Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-04


//la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 4 días del mes de abril de 2012, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Raúl R. Madueño como Presidente, y los doctores Luis María Cabral y Mariano H. Borinsky como Vocales, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa particular en esta causa Nº 14.900, caratulada: "GATTI, Cristian Gustavo y RIARTE, Jorge Leonel s/recurso de casación", de cuyas constancias RESULTA:

1º) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 22, en lo que aquí interesa, resolvió: "...I) CONDENAR A CRISTIAN GUSTAVO GATTI...por ser coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión con armas a la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y al pago de las costas procesales (arts. 12, 29 inc. 3°, 45, y 166 inc. 2° primer párrafo del Código Penal y 401 y 403 del Código Procesal Penal de la Nación. II) CONDENAR A JORGE LEONEL RIARTE...por ser coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión con armas a la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y al pago de las costas procesales (arts. 12, 29 inc. 3°, 45, y 166 inc. 2° primer párrafo del Código Penal y 401 y 403 del Código Procesal Penal de la Nación..." (fs. 295/296 cuyos fundamentos obran a fs. 297/306 vta.).

Contra ese pronunciamiento, interpuso recurso de casación la defensa particular de los condenados (fs. 311/314), el que fue concedido a fs. 315/315 vta., y mantenido ante esta instancia a fs. 331.

2º) Que el recurrente estimó fundado su recurso en virtud de lo dispuesto por los incisos 1° y 2°del artículo 456 del C.P.P.N. (cfr. fs. 311 vta.).

En primer lugar, se agravió de que no exista una fundamentación adecuada de la pena impuesta a Riarte conforme a los arts. 40 y 41 del Código Penal (cfr. fs. 311 vta.).

Expresó que el a quo obvió circunstancias que constituyen pautas mensurativas a los fines de individualizar la pena. Señaló que respecto de Riarte no se ponderó su confesión efectuada en el acto de la audiencia, circunstancia que "...demuestra la conciencia del mismo de lo erróneo de su accionar y muestran la innecesariedad de una pena elevada a los efectos de la prevención especial..." (cfr. fs. 312).

Sostuvo que ".la sola referencia a la existencia de uno o dos atenuantes y a otro tanto de agravantes, cuando además ello hace en forma muy sintética, mediante formulismos repetidos en distintos pronunciamientos y sin mayor explicación, deja por contestar interrogantes que no pueden quedar sin respuesta si pretende fundar en la ley la solución adoptada..." (fs. 313).

Que "...el Tribunal no explica como, a su entender, juega la culpabilidad y el grado de injusto en la determinación de la sanción, ni mucho menos como se conjugan estos tres conceptos (injusto, culpabilidad y peligrosidad). Es indiscutible que entre las circunstancias contempladas con el art. 41 del C.P., hay algunas que hacen al grado de injusto, otras a la culpabilidad y otras a la peligrosidad del sujeto, con lo que aparecen a primera vista, mezcladas tres tipos de criterios para la fijación de la pena..." (fs. 313).

Señaló que es "...esencial entonces determinar como deben operar estos criterios [esto es: la culpabilidad, la prevención general y especial] ya que estarían basados en finalidades antinómicas, pero a pesar de ello el Tribunal no ha hecho explicita su posición sobre el punto y ello..." atenta contra la defensa en juicio en tanto "...impide que esta defensa pueda cuestionarla..." (fs. 313).

Así pues, fundó su pretensión repasando distintos principios que hacen a la cuestión traída a estudio, solicitando que se revoque la sentencia recurrida.

Por otra parte, sostuvo que "...no está acreditada de ninguna manera la participación criminal de Gatti en estos actuados..." y que "...la única solución jurídica posible tendría que haber sido su libre absolución..." (fs. 314).

Con relación a ello, expresó que Gatti manifestó que fue "...objeto de una persecución policial y al momento de la detención le sacaron fotos y le solicitaron dinero, por ello hay una causa que investiga ese delito, y que por no tener ese dinero ahora esta imputado. El hecho investigado no es común, sino que hay muchas personas vinculadas..." (fs. 313 vta./314).

Agregó que a su defendido "...nunca se le secuestró nada. La única prueba en su contra son los reconocimientos positivos y dichos de los damnificados. En la causa no hay escuchas telefónicas que lo imputen..." (fs. 314).

Señaló que Gatti "...es una persona que se maneja con la verdad, y por lo tanto a raíz de sus manifestaciones se inició una causa contra de los policías que lo detuvieron (causa n° I-24-19429/10)..." (fs. 314).

En virtud de todo lo expuesto, solicitó que se revoque la sentencia recurrida, haciendo reserva del caso federal (cfr. fs. 314).

3º) Que durante el término de oficina (art. 465 del C.P.P.N.) el señor Fiscal General, doctor Raúl Omar Pleé, presentó el escrito glosado a fs. 334/336, en el que sostuvo que de las constancias de la causa surgen múltiples pruebas incriminatorias contra Cristian Gatti que fueron tenidas en cuenta por los magistrados.Asimismo, entendió que "...el cómputo efectuado por los sentenciantes se ajustó a derecho toda vez que fue realizado en observancia a las exigencias establecidas por los artículos 123 y 404, inc. 2° C.P.P.N., y conforme las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal...".

En consecuencia, el titular de la vindicta pública solicitó el rechazo del recurso de casación impetrado.

4°) Que, superado el trámite previsto por el art. 468 del C.P.P.N., las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas.

Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Mariano H. Borinsky (quien firma la presente en virtud de lo dispuesto por esta Cámara en la Resolución n° 1735/11), Raúl R. Madueño y Luis María Cabral.

El doctor Mariano H. Borinsky dijo:

-I- En trance de abordar las cuestiones traídas a estudio por la defensa de Cristian Gustavo Gatti y Jorge Leonel Riarte resulta menester, en primer término, reproducir los extremos que constituyen el núcleo fáctico que el Tribunal de juicio tuvo por acreditado en el pronunciamiento puesto en crisis.

En punto a ello el Tribunal Oral en lo Criminal n? 22 tuvo por cierto y probado el siguiente hecho: que el "...día 22 de abril de 2010, en horas del mediodía, los imputados Cristian Gustavo Gatti y Jorge Leonel Riarte, ingresaron a la finca sita en la calle Nogoyá 3788 de esta ciudad, y junto con por lo menos dos personas más que no fueron identificadas, mediante la utilización de armas de fuego y de un cuchillo, se apoderaron de la suma de $11.200 (once mil doscientos pesos), U$D 600 (600 dólares), una notebook marca 'Acer', modelo 'Aspire', una cámara fotográfica, dos teléfonos celulares, uno marca Samsung y el otro Sony Ericsson y la batería de un celular marca Motorola, pertenecientes a Carlos Roberto Ponce, Juan Pablo Ponce y Bibiana Laura Ponce..." (cfr. fs. 301/301 vta.).

Los extremos fácticos descriptos se tuvieron por demostrados -en lo substancial- a partir de los coincidentes testimonios de los damnificados -Carlos Roberto Ponce de Angelis, Bibiana Ponce de Angelis y Juan Pablo Ponce de Angelis-, quienes describieron el hecho detallando pormenorizadamente la forma en que tanto Riarte como Gatti ingresaron en su vivienda junto a dos personas más y perpetraron el robo que a éstos se les imputa; los resultados positivos de las ruedas de reconocimientos de personas obrantes a fs. 73, 74, 75, 76 y 78; y la declaración del Subinspector Diego Saley, quien en el día del hecho se constituyó en el domicilio de la Calle Nogoyá 3788.

Reseñado ello, para una mayor claridad expositiva habré de tratar por separado los agravios introducidos por el recurrente.

-II- Así pues, en primer lugar, corresponde avocarme al agravio introducido exclusivamente respecto de Cristian Gustavo Gatti referido a que él resultaría ajeno al hecho y que se le imputa dicho acontecimiento en virtud de sufrir una persecución policial. La defensa expresó que la única prueba de cargo son las ruedas de reconocimiento de personas y los testimonios de las víctimas.

Al respecto, he de señalar que el Tribunal de mérito ha dado completa y detallada respuesta al embate casatorio, por lo que adelanto que habré de propiciar el rechazo del remedio impetrado en lo que respecta a tal agravio.

En efecto, el a quo indicó que los tres (3) damnificados -Carlos Roberto Ponce de Angelis, Bibiana Ponce de Angelis y Juan Pablo Ponce de Angelis- fueron categóricos al poner de resalto el rol que cada uno de los imputados cumplió en el evento reprochado y que, puntualmente, Gatti fue sindicado como aquel sujeto que ingresó junto a otras tres personas a la vivienda de las víctimas para sustraerles sus pertenencias, que empuñaba un arma de fuego y que junto a Riarte subieron las escaleras con Carlos Ponce de Angelis a fin de obtener el dinero que éste guardaba en su caja fuerte (cfr. fs. 301 vta.).

Asimismo, expresaron los sentenciantes que "...las víctimas fueron muy elocuentes cuando describieron la manera en que procedieron al reconocimiento en rueda de personas, siendo muy concretos a la hora de señalar que los individualizaron precisamente por sus rostros, circunstancias que además se reiteró en la Sala de Audiencias..." (cfr. fs. 302).

Cabe apuntar que en orden al mérito convictivo de estos elementos de juicio -las declaraciones testimoniales- se ha dicho que "...la especial fuerza probatoria del testimonio en el régimen de la oralidad, donde los testigos son oídos directamente por los jueces encargados de juzgar, se extrae no sólo del contenido sino también del modo en que responden al interrogatorio, y demás circunstancias que son especialmente apreciables por el tribunal de mérito en tanto no se demuestre que el juzgador ha caído en absurdo o en infracción a las reglas de la sana crítica..." (confr. in re "Solís, Juan Carlos s/ recurso de casación", causa n? 490, reg. n? 542 de la Sala II de esta Cámara, rta. el 5/9/95; y más recientemente esta Sala I in re "Cano, Gastón Alejandro s/ recurso de casación", causa n° 12.471, reg. n° 17.343, rta. el 2/3/11), circunstancias éstas últimas que no se verifican en este caso atento a la correcta valoración de la prueba de cargo colectada respecto del justiciable.

En efecto, el tribunal de origen tuvo en cuenta que los damnificados fueron "...claros, concisos y de ninguna manera contradictorios en la descripción del hecho y detallaron pormenorizadamente la forma en que tanto Riarte como Gatti ingresaron en su vivienda junto a por lo menos dos personas más..." (cfr. fs. 301 vta.). También que fueron contestes tanto "...al referirse a la clase de bienes que le fueron sustraídos..." como a los roles que cumplieron cada uno de los imputados (cfr. fs. 301 vta.).

Asimismo, señaló el a quo que los hermanos Ponce de Angelis "...fueron absolutamente espontáneos y claros al efectuar el señalamiento del nombrado Gatti, dando además cada uno de ellos, razón de sus dichos..." (cfr. fs. 302) Así pues, entiendo que el Tribunal de mérito ha logrado desvirtuar la versión de inocencia de Gatti sustentada en que la imputación del hecho por el que fue condenado se debía a una persecución policial. Las alegaciones de la defensa referidas a que a Gatti no se le secuestró elemento alguno que lo incrimine o que no se efectuaron escuchas telefónicas que lo identificaran como autor del ilícito en nada modifican su participación suficientemente acreditada en estas actuaciones.

Por ello, compulsado el razonamiento desarrollado por los sentenciantes a fs. 297/306 vta. para arribar a dicha conclusión, tengo para mí que la participación de Gatti en el hecho reposa en un cuadro probatorio prudentemente valorado -con estricta sujeción a las reglas de la sana crítica-, dando completa y acertada respuesta a los planteos efectuados por la defensa en ocasión de formular su alegato, los que dicha parte empeñosamente reedita en esta instancia sin lograr rebatir los sólidos fundamentos en los que se apoya el veredicto de condena.

En efecto, el Tribunal analizó pormenorizadamente los planteos de la defensa, descartando sus cuestionamientos tras contrastarlos con el resto de las probanzas producidas e incorporadas en el debate que conforman un plexo cuya contundencia cargosa no logra ser conmovida por el recurrente, y que permite aseverar -con el grado de certeza que requiere un pronunciamiento condenatorio-, al igual que lo hiciera el tribunal a quo, que -en las circunstancias de hecho descriptas supra- Cristian Gustavo Gatti participó en el evento aquí revisado.

Tampoco se advierte -ni la defensa logra demostrarlo- la configuración de un estado de duda que, por imperio del principio consagrado en el artículo 3° del ordenamiento adjetivo, importe la absolución del encartado, ello en tanto, y como reiteradamente ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que ese especial estado de ánimo debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso (Cfr. en igual sentido C.S.J.N. Fallos: 312:2507; 313:559; 314:83; 346 y 833; 315:495, entre muchos otros), análisis que al haber sido llevado adelante debidamente por el tribunal de origen permitió descartar fundadamente la aplicación de lo dispuesto en la norma referida.

En consecuencia, propicio al Acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto en lo que aquí respecta.

-III- En segundo lugar, adelanto que tampoco habrá de prosperar el agravio introducido respecto de Jorge Leonel Riarte referido a la arbitraria fundamentación de la pena que se le impuso.

En efecto, examinado el pasaje del decisorio dedicado a la dilucidación de la sanción aplicable a Jorge Leonel Riarte, se advierte que en la sentencia puesta en crisis se han meritado atenuantes y agravantes con estricta sujeción a las pautas mensurativas que proporcionan los artículos 40 y 41 del C.P.

Resulta pertinente señalar que la escala penal del delito por el cual fue acusado oscila entre 5 y 15 años de prisión (art. 166, inc. 2°, del Código Penal), por lo que, la pena de prisión seleccionada por el a quo -6 años- se apartó mínimamente y con adecuados fundamentos del monto base.

Cabe recordar que, a fs. 303/303 vta., el tribunal evaluó que "...para graduar la sanción a imponer se tiene en cuenta la naturaleza y consecuencias de los hechos probados; la impresión causada por los imputados en la audiencia; la edad, instrucción y nivel socio cultural de cada uno de ellos; los informes socio ambientales agregados a los respectivos legajos de personalidad, y las pautas de mensuración que establecen los artículos 40 y 41 del Código Penal..." (cfr. fs. 303).

Asimismo, ponderó que "...como agravantes, tenemos en cuenta el número de partícipes, ya que se ha comprobado la intervención de al menos otras [tres] personas en [el robo], en tanto la circunstancia de concertación previa entre los sujetos activos a fin de llevar a cabo el desapoderamiento, lleva implícito una mayor eficacia e idoneidad del acto emprendido, que se traduce en una mayor peligrosidad y menor posibilidad de resistencia de los damnificados. El hecho de que una de las víctimas, esto es Carlos Ponce, haya sido golpeado así como la presencia en el lugar de dos niños pequeños..." (cfr. fs. 303/303 vta.).

Por tales argumentos, y teniendo en cuenta el arrepentimiento efectuado por Riarte entiendo que la pena impuesta luce proporcionada y con sujeción a las pautas mensurativas de los artículos 40 y 41 del C.P..

Así pues, considero que la sentencia puesta en crisis, cuenta con fundamentos suficientes que obstan a su descalificación como acto judicial válido, ajustándose a las prescripciones contenidas en los arts. 123 y 404, inciso 2º, del ordenamiento ritual, toda vez que no se vislumbran fisuras en el razonamiento elaborado por el a quo. Cabe recordar al respecto que nuestro Alto Tribunal ha sostenido que los supuestos en materia de arbitrariedad son estrictamente excepcionales, y ello así en tanto las sentencias que cuenten con los fundamentos mínimos excluyen su descalificación como acto judicial (Fallos: 256:28 y 259:20, entre otros).

En estas condiciones, se advierte que la pena impuesta exhibe una fundamentación adecuada que permite desechar el agravio en tanto sólo se exterioriza el disenso de la defensa con las valoraciones efectuadas por el tribunal de mérito.

-IV- En virtud de tales consideraciones, propicio al Acuerdo rechazar el recurso de casación deducido por la defensa particular de Cristian Gustavo Gatti y Jorge Leonel Riarte, con costas (artículos 470 y 471, a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

El doctor Raúl R. Madueño dijo:

Que por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del distinguido colega que lidera el Acuerdo y expido el mío en idéntico sentido.	El doctor Luis María Cabral dijo:

Adhiero al voto del doctor Mariano H. Borinsky. Sólo he de agregar que no advierto déficit argumental en la individualización de la pena ni yerro en la valoración de las pautas respectivas.

En efecto, si bien pareciera que el tribunal a quo valoró en forma genérica las pautas enumeradas a fs. 303, esa enunciación encuentra respuesta en la explicación de las circunstancias agravantes.

Ello es así, a poco que se repare que tener en cuenta el número de partícipes (al menos tres personas) como indicio de una mayor idoneidad y eficacia para llevar adelante el delito en tanto implica una mayor peligrosidad y menor posibilidad de resistencia por parte de las víctimas; los golpes que recibió Carlos Ponce o la presencia de dos "niños pequeños" en el lugar de los hechos, justifica el apartamiento del mínimo legal en la medida en que lo dispuso el tribunal de juicio. Esas circunstancias colocan al fallo impugnado al amparo de la tacha de arbitrariedad invocada. En atención a ello adhiero al voto del Dr. Borinsky.

Por ello, y en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por las defensa particular de Cristian Gustavo Gatti y Jorge Leonel Riarte, con costas (artículos 470 y 471, a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, notifíquese en la audiencia de lectura ya designada y remítase a su procedencia sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

Fdo. Luis M. Cabral y Mariano H. Borinsky Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretaria de Cámara.

Nota: Para dejar constancia que el Dr. Raul Madueño no firma la presente por encontrase en uso de licencia, pero participo de la deliberación. Conste.