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Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, actualización monetaria, RIPTE, reparación integral, intereses, cómputo de intereses, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Bauer, Rubén Alberto c/ Asociart SA ART s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-25

Es arbitraria la sentencia que ordenó el reajuste del capital de condena mediante el índice RIPTE, limitándose a señalar el ínfimo monto que arrojaban las tarifas resarcitoria, si no explicó en sus fundamentos por qué las tarifas del régimen especial de reparación de los accidentes de trabajo actualizadas por el decreto 1694/2009 no bastaban para cumplir adecuadamente con el mandato impuesto por normas de rango constitucional y supra legal de compensar la pérdida de ingresos o de la capacidad de ganancia sufrida por el trabajador en virtud de un infortunio laboral; máxime cuando no se cuestionaba que a ese capital de condena debían adicionársele intereses, los que se calcularían según el promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos.
Daño ambiental, indemnización, legitimación procesal, ley general del ambiente
Materia: CIVIL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Daño moral: Lamas Alemán Luis Fernando c/ Fascini Marcela del Carmen y Boggio Eduardo Ramón Fascini Marcela del Carmen y Boggio Eduardo Ramón  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2023-10-20

Cabe indicar que el actor como vecino directamente afectado, se encuentra legitimado a solicitar tanto la recomposición ambiental como la indemnización sustitutiva -art. 30 de la LGA-, pero los fondos no pasarán a integrar su patrimonio, sino que serán depositados en el Fondo de Compensación Ambiental - que debe ser manejado por el Ministerio de Ambiente de la Provincia-.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, tipo penal, calificación legal, elemento subjetivo, principio de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: N., G. A. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-07

El agravio relativo al abordaje de la calificación legal de los hechos en relación al tipo penal de promoción de la corrupción de menores merecía ser analizado y debía, en su caso, aportarse una fundada explicación acerca de por qué se entendía que los comportamientos del imputado podían ser considerados prematuros, excesivos o perversos y poseían la entidad corruptora exigida, todo lo cual fue omitido en el fallo, en tanto el principio de máxima taxatividad interpretativa -derivado del principio de legalidad y reconocido por la Corte Suprema de Justicia nacional en el precedente "Acosta", entre otros- adquiere especial relevancia en la aplicación de los tipos penales que -como éste- contienen remisiones valorativas del comportamiento; desde que al aludir a la corrupción, la figura prevista en el artículo 125 del Código Penal contiene un elemento que no es interpretable, pues remite a otros órdenes valorativos que obligan al juzgador a realizar o a aceptar un juicio sobre un comportamiento, y en estos casos, el derecho penal debe agotar sus esfuerzos por reducirlos a elementos interpretables o descriptivos; es decir, como el tipo penal de promoción o facilitamiento de la corrupción de personas menores de dieciocho años de edad no contiene una descripción de los actos prohibidos, sino que en su elaboración el legislador ha recurrido a un concepto que necesita ser completado valorativamente, se impone un plus de argumentación a la hora de evaluar qué conductas quedan abarcadas por aquél. (Del voto del Dr. Erbetta) - CITAS: CSJN: Acosta, Fallos 331:858; CSJStaFe: AyS, T 312, p 392. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 125. - DOCTRINA: Zaffaroni, Eugenio R.; Slokar, Alejandro; Alagia, Alejandro: "Manual de Derecho Penal. Parte General", 1° Ed., Buenos Aires, Ediar, 2005, pág. 340.
Escritos judiciales, copias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Casana, Oscar Ulises y otros c/ Arnst, Raúl y otros s/ Reivindicación. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-17

Es inadmisible el argumento del apelante según el cual no procede la aplicación de la sanción prevista por el art. 120 del CPCC, si no hay plazo pendiente. Pero este razonamiento no es aplicable al caso, ya que si había un plazo perentorio: el plazo para presentar el memorial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad extracontractual del Estado, prescripción, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Bravo, Eduardo Alberto c/ Estado Nacional Argentino. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-29

La prescripción de la responsabilidad extracontractual de la administración es de dos años a partir del momento de producido el daño, conforme al art. 4037 del Código Civil modificado por la ley 17.711.
Competencia por la materia, competencia civil y comercial federal, competencia contencioso administrativa, Reglamento de Contrataciones del Estado, Reglamento General de Contrataciones de Ferrocarriles Argentinos, orden de compra, mayores costos, licitación pública
Materia: PROCESAL
Carátula: SUMI TOT SA c/ FERROCARRILES ARGENTINOS Y OTRO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-22

La actora reclama por reconocimiento de mayores costos derivados de la ejecución de la orden de compra que tuvo origen en la licitación pública convocada para la provisión de sobretodos para el personal de la demandada. De la lectura de la orden de compra, surge que el contrato, se encuentra regulado por sus propios términos y, en lo no previsto, por el Reglamento General de Contrataciones de Ferrocarriles Argentinos y el pliego de licitación, entre otros documentos. En tales condiciones, la relación jurídica resulta encuadrable dentro del ordenamiento jurídico administrativo (cfr.

esta Sala, Causas 6113 "Vittar, José Alberto c/Empresa de Ferrocarriles Argentinos" y 6114 "Herrera, Mario Humberto c/Empresa de Ferrocarriles Argentinos", ambas del 10.3.89; Fiorini, B. A., "Manual de Derecho Administrativo", T. I, pág. 502 y sgtes;

Marienhoff, M. S., "Tratado de Derecho administrativo", T. III-A, págs. 126/7 y T. III-B, págs. 648 y sgtes.), verificándose una de las causas contencioso-administrativas a que se refiere el art. 45, inc. A), Ley 13.998, especialmente ponderando que la presencia de las estipulaciones del Reglamento General de Contrataciones de Ferrocarriles Argentinos, importa reconocer a la entidad estatal facultades mas bien propias de las convenciones de derecho público que de las de derecho privado (cfr. Corte Suprema, in re "Talleres Carmona S.C.A. c/Ferrocarriles Argentinos" del 24.7.84, Fallos 306-856; esta Cámara, Sala I, Causa 5596 el 18.11.88); y que la eventual aplicación de normas del derecho común no incide en la definición de la naturaleza contencioso-administrativa de la causa (cfr. CS, Fallos: 271:31; esta Sala, Causa 1022 del 19.2.82), sin que corresponda emplazar la cuestión litigiosa fuera del ámbito de derecho público en la que ha tenido origen (cfr. esta Sala, Causas 6113 y 6114 cits.; Sala II, Causa 3999 del 29.10.85 y sus citas;

CNCont. Adm. Sala I, doct. de la Causa 2361 del 6.10.81; etc.). (Del voto de los Dres. Amadeo y Bulygin).
Imputado, defensor, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ASTUDILLO, DOMINGO NARCISO s/ IMPUTADO - DEFENSOR - DERECHO DE DEFENSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1959-04-24

El sentido progresista de nuestra ley de procedimiento penal no puede ser sacrificado por una interpretación que obedece,en último grado, a la idea de la superficialidad del procedimiento inquisitorial que consagra la confesión como la mejor y más viable de las pruebas, por el solo hecho de que los jueces encargados de recibirla, por negligencia, incomprensión o insensibilidad, que merece censura y puede llegar a constituir falta grave reprimible según el art. 178 C.P.P., omitan los resguardos establecidos por la ley,para garantizar al imputado no sólo su no sometimiento inmediato a los rigores corporales que nuestras prácticas desgraciadamente usan con tanta frecuencia sino para darle, incluso ante su propio juez, la tranquilidad moral que excluye los efectos de cualquier coerción que sobre él se hubiere ejercido o se amenaza a posteriori para que declare acusando su responsabilidad.-
Defensa del consumidor, acción judicial, debido proceso, aplicación de la ley, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: MILLER, RUBEN EDUARDO Y OTRO c/ LATAM AIRLINES GROUP SA s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-24

La ley 24240, fue modificada por la ley 26361, incorporando al art. 53 la facultad del juez -ante el pedido de la parte- de adecuar el proceso al trámite de conocimiento más adecuado por resolución fundada y a los efectos de resguardar íntegramente el derecho de defensa en juicio de la accionada (CN 18). En ese marco corresponde modificar el trámite dispuesto en el grado, disponiéndose que las presentes continúen bajo las reglas del juicio ordinario (cfr. arg. esta Sala F, "Listel Saiz Enrique Daniel y otro c/ Banco Santander s/ ordinario", del 17/6/10). Lo expuesto no empece a que oportunamente pueda decidirse, como se dijo, la cuestión de fondo sobre la base de las disposiciones de la ley 24240. Pero en este estadio preliminar, en el que aquello no puede ser aún merituado, corresponde estar al principio general del CPR 319 y brindar a las partes la posibilidad de litigar en un proceso con la mayor amplitud de cognición, sobre todo considerando la complejidad de las cuestiones que se debatirán.
Honorarios del abogado, prueba anticipada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carrozzo, María Gloria s/ Prueba Anticipada
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-11-24

Tratándose de una prueba anticipada -donde, según manifestaciones del apelante, al acusar caducidad no se ha iniciado el proceso para el que se pidieron las pruebas- para fijar los honorarios, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 66 in fine de la ley 7046 y concordantes como el artículo 58, último párrafo.
Divorcio, reconciliación de los cónyuges, convenio de partición de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: L.A. c/ F.A.H. s/ DIVORCIO 67 BIS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

La reconciliación de los cónyuges por imperio de lo normado en los arts. 71 de la ley 2393 y 234 del Código Civil, extingue de pleno derecho los efectos del divorcio ya declarado, y, consecuentemente impide que se pondere el convenio liquidatorio y la exclusión del marido sustentada exclusivamente en el mismo.
Concursos, reglas procesales, resoluciones inapelables, queja por apelación denegada, procedencia del recurso, deliberación del acuerdo preventivo, votación del acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: MONOMEROS VINILICOS  SA s/ CONCURSO S/ RECURSO DE QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

Resulta procedente la queja interpuesta por apelación denegada contra una resolución adoptada en el acto de una audiencia en virtud de la cual se decidió postergar la deliberación y votación de un acuerdo cuando -como en el caso- la decisión "concedió", en sustancia, lo pedido por el deudor (la postergación de la junta), aunque por un lapso "menor" que el solicitado. Ello, por cuanto la resolución perdió sentido racional al apartarse del contexto fáctico dentro del cual se formuló el pedido (el cual fue admitido y aprobado por mayoría de acreedores), puesto que prorrogó la junta para una fecha que ninguna vinculación tiene con lo solicitado, ni con sus fundamentos, ni con las conformidades en tal sentido prestadas. (En el caso, el concursado pidió la postergación para llevar la junta de esta causa, a un momento "posterior" al de realización de las juntas de otras empresas integrantes con "Monómeros Vinílicos SA del Polo Petroquímico Bahía Blanca".
Competencia contencioso administrativa, procedimiento administrativo, recurso contencioso administrativo, rechazo de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Gómez, Carlos Alberto c/ Municipalidad de Tapso (Distrito Tapso) - Depto. El Alto s/ Acción de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-13

Por la presente acción Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción, el actor pretende el pago de haberes adeudados correspondientes a octubre y noviembre del 2003 y de las vacaciones no gozadas ni cobradas del período 1995-2003 durante su gestión de Intendente de la Municipalidad de Tapso Dpto - El Alto.

Considerado, en la especie, inexistente la presentación del recurso de reconsideración, debemos retrotraernos a la presentación del reclamo administrativo cuya fecha, conforme surge de la prueba aportada, data del 19 de octubre del 2006 y presentada la demanda con fecha 6 de junio del 2007, nos encontramos de este modo con una brecha importante de tiempo que transcurre entre el reclamo y la presentación de la demanda, que sobrepasa los noventa días y luego los veinte que establece el Art. 7 del C.C.A. y acarrea, en consecuencia, en este caso, que el acto sometido a revisión se encuentre firme y consentido y por ende inatacable en sede judicial.

Ello es así en razón de que, en este supuesto, el interesado ha presentado la demanda una vez transcurrido con exceso el plazo de los noventa días, a partir del reclamo, del cual el mismo administrado eligió la alternativa de tener por denegado su planteamiento, acudiendo a la figura del silencio y accionar judicialmente, pero ha obviado tener presente la existencia del plazo cierto y determinado para acceder a la justicia, bajo pena de caducidad de dicha instancia judicial.

Me interesa destacar que siempre es menester tener en cuenta que el término para demandar a la Administración se caracteriza por lo perentorio, automático y fatal de sus efectos, desde que acarrea la imposibilidad de impugnar judicialmente el acto por no ejercer la acción en el tiempo establecido, produciendo en consecuencia la firmeza o convalidación de éste, el que se convierte en un acto válido, inatacable y eficaz.

En esa línea de pensamiento, la jurisprudencia es conteste en afirmar que se trata de plazos de caducidad y no de prescripción, razón por la cual la pérdida del derecho a acceder a la justicia se produce de pleno derecho, por el solo vencimiento del término, sin necesidad de ser alegada por la Administración.

Todo lo hasta aquí expresado torna innecesario avanzar con el estudio de todo otro planteamiento, en tanto las propiedades del acto ya referidas traen aparejada no solo su imposibilidad de revisión por esta vía, sino que también entiendo se adosa la consecuente incompetencia de este Tribunal.

.Por ello, sin más, solo me resta concluir que al haber sido presentada la demanda extemporáneamente, corresponde rechazar la Acción de Plena Jurisdicción interpuesta.
Cheque sin fondos, daño moral, dolo eventual
Materia: PENAL
Carátula: PODESTA, JORGE ENRIQUE s/ Cheque sin fondos Causa 30364
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-07

1- La entrega del cheque en garantía no es obstáculo para la represión del delito de libramiento de cheques sin fondos, en tanto la naturaleza de medio de pago atribuida por la ley no puede ser cambiada por la voluntad de las partes de una transacción comercial (Del voto del Dr. Repetto).- 2- El titular de una cuenta corriente bancaria que firma un cheque y lo pone a disposición de otro, autorizándolo a completar sus textos manuscritos y al ponerlo en circulación por cualquier concepto y luego no se ocupa de la suerte corrida por el documento, obra con dolo eventual que admite el delito de libramiento de cheques sin fondos (Del voto del Dr. Repetto).- 3- Corresponde indemnizar por daño moral a la víctima del delito de libramiento de cheques sin provisión de fondos, pero ello no debe convertirse en una fuente de beneficio inesperado, ni de enriquecimiento injusto, limitándose a considerar la expectativa fracasada, el disgusto, la indignación y el mal rato, teniendo en cuenta la importancia y gravedad del delito y las condiciones pecuniarias y sociales de las partes. (Del voto del Dr. Repetto).
Contratos, contrato de franquicia, exclusividad, incumplimiento del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: RADUAN,   GUILLERMO   MANUEL c/ INMOBILIARIA  BULLRICH  SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-17

Cuando -como en la especie- las partes acordaron en un convenio que la inmobiliaria demandada le otorgaría al actor una franquicia comercial la que surgiría del contrato que se celebraría posteriormente, sin embargo, ya sentaron las bases fundamentales de la relación que los vincularía, a saber: i) se asignó con carácter exclusivo para el desarrollo de la franquicia comercial determinada zona de la Provincia de Santa Fe, abarcando todos los negocios inmobiliarios -industriales, residenciales, terrenos, desarrollos o construcciones y administraciones-; ii) se acordó que el plazo de otorgamiento de la franquicia sería de 5 años, renovables de común acuerdo; iii) también, que el franquiciado debía abonar al franquiciante un "royalty". Ello así, de los elementos probatorios reunidos no surge acreditado el pago de gasto operacional alguno de parte del accionante, sin embargo, la ausencia de reclamos en ese sentido por parte de la accionada permite inferir que ésta consintió dicho incumplimiento. Aun así, no puede dejar de advertirse que el actor pretendió responsabilizar a la demandada por los daños y perjuicios que le habría irrogado esta última al incumplir con las obligaciones derivadas de la franquicia pues, no obstante reconocer que el convenio definitivo nunca se suscribió, adujo que de todos modos se había configurado esa relación al encontrarse reunidos en la especie la mayoría de los elementos tipificantes de dicho instituto y al haberse dado principio de ejecución a lo acordado en el precontrato. Se advierte sin embargo que, en el caso, la demandada se limitó a recibir del actor algunos pagos esporádicos de "royalties", sin efectuar control alguno de las operaciones efectuadas por el presunto "franquiciado", sin brindarle asesoramiento técnico, sin proveerle el pertinente manual operativo y -fundamentalmente- sin transferirle el "know how" necesario para replicar la fórmula exitosa de negocios desarrollada por el "franquiciante". Por su parte, el actor no acreditó tener 30 años de trayectoria como corredor inmobiliario, ni contar con una estructura organizada y adecuada para desarrollar el contrato de franquicia invocado, ni tener los "contactos" necesarios para ello, ni acreditó haber afrontado los gastos operacionales propios de una franquicia y que se encontraban a su cargo. A ello debe agregarse la inexistencia de reclamos entre las partes ante los diversos y presuntos incumplimientos reseñados, lo que permite inferir que la relación jurídica entablada entre las partes fue recíprocamente consentida.
Concursos, acción revocatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Domingos, Jose s/Quiebra c/ Transportes Almirante Brown S.A. s/ Revocatoria concursal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-21

El plazo determinado por el art. 128 de la ley 19551 no puede ser calificado indiscriminadamente ya sea de caducidad o de prescripción, pues es indispensable atender a cada una de las situaciones que menciona la norma.
Reglamentación de la ley, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MAC KENTOR  S.A.C.C.C.I.A.F. c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ REVISION DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-12

La racionalidad de la reglamentación depende de su adecuación al fin de la ley y no es pasible de tacha constitucional en tanto no quepa impugnarla con base en su iniquidad manifiesta.
Accidentes de trabajo, incapacidad laboral, asegurador por riesgos del trabajo, obligaciones del asegurador, asistencia médica, alta médica, multa administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ LA CONSTRUCCION - LIBERTY ART. DENUNCIANTE SR. WAISER, DANTE SILVIO. s/ PRESTACIONES EN ESPECIE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-28

Procede imponer la sanción de multa a una A.R.T. cuando, -como en el caso-, surge que no brindó a un trabajador accidentado las prestaciones de asistencia médica y farmacéutica, rehabilitación y recalificación profesional, no otorgándolas hasta su curación completa o mientras subsistían los síntomas incapacitantes, y a mas incumplió con un dictamen emitido por la comisión médica. No empece lo expuesto que la sancionada alegue que apeló cierto dictamen de la comisión médica, como si ello lo hubiera eximido de la obligación de emitir la citada recalificación, con base en que la aplicación de los tratamientos y las prácticas médicas sobre los pacientes serían un punto de discrecional apreciación por parte de los prestadores médicos. Ello pues, ese no es el sistema que la ley preve, sino que son las comisiones médicas y la comisión central creadas por la Ley 24241: 51, las encargadas de determinar el contenido y alcances de tales prestaciones en especie (Ley 24557: 21). En tal sentido es de ponderar, que el alta médica no implica, en medida alguna, habilitación o permiso para dejar de otorgar las prestaciones en especie. Dicha alta médica, (en los términos del art. 7 de la ley 24557, ap. 2, Inc. A), solo hace cesar la incapacidad laboral temporaria. Las prestaciones en especie deben otorgarse a los damnificados hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes (conforme ley 24557: 20), no solo hasta el alta.

-En la especie, se redujo de 500 a 400 mopres la multa impuesta-.
Tasa de justicia, concursado, saldo impago, integración de la tasa de justicia, intimación de pago, Corte Suprema de Justicia de la Nación, acordadas
Materia: PROCESAL
Carátula: QUITO DISTRIBUCIONES SA s/ CONC. PREV. S/ INC. DE DETERMINACION DE TASA DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-20

Resulta procedente la resolución que intimó a la concursada a pagar el importe de la tasa de justicia que no cuestionó, toda vez que, dicha intimación no es más que la aplicación pertinente de lo dispuesto en la Acordada 19/92: 3 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que textualmente reza: "la oposición fundada en diferencias respecto del importe de la tasa que se debe abonar, se tendrá por no presentada cuando se hubiere omitido acompañar la constancia del pago de la parte adeudada que no ha sido cuestionada".
Acción autónoma de nulidad, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: A., J. c/ ASOCIACION FRUTICULTORES AUTENTICOS S.R.L. s/ ORDINARIO s/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-05-17

"De resultar cierta la irregularidad del procedimiento que llevó a sentencia firme (como falsificación de firma en las actuaciones policiales, falencias en la asistencia jurídica), la comprobación de los hechos que sustentan la impugnación requiere un proceso de conocimiento contra el o los responsables de la solución eventualmente "írrita" que la sentencia había consagrado.

Ello no atenta contra la defensa en juicio, sino reafirma la institución de la cosa juzgada, cuya firmeza no empece la alternativa de ceder a la razón de justicia cuando no ha existido un auténtico y verdadero proceso judicial y así se comprueba."