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Recurso extraordinario, conversión del sobreseimiento, sobreseimiento definitivo, sobreseimiento provisional, menores, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria, privación ilegal de la libertad, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Bulacio, Victor Daniel y Scavone de Bulacio, Graciela c/ Espósito, Miguel Angel s/ Recurso de Hecho s/infracción art. 144 bis, inc. 1 del Código Penal - Causa 23.478
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-05

Procede al recurso extraordinario aún cuando la sentencia que transformó en definitivo el sobreseimiento provisional decretado en una causa seguida por privación ilegítima de la libertad de un menor remite a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, si el tribunal recurrido omitió valorar el proceder del imputado, prescindiendo de las constancias de la causa conducentes a la correcta solución del caso.
Empresas del Estado, choferes
Materia: LABORAL
Carátula: ZORZOLI, JOSE c/ AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

El trabajo realizado por los choferes por encima de las 42 horas semanales (jornada normal convencional) hasta las 48 horas (jornada legal), no puede entenderse como no remunerado y, mucho menos, extraordinario, pues las tareas prestadas durante ese lapso reconocen un adicional remuneratorio de dos horas diarias pactado en el acta 810/75, homologado por la autoridad administrativa competente. (Conforme Sala IV, sentencia 52464, 31 de julio de 1984, 'Peñaloza, Justino y otros c/ Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado').
Juicio de apremio, ejecución fiscal, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: FISCO DE LA PROVINCIA c/ SAN GUILLERMO S.R.L. Y OTROS s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-08-19

En el juicio de apremio las providencias que se dicten durante su desenvolvimiento son irrecurribles para el demandado. El aserto precedente se funda en dos ordenes de consideraciones. De un lado, la restricción recursiva establecida por el art. 927 del C.P.C. - tocante a la sentencia - comprende todo el trámite del apremio, puesto que si la irrecurribilidad está dispuesta en función de la celeridad, tanto dilata un recurso contra la sentencia como contra cualquier otra resolución.

De otro modo, la norma del art. 871, código citado, ubicada en el título XIV, donde se disciplina el juicio ejecutivo, es aplicable asimismo al de apremio, con arreglo a la remisión contenida en el art. 373, que establece que las disposiciones relativas al juicio ejecutivo serán extensivas a la vía de apremio, en cuanto no se opongan a sus disposiciones especiales. Siendo la "causa petendi" de la pretensión de apremio un título fiscal dotado de ejecutividad, la ley instrumental limita el conocimiento judicial a determinadas cuestiones y propende a la celeridad del procedimiento privando al demandado del segundo grado de la jurisdicción. Como contrapartida, le confiere acción declarativa para promover un debate amplio acerca de la existencia del derecho material invocado por el pretensor (art. 927, in fine).-
Condena condicional, suspensión de la pena
Materia: PENAL
Carátula: U., E. O. c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-03

Si bien es cierto que las reglas de conducta, introducidas a través de la ley 24.316 al título correspondiente a la condenación condicional del Código Penal, establece que al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, el tribunal deberá disponer que el condenado cumpla todas o alguna de las reglas allí establecidas, también establece ese proceder sólo en la medida en que resulten adecuadas en términos de prevención especial. Tal circunstancia relativiza el precepto de obligatoriedad y viene a dar cuenta de que se trata de una cuestión que debe ser analizada y debatida en el caso concreto, ya que su aplicación por parte del tribunal, al no resultar un instituto procedente en todos los casos -salvo la condición de no cometer otro delito en el plazo de cuatro años establecida en el art. 27 del Código Penal- puede afectar la eficaz defensa del imputado (voto del juez Jantus).
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Fernandez Pedro Antonio (TF 23334-A) c/ D.G.A.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-31

Todo acto administrativo debe estar motivado (art. 7, inc. e) de la LNPA) con la finalidad de que la Administración, sometida al derecho de un régimen republicano, dé cuenta de sus decisiones, las que pueden ser examinadas en su legitimidad por la justicia en caso de ser impugnadas y para que el particular afectado pueda ejercer su defensa (Comadira, Julio R. "Procedimientos Administrativos -Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Anotada y Comentada-, T.I, ed. LL. Bs.As. 2002, pág. 203) (Cons. IX).
Delitos contra la humanidad, homicidio, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: Paccagnini, Norberto Rubén y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-19

Corresponde confirmar la absolución del Capitán Jefe de la Base Aeronaval, donde tuvo lugar el fusilamiento de los detenidos a manos de un grupo de infantería, por el homicidio de éstos, ya que el control de los allí detenidos era competencia de la Infantería y quedaba fuera de su órbita de actuación, y que al llegar al lugar de los hechos, luego de efectuados los disparos, el Capitán ordenó la inmediata asistencia de los sobrevivientes, lo que no se condice siquiera con la presunción de que él formara parte del plan ejecutor de la matanza, y ante la duda existente sobre el conocimiento que el imputado tenía del plan criminal resulta de aplicación el principio in dubio pro reo -artículo 3 del Código Procesal Penal-.(del voto en disidencia parcial de la Dra. Liliana Elena Catucci)
Cómputo de servicios, antigüedad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Castro Carcamo, Rubi Ruth c/ Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios-Caleta Olivia s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-10-28

Al no existir prueba contundente, dadas las impresiciones de los testigos acerca de la antig³edad laboral de la actora, adquieren relevancia especial los libros de sueldos y jornales que, llevados en forma legal desde noviembre de 1990, fueron aportados en autos por la accionada y que por aplicación de lo normado por los artículos 50 y 53 de la Ley de Contrato de Trabajo pueden receptarse como prueba.
Extradición, doble incriminación, tipo penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Arla Pita, Tamara y otros s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-31

El principio de doble incriminación, que supone la punibilidad en el país requerido, no exige identidad normativa entre los tipos penales. Lo relevante es que las normas del país requirente y el país requerido prevean y castiguen en sustancia la misma infracción penal.
Acción de amparo, competencia contencioso administrativa, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Figueroa, Ramón Oscar c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-22

El actor interpone acción de amparo en contra del Poder Ejecutivo Provincial, persiguiendo se haga cesar la omisión arbitraria, ilegal e ilegítima en liquidar su haber jubilatorio, sin respetar el 82% móvil.

Por imperio de expresas normas constitucionales -Art.204 de la Constitución Provincial-, jurisprudencia sentada a partir del caso "Altamirano" y posterior reforma del Art. 4 de la Ley de Amparo por Ley 4998, al implicar materia contencioso administrativa la cuestión planteada, corresponde se declare la competencia de este Tribunal para entender en autos.
Tipo penal, sustracción de menores
Materia: PROCESAL
Carátula: G. L., S. c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-01-15

Finalmente, señalaron que para que el supuesto típico se verifique, el despojo debe mostrar cierta entidad y duración, tal como ocurrió en el caso sometido a estudio en donde la sustracción se produjo por un tiempo prolongado, con el traslado del menor a un país vecino, lográndose la restitución luego de varios meses.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, pena, reincidencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: B., A. R. y B., C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ROBO CALIFICADO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 385 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-03-19

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica desde que el pronunciamiento de la Alzada -en tanto confirmó el fallo que declaró reincidente al imputado- se sustenta en una hermenéutica que no puede ser convalidada.

En efecto, cuando se afirma que el fundamento del artículo 50 del Código Penal es la insuficiencia de la pena anterior, es porque se considera que ese precepto remite a las leyes que rigen la ejecución de las penas y, por ende, confían en producir efectos benéficos en los penados mediante el tratamiento en condiciones de encierro (artículo 1 de la ley nacional 24660). Por lo tanto, si en la concreta realidad no ha mediado tratamiento penitenciario, no se puede formular reproche por una rehabilitación que no se produjo y mucho menos aplicar más pena por esa situación.
Extinción por quiebra o concurso del empleador, verificación de créditos, crédito laboral, aplicación temporal de la ley
Materia: LABORAL - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: SOLER, PATRICIA c/ HYSPAMERICA EDICIONES ARGENTINAS SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-18

Cabe advertir que la segunda proposición del inc. 5 del art. 21 de la ley 24522 establece que "...los juicios ya iniciados se acumularán al pedido de verificación de créditos..." y que es esta norma la que produjo, posiblemente la confusión acerca de los alcances intertemporales del nuevo sistema. Pero el párrafo citado debe ser interpretado como describiendo los efectos de una declaración de concurso o de quiebra sobreviniente de una empresa ya demandada ante la Justicia Nacional del Trabajo y no como una norma de retroactividad implícita, que de ser tal, no estaría ubicada correctamente como dispositivo de derecho transitorio en un artículo que, en verdad, describe las consecuencias de la apertura y los efectos en los reclamos patrimoniales. (Del dictamen del PGT nro.

18663 28.11.95).
Sentencia, principio de congruencia, recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Coria, Alejandro Armando c/ Pietrantoni, Héctor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-16

El principio procesal de la sustanciación, no permite que se defraude la confianza que en el demandado producen las manifestaciones iniciales de la accionante, en cuanto, por serle favorables, resultan hechos admitidos que no necesitan ser desvirtuados por prueba alguna (art. 330 inc. 4 y 354 del C.P.C.).

Por iguales razones, el juzgador de la instancia de origen debe dictar su fallo con estricta sujeción al modo como le fue planteada la controversia (art. 163 inc. 6 del C.P.C.). Esta aplicación del principio de congruencia, se reitera, del mismo modo, en la norma del ya citado art. 272 del mismo código, que veda incorporar a la contienda con motivo del recurso de apelación, temas que no fueron sometidos oportunamente a la decisión del sentenciante anterior.
Riesgos del trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad civil, responsabilidad extracontractual
Materia: LABORAL
Carátula: S., A. R. c/ A. T. S.A. P. ART. S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-25

La aplicación del art. 1074 del C. Civil presupone el incumplimiento por parte de la ART de un deber propio de obrar emergente, no del contrato de seguro ya que dicha responsabilidad es ajena al mismo, sino de una obligación impuesta por la ley a la ART.

Se trata de un supuesto de responsabilidad extracontractual subjetiva frente al trabajador o sus derechohabientes, esto es, en el que se debe probar la culpabilidad, en sentido amplio, es decir abarcativo del dolo o la culpa, por omisión de la ART y su intervención en el nexo causal.

El sistema de culpa objetiva -en realidad responsabilidad objetiva- y de inversión de la carga probatoria que para los casos que contempla, prevé el segundo párrafo del artículo 1113 del C. Civil, es inaplicable por cuanto la aseguradora en tal caso es responsable a título propio y no del seguro, y por ende no es ni dueña ni guardiana de las cosas que intervienen en el daño.

La eventual responsabilidad de la ART es independiente de la del empleador ya que no emerge del contrato de seguro, dicho contrato es la ocasión pero no la causa del deber de obrar que surge de la propia ley .
Convenios colectivos de trabajo, sindicatos, personería gremial
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, DELIA c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-22

Si en la discusión y celebración de un convenio colectivo el empleador no estuvo representado por una entidad empresaria a la que estuviera afiliado o adherido no obstaculiza que el mismo se aplique en el caso concreto si la actividad en que se ha desarrollado la relación se encuentra regida por sus normas y la asociación sindical con personería gremial ha sido signataria de la norma invocada.
Interpretación de la ley, jerarquía de las leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Telefónica de Argentina S.A. s/ deduce inhibitoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

En supuestos de pluralidad de fuentes, no cabe la solución jerárquica sino la integración armónica (Disidencia del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Acto administrativo, impugnación del acto administrativo, presunción de legitimidad, prescindibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ, Juan Carlos c/ E.N. (Senado de la Nación) s/ EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-09

Si bien es cierto que la nulidad del acto antecedente puede determinar la del consecuente, ello será así siempre que este último acto -por haber sido también oportunamente impugnado- no adquiera firmeza. De modo que, la aceptación por parte del actor del acto por el cual se dispuso la baja, le impide sostener, a la vez, la ilegitimidad del acto en cuyo fundamento aquél se dictó -esto es, la previa declaración de su pase a disponibilidad-, por constituir, éstas, conductas claramente contradictorias.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras, proceso penal, instrucción, plazo, duración de la instrucción
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: S., C. E. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO -INFRACCION ART. 173, INC. 7MO. DEL C.P. -INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 460 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-05

La Corte nacional ha señalado que ostentan relevancia a la hora de adoptar una definición sobre la irrazonabilidad del lapso de tiempo durante el cual se prolongó el proceso, cuestiones tales como: la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes, circunstancias que han sido especialmente ponderadas como elementos a escrutar en la razonabilidad del plazo por el cual se extiende un proceso penal tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso 11.245 del 01.3.1996), como así también por la Corte Europea en la causa "Terranova vs. Italia" (del 4.12.1995) en oportunidad de expedirse sobre la exégesis del artículo 6.1. de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. (De la Ampliación de Fundamentos de la Sra. Ministra Dra. Gastaldi)
Control de legalidad, sobreseimiento, confirmación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: H., M. A. c/  s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-18

Como cuestión preliminar Lucero precisó que la jurisdicción estaba limitada a realizar un control de legalidad y fundamentación de la decisión debido a que el fiscal, quien instruyó las actuaciones por haber tenido delegada la investigación por dos años, postuló la desvinculación recurrida por la querella (c. nro. 10651-17 "Alonso", rta. el 24/05/19, c. nro. 21825-18 "Cabalgante", rta. el 20/11/18, c nro. 67874/18 "Mikiej", rta. el 29/5/19, c nro. 77904/16 "Álvarez, Benítez", rta. el 28/2/19, c nro. 61128-18 "Diamante", rta. el 8 de mayo de 2019, c nro. 74076-18 "Pelicciari", rta. el 26/04/19, c nro. 16.093 "Pérez Campagna", rta.: 20/11/18, c nro. 59891/16 "Grattarola", rta. el 2/7/19, c nro. 23920-18 "Bogado", rta. el 29/4/19, c nro. 59835/17, "Lutenberg Gardyn, Fernando", rta. el 3/5/19, c nro. 10844/18, "Casas Cordero, Maximiliano Daniel", rta. el 26/6/19, c. nro. 44801/18, "Cutuli, Alberto Aníbal, rta. el 14/2/19, c nro. 66098/18, "Azzi Balbi, Cristian G". rta. el 30/5/19, c nro. 58373/18, "Mudric Viviana", rta. el 27/5/19, c. nro. 69.311/2016, "Graf", rta. el 27/02/2019, c nro. 26723/19, "Gioia, Fernando Oscar", rta. el 12/6/19, c nro. 25.121/18, "Linieri, Santiago Víctor", rta. el 30/5/119, entre otras). Agregó que, superado el análisis, votaba por confirmar la resolución. Por su parte, Rodríguez Varela no estuvo de acuerdo y señaló que el acusador particular estaba legitimado para impulsar la causa en solitario en la etapa de juicio (Sala IV causas N°27.250, "Elordi", rta.: 6/10/05; 28.445, "Goncalves", rta: 21/7/06; Sala IV, causas N°1877/11, "Pugliese", rta.: 1/3/12; 35101/18, "Ausa Vázquez", rta.: 24/8/18; 25160/17, "Balfagón", rta.: 13/8/18 y 38754, "Ferro", rta. el 6/3/18, entre otras), a lo que agregó que el dictado de la ley 23.372 que acuerda a las víctimas amplias facultades de intervención autónoma, reforzaba su posición. La cuestión fue dirimida por Magdalena Laiño quien sostuvo que, en el caso, la acción fue legalmente promovida al inicio de la investigación conforme lo prescriben los arts. 5 del CPPN y 120 de la Constitución Nacional, por lo que la querella podía continuar actuando en solitario (Sala VI Causa Nº 57.384/17, rta. 25/7/2018).
Reclamación de la filiación, prueba de ADN, impugnación de la paternidad, acumulación de procesos
Materia: CIVIL
Carátula: L., S. M. c/ L., C. D. y otros s/ acciones de filiación - contencioso
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2021-05-19

Cabe hacer lugar a la demanda de impugnación de paternidad deducida en contra del reconociente y a la demanda de reclamación de filiación extramatrimonial, declarando que la actora es hija del demandado. Primeramente se precisa, que siendo que la obligación de la cual es acreedora la víctima y el deudor el responsable nació con el viejo código y existía al entrar en vigor los nuevos dispositivos, corresponde analizar la extensión del daño y su valuación con el prisma de la nueva ley. Es por eso que tratándose de acciones de impugnación de paternidad y filiación acumuladas, indudablemente la aplicación del principio dispositivo se halla acotada. Se trata del desplazamiento y emplazamiento del estado de familia, lo que depende de la demostración de hechos que la ley tipifica expresamente como constitutivos del mismo y sujeta a la apreciación judicial, por tanto se halla excluida de la esfera de la disponibilidad privada salvo que la ley así lo autorice. Subyace involucrado en toda la cuestión el orden público familiar, por lo que debe valorarse la prueba recabada.

Ello así, el resultado del examen de ADN realizado pone de manifiesto por sí solo que la realidad biológica no se ve reflejada en el plano jurídico; se impone así el respeto al derecho la identidad biológica amparado constitucionalmente y en función del mismo, queda acreditado que el demandado por filiación es el padre de la actora, lo que determina asimismo la procedencia de la acción de impugnación con respecto al reconociente.
Honorarios, mediación, aplicación de la ley, resoluciones judiciales, resolución conjunta, regulación de honorarios, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cortés, Sebastian Nahuel c/ Maransi SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Procede revocar la resolución que le denegó a la mediadora apelante, la posibilidad de requerir el pago de los estipendios que le caben, por su obrar en la mediación llevada a cabo a través del COPREC. Ello por cuanto, si bien de una interpretación del contenido de la normativa podría sostenerse, en principio, que los honorarios del conciliador deberían ser reclamados en el ámbito de la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo, lo cierto es que la misma, al presente, no ha sido creada y que la ley 26993: 76 deja en claro que mientras no se constituyan los juzgados de consumo sus competencias "...serán ejercidas por los juzgados que entienden actualmente en la materia, con la aplicación de las normas procesales establecidas en la presente ley...". Es decir que, en vigencia de la ley 26993 y por el momento, sigue siendo la justicia mercantil, la que continúa entendiendo en la generalidad de las causas que involucran relaciones de consumo y, es claro en la especie, que la parte ha optado por recurrir a este fuero comercial. Dicho esto, resulta aplicable para la recurrente el supuesto contenido en el Decreto 202/15: 17 que estipula que si el proveedor resultara condenado en costas en la etapa judicial y/o incluso, desde la perspectiva del inc. c) hubiere un pago voluntario de la demandada, la conciliadora está habilitada para percibir el total de sus estipendios fijados por el ordenamiento de aplicación, en este ámbito jurisdiccional, sin perjuicio, del reintegro que deba realizar la profesional del honorario básico percibido, en su caso, conforme la normativa indicada supra. En ese marco, siendo que la conciliación fue realizada a través del COPREC, por ende, el arancel de la conciliadora está fijado por la Resolución Conjunta S.Com 47/15 y S.J 41/15, no compete su determinación al magistrado comercial, mas al resultar aplicable a la conciliadora el Decreto 202/15: 17, podrá reclamar, se reitera, el total de sus salarios al demandado ya como proveedor o como condenado en costas.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández Alsogaray, Livio c/ Instituto Provincial de Previsión Social s/ ontenciosoadministrativo - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-08-28

Siguiendo a Vanossi afirmamos que La cuestión federal compleja ya no sería de pura interpretación sino de confrontación entre normas de diversa jerarquía (...) estaría en juego la cuestión de determinar qué normas tienen que aplicarse por supremacía (...) Y aquí viene la distinción o subdistinción entre cuestión federal compleja directa y la cuestión federal indirecta (...) la cuestión federal era indirecta o mediata cuando el conflicto se daba entre normas de diferente jerarquía, pero ninguna de ellas era la Constitución. (...) Para decirlo con otras palabras: la diferencia entre la cuestión federal compleja directa e indirecta consistía en que en un caso la norma directamente herida era el artículo de la Constitución en el cual se apoyaba el derecho subjetivo sostenido por el recurrente, y en el otro caso la norma de la Constitución directamente herida era la cláusula de primacía que concretamente podía resultar afectada en ese caso por la decisión que hubiera tomado el juez que había resuelto la causa. (Jorge R. Vanossi, Recurso Extraordinario Federal, p. 130/131, Universidad, 1984). Para que se presente en el caso la cuestión federal compleja indirecta debe verificarse si el fallado ha prescindido de aplicar al prelación normativa establecida en el art. 31 de la Constitución Nacional (cláusula de supremacía).