marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Entrega del certificado de trabajo, rescisión del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: López, Echenique Lucas c/ Imperial Cord S.A. s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-02-06

Se trata de un acuerdo resolutorio tácito, y se configura con elementos materiales e inmateriales. Los primeros, se traducen en el abandono recíproco de la relación por un lapso de tiempo, el que será mayor o menor de acuerdo a las características del caso, esto es, el dependiente no trabaja y el empleador no reclama. La única regla válida podría estar en que si no hay justificativo, mientras mayor tiempo pase, mayor es la posibilidad de encuadrar esta extinción en el art. 241, LCT. Los segundos (inmateriales), se constituyen por el animus, lo que es determinante en muchos casos (Voto Romero, en minoría)
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, tarjeta de crédito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Favacard S.A. c/ Flores Enrique s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-18

Siendo el contenido del art. 37 de la ley 24.240 de carácter interpretativo, no se considera que convenir la vía ejecutiva, atribuirle calidad de título ejecutivo al certificado de saldo de tarjeta de crédito, configure una renuncia o restricción de los derechos del consumidor o usuario a los que alude la referida norma, toda vez que conservará el ejercicio de todas las defensas previstas por la ley procesal: para el procedimiento ejecutivo, primero; y luego por la vía del art. 551 donde tendrá garantizada la oportunidad de amplio debate de aquellas cuestiones que excedan el marco del proceso sumario. (Minoría u opinión personal)
Robo con armas, arma propia, concepto de arma
Materia: PENAL
Carátula: A., P.; S., J.F. s/ Robo Agravado en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-03

El concepto jurídico de arma se extiende más allá del elemento fabricado para herir o poner en riesgo real la vida de una persona.

Incluye además a todo tipo de objeto no sólo apto para dañar, sino también para amedrentar, intimidar, atemorizar, amenazar u ofender, y eventualmente, desbaratar una probable resistencia cualquiera fuere su destino. Por lo tanto, la utilización de armas agrava el robo porque disminuye la posibilidad de defensa del sujeto, lo neutraliza para cualquier posible reacción en ese sentido y poco importa si se trata de una auténtica arma de fuego que no esté cargada ni lista para disparar, pues tal contingencia no la descalifica como lo que es.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, Municipalidad, personal municipal, remuneración, aplicación de la ley, laudo arbitral, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Secretaría de Estado de Trabajo -A.S.O.E.M. Empleados Municipales c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de inconstitucionalidad -Medida de fuerza (Expte. C.S.J.   Nro. 690 Año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-13

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad intentado cuando la omisión imputada por la recurrente acerca de que la Sala "no trata el agravio relativo a la inconstitucionalidad del art. 23 de la ley 10468 ..." , no resulta idónea para autorizar la apertura de esta instancia extraordinaria, atento a la falta de un planteamiento válido y oportuno susceptible de justificar un pronunciamiento del A quo sobre el punto. En efecto, una liminar observación de las actuaciones permite apreciar que la objeción a la ley nro. 10.468 por no contemplar una revisión judicial amplia del laudo arbitral, aparece endeblemente esbozada por primera vez en el escrito de ampliación de fundamentos del "recurso de nulidad parcial" por ante la Cámara del Trabajo. Sin ingresar a la ponderación de la eficacia o no de la argumentación allí desarrollada para lograr la invalidación constitucional de dicha normativa, lo cierto es que su postulación recién en la mentada pieza resultó tardía, desde que, en el particular contexto del presente proceso, la oportunidad procesal correcta para su introducción lo fue al momento de deducir la compareciente los recursos de revocatoria y nulidad en subsidio contra el laudo arbitral. Ello, a fin de permitirle a la contraparte imponerse de la tacha articulada y, en su caso, alegar sobre la misma en la única ocasión que le cupo intervenir en la etapa impugnativa, esto es, al contestar el traslado respectivo. Lo dicho, lejos de lucir ritualista, se ajusta a la necesidad de que la objeción constitucional sea, en lo posible, motivo de debate entre las partes, proporcionándole a la contraria la oportunidad de oponer sus argumentos, en miras al debido respeto al derecho de defensa en juicio, pilar fundamental sobre el que se apoya la exigencia de la invocación adecuada y oportuna de la cuestión constitucional. Ante ello, la alegación en torno a que los órganos administrativos no pueden juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes, deviene, en el caso, argumento asaz insuficiente para excusar la ausencia del planteo.
Pago de la remuneración, mora automática
Materia: LABORAL
Carátula: Sandoval, Aída y otros c/ Caminos S.R.L. y/o persona física o jurídica responsable s/ Reclamo Laboral física o jurídica responsable s/ Reclamo Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-06-26

Siendo el pago de la remuneración un derecho básico y contraprestación primaria exigible al empleador y teniendo naturaleza alimentaria, razonable resulta considerar injuriosa a la omisión de la empleadora, máxime en el caso, en que estaba precedido de ostensibles atrasos en el pago de las remuneraciones precedentes.

Adviértase que la mora es automática, por lo que el incumplimiento se configura con el mero vencimiento del plazo legal de pago, resultando la exigencia de interpelación previa un recaudo de creación pretoriana en resguardo de la buena fe que debe presidir el contrato y en aras a evitar ruptura intempestivas, sin permitirle a la empleadora la rectificación de su conducta. Fundamento de la Dra. Linares.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, apreciación de la prueba, prueba pericial, CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE SANTA FE
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DELL'ELCE, DOMINGO N. c/ CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad- Cobro de australes (Expte.: C.S.J. Nº. 370 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-23

No puede prosperar el recurso interpuesto, si el recurrente, a pesar de sus quejas, en definitiva, no se hace debidamente cargo de las verificaciones adversas hechas por los peritos actuantes en cuanto a que "la boleta remitida por el agenciero estaba en blanco, no presentado adulteraciones, a lo que sumaron las falencias que se encontraban también en la copia carbónica en poder del actor donde las cruces de las apuestas tenían distinta intensidad en la coloración carbónica que el resto de los datos consignados (tipo y número de documento, agencia, fecha y número del sorteo) iguales en el original y copia, diferencia no verificada en otras apuestas hechas por el actor en la misma fecha". Ello así, desde que la tacha de arbitrariedad en materia probatoria no cubre la mera discrepancia del impugnante con la valoración que de la misma efectuaron los jueces de la causa en ejercicio de funciones indudablemente propias.
Indemnización por accidente de trabajo, incapacidad permanente, indemnización tarifada, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: MEDA,  AGUSTIN  PABLO EN REPRESENTACION DE SU HIJO MEDA, JOSE ENRIQUE c/ FILIPPA, SERGIO Y OTRO s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-16

La corta edad de la víctima del accidente y la índole del daño, constituyen una diferencia cualitativa con respecto al caso corriente de un trabajador que sufre una minusvalía laboral cuando ya ha completado su formación profesional. Esto pone de relieve la insuficiencia de los criterios meramente aritméticos del decreto reglamentario de la ley 9688 de los que el juez puede apartarse para evaluar la incapacidad.
Cancelación de prenda, pesificación, coeficiente de variación de salarios, coeficiente de estabilización de referencia, tasa activa
Materia: COMERCIAL
Carátula: SALAMANA BENDAYAN, SERGIO c/ FINALAVAL s/ CANCELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-12

Cabe admitir parcialmente la reconvención deducida por una financiera demandada por cancelación de prenda, y condenar a la accionante a abonarle únicamente a partir del 1.10.02 el coeficiente de variación salarial (CVS) sobre las cuotas 11 y 12 de su deuda en dólares estadounidenses -ya abonadas-, desde la fecha de sus respectivos vencimientos fijados para el 22.10.02 y 22.11.02 hasta el 1.4.04 -en que se dejó de publicar el mencionado coeficiente-, con más la tasa del 6% anual hasta esta última fecha y, a partir de allí, los accesorios se liquidarán hasta el efectivo pago, a la tasa activa anual vencida que cobra el Banco Nación, para sus operaciones comunes de descuento a treinta días, no capitalizables; ello así, en virtud de que esa deuda (u$s 5448), contraida en noviembre de 2001 por saldo de precio de compra de un rodado, pagadera en doce cuotas mensuales -comprensivas de capital e intereses-, de las cuales se pago la primera en la moneda de origen y las restantes hasta el final pesificadas a la paridad u$s 1 = $ 1, según lo dispuesto por la ley 25561, se encuentra comprendida en el decreto 762/02: 1-b) y c) que exceptuó de la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia (CER) a esos préstamos, aplicándoseles el CVS a partir del 1.10.02 (art. 9) y en el decreto 1242/02: 8 que otorgó efecto cancelatorio a los pagos efectuados con posterioridad al 3.2.02 y que incluyeran capital e intereses pactados y que, además, no estarán sujetos a ningún tipo de ajuste hasta el 30.9.02, período durante el cual devengarán intereses conforme a la tasa vigente, por cada operación, al 2.2.02 (art. 7).
Sumario administrativo, instrucción del sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pereda de Giovenali, Griselda E. y ot. c/ Municipalidad de Trenque Lauquen s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26

La configuración de la falta imputada en el ámbito del derecho disciplinario no se rige por los rigurosos conceptos del derecho penal (en el caso los apoderados incorporan el concepto de "complicidad secundaria"), razón por la cual los elementos de convicción acumulados en el sumario administrativo deben apreciarse con criterios de responsabilidad administrativa y no penal, teniendo en cuenta que el derecho disciplinario no tiene, por su propia finalidad, el rigor ni la inflexibilidad que requiere la violación de las normas penales, ni contempla las garantías funcionales propias de éstas.
Contratos, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Paez, Hugo Oscar c/ Solis, Amalia Magdalena s/ División de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-15

Los perjuicios configurados por incapacidades experimentadas por las víctimas de ilícitos o de incumplimientos contractuales, como puede suceder en supuestos de mala praxis médica, o por muertes en las mismas circunstancias, autorizan a suponer que al mismo tiempo generan menoscabos morales, en tanto es lo que suele suceder según el curso ordinario y natural de las cosas -doc. art. 901 del Cód.

Civil-, pero no así en los casos en que el detrimento material afecta cosas o bienes, requiriéndose entonces una prueba de la existencia del daño moral también producido, el que no puede inferirse "in re ipsa".-
Responsabilidad civil, obras sociales, prestaciones de la obra social, responsabilidad de la obra social, guardias pasivas, obligación de seguridad, asistencia médica, médico obstetra, mala praxis
Materia: CIVIL
Carátula: FAVETTO, MARCELO F. c/ INST. NAC. DE OBRAS SOCIALES Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (RESP. MEDICA).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

Ha existido una incompleta asistencia médica, violándose inclusive las incumbencias que regula la ley 17.132 y el decreto reglamentario 6.217/67. De acuerdo con estas normas, las obstétricas o parteras no pueden prestar asistencia a la mujer en estado de parto, salvo en las hipótesis que prevé la reglamentación; y ésta no prevé -entre las permitidas-la maniobra de rotación y tracción de los hombros, técnica que se asimila más a otras situaciones complejas, como son el parto en pelviana y la extracción manual de la placenta que le están expresamente vedadas. Aún al margen de este dispositivo legal, al que se debió ajustar la asistencia médica, esa Ley fue dictada veinte años antes del nacimiento del menor y en ese lapso, se produjo un desarrollo vertiginoso de los medios asistenciales, a tal punto que, los servicios de maternidad de los hospitales públicos contemplan en su planta permanente de recursos humanos, al médico especialista en obstetricia. Como consecuencia de lo expuesto, la responsabilidad civil invocada por los actores tiene sustento en los hechos probados y en lo dispuesto en las normas citadas y en el art.

512 del Código Civil. La omisión a la que se ha hecho referencia alcanza sin duda a la Obra Social SUTEP, que contrató y puso a disposición de los actores un servicio médico con esas modalidades y en condiciones tan limitadas, que presuponían una guardia pasiva del médico obstetra, cuya cercanía con la clínica de ningún modo equivale a su presencia efectiva en el parto, con la posibilidad de adoptar decisiones y prácticas que la urgencia del caso imponía y que escapaban a la competencia de la partera. Debe responder, por lo tanto, en virtud de su obligación accesoria y tácita de seguridad por la eficacia del servicio de salud (esta Sala, Causas 1178, de 19.2.91 -con voto de nuestro querido colega Dr. Craviotto-y 7973/93, de 10.2.94).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, responsabilidad de la Municipalidad, aceras, responsabilidad objetiva, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: VEZZANI, HORACIO c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21

Pesa sobre la Municipalidad el deber de controlar que la vía pública y en especial las aceras no se conviertan en cosas riesgosas y que permanezcan en condiciones tales que las personas puedan transitar por ellas sin peligro, pues el Estado tiene el deber de atender la seguridad y la salubridad de los habitantes (Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J., Tratado de la Responsabilidad Civil, La Ley, Bs. As., 2004, Tº IV, pág. 78, en sentido coincidente, Cámara Nacional Federal Civil y Comercial, Sala II, en autos "Springer de Miguel, Ernestina M. c/ Cruces Hermanos S.A. y otros", del 13/3/92, publicado en LL 1992-E-522; CNCiv. Sala G, Agosto 14-984, "David, Lidia M. c/ Obras Sanitarias de la Nación", E.D. 12/12/84; CNCiv. sala C, Agosto 30-983, "Ruiz, Manuel y otra c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", rev. E.D. 9-11-83).

Y la constatación del incumplimiento de ese deber por parte de la Ciudad no se ve alterado por la mera invocación de que el accidente se produjo por imprudencia del conductor del vehículo.

La denominada presunción legal de culpa obedece a razones de política legislativa que se condicen con la regla del favor victimae; por lo tanto, el causante del daño está precisado a producir prueba adversa a esa presunción legal y la falta o insuficiencia de esa prueba compromete su responsabilidad. (conf. Alterini, Atilio A. en Alterini, Atilio A. y López Cabana, Roberto, Temas de responsabilidad civil, Buenos Aires, Ciudad Argentina y Departamento de Publicaciones Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 1995, pág 111/112).

Es decir que, no habiéndose probado adecuadamente el hecho del tercero o de la víctima, forzoso resulta concluir en la exclusiva responsabilidad que le cabe al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, Poder Judicial, responsabilidad civil, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MARINCOVICH, JOSE ANTONIO DEMANDADO: VARGAS, ABRAHAM LUIS s/ RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA MAGISTRADOS JUDICIALES- EXCEPCION DE INCOMPETENCIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 402 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-06-27

Según una añeja e ininterrumpida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación " no puede someterse a los jueces a procesos civiles promovidos por quienes se consideran víctimas de daños derivados de actos realizados por aquellos en ejercicio de funciones judiciales", "se trate de verdaderas sentencias o resoluciones de menor entidad "y que tal inmunidad se mantiene hasta que cesa en sus funciones el magistrado del caso, sea a raíz de su destitución o por otra causa. Desde un aspecto podría entenderse que tal criterio constitucional impone una restricción al derecho individual de acudir a los tribunales. Y así se ha dicho: "Que, sin duda, la existencia de la inmunidad jurisdiccional examinada constituye una fuerte restricción al derecho individual de ocurrir ante los tribunales en procura de justicia, pero esta Corte considera que dicha restricción se justifica por la necesidad de asegurar el libre y regular ejercicio de la función judicial, la cual seguramente se frustraría si los jueces estuviesen expuestos a las demandas de litigantes insatisfechos con sus decisiones". Sin embargo, esta inmunidad no está concebida como indemnidad del juez en particular, sino como garantía institucional. Y como tal, esta inmunidad, con su consecuente restricción , tiende a preservar y asegurar el libre e independiente ejercicio de la función judicial, lo cual constituye una garantía esencial del estado de derecho. En el estado actual la garantía jurisdiccional hace a la esencia de la fuerza normativa de la constitución como garantía de los derechos que se reconocen. Por ello es que, sin garantía jurisdiccional tampoco habría tutela efectiva de los derechos ciudadanos y la inmunidad misma se exhibe como presupuesto inescindible del ind ependiente ejercicio de la función judicial. (De la Disidencia de la Dra. Gastaldi)
Enfermedad accidente, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Vitulli, Antonio c/ Soda Albertito de Antonio Prieto s/ Indemnización accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

El art. 213 de la Ley de Contrato de Trabajo presupone que el dependiente se encuentra impedido de concurrir a sus tareas (art.

208, mismo cuerpo legal) y no resulta aplicable al trabajador apto para prestar servicios, aunque en tareas livianas, antes de la resolución del vínculo laboral.
Recurso de casación, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Triviño, Juan Humberto s/ Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-08-19

La norma del art.495 del Código Procesal Civil, regula las categorías de actos procesales que son susceptibles del recurso de casación. Se trata, no de una enumeración, menos taxativa, sino de un criterio legal procesal positivo (mandamiento de la ley) frente al que la labor hermenéutica del Juez deberá determinar si el acto procesal concreto que se recurre entra o no dentro del universo de alguna de las categorías descriptas y definidas por esta norma.

La función jurisdiccional que se circunscribe a la realización de la justicia legal, a la efectivización de la justicia que emana de la ley, debe interpretar cada norma particular, o cada conjunto de normas particulares, no derogándola en ningún caso, pero siempre buscando su rigor en congruencia con el sistema normativo y con sus fines y principios, todo lo cual(sistema,fines y principios), integra con la norma particular, la fuente constitutiva de lo que se ha dado en llamar la voluntad objetiva de la ley.
Infracciones de tránsito, competencia
Materia: PENAL
Carátula: TOMASELLA CIMA CARLOS LORENZO c/  s/ CUESTION DE INCOMP. INHIBIT./DECLINAT. (CONOCIMIENTO) INCOMP. INHIBIT./DECLINAT. (CONOCIMIENTO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-07-29

La cuestión es subsumible en la ley 24.499 con sus sucesivas modificaciones y la ordenanza municipal 3202/98, que regulan el uso de la vía pública y son de aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en dicha vía y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente en cuanto fueren con causa del tránsito, lo que genera la intervención previa y obligatoria de las autoridades municipales tanto de aplicación y comprobación de faltas como de juzgamiento (arts. 233 de la Constitución Provincial, 2 de la ordenanza 3202/98 y 23/24 de la ordenanza 3588/00). (Competencia - faltas)
Portación de armas, armas de uso civil, proceso penal, sujetos del proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Franco David c/  s/ 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

Corresponde revocar, por manifiesto exceso jurisdiccional, la decisión que concedió la suspensión del juicio a prueba pese a la oposición de la fiscalía. Las atribuciones arrogadas por los jueces de la causa en relación con el instituto aplicado exceden aquellas que la ley procesal y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecen. Los magistrados reemplazan con su actuación la que corresponde al Ministerio Público Fiscal, haciendo propio el ámbito de disponibilidad atribuido al titular del ejercicio de la acción penal, tomando el lugar de una de las partes del proceso. La pretensión de determinar el contenido de los actos del representante del Ministerio Público Fiscal a través de un alegado control de legalidad como el descripto implica su reemplazo, provocando la alteración de roles de los actores del proceso y lesionando la estructura del sistema acusatorio local en vulneración de las reglas constitucionales comprometidas. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Cesantía, indemnización, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Montero, Delia Beatriz c/ Municipalidad de Luján. s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-04-24

La suma reconocida como indemnización al agente administrativo separado del cargo en forma arbitraria (setenta por ciento de las remuneraciones dejadas de percibir) deben ser actualizadas desde el mes siguiente a cada uno de los períodos mensuales de no percepción de haberes y hasta el efectivo pago aplicándose el índice general de precios al consumidor que publica el INDEC.
Defraudación fiscal, agentes de retención
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-04

El ilícito fiscal de un agente de retención queda tipificado por el ingreso intempestivo del impuesto, sin perjuicio de la espontaneidad y sin que las dificultades de su organización empresaria puedan configurar el supuesto de fuerza mayor.