Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de marzo de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en el recurso de apelación judicial interpuesto a fs. 108/117 contra la Disposición Nº 4678 -DGDYPC-2003 de fecha 10 de diciembre de 2003, en los autos caratulados: "CITIBANK NA contra GCBA sobre OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APELACIONES", expte. RDC 952, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dr. Carlos F. Balbín y Dr. Horacio G. Corti, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la Disposición apelada? A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo: I. En el presente caso, el Citibank N.A. interpone recurso de apelación- obrante a fs. 108/117- contra la Disposición Nº 4678-DGDYPC-2003, dictada por el Director de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, solicitando se revoque en su totalidad la Resolución recurrida, con costas. En el referido acto se resuelve aplicarle a la quejosa una multa de pesos seis mil ($ 6.000) por infracción a los artículos 4 y 19 de la Ley 24.240. Asimismo, se ordena la publicación de la Disposición condenatoria conforme lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 757 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el artículo 18 Anexo I del Decreto 17-GCBA-2003, en el diario Ambito Financiero. II. Las presentes actuaciones se inician mediante una denuncia efectuada por Juan Carlos Cantarelli contra Citibank NA y Argencard S.A., por presunta infracción a la Ley 24.240 ante la Dirección de Defensa del Consumidor el 13 de marzo de 1999. El consumidor manifiesta que siendo cliente de Argencard en Banco Mayo recibió una comunicación escrita donde le informaban que el pago del resumen debía efectuarlo en el Banco Provincia de Buenos Aires, el cual hizo efectivo el 11 de noviembre de 1998. Agrega que el mismo no fue procesado y a partir de ese momento comenzaron a enviarle resúmenes con un pago mínimo que casi triplicaba el histórico. Agrega que también comenzó a crecer de manera alarmante el saldo que adeudaba. Asimismo, pide que reconozcan el pago y dejen de enviar resúmenes con intereses. III. La Disposición Nº 4678-DGDYPC-2003 encuentra a la parte denunciada incursa en la infracción a los arts. 4 y 19 de la Ley 24.240. Para así decidir la administración tuvo en cuenta, con respecto a la infracción al art. 4, que en su descargo la imputada afirmaba que la decisión de enviar los resúmenes de cuenta se constituyó en una oferta de contrato, quedando perfeccionado este nuevo con la emisión de los mismos, sin cuestionamiento alguno de parte del Sr. Cantarelli respecto del nuevo vínculo con Citibank. Siguiendo el hilo argumental de la denunciada, concluye que al inicio de la relación contractual no se suministró al consumidor información sobre el plazo de vigencia del contrato, el tipo y monto de los cargos administrativos, el importe o tasas por seguro de vida, las causales de suspensión, resolución y/o anulación del contrato, por citar algunas características esenciales. En relación a la infracción al art. 19 de la mencionada normativa, la Disposición cuestionada establece que éste impone al prestador de un servicio cumplir con las condiciones convenidas, aclarando que en cuanto a las que debe respetar el prestador del mismo, consid era que habrán de ser las que resulten de la naturaleza y características del trabajo a realizar, si nada se ha dicho en el ofrecimiento, publicidad o contrato. La Autoridad de Aplicación señala que entre las condiciones se encuentra la de imputar correctamente los pagos efectuados por el usuario de la tarjeta de crédito. Manifiesta que se encuentra controvertido si un pago de $ 270.- efectuado por el denunciante fue debidamente imputado por la sumariada. La Administración señala que en su descargo, la misma reconoce que " ... dicho depósito no fue procesado en un primer momento ... ´ alegando trastornos administrativos que resultan totalmente ajenos al denunciante, parte no profesional de la relación de consumo. Asimismo, el Director General de Defensa y Protección al Consumidor tiene en cuenta que del informe contable de fs. 67, debidamente notificado a fs. 69 y no impugnado por la imputada, surge que los $ 270.- fueron adicionados al saldo deudor del consumidor, y posteriormente procesados como pago (sin d ebitarse los $ 270.- indebidamente adicionados al saldo deudor). También considera que la perito contadora informa que los importes debitados (correspondientes a los intereses generados por el pago no procesado) no se corresponden a los importes aplicados por ese concepto. Concluye en que lo afirmado por la denunciada en relación a que el importe de $ 270.- en definitiva había sido acreditado (con más los intereses y gastos) no excluye la responsabilidad de la imputada. Finalmente, se considera que la parte imputada es reincidente en los términos del art. 49 de la Ley 24.240, tomándose asimismo en consideración a los efectos de graduar la sanción, no sólo la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, sino también su proyección económica, el peligro de su generalización para los usuarios de servicios bancarios, la repercusión de las infracciones atento la posición en el mercado de la denunciada en los términos del art. 49 de la Ley 24.240. IV. La parte denunciada se agravia por cuanto, a su entender, l a Disposición recurrida es nula de nulidad absoluta, al carecer de causa, de motivación, y de procedimiento. Sin perjuicio de la nulidad impetrada, funda agravios contra el acto administrativo de marras. Manifiesta que éste está constituido por meras consideraciones genéricas que en modo alguno constituyen una aplicación razonada del derecho vigente al caso de autos, afectando gravemente la garantía constitucional de la defensa en juicio. Aclara que Citibank N. A. acreditó en autos, tanto haber suministrado al denunciante información veraz, eficaz y suficiente con respecto al pago no procesado oportunamente en su tarjeta de crédito, como también haber cumplido con los términos y condiciones de este contrato. La apelante señala que la Dirección omitió tener en cuenta que el consumidor era titular de la tarjeta de crédito "Mastercard", emitida por el ex - Banco Mayo, así como que, según sus propios dichos, en el mes de noviembre de 1998 depositó en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la suma de $ 270 sigu iendo las instrucciones enviadas por el ex - Banco Mayo, hecho éste que le es totalmente ajeno. Agrega que era dicha entidad quien debía acreditar en la cuenta del denunciante la suma cuestionada, y que también se hizo cargo a los efectos de no perjudicar al denunciante de acreditar los intereses respectivos, cuando en verdad no le correspondía. La parte recurrente explica que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18 inc. b) de la Carta Orgánica del B.C.R.A., dicha entidad encomendó al Banco Comafi S.A. la gestión o transferencia de activos y pasivos financieros del Banco Mayo. Dicha operación se instrumentó por medio de un Fideicomiso, denominándose "Acex" al respectivo convenio. Añade que el Sr. Cantarelli había celebrado un contrato de tarjeta de crédito con el Banco Mayo Coop. Ltdo., que posteriormente entró en proceso de liquidación, y Citibank N.A., es un tercero totalmente ajeno a dicho contrato. Remarca que nada surge del expediente administrativo que permita sostener que se hubiera hecho responsable d e las obligaciones asumidas por el Banco Mayo Coop. Ltdo., hacia el denunciante, en virtud del contrato de tarjeta de crédito "Mastercard" suscripto por aquél. Citibank N.A. expresa que le formuló una oferta o propuesta contractual de tarjeta de crédito "Masterdcard", a ex clientes del Banco Mayo Coop. Ltdo., entre ellos, al denunciante; y atendiendo al carácter de informal del contrato de tarjeta de crédito, - cabe observar que los hechos que aquí ventilan, antecedieron a la sanción de la Ley 25.065 que reguló la materia, comenzó a enviar los resúmenes en los que se liquidaba el estado de la cuenta del consumidor, sin sujeción alguna por parte de dicha persona. Señala que éste conoció en todo momento los créditos y débitos que se realizaron en su tarjeta de crédito, habiendo, por añadidura, consentido los mismos al no impugnar en tiempo y forma los respectivos resúmenes de cuenta que recibiera en su domicilio. Advierte así que la sanción dispuesta es manifiestamente arbitraria, en virtud de recaer sobre hech os no denunciados oportunamente y por omitir fundamentos esenciales que hacían a su derecho de legítima defensa, el cual se ha visto vulnerado. Con respecto a la infracción al art. 4 de la Ley 24.240, luego de precisar que estas actuaciones se habían originado en una denuncia del Sr. Cantarelli acerca de la falta de acreditación en su cuenta de un depósito realizado el 11 de noviembre de 1998 por la suma de $ 270.-, subraya que en ningún momento el denunciante había manifestado que la entidad Bancaria no le habría brindado información suficiente con relación al estado de cuenta de su tarjeta. Agrega que si bien es cierto que dicho depósito no fue procesado en un primer momento como consecuencia de trastornos administrativos derivados de la extinción del vínculo contractual con Banco Mayo Cooperativo Limitado, una vez que la apelante comenzó la ejecución del nuevo contrato que la unía con el denunciante, procedió a la acreditación del importe respectivo; deviniendo abstracto el reclamo. En orden a lo expuesto, concluye, en este punto, que mal puede considerarse que haya infringido lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 24.240, puesto que en todo momento el denunciante fue informado mediante el envío de los resúmenes de cuenta sobre el estado de la misma y la acreditación del pago no procesado oportunamente por el Banco Mayo; y lapso en que dicho pago no fue registrado, ninguna responsabilidad puede atribuírsele puesto que a esa época no administraba la cuenta. En cuanto a la infracción al art. 19 de la normativa analizada expresa que quedó demostrado en autos que el pago se había acreditado, con más los intereses devengados entre el período en que se realizó el pago y la efectiva acreditación del mismo. Agrega que se condujo correctamente, respetando las modalidades de la prestación del servicio contratado con el denunciante quien al recibir los resúmenes consintió los saldos allí consignados. Asimismo, hace referencia a la leyenda que figura en los resúmenes de cuenta relativos a los treinta días desde la recepción para cuestionarlos. Finalmente, Citibank N.A. solicita reducción de la multa por encontrarla absolutamente excesiva y desproporcionada. V. En primer lugar, la parte denunciada se agravia por cuanto, a su entender, la Disposición recurrida es nula de nulidad absoluta, al carecer de causa, de motivación, y de procedimiento Al respecto, esta sala ha sostenido in re "Quiroga Estela Julia c/ G.C.B.A.- Secretaría de Hacienda y Finanzas- Dirección de Medicina del Trabajo s/ Amparo", expte. 3906, que todo acto administrativo debe reunir, para su validez, los requisitos esenciales enunciados en los arts. 7 y 8 de la LPA. El primeros de ellos establece que: "son requisitos esenciales del acto administrativo: (...) b) causa. deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; d) Procedimientos. Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos; e) Motivación. Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo ..." A su vez, el art. 14 de la mencionada normativa textualmente reza: "El acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos: ... b) ... falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados ..." VI. Liminarmente, por una cuestión metodológica, trataré los agravios relativos al dictado de la Disposición apelada sin estar sustentada en los hechos, ni en los presupuestos de derecho que debieron ser necesariamente considerados en forma previa a su formulación, ya que si éstos prosperan, el análisis de los restantes se tornaría abstracto. Citibank N.A. sostiene qu e el acto administrativo que impuso la sanción se encuentra viciado en la causa, por cuanto se le impone una sanción por una supuesta infracción a los arts. 4 y 19 de la Ley 24.240, cuando ni la previa imputación ni la actual sanción, especifican concretamente los hechos que configurarían la presente infracción, ni la específica procedencia de la aplicación de normas legales citadas. La entidad bancaria sostiene que "Se sanciona a Citibank por una supuesta falta de información al denunciante con relación a acreditación de la suma de $ 270 en su tarjeta de crédito `Mastercard´; siendo que en la denuncia nada de ello se menciona, sino únicamente una disconformidad con la acreditación del referido pago. Por lo tanto la administración se extralimitó al momento de dictar la resolución que se recurre, ya que unilateralmente resolvió sobre hechos que nunca fueron planteados por el denunciante, siendo pues nula la sanción dispuesta a Citibank. La Dirección erróneamente `interpreta´ que habría existido una falta de in formación con relación a la supuesta no acreditación del importe reclamado por el denunciante; pero a renglón seguido la misma Dirección reconoce que dicha suma le fue acreditada al Sr. Cantarelli, según surge de los resúmenes de cuenta agregados en autos - fs. 2/12- Consecuentemente, la Dirección al momento de dictar la resolución que se apela, omitió sustentarse en los antecedentes que habrían debido configurar la causa del acto sancionatorio; la que no se encuentra configurada en la especie. " La causa es entendida como los antecedentes de hecho y de derecho que sirven de sustento al acto administrativo. Por lo tanto, cuando tales circunstancias fácticas son inexistentes, o bien distintas a las invocadas, el acto se encuentra viciado y corresponde su declaración de nulidad (conf. esta Sala in re "Auto Generali S.A. y Otros c/ GCBA s/ Otras demandas contra la aut. administrativa", expte. 5740, de fecha 24 de junio de 2003). Por su parte, la Disposición de marras considera, con respecto a la infracción al ar t. 4 de la Ley 24.240, que "en su descargo la imputada afirma `... la decisión de mi representada de enviar los resúmenes de cuenta se constituyó en una oferta de contrato ... quedó perfeccionado un nuevo contrato con la emisión de los resúmenes enviados, sin cuestionamiento alguno de parte del Sr. Cantarelli respecto del nuevo vínculo con Citibank´; Que de seguirse el hilo argumental de la denunciada, cabe concluir que al inicio de la relación contractual no se suministró al consumidor información sobre el plazo de vigencia del contrato, el tipo y monto de los cargos administrativos, el importe o tasas por seguro de vida, las causales de suspensión, resolución y/o anulación del contrato, por citar algunas características esenciales". En cuanto a la infracción al art. 19 de la misma normativa establece que éste "impone al prestador de un servicio cumplir con las condiciones convenidas. `En cuanto a las condiciones que debe respetar el prestador del servicio, consideramos que habrán de ser las que resulten de la naturaleza y características del trabajo a realizar, si nada se ha dicho en el ofrecimiento, publicidad o contrato ...´ (Defensa del consumidor y del usuario, Juan M. Farina, pág. 195/196); Que entre las condiciones señaladas se encuentra la de imputar correctamente los pagos efectuados por el usuario de tarjeta de crédito; Que se encuentra controvertido si un pago de pesos doscientos setenta ($ 270) efectuado por el Sr. Cantarelli, fue debidamente imputado por la denunciada. En su descargo la misma reconoce que `... dicho depósito no fue procesado en un primer momento ... ´ alegando trastornos administrativos que resultan totalmente ajenos al denunciante, parte no profesional de la relación de consumo; Que del informe contable de fs. 67, debidamente notificado a fs. 69 y no impugnado por la imputada surge que los doscientos setenta pesos ($ 270) fueron adicionados al saldo deudor del consumidor, y posteriormente procesados como pago (sin debitarse los doscientos setenta pesos indebidamente adicionados al saldo deudor); que asimismo informa la perito contadora que los importes debitados (correspondientes a los intereses generado por el pago no procesado) no se corresponden a los importes aplicados por ese concepto; Que sin perjuicio de lo expuesto, lo afirmado en relación a que el importe de pesos doscientos setenta ( $ 270) en definitiva le fue acreditado (con más los intereses y gastos) no excluye la responsabilidad de la imputada." En primer lugar, deseo remarcar que en la denuncia, el usuario pide que "reconozcan el pago y dejen de enviar Resúmenes con intereses", señalando así que la Administración no se extralimitó al momento de dictar la Disposición, como sostiene la apelante. Aclarado ello, de la lectura de ésta surge que la infracción al art. 4 se debe por falta de información al inicio de la relación contractual, y que la infracción al art. 19 responde a no haber la entidad bancaria imputado correctamente los pagos efectuados por el usuario de la tarjeta de crédito. En ningún momento se considera con figurada la infracción al primer artículo en base a una falta de información al denunciante con relación a la supuesta no acreditación de los $ 270.-, como así lo asevera la apelante. Ahora bien, en el descargo efectuado a fs. 48/54, la propia entidad bancaria manifiesta que "En efecto, frente al estado de desamparo generado por la situación caótica consecuencia de la tramitación del proceso de liquidación del Banco Mayo, y como una medida a favor de los ex clientes de esa entidad bancaria, Citibank N.A. formuló una oferta o propuesta contractual de tarjeta de crédito Argencard. Así las cosas, y atendiendo al carácter de no formal del contrato de tarjeta de crédito, mi mandante comenzó a enviar los resúmenes en los que se liquidaba el estado de la cuenta del Sr. Cantarelli, sin objeción alguna por parte de dicha persona. Cabe puntualizar que la decisión de mi representada de enviar los resúmenes de cuenta se constituyó en una oferta de contrato, acto mediante el cual Citibank N.A., una de las eventuales parte s del futuro contrato de tarjeta de crédito comunica a la otra (el denunciante) la intención de celebrar con ella un negocio determinado en sus detalles esenciales con miras a obtener una aceptación. ... En efecto, quedó perfeccionado un nuevo contrato con la emisión de los resúmenes enviados, sin cuestionamiento alguno de parte del Sr. Cantarelli respecto del nuevo vínculo con Citibank". La apelante continuó "... Si bien es cierto que dicho depósito no fue procesado en un primer momento como consecuencias de trastornos administrativos derivados de la extinción del vínculo contractual con Banco Mayo Cooperativo Limitado, una vez que Citibank N.A. comenzó la ejecución del nuevo contrato que la unía con el denunciante procedió a la acreditación del importe respectivo. De esa manera, en el resumen con vencimiento con fecha 4.2.99 se hizo constar la acreditación de la suma de $ 270 en concepto de pago no procesado, con lo que cualquier equívoco existente al respecto fue superado, circunstancia ésta que fue puesta en conocimiento del denunciante al recibir el respectivo resumen de cuenta. Por otra parte, en el resumen que refleja el estado de cuenta al día 22 de abril de 1999 se procedió a la acreditación de las sumas de $ 49, 36, $ 27,33 y $ 2,40 en concepto de intereses de pagos no procesados; $ 4,79 en concepto de débito en concepto de seguro de vida y $ 27,61 en concepto de exceso en límite de compra, con lo que la cuenta del denunciante quedó en el estado en que tendría que haber quedado de haberse acreditado oportunamente el pago cuestionado por el Sr. Cantarelli." Como puede observarse la Disposición cuestionada reproduce aseveraciones vertidas por la propia entidad bancaria en su descargo. Ahora bien, la apelante se refiere a una oferta o propuesta contractual de tarjeta de crédito, la cual queda perfeccionada con la aceptación de los resúmenes enviados sin cuestionamientos. La Administración considera que al inicio de esta relación contractual no se suministró información esencial, motivo por el cual consider a configurada la infracción al art. 4. De las probanzas de autos surge que la entidad bancaria no le ha brindado información veraz e idónea al denunciante. De los resúmenes de tarjeta de crédito adjuntados a autos consta que éstos debían ser abonados en las sucursales del Citibank N.A., luego del que vencía con fecha 10/12/98 (fs. 7). Cabe señalar que si bien existía esta leyenda, los mismos venían a nombre de Banco Mayo, se respetaban las millas acumuladas y así las cuotas pactadas anteriormente en el pago de los productos obtenidos, creando de esta forma una terrible confusión en el consumidor de quien era el verdadero Banco emisor de la tarjeta. Cabe señalar que de la lectura de esta documentación no surge la comunicación al denunciante de su intención de celebrar con ella un negocio determinado con todos los antecedentes constitutivos como lo determina el art. 1148 del Código Civil. Con respecto a la falta de causa para considerar configurada la infracción al art. 19 de la Ley 24.240, la Administración se sustenta en aseveraciones de la propia denunciante y en la pericia contable de fs. 69, debidamente notificada a fs. 71 y no impugnada por ésta. De conformidad con la normativa reseñada y atento los antecedentes fácticos que surgen de autos, corresponde concluir que la solicitud de nulidad por falta de causa, efectuado por la parte apelante, no puede tener favorable acogida. VII. Asimismo, la recurrente manifiesta que la Disposición impugnada carece de motivación. En cuanto a este elemento, esta sala ha tenido oportunidad de expresar que "la exigencia legal de fundar el acto administrativo, a través de la motivación, tiene por objeto garantizar los derechos de los particulares y, en especial, la garantía de defensa, al permitirles conocer las razones que indujeron a la administración a dictar el acto. Asimismo, la motivación constituye un elemento de esencial trascendencia para el juez llamado a controlar la actividad administrativa, toda vez que le permite revisar acabadamente su legitimidad" (in re "Quiroga ", ya citado). La motivación resulta relevante también en la etapa de revisión judicial del acto administrativo, ya que "para poder apreciar y valorar si se han vulnerado los límites de razonabilidad, desviación de poder y buena fe, debe exigirse el cumplimiento del requisito de la motivación del acto administrativo, ya que sin ello resultaría de cumplimiento imposible el control judicial que para efectivizarse requiere una manifestación de voluntad administrativa cierta y expresa, toda vez que lo intangible resulta de insusceptible visión" (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 1º, 16/04/1998 -Marenco, Guillermo J. c. Estado Nacional, JA 2001-IV-síntesis, Lexis Nexis On Line nº 1/51632). En igual sentido, se ha dicho que la motivación, en cuanto importa la exteriorización de las razones que justifican el dictado del acto, "tiende a cumplir tres finalidades: a) que la Administración, sometida al derecho de un régimen republicano, dé cuenta de sus decisiones; b) que éstas puedan ser examinadas en su legitimidad por la justicia en caso de ser impugnadas; y c) que el particular afectado pueda ejercer su defensa" (SCJMendoza, in re "Aguilar", sentencia del 16/05/84, voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, cfr. Comadira, Julio R, op. cit., pág. 203). La motivación de los actos administrativos y de las sentencias judiciales constituyen la expresión escrita de la razonabilidad de los fundamentos de aquéllos y se trata de una cuestión que hace a la legitimidad de los mismos. Es por ello que la motivación constituye un requisito esencial de los actos administrativos y judiciales, bajo pena de nulidad, ya que constituye la distinción entre un Estado de Derecho y la arbitrariedad propia del Estado de poder. VIII. La parte apelante manifiesta que "... con fecha 03/08/99, en el curso de una audiencia a efectos de intentar una conciliación, se imputó a mi mandante la presunta infracción a los artículos 4 y 19 de la Ley 24.240, sin especificarse tampoco entonces concretamente los hechos que configurarían la mentada infracción, ni la es pecífica procedencia de la aplicación de las normas legales citadas. ... Las circunstancias expuestas constituyen serios obstáculos para que mi mandante pueda ejercer plenamente su legítimo derecho de defensa, con lo que se ve gravemente conculcada la garantía que en ese sentido consagra el art. 18 de la Constitución Nacional." Cabe señalar que en la mencionada audiencia (fs. 47) se procedió a dar vista de los actuados a la denunciada, otorgándosele cinco días para el descargo de ley, por presunta infracción a los arts. 4 y 19 de la Ley 24.240. A fs. 48/54 consta el descargo efectuado por la entidad bancaria, la cual en ningún momento cuestionó que no se le hubiera especificado concretamente los hechos que configurarían la mentada infracción, ni la específica procedencia de la aplicación de las normas legales. La apelante continúa sosteniendo en su escrito de apelación que "... con fecha 10/12/03 la Dirección sancionó a Citibank por presunta infracción a los artículos 4 y 19, sin tampoco especificar los motiv os que la llevaron a resolver de la manera mencionada". No cabe duda de que los actos administrativos deben estar precedidos por un razonamiento que incluya un análisis fáctico y argumentos de carácter jurídico (Conf. el comentario de Comadira, Julio Rodolfo: Procedimientos administrativos; Ley nacional de procedimientos administrativos, anotada y comentada, t. 1, La Ley, Buenos Aires, 2002, pág. 201 y ss., punto 6.1.5). De la transcripción de la Disposición efectuada "ut supra", se puede afirmar que la Administración explica cuáles han sido los hechos y las pruebas de las que se valió, en el caso concreto, y que determinaron la aplicación de la sanción. IX. En esta causa, en el acto impugnado se indican, fundadamente y en concreto, las razones que llevaron a concluir que Citibank N.A. habría incurrido en la conducta que infringiría a los arts. 4 y 19 de la Ley 24.240. La Autoridad de Aplicación en la Disposición recurrida realizó un análisis claro y particularizado de la conducta reprochada. Ésta fue examina da con el rigor que, por exigencia legal, debe contener un acto administrativo que resuelve un procedimiento sumarial por infracción a la Ley 24.240. Cabe señalar que el ejercicio del derecho de defensa por parte de los administrados exige, correlativamente, que la administración considere, concreta y particularizadamente, los argumentos y las pruebas que en ejercicio de tal derecho expongan. De contrario, se estaría ante un derecho sólo nominalmente otorgado, el cual no es el caso de autos. Por ello, atento a las manifestaciones precedentemente expuestas, considero que la Disposición 4678-DGDYPC-2003 se encuentra debidamente motivada por cuanto expresa cuáles han sido las pautas tenidas en cuenta por la Administración para tener por configurada la infracción a los arts. 4 y 19 de la Ley 24.240. X. Luego, Citibank N.A. aduce que la Disposición cuestionada adolece de vicios en el procedimiento. Al respecto esta sala tuvo oportunidad de expedirse in re "Vicla Sociedad Anónima c/ D.G.R. s/ Res. Nº 4412/DGR/2000 s/ Recurso de apelación judicial c/ Decisiones de D.G.R.", expte. RCD 36, de fecha 08 de octubre de 2003, estableciendo que "... el procedimiento administrativo constituye un instrumento protector tanto de las prerrogativas estatales como de las garantías de los particulares. A través del establecimiento de un procedimiento que determine el cauce formal por cuyo intermedio habrá de desplegarse la actividad estatal se garantiza la eficaz satisfacción del interés público, el debido respeto al orden jurídico, la eficacia en la actividad administrativa y, en igual medida, el adecuado respeto a los derechos de los particulares. ... En consecuencia, con anterioridad al dictado de todo acto administrativo, deben cumplirse con los procedimientos previstos en el ordenamiento de aplicación y, en particular, el dictamen jurídico del área pertinente, de manera que su omisión transforma en nulo al acto dictado" (del voto del Dr. Carlos F. Balbín). La recurrente manifiesta que "En las presentes actuaciones no se cumplió co n las esenciales del procedimiento, tales como fundar en derecho la sanción vinculándosela con los antecedentes de hecho de la denuncia; arrojando, pues ello como consecuencia, una sanción nula ya que si partimos de una imputación a su vez nula, todo el resto de los actos que impulsaron al procedimiento deben correr la misma suerte." Si bien en este punto la recurrente no aclara a qué se refiere cuando sostiene que la Administración no vinculó la sanción con los antecedentes de hecho de la denuncia, supongo que está haciendo alusión a lo señalado precedentemente cuando sostiene que "Se sanciona a Citibank por una supuesta falta de información al denunciante con relación a acreditación de la suma de $ 270 en su tarjeta de crédito `Mastercard´; siendo que en la denuncia nada de ello se menciona, sino únicamente una disconformidad con la acreditación del referido pago. Por lo tanto la administración se extralimitó al momento de dictar la resolución que se recurre, ya que unilateralmente resolvió sobre hechos que nunca fueron planteados por el denunciante, siendo pues nula la sanción dispuesta a Citibank.", a lo cual cabe dar por reproducido lo expresado oportunamente en el considerando VI. Asimismo, la recurrente sostiene que "Tampoco, la Dirección respetó las normas especiales que regulan su procedimiento ..." haciendo referencia al art. 8 de la Ley 757. Continúa "El citado artículo establece: `Finalizada la instancia conciliatoria, si de los hechos denunciados, la documentación acompañada, o del acta labrada o de los resultados de las comprobaciones técnicas efectuadas surgiere `prima facie´ infracción a la legislación vigente, se instruye sumario y el instructor imputa al presunto infractor por providencia que se notifica personalmente o por cédula. La providencia necesariamente contiene: a) La imputación en términos claros y concretos con indicación de las normas presuntamente infringidas. b) La descripción sintética de las circunstancias en que la infracción ha sido constatada. C) El derecho que le asiste de ac tuar por sí, por apoderado o con patrocinio letrado." Como así lo sostuve precedentemente, la parte apelante sostiene ahora la nulidad de las actuaciones manifestando la existencia de un vicio en la providencia por la cual el instructor imputa al presunto infractor las infracciones a los distintos artículos. Cabe remarcar que Citibank N.A. no cuestionó nada al momento de interponer el descargo, como así tampoco este hecho, si se hubiera configurado, se constituyó en impedimento para efectuarlo. De todas maneras, en la audiencia del 03 de agosto de 1999 (fs. 47) se procedió a dar vista de los actuados a la denunciada, otorgándosele cinco días para el descargo de ley, por presunta infracción a los arts. 4 y 19 de la Ley 24.240, obteniendo de esta forma una descripción de las circunstancias en que la infracción ha sido cometida. Continuando con su línea argumental, la denunciada sostiene que "Refuerza lo aquí sostenido, en cuanto a la certeza de que las presentes actuaciones se encuentran viciadas de nulidad abs oluta en todas sus partes, y- en particular irregular del procedimiento seguido- lo obrado a fs. 55, donde consta que el denunciante -quien una vez concluida la etapa conciliatoria ya no era parte del proceso-, no sólo tomó vista del expediente sino que retiró copia del descargo y lo contestó. Ante lo cual, en el auto de apertura a prueba -a fs. 65- punto II) se puso de resalto que `No deben admitirse vistas, contra descargos, pruebas y demás presentaciones de los denunciantes". Así como lo sostiene la apelante, el 24 de agosto de 1999 el consumidor presenta ante la Dirección Jurídica de Protección al Consumidor un escrito de "Amplio denuncia" (fs. 56/63). El jueves 03 de mayo de 2001 Coordinación de Mesa de Entradas y Archivo envía las presentes actuaciones a Mesa General de Entrada a los efectos de proceder a caraturarlas como expedientes. Estas son recibidas allí el 18 de mayo de 2001, y el 07 de junio del mismo año se reciben en la Dirección Jurídica de Protección al Consumidor. También como así lo sostie ne la apelante, luego de esta presentación, la Dirección Jurídica advirtió que los denunciantes no son parte del procedimiento y que son de aplicación las normas del Código de Procedimiento Penal de la Nación, por lo que no deben admitirse vistas, contra descargos, pruebas y demás presentaciones de los denunciantes, salvo las requeridas por esta Dirección conforme las facultades y atribuciones conferidas por el art. 43 de la Ley 24.240. Cabe remarcar, y esto no lo expresa la apelante, que la Autoridad de Aplicación no le da curso al escrito presentado por la parte denunciante, remarcando que la apelante no puede pretender la nulidad de lo actuado basándonos en este hecho. Por ello, atento a las manifestaciones precedentemente expuestas, corresponde concluir que la pretensión de la parte recurrente en cuanto a la solicitud de la nulidad por carecer del elemento procedimiento no puede tener favorable acogida, ya que se ha cumplido acabadamente con el procedimiento establecido por la Ley 757. XI. Una vez descart ada la nulidad de la Disposición de marras, corresponde entender en el agravio en relación con la infracción al art. 4 de la Ley de Defensa del Consumidor. La entidad bancaria, luego de referirse al cargo de falta de información al consumidor con relación al estado de la cuenta de su tarjeta de crédito y a la acreditación de los $ 270, concluye que "... mal puede considerarse que mi mandante haya infringido lo dispuesto por el art. 4 de la ley 24.240, puesto que en todo momento el denunciante fue informado mediante el envío de los resúmenes de cuenta sobre el estado de la misma y la acreditación del pago no procesado oportunamente por el Banco Mayo; y lapso en que dicho pago no fue registrado, ninguna responsabilidad puede atribuirse a Citibank N.A. puesto que a esa época no era mi mandante quien administraba la cuenta." Cabe señalar que el planteo con el cual pretende la sumariada dar sustento a su agravio no puede prosperar porque en ningún momento la Administración considera configurada la infracción al ar t. 4 de la mencionada normativa por falta de información acerca del estado de la cuenta del consumidor, sino por falta de información al inicio de la nueva relación contractual, introducido este tema a autos por la propia apelante. Por su parte, el art. 4 de la Ley de defensa del Consumidor establece que "Quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos" (C. Nac. Cont. Adm. Fed.; sala V; "Wassington S.A.C.I.F.I. c/ Sec. De Comercio e Inversiones-Disp. DNCI Nº 187/97", causa 6655/97; 02/07/97) El art. 4 "consagra el derecho subjetivo del consumidor o usuario a ser debidamente informado sobre la naturaleza y demás características de los bienes y servicios que adquiere. Esto constituye un derecho esencial, ya que los consumidores en su mayoría carecen de los conocimientos necesarios para poder juzgar po r adelantado sus características intrínsecas, sus cualidades o defectos, conocer los riesgos de uso o consumo y las medidas a adoptar para evitarlos." (Farina, Juan M.; Defensa del consumidor y usuario; Astrea; Buenos Aires; 1995; 105). El derecho de información del consumidor, consagrado en el art. 42 de la Constitución Nacional, tiene su correlato en el deber de información impuesto a los proveedores de bienes y servicios por la Ley 24.240 (conf. C. Nac. Cont. Adm. Fed.; sala II; "Diners Club Arg. S.A.C. y T Sec. De Comercio e Inversiones- Disp. DNCI Nº 165/97", causa 10.361/97; 04/11/97). En este marco y a pesar del gran esfuerzo argumentativo desplegado por Citibank N.A., no cabe sino concluir que ha quedado acreditada la infracción por parte de la recurrente al deber de información que consagra la Ley 24.240 en su art. 4. XII. Con respecto a la infracción al art. 19 de la Ley 24.240, la denunciada manifiesta que "La sanción apelada pretende también fundarse en una supuesta infracción al art. 19 de la ley 24.240, invocándose que Citibank no habría cumplido con las condiciones convenidas, con relación a un depósito de $ 270 que el denunciante realizó en el Banco de la Provincia de Buenos Aires; y habiéndose quedado demostrado en autos que por el contrario dicho pago se acreditó, con más los intereses devengados entre período en que se realizó el pago y la efectiva acreditación del mismo." Con respecto a esta infracción la Autoridad de Aplicación tuvo en cuenta lo manifestado por la apelante en su descargo en cuanto a que el depósito no fue procesado en un primer momento; el informe contable, debidamente notificado y no impugnado; y que en definitiva se estaba ante la presencia de infracciones formales sin importar la intencionalidad, con respecto a lo sostenido por la apelante en cuanto a que el pago se había en definitiva acreditado. Esta Sala I ya ha tenido oportunidad de expedirse con respecto a las infracciones formales en los autos caratulados "CARREFOUR ARGENTINA S.A. C/G.C.B.A. S/OTRAS CAUSAS CON TRAMIT E DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APEL.", Expte. RDC 273/0, de fecha 31 de octubre de 2003, sosteniendo que "... solo corresponde analizar si existió, o no, infracción a las leyes que protegen al consumidor, independientemente del perjuicio producido por su violación. En este sentido, se ha considerado que ` Lo que sanciona la ley de defensa del consumidor es la omisión o incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios que fueron impuestos como forma de equilibrar la relación prestatario-consumidor. Se trata de infracciones formales donde la verificación de tales hechos, hace nacer por si la responsabilidad del infractor. No se requiere daño concreto sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley ...´(cfr. `CAPESA S.A.I.C.F.I.M. c/ Sec. de Com. e Inv.´, C. Nac, Cont. Adm. Fed., Sala III, 18/12/97)." Cabe señalar que la apelante reconoce, al plantear el agravio con respecto a la infracción al art. 4 de la Ley 24.240, que dicho depósito no fue procesado en un primer momento (conf. fs. 13 vta.). También, la entidad bancaria ya había reconocido en su descargo que ". ... Si bien es cierto que dicho depósito no fue procesado en un primer momento como consecuencias de trastornos administrativos derivados de la extinción del vínculo contractual con Banco Mayo Cooperativo Limitado, una vez que Citibank N.A. comenzó la ejecución del nuevo contrato que la unía con el denunciante procedió a la acreditación del importe respectivo. De esa manera, en el resumen con vencimiento con fecha 4.2.99 se hizo constar la acreditación de la suma de $ 270 en concepto de pago no procesado, con lo que cualquier equívoco existente al respecto fue superado, circunstancia ésta que fue puesta en conocimiento del denunciante al recibir el respectivo resumen de cuenta. Por otra parte, en el resumen que refleja el estado de cuenta al día 22 de abril de 1999 se procedió a la acreditación de las sumas de $ 49, 36, $ 27,33 y $ 2,40 en concepto de intereses de pagos no procesados; $ 4,79 en conce pto de débito en concepto de seguro de vida y $ 27,61 en concepto de exceso en límite de compra, con lo que la cuenta del denunciante quedó en el estado en que tendría que haber quedado de haberse acreditado oportunamente el pago cuestionado por el Sr. Cantarelli." Haciendo eco de lo manifestado por la denunciada respecto que " ... , una vez que Citibank N.A. comenzó la ejecución del nuevo contrato que la unía con el denunciante procedió a la acreditación del importe respectivo. De esa manera, en el resumen con vencimiento con fecha 4.2.99 se hizo constar la acreditación de la suma de $ 270 en concepto de pago no procesado...", no puedo dejar de soslayar que, según sus términos, el contrato comenzaría con el resumen cuya liquidación venció el 04/02/99 (fs. 12). Ahora bien, ya desde el resumen que obra a fs. 7, y cuya fecha de vencimiento es anterior (10/12/98) éste se podía abonar en las sucursales del Citibank, por lo cual la fecha de inicio de la relación contractual tendría que ser la que corresponde a est e resumen y no la que sostiene la apelante. Por lo tanto, al 10/12/98 ya se le tendría que haber computado el saldo de los $ 270.- al consumidor. Por su parte, la perito contadora informa que "... De acuerdo a la información provista, surge que los importes acreditados señalados en el punto anterior, no resultarían equivalentes a los importes aplicados en concepto de intereses a la suma de $ 270 desde el día 11.1198, toda vez que se consideró la TEM informada en cada período en los resúmenes de tarjeta de crédito MasterCard Nº 5399 0206 8468 0149, a nombre del Sr. Cantarelli. ... No obstante lo expuesto, surge que el importe en cuestión no habría sido acreditado, atento que de las manifestaciones vertidas y de la documentación obrante en los presentes actuados, no surgiría el reconocimiento del pago de $ 170 realizado por el S. Cantarelli, toda vez que el mismo fue adicionado en un resumen y acreditado en otro" (69 vta.). Corresponde señalar que la parte apelante, si bien ha sido debidamente notificada de la pericia, no impugna la misma. Ahora bien, del resumen con fecha de vencimiento 05/11/98, que obra a fs. 2, consta el pago de los $ 270. Este importe es concebido como pago no procesado, sumándolo en el saldo a pagar (fs. 8) del resumen de fecha de vencimiento 08/01/99. Según la parte recurrente el importe de $ 270 es descontado en el resumen de fecha de vencimiento 04/02/99. Esta es una verdad a medias, ya que se tendría que haber debitado los $ 270.- que se concibieron como pago no procesado, más los $ 270.- efectivamente abonados bajo el concepto de "su pago" Citibank N.A. continúa aclarando que "A mayor abundamiento, y según consta en los resúmenes de cuenta recibidos por el Sr. Cantarelli, y agregados a las presentes actuaciones -ver fs. 2/12- en los mismos consta la siguiente leyenda: `Usted dispone de 30 días para cuestionar su resumen de cuenta desde su recepción´" Sólo a mayor abundamiento, la leyenda en cuestión aparece recién en el resumen cuya fecha de vencimiento es el 10 de marzo de 1999, meses d espués de haberse formalizado el supuesto nuevo contrato entre las partes, cuya fecha tendría que ser el 10/12/98, período que todavía no estaba regido por la Ley 25.065 (B.O. 14/01/99). También la parte trae a colación la Ley sobre Tarjetas de Crédito, de la cual transcribe el art. 26 que establece la posibilidad del titular de cuestionar la liquidación dentro de los treinta días de recibida. Sin embargo a fs. 90 vta. la denunciada observa que los hechos que aquí se ventilan antecedieron a la sanción de esta Ley que reguló la materia. Por ello, considero que, con respecto a esta imputación, se encuentra configurada la infracción al art. 19 de la Ley de Defensa del Consumidor, que tornaría procedente la sanción aplicada. XIII. Finalmente, la denunciada solicita la reducción de la multa por considerarla absolutamente excesiva y desproporcionada. En este planteo en particular la recurrente se limita a advertir que dio cabal cumplimiento a sus obligaciones, pero sin desplegar un desarrollo crítico que ponga en e videncia los aspectos de la Disposición recurrida que considera equivocados. Al respecto, El art. 47 de la ley 24.240 establece que "Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) apercibimiento; b) multa de quinientos pesos ($ 500) a quinientos mil ($ 500.000), hasta alcanzar el triple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción; c) ... En todos los casos, se dispondrá la publicación de la resolución condenatoria, a costa del infractor en el diario de mayor circulación de la jurisdicción donde se cometió la infracción." El mismo debe interpretarse conjuntamente con el art. 49 de la misma normativa legal, el cual señala que "En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el art. 47 se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infract or, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho ...". Cabe tener en cuenta que, en el caso de autos, la gravedad de la sanción impuesta es proporcional a la entidad de la infracción que se le atribuye. En este punto, la Disposición 4678-DGDYPC-2003 también resulta razonable. XIV. Las costas se impondrán a la parte vencida, atento la manera en que se resuelve la presente controversia (art. 62 del CCAyT). XV. Por lo tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, y normas legales aplicables al caso, se propone al acuerdo que, en caso de ser compartido este voto, se rechace el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, se confirme la Disposición 4678-DGDyPC-2003. Las costas se impondrán a la parte apelante en razón de la manera en que se resuelve la presente controversia (art. 62, primer párrafo, del CCAyT). El Dr.

Carlos F. Balbín, por los fundamentos expuestos por el Dr. Esteban Centanaro adhiere al voto que antecede. A la cuestión planteada, el Dr. Horacio G. Corti dijo: I. Adhiero al relato de los hechos que efectúa el Dr. Esteban Centanaro en el considerando II de su voto. II. La autoridad de aplicación, a través de la disposición nº 4678-DGDYPC-2003, resolvió aplicar una sanción de $6000 a CitiBank N.A. S.A., con domicilio real en Bartolomé Mitre 530 por infracción a los arts. 4 y 19 de la ley 24.240 (fs. 81 vta.). Así decidió porque consideró que: a) al inicio de la relación contractual no se suministró al usuario información esencial sobre el contrato (el plazo de vigencia del contrato, el tipo y monto de los cargos administrativos, el importe o tasa por seguro de vida, las causales de suspensión, resolución del contrato); b) la empresa no cumplió con las condiciones convenidas, puesto que, del informe contable de fs. 67, notificado y no impugnado, surgía que el depósito de $ 270 que había efectuado el usuario y debía ser imputado correctamente como pago, había sido sumado al saldo deudor de su cuenta, aunque con posterioridad ello se corrigiera y fuera procesado como pago (fs. 81). III. Contra dicha decisión, la empresa sancionada interpuso recurso de apelación (fs. 86), que fue concedido (fs. 119). En dicho recurso, la empresa planteó, sustancialmente, lo siguiente: a) la sanción impuesta es nula por: aa) falta de motivación de la imputación tanto en sentido sustantivo como procesal (en la medida en que no especificó qué hechos concretos podrían subsumirse como infracciones a los artículos 4 y 19 de la ley 24.240 en el tiempo procesal oportuno); ab) falta de motivación de la sanción propiamente dicha (también en la medida en que no especificó qué hechos concretos podrían subsumirse como infracciones a los artículos 4 y 19 de la ley 24.240); b) la empresa cumplió sus obligaciones (acreditó el pago en tiempo oportuno, más sus intereses, e informó oportunamente de dicha acreditación) sin infringir los artículos 4 y 19 de la ley 24.240. IV. La recurrente se agravia por considerar que el acto que impone la sanción es nulo por falta de motivación de la imputación en la medida en que no especificó qué hechos concretos podrían subsumirse como infracciones a los artículos 4 y 19 de la ley 24.240. De la lectura del expediente surge claramente que asiste razón a la recurrente. En efecto, la autoridad de aplicación concluyó que debía sancionar a Citibank NA sin haberle informado, en ningún momento, cuáles eran los hechos que se le imputaban (ver fs. 13, 41, 47). Ello se ve confirmado por el hecho de que la autoridad de aplicación, en la reseña que efectuó de los hechos que dieron motivo a la sanción, no hizo mención a acto alguno que cumpliera la función de imputación (ver fs. 73/75). La ley local de defensa del consumidor y del usuario (ley 757, promulgada el 29/4/2002 y publicada en el BOCBA el 2/5/2002) dispone: "Finalizada la instancia conciliatoria, si de los hechos denunciados, la documentación acompañada, o del acta labra da o de los resultados de las comprobaciones técnicas efectuadas surgiere prima facie infracción a la legislación vigente, se instruye sumario y el instructor imputa al presunto infractor por providencia que se notifica personalmente o por cédula. La providencia necesariamente contiene: a) La imputación en términos claros y concretos con indicación de las normas presuntamente infringidas. La descripción sintética de las circunstancias en que la infracción ha sido constatada. El derecho que le asiste de actuar por sí, por apoderado o con patrocinio letrado." (art. 8, primero y segundo párrafo). La imputación, de conformidad con las prescripciones legales mencionadas, es una actuación esencial en este tipo de procedimientos y está sujeta al cumplimiento de determinados requisitos. En este caso, la imputación no fue efectuada como se debía. Concluida la audiencia conciliatoria, la autoridad de aplicación dio vista del expediente por 5 días a la empresa denunciada para que efectuara su descargo "por presunta infr acción al artículos Nros. 4 y 19 de la ley 24.240 [sic]" (fs. 47), sin ninguna otra especificación respecto de los hechos imputados, y luego la autoridad de aplicación dictó la disposición que impuso la sanción sin haber subsanado previamente dicha carencia imputativa (ver fs. 47/73). En consecuencia, dada la ausencia de un requisito esencial del procedimiento, como lo es la imputación -que afecta el debido proceso adjetivo con repercusión en el derecho de defensa de la recurrente- debo concluir en la nulidad del acto atacado. En efecto, no debe olvidarse que la aplicación de la sanción por parte de la autoridad administrativa se encuentra sujeta, en primer término, a que se sustancie un procedimiento sumarial destinado a examinar la conducta de la empresa, en el cual se respeten sus derechos derivados del debido proceso adjetivo (ver criterio expuesto en "Fiat Auto Argentina S.A. c/G.C.B.A." -exp. RDC nº 659/0, sentencia del 26/5/05- y sus citas). El referido, según la designación de la LPA, "debido proceso adjetivo", consta, en el ámbito local de tres facetas: a) derecho a ser oído, b) derecho a ofrecer y producir pruebas y c) derecho a una decisión fundada (cfr. art. 22, inc. f, LPACABA). Resulta claro que la autoridad de aplicación no respetó este derecho del recurrente, pues si no imputa específicamente una conducta a la empresa denunciada, mal puede ésta ejercer adecuadamente su derecho a ser oída, ofrecer y producir prueba, y obtener una decisión fundada sobre su situación. Expuesto lo que antecede considero que, de la lectura de las constancias del expediente, surge que la disposición 4678-DGDYPC-2003 es nula, por lo que el recurso de la actora tiene recepción favorable. V. En razón de todo lo expuesto considero que debe aceptarse el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, revocarse la disposición 4678-DGDyPC-2003 e imponerse las costas a la Ciudad por haber resultado sustancialmente vencida. En este sentido dejo expresado mi voto. En mérito a las consideraciones vertidas, y normas legales ap licables al caso; el Tribunal RESUELVE: a) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por CITIBANK N.A. contra la Disposición 4678-DGDyPC-2003; b) Imponer las costas a la actora por resultar vencida (art. 62, primer párrafo, del CCAyT). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. Esteban Centanaro Carlos F. Balbín Juez de Cámara Juez de Cámara Horacio G. Corti Juez de Cámara