Ejecuciones especiales, prisión domiciliaria, recurso in forma pauperis, defensa en juicio, acción de nulidad, pandemia, coronavirus
Materia: PROCESAL
Carátula: Cáceres, Gloria Itatí c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-06

Corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa, anular la resolución impugnada y reenviar las actuaciones al tribunal de origen a sus efectos y para que decida la cuestión con la premura que el caso requiere, y sin que este temperamento implique adelantar opinión sobre el fondo del concreto tema a decidir, en tanto la petición de propia mano efectuada por Gloria Itatí Cáceres aún no ha sido fundada por su asistencia técnica. En efecto, al corrérsele traslado de la presentación in pauperis, la defensa oficial solicitó la suspensión del plazo para contestar esa vista alegando que existían discordancias entre los informes médicos (del primero surgía que padecía hipertensión arterial, diabetes tipo II, dermatopía crónica y -según sus dichos- por contar con solo un riñón, su situación frente a la pandemia de COVID-19 era de especial vulnerabilidad, por lo que, al confrontarlo con el segundo informe -que concluía que no era una paciente de riesgo-, se le generaba una incógnita que debía ser despejada a través de otro dictamen médico más amplio). El juez rechazó su petición y, sin dar nuevo traslado a la defensa, le corrió vista al fiscal, quien se expidió por la negativa. El a quo se limitó a rechazar el pedido de ampliación del informe médico, pero no reparó en que la asistencia profesional aún no había dado una fundamentación al escrito in forma pauperis presentado, impidiendo de ese modo que se hiciera realidad un efectivo y 47 sustancial ejercicio de la defensa en juicio. Así, el a quo ha decidido la cuestión controvertida sin una debida sustanciación de la petición realizada por una de las partes del proceso. Tal proceder, al conllevar un inadmisible menoscabo a los derechos de Cáceres, determina la nulidad del pronunciamiento. En consecuencia, una de las partes interesadas en la controversia ha visto notoriamente dificultado el ejercicio de su derecho de defensa al no habérsele dado adecuada oportunidad de expedirse y de ser oída -a pesar de pedirlo expresamente- en pos de otorgar sustento técnico a la petición de su defendida, por lo que corresponde dar acogida favorable al remedio impetrado con el único fin de que el órgano jurisdiccional de origen arbitre los medios para que el defensor público de la nombrada funde debidamente el pedido de arresto domiciliario presentado in forma pauperis y así se cumpla con las formas debidas del proceso, en igualdad de condiciones para las partes y con absoluto apego al principio de contradicción. El voto concurrente, añadió que es justamente en virtud del principio de judicialización, que las garantías propias del proceso penal continúan vigentes en la última etapa del proceso y alcanzan al condenado. Y que, entonces, los principios esenciales reflejados en la Constitución, como el de defensa en juicio y debido proceso -con la consiguiente posibilidad de ser asistido material y técnicamente, el derecho a ser oído por un juez, contar con una defensa oportuna y eficaz, y obtener una resolución fundada-, adquieren especial relevancia en la etapa de ejecución, teniendo en cuenta la especial sujeción de éste a la autoridad penitenciaria. Dres. Carbajo y Hornos -voto concurrente-.