marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Régimen de consolidación de deudas, presupuesto nacional, levantamiento del embargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONDES, Manuel y OTROS c/ E.N. (Min. de Educación y Justicia) s/ EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-20

En atención a la proximidad del momento en el que concluirá el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del año en curso, a partir del cual el actor y sus letrados estarían legitimados para iniciar la ejecución judicial de sus créditos, el inmediato levantamiento de esa medida sería antifuncional y contrario al principio de economía procesal que debe regir en el procedimiento judicial, ante la posibilidad de que sea necesario trabar otro en el supuesto de que no se demostrara en la ley de presupuesto no fue previsto el crédito presupuestario respectivo para la cancelación de la deuda cuyo cobro aquí se persigue (confr.

art. 22 de la ley 23.982). Esa circunstancia y la aplicación al caso del principio de economía procesal, llevan a supeditar el levantamiento del embargo a que el demandado acredite en autos la previsión del crédito presupuestario respectivo para la cancelación de la deuda cuyo cobro aquí se persigue, dentro del término de diez días a contar desde la clausura del referido período de sesiones ordinarias.
Competencia, fraude a la Administración Pública, impuestos
Materia: PENAL
Carátula: SALGADO, HECTOR s/ INC. DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-10

La fraudulenta generación de una deuda en cabeza del ente recaudador configura un perjuicio patrimonial consecuente del ardid empleado que difiere sustancialmente de la mera evasión impositiva y se subordina sin esfuerzo a la figura de defraudación a la administración pública, puesto que no es el caso de un impuesto debido a la DGI ni de impuesto evadido, existe, por el contrario, créditos espúreos sobre su erario.
Prueba testimonial, declaración testimonial, declaración policial, valor probatorio, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BARBARESI, C. s/ PRUEBA DE TESTIGOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-06

La falta de ratificación de una declaración de testigos rendida ante la autoridad policial, no invalida su posterior apreciación judicial, dadas las atribuciones prevencionales que el Cód. de Proced. otorga a los funcionarios; máxime en un caso como el de autos en que nada lleva a pensar que hubo irregularidades en torno a la recolección policial de esas pruebas.

Por otra parte, el juez de sentencia puede valorar la prueba de testigos con la amplitud que le concede el art. 305 C.P.C.
Constitución Nacional, Poder Judicial, garantías de los jueces, inamovilidad de los jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Carbone,  Edmundo  José c/ E.N.  -M°  Justicia y DDHH (Art. 99C.N.) S/ s/ roceso de Conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-13

La inamovilidad de los jueces, más que un contenido imprescindible para el sano funcionamiento de un sistema democrático, constituye una saludable técnica destinada a lograr la independencia del Poder judicial (Del voto del juez Buján, cons. III).
Acción de amparo, acumulación de acciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Villegas, Florencia del Carmen c/ M.C.B.A. s/ Amparo - s/competencia. Barthel Muebles  S.C.A. c/ M.C.B.A. s/ Amparo - s/competencia.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-21|1986-05-26

No corresponde decretar la acumulación de un amparo a otro iniciado con anterioridad en otro juzgado, con fundamento en el art.

4 de la ley 16.986, en cuanto dispone la acumulación ante el juez que previno de las distintas causas iniciadas cuando el mismo acto u omisión afectare el derecho de varias personas si la acción se funda en la ordenanza tarifaria Nro. 40.732 por la cual la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires estableció las alícuotas y aforos para el pago de las contribuciones municipales y modificó el avalúo inmobiliario. Aunque el contenido del art. 4 de la Ley 16.986 es loable, pues significa que en caso de pluralidad de actores conocerá en todas las acciones el juez que previno, quien dispondrá, si correspondiere, la acumulación de las causas, como la ordenanza que fija el avalúo y determina las contribuciones está dirigida a toda la comunidad, pudiendo llegar a afectar a todos sus miembros, los que eventualmente podrían accionar, se excede el concepto del adjetivo "varias" y resultaría paradójico que todos intentaran sus acciones ante un sólo juzgado, cuando todos los juzgados del fuero tienen la misma competencia, y se desvirtuaría la bondad del correcto alcance de la norma.
Defensa del consumidor, información al consumidor, idioma extranjero
Materia: COMERCIAL
Carátula: Abbott Laboratories Argentina S.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones -Disp. DNCI. 602/98
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-30

Es procedente la sanción impuesta a la actora por infracción a la norma del art. 4º de la ley de defensa del consumidor 24.240, toda vez que aquélla comercializa un producto de origen extranjero con un rótulo que contiene las indicaciones, instrucciones de uso e ingredientes en otro idioma. Máxime, si se trata de suplementos dietarios bebibles, cuya comercialización es de venta libre y su administración debe realizarse bajo precauciones.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la Cámara de Apelaciones, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Martinez de Serrani, Nicolasa s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-12-13

La Cámara se encuentra habilitada para revisar oficiosamente la procedencia formal del recurso, desde que la apertura de la segunda instancia importa al orden público, puesto que la jurisdicción del Tribunal de grado está reglada por la ley, que indica los supuestos de su procedencia, los que no pueden ampliarse porque medie un error en el magistrado que lo concedió o la conformidad de las partes en su tramitación.

el remedio procesal intentado resulta inadecuado, pues configura un requisito de admisibilidad del recurso la circunstancia de que la resolución ocasione a quien lo deduzca un agravio o perjuicio cierto y actual.

El decreto que ordena correr un traslado, no causa gravamen irreparable, por lo que no es apelable.
Abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima, delitos contra la integridad sexual, interpretación de la ley, declaración de la víctima, prueba testimonial, reglas de la sana crítica, dictamen pericial, ausencia de testigos
Materia: PENAL
Carátula: F., J. I. c/  s/ Procesamiento. Abuso sexual agravado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-20

En materia de delitos contra la integridad sexual el testimonio de la víctima resulta la prueba dirimente en tanto son hechos que por su propia naturaleza suelen tener lugar en ámbitos de intimidad y confianza, sin la presencia de testigos, de allí pues que el grado de certeza requerido para una sentencia de condena deba complementarse con prueba indirecta como los dictámenes periciales y las declaraciones de terceros que permitan reproducir lo relatado por la víctima o situaciones que ellos percibieron, siempre que resulten conducentes a la investigación.
Acta judicial, interpretación de la ley, acta de secuestro, inspección ocular, requisa personal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GONZALEZ, NORBERTO A. s/ RECURSO DE CASACION Causa 696
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-10

Las previsiones del artículo 138 C.P.P.N están dirigidas hacia los actos irreproducibles y definitivos que por vía ejemplificativa explicita la misma norma esto es, el secuestro, las inspecciones oculares y la requisa personal y que son nuevamente invocados en modo complementario en las prescripciones del primer párrafo del artículo 200 C.P.P. (voto del Dr. Tragant)
Expendio de medicamentos, farmacéuticos, defensa del consumidor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ pretensión anulatoria - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

La función que cumple el farmacéutico no se limita a la venta de medicamentos, también efectúa otras prestaciones como comprobar las prescripciones médicas, elaborar preparados farmacéuticos y asesorar a los consumidores para garantizar el buen uso de los medicamentos, por lo cual es de gran importancia el asesoramiento que se brinda en los supuestos de medicamentos que no requieren receta médica (venta libre) y en esta situación, el paciente/consumidor solo puede confiar en las informaciones que le dé el farmacéutico, para lo cual resulta determinante que el asesoramiento sea independiente y objetivo (Voto de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti).
Aduanas, determinación de impuestos, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Dow Química Argentina (TF 28004-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-27

El principio de legalidad en materia tributaria no impide la posibilidad de delegar el establecimiento de impuestos siempre que la ley defina el hecho imponible (en la especie, exportación), las bases para determinar el impuesto (el valor en Aduana) y el límite de la alícuota aplicable (el 600% del valor en Aduana, establecido en el art. 666 del código Aduanero) -conf. Juan Carlos Luque, "Derecho Constitucional Tributario", pag. 133-158-. La C.S.J.N. en la causa "Laboratorios Anoja S.A.", del 13/02/1958, al rechazar la inconstitucionalidad del decreto n° 11917/58 (que autorizaba al Poder Ejecutivo a imponer recargos transitorios a la importación y exportación de ciertos productos), con el razonamiento de que "ejecutar una política legislativa determinada implica también el poder de dictar normas adaptadas a las cambiantes" circunstancias, sobre todo en una materia que, por hallarse tan sujeta a variaciones como las que se trata, estimó conveniente dejarla librada al prudente arbitrio del Poder Ejecutivo en vez de someterlas a dilaciones propias del trámite parlamentario", no habiéndose demostrado tampoco que dicho órgano hubiese ejercido "abusivamente las facultades que se le encomendaron"; admitiendo así -aunque transitoriamente- que el Poder Ejecutivo podía establecer verdaderos impuestos indirectos externos y asignarles el destino que considerase apropiado (del voto del Dr. Fernández).
Demanda, daños y perjuicios, indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: DONNET, SERGIO RICARDO c/ SPINARDI, DIOSNELA ROCIO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-05

La apreciación pecuniaria de los rubros reclamados en una demanda indemnizatoria o sus eventuales ampliaciones no requiere de fórmulas sacramentales, bastando con que en tales estadios la estimación se concrete en términos claros y precisos -siendo posible incluso hacerlo con carácter meramente provisorio-, pues en definitiva la valuación del daño dependerá de circunstancias de hecho susceptibles de ser esclarecidas con la prueba a producirse en la etapa procesal respectiva; y desde tal perspectiva se advierte que en el presente caso carece de toda justificación, a la luz de las normas citadas, la insistencia del Tribunal Colegiado en desconocer la cuantificación consignada en la presentación rectificatoria posterior a la demanda, a los fines de la determinación de la competencia por valor; máxime cuando en autos no podrían dejar de computarse tales cifras -en la medida de su pertinencia- en orden a la eventual reposición de sellados, o bien en oportunidad de regularse los honorarios de los profesionales involucrados, o en su caso para la distribución de las costas del juicio. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dres. Gutiérrez y S uler)
Cheque sin fondos, interpelación, domicilio constituido, responsabilidad del librador
Materia: PENAL
Carátula: POPLAVSKY, DANIEL s/ Cheque sin fondos Causa 28024
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-23

Dado que el domicilio fue fijado por el propio acusado, es de su propia responsabilidad y al él le cabe la obligación de tomar las medidas necesarias para que la correspondencia que le fuera dirigida le sea entregada. La posibilidad de fijar el domicilio bancario no es una graciosa concesión al titular de la cuenta para que el mismo constituya domicilios falsos o dudosos, sino que implica graves responsabilidades las cuales debe asumir. (Del voto del Dr.

Sustaíta).
Asignación de causa, acumulación de procesos, AMIA
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Nisman, Alberto Natalio s/ Su denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-02

Corresponde elevar a la Secretaría General de la Excelentísima Cámara de Apelaciones del fuero, para que mediante el sorteo de estilo se desinsacule el tribunal que deberá entender en la presente denuncia -artículo 18 de la CN, 41 y cctes.

del CPPN y acordada 37/12 de la Cámara Federal-, pues para que sea posible la acumulación de la denuncia al expediente principal se debe poder observar la existencia de alguna de las causales previstas por la normativa y no sólo el simple hecho de que tenga cierta vinculación indirecta o directa con el atentado a la A.M.I.A., como se da en el presente caso.
Recurso extraordinario, costas
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Mange  Carmen  Cristina c/ Obra Social del Poder Judicial de laNación s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

Los inequívocos términos del escrito presentado por la actora y suscripto por su letrado implican el compromiso de asumir el pago de las costas del recurso de apelación en concordancia con lo pretendido por la recurrente, por lo que el tratamiento del recurso extraordinario resulta inoficioso desde que no subsiste el gravamen actual que es requisito para dictar un pronunciamiento respecto del remedio previsto en la ley 48 (cfr. Corte Suprema, doctrina de Fallos 310:670, 312:995, 321:1393). La imposibilidad de dictar un pronunciamiento sobre la procedencia substancial del recurso, cancela todo juicio que permita asignar a cualquiera de las partes la condición necesaria de vencedora o de vencida para definir la respectiva situación frente a la condena en costas que resulta accesoria (cfr. Corte Suprema, doctrina de Fallos 329:1898), por lo que deben ser soportadas en el orden causado.
Recusación con causa, carácter taxativo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALVAREZ HERRERO FERNANDO s/ Medida Precautoria (LIBRO: A073 - 466)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-03-19

"La recusacion con causa requiere la existencia de un motivo serio que permita dudar de la habilidad subjetiva del Juez. De ahi que la ley siga el sistema de la enumeracion taxativa de las causales que la hacen procedente.-
Jornada de trabajo, horas extra, doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: M., B. E. Y OTRA. c/ GALENO ARGENTINA S.A. s/ SUMARIO (I) M 1020/09 S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte Nº 25778/12-STJ).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-09-24

Según la doctrina de este Cuerpo en autos STJRNS3 Se.

177/00 "FERREYRA" - en línea con la del precedente STJRN Se. 126/94 "NERI", de una conformación todavía anterior de este Superior Tribunal, y con la del plenario "D'ALOI" de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -, el trabajo realizado fuera de la jornada convenida por las partes, pero que no exceda el máximo legal, debe pagarse como hora simple, es decir, sin el recargo legal, con lo cual corresponde examinar la cuestión a la luz de las normas sobre limitación de la jornada. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), días inhábiles, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: P.,M.S. c/ P.A.M.I. s/ Amparo ley N° 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2016-01-28

La interpretación que incluye los días inhábiles para el cómputo del plazo de 48 horas establecida para la interposición del recurso de apelación contra la resolución que desestima el amparo no sólo vulnera la expresa disposición procesal que excluye tales días -art. 156 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- sino que lesiona garantías de rango superior, como lo es el derecho constitucional innominado a la jurisdicción -art. 33 de la Constitución Nacional- y la garantía de tutela judicial efectiva contemplada en numerosos tratados de derechos humanos con rango constitucional -art. 75 inc. 22 de la Carta Magna-.
Hábeas data, derechos personalísimos, derecho a la imagen, derecho a la intimidad, derecho al honor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ganora, Mario Fernando y otra s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

La protección legal que establece el habeas data se dirige a que el particular interesado tenga la posibilidad de controlar la veracidad de la información y el uso que de ella se haga; este derecho forma parte de la vida privada y se trata, como el honor y la propia imagen, de uno de los bienes que integran la personalidad (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Contrato de trabajo, despido discriminatorio, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: BARRUTI, ADRIANA LELIA c/ ITALFINA S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-18

La arbitraria conducta empresaria constituyó sin dudas un medio de ejercicio de violencia psicológica en perjuicio de la actora, ya que estuvo dirigida a degradarla dentro de la organización empresaria mediante la humillación y el aislamiento. Y si bien no existe prueba específica que demuestre los efectos concretos que el discriminatorio proceder de la empleadora produjo en el aspecto psicológico de la trabajadora, cabe presumir que éste inflingió un agravio moral a la trabajadora, perjuicio que no resulta comprendido por la indemnización tarifada del artículo 245 de la LCT por exceder el ámbito de responsabilidad contractual y resultar resarcible. (Suamrio confeccionado por el SAIJ).
Facultades del Poder Legislativo, Cámara de Diputados, facultades tributarias, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CIC TRADING S.A. c/ F.N. (D.G.I.) s/ repetición D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Las normas constitucionales son suficientemente claras para entender que el poder tributario es una facultad conferida exclusivamente al Congreso de la Nación y que ellas constituyen un límite infranqueable para las atribuciones de los otros poderes del Estado. Al respecto, cabe señalar que tal límite no puede ser soslayado por la invocación de las razones financieras que aconsejaban las medidas adoptadas por el decreto 560/89, ni aun por la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a las situaciones de necesidad y urgencia, como se trasunta con claridad en la sentencia, recaída el 27 de diciembre de 1991, en la causa "Peralta, Luis Arcenio y otro c/E.N. (M. de Economía -B.C.R.A.)s/Amparo", oportunidad en la que el Alto Tribunal, al fundar la decisión adoptada entre otras consideraciones, señaló que las inquietudes de los constituyentes en materia económica se asentaron en temas como "la obligada participación del Poder Legislativo en la imposición de las contribuciones" (art. 67 inc.2), consustanciada con la forma republicana de gobierno (considerando 19 del voto mayoritario).
Derecho penal, Derecho procesal, imputado, situación del imputado, derechos y garantías constitucionales, excarcelación, solicitud de excarcelación, auto de excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: MIRANDA, CARLOS ALBERTO s/ BENEFICIO DE EXCARCELACIÓN DENEGADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-20

La privación de la libertad durante el proceso penal debiera aplicarse con carácter excepcional lo cual surge de la combinación entre el derecho general a la libertad ambulatoria (art. 14 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y art. 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 14.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y la prohibición de aplicar una pena antes de obtener una sentencia condenatoria firme -art. 18 y 74 inc. 22 de la Constitución Nacional, art, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 7 de la Convección Americana de Derechos Humanos.
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: Van Dick, Gustavo Daniel s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

La defensa sólo es necesaria si es oportuna, y no lo es si se ejerció después de la agresión, es decir cuando faltaba la existencia actual del peligro que involucraba. Al desarmar el procesado al atacante y cesar el acometimiento, se cortó el nexo que debe unir la agresión y su réplica.
Acción de amparo, recursos, control de constitucionalidad, competencia de la Corte Suprema
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Rebollo de Solaberrieta Elsa c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-05

Tal como surge del artículo 27 de la Ley Nro. 402, el Tribunal Superior no constituye una tercera instancia ordinaria, abriéndose su jurisdicción únicamente cuando se adviertan agravios de naturaleza constitucional, sea porque se encuentre controvertida la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución Nacional o de la ciudad. (Del voto de los Dres. Nélida M. Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo A. Russo.
Abuso sexual calificado, víctima menor de edad
Materia: PENAL
Carátula: Rivarola Gómez, Andrés Ramón s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-24

Corresponde rechazar los agravios relativos a la denegatoria de prueba si la sentencia exhibe fundadas razones para prescindir del testimonio de las hermanastras de la damnificada y, asimismo, el planteo defensista basado en la carencia de instrucción del imputado para adquirir el somnífero que suministró a la víctima, pues se demostró que no se trataba de un individuo que careciera de inteligencia suficiente como para relacionarse con terceros y adquirir a través de ellos dicha sustancia. (Dres. Mitchell, Riggi y Catucci).
Remuneración, remuneración en especie, telefonía celular
Materia: LABORAL
Carátula: Ripoll Alejo Martín c/ CODERE Argentina SA y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-26

En el caso, el teléfono celular era utilizado con doble carácter: como una herramienta de trabajo para poder cumplir con sus funciones y como "beneficio" para su uso personal y familiar. Consecuentemente, las sumas abonadas al dependiente por dicho concepto configuraron una ventaja patrimonial en la medida en que le reportaron un beneficio personal, por lo que, las mismas constituyen remuneración en los términos del art. 103 LCT, de conformidad con el criterio sentado por el Máximo Tribunal en los autos "Pérez Aníbal c/Disco SA" (sentencia del 1.09.09), ratificado en "González c/Polimat y otro" (sentencia del 01.05.10) y más recientemente en "Díaz c/Cervecería y Maltería Quilmes SA" (sentencia de fecha 04/06/2013). Siguiendo esta doctrina, resulta inadmisible que caiga fuera del alcance de las denominaciones "salario" o "remuneración" una prestación que entraña para quien la percibe, inequívocamente, una "ganancia" y que sólo encontró motivo o resultó consecuencia del contrato de empleo.