Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-29


------ En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 29 días del mes de Febrero de 2.008, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, con la Presidencia de su titular Dr. Daniel Luis CANEO y asistencia de los Sres. Ministros Dres. José Luis PASUTTI y Fernando Salvador Luis ROYER para dictar sentencia en los autos caratulados: "C. , R. c/ F. P. , T. R. y Otro s/ Acción de Nulidad - Medida Precautoria" (Expte. Nº 20.293-C-2.005) y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 273 de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas Nº 3.202 (art. 1º), 3.204 y Acuerdo Extraordinario Nº 3.471, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. ROYER, PASUTTI y CANEO.--------------------------------------------------- ------ Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? ------------------------------------------------------------------ ------ A la primera cuestión el Dr. ROYER dijo:------------------------------ ------ Vienen nuevamente estos autos a conocimiento de la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería con motivo del Recurso Extraordinario de Casación que deduce el Dr. E. R. H. en representación del Sr. R. C. contra la sentencia interlocutoria Nº 28/07 pronunciada por los subrogantes legales de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew obrante a fs. 229/234 vta.---------- ------ A fs. 269 y vta se declara bien concedido el recurso, a fs. 272 se llama autos para sentencia, mientras que a fs. 273, se sortea la causa quedando ésta en estado de ser resuelta.------------------------------ ANTECEDENTES:

A fs. 163/190 vta. este Superior Tribunal de Justicia dictó la sentencia N° 01/07 (S.R.E.), por la cual dispuso decretar la nulidad de la sentencia interlocutoria N° 159/05 pronunciada por la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew y en consecuencia reenviar los autos para que esta misma Sala, mediante sus subrogantes legales dicte nueva sentencia.

A fs. 229/234 vta. obra el nuevo decisorio del "a quo", objeto también de una nueva impugnación deducida por la parte actora. En el fallo se resuelve confirmar la sentencia de fs. 60/63 vta. en cuanto declara prescripta la acción de nulidad de cosa juzgada intentada respecto de los autos caratulados: "F. , R. E. c/Sucesores de S. C. s/Ejecutivo" (Expte. N° 3215-F° 497-año 1989). Además, se revoca en parte aquél fallo para declarar parcialmente prescripta la acción autónoma de nulidad de cosa juzgada, intentada respecto de los autos caratulados: "F. P. , T. R. y otro c/ C. , R. y/o quien resulte ocupante s/Desalojo" (Expte. N° 599- F°48 - Año 1995), y se imponen las costas de ambas instancias en un 70% a cargo de la parte actora y en un 30% a cargo de la contraria.---------- EL RECURSO DE CASACIÓN:

A fs. 237/254 vta. el Dr. Eduardo R. H. con el patrocinio de la Dra. M. C. P. deduce recurso de casación contra la Sentencia Interlocutoria Nº 28/2007 pronunciada por los subrogantes de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones del Noreste del Chubut. Alega arbitrariedad en la aplicación del derecho conforme los arts. 286, 288, inc. "d" y "e", 34, inc. 4, 163, inc. 6, 271, del C.P.C.C. y los arts. 34, 44 y 95 de la Const. Provincial y 18, 75, incs. 17 y 22 de la Constitución Nacional.

En primer término se agravia del decisorio de la Cámara de Apelaciones por cuanto entiende que existió un apartamiento de las constancias de la causa; arbitraria exclusión de la prueba dirimente sobre la pertenencia del actor al pueblo Mapuche y contradicción de argumentos centrales.

Sostiene que el Tribunal parte de la premisa que se encontraba discutida la pertenencia del actor al pueblo Mapuche, lo que sin duda es una exclusión arbitraria de prueba dirimente. Se ignoró la pericia social y los testimonios agregados en el expediente que iniciara el actor en 1997 y que corre agregado por cuerda. A criterio del recurrente ese apartamiento reviste la mayor importancia si se tiene en cuenta el plexo normativo soslayado, pues o al actor se lo considera Mapuche y por ende corresponde aplicar las normas protectorias, lo cual nos lleva a una consideración distinta de sus posibilidades de conocimiento, comprensión y actuación judicial, y por ello una solución distinta de la defensa planteada, o bien, se considera no probada la pertenencia étnica, lo cual resulta óbice para que la excepción sea tratada como cuestión de puro derecho y necesariamente de tratamiento como de defensa de fondo.------------- Añade que la sentencia en crisis, no solo se aparta de las constancias de la causa al considerar que la pertenencia de R. C. debe probarse, sino que además incurre en grave contradicción, pues suponiendo que la condición de indígena del actor es materia controvertida, no correspondería resolver la excepción de prescripción como de previo y especial pronunciamiento y mucho menos hacerlo sin asignar ninguna consecuencia jurídica a la condición invocada.

------ Otro agravio lo constituye la indebida aplicación de normas y principios protectorios de los derechos indígenas y del acceso a la justicia. Al punto señala que el nuevo fallo incurre en el mismo error que su predecesor al reiterar que "no puede derivarse de la normativa invocada pautas específicas que fundamenten la imprescriptibilidad de las acciones como las del concreto, ni que establezcan otras pautas temporales que las del art. 4030 del C.C". Insiste en que la sentencia nuevamente omite dar un tratamiento completo de la cuestión a la luz de los principios legales, constitucionales y supranacionales que tutelan los derechos indígenas y reseña toda la normativa vigente y a su juicio aplicable, tanto de orden Provincial, Nacional e Internacional. Ese agravio lo concluye diciendo que la sentencia recurrida se mantiene en una posición errónea que se aparta de las normas y principios vigentes en materia de derechos indígenas, y esta construcción jurídica es dirimente en su argumentación, modificándose notoriamente el resultado del decisorio de asignar eficacia al plexo mencionado.------ Se refiere luego a la errónea aplicación del art. 346 párr. 7mo. del C.P.C.C.. Considera que es infundado afirmar que la excepción sea de las que pueden ser tratadas como de previo y especial pronunciamiento. Es falso que no esté probada la pertenencia étnica del actor, pero si el punto mereciera mayor probanza, sería contradictorio con el supuesto carácter de puro derecho de la excepción tal como fue tratada. Es así -dice- claramente prematura la decisión de tratar la defensa opuesta por la demandada como una excepción de previo y especial pronunciamiento, trasgrede la norma procesal en orden a su trámite y afecta el debido proceso.-------------- Renglón seguido se agravia del erróneo rechazo de la imprescriptibilidad de la acción y de una interpretación peyorativa de los derechos indígenas.

Persevera en la imprescriptibilidad de la acción intentada a partir de la protección constitucional federal coherente con los componentes "inenajenabilidad", "intransmisibilidad" e "inembargabilidad". Recuerda que este Superior Tribunal no descartó la alegada imprescriptibilidad de la acción, mas tampoco tuvo la necesidad de pronunciarse al respecto toda vez que concluyó que la Alzada había omitido la consideración de los agravios y su eventual incidencia respecto de la resolución de la excepción como de previo y especial pronunciamiento.------------------ ------ Sostiene que el nuevo pronunciamiento del "a quo" vuelve a sujetarse dogmáticamente a las preceptivas del código civil y descarta el orden público comprometido con la violación de derechos invocada y que la afirmación respecto a que el plexo constitucional y supranacional no contiene referencias sobre la imprescriptibilidad de la acción intentada, o sobre un plazo diferente al que establece el código de fondo, es dogmática y carente de sustento. Al punto expresa que la Constitución reconoce la "pre-existencia" de los pueblos indígenas y con ello anuncia la proyección de efectos jurídicos hacia el pasado y hacia el futuro. Al disponer aquélla que las tierras ocupadas tradicionalmente no podrán ser enajenadas, transmitidas, ni susceptibles de gravámenes o embargos, estableció un régimen jurídico diferente que altera sustancialmente la interpretación y aplicación del régimen Procesal y la normativa del derecho civil.-------------------------------------------------- ------ Añade que la fórmula "medidas especiales que se precisen..." contenida en el art. 4.1 del Convenio 169 de la O.I.T., incluye sin lugar a duda a las medidas judiciales que se precisen y en este orden de ideas la declaración de prescripción de la acción no es respetuosa de aquella directiva y se desentiende de las alegaciones respecto a las circunstancias desventajosas de R. C. entre ellas, precisamente su pertenencia étnica en clara trasgresión a lo dispuesto en el art. 8.1 del precitado convenio.----------------------------- ------ Expresa también que la directiva del art. 12 del Convenio 169 (O.I.T.) en cuanto exige "respeto efectivo de los derechos" es desatendida por la declaración de prescripción de la acción y no actuó la garantía jurisdiccional para que C. , pueda comprender y hacerse comprender en los trámites que llegaron a esta instancia Extraordinaria.

------ Del mismo modo -agrega- la sentencia no aborda la obligación de los estados de instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados (art. 14.3 del Convenio) fórmula que no debe ser entendida como ejercicio de la acción real prevista en el C.C. sino como cualquier acción encaminada a la defensa de la posesión, la propiedad y todos los derechos reales de grado menor.-------------------------------------------------- ------ Señala que el término utilizado en la convención no hace alusión a una acción típica del derecho argentino, sino que refleja en forma amplia las diferentes situaciones en los que la posesión o propiedad indígena pueda verse amenazada o perjudicada y que es indudable que el proceso de desalojo con sentencia firme, cuya nulidificación se persigue con la acción intentada forma parte de las diferentes situaciones que pueden afectar los derechos cuya -reivindicación- debe resolver la Justicia del Chubut.--------------------- ------ Alude también al art. 17.3 del Convenio el cual obliga a los Estados a impedir el aprovechamiento por parte de personas extrañas a esos pueblos de las costumbres o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos, y al art. 18 en cuanto ordena la previsión de "sanciones apropiadas" contra toda la intrusión en sus tierras lo cual -dice- incluye las consecuencias que eventualmente pueden aplicarse en el marco de un proceso judicial y que son diametralmente opuestas a la prescripción que libera a quienes C. denuncia como extraños que pretenden su tierra. Sostiene que una de las medidas para impedir tales infracciones, la constituye la interpretación amplia respecto de las acciones entabladas por miembros de esos pueblos, más la decisión jurisdiccional sigue colectando apartamientos de la normativa aplicable.

Señala que la sentencia N° 28/07 no analiza ninguna de las normas indicadas y tampoco explica porque no admite que las violaciones alegadas sean idóneas para conformar un ataque basado en la nulidad absoluta de los procesos judiciales en cuestión. Soslaya -agrega- argumentos sustanciales que considerados debidamente deben llevar a la conclusión de que la excepción de prescripción debe rechazarse; tal como señala autorizada doctrina sobre el carácter imprescriptible de la acción basada en la existencia de nulidades absolutas.-------------------------------------------------------------- ------ Renglón seguido alude a la desnaturalización infundada de la acción autónoma de nulidad. Recuerda que mediante la presente acción autónoma de nulidad se han denunciado graves ilegalidades, abusos e irregularidades instrumentadas en actos jurídicos y en actos procesales de dos expedientes judiciales diferentes pero concatenados; que estas violaciones al orden jurídico y al más elemental sentido de justicia, han sido posibles porque C. se encuentra en clara desventaja para resistir ese ataque que tuvo siempre como objetivo apoderarse de lo que es la ocupación tradicional como miembro del pueblo Mapuche.--------------------------- Critica el fallo por cuanto una acción nacida para revisar en forma amplia mediante un proceso de conocimiento, la realidad de los procesos desde una nueva concepción de los derechos, ha sido reducida a la suma de acciones que el "a quo" fracciona en su análisis de lo cual resulta desvirtuar el sentido de la pretensión restringiendo la discusión solamente a las acciones no alcanzadas por la prescripción. Señala que en lugar de dejar al juez de la causa para que en el marco de un proceso ordinario, en donde la bilateralidad esté garantizada trate los diferentes argumentos alegados por las partes, se anticipa y separa esos argumentos como si fueran acciones particulares acumuladas y trunca la posibilidad de que la acción admitida pueda ser un conducto adecuado de base constitucional. Es producto de esa errónea operación -expresa- la conclusión de la Alzada respecto de la prescripción parcial. Tampoco las citas legales efectuadas que fundan el decisorio son normas vigentes, ni atienden a la naturaleza de la acción ya admitida; concretamente el Congreso de Derecho Procesal de San Martín de los Andes al que se refiere no atiende el caso en que el embate jurídico sea complejo, es decir, con ataques de diverso tipo y consecuencias jurídicas.----------------------------------------------------------- ------ En definitiva para el recurrente, la sentencia de la Alzada es nula por apartarse de las fuentes disponibles para interpretar una acción no regulada pero sí admitida en el concreto, a la que desnaturaliza, restringe y pulveriza.--------------------------------------------- ------ El último agravio alude a la aplicación inconstitucional del art. 20 del C.C. al caso. Expresa que en la sentencia se hace una interpretación expansiva de la norma citada, agraviante de las normas protectorias invocadas en materia indígena. La sentencia -dice- incurre en el absurdo de partir de la base de la presunción del conocimiento del derecho y lo peor es que lo hace porque no le queda otra alternativa desde que C. toma conocimiento del embargo (05/01/90) y ello conlleva a declarar la prescripción de la acción del juicio ejecutivo. Concluye que nuevamente se resuelve sin considerar las circunstancias particulares del demandado. Concluye que no puede equipararse el conocimiento de la medida con el conocimiento del vicio. Conocer -agrega- no es igual que comprender. A juicio del recurrente, partir de la base de la presunción de derecho por parte del actor viola el principio de discriminación positiva que exige dejar de lado tal presunción cuando la realidad socio-cultural da por tierra la misma.---------------- ------ Insiste en la existencia de insuficiente defensa técnica acorde con las circunstancias personales, económicas, sociales y sobretodo de pertenencia étnica del demandante. Ello refuerza la afirmación de que la aplicación del art. 20 del C.C. como una obligación del magistrado se contrapone con la letra y espíritu de las normas mencionadas revelando una resistencia notable de los magistrados a aceptar lo que nuestros constituyentes decidieron sobre los pueblos indígenas y la jerarquía inferior del código civil.---------------- ------ En definitiva solicita el recurrente que, verificada la arbitrariedad de la sentencia en crisis, se case la misma, se rechace la declaración de prescripción, se readecue la imposición en costas de las demás instancias y se impongan las correspondientes a la actuación por ante este Superior Tribunal a la demandada.------------ ANALISIS:

Una vez mas llegan estos actuados a conocimiento de la Sala Civil de este Superior Tribunal de Justicia en razón del nuevo Recurso de Casación deducido por la representación del Sr. R. C. , esta vez contra la Sentencia N° 28/07 pronunciada por la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew, acusando su arbitrariedad en cuanto confirma la declaración de la prescripción de la acción de nulidad de cosa juzgada en los autos caratulados: "F. , R. E. c/Sucesores de S. C. s/Ejecutivo" (Expte. N° 3215 - F° 497- Año 1989) y parcialmente prescripta igual acción respecto del juicio caratulado: "F. P. , T. R. y otro c/ C. R. s/Desalojo" (Expte. N° 599 - F° 48 -Año 1995) en cuanto se funda en los vicios de la voluntad alegados, mas no en cuanto se alega la violación de la ley y el objeto prohibido.

La declaración de admisibilidad decidida tras el liminar examen efectuado, no es obstáculo para un nuevo y minucioso análisis del pronunciamiento recurrido. Este Superior Tribunal ha dicho en reiteradas ocasiones que la apertura del recurso extraordinario local en oportunidad del examen preliminar, a fin de posibilitar un nuevo estudio de la cuestión no significa abdicar de la facultad de declarar en esta etapa la inadmisibilidad de aquél. (entre otras, S.D. N° 16/90, 3/95, 41/04).----------------------------------- ------ Es sabido, y no le es ajeno al recurrente que, conforme el art. 286 del C.P.C.C., el recurso de casación sólo procede contra las sentencias definitivas y este es el primero de los requisitos a tener en cuenta en los controles de admisibilidad de los recursos extraordinarios ante este Cuerpo. Sentencia definitiva es aquella que: a) dirime o pone fin al pleito; b) hace imposible su continuación; c) priva al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos; d) impide el replanteo de la cuestión en otro juicio; e) causa un gravamen de: 1) imposible, 2) insuficiente o 3) tardía reparación ulterior. El fallo en crisis, no dirime ni pone fin al pleito, no hace imposible su continuación, ni tampoco causa un gravamen con las notas distintivas descriptas. Aún con las limitaciones impuestas en el decisorio en orden al instituto de la prescripción, la acción de nulidad de cosa juzgada no ha fenecido y la pretensión del actor de evitar el despojo y su desalojo de las tierras que ocupa se mantiene viva.------------------------ ------ Resulta aplicable la doctrina de la Corte atinente a las denominadas sentencias incompletas respecto de las cuales el recurso extraordinario es inadmisible pues su consideración impondría a ésta la resolución de la causa por partes y no de manera final (Fallos, 206:301; 215:248; 252:236). Es sentencia incompleta aquella que no resuelve de modo acabado las diferencias entre las partes, sino solo un aspecto particular de ellas. En estos casos, la Corte ha dicho que el procedimiento seguido por el "a quo", al resolver así, no puede obligarla a ella a fallar la causa por partes, o a revisar decisiones que no resuelven el pleito de modo completo. (Fallos, 130:314; 184:660; 244:214; 248:101). Conceptualmente la sentencia incompleta es definitiva, se pronuncia de modo final sobre un aspectos de la causa -en este caso- la extinción parcial de la acción sostenida en la existencia de vicios procesales y nulidades originadas en los vicios del consentimiento del ahora actor que da cuenta sendos procesos incoados en su contra por efectos de la prescripción, pero como falta una decisión sobre otros aspectos del pleito, no está en ella determinado su resultado o al menos el quantum del gravamen, de manera que existe la posibilidad de que sea completada la decisión de la controversia, de modo que la intervención de esta Corte es aún innecesaria. (Narciso J. Lugones, "Recurso Extraordinario" LexisNexis, Depalma , 2da. edición, año 2002, págs.164 y sgtes.).--- ------ La Sala "B" de la Cámara de Apelaciones ha resuelto solo parcialmente el juicio, mas la pretensión de la actora en función de los efectos de la resolución ha quedado indemne y queda expedita la acción para obtener en 1ª Instancia un pronunciamiento que pueda satisfacer los requerimientos de R. C. en orden a constatar la ilegalidad de la escrituración de las tierras por él ocupadas en función del acuse de la violación del orden público y el objeto prohibido y con ello la falta de causa para disponer su desalojo.----------------------------------------------------------------------- ----------- ------ Por lo expuesto, a la primera cuestión propongo al Acuerdo declarar la inadmisibilidad del recurso de casación deducido a fs. 237/254 vta. contra la Sentencia Interlocutoria Nº 28/2007 de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew.-------------------------- ------ A la misma primera cuestión el Dr. PASUTTI dijo:---------------- ------ Propicia el colega que me antecede en el voto efectuar un renovado análisis de admisibilidad del recurso de casación por el que nuevamente arriban estos actuados a esta Sala Civil del Tribunal. Sin duda que, como se tiene dicho, la circunstancia que el recurso de casación se concediera no constituye impedimento para que se proceda a reeditar el examen de admisibilidad, sin que la providencia de fs. 269 y vta. obste a ello, pues no opera en forma preclusiva cerrando a la Sala toda posibilidad posterior a ese fin. Viene sosteniendo esta Sala, inclusive desde anteriores integraciones del Superior Tribunal, y en consonancia con otros tribunales de igual jerarquía, que el llamado de autos para sentencia, no le impide a ésta verificar si se han cumplido con los recaudos de admisibilidad porque debe evitar mediante la rigurosidad en el control de las formas impuestas por el art. 286 del código de rito y normas afines que se desvirtúe el sendero de la casación. Y al respecto no es posible considerar que la facultad de examinar ha precluído, porque no es más que una providencia de trámite y porque recién en sentencia el Tribunal hace pleno uso del derecho de examinar la admisibilidad. (S.D. Nº 23, 24, 25, 26, 27/04 y 10/S.R.E./05).---------------------------------------------------------------<#L INE> ------ Una razonable apreciación de las circunstancias de la causa permite aseverar que no se encuentra configurada en autos la sentencia definitiva exigida por el código ritual para la admisión de la vía que se intenta. Ello por cuanto, como acertadamente lo expone Juan Carlos HITTERS, a los fines de la determinación del concepto de definitividad importa más el efecto de la sentencia con relación al proceso que su propio contenido. Señala también el autor que la Suprema Corte de Buenos Aires ha expresado que los recursos extraordinarios sólo son admisibles respecto de las sentencias definitivas, entendiéndose por tales aquellas que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, ponen fin al pleito condenando o absolviendo al demandado o, aún cuando recaigan sobre un artículo, produzcan el efecto de finalizar dicha litis, haciendo imposible su continuación. Cuando la decisión que llegue a juicio del Tribunal no reviste esos caracteres, su jurisdicción no puede ejercitarse. ("Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", 2da. Edición, págs. 512/513). En este sentido, MORELLO expresa que la lectura no puede dejar de hacerse en la posibilidad efectiva de que el recurrente disponga o no, en el futuro, de otra oportunidad procesal a su vez, útil, idónea, suficiente para atender cabalmente el propósito de obtener enmienda para tutelar sus derechos. ("Actualidad del Recurso Extraordinario", Ed. Abeledo-Perrot, 1995, pág. 174).------------------- ------ La sentencia que por este medio recursivo se cuestiona permite continuar la causa -aunque parcialmente en orden al vicio de violación de la ley y el orden público denunciado por el casacionista-, y en esa medida no puede sostenerse que se hubiera dado finiquito a los derechos invocados por el accionante en su planteo de nulidad de cosa juzgada írrita.------------------------------------- ------ La continuidad de la acción con la limitación impuesta por la Cámara de Apelaciones no impide eventualmente la satisfacción de las pretensiones del actor surge claramente de sus propias manifestaciones, cuando a fs. 55 vta., en oportunidad de contestar el traslado conferido a fs. 53 de la excepción de prescripción planteada por la parte demandada, expresamente sostiene que "numerosos actos cuestionados e incluso uno de los procesos cuestionados por C. en esta acción ("F. P. c/ C. s/ Desalojo" Expte. N° 599-1995), ocurrieron a partir del año 1995, es decir dentro de los diez años de iniciada la presente acción, tomando el plazo residual del Código Civil (art. 4023). Esto implica que aunque desconociéramos la existencia de la acción iniciada en 1997 que llevó el N° 1296/97, por vía de hipótesis, "las posibilidades de accionar de C. estarían intactas.".------------------------ ------ De este modo, al no determinar el resultado final del pleito, constituye una sentencia incompleta, entendiendo por tal, aquellas que no resuelven de modo acabado las diferencias entre las partes, sino sólo un aspecto determinado de ellas (Fallos, 252:236; 319:1474; 324:817; 328:3553; 329:2567), y razones de economía procesal tornan innecesaria la intervención del Tribunal, pues el agravio aún puede ser disipado por los jueces naturales de la causa (Conf., Néstor P. SAGÜÉS, "Recurso Extraordinario", Astrea, tomo 1, pág. 355). Por lo que acuerdo con el voto del Magistrado que me antecede en cuanto a la inadmisibilidad del Recurso de Casación interpuesto por la actora. ASI LO VOTO.----------------------------------- ------ A igual cuestión, el Dr. Caneo dijo:-------------------------------------- ------ De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. Royer y Pasutti, los que conforman la voluntad de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1º del Acuerdo Extraordinario Nº 3.555, en concordancia con los arts. 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 5.475 y el Acuerdo Nº 3.202.----------------------------------------------------------------- A la segunda cuestión el Dr. Royer dijo:--- Que conforme he votado la primera de las cuestiones corresponde rechazar por inadmisible el recurso de casación deducido por el Sr. R. C. contra la sentencia de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew. En relación a las costas, corresponde su imposición al recurrente (art. 68 del C.P.C.C.), y regular los honorarios de los letrados de la actora, Dres. E. H. y M. C. P., en forma conjunta, en un 25% de los que a su respectivo favor fueran regulados por su actuación en Primera Instancia. (art. 14, Dto. Ley N° 2.200, T.O. Dto. Nº 138/99), con más el I.V.A. si correspondiere. ASÍ LO VOTO.--------------------------- A la misma cuestión el Dr. Pasutti dijo:--------------------------------- Conforme voté a la primera cuestión, acuerdo con la decisión que propicia el Dr. Royer.---------------------------------------------------------- A la misma cuestión el Dr. Caneo dijo:

Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente.

S E N T E N C I A 1º) RECHAZAR por inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Sr. R. C. a fs. 237/254 vta..---------- 2º) COSTAS en esta instancia a la recurrente (art. 68 del C.P.C.C.).

3º) REGULAR los honorarios de los letrados de la actora, Dres. E. R. H. y M. C. P. en forma conjunta, en un 25% de los que a su respectivo favor fueran regulados por su actuación en Primera Instancia (art. 14 Dto. Ley N° 2.200, T.O. Dto. Nº 138/99) con mas el I.V.A. si correspondiere.

4º) REGISTRESE, notifíquese, y devuélvase.

Fdo.: Dres. Daniel Luis CANEO - José Luis PASUTTI - Fernando S. L. ROYER RECIBIDA EN SECRETARÍA EL 3 DE MARZO DE 2008.- REGISTRADA BAJO EL N° 02/S.R.E./08.- Fdo.: Dra. Carmen VELEZ.-