Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-12-19


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Treinta y ocho San Fernando del Valle de Catamarca, 19 de diciembre de 2.005.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nro. 02/02 "NIEVA, Lucía Leonor c/ Provincia de Catamarca Acción Contencioso Administrativa de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción ", en los que a fs. 233/236 obra Dictamen Nro. 026/05 del Sr. Procurador General, llamándose a autos para Sentencia a fs. 236 vta.

En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es procedente la Acción Contencioso Administrativa de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción interpuesta?. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

Practicado el sorteo, conforme al acta obrante a fs. 237vta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, CÉSAR ERNESTO OVIEDO y JOSÉ RICARDO CÁCERES.- A LA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que a fs. 25/32 de los presentes, la actora en autos, ex funcionaria de la Casa de Catamarca en la ciudad de Buenos Aires, interpone acción contenciosoadministrativa de ilegitimidad y plena jurisdicción en contra del Dcto. Nro. 820/99 que aceptara su renuncia al cargo detentado, a finque se declare su nulidad absoluta, situación que por otra parte debe hacerse extensiva al Dcto. 1191/01 que rechazó el planteo intentado contra el primer instrumento de cita. Solicitando mediante la acción de plena jurisdicción su reincorporación al cargo, el pago de daños y perjuicios por los haberes dejados de percibir e indemnización por daño moral.

Que ingresando a la relación de hechos de la causa la ocurrente expone que se desempeñó como supervisora de la Subsecretaría de la Casa de Catamarca hasta el 15JUL99 en el que se le notifica el Dcto. Nro. 820/99 sobre aceptación de renuncia; también afirma que con fecha 12JUL99 se le hizo saber verbalmente que el Poder Ejecutivo había aceptado la renuncia, ante el altercado y el impacto emocional sufrió una caída con importantes lesiones que obligaron a su internación. Que un día después de la notificación (16JUL99) remitió carta documento en la que negaba haber firmado renuncia al cargo que detentaba; con fecha 28JUL99 remite telegrama colacionado en el que impugna el Dcto. 820, pieza telegráfica que fue devuelta al negarse el destinatario a recibirla, el 18AGO99 mediante carta documento señala la falta de respuesta y cobertura médica por parte de la administración y presenta denuncia penal ante el Juzgado en lo Criminal Nro. 8 de la Capital Federal, dictándose una resolución que sobresee a los imputados pero tiene, según su criterio, por acreditada la falsificación de firma. Conocida la resolución judicial realiza presentación administrativa arguyendo la nulidad del Dcto. 820, presentación que es contestada por la Administración mediante la emisión del Dcto. 1191/01 rechazando el recurso de nulidad.- Que a criterio de la actora, de los antecedentes expuestos, se colige que estamos en presencia de un acto delictivo que anula los decretos cuestionados por lo que solicita así se resuelva y se haga lugar como consecuencia a la acción de plena jurisdicción ordenando su reincorporación al cargo que desempeñaba y el reconocimiento de las indemnizaciones peticionadas, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar a las acciones, con costas.- Que a fs. 37 este Tribunal declara prima facie su competencia para entender en autos.- Que a fs. 139/152 se agrega contestación de demanda del Estado provincial en la que plantea, en primer término, excepción de incompetencia y solicita en definitiva el rechazo de la demanda intentada con costas. A continuación y por cuerda se agrega la prueba ofrecida por las partes.

Que a fs. 233/236 corre agregado dictamen del Sr. Procurador General, ordenándose a fs. 236 vta. el llamado de autos.

Que ello así corresponde analizar como cuestión previa la excepción de incompetencia planteada por el Estado demandado al progreso de la acción, al considerar firme y consentido el Dcto. 820/99 de aceptación de renuncia, y ahora objeto de impugnación ante esta sede judicial.

Así se puede observar, de constancias obrantes en autos, que la actora es notificada del decreto de cita con fecha 15JUL99, con fecha 16 la actora por carta documento niega que la firma inserta en la renuncia de la que se hace mérito en el Dcto. 820 sea propia, omitiendo ofrecer prueba que corrobore una supuesta falsificación y que induzca, en mérito a la buena fe procesal que es debida entre las partes, al propio Estado a investigar tal circunstancia y a merituar o no la situación, más aún cuando está corroborado en las actuaciones administrativas agregadas la entrega de la nota de renuncia por la accionante y posteriores averiguaciones sobre su aceptación o no. Tal situación de limitada negación se reitera en algún otro telegrama con la misma suficiencia impugnaticia que en el primero, a partir de allí la actora se da por despedida (18AGO99) e inicia demanda laboral contra el Estado provincial la que es rechazada por incompetencia; también intenta son similar suerte -absolución de los imputadosdenuncia en sede penal por supuesta coacción para inducirla a renunciar y falsificación de firma; recién entonces con fecha 25ABR01 plantea formal pedido de nulidad del Dcto. 820/99 intentando reavivar la instancia administrativa, transcurridos 18 meses desde que el acto cuestionado -Dcto. 820adquiriera firmeza, por lo que en consecuencia el recurso administrativo que intentara con regularidad en el planteo de fondo, resulta sin embargo extemporáneo para rehabilitar una instancia supuestamente abandonada por la propia actora y que a fin de amplificar su ataque a la administración demandada, se dedicó en el interregno -desgaste jurisdiccional mediantea requerir la actuación de cuanto fuero le estuviera disponible y por cierto con suerte adversa, porque es sabido que la defensa de los derechos no depende en su ejercicio del azaroso capricho del peticionante sino de las reglas y formas procesales que habilitan la competencia por la correspondencia entre jurisdicción y controversia, y cuya carga le corresponde obviamente al que lo intenta.

Que, en esta inteligencia, resulta que la recurrente recurrió el Dcto. 820/99 fuera de término sin que pueda cuestionarse la firmeza de ese acto por la emisión posterior del Dcto. 1191 que rechazó el planteo de nulidad precisamente por extemporaneidad (fs. 131), por ello considero que se debe hacer lugar a la excepción de incompetencia planteada por el Estado demandado y en consecuencia rechazar la acción intentada, con costas. Así Voto.- A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que del estudio de la causa sometida a decisión, y no obstante anticipo que arribaré a idéntica suerte en el resultado de la acción, disiento con el voto que me antecede en cuanto hace lugar a la excepción de incompetenciaplanteadapor la demandada.- Que, en efecto, estimo que este Tribunal resulta competente para actuar en la presente causa por cuanto el acto administrativo cuya impugnación se pretende -decreto 1191/01, decisión de autoridad competente de última instancia,que causa estadoha sido notificado a la actora con fecha 06/12/01, por lo tanto la demanda según cargo de fs. 32-05/02/02luce presentada en término conforme lo prescrito por el Art. 7 del C.C.Ad.- - Que, en consecuencia, considerando cumplido el resto de los presupuestos que la acción en tratamiento requiere para su andamiento, corresponde introducirnos en la cuestión de fondo.

Que previo vale aclarar que el primer decreto 820/99 por el que se acepta la renuncia a la actora y cuya nulidad también se solicita, no resulta revisable por haberse obviado los pasos y los tiempos establecidos por la ley de rito de la materia que permiten habilitar esta instancia judicial, habiendo por ende adquirido el carácter de firme y consentido.

Que ahora bien, en relación al decreto 1191/01 en virtud del cual se rechaza el pedido de nulidad del decreto 820/99, con fundamento en la firmeza que ha adquirido este acto, estimoque el mismo no revela las objeciones que le endilga la actora puesto que la firmeza que expresa el acto como principal argumento es indiscutible no obstante aseverar la interesada que nuncafue consentido enbase a su actividad desplegada, pero he de aquí que la firmeza invocada en el acto se configura por el transcurso del tiempo al omitir continuar en término los pasos procesales administrativos, los que vencidos convierten irremediablemente el acto en firme.

A su vez, la referencia a la categoría fuera de nivel que revestía la accionante a mas de real, es solo un fundamento complementario, a mayor abundamiento pero no esencial, cuya presencia en el acto jamás podría acarrear la nulidad del mismo.

Que, frente a ello, en virtud de las facultades revisoras que tiene este Tribunal sobre este tipo de acto de gobierno, estimo que no existe motivo que justifique modificación alguna de lo sometido a control, mucho menos con ello lograr un cambio de resultado.

Por su parte en virtud de los caracteres y condiciones que reviste el cargo que desempeñaba la actora, el hecho de haber concluido su prestación laboralde este modo no cambia en nada la naturaleza de estas funciones, por ende lo acontecido no le crea ningún derecho a peticionar su reincorporación.

Tampoco encuentro sustento al reintegro de haberes y resarcimiento por daños y perjuicios pues no hubo prestación de servicioque dé lugar al reclamo de pago y no se advierte la existencia de dolo en el actuar de la administración quedé lugar a resarcimiento.- Que conforme a lo expuesto estimo que la acción contenciosoadministrativa de ilegitimidad y plena jurisdicción debe ser rechazada, y en esa dirección doy mi voto.

Con costas a la parte actora que resulta vencida (Art. 65, Ley Nro. 2403). Es mi voto.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Tocándome definir la suerte de la presente cuestión, emito mi voto en adhesión al voto que me precede, entendiendo así que la cuestión no puede reducirse solo a considerar la firmeza del Decreto 820/99-que aprueba la renuncia-, pues el Decreto 1191/01 que rechaza el pedido de nulidad intentado contra aquél, exterioriza como otro fundamento el régimen legal aplicable a la situación de revista de la actora -personal no permanente, fuera de nivel-.- Teniendo en cuenta ello, he de señalar que esta última resolución administrativa que desestima un recurso deducido en forma extemporáneo, no podría de ningún modo hacer nacer nuevamente el plazo ya fenecido, tal como se apunta en el voto al que adhiero, pues de no ser así no existirían actos firmes, ni tendría efecto la cosa juzgada, con lo que todos los actos serían impugnables indefinidamente. Empero ello, advierto en la especie que concurre un argumento que torna al acto complejo y que "habilita en cierta forma esta instancia judicial". Es decir, el acto administrativo está resolviendo con dicho argumento una cuestión ex novo, con lo que el principio de la inimpugnabilidadde los actos administrativos que se limitan a reproducir uno anterior y que son rechazados por la justicia o no impugnados dentro de los plazos legales, habrá que dejarlo de lado, pues sabido es que aquella regla solamente puede tener andamiento ante la identidad entre el acto anterior consentido -decreto que aprueba la renunciay el acto confirmatorio -decreto 1191-, tanto en lo que respecta al sujeto peticionario como al objeto o pretensión y a las circunstancias de hecho existentes.

Es decir la introducción de este nuevo argumento y su cuestionamiento en término autoriza la revisión de dicho contenido, respecto del cual solamente agregaré; no puede en esta instancia alegar la actora que la decisión impugnada configura una ofensa a sus afecciones íntimas, a su honor y a su integridad moral, si conocía desde un principio el modo en que ingresó al cargo y la ausencia de estabilidad del mismo.

Siendo ello así, voto por el rechazo de la acción promovida, con costas.- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la siguiente sentencia, doy fe.

San Fernando del Valle de Catamarca,de Diciembre de 2.005.

Y VISTOS:

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la acción contencioso administrativa de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción interpuesta.

2) Con costas a cargo de la parte actora.

3) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista base suficiente para ello.

4) Protocolícese, hágase saber y firme o ejecutoriada por Secretaría procédase a devolver los Exptes. Administrativos agregados por cuerda a los organismos correspondientes y archívese.