Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19


Reg.: A y S t 283 p 162/167.

Santa Fe, 19 de junio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los demandados contra la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2016, dictada por la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en autos "MAGNATTI, JOSE MARTIN contra BARTOLOVICH, OMAR MATEO Y OTROS - RENDICIÓN DE CUENTAS - (CUIJ: 21-04945840-9)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511230-0); y, CONSIDERANDO:

1. En la presente causa la Alzada rechazó los recursos de nulidad y apelación interpuestos por los demandados contra el fallo de baja instancia que, a su turno, los había condenado a rendir cuentas dentro del término de diez días sobre la administración de un predio rural común de 58,95 hectáreas ubicado en el Distrito de Arteaga, bajo apercibimiento de que si así no lo hicieren se tendrían por exactas las que presentara el actor dentro de los quince días siguientes. Con costas.

Contra tal pronunciamiento dedujeron los vencidos recurso de inconstitucionalidad (art. 1, inc. 3°, ley 7055), agraviándose de que la decisión del A quo ha omitido el tratamiento de cuestiones planteadas decisivas para la solución del litigio, al no valorar el hecho de que, ante la interposición de la demanda, ellos rindieron cuentas mediante cartas-documento de fecha 20.04.13 -adjuntadas al expediente- y además, las consignaron judicialmente al contestar aquélla, extremo que -según lo alegaron en su oportunidad- tornaba abstracto al proceso por sustracción de la materia litigiosa.

En tal sentido destacaron que la rendición de cuentas objeto de la demanda (entablada en fecha 19.04.13) fue cumplida por su parte con anterioridad a su contestación, circunstancia que se corroboraba con la conducta asumida por el actor ante la notificación fehaciente del cumplimiento de la obligación, quien en tal oportunidad focalizó sus esfuerzos en denostar la eficacia e idoneidad de tal rendición, a pesar de que dichas alegaciones eran propias de una etapa diferente del proceso, la de impugnación de cuentas -específicamente regulada en los artículos 527 y 528 del C.P.C.C.provincial-, donde debía abrirse el debate de si fue cumplida conforme a derecho o no.

Tras aducir que, conforme lo expresado, el cumplimiento in natura de la prestación demandada en el proceso antes de la sentencia convirtió en abstracto el objeto del pleito, destacaron que los magistrados -a pesar de ello- centraron su análisis en el derecho del actor a promover la demanda en función de una supuesta conducta disvaliosa de los recurrentes, atribuyéndoles la responsabilidad de haber creado un estado de confusión acerca de la fecha y lugar de rendición de cuentas, conclusión que resulta infundada pues la fecha de tal rendición estaba acordada desde un inicio para el 26.04.2013, circunstancia cuya falta de consideración determinaría que el fallo carezca de la motivación suficiente exigida por el artículo 95 de la Constitución provincial, consignando una solución contraria a la garantía del debido proceso y lesiva de su derecho de propiedad.

2. Previo traslado, la Sala denegó la concesión del recurso por auto de fecha 17 de abril de 2017, ante lo cual los recurrentes ocurrieron en queja ante esta Corte, de conformidad con el artículo 8 de la ley 7055.

3. La lectura de los argumentos expuestos por los recurrentes en la presentación directa que efectúan, en su cotejo con las razones invocadas por el A quo al denegar el remedio extraordinario, conduce a la conclusión de que los mismos no han logrado satisfacer adecuadamente la carga impuesta por el citado artículo 8, extremo que conspira contra la suerte del remedio intentado.

En el caso, conviene recordarlo, la Alzada entendió que el nudo central de la discusión de autos consistía en determinar si al momento de la interposición de la demanda existía o no obligación de rendir cuentas, dado que, tal como lo indicaba correctamente la actora, las demandadas no se habían allanado a su pretensión sino que expresamente se opusieron a su procedencia y consignaron judicialmente el cuerpo de escritura que instrumentaba la rendición de cuentas, su documentación y una cantidad de soja depositados en los silos del predio rural objeto de administración.

En ese orden, y para resolver como finalmente lo hizo, la Sala partió de tener por probada la existencia de un conflicto entre las partes con anterioridad al vencimiento del plazo acordado para la rendición de cuentas (situación que incluso motivó la participación de escribanos y abogados a partir de la ruptura de la relación de confianza que las había llevado a celebrar el contrato), destacando constancias de autos que evidenciaban la frustración de una reunión crucial (la del 05.04.2013) por motivos que luego se acreditaron no eran tales, que se sumaban a una serie de desencuentros, a la fijación por parte de los demandados de un lugar de reunión en una localidad extraña de la provincia de Córdoba para el día 26.04.2013 y al posterior silencio de los mismos frente a la ratificación del actor de celebrarla en el lugar contractual, todo lo cual confería sustento a la solución adoptada en baja instancia, condenando a la rendición sin perjuicio de distribuir las costas por su orden.

Habiéndose tachado de arbitrarias dichas conclusiones con los argumentos arriba expuestos, cabe insistir en que los mismos no suscitan cuestión idónea para el franqueo de la vía intentada, al no demostrar la necesidad de hacer excepción al principio conforme al cual las cuestiones que remiten a la valoración de extremos de hecho y prueba, y a la interpretación y aplicación de normas de derecho común, constituyen materia propia de los jueces de la causa y resultan ajenas al recurso de inconstitucionalidad, que no tiene por objeto habilitar una tercera instancia ordinaria ante la cual puedan cuestionarse decisiones equivocadas o que se estimen tales según las divergencias de los impugnantes.

Ello así, en particular, a poco que se repare en que los quejosos no logran conmover la razonabilidad de la justificación expuesta por el A quo al sostener que la falta de convención de partes sobre el día y lugar de rendición de cuentas, debido a la actitud reticente de aquéllos, había determinado que la obligación respectiva quedase sin plazo determinado y fuese por ello susceptible de ser interpelada judicialmente (f. 7v.), respuesta que encuentra sustento en los principios y normas comprometidos en el caso y se ajusta incluso a las concretas constancias de la causa, donde se destaca la propia conducta de los demandados, quienes reconocieron el derecho del accionante a reclamarles la rendición de cuentas, reconocimiento que si bien es materialmente asimilable a un allanamiento, justificaba -como es elemental- la ulterior condena a rendirlas, al no advertirse que el actor haya aceptado la rendición presentada ni que el tribunal de primera instancia las haya tenido por rendidas, todo lo cual, a su vez, deja sin sustento el agravio sobre la omisión de tratamiento del planteo de sustracción de materia por cumplimiento del objeto litigioso.

Por ello se hace evidente que la pretensión de los recurrentes es renovar un debate ya agotado en las instancias ordinarias, sin lograr poner en cuestión con argumentos de matiz constitucional la validez de la sentencia impugnada, la cual (cabe reiterarlo) encuentra fundamento suficiente en las consideraciones expuestas por los Sentenciantes, que bastan para satisfacer las exigencias del artículo 95 de la Constitución provincial, lo cual sella la suerte adversa del recurso.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para los recurrentes el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-NETRI (POR SU VOTO)-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR NETRI:

3. La presente queja debe ser rechazada.

Es que aun si pudiera considerarse cumplido el recaudo relativo a la oportuna introducción y mantenimiento de la cuestión constitucional -reputado ausente por el A quo en el auto denegatorio-, de todos modos el recurso directo no podría prosperar, pues en su presentación los quejosos incumplen la carga estipulada en el artículo 8 de la ley 7055 de rebatir cada uno de los motivos expuestos por la Sala para apoyar su decisión de denegar la concesión del remedio excepcional, trayendo razones de peso a fin de neutralizar la referida fundamentación, especialmente en punto a la incidencia de la causal de arbitrariedad invocada sobre la suerte del litigio.

Cabe memorar que los planteos de los impugnantes en su recurso de inconstitucionalidad -en prieta síntesis- giraron en torno a cuestionar que el A quo habría omitido pronunciarse sobre su agravio apelatorio referente a la postulada abstracción de la primera etapa del juicio de cuentas -orientada exclusivamente a determinar la existencia o no de la obligación de rendirlas-, como consecuencia del alegado hecho sobreviniente a la interposición de la demanda, consistente en una rendición de cuentas presentada extrajudicialmente al accionante.

Al decir de los recurrentes, de haberse considerado tal extremo, la decisión de la Sala sobre el fondo del asunto habría sido diferente pues, a su entender, debió revocarse la sentencia de baja instancia y declararse la improcedencia de la demanda por sustracción de materia litigiosa, pasando el debate a la etapa subsiguiente, de impugnación de las cuentas rendidas; pero -prosiguen- al haber preterido el tratamiento de su agravio, la Alzada arribó al resultado absurdo y disvalioso de ordenar una rendición de cuentas ya cumplida, obligando a reeditar un acto ya realizado.

Mientras que, en oportunidad de desestimar la admisibilidad del referido recurso extraordinario, la Cámara puso de resalto que no se observaba perjuicio para los recurrentes desde que, como ya lo había remarcado al conocer y decidir sobre el recurso de apelación, la solución del caso por parte del Juez de baja instancia había sido más que prudente pues se había limitado a habilitar la rendición de cuentas y a cargar las costas en el orden causado, destacándose que tal aspecto del fallo no había sido cuestionado por la contraparte; precisó al respecto que de ello surgía más que claro que, en la mirada del propio Tribunal, el planteo no resultaba decisivo y, en definitiva, que la omisión achacada no guardaba relación directa con la afirmada violación del derecho a la jurisdicción.

Frente a ello, los recurrentes en su presentación directa se limitan a sostener que, al denegar el recurso de inconstitucionalidad, el A quo nuevamente se desentendió de abordar la entidad del invocado hecho sobreviniente a la demanda -rendición de cuentas extrajudicial- sobre la eficacia misma de la transitada etapa del proceso, insistiendo con que el cumplimiento del objeto de la pretensión previo a la sentencia de primer grado había extinguido la instancia por sustracción de la materia litigiosa y que la discusión debía darse en la etapa de impugnaciones subsiguiente.

Mas con tal argumentación, reiterativa de los planteos ya tratados por la Cámara, no logran conmover en modo alguno las razones expresadas en el auto denegatorio.

En efecto, no basta para la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad el planteamiento de supuestos de arbitrariedad, aun cuando éstos pudieran tener una elemental sustentación en las constancias de autos; es inexcusable, además, la liminar demostración de que de su aprehensión como fundamento de la sentencia descalificatoria depende la solución del litigio (art. 1, últ. párr., ley 7055).

En otras palabras, no hay arbitrariedad por la arbitrariedad misma sino que ha de revestir decisividad, es decir, debe recaer sobre un extremo conducente para la resolución del caso, no siendo descalificable el fallo si el recurrente no acredita que la ausencia del vicio invocado hubiese conducido a modificar el resultado final que se impugna.

Y en tal sentido se exige, para la viabilidad del recurso de inconstitucionalidad, que el agravio esgrimido por el impugnante sea propio, jurídicamente protegido, real, actual, concreto y efectivo; no cualquier gravamen puede ser reparado por medio del remedio extraordinario, de allí que aquellos perjuicios difusos y los inciertos son desechables por esta vía (conf. A. y S. T. 70, pág. 196; T. 196, pág. 226).

Desde tal perspectiva se advierte que, como lo dejó entrever el A quo, los comparecientes no alcanzan a perfilar eficazmente -a tenor de su formulación- la eventual trascendencia que, en orden a variar a su favor el resultado obtenido, podía tener la pretendida extinción de la primera fase del juicio de cuentas por sustracción de materia, desde que, conforme a las particulares circunstancias de autos, ello previsiblemente habría dado paso a la etapa siguiente del proceso -donde según los quejosos debía radicar la discusión relevante del caso- y, en punto a las costas, habría hecho necesario indagar si la satisfacción extraprocesal de la pretensión aparecía como directa respuesta y aceptación de los demandados a la legalidad y oportunidad del reclamo del actor o si, por el contrario, la materia había quedado sustraída por una causa exógena a la voluntad de las partes (vid., A. y S., T. 95, pág. 44; T. 121, pág. 383 y 385; T. 138, pág. 408).

Por lo demás, tampoco son atendibles las alegaciones referentes a que la confirmación del fallo de baja instancia conllevaría al absurdo de ordenar el cumplimiento de una obligación -la de rendir cuentas- ya cumplida desde que, con los argumentos que exponen, los recurrentes no persuaden de que la mera reproducción material -ahora en sede judicial- del acto informativo de presentación de las cuentas pueda configurar un gravamen concreto y efectivo a fin de sustentar la admisibilidad del recurso interpuesto.

Queda pues -como se dijo- incumplida la carga que contempla el artículo 8 ya citado.

Por ello, corresponde rechazar la queja interpuesta.

FDO.: NETRI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Casilda de la Segunda Nominación, Distrito Judicial N° 7.