Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-05-04


AUTOS 66726 (C.C.Nº22341) DEL Quinto Juzgado Civil, CARATULADOS: "PAEZ Héctor del Rosario C/ Chirino José Alberto y Otros - Daños y Perjuicios".- PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2017- del Tº I - Fº117/121- En la Ciudad de San Juan a cuatro (04) días del mes de mayo de 2017, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y los Sres. Vocales Dres. Roberto M. Pagés Lloveras y Daniel Olivares Yapur, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decretos de fs. 370 y 384, contra la sentencia de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, recaída en los presentes autos Nº66726 (C.C. Nº22341) caratulados: "PAEZ HECTOR DEL ROSARIO C/ CHIRINO JOSE ALBERTO Y OTROS - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada por el Sr. Juez titular del Quinto Juzgado Civil, obrante a fs. 365/367.- EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Vienen a resolver sendos recursos articulados contra la sentencia de fs. 365/367.- Por un lado el recurso de la incidentista Lic. Cristina Marcó que se agravia de lo resuelto en cuanto se ordena excluir los intereses de la liquidación practicada de tal modo que el monto del proceso será el de la demanda. Cita en su favor lo resuelto por la Excma. Corte de Justicia local en Banco de San Juan c/ suc. Marcos Soto - Ejecutivo, de la que infiere que los intereses deben computarse por formar parte del reclamo de la actora, como también otro fallo de la Sala I de esta Cámara en autos Galicia Seguros c/ Provincia de San Juan - Daños y Perjuicios en los que se dijo que para regular honorarios "la cuantía del asunto resultará a los fines de la regulación de honorarios de la liquidación que se practique del capital, intereses y desvalorización monetaria.- Agrega que si integraron la petición inicial también debe aplicarse la doctrina de los propios actos en cuanto el cobro de intereses formaba parte de la pretensión actora, tal como lo impone el art. 197 de la ley 2150 (modif. ley 4072) y como consta en la liquidación practicada por su parte. Pide se admita el recurso y que la base regulatoria esta conforme a derecho. Hace reservas de los recurso extraordinarios a nivel local y federal.- Por otro el recurso de la citada en garantía que se queja porque el fallo permite perseguir el pago de honorarios de la perito a cualquiera de las partes del proceso, incluida su parte. Indica que no ha sido condenada en costas, no propuso la pericial, ni resultó beneficiada por dicho trabajo, que la demanda fue rechazada con costas a la actora, por lo que se afecta su derecho de propiedad, debiendo admitirse el recurso ordenando que la ejecución se lleve adelante contra la actora vencida. Hace Reserva de los recursos de las leyes local 2275 y federal 48.- En cuanto al primero de los recursos entiendo que el mismo resulta procedente atento que sobre el tema hay pronunciamiento de las Salas de esta Cámara en el sentido que expone la apelante.- En efecto, sabido es que la base regulatoria está conformada por el "valor patrimonial" del litigio y en acción de daños y perjuicios, el valor está dado por el monto reclamado en la demanda.

También sabemos que el art. 197 de la ley 2150 y modif. (hoy art. 22 ley 56-O) en su segundo párrafo establece: "En los juicios por cobro de sumas de dinero la cuantía del asunto que motivó el pleito resultará de la liquidación que se practique, capital, intereses y desvalorización monetaria".

Que en los supuestos en que la demanda es rechazada, la base regulatoria está dada por el monto reclamado. Por lo tanto, es correcto incluir los intereses pues como indica la recurrente tanto en el texto de la demanda (ver fs. 30 bis vta.) como en el petitorio (fs. 39 vta.) se reclaman intereses sin que influya la expresión "o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse" que deja supeditada la determinación definitiva a lo que establezcan los jueces según surja de lo probado en autos. Como señala la doctrina y jurisprudencia en la materia: "Cuando la demanda es rechazada íntegramente, a los efectos de la regulación de honorarios, se deberá estar a la suma reclamada en la demanda (art. 40 inc. 1° ley 5480), sin que incida sobre la determinación de la misma el hecho de que se haya consignado la fórmula o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producir" (DRES.: PEREZ VILLALOBO - JIMENEZ MUSCARA. Causa "BROVIA CARLOS ALFREDO C/TATA SERGIO Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS", Fecha: 09/10/1991, Sentencia Nº: 21, Corte Suprema de Justicia de Tucumán - Fte. Lex Doctor).- La Excma. Corte de Justicia local ha resuelto también que en caso de rechazo total de la demanda la base regulatoria la constituye el total del valor reclamado por la actora (P.R.E. 1979, Fº 340/342; J.S.J., 1979/198 O, p. 131). Se mantiene así, por principios analógicos, la procedencia de equiparar demanda íntegramente admitida al caso de íntegramente rechazada, de modo que la liquidación a los fines de determinar la base del juicio debe contener todos los rubros reclamados por el actor y teniendo en cuenta que además de capital reclamó intereses, por imperio del art. 197 de la ley 2150 y modif., corresponde el cómputo de los accesorios como la norma expresamente contempla.

Esta Sala ha resuelto en igual sentido que: "... El art. 197 de la ley 2150 en su actual redacción luego de la modificación introducida por la ley 4072 establece que en los procesos en que se haya pretendido el cobro de una suma dineraria, como lo es el de autos, la cuantía del asunto que motivó el pleito resultará a los fines de la regulación de honorarios de la liquidación que se practique del capital intereses y desvalorización monetaria. Ante la claridad de la norma no resulta difícil entender que resulta aplicable a todos los procesos por cobro de sumas dinerarias, sean estos admitidos o rechazados, dado que no existe ninguna distinción en el texto legal.

En tanto la Sala I de esta Cámara dijo que: un pronunciamiento sobre honorarios debe ajustarse necesariamente a las nuevas pautas establecidas por el art. 197 de la ley 2150 según la modificación introducida por la ley 4072, en base a la cual también debe computarse como base para la determinación de aquellos el monto de los intereses objeto de la condena, para lo cual es indispensable efectuar la liquidación de estos a fin de obtener el cuadro completo de antecedentes dentro del cual recién entonces se estará en condiciones de resolver sobre el particular (L.A. 1975 t° 28 f°94) Criterio similar puede verse en P.R.E. 1982 - II - 275; L.A. Sala 2- 1994 - I - !74/180) Autos n ° 51610 ( C:C 17495 del Octavo Juzgado Civil "Armando F. Gentile S.A. c/ Mulet Vicente y otros - Ejecutivo" Prot. L.A. 2003 - II - 90/91 del 2/7/2003.- También que: La regulación de honorarios debe hacerse teniendo en cuenta lo reclamado en la demanda ante el rechazo definitivo de la pretensión actora, para fijar la base económica a esos fines debe atenderse no a la procedencia sustancial de dichos rubros, cuestión que no ha sido juzgada, sino a lo que constituyó el reclamo plasmado por el actor en su demanda.- (Esta Sala II - L.A. 1986 T° I F°58 Autos Belelli c/ Provincia de San Juan - Contencioso Administrativo). En caso de demanda íntegramente rechazada, el monto del juicio a los fines regulatorios ha de surgir de los valores en ella reclamados (P.R.E. 1980 - F°106 - Esta Sala L.A. 1991 T° II F°266/268). Es que ello se inscribe en el terreno del respeto al derecho de igualdad ante la ley que consagra la Constitución Nacional y que al decir de la corte suprema de Justicia Nacional (J.A. 1976 - II - 168) asimilando demanda íntegramente admitida a íntegramente rechazada. "Dicha analogía resulta evidente a poco que se observe que en uno y otro caso la discusión versa sobre una misma cantidad de dinero, que el beneficio o el perjuicio económico es idéntico para la parte vencedora o la vencida, que tanto se beneficia quien obtiene una condena al pago de una suma de dinero como el que se libera de la misma obligación y tanto se perjudica el que deba pagarla como el que no puede obtener su pago (L.A. 1994 - I - 174 /180). Así las cosas el recurso debe acogerse modificando lo resuelto en primera instancia con costas a la vencida en el cincuenta por ciento y el cincuenta por ciento restante por su orden atento que la doctrina en la materia no es unánime.- Debe admitirse también el recurso de la citada en garantía porque en autos se ha rechazado la demanda con costas a la actora conforme lo resuelto en primera y segunda instancia, de donde a esta altura del proceso, por efecto de las sentencias referidas que se encuentran firmes, el legitimado pasivo a pagar las costas del juicio es el actor y no la citada en garantía debiendo tenerse en cuenta además que no se trata del supuesto de prueba común en cuyo caso podría demandarse a cualquiera de los oferentes.- En consecuencia voto por la admisión del recurso de la citada en garantía y para que se declare inoponible a su parte el crédito de la perito incidentista imponiendo las costas en el orden causado.- EL DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS DIJO:

1. Que adhiero parcialmente a la solución propuesta por el Dr. Otiñano, debiéndose admitirse el recurso deducido por la incidentista Lic. Cristina Marcó, por los fundamentos dados en su voto y sin costas (art. 800, inc. 11, CPCCyM), pero propongo que se rechace el recurso de la aseguradora citada en garantía ante su posible falta de legitimación pasiva para ser ejecutada en el pago de los honorarios en concepto de costas, en razón de que dicho planteo resulta anticipado, pues debe ser -en su caso- deducido y considerado en la forma y plazos previstos en los arts. 466 y 467 del CPCCyM., con costas a la vencida.- 2. Es que la cuestión sobre si la perito la perito actuante se encuentra o no habilitada para reclamar sus honorarios por vía del trámite de ejecución de sentencia (art. 461, CPCCyM) contra la aseguradora citada en garantía debía ser planteado y tratado de acuerdo a lo previsto -en su caso- en las normas procesales citadas, y no cuando sus honorarios aun no han sido regulados.

3. Si bien el tribunal de alzada está limitado por los hechos y pretensiones deducidas oportunamente en primera instancia, que hubieren sido materia de agravios (art. 262, CPCCyM), a los fines de la solución de éstos planteos tiene la más amplia facultad de determinar la norma que considera que rige el caso, y aplicarla en el asunto que le toca resolver, con la misma extensión que le cabría al "a quo".

Por ello puede, sin afectar el derecho de las partes, utilizar distintos fundamentos jurídicos que los invocados por las partes o los utilizados por el juez de primera instancia, lo cual se deriva del principio "iura novit curia" que lo faculta a ubicar y calificar los planteos efectuados dentro del ámbito jurídico que corresponda, siempre que con ello no se transforme el reclamo deducido.

4. En consecuencia, si solo se ha presentado una liquidación a los fines de la determinación de los honorarios correspondientes a la actuación de la perito interviniente, el cuestionamiento -en su caso- de la posible falta de legitimación pasiva de la aseguradora citada en garantía para el pago de los mismos, debe ser realizado conforme las normas procesales citadas, por lo que debe ser rechazado el recurso al resultar el planteo extemporáneo, con costas a la vencida.

Así voto.

EL DR. DANIEL OLIVARES YAPUR DIJO:	Por razones análogas a las aducidas por el Dr. Roberto M. Pagés Lloveras, voto en el mismo sentido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso deducido a fs. 369 por la Lic. Cristina Marcó, sin costas. En consecuencia, modificar lo resuelto en primera instancia a fs. 365/367, aprobando la liquidación practicada a fs. 322 que incluye intereses.

II) Rechazar el recurso deducido a fs. 374 por la aseguradora citada en garantía. Imponer las costas de Alzada a la vencida.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DR. DANIEL G. OLIVARES YAPUR SECRETARIO:DR. AGUSTIN A. RUGNA.