Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-06-25


N°763 En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS y MARÍA LUISA LUCAS, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente:

"MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA C/ B. P. A. G. S/ EJECUCION FISCAL", Nº 51.704, año 2002, venido en apelación extraordinaria en virtud de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal, deducidos a fs. 222/230 vta..

C U E S T I O N E S I.- ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal, en virtud de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos por la parte demandada a fs. 222/230 vta., contra la resolución dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 191/215.

A fs. 237 se radica la causa ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra definitivamente a fs. 252 con los suscriptos.

A fs. 240/241 vta. emite su dictamen N° 1238/02 el Sr. Procurador General y a fs. 254 se llama autos para sentencia, lo que deja la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- A los fines de la consideración de los recursos impetrados, comenzaré en orden a su jerarquía y efectos, por el de inconstitucionalidad.

a) Recurso de inconstitucionalidad: En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la admisibilidad formal del presente recurso, encuentro reunidos los de anuncio e interposición en término, legitimación para recurrir, oportuno planteo de la cuestión constitucional y resolución que cabe equiparar a definitiva porque la discusión de la materia litigiosa no podría reeditarse en otro estadio procesal.

Sostiene el quejoso que la sentencia lo agravia pues obvia razones fundamentales que emanan de la ley, de los hechos y de la lógica jurídica, se asienta sobre antecedentes legales y jurisprudenciales erróneos, ya superados, contrarios a derecho y no aplica normas y doctrina legal imperantes.

Denuncia también una manifiesta incongruencia, porque el pronunciamiento aplica, por un lado, las Ordenanzas Impositivas y Tributarias Municipales, e inmediatamente, sin ningún fundamento, deja de aplicarlas, como en el caso de la notificación por edictos que la Cámara valora como válida.

Dice que así se viola el art. 22 de la Ordenanza General Tributaria, que regula las formas que deben revestir las notificaciones, dejando para la última posibilidad el edicto y sólo en el caso concreto del inciso e), el que establece que si no se conociera el domicilio del responsable se notificará por edictos publicados por un día en un diario local o en el boletín oficial de la provincia, circunstancia que entiende no se da en autos.

Señala que su domicilio real desde hace más de 40 años es el de Av. Italia 770, donde se entregan las boletas para el pago y consta en la cédula de emplazamiento. Afirma que la Sala hace una lectura parcial de la normativa, en beneficio de una de las partes, lo que afecta su derecho de defensa.

Alega que la interrupción de la prescripción sólo puede tener efecto cuando ésta aún no ha operado, por lo que teniendo en cuenta que la 4ta. cuota vence los primeros días de agosto de l987, dicho plazo fenece (aún aplicando el término decenal al que su parte se opone) en ese mes y año, con lo cual estarían prescriptos los alegados períodos correspondientes al citado año 1987.

A lo dicho, añade que afecta a su parte la forma de liquidación de la deuda y expresa que concuerda con el criterio de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones que, en anterior fallo dictado en esta causa decretó la inhabilidad del título, ya que la deuda con recargos y actualizaciones, representa casi siete veces más que el capital, motivo por el cual había solicitado su desindexación y planteado la excepción de inhabilidad.

Afirma que el fallo es inconstitucional, en virtud de que incurre en una incorrecta identificación de los planteos, como de su adecuación y subsunción a las normas legales vigentes, las que no se ajustan a lo establecido en los arts. 16, 31, 75 inc. 12, 126 de la Constitución Nacional; 8, 59, 185, 196 y 197 de la Constitución Provincial; 3947, 3951 y 4027, inc. 3) del Código Civil; art. 86 del Código Tributario Provincial modif. por la Ley 4307, art. 20 inc. a) y d) de la Ley Orgánica Municipal Nº 4233.

En definitiva, que se aparta del plexo normativo que cita. Hace referencia a la autonomía de los estados provinciales y de los Municipios, como así a las corrientes doctrinarias y jurisprudenciales que alientan una postura contraria a la sostenida por el pronunciamiento impugnado, en el sentido que el instituto de la prescripción es propio del código de fondo y no se reconoce autonomía para legislar sobre éste a los municipios.

Resumiendo su posición, expresa que en todo momento ha sostenido que la norma aplicable es la del art. 4027 inc. 3º) del Código Civil, de conformidad al art. 31 de la Constitución Nacional, por lo que ha introducido la inconstitucionalidad de la prescripción decenal establecida por la Ordenanza Municipal para los impuestos inmobiliarios, en razón de que -opina- le resultan aplicables los mismos principios que para las tasas; aunado a ello, indica que para tributos de igual jerarquía -inmobiliarios provinciales- se adoptó el plazo abreviado (5 años), después de la reforma supra referida del Código Tributario de la Provincia, contradicción que solicita sea corregida por este Alto Cuerpo.

Urge reseñar, en primer lugar, que en el presente expediente, radicado anteriormente ante este Tribunal, se dictó la sentencia Nº 68/02 en sentido favorable al recurso de inconstitucionalidad articulado por la actora, en orden a la arbitrariedad incurrida por las camaristas, sustentada en el tratamiento dogmático con el que resuelven desestimar la ejecución fiscal promovida por la Municipalidad de Resistencia mediante la declaración de inhabilidad del título.

Abocado a la consideración de los agravios expuestos supra, resulta necesario en forma previa, determinar el marco normativo en el que la Sala Primera de la Cámara ha dictado el pronunciamiento. En esta materia, este Superior Tribunal de Justicia, a partir de la Sent. Nº 380/01, recaída en la causa "Municipalidad c/ Feldman", revisa su anterior postura, con referencia al alcance de las atribuciones del Municipio para regular la prescripción de los créditos surgidos a su favor con motivo de los tributos impagos.

A partir del citado fallo, este Alto Cuerpo Provincial ha venido sosteniendo que los principios contenidos en el Código Civil son los que deben regir el plazo de extinción de tales obligaciones creadas en el ejercicio de las facultades impositivas municipales.

Con relación al cómputo aplicable al tributo discutido por la recurrente -impuesto inmobiliario- se partió de la diferente naturaleza de los recursos fiscales analizados (impuestos y tasas).

En el primer voto que me tocó emitir sobre el tema se examinó la distinción de las distintas categorías, arribando a la conclusión que la forma periódica de pago que caracteriza a las tasas, hace compatible la aplicación del plazo de prescripción de cinco (5) años contenido en el inciso 3º del art. 4027 del Código Civil, conteste con el criterio del Alto Cuerpo Nacional en que la aplicación del plazo breve a las tasas retributivas de servicios, representa una solución armónica con la aplicable a la mayor parte de las relaciones jurídicas de derecho tributario y a las de derecho privado.

En cambio, se mantuvo el término decenal para el cómputo del plazo reservado a los impuestos inmobiliarios, estimándose que rige lo dispuesto por el art. 4023 del código de fondo, que en el caso concreto, coincidía con el establecido en la Ordenanza Municipal que regía antes de la reforma introducida el 23/12/03.

De conformidad al criterio legal sentado en el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal recaído en la causa prealudida, se interpretó que la extinción de la acción de cobro por parte de la Municipalidad de Resistencia, responde a plazos de prescripción diferentes, según el tipo de tributo cuyo pago se persiga, solución que significó el apartamiento de la posición inicial de este Tribunal y en cuya inteligencia, sin desconocer la autonomía del derecho tributario municipal, se entendió que regían distintos términos de prescripción, en ambos casos normados por el código de fondo.

Ingresando al caso concreto, observo que la Sala Primera desestimó la inconstitucionalidad de art. 107 de la Ordenanza General Tributaria vigente a ese momento, en cuanto reconoce facultades al ente municipal capitalino para legislar sobre el plazo de prescripción de la deuda proveniente de impuestos y tasas, lo que suscita la crítica de la recurrente extraordinaria.

A la luz de la modificación de la citada jurisprudencia vinculante, detallada supra, debo decir que el planteo carece de interés actual.

Más aún, teniendo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada como la última ratio del orden jurídico, y deviene innecesaria en el caso concreto que consideramos, ya que la solución no se sustenta en la normativa impositiva municipal; por ello, cobra vigencia la doctrina que la Alzada cita a fs. 206, 2do. párrafo, sentada por el Superior Tribunal de Justicia, que afirma que dicha declaración (de inconstitucionalidad) sólo es practicable cuando sea razón ineludible del pronunciamiento a dictarse.

El problema si la norma fiscal que establece como plazo de prescripción -10- años para los tributos, entra en conflicto con la Constitución Nacional, desaparece o pierde significado en la medida en que, para el caso concreto y a juicio de este Tribunal, rige la disposición del art. 4023 del código de fondo, el que adopta el término decenal.

En este contexto, cabe dejar aclarado, además que esta Sala se ha pronunciado no sólo en el precedente indicado, sino en numerosas causas, en las que se expidió por la admisibilidad del recurso extraordinario de inconstitucionalidad (conf. Sent. Nros. 87/02; 262/02; 268/02, entre muchas otras), por entender que la solución adoptada en el cómputo de diferentes plazos de prescripción, armoniza con los principios desarrollados respecto de su distinta naturaleza.

En tal sentido, advierto que el recurrente sustenta una postura divergente con la sustentada por el Tribunal, explayándose en distintas consideraciones que atacan la razonabilidad del decisorio, el que a su entender, soslaya la adecuación al plexo normativo vigente como a la situación socio-económica y de la seguridad jurídica.

No obstante, tal como lo expresa el dictamen del Ministerio Público, tales agravios del recurrente ".sólo traducen su desacuerdo con el encuadre legal de los hechos .lo que no autoriza la admisión de la tacha de arbitrariedad, máxime cuando lo resuelto se basa en motivaciones suficientes de hecho y derecho común que, sin exceder su competencia y más allá de su acierto o error, acuerdan sustento jurídico a lo resuelto e impiden descalificarlo como acto jurisdiccional.".

Por tal razón, los ataques del quejoso -que discrepa con la motivación del fallo y se muestra disconforme con el alcance atribuido por los sentenciantes a normas de derecho común-, no configuran razones de entidad para invalidarla, siendo su acierto irrevisable por esta vía.

Para el caso concreto, cabe concluir que mantengo los argumentos expuestos "in extenso" en los precedentes citados, relativos al régimen de prescripción que corresponde aplicar en cada supuesto, sin que las razones vertidas por el recurrente me convenzan de propiciar un cambio en la postura allí adoptada.

Sentado lo que antecede, he de avanzar en el examen de este memorial recursivo y en esa labor, advierto que también corresponde desechar la crítica que dirige a la notificación realizada por edictos.

Es que su planteo, soslaya los fundamentos que contiene el análisis realizado por los camaristas a fs. 207, para quienes resulta contundente el formal emplazamiento al deudor Sr. Pedro A. Germán Beltramino, realizado a través de la cédula cuya fotocopia certificada obra a fs. 26, la que fuera enviada a su domicilio sito en Av. Italia Nº 770, correspondiendo la deuda allí liquidada cuyo pago se intima, a la obligación reclamada en la presente ejecución, a tenor de los datos catastrales que registra.

En consecuencia, aunque fuera cuestionada por el recurrente la citación por edictos en el Boletín Oficial y su anexo del 19/12/97, vemos que ésta se llevó a cabo con posterioridad al emplazamiento cursado en su domicilio. La eficacia de dicha notificación, meritada por la Alzada como acto interruptivo de la prescripción, no ha sido controvertida, motivo por el cual no ha quedado demostrada la supuesta violación al derecho de defensa que invoca.

Con idéntico temperamento, debo decir que no puede correr mejor suerte la articulación del demandado, que pretende la revisión de otro segmento del decisorio, limitándose a reprochar al fallo la aptitud conferida al emplazamiento, por entender que se produjo cuando ya había fenecido el plazo, respecto de la 4ta. cuota del impuesto inmobiliario del año 1987.

Esta Sala ha expresado al respecto que la arbitrariedad fáctica es canalizable a través del recurso de inconstitucionalidad, pero acorde con las exigencias del Alto Cuerpo Nacional, sus causales deben ser interpretadas restrictivamente, y éstas no sólo deben invocarse sino también demostrarse. Lo contrario significaría hacer de ésta una tercera instancia ordinaria que no condice con su naturaleza excepcional.

Idénticas razones sirven para desestimar el reproche que contiene una mera referencia a la inhabilidad del título, el que tampoco se hace cargo de las motivaciones que esta Sala expresara a fs. 179 vta., segundo párrafo in fine, en sentencia que deja sin efecto el fallo cuya solución dice el accionado que comparte. Se observa que el recurrente, en este caso deudor, si bien niega deber lo reclamado, no ha probado la inexistencia de la deuda ni que la misma haya sido pagada.

Por lo demás, surge que los jueces han determinado la variación de la forma de cálculo de los intereses del capital reclamado, según consta a fs. 213, 2do. párrafo in fine del considerando y de lo dispuesto en el Punto II, in fine del resuelvo, propiciando de esta manera, un método para reformular la liquidación, en uso de las facultades que invocan, el que no ha generado controversia de las partes litigantes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene doctrinado que no basta para sustentar el remedio federal la mera aserción de determinada solución jurídica cuando ella no está razonada en forma suficientemente idónea que contemple los términos de la sentencia resuelve sobre el punto (Fallos 269:3100; 271:167, cit. en Morello y otros, "Códigos Procesales.", Edit. Platense, 1982, T. I, pág. 285), principios éstos que resultan aplicables al recurso extraordinario local.

De allí se ha decidido reiterada y pacíficamente, que el recurso no debe tener por objeto abrir una instancia ordinaria más, donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas. Es decir, que la tacha de arbitrariedad no cubre meras discrepancias entre lo decidido por el juzgador y lo sostenido por las partes (Fallos 310:1395), motivos que me llevan a propiciar la desestimación del recurso considerado.

b) Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal: Reitera el casacionista los agravios ya expresados en el recurso anterior, señalando a tal fin que la Cámara de Apelaciones encuadró los hechos y el derecho de conformidad a lo establecido por el Superior Tribunal de Justicia, habiendo omitido que en derecho tributario la distinción entre impuestos y tasas no tiene ningún efecto;

opina que la discusión sobre el punto resulta, a más, irrelevante, porque aún debiendo pagarse anualmente, también se aplica el art. 4027 inc. 3º del Código Civil y además, destaca que el Código Tributario Provincial, a partir de la modificación de la Ley 4307, unificó el término de prescripción de todos los impuestos al de cinco (5) años.

Postura que reclama se adopte para el presente caso, ya que concuerda con renombrada jurisprudencia y doctrina mayoritaria, que expone.

En primer lugar, cabe señalar que los agravios desplegados, deben ser evaluados según las reglas liminares elaboradas en torno al concepto de doctrina legal, citadas por el Sr. Procurador General, de las que se desprende que ésta, en el marco del recurso de marras, " .no está constituida por la opinión de los autores ni tampoco por la sola jurisprudencia, por más autorizada o reiterada que fuesen.

A los fines del recurso que nos ocupa la doctrina legal no es sino la propia interpretación de la ley, comprendiéndola en ella tanto el texto expreso, como los principios específicos y reglas de la ciencia del derecho. Los propios precedentes de un tribunal cuyas decisiones no pueden obligar, más allá de los casos que resuelven, no constituyen la doctrina legal a que se refiere el Decreto Ley 1413/62" (Confr. Sent. Nº 108/94).

Bajo esta óptica y sin desconocer la amplia disputa que suscita el tema planteado, señalo que no encuentro razones en las argumentaciones dadas que sean suficientes para abordar un cambio de la actual doctrina legal de este Superior Tribunal de Justicia en torno a la aplicación del término decenal para la prescripción de los impuestos basado en la distinción entre éstos y las tasas Insiste el casacionista y propicia variar la jurisprudencia vinculante, en razón del avance de la doctrina especializada que propicia los cinco años y por ser contradictoria con el art. 86 del Código Tributario Provincial, que rige en materia impositivo tributaria, en todo el ámbito provincial.

En este mismo sentido y a fin de dejar a salvo su opinión personal, se expide el Sr. representante del Ministerio Público a fs. 241 in fine/242, señalando que a falta de una regulación específica en la materia que nos ocupa, correspondería recurrir a lo normado por el citado art. 86, en su carácter de legislación general sobre prescripción.

Adelantado ya el sentido de mi voto respecto de la normativa aplicable, dejo sentado con respecto al planteo precedente, que el ámbito de aplicación del Código Tributario Provincial, no tiene el alcance pretendido por el casacionista, conforme lo determina su Art. 1º.-: "Las obligaciones tributarias consistentes en impuestas, tasas y contribuciones que establezca la Provincia del Chaco, se regirán por las disposiciones de este Código y Leyes impositivas especiales".

La obligación de pago se genera a favor de la Provincia y, en especial, queda también definido, con relación al Impuesto Inmobiliario, (Art. 103º.- del Decreto Ley 2.444/62 y sus modif.) que: "Toda propiedad raíz situada en el territorio de la Provincia -fuera de los ejidos municipales- quedará sujeta al pago anual de un impuesto inmobiliario básico que fijará la ley tarifaria".

En consecuencia, el régimen citado queda acotado a los supuestos que caen bajo su jurisdicción, ya que para que resulten aplicables las disposiciones de este Código o de las leyes especiales, es necesario que revistan la categoría de contribuyentes o responsables, según las especificaciones que de las mismas resulten. (art. 9º) (lo resaltado en negrita me pertenece).

Consecuentemente con lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso impetrado, por lo que voto negativamente a esta primera cuestión. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Que coincido con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, por lo que adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido.

Sin perjuicio de ello, entiendo necesario formular algunas precisiones, respecto de la problemática que se resuelve en el presente recurso.

A tal fin observo, del desarrollo de los argumentos que vertebran el nuevo fallo de Alzada, minuciosamente descriptos en el voto que antecede, que la labor desplegada por los magistrados se ciñó a los lineamientos definidos por esta Sala Primera del Superior Tribunal de Justicia en la sentencia dictada a fs. 175/181 vta. (que nulificó el anterior fallo).

Rescato también que la sentencia en crisis, aborda la solución de la materia litigiosa desde la perspectiva y a partir de los parámetros definidos por esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia en la citada sentencia Nº 380/01, los que sirven a los sentenciantes de punto de partida para afirmar -arrancando del examen del título que sirve de base a la presente ejecución- que el término de prescripción aplicable a los impuestos cuyo pago reclama la Municipalidad de Resistencia es el decenal.

Advierto que el conocimiento del contenido de la litis que asumió la Alzada y la nueva solución impresa al sub judice fueron acordes a los criterios sentados por la Sala Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia en la decisión recaída en los autos:

"Municipalidad de Resistencia c/ Feldman" (Nº 47.388/00), cuyos alcances deben prevalecer -básicamente- porque responden al acatamiento por la Cámara, de la decisión adoptada por este Alto Cuerpo en un recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, jurisprudencia de carácter vinculante vigente al momento en que fue resuelta la cuestión que hoy nos ocupa, con el propósito ineludible de no contravenir las exigencias de la seguridad jurídica.

Quiero dejar aclarado, sin embargo, en razón de la opinión sustentada por la suscripta sobre la materia -prescripción de tributos municipales- que dejo a salvo la misma en caso de que me corresponda emitir pronunciamiento en circunstancias disímiles a las que se configuran en el sub lite, con lo que se podría arribar a una solución distinta a la que ahora se propone, en función de las particularidades del presente caso. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se desestimen los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos por el demandado a fs. 222/230 vta., contra la resolución dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 191/215.

Las costas de esta instancia, dado el resultado del recurso y lo normado por el art. 68 del CPCC, se imponen a la recurrente.

Los honorarios profesionales se difieren para la oportunidad en que sean regulados en las instancias anteriores. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO: Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del Dr. Ramón Rubén Ávalos respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a la imposición de costas y diferimiento de honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretario Subrogante, de lo que doy fe.

MARIA LUISA LUCAS RAMON RUBEN AVALOS S E N T E N C I A N°_763______ RESISTENCIA, junio 25 de 2004.

AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- DESESTIMAR los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos por el demandado a fs. 222/230 vta., contra la resolución dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 191/215 vta..

II.- IMPONER las costas a la recurrente.

III.- DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales para la oportunidad prevista en el Acuerdo que antecede.

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación al Sr. Presidente de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad y remítase copia autenticada de la presente a la Sra. Presidente de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.