marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Herencia vacante, subasta
Materia: CIVIL
Carátula: ROUBEIA OLGA Y VALLA JOSE s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27

La enajenación decidida por la sola voluntad de la curadora de la herencia vacante, con el objeto de liquidar el bien transmitido en el sucesorio, sólo se diferencia de una compraventa privada en que la adjudicación será el mejor postor, particularidad ésta que no puede influir en la determinación de su naturaleza (conf. CNCiv.

Sala A, E.D. 61-163; id., Sala G, c. 15.714 del 23-7-85; íd., Sala F, c. 16.618 del 22-8-85) por lo que habrá de regirse por las normas del derecho sustancial, aplicándose las contenidas en el Código Procesal sólo en lo que fueren conciliables con aquélla (conf. art.

559 del citado código).

A diferencia de las subastas que se llevan a cabo con motivo de un proceso de ejecución forzada, que deben ajustarse a las reglas que el Juez fije, en este tipo de ventas, aunque sean judiciales, los enajenantes se encuentran facultados para disponer por sí solos las modalidades que más convengan a sus intereses, al igual que en cualquier operación privada y por lo tanto están legitimadas para proponer el martillero que llevará a cabo el remate, puesto que en esta hipótesis, aquél no actúa en representación del órgano judicial, sino de la parte vendedora (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. VII, p.669, nro. 1128; C.N.Civ. Sala D E.D. 97 581), por lo que resulta inaplicable el procedimiento previsto por el art. 563 para su designación.
Incidente de excarcelación, facultades del juez, calificación legal, facultades del fiscal, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Córdoba, Juan Pablo y otros s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-18

El tribunal -de juicio en este caso- tendrá libertad para admitir una calificación legal del hecho que se atribuye al imputado, distinta de la contenida en el requerimiento fiscal o en el auto de elevación, a los fines de la excarcelación. Es que si está facultado por la ley para cambiar el encuadramiento jurídico del hecho, cuando se trata de dictar sentencia (art 401 del CPPN), no puede pretenderse que carezca de tal facultad para resolver una cuestión incidental: quien puede lo más debe poder lo menos (Voto del Dr.

Fégoli).
Recurso extraordinario, accidentes de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: González, Nélida Esther c/ Soprano, Miguel Angel y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Es inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial) interpuesto contra la sentencia que hizo lugar al reclamo deducido con apoyo en las disposiciones de la ley 9688.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: RUIZ, AMERICO GRICELDO c/ JOSE HUGO CARRIZO Y/U OTROS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-07-16

El precisar o determinar si lo que provocó el daño era una cosa riesgosa, constituye una cuestión de hecho ya que en cada oportunidad el Juez es quien debe preguntarse si la cosa genera un riesgo en el que puede ser comprendido el daño de la víctima.
Amparo por mora, excepción de incompetencia
Materia: CIVIL
Carátula: LESCANO MERCEDES c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RÍO HONDO s/ AMPARO POR MORA - APELACIÓN DE AMPARO AGUIRRE, JOSE AGUSTIN c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ ACCION DE AMPARO POR MORA-APELACION JIMENEZ, LEONARDO JAVIER c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ ACCION DE AMPARO POR MORA-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-10-31|2008-12-09|2009-02-27

La aplicación restrictiva, en cuanto al tratamiento de resoluciones impugnables previstas en númerus clausus por la ley de amparo y que en consonancia con ello, adopta la Sala de Asuntos Criminales, Laborales y Minas del Superior Tribunal, encuentra su principal fundamento en la celeridad impresa a este particular procedimiento, que impide el planteo de cuestiones que obstaculicen el trámite previsto con pleno resguardo del derecho de defensa de las partes.
Despido con causa, retención de tareas, mobbing
Materia: LABORAL
Carátula: López, María del Pilar c/ Galeno Argentina S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-19

Corresponde confirmar la sentencia que consideró justificado el despido de una trabajadora que había hecho retención de tareas alegando un supuesto acoso laboral, dado que para que se configure una situación de violencia laboral u acoso, la misma debe comprender una conducta de persecución y hostigamiento de manera constante y durante un tiempo prolongado, de tal entidad que provoque en la psiquis del trabajador un daño psicológico que lo imposibilite desarrollarse con normalidad en el ámbito laboral en lo sucesivo y, en el caso, los hechos relatados en la demanda de manera genérica, ambigua y carente de mayores precisiones, resultan insuficientes para acreditar el daño denunciado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Valdez, Oscar Eugenio s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Es insuficiente la denuncia de violación de los arts. 276 y 277 del Código de Procedimiento Penal por haberse negado en la audiencia oral la posibilidad de preguntar la defensa al perito psicólogo sobre el diagnóstico de la personalidad de la víctima, si el planteo del recurrente no se relaciona con el contenido de dichas normas ni se detiene a cuestionar los fundamentos de la alzada para determinar la improcedencia del pedido.
Contrato de transporte, sustitución del transportador, responsabilidad del transportador, mora
Materia: COMERCIAL
Carátula: INDUSTRIAS CHAPAL S.R.L. c/ TRANSPORTES CUATRO PUNTOS. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-22

1. Frente al cargador que no autorizó la sustitución del transportador, responden tanto el transportador original cuanto los subsiguientes (código de comercio: 164, 171, 252) aún cuando no fuesen factores independientes sino "otros agentes cualesquiera" (Código de Comercio: 162 "in fine").

2. Se presume la responsabilidad del transportador: para liberarse por la inejecución total o parcial del contrato se exige prueba positiva de la fuerza mayor, caso fortuito o culpa por hecho del cargador (Código de Comercio: 172).

3. Los transportadores participan de los caracteres de los mandatarios mercantiles y responden frente al mandante (código de comercio: 164) por las consecuencias dañosas producidas por dolo, culpa, insolvencia o incapacidad del sustituto. En caso de sustitución voluntaria cuando ella hubiera sido realizada sin necesidad, el mandatario responde solidariamente con su sustituto por las consecuencias perjudiciales de su actuación.

4. Es procedente, entonces, la propagación de las consecuencias de la mora en que incurrió uno de los codeudores a los restantes.
Accidentes de trabajo, fondo de garantía
Materia: LABORAL
Carátula: ORTUÑO, JOSE G. c/ UNILCK SRL. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-07-10

No viola la garantía constitucional de igualdad ante la ley (artículo 16 Constitución Nacional) el artículo 301 LCT. (ley 20744) no obstante permitir diferenciar entre el depósito de la indemnización de accidentes del trabajo en sede judicial, y el que se realiza en el ámbito administrativo toda vez que el sometimiento al sistema administrativo es voluntario del acreedor, quien queda inhibido del derecho a impugnar una norma en su legitimidad constitucional cuando desecha su aplicación en oportunidad de ejercitar su reclamo (en el caso accionó por la vía administrativa) sin reserva expresa. (Del dictámen del Procurador General del Trabajo número 4747).
Actos y diligencias procesales, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SANCHEZ DE PRAVATA BLANCA c/ OSMAN NARVAEZ s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A059 - 380)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-04-29

El Tribunal considera que lo más importante que se rescata de la normativa del art. 61 inc.III del CPC es la hora de presentación, pues de ello derivará o no la eficacia del escrito. Con esto no se quiere, en modo alguno, restar trascendencia a la lista que debe confeccionar el Secretario por imperativo legal, pero no puede perderse de vista que por una omisión del litigante o del funcionario judicial, pueda perderse un derecho esencial dentro del proceso. La norma debe ser manejada con absoluta prudencia para evitar perjuicios innecesarios o justificar indefensiones. Lo contrario sería acentuar un formalismo carente de contenido y un exceso ritual manifiesto, que la Corte Suprema de Justicia la Nación ha condenado.
Suspensión del juicio a prueba, facultades del juez, Ministerio Público Fiscal, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, contravenciones
Materia: CONTRAVENCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Fabre, Walter Atilio s/ Infr. art. 111 CC-Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-29

Corresponde rechazar la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, interpuesto contra la sentencia que hizo lugar al pedido de suspensión del proceso a prueba a pesar de la oposición del representante del Ministerio Público Fiscal, pues éste carece de legitimación procesal para recurrir ante el Tribunal en función de lo dispuesto por el artículo 53 de la ley nº 12, toda vez que las garantías constitucionales invocadas como fundamento del recurso no pueden ser opuestas por su parte dado que no están concebidas para proteger al Estado de sí mismo, sino para y en favor de los imputados. (Del voto de la Dra. Ruiz)
Sentencia condenatoria, queja por recurso denegado
Materia: PENAL
Carátula: U., C. s/ Incidente de excarcelación s/ Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-07-03

En definitiva, la Cámara Criminal consideró aplicable al caso el criterio de estar ante una sentencia que había adquirido firmeza, según la doctrina legal de este Cuerpo, y abundó aludiendo a la ejecutabilidad de lo decidido, amparándose en la distinción efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que también citó.

Al así decidir, la Cámara Criminal desinterpretó el criterio establecido por el máximo Tribunal de la Nación, al que incluso hizo referencia, en cuanto a que la sentencia condenatoria en rigor de verdad no se encontraba firme (ni lo está aún) por encontrarse en trámite la queja por denegatoria del recurso extraordinario federal.

Como invoca la defensa, el cimero Tribunal de la Nación se ha ocupado de esta temática en el precedente "Olariaga", de fecha 26/06/07, y también en otros posteriores, tales como el fallo "García" (18/09/07), al que hizo referencia la Fiscalía General al acordar con el agravio de los recurrentes, y también en "Loyo Fraire" (de fecha 06/03/14), precedente este último que fue oportunamente invocado en el planteo excarcelatorio presentado, argumentando que "la sentencia no firme no abastece el requisito de constitucionalidad de la detención" (fs.); sin que ello haya merecido consideración expresa por parte del a quo. (Voto de la Dra. Piccinini)
Accidentes de trabajo, reparación integral, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: FARINA, MARTA BEATRIZ c/ PROVINCIA A.R.T. S.A. Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-05

El hecho que la actora haya optado por la vía civil como fundamento de su reclamo por considerarla más beneficiosa en lo que hace a la reparación integral perseguida respecto de la que otorga la LRT, no obsta que se la condene hasta el límite de la póliza, en virtud del contrato de afiliación suscripto entre la aseguradora y la demandada en autos. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Jubilación ordinaria, personal embarcado, dragados, trabajo insalubre, equivalencias
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "VON DIEZELSKI, ALFREDO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

Conforme lo establecido por el art. 16, inc. c) del Dec. 8525/68 respecto a las equivalencias, y que el régimen diferencial aplicable a las actividades realizadas por el titular (art. 2 del Dec. 1852/75) le permitía obtener el beneficio con 25 años de servicios con aportes, al haber continuado el actor en actividad -en las mismas tareas- durante un tiempo prolongado (más de cinco años) y, además, haber prestado servicios comunes (por espacio de cuatro años y ocho meses), corresponde determinar la equivalencia del exceso de años trabajados en tareas insalubres, la que deberá computarse en razón de 1.2 años comunes por cada año laborado de más en actividades insalubres, toda vez que dicho cálculo se adecua a la previsiones de la normativa citada. En consecuencia, debe hacerse lugar a la demanda en cuanto pretende la equivalencia y el cómputo de los años trabajados en exceso para la determinación de la PBU, PAP y la PC. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola).
Docentes, establecimientos educacionales, cambio de jurisdicción, horas cátedra
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: 71.553 - ANFUSO JUAN CARLOS c/ D.G.E. s/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-09-05

La calidad de docente con desempeño en un establecimiento nacional transferido por convenio a la provincia de Mendoza no autoriza, ni justifica un tratamiento desigual privilegiado respecto del resto de los docentes de la provincia como sería la no aplicación de los topes máximos en materia de incompatibilidad de horas cátedras - máximo 36 horas- ; la pretensión de continuar con 53 horas cátedra, es violatoria de la normativa aplicable y del contenido expreso de los convenios celebrados en la oportunidad.
Intereses, tasas de interés, aplicación de la ley, tasa activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Brizuela, Delfor Augusto s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-10-20

El Código Civil no contiene una norma expresa que determine la tasa de interés que los jueces han de aplicar. El art. 622 del C.C.

establece que si no hay interés convenido, debe (el deudor) los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado, si no se hubiera fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar.

El art. 622 C.C. expresa que los jueces deben fijar la tasa de interés, pero ni a su arbitrio sino siguiendo las soluciones que la misma ley provee. Al juez, dentro del sistema republicano, no le está permitido crear el derecho, porque ya fue creado por ley, estando limitada su función a aplicarlo, interpretándolo conforme a las pautas que la misma ley le da. Deviene de ello que la expresión utilizada por el art. 622 (..."los jueces determinarán el interés que debe abonar"), implica no otra cosa que el Juez ha de buscar el camino que le fija la ley para hacerlo. Así se lo ordena el art. 15 del Código Civil. Y la Solución debe extraerla de la misma ley, y si ésta resulta insuficiente, en los principios de las leyes análogas o en los principios generales del derecho (art. 16 del C.C.). El fundamento de la solución, entonces, nos lo indica esta precisa disposición de la legislación civil, al remitirnos en primer término a las leyes análogas que en la especie no son otras que las del Código de Comercio. Allí, en el Título "Del Préstamo y de los Réditos o Intereses", el art. 565 nos provee la solución: cuando se trata de determinar intereses de plaza corrientes, se entiende (que son) los que cobra del Banco Nacional (Banco de la Nación en el orden nacional y Bancos de Provincias, donde los hubiere, en los estados provinciales). Se propicia por los expuestos, que desde el 1º de Abril de 1991 y hasta la efectiva fecha de pago de la Indemnización por parte del deudor, se apliquen intereses calculados a la tasa activa, es decir, a la aplicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones normales de descuento de documentos comerciales.
Recurso extraordinario, traslado, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Sociar S.A. en la causa Sociar S.A. c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-27

El traslado del recurso extraordinario federal que dispone el art. 257, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tiene por objeto proporcionar a los litigantes la oportunidad de ejercer sus defensas con la amplitud que exige el debido proceso y plantear las cuestiones que sean conducentes para la correcta solución de la causa -art. 18 de la Constitución Nacional-.
Organismos internacionales de derechos humanos, igualdad de trato, Derechos humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Informe de Fondo No. 8/16, Caso 11.661. Manickavasagam Suresh. Canadá c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2016-04-13

En tanto instrumento de derechos humanos, la Declaración Americana debe ser aplicada por los organismos de derechos humanos de modo tal que resulten protegidos los derechos básicos de los individuos, independientemente de su nacionalidad, tanto con respecto de su Estado de nacionalidad como de todos los demás Estados, puesto que tales derechos derivan esencialmente de los atributos de la persona como ser humano y no en virtud de ser ciudadano de un determinado Estado
Honorarios del abogado, convenio de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dutschmann, Amalio Herminio c/ Dietrich, Benito y otros s/ Disolución de sociedad (pieza separada)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-03

Por aplicación de la regla moral incorporada al art. 953 del C.C., corresponde atemperar el contenido de un convenio de honorarios celebrado cuando ya se conocía el resultado favorable de la sentencia de primera instancia, que -dejando a salvo su derecho a percibir los que estuvieran a cargo de la otra parte-, reconoció en favor del abogado el 50 por ciento del resultado líquido del juicio, a partir de cierta cantidad, sin comprometerlo en los gastos de defensa ni en el riesgo de las costas y que se intentó hacer valer cuando la incompatibilidad del abogado por el desempeño de un cargo judicial había ya obligado a suplir su labor profesional, circunstancias éstas que configuran un exceso que obliga a la intervención judicial moderadora.
Intereses, tasas de interés, daño emergente, lucro cesante, fallos de la Corte Suprema
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Federación Patronal Coop. Segs. Ltda. c/ Aerolíneas Argentinas s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

En el criterio actual de la C.S.J.N. los intereses contemplados en el art. 622 del Código Civil representan el daño moratorio que admite una doble perspectiva o, dicho de otro modo, una concepción que responde al concepto de daño emergente y otra al de lucro cesante. Existiría daño emergente para el acreedor cuando no cuenta con la suma debida para saldar una deuda suya, y debe conseguir dinero al efecto, mediante el pago de interés por el préstamo; desde luego, este interés que el acreedor abona a un tercero significa para él un daño emergente, una pérdida sufrida. En cambio, existiría lucro cesante para el acreedor, si éste deja de percibir una utilidad que esperaba obtener del dinero que se le debe, mediante su aplicación a la producción de renta. Desde este punto de vista el pago de la depreciación monetaria más los intereses denominados "puros" constituirían en la situación anterior a la ley 23.928 (al igual que en el nuevo enfoque del Tribunal) un típico supuesto de lucro cesante, donde aquellos intereses presuponen una retribución que el acreedor hubiere percibido de contar con el capital adeudado.

Luego, resulta inaceptable que ahora quien viene percibiendo ya un "lucro cesante" pretenda por otra parte, en el mismo lapso ser recompensado por sumas que representan un "daño emergente" como son los intereses que cobra el Banco por sus operaciones de descuento.

Lo adeudado es que, vedado por ley el recurso de la actualización monetaria, se mantenga incólume el valor de la condena mediante la utilización de una herramienta que responde al mismo concepto de lucro cesante, en este caso representado por la tasa bancaria dejada de percibir por el acreedor.
Reordenamiento del sistema financiero, acción de amparo, derechos de incidencia colectiva, juicios en que es parte una provincia, legitimación procesal, competencia provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Río Negro, Provincia de c/ Estado Nacional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

La invocación de los derechos de los ahorristas no autoriza la intervención de las autoridades provinciales en los términos del art. 43, segundo párrafo, de la Constitución Nacional, pues no se trata de derechos de incidencia colectiva, ni las autoridades provinciales resultan legitimadas activas de acuerdo al texto constitucional que sólo menciona al afectado, el Defensor del Pueblo, y las asociaciones que propenden a los fines indicados en la norma, sin que se haya alegado que las provincias o sus gobiernos constituyeran una de esas asociaciones.
Superior Tribunal de Justicia, habeas corpus, incompetencia
Materia: PENAL
Carátula: MONTALIVET CARLOS ALBERTO s/HABEAS CORPUS CORRECTIVO s/ HABEAS CORPUS CORRECTIVO MONTALIVET CARLOS ALBERTO s/HABEAS CORPUS CORRECTIVO s/ HABEAS CORPUS CORRECTIVO ROMANO, NORRI JAOQUIN MARIA s/ HABEAS CORPUS CORRECTIVO A FAVOR DE RAMIREZ CINTIA BANESA-HABEAS  CORPUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-01-31|2006-01-31|2009-02-27

El Inc.2 del  Art.193 de la Constitución Provincial, confiere al Superior Tribunal de Justicia competencia por vía de apelación, en los recursos contra las Sentencias de Habeas corpus, amparo y resoluciones acerca de las medidas cautelares dispuestas por cualquier tribunal inferior, resaltando esa atribución, sin que lo dispuesto por el Art. 58 del mismo texto legal, constituya óbice a ello al consagrar el habeas corpus, permitiendo su deducción ante cualquier juez o tribunal de la Provincia, sin distinción de fueros ni instancias, toda vez que esta disposición se localiza topográficamente dentro de la Parte Primera - Dogmática - en el Título V del Texto constitucional, mientras que las atribuciones específicas de la Corte se encuentran incluidas en la Parte Segunda titulada Autoridades de la Provincia.
Pagaré, pagaré a la vista, lugar de pago
Materia: CIVIL
Carátula: HAEDO  S.A.  CIA. FINANCIERA c/ CASA HODARA  S.A. s/ LETRA DE CAMBIO Y PAGARE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-27

Ejecutado un pagaré a la vista en el cual no había sido denunciado en la demanda el lugar de presentación, tal omisión no impide al demandado acreditar su falta de presentación conforme lo requiere el dec. Ley 5965/63: 50. Ante la falta de determinación del lugar de cumplimiento debe presumirse que debe realizarse en el domicilio del deudor (CCIV: 747).
Juicio ejecutivo, modificación de la tasa de interés, facultades del juez, código civil y comercial
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Banco Itaú Buen Ayre S.A. c/ Poloni, Jorge y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-07

Debe ser confirmada la resolución que determinó la morigeración de los intereses que habían sido fijados en autos, puesto que en el caso se configura el supuesto previsto en el art. 771 del Código Civil y Comercial de la Nación, que autoriza a los jueces a reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado de la capitalización exceda, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación.