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Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, recursos, fundamentación del recurso, partes del proceso, apertura a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: VALDEZ, INES DEL CARMEN c/ ALTO MOLINO S.R.L. ; GEREZ, ERNESTO RAUL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-11

Si la apelante no invoca ningún hecho nuevo ni realiza manifestación referida al motivo por el cual no ofreció las pruebas en la instancia anterior, ello torna improcedente el pedido formulado en razón que "la apertura a prueba en la alzada es de carácter excepcional y solo se da en los supuestos previstos en el artículo 257 del C.P.C.C.
Crédito laboral, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Industrias Frigoríficas Nelson. s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-04-25

El artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que los créditos serán actualizados, cuando sean afectados por la depreciación monetaria teniendo en cuenta la variación que resulte del Indice de Precios al Consumidor -Nivel General-. Ello significa que como se señala en el recurso, la causa y la razón de ser de esta norma es proteger el crédito cuando se produce depreciación monetaria y que el medio para corregirlo es el índice señalado, que debe tenerse en cuenta. O sea que el juzgador debe proteger el crédito sin que ello pueda transformarse en un enriquecimiento indebido ni una lesión al derecho de propiedad del deudor. Para ello el legislador limita el margen discrecional del juez precisando que debe tener en cuenta la variación que resulte de la aplicación de un índice determinado. Este índice no necesariamente refleja con precisión la depreciación monetaria; además, solamente es un indicador mensual, que no mide ni día por día ni hora por hora la variación de los precios, menos aún de la depreciación monetaria.

Pero lo cierto es que el legislador ha precisado al juzgador un elemento a tener en cuenta para corregir la depreciación monetaria, y mientras no se juzgue su constitucionalidad, puede aplicarse si no da por resultado una inadecuada actualización.
Acción de amparo, bien jurídico protegido, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia, avocación jurisdiccional, inadmisibilidad del recurso, existencia de otras vías, policía, remuneración, policía federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cremon, Fabio Daniel c/ Provincia de Santa Fe s/ -Amparo jurisdiccional-  Avocación (Art. 2, Ley 11.330) (Expte.:  C.S.J. Nro. 374 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-05

Si el caso en estudio versa sobre la correcta liquidación y pago de haberes no remunerativos, suplementos y adicionales a empleados públicos provinciales (dependientes de la Policía), no puede sino concluirse que lo debatido reviste naturaleza contencioso administrativa allá de las argumentaciones referidas a que la acción de amparo sería procedente, en tanto y en cuanto el objeto de la pretensión no es la reclamación de diferencias salariales sino "hacer cesar la omisión arbitraria por parte de la Administración, ante el incumplimiento de la ley 9134" y que tal incumplimiento no surgiría de un acto sino de un comportamiento material omisivo de la Administración (o vías de hecho) que importa una grosera violación de derechos fundamentales, nada hicieron los actores para demostrar por qué excepcional razón, en las circunstancias del presente caso, el tránsito por la vía administrativa previa (preservada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resguardo del sistema de adjudicación constitucional -criterio de "Serra", 26.10.1993-) y el posterior acceso a esta Jurisdicción, podía acarrearle un perjuicio irreparable. Tal demostración era necesaria, salvo que se piense -sin dudas con error- que siempre y en todos los casos la falta de reconocimiento de un determinado "status" administrativo y, consecuentemente, del pago de diferencias salariales, produce un perjuicio de esta naturaleza y habilita la vía del amparo; en verdad, así sostenerlo implicaría excluir apriorísticamente de la justicia administrativa y contencioso administrativa, el control de conductas como la cuestionada en autos, sin norma expresa alguna que lo disponga, con la sola invocación de desconocimiento de principios y derechos constitucionales.
Accidente de tránsito, daño moral, lesiones
Materia: CIVIL
Carátula: NAVARRETE, Guillermo G. y Otros c/ Molina Héctor s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-09-25

El daño moral no necesita ser probado, la existencia del mismo se tiene por acreditada por el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad de los accionantes. A falta de elementos indicativos respecto a su monto, queda librado al prudente arbitrio judicial.
Cuestiones de competencia, competencia contravencional y de faltas, despojo
Materia: CONTRAVENCIONAL-PENAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Polti, Silvina Andrea sobre 181 inc. 1 - usurpación (despojo) s/ conflicto de competencia. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-21

Corresponde que sea la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas la que continúe interviniendo en las presentes actuaciones porque la decisión de desprenderse de ellas resulta prematura. El juez que conoce en la usurpación es quien debe analizar las denuncias por robo o hurto de las cosas muebles guardadas en el interior del inmueble usurpado, para determinar la situación actual de esos bienes y los comportamientos que los acusados hubieran realizado a su respecto. En el caso de que compruebe prima facie la existencia de un delito independiente ajeno a su competencia, deberá extraer testimonios y enviarlos al fuero que estime competente. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz, por remisión a sus fundamentos in re "Elgorriaga", expte. n° 16824/19, sentencia del 14/05/2020).
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL
Carátula: BANEGAS, MARCELINO c/ CONSORCIO CONDUC-ICA-ICAMEX UTE. s/ SUMARIO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-11-01

El tribunal de alzada no puede exceder los límites que el apelante impuso al recurso y tampoco tiene facultades para reformar la sentencia en perjuicio de aquél si no existe apelación interpuesta por la parte contraria.
Comunicación del despido, caducidad
Materia: LABORAL
Carátula: Nasta c/ Beder s/ Laboral (Expte Nro. 322-01, Resolución Nro. 55, Tomo 20, Folio 249/253)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-10

Si bien la ley no establece ningún plazo cierto de caducidad, tanto la doctrina como la jurisprudencia han subrayado que la oportunidad de la denuncia debe inferirse razonablemente de las circunstancias concretas del caso, de manera que se advierta claramente la contemporaneidad entre el hecho de la denuncia y la injuria que le sirve de antecedente.
Transporte de carga, transporte de carga por agua, responsabilidad del transportador, valor de la mercadería, obligaciones del consignatario
Materia: NAVEGACION
Carátula: ILASA IND. LATINOAMERICANA  S.A. c/ CAP. Y/O ARM. BQ. PRETORIANO s/ ORDINARIO - COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-30

El consignatario, como titular de la mercadería en los términos que emanan del conocimiento, y en virtud de los principios de literalidad y autonomía que lo nutren, no puede desconocer ni el monto ni las condiciones en que se ha pactado la declaración de valor.
Cesantía ilegítima, indemnización, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sahagun, José Mariano c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Demanda contencioso administrativa Lallana, Elsa Ramona c/ Municipalidad de Magdalena s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-05|2000-06-07

La cesantía del empleado público genera dos efectos concurrentes: no se percibe sueldo, pero tampoco se prestan servicios, configurándose una compensación de beneficios, porque lo que se pierde al no ingresar dinero se equilibra, en alguna medida, con la actividad personal que se encuentra liberada como consecuencia de la extinción de la relación administrativa. Por lo que la actora debe demostrar el perjuicio real y efectivamente sufrido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción penal, desafuero
Materia: PROCESAL PENAL -PENAL
Carátula: ACTUACIONES    REMITIDAS    POR  EL  TRIBUNAL  DE  ENJUICIAMIENTO  DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS EN AUTOS: CAMPOS JULIO s/ INFORMACION SUMARIA - DESAFUERO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-10-01

Existen obstáculos para el ejercicio de la acción penal, entre el que se encuentra el impuesto por principios constitucionales en virtud y para proteger la alta función que incumbe a miembros de los poderes de gobierno y marcan un l imite objetivo que condiciona la actuación de la ley sustantiva, de tal modo que aquellos no podrán ser enjuiciados libremente (constitución de Córdoba arts. 56, 57, 126, 127, 140, 141; C.P.P. art. 1 in fine, 8 y ssg.).

Consecuentemente, se ha establecido que si se formulara el requerimiento fiscal o querella contra magistrados o funcionarios sujetos a enjuiciamiento ante el Jury, entonces el tribunal competente practicar a una información sumaria que no vulnere la inmunidad del imputado (c.P.P. arts. 198 y 197, asimismo la Ley 7138, art. 23). La información sumaria ordenada importa una limitada actividad judicial pues se satisface (como que es una sumaria o sea breve, sucinta, reducida a compendio) con una averiguación preliminar sobre la base de las pruebas ofrecidas, por el querellante o ministerio fiscal. Siendo así, es claro que los dispositivos de los citados arts. 198 y 197 C.P.P. supone que, interpuesta la querella o formalizado el requerimiento fiscal, no podrán cumplir otros actos de propulsión del proceso penal pues todo queda limitado a la aludida información judicial sumaria que es una breve investigación que no tiene alcance de un verdadero proceso. Es decir el trámite regulado en el c.P.P. art. 197 y ssg., no importa someter a los titulares de funciones superiores a la ley procesal, pues tal actividad asignada a los órganos de justicia, obedece a que es necesario un control judicial que d e base seria y cierta, por la incuestionable garantía de su independencia, el trámite legislativo o ante el Jury de enjuiciamiento.-
Declaración informativa, imputado, excepciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: VARGAS, Susana s/ DECLARACION INFORMATIVA. IMPUTADO. EXCEPCIONES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-09

El imputado, llamado a prestar declaración en los términos del art.

236, 2da. parte CPC, al no ser parte en el proceso, no se halla legitimado para interponer excepciones.

NOTA: Se citaron: C.N.Crim. Sala IV, c. 12.916, 'Croato, Olivo', 18/5/71; Sala III, c. 707, 'Noicoff, V.', 27/10/70; Sala I, c. 10 902, 'López Naón', 26/5/70.
Pensiones, régimen jubilatorio, cobro de retroactivo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ROSSY MALBERT, ARTURO c/ A.N.Se.S s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-20

Cabe suponer que previo al dictado de la resolución que reconoció el derecho a pensión, fijó la fecha inicial de pago, liquidó el haber judicial y el retroactivo acumulado, e hizo saber al titular en qué fecha debía concurrir a la entidad bancaria, el organismo debió constatar la existencia de fondos suficientes para hacer frente al pago comprometido si es que, conforme aduce, su accionar se ajustó a las pautas de la ley 24.156; de modo que, la tardía percepción de la inexistencia de aquéllos, constituye una negligencia que no debe pesar en contra del beneficiario. Admitir lo contrario, lejos de afianzar el estado de derecho, sembraría de inseguridad jurídica la relación entre titulares de beneficios y el órgano de la administración responsable de la prestación. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia que declaró admisible la acción de amparo y condenó al pago del retroactivo reconocido al peticionante.
Honorarios del perito, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: COVINEX SACI c/ MIGUEL A. SOPRANO SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

El derecho de los peritos al cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes con independencia del curso de las costas, encuentra su fundamento en la protección del emolumento con prescindencia de las vicisitudes del proceso y en la finalidad de desvincularlo del resultado de las pretensiones esgrimidas en el litigio, preservándose así la imparcialidad de los auxiliares judiciales y toda posibilidad de que por las contingencias del curso de las costas puedan verse frustrados sus derechos.
Acción reivindicatoria, compraventa de automotores, titularidad del dominio
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARUSO, Daniel Eduardo c/ PALHEIRO, Constantino s/ TRANSFERENCIA DE AUTOMOTOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-17

La circunstancia de que el actor no haya adquirido el vehículo del titular registral ni de quien lo representara en la ocasión, sin que pueda por ello alegar su buena fe registral, no autoriza al reconviniente, a cuyo nombre se encuentra el vehículo registrado, a pretender su reivindicación, si quedó acreditado que se lo entregó a un intermediario a fin de que lo enajene, desprendiéndose voluntariamente de su posesión.-
Comercialización ilegal de estupefacientes, recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, resoluciones equiparables a definitiva, gravamen irreparable, libertad condicional, cuestión constitucional, principio de legalidad, pena única, aplicación temporal de la ley penal, sistema acusatorio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de Apelación en autos "López Gómez, Jennifer sobre 5 C -comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción / tenencia con fines de comercialización s/ recurso de inconstitucionalidad concedido c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-24

Las modalidades de ejecución de la pena, entre las que se ubica la restricción a la libertad condicional incorporada al art. 14 del Código Penal por ley n° 27375, se encuentran abarcadas por el concepto de "ley penal" del art. 2 del Código Penal a la luz del principio de legalidad que, como límite a la arbitrariedad estatal, impide la aplicación de leyes ex post facto. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: TELL COLOMBO CARLOS ALBERTO c/ GOMEZ COLOMBO EDUARDO AUGUSTO s/ REIVINDICACION, ETC. - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-07

La apreciación de la prueba constituye, como principio, facultad propia de los jueces de la causa y no es susceptible de revisión extraordinaria, pero ello no es óbice para que el tribunal conozca en casos de arbitrariedad, pues esta doctrina tiende a resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa.-
Tasa de justicia, integración de la tasa de justicia, multa
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Pourtale Ellen Kaya c/ El Quindio SACyF y otros s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-11

Siendo que el juez de primera instancia intimó al recurrente a integrar la totalidad de la tasa de justicia adeudada, en los términos y bajo el apercibimiento contenido en la ley 23898: 11, y dicho temperamento adoptado fue confirmado, en ese contexto, la intimación respectiva quedó firme tras el rechazo de aquel recurso, sin que sea menester -como pretende el apelante-, cursar una nueva intimación a los mismos fines y efectos que la primigenia, máxime si, como ocurre en el caso, su parte fue debidamente notificada de aquella decisión confirmatoria. La primitiva intimación y el correspondiente apercibimiento que contiene la providencia forman un acto único al punto tal que si no se cumple en el plazo acordado la obligación de ingresar la tasa de justicia, la multa que se impone por dicho incumplimiento nace automáticamente (CNFed. Cont. Adm, Sala V, 11/6/96, "Aracena Enrique Jesús y otro c/ Director General de Personal de las FF.AA s/ amparo").
Obligaciones solidarias, actos ilícitos
Materia: CIVIL
Carátula: STRAZZACAPPA, MODESTO FRANCISCO Y OTRO s/ OBLIGACIONES  SIMPLEMENTE  MANCOMUNADAS  -  OBLIGACIONES SOLIDARIAS -  CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-09-23

La solidaridad que se da en un grupo deudor es la denominada solidaridad pasiva y su fuente, entre otras, es la ley, en cuyo caso la misma obedece a que el legislador quiere proteger con el máximo rigor posible, la posición del acreedor, de manera de asegurarle el cobro del crédito. Uno de los casos mas importantes que encontramos es el de los actos ilícitos donde, con arreglo al art. 1081 del cc, todos los que participan en un delito, como autores, consejeros o cómplices, responden solidariamente ante la víctima, por la reparación del daño causado aunque no se trate de un delito del derecho criminal. Pero esta regla que funciona -sin duda- para los delitos del derecho civil, esto es para los delitos dolosos, genero, en materia de cuasidelitos civiles una ardua controversia. Sin embargo, la reforma dispuesta por el decreto ley 17711, puso término a esta discusión al derogar el art. 1108 (Que era uno de los pilares en que se fundaban los sostenedores de la inexistencia de la responsabilidad solidaria en materia de cuasi delitos) y al agregar al art. 1109 una referencia a la solidaridad derivada de los actos cometidos por culpa o imprudencia, es incuestionable que ha quedado instituido en nuestro código civil el régimen de la solidaridad para los intervinientes en un cuasi delito.
Calificación legal, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: NUÑEZ Alejandro L. s/ tenencia de armas de guerra, explosivos y   robos reiterados Causa  nro. 10.866
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-15

La eventual "reformatio in pejus" podría producirse frente a la modificación del error en que incurriera la juzgadora al omitir, en la parte dispositiva del fallo, la mención del artículo 189 bis , párrafo 5to. del Código Penal por la tenencia que habría detentado de los diversos cartuchos incautados en su domicilio.
Competencia, competencia federal, competencia por la persona, nacionalidad, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: DANIEL TRUCCO c/ HECTOR MOYANO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-04

El dec. Ley 1.285/58: 40 al mantener la competencia que tenían los juzgados en lo civil y comercial federal a la fecha de su sanción, dejó vigente la ley 13.998; 41-A que excluyó expresamente de la competencia federal las causas atribuidas por razones de vecindad y nacionalidad de las personas.

En virtud de ello, y de la calidad atribuida a los jueces de la capital federal por el art. 3 del cit. Dec. Ley, es improcedente la excepción de incompetencia fundada en la nacionalidad del demandado.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, contrato de transporte, fletero
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Farto, Jorge Alberto c/ Barreto, Raul Oscar y/u otro s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Laboral   (Expte. CSJ Nº 352-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-15

No cabe otorgar favorable acogida a la queja interpuesta por el recurrente que endilga a la Sala efectuar afirmaciones dogmáticas, toda vez que la formula sin acreditar que aquélla haya motivado el fallo en opiniones carentes de sustentación objetiva. Ello así, por cuanto esgrime dicho reparo sin hacerse cargo de los criterios y apreciaciones en que lo funda el Tribunal con el propósito de demostrar que carecen de fuerza de convicción suficiente en orden a convencer sobre la existencia de un vínculo comercial, y no laboral, entre las partes. Por ende, la decisión no aparece -tal como lo pretende el impugnante- como el mero producto del arbitrio ilimitado de los jueces.
Reenvío, subrogancia del juez, principio de congruencia, personas con discapacidad, derecho a la vivienda digna, situación de calle
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: D., M. E. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-24

El Tribunal consideró que las particulares circunstancias del caso impiden que pueda la Cámara oficiosamente seleccionar otra alternativa dentro del menú de opciones potencialmente idóneas para conjurar el perjuicio que alega la reclamante, primero, por aplicación del principio de congruencia; en segundo lugar, porque aún cuando se interprete que dicho principio puede ser flexibilizado cuando exista una situación de vulnerabilidad que exija la adopción de una solución rápida para evitar el agravamiento de un daño actual y cierto a la vida o a la salud, en la especie no se ha justificado un estado de abandono o "situación de calle" que habilite dicha solución; y por último, porque la propia amparista resiste esa opción y no se ha demostrado que se le haya impedido inscribirse para acceder a una vivienda en el marco de los planes ejecutados por la Provincia en la ciudad de Santa Fe, cuestión que tampoco fue rebatida por la recurrente con un grado tal para lograr descalificar la decisión recurrida por esta instancia de excepción. (De la disidencia de los Dres. Spuler, Gutiérrez y Netri)
Privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, retención ilegal de un detenido o preso, policía, averiguación de antecedentes
Materia: PENAL
Carátula: VEGA, ROBERTO s/ PRIVACION ILEGAL LIBERTAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-11

Estando facultada la Policía para detener hasta por 24 horas a una persona para "identificar", esa detención no fue ilícita, aun cuando el fin real de la detención fuese otro, que informara sobre el domicilio de su cuñado..."
Recurso extraordinario federal, cuestión no federal, sentencia arbitraria, interpretación del contrato, efectos del contrato
Materia: PROCESAL
Carátula: Arana de Rivarola, María Teresa del Señor de la Buena Esperanza c/ Viplan S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda s/ ejecución hipotecaria - ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-22

Si bien lo atinente a la exégesis de la voluntad contractual es materia de derecho común, ajena al recurso extraordinario, ello reconoce excepción cuando los jueces asignan a las cláusulas de un contrato un alcance reñido con la literalidad de sus términos y la clara intención de las partes, y lo decidido no se basa en explícitas razones suficientes de derecho.