marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, empleo público, ius variandi, prueba, admisibilidad formal
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Filippin, Gilda Emilia del V. c/ OSEP s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-17

Dentro de las características intrínsecas del proceso abreviado de la acción de amparo, que tiende a la comprobación fácil y rápida de los derechos constitucionales conculcados por actos u omisiones de autoridad pública que en forma actual o inminente lesionen, restrinjan, alteren o amenacen con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos reconocidos por nuestro ordenamiento constitucional, se impone como correlato de la actividad jurisdiccional en mérito de la admisibilidad formal de la acción, que el amparista demuestre sin esfuerzo el cercenamiento de sus derechos fundamentales, que de modo claro y manifiesto ponga en evidencia, sin mayor amplitud de debate y prueba, en donde reside la ilegitimidad del acto que se cuestiona, el daño grave e irreparable que se pretende remediar y las normas de superior jerarquía conculcadas o preteridas por el actuar del poder administrador.- Ante el amparo iniciado por una agente de la administración pública contra los efectos producidos por el dictado de una Resolución que dispone desafectarla, relevándola del cargo de Jefa de División Farmacia Central, disponiendo la asignación de nuevo destino laboral -sin especificar el mismo- y modificando las condiciones laborales y contractuales, veladamente se exceden los limites de razonabilidad, proporcionalidad y deber de indemnidad respecto de los intereses del trabajador, que debe mediar en el derecho de variar que le asiste a la administración en el ejercicio de su facultad de alterar las condiciones del contrato de empleo público, perturbando sus modalidades esenciales en perjuicio directo del administrado creado ante la incertidumbre de diferir para una instrumentación posterior no sólo el destino sino la asignación de tareas.- Razones éstas por las que corresponde declarar su adminisibilidad formal y requerir al Titular de la OSEP, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su notificación, remita a esta Corte de Justicia informe circunstanciado de los antecedentes y fundamentos relacionados con la Resolución, respecto de la parte actora.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, daños y perjuicios, rechazo de la demanda, fundamentación de sentencias, rescisión del contrato, manifestación de la voluntad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: El Vasquito SH c/ Embotelladora del Atlántico S.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2022-04-25

Cabe denegar el recurso de apelación incoado por la sociedad actora contra la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios -por incumplimiento contractual-, de conformidad con la conclusión a la que arribó la a quo en orden a cuándo tuvo inicio la relación contractual que ligara a las partes. A su vez, contrariamente a lo afirmado por la apelante, la sentencia atacada despliega un análisis probatorio prolijo, minucioso, armónico y razonable; el reproche con insistencia que el decisorio habría incurrido en la inobservancia de las reglas de la sana crítica, luce desacertado. A mayor abundamiento, el silencio y la quietud de los contratantes luego de acaecido el abrupto cese en el suministro de los productos objeto de distribución, junto a otras acreditadas circunstancias, conduce a deducir que la ruptura del vínculo se produjo por la inequívoca voluntad de ambas partes, es decir, por mutuo acuerdo -arts. 1197 y 1198, Cód. Civ.-. Se concluye que lo decidido, ésto es, la existencia de rescisión o distracto por parte de los contratantes -y no resolución contractual imputable al incumplimiento de uno de ellos-, conduce a rechazar sin más el agravio vinculado con la procedencia de los rubros reclamados en la pieza inaugural -daños y perjuicios-.
Jubilaciones, aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley, reconocimiento de las obligaciones, moratoria previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Lenta, Dominga. s/ Jubilación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

Aún cuando en materia de seguridad social el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder a fin de que no se desnaturalicen los fines superiores que la informan, que no son otros que cubrir los riesgos primarios de aquellos que por su edad o estado físico no están en condiciones de proveérselos con su trabajo, no cabe admitir que se realice un criterio de valoración de los hechos e interpretación de las normas aplicables que conduzca a una comprensión de la ley que equivalga a prescindir de sus términos, lo que ocurre cuando se desconocen los efectos del acogimiento a la moratoria o la denuncia de servicios anteriores al acto formal de afiliación a fin de obtener el beneficio jubilatorio.
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Fiscales adjuntos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Solá, Roberto y otros c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

El art. 2° de la ley 21.383 establece, para los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, una estabilidad que se podría denominar agravada con relación a la del empleado público dispuesta por la ley 22.140 (Voto del Dr.

Gustavo A. Bossert).
Pensiones, extinción del derecho de pensión, separación de hecho, cónyuge culpable, prueba, presunciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CIVIL - PROCESAL
Carátula: MAZZA de GIARDINI, Avelina c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-19

La separación de hecho de mutuo acuerdo no implica ser culpable concurrente en la separación en los términos del art. 1 inc. a) de la ley 17.562, toda vez que la culpa debe ser acreditada fehacientemente sin que se puedan hacer valer presunciones en contra de la viuda. Aceptar un criterio diferente será colocar en una mejor situación al cónyuge divorciado legalmente que al separado de hecho (cfr. C.N.A.T., Sala VI, sent.

del 23.12.85, "Menéndez, Olivia Rodríguez de").
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, acto administrativo, notificación, domicilio
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: PRATS, MARTHA SUSANA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-09-13

La resolución impugnada debe ser dejada sin efecto, toda vez que dicho pronunciamiento no satisface adecuadamente el derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable pues, si bien es cierto que la aplicación mecánica de la normativa que rige la causa conduciría a considerar que la notificación efectuada en el domicilio constituido en sede administrativa (correspondiente a la anterior apoderada de la recurrente) y no modificado en dicha sede, cumplió plenos efectos, consta en autos que aquel poder había sido revocado más de dos años y medio antes de la notificación del decreto que rechazó el recurso de apelación, de manera tal que mantener la declaración de inadmisibilidad del recurso significaría ni más ni menos que una sanción al mandante que, pese a haber exteriorizado inequívoca y temporáneamente su voluntad de litigar, se ve excluido del proceso en una etapa liminar, sin posibilidad alguna de recurrir una sentencia adversa; incurriendo la Cámara en un injustificado rigor formal que deriva en una lesión irreparable de la garantía de defensa en juicio que impide el mantenimiento del decisorio cuestionado como acto judicial válido.
Daños y perjuicios, responsabilidad periodística, testigo protegido, canales de televisión
Materia: CIVIL
Carátula: O., S. c/ Majul, Luis Miguel y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-08

El canal de televisión es responsable por la difusión de los datos personales de un testigo protegido en un programa periodístico, puesto que debió ejercer, por sí o a través de terceros, el deber de controlar y supervisar la información que se difundía masivamente, dado que cuenta con amplia autonomía para evitar determinadas notas periodísticas.
Contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, adjudicación, restricciones al dominio, escrituración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LILLO, CARLOS. c/ PROVINCIA DE NEUQUEN. s/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-20

Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del Decreto Nº 289/01 reglamentario de los artículos 9 y 10 de la Ley 263 de Tierras Fiscales, por el cual el Estado Provincial se reserva por el plazo de diez años el cobro de cánones e indemnizaciones derivadas de la actividad hidrocarburífera respecto de las tierras fiscales enajenadas a sus ocupantes, toda vez que el actor consintió las condiciones en las que se le efectuó la adjudicación en venta de la tierra fiscal, por lo tanto conocía desde ese mismo momento las condiciones en las que la misma le era otorgada, máxime que no surge de las constancias de autos, que haya efectuado ningún planteo en punto al cuestionado decreto en las oportunidades en que requirió la escrituración de la tierra adjudicada.
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, embargo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Provincia de Tucumán-D.G.R. c/ Maria Angela de Uña de Carletto E Hijos S.H. s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-08-30

Corresponde regular los honorarios del abogado interviniente en el proceso cautelar en un 15 % de la de la escala graduatoria del art. 38 de la Ley 5480 de Tucumán prevista para el vencedor -11% a 20%-, atendiendo a la importancia económica del proceso en función de los bienes comprometidos y la responsabilidad del profesional en razón de ellos, el mérito de su labor, el resultado obtenido: el levantamiento de la medida cautelar sobre los bienes de su mandante y la celeridad y la diligencia al procurar obtener un resultado favorable a su cliente en el menor tiempo posible.
Recurso extraordinario, honorarios, sentencia arbitraria, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Centro Empleados de Comercio Filial Clorinda c/ Iñiguez S.A. y/o persona física o jurídica responsable s/ Demanda laboral S.A. y/o persona física o jurídica responsable s/ Demanda laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-27

Siendo el fondo del recurso materia estrictamente procesal, es por ende ajeno a este remedio extraordinario, pues la aplicación de leyes arancelarias no es revisible por tacha de arbitrariedad. Mas el texto del art. 15 de la ley 512 es harto claro y no es menester proceder a su explicación, debiendo entenderse que en cada instancia -segunda o ulterior- se practicara regulación por toda la actividad desplegada en cada "grado", cualquiera sea el número de escritos o presentaciones efectuadas.
Juicio de apremio, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Florencio Varela c/ Balpala Construcciones SA s/ Apremio Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cavalie Mirta Griselda s/ Apremio Municipalidad de Berazategui c/ Díaz Soto Carlos A. s/ Apremio Municipalidad de Quilmes c/ Alimentos Duke Frigorifico J. Dukcevic S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13|1997-06-23|1998-02-17|2000-03-21

El art. 6 in fine del Dec. Ley 9122 veda cualquier controversia sobre el origen del crédito ejecutado, siendo ésta una restricción que se funda en la presunción de legitimidad que acompaña a los títulos ejecutivos por su origen y naturaleza, y obedece a la necesidad de que el Fisco o Municipio según el caso de que se trate, perciban sin mayores dilaciones las sumas que se adeudan destinadas a fines de utilidad general. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, denuncia, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Rio de La Plata S.A. c/ Tomba Carlos Antonio y otros s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-07-03

La denuncia penal no constituye fundamento para la suspensión del juicio ejecutivo, pues en dicho trámite no procede la defensa de la prejudicialidad, el fundamento se encuentra en la abstracción procesal que veda la posibilidad de indagar si las acciones civiles y penales han nacido del mismo hecho, presupuesto esencial para la aplicabilidad del art. 1101.
Estado Provincial, aportes y contribuciones previsionales, empleados públicos, propinas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ IMPUGNACIÓN DE DEUDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-13

La "facultad de fiscalización" otorgada por el Dec. 4555/77 (artículo 8) a la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán, no implica en forma alguna la obli-gación de asumir la carga de efectuar los aportes y contribución dispuesta por el art. 6 de la ley 24.241, por aquellas sumas que los empleados del "Casino de Tucumán" reciben de terceros ajenos a la relación jurídica de empleado público y sobre las que no tiene atribuciones respecto de la recaudación, administración y distribución; menos aún, al tratarse de fondos provenientes del Estado Provincial. Ello así, máxime que in re "Grafa S. A. c/ A.F.I.P.-D.G.I.", se dijo: "en el marco del derecho previsional, no basta asignarles carácter remunerativo a las gratificaciones para que sean susceptibles de determinar la obligación de aportar"
Responsabilidad del conductor, responsabilidad del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: Derito, Verónica Laura c/ Martiarena, Marcelo Daniel y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-11

La observancia de los reglamentos regulatorios del tránsito le corresponde tanto al conductor como al peatón, por lo que, al haber este intentado el cruce de la calzada fuera de la senda peatonal, sorprendiendo al conductor, que circulaba a velocidad reglamentaria y por su mano, constituye una expresión de culpa del peatón habida cuenta que, si bien debe conservarse en todo momento el dominio sobre el vehículo, tal extremo no puede ser exigido al punto de responsabilizar al conductor por las manifiestas imprudencias cometidas por los peatones.
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: MONTIEL, ROQUE ALEJANDRO c/ HEREDEROS O SUCESORES DE ARMANDO L. MARCOGIUSEPPE s/ Cobro de Dif. Sala. SAC. Indemniz. y ot.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-12-19

No basta que haya acuerdo en las manifestaciones entre dos o más testimonios respecto al hecho objeto del interrogatorio, sino que es indispensable que se explique cuándo, en qué lugar y de qué manera ocurrió el ó los hechos, como así de cómo lo conocieron.
Contrato de trabajo, responsabilidad solidaria, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Murillo, Héctor Octavio c/ Compibal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-30

La regulación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo no implica que todo empresario deba responder por las relaciones laborales que tengan todos aquellos otros empresarios con quienes establece contratos que hacen a la cadena de comercialización -ya se trate de bienes o servicios-, máxime frente a la gran variedad de contratos que se generan actualmente en el seno de las relaciones interempresariales y el vasto campo comercial de las relaciones que así se manifiestan (Disidencia del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Depreciación monetaria, mora, derecho de propiedad, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: MARIA CRISTINA TURRO c/ ROBERTO MORAÑA Y OTROS s/ CUMPLIMIENTO    DE   LA  SENTENCIA  POR  EL  DEUDOR-MORA-DEPRECIACION  MONETARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-30

Cuando el deudor de la condena no la cumple en término procede su reajuste. Ello es así, pues es necesario que el cumplimiento efectivo de lo resuelto responda a la realidad de la decisión adoptada; de lo contrario se consagraría un ritualismo literal que lesionaría la justicia que fundamenta intrínsecamente al fallo apartándose de la solución real prevista en éste, criterio que no compromete la autoridad de la cosa juzgada.
REPÚBLICA ARGENTINA, medidas de seguridad y protección, sentencia, cumplimiento de la obligación, sentencia definitiva, jurisdicción extranjera, competencia, preclusión
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asunto Millacurá Llaipén y otros s/ Medidas provisionales respecto de la República Argentina c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-11-25

Puesto que en el "Caso Millacurá Llaipén y otros Vs Argentina", la Corte Interamericana ha dictado un fallo definitivo e inapelable el 26 de agosto del año 2011 y, mientras lo estuvo "conociendo" adoptó las medidas provisionales que estimó pertinentes, su competencia respecto de ellas ha precluído, por lo que corresponde que en lo sucesivo se limite a "supervisar" el cumplimiento de lo allí ordenado. (Del voto disidente del Juez Eduardo Vio Grossi).
Jueces, cesantía, causas políticas y gremiales, aplicación personal de la ley, remoción de jueces
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Antonio Sarra Pistone c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Mendoza (hoy Unidad de Control Previsional) s/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2001-05-24

Si bien no se ha discutido en sede administrativa, la aplicación de las leyes 5093, 5533 y 6027, debemos plantearnos el ámbito personal de comprensión de la ley. Esto es, si los jueces, declarados en comisión por el gobierno revolucionario, están comprendidos en la normativa pretendida. Ello en función de que el beneficio no se reconoce a los agentes que por la naturaleza política del cargo estuviesen excluidos de los estatutos respectivos. Es claro que los empleados del poder judicial, a tenor de lo dispuesto por el art.1 ley 5533 sí están comprendidos en las leyes de amnistía citadas. Empero, los jueces que son las autoridades institucionales del Poder Judicial, no pueden considerarse en la misma situación legal que los empleados.
Ex empresas del Estado, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Pinto   Victor   Nery c/ YPF  SA s/ Pat.Accionariado  Obrero"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-16

Si bien la ley 25827 en su art. 64 determina expresamente que las obligaciones consolidadas en los términos de las leyes 23.982 y 25.344, cuyo reconocimiento en sede judicial hubiera operado con posterioridad al 31/12/01, serán canceladas mediante la entrega de los nuevos instrumentos cuya emisión se autoriza en el art. 66 (esto es:bonos de consolidación 6° serie), lo cierto es que dicha norma no vulnera ningún derecho ni altera el orden constitucional preexistente, sino que se limita a prolongar en el tiempo el cobro de las acreencias, según el sistema de amortización, estabilización y de intereses que la misma genera.
Honorarios del abogado, cobro al cliente
Materia: PROCESAL
Carátula: GHIRIMOLDI LAFITTE, José María c/ CICERCHIA, Arnoldo s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

Los honorarios devengados por el letrado del perdedor, definitivamente vencido en juicio, pueden ser reclamados solamente a éste, situación que no se altera respecto de quien es fiador solidario, o, más aún, principal pagador, pues su garantía es respecto del acreedor principal pero no respecto de los honorarios que hubiera generado el deudor afianzado en su propia defensa.-
Hurto, dependientes, calificación legal, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: SABARESE, R. s/ DEFRAUDACION - HURTO - CALIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-12

Comete el delito de hurto, el empleado que se apodera del dinero entregado por los clientes de la firma para la cual trabaja.

La garantía de defensa en juicio no se ve afectada cuando la descripción hecha en la acusación permite el efectivo ejercicio de aquélla y la subordinación legal escogida es más benigna.
Divorcio, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: T., M. E. c/ P. P., A. s/ Separación personal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

La inocencia de uno de los cónyuges en una demanda de separación personal no puede tenerse por probada con la sentencia recaída en un proceso anterior en el que fue rechazada una demanda por injurias graves iniciada por el otro cónyuge.
Empleo público, estabilidad del empleado público, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BALLVE, HORACIO JORGE c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-03

La estabilidad no se adquiere solo por el cumplimiento del tiempo mínimo de servicios en el cargo para el que fue designado -durante el cual la Administración designante pueda valorar la idoneidad del agente- sino que se lo extiende para aquel supuesto del empleado que hubiese prestado servicios en otra repartición de la Administración Pública, en tanto el reingreso a sus cuadros permanentes lo haya sido dentro de los cinco años de su egreso anterior.
Convertibilidad, intereses punitorios, intereses legales, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: A.N.A. c/ MARINO, CARLOS HUGO s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-07

Si existe tasa legal, los jueces deberán aplicarla a los casos de deudas en mora, en defecto de estipulación entre las partes. Y sólo si no hubiera convencional, ni tampoco legal, los jueces podrán disponer que se aplique la tasa de interés a que se refieren los dec. 529/91 y 941/91 PEN.
Abrogación implícita, facultades del Superior Tribunal
Materia: CIVIL
Carátula: Platero, Ana M. y otros. s/ Acción de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-09-25

El art. 208 de la Constitución Provincial autoriza al Superior Tribunal a abrogar las normas cuya inconstitucionalidad haya sido declarada por tercera vez, en las condiciones que enuncia;

constituyendo ello una facultad, y no una obligación imperativamente impuesta por el citado precepto. Por lo que, aún cuando las condiciones estipuladas estuvieran cumplidas, la abrogación no es una consecuencia de indefectible acaecimiento.
Medidas cautelares, embargo preventivo, bienes inembargables, bienes muebles de uso indispensable
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, Carlos M. c/ CONDORI, Gustavo D. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La inembargabilidad establecida por el art. 219 del Código Procesal para los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio, no alcanza a los implementos utilizados para el ejercicio del comercio, en especial a un camión destinado al transporte de mercaderías.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Virgilio, Rodolfo Andres y otro c/ López, José (sucesión) s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24

La valoración de la prueba es una cuestión de hecho ajena a la instancia extraordinaria.
Cuestiones de competencia, competencia comercial, reordenamiento del sistema financiero, seguro de retiro
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Fernández  Washington  Jesús c/ PEN Ley 25.561 -Dtos. 1.570/01 y214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-20

Las razones de interés público invocadas para justificar la injerencia del poder público en la relación entre particulares, regida por el derecho privado, no transforma la naturaleza de la relación ni determina la competencia federal en la materia.