Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2008-06-03


2º Instancia. - Paraná, junio 3 de 2008.

Considerando: I. Que, vienen estos autos a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 11 y vta. por la defensa de la imputada Mabel Quiroga, contra el auto de fs. 8 y vta. que no hace lugar a su pedido de excarcelación y/o prisión domiciliaria. El recurso es concedido a fs. 12.

II. En esta Instancia, se celebra la audiencia que prevé el art. 454 del C.P.P.N., presentando memoriales el Sr. Fiscal General de Cámara -cfr. fs. 22/27- y la defensa de la imputada -cfr. fs. 28/32-, quedando los autos en estado de resolver.

III. El Sr. Fiscal General de Cámara, comienza aludiendo a la supuesta falta de fundamentación del interlocutorio venido en recurso, la cual no resulta de recibo, a su entender, toda vez que el a-quo ha tenido en cuenta la imputación, la prueba y las disposiciones que refieren a la viabilidad del instituto.

En lo que hace a la validez del auto recurrido, refiere que las restricciones de libertad ambulatoria no deben ser concebidas como cortapisas legales inamovibles o inspiradas bajo el régimen de presunciones indiscutibles, sino más bien, se trata de presunciones iuris tantum.

No obstante, sostiene, ello no importa concordar con el pedimento de autos, toda vez que la defensa no desarrolla cuanto constituye el motivo de agravio que dice suscitarle el auto, como no fuera la genérica y vaga situación que supone la restricción de la libertad de su asistida.

Sostiene que, si bien todo niño tiene derecho a gozar de un generoso catálogo de prerrogativas, ello no admite ser llevado a situaciones como las planteadas en autos, ya que sólo a costa de una interpretación más efectista y emocional que consecuente con la recta valoración de tales enunciados, podría concluirse que la sola constatación de que una mujer sea madre de seis hijos menores, resultaría suficiente para prohibir toda posibilidad de restringir su libertad locomotiva o que -en caso de ya habérsela decretado- devendría ilegítima por esa sola y exclusiva razón.

Recuerda que el sustrato que permite la sujeción de la imputada al régimen detentivo, viene definido de conformidad con la etapa que cursan los autos, y concluye solicitando la confirmación de la resolución recurrida.

A su turno, la defensa de la imputada refiere que, cabría preguntarse si el dictamen fiscal y la resolución del a-quo cuentan con la merituación y/o motivación requerida por la normativa procesal penal.

Entiende que el magistrado instructor realiza una irrazonable interpretación de lo dispuesto en el art. 316 y 317, sin fundamentar tal aseveración, y afirmando en consecuencia afirmar que el mismo impide la soltura solicitada -desoyendo la jurisprudencia invocada y los lineamientos que emanan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-.

En particular, refiere que el encarcelamiento cautelar encuentra fundamento en la necesidad de neutralizar riesgos de naturaleza procesal que la libertad del imputado pudiese representar, como asimismo, que la imputación de un ilícito penal determinado no puede por si sola ser tomada como una circunstancia excluyente de cualquier otra en el análisis que corresponde efectuar a la luz de los arts. 280, 312, y 316 a 319 del C.P.P.N.

Por ello, solicita se haga lugar a la soltura de la imputada, por ser francamente inconstitucionales las normas que coartan la libertad del imputado antes de una sentencia firme.

Subsidiariamente, solicita la prisión domiciliaria, invocando los arts. 495 inc. 1º del C.P.P.N. y 33 de la ley 24.660.

Cita jurisprudencia de la C.N.C.P. que avala la posibilidad de hacer extensivo el régimen de prisión domiciliaria a quienes se encuentran sometidos a proceso, y destaca que la solución interesada tiene una finalidad tuitiva, fundada en razones esencialmente humanitarias.

Asimismo, hace reserva expresa del caso federal.

IV. Que, primeramente, ha de analizarse la falta de fundamentación invocada. En este devenir, se advierte que, dicha pretensión no puede ser acogida.

Es que, aun cuando no sobreabunda en razones, el auto de fs. 8 y vta. refiere a las dos cuestiones que planteara la incidentista en su escrito inicial, a saber: el pedido de excarcelación de Quiroga, y subsidiariamente, la prisión domiciliaria.

Se ha entendido que, el requisito establecido en el art. 123 del C.P.P.N., "se cubre si la resolución guarda relación con los antecedentes que le sirven de causa y son congruentes con el punto decidido, suficientes para el conocimiento de las partes y para las eventuales impugnaciones que se pudieran receptar" (CNCP, Sala II, LA LEY del 31/VIII/2000, f. 100.805; citado por D'Albora, Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado", 5º ed. correg., ampliada y actualiz., Ed. Lexis Nexis, 2002, pág. 269).

Ha de rechazarse, así, la nulidad impetrada.

V. En cuanto a la excarcelación solicitada, cabe señalar que el auto recurrido se estructura en definitiva sobre la norma del art. 317 inc. 1) del C.P.P.N., que obsta al beneficio interesado, atento a la calificación legal imputada, toda vez que el máximo de la pena prevista en el tipo penal enrostrado a Griselda Mabel Quiroga -tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por haberse valido de menores de 18 años de edad y por haber intervenido tres o más personas organizadas, cfr. arts. 5 inc. c) y 11 incs. a) y c) de la ley 23.737-, constituye un impedimento insalvable para que proceda la excarcelación, si además se tiene en cuenta que no podría, en su caso y a tenor de los elementos reunidos a la fecha, ser beneficiada con una condena de ejecución condicional.

Que, aun cuando el enunciado de los arts. 316 y 317 del C.P.P.N., ha suscitado diversas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales, en orden a su entendimiento a la luz de las pautas del art. 319 de dicho cuerpo normativo, este Tribunal ya tiene sentado criterio al respecto.

Así, hemos sostenido que, para el otorgamiento del beneficio en cuestión, primeramente han de analizarse las pautas objetivas previstas por los arts. 316 y 317 del C.P.P.N., de modo tal que, si el delito imputado no encuadra en estos parámetros, ello obsta al análisis ulterior de las pautas de valoración referidas en el art. 319 de la normativa procesal (cfr. en este sentido: L.S.Crim. 2002-II-689; L.S.Crim. 2003-I-01; L.S.Crim. 2004-I-170; L.S.Crim. 2.006-I-144; entre otros).

En el mismo sentido, se ha dicho que "sólo puede interpretarse lo previsto por el art. 319 del C.P.P.N. como un supuesto de excepción para los casos en los cuales la excarcelación o la exención de prisión podrían resultar objetivamente viables, y no a la inversa, como una regla para dejar sin sentido la disposición legal con arreglo a la cual no se permite la libertad personal durante el proceso, en los casos de los arts. 316 segundo párrafo, y 317 inc. 1º, del C.P.P.N." (CNPE, Sala B, 09/03/06, "Gauthier, Augusto..."; en "Suplemento La Ley Penal y Procesal Penal", 21/07/06, f. 110.575, pág. 82 y sigtes.).

Que, en orden al análisis de la pretendida inconstitucionalidad de la norma en cuestión, "es pauta hermenéutica que la decisión del órgano jurisdiccional, acerca de la declaración de inconstitucionalidad de una norma, constituye la última 'ratio' a la que corresponde acudir. Se ha señalado que si a través de una razonada interpretación se llega a un mismo resultado por distintos carriles argumentales, no corresponderá aquella tacha por el juez" (cfr. L.S.Crim. 2005-II-311; 2006-II-185; entre otros).

En este sentido, entre los criterios orientadores de la interpretación constitucional, se ha sostenido: "... Los actos emanados de los órganos de poder se presumen válidos y constitucionales, lo que en nada obsta al control de su constitucionalidad, pero no ha de llegarse a la declaración de inconstitucionalidad sin antes realizar una esforzada interpretación para compatibilizar la norma o el acto presuntamente contrarios a la Constitución con las disposiciones de ésta, porque la declaración de inconstitucionalidad configura, según la Corte, una última 'ratio' o un recurso extremo del orden jurídico, que ha de usarse con suma cautela" (Bidart Campos, Germán J., "La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional", Ed. Ediar, Buenos Aires, 1988, pág. 236; L.S.Crim. 2005-II-311; 2006-II-185; entre otros).

En consecuencia, con estos parámetros, ha de dejarse a salvo la constitucionalidad de la normativa en cuestión, por constituir una razonable restricción a la libertad ambulatoria durante el proceso (en igual sentido, CNCP, Sala I, f. nº 110.814 en "Suplemento La Ley Penal y Procesal Penal", 29/09/06, pág. 75 y sigtes.; es también la opinión de Cúneo Libarona, Mariano, "Excarcelación: necesaria unificación del criterio judicial", en "Suplemento La Ley Penal y Procesal Penal", 31/08/06, pág. 23 y sigtes.).

Se rechaza, por ende, la excarcelación impetrada.

VI. Subsidiariamente, la defensa ha solicitado la prisión domiciliaria de Quiroga.

Requeridos los informes pertinentes al magistrado instructor -y recepcionadas en esta Alzada las constancias de fs. 38/50-, se corrobora cuanto fuera invocado a fs. 1/3 vta., a saber: que Griselda Mabel Quiroga, de 30 años de edad, es madre de seis hijos menores -cuyos datos identificatorios obran en el acta de allanamiento-, quienes actualmente se encontrarían a cargo de la Sra. Nilda Ester Metralle, madre del padrino de uno de los niños en cuestión. Ello así, toda vez que también el padre de ellos, Juan Carlos Blanco, se encuentra privado de su libertad a raíz del hecho presuntamente delictivo que es investigado en las actuaciones principales.

Se plantea, así, la posibilidad de conceder la detención domiciliaria en un supuesto no contemplado legalmente, toda vez que, si nos atenemos a la literalidad de los arts. 314 del C.P.P.N. y 10 del Código Penal, no resultaría aplicable el instituto en análisis.

No obstante, aun cuando, de estarse a las disposiciones legales aplicables al imputado privado de libertad durante el trámite del proceso (en particular, cfr. arts. 312 a 333 del C.P.P.N.), no le corresponde a Quiroga gozar del beneficio en cuestión, en el presente se ha alegado la concurrencia de un orden normativo superior, como es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, cuya consideración no puede ser omitida.

En un caso similar al que nos convoca, se ha considerado que "alegar ese vínculo, corre el eje de la solicitud presentada, que no busca amparar por vía analógica alguna situación personal de la imputada no contemplada por el legislador, sino que tiene una finalidad tuitiva respecto de ciertos derechos reconocidos a los sujetos de la Convención de los Derechos del Niño" (del voto de la Dra. Berraz de Vidal, autos: "A., A. T. s/rec. de casación", CNCP, Sala IV, 29/08/06, LA LEY, 2006-E, 788).

Esta Convención "equivale a la formalización, a nivel internacional, de un nuevo paradigma para la consideración de la infancia y la adolescencia desde el punto de vista de las políticas públicas. Entre las características centrales de este nuevo paradigma ... está el concebir a los niños como sujetos de derechos y no como simples destinatarios de acciones asistenciales o de control social ejecutadas por el Estado" (Nahid Cuomo, María de los Angeles; "La aplicación de la Convención sobre los derechos de los niños por los tribunales argentinos", citado por la Dra. Angela Ledesma en autos: "E., A. K. s/rec. de casación", CNCP, Sala III, 27/11/06, en LA LEY, 2007-C, 244).

La normativa en análisis, implica otorgar particular incidencia en la resolución de la cuestión, al "interés superior del niño", toda vez que el art. 3º de la C.I.D.N. impone su consideración, en todas las medidas relativas a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades legislativas o los órganos legislativos.

En esta línea, la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, refiere a los derechos a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen.

"En tal sentido, la vigencia y operatividad de esos derechos fundamentales de los niños, evaluados en el caso con un sentido que contempla prioritariamente su interés y conveniencia, ponderando especialmente las implicancias que sobre una personalidad en desarrollo pueda tener la decisión que se adopte, debe prevalecer por sobre razones de cautela que pueden justificar un encarcelamiento meramente precautorio" (Solari, Néstor E.; "El derecho del niño y el arresto domiciliario de una madre con prisión preventiva", LA LEY, 2006-E, 786).

En consecuencia, atento las particulares circunstancias del caso, y los elevados intereses en juego, y a la luz de las pautas hermenéuticas que dimanan de los tratados internacionales con jerarquía constitucional -en particular, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño-, ha de otorgarse favorable acogida al reclamo de prisión domiciliaria formulado en subsidio por la recurrente.

Esta solución no busca amparar por vía analógica la situación personal de la imputada, sino que tiene únicamente una finalidad tuitiva, fundada en razones esencialmente humanitarias, toda vez que se encuentra en juego la afectación de los derechos de los niños (en igual sentido, cfr.

voto del Dr. Tragant, autos: "E., A. K. s/rec. de casación", CNCP, Sala III, 27/11/06, en LA LEY, 2007-C, 244). En particular, se ha de privilegiar "el ámbito familiar y la posibilidad de vivir el vínculo fraterno y materno cotidianamente, pues favorece un mejor desarrollo integral de la persona" (Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Sala IV, 18/02/08, autos: "Estrada Mansilla, Mariana R. s/prisión domiciliaria", en www.diariojudicial.com.ar, del día 30/05/08).

"La jerarquía constitucional de los tratados internacionales (art. 75, inc. 22, Constitución Nacional), exige replantear las normas del derecho interno, para su debida adecuación con la Carta Magna... En consecuencia, la interpretación integral del ordenamiento jurídico permite aplicar al caso la medida solicitada... no se trata por sí mismo de una aplicación analógica de una norma a favor de la procesada, sino que se incorpora a la litis una cuestión que reviste jerarquía superior, cual es la problemática ocasionada al grupo familiar -en particular, a los hijos menores de edad-" (Solari, Néstor E.; "El derecho del niño..." cit.).

A los fines de efectivizar la prisión domiciliaria, deberá el a-quo fijar las condiciones que estime pertinentes -toda vez que ésta es una modalidad de ejecución de la privación de libertad, y como tal debe conciliarse con la ineludible comparencia de la imputada cada vez que fuera requerida por el magistrado-, debiéndose dar cumplimiento, en especial, a lo preceptuado por el art. 32 de la ley 24.660 -supervisión de la detención domiciliaria-.

Por lo expuesto, SE RESUELVE: No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto en cuanto a la excarcelación solicitada. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, concediéndose la prisión domiciliaria de Griselda Mabel Quiroga, bajo las condiciones que establezca el magistrado instructor, debiéndose tener en cuenta a tales efectos, los parámetros referidos en el último párrafo del Consid. VI. Tener presente la reserva efectuada.

Se constituye el Tribunal con los suscriptos de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del R.J.N. -Vocalía vacante-. - Gabriel B. Chausovsky. - Alfredo M. Izaguirre.