marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, jurisprudencia aplicable, ley laboral, ley vigente, aplicación de la ley, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GATTI, DANIEL ARISTIDES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-10

Cuando se pretendió reparar las disvaliosas situaciones provocadas por el seguimiento de "Espósito" mediante la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557 -decisión luego anulada tanto en el ámbito nacional como en el provincial-, la Corte nacional de algún modo varió su posición a partir del precedente conocido como "Castillo II", tal vez tomando nota de la evidente injusticia que se estaba cometiendo. Asimismo, cabe considerar los argumentos del DNU 669/19 -cuya constitucionalidad ha sido severamente atacada desde que se dictó, tanto por la doctrina y la jurisprudencia- que parecen contradecir a "Espósito" en cuanto a la aplicación supuestamente retroactiva de una ley, lo que genera un mar de dudas e incertezas (incluso respecto de su vigencia y aplicación) del que solamente se podrá salir airosos, precisamente, en función de los principios que orienten la decisión. (Del voto de la Dra. Aseff) - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 339:781; Castillo, Juan Norberto c/ Provincia A.R.T. s/ accidente ley especial, del 12/03/2019. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 12; DNU 669/19
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Delle Coste, Sonia y otros c/ Compañía Industrial La Azuleña S.A. s/ Diferencia de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-14

El actual art. 168 de la Constitución provincial no resulta violado cuando alguna cuestión referida a los hechos es aprehendida en la sentencia y no en el veredicto.
Concursos, liquidación y distribución, realización de bienes, concurso especial, subasta, saldo de precio
Materia: COMERCIAL
Carátula: OMEGA  COOPERATIVA  DE SEGUROS LIMITADA c/ CARREFOUR ARGENTINA SAS/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

En el marco de un concurso especial es procedente que el comprador en remate judicial que ha sido remiso en depositar el saldo de precio pueda hacerlo en tanto no se haya decretado una nueva subasta (Cnciv en pleno, "Zorz, José M. y otro c/ Gandolfo, Nelly D.") y el adquirente haya depositado los intereses correspondientes para resarcir el daño moratorio, en liquidación que no se encuentra controvertida.
Remuneraciones accesorias, participación en las ganancias, relación de dependencia, contrato de trabajo, gratificaciones, cuestiones de competencia, competencia laboral
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Martorana,  Ricardo  Orfidio c/ International Business Machines Corporation y otros. s/ cuestiones de competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

Al hallarse relacionadas las opciones accionarias y premios -planes de stock options y awards- a la subsistencia de la relación laboral, las controversias acerca de aquéllos quedan sujetas a la jurisdicción de los jueces laborales (arts. 20 y 21 de la ley 18.345) (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Pratulia, Horacio c/ Coop. Elec. Serv. Viv. Iris s/ Cobro Hipotecario López, Oscar H. c/ Mussa, Gustavo y ot. s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja Frisar S.A. s/ Concurso preventivo Orange Fase II S.A. c/ Municip. de Morón s/ Cumplim. de contrato y daños y perjuicios. Recurso de queja Malnati, Guillermo c/ Banco Crédito Provincial s/ Rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-27|1998-06-09|2000-12-20|2001-10-31|2003-03-12

El pronunciamiento de la Cámara que declara nula la sentencia del juzgado y ordena que se dicte nuevo fallo, no reviste carácter de definitivo en el concepto del artículo 296 del C.P.C.C. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concesión errónea del recurso, recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad formal, jurisdicción
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO DE CORRIENTES  S.A. c/ SUCESORES DE CHAVEZ, CATALINA Y CHAVEZ, CONCEP-CION MARIA ITATI s/ COBRO ORDINARIO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-09-18

Resulta mal concedido el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora, puesto que no reúne la totalidad de los requisitos establecidos en la Resolución Nº 1197/07 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y su anexo, y a ello debe adicionarse otro déficit que torna inadmisible el remedio en trato, cual es la incorrecta identificación de la norma que confiere jurisdicción al Superior Tribunal Justicia, en el caso la ley 6997 de la Provincia de Chaco, cuya vigencia es anterioridad a la fecha de presentación del recurso sub exámine.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, demanda, modificación del contrato, contrato de obra pública, mayores costos
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Emaco  SACI. e I. c/ Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

El recurso extraordinario contra la sentencia que hizo lugar a la demanda de modificación de la cláusula contractual relativa a la determinación de las variaciones de costos que tuvieran lugar durante el transcurso de la ejecución de la obra es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Locación de cosas, prórroga legal, plazo mínimo, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Menescaldi de Blanco, Ofelia Haydee c/ Díaz, Hugo Antonio s/ Desalojo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-26

La circunstancia de que en la prórroga se haya estipulado un nuevo precio, no obliga al locatario a respetar nuevamente el plazo mínimo de la locación establecido en el art. 1507 del Código Civil.

Este se computa desde el comienzo de la relación locativa y rige por una sola vez y no con relación a cada renovación o prórroga del contrato original.
Mejoras, posesión de mala fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SALAZAR DE TABOADA, MARIA c/ PATRICIO PAEZ s/ COBRO DE PESOS.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-07-05

Cuando el poseedor es considerado como aquel que no tiene motivo para creerse con título suficiente que lo autorice a poseer el bien que ocupa, la posesión es de mala fe, por lo tanto se aplica al caso lo preceptuado por la normativa del código civil en sus arts. 2.440 Y 2.441, reconociéndose a quien la detentó, el derecho al pago de las mejoras necesarias y útiles.
Suspensión del juicio a prueba, interpretación de la ley, interpretación restrictiva, penas conjuntas, pena de inhabilitación, mala praxis
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CANIL, Gonzalo s/ SUSPENSION DEL PROCESO A PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-22

Tratándose de un medio y un derecho que toma en cuenta la necesidad de favorecer a una minoría del conjunto total de imputados, la norma debe ser interpretada y aplicada con amplitud para abarcar situaciones diversas que materialicen la utilidad práctica del instituto, por lo tanto, cabe interpretar que la restricción establecida en el último párrafo del art. 76 bis, C.P.

para la "probation" debe ser entendida en el sentido de que sólo alude a aquellos casos en que el delito considerado prevea exclusivamente pena de inhabilitación, posibilitando su otorgamiento cuando la misma esté prevista como pena conjunta, arts. 84 y 94, C.P.

La procedencia del beneficio debe analizarse en cada caso particular dado que en algunos supuestos (mala praxis profesional), resultaría conveniente la realización del debate por cuestiones de política criminal.
Deber de asistencia entre cónyuges, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: M.de M. E. c/ M.J.E. s/ Alimentos y Litisexpensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-11

Resulta inatendible la pretensión del recurrente, quién en la Alzada se pone en contradicción con su comportamiento anterior, porque si en la oportunidad de celebrar el convenio de alimentos en forma espontánea y voluntaria, aceptó libremente una cuota alimentaria "provisoria" de $ 2500 , fue porque, obviamente, sus condiciones económicas lo posibilitaban y las necesidades de la alimentada lo justificaban. De allí que, por aplicación de la doctrina de los propios actos, que se deriva necesaria e inmediatamente del principio general de buena fe, y por tanto, integra nuestro derecho positivo, la rectificación que hoy pretende resulta inadmisible.
Segunda instancia, resoluciones judiciales, recurso de reposición (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: "Barrera  Carlos  R. c/ PEN  -Ley  25.561  Dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-18

Las resoluciones de la Cámara de Apelaciones no son -por regla susceptibles del recurso de reposición, tan solo autorizado en esta instancia para las providencias simples (arts. 160, 238 y 273 del C.P.C.C.N.; y Sala III, 27/8/85, "Micheli, Gladys T.

c/B.C.R.A."), quedando por tanto, en principio, excluido de este remedio el acto que haya sido dictado por la Sala (esta Sala, 17/12/85, "Villalonga Furlong S.A. c/Encotel").
Derecho procesal, testigos, prueba testimonial, declaración testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: MORALES, LUIS ANGEL Y OTROS s/ POSESION VEINTEÑAL-SUMARIO-II CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-30

Es valida la declaración de los testigos que tiene relación con la parte que los presenta, si su testimonio se impone para la averiguación del hecho sucedido en el lugar de su vecindad o trabajo, o aquella que declara que hace fe en juicio la declaración del testigo dependiente de la parte que lo propone, si por razón de su trabajo "es el mas indicado para conocer los hechos en litigio, máxime si concuerda su declaración con la de los otros testigos o con el resto de la prueba producida.
Recurso extraordinario, partidos políticos, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Partido  Demócrata  Cristiano s/ incidente de caducidad art. 50ley 23.298.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-24

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que decretó la caducidad de la personalidad política del Partido Demócrata Cristiano -Distrito Córdoba- de conformidad con lo dispuesto por los arts. 49 y 50 inc. c de la ley 23.298 si la ley 25.611 -promulgada después de ser interpuesto el recurso extraordinario- derogó la previsión legal en que se fundó dicha caducidad.
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: SARTORIO, HUMBERTO Y OTROS c/ E.N.  (E.M.G.E.) s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

La incapacidad sobreviniente absorbe al lucro cesante pues incluye el impedimento del damnificado para retornar a la actividad que desarrollaba antes del hecho dañoso.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: BOVE, Pedro César s/ REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-20

El mero disenso del apelante con el criterio con que el Tribunal determinó el interés económico controvertido no autoriza el recurso extraordinario.
Recurso extraordinario federal, cuestiones de hecho y prueba, fundamentación del recurso, fundamentación errónea, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Spota, Alberto y otro c/ Artemisi, Dante Leonardo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

Corresponde rechazar el recurso extraordinario pues el a quo fundó su decisión en circunstancias de hecho y pruebas producidas, que no han merecido objeción puntual de la recurrente, ya sea por vicio en su interpretación o por ignorancia de otras conducentes y relevantes para la solución de la causa (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Antonio Boggiano).
Competencia contencioso administrativa, acción de amparo, inadmisibilidad formal, cuestiones opinables
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vega, Fernando Jorge Ariel c/ Policía de la Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-06

La apoderada y directora responsable de una empresa de seguridad, con patrocinio letrado, inicia acción de amparo en contra de la resolución interna de la jefatura de la policía de la provincia, por la cual se revocó la autorización oportunamente otorgada, en virtud de la Ley 3914 que regula el funcionamiento de agencias de investigaciones privadas y serenos particulares.

Atento a la materia contencioso administrativa traída a resolver, este Tribunal resulta competente, en virtud de lo establecido en el Art.204 de la Constitución Provincial y Art.1 de la Ley 4998, modificatoria del Art.4 de la Ley 4642,y conforme a jurisprudencia reiterada de esta Corte de Justicia.

En orden a verificar el cumplimiento de los requisitos de viabilidad necesarios para declarar la procedencia formal de la acción deducida, corresponde señalar que constituye doctrina legal de este Tribunal, siguiendo la jurisprudencia de la CSJN, que la acción de amparo constituye un remedio de excepción, cuya utilización está reservada para aquellos casos en que la carencia de otras vías legales aptas para resolverlos pueda afectar derechos constitucionales, excluyendo aquellas cuestiones en las que no surge con total nitidez la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de que el daño concreto y grave ocasionado sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente de este proceso constitucional.

En esa línea de razonamiento, cabe resaltar que del Art. 2 de la Ley 4642 se desprende como requisito de admisibilidad que no existan vías paralelas, judiciales o administrativas que permitan obtener la protección pronta y eficaz del derecho que se dice vulnerado, circunstancia que no se advierte en autos, toda vez que por ante esta misma Secretaría tramitan los autos Expte. Corte Nº 33/10 - "Recurso de Apelación interpuesto por la Empresa de Seguridad S. en contra de Resolución Nº 566/10 de Jefatura de Policía".

Ello revela la existencia de otras vías paralelas judiciales y/o administrativas y evidencia que la vía procesal elegida no se muestra apta para dilucidar el caso planteado que versa sobre cuestión jurídica opinable y excede el marco cognoscitivo de la acción.

En efecto, la determinación de la eventual invalidez del acto emanado de autoridad pública -Jefatura de Policía de la Provincia de Catamarca- requiere de mayor amplitud de debate y prueba y corresponde que ello sea juzgado con sujeción a las formas legales establecidas al efecto.

En consideración a lo expuesto, corresponde declarar la inadmisibilidad formal de la acción intentada, imponiendo las costas a la parte accionante, conforme a lo previsto en los Arts.1, 2, 3, 6, 17 y concordantes de la Ley 4642.
Vivienda única, bienes inembargables, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO c/ LUCIA M. DE J. CHARRAS s/ EJECUTIVO - VIVIENDA UNICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-08-07

El legislador provincial se limitó a establecer que la vivienda única no puede ser objeto de embargo -más allá que tal disposición pueda criticarse en razón de que la facultad de disponer en tal sentido corresponda al orden nacional- no obstante lo cual, la legislatura local ha dado a aquella la condición de "bien de familia", incurriendo de tal manera, en una evidente extralimitación o, al menos, en una incuestionable confusión conceptual.

A través de esta institución, se persigue colocar al grupo familiar fuera del peligro que representan los avatares económicos, las consecuencias de los negocios perjudiciales, las excesivas cargas impositivas y, también, las desavenencias familiares, en orden a la conservación de la casa donde habita la familia o de un inmueble que sirva con sus frutos al sostenimiento de la misma.

La ley que la regula (Nro. 14394 art. 34 al 50), impide -a la par que otras cosas vgr.: art. 37-que el "bien de familia", sea susceptible de ejecución o embargo (art. 38).

Se distingue, de tal modo, la dimensión o alcance de la protección, por intermedio de la ley local, del bien respecto de las formalidades exigidas para la procedencia del despacho de una medida cautelar -instituto propio del régimen procesal que las provincias no han delegado al gobierno federal para su regulación y, por el contrario, han reservado para ellas de acuerdo a lo normado por el art. 104 de la Constitución Nacional-, de los beneficios que se otorgan al titular del dominio y su grupo familiar mediante preceptos pertenecientes al derecho sustancial, que deben emanar, pura y exclusivamente, del Congreso de la Nación por imperio de lo estatuido en los arts. 11 y 104 de la Constitución Nacional.

Sólo quien tiene imperio para dictar leyes de fondo, puede disponer que un bien no sea objeto de embargo.

La presunción de la ley de considerar inscripto, en forma automática y en las condiciones que exige, como "bien de familia" a la vivienda única, es insostenible desde que la certeza acerca de la situación del deudor y su patrimonio, sólo puede conocerse recién después de producida la búsqueda en los asientos registrales en los que deben constar, para causar adecuadamente los efectos jurídicos, los documentos a los que se refieren los arts. 1184 incs. 1 y 8, y 2505 del Código Civil y 2 de la ley 17801.

Así la ley provincial constituye un privilegio inaceptable al invadir una materia cuya regulación legal es propia del Congreso de la Nación.

El art. 505 C. Civil resulta de inobservancia impensada conforme al rango instituído por el art. 31 de la Constitución de la Nación, toda vez que no puede ser enervada por una acotación provincial, como es la tildada de inconstitucionalidad (ley 8067). (Del voto del Dr. Sársfield Novillo).-
Competencia federal, telecomunicaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Novero c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Proceso sumarisimo Domingo, Andres c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Proceso sumarisimo Guazzelli, Fernando c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Acción sumarísima Trevisan, M. C. c/ Telefonica de Argentina S.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-01|1991-12-05|1993-05-20|1995-10-12

Es competente la justicia federal para conocer en la demanda contra una empresa telefónica con el fin de que se establezca el monto correcto que se debe abonar por el uso de una línea telefónica, pues tal pretensión exige precisar el sentido y los alcances de normas federales, como son las dictadas por el Estado Nacional en ejercicio de las facultades que le confiere la ley nacional de telecomunicaciones 19.798. (Cód. Procesal civil art. 4 y 196) MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, perito calígrafo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Assi, Emilio c/  s/ sucesorio testamentario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-09-28

La función del perito calígrafo prevista en la norma del art. 2339 CCyC que exige su intervención para la comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma del testador mediante "pericial caligráfica", no tiene una correspondencia con una norma del código procesal por ser ésta anterior al de fondo, y es esa la razón por la que no se los incluyó en los arts. 750 y 753 del CPCC. Mas ello no impide que impugnen las resoluciones dictadas durante la secuela del juicio en cuanto sean susceptibles de afectar su interés, y puesto que la base económica de sus honorarios es el avalúo de los bienes inventariados debe permitírsele cuestionarla en los términos del art. 39 LA.
Competencia federal, competencia por la materia, delitos contra la seguridad de la Nación, AFIP DGI, póliza
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MOLINS, Gustavo s/ Causa 4.750
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

Toda vez que la DGI podría encontrar su interés económico comprometido, por imperio del art. 33, inc 1. c) del C.P.P., ha de ser la justicia Federal la que asuma la investigación dada la presunta falsedad de pólizas de seguro de caución, para garantías impositivas.
Incapacidad laboral, incapacidad total, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: LEAL, ENRIQUE RICARDO c/ MICRO OMNIBUS NORTE  S.A. s/ INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-26

La novación objetiva del contrato que se produce con el cambio de tareas previsto por la ley, sólo tiene sentido cuando el grado de incapacidad no es absoluto, y el empleado se halla en condiciones de efectuar tareas acordes con su capacidad residual. Pero no existiendo posibilidad alguna que el trabajador se reintegre a la vida activa bajo ninguna circunstancia razonable, la rescisión del vínculo se impone, por lo que corresponde el resarcimiento previsto por el artículo 245 Ley de Contrato de Trabajo y no el establecido por el artículo 247 de dicho cuerpo normativo.
Nulidad de sentencia, fundamentación de sentencias, voto de los jueces
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gallo, Dante s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-26

Resulta nula la sentencia que omitió asentar en los fundamentos del fallo la adhesión de uno de los jueces, pese a que con anterioridad éste haya suscripto el veredicto. (Dra. Catucci -en minoría-).
Honorarios del abogado, competencia de paz
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A.M. c/ M.N.A. s/ REGIMEN DE VISITAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

Los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia (Resol.

Nro. 93) para retribuir a los abogados intervinientes en calidad de funcionarios ante la Justicia de Paz Letrada, deben adecuarse al valor del "jus" que es utilizado en las Secretarías de dicho Tribunal y aplicado por esta Alzada invariablemente por considerar que aquél es el organismo indicado para evaluar los rubros que integran la retribución asignada al cargo que el art. 9no. de la Ley 8904 ha tomado como base para derivar la unidad del honorario profesional de abogados y procuradores. De tal modo, a partir de los honorarios mínimos que tal artículo establece en su ap. I deben evaluarse en cada caso las particularidades propias de cada proceso, conforme los elementos que el art. 16 de aquel ordenamiento impone considerar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, trabajadores portuarios, trabajadores marítimos, accidente in itinere, ENGAR
Materia: LABORAL
Carátula: RIVERO GONZALEZ, DANIEL c/ ENGAR s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-28

El ENGAR responde ante reclamos por accidente in itinere cuando el infortunio tiene lugar durante el trayecto emprendido por el trabajador desde su domicilio al recinto de contratación para la primera llamada, 7 horas, y desde ese lugar a su domicilio, después de la segunda llamada, 13 horas, si ese día no fue contratado. Por lo tanto, si el infortunio sucedió al retirarse el trabajador después de la primera llamada, no puede ser considerado accidente in itinere por el que deba responder la accionada.