marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, rechazo in límine, economía procesal, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: González, Eva Teresa c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-21

Si bien a lo que se aspira en la hipótesis del rechazo in limine es a evitar el dispendio de gastos y actividad que implica el desenvolvimiento total de un proceso que ha de concluir fatalmente en su rechazo, no es menos cierto que el atributo de "manifiesto" debe reservarse para situaciones en las que no sea necesaria la consecuente verificación de supuestos de hecho que requieran mayor debate o prueba. Al no presentarse la inadmisibilidad de manera manifiesta, corresponde la sustanciación del amparo deducido ya que su rechazo in limine permite abrigar dudas respecto de la intangibilidad de las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio-(Del voto de los Dres. Daniele, Centanaro y Russo)
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios contra el Estado, daños y perjuicios, error judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Larocca, Salvador Roque c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

Es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional) la demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, con fundamento en que el obrar irregular de los magistrados intervinientes impidió al actor proceder a la ejecución de los bienes oportunamente embargados.
Derecho constitucional, amparo colectivo, relación de consumo, facultades legislativas, ejercicio profesional, corretaje inmobiliario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires - Asociación Civil y otros c/ GCBA s/ amparo - otros s/ recurso de inconstitucionalidad concedido y su acumulado expte. n° 16577/19 "Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires - Asociación Civil y otros c/ GCBA s/ amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

La solución del caso exige articular razonablemente los diversos aspectos involucrados: el derecho de propiedad de los corredores (obsérvese que la norma cuestionada no prohíbe acordar su monto con el comitente, sino evita que sean impuestos al inquilino) y proteger a la parte débil en la relación de consumo de un bien que cuenta con tutela constitucional preferente (vivienda); con lo que la libertad de contratar tiene garantizado un "espacio" y las limitaciones en aras a intereses públicos también. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LEAL   RESTITUTO c/ ESTADO  NACIONAL  DIRECCIÓN  NACIONAL  DEGENDARMERÍA s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-07

Si bien en el concepto de "sentencia definitiva" al que alude el art. 289 del Código Procesal  se debe incluir también a las sentencias interlocutorias -como la aquí recurrida-, ello sólo es así en los casos en que éstas impiden la continuación del pleito y no se pueda seguir otro juicio sobre el mismo objeto, o dicho en otros términos, cuando dichas sentencias privan al interesado de toda posibilidad de una ulterior tutela judicial de sus derechos (confr. Fassi- Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", 3a. ed., t. 2, p. 549; Palacio, L., "Derecho Procesal", t. V, pág. 207; confr. doctr. de esta Sala, causas 4665 del 15-5-87, 423 del 25-8-89, 12.966 del 19-12-96, 53.848/95 del 20-3-97 y 1541/03 del 24-6-03; Sala 2, causa 11.289/04 del 29-11-05; Sala 3, causas 8881 del 10-9-93 y 21.087/96 del 20-5-99). En este orden de ideas se ha señalado que no tratándose de sentencias definitivas con efectos de cosa juzgada en sentido material o de resoluciones que impidan la continuación del proceso, y aparte de las exclusiones mencionadas en el segundo párrafo del art. 289 del Código Procesal, el recurso de inaplicabilidad de la ley es inadmisible con respecto a toda otra resolución, aun en el supuesto de que ocasione un gravamen irreparable (confr. Fassi-Yañez, op. cit., pág. 552 y las citas efectuadas en nota n° 32; confr. esta Cámara, en pleno, causa 8.248/01 del 23/08/05, voto de la mayoría y sus citas de doctrina y jurisprudencia). La sentencia interlocutoria recurrida no ostenta la virtualidad apuntada en los párrafos precedentes. Ello es así, toda vez que tanto la desestimación del recurso de queja, como -en definitiva- lo decidido por el magistrado en cuanto al rechazo de la oposición formulada por la actora respecto de la prueba informativa ofrecida por su contraria no implican un óbice para la normal prosecución del pleito.
Ejecución de sentencia, liquidación judicial, error numérico, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Delgadillo, Carlos Alberto y otros c/ Provincia de Formosa (Policía de la Provincia) s/ Demanda contencioso-administrativa Formosa (Policía de la Provincia) s/ Demanda contencioso-administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-09-07

El silencio del ejecutado no vincula al Juez a la aprobación, sin más, de la liquidación, pues ella puede contener errores numéricos, incluir rubros indebidos o la aplicación de tasas o índices que no sean los fijados en la sentencia ni tampoco los que corresponden por ley. Corresponde al Juez dictar la resolución que corresponda y la interlocutoria que recaiga aprobando la resolución no produce efectos de cosa juzgada, pues no declara ninguna cuestión de derecho y en consecuencia no podría negarse a quien presentó una petición posterior discutir un rubro incluido por error, no contemplando en la sentencia firme. En suma, en caso de diferencias evidentes entre la sentencia ejecutada y la providencia que aprueba la liquidación debe naturalmente prevalecer la sentencia.(Fundamento del Dr. Carlos González)
Competencia, acumulación de procesos, conexidad subjetiva, economía procesal
Materia: Procesal Penal
Carátula: E., J. C. s/ Lesiones Leves D., P. s/ Lesiones Leves Calificadas por el Vínculo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-08-30|1992-03-26

La situación prevista en el Código Procesal Penal, art. 35, Inc.3ro., no es otra que la del Concurso Real de delitos -o cuando una misma persona fuere imputada de dos a más hechos independientes no juzgados con anterioridad- porque sólo así deben ser entendidas técnicamente las palabras empleadas por el legislador en la norma y solamente, en estos casos, a través del procedimiento reglado como consecuencia, puede alcanzarse -atribución de competencia a un único tribunal y acumulación de autos mediante- la finalidad de economía procesal por menor desgaste jurisdiccional hacia donde se endereza.
Proceso penal, citación a juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: OCHOA RAMON s/ CASACION PENAL - JUICIO DE REENVIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-12-24

Con arreglo a lo dispuesto por el art. 366 CPP, recibido el proceso en la cámara y verificado el cumplimiento, según corresponda, de lo previsto en los artículos 358 (requisitoria fiscal de elevación a juicio), 361 (auto de elevación) o 429 (requerimiento fiscal de citación a juicio), el presidente del tribunal dicta el llamado 'decreto de citación' que abre la etapa del juicio e inicia el momento de la relaciona procesal que, comprendida en el mismo, se destina a la preparación del debate y culmina con la iniciación de éste.
Régimen de consolidación de deudas, entes autárquicos, IAF
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Posada, José Guillermo c/ E.N. s/ Haber de retiro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

El I.A.F. , como entidad autárquica comprendida en el art. 2 de la Ley 23.982, se encuentra alcanzado por la consolidación que ella establece.
Proceso penal, libertad provisional, imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M, D. A. s/ Homicidio culposo. Incidente de libertad provisional (Expte. Nº   562-2000, Resolución Nº 125, Tomo 56, Folio 290)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-30

La peligrosidad procesal consiste en la incidencia negativa en la investigación de la verdad, perturbando la verificación de los hechos, eludiendo la acción de la justicia. En definitiva, no debe confundirse aquélla peligrosidad con la sustancial, indicativa de la probabilidad en la continuación de la actividad ilícita. En consecuencia, -a partir del precepto normativo contenido en la ley procesal (artículos 7 y 306 del Código Procesal Penal), en consonancia con los de mayor jerarquía contenidos en la Constitución Nacional (artículos 14 y 18) y Pactos Internacionales incorporados a ella-, la actitud del encartado no configura un "peligro concreto" y "actual" que provocará un "daño jurídico" en pugna con el progreso investigativo e impeditivo para elucidar la responsabilidad emergente de su accionar, como tampoco se constituye en indicio de que intentará eludir la acción de la justicia pues, como surge del decreto de procesamiento, se ha probabilizado su conducta en las previsiones del artículo 84 del Código Penal, por lo tanto, habiendo prestado declaración indagatoria, constituido domicilio y resultando esta ciudad asiento de su actividad familiar y laboral, el control de su persona en el proceso aparecería razonablemente garantizado, entendiendo que será la sentencia definitiva en el eventual juicio de certeza que se formule respecto de la imputación que se le dirige y la penalidad que pueda corresponderle conforme las pautas de mensuración de los artículos 40 y 41 Código Penal, la que determinará en toda su magnitud el protagonismo enrostrado.
Medidas cautelares, bloqueo de sitios de Internet
Materia: PENAL
Carátula: M. J. J. c/ Google Inc. s/ medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-07

Teniendo en cuenta que el agravio que se pretende reparar con la medida estaría dado por la difusión de contenidos elaborados por terceros, en un blog cuyo titular es identificable, la pretensión de que el buscador bloquee los resultados sin siquiera intentar ubicar a su responsable importa una restricción que no es proporcional de acuerdo con los derechos en juego. Tampoco es admisible la pretensión de imponer a la demandada un control preventivo y discrecional hacia el futuro sobre la circulación de contenidos que eventualmente pudieran afectar los derechos del actor, como la que solicita respecto de "cualquier otra mención que a él se haga en el sitio loveartnotpeople.org", puesto que implica una restricción general y para el futuro, que podría comprometer la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas, derecho garantizado por la Constitución Nacional y por la ley 26.032 -B.O. 17-6-05y es incompatible con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios", R. 522. XLIX. del 28-10-14".
Caducidad de instancia, segunda instancia, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ DE ALDAMA c/ CHENG s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-19

La segunda instancia se abre con la simple interposición del recurso, sin que, a los efectos de su caducidad, sea recaudo esencial su concesión. Luego, sin interpuesto un recurso, el juez no se pronuncia sobre el punto, la parte debe peticionar que se subsane esa omisión, bajo el riesgo de que perima la instancia recursiva.-
Subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, actividad normal y específica propia del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: MAYORA MYRIAM MABEL c/ KRAFT FOODS ARGENTINA S.A. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-15

La actividad desarrollada por la actora (venta en almacenes y supermercados de los productos de la demandada) cumplida por la empresa para la que trabajaba, es necesaria para el normal cumplimiento del objetivo de la accionada, motivo por el cual corresponde la condena solidaria en los términos del art. 30 LCT pues esta última contrató o subcontrató trabajos o servicios que corresponden a la actividad normal y específica de su establecimiento.
Sobreseimiento de oficio, declaración indagatoria, falta de declaración
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ORGANIZACION LOYAL S.A. s/ Régimen Penal Tributario,  incidente de apelación de sobreseimiento interpuesto por la Fiscalía
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-28

El sobreseimiento dictado antes de escuchar al imputado y de haberle advertido los cargos en su contra tiene alcance meramente declarativo, resulta inoficioso y no se ajusta a derecho.
Accidentes de trabajo, culpa de la víctima, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: VERA SERGIO ORLANDO c/ SOCIEDAD ANONIMA GANADERA HILL STATION s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-04-07

La culpa de la víctima en un accidente laboral debe probarse, aún cuando se opte por vía civil, así lo establece claramente el art.

1113 del Código Civil, es decir, que la norma legal citada sobrepone el riesgo de la cosa dándole preeminencia para cambiar la incumbencia del onus probandi.
Proceso judicial, demanda, traslado de la demanda, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: "Consejo  Nacional  de  Investigaciones Científicas y Técnicas c/ Iriniz Alcira Inés s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-27

El domicilio al que es dirigida una cédula de notificación no se halla completo por falta de indicación del respectivo piso y departamento ya que de acuerdo con lo previsto en el art. 153, ap. II, incs. a) y b) de la acordada 9/90 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando la cédula se remite a una finca de varios pisos y departamentos, el domicilio indicado debe ser totalmente coincidente y de no ser así, debe devolverse indicando la discordancia u omisión que se compruebe. Cuando el domicilio no sea completo por falta de indicación de piso o departamento sólo se podrá salvar alguna de las omisiones, si el nombre del requerido se encuentra en un tablero indicador visiblemente expuesto en el hall del edificio (Cons. III).
Aclaratoria (procesal), sentencia, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: CIVIL
Carátula: BORSELINO HECTOR NICOLAS c/ CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-03

Si una sentencia del Superior Tribunal hubiera omitido consignar en forma expresa la aprobación de una planilla de liquidación aún cuando ello surgiera de modo implícito, se puede dictar nueva resolución supliendo dicha omisión.
Despido, despido con causa, abandono de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: GARCIA ARIPE, Clemente c/ PANADERIA Y PASTELERIA LA SALTEÑA S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-12-05

Negado por la empleadora el despido verbal invocado e intimado el trabajador a reintegrarse en 48 hs. a sus tareas habituales bajo apercibimiento de abandono de trabajo, incumbía a éste último acreditar fehacientemente que concurrió a su lugar de trabajo o bién que se le negó la entrada, circunstancia que no surge de la prueba rendida ni de la exposición policial unilateral que efectúa el actor sin conocimiento del empleador, ante lo cual se está en presencia de un despido por justa causa.
Delegación de la investigación, desestimación de la denuncia, elevación en consulta
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: NEUMANN, Roberto Amadeo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-25

Si a partir de la delegación dispuesta y de las diligencias cumplidas, la Fiscalía instruyó el sumario, la posibilidad de la desestimación de la denuncia por inexistencia de delito aparece precluida (*).

Instruido el sumario, si considerase que se tratan de hechos independientes, el magistrado instructor puede pronunciarse por el hecho de estafa procesal en grado de tentativa, y reasumir el curso de la encuesta respecto de la posible falsificación, porque en este último supuesto así lo autoriza el art. 214 del ordenamiento adjetivo. Por ello, el caso queda al margen del procedimiento de consulta escogido por el juez de grado y no se suscitan extremos que posibiliten la intervención de la Sala sobre el fondo del asunto.
Lesiones leves, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, ley vigente
Materia: PENAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos franco, leonardo fabian sobre 92 - agravantes (conductas descriptas en los artículos 89 / 90 y 91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-09

Dada la legislación vigente y sus términos, excluir del régimen de la acción pública dependiente de instancia privada a los delitos previstos, por el hecho de que en el caso concurre una agravante, cuando la norma taxativamente refiere al supuesto de delito de lesiones leves o culposas, sin otra precisión y en perjuicio de la persona imputada, sólo es posible apartándose de las exigencias hermenéuticas que plantea el principio de legalidad en materia penal. Así, la interpretación escueta efectuada por los jueces del a quo excede la mera interpretación y configura una interpretación extensiva violatoria del principio de legalidad. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Cobro de sumas de dinero, indemnización por despido
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Sandoval, Aníbal Ceferino  c/ Reinoso, Héctor Fabricio  s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-07-31

El hecho de que los trabajadores tengan derecho a las indemnizaciones por despido -sea este directo o indirecto-, no autoriza sin más a la aplicación en su totalidad de la indemnización prevista por el art. 2° de la ley 25.323, es decir, no imposibilita la reducción y hasta su eliminación por el juez interviniente si así lo considera, ya que la misma fue concebida precisamente, para aquellos casos en que el fallo resulte adverso al empleador, pues de lo contrario carecería de sentido dicha facultad (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Transporte de pasajeros, multa administrativa, pago anticipado, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: El Entrerriano Transporte de Pasajeros S.C. c/ Comisión Nac. de Transporte Automotor -Res. C.N.T.A. 1070/94
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-16

El art. 9 de la ley 21.844, así como el art. 75 del decreto 2673/92 establecen que en todos los casos, previo a la interposición de la apelación contra una multa impuesta, deberá satisfacerse el pago de ella, circunstancia no verificada en el sub examine. La C.S.J.N. ha admitido en reiteradas oportunidades la validez constitucional de las normas que supeditan la intervención judicial al depósito previo de las multas aplicadas por la autoridad administrativa (confr.

Fallos: 247:181; 261:101; 312:2490, entre otros).
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gruccio Pablo Raúl c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa - Incidente De Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-09-18

Corresponde rechazar la medida cautelar tendiente a impugnar el decreto de la Provincia de Santa Cruz N° 1353/12, a través del cual se aceptó la renuncia del actor como agente de la administración pública local, aun cuando el accionante había retirado dicha renuncia, sin que dicha retractación haya sido agregada al expediente, pues el demandante no acreditó que el acto atacado responda al accionar irrazonable y arbitrario del Poder Administrador, y atendiendo a los extremos invocados por el peticionante, los mismos no alcanzan para acreditar el "fumus bonis iuris" que logre socavar la presunción de legitimidad del acto cuestionado.
Falta de personería, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: BUSTOS DE MERCADO Edicta Esmilda c/ Bustos de Blanc Jesús Apolonia s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-03-31

La falta de personería supone cuestionar la capacidad de alguna de las partes para estar en juicio o los defectos de representación de quien comparece por un derecho que no le es propio.

En cambio, la falta de legitimación para obrar procede cuando el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades, con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el proceso.

En la excepción de falta de personería sólo se discute si quien se ha presentado resulta habilitado para actuar en el proceso judicial, ya sea porque no represente total o adecuadamente al titular del derecho o porque debe integrar su capacidad, que resulta insuficiente, para peticionar por sí mismo.

La falta de personería (legitimatio ad processum) constituye una excepción dilatoria, un impedimento procesal que delata la insuficiencia de la representación invocada por quien comparece a juicio por un derecho que no sea propio.
Recurso extraordinario federal, cuestiones de competencia, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, sentencia arbitraria, defensa en juicio, acceso a la justicia, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Iraizoz, Juan Fermín c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Si bien la facultad del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para resolver sobre la competencia que le atribuyen las normas locales no es susceptible de revisión por la vía del art. 14 de la ley 48, es admisible dicha revisión si el a quo omitió remitir el expediente al tribunal que considera competente para su resolución y prescindió de aplicar el art. 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que, por disposición del art. 5 de la ley 24.588, continuó vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se sancionó la ley procesal que rige la actuación ante aquel tribunal.
Cosa riesgosa, daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: CALIVAR, Juan Ramón c/ Bolaños de Noguera, Jaime Alfredo s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-12-19

La puerta de un automóvil estacionado, per se, no es una cosa peligrosa pero su utilización (abriéndola, manteniendo abierta o en proceso de cierre), sin lugar a duda, genera un riesgo por su potencialidad para causar daño a terceros en circulación por las calles.... cuando se produce daño con una cosa riesgosa (por naturaleza o por su utilización) no es aplicable al sujeto que la acciona el factor de atribución subjetivo del art. 1109 del C.C., sino el objetivo del art. 1113 del mismo código.

Esta interpretación encuentra aval en la doctrina jurisprudencial la cual ha juzgado que "acreditada la intervención conductor del vehículo accionando con nexo causal eficiente respecto del daño infligido al actor - al caer de su bicicleta cuando intentó sobrepasar al rodado que se encontraba detenido, con la puerta abierta - , no resulta útil para aquél probar su falta de culpa, sino que, en el marco de la responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa -art. 1113, párr. 2, ap. 2 del Cód. Civil-, es la demandada quien en su carácter de dueña o guardián debe probar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder para eximirse de responsabilidad...".