Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23


La Dra. Porta dijo:

Vienen las presentes actuaciones a esta Alzada con motivo del recurso de apelación que contra el fallo de primera instancia interpusieron la parte actora y la demandada. El perito contador cuestiona por bajos, los honorarios regulados a su favor.

La accionada se queja porque el sentenciante de primera instancia concluyó que entre las partes existió un vínculo de trabajo subordinado, asimismo cuestiona lo decidido con fundamento en la ley 24.013, el monto por el que progresó la demanda, los intereses fijados y la distribución de las costas.

En mi criterio, no le asiste razón pues el sentenciante decidió de tal modo sobre la base de que la propia accionada reconoció la existencia de una relación de naturaleza laboral dependiente. En concreto, valoró que el 27-2-95 la empresa demandada comunicó al accionante la finalización de la relación mediante un telegrama cuyo texto era "prescindimos de sus servicios". El apelante sostiene que como en el despacho no se utilizó la palabra despido ni se aclaró a qué servicios se refería, no puede inferirse que el vínculo fuera de carácter laboral. Tales argumentos resultan inatendibles por este Tribunal, toda vez que con relación a la cual no ha sido arrimada a la causa ninguna prueba para determinar si ha sido o no observada. Tal omisión resulta relevante, pues en ningún caso el empleador puede invocar el incumplimiento de parte del trabajador de las obligaciones que le están asignadas y del que se derive la pérdida total o parcial de beneficios de la seguridad social, si la observancia de tales obligaciones dependiese, como en el supuesto en examen, de la iniciativa del empresario, y éste no probase haber cumplido con las que estuviesen a su cargo (cfr. art. 79 de la L.C.T, en sentido análogo, SD 71.950 del 19-7-96, en autos "Cortez Luis Alberto c. Fraga Gladys Nelly s.despido del registro de esta Sala.

Además cabe destacar que los accionados demostraron conocer la situación familiar del trabajador cuando aseguraron en su contestación que ...la esposa es abogada..., por lo que la procedencia del rubro es indiscutible.

Por lo expuesto, auspicio confirmar lo decidido por el sentenciante en el punto.

La accionante cuestiona que, no obstante lo peticionado al demandar, el sentenciante no haya extendido la condena al codemandado Mario Hugo Azulay, aún cuando tuvo por acreditada la existencia de un vínculo laboral no registrado entre el actor y la sociedad accionada, quién acudió a figuras extralaborales en fraude a la legislación vigente, haciendo un uso abusivo de la personalidad societaria.

En el caso quedó demostrado que la accionada aparentó formas contractuales no laborales, incurrió en la práctica de no registrar la relación laboral, ni documentó como salarios los pagos efectivamente convenidos y realizados al actor, prácticas éstas prohibidas por el art. 14 de la L.C.T y por la ley 24.013.

Al respecto, entiendo que, tal como sostuviese el doctor Guibourg al decidir en la causa "Delgadillo Linares, Adela c. Shatell S.A. y otros s.despido", SD 73.685 del 11-4-97, del registro de esta Sala, la conducta asumida por la empleadora, constituye un típico fraude laboral y previsional, ya que tiene normalmente por objeto y efecto disminuir en forma legítima la incidencia del salario normal en las prestaciones complementarias o indemnizatorias y en los aportes al sistema de seguridad social. Esas conductas perjudican al trabajador, que se ve privado de aquella incidencia; al sector pasivo que es víctima, de la evasión y a la comunidad comercial en cuanto, al disminuir los costos laborales, pone al autor de la maniobra en mejor condición, para competir en el mercado, que la reservada a otros empleadores respetuosos de la ley.

Ahora bien, el art. 54 de la ley 19.550, en el último párrafo agregado por la ley 22.903, dispone: "La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a las controlantes que la hicieran posible, quienes responderán solidarias e ilimitadamente por los perjuicios causados".

No puede decirse que las actitudes expuestas encubran en este caso la consecución de fines extrasocietarios, puesto que el principal fin de una sociedad comercial es el lucro: pero sí que constituye un recurso para violar la ley (las normas antes citadas) el orden público (el orden público laboral expresado en los arts. 7, 12, 13 y 14 de la L.C.T), la buena fe (que obliga al empresario a ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador, art. 63 de la L.C.T.) y para frustrar derechos de terceros (a saber, el trabajador, el sistema previsional, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresarial, según se ha indicado). Por lo tanto, no caben dudas de que en el presente caso es aplicable la norma transcripta.

Cabe señalar asimismo que la demanda contra Mario Hugo Azulay no se funda en un inexistente contrato de trabajo con él, sino en la responsabilidad de éste por los hechos y deudas de la sociedad demandada cuando se aplica a ésta la cláusula de desestimación de la personalidad prevista por el art. 54 de la ley 19.550 ya citado.

En efecto, en la demanda se indica al codemandado como presidente, dueño y autoridad excluyente de la sociedad Mario Hugo Azulay y Asoc. S.A. Además, en las contestaciones, ninguna de las accionadas negó la calificación de dueño y presidente atribuida por el reclamante (cfr. art. 356, incs. 1, del C.P.C.C.N).

Por lo expuesto, propongo revocar la sentencia apelada en el punto y condenar a Mario Hugo Azulay en forma solidaria.

El actor también se queja porque no se aplicaron las sanciones previstas por el art. 275 de la L.C.T. como lo había solicitado. En tal sentido esta Sala ha decidido que la conducta temeraria o maliciosa prevista en el art. 45 del C.P.C.C.N. consiste en litigar con plena conciencia de la sin razón. Tanto la falta de derecho como la conciencia de ella deben resultar positivamente de las probanzas de la causa, ya que en ese punto rige el principio penal según el cual la duda se resuelve a favor del imputado (sentencia 35.191 del 30-6-77 in re "Salber c.Consorcio Tucumán 3088"). Merece señalarse que al encontrarse en juego el principio constitucional de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, la multa procesal debe aplicarse en aquellos casos en que la sinrazón para litigar aparezca tan evidente y manifiesta que impida un margen mínimo de duda al director del proceso (cfr. sentencia 62.406 del 18-11-91, en autos "Velázquez, Angel c.Imprenta de Buenos Aires, S.A.", en igual sentido. SD 73.856 del 30-4-97, en autos "Della Chisie Pedro c/ Pirelli Técnica S.A. s.despido", del registro de secretaría. En mi criterio, en el sublite no se configuran los supuestos arriba mencionados. En consecuencia, no puede prosperar la petición del demandante en tal sentido.

En relación al agravio de ambas partes referido a los intereses, toda vez que esta Cámara mediante acta 2155 acordó por mayoría que deberán calcularse con una tasa del 24% anual desde el 1 de abril de 1991 hasta el 31 de marzo de 1992, 15% desde el 1 de abril de 1992 hasta el 31 de marzo de 1993, y 12% desde el 1 de abril de 1993 en adelante, por razones de seguridad jurídica auspicio que en el caso se fijen conforme a tales pautas, dado que existe un virtual plenario de hecho.

Ante el nuevo resultado del litigio que propongo, y lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N corresponde dejar sin efecto tanto la imposición de costas, como la regulación de los honorarios de la instancia anterior y proceder a su determinación en forma originaria, razón por la cual deviene abstracto el tratamiento de los agravios vertidos sobre el punto.

El Dr. Guibourg adhiere al voto que antecede por compartir sus fundamentos.

Por lo tanto el Tribunal, RESUELVE:

I.- REVOCAR, la sentencia apelada y CONDENAR a HUGO MARIO AZULAY Y ASOCIADOS S.A., en forma solidaria a abonar al actor la suma de PESOS. Porta-Guibourg.