Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-07


Salta, 07 de Mayo de 2010.

Y VISTOS: estos autos caratulados "CHOQUE ACSAMA, Rosa vs. CARUSO CÍA. ARG. DE SEGUROS S.A. -Sumario: Daños y Perjuicios -Daño Moral - Ben. Litigar Sin Gastos , Expte. n° 142.292/05 del Juzgado de 1ª. Inst. en lo Civ. y Com. de 1ra. Nominación, Expte. n° CAM -283.751/09 de esta Sala III, y_ C O N S I D E R A N D O El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, dijo:

I) La sentencia de fs. 99/101 es apelada a fs. 104 por la actora. Concedido el recurso a fs. 105, expresa agravios a fs. 123/124. Dice que no se tuvo en cuenta lo dictaminado por la Sra. Fiscal Civil a fs. 55 en cuanto que el plazo de un año establecido por el artículo 58 de la Ley 17.418 no es aplicable en autos, sino que debe entenderse encuadrado en el artículo 4023 del Código Civil que estatuye un término de diez años. Es que la muerte no es una cuestión de responsabilidad extracontractual, sino una contingencia de la vida, que hace surgir para los causahabientes un crédito civil de naturaleza contractual, circunstancia no valorada en la sentencia en crisis, que ha dado cabida legal a una situación injusta, no valorando las condiciones de extrema pobreza de los herederos. El plazo de un año establecido en la Ley de Seguros resulta exiguo, mezquino e irrazonable. Pide se haga lugar al planteo formulado.

A fs. 127/130 replica los agravios la demandada. Dice en primer lugar que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de gravedad institucional que debe considerarse la última ratio del orden jurídico. Y la norma del artículo 58 de la Ley de Seguros que establece el plazo de prescripción anual no vulnera derecho constitucional alguno. Dicho término resulta de aplicación para cualquier litigante que deba accionar en virtud de un contrato de seguro, de suerte tal que la disposición legal no establece discriminación subjetiva. Además, si la actora consideraba que el artículo 58 resultaba inconstitucional, debió concretar su planteo en la demanda y no cuando replica el traslado de la defensa opuesta de su parte.

II) A fs. 36/43 la apelante promueve demanda de daños y perjuicios en contra de Caruso Compañía de Seguros S.A. señalando que actúa en su carácter de cónyuge supérstite de Benito Mamaní quien había contratado un seguro de sepelio. Acaecido el deceso de su esposo, inició los trámites para que afrontara los gastos ocasionados por el seguro, ya que se negó a afrontarlo, aduciendo una supuesta falta de pago en la cuota, tal como consta en la documentación acompañada, por lo que debió contratarlo con otra empresa del medio. Que su cónyuge se afilió en el año 1997 (fs. 26/28) y que si bien hubo casos de atrasos en el pago del seguro, fueron esporádicos y producidos por la falta de pago de los sueldos; más, al tiempo de su deceso, se encontraba al día. Dice que la cláusula contractual n° 8 resulta arbitraria y abusiva en cuanto establece períodos de carencia de cobertura en caso de falta de pago de la prima. Invoca asimismo la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor para sustentar el reclamo y plantea la inconstitucionalidad de la cláusula.

Impuesto de la pretensión, la empresa demandada articula a fs. 48/49 la excepción de prescripción del reclamo, señalando que el artículo 58 de la Ley 17.418 dice que prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible, las acciones fundadas en el contrato de seguro. Cita jurisprudencia en cuanto que el plazo debe computarse desde la comunicación de la denegatoria y que en autos rechazó el pedido de la contraria mediante carta documento despachada el 16/09/2003, por lo que la prescripción operó el 16/09/2004.

A fs. 51/53 la actora plantea la inconstitucionalidad del artículo 58 de la Ley 17.418.

III) Repara Rubén S. Stiglitz (Derecho de Seguros - II, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 1997, págs. 529 y 527) que el art. 58, Ley de Seguros dispone: Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible. La disposición transcripta no hace sino recoger el principio general consistente en que la prescripción es noción inseparable al de la acción, de allí que quepa afirmar que el curso de la prescripción se inicia desde que el crédito es exigible. La afirmación precedente presupone que, mientras no sea posible el ejercicio de la acción, no nace el curso de la prescripción. Lo expresado significa a su vez que la interpelación efectuada por el asegurado al asegurador, implica la posibilidad real del ejercicio de la acción.

A su vez el art. 844 del Código de Comercio establece que la prescripción mercantil está sujeta a las reglas prescriptas en el Código Civil en todo lo que no se oponga a lo que disponen los artículos siguientes".

IV) Está reconocido entonces que el beneficiario del seguro de sepelio cuenta con un plazo de un año para ejercitar el reclamo. Es claro el sentido de la norma y a mi entender no admite dudas interpretativas. Resulta oportuno entonces recordar que la primera regla de interpretación de las leyes es dar cumplido efecto a la intención del legislador (Fallos C.S. en cita de Felipe S. Pérez, La constitución nacional y la Corte Suprema, Bs.As., t. I, p. 32, a su vez citado por Germán Bidart Campos en su Derecho Constitucional, Ediar, 1968, Buenos Aires, pág. 55).

No se trata de interpretar las cláusulas predispuestas del contrato, sino de la aplicación lisa y llana de la ley y, en el caso, desde el momento en que la beneficiaria es notificada en fecha 16 de setiembre de 2003 de que la empresa demandada no iba a afrontar el pago del seguro, comenzó a correr el término de la prescripción. Desde entonces y hasta la promoción de la demanda en fecha 10 de noviembre de 2005 transcurrió en exceso el plazo de un año de prescripción, por lo que no es pertinente la apelación de la demandante.

III) En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 58 de la Ley de Seguros, es dable advertir que la declaración de invalidez procede sólo cuando la oposición entre la norma impugnada y la Constitución es clara e ineludible, pues se trata de un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico (CSN en E.D.70-191; CApel Salta, año 1989, f° 991, íd. íd. año 1993, f° 328).

Bien es verdad que los jueces poseen la atribución constitucional de controlar la razonabilidad de las medidas de naturaleza legislativa cuando se conculquen las garantías constitucionales. Se trata de un derecho y de un deber de la judicatura; de una tarea fundamental en su ejercicio en tanto importa el control de la actuación de los demás poderes del Estado, circunstancia que confiere a tal quehacer matices político institucionales de índole gubernativa (Sagües en Derecho Procesal Constitucional, Tomo I, pág. 104). Pero también es cierto que se está en presencia quizás de una de las más dedicadas de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal, sólo apreciable cuando resulte de estricta necesidad.

Y en principio, no se advierte el gravamen constitucional invocado, pues si bien el plazo es breve, se trata de una norma general aplicable a todas las acciones fundadas en un contrato de seguro que el legislador ha fijado como modo de asegurar la seguridad jurídica y el equilibrio entre los intereses de las partes. Se sustenta en un parámetro objetivo y no admite análisis de índole subjetivos, como pudiera ser la situación de pobreza del asegurado, que por lo demás no puede decirse se refleje necesariamente en una justificación de la demora en accionar.

Voto, entonces por el rechazo del recurso.

El Dr. Mario Ricardo D'Jallad, dijo:

Que por sus fundamentos adhiere al voto del Dr. Marcelo Domínguez.

Por ello, LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación planteado por la parte actora a fs. 104, CONFIRMANDO la sentencia de fs. 99/101 en lo que ha sido materia de agravios. CON COSTAS.

II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y BAJEN.