Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-13


RIVERO, Jorge Ariel contra "CON-SER S.A." y/o "LA SERENISIMA" y/o "MASTELLONE HNOS. S.A." Reg.: A y S t 206 p 156-160.

Santa Fe, 13 de abril del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 25.9.2002 dictada por la Sala Segunda - integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, en autos "RIVERO, Jorge Ariel contra "CON-SER S.A." y/o "LA SERENISIMA" y/o "MASTELLONE HNOS. S.A." -Cobro de Pesos- (Expte. 290/97) (Expte. C.S.J. nro. 115, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisorio de fecha 25.9.2002, la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario resolvió rechazar los recursos de nulidad y apelación interpuestos por el actor; acoger parcialmente el recurso de apelación deducido por la demandada "Con Ser S.A."; modificar el fallo impugnado en lo que respecta a la base del cálculo de los rubros por los que prospera la demanda y confirmar en lo restante. A las costas devengadas en la Alzada les aplica el mismo régimen que a las de primera instancia, por iguales fundamentos.

Contra dicho fallo dirige el quejoso su recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 de la ley 7055, por juzgarlo lesivo de los derechos y garantías de raigambre constitucional que enuncia.

En el memorial recursivo, sostiene la arbitrariedad de la resolución cuestionada por haber reconocido la existencia de un doble vínculo, laboral y comercial, entre su parte y la demandada, lo que a su criterio, evidencia una clara situación de fraude laboral y vulnera elementales principios de derecho del trabajo.

Considera que los sentenciantes debieron ser cuidadosos a la hora de resolver, a fin de evitar proteger la referida situación de fraude, señalando que la pericial contable se realizó únicamente en libros completados unilateralmente por la demandada y que, salvo argumentaciones en contra de sus dichos, nada pueden probar en su perjuicio, pues éstos sólo prueban en contra de otros comerciantes, máxime cuando la co-demandada "CON SER S.A." era quien llevaba los libros tanto de los transportistas y registraba los libros de los fleteros. Le imputa al decisorio incurrir en una valoración arbitraria de ciertas probanzas de la causa, entre ellas: a) la existencia de personal a su cargo, pues era "CON SER S.A." quien le proporcionaba personal y le abonaba los salarios; b) "CON SER S.A." confeccionó un sistema de remuneraciones, con pago de salarios propios y de terceros, sobre la base de retenciones de fletes a su parte; lo que lesiona el orden público laboral; c) fundar la existencia de una doble vinculación en el hecho de encontrarse el camión de reparto a su nombre, con una prenda a nombre de "Mastellone Hnos. S.A." que la empresa "CON SER S.A." le descontaba bajo el concepto de préstamo.

Afirma que del plexo probatorio de autos surge que existió y fue reconocida una relación de trabajo, expresando que frente a ello las consecuencias devienen inevitables, "ya no hay marcha atrás para considerar que el actor pudiera ser autónomo y mantener un doble vínculo con "CON SER S.A." y/o el otro codemandado".

Le agravia que la Sala entendiera que la tarea desempeñada por su parte no era propia de un viajante de comercio, por cuanto no "... concertaba negocios, ni representaba a la demandada, ni hacía de ello su profesión habitual". Tal afirmación, dice, es equívoca, pues del análisis de las probanzas habidas en autos surge que Rivero levantaba pedidos, los "pasaba a la empresa 'CON SER S.A.'", los retiraba de sus depósitos, los entregaba y cobraba, añadiendo que dicha entidad le pagaba en concepto de "fletes" las comisiones encubiertas por ventas o cobranzas. Por consiguiente, aduce la incongruencia de la sentencia, pues por una parte afirma que el actor percibía una suma fija mensual por manejar su propio camión (sic) y quien le pagaba el sueldo era "CON SER S.A.", pero por cuenta y orden del mismo actor (sic) -dado que se los descontaba de los fletes y "CON SER" lo anotaba a su nombre.

En definitiva, sostiene que el fallo omite analizar lo que se denomina "prueba compleja", toda vez que de los testimonios, de la pericial contable, de los dichos de la contraria, de la inspección judicial "de visu" efectuada por dos jueces y de la documental aportada al proceso surge que Jorge Rivero tenía un solo y único vínculo, de naturaleza laboral y que sus funciones consistían en hacer y visitar clientes con el listado de precios de "Mastellone Hnos. S.A." en plaza, vender los productos "La Serenísima" a nombre y por cuenta de su empleadora, a los precios y condiciones de venta fijados por su patrón a su riesgo, levantando los pedidos de la clientela, pasando los mismos a la empresa, retirando y transportando posteriormente las mercaderías al cliente y luego realizando la cobranza para su empleadora (sic). Insiste en que el Tribunal a quo desconoció su condición de viajante de comercio.

Afirma que la resolución cuestionada cercena su derecho de propiedad al reducir la base del cálculo indemnizatorio al monto recibido como chofer -aún negando el carácter de viajante de comercio-, pues la indemnización debe ser proporcional a los ingresos que percibía el trabajador. Se queja de la imposición de costas en el orden causado, por cuanto entiende que al resultar acogida su pretensión, quien debe cargar con las costas es la demandada.

Finalmente, expresa que el proceso lleva más de ocho años, por lo que solicita se actualice y/o establezca algún mecanismo de indexación para compensar las pérdidas sufridas, las que le ocasionaron un perjuicio real, concreto y suficiente para ser reparado.

La Sala a quo, mediante auto nro. 161 del 31 de diciembre de 2002 denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa del recurrente ante esta sede.

2. Aún cuando se encuentre configurado un supuesto de arbitrariedad sorpresiva, la presente queja no ha de prosperar, por cuanto de la confrontación de la sentencia con los agravios mencionados surge que toda la argumentación recursoria, pese al matiz constitucional que el impugnante aspira otorgarle, se vincula con el criterio con que el Tribunal a quo analizó los hechos de la litis conforme surgían de las constancias de autos, con el que valoró las pruebas y, en función de ellos interpretó y aplicó las normas comunes pertinentes, ámbito éste reservado a los jueces de la causa y ajeno, por ende, a esta instancia extraordinaria.

Sabido es que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba. Por lo que pretender invadir esa esfera significaría que este Cuerpo sustituyera a aquéllos distorsionando de tal modo el restringido ámbito que sobre el control de constitucionalidad de los pronunciamientos judiciales le confiere la Carta Magna local.

En efecto, no se advierte que la Sala al juzgar probada la existencia de dos tipos de vinculaciones entre las partes (laboral y comercial, esta última, en cuanto contrato de transporte de mercaderías) incurriera en arbitrariedad, dando lugar a un supuesto de fraude laboral, pues tal reproche tan sólo denota la disconformidad del quejoso para con lo resuelto en autos.

Ello así, desde que el Tribunal a quo, con apoyo en las constancias comprobadas de autos expresó que la relación laboral se sustenta en la sola admisión de su existencia por la demandada, la que fue corroborada por la correspondiente registración -se trató de un hecho no controvertido, invocado por la actora y alegado también por la accionada-, hechos que forman parte de la materia litigiosa.

En tal sentido, sostuvo que la relación de subordinación laboral se daría solamente en cuanto a la actividad del actor como chofer de un camión de su propiedad afectado al transporte de los productos de marca "La Serenísima" fabricados por "Mastellone Hnos.", de cuya distribución se encargaba "Con Ser S.A.", quien contrató al actor para tal desempeño. Y en cuanto a la relación comercial, puntualizó que la misma deriva del contrato de transporte -suscripto por Rivero y cuya firma reconociera (artículo 1098 C.C.)-, corroborada por la registración del actor en el libro que prevé el artículo 52 L.C.T.

llevado por la demandada -según pericia contable-, surge de las mismas cláusulas contractuales, cuyo acatamiento por las partes no ha sido desvirtuado por prueba alguna.

Más aún, dice, el actor reconoció su existencia justificando la admisión por su parte en la necesidad de preservar el trabajo y las califica de fraudulentas, mas no de inexistente cumplimiento.

Frente al razonado criterio seguido por la Alzada, el recurrente opone su particular apreciación de la causa, afirmando que el reconocimiento del doble vínculo habido entre las partes apareja una situación de fraude laboral y se aparta de elementales principios de derecho laboral, añadiendo que la documental llevada unilateralmente por la accionada nada prueba en su contra, argumentaciones éstas que al no haber sido seguidas de suficiente fundamentación no logran desmerecer los sólidos argumentos esbozados por la Cámara, los que más allá de su acierto o error, no resultan absurdos o ilógicos, de tal suerte que autoricen la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido. La tacha de arbitrariedad sustentada en el mero disenso deviene insusceptible de impugnación constitucional, pues sabido es que la misma no opera para subsanar meras discrepancias de las partes con los jueces.

Con lo expuesto se desvanece la alegada arbitrariedad en la ponderación del plexo probatorio de la causa, pues bajo dicho cuestionamiento, en definitiva, el quejoso discute nuevamente lo decidido por el Tribunal a quo acerca de la existencia del doble vínculo habido entre Rivero y la empresa demandada. Ello así, pues el compareciente insiste en afirmar que tenía un sólo y único vínculo, de naturaleza laboral, por lo que mal podía calificárselo de trabajador autónomo.

Tampoco ha de prosperar el supuesto equívoco, en que a criterio del recurrente, incurre la Alzada al sostener que la tarea desempeñada por Rivero consistía en el transporte de mercaderías y no en la labor propia de un viajante de comercio, pues bajo dicho planteo cuestiona el encuadramiento jurídico que del vínculo comercial que uniera a las partes efectuaran los sentenciantes. Es decir, los juzgadores concluyeron en la existencia de un vínculo comercial - transporte de mercaderías-, tras meritar la situación de subordinación del actor en cuanto chofer de la demandada referida al transporte y entrega de mercaderías a los clientes de la misma, por lo que el levantamiento de pedidos y cobranzas se erigieron en labores accesorias y, con apoyo en calificada doctrina, sostuvieron que las notas tipificantes de la actividad de viajante no podían aplicarse a las realizadas por Rivero, desde que el mismo no concertaba negocios, ni representaba a la demandada, ni hacía de ello su profesión habitual (la que surge de autos, en especial el contrato cuya firma reconoce, era la del transporte de mercaderías), justamente, dicen, la "transportación y entrega de mercaderías" constituye un principio atípico y excluido del régimen de viajantes. Conforme lo expuesto, mal puede sostenerse que el Tribunal a quo desconoció la existencia de este último estatuto, cuya aplicación pretendiera el actor, sino que muy por el contrario, el órgano jurisdiccional, con pleno apoyo en las constancias de autos, entendió que las labores desempeñadas por Rivero no quedaban comprendidas por el mencionado régimen. La distinta interpretación y alcance otorgado a la naturaleza del vínculo comercial vigente entre las partes, evidencia la mera discrepancia para con los criterios de selección y valoración de los hechos y pruebas que han sido utilizados por los jueces de la causa, situación ésta que no depara arbitrariedad. Bajo el planteo relativo a la supuesta lesión de los derechos de propiedad e igualdad ante la ley en que incurrieran los jueces de la causa ante la reducción de la base del cálculo indemnizatorio al monto percibido como chofer, el recurrente, en realidad disiente con lo resuelto por el órgano jurisdiccional, en tanto estimó que correspondía liquidar la indemnización por despido injustificado sobre la base del mejor salario como chofer, excluido lo percibido por fletes, por no formar parte de la remuneración como trabajador subordinado sino la contraprestación pactada en razón del contrato de transporte. Ello así, desde que -tal como se expresara- la relación laboral reconocida lo fue únicamente en cuanto chofer de la demandada, único vínculo en virtud del cual le cabía peticionar reparación. El mero disenso de las partes no depara cuestión constitucional aprehensible en esta instancia extraordinaria.

Tampoco ha de prosperar el agravio esgrimido en torno a la imposición de costas, pues el lábil argumento que ensaya el quejoso resulta asáz insuficiente en orden a lograr persuadir a este Cuerpo acerca de que en el sub judice procedería una solución jurídica distinta, quedando reducido su planteo a mera discrepancia para con lo decidido por la Alzada.

Y en relación a la aplicación de un mecanismo de actualización tendente a mantener la equivalencia entre las prestaciones, cabe señalar que el recurrente cuenta con vías idóneas para efectuar los planteos correspondientes, criterio éste que se compadece con la estrechez que deriva del carácter revisor de las instancias extraordinarias.

La falta de configuración de los agravios articulados, determina la inadmisibilidad del presente recurso.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)