marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sobreseimiento definitivo, prescripción de la acción penal, buen nombre y honor del procesado
Materia: PENAL
Carátula: MARQUEZ, MANUEL s/ Cheque sin fondos Causa 29208-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-30

Cuando el sobreseimiento definitivo es dictado a raíz de excepciones y en el caso concreto de prescripción, no corresponde la declaración del artículo 437 del Código de Procedimientos en Materia Penal.
Empleados públicos, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CEBALLOS DE ARMOCIDA MARTHA MARIA c/ MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE s/ NULIDAD DE DECRETO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1987-05-27

Corresponde desestimar el pedido de nulidad del Decreto 282/83 por el cual se designa a una empleada en el cargo de Jefe de Compras de la Municipalidad de Diamante, asignándole la categoría 16 ,siendo que anteriormente lo desempeñara en forma interina con la categoría 18 ,ya que el interinato no otorga derecho a la categoría ni tampoco a su remuneración. Por otra parte la Municipalidad obró en ejercicio de facultades discrecionales, dentro de los márgenes de la Ordenanza 149/75 (fija las condiciones de ascensos de empleados y obreros) manteniendo la igualdad de derecho del personal, lo que se violentaría si se la designara en más de una categoría de la que reglamentariamente le correspondería
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gómez Landero Julio c/ Bojanich de Rosas María Susana s/ Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

No tratándose de prueba para cuya producción se hubiere fijado plazo extraordinario vencido el plazo de prueba no puede prescindirse de la pendiente si no mediare declaración de negligencia en su producción, salvo cuando se tratare de informes y éstos no se consideren esenciales (arts.370 y 493,2º parte, del C.P.C., de aplicación analógica) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Incidente de nulidad, nulidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Forconi Sergio Humberto y Mónica Milkovich s/ Divorcio Vincular Tenencia y Régimen de Visitas (LIBRO: A138 - 286)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-11-18

Que se ha dicho reiteradamente, por éste, como por otros Tribunales y destacados doctrinarios, que: 1º) las nulidades procesales tienen sus reglas propias, independientes de las legisladas en el Código Civil, a la cual sólo es lícito recurrir supletoriamente y por analogía. 2º) para que la nulidad sea procedente, no basta la presencia de un vicio e incluso la ineficacia del acto, sino que es menester un interés jurídico específico en el nulidicente.

3º) el interés requerido, no es el genérico del art. 41 del C.P.C., sino que consiste en que la irregularidad cometida o violación de las formas procesales, haya colocado real, cierta y concretamente a la parte en estado de indefensión, pues si no hay indefensión, no hay nulidad. 4º) no existe nulidad por la nulidad misma, ni en el sólo beneficio de la ley o para satisfacer un mero interés teórico, 5º) la invalidación debe responder a un fin práctico, pues de lo contrario podría resultar un dispendio de actividad jurisdiccional declararla y hasta una inmoralidad
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), derecho a la salud, personas con discapacidad, cobertura médica, terapias alternativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., M. C. c/ INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL (IAPOS) Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-14

De la lectura del pronunciamiento impugnado surge que la Sala confirmó el rechazo de la demanda al juzgar que no resultaba arbitraria ni de ilegalidad manifiesta la negativa de la obra social a cubrir el costo de un tratamiento de carácter complementario que, según expuso el Tribunal, no se hallaba previsto en las normas, nomencladores y consensos para la patología del afiliado, aparte de que no sería prestado por un profesional especializado, y respecto del cual ninguna prueba se había producido en punto a su aceptación científica o validación por las autoridades de aplicación en ámbito de la salud; y si bien el derecho a la salud constituye un derecho de primer nivel, de rango constitucional, reforzado en el caso por la minoría de edad del niño y por su condición de persona con discapacidad, amén del especial interés legalmente asignado al abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista, no basta con referir -como hace la recurrente- a normas y principios fundamentales sin establecer siquiera provisionalmente su particular alcance en el caso concreto, máxime cuando la accionada en su defensa ha alegado la inexistencia de norma expresa que la obligue a cubrir la terapia proc rada.
Trámites administrativos, servicios eléctricos, ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONCESIONES
Materia: CIVIL
Carátula: Magi Francisco José c/ Edet S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-29

En caso de reclamación de daños y perjuicios derivados del incumplimiento o defectuoso cumplimiento del suministro de energía eléctrica, no resulta obligatorio para el usuario agotar la vía administrativa ante el ente regulador como requisito previo ineludible para recurrir ante la Justicia. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Posse)
Prueba documental, ofrecimiento de la prueba, plazos procesales, presentación tardía de la documentación, documentos en poder de terceros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Olivera Carlos L. c/ Patricia Monica Rey s/ Ordinario - Recurso de Casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-06-12

1- La regla en el procedimiento civil cordobés es que la prueba debe ser ofrecida y diligenciada dentro del plazo genérico de prueba previsto legalmente (art. 212 CPCC). Vencido dicho término, precluye el derecho de los litigantes para incorporar nuevas piezas probatorias en el juicio. Sólo dos son las excepciones a esta norma genérica, la prueba documental y la confesional. Como disposiciones normativas de excepción, las reglas que regulan la incorporación tardía de estos dos medios probatorios deben ser interpretadas restrictivamente. Si bien la noción de "documento" puede ser entendida -en un sentido genérico- como toda "toda cosa que sea producto de un acto humano, perceptible por los sentidos de la vista y el tacto, que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera", lo cierto es que la Sección 3ª del Cap. IV, Título III, del CPCC (arts. 241 al 254 del código ritual) regula el ofrecimiento y diligenciamiento de prueba instrumental, considerando por tal sólo los instrumentos públicos y los privados otorgados por los litigantes. No comprende los documentos emanados de terceros. 2- De ello se deduce que el régimen excepcional contenido en el art. 241 del CPCC no hace alusión a todo "documento", sino que sólo regula una clase particular de instrumentos, esto es: los documentos públicos y los privados otorgados por los litigantes. Quedan excluidos, por tanto, los documentos otorgados por terceros, sean éstos escritos, sean éstos gráficos, los que deben ser incorporados con los escritos introductorios de la litis (demanda, contestación y, en su caso, reconvención) o dentro del plazo general de prueba, tal como lo prescribe la regla del art. 212 del CPCC, y una vez vencido dicho término procesal, cesa el derecho de los litigantes de incorporar válidamente tales documentos al juicio.- 3- Dentro de las medidas a instrumentarse en el caso de desconocimiento, el Código de procedimientos no prevé, como vía para verificar la autenticidad documental, la declaración testimonial del otorgante. Ésta sería la solución obvia si el sistema procesal vigente admitiese la incorporación tardía de documentos expedidos por terceros.- Los documentos privados emanados de tercero carecen de una regulación adjetiva específica en la Sección 3ª del Cap. IV, Título III, del CPCC. Por ello, resulta evidente que el legislador procesal, ha querido sujetar el régimen de excepción regulado por el art. 241 del CPCC, no a toda la documental sino sólo a los instrumentos públicos y a los privados otorgados por los litigantes. La admisión de otros tipos de documentos no se ajusta a la regulación allí prevista y, en consecuencia, queda sujeta a la regla del art. 212, segundo párrafo, en orden a su ofrecimiento y diligenciamiento.
Dictamen pericial, impugnación de la pericia, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: F., G. R. c/ E. N. - N. SH s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-26

Las partes pueden impugnar, total o parcialmente, el dictamen pericial en dos oportunidades expresamente señaladas por la norma examinada. Primero, dentro del quinto día de correrse el respectivo traslado de la pericia y a continuación, si no lo han hecho en ese lapso, en la oportunidad de alegar de bien probado.

Cabe concluir que la ley procesal marca dos momentos específicos para presentar "impugnaciones o pedidos de explicaciones u observaciones a las explicaciones que diere el perito", es decir, en oportunidad del traslado mentado en el art. 473, o bien al alegar.

Con posterioridad, en el ordinario y en el sumario habrá precluido la facultad de hacerlo. Así se ha sostenido que al no impugnarse la pericia en primera instancia, la misma se encuentra firme y consentida y no puede posteriormente ser atacada en la alzada, sin perjuicio de que sea valorada por el juez en el momento de dictar sentencia.

Así lo ha interpretado la jurisprudencia al decidir que la pericia no observada en primera instancia no puede ser impugnada en la alzada. El silencio, en estas circunstancias, es más terminante que respecto de los demás medios de prueba, discutibles en cuanto a su valor y eficacia con independencia de la conducta de las partes en el momento de su producción.
Infracciones formales tributarias, falta de facturación, sanciones tributarias, multa tributaria, clausura del establecimiento, in dubio pro reo
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: HOTEL SAHARA S.R.L. s/ Ingfracción a la Ley 11683
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-11

Debe ser revocada la resolución que confirmó las sanciones de clausura y multa impuestas por la AFIP y dejarlas sin efecto, pues tales sanciones se fundaban en la comprobación de la infracción por medio de un acta labrada por funcionarios de la DGI y el imputado apelante sostiene que la anotación manuscrita que se invoca como prueba de la prestación no facturada, se debió a un error incurrido por la persona que confeccionó la planilla de anotaciones, error que resulta verosímil ante la circunstancia de que la anotación es en sí misma contradictoria al indicar una hora de salida anterior a la de entrada. Existe una situación dudosa respecto a lo realmente acontecido y, en consecuencia, conforme a lo establecido en el Art. 3 del CPP, corresponde estar a lo más favorable al imputado.
Caducidad de instancia, transacción
Materia: CIVIL
Carátula: HONORABLE CONVENCION CONSTITUYENTE MUNICIPAL TERMAS DE RIO HONDO c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ QUERELLA CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-24

El convenio transaccional celebrado en un juicio, evidencia la finalidad extintiva querida por sus otorgantes, que es precisamente, concluir el conflicto mediante acuerdo de voluntades por lo que deviene improcedente el pedido de caducidad de instancia formulado por la demandada al haber quedado sin fundamento por la desaparición fáctico jurídica de las pretensas, lo que produce el efecto de que el proceso deja de tener objeto o causa, carece de motivación, es decir, se convierte en abstracto.
Falsa denuncia, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: GIUSSANI, RUBEN. s/ DENUNCIA CALUMNIOSA- CALUMNIA- EXCLUSION- DELITO CONTRA   ADMINISTRACION PUBLICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-14

Si bien el delito del art.276 bis del C. Penal llamado "calumnia judicial" pone en peligro el honor de las personas y "las expone a un indebido proceso, preponderantemente constituye una ofensa a la administración pública de la justicia", desplazando siempre al art.

109 del citado código.
Cuestión abstracta, transfusión de sangre
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Bahamondez, Marcelo s/ medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Ante la inexistencia de un agravio actual debido al cambio experimentado en el estado clínico del recurrente, no corresponde a la Corte dictar un pronunciamiento que decida definitivamente sobre la legitimidad de su oposición a recibir una transfusión sanguínea pues aún para el caso de ser necesaria una intervención médica de igual naturaleza, no existe certeza alguna sobre la verificación de idénticas circunstancias fácticas que las existentes al momento de interposición del presente recurso.
Jubilación por invalidez, incapacidad absoluta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jaurrieta de Siri Lorenza Eva c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

Aunque la actora haya demostrado que sus afecciones ortopédicas provienen del año 1978 si éstas, aún asociadas, no superan el cincuenta por ciento del índice invalidante, no resultan de magnitud tal como para ocasionarle una incapacidad total que alcance el mínimo legal exigible.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, daño físico, cuidador de enfermos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ IRMA EVANGELINA c/ DI BENEDETTO SANTOS PEDRO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03

La circunstancia de que en atención al carácter de las lesiones sufridas en un accidente de tránsito, pueda presumirse la necesidad de atención de terceras personas, no autoriza a presumir que dichos servicios se obtuvieran de ajenos a la familia y que por ellos se abonase una retribución.
Concursos, resoluciones inapelables, defensa en juicio, locación de inmuebles
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAPRICO  S.A.I.C.  S/ QUIEBRA s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-30

El principio de inapelabilidad de la lc: 296-3 obedece a la necesidad de evitar la dilación del trámite concursal a través de la articulación de recursos que sólo persiguen una impropia demora. Mas tal principio cede cuando resultan afectados el derecho de defensa en juicio. La propia regulación legal en materia concursal, o de modo más amplio, cuando la resolución impugnada causa un gravámen que no puede ser reparado con posterioridad.

Tal es lo que acontece cuando la resolución decide de modo definitivo la ineficacia de los contratos de locación y dispone el desalojo de los inmuebles.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, leyes, defensa en juicio, escribanos públicos, sanciones disciplinarias, tribunal de superintendencia notarial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: G B , J P s/ INFRACCION DEPOSITO FACTURA AÑO 1978.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 52-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-06-13

Resulta insuficiente para demostrar configurado caso constitucional, el planteo recursivo que gira en torno a la violación que a los derechos del recurrente le ocasiona la falta de oportunidad de replicar u opinar acerca de la documental presentada por el colegio de escribanos al contestar la expresión de agravios, como consecuencia de haberse tramitado el proceso en "términos estrictamente formales", aplicando normas inconstitucionales, pero sin objetar norma alguna en especial; limitándose a la impugnación genérica de determinados artículos de la ley orgánica del notariado 6898.
Derecho a la salud, obligaciones de la obra social, prestaciones de la obra social
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Villalba, Nidia Beatriz c/ INSSJYP s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-23

La obra social demandada, como agente natural del Sistema Nacional del Seguro de Salud debe procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos sus beneficiarios sin discriminación social, económica, cultural o geográfica. A tal fin, debe otorgar prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva. Además los servicios que presten los agentes del seguro de salud deben ser accesibles, suficientes y oportunos (cfr. Arts. 1, 2, 15 y 27 de la Ley 23.661).
Indemnización por muerte del trabajador, seguro de vida obligatorio, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Belloni, Daniela y otro c/ Pietropinto, Susana s/ ind. por fallecimiento.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-16

El art. 97 de la CCT 130/75 establece "un seguro de vida colectivo obligatorio que cubrirá los riesgos de muerte o incapacidad total y permanente" y que "la contratación de este seguro de vida la hará el empleador" (incs. a), c), d) y e) del artículo citado). En consecuencia es el empleador quien obrando con diligencia debe posibilitar al trabajador el goce íntegro y oportuno de los beneficios que las leyes o convenciones colectivas les acuerdan (art. 79 LCT). Y si, como en el caso, los derechohabientes del causante no pueden acceder al seguro reclamado por negligencia del principal, éste será responsable del pago de la prestación o del monto del servicio requerido y no prestado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Pineda, Roberto s/ Tentativa de robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia violación del art. 259 -in fine- del Código de Procedimiento Penal sosteniendo la defensa que al acreditarse el cuerpo del delito se ha adjudicado "erróneo valor a los elementos colectados", si de todas las pruebas reunidas por el tribunal enjuicia sólo una y lo hace sin relacionar el planteo con texto legal alguno.
Daño al interés negativo, rescisión del contrato, daño emergente, lucro cesante, pérdida de la chance
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Ayala, Hugo Omar c/ Villafañe, Jonathan Cristian s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-19

Corresponde desestimar la procedencia del resarcimiento por el rubro daño al interés negativo, en el marco de una demanda de daños y perjuicios derivada de la anticipada rescisión del vínculo contractual. Es que conforme lo señaló el señor juez Heredia en la causa "Verdena Holding Inc. c/ Capelli, Juan Carlos", sentenciada el 29.5.18, el daño al interés negativo "se concreta en tres aspectos diferenciales: I) El damnum emergens resultante de haber realizado gastos o asumido obligaciones con terceros (conf. Zannoni, E., El daño en la responsabilidad civil, Buenos Aires, 1982, pág. 82, n° 25); II) El lucro cesante, tal como lo ha admitido la jurisprudencia plenaria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y la mayoría de la doctrina autoral (conf. CNCiv., 22/2/90, "Civit, Juan c/ Progress SA", Doctrina Judicial, T. 1990-I, pág. 984; Mosset Iturraspe, J., Incumplimiento, resolución y lucro cesante, LL 1990-D, pág. 1064; Spota, A., Resolución contractual por aplicación del pacto comisorio y reparación integral, ED T. 132, pág. 261; Bueres, A., Resarcimiento del lucro cesante en el pacto comisorio, en la obra "La Responsabilidad - Homenaje a Isidoro H. Goldemberg", Buenos Aires, 1995, pág. 719; Pizarro, R. y Vallespinos, en "Instituciones de Derecho Privado-Obligaciones", Buenos Aires, 1999, T. 2, págs. 665/666; Lorenzetti, R., en "Tratado de los Contratos-Parte General", Santa Fe, 2004, pág. 629 Cifuentes, S. y Sagarna, F., Código Civil, comentado y anotado, Buenos Aires, 2011, T. III, pág. 147); y III) La "chance" perdida de obtener una ganancia (considerando II "b" del voto del juez Alberto Bueres en la CNCiv. en pleno, 22/2/90, "Civit, Juan c/ Progress SA", Doctrina Judicial, T. 990-I, pág. 984). Así, ningún resarcimiento cabe ser fijado porque al hilo de lo expuesto resulta que (i) la procedencia de la indemnización del daño emergente ha sido tratada y admitida en el caso, en sus justos límites; (ii) por el contrario, por ausencia de prueba fue denegada la pretendida indemnización del lucro cesante; y (iii) no fue requerido resarcimiento de la chance perdida.
Concursos, acuerdo preventivo, acreedores del concurso, acreedor quirografario
Materia: COMERCIAL
Carátula: VITAL SOJA S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

1. Resulta improcedente la incorporación por el a quo de una nueva categoría de acreedores en el estado actual del proceso, habiéndose pronunciado en los términos de la LCQ 49, en tanto hace saber la existencia de las mayorías previstas por la LCQ 45. Ello en tanto importa la exigencia de obtener mayoría absoluta en cada una de las categorías de acreedores, exponiendo a la concursada a mayores recaudos que los previstos por la ley y sometiendo a la voluntad de un grupo minoritario de acreedores el éxito del acuerdo; máxime cuando las mayorías respecto de la propuesta cuestionada ya fueron obtenidas exhibiendo los acreedores cuya conformidad ahora se pretende tácita conformidad con lo actuado en el proceso, en tanto no medió impugnación alguna al acuerdo (art. 50 LC).

2- Por otra parte, si la propuesta afectará a la totalidad de los acreedores quirografarios, como fuera decidido en la resolución atacada cuya mayoría ya prestó conformidad con la propuesta que fuera descalificada por el juez de grado, resultaría innecesario requerirse respecto de otros acreedores conformidad con la propuesta mejorada que surtiría efectos respecto de la totalidad de ellos.
Procedencia del recurso, sentencia arbitraria, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, falsificación de documentos, avenimiento, prisión domiciliaria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FC, JR s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en FC, JR sobre 292 2°parr - falsificación de documento destinado a acreditar identidad de personas /habilitación para circular o titularidad de automotor c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-08

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar, por arbitraria, la sentencia de Cámara que dispuso que la pena fuese cumplida en un establecimiento carcelario y no bajo la modalidad de prisión domiciliaria como había establecido la jueza de primera instancia. Ello así porque, según surge de ese pronunciamiento, el tribunal a quo omitió apreciar determinadas cuestiones que llevaron a la referida magistrada a concluir que, por imperio de los artículos 18 de la CN, 13 de la CCABA, y 3 de la CDN, debía efectuarse una interpretación amplia de los supuestos de procedencia previstos en los artículos 10 del CP, y 32 de la ley n° 24660. Para dar una adecuada solución al caso, el a quo debía apreciar dichos argumentos, por su entidad y por haber sido oportunamente propiciado su análisis. (Del voto en disidencia del juez Santiago Otamendi, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).