marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, acción de amparo, suministro de medicamentos, debido proceso, derecho de propiedad, sentencia ultra petita
Materia: SALUD PUBLICA
Carátula: AAI c/ FACOEP SE s/ amparo - salud-medicamentos y tratamientos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad correctamente concedido, dirigido a cuestionar la sentencia de la Cámara que rechazó su recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que había admitido la acción de amparo, y había ordenado a FACOEP que garantizara la cobertura médico asistencial y la provisión de insumos y prestaciones médicas al actor. Ello así, toda vez que las argumentaciones del GCBA -que la sentencia resultaba arbitraria, afectaba el debido proceso, el derecho de propiedad e invadía esferas propias de competencias constitucionales de los poderes legislativo y ejecutivo, incurriendo en un exceso de jurisdicción y de competencia- resultan insuficientes para rebatir los fundamentos dados por la Cámara para resolver del modo en que lo hizo. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Concursos, pedido de quiebra, citación al deudor, notificación por cédula, citación por edictos
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Latin Technology SRL le pide la quiebra Jukebox SA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-08

1. Corresponde revocar la resolución que dispuso la citación por edictos de la sociedad a la que se le pide la quiebra, bajo apercibimiento de designarla para su representación. Ello así, pues tratándose la presunta deudora de una sociedad anónima, no cupo designar defensor oficial para su representación y defensa cuando, como en el caso se verifica que la citación del art. 84 de la LCQ fue dirigida al domicilio social inscripto, de acuerdo a lo dispuesto por la LS 11-2°. 2. La circunstancia de que el oficial notificador no hubiera encontrado la chapa municipal en el domicilio social constituido ante la IGJ no justifica la apertura del trámite de notificación por edictos que prevé el art. 145 del CPR, en tanto resulta de aplicación lo dispuesto por art. 42:2° párrafo del ritual, debiendo considerarse a la sociedad como notificada y realizar las sucesivas notificaciones en la forma y oportunidad dispuesta por el art. 133 del CPR (CNCom, Sala B in re "Banco Credicoop Ltdo. c/ AB Publicidad SRL s/ ejecutivo" del 13-8-01; ídem in re "Foderami SACIF c/ Fishberg, Daniel y otro s/ ejecutivo" del 19-2-04; ídem Sala D in re "Interplast SA Cía. Financiera c/ Servicios Agropecuarios del Noroeste Argentino SA S/ ordinario", del 18-5-09; ídem Sala C in re "Industria e Comercio de Arroz Fumacense Ltda. c/ First Agro SA s/ ordinario" del 11-9-09, ídem Sala B in re "Sudamfos SA c/ Sefri SRL s/ ordinario", del 14-3-10). Voto del Dr. Machin:.La notificación de la citación prevista en la LCQ 84 fracasó debido a que fue practicada en un domicilio inexistente; es decir, no se trata de ausencia de chapa municipal sino de inexistencia de altura señalada. Habida cuenta de ello y de que se trata del domicilio que la misma demandada constituyó a los efectos previstos por la LGS 11-2°, resulta operativa la prevención dispuesta en el art. 42 inc. 2 del código de rito.

Disidencia de la Dra. Ballerini:.

El domicilio inscripto en la IGJ no puede, en ningún caso ser asimilado al domicilio ad litem previsto por el código procesal, en tanto no ha sido constituido por la parte en el proceso. Máxime cuando, como en el caso, existe una imposibilidad material de efectivizar la notificación por inexistencia de la chapa municipal, por lo que la notificación, cuando menos, debió realizarse dando instrucciones al oficial notificador para realizarla en el domicilio que correspondiera a las numeraciones anterior y posterior inmediatas. Considero así que debe mantenerse la designación de la Sra. Defensora Oficial.
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: San Carlos Inmobiliaria y Financiera c/ Municipalidad de General Sarmiento s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

Atento el carácter revisor de la competencia contencioso administrativa, no puede ser objeto de tratamiento el reclamo de los daños y perjuicios que habrían ocasionado al particular los actos cuestionados si tal reclamo no fue formulado por el interesado en sede administrativa, ni, obviamente, ha sido resuelto en las decisiones que se impugnan. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación penal, sentencia, fundamentación de sentencias, imputado, declaración policial, valor probatorio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MONTIEL, ESTANISLAO s/ RECURSO DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1959-06-02

La nulidad que afecta a una indagatoria policial es de carácter absoluto e insubsanable.En efecto, si bien esa nulidad es insubsanable, lo que impide la convalidación del acto en sí de manera que adquiera validez propia con efecto retroactivo,como sino fuera vicioso,no impide, en cambio,que el imputado se refiera a ella materialmente para expresar, repitiendo a través de la lectura de lo que en su oportunidad dijo, su versión actual de los hechos ocurridos.

Por consiguiente, corresponde rechazar el recurso de casación que se funda en que durante el debate se dispuso la lectura de la declaración indagatoria prestada ante la autoridad policial y en que la sentencia se apoya en ella, si el imputado declaró en la misma forma en que lo había hecho ante la Policía y además ratificó la versión que suministró a ésta.-
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa, automotores, responsabilidad del fabricante
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: LARCHE, ISABEL c/ INTER-REP SRL s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-21

La responsabilidad emergente de los daños causados por productos elaborados debe ubicarse en el ámbito de la responsabilidad contractual fundada en la teoría de la cadena ininterrumpida de contratos -fabricación, distribución y comercialización-, que permiten que los productos lleguen al consumidor. Esa cadena que comienza en el fabricante y termina en el consumidor, tiene un fin unitario que priva de autonomía a los contratos intermedios, de modo que las consecuencias naturales del contrato que arranca del fabricante es lógico y legal que recaigan sobre él y que puedan hacer efectivas esas consecuencias, no sólo el comprador directo, sino el último comprador o sea el consumidor, quien podrá demandar contra el fabricante -y aun contra quien no contrató en forma directa- sobre la base a lo que se denomina los deberes de tráfico (cfr. "Responsabilidad por productos elaborados defectuosos", Cuiñas Rodríguez, Manuel, II, diario del 27.5.96, paragr. ii-b-4). Esto, sin perjuicio de cierta inclinación de la doctrina, proclive a eliminar la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual, al trasladar el epicentro de la responsabilidad civil de la culpa al daño, en torno al cual gira toda justificación indemnizatoria (cfr. Vázquez Ferreira, Roberto A., "Los presupuestos de la responsabilidad civil", en "El derecho privado ante la internacionalidad, la integración y la globalización" - homenaje al Prof. Miguel Angel Ciuro Caldani, ED. ll, Bs. As., 2005).
Confirmación de sentencia, acción de amparo, pase a disponibilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: CARDOZO, LUCAS CRISTIAN EUFEMIO C/ EN- GENDARMERÍA NACIONAL S/ AMPARO LEY 16.986 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-02

La sala confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la acción de amparo. Al respecto, consignó que no se verificaba una situación de urgencia objetiva que justifique la procedencia de la acción, atento a que la demanda se dirigió a cuestionar el acto mediante el cual se dispuso el pase del actor a "disponibilidad" pero no hizo referencia alguna al hecho de haber sido declarado con posterioridad como "no apto para prestar la función de gendarme", circunstancia que era de su conocimiento al momento de dar inicio a la causa. Agregó que la ilegitimidad o arbitrariedad del acto de disponibilidad -para el caso de que así se determinara- tendría una hipotética consecuencia netamente patrimonial, para cuya sustanciación no es idónea la acción de amparo, que no resulta procedente por regla para satisfacer pretensiones de tipo resarcitorias, en la medida en que ello importaría desnaturalizar su finalidad constitucional.
Decomiso, contrabando, contrabando de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Candia Ríos, Katiana Vanesa s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-10

Si la imputada intentó salir del país en un vuelo con destino a Madrid, llevando entre sus vestimentas cocaína suficiente para producir 16.029,9 dosis umbrales, es evidente que su viaje tenía como inequívoco objeto el contrabando de estupefacientes, lo cual demandaría un costo económico importante de alojamiento, transporte y alimentación que razonablemente debía ser soportado con el dinero que se le secuestró cuando fue detenida, por lo tanto, tales sumas quedan comprendidas dentro del concepto de "instrumentos empleados para la comisión del delito" que el art. 876 inc. b) del Código Aduanero autoriza a comisar.
Recurso extraordinario, resoluciones anteriores a la sentencia, crédito laboral, Superior Tribunal de Justicia, Superior Tribunal de la Causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Sachetti, Gino y otros. c/ Tramasur S.R.L. s/ Demanda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-15

Si la resolución de la Corte provincial no se pronunció sobre los reclamos laborales cuya admisión se impugna, en este punto no constituye la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa a que se refiere el art. 14 de la ley 48.
Caducidad de instancia, litisconsorcio, indivisibilidad de la instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: "Casco  Roque  O. y Otros c/ E.N. Secretaría de Transporte -Resol.290/99 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-26

Uno de los principios básicos del instituto de la caducidad es el de la indivisibilidad de la instancia, del cual deriva como consecuencia lógica y necesaria, otro principio: la indivisibilidad de la caducidad. Ello implica, en razón de la unidad de la relación procesal, su aplicación a todas las partes que intervienen en la instancia (cfr. Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Proc.Civil y Com.", T.IV, pág. 434, Ed.Ediar, Bs.As. 1961), de modo que aún en los casos de existencia de partes múltiples, la instancia es insusceptible de fraccionarse sobre la base del número de sujetos que actúan en una misma posición, siendo esto último así con independencia inclusive del tipo de litisconsorcio que formen y de la naturaleza del derecho invocado como fundamento de la pretensión (cfr. Palacio, "Dcho.Procesal Civil", T.IV, pág. 237, ed.

Abeledo-Perrot, Bs.As. 1992, pág. 227). En función del principio enunciado, la caducidad se produce o no, se suspende o se interrumpe, con respecto a todos los litisconsortes por igual.

(Consid. 8).
Derecho procesal, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: NAFA, ROBERTO c/ CLUB SPORTIVO DESAMPARADOS Y OTROS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-25

"La sentencia es el medio normal de terminación del proceso y con ella el juez pone fin a la litis, admitiendo o rechazando las pretensiones del actor. Por lo tanto, formulando el allanamiento corresponde sin más dictar sentencia a fin de que las pretensiones del actor no se discutan de nuevo, en el mismo o en otro juicio, y
Procedencia del recurso, sentencia absolutoria, abuso sexual calificado por acceso carnal, declaración de la víctima, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: González Jorge Alberto s.d. Abuso Sexual con Acceso Carnal e.p. González Guido René c/  s/ Casación Criminal
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-04-04

Lo esgrimido por el a quo para subsanar la falta de declaración de la víctima, importó la violación del derecho de defensa en juicio, del debido proceso y de interrogar o hacer interrogar a los testigos que consagran los artículos 18 de la CN, 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ello así, habiendo encontrado anclaje la crítica expuesta por el casacionista, corresponde hacer lugar al recurso de casación articulado y absolver al imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal -art. 119 3er. Párr. del CP-. (Del voto en disidencia del Dr. Eduardo Federico Lopez Alzogaray)
Ley penal más benigna, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Rico, Alberto Antonio. c/ Estado    Nacional    (Policía   Federal  Ministerio  del  Interior). s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-11

La regla de la ley penal más benigna no rige cuando se controla el ejercicio del poder disciplinario.
Recurso extraordinario, principios generales del Derecho
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Genez, Hilario y otro c/ Parmalat Argentina SA s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-07

El recurso extraordinario contra la sentencia que hizo lugar a la demanda de diferencias indemnizatorias es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno, Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Locación, preaviso, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Arias de Abate Daga, Nilda Felisa c/ Torres de Cirino, Rafaela y otra s/ Locacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-05-21

La locataria ejercitó el derecho de resolución anticipada que le acordaba como beneficio el art. 8 de la Ley 23091 expresamente prevista en el contrato de locación. El ejercicio de ese derecho genera la obligación en el caso, cuando ya ha transcurrido más de un año de vigencia del contrato, de pagar al locador una indemnización equivalente a un mes de alquiler y preavisarlo con una antelación mínima de sesenta días a la restitución del inmueble. Por un lado, se autoriza al locatario a ejercitar resolución unilateral anticipada del contrato; por el otro se busca evitar mayores perjuicios al locador compensándolo con un preaviso y una indemnización. Si bien la ley no prevé una sanción por falta de preaviso, va de suyo que se impone el pago de una indemnización sustitutiva susceptible de colocar al locador en situación similar que si se hubiera cumplido la preceptiva legal; de lo contrario, ésta sería letra muerta o, mejor dicho, el preaviso quedaría librado exclusivamente al capricho o conveniencia del locatario.
Acción de amparo, existencia de otras vías, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad Automotor y otros c/ E.N. - M. Justicia - Resol. 133/24 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-06

El art. 43 de la C.N. sólo condiciona la posibilidad de interponer la acción de amparo a la inexistencia de otro remedio judicial más idóneo, modificando con este texto el criterio sustentado en el art. 2° de la ley 16.986, que impedía admitir la acción de amparo cuando existieran recursos o remedios judiciales o administrativos que permitieran obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate.
Honorarios del perito, honorarios del ingeniero, prescripción decenal
Materia: PROCESAL
Carátula: MAZZETTI ANGEL c/ ZENONI ANGEL s/ PRESCRIPCION - PERITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1937-10-27

La prescripción aplicable a los ingenieros y demás peritos por trabajos realizados en juicio, no es la de 2 años (art. 4032. inc.

1ro, C. Civ.) sino la ordinaria del art. 4023 del Cód. Civil.-
Investigación a cargo del juez, delegación de la investigación, Ministerio Público Fiscal, facultades del juez, plazos procesales, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Inc. de nulidad del M. P. Fiscal - deleg. instruc.-, Causa nro. 13.749
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-01

El Tribunal ha sostenido en materia de delegación de la instrucción que el ejercicio de la facultad a que alude el artículo 196 del C.P.P., confiriendo la dirección al fiscal "...no hace más que asignarle uno de los cometidos esenciales inherentes a su razón de ser, ajustando su rol a la potestad que ejercita...Que el artículo 196 de la ley de rito concibe la transferencia de la dirección de la investigación por parte del Juez instructor como una facultad eminentemente discrecional...Una exégesis razonable de la ley procesal impide sujetar a un plazo mínimo la innovación introducida por el artículo 196, que aunque tímida y mediatamente, permite al Ministerio Público protagonizar la investigación preliminar desdoblando las funciones de requerir y decidir, a la luz de las legislaciones más modernas y de los principios republicanos, y en vistas de una mayor agilidad y eficacia en la persecución".
Derechos y garantías constitucionales, derecho a ser oído, juez administrativo, sanciones administrativas, deberes del juez, deber de imparcialidad, revisión judicial de actos administrativos, Declaración Universal de Derechos Humanos
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Frimca S.A. -RQU- c/ resol. infracción Reginave").Resol. 836/97 S.A.G.P. y A. (Ex. 800-00767/97)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-28

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 10 se dispone que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Tales calidades de independencia e imparcialidad no están reunidas en el funcionario administrativo que impone la sanción.
Proceso judicial, principio de congruencia, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANSILLA ELVIRA RAMONA c/ MUNICIPALIDAD DE MONTE QUEMADO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-22

Es principio de derecho procesal, apoyado en la garantía de defensa y en la objetividad de la jurisdicción, que las cuestiones litigiosas que deben resolver las sentencias están limitadas por las pretensiones y defensas que formularon las partes en la demanda y en la contestación. Los jueces sólo pueden decidir lo que es materia de agravio, es decir, deben aplicar el derecho al caso concreto para resolver sobre la cuestión litigiosa. En este tema hay que diferenciar la atribución que tienen de decidir cuál es el derecho aplicable al caso planteado (que es amplia y le permite resolverlo sin ajustarse al que invocan las partes o a suplir su deficiencia cuando no mencionan norma jurídica alguna -iura novit curia-), del agravio jurídico articulado como pretensión, que también supone aplicar el derecho objetivo, pero referido exclusivamente a las peticiones formuladas en el juicio y de las cuales no se pueden apartar, pues conforman el thema decidendi.
Daños y perjuicios, intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Millán, Ricardo Martín c/ Vaccaro, Gustavo Pablo y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-09

La circunstancia que el capital haya sido fijado como "valor actual" al tiempo de la fecha de la sentencia: 24-3-95, no cambia en nada la cuestión, toda vez que, en sustancia, el interés previsto por el art. 622 del Cód. Civil tiende a resarcir al acreedor del daño patrimonial suscitado por la falta de cumplimiento de la obligación.

Sin que puede perderse de vista al respecto que necesariamente habrá de tenerse en cuenta cuál podría haber sido la inversión ordinaria al alcance del acreedor si hubiera recibido la acreencia en término.

Desde esta perspectiva resulta abonado única y exclusivamente la tasa pasiva vigente al momento de la inversión o de las sucesivas renovaciones.
Acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cooperativa de Electricidad Aguas Corrientes Pavimentación y Consumo Santa Teresita Ltda. c/ Municipio Urbano de la Costa s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

No está legitimado para promover la acción contencioso administrativa quien se agravia de la demora del Concejo Deliberante en resolver su pedido de que se homologue un contrato de concesión para la prestación del servicio cloacal. Ello así, en tanto el convenio aludido al subordinar su validez a la homologación por parte del cuerpo Deliberativo, determinó que los derechos por él consagrados resultaren meros derechos en expectativa que, ante la ausencia de la necesaria convalidación vieron frustrada su consolidación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de nulidad, elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de nulidad presentado por el Dr. Agustín Comas en Csa Kondracki, Diego y otros s/ inf. art. 194, CP
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-27

Es improcedente el pedido de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, en cuanto en él se verifican cabalmente los requisitos legales referidos a los datos personales de los imputados, la relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, la calificación legal de ellos y se exponen sucintamente los motivos en que se funda la imputación, en congruencia con el reproche precisado a los sospechosos en la indagatoria (arts. 294, 298, 347, último párrafo, CPPN).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito, clonación, carga de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Carri, Javier c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-12

Procede hacer lugar a la demanda por los daños padecidos por el actor, por los inconvenientes que tuvo para operar con su tarjeta de débito en el exterior, así como por consumos que no ha realizado. En ese marco, procede condenar al reintegro del monto cobrado por las operaciones efectuadas en el exterior.

Es que el mismo banco demandado admite la posibilidad de que los consumos cuestionados hubieran podido ser realizados por terceros a partir de la clonación de la tarjeta de crédito del actor no resultando admisible que pese sobre el usuario la carga de probar dicha clonación, máxime cuando la eficacia del sistema utilizado en dichas operatorias integra el deber de garantía que era debido por las codemandadas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RAMIREZ, SANTIAGO ALBERTO c/  s/ ROBO CALIFICADO POR LESIONES GRAVES Y AGRAVADO POR LA PARTICIPACION DE UN MENOR-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-03

Los agravios vinculados con la arbitraria valoración probatoria en que habrían incurrido los Jueces de la causa al considerar acreditado en el caso el agravante de lesiones graves para el delito de robo, sólo revelan su mera discrepancia para con la ponderación del material probatorio recolectado y con la entidad que los Magistrados le han asignado a éste en orden a considerar al imputado responsable de las lesiones, cuestión que, por ser materia de derecho común, resulta ajena -por regla- a la esfera de conocimiento de este Tribunal, salvo que se demuestre la configuración de un supuesto de arbitrariedad o de lesión a mandas constitucionales, lo que no acontece en la especie.