Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09


T., A. S.

Reg.: A y S t 215 p 123-125.

Santa Fe, 9 de agosto del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los defensores del imputado A. S. T. contra la sentencia 10 del 23 de diciembre de 2003 dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario -reunida en Tribunal Pleno- en autos "T., A. S.-Desobediencia-Recusación de la Dra. E. R.- (Expte. 669/03)" (Expte. C.S.J.

nro. 218, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Mediante la decisión atacada por vía de recurso de inconstitucionalidad, la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, actuando como Tribunal Pleno -conforme al art. 28 de la L.O.P.J.- resolvió -por mayoría- no admitir la recusación deducida a la doctora E. R.

por los doctores H. S. y C. M. en los expedientes n 1581/2002 "D. C., V. M.

s/Falsificación de Documento Privado y Estafa en Grado de Tentativa-Recusación de la Dra.

E. R."; n 1074/2003 "J., D. E. s/Frustración maliciosa de cheques o contraorden indebida de pago-Recusación de la Dra. E. R."; y n 669/2003 "T., A. S. s/Desobediencia-Recusación de la Dra. E. R." (fs. 1/6). En el escrito de interposición del remedio previsto en la ley 7055 (fs. 8/48), los defensores de T. invocaron las causales previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 1 de la ley 7055, por desconocer derechos y garantías constitucionales y resultar arbitraria; ello así -dijeron- por haberse violentado el juez natural de la causa al haber decidido por un Tribunal manifiestamente incompetente el control de una recusación, dado que el Código Procesal Penal prevé que para decidir sobre una recusación -para más, aceptada por el interesado- debe integrarse el Tribunal con uno o más miembros -dependiendo de cuántos se recusen- y en vez de ello se ha decidido la cuestión por un Tribunal Pleno, desconociendo su derecho a contar con un tribunal imparcial, obligando a que intervenga en la causa una Vocal que claramente ha manifestado que no podría hacerlo con la debida neutralidad, remontándose su posición a más de cinco años atrás; a la par de que - remarcaron- los votos de la mayoría sólo expresan la voluntad de quienes lo emiten sin debido fundamento.

Al abordar la procedencia de la impugnación extraordinaria, enunciaron los siguientes agravios constitucionales: a) Violación del juez natural en el trámite de recusación.

Aseveraron que sin duda no podía el Tribunal Pleno decidir sobre esta materia, pues no se trataba de cuestiones de derecho, resultando -por lo demás- paradójico que en los votos de la mayoría se hiciera expresa mención a que el rechazo de la recusación se produce invocando el precepto de juez natural.

b) Afectación de la garantía de juez imparcial en la causa principal.

Refirieron que el voto mayoritario se inclinó por considerar a las causales de recusación como restrictivas; que en el caso concreto, se estaba en presencia de una situación en la cual una magistrada, coherente con excusaciones anteriores, primero solicitó y luego aceptó ser apartada de las causas en que ellos intervinieran por la violencia moral que ello le originaba, sin que pueda alegarse aquí restricción alguna a las causales de recusación o turbación en el proceso, ni mucho menos de que se trate de constituir un tribunal a medida de su parte, razón por la cual -dijeron- tales consideraciones carecen de vinculación con la causa y evidencian la carencia de fundamentos del decisorio y su arbitrariedad.

Pusieron de resalto que se ha prescindido de considerar que la recusación se originó luego de una espontánea excusación de la magistrada y que algunos de los firmantes de la mayoría habían oportunamente avalado; que, simplemente, se pretende que no juzgue quien ha reconocido, desde mucho tiempo atrás, que no puede hacerlo como imparcialidad.

Enfatizaron que resultaba paradójico que su parte sea la que le cree realmente a la doctora R. acerca de su sentir que le genera violencia moral y no la mitad de sus colegas que integran la Cámara de Apelaciones.

c) A su vez, en lo que respecta a lo sustentado por la mayoría del Tribunal -en torno a que su parte no interpuso la recusación bajo análisis dentro de los tres días de haber sido notificados de la intervención de la Sala, razón por la cual ésta habría devenido extemporánea- afirmaron que se omitió tratar sus argumentos expuestos al momento de interponer la recusación en cuanto a que la recusación se había interpuesto dentro de los tres días de haber sido notificados de los acuerdos que trataban la excusación.

Insistieron en lo afirmado en punto a que, atento que sistemáticamente durante cinco años la doctora R. se excusó frente a su intervención, no promovieron recusación por considerarla una inútil dilación y desgaste jurisdiccional.

De allí que al haberse rechazado en tres oportunidades la excusación de la doctora R. que se manifestó que se encontraba en situación de violencia moral respecto de ellos por lo que no podía abordar la causa con la debida imparcialidad que su alta función exigía, fue que interpusieron la recusación dentro de los tres días de notificados del acuerdo nro. 6, pues recién a partir del rechazo de la excusación promovida por la propia Magistrada se justificó y resulta así procedente la recusación.

d) Gravedad institucional Abonando su postura con jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación, invocaron la existencia en el caso de un supuesto de gravedad institucional, afirmando que la situación planteada se repetirá cada vez que intervenga la doctora R. en causas donde actúen ellos como curiales, con las consecuencias que ello significa; y ello así -dijo- "porque difícilmente un justiciable acepte que intervenga en su causa un Magistrado que afirma no poder hacerlo de manera imparcial" (f. 48). La Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, reunida en Tribunal Pleno -por mayoría- denegó la concesión del recurso deducido (fs. 50/53). Tal denegatoria, motivó la presentación directa del interesado ante esta sede (fs. 57/70). 2. Desde siempre ha sostenido este Cuerpo que el gravamen que genera la interposición del recurso de inconstitucionalidad debe ser actual y que, de no ser así, la impugnación no es viable desde que la decisión judicial sería inoficiosa o inútil atento a que, al no mediar gravamen suficiente, la cuestión termina por resultar abstracta.

También se ha afirmado que el perjuicio debe existir al tiempo en que el Tribunal emite la resolución (Fallos: 290:329; 303:397, entre otros), razón por la cual éste debe tener en cuenta las circunstancias existentes al momento de dictar sentencia aunque sean posteriores al escrito de articulación del remedio excepcional (Fallos: 281:117; 304:1716; 307:2483).

Y que, de acuerdo a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fundamento de la exigencia del perjuicio concreto, efectivo, actual e irreparable por otras vías jurídicas, descansa en la noción de que no corresponde al Tribunal emitir pronunciamientos inoficiosos (Fallos: 273:61; 279:322; 300:587; 306:1125), inútiles (Fallos: 243:146), abstractos (Fallos:286:220), o innecesarios.

En el caso, de acuerdo al informe obrante a foja 98 del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Correccional Número Seis de la ciudad de Rosario, en fecha 7.06.2005 se dictó sentencia absolutoria.

De esta manera, puede concluirse que la cuestión planteada en el recurso en examen ha devenido abstracta y que, ante la ausencia de gravamen actual, no corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento.

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Así disponerlo.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)