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Expropiación, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ RAUL ALTAMIRANO ECHEGARAY s/ Expropiación (LIBRO: S113 - 221)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-08-03

Las disposiciones de las leyes formales sobre expropiación (incluida las de las constituciones y leyes provinciales que rigen las expropiaciones locales) tiene un doble límite insalvable, la letra y el espíritu del art. 17 de la Cons.Nac. y el principio de razonabilidad (art.28 Const.Nac.), de donde sus disposiciones sólo serán válidas en tanto sean razonables, no arbitrarias y en consecuencia no impliquen un ataque o desconocimiento del derecho de propiedad.- Uno de los elementos esenciales que comporta la expropiación, es la indemnización la cual constituye su piedra angular y que en nuestro sistema debe ser -aparte de única y pagada en dinero- previa e integramente justa.- La Ley Suprema expresamente establece que la indemnización debe ser previa, y si bien no está dicho expresamente en la Const.Nac. que la indemnización debe ser integramente justa, ello surge del carácter y sentido de la misma, pues indemnizar quiere decir dejar indemne o sin daño, lo que equivale a dar al expropiado en dinero el mismo valor de la propiedad que se le expropia.- El más alto Tribunal de la Rep. (in re "Giardeli Cayetano c/ Pcia. de Bs.As., 18-III-86") que a fin de mantener intangible el principio de indemnización justa de naturaleza constitucional y recogido en el art. 2511 C.C., se deberá actualizar la establecida por el Trib. de Tasaciones a la fecha de la desposeción, adoptando los índices que elabora el INDEC para los precios al consimidor.-
Gastos del proceso, acceso a la justicia, defensa del consumidor, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: Chehadi, Pablo Domingo c/ Fadua S.A.; Fiat Auto Argentina S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-08-13

El beneficio de litigar sin gastos abarca el período comprendido desde el comienzo de las actuaciones judiciales (pago de impuestos y sellados) hasta su finalización (eximición de las costas), mientras que la justicia gratuita se refiere al acceso a la justicia como servicio del Estado, encaminada a no entorpecer el ejercicio del derecho a una tutela judicial efectiva mediante imposiciones económicas, pero no puede eximir el pago de las costas, ya que, en general, constituyen una retribución -de carácter alimentario- al trabajo profesional de los letrados y demás auxiliares de la justicia. (Del voto del Dr. Posadas)
Ejecución de sentencia, actualización monetaria, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Galvalisi, Ricardo Ramón c/ Mercorelli, Elio Javier. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

La teoría de los propios actos no resulta el sustento adecuado del fallo que desestimó el pedido de reajuste del crédito, ya que el método contractual previsto para cubrir el desfase económico, ajustado a la realidad de su origen y al tiempo de entablar la ejecución, fue desbordado en términos que importan un aniquilamiento del crédito y la afectación de la cosa juzgada.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Peluso, Jorge E.; Peluso, Luis O.; Pesci, Juan J. s/ Violación de deberes de funcionario público
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-07

Existe omisión de cuestión esencial si al tratar lo referido al cuerpo del delito el tribunal, pese a expresar cuáles eran los agravios de la defensa, no se ocupó del referido extremo pues se avocó al análisis de la responsabilidad cuando ésta no había sido cuestionada por el recurrente, y la única referencia que formuló sobre la cuestión no basta para tener por satisfecha la exigencia contenida en el art. 168 de la constitución de la Provincia pues en la remisión global que efectuó al pronunciamiento originario quedó sin resolver aquello que fue motivo de agravio ante la alzada.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: PINOLINI, PATRICIA ADRIANA c/ SORDI, DANIEL EDUARDO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y  PERJUICIOS (CSJ EXPTE N. 118-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-17

El principio de prioridad de paso no otorga una impunidad absoluta, sino que juega, salvo casos muy excepcionales, cuando ambos vehículos desembocan prácticamente en forma simultánea en una encrucijada, haciéndose hincapié en el desacuerdo existente con los criterios doctrinarios sentados por los Dres Alvarado Velloso en la causa "Ralchiffe, Arnaldo c- Hilario Rodríguez y otros s/ Daños y Perjuicios" respecto a la presunción de falta de culpa del conductor del vehículo que circula por la derecha, sin necesidad de analizar quien ganó primero la bocacalle y Chiappini en su trabajo "La prioridad de paso desde la derecha. Ley 13894, art 49 inc b", publicado en "La Ley" 1980, ap 1214-15, quien afirma que la prioridad de paso es una regla de oro que debe ser mantenida y respetada a ultranza.
Presunciones, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Veira, Héctor Rodolfo s/ violación, etc. -Causa Nx 3668-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-24

La falta de valoración integral de los indicios no se cohonesta con la invocación del art. 13 del Código de Procedimientos en Materia Penal.
Quiebra, declaración de quiebra, quiebra a pedido del acreedor, cesación de pagos, locación, ejecución de alquileres
Materia: COMERCIAL
Carátula: Brígido, Gerardo Alberto c/ Fernández, Oscar Alberto s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-03-20

El pedido de declaración de Quiebra invocada por el acreedor, dirigida contra el deudor como producto del cumplimiento de una sola obligación emergente de su condición de fiador derivada de un contrato de locación, y su ulterior ejecución de alquileres no abonados, hace menester revisar los supuestos normativos que contiene la ley 24522, art. 83, por tratarse del dispositivo que instituye este tipo de petición. Aunque surjan acreditado por el pretensor, el monto del crédito y el carácter de acreedor que lo legitiman, la observancia de tales recaudos, resulta insuficiente para viabilizar la pretensión, por cuanto no quedó debidamente satisfecho el requisito del "hecho revelador" del estado de cesación de pagos, como tampoco la petición se compadece con la naturaleza que caracteriza a los procesos colectivos en general.
Derecho procesal, proceso judicial, representación procesal, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: PASTOR, JUAN MARIEL c/ CENTRO DEL RENAULT REPUESTOS Y ACCESORIOS. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-26

La posibilidad que acuerda el art. 51 del C.P.C. Constituye una excepción al principio general sobre la forma de justificar la representación en juicio, y es de interpretación restrictiva. Ello concede una franquicia y representa un privilegio.

Según el sistema de nuestro código procesal, la caducidad de instancia se produce de pleno derecho, aunque a petición de parte (art. 299), Sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 300 del chao.

Citado.

Es decir que la extinción del proceso no se opera de pleno derecho, sino que es necesaria la previa declaración judicial, debido a la naturaleza constitutiva, y no declarativa del instituto.
Hechos nuevos, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: SOLER, MABEL INES c/ M.C.B.A. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

No es admisible la denuncia de hecho nuevo en segunda instancia en el juicio de medidas precautorias, pues al haber sido concedido en relación, el tribunal debe fallar teniendo en cuenta de modo exclusivo las actuaciones producidas en primera instancia.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, exención de costas
Materia: Procesal
Carátula: Corral de Solana, Mónica c/ Mauriz, José Manuel y otros s/ Demanda Sumaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-05-30

Los argumentos de la parte, no son demostrativos de una situación de iniquidad que mueva a este cuerpo a revocar el pronunciamiento, si se considera que la ignorancia fáctica que se pretende al momento del litigio -en lo relativo a la mecánica del accidente- hubiera podido superarse con un diligente examen de la materia en controversia -a la luz de diversos precedentes- que prefiguraban un resultado negativo en el particular del caso -competencia automovilística-, siendo claro que ha persistido en su acción y fundamentos, hasta la instancia casatoria, resultando inexorablemente vencido. Así como la convicción del derecho que le asistía -en contra de la Provincia- no tiene autonomía para concretar la eximición de costas, y su sola invocación, no constituye argumento suficiente para su improcedencia.
Demanda de verificación, crédito laboral, estabilidad del delegado gremial, despido con causa, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: ELECTROMETALURGICA  ANDINA  SAIC s/ CONC. PREV. S/ INC. DE VERIF.POR ARTURO ORLANDO VILLEGAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-13

Corresponde hacer lugar a la verificación de un crédito laboral basado en la indemnización por estabilidad sindical, en virtud de lo dispuesto por la Ley 23551 art.48, toda vez que la concursada, que reconoció la vigencia y el cargo que el incidentista invoca, no probó que el distracto obedeció a "justa causa".
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alarcón de Zuzunegui Claudia Graciela c/ Traba Silvia Raquel y Otros s/ Sumario por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-04-27

Cuando la prueba se ha producido desaparece el problema de la carga de la y se produce la adquisición por el juez. No cabe detenerse a indagar a quién correspondía probar, sino apreciar las mismas acorde con la sana crítica. Es indiferente establecer el sujeto que tenía que acreditar los hechos si ya han quedado acreditados; el instrumento de convicción está en el proceso y su único destinatario es el órgano que debe hacer justicia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Juárez, Norma c/ Obra Social del Personal de la Construcción s/ Diferencia de haberes y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23

El supuesto de excepción previsto por el art. 55 de la ley 11.653 que invoca el recurrente, se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas legales que rigen la relación laboral debatida en una determinada controversia y la decisión apelada transgrede, precisamente, tal doctrina en caso similar, situación a la que no puede asimilarse el pronunciamiento dictado por la Corte en la misma causa al casar el fallo anterior del Tribunal del Trabajo, al que se remitieron los autos para que dictara nuevo veredicto y sentencia, y los demas agravios traídos se refieren a cuestiones de hecho, como lo es la aplicación de un convenio colectivo de trabajo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido discriminatorio, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Orellana, Oscar Alfredo c/ Industrias Lear de Argentina SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-01

La imposición de la carga de la prueba en torno al marco circunstancial en que se alega el trato discriminatorio, resulta coherente con lo dispuesto por los arts. 17 y 81 L.C.T. y con la doctrina que al respecto sentó la C.S.J.N. in re "Fernández Estrella c/Sanatorio Güemes" y "Pellicori, Liliana S. c/Colegio Público de Abogados s/amparo". La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre o la Declaración Universal de Derechos Humanos no se oponen a la interpretación propiciada. Al respecto, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, al referirse al Convenio III sobre la Discriminación (año 1958), ratificado por la República Argentina, señala que sólo en ciertas circunstancias la carga de la prueba de la discriminación no debe corresponder al que la alega. El trabajador tiene la carga de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, debiendo acreditar la existencia de algún elemento que permita considerar la posibilidad de un acto arbitrario de discriminación.
Indemnización, ley de emergencia
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, JORGE SERGIO c/ LUCIANO S.A. s/ S/COBRO DE PESOS (dUPLICACIÓN iNDEMN. P/ ANTIG. IDEMN. SUST.  PREAVISO Y OTROS RUBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-06-30

Los rubros indemnizatorios liquidados y abonados al actor por su empleadora con motivo de la extinción del contrato de trabajo que rigió entre las partes, fueron los que correspondían según la normativa aplicable, motivo por el cual su pretensión a percibir la reparación que regula el artículo 16 de la Ley 25561 no puede tener acogida favorable y, por si alguna duda quedara al respecto, señalo que en en recientes fallos esta Sala se pronunció en el mismo sentido, tal como se desprende de las constancias obrantes en los autos: "Fernández, O. c/Luciano s/Cobro de pesos (Duplicación Indemn. p/ antig. y otros rubros", Expte 600/04, 12/05/06 y "Pereyra, C. c/Luciano S.A. s/ Cobro de pesos (Duplicación Indemn. y Otros), Expte 608/04, 13.02.06.
Tratados internacionales, extradición
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Meli, José Osvaldo s/ infracción ley 1612.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

En las actuaciones sobre extradición el criterio judicial debe ser favorable al propósito de beneficio universal que la inspira (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Antonio Boggiano).
Sociedad conyugal, deudas de los cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marchitto, Angel y otros c/ Campodonico, Raul Alfredo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

Según el artículo 5° de la ley 11357, los bienes propios de la mujer y los gananciales que ella adquiera no responden por las deudas del marido, sentando con ello el principio de su irresponsabilidad frente a los acreedores de su cónyuge. De ello se deriva, que los bienes propios del marido y los gananciales adquiridos a su sólo nombre, responden en su totalidad por las deudas que él haya contraído. A la inversa, lo mismo ocurre cuando la deudora es la mujer. Del juego armónico de los artículos 5° y 6° de la ley 11357 y 1275, 1276 y 1277 del Código Civil, surge que en la sociedad conyugal -como en toda sociedad- se generan dos tipos de relaciones:

una externa, referida a las obligaciones que contraen los cónyuges frente a terceros; otra interna referida a cuál deuda es común y cuál personal de cada uno de los esposos, y a cómo en el momento de la liquidación de esa sociedad se compensan unas y otras, y los pagos que de ellas se hicieran durante su vigencia, para efectuar la partición. Es lo que en doctrina se denomina "cuestión de la obligación" y "cuestión de la contribución".
Derecho procesal, partes del proceso, beneficio de litigar sin gastos, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ga&Ga SA c/ Telefónica Móviles Argentina SA s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-19

Corresponde revocar la resolución que rechazó in limine el nuevo beneficio de litigar sin gastos incoado por la actora, con fundamento en el CPR 82. Sabido es que, cuando se peticiona la franquicia nuevamente, corresponde distinguir si se trata de una suerte de reedición del beneficio ya iniciado y desestimado (art. 82) o si se trata de un nuevo pedido, fundado en circunstancias de hecho sobrevinientes al pronunciamiento desestimatorio (art. 84). Para ello, debe recordarse de manera liminar que la resolución denegatoria no causa estado, tal como lo consigna el art. 82, por lo que el interesado podría ofrecer otras pruebas y solicitar un nuevo pronunciamiento judicial, lo que es señalado sin hesitación por la norma aludida.

Se advierte en el caso, la existencia de probanzas que pese a haber sido ofrecidas en subsidio en el escrito inicial, no fueron objeto de pronunciamiento en la instancia de grado. A más, se ha dicho que la decisión que recaiga en un trámite como el presente, es provisional, acarreando las siguientes consecuencias si no se concede el beneficio: a) el pedido es renovable, cuando nuevas circunstancias coloquen al interesado en la situación de falta de recursos y b) se puede ampliar el ya presentado, si fue desestimado por insuficiencia de pruebas (Colombo-Kiper, "Código Procesal Civil y Comercial" t. I, pág. 540). De allí que, habiéndose pronunciado el juzgado de trámite con prescindencia de las pruebas ofrecidas en subsidio originalmente, cupo proveer la nueva presentación y no desestimarla liminarmente.
Delitos contra la propiedad, usurpación
Materia: PENAL
Carátula: Jones, Patricia s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-09-23

Para apreciar la existencia o no de la usurpación, es indiferente el análisis de la legitimidad del título que se invoca para la ocupación, ya que lo que la ley tutela, es decir, su objeto, es la posesión o tenencia de un inmueble o el ejercicio de un derecho real constituido sobre él.
Procedencia del recurso, nulidad procesal, sobreseimiento, impulso procesal
Materia: PENAL
Carátula: Leiro Alonso, Reinaldo Jesús y otros c/  s/ estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-15

Corresponde casar la declaración de nulidad del procedimiento aplicado al caso y el sobreseimiento de los imputados dictado en consecuencia por un tribunal oral, puesto que la discusión relativa a la prohibición de ne procedet iudex ex officio y la capacidad de actuaciones de la querella en solitario, que en modo implícito trató la cámara del crimen -ya que se limitó a referir que la desvinculación de los imputados era prematura-, se encuentra superada, consentida por las partes, y constituye una situación procesal consolidada sobre la cual no se puede regresar en atención a los principios de preclusión y progresividad. Ello es así si se considera que previo a celebrar la audiencia del art. 454 del Código Procesal Penal de la Nación, la cámara de apelaciones ordenó dar intervención a los imputados en la causa y los notificó del recurso de los querellantes contra la desestimación por inexistencia de delito a instancias del agente fiscal; que la decisión que adoptó ese tribunal no fue recurrida por las defensas; que los procesamientos dispuestos luego, fueron confirmados por la cámara; y que mientras el sumario estuvo en la etapa de instrucción, no se interpusieron defensas destinadas a neutralizar la falta de impulso fiscal y que tampoco se dedujeron excepciones en la oportunidad del art. 349 del CPPN. En consecuencia, retroceder sobre lo decidido en tiempo y forma, importaría atentar contra la estabilización del proceso, lo que acarrearía, además una grave inseguridad jurídica ante la falta de conservación de los actos procesales que fueron incorporados luego de haber recibido sustanciación (voto de la jueza Garrigós de Rébori al que adhirió el juez Bruzzone).
Tipo penal, agravantes de la pena, doble instancia
Materia: PENAL
Carátula: SCALCIONE, ALEJANDRO FABIO c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-10-04

Considerando que el Tribunal de Apelación Oral revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y modificó la calificación legal del hecho entendiendo probada la existencia de un agravante que había sido descartada por el Juez de grado, aumentando la pena a imponerle, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto, viabilizando la garantía convencional del doble conforme, remitiéndose la causa a la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial para que designe la integración del Tribunal de Apelación Oral -pluripersonal- que -previo trámite de ley y de acuerdo con los lineamientos de este fallo- proceda a la revisión de la sentencia. (Del voto del Dr. Erbetta. En disidencia: Dra. Gastaldi. En disidencia parcial: Dr. Falistocco)
Acción de amparo, rechazo de la demanda, prueba insuficiente, nulidad del decreto, cancelación del nombramiento
Materia: PENAL
Carátula: FLORES, Elena Elizabeth y Otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Belén s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2016-07-07

Debe rechazarse la acción de amparo interpuesta por los actores, quienes persiguen la declaración de nulidad del decreto emitido por el actual Intendente de la Municipalidad de Belén, en tanto revoca sus nombramientos como personal en planta permanente que había sido dispuesta mediante decreto del Intendente que dejaba su mandato, pues se sabe que no basta con acreditar la violación de derechos constitucionalmente garantizados, sino que es menester demostrar la inexistencia de otras vías ordinarias aptas para la protección del derecho que se advierte vulnerado, y es que la acción de amparo se encuentra reservada para los casos de extrema urgencia y de una gravedad tal que habilite al Juez a proveer el amparo del derecho conculcado, resultando de imprescindible la acreditación requisitos que hacen a la urgencia, irreparabilidad del daño e ilegalidad manifiesta, presupuestos que como se sabrá, adquieren valor jurídico cuando caracterizan una violación a un derecho constitucional, por lo que la falta de acreditación de los mentados presupuestos de procedencia es lo que determina el rechazo de la acción. Es necesario también aclarar que no será éste Tribunal el que termine reviendo la situación de los recurrentes, pues tal es la pretensión que en definitiva se intenta a través del engañoso argumento de la pérdida del empleo, pues ello importa ni más ni menos que éste Alto Cuerpo ordene a la Administración Pública a que decida su incorporación en planta permanente, cuando como se sabe, ésta es una potestad que sólo a la Administración compete, ya que es una atribución discrecional, y que si bien todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad, nadie tiene el derecho de obligar al Estado a que le confiera una función, empleo o cargo público (Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", III-B-pags. 114/115). (Del voto del Dr. Cáceres al que adhieren los Dres. Cipitelli y Sesto).
Comercialización ilegal de estupefacientes, recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, resoluciones equiparables a definitiva, gravamen irreparable, libertad condicional, cuestión constitucional, principio de legalidad, pena única, aplicación temporal de la ley penal, sistema acusatorio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de Apelación en autos "López Gómez, Jennifer sobre 5 C -comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción / tenencia con fines de comercialización s/ recurso de inconstitucionalidad concedido c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-24

Se configura una cuestión constitucional si el rechazo de la libertad condicional, fundado únicamente en la prohibición contenida en el art. 14, inc. 10, CP, resulta incompatible con el alcance que, en las particulares circunstancias del caso, corresponde reconocer al principio constitucional de legalidad (arts. 10 y 13.3, CCABA; 18, CN; 9, CADH y 15, PlDCyP). (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe).