Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-28


Salta, 28 de febrero de 2.014.

Vistos estos autos: Dirección Gral. De Rentas de la Pcia. de Salta c. Proint SA, Ejecución Fiscal", Expte. nº 166.876 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos ejecutivos, 2ª Nominación y Expte. CAM 448.281/13 de esta Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

CONSIDERANDO:

I) La resolución de fs. 123/125 vta., desestimó la declaración de nulidad esencial solicitada por la ejecutada por haberse violado la concursabilidad de la deuda por ser anterior a su concurso preventivo, por haberse formulado la intimación de pago en un domicilio que no le pertenece y donde funciona desde el año 2.002 un organismo estatal de la Provincia y por encontrarse prescrita. Para decidir así, el Señor Juez de la instancia anterior con citas de doctrina y de precedentes judiciales, incluido uno de esta Sala, consideró que el nulidicente no formuló manifestación alguna del perjuicio concreto que se pretende reparar, ni de las excepciones que se vio privada de oponer. También que el artículo 20 del código fiscal autoriza a la Dirección (General de Rentas) a reputar subsistente, para todos los efectos administrativos y judiciales, el domicilio consignado en la declaración jurada u otro escrito mientras no se haya comunicado su cambio.

A fs. 127 apeló la demandada y sostuvo el recurso en el memorial de fs. 202/210 que puede sintetizarse en que no se ha entendido su planteo de la concursabilidad y nulidad esencial por violación a normas de orden publico contenidas en la ley concursal y en el código de procedimiento en el sentido que se debe ordenar a los actores canalizar su pretensión ante el concurso preventivo de la demandada, lo que hace que se pierda la jurisdicción de los juzgados de procesos ejecutivos, correspondiendo la verificación, lo que torna nulo el procedimiento realizado. Concurso de cuya existencia fue notificado el juzgado. Que se ha obviado el planteo de la excepción de prescripción. Respecto de la aducida falta de perjuicio afirma que el escueto proceso ejecutivo hace imposible el debido control concursal. Que otro perjuicio invocado por su parte lo fue la inexistencia de un consentimiento expreso en la determinación de deuda que se hizo de oficio. Agrega que en el caso del concurso, lo esencial no es la fecha de determinación de deuda sino la fecha de la causa origen de la misma. En relación al domicilio, expresó que no se puede notificar a su parte en un domicilio que justamente es de una repartición oficial del gobierno de la Provincia, lo que fue informado. Por su parte, la ejecutante a fs. 214/216 vta., pidió el rechazo de la apelación por encontrarse bien hecha la intimación de pago, por tratarse de un crédito posconcursal, y no haber cumplido con los requisitos del artículo 555 del código procesal.

II) La cuestión sustancial del recurso en estudio que debe estudiarse necesariamente de inicio, consiste en determinar si la deuda objeto de la pretensión de la actora es anterior o posterior al concurso preventivo de la demandada. Ello es así, porque el artículo 21 de la ley de concursos y quiebras 24.522 establece el fuero de atracción para hacer valer los créditos contra el concursado. Bajo el epígrafe de "Juicios contra el concursado", establece que "La apertura del concurso produce, a partir de la publicación de edictos, la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el juzgado del concurso. No podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos". Por su parte, con criterio concordante el artículo 32 dispone que "Todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus garantes, deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos, indicando monto, causa y privilegios". Tales normas legales son de orden público. Así surge del artículo 22 de la ley que instituye la nulidad de las estipulaciones en contrario. La Corte de Justicia de la Provincia de Salta también ha resuelto que "Las normas de competencia en la ley de concursos son de orden público y no admiten ser prorrogadas por voluntad de las partes. No son meras disposiciones para la distribución de causas entre los tribunales, sino que atienden a la naturaleza del procedimiento que, en definitiva, afecta a una universalidad activa y pasiva" (CJSalta, Apaza, Mario Esteban vs. Import s.r.l. Competencia, Expte. Nº 22.544/01 de Corte, 21/05/01, L. 74: 527/534). Por consiguiente, tratándose de una cuestión de competencia de orden público, la calificación de la deuda reclamada como anterior o posterior resulta decisiva para la resolución del recurso porque determinará si la causa tramitó o no ante un tribunal competente.

III) Como se ha trascrito, los artículo 21 y 32 de la ley concursal obligan ir al concurso por los créditos de "causa" o "título" anterior a la presentación. Sin desconocer que existen discrepancias sobre los conceptos de causa y de título, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dando por reproducido el dictamen fiscal, ha dicho que "...distinción entre la "causa" y "título" surge del propio artículo 32 de la ley 24.522 disposición que obliga a los acreedores a insinuarse en pasivo concursal y probar mediante el trámite de verificación la existencia de los créditos, no sólo en virtud de un "título" sino también de la "causa" que le da origen que debe ser anterior al estado de liquidación o falencia". Por otro lado, en dicho procedimiento de verificación, independientemente de la existencia o no del título, es obligada la existencia de causa anterior a la obligación que se reclama, la que en caso de sea admitida, se determinará si el título que expresa su cuantía resulte acorde a ella, todo lo cual encuentra sentido en la naturaleza del procedimiento de verificación donde la decisión que recae conforma una sentencia que hace cosa juzgada formal y material (Corte Suprema, "Banco Extrader SA s/quiebre s/incidente de revisión por B.C.R.A.", 23/12/2.004 Fallos: 327:5640).

Tal criterio ha sido mantenido con posterioridad por el Alto Tribunal que ha expresado que "Corresponde revocar la sentencia que rechazó la pretensión verificatoria con fundamento en que la aplicación de la multa por incumplimiento de la ley 21.608 fue un acto posterior a la declaración de falencia, circunstancia que juzgó suficiente para negar el carácter preconcursal del crédito, ya que prescindió de examinar si la causa que dio origen al crédito era anterior a la falencia y, en caso de ser ello así, de considerar la aptitud del título para admitir la insinuación en el pasivo" (Mides SA Algodonera del Chaco, s/quiebre, s/incidente de verificación tardía por Estado Nacional - Ministerio de Economía, 22/05/2.012, Infojus, 12000074).

Dos plenarios de la CNAp. en lo Contencioso administrativo Federal del 21/06/2011 en "M° Economía y P DISP 580/04 c. Continental Armadores de Pesca S.A. - ONARPESA s/ejecución fiscal" y "Banco Central de la República Argentina c. García, Nestor Julio s/ejecución fiscal establecieron igualmente que: "La deuda que pretende ejecutar el Estado Nacional por una sanción de multa impuesta a la demandada por una infracción cometida en los términos del art. 6° de la ley 25.109 tiene carácter concursal cuando sea consecuencia de hechos acaecidos con anterioridad al respectivo concurso, aun cuando la imposición efectiva de la sanción de multa resulte posterior a la apertura del concurso" (LL Online: AR/JUR/43799/2011).

Resulta claro entonces que para que un crédito pueda ser calificado como posconcursal no solamente tiene que ser posterior a la apertura del concurso, sino también su causa, esto es, los hechos o actos que constituyen el fundamento del crédito y que se concretan en un título que puede ser simultaneo con aquel, o posterior al mismo, como ha ocurrido en los casos de los precedentes indicados.

Sobre la base de esos conceptos, debe decirse que en el caso, el título es la certificación de deuda que precisamente ha sido presentada como título ejecutivo para despachar la ejecución pretendida, y que tiene fecha del seis de septiembre de 2.004. Su causa, es el servicio de justicia prestado en el expediente laboral 005.530/02 del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 1, el que ha tenido lugar por la demanda presentada el día veinte de noviembre de 2.002.

De acuerdo a lo resuelto a fs. 172/174 vta. del expediente nº 63.300/02 del Juzgado de 1ª Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades de 2ª Nominación (Legajo 1), a la vista, en fecha veinticinco de febrero de 2.003 se dispuso declarar abierto el concurso preventivo de Proint SA. Siendo así, resulta evidente que la apertura fue posterior a la causa que dio origen al título que aquí se ejecuta. Por lo tanto, dado que la competencia establecida en la ley concursal es de orden público, corresponde acoger este agravio, lo cual lleva a revocar la sentencia recurrida y declarar la nulidad de lo actuado, sin necesidad de analizar el resto de los agravios.

VI) En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la ejecutante que resulta vencida de acuerdo al principio general establecido en el artículo 67 del código procesal.

Por ello, LA SALA QUINTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES C. y C.:

Hace lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 127 y en su mérito Revoca la sentencia de fs. 123/125 y Hace lugar a la nulidad articulada por la parte demandada. Con costas._ Dispone se registre, notifique y baje.