Proceso penal, prisión preventiva, prisión domiciliaria, coronavirus, crímenes de lesa humanidad, condena penal, sanción arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Martínez Pizarro, Rogelio José c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-15

Corresponde anular la decisión impugnada y reenviar al tribunal de instancia, a fin de que dicte una nueva conforme a derecho y a las pautas aquí establecidas, para un nuevo juicio de razonabilidad sobre la medida peticionada que integre toda la información pertinente, toda vez que el fallo dictado por el a quo luce arbitrario en tanto consideró sólo fragmentaria y parcialmente los supuestos del caso y, en ese marco, carece de un fundamento discursivamente sustentable y sólo exhibe una motivación dogmática y aparente. No resulta controvertido que Martínez Pizarro tiene 71 años de edad y que, conforme lo informado por las autoridades de la Unidad 31 del SPF y traído por la defensa, presenta diversos y complejos problemas de salud (antecedentes de EPOC, hernioplastia derecha, apendicectomía, colecistectomía, dislipemia, hepatitis c, esteatosis hepática, colon irritable, hiperplasia prostática benigna y obesidad). Esas particulares condiciones configuran uno de los supuestos previstos en el inciso "a", como así también el "d" del art. 32 de la ley N° 24.660. A ello se suma lo informado por el SPF en cuanto a que "es un paciente de RIESGO ALTO en caso de infección COVID-19" y que se encuentra incluido en el informe relativo a la población penal alojada en el Servicio Penitenciario Federal con riesgo de salud a partir del CORONAVIRUS-COVID 19. La situación excepcional y las numerosas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales -cfr. Acordadas N° 3/20 y N° 9/20 de este Cuerpo-, imponían al a quo analizar el caso a la luz de las circunstancias actuales y, de resultar necesario, actualizar los informes pertinentes a fin de constatar las particulares afecciones alegadas por la defensa. Por otro lado, si bien no existe en el caso una sentencia firme, se encuentra condenado por la comisión de graves delitos, por lo que se impone un análisis más estricto del modo en que debe desenvolverse la medida cautelar. Además, Martínez Pizarro viene sujeto a prisión preventiva desde hace trece años y seis meses lo que no exterioriza una expresión de impunidad por los graves hechos que se le imputan; extremo que debe ser evaluado con particular celo, conforme las obligaciones del Estado Argentino en la materia. El voto concurrente remarcó que no se verifica que se haya merituado la viabilidad y conveniencia de las medidas alternativas al encierro según lo dispuesto por las normas referidas y los principios de ultima ratio, pro homine y humanidad. El análisis de los riesgos procesales, la edad y estado de salud resultaban datos significativos para concretar un juicio de razonabilidad sobre los mecanismos de restricción y seguimiento que exige la prisión cautelar, atendiendo, en este caso, a la atribución de responsabilidad que recae sobre él por graves delitos y que ha de integrarse en el otro campo de la ponderación. La disidencia entendió que el recurso debía ser rechazado, pues no se ha informado, ni la defensa ha acreditado, ningún elemento de juicio que habilite una modificación en la modalidad de la prisión dispuesta, sin perjuicio del seguimiento estricto de su situación de salud abordada por la autoridad del penal. Recordó las pautas de ponderación contempladas en los puntos 2.f y 3 de la Acordada N° 9/20 de la CFCP, como así también la recomendación 46 de la Comisión IDH (Resolución N° 1/2020). Señaló que las patologías que presenta aparecen sometidas al control y tratamiento prescripto por los médicos y que el a quo encomendó al establecimiento carcelario que se brinde adecuada atención médica, tratamiento y medicación. A ello sumó que el sector en donde está alojado se encuentra subpoblado. Finalmente, añadió que no puede soslayarse la doctrina consolidada y uniforme del cimero tribunal en los precedentes "Clements", "Vigo" y "Otero" y, respecto de los riesgos procesales en "Olivera Róvere", "Albornoz" y sus citas, como así también que la implementación de las normas del CPPF no puede desatender los compromisos asumidos por el estado argentino de investigación, juzgamiento y adecuada sanción a los responsables de delitos de esta laya. Dres. Yacobucci, Mahiques -voto concurrente- y Slokar -en disidencia-.