Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-05


CREMON, Fabio Daniel contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 193 p 118-121.

Santa Fe, 5 de noviembre del año 2.003.

VISTOS: los autos "CREMON, Fabio Daniel contra PROVINCIA DE SANTA FE -Amparo Jurisdiccional- sobre AVOCACIÓN (Art. 2, Ley 11.330)" (Expte. C.S.J. Nro. 374, año 2002), venidos para resolver lo solicitado por la demandada a fojas 2/4; y, CONSIDERANDO:

I.1. La Provincia de Santa Fe comparece ante este Tribunal solicitando se avoque al conocimiento de los autos "Cremon, Fabio Daniel c/ Provincia de Santa Fe s/Amparo Jurisdiccional" (expte. 160/00) que se tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral número 1 de esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la ley 11.330 y en la doctrina sentada por esta Corte in re "Vaninetti" y "López".

Expresa que "los actores", por la vía de una acción de amparo pretenden se reconozcan, liquiden y abonen las diferencias que -dicen- surgen de la vigencia de la ley 9134, de equiparación con personal de la Policía Federal Argentina.

Considera que la materia de esa acción es, en lo sustancial, similar a la valorada por este Tribunal en diversas causas que cita donde se declaró la competencia contencioso administrativa ante la discusión de los alcances de la ley 9561, materia salarial también del personal policial.

Señala que el Juez de Primera Instancia interviniente no conformó su decisión a lo resuelto por esta Corte Suprema de Justicia incurriendo en una lesión contra el orden jurídico provincial.

Agrega que esta circunstancia importa una gravedad institucional "más allá de los intereses individuales comprometidos".

2. El señor Procurador General, en contestación de la vista corrida a foja 5, aconsejó se requiriera del Tribunal respectivo la remisión de las actuaciones correspondientes (v. f. 6), lo que se dispuso a foja 7.

Una vez recibidas en esta sede, se corrió nueva vista al señor Procurador General, quien, por dictamen 1/03 (fs. 19/21), concluyó que no se había acreditado debidamente el cumplimiento de la totalidad de los recaudos propios que hacen a la procedencia de la acción de amparo, "máxime cuando la materia debatida es de naturaleza contencioso administrativa, por lo que corresponde así declararlo".

3. Los actores, por su parte, contestan a foja 15 la vista corrida.

Considera, luego de rechazar los argumentos sustentados por el Procurador General, que el objeto de su pretensión se circunscribe a hacer cesar la omisión arbitraria por parte de la Administración, por el incumplimiento de la ley 9134. Añade que no existe ley o acto administrativo que legitimara tal omisión, por lo que en la materia debatida no se dan los presupuestos de los artículos 2 y 3 de la ley 11.330.

Menciona que el objeto de la demanda es el reconocimiento expreso de los derechos adquiridos por aplicación de la legislación vigente -reconocidos y abonados en períodos anteriores- y su liquidación, a partir del decisorio.

Aclara que la acción promovida es independiente de los créditos que pudieran haberse generado al no liquidarse los haberes conforme lo estipulado por la ley 9134, con anterioridad la promoción de la demanda.

Sostiene que ninguno de los precedentes citados responde al planteo jurídico que realizara y que se descontextualiza y altera la referencia efectuada al voto del doctor Falistocco in re "Bacchetta", invirtiendo absolutamente su sentido.

Indica que en este precedente se concluyó que si se dan los requisitos del amparo nada impide esta vía, aun cuando se trate de materia contencioso administrativa.

Añade que, siguiendo este criterio de selección inteligente a realizarse sobre el caso, el Juez de Primera Instancia declaró admisible -prima facie- la demanda y abrió la causa a prueba, dejando de lado la facultad de rechazo in limine (art. 6, ley 10.456).

Indica que la Administración subvierte el orden jurídico, por lo que correspondería rever la propuesta del señor Procurador General y decidir la remisión, para continuar con su trámite, al Juez de Primera Instancia.

Reitera que no se trata de política salarial o de pago de diferencias salariales, sino de la aplicación de la ley 9134 y, por ende, de la restauración de la legalidad ante la conducta arbitraria de la Provincia.

En otro orden, entiende que la Administración reconoció la problemática ilegal en que se encuentra inmersa.

Expresa que por decreto 1833/02 se creó una comisión a los efectos de analizar de qué manera se afrontaría "el pago de la ley 9134 que se reclaman por diversas vías administrativas".

Manifiesta que, en su oportunidad y como surge de los actos procesales probatorios que fueron realizados en el proceso, la Administración cumplió con lo que establecía la citada normativa respecto a la liquidación en sus haberes y que, a posteriori, en forma manifiestamente arbitraria y por la vía de los hechos trasuntó su accionar en la ilegalidad.

Solicita, en suma, el rechazo del pedido de la Provincia.

II.1. Cabe resaltar, en primer lugar, que la circunstancia -invocada por los amparistas como óbice al progreso del pedido en examen- de que la demandada haya solicitado la avocación del Tribunal prevista en el artículo 2 de la ley 11.330, cuando el amparo se encontraba en el estado en el que dan cuenta las actuaciones, no es obstáculo a los efectos de que la Provincia requiera la intervención del Tribunal en base a aquella norma.

En efecto, debe señalarse que no se dan en el caso los supuestos que contempla el artículo 2, in fine, de la ley 10.160, pues no puede entenderse que la demandada, que adujo la inadmisibilidad del amparo con fundamento -entre otros- en la incompetencia del Juzgador, haya consentido la competencia del Juez del amparo.

Ello, al margen de que ese precepto legal (artículo 2, in fine, ley 10.160) no puede incluir competencia "ratione materia" que deriva de la Constitución provincial (artículo 93), y ha sido asignada a esta Corte Suprema de Justicia ("DPC Computación S.A.", A. y S. T. 119, pág. 247; "Balquinta", A. y S. T. 144, pág. 146, entre otros).

Corresponde, pues, analizar si la materia en debate es de naturaleza contencioso administrativa.

2.a. En el sub examine, la cuestión versa sobre la correcta liquidación y pago de haberes no remunerativos, suplementos y adicionales supra detallados, a empleados públicos provinciales (dependientes de la Policía), por lo que no puede sino concluirse que lo debatido revista naturaleza contencioso administrativa (criterio de "Balquinta", citado y "Veinticcinque", A. y S. T. 144, pág. 203, entre otros).

Empero, no puede obviar el Tribunal el análisis de la incidencia que tal extremo tiene en esta causa, de conformidad con la nueva redacción del artículo 43 de la Constitución nacional.

Al respecto corresponde, en honor a la brevedad, remitir a las consideraciones expresadas en autos "Bachetta" (A. y S. T. 132, pág. 67) y "Grandinetti" (A. y S. T. 132, pág. 477).

2.b. Examinando las constancias de autos a la luz de lo expresado en tales precedentes, se observa que, tratándose de un caso suscitado en razón de una relación de empleo público, la competencia contencioso administrativa de esta Corte se supone, lo cual pone en cabeza del Juzgador el deber de extremar el control de la concurrencia de los requisitos que tornan admisible el amparo, al realizar el examen que ordena el artículo 6 de la ley 10.456.

En definitiva, más allá de las argumentaciones de foja 105 y siguientes del expediente principal 160/00 (demanda de amparo), referidas a que la acción intentada es procedente, en tanto y en cuanto la actitud de la demandada sería claramente violatoria de los derechos constitucionales de propiedad y retribución justa y del principio de igualdad;

y, de las esgrimidas a partir de foja 24 de autos, en orden a que el objeto de la pretensión no es la reclamación de diferencias salariales sino "hacer cesar la omisión arbitraria por parte de la Administración, ante el incumplimiento de la ley 9134" y que tal incumplimiento no surgiría de un acto sino de un comportamiento material omisivo de la Administración (o vías de hecho) que importa una grosera violación de derechos fundamentales, nada hicieron los actores para demostrar por qué excepcional razón, en las circunstancias del presente caso, el tránsito por la vía administrativa previa (preservada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resguardo del sistema de adjudicación constitucional -criterio de "Serra", 26.10.1993-) y el posterior acceso a esta Jurisdicción, podía acarrearle un perjuicio irreparable.

Tal demostración era necesaria, salvo que se piense -sin dudas con error- que siempre y en todos los casos la falta de reconocimiento de un determinado "status" administrativo y, consecuentemente, del pago de diferencias salariales, produce un perjuicio de esta naturaleza y habilita la vía del amparo;

en verdad, así sostenerlo implicaría excluir apriorísticamente de la justicia administrativa y contencioso administrativa, el control de conductas como la cuestionada en autos, sin norma expresa alguna que lo disponga, con la sola invocación de desconocimiento de principios y derechos constitucionales.

A lo antedicho debe agregarse que, aun con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, el Alto Tribunal nacional ha preservado el carácter excepcional del remedio intentado ("Ballesteros", Fallos: 317:1128; "Louzán", Fallos: 317:1658; "García Santillán", del 15.7.1997; "Entre Ríos, Provincia de y otro", Fallos: 323:1825), cuya indiscriminada utilización no haría más que distorsionar la regular prestación del servicio judiciario.

3. No habiéndose siquiera mínimamente demostrado la concurrencia de las exigencias que tornan admisible el amparo, y no encontrándose configuradas en el presente las circunstancias registradas en la causa "Sánchez Romero" (A. y S. T. 141, pág. 201), cabe concluir que el presente caso corresponde a la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, y que se le debe otorgar a la parte actora un plazo de treinta días a fin de que, por ante el respectivo Tribunal, adecue sus pretensiones a los términos de la ley 11.330.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Declarar que el presente caso es de la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo.

Otorgar a la parte actora el plazo de treinta días a fin de que, por ante el respectivo Tribunal, adecue sus pretensiones a los términos de la ley 11.330; con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)