Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-06-14


C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Catorce (14) de Junio de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán c/Norviguet S.R.L. s/Ejecución hipotecaria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala III¬ del 05/6/2003, el letrado apoderado de la ejecutada Norviguet S.R.L. interpuso recurso de casación, concedido por auto del 16/9/2003.

1.1.- En anterior pronunciamiento de fecha 04/7/2002 (fs. 284/287), esta Corte Suprema de Justicia declaró nula la sentencia dictada por la Sala I¬ de la misma Cámara, haciendo lugar parcialmente al recurso de casación deducido por la ejecutada. La declaración de nulidad se fundamentó en que las partes no tuvieron oportunidad de ser oídas respecto a una medida para mejor proveer ordenada en la segunda instancia, cuyo resultado era conducente para la solución del pleito. A mérito de lo resuelto, la causa fue reenviada a fin de que regularice el procedimiento y se dicte nueva sentencia; resultando designada la Sala III¬ de la Cámara.

La medida en cuestión había sido ordenada por la alzada el 25/6/99, mandando librar oficio a la escribana Pardo de Goytía para que remita copia autenticada de la escritura Nº 142 del 29/7/95. Con fecha 05/7/99 se dispuso además convocar a la nombrada a comparecer ante el Tribunal el día 03/8/99; lo que fue notificado personalmente a las partes. A fs. 165 corre agregada acta que documenta la exposición de Pardo de Goytía, quien manifestó que por un error involuntario, en la escritura de hipoteca Nº 10 se individualizó el poder amplio de administración y disposición invocado por el Sr. Ramón César García, como escritura Nº 142 del 29/7/95; cuando dicho poder había sido otorgado por escritura Nº 157 del 23/9/93. Aclaró que este error fue salvado en la escritura de hipoteca, y que la copia obrante a fs. 8/11 vta. de autos se había entregado a la actora antes de tal enmienda. En el mismo acto, hizo entrega al Tribunal de los instrumentos mencionados.

Consta en autos que en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte, se dio vista a las partes de las explicaciones brindadas a fs. 165 por la Escribana Lidia del Valle Pardo de Goytía, y de la documentación que acompañara (cfr. resolución del 19/12/2002, fs. 299). La demandada se opuso en los términos de su presentación de fs. 305/307 vta., alegando que la medida para mejor proveer dictada por la Excma. Cámara sólo habría autorizado la agregación de la escritura Nº 142 del 29/7/95. Sostuvo que la incorporación de otros instrumentos significa alterar el thema decidendum, en violación al derecho de defensa de su parte; a lo que el Tribunal dispuso se tenga presente.

1.2.- La Sala III¬ de la Cámara desestimó los recursos de nulidad y apelación planteados por la ejecutada contra la sentencia de primera instancia; que rechazara la excepción de inhabilidad de título opuesta por su parte, mandando llevar adelante la ejecución. Sostuvo el Tribunal que con la medida para mejor proveer se ha acreditado debidamente la representación de Ramón César García, invocada en la escritura de hipoteca que se ejecuta. Que según resulta de tales actuaciones, en este instrumento se consignó por error que el poder de administración de Ramón César García fue otorgado por escritura Nº 142 del 29/07/95, cuando correspondía mencionar la Escritura de poder Nº 157 del 23/9/93 que se acompaña a fs. 157/160, junto con la escritura hipotecaria corregida a fs. 161/164. Señaló que de esta actuación notarial Nº 157 -poder amplio de administración y disposición otorgado por Norviguet S.R.L. a favor de Ramón César García- emerge que el nombrado estaba debidamente autorizado para suscribir el título base de esta ejecución. Valoró que de acuerdo a lo manifestado por la escribana Pardo de Goytía, el testimonio de la escritura de hipoteca obrante en copia a fs. 8/11 vta. fue entregado a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán antes de efectuar las correcciones correspondientes.

A criterio de la sentenciante, estas razones tornan improcedente la excepción deducida por la demandada; quien no podía ignorar la situación por ser la otorgante de los poderes. De otro lado, consideró que el agravio fundado en la insuficiencia del mandato general para constituir hipoteca tampoco es procedente, dado que la escritura Nº 157 antes citada contiene en su punto E) la expresa facultad para constituir tal garantía real. Finalmente, la Cámara rechazó el planteo sustentando en la pretensa derogación de este poder general, por el otorgamiento de un mandato posterior; entendiendo que en su correcta interpretación, las normas sustanciales citadas por el apelante descartan la colisión de mandatos generales (arts. 1971, 1975 y cc. del Cód. Civil). Puntualizó en tal sentido que la posibilidad de coexistencia de los dos poderes generales amplios sucesivamente otorgados, excluye el efecto de revocación del primero que invoca la demandada.

1.3.- En su memorial casatorio, el letrado apoderado de la recurrente expone los antecedentes de esta causa, que se inicia con la demanda de ejecución hipotecaria contra su mandante. Al oponer excepción de inhabilidad de título, invocó entre otros fundamentos la invalidez de la relación sustancial, por no haber participado del acto mediante apoderado hábil. Puntualmente, sostuvo que el poder general de administración acompañado por el firmante de la escritura, Ramón César García, no había sido otorgado a su favor sino a otra persona, Ramón Hugo García; quien no participó del negocio jurídico ni suscribió aquel instrumento.

Pone de relieve que en la etapa probatoria, su parte se opuso al ingreso de cualquier poder otorgado a Ramón César García, dado que lo discutido en la presente litis era si Ramón César García es la persona a quien se confirió poder mediante la escritura Nº 142 del 29/7/95, referida en el acto de constitución de la garantía hipotecaria. Que la actora se allanó a este planteo, y por auto interlocutorio de fs. 70/71 no se hizo lugar a la prueba ofrecida. Considera que esta resolución firme impedía el ingreso de cualquier otro poder que no fuera la mencionada escritura Nº 142.

Al exponer agravios, señala que su mandante no estaba obligada a acreditar el hecho negativo de que Ramón César García no era apoderado de Norviguet S.R.L., en tanto que sí demostró la existencia de un poder a favor de Ramón Hugo García, con la citada escritura Nº 142. En su interpretación, la medida para mejor proveer ordenada en autos estuvo limitada a dicha escritura; y la convocatoria de la escribana Pardo de Goytía no importó requerirle la presentación de otros instrumentos, a lo que tampoco estaba autorizada. Manifiesta que indebidamente y en violación a lo normado por el art. 39, primer párrafo del CPCC, se permitió a la notaria introducir alegaciones en perjuicio de su parte, y documentos nuevos que no le habían sido solicitados. Que ante la lesión al derecho de defensa en juicio por alterar el thema decidendum, su parte dedujo recurso de revocatoria, desestimado por la Sala Ia. de la Cámara a quo, al igual que el recurso de apelación deducido por su parte. Contra esta sentencia planteó recurso de casación, receptado parcialmente por esta Corte en los términos de la referida sentencia Nº 564 del 04/7/2002, que declaró nulo dicho pronunciamiento.

Alega el recurrente que el nuevo fallo dictado por la Sala III¬ es arbitrario y nulo, por carecer de fundamentación; resultando violatorio del principio de preclusión procesal, con alteración de la estructura esencial del procedimiento y del thema decidendum, en lesión al derecho de defensa de su parte.

En primer término impugna la agregación de la escritura Nº 157 del 23/9/93, que supuestamente habilitaba a Ramón César García para firmar la escritura de hipoteca. Reitera que tal instrumento no fue citado por las partes ni ofrecido como prueba; y que la cuestión de su ingreso había sido ya resuelta por la sentencia firme de fs. 70/71, nuevamente desconocida por el Tribunal de alzada. Insiste en que su parte no tuvo oportunidad de conocer de ello ni de pronunciarse al respecto cuando opuso excepciones; por lo que el rechazo de las defensas articuladas y el consiguiente progreso de la ejecución fueron resueltos en base a un documento distinto, respecto al cual su mandante no se defendió en la etapa procesal idónea. En su interpretación, estos nuevos instrumentos estaban dirigidos a rectificar y/o sanear los errores señalados, colocando a su representada en una desventaja procesal evidente. Puntualmente, se le habría impedido alegar y demostrar que ese poder amplio fue revocado por el otorgamiento de un nuevo poder amplio a favor del Sr. Hugo García; o bien allanarse a la demanda para evitar mayores costas procesales.

De este modo, se vería afectado el principio de preclusión procesal, que según jurisprudencia de esta Corte impide renovar las cuestiones ya planteadas y decididas.

Invoca además la violación al principio de congruencia y al thema decidendum, porque se ha modificado lo que era materia de resolución judicial, según lo expresado precedentemente. Propone doctrina legal acorde a los agravios así expuestos, y reitera reserva del caso federal.

El recaudo de definitividad del pronunciamiento debe considerarse cumplido, por cuanto de acuerdo a la doctrina de esta Corte Suprema de Justicia citada en la sentencia del 04/7/2002, en los términos del art. 544 procesal, segundo párrafo (a contrario), el rechazo de una excepción de inhabilidad de título, en aquellas cuestiones inherentes, exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, adquiere la calidad de cosa juzgada material; y tampoco pueden discutirse nuevamente las interpretaciones legales formuladas en la sentencia (tercer párrafo de la misma norma), por lo que el pronunciamiento impugnado no deja abierta para la demandada una ulterior vía de reparación, resultando definitivo a los fines de la casación (art. 814, CPCC). Encontrándose reunidos los restantes requisitos de admisibilidad, corresponde examinar la procedencia de los agravios planteados por la ejecutada.

2.- La excepción de inhabilidad de título sólo es viable si se cuestiona la idoneidad jurídica de aquél, sea porque no figura entre los mencionados por la ley, porque no reúne los requisitos a que ésta condiciona su fuerza ejecutiva, o bien porque ejecutante o ejecutado carecen de legitimación procesal, por no ser las personas que figuran en el título como acreedor o deudor. En su escrito de oposición de excepciones, la demandada alegó entre otros fundamentos que el título es inhábil, por cuanto el Sr. Ramón César García invocó un poder otorgado por la sociedad a favor de otra persona, el Sr. Ramón Hugo García; resultando de ello la ausencia de legitimación sustancial de su parte. Al contestar la excepción opuesta, la accionante sostuvo que la escribana dio fe de la existencia de un documento habilitante a favor de Ramón César García, y que ello sólo puede ser rebatido mediante el proceso de redargución de falsedad (cfr. fs. 47).

De lo expuesto resulta que una de las cuestiones centrales discutidas en esta litis ha sido la determinación de la existencia de un poder de representación a favor del Sr. Ramón César García, con facultades para constituir hipoteca; de lo cual ha dado fe la Escribana interviniente.

El recurrente invoca la normativa contenida en el art. 39, primera parte del CPCC, a tenor de la cual previo a dictar resolución, los jueces podrán disponer las medidas necesarias para esclarecer la verdad de los hechos, tratando de no lesionar el derecho de defensa de las partes, ni suplir su negligencia, ni de romper su igualdad en el proceso.

Tiene dicho esta Corte Suprema de Justicia que como principio, la disposición de una medida para mejor proveer es una típica cuestión de hecho ajena al control casatorio, porque pertenece al ámbito de las facultades discrecionales de los jueces, y la decisión de adoptarla o no es irrevisable por vía de la casación. Su ejercicio no es susceptible de control casatorio, pues depende de circunstancias de hecho que sólo a los jueces de mérito corresponde apreciar (cfr. CSJTuc., entre otras, sentencias Nº 237 del 17/5/95; Nº 855 del 25/11/98; Nº 13 del 12/02/99; sentencia del 31/7/2000 en autos "Banco del Río de la Plata S.A. vs. Abraham A. Turbay s/cobro ejecutivo de pesos").

Por tratarse de una facultad propia del órgano jurisdiccional, que no se vincula de un modo directo o inmediato con la garantía constitucional de defensa en juicio, las medidas para mejor proveer son, en principio, irrecurribles. Resultan potestativas del Tribunal, y las partes no pueden oponerse a ellas a menos que se trate de suplir su negligencia, se quebrante la igualdad en el proceso o se vulnere el derecho de defensa en juicio (arg. art. 39, primer párrafo del CPCC).

Las medidas para mejor proveer están destinadas a completar y aclarar elementos de prueba ya traídos a juicio, y sus límites resultan de la ley procesal, como de las particularidades en cada caso. Al respecto, se ha dicho que la comprobación de las cuestiones de hecho está a cargo de las partes, pero ello no excusa la indiferencia de los jueces respecto de su verdad objetiva, razón por la cual el proceso no puede ser conducido en términos estrictamente formales. Así, los jueces están facultados para disponer las medidas necesarias con el fin de esclarecer los hechos debatidos, facultad a la que no pueden renunciar si su eficacia para determinar la verdad es indudable (cfr. CNCiv, Sala H, sentencia del 10/12/96 en autos "Cortés, Raúl B. y otros c. Cabrera, Graciela A. y otros", LL 1997-B, 809).

3.- En el sublite, las partes consintieron la medida para mejor proveer y su ampliación, ordenadas por la Cámara en ejercicio de una facultad que le es propia. El agravio de la ejecutada se fundamenta en el alegado exceso resultante de admitir el ingreso de nuevos documentos, entregados al Tribunal por la Escribana Pardo de Goytía en oportunidad de comparecer ante la alzada.

Si de los términos de la escritura de hipoteca surge una deuda exigible, como principio éste es hábil para proceder ejecutivamente; y pesa sobre el ejecutado la demostración de que quien intervino como mandatario suyo, carecía del poder de representación del que se ha dado fe. Sobre el tema, se ha dicho que en la constitución de hipotecas realizadas por mandatarios existe una presunción a favor de la idoneidad de los títulos presentados ante el escribano, pues éste tiene, con relación a los instrumentos que se le presentan, una facultad de "bastanteo" similar a la del antiguo derecho español. Asimismo, no es exigible transcribir en el cuerpo de la escritura el documento habilitante que justifique la personería del representante, pues las formalidades legales se cumplen con las declaraciones formuladas por el escribano (cfr. CNCiv., Sala F, sentencia del 15/04/96 en autos "Lublinsky, Isaac vs. I.A.D.E. Arg. Escuelas Técnicas de Electr.Radio y Televisión y otro", LL, 1997-D, 738). Desde esta perspectiva, resulta relevante en esta litis que ambos mandatos fueron otorgados por Norviguet S.R.L. ante la misma Escribana que intervino en la Escritura de hipoteca; por lo que las explicaciones y aclaraciones expuestas por ella ante Tribunal adquieren particular importancia, aun cuando no acompañara copia de los instrumentos que la actora cuestiona.

En autos, no se ha demostrado que la facultad discrecional que autoriza el citado art. 39 procesal fuera irrazonablemente ejercida, o que se ha referido a hechos ajenos a la litis en perjuicio del derecho de defensa de la recurrente. La posición de la demandada no resulta admisible, en cuanto limita el alcance de la medida ordenada al contenido de un determinado documento; cuando es claro que la misma tuvo por objeto dilucidar lo atinente a las facultades del Sr. Ramón César García para actuar en nombre de la accionada en el acto de constituirse la hipoteca; de lo cual había dado fe la escribana interviniente.

El recurrente no intenta rebatir los argumentos centrales del decisorio, que sustentan la razonabilidad de las medidas cumplidas. A más de corroborar la existencia de un mandato válido a favor del Sr. Ramón César García, la sentenciante puso de relieve que según los dichos de la Escribana, la Caja Popular de Ahorros de Tucumán recibió el testimonio de la escritura de hipoteca antes de corregirse los datos que individualizan el instrumento del mandato invocado por el representante de Norviguet S.R.L. Señaló además que la ejecutada no podía ignorar la situación por ser la otorgante de los poderes.

De estas valoraciones no controvertidas resulta que al iniciar la presente ejecución, la actora no tenía en su poder el instrumento corregido; en tanto que la ejecutada conocía cabalmente el contenido de los actos celebrados por ella ante la misma notaria. Por ende, al ser intimada de pago estaba en condiciones de oponer la defensa que invoca, basada en la supuesta revocación del poder que efectivamente había conferido al Sr. Ramón César García, como consecuencia del posterior apoderamiento a otra persona, el Sr. Ramón Hugo García. Igualmente, pudo allanarse para evitar las costas procesales; ambas alternativas mencionadas como pretenso perjuicio que evidenciaría la violación al derecho de defensa en juicio.

Cabe reiterar que en su anterior pronunciamiento, esta Corte Suprema de Justicia admitió parcialmente el recurso de casación incoado por la misma parte. Con el trámite previo ordenado por esta Sala Civil y Penal, la demandada tuvo efectiva oportunidad de ser oída en lo atinente al resultado de la medida para mejor proveer dispuesta por la Cámara; y sus oposiciones fueron tratadas y resueltas en base a argumentos de hecho y de derecho sustancial no controvertidos en esta instancia casatoria.

4.- En estas condiciones, la pretensa arbitrariedad no aparece suficientemente fundada. No se advierte que el Tribunal haya excedido las facultades conferidas por la ley adjetiva; pues conforme a lo considerado, la excepción opuesta implicó introducir en esta litis la cuestión relativa a la existencia de un mandato válido a favor de quien suscribió la escritura de hipoteca en representación de la ejecutada.

Desde este enfoque, carece de asidero el alegado efecto preclusivo que el recurrente atribuye al auto interlocutorio de fecha 18/5/98 (fs. 70); toda vez que en definitiva, la actora se allanó por considerar que la prueba observada sería irrelevante, dado que la Escritura de hipoteca no fue redarg³ida de falsa. Las cuestiones procesales en que se apoya el recurrente, anteriores al pronunciamiento definitivo, no autorizan a soslayar lo que en autos se presenta incontrovertido; esto es, que el mandato a favor de Ramón César García existió, y que el préstamo fue aceptado y percibido por la ejecutada, según se expresara en el fallo de primera instancia confirmado por la alzada. En tal sentido, el efecto preclusivo invocado no puede predicarse sin atender a la significación jurídica que asume la defensa opuesta por su parte; que en lo sustancial, centró la discusión en la inexistencia y/o insuficiencia del mandato a favor del Ramón César García, y en el poder otorgado a Ramón Hugo García (cfr. fs. 32).

Así trabada la litis, las actuaciones encaminadas a esclarecer lo atinente al poder de representación aludido por la fedataria no se apartaron de sus términos; pues en definitiva el debate ha girado en torno a la legitimación de la accionada como parte sustancial del negocio jurídico concluido por medio de representante. La solución que propicia la ejecutada se apoya en argumentos rituales, en desmedro de la verdad jurídica objetiva cuyo esclarecimiento reclamó en el memorial de apelación.

Según la doctrina emergente del fallo impugnado, el error material en la confección del texto de la escritura -que no puede ser atribuido a la ejecutante-, resulta irrelevante para admitir la falta de legitimación sustancial invocada en autos; máxime cuando de la medida para mejor proveer resultó que tal error había sido subsanado por la notaria interviniente, después de entregar a la actora el testimonio cuya copia obra a fs. 8/11 de autos (cfr. fs. 165). Y conforme a lo expuesto, si lo debatido en autos es la legitimación pasiva de la ejecutada, la pretensa revocación del poder conferido a Ramón César García por el otorgamiento de otro posterior a persona distinta, pudo claramente alegarse al oponer excepciones pues la demandada no podía ignorar sus propios actos. Se reitera que en esta instancia casatoria, el recurrente no intenta rebatir las razones de derecho sustancial que llevaron al rechazo de este planteo.

Por los mismos fundamentos, tampoco puede admitirse el agravio fundado en que su parte se habría visto privada de la oportunidad de allanarse y evitar las costas procesales. La Cámara ha destacado que los instrumentos cuestionados eran conocidos por ella, dada su condición de otorgante de ambos mandatos; y la excepción basada en el referido error material significó limitar voluntariamente su posición defensiva, asumiendo una actitud que la colocó en contradicción con su propio actuar. Nuevamente, la demandada se remite a argumentos rituales, desentendiéndose de las concretas circunstancias de la causa, que excluyen el estado de indefensión invocado.

En suma, se concluye que la recurrente no demuestra mínimamente la afirmada violación de su derecho a la defensa en juicio como consecuencia del cumplimiento de la medida para mejor proveer. Los documentos cuestionados son respaldatorios de las manifestaciones vertidas por la Escribana, cuya veracidad no ha sido puesta en tela de juicio, y están dirigidos a ratificar la fe de conocimiento expuesta en la escritura de hipoteca, sobre la condición de mandatario invocada por Ramón César García. Desde este enfoque, tampoco puede soslayarse que es el mismo mandante quien cuestiona la actuación de quien lo ha representado, contando con un poder válidamente conferido.

En estas condiciones, admitir los argumentos de la ejecutada traduciría un menoscabo consciente a la verdad jurídica objetiva. Fue en aras a establecerla que la Cámara dispuso la medida para mejor proveer, de la cual resultó la cabal demostración del error material señalado en el pronunciamiento, y de la efectiva existencia de un mandato a favor de quien actuara en representación de la ejecutada.

5.- Por las razones expresadas, se concluye que el recurso en examen es improcedente. Las presuntas irregularidades resultantes del cumplimiento de la medida para mejor proveer remiten a cuestiones procedimentales anteriores al dictado del fallo en recurso, sin que en el caso se demostrara que ese resultado colocara a la recurrente en estado de indefensión. En tal sentido, no basta sostener que deban cumplirse determinados requisitos para la habilidad del título, sino que resulta menester refutar la doctrina emergente del fallo en recurso, para lo cual es necesario rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya la decisión.

Es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, que quien intenta el remedio extraordinario de la casación debe rebatir puntualmente los argumentos de la sentencia impugnada, y no limitarse a pronunciar una tesis diferente de la de ésta. Para cumplir el recaudo de suficiencia del recurso no basta aseverar una determinada solución jurídica, sino que es menester exponer claramente en qué consiste la violación de las normas cuya correcta aplicación se reclama, con referencia a las circunstancias específicas y particulares del caso y a los términos del fallo que lo resuelve, de modo que la presentación contenga una crítica puntual de la sentencia impugnada (cfr. CJSTuc., sentencia Nº 295 del 06/6/95; sentencia del 25/3/98 en autos "Banco de Galicia y Bs. As. vs. Cano, Mario R. s/ejecución hipotecaria", entre otros).

El rigor formal postulado por el recurrente carece de sustento normativo y fáctico, pues no logra acreditar el estado de indefensión invocado, ni la procedencia de la excepción de inhabilidad de título opuesta por su parte. Las consideraciones de hecho que el Tribunal expone, no refutadas en esta instancia casatoria, excluyen la violación al derecho de defensa, o que se la haya colocado en situación de desigualdad.

En definitiva, no se advierte error de derecho ni el vicio de arbitrariedad, por lo que corresponde desestimar el recurso en examen, con costas al recurrente vencido (arts. 106, primera parte y 108 del CPCC), y pérdida del depósito.

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la ejecutada Norviguet S.R.L. contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala III¬ del 05/6/2003, con pérdida del depósito de ley.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA