marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, servicio telefónico, competencia federal, competencia comercial
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Niño de Sein, María Elena c/ Telecom  S.A. s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-11

Toda vez que no aparecen "prima facie" comprometidos en la especie preceptos de la Ley Nacional de Telecomunicaciones ni otros del derecho público, y que no está en tela de juicio aquí ningún punto relacionado con las facultades propias de la Administración y reglado por las normas específicas que regulan su actividad, la causa resulta ajena al fuero contenciosoadministrativo federal. Y como la calidad de la demandada no surte el fuero federal en razón de la persona y tampoco la materia debatida es federal, su conocimiento compete al fuero comercial ordinario.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, daños y perjuicios, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Pérez, Elda Alicia c/ Empresa de Transportes Los Andes  S.A.C.E.I. s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

No es admisible sostener que la derogación del art. 46 del decreto ley 1285/58 por parte de la ley 23.637 (art.14) conduzca necesa riamente a excluir de la competencia de la actual Justicia Civil de la Capital Federal las cuestiones que contemplaba, según el texto de la ley 22.093, el inc. d) de aquella norma.
Sobreseimiento definitivo, prescripción de la acción penal, buen nombre y honor del procesado
Materia: PENAL
Carátula: CALZAVARA, RITA H. s/ Incidente de prescripción de la acción Causa 30924-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-21

Cuando el sobreseimiento definitivo es dictado a raíz de excepciones y en el caso concreto de prescripción, no corresponde la declaración de que el proceso no afecta al buen nombre y honor del procesado.
Marcas, marcas confundibles, poder de policía
Materia: COMERCIAL
Carátula: MERZ + CO. GMBH & CO. c/ INPI s/ DENEGATORIA DE REGISTRO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

La confundibilidad de la marca pedida con otra ya registrada es razón suficiente para que el INPI, en ejercicio del legítimo poder de policía que le compete y en tanto obre dentro de las fronteras de la razonabilidad, deniegue el nuevo registro solicitado, aun cuando medie -como ocurre en el caso- el consentimiento expreso del titular de la marca registrada. Esa facultad aparece reconocida por la ley 22.362 en los art. 2, 3, 12 y 21 en los que confiere al organismo administrativo la autoridad para decidir -sin perjuicio del pertinente control judicial- qué signos no son marcas y no pueden ser registrados o qué signos son marcas pero tampoco pueden ser registrados.
Ley de Punto Final, Ley de Obediencia Debida, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

Las leyes de punto final y de obediencia debida y el indulto presidencial de altos militares resultan contrarios a los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pues niegan a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante el período autoritario de un recurso efectivo para la tutela de sus derechos, vulnerando la letra del instrumento internacional -artículos 2 y 9-, según ha expresado el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Recurso de inconstitucionalidad, non bis in ídem, resolución denegatoria, incidentes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de requerimiento de juicio: Alippi, Marcelo s/ infr. art(s). 149 bis, amenazas - CP (p/L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-10

El ne bis in idem garantiza, por un lado, que el imputado no sea perseguido penalmente dos veces por el mismo hecho y, por el otro, que el riesgo de ser condenado al que fue sometido no exceda el definido por el legislador (cf. in re "Montero Montero", expte. n° 3739, resolución del 9/3/2005). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere la jueza Mariana Díaz).
Resolución del contrato, manifestación de la voluntad
Materia: CIVIL
Carátula: Hughes, Hugo Carlos c/ Martínez, Carlos Anselmo s/ Rescisión Contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-11

En nuestro derecho la forma tácita de expresar la voluntad es admitida únicamente "en los casos en los que no se exija una expresión positiva", expresión positiva esta que sí es reclamada para la resolución extrajudicial de los contratos, supuesto en el que, la manifestación de voluntad de quien la procura debe asumir la forma de una cabal intimación al cumplimiento de la prestación adeudada bajo el pertinente y concreto apercibimiento.
Relación de causalidad, culpabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Pisano, Oscar Gerónimo c/ Pedro Vicente Gómez s/ Sumario - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-13

La relación de causalidad es una cuestión de orden físico, material, tangible, mas que estrictamente jurídico, por cuanto, cuando se analizan los hechos se trata de saber si un daño es consecuencia de un hecho anterior. En cambio, la cuestión de la culpabilidad, como factor de atribución subjetivo, tiende a determinar, cuando y en que condiciones un resultado debe ser imputado "subjetivamente" a su autor (imputatio iuris) a fin de establecer si éste debe ser considerado culpable de él, a los fines de la responsabilidad.
Ejecución fiscal, certificado de deuda
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Dirección Nacional de Recaudación Previsional c/ Administración Integral Farmacéutica  S.R.L. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-26

La finalidad de la adecuación del monto de la deuda certificada consiste en perseguir el cobro compulsivo de lo realmente adeudado y evitar de tal forma el progreso de excepciones y la eventual condenación en costas.
Acto administrativo, acto administrativo ilegítimo, jubilaciones
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ROLDAN, ISIDRO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 74-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-05-21

La jubilación por cesantía otorgada con posterioridad al acto ilegítimo de cesantía, no repara íntegramente las consecuencias dañosas que para el agente tuvo la ilegítima interrupción de la relación de empleo, pues se vió privado al menos, de desempeñarse en el cargo y en consecuencia, percibir los emolumentos correspondientes hasta tanto estuviera en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, y sólo logró una jubilación que se calcula, no como la ordinaria, sino "en proporción a los años de servicio computados". En consecuencia, es la parte actora quien debe reclamar en sede administrativa la reparación que entienda adecuada a su derecho, y que sólo en caso de rechazo y luego del pertinente debate y prueba, llegue ese aspecto a decisión de este tribunal.
Recurso de casación, legitimación activa, sucesiones, interdictos posesorios, sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: SUCESION DE DIONISIO JOAQUIN FELIU c/ GARRONE, ROBERTO ANTONIO Y/U OTROS s/ INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-07

La sentencia cuya casación se procura y que resuelve que las sucesiones carecen de legitimación activa en las acciones posesorias, tiene carácter de definitiva porque si las sucesiones carecen de personería jurídica para interponer interdictos, también la habrán de carecer para interponer otra clase de acción ante la justicia, en el caso la acción petitoria. De esta manera y desde la óptica subjetiva del actor, la sentencia recurrida decide un artículo que termina el pleito y hace imposible su reinstalación a través de la vía sustitutiva.-
Sanciones disciplinarias, multa, temeridad o malicia, inconducta procesal, embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: De Biasse, Oscar Mario c/ Gestoría Mario S.R.L. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-03-08

Corresponde que se confirme la multa impuesta a quien luego de ofrecer a embargo un bien de su propiedad sin ser parte demandada, luego solicita su levantamiento por ser titular de dicho bien y no accionada en la causa y obstruyó el secuestro del bien.
Ley de emergencia, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: PERAMEZZA VIUDA DE LOPEZ MARIA A. c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA I.S.S.P. s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-09-09

Tratándose de circunstancias extremas de orden financiero, económico y administrativo o social, el estado amparado en ellas y velando por la primacía del bien común puede dictar normas que alteren leyes, fallos e incluso lo pactado por las partes. Pero dicha facultad no puede usarse hasta el punto de que el efecto final sea no el de postergar, sino el desconocer las consecuencias jurídicas de un fallo firme y consentido. Si en virtud de una sentencia firme la accionante de muy avanzada edad posee una acreencia a su favor, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la ley de emergencia que le impide efectivizarla en forma inmediata.
Denegatoria del recurso, fundamentación de sentencias, Ministerio Público Fiscal, perspectiva de género, violencia familiar
Materia: PROCESAL
Carátula: H., G. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en H., G. y otros sobre 89 - lesiones leves c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

Corresponde rechazar la queja porque si bien el MPF afirma que los jueces de la causa resolvieron sin perspectiva de género, no muestra que la lectura y evaluación de los elementos de juicio involucrados no hubieran pasado por el tamiz de la perspectiva que aquí reclama. En efecto, no se hace cargo de que la Cámara, luego de relevar el caudal testimonial en cuestión, hizo expresa mención a los artículos 6 y 31 de la ley nacional n° 26485. Concretamente, a los principios de amplitud probatoria y de la sana crítica en su evaluación. A su vez, ilustró el punto con expresa referencia al precedente "Newbery Greve" de este Tribunal, el que, según aclara, sirve de guía a la hora de evaluar el testimonio y la prueba de las circunstancias denunciadas por la víctima de violencia doméstica. Vale señalar, además, que la preocupación apuntada por la Cámara es la que, en alguna medida, consideró el TEDH en "J.L. v. Italia", sentencia del 27/5/2021, y la idea que de él se extrae es susceptible de ser extendida a situaciones de "asimetría de poder" como la que, en el caso que aquí nos ocupa, la Cámara tuvo por configurada. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Homicidio, establecimientos penitenciarios
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SOTELO ARANDA, José c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-05

Uno de los votos concurrente agregó en cuanto a los nuevos agravios introducidos por la Defensa Pública Oficial durante la etapa prevista en los arts. 465 y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, que el art. 463 de ese texto prevé que en la interposición del recurso de casación "Deberá indicarse separadamente cada motivo. Fuera de esa oportunidad no podrá alegarse ningún otro", de lo que se desprende el carácter perentorio del término, como así también que la deducción y motivación debe realizarse al mismo tiempo, pues de ahí en más no puede añadirse otro motivo diverso, incluso para el que impugnó en casación. El otro voto concurrente señaló que el homicidio que fue objeto de investigación y juzgamiento en autos se produjo dentro de una unidad carcelaria; institución en la que el Estado decide privar a determinadas personas de su libertad ambulatoria por la comisión previa de algún ilícito de los contenidos en el Código Penal y/o en sus normas complementarias, con lo cual la decisión traída a estudio debe ser analizada y valorada desde una mirada que se compromete con una población que se encuentra en un estado de mayor vulnerabilidad respecto de las personas que están en el medio libre. Asimismo agregó que resulta inadmisible aceptar que se haya cometido un homicidio producto de un combate entre internos en el Salón de Usos Múltiples del Pabellón B de la Unidad Residencial III del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, y que no se hayan identificado a los representantes estatales que se encontraban a cargo de velar por la seguridad de dicho específico lugar al momento de los hechos, por lo que debe realizarse los máximos esfuerzos tendientes a investigar y juzgar a aquellos funcionarios públicos que, encontrándose en funciones, omitieron cumplir debidamente con su rol de garante de los derechos de las personas allí privadas de su libertad ambulatoria, como bien lo era la víctima. Dres. Borinsky, Carbajo y Hornos -votos concurrentes-.
Personal de casas particulares, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Mattiauda, Claudio G. c/ Barreto, Ana María y otro s/ Diferencias salariales y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-10-26

Dentro del marco del servicio doméstico, nada autoriza a apartarse del criterio que sostiene que, cuando la controversia se refiere a la cancelación de las remuneraciones mensuales, el artículo 76 del Cód. Procesal Laboral, pone en cabeza del empleador el tener que demostrar el acabado cumplimiento de su principal obligación laboral que es el pago y, si bien no existe requisito formal respecto a los recibos, no por ello debe dejar de señalarse que resultan el medio idóneo para tal fin.
Procedimiento administrativo, resolución administrativa, incumplimiento de resolución judicial, competencia contencioso administrativa, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Brizuela, Ramón Antonio (por Andalgalá Construcciones) c/ I.P.V. y Provincia de Catamarca s/ Acción Contencioso Administrativa de Ilegitimidad y Plena  Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-03-28

Para que quede abierta la vía contenciosa administrativa es condición ineludible la existencia de una resolución administrativa denegatoria, definitiva y que cause etado.

El acto atacado en autos mediante Acción Contencioso Administrativa de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción no reviste el carácter de definitivo y no causa estado. En efecto, la resolución administrativa que ha desechado la pretensión del particular fundándose en que los antecedentes que arrojó el expediente no bastan para justificar el derecho invocado, exigiéndose para ello la presentación del resto de la documentación no puede tomarse como definitivo y no lo es porque la vía le queda siempre expedita al interesado para presentar la documentción faltante que justifique su derecho, puesto que no ha sido definitivamente desconocido, sino que se le ha negado que tiene el derecho que se le invoca. El derecho le ha sido negado interinamente y la mayor o menor interinidad depende exclusivamente de la voluntad del actor cuyo derecho se deniega, y no de la administración, situación radicalmente distinta, habida cuenta de que en ese supuesto puede llegar arbitraria.

Por lo tanto, este Tribunal, cuya jurisdicción es estrictamente revisora, carece de competencia para entender en la presente causa y corresponde rechazar la acción planteada, por no revestir la resolución administrativa objeto de impugnación la calidad de definitiva ni causar estado, resultando, en consecuencia, irrevisable judicialmente.
Improcedencia del recurso, allanamiento domiciliario, fundamentación de sentencias, secuestro de estupefacientes, responsabilidad internacional del Estado, sentencia condenatoria, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: TORRES, Darío Fernando e IGLESIAS ORTIZ, Sergio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

Corresponde rechazar el planteo de nulidad de la orden de allanamiento toda vez que se encuentra debidamente fundada -con expresa referencia a las tareas de inteligencia previas a su dictado, en donde constan el objeto de la medida y el modo en que el personal policial, indicó que podría secuestrarse material estupefaciente o elementos incluidos en la ley 23.737, así como la ubicación del inmueble a allanar y otras circunstancias que justificaban tal medida-, tal como lo señalara el a quo al contestar el mismo planteo durante el debate. Los elementos reunidos daban razones más que suficientes para disponer los allanamientos practicados, máxime si se tiene en cuenta que se encuentra comprometida la intervención estatal en el cumplimiento de obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico, uno de los tipos de delito más graves que el Estado debe combatir. Respecto a la falta de fundamentación de la sentencia, considero que la misma se encuentra debidamente fundada y razonada, producto de un análisis de todos los elementos de prueba colectados para arribar a un veredicto condenatorio respecto de los hechos por los que Sergio Luis Iglesias Ortiz y Darío Fernando Torres fueron investigados en la presente causa, ello de acuerdo con las reglas de la lógica y por medio de una operación de derivación razonada que se encuentra debidamente expuesta en el decisorio impugnado Es que del estudio integral del cuadro probatorio del caso -reseñado en el punto V. de la sentencia cuestionada- con el alcance con que puede ser materia de revisión en esta instancia, surge que se han acreditado de manera acabada los elementos objetivos y subjetivos de los tipos delictivos atribuidos a los encausados y sus participaciones en los mismos, todo ello con el grado de certeza exigida para el dictado de sentencia condenatoria y más allá de toda duda.
Recurso de inconstitucionalidad, competencia de la Corte Suprema, tutela de la competencia, acción de amparo
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: RUIZ DE GALARRETA, JOSE Y OTRO c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ AMPARO.    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 127-84 DE IRIONDO, JORGE DEL CORAZON DE JESUS c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ AMPARO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 139-84 CARDEMA SRL c/ MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA s/ RECURSO DE AMPARO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 515-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-06-27|1984-07-18|1988-07-20

La tutela de la propia competencia de la Corte Suprema de Justicia justifica que se desestime el recurso de inconstitucionalidad contra resoluciones que rechazan los recursos de amparo deducidos contra actos cuya revisión competía a esta Corte y que, por darse el supuesto inverso, o sea el acogimiento del amparo, se lo admita.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, interposición del recurso, plazo, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ALBERTONDO, DANIEL FRANCISCO c/ CAPELINO, ELEODORO JOSE s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 538-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-23

Dado que hasta el presente la Corte no había considerado el tema referido a la no definitividad, en los términos del artículo 1 de la ley 7055, de los recursos de apelación extraordinarias concedidos por alguna de las causales invocadas y rechazados por otras, -como lo demuestra la admisión, en su momento, del presente recurso- fue razonable que los recurrentes plantearan el remedio extraordinario a efectos de evitar que de no hacerlo se declarase luego extemporáneo.

Por ello, en las circunstancias del caso, corresponde diferir el pronunciamiento hasta tanto la Sala se pronuncie sobre los aspectos referidos a la causal que diera lugar a la concesión de la apelación extraordinaria. Consentido este fallo, o cumplido el procedimiento de la ley 7055, en su caso, se elevarán nuevamente los autos ante la Corte.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mastrandrea, Edgardo Gustavo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29

Esta Corte ha reconocido que, en cumplimiento del principio de igualdad, la mayor carga horaria prestada por ciertos empleados estatales puede demandar un tratamiento salarial diferenciado respecto de otros que cumplen funciones durante un lapso temporal menor, pero tal conclusión ha sido adoptada bajo un determinado marco normativo (distinto al analizado en los presentes), ponderando expresamente, además, que el Estado demandado no había logrado demostrar que el mayor horario en cuestión hubiese sido compensado por el cobro de algún adicional u otro concepto remunerativo.(doctor Soria, sin disidencia)
Unificación de penas, acumulación de procesos, concurso de delitos
Materia: PENAL
Carátula: Segovia, José Hugo s/ Recurso de casación. Causa: 1599
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-04

El artículo 58 del C. Penal, consagra y garantiza la unidad de la pena en todo el país, evita que un individuo condenado reiteradamente, pero en distintas jurisdicciones o épocas sucesivas, quede sometido a un régimen punitivo plural. Dicha norma se aplica en el caso que no puedan unificarse los diversos procesos que se siguen a una persona determinada , o que no se haya observado lo previsto en los artículos 55 a 57 del código; y para tales supuestos, dispone la unificación de las penas fijadas en la sentencia conforme a las reglas establecidas para el conjunto de los delitos. (del voto del Dr. Tragant)
Procedimiento laboral, prueba confesional, sociedad cooperativa
Materia: PROCESAL -LABORAL
Carátula: CAMPOS c/ SANCOR s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-06-20

No cualquier representante está facultado para absolver posiciones por un ente ideal. Debe tratarse del representante natural previsto en la ley administrativa civil o comercial o bien de un director o gerente con mandato suficiente. En el caso de las cooperativas, su representante legal es el presidente del consejo de administración, pudiendo los estatutos, autorizar a uno o dos consejeros. En consecuencia, el mandatario convencional, no puede absolver por la cooperativa.
Ejecución de sentencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Cruz, Marcelo c/ Posto 20 Consorcio de Propietarios y/o Guía de Villada Ana María y otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-04-27

1) Habiéndose planteado la nulidad de la primera notificación de la demanda, tratándose de un vicio anterior al proceso de ejecución que afecta al derecho de defensa, lo resuelto deviene apelable. 2) Demandado un consorcio y las personas físicas integrantes del mismo, la codemandada, persona física, debió ser notificada en su domicilio real, que en el caso no coincide con el del Consorcio y, aunque coincidiera, el Oficial de justicia debe entregar la notificación a la persona buscada o encargado del edificio, que tampoco sucede en autos. La nulidad planteada debe prosperar.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, principio de congruencia, incongruencia, participación secundaria, promesa anterior, prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Sayos, Alicia Zulma y otros s/ contrabando (causa n° 9102).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Es contradictoria la conclusión referida a que "la cooperación posterior se torna punible cuando responde a una promesa anterior" si el a quo había señalado que la mención de reuniones previas no estaba del todo constatada en la causa.