marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, doctrina de la arbitrariedad, acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, docentes, negociación colectiva
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: RUGGERI, KARINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-21

Las manifestaciones de la amparista no se erigen como suficientes para demostrar la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la reglamentación atacada, atento que ésta se presenta como una facultad válida que la autoridad administrativa efectuó en el ejercicio de funciones propias; y no resulta menor el dato de que tales cuestiones han sido convenidas en Paritarias celebradas entre las partes (representada la amparista en tales tratativas por el gremio al cual pertenece) y dicha resolución no fue tildada por el sector gremial como manifiestamente inconstitucional y violatoria de los docentes del sector privado, sino que por el contrario, el Sindicato prestó su consentimiento, convirtiéndose en obligatoria para quienes la suscriben y también para todos los trabajadores de esa específica actividad; lo que no importa negar el derecho que pudiera eventualmente asistirle a impugnar la reglamentación en cuestión por los carriles que el ordenamiento legal le confiere. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 14250, artículo 3; Resolución 1471/10 del Ministerio de Educación de Santa Fe, artículo 14 del Anexo II. - Jurisprudencia vinculada: Ricci, AyS T 269, p 464/477 y Burggi, AyS T 284, p 63/73 - Jurisprudencia Concordante con Saez, AyS T 284, p 281/294.
Facultades privativas de cada cámara, indemnización, daños y perjuicios, recurso de casación
Materia: CIVIL
Carátula: Vatrella, Antonio José c/ Bridgestone/Firestone Argentina S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo - Acción especial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-11

Es facultad privativa de los magistrados de la instancia ordinaria la elección de las pautas para determinar la indemnización por daños y perjuicios, y el ejercicio de dicha prerrogativa sólo puede ser revisado en casación cuando queda manifiesta la ausencia de la necesaria prudencia jurídica y el grado razonable de acierto que debe imperar en todo pronunciamiento judicial. (doctor NEGRI, sin disidencia).
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, reconstrucción del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de los Andes SA (En Liq. Judicial) c/ Lemuy SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-24

En efecto, el CPR 129 establece que, comprobada la pérdida de un expediente o su documentación, el juez debe ordenar su reconstrucción de conformidad con las pautas establecidas en dicha norma. En virtud de lo expuesto y considerando que los informes del Sr. Secretario dan cuenta de que se agotaron las instancias de búsqueda ordenadas por el Sr. Juez, corresponde decidir del modo adelantado.
Fundamentación de sentencias, tribunal colegiado
Materia: PROCESAL
Carátula: M. D. D. R. c/ S. A. I. SA s/ sumario - cobro de pesos e indemn. de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-03-27

No cualquier contradicción manifestada a través de los votos de los sentenciantes provocará, sin más, la nulidad del fallo. Por el contrario, para acarrear su invalidación total o parcial las diferencias deberán ser jurídicamente relevantes, notorias, graves y contradictorias. No corresponde revocar un decisorio sobre la base exclusiva de algunas divergencias en la motivación que los magistrados que forman la mayoría utilicen para arribar a la misma solución. De hecho, suele ocurrir que con algunas variantes en la argumentación se arribe a las mismas conclusiones.
Acción de amparo, contestación de la demanda, deberes del juez, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FORNASARI NORBERTO FABIO c/ GCBA Y OTROS s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-14

En el marco procesal del amparo, si el informe resulta equivalente a la contestación de la demanda, cabe concluir que la omisión de presentarlo constituye el incumplimiento de una carga procesal que debe aparejar consecuencias semejantes a la falta de contestación. Y esta situación no conlleva, necesariamente y por sí misma, el progreso de la pretensión, toda vez que la sentencia debe pronunciarse de acuerdo a las constancias de la causa y el derecho.
Costas en el orden causado, cuestión abstracta, pronunciamiento inoficioso
Materia: PROCESAL
Carátula: Amabile Cibils, Graciela María c/ EN s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-13

Si la Corte no puede expedirse debido a que los planteos devinieron en abstractos por falta de una conclusión que configure un pronunciamiento declarativo sobre el derecho de los litigantes, la condenación en costas debe distribuirse en el orden causado (Fallos: 329:1853 y 2733).
Expresión de agravios, nulidad procesal, acreditación de la personería
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GALLO ANTONIO EUSEBIO c/ ANA MARIA GALLO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-11-25

Ante un planteo de nulidad en el memorial por falta de acreditación de la personería por el gestor, debe diferirse el dictado de sentencia por el tribunal de alzada, y es el juez de la causa el que debe resolver la cuestión planteada, si la alzada no se encuentra en condiciones de analizar si se han dado los presupuestos de aplicación de la norma procesal que sanciona la falta de acreditación de la personería.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Monzón, Carlos s/ Homicidio Salto, Inocencio Ismael s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18|1997-02-04

El art. 271 del C.P.P. establece que la protesta deberá ser "fundada en las consecuencias jurídicas, que resultaren de la denegación".

Tal recaudo debe ser interpretado en consonancia con el resto de la norma en que está contenido. En ese orden de ideas se observa que tales "consecuencias" deben ser puestas de manifiesto explicitándose los motivos que, a juicio del peticionante, justificarían que las pruebas desechadas resultaren pertinentes, toda vez que lo que se está cuestionando, precisamente, es la declaración de la impertinencia de las pruebas denegadas, para la dilucidación del juicio.
Jueces, jubilación de magistrados, haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, adicionales de remuneración
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rodríguez Saa, José Elías c/ E.N. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

Debe confirmarse la sentencia de primera instancia que resolvió hacer lugar, a la demanda interpuesta por los actores, jubilados y pensionados del Poder Judicial, que declaró el derecho a que se les abonen las diferencias resultantes de calcular sus haberes jubilatorios tomando en consideración los adicionales creados mediante los decretos 2474/85 y 522/89 para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
Revisión judicial de actos administrativos, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANSILLA, Felisa D. y OTRAS c/ E.N. s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16

Corresponde habilitar la instancia judicial cuando exigir a los recurrentes efectuar el reclamo administrativo previo importa un ritualismo inútil (conf. art. 32, inc. f de la ley 19.549) fuera del límite de lo razonable, constituyendo un impedimento para acceder a la jurisdicción judicial que deviene inaceptable.
Honorarios, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Biondo Danilo Héctor c/ Martínez Roberto Oscar y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-09

La prescripción de honorarios, por su naturaleza, resulta extraña al particular contenido de las leyes arancelarias y se encuentra contemplada en los arts. 4.023 y 4.032 del Código Civil. Para establecer el plazo de la misma es correcto distinguir entre el derecho a cobrarlos, cuando ya han sido regulados, y el derecho a que se regulen, haya o no condenación en costas.
Competencia, juicios contra el concursado, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROBERTO GIMENEZ c/ CIA. EMBOTELLADORA ARG.  SAIC s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-06

Los honorarios devengados en proceso tramitado contra un concursado, donde medió condena en costas a éste, deben ser regulados por el juez que entendió en dicho expediente: sin que a ello obste la remisión dispuesta en orden a lo previsto en la ley 19 551. Lo expuesto sin perjuicio de la necesaria insinuación en el concurso, que podrá ser objeto del debido debate en el trámite verificatorio.
Prisión preventiva, semiplena prueba
Materia: PENAL
Carátula: OTERO, JUAN s/ Balance falso
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-15

Si bien es cierto que para la procedencia de la prisión preventiva sólo es menester que los elementos probatorios colectados demuestren semiplenamente la existencia del delito y que haya indicios suficientes para creerlos responsables del hecho al procesado, difiriendo el examen integral de la culpabilidad a la sentencia definitiva, no lo es menos que aquel juicio provisorio debe contener la pertinente fundamentación asentada en el análisis y valoración de los elementos de convicción arrimados al proceso.
Tipo penal, habilitación del establecimiento, vía pública
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Sajón, Manuel Esteban s/ Infr. art. 84 ley 147 -Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-27

En el caso, la conducta de colocar mesas, sillas y toldos en la acera del local que explotaba el imputado, implica la ocupación de la vía pública, en ejercicio de una actividad lucrativa -la misma que llevaba a cabo en el interior del comercio y para la cual estaba habilitado-, excediendo las medidas autorizadas (artículo 84 del Código Contravencional), atento a que la autorización para dicha actividad alcanzaba sólo al interior del local.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras, derechos y garantías constitucionales, pena, principio de progresividad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: GONZALEZ, GONZALO LUIS s/ APELA DENEGATORIA LIBERTAD CONDICIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha evaluado las directivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso "Almonacid", 2006), según las cuales si bien los jueces están sujetos al imperio de la ley y, por ello, obligados a aplicar las disposiciones legales, cuando un Estado ha ratificado un Tratado Internacional, en el caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus jueces también están sometidos a ella y, de este modo, deben ejercer una suerte de "control de convencionalidad" entre las normas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Y es en ese orden que cabe examinar los lineamientos que dan marco en nuestro ordenamiento jurídico al régimen progresivo de ejecución de la pena. Por ello, los límites constitucionales del artículo 18 deben complementarse con la explícita finalidad reconocida en la reforma de 1994, a partir de la inclusión, con esa jerarquía, de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, en las condiciones de su vigencia, es decir teniendo en cuenta las recomendaciones y decisiones de los órganos de interpretación y aplicación de tales instrumentos. Ese es el contexto en el que debe interpretarse el denominado principio de progresividad de la pena incorporado en el ámbito infraconstitucional por la ley 24660. (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Contravenciones de juego, culpabilidad, error de prohibición, Internet
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs. As. c/ A, P. s/ Ley Nro. 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-08

La conducta del imputado que introdujo en su sitio web el sorteo del automóvil sin autorización de Lotería Nacional del Estado, se encuadra dentro del tipo previsto en el artículo 3 de la Ley Nro. 255, aunque aquella no pueda serle reprochada porque incurrió en error acerca de la relevancia contravencional del injusto, es decir, sobre el conocimiento de que se trata de una conducta típica y antijurídica. El error directo de prohibición afecta siempre la comprensión de la norma prohibida, sea por el desconocimiento de su existencia, de su validez o de su alcance.

En el caso, el imputado no se cuestionó en ningún momento la existencia o no de una autorización por parte de Loterías del Estado, pues entendió que el permiso lo debería solicitar ante dicho organismo de contralor, el organizador del sorteo. El encausado carecía de una clara comprensión acerca de que la conducta por él desarrollada, tenía relevancia contravencional, toda vez que entendió que los escollos legales del "sorteo" habrían sido eludidos por el organizador del mismo. Por lo tanto, esta falsa convicción de que la conducta
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iglesias, María Elena c/ Perojo, Mario Severino y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-26

El recorte y angostamiento en la plenitud de la vida e integridad corporal del actor no aparece solamente expresada en el porcentaje de incapacidad parcial y permanente, que dictamina el perito traumatólogo, sino, también, en el menoscabo psíquico revelado por una pericia psicológica, como productor de una descenso en toda su conducta social.
Juicio ejecutivo, intervención de terceros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Anker S.A. c/ Otero Argentina Alvaluz s/ C. prendario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

En el juicio ejecutivo, dadas las notas de breve consignación y celeridad procedimental, exhibe una tipicidad ritual que veda desnaturalizarla en función de instituciones formales previstas para controversias con debate pleno (arts. 518, 521, 529, 540, 541, 542, 549, 551 y concds. del Cód. Procesal); por consiguiente, el instituto de la intervención de terceros, en principio, es privativo del proceso de conocimiento y ajeno a los de ejecución, ya que la sumariedad de estos últimos obsta a la incorporación de sujetos distintos de aquellos contra los cuales el ejecutante dirigió la pretensión. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario federal, cuestión no federal, sentencia arbitraria, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, prueba de informes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Horowitz, Israel c/ Cuperstein, Peisah.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

Si no existe un programa oficial para graduarse de rabino ni una autoridad, en nuestro país y/o en el mundo, que expida títulos oficiales acreditando dicha calidad, por lo que esta figura no se encuentra garantizada por un certificado de estudios, deviene falta de sustento la terminante relevancia conferida a la informativa por la que se dijo desconocer la existencia, en Buenos Aires, de la Academia Rabínica Or Hamaarav, que expidió el certificado acompañado por el recurrente.
Juicio ejecutivo, intimación de pago, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Transportes Fernández S.R.L. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-07-30

El art. 516 del C.P.C. no requiere para practicar la intimación de pago la presencia personal del ejecutado. Por el contrario, de la norma se despende que el acto "se practicará aún cuando el deudor no estuviera presente", sin perjuicio de observar las previsiones del art. 146 del Código citado; requisitos que han sido considerados en el mandamiento.

Tratándose de la intimación de pago no es indispensable la presencia del ejecutado y de no encontrarse este en su domicilio no procede dejar el aviso que establece el art. 338 del CPCC, siendo válida la diligencia practicada con "una persona de la casa".

Más allá de que el juzgador no podía en tal supuesto declarar de oficio la nulidad de la intimación, la nulidad no puede ser acusada por el ejecutado desde que no es requisito para la validez de la intimación su presencia en el acto.

"No existe disposición legal alguna que imponga, respecto al mandamiento de intimación de pago, el apartamiento de las reglas generales establecidas para las notificaciones.

En ausencia de una disposición expresa que imponga que dicha diligencia deba cumplirse personalmente con la parte demandada, el Oficial de Justicia cumple con la misma entregando copia del mandamiento y de la documentación acompañada a quien manifiesta ser y se reconoce como una persona de la casa.
Derecho laboral, procedimiento laboral, derechos y garantías constitucionales, sentencia arbitraria, principio de congruencia, buena fe, relación de dependencia, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CUELLAR, Americo Jesus c/ BANCO MACRO BANSUD S.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-08-12

El trabajador tiene derecho a exigir la entrega: del certificado de trabajo del art. 80 LCT, y la certificación de servicios, remuneraciones y aportes, prevista en el art. 12, inc. g, de la Ley 24.241 (Etala, Contrato de Trabajo, Ed, Astrea, 2002, pág. 225),según Vazquez Vialard (La Responsabilidad en el Derecho del Trabajo, pág. 730), corresponde distinguir entre los datos que le interesan al trabajador para acreditar la relación contractual, su especialidad y tiempo de servicio ante otro empleador y aquéllos que se refieren al cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social.-
Juicio de desalojo, desalojo anticipado
Materia: CIVIL
Carátula: COIVA S.A.C.I. c/ MITA, DORA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-06

En los juicios de desalojo anticipado, debe asimilarse la rebeldía al allanamiento.
Habeas corpus, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Flores, Juan Alberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-11

La disidencia sostuvo que la resolución del tribunal a quo por medio de la cual confirmó la decisión del juez federal de primera instancia que no hizo lugar a la acción de habeas corpus por no encuadrar el planteo en los supuestos previstos en el art. 3° de la ley 23.098, constituye una derivación razonada del derecho vigente con ajuste a las concretas circunstancias de autos. Dr. Borinsky -en disidencia-.
Falsa denuncia, falsedad parcial, amenazas
Materia: PENAL
Carátula: DWOJAK, ESTER s/ DENUNCIA CALUMNIOSA - MENDACIDAD PARCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-10-05

1) Configura el delito de denuncia calumniosa, la conducta de la encausada, que mintió en su primitiva denuncia, al expresa que se vió obligada a acompañar al individuo que individualizara hasta las oficinas de él, debido a las amenazas de que éste la hizo objeto con "un arma de fuego color negro" que le "apoyó en la espalda", mientras le decía: "caminá y no digas nada, sino te mato".

Posteriormente aquélla cambió la versión de los hechos, expresando que el sujeto a quien imputara el delito que denunció en dichos autos, "así al pasar, le expresó que tenía un arma de fuego que no vió, ni tampoco el aludido especificó en que lugar".

2) La denuncia no es falsa sólo en el caso en que el hecho relatado en ella sea absoluta y totalmente extraño a la realidad, sino que también lo es cuando la mendacidad es parcial, ya que lo único que se debe exigir es que la esencia del hecho quede modificada con esa mentira, sin que resulte necesario, siquiera, que la falsedad del delito denunciado resulte de una declaración de certeza judicial, ni que la autoridad haya sido efectivamente engañada, pues basta para la consumación que dicha noticia sea susceptible de determinar el inicio de un procedimiento penal y también, aunque éste no se hubiera iniciado.
Concurso preventivo, verificación de créditos, proceso de verificación, acreedor prendario, prenda con registro
Materia: COMERCIAL
Carátula: LUMICOT  S.A.I.C.A.F.I. s/ CONCURSO  PREVENTIVO - INCIDENTE DE RESTITUCION DE BIENES SECUESTRADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17

Al acreedor prendario comprendido en el art. 5 del dec. ley 15 348/46 no lo obliga a verificar su acreencia la L.C.22, ya que por la mentada ley de prendas está autorizado a obtener satisfacción de su crédito por vía administrativa, debiendo acudir a sede judicial sólo para obtener el secuestro de los bienes gravados.
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, acción de amparo, obras sociales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VALIENTE, Enrique y otros c/ SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-18

Si el litigio versa sobre la situación de una obra social de carácter sindical o bien se presenta un conflicto entre ésta y sus asociados, resulta competente la justicia Nacional del Trabajo. Para más, no puede soslayarse que el art 4 de la ley 16986 ante situaciones dudosas impone el conocimiento de la causa al primer juez requerido, acorde con la naturaleza de un procedimiento excepcional que tiende a la rápida reparación de las garantías constitucionales que se aducen cuestionadas.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: ECHEVERRIA, José c/ SUAREZ, Raúl Héctor s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

El conductor de un vehículo que se dispone a atravesar una calle de doble mano debe poner un mayor nivel de atención, puesto que si bien goza preferencia respecto de los vehículos que en un primer momento se presentan desde la izquierda, es preciso respetar la prioridad de paso de los que avanzan desde la derecha.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mazzola, Antonio César c/ Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-22

Si la presencia de la ambulancia no era un hecho que pasara desapercibido sino que, por el contrario, había sido debidamente advertido los restantes conductores deben obrar en consonancia con lo que la ley de tránsito les exige en tales circunstancias, es decir, desviar inmediatamente el vehículo lo más próximo posible al cordón o borde de la calzada a banquina y detener la marcha hasta que aquella haya pasado (art. 94 ley 5800, a la sazón aplicable por la época de producción del hecho).