Derecho administrativo, amparo por mora, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sindicato de Luz y Fuerza de La Rioja s/ Cumplimiento de precepto constitucional
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-06-27

Habiéndose deducido el presente amparo por mora en la Administración, resulta pertinente verificar la concurrencia de los extremos de admisibilidad formal regulados por el art. 382 del C.

P.C. El cumplimiento de estos requisitos no pueden evitarse toda vez que, aún atendiendo el carácter constitucional de la vía elegida, ello no representa una alteración de la naturaleza del instituto, para cuyo tratamiento procesal el ordenamiento vigente ha previsto presupuestos insoslayables.

Porque el procedimiento reglado para el Amparo por los arts. 379 y sgtes. del C.P.C. constituye el régimen procesal específico de la figura consagrada por el art. 28 de la Constitución Provincial.

En el presente Amparo por mora en la Administración debe determinarse prioritariamente la voluntad del legislador al configurar la norma del art. 28 de la Constitución Provincial antes de buscar apoyo en la opinión que los actores hayan vertido sobre textos de otros ordenamientos de normas o sobre la esencia de los institutos jurídicos, que estiman desde el punto de vista del valor Justicia.

Enfocado el análisis sobre el texto legal, no puede dejar de advertirse la técnica legislativa que metódicamente usó la Constitución Provincial, a saber, la de establecer un título específico para su articulado. Tal titulación se convierte así en parte integrante del sentido de la norma por lo que no puede dejarse de lado cuando se realiza la tarea exegética.

El título del art. 28 reza "Amparo" y en consecuencia, todo el cuerpo dispositivo del mismo se refiere a un único y mismo instituto. Como consecuencia de esto las normas procesales (históricamente preexistentes a esta del art. 28 de la Constitución Provincial) quedaron en una situación congruente o incongruente con el instituto constitucional como un todo único. Si todas las disposiciones del art. 28 de la Const. Prov. se encuentran en congruencia con el procedimiento reglado por la ley procesal, nada de este régimen debe ceder en beneficio de la norma de superior jerarquía. Por ello, se estima sin fundamento la interpretación que da por derogadas o que considera inaplicables ciertas disposiciones del ordenamiento procesal antes de comprobar racional y analíticamente la exigencia de tal incongruencia.

El instituto del art. 28 de la Const. Prov. es uno, único. En la primera parte, regulado "in genere" para luego establecer en su 2º apartado una simple modalidad de su figura única, calificada parcialmente por la naturaleza, por la estructura de la personalidad jurídica del sujeto contra cuyos actos ilegítimos se instituye el Amparo. Interpretada así la norma constitucional de ningún modo plantea incoherencia respecto del procedimiento reglado por el C.P.C. Sin perjuicio de que se estime que por el apartado 2º del art. 28 de la Constitución Provincial recepta en su modo casos de los llamados por los autores "Amparo por mora en la Administración Pública", no puede deducirse per se que se trate de una prescripción legal diferente y separada respecto de su forma genérica descripta ya en el 1º apartado del mismo artículo. (Del voto del Dr. Domingo Carlos Tulián, disidencia.)