marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción, actos interruptivos
Materia: PENAL
Carátula: VON BREVEN, ROMAN s/ Contrabando Causa 25657-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-26

1- La aquiescencia de quien se halla privado de libertad no puede ser jamás una expresión válida de consentimiento para que la autoridad aprehensora ingrese en un domicilio y se supla así la orden judicial de allanamiento.- 2- No existiendo instrumentación alguna del acto de ingreso al domicilio ni de la incautación efectuada, el tema del consentimiento del imputado no puede ser ponderado pues no hubo una actuación consentida.- 3- El llamado de autos para dictar sentencia (art. 492, cód. de proced. crim.) tiene un único valor dinámico y por ende constitutivo de secuela de juicio que está supeditado a la concreción del acto subsiguiente, que es el dictado de la sentencia definitiva. En el caso, tal concreción no solo no tuvo lugar sino que, por decisión expresa posterior se privó de efectos a cada una de las sucesivas providencias de llamamiento de autos, por lo que resultaría una pura ficción atribuirle al valor mencionado de secuela de juicio.
Administración Pública, acto administrativo, buena fe, contratos administrativos, interpretación del contrato, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Espacio  S.A. c/ Ferrocarriles Argentinos s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

El ejercicio legítimo de la potestad de que disponen los órganos administrativos para enmendar sus actos anteriores emitidos de manera irregular no puede comportar un proceder contrario al deber de buena fe exigible a la administración, sus entidades y empresas, en la interpretación y ejecución de los contratos, en tanto se funda en la obligación de preservar la legalidad de dichos actos.
Cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Omicron Técnica SRL s/ Cobro ejecutivo Banco Francés del Río de La Plata S.A. c/ Inclan, Eduardo Heriberto y otra s/ Ejecutivo Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Landa, Walter Oscar y otros s/ Cobro ejecutivo Lloyds Bank (BLSA) Limited c/ Gropius S.R.L. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29|1991-04-30|1994-03-10|2000-03-30

El tercer apartado del art. 793 del Código de Comercio, incorporado por el decreto ley 15354/46 (ratificado por la ley 12962), establece que el certificado de saldo de una cuenta corriente bancaria, otorgado con la firma conjunta del gerente y contador de un banco, constituye un título autónomo, es decir, que se basta a sí mismo y que, por consiguiente, no requiere complemento alguno.
Actos ilícitos, lucro cesante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LAURA E. OLIVERA BARON c/ MIGUEL J. LANDOLFO s/ SUMARIO-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1989-06-08

El lucro cesante consiste en la frustración de ganancias que la víctima podría razonablemente esperar de acuerdo con las circunstancias generales o especiales del caso, sino hubiera ocurrido el ilícito. de allí que - como lo señala Orgaz -, puesto que se trata de un rigor de ganancias supuestas, su determinación ofrece bastante latitud, no sólo en su monto sino también, en su existencia misma. Por ello y para evitar caer en el subjetivismo o en un puro arbitrio, la doctrina y mejor jurisprudencia reconocen unánimemente que el lucro cesante indemnizable debe ser también cierto, tal como el daño emergente mismo.
Injurias, personas jurídicas, retractación, aplicación de la ley penal, aplicación analógica de la ley
Materia: PENAL
Carátula: LEONHARDT, FEDERICO s/ INJURIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

La oferta a una persona jurídica, sin hacer referencia concreta a sus componentes, es atípica.

Lo dispuesto en el art. 117 del código de fondo que se refiere a la retractación pública del culpable de una injuria o calumnia contra una asociación, eximiéndolo de pena, no puede extenderse a tal punto de crear un tipo legal inexistente.

La prohibición de analogía, prevista en el art. 12 del C.P.M.P., con raigambre constitucional en el art. 18 de la Carta Fundamental veda esa posibilidad.
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Campisi, Rodolfo Santiago c/ Provincia de Buenos Aires s/ Acción de amparo.Cuestión de competencia art.6 CCA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-08

Es de la competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte el conocimiento y decisión de la causa en virtud de la cual se pretende que se anulen los actos dictados por el Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires por medio de los cuales se lo declaró cesante en el cargo de Oficial Principal que ocupaba en esa Repartición sin perjuicio del agotamiento de la vía administrativa requisito sobre el que no se abre juicio. Ello así,toda vez que la competencia originaria de este Tribunal comprende todos los conflictos que se susciten en torno a la relación laboral que liga a la Administración con sus agentes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Devolución de objetos secuestrados, embargo, subasta judicial
Materia: PENAL
Carátula: Amuschástegui, Aldo J. s/ Devolución de efectos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-05

Es improcedente que la sentencia que condena al imputado por el delito de malversación de caudales públicos, ordene a su vez la entrega definitiva de los bienes embargados al acreedor, quien hasta el momento los detentaba como mero depositario, ya que tal decisión contraviene disposiciones legales, como son la de los artículos 216 y 217 del C.P.Civ. y Com. , que establece que las cosas embargadas deben ser puestas a la orden del Juez, para el correspondiente remate judicial previo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria, segunda instancia, incidentes, juicio, leyes, interpretación de la ley, antecedentes legislativos
Materia: PROCESAL
Carátula: Strembel de Lanzillota, Lidia s/ Declaratoria. Cuestión a resolver: ¿Cuál es el honorario profesional  que corresponde regular respecto a los incidentes articulados en la  alzada atento al régimen de la ley local 6767 de aranceles  profesionales de abogados y procuradores? (Expte. Nro. 163- 83)   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-31

Haciendo un análisis retrospectivo del contenido de las leyes de aranceles anteriores a la que actualmente rige se advierte que tanto en la ley 4650 como en la 4950 el artículo 15 conserva su redacción presentando variaciones el artículo 16. Una interpretación literal de tales dispositivos nos lleva a concluir que se fija un honorario mínimo para los incidentes sin distinguir entre primera y segunda instancia y en la ley 4650 se hace una especial referencia a las cuestiones susceptibles de apreciación pecuniaria lo cual se acerca ciertamente al presupuesto requerido por el artículo 15 (idéntico al de la ley 6767) en cuanto requiere considerar el "monto valor comprometido". (Del Voto de la Dra. Pereira).
Costas, recurso contencioso administrativo, recursos administrativos, honorarios, gastos del proceso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESCOBAR CELLO, JOSE M c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE APREMIO.    RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 119-79 SISTERE, FERNANDO FRANCISCO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. INCIDENTE  DE APREMIO.     CSJ EXPTE NRO 15-78 FERREYRA MARCELO PABLO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 35-84 OLMEDO, RUBEN JORGE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     IMPUGNACION DE LIQUIDACION      CSJ EXPTE NRO 100-81 PEREZ, DOLORES OTILIA LUQUE DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-04-25|1984-06-13|1988-09-28|1988-10-05|1992-06-24

Los honorarios profesionales y otros gastos devengados en las actuaciones administrativas no integran las "costas" del recurso jurisdiccional, pues no derivan inmediatamente de este proceso, que comienza justamente, cuando aquéllas se han cerrado.

Nota jurisprudencia concordante: "Boglione c/provincia".
Compraventa inmobiliaria, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: FORTE MARIO DANIEL Y OTRA c/ LUCASA CONSTRUCCIONES S. A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-21

Si no se ha probado que la vendedora conociera que la adquisición del departamento estaba motivada por la precisa intención de los compradores de instalar allí el hogar conyugal en vísperas de formarse, ni que de ese modo tal finalidad haya pesado como causa esencial del boleto, no es dable computar esa motivación subjetiva en orden a la reparación del daño moral (conforme Cámara Nacional Civil, Sala C, Petillo Dulio C. c/ Inmobiliaria Dinámica S. R. L. y otros del 12/5/81). Por su naturaleza un departamento tiene el destino de vivienda, pero de lo que se trata es de si la relación entre la fecha de su entrega y de la celebración del matrimonio había entrado o no en el acuerdo de voluntades entre las partes del boleto.-
Juicios contra el Estado, funcionarios judiciales, suplementos del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Suarez, José Félix c/ E.N. -P.E.N.- Mº de Justicia s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-02

Debe confirmarse la acción incoada por la parte actora contra el E.N.

a fin de que el importe del suplemento instituído por las Acordadas nº 56 y 75 del año 1991 en beneficio de funcionarios y magistrados de la justicia nacional en servicio activo, fuese incluído en la base de cálculo adoptada para determinar su haber jubilatorio de ex prosecretario administrativo, por los haberes devengados. (La cuestión de fondo debatida en autos -extensiva a la remuneración de ex funcionarios del Poder Judicial- ya fue examinada y resuelta por esta Sala en la sentencia dictada el 11/9/92 in re "Argüello Varela" que fuera confirmada por la C.S.J.N. el 30/6/93).
Acción de amparo, costas, costas al vencido, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: FERRARI, COSTANTINO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-20

Si bien es cierto que el art. 14 de la ley 16.986 prescribe que "las costas se impondrán al vencido", resulta evidente que sobre esta norma ha de primar lo dispuesto por el art. 21 de la ley 24.463, no sólo por tratarse de una ley posterior, sino porque la finalidad que se tuvo en cuenta al sancionarse esta última disposición fue la de resguardar los fondos del sistema previsional, que es el patrimonio común de todos los beneficiarios que permite el pago de los haberes pertinentes.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, doctrina de la arbitrariedad, riesgos del trabajo, decreto de necesidad y urgencia, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VENTURINI, GONZALO ARIEL c/ EXPERTA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-06-13

Asiste razón a la impugnante cuando invoca un supuesto de errónea aplicación del decreto 669/19, desde que los extremos del sub lite conducen a la consideración de un supuesto asimilable al analizado y resuelto por esta Corte en la causa "Vergara", a cuyos fundamentos corresponde remitir brevitatis causae, en tanto en aquella oportunidad se señaló que como se desprendía de los considerandos del decreto 669/19, la operatividad del mismo se extendía a los casos ocurridos al amparo de la ley 27348, desde que aquél tuvo por fin modificar la modalidad de ajuste dispuesta por esta disposición legal y no a las contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia, por lo que resulta de aplicación al caso la reiterada jurisprudencia de esta Corte según la cual las sentencias que omiten considerar y decidir cuestiones decisivas oportunamente propuestas, como las que se apoyan en aseveraciones dogmáticas o se apartan de las normas en juego, resultan carentes de la fundamentación exigida para sustentarse como actos jurisdiccionales válidos y no pueden ser aceptadas como necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias del caso, conduciendo esto a colegir que la respuesta jurisdiccional, en razón de la deficiencia de motivación apuntada, no puede ser aceptada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias del caso y, por lo tanto, no reúne las condiciones exigidas por el orden fundamental para la satisfacción del derecho a la jurisdicción de la impugnante. - CITAS: CSJStaFe: Vergara, AyS T 322, p 283. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 27348; Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19
Divorcio contradictorio, abandono del hogar conyugal, abandono no malicioso, injurias graves, exclusión del hogar, exclusión del marido
Materia: CIVIL
Carátula: F. DE B.M. c/ B.M.J. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-22

El alejamiento de uno de los cónyuges no corresponde calificarlo como abandono voluntario y malicioso del hogar, si tiene causas legítimas y valederas para adoptar esa actitud.

La existencia de una causal atribuible al otro cónyuge, como las injurias graves que se tienen por acreditadas, es una razón que justifica dicho alejamiento, máxime si la cónyuge lo hizo una vez iniciado el juicio de divorcio y después de haber reclamado la exclusión del hogar conyugal del marido, pretensión que fuera sustanciada y en definitiva acogida (Conf. Belluscio, "Derecho de Familia", T.III nro. 66, pág. 306 y jurisprudencia allí citada).
Instrucción sumaria, rebeldía
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ROMANO, Gustavo A. s/ INSTRUCCION SUMARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-16

La injustificada incomparecencia del imputado frente al órgano encargado de la instrucción sumaria, altera las bases del régimen procedimental escogido, pues impide su continuidad poniendo en riesgo el objeto de todo proceso penal, que por abreviado que fuera apunta a la realización del derecho material. Si a su voluntad aquél decide burlar la confianza dispensada al otorgársele una libertad sin cauciones, lo que posibilita su sometimiento a las normas que regulan dicha inconducta procesal (arts. 288 y ss., C.P.P.), y que, a excepción de comprobarse las circunstancias contempladas en el art.

292 de dicho ordenamiento, importará resignar aquel acotado trámite en su favor.

Es que entonces, sólo a través de los institutos que prevén los arts.

316 y 317 del código adjetivo podría recuperar legítimamente el estado de libertad que gozaba y en ese orden los particulares condicionamientos de dicha normativa desde la imposición de cauciones hasta la impeditiva norma del art. 319, harán incompatible el régimen instrumental de la instrucción sumaria con un posible encarcelamiento y las eventuales medidas de aseguramiento personal a que pudiere dar lugar el nuevo examen de su situación procesal.
Recurso de apelación (procesal), libertad provisional, procedencia del recurso, garantías procesales
Materia: PENAL
Carátula: Local Todo por Dos c/ RUFINO, Alejandro Sebastián s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-08-31

En tal sentido, resulta correcta la valoración del Instructor a los efectos de disponer la libertad provisoria del imputado, siendo insuficientes las argumentaciones que la recurrente trae a colación para sustentar el pedido de detención de dicho imputado, por el mero hecho de registrar en su planilla prontuarial anotaciones de detenciones por pedidos de captura, comparendos y ubicación y paradero, ya que en la medida en que no se haya dictado sentencia condenatoria, torna imposible se conciba las anotaciones que registra como un antecedente penal que impida la libertad de la persona, lo que de igual modo acontece respecto de las otras causas informadas en su planilla, pues no consta en ninguna de ellas que hubiese recaído condena en su contra.

Nótese que en rigor a la verdad se desconoce los motivos concretos que llevaron a sus dictados, y aparentemente no subsistirían los mismos por haberse efectivizado su detención, por lo que no puede admitirse sólo por esa mera registración que resulte procedente la vía de excepción de restricción de la libertad, la que valga la pena recordarlo debe serlo en los límites absolutamente indispensable sólo en aquellos casos en que sea necesario para la aplicación de la ley sustantiva o para que no se obstruya la investigación de la causa, lo que no se avisora que así acontezca en las presentes actuaciones, al menos de manera manifiesta.

De igual modo, tampoco puede concluirse per se que por el mero hecho de haber dado el encartado un nombre distinto en el momento de su detención, pueda inferirse de ello que se sustraerá a la aplicación de la ley sustantiva, ya que en su descargo muestra una actitud compatible con su sometimiento al proceso admitiendo su autoría en el ilícito que se le reprocha, debiendo tenerse presente además el motivo alegado en acta labrada a fs. 09 vta. del porqué de esa actitud.

Cabe destacar además que el propio Ministerio Fiscal apelante, debió haber solicitado con anterioridad que el A-quo diera cumplimiento con las disposiciones de los arts. 37 y 38 del C.P.P., pues al menos de haberse tenido las causas acumuladas, este Tribunal contaría con mayores elementos a valorar, situación ésta que lleva a recomendarle el estricto cumplimiento de las citadas normativas.

Firmado Dres. Adolfo A. Figueroa y Edgardo F. Abarracín.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Intendente Municip. de Dolores Sr.Duilio A. Macchi. s/ Den. Malversación de caudales públicos Acuña, Domingo A. s/ Retención indebida
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10|1996-11-20

El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley solo procede contra las sentencias de Cámara que impongan pena superior a tres años de prisión o revoquen una absolutoria, y la circunstancia de que además de la pena inferior a ese monto se haya aplicado la de inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñar cargos públicos, no hace admisible el mencionado recurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Policía Provincial, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A., M. A. c/ U., N. B. y/o s/ Cobro de Pesos - Laboral. M., R. R. y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-02|2018-08-21

Observé ocurre con el adicional en la forma prevista por la Ley N° 5718 (ahora Ley I N° 355), ya que se atiende al costo superior de vida que conlleva la residencia en nuestra provincia, aun cuando se distinguen, para el pago, que las localidades se encuentren en una u otra zona. De todos modos, advierto que en ambas normas que cotejo el adicional zona tiene un solo y mismo fin, por lo que no puede ser abonado dos veces a los actores. Digo esto pues quienes accionan aseveran que cobran el ítem zona fijado en los artículos 5 y 6 de Ley N° 5718 (ahora Ley I N° 355) pero intentan esta acción a fin de percibir también idéntico adicional establecido en el artículo 151 primer párrafo in fine del Decreto Ley N° 1561/77.
Procedimiento laboral, plazos procesales, plazo de gracia
Materia: PROCESAL
Carátula: ROLDAN, LEOPOLDO DEL CARMEN c/ LA PRIMERA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-23

La autoridad legislativa no atendió a la mayor o menor extensión de la demora temporal en el vencimiento de los plazos procesales, sino que optó por un criterio expeditivo e igualitario para todos los inmersos en la situación jurídica procesal; asignar efecto automático a su mero vencimiento, decretando la pérdida del derecho dejado de usar (artículo 53 de la ley 18345). (En el caso: se presentó el escrito a las 9:33 horas y el plazo de gracia vencía 9:30 horas).
Ley de defensa del consumidor, accidente en supermercado, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: FARIAS BUSTINGORRY JUANA BEATRIZ C/ COOPERATIVA OBRERA LTDA. DE CONSUMO Y VIVIENDA Y OTROS S/ D. Y P. DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE PARTICULARES c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-05-05

Ello determina que tanto en el marco de la ley 24.240 -régimen legal aplicable en tanto se entendió que existía un acto de consumo-, como a la luz de la manda del art. 1.113 del Código Civil -conforme se ha hecho en la sentencia recurrida-, la situación es la misma, por cuanto ambas normas contemplan como eximente de responsabilidad que haya existido el hecho de un tercero por el cual no se debe responder. (del voto de la Dra. Clerici, por su voto, en mayoría).
Inspección General de Justicia, fiscalización estatal, facultades de control, improcedencia del recurso, sociedades de garantía recíproca, incompatibilidad de ejercicio
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Inspección General de Justicia  c/ Sideco Americana SA s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-06

Cabe confirmar la resolución -modificando la cuantía- de la Inspección General de Justicia mediante la cual se sancionó a la sociedad apelante con una multa por el incumplimiento de lo dispuesto por la Resol. Gral. IGJ n° 7/15: 154 en relación a los ejercicios económicos finalizados periodo 2018/2019; y la falta de respuesta a las observaciones cursadas en ciertos trámites conforme lo dispuesto en la ley 22315: 12. Es preciso señalar que el fin perseguido por el organismo de contralor es el de acentuar la certeza y efectividad en la publicidad, para la transparencia del tráfico mercantil y el cumplimiento de sus funciones propias de fiscalización. Dígase que, si la sociedad demandada tuvo alguna dificultad que pudo poner en peligro el cumplimiento de los mandatos legales incumbió comunicarlo tempestivamente, o en todo caso pedir precisiones sobre estas cuestiones obstaculizadoras, o incluso, una prórroga. Ahora, como es facultad del Poder Judicial revisar la razonabilidad de la medida de las sanciones impuestas por la Administración Pública en ejercicio de sus facultades de Superintendencia; las cuales deben ser proporcionales a la infracción que surja comprobada del sumario (Fallos 323:153, entre otros), se aprecia que una multa inferior a la dispuesta resulta más adecuada a las infracciones formales que surgen del sumario. (En el caso, la IGJ impuso una multa de $100.000 y la Sala la redujo a $10.000).
Adopción, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: T. L. I. c/  s/ Abrigo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-08-21

Corresponde confirmar la sentencia que declaró el estado de adoptabilidad del niño y rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por su progenitora considerando que esta solución es la que mejor protege el bienestar del niño. Asimismo, evaluado el marco de marco de violencia familiar y de género en que se desarrolla la causa, deberá considerarse la conveniencia del establecimiento de un régimen de comunicación así como adoptar las medidas de seguridad en favor del niño y garantizar el vínculo con su madre.(doctor de Lázzari, sin disidencia)