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Derecho a la vivienda digna, subsidio estatal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ponce, Alberto Darío. c/ GCBA. s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-19

El régimen de subsidios debe ser analizado por los jueces bajo el prisma del art. 31 de la CCBA, con el objeto de constatar que, por un lado, la aplicación de los recursos presupuestarios, por naturaleza limitados, estén dirigidos, en primera medida, a atender a las familias o personas que padezcan necesidades de las contempladas en la CCBA y, por el otro, que las medidas de distribución adoptadas resguarden la garantía de igualdad (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, responsabilidad solidaria, empresa, tareas de limpieza
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Romero, Jesica Paola c/ Siligem S.R.L. y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-16

La accionante afirma -dogmáticamente- que la limpieza es una actividad normal y específica de las funebreras; y si bien con tal proceder no logra desmerecer las fundadas conclusiones del voto mayoritario de la Sala donde se afirmó -con cita de precedentes jurisprudenciales tanto de la Corte nacional como de este Tribunal- que para que se extienda la responsabilidad en los términos del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo el objeto del contrato debe versar sobre la realización de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento; debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratante; debe estarse a la actividad real del establecimiento, antes que a su objeto social; se pueden incluir solamente aquellos servicios o trabajos que no sean escindibles de la actividad de la empresa sin alterar el proceso productivo; deben excluirse aquellas tareas que, aunque necesarias para el funcionamiento de la empresa, resulten accesorias o accidentales, no formando parte del giro normal y propio de la empresa; las alegaciones de la quejosa resultan insuficientes para derrumbar desde la óptica constitucional el pronunciamiento de la Alzada que, por mayoría, sostuvo que las tareas de limpieza desarrolladas por la actora, si bien eran necesarias para el funcionamiento de la funebrera, resultaban accesorias por no formar parte del giro normal y propio de la empresa. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 30
Administración fraudulenta, retención indebida, depósito irregular
Materia: PENAL
Carátula: Roque, Gustavo J. s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-14

1) La entrega de dinero para una finalidad específica, que fue incumplida, sin que se devuelva la suma en cuestión, no encuadra en la figura del inc. 2 del art. 173 del C.P., por tratarse de un depósito irregular, máxime cuando no se debía devolver lo entregado.

2) Configura el delito de administración fraudulenta, (art. 173, inc. 7 C.P.), la conducta de quien recibió una suma de dinero con determinado fin, incumpliendo su obligación, pues la norma en cuestión no sólo contempla la administración, sino el manejo de bienes ajenos, como "gobierno y dirección de intereses patrimoniales".
Acción de inconstitucionalidad, inamovilidad de los jueces
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Autos Corte Nº 114/2015: VELARDE de CHAYEP, Nora Silvia c/ PROVINCIA DE CATAMARCA s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-03-28

Debe hacerse lugar a la acción intentada y declarar la inconstitucionalidad del Art.195 -última parte- de la Carta Magna Provincial, pues "...más allá de las consideraciones precedentes, prelaciones normativas o la naturaleza de los principios, el control constitucional de esta jurisdicción también requiere un análisis, aunque somero, de la razonabilidad o no del Art.195 de la Constitución local, en tal sentido aparece como contrario a aquélla, que la norma, en su última parte, limite el ejercicio de la magistratura a la edad de 65 años, en tanto, la experiencia histórica y personal indica que es, precisamente, en la mayor edad en la que un magistrado alcanza la madurez intelectual más plena y también la serenidad de espíritu necesaria para lograr de sí un ejercicio más fructífero y sabio en las altas funciones que la comunidad le encomienda, y en la medida que conserve su salud psíquica y física, hipótesis que, por supuesto, ha confirmado el adelanto de la ciencia y su consecuencia, que no es otra que la ampliación de la esperanza y calidad de vida. Pero aparece más irrazonable todavía que la Norma Provincial postule la limitación en una edad menor a la anulada prescripción del Art.99 inc.4 de la C.N., que la determina en la edad de 65 años y con la posibilidad de prórroga indefinida mediante nuevos acuerdos y nombramientos cada cinco (5) años, extensiones que no contempla la Norma local; de lo que resulta que el artículo de la Constitución Provincial es más riguroso y sin alternativas en la limitación de la inamovilidad que la Norma Constitucional Nacional, que ya mereció la sanción de nulidad por la C.S.J.N., tales circunstancias la alejan aún más de las prescripciones del Art.110 y, en consecuencia, vuelven más patente su manifiesta irrazonabilidad, que se ve agravada al generar un estado de latencia funcional en el magistrado local, colocándolo potencialmente a expensas de la voluntad de otro poder del Estado, circunstancia que se torna irreconciliable con el principio de independencia del Poder Judicial". (de mi voto en Autos Corte Nº 31/06: LILLJEDAHL, Enrique Ernesto c/ Estado Provincial - s/ Acción Declarativa de Certeza e Inconstitucionalidad), a lo que debe agregarse que: "... el principio de inamovilidad vitalicia se proyecta al orden constitucional provincial y se integra al Art.5 de la C.N., como condición impuesta e insoslayable a su organización institucional local para conservar la garantía federal en el goce y ejercicios de sus instituciones." (de mi voto en Autos Corte Nº 103/13: "HERRERA, Manuel de Jesús y BASTOS, Julio Eduardo c/ Provincia de Catamarca - s/ Acción de Inconstitucionalidad").-
Sentencia, nulidad de oficio, recurso extraordinario de nulidad, obligaciones solidarias, veredicto
Materia: LABORAL
Carátula: Quiñones, Héctor Ricardo c/ Hidraltécnica S.R.L. y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-07

Corresponde declarar la nulidad del veredicto y la sentencia del Tribunal del Trabajo, si una decisión esencial del fallo -en el caso, la determinación de la solidaridad entre las empresas codemandadas- no aparece respaldada con la cita de precepto legal alguno (art.159 Constitución Provincial).
Contrato de trabajo, despido, gravedad de la falta
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINELLI, MARIA LAURA c/ CHACRAS DE BUENOS AIRES COMERCIALIZADORA DE TIERRAS S.A. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-26

La abstención de trabajar mientras dure el acto de incumplimiento patronal, no constituye una indisciplina del trabajador sino el ejercicio de una potestad especial de autotutela que le reconoce el ordenamiento jurídico -art. 1201 del Cód. Civil-. Así, la omisión de prestar servicios por parte de la actora, habiendo probado la irregularidad registral en que se encontraba, no habiendo el empleador puesto de manifiesto su intención de cumplir con sus obligaciones, configura un supuesto de hecho que no puede erigirse en ilícito alguno en tanto no es más que el ejercicio regular de un derecho que le es propio y que justifica la retención de tareas (cfm. Arg. arts. 1.201 y 1.071 del Cód. Civil).
Detención, facultades de la autoridad de prevención
Materia: PENAL
Carátula: MENDEZ, IVAN CARLOS s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-27

Los policías que lleven a cabo un procedimiento de detención deben tomar todos los recaudos legales, previstos por el art. 184, párrafo segundo del C.P.P.N.
Acción de lesividad, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Autos Corte Nº 097/2012: ESTADO PROVINCIAL (Decreto D.S. Nº 1724/11) c/  s/ Promueve Acción de Lesividad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-03-23

La Acción de Lesividad promovida por los apoderados del Estado Provincial por la que solicitan se declare la nulidad absoluta e insanable del Decreto Nº 1724/11 como así también de todo acto que posibilite el cobro por la eventual entrega de mercadería a favor del Estado Provincial, debe ser rechazada por inadmisible, pues se encuentra ausente el presupuesto procesal de la declaración de lesividad del acto cuya anulación pretende.
Jueces, recibo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Terán Frías, José Federico y otros c/ A.N.Se.S. s/ Restitución del haber con medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-20

Desprendiéndose de los recibos de haberes acompañados que el organismo dejó de practicar los descuentos otrora operados en virtud del art. 9 de la ley 24.463 -tal como lo dispusiera oportunamente la sentencia de grado que quedó firme y consentida-, corresponde confirmar la decisión de a quo que rechazó la pretensión de los accionantes de continuar reajustando sus prestaciones con arreglo al 82% móvil de la remuneración de un juez nacional. Ello así, porque si bien en el escrito de demanda se argumentó sobre la intangibilidad de los sueldos y haberes de los ex Jueces Municipales de Faltas de la Cdad. de Bs. Aires, ello fue a modo de fundamento del reclamo, que no consistió en el reajuste de haberes por el 82% móvil, sino en la inaplicabilidad de la quita antes aludida, en cuanto resultaba incompatible con las prestaciones de que se trata.
Daño resarcible, daño moral, mobbing
Materia: LABORAL
Carátula: R.F., P. c/ Citytech SA s/ Mobbing
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-16

En los supuestos en que la empleadora convalida el hostigamiento llevado a cabo contra el trabajador, se aparta de las obligaciones que la LCT pone a su cargo, por lo que se configura también un ilícito de carácter extracontractual que genera su responsabilidad en los términos del art. 1109 y 1113 primera parte del Cód. Civil, justificándose la reparación del daño provocado al margen del sistema tarifario previsto en la LCT. En los casos de mobbing una reparación suficiente debe comprender no sólo el daño padecido a nivel psicológico, sino también el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.
Trabajadores de la construcción, indemnización, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ, OSCAR ALCIDES c/ PATERNO EXCAVACIONES SRL. Y FRANCISCO MAIESE s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-12-02

Si bien la ley 22250 no establece la forma en que ha de efectuarse la interpelación a que se hace referencia en su art.18 indemnización especial-, ésta debe ser fehaciente, eficaz, circunstanciada, con plazo de dos días hábiles a partir de la recepción y la advertencia de que en caso contrario se iniciará acción judicial.
Sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, partes del proceso, transacción, honorarios del perito
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: De Souza, Daniel Omar y otros c/ Empresa Obras Sanitarias de la Nación s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

Al reducir los emolumentos de la perita contadora teniendo en cuenta la forma en que terminó el litigio, la importancia, extensión, mérito de la tarea pericial cumplida y el artículo 3, del Decreto - Ley 16.638/57 y el artículo 38, de la L.O., la alzada prescindió de la consideración de un planteo serio y oportuno de la recurrente, susceptible de incidir en la solución final, fundado en la inoponibilidad a su respecto del monto por el cual se extinguió el proceso.
Juicio ejecutivo, intimación de pago, notificación, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rossi, Lucio c/ Robles, Vicente s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

El cuestionamiento a actos realizados por el oficial público en ejercicio de sus funciones, esto es, la objetada intimación de pago, donde se detallan las copias de la documentación entregada, solo puede ser desvirtuada por la respectiva redargución de falsedad, dada la calidad de instrumento público que reviste la prealudida constancia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Claudio s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuyas consideraciones no guardan relación con los fundamentos de la sentencia impugnada ni con los preceptos cuya conculcación denuncia.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Benvenuto S.A.C.I. c/ Pannone Antonio s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-16

Aunque en la ley 5827 los defensores oficiales integran el Ministerio Público (art.80 y sigs.), representan a una de las partes en litigio y por ende están sometidos a todas las prescripciones de la ley procesal respecto de las mismas, no pudiendo invocarse una situación de privilegio en cuanto a las notificaciones, dado que ello importaría quebrantar la igualdad de los justiciables. Por ende, sólo procede remitir el expediente a su despacho a los fines de la notificación cuando se dan las notas previstas en el art.135 del CPCC y debiendo ser devuelto dentro del plazo de veinticuatro (24) horas (art.135 in fine del CPCC), quedando en todas las demás notificados según el sistema regulado en el art.133 del mismo código (arts. 81 y 85 de la ley 5827). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Títulos ejecutivos, falsedad de título, carga de la prueba, prueba pericial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AZCARATE Y MARRA S.A. c/ GRACIELA MONICA BOU MONTAGNA s/ Cambiaria (LIBRO: S131 - 069)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-08-17

La presunción de autenticidad con la que cuenta el tenedor de un título ejecutivo, tiene como consecuencia correlativa el dispensarlo de probar la veracidad de la firma, si le fuera negada. Y esta inversión del "onus probandi" está fundada en la -reitero- legitimidad provisional que se le atribuye al título y que, por ello, el excepcionante debe destruir; correspondiendo, además, que el mismo sea diligente -lo que no ha ocurrido en autos- en la producción de tal prueba, desde que el deber de diligencia se agudiza en procesos de vía abreviada como el presente.- A lo que antecede debo agregar que considero que el simple cortejo indicado por la apelante no excluye la posibilidad de que la firma impugnada sea autentica, por lo que aducida en la especie la falsedad del título era prueba decisiva la pericia caligráfica, no rendida por negligencia de la excepcionante.-
Accidente de tránsito, bocacalle, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: P., I. s/ Lesiones culposas (Expte Nº 28-00, Resolución Nº  19, Tomo 6, Folio  408)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-05

Siendo que las leyes de tránsito cuando refieren a las encrucijadas no diferencian a las formadas por la intersección de dos calles con "manos" simples, de las que se forman con cruces de avenidas de doble "mano", ni hacen tampoco distingo para las avenidas que cuenten con canteros centrales, no existe razón jurídica para sostener que alguien tenía prioridad de paso por provenir desde la derecha, ya que es obvio que el otro estaba ya muy avanzado en el cruce de la intersección, como que había traspuesto mucho más de la mitad de ella. Reflexionando acerca de la posibilidad de que no obstante extraerse de las normas legales aplicables la conclusión anticipada, en los hechos sean otras las reglas de tránsito que se acepten (esto es, que se considere que cuando se trata de avenidas con manos separadas por canteros centrales con un ancho más o menos apreciable, no haya una sola encrucijada sino dos distintas, formadas con cada uno de sus carriles) en lo que constituiría una especie del conocido en doctrina como "principio de desconfianza" (que se daría cuando el "principio de confianza" en el respeto a las leyes, cede frente a la "desconfianza de que ellas se respetarán), mas al cabo de esas reflexiones no se obtiene una respuesta positiva a la inquietud, dado que, no sólo no consta que socialmente tal sea la situación, sino porque además cuando se trata de avenidas "semaforizadas" (la expresión la recoge la actual ley de tránsito) nadie duda en que con o sin canteros centrales, las avenidas de doble mano al cruzarse con otras vías de tránsito configuran una sola y única encrucijada, y no dos, dato éste que consiguientemente debe ser tenido presente por todos cuando se trate de avenidas no "semaforizadas".
Incidentes, honorarios del abogado, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Argenbel S.A. s/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-11

Si las costas del incidente de revisión fueron impuestas al acreedor que intentaba la verificación, el monto para la regulación está representado por la suma consignada al formular la presentación, pues la misma marca el contenido y alcance de la pretensión.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acumulación de procesos, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G.,J. c/ C.,S. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-22

Frente a la concreta previsión del art. 191 del Cód. Procesal en punto a la irrecurribilidad del pronunciamiento que admite la acumulación de expedientes, deviene insoslayable observar dicha previsión legal, con la advertencia que la mentada acumulación puede originarse en solicitud de parte o disponerse de oficio (art. 190 Cód. cit.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho constitucional, derecho a la vivienda digna, determinación del monto
Materia: PROCESAL
Carátula: Roldán, José Roberto c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Roldán, José Roberto c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-08

La sentencia que confirmó el rechazo de la solicitud del actor para que se adecuara el monto del subsidio otorgado por sentencia firme hasta el monto de su canon locativo, no constituye una sentencia definitiva, sino una posterior, y no resulta equiparable a tal pues el recurrente no logra demostrar que lo decidido apareje un apartamiento de la sentencia de fondo. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Régimen de consolidación de deudas, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: OZUNA, Héctor Martín c/ PRO. CIRCO DALLAS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-24

El apartamiento del mecanismo de pago dispuesto por la ley 23.982 se justifica excepcionalmente cuando está en juego la vida de una persona, pues, de otro modo, se estaría haciendo predominar un derecho patrimonial sobre el derecho a la vida, que evidentemente lo precede.-
Accidentes de trabajo, trabajador, culpa grave del trabajador, negligencia
Materia: LABORAL
Carátula: GIL DE ALONSO, MARILINA CONCEPCION Y OTROS c/ INSTITUTO   SERVICIOS    SOCIALES  PARA  PERSONAL  INDUSTRIA  DE  LA CONSTRUCCION s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

La culpa grave prevista en el artículo 4 inciso a) de la ley 9688 queda configurada cuando la víctima se expone al peligro en forma voluntaria y concientemente con una temeridad equivalente al dolo, quedando excluidos pues los casos de negligencia, imprudencia, desatención, descuido, error, imprevisión y culpa no calificada (conforme Sala IV, sentencia del 26 de noviembre de 1967, 'Cañete, Plácido c/ ELMA', publicado en DT Tomo 37, página 146).
Tratados internacionales, interpretación de tratados internacionales, sustracción internacional de menores, restitución internacional de menores, residencia habitual del niño, domicilio conyugal
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María Gabriela. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

Lo determinante para viabilizar la aplicación del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (ley 23.857) no es el último domicilio conyugal, sino el lugar en que el menor ha permanecido en forma estable hasta el momento en que se produjo el traslado.
Divorcio, decreto suspensivo del divorcio vincular, Pacto de San José de Costa Rica, discriminación, derecho a contraer matrimonio, aptitud nupcial, facultades del Poder Judicial, facultades del Poder Legislativo
Materia: CIVIL
Carátula: I.T.M. Y A.J.A. s/ DIVORCIO 67 BIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-05

El decreto 4070/56 quitó vigencia al art. 31 de la ley 14.394 hasta tanto el Congreso de la Nación se abocara nuevamente al tratamiento del tema y sancione, en su caso, una legislación que contemple la disolución matrimonial por divorcio. No empece a ello la ratificación, por nuestro país, de la Convención Americana de Derechos Humanos, ley 23.054, ya que la disposición citada tiende a preservar el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia si no se afecta el principio de no discriminación establecido en la Convención. El art. 20 de la Constitución Nacional garantiza, especialmente en favor de los extranjeros, el derecho a casarse conforme con las leyes, y parece evidente que a partir de la ley 2393 no se discrimina respecto de las personas en cuanto a su derecho a celebrar matrimonio. Así sucede aún cuando se adopta la posición mas favorable para el solicitante, la operatividad de la Convención como derecho positivo interno. No puede decirse que el régimen matrimonial argentino sea discriminatorio respecto de las personas, en razón de su nacionalidad, sexo, raza o credos. Podrá o no compartirse la indisolubilidad que consagra en razón del divorcio pero ni esa indisolubilidad se ha establecido con criterio discriminatorio, ni la disolubilidad por divorcio quedó expresa o implícitamente garantizada por la Constitución Nacional de 1853, por lo que mas allá de las valoraciones que pueda merecer la solución legal, no existe a través del art. 64 de la ley 2393 una vulneración a garantía constitucional alguna.

Resulta extraño a las facultades del tribunal ejercer un control de mérito acerca de las circunstancias que aconsejarían o no, según su criterio, la sanción de normas de legislación de fondo, por ejemplo, divorcio vincular, pues la materia obviamente corresponde al Congreso y no al Poder Judicial que debe aplicar la ley mas no dictarla o sustituirla.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, incidentes
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: D., O.L. c/ S., N. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-12

Cuando se está en presencia de un incidente con cuantía propia, que puede independizarse del principal, debe aplicarse al monto específico la escala prevista por el art. 7 de la ley 24.432, sin la disminución que establece el art. 33 de dicho cuerpo legal.