Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-17


RAWSON, 17 de Mayo de 2010.- ------ VISTOS: ---------- ------ Estos autos caratulados: "H., M. s/ Recurso de Apelación c/ Resolución Nº 1683/09 I.S.S. y S." (Expte. Nº 21.869-H- 2009).------ ------ DE LOS QUE RESULTA:

------ Que la Sra. M. H. interpone a fs. 15/21 Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 1683/09 dictada por el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut (I.S.S. y S.) el 27.10.2009, por medio de la cual se rechazó el Recurso de Reconsideración que dedujo contra la Resolución Nº 1399/09 que denegó el beneficio de Jubilación Ordinaria Docente que oportunamente solicitara conforme lo normado por la Ley Nº VIII - 20 (antes N° 1820).------ ------ Surge de las actuaciones, que la nombrada pretendió amparo en los arts. 136 y 137 del Dto. Ley N° 1820, que fueron llevados en un principio al Digesto Provincial (aprobado por Ley N° 5816 del 25/11/08) como 101 y 102, y regulaban -como excepción- una jubilación ordinaria obligatoria, sin límite de edad, al cumplir el afiliado 25 años de servicios docentes efectivos con aportes en los establecimientos que se indican, con desempeño mínimo de 10 años frente al grado.- Mas esta incorporación normativa -le señala el I.S.S. y S. en la Resolución N° 1399/09- fue errónea, pues estas normas estaban derogadas por Ley N° 3923 (en Digesto N° XVIII-32)- y así lo /// reconoce la Ley N° V-24 (publicada el 30 de Marzo de 2009) como "Fe de Erratas", añadiendo que, mientras estos artículos formaron parte del Digesto, H. no había cesado en su relación de dependencia, hecho de por sí suficiente para denegar la solicitud del beneficio, pues la ley que ha de regir su Jubilación es la del cese, lo cual reitera al resolver la Reconsideración.------- ------ I.- Relata la recurrente, que con fecha 19.03.2009 inició el trámite de Jubilación Ordinaria prevista por la Ley citada - se refiere a aquellos arts. 101 y 102 que en el Digesto reprodujeron los originales 136 y 137 del Dto. Ley Nº 1820- presentando en esa oportunidad toda la documentación requerida por -dice- la normativa vigente, a efectos de acreditar los recaudos exigidos para obtener el beneficio solicitado.------ ------ Que con fecha 24.08.2009 -continúa- mediante Resolución Nº 1399/2009, el I.S.S. y S. resuelve "en forma arbitraria y desajustada a derecho" -califica- no hacer lugar al beneficio considerando "erróneamente" -aclara la peticionante- que no había cesado en la actividad en relación de dependencia. Contra dicha Resolución es que interpuso el Recurso de Reconsideración cuya denegatoria aquí opugna.--------- ------ Sintéticamente expuestos sus agravios -dado lo iterativo del libelo- considera primero, que de acuerdo a la normativa y reglamentación dictada al efecto, recién cuando de las constancias documentales obrantes en el Expediente iniciado a instancias del agente surge a criterio de la División Cómputos de Servicios y Registro de Afiliados de la Dirección de Previsión del I.S.S. y S., que se encuentran reunidos los presupuestos legales de edad y años de servicio exigidos por la Ley Nº XVIII - 32 (antes Ley Nº 3923) para acogerse al beneficio, se le hace saber al solicitante que está en condiciones de tener derecho al mismo, y efectuada dicha comunicación en forma fehaciente, /// el afiliado se encontraría en condiciones de cesar en sus funciones. Remite a un Expte. Nº 1984/2009, que así lo demostraría, correspondiente a la Sra. L. I. Q.------ ------ Por esto dicho, se queja de que el I.S.S. y S. no se haya expedido en forma clara y conforme a derecho, respecto de si se encontraban reunidos todos los requisitos legales estipulados por la normativa en vigencia en materia jubilatoria al momento de la presentación del pedido de jubilación ordinaria y acompañamiento de la documental pertinente; y afirmará luego que se encontraban reunidos todos los previstos en la Ley Nº XVIII - 32 al día 19.03.2009, fecha en que presentó el formal pedido de jubilación.----- ------ Expresa que le agravia también, la que estima violencia lisa y llana del plexo normativo y de sus derechos, al señalarse en la Resolución apelada que "para acceder a un beneficio de pasividad debe el afiliado inexorable e ineludiblemente haber cesado en toda actividad" pues ello, sostiene, contraría en forma palmaria el procedimiento -descripto anteriormente- que pone en práctica la División Cómputos de Servicios y Registro de Afiliados del I.S.S. y S., donde -insiste- es dicha División quien le comunica al agente que se encuentra en condiciones de acceder al beneficio y en consecuencia cesar en el cargo.------ ------ En aplicación de la Teoría de los Actos Propios cabe colegir -razona- que si la División de Cómputos y Servicios es la que le informa al agente que se encuentra en condiciones de acceder al beneficio de la jubilación, es a posteriori de dicho acto administrativo que el agente debe "cesar" en sus funciones.- El "ardid" aludido por el I.S.S. y S. /// respecto de que no "cesó" en dicha oportunidad, y por ello no le adviene el beneficio, es arbitrario y desajustado a la normativa en vigencia.-------- ------ Se agravia asimismo del hecho que se explicite en la Resolución apelada, que aunque se hubieran reunidos los requisitos para jubilarse y, aún cuando se haya solicitado el beneficio, el mismo queda condicionado a las variaciones que efectúe el legislador. Considera inexacto y contrario a Derecho, que mientras el agente se halle prestando servicios y haya iniciado los trámites jubilatorios, tenga un derecho condicional, eventual o en expectativa-------- ------ Afirma que se está en presencia de un abuso de derecho por parte del I.S.S. y S., que no sólo le deniega el que por ley le asiste a jubilarse, conforme el art. 14 bis de la Constitución Nacional, sino que además ofende y agravia el principio de legalidad, y el Estado de Derecho. Se trata de una Resolución -manifiesta- claramente teñida de "conceptos fascistas" y alejada de las normas de Seguridad Social que rigen a los trabajadores.--- ------ Arguye la Sra. H. que al momento de efectuada la presentación -con fecha 19.03.2009- los arts. 101 y 102 de la Ley Nº VIII - 20 se encontraban vigentes dado que la Ley Nº V -124 fue sancionada con fecha 23-03-2009 y "promulgada" en el B.O. de la Provincia recién con fecha 30.03.2009. Por lo tanto -sigue- recién a partir de esta fecha quedó conocido por todos la eliminación de aquellos artículos, razón por la cual, la Resolución recurrida merece denominarse arbitraria toda vez que no se ha fundado en normas jurídicas que se encontraban vigentes al momento de efectuar el pedido del beneficio, "quitándole sustento como acto judicial" (¿? - fs. 17 in fine).- ///--- Trayendo a KELSEN en su Teoría Pura del Derecho alude a la norma como autorizativa de determinado comportamiento, explicando así su conducta: una norma la habilitaba no sólo a solicitar el beneficio sino a obtener la concesión del mismo, tal la que estaba en vigencia el 19 de Marzo de 2009.------- ------ Señala la recurrente que la Resolución apelada circunscribe la denegatoria a la ausencia de un acto administrativo que exponga el cese en sus funciones, cuando en la realidad y práctica habitual dicha situación de cesantía acaece -itera- en ocasión de tener derecho a la jubilación; y es por ello que aquélla no sólo carece de una fundamentación legal sólida sino que afecta sus derechos y garantías constitucionales.---------- ------ Si se hallaban reunidos todos los requisitos legales -argumenta- la Resolución denegatoria del beneficio se torna irrazonable, vulnera la seguridad jurídica, violenta el Principio de Legalidad y el de Justicia Social .- Aduna doctrina, parafrasea sobre la última (Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Maquiavelo, el Papa León XIII, Messner, Alberdi. cita la Ley de Contrato de Trabajo).------- ------ Finalmente, solicita que se revoque la Resolución recurrida, y que se le otorgue -"por encontrarse reunidos la totalidad de los preceptos legales a la fecha de presentación del pedido de concesión del beneficio"- la Jubilación Ordinaria en los términos de la Ley VIII - Nº 20 (antes Ley Nº 1820).- ------ II.- A fs. 34/37 el Instituto sostiene los actos administrativos apelados.------- ///--- Luego de relatar el planteo de la recurrente, en el Apartado IV desarrolla los antecedentes de hecho, mencionando que la Sra. H. se presentó el 19.03.2009, peticionando el beneficio de Jubilación Ordinaria Docente, en el marco de la Ley Nº 1820.- ------ Refiere que la mencionada ley fue el plexo normativo destinado a regular el Estatuto del Personal Docente dependiente del entonces Consejo Provincial de Educación, y en su capítulo XIX titulado "DE LA JUBILACIÓN" se ocupó del régimen de Jubilaciones y Pensiones del personal comprendido. De las cuatro disposiciones que conformaban el título, que se ubican entre el número 136 a 139, ambas inclusive, el legislador ocupó la primera, esto es la Nº 136, para establecer los requisitos de procedencia de la jubilación de los trabajadores docentes y la modalidad de determinación del haber inicial de la prestación; y el Nº 137 lo destinó a establecer las pautas vinculadas con la Reciprocidad Jubilatoria y a determinar en qué casos las disposiciones de la Ley Nº 1388 -Régimen General Jubilatorio vigente a la fecha de sanción de aquélla- resultaban aplicables al de los Docentes.----- ------ Ambos preceptos -afirma- desaparecieron del ordenamiento jurídico con la sanción de la Ley Nº 3923, que en su artículo 119 derogó, entre otros, los arts. 136 y 137 de aquella Ley Nº 1820. Consecuentemente, a partir del 1º de Enero de 1994, la regulación de la Jubilación para el Personal Docente ocupa un título en la nueva Ley de Jubilaciones, dejando de formar parte de la normativa propia del Estatuto del Docente.---- ------ Con la Ley Nº 5816 que aprobara el Digesto Jurídico de la Provincia -continúa- las disposiciones derogadas fueron incluidas por error, con el Nº 101 y 102, en la Ley Nº VIII - 20, que es la numeración que se le asignó a la entonces Ley Nº 1820. El error fue enmendado por la Honorable Legislatura mediante la Ley Nº V -124, cuyo art. 1º, en su /// parte pertinente establece: "FE DE ERRATAS, ELIMÍNANSE los artículos 101 y 102 del Texto Definitivo de la Ley VIII - Nº 20 (antes Ley Nº 1820) derogados por el anterior artículo 119 de la Ley XVIII Nº 32 (antes Ley Nº 3923)". Esta norma fue publicada en el B.O. el día 30.03.2009.---- ------ Pero, mientras los arts. 101 y 102 de la Ley N° VIII-20 formaron parte del Digesto Jurídico, antes de la Fe de Erratas aludida, la Sra. H. solicitó el beneficio de Jubilación Ordinaria, invocando estas disposiciones.------ ------ La pretensión fue oportunamente rechazada, con sustento en que durante el laspo de tiempo en que los artículos 101 y 102 formaron parte del Digesto, la Sra. H. continuó en actividad en relación de dependencia, situación que convierte en inconducente el análisis de las demás cuestiones que pudiera presentar el caso, tales como la eficacia jurídica de la inclusión de los mencionados artículos en la Ley N° VIII- 20, o si la presentante reúne los requisitos que aquélla normativa exigía para acogerse a la Jubilación Ordinaria Docente.----- ------ Manifiesta que no es esto igual a decir que se deniega el beneficio porque cuando lo solicitó no cesó en sus funciones, sino que lo que se impone es que el cese se acredite durante el lapso de vigencia de la norma cuya aplicación se pretende. El principio general en materia previsional reza que en orden a la Ley aplicable, el beneficio se rige por la ley vigente al momento del cese y se encuentra expresamente consagrado en la misma disposición al amparo de la cual la recurrente pretende obtener la Jubilación Docente. Transcribe el primer párrafo de aquel artículo 101 de la Ley Nº VIII-20.- Las excepciones a ese principio /// que menciona la norma -aclara- están referidas a los requisitos de procedencia que se vinculan con la edad, años de servicios, constancia al frente de grado y la regulación del haber de las prestaciones.- En todo lo demás, es aplicable la Ley Nº XVIII - Nº 32, en cuyo título "DE LAS DISPOSICIONES GENERALES", el legislador consagró que en el ámbito de esta ley es el "cese en la actividad", el hito que determina la consolidación del derecho a la prestación previsional. Transcribe los arts. 96 y 99.--- ------ Explica que, en este marco, el análisis de la petición de un beneficio invocando una norma que desapareció del ordenamiento jurídico, depende de que se acredite el cese en la actividad durante el lapso de vigencia, ya que es ésta la condición que hace a la norma aplicable al caso.---------- ------ Aclara el Instituto que en la práctica habitual el trabajador tramita el beneficio y espera a que el Organismo previsional le indique que reúne la totalidad de los requisitos, para decidir los pasos a seguir. Pero también es constante -afirma- y en absolutamente todos los casos, que el Organismo junto con esta comunicación le informa que el beneficio queda supeditado a la acreditación del cese en toda actividad en relación de dependencia y a la norma que rija entonces, proveyendo así de una información íntegra al interesado, que es quien corre con las consecuencias de ajustarse a este mecanismo. Comenta que así ocurrió en el caso que la recurrente trae como ejemplo. Lo que no dice ésta -resalta- es que en la Nota Nº 7145/09 dirigida a la afiliada L. I. Q. se lee: ". que el dictado de la resolución de otorgamiento de la prestación queda condicionado al cese definitivo en toda actividad en relación de dependencia (entendiéndose pública, nacional, provincial y/ o municipal) y a la ley vigente en ese momento, ." .----- ///--- Concluye en que es real que un trabajador que cree estar o reunir las condiciones para obtener el beneficio jubilatorio, aguarda la confirmación que emana de ese Organismo, en cuanto a hacerle saber que está en condiciones de obtenerla; razones de prudencia y seguridad personal justifican ese accionar. Sin embargo -continúa- tal gestión previa al cese, no ata el resultado de la concesión del beneficio al ordenamiento jurídico vigente al momento de efectuar esta tramitación. Ejemplifica.---- ------ Reitera que es el finiquito de su situación de actividad, el cese, la baja, el hecho que fija el marco jurídico en el que se debe resolver la pretensión jubilatoria, mientras la relación laboral se mantenga, no se tiene derecho a exigir la aplicación de determinada legislación. De ahí que resulta intrascendente verificar si la Sra. H. reunía los requisitos establecidos por la Ley VIII - Nº 20. Porque aunque se arribara a una respuesta afirmativa -aclara- la sola circunstancia de no acreditar la extinción de la relación laboral, hace que no sea una norma aplicable a su caso.------- ------ III.- Que a fs. 38 son girados los autos a dictamen del Sr. Procurador General, quien se expide a fs. 39 y vta.- Considera que en tanto la decisión del I.S.S. y S. rechazando la solicitud de jubilación ordinaria docente bajo el régimen de la Ley Nº VIII - 20 (antes Ley Nº 1820), sin avanzar -por inconducente y abstracto- en la verificación del cumplimiento por parte de la solicitante de los requisitos que estipulaban originariamente los derogados artículos de la Ley Nº 1820, resulta razonablemente fundada tanto en los antecedentes de hecho cuanto en el derecho aplicable al caso, la pretensión de la recurrente no puede prosperar.--------- ///--- CONSIDERANDO: ----- ------ Que conforme tiene sentado este Superior Tribunal en casos análogos (S.I. N° 162/90, 225/92, 25/94, 90 y 119/SCA/97, 31, 70/SCA/98, 55/SCA/00, 4 y 7/SCA/02, 56/SCA/05, 25/SCA/06, 15/SCA/07, 38 y 42/SCA/08, 19/SCA/09 entre otras) estos Recursos de Apelación Jurisdiccionales -en particular este referente al régimen previsional- es limitado y se satisface en la medida que constituya un control judicial suficiente de la decisión emanada del órgano administrativo, actuando el Tribunal, como de "derecho"; decidiendo sobre la aplicación de las normas jurídicas; poseyendo, asimismo, la facultad de revocar o anular aquella decisión, si no fuera suficientemente razonable o se apoyara tan sólo en la voluntad arbitraria o capricho de los funcionarios o implicara la denegación de defensa en juicio. Control que podrá ser más extenso o profundo según las modalidades de cada situación jurídica, previo análisis de los aspectos específicos que singularizan la materia litigiosa.------- ------ Que en este marco, se verifica la legalidad en el obrar del órgano competente, adjetiva -en cuanto a la garantía del debido proceso- ya que el Instituto debe acatar los principios esenciales del procedimiento administrativo, de carácter objetivo, que tiendan no sólo a la protección del interesado sino también a la defensa de la norma jurídica objetiva con el fin de mantener el imperio de la legalidad y la justicia en el funcionamiento administrativo (Conf. GORDILLO, Trat. de Der. Adm. T° II, XVII, 11 y sgtes. S.T.CH. S.I. N° 162/90, 9/92, 178/92, 190/92, 7/SCA/02 y otras) y sustantiva, en cuanto a la aplicación de las normas de fondo que rigen la cuestión en conflicto.- ------ Asimismo, debe recordarse que el Tribunal no debe expedirse sobre la concesión del beneficio previsional, sino verificar la legalidad /// en el obrar del órgano competente para resolver (conf. S.I. Nº 86/90, 159/92 y muchos otros. Conc. CS Fallos: 247:647).----- ------ Que la Sra. H. pretende la revocación de la Resolución por la cual el I.S.S. y S. le denegara la solicitud de jubilación ordinaria docente en el marco de la Ley Nº VIII-20 (antes Ley Nº 1820) en el convencimiento de que aquel acto administrativo no se ajusta a la normativa ni al procedimiento específico en materia jubilatoria en vigencia al momento de presentar su solicitud -19.03.09-, configurando de este modo un supuesto de arbitrariedad. Centra su reclamo en la falta de fundamentación legal del Instituto al requerirle el cese en su actividad en relación de dependencia, sin siquiera analizar los demás requisitos exigidos por la legislación, que dice, se encontraban cumplidos.------ ------ Al avanzar en su relato la recurrente refiere que la legislación aplicable es ésta que invoca (Ley Nº VIII-20 - antes Dto. Ley Nº 1820) porque a la fecha de su presentación los arts. 101 y 102 de la misma (antes 136 y 137) se encontraban vigentes.-- ------ Ha de recordarse que el personal docente de nivel primario, se encontraba exceptuado del Régimen General de Jubilaciones dado por el Dto. Ley Nº 1388 cuando se daban las condiciones que el Estatuto -Dto. Ley N° 1820- había previsto en el art. 136: 25 años de servicios docentes efectivos con aportes y de 10 años frente al grado.- En tal supuesto, la norma decía que la jubilación era obligatoria y sin límite de edad.- ///--- Que así fue, hasta la sanción de la Ley N° 3923 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 7 de Enero de 1994, con vigencia al 1 del mismo mes y año (art. 120) - que sustituye aquel Régimen General, deroga el Dto. Ley Nº 1388 y además, todo el capítulo del Régimen Jubilatorio que contenía el Dto. Ley Nº 1820, inclusive el precepto citado.- Lo hizo el art. 119 en su texto original (publicación antes individualizada), lo que se aclara porque luego, con dudosa técnica legislativa, posiblemente por estimarlo de efecto cumplido, el Texto Ordenado dado por Ley N° 4251 (B.O. del 7/1/97) lo suprimió.

------ Por reunir aquellas condiciones de excepción, como lo indican las constancias del Expediente Administrativo, y no contar con la edad y otras condiciones exigidas por el Régimen General, es que la apelante se aferra al Digesto que aprobó la Ley N° 5816 (ahora V-120) B.O. del 2/1/09, que por error trajo al texto de la Ley VIII-20 (1820) nuevamente estos artículos ya derogados. para el 30 de Marzo corregirlo explícitamente por Ley V-124 (B.O. del 30/3/09), y pretende la concesión del beneficio, que solicitó en el ínterin -19/3/09- aún cuando no cesó en la actividad.---- ------ Esto es, finca el derecho que reclama, exclusivamente en el "resurgimiento" que a su juicio opera el Digesto de normas derogadas, por así haberlo peticionado antes de su corrección.--- ------ Cabe remarcar no obstante, que en varias oportunidades y contradiciendo lo expuesto, en el escrito recursivo impetrado ante este Cuerpo, hace referencia a la Ley Nº XVIII -32 (3923), poniendo de manifiesto que no desconoce su vigencia y aplicación.

------ Así, en el parágrafo dedicado al "EXPRESA AGRAVIOS", menciona que ". recién cuando las constancias documentales obrantes en el Expediente iniciado a instancias del agente surge a criterio de la /// División Cómputos . que se encuentran reunidos los presupuestos legales de edad y años de servicios exigidos por la Ley XVIII Nº 32 (antes Ley Nº 3923) se le hace saber al agente que se encuentra en condiciones de tener derecho al beneficio .".--------- ------ Y más adelante se lee: ". a la vista de todos surge la arbitrariedad de la resolución hoy apelada en la cual ni siquiera se ha puesto de manifiesto si se encontraban reunidos o no los requisitos para acceder a la jubilación por parte de la suscripta. El explayarse sobre los mismos irremediablemente haría congruir que se me debe otorgar el beneficio de la jubilación ordinaria habida cuenta de que "se encontraban reunidos los requisitos legales previstos en la Ley XVIII Nº 32 al día 19 de Marzo de 2009, fecha en que presenté el formal pedido de jubilación".-- ------ Pero más allá de la confusión en la cual parece estar inmersa la Sra. H., lo cierto es que el "resurgimiento" de las cenizas que de normas derogadas que por lamentable error se efectuó por el Digesto, y cuya "operatividad" en la vigencia es harto discutible, es ocioso analizarla para el sub-lite.-- ------ Esto es así, pues no interesa la Ley vigente al momento de efectuar la petición, en tanto ésta -la solicitud- no "congela" la situación jurídica normativa.- Bien puede ocurrir, que entre solicitud y cese, antes o después del "aviso" al afiliado peticionante al que la recurrente refiere y admite el Instituto que normalmente acaece, de que se encuentra en condiciones de obtener un determinado beneficio, la preceptiva cambie.- Y si cambia, y muta algunas de las condiciones, y el cese aún no se hizo efectivo, habrá de esperar a cumplirlas.---- ///--- Ha de tenerse presente, que el marco normativo en que la apelante pretende amparo, está regulando las excepciones, pero como principio general ya estipulaba la aplicación del Régimen General (primera parte art. 136 - Ley N° 1820 original, o 101 al trasladarse al Digesto); y éste, en el título "DE LAS DISPOSICIONES GENERALES", prescribe que es el "cese en la actividad" el hito que determina la consolidación del derecho a la prestación previsional. Reza el art. 96: "Los afiliados que reunieren los requisitos para el logro de los beneficios que se instituyen por la presente Ley quedan sujetos a las siguientes normas: a) para entrar en el goce del beneficio deberán cesar en toda actividad en relación de dependencia.".- Y el art. 99 determina: "Para la tramitación de las prestaciones jubilatorias no se exigirá a los afiliados la previa presentación del certificado de cesación de los servicios, pero la resolución que se dicte queda condicionada al cese definitivo en la actividad en relación de dependencia y a la ley vigente a ese momento . . El beneficio se regirá por la ley vigente al momento del cese".--- ------ Este es el criterio seguido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que "el derecho a obtener la jubilación o retiro se objetiviza y consolida con el cese en el servicio (Fallos: 267:11; 276:255, entre otros), el cual subsiste aun frente a modificaciones o derogaciones posteriores, pues el cese determina, además, cuál es la ley aplicable (Fallos: 287:448; 291:350; 307:135, 710 y 1101, entre otros).-- ------ Coincidentemente, este Superior Tribunal en S.I. Nº 56/96, ha dicho que "el hecho generador del beneficio es el cese, según reiterada y monocordemente lo ha resuelto la Corte Nacional" (Fallos: 285:121, 305: 997, LL 151- 530, Rev. LL 28/9/95) y que: "quien deja de /// trabajar, consolida su situación en ese instante y la subsume para siempre en las normas vigentes a esa fecha" (S.I. Nº 213/94).- ------ En autos "KOSER." (S.I. Nº 56/SCA/97), corroboró este criterio: ". el derecho a obtener el beneficio jubilatorio, que constituye un derecho latente en expectativa, un derecho en ejercicio mientras se está en actividad, se concreta y consolida el día del cese de la prestación laboral. Nace en ese instante el derecho a la obtención del beneficio, se transforma allí en un derecho adquirido; y a los fines de la determinación de los beneficios jubilatorios rige la ley vigente al tiempo de operarse la cesación de la actividad ." (S.I. Nº 56/93, 20/94, 56/96 SCA). Señalando además que: ". el cese es el hito que determina la consolidación del derecho, que las Cajas reconocen o declaran al conceder u otorgar, acordando al acto efectos retroactivos al momento de aquél".--- ------ Por su parte, el Alto Cuerpo ha dicho en autos "MAROZZI." - (TySS, 1994, 475) ". El principio de que no hay derecho adquirido mientras el beneficio no es acordado, ha sido circunscrito por esta Corte, para aquellos peticionarios que permanecen en actividad . de modo que el derecho del empleado que cesa . queda fijado en lo sustancial por el hecho de la cesación . " (Fallos: 210: 808, 222: 122, 283: 161, 310: 241, 312: 2315 .).-- ------ Y, de acuerdo a la certificación emitida por el Ministerio de Educación, obrante a fs. 18 del Expediente Administrativo que corre agregado por cuerda, la Sra. H. continúa en actividad en relación de dependencia, como agente docente dependiente de aquél Ministerio.------ ///--- Por ello es que el análisis de la ultraactividad de los arts. 101 y 102 de la Ley Nº VIII-20 (antes Ley Nº 1820), que por error fueron incluidos en el Digesto Jurídico de la Provincia, carece de todo sentido toda vez que, en el hipotético caso que las mencionadas normas fuesen consideradas vigentes al tiempo de la presentación de la solicitud de la recurrente, la falta de acreditación del cese acaecido a esa época, las tornarían inaplicables.--- ------ Amén de lo cual conviene recordar a todo evento, que según lo tiene dicho el Cimero Tribunal de la Nación no existe derecho adquirido ninguno al mantenimiento de Leyes o reglamentos ni a la inalterabilidad de los mismos (CS Fallos 267:247, 268:228, 291:359, 308:119, 311:1213, 315:839, 318:1531, 321:2863, 323:3412, 325:2875, 327:5002, 329:1586 y muchos otros - STCH S.D. Nº 15/SCA/99).------- ------ A la luz de la jurisprudencia citada y en mérito de lo expuesto, el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia ha obrado conforme a derecho, y en consencuencia corresponde desestimar la apelación deducida y confirmar la resolución apelada.------- ------ Que conforme a lo dispuesto por el art. 46 de la Ley Nº XIII - 4 (antes Dto. Ley N° 2.200 -T.O. Dto Nº 138/99) procede regular los honorarios del profesional interviniente por la recurrente, aún cuando este tipo de proceso no genere costas.- Atento que el art. 7 del citado cuerpo legal, no ha previsto los mínimos para el trámite de Recursos Jurisdiccionales, corresponde, atendiendo los parámetros dados por el art. 5 de la ley citada, regular los honorarios en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300), con más el I.V.A. si correspondiere.-- ------ Por ello la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia;--------- ///-------- R E S U E L V E: ----- ------ 1º) NO HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por la Sra. M. H. (D.N.I. N° ********) ante el Superior Tribunal de Justicia, en contra de la Resolución Nº 1683/09 del Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut, la que se confirma.---------- ------ 2º) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. G. F. K. en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300.-) (Art. 5 y 7 de la Ley Nº XIII - 4 (antes Dto. Ley Nº 2.200 - T.O. Dto. Nº 138/99), con más el I.V.A. si correspondiere.---------- ------ 3º) REGÍSTRESE, comuníquese a la Procuración General, y notifíquese.----- Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo. José Luis Pasutti. Fernando S.L. Royer.

Recibida y Registrada en Secretaría el 19/05/10 Bajo el N° 15/SCA/10 .