Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-08


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 08 días del mes de septiembre de 2006 se reúnen en Acuerdo lo Sres. Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Fernando Bosch, Marcela De Langhe y Pablo Bacigalupo, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Motiva la intervención de este Tribunal el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Javier de la Fuente a fs. 176/191 contra la resolución de esta Sala, dictada con fecha 12 de junio del corriente año (fs. 163/167), por la cual se confirmó el interlocutorio de grado -fs. 131/132-en cuanto no hace lugar a la suspensión del proceso a prueba respecto de Sebastián Monti.

Entiende el recurrente que en el caso existe una verdadera cuestión o caso constitucional puesto que se ha controvertido la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución Nacional y en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 13.3 CCBA y 27 ley nº 402). En este sentido, considera que el pronunciamiento de este Tribunal resulta contrario a los principios de legalidad, razonabilidad, igualdad ante la ley y del sistema acusatorio en virtud de que se realizó una interpretación del instituto (art. 45 CC) que resulta claramente lesiva de aquellos según los fundamentos que desarrolla a lo largo de su presentación (conf. fs. 177 vta. "in fine"/178 vta.).

Corrida vista al Fiscal de Cámara, dictamina que corresponde declarar inadmisible la vía recursiva intentada sobre la base de los argumentos vertidos en el libelo referido fs. 195/197.

Cumplidos los plazos y pasos procesales, se encuentran las presentes actuaciones en condiciones de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

"El recurso de inconstitucionalidad configura el remedio acordado para impugnar las sentencias, o resoluciones equiparables a éstas, que hayan decidido un caso constitucional, entendiéndose por tal a aquel que versa sobre la validez o invalidez de una norma cuestionada como contraria a la CN o a las constituciones locales, según sea, respectivamente, el ámbito jurisdiccional en que dicho caso se haya planteado".

En virtud de su ámbito de conocimiento restrictivo, la labor de esta Sala no se limitará a constatar el cumplimiento de los requisitos formales de procedencia sino que se exige también la verificación de la concurrencia de agravios constitucionales reales y no aparentes -lo que no importa, por cierto, que se emita pronunciamiento sobre ellos-.

A la luz de una primer óptica de examen, las exigencias han sido satisfechas por cuanto el Sr. Defensor articuló la impugnación dentro de los 10 días de notificada la resolución de esta Alzada -Tribunal Superior de la causa- y por escrito fundado (art. 28 de la ley 402).

En cuanto al aspecto sustancial de admisibilidad, el recurso intentado se enfrenta con un primer y fundamental escollo relativo a la impugnabilidad objetiva. En efecto, sólo puede ser interpuesto contra sentencias definitivas (art. 27 Ley 402) o equiparables a ellas en tanto ocasionen un gravamen de imposible reparación ulterior al agotar las oportunidades procesales útiles para obtener la protección del derecho que se trate.

A poco andar se advierte sin mayor esfuerzo que la decisión recaída en virtud de la cual se confirmó el pronunciamiento de grado, y en consecuencia, el rechazo a la solicitud de suspensión del juicio incoada por la defensa técnica, no reviste el carácter de sentencia definitiva susceptible de poner fin al proceso ni tampoco se trata de un auto equiparable a ella al no irrogar a la parte gravamen de imposible reparación ulterior como se alega, ya que en la etapa por la que transita en estos momentos el legajo aquélla no causa estado.

En esta inteligencia se ha dicho que "...como reiterados pronunciamientos del tribunal lo establecen claramente, en principio, las decisiones referidas a Causa nº 054-00-CC/06 actuaciones, medidas o provisiones adoptadas durante la tramitación del proceso no constituyen sentencia definitiva en el sentido del art. 27 de la ley nº 402" (cf. "Santamaría Liste, Angel c/ GCBA s/ recurso de queja", expte, nº 124/99, res. del 27/10/99 en Constitución y Justicia, Fallos TSJ, Buenos Aires, 2001, T. I, pag. 588 y ss.; "Najmias Little, Luis c/ GCBA", expte. Nº 941/01, res. del 11/06/01 en Constitución y Justicia, Fallos TSJ, Buenos Aires, 2004, T. III, pág. 245 y ss.; "Giribaldi, Juan Eduardo c/ Gobierno de la Ciudad s/ amparo s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad"; expte. Nº 942/01, res. del 21/06/01 en Constitución y Justicia, TSJ, Buenos Aires, 2004, T. III, pág. 306 y ss.; "Coviment SA c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad", expte. 2570/03 y "Coviment SA s/ queja por recurso de apelación ordinario denegado en Covimen SA c/ GCBA s/ medida cautelar", expte. Nº 2461/03, res. del 17/12/03; y, más recientemente, "Unión de Trabajadores de la educación c/ GCBA s/ medida cautelar s/ recurso de apelación ordinario concedido", expte. Nº 2593/03, res. del 21/04/04).

Asimismo: "...la resolución atacada no pone fin al proceso y, en el caso concreto, tampoco causa a quien impugna un agravio de imposible reparación ulterior. La consecuencia de lo decidido es que el proceso siga su trámite, y por lo tanto, los planteos del recurrente podrán encontrar remedio a lo largo del desarrollo de las instancias ordinarias del proceso, o bien a través de la intervención de este Tribunal al recurrirse la sentencia definitiva de la causa. Existe entonces un obstáculo directo al tratamiento del recurso...." (TSJ, Expte. n° 403/05 "Ministerio Público-Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4 s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ´Soto, Pablo s/infracción art. 41 CC-nulidad-apelación'", del voto de la Ruiz). (El destacado nos pertenece).

En idéntico sentido se expresó el Maier -en las actuaciones mencionadas en el párrafo anterior- diciendo: "No existe sentencia definitiva cuando, acertada o erróneamente, un tribunal de mérito se pronuncia por la prosecución del procedimiento hacia el dictado de una decisión material sobre la imputación...".

Por su parte, en cuanto a la configuración del caso constitucional como segundo extremo habilitante, haciendo un preliminar análisis puede advertirse que el nudo gordiano de la cuestión radica en una mera discrepancia interpretativa del recurrente con la postura vertida por esta Alzada en el decisorio de fs. 163/167 respecto de la procedencia y alcance del instituto de la "probation" -art. 45 C.C-. Asimismo, dichas impugnaciones no son otras, aunque en una versión profundizada, que las que oportunamente introdujera el De la Fuente al momento de interponer su recurso de apelación -139/146-, cuyo rechazo motivara el presente.

Contrario a ello, la doctrina tiene dicho que: "...no se trata aquí de dar mejores, más amplias o distintas razones que conduzcan a la aceptación de los motivos que originaron la impugnación, sino que, en todo caso, dentro de las oportunidades que otorga el ordenamiento procesal, sólo cabe la posibilidad de desarrollar la fundamentación que sobre el único motivo -o sea, el consistente en la contradicción entre la ley y la norma fundamental- hubo de ser expuesta suficientemente en el escrito de interposición".

La demostración más fidedigna de tal aserto está representada justamente por el hecho de que el sustrato de la pretensión articulada encuentra su núcleo en la discordancia -como se señaló- acerca de la interpretación de aquella norma; la que nuevamente pretende asimilar al régimen nacional y sobre cuya hermenéutica ya nos expidiéramos, circunstancia ésta que no se vislumbra conlleve violación de principio constitucional alguno que amerite en este estadio la apertura de la vía extraordinaria.

En este sentido las expresiones utilizadas por el De la Fuente al momento de fundar su presentación en cuanto expone: "...en el caso se cumplen todos los requisitos de procedencia previstos en la ley, de modo que, a criterio de esta parte, la negativa del Sr. Fiscal para arribar al acuerdo no puede impedir la concesión del derecho de la suspensión del proceso a prueba, pues de lo contrario se violaría flagrantemente el principio constitucional de legalidad" (ver fs. 183 vta.).

Y, asimismo: "La Cámara entiende -al igual que la Sra. Jueza de grado- que la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, regulada por el art. 45 CC, exige indefectiblemente un 'acuerdo' entre el fiscal y el imputado que bajo ningún punto de vista puede ser suplido por el juez. Sin embargo, como se explicara en el recurso de apelación, este razonamiento es equivocado pues, la Causa nº 054-00-CC/06 circunstancia de que la ley regule a la suspensión del proceso a prueba como un acuerdo entre las partes, de ninguna manera impide que el juez de garantías pueda efectuar un control sobre la razonabilidad y consecuente legitimidad del criterio adoptado por el Ministerio Público" (fs. 184), constituyen prueba elocuente de ello.

Son justamente éstas consideraciones de tipo valorativo, las que obstan per se a su tratamiento por parte del Tribunal Superior, so pretexto de convertirlo en una tercera instancia de mérito.

En efecto, los principios constitucionales que denuncia como conculcados -legalidad, razonabilidad, igualdad y sistema acusatorio- se plantean como consecuencia de la divergencia enunciada, adecuándolos a la solución y exégesis que propugna, y la que en definitiva, conforme es presentada por el recurrente, conduce a la apreciación de elementos de hecho, prueba -vgr. situación de los imputados: "...se puede advertir que habría sido el imputado Vanasco quien arrendó el espacio para la organización y realización del evento artístico (fs. 45) quedando bajo su responsabilidad el desarrollo del espectáculo..." y: "...no existe elemento alguno que permita fundar una diferencia en la situación, condiciones personales ni intervención respecto de los hechos, entre ambos imputados" (cfr. fs. 188 vta.), el acta de audiencia de fs. 67 citada por el recurrente en cuanto a través de ella sostiene: "...el Sr. Fiscal alude a una supuesta propuesta de suspensión del proceso a prueba que habría sido rechazada por la defensa y el imputado en la audiencia prevista por el art. 41 LPC, cuando dicha circunstan cia no surge del acta que obra a fs. 67/vta. Es decir, si nos remitimos a las constancias de la causa, no se le hizo saber al imputado oportunamente, en el acto de la declaración aludida, la posibilidad de obtener la suspensión del proceso a prueba" (cfr. fs. 187/vta.), circunstancias que a mayor abundamiento, ya fueron materia de decisorio por parte de esta Sala-, como así también cuestiones de derecho sustantivo, propios de los jueces de la causa y ajenos, en principio, al recurso de inconstitucionalidad (cfr. Fallos TSJ, Expte. Nº 2226 "Ministerio Público-Defensoría Oficial Nº6- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Oniszczuk, Carlos Alberto y Márquez, Sandra Rosana s/ ley 255-Apelación", voto del José Osvaldo Casás, resolución del 18 de septiembre de 2.003; Expte 2197/03 "Ministerio Público-Defensora Oficial en lo Contravencional Nº6- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en Caro, Maximiliano Daniel s/ arts. 61 y 63 CC-apelación" voto de la Ana María Conde, resolución del 10 de septiembre de 2.003, entre otros).

Al respecto, también abona lo expuesto el voto del Maier en el reciente fallo "Coultas, Juan Domingo s/ inf. art. 83 y 84 CC s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 4451/05 de fecha 6 de junio de 2006 en cuanto señala: "...el recurrente propone aquí la revisión de cuestiones de hecho, prueba y Derecho procesal, así como también la interpretación de reglas propias del Derecho contravencional (en particular, el análisis de la hermenéutica propuesta por la Cámara con relación al tipo contenido en el art. 83, CC), no corresponde por parte de este Tribunal pronunciamiento alguno sobre aquellos motivos de casación infraconstitucional".

En síntesis, el defensor no logra demostrar a lo largo de su presentación que en el caso exista un verdadero conflicto en la interpretación o aplicación de las normas contempladas en nuestra Constitución, o la validez de una regla o acto contrario a ellas; en virtud de que, en definitiva, conforme lo sostuviéramos, tanto la facultad del Ministerio Público de no acordar con el imputado, cuanto la del Juez de no aprobarlo -en las circunstancias establecidas- no conllevan de por sí el avasallamiento de derechos y garantías constitucionales; extremo que dista notoriamente de lo estatuido en el art. 27 de la ley 402 que prescribe los parámetros de procedencia de los recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia.

Por todo lo expuesto precedentemente, y habiendo concluido el Acuerdo correspondiente, el Tribunal RESUELVE:

I.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 176/191.

II.- TENER PRESENTE las reservas formuladas en el punto V del libelo impugnaticio.

Causa nº 054-00-CC/06 Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase al juzgado interviniente, el que deberá practicar las notificaciones restantes. Sirva lo aquí proveído de atenta nota de remisión.

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.