Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-16


FORNERO, Alfredo contra P.A.S.A. Reg.: A y S t 197 p 498-500. Santa Fe, 16 de junio del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia 72 del 18 de abril de 2001, dictada por la Sala Segunda (integrada) de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario en autos "FORNERO, Alfredo contra P.A.S.A. -Demanda Derecho Común- (Expte. 217/98)" (Expte. C.S.J. nro. 162, año 2003) y;

CONSIDERANDO:

1. Mediante el pronunciamiento atacado por vía del recurso extraordinario local, la Sala Segunda (integrada) de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario confirmó la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral Número Dos de esa ciudad -que, a su turno, había acogido la defensa de prescripción interpuesta por la demandada y la aseguradora citada en garantía contra la pretensión del actor por la cual solicitaba el pago de indemnización por incapacidad laborativa optando por la acción civil- (fs. 1/8).

Contra dicho decisorio enderezó el actor su recurso de inconstitucionalidad, tildándolo de arbitrario por lesionar derechos y garantías de rango constitucional (fs. 10/17).

El primer agravio refiere a la defensa de prescripción opuesta por la demandada y al cómputo de dicho plazo. Sostiene el recurrente que tratándose de un proceso "progresivo" no podría asegurarse que, al momento de cobrar el seguro por incapacidad, adquiriera el "pleno conocimiento" de su enfermedad de modo tal que estuviera en condiciones de accionar.

Asegura que fue con posterioridad que se determinó la existencia y características de su enfermedad, el grave déficit psíquico irrecuperable y de génesis laboral.

Y para que se pueda accionar por un siniestro laboral -aclara- se debe conocer no sólo la incapacitación en sí, sino su grado definitivo, la culminación del proceso si es progresivo, las causas laborales que lo determinaron, todo lo cual -en su caso, dice- operó cuando fue examinado por su médico en fecha 29 de mayo de 1990, fecha desde la cual debería computarse el plazo de prescripción.

Por otro lado sostiene que la Sala margina la pericial médica practicada y las testimoniales rendidas (médicos y compañeros de trabajo) demostrativas de la incidencia de las condiciones laborales en la enfermedad: los temores de riesgo de incendio y explosiones y los turnos rotativos, entre otras.

Concluye diciendo que el A quo resuelve con arbitrariedad lo que refiere al nexo causal laboral al no realizar una adecuada síntesis totalizadora del material fáctico de la causa.

2. La denegatoria -por parte de la Sala- de la concesión del recurso de inconstitucionalidad motivó la presentación directa del recurrente ante esta Corte (fs.33/42).

3. La presente queja no ha de tener favorable acogida toda vez que, al penetrar mínimamente en el ámbito de lo sustancial, se advierte claramente que las hipótesis de arbitrariedad que el recurrente intenta perfilar carecen de sustento en relación con las constancias de la causa, y traducen tan sólo el cuestionamiento del impugnante a la labor cumplida por el órgano jurisdiccional colegiado al tratar las cuestiones sometidas a su juzgamiento, en ejercicio de funciones que le atañen y sobre materia -por regla- extraña al contenido del recurso de inconstitucionalidad intentado.

En efecto, la Sala sostuvo respecto de la defensa de prescripción opuesta por la demandada y citada en garantía que cuando se acciona por la vía del derecho común "...resulta aplicable la prescripción bianual establecida en el art. 4037 del Código Civil, y en tal sentido debe comenzarse a computar el plazo desde el momento en que la víctima de una enfermedad de trabajo conociendo su disminución se encuentra en condiciones de reclamar...".

Y agregó que "Cuando el damnificado ignora la existencia del daño o su causa generadora o quien es el responsable, la prescripción se computa desde que tales extremos llegan a su conocimiento, ya que recién entonces está en disposición de ejercer la acción resarcitoria..."(fs. 3 vto./4).

Concretó, luego, el Tribunal que -en el caso- "el conocimiento de la existencia del daño (incapacidad permanente) se produce en forma indubitable desde el momento mismo en que el actor percibe el premio del seguro por incapacidad permanente (04.05.88), firmando de conformidad sobre dicha causa no ofreciendo lugar a dudas tal conclusión, reforzada por la anterior percepción de la indemnización por incapacidad total prevista por el art. 212 L.C.T...." (f. 4 vto.).

Frente a esta línea de razonamiento, pretende el recurrente imponer la suya, según la cual el cómputo de la prescripción debe partir con posterioridad al cobro del seguro cuando es atendido por su médico particular, el doctor Litmanovich, el 26.05.1990 quien determina las características del déficit psíquico irrecuperable y de génesis laboral y desde donde puede considerarse adquirido el conocimiento pleno sobre su inacapacitación como para accionar por infortunio laboral.

Sin embargo, la tesis seguida por el Tribunal encuentra fundamento no sólo en precedentes propios -según lo relata- sino también en autorizada doctrina laboral y se sustenta en el análisis de la prueba reunida en la causa.

Por otro lado, también carecen de sustancialidad para operar la apertura de esta instancia de excepción los reparos respecto a la prescindencia de la pericia médica y de las testimoniales rendidas, en tanto la Sala, ha analizado tales elementos probatorios tanto al tratar la defensa de prescripción como con posterioridad al analizar los presupuestos de responsabilidad del daño resarcible -aunque solo a mayor abundamiento, en tanto no se encontraba superado aquel obstáculo-, no logrando el recurrente articular con nitidez la configuración de tales vicios de arbitrariedad.

En suma, pues, los cuestionamientos del quejoso reflejan tan sólo su disconformidad con lo resuelto por la Sala en ejercicio de funciones propias, al interpretar el derecho aplicable al caso en orden a la prescripción de la acción planteada.

De tal suerte, los agravios del recurrente resultan insuficientes para descalificar constitucionalmente el decisorio en la medida en que no demuestra que la solución arribada por la Sala hubiera prescindido de efectuar un tratamiento adecuado de la causa y del derecho aplicable.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)