Proceso penal, pena de inhabilitación, interpretación de la ley, antecedentes parlamentarios, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Agüero, Julio Eduardo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano A. Rojas en Expte. 116/09 Agüero Julio Eduardo s/ Homicidio Culposo Agravado - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-05-27

Contra la sentencia interlocutoria que resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba formulado por el imputado por homicidio culposo agravado, el asistente técnico interpone recurso de casación, invocando el motivo sustancial previsto en el inc. 1ro. del art. 454 del C.P.P. y solicitando la correcta aplicación de ley sustantiva.

Recientemente esta Corte se expidió, una vez más, sobre la prohibición de suspender el juicio a prueba, en el caso de delitos conminados con pena de inhabilitación, al dictar la sentencia Nº 07/10.

Este criterio es compatible con el sostenido en el fallo "Gregorchuk" (G.663.XXXVI del 3/12/02), en el que la Corte federal destacó lo siguiente: "La imposibilidad de acceder al beneficio de la suspensión del proceso a prueba para aquellos delitos cuya pena prevea la de inhabilitación (art. 76 bis in fine del Código Penal) surge de manera inequívoca de la intención del legislador. En efecto, el miembro informante del dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, diputado Antonio M. Hernández, señaló que "en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto" lo que importa continuar el juicio hasta una sentencia definitiva que pruebe adecuadamente la conducta del imputado y que permita adoptar las sanciones que correspondan según el caso (ver Antecedentes Parlamentarios, La Ley, 1995)".

Por ello, y en atención a que el posterior fallo "Acosta" sólo ha modificado la interpretación del plenario "Kosuta" con relación a la pena privativa de la libertad, sin referirse a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, cabe concluir que la doctrina del precedente "Gregorchuk" no se ha modificado, se encuentra plenamente vigente y debe ser aplicada en el caso, como criterio rector actual y último de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la materia.

En ese marco, contrariamente a lo que predica el recurrente, la cuestionada decisión del a quo no aparece como arbitraria, habida cuenta que lo decidido se sustenta en el impedimento legal para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba previsto expresa e inequívocamente en el último párrafo del art. 76 bis del Código Penal y conforme lo tiene dicho nuestro Alto Tribunal, la interpretación de una norma no es arbitraria si no excede el marco de posibilidades que ella brinda (304:1826;

310:896), como en el caso, en que, además de ajustarse a su letra y espíritu, la resolución impugnada encuentra válido fundamento en la reseñada doctrina de la Corte federal, la que -también con arreglo a los principios de celeridad y economía procesal, a los fines de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario- es indispensable acatar, en tanto el discurso recursivo no ofrece motivos suficientes para apartarse de la misma.

Por ello, corresponde no hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.