marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestión federal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUIRRE, RUBÉN ÁNGEL; ANDRADA, RODRIGO IVÁN Y OTROS c/  s/ QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-08-08

A esta Corte no le incumbe valorar sus propios pronunciamientos cuando son recurridos por las partes. Tiene, empero, el deber de examinar si el remedio interpuesto reúne los requisitos exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Acordada 4, del 16 de marzo de 2007 (Adla, LXVII-B, 1751), ya que sólo su estricto cumplimiento habilita la concesión del recurso extraordinario federal.

Resulta improcedente el recurso extraordinario federal que no da adecuado cumplimiento a los apartados d) y e) de la citada acordada, en tanto no rebate adecuadamente lo expresado en el fallo recurrido a la luz de las disposiciones constitucionales que afirma vulneradas.

La mera disconformidad con la interpretación y ponderación de las normas en modo alguno justifica la tacha de arbitrariedad que se imputa al fallo, ni constituye una cuestión federal que pueda dar lugar a la concesión del recurso interpuesto, toda vez que el tribunal ha valorado de manera adecuada las normas que tienen como fin tutelar la seguridad jurídica en resguardo también de las garantías constitucionales del debido proceso legal.

La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto abrir una nueva instancia ordinaria cuando no se demuestra que el pronunciamiento impugnado contenga graves defectos de fundamentación o de razonamiento que lo hagan inválido como acto jurisdiccional ya que los agravios vertidos versan solamente sobre supuestos derechos constitucionales violados sin que se detalle de qué manera en concreto la conclusión a la que se arriba ha afectado las garantías que se indican como vulneradas en la sentencia. (Del voto de los Dres. Kauffman y Sansón).
Abogados, querellante, simple damnificado, falsificación de instrumento público, título universitario, abogado falso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CICHELLO, Carlos s/ ser tenido por parte querellante Causa nro. 28.844
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-18

Corresponde denegar la solicitud de los integrantes de la Lista 13 del Colegio Público de Abogados para ser tenidos por parte querellante en la causa de acción pública en la que se investiga la falsificación de títulos de abogados, dado que de manera alguna pueden acreditarse como particulares ofendidos por el ilícito en forma directa.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, tiempo de vida útil
Materia: LABORAL
Carátula: Gonzales Hugo Orlando c/ Ortigoza Carlino y Otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-11-25

A los fines del cálculo de la indemnización hay que distinguir entre el promedio de vida con el lapso de vida útil, que es el adoptado por el pronunciamiento atacado; habiéndose adherido esta Sala a este último parámetro por considerarlo en principio, como más idóneo para cuantificar una pérdida de ingresos frustrados, máxime cuando en razón de la actividad el rigor y exigencia física que ella implica, es dable suponer en la mayoría de los casos un deterioro físico significativo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, medidas para mejor proveer
Materia: LABORAL
Carátula: Morales, Roberto c/ Rutamar S.R.L. s/ Indemnización por agravación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

El dictado de medidas para mejor proveer constituye el ejercicio de una atribución propia del tribunal del trabajo conferida con amplitud en el fuero por el art. 12 de la ley 11.653 y el uso de tales atribuciones no es revisable por la Suprema Corte.

Máxime cuando en el caso el tribunal a quo ejerció tales facultades a los fines del esclarecimiento de los hechos en procura de una correcta aplicación legal y respetando el equilibrio procesal y la congruencia de la decisión debido a que ha sido dictada dentro del marco de las cuestiones propuestas por las partes (art. 47, ley 11.653).
Locación, alquileres, falta de pago, cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: RENAURO, ALEJANDRO Y OTRO c/ NADER SINT S.A. s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-13

Aún cuando el demandado no objetara el porcentaje de la pena pactada por falta de pago en un contrato de locación, ello no impide que la cuestión sea introducida recién en la expresión de agravios, habida cuenta que la excesiva onerosidad prevista en el art. 656 del Código Civil que autoriza a los jueces a reducir las penas para evitar el abusivo aprovechamiento de la situación del deudor, es equiparable a la usura. Constituye un acto ilícito contrario a las buenas costumbres la cláusula penal desproporcionada con la gravedad de la falta que sanciona y, en consecuencia, puede el Tribunal reducirla a su justo límite (art.953 del Código Civil).

Teniendo en cuenta que el porcentaje de la pena pactada en un contrato de locación triplica el monto del alquiler, dicho porcentaje debe reducirse a la mitad si, según lo pactado en la cláusula respectiva la multa no exime al demandado de pagar los alquileres adeudados.
Accidentes de trabajo, culpa de la víctima
Materia: LABORAL
Carátula: Ortiz de Crespo, Stella Maris y otros c/ Sanchez y Accaino y/u otros s/ Indemnización por muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

El fallo que ponderó la existencia de voluntariedad del estado de ebriedad del accidentado, el conocimiento del peligro que conducir en tal estado implicaba, la exposición voluntaria al mismo y la exclusividad de dicha circunstancia como elemento productor del accidente de trabajo se adecua a la doctrina de la Suprema Corte en orden a la existencia de culpa grave del trabajador en el accidente como eximente de responsabilidad patronal en los términos del art.

4º inc. "a" de la ley 9688.
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio, Poder Legislativo, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pérez Irigoyen, Pedro c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

La remuneración, en sentido amplio, resulta comprensiva de todas las cantidades que percibe un empleado mientras dura la relación de trabajo, por lo cual procede aceptar, a los efectos de la previsión social, que las sumas devengadas en concepto de gastos de representación constituyen remuneración. Y en esta inteligencia todas las cantidades abonadas deben considerarse comprendidas en ese amplio concepto si fueron abonadas en correspondencia con la función desempeñada, como sucede, en el caso, con respecto a las sumas pagadas en concepto de gastos de representación.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, infracciones tributarias, moneda, depreciación monetaria, intereses compensatorios, desindexación
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Consultatio S.A. (TF 14.572-I y acum. 14.573- I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

Es arbitrario el pronunciamiento que omitió expedirse sobre cuatro cuestiones, planteadas ante el Tribunal Fiscal, vinculadas con la improcedencia de la actualización y los intereses resarcitorios reclamados, con fundamento en que las decisiones administrativas aplicaron un doble mecanismo de actualización, que los intereses resarcitorios se convirtieron en punitorios en razón de su cuantía, que no se respetó el tope fijado por el art. 115, tercer párrafo, de la ley 11.683, así como tampoco lo estatuido por la ley 24.283, pues ello privó al recurrente de la posibilidad de rever un punto sustancial de la litis, en que fundó su derecho para oponerse a la condena (Disidencia parcial del Dr. E. Raúl Zaffaroni). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, mandato, personería, acreditación de la personería, poder general, copias, actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Orlandi y Cía. SRL c/ Radusso, Mario s/ Cobro de pesos. Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ¨es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario) Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ­es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1974-11-08

La comparecencia inicial con el poder acompañado, realizada con petición expresa de devolución "dejándose copia autorizada en autos", coloca la situación procesal ocurrida en los términos del artículo 36 del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales, primera parte, en cuanto admite el desglose de un instrumento público si el interesado que lo solicita presenta copia del mismo para que quede en su lugar, en el proceso, "con la certificación del actuario". Además, la situación procesal resultante de la devolución a la parte del poder que acompañó con su primer escrito, quedó bajo las previsiones imperativas del artículo 49 del Código Procesal, que también obliga al secretario del tribunal, en forma inexcusable, a autorizar toda actuación judicial bajo pena de nulidad. Si esas disposiciones no fueron cumplidas no obstante la expresa orden dada al secretario interviniente, no puede constituirse con la parte demandada una relación jurídica procesal inobjetable, desde el punto de vista de la personería del representante de la parte actora, al no quedar en el expediente, en reemplazo del poder presentado, la copia autorizada que establece la ley como única valedera a esos fines si el interesado retira el instrumento que invoca en ejercicio del mandato. (Del Voto del Dr.

Villa Perincioli -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es si la omisión de certificar la copia agregada a los autos del poder acreditativo de la personería del mandatario de un litigante, es por sí sola causa de nulidad de los procedimientos e inclusive, de la sentencia.
Contrato de trabajo, choferes, obligaciones intuitu personae
Materia: LABORAL
Carátula: PIÑEIRO, LUIS ARTURO c/ LINEA EXPRESO LINIERS SAIC. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-03-03

Si bien uno de los elementos del contrato de trabajo es que sea 'intuitu personae' la circunstancia de que el transportista deba, por imposición contractual, conducir su vehículo en forma personal no resulta prueba concluyente de una simulación destinada a desdibujar el vínculo laboral.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, recurso de casación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Galaburri, Jorge Raúl c/ Martínez Vega de Lanzoni Araya, Erminda o Esminda s/ Cobro de pesos ordinario por daños y perjuicios Pérez de Sanguinetti, Sara Esther c/ Policlínico Modelo Libertad s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26|1997-05-20

El recurso de inaplicabilidad de ley está dirigido a que ésta Corte ejerza el control de legalidad del fallo, esto es, verificar la recta aplicación del derecho a los hechos de la causa juzgados por los jueces de las instancias ordinarias.
Juicio ejecutivo, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tallatela, Angela c/ Olacolor S.A. y otros s/ Cobro de Mejoras - Actuaciones Artº 250 del CPC
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-13

Si un proceso tramita conforme a la normativa que regla a los juicios ejecutivos, en tanto otro lo hace por las previsiones para los procesos de conocimiento, ello configura "ab initio" una incompatibilidad que enerva el desplazamiento de competencia, máxime si no se perfila el presupuesto de excepción que edicta el último párrafo del artº 188 del CPC, habida cuenta que la sentencia que ha de dictarse en aquel no hace, en principio, cosa juzgada material.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Malversación de caudales públicos, Casa de la Moneda
Materia: PENAL
Carátula: FISCALIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS s/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

Los fondos correspondientes a la "Casa de Moneda" son fondos públicos, pues dicho organismo depende de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación - Administración Pública Central -.
Cheque, extravío del cheque, cosas perdidas, derecho de recompensa
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cuukiertblat, Manuel. c/ Petropol,  S.M. s/ Consignación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-23

Al tratarse de un hallazgo de una cosa perdida al que se agrega la celeridad y dirigencia del hallador a los fines de dar noticia de ello queda acreditada la procedencia del reclamo de recompensa, con mayor razón y sentido si ha mediado la despreocupación del propietario de no impedir de inmediato ante las entidades bancarias cualquier gestión sobre los cheques extraviados cuanto el simple aviso no es algo que, de por sí, despoje al instrumento de toda posibilidad de surtir efectos.
Recurso de apelación (procesal), falta de interposición del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Akamine, Tsutomu c/ Arévalo, Juan Roberto y otro s/ Cobro de Australes Agronomía El Salado S.A. c/ Industrias Químicas Almidar S.A. y otro s/ Daños y perjuicios Monte Paco S.A. c/ Banco de Coronel Dorrego S.A. s/ Demanda ordinaria (arts.38, 122 y 123, L.C.) Maldonado Alba de Chavez, Margarita c/ Mileo, Ricardo Antonio o propietario s/ Daños y perjuicios Fernández, Marcelo Omar y otro c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa Garaban de Saia, Amelia y otros c/ Bakaj, Juan Luis y otro s/ Indemnización daños y perjuicios L. de C., S. M. c/ C., A. A. s/ Divorcio Banco de Galicia y Bs. As. S.A. c/ Marrano, Ricardo A. y ot. s/ Ejecución hipotecaria Salgado, Abel Policarpo, Oscar Fausto Eugenio, Concepción Luján, Elsa María y Santos, José c/ Domenech, Armando s/ Desalojo Perkins, Arnoldo c/ Rossi, Obdulio s/ Daños y perjuicios Martorani, Felipe y otra c/ Fiordelli, Alfredo Aldo y otra s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17|1989-10-31|1987-06-09|1988-10-11|1994-04-19|1986-05-06|1992-03-17|1991-06-11|1996-05-28|1993-10-26|1990-05-08

Las alegaciones o defensas propuestas en primera instancia por la parte vencedora que no ha apelado por haberle sido favorable el resultado del pleito, quedan sometidas al tribunal de alzada en el supuesto que en esa instancia sea revocado el pronunciamiento.
Abandono de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Villa, Rosalinda c/ Arpoles S.A.I.C. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

No se configura abandono de trabajo si se demuestra que el dependiente no se presentó a trabajar porque tenía motivos justificados para no hacerlo y el principal estaba anoticiado de ello al disponer la medida (art. 244, L.C.T.).
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bianchi c/ Guzman s/ Rendición de Cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Las causas de suspensión del plazo de la caducidad de instancia se vinculan con la imposibilidad de peticionar, y si bien la jurisprudencia ha dicho que el retiro "en confianza" de los autos por la demandada no suspende el plazo, en autos el retiro fue expresamente autorizado por el juez, razón por la cual debe entenderse que el plazo estuvo suspendido durante el término que el expediente estuvo en poder del demandado, ya que ello impidió a la actora disponer del mismo para peticionar o impulsar el proceso (art. 311 últ. párr. CPCC).
Competencia por la materia, competencia federal, competencia contencioso administrativa, servicio telefónico, Ley Nacional de Telecomunicaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMEZ, ELENA DEL CARMEN c/ TELEFONICA DE ARGENTINA  S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

De los hechos narrados en la pieza de inicio se desprende que será menester examinar en el presente caso diversos aspectos contractuales vinculados con la provisión del servicio telefónico solicitado por la accionante bajo el plan "Megatel". El conflicto habrá de ser manejado "prima facie" mediante la aplicación preponderante de la Ley Nacional de Telecomunicaciones y de otras normas específicas que regulan la materia, circunstancia que determina por sí la competencia federal "ratione materia". Y en tanto el régimen legal aplicable excede el ámbito del derecho privado, debe ser la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal la llamada a entender en la causa.
Hostigamiento o maltrato, tipo penal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: SILVA ANTUNEZ, Omar s/ Infr. Art. 52 ley 1472 - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-22

El requisito legal del artículo 52 del Código Contravencional, en cuanto al "modo amenazante", se exige para la figura del hostigamiento, mas no para la figura del maltrato físico, que se concreta por el solo hecho de ejercer violencia física sobre la otra persona.
Ius variandi, cambio de horario
Materia: LABORAL
Carátula: A., L.R. c/ I.S.L.G. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-08-29

"En los casos de cambio de horario unilateral, es necesario ponderar si la actuación de la empresa implica una alteración en las medidas esenciales del contrato y si al hacerlo se quiebra arbitrariamente el equilibrio de derechos recíprocos así como la intangibilidad del ocio que, como facultad personal, no puede ser retaceada al trabajador".
Filiación, prueba
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: MOYANO RUBEN ANDRES c/ ELVIO RAFAEL TESSINO s/ FILIACION - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-08-25

Cuando se trata de probar simples hechos jurídicos, la prueba por indicios es siempre conducente, tal como ocurre con la prueba de testigos. Pero cuando se trata de actos jurídicos pueden existir algunas restricciones legislativas al empleo de este medio de prueba, las cuales son frecuentes en los sistemas de tarifa legal, pero también en los de libre valoración.

De consiguiente se admite, la utilización del indicio de la existencia de relaciones sexuales en la época de la concepción y el trato concluyente al ocurrir el embarazo y el parto para probar el acto jurídico de filiación extramatrimonial, aunque no sirvan para acreditar el estado civil de las personas.

En el caso, debe probarse el hecho de la filiación mediante un indicio que no tiene por objeto probar el acceso carnal sino la compatibilidad sanguínea.

La regla de la experiencia en la que descansa ese indicio legal es quien se niega a la prueba de histocompatibilidad,compromete su responsabilidad por paternidad consanguínea con el descendiente que la reclama, es decir, dado que el indicio suple la verificación por el examen personal del juez, cobra gran importancia probatoria, sobre el hecho de la filiación que se pretende probar.

Empero, un indicio que no da lugar a certeza no puede proporcionar validez probatoria a la sentencia que en él pretenda fundarse; más, si no resulta controvertido por otra prueba el indicio cobra la fuerza probatoria que se necesita para la validez del fallo.

Dado que a la filiación se la reconocería por la preexistencia de acceso carnal, y las pruebas testimoniales acreditan (indiscutiblemente) la relación sentimental entre los padres del menor, válido es concluir que si bien esa prueba no permite comprobar el acceso carnal entre la madre del menor (a su vez nunca tachada de mujer promiscua) pero tampoco se la niega, de tal suerte que el indicio en contra, por no sometimiento a la prueba de histocompatibilidad, indica la existencia del hecho de la filiación el que, a su vez, al no resultar controvertido cobra seria entidad para funcionar como plena prueba sustentadora de la filiación no reconocida. (Del voto del Dr. Ayan).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Malchiodi, Roberto Ramón s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

Es improcedente el agravio en el que se denuncia transgresión del art. 94 del Código Penal, si no se logra evidenciar que la descripción fáctica efectuada por la Cámara no pueda encuadrarse en la norma invocada.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), concesión errónea del recurso, fundamentación del recurso, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Procopio, Pablo Silvio c/ Organización Veraz S.A. s/ Habeas data. Acción de amparo (Expte. Nro.56-00, Resolución Nro.19, TOM  O 1, folio 63/64)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-27

Debe declararse mal concedido el recurso de apelación concedido en un juicio de amparo si el recurrente no cumple al momento de su interposición con la exigencia de su fundamentación y tal como lo prescribe el art. 10 de la ley 10.456.
Objeto de la demanda, monto de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: S., W. C. c/ L. S. C. L. de S. G. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-12-06

Como el monto del reclamo constituye una expresión de la voluntad del pretensor, y no una manifestación objetiva de certidumbre histórica, se debe indicar cuál es el monto de dinero que quiere cobrar de la demandada, ello sin perjuicio de que el quantum reclamado dependerá en definitiva de las pruebas y será fijado en la sentencia. El cálculo de la demanda es siempre provisional, por lo que el agregado de la frase "o lo que en más o en menos", está íntimamente relacionado con una cifra aproximada, la que se determinará en la pretensión, por lo que su cuantificación siquiera aproximada es insoslayable para el actor.
Contravenciones, trámites judiciales, excusación por interés en el pleito
Materia: PENAL
Carátula: J., C.A. s/ infracción art. 77 inc. 2 ley 11.430
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

El juzgamiento de las faltas, por la especialización técnica y por su naturaleza jurisdiccional, reclama su separación de la función política , de gobierno y administración, que constituye el Intendente Municipal. Antes que el Intendente o un subalterno suyo, es preferible confiar la aplicación de sanciones por faltas a contravenciones a jueces municipales, letrados y estables. Ello importa más garantías de especialización, asimismo, atento a la inamovilidad de ésos jueces en sus funciones, el régimen ofrecería mayor seguridad e imparcialidad para el eventual infractor. Ya que, indudablemente, el Juez de Faltas, así como está, confundido en su figura con el Intendente Municipal, debiera haberse excusado de intervenir en ésta causa y en todas las causas como la presente, en las cuales el Gobierno local, que él también representa, tiene indudable interés económico ( arts. 27, 30, 31, 60 y cdts. dec. ley 8751/77; arts. 24 inc. 9, 36 y cdts. C.P.P. - ley 3589 - ).
Recurso de apelación (procesal), deserción, expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Araujo Costoya, Nieves Luisa c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-22

En el caso de autos, la parte apelante debió seleccionar del discurso del magistrado aquél argumento que constituyó estrictamente la idea dirimente y que formó la base lógica de la decisión.

Efectuada dicha labor de comprensión, incumbió a la parte la tarea de señalar que punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata en sus referencias fácticas, o en su interpretación jurídica, que llevó al desacierto ulterior concretado en la sentencia.