Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-06-29


Expte. N° 6269 "NAVARRO DE EGUIA Norma Ceferina C/ E.P.R.E. - Contencioso Administrativo s/ Inconstitucionalidad y Casación" --- En la Ciudad de San Juan, a las once horas del día veintinueve de junio del año dos mil dieciocho, se realiza el acuerdo definitivo previsto en el artículo 9 de la ley 59-O, según lo convenido en el acuerdo preparatorio. A ese efecto, se reúnen los magistrados que en esta causa integran la Sala Segunda de la Corte de Justicia doctores José Abel Soria Vega, Gilberto Américo Riveros (ministro subrogante) y Juan Jesús Romero (ministro subrogante), a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados por la parte actora contra la sentencia de fecha veintiocho de febrero del año dos mil catorce, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería en autos Nº11.194 (36.410), caratulados "Navarro de Eguía Norma Ceferina C/ E.P.R.E. - contencioso administrativo". Las cuestiones fijadas en el acuerdo preparatorio y que aquí deben resolverse son: ¿Resultan procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados en autos? En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar? ------------ --- EL DR. JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJO: --------------------- --- Antecedentes: ------------------------------------------ --- Me corresponde intervenir en la causa en virtud de la anulación de la anterior sentencia de esta Corte (19/12/2014; PRE S.2ª, 2014-IV-684), conforme ha sido ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (26/12/2017), con remisión a los fundamentos del dictamen de la Procuradora Fiscal (26/10/2016). En efecto, mediante esa resolución, el cimero Tribunal dispuso dejar sin efecto el fallo apelado y ordenó el reenvío de la causa a esta instancia provincial "para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente". Por ello, y en razón de integrar el tribunal subrogante que ha de sentenciar, doy inicio a este voto haciendo una breve reseña de las actuaciones más relevantes del expediente principal que tengo a la vista, a cuya foliatura me referiré en lo sucesivo. -------------------------------------------------------- --- I.1. El proceso fue iniciado por la señora Norma Ceferina Navarro de Eguía (2/7/1998) mediante demanda en la cual solicitó que se declarara la nulidad, inoponibilidad e inconstitucionalidad de la nota 612-EPRE-98 (18/5/1998) por la cual su empleadora -el Ente Provincial Regulador de la Electricidad; EPRE- le comunicó que había dispuesto la "rescisión de la relación laboral". La accionante también peticionó que se restauraran las cosas al estado anterior a la emisión de esa comunicación, haciendo cesar de inmediato la lesión a su derechos subjetivos, razón por la cual pidió - como medida de no innovar- que se dispusiera la inmediata restitución al cargo a fin de ser mantenida indemne de los graves perjuicios que aquella medida le provocaba. En subsidio, impugnó la liquidación de los montos depositados por la demandada en la Subsecretaría de Trabajo en concepto de indemnización y cuestionó la certificación de servicios. -------- --- La actora fundó la nulidad del acto administrativo en la violación a las formas y requisitos esenciales del acto para disponer el despido, distracto que consideró violatorio de su derecho de estabilidad en el empleo que -según expresó- se encontraba consagrada el artículo 6 del CCT 36/75 que regula al personal dependiente en el ámbito del mercado eléctrico, además de violentar el mandato contenido en los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 46 de la Constitución Provincial. De modo subsidiario, dejó planteada la inconstitucionalidad de la aplicación de la LCT a su caso (art. 61, 2° párr., ley 6668). Por último, pidió la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el acto impugnado en virtud del grave perjuicio económico y moral provocado, razón por la cual solicitó -también- que se determinara la responsabilidad personal de los funcionarios intervinientes. ------------------------------------------------- --- En la ampliación de la demanda, expresó que había sido víctima de una metódica y cruel persecución ideológica, lo que había motivado su segregación como dependiente del organismo demandado y reclamó que los daños y perjuicios fuesen determinados en la etapa de ejecución de sentencia. -------- --- I.2. El EPRE contestó propiciando el rechazo de la demanda. Inició su defensa reconociendo la vigencia del artículo 61 de la ley 6668 (hoy, 524-A); sin embargo, adujo que el personal del ente gozaba de "estabilidad relativa" la cual implica una prohibición de realizar despidos discriminatorios e impone el deber de pagar una justa indemnización en caso de despido sin expresión de causa. En lo que se refiere a la situación de la actora, dijo que ella estuvo siempre bajo el mismo régimen (art. 61, ley 6668 y LCT) y que el artículo 245 de la LCT habilitaba la extinción de la relación laboral mediante el llamado "despido sin justa causa". Afirmó que el legislador provincial no quiso darle "estabilidad absoluta" al personal del EPRE sino "estabilidad relativa", lo cual permitía al directorio del organismo despedir a sus agentes sin invocación de causa, aunque con derecho a una indemnización. Concluyó que la desvinculación de la actora se encontraba ajustada a derecho. ---------------- --- A continuación, dijo que resultaba inviable el planteo subsidiario de inconstitucionalidad del artículo 61 de la ley 6668 (hoy, 524-A) en función del sometimiento voluntario de la accionante al régimen jurídico impugnado. Por último, rechazó la impugnación de la liquidación, desechó la procedencia de los daños y perjuicios y respaldó la validez de la nota EPRE-612-98 argumentando que se trató de una expresión escrita de la autoridad competente y que la LCT no exigía mayores formalidades para este tipo de comunicación. ------- --- I.3. La jueza de primera instancia rechazó la demanda (24/4/2012; fs. 386/399). Para así decidir, y en orden a determinar el régimen jurídico aplicable al caso, comenzó desestimando el planteo de inconstitucionalidad del artículo 61 de la ley 6668. Acto seguido, se pronunció por la validez de la nota cuestionada al interpretar que era consecuencia del acta 116 del directorio (13/5/1998) y acorde el procedimiento establecido antes por el organismo (20/5/1998), arribando a la conclusión de que la parte demandada se encontraba habilitaba para rescindir el contrato sin expresión de causa porque la agente tenía una estabilidad impropia. Luego, desestimó la impugnación a la indemnización depositada en la Subsecretaría de Trabajo y rechazó los daños y perjuicios. ------------------------------------------------------ --- I.4. Apelada esa resolución por la actora, la Sala Tercera de la Cámara Civil, Comercial y Minería de la Provincia de San Juan no hizo lugar al recurso (28/2/2014; fs. 445/455). En lo sustancial de ese pronunciamiento, el tribunal dijo que era correcto el razonamiento de la jueza de origen cuando -en primer lugar- había analizado la constitucionalidad del artículo 61 de la ley 6668. A continuación, señaló que la relación laboral había nacido bajo el amparo de esa ley, conforme surgía de los actos de designación en el cargo, normativa que establecía el marco legal que habría de regir el vínculo entre el EPRE y sus empleados, a saber: la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo de la actividad. Con estos argumentos, la alzada confirmó el rechazo de la demanda. --------------------------------------- --- II. Resolución anterior de la Corte de Justicia: ------ --- II.1. Disconforme con la decisión del tribunal de apelaciones, la accionante interpuso ante esta Corte los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación (23/3/2014; fs. 123/131 del expte. de este Tribunal, foliatura a la que me referiré a continuación). ----------------- --- Mediante resolución del 19 de diciembre de 2014, en su composición original, la Sala Segunda de la Corte de Justicia dictó pronunciamiento confirmando el sentido de la decisión de la alzada que derivaba en el rechazo de la demanda, aunque lo hizo por sus propios fundamentos. Es decir: en etapa de admisión formal, la Corte resolvió el rechazo in límine de los recursos extraordinarios en función de su ineficacia sustancial para modificar el sentido del fallo impugnado, por los motivos de fondo que allí expuso (cf. art. 5, ley 59-O). ---------------------------------------------- --- En concreto, el Tribunal dijo que los jueces de las instancias ordinarias habían errado cuando juzgaron que la actora tenía "estabilidad impropia". En su lugar, estableció que la relación existente entre el EPRE y su personal dependiente debía regirse por el artículo 61 de la ley 6668 (LCT y CCT respectivo), descartando que fuese aplicable a la reclamante el régimen de la administración pública. Dicho ello, la Sala Segunda de la Corte -con su integración natural- refirió que el artículo 6 del CCT 36/75 (Trabajadores de Luz y Fuerza), establece un régimen de "estabilidad propia", siguiendo la doctrina sentada en otros precedentes (PRE S.2ª, 1997-I-155; 1997-II-221; 1997-II-338). Aclaró que ese convenio colectivo creaba a favor del trabajador un "derecho al cargo", a diferencia de los regímenes de estabilidad impropia -tal, por ejemplo, el que establece la LCT- en el cual no se le reconoce al trabajador el derecho subjetivo al puesto de trabajo que desempeña, sino eventualmente a una indemnización para el supuesto de que el despido sea injustificado (con cita de Vázquez Vialard-Director; "Tratado de Derecho del Trabajo", Astrea, 1984, vol. V, pág. 103). ----- --- A continuación, los Ministros intervinientes señalaron: "El régimen de estabilidad propia que consagra el artículo 6 del CCT 36/75, rige desde el mismo momento en que el trabajador se hace cargo del puesto para el que fue designado (art. 4) y hasta el momento en que venzan los plazos del artículo 9º, plazo éste que puede llegar a extenderse hasta el último día del año calendario en que obtuviera "el acuerdo de la Caja" (art. 9 CCT) y sólo cede en los casos en que el trabajador es despedido con justa causa (cfr. art. 6, segundo párrafo, contrario sensu)". Y expresó: "En el referido convenio colectivo coexisten ambos institutos, pues el derecho a la estabilidad, es decir, el derecho que se reconoce al trabajador a requerir la reinstalación en su puesto de trabajo es una opción que aquél puede o no ejercer y, en caso de no ejercerla, tiene a salvo su derecho a exigir la indemnización por despido". "En el presente caso, la actora, al cobrar en la Subsecretaría de Trabajo la indemnización por despido depositada por la demandada, ejerció la opción antes referida, por lo que resulta inadmisible que con posterioridad exija su reinstalación en el puesto de trabajo, siendo oponible al accionar de la actora la doctrina de los propios actos". -------------------------------------------- --- II.2. En desacuerdo con esa decisión, la actora interpuso recurso extraordinario federal (fs. 141/149), que denegado que fuera en sede local (fs. 160/161), dio lugar a la queja que motivara el pronunciamiento del Superior Tribunal del País. -------------------------------------------------- --- III. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: ------------------------------------------------------ --- La CSJN, mediante resolución de fecha 26 de diciembre de 2017, en expediente CSJ 4887/2015/RH1 caratulado "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa 'Navarro de Eguía, Norma Ceferina c/ E.P.R.E. s/ contencioso administrativo -inconstitucionalidad y casación'", y con el voto concordante de cuatro de sus miembros, declaró procedente la queja y admisible el recurso extraordinario federal. Acto seguido, revocó la sentencia de la Corte de Justicia de San Juan mediante la cual se habían rechazado los recursos extraordinarios locales (fs. 350). Para decidir como lo hizo, el voto mayoritario remitió a los fundamentos y conclusiones del dictamen de la Procuradora Fiscal (26/10/2016; fs. 345/347), cuya trascripción considero pertinente efectuar en función de la decisión que aquí he de adoptar. --------------------- --- El Ministerio Público expresó: "Entiendo que . el desarrollo argumental de la sentencia apelada pone en evidencia que el tratamiento de los planteos formulados por la actora ha partido de una afirmación que, a mi modo de ver, carece de la razonabilidad necesaria para erigirse en fundamento válido de una decisión judicial". ."En efecto, el a quo sostuvo que, según el art. 7° del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75, las normas de la Ley de Contrato de Trabajo se aplican en forma supletoria a todos los trabajadores comprendidos en él -es decir, todos aquellos dependientes de entidades prestatarias del servicio público de electricidad- y que, por lo tanto, coexisten el derecho a la estabilidad propia que se traduce en la posibilidad de requerir la reinstalación en su puesto de trabajo con el derecho a exigir una indemnización por despido, en caso de no optar por la primera alternativa". . "Sin embargo, tales consideraciones omiten tener en cuenta que la estabilidad absoluta de la que gozan aquellos trabajadores en virtud de lo dispuesto expresamente por el art. 6° del convenio, de ninguna manera puede ser desvirtuada o invalidada por otra norma que, a criterio del propio tribunal, es de aplicación supletoria y que prevé la posibilidad de despedir al trabajador sin justa causa mediando el pago de una indemnización (ley 20.744). Una inteligencia en tal sentido importa una contradicción insalvable pues soslaya que sólo cabe acudir a la norma supletoria ante la ausencia de regulación de un supuesto determinado por parte de la norma específica, extremo que no acontece en la especie en atención a los términos del citado art. 6° del convenio". ------------------------------------- --- "Descartada la existencia de la opción en la que se sustentó el tribunal, corresponde señalar que la percepción por parte de la actora del monto de la indemnización que depositó la demandada carece de los efectos que pretende atribuirle el tribunal. Ello es así, pues la postura adoptada por el a quo, por un lado, conduce a admitir la presunción de renuncia a derechos derivados del contrato de trabajo, en abierta contradicción con el principio de irrenunciabilidad que emana de los arts. 12, 58 y concordantes de la ley 20.744 (Fallos: 310:558) y, por otro, omite ponderar que, según surge de las constancias de la causa, la actora formuló la pertinente reserva de derechos y expresó su disconformidad con la decisión de rescindir el contrato (v. copia obrante a fs. 15)". ---------------------------------------- --- "Finalmente, con respecto a la aplicación de la teoría de los actos propios mencionada en el pronunciamiento, cabe recordar que V.E. ha precisado que ella no resulta oponible cuando el interesado se vio obligado a someterse a un régimen determinado como única vía posible para acceder al ejercicio de su actividad (v. doctrina de Fallos: 311:1132). Asimismo, se advierte que la litis está entrañablemente ligada al art. 14 bis de la Constitución Nacional, al principio protectorio que éste enuncia y al carácter inviolable de los derechos que reconoce, lo cual conduce necesariamente a la indisponibilidad y a la prohibición de renuncia de la aplicación de las normas que tutelan el trabajo "en todas sus formas", vale decir, tanto al prestado en el ámbito público como en el privado (v. Fallos: 335:729)". ------------ --- "En tales condiciones, entiendo que la decisión del a quo de rechazar la demanda sobre la base de que la actora se halla impedida de solicitar la reincorporación al trabajo en razón de que habría optado por percibir la indemnización por despido, no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas del caso y contiene graves defectos en la consideración de extremos conducentes para la correcta solución del litigio, por lo que, al guardar los planteos de la apelante relación directa e inmediata con las garantías constitucionales invocadas, corresponde descalificar el fallo sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad". ----------------------------- --- IV. La solución del caso: ------------------------------ --- IV.1. Lineamientos marcados por la CSJN: --------------- --- La resolución anulatoria de la CS, con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, ha dejado sin efecto la sentencia anterior de esta Sala, razón por la cual corresponde que me expida sobre el fondo de los recursos locales planteados. A ese efecto he de atender a las consideraciones arriba transcriptas que -según interpreto- este Tribunal que ahora integro debe acatar, tal como la Corte provincial ha resuelto en supuestos similares al aquí planteado (expte. 3754, "Banco San Juan c/ Suc. Marcos Soto"; PRE S.1ª, 2012-III-595; y expte. 5217; "Abdala c/ Carpriotti", PRE S.1ª, 2015-I-130). ----------------------------------------------- --- A mi juicio, en orden a fundar su fallo anulatorio, el Máximo Tribunal ha dejado sentado que a la actora le resulta aplicable la "estabilidad propia" derivada del artículo 6 del CCT 36/75 (art. 61, ley 6668), lo que surge evidente cuando -con remisión al dictamen fiscal- y haciendo la crítica a la anterior sentencia de esta Corte, señalara ". tales consideraciones omiten tener en cuenta que la estabilidad absoluta de la que gozan aquellos trabajadores en virtud de lo dispuesto expresamente por el art. 6° del convenio, de ninguna manera puede ser desvirtuada o invalidada por otra norma .". Con ello, el Supremo Tribunal del País ha terminado por coincidir con la primera parte de la resolución anterior, cuando la Sala Segunda de la Corte de San Juan dijo que el personal del EPRE se encontraba bajo el régimen del CCT 36/75, cuyo artículo 6 consagra la estabilidad propia, fundamentos que comparto en lo pertinente. De hecho, me tocó intervenir personalmente en algunos de los precedentes citados por la anterior Sala y allí me pronuncié en el sentido de que aquella disposición convencional establece un supuesto de estabilidad propia ("Perez Olivera c/ S.E.S.", PRE S.2ª, 1997-II-221, y "Herrera Ramón c/ S.E.S.", PRE S.2ª, 1997-II-338). ---------------------------------------------- --- Acontece que, según mi opinión, la anulación ha derivado de la contradicción que el Máximo Tribunal de la Nación encontró entre aquella primera premisa -vigencia y consecuente aplicación al caso del CCT 36/75- con la afirmación posterior de que la actora ejerció una "opción" cuando retiró la indemnización, con respaldo en una norma supletoria (LCT) que no correspondía considerar. Agregó que tampoco podía admitirse esa opción como derivación de un "acto propio" violatorio del principio de irrenunciabilidad de los derechos que le correspondían como trabajadora. --------------------- --- En función de lo dicho hasta aquí, concluyo que el contenido de las argumentaciones sentadas en el pronunciamiento de la CS, con las particularidades supra señaladas en relación a su contenido y alcance, conducen -sin más- a la procedencia sustancial del cuarto agravio planteado en el marco del recurso de casación local impetrado por la actora (fs. 130 vta.), en el sentido de que el régimen jurídico aplicable resulta ser la LCT y el CCT 36/75 (art. 6), por remisión expresa del artículo 61 de la ley 6668 (hoy, ley 524-A). Claro está que a ese régimen no puede oponerse el retiro de los fondos depositados en concepto de indemnización como configurativo de una "opción", tal como se ha señalado en las consideraciones que anteceden. Ergo, al gozar de la "estabilidad propia" que emana de las disposiciones en ciernes, concluyo que la entidad autárquica demandada (EPRE) se encontraba impedida de disponer el despido sin expresión de causa, resultando nulo el acto respectivo. ----------------- --- IV.2. Fundamentos propios: ----------------------------- --- Sin perjuicio de la exégesis supra efectuada, expongo los motivos propios en virtud de los cuales considero que la actora ostentaba el derecho a la estabilidad pretendida. Varias razones concurren para decidir en este sentido. En primer lugar, surge de las constancias anejadas al proceso -y no controvertidas entre las partes- que la señora Navarro de Eguía fue designada por resolución EPRE 13-1996 (15/4/1996) para el sector del "Área Legal", categoría 17, reconociéndole el pago del rubro "dedicación funcional", conjuntamente con otros agentes que formaban parte de la planta permanente del organismo (fs. 9/12, expte. ppal.). -------------------- --- Dicho ello, resulta pertinente resaltar que el EPRE fue creado por ley 6668 ("Marco Regulador de la Actividad Eléctrica Provincial"), cuyo artículo 61, segunda parte, vigente al momento de la designación de la actora y no modificado hasta la actualidad, establece: "Las relaciones (del EPRE) con su personal se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo y será de aplicación el Convenio Colectivo del trabajo que rija la actividad del sector eléctrico o el régimen que lo sustituya, no siéndoles de aplicación el régimen jurídico básico de la función pública". ----------------------------- --- A su vez, el convenio colectivo del sector vigente a la época de la designación de la actora (15/4/1996), no es otro que el CCT 36/75 (Trabajadores de Luz y Fuerza), cuyo artículo 6 establece: "Estabilidad: Dentro del término que confiere la Ley para la Jubilación Ordinaria y los plazos del artículo 9 (Personal en Condiciones de Jubilarse), los trabajadores gozarán de estabilidad absoluta en su empleo. Las cuestiones de orden político, racial, social, gremial o religioso, no serán causas de sanciones disciplinarias o despido. El trabajador que fuere despedido sin justa causa, apreciada conforme lo previsto en el párrafo anterior, tendrá derecho a requerir la reinstalación en su puesto de trabajo. En caso de haberse requerido la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo y mediando resolución del órgano instituido por el artículo 84 (Comisión de Reclamaciones y Tribunal Paritario Nacional) de este Convenio que así lo disponga, la negativa de la Entidad a cumplimentar dicha resolución dará derecho al trabajador a percibir las remuneraciones correspondientes hasta tanto se efectivice la reinstalación o alcance las condiciones de jubilarse". ----- --- Al contestar demanda, la parte accionada planteó como defensa lo siguiente: "1. Que durante toda la relación laboral con la demandada, la actora estuvo bajo ese régimen legal (en referencia al art. 61, ley 6668); 2. Que fue una relación regida por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744, a la que se refiere también dicho párrafo del artículo 61 Ley 6668 transcripto precedentemente" (fs. 42 in fine y 43). Es decir, la demandada admitió la aplicación de la LCT y sostuvo que el despido había sido sin expresión de causa tal como habilitaba ese régimen, depositando la indemnización consecuente; sin embargo, nada expresó respecto del CCT, efectuando un reconocimiento fragmentado del marco normativo aplicable al sub examine. Ahora: según mi interpretación, la demandada no pudo desconocer que el propio artículo 61 invocado por su parte, además de remitir a la LCT, también aludía al convenio colectivo que rige la actividad del sector eléctrico (CCT 36/75). En otras palabras: la accionada reconoció la operatividad de la LCT pero, sin ninguna explicación, se desentendió de las implicancias del convenio.- --- Valga aclarar que en ninguna de las instancias locales de este proceso la demandada adujo la inconstitucionalidad del artículo 6 del CCT 36/75, por violación a algún derecho de su parte; tampoco alegó algún obstáculo u observación respecto de su vigencia o inaplicabilidad. Por el contrario, durante el decurso del proceso en sede de esta Provincia, abogó por la constitucionalidad del artículo 61 de la ley 6668 en cuanto remitía a la aplicación de la LCT y guardó silencio respecto de la estabilidad derivada del convenio. Sólo en oportunidad de contestar el traslado del recurso federal (fs. 152/158), la demandada invocó una supuesta derogación de la estabilidad "absoluta", según reforma introducida por decreto nacional 246 (11/2/1981) y alegó que sería aplicable a los trabajadores en situación de acceder a la jubilación. Sin embargo, en ocasión de resolver el recurso federal, y habiéndose sustanciado la impugnación, la Corte Nacional se pronunció por la vigencia del artículo 6 del CCT 36/75 en cuanto consagra una "estabilidad absoluta", encontrando en su pronunciamiento adecuada respuesta a tales objeciones. -------------------------------------------------- --- Recapitulando: la ley provincial 6668 (hoy, ley 524-A) estableció que la relación del EPRE con su personal está regulada por la LCT y el convenio colectivo del sector, lo que configura una manifestación de voluntad legislativa de incorporar a esos agentes al régimen privado de la LCT, con las particularidades previstas por convenio. De ello se sigue que en el sub examine ocurrió un "acto expreso" del legislador que incluyó a los dependientes del EPRE en el ámbito de la LCT, con las modificaciones derivadas del convenio, excluyéndolos al mismo tiempo de la normativa que regula el empleo público (esto marca una diferencia sustancial con el caso "Leroux de Emedé", de la CSJN -Fallos, 314:376; 30/4/1991- en el cual no mediaba un "acto expreso" de esa índole). Y el legislador provincial se encontraba facultado para consagrar tal beneficio en razón de tratarse de una prerrogativa otorgada a determinada categoría de trabajadores (los dependientes un organismo autárquico del Estado -el EPRE- vinculados a la prestación del servicio público de electricidad de la Provincia), dispuesto al tiempo de sancionar el Marco Regulador de la Actividad Eléctrica y crear el Ente Provincial Regulador de la Electricidad. ----------- --- Más aún: la estabilidad propia (derivada de la ley 6668) cobra especial sentido y razonabilidad a partir de tener en cuenta que el EPRE tiene por finalidad el control de la actividad de generación, transporte y distribución de la electricidad dentro del ámbito provincial y fue organizado como una entidad autárquica con capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado (art. 52, ley 524-A; CSJN, in re "Secretaría de Energía c/ EPRE-Prov. de San Juan-Conflicto de competencia"; 5/9/2002). De ahí que la actividad profesional de la actora (abogada designada para cumplir funciones en el área legal del ente), como dependiente del organismo demandado, estaba íntimamente vinculada a la prestación de un servicio público. Con esta previsión, comprendo que el legislador protegió a los trabajadores del ente regulador contra todo despido arbitrario, y en sentido análogo al contemplado para los empleados públicos, contra aquellos despidos que pudieran derivarse del cambio en las autoridades del directorio del organismo. Se ha explicado que el objetivo de proteger a ese trabajador de la pérdida de su empleo, tiene como finalidad evitar la arbitrariedad del Estado; la persecución política de los opositores y el uso del empleo público como sostén de cuadro partidarios (Gelli, María Angélica; "Constitución de la Nación Argentina-Comentada y Concordada", Segunda Edición ampliada y actualizada; La ley, pág. 120). ----------------------------- --- IV.3. En orden a despejar toda duda respecto de la vigencia del artículo 6 del CCT 36/75 estimo menester dejar a salvo que si bien éste fue modificado por el decreto nacional 246/81 (B.O. 18/2/1981), en el marco de las facultades por entonces otorgadas al gobierno de facto por la ley 21.476 (BO, 16/12/1976), he de coincidir con la doctrina y la jurisprudencia que han entendido que las normas modificatorias de los convenios colectivos, introducidas en el marco de la delegación legislativa otorgada por ley 21.476 -como es el caso del decreto 246/81- quedaron definitivamente derogadas por el gobierno constitucional al sancionarse la ley 23.126 (B.O. 12/11/1984). En efecto, esta normativa vino a reestablecer "con todos sus efectos legales" la vigencia de los convenios colectivos acorde su texto original, previo a la sanción de las leyes 21.476 y 21.418 (Franconi, Andrea I, "Autonomía de las partes en la negociación colectiva y el rol del Estado"; RDLSS 2016-5; 16/3/2016, 461; cita on line: AP/DOC/136/2016; Trib. Sup. Provincia de Córdoba; "Fed. Arg. De Trabajadores de Luz y Fuerza c/ Coop. Elect. De San Agustín Ltda.-Recurso de Casación; 12/4/2011). ----------------- --- No resulta en vano resaltar, a mayor abundamiento, que la ley 21.476 fue declarada inconstitucional en distintos pronunciamientos de la CSJN (in re "Nordensthol c/Subterráneos de Buenos Aires", del 2/4/1985; "Almirón, Bismarck c/ Cooperativa Eléctrica Ltda. de Pergamino, 12/2/1987). Con todo lo expresado hasta aquí, a mi juicio resulta claro que la estabilidad consagrada en el artículo 6 del CCT 36/75 estaba vigente e indudablemente alcanzaba a la situación de la actora por tratarse de una agente en actividad, máxime cuando la situación de los trabajadores en situación de jubilarse se encuentra regulada en el artículo 9 del mencionado convenio. ----------------------------------- --- V. La solución del caso: admisión del recurso de casación. ------------------------------------------------------ --- Por los motivos expuestos, he de propiciar hacer lugar al recurso de casación en los términos precedentemente señalados, lo que conduce a anular la sentencia de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones de la Provincia (28/2/2014) en la parte en que declara válido el despido de la actora sin justa causa. La recepción de la casación conduce, según mi opinión, a declarar abstracto el recurso de inconstitucionalidad. Sentado ello, corresponde que este Tribunal se avoque al conocimiento del litigio y resuelva el caso con arreglo a la norma declarada aplicable y con sujeción a los hechos fijados (art. 17, segundo párrafo, ley 59-O). ------- --- V.1. Nulidad del despido y reinstalación: -------------- --- En esa tarea, propongo que se haga lugar a la demanda entablada por la señora Norma Ceferina Navarro de Eguía, declarando la nulidad del acto de despido impugnado mediante el cual se dispusiera la rescisión de la relación laboral: nota EPRE-612-98 (18/5/1998) y de los antecedentes administrativos que le sirvieron de causa (Acta de Directorio N° 116). Como consecuencia de esa anulación, voto para que se condene a la accionada a que en el plazo de quince días hábiles disponga las medidas pertinentes para la reinstalación de la accionante en su empleo, en idéntica situación a la que revestía antes dictarse el acto anulado. --------------- --- La procedencia de la reinstalación obedece a una simultaneidad de razones. En primer lugar, se trata de una pretensión reclamada por la accionante y que se encuentra expresamente prevista en el texto del artículo 6 del Convenio Colectivo 36/75 que adquiere jerarquía de ley por remisión del artículo 61 de la ley 6668. En segundo término, juzgo que ella guarda especial coherencia con la reforma producida en 1957 mediante la introducción del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que prevé la "protección contra el despido arbitrario". Agrego, por último, que la CS ha entendido que la reinstalación es la prestación que guarda singular coherencia con los principios que rigen a las instancias jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos, tendientes a la plena reparación (restitutio in integrum) de los daños irrogados por un despido, ya que el objetivo primario de las reparaciones en materia de derechos humanos debe ser la rectificación o restitución, ya que repone lo que fue sacado o quitado y borra las consecuencias del acto ilícito, reestableciendo la situación que verosímilmente habría existido si éste no hubiese sido cometido (CS, in re "Alvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud", 7/12/2010, consid. N° 8; con cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en "Baena Ricardo v. Panamá", sentencia del 2-2-2001; y su propia doctrina fijada en el precedente "Madorrán c/ Adm. Nac. De Aduanas", del 3/5/2007). -------------- --- V.2. Salarios caídos: ---------------------------------- --- No corresponde, sin embargo, declarar la procedencia de los salarios caídos en razón de que la actora no incluyó este rubro en ningún párrafo de su demanda. Resolver sobre este ítem -insisto, no reclamado- implicaría sustituir la voluntad de la accionante e infringir el derecho de defensa de la accionada. ---------------------------------------------- --- V.3. Daños y perjuicios: ------------------------------- --- V.3.a. Restaría, entonces, decidir sobre los daños y perjuicios reclamados por la actora respecto de los cuales no hubo decisión de los tribunales de mérito en función del sentido de sus fallos (validez de la desvinculación de la actora). Ahora, a raíz del pronunciamiento de la CSJN y de la declaración de nulidad del despido que antes he propuesto, recobran vigencia las pretensiones indemnizatorias originalmente reclamadas. ------------------------------------- --- V.3.b. Memoro que la actora introdujo el reclamo reparatorio invocando perjuicios económicos y morales derivados del despido y, posteriormente, en ocasión de la ampliación de demanda, solicitó que fueran determinados en la etapa de ejecución de sentencia. Sobre el punto, referiré que los daños materiales no fueron identificados por la accionante bajo ninguna definición o lineamiento. Por ello, y en idéntico sentido a lo decidido respecto de los "salarios caídos", estimo que no puede haber decisión judicial válida sobre el punto en la medida que los daños materiales no fueron debidamente invocados ni detallados, razón por la cual he de proponer al Tribunal que disponga su rechazo. -------------- --- V.3.c. Sin embargo, juzgo que este Tribunal se encuentra impedido de resolver sobre la procedencia o improcedencia del daño moral, en razón de tratarse de una cuestión fáctica y probatoria, respecto de lo cual no ha habido resolución de los jueces naturales de la causa y que -por tanto- excede el ámbito del avocamiento que impone el artículo 17 de la ley 59-O, en el sentido de resolver el litigo "con sujeción a los hechos fijados por el tribunal a quo". De lo contrario, estaría juzgando de manera originaria ese aspecto fáctico del reclamo, transgrediendo el acotado margen de conocimiento que la ley de recursos extraordinarios asigna a esta Corte. -------------------------------------------------------- --- En tal virtud, estimo pertinente que la definición sobre la procedencia o improcedencia del rubro "daño moral" y su eventual cuantificación se efectúe por los jueces de mérito que han de seguir interviniendo en la causa. En suma: propicio que, previo conocimiento del a quo (Sala Tercera de la Cámara Civil), se reenvíen los autos principales a la Mesa de Entradas del fuero civil a fin de designar por sorteo un juez de primera instancia subrogante en orden a que se pronuncie sobre el rubro reclamado pendiente de definición (daño moral). El mismo magistrado deberá también decidir sobre la imputación y destino de los montos percibidos por la actora en sede de la Subsecretaría de Trabajo (fs. 266/289, expte. ppal). ---------------------------------------------- --- V.4. Responsabilidad de los funcionarios involucrados: - --- En cuanto al pedido de determinación de responsabilidad personal de los funcionarios firmantes de los actos administrativos anulados, con fundamento en el artículo 1112 del CC (acápite 11 de la demanda), propongo que sea rechazado. Así lo juzgo por cuanto, para decidir sobre el punto, la litis debió haberse integrado con aquellos a quienes se les endilgaba culpabilidad por su conducta personal (como sujetos pasivos de la acción). Este obstáculo en la sustanciación de la pretensión respectiva conduce a la improponibilidad del planteo en las condiciones en que ha sido sustanciado el proceso, trámite que quedó consentido por la accionante y que no puede ahora ser revisado. --------------------------- --- V.5. Costas: ------------------------------------------- --- Para el supuesto de compartirse mi opinión, voto para que las costas de las pretensiones admitidas (nulidad del despido y reinstalación), se impongan a la demandada vencida en todas las instancias, en razón de la culpa en que incurriera esa parte en el desarrollo de la relación jurídica sustancial que sirvió de antecedente a este juicio (art. 21, ley 7675; hoy, ley 883-A). Tal como se expresara en los párrafos que anteceden, el ente autárquico demandado no podía ignorar que la relación con su personal se regía por el artículo 6 del CCT 36/75, que le asignaba estabilidad propia a sus dependientes, lo que obstaba al despido de la actora sin expresión de causa justificada. De otro lado, las costas por los rubros que quedarían rechazados (salarios caídos, daño material y responsabilidad funcional) propicio que se impongan en el orden causado (art. 20, ley 883-A). -------------- --- LOS DOCTORES GILBERTO AMERICO RIVEROS Y JUAN JESÚS ROMERO DIJERON: -------------------------------------------- --- Por sus fundamentos, adherimos al voto precedente. ----- --- De acuerdo con el resultado de la votación, el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de casación planteado por la actora (cuarto agravio) y declarar abstracto el recurso de inconstitucionalidad. ----------------------------- --- II) Avocado el Tribunal al conocimiento del litigio, hacer lugar a la demanda declarando la nulidad del acto de despido impugnado mediante el cual se dispusiera la rescisión de la relación laboral: nota EPRE-612-98 (18/5/1998) y de los antecedentes administrativos que le sirvieron de causa. Como consecuencia de la anulación, condenar a la accionada para que en el plazo de quince días hábiles disponga las medidas pertinentes para la reinstalación de la accionante en su empleo, en idéntica situación a la que revestía antes dictarse el acto anulado. ---------------------------- --- III) Declarar la improcedencia de salarios caídos, rechazando también el reclamo por daños materiales y la responsabilidad personal de los funcionarios de la demandada firmantes de los actos anulados. --------------------------- --- IV) Disponer que, previo conocimiento del a quo (Sala Tercera de la Cámara Civil), se reenvíen los autos principales a la Mesa de Entradas del fuero civil a fin de designar por sorteo un juez de primera instancia subrogante en orden a que se pronuncie sobre el rubro reclamado pendiente de definición (daño moral); quien también deberá decidir sobre la imputación y destino de los montos percibidos por la actora en sede de la Subsecretaría de Trabajo. -------------------- --- V) Las costas por las pretensiones admitidas (nulidad del despido y reinstalación) se imponen a la demandada, mientras que las correspondientes a los rubros rechazados (salarios caídos, daño material y responsabilidad funcional) se distribuyen en el orden causado. ------------------------ --- VI) Ordenar que se protocolice la presente y se agregue copia al expediente y a los principales y disponer que estos bajen al Tribunal de origen a los fines indicados en el punto IV) de esta resolución. Notifíquese y oportunamente archívese. Fdo. Dres. José Abel Soria Vega, Gilberto Américo Riveros (ministro subrogante) y Juan Jesús Romero (ministro subrogante). Ante mí: Julieta M. Mercado -Secretaria Letrada de la Corte de Justicia.

Ef-6269 cs- PRE S.2° 2018-III-514