Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18


///la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de junio del año dos mil trece, se reúne la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por la doctora Liliana E. Catucci como Presidente y los doctores Eduardo R. Riggi y Mariano Hernán Borinsky como vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara doctora María de las Mercedes López Alduncin, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto contra la decisión obrante a fojas 165/179 de la presente causa nº 16.309 del registro de esta Sala, caratulada: "AMAN, Jorge Horacio s/recurso de casación", representado el Ministerio Público Fiscal por el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé y la defensa particular del imputado por el doctor Eduardo O. García Barraza.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo: Mariano Hernán Borinsky, Liliana E. Catucci y Eduardo Rafael Riggi.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

PRIMERO:

I.- Que con fecha 9 de mayo de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 15 de esta ciudad, en la causa nro. 3722 de su registro interno, resolvió, en lo que aquí interesa, "II) DECLARAR REINCIDENTE a JORGE HORACIO AMAN, en los términos del Art 50 del C.P." (cfr. fs. 165/179).	II.- Contra dicha resolución, los doctores Gonzalo Oliver Tezanos y Eduardo O. García Barraza, defensores particulares, dedujeron recurso de inconstitucionalidad a fs.181/188, el que fue concedido a fs. 210/vta.

Que a fs. 221 se dejó debida constancia de haberse superado la etapa prevista en el art. 468 del Código Procesal Penal de la Nación, quedando las actuaciones en condiciones de ser resueltas.

III.- La defensa particular de Aman se agravió en los términos del art. 474 del C.P.P.N.

En primer término, planteó la inconstitucionalidad de los artículos 14 y 50 del Código Penal, ello por aplicación de la acción de inconstitucionalidad que se deriva de las normas del art. 14 de la ley 48 y arts. 474 y 475 del C.P.P.N. (cfr. fs. 184).

Indicó que el planteo se daba en esa etapa procesal en razón del fundado voto del doctor Adrián Martín, que -en oportunidad de emitir opinión al dictar condena- se pronunció por la inconstitucionalidad de los arts. 14 y 50 del C.P.

Luego de realizar una breve síntesis del voto mencionado ut supra, explicó que el instituto de la reincidencia no tiene posibilidad de fundamentación adecuada al derecho penal (cfr. fs. 184 vta./185).

Sostuvo que la reincidencia viola el principio del non bis in ídem y que si se aplica una condena más grave por "ser insensible frente a la condena anterior, se est[á] penando por lo que es, no por lo que se ha hecho" (cfr. fs. 185 vta.).

Citó jurisprudencia de la C.S.J.N. sobre el tema en análisis.

Finalmente, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 14 y 50 del C.P., dado que se oponen a las declaraciones, derechos y garantías existentes en la C.N. (cfr. fs. 188).

Hizo reserva del caso federal (cfr. fs. 188).

IV.- Durante el plazo del art. 465 del C.P.P.N. y en la oportunidad del art. 466 ibídem, el Señor Fiscal General, doctor Raúl Omar Pleé solicitó que se rechace el recurso interpuesto (cfr. fs. 204/205 vta.).

Por su parte, la defensa particular, debidamente notificada a fs. 203/vta., no realizó ninguna presentación.

SEGUNDO:

I.- Liminarmente, corresponde recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es una de las funciones más delicadas del ejercicio de la jurisdicción y por su gravedad debe estimarse como ultima ratio del orden jurídico (cfr. Fallos: 305:1304, entre otros), toda vez que las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la Constitución Nacional gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y obliga a ejercer dicha atribución, únicamente cuando la contradicción con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable.

De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado y para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (cfr. Fallos: 226:688; 242:73; 285:369; 314:424, entre otros).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante "la C.S.J.N.") se pronunció por la constitucionalidad del instituto de la reincidencia previsto en el art. 50 del Código Penal in re "Gómez Dávalos, Sinforiano s/recurso de revisión" (Fallos: 308:1938, rto. el 16 de octubre de 1986). En dicho precedente, se afirmó que el instituto en examen se sustenta en el "desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito. Lo que interesa en ese aspecto es que el autor haya experimentado el encierro que importa la condena, no obstante lo cual reincide demostrando su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza, cuyo alcance ya conoce. Se manifiesta, así, el fracaso del fin de prevención especial de la condena anterior, total o parcialmente padecida.

Es suficiente, entonces contar con el antecedente objetivo de que se haya cumplido una condena anterior a pena privativa de libertad, independientemente de su duración, ya que el tratamiento penitenciario es sólo un aspecto del fin de prevención especial" (cons. 5º).

Por otra parte, en el precedente "L'Eveque, Ramón Rafael p/robo" (Fallos: 311:1451, rto. el 16 de agosto de 1988), la C.S.J.N. analizó y afirmó la compatibilidad del art. 14 del Código Penal, en cuanto prescribe que la libertad condicional no se concederá a los reincidentes, con los principios constitucionales del non bis in ídem, culpabilidad e igualdad (C.N., arts. 16 y 18).

Concretamente, la C.S.J.N. señaló que el principio del non bis in ídem, en lo concerniente al caso en estudio, "prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena -entendida esta como un dato objetivo y formal-, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal ...la mayor severidad en el cumplimiento de la sanción no se debe a la circunstancia de que el sujeto haya cometido el delito anterior, sino al hecho de haber sido condenado en esa oportunidad y obligado a cumplir pena privativa de libertad, lo que pone en evidencia el mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior a raíz del desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito... Es evidente que esta insensibilidad ante la eventualidad de un nuevo reproche penal, no formó parte de la valoración integral efectuada en la primera sentencia condenatoria, por lo que mal puede argüirse que se ha vuelto a juzgar y a sancionar la misma conducta" (cons. 7º).

Por otra parte, la C.S.J.N., tras reafirmar que "la garantía constitucional de igualdad no impide que las leyes contemplen de manera distinta situaciones que se consideren diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria, ni configure una ilegítima persecución, o indebido privilegio a personas o grupos de personas aunque su fundamento sea opinable" (cons. 8º), precisó que "el distinto tratamiento dado por la ley a aquellas personas que en los términos del artículo 50 del Código Penal, cometen un nuevo delito, respecto de aquellas que no exteriorizan esa persistencia delictiva, se justifica, precisamente, por el aludido desprecio hacia la pena que les ha sido impuesta. Y si, como se vio, existe un fundamento razonable para hacer tal distinción, el legislador se encuentra facultado para establecer, dentro del amplio margen que le ofrece la política criminal, las consecuencias jurídicas que estime conveniente para cada caso" (cons. 9º).

Conforme surge de los precedentes antes reseñados, el instituto de la reincidencia en el sistema del Código Penal argentino no encuentra sustento en la personalidad o peligrosidad del sujeto y tampoco en un hecho incierto futuro. En efecto, la declaración de reincidencia presupone el cumplimiento parcial o total de la pena (reincidencia real) y una nueva conducta del penado (el acto de reiteración delictiva). La comisión del segundo hecho delictivo evidencia, entonces, el desprecio del sujeto por la pena previamente ejecutada. En dicho desprecio radica la mayor gravedad del reproche por el segundo hecho (en el que el sujeto exterioriza su falta de motivación en el ordenamiento jurídico).

Desde dicha perspectiva, el fundamento de la mayor gravedad del reproche, que se manifiesta en las condiciones de la ejecución de la pena por la comisión del segundo hecho, no radica en el hecho anterior cometido y tampoco en la anterior condena impuesta sino en la nueva conducta asumida ante la pena ejecutada.

En otras palabras, con el nuevo acto delictivo (recurrencia), el sujeto manifiesta su mayor desprecio por la pena y, también, por los derechos de terceros, cuya autonomía moral vuelve a afectar con su nueva conducta delictiva (C.N., art. 19). En efecto, el sujeto reincide en su conducta delictiva, luego de haber ejecutado la consecuencia jurídica estatal más lesiva de sus derechos (pena privativa de libertad), con motivo de una afectación de derechos de terceros constitutiva de un ilícito penal.

Asimismo, no es posible soslayar que el sistema penal argentino contempla la recurrencia delictiva en un marco de progresividad compatible con los principios de igualdad y razonabilidad (C.N., arts. 16 y 28). En efecto, la severidad de la sanción (quantum) y/o la severidad de la ejecución de la pena se incrementan progresivamente, en función de la recurrencia delictiva.

En dicho orden de ideas, por ejemplo, el art. 26 del Código Penal prevé que el cumplimiento de la pena privativa de libertad puede dejarse en suspenso en los casos de primera condena que no exceda de tres años. Mientras que el art. 27 impone una condición temporal para que, en caso de comisión de un nuevo delito con posterioridad a la imposición de la primera condena, la suspensión pueda ser acordada por segunda vez. Por su parte, el art. 41 prevé el cómputo de las "reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes" personales del imputado para la individualización de la pena. En ese marco, el art. 50 regula el instituto de la reincidencia que nos convoca. Mientras que el art. 52 prevé la "reclusión por tiempo indeterminado, como accesoria de la última condena, cuando la reincidencia fuere múltiple" en los supuestos allí establecidos -accesoria, cuya aplicación puede ser dejada en suspenso, por única vez-. Por su parte, el art. 53 establece, entre otros requisitos, los términos de cumplimiento de la reclusión accesoria que el condenado debe cumplir (además de los correspondientes a la pena temporal o perpetua impuesta), para obtener la libertad condicional y posteriormente su libertad definitiva.

El aludido sistema progresivo del Código Penal se integra con las disposiciones de la ley 24.660 ("Ley de ejecución de la pena privativa de la libertad", B.O.: 16/07/1996). Dicha ley prevé institutos de egreso anticipado al cumplimiento total de la pena para los condenados que hubieran sido declarados reincidentes (vgr. salidas transitorias, régimen de semilibertad y libertad asistida -arts. 16, ss. y ccs., y 54 ss. y ccs.). Dichos institutos, según lo expresamente prescripto por la aludida regulación legal, no son aplicables a los condenados a quienes se haya impuesto la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado (C.P. art. 52). Para este último grupo, se encuentra previsto un sistema diferenciado de reintegro al medio libre (C.P., art. 53).

La progresividad del sistema punitivo antes descripta revela que los distintos efectos jurídicos que prevé la ley para los condenados a partir de la recurrencia delictiva se adecuan al alcance constitucional asignado por la C.S.J.N. al principio constitucional de igualdad antes aludido (C.N., art. 16). Ello es así porque se trata de un sistema que contempla de manera distinta situaciones que se consideran diferentes, a partir de circunstancias que no resultan arbitrarias ni configuran ilegítima persecución o indebido privilegio a personas o grupos.

Por análogas razones, la distinción entre los efectos jurídicos previstos por el sistema legal ante la recurrencia delictiva aparece compatible con el principio constitucional de razonabilidad (C.N., art. 28). En particular, en cuanto al instituto de la reincidencia concierne y a su directo impacto en la ejecución de la pena (C.P., arts. 14 y 50), la razonabilidad de dichas previsiones legales radica en que la mayor severidad de la ejecución de la pena, para quien comete un nuevo delito luego de haber cumplido pena privativa de la libertad, se sustenta en la conducta asumida por el condenado ante la pena ejecutada. En dichas circunstancias, la comisión del nuevo delito se presenta reveladora de una mayor falta de motivación por la norma penal y, correlativamente, merecedora de un mayor reproche. Extremo éste último que, según lo afirmado precedentemente, constituye el fundamento del instituto en examen.

De conformidad con lo expuesto, se advierte compatible con el principio de razonabilidad la estructura de un sistema penal en el cual la severidad de la pena (quantum) y/o la severidad de la ejecución de la pena se incrementan progresivamente, en función de la recurrencia delictiva del agente. Son sus propios actos -exteriorización de su voluntad contraria a derecho- los que otorgan razonabilidad a la mayor severidad de la sanción y no su personalidad.

Por otra parte, el instituto de la reincidencia y su directo impacto en la ejecución de la pena (imposibilidad de obtener la libertad condicional -cfr. C.P., art. 14-) resulta compatible con la finalidad resocializadora de la pena (Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 5.6 y 29; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 10.3 -tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional, en función del inc. 22 del art. 75-; ley 24.660, art. 1º). En efecto, según lo expuesto, las citadas disposiciones de la ley 24.660, prevén distintos institutos que regulan el egreso anticipado al cumplimiento total de la pena para quienes hubieran sido declarados reincidentes.

Por lo demás, no se advierte que la constitucionalidad del instituto de la reincidencia afirmada por la C.S.J.N. en los precedentes en cita se haya visto conmovida por las consideraciones formuladas por la C.S.J.N. in re "Gramajo, Marcelo Eduardo s/robo en grado de tentativa -causa Nº 1573-" (Fallos: 329:3680, rto. el 5 de septiembre de 2006) sobre el instituto regulado en el art. 52 del Código Penal. En el caso "Gramajo", la C.S.J.N. puntualizó "en esta causa... la cuestión se limita a los casos del art. 52 derivados de la multireincidencia, donde la exigencia de cuatro o cinco condenas a penas privativas de libertad sin que hubiera transcurrido entre ellas el plazo que hace caer la reincidencia, en principio parece excluir -como consecuencia necesaria- aquellos supuestos de delitos por demás graves ya que, en su caso la condena hubiera implicado una pena de larga duración.

Por ende, podría afirmarse que, como regla, las hipótesis del art. 52 involucran delitos de menor gravedad o mediana gravedad y, por lo tanto, habida cuenta del considerable incremento de la pena privativa de libertad derivado de la aplicación de dicha norma, se impone determinar en cada caso si la suma resultante de ambas penas viola el principio de proporcionalidad respecto del delito por el que se impone la última condena.

Tal es el supuesto que se verifica en el presente caso, donde cabe concluir que la violación es palmaria" (cons. 29 del voto concurrente de los señores Ministros doctores Elena I. Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, E. Raúl Zaffaroni y Ricardo Luis Lorenzetti -el destacado no obra en el original-).

De lo expuesto, se desprende que, en el citado caso "Gramajo", la C.S.J.N. no afirmó la inconstitucionalidad de la multireincidencia como fundamento de la accesoria del art. 52 del Código Penal, sino que se limitó a declarar que "en el caso concreto, la pena de reclusión por tiempo indeterminado prevista en [dicha disposición legal] resulta inconstitucional por cuanto viola el principio de culpabilidad, el principio de proporcionalidad de la pena, el principio de reserva, el principio de legalidad, el principio de derecho penal de acto, el principio de prohibición de persecución penal múltiple (ne bis in ídem) y el principio de prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes, todos los cuales aparecen reconocidos en las garantías constitucionales consagradas -de manera expresa o por derivación. En los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, conforme la incorporación efectuada por el art. 75, inc. 22 de nuestra ley fundamental" (cons. 32, ibidem).

En consecuencia, no se advierte que los principios y la doctrina afirmados por la C.S.J.N. in re "Gramajo" conduzcan a afirmar la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia.

Asimismo, no es posible soslayar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 5 de febrero de 2013, en las causas "Álvarez Ordóñez, Rafael Luis s/causa nº 10.154" (A. 577. XLV.) y "Gómez, Humberto Rodolfo s/causa nº 13074 (G.506- XLVIII.). En ambos casos (en el primero por mayoría y en el segundo por unanimidad), la Sala III de esta Cámara Federal de Casación Penal había avalado la constitucionalidad de los arts. 14 y 50 del C.P. y, correlativamente, había resuelto que correspondía denegar la libertad condicional a los condenados a penas temporales que habían sido declarados reincidentes. La Corte, por mayoría, en ambos casos, desestimó las quejas articuladas por sendas defensas, por considerar inadmisibles los recursos extraordinarios que las motivaban -previamente denegados por el "a quo"- y, en consecuencia, la Corte mantuvo la constitucionalidad de las disposiciones legales aludidas y la denegatoria de la libertad condicional resuelta por el "a quo" (Mayoría: señores Ministros Doctores Ricardo Luis Lorenzetti, Enrique S. Petracchi, Elena I. Highton del Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carmen M. Argibay. Disidencia: señor Ministro Doctor E. Raúl Zaffaroni).

En consonancia con el criterio aquí expuesto, se pronunciaron distintas Salas de esta Cámara. Con relación a la constitucionalidad del art. 50 del C.P.: Sala I, causa nº 15.382, caratulada "López, Sergio y López, Maximiliano s/recurso de casación", rta. el 31/07/12, reg. nº 19.826; Sala III, causa n° 15.743 caratulada "García, Rafael Adrián s/recurso de inconstitucionalidad", rta. el 08/08/12, reg. nº 1070/12; Sala IV, causa Nro. 14.201, caratulada "Assini, Guillermo Adrián s/recurso de casación e inconstitucional", rta. el 09/10/12, reg. nº 1831/12, entre otros. Con relación a la constitucionalidad del art. 14 del C.P.: Sala I, causa nº 20.280, caratulada "Borgeat, Ernesto Carlos s/recurso de casación", rta. el 31/10/12, reg. nº 20.280; Sala III, causa nº 14.432, caratulada "MOLINA, Rodolfo Ariel s/recurso de casación", rta. el 07/02/12, reg. nº 8/12; Sala IV, causa Nro. 14.672, caratulada "Hernández, Juan Ramón s/recurso de inconstitucionalidad", rta. el 07/03/12, reg. nº 248/12; causa Nro. 13.630, caratulada "Arrieta, Walter Sergio s/recurso de inconstitucionalidad", rta. el 27/03/12, reg. nº 360/12, entre otros.

De conformidad con lo precedentemente expuesto y con la doctrina del leal acatamiento de la jurisprudencia de la C.S.J.N., en atención al valor institucional que revisten sus fallos, dado su carácter de último intérprete de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (cfr. doctrina de Fallos: 307:1094 y 312:2007, entre muchos otros.), corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 14 y 50 del Código Penal.

II.- Por los motivos precedentemente expuestos, propongo al acuerdo RECHAZAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 181/188, por la defensa particular de Jorge Horacio Aman, CONFIRMAR la resolución impugnada y DECLARAR LA CONSTITUCIONALIDAD de los arts. 14 y 50 del C.P. Con costas en esta instancia (arts. 475, 530 y 531 del C.P.P.N.).

La señora juez doctora Liliana E. Catucci dijo:

Por resultar la cuestión análoga a la que he resuelto, entre otras, in re: "Curina, Marcos Daniel s/recurso de casación", causa nº 12.551, reg. 1709/10, rta. el 8 de noviembre de 2010, y "Martiré, Héctor José s/rec. de casación", casua nº 13.546, reg. nº 1210/11, rta. el 25 de agosto de 2011, me adhiero al voto del Dr. Borinsky en cuanto propone rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas.

Tal es mi voto.

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

Compartimos la solución propiciada por los distinguidos colegas preopinantes, concordante con la postura que viene sosteniendo esta Sala a partir de las causas nº 206 caratulada "Esponda, José Roberto s/ rec. de casación" (reg. 118 bis/ 94, del 23/9/94) y nº 1066 caratulada "Grimaldi, Oscar s/ recurso de inconstitucionalidad" (reg. 262/97, del 26/6/97). En mérito de ello, adherimos a esa propuesta.

Tal es nuestro voto.

En mérito a la votación que antecede, el Tribunal, RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 181/188, por la defensa particular de Jorge Horacio Aman; CONFIRMAR la resolución impugnada y DECLARAR LA CONSTITUCIONALIDAD de los arts. 14 y 50 del C.P. Con costas en esta instancia (arts. 475, 530 y 531 del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada de la CSJN nº 15/13) y remítase al Tribunal de procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Fdo: Dres. Liliana E. Catucci - Eduardo R. Riggi - Mariano H. Borinsky. Ante mi: María de las Mercedes Lopez Alduncin. Secretaria de Cámara.