Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-16


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de noviembre de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en el recurso judicial de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 159/179, contra la disposición 7905-DGPYPC-2004, en los autos "BANCO RIO DE LA PLATA S.A. C/G.C.B.A. S/OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APEL.", Expte. RDC n.º 1327/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dr. Nélida Mabel Daniele y Dr. Eduardo Ángel Russo, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la disposición apelada? A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo:

RESULTA:

1. A fs.1, Roberto E. Cozachcow, en su carácter de titular de una tarjeta de crédito, se presentó ante el Tribunal Arbitral de Consumo y denunció diversos hechos vinculados con los importes que le cobra el Banco Río de la Plata S.A.

La entidad bancaria fue notificada a efectos de que aceptara o rechazara el arbitraje solicitado (cfr. fs. 25), y frente al silencio guardado, se remitieron las actuaciones a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor.

Luego de que fracasara la instancia conciliatoria, se otorgó a la empresa denunciada un plazo de diez días para que formule el pertinente descargo en relación con la presunta infracción a los arts. 4º y 19, de la ley 24.240 (cfr. fs. 43).

A fs. 139 se dispuso la acumulación de estas actuaciones a la denuncia efectuada por María de las Mercedes Godoy, dado que entre las presentaciones de ambos consumidores existía identidad de materia y de sujeto denunciado.

2. Concluida la etapa administrativa, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la disposición 7905-DGDYPC-2004, impuso a la firma una multa de veinte mil pesos ($ 20.000), al considerarla responsable de infringir lo establecido en los arts. 4º y 19, de la ley 24.240 (cfr. fs. 147/153).

Asimismo, determinó que la infractora debía publicar esa resolución en el diario "Clarín", de conformidad con lo establecido en el art. 18 del anexo I del decreto nº 17-GCBA-03.

Para fundamentar su decisión, entre otras consideraciones, sostuvo que "la sumariada debitó a los denunciantes cargos en concepto de cargo por reserva de fondos y gastos de otorgamiento y cobertura de vida como consecuencia de no haber abonado los consumidores la totalidad del saldo adeudado al vencimiento, habiendo efectuado en algunos casos pagos mínimos y en otros casos pagos parciales. Al respecto corresponde reiterar que, con posterioridad a la fecha de la contratación, la entidad bancaria comenzó a debitar sumas de dinero por los conceptos mencionados precedentemente que no fueron convenidos contractualmente entre los titulares de tarjeta de crédito y la entidad bancaria"(cfr. fs. 151/152).

3. Contra la mencionada disposición, el apoderado de la actora interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación, que fue concedido a fs. 203.

En su expresión de agravios (cfr. fs.159/170), en síntesis, argumentó: a) defensa de cosa juzgada en los términos del art. 282 inc.7 del Código Contencioso Administrativo Tributario, ya que sostiene que el banco fue previamente sancionado por el mismo hecho (fs.160); b) falta de fundamentación de la disposición toda vez que la misma no tiene motivación suficiente y de ello desprende que la resolución atacada carece de validez y vigencia y solicita que sea dejada sin efecto (fs.166); c) el Organismo ha soslayado las constancias de la causa, afirma que existen elementos que la Dirección ha omitido tomar en cuenta lo que conlleva una inobservancia de algunos elementos probatorios de la causa (fs. 167 vta.); d) que el Banco Río dejó de percibir el cargo denominado "reserva de fondos" en base a ello sostiene que no se le debe aplicar una multa por ellos ya que han dejado de ser cobrados y fueron devueltos por el banco; y e) que no se indica ningún fundamento para la fijación de la multa.

CONSIDERANDO:

4. Ahora bien, con carácter previo a entrar en el análisis de aquel punto, cabe recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos expuestos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean conducentes para la correcta composición del litigio (art. 310 del CCAyT y doctrina de Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230, entre otros).

5. Sentadas tales pautas generales, cabe abordar el primero de los agravios. La cosa juzgada puede ser definida como "la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla" (Couture "Fundamentos" p. 401).

Así, la defensa de cosa juzgada consiste en la prohibición dirigida al juez de sustanciar otro proceso sobre una cuestión que haya sido ya juzgada: "non bis in idem". El fin de esta defensa es evitar que sobre una misma cuestión existan dos pronunciamientos, dado que ya existe un proceso terminado por una decisión judicial, es decir una sentencia.

Pues bien, como hemos dicho en el párrafo anterior, para que la defensa de cosa juzgada pueda ser planteada es necesario que exista una sentencia judicial, mal podría entonces hablarse de cosa juzgada en un proceso en el cual no hubo efectivamente sentencia sino un acto administrativo. Es por ello que en el caso bajo análisis no podemos aceptar la aplicación de esta figura jurídica toda vez que no nos encontramos ante una sentencia judicial previa, sino ante una acto administrativo.

Siguiendo esta linea de ideas, cabe recordar que existe "cosa juzgada" cuando se ha dictado sentencia en un proceso que comparado con el nuevo proceso presenta identidad de partes, de objeto y de causa. Para que exista identidad de sujetos no basta que se trate de procesos en que intervienen las mismas partes, sino que deben hacerlo en la misma calidad. La identidad de objeto hace referencia a la cosa demandada (art. 282, inc.7 CCAyT), es decir, corresponde al interrogante ¿qué se demanda? ambos procesos deben presentar identidad de objeto, es decir, que la cosa demandada, -bien, cosa, relación jurídica-, en uno y otro proceso sean los mismos, y por último la identidad de causa consiste en que ambos procesos deben tener idéntica causa, la causa petendi consiste en un complejo circunstancial compuesto no solamente por el título que se invoca para recurrir a la justicia sino también por el hecho jurídico propulsor de una situación antijurídica que se trata de remediar por la demanda (Carlo Carli, La demanda civil, Capítulo XXXI, p. 203 y 209).

Teniendo en consideración tales directivas y analizando el caso de autos, se puede ver con claridad que uno de los requisitos mencionados supra, a saber, la identidad de sujetos, no se cumple en este supuesto. Ello así, toda vez que nos encontramos ante personas distintos en ambos expedientes; en efecto en el caso en estudio los actores son María de las Mercedes Godoy y Roberto Cozachcow. Estos sujetos no son actores del expediente "De la Merced, Jorge denuncia c/Banco Río de la Plata S.A s/infracción a la ley 24.240" expediente Nro. 5325/DDC/2002 mencionado por la sumariada.

Si bien la infracción cometida por la entidad bancaria es del mismo tenor , los sujetos involucrados no son los mismos.

De la simple lectura del punto 4 de la expresión de agravios de la sumariada se puede inferir lo ilógico de lo allí expuesto; en efecto, el planteo formulado no puede prosperar toda vez que no es posible pensar que por haberse sancionado a la entidad bancaria una vez por haber incumplido con los arts. 4º y 19 de la ley de Defensa del Consumidor en un caso puntual, no puede sancionarse nuevamente al banco por haber cometido esa misma infracción en relación a otros clientes del banco.

En suma, cabe concluir que ni formal, ni sustancialmente la excepción de cosa juzgada planteada por la entidad bancaria puede prosperar. En primer lugar, porque no nos encontramos ante una sentencia judicial definitiva y en segundo lugar porque en el caso de autos no se cumple con la identidad de sujetos, requerida para hacer uso de esta figura jurídica.

6. La cuestión debatida en autos ha quedado circunscripta a dilucidar si el banco cumplió con el deber de información en la forma prevista en el art. 4º de la ley 24.240 y asimismo si ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 19 de la referida ley. Es por ello que deviene oportuno en este punto señalar las normas y principios aplicables al caso.

6.1. En este sentido la ley 24.240 tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios, es decir, de las personas físicas o jurídicas que contraten a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otros supuestos, la adquisición o locación de cosas muebles, la prestación de servicios y la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda (conf. art. 1º, ley 24.240).

Por su parte, el art. 4º de la ley 24.240 (de aplicación en el ámbito de la Ciudad por medio de la ley 757 y su decreto reglamentario Nº 17/03), establece que "[q]uienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos". La finalidad de la norma es "la búsqueda de la voluntad real, consciente e informada del usuario respecto a las ventajas y desventajas del servicio que contratan. La razón de la norma se halla en la necesidad de suministrar al consumidor conocimientos de los cuales legítimamente carece, al efecto de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto del bien o servicio en relación al cual pretende contratar" (CNCont Adm Fed., Sala 2, "Diners Club Argentina SACy de T c. Secretaría de Comercio e Inversiones s/ Disp. DNCI 165/97 causa 10361/97, 11/04/1997, Lexis Nexis On Line Nº 8/3005).

Tal deber de informar en forma adecuada al consumidor no surge únicamente del citado artículo sino de la propia Constitución Nacional, en tanto dispone en su art. 42 que "[l]os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios." A su vez la Constitución local, establece en el capítulo decimoquinto dedicado a los consumidores y usuarios que "La Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas"(art. 46 CCABA, 1º y 2º párrafo).

Se trata de una relación de consumo entre un prestador y un consumidor final o usuario que se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de la ley 24.240. Dicho convenio se caracteriza por ser un contrato de adhesión. En él "Quien dispone es un empresario, quien concentra para sí el poder de negociación. El prestador agrega al servicio un valor que es la competencia específica en su área de conocimiento razón por la cual -en doctrina- se lo considera como un experto en relación a su contraparte, "profano" en la materia" (Cám. Cont. Adm. Fed, Sala II, Medicus SA c/Secretaría de Comercio e Inversiones -Res. DNCI 39/96, 08-10-1996).

6.2. En cuanto a que el cobro de cargos no previstos en el contrato de servicio implica una violación a lo establecido en el art. 19 de la ley 24.240, debemos recordar el mentado artículo.

Allí se dispone que "quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos".

El objetivo central de las previsiones de este artículo no es otro que imponerle al proveedor del servicio el deber de ajustarse al cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo conforme lo acordado al celebrar el contrato de consumo (ver al respecto Wajntraub Javier H., Protección Jurídica del Consumidor, Ed. Lexis Nexis/Depalma, 2004, pág. 126).

7. Sentado ello, cabe anticipar que el recurso en cuanto este sustancial aspecto habrá de ser rechazado. Es así como se encuentra debidamente acreditada la conducta reprochada al Banco Río de la Plata S.A. (el cobro de cargos no previstos en los contratos de servicio de tarjeta de crédito suscriptos por los usuarios).

También surge reconocido de los descargos formulados, la propia entidad bancaria admite que los cargos aquí examinados ("cargos por gestión cobranza", "gastos de otorgamiento cobertura de vida" y "seguro vida adelanto cuotas") no estaban incluidos en las solicitudes de servicio firmadas por los denunciantes y que fueron impuestos con posterioridad al comienzo de las relaciones de consumo.

Asimismo, está probado que los denunciantes tuvieron que abonar dichos cargos en repetidas ocasiones. Basta examinar la prueba documental agregada a estas actuaciones para confirmar que estos cargos fueron exigidos tanto a Roberto E.Cozachcow (ver fs. 3/ 22) como María de las Mercedes Godoy (ver fs. 103/120).

En el caso, es evidente que la entidad bancaria transgredió los términos convenidos con los usuarios, pues exigió el pago de conceptos no acordados al celebrar la relación contractual.

8. Clarificada la improcedencia de la excepción, corresponde tratar el segundo de los agravios planteados por la sumariada, en el caso en estudio la entidad bancaria cometió la misma infracción que en el caso citado en su expresión de agravios, esto es infringir lo dispuesto en los artículos 4º y 19 de la ley de Defensa del Consumidor, con una misma actitud. Es por ello que tratándose de casos en los cuales nos encontramos ante hechos similares mal puede la Administración apartarse de su criterio para ese tipo de infracciones, su actitud sería totalmente incoherente si en un caso se sanciona a la entidad y en el otro se la exime de responsabilidad. Lo lógico justamente es seguir una línea de pensamiento en todos aquellos casos en los cuales se configura una infracción determinada al la Ley de Defensa de Consumidor.

9. En tercer lugar, la sumariada plantea la inobservancia de elementos probatorios de la causa. Pues bien, de la lectura del expediente surge que la misma acompaña a fs. 45/6 y fs 51/4 documentación tendiente a acreditar el deber de información requerido por el art. 4º de la ley 24.240.

La recepción por el consumidor de meros resúmenes de cuenta no cumple con lo requerido en la mencionada ley. En efecto, una información como la exigida no puede tenerse por cumplida con las constancias que directamente informan que se han efectivizado los cargos.

En suma, la infracción al art. 4º esta probada ya que no surge de las solicitudes de la sumariada que pueda cobrar dichos cargos y por otro lado la infracción al art. 19 se materializa en el reconocido cobro de tales conceptos a los consumidores.

10. Ahora bien, en cuanto a la multa impuesta, la recurrente se queja señalando que para el caso de que se confirme la sanción, la misma debería ser modificada en cuanto a su graduación aplicándose la de apercibimiento.

En este sentido, el art. 47 de la ley 24.240 establece que "verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) apercibimiento; b) multa de quinientos pesos ($ 500) a quinientos mil ($ 500.000), hasta alcanzar el triple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción; c) En todos los casos, se dispondrá la publicación de la resolución condenatoria, a costa del infractor en el diario de mayor circulación de la jurisdicción donde se cometió la infracción".

El mismo debe interpretarse conjuntamente con el art. 49 de la misma normativa legal, el cual señala que "En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el art. 47 se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho...".

La recurrente considera que le corresponde la aplicación de una sanción mas leve con relación al presunto perjuicio ocasionado, toda vez que la entidad ha dejado de percibir el cargo denominado "reserva de fondos" según surge de fs. 101. En base a ello es que considero que la multa impuesta a la entidad bancaria debe ser reducida en la suma de diez mil pesos ($10.000).- Por lo tanto, se propone al acuerdo que, en caso de ser compartido este voto, se rechace el recurso de apelación judicial interpuesto, con costas a la vencida (conf. art. 62 CCAyT).

La Dra. Nélida Mabel Daniele y el Dr. Eduardo Ángel Russo, por las consideraciones expuestas por el Dr. Esteban Centanaro, adhieren a su voto.

En mérito de las consideraciones vertidas, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación judicial interpuesto parcialmente, con costas a la recurrente vencida (art. 62, CCAyT).

Regístrese en el libro de recursos directos, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-