Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-09-17


AUTOS N° 81.457/1 (TERCER JUZGADO CIVIL) (SALA III N° 10.813) "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ LERGA DANIEL PEDRO Y OTROS - LEGAJO DE COPIAS (APELACION SIN EFECTO SUSPENSIVO)" ///Juan, a 17 días del mes de Septiembre de dos mil doce. VISTO: Para resolver sobre el recurso de apelación concedido al Dr. Claudio Correa Floridia -patrocinante de la parte demandada- a fs. sub 16, contra la resolución de fecha 5 de octubre de 2010, obrante a fs. sub 11/sub 13 y vta. de autos.

CONSIDERANDO:

La Sra. Juez A-quo resolvió:

"I) Hacer lugar a la impugnación de liquidación formulada por la actora a fs. 120/121, y en su consecuencia aplicar la tasa de interés pasiva prevista en las Leyes 7673 y 6434;

II) Aprobar la liquidación presentada a fs. 121 que asciende a $9.232,87 al 31/01/2010;

III) Imponer las costas por la incidencia al Dr. Correa Floridia vencido (art. 66 del C.P.C.);

IV) Regular los honorarios de los Dres. Rodolfo Edgardo Vives y Claudio Marcelo Álvarez por sus actuaciones en doble carácter representando a la parte actora en la suma de Pesos Seiscientos Setenta ($ 670) a cada uno hasta la sentencia; y al Dr. Claudio Correa Floridia por su actuación en carácter simple patrocinando a los demandados vencedores, en la suma de Pesos Un Mil Seiscientos Cincuenta ($ 1.650), sumas que se calculan a la fecha indicada en la planilla obrante a fs. 121, esto es al 31/01/2010;

V) Regular honorarios por el incidente de impugnación de liquidación deducido a fs. 120/121 por la actora y resuelto en esta oportunidad: al Dr. Claudio M. Álvarez por su actuación en doble carácter en la suma de Pesos Quinientos Setenta ($570), que se calculan a la fecha de la presente resolución".

Contra dicho pronunciamiento apela a fs. sub 15 el Dr. Claudio Correa Floridia, por derecho propio, se le concede el recurso a fs. sub 16. Funda el mismo a fs. sub 17/sub 20 vta., siendo respondidos los agravios por la contraria a fs. sub 22/sub 24 vta..

También el fallo fue apelado por la parte actora a fs. sub 25, concediéndosele el recurso a fs. sub 36. A fs. sub 45 la accionante desiste del recurso interpuesto, teniéndola la Juez a-quo por desistida de la apelación a fs. sub 46. Las partes hacen expresa reserva de los recursos extraordinarios de la Ley N° 2275 y del caso federal del art. 14 de la Ley N° 48.

Según constancias de autos que en copia se acompañan a fs. sub 02/sub 07 corre agregado el pronunciamiento dictado por este Tribunal en fecha 31/07/09 mediante el cual se hizo lugar al recurso de apelación concedido a la parte demandada contra la sentencia de fecha 17/08/07.

En consecuencia, se admitió la excepción de prescripción opuesta y se rechazó la demanda, imponiéndose las costas de ambas instancias a cargo de la ejecutante vencida (art. 543 de la Ley N° 3738).- A fs. sub 08 el Dr. Claudio Correa Floridia practica liquidación a los fines regulatorios la que asciende a $ 17.221,86. De dicha presentación surge que el letrado aplicó la tasa activa al capital reclamado en la demanda ($4.359,45) desde el 18/09/95 al 14/12/09.

Solicita se apruebe la misma.

A fs. sub 09/sub 10 vta. la parte actora impugna la liquidación practicada. Sostiene que se encuentran vigentes los arts. 22 y 23 de la Ley N° 7675. Al no haber sido objetada la norma en cuestión, la base regulatoria está integrada por el monto de la demanda ($4.359,45) sin interés alguno (art. 22 de la Ley N° 7675).

Agrega que con anterioridad regía la Ley N° 6434 para casos como el de autos, ascendiendo -para el caso que se considere de aplicación dicha norma- la base regulatoria a la suma de $9.232,87.

La sentencia apelada, transcripta en su parte dispositiva, causa agravios al Dr. Correa Floridia que serán subsumidos del siguiente modo:

Le agravia la aplicación de la Ley N° 7673 al tornar aplicables las disposiciones contenidas en la Ley N° 6434.

Asimismo que la Juez a-quo entienda que al no haber planteado la inconstitucionalidad de dichas leyes, las mismas resultan aplicables al presente proceso.

La inconstitucionalidad de las normas de emergencia debe ser declarada de oficio en virtud de lo dispuesto por la Constitución Provincial sin perjuicio de no haber impugnado la liquidación practicada por el Estado Provincial.

Sostiene que la vigencia de las leyes en cuestión lo privan de la justa retribución por los trabajos realizados. Agrega que el crédito por honorarios está amparado por el derecho constitucional a la justa retribución por el trabajo personal y reviste carácter alimentario. - II) Ataca el fallo porque mediante la aplicación de la norma en cuestión, se limita económicamente al profesional de los honorarios en su justa proporción de ley, debiendo efectivizar el cobro contra su propio patrocinado quien no se encuentra comprendido en la norma de emergencia.

De la ley surge que el profesional no sólo puede ejecutar al condenado en costas sino también a su representado no condenado.

III) Le agravia el fallo por resultar injusto atento a que debe existir una sola cuantía tanto para regular los honorarios de las partes, como para la ejecución del capital en razón de que la cuantía liquidada debe ser fiel y exacto reflejo de la condena dictada.

Expresa que debe considerarse que es el propio Estado Provincial quien fija los límites de su pretensión al interponer la demanda ejecutiva, donde reclama el pago de capital e intereses los cuales no pueden ser modificados por la Juez a-quo, en virtud del debido proceso y principio de congruencia, para beneficiar a la parte actora en caso de rechazo de la ejecución.

Agrega que los honorarios por los servicios profesionales se regulan en base a la pretensión incoada, en virtud del contenido económico fijado en la demanda, el cual está en relación con la importancia que el juicio representa para las partes.

-Si la demanda se rechaza, se debe mantener el mismo contenido económico, debiendo receptar la liquidación los intereses calculados según la tasa activa al ser esa la pretensión de la actora, quien al demandar, fijó el límite de la pretensión, los puntos litigiosos y la importancia económica del contradictorio.

IV) Le agravia que le impongan las costas por la impugnación de planilla y los honorarios regulados al profesional representante del Estado Provincial por resultar elevados.

Si el criterio del Tribunal es que corresponde aplicar la tasa pasiva, se debió rechazar la liquidación practicada por su parte como la efectuada por la contraria, atento a que el Estado Provincial entendió que no debía aplicarse, para la fijación de la base regulatoria, interés alguno en un todo de acuerdo a lo previsto por el art. 22 de la Ley N° 7675.

Entrando al estudio de la cuestión sometida a consideración, se adelanta opinión en el sentido que, como fue resuelto por la Juez a-quo en el fallo apelado, corresponde aplicar al presente caso las disposiciones previstas en las Leyes Nº 7673 y N° 6434.

Dichas normas son consideradas constitucionales por este Tribunal por las razones que se expondrán en el presente pronunciamiento. El primero, segundo y tercer agravio serán respondidos conjuntamente dada su estrecha vinculación.

En relación a la temporaneidad del planteo de inconstitucionalidad, en un fallo reciente, protocolizado en Prot. de Autos T° II-F° 356/359 año 2012, este Tribunal sostuvo que el planteo puede ser concretado por los litigantes hasta el momento del recurso extraordinario federal.

En dicho pronunciamiento se citó jurisprudencia del máximo Tribunal de la Nación y de la Corte de Justicia Provincial, que resulta plenamente aplicable al caso de autos.- - El máximo Tribunal de la Nación ha resuelto: "Con arreglo a la doctrina de Fallos 324:3219, y a los precedentes de esta Suprema Corte estrictamente ajustados a ella, el planteo de falta de acomodamiento del fallo atacado a la Carta Magna del País, puede ser concretado por los litigantes hasta el momento del recurso extraordinario federal.

Esto significa que el quejoso puede ejercitar el embate de inconstitucionalidad cuando interpone dicho medio de ataque (art. 257, apart. 1ro. del Código Procesal de la Nación), con tal que se cumpla el principio de bilateralidad, y ello acontece cuando la parte tiene la potestad de contestar el traslado de ley (art. 257, apart. 2do del mismo cuerpo legal)".(Referencia Normativa: CPCN Art. 257, apart. 2do)(SCBA, L 84176 S: Fecha: 15/03/2006)(Juez: Hitters (sd))(Carátula: Minteguía, Amalia María C/ Clínica Del Rosario S.R.L. Y Otra S/ Accidente De Trabajo)(Mag. Votantes:

Hitters-Soria-Roncoroni-Pettigiani-Kogan-Genoud).

También nuestra Corte Provincial, se enroló en dicha doctrina: "La introducción de la cuestión Constitucional debe hacerse en la primera oportunidad en el curso del proceso, agregándose que, tanto el acogimiento como el rechazo de las pretensiones de las partes, es un evento previsible, previsibilidad que obliga al planteo de las defensas pertinentes, incluso las cuestiones federales que aquella hipótesis autoriza deducir en las distintas alternativas.

La arbitrariedad "sorpresiva" (aquélla que surge de la propia sentencia), es imprevisible, pero la "sugerida", debe preverse, dando una adecuada respuesta al planteo de la contraria.

La recurrida, al contestar, deberá adelantar los agravios constitucionales que surgirían de una resolución adversa a sus pretensiones, dentro de un marco razonable".(Expte. N 1400 "BENITEZ, Raúl O. c/ Cornejo Nilda Damasia y Otro - Daños y Perjuicios - Sumario - Inconstitucionalidad y Casación".

P.R.E T I, F 166/168. 31/07/1996. SALA I. CORTE DE JUSTICIA. Magistrados:

Balaguer, Carlos Eduardo- Medina Palá, Angel Humberto- Caballero, Adolfo).-(PROT. DE AUTOS T° III F° 446/448 AÑO 2011-SALAIII)".

- -Según la jurisprudencia citada, el planteo efectuado por el recurrente al expresar agravios fue realizado en la oportunidad procesal pertinente. El mismo, fue respondido por la contraria a fs. sub 22/sub 24 vta. al contestar los agravios expresados por el apelante, respetándose así el principio de bilateralidad.

Sin perjuicio de considerar que no es extemporáneo el planteo formulado por el apelante en el sentido de la inconstitucionalidad de las leyes aplicadas por la Juez a-quo, dicha normativa a criterio del Tribunal no contraría -como señaláramos ut supra- las disposiciones contenidas en la Carta Magna, resultando plenamente aplicables al presente proceso.

Surge de los considerandos del pronunciamiento dictado por este Tribunal en fecha 31/07/09 (fs. sub 02/sub 07) y del fallo recurrido (fs. sub 11/sub 13 vta.) que la parte actora promovió la demanda en su carácter de cesionaria de los créditos y obligaciones litigiosas que el Banco de San Juan S.A. le cediera de acuerdo a lo previsto por la Ley Nº 6753.

En la Ley Nº 7673, publicada en el Boletín Oficial el 12 de Enero de 2006, se legisla lo relativo a la tasa de interés que debe aplicarse en los procesos comprendidos en la Ley Nº 6753, lo que resulta aplicable al caso de autos por la razón expuesta precedentemente y al no encuadrar en la única excepción prevista en el artículo 2 de dicha norma por no tratarse de una obligación que fue cancelada en su totalidad por quien resultaba obligado al pago.

A lo dicho cabe agregar, que la normativa que al apelante le agravia que aplique la Juez a-quo reviste carácter de orden público según lo dispuesto en su artículo 3º.

- -La Ley Nº 7673 en su artículo primero expresamente dispone que en todos los procesos judiciales donde la relación jurídica sustantiva tenga por origen o causa, obligaciones comprendidas por la Ley Nº 6753, las liquidaciones judiciales o extrajudiciales destinadas a determinar los montos de condena deberán efectuarse aplicando la tasa de interés establecida por la Ley Nº 6434.

La Ley Nº 6434 (Consolidación y Pago de Deudas, publicada en el Boletín Oficial el día 21/03/1994) dispone en su artículo 1º -en la parte pertinente- que en todas las liquidaciones que a partir de su entrada en vigencia se practiquen en razón de actos administrativos o sentencias judiciales por las que se reconozcan deudas a cargo de la Provincia, se aplicará la tasa pasiva que fije el Banco Central de la República Argentina.

Dicha normativa en su artículo 5º dispone que se trata de una ley de orden público y en su artículo 6º que es de Necesidad y Urgencia.- La Corte de Justicia de la Provincia, en relación a la aplicación de la Ley Nº 6434 ha dicho: "Si bien parte de la normativa de la Ley 6.434 hace referencia a la emergencia económica, sin embargo el artículo primero, en cuanto prescribe la tasa de interés aplicable a "...todas las liquidaciones..." de las deudas de la Provincia, excede el ámbito de la emergencia, es una disposición de carácter general y permanente, por ende, de aplicación no sólo a las deudas incluidas en aquélla Ley, como lo tiene ya decidido esta Corte (P.R.E. S. 2º 1993-IV-642).- (P.R.E. SALA 2º - 2004 - II - 297) - EXPTE. Nº 2456/00 "INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA C/JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ - EXPROPIACION - INCONSTITUCIONALIDAD".

Al respecto este Tribunal ha sostenido que "todas las leyes que hacen a la emergencia económica - previsional, como la Ley Nº 6434, vigentes al momento de la sentencia, establecen para las liquidaciones a practicar de deudas de la Provincia, la tasa pasiva.

Además, de ser normas de orden público, su aplicación reviste carácter obligatorio, ya que su propósito está directa y profundamente referido, no sólo a la suerte de la sociedad, sino también a la del Estado, que hacen al bienestar general, por tanto se imponen a los derechos de los particulares (Prot. de Autos T° III F° 446/448, año 2011). - De acuerdo a lo expuesto y jurisprudencia citada, entiende el Tribunal que la tasa de interés que corresponde aplicar al caso traído a estudio es la dispuesta por la Juez a-quo y por los argumentos expresados en el fallo recurrido los que, mediante el presente pronunciamiento, se confirman.

En consecuencia, se rechazan el primero, segundo y tercer agravio.

Entrando al tratamiento del cuarto agravio expresado por el Dr. Correa Floridia, referido a la imposición de costas, en el incidente de impugnación de planilla practicado a los fines regulatorios, entiende el Tribunal que el mismo resulta procedente.

De conformidad a las prescripciones del inc. 7) del art. 800 del C.P.C., modificatorio del inc. sexto del art. 197 de la Ley N° 2150, la sustanciación de las actuaciones necesarias para la determinación de la base regulatoria, no generará nuevos honorarios.

En tal sentido el Tribunal se pronunció en el fallo protocolizado en Prot. de Autos T° II-F° 343/349 del corriente año.

En virtud de lo dispuesto por la normativa referida, se admite el cuarto agravio y se revoca la resolución apelada en cuanto impone las costas por la incidencia al Dr. Correa Floridia (punto III) y el punto V) en el que se regula honorarios al Dr. Claudio M. Álvarez.

Por todo lo expuesto, se admite parcialmente el recurso de apelación concedido al Dr. Claudio Correa Floridia a fs. sub 16.

En consecuencia, se confirman los puntos I, II y IV del fallo apelado y se revocan los puntos III y V por los argumentos vertidos ut supra. No hay pronunciamiento de costas en la Alzada en el recurso aquí resuelto, por la norma legal precitada.

Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citadas SE RESUELVE:

Admitir parcialmente el recurso de apelación concedido al Dr. Claudio Correa Floridia a fs. sub 16, contra la resolución de fecha 5 de octubre de 2010, obrante a fs. sub 11/sub 13 y vta. de autos, en cuanto le imponía las costas a su cargo por la incidencia y regulaba honorarios por el incidente de impugnación de liquidación a favor del Dr. Claudio M. Álvarez en la suma de $570, en lo que se revoca.

En lo demás, se confirma el fallo apelado (puntos I, II y IV).

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.- Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257, penúltimo párrafo del C.P.C..-FDO:DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. HUMBERTO CABALLERO .

ANTE MI SRA. SILVIA SARMIENTO DE ELIZONDO-PROSECRETARIA- PROT DE AUTOS T° III-F° 528/532 -2012-.