa se enteró del procedimiento. Destacó, también, que en ningún momento la "S.E.V". hizo mención alguna de la causa por la cual lo sancionaba, por lo que la defensa se tuvo que basar en suposiciones y no sobre a acusaciones.

Luego señaló que agravia a su parte que la Cámara al resolver la apelación solo analizó y tuvo en cuenta las formas (procedimiento, sumario, asamblea) y los derechos de "S.E.V.", pero nunca se expidió o mencionó lo cuestionado, que es la razonabilidad y legalidad de la sanción aplicada. Sostuvo que en sus alegatos quedó demostrado que se violó el derecho de defensa y de culto.

Manifestó que los integrantes del sumario administrativo que dan fundamento a su expulsión han mentido durante todo el juicio y que de una mentira llevada a su extremo se pretende fundar la decisión de una Asamblea, sin que nadie sepa la causa concreta de la expulsión. Agregó que ninguna de las causas son reales, o si lo fueron ya no estaban en discusión en la nueva etapa. Reiteró que un grupo de los integrantes de "S.E.V.", que manejó el sumario administrativo y luego la Asamblea donde se debatió ante los socios su expulsión, mintieron. Por eso, dijo, lo que se pide a través del recurso de inconstitucionalidad, es que se revise la legalidad, la verdad de los dichos y fundamentos que se utilizaron para sancionar y no las formas o derechos de la S.E.V. de sancionar a sus miembros.

Sostuvo que la libertad de culto también fue cercenada, aunque en los fallos se diga que puede concurrir a las reuniones públicas o practicar el culto con otras personas, dado que ello es un grave error de forma, sin que se analice el fondo de la cuestión.

Aclaró que el culto solo puede ejercerse en las sesiones mediunnicas y con dos o tres mediuns y el grupo de apoyo, por lo que requiere al menos de 8 personas; que los mediuns solo pueden realizar sesiones en la "S.E.V." o con autorización expresa y control de ésta en otro ámbito; y que decir que Dante Culzoni podía ir a las sesiones públicas de "S.E.V." es un error o que se puede ejercer el culto con un grupo de personas también es un error por desconocimiento del culto espirita; que su parte en ningún momento de sus manifestaciones mintió; y que no hay razonabilidad ni legalidad en la decisión de "S.E.V.". 2. Por pronunciamiento de fecha 18 de noviembre de 2005 la Cámara resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto afirmando que la cuestión constitucional no fue planteada temporáneamente en el curso del proceso y que el recurrente formula manifestaciones que, en última instancia, importan sus discrepancias con la valoración de la prueba y con la interpretación y aplicación de normas de derecho común -en el caso, las que regulan el funcionamiento de las asociaciones civiles- que sirven de apoyo a la sentencia.

Tal denegatoria motivó la presentación del impugnante ante esta Corte.

3. De conformidad a la ley que regula el remedio extraordinario local, si el Tribunal a quo denegare el recurso de inconstitucionalidad, el recurrente podrá presentarse en queja directamente ante la Corte Suprema pidiendo su concesión. En tal caso, la queja deberá fundarse en relación a los fundamentos del auto denegatorio (art. 8, ley 7055).

De la lectura del escrito acompañado a fs. 60/68 vto. surge claramente que el impugnante no ha dado adecuado cumplimiento a tal carga, desde que se limitó a reiterar conceptos vertidos en el recurso de inconstitucionalidad, sin dedicar una sola palabra tendente a refutar el achacado incumplimiento del recaudo formal de planteo oportuno de la cuestión constitucional, incumpliendo de tal modo la carga que le impone el artículo 8vo. de la ley 7055. No debe olvidarse que esta Corte reiteradamente ha sostenido que la queja es un recurso autónomo, que debe cumplimentar a los fines de su recepción recaudos formales propios, siendo fundamental el que se sustente en los fundamentos del auto denegatorio (A.

y S. T. 35, pág. 451, por todos); y que no cumple con los requisitos de admisibilidad de la queja, en acreditación en el caso de los requisitos formales necesarios, el recurrente que no refuta en forma separada, clara y precisa cada uno de los fundamentos del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (A. y S. T. 34, pág. 314; T. 59, pág. 244; T. 92, pág. 121, etc.).

Frente a ello, cabe concluir que el incumplimiento apuntado bastaría, por sí sólo, para sellar la suerte adversa del recurso directo deducido. No obstante ello, no está demás aclarar que existen otros motivos, vinculados al recurso de inconstitucionalidad deducido, que conspiran contra la admisión del remedio intentado.

En efecto, en primer lugar ha de señalarse que asiste razón a la Cámara en cuanto afirma que no se ha propuesto oportunamente la supuesta cuestión constitucional. Ello así, pues al confirmar dicho Tribunal el pronunciamiento dictado en Primera Instancia, la introducción concreta, precisa y explícita de aquélla debió hacerse, al menos, en oportunidad de expresar agravios ante la Alzada, lo que el recurrente no justifica haber efectuado en aquel momento.

Reiteradamente esta Corte ha señalado que la exigencia del planteamiento oportuno no responde a un mero ritualismo, sino a nuestro sistema de control constitucional y al debido respeto a la defensa en juicio (A. y S. T. 103, pág. 37, entre muchos otros), radicando su fundamento en la necesidad de que las cuestiones tratadas por las partes reciban en lo posible la consideración y resolución que corresponde dentro de los procedimientos ordinarios establecidos (A. y S. T. 64, pág. 461).

Por otra parte, este Tribunal entiende que tampoco se ha logrado satisfacer debidamente otro recaudo formal, exigido por el artículo 3ro. de la ley que regula el remedio extraordinario local, desde el escrito recursivo no se basta a si mismo, al carecer de una adecuada sistematización y claridad en orden a brindar un panorama completo y preciso de los antecedentes del caso, del desarrollo de la litis y de la conexión inexorable que debe existir entre los hechos relevantes de la causa y la cuestión que se quiere someter a consideración de esta Corte.

Tal deficiencia hace que los planteos recursivos no superen el campo de la mera discrepancia con la interpretación de los hechos, prueba y derecho, quedando reducidos a meras quejas genéricas que en modo alguno resultan suficientes para demostrar la configuración de arbitrariedad o violación de los derechos de defensa y culto invocados. De la lectura del fallo de la Cámara surge que los sentenciantes al resolver la apelación descartaron, en base a los hechos probados en autos, las invocaciones del actor acerca de las supuestas violaciones al derecho de defensa o incumplimiento de los procedimientos establecidos en los estatutos y reglamentos internos de la asociación.

Con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación destacaron que la justicia debe limitarse a ejercer en los supuestos de sanciones disciplinarias dispuestas por asociaciones civiles de índole de la aquí accionada, a efectuar un control de legalidad y razonabilidad.

Expresaron luego que no surge de los antecedentes un supuesto de arbitrariedad manifiesta o injusticia notoria, justificando tal afirmación. También explicaron porqué el argumento vinculado a una supuesta lesión al derecho constitucional de libertad de culto resultaba insostenible. Y, frente a dicha línea argumental, el recurrente se empeña en imponer su propia visión del caso, más con críticas parciales y genéricas que como tales resultan insuficientes para acreditar los pretendidos vicios constitucionales.

En conclusión, el planteo no resulta idóneo para franquear la vía extraordinaria, desde que no basta para ello invocar violación de derechos de raigambre constitucional o arbitrariedad, sino que es necesario demostrar, además, que los juzgadores se han apartado al fallar de las exigencias impuestas por la Constitución y la ley.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)