Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-07-29


SENT Nº 706	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintinueve (29) de Julio de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por los demandados Manuel Emilio Apaza y Mercedes Chilo en autos: "Banco Comafi S.A. (Fiduciario de Fideicomiso ACEX) vs. Apaza Manuel Emilio y otra s/ Ejecución hipotecaria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, y doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 136/147, por los demandados Manuel Emilio Apaza y Mercedes Chilo contra la sentencia de fecha 16/12/2008 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones. El citado pronunciamiento (fs. 131) dispuso hacer lugar al incidente de caducidad de segunda instancia deducido por la parte actora respecto del recurso de apelación interpuesto por los ejecutados contra la sentencia de trance oportunamente dictada en autos.

2.- Los recurrentes explican que la actora promovió un incidente de caducidad de la instancia recursiva señalando que el último acto impulsorio era de fecha 17/04/08, que había dispuesto correr traslado del memorial de agravios, ordenando al interesado confeccionar y suscribir la cédula pertinente conforme art. 157 procesal. Sostienen que la incidentista consideró que los tres meses establecidos por el art 210 inc. 2º del CPCC se cumplían el 31/07/08 y que dicho plazo transcurrió sin que los apelantes instaran el trámite. Mencionan que su parte contestó el traslado del incidente, solicitando el rechazo del mismo pues a su entender, no concurrían los requisitos del instituto en cuestión. Señalan que la señora Fiscal de Cámara dictaminó en forma favorable al planteo de caducidad de instancia.

Alegan que el art. 210 inc. 2° procesal establece que operará la caducidad de instancia si la parte no insta el trámite del recurso en un plazo de tres meses. Destacan que el penúltimo párrafo de dicha norma determina que en el cómputo de este plazo se contarán los días inhábiles, salvo los correspondientes a las ferias judiciales.

Admiten que el último acto impulsivo del trámite de la apelación es la providencia que concede el recurso interpuesto por su parte pero señala que aún en esa hipótesis no ha operado la caducidad de instancia ya que si el último tramite impulsivo se realizó el 14/04/08, el plazo de caducidad comenzaba a transcurrir recién cuando quedara firme aquel proveído.

Denuncian la infracción a normas constitucionales, tales como las consagradas en los arts. 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Invocan asimismo, la violación de normas formales, y entre ellas, los arts. 34, 40 y 272 del CPCC.

Se agravian de que el tribunal de alzada comparta lo dictaminado por la señora Fiscal de Cámara y que haya entendido que desde el último acto impulsorio, había transcurrido el plazo de tres meses previstos por el art 210 inc. 2º del CPCC, sin que se inste el trámite del recurso. Considera que "estamos en presencia de un error manifiesto de parte de a Excma Cámara.por cuanto no es así". Afirman que "no se hace una interpretación armónica de la normativa procesal y de los principios que rigen el CPCCT". Sostienen que "el cómputo de la instancia a partir del momento en que queda firme la providencia que concede el recurso de apelación, es decir, desde la fecha de recepción de la cédula que notifica la mencionada providencia en nuestro casillero, para luego de retirada la misma, computar el plazo de interposición del recurso de reconsideración (5 dias, más el plazo extraordinario)".

Expresan que "basta con verificar la fecha de interposición de la pretensión de caducidad, la fecha de notificación de la providencia del 14/04/08- que concede el recurso de apelación, la fecha de notificación en casillero de la providencia anteriormente mencionada y la fecha en que la misma queda firme, a los cual, se debe agregar los plazos de la feria judicial de Julio de 2.008; y de esta forma, corroborar que no se hacen presentes los plazos de caducidad de instancia al momento de peticionar la actora".

Se agravian asimismo de que el tribunal restara eficacia a las razones expresadas respecto de que no les era imputable la omisión de cumplir con la notificación ordenada (el traslado del memorial de apelación). Por un lado, cuestionan que en respaldo de esta conclusión citara jurisprudencia referida a supuestos distintos del sublite. Afirman que "la aplicación del instituto de la perención de instancia no es uniforme para todos los casos en que la misma sea planteada". Distingue el recurso de apelación libre y el concedido en relación, señalando que "no son las mismas normas y principios que se aplican, dado que, existen actuaciones que deben de ser realizadas por las partes y otras que no". En particular, alegan que la notificación de la providencia que concede el recurso de apelación y los traslados deben ser cumplidos por el Juzgado interviniente para así hacer efectiva la elevación de los autos al Tribunal Superior.

Desde otro enfoque, cuestionan que el tribunal a quo haya introducido un hecho no controvertido, violándose derechos de rango constitucional.

Expresan que "la Cámara efectuó la valoración de las pruebas en clara transgresión a la regla de la sana critica y a la necesidad de fundar las sentencias en los elementos de juicio reunidos en el proceso, incurriendo en manifestaciones contradictorias con las pruebas existentes.

Alegan que la actora reconoció el carácter impulsivo de la nota de Secretaría, lo que "es equivalente a una confesión" de la que el tribunal no podía apartarse. Desarrolla conceptos vinculados a la arbitrariedad de sentencia, con cita de doctrina y jurisprudencia que estima de aplicación al caso. Insiste en que "el tribunal ha incurrido en una errónea apreciación de la prueba y un total apartamiento de las disposiciones legales". En mérito a tales alegaciones, pide se haga lugar al recurso de casación interpuesto.

3.- Compartiendo lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, el tribunal de alzada expresó que "resulta de aplicación al caso la doctrina sentada por la Corte de la Nación en la causa "Estomell S.A.", -fallo del 06/05/86-, en cuanto a que las omisiones del órgano judicial no relevan a las partes de la realización de los actos procesales necesarios para urgir su cumplimiento ante esa omisión, -que por lo demás-, podía suplirse mediante una adecuada actuación procesal". Señaló que la "inactividad del órgano judicial no excusa la participación de las partes en el impulso del proceso, de conformidad a la vigencia ineludible del principio dispositivo". Precisó que este principio impone a las partes el deber de iniciar, estimular, activar, urgir, suplir, mover, preservar, insistir, instar y mantener con vida el proceso para que no se extinga por inactividad de parte o del órgano jurisdiccional.

Concluyó que mediante el análisis de las presentes actuaciones quedó evidenciado que los demandados interesados, a partir de la fecha en que se les comunicara el proveído por el cual se había ordenado correr traslado del memorial de agravios, hasta el acuse de perención de la contraria, habían dejado abandonado el trámite del recurso por el plazo legal. En mérito a lo expresado entendió que correspondía acoger el incidente deducido, declarando perimida la segunda instancia e imponiéndole las costas a los ejecutados apelantes.

4.- El recurso ha sido interpuesto en término, los recurrentes acompañan constancia del depósito impuesto por el art. 817 del CPCC y la sentencia recurrida resulta definitiva en los términos del inc. a del art. 813 procesal. Sin embargo, confrontados los agravios del recurrente con los argumentos del pronunciamiento que se impugna, se advierte que el recurso no puede prosperar.

Los agravios que sustentan el memorial de casación no logran demostrar la violación al art. 210 inc. 2° procesal, tal como se denuncia, ni se advierte configurada la tacha de arbitrariedad que los recurrentes formulan contra el decisorio impugnado.

Tal como emerge de las constancias de autos, con fecha 12/11/2007, la jueza de primera instancia dispuso rechazar las excepciones de falta de legitimación activa, inhabilidad de título, pago total y prescripción opuestas por los ejecutados y mandó llevar a delante la presente ejecución hipotecaria (fs. 94/98). Notificado dicho pronunciamiento, los demandados apelaron el mismo (fs. 105); recurso que fue concedido por providencia de fecha 11/02/2008 (fs. 106). El memorial de agravios fue presentado el 14/4/2008 (fs. 111/112) y con fecha 17/4/2008 se dictó el proveído que ordenaba correr traslado por el término de cinco días, señalando que correspondía al interesado confeccionar y suscribir la cédula pertinente (fs. 113). Efectivamente y como lo afirma el tribunal de alzada, fue éste el último acto impulsorio del trámite de la apelación y desde esa fecha hasta el planteo de caducidad de la parte actora, no se registró ningún acto encaminado a instar el proceso.

Las genéricas referencias al modo de concesión del recurso de apelación y a la existencia de actos que deben ser cumplidos por las partes y otros que ineludiblemente corresponde desplegar al órgano jurisdiccional, no son aptas para revertir el criterio adoptado.

El núcleo argumental de la sentencia en crisis es que pesaba sobre los ejecutados apelantes, la carga de impulsar el procedimiento, instando el trámite de acuerdo al estado de la causa. En el caso, la última actividad impulsoria, imponía expresamente a los recurrentes, la carga de confeccionar las cédulas de notificación que hicieran efectivo el traslado de los agravios ordenado en la misma providencia (de fecha 17/4/2008), actividad que el tribunal les reprocha no haber observado y que en el presente recurso no es rebatida. Tampoco se advierte que el caso quedara aprehendido por alguno de los supuestos de improcedencia de la caducidad (art. 218 del CPCC).

Se ha dicho en forma reiterada que corresponde al apelante interesado, realizar las diligencias necesarias para poner los autos en estado de dictar sentencia evitando la caducidad de la instancia abierta por su parte, sin que pueda esgrimirse inactividad del órgano jurisdiccional para eximirse de la carga que le viene impuesta (CSJT, sent. 147 del 15/3/2004, "Véliz Olga Ester y Otros vs. E.D.E.T. s/Cobros (Ordinario)"; sent. 603 del 15/8/2003, "Aguilar de Torres, Irma Carmen vs. González, José Domingo y otros s/Daños y perjuicios"; sent. 864 "Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán vs. Zurita Ángel Rolando s/Cobro ejecutivo de pesos" del 11/11/1999; entre muchos otros pronunciamientos). Este fundamento dirimente de la sentencia recurrida no ha sido adecuadamente rebatido por los recurrentes, que han omitido proporcionar razones suficientes, que justifiquen la imputación de arbitrariedad y las infracciones normativas que invocan, de modo que aparezca debidamente sustentada la pretensión de revertir la solución adoptada por la Sala a quo.

En efecto, las razones expuestas en el memorial casatorio no resultan idóneas para eximir de reproche a los ejecutados apelantes por su falta de diligencia y cooperación en el trámite de la alzada, ya que tal como lo entendiera el tribunal a quo, la vida de la instancia abierta con la interposición del recurso dependía de la actividad que debían desplegar los recurrentes (la confección de la cédula, la suscripción de la misma -conforme lo imponía el proveído de fecha 17/4/2008- e instar el efectivo traslado de los agravios) para que los autos fueran elevados a la Cámara y puestos en estado de dictar sentencia.

Estando en cabeza de los apelantes la continuación del trámite procesal y constatada la inactividad de los mismos durante el plazo legalmente establecido (art. 210 inc. 2° del CPCC) el tribunal de alzada no podía resolver sino en la forma en que lo hizo.

Las alegaciones referidas a la inadecuada valoración de la prueba y al reconocimiento de la existencia de actos impulsorios por parte de la actora carecen de entidad para demostrar el desacierto del pronunciamiento impugnado. Tal como se advierte, el tribunal a quo dejó establecido cuál era el último acto impulsorio y constató que desde esa fecha hasta la articulación del incidente de perención de instancia, no existió ninguna actividad de las partes ni del órgano jurisdiccional que instara el trámite de la apelación; extremos que no han sido rebatidos por los recurrentes.

El pretendido error de la Cámara en el cómputo del término legal tampoco puede ser admitido. Es criterio reiterado de esta Corte que los plazos de caducidad corren desde la fecha del último acto impulsorio, no desde su notificación, pues no se requiriere que se trate de actuaciones firmes (CSJT sent. 759 del 13/8/2007, "Olea Marcelino José vs. Romero Luis Antonio y o. s/Daños y perjuicios"; sent. 1087 del 07/12/2005, "Sanatorio Ciudadela S.A. s/ Concurso preventivo (Incidente de revisión contra el crédito declarado admisible a la AFIP-DGI)"; sent. 346 del 20/5/2003, "Heredia, Oscar Manuel s/Prescripción adquisitiva"; entre otras).

En mérito a lo antes expresado, corresponde rechazar el recurso de casación en examen, con expresa imposición de costas a los recurrentes vencidos, por aplicación del principio general en la materia (arts. 106 y 108 CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 165/167, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.-. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por los demandados Manuel Emilio Apaza y Mercedes Chilo contra la sentencia de fecha 16/12/2008 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

II.- COSTAS, conforme a lo considerado	III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.