marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, competencia penal, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal c/ Aguirre Carlos Guillermo s/ Lesiones culposas - Casación (Libro: S066-403)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-12-10

La nulidad no se produce por la simple insuficiencia de motivación;

la deficiencia de motivación total o relativa a un punto determinado no produce nulidad. Solo produce tal efecto la falta absoluta o la contradicción en la motivación (art. 433 inc. 3 del Código Procesal Penal).
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes, falta de personería
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Propietarios Edificio Colón 2651 c/ Rezzuto, Raul s/ Ejecución expensas Consorcio de Copropietarios Edificio Punta Cantera I c/ Méndez Chavez Isidro s/ Ejecución de expensas Mesch, Arnoldo Raúl c/ Dubowik de Zozula B. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19|2000-04-27|2001-04-19

En una ejecución por expensas comunes no puede discutirse la validez de la designación del administrador del consorcio, siendo por ello improcedente la excepción de falta de personería. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia por la materia, competencia laboral, procedimiento contencioso administrativo y tributario, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ejecución de multas, autoridad administrativa del trabajo, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/ c/ Ledezma Fuentes, Clara s/ Ejecución multas previstas en la Ley 265 s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-28

La circunstancia a la que apunta la cláusula transitoria tercera de la ley n° 265 es a la efectiva constitución por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del fuero laboral, que ya estaba previsto en el art. 7 de la ley n° 7, pero no constituido efectivamente. El hecho de que exista uno organizado por la Nación que cumple con esas competencias locales no modifica lo aquí expuesto. Por una parte, porque ese fuero ya existía cuando la ley n° 265 fue sancionada y por otra, porque los pronunciamientos de la CSJN en "Corrales", "Nisman" y "Bazán" no alteraron la índole de las competencias atendidas por ese fuero nacional sino que reconocieron su naturaleza local, lo que no supone la creación de un fuero local sino, sencillamente, sentar que un Estado distinto del titular de esas competencias presta ese servicio de justicia. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Luis Francisco Lozano).
Divorcio, separación de hecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: U., V. c/ C., N. del C. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-24

En los términos del art. 214 inc. 2 C.C. quedan incluidos tanto la separación por ambos cónyuges, como el abandono de hecho de uno de los esposos, de modo que la prueba de este último solamente puede tener el alcance de dejar a salvo los derechos que se acuerdan al cónyuge inocente.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, muerte del damnificado, legitimación activa, conviviente, impedimento de ligamen
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: ACOSTA, Trinidad del Valle c/ BERDEN, Luis Demetrio Gustavo y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-15

En tanto el vínculo matrimonial subsiste hasta tanto se declare el divorcio vincular (ley de matrimonio civil 23.515), si de la partida de defunción surge que la víctima al momento del accidente era de estado civil separada, la concubina no se encuentra legitimada para reclamar el daño patrimonial por la muerte de su concubino (conf. C.N.Civ. en pleno, "Fernández, María Cristina y otro c/ El Puente S.A.T. s/ Sumario", del 4/4/95).
Competencia federal, competencia penal, entorpecimiento de los servicios públicos, conexión clandestina de teléfono
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: IGNACIO ELIO VANDERBECKEN Y OTRO s/ ESTAFAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-15

Corresponde a la justicia federal entender en la causa en la que se investiga la conexión clandestina de un aparato de teléfono -que los imputados utilizaron para comunicaciones internacionales- a los cables de líneas asignadas a dos abonados de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Ello así, pues las particularidades de los hechos permiten presumir que han afectado el buen servicio de dicha empresa en los términos del art. 3, inc. 3, de la ley 48. Esta circunstancia hace irrelevante la comprobación de la existencia o inexistencia de perjuicio a las rentas de la Nación para decidir sobre la competencia.
Empleados públicos, concursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pignataro, Liliana Beatriz c/ Municipalidad de Gral.Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

La Administración actúa correctamente si considera que el puntaje alcanzado en el concurso por la actora es insuficiente respecto del mínimo exigido y desecha la pretendida equivalencia entre las calificaciones resultantes (6,45 y 7 puntos) merced al concepto "bueno", habida cuenta que el criterio objetivo adoptado por la comisión examinadora (el logro de un puntaje mínimo) desplaza tal ponderación.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: CUADERNO DE EJECUCION DE HONORARIOS EN AUTOS: SLEIBE MOISES C. FICAMER S.A.C.I.F.I.A. Y OTROS S. COBRO DE PESOS s/ RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA INTERPUESTO POR DRA. DE  SLEIBE
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-19

La resolución que impone una multa a una parte no resuelve el fondo del asunto en los términos del art.282 del C.P.C.C. pero se equipara o asimila a una sentencia definitiva ya que infiere un agravio insusceptible de subsanación ulterior salvo por la vía del recurso de casación intentado.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gesualdi,  Dora  Mariana c/ Cooperativa Periodistas Independientes Limitada y otros s/ cumplimiento ley 23.073.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

En los casos concretos de conflictos que se suscitan entre la libertad de expresión y otros derechos protegidos se produce una "tensión" cuyo equilibrio debe ser buscado sin preconceptos ni fórmulas rígidas, con la prudencia propia que debe caracterizar a la labor judicial, pero siempre obrando con valentía y temple, de modo de proteger a las personas cuando su honor, su intimidad, su imagen, etc, fue objeto de agravio injusto e ilícito por parte de la prensa, pero también, sin dubitaciones de privilegiar a la prensa cuando la información que ha suministrado tenga un fin lícito y se ajuste a la verdad, moleste a quien sea (Voto del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Contrato de trabajo, despido, abandono de trabajo, improcedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Castro Julio Raúl c/ Alotax SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-25

En el caso, la patronal, intimó al trabajador a reincorporarse, por cuanto se habría ausentado sin razón. El dependiente, en su oportuna respuesta, reiteró sus emplazamientos anteriores e hizo saber la imposibilidad de reincorporarse a sus tareas, en orden a las deficientes condiciones en que se encontraban las unidades que debía conducir. Ello, no puede ser leído sino como la exteriorización concluyente e inequívoca de su parte de continuar ejecutando la contratación laboral. No obstante, la empleadora, lo despidió por abandono, decisión que, en el caso, es prematura y contraria a derecho, pues en el marco del art. 244 L.C.T. no basta con probar las inasistencias supuestamente "injustificadas", sino que también es necesario acreditar la reticencia del trabajador a poner a disposición su fuerza de trabajo, extremo que no surge de la postura asumida por el trabajador. La empleadora debió subordinar el abandono a la realización de las reparaciones requeridas o -en su postura- a negar su necesidad y a reiterar su emplazamiento, más no romper el vínculo en violación al principio de continuidad, máxime cuando se trata de un trabajador que se desempeñó bajo su dependencia durante casi siete años sin ser merecedor de ningún tipo de sanción.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Casolari, José c/ Benitez, Adrián Flavio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-28

Cuenta con prioridad de paso en la bocacalle, el vehículo que desemboque en el cruce desde la derecha, a excepción del caso en que el vehículo contrario hubiere arribado con anterioridad al mismo.-
Cámara federal de apelaciones, registro de la propiedad automotor
Materia: PROCESAL
Carátula: Haedo, Liliana Edith s/ Apelación de resolución denegatoria del Reg. de la Prop. Automotor
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-10-17

La Cámara Federal resulta competente para resolver cuestiones fundadas en las resoluciones del Registro de la Propiedad Automotor -art. 37 del Decreto Ley 6582/58-, referidas a la solicitud de entrega de la cédula de propiedad automotor y las chapas patentes y no la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, pues la contienda negativa de competencia fue dirimida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Flotta, Verónica s/ Apelación de Resolución Denegatoria del Reg. De la Prop. Automotor, Nº 467. XLVI, 05/10/2010, indicando el Máximo Tribunal que esta Alzada era competente para resolver la cuestión planteada.
Concurso real, recurso de casación, absurdo, fundamentación de sentencias, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C., M.L. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. René F. Contreras del Pino en contra de la Sentencia Nº 37/09 de causa Expte. Nº 172/99: C., M.L., etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-07-11

La Cámara en lo Criminal, en lo que aquí concierne, por mayoría de votos, resolvió declarar culpable a la imputada como autora penalmente responsable del delito de Peculado en concurso real, hechos nominados primero, segundo y cuarto, condenándola, en consecuencia, a sufrir la pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso, con más inhabilitación absoluta.

Contra dicha resolución, recurre en casación el asistente técnico de la imputada condenada.

Después de analizar los agravios, en el orden en que son expuestos, encuentro que el discurso recursivo sólo trasunta una mera discrepancia con la valoración probatoria efectuada en el fallo apelado; y que no demuestra el recurrente vicio alguno en el razonamiento expuesto por los jueces que formaron la mayoría, ni que lo resuelto se aparte del cuadro probatorio del juicio o de las constancias de la causa.

Tampoco precisa las contradicciones que acusa, en las que habrían incurrido los testigos, ni su trascendencia por su aptitud para modificar lo decidido, por lo que la crítica efectuada, en términos excesivamente amplios, no logra conmover los fundamentos del fallo impugnado.

Por las razones dadas, en tanto no constato violación alguna a las reglas de la sana crítica racional, y no demuestra el recurso el absurdo o irrazonabilidad de las conclusiones y fundamentos de la sentencia apelada, considero que corresponde desestimar los agravios invocados y las pretensiones deducidas.

Por ende, corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Empleados públicos, cesantía, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Auzón de Martinelli, Lía Mónica c/ Mº de Cultura y Educación s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-09

La jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a la improcedencia del cobro de salarios caídos se ha desarrollado en supuestos de cesantía o exoneración, para los cuales se ha previsto un procedimiento rápido y expeditivo por ante esta Cámara, como tribunal de única instancia. Se ha entendido, así, que la procedencia del pago de los salarios por el período no trabajado en ese supuesto lo era en razón de que en corto tiempo se dilucidaba la cuestión, no constituyendo el proceso una carga gravosa al Estado de verse luego obligado al pago de haberes cuando el juicio insumía varios años. El recurso directo ante la Cámara suponía un acotamiento preciso del período por el cual la Administración debía responder por esos salarios en el caso de una sentencia desfavorable a su decisión.
Robo, estado de necesidad
Materia: PENAL
Carátula: GUTIERREZ MANUEL s/ TENTATIVA DE ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-02-24

No debe justificarse la conducta del procesado por aplicación del artículo 34 inciso 3º del Código Penal. Ya que falta la inminencia en la producción del mal mayor maxime cuando el autor ni tan siquiera ha verbalizado, al invocar su excusa haber padecido por ejemplo hambre y haber estado impulsado por esta irrefrenable necesidad fisiológica que lo llevo a delinquir. Y además por no haber recurrido el procesado a otros medios para salir de la situación de desamparo en la que dice haberse encontrado.
Corredor, póliza
Materia: CIVIL-PROCESAL-AGUAS
Carátula: Nassel, Pedro c/ Sagory y Lennuyeux
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1868-03-03

Los capitanes extranjeros no se hacen culpables de ligereza, al recibir del corredor marítimos la póliza sin el nombre y firma del fletador.
Derecho penal, estado de necesidad, prueba, policía, trabajador, peculado
Materia: PENAL
Carátula: A, C O s/ PECULADO TRES VECES REITERADO. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 461-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-06

A los fines de la justificación del estado de necesidad no basta la mera invocación de un estado de pobreza o dificultad de ganarse el sustento, aun cuando estuviera constatada en la causa. Se trata de una cuestión de mayor importancia que requiere de prueba eficiente con relación al momento y circunstancias del suceso. En el caso, la Sala descartó la hipótesis de la defensa concerniente a la existencia de la causal de justificación invocada, en razón de que no había existido peligro inminente, ya que el imputado se apropió del dinero en las ocasiones en que se les daba la oportunidad (enfermedad o muerte del beneficiario de una pensión de la Ley 5110) que no coincidía con situaciones de peligro y además como funcionario policial contaba con un sueldo y no constaba que hubiera intentado obtener ayuda de algún tipo. Por ende, corresponde rechazar la queja interpuesta.
Defensa del consumidor, aplicación de la ley, seguros, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: B., L. C. c/ LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES s/ RECURSO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-29

La actividad aseguradora,...está comprendida dentro de las materias respectos de las cuales la ley de defensa al consumidor protege a los compradores o usuarios; por lo que no se observan las violaciones normativas aludidas respecto a la Ley de Seguro, y en consecuencia corresponde admitir la competencia de la Dirección de Comercio Interior, en estas actuaciones.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: MOLINA HECTOR FABIAN c/ SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LA BANDA S.R.L. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-09-21

Es oportuno señalar que la motivación permite comprender el análisis de los antecedentes de la causa, el valor de convicción que se ha asignado a la prueba reunida, y si el juicio ponderativo responde a las reglas de la lógica y de la sana crítica racional, de acuerdo a la experiencia común. Permite reconstruir el íter lógico transitado por el tribunal de juicio para arribar a su conclusión. Se trata de una exigencia constitucional derivada de la garantía de la defensa en juicio que se satisface cuando el sentenciante ofrece expresas razones de su decisión, pues las referencias genéricas y la remisión general a la prueba incorporada al proceso resulta insuficiente para observar aquel mandato (CSJT, sent. 1027 del 20/12/2010) .
Simulación, herederos
Materia: CIVIL
Carátula: Iribarren, Ignacio Alejandro c/ Cruz, María Inés s/ ordinario simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-07-01

Si el actor no acumuló su acción de reducción con el cumplimiento de sus presupuestos, ni probó por ende la afectación de su legítima con los actos atacados, punto que hacía a la ilicitud y perjuicio configurativo de su interés para declarar la simulación pedida, constituyen omisiones que justificaban el rechazo de la demanda, y que incluso pudo detectarse al entablarse la misma por hacer a su proponibilidad objetiva.
Acción, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Manfredi de Rodríguez, Graciela Libertad c/ Municipalidad de Tres Arroyos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

La actividad de la Administración se presume legítima, por lo que el accionante debe probar en la instancia judicial los hechos en que funda su pretensión.
Dictámenes, valor probatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: KESTNER S.A. COM. OND. c/ Y.P.F. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-29

"Los dictámenes o consultas son declaración de juicio que emiten determinados organismos técnicamente calificados de la Administración Pública a fin de ilustrar la voluntad del órgano de decisión".

Si bien según el art. 7, inc. d) de la Ley 19.549 la Administración está obligada a solicitar dichos dictámenes, no lo está sin embargo a conformarse a ellos, ya que los órganos consultivos no deciden;

sus funciones son únicamente de valoración técnica.

Estos dictámenes constituyen actos "internos" de la Administración y, por consiguiente: a) no tienen fuerza ejecutoria, pues no son "actos administrativos" stricto sensu; b) no constituyen un acto jurídico: no obligan al órgano ejecutivo, la sustancia de dicho dictamen se tornará obligatoria sólo cuando la Administración activa emita el acto administrativo aceptando dicho dictamen.
Régimen penal de la minoridad, readaptación del condenado
Materia: CIVIL
Carátula: Habeas Corpus Correctivo presentado por los legisladores provinciales provinciales Roberto C. Birri, Liliana R. Montero, Edgar S. Clavijo y Marta N. Juarez a favor de jóvenes internados en el Complejo Esperanza.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-04-28

Corresponde ordenar la incorporación de profesionales en educación social para que compartan la vida cotidiana con los jóvenes internados en un establecimiento correccional, que propicien la asunción de hábitos y habilidades para su integración social, su reflexión sobre la propia existencia y la asunción de un proyecto de vida con cara al futuro, pues dichas funciones no pueden ser cumplidas por personas contratadas para la guardia, que más allá de la buena voluntad que algunos muestran en su trato a los internos, no están preparados para la convivencia ni para hacer aportes educativos, con lo que terminan generando con éstos una dialéctica equivalente a la que existe entre policías y delincuentes, entre guardiacárceles y encausados o condenados.
Llamamiento de autos, providencia simple, notificación, alegato, recurso de reposición (procesal), apelación en subsidio, impulso de parte, caducidad de instancia, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Basualdo,   Roberto  J. c/ B.C.R.A. s/ juicios  de  conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Recién desde el llamamiento de autos precluye la actividad partidaria, porque la providencia que pone los autos para alegar debe quedar consentida. Ello es, las partes pueden interponer frente a ella recurso de reposición con apelación en subsidio, y en tal caso, no consentir dicha providencia. Es decir, que la ley recién libera a las partes de la carga de instar el proceso cuando deben esperar que termine la actividad que solamente puede realizar el juez o el tribunal, sin poder aquéllas llevar a cabo actos procesales útiles; porque en tal caso existe un deber del tribunal.

Por eso, el acto de la notificación de la providencia que pone los autos para alegar no es de aquéllos actos que solamente puede realizar el juez o el tribunal, quedando en consecuencia, subsistente, en virtud del principio dispositivo, la carga de instar el procedimiento.
Revocación de sentencia, daños y perjuicios, información crediticia, banco de datos, tarjeta de crédito, responsabilidad del banco
Materia: COMERCIAL
Carátula: BOCON, NORBERTO ANTONIO C/BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-08

Procede revocar la resolución que rechazó la demanda entablada por el actor quien persigue el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos en virtud de su inclusión como situación 2 (riesgo bajo) y 3 (riesgo medio) en la base de datos del Banco Central de la República Argentina, a consecuencia de la deuda informado por el banco accionado. Ello por cuanto, en el caso, no se encuentra controvertido que realizó una única operación con la tarjeta de crédito de la accionada y luego de abonar la última cuota del producto adquirido nunca volvió a utilizarla y que solicitó la baja de la tarjeta de manera telefónica y le comunicaron el número de trámite. En ese marco, surge que el banco dio de baja la tarjeta dos años después de la intentada telefónicamente por el accionante, y dicha baja se materializó con anterioridad a que se lleven adelante las audiencias ante la Dirección Nacional de defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo (COPREC) que se celebraron entre las partes (pero por una cuestión ajena al objeto del sub judice). Sin dudas, dicha baja obedeció a una decisión unilateral del banco, dado que se concretó con anterioridad a la audiencia donde se logró la conciliación. Esta circunstancia evidencia que la entidad operó al efecto con absoluta discrecionalidad sin razones que sustenten esa decisión, ya que la señalada con sustento en la conciliación arribada con el actor, es errada, en la medida que efectivamente se produjo tal cese de la tarjeta con bastante antelación. Esa conducta injustificada del banco es reprochable por cuanto bien pudo cerrar eventualmente la cuenta y dar de baja el plástico del demandante con anterioridad a informar al Banco Central que estaba en situación de mora, evitando así ocasionarle perjuicios innecesarios u obedecer esa decisión a la baja solicitada en su momento por el accionante y recién adoptada en ese momento con bastante atraso. A más, la demandada nada ha expresado respecto de cómo funciona su sistema de baja telefónica de tarjetas de crédito. Con este señalamiento no debe entenderse que se pretende una prueba diabólica que acredite la inexistencia del trámite telefónico alegado por el actor. Lo que corresponde al proveedor de servicios -como tipifica la norma- es prestar la colaboración necesaria para esclarecer la cuestión debatida. Ello así, al no haber operado de tal modo, corresponde presumir que el actor solicitó la baja de la tarjeta en forma telefónica cuando lo indicó. Por tanto, los cargos generados con posterioridad al pago de la última cuota de la compra efectuada devienen ilegítimos.