Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-05-08


NEUQUEN, 8 de mayo de 2008.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ PIANCIOLA LUIS ALFREDO S/ APREMIO", (Expte. Nº 352292/7), venidos en apelación del JUZGADO DE JUICIOS EJECUTIVOS N° 1 a esta Sala II integrada por los Dres. Isolina OSTI de ESQUIVEL y Federico GIGENA BASOMBRIO, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Norma AZPARREN y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Isolina OSTI de ESQUIVEL dijo:

I.- A fs. 21/22 vta. se dicta sentencia de trance y remate, rechazando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado, con costas a su cargo.

Contra dicho fallo apela el accionado expresando agravios a fs. 26/27, que no son contestados por la contraria.

II.- Entiende el apelante que no se han considerado adecuadamente los fundamentos esgrimidos al interponer la excepción de inhabilidad de título, habiéndose omitido además ordenar la prueba solicitada por su parte. Reitera que el vehículo fue vendido, conforme surge de la denuncia de venta acompañada a autos y por lo tanto el mismo no se encontraba en su poder, ni el 17 de enero de 2005 ni el 19 de enero del mismo año.

Efectúa citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales a favor de su posición y expresa que el A-quo no ha advertido que la falta de legitimidad que se plantea torna inhábil el título, efectúa otras citas jurisprudenciales y pide se haga lugar a la apelación deducida con costas a la contraria.

III.- La suscripta ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de la cuestión a estudio en los autos "MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ JAUREGUI AUTOMOTORES S. A. S/ APREMIO", (Expte. Nº 300853/3) y también en autos "MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ CHIOCCONI EDUARDO ANTONIO S/ APREMIO" (Expte. Nº 181-CA-2) por lo que manteniendo el mismo criterio expresado en sendas causas, estimo que corresponde efectuar los mismos fundamentos allí esgrimidos:

Así, el título base de la ejecución lo constituye la sentencia del Tribunal de Faltas que luce a fs. 2 de autos. De la misma surge como imputado el demandado y, además, que fue comunicado legalmente de la infracción, no habiendo comparecido en el término legal establecido, con lo que se tuvo por acreditada la autoría material de la falta, siendo el acusado responsable de la violación de las normas de tránsito, circulación y estacionamiento. De ello se infiere que el demandado tuvo oportunidad de cuestionar su autoría ante el Tribunal Administrativo y no lo hizo. Por otra parte en dicha sentencia no se sanciona al titular del vehículo, sino a la persona infractora a quien se tiene como autor del hecho incriminado, por lo que no corresponde aquí entrar en la discusión de quien es o no titular del vehículo con que se cometiera la misma, máxime que el demandado tuvo oportunidad de aclarar dicha situación en ocasión del procedimiento administrativo que se tramitara.

Por tales razones cuestionar en esta instancia la causa de la obligación, deviene improcedente teniendo en cuenta el limitado marco de discusión que admite el proceso de juicio ejecutivo, siendo que, por otra parte, puede ocurrir, si fuere del caso, conforme lo establecido en el art. 553 del CPCyC.

La falta de legitimación de la imputación de un hecho que resulta sancionado, no corresponde probarla por medio de documentos que acrediten la titularidad del medio por el cual el hecho se concretara.

Respecto del tema esta Cámara tiene resuelto que: "El juicio ejecutivo es un procedimiento abreviado donde se efectúa una investigación limitada a la verificación del cumplimiento de los recaudos formales del título. El artículo 544 inc. 4, C.P.C.y C. establece que en la excepción de inhabilidad de título el conocimiento se limitará a las formas extrínsecas de éste, sin que pueda discutirse la legitimidad de su causa (P.S. 1994-II-208/14, Sala I; P.S.1994-I-226/31, Sala I; P.S. 1993-III-431/34, Sala I, entre muchos otros). La discusión sobre lo sustancial, sobre la legitimidad de la causa, la buena o mala fe del ejecutante o cualquier otra articulación de la misma naturaleza habrá de quedar reservada para un juicio ordinario posterior (art. 553, Código Procesal), en el cual se posibilita un amplio debate y en el que podrán hacerse valer todas las defensas vedadas en el ejecutivo (P.S.1993-III-431/34, Sala I, P.S.1996-I-1/3, Sala I, CC1 NQ, CA 877 RSD-1-96 S 1-2-96, Juba).

Por otra parte el título que aquí se ejecuta constituye un acto administrativo que goza de los requisitos extrínsecos que hacen a su constitución y a su ejecución.

En tal sentido goza de la presunción de legitimidad y de que existieron los supuestos de hecho necesarios para su dictado, los que no han sido objetados, de manera alguna, en la etapa prevista para ello, cual es la del procedimiento administrativo que necesariamente ha sido instruido por la Municipalidad de Neuquén a través del Tribunal Municipal de Faltas.

Además, los argumentos de un acto administrativo se presumen legítimos, siempre que no se produzca la demostración cabal de que se encuentran viciados, y en el caso de autos el demandado sólo ha argumentado que no le corresponde el pago de la multa porque a la fecha de la contravención había efectuado la denuncia de venta del vehículo, argumento que nada tiene que ver con la motivación y fundamentación del título de fs. 4, ya que no se lo condena por ser titular del dominio, sino por ser autor material de la falta y responsable de la violación de las normas de tránsito, circulación y estacionamiento. Es decir que se efectuó una imputación de carácter personal, y surge del mismo título que, notificado luego de constatada la infracción, no compareció en el término legal establecido, y esa y no otra era a mi entender, la oportunidad para efectuar el descargo correspondiente y probar que no era el autor material del hecho incriminado.

Al respecto se ha resuelto: "Si el actor ataca la presunción de legitimidad de un acto administrativo le corresponde probar todo lo concerniente a su ilegitimidad." (SCBA, B 50588 S 17-10-90, Juba). Y también: "Si bien es cierto que el procedimiento administrativo no exige los recaudos formales del proceso civil, no lo es menos que, frente a la presunción de legitimidad de todo acto administrativo, es razonable exigir -a quien lo cuestiona-, que pruebe la verdad de sus afirmaciones (art. 375, CPCC)" (CC0203 LP, B 73694 RSD-176-92 S 6-8-92, Juba).

Por otra parte no surge del título que se ejecuta que la condena le haya sido impuesta al demandado por su carácter de titular registral del vehículo, sino por ser autor del hecho que constituye contravención.

No habiendo el demandado cuestionado la sanción en el proceso administrativo, estimo que no puede en esta instancia cuestionar la causa de la obligación, quedando abierta en su caso la vía prevista en el art. 553 del CPCyC. Además. "El proceso contencioso administrativo no se encuentra estructurado como una vía opcional sino como la única vía idónea para someter a juzgamiento ante el tribunal competente las cuestiones que se relacionan con la legitimidad del acto. (SCBA, Ac 62471 S 21-4-98, Juba).

Por las razones expuestas y disposiciones legales citadas propongo al Acuerdo la confirmación del fallo apelado, con costas a cargo del apelante vencido, debiendo regularse los honorarios de Alzada conforme las pautas del art. 15 L.A.

Tal mi voto.

El Dr. Federico Gigena Basombrío dijo:

Teniendo en cuenta los términos de la sentencia, en la cual se condena al demandado por ser el conductor del vehículo, es que adhiero al voto que antecede.

Destaco que si bien comparto la postura que sustentaran los Dres. Silva Zambrano y García en los autos "Municipalidad de Neuquén c/ Chiocconi Eduardo Antonio s/ apremio" del 4 de junio del 2.002, estimo que ella no es aplicable al caso de autos toda vez que, como lo señalara, la infracción fue cometida por quien conducía el vehículo, según se desprende de la sentencia que se ejecuta y cuyo contenido, en dicho aspecto, no fuera cuestionada por el quejoso en la oportunidad procesal pertinente.

Por ello, esta Sala II RESUELVE:

I.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 21/22 vta. en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios.

II.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 558 C.P.C.C.).

III.- Regular los honorarios correspondientes a esta Instancia, (art. 15 L.A.).

IV.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Isolina Osti de Esquivel Dra. Norma Azparren - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 72 - Tº II - Fº 428 / 430 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A II- Año 2008.