Sobreseimiento, gravamen irreparable, procedencia del recurso, cuestión federal, economía procesal, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, cuestiones de hecho y prueba, dictamen fiscal, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Vanolilong Biocca, Alejandro y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-13

Si bien la decisión cuestionada -rechazo del sobreseimiento- no se encuentra contemplada entre aquellas previstas en el art. 457 del CPPN corresponde hacer excepción al aludido principio en los casos en los cuales su aplicación podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior y siempre que se invoque en los planteos recursivos una cuestión federal o la arbitrariedad del pronunciamiento (Fallos: 328:1108). En ese sentido, el asunto sometido a estudio de esta Cámara constituye una de esas excepciones puesto que la resolución recurrida restringe el derecho de las personas procesadas a poner fin a la acción y, además, al alegar las defensas la arbitrariedad de la decisión y la no justiciabilidad del caso, con sustento en la doctrina del máximo Tribunal al respecto, se encuentran involucradas cuestiones de naturaleza federal que habilitan la intervención de este tribunal intermedio (Fallos: 328:1108). El art. 361 del ritual establece una vía excepcional de extinción del proceso en la etapa de juicio y antes del debate, que encuentra su justificación en circunstancias novedosas que, por su evidencia, no dejan margen de duda y revierten la necesidad de realizar el debate oral. Del análisis del precepto referido en el párrafo que antecede, a la luz del principio de economía procesal y del correspondiente derecho con que cuentan las personas imputadas a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción que comporta el enjuiciamiento penal, se desprende que los supuestos comprendidos por la norma en trato no constituyen una fórmula cerrada y que el sobreseimiento procederá siempre que, como se dijo, se verifique un motivo "evidente" que haya surgido de "nuevas pruebas" producidas en la etapa de instrucción suplementaria y que torne innecesaria la realización del debate. Esta posibilidad prevista por el art. 361 del CPPN se presenta en nuestro ordenamiento procesal como una alternativa que sirve para evitar la realización de juicios innecesarios y el consecuente desgaste jurisdiccional que tal actividad implica. En este sentido, aquí se adoptará, conforme parte de la doctrina lo sostiene, una lectura flexible de la norma que permita, en hipótesis excepcionales, apartarse del texto literal de la normativa procesal para preservar los derechos de las personas imputadas y evitar, de ese modo, incurrir en un ritualismo excesivo. Trasladadas las consideraciones antes efectuadas al caso sometido a revisión, se advierte que el voto que conformó mayoría no se adentró en la valoración de los argumentos vertidos por las partes en el entendimiento de que "(l)os extremos referidos en el laborioso planteo defensista y en el igualmente profundo análisis efectuado en el dictamen fiscal, versan sobre cuestiones de hecho y prueba que cuyo análisis es propio de la etapa de debate oral y público; debiendo ser esa la oportunidad en que sean ventilados, con la amplitud propia de dicha etapa procesal.". Sin embargo, en la resolución impugnada no se indicó qué elementos contrapuestos existen que den consistencia al contradictorio y justifiquen, en última instancia, transitar un debate oral. Por otro lado, tampoco se dio respuesta a lo postulado acerca de que el presente caso se trata de una decisión política no susceptible de ser revisada judicialmente y no se advierte cómo la necesidad de reproducir la prueba en la audiencia que aduce el a quo justifica la falta de tratamiento de esta cuestión. Así, la pretensión del tribunal de diferir el análisis a la realización del debate oral y público en un proceso de las características del presente, cuando el nuevo dato incorporado podría ser determinante en la solución del caso, contradice el principio de economía procesal y atenta contra una correcta administración de justicia. Lo precedentemente manifestado evidencia que la decisión recurrida no constituye una derivación razonada de la cuestión planteada relevante para la solución del caso y del derecho vigente, por lo que se verifica un supuesto de arbitrariedad que la priva de efectos e impone su anulación.