marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño ambiental, Derecho ambiental, unión transitoria, suspensión de la prescripción, obligaciones solidarias, responsabilidad solidaria, responsabilidad objetiva, actividad riesgosa
Materia: PROCESAL
Carátula: F., J. E. c/ CIA. NAVIERA PEREZ COMPANC SACIFI y Otros s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-15

Comparto al respecto la opinión de la minoría vertido en el pleno de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, aunque aplicable a este caso por la naturaleza de la obligación medio ambiental - ecológica -, en autos "Maciel" del 14-10-03, en el sentido que la suspensión de la prescripción de la acción civil abarca a todos los responsables del hecho dañoso hayan sido o no interpelados fehacientemente.

Sostuvo la minoría en forma impersonal: "El curso de la prescripción puede resultar suspendido por las causales que taxativamente enumera la ley. El Código Civil establecía cuatro causales de suspensión: la incapacidad de hecho; el vínculo matrimonial; la situación del heredero beneficiario; y los vínculos entre tutores, curadores y sus representados (arts. 3966, 3969, 3972 y 3973 respectivamente).

Las modificaciones que la Ley 17711 introdujo a este cuerpo normativo también incidieron sobre el tema, no sólo en lo concerniente a la incapacidad de hecho, sino al incluír dos nuevas causales en los arts. 3982 bis. Y 3986 parte segunda (norma recogida por la ley 17940).

Ellas se producen ante la deducción de querella penal y en la constitución en mora del deudor efectuada en forma auténtica".

Cabe afirmar entonces que la suspensión de la prescripción corre contra todos los responsables del hecho dañoso hayan sido o no interpelados expresa e individualmente; esto así en razón del carácter solidario de la obligación de resarcir el daño provocado por la utilización de elementos o materiales riesgosos y haber causado un perjuicio al medio ambiente sea el reclamo de reparación efectuado por el damnificado individual o colectivo.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: CORVALAN VICTOR ALDO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-06

Estando acreditado que las lesiones del actor ocurrieron en un partido de fútbol, como actividad deportiva integrante de la materia educación física y que dicho infortunio ocurrió en plena actividad formativa del aspirante en la institución policial y que la propia autoridad policial lo encuadra en la categoría de "acto de servicio", entre el accidente y su trabajo existe una relación mediata de causalidad y, en tales condiciones, debe ser indemnizado como infortunio laboral.
Sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Montenegro, Claudia Inés c/ Emulsiones Asfálticas S.A. y-o Quien Resulte Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-14

Por ser la doctrina de la arbitrariedad de aplicación estrictamente excepcional, no basta con sostener que el fallo no es derivación razonada del derecho vigente, que se sustenta en afirmaciones dogmáticas, que ignora la realidad de los hechos acontecidos, que conculca garantías constitucionales, etc.
Medidas cautelares, bienes embargables
Materia: PROCESAL
Carátula: "Pedreira, Roberto L. c/ Tía S.A. s/ despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-12

La embargabilidad y sus límites de lo liquidado por intereses estará determinada por la misma proporción en que está limitada la embargabilidad del capital al que acceden, en razón de la accesoriedad de los intereses respecto del capital de la obligación principal.
Fallido, escritura traslativa de dominio, verificación de créditos, boleto de compraventa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Severino, Francisco s/ Incidente Apelación en Autos: Bestene S.C.C. s-Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-06-15

...el argumento de que el presunto adquirente debió verificar su crédito a fin de posteriormente solicitar la escrituración, cede ante el hecho cierto que, sea por inactividad de la sindicatura, sea por defecto de los registros correspondientes, la escrituración se efectuó, por lo que no cabía razonablemente exigir que el co-contratante sintiera la necesidad de efectuar la verificación de un boleto de compraventa. Esta situación -se reitera- no puede poner en peor posición al co-contratante que la correspondiente al mero titular de un boleto de compraventa de inmueble. Debe dársele a aquél, la misma oportunidad que a éste de alegar su derecho a la cosa, producir la prueba que estime corresponder y, en su caso, obtener la legítima propiedad del bien "erga ommes".
Personal militar, faltas disciplinarias, culpa grave
Materia: CIVIL
Carátula: LLAMES MASSINI, DIEGO MARTIN c/ E.N.  (MINISTERIO DE DEFENSA - E.A.) s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Admitiendo la autonomía del concepto de "culpa grave" del art. 28 de la reglamentación de la ley del personal militar para el Ejército es evidente que se trata de una cuestión de hecho sólo discernible puntualmente mediante las pautas - de validez general - arbitradas en el art. 512 C.C. .
Acción de amparo, legitimación activa, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SOÑES, Raúl Eduardo c/ P.E.N. s/ AMPARO -Ley 16.986-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-22

El artículo 43 de la Constitución Nacional, excepción hecha de las facultades que acuerdan al defensor del pueblo y a las asociaciones registradas conforme a la ley, no innova en materia de legitimación, requiriendo -al igual que ya lo hacía el art. 5 de la ley 16.986- la presencia del "afectado", es decir, del agraviado concreto por la interferencia en un derecho o interés propio (aún cuando el texto de la C.N. no requiera que el derecho tenga raigambre Constitucional) al que el ordenamiento jurídico positivo confiera tutela jurisdiccional.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, juicios en que la Nación es parte, costas, honorarios, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Sánchez Granel, Eduardo Alberto y otros c/ BCRA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-22

Si bien se ha sostenido que cuando el Estado Nacional no es condenado al pago de las costas, las cuestiones sobre honorarios no comprometen el interés de la Nación, lo que excluye su calidad de parte a los fines del recurso ordinario de apelación, sin embargo, y no obstante que en el sub examine las costas no fueron impuestas al Estado Nacional, resulta aplicable el criterio expuesto en el caso "Vaggi" (Fallos: 329:926), precedente en el que se admitió la procedencia del recurso ordinario de apelación deducido por un perito sobre la base de considerar que -con prescindencia del resultado del litigio y de la condena en costas- aquél podía perseguir el cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes, sin perjuicio de la limitación prevista respecto de la parte no condenada y del derecho de repetición de ésta, y, por lo tanto, habida cuenta de que el monto por el cual el perito pretende que se aumenten sus emolumentos fijados excede el mínimo establecido por el art. 24, inc. 6°, apartado a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de esta Corte -inclusive computando la aludida limitación- cabe concluir que la referida apelación ha sido correctamente concedida.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Lentini, Juan José c/ Canteras Villa Mónica S.A. s/ Diferencias de haberes e indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

Es inatendible el agravio si la norma legal cuya violación se invoca no guarda relación con la índole de la queja expuesta.
Contratos de adhesión, cláusula limitativa de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Arce, Alberto Nicolás c/ Instituto Provincial de Lotería y Casino s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-09-23

En cuanto a la viabilidad jurídica de las cláusulas eximentes de responsabilidad, la doctrina señala que los contratos de adhesión contienen cláusulas limitativas de responsabilidad, cuando el predisponente estipula que no responderá respecto del adherente por el daño que éste eventualmente pudiere sufrir, de tal suerte que de no haberse insertado la cláusula debería responder. Desde la perspectiva del acreedor -adherente-, la cláusula examinada importa la renuncia a un derecho eventual en los términos previstos por el art. 872 del C.Civ., por lo que al tiempo de examinar su legitimidad no será factible desmandarse del marco de su aplicación. Ello significa que si bien normativamente es potestad del acreedor la renuncia a los derechos eventuales, ello es factible sólo en el ámbito de los intereses particulares, mas no cuando ello importe compromiso al orden público, contraríe la buena fe, importe el ejercicio abusivo de los derechos, infrinja normas imperativas, lesione la regla moral o configure una hipótesis de lesión. Es de señalar que, dichas cláusulas son una categoría invasora desenvuelta predominantemente en la contratación predispuesta, por tanto se hace ineludible a los fines que no desborden el ámbito de la libertad contractual atender a los límites expresos y virtuales impuestos al objeto negocial, y por ende restringir su sentido y alcance.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quiroga, Alberto y otros c/ 'Le Colorada Soc. Anón. Comercial e Industrial s/ Daños y Perjuicios Santamaría, Gerardo E. c/ Rubies, Marcelo y otros s/ Daños y perjuicios Díaz, Roberto Daniel c/ Micro Omnibus Sur S.A. s/ Daños y perjuicios Silva, Pedro Luis c/ Pavón, Raúl Orlando y otros s/ Daños y perjuicios Venialgo, Ramón A. y otros c/ Díaz, Héctor A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17|1996-03-05|1996-02-13|1997-03-11|1997-10-28

Aun cuando se establecieran "valores actuales", esto es, adecuados a la realidad económica en que se pronuncia el fallo, sin acudir a la "actualización", "reajuste" o "indexación", términos que suponen una operación matemática, no hay razón para variar la forma de liquidar intereses dispuesta para estos últimos supuestos.
Recurso de apelación (procesal), sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SOCIEDAD RURAL DE FORMOSA c/ JOSE ISAAC PEÑA s/ EJECUTIVO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1984-12-10

Siendo el fin último del recurso de apelación la consagración de la garantía constitucional de la doble instancia, y la forma de canalizar la protesta frente a la decisión considerada injusta, así como el modo de asegurar procesalmente la enmienda a la falibilidad de los hombres que juzgan, garantizando el mejor servicio de justicia, la efectivización del control jurisdiccional que la misma supone importa que la resolución recurrida tenga adecuada fundamentación, la que en tanto expresión del pensamiento del juez, debe responder a un proceso lógico subjetivo y personal de él, que derive razonablemente de las normas legales en vigor.
Contrato de obra pública, gastos improductivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Supercemento S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Verificándose la existencia de prórrogas del plazo autorizadas por la Administración se materializa el reconocimiento del recaudo básico de procedencia del gasto improductivo, ésto es la demora no imputable.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, leyes, interpretación literal, acción penal, prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, proceso penal, elevación a juicio, defensa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: S., C. E. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -INFRACCION ART. 173, INC. 7MO. DEL  C.P.- INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL (EXPTE.: C.S.J.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-07

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad si se tacha de arbitraria una sentencia que acuerda a la norma un alcance impropio, desvirtuando su finalidad y aplicándola no como fue concebida por el legislador.

Por vía de ese déficit se puede arribar a una interpretación infiel e irrazonable del precepto cuando el operador del derecho realiza una hermenéutica literal de la norma, posponiend o o ignorando la finalidad de ella, de tal modo que así se frustra el objetivo perseguido por la disposición o institución en cuestión.

En el caso, la Cámara consideró, a partir de la modificación de las causales interruptivas operada por la ley 25990, que el plazo de prescripción debía computarse desde la requisitoria fiscal (acto interruptor) hasta la sentencia condenatoria sin que revistieran tal carácter los actos procesales previstos en los artículos 374 y 378 del Código Procesal Penal, avalando este criterio hermenéutico en la circunstancia de que la particular regulación procesal santafesina no incluía "la citación a juicio" del artículo 67 inciso d) del Código Penal ni reconocía en ella actividad equivalente.

Estas consideraciones expuestas por el Tribunal implican proponer una interpretación de la norma en cuestión que conspira con la finalidad perseguida con su sanción, perjudicando, así, las metas y objetivos trazados por el legislador.
Acción contencioso administrativa, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DRI, José María s/ RECURSO  DE APELACION EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECRETO  NRO. 2595 MEOSP.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1984-06-19

Corresponde continuar la tramitación del recurso de apelación en lo contencioso administrativo de acuerdo con el procedimiento previsto por el Decreto Ley 3377/44 cuando el mismo fue concedido de acuerdo a sus disposiciones, encontrándose en vigencia el Decreto Ley 7061/83.
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Talaines SA s/ Incidente de revisión en autos Molinari, Julio Víctor s/ Concurso  resolutorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-18

El incidente de revisión constituye una verdadera demanda autónoma y no un mero incidente del concurso.
Quiebra, disolución de la sociedad conyugal
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Sircovich, Samuel  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-07

Tal conclusión se impone dado que la sentencia que dispone la disolución de la sociedad conyugal no importa la separación inmediata de bienes, a partir de allí existe un estado de indivisión postcomunitaria que desembocará en la partición de bienes, e ínterin subsistirá el régimen de deudas por lo que el cónyuge será responsable de las deudas que asuma con los bienes propios y aquellos de su administración reservada (CNCom, Sala D in re "Nava José s/ quiebra", del 28/04/88; ídem "Contreras, Raúl s/ quiebra", del 29/02/96; ídem Sala C in re "Iglesias, Marcelo s/ quiebra s/ inc. Atallah, Aída", del 26/03/97, ídem Sala A in re "Bianculli, Carlos s/ quiebra", del 21/05/97, ídem Sala E in re "Gury, Jorge s/ quiebra", del 25/02/05).
Derecho contravencional, suspensión del juicio a prueba, falta de notificación
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Falcón, Eugenio Omar s/ Infr. art. 81 Ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-18

En el caso, el Judicante ha resuelto revocar el acuerdo de suspensión de juicio a prueba por considerar que el encartado, al no concurrir a una citación para comparecer a la sede del juzgado, incumplió con una de las reglas de conducta, atento que, según expresó, su inasistencia habría sido injustificada.

Ahora bien, cabe tener presente que no cualquier incumplimiento de las reglas de conducta resulta suficiente para configurar una causal de revocación de la suspensión del juicio a prueba sino que el mismo debe ser claro y flagrante. Dicho incumplimiento debe ser de naturaleza tal de dar certeza de la voluntad del imputado de no someterse a las reglas impuestas.

En consecuencia cabe afirmar que no resulta adecuado ni razonable revocar la probation por la sola inasistencia del encartado a una citación, máxime cuando según surge de la misma, no fue notificado de aquella.
Inconstitucionalidad, ley de servicios de comunicación audiovisual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

Resulta inconstitucional el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, en tanto impone a las empresas demandantes el cese de actividades de comunicación audiovisual en todos los mercados de manera simultánea tanto a nivel nacional como local -radio, televisión abierta, televisión por suscripción, etc.-, pues altera restrictivamente la libertad de expresión que actualmente ejerce la actora (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Carmen Argibay).
Recurso extraordinario, resoluciones equiparables a definitiva, banco central, regulación de honorarios, liquidación de entidades financieras, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Fiadino Roggero y Carbonari S.A. s/ quiebra S/incidente de impugnación por: Banco Delta S.A.; La  Esperanza S/inc. de revisión por Banco Delta S/inc. de ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

A los efectos del recurso extraordinario, corresponde equiparar a sentencia definitiva la resolución que, al considerar al Banco Central obligado al pago de honorarios firmes regulados en un proceso de liquidación de un banco, le irroga un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior.
Quiebra, fuero de atracción, remisión del expediente, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: FAILO, VDA. DE TORTUL MA. c/ VILLAR Y TRENTINI Y OTS. s/ COMPETENCIA - INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO (EXPTE.: C.S.J. NRO.   428 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-07

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido -si bien durante la vigencia de la ley 19.551- que "hallándose el expediente con apelación consentida en fuero civil, no procede su remisión al Juez de la quiebra, hasta tanto exista sentencia definitiva firme, dictada por el Tribunal de Alzada respectivo, pues éste no puede pronunciarse sino sobre cuestiones resueltas por el inferior correspondiente al mismo fuero".

Indica esta jurisprudencia -seguida por la doctrina mayoritaria, una vez vigente la ley 24.522, y por otros Órganos jurisdiccionales, que el fuero de atracción del proceso concursal (art. 21, inc. 1, ley citada) no dimana, en principio, sus efectos respecto de los juicios en los que se hubiere dictado sentencia de primera instancia y la misma se hallare apelada; por lo que, sólo una vez resuelto dicho remedio corresponde disponer la remisión de la causa al Juez que interviene en el proceso universal.
Inconstitucionalidad, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Ricardo Ismael c/ Rosende, Marcelo y otro s/ Daños y perjuicios López Beatriz, Jorge Florencio c/ Robles, Juan Carlos y otro s/ Repetición y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-15|1998-03-24

Dado que la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como la "última ratio" del orden jurídico, los requisitos establecidos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial en orden a la fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cobran particular gravitación en casos en los que se pretende la revisión de un pronunciamiento judicial que decide acerca de la constitucionalidad de un precepto legal que allí se ha aplicado.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, menores, adopción, jueces, competencia, competencia de menores, leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: R., M. J. s/ Adopción plena. Conflicto negativo de competencia. La cuestión a   resolver es: ¿Cuál es el concepto de "Menor en situación irregular"   a los fines de atribuir la competencia material al Tribunal   Colegiado de Familia o al juez de menores en orden a una adopción   plena? (-Tribunal pleno-) de Familia o al juez de menores en orden a una adopción   plena? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-11-30

Para el fuero propio de menores, la ley depara un capítulo de excepción y exclusividad en que la especificidad de la materia se revela precisamente porque el Juez de Menores entiende cuando "la persona de los menores se encuentran sometidos a su jurisdicción", precisando sin género de dudas el artículo 100 punto 2.2.6. de la misma ley que les corresponde "conocer en los procesos de su adopción". Siendo pues excepcional la competencia de menores, el tema adopción lo es sólo en ocasión de que el adoptado se encuentre sometido a dicho fuero. (Del Voto del Dr. Donati).
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, proceso penal, calificación legal, cambio de calificación legal, tenencia de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Sforza, Jorge Horacio s/ infracción ley 23.737 - causa n. 511 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que modificó a tenencia simple la calificación de la instancia anterior de tenencia de estupefacientes con destino a la comercialización, mediante un examen parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa sin integrarlos ni armonizarlos debidamente en su conjunto.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, interpretación restrictiva, honorarios, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: RECCHIO, MARIA RAQUELA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-02-15

Corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto contra el proveído que intimó al recurrente a satisfacer el depósito previsto en el artículo 8 de la ley 7055, si su argumento -fundado en el artículo 28 inciso e) de la ley 6767- no lo exime de la obligación de depósito exigida.

Ello así, por cuando la citada disposición legal "fue establecida con la finalidad de evitar la sucesión indefinida de incidentes de regulación de honorarios y en aparente correlación compensatoria, además, con la liberalidad, tanto de procedimientos como impositiva, con que se ha reglamentado el procedimiento de estimación, por lo que no puede aplicarse a casos que no se encuentren comprendidos en su télesis"; y que, por lo tanto, no alcanza supuestos como el de autos en que el recurso de inconstitucionalidad no se dirige derechamente a controvertir la base económica sino el derecho del recurrente de acceder a una segunda instancia. (Citas: CSJStaFe AyS T 106 p 450; T 166 p 479; T 167 p 148; T 228 p 167) (Jurisprudencia Vinculada: CSJStaFe AyS T188 p 488, Sumario N° J0030331)