marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cooperativa de trabajo, aplicación de la ley, contrato de trabajo
Materia: PENAL
Carátula: Alfonso , Rosa Elvira c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/  Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-18

No puede alterarse la estructura laboral con el pretexto de la existencia de actos cooperativos y, privar de la tutela respectiva al personal, actuando las cooperativas de trabajo como colocadoras de personal para terceros. Por lo tanto resulta aplicable el art. 29 de la LCT y, como consecuencia de dicha aplicación los trabajadores serán considerados sus empleados directos al haber utilizado sus prestaciones.
Acción, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Valderrama, Rubén Oscar c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01

Las copias agregadas en un expediente administrativo constituyen un antecedente indispensable y complementario de la demanda y no un simple elemento probatorio de que las partes pueden o no valerse.
Migraciones, política migratoria, admisión y permanencia de extranjeros, derechos de los migrantes, derecho a la reagrupación familiar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barrios Rojas, Zoyla Cristina c/ EN -DNM resol. 561/11- (exp. 2091169/06 (805462/95)) y otro s/ recurso directo para juzgados
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

Los objetivos de la política migratoria dispuestos por ley 25.871 establecen por un lado, que se eliminaron criterios potencialmente discriminatorios para la admisión de extranjeros y se determinaron una serie de impedimentos de carácter objetivo para su ingreso y permanencia en el país (artículos 3, inciso f, y 29 de la ley); por el otro, el legislador procuró garantizar el derecho a la reunificación familiar, precisando que el vínculo protegido por este derecho alcanza a los padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores con discapacidad del migrante (artículos 3, inciso d, y 10, de la ley) (Voto de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco).
Sociedad conyugal, régimen patrimonial del matrimonio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zepilli, Angel Mario c/ Tonin, Hugo José y otras s/ Resolución contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

El régimen de bienes propio del matrimonio no altera aquél que a éstos les corresponde intrínsecamente. A ese régimen propio de los bienes en general, se agrega -extrínsecamente- para las personas casadas el que corresponde a lo que, en nuestro derecho, se da el nombre de "sociedad conyugal". De ahí qué, en el caso de los bienes gananciales (los propios quedan fuera de cuestión) el sistema básico de propiedad no se altera: será su propietario aquél de los cónyuges en cabeza del cual se haya constituido el derecho, ya se trate de bienes en general o de cosas; la titularidad es pues la que determina el derecho, junto con las obligaciones y las responsabilidades anejas. La interferencia del régimen propio (externo) de la sociedad conyugal aparece como protección de los derechos patrimoniales del cónyuge no titular que, frente a los actos de disposición que realiza el esposo propietario, se concreta en una limitación a la facultad de disponer libremente, instrumentada legalmente a través del asentimiento que debe prestar el cónyuge no disponente (no titular); límite a tutela que en manera alguna altera aquél régimen intrínseco de los bienes. Nada obsta en la ley a que el asentimiento conyugal sea prestado coetáneamente con el acto de disposición, o por anticipado (pero específico; tal el caso de autos), o con posterioridad a él. Por consiguiente, el cónyuge no disponente (no titular) no es parte en el juicio que por cumplimiento de contrato de compraventa se entable contra el esposo vendedor (titular del bien en sentido amplio), careciendo de legitimación pasiva.
Personal municipal, régimen disciplinario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferreira, Mario Alcides c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-15

Descalificada la causal que motivó la cesantía, resulta ilegítima la decisión adoptada con prescindencia del procedimiento previo impuesto por el Estatuto Municipal y de la exigencia del art. 108 de la Ordenanza General 267 (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Salario mínimo, vital y móvil, embargo, empleados públicos, remuneración
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Auteville Diego Raúl s/ Sumario (Cuadernillo del Art. 247 del C.P.C.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-06-11

Atento a lo dispuesto por el Decreto 484/87 para los empleados del sector público y lo dispuesto por el Decreto 691/2000 para los empleados públicos nacionales, por aplicación del principio de igualdad frente a la ley y lo dispuesto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en cuanto garantiza la percepción del salario mínimo vital y móvil, es que entendemos corresponde hacer extensiva la limitación tuitiva del salario a los empleados públicos provinciales y municipales, estableciendo como límite de embargo la suma que asegure la percepción del mínimo.
Expulsión de extranjeros, ejecución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: NUÑEZ, Hebert Alejandro c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-21

No corresponde otorgar un segundo extrañamiento a la misma persona que ha incumplido con la prohibición temporal de regreso al país oportunamente impuesta. Dres. Hornos, Mahiques, Figueroa.
Hurto simple, hurto de automotor, robo con armas, tentativa, concurso real, daño
Materia: PENAL
Carátula: FILETTI, C. s/ ROBO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-22

La acción de los procesados, que se apoderaron de un automóvil y luego lo usaron para cometer el robo con armas, es decir, para asegurar su fuga y con ella el apoderamiento de la cosa producto del segundo hecho, configura el delito de robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa, en concurso real con hurto simple.

En el caso de autos el automóvil fue sustraído a su propietario y éste lo perdió de vista y los procesados pudieron disponer de la cosa, alejándose del lugar y confundiéndose con el tránsito de las avenidas; sin embargo prefirieron disponer de la cosa hurtada, usándola para cometer el robo, es decir, para asegurar su fuga y con ella el apoderamiento de la cosa producto del segundo hecho;

disposición ésta que hace que sean detenidos por el personal policial.

Si antes de adquirir la posibilidad de usar una cosa, el ladrón la destruye, no hay ni hurto ni robo consumado, sino una tentativa en concurso real con daño, porque se trataría de un daño con ocasión de una tentativa de robo; razón por la cual en el caso no hubiera bastado con que hubiesen tenido la oportunidad de desprenderse del dinero para que el delito se considere consumado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, concursos, prenda, privilegios (civil), actos prohibidos, actos ineficaces de pleno derecho
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: PETROQUIMICA CUYO S.A.I. Y C. c/ PASADENA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -QUIEBRA- VERIFICACION DE CREDITO- PROMUEVE CONCURSO ESPECIAL (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 12 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-11

Es inadmisible la queja desde que el quejoso intenta oponer su postura, basada - esencialmente- en que con el auto de levantamiento del concurso y la publicación de edictos, había concluido el proceso concursal, y con él las restricciones derivadas de los arts. 17, 18 y 19 de la ley 19551, por lo que el gravamen prendario constituido con posterioridad, lo fue sobre bienes de un sujeto no concursado con plena administración de su patrimonio, con lo que -a su criterio- no puede desconocerse el privilegio especial invocado en la quiebra posterior.

Sin embargo, su postulación sólo trasluce su disconformidad con la interpretación que hiciera la Alzada para rechazar el concurso especial por ser inoponible a la quiebra considerando que, centrada la cuestión en la eficacia o ineficacia del acto de constitución de prenda como presupuesto del privilegio invocado, debía determinarse si dicho acto se hallaba a la sazón legalmente prohibido por la interdicción del art. 17 L.C. (Ley 19551, art. 16 ley 24522) como consecuencia de la apertura del concurso, o bien si dicha prohibición se hallaba periclitada por virtud del auto de levantamiento del concurso (art. 70 L.C. -Ley 19551-, art. 59 ley 24522), y determinar qué efecto tuvo la alegada publicación de edictos como la constatada substracción de materia acaecida como consecuencia de la declaración posterior de quiebra.

Y en tal cometido, partió de la consideración de que el auto de levantamiento del concurso, conforme al art. 70 de la ley 19551 era apelable, y hallándose recurrido no estaba firme y, por tanto "no habían cesado los efectos de la apertura concursal tanto respecto del deudor cuanto de terceros".

Por otra parte, entendió, que la publicación de edictos -a los fines del anoticiamiento "erga omnes" de las circunstancias del caso- no modificaba el dato esencial de que la definición procesal del universal se hallaba pendiente y que la ulterior sustracción de la materia acaecida fácticamente (transacción) con posterioridad al acto prohibido y respecto sólo de un acreedor -no del restante apelante- no afectaba la interdicción subsistente.

Asimismo, sostuvo, que siendo que las acreencias del recurrente no eran ajenas al concurso, ello determinaba que la quiebra luego decretada correspondiera al mismo universal iniciado como concurso, no siendo otra nueva o distinta.
Cuestiones de competencia, elevación en consulta, competencia por la materia, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: M., S. M. c/  s/ dcia. s / Consulta
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-04-13

La específica versación de los Ministros de la Sala en temas criminales, permite que el examen tanto de los hechos como del derecho en condenas a más de diez años de prisión, sea desarrollado con estándares rigurosos en la materia. En suma, el escrutinio de los fallos dictados en el caso por los miembros de la Sala en lo Penal, a la luz de los conceptos referidos, asegura tanto el derecho de defensa del imputado como la garantía del debido proceso. (Del voto por los fundamentos del Dr. Mario Luis Vivas)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, resoluciones, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S. G., E. F. - B., J. C. s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Recurso de Apelación interpuesto   ante el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados (Expte. C.S.J.   Nro. 309 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-19

No puede prosperar la impugnación planteada, habida cuenta que, no obstante que en su escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad los recurrentes invocan diversas causales de arbitrariedad (como lo son: "decidir cuestiones no planteadas", "prescindir del texto expreso de la ley", "omitir decidir cuestiones planteadas" y "brindar pautas de excesiva latitud") toda la argumentación recursoria - pese al matiz constitucional que aspira otorgarle-, deja traslucir solo el desacuerdo de aquel con la solución dada al "sub lite" en una postura adversa a sus pretensiones, al avalar la decisión del Tribunal de Ética y concluir que debía confirmarse su resolución relativa a la conducta reprochada, lo cual constituye, por vía de principio, facultad que se encuentra reservada a los jueces de la causa y, por ende, a menos que se demuestre arbitrariedad, no susceptible de revisión por medio de la vía excepcional intentada.
Locación de cosas, obligaciones del locatario, restitución de cosas, prórroga del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: SERRANO MERCEDES c/ HEM CECILIA s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-02

Si bien la intención de renunciar no se presume y que la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser restrictiva (art. 874 C.Civil), cabe considerar que esa voluntad de renunciar se muestra con suficiente nitidez, si locador y locatario han suscripto, con posterioridad a la mora de este último de la obligación de restituir, un convenio donde estipularon un nuevo plazo para la desocupación del inmueble, durante el cual el inquilino debía continuar pagando alquileres, expensas y servicios, todo ello sin formular el locador reserva alguna acerca del derecho a reclamar la multa acordada originariamente por el lapso transcurrido hasta entonces. Sin duda el locador no tenía obligación de formularla, pero en esas condiciones la omisión evidencia un propósito de renunciar a ese reclamo.
Abigeato, pena mínima
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: GUALPA, GUILLERMO FELIPE; TOLEDO, JAVIER ORLANDO Y ROMERO, JOSE HERNAN c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-04-25

La conclusión del A quo de perforar el mínimo legal previsto para el delito de abigeato agravado por el que se condenaba a los imputados, se inserta dentro de las interpretaciones posibles que podían efectuarse a partir de las disposiciones legales aplicables con arreglo a las particularidades del caso; lo que evidencia que la materia traída a estos estrados carece de sustancia constitucional, no advirtiéndose arbitrariedad en la argumentación efectuada por la Cámara, ni logrando el impugnante demostrar que las motivaciones brindadas por el Tribunal no se inserten dentro del abanico de posibilidades hermenéuticas razonables y lógicas de las normas en juego. (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Incidente de nulidad, resoluciones judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: MASTROIACO, GILBERTO c/ SANTORO, ALBERTO s/ PROCESO EJECUTIVO-NULIDADES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-26

El incidente constituye la única vía admisible para obtener la declaración de nulidad de cualquier acto procesal realizado durante el curso de una instancia, salvo que la impugnación se funde en la existencia de un defecto vinculado con algunos de los requisitos que deban reunir las resoluciones judiciales y éstas, asimismo, sean susceptibles de recurso.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, honorarios extrajudiciales
Materia: CIVIL
Carátula: ABALO DE LIPARINI MARCELA ESTHER c/ VALGUARNERA DE DIAZ MARIA E. s/ COBRO DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-13

El abogado que presta servicios profesionales extrajudiciales, debe ser retribuido. Ello surge no sólo del precepto general contenido en el art. 1627 del Cód. Civil, sino del especial contemplado por la ley de arancel de abogados y procuradores 21.839, cuyo art. 3 especifica que se presume onerosa la actividad profesional desplegada por sus beneficiarios. El art. 4 de la ley citada admite la posibilidad que el abogado y su cliente convengan de antemano los honorarios, lo que corrobora el art. 58 para los supuestos ahí contemplados. Es principio rector la prescripción del art. 1193 del Cód. Civil, que requiere la prueba por escrito, con exclusión de los testigos, amén de la existencia del doble ejemplar en casos de obligaciones bilaterales, por así disponerlo el art.

1021 del Cód. Civil. Según la previsión del art. 1192 del Cód.

Civil, el principio de prueba por escrito lo constituye cualquier instrumento público o privado que emane del adversario, de su causante o de parte interesada en el asunto, o que tendría interés si viviera y aquel haga verosímil el hecho litigioso.
Daño ambiental, medidas cautelares, Derecho ambiental
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pinini de Pérez, María del Carmen c/ Copetro s/ Daños y perjuicios Almada, Hugo Néstor c/ Copetro S.A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-19|1998-05-19

El caracter marcadamente preventivo, operante para restablecer situaciones de hecho o impedir desde el comienzo el avance de la destrucción o de la polución, saca las medidas cautelares de su quicio tradicional para hacerlas jugar en una función cuya justificación es connatural a situaciones regidas no sólo por el derecho privado sino por el derecho público.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bais de Turk, Mercedes N. c/ Línea de Transporte 112 y/u otro s/ Daños y perjuicios Roberto Crisafulli y Cía. c/ Benito Roggio e hijos y ots. s/ Cobro de australes Piñeiro, Horacio c/ Anglada, Horacio y ot. s/ Cobro de alquileres Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Ghergo de Montoya, Ana María s/ Apremio Funes, Dora Beatriz c/ Micro Omnibus "Nueva Pompeya S.R.L." s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27|1995-09-05|1997-04-08|1999-08-03|2000-05-31

El valor económico del agravio, está representado en el caso por la diferencia entre los intereses liquidados a la tasa que establece la sentencia recurrida y la que el recurrente estima que debe ser aplicada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley penal más benigna, principio de legalidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rivas, Olga Elena s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-16

Las exigencias derivadas del principio de legalidad hacen que la falta de cualquiera de los elementos que forman parte del tipo objetivo determinen la falta de tipicidad del comportamiento en cuestión. En efecto las modificaciones operadas en la ley comercial suponen un cambio en el alcance de la figura penal toda vez que se acota el universo fáctico abarcado por la norma, dejando fuera los hechos realizados por los acusados. Es que al estar el tipo penal condicionado por disposiciones que no son de derecho penal, sino que pertenecen a otras ramas del derecho (civil, comercial, administrativo, etc.), las variaciones de ese derecho deben también considerarse comprendidas dentro del sistema de retroactividad de la ley más favorable, puesto que el Código Penal no se refiere a la ley penal, sino a la ley. (Voto del Dr. Fégoli -en minoría-).
Derecho a la salud, personas con discapacidad, cobertura médica, obras sociales, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa R., M. S. c/ OSDE s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-27

El régimen propio de la discapacidad se ve desnaturalizado al dejar sin cobertura una necesidad central, con el único fundamento en la ausencia de una prueba negativa que la ley 24.901 no exige (Disidencia del juez Rosatti). - La Corte, por mayoría, desestimó el recurso extraordinario por considerarlo inadmisible (art. 280 CPCCN)-.
Competencia del tribunal de casación, acceso a la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Mansilla Pedro Pablo y otro s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-26

El derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva impone la facultad de condenar en sede casacional en caso de entender incorrecta una sentencia absolutoria dictada por un tribunal oral, quedando inoperante el mismo si se ordenara un juicio de reenvío que, además de insumir un tiempo prolongado, en ciertas ocasiones no tendría efecto alguno porque podría ser violatorio de las garantías del imputado, en particular la progresividad, preclusión y el principio ne bis in idem. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos en disidencia parcial)
Financiamiento de los partidos políticos, elecciones
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido Producción y Trabajo - campaña electoral legislativa del 28/10/07 - San Juan
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-10

Resulta indispensable que, en los casos en que se verifique la duplicidad jurídica de la agrupación política, a los efectos de realizar el contralor patrimonial y financiero impuesto por la legislación federal -y, en particular, en los casos de comicios nacionales que se celebren en forma simultánea con elecciones locales, así como también en cualquier otro supuesto en que, como ocurre en el sub examine, sea necesario esclarecer algún aspecto invocado en el orden federal- los partidos políticos presenten los informes de campaña (artículos 54, 58 y ccdtes. de la ley 26.215, modif. por ley 26.571) y los balances anuales (cf. artículo 23) acompañando las rendiciones de cuentas locales -o su sucedáneo- y la totalidad de la documentación respaldatoria; sin perjuicio de que la autoridad de aplicación federal discrimine -siguiendo, en cuanto resulte adecuado, lo informado por la agrupación- aquellas cuestiones que serán objeto de auditoría en el marco de la referida ley nacional de las que se encuentran excluidas de la misma.
Despido con causa, obligaciones del trabajador, gravedad de la falta
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, FIDEL c/ OBRA SOCIAL CERAMISTA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-08

Constituye justa causa de despido la inobservancia, por parte del trabajador, de los deberes expresados en el art. 84 LCT y que motivaron una nota de protesta por parte de los afiliados de la obra social demandada por su ineficiencia, impuntualidad, descortesía e insolencia en el trabajo.
Personal militar, aplicación de la ley, ley de procedimientos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARENA s/ PROCESO JUDICIAL - PLAZO PARA INICIAR LA ACCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

Esta Sala ya ha dicho que la ley 19.549 no sólo contiene normas deprocedimiento administrativo, sino que también regula aspectos de fondo -Título III- y procesales -Título IV-. También considerado que aún las normas procedimentales que contiene la ley se aplican a aquellas actividades de las Fuerzas Armadas que son típicamente administrativas, quedando excluidas, entonces, sólo aquellas actividades que requieren procedimientos operativos propios que exigen modalidades especiales.

Como consecuencia lógica de lo expuesto no cabe sino concluir que la aplicación al caso, del art. 25 de la ley 19.549 es inexcusable.

La solución que propugnamos, es de estricta justicia, puesto que en caso contrario, los agentes de los organismos militares o de seguridad tendrían una situación de privilegio que sería írrita además de carente de sustento normativos por cuanto los demás agentes públicos son contratantes del Estado tienen estrictos plazos que cumplir, no alcanzándose a comprender el porqué de una distinción semejante máxime, cuando, justamente la exclusión que hace el art. 1' para aquellos organismos, lo es para asegurar un mayor orden y seguridad en su accionar, lo que sin duda, se vería desvirtuado con plazos mayores para acudir a la instancia judicial (del voto en minoría).
Simulación absoluta, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: Sausa, Raúl Osvaldo c/ Arriaga, Darío Alberto y otro s/ Nulidad por simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-27

La sanción de nulidad no está prevista sólo para beneficiar a quien la peticiona, sino al universo de sujetos que tengan derechos respecto de los bienes objeto del acto ficticio, en consecuencia, que el actor haya sido desinteresado, carece de trascendencia si existía al momento de la ejercer la acción.