Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-03


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa N° 4.358/03/CA2 "EDESUR SA c/ Consorcio de Propietarios Suipacha 568/70 s/ prescripción adquisitiva" En Buenos Aires, a los 3 días del mes de junio del año dos mil catorce, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos "EDESUR SA c/ Consorcio de Propietarios Suipacha 568/70 s/ prescripción adquisitiva", y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:

I. De las constancias del expediente resulta que se presenta EDESUR SA, mediante apoderado, promoviendo demanda de usucapión contra el Consorcio de Propietarios de la Calle Suipacha 568/570 a fin de que se declare el derecho a su favor -por posesión veinteñal- en relación a la servidumbre administrativa de electroducto que se encuentra ubicada en un sector del edificio sito en la calle Suipacha al 568/70 y que utiliza para la prestación del servicio público.

Señala la actora que en el edificio mencionado se encuentra emplazado y en funcionamiento el centro de transformación de Edesur SA N° 76.760, que fue instalado por Segba y es utilizado para la prestación del servicio desde el año 1980. Explica que posee desde hace más de veinte años, en forma pública, pacífica e ininterrumpida el sector del inmueble que se encuentra afectado a la servidumbre y que en virtud de ello posee título legítimo, resultando así aplicable el instituto de la usucapión como modo de constitución definitiva de la servidumbre y solicita sea declarada formalmente para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

A fs. 94/100 se presenta el Consorcio de Propietarios de la calle Suipacha 568/70 mediante apoderado contestando la demanda, solicitando su rechazo y deduciendo también reconvención, con costas en ambos casos.

Sostiene que el presente caso se encuentra regulado por una normativa específica (ley 19.552 y ley 24.0659) por tratarse de una servidumbre legal impuesta al fundo sirviente con cláusulas obligatorias para el beneficiario. Asimismo cuestiona la posesión pacífica e ininterrumpida por más de veinte años y que se encuentre en juego el interés general. Concluye señalando que la construcción de la cámara y su uso posterior, afecta el terreno y que como ello comporta una restricción al dominio tiene que ser indemnizado conforme las pautas que detalla.

A fs. 113/124, la actora contesta reconvención y explica que, en efecto, no se dictó el acto administrativo de afectación de servidumbre administrativa, pero existe una ocupación legítima desde el año 1980, con ánimo e intención de tener y ejercer el derecho de servidumbre. Indica que tal situación fue tolerada por la actora, que la ocupación se inició para atender el suministro de energía del consorcio demandado y rechaza todo reclamo indemnizatorio. Por último, señala que la cámara en cuestión no se encuentra comprendida dentro de los electroductos regulados por la Resolución 425/00, modificada por la 602/01 del ENRE, las que fueron dictadas en virtud de lo previsto por el art. 83 de la ley 24.065 y que ponen de manifiesto que no es aplicable a los locales que albergan cámaras transformadoras en edificios afectados a la propiedad horizontal.

El magistrado a quo acogió la demanda incoada por la actora contra el Consorcio de la calle Suipacha 568/70 y declaró la adquisición por prescripción por parte de Edesur SA de la servidumbre de electroducto (centro de transformación N° 76.760), instalada y en funcionamiento en el edificio de la demandada, sito en la calle Suipacha 568/70/72/74 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Respecto de la reconvención que dedujera el consorcio demandado, el Juez de grado decidió conceder la indemnización exigida en virtud del derecho que le corresponde al propietario ante la restricción del dominio y la limitación que la servidumbre administrativa le impone (arts. 9 y 10 de la ley 19.552, modificada por ley 24.065, art. 83). A tales fines y no obrando monto alguno en la causa, el magistrado dispuso que en la etapa de ejecución, el perito ingeniero designado en autos, deberá fijar el monto correspondiente, de acuerdo a las pautas vigentes que contempla el ENRE, sobre la base de la valuación fiscal y el coeficiente de afectación de la cámara a la fecha de pago, imponiendo las costas por su orden.

Contra esta decisión se alzó la parte demandada (ver. recurso de fs. 309), concedido a fs. 310, quien expresó agravios a fs. 316/318.

II. La accionada se agravia de la sentencia de grado en los siguientes términos, a saber: 1) que el a quo, en el considerando 10, no estableció claramente las bases para fijar la indemnización toda vez que no quedó determinado si hace referencia a la valuación fiscal del edificio o al total de las valuaciones fiscales que corresponden a las unidades que forman parte del inmueble en cuestión y 2) sostiene que a tales fines, además de la normativa aplicable para estos casos por el ENRE, debe tenerse en cuenta el valor inmobiliario de referencia (VIR) establecido mediante resolución 435/2011 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Concluyendo que en el momento de ejecución y a los fines de establecer la base indemnizatoria, el experto deberá tener en cuenta las pautas fijadas por las leyes 19.552 y 24.065, así como también lo establecido mediante resolución 435/2011 de la AGIP con más la aplicación del cálculo de gastos y mantenimiento por el plazo transcurrido desde que se instaló la cámara transformadora hasta la actualidad.

III. Con carácter previo a la consideración de los agravios reseñados, me permito recordar que conforme reiterada doctrina de la Corte Suprema, no he de seguir todas las argumentaciones presentadas, sino solo las conducentes para resolver el conflicto (Fallos 258:304, 262:222, 272:225, 278:271 y 291:390, entre otros más), sin perjuicio de señalar que mi reflexión no se ha limitado sólo a ellas, sino que he ponderado cada uno de los argumentos planteados por la apelante y los expuestos por el a quo en su decisorio.

IV. Hecha esta aclaración y respecto del primer agravio, considero que le asiste razón a la accionada toda vez que a los fines de establecer el monto indemnizatorio, resulta necesario dejar sentada la base sobre la cual habrá de hacerse el cálculo correspondiente.

En este sentido, cabe recordar que el artículo 9 de la Ley 19.552, modificado por el art. 83 de la Ley 24.065, establece que: "El propietario del predio afectado por la servidumbre tendrá derecho a una indemnización que se determinará considerando: a) El valor de la tierra en condiciones óptimas en la zona donde se encuentre el inmueble gravado, b) La aplicación de un coeficiente de restricción que atienda al grado de las limitaciones impuestas por la servidumbre, el que deberá ser establecido teniendo en cuenta la escala de valores que fije la autoridad competente.

La apelante, sostiene que resulta necesario establecer si el monto de la indemnización deberá ser calculado sobre la base de la valuación fiscal del edificio o el total de las valuaciones fiscales que corresponden a las unidades que forman parte del inmueble. Debo señalar que del inciso a) del artículo mencionado en el párrafo precedente, surge con meridiana claridad que deberá tenerse en cuenta la valuación fiscal de terreno en el que se encuentra asentado el edificio y no el valor fiscal de cada una de las unidades que lo componen. Ello así porque el mencionado artículo hace directa referencia al valor de la tierra en condiciones óptimas en la zona donde se encuentre el inmueble gravado, no dejando lugar para otra interpretación.

En consecuencia, considero que el perito ingeniero designado en autos, al momento de calcular el monto indemnizatorio correspondiente, deberá tener en cuenta como base para dicho cálculo la valuación fiscal del terreno en donde se encuentra ubicado el edificio.

V. Ahora bien, respecto del segundo agravio formulado, cabe destacar que en el mismo la apelante se ciñe a proponer otras variables de cálculo que, según su criterio, deben sumarse a las pautas establecidas por el a quo para ser tenidas en cuenta por el experto en oportunidad de formular el cálculo.

Así las cosas, nada obsta a que en el momento indicado, el perito ingeniero realice su labor considerando todas las variables que resulten necesarias a tales fines, incluyendo las que menciona la apelante en su expresión de agravios, quien podrá proponerlas al momento de practicarse la liquidación, no advirtiéndose de esta manera la existencia de un gravamen irreparable en los términos del artículo 242 del Código Procesal. Por ello, considero que resulta prematuro que este Tribunal se expida al respecto y que corresponde rechazar el recurso de apelación en este aspecto.

VI. En consecuencia, propongo al acuerdo hacer lugar en forma parcial al recurso de apelación interpuesto, con los alcances indicados en los considerandos IV y V del voto precedente. Las costas de Alzada se imponen por su orden (art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Una vez que sea determinado con carácter firme el monto del juicio se procederá a regular los honorarios correspondientes.

Así voto.

El Dr. Antelo dijo:

I. Adhiero a los considerandos I y II del voto precedente.

Por lo visto, la actora consintió la admisión de la demanda. Es decir que, a su respecto, la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima ("EDESUR S.A.") adquirió por usucapión veinteñal la servidumbre administrativa de electroducto del Centro de Transformación N° 76.760, ubicado en el edificio de propiedad horizontal de la calle Suipacha, números 568/570 de esta Ciudad.

Así las cosas, no advierto que el fallo de fs. 301/305 vta. le cause gravamen ya que en él también fue admitida íntegramente la reconvención deducida por la apelante (cons. I, fs. 305). Quiere decir que lo pretendido por el Consorcio de Propietarios en el punto IV de su responde (fs. 98vta./99vta.) fue receptado por el a quo.

Dado que en el recurso no se pueden introducir cuestiones distintas a las sometidas al Juez de grado (art. 277 del Código Procesal), no veo que los planteos hechos en su recurso (pto. III fs. 316vta. y sgtes.) se correspondan con los formulados en la demanda ni, por ende, puedan ser revisados en el sentido pretendido por la apelante.

Por ello, juzgo que el recurso debe ser desestimado, con costas a la apelante vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Así voto.

El Dr. Recondo adhiere al voto del Dr. Antelo.

Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.

Marcelo Gota Buenos Aires, de junio de 2014.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: desestimar el recurso interpuesto, con costas a la apelante vencida (art. 68 primer párrafo, del Código Procesal).

Una vez que se encuentre aprobada y firme la liquidación del crédito admitido, el Tribunal procederá a regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en esta instancia.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN N° 31/11 y 38/13 -B.O. 1/710/13-.

Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente devuélvase.

Graciela Medina-Guillermo Alberto Antelo-Ricardo Gustavo Recondo