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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, responsabilidad penal, imputado, sentencia suficientemente fundada, sentencia condenatoria, cámara Gesell, abuso sexual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., C. A. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL VICTIMA MENOR DE 16 AÑOS (ESTUPRO) ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-10

De la confrontación de las causales de arbitrariedad esgrimidas por la compareciente con el pronunciamiento impugnado, se revela tan sólo su mera discrepancia con la valoración que de las pruebas reunidas efectuaran los Jueces de la causa para tener por probada la responsabilidad penal de los imputados, ya que, en efecto, la defensa refirió genéricamente a la afectación del principio de inocencia y al apartamiento de la solución correspondiente en los casos de duda razonable, mas lo cierto es que en el fallo atacado se brindó una acabada motivación para fundar la decisión de confirmar la condena a los acusados que había tenido lugar en primera instancia, considerando adecuada la ponderación de los medios de convicción llevada a cabo por los Magistrados de grado, que valoraron las declaraciones de los niños efectuadas en Cámara Gesell -dando cuenta de las razones por las que no se podía hacer lugar a las pretensiones de restarles credibilidad-, así como los testimonios de los profesionales que los asistieron para concluir en la existencia de los hechos, y en relación a la participación de uno de los acusados en los abusos sexuales -cuestionada por la defensa- expusieron las pruebas a partir de las cuales podía afirmarse su intervención, poniendo énfasis en que los niños lo habían mencionado en las referidas entrevistas, haciéndose cargo asimismo los Judicantes de las críticas que en relación al otro acusado había esgrimido su representación técnica al apelar y explicando por qué tales embates no podían prosperar para menguar el valor convictivo de la versión dada por dicho sujeto, ni del resto de los testimonios producidos.
Excepciones procesales, defecto legal, queja por recurso denegado, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Sosa, Pablo Martín s/ 52 - Hostigar, maltratar, intimidar (art.52 según TC Ley 5666 y modif.) y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Corresponde rechazar la queja debido a que el acusador público no demuestra que la argumentación efectuada por los jueces para fundar el sobreseimiento, con base en la atipicidad del comportamiento del imputado, no constituye una derivación lógica y razonada del derecho vigente y de las constancias de la causa, por lo que la tacha de arbitrariedad no puede prosperar. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Z., M. A. c/ R., L. A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-23

Al establecer la cuota alimentaria se ha merituado principalmente el potencial económico de quien tiene a su cargo la obligación de alimentos, ya que es indudable que la cuota fijada no es la ideal para solventar los gastos que ésta tendría que cubrir. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Monto indeterminado, tasa de justicia, cuestión abstracta
Materia: CIVIL
Carátula: De Pablo Sebastian c/ Banco Provincia de Buenos Aires y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-11

El agravio referido a la intimación de pago de la tasa de justicia fundado en la falta de determinación del monto del juicio deviene abstracto, pues efectuada la intimación el actor solicito el beneficio de litigar sin gastos que le fuera denegado, lo que no fue cuestionado oportunamente, quedando firme la resolución.
Confirmación de sentencia, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SGD SRL  c/  s/ quiebra c/universidad católica de la plata s/ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-05

Cabe confirmar el rechazo de la excepción de incompetencia planteada por la accionada. Ello por cuanto la atribución de jurisdicción que cabe aplicar al sub lite, presenta ciertas características que exceden de los criterios generales sobre competencia, ya que la pretensión contenida en la demanda resultaría causada en una relación negocial que, parcialmente, se estaría ventilando en el marco de la quiebra de la actora. Tan es así que, previo a decidirse el rechazo de la excepción de incompetencia en el decreto aquí apelado, la Sala B entonces interviniente, ya había ordenado ante un "conflicto negativo" de competencia entre dos juzgados del fuero que la causa quede radicada ante el juez de la quiebra de la accionante, valorando para ello que la cuestión se encontraba directamente vinculada con el interés de la masa de acreedores. Así, resultan relevantes en la especie: (i) el hecho de que el reclamo es una suerte de "continuación" de la controversia ventilada en un incidente; (ii) que la cuestión de competencia no concierne a aspectos relativos a la "materia", sino al "territorio" y es de contenido patrimonial, y (iii) por último, que la excepcionante ya se encuentra litigando en esta jurisdicción sobre el asunto (en el mencionado incidente), habiendo incluso, efectuado un pago vinculado a la acreencia que reclama la sindicatura. En tal contexto, la conexidad puesta en evidencia justifica la radicación del expediente por ante el juez que entiende en la quiebra, más allá de que le cabe a ésta el rol de parte actora y de que, esa circunstancia, la sustrae del fuero de atracción.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia, acción contencioso administrativa, demanda
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: NUCCI, ALEJANDRO CESAR c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13

Teniendo presente que este Tribunal está facultado para resolver, aún de oficio, en lo que atañe a su propia competencia y que, atento las particulares circunstancias de la causa, se vislumbran razones incontestables para entender que el sub lite suscita materia contencioso administrativa correspondiente a la competencia adjudicada a esta Corte por la Constitución Provincial (lo que determina la exclusión de toda otra vía), y dado lo novedoso de la cuestión, corresponde rechazar la queja interpuesta y otorgar al recurrente el plazo de 30 días a fin de que adecue sus pretensiones a la acción contencioso administrativa.
Hipoteca, derechos reales de garantía
Materia: COMERCIAL
Carátula: TICAFIN  SA s/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE VERIFICACION -POR: PROFIMCIA. FINANC.-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-19

Toda vez que las partes acordaron que la hipoteca garantizaría hasta un determinado importe de dinero, cumpliendo con el requisito de especialidad, en consecuencia la obligación garantizada nunca podrá superar la suma determinada en la hipoteca como tope máximo a garantizar. En otros términos, se garantiza el pago de la obligación asumida por un tercero según las cláusulas de la escritura, hasta la suma que por "capital" se gravo el inmueble (Pablo A. Pirovano y Mariano E. Pascual (h.), "Crítica a un fallo desafortunado", ll 17.3.06).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delito penal, tentativa, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: S, M E s/ Pedido de formación de Tribunal Pleno - Libertad provisional  concedida (Expte.: NRO. 13 Año 2000) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-23

Zaffaroni, historiando en los antecedentes legislativos sobre la pena por el delito tentado, afirma que el primer antecedente argentino es el inciso 3º del art. 20 del Código de Tejedor, que decía: "En los demás casos de penas privativas de libertad por cierto tiempo, el mínimum de la pena señalada contra el crimen consumado, se disminuirá en la cuarta parte o la mitad, sin que pueda nunca pasar de este límite", y reproduce sin mayores alternativas el código de Baviera (art. 60 III). El inc. 2º del art . 12 del código de 1886 disponía: "En los demás casos, la pena que corresponda al delito consumado se disminuirá desde la cuarta parte a la mitad". Aquí fue, como puede observarse, donde se introdujo la confusión que aún reina, la que se agravaba por un párrafo final que hacía alusión a "grados de pena". (Del Voto del Dr. Suárez). En la causa, la cuestión a resolver es: ¿Cuál debe ser la exégesis correcta del art. 42 del Código Penal a efectos de establecer la escala aplicable por el delito conminado con pena temporal privativa de la libertad y en grado de tentativa?.
Competencia criminal y correccional, incidente de competencia, violencia de género, violencia familiar
Materia: PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Otros Procesos Incidentales en Autos KMC y otros  c/  s/ Sobre 89 - Lesiones Leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

Dado que los hechos que motivaron este incidente de competencia se encuadran dentro de un mismo contexto de violencia de género, doméstica o intrafamiliar, corresponde declarar la competencia Criminal y Correccional con apoyo en el artículo 3 de la ley N° 26.702 -que establece la obligatoriedad de aplicar el CPCCN en la resolución de conflictos de competencia suscitados entre tribunales nacionales y de la Ciudad- y en el artículo 42, inciso 1 del CPPN -que determina como regla de asignación de competencia en causas conexas a aquel tribunal a quien corresponda el delito más grave-. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Patagónico S.A.-su quiebra- c/ Racamonde, Manuel s/ Juicio de conocimiento posterior
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

El art. 551 del C.P.C.C. sólo autoriza la promoción del juicio ordinario posterior en los supuestos que el mismo enumera, lo cual no es alterado por el hecho de que no hubiesen sido admitidos los recursos extraordinarios deducidos contra la resolución recaída en el ejecutivo que decidió la cuestión que se intenta reeditar.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sánchez, Lidia Angélica y ots. c/ Salusso, Antonio Justo y otros s/ Daños y perjuicios Morán, Juan Jesús y otro c/ Albo, Rubén Abel s/ Daños y perjuicios Acuña, Pablo y otra c/ Hazebrouck, Miguel y otro s/ Daños y perjuicios De Luca, Vicente Salvador c/ Ludueña, Mariano y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22|1996-10-08|2002-11-06|2006-07-05

Tratándose de la responsabilidad prevista en el art.1113, 2º apartado del C.C., esto es, la que generan los daños provocados por el riesgo de la cosa, lo que en realidad corresponde indagar es si la conducta de la víctima (o en su caso de un tercero) ha concurrido causalmente a la provocación de daño. En otros términos, verificar si esas conductas interrumpieron el nexo causal entre el hecho y el daño, ya sea de manera total o parcial, con aptitud eficiente como para impedir -en la medida que sea- la consumación de la responsabilidad objetiva que dicha norma endilga al dueño o guardián de la cosa.
Jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio, moneda, depreciación monetaria, interpretación de la ley, aplicación de la ley previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: Luis Ernesto GIORDANO s/ CONTROL  DE  CONSTITUCIONALIDAD  -  FACULTADES  DEL  PODER JUDICIAL -  JUBILACION  Y  PENSION  -  MOVILIDAD  -  DEPRECIACION  MONETARIA    -  INTERPRETACION DE LA LEY
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-22

Corresponde hacer lugar al agravio fundado en el perjuicio que ocasionó al recurrente la falta de actualización de los sueldos percibidos en el último año laboral al realizar el cómputo que llevó a la determinación de su prestación, como también la falta de correspondencia entre los índices con que se determinó la movilidad del haber y la situación económica del país, aspecto que no fue valorado por el a quo, que se limitó a aplicar los arts. 49, inc. 1, y 53 de la ley 18.037 literalmente sin realizar una interpretación que contemplara los fines propios de las disposiciones examinadas.
Aplicación de la ley previsional, doctrina
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MURUJOSA, JOSE ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ CONSTITUCION NACIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-09

Comporta una exigencia de la seguridad jurídica que los ciudadanos obedezcan las leyes; pero también el Estado debe obedecerlas. Como bien dice Bielsa "lo que interesa en definitiva es que la norma se mantenga en vigor y la acaten en primer lugar las autoridades ("rectius":el Estado). Si hoy se dispone una cosa y mañana otra contraria, se falsean las nociones de justicia y se debilita el respeto a la ley cfr. Rafael Bielsa, "El poder reglamentario y la libertad en el orden", La Ley, T. LXXI, pág. 687). (Del voto del Dr.

Herrero).
Resolución administrativa, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Lacoste, Luis Alberto c/ C.E. y P. S.A. s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Consentida la disposición de la Subsecretaría de Trabajo que fija la indemnización por un infortunio del trabajo media cosa juzgada respecto al nexo de causalidad entre el trabajo y la incapacidad.
Informalismo a favor del administrado, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AYALA, ENRIQUE AMADEO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 688-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-05-08

El hecho de que se encuentren cumplidas -aunque bajo otra denominación- las instancias dispuestas por el decreto acuerdo 10204 58, hace que el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción sea admisible.
Honorarios, acuerdo de partes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FRIGORIFICO TOLON Y ANTONIO FONTOZZI s/ Homologación Convenio (LIBRO: A065 - 002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1984-10-18

Se estima procedente, la aplicacion de lo dispuesto por el art. 10 de la ley 3641, por conceptuarse que en el tramite de homologacion, no se encuentra en juego el cuantum de contrato como monto del juicio, materia esta que ya fuera merituada al momento de determinar los honorarios devengados por la confeccion del mismo.-
Concursos, apertura del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gallino, José Luis s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

Teniendo en cuenta los reparos a que se hace pasible el art. 11 inc.

8vo. de la ley concursal vigente, en el sentido que un aferramiento literal al mismo puede obstaculizar seriamente la utilización del instituto del concurso preventivo y obligaría a recurrir a la quiebra, con el inmediato desapoderamiento de sus bienes y, de tal forma, con violación de la garantía, de defensa en juicio, de igualdad y de prioridad (arts. 16 a 18, Const. Nacional), resulta razonable que su alcance se limite al personal en relación de dependencia, al momento del pedido de concurso preventivo.-
Garantías procesales, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sr. Fiscal General s/ Robo Agravado en Poblado y en Banda con escalamiento y Efracción
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-04-18

Si bien es cierto que el debido proceso constitucional se integra con acusación, defensa, prueba y sentencia, no lo es menos que corresponde a cada provincia darse sus propias instituciones y regirse por ellas y que conserva todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno federal, poder que supone también el de dictar un Código procesal penal que defina una acusación autónoma, que no puede ser revocada por decisión del Fiscal que actúa ante el Tribunal del juicio.
Bien jurídico protegido, principio de insignificancia, aplicación de la ley penal, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: M., A. s/ Hurto (Expte Nº 211-94, Resolución Nº 11, Tomo 3, Folio 51)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-04-06

Para precisar cómo se conoce el grado de afectación del bien jurídico que ha de considerarse insignificante, debe atenderse a lo siguiente: 1) que pretender una cuantificación o tasación abstracta de lo que sería nimio a los fines penales, nos llevaría a una discusión sin salida, y al establecimiento "exante" de un límite al legislador, lo que sería inadmisible. 2) que cuantificar lo mínimo sería atender indebidamente a uno sólo de los términos de lo que constituye una ecuación, ya que de lo que se trata es de advertir cuándo existe una manifiesta desproporción entre la acción concreta y la pena. 3) que al evaluarse la acción ha de tenerse en cuenta su dañosidad social -valor socialmente acordado al bien jurídico y grado de intensidad del ataque (no solo del resultado contra él dirigido)- por ser, conforme al principio de lesividad establecido por nuestra Constitución, ellos criterios rectores al momento de la penalización de conductas. 4) que como la impugnación de irracionalidad -por desproporción- se dirigirá a la relación pena-acción, la pena a tener en cuenta no puede ser solo la abstractamente conminada en el tipo penal, sino la concretamente previsible de aplicación al caso conforme todas las pautas del propio Código Penal (sin dejar de reconocer que en algún caso el mínimo penal típico puede ser tan desmesurado que haga inútil todo intento morigerador a través del proceso individualizador de la pena).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Espósito, Juan Agustín s/ Adopción plena
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-12-23

Resulta inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado fuera de término.
Derecho a la salud, cobertura médica
Materia: CIVIL
Carátula: A. L., A. N. c/ Administración Provincial de Seguro de la Salud s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-05-14

Corresponde admitir el amparo incoado a favor de un menor discapacitado, tendiente a que se ordene a la obra social a otorgar cobertura integral del tratamiento médico que le fue indicado al paciente por los profesionales de la salud, en la institución recomendada, pues si bien el centro médico prescripto no está incluido en la nómina de prestatarios de la demandada, surge acreditado la favorable evolución del niño con la atención médica solicitada, y la obra social no logró probar que pudiera brindarle al paciente el mismo tratamiento, en igualdad de condiciones.
Quiebra, bienes de terceros, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: TEJEDURIA RIO DE LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE RESTITUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-05

El hecho de que un bien no figure en el libro de inventario de la fallida, crea la presunción de que el mismo no le pertenece.

La tenencia del certificado de garantía donde consta el número de fabricación -siempre que el mismo coincida con el del bien que se encontraría en poder de la quebrada- permite completar aquella presunción con otra que le atribuya la titularidad de quien reclama el bien en cuestión.
Impuestos, principio de legalidad, emergencia económica
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "ESSO  Petrolera  Argentina  SRL c/ AFIP DGI s/ Dirección General Impositiva".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-26

La salvedad que admite el art. 76, de la C.N. referida a la emergencia pública resulta inaplicable en materia tributaria, por juzgar aquí la prohibición expresa del art. 99, inc. 3, tercer párrafo C.N. referida a reglamentos de necesidad y urgencia (Del voto del juez Argento, cons. 6°).
Indemnización por accidente de trabajo, acuerdo de partes, extinción por mutuo acuerdo, conciliación laboral, declaración de que nada se debe, acción civil por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: BUSTOS, LUIS c/ CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-18

Carece de operatividad para afectar la existencia de derechos indemnizatorios derivados de la ley 9688, el acuerdo mediante el cual las partes pusieron fin a la relación laboral, percibiendo el trabajador una importante gratificación, expresando que nada más tenía que reclamar de la empleadora incluyendo la acción civil que pudiera derivarse de dicho vínculo. Esto es así pues el legislador en forma expresa dispuso que la indemnización especial, no puede ser objeto de embargo, cesión, transacción o renuncia, art. 13 ley 9688.
Contrato de trabajo, Derecho laboral, incidentes
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Balkbrug SA c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito por borelli javier matias y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-22

El derecho del trabajo ha ido elaborando un cuerpo de doctrina que contiene principios comunes, que constituyen directivas que inspiran el sentido de las normas laborales y operan a modo de líneas fundamentales e informadoras que fomentan directamente soluciones que sirven no ya sólo para la sanción, sino también para la interpretación de la norma y para la resolución de casos concretos (conf. Altamira Gigena-Capón Filas- De la FuenteEscuti y otros, "Ley de contrato de Trabajo. Comentada, anotada y concordada", T. 1, pág. 139).- Se ha entendido que en los casos en que el trabajador y empleador no cumplen sus prestaciones y no puede acreditarse un comportamiento concluyente y recíproco que traduzca una manifestación inequívoca de resolver la relación (arg. LCT 241 párrafo 3°), se considera que el contrato mantiene su vigencia y sólo ha quedado suspendido en lo que se refiere a las obligaciones de cumplimiento (conf. Vázquez Vialard, "Ley de contrato de trabajo", T. I, pág. 195).- Según el principio de la primacía de la realidad, cuando no hay correlación entre lo que ocurrió en los hechos y lo que se pactó o hasta documentó, hay que dar primacía a los primeros. Como consecuencia lógica de este principio, se presume la existencia del contrato de trabajo con sólo acreditar que se ha cumplido la prestación de una tarea que aparece como realizada en "relación en dependencia" (LCT 23). Finalmente, se encuentra el principio de irrenunciabilidad de derechos contemplado en la LCT 12, que establece que: "será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en (esa) ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción".
Pesificación, inconstitucionalidad, obligaciones en moneda extranjera, contratos a término, derecho de propiedad
Materia: ECONOMIA-CONSTITUCIONAL
Carátula: Johnson & Johnson de Argentina S.A. CEI c/ Deutsche Bank S.A. s/ cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-24

El decreto 992/02- en cuanto dispone que los contratos de futuro y opciones existentes al 5 de enero de 2002, concertados bajo legislación argentina y en los que, al menos una de las partes sea una entidad financiera, debían convertirse a la relación de cambio fija de 1 U$$= 1,40$, quedando excluidos de la previsión contenida en el art. 1º del decreto 410/02- es inconstitucional, pues altera la esencia misma de los contratos de compraventa de moneda extranjera a término- forwards- y produce en el caso una sustancial e injustificada afectación del derecho de propiedad de la actora, por lo que no supera el control sustantivo de constitucionalidad.