Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-12-26


SENTENCIA NÚMERO: SESENTA Y DOS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintiséis días del mes de diciembre de dos mil trece, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-; José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 69/13, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto p/ Dr. Luciano Rojas en Expte. Nº 160/08 -Olmos, Ramón William -s.a. Homicidio Culposo -Capital", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Son nulos los Autos Interlocutorios en crisis por haber inobservado las normas que el código establece bajo pena de nulidad? 2º) ¿Es nula la Sentencia por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de los Autos Interlocutorios Nº 86/2013 y 87/13 y de la Sentencia Nº 36/2013, dictados en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. en tanto fue interpuesto en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de la sentencia condenatoria que pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva.

De acuerdo al resultado del sorteo efectuado (fs. 18), los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. a) Por Auto Interlocutorio Nº 86/2013, de fecha 22/05/2013, el Juez Correccional de Primera Nominación resolvió: "1) No hacer lugar al planteo de nulidad interpuesto por el Dr. Luciano Rojas. 2) Continúe la causa según su estado. 3) Notifíquese y protocolícese".

b) Por Auto Interlocutorio Nº 87/13, de fecha 24/05/2013, el citado tribunal resolvió: "1) Declarar nulas las declaraciones vertidas en Audiencia de Debate el día veintitrés de Mayo de 2013 de Sonia Andrea Mosca, Juan Alberto Brizuela y Delia Adriana Mosca. 2) Prosiga la causa según su estado, en consecuencia, por Secretaría dése lectura de la Requisitoria Fiscal y de la Constitución de Querellante Particular. 3) Protocolícese y Notifíquese".

c) Por Sentencia Nº 36/2013, dictada el 29/05/2013, en lo que aquí concierne, el Juez Correccional de Primera Nominación resolvió: I) Declarar culpable a Ramón William Olmos, de condiciones personales relacionadas en autos como autor penalmente responsable del delito de Homicidio culposo calificado por el que venía incriminado (arts. 84, 2º párrafo, 2º supuesto del Código Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de tres años de prisión dejando en suspenso su cumplimiento (art. 26 del CP), con más siete años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores de cualquier tipo, informándose de dicha inhabilitación a la Dirección de Municipalidades. Con costas arts. 536 y 537 del CPP (...)".

El hecho que el tribunal tuvo por acreditado es el siguiente: "Con fecha primero de noviembre de 2006 en un horario que no ha podido precisar con exactitud pero que se podría ubicar alrededor de las horas veintidós aproximadamente, en circunstancias que Diego César Segura se transportaba como acompañante en la motocicleta marca Appia modelo Andina de 11 cc., sin dominio, la que era conducida en la oportunidad por Andrés Pugliese, por la calle 1º de Mayo, entre calles Florida y Santa Fe de esta ciudad Capital, quienes lo hacían en sentido Sur Norte. Ramón William Olmos, en forma imprudente, negligente e inobservando los reglamentos a su cargo, emprendió la marcha con su automóvil marca Volkswagen, modelo VW 1500, sin dominio, el que lo hacía estacionado en la acera Este de la mencionada arteria, haciendo que el mismo impacte a la motocicleta, y Pugliese pierda el control de la misma, cayendo a la cinta asfáltica Segura, lo que le produjo lesiones cuya gravedad ocasionaron su posterior fallecimiento".

II. En defensa del imputado Ramón William Olmos comparece el Dr. Luciano Alberto Rojas e interpone recurso de casación cuestionando lo resuelto por Autos Interlocutorios Nº 86/2013, 87/2013 y de la Sentencia Nº 36/2013, por los motivos previstos en los incisos 4º y 2º, respectivamente, del art. 454 del CPP.

II. a. Denuncia que lo resuelto mediante Autos Interlocutorios Nº 86 y 87 del año 2013, contraría lo establecido por las normas que el código establece bajo pena de nulidad (art. 454 inc. 4º).

Refiriéndose al primero de ellos, sostiene que en debate había planteado la nulidad absoluta del decreto de determinación del hecho porque consideraba que era difuso y contradictorio el relato del accionar que se atribuía pero que, contrariamente a lo solicitado, el juzgador entendió que el decreto cuestionado cumplía con los requisitos previstos en el art. 333 del C.P.P. y que no se afectaba con ello el derecho de defensa del imputado. Por ello, reitera el pedido de que se declare la nulidad absoluta del decreto de determinación del hecho, insistiendo en que se ha afectado el derecho de defensa y se han contrariado disposiciones de la ley de enjuiciamiento provincial (art. 333). Cuestiona también el Auto Interlocutorio Nº 87, que declaró la nulidad de los testimonios recibidos en el debate, cuando aún no se había dado lectura a la requisitoria que le da apertura, por entender que en el caso se imponía la declaración de nulidad del debate. Solicita se declare la nulidad absoluta de la audiencia de debate por afectación del debido proceso y el derecho de defensa del imputado.

En ambos casos, hace reserva del caso federal.

III. Conforme surge del memorial recursivo, lo que en primer término postula la defensa es la declaración de nulidad absoluta de los Autos Interlocutorios Nº 86/2013, de fecha 22/05/2013 (fs. 301/303 vta.) y Nº 87/13, de fecha 24/05/2013 (fs. 305 vta/306).

Un examen integral de las resoluciones cuestionadas, permite constatar que la construcción impugnativa se ha formulado reiterando idénticos argumentos a los ya expuestos al momento de plantear los incidentes en la instancia anterior; los que han sido considerados y han recibido respuesta concreta por parte de la jurisdicción.

Respecto a la pretendida nulidad, esta Corte ha sostenido en distintos precedentes que la sentencia deviene nula sólo cuando el defecto formal que a ella se atribuye es dirimente, en el sentido que su eventual corrección posee aptitud suficiente para conducir a una conclusión diferente de la que se impugna. La demostración del valor decisivo del vicio ha sido requerida tanto para la procedencia formal del recurso, como para su procedencia sustancial. En tal sentido, este Tribunal ha dicho que no hay nulidad por la nulidad misma, sino sólo cuando hay una lesión efectiva al interés de las partes y que tal exigencia tiene por objeto evitar el establecimiento de un sistema de nulidades puramente formales, acogiendo sólo aquellas que por su posible efecto corrector, tengan idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquel interés (S. nº 38, 18/09/2013; S. nº 58, 12/11/2012; S. nº 35, 03/07/2012; S. nº 30, 29/06/2012).

En idéntica dirección, se ha sostenido que "que no puede existir declaración de nulidad, sea ésta genérica o específicamente conminada, absoluta o relativa, sino existe un interés afectado. Esa condición que ha sido expresamente establecida para las nulidades relativas (arts. 169 C.P.P.N. y 188 C.P.P.Cat.), rige también para las nulidades absolutas, toda vez que ni la insubsanabilidad ni la oficiosidad con que la ley resguarda la situación del imputado tiene por objetivo crear a su favor un sistema de nulidades puramente formales, al margen del "principio del interés", en virtud del cual una nulidad sólo puede declararse cuando sea susceptible de beneficiar procesalmente a la parte en cuyo favor se hace. Ese beneficio concurre cuando la declaración de nulidad absoluta tiene un efecto corrector, porque ha existido una efectiva afectación de la garantía constitucional resguardada y, por tanto, ello encuentra reparación a través de la retrogradación" (S. nº 38, 18/09/2013; S. nº 16, 18/08/2009).

Del mismo modo, se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún tratándose de nulidades absolutas, al sostener que la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (C.S.J.N., Fallos 295:961, 298:1413, 311:2337, entre muchos otros).

En materia recursiva, dicho principio tiene expresa acogida en el artículo 430 del C.P.P., según el cual ".El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo". En consecuencia, esta condición no sólo es un requisito para la procedencia formal, sino también, para la procedencia sustancial de la impugnación. Por ello, en relación a lo primero, es necesario que en su escrito el recurrente procure demostrar qué perjuicio concreto le ocasiona el defecto que denuncia; con respecto a lo segundo, corresponde analizar -en un examen concerniente al fondo del asunto- si, sorteada aquella primera valla, el agravio es susceptible de ser reparado a través del recurso.

Es decir, que el interés existe en la medida que la materia controvertida puede tener incidencia en la parte dispositiva del pronunciamiento, anulándolo o modificándolo, o bien cuando el recurso deducido resulta ser el medio adecuado para excluir el agravio que aparece como posible.

En igual sentido, se ha dicho que "en materia de nulidades procesales prima el criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia (C.S.J.N. "Bianchi", B. 66. XXXIV)".

En el caso, carece de sustento la censura de la defensa, en tanto los vicios denunciados no exhiben la idoneidad nulidificante, como lo adelantara, no pueden tener acogida favorable, puesto que se ha omitido su demostración y adecuada fundamentación. Es así, porque la sola alegación de que se ha vulnerado el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, sin ofrecer nuevos fundamentos capaces de impactar favorablemente en la decisión del tribunal, no habilita la modificación de lo resuelto.

Sentado lo anterior, corresponde efectuar el siguiente examen de las constancias de la causa. En primer término, advierto que el Auto Interlocutorio Nº 86/2013, de fecha 22 de Mayo de 2013, mediante el cual el Juez Correccional de Primera Nominación resolvió: "No hacer lugar al planteo de nulidad interpuesto por el Dr. Luciano Rojas", fue notificado a la defensa, sin que efectúe ninguna objeción. Asimismo, el decreto de determinación del hecho cuya declaración de nulidad absoluta pretende, ha sido conocido por el asistente técnico del acusado desde el momento en que se le imputó a Olmos el hecho que se le atribuía (fs. 98/98 vta.), manteniéndose incólume el mismo en el Requerimiento Fiscal de Citación a Juicio (fs. 126/130), el que también fue debidamente notificado a la defensa, conforme se constata a fs. 138, consintiendo en todo momento los efectos del acto, lo que cabe deducir porque no formuló ninguna objeción. Tampoco se advierte que haya cuestionado oportunamente la resolución de la que ahora pretende agraviarse mediante el recurso de casación.

En este orden de ideas, resulta importante recordar la denominada teoría de los actos propios, plasmada en la máxima venire contra factum proprium non valet, que conforme a su recepción en la fórmula acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, consiste en que "nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior, deliberada y jurídicamente eficaz" (Augusto Morello y Rubén S. Stiglitz, "La doctrina del acto propio", L.L., 1984-A, p. 871/872).

Luego, en relación a la nulidad de las declaraciones testimoniales dispuestas por Auto Interlocutorio Nº 87/13, considero que no debe ser atendido el reclamo.

Es que, el recurrente, no expone ningún argumento de peso que autorice a sostener que lo decidido produjo un menoscabo en el derecho de defensa del imputado, sino que tal declaración justamente procuró la corrección de los actos que integran las consecutivas etapas en que debe desarrollarse el proceso penal y en el caso priorizó la lectura de la requisitoria que da apertura del debate, el que se abrió en forma correcta y en el que se resolvieron las cuestiones incidentales en el sentido de su prosecución. Y, si el proceso encuentra fundamento adecuado en la infracción a las formas sustanciales del juicio penal (Fallos 312:2434) cabe válidamente retrogradar el proceso a etapas anteriores para la renovación de los actos invalidados.

En apoyo de lo decidido, debo resaltar que la Corte Federal sostuvo que la declaración de la nulidad de un acto del proceso importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (C.S.J.N., Fallos 295:961, 298:1413, 311:2337, entre muchos otros). (.) y que no procede su declaración en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley (Fallos: 295:961; 298:312), siendo inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de nulidad por la nulidad misma (Fallos: 303:554; 322:507), doctrina que ha sido receptada por esta Corte (S. nº 30, 29/06/2012; S. nº 35, 03/07/2012).

Antes de finalizar, corresponde reiterar que, la articulación sistemática de recursos por parte del abogado defensor, repitiendo incluso los planteos que ya han sido resueltos oportunamente, conlleva a suponer que aquéllos están siendo utilizados como instrumentos destinados a dilatar injustificadamente el curso del proceso, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, además de exhibir una conducta obstructiva, evidentemente dilatoria y reñida con la buena fe procesal, lo que provoca un dispendio jurisdiccional improcedente, razón por la cual, cabe recomendar al citado letrado que ajuste su proceder a la ley que informa el ejercicio de su profesión.

Por todo lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

II. Como planteo subsidiario, el recurrente denuncia que la sentencia cuestionada ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2º C.P.P.). Asevera que, conforme el material probatorio incorporado a debate, la única solución posible es la absolución de su defendido. Sostiene que del testimonio brindado por el único testigo presencial del hecho, Andrés Pugliese, se concluye que, por el motivo que fuere, la víctima decidió saltar de la motocicleta en la que se conducía como acompañante, antes de que se produjera el impacto con el automóvil guiado por Olmos, argumentando que dicha circunstancia también se desprende del acta inicial de actuaciones (fs. 2/3).

En tal sentido, afirma que la víctima no sufrió lesiones ni falleció a consecuencia de la colisión, sino por una situación riesgosa en la que se colocó él mismo, por lo que, enfatiza, no existe un nexo causal entre la acción de su defendido y el resultado mortal.

Arguye que, desde el punto de vista de la relación causal entre la acción y el resultado y, tomando como base diferentes teorías -de la causalidad adecuada y de la imputación objetiva-, su defendido no debe responder por el resultado fatal del hecho en análisis.

Cita doctrina y jurisprudencia, a fin de respaldar su postura, solicitando se declare la nulidad de la sentencia atacada y que se absuelva a su defendido por el beneficio de la duda.

Hace reserva del caso federal y del recurso contenido en el art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

III. El eje central de discusión radica en analizar si el tribunal ha incurrido en los vicios de fundamentación denunciados.

En efecto, toda la estrategia defensiva gira en torno a aseverar que Diego Segura -quién se transportaba en calidad de acompañante en el ciclomotor que conducía Andrés Pugliese-, saltó antes de que se produjera el impacto entre la motocicleta y el automóvil, argumentando el recurrente que fue éste quien se auto- puso en peligro. De este modo, insiste en sostener que, al momento de la colisión, la víctima Segura, ya no se encontraba en la motocicleta, porque saltó para atrás o para el costado. Asevera que ello se sustenta en lo manifestado por el testigo Andrés Pugliese y en lo constatado en el Acta Inicial de Actuaciones (fs. 2/3). Razón por la cual, concluye que no existe relación causal entre la acción de conducir el automóvil y el resultado mortal del joven Segura, que iba en la motocicleta en posición de acompañante. Un examen del memorial recursivo permite adelantar, teniendo en cuenta la forma en que han sido esbozados los agravios, que los cuestionamientos expuestos no resultan eficaces en lo más mínimo para conmover la decisión puesta en crisis.

Digo ello, porque la estrategia defensiva pretendiendo desvirtuar irrespetuosamente la labor del tribunal, queda desacreditada con el análisis de las distintas probanzas que han sido exhaustivamente consideradas por el a quo al momento fundar la decisión puesta en crisis. En tal sentido, debo adelantar que en modo alguno pueden tener acogida favorable los groseros errores interpretativos en los que incurre el quejoso, al aseverar que la víctima, Diego Segura -de 18 años de edad-, haya saltado o se haya tirado de la moto antes de que se hubiera producido el impacto, ya que tales afirmaciones no se condicen con ninguno de los elementos probatorios debidamente incorporados al debate.

Lo dicho se sustenta, en primer lugar, en el hecho intimado al imputado el cual, en lo pertinente, jamás, fue cuestionado por la defensa. Del mismo surge que, cuando Olmos imprudentemente emprendió la marcha con su vehículo marca Volkswagen, modelo VW 1500, sin dominio, el que se encontraba estacionado en la acerca Este de calle 1º de Mayo (entre calles Florida y Santa Fe), hace que impacte la motocicleta y que Pugliese pierda el control de la misma, cayendo Segura a la cinta asfáltica, lo que le produjo las lesiones cuya gravedad le ocasionaron su posterior fallecimiento.

Como se advierte, la mecánica del accidente es totalmente opuesta a la pretendida por el recurrente. Y es que, ninguna duda cabe, a la luz del material probatorio debidamente incorporado a debate, de que fue el impacto de la moto con el automóvil, cuyo conductor intentó imprudentemente salir de donde se encontraba estacionado, lo que desestabilizó al conductor del rodado menor, y fue justamente esta circunstancia la que hizo que el joven Segura cayera a la cinta asfáltica con posterioridad al impacto y no antes como asevera, sin sustento, la defensa.

En efecto, del acta de inspección ocular cuya ponderación pretende (fs. 2 vta.) se constata, en lo pertinente que, sobre calle 1º de Mayo se encuentra ubicado un automóvil Volkswagen 1500, de color azul, sin chapa patente, en regular estado de conservación, observándose una abolladura en la parte frontal izquierda del vehículo. Que el mismo, se encuentra ubicado a un metro cincuenta aproximadamente de la vereda Este de la calle 1º de Mayo, y a unos diez metros aproximadamente (del vehículo) está recostada sobre el asfalto una persona de sexo masculino, boca arriba, en forma inconsciente, sobre una mancha de color roja a la altura de la cabeza sobre el asfalto (ver croquis ilustrativo de fs. 52), y a unos veinticinco metros aproximadamente (del vehículo) lo hace otra persona de sexo masculino (ver croquis ilustrativo de fs. 52), con el pantalón de tela de jean rasgado a la altura de la parte baja de la pierna derecha, en donde se llega a divisar un corte en la piel con un leve sangrado, y a un metro de éste se encuentra ubicada una motocicleta.

Asimismo, desvanece la estrategia defensiva del recurrente lo plasmado en el acta de procedimiento (fs. 2), que de ningún modo constata sus erradas afirmaciones. Y es que, de la prueba referida, surge que "cuando el automóvil que se encontraba estacionado hacia el cordón ubicado hacia el punto cardinal Este y al intentar salir en marcha el vehículo, es que la motocicleta impacta con el automóvil, para cuando el ciudadano de apellido Segura salta de la motocicleta produciendo que se golpeara en su humanidad, para luego de intentar mantener el vehículo menor en circulación, es que varios metros más adelante en la dirección en que lo hacía circulando detiene su marcha para luego caer el conductor al suelo, manifestando dolor en su pierna derecha. Por lo que, al momento de nuestra llegada al lugar, lo hace detenido el automóvil y a unos metros una persona de sexo masculino lo hace recostado sobre el asfalto de boca arriba, aparentemente inconsciente, sobre un charco de líquido rojo, aparentemente sangre, solicitando en forma inmediata la presencia de una ambulancia...".

Lo hasta aquí expuesto encuentra plena corroboración en el Croquis ilustrativo del lugar del hecho obrante a fs. 52 y en las placas fotográficas glosadas a fs. 70/74, elementos que ilustran que la caída de Segura se produjo metros más adelante en relación al lugar en que quedó el automóvil - 19 metros de la parte frontal, según la pericia accidentológica- y que la misma obedeció al impacto del rodado mayor al menor en el que la víctima se trasladaba.

Tampoco advierto que del testimonio brindado en debate por el conductor de la motocicleta, Andrés Pugliese, surja como insiste la defensa, que Segura se haya tirado o caído de la moto antes de que impactara con el automóvil. Y es que, el aludido testigo puntualmente manifestó "...cuando yo trato de esquivarlo mi primo se tira para atrás o para el costado, no sé qué hace. Yo esquivo el auto, el auto para mi quiso doblar en "U", para mi él no me ve a mí, el nunca hizo seña para salir, para mí no me ve él a mí, no salió tan rápido el auto, porque yo tuve tiempo para esquivarlo, jamás puso la luz de giro como que iba a doblar. Diego se asustó para mí, cuando yo hice la maniobra para esquivar el auto...".

Lo expuesto también se corrobora con lo expresado en debate por Héctor Rubén Valdez, empleado de la empresa perteneciente al padre de la víctima. Este testigo, manifestó que: "...Había sido en la calle 1º de Mayo, de sur a norte, cuando un auto estaba estacionado hacia la derecha y quiso girar en "U", y chocan los muchachos y pierden el control de la moto y cae el chico, yo esto lo sé porque me lo comentó Pugliese, como a los dos días me lo comentó...".

Consecuentemente, lo analizado ut supra desvanece la interpretación del recurrente quién intenta excluir el nexo causal existente entre la conducta de Olmos y la muerte del joven Segura.

En el presente, ha quedado plenamente corroborado que los débiles argumentos expuestos por la defensa no logran desestabilizar las conclusiones arribadas por el tribunal en el fallo en cuestión, el que ha dado correcta solución al hecho investigado, al atribuir su autoría al imputado, en tanto ha valorado integralmente la prueba reunida, dando expreso tratamiento a los puntos que aparecían más débiles. Esta labor de integración no tuvo correlato en la argumentación del recurrente, quien ha restringido su estrategia defensiva a aseverar que la víctima se tiró de la motocicleta antes de que ella impactara con el vehículo que imprudentemente (ver Pericia Accidentológica de fs.80/87) manejaba su defendido Olmos. Crítica que desoye la convergencia puesta en evidencia por el quo, la que sustenta con suficiencia la conclusión alcanzada.

En efecto, en el presente ha quedado fehacientemente demostrado a la luz del material probatorio examinado, que la causa del accidente fue precisamente la maniobra imprevista realizada por Ramón William Olmos, conductor del automóvil, sumado a la ausencia de luces reglamentarias del vehículo para advertir las maniobras a realizar (Pericia Accidentológica). De este modo, el a quo puntualizó que, conforme lo constatado en el Croquis ilustrativo del lugar del hecho (fs. 52), la trompa del faro derecho del vehículo mayor se encontraba a 3.30 metros del cordón, a lo que debe agregarse que el impacto se produjo con la parte izquierda del vehículo mayor, lo cual permite establecer que el vehículo se había constituido en un obstáculo insalvable e imprevisto en la calle 1º de Mayo, poniendo en riesgo la vida de quienes transitaban en el lugar, concretándose en el caso de autos, con la de Diego César Segura quien se conducía como acompañante en una motocicleta marca Apia de 110 cc la que era manejada por Andrés Pugliese, y al llegar a la numeración 1586 de calle 1º de Mayo, los sorprendió con una maniobra intempestiva e imprudente, saliéndoles de golpe y a pesar de los esfuerzos efectuados por Pugliese, Diego César Segura cae al piso, provocando el accionar imprudente de Ramón William Olmos las severas lesiones que le causaron la muerte el 4 de noviembre de 2006 en el Hospital San Juan Bautista (ver fs. 6, 18/19 y 27/45).

En definitiva, cabe concluir que en el caso bajo examen, conforme ha quedado constatado, ninguna duda cabe respecto a la existencia del hecho y a la participación punible del acusado Ramón William Olmos.

Por todo lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/09, por el Dr. Luciano Rojas, asistente técnico del imputado Ramón William Olmos. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal y la del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/09, por el Dr. Luciano Rojas, asistente técnico del imputado Ramón William Olmos.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal y la del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. ANTE MÍ: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe