Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-13


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.212 CAUSA N° 3.037/2010 SALA IV "ROSSI BRUNO C/ SEINAR S.A. Y OTRO S/ DESPIDO" JUZGADO N°47 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 13 DE ABRIL DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) A fs. 221/222 la codemandada SEDER SA apela la sentencia de primera instancia de fs. 213/215 que hizo lugar a la demanda.

II) La recurrente se agravia, en primer lugar, porque el Sr. Juez a quo consideró acreditada la existencia de una vinculación entre las sociedades que sucesivamente emplearon los servicios del actor (SEINAR SA y la apelante). A su criterio esa decisión sería errónea, pues los elementos indicados en el fallo no permitirían inferir con certeza tal vinculación. Explica que SEDER SA "se constituyó con los aportes de personas convocadas por ex empleados de SEINAR SA (gerentes técnicos) e independientes completamente de esta última sociedad" y que ello explica que el actor fuera contratado para prestar servicios en la nueva firma, que "nada tiene que ver con SEINAR SA, más allá de lo expresado por mi parte". Añade que el actor renunció voluntariamente a su empleo con SEINAR SA y que no es cierto que esa parte haya continuado efectuando acreditaciones de haberes en la cuenta sueldo del actor con posterioridad a esa dimisión, ya que "dichos depósitos los realizó SEDER SA tal como surge del informe contable" para lo cual "se valió de las cuentas sueldo ya abiertas a nombre de quienes habían laborado en SEINAR SA".

Anticipo que, a mi juicio, el recurso no merece trato favorable.

En efecto, la vinculación entre ambas sociedades es mucho más estrecha y prolongada en el tiempo que lo que pretende la apelante.

Ella misma reconoció en el responde que "SEINAR SA estaba pasando una difícil situación económica y decidida a cesar en la actividad que desarrollaba", por lo que "parte del personal técnico que dependía de SEINAR SA, ante el inminente y anunciado cierre de la misma, contactó a personas interesadas en invertir en esa actividad, las que constituyeron al efecto esta nueva sociedad.en la que entre otros y por haberse preocupado de encontrar los inversores, pudieron seguir teniendo ocupación Claudio Di Nucci y Eduardo Amarante que eran los gerentes técnicos de SEINAR. Por esa razón fue incorporado también el actor para desarrollar las mismas tareas que venía realizando para SEINAR SA" (sic, fs. 151 vta.).

Ahora bien, Claudio Di Nucci no era un simple integrante del personal técnico de SEINAR SA (como pretende la apelante), sino que era uno de los dos únicos integrantes del directorio de esa firma (cfr. fs. 107); mientras que Amarante firmó en nombre de SEDER SA los últimos recibos con un sello que decía "Director" (fs. 56/58).

Por otra parte, SEDER SA no sólo siguió desarrollando la misma actividad que SEINAR SA con el mismo personal, sino que siguió operando en el mismo box emplazado en la Central de Alarmas del Departamento de Policía, habilitado a nombre de su antecesora. Tanto es así que la Policía Federal informó que SEINAR SA (sic) prestó servicios en ese box hasta mayo de 2009, lo que evidencia que SEDER SA no gestionó un nuevo permiso sino que continuó utilizando el de la firma anterior (cfr. fs. 193 vta.).

Además, el Banco SANTANDER adjuntó extractos de la cuenta sueldo abierta por SEINAR SA a nombre del actor, "donde efectuaba acreditaciones de haberes la firma SEINAR SA" (sic, fs. 205). Si bien la apelante afirma que era ella (SEDER SA) la que efectuaba los depósitos, esa afirmación no aparece respaldada por ningún medio de prueba (nada surge al respecto del peritaje contable, máxime cuando SEDER SA ni siquiera exhibió al perito el libro especial, cfr. fs. 198/200) y choca con lo informado por el propio banco (que atribuye las acreditaciones a SEINAR SA).

En las condiciones expuestas, coincido con el Sr. Juez a quo en que SEDER SA fue la sucesora de la explotación de SEINAR SA, por lo que resultan aplicables las disposiciones de los arts. 225 y siguientes de la LCT.

Ello conduce a confirmar el pronunciamiento en cuanto al cómputo de la antigüedad del actor.

III) La recurrente cuestiona tangencialmente la procedencia de la indemnización del art. 2° de la ley 25.323, pues afirma que la liquidación final "fue puesta a su disposición y rechazada por el acreedor". Ahora bien, el actor reclamó legítimamente que la liquidación comprendiera su verdadera antigüedad (fs. 51), a lo que la demandada indebidamente se negó. Por lo demás, SEDER SA no demostró verdadera voluntad de pago, ya que ni siquiera depositó en autos la suma que reconocía adeudar.

Por ello, corresponde desestimar esta objeción.

IV) Asimismo se queja la apelante de la condena a extender certificaciones de servicios y aportes "por un lapso anterior a la contratación de los mismos e incluso a su propia existencia como persona jurídica".

Estimo que la queja resulta atendible.

Digo esto, pues, en los casos de transferencia del establecimiento (o de cesión del personal), el adquirente (o el cesionario) no está obligado a incluir en el certificado de trabajo el tiempo anterior a la cesión, durante el cual no revistió el carácter de empleador; como dicho instrumento debe traducir los asientos del registro del art. 52 de la LCT, el adquirente (o el cesionario) nunca podría extenderlo válidamente respecto de circunstancias anteriores a la transferencia (o a la cesión), que no pudieron ser objeto de asiento en sus registros (CNAT, Sala VIII, 29/8/03, Etchegaray Sarate, Ana María c/ Aguas Dadone de Argentina y otro s/ despido"; esta Sala, 26/2/12, S.D. 96.084, "Maglio, Carlos Enrique c/ Ver T.V. S.A. y otros s/ despido").

En igual sentido, se ha resuelto, en términos que comparto, que si bien la accionada al adquirir la explotación se hizo cargo también del personal y lo incorporó con los derechos y obligaciones respectivos, reconociéndole al actor los beneficios de la fecha de ingreso operada para el anterior titular de la relación laboral a los efectos del despido, ello no significa que deba hacer entrega de la certificación prevista en el art. 80 LCT por períodos anteriores a aquel en que comenzó a desempeñarse como empleadora, pues no resulta posible exigirle una constancia de aportes por los que no estuvo obligada y que por ende no efectuó (CNAT, Sala II, 28/11/08, S.D. 96.216, "Ojeda, Carlos Reynaldo c/ Calorex SA s/ despido").

Corresponde entonces modificar el pronunciamiento apelado, en el sentido de que la certificación de servicios y aportes a cargo de SEDER SA sólo debe abarcar el período posterior al 14 de noviembre de 2008.

V) La recurrente cuestiona por elevados los honorarios regulados a la representación y patrocinio del actor y al perito contador.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, los estipendios en cuestión no lucen excesivos, por lo que sugiero confirmarlos (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3° y conc. dec. ley 16.638/57).

VI) En síntesis, voto por: 1) Modificar la sentencia apelada, en el sentido de que la certificación de servicios y aportes a cargo de SEDER SA sólo debe abarcar el período posterior al 14 de noviembre de 2008. 2) Confirmar el pronunciamiento en todo lo demás que ha sido motivo de recurso, con costas en la alzada a la apelante, regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada, en el sentido de que la certificación de servicios y aportes a cargo de SEDER SA sólo debe abarcar el período posterior al 14 de noviembre de 2008. 2) Confirmar el pronunciamiento en todo lo demás que ha sido motivo de recurso, con costas en la alzada a la apelante, regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. SILVIA E. PINTO VARELA	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria