marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, defensor
Materia: PROCESAL
Carátula: M., D. C. s/ Abuso sexual s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-09-18

El Alto Tribunal tiene dicho: "... en materia criminal la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales.

Y que la inobservancia de esas formas sustanciales puede deberse a que no se haya dado al imputado oportunidad de ser oído, o que se haya privado al defensor designado de toda oportunidad de actuar, y también en los casos en que la intervención conferida sólo lo ha sido formalmente, porque en estos casos no se garantiza un verdadero juicio contradictorio.

Ello es así porque la garantía de defensa en juicio - en materia penal - no se reduce al otorgamiento de facultades para el ejercicio del poder de defensa, sino que se extiende - según los casos - a la provisión por el Estado de los medios necesarios para que el juicio al que se refiere el art. 18 de la Constitución Nacional se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y quien debe soportar la imputación mediante la efectiva intervención del defensor.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, cuestión de derecho público local
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de Tanti c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-01

A fin de determinar si el proceso es de aquellos donde se debaten cuestiones de índoles local no basta con indagar la naturaleza de la pretensión, sino que es necesario, además, examinar su origen, no sobre la base exclusivamente de los términos formales de la demanda, sino con relación a la efectiva substancia del litigio por cuanto más allá de la voluntad de los litigantes en sus expresiones formales, es necesario considerar la realidad jurídica de cada caso particular, ya que lo contrario importaría dejar librado al resorte de aquellos la determinación de la competencia originaria de la Corte.
Acción de amparo, competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CIVIL
Carátula: MALVE, JUAN CARLOS c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ ACCION DE AMPARO ACOSTA, HUGO ANGEL Y/U OTROS c/ DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y/U OTRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-17|2005-09-07

La normativa legal vigente que regula la competencia en materia de Amparo y que consagra el principio de la libre elección del juzgador, si bien establece que, la acción puede deducirse ante cualquier juez o Tribunal sin distinción de fuero o instancia, con ello no se quiere significar, que el Superior Tribunal de Justicia, previsto en la ley como órgano de apelación, sea competente en forma originaria para entender en cualquier materia objeto de amparo.-
Gastos de traslado, carácter no remuneratorio, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LA HIDROFILA S.A.C.I. c/ C.A.S.F.E.C. s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-18

Los pagos efectuados por la empresa a parte del personal destinados a solventar el costo del servicio de transporte por ellos contratado, sujeto a rendición de cuentas y presentación de documentación, no corresponde se los considere remuneración y, en consecuencia, debe desestimarse el cargo por omisión de aportes sobre dichas sumas.
Procedimiento administrativo, recursos, competencia derivada, Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, silencio de la administración, seguro de desempleo, prueba, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LONETTO, HUGO c/ Caja Nacional de Previsión del Personal de Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-29

El art. 125 de la ley 24.013 estableció en su inciso b) la competencia de la C.N.A.S.S. cuando fuere denegado el derecho a las prestaciones por desempleo, tanto por resolución expresa como tácita.

A la luz de dicha norma, que evidentemente se basa en el principio de inmediatez, ha de concluírse que se ha producido una virtual modificación del art. 8 de la ley 23.473, extendiendo la competencia del Tribunal. En consecuencia, corresponde habilitar la instancia ante la invocación del art. 10 de la ley 19.549, pues sería incongruente tratar de manera diferente situaciones análogas; ello sin dejar de reconocer que hay casos en que los que será imprescindible el pronunciamiento expreso del órgano de aplicación, y el interesado podrá invocar en el eventual caso de mora lo preceptuado por el art. 28 de la ley de procedimiento administrativo y la Res. 25 de la C.N.A.S.S. Ello ocurrirá cuando sea necesaria una producción de prueba pendiente o dilucidación de aspectos que sólo incumben a la autoridad administrativa. (Disidencia del Dr. Wassner)
Cesación de pagos, desatención de deudas laborales, trabajador, tasas de interés, tasa activa
Materia: LABORAL
Carátula: V., E. c/ B.V.G.S. SA s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-22

En el caso de las deudas laborales, raramente el trabajador acreedor tendrá acceso al crédito bancario, viéndose forzado recurrir a otras fuentes particulares más onerosas y concluiremos que el reconocimiento de una tasa activa para liquidar los intereses se impone.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, falta de fundamentación, exceso ritual manifiesto, imputado, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, notificación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CHOTRO, Juan y otros s/ auto de procesamiento Causa nro. 28.278
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-21

Si bien la exigencia de que se trata -motivación- pareciera pecar de excesivo rigor formal en los casos en que sea el imputado el único apelante, éste no es el caso de autos en donde el Defensor Oficial fue notificado de la respectiva resolución después de que su defendida manifestara la mera voluntad de apelarla, habiendo incumplido además sus posteriores defensores con la intimación que se les formulara.
Duración del proceso, criterio de razonabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: H., P. G.-S., L. E.-B., H. O. s/ Homicidio en agresión agravado por haber sido cometido con armas de fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-16

La razonabilidad es del resorte exclusivo de los jueces, y si no es posible traducir ese "término razonable" en un número determinado de días, semanas, meses o años, siempre debe estar relacionado con el juicio de que se trata y con las particularidades de cada caso para resolver.

El de razonabilidad es el único principio absoluto del orden jurídico.
Derecho contravencional y de faltas, trámites judiciales
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Infracción art.1 inc.a ley 8.895
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

Si bien el art.107 del Código de Faltas establece que "todos los días y horas se reputan hábiles a los efectos de la instrucción del proceso contravencional", esa disposición sólo rige para el juicio ante el Juez de Faltas, no siendo de aplicación en el recurso de apelación ante el Juez en lo Penal, según se desprende de lo normado en los arts.138 y 139 del citado cuerpo legal, ni, con mayor razón, respecto del procedimiento inherente al recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido ante la Suprema Corte.
Revocación de sentencia, Banco Central de la República Argentina, competencia, compensación económica
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VIACOR S.A. s/ Régimen Penal Cambiario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-15

1 - Corresponde revocar la sentencia en cuanto ordenó al Banco Central al pago de intereses a raíz de un secuestro de dinero, en tanto este Tribunal debe pronunciarse sólo con relación al reintegro de los bienes secuestrados, pues lo atinente a un eventual resarcimiento por daños es ajeno al objeto de este proceso y, por ende, es materia de trámite, consideración y decisión por tribunales de otra competencia (Cf. Sala B, Reg. 691/97 y 408/99) y, sin perjuicio de la ley procesal que se aplicó al proceso (CPMP - Ley 2372), resulta útil destacar que por el Código Procesal Penal (Ley 23984) se tiene previsto que, cuando se suscite una controversia sobre la restitución de cosas secuestradas o la forma de aquella restitución, se dispondrá que los interesados recurran a la justicia civil (Art. 524) (Del voto de los Dres. Grabivker y Pizzatelli).- 2 - La eventual obligación del Banco Central de la República Argentina de resarcir las costas procesales ocasionadas en las causas en que actúa como autoridad de aplicación de la Ley del Régimen Penal Cambiario debe entenderse regida por el principio fundamental de la reparación de los daños causados por culpa o negligencia (Art. 1109 CC) (Sala A Reg. 364/2004) (Del voto del Dr. Bonzón).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, registro de la propiedad inmueble, mutuo, hipoteca, entidades financieras, escribanos públicos, dominio
Materia: CIVIL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: INVERFIN  S.A.  COMPAÑIA FINANCIERA c/ BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-11

No procede la demanda de daños y perjuicios deducida contra una provincia, fundada en la irregular intervención que le cupo al Registro de la Propiedad, si la anomalía que supone la existencia de una doble inscripción sobre un mismo bien inmueble no constituyó la causa eficiente del daño sufrido por la actora, sino que debe ser atribuido a su propia conducta, pues no concurrió a reconocer el campo ni efectuó una tasación por su cuenta, pese a contar con medios y personal capacitado, y a la del escribano que por su orden confeccionó la escritura de mutuo hipotecario, que no hizo estudio de títulos.
Contrato de trabajo, despido con causa, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: E., J. L.  c/ La Nueva Metropol S.A. de Transporte Automotor Comercial e Industrial  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-10

La exigencia contenida en el art. 243 de la LCT referida a la necesidad de que el despido se concrete con "expresión suficientemente clara de los motivos...", no se trata de una mera exigencia formal sino de un recaudo dirigido a salvaguardar el adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio del trabajador; y la falta de indicación concreta y precisa de la supuesta víctima de la agresión y de las personas que habrían presenciado dicha situación no puede suplirse, por ejemplo, mediante extemporáneas explicaciones que se brinden al contestar demandada o al expresar agravios pues ya estaba extinguido el vínculo.
Costas en el orden causado, división de condominio
Materia: PROCESAL
Carátula: Vidoz, Nélida Rosa c/ Tava, Ana María s/ División de condominio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-18

La división de condominio, al sustentarse en un derecho indiscutible, no requiere la intervención de órgano jurisdiccional de manera indispensable. Por ello, cuando se acude a los Tribunales, no se ventilan en el proceso cuestiones contenciosas, ni se pone en tela de juicio los derechos de las partes, por lo cual, como norma general, corresponderá imponer las costas en el orden causado.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, injurias, ofensas cometidas por medio de la prensa
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Tavares, Flavio Arístides s/ Calumnias e injurias -Causa N 36.091-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-19

A mayor gravedad de la imputación vertida, mayor será la diligenci a que habrá que exigir a quien la formula amparado en la libertad de informar y publicar ideas por la prensa.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G., C. c/ D. A., A. s/ Tenencia de hijos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-07

Las conclusiones de hecho a las que arribe el sentenciante deben recibir la aplicación de las pertinentes normas de fondo.
Gobierno provincial, gobierno nacional, asistencia social, entidades de bien público, instituciones de beneficencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sociedad de Beneficiencia de la Capital. c/ Estado Nacional. s/ reivindicación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-29

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires-a cuya iniciativa obedeció el nacimiento e instalación de la Sociedad de Beneficencia y luego el Estado Nacional, fueron disponiendo, en la medida que lo estimaron oportuno, que funciones debían irse cumpliendo al principio y cuáles otras después, para lo cual siguieron controlando e interviniendo muy de cerca en el paulatino desenvolvimiento del organismo creado; a fin de que las obras fuesen útiles al país y a la Sociedad, objetivos todos ellos que comprendían fines públicos específicos del gobierno, que éste consideraba como suyos propios y no solamente fines de interés general.
Daños y perjuicios, daño causado por animales, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castro, Luis y otra c/ Camino del Atlántico s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-22

Sin perjuicio de que la obligación de la concesionaria emerge, respecto de los animales sueltos en los corredores viales, del contrato atípico celebrado entre aquella y los usuarios y de la relación de consumo generada (art. 1198 del C.C., 5, 6 y 40 ley 24240), es lo cierto que del art. 102 de la ley 11430 surge también la responsabilidad de las concesionarias de las rutas por animales sueltos en ellas. Allí se enumeran las obligaciones de las autoridades competentes para garantizar el tránsito vehicular en condiciones de seguridad. Y el decreto 2719/94 que reglamenta dicha norma, expresamente extiende a las empresas concesionarias la responsabilidad por la adopción de tales medidas de seguridad en los corredores viales.
Contratos comerciales, prueba del contrato, principio de prueba por escrito
Materia: COMERCIAL
Carátula: ZERRIZUELA DE BOCCA, MARTA c/ FAGIANO, GUILLERMO s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-14

La fotocopia del anverso de un cheque que la acreedora aduce haber librado a favor de deudor con el fin de efectivizar un préstamo, no reúne los requisitos que el ccom 209 exige para que un documento pueda ser considerado principio de prueba por escrito de un contrato.
Derecho a un medio ambiente sano, aplicación de la ley, abuso del derecho, responsabilidad objetiva, daños y perjuicios, indemnización
Materia: PENAL
Carátula: TABENI, ENRIQUE ALBERTO Y OTROS c/ AGUAS DE CORRIENTES S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-10-31

La norma que mejor se compadece con la tutela de los derechos que se denuncian afectados es el artículo 2.618 del Código Civil derogado. El artículo 1973 del Código Civil y Comercial actual es el marco civil y comercial siendo su antecesor el mencionado art. 2618. La norma contiene dos institutos, el denominado en la doctrina del abuso del derecho donde el acto que ejecuta el agente debe ser sin beneficio para él, o al menos debe ser antisocial, antieconómico o con otros fines que no merezcan la tutela jurídica, elemento que no sucede con la actividad industrial o comercial, donde, precisamente quien la ejerce pretende sacar el mejor provecho para sí, lo que en definitiva beneficia a la sociedad toda, ni se puede decir, por lo mismo, que sea antisocial, antieconómica o que tenga fines que no merezcan la tutela jurídica. Y en el uso excepcional del fundo, el legislador supone que los inmuebles tienen también un "uso normal" u ordinario. Lo que sale de ese marco genera para el propietario una responsabilidad de tipo objetivo, basada en la idea de que quien goza de los beneficios de una actividad debe cargar con los perjuicios que ella ocasiona a los demás. Algo de eso se aprecia en el actual art. 1973 del C.C. y C. que prescinde de la idea de culpa. El artículo regula las consecuencias jurídicas que ocasionan las denominadas inmisiones inmateriales, es decir las molestias que ocasionan el humo, calor, olores -es el caso que nos ocupa-, luminosidad, ruidos, vibraciones o inmisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles aledaños, que pueden dar lugar a reclamos entre vecinos a fin de hacer cesar las molestias y, si corresponde, la indemnización por los perjuicios ocasionados.
Recurso contencioso administrativo, sentencia, derechos reales, daños y perjuicios, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRANSPORTES  LA  FLORIDA  SRL, E T A GENERAL MOSCONI SRL Y EMPRESA DE TRANSPORTE 209 SA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 72-80 GEPPEL Y PINASCO SACI Y C c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-06-26|1990-11-29

Según lo establece el artículo 40 del contencioso administrativo, en la sentencia el tribunal no puede expedirse respecto a derechos reales, civiles o de otra naturaleza, no siendo competente para decidir sobre materia indemnizatoria. En cuanto a los reclamos por prestaciones pendientes de cumplimiento, intereses, indemnizaciones y otras consecuencias patrimoniales, tanto de la relación contractual que ligó a las partes, así como de su desvinculación, deben ser resueltas por la vía que corresponda, entendiéndose por tal a las instancias ordinarias.
Competencia ordinaria, competencia penal, competencia por el territorio, lugar del hecho, administración fraudulenta
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Rossetto, Severina s/ querella.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

Es competente la Justicia Nacional, para conocer en la causa en la que se imputa la comisión del delito de administración fraudulenta por cuanto los delitos comprendidos en el art. 173 inc. 7°, del Código Penal deben estimarse cometidos donde se ejecutó el acto perjudicial en violación al deber y, en el caso, el imputado resultó condenado a rendir cuentas en el juicio entablado por liquidación de bienes de la sociedad conyugal excluidos del convenio de división de bienes, causa que tramitó por ante la Justicia en lo Civil de la Capital, lugar donde estaba fijado el domicilio conyugal.
Locación, juicio de desalojo, sublocatario
Materia: COMERCIAL
Carátula: PUNTA CARRASCO SA c/ RIBERA ESTE SA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-16

En una acción por la cual se reclamó el desalojo de un predio que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había dado en concesión al pretensor, resulta improcedente que un codefendido (sublocatario) se oponga a lo pretendido con base en que la sentencia de la anterior instancia lo trato como "sub-locatario" del accionado cuando en realidad y según el contrato celebrado con este, su parte era "operador" bajo el sistema de "uso y explotación"; razón por la cual la causal de desalojo invocada por el accionante contra su locatario, era inoponible al "operador" bajo ese sistema. En tal sentido cabe precisar, que si la locación de cosas consiste en conceder el "uso y goce de una cosa" por un precio determinado en dinero (CCIV art.1493), la autorización para "operar en el uso y explotación de una cosa" -un local de comercio- por un precio o canon en dinero, es clara e inequívocamente subsumible en el concepto de locación, aunque se la llame con nombre distinto, y aún cuando la autorizante -locataria del reclamante- tuviese prohibido sub-locar. Mas allá del nombre específico que se aplique al contrato o al vinculo de el derivado, si se designa al defendido con el genérico concepto de "ocupante" -cuyo derecho de ocupación resulta de la locación pactada con el accionante-, el mentado defendido es un "sub-ocupante" -cuyo derecho emana del convenio por el celebrado con el "ocupante"-.

por ende, desde tal enfoque es claro que el "sub-ocupante" no puede tener mejores o mayores derechos que el "ocupante"; y es igualmente claro que si el "ocupante" perdió el derecho a esa ocupación -lo cual en la especie ocurrió por vencimiento del plazo del contrato de locación celebrado entre las partes principales del proceso-, también quedo perdido el derecho del "sub-ocupante": este derecho, en tanto "derivado" de aquel extinguido derecho del "ocupante", corrió y debió correr -lógica y jurídicamente- igual suerte que la de aquel del cual derivaba.
Prescripción, prescripción decenal, tributos, prescripción quinquenal, obligaciones periódicas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: ESTADO NACIONAL -M° DE ECONOMIA- SEC. DE INDUSTRIA c/ Koerting Empresa Industrial y Comercial s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

La Corte Suprema estableció en la causa OSN c/Castiglioni y Lissi , del 2/4/85 que el plazo de prescripción para el cobro de las tasas establecidas en los arts. 4° inc. h) y 19 inc. a) de la ley orgánica de Obras Sanitarias de la Nación era de 10 años por aplicación del art. 1° de la ley 11.585 que aunque se refiere a impuestos resulta razonable aplicar en casos de tributos que no posean un régimen propio al efecto. Esta jurisprudencia fue modificada a partir de la causa OSN c/ Colombo Aquilino del 11/2/90. Allí el Alto Tribunal adoptó como principio general el plazo quinquenal para las obligaciones tributarias basándose en el art. 59 de la ley 11.683 siendo que, por otra parte, ese término coincide con la norma del derecho privado que comprende todo lo que debe pagarse por años o por plazos periódicos más breves (art. 4027 inc. 3° del Código Civil).
Contrato de distribución, elementos del contrato, plazo, resolución del contrato, daño, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: DORA AMELIA NAVUN VDA. DE ALVAREZ Y OTRAS c/ EMBOTELLADORA ARGENTINA  S.A.I.C. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-30

El contrato de distribución constituye un negocio jurídico consensual, atípico y complejo, de naturaleza mercantil, por el cual un empresario comercial -distribuidor- actúa profesionalmente por su propia cuenta, y en propio nombre, intermediando en una actividad económica determinada que indirectamente relaciona al productor de bienes y servicios con el consumidor.

Si carece de fijeza en el tiempo la relación entre distribuidor y distribuido, es facultad de cualquiera de los contratantes dejar de operar de tal manera; con el límite en que tal facultad no puede ser ejercida desconsiderada o descomedidamente; ninguno de ellos está autorizado para cesar abruptamente la relación, salvo que un "casus" impusiera hacerlo.

Cabe admitir ante la falta de regulación específica que la figura se rige por las disposiciones negociales convenidas, los principios generales de los contratos, la costumbre mercantil y las normas análogas a que debe recurrirse. Por otro lado, la resolución de un contrato no constituye por sí misma una presunción de daño y quien demanda indemnización por esa causa, debe acreditar el perjuicio sufrido, requiriéndose que dicha prueba sea directa y propia.
Concurso de delitos, concurso ideal, lesiones leves, resistencia a la autoridad, robo con armas, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Morelli, Ana M. s/ Concurso de delitos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-22

No existe concurso ideal entre el delito de lesiones leves y resistencia a la autoridad, con el robo con armas en grado de tentativa, si los mantenidos con los aprehensores no fueron más allá de la violencia física ejercida para procurar la impunidad, que es la contemplada por el artículo 164 del C.P. .