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Recurso extraordinario federal, inadmisibilidad formal, sentencia definitiva
Materia: CIVIL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Corte Nº 49/09 en Expte. Corte Nº 22/09 - Fernández González, María A. c/ Bustos, Gerardo Aníbal y Albino Picco e Hijos S.A. - Nulidad de Cláusula, Daño Emergente y Daño Moral s/ Recurso de Casación - Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-07-14

Se interpone recurso extraordinario en contra de la sentencia dictada por este Tribunal que rechazó el recurso de casación precedente por considerar que la sentencia que se pretende impugnar no reviste el carácter de sentencia definitiva.

Ingresando a verificar los requisitos formales del excepcional medio impugnaticio articulado, cabe destacar que el art. 14 de la ley 48 limita la admisibilidad del recurso federal sólo a las sentencias que revisten el carácter de definitivas, resultando reiterada la jurisprudencia de la CSJN en cuanto a dicha exigencia; la definitividad de la sentencia debe estar relacionada con la cuestión principal que se ventila y no con cuestiones accesorias o incidentales.

Asimismo se ha señalado en reiteradas oportunidades que el concepto de sentencia definitiva debe estar vinculado con la posibilidad de cancelar vías hábiles para lograr la reparación del derecho lesionado, pues mientras exista la posibilidad de hacer valer el derecho que considere asistirle, no existe sentencia definitiva.

En ese orden, la excepción de prescripción de la acción, cuando es receptada, cierra toda posibilidad de continuar el proceso, inversamente ocurre cuando la misma es rechazada, por cuanto los litigantes pueden continuar el proceso y plantear todas la defensas que consideraren pertinentes con el objeto de lograr el reconocimiento del derecho que consideren corresponderle, salvo que exista un motivo que evidencie que el gravamen que ocasiona es de imposible reparación ulterior, sólo en tal caso podrá ser considerada equiparable a definitiva. En el sub lite, la sentencia rechaza la excepción de prescripción articulada, con lo cual el requisito de sentencia definitiva no se configura, toda vez que la misma no limita a los litigantes en el ejercicio de su defensa, ya que podrán en el transcurso del proceso interponer y defender todos los derechos y garantías que crean convenientes.

En efecto, tanto la resolución del tribunal de alzada como la dictada por este tribunal no revisten carácter de definitivas por cuanto no resuelven la cuestión de fondo, no siendo por tanto revisables a través del recurso de casación como tampoco por el recurso extraordinario federal, salvo que se vislumbre algún motivo que quiebre dicho principio general debido a causas tales como gravedad institucional o bien un perjuicio de imposible reparación ulterior.

En cuanto a ello, no se advierte la concurrencia de tales extremos, ni fueron objeto de alegato del recurrente, por lo que no existe motivo para quebrantar la regla y considerar viable el recurso.
Responsabilidad médica, médico cirujano, intervención quirúrgica, mala praxis, responsabilidad de la obra social, responsabilidad concurrente, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: G. J. A. c/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS Y OTRO s/ RESPONSABILIDAD MEDICA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-09

Demostrada la culpa o negligencia del médico, surge la responsabilidad concurrente del ente asistencial (art. 1113 del Cód.

Civil) por la obligación de este de prestar asistencia médica y velar por la preservación de las personas cocontratantes contra los daños que pueden originarse en la ejecución del contrato (art. 1109 C.C.). En otras palabras surge el incumplimiento del "deber tácito de seguridad", que es una obligación de carácter accesoria en ciertos contratos, que requiere brindar los servicios médico-asistenciales adecuados a los standars mínimos e indispensables de medios subjetivos (médico, enfermeros, etc.) y de medios materiales (instalaciones, instrumental, medicamentos etc.

...) en oportunidad, cantidad y calidad para obtener una curación o mejoría en la patología del paciente.
Contrato de obra pública, actualización monetaria, moneda, contratos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VICENTE ROBLES  S.A.M.C.I.C.I.F. c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-07

Tanto la ley 12.910 como los decretos 2875/75 y 2348/76 no impedían que la contratista formulara futuros reclamos cuando los coeficientes de corrección establecidos por las resoluciones 2017/76 y 359/76 de la Dirección Nacional de Vialidad resultaran inequitativos para medir las reales variaciones de costos.
Tasas de interés, tasa activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PANTANO HECTOR GERONIMO c/ ALVES DE ALMEIDA JOSE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-08-30

Cuando no exista disposición legal o convencional en contrario, en las obligaciones monetarias reclamadas en juicio, el juzgador debe condenar a una tasa positiva, de modo de mantener incólume el contenido económico de la contratación y de la sentencia.
Medidas cautelares, bienes inmuebles
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Arrieta, Alberto Magin c/ Morales, Carlos Mario s/ Apelación Auto interlocutorio. Inconstitucionalidad y Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-04-26

Se ha reconocido jurisdiccionalmente que es factible la traba de precautorias sobre inmuebles que fueran construidos con préstamos del Banco Hipotecario Nacional, al no haberse acreditado su inscripción como inembargable.
Trabajadores de la construcción, colaborador gremial, sindicatos, relación de dependencia, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ, DULCE M. c/ UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

El "colaborador gremial", representante no electo del sindicato, si bien recibe una compensación por sus tareas gremiales de tiempo completo, equivalente al salario diario del "oficial albañil", no tiene relación de dependencia con respecto al sindicato, en tanto el propio régimen jurídico que instituyó tal figura explica que las compensaciones establecidas no implican que se les atribuya la calidad de trabajadores en el sentido del derecho del trabajo, salvo que se hubiera tachado de ilegítima tal reglamentación o se hubiera sostenido que dicho régimen constituye instrumento de un fraude laboral procurando su anulación.
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves, incumplimiento de la obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: T.O.L. c/ C. DE T.N. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-24

No es injuriosa la falta de prestación de alimentos mandados a pagar durante la tramitación del juicio de divorcio si, al cabo, éste se decreta por culpa de la esposa, o si la no prestación de los alimentos se debió al abandono de ella (conf. C.N.Civ. Sala B, L.L.

1980-C-323; íd. E.D. 88-796; Sala D, L.L.1979-A-39, con nota de Vidal Taquini, "Convivenica y asistencia entre cónyuges", y J.A., 1980-I-161).-
Acción popular, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Karcher Moreno, Aroldo Gabriel c/  s/ acción popular de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-04-12

Para que proceda un planteo de inconstitucionalidad de una ley deben afectarse claramente los valores de la Constitución en su estructura normativa y conceptual, creándose un conflicto que lleve a semejante conclusión, por lo que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal no ha de efectuarse en términos generales o teóricos, porque se trata de la función más delicada de los jueces.

El interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera esta contradice la Constitución. El Tribunal no debe avocarse a realizar un examen en abstracto, "ex officio", de cada una de las disposiciones contenidas en la ley atacada, pues ello contradice la finalidad que tuvo en miras el constituyente al incorporarla al texto de la Ley Fundamental, en tanto el Poder Judicial se constituiría en un órgano de revisión legislativo, con clara afectación del régimen republicano de gobierno que supone -entre otras particularidades- la independencia de cada poder.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garré, Roberto c/ Bonta Garcés Castella, Paula María y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-28

Las reglas sobre mérito probatorio son normas legales y, por consiguiente, resultan captadas en el texto del art. 279 incs.1 y 2 en cuanto pueden ser violadas y aplicadas erróneamente.
Contrato de trabajo, falta de certificado de servicios, multa laboral, empleo no registrado
Materia: LABORAL
Carátula: Samarelli    Pascual c/ Canet    Gustavo   Leonardo s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-09

La intimación fehaciente a la que alude tanto el art. 45 de la ley 25.345 como el art. 3 del dec. 146/2001, sólo puede surtir efectos (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización) una vez que haya transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el momento de la extinción contractual- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa. Sin perjuicio de lo expuesto, aún cuando se considere que cabe atenerse a una interpretación literal del art. 3 del dec. 146/2001, se torna innecesaria dicha espera en supuestos donde la demandada niega la existencia de la relación laboral, y el actor formula la intimación pertinente al comunicar su decisión de considerarse despedido fundada, precisamente, en esa negativa injuriosa.
Tarifa de servicios públicos, tarifa telefónica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PRODELCO c/ PEN s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

El decreto 92/97, por el cual se aprobaron las modificaciones a la Estructura General de Tarifas del Servicio Básico Telefónico, no presenta defectos formales ni aparece emitido fuera del complejo normativo que regula la materia que constituye su objeto.
Acción, solve et repete
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Transporte Automotor Chevalier S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Trib.Fiscal de Ap.) s/ Demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29

El art.30 C.P.C.A. se refiere al pago previo de la suma de dinero ordenado en la parte dispositiva de la resolución administrativa que motiva la demanda, explicitando que el único requisito al que se subordina la exigibilidad del pago en sede administrativa es la existencia de una liquidación que determina concretamente el monto adecuado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aduanas, multa aduanera, aplicación de la ley
Materia: ADUANERO
Carátula: "Falgares Cayetano (TF 10082-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-13

En atención a la naturaleza penal de la cuestión debatida que versa sobre la procedencia de una multa aduanera, es principio reconocido que la falta o insuficiencia de agravios, no puede ser castigada con la deserción del recurso. Ello así pues son aplicables analógicamente las disposiciones del Código de Procedimientos en Materia Penal anterior, cuyo régimen al que remite el Código Aduanero (art. 1179) debe considerarse a tales fines subsistente, por no adecuarse al nuevo procedimiento previsto en la ley 23.984 al reformar dicho Código (ver art. 453)- a los trámites anteriores a los que necesariamente debe conectarse (esta Sala "Phillips Arg. S.A.", del 26/5/94; "Barzao", 3/1/94 y "Lujac Producciones S.A" del 11/4/95, en especial cons. 3) (Cons. III).
Principios procesales, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: E., R. s/ Homicidio resultó víctima
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-22

"La preclusión consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites o una imposibilidad: la facultad procesal no usada se extingue".
Robo calificado, lesiones
Materia: PENAL
Carátula: GUTIERREZ, Eduardo E. s/ Habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-15

La pretensión del recurrente, pasa por alto la circunstancia de ser la norma del art. 166 inc. 1ro. C.P. especializadora del resultado de la violencia para el caso de robo, en tanto que el art. 92 del mismo cuerpo, reserva ese aspecto para cualquier otro delito, en cuya comisión se despliegue violencia con resultado de lesiones.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concurso preventivo, derechos creditorios, orden público, demanda de verificación, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: LUIS Y MIGUEL ZANNIELLO SA c/  s/ CONCURSO PREVENTIVO S/INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO POR CO.MI.TRAL LTDA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-14

Procede confirmar el pronunciamiento que estimó la pretensión revisora y declaro verficado un crédito quirografario. Ello por cuanto el quo ha considerado especialmente como elemento de juicio la pericia contable llevada a cabo en autos, donde se corroboró la registración de la operatoria de mutuo en los libros de la deudora Adicionalmente, la auxiliar actuante no detectó que la contabilidad no fuera llevada en debida forma, lo que constituye un elemento de convicción de relevancia (arts. CCCN 330 y 477). Una cosa es considerar a la falta de pago por alguno de los medios expresamente previstos en la ley 25345 como un indicio que permita poner en duda la veracidad de las operaciones, y otra muy distinta es presumir, sin admitir prueba en contrario, que tales operaciones nunca se realizaron (conf. CNCom, Sala F, 25/6/15, "Sama Explotaciones Agrícolas SA s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito por Bottino Hugo Ernesto", Expte. N° COM 13711/2013/6, íd. 25/10/2018, "Emindar SRL s/ quiebra s/ inc. de revisión de crédito por Benitez, Nicolás Andres", Expte. COM 5214/2016/2, entre otros).
Accidentes de trabajo, instancia administrativa, cosa juzgada, ley sobre riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: "Calizaya   Soria,  Everto c/ Alvarez,  Laudelina  y  otros s/ Accidente".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-07

No puede someterse a una A.R.T. que fue parte del procedimiento, a una nueva discusión de una cuestión que quedó resuelta y firme en el trámite de la ley 24.557, salvo que medien planteos de incontitucionalidad o nulidad de lo actuado en sede administrativa. Si la accionante no solicitó en su demanda -infundada respecto a la A.R.T.- la nulidad de lo actuado en sede administrativa ni cuestionado la validez constitucional de las atribuciones jurisdiccionales de dicho órgano, o del procedimiento administrativo, sin esgrimir alguna razón que pudiere justificar la falta de interposición de los recursos que prevé el art. 46 de la ley 24.557, queda vedada su petición de revisión de lo actuado en aquella sede.
Devolución de objetos secuestrados, automotor secuestrado, adulteración de la numeración de bienes registrables, buena fe
Materia: PENAL
Carátula: Baliano, Alejandro s/ Devolución de Efectos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-30

a) El vehículo es una unidad inescindible, pues así fue adquirido por el peticionario de la devolución, por ende no resulta viable que se ordene la entrega de los componentes que no tienen anomalías -en el caso el chasis- y se disponga el desarme de un motor con numeración irregular, para su remate. Ello importa quebrar la unidad mecánica, económica y jurídica en que consiste un automotor, como sí la buena fe fuera, para quien lo adquiere como tal, fraccionable o graduable, pudiendo existir para ciertas partes y no sobre otras b) No es viable el reclamo de devolución de un vehículo a quien al adquirirlo no adoptó el necesario y previo recaudo de la verificación física y que además, tenía motor con numeración original que no coincida con el dominio, lo que permite contradecir su alegación de buena fe, imprescindible para que consolide el dominio sobre el bien -arts. 24 y concs. del decreto-ley 6582-58-.
Despido, licencia por enfermedad, falta de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: LIZARDO ALEJANDRO RODOLFO c/ TODO HIERRO S.A. s/ DESPIDO DIRECTO POR OTRAS CAUSALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-14

Tratándose la aplicada de la máxima sanción prevista en el contrato de trabajo, no configura la injuria que la habilite, la circunstancia que el actor no acreditara ante el médico de la empresa aquello certificado por el tratante, tanto como desproporcionada en orden a tratarse de un trabajador con 12 años de antigüedad que incluso desempeñaba labores usando accesorios en la muñeca para mitigar las consecuencias de la afección.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, DONATO GUSTAVO c/ CORMIO, JOSE LUIS Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-05-31

Se ha sostenido que comprometida la jurisdicción del Tribunal provincial, en virtud de lo normado por el artículo 49, disposición adicional tercera de la Ley de Riesgo del Trabajo, corresponde declarar su inconstitucionalidad, aun de oficio -Cftar. TTrab. Nro. 1 San Isidro, 30.12.98, "Martínez, E. c/ Servin S.A. y otro" T y SS, 1999-448-. O bien que los artículos 21, 22, 46 y disposición 3 del 49 de la norma citada no son de aplicación en jurisdicción provincial por ser incopetente el Congreso Nacional para legislar respecto a la forma en que cada provincia aplicará las leyes de fondo y excluir a los órganos judiciales locales de la competencia que le es propia, por lo que cabe declarar de oficio su inconstitucionalidad -Cfme. TTrab. Nro. 4, La Plata, 19.06.97, "Colman c/ Lasalle"; T y SS, 1998-595-.
Hijos de desaparecidos, indemnización, reparación económica para familiares de desaparecidos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Marino,  Miguel  Angel c/ Ministerio  del  Interior - Subsec. Derechos Humanos y Soc. s/ Subsec. Derechos Humanos y Soc.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

Corresponde confirmar la sentencia que estableció que el hijo de un ciudadano fallecido en los sucesos de junio de 1955 tenía derecho al beneficio previsto por los arts. 1 y 2 de la ley 24.411 y sus modificatorias y complementarias, pues dicha norma se ha limitado a establecer un resarcimiento sin determinar la fecha a partir de la cual resulta procedente y teniendo en cuenta que los fines tenidos en consideración para fijarla responden al deseo de pacificación nacional, ninguna razón justifica la exclusión del supuesto de autos (Disidencia del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Derecho a la salud, medicamentos, cannabis medicinal, tratamiento médico, control estatal, Salud pública, seguridad pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Civil Macame y otros c/ Estado Nacional Argentino - P.E.N. s/ amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-05

La normativa aplicable al cannabis con fines medicinales no impide al paciente acceder o rechazar un tratamiento médico, sino por el contrario, en un amplio respeto por esa libre elección, el nuevo marco regulatorio de la ley 27.350 admite el uso medicinal del cannabis y habilita nuevas formas para acceder a él, sea adquiriéndolo como producto farmacéutico -con los controles del Ministerio de Salud y de la ANMAT (conf. resolución 781/2022)- o produciéndolo de forma casera registrándose en el REPROCANN que expide la autorización y si bien es cierto que dicha registración limita de algún modo la elección, su exigencia está justificada por razones de salud y seguridad públicas.
Empleo público, remuneración, diferencias salariales, adicional por refrigerio
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Reija  Freire,  José  y  Otros c/ E.N.  (Mº de Defensa) s/ Personal militar y Civil de las FFAA. y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

Es procedente la demanda por diferencia de haberes respecto del adicional reintegro por servicio de refrigerio del decreto 2528/86 y sus modificatorios.
Inamovilidad de los jueces, límite de edad, Constitución Nacional, Constitución Provincial, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sesto de Leiva, Amelia del Valle c/ Estado Provincial s/ Acción Autónoma de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-08

Un Ministro de la Corte de Justicia interpone Acción Autónoma de Inconstitucionalidad en contra del Estado Provincial, solicitando se declare la inconstitucionalidad del Art. 195 de la Constitución Provincial, en cuanto limita la inamovilidad de los Magistrados a la edad de sesenta y cinco años.

Debo decir que si tomamos como parámetro la edad de 65 años señalada por la Constitución como límite para el ejercicio de la Magistratura, con carácter general, estaríamos también creando una situación de discriminación inversa, pues si efectuamos un cotejo de tal término, con la edad para jubilarse, tenemos que para la mujer se ha establecido la edad de 60 para obtener el beneficio previsional y se le permitiría, por decisión propia continuar en el cargo hasta los 65, logrando así un plus de cinco años, situación que no se asimila con la del hombre, por cuanto el requisito para jubilarse es el de haber cumplido los 65 años, no resultando aplicable aquél plus al que hice referencia, ello constituye una real discriminación.

Tampoco el Estado tomó a su cargo señalar, cuál es el interés público, al que se persigue arribar con la aplicación de la cota fijada por el texto Constitucional provincial y por supuesto no señaló el fin a resguardar. Debe prestarse atención que ninguna prueba rindió al dejar firme la Sentencia Interlocutoria número ochenta y cuatro del Mayo 2012, que declaró a la acción, como de puro derecho.

También debe tenerse presente la decisión de la Corta en el Caso de los escribanos en el que se había fijado como límite la edad de 75 años para el ejercicio de la profesión, es decir que se dio recepción al pedido dejando de lado el término y declarar la inconstitucionalidad de la norma que lo había impuesto, hago referencia al caso toda vez que estamos en presencia de una situación en la que, un plazo superior a diez años, a la norma en tratamiento, fue objeto de revisión, suprimiendo el límite establecido, todo ello determina sin más, que debe darse reopción a la presente denuncia, para fijar parámetros de igualdad de criterio para supuestos similares.

La norma vulnera institutos fundamentales al desempeño de la función como son inamovilidad, independencia, igualdad ante la ley, el de trabajar, discriminación, división de poderes, todos contenidos en la Carta Magna Nacional, por lo que mi propuesta, en el presente acuerdo, es dar recepción a la acción instaurada, declarando en consecuencia la inconstitucionalidad de la norma impugnada.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la Acción Autónoma de Inconstitucionalidad interpuesta en contra del Estado Provincial.

(Del voto del Dr. Bastos)