Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-15


Reg.: A y S t 282 p 302/304.

Santa Fe, 15 de mayo del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia 209 del 28 de junio de 2016 dictada por la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario en autos "LOGÍSTICA LA SERENÍSIMA S.A. contra SCHONE, RAUL GUSTAVO -REINSTALACIÓN LEY 23551- (Expte. 178/08)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511140-1); y,	CONSIDERANDO:

1. Se desprende de las constancias de la causa que la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario confirmó la decisión del inferior que a su turno -y ante la denuncia de incumplimiento del accionado- ordenó se haga efectiva la aplicación de astreintes por cada día de inobservancia de la sentencia firme recaída en autos, donde se dispusiera la reintalación del demandado Raúl Gustavo Schone a su puesto de trabajo.	Es contra aquél pronunciamiento que endereza la accionante su recurso de inconstitucionalidad tachándolo de arbitrario por resultar lesivo de sus derechos y garantías de rango constitucional.

Considera injusta la imposición de astreintes por la demora en la reincorporación de Schone, puesto que -argumenta- su parte demostró que fue el trabajador quien no se presentó a retomar sus tareas habituales.

Achaca a la Sala desconocer que su parte cumplió la conducta positiva a la que se encontraba obligada conforme el decisorio dictado en autos y la normativa vigente de reincorporar a Schone a su puesto de trabajo. Señala que éste nunca perdió su calidad de trabajador dependiente y siguió percibiendo sus remuneraciones mensuales como también los incrementos remuneratorios y que siempre tuvo pleno acceso a su lugar y puesto de trabajo.

Afirma que lo único que no hizo su parte fue obligar a Schone a retomar sus tareas habituales y/o sancionarlo por no hacerlo, por ser dichas acciones propias de su facultad de organización y dirección como empleadora por lo que -alega- los sentenciantes en ambas instancias incurrieron en una falta de derivación lógica al entender que su parte tenía la obligación no sólo de reincorporar a Schone sino de intimarlo a ello. Y que, como esto último no se hizo le aplicaron astreintes, pese a estar demostrado que Schone tuvo pleno acceso a su lugar de trabajo y prosiguió realizando sus tareas gremiales y percibiendo sus remuneraciones.

Considera que en autos se le aplicó una multa al empleador por una acción omisiva del trabajador y que -por tanto- la decisión no se ajusta a los estándares de una sentencia ajustada a derecho.

Refiere que la jurisdicción ordenó la aplicación de astreintes sin exigir una acreditación mínima de la negativa de la empleadora a incorporarlo a su puesto de trabajo. Por el contrario, prosigue, se limitó a tener por ciertas las afirmaciones de Schone de que a pesar de haber notificado la sentencia todavía no había sido reincorporado a su puesto de trabajo.

Finalmente, se agravia también del monto fijado en concepto de astreintes (consistente en la suma de dos mil pesos por día de incumplimiento).

2. La Sala denegó la concesión del remedio extraordinario intentado y ello motivó la presentación directa de la quejosa por ante esta sede.

3. Se adelanta que el remedio extraordinario intentado no habrá de merecer favorable acogida toda vez que la perdidosa no logra demostrar si quiera liminarmente la índole constitucional los agravios vertidos, los cuales se orientan a intentar desmerecer lo decidido -básicamente- por cuanto se disconforma con la aplicación efectiva de astreintes a consecuencia de la demora en la reincorporación del demandado a su puesto de trabajo que fuera ordenada en la sentencia recaída en autos.	Alega que la aplicación de astreintes fue consecuencia de una inadecuada ponderación de las circunstancias fácticas y probatorias por parte del A quo.

Sin embargo, resulta sabido que tales cuestiones pertenecen al resorte exclusivo de los jueces de la causa y ajenos, por regla, a la revisión extraordinaria, a menos que su abordaje adolezca de irrazonabilidad o ilogicidad que haga que la sentencia no resulte derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, lo que lejos está de conseguir poner en evidencia la impugnante.

En efecto, señala el A quo que desde que se encuentra firme la condena en autos la actora nunca se presentó al pleito a dar cuenta de la imposibilidad de cumplimiento por culpa del demandado. Y que al ser notificada de la providencia por la cual el juzgado de baja instancia ordenó "...la reinstalación solicitada bajo apercibimientos de astreintes por cada día de incumplimiento, cuyo monto se determinará -eventualmente- denunciado que fuere el mismo" (f. 2v.), tampoco la parte actora efectuó ninguna observación o denuncia, respecto a lo cual más tarde alega -recién al efectivizarse la aplicación de las astreintes- culpa del demandado en la falta de cumplimiento de la sentencia.

Pues bien, tal fundamentación permanece incólume atento a que no logra la perdidosa rebatirla satisfactoriamente en su escrito de queja, pues sus alegaciones -achacando a la Sala irrazonabilidad e ilogicidad- no pasan de ser una manifestación de disconformidad, mas no consiguen poner en evidencia una hermenéutica irrazonable o arbitraria sobre una materia de índole procesal que pertenece a la órbita de los jueces de la causa; y que, pese a lo afirmado por la impugnante, no aparece divorciada de la sana crítica que debe guiar a los magistrados en la tarea de ponderar los elementos de confirmación reunidos en la causa.

En suma, la mera oposición que denota la perdidosa en su planteo no depara caso constitucional idóneo para operar la apertura de esta instancia extraordinaria ante esta Corte, cuya misión es efectuar el control de la adecuación de la sentencia al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional.

Y sabido es que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del recurrente con el criterio utilizado por los jueces en la apreciación de los hechos de la causa, la valoración de la prueba reunida o en la interpretación de normas procesales y de derecho común. Por lo cual, pretender invadir esa esfera significaría que este Cuerpo sustituyera a aquéllos, distorsionando de tal modo el restringido ámbito que, sobre el control de constitucionalidad de los pronunciamientos judiciales le confiere la Carta Magna local (cfr. A. y S., T. 104, pág. 169; T. 100, pág. 449; T. 101, pág. 228, entre muchos otros).

En definitiva, se ha de seguir que en el "sub examine", no se advierte la existencia de una cuestión constitucional aprehensible que legitime el franqueamiento de la instancia excepcional ante esta Corte. La sanción conminatoria aplicada por la Alzada podrá o no ser compartida, pero en la medida que no implique un palmario apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: FALISTOCCO-ERBETTA-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)	Tribunal de origen: Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 4 de Rosario.