Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-04


Comodoro Rivadavia, cuatro de septiembre de 2007.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "E. , E. c/ A. SOCIEDAD ANONIMA s/ DEMANDA LABORAL (Indemnizaciones)", Expte. Nro. 16.066/2.006, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. Nro. 3515/05).

I.- Que llegan a conocimiento de esta Alzada los presentes, por haber interpuesto la parte actora a fs. 436 recurso de apelación contra la sentencia Interlocutoria de fs. 431/433 que no hizo lugar a la prosecución del proceso que solicitó a fs. 420/421.

A fs. 441/446vta., expresa agravios. Sostiene que se decidió la suspensión indefinida del proceso por cuestiones estrictamente formales y contrarias a derechos, conculcando el derecho de raigambre constitucional de libre acceso a la jurisdicción, igualdad ante la ley e inviolabilidad de la propiedad. Indica que la resolución de fs.373vta., dada en el curso de la audiencia no es susceptible de causar estado, por lo que ningún obstáculo existe para que se analicen la cuestiones a la luz de las circunstancia imperantes y se reanude el proceso. Afirma que los efectos derivados del instituto de la preclusión no resultan aplicables al caso.

Señala que la suspensión decidida no encuentra andamiaje legal alguno pues solo hubiera procedido si el juez de Tres Arroyos se declaraba competente y al momento de recibir la comunicación prevista en el art. 9 del CPr., y de haberse suscitado la contienda de competencia. Sin embargo el juez rechazó el pedido de inhibitoria por considerar competente al juez de esta circunscripción. Afirma que no habiendo dos jueces que se consideren competentes ningún riesgo existe de verificarse actuaciones inconciliables o contradictorias y de hacerse lugar a la incompetencia planteada por A. S.A. las actuaciones que se cumplan serán válidas.

Denuncia como segundo agravio la manifiesta violación del "Bloque de Constitucionalidad Federal" constituido por derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional en el que se encuentra el derecho a la jurisdicción. Asimismo alude al art. 19 de la ley 69 y 34 inc. 4 del CPr. en cuanto imponen el deber de procurar la mayor celeridad en el trámite verificándose un retardo y arbitraria denegación de justicia.

Efectúa reserva del caso federal.

A fs. 448/452 contesta los agravios la demandada postulando el rechazo de los mismos.

II.- De las constancias de la causa, surge que en oportunidad de celebrarse la audiencia prevista por los arts. 48 y 50 de la ley 69 -el día 6/9/2006-, la demandada interpuso como cuestión previa, la competencia del Juzgado Laboral de la circunscripción, habiéndola cuestionado mediante planteo de inhibitoria ante el Juzgado de Tres Arroyos. Rechazada la misma, informa que interpondrá el recurso de inaplicabilidad de la ley pertinente.

Atento ello, la juez a quo decidió suspender las actuaciones, hasta tanto se resuelva la cuestión planteada y a fin de evitar actuaciones superpuestas e inconciliables.

A fs. 381 obra glosada la resolución del Tribunal del Trabajo Nro. 3 de Tres Arroyos por la cual se rechaza la inhibitoria planteada.

Este Tribunal, mediante sentencia interlocutoria Nro. 231/06 (fs. 411/413), declaró mal concedido el recurso interpuesto oportunamente por el actor, por considerar que enmarcándose dentro de las facultades ordenatorias del juez y existir una medida cautelar a favor del recurrente, no existía agravio que justifique el recurso intentado.

A fs. 418 con fecha 14 de febrero de 2007, el actor solicita reanudación del proceso por no existir contienda en los términos del art. 12 del CPr., reiterando la petición a fs. 420/421vta. con ampliación de fundamentos.

A fs. 431/433 la sentenciante anterior rechazó el pedido con fundamento en la firmeza que adquirió la decisión de suspensión sin que pueda volverse sobre el particular y entendiendo además, que tal resolución fue tomada para resguardar el buen orden procesal. Decidió también obtener información sobre el estado del tramite del recurso extraordinario. A Tal fin ordenó el libramiento de oficio a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

Contra tal resolución se alza ahora el recurrente. III.- A fin de dar tratamiento a la cuestión traída a resolver, cabe señalar que las circunstancias de la causa y la existencia de normas preeminentes del ordenamiento, hacen procedente examinar la petición de la actora teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico no puede quedar reducido a su expresión abstracta formal, sino que debe propender a la materialización de la justicia, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso en análisis y procurando la solución de los conflictos judiciales.

En tal razonamiento, no resulta en vano recordar que una administración de justicia rápida se enhebra con la garantía de defensa en juicio, que en aquella encuentra una de sus satisfacciones, de tal modo que aun las normas imperativas y de orden público deben ser aplicadas coordinadamente con las normas de jerarquía constitucional evitando con una interpretación y aplicación de las primeras caer en situaciones formales exageradas que obviamente nada solucionan y transgreden normas de nivel superior (CNCiv, Sala F, 5/12/001 DJ 2002-263).

Es inherente al derecho a la jurisdicción, un 'debido' proceso, y una sentencia imparcial, oportuna, justa y fundada... El acceso al Tribunal constituye tan sólo la primera fase del derecho a la jurisdicción; que nada logra si luego no se llega a la última. Porque en definitiva, el justiciable acude al Tribunal para que administre justicia resolviendo su pretensión jurídica. Y si tal administración de justicia se inhibe o se estanca o no llega a término con la sentencia debida el derecho a la jurisdicción se frustra pese a que se haya accedido originariamente al Tribunal... De ahí que la duración del proceso deba ser razonable, variable según la índole de la pretensión y del proceso, pero siempre, circunstanciadamente rápido. Las demoras, dilaciones, las suspensiones, etc., que conspiran sin razón suficiente contra la celeridad procesal, son inconstitucionales (CSJTuc., Sent. N° 81 del 15/4/94, en autos "S. SRL vs. Banco xxxxx Coop. Ltda.", JA 1995-III-500 con cita de Bidart Campos "La duración razonable del proceso" LL 154-85).

En tal sentido, la Constitución de la Provincia del Chubut, integra, expresamente, la garantía del debido proceso con la duración razonable de todo proceso en el art. 44. En el orden nacional, se trataba de una garantía innominada pero luego con la incorporación de los tratados internacionales (art. 75 inc. 22 de la CN) se exteriorizó en forma expresa.

Es en tal marco que corresponde el análisis de cuestión debatida sin que quepa considerar como una reedición de la que fuera tratada en la sentencia de fs. 411/413 sino que las nuevas circunstancias acaecidas y la exigencia del respeto a las normas constitucionales referidas imponen tal solución.

IV.- Sentado ello, cierto es que la decisión de suspender el proceso fue destinada a resguardar el orden procesal y por tanto dada en el marco de las facultades ordenatorias conferidas al magistrado por el código de rito, pero no puede desconocerse la vigencia del inc. 6 de la norma contenida en el art. 163 por cuanto impone al juez el deber de hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos en la sustanciación de la causa.

En tal sentido, de las actuaciones surge que el proceso se suspendió el 6 de septiembre de 2006 a las resultas de una cuestión de competencia planteada por el demandado. A la fecha de la presente, si bien existen constancias en autos de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley interpuesto por la aquí demandada (ver fs. 395/396) el mismo aun no ha sido resuelto y a tenor de lo informado por el demandado tampoco se halla en estado de resolver, toda vez que manifiesta "una vez que comience a circular por los Ministros" (fs. 428vta.).

Tales extremos y el dato cierto de haber transcurrido un año desde la suspensión decidida, no autorizan a mantener a ultranza el temperamento adoptado en el marco de facultades ordenatorias. Pues tal tesitura, implica subordinar normas de mayor jerarquía en la que está interesado el orden público como lo es la garantía del debido proceso y la duración del proceso en plazo razonable a la intención de evitar pronunciamientos inconciliables.

Ha de señalarse que a tenor del art. 12 del CPr. es durante la contienda de competencia que se suspenderán los procedimientos sobre lo principal una vez que el juez requerido recibe el oficio inhibitorio, a fin de evitar que las actuaciones puedan ser invalidadas de resultar incompetente.

En tal línea de razonamiento, sabido es que hay cuestión de competencia cuando dos o más jueces entienden que son competentes para conocer en una determinada causa (contienda positiva); o cuando dos o más jueces entienden que no son competentes para conocer en una determinada causa (contienda negativa) (Cfme. Falcón Enrique M. "Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial" Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2006 T. I p. 141).

De la correcta interpretación de la norma citada y las constancias de la causa, no puede más que concluirse que en autos no existe contienda alguna que amerite el mantenimiento de la suspensión dispuesta a fs. 373vta. Ello desde que el tribunal de Tres Arroyos rechazó la inhibitoria planteada por la aquí demandada y en consecuencia no requirió la Sra. Juez interviniente la remisión de los actuados, quien por otra parte -y lógico resulta- tampoco declinó su competencia Asimismo, asiste la razón al recurrente en cuanto la naturaleza alimentaria del reclamo del actor y la operatividad del principio "pro operario" .

Por todo lo expuesto, no resulta razonable, en el caso, mantener la suspensión del proceso, correspondiendo dejarla sin efecto y mandar seguir adelante con los autos.

Atento lo decidido, pierde virtualidad el libramiento del Oficio Ley 22.172 dispuesto en el punto 2 del resolutorio de fs.432vta./433 correspondiendo dejarlo sin efecto.

V.- Atento como se resuelve, sin perjuicio de la decisión revocatoria de la primera instancia se mantienen las costas y los honorarios regulados en la instancia anterior.

En cuanto a las costas de la Alzada, toda vez que la demandada pudo creerse con derecho para litigar en el sentido que lo hizo corresponden sean soportadas por su orden (conf. art. 68 2do. párrafo del CPr). A los fines de la regulación de honorarios se tendrá en cuenta el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada, como asimismo el mínimo establecido por el art. 33 y el art. 14 de la ley 2.200 modificada por la Ley 4335.

Por ello, la Sala B, de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1)Admitir el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 435 contra la resolución de fs. 431/433 y en consecuencia dejar sin efecto la suspensión del procedimiento dispuesta a fs. 373vta., debiendo continuar los autos según su estado.

2)Dejar sin efecto el punto 2 de la parte resolutiva de fs. 432vta./433 de acuerdo al considerando respectivo.

3)Las costas de la Alzada serán soportadas por su orden, manteniendo las impuestas en la primera instancia, de acuerdo al considerando respectivo. Regulándose los honorarios de profesionales intervinientes por los trabajos realizados en esta instancia a los Dres. A. G. M. y J. A. G. H. , conjuntamente, en el treinta por ciento (30%) y los de los Dres. I. F. de las C. e I. F. A. , conjuntamente, en el veinticinco por ciento (25%), en ambos casos de la suma que le corresponda en concepto de honorarios por la incidencia en la instancia de grado que se mantienen.

4)Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.:

Graciela Mercedes García Blanco, Presidente.

Marta Susana Reynoso de Roberts, juez de Cámara.

Nélida Susana Melero, Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL NRO. 159 DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS