Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-16


Nro. de Sentencia: 008 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chu-but, a los 16 días del mes de febrero del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y asistencia de los señores Jueces de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca y Dr. Julio Antonio Alexandre, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"B., H. A. c/ C. S.R.L. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. No. 15.235, venidos del Juzgado de Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (Expte. No. 1076/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 259), correspondió el siguiente orden para la votación:	Dr. Julio Antonio Alexandre, Dra. Sil-via N. Alonso de Ariet y Dr. Fernando Nahuelanca.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 232/235? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que la resolución de fs. 232/235, mediante fórmula decisoria insuficiente de su real contendido, dispone de manera implícita (pese a los fundamentos brindados en los considerandos), el rechazo de la falta de legitimación activa opuesta por la demandada y citada en garantía; hace lugar parcialmente a la demanda (pues solo suma los ítems daño material y lucro cesante, ignorando el daño moral reclamado y que en los considerandos se desestima); condenado en costas y regulando honorarios.

Pese a tales omisiones, cabe presumir que a la hora de la redacción del punto 6º de los considerandos, que funda el punto 2º del fallo, debieron tenerse en cuenta ya que las partes lo han consentido.

Lo dicho precedentemente autoriza a advertir Sr. Juez actuante a ajustar su técnica a los requerimientos del art. 163 CPr.

Tal decisorio es impugnado por las partes. A fs. 240 lo articula la accionante y a fs. 241 y 242 las demandadas. Concedido en proveído único a fs. 246, frustra su intención la primera configurando la situación del art. 266 primera parte del CPr., y fundan sus quejas, las segundas, conforme el informe de fs. 251/252.

Consentida la atribución de responsabilidad, las recurrentes cuestionan las consecuencias. Esto es, el primer agravio refiere a la fijación del daño material mediante el arbitrio del art. 165, 3er. ap., ya que no tan sólo, el a quo, omitió referir a pautas objetivas sino que tampoco consideró debidamente la prueba en la que funda el monto decidido. Además no ha tenido en consideración la desproporción que surge entre el valor de mercado de la unidad afectada y el fijado para el rubro.

En cuanto a la suma estimada por lucro cesante, fijada del mismo modo que el ítem anterior, entienden las impugnantes que no se ha probado la efectiva prestación del servicio invocado, ni el tiempo que pudo demorar su reparación de conformidad con los daños efectivamente sufridos. Por lo que debe rechazarse tal ítem. Pero si no fuera así y si se tiene en cuenta la documental incorporada por el actor en concepto de ingresos brutos, formulando las deducciones que proponen como razonables, se advertirá el exceso, por lo que deberá reajustarse.

Un detenido análisis de los antecedentes que refieran a la primera cuestión, dentro de los límites jurisdiccionales autorizados por los agravios, llama la atención la escasa preocupación de la accionante por otorgar certeza a la determinación del daño material, tal como en forma reiterada se explicita en el fallo (p.3 y 4.a. de los considerandos).

Y es que al entablarse la demanda se afirma que de los elementos arrimados a la causa y de las pruebas a ofrecerse en la instancia oportuna, surgirá la magnitud de los gastos producidos para la necesaria reparación del vehículo y que como único de medio de ingresos presta el servicio de remís, consecuencias que derivaron en su retiro del mismo por más de sesenta días, lo que generó otros muchos gastos, que enumera.

Así, de las pruebas arrimadas se observa que se intima con fecha 14/11/01 a la citada en garantía a en el plazo que se señala se le hagan efectivas las sumas consignadas en la reclamación de fecha 18/07/01, con más el lucro cesante, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales (CD 416553802AR, de fs. 10), cuando en tal solicitud que obra a fs. 17, no se ha llenado el espacio en el que debe consignarse la suma pretendida y tan solo se formula un relato de lo acontecido y la confección del croquis.

Tampoco, se ofrece prueba, pese a la promesa, tendiente a verificar con certeza tal presunto gasto. Tan sólo se lo estima en la suma de $4.200 (y no $4.000 como afirma el sentenciante, p. 4.a), advirtiendo previamente que es de difícil determinación. Lo cual es lógico si se tiene en cuenta que para motivarlo, el reclamante, magnifica las erogaciones haciendo referencia a rubros de distintas naturaleza y equivocando el apellido de la prestigiosa jurista que le serviría de aval doctrinario.

Pese a la clara insuficiencia informativa, los daños sufridos por el rodado, tal como ha quedado consentido, deben ser indemnizados por el responsable, aún cuando el dueño no haya demostrado que los haya hecho reparar, ya que esto último no es requisito para la procedencia de la acción (sigo en el tema la postura de Matilde Zavala de González en "Resarcimiento de daños -3- El proceso e daños", Ed. Hammurabi 1997, t. 3, pág. 308, párr. b).

Además como el perjuicio presentado por los daños materiales en el vehículo, existe desde el momento en que estos se causan, es decir a partir del suceso y sin que deba exigirse que los arreglos hayan sido reparados o pagados. Las erogaciones que puede haber realizado para arreglar o reemplazar los bienes afectados, se ha dicho reiteradamente, únicamente tendría virtualidad para cambiar la modalidad el daño, que de económicamente determinable, se convierte en pecuniariamente determinado (ver v.gr. Hernán Daray, "Derecho de daños en acciden-tes de tránsito", Ed. Astrea 2001, t. 1, pág. 371, p. 18 y 19).

Tal orfandad probatoria solamente atribuible a quien soportaba su carga (conf. doct. Del art. 377 CPr.), sin perjuicio del auxilio de quien eventualmente deberá responder conforme las nuevas corrientes doctrinarias y jurisprudenciales que avanzan en el campo del derecho probatorio, no será suplida por el sentenciante sino que dentro de los límites de prudencia que conlleva el deber impuesto por el art. 165 últ. parte el CPr., fijará el quántum indemnizatorio del rubro en cuestión mediante un detenido análisis de los escasos elementos que hayan sido adquiridos en la causa (ver v.gr. Palacio-Velloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Rubinzal Culzoni 1996, t. 4º pág. 448 in fine) y precedentes de casos análogos y sin que puede hacerse valer presunción favorable alguna que beneficie conductas acidiosas.

A los efectos de la revisión intentada, tendré en cuenta, la existencia del hecho y la magnitud de los daños que emergen de la prueba señalada en el fallo y no impugnada (acta policial); la efectiva reparación de la unidad utilizada en el servicio de remis con posterioridad al hecho, tal como autoriza a afirmarlo la documental emanada del municipio local y que obra a fs. 150/151; el tipo de vehículo y antigüedad tal como surge de la copia del título debidamente certificada y que obra a fs. 46/47; y a los fines de ponderar del modo más prudente y equilibrado el presunto valor de reparación en relación con el valor de la unidad afectada en el marcado a la época del reclamo, tengo en cuenta la publicación no impugnada y que obra a fs. 39vta.

También pesan las opiniones que obran en la doctrina judicial y que refieren a que no es posible que el responsable de los daños ocasionados al vehículo tenga que abonar por reparaciones un importe superior al valor que cabe asignar al vehículo en el mercado, pues de tal manera se produciría un enriquecimiento indebido por el beneficio económico que obtendría el perjudicado y que estaría representado por el valor del automóvil y la mayor cantidad que recibiría para efectuar los arreglos (CNCiv., sala E, marzo 5-1999 en Rev. La Ley del 2/3/2000, pág. 6, fallo 99.913, con fundamento en Ke-melmajer de Carlucci en Belluscio, "Código Civil Comentado, Anotado y concordado", t.5, pág.140, nº 5, ap. a y citas de la nota 214; Hernán Daray, "Accidentes de tránsito", págs. 342 nº 2, 343 nº 6, 351 nº 48 y 353 nº 63, entre otros todo más nota del fallo por Silvia Y. Tanzi).

Así, y cotejando cuidadosamente la crítica de los recurrentes en cuanto a la cuestión tratada, con las breves referencias vertidas en el considerando 4.a., entiendo que la suma estimada ha sido prudentemente fijada en razón de los daños comprobados y consentidos. Y en cuanto al fondo de la defensa de la recurrente debo recordar que en muchas oportunidades se ha resuelto que poco importa que el monto a que alcance la reparación se eleve a un alto porcentaje del valor asignado al rodado, si no fuera abusivo o en contra de la moral y las buenas costumbres (arts. 953 y 1071 CCiv.), ya que el que produce daño a la cosa de un tercero tiene, en principio, la obligación de reparar el perjuicio (arts. 1077, 1109 y 1113 CCiv.), y no se ha dado en el caso razón de excepción alguna (ver en sentido coincidente autor y ob. cit. pág. 372 y ss. p. 21, 24, 41 entre otras citas).

Si bien escueto, el a quo ha sabido respetar el concepto por el cual otorga el siguiente rubro, al que considera acreditado pero no en la cuantía pretendida en la demanda.

En esta materia vale recordar que las reflexiones de Orgaz al respecto son ya clásicas y reiteradamente citadas en fallos y obras doctrinarias: "Con respecto al lucro cesante, el daño se considera cierto cuando las ganancias frustradas debían lograrse por la víctima con suficiente probabilidad de no haber ocurrido el acto ilícito.

No se trata de la mera posibilidad de esas ganancias, tampoco de la seguridad de que ellas se habrían obtenido, ya que tal certeza no puede lógicamente existir con respecto a ganancias en cierto modo "supuestas"...El criterio a aplicar es uno intermedio entre esos dos extremos, el de la probabilidad objetiva, de acuerdo con las circunstancias del caso" ("El daño resarcible", p. 68).

Y en cuanto a su prueba se señala que la determinación de lucro cesante se sustenta en la prueba de la actividad productiva que se desarrolla, de las ganancias que por ellas se percibía y del impedimento temporal que habría obstado a su continuación, infiriéndose que, según el curso ordinario de las cosas, los beneficios habrían subsistido en ese período de no haber mediado el acto ilícito (ver v.gr. CS, 95/11/02, Sandler, Héctor Raúl c. Estado Nacional., ED, 168-690, nº 1828).

En el caso de autos, ya he señalado, al analizar la procedencia de la impugnación por el rubro anterior que ha quedado acreditado conforme la documental emanada de nuestra comuna, la prestación del servicio denunciado, antes y después del hecho; la existencia del accidente y del daño sufrido; que por la magnitud de los mismos, para proseguir con la misma actividad, era necesaria su reparación; la falta de prueba del tiempo que insumió la misma pero que conforme lo que común y ordinario en circunstancias semejantes no puede superar los treinta días; que sea una actividad rentable y que pueda estimarse del modo que autoriza el art. 165 últ. parte, con la debida prudencia sin que pueda admitirse presunción a favor de quien tenía la carga de la prueba pero sin premiar a quienes se les atribuye la responsabilidad por tal pérdida de ganancias, por lo que estimo que la suma de la condena ha sido correctamente estimada y así lo propongo al acuerdo.

Conforme la opinión vertida, las costas de esta instancia pesan sobre las recurrentes y se difiere la regulación de honorarios al momento del acuerdo en el que se tendrán en cuenta las pautas arancelarias de la ley 2200 y 4335.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

1) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la accionante.

2) Rechazar la apelación deducida por las demandadas y, en consecuencia, se mantiene firme el fallo impugnado en todo cuanto fue motivo de agravios.

3) Advertir al Sr. Juez actuante respecto del estricto cumplimiento de lo ordenado en el art. 163 CPr. en razón de las omisiones señaladas en los considerandos.

4) Costas a las vencidas, difiriéndose la regulación de honorarios al momento del acuerdo de conformidad con los considerandos pertinentes.

A la primera cuestión la Dra. Alonso de Ariet dijo:

1. El fallo apelado y los agravios.

Desde que comparto plenamente la postura del magistrado preopinante para la solución de caso venido en apelación, es pertinente que me remita a la reseña del pleito, fallo dictado, recursos interpuestos y agravios de las codemandadas contra el decisorio en crisis.

2. Tratamiento de los recursos.

2.a. En orden al recurso de apelación interpuesto por la actora, corresponde declarar la deserción. Ello, desde que no ha expresado agravios en el tiempo legalmente previsto para ello, a pesar de encontrarse debidamente notificada de que el expediente fue puesto en oficina (arg. arts. 266 y 259 del C.P.C.C.Ch).

2.b. En cuanto al recurso de las codemandadas, ya he adelantado que coincido con el vocal preopinante en orden al rechazo de los agravios de esta parte y ello es así en mérito a las consideraciones que se siguen.

En cuanto al primer agravio, impugnación del quántum indemnizatorio concedido por daño material al vehículo accidentado, señalo la falta de fundamentación suficiente para conmover lo resuelto por el juez de grado.

En efecto, se pretende la modificación de tal monto en base a consideraciones dogmáticas y con una genérica invocación de la prudencia. Tal déficit determina la suerte de la apelación puesto que no se expuso concreta y fundadamente el monto que habría correspondido fijar según derecho y conforme las constancias de la causa, con remisión a los elementos de probatorios producidos en el proceso o mediante una razonada demostración argumental (CNCom. Sala D, 27/05/2004, en autos: "C L, R c/ P, P O.", LL 2004 -D- 990).

Por lo demás, ha de verse que las constancias reunidas en la causa, si bien mínimas, determinan la razonabilidad de la conclusión a la que ha arribado el juez de grado. El atisbo de impugnación de la contraria que se refiere al valor del vehículo que pretende acreditado a fs. 39 no empece a esta conclusión. Ello es así puesto que se trata de una referencia correspondiente al año 2001 y la sentencia fue dictada en el segundo semestre del año 2005, es decir con una realidad económica distinta.

El señalado no es un aspecto menor. En supuestos como el que nos ocupa, cuando las sumas reclamadas como indemnización de los daños derivados de un accidente no han sido demostradas con prueba acabada, la determinación del monto debe hacerse a la fecha de la sentencia, siguiendo la pauta de la realidad económica" priorizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. CCiv., Com. y Minería de San Juan, Sala II, 22/8/2002, LL Gran Cuyo 2004-255). Va de suyo que el recurrente no ha podido demostrar el apartamiento del sentenciante del tal criterio rector.

Por lo expuesto, corresponde el rechazo del primer agravio.

El otro aspecto de la queja se vincula con la procedencia y monto del lucro cesante. No alcanza la crítica a conmover lo resuelto.

En este orden de ideas, señalo que el recurso encuentra su argumento central en la pretendida falta de legitimidad de la actividad de remís desempeñada por el actor, pero las constancias de la causa demuestran su improcedencia.

En efecto, ha de verse que el acta policial de fs. 12 al describir los vehículos siniestrados da cuenta que el correspondiente al actor se encontraba afectado al servicio de remís, concretamente a la agencia Confort.

Luego, la documental obrante a fs. 146/151, corrobora tal actividad desde que la Municipalidad de Comodoro Rivadavia emite a nombre del actor el canon de remís, identificando su automóvil como afectado a tal servicio en la agencia mencionada en el acta y bajo el número de interno seis; a su vez, al contestar el oficio librado en autos, informa que efectivamente el actor desempeña tal actividad, precisando como fecha de inicio el 20 de abril de 1999.

Lo expuesto sella la suerte del agravio, debiendo agregar que no ha podido la quejosa, al igual que en el supuesto anterior, demostrar el apartamiento por parte del juez no sólo del principio de la realidad económica sino también del de razonabilidad que rigen la materia.

En función de lo hasta aquí manifestado propicio el re-chazo del recurso en lo que ha sido materia de impugnación.

3. Costas y honorarios.

Las costas de esta instancia se aplicarán a las code-mandadas vencidas en función del principio objetivo de la derrota (art. 68 del ritual).

Los honorarios se fijarán de conformidad con las pautas generales previstas por el artículo 6 de la ley 4335 y por aplicación de la escala contenida en el artículo 14 del mismo ordenamiento. Corresponde, en consecuencia, a favor de las Dras. I M y N L, en forma conjunta, la fijación de los honorarios de segunda instancia en un 25% de los que le correspondan en la instancia de grado.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

Adhiero a la fórmula decisoria propuesta por mi colega preopinante.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que el Dr. Fernando Nahuelanca no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la accionante.

2) Rechazar la apelación deducida por las demandadas y, en consecuencia, se mantiene firme el fallo impugnado de fs. 232/235 en todo cuanto fue motivo de agravios.

3) Advertir al Sr. Juez actuante respecto del estricto cumplimiento de lo ordenado en el art. 163 CPr. en ra-zón de las omisiones señaladas en los considerandos.

4) Costas a las vencidas, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de las Dras. N L e I A M, conjuntamente, en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de lo regulado por sus trabajos en primera instancia.

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

SILVIA N. ALONSO de ARIET - Presidente JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 08 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS