marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: G., M. E. c/ G., C. s/ Sumario (Consignación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-12-06

La búsqueda de soluciones justas y adecuadas para adjudicación de los derechos de los conciudadanos era tarea común de legisladores y jueces. Pero en el caso concreto de los jueces "no pueden dejar de juzgar" las pretensiones de las partes a la luz de las leyes vigentes y aplicables (doctrina del art. 15 del Código Civil).
Fundamentación de la resolución, querellante
Materia: PENAL
Carátula: Kepych, Yuri Tiberiyevich s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-21

Corresponde anular la resolución que no hizo lugar a la petición de asumir el carácter de querellante por entender que, en ese caso, el peticionante revestiría el doble carácter de querellante e imputado, pues el hecho que se imputa al director del establecimiento carcelario no es el mismo que se atribuye al interno, ya que mientras que al primero se le achaca el delito de apremios ilegales en perjuicio del interno -que pretende ser querellante-, a éste se le atribuye haber lesionado a otro interno. El voto concurrente agregó que existen en la causa elementos suficientes para dar verosimilitud a la denuncia del interno, en cuanto atribuye la causación de las lesiones constatadas por el Cuerpo Médico Forense al director del establecimiento carcelario.
Documentación del automotor, adulteración de documento, compraventa de automotores, título del automotor, transferencia del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Fries, Norma Alicia y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-27

Debe rechazarse la demanda por los daños y perjuicios derivados de la supuesta adulteración de la cédula de identificación del automotor objeto de una compraventa si no se acompañó el certificado de dominio al que hace referencia el art. 16 del decreto-ley 6582/58, recaudo elemental para la transferencia del dominio de automotores.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: GOROSITO, DOLLY BETTY c/ SA. FRIGORIFICO MONTE GRANDE LIMITADA s/ ACCIDENTE    ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-02-29

Si bien el frío no puede ser considerado cosa en el sentido del artículo 1113 Código Civil, si lo son las maquinarias que lo producen.

La indemnización por incapacidad debe ser una suma tal que aplicada a la compra de una moneda de relativa estabilidad acuerde al trabajador un ingreso mensual equivalente al desmedro sufrido por el que es responsable la accionada.
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Almada, Alejandro Gustavo c/ Delgado, Gloria y otros s/ Cobro sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Si la deuda corresponde al saldo de precio impago de los bienes embargados, no es viable el levantamiento del embargo de dichas cosas (art. 2312, C.Civil). En cambio son inembargables por tratarse de bienes indispensables para la explotación de una carnicería la balanza colgante y el freezer (art. 219 inc. 1, C. Procesal).

(Minoría u opinión personal)
Responsabilidad del Estado, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DALUZ GARCIA ADELINA. c/ ESTADO NACIONAL (EJERCITO ARGENTINO). s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-19

Si bien no cabe excluir la responsabilidad de los padres de los menores que obtuvieron municiones de guerra -granadas- en la zona de campo de mayo, eso no excluye la que le cabe al ejército por los daños ocasionados a un tercero como consecuencia del estallido de una de las granadas, pues aunque puede llegar a concurrir en la producción del hecho el descuido de los padres -que no fueron parte en el proceso- lo cierto es que el ejército debe responder totalmente frente a la actora, víctima y tercera ajena a la producción del hecho, por razón de la solidaridad que claramente consagra el art. 1109, Párrafo 2, del código civil. (S1,1963 190783)
Diligencias preliminares, responsabilidad médica, prueba documental, historia clínica, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: DUARTE, María Marcelina c/ HOSPITAL COSME ARGERICH s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-25

1- El secuestro sorpresivo de la historia clínica, documentación complementaria y eventuales anexos solicitada como medida preliminar, asegura un elemento probatorio de primer orden, enervando, al propio tiempo, toda posibilidad de modificación o mutilación.- 2- El art. 323 del Código Procesal prevé que el proceso de conocimiento podrá prepararse solicitando el que pretenda demandar alguna de las medidas allí descriptas y, si bien el secuestro no figura entre ellas, la enumeración efectuada por el citado artículo no reviste carácter taxativo. De ahí que pueden disponerse otras diligencias no previstas expresamente cuando concurran circunstancias análogas a las tenidas en cuenta por la ley o la denegatoria pueda frustrar los eventuales derechos de las partes.-
Jubilaciones, control de razonabilidad, Seguridad social, aplicación de la ley previsional
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LUIS MARIO VOLONTE s/ JUBILACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-28

La latitud de facultades que se ha reconocido al legislador para organizar los sistemas jubilatorios y establecer las condiciones con sujeción a las cuales se acuerden los beneficios derivados de aquéllos, debe entenderse condicionada a que esas facultades se ejerciten dentro de límites razonables, o sea de modo que no hiera de manera sustancial los derechos emergentes de la seguridad social acordados a las personas comprendidas en los regímenes jubilatorios.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, Superior Tribunal de Justicia, facultades del Poder Judicial, jurisprudencia, aplicación de la ley, irretroactividad de la ley, derechos adquiridos, derecho de propiedad, honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero, Fortunato Oscar c/ Rafael J. Pérez S.A. s/ Accidente de trabajo e indemnización por incapacidad-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-06-25

Sin perjuicio de la ostensible improcedencia formal del memorial recursivo, se resuelve excepcionalmente obviarlo, para atender la cuestión de fondo propuesta, que suscita opiniones encontradas, ejerciendo éste Tribunal facultades propias tendientes a uniformar la jurisprudencia de los Tribunales inferiores. El código civil preceptúa el principio de la irrectroactividad de la ley, cuando se priva a un particular de un derecho incorporado a su patrimonio, el que no puede ser arrebatado o alterado, ni por el legislador, ni por el juez, pues es en este caso donde el principio legal se confunde con el constitucional de la inviolabilidad de la propiedad.

Por ello, no resulta de aplicación la ley 24.432, respecto de los honorarios por trabajos profesionales, cuyo derecho se constituye en la oportunidad en que los mismos fueron realizados, anteriores a la vigencia de la nueva ley, más allá de la época de su regulación.
Detenido, tiempo de detención, libertad condicional
Materia: PENAL
Carátula: LLEBEILI RICARDO c/ DEMETRIO EMILIO DANIEL, VILLARREAL DIEGO S., VILLARREAL FERNANDO M., EACOBAR OSCAR LEONIDAS Y OTRO s/ HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR ALEVOSIA Y CRIMINIS CAUSA EN  CONCURSO REAL CON ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-17

Toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad, sin perjuicio que continúe el proceso. Su libertad podrá ser condicionada a garantías que aseguren su comparencia.
Beneficios previsionales, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones, convenios con las provincias
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "PELLIZA, HUGO EMILIO c/ A.N.Se.S. s/ Cobro de pesos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-02

Lo referente a la quita dispuesta por aplicación del art. 9, pto. 3 de la ley 24.463 a las jubilaciones y pensiones acordadas en base a la legislación provincial alcanzada por los Convenios de Transferencia al ámbito nacional, fue resuelto por el Tribunal en numerosos precedentes (cfr. entre otros, "Aguilera, Pablo Manuel", sent. del 24.04.07; "Baldassari de Petrillo, Elena Olga", sent. del 23.05.07). A ello ha de agregarse que, en virtud de la analogía existente entre el Convenio de Transferencia de la Pcia. de San Juan con el de la Pcia. de Jujuy, resulta válida la doctrina sentada por la C.S.J.N. en la causa "Abán, Francisca América" (sent. del 11.08.09), que descalificó la aplicación de las quitas en los haberes de las prestaciones previsionales acordadas con arreglo a la legislación provincial luego de traspasadas a la Nación, operadas por el organismo nacional de conformidad con las "pautas de interpretación" de los pactos aludidos establecidas por las Resoluciones A.N.Se.S. 431/99 y 991/00, referidas al art. 9 de la ley 24.463. Así lo hizo el Superior Tribunal señalando que "el convenio celebrado no sólo se dirig e a implementar los mecanismos de adhesión al sistema nacionalsino que constituye una expresión de las relaciones de coordinación propias de la dinámica del Estado Federal, por lo que no es razonable que el organismo encargado de su cumplimiento termine por desconocer su real sentido, al asignar a la transferencia de las obligaciones provinciales una inteligencia distinta de la establecida en las cláusulas examinadas, que garantizan la intangibilidad de las situaciones consolidadas bajo la vigencia del régimen legal y el pago íntegro de los haberes a sus beneficiarios"; para concluir, a modo de colofón, que "los agravios de la recurrente (A.N.Se.S.) se basan en una interpretación parcial y aislada de las normas en juego, que no es compatible con el carácter integral e irrenunciable de los beneficios de la seguridad social que consagra el art. 14 bis de la C.N., ni se aviene con el objetivo fundamental del convenio de traspaso". (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Gramajo, Oscar Niceo s/ Malversación de caudales públicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

Si la pena aplicada por la sentencia de Cámara es inferior a tres años de prisión, la circunstancia que también se haya aplicado pena de inhabilitación absoluta perpetua no hace admisible el recurso de inaplicabilidad de ley.
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FRIGERIO CELINA EN J: FRIGERIO CELINA c/ OFELIA MAIMARA BRUGNOLI DE PAGANO s/ Daños y Perjuicios Casación (LIBRO: S276 - 158)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-12-09

Cuando la acción intentada es deducida el día del vencimiento del plazo de la prescripción, solicitando el presentante el plazo del art. 29 del C.P.C. para acreditar personería, la ratificación efectuada por el mandatario, apoderado con posterioridad al vencimiento del plazo de prescripción, no tiene efectos retroactivos a los fines de la interrupción de la prescripción.-
Prescripción, prescripción decenal, responsabilidad contractual, responsabilidad del funcionario público, personal municipal
Materia: CIVIL
Carátula: M.C.B.A. c/ EXPOSITO ADOLFO Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-11

Cuando la comuna local demanda como damnificada al haber tenido que pagar sueldos a un agente a quien se le concedió licencia en oposición a normas expresas que reglamentan el punto, no se aplica el art. 1112 del Código Civil, referida a la responsabilidad extracontractual del empleado o funcionario público, frente a terceros damnificados por hechos ilícitos que no son delitos, desde que la pretensión tiende a hacer efectiva la responsabilidad contractual en que habrían incurrido los agentes por hechos o actos realizados con motivo del contrato de empleo público, de ahí que la prescripción aplicable sea la decenal del art. 4023.
Instrucción sumaria, concurso de delitos, flagrancia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SANCHEZ, D. s/ INSTRUCCION SUMARIA:IMPROCEDENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-06

Conforme el régimen del art. 353 bis C.P.P., es imposible establecer un criterio de aplicación automática ya que la coexistencia de dos hechos distintos y separados en el tiempo aconseja no adoptar dicho trámite especial, ya que uno de ellos podría ser ajeno a la hipótesis de flagrancia.
Recurso de queja (procesal), fundamentación del recurso, cuestión constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegador en "Morlan, Fernando Luján c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni remuneración) denegador en "Morlan, Fernando Luján c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni remuneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-11

El recurso de queja no puede prosperar si se limita a invocar, ritualmente, la afectación de derechos constitucionales pero no argumenta ni intenta siquiera establecer un fundamento suficiente para acreditar la existencia de un caso constitucional. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto de los Sres. Jueces José O. Casás y Luis F. Lozano).
Despido, indemnización tarifada, daño moral, empleador, prueba
Materia: LABORAL -CIVIL
Carátula: ARBURUA RUBEN c/ BANCO SUDECOR COOPERATIVO LIMITADO s/ DESPISO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-08-11

Sin negar la tarifa del art. 245 cuando el empleador se excede y va más allá, cometiendo un acto ilícito, es indemnizable de conformidad a lo establecido por la legislación común y al márgen del art. 245 Ley 20744 que estaría cubriendo exclusivamente, los daños producidos por el despido incausado. En este razonamiento si al despido se le agrega un plus o una actitud que configura un ilícito civil, sea delito o cuasidelito, no puede ser óbice y obstáculo la indemnización tarifada para el resarcimiento del daño que aquél produce. Esta cuestión está al margen de la responsabilidad contractual (supuesto en que tendría que engastar la cuestión en el art. 522 del C. Civil); para entrar en el campo de la responsabilidad extracontractual y encontrarse regidas a partir del art. 1107 y siguientes del C. Civil, en especial el art. 1109.

En esta hipótesis tendría cabida la indemnización del daño moral que reclama la actora en el subdiscussio en virtud de lo dispuesto por el art. 1078 del C. Civil. Cuando la conducta del empleador en ocasión del despido injustificado, causa un daño que resultaría indemnizable aun en ausencia de la relación laboral, tal responsabilidad no puede verse satisfecha mediante el simple pago de una indemnización tarifada.Pero para que proceda el pago adicional, hay que probar la existencia concreta de un perjuicio excepcional, o de una conducta genéricamente comprendida en los arts. 1072, 1078 y 1079 del C. Civil. (Voto del Dr. Caballero).-
Fallos de la Corte Suprema, recurso de nulidad, improcedencia del recurso, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Bonorino Peró, Abel y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia). s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-11

Los pronunciamientos de la Corte no son susceptibles de acción, incidente ni recurso de nulidad.
Concurso preventivo, resoluciones judiciales, recurso de apelación (procesal)
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fernando Elias LLamosas y C.S.A. s/ Recurso Extraordinario de Nulidad e Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-11-30

Cabe hacer excepción del principio de inapelabilidad, respecto de la resolución que resolvió tener por desistido del concurso preventivo al fallido, por cuanto tal sanción impide al concursado la promoción de otro proceso similar sino después de un año, lapso dentro del cual algún acreedor podrá solicitar la quiebra, ocasionándosele un perjuicio irreversible, amén de la sanción contempla en el art. 30 (desistimiento) es de tanta importancia que podría malograr un o de los fines esenciales de la ley, cual es la conservación de la empresa.
Prueba, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: GIMENEZ REYES, CARLOS c/ MADCUR CONSTRUCCIONES s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-12-14

Corresponde rechazar la pretensión de hacer valer en 2º instancia la prueba que ya fue ofrecida en primera instancia y desistida tácitamente al no urgir su producción, por cuanto las facultades instructorias de los jueces, no pueden afectar la igualdad de las partes desconociendo la preclusión de etapas procesales, ni la garantía de la defensa en juicio, excluyendo o sustituyendo la actividad probatoria de las partes.
Recurso de apelación (procesal), recurso de queja (procesal), clausura de la instrucción, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " HERMIDA, Juan M. s/ queja ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-11

La clausura de la instrucción no puede ser evectivizada si se encuentra pendiente de decisión una solicitud de suspensión del juicio a prueba que debe ser resuelto con carácter previo.

Así, debe hacerse lugar al recurso de queja de la defensa por denegatoria de la apelación deducida contra el auto que clausurando la instrucción rechaza la solicitud de suspensión del juicio a prueba.
Acción de amparo, asistencia psicológica, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Mosquera de Rueda María Blanca c/ OSDE s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

La actual situación en la que se encuentra la paciente confirma las consideraciones efectuadas por el Tribunal en orden a la falta de acreditación de la necesidad de una internación psiquiátrica permanente -que, como se dijo, constituyó el objeto de la pretensión de fondo y de la medida cautelar oportunamente solicitada y decretada- y a la improcedencia de emitir un pronunciamiento acerca del tratamiento que ha sido indicado en las actuales circunstancias, conforme surge de las constancias posteriores a la sentencia de primera instancia apelada. Ello es así, por cuanto no sólo excedería los términos en que se trabó la litis, sino también porque no existió suficiente debate y prueba respecto de la pretensión que la actora insinúa, sin mayor precisión, (adviértase que no surge con claridad si pretende que se cumpla con la internación psiquiátrica permanente o que sólo se cubra la totalidad del tratamiento actualmente indicado)-, habida cuenta de que no hay elementos sobre las características del nuevo tratamiento prescripto ni de las condiciones de la cobertura con que se encuentra recibiéndolo.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: Di Santo, Luis Alberto s/ Formula denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

El particular damnificado carece de aptitud procesal para interponer el recurso de inaplicabilidad de ley. El art. 87 del Código procesal precisa que cuenta "sólo con las facultades que este Código establece", entre las que no se encuentra la de articular dicho recurso extraordinario. Además en este caso rige la expresa remisión del art. 149 de la Constitución de la Provincia a "las restricciones que las leyes de procedimientos establezcan a esta clase de recursos", no resultando aplicable al caso el art. 90 (t.o.) del Código de Procedimiento Penal puesto que el apelante no se ha constituido en actor civil. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficio de litigar sin gastos, trámites judiciales, suspensión del proceso judicial, incidentes
Materia: CIVIL
Carátula: MAMANI RAUL c/ RODRIGUEZ MARIO s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-23

El trámite para obtener el beneficio de litigar sin gastos no suspende en principio el procedimiento; la jurisprudencia le ha dado una interpretación textual a la última parte del art. 83 del Código Procesal, en el sentido de sólo si el beneficiario se solicita como parte en el escrito de demanda, suspenderá el procedimiento. No así en caso de solicitárselo por incidente, aunque fuere contemporáneamente con el escrito inicial.
Ley de Concursos, interpretación de la ley, concursos, privilegios (comercial), banco central
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco de Ultramar S.A. s/ incidente de revisión por Banco Palmares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Interpretar que el art. 54 de la ley 22.529 incluye a los créditos contra el concurso dentro de aquellos propuestos por el privilegio del Banco Central, importaría desvirtuar el tratamiento orgánico dado por la ley 19.551 a las acreencias establecidas por el art. 264 de la citada norma.
Daños y perjuicios, responsabilidad de la empresa ferroviaria, hechos vandálicos
Materia: CIVIL
Carátula: ROMERO, Silvana Beatriz c/ METROVÍAS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-13

Es principio aceptado que el contrato de transporte con el usuario del subterráneo queda perfeccionado recién cuando la empresa acepta la oferta, esto es, cuando el pasajero acciona la tarjeta magnética en el molinete correspondiente e ingresa al andén donde se detendrá la formación.

De tal manera si el usuario no había accedido aún al recinto en el cual la empresa transportista se encontraba obligada a responder por los daños sufridos por la aparición de mal vivientes que pretenden sustraerle pertenencias, no se configura la responsabilidad del transportista subterráneo, porque todavía no se tomó a su cargo el deber de seguridad.

Pero además el ejercicio del poder de policía de seguridad que le corresponde al Estado Nacional es insuficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de los órganos o dependencias tuvo parte, por lo que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de delitos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa.
Instigación o ayuda al suicidio, homicidio, autoría mediata
Materia: PENAL
Carátula: P., M. s/ Auto de procesamiento (Expte Nº56-97, Resolución Nº32, Tomo 3,  Folio 258)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-28

Así como en forma explícita nuestro Código Penal contempla la posibilidad de castigo de la instigación al suicidio, dogmáticamente algunas posturas han admitido la extensión del campo de la punición de la autoría del homicidio hacia quien determina directamente a otro que se dé muerte a si mismo, entendiendo que en el caso se daría un supuesto de autoría mediata donde el autor directo o inmediato actúe atípicamente respecto al hecho de homicidio -puesto que no mataría a otro sino a sí- pero en cambio sí habría tipicidad homicida en el determinador. En el caso de homicidio por los denominados "medios morales", la causa directa de la muerte es aportada por el homicida y en el supuesto que se elabora el pretendido homicida no aporta la causa sino la determinación para que otro cause su propia muerte.
Prioridad de paso, violación, presunción de culpa
Materia: CIVIL
Carátula: Cernuda, Luis Enrique y otra. c/ Cáceres, Sandra Viviana. s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-06

La presunción de culpabilidad de quien viola la prioridad de paso es juris tantum y puede verse disminuida, cuando se acredita violencia por quien gozaba de dicha prioridad. Siempre debe estarse a las circunstancias particulares de la causa y al análisis exhaustivo de las pruebas rendidas.