Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-05-30


En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Treinta (30) de Mayode dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane -por excusación del doctor Alberto José Brito-, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por representación letrada de la parte actora en autos: "Bustos, Elvira Alicia vs. La Buenos Aires Cía. Argentina de Seguros S.A. s/ Cobro de seguros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 165/173 por el apoderado de la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 05/12/2003 dictada por la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial del Centro Judicial de Concepción.

El pronunciamiento recurrido (fs. 155/161) confirmó la sentencia de Iª instancia, que había receptado favorablemente la defensa de prescripción opuesta por la aseguradora.

La Cámara a quo declaró admisible el recurso en cuestión por sentencia de fecha 28/4/2004 que glosa a fs. 177; por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden al recaudo formal del art. 813 del CPCC, la exigencia puede considerarse satisfecha en la especie, por tratarse de una sentencia emanada del tribunal de alzada de la causa que resuelve en forma definitiva, la cuestión para las partes.

III.- Desde la perspectiva del art. 815 procesal se invoca la no aplicación de normativa específica (art. 67 inc. b de la ley 20.091, arts. 3, 5, y 6 de la Comunicación 21.523 y el art. 4 de la Circular 3426, ambas de la Superindentencia de Seguros de la Nación), que considera ineludible para la correcta resolución del pleito.

Sostiene que contrariamente a lo expresado por el tribunal de alzada, la preceptiva citada no sólo regula la relación entre la S.S.N. y las compañías aseguradoras sino que establece los contenidos básicos de los distintos tipos de contratos de seguros, imponiendo conductas a las que aquéllas deben sujetarse, tanto al momento de la celebración como en la ejecución de los mismos. Señala que existe un interés general comprometido en la temática del seguro y la transgresión a la normativa en cuestión asume caracteres de gravedad institucional. Considera que las normas mencionadas -aunque de rango inferior- conforman un todo orgánico con la ley de seguros Nº 17.418 y destaca la función del Estado en el contralor que ejerce a través de sus órganos específicos. Cita en apoyo de su posición, doctrina y jurisprudencia que estima aplicable al caso.

Señala que de conformidad a la preceptiva invocada, las compañías aseguradoras tienen el deber de entregar al asegurado, copias de las pólizas que instrumentan los respectivos contratos, única forma de hacerles saber la existencia y el contenido de los mismos. Sostiene que tal obligación no fue acatada por la demandada; conducta que el tribunal debía merituar al momento de resolver la cuestión sometida a su conocimiento.

Afirma que no existe prueba alguna que permita sostener que la actora tuviera conocimiento de la existencia y extensión del seguro contratado por la empleadora Alpargatas. Entiende que el pronunciamiento impugnado propicia que el incumplimiento de las cargas impuestas por la ley al asegurador, perjudique al beneficiario del seguro.

Analiza la naturaleza del seguro contratado (seguro de vida colectivo a favor de los trabajadores de Alpargatas S.A.), la finalidad social del mismo, la modalidad de su contratación, etc. y destaca que la eficacia del contrato dependía del conocimiento real y efectivo que tuvieran los beneficiarios del mismo. Considera que tratándose de un seguro contratado por el empleador en favor del trabajador (a quien descontaba mensualmente las sumas necesarias para pagar la cobertura), su parte ignoraba las condiciones de la contratación, precisamente porque nunca se le entregó copia de la póliza respectiva.

Invoca la existencia de un intercambio epistolar (cartas documentos de fs. 50/55) del que surge que su parte no conocía los derechos emergentes del seguro contratado en su favor y destaca que la aseguradora cumplió con la entrega de la póliza sólo cuando le fue requerida -intimación mediante- por el juez de la causa.

Expresa que el tribunal omitió la consideración de estas pruebas esenciales para merituar la procedencia de la acción interpuesta (al igual que la improcedencia de la defensa de prescripción articulada por la demandada). Desde tal enfoque, tacha de arbitrario al pronunciamiento recurrido y pide que con tal fundamento de acoja el remedio incoado.

Por otra parte, alega que en casos como el de autos (donde se reclama el cobro del seguro frente a la incapacidad total y absoluta que padece la parte actora), el plazo de prescripción debía computarse desde el momento en que el beneficiario tomó conocimiento de la invalidez que le daba derecho a solicitar la respetiva cobertura. Considera que el plazo no comienza a correr desde el distracto laboral, ni desde el comienzo de los trámites encaminados al cobro del seguro. Y expresa que de haberlo analizado con tales premisas, la defensa de prescripción hubiera sido rechazada.

Se agravia de que el tribunal de alzada haya acogido la prescripción articulada por la compañía aseguradora pues entiende que si ésta pretendía hacer valer tal defensa, debía invocar al momento de formalizar su primera presentación en juicio; esto es, al cumplir con el requerimiento mediante el cual el juzgado le solicitó la presentación de la póliza pertinente. Señala que en esa oportunidad procesal, la accionada no invocó la defensa en cuestión ni formuló reserva alguna; extremo que según su criterio, impedía su ulterior articulación. Siendo así, sostiene que la posterior alegación -en oportunidad de contestar la demanda- deviene extemporánea.

IV.- Vistos los antecedentes de la causa y el pronunciamiento impugnado, se advierte que el recurso interpuesto no puede prosperar.

El recurrente plantea como cuestión central, la improcedencia de la defensa de prescripción. Y para ello, argumenta que el cómputo del plazo pertinente debe tomar como punto de arranque, el momento en que el beneficiario del seguro tuvo conocimiento de la invalidez que le daba derecho a solicitar la respetiva cobertura. Desde su criterio, el incumplimiento de la obligación de entregar la póliza (y de informar la existencia y los alcances del seguro contratado en su favor) impedía a la aseguradora, invocar la defensa de prescripción.

a.- De un lado y en relación a la normativa cuya omisión se imputa al tribunal (art. 67 inc. b de la Ley 20.091, reglamentada a través de la resolución 21.523 y la circular 3426 de la SSN), el tribunal a quo dio razones que justificaban su no aplicación al caso.

El recurrente alega de modo genérico respecto de las facultades de control de la actividad asegurativa que ejerce el Estado a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación y pese al modo en que exhibe sus argumentos (invocando la existencia de un interés general involucrado), se omite rebatir el argumento central de pronunciamiento; esto es, que la preceptiva citada no resultaba ajustada a las cuestiones aquí propuestas.

En efecto, la Cámara a quo destacó que las facultades de fiscalización y contralor impuestas al organismo de aplicación de la ley nacional de seguros y el eventual incumplimiento de las formalidades impuestas a las aseguradoras por aquella reglamentación, cae bajo una órbita diferente (responsabilidad de índole administrativa) de la que se analiza en el sublite.

Constituye carga inexcusable del recurrente refutar los fundamentos expresados por el tribunal a quo, y su incumplimiento conlleva inexorablemente al rechazo del recurso, por insuficiencia del memorial respectivo (art. 816 del CPCC).

b.- Desde otro enfoque, el agravio referido al apartamiento de los antecedentes de la causa en ningún modo justifica la tacha de arbitrariedad que se imputa al decisorio.

El recurrente alega que el plazo de prescripción no debía computarse como lo dice la sentencia, por cuanto su parte -beneficiaria del seguro contratado por el empleador en su favor- ignoraba las condiciones y los alcances de dicha contratación. Y como agravio central, sostiene que el tribunal omitió considerar las pruebas que demuestran la falta de entrega oportuna de la póliza pertinente.

Sobre el particular, no puede soslayarse que el contrato de seguro es objeto de una regulación legal específica (la ley seguros Nº 17.418) y que en el marco regulatorio mencionado, la prescripción de las acciones emergentes, tiene un capítulo particular. Ello así, el plazo anual establecido en el art. 58, tiene carácter legal, lo que impide establecer excepciones por vía de interpretación; ni respecto del término, ni del modo de computarlo.

Tal como lo dijera la Cámara a quo, resulta insostenible invocar la ignorancia de los términos de la póliza para evitar el inicio del curso de la prescripción. Pese a lo alegado por el recurrente, no luce arbitrario el criterio conforme al cual, el descuento mensual en los haberes, del monto de la prima, revela que la actora conocía o debía conocer la existencia del seguro contratado en su favor.

La fundamentación casatoria no logra rebatir los fundamentos dados y se limita a exponer una tesis diferente, insuficiente per se para descalificar al pronunciamiento impugnado.

El plazo de prescripción comienza su curso, cuando la obligación deviene exigible; esto es, cuando se produce el siniestro previsto en el contrato particular. Y en los seguros que cubren la incapacidad total y permanente -como en el sublite- el hito inicial para el cómputo del plazo de la prescripción está dado por el conocimiento del asegurado que padece una minoración psico-física que le impide ejercer, en relación de dependencia o por cuenta propia, tareas remuneradas acordes con su habilidad reconocida (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III, 11/02/2003, "E., H. H. c. Caja Nac. de Ahorro y Seguro"; DJ 30/07/2003, 851 - DJ 2003-2, 851).

Tal como surge de las constancias de la causa (cfr. escrito de demanda), la actora esgrimió que se encontraba incapacitada para el desempeño de sus tareas habituales y que ello motivó que con fecha 23/12/94, presentara su renuncia al empleo, a fin de acogerse a los beneficios de la jubilación por invalidez. No parece por tanto arbitrario que el tribunal haya entendido que la actora tenía conocimiento de la incapacidad alegada, al renunciar al empleo y al pretender acogerse al beneficio jubilatorio por invalidez. Y siendo así, debió denunciar el siniestro y ejercer las acciones pertinentes. La Cámara a quo destacó asimismo, que las partes coincidieron respecto a la entrega de un certificado de cobertura individual a favor de cada trabajador beneficiado por el seguro de vida colectivo, aunque discreparon respecto del contenido del mismo. Y en ese contexto, no parece que los argumentos recursivos descalifiquen la conclusión a la que arribara el tribunal de mérito.

En el presente caso, de la misma demanda surge en forma inequívoca que el motivo del distracto fue la incapacidad de la actora para realizar las tareas designadas; y por tanto, resulta insostenible alegar en la instancia, el desconocimiento del siniestro que se invocara como causa de la extinción de la relación laboral.

c.- El agravio conforme al cual la defensa de prescripción opuesta por la aseguradora demandada resulta extemporánea (al no haber sido articulada en las etapas procesales anteriores), no puede admitirse.

El tribunal a quo entendió que recién al ser notificada de la demanda, la aseguradora tuvo conocimiento de la existencia del juicio y que por tanto, la prescripción fue opuesta en su "primera presentación". El pronunciamiento dio razones para justificar que la defensa no haya sido articulada al cumplir el requerimiento de presentación de la póliza (consideró que la intimación cursada al efecto, no permitía hacer conocer la existencia y alcance del reclamo formulado por la actora a fin de que como demandada, ejerciera su defensa); criterio que pese al recurrente, no luce arbitrario. Éste se limita a ofrecer una posición diferente de la expuesta en la sentencia que impugna pero omite demostrar el error que atribuye al decisorio. Y es precisamente este déficit de fundamentación el que sella en forma adversa la suerte del remedio intentado.

V.- Atento al resultado del recurso, corresponde imponer las costas al recurrente vencido, conforme los principios generales que rigen la materia (art. 106 CPCC).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte actora en contra de la sentencia de fecha 05/12/2003 dictada por la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial del Centro Judicial de Concepción.

II.- COSTAS conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA RENÉ MARIO GOANE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA