marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-30


///nos Aires, 30 de marzo de 2012. Reg. nº 19.363 Y VISTOS:

Para resolver acerca de la admisibilidad del recurso de queja deducido por la Defensa Particular de Darío Gabriel Mosquera Ruiz.

Y CONSIDERANDO:

Que la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó la resolución del juez de grado que había decretado el procesamiento con prisión preventiva de Darío Gabriel Mosquera Ruiz por considerarlo autor penalmente responsable del delito de cultivo de plantas y guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes (art. 5 inc. "a" de la Ley 23.737 y artículo 312 del Código Procesal Penal de la Nación).

Contra ese decisorio interpuso recurso de casación la Defensa Particular del nombrado, el que denegado, motivó la queja aquí sometida a análisis.

En primer lugar cabe señalar que la decisión recurrida en casación -confirmación del auto de procesamiento- no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el artículo 457 del C.P.P.N., puesto que solo mantiene al imputado sujeto al proceso.

Además, la impugnación en estudio no ha cumplido con el requisito de motivación exigido por el artículo 463 del C.P.P.N., falencia que define la improcedencia formal de la vía deducida.

En este sentido, el impugnante no se ha hecho cargo de refutar los argumentos brindados por el a quo, pronunciamiento que cuenta con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes, y que impiden su descalificación como un acto jurisdiccional válido.

Además, en el caso se ha garantizado la "doble conformidad judicial", "el derecho al recurso" o "el doble conforme", por lo que tampoco se vislumbra una violación a la garantía prevista por el artículo 8 ap. 2) h) de la C.A.D.H., habiéndose controlado así el acierto jurídico del fallo recurrido.

Por último, y si bien la defensa invocó la implicancia en el caso de una cuestión de naturaleza federal, lo cierto es que aquélla no fue fundamentada adecuadamente (art. 15 de la Ley Nro. 48), a efectos de habilitar la instancia casatoria, de conformidad con la doctrina sentada por el Alto Tribunal en el caso "Di Nunzio" (expte. D.199.XXXIX, rta. el 3/5/05).

Recuérdese que la actividad impugnativa tiene un límite y, ante esta instancia, ese límite en casos como el de autos, solo puede ser superado por la debida fundamentación de un agravio de carácter federal.

Así las cosas, corresponde desestimar la queja interpuesta, con costas (art. 530 y 531 in fine del C.P.P.N).

Por ello, el Tribunal RESUELVE: Desestimar la queja interpuesta por el señor defensor particular de Darío Gabriel Mosquera Ruiz, con costas (arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, notifíquese y -oportunamente- remítase a origen. Sirva la presente de atenta nota de envío.

Se deja constancia que el doctor Mariano H. Borinsky firma la presente en virtud de lo dispuesto por la Resolución n° 1735/11 de este Cuerpo.

Fdo. Raúl Madueño, Luis M. Cabral y Mariano H. Borinsky Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretario de Cámara.
Seguros, tercero damnificado
Materia: COMERCIAL
Carátula: PELUDERO Luis Alberto y Otro c/ Gil Quintin Julián s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-03-21

El tercero damnificado tiene legitimidad y puede resistir y oponerse al planteo de la aseguradora del accionado y a su pretensión de declinar la defensa en base a la cláusula del seguro que invoca. El art. 109 de la Ley de Seguros establece la obligación de la aseguradora de mantener indemne al asegurado por cuando éste deba a terceros con motivo del accidente y respecto de éstos; luego el art. 118 le confiere al tercero damnificado: a) un privilegio sobre la suma asegurada con preferencia sobre el asegurado; b) el derecho de citar en garantía a la aseguradora; c) de ejecutar la sentencia que se dicte en contra de la aseguradora en la medida del seguro. Concluye, el tribunal actuante, señalando que "si la ley le reconoce a los terceros damnificados tales derechos, le está atribuyendo todas las facultades necesarias para ejercerlos entre las que están la legitimación para deducir las pretensiones que viene esgrimiendo en autos la recurrente y, entre ellas, la de resistir y oponerse a la pretensión de la aseguradora para declinar la defensa en base a una cláusula que considera violatoria de la ley de seguros y de pretender que por ella prevalezca y se aplique lo prescripto por la ley y que la cláusula le es inoponible. También señala el fallo mencionado que "si a la aseguradora se le reconoce legitimidad para oponer al tercero damnificado una cláusula del contrato para, en base a ella, pretender declinar la defensa y excluir la cobertura, a dicho tercero, al que la Ley de Seguros le confiere las atribuciones y derechos arriba aludidos, es arbitrario negarle la legitimidad para el ejercicio de su defensa a fin de oponerse a tales pretensiones de la aseguradora, aunque para ello haga referencia al contrato de seguro, y pretenda la inoponibilidad de la cláusula invocada, lo que no implica inmiscuirse ilegítimamente en el contrato.

De lo contrario, por vía de cláusulas contractuales se impediría y se haría ilusoria la protección que dispensa a los terceros damnificados la Ley de Seguros en la normativa ya referida al seguro de responsabilidad civil, especialmente a través de los arts. 109, 114, 118, 119 y 158 y conc. de la Ley de Seguros y se desconocerían la protección y los derechos que a los terceros otorgan tales normas.
Beneficiarios de la indemnización civil, herederos, reconocimiento de hijo extramatrimonial, pedido por derecho propio, familiares de la víctima, desaparecidos, responsabilidad internacional del Estado, torturas, REPÚBLICA ARGENTINA, valor probatorio, denuncia verbal
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Garrido y Baigorria c/ Argentina s/ Sentencia de Reparaciones Y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1998-08-27

Corresponde que la Corte Interamericana declare herederos a los dos hijos extramatrimoniales de una de las dos víctimas de desaparición forzada -en el caso que motivó la asunción de responsabilidad internacional efectuada por el Estado Argentino por violación a la Convención Americana-, pues según surge de manifestaciones efectuadas por él y registradas por un funcionario administrativo, tenía intención de reconocerlos como tales, expresión verbal que para el Tribunal implica el reconocimiento de sus hijos dado que, el derecho de gentes, no requiere formalidades especiales para dar validez a un acto.
Excepciones procesales, defecto legal, monto indeterminado
Materia: PROCESAL
Carátula: S. B. c/ D. M. s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-08

La indeterminación del monto de lo que se reclama en la demanda no puede dar lugar al progreso de la excepción de defecto legal, cuando se trata de un elemento susceptible de ser acreditado sólo en el período de prueba y cuya omisión cuantitativa no coloca al accionado en desventaja procesal.

Ello no importa para éste situación de ignorancia sobre la cosa reclamada, que imposibilite o dificulte seriamente contestar la demanda, o pueda allanarse dentro de lo que considere viable.
Competencia, fuero de atracción, sucesiones, ejecución hipotecaria
Materia: PROCESAL
Carátula: PARENTE, Luis Alberto c/ MARTINEZ, Roberto V. s/ EJECUCION HIPOTECARIA - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-19

La circunstancia de que la obligación cuyo cumplimiento se reclama se encuentre garantizada por una hipoteca no altera la competencia del juez del sucesorio para entender en la ejecución, toda vez que ella constituye un aspecto accesorio y la acción dirigida al cobro de ese crédito es de naturaleza personal.
Marcas, nulidad de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: MUNDEX SA c/ MUSALI, JAIME H. s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-22

Si se dan determinados extremos, identidad o similitud de las marcas y superposición o proximidad de los productos, el sistema atributivo de las leyes 3975 y 22362 no impide demandar la nulidad de un registro perteneciente a otra categoría de la clasificación administrativa, doctrina esta uniformemente aceptada, que se apoya en el aseguramiento de los fines propios de la legislación marcaria, esto es, la protección de los intereses del publico consumidor y la tutela de practicas comerciales sanas y que tiene particular vigencia cuando se esta frente a un registro que contraria el sustracto ético consagrado en el art. 953 del C.Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, cuota alimentaria, actuación por derecho propio
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: G. DE L., C. A. c/ L., J. A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-08-16

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la postulación de la compareciente -en cuanto sostiene su legitimación para reclamar por derecho propio los fondos que habrían sido abonados por ella en concepto de alimentos a favor de su hija supliendo el incumplimiento del padre- cuenta con suficiente asidero doctrinario y jurisprudencial, pues la madre puede actuar por derecho propio al subrogarse en los derechos de la hija, al haber sido quien ejerciendo la tenencia afrontó las necesidades alimentarias de la menor;

y por tal motivo el desinterés de ésta -al alcanzar la mayoría de edad- en la percepción de las cuotas atrasadas no puede afectar su derecho creditorio contra el progenitor moroso.

(Citas: Superior Tribunal de Justicia de Corrientes Gehan, 15/10/2010. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K: V., A.M. c. C., R.L., 21/2/2008 y M., C.E. y otros c. V.H.J., 23/5/2005; Sala D: A., O. c. B., M., 13/2/1997;

Sala E: C., M.A. c. M.A., 17/10/2005) (Doctrina: "Régimen Jurídico de los alimentos" Bossert, Gustavo, pág. 211, Ed. Astrea, 2da. edición actualizada y ampliada; ver también "Alimentos entre cónyuges y para los hijos menores" Campos, Roberto, pág. 193, Ed. Hammurabi; "Normativa jurídica de los Alimentos. Soluciones legislativas al problema de los deudores alimentarios morosos" Corbo, Carlos María, pág.

154, Ed. Fundación Ross, entre otros).
Deserción del recurso, sentencia firme, expresión de agravios, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: De Arcos, Ysabel Liliana  c/ Yuhmak S.A.  s/ daños y perjuicios-beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2023-05-24

Procede declarar desiertos los recursos de apelación incoados por la actora y por la demandada, dejándose firme la sentencia que admitió la demanda incoada -por daños y perjuicios-, pues a los fines del cumplimiento del art. 257 del CPCC de la Provincia de Santiago del Estero y en función del plazo especial establecido por el art. 504, inc. 2º del mismo ordenamiento -atento tratarse de un proceso sumarísimo-, surge incontrastable que las expresiones de agravios de ambos apelantes fueron presentadas de manera extemporánea.
Enfermedades inculpables, incapacidad absoluta, socio empleado
Materia: LABORAL
Carátula: Freier Osvaldo A. SRL c/ Freier Norberto Federico s/ Consignación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-09

Lo dispuesto en el art. 253 L.C.T. se aparta en forma expresa de la solución adoptada como principio general en los arts. 18 y 255 de dicha ley, porque según éstos, cualquiera haya sido el modo de extinción, cuando se opera el reingreso del trabajador a las órdenes del mismo empleador se deben computar los períodos correspondientes a contratos anteriores. El párrafo agregado por la ley 24.347 sólo se justifica, en el entendimiento de que ha tenido por objeto ceñir el período computable a los fines indemnizatorios al lapso posterior a la obtención del beneficio jubilatorio, erigiendo por tanto a este supuesto de extinción en una excepción al régimen general establecido a través de las normas antes mencionadas. La reforma al referirse a la antigüedad computable a los fines indemnizatorios, se refiere al "tiempo de servicios posterior al cese" -que obviamente entendió operado por el cobro del beneficio jubilatorio- sin distinguir entre los casos en que medió un período de inactividad y aquellos en que ello no ocurrió, puesto que sólo se refiere al tiempo de servicios posterior al "cese" con prescindencia de si entre éste y el reingreso medió solución de continuidad. Por otra parte, y en lo que interesa al caso, el art. 253 L.C.T. que dispone que en caso de despido de un trabajador que volviera a prestar servicios, deberá computarse a los efectos del cálculo indemnizatorio, únicamente la antigüedad transcurrida con posterioridad al cese, no hace distinción respecto a qué tipo de beneficio se trate y de hecho hace mención a "un beneficio previsional de cualquier régimen", siendo de tal modo indiferente que el dependiente hubiera realizado los aportes al sistema de la seguridad social en su calidad de trabajador autónomo.
Procedencia del recurso, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, autosuficiencia del agravio, nulidad del acto administrativo, estado de emergencia, Policía Provincial, apreciación del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Fe, Silvia Fernanda c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-05-31

Cabe hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia de Cámara y reponer la sentencia del juez de Primera Instancia en todos sus términos -art. 289 del CPCC-, haciendo lugar a la pretensión anulatoria promovida por la actora contra la Res. 2821/06 -dictada por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires-, mediante la cual se dispuso su cese en el marco del Dec. 2555/06, que prorrogara el estado de emergencia declarado por las Leyes 13188 y 13409, dado que los agravios abastecen las cargas impugnativas de manera adecuada; en adición, el asunto constitucional ha sido tratado en Primera Instancia, debatido en las fases ulteriores del proceso y, en lo que aquí interesa, está articulado fundadamente en el recurso incoado. La ley de emergencia de las Policías brinda las herramientas necesarias para el fortalecimiento del nuevo esquema de descentralización policial, así como la racionalización en la asignación de personal y medios.

En lo que respecta al criterio de valoración judicial de estos actos, si en general, la validez de las restricciones de derechos establecidas en las leyes de emergencia, por tratarse de medidas extraordinarias, quedan sometidas a una estricta evaluación cuando vienen ordenadas en un decreto de necesidad y urgencia, a fortiori, el control ha de ser más severo, desde que la excepcionalidad se agudiza en tanto la materia abordada no pertenece a la competencia normal del órgano administrador. Correlativamente, la Corte ha destacado que la invocación de criterios de conveniencia o utilidad, o de un estado de cosas que no reviste la extrema criticidad requerida por la norma constitucional, afecta la validez del acto. La invalidez del Dec. 2555/06 es incontrastable, no justifica la potestad ejercida, tanto en lo relativo a la configuración de una emergencia, cuanto a la imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo; es decir, del mismo se constata la orfandad de motivos serios o de razones plausibles que demuestren la configuración de un supuesto de necesidad y urgencia. En resumen, existen graves vicios que acarrean la invalidez del decreto mencionado -art. 3 de la Const. Prov.- y, por añadidura, la de la Res. ministerial 2821/06 por ser producto de un acto normativo ilegítimo -arts. 103 y 108, Dec. Ley 7647/70-.
Derecho procesal, recusación, recusación sin causa, improcedencia del recurso, apartamiento del juez, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Automóviles Saavedra SA c/ Peugeot Citroen Argentina SA  s/ ordinario s/ incidente de ejecución de sentencia s/ incidente de recusación con causa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-19

Cabe recordar que para que se provoque el apartamiento de los jueces, el prejuzgamiento debe ser expreso y recaer sobre la cuestión de fondo a decidir (conf. CSJN, Fallos 311:578, in re "Telecor Sociedad Anónima Comercial e Industrial c/ Catamarca, Provincia de s/ restitución de inmueble", del 26/4/88). En otras palabras, el prejuzgamiento hábil para fundar la causal prevista por el CPR 17-7°, consiste en revelar con anticipación al momento de la sentencia, una declaración de ciencia en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso, o bien que sus expresiones permitan deducir la actuación futura de un magistrado por haber anticipado su criterio, de manera tal que las partes alcanzan el conocimiento de la solución que dará al litigio por una vía que no es la prevista por la ley en garantía de los derechos comprometidos (conf. CSJN, Fallos 313:1277, in re "Neuquén, Provincia del c/ Estado Nacional s/ regalías", del 29/11/90; íd. Fallos 320:1630, in re "Sumario instruido en la cría 15. por av. de los delitos de explosión, etc. con motivo del atentado a la Embajada de Israel, incidente de recusación del Dr. Fayt", del 17/7/97).
Comisión Nacional de Valores, operaciones bursátiles, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: R. J. SIEGRIST SA c/ GAROBBIO, MARIA ESTHER s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-07

Si bien para probar la existencia de consentimiento del comitente, a fin de que su agente realice ciertas operaciones bursátiles, durante la vigencia del reglamento operativo Merval:

4.O.1.H, se requiere la existencia de autorización escrita -que podrá ser de carácter general-, presumiéndose en caso de ausencia de la misma, que esas operaciones no contaban con la debida autorización, la aceptación de la liquidación puede ser invocada por el agente como prueba en contrario de esta presunción.
Derechos sexuales, derechos reproductivos, obligaciones del Estado miembro, reconocimiento de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, diversidad sexual, SIDA, aborto
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Observación General No 22 - Complementa Recomendación No 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - Derechos sexuales - Derechos reproductivos - Regulación del aborto c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2016-05-02

La obligación de los Estados Parte de posibilitar el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos supone el cumplimiento de los cuatro elementos que en forma interrelacionada los integran, a saber: disponibilidad; accesibilidad, la cual debe ser física, geográfica, informativa, incluyendo asimismo su asequibilidad -servicios sin costo alguno y sobre la base del principio de igualdad a fin de evitar que los gastos de salud sean una carga desproporcionada para las personas y las familias-; aceptabilidad -respeto irrestricto a la cultura, edad, diversidad sexual, discapacidad, ciclo vital, entre otros aspectos personales- y finalmente, calidad en referencia a los servicios, bienes y establecimientos, con personal capacitado, medicamentos y equipos científicamente aprobados que incluyan las innovaciones tecnológicas en relación con el aborto, la procreación y los tratamientos del VIH y sida.
Nuda propiedad, reserva de usufructo, local comercial, doctrina de la arbitrariedad, recurso de casación, procedencia parcial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Molina, María Antonia c/ Figueroa, René y Otro s/ Acción de Nulidad - Daños y Perjuicios - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-10-31

En autos, subsidiariamente la actora también plantea como tema a resolver, la privación del usufructo reservado de la que fuera objeto, por acción del demandado, que construyó en un sector del terreno en cuestión local dedicado a actividades comerciales y sobre el que cobra un alquiler que retiene para sí mismo, desconociendo la reserva del usufructo de la actora sobre la totalidad del inmueble.

Otra cosa es la omisión de pronunciamiento en que incurre la Cámara en relación a la privación de la actora del usufructo del local comercial, o de su precio locativo a manos del nudo propietario, circunstancia traída a decisión explícitamente por la actora y elemento constituyente esencial del negocio jurídico principal, y que como tal, se incorpora como cláusula tanto en el contrato de locación como en la escritura cuestionada.

Al no tratar la cuestión planteada y pretender remitirla a un hipotético proceso posterior, la Cámara incurre a mi criterio en una franca denegación de justicia , y, por otra parte, su opinión decisoria resulta en arbitrariedad manifiesta, pues por un lado reconoce la evidente ilicitud del actuar del nudo propietario al impedir el goce pleno del derecho de usufructo, y por otra parte se niega a considerar las condiciones personales de la actora, esto es, edad avanzada, precario estado de salud, pobreza y soledad; circunstancias éstas que tornan ilusoria la reparación de su derecho lesionado en tiempo propio, lo que nos lleva a recordar el viejo adagio que dice: "justicia lenta no es justicia".

Lo que debió hacer a mi criterio el Tribunal de grado, es abocarse a la solución del conflicto planteado por la simple aplicación del Art.2914 del CC que prohíbe al nudo propietario realizar cualquier acción que dañe al goce del usufructuario o restrinja su derecho.

Por todo lo expuesto, considero debe hacerse lugar parcialmente al recurso intentado, condenando al demandado a reparar el perjuicio causado, abonando la suma de $1.000 desde el tiempo en que el local comercial estuvo apto para su explotación como tal, hasta el presente, y en concepto de daño moral la suma de $10.000, aplicando a ambos ítems intereses de acuerdo a la tasa pasiva, mas el 0,5%, según lo indica la doctrina legal en materia de intereses de este Alto Tribunal.

Del voto de la Dra. Sesto de Leiva en disidencia parcial
Relación de dependencia, prestación de servicios, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: López, Tiburcio c/ Corrales, José Manuel s/ Indemnización por Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-02-28

Cuando es afirmado un hecho como lo es el de la prestación de servicios en relación de dependencia, que luego resulta controvertido por el litigante demandado, el actor debe asumir la tarea de demostrar su existencia no tiene obligación de hacerlo, sino tan sólo que pesa sobre él una carga , que en la práctica se materializa en la posibilidad de no realizarla, sin que de tal incumplimiento se derive responsabilidad, ni se incurra en sanción.

Dicha regla del "causa probandi" constituye un medio, por el cual se indica al Juez cómo debe fallar cuando no se encuentran en el proceso pruebas que lleven a su ánimo certeza moral sobre el o los hechos en que debe fundamentar su decisión.
Simulación, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piechocki Telesforo c/ Canale, Rafael Julio y ot. s/ Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-23

Tratándose de una simulación, el principio general en materia probatoria, no puede ser riguroso ni absoluto. No puede aplicarse contra el sentido común, ya que si bien quien afirma la inexistencia del negocio debe demostrarlo, éste no puede ser obligado a rendir una prueba negativa, algo que razonablemente no es dado comprobar, eludiendo de producirla el demandado sobre los hechos de los que él solamente tiene constancias y que está en sus manos atestiguarlos:

si el acto es real resulta sencillo a quienes aparecen realizándolo demostrar en forma decisiva su veracidad.