Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-07


SENT Nº 489 San Miguel de Tucumán, 07 de Junio de 2006.- Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé e l artículo 14 de la Ley N° 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación deducido por la apoderada de la Provincia de Tucumán en autos:

"Cáceres Gordillo, Jorge Octavio vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Contencioso administrativo"; y C O N S I D E R A N D O:

1).- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte el recurso extraordinario presentado por la apoderada del Gobierno de la Provincia contra la sentencia dictada por esta Corte el 20 de diciembre de 2004.

El recurso extraordinario fue presentado en término, y está dirigido contra sentencia definitiva.

2).- El recurrente denuncia arbitrariedad de la sentencia que hizo lugar a la demanda en la que se reclamó a la Provincia el pago del desmedro producido en los haberes jubilatorios del actor por la falta de aplicación del adicional dispuesto en el decreto acuerdo 27/1 y en la Acordada n° 6679/99, y por la aplicación del tope establecido por la ley 24.463. Se agravia de que la sentencia contiene fundamento aparente, prescinde de la aplicación de normas conducentes apartándose de la solución legal prevista para el caso, vulnerando el derecho de propiedad, el debido proceso y la defensa en juicio, así como también el principio de razonabilidad -art. 28 C.N.- y de división de poderes.

Por todo ello el recurrente invoca cuestión federal.

Se agravia de que se denegó el fuero federal cuando en el caso se reclaman conceptos devengados después de la transferencia del sistema previsional provincial a la Nación, en contradicción con lo establecido en las cláusulas 2ª inciso e), 16 y 21 del convenio de transferencia aprobado por ley 6.772. Manifiesta que la denegación del fuero federal es razón suficiente para habilitar el recurso extraordinario, y expone su interpretación del Convenio de Transferencia del sistema previsional provincial en relación a esta cuestión (cfr. fs. 209 y ss.).

Destaca que el Tribunal aplicó una ley provincial derogada -la ley 5.597-, desconociendo la vigencia de la ley 6.772 que instauró las leyes nacionales 24.241 y 24.463. Destaca los agravios que planteó en su recurso de casación, y sostiene que fueron rechazados con una deficiente escueta y genérica fundamentación.

Expresa que el fallo produce gravedad institucional porque la Provincia deberá asumir los pagos sin percibir ingresos por aportes previsionales, pues los mismos ingresan a la Nación. Manifiesta que la sentencia crea para los pasivos provinciales transferidos el derecho al pago de una doble movilidad previsional: por un lado la establecida por la ley nacional 24.463 en su artículo 7 inciso 2; por otro lado, tendrán también derecho a que la Provincia de Tucumán les abone mensual e indefinidamente hasta la finalización de sus beneficios de jubilación o pensión, diferencias por conceptos y/o incrementos salariales que en el futuro se establezcan para el activo. Señala que de ese modo se crea un nuevo sistema provincial previsional, lo cual está vedado por la ley 6.772, sin el correlativo ingreso de aportes, lo que generaría un enriquecimiento incausado a favor del Estado Nacional en detrimento de los derechos de la Provincia.

Invoca el criterio del voto de la minoría en la sentencia recurrida, y lo resuelto por la Corte en "Cattáneo, Carlos Rubén vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s. contencioso administrativo", sentencia del 26/7/2002.

3).- El recurso extraordinario interpuesto por la apoderada del Gobierno de la Provincia es inadmisible, pues no surge el invocado menoscabo a las garantías constitucionales que considera conculcadas.

Resulta relevante considerar que la Provincia de Tucumán dictó recientemente la ley 7.652 (B.O. 10/11/2005), en la cual se estableció a partir del 1 de setiembre de 2005, el pago de una asignación mensual y personal a favor de los jubilados y pensionados provinciales y municipales incluidos en el Convenio de Transferencia de los sistemas previsionales de la Provincia de Tucumán y del Municipio de San Miguel de Tucumán al Estado Nacional, aprobado por ley 6.772, sus modificatorias y concordantes (art. 1). En la ley se dispuso que esa asignación será determinada por el Poder Ejecutivo, y surgirá de la diferencia entre los beneficios previsionales calculados conforme las leyes provinciales que regían al momento de su acogimiento y el reconocido y pagado al 31 de agosto de 2005, y los que se reconozcan y paguen en los meses siguientes por la Administración Nacional de Seguridad Social (art. 2). Esas asignaciones podrán ser modificadas en cada caso particular, en función de las variaciones que se produzcan a partir de la fecha indicada, en los valores que surjan de la aplicación de lo establecido en el artículo 2 (art. 3). En la ley se convalidó lo actuado por el Poder Ejecutivo en cuanto al dictado del decreto de necesidad y urgencia n. 3.475/3 (ME) de fecha 7 de octubre de 2005 (art. 5).

Si bien la ley 7.652 llama "asignación" a los pagos ordenados a los jubilados y pensionados transferidos, la imprecisión del vocablo utilizado no obsta al concepto plasmado en la ley, en el sentido de que se trata de prestaciones de naturaleza previsional, cuyo pago asumió la Provincia aún sin recibir los correlativos aportes de los activos. Los fundamentos del decreto 3.475/3 ratificado por la ley 7.652 indican que se trata del pago de un importe con el cual los jubilados y pensionados alcanzan a percibir sus haberes en el nivel que les otorgaba el derecho a la movilidad de las leyes provinciales.

La finalidad retributiva del pago que se denomina "asignación", se pone de manifiesto en los considerandos del decreto 3.475/3 de 2005, que textualmente expresa: "visto la situación de los jubilados y pensionados provinciales y municipales transferidos en virtud de la ley 6.772, y considerando que los mismos consideran conculcados sus derechos constitucionales sobre los cuales hicieran expresa reserva al momento de la transferencia, por la no aplicación de la movilidad en los beneficios previstos en las leyes provinciales derogadas expresamente en el Convenio de Transferencia; que a la fecha existen planteos judiciales en diversos estados de trámite, que podrían ocasionar un grave perjuicio económico para la Provincia; que resulta necesario brindar una urgente solución a esta situación dentro de las limitaciones que sufren las finanzas públicas; que a tales fines resulta adecuado otorgar a esas personas una asignación mensual, de carácter personal, no superior al monto que surja de la diferencia entre los beneficios previsionales calculados conforme las leyes provinciales que regían al momento de su acogimiento y el reconocido y pagado al 31 de agosto de 2005 por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)".

Teniendo carácter remunerativo los rubros que los actores piden que se traslade a sus haberes jubilatorios, de acuerdo con lo dispuesto por la Provincia en el decreto 3.475/3 de 2005 y ley 7.652, no resulta dudoso que la Provincia hizo un acto de reconocimiento del derecho de los actores a las diferencias reclamadas, así como también de su propia responsabilidad al asumir los pagos. Los emolumentos que desde setiembre de 2005 la Provincia está abonando, implican el reconocimiento y el cumplimiento de la obligación previsional remuneratoria debida por ese lapso, que comprende los conceptos que se demandan en el presente juicio. De excluirse su finalidad retributiva, se consagraría una gracia o liberalidad por parte del Estado incompatible con los principios que rigen la administración del erario público, ya que debe resaltarse que la ley referida dispone que se solvente una asignación de naturaleza previsional, aún sin prever la formación de un fondo especial para su pago, como lo establece la última parte del artículo 11 de la Constitución de la Provincia.

A la luz de lo expresado, debe concluirse que la "asignación" a la que se refieren la ley 7.652 y el decreto 3.475/3, constituye el reconocimiento de los derechos de los demandantes, reconocimiento que abarca también el período anterior a setiembre de 2005, pues los conceptos que se reclaman son preexistentes a la ley 7.652, y fueron precisamente la causa del dictado del decreto 3.475/3 que se ratificó por ley 7.652.

4).- El dictado de la ley 7.653, -sobreviniente a la traba de la litis y a la sentencia de fondo-, constituye un hecho nuevo con consecuencias jurídicas sobre el caso de autos, como se expuso. La vigencia de la ley referida reglamentando el derecho a la movilidad es el motivo que determina que modifique el criterio anterior, por lo que se pronuncia para que se declare inadmisible el recurso extraordinario, al no configurarse la cuestión federal denunciada por el recurrente.

Los argumentos con los que el recurrente funda la cuestión federal se ven desvirtuados ante el referido acto legislativo, en el cual la Provincia asumió responsabilidad integral e ilimitada en los términos de la cláusula decimosexta del Convenio de transferencia en relación a los casos allí mencionados, entre los que se encuentra la presente causa.

Por lo expuesto, el recurso extraordinario es inadmisible, correspondiendo en consecuencia se deniegue su concesión.

5).- Atento al resultado, corresponde imponer las costas al recurrente (art. 106 CPCC).

Por ello, y oído el Sr. Ministro Fiscal (fs. 234/235), se R E S U E L V E :

I.- NO CONCEDER el recurso extraordinario interpuesto por la apoderada del Gobierno de la Provincia contra la sentencia de fecha 20 de diciembre de 2004 dictada por esta Corte.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO ANTONIO GANDUR ENRIQUE JOSÉ GUIBERT (con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA Voto del doctor Enrique José Guibert:

I.- Atendiendo a la reseña y solución formulada en los votos que me preceden, resulta oportuno señalar que con el dictado de la ley 7652, se ha generado una nueva situación que se particulariza en el presente caso y que desvirtúa la posición que asumiera con anterioridad la demandada. Ello motiva el especial tratamiento del tema en cuestión, con las variantes que resultan de las circunstancias apuntadas en el voto que antecede.

En los votos precedentes se destaca, asimismo, que el recurso extraordinario interpuesto por la accionada es inadmisible, pues no surge el invocado menoscabo a las garantías constitucionales que considera conculcadas, lo que también es señalado por el dictamen del Sr. Ministro Fiscal (fs. 234).

En tal sentido me permito destacar, como lo señala el accionante en su contestación (fs. 228/232), los siguientes aspectos:

- En cuanto a la cuestión competencial no fue esgrimida por la accionada, por lo que no integró la temática inherente a la causa ni el thema decidendum (cfr. escrito de contestación de demanda fs.

42/48), como tampoco integró los agravios expuestos en el recurso casatorio contra la sentencia de grado (cfr. fs. 119/126), sino que fue una circunstancia analizada por este Tribunal en forma previa a la cuestión de casatoria propiamente dicha (cfr. fs 176/187).

La regla genérica en materia de oportunidad del planteo de constitucionalidad, enseña la doctrina conforme la jurisprudencia sentada sobre el tema (Alberto Bianchi, Control de Constitucionalidad" Ed. Ábaco, 1992, pág. 272; Narciso J. Lugones, Recurso Extraordinario" Ed. Depalma 1992, pág. 417), es que la cuestión federal debe ser introducida en el pleito, en la primera ocasión que el procedimiento brinda a los litigantes, y como tal, por principio, esa oportunidad se da al momento de trabarse la litis (C.S.J.N. "fallos": 94-95; 102-87;

147-371; 300-522; 302-958, entre otros).

Este Tribunal ha señalado que indefectiblemente toda impugnación de inconstitucionalidad debe ser formulada en la primera oportunidad en que se presenta como posible la aplicación de la norma objetada de otro modo se consiente la eventual aplicabilidad de la misma (C.S.J.T., "Terán Fernando vs. Indiana SACIFI s/cobro de australes", sentencia del 08/9/1993).

Entre los requisitos procedimentales del recurso extraordinario se encuentra la imprescindible introducción y mantenimiento de la cuestión federal, paso preliminar que constituye un presupuesto indispensable para su interposición.

Analizada las constancias de la causa debe puntualizarse entonces que la reserva de la cuestión federal no ha sido efectuada en relación al tema competencial, que no ha sido objetado por las partes.

- En cuanto a la inadmisibilidad del recurso casatorio, por el que se decidiera tal instancia, como advierte la parte actora, es un aspecto procesal cuya regulación es de resorte provincial y no comprendido en los alcances de la vía extraordinaria federal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado al respecto que la interpretación de normas procesales, aún en el caso que estas revistan carácter federal, constituye, en principio, una cuestión ajena al ámbito del recurso extraordinario (C.S.J.N., 25-06-96, "Hilandería Fueguina c/A.N.A.", Fallos 319:1057).

- Asimismo, en cuanto al argumento de la invocada arbitariedad, no debe perderse de vista que el Supremo Tribunal Nacional, a su vez, ha tomado una posición firme en torno al carácter excepcional de la arbitrariedad, siendo reiterada su jurisprudencia en el sentido de que este remedio extraordinario no tiene por objeto corregir pronunciamientos que se estimen equivocados, o que el recurrente considere tales en temas no federales, exigiendo para su procedencia un apartamiento inequívoco de la solución prevista en la ley, o una absoluta falta de fundamentación (Fallos: 261:209; 274:135; 284:110;

297:1400, entre otros). Si así no fuera, la Corte de la Nación podría encontrarse en la necesidad de revisar todas las decisiones de los tribunales de la República, en cualquier clase de causas, asumiendo una jurisdicción más amplia que la que le confieren la Constitución y las leyes (Cfr. C.S.J.N.: "Sosa Eduardo Adolfo y otros" del 15/5/94), elementos de juicios que fueron ponderados in re "Guy Deny vs. Lucien Georges Laurent s/cobro ejecutivo de australes (Rec. Extraordinario)", sentencia N° 725 del 14/10/1996, entre otros.

Estas conclusiones resultan aplicables subexámine, en tanto el recurrente imputa a la sentencia de este Tribunal un déficit de congruencia para constituir el asunto en cuestión constitucional trascendente (ya que estaría comprometida la razonabilidad misma del acto jurisdiccional), mas lo cierto es que la solución sentencial se encuadra dentro del marco de razonabilidad en lo que a interpretación de la norma y de la situación de hecho se refiere, sin llegar a configurarse como una ruptura de las reglas de la lógica, ni a violentar los principios y senderos de la sana crítica, al carecer de entidad suficiente como para presentar una cuestión federal, es decir una cuestión constitucional trascendente, hasta el punto de justificar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Debe tenerse presente que la vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad emergente de la ley nacional nº 48, no instituye un nuevo camino ordinario de impugnación de sentencias.

Tampoco se da en el caso el extremo del déficit en la fundamentación del fallo impugnado, que permita el acogimiento de la tacha de arbitrariedad en razón de la falta de fundamentación suficiente, ya que la circunstancia que el Tribunal encare los tópicos que lo constituyen de modo diferente al propiciado por la recurrente, dicha discrepancia no es, sin embargo motivo suficiente como para fundar la admisibilidad del recurso extraordinario de inconstitucionalidad (en igual sentido este Tribunal in re: "Pérez, Manuel A y otros vs. Cruz Alta S.A. s/cobro de pesos" (Recurso extraordinario) sentencia N° 277 del 07/5/1997).

-Por otra parte, el Código Procesal Constitucional (ley 6944) contempla el Recurso de Inconstitucionalidad a los fines contemplados por los arts. 91 y ss. de dicho ordenamiento.

Así, según la doctrina especializada sobre la materia y la jurisprudencia de la C.S.J.N., la apelación del art. 14 de la ley 48 debe interponerse contra la sentencia definitiva del Superior Tribunal de la causa, una vez agotadas todas las instancias existentes en las respectivas jurisdicciones para el examen y decisión de las cuestiones federales (fallos 301:961), señalándose en el caso "Cautana" (fallos (302:1337) que ese agotamiento de las vías locales comprendía tanto a las vías ordinarias como a las extraordinarias (Néstor P. Sagüés, Recurso Extraordinario, Edit. Depalma, 1984, pág 331).

Es de observar, en el presente caso, que la referida vía constitucional extraordinaria local no fue articulada en autos por la recurrente.

Desde esta perspectiva tampoco se cumplimenta con requisito de admisibilidad a que hace referencia el art 14 de la ley 48, en cuanto a la exigencia relativa al Tribunal del cual debe provenir la sentencia definitiva, ya que sólo resulta imputable a la conducta discrecional de la parte, la pérdida de una vía considerada idónea por ello para reparar su gravamen (fallos 303:352).

II.- Por todo lo expuesto, compartiendo lo expresado en el voto que antecede (punto 3 y ss) estimo, en consecuencia, que corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto.

ENRIQUE JOSÉ GUIBERT ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.