Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2008-03-10


2º Instancia. - San Miguel de Tucumán, marzo 10 de 2008.

El doctor Carlos A. Jerez dijo:

A los fines de centrar la controversia observamos que la relación laboral entre las partes se encuentra reconocida, aunque discrepan sobre la modalidad de los contratos a plazo fijo por la demandada y por tiempo indeterminado por las actoras.

De tal modo que lo primero a resolver, es tal modalidad, y luego los aspectos derivados, la antigüedad, la registración, el despido, sus causales y sus consecuencia indemnizatorios según su justificación o no.

De las disposiciones de Arts. 90 y 93 de la L.C.T., se advierte que los contratos a plazo fijo, que adjunta la demanda en el responde, se encuentran bajo los requisitos genéricos de su formulación por escrito, y no excede de cinco años, pues están pactados a 14 meses, desde el 01/03/2002 hasta el 31/05/2003.

Los contratos a plazo fijo suscriptos y reconocidos por las actoras a saber: a fs. 456 por la Sra. Elías Ana Karina manifestando que es su firma desconociendo el contenido, "no trabajé 14 meses en el quirófano". A fs. 455 por la actora Ruiz Cristina, que reconoce su firma, aclarando que desconoce lo que dice el contrato porque no me lo hicieron leer, que es su firma y número de documento, pero hay dos lapiceras distintas. A fs. 465 la actora Norma Margarita Alvarez reconoce la firma y no su contenido.

En la demanda expresan que lo firmaron bajo amenaza y estando en blanco, es decir sujetos a un vicio de voluntad, (nulidad subjetiva), vicios que debieron ser acreditados bajo la prueba pertinente que los actores debieron producir, no habiéndolo hecho.

Como ya se adelantó los contratos prevén la duración de 14 meses. Desde el 01/03/2002 al 31/05/03. Para Elías con tareas de Enfermera de Quirófano en una jornada de 8 horas rotativas diarias de trabajo, con una remuneración de $ 374, según Convenio de la Sanidad 12/75 y 108/75. Para Cristina Ruiz el mismo plazo con tareas de Enfermera de Piso, con una remuneración de $ 372. Para Alvarez Norma, el mismo plazo con tareas de Enfermera, remuneración mensual de $372.

En cuanto a la condición establecida en el Art. 90 sobre la indeterminación de plazo acerca de que las modalidades de las tareas o de la actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen, es cuestión de hecho sujeta a dicha "apreciación" que se efectúe en el proceso, por el Juzgador.

Las "las tareas o actividades", se mencionan en los contratos, referidas en general a tareas de Enfermería (en Quirófano o en Piso) actividad que es propia y común de un Establecimiento Sanatorial, que razonablemente apreciada y analizada, no es compatible con las modalidades de un contrato a tiempo determinado, y esto es porque la prestación de servicios médicos que incluye servicios de enfermería constituye más bien una actividad signada de permanencia, por cuanto debe estar disponible cuando el público requiera servicios sanatoriales, hecho frente al que no es posible vincularlo a un plazo temporal determinado. La demandada expresa que las actoras no las realizaban como una de las actividades normales o habituales del nosocomio, sino que lo hicieron para clientes eventuales y transitorios del Sanatorio, hecho que debió ser acreditado por la misma.

Por ello dicha contratación a plazo, no es apta objetivamente para la prestación de tales servicios, por la falta de adecuación y concurrencia del requisito del inc. b del Art. 90 de la L.C.T., lo que trae como consecuencia que la relación sea "calificada" como de plazo indeterminado en virtud de la interpretación del Juzgador conforme a las pruebas de la causa. No hay pruebas de la demandada que la actividad de Enfermería de las actoras, fuera diferente de las demás enfermeras contratadas a plazo indeterminado en el Establecimiento, en tanto la demandada expresa que lo eran para clientes eventuales o transitorios. Esta distinción en tanto de existir debió ser debidamente acreditada.

Por lo dicho resulta que la "calificación" de la relación depende de la interpretación jurídica del caso, y por sí sola no faculta la justificación rescisoria del dependiente por tal motivo, si no acredita otros incumplimientos contractuales que constituyan la injuria propiamente dicha, ya que tratándose de una figura contractual legal, puede ser utilizada por ambas partes, salvo dolo o vicio de la voluntad, y las amenazas que denuncian las actoras no han sido acreditadas. Y ello porque ni al empleador ni al dependiente les compete analizar "las modalidades de las tareas o de la actividad que razonablemente apreciadas, así lo justifiquen".

Por lo expresado se considera que las partes se relacionaron por medio un contrato a tiempo indeterminado. Lo que así se declara.

Ello sin perjuicio de que ante el reconocimiento de firmas de la contratación laboral, se aplique el Art. 13 de la L C T., acerca de la sustitución de sus cláusulas en cuanto no se ajusten o sean inferiores a normas imperativas de la L.C.T. Estatutos Especiales o Convenciones Colectivas de Trabajo.

Determinada la naturaleza legal de los contratos, otro de los elementos controvertidos es el ingreso denunciado por las actoras en la demanda, a saber:

Elías Karina --------- 02/06/2001 Ruiz Mónica -------- 01/08/2000 Alvarez Norma ----- 05/10/2000 La demandada por su parte considera el ingreso desde la vigencia de los contratos a plazo fijo de fecha 01/03/2002.

En este sentido es de analizar la prueba testimonial de la actora sobre el punto (Cuaderno de Prueba nº 3), con la declaración de la única testigo Yolanda Isabel Coronel de Kodar a fs. 391, quién declara que trabajó para la demandada desde el 3 de Octubre de 2000, hasta Marzo de 2002. En general declara conocer a las actoras en razón de haber sido compañeras de trabajo, habiendo trabajado en recepción. Sobre el ingreso de la actora Elías manifiesta "ingresó al año siguiente al que yo ingresé en el año 2001", (Pregunta 4); sobre la actora Ruiz (Preg. 8). Expresa: "Ingresó a mediados del año 2000". Sobre la actora, Alvarez (Preg. 11), manifiesta que ingresó en el mes de Octubre de 2000.

Y observando las declaraciones la testigo, sólo cubren un lapso parcial dentro del denunciado por las actoras en cuanto al ingreso. En efecto, respecto de la actora Elias, afirma que ingresó "al año siguiente 2001", respuesta de una gran amplitud genérica, en tanto dicha actora señala el 02/06/2001. Asimismo sobre la actora Ruiz señala que ingresó "a mediados del 2000", si tenemos en cuenta que la testigo ingresó el 3 de Octubre de 2000, es evidente que la respuesta no encuadra sobre la naturaleza de la prueba testimonial, en tanto no pudo estar bajo sus percepciones ese ingreso "a mediados 2000", cuando su propio ingreso fue posterior. Y en cuanto a la actora Álvarez, señala su ingreso en Octubre de 2000, o sea que sólo ese conocimiento sería por dos días, ya que Alvarez expresa su ingreso el 05/10/2000, y la testigo el 03/10/2000, "en turnos rotativos", sin que aclare la coincidencia temporal de su horario con el de esta actora.

Debe observarse que cuando se trata de probar un hecho a través de la prueba testimonial, y en el caso testigo único, las declaraciones deben ser categóricas, de razonable precisión, con razón de los dichos y sin dejar lugar a dudas, cubriendo todo el especto fáctico que pretende acreditar, específica al respecto, no bastando respuestas que no abarcan todo al ámbito temporal, sino que sólo lo hace aproximativamente, por la circunstancia natural de que la prueba testimonial es de menor jerarquía suasoria que los provenientes de instrumentales, o periciales, cuando se trata de resolver una cuestión vinculada con datos que constan en algún registro.

Si bien el principio, (testigo único testigo nulo), en el sistema procesal es atenuado o limitado en tanto queda sujeto a la valoración judicial de acuerdo a los principios de la sana crítica, en el sentido de que no se puede descalificar al testigo singular, y que sus dichos queden privados de eficacia probatoria, por esa sola circunstancia, si existen otros elementos de convicción que avalan sus dichos, o bien su declaración guarda relación adecuada con las demás pruebas que obran en autos. Esto significa, que aun cuando no haya sido objeto de impugnación, su valoración debe relacionarse con los demás elementos de pruebas.

Bajo estos "otros elementos probatorios" se observa la registración laboral desde la fecha contractual, bajo las formas previstas en el Art. 52 y sig. de la L C T, mediante el otorgamiento de los recibos de haberes con el contenido establecido en el Art. 143 confeccionados en doble ejemplar, con el duplicado otorgado al actor y las registraciones ante los organismos previsionales, y de contralor, según se determina en la prueba pericial contable, impugnada por las actoras no tanto en las registraciones, sino por vicios de voluntad, lo cual al no demostrarse pierde toda eficacia.

A fs. 343 corre el Informe de ANSES que da cuenta que si se registran aportes jubilatorios desde 03/2002 a 07/2003 a nombre de las actoras, realizados por la razón social Sanatorio Pasquini SRL. Sobre la actora Elías, el Organismo no puede informar porque no se consignó su DNI, deficiencia imputable a la prueba actoral misma.

Más sobre el ingreso la parte actora solicita como pruebas la agregación del Expediente Administrativo de la S.E.T. 078/181- OI, 2003, que se agrega en copias autenticadas desde fs. 282 y sig., cuya acta cabecera de inspección de fecha 08 de Abril de 2003, con las intervención de los Oficiales Públicos intervinientes Mario Aguilera y Ortega Luis, con hora de inicio 11,30 y hora de cierre 13.00, Inspección que requiere a la demandada (suscripta por un empleado de la misma) a aclarar la situación laboral de la empleada Ana Karina Elías, la presentación de documentación laboral. En cuya planilla de relevamiento de personal no se encuentran las actoras, más sí la primera solamente como "presente en el acto". En el acta de verificación de fecha 15/04/2003 (fs. 290) los Inspectores consignan el resultado de que la demandada exhibe Libro Especial de remuneraciones, en donde la firma empleadora registra un total de 36 empleados dependientes, "adjuntado nómina" que consta a fs. 294, en las cuales figuran las actoras con fecha de ingreso en fecha 01/03/2002. Tales instrumentos públicos por lo expresado no alcanzan para cubrir el ingreso denunciado por las actoras en razón de que el Oficial Público se limita a dar fe de que el acto se realizó, fecha, personas, etc., pero no garantiza la verdad de las exposiciones, y la sola presencia personal no es prueba de ni de la existencia del contrato laboral ni de la fecha de ingreso (C. Nac. Civ. Sala D 4/6/81 - "Di Bella, Eduardo y otra v. Rubio de Argento, Norma T." Fallo Nº 31.552) 1982-III-275 Jurisprudencia Argentina Repertorio General 1982, páginas 414/415.

Finalmente sobre el ingreso, la prueba pericial contable ha compulsado el Libro de Remuneraciones registrándolo en fecha 01/03/2002. La impugnación actoral se dirige a la validez de los contratos y no a sus registraciones.

Entrando a la situación de extinción del contrato, cabe señalar que habiéndose definido la calificación de los contratos como de tiempo indeterminado, la cuestión del preaviso, que surge de las comunicaciones postales previas, que reconocen las partes en sus escritos de demanda y contestación, no tiene efecto su consideración en torno al Art. 94 de la L.C.T.

La actora Ana Karina Elías, se da por despedida en fecha 30/4/2003, en razón de habérsele rechazado su intimación de fecha 16 de Abril de 2003, en la que requería la registración de acuerdo a su real fecha de ingreso, impugna el contrato a plazo fijo ya que fue obligada a firmar en blanco bajo amenaza de despido. Intima el abono de haberes adeudados de Febrero y Marzo de 2003. SAC 2º, Semestre 2002, Asignación No remunerativa Decreto 1273/02 y 2641/02.

La actora Ruiz Cristina Mónica se da por despedida en fecha 25/4/2003, por el rechazo de su intimación de fecha 10/4/2003, en la que reclama haberes adeudados de Diciembre de 2002, Febrero y Marzo 2003, SAC 2º Semestre 2002, Horas extras, y Asignación Decreto 1273/02 desde Julio 2002 a la fecha. Agrega intimación por registración de su fecha real de ingreso e impugna contrato a plazo fijo por que la hicieron firmar en blanco.

La actora Alvarez Norma Margarita se da por despedida en fecha 9 de Mayo 2003, por falta de cumplimiento a lo requerido a su intimación de fecha 2 de Mayo 2003, en la cual intima haberes adeudados de Marzo, SAC segundo Semestre 2002, Asignación Decreto 1273/02 y 2461/02 y Horas extras.

Estas comunicaciones no obstante haber sido autenticadas por la Oficina Postal y su recepción en el informe que corre a fs. 304, sus textos han sido reconocidos y transcriptos en los escritos de demanda y contestación, en consecuencia corresponde examinar si las actoras han acreditado las causales invocadas.

A tal efecto deben descartarse como injurias las relativas a la falta de registración desde la fecha de ingreso real que denuncian, ya que como se ha considerado más arriba las actoras no han demostrado la fecha o época que dicen haber ingresado, ni tampoco que los contratos a plazo fijo fueran firmados en blanco y bajo amenaza, quedando en consecuencia como única causal la falta de pago de haberes (que en cada caso indican), y las Asignaciones no Remunerativas. Sobre el reclamo de Horas extras requeridas por Ruiz y Alvarez, las mismas no solo no han sido acreditadas, sino que tampoco integran el reclamo en la liquidación que efectúan a fs. 61, 62 y 63 vta., cuantificándolo. Por tanto no puede considerarse como injuria justificante del distracto indirecto.

Restan determinar el incumplimiento de las obligaciones salariales, y Asignaciones no remunerativas La prueba pericial contable fs. 427 y siguientes, ha compulsado el Libro Especial de Remuneraciones. Expresando que los sueldos percibidos por las actoras, son los haberes remunerativos, no registrándose los haberes no remunerativos, y en todos los casos observados los recibos de haberes en los mismos constan que la fecha de pago se realiza en término legal. Más los actores no intiman por pago tardío sino por falta de pago de haberes en los períodos que indican. De este modo en cada caso El Perito Contador determina los haberes por los meses de Marzo 2002 a Abril 03 señalando los períodos en que se incluye SAC 2002, y Vacaciones.

Sin perjuicio de que los resúmenes se extrajeron del Libro de Remuneraciones, en cuanto a los recibos, será de considerar los duplicados presentados por las parte actoras, que a su respecto implican conformidad, sin perjuicio de que la parte demandada haya presentado también los recibos, en su prueba de reconocimiento Cuaderno de Pruebas nº 3 de demandado, ha requerido el reconocimiento de las firmas de los contratos a plazo fijo, la firma inserta en la solicitud de datos personales y la solicitud de la forma de pago de los haberes de Marzo de 2002. No ha solicitado el reconocimiento de los recibos de haberes presentados en el responde por su parte.

En consecuencia deberán compulsarse los recibos presentados por las actoras con los Haberes, SAC reclamados.

Además, también queda probada y configurada como injuria la falta de pago de las Asignaciones no remunerativas, que su bien no integraban la remuneración a los efectos de aportes y contribuciones, su carácter de importes obligatorios impuestos por los Decretos en virtud de la emergencia económica, su falta de pago que acredita la prueba pericial contable sobre el punto su incumplimiento, justifica que las actoras se consideraran injuriadas desde estos puntos de vista y su rescisión contractual con causa en el ámbito del despido indirecto.

Las actoras en su demanda extienden el reclamo a la personal individual de los socios, Carlos Augusto Damiano Pasquini Nougués, Mario Alberto Elli y Alberto Daniel (h.) ya que en su carácter de socios realizaron conductas maliciosas y antijurídicas usando la figura societaria del Sanatorio Pasquini S.R.L. para perjudicar a los actoras, tales como no registrar la fecha real de ingreso, no entregar la certificación de servicios, ni efectuando aportes jubilatorios y por el mal trato que sufrieron por parte de los dueños de la entidad, de allí su responsabilidad conjunta y solidaria.

Bajo esos términos, la responsabilidad solidaria que reclaman escapan a los supuestos previstos en la L.C.T., de Interposición y mediación, de subcontratación y delegación o de empresas subordinadas o relacionadas. De modo que la cuestión de la solidaridad invocada, pasa por las disposiciones del derecho común (Civil y Comercial).

En el tema de la responsabilidad solidaria de gerentes, Directores, de S R L, Anónimas, los Arts. 54 y 59 de la Ley de Sociedades prevén casos de responsabilidad solidaria por dolo o culpa de socios, y para los administradores o representantes por el obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios.

Por otro lado, el Art. 56 dispone que la sentencia que se pronuncie contra la sociedad tiene fuerza de cosa juzgada contra los socios en relación a su responsabilidad social y puede ser ejecutada contra ellos, previa excusión de los bienes sociales, según corresponda de acuerdo al tipo de sociedad de que se trate.

A su vez el art. 274 para los Directores de una Sociedad Anónima, dispone que responden ilimitadamente hacia la Sociedad, los accionista y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del Art. 59, así como por la violación de la ley, el Estatuto o el Reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de confianza o culpa grave, disposición extensiva a los Gerentes de una S.R.L.

En una S.R.L. el socio es responsable subsidiariamente, en forma solidaria e ilimitada por las operaciones sociales, con el beneficio de exclusión, es decir que previo a responder con sus bienes sea agotado el patrimonio social, y excepcionalmente solidaria, únicamente por los aportes no cumplidos de los demás socios, y hasta el importe de los mismos.

Aquellos supuestos excepcionales, que trasmutan la responsabilidad de los socios en carácter de tales o como administradores o gerentes, hacia los acreedores sociales; son las de haber realizado personalmente actos prohibidos, por la ley o Estatuto; en el ejercicio de tales cargos; o bien ser o resultar una sociedad irregular, casos en que la extensión responsabilizante es singular para el socio administrador, gerente o liquidador incurso en el acto irregular, a título de sanción, cuya fuente de la obligación se origina en la ley y no en el contrato.

En relación a la responsabilidad de los administradores, gerentes o directores, en el caso de la SRL, los tienen los mismos derechos obligaciones prohibiciones e incompatibilidades que los Directores de Sociedades Anónimas. El Art. 157 prescribe que los gerentes son responsables en forma personal y solidaria, según sea la gerencia unipersonal o plural, según la reglamentación del contrato.

La transgresión de aquellas obligaciones, prohibiciones o incompatibilidades, en general y en su caso para cada tipo social, en los arts. 59, 274, complementados por otras disposiciones: arts. 72, 99, etc., de la Ley de Sociedades. También se deben tener presentes algunas disposiciones penales como los arts 173 inc. 7, 179, 300, etc. del Código Penal, y otras leyes especiales como la Ley Penal Tributaria y Previsional; y en materia de responsabilidad civil, subyacen las reglas comunes de los arts. 512, 902, 968 y 1109 del C. Civil.

De modo tal que en autos la responsabilidad de los integrantes la parte actora la funda en la responsabilidad derivada de aquellas normas a titulo de dolo, abuso de confianza, o culpa grave, lo cual debe ser acreditado, en sus aspectos objetivos y subjetivos.

Ello significa que tanto los socios como los acreedores cuando son perjudicados personalmente por el acto u omisión de los administradores o simplemente socios, tienen una acción propia en reparación del daño que sufre personalmente. No es una acción en subsidio de la acción social, representada por la sentencia que hace "cosa juzgada" respecto de los socios en cuanto al tipo de sociedad; sino propia de diverso contenido, y la acción no se trata de una "extensión de responsabilidad", sino de una responsabilidad nueva que no está subordinada al ejercicio de la acción social, por ello su cuantía va en cuanto a la integridad del perjuicio y no de la deuda social, cuya ejecución "en contra del socio", encuentra su limitación en el tipo societario, de lo contrario la responsabilidad sería automáticamente extensible al patrimonio de los socios, situación que la ley claramente distingue y busca limitar.

Lo que representa a una responsabilidad personal, por daños y perjuicios de aquellos que se acrediten en el juicio, ya que teniendo en cuenta el origen de las obligaciones, dicha causa se aleja de la causa societaria, de la que el actor era acreedor, para trasladarse al campo de la responsabilidad extracontractual del Art. 1109 del Código Civil, pues la obligaciones resultantes se subjetivizan en la persona de los socios bajo aquella responsabilidad, que usaron o abusaron dolosamente de la firma social. Y estos extremos no han sido probados, por la razón de que la no registración, no efectuar los aportes jubilatorios no se ha probado sino por el contrario, a fs. 349, obra el informe de AFIP que señala efectuada la consulta a Padrón de Contribuyentes y Responsables, resultan datos de inscripción de los Sres. Carlos Augusto Pasquini y Mario Alberto Elli, con Códigos de Identificación Tributaria diferentes de la razón social "Sanatorio Pasquini S.R.L". Con respecto al codemandado Alberto Daniel (h.), por haberse consignado un DNI que corresponde a otra persona no inscripta en A.F.I.P. y el informe de ANSES que registra los aportes jubilatorios por parte de Sanatorio Pasquini S.R.L.

La posibilidad de extender la responsabilidad en forma solidaria a personas diferentes de las sociedades comerciales (aunque integrantes), cuando se verifican reclamos efectuado por trabajadores que se desempeñaron en forma total o parcialmente irregular, en el ámbito jurisprudencial ha admitido en líneas generales un criterio estricto en el Fallo "Fontes Hugo Mario y Otro Vs. Consorciun Conexium S.R.L. S. 4 C. Nac. Ap. del Trabajo 22/2/2001", por el cual la cláusula de desestimación del art. 54 de la Ley de Sociedades debe ser interpretada con carácter restrictivo, la pena de caer en una amplitud tal que dejaría de hecho sin efecto el sistema legal que dimana de los arts. 2º, Ley 19.550, y 33 y 39 del Código Civil, pilares sobre los que se base todo el ordenamiento jurídico vigente en la materia.

En consecuencia se desestima la demanda en contra de los Sres. Carlos Augusto Pasquini, Mario Alberto Elli y Alberto Daniel (h.), haciendo lugar a la defensa de falta de acción, por lo considerado.

RUBROS RECLAMADOS POR LAS ACTORAS:

1. ELIAS, ANA KARINA: Ingreso: 01/03/2002 - Egreso: 30/04/2003 * Rubros que prosperan:

- INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD;

- PREAVISO;

- HABERES MARZO/ABRIL 2003;

- S.A.C. PROP. 2003;

- VACACIONES PROP. 2003;

- DECRETO 1272/02 - JULIO A DICIEMBRE 2002: Por dicho decreto, se fijó a partir del 1º de Julio de 2002 y hasta el 31 de Diciembre de 2002, una asignación no remunerativa de carácter alimentario de Pesos CIEN mensuales;

- DECRETO 2641/02 - ENERO a ABRIL: Por este Decreto Publicado en el B.O. 20/12/2002, se fija tal asignación en la suma de $130 mensuales, a partir del 1 de Enero de 2003 y hasta el 28 de Febrero de 2003 y de $150 mensuales a partir del 1 de Marzo de 2003 y hasta el 30 de Junio de 2003.

- INDEMNIZACION ART. 16 LEY 25.561. DE EMERGENCIA PUBLICA. Publicada el 07/02/2002: En su art. 16, dispone la suspensión de la aplicación de la ley 25.557 por el término de hasta noventa días. Por el plazo de CIENTO OCHENTA DIAS quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, lo empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente. Conforme a la calificación del despido, corresponde la misma.

La parte codemandada Alberto Daniel (h.), ha planteado Inconstitucionalidad del Decreto de prórroga P. E. Nacional 264/2002, publicado el 11/02/2002, que en su art. 4º incluye a todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo. Es un decreto REGLAMENTARIO, al cual el impugnante considera dictado en exceso del límite reglamentario marcado por la Constitución Nacional.

Por un lado la pluralización que efectúa el Decreto Reglamentario 264, no parece arbitrar una reglamentación irrazonable, ya que la L.C.T., cuya naturaleza reparatoria de carácter tarifario, comprende en el caso de la extinción sin causa, "indemnizaciones", por antigüedad, por la falta de preaviso, (instituto propio del derecho laboral, para que el trabajador se procure nuevo empleo), cercenar aquellos institutos básicos (antigüedad-preaviso), un singular no se adecua a una interpretación integral de los elementos básicos reparatorios que prevé la L.C.T., por lo cual la reglamentación no avanza estableciendo nuevos conceptos indemnizatorios, y la pluralización de la norma reglamentaria (limitada a dos institutos inescindibles, en la estructura de la L CT), se encuentra del ámbito de dicha potestad reglamentaria en tanto comprenda una razonable reglamentación, limitada en aquel sentido, por la integración interpretativa del Decreto, con la L C T. Por tanto se rechaza el planteo de inconstitucionalidad. Por tanto corresponde esta indemnización en la forma prevista en estos considerandos.

- INDEMNIZACION ART. 80 L.C.T.: Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o los certificados previstos, dentro de los DOS días hábiles computados a partir del día siguiente al de la RECEPCION del requerimiento que le formulare el trabajador de modo FEHACIENTE, será sancionado con una indemnización equivalente a TRES veces la mejor remuneración, mensual normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación si fuere menor. En este sentido es de observar que la actora Elías ha intimado en su comunicación rescisoria la entrega de la certificación bajo las condiciones de la modificación del Art. 80 L C T, lo que incluye la indemnización allí prevista.- Esto es porque estando registrada la relación la demandada debía otorgarla bajo esas condiciones, a cuyos fines estaba intimada no habiéndolo hecho.

* Rubros que no prosperan:

- S.A.C. 2º SEMESTRE 2002: según constancias de autos (documentación original aportada por ambas partes), el mismo se encuentra pagado.

- PRESUNCION CONDUCTA TEMERARIA Y MALICIOSA DEL ART. 9º DE LA LEY 25.013: La ley 25.013 (publicada en el Boletín Oficial, 24/9/1998), para los contratos de trabajo celebrados a partir de su vigencia. El art. 9º sobre la Falta de pago en término de la indemnización por despido sin causa en cuyo caso dicho despido por parte del empleador, de la indemnización por despido o de un acuerdo rescisorio homologado se presumirá la existencia de la conducta temeraria y maliciosa contemplada en el art. 275 de la ley 20.744 (t.o. 1976). Esta indemnización remitida al art. 275 LCT, no corresponde ya que su condición principal es el despido del empleador.

- INDEMNIZACIONES ARTS. 1º Y 2º LEY 25.323 Publicada 10/11/2000. Vigencia 18/11/2000: El art. 1º de la ley dispone que las indemnizaciones, previstas por las leyes 20.744 arts. 245 y 7º Ley 25.013, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido NO esté registrada o lo esté de modo deficiente. El agravamiento indemnizatorio NO será acumulable a las indemnizaciones previstas en los arts. 8º, 9º, 10 y 15 de la ley 24.013. Esta indemnización no corresponde considerando que la registración se ha probado desde el inicio del contrato, conforme a los informes de ANSES. Libro de remuneraciones, etc.

El art. 2º dispone que cuando el empleador fehacientemente intimado por el trabajador NO le abonare las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la ley 20.744, y los arts. 6º y 7º de la ley 25.013, "... y consecuentemente LO OBLIGARE a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio, para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%. Si hubieren existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago".

El requisito de "intimación fehaciente", no ha sido efectuado por las actoras en cuanto a este rubros indemnizatorio especial, conforme surge de las intimaciones reconocidas, que no ha sido mencionado expresamente en ninguna de tales intimaciones. Por tanto esta indemnización se rechaza.

2. RUIZ, CRISTINA MONICA: Ingreso: 01/03/2002 - Egreso: 25/04/2003 * Rubros que prosperan:

- INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD;

- PREAVISO;

- S.A.C. PROP. 2003;

- VACACIONES PROPORCIONALES 2003;

- HABERES MARZO Y ABRIL DE 2003;

- DECRETO 1273/02 - JULIO A DICIEMBRE;

- DECRETO 2641/02 ENERO - FEBRERO Y DE MARZO A JUNIO (Sólo corresponde desde Marzo hasta 25/4/2003).

- INDEMNIZACION ART. 1º y 2º LEY 25.323 - INDEMNIZACION ART. 16 LEY 25.561 * Rubros que no prosperan:

- S.A.C. 2º SEMESTRE 2002: el mismo se encuentra pagado, según constancia de autos.

- INDEMNIZACION ART. 80 L.C.T.: No corresponde por falta de intimación en los términos del Art. 80, en sus intimaciones de fechas 10/4/03 y 25/04/2003.

3. ALVAREZ, NORMA MARGARITA: Ingreso: 01/03/02 - Egreso 09/05/03 * Rubros que prosperan:

- INEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD;

- PREAVISO;

- VACACIONES PROP. 2003;

- S.A.C. PROPORCIONAL 2003;

- HABERES MARZO Y ABRIL;

- HABERES ULTIMO MES: Corresponde hasta la fecha de su egreso el 09/05/2003.

- DECRETO 1272/2002 - JULIO A DICIEMBRE;

- DECRETO 2641-2002 - ENERO/FEBRERO 2002 - MARZO/ABRIL: hasta 09/5/02 ($150 proporcional a dichos 9 días) - INDEMNIZACION ART. 1º y 2º LEY 25.323;

- INDEMNIZACION ART. 16 LEY 25.561.

* Rubros que no prosperan:

- S.A.C. 2º SEMESTRE 2002: el mismo se encuentra pagado, según constancias de autos.

- INDEMNIZACION ART. 80 L.C.T.: No corresponde por falta de intimación en los términos de dicho Artículo.

Las cifras por las que prospera la demanda, deberán ser actualizadas conforme al siguiente procedimiento: a partir del 07/01/2002 con el procedimiento sugerido por el comunicado "A" nº 14.290 del BCRA y su reglamento "B" nº 5014 hasta su efectivo pago (Excma. Corte Suprema de Justicia de Tuc. - in re: "Galletini Francisco vs. Empresa Gutiérrez SRL s/Indemnizaciones" Sent. Nº 443 del 15/06/2004). Conforme lo merituado, se practica la siguiente planilla:

Omissis Honorarios:

Corresponde en esta oportunidad como lo dispone el Art. 46 de la ley 6204, que el Tribunal se expida sobre la regulación de honorarios de los profesionales: a los letrados D. M. M. y R. G. C., quienes intervinieron como Apoderados de la parte actora en dos etapas compartidas del proceso y una solamente la Dra. M.; y al letrado H. H. M. quien intervino también en el carácter de apoderado de las demandadas en las tres etapas del proceso de conocimiento. Por último, al Perito C.P.N. A. J. J. por su informe pericial glosado a fs. 427/433.

Que para ello debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Art. 1º de la Ley 24.432, los Arts. 15, 16, 20, 21, 39, 43, 44 y 60 de la Ley 5480 y los Arts. 50 y 51 de la Ley 6204.

Atento el resultado obtenido, naturaleza de la acción e imposición de las costas, a los efectos regulatorios, se considera equitativo aplicar dos bases distintas a tales fines. Así, para determinar los emolumentos por la condena al Sanatorio Pasquini, aplicar el porcentual del 16% con más el 55% a los letrados de las actoras y por la absolución de los codemandados, el 7% con más el 55%. Mientras que para el letrado de la parte demandada, el 10% con más el 55% en el primer supuesto y el 16% con más el 55% en el segundo (Art. 50 incs. a y b de la ley 6204).

Omissis La doctora Marcela B. Tejeda dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos por el Sr. Vocal preopinante, emito mi voto en igual sentido.

Por lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE: Iº) HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda iniciada por Ana Karina Elias, Cristina Mónica Ruiz y Norma Margarita Alvarez en contra de la razón social SANATORIO PASQUINI S.R.L., condenando a esta última a abonar a las actoras en el plazo de diez días, las sumas de $8.242,07; $12.052,20 y $8.625,77 respectivamente y por los rubros conforme lo considerado en cada caso. IIº) NO HACER LUGAR a los rubros de Indemnización Arts. 1º y 2º de la Ley 25.323 con respecto a la Sra. Ana Karina Elias y a la Indemnización del Art. 80 para las actoras Cristina Mónica Ruiz y Norma Margarita Alvarez, conforme lo considerado. IIIº) HACER LUGAR a la defensa de falta de acción interpuesta por los codemandados, Carlos Augusto Damiano Pasquini Nougues, Mario Alberto Elli y Alberto Daniel (h.), por lo considerado. IVº) COSTAS: según lo considerado. Vº) REGULAR HONORARIOS por el proceso de conocimiento a los letrados D. M. M., R. G. C. y H. H. M., en las sumas de $3.164; $1.582 y $ 3.298 respectivamente y conforme lo considerado. VIº) REGULAR HONORARIOS por el proceso de conocimiento a los letrados D. M. M., R. G. C. y H. H. M., en las sumas de $616; $450 y $2.111 respectivamente y conforme se considera. VIIº) REGULAR HONORARIOS por la labor desarrollada en autos, al Sr. Perito C.P.N. A. J. J. en la suma de $575. - Carlos Alberto Jerez. - Marcela Beatriz Tejeda.