Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-06-29


AUTOS N° 82863 (1° Juzgado Civil) (N° 10843-SALA III) "OLMOS DE TORRES Edith Concepción - Prescripción Adquisitiva".

En la ciudad de San Juan, a 29 días del mes de Junio de dos mil doce, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia de la Dra. Catalina Celia Cúneo de García y los Dres. Moisés Moya y Humberto R. Caballero, como Vocales, para resolver los recursos de apelación concedidos a fs.136 a la parte actora y sus letrados y a fs. 143 a la Dra. Nelly Lanteri de Lara, contra la sentencia de fecha 5 de mayo de 2011, obrante a fs. 130/134.

-CATALINA CELIA CÚNEO DE GARCÍA DIJO: -La Sra. Juez a-quo resolvió: " I) Rechazar la demanda promovida por la Sra. Edith Concepción Olmos de Torres, tendiente a lograr la adquisición de dominio por prescripción adquisitiva del inmueble descripto en la presente resolución.

II) Imponer las costas a la actora.- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad a lo dispuesto en el art. 222 de la ley 2150, correspondiéndole a la Defensora Oficial Dra. Rosa Ana Sancassani de Venturín por su labor desarrollada en simple carácter y por dos etapas cumplidas (etapa de prueba-alegatos) en un 12 % y los del Dr. Jorge Carlos Peluc Alvarez por la labor desarrollada en doble carácter como perdidoso y por una etapa cumplida (presentación de demanda- medidas preliminares) en un 4,2 %. y los de la Dra. Nelly Lanteri de Lara, por su labor desarrollada en doble carácter como perdidoso y por dos etapas cumplidas (producción de prueba-alegato) en un 8,4%.- Aclárase que el monto aplicado a los términos porcentuales se determina de la manera prevista en el art. 192 de la misma ley. III) Las regulaciones se calculan de conformidad a lo preceptuado por el art. 189, 190 y 194 de la ley 2150.- . . .". - - - -Contra la sentencia a fs. 135, se alzan la actora y sus letrados Dra. Nelly Lanteri y el Dr. Jorge Peluc Alvarez apelan los honorarios por bajos, también a fs. 137. Expresando agravios a fs. 138/142, los que fueron contestados por la Defensora Oficial a fs. 145/146. - - Sin perjuicio de la relación de la causa que efectuara la sentenciante diré que la actora promueve demanda de prescripción adquisitiva veinteañal, a fin de obtener el dominio del inmueble situado en Avda. Rioja N° 658- N- de esta ciudad, cuyos límites y medidas figuran en el Plano de Mensura obrante a fs. 25. - Manifiesta, que posee dicho inmueble en calidad de dueña, junto con sus hermanos y madre Paula R. Agüero de Olmos, ya fallecida, desde el año 1964, fecha en que su madre canceló el saldo de precio por la compra del inmueble, conforme recibo N° 11.834 expedido por el Notario Carlos Canavá.

Agrega que ha pagado impuestos y servicios, realizado mejoras, ejerciendo la posesión conforme los requisitos exigidos por la ley, por más de treinta años. Acompaña prueba documental agregada a fs. 02/14. A fs. 25/26 se acompaña a la causa nuevo plano de mensura a nombre de la actora.- El informe del Registro General Inmobiliario sobre los titulares de dominio del inmueble consta a fs.29 y el de la Dirección de Catastro y Geodesia a fs. 33. Los que fueron citados por edictos según constancias de fs. 52/65. - - -A fs. 67 se designa en su representación a la Defensora Oficial N° 5, quien acepta el cargo a fs. 68. - A fs. 71 se ordena la producción de la prueba ofrecida por la actora, la que consta de fs. 81 a 97. A fs.107/108 se encuentra agregado el dictamen de la Defensora Oficial N° 5. - -A fs. 120/121 se presenta la hermana de la actora, Paula Juanita Hortencia Olmos de Bigliani, heredera junto con su hermana de Paula Rosa Felicinda Agüero de Olmos, renunciando a los derechos que le pudiera corresponder en esta causa a favor de la accionante. Declara bajo juramento, que no existen otros herederos de la causante.-A fs. 126 comparece Nancy Atencio (quien habita el inmueble según constancias de fs. 96 vta.).

Presta conformidad a la demanda y agrega que, con la actora tienen acordado que se le transferirá la propiedad del inmueble, una vez obtenida sentencia favorable y efectuada la correspondiente inscripción de dominio.

-AGRAVIOS DE LA ACTORA:

Los que subsumiré de la siguiente forma. - -Primero: En cuanto la Juez a-quo considera que no se acreditó fehacientemente, tanto el corpus como el ánimo de poseer.- Además que el recibo de cancelación de precio de venta, no describe los datos correspondientes al lote objeto de esta causa y que la firma consignada resulta ilegible. - -Acota al respecto que su madre adquirió el inmueble, con una casa precaria a Joaquín Cumellas en el año 1954, y desde esa época han tenido una situación de disponibilidad del mismo (corpus-ánimus). Se equivoca la sentenciante cuando resta valor probatorio al recibo cancelatorio del precio de venta, expedido por el escribano interviniente, en el cual se describen los datos del lote enajenado. Madre e hija (actora) siempre han vivido en el inmueble, al fallecer la primera, en su carácter de heredera universal la hija tiene el derecho a unir las dos posesiones (art. 3417 del Código Civil).

Desde la fecha de adquisición del inmueble, su precio ha sido pagado en cuotas. El vendedor les hizo entrega de la posesión real y material del predio. - - -Segundo: La Juez a-quo no ha valorado, como tampoco considerado las cuatro declaraciones testimoniales, las que unidas a los otros elementos de prueba conforman la prueba compuesta requerida por la ley.- - -Tercero: También le restó valor a los Certificados de libre deuda de la Municipalidad, Impuesto Inmobiliario y OSSE, dado que no se presentaron las respectivas boletas de pago, que acrediten la periodicidad y regularidad del pago de dichas tasas e impuestos.- Ellos hacen presumir el anímus dómini. La falta de las boletas no constituyen un elemento esencial, si de las restantes pruebas surge el pago durante el lapso legal.

- -Cuarto: Tampoco valora adecuadamente la Inspección Ocular, pues considera que con ella no se probó la antigüedad de la posesión, ni los actos posesorios realizados por la actora.- Como tampoco el Oficial de Justicia salvó la corrección en el nombre de los ocupantes del lote.

Quinto: Erróneamente el a-quo valora la Encuesta Ambiental, en la cual Nancy Atencio figura como propietaria del inmueble.- Ella atendió al Oficial en carácter de amiga de la actora, quien le presta unas habitaciones, tal como lo aclara en su presentación de fs. 126. - - - -Sexto: De confirmarse la sentencia, solicita se la libre de la condena en costas relativa a los honorarios fijados a la Defensora Oficial, por los fundamentos que expresa. - - Pide en definitiva se admita la demanda. Hace reserva de la cuestión constitucional federal y provincial. - - -Los agravios propuestos por la actora en el principal, serán analizados en forma conjunta. En respuesta a los mismos diré que:

El fundamento de la usucapión es de interés social y su finalidad de orden público. El cumplimiento de los requisitos legales deben ser exigidos a las partes por los Tribunales, quienes tienen la obligación, aún de oficio de encaminarlos.

Al ser un medio excepcional de adquisición del dominio, la comprobación de los extremos exigidos por la ley debe efectuarse de manera insospechada, clara y convincente y conjugarse con las exigencias que se desprenden del texto de la ley 14.159, con las modificaciones introducidas por el Decreto 5756/58. - - -La prueba que se aporte en el juicio debe ser suficientemente afirmativa y convincente, para proceder a la adjudicación de inmuebles por aplicación de los arts. 4015, 4016 y concordantes del Código Civil. - - -La Excma. Corte de Justicia de la Provincia, en el fallo "Nery de la Plata, Dolores-Posesión-Casación" (21/09/77) resolvió que: "Se requiere una prueba compuesta, que pueda dar al Juzgador la certidumbre de que real y verdaderamente el actor ha poseído el inmueble como para proceder al otorgamiento del título supletorio de dominio que pretende.

Si de la valoración integral de la prueba rendida no surgiera tal convicción, la demanda no puede prosperar". La actora manifiesta que vive en el inmueble desde 1954, junto a su madre, quien ha fallecido y sus hermanos. Es decir, que sería co-heredera o condómina con sus hermanos del predio objeto de este proceso.

-Al interponer la actora la acción, lo hace en carácter de única poseedora, como surge del escrito de demanda.- Situación que requiere, analizar su legitimación. Al respecto este Tribunal tiene dicho que: "Los sucesores tienen la posesión hereditaria de pleno derecho (art. 3410 del Código Civil), pueden promover directamente el juicio de usucapión sin iniciar con antelación la sucesión del poseedor. Sólo deberán acreditar el deceso y el vínculo de parentesco con el causante.

2- En el supuesto de que el heredero que pretende usucapir inicie la acción por derecho propio y sea él quien haya intervertido el título y comenzara a poseer en forma exclusiva, su posesión deja de ser continuación de la causante y la prescripción tiene lugar a los veinte años de iniciada la posesión exclusiva, no computándose el tiempo anterior (art. 3460 del Código Civil).

En cambio, si inicia la acción como heredero del poseedor, aprovechando la posesión iniciada por aquél se deberá integrar la demanda con los demás sucesores universales (Prot.de Sent. T° IV-F° 752/757-2011). - -Conforme a lo referido en el punto 2 del párrafo anterior, la actora debió comenzar a poseer el inmueble en forma exclusiva. - - -Se ha resuelto que: "Si bien la regla es la inmutabilidad del título o causa de la relación real, ello no excluye que pueda operarse la intervención de dicho título, pero en cualquier caso la prueba de esta última no puede reducirse a justificar la mutación de la voluntad o el mero transcurso del tiempo, sino que debe mediar un acto de entidad suficiente para modificar el título (Cc0101 Lp 227578 Rsd-177-97 S-19/06/97-"Fisco De La Prov. De Buenos Aires C/ Islas, Tulio C. S/ Reivindicación").

- -Además: "La prescripción es título idóneo para que un condómino o coheredero extinga el parcial derecho de sus otros comuneros y adquiera para sí la propiedad de la totalidad de la cosa, pero eso es a condición de que intervierta su título de coposeedor por el de único poseedor, excluyendo así de la relación con la cosa a los demás condóminos o coherederos.

A partir de dicha intervención o mutación es que comienza a correr el plazo usucaptivo. Para ello deberá concretar actos claramente demostrativos e inequívocos que excluyan toda duda en la gente y, fundamentalmente, en sus cotitulares, de que ellos fueron realizados en ejercicio de un derecho que les es propio, pero, a la vez exclusivo y excluyente del de todos ellos (Cc0100 Sn 8399 Rsd-127-7 S-14/06/07-"Jeanmaire Diego C/ Amartino De Cocciolone Fortunata S/ Posesión Veinteañal").

"La mera afirmación de haber comenzado a poseer por sí no basta para cumplir con todos los recaudos legales a los efectos de pretender una declaración respecto a la prescripción adquisitiva y, de consiguiente, si el comienzo de la ocupación del inmueble reposó en un contrato o en una relación jurídica que implicaba reconocer en otro u otros el dominio de tal inmueble, al actor que pretende usucapir le incumbe demostrar cómo se concretó la interversión del título y que la ocupación alegada es, de allí en más, a título de dueño (Cc0101 Lp 216367 Rsd-64-94 S-22/03/1994-"Rodriguez, Félix C/ Poliszezuk, Mikolay S/ Posesión Veinteañal").

La actora manifiesta en su escrito de fs. 120/121, que vivía en el inmueble junto con su madre y hermana Juanita H.Olmos de Bigliani, quien se habría mudado al contraer matrimonio, años antes de que su madre falleciera.- Este último hecho ocurrido el 9 de enero de 1994 (fs. 12).

La mencionada hermana renuncia a su favor de los derechos litigiosos que le pudieran corresponder en esta causa:- Declara bajo juramento, que no existen otros herederos de la causante (fs.120 vta./121). - - Al haberse producido intervención del título, el plazo legal para prescribir se computa a partir de iniciada la posesión exclusiva de la actora; hecho que debe ser fehacientemente acreditado. - A los fines pretendidos mediante la promoción de la acción de usucapión, hay un requisito que es de fundamental importancia, el plazo legal y, según el art. 4015 del Cód. Civil, la posesión debe ser por el plazo de veinte años. - - -Acerca del plazo este Tribunal ha dicho que: "La exigencia de la prueba del momento de inicio de la posesión como requisito insoslayable de la fundabilidad de la pretensión usucaptiva, tiene sentido y razón de ser cuando la determinación de tal inicio es el único medio de mostrar el cumplimiento del plazo legal (Prot. de Sent.: T° II-F° 209/213-2009).

-De las constancias del expediente no surge ninguna prueba que acredite la fecha cierta en que se produjo la mencionada mutación del título.- La accionante generalizando manifiesta, "años antes de que la madre de la actora falleciera en el año 1964" (fs.120), que concuerda con lo manifestado por la hermana.- Ante la imprecisión, se tendrá como fecha presunta la del fallecimiento de la madre. - -Aclarada la legitimación activa, y el plazo en que habría comenzado la posesión de la actora, corresponde analizar los restantes presupuestos legales. - - -Quien solicita en un proceso de usucapión una declaración que la invista del derecho de propiedad, debe probar primero la posesión en el corpus y el ánimus, conforme lo establecen los artículos 4015 y 4016 del Código Civil y que esa posesión haya transcurrido durante el plazo legal. - - - -El "corpus" está caracterizado por los actos posesorios descriptos por el art. 2384 del Código Civil y son indispensables para probar la posesión. El "animus", es la intención de poseer la cosa para sí. Ambos requisitos se deben cumplir y mantener durante el plazo requerido por ley, en forma pública y pacífica.

- -Al respecto se resuelto que: "La circunstancia de haberse promovido un proceso por prescripción adquisitiva de dominio no implica per se que se considere que quién demanda tiene ya adquirido el dominio por modo, pues para ello debe producirse la acreditación mediante prueba compuesta de la preexistencia del corpus y del ánimus domini por el lapso legal, en forma pública, pacífica e ininterrumpida durante 20 años en forma cabal e indubitable "(Cc0102 Lp 236541 Rsd-37-1 S-10/05/2001-"Ninni, Delia Haydee C/ Avellaneda, Francisco S/ Desalojo")(arts. 375 y 679, digesto de forma (Cc0001 Lz 61185 Rsd-33-6 S-16/03/06-"Moyano, Anastasia Nelida C/ Pena De Gomez, Maria Dolores S/ Usucapion"). - - Del análisis del expediente se advierte que no hay prueba contundente que acredite la realización, por parte de la actora, de actos posesorios. - El acta de inspección ocular de fecha 19/02/08, si bien, describe la existencia de una vivienda y plantas en el predio, no prueba de que han sido encargados por la actora, como tampoco la época de su construcción y plantación( fs. 93).

-Tiene este Tribunal resuelto que: "Si se efectuaron construcciones el poseedor tendrá que acompañar documentación que acredite que él las ha realizado u ordenado realizar, recibos de pago por compra de material, por mano de obra, etc. (Prot. de Sent. Tº I- Fº 57/62- 1991; T° II-F° 253/258-04, y otros). - La prueba testimonial ofrecida resulta insuficiente para probar las mejoras hechas en el inmueble, que debieron ser demostradas por otros medios más idóneos, como prueba documental, de peritos etc.

Además dicho instrumento adolece de una irregularidad que lo descalifica como elemento de prueba, respecto a los habitantes del predio.- En la misma, el nombre de la actora y su esposo, han sido escritos "sobre borrado", omitiendo el salvado por parte del Oficial actuante (fs. 93).

-Al respecto se ha dicho: "Es descalificable el pronunciamiento que defendió la validez del instrumento público impugnado, omitiendo expedirse, como era menester, sobre aspectos que fueron resaltados en la pericia caligráfica -que el testado en crisis se encontraba por encima de los rasgos de la primera de las firmas de la escritura y que fue escrito sobre borrado-, que resultaban relevantes y conducentes para la solución de causa ( C.S.J.N. F: 748-XLI-11/07/2007).- -"De omitirse el salvado en partes esenciales, el instrumento público es anulable y somete al notario al régimen disciplinario.- La existencia de espacios en blanco, falta de firma y autorización de escrituras, sellos en blanco, falta y error de foliatura, omisión de salvado, errores de correlatividad numérica y cronológica, exceden ampliamente el campo del error u olvido, demostrando negligencia y falta de cuidado por parte del escribano en el trámite del protocolo, lo que conspira contra la seguridad de los actos jurídicos (C.Nac.A.Civ.Sala O - N° de Sent.:000689-06/05/97).- - -El sobre-borrado llama más la atención, al contradecirse con lo manifestado en la encuesta vecinal, realizada el 03/07/08, en la cual consta que los habitantes del inmueble son otras personas (fs.96 vta.), lo que pone en duda la identidad del poseedor actual del inmueble. Recién a fs.122 la actora pide la citación de Nancy Atencio y manifiesta que ocupa una parte del inmueble, cedido en préstamo de uso.

A fs. 126 Nancy Atencio, que actualmente vive en el predio manifiesta, que acordó con la actora, una vez obtenida la sentencia, la transferencia de la propiedad mediante escritura de compra (fs. 126).

No aclara en qué calidad ocupa el mismo y desde qué época, pero no aparenta ser en calidad de préstamo como expresó la actora. Por lo tanto no se puede establecer si la actora ha poseído el inmueble durante todo el plazo legal exigido. - -Los testigos, Josefa E. Recio (fs. 82); José P. Sánchez (fs. 83); María Morán (fs. 89) y María Sánchez (fs. 90), nada dicen sobre los ocupantes del predio. Es cierto que señalan actos posesorios, pero no están corroborados por otros elementos de prueba. - -Al respecto este Tribunal ha resuelto: Que el Art. 24 ap. c) de la Ley 14.159 y su modificatoria, el Dec. Ley 5756/58, admite la acreditación de la usucapión mediante el empleo de cualquier clase de prueba, no pudiendo basarse el fallo en la testimonial exclusivamente. Tanto en lo que se refiere al "animus" como al "corpus" posesorio; "la prueba debe ser clara y concluyente y apreciarse con severidad" (Prot. de Sent.T° III-F° 478/483-09).

-Referente al pago de los impuestos, la actora acompañó, un Certificado de Libre Deuda de la Municipalidad de esta Ciudad, expedido el 10 de agosto de 2004 (fs.4) y un Certificado de la Dirección General de Rentas que da cuenta de la cancelación del impuesto inmobiliario hasta la cuota 11/04 (fs.5).- Dichos documentos tampoco son prueba del tiempo de la posesión. - - -Este Tribunal respecto al pago de impuestos y tasas, luego de la reforma del art. 24 por el Decreto nº 5756/58, tiene dicho que: "No reviste el carácter de piezas integrativas del proceso, sólo acredita el "ánimo posesorio" en cuanto al lapso de tiempo de la posesión.- Las normas indicadas no exigen que los pagos de impuestos sean efectuados mes a mes, ni durante dilatados períodos, sino que, al igual que los actos posesorios que enuncia el art. 2384 del Código Civil, lleven al convencimiento de la realidad de la posesión invocada por el usucapiente, durante el lapso requerido.- El mero hecho de acompañar la acreditación del pago de algunos impuestos, no llena los recaudos exigidos por la ley en cuanto al tiempo de la posesión.- Ello implica que no se cumple con la prueba del elemento subjetivo.- Para que ello ocurra es menester que se hayan efectuado con periocidad regular. "(Prot.de Sent.:T° IV-F° 637-2010; y otros). - - -La accionante acompaña un recibo de pago (fs. 2), manifestando que es cancelatorio del precio del inmueble en cuestión.- De su análisis se observa, que en el cuerpo del mismo no hay ninguna identificación del inmueble adquirido, por lo tanto no se puede imputar al que se pretende usucapir, en consecuencia carece de valor probatorio. La actora debió acreditar fehacientemente actos posesorios, continuos por 20 años, demostrativos de que en forma pública y continuada ha poseído activamente el bien.

-Al no existir una prueba plena y concluyente de los extremos legales requeridos, corresponde desestimar los agravios analizados, con costas. (arts. 66, 67 y conc. del C.P.C.). - - Recursos concedidos a fs. 136 y 143 sobre honorarios. La actora apela la regulación efectuada a la Defensora Oficial (fs.135). Los letrados Dra. Nelly Lanteri de Lara y el Dr. Jorge Peluc Alvarez apelan por ser baja la estimación de sus honorarios. Respecto a la actuación de la Defensora cuestionan su trascendencia, además que detenta un cargo oficial y rentado, como funcionaria del Poder Judicial (fs. 137).

En cuanto a los honorarios regulados a la Defensora Oficial, en su carácter de funcionaria estable del Poder Judicial, remunerado por la Provincia y designada para la defensa de los ausentes, la cuestión planteada es procedente.

Carece de derecho propio para reclamar honorarios de la parte vencida, ello significaría una doble retribución por un mismo servicio.- La ley del Ministerio Público N° 7014 en su art.37, sólo reconoce honorarios cuando la condenación en costas es a favor de la parte que representa el Defensor de Pobres, es decir cuando litiga como patrocinante de persona actora o demandada.

"Se ha resuelto, que habida cuenta la índole de las tareas y por gozar de un sueldo que le asigna el presupuesto, resulta que el defensor oficial -quien cumple su deber de representar en juicio a las partes ausentes- estaría, bajo este aspecto imposibilitado de percibir honorarios, en tanto no puede ser considerado un litigante común, sino un funcionario de ley con atribuciones y derechos especiales (Devoreal S.A.c/ Agüero M.-E.D.136/418). - La actuación del Ministerio Público, en este caso la Defensoría de ausentes no genera costa alguna que deba ser soportada por nadie.

-Como bien señala Armando Emilio Grau (Enciclopedia Jurídica Omeba, T XIV, páginas 488 y siguientes, "Honorarios de los representantes del Estado", "Quienes actúan en representación de la ley, ejerciendo una función pública y prestando un servicio relativo a su profesión de agente público y no a su profesión de abogado o procurador cumplen un deber incluido en el "status" del agente público en el cual también están determinados sus derechos.

Son normas administrativas y no civiles las que rigen la relación de empleo. Al deber legal de prestación de servicios, le corresponde el derecho a su remuneración. Se debe prescindir de figura civil en el enfoque del tema. Sabido es que el contenido económico de la relación de empleo público se concreta en el sueldo".

-La jurisprudencia se inclina por considerar que "el funcionario estable del Poder judicial, remunerado por la Nación y designado para la defensa de los ausentes, carece de derecho propio para reclamar honorarios de la parte vencida:

Ello significaría una doble retribución por un mismo servicio. De otro lado, repárese en que el art. 68 del Código Procesal de la nación, impone a la parte vencida "todos los gastos de la contraria". La remuneración de funcionario defensor no resultaría "gasto de la contaría" (pues ésta no lo abonaría, de comparecer)." (LL 1989C-282).

En definitiva, el defensor oficial no hace sino cumplir con su función propia, y no puede percibir honorarios ni del particular a quien asiste ni de la contraria condenada en costas.

Su retribución, al igual que todos los demás integrantes del Poder Judicial, está dada por el sueldo asignado en el presupuesto provincial, y es el que remunera sus servicio de preservar el derecho de defensa." (C.A.Civil y Com. Sala 1° de Tucumán -"Zucardi Luisa F. y otro s/prescripción adquisitiva" 19/06/07).

-Por lo que se admite el recurso y se deja sin efecto la regulación de honorarios de la Defensora Oficial.

En cuanto a los honorarios regulados, en primera instancia, al Dr. Jorge Peluc Alvarez y a la Dra. Nelly Lanteri de Lara, aparecen, como apoderados de la actora, de acuerdo a las prescripciones de los arts. 185,187,189, 190 y 194 de la ley 2150, las regulaciones son bajas. En su lugar se regula al Dr. Jorge Peluc Alvarez por una etapa del juicio el 6% y a la Dra. Nelly Lanteri de Lara el 12%, de la base en primera instancia. - - Por su labor en la alzada en este recurso se le regula a la Dra. Lanteri de Lara el 30% de lo que le correspondiere en primera instancia. (art. 196 de la ley 2150. inc.10 del art. 800 del C.P.C.). - - LOS DOCTORES MOISES MOYA Y HUMBERTO CABALLERO, por sus fundamentos adhieren al voto que antecede.

Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citada SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación concedido a fs.136 a la parte actora, contra la sentencia de fecha 5 de mayo de 2011, obrante a fs.130/134, la que se confirma. Costas en la alzada a la apelante vencida (arts.66,67 y conc. del C.P.C.).

Admitir el recurso concedido a la actora, en cuanto a los honorarios regulados a la Defensora Oficial, los que se revocan.

Admitir el recurso concedido a los letrados apoderados de la parte actora contra sus regulaciones de honorarios, las que se modifican.

En su lugar se regula al Dr. Jorge Peluc Alvarez por una etapa del juicio el 6% y a la Dra. Nelly Lanteri de Lara el 12%, de la base en primera instancia.

Por su labor en la alzada en este recurso, se le regula a la Dra. Lanteri de Lara el 30% de lo que le correspondiere en primera instancia. (art. 196 de la ley 2150. inc. 10 del art. 800 del C.P.C.).- - -Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.-FDO:DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, MOISES MOYA, DR. HUMBERTO CABALLERO . ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI- SECRETARIA- PROT. DE SENT. T° II-F° 251/258 -29/06/2012-