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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, principio de irrenunciabilidad, relación de dependencia, doctrina de los actos propios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTELLANO, RODOLFO H. c/ DELTA SALUD S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-05

Frente a los argumentos de la Cámara -que valoró el contrato de comercialización cuya firma el actor había reconocido y consideró, de la confrontación con el resto de las probanzas de la causa, que debía estarse a la verdadera situación creada en los hechos, para evitar que la apariencia disimule la realidad, agregando, con cita jurisprudencial de esta Corte provincial, que la conducta pasiva del trabajador durante su relación laboral sin reclamar su regularización, no podía perjudicarlo atento a que la teoría de los actos propios en esta materia se ve desplazada por el principio de irrenunciabilidad- pierden andamiaje los reparos referidos a la falta de fundamentación de la que acusa la compareciente al Tribunal. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Spuler y Gutiérrez).-
Recurso contencioso administrativo, demanda, pretensión, intereses, reservas
Materia: CIVIL
Carátula: Pisani, Osvaldo c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 551-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-02

No es óbice para el acogimiento de la pretensión de cobro de los intereses, el hecho de que no se incluyera el rubro en el reclamo formulado en vía administrativa, pues la regla de que no se puede demandar judicialmente lo que no haya sido peticionado en aquella instancia, no rige el caso de los intereses, pero si empece a su otorgamiento la circunstancia de que la pretensión haya sido introducida, en sede judicial, recién el presentar el informe previsto en el artículo 54 de la ley 4106, porque -a diferencia de lo que ocurre con la desvalorización monetaria, cuyo reconocimiento en nada modifica la situación del acreedor ni el deudor- la cuestión de los intereses conlleva la decisión de ciertos aspectos, como, por ejemplo, la determinación de la existencia de mora en el deudor, o bien, la tasa aplicable, que debieron haber sido objeto de debate y -eventualmente- de prueba. En consecuencia, tal ampliación de lo pretendido no puede admitirse, desde que no fue oportunamente introducida en la litis (artículos 135 y 136 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable); de ella no se dio vista a la contraria, ni fue objeto de prueba; por lo que si el Tribunal se pronunciara respecto de su procedencia podría violar el derecho de defensa de la contraparte.
Comodato, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Otero, Juan Alberto c/ Cordoba, Anastasio y otro s/ Desalojo Barbatti de Cabral, Nelida c/ Cabral, Luis y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-26|1992-02-06

Cuando sólo se comprueban algunos servicios en beneficio del titular del dominio, no se traza ninguna división tajante entre el comodato y el contrato de trabajo, ya que no es ajeno al primero la posibilidad de que el comodatario los preste sin desnaturalizar la gratitud, que es la esencia de aquél, especialmente cuando se trata de cuidados o vigilancia, que es lo mínimo que puede exigirse a quien usa, sin pagar, el inmueble de otro. Distinto es, cuando tales servicios resultan de un compromiso que los convierte en una retribución, en cuyo caso es prueba a cargo de quien sostiene tal postura.
Contrato de trabajo en general, relación de dependencia, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: M., A.F. c/ Cooperativa de Trabajo Transportes "La U L" s/ Demanda Laboral (Dif. de haberes e indemnización por despido)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-13

Si los servicios anteriores fueron prestados en relación de dependencia, deben presumirse los posteriores prestados en igual forma, porque las empleadas no modificaron las condiciones de la prestación del contrato.

Cabe aplicar en todo caso la presunción de existencia de un contrato de trabajo ante quien presta un servicio personal y quien lo recibe, inclinará la balanza, en caso de duda, hacia la tesis del contrato de trabajo del prestatario del servicio y el beneficiario de los mismos.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DEL NEUQUEN c/ ACEVEDO DIEGO GABRIEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (SINLESION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-18

Corresponde aplicar al sub lite el instituto de la dispensa de la prescripción regulado en el art. 3980 del Cód. Civil, el cual hace hincapié en dos circunstancias a considerar y que imposibilitan per se instar la acción, como son: dificultades o imposibilidades de hecho temporales. Por lo tanto si la demanda fue interpuestas en horario de oficina del primer día hábil posterior a los tres decretados como asueto administrativo debido a contingencias climáticas que azotaron a la ciudad de Neuquén y sin perjuicio que el término liberatorio vencía el primero de los días correspondientes al asueto, la pretensión demandable fue interpuesta en tiempo útil para su efectivo ejercicio.
Eximentes de responsabilidad penal, inimputabilidad, comprensión de la criminalidad del acto, culpabilidad, trastorno psicopático
Materia: PENAL
Carátula: P., A. s/ Homicidio (Expte Nº141-97, Resolución Nº58, Tomo 4, Folio 471)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-05

Aunque en algunas oportunidades he reconocido que la psicopatía podría desplazar la imputabilidad, siempre he requerido la demostración de que tal afección acarrea la imposibilidad de comprensión del acto, lo que no siempre ocurre. El psicópata puede ser un neutro moral imposibilitado de asumir la dañosidad social de lo que hace, mas no siempre ocurre ello, ya que dicha alteración de la personalidad reconoce grados y no siempre se extiende hacia todos los aspectos del obrar humano. En el concreto caso bajo estudio es dable percibir que luego de un obrar con extrema frialdad, el imputado sintió moralmente reproches por lo que había hecho, y esto desplaza terminantemente la eventual existencia de una indiferencia moral absoluta, puesto que de estar presente ella, nunca habría habido arrepentimientos ya que no se habría nunca reconocido lo disvalioso de lo obrado.
Acción de amparo, prueba, apreciación de la prueba, fertilización asistida
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B. N. L. Y L. F. A. c/ OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2011-03-16

Sin dudas que en función del art. 1 de la ley 2903 y 43 de la Constitución Nacional como 67 de la Carta Provincial, los jueces podemos negar la apertura de la acción de amparo cuando el caso requiere verdaderamente pruebas mayores, un debate exhaustivo; más ese proceder debe apreciarse de modo cuidadoso, imponiéndose un análisis previo de los elementos con los que se cuenta en el expediente. En la especie, la Cámara soslayó prueba relevante y contundente aportada no solamente por los amparistas sino también por parte del I.O.S.COR. a través de los informes de sus Autoridades Médicas y Especialistas en el asunto, quienes aconsejaron el tratamiento de fertilización más allá de no encontrarse incluido en el menú prestacional. Y esta era la cuestión central del debate.
Recurso de queja (procesal), fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: ELECTORAL
Carátula: Natalia Paola Flores Lardet apoderada partido Es Posible distrito Mendoza s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-13

No corresponde hacer lugar a la queja si el recurrente se limita a afirmar que la decisión -recurrida- le provoca "un grave perjuicio no reparable procesalmente por otra vía", mas no alega ni acredita en qué consistiría o dónde residiría tal presunto gravamen.
Liquidación de la sociedad conyugal, bienes propios, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: L. G. A. S. c/ E. A. J. s/ ordinario liquidación sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-12-27

La restitución del inmueble de carácter propio, dentro del marco de liquidación de la comunidad conyugal, no solo es procedente por tratarse de un bien de carácter propio de la reclamante, sino además por la existencia de un interés superior del niño, atendiendo que es la madre quien tiene a su cuidado el menor de edad hijo común de las partes, siendo que no cuentan con otra vivienda que la reclamada.
Juicio por delitos de acción privada, delito de acción privada, abandono de la querella, error de petición
Materia: PENAL
Carátula: MAUGERI, Norberto. s/ CALUMNIAS E INJURIAS. PRINCIPIOS COMUNES. ABANDONO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-02-19

En los delitos de acción privada, el error en la petición no importa el abandono de la acción. Si bien la querella en los mencionados delitos, debe pedir lo que convenga a su derecho, mediando voluntad de aquélla de proseguir las actuaciones, debe el Tribunal, en razón de su potestad judicial, corregir a las partes y no tenerlas por abandonada de la acción ejercida.
Recurso de inconstitucionalidad, régimen penal de la minoridad, escala penal, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. G., M. I. c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR FEMICIDIO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-27

La decisión impugnada, al confirmar la pena impuesta en primera instancia, se apartó de los principios específicos vigentes en el derecho penal juvenil y del de legalidad -al efectuar una integración normativa en perjuicio del imputado-, lo cual la torna descalificable desde la óptica constitucional, debiendo ser anulada, toda vez que la jurisdicción no puede hacerse cargo de estas inconsistencias en la dosimetría penal y debe sujetar el caso a la ley aplicable, que no es otra que la 22278, cuyo artículo 4 da la única pauta normativa para determinar la escala penal aplicable en autos en función del condicionante derivado de la prohibición de la aplicación de la pena de prisión perpetua a los niños, niñas y adolescentes, lo que impide validar una pena fija (perpetua) atendiendo a la edad del imputado al momento de cometer el hecho por el que se lo juzga. (Del voto del Dr. Erbetta. En disidencia: Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 22278, artículo 4.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Sosa Padilla, Raúl Milagro c/ Universidad Nacional de Córdoba. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Los jueces, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no deben prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma.
Honorarios del contador, resoluciones recurribles
Materia: LABORAL
Carátula: Marino, Francisco Norberto c/ Malenky e hijos S.A. s/ Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21

La irrecurribilidad de las regulaciones de honorarios no puede obviarse por la aparente introducción del caso constitucional si el planteo se realiza en forma genérica ésto es, sin la mención concreta de cuál o cuáles normas de la ley 10620 conculcan garantías constitucionales.
Sindicatos, sistema electoral
Materia: LABORAL
Carátula: Aguero, Carlos Alberto y otro c/ Molinos Concepción S.A. s/ Diferencias indemnización, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Cuando el art. 1 párrafo dos la ley 23.071 dispone que se aplique para la elección de las nuevas autoridades sindicales "el régimen electoral contemplado en las disposiciones estatutarias de cada entidad" se refiere únicamente a los diversos aspectos que integran el procedimiento eleccionario pero no es comprensivo del tiempo de duración del mandato (art. 13 incs. "d" y "g", ley 22.105).
Ejecución fiscal, títulos ejecutivos, pago de tributos, sanciones tributarias, multa tributaria, garantías procesales, juicio previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sistemas Temporarios S.A. c/ Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires s/ Impugnación de Actos Administrativos Buenos Aires s/ Impugnación de Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-26

El juicio de ejecución fiscal -al que habría de acudir la administración para obtener el cumplimiento compulsivo del acto-, como todo proceso ejecutivo, se desenvuelve dentro de un acotado marco de conocimiento, donde está vedado ventilar cuestiones atinentes a la causa de la obligación. En esta clase de procesos se prescinde de la etapa de información respecto de los hechos y se reduce el conocimiento a un título que sirve para proceder en forma más o menos inmediata a satisfacer la pretensión del acreedor.

En otras palabras, en la ejecución fiscal, en principio, no pueden introducirse defensas tendientes a discutir la procedencia de la multa. De allí que no pueda sostenerse que esta clase de procesos constituye el juicio previo al que hacen referencia las normas constitucionales.

No puede reconocerse, entonces, la facultad de la administración de ejecutar judicialmente un acto administrativo que impone una multa -y que no se encuentra firme por estar cuestionado en sede judicial-, pues ello importaría consagrar la directa ejecución de aquélla sin que el particular tenga la posibilidad de discutir su procedencia en el marco de un juicio previo.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial, Poder Ejecutivo, soberanía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BAEZA, ANIBAL ROQUE. c/ ESTADO NACIONAL. s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-28

El mandato político que surge de la elección por el pueblo de sus representantes no está sometido a limitaciones que no resulten de la Constitución, ni a instrucciones de ninguna índole y el procedimiento empleado por el Poder Ejecutivo no está autorizado por la Constitución. Pero ello no impide que, al no estar tampoco prohibido expresamente, resulte legítimo que dicho poder recurra a un medio para conocer directamente la opinión de los ciudadanos en un tema relacionado con la soberanía territorial, de modo que si bien el acto no está en pugna con disposiciones constitucionales, al Poder Judicial le está vedado abrir juicio sobre su oportunidad o conveniencia, el cual pertenece a la discreción de la autoridad que lo otorgó y escapa a los poderes de la Corte (Disidencia del Dr.

Augusto César Belluscio).
Recurso de apelación (procesal), Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Santa María Sociedad Anónima Inversora y Financiera c/ Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03

La existencia de un supuesto error de derecho excusable, postulada a todo evento por la contribuyente, no logra rebatir las razones dadas por la Cámara para rechazar la verificación del supuesto eximente. En efecto, la sentencia apelada excluyó la posibilidad de error pues, dada la capacidad operativa y de asesoramiento de la contribuyente y las constancias de la causa, su comportamiento tributario resultó "cuanto menos negligente" .

En tal sentido, la resolución recordó que Santa María S.A.I.F. utilizó un mecanismo de liquidación previsto para las intermediaciones y mandatos, y, pese a ello, tributó bajo una alícuota menor.

Esa conducta quedó confirmada en el punto 4 de este pronunciamiento y demuestra por sí misma, en conjunto con la capacidad operativa y de asesoramiento de la contribuyente el conocimiento de la posible omisión del tributo (no se trata de una persona de existencia visible, ni tan siquiera, de una empresa pequeña o mediana , sino, antes bien de uno de los mayoresconjuntos empresarios que, para optimizar sus giros acude a este mecanismo).

Esa omisión de un resultado posible, admitida entonces por la contribuyente, funda el reproche.
Ley penal, interpretación de la ley, aplicación analógica de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CASTRO DURÁN Leandro Fabián c/  s/ por robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa en perjuicio de Silvia Adela Noguera s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-04-05

Sabido es que la regla por excelencia de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley, donde los jueces no deben sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió (CSJN, 3/12/2.002, 325:3229, "Gregorchuk, Ricardo s/ recurso. La interpretación que corresponde formular a tales preceptos debe ser la más fiel y estricta del texto legal, pues lo contrario conllevaría a exceder el sentido del texto de la ley en perjuicio de su autor, traspasando la frontera de la interpretación permitida y ubicándonos en el terreno de la analogía prohibida. La especificidad y características particulares y distintivas de la materia penal en cuestión (diferentes de otras causales de extinción que ya estaban previstas anteriormente) impiden aplicar la analogía en este ámbito. No se trata acá de la aplicabilidad de una ley más benigna, o un asunto que pueda traerse al ruedo por analogía, sino que se trata de un caso que revela la inexistencia de una norma adjetiva que reglamente los institutos (de neto corte procesal) previstos en la ley de fondo. Dicha operatividad, aunque resulte una verdad de Perogrullo, únicamente puede ser asignada por imperio de una ley, en tanto ni los fiscales ni los jueces están legitimados para realizar lo que la ley dice que debe hacer el legislador.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), ley vigente, Ministerio Público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MACIEL, IRINEO RUBEN c/ STEINBORN, MARCELO RAFAEL Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-19

Si bien es cierto que las disposiciones legales entonces vigentes establecían la previa vista fiscal, lo cierto es que el recurrente no señala concretamente cuáles serían las defensas que se vio privada de interponer, ni cómo -de ser atendidas- hubiese variado lo decidido o que otra solución diferente a la caducidad de la instancia se hubiese impuesto en la solución de la causa. (Del voto de la Dra. Gastaldi)
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, inadmisibilidad del recurso, legitimación procesal, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: Curtiembres La Federal  S.A. c/ M.C.B.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

El artículo 24, inciso 6, ap. a), del Decreto Ley 1.285/58 habilita la vía al recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema en aquellas causas en que la Nación, directa o indirectamente, sea parte. La Nación es parte indirecta cuando actúan en el proceso sus reparticiones autárquicas o descentralizadas. Y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires no puede comprenderse dentro de tales límites, en cuanto actúa, como persona de derecho público con facultades que le son propias, y no se ve afectado el Fisco Nacional, situación que es la que determina en definitiva, el carácter de parte directa o indirecta.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, robo con armas, delitos, tipo penal, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

El tipo penal de marras- robo con armas- , exige el empleo de armas, vale decir, que se las haya utilizado como medio para intimidar objetivamente a la víctima, a fin de vencer su resistencia al despojo de lo que posee o se le exige, bajo el temor de ver en notorio peligro su integridad física, sin que por ello, pueda ser objeto de agravación el llevar armas con plenitud de capacidad funcional, cuando las mismas no son exhibidas, pese al grado de peligrosidad que implica objetivamente ello, por haber propuesto el agente su portación para su eventual uso, si lo estimare necesario.

Es que lo que se sanciona, es realmente, la mayor intimidación derivada de la exhibición del elemento técnico del arma, y no la mayor peligrosidad emergente del posible resultado lesivo o letal del uso, de un arma de fuego en sentido estricto. (Del voto del Dr. Crippa García). En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Acción de amparo, control de constitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, formación y sanción de la ley, veto parcial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERREIRO, DANIEL ROQUE c/ B.H.N. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-07

Lo atinente a la validez de una ley por haber sido objeto de un "veto parcial" no puede ser juzgada en forma abstracta o genérica, sino atendiendo a todo el contexto legal y la incidencia que sobre él, proyecta concretamente el indicado veto. En este sentido, la doctrina de la Corte Suprema sobre la materia podría resumirse así: "las facultades jurisdiccionales del tribunal no comprenden, como principio, el examen del procedimiento adoptado en la formación y sanción de leyes ... principio (que) cedería en el supuesto de demostrarse la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley" (cfr. CSJN, Fallos: 268:356; 256: 556). Y la inexistencia de uno de esos requisitos estaría dado por una promulgación parcial cuando el proyecto sancionado por el Congreso constituye un todo inescindible, de modo que las normas no promulgadas, no hubieran podido separarse del texto total sin detrimento de la unidad de éste (cfr. Fallos 268:352). En tales circunstancias (la ley 24.143 no modificó los términos de las facultades concedidas al B.H.N. por su carta orgánica para proceder a la subasta extrajudicial de inmuebles), y habida cuenta de que la invalidación judicial de una ley constituye la última ratio del orden público, corresponde rechazar la inconstitucionalidad como fundamento del amparo y de la medida cautelar requerida.