marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, competencia, cuestiones de competencia, efectos entre partes, causales de revocación, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: La Dolfina SA y otro c/ Meeker, David Alan y otros s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Cabe revocar la decisión por medio de la cual la magistrada de grado se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones. Ello por cuanto, en el caso, atendiendo a los términos del escrito inicial en el cual se requirieron ciertas medidas cautelares, cabe concluir que, efectivamente, el planteo aquí efectuado y el que tramita en el extranjero (iniciado con anterioridad al presente) guardan estrecha vinculación en la medida que, en sustancia, se discute la misma cuestión derivada de los contratos celebrados entre las partes. Y que, de coexistir ambos procesos, eventualmente se podrían dictar pronunciamientos contradictorios. Es así que deberá la a quo proceder en los términos del CCCN 2604, norma que dispone que frente a la existencia de un proceso abierto en el extranjero, con identidad de sujetos, objeto y causa en relación con el que se intenta plantear en Argentina, se deberá dictar la suspensión del juicio nacional hasta tanto se resuelva el foráneo; siempre y cuando la sentencia extranjera sea susceptible de reconocimiento en este país, ya que de lo contrario el actor puede tener interés en entablar las demandas en ambos países (cfr. Ricardo L. Lorenzetti, "Código Civil y Comercial de la Nación", T. XI, pág. 520 y ss., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, pensiones, denegatoria del beneficio, trabajador autónomo
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ventavoli, Josefa Angélica c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que denegó el beneficio de pensión fundándose en que la interesada desempeñaba actividades lucrativas: art. 280 del Código Procesal.
Daños y perjuicios, actos ilícitos, delito civil, falsa denuncia
Materia: CIVIL
Carátula: CANAVIDES, Juan Carlos c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-18

En los supuestos de acusación calumniosa, el factor subjetivo de imputación no se limita al dolo -como surgiría de la letra del art.

1090 del Código Civil-, sino que la falta de este último elemento no excluye que la acusación pueda ser culposa en cuyo caso comprometería, en cuanto cuasidelito civil, la responsabilidad del acusador.
Armas de guerra, arma defectuosa, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: PONTARELLI, Carlos J. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-08

Si del peritaje efectuado se desprende que el revólver del cual se deshizo el imputado en ocasión de ser perseguido por personal policial, resultó no apto para producir disparos se descarta la situación de peligro común inherente y esencial a las figuras contenidas en el título que resguarda el bien jurídico "Seguridad Pública" en el código de fondo, en el caso el art.

189 bis por cuanto la conducta endilgada deviene atípica.

Si bien objetivamente un arma de fuego es "la que utiliza la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvoras para lanzar un proyectil a distancia" (art. 3, inc. 1 del decreto n° 395/75), la utilizada por el imputado carece de aptitud para el disparo, razón por la cual, se trata de un elemento inocuo para generar el estado de peligro requerido por el tipo penal contenido en el art. 189 bis del C.P. Por tanto, corresponde revocar el auto que decreta el procesamiento del imputado, y disponer su sobreseimiento en orden al delito de portación ilegítima de arma de guerra, agravada por los antecedentes que registra el imputado.
Obligación de escriturar, mora automática, obligación principal
Materia: CIVIL
Carátula: Ivanovich, Jorge Nicolás c/ Adzija, Ivana Dubravka s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-28

"Cuando la obligación de escriturar depende de deberes secundarios de una sola de las partes no interdependientes y que son previos, puede considerarse la existencia de mora automática si no cumple esos deberes, pues a las partes incumbe allanar el camino para que ese tercero necesario dé respuesta en el plazo a los compromisos asumidos. Uno de los deberes secundarios previos no interdependientes y que recaen sobre una parte...debe hacerlo en tiempo correspondiente para poder satisfacer la obligación principal; si no lo hace, incurre en mora automática, pues ya no es una obligación compartida sino única y de la que naturalmente surge la de escriturar".
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Pereyra, Raúl Alberto y otros c/ J. G. Padilla y Cía. S.A. y otros s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Para que una cuestión federal resulte atendible por la vía del recurso extraordinario es menester que la cuestión oportunamente propuesta se vincule de una manera estrecha con la materia del litigio, de modo tal que su dilucidación resulte indispensable para la decisión del juicio.
Contrato de agencia, contratos de tracto sucesivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: TURISMO INTERNACIONAL  SRL c/ ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE INC. s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-20

El contrato de agencia es un contrato de actividad estable, de ejecución continuada, que puede o no contener exclusividad con o sin representación, en el que el agente esta obligado a cumplir el encargo de conformidad con las instrucciones recibidas por el proponente y tiene derecho a una remuneración (solo por los negocios en los que haya tenido regular ejecución). Si el contrato es por tiempo indeterminado, cada una de las partes puede concluirlo sin justa causa, siempre que de preaviso a la otra o lo sustituya por indemnización. Por tratarse de un contrato no formal las partes pueden usar las formas que consideren convenientes -pudiendo considerárselo como un negocio de colaboración empresaria donde cada empresa es jurídica y económicamente independiente-.
Despido por maternidad, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, ANTONIA c/ CODEFIL  S.A.C.I.F. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-28

La empleada en estado de embarazo que deja de percibir los salarios por una actitud deliberada del empleador, puede considerarse despedida, y esto es asimilable a un despido arbitrario, operando la presunción del artículo 178 Ley de Contrato de Trabajo.
Municipalidad, personal municipal, horas extra
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Occhi, José Julio. c/ Municipalidad de Rosario. s/ Recurso de Amparo - Saparata (Expte. Nro. 35-01, Resol. Nro. 248, Tomo  57, Folio 59)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-12

El art. 61 de la ley 9286 establece que se pueden autorizar francos compensatorios cuando el servicio lo permita. Sin llegar al sistema establecido para las relaciones laborales en la esfera privada conforme el cual el trabajador puede llegar a hacer uso por sí mismo del descanso compensatorio (art. 207 L.C.T.), el amparista solicitaba el respectivo franco compensatorio y se autorizaba con otra firma que estampaba a tal fin como "firma responsable". De las constancias de autos surge que no se advierte mala fe en tal actitud de parte del amparista y que bien pudo pensar que el procedimiento por él utilizado reiteradamente y admitido en el tiempo por la parte demandada era el correcto. Ello así por cuanto la Circular Nro. 008 de fecha 13-5-85 dice que la efectivización del mecanismo de compensación del recargo de horas con francos será responsabilidad de los Directores Generales o responsables de cada área y el actor pudo pensar que ello estaba a su cargo como Jefe del Departamento.
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LAMI DOZO, BASILIO ARTURO. c/  s/ DECRETO 158/83.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

El planteo referente a la supuesta inconstitucionalidad de la ley 23.040 -publicada el 29 de diciembre de 1983- es extemporáneo, por habérselo introducido recién en el escrito de interposición del recurso extraordinario.
Relación de dependencia, despido, preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: Ledesma, Olga Noemí c/ Inés Moreno de Luque y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-11-29

De acuerdo al art.8 del Decreto Ley 326/56, el pago del preaviso produce la inmediata terminación de la relación, no previéndose en esta legislación la integración del mes de despido.
Juicio ejecutivo, tercería de dominio, legitimación activa, embargo, levantamiento del embargo, prensa, automotores, tercería de mejor derecho
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Quevedo Sergio Ernesto c/ Víctor Taurina s/ Demanda Ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-08-03

1- Siendo indiscutible el carácter de constitutiva del derecho de propiedad, tratándose de automotores, de la respectiva inscripción de la transferencia en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, a tenor de la expresa prescripción del art. 1 del Decreto Ley 6582/58, ratificado por Ley 14.467 (t.o. por Decreto 4560/73), y no encontrándose controvertido en la incidencia, que el dominio del vehículo embargado se encontraba, al tiempo de la inscripción del gravamen, a nombre de otras personas, resulta de toda obviedad señalar la tercerista carece de legitimación sustancial para deducir tercería de dominio respecto del automotor cautelado.

2- La tercería de mejor derecho es procedente cuando el "acreedor preferente" no peticiona que se le entregue una "suma de dinero", sino la cosa misma y el remate del bien traería como consecuencia que se frustrare su "mejor derecho", si realmente lo tuviese.

3- Las "preferencias" son el género y los "privilegios" solamente la especie. Los derechos reales de garantía confieren al acreedor una "preferencia", que no es técnicamente un privilegio, ni depende de la naturaleza del crédito afianzado, sino de la voluntad de las partes y del tiempo de su constitución" mientras "los créditos privilegiados gozan de una protección legal que es independiente del momento en que el crédito nace, y atiende a otras causas que el legislador ha contemplado para favorecerlos permitiéndoles cobrar aún antes que otros créditos que ya existían cuando se originó la obligación privilegiada. En cambio en los derechos reales de garantía la preferencia - por regla general - es de tipo temporal: "primero en el tiempo, mejor en el derecho". Así hay preferencias que atienden a la "naturaleza" del derecho (privilegios), y otras que se fundan en la "prioridad temporal" (verbigracia los derechos reales de garantía). Unas y otras pueden conferir "mejor derecho" y justificar una garantía de este tipo. Pero sucede que las "preferencias" de tipo temporal no se agotan con los derechos reales de garantía: hay acreedores munidos únicamente de un derecho personal ... que gozan también de "prioridad", sin haber adquirido el dominio de la cosa, lo que puede obligarlos a interponer una "tercería de mejor derecho", no para que se les entregue una suma de dinero, sino pretendiendo la cosa misma.
Infracciones administrativas, servicio público, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ente Único Regulador de Ser-vicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denega-do en 'Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Ser-vicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est. y su acumulado.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-17

Se sancionó a Metrovías por la violación del art. 19 de la ley 24.240 y nunca se le imputó ese cargo en el sumario administrativo a los efectos de que pudiera ejercer adecuadamente su derecho de defensa, conclusión que el Ente Regulador no alcanza a rebatir con el endeble argumento de que se trataría de un marco jurídico genérico y de que la responsabilidad de la empresa derivaría de los incumplimientos de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión, cuando en verdad el acto sancionador tiene como fundamento de derecho la infracción a la ley 24.240. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Cheque, presentación al cobro, prescripción, plazo, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: TREISI     SA    S/PEDIDO  DE  QUIEBRA  POR  FRANCISCO  ROQUE  CEREZO s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

El cómputo del plazo de prescripción es de un año a partir del término válido para presentar el cheque al cobro, con independencia de la fecha en que hubiera sido efectivamente presentado (dl 4 776/63: 25 y 54).

En cuanto a la procedencia de los accesorios computados por el juez para desvirtuar el estado de cesación de pagos, la exigibilidad del cheque contra el librador derivará directamente de su presentación y rechazo por el banco, sin que sea menester protesto o aviso al deudor.
Procesos especiales, excepciones procesales, notificación en el domicilio
Materia: COMERCIAL
Carátula: TEMES CHAO VALENTIN c/ SOUSSE VICTORIA ROMINA Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-11

El art. 153 de la acordada 19/80 de la Corte Suprema de Justicia (Reglamento para la organización y funcionamiento de la Oficina de Notificaciones para la Justicia Nacional y Federal) dispone que el oficial notificador, para cumplir acabadamente las notificaciones que les son encomendadas, debe arbitrar los medios necesarios y conducentes para cumplir el objetivo de la notificación. Entre otros aspectos, la norma citada destaca que, ante la diligencia de una cédula dirigida a un domicilio denunciado -como la cuestionada en autos- en la que los llamados del oficial notificador no sean respondidos, éste deberá consultar a un dependiente -directo o indirecto- del consorcio de propietarios o a los vecinos del lugar - ello de acuerdo con el CPR 141-, debiendo efectuar un segundo intento en otro día dentro del plazo reglamentario si no saben dar razón del requerido (v. inc. A. 1°. c. II); y eso fue lo que hizo el oficial. Cuando el oficial se apersonó al día siguiente, actuó cumpliendo las prescripciones del inc. A. 1° c. I del mencionado art. 153 que establece que, si le indican que el requerido vive allí, debe entregar la cédula "...al personal que dependa directa o indirectamente del consorcio de propietarios...". (En el caso, el oficial volvió al otro día de la primera diligencia y al ser atendido por el seguridad del edificio, procedió a hacer efectiva la notificación ante dicha persona).
Asistencia y salvamento, facultades de la autoridad marítima, legitimación procesal, interpretación de la ley
Materia: NAVEGACION
Carátula: R.U.A.  (REMOLCADORES UNIDOS ARGENTINOS) c/ Y.P.F. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-19

Si la intención de la ley hubiera sido otorgar la posibilidad de accionar directamente en forma indistinta contra los beneficiarios o contra la autoridad, así lo habría hecho. Pero, según mi criterio, en el art. 41 de la L. de Navegación se usan dos verbos perfectamente diferenciados tanto judicial como administrativamente.

Así, entiendo que "accionar directamente contra los terceros beneficiarios" implica la posibilidad de "acción judicial", mientras que "reclamar ante la autoridad marítima", expresa justamente una presentación ante esa misma autoridad y no una acción judicial directa contra la misma, como en el caso anterior frente al tercero, lo cual se refuerza con la ubicación de este art. 41 dentro del Título II, que trata "de las normas administrativas".
Superior Tribunal de Justicia, sentencia, fundamentación de sentencias, Poder Judicial, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: T. D. S., C. E. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Revocatoria. Funcionario judicial   solicita reintegro de los haberes (50%) que le habían sido retendios  por sanción de suspensión (Expte. CSJ Nº 619-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-17

La Corte local, en reiteradas oportunidades, ha considerado que la exigencia constitucional de que los fallos se motiven, no impone al juzgador desarrollos minuciosos, no siendo necesario que el Tribunal se haga cargo de todas y cada una de las alegaciones de las partes, como tampoco que explícitamente se desechen argumentos baladíes.

Asimismo, no existe una medida o quantum en la fundamentación de la sentencia judicial, y la parquedad de un pronunciamiento no importa falta de fundamentación. En el caso, para desechar el pedido del recurrente -quien solicitaba el reintegro de los haberes que en un porcentaje del 50% le habían sido retenidos-, la Presidencia sostuvo -entre otros fundamentos- que el derecho a percibir el sueldo requiere el ejercicio efectivo de la función, puesto que de no ser así, el pago carecería de causa jurídica, produciéndose un enriquecimiento sin causa, reconociendo excepciones como cuando la no prestación del servicio no es imputable al agente, sino a la Administración, situación que no se configuró en autos. En tales condiciones, no podría descalificarse el pronunciamiento impugnado en cuanto consideró que las razones expresadas por el recurrente carecían de relevancia como para conmover los fundamentos tenidos en cuenta por la Presidencia.
Responsabilidad del Estado, falta de servicio público, sentencia arbitraria, títulos ejecutivos
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Kaerger, Arturo Otto y otra c/ Estado Nacional argentino s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-14

Corresponde desestimar el recurso contra la sentencia que hizo lugar a la demanda promovida contra el Estado Nacional para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la sustracción de un título ejecutivo y el fraguado de los documentos que se habían acompañado con aquél, que se encontraban reservados en la secretaría del juzgado en el que tramitaba el juicio ejecutivo para su cobro, ya que resulta posible concluir -como hizo la cámara- que hubo falta de servicio en la actuación del órgano judicial, por incumplir los deberes que surgen del Reglamento para la Justicia Nacional, extremo que descarta que se haya consagrado una responsabilidad de tipo objetiva y si los reproches contra la sentencia no pueden ser atendidos en tanto se trata de discrepancias con la evaluación de aspectos fácticos y de la prueba incorporada al proceso, sin que logren demostrar fallas en el razonamiento de la cámara de tal entidad que descalifiquen al pronunciamiento como acto judicial válido. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite.-
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, obligación de seguridad, obligaciones de medio, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, transfusión de sangre, SIDA
Materia: CIVIL
Carátula: T., A. c/ HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS s/ INTERRUPCION DE PRESCRIPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-10

La obligación de seguridad en materia de asistencia médica, puede asumir tanto la modalidad de una obligación de medios, como de resultado. De medios, cuando el deudor se obliga a realizar solamente lo que mandan la prudencia y la diligencia para preservar la integridad de la persona del acreedor, o de resultado, cuando el compromiso radica en garantizar esa integridad.- La obligación de seguridad contraída por el establecimiento asistencial, frente a los daños que podrían generarse por las defectuosas condiciones de la sangre transfundida, debe considerarse una obligación de medios, si al momento en que fue asumida (en el caso en el año 1989), cabe suponer que existía una imposibilidad científica y técnica para individualizar entre los dadores a los infectados con el virus HIV. Por ende, el referido establecimiento no podía asumir frente a sus pacientes la obligación de preservarlos del contagio.-Disidencia del Dr. Ojea Quintana
Empleados públicos, suspensión del agente, sumario administrativo, sanciones disciplinarias, Administración Pública, facultades disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONTRERAS, RAQUEL OFELIA OCHONGA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CSJ EXPTE NRO 167-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-28

La suspensión preventiva del agente durante la sustanciación del sumario establecida en el Estatuto del Personal de la Administración Pública (ley 8525), está condicionada a la concurrencia de ciertas causales y no puede disponerse sine die, sino que tiene previsto plazo de duración (artículo 76 ley 8525).

En el caso, nada hace pensar que el alejamiento de la recurrente haya sido necesario para el esclarecimiento de lo justificado o injustificado de las faltas cometidas, ni su permanencia en el cargo incompatible con "la naturaleza del hecho imputado", circunstancias que se requieren para la procedencia de la suspensión.
Régimen penal de la minoridad, graduación de la pena, robo con armas, robo de automotor
Materia: PROCESAL
Carátula: M., M. s/ Pena
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-25

a) La razonabilidad de la sanción a imponer, debe analizarse en cada caso concreto, no evidenciándose irracional - y por ende inconstitucional - la pena establecida para el robo con armas de automotor - art. 38 del decreto - ley 6.582/58 en función del art.

166 inc. 2 del C.P. -, si las condiciones personales del procesado y las posibilidades que brinda el art. 4 de la ley 22.278 - régimen penal de la minoridad - de aplicar la escala prevista por el art. 42 del C.P., permiten una individualización de la sanción ajustada a derecho.

b) Surgiendo del expediente tutelar del menor, que las condiciones en que desarrolló su personalidad no le permitieron una normal evolución de su conducta, al verse condicionada por factores familiares negativos y por su situación de portador del S.I.D.A., se torna justificada la reducción de la pena "en la forma prevista para la tentativa" como lo autoriza el régimen penal de la minoridad.
Inimputabilidad, estado de inconsciencia, ebriedad, prueba
Materia: PENAL
Carátula: AYALA RAFAEL ESTEBAN s/ ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-10-20

Si, en el caso, se ha acreditado que el imputado cometió el hecho en estado de ebriedad y a falta de informe médico se cuenta con el testimonio del policía que detuvo al imputado, quien acepta que el acusado estaba ebrio; si bien, también sostiene que lo corrió dos cuadras y que cuando fue aprehendido éste se tiró al piso y hacía fuerza para no levantarse, que nunca tropezó o se cayó al piso cuando huía, circunstancia que permite afirmar que el prevenido estaba ebrio, no se puede inferir de tales circunstancias que lo fuera en un grado tal que le impidiera comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones.-
Acto administrativo, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Calleja, María Teresa c/ Municipalidad de Lomas de Zamora s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

El consentimiento a que refiere el art. 14 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, puede ser total o parcial, es decir relativo a una resolución íntegra, o a una parte de ella, quién la ha consentido en su totalidad no puede impugnar luego de su expresa aceptación, por carecer de acción conforme lo dispuesto por el art. 14 citado.