Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-27


Causa Nº 318-00-CC/2005 caratulada: "Valenzuela, Rubén Darío s/ inf. Art. 189 bis del C.P. - Recurso de apelación y de inconstitucionalidad." En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo de 2006, se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, Fernando Bosch, y Marcela De Langhe, para resolver en autos.

Y VISTOS:

Arriban a esta Sala las actuaciones del epígrafe con motivo de sendos recursos articulados por las partes, acorde se señala seguidamente con las argumentaciones esbozadas en cada caso para su tratamiento.

La primera cuestión a dilucidar la plantea el Gustavo Aboso, en ejercicio de la defensa del imputado Rubén Darío Valenzuela, quien interpone recurso de inconstitucionalidad y de casación constitucional a fs. 305/312 (conf. arts. 113 inc. 3º, CCABA; 27 y 28 de la Ley 402 y 26, inc. 4 de la Ley 7) contra la resolución emanada de este Tribunal, luciente a fs. 296/7, en la que se dispusiera hacer lugar al recurso de queja impetrado por el Sr. Fiscal contra el rechazo de la apelación incoada oportunamente.

Decidido ese tema, nos concentraremos en la presentación del cotitular de la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas Nº 5 -Carlos Andrés Gómez Ríos-, por la cual interpuso el recurso de apelación mencionado en el párrafo anterior (fs. 274/6) contra el pronunciamiento de la titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 20, Luisa María Escrich, en cuanto resolviera el sobreseimiento del imputado Rubén Darío Valenzuela, en orden al delito previsto por el art. 189 bis tercer párrafo del C.P. a fs. 267/9.

i. Recursos de inconstitucionalidad y casación.

La base de la petición de la defensa radica en el alcance otorgado al art. 61 de la L.P.C., en tanto a su entender conforme lo decidido, se ha reputado válido un plazo no previsto en dicha norma (conforme ley 1.287 en función de la ley 1.330) en violación a los principios de legalidad y analogía in malam partem.

Aduce que la decisión impugnada le origina un agravio concreto y actual, al apartarse de forma ostensible de la ley procesal penal vigente, incurriendo en un error de interpretación al equiparar de manera arbitraria las decisiones apelables, los plazos de interposición y las partes facultadas para ello, señalando que "...en el caso del agente fiscal, está taxativamente limitado al plazo de cinco (5) días contra la sentencia absolutoria y por el agravio previsto el inciso a)..." (fs. 306, parr.5º).

En consecuencia colige que en los restantes casos, en relación a la vía recursiva fiscal, deberá acudirse al ordenamiento procesal nacional, en función de lo previsto por el art. 6º LPC, supuesto en el quepropicia la aplicación del plazo del art. 337 CPPN o el estipulado para el trámite de las excepciones -art. 345- del citado ordenamiento. Tal solución entiende consecuente a su vez, con lo normado por el art. 57 inc. 5º de la LPC, en tanto el Ministerio Público se encuentra facultado para apelar en el término de tres días la denegatoria de prisión preventiva.

Asimismo, señala que el tiempo para deducir recurso de apelación contra el auto que dispone el sobreseimiento de su defendido es de tres días, caso contrario el legislador lo hubiera plasmado taxativamente. Por último, hace reserva de caso federal (conf. art. 14 de la Ley 48).

Por su parte, la Sra. Fiscal de Cámara propició, a fs. 315/15vta., la inadmisibilidad del recurso intentado, en el entendimiento de que la resolución atacada no constituye sentencia definitiva como tampoco la configuración de un agravio de insuficiente o imposible reparación ulterior que amerite su equiparación. En este sentido señaló que no basta su sola mención, sino que debe quedar demostrada de forma explícita y circunstanciada la lesión que el decisorio produce, desechando por tal la situación de continuar el imputado sometido a proceso.

iI. Recurso de apelación.

En lo que respecta a esta acción impugnativa interpuesta por el Ministerio Público Fiscal, el Gómez Ríos se expidió sobre su procedencia en tanto la decisión recaída a fs. 120/22 en cuanto dispone el sobreseimiento del imputado, constituye un auto equiparable a sentencia absolutoria resultando aplicable el primer supuesto del art. 61 de la L.P.C. por errónea aplicación de la ley sustantiva.

En este contexto arguyó que la pretendida atipicidad inferida por la a quo resulta desacertada en lo atinente a los requisitos típicos objetivos que requiere la figura en cuestión, centrando su objeción en la interpretación del judicante para delimitar el Causa Nº 318-00 -CC/2005 Sala II concepto de inmediatez que configura la base para encuadrar una conducta en la figura de tenencia o en portación.

Así, en relación al caso en cuestión adujo que el hecho de que el aquí imputado transportase el arma descargada no excluye la configuración del ilícito por el cual fuere requerido, atento las circunstancias en que se llevó a cabo -vale decir, el arma en su cintura y las municiones en el bolsillo-.

Por su parte la representante fiscal ante esta instancia, mantuvo en un todo el criterio de su antecesor y consecuentemente se expidió por la revocación de la resolución recurrida, acorde lo dictaminado a fs. 317/18.

Sostuvo que se verifica en autos una relación de especialidad entre el tipo penal de portación y el de tenencia de armas, que requiere en el primer caso la posibilidad de uso inmediato cuando el arma se encuentre descargada. Tal característica conjuga una mayor afectación al bien jurídico protegido y por ende la figura de portación desplaza a la tenencia, en tanto "las circunstancias del caso: un arma descargada, portada en la cintura de un pantalón, en cuyo bolsillo delantero se encuentran los proyectiles, y la existencia de dos medias de nylon transparentes guardadas en el bolsillo de la campera, evidentemente demuestran el alto grado de afectación del bien jurídico seguridad pública y el rápido acceso que tenía quien portaba tales elementos. Con un único mecanismo, procedimiento o paso el arma podía estar en condiciones inmediatas de uso" (fs. 318vta.).

CONSIDERANDO:

i. Los recursos de inconstitucionalidad y casación.

En torno al examen de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad corresponde señalar que se encuentran cumplidas las exigencias formales de procedencia -art. 28 de la Ley 402-, en razón de haber sido interpuesto por escrito, fundamentado y dentro del plazo de diez días contados a partir de la notificación del decisorio.

En orden a los requisitos de impugnabilidad objetiva y tal como lo ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, se impone constatar no sólo el cumplimiento de los recaudos formales que habilitan la procedencia del recurso de inconstitucionalidad, sino también la existencia de motivación en agravios reales y no aparentes, a fin de establecer en el caso concreto si se está en presencia de una verdadera impugnación constitucional del fallo que habilite la tercera instancia extraordinaria o, por el contrario, sólo ante una insuficiente invocación genérica de preceptos o reiteración de argumentos previamente tratados -conf. Expte. Nº 2212, 11/06/03, "Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional Nº 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en causa Feng Chen Chi s/ art. 40 CC - Apelación"-.

En ese marco, se advierte que el remedio intentado -inconstitucionalidad- no se dirige contra una sentencia definitiva -apertura de la queja- en los términos del art. 27 de la ley 402, ni tampoco equiparable a ella en tanto la resolución recurrida no ocasiona al presentante gravamen de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior, que permita habilitar la vía extraordinaria.

Al respecto se ha dicho que: "Las resoluciones cuya consecuencia es que el imputado continúe sometido a proceso no revisten el carácter de sentencia definitiva o auto equiparable a que alude el art. 457 del Cód. Procesal Penal de la Nación" (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, del 19-12-1997, causa carat. "Caneto, José M. y otros", pub. en L.L. 1998-C, 439).

En efecto, el nudo de la pretensión defensista se asienta sobre la interpretación dada a reglas de derecho común a la luz del art. 61 de la L.P.C., con viso aparente de lesión constitucional y que por el momento no se vislumbra para abrir la vía extraordinaria. En este sentido el Tribunal Superior de la ciudad ha sostenido "No asiste razón a la recurrente cuando asegura que la Cámara excedió los límites de su competencia al declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad por considerar que la impugnación allí formulada no tiene vinculación directa con las reglas o principios constitucionales invocados. ... por tratarse el recurso cuya admisibilidad analizó la Cámara, de una apelación de carácter extraordinario, el tribunal a quo debe expresar, si la impugnación versa sobre uno de los casos extraordinarios que permiten abrir la instancia. A su vez, la queja constituye precisamente el correctivo del error y eventualmente del exceso, si lo hubiere" (Del voto del Luis F. Lozano en Expte. nº 3562/04 "Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 8 s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Prescava, David Daniel s/art. 189 bis CP'" rta. 25-2-05).

Sin perjuicio de lo anterior, tampoco puede obviarse que el Sr. Defensor desdobla el efecto del agravio a la luz de una misma argumentación; vale decir, la afectación irreparable que se invoca para la apertura de esta vía -y subsidiariamente, no hacer lugar a la pretensión fiscal ante la eventual revocación del fallo que dispusiera el sobreseimiento de su pupilo- es a la vez el fundamento que esgrime en sustento de la existencia de un caso constitucional Causa Nº 318-00 -CC/2005 Sala II -no interpretar como lo propone el plazo del art. 61, inc.1º, según ley 1287, para mantener firme el auto aludido-.

En ese contexto, el agravio deviene insuficiente en ambos aspectos puesto que, en verdad, sólo subyace el desacuerdo del quejoso con el criterio interpretativo de la norma citada, al momento de resolver en el fallo cuestionado por vía de la impugnación en trato. Fácil resulta colegir entonces que la afectación cuya irreparabilidad se argumenta para la apertura de la vía extraordinaria es idéntica a la descartada en el decisorio de fs. 296/97, en cuanto a la temporaneidad de la acción impugnativa introducida.

Al respecto, en anteriores oportunidades hemos sostenido que la demostración más fidedigna de la ausencia de tal perjuicio "...está representada justamente por la circunstancia de que el sustrato de la pretensión articulada encuentra su núcleo en una discrepancia -como se señaló- acerca de la interpretación de aquella norma; circunstancia ésta que no se vislumbra conlleve violación de principio constitucional alguno que amerite en este estadio la apertura de la vía extraordinaria..." (Sala II, c/nº 207-00-CC/2004, "Guerra, José s/ infracción art. 68 CC - Nulidad - Apelación, recurso de inconstitucionalidad", rta. 26/11/04).

El Tribunal Superior de Justicia también ha destacado, en ocasión de pronunciarse en casos similares, que la aplicación e interpretación de reglas infraconstitucionales no es materia comprendida por el recurso de inconstitucionalidad ni constitutiva de la competencia de ese Tribunal, y que: "...la eventual discrepancia de criterio no constituye el objeto del recurso de inconstitucionalidad..." (TSJ, "Ministerio Público - Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 2 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en en Sama, Javier Fernando s/ inf. art. 56 CC-Apelación", voto de la Conde, rta. 5-8-05).

En síntesis, en atención a las razones expuestas precedentemente y lo dispuesto por el art. 27 de la Ley 402, en tanto la defensa no ha logrado vencer las demandas que el remedio de excepción exige para su viabilidad, se impone el rechazo de la pretensión.

Sin perjuicio de lo que se lleva dicho y con relación al restante remedio intentado por la Defensa -recurso de casación constitucional-, éste no ha de prosperar puesto que como hemos dicho en anteriores pronunciamientos: "...el régimen local en materia recursiva no admite la aplicación supletoria del art. 474 del CPPN en base a dos conclusiones: 1) la ley de procedimiento especial para el conocimiento jurisdiccional -local- en materia penal regula un recurso de apelación cuyos alcances incluyen cuestiones de constitucionalidad o de validez -directa o indirecta-, de lo cual se deriva que el silencio legislativo en torno a un recurso de objeto mas específico o restringido, que verse sobre esa misma materia y ante el mismo Tribunal de alzada, no implica laguna sino voluntad del órgano competente en ese sentido; 2) la ley de procedimiento contravencional (art. 53) regula el recurso de inconstitucionalidad ante el TSJ -además de la ley 7 (orgánica del Poder Judicial) y la 402 (de procedimiento ante el TSJ) - no admitiendo el recurso acusatorio, y en el mismo sentido el máximo Tribunal se ha expedido en numerosas ocasiones interpretando y brindando alcances con ello, al principio acusatorio expresamente previsto por la Constitución de la CABA como garantía del imputado y no como prerrogativa del órgano acusador, constituyendo éste un segundo y mayor óbice -por ser de rango supremo- para la aplicación supletoria del art. 474 del CPPN (art. 55 LPC parte especial)" -causa 32-03/CC/2005, Sala II, "Recurso de queja en autos ´Juarez, Diego Martín o Suarez, Lucas Diego Martín s/ infr. art. 189 bis CP´"-.

II. El recurso de apelación.

En lo que respecta a los requisitos de admisibilidad tanto objetivos como subjetivos para habilitar la vía intentada, como así también las exigencias formales relativas a tiempo, modo y lugar, se advierte que se encuentran reunidos, por lo cual corresponde abordar la cuestión de fondo traída de estudio.

El nudo central de objeción invocada por el Ministerio Público Fiscal -en tanto la defensa no ha expuesto sus agravios en relación a la presente cuestión- radica en la circunstancia de que el arma incautada en autos se encontraba descargada, con la salvedad de que paralelamente el portador llevaba los proyectiles consigo aunque en distinto lugar. Ello lleva a la a quo a sostener -en seguimiento de cierta jurisprudencia sobre el particular- el encuadre en la figura de tenencia ilegítima descartando la factible inmediatez en caso de utilización de tal elemento. Corolario de este criterio deviene el dictado de sobreseimiento con sustento enla fecha del suceso -3/7/03- y la despenalización de la conducta a raíz de la sanción de la ley 25.086 y lo dispuesto en su artículo cuarto en relación al plazo para regularización de las armas de uso civil, invocando la aplicación del principio de ley más benigna.

Este Tribunal no comparte la opinión de lajudicante, en razón de que a la luz de las constancias arrimadas en el legajo la conducta desplegada por el imputado Valenzuela encuentra adecuación típica en la figura prevista por el art. 189 bis tercer párrafo del C.P. (s. Ley 25.086).

Causa Nº 318-00 -CC/2005 Sala II Al respecto hemos sostenido en numerosos pronunciamientos los extremos típicos que debe reunir la figura en trato y su diferenciación de los supuestos de mera tenencia,teniendo por tales el poder de disposición "en lugar público o de acceso público de un arma cargada o en condiciones de uso inmediato" circunstancia que a todas luces se da en el caso, considerando que el imputado portaba los proyectiles -si bien por separado- en lugar muy próximo al arma, ya que ésta se encontraba en el flanco izquierdo de su cintura y la munición en elinterior del bolsillo del pantalón del mismo lado. De este modo, los extremos fácticos que rodearon la incautación del arma conducen a concluir razonablemente en que el encausado tenía el pleno poder de disposición sobre aquella, en tanto poder de hecho y disponibilidad en condiciones de uso inmediato en espacio público, tratándose en el caso de un arma de uso civil sin la debida autorización para ello.

Acorde lo expuesto debe revocarse el pronunciamiento de fs. 120/22 en cuanto dispusiera el sobreseimiento del imputado Rubén Darío Valenzuela en orden al delito previsto por el art. 189 bis tercer párrafo del C.P. (Ley 25.086) tal como fuera requerido oportunamente.

Por ello, y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I.- DECLARAR INADMISIBLES los recursos de inconstitucionalidad y casación constitucional interpuestos a fs. 305/12vta.

II.- TENER PRESENTE la reserva formulada en el punto VI de la presentación antedicha.

III.- REVOCAR el pronunciamiento de fs. 120/22 en cuanto dispusiera el sobreseimiento del imputado Rubén Darío Valenzuela en orden al delito previsto por el art. 189 bis tercer párrafo del C.P., debiendo proseguir el trámite de la presente según su estado.

Tómese razón, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara mediante nota y devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá cumplir con las notificaciones restantes. Sirva lo proveído de atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas