marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad indirecta
Materia: CIVIL
Carátula: Brunelli, Miguel Juan y Diez, Julio César c/ Rhiner, Rodolfo Emilio s/ Indemnización de Daños y Perjuicios Rodolfo Emilio s/ Indemnización de Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-07-10

La conducción de un vehículo en la vía pública requiere de su conductor no sólo una permanente atención y observancia de las reglas de prudencia, sino que en todo momento debe mantener el más absoluto dominio sobre él, de tal forma que pueda detenerlo cuando así lo requieran las dificultades propias del tránsito.

A mayor abundamiento cabe recordar, respecto de la velocidad excesiva -como principio general- es la que no permite al conductor controlar su vehículo ante la presencia de un obstáculo, aunque éste resulte imprevisto.
Inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VIDEO VISION c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-11

No procede tachar in abstracto de inconstitucional a una ley provincial, indirectamente inconstitucional, sino cuando, en concreto, fuera patente, evidente y palmaria la inconstitucionalidad reclamada del acto u omisión de la autoridad y, por ello mismo, fuese necesaria la remoción de aquel obstáculo para tornarla declarable. Es decir: cuando determinado el agravio constitucional producido por el acto de autoridad publica, fuese indispensable eludir la barrera legal para repararlo o impedirlo.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, terceros
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cohen, Eliazar c/ Provincia de Río Negro y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-30

El deber genérico de proveer al bienestar y a la seguridad general no se traduce automáticamente en la existencia de una obligación positiva de obrar de un modo tal que evite cualquier resultado dañoso, ni la circunstancia de que éste haya tenido lugar autoriza per se a presumir que ha mediado una omisión culposa en materializar el deber indicado. Sostener lo contrario significaría tanto como instituir al Estado en un asegurador anónimo de indemnidad frente a cualquier perjuicio ocasionado por la conducta ilícita de terceros, por quienes no está obligado a responder.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, delitos, robo, bancos, inoponibilidad a terceros, transacción
Materia: CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Cañizares, Cristian Samuel  c/ Amitrano, Daniel Rogelio y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-12

Corresponder admitir la demanda civil promovida por un cliente bancario contra tres delincuentes, en reclamo de una indemnización por el robo que sufrió a mano de los demandados bajo la modalidad denominada salidera bancaria; sin que resulte óbice al reclamo de autos, la celebración de un convenio transaccional con el banco en que tuvo lugar el comienzo de las maniobras delictivas, y su compañía de seguros, en un expediente conexo.

Ello así, pues no corresponde dotar a aquel acuerdo transaccional del efecto de cosa juzgada que torne abstracto el progreso de las presentes actuaciones, en mérito a que se perfeccionó en el marco de una acción seguida contra otros sujetos y por una causa diferente. Así la responsabilidad endilgada al banco se apoya en la inobservancia del deber de seguridad que le imponía la ley de Defensa del Consumidor.

En cambio, la acción del sub lite tiene su fuente en la responsabilidad extracontractual que le cabe a los codemandados, como autores materiales directos del delito que motivó el reclamo aunado que en el marco de obligaciones concurrentes, la transacción alcanzada no puede perjudicar ni aprovechar a los demás interesados que no participan en ella. (Cfr. CCIV 851, 1161, 1195 in fine, y 1199). Consecuentemente, la inclusión de una estipulación convencional de indemnidad en el marco transaccional, tuvo en mira garantizar únicamente la indemnidad del banco y su aseguradora, más no puede ser invocada como defensa por los accionados.
Administración Pública, desviación de poder, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARMANDO, OSCAR ENRIQUE Y CORDOBA, OSCAR ALBERTO c/ COMUNA DE PROVIDENCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 37-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

La Corte Suprema ha reconocido la potestad de la Administración para anular de oficio sus propios actos ilegítimos, caracterizándola como una forma de autotutela y señalando que con su ejercicio no puede dejar de perseguirse el interés público -que aconsejaría eliminar el acto ilegítimo a fin de asegurar la vigencia de la juricidad- para satisfacer, en cambio otro u otros distintos que aquél que le es dable perseguir, pues en tal caso se habría configurado el vicio de desviación de poder.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), delitos contra la integridad sexual, nombramiento, víctima menor de edad, representación legal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: R. C., J. L. Y S., W. E. c/  s/ abuso sexual simple-apelación resolución de fecha 04.11.2022-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-21

No obstante insistir la impugnante con su postura discrepante sobre la solución que le correspondería al caso, achacando arbitrariedad en los fundamentos expuestos por la Alzada, en el entendimiento de que en su pronunciamiento desconocería las normas de raigambre constitucional aplicables al caso y que le haya negado -a su criterio- el reconocimiento de las niñas como sujetos de derechos y su participación en el proceso, ello no parece inferirse del fallo atacado y su aclaratoria, en tanto del registro de audio y video de la audiencia de apelación surge que la Cámara no sólo explicó por qué no correspondía atender a la pretensión nulificante por no verificarse, en las concretas circunstancias del caso, la existencia de un perjuicio efectivo para las solicitantes, sino que, además, abordó puntualmente la posibilidad de acoger la pretensión de la recurrente encuadrada en la ley 13923, remarcando el Magistrado que, conforme su artículo 13, la convocatoria de un abogado o abogada del niño, niña o adolescente se establece como una obligación estatal para quienes siendo menores resultare víctimas de delitos sexuales, y en virtud de ello, se expuso que de acuerdo a las previsiones de la aludida norma, se aborda la posibilidad de que se convoque a un abogado de confianza y, si no se lo hace, uno de oficio de la lista creada al efecto. (Del voto del Dr. Erbetta y Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 13923, artículo 13
Recurso de casación penal, revocación del sobreseimiento, prisión preventiva, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "MENDOZA, Ramóny otro s/ sobreseimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-14

Procede el recurso de casación contra la sentencia de la cámara que, revocando un auto de sobreseimiento, decide el procesamiento con prisión preventiva.
Locación de inmuebles, facultades de los condóminos, restitución del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: VITATERNA, Blas c/ BARLOCO, Ricardo s/ LOCACION-DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-16

Cualquiera de los condóminos puede, sin el consentimiento de los demás, reclamar separadamente la restitución del inmueble locado;

sólo será necesaria la conformidad de todos cuando la restitución sea solicitada antes de concluirse el tiempo de la locación (art.

1613 del Cód. Civil)
Contratos innominados, contrato de tiempo compartido, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Volpe, Jorge Omar y otro c/ Ebi Propiedades SRL y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-06

Procede confirmar la resolución que condenó a las accionadas a dar cumplimiento con el contrato de tiempo compartido oportunamente suscripto con los actores mediante el cual éstos adquirieron el derecho de uso y goce temporario de una semana alta y una flotante en cierto complejo turístico. Es que se advierte que lo que existió entre las partes es un sistema complejo -formado por varios contratos o cadenas de contratos-, esto es, conexidad negocial en el cual todas las partes integrantes del tiempo compartido, léase propietario, administrador, locatario del fondo de comercio, comercializador deben responder solidariamente por el incumplimiento en la prestación del servicio. Véase que la ley 26356: 3 (sistemas turísticos de tiempo compartido) hace referencia a los distintos participantes del sistema, los cuales son entre todos enlazados con el consumidor formando un complejo de tramas negociales. E hizo lugar a la indemnización por pérdida de chance ante la imposibilidad en la que se vieron los demandantes de disponer del derecho personal de uso sobre la unidad habitacional en cuestión y, en caso, ofrecerlas en alquiler.
Libertad condicional, reglamentos carcelarios, observancia de los reglamentos carcelarios
Materia: PENAL
Carátula: López, José Alejandro - p.s.a. s/ Tentativa de Robo Calificado (solicitud de beneficio de libertad condicional) -Recurso de Casación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-07-04

1- El requisito consistente en la observancia regular de los reglamentos carcelarios, como presupuesto exigido por el artículo 13 C.P. a los efectos de obtener la libertad condicional, no exige que su cumplimiento sea en grado absoluto, sin infracción de ninguna especie, sino que debe ser "con regularidad", que demuestre una adaptación del gobierno de las acciones durante el término del cumplimiento de la pena. Ello implica un juicio sobre el grado de recuperación, de readaptación del penado, debiendo el Tribunal determinar si la conducta de éste, resulta conforme o no a lo que el Servicio Penitenciario ha informado.

Tal presupuesto consiste en el cumplimiento correcto y adecuado de la reglamentación pertinente, la que debe ser comprendida integralmente como trabajo, disciplina y educación durante el plazo que la ley señala. Las infracciones graves y reiteradas deben ser examinadas cualitativa y cuantitativamente, para determinar la influencia de ellas en la formación del concepto.

Determinar si el interno ha observado con regularidad los reglamentos carcelarios, implica la realización de un examen cualitativo y cuantitativo de las sanciones dentro del término que establece la ley (C.P. 13), y si ellas influyeron en la formulación del concepto.

2- Si como en el caso, los informes criminológicos destacan aspectos educativos, de laborterapia, y psicológicos que van marcando la evolución favorable del interno y su proyección en el concepto alcanzado, una infracción disciplinaria "grave" debe ser meritada en consonancia con las otras circunstancias a efectos de establecer la observancia regular de los reglamentos carcelarios para la concesión del beneficio. La entidad de aquella infracción, dentro del propio esquema de la ley, puede acarrear consecuencias negativas a los intereses del condenado (art. 89 ib.), pero siendo la única infracción del interno, autodestructiva por antonomasia y, por tanto,carente de potencialidad dañosa para terceros, aparece aislada en un considerable período de tiempo de encierro, dentro del cual debe privilegiarse la actitud de una superación individual, de la cual dan acabada cuenta las calificaciones de conducta y concepto.
Recurso de apelación (procesal), Superior Tribunal de Justicia, valor de la acción, honorarios del perito, contrato de obra pública
Materia: PROCESAL
Carátula: Servipark SA c/ GCBA s/ contrato de obra pública s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

Toda vez que el GCBA no ha sido condenado en costas, la pretensión recursiva del perito por sus honorarios interesa al estado local sólo por el 50% de lo peticionado, dado que el art. 71 del CCAyT establece "[l]os/as peritos/as intervinientes pueden reclamar de la parte no condenada en costas hasta el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios que le fueren regulados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 385". Ello así, corresponde declarar mal concedido el recurso ordinario de apelación, en tanto el interés patrimonial de la Ciudad que este recurso involucra, sería la mitad de la diferencia reclamada, sin que la parte haya demostrado si ese monto es superior al mínimo previsto por el art. 27, inc. 6, de la ley n° 7. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Seguridad social, competencia, información sumaria
Materia: PROCESAL
Carátula: FONTEÑEZ, Carlos Alberto s/ INFORMACIÓN SUMARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-05

La Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social es competente para intervenir en un proceso sobre información sumaria con el objeto de obtener una declaración para ser exceptuado del pago de aportes previsionales por haber desarrollado la profesión de médico exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires (art. 35, inc. h)de la ley 12.207 de la Provincia de Buenos Aires). Ello, en virtud de lo establecido por el art. 2 de la ley 24.655 y por la aplicación del criterio interpretativo que consagra la primacía de la ley especial respecto de la general al verse modificado el principio dispuesto por el art. 43 del decreto ley 1285/58, inc. a) por el régimen impuesto a la jurisdicción previsional. (Sumario N°17676 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°1/2008).
Martillero, nombramiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA PLACIDO NELSON c/ ROBINSON PATRICIO Y OTRO s/ EJECUTIVO-QUEJA POR APELACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-05-20

La designación de Martillero en nuestro régimen procesal artículo 546 inciso 1 del CPCC- con la modificación de la Ley 5370 , requiere de la especial sustanciación allí ordenada, alcanzando la calidad de interlocutoria exigida por el artículo 239 inciso 2 del mismo ordenamiento formal. Excluída como viene la inapelabilidad ordenada por el artículo 578 apela el ejecutante, resolviendo la Sala admitir la Queja deducida y concedido el denegado recurso.-
Acción de amparo, fundamentación del recurso, derechos de incidencia colectiva, protección del medio ambiente
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Daneri, Jorge O. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-23

No basta con la mera invocación de intereses relativos a la protección del ambiente o a derechos de incidencia colectiva para viabilizar la acción de amparo regulada en el art. 43 de la Constitución Nacional, sino que la posible lesión -actual o inminente- a tales derechos, debe ser satisfactoriamente demostrada por los demandantes (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A.F. López).
Trabajadores de la salud, despido, sumario administrativo, derecho a ser oído
Materia: LABORAL
Carátula: FEDOROVSKY, SUSANA c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE RENTAS Y PROPIEDAD HORIZONTAL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-30

El art. 6 del dec. 20122/45 aplicable al personal con tttulo universitario que se desempeña permanentemente en hospitales, colonias, sanatorios, etc., establece que éstos gozarán de estabilidad en sus cargos y no podrán ser separados sin sumario previo. Dicho sumario no puede instruirse de cualquier forma, requiere seriedad, y esto último no ocurre cuando se priva al imputado de la posibilidad de ser oído.
Tipo penal, arma descargada, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: "Aldao, Mauricio Angel s/ infr. art. 189 bis CP- Apelación"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-02

En el caso, resulta atípica la conducta imputada de portación de arma de fuego de uso civil -art. 189 bis del Código Penal- por estar descargada el arma, al no darse la situación peligrosa en la terminología de Hans Joachin Hirsch.

En efecto, se imputa al encartado haber tenido en su poder sin autorización un revolver calibre 22 sin carga en su tambor es decir descargado, por lo que con el mismo, en ese momento no resultaba posible efectuar disparos, por la ausencia de cartuchos.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes en que el delito de tenencia de armas de uso civil, es uno de los denominados de peligro abstracto y lo que determina su punibilidad es la peligrosidad que supone conlleva la acción.

Empero en un Estado constitucional de derecho la sola afirmación de que se trata de un delito de peligro abstracto es insuficiente para tipificar el delito imputado, pues para que se dé éste y la conducta peligrosa es necesario que se den los elementos del tipo y además que la conducta sea antijurídica materialmente ( Hirsch, H. J. - Obras Completas, tomo 1, página 65. "Peligro y peligrosidad" Rubinzal - Culzoni. Santa Fe, 1999.- Cerezo Mir, J.- "Los delitos de peligro abstracto". En: Revista de Derecho Penal. 2001 - 2, páginas 718 y sig.) además el dolo del autor debe existir con conocimiento y voluntad de que tiene un arma peligrosa.

En el caso el tipo legal , es un revolver que dispare balas, y este elemento normativo es una exigencia, aún para los delitos de peligro abstracto. Por lo que, sostener el castigo por el sólo hecho de tener un arma descargada y bastante defectuosa es, cuanto menos, avanzar en un derecho penal de ánimo, vedado por nuestro sistema constitucional.

Creo por otra parte, que es necesario limitar el ámbito de los delitos de peligro, y en tal sentido parece sensato tomar como mínimo la posición de Roxin, K. - Derecho penal. Parte general. Tomo 1 traducción de la 2ª. Edición alemana, parágrafo 11 nro. 120 página 407 y SIG. Editorial Cívitas. Madrid, 1997, por lo que, al llevar sin capacidad para producir disparos, sin balas en el tambor, el autor ha tomado las previsiones como para evitar el riesgo, con lo que su conducta es atípica.(Del voto en disidencia del Dr. Sáez Capel)
Sanciones disciplinarias, abogados
Materia: LABORAL
Carátula: Soppelsa, Gustavo F. c/ Editora "La Calle" S.A. s/ Indemnización y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-10-08

Por sobre el apasionamiento lógico del letrado que actúa en causa propia, en sus escritos debe primar hacia el juzgador, el respeto y consideración que el artículo 55 del Cód. Procesal Civil y Comercial manda guardar hacia aquéllos.Las expresiones agraviantes vertidas en el memorial de agravios hacia el Juez de Primera Instancia, configuran el supuesto contemplado por el artículo 8 de la Ley Orgánica de Tribunales que faculta a esta Sala a aplicar a los abogados las sanciones señaladas en el artículo 9 de la misma ley, por lo que debe aplicarse al actor la sanción de apercibimiento contemplada en el apartado 4), inciso b) de la norma citada, debiendo efectuarse la comunicación y registro dispuesta por el artículo 13 de la Ley 6.902.
Amenazas, prueba, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: C. O., G. G. c/  s/ homicidio doblemente agravado por el vínculo y femicidio en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2017-07-24

En lo que hace a las amenazas han quedado comprobadas, estuvieron dirigidas a la denunciante y eran amenazas de muerte; el tipo penal de amenazas es de pura actividad, es decir, basta con que el autor profiera o exteriorice de otro modo las frases (o gestos) cuyo contenido claramente puede interpretarse como una intimidación, como el anuncio de sufrir un mal futuro, grave e inminente para aquel a quien van dirigidas. Ese anuncio del mal dirigido a otro debe ser idóneo, en el sentido de responder a situaciones que pueden darse conforme la experiencia vital y la realidad; en el caso, habiendo sido la víctima sometida a un proceso de maltrato físico y psicológico en el marco de una relación de pareja con el acusado, ella sabía de lo que él era capaz y su temor a que cumpliera esos anuncios de causarle un mal, a ella o a su familia, era fundado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, medidas preparatorias, caducidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VALLEJO, JORGE EDUARDO c/ SOSA, MATIAS ALBERTO s/ INCIDENTES-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-11

No obsta a la inadmisibilidad de la queja interpuesta lo manifestado por el presentante en cuanto a que el plazo de caducidad dispuesto en el artículo 286 del Código Procesal Civil no alcanza a las medidas preparatorias, que deben regirse por los plazos generales de los artículos 36 y 37 del Código Procesal Laboral, puesto que no rebate los fundamentos expuestos por la Sala interviniente, respecto a que había quedado demostrada la inutilidad de las mismas, al haber el actor entablado la demanda principal cuando aquéllas aún no habían sido diligenciadas en su totalidad. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 286; Código Procesal Laboral de Santa Fe, artículos 36 y 37
Defraudación, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: C., W. M. c/  s/ Procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-31

Se confirma el auto de procesamiento del imputado en orden al delito de estafa en los materiales de construcción capaz de poner en peligro la seguridad de las personas y de los bienes, ya que los peritajes efectuados sobre la construcción han demostrado que las estructuras de sustento del edificio colocadas no fueron las suficientes para soportar las cargas del mismo; lo cual podría haber producido un colapso de la obra. Tal situación acredita que la omisión en la realización de los trabajos de la obra, tanto por su entidad como por sus características, exceden de un incumplimiento contractual y configura un supuesto defraudatorio.
Secuela de juicio, requerimiento fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rivadulla, Carlos Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-18

Dentro del concepto de "secuela de juicio" se encuentra comprendido el requerimiento fiscal de instrucción, cuando éste se formula contra persona determinada en relación a un suceso igualmente precisado. (Voto del Dr. Riggi -en minoría-).
Intereses, deudor
Materia: CIVIL
Carátula: Garces, Silvia Marilu c/ Marconi, Carlos Alfredo y otro s/ Ejecutivo-Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-08

Para que los intereses devenguen intereses de conformidad con lo dispuesto por el art. 623 del Código Civil, es necesario que el deudor haya sido condenado al pago de aquellos, se practique liquidación de lo adeudado e intimado de pago.
Menores, sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: NUÑEZ HECTOR MARCELO c/ AMIN ZULMA FABIANA S/ TENENCIA DEFINITIVA DEL MENOR N.M.E. s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-27

Si bien, en principio, los pronunciamientos atinentes a la modificación de la guarda de los menores no constituyen sentencias definitivas a los efectos del recurso de casación, ello no obsta a la procedencia del remedio federal si se demuestra que lo resuelto ocasiona un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, debiendo revestir tal trascendencia que precisen una reparación en tiempo presente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giffone Salvador José c/ Brea Luis s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-05

El plazo de producción de la prueba, es un típico plazo judicial, que el órgano jurisdiccional determina a su criterio, con un tope máximo de cuarenta días. El plazo de ofrecimiento, es un plazo legal, cuyo cómputo comenzará desde que quede firme la providencia de apertura a prueba respecto de todos los litigantes , por ser común. Es decir, vencido el plazo legal de cinco días, sin que hubiera mediado oposición o desestimada ésta en caso contrario.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)