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Nulidad de la notificación, traslado de la demanda, WhatsApp, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: M., M.E. c/ S., J. E. y otro s/ liquidación de régimen de comunidad de bienes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-10

Cabe rechazar el planteo de nulidad de la notificación del traslado de la demanda, que fue efectuada a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, puesto que el demandado consintió la manda transcripta, habida cuenta que dentro del plazo señalado por el juez, se presentó en la causa mediante apoderado, pidiendo que se proceda a la vinculación y alta en el sistema informático para tomar vista de la demanda y su documental para proceder a contestar la misma. En consecuencia, más allá de la peculiar modalidad impuesta para la notificación del traslado de la acción, el recurrente no puede desconocer que cualquier eventual irregularidad en la disposición adoptada o en el trámite posterior ha quedado saneada con el consentimiento al presentarse en la causa y prestar su conformidad.
Contratos, principio de apariencia, compraventa, obligaciones del comprador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Park, Héctor Santiago c/ Galia S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-16

Recibida por el comprador la tradición del automotor adquirido y abonado su precio mediante la entrega de su usado y la suscripción de un contrato prendario a favor de la concesionaria, no podrá imputársele una falta de debida diligencia, fallas de previsión o de representación, ligereza o torpeza, por no saber, entender o advertir que el verdadero sujeto vendedor era otro, cual lo revelara luego la factura, que, conjuntamente con el resto de la documentación del nuevo vehículo, habrá de recibir de los gestores de la concesionaria veinte días después del acabado cumplimiento de los deberes centrales de prestación de su parte.
Recurso de apelación (procesal), interposición en subsidio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M. c/ F. s/ Incidente de disolución de sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-11

Si bien el art. 241 del CPCC, podría importar un obstáculo para la concesión del recurso de apelación posteriormente interpuesto no es menos cierto, que la tempestiva interposición de recurso de apelación antes de ser resuelta la revocatoria por el juzgado, importa el desistimiento del último remedio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ministerio de Menores, asesor de menores, pacto de cuota litis
Materia: CIVIL
Carátula: SANTA MARIA LUIS c/ STEGMANN s/ BENEF.LIT.SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Si bien es cierto que los representantes legales del menor se encuentran facultados para iniciar la acción sin previa intervención del Ministerio Pupilar, no lo es menos que una vez presentado se le otorga la correspondiente vista a fin de que asuma la representación promiscua, no correspondiendo antes de su intervención y pertinente autorización judicial efectuar acto de disposición sobre el eventual patrimonio que le pudiere corresponder al menor. Al respecto, cabe otorgar carácter de acto de disposición al pacto de cuota litis donde se cede el 20 por ciento de la indemnización que se obtenga, asumiendo la actora las eventuales costas del proceso.
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, extinción del contrato de trabajo, preaviso, voto de los jueces, voto en disidencia
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Lorenzino,   Gerardo   Augusto c/ Instituto   Argentino del Diagnóstico y Tratamiento S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-23

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo mérito de que el plazo de preaviso no se compadecía con la naturaleza de la relación en juego, su extensa duración y la dedicación temporal que exigía del profesional gran parte de su actividad médica, toda vez que -en tales condiciones- se imponía como necesario el otorgamiento de un lapso mayor que, con una razonable anticipación, le anoticiara de su futura situación y le permitiera así un eventual reacomodamiento laboral, conclusión particularmente válida cuando las consecuencias de la ruptura no eran iguales para las partes (Disidencia del Dr.

Eduardo Moliné O'Connor).
Cómputo de la pena, prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Barrionuevo, Jorge Del Valle s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-11

Cuando el sujeto es condenado a prisión temporal e inhabilitación especial en forma concurrente, no es posible computar un día de prisión preventiva para compurgar al mismo tiempo dos penas: la de prisión y la de inhabilitación, sino que la prisión preventiva debe computarse en primer término sobre la pena más grave y una vez efectuada la compurgación con la pena de prisión, si aún existiere un remanente de encierro cautelar, este lapso sí sería pasible de ser contabilizado a los efectos del término de la inhabilitación de conformidad con el art. 24 CPPN. (Dres. Mitchell, García, Yacobucci).
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada, competencia
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Codes de Giurda, Teresa s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-06-03

La ley procesal de aplicación al caso (Ley 1419) establece como fatal el término probatorio (art. 79 inc. 5to.) y que dentro de éste debe ofrecerse y diligenciarse la prueba (art. 187) y además impone al interesado una conducta activa para lograr que la prueba se practique en tiempo propio. Si la parte actora tampoco ha sido diligente, al vencerse el período probatorio quedan excluidas las medidas de prueba que se hubieren realizado por inactividad o desidia de las partes. contraria fueron expuestos en primera instancia, por lo que la actora al expresar agravios debió reforzar sus argumentos -ad eventum- si lo creía necesario, previendo que la Cámara iba a considerarlos. A ello cabe agregar que el nuevo art. 332 C.P.C. (Ley 8465), también ha incorporado dicha doctrina cuando establece que: "...las cuestiones propuestas por el vencedor, rechazadas, o no tratadas en primera instancia, por la solución dada a otra anterior, quedan automáticamente sometidas al tribunal de alzada ante la apelación del vencido.
Contrato de descuento bancario, cobro de sumas de dinero, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE ENTRE RIOS c/ SANTA CRUZ MARIO RODOLFO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-04-28

Cabe rechazar el cobro de pesos intentado en función de un contrato de descuento bancario, si no se probó idoneamente la acreditación del importe de la suma descontada en cuenta corriente negada por la demandada.
Daños y perjuicios, acción indemnizatoria
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: "Mosca  Bustamante Lidio Esteban c/ EN -PEN- M° Interior s/ daños y perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-10

La acción resarcitoria como consecuencia de los daños experimentados -y sus secuelas-, en modo alguno depende de la declaración del estado de capacidad del interesado a los fines previsionales (Del voto del juez Fernández, cons. V).
Servicio público, competencia contencioso administrativa, competencia civil y comercial
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: TANZI S.A. c/ EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 615 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-13

No siempre la existencia de un servicio público -aunque sea prestado por el Estado- determina la competencia contencioso administrativa. Como destaca Bercaitz, hay contratos relativos a servicios públicos en que la Administración actúa en las mismas condiciones que un particular; hay otros en que el servicio funciona con sus reglas propias y su carácter administrativo. A la jurisprudencia corresponde establecer cuándo se está en presencia de uno o de otro tipo de contrato.

En esa dirección se inscribe el despacho de la Comisión 1 de las VII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal, celebradas en Junín, en setiembre de 1996, en las que se concluyó, de "lege lata" que "Cuando el servicio es prestado por el Estado o entes descentralizados, la relación tiene componentes de derecho público y de derecho privado".

Justamente la existencia de componentes de ambos subsistemas del sistema jurídico, requiere del Oficio la determinación, en cada caso, de la rama especialmente implicada, a cuyo efecto ocupa un lugar de primer orden la indagación de la pretensión del actor y los elementos probatorios obrantes en autos.

Por tanto, no puede partirse apriorísticamente de que todo asunto vinculado en mayor o menor medida con un servicio público acarrea necesariamente la competencia contencioso administrativa.
Sustitución de medidas cautelares, secuestro de bienes, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Monzón,Miguel A. c/ Mongelós, Adolfo s/ Medida Cautelar Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-10

Aún cuando el tercero interesado no hace referencia expresa a la sustitución de la medida cautelar de secuestro por la de embargo, es evidente que ello está insito en la petición de sustitución de depositario, ya que la medida se solicita a efectos de posibilitar la continuidad del servicio público de pasajeros, lo que implica el uso de los bienes sobre los que habrá de recaer la sustitución en cuestión.
Competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, cuestión de derecho común, facultades del Poder Legislativo, códigos
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Aquino, Virgina Clara c/ Chaco, Pcia. del y otro s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

Tienen el carácter de causa civil los casos cuya decisión se ha de basar sustancialmente en la aplicación de normas del derecho común, entendido como tal el que se relaciona con el régimen de legislación atribuido al Congreso por el art. 67, inc. 11 de la Constitución Nacional.
Ejecución prendaria, recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, plazo
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE c/ ESAIAN DICRAN s/ PROCESO DE EJECUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-08

De conformidad con lo establecido por el art. 30 del Decreto 15.348/46, ratificado por la Ley 12.962 -marco normativo dentro del cual tramitó el presente pleito desde su inicio-, el plazo para apelar la resolución que rechaza o manda a llevar adelante la ejecución es de dos días (cfr. esta Sala, Causas 2509 del 30.4.93;

4700 del 26.7.94 y 12.375 del 30.8.94, entre otras; C. Fed. La Plata, en pleno, in re "Banco Nación Argentina c/Lira", JA 5-1970, pág. 595).
Procedimiento laboral, gratuidad del procedimiento, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUIRRE, ADOLFO c/ POLIELECTRIC  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-12

No debe confundirse la imposición de costas, como consecuencia objetiva de la derrota en juicio, art. 68 CPCCN, con la garantía de indemnidad relativa al patrimonio del trabajador frente a esa misma contingencia establecida por la ley de fondo a fin de asegurar el acceso a la jurisdicción por parte del trabajador, que si bien, le permite oponerse, en ciertas condiciones, a la ejecución de su responsabilidad, no lo exime de ella.
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, calidad de parte, gastos del proceso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SPEIGHER, Norma Edith c/ QUISPE, Margarita Angélica s/ Recurso de Apelacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-27

El art. 78 del Código Procesal Civil y Comercial prevé que los que carecieren de recursos pueden "solicitar conjuntamente con la demanda, o en cualquier estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las disposiciones contenidas en este Capítulo", posibilitando de ésta manera que aquellas personas que carecen de recursos puedan litigar estando exento del pago de los gastos judiciales hasta que mejore de fortuna (art. 84 del Código Procesal).
Empleados públicos, entrega del certificado de trabajo, competencia contencioso administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: Bianchi Daniel Osvaldo c/ Municipalidad de San José de Gualeguaychú s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-11

La demandada sindicada como empleadora es una persona de derecho público y el propio actor ha alegado que se desempeñaba en el marco de una dirección administrativa, cumpliendo tareas en las cabinas sanitarias de los ingresos a la ciudad para control bromatológico, o sea cumpliendo tareas propias de un servicio público. La solución entonces debe recurrir necesariamente al ámbito competencial propio de las relaciones laborales del Estado: el fuero contencioso administrativo(Voto Welp. Adhesión Ronconi)
Daño moral, facultades del juez, escritura pública, inscripción registral
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Stordeur, Eduardo R. c/ Frione, Carlos Alberto y otros s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-07

El artículo 522 del Código Civil faculta a los jueces, conforme a las circunstancias del caso y a la índole del hecho generador del incumplimiento, a apreciar la procedencia del agravio moral.

Configura agravio moral, susceptible de ser resarcido, la falta de inscripción en término de una escritura de compra, ya que ello impidió la libre disponibilidad del bien y se vio afectada la seguridad jurídica que importa la inscripción registral con el consiguiente temor de ver agredido el inmueble, todavía en cabeza de los vendedores, por terceros, debiendo el adquirente soporta un embargo e incluso la posibilidad de una inminente subasta. Tal situación debió provocar en el comprador un estado de permanente zozobra y desasosiego, quien adquirió un bien, escriturándolo en la suposición de que, dado el bloqueo registral que produce el pedido de certificados por el notario, en breve tiempo se inscribiría a su nombre libre de cualquier gravamen, aunque sorpresivamente se enteró que ante la negligencia del escribano, un tercero, acreedor de los vendedores, había trabado un embargo que pudo concluir en el remate del inmueble adquirido.
Estado Provincial, régimen de consolidación de deudas, pago en bonos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Ríos, Ethel Dina Di Stasi de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio (Expte. CSJ Nro. 208-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-25

Cabe ordenar la restitución de los fondos indebidamente depositados por la Provincia demandada, habida cuenta que la deuda que se reclama en la causa resulta ser consolidada, en los términos del artículo 2 de la ley 11373, y no sujeta al régimen especial de cancelación de su artículo 4, correspondiendo su atención por medio de la entrega de Bonos Previsionales de la Provincia de Santa Fe.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, principio de congruencia, prescripción, thema decidendum
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Andreani, Vicente y otros c/ Televisión Litoral S.A. s/ Recurso de inconstitucionalidad- Cobro de pesos (Expte. CSJ N.   173-1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-12

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad si asiste razón a los actores cuando se agravian de la incongruencia del fallo por acoger la defensa de prescripción con un alcance más amplio que el oportunamente determinado por la accionada, defecto que ha sido incluso reconocido por ésta en su responde al recurso de inconstitucionalidad. En tales condiciones, concurre en el fallo un típico defecto de arbitrariedad -el propio de las sentencias dictadas extra petita- que determina su invalidez con arreglo a reiterada jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación y del local.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), escala penal, agravantes de la pena, atenuantes de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: R., M. c/  s/ delitos contra la integridad sexual victima menor de 16 años -estupro - abuso sexual- apelación defensa y fiscal sentencia condenatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-30

La impugnante apunta exclusivamente a discutir las razones expuestas para graduar la sanción, peticionando que su monto sea inferior al mínimo de la escala penal aplicable -considerando que legalmente no estaba habiitada la imposición de una menor- y cuestionando que se rechazara su solicitud, sin embargo se advierte que en la sentencia de grado se aportó profusa fundamentación para la determinanción del quantum punitivo, indicándose varias circunstancias que operan como agravantes del injusto y de la culpabilidad y teniéndose en cuenta en el supuesto del imputado su juventud -aspecto resaltado por la defensa- como atenuante, todo ello para imponer el mínimo legal; justificando asimismo la cámara adecuadamente la ratificación de tal respuesta y explicando que si bien la edad implicaba a su respecto una reducción en la culpabilidad que neutralizaba otras pautas agravantes, en el caso -por sus características- una pena inferior resultaría irrazonable.
Derecho laboral, trabajador, enfermedades inculpables
Materia: LABORAL
Carátula: Cáceres, Ramón c/ P.A.S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Accidente de trabajo (Expte. CSJ Nº   67-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-29

Si bien la pericia médica constituye un elemento probatorio idóneo a los efectos que el Juzgador pueda deslindar las causas que producen estrés y, por ende, la responsabilidad de la patronal, también es cierto que, obviamente, el dictamen debe contener fundamentos científicos y para ello resulta menester que el experto también ahonde sobre las experiencias vitales del presunto afectado por el "estrés" laboral, es decir sobre todas aquellas circunstancias que, con prescindencia del trabajo, puedan ser aptas para el desarrollo de un estado negativo de tensión emocional.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), recurso contencioso administrativo, caducidad, expediente, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AGUIRRE, PAOLA Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-11

Si bien los comparecientes aducen ciertos cuestionamientos sobre la declaración de la caducidad de la instancia, quejándose de que la desvinculación de los expedientes es antijurídica; que la prueba es común a ambos expedientes y que la agregación de los oficios en el caso conexo resultan actos idóneos de impulso procesal, lo cierto es que sus argumentaciones no logran traspasar el límite de la mera discrepancia y, mucho menos aún, justifican las razones por las cuales el expediente quedó paralizado más allá del plazo establecido por el ordenamiento jurídico para que se configure la caducidad de la instancia, solución a la que -en definitiva- arribó la Cámara con fundamentos suficientes en la resolución impugnada.
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: PROCESAL
Carátula: S., O. G. c/ B., E. J. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-06

La confesión ficta produce los mismos efectos que la confesión expresa, en cuanto hace a la admisión de los hechos contenidos en la posición de que se trate; pero, a diferencia de aquélla, es susceptible de desvirtuarse por prueba en contrario. De tal modo que, constituyendo una presunción iuris tantum en contra del absolvente, si el resto de la prueba no le resulta categóricamente favorable, la duda debe resolverse en su contra.
Costas, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cañete de Briscoli, Norma C. s/ Amparo por Mora Administrativa Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1991-09-12

Cuando la cuestión administrativa que da origen al amparo es resuelta por la Administración en el interín de la presentación, y la declaración jurisdiccional sólo se limita a declarar la inoficiocidad del trámite, puede considerarse que las costas deben estar a cargo del recurrente, pero si se comprueba judicialmente la morosidad de la Administración ordenándose el pronto despacho de las actuaciones - cf. art. 110 Dec.- Ley 971 - corresponde imponer las costas a la Administración.
Cheque sin fondos, nombre del beneficiario
Materia: PENAL
Carátula: ROMANO, ISAAC ALEJANDRO s/ Cheque sin fondos Causa Nro. 36471.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-05

Corresponde revocar la resolución apelada que dispuso rechazar el requerimiento de instrucción fundado en que la denuncia por cheque sin fondos no encuadra en una figura legal por tratarse de una orden de pago sin valor como cheque al haber sido entregada sin indicar el nombre del beneficiario, si a la fecha de los hechos la ley comercial vigente no impone tal requisito (Ley de cheques, 24452).
Prisión preventiva, sentencia absolutoria, cómputo de la pena
Materia: PENAL
Carátula: GULIELMINETTI, Raúl Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-06

El voto concurrente recordó que no corresponde adoptar un sistema por el cual las detenciones preventivas sufridas en otros procesos anteriores, que concluyeron con la absolución o el sobreseimiento de la persona sometida a proceso, operen como "créditos" en favor de quien resulte condenado, de modo tal que puedan convertirse en beneficios en abstracto aplicables a cualquier supuesto de pena impuesta posteriormente. (Dres. Gemignani, Borinsky, Hornos -voto concurrente-).
Opinión consultiva, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, COSTA RICA, reforma legislativa, ley procesal penal
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Opinión Consultiva OC-12/91 de 6 de diciembre de 1991. Serie A No. 12.  Solicitante: Costa Rica c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1991-12-06

En el marco de una reforma al sistema procesal penal, el Gobierno de la República de Costa Rica consulta a la Corte Interamericana acerca de la postura que debe adoptarse respecto de las contravenciones -en relación con el término "delitos"-, y la creación de un Tribunal de Casación Penal, a los fines de su compatibilidad y efectivo cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención Americana.
Recurso de casación, costas, cuestiones procesales
Materia: CIVIL
Carátula: MARTI JUANA c/ PEDRO LLINAS, MIGUEL MARTI Y OTROS s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-08-27

La imposición de las costas es una cuestión de hecho irreversible en casación, si no se demuestra la existencia de absurdo.-
Juez de instrucción, decomiso
Materia: PROCESAL PENAL -PENAL
Carátula: CUCHI OLMOS JOSE CARLOS Y OTROS s/ DAÑO CALIFICADO - SECUESTRO - DECOMISO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-05-21

Si el vehículo fue secuestrado a raíz de que habría sido utilizado por los acusados para consumar los hechos que se le atribuyen, el juez de instrucción tiene poder para conservar el rodado, en razón de que el mismo se encuentra relacionado con los hechos que se investigan, encontrándose sujeto a confiscación por ser instrumento del delito y es medio de prueba (c.P.P. art. 233).

Siendo así, estando el automotor sujeto a decomiso, no puede ser restituido a la persona de cuyo poder se secuestro (c.P.P. art. 240).-