marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión federal, acto administrativo, procedimiento administrativo, vinos
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: S.A.  Furlotti Setien Hnos. c/ INV. por recurso de apelación. s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

Son de naturaleza federal las normas contenidas en las leyes 14 878 y 19.549.
Responsabilidad civil, daños y perjuicios, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: TABOROA, CARLOS MIGUEL c/ MINISTERIO DEL INTERIOR Y/O POLICIA FEDERAL ARGENTINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-31

Cuando el agente y la víctima son una misma persona, confundiéndose la persona del sujeto activo con la del sujeto pasivo, no hace obligación jurídica alguna y la deuda se extingue por sí sola, o, siendo más exacto, no surge en ningún momento. Cada uno debe soportar las derivaciones de su propia actividad, cargando con los daños que resulten cuando no la ajusta a los límites aconsejados por la prudencia.
Recurso de casación, principio de inmediación, cámaras de casación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cristaldo, Felix s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-10-19

El Tribunal de casación no puede revalorar las pruebas o modificar los hechos por cuanto no ha participado del debate previo, de donde si lo hiciera estaría en pugna con el principio de la inmediación que nutre a la naturaleza del juicio oral, por lo que el examen debe limitarse a la corrección jurídica del fallo. "Se trata de un recurso - el de casación - limitado en su fundamentación a motivos de derecho".
Delitos contra la humanidad, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Paccagnini, Norberto Rubén y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-19

El deber del Estado Argentino de investigar y de sancionar los delitos de lesa humanidad se erige como imperativo jurídico para todos los Estados y tiene primacía sobre cualquier disposición en contrario de los ordenamientos jurídicos internos.
Escritos judiciales, presentación en distinta secretaría, queja por apelación denegada, interposición del recurso
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Plus Ultra Cía. Arg. de Seguros  S.A. c/ Cap. y/o Prop. y/o Arm. Bq. "Río Olivia" s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-07

Ante la claridad del texto del art. 282, primera parte, del Código Procesal, no se advierten razones suficientes para considerar que se está frente a un supuesto excepcional o un error manifiestamente justificado que sustente la aplicación de un criterio amplio en la apreciación de su excusabilidad por aparecer comprometido el derecho de defensa en juicio cuyo resguardo tiene jerarquía constitucional y, en consecuencia, la presentación del recurso de queja por error ante la Secretaría donde tramita el expediente no resulta excusable pues tal conducta no releva al presentante de los efectos de su descuido en un acto que debe contar con la imprescindible atención que requiere su trascendencia, máxime si se tiene en cuenta que no surge de las constancias de autos que con posterioridad a la mentada equivocación haya mediado por parte de la recurrente pedido o diligencia tendiente a subsanar el error.

Y como tal conclusión tiene por efecto que no se tome en cuenta el cargo de fs. 28, corresponde tener por tardío el planteamiento del presente recurso.
Eximición de prisión, resolución denegatoria, orden de detención
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Daniel Mercado s/ Habeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-12-23

La ley procesal regula lo atinente a la eximición de prisión en sus arts. 317 y 317 bis. De acuerdo a los citados artículos se extrae que: a) Es atribución del Juez de Instrucción, conceder o no la eximición de prisión en los casos que la ley autoriza. b) El juez debe establecer una caución,, siendo atribución del mismo determinar su calidad y monto. c) No prevé la ley en forma expresa ningún recurso para el caso de denegatoria.

Los delitos por los que ha sido procesado el imputado, son de aquellos respecto de los cuales corresponde dictar prisión preventiva en el auto de procesamiento, sin perjuicio, en su caso de confirmar la excarcelación que se hubiere concedido al imputado (art. 330 del C.P.P.), por ser delitos reprimidos con pena privativa de la libertad. En consecuencia no resultaría arbitrario el libramiento de orden de detención en su contra, en la causa en la que ya se encuentra procesado, aunque el procesamiento no esté firme.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-23


2º Instancia.- Buenos Aires, febrero 23 de 2009.

Considerando: 1. Apeló la promotora de estos obrados contra la denegatoria de su petición de que se ordene a la Policía Federal Argentina, a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y a Gendarmería Nacional que tomen nota para que retengan el vehículo de autos e informen a esta causa.

2. a) Estímase que los organismos citados deben cooperar con la Justicia Nacional para el mejor cumplimiento de la función jurisdiccional.

Ello no implica desplazar la diligencia del acreedor en la búsqueda del automotor prendado, ni ordenar a las autoridades policiales la actuación en interés particular de los acreedores en desmedro de su cometido específico de velar por la seguridad pública y la prevención del delito.

Entonces, se encomendará a los citados organismos para que en ocasión de concretar procedimientos habituales de control de vehículos, presten su colaboración para el secuestro del rodado prendado (cfr. CNCom., Sala E, en su actual integración, in re "Banco Santander Río S.A. c/ Gutierrez Mónica Susana s/ secuestro prendario", del 12/2/09 y en ese mismo sentido, CNCom., Sala A, "Banco Santander Río S.A. c/ Coria García, Juan Manuel s/ secuestro prendario"; íd. Sala B, "Banco Comafi S.A. c/ Ahumada, María Jimena s/ Secuestro Prendario", del 22/4/08; íd. Sala C, "Banco Santander Río c/ Badilla, Carlos Alberto s/ secuestro prendario" del 19/21/08; íd. Sala D, "Banco de Servicios y Transacciones S.A. c/ Zurita, Víctor Armando s/ secuestro prendario" del 3/12/08).

b) El doctor Sala deja constancia que mantenía un criterio contrario al expuesto, pues consideraba que el interés privado perseguido no justificaba distraer a las fuerzas de seguridad de las funciones específicas.

Pero luego de un nuevo análisis de la cuestión, teniendo en cuenta el alcance limitado de la colaboración requerida (que no interferirá en el servicio que brindan las fuerzas de seguridad), así como el criterio unánime imperante en el resto de las salas que integran este tribunal (v. precedentes citados antes), se ha convencido de modificar esa postura.

3. Por lo expuesto, revócase con el alcance indicado la providencia apelada.- Los doctores Bargalló y Caviglione Fraga actúan de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos de esta Cámara del 22/7/08 pto. III y del 27/8/08 pto. VI, respectivamente.- Angel O. Sala. - Miguel F. Bargalló. - Bindo B. Caviglione Fraga.
Derechos del consumidor, aumento de tarifas, servicio público, participación ciudadana, audiencia pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Usuarios y Consumidores Unidos c/ Secretaría de Energía de la Nación y otros s/ ley de Defensa del Consumidor c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-23

En materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida, ya que es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio. -Del precedente "Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad" (Fallos: 339:1077) al que la Corte remite-
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, juicio ejecutivo, ejecución hipotecaria, contratos de consumo, defensa del consumidor, cláusulas leoninas, contratos de adhesión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda c/ Sazatornil, Vanesa s/ Aut. Adm. Actora s/ Aut. Adm. Actora
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-23

La cláusula que deja a exclusivo criterio de la actora la opción por la vía de ejecución judicial, con la consecuente aplicación de las normas del rito nacional, o por la ejecución especial contemplada por la Ley Nro. 24.441, es una cláusula abusiva en los términos del artículo 37 de la Ley Nro. 24.240 toda vez que importa una ampliación injustificada de los derechos del accionante.

Ello así, la cláusula en examen -que podría ser plenamente válida en un contrato no regido por la Ley Nro. 24.240-, al otorgar injustificadamente al "proveedor"- en los términos de la ley citada- una facultad que no deriva de las normas supletorias aplicables al negocio celebrado, y que le permite optar por el régimen que habrá de regir la ejecución de la hipoteca, debe considerarse inválida a tenor del artículo 37 de dicha ley.

Debe quedar claro que la cláusula es abusiva no por pactarse mediante ella dos procedimientos de ejecución diferentes sino por dejar la opción en manos de quien resulta ser la parte que redactó el contrato. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, Superior Tribunal de Justicia, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Toledo, Alberto s/ infracción artículo 96, inciso "f", ley 8031.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

Si la concesión del remedio federal no aparece debidamente fundada en lo que se refiere a que se trata de un pronunciamiento del superior tribunal de la causa, corresponde declarar su nulidad al no dar satisfacción a los requisitos idóneos para la obtención de la finalidad a la que se halla destinada (art. 169, segundo párrafo, del Código Procesal).
Aplicación errónea de la ley, interpretación de la ley, aplicación de la ley, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de requerimiento de juicio: Alippi, Marcelo s/ infr. art(s). 149 bis, amenazas - CP (p/L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-10

En el caso, la resolución de grado que condenó al imputado por la contravención de hostigamiento y lo absolvió por el delito de amenazas simples, partió de un análisis sesgado de la conducta a la que se le otorgó autonomía sobre la base de una calificación legal residual de la atribuida inicialmente, lo que aparejó el dictado de la absolución y de la condena. Tal defecto observado en la fundamentación del pronunciamiento de primera instancia podría ser pasible de otra solución jurídica, pero no infringe la garantía del ne bis in ídem. (Del voto del juez Santiago Otamendi, al que adhiere la jueza Mariana Díaz).
Divorcio, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: F., J.L. y D.M., M.N. s/ Divorcio Vincular y Liquidación de Sociedad Conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-01

Es jurisprudencia pacífica que si bien el proceso de divorcio carece de contenido económico, la labor de los letrados concretada en el patrocinio brindado en la elaboración del convenio por el cual las partes acuerdan el modo de liquidar y partir la sociedad conyugal, es una gestión profesional ajena a la desarrollada para obtener la sentencia de emplazamiento en el estado de divorciados, y tiene un contenido puramente patrimonial que torna aplicable el procedimiento dispuesto por el art. 23 del arancel .
Nulidad de sentencia, requerimiento de instrucción, falta de vista al fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Paco, José A. y Sosa, Graciela s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-01

Debe declararse la nulidad de la condena por suministro de estupefacientes a título oneroso si, paralelamente, el a quo señaló que no se pudo demostrar que se hubiera pagado contraprestación. La disidencia señaló que, en tanto la causa se originó a raíz de tareas de investigación a cargo de personal policial sin haberse corrido vista inmediatamente al fiscal, la falta de intervención del acusador penal público no se encuentra saneada por el hecho de que hubiera formalizado requerimiento de elevación a juicio ya que lo que se trata es de resguardar la prohibición de actuación oficiosa del órgano jurisdiccional en la disposición de cualquier medida que pueda afectar los derechos individuales sin impulso fiscal. (Dres. Tragant, Ledesma -en disidencia-, Riggi).
Juicio sumarísimo, entidades deportivas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mendoza, Jorge Daniel c/ Club Atlético Ferrocarril Oeste s/ Sumarísimo (Art. 299 CPC y C). 299 CPC y C).
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-04-09

El Club desnaturaliza el Reglamento de fútbol al exigir como requisito para otorgar el pase de los jugadores, uno no previsto en sus normas: el pago de una suma de dinero. Su proceder resulta, así, de incuestionable "ilegalidad" ya que coarta la libertad de los jugadores con exigencias que no tienen fundamento reglamentario.
Nulidad de sentencia, homicidio, exceso en la legítima defensa, apreciación de la prueba, testigos, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: Encinas, Nicolás c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-30

Corresponde declarar la nulidad de la sentencia que condenó al imputado en orden al delito de homicidio cometido con exceso en la legítima defensa puesto que no resulta una derivación razonada de las constancias que surgen de la causa la conclusión del tribunal de mérito que se sustentó en una arbitraria reconstrucción de los hechos, al apartarse de la prueba consignada en la propia sentencia prescindiendo de lo declarado -en sentido sustancialmente concordante- por los testigos que depusieron en el debate en cuanto ninguno de ellos manifestó que hubiesen existido golpes o forcejeos entre la víctima y el imputado, y a su vez, todos coincidieron en destacar que la víctima había salido a la calle arengando a sus vecinos para que lo acompañasen- con el único fin de interrumpir el tránsito como modo de protesta por el corte del suministro eléctrico, y que recibió el disparo que le ocasionó la muerte luego de haber detenido el vehículo apoyando las manos sobre el capot e inmediatamente después de que se acercara a la ventanilla del conductor para increpar al imputado por no detenerse. De ese modo, la consideración fragmentada de la prueba condujo a una incompleta reconstrucción de los hechos que derivó en una aplicación del instituto previsto en el art. 35 del Código Penal que no encuentra respaldo en las circunstancias comprobadas en el debate. No se trata de que la sentencia carezca de fundamentación válida por no haber valorado las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica según lo dispuesto por el art. 398 del Código Procesal Penal de la Nación, sino de omitir atenerse a la literalidad de los términos con que se han expresado los testigos (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Niño).
Transporte de carga, responsabilidad del transportador, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, culpa civil
Materia: CIVIL
Carátula: BRENNER JAIME c/ PEREZ Y RANDO S.A s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

Si se ha violado el deber jurídico de cuidado o guarda de la cosa al no adoptarse las medidas de seguridad que requerían las circunstancias por no haberse tomado los recaudos mínimos y necesarios tendientes a que la mercadería transportada no corriera peligro de derrumbarse ante las contingencias propias de un largo viaje, como obstáculos, virajes o frenadas bruscas, etc., es evidente que estamos ante un supuesto de accionar culposo, ya que hubo negligencia o imprudencia por parte del transportista de las mercaderías.
Sentencia arbitraria, caducidad de instancia, indemnización por muerte del trabajador, intervención del Ministerio Público, menores
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Aguirre, Gabriela Yolanda c/ Quevedo, Eulalia y otro s/ daños y perjuicios (accidente de trabajo)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-10

La sentencia que confirmó la declaración de caducidad de instancia del proceso donde se reclamaba la indemnización por fallecimiento del trabajador es arbitraria, pues no ponderó de manera adecuada la falta de intervención oportuna que correspondía otorgar al Ministerio Público, en tanto más allá de la discusión procesal propia de los jueces de la causa relativa a si puede o no atribuirse inacción a la recurrente, el superior tribunal provincial debió valorar de manera adecuada la falta de intervención del mencionado órgano competente para representar a los hijos del trabajador fallecido, previo a confirmar una medida tan gravosa para éstos, como la caducidad de la instancia; en especial, cuando la omisión de esta diligencia impidió a ese ministerio cumplir en tiempo y forma con los deberes y atribuciones específicos que la ley le asigna en resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que cuentan con protección especial del ordenamiento jurídico. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, intereses, remisión a otro fallo, criterio de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SUAREZ, FRANCISCO ROGELIO c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-01

La parte recurrente insiste con su postura basada en la desproporción e injusticia de la tasa de interés aplicada pero no acredita un supuesto de arbitrariedad para derribar los fundamentos dados por la Sala dentro de sus facultades -que aludió a la finalidad de mantener incólume el valor del crédito indemnizatorio laboral y al criterio sentado por dicho Tribunal en autos "Bergamaschi" para elevar el interés a una vez y media la tasa activa sumada del Banco Nación Argentina-; ni tampoco se hace cargo debidamente de los motivos que brindó la Alzada para determinar la fecha en la cual deben comenzar a computarse los mismos, por cuanto no efectúa una crítica específica soslayando refutar con argumentos concretos las consideraciones efectuadas para arribar a tal conclusíón.
Prisión domiciliaria, mujeres en establecimientos penitenciarios, interés superior del niño
Materia: PENAL
Carátula: ARNALDO, Yésica Anabel s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

No se advierte que el caso resulte comprendido en el supuesto previsto por el art. 32 inc. f de la ley 24.660 que sólo habilita el cumplimiento de pena en detención domiciliaria "A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo", puesto que los hijos de la peticionante superan ese rango etario (voto del juez Días)
Derecho procesal, procesos de ejecución, ejecución de sentencia, liquidación, moneda extranjera, tipo de cambio
Materia: PROCESAL
Carátula: Gutierrez, Emilio Mauro c/ Greppi, Guillermo Alejandro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-31

Así, pues se verifica el accionar diligente del accionante, tendiente a obtener la transferencia de la totalidad de lo depositado a los pocos días de recibido el dinero en la cuenta a nombre de estas actuaciones, pero su efectivización se vio demorada por diversos cuestionamientos del demandado y decisiones del juzgado de grado, que le fueron ajenas al actor. Asimismo, en resoluciones previas en las que se ordenó la transferencia de cierta suma de dinero, la conversión a moneda foránea se ordenó a la cotización del día anterior a la fecha de cada una de ellas, y esta decisión, idéntica a la ahora recurrida, no recibió ningún reproche. Consecuentemente, la postura recursiva ensayada por el demandado es actualmente inatendible; pues si consintió tales decisiones cuando pudo recurrirlas, es contradictorio pretender hacerlo ahora.
Acción de amparo, personas con discapacidad, cobertura médica
Materia: PENAL
Carátula: O.S. J. y otros c/ OSDE s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-12

Ateniéndonos al texto precedente (Fallos: 326:1778), sólo corresponde brindar cobertura de escolaridad con colegios privados -hasta el límite fijado en el Nomenclador, Resolución N° 692/16 del 31-05-16 del Ministerio de Salud- cuando no existan establecimientos públicos que puedan recibir y atender los requerimientos del menor discapacitado. El Instituto La Salle al que concurre el menor no es antojadiza, en virtud de que así ha sido indicado por la profesional médica tratante del niño, doctora Lucila Pernie al igual que su permanencia allí. Además, se advierte de los términos de las cartas documentos la negativa de OSDE a brindar dicha cobertura y que sólo le ofrecieron concurrir a sus "Centros de atención personalizada" sin aportar datos concretos respecto de la existencia de colegios de oferta estatal, si poseen vacantes y -finalmente- si los mismos resultan los adecuadas a la discapacidad que padece el menor.
Ciudadanía, ciudadanía por naturalización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ANDINO ZARACHO, Ada Leonidas s/ Naturalización
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-21

Debe revocarse la sentencia por la cual se otorgó la ciudadanía argentina por naturalización debido a que de las constancias de autos no puede considerarse probado el requisito legal de no poseer antecedentes penales en el extranjero conforme art. 3 del decreto 3213/84.
Acción de amparo, Derecho ambiental, Recursos naturales, protección del medio ambiente, minería, contaminación ambiental, pueblos originarios, derechos del aborigen, usufructo, propiedad comunitaria de la tierra, mensura, hábitat
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

Los actores con el "amparo colectivo" demandan que, además y de entre el reconocimiento de sus derechos, se prevenga el riesgo ambiental en la evaluación y aprobación del Proyecto, evitando cualquier compromiso a los recursos naturales, el medio ambiente y principalmente a los pobladores de la zona organizados en Comunidades con personería jurídica o sea el "habitat", que en virtud del citado incumplimiento de la Ley N* 694 no tienen determinadas ni mensuradas ni deslindadas "...las tierras que tradicionalmente ocupan...", ni tampoco se han previsto ampliaciones con "...la entrega de otras aptas y suficientes (y vecinas) para el desarrollo humano...", incluyendo en la pretensión la aplicación del criterio de "...posesión y propiedad comunitaria...", todo dentro de la hermeneútica de los inc. 17, 22, 23 del art. 75 de la C.N., el art. 42 de la C.P., la Ley Nacional N* 23302, las Leyes N* 2287 y N* 2553, sus concordantes y los Decretos Reglamentarios N* 1693/90 y N* 310/98, ya que la Ley N* 694 data de 1971, remite a la figura del "usufructo" de los arts. 2807, ss. y cc. del C.C. en forma gratuita y vitalicia y es anterior a la incorporación de dicho texto en la reforma constitucional de 1994.- O sea, ejercitar una "acción de prevención", con concurrente aplicación del "principio de precaución" (o "principio precautorio").