Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-12-26


(Tomo 216:359/376) Salta, 26 de diciembre de 2017.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "ZURITA, CARMEN ROSA VS. PROVINCIA DE SALTA - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. Nº CJS 38.377/16), y CONSIDERANDO:

El Dr. Guillermo Alberto Catalano y la Dra. Susana Graciela Kauffman, dijeron:

1º) Que vienen estas actuaciones a fin de resolver los recursos de apelación interpuestos por la demandada a fs. 136 y por la actora a fs. 138, ambos en contra de la sentencia de fecha 23 de marzo de 2016 (v. fs. 128/132) mediante la cual la Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta y, en consecuencia, acogió la pretensión de daños y perjuicios deducida por la Sra. Carmen Rosa Zurita y desestimó la referida a los salarios caídos y daño moral.

Para así decidir, consideró la jueza "a quo" que por sentencia de fecha 26-06-2008, recaída en el marco de los autos caratulados: "Zurita, Carmen Rosa vs. Provincia de Salta (Ministerio de Educación) - Contencioso Administrativo", Expte. Nº 2.737/03, se declaró la nulidad de los actos jurídicos que en su momento habían dispuesto la cesantía de la reclamante. Indicó que la jurisprudencia determinó que el empleo público constituye la fuente de ingresos del agente y que el daño derivado de la ilegítima separación del cargo no requiere prueba mayor que la sentencia que establece la nulidad de la cesantía.

Sostuvo que si bien de acuerdo al criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y salvo disposición expresa en contrario, no procede el pago de sueldos por funciones no desempeñadas, ello no es óbice a fin de tomar a las remuneraciones como parámetro de la reparación pertinente.

En base a lo antes indicado, estimó procedente reconocer a favor de la actora el derecho a obtener una justa indemnización en concepto de daño material, y difirió su determinación para la etapa de ejecución de sentencia por la vía incidental.

Finalmente, afirmó que los elementos de prueba aportados no lograron acreditar, concretamente, la existencia de daño moral derivado en forma directa y exclusiva de la cesantía dispuesta, por lo que rechazó su procedencia.

Al expresar agravios (v. fs. 146/150) aduce la demandada, en lo esencial, que la resolución impugnada no se pronunció sobre la defensa de falta de acción opuesta por su parte oportunamente con base en el incumplimiento del art. 26 inc. 1º del C.P.C.A.; que la demanda resultó extemporánea y que la magistrada omitió aplicar las previsiones del art. 12 del C.P.C.A.; que se hizo lugar a la pretensión sin advertir que la acción se encontraba prescripta; que se alteraron indebidamente los principios básicos procesales y se invirtió la carga de la prueba al considerar la jueza de la instancia anterior que el daño se encontraba acreditado con la sentencia que declaró la nulidad del acto administrativo, sin precisar en qué consistió el daño concreto; que se difirió la determinación de los daños y perjuicios para la etapa de ejecución de sentencia, lo que entiende abre un abanico de posibilidades de alegación e inclusión de hechos y rubros indirectos y hasta remotos que no guardarían relación de causalidad con la conducta atribuida a su parte; y, por último, que el fallo atacado incurrió en contradicción al hacer lugar al reclamo de daños y perjuicios y rechazar el pago de los salarios caídos.

Por su parte, a fs. 158/160 la accionante funda su recurso y sostiene que la jueza de grado efectuó un análisis parcial de las pruebas ofrecidas a fin de acreditar el daño moral; asevera que omitió valorar las testimoniales producidas que dan cuenta de que el daño reclamado existió. Se agravia también por el rechazo de la pretensión referida a los salarios caídos, y asegura que el reconocimiento de los daños y perjuicios reclamados no resulta suficiente para indemnizar a su parte por la indebida separación del cargo.

Agregadas las contestaciones de agravios presentadas por las partes (v. fs. 153/156 y 163/165 vta.), a fs. 167/171 vta. el Sr. Procurador General de la Provincia se pronuncia por el rechazo de ambos recursos, y a fs. 172 se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme.

2º) Que corresponde, por razones metodológicas, analizar en primer término la apelación deducida por la demandada que se agravia, inicialmente, por la omisión en que incurrió la sentenciante en relación a la defensa de falta de acción opuesta con fundamento en que la instancia judicial no se encontraba habilitada por no existir acto administrativo definitivo, así como también por la supuesta extemporaneidad de la demanda.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que mediante auto interlocutorio obrante a fs. 36 y vta. la jueza "a quo" declaró la admisibilidad formal de la demanda, circunstancia que fue debidamente notificada a la accionada que dejó vencer el plazo otorgado para fundar el recurso de apelación interpuesto en su contra, conforme surge de la constancia de fs. 53.

Sentado ello, la intención de reeditar en esta etapa los cuestionamientos vinculados a la procedencia formal de la acción resulta improcedente, por aplicación del principio de preclusión procesal. Este principio es de orden público y con él se persigue que los actos procesales cumplidos queden firmes y no pueda volverse sobre ellos, prolongando indefinidamente la duración de los pleitos; esto es así, pues si bien el proceso no puede conducirse en términos estrictamente formales, el hecho de dar certeza y estabilidad a los actos jurisdiccionales aseguran la garantía de la defensa en juicio de los derechos (cfr. esta Corte, Tomo 194:111; 198:601).

3º) Que se agravia también la Provincia de Salta por cuanto sostiene que la acción interpuesta se encuentra prescripta. En relación a ello, cabe advertir que dicha cuestión no fue articulada como defensa al contestar demanda, razón por la cual no fue sometida a consideración de la jueza de la instancia anterior lo que obsta a su tratamiento por este Tribunal, de conformidad a lo establecido por el art. 271 del C.P.C.C. de aplicación al proceso contencioso administrativo en virtud de lo dispuesto por el art. 3º de la Ley 6569 (modificada por Ley 7822).

Es que esta Corte señaló que la apelación abre la jurisdicción del Tribunal de Alzada con los límites dados por los capítulos litigiosos propuestos al inferior y no por la sentencia apelada. En consecuencia, a los efectos de resolver sobre la justicia de dicha sentencia, el Tribunal debe fallar de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis y los elementos de juicio que tuvo a su disposición la "a quo". De admitirse otra inteligencia, la afectación del derecho de defensa resultaría palmaria: el juzgamiento de capítulos que no fueron planteados en primera instancia, privando a una de las partes de la oportunidad de réplica y prueba conduce a la indefensión (Tomo 90:947).

4º) Que alega asimismo la accionada que para hacer lugar a la procedencia del daño material reclamado en la demanda, la sentenciante invirtió la carga de la prueba en perjuicio de su parte, además de lo cual soslayó precisar en qué consistió dicho daño, omitió estimar su extensión y cuantía, y difirió su determinación para la etapa de ejecución de sentencia, lo que afecta su derecho de defensa.

El análisis de los agravios vertidos por la apelante en relación a este punto llevan a concluir que ellos no logran conmover los fundamentos del fallo atacado, constituyendo meras disconformidades con lo decidido.

En efecto, en autos no se encuentra cuestionada la nulidad del acto que dispuso la cesantía de la empleada. Sentado ello, cabe tener en cuenta que la "a quo" basó su decisión en precedentes de este Tribunal que establecen que, si bien el daño material no puede invocarse genéricamente sino que para su procedencia debe ser probado fehacientemente, en los casos específicos de cesantías posteriormente declaradas nulas, el daño material se presume por la ilegitimidad del acto que cercenó la garantía constitucional de la estabilidad, con la consiguiente inversión de la carga probatoria. Este daño no requiere prueba mayor que la propia sentencia que establece la nulidad de la ilegítima cesantía, mereciendo el perjudicado una indemnización que por lo menos produzca un resarcimiento que acompañe a la reincorporación. Ello es así toda vez que el dictado del acto que dispuso la separación inmotivada del cargo entrañó para el accionante la imposibilidad de continuar prestando servicios y, por ende, la pérdida de la consiguiente retribución (Tomo 53:233; 153:509; 166:421).

Siendo ello así, correspondía a la demandada acreditar la inexistencia del daño reclamado, lo que no hizo.

Por otra parte, la apelante no logra demostrar de qué manera el diferimiento en la determinación de los daños para la etapa de ejecución de sentencia afecta su derecho de defensa, pues en el mismo pronunciamiento apelado se establece que ello se concretará por vía incidental, procedimiento que expresamente prevé una etapa de defensa y prueba.

5º) Que el último de los agravios de la accionada es el referido a la supuesta contradicción en que habría incurrido la magistrada de primera instancia, al hacer lugar a la pretensión de daños y perjuicios y rechazar la de cobro de salarios caídos.

En lo que a este punto se refiere, resulta importante destacar que la "a quo" explicitó que de acuerdo al criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resulta procedente el pago de sueldos por funciones no desempeñadas, lo que no obstaba al reconocimiento de los daños producidos como consecuencia de la ilegítima separación del cargo, ya que dicho actuar se tradujo en una pérdida de ingresos para la reclamante.

Es así que lejos de existir contradicción, el argumento expuesto se traduce en un razonable fundamento de la decisión que no fue debidamente rebatido por la apelante, lo que obsta a la procedencia del agravio.

6º) Que en orden a la apelación deducida por la actora corresponde analizar, en primer lugar, el pedido de deserción del recurso efectuado por la demandada.

Al respecto, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que al efectuarse la consideración de la suficiencia o no de la expresión de agravios, ha de seguirse un criterio amplio en cuanto a su admisibilidad ya que es éste el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional, a fin de no limitar la más amplia y completa controversia de los derechos de los litigantes, ya que un mero defecto técnico podría conducir a injustas soluciones en perjuicio de los justiciables, quienes recurren en procura de justicia, buscando ser oídos y que se les brinde la oportunidad de ejercer así su legítimo derecho de defensa en juicio (CSJN, Fallos, 306:474).

En igual sentido, esta Corte sostuvo que si el apelante individualiza, aun en mínima medida, los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, no procede declarar la deserción del recurso, por cuanto la gravedad de los efectos con que la ley sanciona la insuficiencia de la expresión de agravios, torna aconsejable aplicarla con criterio amplio favorable al recurrente (Tomo 198:281).

En base a lo anterior, el análisis de la pieza procesal agregada a fs. 158/160 lleva a concluir que contiene argumentos mínimos que permiten inclinarse por su suficiencia, lo que habilita la presente instancia revisora.

7º) Que entrando al examen de los agravios vertidos por la demandante, sostiene que en la resolución recurrida se realizó un análisis parcial de la prueba producida respecto al daño moral reclamado, por cuanto se soslayó considerar de manera integral las testimoniales rendidas con las que -según asevera- se acreditó la procedencia de este rubro.

Respecto a este tema debe tenerse en cuenta que de conformidad a los precedentes de este Tribunal (Tomo 99:693; 166:421; 202:377), para considerar procedente el agravio moral derivado de una sanción de cesantía posteriormente declarada nula, la perturbación padecida debe exceder la común que un empleado público puede sufrir ante un acto cuya nulidad es luego reconocida. Es así que deben existir circunstancias adicionales al estricto acto de cesantía, tal como aconteció en los antecedentes jurisprudenciales señalados en los que el acto de separación del cargo fue acompañado de componentes mortificantes y desdorosos en razón de que la decisión judicial de reincorporar al agente no fue acatada sino luego de un prolongado período de tiempo produciendo, en consecuencia, padecimientos espirituales de considerable entidad en la persona del agente.

En el "sub lite" no se advierte la existencia de tales circunstancias y las testimoniales nada han aportado al respecto, por lo que los agravios expuestos no pueden ser atendidos.

8º) Que finalmente, se agravia la accionante por el rechazo de la pretensión referida al cobro de los salarios caídos; afirma que los daños y perjuicios otorgados en la sentencia de grado no resultan suficientes para indemnizar el menoscabo sufrido.

Al respecto, corresponde tener presente que es postura reiterada de esta Corte que no corresponde el pago de los salarios caídos, salvo la existencia de norma expresa, desde que el sueldo es la contraprestación de los servicios cumplidos (Tomo 59:601; 107:409; 153:509), situación que en autos se encuentra ausente.

Sin perjuicio de ello, se advierte que la pretensión de la impugnante es contraria a lo expresamente peticionado por ella al ampliar demanda, oportunidad en la que solicitó el pago de los salarios no percibidos "y/o" se tuviese a esa petición como reclamación de daños y perjuicios (v. fs. 39, punto I, Objeto), alternativa que torna inadmisible el agravio vertido por la falta de reconocimiento de ambos.

Siendo ello así, resulta aplicable al caso la doctrina de los actos propios según la cual nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (cfr. esta Corte, Tomo 194:1059).

9º) Que por lo expuesto, corresponde rechazar los recursos de apelación interpuestos. Con costas por su orden (art. 15, C.P.C.A.).

El Dr. Sergio Fabián Vittar y la Dra. Sandra Bonari, dijeron:

1º) Que adherimos a la solución jurídica del voto que abre el acuerdo con excepción del considerando séptimo, propiciando una solución jurídica diferente en lo referido al daño moral reclamado por la actora, en mérito a los argumentos que pasamos a desarrollar.

2º) Que la recurrente se agravia por la falta de reconocimiento de este rubro, invocando que no se habría efectuado un correcto análisis de las pruebas producidas en autos, a través de las que -según su criterio- se encontraría debidamente acreditado los padecimientos espirituales sufridos por la Sra. Zurita.

Resulta útil precisar que el daño moral cuyo reconocimiento se pretende supone un perjuicio que, salvo circunstancias excepcionales, se encuentra sujeto a prueba y que si bien la perturbación espiritual -naturalmente de considerable entidad- configurativa del presupuesto condicionante del resarcimiento moral puede en ciertos casos inferirse espontáneamente de ocurrencias materiales, no deja por ello de consistir en un extremo fáctico, cuya prueba incumbe a quien lo invoca (esta Corte, Tomo 166:421; 202:377, entre muchos otros).

En el caso puntual, es evidente que la perturbación sufrida por la actora excede de la común que un empleado público puede sufrir ante un acto cuya nulidad es luego reconocida en sede judicial. En efecto, conforme surge de la prueba producida en autos, la Sra. Zurita estuvo expuesta a un sumario administrativo durante 9 años que derivó posteriormente en el dictado del Decreto Nº 199 (19/02/03) que confirmó la sanción de cesantía que se le había impuesto por Resolución Nº 367/96. A partir de allí se vio obligada a transitar un arduo proceso judicial por mas de 5 años para obtener la nulidad de la medida y finalmente ser reincorporada -un año después- al cargo que detentaba.

3°) Que a partir de la reseña cronológica efectuada resulta indudable que esa prolongada situación de incertidumbre generó molestias, gastos y sufrimientos que proyectaron sus consecuencias no sólo en la esfera anímica de la actora sino que además tuvo indudables repercusiones económicas que afectaron su vida de relación, pues durante la tramitación del proceso judicial y hasta que fue reintegrada en sus funciones estuvo privada de sus ingresos como docente.

En este orden de ideas, cabe destacar el informe social de fs. 103/104 vta., del que surge que la Sra. Zurita tenía a su cargo el sustento económico y la jefatura de hogar de su grupo familiar, y que al no contar con su salario docente se vio impedida de hacer frente a los estudios universitarios de su hijo y su nieto, situación ésta que le provocó frustración, angustia y posteriormente depresión.

En idéntico sentido, los testimonios rendidos a fs. 74 y vta., 79 y vta., 80 y vta. y 81 y vta. de autos son coincidentes en cuanto a que la pérdida de su fuente laboral influyó decididamente en su situación económica y tuvo consecuencia directa en la salud de la actora. Al respecto, los testigos son concordantes al señalar que la Sra. Zurita exhibía un estado de permanente angustia, un cuadro marcado de depresión y que necesitó de apoyo psicológico durante el período en el que no pudo ejercer la docencia.

En suma, la especial situación personal en que se hallaba la agente al tiempo de la comunicación del acto separativo, las consecuencias económicas que tuvo el hecho y el evidente descrédito que una decisión administrativa expulsiva razonablemente produce en aquélla, comportan pautas útiles que conducen a tener por acreditado el daño moral invocado.

Por lo demás, la reparación del rubro en cuestión resulta igualmente de la naturaleza y jerarquía de los derechos vulnerados por la Administración en el caso bajo análisis: el derecho al trabajo y a la estabilidad del empleado público (arts. 14 bis de la Constitución Nacional; 6º del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 43, 44, 64 inc. 3 de la Constitución Provincial), y su evidente conexidad con principios tales como la dignidad humana y la protección moral y material de la familia que aquellos conllevan.

4º) Que en tales condiciones, resulta admisible el agravio referido a la falta de consideración por parte de la jueza "a quo" de extremos suficientes para justificar el reconocimiento de indemnización por daño moral, el que se establece en el 25 % del monto que se determine en concepto de daño material, por considerarlo equitativo y suficientemente resarcitorio del perjuicio sufrido por la actora.

Los Dres. Guillermo Alberto Posadas y Abel Cornejo, dijeron:

1º) Que compartimos parcialmente el desarrollo argumental y la solución jurídica propiciada por el Dr. Fabián Vittar y la Dra. Bonari, pero estimamos adecuado agregar lo siguiente.

2º) Que la apelante pretende el reconocimiento de una indemnización por daño moral con motivo de su baja como docente en el colegio Nuestra Señora del Huerto, circunstancia que se revirtió en los autos "Zurita, Carmen Rosa vs. Provincia de Salta (Ministerio de Educación) - Contencioso Administrativo", Expte. Nº 2.737/03, en los cuales se dispuso la anulación de esa baja y se ordenó la inmediata reincorporación de la señora Zurita.

3º) Que como tal, la indemnización por daño moral resarce el detrimento o lesión en los sentimientos o en las íntimas afecciones de una persona. Tiene lugar cuando se infiere un gravamen apreciable o, en general, cuando se agravia un bien extrapatrimonial o derecho de la persona digno de tutela jurídica. Se justifica porque la tranquilidad personal es dañada en una magnitud que claramente sobrepasa las molestias o preocupaciones tolerables (SCBA, B. 58.475, "Petrini", sentencia del 16-IV-2014).

4º) Que en relación a los planteos resarcitorios por cesantías ilegítimas, esta Corte ha sostenido que el daño material se presume y que no requiere mayor prueba que la sentencia que establece la nulidad de la baja (Tomo 166:421), mientras que el daño moral es un perjuicio que, salvo circunstancias excepcio-nales, se encuentra sujeto a prueba, aún cuando en ciertos casos se pueda inferir espontáneamente de las ocurrencias materiales (Tomo 62:137; 81:823; 96:431, entre muchos otros). Así, se entendía que si bien la obligación de resarcir en forma integral el perjuicio causado comprende la indemnización del daño moral (art. 17 de la Constitución Nacional), ello no implicaba la dispensa probatoria de todos los casos en que se reclaman perjuicios derivados de actos ilícitos.

5º) Que ello sin embargo, el dinamismo del derecho judicial argentino llevó a reexaminar la visión sobre la prueba del daño moral en las bajas ilegítimas, presumiendo su existencia -y por ello la procedencia de su resarcimiento-; pues en tiempos actuales predomina la idea de que en tales supuestos se provoca, en principio, un estado de intranquilidad y sufrimiento espiritual en el damnificado que debe ser desvirtuado mediante una prueba objetiva -a cargo del responsable del hecho dañoso- que demuestre la improcedencia de ese agravio. Este es el temperamento que, por mayoría, viene sosteniendo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en tanto afirma que el padecimiento sufrido por un agente estatal que es privado de su empleo configura una "... circunstancia [que] ha de tenerse demostrada por el solo hecho de la acción antijurídica, daño `in re ipsa´, y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluye la posibilidad de un daño moral (causa B. 62.547, 'Gómez', sentencia de 15-VII-2015; entre muchos otros); en criterio análogo al establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. causa M.31.XXXVII originario, 'Molina, Alejandro Agustín c/Santa Fe, Provincia de y otros s/daños y perjuicios', sentencia de 20-XII-2011, considerando 20)" (SCBA, del voto del Dr. Soria en la causa B. 61.820, registro interno RSD - 8 - 17, "Cánepa, Raúl c/Municipalidad de Hipólito Irigoyen s/Demanda contencioso administrativa", del 22-II-2017).

Ello debe ser así, por la jerarquía de las prerrogativas violadas por la Administración en los casos de cesantías injustas: el derecho al trabajo y a la estabilidad del empleo público, ambos de raigambre constitucional (arts. 14 bis y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 6º del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con jerarquía constitucional; 43, 44 y 64 inc. 3º de la Constitución Provincial), y la evidente conexión con principios tales como la dignidad humana y la protección moral y material de la familia que aquéllos conllevan (SCBA, cfr. voto del Dr. Lázzari, causa citada B.61.820).

6º) Que sin perjuicio de la presunción mencionada, en el "sub lite" se ha efectivamente probado, mediante las testimoniales de fs. 74 y vta., 79 y vta., 80 y vta. y 81 y vta, el padecimiento sufrido por la actora durante los 9 años que duró el sumario que determinó su cesantía y los 5 años que llevó la tramitación judicial para su anulación, circunstancia que al no haber sido desvirtuada por prueba objetiva en contrario, justifica la fijación de un resarcimiento por daño moral.

7º) Que la determinación del monto por el agravio moral debe quedar supeditada, en general, a la demostración que sobre su magnitud efectúe la peticionante y a la prueba en contrario de la demandada. Sin embargo, en estos autos no se cumplió adecuadamente con tal cometido pues la actora ha insinuado por ese concepto la suma de $ 10.000 -o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse- (fs. 44 vta.), sin acompañar elementos respaldatorios o bases que sustenten esa suma. Es por ello que corresponde que este Tribunal establezca el "quantum" de esa indemnización (art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial), el que, conforme a las circunstancias de la causa, se considera prudente fijar en un 25 % del monto que se determine por daño material en la etapa de ejecución de sentencia (SCBA, causa B. 62.488, registro interno RSD-98-16, "Ubertalli Carbonino, Silvia c/Municipalidad de Esteban Echeverría s/Demanda contencioso administrativa", del 18/V/2016).

Por lo que resulta de la votación que antecede, LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 136. Costas por su orden.

II. HACER LUGAR al recurso de apelación de la actora de fs. 138 y, en su mérito, reconocer el rubro indemnizatorio reclamado en concepto de daño moral, fijando su cuantía en el porcentaje del 25 % (veinticinco por ciento) del monto que se determine por daño material en la etapa de ejecución de sentencia. Costas por su orden. III. MANDAR que se registre y notifique. (Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Dra. Susana Graciela Kauffman - Jueza de Corte-, Dr. Sergio Fabián Vittar -Juez de Corte-, Dra. Sandra Bonari -Jueza de Corte-, Dres. Guillermo Alberto Posadas y Abel Cornejo - Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).