marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal, terceros
Materia: CIVIL
Carátula: K., S.D. c/ V., S.M. s/ Liquidación de la Sociedad Conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-31

La disolución de la sociedad conyugal no genera, frente a terceros, relaciones en comunidad que trasciendan en la consideración de la co-titularidad de la "masa" integrada por los bienes de la sociedad conyugal disuelta. La disolución no muta ni altera, frente a terceros, las atribuciones que, en la singularidad de cada uno de los bienes, la ley efectúa respecto del titular. Genera, sí, una auténtica comunidad de derechos a los efectos de la liquidación y partición de bienes, pero comunidad "interna", oponible entre los esposos para exigirse mutuamente las restituciones, compensaciones, etc., y finalmente, la partición por mitades de los bienes según lo establece el art. 1315
Recursos, depósito previo, sanciones disciplinarias, sanciones del Colegio Profesional, exenciones impositivas, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Gallego Beorlegui, Juan Pablo c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacía - ley 23.187 - art. 47
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

El recurso por el cual se cuestiona la imposición de una sanción disciplinaria a un letrado no resulta exento del pago del depósito previo previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues la obligación que impone el citado artículo solo cede respecto de las personas que están exentas de pagar sellado o tasa judicial, según las disposiciones de las leyes nacionales respectivas, esto es, de aquellos que se encuentran comprendidos en el art. 13 de la ley 23.898 y en las normas especiales que contemplan excepciones a tales tributos, inclusión que debe ser expresa e interpretada con criterio restrictivo.
Interés superior del niño, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., M. c/  s/ abrigo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

La consideración del interés superior del niño debe orientar y condicionar toda decisión de los tribunales llamados al juzgamiento de los casos que los involucran, incluida la Corte, y ante un conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los niños debe tener prioridad, aun frente al de sus progenitores.
Obligaciones, obligaciones de dar sumas de dinero, actualización monetaria, desagio, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: TENDLER HNOS. SACI c/ PETROQUIMICA RIO TERCERO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-13

De los términos del dec. 1096/85: 4, no se desprende que las expectativas inflacionarias deban presumirse sin otro análisis que el relativo al momento del nacimiento y del vencimiento de la obligación, sino que la concreta existencia de ellas es también un presupuesto fáctico que condiciona la aplicación del desagio. El decreto 1096/85, no ha establecido una presunción 'iure et de iure' en favor del desagio, sino que tal presunción esta sujeta a la comprobación de la existencia de la expectativa inflacionaria, presupuesto fáctico que ha de constatarse en cada caso.
Recurso de casación, concursos, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: FICAMER S.A.C.I.F.I.A s/ CONCURSO PREVENTIVO-CONCURSO ESPECIAL DEL DR.RENE ALLUZ
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-11-22

Es procedente el recurso de casación deducido, ya que, existe una definida tendencia a la repotenciación de todos los créditos en materia concursal, basada en la actualización de importes con referencia a los créditos privilegiados prendarios, hipotecarios y laborales) y encaminada en la medida que el bien asiento del privilegio alcanzara a cubrir los importes devengados.
Ejecución hipotecaria, subasta de inmuebles, acreedor hipotecario, tasación, base, privilegios (comercial)
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO DE GALICIA Y BS. AS. SA c/ DOEYO, JOSE s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

Corresponde atender el aumento de la base en la medida pretendida, sin perjuicio de las medidas que se adopten frente al eventual fracaso de la subasta por falta de postores, pues lo contrario importa soslayar el derecho que el C.P.R. art. 575 acuerda al acreedor hipotecario de grado preferente a la ejecutante.
Procedencia del recurso, recurso de inaplicabilidad de ley, fundamentación de sentencias, voto de los jueces, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Luna, Alberto Javier Omar c/ Supermercado "La Victoria S.H. de Li Hnos. s/ Despido s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-06-03

Corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley declarando la nulidad de la sentencia cuando, como en el caso, mediando disidencia de los dos primeros magistrados que expresaron opiniones diametralmente opuestas respecto de la cuestión ahora traída en recurso, el tercer magistrado llamado a dirimir la cuestión, se limitó a una mera y desmotivada adhesión al criterio del que lo precedió; sin expresar las razones que lo determinaron a adoptar tal solución ni superar el enfrentamiento conceptual de sus antecesores. De ello surge nítidamente la transgresión a las formas sentenciales, pues el último sufragante se hallaba constreñido a fundar su voto en virtud de la falta de concordancia entre los argumentos anteriores; su voto determinaba la suerte del litigio y dicha circunstancia exigía una consideración mas desarrollada y profunda que la mera adhesión.
Tasas, diferimiento de impuestos
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ FRIGORIFICO RIOPLATENSE SAICI Y F s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-20

Resulta admisible la pretensión del Banco de la Nación Argentina,habida cuenta de que el diferimiento del pago de la tasa respectiva para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, comporta el otorgamiento de un beneficio que -en los términos del art. 2° de la acordada 66/90 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- se encuentra previsto en favor de la Nación y también de sus entes autárquicos, carácter que precisamente ostenta la entidad bancaria mencionada (cfr. esta sala, doctr.,causas 2109 del 3.9.91 Y 2318 del 30.12.91, entre otras).
Fisco nacional, AFIP DGI, competencia previsional, aportes previsionales, ejecución fiscal, ejecución previsional, Ley de Procedimiento Tributario, aplicación analógica de la ley, resoluciones inapelables, acción de repetición
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: FISCO NACIONAL DGI c/ METALURGICA MELIAN SAIC s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07

El art. 29 del decreto 507/93 establece que "serán asimismo de aplicación, con relación a los recursos de la seguridad social, las normas de la ley N° 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, que por vía reglamentaria determine el Poder Ejecutivo Nacional dentro de los ciento ochenta días (180). No serán de aplicación supletoria otras normas de la citada ley". En cumplimiento de ese mandato, el decreto 2102 del 18.10.93 (B.O. del 20.10.93), declaró aplicables a las ejecuciones concernientes a los recursos de la seguridad social, entre otros, el artículo 92 de la ley 11.683)", cuyo texto, según la reforma de la ley 23.658 declara inapelables -en este tipo de juicios-"la sentencia de ejecución o la revocación del auto de intimación de pago y embargo, en su caso...quedando a salvo el derecho de la Dirección General Impositiva de librar nuevo título de deuda, y del ejecutado, de repetir por la vía establecida en el art. 81". Se puntualiza que esta última remisión la excluye de estos procedimientos el dec. 2102/93, por lo que la repetición del ejecutado quedará sometida a los carriles de las leyes comunes de procedimientos
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Pacheco, Tito Rigoberto c/ Arena, Alfredo y otro s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06

El art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que la cesantía por justa causa dispuesta por el principal, como la denuncia del contrato de trabajo, también fundada en justa causa, que hiciera el trabajador, deberán comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato.
Consejo de la Magistratura, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Riusech, María Elia s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

El art. 175 de la Constitución de la Provincia, en cuanto prescribe que el Consejo de la Magistratura tendrá por función indelegable seleccionar a los postulantes mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos y predeterminados de evaluación, impone que tales criterios, a más de ser objetivos, se establezcan con anterioridad, pero no que se comunique a los aspirantes, como en este caso la amparista pretendía.
Enfermedad accidente, indemnización por accidente de trabajo, muerte del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: LUNA DE ROBLEDO, LUCILA c/ USM  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-11

Si la muerte del trabajador como hecho resarcible ha sido planteada como agravación de la enfermedad que lo incapacitó en vida corresponde, tal como lo concibe la doctrina civilista, acoger la prueba del mayor daño y reconocerlo en la sentencia. Ello con la aclaración de que las modificaciones computables son solamente las intrínsecas, o sea las que experimenta el proceso normal de los elementos constitutivos del daño.
Contrato de trabajo, empleo no registrado, socio gerente, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Reiter  Gabriel  Gustavo c/ Droguería  Farmamed  SRL  y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-11

Si la falta de registración del vínculo no ha sido introducida en la demanda no cabe la extensión de responsabilidad solidaria, puesto que dicha argumentación vulneraría el derecho de defensa en juicio de la contraria (art. 18 C.N.), como también el derecho de congruencia (art. 163 C.P.C.C.N.). No modifica esta solución el hecho de que el demandado haya suscripto las cartas documentos dirigidas al trabajador pues, (en el caso) ha quedado demostrado que el vínculo el actor lo mantuvo con la sociedad demandada y no con éste a título personal.
Responsabilidad del Estado, servicio público, contratos administrativos, concesión administrativa, concesionario (administrativo)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMP, CARLOS ALBERTO c/ GCBA Y OTROS s/ Daños y Perjuicios (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MEDICA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-25

En casos en se produce un daño a raíz de la actividad negligente de una empresa no estatal encargada de un determinado servicio público, cabe afirmar, como principio o regla general, que -como señalara Marienhoff- la explotación del servicio el concesionario la realiza a su propia cuenta y riesgo.

Ello significa que al concesionario le cabe toda la responsabilidad que pueda derivarse de hechos que concreten el ejercicio de la concesión (cfr. Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 3ª ed., t. III-B, p. 585; cfr. Sarmiento García, Jorge, Concesión de Servicios Públicos, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, p. 269).
Seguros, obligaciones del asegurado, denuncia del siniestro
Materia: COMERCIAL
Carátula: EL SOL ARGENTINO CIA. DE SEGUROS GRALES.  S.A. c/ LOS PIQUETES DE COLON  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-12

La ley 17418: 47 impone al asegurado la carga de denunciar el acaecimiento del siniestro. Se trata de una obligación de conocimiento y no de voluntad, razón por la cual puede realizarse por un tercero, aunque éste fuere incapaz.

La prueba tendiente a acreditar la denuncia debe ser analizada con severidad. Por ello si la misma la efectúa quien actúa como mandatario del asegurado, o como representante de la aseguradora, en cualquiera de los casos, deben tomarse las seguridades de que la diligencia es precisa y necesaria para acreditar fehacientemente su actuación.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, apreciación de la prueba, daño en espectáculo deportivo, responsabilidad del organizador, cooperadoras escolares, sociedad de hecho
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D. M. M. y otra s/ Recurso de Inconstitucionalidad.- Doble homicidio culposo y lesiones  culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-08

Carece de idoneidad para operar la apertura del recurso de inconstitucionalidad el agravio del recurrente en torno a la tesis esgrimida por la Sala de la existencia de una sociedad de hecho cuya actuación compromete personalmente la responsabilidad de los impugnantes, desde que no logra acreditar que la Alzada haya traspasado el límite de razonabilidad a que está subordinada la valoración de la prueba (luego de la ponderación de las numerosas declaraciones rendidas y de la absolución del representante legal de la escuela que mencionara a los integrantes de la Comisión de padres de la misma concluyendo que los organizadores del evento deportivo eran los miembros de esa Asociación o Comisión Cooperadora sin personería jurídica). Cabe tener presente, por lo demás, que los jueces no están obligados a ponderar todas y cada una de las pruebas aportadas a la causa, siendo suficiente con que ellos analicen las que reputen idóneas para fundar sus conclusiones. Y, en este punto, las conclusiones a que arribó aquélla no son sino una consecuencia posible del ejercicio de las funciones privativas vinculadas con la valoración de los hechos y pruebas de la causa, aspecto insusceptible de revisión por esta Corte. (De La Disidencia Parcial Del Dr. Netri)
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rovaro Viani, Juan Carlos c/ Barros, Pedro Enrique y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-10

Lo normado por art. 1101 del Código Civil reviste el carácter de orden público, debido a lo cual ha de ser acatado de oficio por el juzgador, pues, en caso contrario, la sentencia dictada es nula de nulidad absoluta y por su invalidez puede ser declarada también de oficio por el Tribunal que el cual se la intente hacer valer.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguro por accidente de trabajo, despido, trabajador, incapacidad temporaria, efectos del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: Oviedo, Alejandro E. c/ Castion S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-02-17

De conformidad a lo dispuesto en el art. 208 LCT, conforme al cual: "cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración"; en sintonía con el principio de continuidad contenido en el art. 212 LCT, de que "vigente el plazo de conservación del empleo, si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviere en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración"; lo cual no hizo la empleadora de autos, quien tampoco pagó dichos salarios, injuriando así gravemente a su dependiente incapacitado. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, acatamiento por la administración pública, ejecución de sentencia, astreintes, solicitud de audiencia, Estado Provincial, juicios en que es parte una provincia
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Estado  Nacional  (Estado Mayor General del Ejercito) c/ Tucumán,Provincia de y otro s/ desalojo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

Corresponde convocar a las partes a una nueva audiencia a fin de acordar las modalidades de la ejecución de la sentencia, pues la cabal comprensión del principio de acatamiento que pesa sobre las autoridades de la provincia cuando se trata de pronunciamientos de la Corte debiera constituir un elemento suficiente para lograr el cumplimiento de la decisión firme de ese tribunal, con un poder de convicción ciertamente mayor que la fijación de condenaciones de carácter pecuniario previstas por el art. 666 bis del Código Civil (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Adolfo Roberto Vázquez).
Intereses, emergencia económica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Diaz Blasco, Omar Claudio c/ Bel, Jorge s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-02-13

Atento la naturaleza abstracta de los títulos que se ejecutan -pagarés-,corresponde aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia (arts. 1, 4 y 8 del decreto 214/02).

Además, la tasa de interés deberá ser la que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días (arts. 52, 103 y cc. del decreto ley 5965/63), desde la mora y hasta el efectivo pago, por ser ella la que razonablemente -en sintonía con lo que prevé el art. 8 del decreto 214/02 en el mecanismo de reajuste al que, de considerarlo necesario, podría recurrir el acreedor- compensa los efectos de la "pesificación" dispuesta.

Así entonces, corresponde dejar de lado el criterio de este Tribunal en cuanto en casos análogos ha mandado liquidar los intereses a la tasa del 6% (seis por ciento) anual. Ello, sin perjuicio de la posibilidad del reajuste equitativo referido, en cuyo caso habrá de contemplarse, entre otros extremos, la tasa de interés aquí fijada.
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OBRYSER  S.A. c/ EMPRESA DE NAVEGACION "EL FARO"  S.A. s/ COSTA: IMPOSICION. MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-23

En supuestos como el de autos, donde al proceso de medidas cautelares ha seguido otro de conocimiento entre los mismos sujetos activo y pasivo y sobre la base de idénticas causas, cabe otorgar particular relevancia al resultado obtenido en este último, en cuanto allí quede exteriorizada la medida en que asistió razón a la accionante para peticionar en aquél el aseguramiento de su derecho.-
Recurso extraordinario, concesión errónea del recurso, contestación de agravios, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: Abecasis, Graciela Edit c/ Mº J. y DDHH - art. 3 ley 24.043 - resol. 198/08 (ex. 155.865).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-15

Si el recurso extraordinario no ha cumplido con el requisito vinculado a la cantidad de renglones por página, exigido en el art. 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007, corresponde declararlo mal concedido, y las costas deberán ser soportadas por su orden atento a que la contestacion del recurso adolece de idéntico defecto.
Actos y diligencias procesales, días hábiles, audiencia, incomparecencia de las partes, rebeldía, días inhábiles
Materia: LABORAL
Carátula: TURPAULT, GUILLERMO c/ FRIGORIFICO EL RODEO  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-31

La incomparecencia de la parte a la audiencia que debía celebrarse en un día que posteriormente fue declarado inhábil por el Tribunal Superior no puede computarse como fundamento de su rebeldía, art. 71 LO, pues las actuaciones y diligencias judiciales deben efectuarse en días y horas hábiles bajo pena de nulidad, art.

152 CPCCN y dec. 1042/81.
Presupuestos de responsabilidad, mora
Materia: CIVIL
Carátula: H., N.I. c/ B.B. SA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-29

La mora perturba el normal desarrollo de la obligación, trasladando su término final para un momento ulterior al inicialmente previsto y generando durante este nuevo lapso, severas consecuencias para quien la hubiese provocado.
Morosidad del proceso, queja por denegación o retardo de justicia, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Liendo Roca, Arturo y otro s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-17

Advirtiéndose una demora injustificada, corresponde hacer lugar al recurso de queja por retardo de justicia, pues no resulta atendible que habiéndose solicitado en abril de este año la causa principal a un tribunal que se encuentra en la misma ciudad y el mismo edificio que el solicitante, aún no haya sido recibida, máxime dada la importancia institucional que tienen las causas por delitos de lesa humanidad.
Condena de efectivo cumplimiento, lesiones, amenazas, incumplimiento de resolución judicial, violencia familiar
Materia: PENAL
Carátula: ARAOZ JUAN LUIS c/  s/ DESOBEDIENCIA A UNA ORDEN JUDICIAL, LESIONES Y AMENAZAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-02-23

Debe confirmarse la modalidad de cumplimiento efectivo de la pena dispuesta por el Magistrado actuante, quien fundó la misma en diferentes factores. De manera evidente se refirió a las circunstancias que rodearon a los hechos juzgados que fueron cometidos con violencia y desconociendo en forma reiterada las prohibiciones impuestas por la Justicia de Familia. Como contrapartida las pautas contenidas por el art. 27 bis del Código Penal devienen insuficientes, por la sencilla razón que todas las reglas de conducta impuestas fueron reiteradamente incumplidas. Del mismo modo que entendió necesaria la realización de un tratamiento terapéutico en el ámbito penitenciario que ya viene realizando el imputado y que según éste declaró, tiene efectos positivos. En este marco, no resulta arbitraria la decisión tomada por el magistrado actuante.
Inspección General de Justicia, fiscalización de sociedades, facultades de control, excepción de prescripción, sanciones pecuniarias
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Inspección General de Justicia  c/ Jeconstrur SA  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

En materia de prescripción de la acción sancionatoria, ante la inexistencia de un plazo específico de prescripción para los procedimientos de la ley 22315, cabe aplicar el CP 62. Ello así, en tanto el CP 4 establece que las disposiciones de ese código se aplican a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario.

En ese orden, toda vez que la resolución que impone una pena de multa -entre otras cosas- debe estarse a la prescripción bienal establecida por el CP 62-5° (CSJN, Fallos: 335:108, "Comisión Nacional de Valores c/ Telefónica Holding de Argentina SA s/ organismos externos"; CNCom, Sala A in re "Inspección General de Justicia c/ SR Consultores SA s/ organismos externos", del 26/12/16; Sala D in re "Inspección General de Justicia c/ Perú Automotores SA s/ organismos externos", del 14/11/17).