Recurso de apelación (procesal), recursos, proceso penal, juicio sumario, auto de sobreseimiento, prueba, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, debido proceso, amenazas
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRIZO, Adriana Inés c/ CARRIZO, César Eduardo s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-15

Carrara define al delito DE AMENAZAS como cualquier acto con el cual alguien, sin razón legítima, deliberadamente afirma que quiere ocasionar a otro algún mal futuro (citado por Carlos Fontán Balestra, "Tratado de Derecho Penal", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, Parte Especial, Tomo V, pág. 289).

Cuando se dice que no se tipifica el delito de amenazas por tener como contexto una discusión "acalorada", se está aludiendo a que lo expresado tiene una causa fuente, que aunque no lo justifica, sí le quita seriedad en cuanto a la posibilidad de que se la lleve a cabo efectivamente.

Es decir, en el marco en que fue vertida pasa a formar parte de la misma pelea y no tiene materialidad propia.

Esta misma Sala, dijo, entre otros conceptos, que; "Respecto al estado de ebriedad, circunstancia tenida como desincriminante por la Juez A quo, entiende que ello tendrá que valorarse en ocasión de sustanciarse el plenario y en base a la prueba que pudiera producirse.

Además, dice que dicha circunstancia podrá tenerse en cuenta a la hora de reprimir de modo específico la conducta desplegada por el causante, al momento de la individualización de la pena, de acuerdo a lo establecido por los arts. 40 y 41 del Código Penal, pero que el hecho resulta naturalmente típico.

Si el Fiscal consideró fundadamente que existen elementos suficientes como para requerir el Juicio del imputado (art. 357, C.P.P.), no puede cuestionarse su dictamen por ausencia de material probatorio (en este caso se dice que sólo se cuenta con la denuncia y que no hay testigos de las amenazas), pues lo constatado en el Acta Única nada prueba, por esas razones -reitero- es que las únicas causales de sobreseimiento posibles en esta etapa son la extinción de la acción (art. 326, inc. 1, C.P.P.) y la atipicidad (art. 326, inc. 3, C.P.P.), conforme lo establece el art. 359 del Código de ritos".

La Sala III expresó: "...Se evidencia entonces que el planteo de la defensa antes que a una atipicidad, más bien corresponde con la situación prevista en el inc. 2º del art. 236 del C.P.P., pretendiendo que a través del análisis de las pruebas se trate en esta etapa del proceso de demostrar que no hay delito, lo cual no corresponde por cuanto implicaría que este Tribunal tuviera que entrar al análisis de las controvertidas cuestiones de hecho, pruebas y su valoración, lo que únicamente puede ocurrir en el procedimiento sumario en toda su magnitud en el plenario".

Ante diversos recursos contra autos de sobreseimientos (o denegatorias de ellos) en el Procedimiento Sumario, en función de lo dispuesto por el art. 359 del C.P.P., la Corte de Justicia local tuvo oportunidad de decir que "en el presente caso los fundamentos del auto de sobreseimiento resultan de una notoria incongruencia, pues indicándose como motivo del pronunciamiento liberatorio la causal prevista en el art. 326, inc. 3º -que solo habilita este tipo de decisión por falta de adecuación a una figura penal- no se hace otra cosa que referir aspectos de la prueba que permitirían descartar la existencia de la conducta típica denunciada.

Una decisión de tal naturaleza, además de tergiversar el alcance de la disposición legal que aplica, haciéndola jugar en un supuesto completamente ajeno a su objetivo, incurre en un serio desconocimiento de los aspectos estructurales que hacen a la distribución de la actividad probatoria en los procesos por delitos leves, actividad que por razones de celeridad y simplicidad ha quedado concentrada en la etapa plenaria... [...] La prueba destinada a establecer con precisión ese cuadro de hecho (carencia de seriedad en una amenaza) no fue producida, consiguientemente, debe ser producida en juicio, sin que quepan conclusiones anticipadas que en base a los insuficientes elementos colectados en la etapa preliminar confronten la hipótesis fáctica en que se basa el requerimiento del Fiscal Correccional, máxime cuando esa controversia pretende usarse para dar sustento a una resolución de carácter definitivo como el sobreseimiento".