marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, competencia por la materia, prórroga del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Camero Jorge Horacio s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

Los arts.227 y 228 introducidos al Código Civil por la Ley 23515 contemplan solamente aquellas acciones originadas en el matrimonio separación, divorcio, alimentos, entre otras conexas- pero en nada han variado la previsión de los arts.90,inc.7 y 3284 de dicho Código que mantienen plena vigencia por tener atinencia a un proceso universal en el que se ha dado preeminencia al último domicilio del causante como determinante de la jurisdicción en que habrá de tramitar el sucesorio. Además aquellos preceptos de la Ley 23515 no contemplan un único domicilio legal sino distintos alternativos que hacen no equiparables esas situaciones, que tienden a determinar la competencia territorial con el instituto previsto por el art.90 ya citado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), mantenimiento del recurso, plazos procesales, radicación del expediente, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: KRATZER INGOLD, SILVINA P. s/ Sistema integrado de  jubilaciones y pensiones, incidente de apelación del procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-25

Si bien el plazo de tres días para mantener el recurso, tal cual prevé el art. 451 del Código Procesal Penal, debe computarse a partir de que las actuaciones tienen entrada en la Alzada, toda vez que verificar el momento y el tribunal en que las actuaciones de apelación tienen entrada resulta una carga que, en la práctica, puede ocasionar perjuicios al ejercicio de la defensa, aquel plazo debe computarse a partir del día siguiente a que los recurrentes sean notificados por cédula de la radicación de la causa en la sala interviniente (en el caso, se había declarado la deserción del recurso por no haberlo mantenido en dicho plazo).
Dictamen fiscal, sentencia condenatoria, homicidio calificado por el vínculo, atenuantes extraordinarias
Materia: PENAL
Carátula: Ponces, Rebeca Abigail c/  s/ causa con imputados
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2018-08-21

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara respecto de la autoría material, está acabadamente probado que quien dio muerte a la infante fue su madre, la acusada, por lo cual cabe declararla autora material y penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación en los términos del art. 80 inc. 1° y último párr., del CP e imponerle la pena de ocho años de prisión.

Fuente del sumario: SAIJ
Indemnización por muerte, valor vida, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Gutierrez, Imelda Margarita y Cardozo, Eduardo Ariel c/ Osuna, María Fabián y Otro s/ Ordinario (recaratulado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-06-24

Dadas las características del daño reclamado en concepto de pérdida de chance o "valor vida", el fallecimiento del propio reclamante tendrá incidencia -como hecho modificativo de la pretensión inicial, sobreviniente a la presentación de la demanda, valorable con los alcances del art. 160 inc 6º CPCC- en la cuantía a conceder por el mismo pues, desde el fallecimiento del propio damnificado y hacia adelante, no existirá más chance de asistencia que resarcir. (Del voto de la mayoría).
Vocación hereditaria, hijo extramatrimonial, aplicación de la ley, irretroactividad de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: MALDONADO DE MAGLIOLO, Argentina s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-28

La nota al artículo 3282 del Código Civil es terminante en cuanto a que la fecha del deceso del de cujus cristaliza la cuestión relativa a la ley aplicable respecto de la vocación hereditaria, su cuantía, extensión y modo de concurrir. Por ende, y si bien la ley 23.264 estableció la concurrencia igualitaria de los hijos extramatrimoniales con los matrimoniales, se advierte que ésta sólo puede regir en aquellas sucesiones abiertas a partir del 1 de noviembre de 1985, sin que corresponda retrotraer su aplicación a supuestos en los cuales, el juicio sucesorio de una persona fallecida con anterioridad, se hubiere iniciado luego de su entrada en vigencia.
Accidente de tránsito, culpa civil, presunciones, riesgo recíproco
Materia: CIVIL
Carátula: DE LA IGLESIA FELIX ANTONIO c/ CAMPORA ERNESTO s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-13

Conforme a la teoría de las presunciones concurrentes de causalidad, en la colisión plural de automotores, la sola circunstancia de la existencia de un riesgo recíproco no excluiría la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1113, párrafo segundo, del Cód. Civil. Sin embargo, otras normas que son las que regulan el tránsito, concurren para extraer presunciones diversas que agravan la situación del conductor del rodado de propiedad del demandante, como cuando otorgan prioridad de paso al automotor que viene circulando por una avenida (art. 21 del Cód. de Tránsito) y además quien intentó el cruce resultó ser el embistente.
Allanamiento, testigo presencial, medidas de seguridad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: NUÑEZ Alejandro L. s/ tenencia de armas de guerra, explosivos y   robos reiterados Causa  nro. 10.866
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-15

Elementales razones de prudencia y seguridad exigen que los testigos de un allanamiento ingresen al lugar cuando se encuentra garantizada su seguridad personal. Luego de identificar los objetos que en encausado arrojara, inviten al testificante a observarlos.

Este proceder no resulta extraño, pues el recaudo fue atendible a fin de salvaguardar su integridad física. Además el testigo afirma que los objetos fueron hallados en el lugar en el que se desprendieran de ellos, no habiendo siquiera insinuado irregularidad alguna por parte del personal policial actuante.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, sustitución del depósito
Materia: LABORAL
Carátula: Cabrera, Ernesto Oscar c/ Miglierina Ignel Clemente y ots. s/ Indemnización daños y perjuicios por accidente de trabajo Simón, Alejandro c/ Empresa Social de Energía de Bs.As. S.A. s/ Indemnización accidente de trabajo, ley 9688 Suárez, Pedro c/ Norvial S.A. s/ Ejecución de resolución administrativa. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03|1993-12-21|1996-03-05

Si bien el art. 56 del decreto ley 7718 permite solicitar autorización para sustituir el depósito en dinero por su equivalente en títulos o valores de la Nación o de la Provincia, no libera al recurrente de la carga de efectuarlo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la orden del Tribunal que dictó el fallo impugnado y al tiempo de interponer los recursos, por lo que, en el caso, el certificado que da cuenta de los Bonos Externos depositados en custodia en una caja de valores no cumple con tal formalidad. (art.

65 del decreto ley citado; art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia contencioso administrativa y tributaria, Derecho constitucional, acción de amparo, legitimación procesal, asociaciones sindicales, objeto social, derechos de incidencia colectiva, derecho a la salud
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asociación Gremial Interdisciplinaria Hospital Moyano c/ GCBA s/ amparo - salud - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

Para ser considerado "parte" en un proceso judicial, el interesado debe demostrar además que tiene un "interés especial" en la causa; esto es, que persigue la determinación de un derecho debatido en "concreto", porque el resultado de lo que se decida le afectará en forma "directa" o "sustancial"; en otros términos, que cuenta con un "interés jurídico suficiente" para estar en juicio {Fallos 306:1125; 308:2147; 310:606; 331:2287). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Prescripción de la acción penal, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: SERRA HERNAN s/ PRESCRIPCIÓN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-17

Corresponde revocar la resolución que dispuso la prescripción de la acción penal para el delito de violación de los deberes de funcionario público previsto en el art. 249 del C.P.E. ya que en aplicación del art. 67 del cuerpo legal se suspende la prescripción de la acción mientras el imputado continúe desempeñando un cargo público conforme acontece en el presente expediente. En este sentido, el imputado continuó desempeñándose en el mismo organismo en el cual se cometieron los hechos investigados autorizando como médico prestaciones a personas que se encontraban fallecidas; lo cual es un supuesto inexorable a los efectos de aplicar la suspensión de la acción referida y fundada en la posible influencia del funcionario para obstaculizar la investigación.
Tercería de dominio, bienes muebles, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reale Paulino y Ots. en J: Bellitti Rosa c/ Miguel A. Reale s/ Tercería de Dominio (LIBRO: a120 - 431)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-11-09

La tercería de dominio implica la reivindicación de la cosa embargada, y como tal, solo es apoyable en la propiedad cierta de los efectos que corresponde, requiriendo por ende, para su procedencia, que el tercero tenga el dominio indubitable de la misma. El tercerista debe, entonces, destruir la presunción contraria a su derecho derivada del art. 2412 del C.C., pesando sobre él el "onus probandi", debiendo ser la prueba aportada categórica, de modo que no deje duda en el ánimo del Juzgador de que no se encuentran frente a una maniobra destinada a burlar el cumplimiento de actos jurisdiccionales, en virtud de aquella presunción de propiedad, el demandante debe justificar, plenamente, el dominio que invoca, porque al embargante le es suficiente la posesión del embargo
Empleados de banco, bancos provinciales, competencia laboral
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: GIL, SILVIA NELIDA c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-30

Fundada la demanda en normativa laboral y conforme lo resuelto reiteradamente por la C.S.J.N. respecto a que sólo cabe apartarse de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo cuando lo justifiquen razones de índole constitucional que excluyan el ejercicio de la jurisdicción en determinado ámbito (Fallos 210:404;

etc.), no existe razón para apartarse de este principio general porque la accionada sea una entidad bancaria provincial (en el caso Banco de la Provincia de Río Negro), que de ninguna manera puede asimilarse desde el punto de vista constitucional, a la provincia a la que pertenece.
Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, facultades del directorio, Régimen Jurídico Básico de la Función Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Couso, José Francisco y Otros c/ E.N. (Mº de Defensa) s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-18

Resulta de aplicación al caso de autos lo claramente preceptuado por la ley 22.919 -Ley orgánica del Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares- y su decreto reglamentario 3019/83. Este último, precisamente prescribe en su art. 7, que "es misión del Directorio... disponer los nombramientos, promociones y separaciones del personal del Instituto, ajustando su cometido a las Normas Jurídicas Básicas para el personal de la Administración Pública".
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez, Jorge Alberto c/ Afonso, Jorge s/ Cobro ordinario de australes - Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-30

La absolución de posiciones fictamente efectuada produce plena prueba, aunque no exista prueba corroborante, pero siempre que sus conclusiones no resulten desvirtuadas por otros elementos.-
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lopez Moreno, Ernesto c/ Intermar S.A. s/ Ejecución de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

La pretensión de sostener por vía de excepción de inhabilidad de título, la invalidez del contrato de locación que sirvió de base para el título ejecutivo, excede el marco de posibilidades que dicha norma otorga, por cuanto la excepción en cuestión debe limitarse a las formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Nulidad de sentencia, reglas para dictar sentencias, ofensas cometidas por medio de la prensa, delito reiterado, falta de pronunciamiento expreso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cherashny, Guillermo J. s/ Nulidad de Sentencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Corresponde declarar la nulidad de la sentencia por clara transgresión al inc. 5to.) de la regla cuarta del art. 495 del C.P M.P. , si acusado el imputado por el delito de injurias vertidas por la prensa, reiteradas, el juez luego de analizar los hechos solo tiene por lesivas para el honor algunas de las publicaciones cuestionadas, adoptando con respecto a ellas un pronunciamiento condenatorio, pero sin dictar fallo por los demás hechos atribuidos, ya que se trata de una violación formal sustancial (art. 509 ibídem) que acarrea nulidad, declarable de oficio e insusceptible de saneamiento en la alzada, pues ha impedido a la parte interesada abrir la vía recursiva sobre los hechos omitidos, debiendo procederse de conformidad al art. 511 del C.P.M.P.
Obligación tributaria, hecho imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Cic Trading  S.A. c/ E.N.  (D.G.I.) s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

La obligación jurídica en el caso del impuesto nace cuando se produce el hecho imponible establecido por la ley, independientemente del momento de su pago.
Acto administrativo, presunción de legitimidad, medida de no innovar
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Belt  S.A.  y otros c/ D.N.A. s/ Rec. de apelac. - Juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-15

La prohibición de innovar supone un remedio procesal que debe ser aplicado con carácter restrictivo, principio que adquiere mayor vigor en los litigios contra la administración pública, o sus empresas, en virtud de la presunción de validez de que están investidos prima facie los actos de los poderes públicos.
Policía del trabajo, acta de infracción, multa administrativa, revisión judicial de actos administrativos
Materia: LABORAL
Carátula: SOUSA DIAZ, DAVID Y GONCALVEZ, ANTONIO DA CRUZ s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-24

A los efectos de resolver sobre el tope de apelabilidad del artículo 11 de la ley 18695 tratándose de presuntas infracciones detalladas en la misma nota, siendo una sola la sumariada, debe considerarse el monto total de la multa en su conjunto. Ello, sin perjuicio de que posteriormente, la jurisdicción analice por separado la procedencia o improcedencia de cada infracción en caso de no ser idénticas. La validez de los procedimientos administrativos, en especial cuando se trata de aplicar sanciones de naturaleza penal, se encuentra supeditada a que las leyes dejen abierta la posibilidad de suficiente revisión judicial (Conforme CNAT., Sala 4, sentencia interlocutoria 456, 30 de junio de 1981, 'Costera Criolla SA.'; CSJN., 16 de junio de 1977, 'Oscar R.

García', Fallos 298:92 y 95; 247:646; 253:485; 255:354; 267:97).
Reclamación de la filiación, deberes del juez, perspectiva de género, acceso a la justicia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M. F. A.  c/ A. D. A.  s/ reclamación de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-10-20

Es mi deber como Jueza juzgar con perspectiva de género, conocer de la existencia de las barreras de acceso a la justicia y la responsabilidad de garantía que de suyo tenemos los jueces y juezas. El estar sometidos al imperio de la ley y además entender que la misma dispone garantizar los derechos a todas las personas sin distinción, coloca a la magistratura frente a la necesidad de reconsiderar el contexto desde una dimensión más holística e integradora, ayudándose entre otros mecanismos de análisis, por la metodología de la interseccionalidad, que específicamente pone en evidencia las múltiples discriminaciones que concurren en un individuo o colectivo.
Non bis in ídem, imputación objetiva, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: Aldana Aldana, J. A.  c/  s/ encubrimiento y otros - procesamiento y embargo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-05

A efectos del principio de non bis in ídem, el concepto de identidad de hecho implica la existencia de una triple identidad: identidad de persona, identidad de objeto e identidad de causa de persecución y en caso de falta de alguna de ellas, no regirá el principio. Se trata de impedir que la imputación concreta, como atribución de un comportamiento determinado históricamente, se repita, cualquiera sea el significado jurídico que se le ha otorgado, en una y otra ocasión, para calificar la imputación o designar el hecho.
Intervención de terceros, intervención voluntaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Cintoplom  S.A. c/ Bruzos, Gustavo Héctor s/ Nulidad de marcas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-18

La intervención voluntaria se configura frente al ingreso espontáneo de un tercero a un proceso que se encuentra pendiente; y la ley procesal que reglamenta esta institución distingue entre la intervención adhesiva simple o coadyuvante y la intervención adhesiva litisconsorcial (conf. Morello, A. M. - Sosa, G. L. - Berizonce, R. O., "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Comentados y Anotados", t. II-B, ps. 378 y ss., Abeledo -Perrot, Buenos Aires, 1985; CNCiv., Sala F, 25-6-82, LL, 1982, v. D.p.167). La primera aparece legislada en el art. 90, inc. 1 del ordenamiento procesal, y aprehende los casos en que la sentencia puede afectar el interés propio del interviniente. La segunda, llamada también intervención autónoma, se encuentra reglada en el inc. 2 de la misma norma del derecho sustancial, el tercero habría estado legitimado para demandar o ser demandado (CNCiv., Sala C, 25-11-75, ED, v. 66, p. 189; LL, 1976-A, p. 492, 33.213-S).
Pena privativa de la libertad, libertad condicional, observancia de los reglamentos carcelarios, informe de establecimiento penitenciario
Materia: PENAL
Carátula: A., J. s/ Libertad condicional (Expte Nº  208-99, Resolución Nº  157, Tomo 5,  Folio 261)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-22

Procurando verificar cómo se insertan las nuevas normas en el marco regulatorio de la libertad condicional, ha de recordarse que para estudiar la procedencia de un pedido de liberación condicional, conforme al Código Penal ha de atenderse a la satisfacción de dos exigencias sustanciales: el cumplimiento de los términos de encierro fijados por la ley penal, y la observancia en forma regular de los reglamentos carcelarios. Se agrega a lo anterior, sin embargo, la necesidad de producir en el trámite del pedido de libertad un informe de la dirección del establecimiento. Aquí es donde se presenta la innovación de la ley 24.660, ya que en su artículo 28 señala que el mismo debe ser expedido por el organismo técnico-criminológico y el consejo correccional del establecimiento, según ley 24.660. La cuestión atinente a la naturaleza de la información en cuestión, parece haber suscitado al menos confusiones, percibiéndose reiteradamente que la autoridad administrativa ha considerado que constituye un verdadero dictamen u opinión sobre la procedencia de la libertad peticionada. Ha de precisarse sin embargo, que ello es incorrecto; que no se trata de un dictamen que deba expedirse sobre la pertinencia o impertinencia de la procedencia de la libertad peticionada, ni una opinión que deba volcarse sobre su conveniencia o inconveniencia. Que es lo que con precisión señala el Código Penal: un informe, es decir, un anoticiamiento de datos, y no otra cosa.
Conflicto de poderes, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Senadores Agüero, Jorge Edgardo y Otros c/ Poder Ejecutivo s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-03-11

Si el proceso de ha extinguido por sustracción de la materia litigiosa corresponde imponer las cosas por su orden en tanto no existen ni vencedores ni vencidos y aquella sólo configura una forma de extinción anómala del proceso que no ha sido prevista expresamente por el legislador.

Como el conflicto de poderes se produce entre órganos o departamentos de la provincia, en la mayoría de los casos debe imponerse por el orden causado a pesar de que pueda haber "vencedor y vencido" habida cuenta que es la misma persona de "derecho." el que va a cargar las costas, verbigracia, en el caso que nos ocupa, las costas siempre las va a pagar el Estado provincial, ya sea el Senado o el Poder Ejecutivo. (Conf. PUIGDELLIBOL, María Soledad, "Conflicto de Poderes", Pág. 138).

(Del voto ampliatorio del Dr. Cáceres)
Querellante, derecho al recurso
Materia: PENAL
Carátula: Leyes, Néstor Roberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-12

El querellante no puede recurrir la sentencia absolutoria cuando haya omitido formular requerimiento de elevación a juicio. La disidencia sostuvo que, ante el mantenimiento de la acusación en la etapa de debate por parte del fiscal general, los planteos agraviantes del querellante no se tornarían fútiles, sino que, eventualmente, podrían derivar en una sentencia de condena, pues la pérdida de los derechos directamente relacionados con la posibilidad de alegar en la etapa final del debate no acarrea su apartamiento en el rol de acusador particular. (Dres. González Palazzo -en disidencia-, Hornos y Diez Ojeda).
Seguros, seguro marítimo, seguro de protección e indemnidad, incumplimiento del contrato, falta de certificado de garantía
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARMADORA RIO DE LA PLATA SA c/ LA BUENOS AIRES CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

En lo concerniente a la falta de otorgamiento de garantías, la apelante no consigue enervar las razones -apoyadas en abundantes evidencias que cita -expresadas por el a quo en el considerando IV de su sentencia, referentes a que la actora no probó su afirmación de que la obligación de suministrar tales fianzas surge de los usos y costumbres vigentes en la materia y, como surge de la lectura de la nota del 29.8.88, de los numerosos telex obrantes y del informe del Instituto Nacional de Reaseguros, la actora realizó las gestiones concernientes a la aplicación de las coberturas pactadas directamente ante el Club Pandi y solo pidió la intervención del Inder y de la demandada -por medio de aquélla nota -a fin de que intercedan ante aquél para que otorgue la carta de garantía. En tales condiciones, al no existir las obligaciones contractuales por cuyo incumplimiento se reclama en la demanda, no se advierte que la accionada haya incurrido en falta alguna por la que deba responder.