Fallos de la Corte Suprema, interés superior del niño
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: R., R.R. s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Silvio Martoccia en contra de la sentencia Nº 16/2011: R., R.R. s.a. Abuso Sexal, etc. - Bañado de Ovanta, Dpto. Santa Rosa - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-18

La Cámara en lo Criminal declaró culpable al imputado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal por cualquier vía doblemente agravado por el vínculo y por aprovecharse de la inmadurez sexual de la víctima por la situación de convivencia preexistente (arts. 119 cuarto párrafo, incisos b) y f) en función del primer y tercer párrafos de dicho artículo y 45 del C. Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de quince años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal).

Contra el decisorio aludido, comparecen los asistentes técnicos del imputado e interponen recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en los incs. 1, 2 y 3 del art. 454 del C.P.P.

Corresponde examinar si efectivamente el fallo ha violentado la garantía constitucional de defensa en juicio.

Adviértase que los argumentos por los cuales los recurrentes resisten la sentencia versan en cuestionar la legitimidad de la fundamentación al haberse valorado el testimonio del menor víctima, el cual ha sido incorporado por su lectura.

Estimo oportuno destacar que la jurisprudencia de la CSJN citada por los recurrentes (Fallos 329:5556, Benítez Leonel Aníbal), difiere del planteo que aquí se efectúa, puesto que allí se resolvió incorporar los testimonios de quienes no comparecieron al debate, con expresa oposición de la defensa del imputado, lo que no ha ocurrido en el sub-examine, donde la defensa consintió la incorporación del testimonio cuya meritación ahora cuestiona, conforme surge del acta de debate.

No obstante ello, al segundo día de haber consentido su incorporación, la defensa se arrepintió y al formular los alegatos, llamativamente, luego de ponderar circunstancias alusivas al testimonio del menor, cuestiona no haber podido controlar la declaración del mismo y que dicho testimonio haya sido incorporado por su lectura.

Sumado a ello, cabe agregar que la incorporación por lectura de las declaraciones testimoniales prestadas durante la instrucción resulta procedente siempre que éstas hubieren sido recibidas por funcionarios del Poder Judicial -como en el caso bajo examen, ya que dicha declaración fue tomada por la Fiscal de Instrucción interviniente, encontrándose presentes además del menor víctima, su abuela -denunciante-, la Asesora de Menores y el Secretario actuante- y que medie acuerdo entre el Tribunal y las partes.

De igual modo, cabe decir que sólo procede la sanción de nulidad respecto a la incorporación por lectura al debate de testimonios prestados en la etapa instructora cuando no se le garantizó al imputado, al menos, en algún momento del procedimiento, el derecho de efectuar un control útil y eficaz de tales declaraciones, supuesto en el cual la inclusión de los dichos incriminatorios conculca los derechos que consagran la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que llevaría a la descalificación del acto procesal y del pronunciamiento que ha sido su consecuencia cuando la prueba restante no habilita un juicio de certeza acerca de la culpabilidad del acusado.

De las constancias de la causa se advierte que son diversos los actos procesales en los cuales el imputado y su defensa tuvieron oportunidad de ejercer el control del cuestionado testimonio. Según lo reseñado se advierte que la parte no puede alegar vulneración al derecho de defensa o falta de oportunidad de controlar la prueba que ahora intenta cuestionar.

En definitiva, estimo que, en el caso examinado, la incorporación por lectura de la declaración de la menor no resulta ilegítima, toda vez que, teniendo en miras el interés superior del niño, debe primar el derecho de ellos a no ser revictimizados con un nuevo interrogatorio.

Dicha conclusión, tiene como fundamento que las consecuencias del abuso sexual de menores son de suma gravedad y producen daños físicos, psicológicos y sociales (Conf. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, 07/VI/2006, "in re": "Brancca, Carlos", voto de la Dra. Ledesma, Dr. Tragant adhiere según su voto, adhiere el Dr. Riggi, J. A., C.D. año 2006, documento 22.10077).

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto por este agravio.