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Competencia correccional, falsificación de sellos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Testimonios en c. nro. 11.513. Competencia s/ Testimonios en c. nro. 11.513. Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-27

Si el objeto procesal está constituido por la falsificación del timbrado fiscal de tres pagarés, por tratarse de un impuesto de carácter local establecido por la Ley de Sellos 18.524 resulta habilitada la Justicia en lo Criminal de Instrucción de esta ciudad para conocer en él.
Trabajadores de la construcción, muerte del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: CARDOZO DE GODOY, CONCEPCION c/ STAHIKE  S.A. s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-27

Ante el fallecimiento del empleado de la construcción corresponde que se aplique la indemnización que ordena el art. 26 de la ley 22250 que excluye la que establece el art. 240 LCT. Esto es así pues el art. 35 de la ley mencionada en primer término expresa que sus disposiciones son de orden público y excluyen a las contenidas en la LCT en cuanto se refieren a aspectos de la relación laboral contemplado en la legislación específica.
Contratos, contrato de obra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Piccolini, Carlos c/ Laria, Elida s/ Cobro de honorarios profesionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-05

Ante la existencia de un contrato de locación de obra que consiste en la elaboración de un proyecto y la posterior dirección, quedando excluida la ejecución de la misma, el contrato es de naturaleza intelectual, por lo que no resultan aplicables las disposiciones contenidas en los arts. 1629 a 1647 bis del Código Civil, referidas a un contrato típico dentro del género, cual es el de construcción de edificios.
Recurso de apelación (procesal), hábeas corpus
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ABADIA CRESPO, Domingo s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-01-24

Debe declararse mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal, por no causarle el auto apelado agravio alguno, toda vez que las medidas probatorias compatibles con la naturaleza de la acción de hábeas corpus intentada ya han sido producidas, máxime si se toma en cuenta la existencia de un proceso por privación ilegítima de la libertad, donde podrán realizarse otras diligencias útiles para el esclarecimiento del hecho.
Sanción de la ley, promulgación de la ley, veto, veto parcial, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aguirre, Pedro Oscar s/ infracción ley 25.086.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-05

En el supuesto de promulgación parcial el órgano de contralor a quien corresponde ratificar o desaprobar los decretos es el Congreso de la Nación, al que le compete arbitrar los medios para emitir su decisión, conforme a la Constitución Nacional y del modo que entienda adecuado a las circunstancias en que se expida al respecto.
Actos u omisiones de autoridades públicas, acto administrativo, impugnaciones reiteradas
Materia: PROCESAL
Carátula: THX Medios S.A. y otro c/ GCBA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: THX Medios S.A. y otros c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Corresponde revocar la sentencia que omitió tratar el agravio relativo a la irrazonabilidad -por excesiva- del monto de la sanción aplicada, cuestión que fuera introducida oportunamente ante ambas instancias ordinarias. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe. Voto coincidente del juez Santiago Otamendi).
Pagaré, mandato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Villareal, Osvaldo Luján c/ Centro vecinal Unidos de Olmos s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-04

La "contemplatio domine", de la que se deriva la imputación del acto a la sociedad indicada en el espacio inferior izquierdo del pagaré, se halla satisfecha con la creación del título en esas condiciones por el representante, quien no puede por ende cuestionar ulteriormente la forma por él implementada, con el argumento de no haber obligado a la sociedad. Ello sin desmedro de que la tenida por obligada oponga defensas, o promueva acciones, si entendiere mediar exceso de mandato, falta de representación, llenado abusivo del documento, adulteración del mismo, o alguna otra contingencia que quedará sometida a la vía y oportunidad propias de cada defensa.
Privilegios (civil), privilegios especiales (civil), acreedor hipotecario, deudas impositivas
Materia: CIVIL
Carátula: CEGLA DE SINGER, Sara c/ TRIGO VELASQUES, Félix H. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

El crédito del acreedor hipotecario goza de un privilegio especial, que le otorga preferencia sobre las deudas por tributos fiscales -sean impuestos, tasas o contribuciones de mejoras -posteriores a la fecha de inscripción de la hipoteca. Su rango surge de los arts. 3934 y 3937 del Código Civil, que sólo indican su postergación ante las costas devengadas en la causa; por ello, los importes generados por los créditos de esa naturaleza de fecha posterior a la inscripción en el registro de la escritura, no pueden recaer sobre el acreedor a través de su deducción previa a la liberación de los fondos para la cancelación del crédito hipotecario, por cuanto ello importaría tanto como modificar el orden de los privilegios establecidos en la ley, no así con relación a los anteriores a la toma de razón de la hipoteca ejecutada, los cuales se trasladan, en el caso de venta compulsiva, al producto de la subasta, y estos sí retienen su privilegio frente al acreedor así garantizado.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, competencia de paz
Materia: PROCESAL
Carátula: Vera, Andrés Javier c/  s/ inf. arts. 139 y 73 del CFP e inf. arts. 53 inc. a) y k) y 56 inc. h) de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-06-06

Se declara inadmisible el recurso de casación ya que éste no está previsto para las sentencias provenientes de los Jueces de Paz. Sin perjuicio de ello, el recurrente en su escrito omitió realizar una crítica concreta y específica sobre los fundamentos del fallo sino más bien, intenta argumentar sobre el por qué se debe hacer lugar al tratamiento del recurso de casación, a sabiendas que es improcedente.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Elías, Osvaldo Alberto c/ Cherniasky, Anatolio s/ Daños y perjuicios Baracchi, Gabriel A. c/ Santaromita Villa, Cayetano y otros s/ Daños y perjuicios Baginay, Dionicia Balentina y otros c/ Vitecso S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-04|2002-05-29|2001-05-30

En los casos de riesgo o vicio de la cosa, no se trata de calificar la conducta de quienes responden por su carácter de dueño o guardián pues a su respecto la culpa, la negligencia o la falta de previsión no constituyen elementos exigidos por la norma para atribuir responsabilidad, sino de indicar, que al tiempo de computarse una eventual situación que excluya su responsabilidad, no podrá dejar de valorarse el cuadro total de la conducta de todos los protagonistas, desde una perspectiva integral.
Derecho penal, graduación de la pena, carácter taxativo, facultades del juez, principio de inmediación, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: J, D M s/ Art. 189 bis del C.P. - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-01-09

Las reglas contempladas en el artículo 41 del Código Penal, no resultan taxativas y menos aún imponen al judicante su encuadre bajo el rótulo de agravantes o cuales se tornan atenuantes. Es decir, son pautas de adecuación a las particularidades que pueda ofrecer cada caso y la persona sometida a juzgamiento y ello, claro está, dentro del límite mínimo y máximo de la escala penal de que se trate "el quantum de la pena".

Si bien, en líneas generales existe un consenso mayoritario para evaluar determinadas circunstancias como graves o leves nada indica que no pueda el juez de mérito sopesar de determinada forma las particulares circunstancias que ofrece el ilícito, que justamente por su ubicación en el proceso solo puede valorar. Máxime cuando ello se realiza teniendo en cuenta el bien tutelado por la figura en cuestión y la posible lesión en un lugar de dominio público.
Proceso penal, cómputo privilegiado de la privación de libertad, aplicación de la ley, sentencia firme, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MANZINI, JOSE ANTONIO s/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL DR. VICTOR CASTRO EN CAUSA EXPTE. Nº 49/03 CARATULADO "MANZINI, JOSE ANTONIO S/ EJECUCION DE CONDENA"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-03-13

Se interpuso Recurso de Casación contra el auto interlocutorio dictado por el juez de ejecución que resolvió no hacer lugar al pedido de rectificación del cómputo de la pena del condenado.

El quejoso manifiesta que no se computaron dos días de prisión por cada día que su defendido fue privado de su libertad con prisión preventiva y luego con sentencia no firme, luego de trascurridos los dos años desde su detención, conforme al art. 24 del C.P. según ley 24.390 (En autos: detenido el 6/1/01, sentencia condenatoria 16/2/03 (anulada), nueva sentencia condenatoria 16/9/04, sentencia casatoria que modificó pena 7/3/2005).

En el caso en análisis nos encontramos frente a un interno que ha sido condenado dentro los dos años de su detención, por lo que a partir de ese momento ya existía una certidumbre respecto de su responsabilidad penal, modificándose con el tiempo únicamente el monto de pena privativa de la libertad impuesta.

Repárese que no es un pronunciamiento firme lo que requiere el sistema que reconoce el derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable, o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de la continuación del proceso. Debe entenderse que se refiere a la conclusión final del asunto en un tiempo prudencial, sin que quepan recortes basados en la significación procesal de vocablos tales como sentencias definitivas, y ello es así pues tales sentencias, en la medida en que han sido recurridas, pueden aún sufrir todas las modificaciones de derecho que el máximo tribunal estime menester.

Asimismo, téngase presente que esta Corte entiende que la finalidad de la Ley 24.390 es despejar las dudas del justiciable en relación a su situación dentro del expediente.

En tal caso, si en el plazo requerido el procesado conoce que está condenado, por qué delito y cuál es el monto de pena que debe cumplir, dicha ley no puede ser aplicada, pues ha agotado su finalidad el dictado de una sentencia en un plazo razonable. Es decir que si quedó satisfecho el derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable, no existen razones como para beneficiarlo con un cómputo de pena que tenga en cuenta por cada día de prisión preventiva dos de prisión.

Además, cabe señalar que el tiempo que insuma la tramitación de los recursos extraordinarios -cualesquiera que estos fueran- no puede computarse a los efectos de la Ley 24.390.

Por todo lo expuesto, el Auto Interlocutorio puesto en crisis ha aplicado correctamente la ley sustantiva en lo que hace al presente tópico, correspondiendo por lo tanto el rechazo del recurso de casación intentado.
Ministerio Público Fiscal, ejercicio de la acción pública, requerimiento de instrucción, desestimación de la denuncia, competencia, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CAMAÑO, G. s/ desest. parcial de  denuncia...
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-28

Conforme al ordenamiento procesal y al nuevo diseño del Ministerio Público, dado por la Constitución Nación a partir de la reforma del año 1994, el único sujeto procesal que se encuentra habilitado para impulsar la acción penal en los delitos de acción pública, es el Agente Fiscal, consecuentemente, se encuentra vedada cualquier posibilidad de investigación de oficio por parte del Juez, sin requerimiento fiscal. (Arts. 5, 180 y 188 del C.P.P.N.).

Por otro lado, debe evaluarse que esta nueva estructura del Ministerio Público, establecida a partir de la reforma constitucional y de la sanción de la Ley 24.946, deja de lado los cuestionamientos acerca del peligro que acarrearía dejar librada al arbitrio de dichos funcionarios la determinación respecto de si el hecho constituye o no delito en tanto su dependencia del Poder Ejecutivo.

Por ello, implica un exceso la actuación del juez que, sin el debido impulso del Ministerio Público -único autorizado por la ley para darlo-, inicia una investigación, a consecuencia de lo cual la resolución que no hace lugar a la desestimación de la denuncia ni a la incompetencia solicitada, se encuentra viciada de nulidad.
Malversación de caudales públicos, participación criminal, corrupción del funcionario público, gastos reservados
Materia: PENAL
Carátula: "GRANILLO OCAMPO, Raul y otros s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-19

Tanto la desviación como la apropiación de fondos públicos llevan ínsita la falta de autorización formal en el modo de proceder. Su ejecución siempre implicará un abuso. La hipótesis típica se perfecciona, en ambos supuestos, en el momento en que se quiebra la relación entre los fondos públicos y el o los funcionarios a cargo de la administración, percepción o custodia - y de quienes prestaron a la maniobra una colaboración en los términos del art. 45 del Código Penal. Ante el caso en que se compruebe el hecho consistente en que se ideó y se puso en práctica un sistema de utilización de fondos reservados para atender cuestiones ajenas a las previstas por su norma fundante. Que éste sistema se extendió positivamente durante todos los meses de los años en que estuvo vigente. Que obedeció a la decisión de aumentar de manera encubierta el sueldo que percibían los funcionarios y, por último, que también se compruebe que algunas de esas erogaciones no se correspondían con el fin salarial señalado, para distinguir los dos supuestos delictivos en juego a de partirse del dato de que, en general el aumento salarial no haya estado destinado a tal o cual persona por algún motivo particular o que está destinado a todos aquellos de mayor jerarquía laboral fuera del escalafón administrativo y en razón de su cargo, es decir, en y por el ejercicio de la función pública. Precisamente, la incorporación de esas sumas percibidas al patrimonio individual es uno de los datos demostrativos de la finalidad remunerativa perseguida en la medida que se acredite su proporcionalidad con el sueldo. Este parámetro es el demostrativo del hecho consistente en darle a esos fondos (reservados) un cambio irregular de destino cuando se utilizaron esos fondos públicos de manera composicional. Por el contrario, habría sustracción cuando se verifique un exceso no compatible con esa finalidad.
Ley de accidentes de trabajo, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ ORTEGA, LORENZO JAVIER. c/ GUZMAN, ANA HAYDEE y OTRO. s/ ACCIDENTE IN ITINERE.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-19

En tanto no cabe suponer imprevisión o inconsecuencia en la tarea legislativa, debe concluirse en que, para todos los supuestos no excepcionados expresamente, rige sin ambages la regla general establecida en el art. 17 ap. 5 de la ley 26.773.
Comisión Nacional de Valores, poder de policía, legitimación procesal, querellante conjunto, oferta pública de títulos valores
Materia: PENAL
Carátula: GRANADOS, OSVALDO s/ Fraudes al comercio y la industria Causa 22929
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-14

1-La Comisión Nacional de Valores se encuentra legitimada para asumir el carácter de acusador particular (Cf. "DE CARABASA, Isidoro y otros s/art.300 del C.P.", Abr. 30.84, Reg. 86/84). El art. 6° de la ley de Oferta pública de Valores, Bolsas o Mercados de Comercio y Mercado de Valores dispone que aquella Comisión tiene-entre otras facultades-la de fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias en lo referente al ámbito de aplicación de la ley. Esta norma no puede ser interpretada aisladamente sino en armonía con el art.7° y complementando así las normas que rigen la cuestión parece evidente que la facultad de promover querella criminal no se encuentra restringida al ámbito personal delimitado por el art. 21 de la misma ley. De ser así, la Comisión no podría tampoco ejercer la acción penal respecto de quienes sin haber cumplido los requisitos y exigencias de la ley irrumpen en la "oferta pública de títulos valores". Es claro que la ley N° 17811 otorga a la Comisión facultades de policía respecto de la "oferta pública", e incluso la autoriza a reglamentar mediante las "normas" el sistema, siendo éstas últimas obligatorias para todos lo que "en cualquier carácter intervengan" en dicha oferta..- 2- Cualquier persona física o jurídica que-no encontrándose autorizada a ofertar públicamente títulos valores- interviniese directa o indirectamente en la "oferta pública" de que se trata, se estaría sometiendo por ese sólo acto al control y fiscalización de la Comisión y-si su intervención fuese sospechosa de ilicitud delictual-a la posibilidad de ser querellada por esta (Procurador General y CSJN "in re" "SOTO, José J. OCT.21.81, publ. en ED-102, p.604).
Sanciones administrativas, multa administrativa, revocación de sentencia, Comisión Nacional de Valores, secreto bursátil, insider trading
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Establecimiento  Modelo  Terrabusi  S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que -remitiéndose "in totum" al dictamen del fiscal de cámara y sin hacerse cargo de los agravios de los sumariados confirmó la multa impuesta por la Comisión Nacional de Valores por la comisión de la infracción del "insider trading".
Juicio de apremio, inhabilidad de título, pago, interpelación
Materia: PROCESAL
Carátula: DEPETRIS, JOSE MARIA ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. INCIDENTE  DE APREMIO.    CSJ EXPTE NRO 154-79
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-05-09

Debe rechazarse la excepción deducida en un juicio de apremio basada en la falta de vencimiento del plazo de 60 días hábiles desde la intimación de pago previsto en la ley de defensa en juicio de la provincia (ley 7234), si la demandada consintió la intimación dispuesta por un período menor.
Actuaciones administrativas, contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Marcelino Ricardo c/ Otero, Jorge Aldo s/ Despido ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

El inequívoco reconocimiento del demandado de su calidad de empleador del actor formulado en acta labrada ante la Subsecretaría de Trabajo hace plena fe de la relación laboral habida entre las partes (art. 994, C.C.).
Igualdad ante la ley, régimen jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MOULINE DE MARIANI CELIA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA s/ Acción de Inconstitucionalidad (LIBRO: S239 - 200)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-17

La igualdad exige trato igual para lo que es igual, pero no lo es para lo que se ha producido en distintos momentos temporales, admitirlo importaría extender los beneficios previsionales más allá de los supuestos previstos por la ley, olvidando la condición para que accedan los que antes no tenían derecho al beneficio.-
Testimonio, valor probatorio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FERNANDEZ VARAS GENARO MANUEL s/ TESTIMONIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-08-13

La posibilidad de recepcionar y valorar los dichos policiales surge del propio sistema de enjuiciamiento pues resultaría absurdo suponer que la misma ley que encomendara a la policía las tareas contempladas en el cap. II, libro segundo del c.P.P. y que se estableciera un texto tan categórico como el art. 243, imposibilitara, bajo amenaza de ineficacia procesal, la valoración de los dichos de sus integrantes y lo hiciere tan luego, cuando testimonian sobre el resultado de aquella misión.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, aportes previsionales, trabajadores mineros, jubilaciones, remuneración, contrato de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: MINERA AGUILAR  S.A. s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  PROCEDENCIA  -  SENTENCIAS  ARBITRARIAS -  EXCESOS  EN  EL  PRONUNCIAMIENTO  -  CONTRATO  DE  TRABAJO - MINAS  -  SALARIO - VIVIENDA - APORTES JUBILATORIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-11

Lo referente a determinar si la provisión de viviendas a los trabajadores mineros constituye salario a los fines de efectuar los cargos respectivos remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común ajenos, como regla y por su naturaleza, a la instancia del art. 14 de la ley 48.
Fallo plenario, ley derogada, robo calificado, robo con el concurso de personas
Materia: PENAL
Carátula: MARTINEZ, SERGIO. s/ ROBO- ARMAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-31

1) Derogada una norma interpretada en un fallo plenario, pierde éste su eficacia vinculante aunque aquella posteriormente recupere vigencia. Por ello, habiendo sido sustituidos los preceptos interpretados en instancia casatoria por el decreto-ley 4778-63 sancionado con posterioridad al fallo (B.O. 19-6-63) es claro que éste ya no deviene obligatorio.

2) En consecuencia, la segunda previsión del artículo 167 C.P. sólo resulta concebible en tanto concurran los extremos del artículo 210 C.P. -que no ocurre en el caso de autos-; razón por la cual sólo resta adecuar el caso a la hipótesis que instituye el inciso 4to. de aquel dispositivo en correspondencia con el artículo 163 inciso 9no , so pena de admitir la inconsencuencia de que un mismo artículo legal está previendo supuestos idénticos en incisos diferentes.
Amenazas calificadas, armas
Materia: PENAL
Carátula: MENDIETA Miguel Angel s/ AMENAZAS AGRAVADAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

No corresponde encuadrar el hecho en el delito de amenazas agravadas por el empleo de armas cuando, si bien los testigos refieren la existencia de la misma en poder del encausado, no se pudo secuestrar y por ende acreditar su ofensividad, es decir su aptitud para funcionar de modo dañoso en el caso.
Publicación de la ley, publicidad de los actos de gobierno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A.T.E. c/ M. R. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-22

La publicación de las leyes y de todas las normas jurídicas generales es indispensable en tanto que a más de ser ello de la esencia del sistema republicano de gobierno y un principio básico del estado de derecho, apunta a la incorporación efectiva de la norma al plexo jurídico positivo, proveyendo certeza y uniformidad en cuanto al momento a partir del cual se produce tal incorporación. La publicación cumple dos funciones indispensable en el estado de derecho: la difusión y la certificación.