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Recurso contencioso administrativo, agotamiento de la instancia administrativa, docentes, director suplente, cambio de lugar de trabajo, empleados públicos, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Peramos, Angel Francisco c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-08

El que en una sentencia anterior dictada por la Corte provincial, se haya decidido que no correspondía pronunciamiento acerca de la titularización del recurrente -Director de escuela interino- porque faltaba el reclamo previo, en modo alguno enerva el efecto interruptivo producido por el recurso interpuesto. El abatimiento del efecto interruptivo de la demanda se produce, únicamente, en el supuesto reglado por el artículo 3987 del Código Civil, que no se da en el caso si se repara en que la sentencia anterior de la Corte no se expidió definitivamente en torno a la postulada titularización sino que sólo dejó sentado que no podía pronunciarse sobre el particular en razón del carácter revisor que tiene la jurisdicción contencioso administrativa. El término de prescripción comenzó a correr, pues, desde la notificación de esa sentencia, pero se interrumpió nuevamente al año siguiente, cuando se dedujo reclamo administrativo, por lo que dicho breve lapso es insuficiente para producir la prescripción de la acción.
Democracia, debate, libertad de expresión, Comunicaciones, equidad, libertad de prensa, acceso a la información
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Fontevecchia y D'Amico c/ Argentina s/ Fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-11-29

En atención a la importancia que la libertad de expresión adquiere en una sociedad democrática, y la elevada responsabilidad que ello exige a quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo sobre la base de criterios de equidad.
Superintendencia, apercibimiento, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Superintendencia Judicial Tribunal Oral N. 7 s/ avocación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-18

Corresponde apercibir al defensor oficial quien, además de formular manifestaciones carentes de sentido dentro del proceso para salvaguardar los derechos de su defendido, demostró con ellas un palmario desconocimiento de la organización y los principios que rigen la administración de justicia.
Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mendoza, Domingo y Hno c/ Provincia de San Luis s/ derechos de exportación -  cuestión de competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1865-05-03

Es competente la Suprema Corte, para conocer y juzgar las controversias que se susciten entre particulares y una provincia, ya sea ésta la demandante ó la demandada (art. 100, Const. Nac.).
Recurso de apelación (procesal), alimentos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: MACEDO LUIS ALBERTO c/ AVILA SONIA SUSANA s/ DIVORCIO VINCULAR POR PRESENTACION CONJUNTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-06-06

El memorial presentado carece de suficiencia a los fines de la revocación pretendida pues más encaminados están los argumentos allí vertidos a discutir el monto de la cuota alimentaria que a atacar la injusticia o el error de la medida dispuesta (art. 264 del C.P.C.C ). No siendo obstáculo a ello lo afirmado con relación a su situación frente al Colegio Profesional al que pertenece en tanto admite como cierto el fundamento de la juzgadora sobre las dificultades habidas para la percepción de las cuotas de alimentos debidas. Ante tal situación, es otra la vía para debatir el monto fijado, pero en modo alguno ello es fundamento válido o crítica razonada eficaz para dejar sin efecto lo resuelto.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, cuenta corriente bancaria, concurso ideal
Materia: PROCESAL
Carátula: Soto, Sandra Mabel s/ averiguación de ilícito.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-06

Si no se han incorporado informes o certificaciones bancarias que ilustren acerca de las circunstancias en que se habría llevado a cabo la apertura de la cuenta atribuida a la denunciante, de las razones que hubieran dado lugar al rechazo de los cheques presuntamente presentados al cobro, y de la supuesta inhabilitación que pesara sobre la damnificada para operar en cuenta corriente, la calificación adoptada por el magistrado declinante -falsificación de instrumento privado en concurso ideal con estafa- carece del sustento necesario en un hecho perfectamente individualizado. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Sucesiones, notificación por edictos, domicilio en el extranjero
Materia: CIVIL
Carátula: CARBALLO FERNANDEZ, Resucitación s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-30

En el supuesto que se denuncie que los eventuales herederos residen en el exterior, desconociéndose su domicilio, la citación por edictos es el modo de garantizar una eventual defensa de los derechos del ausente (Conf.Goyena Copello, "La estructura del derecho sucesorio y su proyección en el proceso". Sucesiones, Bs.As. 1991, p. 14).
Accidente de tránsito, presunción de culpa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ETCHEBARNE, RAUL LUJAN c/ PEÑALVA FRATTINI, LUIS RUBEN s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-08-31

En los accidentes de tránsito producidos por la colisión recíproca de dos vehículos, debe aplicarse el factor objetivo de imputabilidad establecido, a partir de la reforma del año 1968, en el segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil. Mas no se crea por ello que la simple aplicación del artículo citado nos releva del debido análisis del supuesto fáctico del juicio lógico normativo, ni que la sola existencia de un factor objetivo de atribución de responsabilidad -el riesgo o vicio de la cosa bajo guarda o propiedad del demandado- impedirá examinar, en la medida de lo procesalmente posible, la conducta de los intervinientes en el evento. El artículo referido solo establece una presunción de causalidad mientras que las normas de tránsito una de culpabilidad.

Es en la culpabilidad de la víctima donde se inserta y examina la ocurrencia del hecho y la operatividad de las normas regulatorias del tránsito vehicular. Admitimos la posibilidad de culpabilidad parcial de la víctima. La culpa implica siempre un defecto de conducta, un concepto de carácter normativo. Esta idea nos permite resolver situaciones de dilema aparente como en el caso donde se enfrentarían dos presunciones: una de responsabilidad -o de causalidad- consagrada por la teoría del riesgo en el art. 1113 del Código Civil y otra de culpabilidad, establecida por la norma de tránsito para quien accede a la encrucijada por la izquierda, violando la obligación- o deber exigible- prescripta por el artículo 49 "b" de la ley 13.893, de ceder espontáneamente el paso. Presumida iuris tantum la responsabilidad del demandado, dueño o guardián del automóvil, presumido iuris et de iure riesgoso o vicioso, para liberarse deberá acreditar, por cualquier medio probatorio, la culpa de la víctima. Ciertamente uno de ellos serán las presunciones, tanto legales como hóminis como en un sinnúmero de situaciones lo establece la ley nacional de tránsito 13.893. "Para dilucidar, ante presunciones encontradas cual priva sobre la otra, debe buscarse lo que subyace como estructura en los supuestos fácticos y en las disposiciones de la ley que regula a los accidentes de tránsito y a la responsabilidad civil, en general, con lo cual la primacía debe concederse al ilícito que guarda mayor gravedad y mayor relación de causalidad con respecto al daño causado"(Opinión del Dr. Ahumada).

Si está acreditada la culpa del conductor en función de las normas de tránsito, la cuestión vinculada con la aplicación de la teoría del riesgo -art. lll3 del Código Civil- resulta insubstancial, estéril o académica.-(Del voto de los Dres Sacco y Cook).
Deserción del recurso, expresión de agravios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Perez, Luis Alberto c/ Gonzalez, Lía Gabriela y Otro s/ Abreviado - Pago por Consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-05-09

La deserción del recurso debe declararse sólo cuando no queden dudas que el mismo no reúne los requisitos indispensables que debe contener una expresión de agravios, debiendo quedar expedita la instancia revisora, en virtud del derecho de defensa, siempre que exista una crítica a las conclusiones a que arribara la sentencia que permita abordar el asunto y resolverlo.
Representación procesal, gestor
Materia: LABORAL
Carátula: Aliaga, Octavio c/ Bertrán Hnos. y Cía. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

En razón que el art. 24 del dec.ley 7718/71 utiliza el término gestor, han de admitirse como válidos los actos de quien en juicio asume una representación, sin tener aún conferido el mandato.
Fraude a la propiedad intelectual, edición ilegal de obra intelectual, compact disc, delito de resultado
Materia: PENAL
Carátula: Szuterman Esses, Adriana Frida y otro s/ procesamiento y embargo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-24

Debe confirmarse el procesamiento, en orden al delito previsto en el art. 72, inciso "d", de la Ley 11.723 (de Propiedad Intelectual), de una intérprete de música infantil y un productor artístico, quienes produjeron una cantidad de discos compactos superior a la que plasmaron en los formularios presentados ante la autoridad de control, habida cuenta que, al tratarse de un delito de resultado, la conducta típica quedó consumada al haberse concretado el perjuicio efectivo contra los derechos de explotación por la expedición de un número mayor de ejemplares que el autorizado.
Declaración de inconstitucionalidad, silencio de la administración, ley de procedimientos administrativos, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Biosystems S.A.  c/ EN - M° Salud - Hospital Posadas  s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-11

Es improcedente declarar la inconstitucionalidad del art. 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo, toda vez que en la causa correspondía habilitar la instancia judicial al no haber existido un acto administrativo que denegara el reclamo de la actora, por lo cual ante el silencio de la administración, el actor, por la concordancia de los arts. 31, 26 y 10 de la citada ley, podía entablar la demanda en cualquier momento, sin perjuicio de lo que correspondiere en cuanto a los plazos de prescripción. -Del dictamen de la Procuración al que la Corte remite-
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, valor vida, indemnización
Materia: PENAL
Carátula: GUIDO FAUSTINO ADOLFO s/ e.p. DE ARCE ARIEL s.d. HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO -  CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-29

Si bien los requisitos para la procedencia de la casación son taxativos y formales, estos últimos no deben ser de tal manera que lleguen al punto de constituir un excesivo ritual manifiesto, que lesione o niegue un derecho adquirido, como es la fijación de la indemnización del valor vida, integrativo del daño material.-
Sucesiones, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL
Carátula: DELL'ISOLA ARMANDO NICOLAS F. s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-22

Si bien la ley ha establecido un principio objetivo para la determinación de la competencia territorial en materia sucesoria al disponer que el domicilio del difunto es el que fija el lugar en que se abre la sucesión y la jurisdicción de los jueces, circunstancias especiales de conexidad procesal, pueden autorizar excepciones (conforme Cámara Nacional Civil, Sala B, R. 10.490, 20/11/84). Es pertinente la acumulación o el trámite ante el mismo juzgado, de las sucesiones vinculadas cuando se trata de los mismos bienes y el estado de procedimiento lo permita, ya que razones de economía procesal así lo aconsejan.-
Gobierno de facto, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, privación ilegal de la libertad, indemnización, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Noro, Horacio José c/ Ministerio del Interior art. 3° s/ ley 24.043. s/ ley 24.043.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

La finalidad de la ley 24.043 fue otorgar una compensación económica a personas privadas del derecho constitucional a la libertad, por actos - cualquiera que hubiese sido su expresión formal - ilegítimos, emanados en ciertas circunstancias de tribunales militares o de quienes ejercían el Poder Ejecutivo de la Nación durante el último gobierno de facto.
Empleador, concesión comercial, transferencia del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: LUNA, GUILLERMO c/ SOCIEDAD RURAL ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-30

Cuando la explotación del negocio pasa a otra empresa por haber sido aquella adjudicada en concesión, no hay transferencia. Para que se concrete esta última hipótesis se requiere una sucesión propiamente dicha y no el mero hecho de que un nuevo empleador aparezca cumpliendo la misma actividad que antes había cumplido otro: hace falta un vínculo jurídico sucesorio que no se da entre los adjudicatarios, sucesivos y distintos, de dos concesiones.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, honorarios, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA DE MARGARITA LTDA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ACCION DE AMPARO (CSJ EXPTE N  473-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-29

Si bien en principio las regulaciones de honorarios devengados en la instancia ordinaria constituye materia ajena al recurso extraordinario, cabe hacer excepción a dicha máxima cuando quien recurre, demuestra perfilado con suficiente claridad el agravio que la decisión sobre ese tema le causa, por afectar derechos o garantías constitucionales o por no reunir las condiciones mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción.
Cuenta corriente bancaria, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Cooperativo de La Plata c/ Bonadeo, María Esther s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

La circunstancia de que constituye título ejecutivo el saldo deudor de cuenta corriente que reúne los requisitos del art. 793 in fine del Cód. de Comercio (art. 521 inc. 3 Cód. Proc.), y que dicho saldo resulte exigible desde su determinación, no sirven por si solas para acarrear la mora del deudor. Es que al no existir en el Cód. mercantil disposiciones expresas que resuelvan el instituto, debe acudirse a lo normado al respecto en el Civil. No se trata de una obligación a la que se puede aplicar el sistema de la mora "ex re", porque es pura y simple, rigiendo en consecuencia el de la "ex persona". Es necesario, entonces, la interpelación al deudor. No surgiendo de las constancias de autos que con posterioridad al cierre de la cuenta corriente o a la expedición del saldo deudor mediara requerimiento idóneo por parte del acreedor se produjo a partir de la fecha en que se practicó la diligencia de intimación de pago y citación de remate.
Recurso de queja (procesal), tribunal de superintendencia notarial, Superior Tribunal de Justicia, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Escribano Waiman, Enrique Alberto Elías s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-03

El Tribunal de Superintendencia no es otro que el Tribunal Superior de Justicia, en función de superintendencia sobre los escribanos. El actual diseño de la competencia notarial -transitoria y excepcionalmente ejercida por el Tribunal Superior de Justicia (art. 172, ley nro. 404)-, no permite la interposición del recurso de inconstitucionalidad previsto por el art. 26, inc. 4, de la ley nro. 7
Apremios ilegales, asignación de causa, desinsaculación del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PERSONAL POLICIAL s/ Apremios ilegales PERSONAL POLICIAL s/ Apremios ilegales -art. 144bis, inc. 3°, C.P.- PERSONAL POLICIAL s/ Apremios ilegales PERSONAL POLICIAL s/ Apremios ilegales -art. 144bis, inc. 3°, C.P.-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-24|1997-02-24|1997-02-24|1997-02-24

El delito de apremios ilegales debe ser investigado por un magistrado distinto de aquél que tiene a su cargo las actuaciones en las que dicho ilícito se cometiera (art. 66 bis del R.J.C.C. y la pacífica jurisprudencia del Tribunal al respecto).

Ello es así aun cuando, el magistrado, que dispuso la extracción de las piezas respectivas para remitir a la Oficina de Sorteos, fue desinsaculado para intervenir en el hecho del que se desprendiera.

La equitativa distribución de tareas no es el único motivo por el que un Juez distinto debe conocer de hechos de tal naturaleza. Resulta inconveniente que quien tiene a su cargo dilucidar la situación procesal de un imputado deba también pesquisar los eventuales ilícitos que se le atribuyen a la autoridad preventora en el ejercicio de su función de auxiliar de ese mismo Juez.
Allanamiento, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coop. de Tambo de Castelli c/ C-3 Química Mar del Plata s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

Cuando la compraventa comercial no es al contado, sino a plazo o al fiado, el lugar de pago no es el de la entrega de mercaderías, sino el domicilio del deudor-comprador (art. 450, 464, 465 del Código de Comercio; 749 y 1424 del Código Civil). Promovida la demanda por cobro de pesos, se allana la actora en forma real, incondicional, oportuna, total y afectiva a la excepción de incompetencia opuesta por el demandado. Tratándose el caso de autos de materia opinable y de una cuestión de derecho por cuanto bien pudo creerse el actor con derecho a accionar en esta jurisdicción territorial, amparado en el art. 5 inc. 3° del CPCC, resulta justo y equitativo imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68 y 70 del CPCC).-
Contrato de obra pública, responsabilidad del proyectista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INGENIEROS MARTINEZ CONSTRUCCIONES  S.A.I.I. Y C. c/ ESTADO  NACIONAL  (DIR.  GRAL.  DE  INFRAESTRUCT.  DE  FUERZA  AEREA) s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

Las potestades de fiscalización e inspección no suprimen la responsabilidad del constructor o, en este caso, del proyectista que sigue vigente aun cuando la Administración no ejerciere o lo hiciere incorrectamente, las prerrogativas que le vienen asignadas por el régimen jurídico al que se encuentra subordinada la relación contractual. La omisión de la inspección en realizar los controles pertinentes y de ordenar al contratista una modificación de la forma en que se está ejecutando la obra no significa, entonces, liberarlo de responsabilidad, la que permanecerá comprometida hasta las recepciones provisional y definitiva por la buena calidad de la prestación y resultado al que se ha obligado.
Daños y perjuicios, indemnización, tasas de interés, asegurador, responsabilidad del asegurador
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Scavino c/ Caldara s/ Ordinario (Expte Nro.  374-00, Resolución Nro.  63, Tomo 20, Folio  277/283)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-17

En tanto la aseguradora no efectuó una crítica razonada con respecto a la tasa de interés que manda aplicar el inferior sobre los montos indemnizatorios; se debe tenerla por conforme con tal aspecto de la sentencia de baja instancia (art. 365 C.P.C.C.).
Intervención de terceros, principio de congruencia
Materia: CIVIL
Carátula: Martínez, Víctor D. c/ Castaño, Elsa y otros. s/ Sumario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-08-30

La intervención del tercero, (que obligada o voluntariamente interviene como parte en un proceso) en la sentencia y su ulterior ejecutabilidad contra él, no vulnera el principio de congruencia al condenar a quien originariamente no fue demandado, porque la sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio como lo establece el art. 163 inc. 6 del Cód. Proc. (En disidencia: Dr.

Leiva).
Divorcio, abandono voluntario y malicioso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MANFREDI MYRIAM c/ CARLOS PARODI s/ Divorcio Vincular Tenencia (LIBRO: S008 - 126)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-02-25

El alejamiento del hogar conyugal por parte de uno de los conyuges tiene que ser voluntario y malicioso. voluntario en el sentido que no se haya producido por motivos atendibles independientes de su voluntad y malicioso en el sentido de que haya habido intención de eludir sus responsabilidades matrimoniales.-
Remisión del expediente, competencia civil, competencia penal, responsabilidad del juez, juicio político, facultades del juez, facultades disciplinarias del juez
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ ALVARIÑO, P. s/ EXPEDIENTE - REMISION CAUSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-07-02

No procede hacer lugar a la solicitud de la Cámara Civil de remitir la querella por calumnias e injurias a dicho Tribunal, donde se tramita la demanda del procesado contra el juez correccional de la querella, por daños y perjuicios no solo porque es principio que la responsabilidad civil de los jueces recién deviene perseguible judicialmente, tras su remoción en el cargo por el respectivo juicio político, sino porque en el caso de autos, una vez más el aquí procesado acude al ejercicio abusivo de los mecanismos procesales, para entorpecer el regular curso de esta causa penal impidiendo que ella reciba su natural decisión conclusiva.

Abonan la precedente creencia las reiteradas actitudes obstruccionistas que han debido llevar a la Sala al ejercicio de su potestad disciplinaria en toda la gama de las previsiones que contempla el derecho vigente, por cuya virtud se comprende que favorecer en el caso el requerimiento del Tribunal Civil vendrá en los hechos a homologar jurisdiccionalmente un malsano ejercicio del derecho a la defensa tendiente, precisamente, a frustrar su legítimo ejercicio en esta causa con un comportamiento inspirado exclusivamente en una torpe voluntad dilatoria.