marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad del Estado, privatizaciones, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, efectos con relación a terceros, garantía del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Batut, Néstor Daniel y otros c/ Caja  Nacional  de Ahorro y Seguro s/ incidente de tercería de dominio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

Del sistema establecido por el decreto 2715/93 resulta que en todos los casos media garantía estatal por el pago de las deudas no transferidas, lo que elimina el riesgo de que puedan ser afectados legítimos derechos de terceros, y resta justificación a la afirmación de no resultar admisible el traspaso de los activos sin una correlativa transferencia de las obligaciones.
Admisibilidad del recurso, recurso contencioso administrativo sumario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G., S. E. y Otro  c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-14

A los fines procesales pertinentes y atento las constancias de autos, se advierte que se encuentran reunidos los requisitos de admisibilidad del recurso contencioso administrativo. Corresponde en consecuencia la apertura de la vía intentada, corriéndose el traslado dispuesto en los arts. 264, 265, 266, 267, 268, 270 y concords. del C.P.C.Ch., aplicables por previsión del art. 137 de la ley XVI-46.
Nulidad procesal, defectos del procedimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: FORD MOTOR ARG.  S.A. c/ FN  D.G.I. s/ REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-18

La sanción prevista en los arts. 169 y concordantes del CPCCN, procede cuando no se han guardado las formas esenciales del proceso vulnerándose el derecho de defensa en juicio.
Menores, convenio de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Iglesias, Julio A. y otros c/ Gorosito, Rolando A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Resulta inatendible sostener que el instrumento firmado por los padres en nombre y representación de la menor obligada a ellos pero era inoponible a su hija. En efecto, los progenitores han tenido título legal para representar a la incapaz, representación que emana de los poderes inherentes a la patria potestad que ejercían en su momento y, por ende, la falta de la autorización judicial no genera la inoponibilidad del negocio al otrora menor, sino su nulidad (arts. 59 y 494 Código Civil).
Lavado de activos, administración de bienes
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Roberto Eduardo; Aquino, Santa Elba; Villalba, Daniela Rocío; Ramos, Rosa Gladys; Glibota, Jose Rafael; Herrera, María De Los Ángeles y Sosa, Gricelda Romina  c/  s/ infracción art. 303 C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Corrientes
Fecha: 2018-03-15

Las tareas que dicen haber realizado los encausados a fin de explicar el origen de su acervo no permite justificar la masa considerable de bienes que disponían, y menos aún se corresponde con su situación económica-financiera registrada ante los organismos pertinentes. En consecuencia, estos elementos (gran cantidad de bienes y falta de registración en organismos pertinentes) aunados a los vínculos que mantenían con individuos ligados a la actividad ilícita, permiten inferir válidamente que los bienes que disponían los imputados tenían un origen ilegal y eran puestos en circulación de modo diverso para darle apariencia lícita.
Pena, extinción de la pena, unificación de penas, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: PERALTA, JUAN MANUEL c/  s/ EJECUCION DE PENA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

La cuestión controvertida se encuentra regulada expresamente por el artículo 16 del Código Penal, el que prevé -en lo que aquí interesa- que transcurrido el término de la condena la pena quedará extinguida, es decir que una vez llegada la fecha que se previó en el cómputo como de vencimiento de la pena -sin que nada se hubiera resuelto a su respecto- debe entenderse que ésta se encuentra definitivamente agotada. De este modo, la unificación de penas puede (y debe) ser efectuada sólo en los casos en que al momento en que ésta se realiza la primera pena aún no se encuentra vencida, mas no en los supuestos en que la primera ya se encuentra extinguida, de manera que si esto ya aconteció, tan sólo debe cumplirse la segunda pena y la unificación resulta inviable porque no tendría sentido alguno. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 16
Prueba pericial, designación de perito
Materia: PROCESAL
Carátula: P., G.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-06-28

"... aún en el marco de amplitud descripto ... para la designación del perito, no sólo debe indicarse la especialidad técnica del mismo, sino que además deben proponerse los puntos de pericia (art. 459 del CPCC), lo que posibilita el contradictorio, en cuanto permite conocer con la debida anticipación, el objeto sobre el que versará la pericia ...". ....... "... no pueden darse reglas inflexibles respecto a la forma que debe revestir el pliego con las cuestiones propuestas, quedando librado a la naturaleza de la acción y a su complejidad determinar, en cada caso, si debe contener bases o cuestiones detalladas o si basta un enunciado simple para que la contraparte sepa lo que se pregunta al perito y éste pueda contestar ...".
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: F., M.H. c/ O., P.M. s/ RÉGIMEN DE VISITAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-01

1- No debe, en principio, haber condena en costas relacionadas respecto de la discusión del régimen de visitas de los hijos, porque es lógico y plausible que ambos progenitores procuren decidir la cuestión de acuerdo a lo que cada uno entiende que mejor le conviene a los hijos. Este criterio sólo debe ceder cuando al cónyuge que resulta perdidoso le es reprochable su conducta en relación con los deberes que tiene respecto de sus hijos -en el caso, conductas del padre que llevaron al deterioro del vínculo paterno filial-. 2- La existencia de un actuar inconveniente por parte de uno de los progenitores constituye el elemento subjetivo que autoriza la imposición de costas a su cargo, aún cuando alega haberse opuesto al régimen de visitas pautado debido a la negativa de los hijos de ver al otro progenitor -en el caso, al padre de los menores-.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, telefonía celular
Materia: LABORAL
Carátula: Cosano,  Claudia  Elisabet c/ Compañía  de  RadiocomunicacionesMoviles S.A. y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-25

La comercialización o venta de celulares hace a la actividad normal y específica de Compañía de Radiocomunicciones Móviles S.A., ya que no se concibe la explotación de un "servicio de radiocomunicaciones móviles" que no pueda ser utilizado por los usuarios sino es a través de aparatos de telefonía celular, de allí que dicha compañía resulta solidariamente responsable, en los términos del art. 30 LCT con el agente comercializador de los aparatos celulares.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, presunciones, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez Julio Mario c/ Feuillade Orlando Oscar y/o quien resulte responsable s/ Demanda laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-09-11

Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que considera que no existió relación de dependencia. Ello así, ya que encontrándose ausente la "facultad de dirección" del demandado, en orden a los servicios prestados por el actor, falta al eje conceptual de la subordinación, lo cual obsta a considerar acreditada la pretendida relación laboral invocada en la demanda, incluso según se ha visto por la versión brindada por los testigos que declararon a propuesta suya.

La prestación de servicios sin subordinación, esto es, sin que la otra parte ejerza algún tipo de señorío o de poder de mando, no hace presumir la existencia de una relación de contrato o trabajo, tal lo normado en el art.23 de la ley 20744.
Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: T. D. S., C. E. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Revocatoria. Funcionario judicial   solicita reintegro de los haberes (50%) que le habían sido retendios  por sanción de suspensión (Expte. CSJ Nº 619-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-17

El artículo 95 de la Constitución provincial es una norma con amplia portada, que puede considerarse establece un principio general del ordenamiento y, por tanto, aplicable en el ámbito administrativo.

Sin embargo, el que la decisión impugnada fuera dictada por la Corte en ejercicio de funciones materialmente administrativas, no excluye la necesidad de precisar su alcance, ya que no podría implicar el automático desplazamiento de las peculiaridades que se derivan de la naturaleza de las distintas funciones estatales materialmente consideradas. En este sentido, aunque la exigencia de la motivación es en principio predicable respecto de todos los actos del Estado -al menos cuando se tratan de actos individuales-, no parece razonable que el alcance de tal exigencia -en cuanto a su contenido concreto- pueda ser idéntico cuando se trata de función administrativa que cuando se trata de una función típicamente judicial, pues mientras aquélla es fundamentalmente "acción", ésta es "pensamiento" o "reflexión".
Reajuste jubilatorio, liquidación judicial, liquidación por terceros, peritos, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SPADARO, JOSE c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-30

Pretender que el único capacitado para llevar a cabo la liquidación ordenada por el magistrado es el organismo, no sólo carece de asidero jurídico, sino que implica llevar a la categoría de un hecho personalísimo y privado lo que, por su misma índole, no es ni más ni menos que la puesta en ejecución de una operatoria ya definida en la legislación o en la manda judicial. Por tal razón, su implementación no puede -ni debe- ser privativa de una de las partes. La adecuada defensa del derecho de los litigantes, no se ve impedida porque tal liquidación sea llevada a cabo por un tercero imparcial y objetivo (el perito), pues siempre tendrán la posibilidad de realizar las impugnaciones y objeciones que estimen pertinentes.
Juicio político, facultades del Poder Legislativo, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Del Val, Ricardo J. s/ H.Cám.  de Dip. Pcia. de Sta. Cruz Sala Juzgadora Juicio Polit. al  S  E. Sr. Gobernador  de  la  Prov. de Santa Cruz (Inc. de Apel.) s/rec.  de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

El juicio político es una atribución propia de la legislatura para acusar y juzgar a los altos funcionarios por su conducta política, y ello debe ser tenido especialmente en cuenta cuando el poder judicial interviene para controlar si se han afectado derechos constitucionales.
Jurisdicción y competencia, competencia por la persona, entes autárquicos, daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual
Materia: PROCESAL - CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Samuel Antonio ZINI c/ PARANA MEDIO, DELEGACION GOYA y otro s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  COMPETENCIA  FEDERAL  POR  LAS PERSONAS -  ENTIDADES AUTARQUICAS NACIONALES - ACCIDENTES DE TRANSITO  -  DAÑOS Y  PERJUICIOS - RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-29

La circunstancia de que se debatan cuestiones atinentes a la responsabilidad civil extracontractual, no obsta a la competencia de la justicia federal con asiento en el interior del país en las demandas contra una entidad sujeta al régimen legal de las sociedades del Estado (ley 20.705), porque ella corresponde por razones de la persona (art. 2, inc. 6, ley 48) y no de la materia.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, incidentes, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ríos Leopoldo c/ Miguel Agnello s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: A134 - 048)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-26

"...se advierte que la resolución de fs. 679-680 apelada es la que puso fin a un "incidente innominado" planteado en un "juicio ejecutivo", la que por las tres razones que se pasan a explicitar, no es susceptible de tal remedio recursivo". " A) La resolución que pone fin a los incidentes, no es apelable, salvo los de nulidad y caducidad (arts. 94 y 79 CPC), conforme a lo preceptuado por el art. 93 en función del art. 133 de nuestra ley adjetiva. La nota del art. 93 se encarga de develar toda duda, si la hubiere, al expresar clara y expresamente que "... el auto es inapelable (art. 133)... Y no hay duda alguna que en el sub-lite, nos encontramos frente a un incidente innominado, no sólo por la forma... sino porque se trata de un acontecimiento que sobrevino accesoriamente durante el curso de la instancia, en ocasión del proceso y con relación más o menos inmediata con el objeto principal del pleito". "B) La inapelabilidad en el juicio ejecutivo, dada su especial naturaleza, es la regla, limitándose en forma expresa la apelabilidad a los supuestos que enumera el art. 245 del CPC.". "C) Por último porque no se afecta la garantía constitucional de la defensa en juicio... defensa en juicio sólo impone que el litigante sea oído, razón por la cual su inviolabilidad no depende del número de instancias que las leyes procesales establezcan..."
Libertad de prensa, abuso del derecho, publicación o reproducción de ofensas, programa de radio, daño moral, noticia falsa, delitos contra el honor
Materia: CIVIL
Carátula: RAMOS JUAN JOSE c/ LR3 RADIO BELGRANO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-10

El demandado, por culpa y con abuso, propaló por una importante emisora radial -un domingo a la mañana-la información de que el actor, a pedido del Presidente de la Nación, se había alejado del cargo que desempeñaba en el Ministerio de Salud y Acción Social por haber incurrido en una conducta ilícita, calificada por el periodista como exigencias de la cometa. Semejante infundio, desprovisto de la más mínima prueba y sin que el demandado hubiese acreditado algún interés en investigar su veracidad o falsedad, tuvo la virtualidad de causar una evidente lesión al honor y a la reputación. Y como consecuencia de aquella conducta antijurídica y de la lesión apuntada, se impone la presunción iuris tantum de que el actor experimentó un verdadero daño moral (confr. R. D. Pizarro, Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación, Bs. As., 1991, p. 286), daño que entra en la categoría de "resarcible" aún cuando el ofensor no hubiese actuado con dolo o malicia, pues no son éstos requisitos que condicionen la viabilidad del reclamo (art. 1078 del Código Civil). En estos casos no se requiere una prueba específica del agravio moral porque él es la consecuencia propia de la acción ilícita (confr. A. Orgaz, "El daño resarcible", p. 200 y ss.; esta Sala, causa 4412 "Ledesma c/Banco de la Nación Argentina", sentencia del 1.4.77, SALA II).
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Troncoso, José Mario s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

Si la ley contempla para el caso penas alternativas de prisión y multa -sin perjuicio de la conjunta de inhabilitación especial- y concurren atenuantes y ninguna agravante, no se ajusta al sistema de los arts. 40 y 41 del Código Penal la elección de una pena privativa de la libertad, que por su naturaleza es sustancialmente más grave que la de multa aún cuando se la haya aplicado en suspenso.
Apelación en relación, memorial, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ CONDE, CARLOS H. c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

El memorial de la apelación deducida conforme al art. 241 inc. 2 CPCiv. debe sustanciarse con la parte a petición de la cual dictó el juez la resolución apelada (art. 246 Cód. cit.).
Aplicación de la ley, juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa c/ Aries Ndt SRL s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-20

En materia de gastos causídicos en procesos ejecutivos, la previsión del art. 558 del CPCyC adopta el criterio objetivo de la derrota a los fines de su imposición siguiendo lo establecido en el primer párrafo del art. 68 del citado ritua. (del voto del Dr. Medori, de la mayoría).
Delitos contra la integridad sexual, víctima menor de edad, recurso extraordinario federal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: L., P.L. s/ Expte. Corte Nº 96/12: Recurso Extraordinario interpuesto por el Dr. Víctor García en contra de la Sentencia Nº 41/12 en expte. Corte Nº 90/11 - Recurso de Casación por errónea aplicación de la ley sustantiva interpuesto por el Dr. Víctor García (...) L., F.L. - Abuso Sexual con aprovechamiento de la inmadurez de la víctima
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-02-07

La Cámara en lo Criminal resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba incoada a favor del imputado.

Contra esa resolución, el defensor del imputado interpuso Recurso de Casación, al que este tribunal no hizo lugar por considerar que el Instituto no es aplicable a delitos en contra de la integridad sexual en perjuicio de personas menores de edad y de sexo femenino.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el mismo abogado interpone el presente remedio federal.

El recurso no puede ser concedido debido a que el agravio expuesto no suscita cuestión federal bastante para su consideración por la vía intentada.

Por una parte, en la norma constitucional indicada como vulnerada, el art. 18 de la Constitución Nacional, no encuentra sustento la pretensión según la cual la suspensión del juicio a prueba es procedente, aun cuando el delito imputado sea de índole sexual en perjuicio de personas menores de edad y de sexo femenino.

Así las cosas, la crítica recursiva es inocua dado que no se demuestra que lo resuelto guarde relación con dicha norma o con la garantía constitucional de la defensa en juicio invocada (en el escrito, no en la carátula) como vulnerada, más aún considerando que tampoco demuestra ni alega que le haya sido vedada o restringida la posibilidad de alegar a favor de su pretensión.

Por otra parte, quien recurre no refuta las razones del fallo, vinculadas con la oposición fiscal debidamente fundada y su pronóstico punitivo de eventual condena a sufrir pena mayor que la prevista en el mínimo de la escala de aplicación, con modalidad de cumplimiento efectivo, con arreglo a las particulares circunstancias del caso.

Es que de éstas no cabía prescindir debido a que la norma de aplicación, el inc. 4º del art. 26 del Código Penal, expresamente ordena atender a esas circunstancias a los fines de decidir sobre la solicitud, sin que ello implique prejuzgamiento o afectación al principio de inocencia; por lo que la pretensión recursiva en esa dirección carece de idoneidad para conmover la sentencia apelada.
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALARCON OMAR c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATVO SALVATIERRA ELIO ENDOR c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-11-28|2007-09-18

El sueldo que percibe el agente público no solo consiste en la asignación básica señalada a la función, cargo o empleo respectivos sino que comprende o puede comprender diversas asignaciones complementarias; su derecho a percibirlas depende de la índole de la función desempeñada, de la jerarquía del agente o de la situación personal del mismo. Por tanto, si no existe efectiva prestación de servicios en la dependencia en la cual se asignaban funciones pasibles de bonificación, no se puede pretender que las mismas integren la base de la cuantificación de la indemnización.
Recurso de apelación (procesal), clausura del período probatorio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: POET, ERALDO LADI. s/ ESTAFA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-07-05

Dado que la competencia funcional del tribunal de alzada nace de la ley, corresponde al mismo pronunciarse aun de oficio respecto de la admisibilidad de su competencia no encontrándose vinculado por la concesión del a-quo. Así las cosas, entiende la sala que el recurso de apelación concedido contra el decreto de fs. . . Que no hiciera lugar a la solicitud de clausura del termino de prueba lo fue indebidamente.

- el tema traído a estudio no resulta atrapado en los supuestos de apelabilidad que norma el art. 392 del C. P. P. no se trata en la especie del cuestionamiento a una decisión que rehuse o disponga la realización de un medio de prueba ofrecido ni al modo en que su producción fuera dispuesta. La cuestión refiere a la marcha en si del proceso y la preclusión o no de sus respectivas etapas, en el caso etapa o período probatorio, inapelable en virtud de lo dispuesto por los art. 145 contrario sensu, 156 y 326 del C. P. C. De aplicación supletoria y 392, 19 contrario sensu y 395 del C. P. P. - por lo demás, no se advierte que de lo decidido por el a-quo pudiera resultar gravamen irreparable al apelante que hiciera viable la concesión del recurso en virtud del art. 420 inc. 2° del C. P. P. , no alcanzando tal entidad la argumentada concesión de un lapso probatorio mayor cuando en la misma previsión del c. Procesal, se contempla la posibilidad de la decisión de la suspensión del período, que en virtud del art. 149 CPC cuya aplicación supletoria propugnara el hoy apelante al fundar recurso de revocatoria contra el decreto cuestionado devendría irrecurrible. - no habiéndose efectuado cuestionamiento oportuno de la concesión del recurso (art. 426 CPP) el presente deviene oficioso correspondiendo imponer las costas por su orden. . .

Declarar mal concedido el recurso de apelación en los presentes.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio, accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Kolarik, Miguel c/ Capea S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-02-07

La declaración de inconstitucionalidad del art. 39.1 de la ley 24.557 supone la comprobación, en el caso concreto, de la insuficiencia de las prestaciones previstas por dicha ley especial para reparar adecuadamente el daño sufrido por la víctima, y a tales fines, resulta indudable que el parámetro para llevarla a cabo, en una suerte de comparación o cotejo, lo constituye la extensión del resarcimiento al que la víctima accedería -en su caso- en el marco del régimen común de responsabilidad emergente por aplicación de las disposiciones del Código Civil.