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Superior Tribunal de Justicia, incompetencia, competencia originaria, competencia contencioso administrativa, avocación jurisdiccional, concursos, propuesta de acuerdo preventivo, per saltum
Materia: PROCESAL
Carátula: VICENTIN S.A. c/  s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2022-11-29

Esta Corte Suprema no puede prescindir de las reglas y excepciones que imponen la Constitución provincial y las leyes para el ejercicio de su jurisdicción, pues, actuar de otra manera importaría asumir competencia sobre una causa respecto de la cual no se dan las condiciones que legalmente la habilitan, y en tales condiciones, las argumentaciones que sirven de sustento al pedido de avocación no se subsumen, es más, ni siquiera rozan tangencialmente, alguno de los supuestos de atribución de competencia que autoricen la intervención de este Tribunal. Por otro lado, la presentación propuesta, más allá del nomen iuris utilizado, no constituye un supuesto de avocación en los términos del artículo 2 de la Ley 11330, ni tampoco del artículo 36 del mismo cuerpo normativo, desde que en autos no se ha planteado ninguna cuestión de competencia que esta Corte deba resolver, esto es, no se cuestiona la aptitud del juez de la causa para entender en el caso en los términos del artículo 2 antes mencionado, ni tampoco se configura en el caso un supuesto que habilite a esta Corte para decidir la cuestión de fondo con arreglo al artículo 36, en tanto dicha norma supone una causa de competencia contencioso administrativa, la que de ninguna manera aparece involucrada en un proceso concursal como el de marras; a su vez, la petición formulada tampoco configura un per saltum, dado que éste supondría una decisión jurisdiccional de primera instancia -inexistente en autos en lo tocante a la propuesta de acuerdo preventivo en cuestión-, sin perjuicio de la ausencia de todo fundamento normativo respecto de este último instituto. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 91, p 414; T 195, p 338; T 228, p 216. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículos 92, inciso 8 y 93, incisos 2 y 8; Ley 11330, artículos 2 y 36.
Beneficios previsionales, servicios simultáneos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oteiza Alberto Marcelino c/ Poder Ejecutivo s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

En el texto del art 85 inc 'b' de la ley 5425 (t.o.1959, art 98 inc 'b' del t.o. 1974)las expresiones cargos y servicios estén utilizadas indistintamente por lo que exigencia de la simultaneidad durante cinco años como mínimo, lo es en los cargos o 'servicios', sin que surja de su texto la necesidad de que los servicios simultáneos prestados lo sean siempre y continuadamente en los mismos cargos.
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, inconstitucionalidad, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruiz, Roberto Eduardo c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Pol. Fed. s/ Apelación Res. 225/90
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Pol. Fed. carece de legitimación para plantear la inconstitucionalidad de normas emanadas del P.E.N. conf. art. 74 del decreto 1.759/72 y del fallo C.S.J.N. "Felicieri, Virgilio c/ Banco de la Nación Argentina", 284:218.
Medidas cautelares, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ESTESO ROBERTO Y OTRO EN J: EMPRESA CONST. V. MODICA s/ Embargo Preventivo (LIBRO: A070 - 494)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-09-18

Dados los requisitos propios, es admisible el pedido de embargo preventivo existiendo posibilidad de una regulación, y tanto más cuando la regulación existe y una de las partes está obligada a satisfacerla. Tratándose de una actividad judicial, debe limitarse a una suma que, prima facie, guarde proporción con la entidad de la deuda, y guardar relación con el perjuicio que pudiere producirse.-
Empleados públicos, cesantía, sumario administrativo, Administración Pública, culpa, facultades disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONTRERAS, RAQUEL OFELIA OCHONGA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CSJ EXPTE NRO 167-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-28

Resulta errónea la decisión de la demandada, no exteriorizada en un acto administrativo escrito, de impedirle a la sancionada la prestación del servicio con posterioridad a la medida de suspensión y hasta el dictado del decreto de cesantía, pues durante ese período la relación de empleo continuaba subsistente; y si bien es cierto que la sanción expulsiva del artículo 53 inciso a) de la ley 8525 (cesantía por inasistencias injustificadas) admite su aplicación por prescindencia del sumario (artículo 56), no lo es menos que la Administración optó por esta vía, por lo que la separación de la agente del cargo no pudo operarse hasta la finalización de aquél y consecuente resolución, y ésta recién fue formalmente adoptada casi un año después de la suspensión.
Docentes, admisibilidad formal, medidas cautelares contra el Estado
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Sanchez de Castro, Rita Isabel y otra c/ Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-05-22

Docentes de una escuela de educación especial del interior provincial deducen acción de amparo en contra una resolución del Ministerio de Educación, por considerarla manifiestamente arbitraria e ilegítima.

Relatan que en el año el año 2000 se procedió a iniciar una investigación presumarial, en principio a la Institución Escolar, y posteriormente en contra de ellas -directora interina y secretaria-, de la cual surgieron varios expedientes administrativos.

Luego de más de siete años se dictó una Resolución Ministerial de fecha 20 de febrero de 2008, por la cual se dejan sin efecto las actuaciones y se las libera de toda responsabilidad administrativa, ordenándose la restitución a los cargos que detentaban hasta antes de la elevación de la causa a la etapa de sumario abreviado.

Por último, con fecha 10 de marzo de 2008, el Ministerio de Educación, dicta otra Resolución que resuelve suspender la eficacia y ejecución de la anterior aludida supra, que es la que con la presente acción se impugna.

De conformidad a las constancias obrantes en autos, se encuentran acreditados los requisitos procesales extrínsecos para declarar la admisibilidad formal de la acción de amparo deducida, en razón de que, prima facie, el acto de autoridad pública restringiría garantías y derechos reconocidos explícitamente por nuestro ordenamiento constitucional.

Este preliminar juicio de admisibilidad se resuelve sin perjuicio de que los recaudos de procedibilidad de la acción sean merituados en la etapa procesal oportuna, donde el Tribunal hace pleno uso de sus facultades jurisdiccionales.

En cuanto a la medida cautelar, corresponde su rechazo, porque además del carácter restrictivo de su admisión respecto de actos de los poderes públicos, existe una carencia absoluta por parte del requirente en justificar los requisitos legales exigidos para concederla, ya que no fundamenta las razones de orden público que justificarían su otorgamiento en este fuero contencioso administrativo, lo que implica un obstáculo de orden procesal que exime al Tribunal de toda consideración al respecto.
Memorial, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/ Estado Nacional - Ministerio de Salud y Acción Social - y otros s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-15

Las razones expuestas en el memorial deben ser suficientes para refutar los argumentos de hecho y de derecho dados para arribar a la solución impugnada.
Jurisprudencia internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, derecho a la vida, responsabilidad internacional del Estado, estado parte, violación de derechos humanos, situación de vulnerabilidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek c/ Paraguay s/ sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-24

La Corte Interamericana ha enfatizado respecto del derecho a la vida y las obligaciones que la Convención Americana impone a los Estados Parte respecto de su artículo 4, que si bien no puede responsabilizarse a un Estado por cualquier situación que afecte el derecho a la vida, en orden a las dificultades que pudieran derivar de la adopción de políticas públicas conforme prioridades y recursos, debe considerarse su responsabilidad internacional cuando no realizan las medidas que, juzgadas razonablemente, protejan y preserven aquél derecho, máxime cuando las autoridades conocen la existencia de situaciones de vulnerabilidad que ponen en riesgo real e inmediato la vida de una persona o grupo de personas.
Concursos, acuerdo preventivo, propuesta de acuerdo preventivo, acreedores del concurso, categorización de acreedores, crédito verificado, período de exclusividad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Valsugana SRL c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-11

A los fines del cómputo de las mayorías, las categorías de acreedores quedan definitivamente integradas con la resolución de categorización (LCQ 42), razón por cual aquellos que no estuvieran incluidos en ellas no podrán ni aprobar ni rechazar las propuestas que se formulen, excluyéndose del citado cómputo las acreencias que no fueron declaradas verificadas y/o admisibles en la sentencia del art. 36, las cuales, se reitera, solo serán eventualmente incorporadas a las ya formadas, exclusivamente a los fines de determinar el grado y modo de satisfacción de sus créditos (CNCom, Sala A, 20.7.01, "Textil Fibrex SA s/ concurso preventivo"; íd., Sala D, 13.12.04, "Obra social del Personal de Jaboneros s/ concurso preventivo"). Y esto es así habida cuenta que en el período de exclusividad -a diferencia de en el cramdown- la iniciativa es exclusivamente del concursado, lo cual hace necesario que éste cuente desde su inicio con un elenco de acreedores ya conformado y cierto a efectos de poder ofrecerles una propuesta de acuerdo. Deben, por tanto, al momento del inicio del período de exclusividad, estar ya definidas las categorías, los acreedores integrantes de las mismas y sus montos respectivos, para lo cual el deudor debe tener en ese tiempo una nómina de acreedores concreta e inmodificable (Vaiser Lidia, "Categorización de acreedores. Algunos conflictos que se suscitan durante el período de exclusividad", La Ley, 1998-C, 1252).
Acción de amparo, haber jubilatorio, impuesto a las ganancias, agentes de retención, costas en el orden causado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTINEZ- ALICIA BEATRIZ. c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN (I.S.S.N.) s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-18

Debo adherir a la posición sostenida por la Dra. Clérici.

Es que tal como señaláramos recientemente en la Sala I que integro, ".

corresponde imponerlas en el orden causado "[.] en atención a la naturaleza de la cuestión planteada, la forma en la que se resuelve y existiendo divergencia jurisprudencial en orden a la materia analizada (art.

68, segunda parte del C.P.C.C.)", ("NAPOLITANO AMELIA MAGDALENA CONTRA I.S.S.N. S/ ACCION DE AMPARO", EXP. N° 468248/12; "ALLOLIO ISABEL NORMA C/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN (I.S.S.N.) S/ ACCION DE AMPARO", EXP.

N° 502404/2014)" (cfr. "QUIROGA GLADYS C/ INSTITUTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN (ISSN) S/ACCION DE AMPARO" (EXP. N° 503679/2014). (del voto de la Dra.

Pamphile).
Pena, condiciones personales
Materia: PENAL
Carátula: B., J.A y S., R.R. s/ Falsificación de instrumento privado. Estafas reiteradas
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1992-06-11

Además, en virtud de lo previsto en el artículo 441 del Código Procesal Penal, procede establecer el monto de la pena a imponer.

Teniendo en cuenta la acción y los medios empleados y el daño y el peligro causados por el imputado como así también sus condiciones personales obrantes en la causa, en especial su carencia de antecedentes y las condiciones familiares y sociales, se estima justo y equitativo imponer la pena de un año de prisión, la que deberá imponerse en suspenso en atención a las condiciones antes referidas, en virtud de la favorable semblanza que surge sobre su personalidad moral y por no advertirse ningún elemento de juicio negativo posterior al delito que descalifique la apreciación de sus antecedentes, todo lo cual lleva al convencimiento del tribunal la inconveniencia, en este caso, de imponer en forma efectiva la pena de prisión (art. 26, Cód. Pen).
Cosa juzgada, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Consorcio de Propietarios del edificio calle Esmeralda 1249/1259 c/ Consorcio de Propietarios del edificio calle Esmeralda 1261/1265 y otro. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

El apartarse de lo resuelto por una sentencia firme, a efectos de arbitrar una solución que se estima más equitativa, puede significar, más allá de tan elevado propósito, un modo de sentar precedentes que en su oportunidad se vuelvan contra los ocasionales beneficiarios de hoy, los que también reciben las ventajas permanentes de la seguridad jurídica (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Guillermo A. F. López, Gustavo A. Bossert y Adolfo Roberto Vázquez).
Indemnización por accidente de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, tiempo de vida útil
Materia: LABORAL
Carátula: LUCERO, JULIO A. c/ BRAVE CONST. SA. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-02-17

Para la determinación del monto indemnizatorio, en los casos de accidentes del trabajo, lo que debe ponderarse no es la fecha en que el siniestrado está en condiciones de jubilarse, sino (atento la reparación que se persigue por la vía del derecho común) la expectativa de vida útil del trabajador.
Deberes del juez, impulso de oficio, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Aldonati, Juan Carlos s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-05-07

El Tribunal tiene el deber de impulsar de oficio el procedimiento 0 (art. 11 del C.P.C.) y a tal efecto deberá disponer en cada etapa las providencias necesarias para que el mismo no se paralice, continuándose sucesivamente los actos en la forma prevista en el trámite procesal pertinente. A su vez, el art. 10 del C.P.C. le impone al Juez ejercer la dirección del proceso, proveyendo las medidas necesarias para su normal desarrollo. A pesar de que se pone este deber en cabeza del Juez (o presidente del Tribunal colegiado, art. 437 Cód. Proc.), ello es por una cuestión de agilidad del procedimiento, por lo que no es óbice que quien lo cumpla sea el Tribunal en pleno.
Representación procesal, acta poder, nulidad procesal, defectos del procedimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: BURGOS, BERTA VERONICA c/ HIERRO PATAGONICO DE SIERRA GRANDE SA. Y MINERA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-06-24

Si no hubo cese de representación en los términos del artículo 53 cpc. Aun cuando no se haya acompañado el testimonio del nuevo poder en las actuaciones, no puede discutirse la validez de los actos cumplidos por el profesional actuante.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, accidente de tránsito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tripolone, María Rosalía c/ Empresa de Transportes Martín Güemes S.A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-05-11

Establecer si en un accidente de tránsito ha existido "culpa" de la víctima es una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y su conclusión está exenta de revisión.
Empleo público, sanciones disciplinarias, instrucción, trámites judiciales, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FABRE CAROL ERNESTO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-05-20

La ley 6108 autoriza a obviar el sumario cuando se trata de suspensión de hasta 10 días. Ello en razón del mínimo agravio que se causa al agente frente a la necesidad de afirmar la potestad imperativa y de mando reconocida a la administración como resguardo de la regularidad de la función. Tal supremacía es solo circunstancial y se agota en la toma de decisión no pudiendo prolongarse más allá del estrecho margen en que se la autoriza.
Jurisprudencia, Superior Tribunal de Justicia, competencia, responsabilidad extracontractual, responsabilidad indirecta, accidentes de trabajo, opción, cuestión de derecho común, empleados públicos, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL - CIVIL
Carátula: CARLACCHIANI, ENIO PRIMO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 31-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-05

Corresponde rechazar el planteo de la Provincia demandada, quien acusa la incompetencia de la Corte Suprema de Justicia para entender en un reclamo de indemnización por accidente de trabajo de un agente público, fundado en el artículo 1113 del Código Civil, por entender que el conocimiento de tales demandas de daños y perjuicios por hechos ilícitos es de competencia de los tribunales colegiados de instancia única en lo civil; en virtud del criterio que inspiró a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Tellez, María E c Bagala SA" (La Ley tomo 1986-C-167), sobre el momento desde el cual han de correr las nuevas pautas jurisprudenciales. Más aún cuando en el caso, el justiciable dedujo demanda laboral ante el fuero respectivo, declarándose incompetente el Juez del Trabajo, y viéndose el actor compelido a interponer la demanda contencioso administrativa, conforme al criterio jurisprudencial imperante en aquella época.
Daños y perjuicios, indemnización, daño emergente, lucro cesante, incumplimiento del contrato, seguros, automotores, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Hormigon Rapido SA c/ Boston Cía. de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-03

Sin embargo, de la mera indisponibilidad de tales bienes no se deriva, sin más, la presencia de un lucro cesante, debiendo rendirse elementos probatorios específicos que lo comprueben. Así, lo que debe acreditarse es una baja de las concretas ganancias derivadas de la ausencia de aquello enderezado a producir el lucro o, desde otra óptica, la existencia de pedidos de tareas que no pudieron ser atendidas por su ausencia.
Pericia médica, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: VIEYRA JESUS JULIAN c/ INDUSTRIAS QUIMICAS RIO TERCERO  S.R.L. s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-07-20

La impugnación formulada por la demandada al dictamen del perito médico oficial, y el examen en disidencia del perito de control de la misma parte, no resulta suficiente para enervar sus conclusiones, porque resulta absolutamente legítimo que el perito interviniente proceda a calificar "in abstracto" a las dolencias como "enfermedad accidente" tomando como base la descripción de las tareas formuladas por el paciente, sea en la demanda o en el acto de pericia, dejando librada a "probanzas judiciales independientes" la demostración del cumplimiento real de esas tareas que dan cuenta la versión del presunto afectado. No es resorte del "perito médico" la indagación "en concreto" de los hechos que eventualmente pueden vincularse con el resultado lesivo, los que deben ser evidenciados por otros medios y evaluados por el tribunal de mérito. El dictamen no es mas ni menos que un juicio de valor condicionado, sujeto a la demostración efectiva de los hechos en el curso del proceso y así lo explícita el informante en la calificación médico legal y al responder al cuestionario propuesto por el impugnante, lo que exime de mayores consideraciones.-
Preclusión, juicio ordinario posterior, horas extra
Materia: PROCESAL
Carátula: MOULES, GABRIELA c/ SUTEP s/ AMPARO (Reg. 12.911)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-12

En un juicio sumarísimo posterior a una sentencia que decide sobre la cuestión, el objeto es únicamente liquidar los montos adeudados según sentencia anterior, que estableció la procedencia del reclamo de horas extras, y que para la determinación del monto correspondiente debería tenerse en cuenta -en juicio sumarísimo- el peritaje contable obrante en aquellos autos principales.

La firmeza de dicha sentencia anterior hace insostenible el ataque -en el juicio sumarísimo posterior- a dicho peritaje que estableció la cantidad de horas extras adeudadas, máxime cuando, para determinarla, tuvo en cuenta el excedente laborado de acuerdo al número de horas mensuales de trabajo dentro de la jornada habitual, procedimiento ulteriormente corroborado. (del voto del Dr. Tazza, adhesión Dr. Ferro)
Diabetes, derecho a la salud, responsabilidad de la obra social, cobertura médica
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: A., Rubén Evaristo c/ Superintendencia de Bienestar-Dirección General de Obra Social s/ sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-11

Ante la enfermedad que padece la menor -portadora de diabetes insulina dependiente-, estando en cuestión su derecho a la preservación de su salud -comprendido en el derecho a la vida- y la garantía de protección integral de la seguridad social -art. 14 bis Constitución Nacional- la Obra social demandada por la cobertura total del tratamiento prescripto tiene la obligación de dar una respuesta rápida, por las características del padecimiento y las consecuencias negativas que podría acarrear la suspensión y/o interrupción de dicho tratamiento, atendiendo además a la superioridad de la Obra Social en la relación, pues ésta tiene el dominio del hecho técnico para la provisión de las prestaciones frente al afiliado que las peticiona.
Revocación de sentencia, procesamiento, prisión preventiva, control de constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Ayala, Aída Beatriz Máxima c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-13

Corresponde revocar lo resuelto por la Cámara de Apelaciones y estar a lo dispuesto por la jueza de grado en cuanto dispuso el procesamiento y prisión preventiva de la encausada toda vez que los jueces del órgano colegiado de apelación otorgaron la eximición de prisión a la imputada a partir de un análisis errado y antojadizo del objeto procesal que se les había presentado para resolver, mutando arbitrariamente el objeto procesal que se les había presentado -esto es el rechazo por parte de la instructora a la eximición de prisión incoada por la defensa de la nombrada- y circunscribieron su análisis a un estudio sobre el control de constitucionalidad del pedido de detención de la encartada, lo que era ajeno a la apelación que debían resolver, obviaron el art. 316 del C.P.P.N. y nada dijeron o analizaron respecto de los serios riesgos procesales de los que dio cuenta la magistrada a cargo del Juzgado Federal al momento de rechazar el pedido de la defensa, soslayando los datos objetivos analizados en la hipótesis delictiva que se le endilga a la incursa, la complejidad del modus operandi y la trascendencia social e institucional de los hechos, no advirtieron el pronóstico de peligrosidad procesal que la instructora individualizó en la posición que se le achaca a la encausada dentro del entramado delictivo, los cargos públicos que ocupó al momento de los hechos y el que ocupa hoy en día -Diputada Nacional- que la colocaría, a entender de la señora jueza, en posición de poder afectar el decurso del proceso.