Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-30


2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 30 de 2006.

El Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? El doctor Damarco dijo:

1. El actor pretende el recupero del crédito fiscal de IVA por operaciones de exportación realizadas durante los períodos fiscales comprendidos entre 4/95 y 11/96.

2. El organismo recaudador, por resolución de la Jefa de la Región Nº 2, de fecha 16 de septiembre de 1998, desestimó el recurso de apelación (art. 74 del dec. 1397/79) deducido por la actora contra las res. 945/98 y 964/98 de la División Gestiones y Devoluciones, de fecha 2 de enero de 1998, por las que se rechazaron las solicitudes de recupero de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, atribuibles a operaciones de exportación por los períodos fiscales 4/95 a 11/96.

Al resolver, puntualizó que las resoluciones tuvieron en cuenta el informe de un perito ingeniero de la AFIP quien concluyó que no era razonable la relación existente entre las cantidades compradas, exportadas y vendidas en el mercado interno y que las diferencias eran atribuibles al volumen de ventas en el mercado interno. Señaló que dicho análisis partió del monto de existencia de inventario tomado de los libros contables rubricados y balances al 30 de junio de 1995 y al 30 de junio de 1996 certificados por contador público con dictamen de auditoría favorable.

Consideró que, en principio, los estados contables no son susceptibles "de ser rectificados como lo hizo la actora en atención a las técnicas de elaboración en materia de exposición y valuación con que son confeccionados. De modo particular, señaló que "los balances originales fueron emitidos "limpios", es decir, sin ningún tipo de salvedad, única circunstancia a partir de la cual podría -eventualmente- ser considerada una rectificación, la que no obstante debería hallarse rodeada de las debidas garantías de certidumbre, razonabilidad y fehaciencia en orden a las explicaciones y fundamentos que exprese necesariamente el profesional interviniente". Dichas rectificaciones, agregó, ½podrían ser viables solamente en la medida en que versen sobre los conceptos respecto de los que, como ya se dijera, en el dictamen originario hubieran sido advertidos como susceptibles de sufrir alteraciones. Por ejemplo y en relación con el caso, si en el balance primitivo se hubiera consignado un inventario no efectuado en presencia del profesional interviniente". Por otra parte rechazó la prueba aportada por resultar inapropiada porque el remedio procesal intentado debe ser resuelto "sin sustanciación" como lo prescribe el art. 74 del dec. 1397/79 y modificaciones (fs. 12/15).

3. En su demanda, la actora, reiteró la existencia de un error al cierre del ejercicio 1994, es decir al 30 de junio de 1995 y que dicho error fue subsanado y que las rectificaciones corrigieron las asimetrías en el rubro "materias primas" sobre el "rubro ventas". Sostuvo que las diferencias se originaron en errores de cálculo por indebido corrimiento de decimales y por ello, según manifiesta, rectificó los balances y las declaraciones juradas informativas en el impuesto a las ganancias. Al ajustarse los stocks, sigue diciendo, las relaciones insumoproducto arrojaron coeficientes que no difirieron de los establecidos por el perito para el ejercicio 1996/1997. De tal modo, la relación insumo-producto resultante de los ejercicios cerrados en 1995 y 1996, de conformidad con los balances rectificados, guardaron homogeneidad con la reputada correcta por el experto oficial para el ejercicio cerrado en 1997. Asimismo, afirmó que la doctrina y las reglas técnicas de la profesión contable admiten la rectificación de balances y que por ello la resolución impugnada resulta arbitraria (fs. 81/94vta.).

4. El señor juez a quo, por sentencia de fs. 264/266, rechazó la demanda con fundamento en la afirmación de la perito contadora, en el sentido de que no era posible establecer el volumen del stock correcto de la actora al 30 de junio de 1995 porque debió surgir de un recuento físico. Asimismo, tuvo en cuenta que de la documentación analizada no surgía la cantidad de materia prima utilizada en el ejercicio posterior (1996), en unidades, "ya que analizando el libro Inventario y Balances no me es posible llegar a un detalle de la composición de las existencias" (fs. 197/197vta.).

5. La actora apeló a fs. 264 y expresó agravios a fs. 275/277vta. Ellos fueron contestados a fs. 280/288.

6. Los argumentos expuestos por la demandante en el escrito de expresión de agravios no logran conmover la decisión el a quo. En efecto, los planteos efectuados por las partes requieren para su dilucidación de una decisión sobre una cuestión de hecho que ha sido correctamente señalada por la perito contadora interviniente en estos autos.

Se trata de reconstruir hechos del pasado a partir de hechos del presente sobre la base de la corrección de ciertas inconsistencias que se advirtieron en el informe de un perito ingeniero de la AFIP quien concluyó que a partir del monto de existencia de inventario tomado de los libros contables rubricados y balances al 30 de junio de 1995 y al 30 de junio de 1996 certificados por contador público con dictamen de auditoria favorable, no era razonable la relación existente entre las cantidades compradas, exportadas y vendidas en el mercado interno y que las diferencias eran atribuibles al volumen de ventas en el mercado interno.

Sobre la base de la opinión del perito se produjeron ciertas rectificaciones que eliminaron las inconsistencias y dieron homogeneidad a la relación insumo-producto.

Si bien la rectificación realizada confirió razonabilidad a las relaciones inconsistentes, ello no es suficiente para tener por acreditados hechos ocurridos en el pasado. Debe comprenderse que en una causa judicial en la que se está reclamando el recupero de créditos fiscales por operaciones efectivamente realizadas en el pasado, después de haber transcurrido varios años, la prueba sobre los hechos debe ser concluyente. En realidad lo que debió probarse era que aquella falta de razonabilidad sólo pudo tener una razón y no otra. Y ello, con tanta más razón, cuando a pesar de las permanente explicaciones de la actora expuestas en la actuación administrativa y en esta instancia jurisdiccional tampoco se probó que las diferencias se originaron en errores de cálculo por indebido corrimiento de decimales (fs. 82 vta.).

De tal modo, más allá de las posibilidades que permiten las normas técnicas de la profesión contable, la pericia es concluyente en cuanto a la imposibilidad de reconstruir stocks, determinar la cantidad de materia prima utilizada en un ejercicio posterior y la composición de las existencias.

7. Por las consideraciones expuestas, voto para que se confirme, con costas (art. 68 CPCCN), la sentencia apelada.

Las doctoras Herrera y Garzón de Conte Grand adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede el Tribunal resuelve: confirmar, con costas (art. 68 CPCCN), la sentencia apelada. - Marta Herrera. - Jorge H. Damarco. - M. I. Garzón de Conte Grand.