Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-26


En la ciudad de Trelew, a los 26 días de Octubre del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones esta ciudad, con la presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Aldo Luis De Cunto, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "N, J, c/ L, S,, N, J, P, s/ USUCAPION" (Expte. N° 22.179 año 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 153.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Lucero dijo: Vienen estos actuados a conocimiento de la alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 125), en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 118/119 y vta.), por el cual se rechaza la demanda por prescripción adquisitiva de dominio planteada por el Sr. J. N. contra la Sra. N. J. P. L. S., con costas.

A fs. 139/141, luce agregada el escrito de expresión de agravios.

A fs. 143/ y vta., obra agregada la sentencia interlocutoria por la cual se deniega la solicitud de apertura a prueba en la alzada, la cual se encuentra registrada bajo el Nº 81 del protocolo respectivo de éste tribunal.

A fs. 146, se ordena correr traslado del sostenimiento del recurso impetrado a la contraria, el cual no fue evacuado.

I. El parte actora recurrente formula los siguientes agravios, a saber: 1) falta de presentación de recibos de pago de tributos: En relación a la falta de presentación de recibos de pago de impuestos, tasas o contribuciones del bien que se pretende prescribir, expresa que de acuerdo a la legislación vigente los inmuebles rurales se encontraban exentos del pago de impuesto inmobiliario rural dada la situación de emergencia agropecuaria que sufría en dicho momento el sector. Cita la ley provincia 4056, que suspende el cobro de los años 1990, 1991 y 1992 del impuesto inmobiliario rural. Cita también el decreto provincial 656/95 que puso recién al cobro el año 1994 (año anterior a la cesión formalizada). La ley provincial 4409, agrega, condona el pago del impuesto de los años 1999 hasta el año 2003. Recientemente el decreto 325/06, manifiesta que se pone al cobro el impuesto inmobiliario correspondiente al año 2004, luego de un empadronamiento y evaluando la capacidad productiva del campo. De ello, afirma, resulta claro que su parte no tuvo obligación legal de abonar dicho tributo desde que recibió la cesión y/o posesión del campo y es por ello que no los acompañó al proceso. 2) sucesión singular de posesiones: Refiere a que la Sra. Juez a quo indicó que le faltó acreditar el vinculo existente entre su cedente, Sra. M. E. R. de F. y la titular registral del inmueble demandada en autos, lo cual la lleva a desestimar la demanda. Indica que cabe aclarar dos situaciones: A) no existe necesidad de acreditar vínculo alguno entre la cedente y la titular registral ya que en ningún momento la cedente manifiesta haber obtenido la propiedad del inmueble rural sino solo la posesión sobre el mismo, derecho que luego transmite ante notario público. Cita los arts. 3950 y 3952 del Código Civil y opinión doctrinal vinculada al tema. Termina aseverando que no incumbe el modo como adquirió la anterior poseedora su posesión del titular sino que importa solo probar que la misma ejerció la posesión del inmueble. B) Como segunda cuestión, dice, debe acreditarse la efectiva, pública, pacífica, ininterrumpida y con ánimo de dueño de la posesión anterior. Para ello es importante valorar no solo la prueba existente, como el plano de mensura, sino el boleto de señal perteneciente a U. F. e informe del Juzgado de Paz correspondiente. Asevera que a través de éste queda acreditado que éste poseía hacienda en el lugar que catastralmente en dicho momento se identificaba de ese modo. Precisa que el contar con una señal a su nombre y perteneciente a un establecimiento implica que el mismo tenía animales de su propiedad pastando en dicho inmueble lo que denota un típico acto posesorio. Refiere que la ratificación del juzgado de Paz la circunstancia que haya cambiado de jurisdicción es solo una modificación administrativa interna que nada contradice sus dichos. Seguidamente pasa a referirse a documentación que intentara acompañar en esta segunda instancia fallidamente, extrayendo de tales instrumentos hipótesis que no tiene caso reproducir atento al rechazo antes aludido.

II. En los términos delimitados por los agravios reseñados precedentemente ingresaré al tratamiento en conjunto de los mismos debido a su íntima conexión con la necesaria prueba de la posesión como presupuesto ineludible para la viabilidad de la pretensión de adquirir por prescripción el dominio sobre el inmueble objeto de la demanda individualizado como Lote pastoril 3, Sección DI, margen norte Río Chico, C. E:, conforme plano de mensura acompañado y demás datos catastrales.

El fallo cuestionado, en relación al primero de los agravios vertidos, expresó en relación a los presupuestos de admisibilidad previstos por la ley 14.159, entre los cuales se mencionó la necesaria verificación impuesta por la citada normativa en cuanto requiere que se asegure el eventual interés fiscal que pudiere estar comprometido ".mediante la intervención en el caso del representante legal que correspondiese."(vide: 2do párrafo de los considerando fs. 118 vta.). Es decir, cabe intelegir que tal mención solo fue realizada a efectos de evaluar si la integración del polo pasivo de la relación jurídico procesal preservaba algún posible interés fiscal involucrado en la medida que pudiera concurrir el supuesto de bienes de propiedad privada del Estado provincial o bienes mostrencos (Art. 2342, incs. 1ro. y 3ro. del Cód. Civ.). Es a tal efecto que cabe entender que hizo esta breve referencia a la falta de acompañamiento de ningún recibo de pago de impuestos, tasas o contribuciones del bien que se intenta prescribir, concluyendo que se desconoce si existe aquel (claramente se refiere al interés fiscal en los términos previstos por el inc. "d" del art. 24 de la ley 14.159, según texto mod. por decreto ley 5756/58). De allí que no tiene caso que me detenga a evaluar siquiera las denunciadas excepciones tributarias de las que afirma la impugnante fue beneficiado el predio rural que se quiere usucapir.

Ello así, máxime cuando, desde otra perspectiva, lo señalo solo a mayor abundamiento, es sabido que el citado decreto ley 5756/58 modificó el alcance de la exigencia que originariamente contenía el art. 24 de la Ley 14159 (en tanto preveía que quien pretendiera usucapir debía acompañar los certificados emitidos por las oficinas recaudadoras que acreditara el pago a su nombre del impuesto respectivo por todo el lapso de la posesión). Pues, la referida modificación lo fue en el sentido que se estableció tal medio de prueba específico como de especial consideración, al establecer literalmente el siguiente texto vigente; "Será especialmente considerado el pago, por parte del poseedor, de impuestos o tasas que gravan el inmueble aunque los recibos no figuren a nombre de quien invoca la posesión"(sic).

En consecuencia, luego de la reforma, la acreditación del pago de los impuestos dejó de ser un requisito fundamental para la procedencia de la acción, ya que ahora dicho pago será un elemento probatorio más, que merece una especial consideración a los fines de evaluar el "animus domini", pero que por sí solo no bastará para el éxito de la pretensión adquisitiva de dominio por vía de la invocación de la concurrencia de la prescripción larga del art. 4015 del Código Civil.

Estimo, en cambio, relevante el segundo de los aspectos traídos a colación en el fallo y, por supuesto, en el agravio; cual es, si se encuentra o no acreditada la posesión veinteñal prevista por el art. 4015 del Código Civil. A tal efecto la sentenciante bien predispuso el marco fáctico que debía verificarse a tal efecto, señalando que ".la accesión o unión de posesiones invocadas por el demandante, se produce cuando una posesión pasa y continúa de manos de un primitivo poseedor a manos del actual, sea a título de sucesor universal o singular. Sólo se exige que sea ininterrumpida, con ánimo de dueño y que cada una de ellas proceda inmediatamente de la otra, mediando además entre sus titulares un nexo jurídico de transmisión. En suma, se requiere la existencia de un vínculo de derecho, de un título traslativo de dominio oneroso o gratuito que ligue al actor con el sucesor."(sic)(fs. 118 vta./119).

En tal marco de análisis señaló efectivamente que si bien se acreditó la cesión de derechos y acciones de la Sra. R. de F: al actor ".le faltó acreditar el vínculo jurídico entre M. E. R. de F. y la titular registral N. J. P. L. S:."(sic). Inmediatamente, en el apartado siguiente, apuntó de modo concreto el motivo que pone en el tapete como pilar principal de su andamiaje argumental, es decir, la circunstancia dirimente para arribar a su veredicto desestimatorio, cual que el actor ".no probó la posesión de su antecesora ni cómo la obtuvo, por ningún medio de prueba." (sic)(fs. 119).

Al respecto cabe resaltar, por caso, que en el escrito de demanda el actor afirmó entre tales datos relevantes, en particular el relativo a la posesión de su cedente, predecesora cuya posesión pretendió acceder a su propia posesión en los términos previstos por los Arts. 2475 y 2476 en concordancia con el art. 4005 del Código Civil, que ésta habría ingresado a la posesión del inmueble que se quiere usucapir desde el 25/03/1960. Es más, indicó que su cedente no adeudaba a la fecha de la cesión ningún tributo y que le entregaba los comprobantes de los años 1985 a 1988 (ver fotocopia del primer testimonio de la escritura Nº 44 obrante a fs. 3 y 4; y escrito de demanda fs. 9).

Más adelante, al ampliar su demanda, aseveró que la Sra. M. E. R. de F. "...poseía a título de dueña en forma pacífica e ininterrumpida, pública y notoria y sin reclamo de ninguna índole ni extra judiciales o judiciales sobre el inmueble que se pretende prescribir, habiendo adquirido...los derechos correspondientes..."(sic)(fs. 36).

En dicha ampliación de demanda se ofreció entre otras prueba la documental consistente en la compraventa de lana del establecimiento rural "El C.", recibos por pagos de esquilas en dicho establecimiento rural correspondientes a diferentes años, recibos por trabajos en instalaciones y recibos de pago a personal que se desempeñó en el mismo. El recibo de más antigua data es del año 1991 (ver fs. 25).

Pues bien, aún cuando se admitiera que tales recibos por zafras fueran efectivamente demostrativos del hecho que implica la posesión del inmueble rural, no acreditan por si solos el tiempo necesario para tener por operado el plazo de adquisición prescriptiva denunciado como operada en estos autos por vía de la accesión de posesiones.

Es que si el actor aduce ser cesionario de un anterior poseedor del bien, necesariamente debe probar la existencia de actos posesorios ejecutados por su antecesor y, luego, por él mismo, pues el fundamento sobre el que reposa la figura de la denominada accesión de posesiones que son distintas y separables entre sí es que el autor traspasa a su sucesor a título singular los derechos y ventajas emergentes del estado de hecho de su posesión y así, mediante la accesión, el segundo puede completar el plazo legalmente requerido para la prescripción adquisitiva a su favor (C1ra.CC. de la Plata, Sala I, 15992, "M. c/ D. de S. s/ Posesión veinteñal", LexisNexis, BA B100279; CCC de Morón, Sala II, 29296, "A. c/B. de Reyes s/ Usucapión", LexisNexis, BA B2351011).

Indicado que fue tanto en el título por el cual se instrumentara la cesión como al interponer la demanda que la cedente, Sra. M: E. R. de F:, comenzó a poseer el bien inmueble objeto del presente proceso por usucapión, debió acreditarse tal circunstancia fáctica que importaba dirimente a los fines de que, sumada a la posesión propia y personal que ejerciera el cesionario pretenso usucapiente en autos, se reuniera el presupuesto básico de la norma que invoca en sustento de dicha pretensión, cual es el transcurso del plazo de prescripción adquisitiva veinteñal previsto por el art. 4015 del Código Civil.

Por lo expuesto, concluyo entonces, en que corresponde confirmar el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a cargo de la parte actora recurrente vencida en ella (Conf. arts. 68 y 279 del C.P.C.C.).

Los honorarios de la Dra. G. A., letrada patrocinante de la parte actora apelante, por sus tareas de alzada, apreciándolas por su extensión, calidad y eficacia, estimo apropiado regularlos en la suma equivalente al 2,75%, del monto del pleito que se determine a través del procedimiento indicado en el anterior grado, con más el I.V.A. pertinente (Conf. arts. 6, 14, 23, 47 de la Ley 2.200; y leyes 23.349 y 23.871).

Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella por la AFIRMATIVA.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 125, que fuera concedido libremente a fs. 126, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 118/119 y vta. que rechazó la demanda por prescripción adquisitiva de dominio del inmueble individualizado como lote pastoril 3, Sección DI, Margen Norte Rio Chico, Colonia Escalante, inscripto al T° 86, F° 210, Finca N° 740, instaurada por J. N. contra N. J. P. L. S., con imposición de costas al actor vencido.

Los agravios vertidos lucen a fs. 139/141, la solicitud de apertura a prueba en la Alzada fue denegada por sentencia interlocutoria de fs. 143 y vta., el traslado ordenado a fs. 146 no fue evacuado por su contraria, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precediera en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones.

2. Respecto de los presupuestos de admisibilidad contemplados en el art. 24 de la ley 14.159, señaló el juzgador, entre otros, el aseguramiento de un eventual interés fiscal comprometido mediante la intervención en el caso del representante legal que correspondiese.

Sobre tal cuestión se agravia el quejoso al sostener que de acuerdo a la legislación vigente los inmuebles rurales se encontraban exentos del pago del impuesto inmobiliario dada la situación de emergencia agropecuaria sufrida.

En tal sentido, el razonamiento del juzgador se limitó a postular acerca de la posible existencia de interés fiscal para el caso de concurrir bienes privados del Estado, se traten de derechos originarios o bienes vacantes o mostrencos, categorías incluidas en los incisos 1° y 3° del art. 2342 del Código Civil.

De tal modo, la mención estuvo dirigida al requisito previsto en el inc. d) del art. 24 de la ley 14.159, sustituido por el art. 1 del decreto ley 5756/58 (". En caso de haber interés fiscal comprometido, el juicio se entenderá con el representante legal de la Nación, de la Provincia o de la Municipalidad a quien afecte la demanda."), y es desde esa perspectiva que también precisó que en cuanto al interés fiscal que eventualmente pudiera estar comprometido, cabe hacer notar que el actor no ha acompañado ningún recibo de pago de impuestos, tasas o contribuciones del bien que pretende prescribir, por lo que se desconoce si existe aquél.

Y por tratarse de un eventual interés fiscal ninguna relevancia tiene para la dilucidación de la causa ingresar en la consideración de las excepciones tributarias expuestas a fs. 139 de la pieza a estudio, máxime si se considera que el recaudo previsto en el art. 24 inc. c) de la ley 14.159 referido a la necesidad de acompañar certificados emitidos por las oficinas recaudadoras, de los que resulten que el actor o quienes le han transmitido el derecho, abonaron a su respectivo nombre el impuesto por todo el lapso de la posesión, fue modificado sustancialmente por el ya citado decreto ley al establecer que "Será especialmente considerado el pago, por parte del poseedor, de impuestos o tasas que graven el inmueble, aunque los recibos no figuren a nombre de quien invoca la posesión".

Todo lo cual permite señalar que con esa sustitución del art. 24 dispuesta por el art. 1 del decreto ley 5756/58 ya no es regla a observar como requisito de procedencia de la acción la acreditación del pago de impuestos como lo establecía el texto originario (" . se observarán las siguientes reglas: . c) La demanda deberá acompañarse de . certificados emitidos por las oficinas recaudadoras ."), por cuanto en la actualidad dicho pago es uno de los medios de prueba que podrán arrimarse a la causa a fin de ponderar la existencia de animus domini, pero de ningún modo resulta dirimente para fundar la demanda por prescripción adquisitiva de dominio.

Luego de la reforma introducida por el decr.ley 5756/58, la acreditación del pago de impuestos dejó de ser un requisito fundamental para la procedencia de la acción, puesto que en la actualidad dicho pago "será especialmente considerado", o sea que como elemento probatorio sigue teniendo gran importancia, pero no es decisivo para el éxito de la acción (BueresHighton, "Código Civil .", Editorial Hammurabi, 2001, T. 6 B, pág. 754).

Corresponde en consecuencia ingresar al aspecto dirimente de la cuestión que consiste en determinar si el actor acreditó la posesión continua de veinte años prevista por el art. 4015 del Código Civil.

Y aun prescindiendo de considerar el vínculo jurídico entre M. E. R. de F. y la titular registral N. J. P: L. S., a partir de tomar el vínculo existente entre el actor y la anterior poseedora en virtud de la escritura de cesión de derechos que luce a fs. 3/4 por tratarse de un vínculo jurídico válido entre dos poseedores, desde que la posesión invocada por el accionante data desde el año 1995 necesariamente debe sumarse la posesión de su cedente para alcanzar así el plazo de 20 años exigido por la citada normativa.

Y en este aspecto vinculado a la unión de posesiones bien señaló el juzgador que quien pretenda unir a su propia posesión la ejercida por presuntos antecesores, debe acreditar no solamente el hecho de la posesión suya y la de aquellos, sino el vínculo jurídico que establece el lazo de continuidad, el puente entre el anterior poseedor y el siguiente.

Dicho de otro modo, aun aceptando la existencia del vínculo jurídico entre cedente (M. E. R. de F.) y cesionario (J. N.), este último debe probar la posesión de su antecesora. Y en ese direccionamiento la Sra. Juez de la anterior instancia precisó que el cesionario (actor) no probó la posesión de su antecesora ni cómo la obtuvo, por ningún medio de prueba. Con respecto a la prueba testimonial, el testigo M. (fs. 78/vta.) no fue preguntado por la posesión y actos posesorios de la Sra. R. de F., sino sólo por los del accionante. Y en lo que hace a los testimonios de B. (fs. 84) y O. (fs. 85/vta.), la letrada patrocinante del actor se presentó como gestora y nunca ratificó su actuación en estas dos audiencias, conforme lo prescripto por el art. 48 del CPCC. Por lo demás, aún de tener en cuenta los dichos de estos dos testigos, las preguntas que se le efectuaron adolecen de los mismos defectos del testigo M. Y nada surge de la prueba informativa (fs. 77 y fs. 100/101) sobre este tópico.

Nótese que alegó el actor en demanda la posesión notoria y pública ejercida por su cedente desde "el día 25 de Marzo de 1960" (acápite II, fs. 9 vta.), reiterando en su escrito de ampliación que "la Sra. M. E. R. DE F., poseía a título de dueña en forma pacífica e ininterrumpida, pública y notoria y sin reclamos de ninguna índole ni extra judiciales o judiciales sobre el inmueble que se pretende prescribir, habiendo adquirido el actor los derechos correspondientes por el instrumento público que se individualizó ." (fs. 36).

Y si bien se ofreció como prueba documental boletas de compraventa de lana y recibos de pago por trabajos de esquila en el establecimiento (p. III. c, d, e, y f, fs. 36 vta.), lo cierto es que con ese único elemento probatorio no se acredita el transcurso del tiempo requerido para alcanzar con éxito la prescripción de veinte años.

Si quien pretende usucapir es sucesor a título singular del primitivo poseedor, por haberle cedido sus derechos y acciones posesorias, uniendo a tal posesión la que él detentara luego, debe, en consecuencia acreditar la coexistencia de ambas posesiones durante el plazo necesario para adquirir el dominio por prescripción (CNCiv., sala D, mayo 6969, "García de Nigro, Electra", E.D. 27403).

Es decir, en caso de accesión de posesiones el cesionario debe acreditar los actos posesorios cumplidos por su cedente, y desde ya que no es prueba idónea las manifestaciones vertidas en la escritura de cesión de acciones y derechos posesorios.

Se ha resuelto que para justificar la accesión de posesiones el cesionario de un anterior poseedor debe probar los actos posesorios ejecutados por su antecesor y luego por él mismo, y que las declaraciones del cedente en la escritura de cesión de acciones y derechos posesorios respecto de haber detentado la posesión pública, pacífica, ininterrumpida, con ánimo de dueño, no configuran prueba hábil para justificar la accesión de posesiones, pues el notario da fe de los actos que hayan pasado en su presencia como la voluntad de ceder y la aceptación de la cesión y no de las afirmaciones y apreciaciones de los comparecientes. Cabe aclarar que lo decidido no significa que el contrato de cesión no sea idóneo a los efectos de la accesión de posesiones, sino que no es hábil para probar la posesión en sí misma, que requiere de actos materiales (ZannoniKemelmajer de Carlucci, "Código Civil .", Astrea, 2005, T. 10, págs. 518/519).

A los fines de la prescripción adquisitiva, el cesionario debió haber acreditado fehacientemente que su cedente ejerció derechos posesorios sobre el bien, para lograr, por accesión de posesiones, completar el plazo de 20 años que exige el art. 4015 del Cód. Civil (CCiv. y Com., Morón, Sala II, 15/6/95, "P., N. H. c. C:, C. y otros", J.A. 1997I, Indice 171, fallo n° 24).

Por tales razones, no habiendo probado el cesionario en forma fehaciente la realización de actos posesorios ejecutados por su antecesora no coronó con existo la accesión de posesiones invocada y por ende no alcanzó a completar el plazo de 20 años establecido por el art. 4015 del Código Civil, y ello conduce a la desestimación de los agravios.

3. En consecuencia, también propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada al apelante vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos, entiendo prudente los emolumentos que propicia regular el vocal que me precede en la votación a favor de la Dra. G. A. , en su carácter de letrada patrocinante del actor, en el 2,75% del monto del proceso establecido en la anterior instancia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente. Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) CONFIRMAR el fallo venido en apelación en todo lo que fue materia de agravios. 2) IMPONER las costas de segunda instancia a la parte actora apelante vencida en ella. 3) REGULAR los honorarios de la Dra. Graciela Agüero en la suma equivalente al 2,75% del monto del proceso que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente.

ASI LO VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.

Así lo voto.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.C.C., textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: CONFIRMAR el fallo venido en apelación en todo lo que fue materia de agravios; IMPONER las costas de segunda instancia a la parte actora apelante vencida en ella; REGULAR los honorarios de la Dra. G. A. en la suma equivalente al 2,75% del monto del proceso que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO RAUL ADRIAN VERGARA REGISTRADA BAJO EL N° 32 DE 2007 SDC. Conste.