marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido indirecto, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Tejerina, Ramon c/ Edesa S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-02-25

Para que la deuda de Salarios constituya injuria laboral y se perfeccione por ende el despido indirecto con justa causa es necesario que antes que el trabajador exteriorice su voluntad de rescindir el contrato haga llegar a conocimiento del principal la intimación, manifestación de voluntad recepticia, a los efectos de establecer su situación respecto de la relación de trabajo.
Recurso contencioso administrativo, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE, remuneración, adicionales de remuneración, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CALIMANO, RICARDO DANIEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción(Expte.:  C.S.J. Nº. 529 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-09

Es improcedente la pretensión del actor de que le sea reconocida la bonificación por título -de Licenciado en Cooperativas- como correspondiente a su función específica, desde que no surge de las pruebas aportadas la existencia de disposición alguna, acto administrativo formal u orden superior válida por la que se asignaran al agente funciones distintas a las que venía desempeñando y específicamente vinculadas a su título universitario; y tampoco puede inferirse -de las constancias de autos- que tal asignación se hubiera producido, siquiera, de manera implícita.
Competencia penal, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Villarroel  Gómez,  Víctor  (queja  en:  Villarroel  Gómez,  Víctor). s/ Queja por Casación Penal Denegada.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-02-03

Corresponde rechazar la queja que no cumple con los requisitos que todo recurso de hecho debe contener, siendo exigible a su respecto: a) el acompañamiento de la cédula de notificación de la sentencia definitiva de segunda instancia que demuestre que el recurso se interpuso en término; b) la copia de dicho recurso debe poseer el cargo u otro elemento que avale su correspondencia con el original presentado; c) debe acompañarse copia del fallo de primera instancia y copia de la apelación.
Síndico del concurso, remoción del síndico del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iglú S.A.I.C. s/ Concurso mercantil preventivo - Incidente de remoción se síndico Copemar S.A. s/ Quiebra Garde, Oscar Ricardo y Gigan, Néstor Hugo s/ Concurso preventivo Rodríguez, Carlos Horacio y Rodríguez, Jorge Alberto s/ Concurso civil Campos, O. s/ Concurso comercial preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09|1988-12-29|1995-02-16|1995-05-23|1994-05-19

El artº 279 de la ley 19551, segundo apartado, establece que la remoción del síndico compete al juez, con apelación ante la Cámara, por lo que la resolución que desestima la solicitud de remoción es inapelable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuestos, impuesto a los activos financieros
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Cic Trading S.A. c/ Estado Nacional (DGI) s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La mención que hace la ley 23.757 al 9 de julio de 1989 tiene fundamentalmente un sentido de exclusión: dejar al margen del impuesto a los activos financieros que se constituyan con posterioridad.
Libertad condicional, observancia de los reglamentos carcelarios
Materia: PENAL
Carátula: Tobares, Gustavo A. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

No cualquier sanción disciplinaria es apta para negar el acceso a la libertad y la exigencia prevista en el art. 13 del C.P. no importa el cumplimiento absoluto de las normas reglamentarias, esto es sin infracciones de ninguna naturaleza, sino la observancia regular, es decir sin faltas graves o repetidas y teniendo en cuenta el término de privación de libertad y el tiempo en que fueron cometidas.
Delitos, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Chilavert, José Luis Félix s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06

Importa alterar los hechos fijados en la sentencia la pretensión de que no está probada la voluntad de delinquir o todo lo relacionado al elemento subjetivo integrante del delito, dado que el estado psicológico interno del imputado constituye un elemento fáctico acerca del cual es incensurable la decisión impugnada.
Cuestiones de competencia, competencia contravencional y de faltas, tipo penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de Competencia en Autos Personal Policial Comisaria Comunal 14 A, Guzman Julio Alberto/ Moyano Federico David/ Goicochea Franco y otros sobre 144 bis 2 - Priv Ilegal de la Libertad (Funcionario que comete Vejaciones o Apremios Ilegales)  c/  s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

Corresponde declarar la competencia Penal, Contravencional y de Faltas dada la probabilidad de progreso del encuadre legal del hecho en el delito previsto en el art. 144 bis, inc. 2° del CP, calificación que no se encuentra discutida. En tal sentido, el relato efectuado por el denunciante y la circunstancia de que los autores del hecho habrían sido funcionarios policiales de la CABA, permiten afirmar que resulta acertado el encuadre provisorio en el tipo penal mencionado. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Proceso penal, auto de prisión preventiva, recurso de casación, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Martínez, Jorge Enrique s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Avila c/ Auto Interlocutorio Nº 25/09 de fecha 12-04-10 en Expte. Letra 'M' Nº 50/09 - Martínez, Jorge...
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-03

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, por Auto Interlocutorio, resolvió lo siguiente: Hacer lugar a los recursos interpuestos respectivamente por el Sr. Fiscal de Instrucción y por el representante de los Querellantes Particulares y revocar consecuentemente el Auto Interlocutorio Nº 134/2009 emanado del Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación, en todo lo que fue materia de agravios. 2) Dictar la Prisión Preventiva de J E M por la supuesta comisión de los delitos de Estafa (once hechos, en concurso real) en calidad de Coautor, previsto y penado por los arts. 172, 45 y 55 del Código Penal. 3) Ordenar que la Fiscalía de Instrucción arbitre con carácter de urgente todas las medidas necesarias a los fines de lograr la inmediata detención del imputado, retornándolo a su debido lugar de alojamiento.

Contra dicha decisión, los asistentes técnicos interponen recurso de casación, invocando el art. 460 1ra. p. in fine del C.P.P., y piden al tribunal que deje sin efecto la resolución impugnada y mantenga el estado de libertad caucionado del imputado.

Sabido es que el art. 18 de la Constitución Nacional, al disponer que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme, al tiempo que garantiza el derecho a gozar de la libertad durante el proceso.

No obstante, también es sabido que el derecho de gozar de libertad hasta el momento en que se dicte la sentencia de condena no constituye una salvaguardia contra las medidas cautelares como el arresto, la detención o la prisión preventiva, que también tienen respaldo constitucional (Fallos 305:1022; 316:1947) y que, como todo derecho, el referido no es absoluto, sino condicionado "a las leyes que reglamentan su ejercicio" (Fallos 304:319, 1524), para evitar que el imputado obstruya o eluda la acción de la justicia.

Por ello, sólo en la necesidad de evitar que la justicia sea burlada encuentra legítima justificación la limitación de la libertad del imputado antes de la sentencia definitiva declarativa de su responsabilidad penal, a título cautelar, para asegurar la investigación y la aplicación de la ley sustantiva, cuando existieran indicios claros de riesgo concreto para esos fines del proceso penal.

Dado que en autos el imputado M. no cumplió acabadamente con su obligación de presentarse ante la justicia en tanto, desde que recuperó su libertad ambulatoria (10 de junio de 2009) y hasta la fecha, compareció a esa Fiscalía sólo en 2 (dos) oportunidades, el 19 de octubre de 2009 y el 25 de febrero de 2010, corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Concursos, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pechotex S.R.L. s/ Incidente de revisión en autos: Monchitti, Oscar s/ Concurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-10

En virtud de lo prescripto por los arts. 509 y ccdts. del Código Civil, se aplican las reglas de la norma a las cuotas concordatarias incumplidas en los plazos originariamente pactados en la junta de acreedores y oportunamente homologados por el juez del concurso de conformidad con lo normado por los arts. 61 y sgts. de la ley de concursos, todo ello al margen de la facultad que acuerda al acreedor el artº 74 de la ley citada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Petrecca, Roberto Armando c/ Nuevo Banco de Azul s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

La pretensión de amparo no autoriza a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que les incumben, por cuanto encontrándose abierta una vía judicial, no se justifica su utilización simultánea con la de amparo, lo contrario alteraría gravemente la seguridad jurídica al permitir en desmedro del buen órden de los juicios y de las instituciones procesales vigentes, que un magistrado distinto interfiera con sus resoluciones en la competencia acordada al Juez que conoce en el proceso pendiente o concluido.
Prueba, oficios, exhortos
Materia: PROCESAL
Carátula: LESCANO, JUAN c/ E.F.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-20

El juzgado es el que tiene a su cargo la dirección del proceso, y si éste no confeccionó el oficio ley 22172 a los efectos de que se realizara la prueba pericial contable, ni tampoco dispuso que lo hiciera la parte actora, no puede intimar a su diligenciamiento y menos dar por decaido el derecho de producir tal medida probatoria.
Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento, cuestiones de hecho y prueba, revisión judicial, interpretación restrictiva, recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, cuestión no justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T, J A s/ SU PRESENTACION. DENUNCIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ   EXPTE N. 315-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

Las críticas vinculadas a los posibles errores de juzgamiento en la valoración de la prueba y de la fundamentación expuesta para sustentar la existencia de causales de remoción del juez recurrente, no puede servir de soporte para habilitar la vía del recurso de inconstitucionalidad, en una materia que, por principio, escapa a esta revisión extraordinaria. La apreciación de los hechos materia de acusación conforma un ámbito atribuido por la Constitución provincial a la exclusiva y definitiva decisión del Tribunal de Enjuiciamiento y, por tanto -salvo que se advirtiera una manifiesta arbitrariedad en la sentencia destitutoria con aptitud para rozar el derecho al debido proceso, constitucionalmente garantizado- la decisión adoptada continúa siendo "no justiciable".
Procesos de ejecución, pagaré, inhabilidad de título, título ejecutivo hábil, venta a crédito, ley de defensa del consumidor, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Garbarino S.A.I.C.E.I c/ Bastias, Alexis Rodrigo s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-04-23

Corresponde confirmar la sentencia de grado que hace lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechaza la ejecución, pues encontrándose firme que el pagaré que se ejecuta tiene como causa una relación de consumo y, además, es palmario que las partes son los obligados directos, ya que el pagaré se encuentra suscripto por el ejecutado y su beneficiario es la ejecutante, resulta ajustado a la normativa vigente el análisis causal propuesto por la jueza de grado, a efectos de conocer si se encuentran cumplidos los recaudos del art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, luego, es el proveedor de bienes o servicios quién está obligado a cumplir con la manda antedicha, y, por ende, quién se encuentra obligado a presentar, conjuntamente con el título cambiario o al contestar el traslado de la excepción, la documentación que lo integre y que acredite el cabal cumplimiento de la obligación legal.
Amparo por mora, competencia de la Corte Suprema, intereses, mala fe, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Medina, María del Valle c/ Estado Provincial y/o Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología s/ Acción de Amparo por Mora en la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-03-07

El hecho de que la Administración requerida oportunamente, al momento de contestar el informe circunstanciado, agrega una disposición que declara de oficio la perención de instancia en las actuaciones administrativas por las que la actora solicitaba el pago de intereses de una deuda ya abonada a valores históricos, de fecha posterior a la interposición del Amparo por Mora, es demostrativo de que ha existido mala fe en su accionar, toda vez que en la causa resulta incontrovertible su responsabilidad por la falta de respuesta positiva o negativa al reclamo de la administrada, habiendo transformado el trámite en esa sede en un laberinto kafkiano de pases entre dependencias que reconocen explícita o implícitamente no saber o no poder resolver la cuestión traída ante sus estrados, resultando por tanto ética y jurídicamente inaceptable que la Administración intente prevalerse de su propia e inexcusable morosidad, descargando en la administrada la obligación de instar luego de haberla sometido por su propia conducta dilatoria a un extenso peregrinar. En este contexto, resulta de buena lógica concluir que no puede la Administración articular en su beneficio el instituto de la perención, correspondiendo en consecuencia hacer lugar a la acción intentada. (Del voto de la Dra. Sesto de Leiva).
Filiación, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: T.S. c/ T.R. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-08

La negativa infundada al reconocimiento del hijo provoca un agravio moral que, fuera de toda nota de carácter punitivo, debe ser resarcido.
Recurso de inconstitucionalidad, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: IRIGOYEN ALBERTO ERNANI c/ LABORATORIOS ARMSTRONG S.A.C.I.F s/ SUMARISIMO (ART. 52 LEY 23551)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-04-29

a) Si bien, la cuestión traída por vía del presente recurso es de aquéllas que, en principio y por razón de su naturaleza fáctica y procesal, se encuentran excluidas de revisión en la instancia extraordinaria y, cabe reconocer excepciones al principio de irrevisibilidad, como cuando el fallo comporta una decisión arbitraria y, por ende, conculcatoria de derechos constitucionales, tengo para mí que no corresponde tal calificación para la hipótesis de marras, toda vez que los agravios esgrimidos resultan ineficientes para sustentar el remedio extraordinario, al constituir el planteamiento de una cuestión novedosa.

Ello así, dado que la imputación formulada en orden a que los sentenciantes han prescindido del examen de un aspecto esencial para dar solución a la cuestión, cual es que más allá de la simple invocación del art. 476 del CPCC a este proceso, el mismo no ha tramitado por la vía sumaria y menos aún sumarísima que prevé el ritual, sino que se ha ordinarizado y tramitado en el marco de la Ley 2383, con el consentimiento y aceptación de ambas partes y por el impulso y trámite dado por la jueza, es introducida por primera vez a través del escrito que consideramos.

Tal cuestión, precisamente por no haber sido planteada a los jueces de mérito resulta inatendible, pues como lo ha señalado esta Sala en diversos fallos si los planteos no fueron efectuados con anterioridad al dictado de la sentencia, no pueden ser esgrimidos por vía del recurso extraordinario.	b) Resulta tardía la tacha de arbitrariedad que el quejoso pretende endilgar a la sentencia dictada por la Cámara, que acoge el pedido formulado por el actor, pues si los planteos no fueron efectuados con anterioridad al dictado de la sentencia, no pueden ser esgrimidos por vía del recurso extraordinario. Fdo: DRA. MARÍA LUISA LUCAS ( Minoría)
Banco central, ejecución fiscal, excepciones procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco Central de la República Argentina c/ Latino Saa Ernesto Severo s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

El artículo 42, penúltimo párrafo, de la ley 21.526 -que es el que regula las ejecuciones de multas impuestas por el presidente del B.C.R.A.-, establece como únicas excepciones admisibles las de prescripción, espera y pago documentado. Si bien la norma remite al procedimiento de ejecución fiscal establecido por el C.P.C.C.N., solamente declara admisibles las mencionadas excepciones. Cierto es que la ley 21.526 es la ley especial en la materia. Por ello, las únicas excepciones admisibles son, en principio, las previstas en él. Por lo tanto, las excepciones de incompetencia, inhabilidad de título y litispendencia opuestas por el demandado resultarían improcedentes. (Cons. 5)
Revisión judicial de actos administrativos, facultades del juez, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B.C.R.A. en autos Banco de Intercambio Regional S.A. (en liquidación) instrucción de sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

El Poder Judicial se encuentra investido de la potestad de revisar actos administrativos de carácter disciplinario emanados de la Administración, comprendiendo el ámbito posible de la intervención de los magistrados, no sólo el control de su regularidad, sino también el de la razonabilidad de las medidas que los funcionarios adoptaron en ejercicio de sus facultades, pudiendo los jueces anularlas cuando hayan incurrido en arbitrariedad manifiesta (confr. C.S.J.N. "D' Argenio de Redwka, Inés", del 13/5/86; esta Sala "Cervera, Héctor José y Otro c/ A.N.A. s/empleo público", del 28/2/95). (Consid. 5º).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vargas, José Ramón c/ Bonanni, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-12-13

Quien ofreció la causa penal como prueba, no puede alegar la inoponibilidad de sus constancias.
Sanciones disciplinarias, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Conde, Leopoldo Eugenio c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-08-08

La fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos, aún de aquéllos que traducen el ejercicio de la potestad disciplinaria, no exhibe en principio elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer su impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni, menos todavía, un acotamiento en las causales determinantes de su invalidez.

Bajo la observancia de la regulación material que les sea aplicable, tales actos también se encuentran comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa; ellos traducen un quehacer que, como tal, está sujeto a control y eventual invalidación judicial al comprobarse, no sólo arbitrariedad o irrazonabilidad, sino también la concurrencia de cualquier otra causal de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (arg. arts. 103, 108 y conc., dec. ley 7647 /1970, de idéntico contenido a los mismos artículos de la ordenanza general 267/1980). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defensa en juicio, estupefacientes
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Fiscal c/ Silva Saldívar, Jorge Iván. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-28

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó por el delito del art. 2 inc. e de la ley 20.771 pues es el representante del Ministerio Fiscal quién debe acreditar la finalidad de tráfico de estupefacientes, sin que quepa transferir al acusado la carga de probar una finalidad distinta, máxime cuando aquella no puede ser inferida razonablemente de la cantidad incautada (1,662 gramos de marihuana) ni de los dichos del procesado.
Locación, continuación de la locación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROSA HECTOR ANTONIO c/ HECTOR SAAD s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-13

La circunstancia de que los recibos posteriores al vencimiento del primitivo contrato se hayan otorgado "en concepto de alquiler", y se mantiene la ocupación por el inquilino (art. 1622 C.C.), esto da derecho al locador a percibir los correspondientes alquileres otorgando los recibos por ese concepto ya que su permanencia no es, según la norma, simple ocupación, tenencia temporaria o precaria, sino como continuación de la locación y en sus mismos términos.

De allí que no pueda afirmarse válidamente que por el hecho de haberse otorgado recibos por alquiler, esté demostrado que hubo un nuevo contrato por otro período legal.-
Juicio ejecutivo, principio de legalidad, seguridad jurídica, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires  c/ Sbriglio José Luis s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-18

Es primordial del servicio de justicia garantizar la seguridad jurídica y el principio de legalidad, sin realizar interpretaciones que en concreto desvirtúen lo expresamente legislado al respecto. El diálogo de fuentes preceptuado en nuestro ordenamiento sustancial (art. 2 del CCyC) impone la armonización y compatibilización de los distintos plexos jurídicos que convergen en una situación dada de modo de evitar la supresión de uno en pos de otro a fin de efectivizar el resultado útil de la jurisdicción. La prerrogativa del art. 36 de la ley de defensa del consumidor podrá ser ejercida ante el Juez/a de Paz en la medida que la ley le atribuya competencia al mismo/a para entender en esa clase de tutela y/o proceso. De no ser ello legalmente posible, también el Juez/a de la cabecera departamental es el Juez/a del domicilio del consumidor o usuario; esto es, no se trata de cualquier Juez/a sin importar en donde éste/a ejerza su jurisdicción. Es así que el artículo 30 de la ley 13.133 establece que en las acciones de consumo son competentes los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial o los Juzgados de Paz Letrados; claro está en la medida que la ley los habilite para conocer en el tipo procesal de que se trate. Una hermenéutica sistemática e integradora de los regímenes legales, conlleva a calibrar la razonable aplicación de los mismos al caso concreto