Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-09-07


///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los siete días del mes de septiembre de dos mil once, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. DANIEL OMAR CARUBIA y los Vocales Dres. CLAUDIA MONICA MIZAWAK y CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ, asistidos por el Dr. Rubén A. Chaia fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "MARIN, Renzo Julio Otelo c/SGPER S/ ACCION DE AMPARO".- Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. CHIARA DIAZ, MIZAWAK y CARUBIA.- Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTION: ¿Existe nulidad? SEGUNDA CUESTION: ¿Qué cabe resolver? A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. CHIARA DIAZ, DIJO:

Conforme a lo establecido en los arts. 16º y 31º de la Ley de Procedimientos Constitucionales (Ley Nº 8369), el recurso de apelación interpuesto en un proceso de amparo, de ejecución y/o de prohibición conlleva el de nulidad y, en su virtud, el tribunal ad-quem deberá avocarse al examen de todo lo actuado con la finalidad de constatar, subsanar o, en su caso, eliminar los vicios invalidantes que se verifiquen.- La parte recurrente no hizo mérito de la presencia de ellos con interés de conseguir concretamente su nulificación en la presente instancia, en tanto el Ministerio Público Fiscal no expidió al respecto.- Finalmente, practicado por el Tribunal el examen ex-officio de lo actuado, advierto que no se constata la presencia de irregularidades que por su entidad y magnitud revistan idoneidad suficiente para justificar una declaración nulificante en esta instancia, en razón de ello, es menester brindar una respuesta negativa al planteo formulado en la primer cuestión.- Así voto.- A la misma cuestión propuesta la Sra. Vocal Dra. MIZAWAK expresa su adhesión al voto del Dr. CHIARA DIAZ.- A su turno el Señor Vocal Dr. CARUBIA manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR VOCAL DR. CHIARA DIAZ, DIJO:

I.- En relación a la sentencia dictada por la Sra. Juez Civil y Comercial a cargo del Juzgado Nº 2 de Paraná, Dra. Ma. Cirstina Ardoy (fs.32/3), que rechazó la acción de amparo por mora promovida por el Renzo Julio Otero Marin contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, se disconformó el apoderado del actor interponiendo recurso de apelación a fs.36.- II.- Resalto que aquel, inició un reclamo administrativo interesando el sobreseimiento definitivo y su reincorporación y pago de salarios caídos, ello con motivo de un sumario administrativo que se le incoara y que motivó su cesantía injustificada, atento a que se había probado en sede penal que no tenía ninguna vinculación con el hecho motivo de despido y que ante la demora injustificada interpuso un recurso de Queja, el cual fue resuelto favorablemente mediante Decreto Nº 4530/10, que resolvió intimar a la Fiscalía de Estado que resuelva la cuestión de fondo en un plazo perentorio de 10 días hábiles. Siendo que dicho acto se emitió el 24/11/10 y la Fiscalía de Estado persiste en su actitud renuente, se vio obligado a recurrir a ésta vía a los efectos de remover la mora.- III.- A fs. 29/30vta. contestó la demanda el Fiscal de Estado de la Provincia, Dr. Julio Cesar Rodriguez Signes planteando la inadmisibilidad de la acción por cuanto fue articulada extemporáneamente debido a que el Decreto 4530/10 del 24/11/10 fue notificado al amparista y enviado a la Fiscalía de Estado en fecha 1/12/11, por lo que contando los 10 días hábiles otorgados por la norma, han transcurrido en exceso los 30 días previstos por el art. 3º, inc. c), de la LPC desde que el acto debió dictarse, puesto que es a partir de dicha fecha cuando comenzó a transcurrir el plazo de caducidad.- IV.- Concedido el recurso de apelación interpuesto (fs.56), solo la parte actora hizo uso del derecho acordado en el art. 16 de la Ley Nº 8369 de presentar memorial en la Alzada.- V.- La Señora Fiscal Adjunta de la Procuración General de la Provincia, Dra. Susana L. Verzeñassi, a fs. 49 y vta., analizó la cuestión traída a conocimiento y aconsejo que no se haga lugar al recurso incoado por la actora, y en consecuencia, que se confirmase la sentencia.- VI.- Reseñados brevemente en los parágrafos precedentes las posturas de las partes y del Ministerio Público Fiscal frente al objeto litigioso, es posible ingresar al tratamiento del mismo, teniendo presente que el recurso de apelación en los procesos de amparo, de ejecución o de prohibición, otorga al Tribunal ad-quem la plena jurisdicción, colocándolo en la misma posición del juez a-quo (cfme.: S.T.J.E.R., Sala Penal, in rebus: "PITTAVINO", L.A.S. 1987/88, fº 112; "STURZ", 30/6/89, L.A.S. 1989, fº 234; "PITTALUGA de MAGGIONI", 9/11/89, L.A.S. 1989, fº 459; "MEDRANO", 27/2/90, L.S. 1990, fº 12; "FARMACIA LIBERTAD" S.C.S.", 19/3/90, L.S. 1990, fº 44; "YESSI", 23/3/90, L.S. 1990, fº59; "SCHIMPF", Sent. del 28/12/92; "BARCOS de FERRO", Sent. del 19/2/93, "VILLEMUR", Sent. del 7/4/93; "DIAZ VELEZ", Sent. del 2/6/93; "FASSIO", 11/4/94, L.S.Amp. 1994, fº 153; "RODRIGUEZ SIGNES", 3/5/94, L.S.Amp. 1994, fº 158; "BUSSI", 17/5/94, L.S.Amp. 1994, fº 172; "MUÑOZ", Sent. del 14/7/94, L.S.Amp. 1994, fº 208; "TEPSICH", 5/9/94, L.S.Amp. 1994, fº 256; y "CAINO de CELLI", Sent. del 23/3/95; entre muchos otros).- Así perfilada la cuestión a resolver con la plenitud de la jurisdicción para juzgar la totalidad de los hechos y el derecho acerca de la misma que en los procesos de amparo, ejecución y/o prohibición le otorga el recurso de apelación al Tribunal ad quem, cabe entonces ingresar de ese modo a su tratamiento y decisión.- Debo resaltar que, hasta la entrada en vigencia de la Reforma Constitucional de 2008, esta Sala Nº1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal sostenía que el amparo por mora de la administración no se encontraba regulado expresamente en la Ley de Procedimientos Constitucionales, no obstante lo cual se admitía implícitamente su procedencia, resultando de factible viabilidad conforme a la normativa regulatoria del procedimiento de la acción específica de ejecución (cfme.: arts. 25, sigts. y ccdts., Ley Nº8369) o de la acción genérica de amparo (cfme.: arts.1º a 24º, ley cit.), siendo indudable que reviste especiales características y particularidades que lo diferencian del amparo por actos positivos lesivos, habida cuenta que esta modalidad involucra un acto omisivo; paradójicamente, un "no acto"; sin perjuicio de lo cual participaba de los mismos requisitos y condiciones de admisibilidad y procedencia que aquél, desde que no pierde sus caracteres de excepcionalidad, residualidad, heroicidad, ni su finalidad protectoria del pleno ejercicio de los derechos cuya conculcación exija urgente restauración (cfr. in rebus: "AIMONE", sent. del 7/5/97, entre otros casos).- En la actualidad está prevista la acción de amparo por mora en el artículo 57 de la Constitución Provincial, resultando igualmente aplicables los conceptos vertidos en aquella oportunidad y en ese contexto, por lo cual señalo que del cotejo de la documental glosada por la parte actora surge que efectivamente el Recurso de Queja fue resuelto mediante el Decreto 4530 del 24/11/10 y notificado a aquella según cédula que acompañó a fs. 4,y en virtud de su artículo 2º, la Fiscalía de Estado estaba intimada a resolver la cuestión en el termino de 10 días, por lo que tal Organismo, en principio debió haber emitido el acto pertinente antes del 16/12/10 -lo que no hizo-, siendo esa la oportunidad a partir de la cual comenzó a correr el plazo de caducidad previsto en el art. 3er., inc. c), de la Ley 8369.- Dentro de este contexto, liminarmente corresponde analizar las causales de inadmisibilidad formal y de procedibilidad material previstas en la Ley Nº 8369, respecto de lo cual adelanto desde ya mi posición acorde con los fundamentos y conclusiones vertidas por la representante del Ministerio Público Fiscal .- En efecto, la oportunidad en que pudo consumarse el agravio a los derechos constitucionales del accionante fue al vencimiento del termino previsto para resolver, el 15/12/10, por lo que al momento de articularse la presente acción - 8/3/10-, el plazo de treinta días previsto por el art. 3º, inc. c), de la Ley 8369, se encontraba ampliamente vencido.- En tal sentido es oportuno traer a colación la doctrina establecida por ésta Sala Nº1 in re bus "AFRENCHINO, JUANA E. Y OTRAS C/ CAJA DE JUBIL. Y PENS. DE E.R. -ACCION DE EJECUCION-", sent. 20/5/97, donde emití el primer voto y sostuve : "Tratándose de un amparo interpuesto por morosidad, la que normalmente se enfrenta con la dificultad referida a la determinación con exactitud de la fecha en que el acto administrativo pretendido por el interesado debió ser efectuado y a partir del cual comienza la mora de la Administración, o bien a partir de cuando tuvo conocimiento la parte actora reclamante de la situación morosa; en el sub-examen queda suplida por la propia actitud asumida por dicha parte, reconociendo expresamente que había caducado su derecho a interponer acción de amparo ante la omisión de expedirse la Administración en el requerimiento que se le efectúa del pago de haberes atrasados, lo que es corroborado en buena parte con las solicitudes de pago de haberes que se formularon (fs. 135/258), y que permiten establecer con certeza el extremo que las accionantes (a quienes se les rechazó la demanda), estuvieron en posición de cuestionar tal omisión de pronunciamiento, en defensa de sus derechos agraviados mediante la acción de amparo o de ejecución, pero siempre dentro del límite temporal de los arts. 3º, inc. c, y 27º de la Ley Nº 8369, el cual se encontraba vencido en exceso al 3/4/97, fecha de interposición de la demanda.- El vencimiento del plazo para interponer la acción de amparo ante el hecho omisivo y que las amparistas consideran lesivo de sus derechos, no puede renacer en cuanto a su vigencia, por la simple voluntad de las interesadas, a través de la reiteración de los actos de instancia e impulsión del trámite (a los mismos fines que las anteriores presentaciones), aunque a ellos se les de diferentes denominaciones, tales como: "pronto despacho", "intimaciones", etc.- En consecuencia atendiendo a la propia actitud de la parte que dejó transcurrir el plazo legal para interponer el amparo luego de omitida la decisión administrativa y de conocida tal actitud omisiva, resta concluir que habiendo inexorablemente perdido su derecho de acudir a esta vía procesal de excepción, la demanda interpuesta resulta palmariamente inadmisible, plazo que stricto sensu constituye un plazo de caducidad de la acción, como lo sostienen autores como Augusto M. Morello y Carlos A. Vallefín (cftr.: "El Amparo, Régimen Procesal", pág. 40, Ed. L.E.P., La Plata, 1992), y la jurisprudencia de esta Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia ( in re: "VISION DEL LITORAL S.R.L. c/Sup. Gbno. de la Prov. de E. R. - ACCION DE AMPARO", L.S.Amp. 1994, fº 101; íd., 25/10/95, "BELLMAN, Olga E. y otros c/Sup. Gob. de la Prov. de E. R. y otra - ACCION DE AMPARO" y su acumulada: "ALDANA de MARTIN, Elsa c/Poder Ejecutivo de la Prov. de E. R. y ot. - ACCION DE AMPARO"; íd., 8/11/95, "MURATURE de GONZALEZ, Aurora y otros c/C.J.P.P.E.R. - Acción de Amparo", entre muchos otros casos), conforme a las cuales aunque el juez a-quo no haya rechazado in límine la acción con fundamento en tal circunstancia, nada impide que aún de oficio, se rechace la demanda por tal razón luego de sustanciado el proceso, puesto que la verificación del cumplimiento del plazo impide, atendiendo a que es un presupuesto sustancial en la acción de amparo, cuya inobservancia constituye por si misma una manifiesta inadmisibilidad de la acción y atento a su perentoriedad, el rechazo de la demanda por tal circunstancia, sin entrar a considerar los demás aspectos que han sido objeto de planteamiento".- Debe ponderarse, pues que al momento en que fue deducida la demanda (3/8/10), ya había transcurrido el plazo de treinta (30) días previstos en el art. 3, inc. c), de la Ley Nº 8369, que la considera formalmente inadmisible, si "la demanda no se hubiera presentado dentro de los treinta días corridos a partir de que el acto fue ejecutado, o debió producirse o de la fecha en que se conoció o pudiesen conocerse sus efectos por el titular del interés o derecho lesionado o a partir de la notificación, todo ello según los casos".- Ello así, toda vez que como reiteradamente ha sostenido esta Sala Nº1 de Procedimientos Constitucionales y Penal y el S.T.J.E.R., respecto de las distintas hipótesis contempladas en la norma, las mismas ".no constituyen variables alternativas, opcionales o intercambiables para el titular del interés o derecho lesionado, sino que adquieren operatividad cada una de ellas, excluyendo a las demás "según los casos" como expresamente lo establece la norma, lo cual esta correlacionado con las diferentes formas y distintos modos -activos u omisivos- de posible causación ilegítima de una afectación de derechos que tornan procedente la acción de amparo para su restauración con arreglo a la descripción enumerativa de decisiones, actos, hechos u omisones comprendidas en el art. 1º de la Ley de Procedimientos Constitucionales. De ahí que, en cada caso, juegue excluyentemente una u otra hipótesis de comienzo del cómputo del plazo" (in rebus: "PRATTI", sent. del 23/3/93; "RE, LORENZO Y OTS.", sent. del 17/11/95; "MENARA", sent. del 27/11/97, "ALVAREZ", sent. del 18/6/99, "FRANCO", sent. del 5/7/2000 y "GONZALEZ", sent. del 24/10/01, entre otros casos).- En consecuencia, resulta inadmisible la acción deducida conforme a la causal precedentemente enunciada la cual está configurada como un plazo de caducidad de la acción, toda vez que se encontraba vencido el término dentro del cual válidamente pudo deducirse la pretensión del amparistas. Así se expidió ésta Sala Nº 1 in re bus "GHIGLIONI, Luis Alberto c/ Junta de Fomento de Villa Aranguren s/ Acción de Amparo", sent. del 04/06/08 .- En relación a los agravios del amparista, en cuanto pretende que el plazo del artículo 3º de la ley 8369 no resulta un escollo desde que en el caso se da una ilegitimidad continuada, que se inició mucho tiempo atrás pero que se mantiene al momento de demandar y también en el tiempo siguiente; destaco que ese argumento es inaplicable atento al carácter excepcional del amparo, el cual queda restringido al termino en cuestión, precisamente para subrayar que se lo reserva para atender necesidades urgentes de los justiciables en relación a sus derechos constitucionalizados, el que corre peligro cierto de ser vulnerado.- Mas Aún cuando en el caso de figuración, a diferencia del supuesto fáctico que sustentó mi posición en "OLIER, Roberto Isabelino c/Superior Gobierno de Entre Ríos y otro S/ACCION DE AMPARO", sent. del 30/3/11, la decisión que se pretende se relaciona con un proceso disciplinario reglado específicamente en el ámbito administrativo en el cual se verifican distintas etapas las que culminan un dictamen de Comisión Asesora de Disciplina, que aconseja a al autoridad de aplicación respecto de la correspondencia de aplicar sanciones, en relación a la conducta investigada.- Por todo lo expuesto precedentemente propongo que se rechace el recurso de apelación y se confirme la sentencia dictada en autos a fs. 32/33, sin adjudicarse costas en esta instancia por no haber mediado contención.- Así voto.- A la misma cuestión propuesta, y a su turno, la Sra. Vocal Dra. MIZAWAK, dijo:

Adhiero a la solución que propicia el Dr. CHIARA DIAZ	en su voto por ser acorde al criterio que sostuve, en minoría, al expedirme en la causa "OLIER ROBERTO ISABELINO..." -20/03/11-.- Asi me pronuncio.- A su turno el Señor Vocal Dr. CARUBIA manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz -	SENTENCIA:

Paraná, 07 de septiembre de 2011.- Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1º) ESTABLECER que no existe nulidad.- 2º) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 63 contra la sentencia de fs. 32/33, la que, por los fundamentos de la presente, se confirma.- 3º) SIN COSTAS en esta Alzada por no mediar contención.- 4º) REGULAR los honorarios del Dr. Miguel Angel Aranguren, por la actuación que le cupo en esta Alzada en la suma de pesos doscientos veinticuatro ($224,00.-) -cfme.: arts. 2, 3, 5, 64, 91 y ccdtes. Decreto Ley Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 7503; 1º y 13º Ley 24.432; 505 Código Civil-.- Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.- Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz - Ante mí: Rubén A. Chaia-Secretario" **ES COPIA** Rubén A. Chaia Secretario