marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, honorarios, recurso de apelación (procesal), legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: OIL COMBUSTIBLES S.A. c/ PETROBRAS ARGENTINA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-23

El A quo arriba a una conclusión que no supera el test de constitucionalidad previsto en el artículo 95 de la Constitución provincial, al restar legitimidad a los profesionales apelados para adherir a la apelación de sus honorarios, a partir de establecer un parangón inapropiado entre recurso de apelación sobre el fondo y recurso de apelación sobre los honorarios, por entender que el uso de la facultad de adherir es estrictamente de la contraparte de la recurrente; sin considerar que los apelados no contestaron el traslado corrido en carácter de apoderados de la actora sino por derecho propio, por lo que es preciso interrogarse quién otro podía ser la parte apelada en un supuesto como el presente donde se apela únicamente una regulación de honorarios y los apelados directos son los profesionales beneficiarios de los mismos. (Del voto del Dr. Falistocco, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Netri y Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 95.

Fuente del sumario: OFICIAL
Pena única, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Redruello, Carlos Alberto y otros s/ Falsificación de documento y tentativa de estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

Existiendo dos sentencias firmes a unificar, y un tercer proceso en trámite, el Juez que entiende en el hecho -anterior o posterior- no juzgado debe ser quien unifique las penas; en caso contrario se desvirtuaría el claro propósito del art. 58 del Código Penal que responde a establecer, real y efectivamente, la unidad penal en el territorio de la Nación.
Sucesiones, legítima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Abad de Crespo, Sara Esther c/ Flores, Bonifacia Juliana y otros s/ Acción de reducción de herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Si no se ha alegado la culpa del cónyuge en la separación de hecho, a través de una demanda de exclusión de vocación hereditaria (art.

3575, del Cód. Civil), no puede el juez evaluar tales circunstancias, conforme el principio de congruencia.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria, actualización monetaria, realidad económica, reparación integral
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lo Iacono, Osvaldo José c/ Consejo Nacional de Educación Técnica  -CONET- s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

La regla según la cual lo atinente al quantum en que deben corregirse los valores por la depreciación monetaria constituye una cuestión de hecho y prueba no resulta óbice para que el tribunal pueda conocer en un planteo de esa naturaleza cuando la ponderación de la realidad económica cubre sólo en apariencia el principio de la reparación integral.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, intereses, tasas de interés
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LOPEZ, OMAR RAIMUNDO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-03-07

Resultan inadmisibles los planteos enderezados por la demandada agraviándose de la tasa de interés aplicada, pues -según afirma- tal decisión evidencia un claro apartamiento del texto legal aplicable (Ley 25561) y determina, en definitiva, un sistema de indexación para el crédito laboral, lo cual vulnera sus derechos de propiedad e igualdad, ya que lo concerniente a la aplicación de las tasas de interés, se ubica en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que tienen la labor de interpretar las normas respectivas, sin lesionar garantías constitucionales, en tanto este ordenamiento no impone una versión reglamentaria única del tema en cuestión, remitiendo por el contrario a la consideración de temas de derecho común que, por su naturaleza, son ajenos a la vía intentada.

Sobre la base de las pautas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia Nacional y de esta Corte, se advierte que la aplicación al presente caso de la tasa activa no luce irrazonable ni confiscatoria como para merecer reproche constitucional. Y ello es así, toda vez que los fundamentos vertidos por la Alzada no aparecen desbordando los límites normativos que la recurrente invoca, sino y, por el contrario, en armonía con aquellos criterios y con lo preceptuado por las normas de aplicación.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: DI SANTO CAROLINA ELIZABETH c/ BETERETTE ARIEL ANIBAL s/ INCIDENTE DE APELACION E/A 399374/09
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-06

Corresponde desestimar la apelación subsidiaria y confirmar la resolución en cuanto declaró extemporáneo el pedido de nulidad, porque, como sostuvo la A-quo se encontraba vencido el plazo del art. 170 del CPC y C. Asimismo, corresponde señalar que el recurrente no alegó la inexistencia del acto al formular su planteo de nulidad y su mención al fundar el recurso no alcanza para constituir una crítica concreta y razonada suficiente para rebatir el fundamento del rechazo de su presentación (art. 265 del C.P.C. y C.). (Del voto del Dr. Pascuarelli, en minoría).
Recurso contencioso administrativo, resoluciones irrecurribles, Administración Pública, interés público, policía, exoneración, sumario administrativo, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESTIGARRIBIA, JUAN CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 501 AÑO 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-15

Si bien en principio los actos que importan el ejercicio de facultades disciplinarias se hallan excluidos del control de esta Corte, tal exclusión no alcanza -al menos a los efectos de decidir l a admisibilidad de la impugnación- a los supuestos en que se invoque la concurrencia de vicios de ilegitimidad por incompetencia o violación de formas sustanciales.

Es que es criterio de esta Corte que la referida materia "le ha sido sustraída por la ley salvo que se alegue una vicio de ilegitimidad por incompetencia o violación de formas sustanciales, sin perjuicio de verificar la presencia en el respectivo caso del presupuesto básico de la acción de la Administración Pública, cual es la realización del interés público y el cumplimiento de la Administración del recaudo implícito de razonabilidad".

En el caso, es admisible el recurso contencioso administrativo interpuesto desde que el recurrente aduce que se ha lesionado el debido proceso porque el sumario administrativo estuvo paralizado alrededor de dos años y medio y no obstante haber caducado, se dispuso su exoneración.
Transacción, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Serantes, Miguel Angel y otro c/ Baigol, Walter Alberto y otro s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-06

Si la presentación de un acuerdo transaccional celebrado entre el actor y la citada en garantía en juicio implicó un desistimiento del derecho (art. 305, C.P.C.C.) por parte del primero respecto del demandado principal, los efectos del convenio no lo alcanzan a este último, y los honorarios del profesional que la asistió deben regularse según lo dispuesto por el art. 23, 2. párrafo 2 del D.L.

8904/77. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sucesiones, administrador judicial
Materia: CIVIL
Carátula: Garcés, Pedro s/ Sucesorio-incidente  de  ejecución de honorarios promovido por el Dr.  Julio Correa
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-12-29

El administrador judicial del sucesorio no puede interponer, ni contestar demandas en nombre de la sucesion, salvo autorización unánime de los herederos. Si no existe unanimidad, el Juez no puede conceder esta autorización, sin perjuicio del derecho de los herederos de intentar individualmente las acciones que crean pertinente.
Daños y perjuicios, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, falta de prestación de servicios, responsabilidad del Estado, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: LOPEZ, LIDIA c/ H.E.C.A. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 344 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-23

Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución.

Esta idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil que establece un régimen de responsabilidad por los hechos y omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas.

Ello pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público, no tratándose ésta de una responsabilidad indirecta, toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas.
Juicio ejecutivo, inembargabilidad del salario, empleados públicos
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ OVES, RAMONA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-12

Cabe confirmar la resolución que denegó el embargo de haberes solicitado en el escrito inicial con fundamento en el decreto 6754/43, toda vez que dicha norma no ha sido derogada ni expresa ni tácitamente por el decreto 691/2000 que solamente estableció una nueva reglamentación del decreto en cuestión, reemplazando así la establecida históricamente por el decreto 9472/43, y de ahí que sólo derogara esta última norma en su art. 13; además, expresa que a pesar de haber transcurrido mas de medio siglo desde el dictado del decreto 6754/43 los objetivos allí planteados mantienen plena actualidad, y amplia la posible oferta de crédito a los empleados públicos, fijando un tope máximo a la afectación de sus salarios y adopta algunas medidas de control y publicidad sin derogar tacita ni expresamente la inembargabilidad que se desprende de la norma reglamentada.
Acción, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arce, Horacio c/ Municip. de La Matanza s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-04

No se hallan cumplimentados los extremos exigidos por el art. 7 del C.P.C.A. para tener por configurada la retardación si -al momento de promoverse la acción contencioso administrativa- el accionante había omitido solicitar el pronto despacho de las actuaciones, requerimiento efectuado con posterioridad a la fecha de la demanda.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad del Estado, Economía y finanzas, mercado cambiario, tipo de cambio, circulares del Banco Central
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Revestek S. A. c/ Banco Central de la República Argentina y otro s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

No corresponde hacer lugar al reclamo de quien adujo que al tiempo de contratar con el vendedor extranjero tuvo por expectativa el mantenimiento de una regulación que pronosticaba las cotizaciones del dólar estadounidense hasta el día 31 de agosto de 1981 - Circular RC 929 -, porque ésta - que data del día 2 de febrero de 1981 - aún no había sido dictada.
Sociedad irregular, regularización de sociedades
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, Eduardo Mario c/ Basterra, Héctor Luis y otro s/ Disolución y liquidación de sociedad de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-09

Aun cuando la manifestación de "disolver" hubiera sido anterior a la de "regularizar", si ésta reviste las exigencias legales es igualmente válida para lograr sus efectos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sobreseimiento definitivo, cosa juzgada, jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, excepciones procesales
Materia: PENAL
Carátula: Postilloni, Rolando Humberto. s/ evasión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-27

El sobreseimiento definitivo dispuesto por el juez local, en una causa que la Corte resolvió corresponder a la justicia federal, debe ser dejado sin efecto, pues tal magistrado debió, luego del planteo de la cuestión sosteniendo su competencia, darle el trámite establecido en los arts. 60 y 63 del Código de Procedimientos en Materia Penal. La competencia para juzgar el hecho es presupuesto para el dictado de la que recaiga sobre el fondo del pleito, de conformidad con la regulación procesal de los artículos de previo o especial pronunciamiento que son aplicables por analogía al caso de autos.
Delitos contra la fe pública, falsificación de documentos
Materia: PENAL
Carátula: LEZCANO, Carlos Antonio. s/ Delito contra la fe pública s/ incidente de apelación. (Expte. N° P35511).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-03-15

El delito contra la fe publica previsto por el art. 292, 2do párrafo del C.P, por falsificación del documento habilitante para circular en un vehículo automotor, no se configura. Esto es debido a que el uso y exhibición por parte del imputado ante un control policial de la falsa documentación respaldatoria del automóvil, le fue dado en garantía de un mutuo con expresa autorización para hacer uso del mismo desconociendo éste su calidad apócrifa lo que descarta el dolo requerido para esta figura. Además del resultado de las pericias caligráficas surge que el enjuiciado no intervino en la falsificación. Por ello el tribunal resuelve revocar el auto apelado.-
Juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández Freites, Eduardo Raúl c/ Pérez, Oscar Eduardo y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-07

Las costas ocasionadas a raíz de la excepción de inhabilidad de título finalmente admitida por el "iudex a quo", deben ser a cargo de la ejecutante en forma exclusiva, desde que su expresa y categórica resistencia al planteo defensivo ensayado por los demandados, le otorga la objetiva calidad de vencido en el debate judicial en los términos del artículo 68 del Código Procesal.

(Minoría u opinión personal)
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martins, Raul c/ Paz Varela, Pedro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-16

Se ha señalado asimismo que la obtención de un precio reducido o aún ínfimo no es de por sí causal de nulidad, porque es sabido que en remates judiciales no se obtiene un precio óptimo, siendo entonces el planteo formulado improcedente, desde que -además- no puede perderse de vista que el inmueble se subastó sin base.
Querellante, defraudación, bien jurídico protegido, daños y perjuicios, falta de acción, acción civil, rechazo del querellante
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GAGLIARDI, Federico Javier. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-14

Existe diferencia entre lesión -u ofensa- y daño -o perjuicio causado por el delito, ya que la primera es la razón de ser del proceso penal, mientras que el daño solo podrá ser introducido en el proceso mediante el ejercicio de la acción civil.

Si el daño al que alude la querella -en la imagen, trayectoria y prestigio de su empresa-, no configura una lesión directa al bien jurídico protegido por la norma, cual es el patrimonio, aquél no ostenta la calidad de directamente ofendido por el delito denunciado y corresponde hacer lugar a la excepción de falta de acción introducida por la defensa del incuso y apartarlo del rol.
Prueba, control de la velocidad por radar, situación de peligro, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: Fattore, Cristian Daniel - Macagno, Jonathan Juan s/ inf. al art. 193 bis del C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2011-10-20

El imputado en orden al delito de delito de participación de una prueba de velocidad sin la debida autorización legal -art. 193 del Código Penal- debe ser procesado, en tanto la situación de peligro generada se encuentra evidenciada al acreditarse que el conductor al momento del hecho se encontraba acompañado por otra persona, ya que resulta intrascendente el que ésta hubiera habido una asunción del riesgo, habida cuenta que la ley pone en cabeza del conductor la responsabilidad de abstenerse de la creación de peligro en relación a otras personas, pudiendo ser estas incluso sus acompañantes.
Concursos, concurso preventivo, recurso de apelación (procesal)
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANSPORTE GAVERANTE S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-02-16

La regla de inapelabilidad consagrada en el art. 273 inc. 3 LCQ debe ser interpretada restrictivamente, procurando no afectar el principio superior de derecho de defensa en juicio y teniendo presente la finalidad de la misma que es la de evitar alteraciones en el desarrollo normal del proceso.

Es decir que la inapelabilidad establecida por la norma (art. 273, inc. 3 Ley 24.522), debe entenderse referidas a las contingencias habituales y normales en el proceso. Si bien es cierto la norma citada por el inferior es terminante al expresar, como transcribimos anteriormente, "las resoluciones son inapelables", no es menos cierto que en la especie nos encontramos frente a una sentencia homologatoria en la que el Juez de primera instancia modifica el régimen de administración contenido en la propuesta aprobada por los acreedores.

Concretamente no deniega la homologación del acuerdo (en cuyo caso debe declarar la quiebra) sino que dispone mantener la inhibición general de bienes de la concursada para disponer y gravar sus bienes registrables; dispone que la concursada no podrá realizar los actos prohibidos por el art. 16 de la LCyQ, observándose las disposiciones de la norma en cuanto a los actos sujetos a autorización, aplicándose en caso de incumplimiento el art. 17 de la LCyQ.

Tal decisión resulta a todas luces ajeno al trámite y contingencias habituales del proceso falencial, en tanto que de considerarse que la propuesta aprobada no contenía un adecuado régimen de administración pudo negar homologación al acuerdo y -en su caso-, declarar la quiebra, no obstante lo cual modificó el régimen de administración contenido en la propuesta aprobada por los acreedores y en tales términos, homologó el acuerdo.

A ello cabe agregar que de extender al sub iudice el principio de inapelabilidad -que es de interpretación restrictiva-, podrá configurarse eventualmente una lesión al derecho de la libre defensa en juicio, lo que habilita y torna procedente la apertura del recurso por la posibilidad de una eventual conculcación a normas de mayor prelación jurídica.
Ministerio Público Fiscal, pedido de prueba, resolución denegatoria, gravamen irreparable, recurso de queja (procesal), procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PODESTA, Miguel A. s/ FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-30

La denegatoria por el juez de grado de las medidas de prueba requeridas en el segmento procesal previsto en el art. 346, C.P.P.

resulta susceptible de causar agravio irreparable al Ministerio Público Fiscal, por lo que corresponde abrir la queja interpuesta.
Seguro colectivo, seguro de vida, prescripción, plazo, prescripción anual
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Ochoa, F. J. c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ Procesal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Respecto de la prescripción de la acción que se vincula con el seguro de vida colectivo, de carácter facultativo es unánime la jurisprudencia de esta Cámara en el sentido de que se trata de un supuesto alcanzado por la prescripción anual que regula el artículo 58 de la Ley 17.418.
Caducidad de instancia, estado de la causa, inactividad procesal, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: AGUIRRE BAREY, Rosalía c/ NEYMAN, Alina Carmen y otro s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-10

El acto procesal que interrumpe la caducidad, es el que resulta idóneo y específico para activar el pleito, para hacerlo avanzar de una etapa a otra, hacia su culminación natural; ya que la actuación procesal capaz de provocar la interrupción del plazo de caducidad, debe tender a la constitución, conservación, desenvolvimiento, modificación o disolución del vínculo procesal.

El acto para que sea interruptivo debe consistir en una actividad útil y proporcional a las circunstancias de tiempo y estado de las actuaciones (CNCom, sala B, La Ley, 73-120). No basta que exista una actividad procedimental que denote el propósito de mantener viva la instancia, es menester que aquélla haga avanzar la causa cumpliendo los diferentes estadios que integran su contenido a fin de que adquieran su completo desarrollo. Un criterio contrario al expuesto, significaría desvirtuar la ratio legis de la institución, pues bastaría cualquier solicitud, por irrelevante que sea, para considerar viva la instancia, lo cual, no es el fin querido por la ley. La comunicación de un nuevo domicilio real o su constitución, no tienen virtualidad para interrumpir la perención en primera instancia.

La oportunidad para formular el pedido de caducidad de instancia vence el quinto día de tomar conocimiento del acto impulsor.

El acto impulsorio del procedimiento cumplido con ulterioridad al vencimiento del plazo de caducidad de la instancia, consigue ese efecto, junto con el accesorio de interrumpir la perención, siempre que la actividad impulsora sea consentida. En esto reside su diferencia con los actos de impulso que se llevan a cabo antes del vencimiento del término de caducidad, porque como es de toda evidencia, sólo estos son demostrativos de una auténtica diligencia de los interesados en conducir el procedimiento hacia la sentencia.

El criterio restrictivo que debe primar en materia de caducidad de la instancia, sólo es de aplicación a los casos en que existen dudas sobre si ha transcurrido o no el término legal, supuesto en el cual debe mantenerse viva la instancia. Pero no cuando, resulta claro que el plazo ha transcurrido sin que existan actos de impulso concretos realizados.
Accidentes de trabajo, acción civil, culpa del empleador, empleados de banco, stress
Materia: LABORAL
Carátula: GOYANES Daniel Hugo c. BANKBOSTON NA s.Accidente - Acción civil.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-06

Ante la demanda por accidente de trabajo por la cual un trabajador bancario solicita el pago de una indemnización con fundamento en los arts. 512 y 1109 del Código Civil, presentando una incapacidad del 30 % generada a raíz de un síndrome de fatiga psicofisica, con distrés y desadaptación atribuible al denominado "corralito financiero", que determinó que las tareas normales y habituales se alteraran creando un ambiente laboral nocivo y agresivo, cabe considerar que el empleador posee un deber de seguridad para con los dependientes. La patronal no pudo dejar de prever que si omitía concretar algún tipo de medida preventiva orientada, al menos, a amortiguar semejantes niveles de violencia en el entorno de situación laboral propia de la actividad bancaria de su métier, algún dependiente podría haber contraído alguna dolencia psiquiátrica o desajuste psíquico. El factor de atribución de responsabilidad es subjetivo. Hubo culpa (arts. 512, 902, 1109 del Cód. Civil; 75 L.C.T. y ley 19.587 -arts. 4, 5, 8, 9, y concordantes) omisiva. (Del voto de la Dra. Vázquez, en mayoría).