Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27


TS07I33455 PODER JUDICIAL DE LA NACION	SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 33455	CAUSA Nº 52.256/2011- SALA VII- JUZGADO Nº 6 AUTOS: "CAÑETE, WALTER RAMON Y OTROS C/ESTADO NACIONAL DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES S/DIFERENCIAS DE SALARIOS" Buenos Aires, 27 de abril de 2012.- LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 28/39 contra la resolución de fs. 27 en la que la Señora Juez "a quo" se declaró incompetente para entender en estas actuaciones.

Y CONSIDERANDO:

Que la parte actora sostiene que le causa agravio la decisión de la sentenciante de considerarse incompetente para entender en estas actuaciones. Sostiene, en lo que interesa y en síntesis, que esa decisión resulta errónea en tanto parte de suponer que la Justicia del Trabajo solamente es competente en aquéllos casos que están regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, argumento que la recurrente considera que no se condice con los términos del art. 20 de la Ley 18.345. Por otra parte, manifiesta que cuando esta última norma hace referencia a demandas fundadas en convenciones colectivas de trabajo, no exige como condición para asignar la competencia que esas convenciones colectivas se lleven a cabo en el marco regulado por la Ley 14.250. Hace referencia al principio de especialidad en la Justicia del Trabajo, cita jurisprudencia en apoyo de su postura y peticiona en consecuencia la revocatoria de la resolución recurrida.

Que, en atención a la cuestión en debate se remitieron las actuaciones en vista al Señor Fiscal ante la Cámara quien se expidió conforme dictamen de fs. 45 y vta.

Que el art. 20 de la Ley 18.345 establece que será competencia de la justicia nacional del trabajo "las causas contenciosas en conflictos individuales de derecho, cualesquiera fueren las partes -incluso la Nación, sus reparticiones autárquicas, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier ente público-, por demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas de trabajo, o disposiciones legales reglamentarias del derecho del trabajo:.".

Que, en modo alguno puede entenderse que la norma mencionada haya pretendido acotar la jurisprudencia del Fuero a los asuntos regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, ello por cuanto la ley ritual fue promulgada el 12 de septiembre de 1969, esto es, cinco años antes de que lo fuera la Ley 20.744.

Que, tal como lo sostiene el recurrente, tampoco surge del art. 20 de la Ley 18.345 que las convenciones colectivas en las que se funde la demanda deban estar regidas por la ley 14.250, por lo que no corresponde distinguir donde la ley no distingue.

Que, por otra parte, no es posible soslayar que la simple lectura del artículo 14 bis de la Constitución Nacional revela que, a la hora de establecer garantías, el constituyente no diferenció entre trabajadores que se desempeñan para empleadores privados, o quienes lo hacen para el Estado en sus distintos niveles. Por el contrario, si alguna diferencia efectuó, fue para agregar en el caso del empleado público la garantía de estabilidad, por lo que esta última debe ser entendida como un escalón más de derechos respecto del resto, pero nunca para privar al empleado público de los demás derechos establecidos para el privado.

Que, el Principio Protectorio, que es considerado el fundamental y base de todos los demás reconocidos, ha sido receptado precisamente en el art. 14 bis Const. Nacional, cuando afirma que "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador.".

Que, en consecuencia, el empleado público también debe ser considerado "sujeto de preferente tutela", como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Vizzoti, Carlos A. c. AMSA S.A", conclusión que el Alto Tribunal consideró no sólo impuesta por el art. 14 bis, "sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art. 75 inc. 22)".	Que, por ello, corresponde que todas las normas que se dicten para regular la relación de empleo público sean adoptadas, interpretadas y aplicadas a la luz de los Principios del Derecho del Trabajo.

Que, si el empleado público está amparado por el art. 14 bis Const. Nacional, y en consecuencia su relación de empleo con la administración debe ser regida por normas que recepten los principios del derecho del trabajo, en especial el protectorio y todos los que del mismo se derivan; si esas normas deben tener en cuenta que el empleado público está amparado por todas las garantías establecidas en el art. 14 bis Const. Nacional, con el agregado en este caso de la que hace a su estabilidad; si todo ello implica admitir que en tanto trabajador dependiente, el empleado público es parte de una relación asimétrica, tal como le sucede a cualquier trabajador frente a su empleador, lo que justifica la existencia de un derecho especial que tienda a efectivizar la "preferente tutela" de la que debe ser objeto; en ese caso no se puede negar que los conflictos vinculados con el empleo público deben ser competencia de la Justicia del Trabajo, en tanto rama especializada precisamente en relaciones en las que rige el orden público laboral y que cuenta con magistrados formados en los principios del derecho del trabajo, y con normas de procedimiento que receptan los requerimientos del principio protectorio también en la norma adjetiva.

Que, para ello, no se requiere que la relación laboral en cuestión esté regida por la Ley de Contrato de Trabajo, ello en tanto los Jueces del Fuero no son jueces de la Ley de Contrato de Trabajo, tal como queda demostrado cuando se asume sin controversias la competencia para dirimir asuntos regidos por el Estatuto del Periodista, por el Estatuto del Trabajador Rural, y tantas otras normas estatutarias, al igual que lo es la Ley 25.164.

Que, en el caso en examen se advierte de la simple lectura de la demanda que la parte actora está intentando reclamar derechos que considera fundados en la aplicación e interpretación de convenios colectivos de trabajo a los que hace referencia.

Que, siendo ello así, y teniendo en cuenta lo expuesto en los considerandos precedentes, la cuestión sometida a decisión guarda correlato con el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Asociación Trabajadores del Estado c/Superintendencia de Seguros de la Nación, Ministerio de Economía y Producción de la Nación", de fecha 23 de febrero de 2010, en el que adhiriendo a los términos del Dictamen de la Procuradora Fiscal Dra. Marta A. Beiró de Goncalvez, decretó la competencia del Fuero del Trabajo para entender en dichos actuados, ello en virtud de que el reclamo exigía la interpretación del Convenio Colectivo de Trabajo homologado por Decreto 214/06.

Que, en línea con los argumentos vertidos "supra", se sostuvo en el precedente citado que se trataba de la interpretación de un convenio colectivo de trabajo, que por su naturaleza estrictamente laboral exigía una hermenéutica de jueces especializados en la materia.

Que, por ello, y sin perjuicio de lo dictaminado por el Señor Fiscal General, cabe concluir que corresponde decretar en este caso la competencia del Fuero del Trabajo para entender en los reclamos de la demanda incoada.

Que, atendiendo a la naturaleza de la cuestión debatida y ante la ausencia de controversia, corresponde que las costas sean soportadas en el orden causado (conf. art. 68 CPCCN).

Por lo expuesto, y oído el Señor Fiscal General, de prosperar mi voto propongo: 1) Revocar la resolución de fs. 27; 2) Declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presentes actuaciones; 3) Imponer las costas en el orden causado.

LA DRA. ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO:

I) Disiento con mi distinguida colega la Dra. Fontana en tanto propone declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presentes actuaciones.

Tal como reiteradamente tengo dicho para resolver las cuestiones de competencia es necesario tener en cuenta la exposición de los hechos realizada en el escrito de inicio (conf. art. 4 del C.P.C.C.N. Y 67 L.O.); y en la medida que se adecue a ellos, al derecho invocado como fundamento de la pretensión.

Sobre la base de lo expuesto de la lectura del escrito de demanda se desprende que los actores aducen desempeñarse en la Dirección Nacional de Migraciones como inspectores, supervisores, delegados de oficinas migratorias y jefes de sector de la dirección de movimiento migratorio y demandan al Estado Nacional para que se declare el carácter remunerativo de las sumas que perciben en concepto de adicional denominado S.I.M (servicio de inspección migratoria) y las diferencias que de ellas deriven a fin de computar las cargas sociales, vacaciones, licencias por enfermedad y sueldo anual complementario y también se ordene el cómputo a los efectos de calcular los aportes provisionales.

En consecuencia, tal como lo destaca el Sr. Fiscal General los accionantes reconocen el carácter de empleados públicos, e invocan numerosas normas regulatorias de dicho régimen, referidas a los suplementos remunerativos, y esta circunstancia resulta determinante para la dilucidación de la cuestión, porque quedan desplazadas las disposiciones del Derecho de Trabajo Privado y, por ende, la aptitud jurisdiccional de este Fuero debe ser declinada ante lo previsto por el art. 20 de la Ley 18.345.

También comparto con el Dr. Alvarez que no resulta aplicable el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "A.T.E." porque la fundamentación relativa a los Convenios Colectivos de Trabajo para la Administración Pública Nacional, homologados por Decretos Nros. 66/99 y 214/06 carece de la trascendencia que se les atribuye porque dicha convención colectiva se enmarca en el régimen de la Ley 24.185 norma que en su art. 19 dispone que "los regímenes convencionales que se establezcan como consecuencia de esta ley se regirán por criterio de interpretación e integración de normas generales que rijan la materia, no resultando de automática aplicación las disposiciones de la ley 20.744"; y por lo tanto, no rige la disposición del art. 2 inc. a) de la L.C.T.. (en igual sentido esta Sala en "Mori Silvana c/Instituto de Obra Social del Ejército IOSE s/Diferencias de Salarios" SI 25/8/2008 S.I. Nro. 29.777.

Por último, la C.S.J.N. en autos "Fernández Marta c/ INTI s/ empleo público del 4/10/11 y "Palma María c/ Estado Nacional Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales s/ medida cautelar" del 27/9/11 ponderó que la invocación de las convenciones colectivas comprendidas en la Ley 24.185 no generaban competencia del Fuero Laboral, si de aquéllas de desprendía la aplicabilidad de la Ley Marco Regulatorio del Empleo Público Nacional Nro. 25.164.

Por ello, y por compartir los fundamentos del Sr. Fiscal General sugiero confirmar lo decidido en la instancia anterior.

II) Declarar las costas de alzada por su orden (art. 68 2da parte C.P.C.C.N.).

EL DR. NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto de la Dra. Estela Milagros Ferreirós.

Por todo lo expuesto y lo dictaminado por el Fiscal General a fs. 45 EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar lo decidido en la instancia anterior. 2) Declarar las costas de alzada por su orden.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.