Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-27


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de septiembre del año dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en los recursos de apelación interpuestos a fs. 216 y fs. 218 contra la sentencia de fs. 208/13, dictada en los autos caratulados "SZULC, RICARDO contra/ G.C.B.A. (SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL) sobre EMPLEO PUBLICO (NO CESANTIA NI EXONERACION)", expte. 2884, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dr. Carlos F. Balbín y Horacio G. Corti, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la sentencia apelada? A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: I. A fs. 3/6 Ricardo Szulc promueve demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reclamando su incorporación a la planta permanente de sus planteles, de acuerdo con el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa (SIMUPA - Dto. 3544/91), en el área de la Carrera de Profesionales de la Secretaría de Promoción Social. Solicita que, decretada dicha incorporación, se le abonen las sumas de dinero resultantes de la misma, consistentes en la diferencia salarial habida entre el cargo en la planta transitoria actual y el cargo en la planta permanente, desde el 1º de enero de 1997 hasta la actualidad. Manifiesta que teniendo el cuenta el plazo prescriptivo previsto en el art. 4027 del Código Civil, dicha suma deberá llevar los intereses de la Tasa Pasiva (BCRA) desde que cada suma se debe y hasta el momento de su efectivo pago, con más las sumas proporcionales correspondientes a cada Sueldo Anual Complementario. Fundamenta su pretensión en lo normado por el art. 67 de la Ley 471; arts. 14 bi s y 16 de la Constitución Nacional; en el Capítulo XIII, art. 42 y siguientes, de la Constitución local y 4027 del Código Civil. El actor manifiesta que el 1º de enero de 1993 ingresó como médico contratado en el Complejo Hogar de Ancianos "General Rodríguez-Viamonte", situación escalafonaria que se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 1996. Agrega que a partir del 1º de enero de 1997 fue reubicado en la planta transitoria. Aclara que esta situación supone una manifiesta desigualdad respecto de los médicos que se encuentran desempeñándose en el mismo lugar de trabajo, quienes están encasillados en la Carrera de Profesionales de la Secretaría de Promoción Social, conforme a Ordenanza vigente, violándose flagrantemente elementales normas constitucionales (art. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional). El demandante señala que la desigualdad acontece sin perjuicio de su idéntico desempeño respecto de los demás profesionales médicos de la Planta Permanente del Hogar, respecto de los internos, todos ellos ancianos y ancianas en número no menos de un mil cuatrocientos, siendo sus haberes retributivos mensuales inferiores en un 50 % de los que perciben los de la planta permanente. El accionante menciona que toda la situación se circunscribe a que la Autoridad Administrativa no ha resuelto su situación, encontrándose en este estado de precariedad desde hace larguísimos años, lo cual supone una irresolución promovida por el propio Gobierno a los fines de enriquecerse indebidamente (art. 784 Código Civil), en desmedro de sus derechos, quién ejerce idéntica funciones que los médicos que están incorporados a la planta permanente. Enfatiza en que no es admisible que un agente se encuentre encuadrado en una situación de transitoriedad durante años sin que se resuelva su situación, dado que ello supone un enriquecimiento indebido de la contraria y viola los arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional, vulnerando, en especial, la estabilidad del empleado público, la cual se encuentra salvaguardada en la Ley 471. Ricardo Szulc explica que, en razón de la relación de dependencia precaria, en cuanto a la estabilidad mencionada, la planta transitoria cubre las necesidades de dotación de médicos del Complejo, asignando a cada uno de ellos, en su calidad de G-01, un haber mensual de pesos setecientos cincuenta ($750), con 40 horas semanales de servicios; todo ello aprobado conforme con el Decreto Nº 1469/94, de fecha 27 de julio de 1994 de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ratificado por Decreto Nº 428/97 del 21 de abril de 1997, emitido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Concluye manifestando que en el Decreto Nº 428/97 se hace mención a la búsqueda de la regularización de la situación laboral de agentes que, tras varios años, se desempeñan en tareas profesionales y asistenciales, entre otras dependencias, en los Hogares de Ancianos, tal su caso. II. A fs. 182/6 se encuentra glosado el alegato presentado por la parte actora en el cual señala que el acto administrativo de nombramiento en planta permanente fue finalmente emitido, pero en forma limitada, ya que fue recientemente incorporado, pero sin mayor nivel salarial. Señala que así configuradas las cosas, el reclamo quedaría circunscripto al abono de las diferencias salariales (art. 4027 del CC), incluso hasta la fecha y para el futuro, dado que el acto que incorpora al actor (entre otros) no ha implicado variación alguna de haberes y continúa percibiendo igual ingreso que mientras permaneciera en la planta transitoria. A fs. 190 se suspende el llamado de autos para sentencia decretado a fs. 181 y se remitieron las actuaciones a la Sra. Fiscal. A fs. 193 se ordena una intimación a la demandada, la que fue contestada a fs. 194. En la misma el demandado hace saber que por Decreto Nº 491/03 (B.O. Nº 1.683) se dispuso la incorporación a la planta permanente de todo el personal que revistaba en las plantas transitorias no docentes, figurando el accionante en el personal que se detalla en el Anexo IV del mismo, en el área de acción social. Agrega que el mencionado Decreto aprobó lo convenido en el Acta Nº VI y en el apartado 1 del Acta Nº XVIII de la Comisión Central de Negociación colectiva integrada con el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Señala que de conformidad con lo acordado dicho personal se integra a la Planta Permanente con carácter interino hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso y que esta incorporación no produciría incremento salarial. III. A fs. 208/13 dicta sentencia el Juez de Primera Instancia, haciendo lugar a la demanda por diferencias salariales y condenando al Gobierno a abonarlas, conforme el grado escalafonario que le corresponde al actor en planta permanente, siendo determinadas en la etapa de ejecución de sentencia a través de un pedido de informe a la Dirección de Haberes del G.C.B.A. en donde se detalle: Cuál es el grado escalafonario que le hubiese correspondido al actor de estar debidamente encasillado en la planta permanen te de Acción Social, cuál es la remuneración que le corresponde a tal nivel, y cuáles son las diferencias salariales devengadas desde el ingreso del actor como personal de planta transitoria hasta la fecha de la notificación de la sentencia al G.C.B.A. Las sumas adeudadas generarán intereses desde que cada suma es debida hasta el 6 de enero de 2002, a la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina, y desde el 7 de enero hasta septiembre del mismo año a la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina, aplicándose nuevamente la tasa pasiva a los períodos posteriores a septiembre de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2004 y, desde el 1º de enero de 2005 la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina (que para los meses de enero, febrero y marzo, por ejemplo, se estableció en el 1,55 % mensual) hasta la fecha del efectivo pago, ello porque se ha producido un aumento del Índice de Precios al Consumidor en enero, febrero y marzo que fue del 1,5 %, 1 % y 1,5 % respectivamente y por las perspectivas inflacionarias existentes. Asimismo, el Sentenciante ordena al GCBA que, a partir de la notificación del presente decisorio, abone al actor las remuneraciones como si se encontrare encasillado en la Carrera de Profesionales de Acción Social. El A Quo impone las costas del proceso en su totalidad a la demandada vencida (art. 62 del CCAyT). Finalmente regula los honorarios de los letrados patrocinantes de la parte actora, en conjunto, en la suma de $ 4.265. Para así decidir, el Sentenciante tuvo en cuenta el régimen aplicable, realizando una síntesis de la normativa en cuyo marco la cuestión debía ser examinada, a saber, el Decreto Nº 428/GCBA/97, el Decreto Nº 1469/94, sucesivos decretos (vg. 3269-GCBA-98 y 970/2000) y Resolución Nº 308/SHyF/03, Decreto Nº 491/GCBA/03, Ordenanza 40.401, Ley 471 (05/08/00 BOCBA Nº 1026) y Ordenanza 45.199 (BO Nº 19193 del 3/01/92). Por otra parte, el Juez de Grado considera que durante el transcurso del proceso se emitió el Decreto Nº 491/03 que incluyó al actor en la planta p ermanente del personal de acción social, aunque sin variación de haberes. Señala que la inclusión fue reconocida por el demandado a fs. 194 vta. al expresar que "De conformidad con lo acordado dicho personal (el de planta transitoria( se integra a la Planta Permanente con carácter interino hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso y que esta incorporación no produciría incremento salarial". El Magistrado también entiende que el demandante en su oportunidad de alegar desistió de su pretensión relativa a la titularización, pues se consideraba incluido dentro de la planta permanente, circunscribiendo el reclamo atinente a las diferencias salariales, razón por la cual su pretendida inclusión no será tratada en la presente, y sólo resolverá el reclamo atinente a estas diferencias. Así entiende que, conforme la legislación en vigencia al tiempo de nombramiento del actor como personal transitorio y en la actualidad, el ingreso a la carrera administrativa es por concurso público. En tal sentido afi rma que toda vez que el Sr. Szulc no concursó para acceder al cargo, pues ingresó por Decreto Nº 428/GCBA/97 como personal transitorio, no le correspondía ser nombrado como personal de planta permanente. Aclara que esta postura no resulta alterada por el hecho de que el actor esté trabajando para el GCBA desde hace años, pues no es la continuidad en la prestación lo que lo convierte en personal de planta permanente sino la forma y condiciones de ingreso. No obstante, considera que si el actor ejerció las mismas tareas que el personal médico de planta permanente, le hubiese correspondido percibir la misma remuneración que éste. Entiende que las diferencias salariales a favor del actor, tanto las que se hubiesen generado antes como luego de su titularización, resulten de comparar las remuneraciones de quienes ejercen las mismas funciones pero que ingresaron por concurso. Al respecto cita el fallo "Ottonello, Juan Carlos y Otros c/ GCBA s/ empleo público", expte. 1065, de fecha 27 de febrero de 2004, de esta Sal a I, sañalando que este Tribunal concluyó que es el GCBA quien debe demostrar la diferencia de tareas que justifiquen diferentes remuneraciones. El Sentenciante entiende que de las constancias de autos no surge que el demandado haya arrimado a la causa tales justificaciones. Concluye en que a partir de los elementos que obran en autos el actor percibe una remuneración inferior a la del personal que ejerciendo iguales tareas que él, ha ingresado por concurso público, violándose el principio de igualdad ante la ley y de igual remuneración por igual tarea. IV. Contra el reseñado pronunciamiento interpuso recurso de apelación la Ciudad (fs.218), el que fue concedido a fs. 221 y fundado a fs. 227/31. Por su parte, los letrados de la parte actora apelan sus honorarios por bajos a fs. 216. V. El Gobierno se agravia, en primer término, de lo decidido por el Sentenciante por cuanto entiende que se ha violado el principio de congruencia en la Resolución de marras. El apelante también cuestiona la sentencia en cuanto lo condena a abonar las diferencias salariales pretendidas. Manifiesta que al contestar la demanda negó expresamente la existencia de diferencias salariales, por ello correspondía al actor probar la existencia de las mismas. Considera que ninguna prueba se ha producido en autos respecto al salario que perciben los médicos de Planta Permanente de la carrera de acción social. Por ello, afirma que la decisión del Juez de Grado carece de fundamento ante la inexistencia de prueba en tal sentido resultando por ende arbitraria ya que se funda sólo en su voluntad. El apelante también cuestiona lo sostenido en cuanto a la violación del principio de igual retribución por igual tarea. Sostiene que este principio no se encuentra violado en forma alguna, dado que la situación del actor de autos, no es igual a la de los profesionales de la Carrera de Acción Social. Aclara que el accionante reviste en la Planta Transitoria de la Secretaría de Acción Social, o sea, en escalafones distintos, por lo tanto su situación no es igua l. Asimismo, el recurrente se queja de la aplicación de la tasa de interés activa promedio del Banco de la Nación Argentina desde el 1 de enero de 2005 hasta el efectivo pago. Finalmente, el Gobierno se agravia de la imposición de costas a su cargo. Aclara que el actor demandó por dos objetos: uno principal, la incorporación a la planta permanente y uno accesorio, las presuntas diferencias salariales. Remarca que atento a que la demanda ha sido rechazada en lo principal y se hizo lugar a lo accesorio, por lo que cabría afirmar que en las presentes actuaciones existen vencimientos parciales y mutuos, por lo que las costas deben imponerse en un 60 % al actor y en el 40 % a su parte o a lo sumo en el orden causado. VI. En primer lugar analizaré el planteo relativo a la violación del principio de congruencia, ya que si éste prospera los restantes agravios se tornarían abstractos. El Gobierno se agravia, en primer término, de lo decidido por el Sentenciante por cuanto entiende que se ha violado el principio de con gruencia en la Resolución de marras. Sostiene que "Se reclamó la incorporación del actor a la Planta Permanente y, como consecuencia, de ello las diferencias salariales que sostiene existen entre ambas plantas, como consecuencia de su no incorporación a la Planta Permanente, o sea, que esto último es accesorio de lo principal, por ello habiéndose rechazado la demanda en lo principal no puede hacerse lugar a lo accesorio. ... La sentencia de autos ha dicho que: ` ... no le correspondía ser nombrado como personal de planta permanente ... ´.". Considera que la demanda de autos no cumplimentó los recaudos establecidos en el inc. 8) del art. 269 del CCAyT que exige la formulación en términos claros y precisos de la petición. Aclara que esto no puede ser suplido por el Tribunal actuante como se lo hace en la sentencia recurrida. Agrega que no hay en la demanda una petición clara y precisa a tenor de lo que exige la normativa procesal de la Ciudad en el sentido de que se le abone igual sueldo por igual tarea. Conclu ye que se ha fallado extra petita, en abierta violación al principio de congruencia. En relación al principio de congruencia, esta Sala I ha tenido oportunidad de expedirse en los autos caratulados "LOÑ CAROLINA Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)", EXP. Nº 6347 / 0, sentencia de fecha 11 de febrero de 2005, en los siguientes términos "Resulta conveniente recordar, al respecto, que tanto el procedimiento previsto en el CCAyT ... se estructuran sobre la base del principio dispositivo, en virtud del cual sólo las partes -y únicamente ellas- pueden fijar los límites de la controversia. De allí el principio de congruencia -con expreso sustento normativo en los artículos 27 inc. 4 y 145 inc. 6 del CCAyT-, que veda a los magistrados introducir en el proceso hechos o pretensiones que no hayan sido articulados en los escritos de demanda y contestación". Como lo señala Palacio, "el principio de congruencia requiere que el juez emita pronunciamiento, total o parcialmente positivo o negativo, sobre todas las pretensiones y oposiciones formuladas por las partes y sólo sobre ellas, respetando sus límites cualitativos y cuantitativos (...) se encuentra afectado de incongruencia el fallo que se pronuncia sobre materia extraña a la que fue objeto de la pretensión y de la oposición (...), concediendo o negando lo que ninguna de las partes reclamó" (Palacio, Lino E., Derecho procesal civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, t. V, p. 431/432). En el mismo sentido, dice Alsina que "producida la demanda y la contestación, sobre ellas debe recaer el pronunciamiento, sin que el juez ni las partes puedan modificarla" (Alsina, Hugo, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, Buenos Aires, 1941, t. I, p. 252). Por ello ha dicho este Tribunal que el objeto de la demanda constituye un límite de naturaleza objetiva para el juez, que por aplicación del principio de congruencia, no puede fallar sobre capítulos no propuestos a su conocimiento y decisión (esta Sala, in re "Linser SACI c/ GCBA s/ Cobro de pesos", expte. nº 2397). Se trata, en palabras de Falcón, de un principio de evidente raíz constitucional, puesto que tiende a asegurar la inviolabilidad de la defensa (Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado, concordado y comentado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, t. I, p. 155). Así lo declaró, por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, 13/10/94, "Concencioca, Juan M. Y otros c/ Municipalidad de Buenos Aires", LL, 1995-C-797, s. nº 1283). La incongruencia consiste, en definitiva, en una falta de adecuación lógica entre las pretensiones y defensas de las partes, por un lado, y la parte dispositiva de la sentencia, por el otro (Fenochietto, Carlos E., Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1999, t. I, p. 134/135). Ello ocurre cuando se juzga más allá de lo pedido (ultra petita), o fuera de lo solicitado (extra petita), o bien cuando se omite resolver cuestiones planteadas (citra petita). En c ambio, tal como lo ha señalado anteriormente la Sala, no ocurre lo mismo cuando el sentenciante otorga menos de lo solicitado, siempre que aparezca la razón de ello y no se trate de una simple omisión (esta Sala, "Tobias Cordova Alvaro Juan María c/ GCBA s/ Amparo", EXP 6444/0; Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado, concordado y comentado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, p. 142/143). En el caso, el actor reclamó su incorporación a la planta permanente de sus planteles, de acuerdo con el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa (SIMUPA - Dto. 3544/91), en el área de la Carrera de Profesionales de la Secretaría de Promoción Social. Solicitó que, decretada dicha incorporación, se le abonen las sumas de dinero resultantes de la misma, consistentes en la diferencia salarial habida entre el cargo en la planta transitoria actual y el cargo en la planta permanente, desde el 1º de enero de 1997 hasta la actualidad. Por su parte, la Administración al contestar la demanda (fs. 85/90) aclara que ésta plantea dos cuestiones conceptualmente separables. Por un lado, la incorporación del accionante a la planta permanente de personal. Por otro, el pago de diferencias salariales (fs. 86 vta./87). A fs. 182/6 se encuentra glosado el alegato presentado por la parte actora en el cual señala que el acto administrativo de nombramiento en planta permanente fue finalmente emitido, pero en forma limitada, ya que fue recientemente incorporado, pero sin mayor nivel salarial. Señala que así configuradas las cosas, el reclamo quedaría circunscripto al abono de las diferencias salariales (art. 4027 del CC), incluso hasta la fecha y para el futuro, dado que el acto que incorpora al actor (entre otros) no ha implicado variación alguna de haberes y continúa percibiendo igual ingreso que mientras permaneciera en la planta transitoria. A fs. 194 el demandado hace saber que por Decreto Nº 491/03 (B.O. Nº 1.683) se dispuso la incorporación a la planta permanente de todo el personal que revistaba en las plantas transitorias no docentes, figurando el accionante en el personal que se detalla en el Anexo IV del mismo, en el área de acción social. Agrega que el mencionado Decreto aprobó lo convenido en el Acta Nº VI y en el apartado 1 del Acta Nº XVIII de la Comisión Central de Negociación colectiva integrada con el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Señala que de conformidad con lo acordado dicho personal se integra a la Planta Permanente con carácter interino hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso y que esta incorporación no produciría incremento salarial. A fs. 208/13 dictó sentencia el Juez de Primera Instancia. El Magistrado consideró que durante el transcurso del proceso se emitió el Decreto Nº 491/03 que incluyó al actor en la planta permanente del personal de acción social, aunque sin variación de haberes. Señala que la inclusión fue reconocida por el demandado a fs. 194 vta. El Sentenciante también en tiende que el demandante en su oportunidad de alegar desistió de su pretensión relativa a la titularización, pues se considera incluido dentro de la planta permanente, circunscribiendo el reclamo atinente a las diferencias salariales. Así concluye que la pretendida inclusión del actor en la planta permanente del GCBA (desistida tácitamente en su alegato) no será tratada en la presente, y sólo resolverá el reclamo atinente a las diferencias salariales. Así planteada la cuestión entiendo que el Magistrado decidió el caso de autos partiendo de la base que la Administración ya había incorporado al actor a la planta permanente en virtud del Decreto Nº 491/03. Luego de la sanción de esta normativa, el reclamo del Sr. Ricardo Szulc en relación a la incorporación en la planta permanente ha devenido abstracto, toda vez que esto ya fue cumplido y, por lo tanto, este objeto de la acción interpuesta se encuentra agotado en este aspecto. En consecuencia, no existiendo violación alguna al principio de congruencia, el agrav io vertido sobre este punto debe ser rechazado. VII. El Gobierno también cuestiona que se lo condene a abonar las diferencias salariales pretendidas. Al respecto manifiesta que al contestar la demanda negó expresamente la existencia de diferencias salariales, por ello correspondía al actor probar la existencia de las mismas. Señala que la prueba producida en autos consistió en la agregación del legajo personal del accionante y de las actuaciones administrativas en las que reclamó su incorporación a la planta permanente, copia de decretos y un recibo de haberes. Destaca que ninguna prueba se ha producido en autos respecto al salario que perciben los médicos de Planta Permanente de la carrera de acción social. Por ello, afirma que la decisión del Juez de Grado carece de fundamento ante la inexistencia de prueba en tal sentido resultando por ende arbitraria ya que se funda sólo en su voluntad. Por su parte, el Sentenciante sostiene que "sin embargo, si efectivamente el actor ejerció las mismas tareas que el pers onal médico de planta permanente, le hubiese correspondido percibir la misma remuneración que éste. ... Es decir las diferencias salariales a favor del actor (tanto las que se hubiesen generado antes como luego de su titularización), resultan de comparar las remuneraciones de quienes ejercen las mismas funciones pero que ingresaron por concurso. El actor refirió a fs. 5 vta. que su remuneración asciende a $ 795, mientras que la de los trabajadores de planta permanente es $ 1500. Al respecto, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires en un caso similar al presente concluyó que es el GCBA quien debe mostrar la diferencia de tareas que justifiquen diferentes remuneraciones (Cám. Apel.Cont.Adm. y Trib. CABA, Sala I, EXP 1065, "Ottonello, Juan Carlos y otros c/ GCBA s/ Empleo Público" 27-02-2004). De las constancias de autos no surge que el aquí demandado haya arrimado a la causa tales justificaciones. A partir de los elementos que obran en aut os, he formado mi convicción de que el actor percibe una remuneración inferior a la del personal que ejerciendo iguales tareas que él, ha ingresado por concurso público. Ello viola el principio de igual remuneración por igual tarea. En consecuencia, la demanda en torno a las diferencias salariales habrá de prosperar. 7.- En tal sentido, la medida de las diferencias salariales, conforme el grado escalafonario que le corresponde al actor en planta permanente, quedarán determinadas en la etapa de ejecución de sentencia a través de un pedido de informe a la Dirección de Haberes del GCBA ... ". No puedo dejar de soslayar que en la causa mencionada ut supra por el Juez de Grado nos encontrábamos ante supuestos de hecho diferentes al del sub lite. Aquella se refiere a un grupo de preceptores de escuelas transferidas por el Gobierno Federal que reclaman para que se les reconozca una situación salarial equivalente a la de los preceptores de las escuelas que ya pertenecían a la ex Municipalidad. En este caso la Sala I sostuvo que era el Gobierno quien debía mostrar qué diferencia a los preceptores aquí actores de los restantes, para no asignarles el índice que se les reconoce a todos aquellos, pues del régimen jurídico docente no surge, de su simple lectura, diferencia alguna. El caso de autos es totalmente diferente. A fs. 182/6 el actor manifestó que su reclamo quedaría circunscripto al abono de las diferencias salariales (art. 4027 del CC), incluso hasta la fecha y para el futuro, dado que el acto que lo incorpora (entre otros) a la planta permanente (Decreto Nº 491/03) no ha implicado variación alguna de haberes y continúa percibiendo igual ingreso que mientras permaneciera en la planta transitoria. Por su parte en el escrito de demanda el accionante había manifestado que su remuneración ascendía a $ 795, mientras que la de los trabajadores de planta permanente era de $ 1500. Obsérvese que no obra en autos actividad probatoria desplegada por el accionante a fin de sustentar este extremo, mismo así lo reconoce el Juez d e Primera instancia, quien atribuye la carga probatoria al Gobierno. Es dable destacar que las partes tienen la carga de aportar al proceso los elementos necesarios a fin de convencer al juez que los hechos sucedieron en la forma que se alega, quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis. La obligación de aportar la prueba depende de la posición que adquiere cada parte en el juicio conforme los hechos (conf. CNCom., sala A, junio 6-1996, ED, 170-205; CNCont.-adm. Fed, sala IV, abril 30-1998, ED, 181-727). La prueba tiene como fin producir la convicción judicial. Planteados los hechos del proceso, la parte que tiene sobre si la carga de la prueba, si quiere triunfar, debe demostrar que los hechos que fundan su pretensión ocurrieron de la manera que expresó en su escrito (conf. Enrique M. Falcón "Código Procesal Civil y Comercial, Comentado y Anotado", T.3 artículos 346 a 605, página 156). Los pleitos se deciden por las pruebas aportadas y no por las man ifestaciones unilaterales de las partes y no ha habido una actividad probatoria por parte del actor (conf. Carlos E. Fenochietto, "Código Procesal Civil y Comercial, Comentado y Anotado", T. 2 artículos 238 a 519 bis, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 1999, página 476). Ahora bien, en el particular, era indudablemente el demandante quien tenía esa carga. En otras palabras, quien debía respaldar con su actividad probatoria la diferencia salarial existente entre quienes se desempeñaban en la planta permanente y quienes en la planta transitoria era el accionante, no constando, ni siquiera, en autos, recibo o prueba alguna tendiente a demostrar cuál era el importe que éstos recibían. Sin embargo, como ha quedado expuesto, no es ello lo que ha acontecido. Es que, según surge del examen de las actuaciones, no se ha producido prueba alguna tendiente a respaldar la invocación formulada en ese sentido por el actor. Por ello, atento las consideraciones precedentemente expuestas, corresponde hacer lugar a este a gravio planteado por la parte demandada, ya que era obligación del actor probar la existencia de las diferencias salariales y ello no ha ocurrido. VIII. Finalmente, toda vez que los fundamentos precedentemente expuestos resultan suficientes para fundar la solución a la que se arriba, cuadra recordar que el tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones que propone a la consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 248:385; 272:225; 297:333; 300:1193; 302:235; entre otros). Por ende, el tratamiento del resto de los agravios planteados por la parte demandada resulta inoficioso. IX. La costas de primera instancia deberán imponerse en el orden causado atento que el actor pudo haberse creído con derecho a litigar (art. 62, párrafo 2, CCAyT). Sin costas de Alzada atento no haber existido contradicción. X. Cuando la sentencia de Cámara es revocat oria o modificatoria de la de primera instancia el Tribunal debe adecuar la decisión en materia de costas y honorarios, conforme el contenido de su pronunciamiento, aunque no hayan sido motivo de apelación (art. 249, CCAyT). Ello así pues, en tales supuestos, la revocación o modificación de la sentencia de primer grado conlleva, paralelamente, la alteración de los parámetros ponderados al distribuir las costas (arts. 62 y cctes., CCAyT) y al efectuar la regulación (arts. 6, 7, y cctes., ley 21.839, modificada por la ley 24.432; esta Sala, in re "Zárate Herrera, José Robinson c/ G.C.B.A. s/ amparo", EXP nº 7041/0). En cumplimiento de dicho mandado legal esta Sala procede a adecuar la decisión en materia de costas, pero no resulta posible regular los honorarios en esta etapa, toda vez que no se ha practicado liquidación. Ello así, por cuanto, dado el rechazo total de la pretensión, la base regulatoria consiste en el monto reclamado en la demanda -lo cual comprende el capital y los intereses- (cfr. CNCiv., en pl eno, causa "Multiflex S. A. c/ Consorcio de Copropietarios Bme. Mitre 2257/09", LL 1975-D-297; CNACAF, en pleno, causa "Ford Motor S. A. c/ Gobierno Nacional", ED 69-350; CSJN, causa "Agencia Dodero S.A. c/ Provincia de Buenos Aires", sentencia del 22/12/75, entre muchos otros), para cuya determinación es indispensable practicar previamente la liquidación del caso. En consecuencia, corresponde diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, para la oportunidad procesal correspondiente. XI. Por lo tanto, en mérito de las consideraciones expuestas, jurisprudencia citada, normas legales aplicables al caso, se propone al acuerdo que en caso de ser compartido este voto, se haga lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, se revoque la sentencia de grado, con costas, de primera instancia en el orden causado atento a que el actor pudo haberse creído con derecho a litigar (art. 62, párrafo 2, CCAyT). Sin costas de Alzada atento no haber ex istido contradicción. Asimismo, correspondería diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, para la oportunidad procesal oportuna. A la cuestión plantada, el Dr. Carlos F. Balbín, por los fundamentos expuestos por el Dr. Esteban Centanaro, adhiere al voto que antecede. A la cuestión planteada, el Dr. Horacio G. Corti dijo: Adhiero al relato de los hechos y a la solución propuesta por mi colega Dr. Esteban Centanaro. En cuanto a los fundamentos, me resultan suficientes los expuestos en el punto VII del voto de mi colega. En efecto, cualquiera sea la interpretación de la cuestión procesal planteada por el Gobierno, lo cierto es que no ha sido probada en autos la diferencia salarial alegada, extremo imprescindible para aplicar el principio de "igual remuneración por igual tarea", conforme a la jurisprudencia de esta Sala (conf. doctrina de esta Sala in re "Arias, Blanca Estela c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)", Expte. EXP 2296, sentencia del 16/12/03; y "Mamani J uan Carlos c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)", Expte. EXP 6393/0, sentencia del 11/04/03, entre otras). Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación planteado y, en consecuencia, revocar la sentencia de grado; 2) Imponer las costas de primera instancia en el orden causado (art. 62, párrafo 2, CCAyT). Sin costas de Alzada atento no haber habido contradicción; 3) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad procesal correspondiente. Regístrese, notifíquese y devuélvase. Esteban Centanaro Carlos F. Balbín Juez de Cámara Juez de Cámara Horacio G. Corti Juez de Cámara