marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación penal, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Millan Barredo, Javier. s/ Recurso de queja.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-06-04

La resolución que deniega el recurso de casación se fundamenta en que la impugnación se apoya en un nuevo análisis de la prueba, que no fue planteado en el debate, objetando tardíamente elementos probatorios que no fueron cuestionados oportunamente y por otra parte, que en el procedimiento lógico jurídico de valoración de la prueba, se han respetado las normas procesales y la sana crítica. El rechazo de la casación, se encuentra suficientemente fundamentado, teniendo en consideración que no está objetada la autoría material del hecho, por reconocimiento del imputado y que la legítima defensa no se encuentra acreditada en autos. La recurrente no aporta elementos de juicio que justifiquen la oportunidad en que introduce su oposición a que la sentencia se apoye en el acta de inspección ocular y croquis ilustrativo. Cabe destacar, que en la sentencia se toman elementos de estas pruebas, que nada tienen que ver con los dichos de los testigos y en especial, el hecho de que el machete se encontraba dentro de la vaina cuando se procedió a mover el cuerpo de la víctima y colgado de su cintura, lo que desvirtúa la versión del imputado de que fue atacado por la víctima con el machete, y desacredita la existencia de legítima defensa. Este elemento probatorio analizado razonablemente, no se apoya en constancias del acta relatadas por testigos, sino en hechos comprobados por la instrucción. Por lo demás la recurrente, solamente plantea cuestiones de hecho y prueba, que no logran conmover el razonamiento lógico que resulta de los considerados de la sentencia, constituyendo solamente una diferente valoración subjetiva de la prueba, insuficiente para ser considerada en esta instancia extraordinaria.
Sentencia, notificación, juicio ejecutivo, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO SUDAMERIS c/ CALZADOS BOSE  S.R.L. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-02

El CPR.552 resulta aplicable cuando el demandado, que fue inicialmente ubicado -es decir, cuyo domicilio fue conocido- luego desaparece de su domicilio, no pudiendo ser hallado. En esas circunstancias, si no se ha presentado en el expediente, y no tiene por ende- domicilio constituido en autos, corresponde que la sentencia le sea notificada al se/or defensor oficial.

No cabe admitir que la norma citada se refiere al caso del demandado a quién no pudo intimarse de pago por desconocerse su domicilio, pués en esa hipótesis, la actuación del defensor oficial ya se habría producido, como una consecuencia natural del trámite, y el precepto legal sería sobreabundante, y producto de una mala técnica legislativa, que no es dable presumir.
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la información, derecho a la privacidad, Comunicaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: EXPTE. Nº 85115 - DIARIO LOS ANDES EN J° 212.725/29.852 HEREDIA, MARCELO VÍCTOR c/ DIARIO LOS ANDES HONS. CALLE S.A. s/ D. Y P S/ INC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-10-18

Respecto de los medios masivos de comunicación, es menester distinguir entre el deber de informar, que implica propalar noticias en forma objetiva y agraviar, lo que significa propalar noticias con tinte injurioso o denigrante. Si se "agravia" aún cuando las informaciones sean verdaderas, el medio puede llegar a responder civilmente por lesionar el honor de las personas. Si se "informa" (objetivamente) hay que diferenciar si la noticia es verdadera o falsa: si es verdadera, el medio no responde aún cuando se ofenda a la persona; si es falsa o inexacta y se trata de un particular, el medio responde salvo que demuestre alguna de estas circunstancias: I- que propaló la información atribuyendo directamente su contenido a una fuente individualizada; II- que utilizó el verbo en modo condicional o potencial; ó III- que dejó en reserva la identidad de los implicados en la nota periodística.
Cheque, endoso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rossi, Rodolfo c/ ABOUT S.R.L. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

La firma que sigue de quien resultara en definitiva endosatorio beneficiario del primer endoso -último endoso en blanco inserto en el título- se verificó al sólo efecto de depositar el cheque en el banco en que se presentó para su depósito en la cuenta corriente de su titular -repárese que se trata de un cheque con cruzamiento general-, por lo que dicha firma sólo pudo valer como recibo y no como endoso para transmitir nuevamente el documento, quedando de tal modo cortada la circulación del instrumento (arts. l3, 45 ley cit.; l, 3, 4, Banco Central de la República Argentina Reglamentación de la cuenta corriente Cap. I, Circular OPASI-2 Anexo a la Com. "A" 2329.
Recurso extraordinario, impulso procesal
Materia: CIVIL
Carátula: ZURITA CARLOS ROBERTO c/ EDITORIAL EL LIBERAL S.R.L. Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-31

La instancia procesal se abre con la interposición del recurso extraordinario, y desde ese momento, el apelante tiene la carga procesal de urgir la marcha del mismo hasta que quede la causa en estado de resolver, en este caso, sobre la concesión del recurso.
Ejecución de sentencias contra el Estado, suspensión de la ejecución, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SANCHEZ, LUCIA V. c/ B.C.R.A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

Debe desestimarse la inconstitucionalidad del art. 50 de la ley 23696 si la impugnante no demuestra en el caso concreto la irrazonabilidad de la postergación del cumplimiento de sentencias judiciales que la norma dispone.
Viabilidad, embriones
Materia: PENAL
Carátula: C. P. C. c/  s/ Violación según párrafo 4to art. 119, inc. b, etc
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-07

Dada la condición de viabilidad exclusivamente intrauterina de un embrión de aproximadamente nueve semanas de desarrollo, ésta es dependiente de modo inescindible de la permanencia en el interior de la mujer gestante y, por lo tanto, conforma así una evidente unidad corporal, y el embrión se configura, en ese período gestacional, como una parte más, consustancial, de un único cuerpo humano, de una sola y exclusiva unidad personal: la constituida por la persona gestante (voto del juez Magariños).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, proceso penal, imputado, prisión preventiva, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRANCO, DANTE ALEJANDRO ISMAEL c/  s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-22

Si bien la resolución atacada no es -atento a su naturaleza- sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, puede constituirse excepcionalmente en objeto procesal de la impugnación extraordinaria pues, la incidencia que el acogimiento de los planteos defensivos podría tener en la situación procesal del imputado -quien según surge del sistema informático de la Oficina de Gestión Judicial se encuentra en prisión preventiva- ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior y requiere tutela inmediata. (De los fundamentos del Dr. Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 216, p 158 y 306; T 220, p 156 y 170; T 222, p 212 y 350.
Concurso preventivo, tasa de justicia, integración de la tasa de justicia, pago en cuotas, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: FLORES, BERNARDO s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-10

Cabe intimar a la representante legal de la concursada, a fin de que abone la tasa de justicia, sin acoger al sistema de pago con facilidades propuesto, toda vez que la tasa de justicia constituye la retribución por el servicio jurisdiccional prestado y, en tanto integra el concepto de costas judiciales, se halla alcanzado por la calificación del crédito del concurso, categoría por cierto distinta de los créditos que conllevan un privilegio, resultando por ende, aplicable la legislación especifica sobre el tema -ley 23898- y no la ley comercial -11683- citada por el quejoso. A mas, tratándose de un concurso preventivo, el art. 9 inc. b) de la referenciada norma legal, establece que el pago se efectuara al notificarse el auto de homologación del acuerdo o la resolución que declara verificados los créditos con posterioridad, sin contemplarse pagos fraccionados o diferidos en modo alguno.
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernandez, ROBERTO PEDRO s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

El certificado de saldo deudor de una cuenta corriente bancaria instituida a la "orden recíproca", es título suficiente para acreditar el estado de cesación de pagos a efectos de peticionar la quiebra indistintamente a cualquiera de sus titulares. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Resoluciones equiparables a definitiva, recurso extraordinario, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Administración Nacional de Aduanas s/ denuncia contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Son equiparables a sentencia definitiva, a los fines del recurso extraordinario, los pronunciamientos que, por su índole y consecuencias, pueden llegar a frustrar el derecho federal invocado, acarreando perjuicios de imposible o tardía reparación ulterior.
Recurso de apelación (procesal), deserción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORNEJO PABLA c/ LUIS CONTRERAS s/ Ordinario (LIBRO: S109 - 465)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-11-21

La deserción de los recursos debe interpretarse restrictivamente de donde la duda sobre la insuficiencia de la expresión de agravios no autoriza a declarar desierto el recurrimiento.-
Caducidad de instancia, incidentes, beneficio de litigar sin gastos, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: LUCIDO BALESTRIERI, ANTONIO c/ LONCOMAY S.A.C.I.I.I. s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-06

El procedimiento encaminado a obtener el beneficio de litigar sin gastos, reviste carácter bilateral y contradictorio, puesto que la contraparte se encuentra facultada para controlar la prueba ofrecida por el peticionario en los términos del art. 80 del Código Procesal, como así también a cuestionar la procedencia del pedido y a aportar elementos de juicio tendientes a contrarrestar los ofrecidos por su contrario, sin desnaturalizar la sumariedad del trámite (conf. Morello, "Códigos Procesales...", 2a. ed., t. II-B, p. 264 y jurisprudencia citada en p. 274-6). Dado que no se trata de un procedimiento de naturaleza voluntaria, sino contenciosa, y que - como tal- se encuentra excluido del ámbito del art. 313, inc. 2do., del citado Código está sujeto al instituto de la caducidad de la instancia.- La apertura de una instancia no sólo tiene lugar cuando se interpone una demanda, sino también cuando se promueve un incidente (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. IV, p. 219, nro. 363), por lo que estos últimos son igualmente susceptibles de caducidad, solución que surge expresamente del art. 310, inc. 2do. del Código Procesal, que fija el plazo aplicable a su respecto, por lo que la actividad procesal que se desarrolló en el proceso principal no resulta idónea para interrumpir aquél término (conf. Parry, "Perención de instancia", 3a. ed., p. 464, nro. 7; CNCiv. Sala F, c 204.222 del 22-10-75; id. id. L.L. 1976-D-426; id. id., E.D. 74-429)
Responsabilidad civil, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes, inversión de la carga de la prueba, caso fortuito
Materia: CIVIL
Carátula: Acosta Eleuterio y otra. c/ Y.P.F. s/ Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-12

En casos como el de autos, no juega la inversión del onus probandi que responsabiliza mediante una presunción iuris tantum el principal por los daños causados a su dependiente. Por el contrario, aquí se da justamente la situación inversa. Dicho de otro modo son los damnificados quienes debían demostrar la culpa del presunto responsable por el alud de autos. Y ello por que en estas "situaciones límites" estamos transitando una "frontera" más que sutil entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal.

Ello es así, a punto tal que este tipo de cataclismos, que como en el sublite cobró 20 vidas, de probarse la culpabilidad del principal ello rozaría en una situación más cercana al ilícito penal que al civil, e incluso estaríamos más cerca del dolo que de la culpa y de poder probarse aquello, es decir la intencionalidad de dejar expuestos a semejante peligro a seres humanos, debería intervenir además de la justicia civil por la reparación de los daños, la justicia penal para el castigo de los culpables. En cuanto al presunto riesgo de darse las lluvias copiosas que puediera provocar un alud, si ello pudo ser previsto como riesgo serio, uno de los primeros que debió arbitrar las medidas de seguridad, debió haber sido el propio Ingeniero Acosta, quien resultó víctima directa, así como su familia que estaba bajo su responsabilidad familiar. Es posible pensar normalmente que un buen padre de familia se arriesgue asimismo ante un eventual peligro de la naturaleza (caso de los pescadores de altura), pero no que lo haga con respecto de su esposa, presuntamente embarazada y su hijo de corta edad, siquiera existiera presunciones serias, o incluso por más remotas que fueran, sobre la alegada posibilidad real del cataclismo.
Empleo público, autonomía de la voluntad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A. de M., N. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-16

En la relación jurídica de empleo público, la autonomía de la voluntad se encuentra, aunque no aniquilada- restringida, en tanto el interés público, el bien de la comunidad, es la finalidad última del quehacer del Estado, y en él se justifican las cláusulas exorbitantes del contrato administrativo, o la adhesión o sujeción estatutarias. Estos Estatutos distinguen distintas formas de vinculación, dando lugar a diversas clasificaciones: personal con o sin estabilidad, ó de planta permanente y/o transitoria.- Los primeros se incorporan a la relación de empleo a través de actos administrativos de nombramiento.- Pero a más de ellos, la Administración está autorizada a incorporar -por cuestiones de necesidad, mérito o conveniencia exentas de control judicial- personal temporario que lleven a cabo tareas específicas y por tiempos pre-establecidos. Esta vinculación particular, puede formalizarse -entre otras maneras admitidas- a través de los que Miguel S. MARIENHOFF denomina "contratos ad-hoc".
Fertilización asistida, medicina prepaga, cobertura médica, Programa Médico Obligatorio
Materia: CIVIL
Carátula: G., G. A. y C. A., L. c/ Swiss Medical S.A. s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-05-14

La solicitud de la cobertura de los intentos de fecundación asistida bajo la técnica ICSI que no se encuentran incluidos dentro de las prestaciones médicas de la empresa de medicina prepaga es improcedente, pues si bien el PMO constituye una cobertura mínima y el derecho a la salud se encuentra por encima de éste atento las normas de nuestra Carta Magna son jerárquicamente superiores al primero, no es posible admitir que cualquier tratamiento se encuentre comprendido dentro de cualquier cobertura de las ofrecidas por la empresa de medicina prepaga, ello constituiría una clara injusticia que resiente el sistema de salud, máxime considerando la falta de normas nacionales y provinciales que obliguen a las obras sociales y empresas de medicina prepaga a cubrir los mentados tratamientos. (del voto en disidencia del Dr. González)
Ministerio Público Fiscal, acción penal, principio de legalidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: S., M., S.; O., J.C. s/ Lesiones Leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-07

La actuación del Ministerio Público fiscal consiste en provocar o solicitar la decisión jurisdiccional. Si se admitiera que tales funcionarios pueden no provocar la acción penal o decidir la suerte de la acción, una vez promovida, dejando de solicitar determinada decisión, se estaría aceptando que los fiscales, en conocimiento de un supuesto hecho delictivo, podrían perdonar o indultar la pena emergente del ilícito. Pero esta gracia corresponde al Gobernador de la Provincia, de modo que los Fiscales deben proceder, siempre, iniciando y continuando la acción penal para que sean los Magistrados quienes resuelvan el mérito afirmativo o negativo de los hechos objeto del juicio.
Acción de inconstitucionalidad, procurador general, supresión del cargo, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SOSA EDUARDO EMILIO s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-04-29

El caso reviste gravedad institucional puesto que no son sólo los derechos de estabilidad administrativa los que están en juego, sino, la real vigencia de las instituciones que hacen al sistema republicano de gobierno al afectar la inamovilidad constitucional de magistrados y funcionarios, tal como lo establece el art. 129 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz, que están establecidos como garantía del debido proceso legal y por tanto afecta a todos los habitantes de la Provincia, no sólo al interés particular del accionante. VOTO: DR. CASTRO DASSEN
Deuda pública, refinanciación de la deuda pública, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTORINA  Jorge  Renée y otro c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-18

La situación de este coactor ha sido contemplada normativamente por el legislador desde la primera decisión de diferimiento de pagos de los servicios de la deuda. En efecto, la resolución n° 73/02 dictada por el Ministerio de Economía -en ejercicio de facultades atribuidas por el art. 6 de la ley 25.565 y el decreto 256/02- contemplaba, hasta tanto concluyese la refinanciación de la deuda pública, la exclusión del diferimiento de pagos de los servicios financieros de los BONTES que estuviesen en poder de personas físicas de 75 años de edad o que atravesaran situaciones que en general pueden calificarse de riesgo de vida. Este criterio de excepción aplicable a supuestos que no pueden sufrir postergación durante el proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública nacional, fue mantenido en las leyes de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Pública correspondientes a los ejercicios 2004 (ley 25.827, art. 60, d, I), 2005 (ley 25.967, art. 47, d, I), 2006 (ley 26.078, art. 41, inciso c, I), y 2007 (ley 26.198, art. 57, inc. a, I). En el caso de estos dos últimos ejercicios 2006 y 2007 (ley 26.078 y ley 26.198), que son posteriores a la ley 26.017, no aparecen expresamente citados los titulares de los BONTES -sólo de las LETES- pero el razonamiento sigue siendo válido pues no es esperable que el motivo de la exclusión desaparezca pues las personas físicas de 75 años sólo pueden devenir de mayor edad, lo cual tornará irrazonable toda postergación de sus legítimos derechos de acreedores del Estado Nacional. Incluso, año tras año, se incorporarán nuevas personas físicas a ese universo de titulares de bonos exceptuados de todo diferimiento.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, plazo, notificación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: CASTAÑEDA, HECTOR FRANCISCO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-10-16

En relación a la temporaneidad del remedio introductor de la vía extraordinaria, del examen de las constancias de la causa surge que se encuentra cumplido el referido requisito dado que no puede tomarse como fecha de notificación a la Defensora General de Cámaras de la resolución recurrida la pretendida por el Tribunal debido a que del sello de notificación no firmado por la referida funcionaria no puede presumirse el efectivo conocimiento de la resolución, máxime cuando aquélla manifestó que se notificó personalmente de la misma con posterioridad a aquella fecha. Al respecto, esta Corte ha dicho que resulta arbitrario asignar prioridad a un presunto conocimiento operado por la sola circunstancia de que las actuaciones fueron entregadas en la oficina donde el funcionario debe ser notificado por imperio legal (art. 133 CPP), por sobre el efectivo conocimiento en persona que el mismo tuvo de la resolución de que se trataba; y si debe ser personal, debiendo además firmar el notificado, la irregular notificación que se pretende hacer valer debería conllevar la certeza de que se tomó conocimiento de los autos en ese momento, lo cual no acontece en la especie (Citas: AyS T 126, p 190)
Contrato de trabajo, cesión del establecimiento, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: EXPTE. N° 8770 SOLESIO MARIO A. Y OTR. c/ CURTIEMBRE ARGENTINA ITALIA S.A. Y OTR. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2001-06-01

El nuevo empleador asume con motivo de la transferencia las siguientes obligaciones: a) las emergentes del contrato de trabajo que tuviere con el trabajador el empleador anterior en el momento de verificarse la transmisión y b) los emergentes de la continuación del contrato con expreso reconocimiento de la antigüedad que registraba el trabajador en aquel momento y de todos los derechos que de ella se sigan.

Es así que quien detenta el poder jerárquico asume también las obligaciones y deudas que pudieren originarse con posterioridad a la transferencia, como la indemnización por antigüedad, dado que dicha obligación debe ser asumida exclusivamente por el adquirente de la empresa o establecimiento, por lo que el transmitente se encuentra al margen de la solidaridad prevista en norma del art. 228, salvo que la cesión haya sido realizada en fraude a la ley laboral (art. 14 L.C.T.).
Despido sin causa, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: VALLE ANTONIO ENRIQUE c/ BANCO DE ENTRE RIOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-06-26

No puede de ninguna manera considerarse sumario administrativo, a una tramitación efectuada unilateralmente, sin ninguna garantía a quien se imputa de una falta y/o delito. Lo que el Banco de Entre Ríos considera sumario administrativo realizado al actor, es insanablemente nulo de nulidad absoluta. Pues se ha violado el derecho de defensa, premisa fundamental de raigambre constitucional.
Acumulación objetiva de acciones, compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: RUBIN, JUAN c/ SLAVUTKY, MARCOS Y OTROS s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-24

Aun cuando el actor persiga el cumplimiento de distintos boletos de compraventa referidos a tres unidades bien diferenciadas entre sí, si los reclamos se dirigen contra idénticos demandados en todos lo casos, el supuesto encuadra en lo preceptuado por el art. 87 del Código Procesal que autoriza la procedencia de la denominada "acumulación objetiva de acciones".

Dicha disposición legal faculta al accionante a reunir en una única demanda las distintas pretensiones que tuviere contra una misma parte, Siendo irrelevante a dicho fin la existencia de conexidad entre aquéllas. La acumulación procede aunque las pretensiones no guarden vinculación alguna entre sí y deriven de distintas relaciones jurídicas, siempre que se deduzcan contra un mismo demandado (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. 1, pág. 446, nro 98, ap. A) y nota nro 5; Falcón, "Código Procesal..." t. 1. pág.

492; Colombo, "Código Procesal...", t. 1, pág. 187; Fassi, "Código Procesal...", t. 1, pág. 176, nro 355).