Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-12-07


Comodoro Rivadavia, siete de diciembre de 2007.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "B. B. S.A. c/ B. , H. C. s/ EJECUTIVO", Expte. Nro. 16.638/2007, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución Nro. 2, Secretaría Nro. 3 (Expte. Nro. 3214/2006).

I.- Que vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada, por haber interpuesto la parte actora, a fs. 55, recurso de apelación contra la sentencia de fs. 54 y vta., que hizo lugar a la caducidad de instancia acusada por el demandado a fs. 37 y vta.

Que se agravia la recurrente a fs. 61/64vta, por considerar que el a-quo no ha considerado las constancias de la causa, pues con anterioridad a la denuncia de caducidad, impulsó el proceso a fs. 33/34 con fecha 20 de febrero de 2007, denunciando nuevo domicilio con fecha 18 de mayo de 2007 y librándose nuevo mandamiento de intimación con fecha 22 de mayo de 2007, habiéndolo presentado para su firma el 4 de junio de 2007 (fs. 36vta.). Considera tales actos purgatorios de la caducidad, intimado de pago el demandado el 11 de junio. Cita jurisprudencia y doctrina que entiende respaldatoria de su postura.

A fs. 66/70 contesta el traslado conferido el demandado. Solicita se declare desierto el recurso por falta de refutación seria del decisorio.

A todo evento contesta los agravios. Efectúa un relato de los antecedentes de la causa y resalta las oportunidades en que hubo abandono del proceso por el actor destacando que la caducidad operó el 19/12/99 tomando en cuenta como fecha del último acto impulsorio el 18/8/99 y no habiendo consentido su parte ninguna actuación posterior.

II.- Atento el expreso cuestionamiento efectuado por el demandado a fs. 66, se impone dar tratamiento a la suficiencia del recurso y en tal sentido, cabe señalar Que "La expresión de agravios debe ser una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencie su injusticia. Requiere así una articulación seria y fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto, y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea" (Morello, Passi Lanza, Sosa, Berizonce: "Código Procesal Civil y Comercial", T. III, art. 260, pág. 445). ". El tribunal de apelación no tiene la función de contralor o de revisión de todo lo actuado en la instancia de origen, sino que trabaja sobre los puntos que le han sido sometidos a través de los agravios del apelante que, reiteramos, debe ser una alegación fundada, demostrativa de los errores del fallo que se ataca, pues el juicio de apelación, comienza con esa pieza que hace las veces de la demanda que se abre después de la sentencia ." (Ibañez Frocham: "Los recursos en el proceso civil", p. 50).

Aún compartiendo tales premisas, este Cuerpo considera de manera excepcional que corresponde aplicar un criterio menos restrictivo para valorar la suficiencia de la expresión de agravios por ser lo que mejor se aviene con un escrupuloso respeto por el derecho de defensa en juicio y con el mantenimiento de la doble instancia adoptada por el legislador, debiendo actuarse con amplitud (criterio del Superior Tribunal de Justicia en autos: "P., R. J. c/ B. P. S.A. M.C.I. y/u otro s/ Demanda Laboral, S.I.: Nº 03/2001), por lo que no obstante la precariedad del memorial acompañado, este Tribunal de conformidad con los principios precitados procede al examen de los agravios.

III.- A fin de resolver la cuestión traída a esta Alzada corresponde señalar que la caducidad de la instancia supone el abandono voluntario del trámite procesal durante los lapsos que la ley determina y precisamente la inactividad que configura uno de los presupuestos de la misma se exterioriza en la no ejecución de acto alguno por ambas partes o por el órgano judicial, o por la realización de actos carentes de idoneidad para impulsar el procedimiento (Cfme. Palacio "Derecho Procesal Civil", T.IV, pág. 221). La parte que da vida a un proceso debe asumir la carga de urgir su desenvolvimiento y decisión, porque de lo contrario expone a la otra parte a la pérdida de tiempo y dinero que implica una instancia indefinidamente abierta e impone a los órganos judiciales una actitud de incierta expectativa, con respecto a los deberes que les conciernen (aut. y ob. cit. T. IV, pág.217/218).

Que con tales directrices, corresponde entrar al análisis de los actos anteriores al acuse del demandado de fecha 11 de junio de 2007 (fs. 37 y vta.) El día 24 de mayo de 1999 se presenta la actora y promueve demanda ejecutiva; con fecha 31 de mayo se libra mandamiento de intimación de pago contra el demandado (fs. 22).

El 2 de junio de ese año, el apoderado de la actora presenta mandamiento para su firma no pudiendo diligenciarse por estar desocupada la vivienda (fs. 23vta.), el 31 de mayo de 2000 denuncia nuevo domicilio en el que se informa el día 2 de agosto de 2000 que la persona es desconocida (fs. 25vta.).

A fs. 26 el 11 de febrero de 2002 denuncia nuevo domicilio, tampoco puede llevarse a cabo la diligencia (fs. 27vta).

Con posterioridad a ello, el día 27 de octubre de 2006 la actora solicita la exhibición de las actuaciones y su correspondiente desarchivo, solicita embrago (fs. 33) el 20 de febrero de 2007 y denegado que fuera, denuncia nuevo domicilio el 18 de mayo de 2007 librándose mandamiento respectivo el 22 de mayo de 2007 (fs. 36).

Conforme surge de fs. 36vta., el 11 de junio de 2007, el Dr. V. , toma vista del expediente y acusa la caducidad de la instancia por haber transcurrido el término previsto por el art. 310 inc. 2 del CPr, no consintiendo ninguna actuación posterior al 19 de diciembre de 1999, fecha en que denuncia, operó la caducidad.

El examen precedente, resulta necesario a fin de considerar la invocación efectuada por el actor en el sentido que no corresponde declarar la caducidad porque se realizaron actos de impulso del proceso con anterioridad al acuse de caducidad, destacando las actuaciones de fs. 33, 35 y 39/41vta.- Debe tenerse en cuenta que desde el día 20 de agosto de 1999 fecha en que se agrega en autos el mandamiento sin diligenciar el día 19 de agosto de 1999 (fs. 23vta.) hasta el día 31 de mayo de 2000 que el representante de la actora denuncia nuevo domicilio, transcurrió en exceso el plazo legal de tres meses previsto por el art. 310 inc. 2 del CPr.

La postura defensista de la actora de pretender el impulso del proceso con posterioridad a tal fecha, resulta inadmisible, dado que el art. 315 del CPr., expresamente contempla al referirse a la oportunidad en que puede requerirse la caducidad, que la petición deberá formularse "antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal...posterior al vencimiento del plazo...." De allí que la presentación realizada antes de vencer el quinto día de haber tomado conocimiento del acto impulsor -el mismo 11 de junio de 2007- está destinada a no consentir o convalidar tales actuaciones, recaudo éste exigido por la norma mencionada, tal como lo ha venido sosteniendo este Tribunal siguiendo jurisprudencia mayoritaria (Sents. Interl. Nro 23/92, 90/92; 53/98 del 17/6/98; 103/01 del 11/6/01 entre muchas otras).

En efecto, la existencia o no de purga de la caducidad de la instancia constituye el núcleo del debate de la cuestión traída a resolver. Bien es sabido que los requisitos para que quede configurada tal particular situación procesal -denominada también como rehabilitación o saneamiento de la instancia- son: el vencimiento del plazo legal de caducidad sin que se hayan realizado actos de impulso procesal; la realización de actos de impulso procesal con posterioridad al vencimiento de plazo de caducidad y el consentimiento del acto de impulso procesal.

Conforme se señaló, no existen dudas en relación a la concurrencia de tales recaudos, desde que la oposición fue expresamente dirigida contra actos interruptivos de la caducidad que fueron realizados cuando el plazo de caducidad había transcurrido íntegramente.

Al respecto debe tenerse en cuenta que para que los actos de impulso tengan eficacia interruptiva por si mismos, es necesario que ocurran cuando el plazo legal de caducidad se encuentre en curso, es decir cuando aun no se haya cumplido el plazo legal. En cambio, si el plazo legal de caducidad se ha cumplido, el acto de impulso posterior a dicho vencimiento no tiene eficacia interruptiva por si mismo; en estos casos, existiendo consentimiento de parte a que la instancia continúe, se produce la "subsanación" o "purga" de la instancia.

En tal línea de pensamiento, hemos sostenido con anterioridad que "El consentimiento de la parte beneficiaria de la caducidad obra como elemento que purga o subsana la misma, pero si existe expresa oposición, el pedido de caducidad debe resolverse conforme los elementos de autos y verificado que fuera el transcurso del plazo legal, tornando irrelevantes aquellas actuaciones efectuadas con posterioridad al vencimiento, en tanto no resultaron admitidas como impulsoras del procedimiento por la contraria".

Que atento lo expuesto, cabe concluir que las actuaciones a que alude el apelante, y que fueran analizadas, fueron realizadas cuando ya se había operado el vencimiento del plazo de caducidad y no encontrándose consentida o convalidada dicha actividad, corresponde rechazar los agravios vertidos en tal sentido.

IV.- Las costas de la Alzada se imponen al apelante vencido (arts. 68 y 69 del CPr.), debiéndose regular honorarios de acuerdo a la ley arancelaria teniendo en cuenta los trabajos realizados en esta instancia, el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada, siempre dentro de los porcentuales previstos por el art. 14 y 33 del Dto. Ley 2200 (t.o. ley 4335).

Por ello, la Sala B de la Cámara de Ape-laciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1)Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 55 confirmando la sentencia de fs. 54 y vta.

2)Costas de la Alzada al recurrente vencido. Regúlanse los honorarios profesionales del Dr. M. G. en el treinta por ciento (30 %) y los del Dr. E. V. en el veinticinco por ciento (25%) en ambos casos de los que le fueran regulados por el incidente de caducidad por sus trabajos en la primera instancia.

3)Regístrese, notifíquese, devuélvase.

La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Señora Juez de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y concordar en la solución del caso (artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo.:

Marta Susana Reynoso De Roberts, Presidente.

Graciela Mercedes García Blanco, Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL NRO. 65 DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS