Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-08


Nro. de Sentencia: 001 En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil seis se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia del Dr. Carlos S. Margara y con la asistencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Benjamín Moisá, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "T., S. A. c/ A., J. H. . s/ Laboral" (Expte. Nº 194/05 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.- Practicado a fs. 287 el sorteo establecido en el art. 9 de la Ley 1130 correspondió el siguiente orden para la votación: Dres. MOISÁ - MARGARA.

Acto seguido se procedió a plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 262/268? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión, el Dr. Moisá dijo:

1. Por la Sentencia N° 52 de fecha 04 de noviembre de 2005 (fs. 262/268), el Sr. Juez de primera instancia decide hacer lugar a la demanda laboral entablada por S. A. T. contra J. H. G., condenando a esta último a abonar a la actora la suma de $252,34 correspondiente a los rubros detallados en el considerando segundo, con más intereses y costas.

Contra tal decisión, interpone recurso de apelación la parte demandada, cuestionando en el mismo acto por alto los honorarios regulados a los letrados de la actora (fs. 272). Previa concesión del mismo, la recurrente expresa agravios a fs. 276/277 vta., sin que la contraria presente el informe facultativo que autoriza el art. 62 de la Ley N° 69.- 2. En lo substancial, el recurrente concreta su queja en dos agravios:

En primer lugar, sostiene que la sentencia recurrida deviene arbitraria y carente de toda motivación fáctica y jurídica por cuanto la diferencia salarial ($252,34), a cuyo pago condena al empleador, fue establecida en base a una categoría laboral en la que no corresponde encuadrar a la trabajadora, entendiendo que de la prueba testimonial rendida en autos surge que la tarea esencial, principal y excluyente de la actora era la venta y despacho al público.

En suma, entiende que el hecho de que la actora cobrara la mercadería que despachaba no implica que deba ser encuadrada como "Cajera".- En consecuencia, concluye el apelante en que, habiendo abonado a la actora en forma íntegra los salarios convencionalmente pactados respecto de la categoría laboral correspondiente, según informe pericial (Punto N° 4), no existe diferencia salarial alguna a favor de aquélla, debiendo la sentencia ser revocada en ese punto.

b) Como segundo agravio, con cita de abundante jurisprudencia, el recurrente crítica por injusta y arbitraria la imposición de costas, considerando que atento al ínfimo importe por el que progresa la demanda, la actora reviste en realidad la calidad de perdidosa.

3. Resumidos del modo precedente los agravios del apelante, entiendo que le asiste la razón. En efecto, de conformidad con el art. 161, inc. e) de la CCT N° 76/73 (Apartado "H", Provincia del Chubut), aplicable por remisión de la CCT N° 62/75, las tareas de la categoría laboral "Cajera" se limitan a "funciones específicas conexas con el trabajo administrativo correspondiente".

Por lo tanto, el cobro a los clientes que atienden por parte de los vendedores, práctica común en una panadería que debe ser valorada con criterio de colaboración y solidaridad (art. 62, LCT), no tiene entidad suficiente para calificar a tales dependientes como cajeros, pues ésa es una tarea más vinculada con el despacho al público -art. 161, inc. a)- que con específicas funciones administrativas.- En consecuencia, los testimonios de fs. 122, 123, 132, 133, 135 y 137 y el informe pericial de fs. 81/82 vta. me llevan a la conclusión de que la categoría laboral correspondiente a la actora, S. A. T., es la de "vendedora" según el art. 161, inc. a) de la CCT N° 76/73 y que, por lo tanto, el empleador, J. H. G., no le adeuda diferencia salarial alguna.4.

En consideración a la conclusión a la que arribo, entiendo que corresponde adecuar las costas y los honorarios profesionales regulados de conformidad con el art. 279 del CPCC, aplicable supletoriamente por remisión del art. 76 de la Ley N° 69, lo cual me exime de pronunciarme con respecto a la apelación de los honorarios regulados a los letrados de la parte actora.

En cuanto a las costas, teniendo en cuenta el rechazo de la demanda en lo substancial y su insignificante progreso, sólo en cuanto al certificado del art. 80 de la LCT, estimo que las mismas deben ser impuestas en su totalidad a la actora vencida (art. 68, CPCC, por remisión del art. 76 de la Ley N° 69).

5. En suma y en mérito a las consideraciones precedentes, voto la cuestión por la negativa.

A idéntica cuestión el Dr. Margara dijo:- Vienen los presentes actuados a ese Tribunal, en razón de haber sido apelada por la parte demandada a fs. 272, la sentencia dictada con fecha 4 de noviembre del año 2005, registrada bajo el número 52 del mismo año y que glosa a fs. 262/268, como así también la regulación de honorarios efectuada a los letrados de la parte actora por considerarlos altos.

Mediante el memorial obrante a fs. 276/ 277 y vta., expone el recurrente las críticas que el fallo en crisis le merece, y así en la primera de ellas, lo ataca por discrepar respecto a la categoría laboral que en definitiva se la asigna a la actora.

En fundamento de su queja, expone que si bien es cierto, la actora cobraba sus ventas, su tarea, tal como surge de las declaraciones testimoniales que indica, realizaba como tarea principal y excluyente la de vendedora y despacho al público, por lo que la misma encuadra en el art. 161 inc "a" del CCT 62/75.- La tarea de cobrar dice, "... resultaba un comportamiento consecuente de aquella tarea principal (art. 62 LCT), que no implica que deba ser encuadrada como cajera."- Que ello es así, dice, pues la misma y conforme al convenio aplicable tal categorización corresponde a quienes desarrollan "...funciones específicas conexas con el trabajo administrativo."- Recalca que la actora no cobraba los despachos que hacían las demás vendedoras.

Mediante su segundo agravio, ataca el fallo en cuanto a la imposición de las costas, pues entiende que la acción con relación al monto original del reclamo ha prosperado sólo en una mínima porción, que en términos porcentuales sería la del 0,04 % ya que se le reconoce sólo un importe de $ 252,34.- sobre un total demandado de $ 6.170,26.

En base a tales circunstancias sostiene que si no se considera al actor como vencido, las costas deberán imponerse en proporción al resultado obtenido, indicando que a su juicio deben ser el 99,96% a la actora y el 0,04% a la demandada.

Cita en apoyo de su postura jurisprudencia de tribunales de extraña jurisdicción y además un fallo de este Tribunal.- Resumidas así en sus aspectos centrales las quejas vertidas por el recurrente, pasaré al análisis de las mismas, siguiendo el orden en que fueran impuestas, a los fines de determinar si le asiste razón, o no, en sus pretensiones.

Entrando al estudio del primer agravio, soy de opinión de que y conforme surge de las declaraciones testimoniales obrantes en autos, cada una de las empleadas vendedoras, y sin lugar a dudas por una razón práctica en el funcionamiento del comercio cobraba sus ventas, motivo por el cual no puede encuadrarse su actividad en la de cajera, tal como la define el art. 161 inc. "e" del respectivo CCT cuando dice: "Cajera: se limita a sus funciones específicas conexas con el trabajo administrativo pertinente".

Por lo tanto no puede encuadrarse en dicha categoría y en el caso de autos a la actora que tenía como tareas específica la de vendedora.

Por otra parte, quiero dejar expresado que llama la atención, que la actora durante toda su relación laboral haya aceptado la prestación de sus servicios conforme lo indica la categoría que se le asignara y firmado de conformidad sus recibos de haberes, alegando recién al momento de considerarse despedida la existencia de una categorización defectuosa.- A mi juicio y en función de lo dispuesto por los arts. 62 y 63 de la LCT, los principios por ellos establecidos deben prevalecer y ser apreciados con total objetividad conforme a las circunstancias del caso concreto, circunstancias que vuelo a recalcar por su trascendencia me llevan al convencimiento de que las tareas que desarrollaba la actora no ameritan el encuadre que se lleva a cabo en el fallo.

En consecuencia voy a proponer la modificación de la sentencia en este aspecto, es decir en cuanto hace lugar a las diferencias salariales que surgen de la categoría que se le asignara (cajera), lo que así voto.

Con respecto a su segunda queja, la que como dijera, está referida a la imposición de las costas, es mi opinión de que atento el rechazo de la demanda en lo substancial y su insignificante progreso, sólo en cuanto al certificado del art. 80 de la LCT, las mismas deben ser impuestas en su totalidad a la actora vencida (art. 68, CPCC, por remisión del art. 76 de la Ley N° 69).- Consecuentemente, no corresponde tratar el recurso de apelación interpuesto contra los honorarios que se le regulara a los letrados de la parte actora en primera instancia.- Costas en este Alzada a la actora vencida.

A la segunda cuestión el Dr. Moisá dijo:- Por lo expresado al votar la primera cuestión, propongo: a) revocar el punto A) de la parte dispositiva de la Sentencia N° 52 de fecha 04 de noviembre de 2005 (fs. 262/268); b) adecuar, de conformidad con el art. 279 del CPCC, aplicable supletoriamente por remisión del art. 76 de la Ley N° 69, las costas y los honorarios de primera instancia; imponiendo las primeras a la actora vencida (art. 68, CPCC, por remisión del art. 76 de la Ley N° 69), y fijando los emolumentos profesionales en la suma de $750.- para el Dr. M. I. M. y en la de $525.- para los Dres. G. A. S. e I. B., en conjunto (arts. 6, 7, 8, 9, 39, 47 del Dcto. Ley N° 2.200); c) imponer las costas de esta instancia a la actora vencida (art. 68, CPCC, por remisión del art. 76 de la Ley N° 69), determinándose los honorarios del profesional interviniente en esta Alzada, Dr. M. I. M., en la suma de $260.- (art. 14, Dto. Ley N° 2.200). En todos los casos, con más el I.V.A., si correspondiere.

A la misma cuestión el Dr. Margara dijo:

Atento como ha quedado la primera cuestión al emitir mi voto, propongo: 1)revocar el punto A) de la parte dispositiva de la sentencia de fs. 262/268 en cuanto hace lugar a las diferencias salariales que surgen de la categoría que se le asignara (cajera), reclamo que se rechaza conforme lo expuesto en los considerandos precedentes; 2) imponer las costas de ambas instancias a la actora (arts. 279 y 68. CPCC); 3) adecuar los honorarios de primera instancia (art. 279, CPCC), fijando los mismos en la suma de $ 750.- para el Dr. M. I. M. y en la de $ 525.- para los Dres. G. S. e I. B., en conjunto; y regular honorarios por su actuación en esta Alzada en la suma de $ 260.- para el Dr. M. I. M. (arts. 6, 7, 8, 9, 14, 39, 47 del Dto. Ley 2.200). En todos los casos, con más el I.V.A. si correspondiere.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:- S E N T E N C I A Y VISTOS: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:- 1°) REVOCAR el punto A) de la parte dispositiva de la Sentencia Nº 52 de fecha 04 de noviembre de 2005 (fs. 262/268), en cuanto hace lugar a las diferencias salariales que surgen de la categoría que se le asignara (cajera), reclamo que se rechaza conforme lo expuesto en los considerandos precedentes.

2°) ADECUAR, de conformidad con el art. 279 del CPCC, aplicable supletoriamente por remisión del art. 76 de la Ley N° 69, las costas y los honorarios de primera instancia; imponiendo las primeras a la actora vencida (art. 68, CPCC, por remisión del art. 76 de la Ley N° 69), y fijando los emolumentos profesionales en la suma de $750.- para el Dr. M. I. M. y en la de $525.- para los Dres. G. A. S. e I. B., en conjunto (arts. 6, 7, 8, 9, 39, 47 del Dcto. Ley N° 2.200).

3°) IMPONER las costas de esta instancia a la actora vencida (art. 68, CPCC, por remisión del art. 76 de la Ley N° 69), determinándose los honorarios del profesional interviniente en esta Alzada, Dr. M. I. M., en la suma de $260.- (art. 14, Dto. Ley N° 2.200). En todos los casos, con más el I.V.A., si correspondiere.- 4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.- La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por encontrarse vacante una vocalía y haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley Nº 1.130, texto según Ley Nº 4.550).

CARLOS S. MARGARA BENJAMÍN MOISÁ REGISTRADA BAJO EL NRO. 1 DEL AÑO 2006. CONSTE.-Fdo. Irma Alicia Carbó-Secretaria.-