marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad penal, culpabilidad, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GELVEZ, ELIAS GERMAN c/  s/ ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO APTA PARA EL DISPARO EN GRADO DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL, EN CONCURSO REAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-23

El estado de culpable recién queda configurado a partir de una sentencia de condena que así lo disponga y de la firmeza que la misma hubiera obtenido por no haber sido impugnada en tiempo y forma o por haberse agotado dicha vía recursiva; por lo que en nuestro sistema procesal penal, si la defensa opta por agotar las posibilidades de impugnación de la sentencia tanto ordinarias como extraordinarias, el fallo recién adquiere firmeza con el rechazo de la queja por denegación del recurso extraordinario federal por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y es por ello que no se puede sostener que una sentencia está firme mientras pueda ser recurrida ante una instancia jurisdiccional superior y, eventualmente revocada o modificada, en tanto existe la posibilidad de mutabilidad de lo decidido - DOCTRINA: Erbetta, Daniel; Orso, Tomás; Franceschetti, Gustavo; Chiara Díaz, Carlos: "Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe Comentado Ley 12734", Ed. Zeus, Rosario, pág. 44.
Iglesia Católica, libertad de cultos, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rueda, Alba c/ Arzobispado de Salta s/ habeas data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-20

La Corte Suprema ha reconocido la validez del Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina de 1966 en cuanto efectúa un deslinde entre la jurisdicción eclesiástica y la estatal en los términos de su artículo I, de tal forma que se garantiza a la Iglesia Católica el libre y pleno ejercicio de su jurisdicción en el ámbito de su competencia, siempre que no se infrinja el artículo 27 de la Constitución Nacional.
Acción de amparo, facultades del juez, notificación, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: DR. JUAN BORGES EN REPRESENTACION DE ALBERTO JOSE DEL VALLE LAMI HERNANDEZ c/ MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PROVINCIA Y/O PROVICNIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-26

La facultad del Tribunal posee carácter excepcional, ya que cuando dispone la notificación por cédula de una providencia no prevista legalmente, ésta debe ser fundada.-
Hipoteca, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Romaniuk, Pedro c/ Tano, Rubén Oscar y otra s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

Cuando se accede a la actualización de un crédito hipotecario o prendario fuera del régimen de la ley 21.309, el resultado de ese reajuste no goza de la garantía hipotecaria o prendaria ni de los consecuentes privilegios, lo cual sólo se mantiene con relación al capital originario y sus accesorios.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: MAGARZO ROBERTO ORLANDO c/ LIENDO EDUARDO Y OTRO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-02-15

El impugnante denuncia la violación de la ley y la doctrina legal en la que incurrió la Cámara a quo al condenar a su parte al pago de indemnización por daño moral y lucro cesante, que no fueron objeto de reclamo en la demanda. No puede admitirse formalmente el planteo de casación, por cuanto no se ha puesto en evidencia el supuesto exceso de la Cámara en los términos del reclamo. Se demandó la reparación económica de un incidente de trabajo al amparo de la ley común (art. 1113 C. Civil). En consecuencia, para la Juzgadora ello involucraba todos los aspectos que integran esa reparación. De lo mencionado se refiere que el recurrente discrepa con la interpretación legal realizada por la Cámara respecto del alcance de la reparación económica fundada en la ley común. Según constancias de la sentencia el actor incluyó en la suma demandada "la incidencia moral del infortunio" y posibilidades en el mercado laboral que resultan menguadas. El cuestionamiento es infundado desde que el recurrente no procura demostrar porqué la Cámara no debía pronunciarse sobre éstas circunstancias apuntadas por el actor como integrante de la cuantía de su pretensión.-
Marcas, prueba, marca registrada
Materia: PENAL
Carátula: Manco, Osvaldo O. s/ Infrac. Ley 22.362
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-06

A pesar de la notoriedad que pudiera tener una marca, la acreditación de su registro resulta insoslayable para la persecución penal.
Recusación y excusación, excusación por razones de decoro y delicadeza, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: F.A.U. c/ E., R.A. s/ Interdicto de Obra Nueva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-28

Es criterio sentado por esta Alzada que si bien el art. 30 del rito permite a los jueces excusarse de intervenir por razones de decoro y delicadeza, sin duda debe ponderarse con estrictez, a fin de que en lo posible los juicios se inicien y concluyan ante los jueces naturales, pues de lo contrario se abrirían las puertas a una desviada interpretación de la norma proclive a tolerar que el juzgador se aparte del conocimiento de la causa, cuando no se advierten las razones apuntadas que importen una violencia moral para el juzgante.
Indemnización, ley de empleo, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: Vilte, Jesús Daniel c/ Alinoa  S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-10-26

La intimación de la ley de empleo es sólo una más de las que pueden producirse dentro del ámbito de las relaciones laborales, sujeta por ello a las pautas de buena fe; artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo; que deben regir aquellas. De ahí que, si el trabajador intima a los fines de la registración, tenga la obligación de esperar el vencimiento del plazo concedido, hasta cuyo último día la patronal está en condiciones de cumplir la intimación y soslayar las consecuencias. Recién en el momento del vencimiento del plazo, sin que se haya cumplido la intimación, nace la injuria, se origina la causal que pondría eventualmente fin al contrato. Resultando inaceptable que el trabajador; en custodia de cuyos intereses se ha establecido todo un sistema de registraciones laborales; se pueda dar por despedido a cuenta de incumplimiento futuro, de acuerdo a las aspiraciones del reclamante.
Liquidación de la sociedad conyugal, convenio de partición de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: N. N. s/ Div. Vincular - Presentación Conjunta
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-02-12

Los convenios de liquidación de sociedad conyugal realizados antes de la disolución del matrimonio por divorcio o por separación personal por presentación conjunta están sujetos a la condición suspensiva del dictado de la sentencia que ponga fin a la sociedad conyugal y a que el juez los homologue cuando considere que no se encuentre comprometido gravemente los intereses de una de las partes o el bienestar de los hijos.
Procedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, canasta familiar, derecho a la vivienda digna, defensa en juicio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CLE s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en CLE  c/ GCBA s/ amparo - habitacionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-20

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad dirigido a cuestionar la sentencia que limitó el alcance de la suma a recibir por la accionante a partir de los estándares previstos en el decreto n° 960/2006 y sus modificatorios, pudiendo adecuarse a la suma resultante de tomar como referencia la canasta básica alimentaria del INDEC en los términos del artículo 8 de la ley n° 4036. Ello así, en tanto propone una cuestión constitucional en los términos del art. 113 inc. 3° de la CCABA, relacionada con la efectiva tutela del derecho humano a una vivienda adecuada según lo garantiza la Constitución local, la Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. En efecto, como sostiene la actora, resulta desconcertante y lesivo de los derechos invocados el hecho de que pese a tener por acreditada la situación de vulnerabilidad, la Cámara resolviera limitar la suma a percibir a fin de procurarse un alojamiento. Es que la aplicación de la fórmula dispuesta por la Cámara implica, en los hechos, la reducción del subsidio habitacional a ser percibido y, ante la imposibilidad de la parte actora de abonar la diferencia para poder saldar mensualmente un canon locativo, lo resuelto por el a quo equivale a colocarla nuevamente en situación de calle, con la consiguiente lesión de sus derechos de defensa y a una vivienda digna, y el principio de no regresividad. Así, entonces, no cabe fijar para el monto de la prestación objeto de la condena, otro límite que el que surge de la total satisfacción del derecho de acceso a una vivienda adecuada, hasta el máximo de los recursos disponibles. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Acto administrativo, funcionarios públicos, responsabilidad solidaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lenarduzzi de Dellamea, Elena y otras c/ Municipalidad de Fontana s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-05-20

No es procedente la demanda contencioso administrativa, con la que se pretende la oposición a la citación a juicio de los funcionarios integrantes del Consejo Municipal e Intendente de la Municipalidad de Fontana, citados a juicio por la demandada. Ello así, ya que la citación a juicio de Concejales e Intendentes de las municipalidades, tiene sustentación jurídica en la Ley Orgánica Municipal N.4233 que establece el principio de responsabilidad del Intendente, Concejales, Funcionarios y Empleados Municipales por todo acto que autoricen, ejecuten, o dejen de ejecutar excediéndose en el uso de sus facultades o infringiendo los deberes que le conciernen en razón de sus cargos. Con arreglo al mismo, aquellos que desempeñen mandatos conferidos políticamente o cumplen funciones administrativas, estar n obligados a resarcir a la comuna o a terceros los daños y perjuicios emergentes de sus actos personales, calificando de personales los actos que realicen en infracción a las disposiciones de los instrumentos administrativos (art.77), siendo también de aplicación los arts.78 y 80 de la citada ley.
Encubrimiento, obligación de denunciar
Materia: PENAL
Carátula: Alderete, Víctor Adrián s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-27

La sustitución de los términos "omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo" por "no denunciare ... cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole", conforme el nuevo texto del art. 277, inciso 1° d) del C.P., no puede carecer de significación y la nueva fórmula resulta a todas luces limitadora de la figura, convirtiéndola en un delito especial, que únicamente pueden cometer quienes realmente están obligados a promover la persecución penal de los delitos. (Voto del Dr. Mitchell)
Principios procesales, preclusión, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Montero  del  Valle,  Jorge  y  otros c/ YPF  S.A. y otro s/ part.accionariado obrero.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-07

Mientras que la cosa juzgada es un efecto de las sentencias definitivas, la preclusión es un efecto que tienen todas las resoluciones, lo que implica la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal (Couture, Fundamentos, pág. 90), es decir, que por efecto de la preclusión se impide la discusión en el proceso de lo en ella resuelto (Falcón, Enrique, "Código Procesal Civil y comercial de la Nación", T II, pág. 169 y ss.).
Lucro cesante, automotores, privación del uso del automotor, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Dorado Justiniano Lorenzo c/ Ríos Rolando Manuel y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-11-29

No debe confundirse lucro cesante con privación del vehículo, ya que la mera privación del rodado es indemnizable, aunque no se acredite el perjuicio experimentado. La circunstancia que el actor menciona en su escrito de demanda con respecto de que la privación del uso del vehículo resta efectividad a su labor, redundando en un menor beneficio económico, debe calificarse como lucro cesante. La importancia de tal calificación radica en que la mera privación del vehículo es indemnizable aunque no se pruebe perjuicio real y positivo. Distinta es la carga probatoria cuando lo que se reclama es lucro cesante.
Régimen de consolidación de deudas, leyes
Materia: ECONOMIA
Carátula: "Frigorífico   Cristal  SA c/ Ejército  Argentino s/ contrato administrativo".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-16

Solo procede la exclusión respecto de las deudas corrientes no comprendidas en algunos de los incisos del art. 1° de la ley 23.982 (Fallos: 317:1071) (De voto del juez Coviello, cons. IX).
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, fundamentación del recurso, daño moral, notificación
Materia: CIVIL
Carátula: CORIA BAUTISTA, JUANA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-10-04

Si las partes están vinculadas jurídicamente por un contrato de concesión de uso de un nicho en el cementerio, resulta evidente que la actora está legitimada para reclamar obligaciones y daños que puedan surgir como consecuencia del contrato de concesión de uso.

Si la demandada no ha cumplido con la obligación de notificar a la actora para la renovación de la concesión antes de la desocupación y traslado de los restos, debe indemnizar los daños ocasionados.
Juicio ejecutivo, intimación de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montenegro de Noya, Juana c/ Iriart, Francisco yot. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16

Resulta bien notificada la acción ejecutiva cuando el mandamiento de intimación de pago se ha diligenciado en el domicilio que el titular de la cuenta corriente, ha registrado en el Banco contra el cual ha librado el cheque que se ejecuta.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL
Carátula: Mansilla, Manuel Angel c/ Hepner, Manuel y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

Cuando la ley emplea varios términos opcionales es regla segura de exégesis la de que esos términos no son supérfluos, sino empleados con algún propósito, dado que la inconsecuencia en el legislador no se presume.
Acción reivindicatoria, locación, interversión de título, posesión, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Denesiuk de Souto E.y otro c/ Luccisano Delia E. y otro s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

Concluyendo en la calidad de locatarias de las reivindicadas, que es la condición en que se produjo el ingreso junto a sus señores padres, procede declarar que nadie puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo, la causa de su posesión. El que ha comenzado a poseer por otro, como en el caso, se presume que continúa poseyendo por el mismo título, mientras no se pruebe lo contrario.
Concursos, privilegios (civil), entidades financieras
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Central de la República Argentina s/ Incidente de revisión en Banco Coopesur Coop. Ltdo. Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

El art. 53 de la ley 21.526 (texto ley 24.627) atribuye privilegio absoluto a erogaciones efectivamente realizadas por el Banco Central de la República Argentina y no a todos los créditos de que éste sea titular.
Despido indirecto, injuria laboral, pago de la remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Reynoso, Jorge Aníbal c/ Transportes Don Otto y-u Otro s/ Demanda Laboral -Indemnización por Despido-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-10

No es la mora en el pago de las remuneraciones en sí misma lo que autoriza la rescisión del contrato de trabajo, sino el carácter injurioso que puede tener la negativa del empleador de cumplir con su obligación o el atraso en la misma, debiendo evaluarse no como hecho aislado, sino teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias fácticas del caso.
Ley de contrato de trabajo, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Airala, Horacio c/ Empresa Pesquera Frigorifico Siracusa SA s/ Demanda Laboral -Indemnización y Diferencia de Haberes-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-05

"La responsabilidad solidaria establecida en el artículo 31 de la LCT queda configurada si se trata de dos empresas que no obstante poseer personalidad jurídica propia, tienen un gerente administrativo común y la documentación de cada una de ellas puede compulsarse en un mismo domicilio".
Impuesto a las ganancias, importaciones, sociedades comerciales, sociedades vinculadas, prueba
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Eduardo  Loussinian S.A.C.I.F.I.A. (Hoy SUDAMERICA deIntercambio S.A C.I.F.) s/ Recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-20

Las diversas situaciones generadas por la aplicación del art. 8, inc. b), de la ley 20.628 deben ser analizadas a la luz de su finalidad y teniendo en cuenta las formas generalmente admitidas como manifestaciones de la existencia de un vínculo económico -entre las que destacan la propiedad del capital, la subordinación orgánica y los convenios de integración (art. 5 de la ley 12.143, 33 de la ley 19.550, 14 de la ley 20.628)-, sin perjuicio de las medidas que se considere adecuado exigir en mérito a las particularidades de cada caso. Dichas pautas se presentan como razonables para tener por acreditada la inexistencia -en el viso de vinculación económica, pues de lo contrario cualquier diferencia de precio, por ínfima que fuera, que un importador pudiera haber obtenido en el extranjero por el libre juego de la oferta y la demanda se tendría necesariamente que tener como prueba incontrovertible de vinculación económica, sin admitir prueba en contrario que es lo que acepta la ley.
Contrato de trabajo, rebeldía del empleador, in dubio pro operario, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ACERBI ELEONORA C/ SERRA DE VALERDI ARACELI S/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-15

La disposición contemplada en el art. 68 de la L.O. en cuanto a que si el demandado debidamente citado no contestare la demanda en el plazo previsto en dicho artículo será declarado rebelde, presumiéndose como ciertos los hechos expuestos en ella, salvo prueba en contrario, es imperativa y terminante y constituye una directiva ineludible para el juez. Sumado a ello el hecho de que la actora haya dado cumpliendo a lo prescripto por el art. 11 de la ley 24.013, al haber remitido a la AFIP, la copia del requerimiento enviado a su empleadora para que procediera a la inscripción de la relación laboral, debe inferirse que los hechos alegados en el escrito inicial son verosímilmente aprehensibles por razón y cabe proyectar sobre ellos la presunción de veracidad que surge del reconocimiento ficto (Art.

71 L.O.). De allí que se torne procedente el reclamo fundado en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013
Acción de amparo, recursos, admisibilidad del recurso, fundamentación del recurso, deserción del recurso, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tayeda, Marta Susana c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-06

La doctrina y la jurisprudencia han sido unánimes al establecer que, ante la gravedad de la sanción impuesta por el artículo 237 del Código Contencioso Administrativo y Tributario -de aplicación supletoria al presente caso en virtud del artículo 17 de la Ley Nro. 16.986-, corresponde efectuar una interpretación razonablemente flexible y libre de rigor formal con relación a la fundamentación del recurso, lo cual conduce a admitir su validez en cuanto la presentación respectiva reúna al menos un mínimo de suficiencia técnica.
Costas en el orden causado, falta de pronunciamiento expreso
Materia: PENAL
Carátula: ANGELORO, DANIEL s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-28

La falta de un pronunciamiento expreso acerca de las costas debe entenderse como que su pago ha sido impuesto en el orden causado.
Litisconsorcio necesario, locación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carusotti, Carlos Alberto c/ Said, José s/ Consig. alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

La falta de citación de un colocatario, no causa agravio a otro colocatario toda vez que no vio afectado su propio derecho a ser oído en el juicio y, con mayor razón, no se perjudicaría en el supuesto de dictarse una sentencia contraria a su interés sí en definitiva resultara "inutiliter datur". (MINORIA U OPINION PERSONAL)