marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recursos, recurso de casación, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: U., D.A. c/ U., D.I. y Otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-10

Es insuficiente el recurso de casación que se estructura sobre la base de típicas cuestiones de hecho y de prueba y de interpretación de normas del derecho procesal, excluidas, como tales, del ámbito excepcional de la casación, salvo la existencia de arbitrariedad o `absurdo´ que no son objeto de demostración concluyente.
Revocación de sentencia, alimentos, actualización monetaria, sentencia arbitraria, cuota alimentaria, doctrina de la arbitrariedad, costo de vida, inflación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el demandado en la causa G., S. M. y otro c/ K., M. E. A.  s/ alimentos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-20

Es arbitraria la sentencia que dejó sin efecto la actualización semestral de la cuota alimentaria fijada, con sustento en que ello violaba la prohibición de indexar deudas prevista por la ley 23.928, pues el tribunal de alzada no ponderó que al dejar sin efecto dicha actualización semestral conforme el costo de vida, sin fijar un mecanismo alternativo, disminuía al ritmo del proceso inflacionario el valor económico de la prestación alimentaria y de ese modo, abstrayéndose de la situación macroeconómica del país, juzgó la depreciación monetaria como un hecho incierto, forzando a la actora a iniciar periódicamente nuevos incidentes y a probar, en cada caso, que la prestación devino insuficiente (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite)
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, sentencia interlocutoria, cuestión firme, gravamen irreparable
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dinor S.A. s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-16

Dentro de los pronunciamiento equiparados a las sentencias definitivas a los fines del recurso extraordinario por arbitrariedad, se encuentran aquellos autos interlocutorios que pueden provocar un agravio de imposible o insuficiente reparación posterior y en esta directriz no cualquier inconveniente o perjuicio configura un agravio "irreparable", porque la lesión debe tener una dimensión singular, importante, significativa, de magnitud tal que por razones de indudable justicia exija quebrar el principio de que los autos no definitivos no son impugnables por el recurso extraordinario y en ese sentido las resoluciones judiciales concernientes a asuntos de procedimiento o a cuestiones de índole procesal previas a la sentencia definitiva, no son de modo alguno impugnable por la vía del recurso extraordinario, porque no causan en si mismas agravios irreparables al tener naturaleza eminentemente procesal.
Trabajadores de correos, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: SOTO, JORGE c/ ENCOTEL Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-06-07

Tiene naturaleza remuneratoria - similar a la propina - el rubro 'subvención por propaganda' que la caja nacional de ahorro y seguro abonaba a determinados trabajadores de encotel que actuaban como sus representantes en los términos del artículo 4 de la ley 21963.
Libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Granada, Jorge Horacio c/ Diarios y Noticias  S.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

El derecho de prensa, reconocido como derecho de crónica en cuanto a la difusión de noticias que conciernen a la comunidad como cuerpo social y cultural, requiere para su ejercicio que las restricciones, sanciones o limitaciones deban imponerse únicamente por razones definidas por la ley.
Encubrimiento, carnes, dolo eventual
Materia: PENAL
Carátula: GIMENEZ DE GARCIA DOLORES ISABEL Y GIMENEZ RAUL HUGO s/ ENCUBRIMIENTO EN HURTO DE GANADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-23

En el caso, el tema se encuentra gobernado, entre otras disposiciones, por la Ley 5435 y Decreto 205/3 (BO 12/02/97), normas que persiguen entre otros objetivos erradicar el cuatrerismo. El decreto citado, en su art. 6, establece: Las carnes provenientes de animales sacrificados o faenados en locales no autorizados oficialmente y los de procedencia dudosa, deberán indefectiblemente ser decomisadas y desnaturalizadas en la forma y manera prevista en la Ley 5435.

Estas normas excluyen todo tipo de excusa de los imputados y convence del carácter de encubridores -art. 278 CP- por lo cual fueron condenados, por cuanto se trata de normas que, precisamente por la actividad que desarrollan, no pueden ser desconocidas por ellos.

En otras palabras: en todo momento las personas que se dedican a la comercialización de carnes deberán contar con la documentación que acredite la intervención sanitaria de los organismos oficiales competentes (art. 3 Ley 5435), por lo que en el caso en estudio los imputados debían sospechar que la carne recibida sin la documentación requerida, provenía de un delito. En este sentido, la jurisprudencia tiene dicho que corresponde la aplicación de la figura de encubrimiento prevista por el art. 278 CP, si no se ha probado cabalmente el conocimiento cierto del origen espurio de los objetos secuestrados, pudiendo sí afirmarse que no pudo el procesado dejar de sospechar esa circunstancia, procediendo la aplicación de la figura del art. 278 CP; que la receptación de cosa de procedencia sospechosa prevista por el art. 278 CP admite solamente el dolo eventual, que puede ser deducido de las condiciones de la operación, de la calidad de las personas que reciben las cosas o de la naturaleza de los objetos y que de acuerdo con las circunstancias del caso, el art. 278 no exige la efectiva existencia de la sospecha del origen ilegítimo de los bienes, sino el incumplimiento del deber de sospechar.
Honorarios del perito, ley arancelaria, regulación de honorarios, pautas
Materia: COMERCIAL
Carátula: JORGE  L.  TOLOSA SA s/ INC. DE REVISION PROMOVIDO POR CAPANEGRA,CLAUDIA MARIANA Y OTRO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-13

El apartamiento del arancel profesional correspondiente al perito no genera por si solo un agravio, pues la validez de la regulación no depende únicamente de su sujeción a las escalas legales, sino de que su monto guarde proporción con la labor realizada, la cuantía de los intereses en juego y las remuneraciones que pudieran corresponder a los demás profesionales intervinientes en la causa.
Competencia contencioso administrativa, competencia civil
Materia: CIVIL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Lagoria, Pedro Arturo c/ Municipalidad de San José s/ Cobro Ordinario de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-08-28

En el caso, conforme a los términos de la demanda, el objeto de la pretensión interpuesta persigue la satisfacción de una suma de dinero, sin que se solicite la revisión o anulación de acto administrativo alguno ni se discuta el actuar de la administración en el ejercicio de atribuciones propias.

En efecto, sin perjuicio del carácter eminentemente administrativo de la relación que unía a las partes, la demanda incoada por el accionante debe encuadrarse en las normas del derecho civil y no administrativo.

En primer lugar, porque en el fundamento de la petición objeto de la acción no existe ninguna norma de derecho público vulnerada, es decir, no se reclama reparación a lesión alguna de derechos subjetivos de carácter administrativo otorgados por ley, decreto, ordenanza, etc., a favor del accionante de conformidad a lo preceptuado por el art.10 del CCA que establece como requisito fundamental para la procedencia de la acción contencioso administrativa de que exista una decisión que vulnere un derecho subjetivo.

En segundo lugar, de las constancias instrumentales glosadas a la causa surge que, el derecho de la actora conculcado por actos del poder administrador, se encuentra reconocido mediante Sentencia Definitiva Nº30/11, dictada por ésta Corte de Justicia, pronunciamiento que se encuentran firme, consentido y pasado en autoridad de cosa juzgada.

Que como consta en el instrumento público citado, el mandato como Concejal del actor feneció el 10/12/11; y la Sentencia reconociendo sus derechos data del 30/12/11. De lo que fácilmente se colige que el único derecho subsistente reconocido por el pronunciamiento es el pago de las dietas devengadas y no pagadas, por el tiempo que ilegalmente fue separado del cuerpo.

En consecuencia y en razón de la materia discutida -cobro de pesos- la competencia del fuero civil se impone, resultando este Superior Tribunal incompetente para entender en la causa en orden a lo establecido por el Art.204 de la Constitución Provincial y Art.1 del CCA.
Costas, partes del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Figini, Mabel c/ P.E.N. s/ amparo - medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-13

Solo quien es parte en un proceso puede ser condenado en costas, en virtud del principio objetivo de la derrota -art. 68 del CPCCN-; por lo que si la acción prosperó únicamente contra uno de los emplazados, es éste quien debe hacerse cargo de tales gastos causídicos.
Recusación sin causa, procedencia del recurso, recusación con causa, calidad de parte
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ L.E. FORNARI E HIJOS S.R.L s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-02-24

Se ha expresado que sólo actor o demandado tienen derecho a recusar sin causa (CApel.CC. Salta, Sala IV, Fallos Tomo XI, f° 262); que la interpretación que más se considera ajustada a derecho, es la que admite la procedencia de la recusación sin causa como la facultad que le compete tanto a actor como a demandado por una vez, única para cada una de las partes, en el juicio (CApel.CC.Salta, Sala II, Fallos Año 1989, f° 279; Id. Sala III, Año 1989, f° 204/217); que para poder recusar, es necesario tener legitimación procesal, sea como actor, demandado o tercero interesado (CApel.CC.Salta, Sala II, Año 1991, f° 157).
Sistema acusatorio, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Sihuin Valverde, Fortunato Jesús. s/ infr. art. 149 bis, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-31

En el ámbito local rige el sistema acusatorio y la inviolabilidad de la defensa en juicio - principios también derivados del art. 18, CN-, y la autonomía funcional y autarquía del Ministerio Público dentro del Poder Judicial, cuya función es la de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, velar por la prestación del servicio de justicia, procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social; y ejercer la acción penal pública como una función que le impone específicamente el artículo 4 del CPPCABA. (Voto del Sr. Juez José Osvaldo Casás).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, pena, salidas transitorias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: PRIOTTI, JUAN MARCELO c/  s/ RECURSO APELACION DECRETO DE FECHA 15/8/17-FLEXIBILIZACION DEL REGIMEN DE SALIDAS TRANSITORIAS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-28

La presente impugnación no ha de prosperar pues, más allá de la naturaleza del gravamen invocado, debe concluirse que las postulaciones del recurrente sólo revelan su mero disenso con lo dispuesto por la Alzada al confirmar la flexibilización del régimen de salidas transitorias sin hacer lugar a su pedido de cambio de modalidad (de acompañamiento por personal del servicio penitenciario no uniformado y no bajo tuición familiar solicitado por la defensa), cuestión propia de los jueces de la causa y no susceptible de ser revisable por esta vía, salvo arbitrariedad que no se advierte configurada en el caso, toda vez que el Magistrado fundamentó su decisión de confirmar la emitida por el Juez de Ejecución Penal exponiendo motivos que, se compartan o no, en modo alguno logran ser descalificados desde la óptica constitucional, al no demostrar el compareciente prescindencia de las reglas de la sana crítica racional, ni que las razones expuestas no resulten derivación razonada del derecho vigente.
Universidades, título profesional, Estado Provincial, facultades no delegadas, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: RELA#EZ, MIGUEL ANGEL s/ RECURSO DE APELACION     RESOLUCION DEL CONSEJO DE INGENIEROS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 374-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

Si bien la materia en litigio, en cuanto se refiere al ejercicio del Poder de Policía sobre las profesionales por parte de las provincias y a las facultades e incumbencias que otorgan las Universidades Nacionales a los títulos profesionales que ellas extienden, tiene estrecha vinculación con el derecho constitucional, resulta imprescindible que quien invoque "arbitrariedad" de sentencia, demuestre que los propios vicios imputados configuran una cuestión de esa jerarquía al descalificar el fallo como acto jurisdiccional válido.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Molina, Oscar José c/ Pryor e Hijos  S.R.L. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-22

Es equiparable a sentencia definitiva la sentencia que traduce un apartamiento del fallo firme que pretende ejecutar.
Contratos administrativos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Consorcio Barrio Cartero Bruno Ramírez c/ Municipalidad de Morón s/ Accidente de Amp. cuestión de comp. art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-06

Si bien los usuarios son considerados terceros en relación al contrato celebrado entre el concesionario de obra pública y el estado, resulta innegable que, desde el momento en que queda a cargo de aquéllos financiar la obra se singulariza en su favor una situación jurídica que genera una relación de derecho administrativo -pues está sujeta a normas de esa índole- entre ellos -en el caso, propietarios frentistas beneficiarios de la obra agrupados en un consorcio- y la autoridad. Siendo así, y al margen de la mayor o menor intervención que -de acuerdo a lo pactado- corresponda al estado en relación a la ejecución de la obra, las pretensiones que aquéllos usuarios intenten hacer valer contra la autoridad administrativa, sin propias de la competencia que, con carácter originario y exclusivo, la Constitución de la Prov. confiere a esta Corte (art. 149 inc. 3º; arts. 1º, 3, 28 inc. 3º C.P.C.A.), pues no cabe duda de la naturaleza del aludido vínculo ni de que la cuestión trata sobre la ejecución o cumplimiento de un contrato administrativo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, riesgos del trabajo, responsabilidad del empleador
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: SERVIN, José Miguel c/ MERIAL ARGENTINA SA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-22

La indiferencia de la empresa ante las consecuencias dañosas que de manera probable y previsible habrían de surgir en desmedro de la salud del empleado revela el comportamiento doloso al que alude la ley 24.557, toda vez que, tratándose de una empresa especializada para la producción de vacunas y/o elementos biológicos, la adopción de medidas de prevención debieron haber sido tomadas oportunamente, ya que no podía desconocerse la posibilidad de dispersión aérea de la bruce.
Segunda instancia, apertura a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Plana, Carlos c/ Consorcio  de  Exportación  Productores  de  San  Juan  S.A. y otros s/ Remoción  Directorio  y  Nulidad  de Asamblea - Legajo para Tramitar  Recurso Concedido con Efecto Devolutivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-08-31

La presentación invocando hecho nuevo y apertura a prueba no esta permitida cuando el recurso se ha concedido en relación (art. 275 C.P.C).
Derecho laboral, procedimiento laboral, derechos y garantías constitucionales, buena fe, costas, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: DOMÍNGUEZ LAZARO SANTIAGO c/ FLORES RITA VANESA Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-15

Ciertamente, toda condena en costas esta indisolublemente ligada al acogimiento o rechazo de la pretensión que se decide en la sentencia. La imposición de las costas tiene carácter constitutivo y genera un crédito a favor de quien triunfó en el proceso y nace la obligación que las impone, con el fallo que así lo determina.
Excarcelación, extradición
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MITARAKIS LOPES, Jorge Andrés s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-18

El arresto provisional establecido por el art. 10 del Tratado Interamericano de Extradición, confiere al sujeto pasivo la calidad de detenido con las garantías procesales que ese estado acuerda (arts. 376 y 379 del C.P.M.P. ) siendo procedente el pedido de soltura aunque no se haya recibido aún la solicitud formal de extradición.
Empleados públicos, cesantía, nulidad del acto jurídico, reincorporación, derecho a la carrera, policía, personal policial, destitución, actos jurídicos, acto administrativo, nulidad absoluta
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 214-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-14

En la Provincia de Santa Fe rigen normas constitucionales y legales que han desplazado la aplicación del principio general contenido en el artículo 1050 del Código Civil, del que surge que si el acto cuya nulidad se declara, modifica el desarrollo de una situación administrativa, la consecuencia sería que la situación afectada se reconstituye tal como hubiera sido si ese ilegítimo acto no se hubiese dictado jamás; lo que implica que debido a esos efectos retroactivos, la nulidad debería conllevar el reintegro del agente a su cargo, a partir de la fecha de la baja, e impondría considerar que él jamás dejó de proseguir su carrera. Principio que se aplica de no haber una regulación distinta o que el régimen de derecho público justificara otra solución.
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Juana N. c/ Empresa La Amistad SRL s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-13

Por ser extraña a toda idea de culpa, deviene insuficiente, para excusar la responsabilidad del acarreador, acreditar el cumplimiento de todas las precauciones y requisitos técnicos, que no hubo culpa del acarreador o que no se pueda precisar la causa del accidente (art. 184 C. de Com.).-
Recurso de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Agropecuaria Don Juan S.A. c/ Mº de Justicia -Inspección Gral. de Justicia- Dto. 67/96 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-15

Es privativo de los tribunales de la causa y ajeno al ámbito de aplicación del recurso de inaplicabilidad de la ley todo lo referido a la valoración de los hechos del expediente (conf. Fallos:

318:1161 in re "Video Club Dreams", 6/6/95, consid. 4º), procediendo dicho remedio exclusivamente para la fijación de doctrina legal (arts. 288 y 300 C.P.C.C.N.).
Competencia de paz
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Petraglia, Rolando Oscar c/ Sarapura, Luis s/ desalojo por intrusión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-15

Es requisito ineludible para determinar la competencia del juzgado de paz y la oportuna viabilidad de la demanda, la causal por la cual se acciona por desalojo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Demanda, denegatoria del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: Chain, Farid. c/ Iglesias, José Natalio. s/ Cumplimiento de obligación de dar y subsidiariamente Cobro de Pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2003-12-24

La recurrente no ha probado el presupuesto de hecho invocado como fundamento de su pretensión, esto es, la supuesta obligación de dar respecto de Ello hacia su parte, con relación a quien el mismo resulta ser un tercero, ajeno al negocio jurídico que habría existido eventualmente, con Iglesias (arg. arts. 1161, 1162, 1197 y cctes. Cód. Civil).

En principio, una persona no puede tomar intervención en los negocios de otra para celebrar contratos en nombre de ella, sin estar autorizado por él, o sin tener por la ley su representación (art.1161, 1ra.parte, Cód. Civil). Como lo dice Salvat, ..."yo no puedo, en nombre de otra persona, celebrar un contrato para constituirla en acreedora o deudora de una suma de dinero o de cualquier otra cosa, sin tener la representación de ella".

La ley deja a salvo el caso de representación, supuesto en el cual los actos jurídicos realizados por el representante en los límites de sus facultades se consideran hechos por el propio representado (art. 1946, Cód. Civil; Salvat-Acuña, Derecho Civil Argentino -Fuente de las Obligaciones, t. I, p 233), supuesto este ausente en el caso, desde que el actor no ha probado que Iglesias hubiere estado autorizado por Ella o tuviere su representación, para asumir la obligación objeto de autos.

En virtud de lo dispuesto por el art. 377 del CPCC, incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido (Palacio, Derecho Procesal Civil, t. IV, cuarta reimpresión, p. 361/362).

La actora recurrente no ha probado en autos por ningún medio de prueba, que en virtud del instrumento acompañado o de algún otro título que sirva de causa a la obligación, los accionados resulte obligados hacia su parte, por lo que la demanda ha sido bien desestimada. Los agravios, en consecuencia, no han logrado conmover los fundamentos del fallo impugnado, el que por ello debe ser confirmado.
Derecho electoral, sistema electoral, leyes de facto, ley derogada
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: FERNANDEZ, FACUNDO s/ AUTO 902/2011 DEL EXCELENTISIMO TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA FECHADO 5/12/2011-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-06-03

Aún considerando que el decreto 9280 del poder de facto recobró vigencia a través de la referencia supletoria formulada en el artículo 23 de la ley 10524 (Ley de Lemas), la sanción de la ley 12367 (Ley de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) despejó cualquier duda en orden a su derogación y lo hizo de modo expreso, sistemático, histórico y orgánico, consagrando un sistema radical, y configurando lo que en la teoría general se ha dado en llamar un supuesto de derogación orgánica, esto es, la derogación de todas aquellas disposiciones que, se las mencione implícita o explícitamente, son propias de un sistema anterior que ha sido totalmente sustituido y reemplazado por otro nuevo y diverso (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P,de P.A.N. c/ P.C.R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-04

Resulta atendible el agravio del recurrente por la "globalidad" con que ha sido determinada la cuota alimentaria para su esposa e hijo en tanto a partir de lo previsto por el art. 1306 del Código Civil no puede privársele, a partir de la indeterminación que tal globalidad crea, de la posibilidad imputatoria que tal norma le brinda para hacerla valer en el momento en que se disponga la separación de bienes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)