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Contratos, incumplimiento del contrato, locación, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

Si la locación ya vencida continúa bajo sus mismos términos, por decisión de ambas partes, se trata de un contrato de tracto sucesivo, por lo tanto el curso de la prescripción liberatoria no puede hacerse correr desde el cumplimiento de la fecha prevista para su extinción, porque ello echaría por tierra la decisión, igualmente libre y legítima de los contratantes de continuarlo hasta más allá de esa fecha, sin mengua del derecho del locador de reclamar su restitución "en cualquier tiempo". En el caso el curso de la prescripción comienza a contarse a partir de la fecha del primer alquiler impago.(art. 1622 CCI)
Despido por maternidad, presunción legal
Materia: LABORAL
Carátula: Valdez Alejandra Romina Delia c/ Faurecia Argentina SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-02

La demandada niega terminantemente haber tomado conocimiento por algún medio del estado de gravidez de la actora, y si bien los certificados y estudios acompañados con la demanda no contienen constancia alguna de su oportuna recepción, existe un hecho que resulta relevante y contrario a la postura asumida por la demandada quien reconoció explícitamente la presencia de la actora en el establecimiento y la validez de la notificación del despido que efectuó en forma directa. Define la cuestión el instrumento que da cuenta de la fecha del nacimiento, el que permite concluir que al momento del despido la actora cursaba el sexto mes de embarazo, resultando así indudable que la empleadora tenía pleno conocimiento al respecto y que esta circunstancia llevó a despedir a la accionante valiéndose de la falta de notificación documentada de su parte. Los testimonios brindados e cuanto a la notoriedad de la prominencia del vientre de la accionante corroboraron dicho extremo. Ello impide alegar la falta de conocimiento y/o información. Sumado a ello, el empleador despidió a la trabajadora por razones de reestructuración que no demostró en el proceso, y de este modo, al no existir causa justificativa del despido devino operativa la presunción del art. 178 L.C.T., la cual no fue desvirtuada.
Seguro escolar, asistencia médica, ejecución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: CETO, Medicina Laboral c/ PROME SA s/ Sumario por Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-03-08

Hay coincidencia entre las partes sobre la existencia de un vínculo jurídico entre ellas, como así también respecto de las prestaciones debidas por cada una en virtud del denominado seguro escolar contratado. En consecuencia, la primera estaba obligada a prestar la asistencia médica requerida, y la última, debía pagar las consultas y prácticas médicas realizadas.
Violencia de género, restricción de acercamiento, competencia, expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: G., C. I. c/ G., A. A. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-30

Atento a que de las constancias de la causa -iniciada a fin de obtener una medida de prohibición de acercamiento del denunciado a la presunta víctima- no se encuentra acreditada la existencia o inexistencia del requerimiento pertinente por parte del Ministerio Público de la Acusación y a lo resuelto por esta Corte en autos "A" (AyS T 312, p 333), corresponde reenviar las actuaciones al Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia para que, impuesto de dicho extremo, en el primer caso radique la causa por ante sus estrados o, en el segundo, la remita al tribunal competente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22, primer párrafo, de la ley 26485. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26485, artículo 22, primer párrafo. - Jurisprudencia vinculada: A., G. J., AyS T 312, p 333, sumario J0048981.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CARRERAS TIETJEN, LUIS c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-26

En el caso se debaten cuestiones sustancialmente análogas a las que fueron objeto de estudio y decisión por esta Corte en el precedente "Jukic", y más allá del acierto o error de la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el A quo -punto que carece de decisividad para la suerte del presente-, no cabe sino remitir a las consideraciones vertidas por el suscripto en dicha causa, a la luz de las cuales se concluye en que la impugnación planteada no puede resultar admisible en esta instancia. (Del voto del Dr. Erbetta. En minoría: Dr. Spuler y Dra. Gastaldi) - Jurisprudencia vinculada: Jukic, AyS T 301, p 410, sumarios J0046863 y J0046864.
Menores, competencia, Fuero de la niñez, la adolescencia y la familia, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia
Materia: PENAL
Carátula: A. d. N. ,P. y o. c/  s/ Protección contra la violencia familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-09-09

Hace al actual superior interés de los niños que las cuestiones vinculadas con su situación de adoptabilidad, guarda con fines adoptivos, adopción, eventual vinculación con su familia de origen y demás aspectos relativos a la definitiva superación de la situación de vulneración de derechos en la que aquellos se encontraron durante tanto tiempo, sea abordada - con base en las disposiciones de la Convención sobre Derechos del Niño y en los principios de prevención, concentración, inmediación, celeridad, economía procesal, especialidad y eficacia-, por el tribunal que desde hace más de cinco años viene interviniendo en la misma, habiendo abordado la conflictiva familiar desde un comienzo, siendo quien mejor conoce tanto lo sucedido, como la realidad actual y necesidades presentes y futuras de los niños (arg. arts. 3, 9, 12, 20, 21 y concs., C.D.N.; 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Constitución nacional; 2, 3 y concs., ley 26.061; 1, 11, 15, 36.2, 166 y concs., Constitución provincial; 4, 5, 6, 7 y concs., ley 13.298; 32 incs. l y "z", ley 5827; 3, ley 14.528; 34, incs. 1 y 5 "a", "c" y "e", 853 y concs., C.P.C.C.; resols. S.C.B.A. 3488/10, 4023/10 y 2652/11).(del voto del doctor Pettigiani)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Bentos, Jorge Domingo y otro c/ La Cabaña S. A. y otro. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que revocó la del inferior con fundamento en la falta de causalidad entre el accidente y la disminución física y psíquica sufridos por un menor, si el fallo no se encuentra suficientemente fundado en las constancias del litigio o carece de la fundamentación necesaria para la validez del acto jurisdiccional.
Locación, cláusula penal, intereses punitorios
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: URE, Carlos Ernesto c/ RUIZ, Octavio Pedro s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

La multa o cláusula penal establecida en el contrato de locación, para el supuesto de mora en el pago de los arriendos, resulta asimilable a los intereses punitorios por su naturaleza y efectos, y, al respecto, teniendo en cuenta las circunstancias socioeconómicas existentes en el país, se considera equitativo, en tanto no vulnera los principios de la moral y las buenas costumbres, fijar en concepto de interés punitorio la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días.
Daños y perjuicios, indemnización, Obras Sanitarias de la Nación, explosión de cañerías
Materia: CIVIL
Carátula: JUAREZ MARIA SARA c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA s/ DAÑOS  Y  PERJUICIOS  -  DAÑO  ESTETICO - INCIDENCIA ECONOMICA CIERTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-23

Demandados daños y perjuicios contra la Comisión Municipal de la Vivienda, por los daños que sufriera el hijo de la accionante como consecuencia de las quemaduras recibidas por el menor al estallar la cañería que conducía el agua caliente al lavatorio instalado en la unidad de la que gozaba la tenencia precaria, corresponde responsabilizar a la accionada.

Hubo culpa por haberse utilizado en la construcción caños de plástico para conducir el agua caliente fuera de la pared, en su conexión con el lavatorio si dicho material no estaba autorizado por el organismo público, lo que fue corroborado por O.S.N. quien manifestó que en ningún caso se aprueban esas instalaciones.

Respecto de la emplazada se configuró una conducta ilícita que sirve de presupuesto para la responsabilidad, que no deriva de ser la poseedora del inmueble sino de la circunstancia de ser responsable en los términos del art. 1109 del Código Civil, ya que su actitud reprochable nació de haber ejecutado un hecho que, por su culpa, ocasionó un daño a otro, por lo que, está obligada a la reparación del perjuicio.

Aún cuando hubiese existido escritura de venta en favor de la madre del demandante, ya que la Comisión Municipal de la Vivienda le entregó la tenencia precaria del inmueble igualmente hubiese procedido la responsabilidad de la emplazada, dado que, al haber sido la culpable del vicio de construcción que, a su vez, fuera la causa del accidente, debe responder por los perjuicios que de tal hecho deriven, más allá de la relación jurídica que se tenga sobre la cosa viciosa.
Contrato de trabajo, sereno de buque, remuneración, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Riquelme  Carlos Alberto c/ Mediterranean Sipping Company S.A. s/ diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

El sereno de buque es acreedor a sumas de dinero devengadas en concepto de salarios desde la oportunidad en que es "despachado" o bien sólo desde el momento en que comienza efectivamente a prestar servicios. Desde la oportunidad de producido el despacho referido el trabajador se encuentra imposibilitado de utilizar su fuerza de trabajo en beneficio propio y se encuentra afectado a un nuevo puesto y turno de trabajo que no puede modificar (ello conforme el procedimiento de rigor), dándose la situación a la que se refiere el art. 103 L.C.T.. Por su parte, este tipo de trabajador no puede ser contratado por ningún otro agente marítimo hasta que finalice su función con la partida del barco, lo que se encuentra expresamente reglamentado por el Poder Ejecutivo. El proceso de contratación de este tipo de trabajadores se encuentra reglado por el Decreto 890/80 "Régimen de la Seguridad Portuaria" -REGISEPORT- y Ordenanza Policial Nº 1 ap. 1 11 y 1.12 de Prefectura Naval Argentina; de donde surge que el titular designado a cumplir con el servicio tiene derecho a percibir su jornal desde el momento de su despacho y que allí se configura el supuesto que prevé el art. 103 L.C.T. en cuanto a que el empleador debe al trabajador la remuneración aunque éste no preste servicios.
Límites del pronunciamiento, reformatio in pejus
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ZUCCHERO JORGE OMAR c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-12-09

No merecen recibo las objeciones que acusan incongruencia y reformatio in pejus por haberse juzgado que existió culpa de la víctima pese a que tal circunstancia no fue materia de discusión en la causa, ni motivo de agravio en la apelación del actor.

Y ello así, porque aún cuando en la hipótesis más favorable al interesado- pudiera admitirse un eventual exceso en la competencia del Tribunal de Apelación al incursionar en el examen relativo al obrar culposo del actor, lo cierto es que el fundamento central sobre el que reposa la decisión de exonerar al Estado Provincial finca en que el incumplimiento de la obligación de restituir los semovientes atribuido a los depositarios, no resulta suficiente o idóneo para extender la responsabilidad por vía refleja a la Provincia, respecto de la cual no existe vinculación de dependencia.

En consecuencia, el vicio en que hipotéticamente pudo incurrir el Tribunal de Grado al introducirse en la cuestión de la culpa de la víctima fundada en no haber utilizado los remedios procesales que la ley acuerda para recuperar la tenencia de los animales, de existir, carece de virtualidad para provocar la invalidez del pronunciamiento ya que éste se asienta en otros fundamentos válidos y eficaces.
Improcedencia del recurso, daños y perjuicios, reglamento de copropiedad y administración, demolición de obra
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO ALTOS DE TUCUMAN c/ LOPEZ OLGA s/ D.Y P. RES. CONTRACTUAL PARTICULARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-17

La demandada quien es propietaria de una unidad funcional ubicada en el último piso del edificio del consorcio actor, deberá demoler la obra consistente en un entrepiso metálico que elevó la altura del techo del edificio, ya que la referida construcción no fue autorizada por los copropietarios, en virtud de haberse violado el art. 7 de la ley 13.512 y el Reglamento de Copropiedad. Ello es así, pues si bien el Consorcio no probó los perjuicios alegados, lo cierto es que la demandada tampoco acreditó -contrariamente a lo que afirma en su recurso- la inocuidad de la obra. De allí que la incidencia de la modificación realizada por la accionada en el techo del edificio aparece como un dato desconocido, pese al prolongado tiempo de tramitación de esta causa. A tal fin, el informe acompañado por la demandada al contestar demanda, deviene insuficiente. No sólo que a él se contraponen los testigos que refirieron a la existencia de filtraciones de agua, roturas de membrana, pared y afectación estética (.), sino que, fundamentalmente, al no haberse producido en autos una pericia en arquitectura, no existen suficientes elementos para concluir que la obra en infracción no importa un riesgo actual o futuro para la seguridad del edificio, ni altera su estética.
Principio de congruencia, lucro cesante, indemnización
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TORTAROLO, LUIS Y SUCESIÓN ANGELINA VIUDA. c/ GRISANTI HERMANOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-04-25

SI LA EXISTENCIA DE LUCRO CESANTE FUE OPORTUNAMENTE INTRODUCIDA AL DEMANDAR, Y LA CÁMARA RESOLVIÓ ACORDARLE POR ESE RUBRO UNA REPARACIÓN MENOR A LA PRETENDIDA, MENSURANDO EL VALOR DE MANERA DISTINTA A LA PROPUESTA POR LA DEMANDA, ELLO ESTABA DESDE UN PRINCIPIO DENTRO DE LAS FACULTADES OTORGADAS POR EL ARTÍCULO 165 CPCIV., POR LO QUE NO ES PROCEDENTE LA TACHA DE INCONGRUENCIA ARGUMENTADA.
Recurso extraordinario, gravamen irreparable, excarcelación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Stancato, Carmelo Alfredo. s/ CAUSA N. 4806
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-15

Resulta abstracta la alegada transgresión del art. 380 del Código de Procedimientos en Materia Penal, si en ninguna de las instancias los jueces sustentaron el rechazo de la excarcelación de dicha norma obstativa de la libertad.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, cómputo privilegiado de la privación de libertad, aplicación temporal de la ley penal, ley penal más benigna, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: R, C F s/ R., C .F. S/ HOMICIDIO AGRAVADO POR USO DE ARMA. COMPUTO DE PENA. RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE.: N 64 AÑO 2005) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-28

En cuanto al problema de la unidad de las leyes, corresponde analizar dos aspectos. En primer lugar, si se trata de la ley del hecho la que contiene el cómputo más benigno y el caso no tiene en la ley posterior ningún otro extremo que la torne en definitiva menos gravosa, no hay más que aplicar la ley del hecho y no existe ninguna excepción que considerar ni, por lo tanto, creación judicial de ley distinta.

En segundo lugar, si la nueva ley respecto de la del hecho o sucesiva se encuentra dentro de un marco legal que resulta menos gravoso, nada obsta a la operatividad de la excepción del art. 3 del C. Penal, esto es, el apartamiento al principio de la unidad del art. 2, conjugando dos leyes para observar separadamente la ley de mayor benignidad ajena al cómputo y otorgarle ultra actividad, en el cómputo de la prisión preventiva y por el principio de la ley más benigna, a la más favorable al procesado. (Del voto del Dr. Bernardini).

En el caso, la cuestión a resolver es:¿Es necesario haber cumplido dos años en prisión preventiva en forma previa a la vigencia de la ley nro. 25.430 para que sea ultraactivo el cómputo privilegiado que establecía el texto derogado del artículo 7 de la ley 24.390
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Godoy, Oscar Eduardo c/ Universidad Nacional de La Plata s/ nulidad de acto administrativo (ordinario).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Que la cámara se haya remitido a otros fallos en sustento del suyo,no importa incurrir en la tacha de arbitrariedad.
Emergencia económica, pesificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: B. B. SA s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-04

El decreto 214/02 es contundente en torno a las obligaciones anteriores al seis de enero de dos mil dos quedan definitivamente pesificadas en la relación "un peso = un dólar" de modo tal que el deudor cumple su obligación devolviendo pesos en razón de la paridad "uno a uno".
Recurso contencioso administrativo, caducidad, plazo, confirmación del acto jurídico, impulso procesal
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Vivas, Luis Alberto y otros c/ Comuna de Villa Eloisa s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   N  113-1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-15

Ha de declararse la caducidad de la instancia si, efectivamente, se encuentran cumplidos en autos los elementos que de manera objetiva hacen procedente la misma, esto es, el transcurso en exceso del plazo legalmente contemplado en el artículo 63 de la ley 4106 y la falta de actividad idónea para impulsar el procedimiento, ya que la sola circunstancia de que el expediente estuviera en manos del perito no era óbice para que la accionante pudiera impulsar el procedimiento, acudiendo a los medios legales que contaba, cosa que efectivamente realizó pero en forma tardía.
Obligación de seguridad, responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva, fallos de la Corte Suprema, jurisprudencia aplicable, factores atributivos de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la Comunidad Homosexual Argentina en la causa Arregui, Diego Maximiliano c/ Estado Nacional - PFA - y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-26

La obligación de seguridad puede dar origen a un factor de atribución objetivo o subjetivo y, para determinar la extensión, cabe tener en cuenta la previsibilidad de los riesgos (Fallos: 329:4944, considerando 4°) y el grado de creencia legítima de la víctima con respecto al riesgo al que se expone (voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Accidentes de trabajo, indemnización, incapacidad, costas
Materia: CIVIL
Carátula: Ortega Herminda De La Cruz c/ Prevencion Art S.A. s/ accidente de trabajo con ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-18

[.] en relación a la crítica referida a que se ha vulnerado el límite previsto en el art. 277 de la LCT, superándose con las regulaciones, el 25% de lo que determina la norma, debo decir que esta Cámara ha indicado que el límite impuesto por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo no es aplicable en el ámbito local, por presentarse como inconstitucional, conforme el voto de la Dra. Pamphile en autos "Chandía Marta Carina c/ Neuquén Textil" s/ Cobro de Haberes", (Exp. Nº 388.670/2009 - Sent. Inter. 10/08/2017), al cual he adherido, y que lo ha mantenido esta Sala III en distintas causas: "Arismendi Soto Ibar Ivangelo c/ Asociart ART S.A. s/ accidente de trabajo con ART"-Exp. Nº 501571/2013- Sent.20/04/2018; "López Juan José c/ Ferrosur Roca S.A. s/ despido por otras causales" -Exp. Nº397778/2009- Sent. 10/10/2017; "Flores Painehual Víctor Manuel c/ Prevención ART S.A s/Accidente de Trabajo con ART"-Exp. Nº 500353/2013 -Sent. 06/12/2018, entre otras, a cuyos fundamentos en honor a la brevedad me remito.
Oferta pública de títulos valores, obligaciones negociables
Materia: COMERCIAL
Carátula: JP  MORGAN  CHASE  BANK  NA  (LONDON) c/ BANCO HIPOTECARIO SA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-09

No es valedero el argumento de que el titular de la obligación negociable debió recurrir al canje de su participación por un titulo individual según el procedimiento fijado en el contrato de fideicomiso, toda vez que el decreto 677/01: 4, habilita la posibilidad de expedir comprobantes de saldo de cuenta a efectos de legitimar al titular para reclamar judicialmente, incluso, mediante acción ejecutiva.
Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento, trámites judiciales, revisión judicial, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T, J A s/ SU PRESENTACION. DENUNCIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ   EXPTE N. 315-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

La Corte Suprema de Justicia Nacional ha reconocido la justiciabilidad de los enjuiciamientos políticos cuando se alega que en éstos se ha producido una real violación al derecho de defensa en juicio, pero, cabe acotarlo, la aplicación e interpretación de dicho derecho debe ser llevada a cabo a la luz de la naturaleza del "juicio" de que se trate. No entraña ello, desde luego, negación alguna de que tan elevada consagración constitucional (artículo 18) exhiba requisitos esenciales, cuya inexistencia importaría la del propio derecho. Antes bien, a lo que se apunta es a que los mencionados requisitos pueden ser salvaguardados de muy diversa manera, y a que la apreciación de ese tema no puede soslayar los caracteres del proceso y la materia con que se los vincule. Debe imponerse un criterio de revisión que - dada la especificidad del juicio político- debe ser francamente riguroso; sólo patentes violaciones a aspectos esenciales del derecho de defensa podrían tener acogida ante la Corte.
Emergencia económica, deuda interna, cancelación de deudas, pago diferido, pesificación, inconstitucionalidad, derecho de propiedad
Materia: ECONOMIA
Carátula: Assisa, Eduardo Marcelo c/ Misiones, Provincia de y otro s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-24

Cabe rechazar la acción de amparo interpuesta con el objeto de que se declare la invalidez, inaplicabilidad al caso concreto e inconstitucionalidad de los decretos 214/02 y 471/02, y de todas las normas que se dicten con posterioridad a la interposición de la presente demanda, en cuanto afectan a los certificados de cancelación de deudas de la provincia de Misiones- CEMIS- ley 3311, cuyo pago ha sido diferido, y se ordene cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado provincial en las condiciones, plazo y monedas contratadas con anterioridad a la sanción de la normativa de emergencia, pues las medidas que las autoridades implementaron a través de dicha normativa para conjurar la crisis, encuentran amparo constitucional desde que no aparecen desproporcionadas con relación al objetivo declarado de afrontar el estado de emergencia que perseguían, ni aniquilan el derecho de propiedad del acreedor (Del precedente "Galli" -Fallos:328:690-al que la Corte se remite)