marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Dictámenes, carácter vinculante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ordoñez, Mario Argentino c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

La opinión vertida en el procedimiento administrativo por una de las dependencias actuantes durante el respectivo trámite, no puede ser alegada para sustentar una decisión contraria desde que constituye un acto preparatorio de la decisión final que no acuerda ningún derecho a la parte accionante.
Derecho procesal, juicio ejecutivo, juicio ordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO CREDITO DE CUYO S.A. c/ SAGOR S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-24

La naturaleza del juicio ejecutivo, con un limitado ámbito cognoscitivo, excluye todo aquello que va mas allá de lo meramente extrínseco, pudiendo el ejecutado únicamente oponer al progreso de la acción, por vía de excepción, las deficiencias formales del título. La controversia sobre lo sustancial, sobre la legitimidad de la causa quedara reservada para un juicio ordinario en el cual se posibilita un amplio debate. Esta restricción no vulnera la ley sustancial, ni es inconstitucional porque la sentencia de remate no tiene autoridad de cosa juzgada.
Agencia de turismo, contrato de turismo, responsabilidad de la agencia de viajes, guías de turismo, turismo estudiantil, obligación de seguridad, menores, víctima menor de edad, deber de obrar con prudencia, deber de información, violación al deber de cuidado, derechos subjetivos, buena fe, paquete turístico
Materia: CIVIL
Carátula: Comisaría 27° s/ Investigación muertes asfixia por inmersión s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-06-15

El ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe no sólo cuando se utiliza para una finalidad distinta objetiva o con una económica social distinta, sino también cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone al intérprete, y es deber de los jueces velar y trabajar por la construcción de una ética práctica que, a partir de la buena fe, respete esa conciencia social, que ordena las acciones futuras y que permite que miles de padres de todo el país confíen la educación, la recreación o el turismo estudiantil a empresas especializadas y experimentadas o a escuelas, entre otros. En tal sentido, debe quedar claro que los padres que, confiados, envían su hijos en viajes turísticos o de estudio, contratan bajos formas programadas de previsibilidad, no consienten lo que no conocen y no toleran lo que excede los deberes mínimos de cuidado y previsión, más aun cuando son ilegales, ya que basta que no regresen indemnes. Subsiste en tales casos la responsabilidad del agente u organizador. Así, al contratar con menores, se contrarió la ley (arts. 949 y 953 CC.) y se violentaron la buena fe, la moral y las buenas costumbres (art. 1071 id.), así como la obligación de cumplirlo obrando con cuidado y previsión (art. 1198 id.), conforme explica Vélez Sarsfield en la nota al art. 512 CC. Está claro que estamos ante contratos con obligaciones estrictas, regladas por la ley y el contrato; además, surge con evidencia lo que los padres, como partes, tuvieron en miras al contratar y cuáles eran los deberes de cuidado y previsión inherentes al contrato que, comienza con el deber de información y continúa con el deber de cuidado en todas y cada una de las fases de ejecución, aun en las excursiones no contratadas en su origen, pues era obligación devolver a los chicos cumplimentando el deber de indemnidad.
Proceso penal, ultraactividad de la ley, competencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: F. de D., M. D. s/ Querella por Injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-10-23

La Ley Nº 3193 sobre organización de la justicia en lo penal para la Provincia del Chubut, después de advertir que su entrada en vigencia "...no alterará la jurisdicción, atribuciones y funciones de los órganos existentes, hasta tanto sean puestos en sus funciones los Magistrados y Funcionarios que la referida norma prevé"; reza que: "En las causas que se deban continuar tramitando según las disposiciones del Código Penal derogado por ley 3155, seguirán entendiendo los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional que se transforman".

A la luz de toda esta legislación, puédese afirmar en un primer orden de ideas que en los presentes actuados el Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional, avocado al conocimiento y decisión del juicio especial por delitos de acción privada iniciado a partir del libelo querellante deducido el 30 de abril de 1987 era plenamente competente para la completa tramitación del expediente según el ritual ultra activo, por fuerza del art. 491 de la ley Nº 3155 siempre que la introducción de la pieza acusatoria obrante a fs. 6-11 determinó la ley y el órgano encargado de aplicarla.
Fundamentación insuficiente, recurso de inaplicabilidad de ley, responsabilidad subjetiva
Materia: CIVIL
Carátula: Ponisio, Néstor M. c/ Provincia A.R.T. S.A. y Otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-23

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, a los fines de obtener la revisión de lo decidido en la sentencia de origen respecto de la responsabilidad subjetiva que le fuera adjudicada al Fisco provincial en los términos del art. 1109 del Código Civil, no logra demostrar el absurdo que denuncia, y que sólo pone en evidencia la pretensión de disputarle a los jueces de grado su facultad de seleccionar, jerarquizar y apreciar las pruebas.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Personas públicas, Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Consejo    Provincial   de  Ingeniería,  Arquitectura  y  Agrimensura s/ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-05-09

Los bienes de las personas públicas no estatales no integran el dominio público, por ello en caso de disolución el Estado no puede disponer de los fondos como le plazca sino que ellos deben reintegrarse a sus respectivos propietarios.
Acción de amparo, discriminación, competencia penal, medidas cautelares, despido, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. M. P. s/ AMPARO s/APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-06-02

Si la cuestión fuere de "... naturaleza penal ...", según sostiene la amparista y con quien coincide la Procurador General Subrogante al decir "...No se trata en autos de una cuestión laboral, se ha invocado la Ley Antidiscriminatoria Nro. 23592, norma de naturaleza jurídica penal ...", la tramitación debió cursarse al juez competente del fuero para que la canalice por el C.P.P. (Ley Nro. 2107 y modificatorias), con la prevención de hacerlo ante los tribunales de la Provincia del art. 57 y cc. de la Ley Nro. 2430, o la Justicia Federal, ver fallos: "YAÑEZ"; "CARDOZO"; "INCIDENTE s/COMPETENCIA WIATER, C.".

En la forma que ha sido propuesta la acción, en la eventualidad más favorable a quien se ampara en el supuesto del art. 196 y cc. del CPCyC. nunca debió ir mas allá de lo resuelto..., es decir el acogimiento de la cautelar con la fianza personal de los letrados de la accionante.

Con la virtual sustanciación de una causa laboral, aunque se la intenta definir como "penal", para nulificar un despido ejercido por el empleador - dentro de la normativa en vigencia - y reponer a la empleada en una posición que la ley vigente no admite sin la voluntad de aquél, se llega al antijurídico pronunciamiento.... El cual, carece de fundamento en la legislación específica, comporta un manifiesto abuso de jurisdicción del llamado (o elegido) a ser "juez de amparo", al decidir en base a la Ley Antidiscriminatoria y en conocimiento de "... cuya aplicación resulta dudosa ...".
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, apreciación de la prueba, ejercicio profesional, abogados, asesoramiento profesional, Derecho laboral, relación de dependencia, trabajador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: SERRICCHIO, LUIS RAUL c/ EL LITORAL S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- C.P.L. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 55 AÑO  2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30

Sabido es que las profesiones liberales han quedado inmersas en un proceso de proletarización, es decir ligados a distintos tipos de empresas por una relación de dependencia laboral. En principio, esta temática no configura cuestión constitucional, habida cuenta que pertenece al ámbito de la interpretación que les incumbe efectuar a los jueces sobre normas de derecho común y a la valoración que ellos hacen de los medios probatorios aportados a la causa, mas en el presente caso corresponde apartarse de ese enunciado inicial, desde que no se le ha dado real entidad al comportamiento concreto de los sujetos en el transcurso de la relación siendo de transcendente importancia para la solución de la litis. En tal sentido, no podía dejar de valorarse la falta de reclamo por parte del actor, durante el lapso de tiempo que duró la vinculación, de las obligaciones que la ley laboral impone a cargo del empleador.

Y que no se diga que el silencio del accionante no puede trocarse como una presunción en contra de sus derechos (art. 58, L.C.T.), pues el quid del presente caso pasa por tratar de desenmascarar la realidad concreta del vínculo siendo una pauta idónea para esos fines no tanto los planos formales sino la conducta objetiva, los actos concretos de los partícipes.

Es por ello que no se alcanza a comprender cómo el actor cuyo servicio prestado era ni más ni menos que asesorar a la empresa en la materia laboral no haya reclamado durante todo el tiempo que estuvo vigente la relación ningún derecho emergente del ordenamiento laboral.
Despachante de aduana, relación de dependencia, obligaciones del empleador, remuneración, comisión del despachante de aduana
Materia: COMERCIAL - LABORAL
Carátula: DE MARCO, JUAN DOMINGO c/ ESTABLECIMIENTO MODELO TERRABUSI SAIC s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-03

Si las tareas de despachante de aduana se prestan en el marco de una relación de empleo -tal lo acontecido en la especie-, el empleador solo esta obligado a pagar el sueldo convenido -o, en su caso, el fijado por la ley, o por el convenio colectivo- y "ninguna comisión" ni otra remuneración distinta que el sueldo -como en el caso lo pretendió el accionante-.
Interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Arisa, Angel Umberto c/ ANSeS s/ haberes jubilatorios y nulidad de acto admin.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Los principios hermenéuticos llevan a la interpretación restrictiva de las normas que crean privilegios a fin de evitar que las situaciones de excepción se conviertan en regla general (Disidencia parcial de los Dres. Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Antonio Boggiano).
Acción de amparo, seguro de salud, aportes a obras sociales, Programa Médico Obligatorio
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL-SALUD PUBLICA
Carátula: Ojeda, Daniel y Otro  c/ O.S.D.E. s/ Amparo de Salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-06

De la consulta realizada de oficio al Padrón de Beneficiarios de los Agentes Nacionales del Seguro de Salud (ver página web de la Superintendencia de Servicios de Salud), así como de la declaración jurada anejada en copia por la demandada en su contestación al informe de fecha 30 de mayo de 2023, resulta que el actor reviste la condición de afiliado obligatorio a OSDE, que en este caso actúa bajo la modalidad de obra social. Esto implica que fueron realizados los pertinentes aportes por el actor y su empleadora, desde el 1 de mayo de 2022, fecha de alta en dicha entidad. Quiere decir que desde esa fecha el amparista y su grupo familiar (conformado por su hijo menor de edad) son beneficiarios obligatorios del Sistema Nacional del Seguro de Salud con base en el aporte destinado al seguro de salud -incs. 1 y 2, art. 16, ley 23.660-, con acceso a todas las prestaciones del Programa Médico Obligatorio -PMO- (cfr. en igual sentido esta CNCivComFed., esta Sala III, causa 13.238/2022, del 1/8/2023). Ello, con independencia de que el plan contratado por el actor a partir de su afiliación sea superador del PMO (Plan 310; véase carta documento de OSDE, de fecha 25/4/2023). Bajo esa luz, su situación no es subsumible sin más a la de cualquier "socio directo" cuyo vínculo con la empresa de medicina prepaga se rige, preponderantemente, por la ley 26.682. Se trata de un afiliado de una obra social y, como tal, su vínculo está regido por la normativa de las leyes 23.600 y 23.661. Por ende, prima facie, no cabe exigir en el marco de afiliación a una obra social la presentación de declaración jurada de salud a los integrantes del grupo familiar beneficiario al no ser éste un requisito que emergiere de las leyes 23.660 y 23.661.
Recurso extraordinario, recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Derudder Hermanos SRL y otro c/ resolución 369/10- CNRT (exp S01:26494/09) y otro s/ entes reguladores
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-19

Si bien la Corte declaró prima facie formalmente admisibles la queja y el recurso extraordinario interpuestos por la demandada suspendiendo el curso del proceso, dicha circunstancia no constituye óbice para expedirse acerca de si se encuentra habilitada la vía del art. 14 de la ley 48, toda vez que ese juicio tiene carácter provisorio y no impide que un análisis detenido de las cuestiones involucradas en las presentaciones intentadas determine una solución contraria, lo que deriva de los términos utilizados en el pronunciamiento aludido. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Derecho procesal, procesos especiales, rendición de cuentas, etapas del proceso, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: CRESPO Y RODRIGUEZ C/ MOGILANSKI DIEGO S/ ORDINARIO. c/ s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-23

La rendición de cuentas en vía judicial se desarrolla en varias etapas teóricas, conceptualmente diferenciadas. La primera etapa corresponde a la existencia de la obligación misma de rendir cuentas. Ella concluye con una sentencia que condene al demandado a rendir cuentas o que lo absuelva. La segunda etapa, posterior a la sentencia condenatoria, versa sobre las cuentas mismas que habrá de presentar el condenado a rendirlas. Finalmente, si de las cuentas aprobadas surgiese un saldo, el acreedor del mismo podrá ejecutarlo contra su deudor, en la que constituiría la etapa final del trámite integral de la rendición de cuentas en sede judicial. (CNCom, esta Sala, "Castagnetto Marta Susana c/ Bentivogli María Cristina s/ sumario", del 24/8/10, y jurisprudencia allí citada).
Defecto legal, monto de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MULTICOMPRAS S.A. c/ Stebani, Carlos Omar s/ Cobro sumario de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-12

Si el reclamo es por servicios -que no discrimina- y por intereses, deviene insoslayable puntualizar el concepto y cuantía de dichos servicios, especificando el alcance del rubro intereses, tasa aplicable y lapso que involucra el cálculo (CPCC., arts. 34 inc. 5º, 161, 163 inc. 6º, 330, 354 y concds.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Maxit Ricardo c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-03-18

Como principio general, la determinación de la tasa de interés a aplicarse a partir de una determinada fecha, es una cuestión de hecho irrevisable en esta instancia siempre que se trate de su fijación en la sentencia, pero en el subcase cabe hacer excepción a esta regla, pues al debatirse la aplicación del artículo 25 de la Ley 8675 en función de lo dispuesto en el artículo 622 del Código Civil y resolver la Cámara su ilegitimidad en orden a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 23982, tal decisión excede la determinación judicial de los interses y, en consecuencia, involucra una cuestión estrictamente normativa que habilita la apertura de esta vía de excepción.
Facultades del gobierno provincial, facultades no delegadas, facultades del gobierno nacional, facultades delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Electores  y  apoderados  de  los partidos Justicialista,Unión civica Radical y Democracia Cristiana s/ nulidad de elección de Gobernador y Vicegobernador.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

Los actos provinciales no pueden ser invalidados sino cuando han ejercido una potestad o competencia expresamente atribuida por la Constitución Nacional al gobierno federal; o su ejercicio les hubiera sido expresamente prohibido; o este último sea absoluta y directamente incompatible por parte de las provincias.
Aplicación de la ley, Constitución Nacional, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Masiriz, Jorge Raúl c/ Instituto de Previsión Social s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29

La Constitución y los Tratados no constituyen un enunciado de buenas intenciones carente de operatividad. Son normas que contribuyen directamente a resolver los casos concretos. Conforman un programa ideológico que debe impregnar las decisiones judiciales e influirlas.(del voto del doctor de Làzzari)
Concurso preventivo, verificación de créditos, crédito inadmisible, crédito laboral, viajantes de comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: NOVIPOL SA c/ BRANDAN, DARIO. s/ CONCURSO PREVENTIVO. INC. DE VERIFIC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-06

Aún cuando la concursada se hallare incursa en la conducta tipificada por la ley 18345: 86, ello resulta insuficiente para admitir el crédito insinuado por el presunto acreedor en su calidad de viajante para aquella.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alonso, María E. c/ Soto, Javier M. y ot. s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-07

Si bien los jueces cuentan en el proceso con amplias facultades ordenatorias e instructorias de las causas sometidas a su decisión, las mismas no pueden ir en desmedro del principio dispositivo de las partes, máxime cuando el debido proceso y el derecho defensivo no se hallan comprometidos (doctrina art. 36 incisos 1º y 2º del Código Procesal). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: LUNA RAMON ROSA s/ RECURSO  DE  CASACION  -  ADMISIBILIDAD  -  JUICIO  PENAL  -  NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-08-03

Si la cámara no proveyó la defensa técnica del acusado, a fin de satisfacer lo dispuesto por los arts. 171 Inc. 3) CPP y 18 CN, debe declararse la nulidad de lo actuado, de conformidad a lo establecido por el art. 172, 2Do. Párrafo CPP.
Recurso de apelación (procesal), inadmisibilidad del recurso, efecto devolutivo, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Silvestroni, M. s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-03

No es susceptible de ser apelada la decisión del juez de grado mediante la cual considera inadmisible un recurso con efecto devolutivo, lo que debió plantearse mediante el recurso de queja.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, excusación, violencia moral, recusación, leyes, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: T, A S Y D C, V M s/ EXCUSACION DE LA DRA. ELENA RAMON EN EXPTES. 661/03 "T., A.S. S/ DESOBEDIENCIA Y NRO. 1581/02" D.C., V.M. S/ FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PRIVADO Y ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA" (EXPTE: N 6 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-11

Si bien las causales de excusación y recusación son de interpretació n restrictiva, la causal de violencia moral debe evaluarse con un criterio inspirado en cierta flexibilidad, haciendo primar como regla general, casi determinante, la postura del magistrado que aboga por su apartamiento. En primer lugar porque debe suponerse a todo magistrado alejado de toda idea de declinar jurisdicción y segundo, porque la expresión violencia moral, puede deberse a innumerables situaciones, incluso comprender, eventualmente, aquellas de absoluta intimidad que por discreción pueden conspirar con una acabada expresión de fundamentos. Por tal circunstancia, la limitación de causales respecto a "los interesados" como refiere el art. 50 del Cód. Proc. Penal, no es aplicable a la causal de violencia moral, debiendo otorgarse a ésta un alcance mas amplio, dentro de principios de razonabilidad. (De la disidencia dle Dr. Pangia) En el caso la cuestión a resolver es: Extensión de la causal de excusación por violencia moral.
Segunda instancia, sentencia, aclaratoria (procesal), interposición del recurso, plazos procesales, error de cálculo
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Popular de Rosario  SA . c/ Chaco TV. Cable Color SRL . s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

Exigir que la cámara, por estricta aplicación del plazo para interponer aclaratoria, se vea impedida de corregir un mero defecto numérico de su pronunciamiento importaría tanto como desconocer la unidad de las sentencias judiciales, así como amparar el predominio de una solución formal, que contradiría sustancialmente el claro resultado a que se arribó en la sentencia.
Quiebra, extensión de la quiebra, grupo económico, síndico del concurso, sindicatura colegiada
Materia: COMERCIAL
Carátula: GAMERCO  S.A. s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

En caso de extensión de quiebra y ante la necesidad de conducir de manera coherente los concursos vinculados, el legislador enunció la conveniencia de la unidad de sindicatura, sin perjuicio de admitir la posibilidad de una sindicatura plural. En tal caso, la designación del síndico con fundamento en la LC: 165-5, esto es, en favor de la quiebra principal con respecto a los concursos alcanzados por la extensión, más allá de que la acumulación se haya dispuesto sobre otra quiebra cuyo activo es más importante, debe ser confirmada, toda vez que no se propusieron razones que determinen un apartamiento fundado de ella.
Declaración de inconstitucionalidad, autonomía municipal, poder de policía, ordenanzas municipales, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: CENTRO RENAL VIEDMA S.A. s/ ACCIÓN DE  INCONSTITUCIONALIDAD (ART.2 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 3295 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE). Expte. Nº 25214/11 -STJ-.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-11-26

El Municipio se excedió en el ejercicio del poder de policía atento la cuestión está sujeta al contralor del Estado Provincial y con tal actuar violentó el artículo l4 de la Constitución Nacional, en tanto se afecta el derecho de trabajar y ejercer una industria lícita, lo que lleva implícita la violación del artículo 28 Constitución Nacional y de los Arts. l4 y l5 y 59 de la Constitución Provincial por reglamentar en transgresión a la letra y espíritu de dicho cuerpo normativo.

Por todo lo expuesto, corresponderá declarar la inconstitucionalidad del art.2º de la Ordenanza Nº 3295 dictada por la Municipalidad de San Antonio Oeste. (Del voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)