marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Embargo preventivo, expresión de agravios, habilitación de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Cosas Nuestras SA s/ art. 26735:6 art. 6° - Apropiación indebida de tributos. Ley 26.735 (modificación Ley 24.769)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-30

Corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por el Ministerio Público Fiscal toda vez que el recurrente no plantea un caso constitucional conforme lo exige el artículo 26 de la ley n° 402. Se agravia por el rechazo del embargo preventivo resuelto por el juez de grado y confirmado por la Cámara, pero no conecta sus motivos de agravio con un postulado constitucional que permita habilitar esta instancia de excepción. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, recusación y excusación
Materia: PENAL
Carátula: xx s/ xx
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22

Este Tribunal ha resuelto reiteradamente que contra las resoluciones adoptadas en materia de recusaciones o excusaciones, no está autorizada la deducción de recurso o cuestión alguna ante esta Corte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Poder Legislativo, Cámara de Diputados, cese de la función pública, personal no permanente, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Miguel Angel c/ Poder Legislativo - Cámara de Diputados de la Provincia s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-11-10

En el caso, el amparista - dado de baja como subsecretario parlamentario en ocasión del cambio de autoridades de la Cámara de Diputados- fue incorporado a un régimen de trabajo que reconoce especiales características y naturaleza -personal no permanente-, diferenciándose de la situación de los demás agentes del Poder Legislativo. Ello no implica que pueda exigirse -invocando derechos constitucionales- el mantenimiento de la relación laboral en la categoría pretendida, toda vez que el cargo que detentara cumple una concreta misión, que es por esencia temporaria, y su cobertura reviste carácter eminentemente discrecional.

Dicha circunstancia no puede ser desconocida por el actor. Lo contrario sería ir contra sus propios actos, pues se sometió voluntariamente a un régimen carente de derecho a la estabilidad para desempeñar un cargo de confianza de las autoridades superiores y sujeto a un procedimiento de remoción en los términos y alcances de los arts. 27 y 16 inc. 16 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, que en el caso se ha cumplido.

Si el contexto descripto, precisamente, permitió su ingreso directo a la categoría que hoy reclama, sin estar sujeto a los límites escalafonarios y funcionales previstos para la planta permanente, resulta improcedente su reclamo, ya que las razones de política administrativa que lo favorecieron en su nombramiento, son las mismas que ahora impugna por medio de la presente acción de amparo.

El simple desconocimiento de la potestad de la autoridad pública competente para limitar a los que desempeñan funciones de mayor jerarquía no resulta un medio idóneo para demostrar un caso de arbitrariedad que justifique la procedencia de la acción, cuyo rechazo se impone.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fábregas, Enrique Joaquín c/ Miranda, Miguel Angel y otra s/ Resolución de contrato Ayala, Angel y otra c/ Balado de Tabanera, Herminia y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19|1994-05-31

Corresponde anular de oficio el fallo que omitió pronunciarse respecto de hechos eventualmente modificatorios de la relación de las partes, impidiendo el cabal conocimiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Recurso de casación, expresión de agravios
Materia: CIVIL
Carátula: GANAN RAMÓN Y SUAID ROSA c/ COMPAÑIA TUCUMANA DE REFRESCOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-03

Es manifiestamente insuficiente para fundar el recurso de casación el escrito que sólo traduce una crítica generalizada y subjetiva a las conclusiones del decisorio, al igual que la escueta cita de diversas disposiciones legales que se juzgan infringidas, no seguidas de la acabada demostración jurídica del error o violación; o cuando se censura la errónea aplicación de normas distintas de las invocadas en el fallo, o por último, importe nada más que mera discrepancia con el criterio del juzgador.
Divorcio, aplicación temporal de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: M. de C., M. c. C., T. L. #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: CC c/  s/ divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2015-09-07

Resuelve decretar el divorcio vincular en los términos de los artículos 437 y 438 del Código Civil y Comercial de la Nación en vigencia a partir del 1 de agosto, por lo que corresponde modificar la sentencia de primera instancia que había ordenado el divorcio por la causal objetiva prevista en el art. 214, inc. 2 y 204 del Código Civil, en tanto se advierte que no incumbe al Tribunal expedirse sobre la configuración de causal objetiva o subjetiva alguna, todo ello de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que "las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición de los recursos".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Montesinos, Angela Luisa s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la transgresión de los arts. 251, 252 y 253 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- expresando que la declaración de un testigo debe descalificarse por su mendicidad, falsedad y ausencia de coherencia y credibilidad si más allá de que los aspectos en que el recurrente sustenta las argüidas contradicciones no fueron utilizados por el "a quo" para fundar la plena prueba de la responsabilidad de la imputada, las diversas consideraciones que formula se relacionan con las normas de la prueba testimonial, tal como si ése hubiese sido el medio probatorio empleado por la Excma. Cámara, por lo que resultan en el caso inatingentes.
Suspensión del juicio a prueba, consentimiento del fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mohamed Ricardo s/ Rec. de Queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-11

"No obstante, es preciso tener en cuenta que, cuando se trata de analizar si corresponde suspender el proceso a prueba en la situación regulada en el artículo 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal, la apreciación del Fiscal respecto a la imposibilidad de que la eventual condena fuera de cumplimiento en suspenso vincula al órgano jurisdiccional y no puede ser cuestionada, en la medida en que no resulte manifiestamente arbitraria (conf. causa n° 13.014 "Lazo", reg. n° 14.006 del 6/03/97; causa n° 17.328 "Guzmán", reg. n° 18.563 del 10/4/01; causa n° 24.647 "Ramírez Zapata", reg. n° 27.879 del 18/12/07; entre otras)".
Concursos, quiebra, efectos entre partes, verificación de créditos, fallido, fiador, pagaré, deudor principal, contratos conexos, incidentes, resolución de las excepciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ezentis Argentina SA c/  s/ quiebra s/ incidente de revision de credito por Telplasa SA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-15

Cabe verificar a favor de la sociedad incidentista un crédito originado en incumplimientos contractuales y reconocimientos de deuda; rechazando en consecuencia la excepción de incumplimiento opuesta por la fallida, en relación a cierta cláusula de indemnidad incluida en el contrato que otorgaba el derecho a retener del precio a pagar a la contratista el importe que le hubiere sido reclamado por reclamos judiciales o de otra índole. Ello así, toda vez que la supuesta deuda laboral se encuentra judicialmente controvertida, y ello revela que la fallida carece de un crédito líquido y exigible contra la contratista incidentista.

Es que, no cabe hacer una interpretación tan extensiva al derecho de suspensión del pago cuando, como en el caso, su contraprestación está cumplida (obras realizadas) y las obligaciones presuntamente pendientes no resultan aún exigibles. Todavía no se ha configurado un incumplimiento de la obligación de indemnidad. Por ello, la defensa de la fallida es una argumentación meramente hipotética y eventual.

En conclusión, la fallida no estaba eximida de su obligación de pago; razón por la cual no hay motivo siquiera para subordinar la verificación del crédito. Máxime que la incidentista no desconoce la obligación asumida en la cláusula de indemnidad. Por ello, la invocación de dicha norma contractual como sustento de una excepción de incumplimiento, o bien como objeto de reconvención, resultó improcedente.
Responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Leiva,Aurelio Antonio Belisario c/ Superior Gobierno Provincia de Entre Ríos s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-11-26

La responsabilidad del Estado es la derivada de la detención del actor como presunto autor del delito de homicidio,al que se le dictó prisión preventiva, y llevado a juicio fuera absuelto de culpa y cargo, ordenándose su inmediata libertad. Cabe sentar como principio que el Estado sólo puede ser responsabilizado por error judicial en la medida en que al acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto.
Seguros, inspector de seguros, siniestro, investigación del siniestro
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIANCI J c/ LA CONFIANZA COMPA/IA DE SEGUROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-13

La función que realizan los liquidadores o inspectores de seguros tiene un doble carácter: las tareas de investigación y determinación de las circunstancias del siniestro para concretar sus características y encuadre en la cobertura; y posteriormente la realización de las tareas de liquidación propiamente dichas.

Unidamente estas últimas labores implican aceptación en el sentido del fallo plenario "Caucholite S.R.L." del 29.2.72.
Prueba pericial, relación de consumo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: Gouveia Mendes, Lilian Cristina c/ K-SAS S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

La decisión que impone a la parte actora el pago compartido del anticipo de gastos para el perito, en el marco del proceso indemnizatorio derivado de una relación de consumo, pone en tela de juicio la tutela judicial efectiva, particularmente asegurada como protección específica para los consumidores, a quienes legal y constitucionalmente se les ha dotado de ciertas prerrogativas, entre otras la gratuidad de su actuación ante la justicia.(doctor de Lázzari, minoría)
Derecho procesal, partes, costas, excepciones procesales, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: García, Agustín Marcelo c/ Grupo Famg SA y otros s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Procede revocar la sentencia en lo que hace a la imposición de costas contra el co-demandado ante el rechazo de la supuesta excepción de legitimación pasiva. Ello por cuanto, no se advierte que se haya interpuesto excepción alguna, sino que, más allá de explicar la modalidad de contratación y el funcionamiento de los planes de ahorro, la apelante opuso directamente como defensa de fondo la falta de acción del actor, en razón de que del contrato que acompañó no resultaban pactados los beneficios reclamados, defensa que no debe ser confundida con la excepción de falta de legitimación pasiva.
Sucesiones, filiación extramatrimonial, hijo extramatrimonial, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: CIVIL
Carátula: BERNARDI JOSE s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

La Convención Americana sobre derechos humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica aprobada por el art. 1ro de la ley 23.054 (ADL XLIV-B-1250), a pesar de que en su art. 17, inc. 5, sienta que " la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo", no equipara en el orden nacional la situación hereditaria de la descendencia matrimonial y extramatrimonial, pues no hay en el texto imperatividad alguna sino una aspiración enérgica pero respetuosa de la soberanía de los pueblos.
Derecho procesal, sentencia definitiva, recurso de apelación (procesal), amparo por mora
Materia: PROCESAL
Carátula: NOGUERA MARIA B. c/ UNIDAD DE CONTROL PREVISIONAL s/ AMPARO POR MORA-QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-27

La posibilidad de apelar la decisión definitiva surge del hecho de que la ley no trae ninguna limitación al respecto siendo además la solución que mejor se ajusta a la amplitud de la defensa. Al no traer disposiciones específicas, corresponde, en cuanto a los plazos y forma de conceder el recurso, la aplicación de las normas de la acción de amparo.
Estafa, tarjeta de crédito, delito reiterado
Materia: PENAL
Carátula: ROSMAN, Claudio s/ ESTAFA. TARJETA CREDITO. FALSIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-03

1) No obstante la importante cantidad de compras efectuadas (207) con dos tarjetas de crédito, una perteneciente a American Express y la otra a Dinners Club, el procesado debe responder por el delito de estafa reiterada (dos hechos), pues a cada compra realizada no puede caracterizársela independientemente de fraude en razón de que el perjuicio aparece como potencial, pero no efectivo en ellas, y no para los comercios sino para la firma que otorga la tarjeta, que ve lesionado su patrimonio recién cuando desembolsa la suma total por cada liquidación, sin la correspondencia del pago del titular del documento.

Corresponde modificar la calificación efectuada por el Sr. Juez a quo que sostiene la reiteración de 207 hechos que considera independientes, pues tratándose la estafa de un delito instantáneo y de daño, este tipo de lesión que debe ser "real y positiva", se produce, "de un modo inmediato al uso del ardid o engaño provocadores del error en la víctima, pero mientras el comienzo del despliegue de los medios ardidosos persista, a través de ignorantes personeros (los negocios), se está frente a un acto de tentativa que recién deja de serlo para convertirse en agotamiento de la acción consumativa, en el instante en que la disposición patrimonial perjudicial se opera "(pago de la empresa expedidora).

2) La imitación de la correspondiente firma en los cupones, no puede considerarse configurativa de un delito aparte, sino del medio ardidoso del que se valiese el encartado para consumar una de las estafas -la que perjudicó a American Express- ya que la que damnificó a Dinners, la pericia resultó negativa en lo referente a la participación del procesado en los recibos originales.
Relaciones de familia, menores, plan de parentalidad, abuelos
Materia: CIVIL
Carátula: NUÑEZ DE BENITEZ LADISLADA E. s/ REGIMEN DE VISITAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-08-06

El art. 376 bis del C.C. consagra el derecho de visita a los incapaces, de sus ascendientes y otros parientes y también el de los representantes legales a oponerse "invocando posibles perjuicios a la salud moral o física de los interesados".

La madre, responsable de la educación del hijo y de su formación espiritual tiene pleno derecho a oponerse a una experiencia que puede resultar traumática para el niño y que puede alterar su conformación espiritual (art. 265 del C.C.).

Es incuestionable el derecho que tienen los padres a la educación de los hijos.Educar significa formarlos espiritualmente e inculcar en ellos ideales de vida,por lo que es evidente el derecho que tiene la madre a evitar transferencias extrañas.

La oposición de la madre al régimen de visitas solicitado por la abuela no puede reputarse abusiva porque está determinada por la preocupación de salvaguardar la formación del hijo, objetivo que no puede sacrificarse a los sentimientos de la abuela, cuyos derechos deben ceder a los intereses del hijo por los que debe velar la madre a cuyo cargo está el cuidado de su salud física y moral.

La recepción por parte del niño, de ideas y sentimientos encontrados, no sería beneficioso para él.

La fórmula legal es amplia y corresponde al Juez decidir lo que considere más oportuno, atendiendo a la conveniencia del incapaz y a la circunstancias particulares que puedan influir en el reconocimiento de su visita, su frecuencia y periodicidad.- (del voto del Dr. Novillo Saravia por sus fundamentos).
Medidas cautelares, epilepsia, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GREHAN JOSEFINA c/ CEMIC s/ incidente de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-26

La condición de enferma epiléptica de Josefina torna operativa la ley 25.404 sobre "Medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia", que garantizan a "toda persona que padece epilepsia el pleno ejercicio de sus derechos" (art.

1) y su derecho a ". recibir asistencia médica integral y oportuna" (art.4); asegura "a los pacientes .carentes de recursos económicos la provisión gratuita de la medicación requerida" (art. 9º inc. h) y finalmente dispone que "las prestaciones médico-asistenciales referidas en esta ley quedan incorporadas al Programa Médico Obligatorio" (art. 6).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, tareas de vigilancia, consorcio de propietarios
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Sánchez, Diego Antonio c/ ACP Seguridad SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-25

A fin de que nazca la responsabilidad solidaria de una empresa por las obligaciones laborales de la otra, en los términos del art. 30 LCT es menester que aquella contrate o subcontrate "trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento...", y si bien comprende también a las actividades que pudieran ser calificadas de accesorias, lo concreto es que deben estar integradas permanentemente al establecimiento, supuesto que no se da en el caso de la vigilancia contratada por un Consorcio de Propietarios. Ello así, toda vez que la seguridad constituye una labor accesoria y escindible del giro específico propio del establecimiento donde se presta, cuyo funcionamiento no se vería afectado por la ausencia de dicho servicio, de lo que se sigue que las tareas de vigilancia contratadas no forman parte del objeto propio y específico del Consorcio de Propietarios, ni pueden considerarse inescindiblemente integradas al establecimiento, por lo que en el caso el Consorcio de Propietarios demandado no debe responder solidariamente en los términos del art. 30 LCT. (Del voto de la Dra. Ferdman, en minoría).
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ DE CASTRO, MERCEDES ANTONIA Y O. c/ QUIMICA SAN JUAN S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-04-26

La empresa que desarrolla una actividad riesgosa que lucra con dicha actividad debe asumir todos los riesgos al que su personal dependiente se ve sometido por causa de aquella actividad, al margen de que las partes no tengan responsabilidad directa en la producción del evento dañoso, es justo que el daño sea indemnizado por quien conoce y domina la fuente del riesgo.
Facultades del juez, medidas para mejor proveer, facultades ordenatorias, acreditación de la personería, falta de presentación del poder
Materia: COMERCIAL
Carátula: UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES c/ BANCO SAENZ SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-03

Procede la medida para mejor proveer -en el caso- en ejercicio de las atribuciones que al Tribunal confiere el artículos 36, inciso 4º Cpr, de intimación a la Unión de Usuarios y Consumidores para que dentro de determinado plazo -diez (10) días- se acompañe copia certificada del acta de la comisión directiva en la cual conste la decisión de otorgar el mandato instrumentado mediante el poder adjuntado; ello por cuanto, si bien el presidente de la accionante es, indudablemente la persona legalmente facultada para intervenir por ella y que, en principio, cabe tener por satisfechos los recaudos formales necesarios para probar la representación invocada, con las declaraciones realizadas por el escribano -oficial depositario de la fe pública- en el documento referido, que da fe de haber examinado los extremos que tiene por acreditados y, en su caso, de la incorporación de dichas piezas a su registro de acuerdo con lo prescripto por el artículo 1003 del Código Civil, el cual goza de los efectos propios de la fe pública (artículo 993, Cciv.), salvo que sea redargüido de falso, extremo que, en el caso, no se invocó (véase esta CNCom., esta Sala A, 16.11.10, "Pedro Ese SA c/ Miguel Sofía y Durante SH s/ Ordinario"); sin embargo, a la falta de mención en el poder acerca del documento del cual surgiría la decisión del órgano social competente en punto al otorgamiento del mandato, se suman los expresos argumentos vertidos por la accionante en pos del rechazo de la excepción de legitimación, con base en que "la forma en que adoptan las decisiones en el seno de la asociación hacía a la organización interna del ente y que no correspondía que se pretenda su acreditación en el expediente", lo cual permitiría inferir la posible ausencia de tal decisión previa. Es por ello que, toda eventual falencia en el ejercicio de las facultades de representación que tiene el presidente para el otorgamiento del acto, en caso de carecer de la debida autorización previa de la comisión directiva, debe ser debidamente establecida, -y subsanada, en todo caso-.
Proceso judicial, principios procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Urdinguio, Osvaldo c/ Transporte Gral.Roca S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

El principio de congruencia (arts.34 inc.4 y 163 inc.6 del Código Procesal), impone que exista correspondencia entre la acción promovida y la sentencia que se dicta, vulnerándose la misma cuando no media conformidad entre la sentencia y el pedimento respecto a la persona, el objeto o la causa. La exigencia ineludible de conformar la sentencia y la demanda, fija los límites de los poderes del juez, cuyo decisorio no puede recaer sobre una cosa no reclamada o sobre un hecho que no ha sido propuesto a decisión.
Locación, prueba, testigos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AMISTADI DE DERRA c/ CARMEN ANDREATTA DE AGUILERA s/ DESALOJO - VENCIMIENTO DE TERMINO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-15

La limitación especial impuesta a la prueba de testigos por el art. 1193 del C.C., desaparece cuando el contrato ha tenido principio de cumplimiento o ejecución, como ocurre cuando el inquilino recibió la cosa locada y aprovecha su uso y goce.-
Viajantes de comercio, comisiones, IVA
Materia: LABORAL
Carátula: CRISCUOLO, JUAN CARLOS c/ DANIEL ALVAREZ MORALES SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-06-23

No corresponde percibir comisiones sobre el Impuesto al Valor Agregado dado que el mismo no integra el precio de venta ni ingresa al patrimonio del vendedor, sino que su destinatario es el Fisco.