Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-02


SETENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Veintiséis.- En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a dos días del mes de Septiembre del año dos mil nueve, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres., AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, JOSÉ RICARDO CÁCERES y ENRIQUE ERNESTO LILLJEDAHL; bajo la presidencia de la Dra. Amelia del V. SESTO DE LEIVA, Secretaria Dra. CRISTINA DEL VALLE SALAS MARTÍNEZ, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 13/09 "Sr. Edgardo Ernesto Macedo - Apoderado de la Alianza Frente Justicialista lista para la Victoria - s/Recurso de Casación en contra de la Sentencia Nº 2 del 11/03/09 del Tribunal Electoral", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde? 2) Costas. Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 36, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y ENRIQUE ERNESTO LILLJEDHAL. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. CACERES dijo:

Que en los presentes actuados, los representantes de la Alianza Frente Justicialista para la Victoria interponen RECURSO DE CASACIÓN contra la Sentencia Nº 2/09 dictada por el Tribunal Electoral de la Provincia que rechazó la impugnación y solicitud de nulidad que efectuaran respecto a las Mesas electorales Nº 308/316 mixta de Antofalla, Departamento Antofagasta de la Sierra; Nº 315 de Antofagasta de la Sierra, Nº178 Masculina de Alijilán y Nº 187 Femenina de Alijilán, relacionadas con el acto electoral llevado a cabo en el pasado mes de marzo del corriente año, invocando los recurrentes en su fundamentación las previsiones del art. 298, inc. c) del CPCC. Sostienen los recurrentes que la sentencia del Tribunal Electoral que rechazó la impugnación que formularan y el pedido de nulidad de las mesas mencionadas, resulta arbitraria por carecer de una fundamentación que refiera al derecho electoral, afirmando que el fallo no constituye una derivación razonada del derecho vigente, atento la inexistencia de norma jurídico-electoral que establezca la convalidación tácita, en el sentido de resultar ella como la falta de impugnación en el momento del acto electoral o del escrutinio provisorio. Alegan, en cada caso, que lo resuelto por el Tribunal Electoral, resulta violatorio de lo prescripto en el artículo 95° de la Ley electoral, concordante con el artículo 101 del mismo cuerpo legal, respecto a la Mesa N° 315 de Antofagasta de la Sierra, argumentando que la diferencia entre la cantidad de sobres y de votos emitidos justifica la declaración de nulidad, ya que el certificado que acompañan constituye instrumento público que hace plena fe sobre su contenido. Consideran asimismo que la sentencia que recurren convalida un fraude electoral a la voluntad de los electores legítimamente empadronados en el Departamento Antofagasta de la Sierra en atención a que se ha admitido el voto irregular de electores no empadronados, estimando que la escasa diferencia a favor obtenida por el Frente Cívico y Social podría no haber sido la misma si no se hubiera admitido el voto irregular de los electores no empadronados, constituyendo ello una cuestión de gravedad institucional, afirmando en consecuencia la consumación de un fraude electoral a la verdadera y legítima voluntad del pueblo de Antofagasta de la Sierra. Por lo que solicitan que al hacerse lugar al recurso de casación se declare la nulidad de las mesas cuestionadas, y se ordene la apertura y recuento manual de votos y de sobres contenidos en las urnas correspondientes a totalidad de las mesas receptoras de votos del Dpto. de Antofagasta de la Sierra. A fs. 28 y vta. la Corte de Justicia resuelve declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto. A fs. 30/33 se agrega el dictamen de la Sra. Procuradora General Subrogante, con lo que la causa previo llamamiento de autos se encuentra en condiciones de ser resuelta Siendo ello así, estimo necesario recordar que los recurrentes -representantes del Frente Justicialista para la Victoria- articulan el presente recurso de casación en contra de la sentencia emitida por el tribunal Electoral de la Provincia que rechaza la impugnación y solicitud de nulidad efectuada en relación a las mesas electorales N° 308/316Mixta de Antofalla, Dpto. Antofagasta de la Sierra; N° 315 de Antofagasta de la Sierra; N° 178 Masculina de Alijilán y N° 187 Femenina de Alijilán, todas ellas con motivo del acto electoral realizado en el mes de marzo próximo pasado. Afirman esencialmente que la sentencia es arbitraria porque carece de una adecuada fundamentación normativa en tanto sólo cuenta con un aparente sustento, que no refiere al derecho electoral vigente, argumento que reiteran al indicar que la misma no constituye derivación razonada del derecho vigente, y que tal arbitrariedad convalida un fraude electoral a la voluntad de los electores legítimamente empadronados en los Departamentos Antofagasta de la Sierra y Santa Rosa (en este caso en jurisdicción del Municipio de Los Altos), circunstancias que configuran una gravedad institucional evidente, en virtud de la alteración del verdadero resultado del comicio. Hacen hincapié en la afirmación de que no existe norma jurídico electoral alguna que establezca la convalidación tácita, entendida ésta por falta de impugnación al momento del acto electoral y/o del escrutinio provisorio, por parte de los fiscales de los partidos o alianzas con representatividad para cuestionar y/o formular impugnaciones u objeciones en dicha instancia, respecto de la incorporación irregular de ciudadanos que no se encontraban inscriptos en el padrón electoral de esas mesas receptoras. Asimismo en relación a la mesa 315 de Antofagasta de la Sierra, señalan que la diferencia denunciada entre la cantidad de sobres y de votos emitidos justifica la declaración de nulidad, surgiendo ello claramente del certificado provisorio de escrutinio que se ha acompañado como prueba.

Debo señalar, previo a las consideraciones que efectuaré, que coincido a priori con las argumentaciones efectuadas por la Sra. Procuradora General Subrogante, fundamentalmente en la afirmación que refiere a la alegada orfandad de sustento normativo que padecería la sentencia del Tribunal Electoral, sosteniendo, en consonancia con su dictamen, que las previsiones legales provinciales (Ley 4628) son las que sin duda ha aplicado el Tribunal citado al rechazar los cuestionamientos formulados respecto a las Mesas electorales a que se ha hecho mención, habida cuenta de la interpretación que debe efectuarse en referencia a lo que denominamos "proceso electoral". Que, en efecto, no puede desconocerse que el proceso electoral, tal como su nombre lo indica, es una secuencia concatenada de actos que va presuponiendo el cumplimiento y firmeza de uno anterior para pasar a otro posterior, lo cual se conoce bajo el nombre de actos esencialmente preclusivos, implicando la aplicación del principio de preclusión que impide la reapertura de cuestiones que han sido consolidadas.

Que éste criterio no implica atribuir una indebida primacía a aspectos rituales por sobre el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, ni contrariar doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues la materia involucrada en el presente caso trasciende la mera inteligencia del principio procesal de preclusión, comprometiendo directamente la propia esencia del sistema electoral y los valores que en el proceso del mismo descansan, que no admiten en principio la revisión de los resultados más allá de la oportunidad que la propia ley establece para ello (conf. Fallos:314: 1784). Que en este proceso, en ésta secuencia concatenada de actos como lo denominamos, cabe destacar - como atinente al caso - la constitución de las distintas mesas receptoras de votos con la presencia de las Autoridades (Presidente y suplentes) como asimismo la posibilidad que la Ley Electoral brinda a los Partidos Políticos intervinientes de designar fiscales que los representen en tales mesas (Art. 31 Ley 4628) cuya misión es la de controlar las operaciones del acto y formalizar los reclamos que estimen corresponder (Art. 32 de la ley citada). No resulta reiterativo señalar, en consecuencia, que es facultativo de los Partidos Políticos designar los fiscales, y que de así hacerlo, la misión de los mismos será la defensa de los intereses del partido al que representan. Controlar y verificar durante todo el transcurso del acto eleccionario la regularidad del mismo y, en caso de presunto incumplimiento, formular la protesta correspondiente ante el Presidente, dejando constancia de las anomalías en forma escrita. Observan o impugnan el acto de escrutinio, suscriben el Acta de cierre y reciben del Presidente de mesa un certificado de escrutinio. Citando las consideraciones efectuadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba en autos "M., E.F. y Otro (APS. Alianza Frente Cívico) Impugnan Escrutinio Provisorio - Solicitan se realice recuento de sufragios en las mesas" (18/09/2007) - LLC 2007 (octubre), 914, podemos en consonancia afirmar que las Autoridades de las Mesas Electorales que han participado y controlado en cada mesa de cada escuela donde se emplazaron las urnas, la apertura de las mismas, y el conteo voto a voto al finalizar el acto comicial el día 8 de Marzo del corriente año son conciudadanos catamarqueños que han trabajado por el Pueblo de la Provincia, son ciudadanos que representan al pueblo, son mandatarios de Catamarca que han sido designados al azar de los padrones electorales y representan y garantizan el supremo predominio de la voluntad popular expresada en las urnas. El escrutinio que efectúan se instrumenta en un Acta, que es parte del material electoral que se envía a cada mesa. En ella se consigna lo que la Autoridad de la mesa ha valorado cuantitativa y cualitativamente respecto a los votos emitidos y cual ha sido la conformidad o disconformidad que han manifestado los fiscales de control de los partidos políticos presentes en esa mesa. En tal sentido, en los autos mencionados, el Alto Tribunal de Córdoba señaló que "El escrutinio efectuado por cada presidente de mesa se instrumenta en un acta, cuyo contenido se tiene por válido en lo que se refiere a los votos no impugnados o recurridos", argumento con el que coincido plenamente. Que, asimismo, expreso mi conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que el entendimiento de la ley debe atenerse a los fines que la inspiran, prefiriéndose siempre la interpretación que los favorezca y no la que los dificulte (Fallos: 311:2571, entre otros). En ese orden de ideas, claramente me inclino por sostener que no es otra la comprensión que debe hacerse del presupuesto general de validez del escrutinio de mesa al que refiere el artículo 96 de la Ley Electoral vigente, y resulta coherente con el fin perseguido por la norma, que restringe a sólo tres causales la posibilidad de anular la votación en alguna mesa, esto es cuando existiese una diferencia mayor de cinco votos entre el número de sufragios y la cifra de votantes señaladas en el registro (Art. 97) o si se comprobare que la apertura tardía o clausura anticipada de los comicios priva intencionalmente la emisión del voto, o no aparezca la firma del presidente en el acta de clausura o en su caso en el certificado de escrutinio, y no se hubieren completado tampoco las demás formalidades prescriptas por la ley (Art. 98).

Que es de hacer notar en este estado, que las cuestiones introducidas por los recurrentes en su presentación por ante el Tribunal Electoral, devienen extemporáneas, tal como el mismo Tribunal lo señala y se pone de resalto en el dictamen de la Sra. Procuradora Subrogante, atento que en ningún caso los fiscales actuantes en las mesas que se solicitan en esta instancia anular por parte de los apoderados del Frente que promueven esta casación, hicieron mención o formularon propuesta alguna sobre el desarrollo del acto eleccionario y referentes al escrutinio. Que, a mayor abundamiento, debo señalar que en un caso absolutamente similar al sub examine, el más Alto Tribunal de la Nación, en autos "Mendoza, Mario Raúl s/nulidad de mesas - Frente por la Paz y la Justicia" determinó procedente dejar sin efecto la sentencia que declaró la nulidad de la elección realizada en diversas mesas de un distrito electoral al concluir que votaron personas que fueron injustificadamente agregadas en el padrón correspondientes a esas mesas, porque ".debe primar la presunción de validez de los comicios apoyada en la conducta de las partes, en tanto los fiscales de las agrupaciones políticas no formularon oportunamente el respectivo reclamo con fundamento en la ilegitimidad de la inclusión de los votantes." Es dable reiterar en estos actuados, que en los casos de las mesas electorales Nº 308/316 Mixta de Antofalla, Departamento Antofagasta de la Sierra; Nº 178 Masculina de Alijilán y Nº 187 Femenina de Alijilán, las irregularidades que denuncian los apoderados del Frente impugnante luego de conocidos los resultados de las mesas, habrían ocurrido sin que sus fiscales presentes formularan protesta alguna sino que, por el contrario consintieron la emisión de los votos que posteriormente cuestionó el apoderado de la Agrupación. Como sostengo ut supra, cuando la ley establece plazos y procedimientos en un proceso como el electoral, que como ya he señalado es una secuencia concatenada de actos que va presuponiendo el cumplimiento y firmeza de uno anterior para pasar a otro posterior, lo hace procurando evitar que se introduzcan cuestionamientos al resultado comicial fuera de la inmediatez del acto electoral. Concuerdo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos ya mencionados, en que actuar de manera contraria a lo expuesto implicaría que ".por vía de alegaciones que no tendrían límite temporal alguno, podría impugnarse indefinidamente la legitimidad de los candidatos triunfantes, con evidente mengua de la seguridad jurídica y certeza de los procesos electorales". (Fallos 314:1784). Ahora bien, lo expresado no significa desconocer el proceder irregular que importa permitir la emisión de votos a ciudadanos que no figuran inscriptos en el padrón electoral de la mesa receptora -fuera de los supuestos autorizados por la ley-, vicio nulidificante que de comprobarse daría lugar a la nulidad del voto si se lo hubiera impugnado oportunamente, ya que sin lugar a dudas es de singular importancia que quien elige sea elector del distrito para evitar fraudes electorales, más aún cuando el padrón es reducido y la diferencia de votos entre una agrupación política y otra es mínima. Y me expreso en términos hipotéticos, por que tengo presente que el derecho electoral no escapa en materia de nulidades a los principios generales del derecho que se han plasmado en el art. 172 del Código de forma en materia civil y comercial. Uno de los pilares sobre los que se asienta este instituto es el de la "trascendencia", configurado en la máxima "pas de nulité sans grief", desde que no es posible nulidad alguna sin que exista desviación trascendente y el interés jurídico en la declaración derivada del perjuicio que le ha ocasionado el acto presuntamente irregular. Siendo que la invalidación debe responder a un fin práctico, resulta inconciliable con su índole la nulidad por la nulidad misma o para satisfacer un menor interés teórico. Que este modo, comparto lo resuelto por la Cámara Nacional Electoral el 18/04/2006, en "Cóspito Carina L. y otra - La Ley 2006 - E, 58, con nota de José Manuel Benvenuti; en los que se determinó que "Deben convocarse los comicios complementarios que la Honorable Junta Nacional Electoral determinó que se lleven a cabo en ciertas mesas de un distrito electoral provincial, si los posibles resultados de aquellas elecciones tienen entidad suficiente para incidir en la asignación de una banca." (El subrayado me pertenece). De ello infiero, que el planteo efectuado por el apoderado del Frente recurrente respecto de la mesa Mixta 308/316 de Antofalla, Departamento Antofagasta de la Sierra, y que refiere a la inclusión de siete electores indebidamente incluidos, de los que resultarían siete sufragios emitidos indebidamente, solo busca el formal cumplimiento de la ley, sin responder ello a ningún fin práctico, pues de haberse declarado nulos tales votos, el Frente Cívico y Social aún resultaría ganador de la elección, ya que la diferencia a su favor en el citado Departamento fue de nueve votos, por lo cual no cumpliría el requisito de la trascendencia y el interés al que ya he hecho referencia. Es decir, nos encontramos con una agrupación política que por desconocimiento, torpeza o picardía, no impugna siete votantes en el momento oportuno y luego de corroborar que pierde la elección por una diferencia mínima, intenta que se anule la mesa, con el objetivo de que se realice una nueva elección, que podría cambiar el resultado de los comicios, tratando de beneficiarse en todo caso con una nueva chance, que estaría basada en la alegación de la propia torpeza. Por ello, tachar de arbitraria una sentencia por los argumentos esgrimidos en la casación impetrada, es desconocer al menos dos criterios vertebrales para la actuación de personas de existencia visible o jurídica en el campo del derecho: que "no existe nulidad por la nulidad misma" (como ya lo he mencionado precedentemente) y que "nadie puede alegar su propia torpeza", debiendo precisarse, en el caso de esta última máxima citada, que "la torpeza" de no controlar debidamente el acto comicial y no deducir las impugnaciones en el momento oportuno, le brindaría a quien ha concurrido a la conformación del acto sin ejercer los derechos que las normas le acuerdan, la posibilidad de ejercer acciones nulificantes en su propio beneficio. Conforme lo expresado hasta aquí, y compartiendo los argumentos vertidos por la Sra. Procuradora General Subrogante en cuanto aprecio, que la sentencia recurrida se vincula de modo imperativo al ordenamiento legal que regula la materia, arribando a una interpretación razonable que podrá o no compartirse, pero que no por eso puede tachársela de arbitraria. En consecuencia, y si mis colegas comparte el acuerdo, propongo rechazar el recurso de casación articulado. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que adhiero a las consideraciones y conclusiones expuestas por el Sr. Ministro que me precede en Acuerdo, Dr. Cáceres, para la solución de la causa, votando en igual sentido. Así voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Lilljedahl dijo:

Que adhiero a las consideraciones y solución arribada por los Sres. Ministros que votan precedentemente, por lo que voto en el mismo sentido. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que conforme lo resulto, las costas deben imponerse en el orden causado. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que comparto "in totum" el voto del Sr. Ministro preopinante, votando en consecuencia en el mismo sentido, con costas en el orden causado. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Lilljedahl dijo:

Que atento se resuelve la primera de las cuestiones planteadas las costas deben ser aplicadas por su orden. Es mi voto. En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y oída la Sra. Procuradora General Subrogante en su Dictamen Nº 46/09 y por mayoría de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 5/9 de autos por improcedente. 2) Costas por su orden. 3) Hágase saber al Tribunal Electoral de la Provincia que deberá transferir el depósito judicial obrante a fs. 4 de autos, a la cuenta "Ley N° 4347 de Casación", que gira bajo el folio N° 23037 del Banco de la Nación Argentina - Suc. Ctca. 4) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se practique en la instancia pertinente. 5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos al Tribunal de origen. Presidente: Dra. Amelia del V. SESTO DE LEIVA.- Decano: Dr. José Ricardo CACERES.- Vice Decano: Dr. Enrique Ernesto LILLJEDAHL.- Secretaria: Dra. Cristina del Valle SALAS MARTINEZ.-