Tribunal: Juzgado en lo Correccional Nro 6
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-01


1º Instancia.- Lomas de Zamora, febrero 1 de 2002.

Considerando: I. Que a fs. 2 luce acta de infracción 116.685, surgiendo que la misma se labra en virtud de constatarse que la empresa Coviares S.A. no habría realizado el desmalezamiento y limpieza de los terraplenes y solados a su cargo en la autopista que va de Buenos Aires - Capital (Riachuelo) hasta la ciudad de La Plata (Avenida Las Flores), destacándose entre paréntesis la zona que pertenece al partido de Avellaneda, infringiendo de ese modo las ordenanzas 7180, Capítulo 1, arts. 4º inc. 4.3.1 y 10.4.7 y 9003 art. 5º.

II. Que a fs. 12/18, y en ocasión de llevarse a cabo la audiencia prescripta por el art. 46 del Cód. de Faltas Municipal, la empresa Coviares S.A. plantea la incompetencia de la Justicia de Faltas de la Municipalidad de Avellaneda para entender en la presunta falta atribuida a la misma, en razón de que habiéndole concedido el Estado nacional, según dec. 1994/93 y reformas del Poder Ejecutivo de la Nación, la construcción, explotación, mantenimiento y conservación de las autopistas Ribereñas, Nuevo Puente sobre el Riachuelo y La Plata - Buenos Aires, el Organo de Control designado a los fines de vigilar el cumplimiento del Contrato de Concesión refrendado por el decreto mencionado "supra" es el O.C.CO.VI. (Organo de Control de Concesiones Viales), ante el cual se deben plantear cualquiera sea las irregularidades que se interprete haber detectado.

III. Que a fs. 21/22, el juez a cargo del Juzgado de Faltas Nº 2 de la Municipalidad de Avellaneda dicta sentencia resolutoria condenando a la empresa Coviares S.A. al pago de una multa de cuarenta unidades e intimándola para que en el plazo de diez días realice el desmalezamiento y limpieza de los terraplenes y solados de la autopista Buenos Aires - La Plata por entender, en primer lugar, que el planteo de incompetencia articulado por la infraccionada resulta improcedente, toda vez que la falta cometida ha sido detectada por funcionario competente dentro del ejido de la Comuna y que la conducta descripta a fs. 2 resulta violatoria de Ordenanzas vigentes en el ámbito del partido de Avellaneda.

Asimismo, aduna a lo expuesto que la competencia sobre la materia en cuestión surge de la expresa disposición de nuestra Carta Magna, conforme la reforma estatuida en el año 1994, prescripta por el art. 75 inc. 30 de la Constitución Nacional -anterior art. 67 inc. 27 de la misma- de donde surge la concurrencia de facultades con la Nación en establecimientos de utilidad nacional, siendo la competencia nacional en lo que se relaciona a los fines que han dado lugar a su creación, manteniendo las provincias aquellas potestades que no interfieran con dichos fines.

En dicho orden de ideas, considera el juez de Faltas que no es de aplicación la exclusión de la competencia del Municipio conforme lo normado en el art. 1º del dec.-ley 8751/77 y sus modificatorias, sino la parte pertinente del mismo texto legal que le otorga facultades para el juzgamiento de las faltas a las normas municipales dictadas en el ejercicio del poder de policía. Y que ello es así, por cuanto el bien jurídico tutelado es la sanidad o salubridad de la población de Avellaneda, no incidiendo ni obstaculizando con dicho ejercicio la actividad que desarrolla la recurrente con fines de utilidad nacional.

IV. Que a fs. 24/217 vta., la empresa Coviares S.A. interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el titular del Juzgado de Faltas Municipales Nº 2 de Avellaneda, agraviándose en primer término la recurrente respecto de la imputación que se le endilga conforme surge del acta de constatación efectuada con fecha 26 de abril de 2001, ello es, no realizar el desmalezamiento y limpieza de los terraplenes y solados a su cargo en la Autopista que va de Buenos Aires - Capital (Riachuelo) hacia La Plata (Av. Las Flores), fijándose como plazo para el cumplimiento de dicha obligación el de "inmediato", plazo éste que desconoce la recurrente por no tratarse de los previstos en el art. 23 del Cód. Civil.

Asimismo, aduce no haber sido notificada de la intimación cursada por la Municipalidad de Avellaneda y de la ambigüedad en la indicación del sector objeto de la supuesta falta cometida por la misma.

En segundo lugar, se agravia la presentante por lo resuelto por el juez de Faltas con relación al petitorio incoado mediante el escrito presentado en esa sede administrativa con fecha 15/6/2001, y por medio del cual se plantea la incompetencia del Juzgado de Faltas interviniente para entender en la materia, desoyendo el fallo dictado en un caso similar al presente por la titular del Juzgado Correccional Nº 2 Departamental, doctora C. D., decretando en el caso concreto sujeto a su conocimiento la incompetencia del Municipio de Avellaneda para paralizar una obra, en la especie un camino interprovincial, aplicándose el art. 1º de la ley 8751/77 y sus modificatorias en la parte que excluye la competencia de aquellos tribunales.

Aduna a lo expuesto la recurrente que el Organo de Control, actualmente el O.C.CO.VI. (Organo de Control de Concesiones Viales), es el competente y el encargado de vigilar el mantenimiento y explotación de la concesión a su cargo, conforme lo establece el dec. 1994/93, fijando un régimen y procedimiento propio de jerarquía nacional, por lo que el Municipio de Avellaneda debió haber planteado ante el órgano mencionado cualquier eventual irregularidad que interprete haber detectado, por lo que no habiendo obrado el Municipio de esta manera, Coviares S.A. recurre ante el suscripto a los fines de dirimir la cuestión.

V. Ello así, comienza a exponer la recurrente los fundamentos de su apelación, señalando en primer término la falta de jurisdicción de la Municipalidad de Avellaneda en el asunto traído a conocimiento del suscripto, circunscribiendo el tema en el marco del principio de la "no interferencia" en los cometidos del Estado nacional y que resulten de interés nacional, ello a los efectos de no perjudicar el desarrollo de una actividad u obra destinada al bienestar general, citando la legislación y la jurisprudencia en la que se apoya la postura que esgrime en su derecho.

Continúa la presentante robusteciendo su plexo recursivo, haciendo hincapié en las consideraciones legales editadas sobre los bienes de utilidad nacional, manifestando que el asunto está regido por la denominada "cláusula comercial" inserta en el art. 75 inc. 13 de la Constitución Nacional, y que a la luz del inc. 30 del mencionado artículo la autopista La Plata - Buenos Aires constituye un establecimiento de utilidad nacional independientemente de la titularidad de dominio en donde se asientan las respectivas instalaciones, por ello la Municipalidad de Avellaneda con la intervención realizada interfiere en el cumplimiento de los fines específicos de la autopista, dada su calidad de establecimiento de utilidad nacional, siendo el andamiaje jurídico que cimentan la construcción arquitectada no sólo las normas constitucionales mentadas, sino también las leyes y decretos provinciales y nacionales que regulan la materia.

Refiere que la competencia federal en materia de caminos interprovinciales o que constituyan una red vial troncal surge, como ya lo mencionara, del art. 75 inc. 13 de la Constitución Nacional y no del inc. 30 del mismo artículo, ya que en el primero de los ellos se le atribuye al Congreso nacional la facultad de "reglar el comercio de las naciones extranjeras y de las provincias entre sí", por lo que las provincias tienen prohibido obstaculizar o perturbar esas actividades.

Ahonda en su criterio la recurrente afirmando que no encuentra sustento jurídico la posición adoptada por el juez de Faltas al multarla por la supuesta falta de aseo, cuyo control y sanción le corresponden al O.C.CO.VI., ya que ella se encuentra sujeta al Régimen de Infracciones y Sanciones aprobado por la resolución del Ministerio de Obras y Servicios Públicos 1151/99, en virtud del cual se regula todo lo relativo al incumplimiento de las obligaciones a su cargo, y que por ello no puede verse sometida a un doble control, lo que acarrearía inseguridad, escándalos y contradicciones jurídicas imposibles de admitir en un Estado de Derecho.

Ilustra acabadamente la recurrente su postura en el acápite V. inc. d de su presentación con fallos jurisprudenciales que avalan su criterio, finalizando su expresión haciendo mención del plexo normativo que regula la cuestión que nos ocupa, así como también se explaya respecto a que ante la hipótesis de estar frente a facultades concurrentes entre el Estado nacional y la Municipalidad de Avellaneda, prevalece la nacional en virtud de la supremacía consagrada por el art. 31 de la Carta Magna, y que en este caso el Poder de Policía es ejercido por el Estado nacional, excluyendo de este modo al local.

VI. Esbozadas entonces las distintas cuestiones traídas a conocimiento del suscripto, corresponde en primer término tratar la cuestión de si la competencia en la materia que ha dado lugar a la intervención de esta Instancia, se halla en cabeza del Municipio de Avellaneda o del Estado nacional, conforme lo sostienen una y otra parte, puesto que sólo de esta manera, y en el caso de estimarse que el a quo resulta competente para infraccionar a la recurrente por la falta que se le imputa, podrá el suscripto ingresar en el examen del fondo de la cuestión debatida en autos.

VII. Ello así, para la tarea que preliminarmente me ocupa es necesario sentar previamente los lineamientos en los que basaré mi resolución a este conflicto, y para ello es menester definir algunos aspectos sobre el dominio público terrestre, y en lo particular, sobre las vías públicas respecto de cuando éstas se encuentran sujetas a una u otra jurisdicción, según que las mismas sean provinciales o nacionales. Ello implicará adentrarnos en la problemática que históricamente ha dividido antagónicamente a la doctrina y que también ha dado lugar a que la jurisprudencia fuera en algunos casos dubitativa.

Podemos afirmar que existen dos etapas en la evolución del conflicto, que ha traído aparejado diversas interpretaciones sobre el tema de marras, ello es, un antes y un después a la reforma efectuada a nuestra Carta Magna en el año 1994.

En el antiguo art. 67 inc. 12 de la Constitución Nacional (actual art. 75 inc. 13) se encontraba la regla para determinar cuando la jurisdicción era nacional y cuando era provincial. Este inciso, conocido por la doctrina y la jurisprudencia como la "cláusula comercial", establecía que el comercio interprovincial e internacional es reglamentado únicamente por el Congreso federal, de allí que las provincias no pueden reglar ni estorbar estas actividades.

Pero para que un camino se considere sujeto a la jurisdicción nacional no basta con que sucesivas conexiones de caminos locales puedan servir al tráfico interprovincial o internacional, sino que para que ello sea así es necesario que forme parte de una red troncal que integre un sistema, tal cual lo establece la ley 13.504 en su art. 3º (ley nacional de vialidad), el que textualmente reza "...la red de carreteras en todo el territorio de la República, constituirá un sistema integrado por las nacionales, provinciales de coparticipación federal, locales secundarias y especiales...".

Ello así, la jurisdicción será provincial en aquellos casos que en la vía pública sólo sirva al tráfico o tránsito interno de cada provincia. Cuando esto ocurre, la jurisdicción provincial es indiscutible, y la misma se extiende no sólo sobre la finalidad específica de la calle o camino, que es el tránsito o tráfico de personas o comercial, sino también a todos los aspectos relacionados con las actividades sociales (seguridad, higiene, ornamento, etc.).

Pero esto no ocurre cuando la jurisdicción es nacional, tratándose de calles o caminos que están ubicados en territorio de las provincias, y este principio lo encontramos plasmado en el art. 29 de la ley 13.508, el que prescribe que "Los caminos nacionales, así como sus ensanches y obras anexas, serán de propiedad exclusiva de la Nación, a cuyo efecto la Administración General de Vialidad Nacional obtendrá la transferencia de los terrenos necesarios. 'Este derecho de propiedad no afectará el poder de policía de las provincias y municipalidades dentro de sus respectivas jurisdicciones, en tanto no sea incompatible con el ejercicio de facultades exclusivas o concurrentes de la Nación'" (la comilla simple me pertenece).

Ahora bien, el punto en el que radica el conflicto de competencia suscitado durante años entre las autoridades nacionales y provinciales versa sobre el "status jurídico" de los establecimientos de utilidad pública ubicados en territorio de las provincias, que han sido adquiridos por el Estado nacional para cumplir sus fines de utilidad pública.

Para analizar este tema, la doctrina ha distinguido dos categorías de establecimientos de utilidad pública nacional: los establecimientos militares (fortalezas, almacenes, arsenales, etc.) y los establecimientos civiles (universidades, escuelas nacionales, puertos, aeropuertos, canales navegables, estaciones de ferrocarriles, caminos, etc.).

En los establecimientos militares la jurisdicción del gobierno federal es exclusiva, sin injerencia alguna de los poderes de la provincia en cuyo territorio se hallan. Ello se debe a que se trata de terrenos federalizados, donde la Nación ejerce poderes de legislación y jurisdicción exclusivos.

En lo que respecta a los establecimiento civiles, la problemática de las facultades de las autoridades provinciales se centraban en que algunos consideraban que estos establecimientos se hallaban federalizados igual que los militares, y por lo tanto las autoridades locales no tenían jurisdicción sobre ellos. Otros, en cambio, admitían que las provincias podían controlar las actividades que se desarrollaban en dichos establecimientos en el ámbito de sus propias competencias (seguridad, higiene, etc.), siempre que ese control no interfiera con el cumplimiento de los fines de utilidad nacional del establecimiento. Así lo sostiene autores como Ekmekdjian, Bielsa, Villegas Basavilbaso y Marienhoff, entre otros.

Esta discordancia de interpretaciones a que había dado lugar la redacción del art. 67 inc. 27 de la Constitución Nacional antes de la reforma de 1994, cuya letra rezaba "Ejerce una legislación exclusiva en todo el territorio de la Capital de la Nación, y sobre los demás lugares adquiridos por compra o cesión en cualquiera de las provincias", dividió a la doctrina entre quienes repugnaban la federalización total de los territorios que la Nación hubiere adquirido para fines de utilidad pública y los que defiendan la intervención de los poderes locales siempre que no obstaculizaran el cumplimiento de los fines específicos de esos establecimientos.

A todo ello se sumaba que la Corte Suprema también oscilaba en su criterio sobre el tema, pudiendo observarse que hasta 1968 había adoptado la tesis de las jurisdicciones concurrentes, pero que durante ese mismo año y a través del fallo "Marconetti" se dejó sentado que estos establecimientos eran federalizados, por lo que las provincias no podían tener ninguna injerencia sobre los mismos, volviendo el máximo tribunal en el año 1976 en el caso "Brizuela" a admitir la intervención provincial siempre que la misma no interfiera con el fin de utilidad pública nacional.

Finalmente, la nueva redacción introducida por la reforma de 1994 a nuestra Carta Magna, en el actual art. 75 inc. 30 que modifica al art. 67 inc. 27, establece que "Corresponde al Congreso .... Ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la Capital de la Nación, y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en todo el territorio de la República. 'Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines.'" (el encomillado simple me pertenece).

Este último párrafo pone coto a las controversias suscitadas en el marco de las competencias que el Estado nacional y las provincias poseen sobre los terrenos ocupados por establecimientos de utilidad pública, en el caso concreto de marras caminos nacionales, sobre los cuales las provincias no han perdido su dominio eminente, sino que su jurisdicción se halla limitada por el objeto determinado -respecto de las vías públicas "el tránsito"- en los que su "imperium" y "jurisdictio" no quedan excluidos sino en la medida en que su ejercicio interfiera directa o indirectamente con el objeto de esos bienes. Por lo que fuera del fin específico, en lo que atañe al resto de las actividades de la vida en sociedad -costumbres, higiene, etc.-. Las provincias mantienen su jurisdicción, dado que se trata de jurisdicciones que no interfieren, ya que su objeto es diferente (ver Marienhoff, M. S., "Tratado de Derecho Administrativo", t. V, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires).

VIII. Reseñados los aspectos fundamentales del tema objeto de autos, corresponde en el caso concreto de marras analizar si la Municipalidad de Avellaneda conserva el poder de policía sobre la materia invocada como falta o contravención, cuya imputación se atribuye a la empresa Coviares S.A. en su calidad de concesionaria de la autopista La Plata - Buenos Aires, y que ha dado lugar a que la misma fuera sancionada con multa.

Motiva el a quo la resolución recurrida en que a su entender el actual art. 75 inc. 30 de la Constitución Nacional le reserva competencia a las provincias y municipios sobre los bienes de utilidad nacional dentro de sus territorios siempre que no interfiera con los fines específicos de los mismos, ello en concordancia con el actual art. 123 de la Constitución Nacional, el art. 1º del dec.-ley 8751/77 y sus modificatorias en su parte pertinente y Ordenanzas Municipales vigente en el Municipio de Avellaneda.

Sostiene que el bien jurídico protegido al hacer uso del poder de policía reconocido constitucionalmente es la sanidad o salubridad de la población de Avellaneda, y que ello no obstaculiza la utilidad que desarrolla la encartada con fines de utilidad nacional, tales como son la constitución, explotación, mantenimiento y conservación de las autopistas concesionadas.

Debo adelantar que, sin perjuicio de lo expuesto por el suscripto en la reseña efectuada en el acápite VII. del presente, la Municipalidad de Avellaneda no conserva el poder de policía sobre aquellas cuestiones que se encuentran fuera de los fines específicos de la Autopista La Plata - Buenos Aires y, por lo tanto, no es competente para infraccionar a la recurrente por la supuesta falta cometida.

Y ello es así por cuanto, si bien la reforma del art. 75 inc. 30 de la Constitución Nacional ha aclarado las potestades que mantienen en estos asuntos tanto las provincias como los Municipios, dentro de las cuales se hallaría la de velar por la salubridad de la población de Avellaneda, dicha facultad ha sido renunciada expresamente por la provincia, otorgándole a la Nación el control de todas aquellas cuestiones que quedan fuera de los objetivos específicos -el tránsito- de La Autopista La Plata - Buenos Aires, lo que cobró forma legal a través del Convenio firmado entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires con fecha 19 de septiembre de 1994, manteniendo el Municipio por medio del acuerdo la potestad de recurrir al Organo Controlador para señalar los incumplimientos de la concesionaria en relación a las obligaciones y cargas asumidas que fueran detectados, surgiendo del art. 11 del acuerdo mentado que la provincia acuerda que "el control y el seguimiento de la ejecución del contrato de concesión en todos sus aspectos, así como todo otro tipo de control, quedan reservados exclusivamente para 'La Nación' tomado en cuenta las opiniones que en tal sentido formulen los representantes de 'La Provincia' en la Comisión de Gestión".

A ello se aduna que, en el mencionado acuerdo y en su art. 10, las partes convinieron crear una Comisión de Gestión con el objetivo de posibilitar que los Municipios por donde atraviesa la autopista pudiera canalizar las inquietudes ante la misma respecto a la obra encomendada a la Sociedad Concesionaria, tanto en lo que hace a su construcción como a su conservación. Se deja sentado asimismo en el inc. c del artículo citado que la provincia deberá señalar al Organo de Control (actualmente el O.C.CO.VI.) los incumplimientos o infracciones detectados por ella respecto de las obligaciones asumidas por la concesionaria en el contrato de concesión, por lo que la intervención directa queda fuera de sus potestades y cedida expresamente a la Nación.

IX. Invoca también el a quo en respaldo a su decisorio el art. 123 de la Constitución Nacional, manifestando que su nueva redacción establece la "autonomía" del Municipio, en virtud de la cual conservaría la competencia para entender en el asunto de marras, lo que nos introduce en otras de las discusiones existentes ya antes de la reforma de 1994, en cuanto a si las Municipalidades son "autónomas" o entidades "autárquicas".

En nuestro país ha prevalecido durante mucho tiempo la tesis de que las mismas, siendo reparticiones administrativamente descentralizadas, jurídicamente constituían entidades autárquicas territoriales.

Actualmente, el problema de si las municipalidades son autónomas -en el sentido de entidades autosuficientes- o autárquicas se ha intensificado, debido a que varias provincias han dispuestos expresamente en sus nuevas constituciones el carácter de autónomas de aquellas (vg., Chubut, Neuquén, Catamarca, Río Negro, Córdoba, etc.). La importancia del tema radica en la noción conceptual, y de allí el verdadero "status jurídico" del ente con las consecuentes potestades del mismo.

Autonomía significa "...que el ente tiene poder propio y originario y no porque le haya sido conferido por ente superior para darse su propia ley y regirse por ella...", en tanto que autarquía significa "...que el ente tiene atribuciones para administrarse a si mismo, pero de acuerdo con una norma que le es impuesta, pues el ente no tiene poderes para dictar dicha norma o ley..." (ver Marienhoff, M. S., "La supuesta autonomía municipal", LA LEY, 1990-B, 1012). Asimismo, este autor sostiene en su trabajo que las autonomías son anteriores a la formación del propio Estado y que, técnicamente dentro del curso normal del mismo, no existen autonomías sobrevivientes o posteriores, todas las autonomías deben ser originarias y contar desde un principio con poderes propios, siendo lo contrario autarquía; ello así, nuestras provincias son y nacieron autónomas y nuestras municipalidades son autárquicas, dependiendo de los poderes otorgados por las constituciones de las provincias. Ergo, lo que caracteriza al ente autónomo y lo diferencia del autárquico, no es la extensión de las atribuciones sino el origen de las mismas, y que estas sean propias al ente, no delegadas por uno superior.

En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que también en este tema ha variado su opinión- ha invocado, a mi criterio, acertadamente, en diversos fallos la teoría de la calificación jurídica para determinar la verdadera naturaleza de la figura jurídica. Dijo el Máximo Tribunal que "...lo que define la naturaleza jurídica de una institución son los elementos que realmente la constituyen y las facultades que la ley le otorga, cualquiera sea el nombre que el legislador o los particulares le atribuyen..." (Fallos: 237:397 y 308:1006, párr. 2º y LA LEY, 87-701 y 1986-D, 308).

Por ende, siendo la Municipalidad un ente autárquico, sus potestades se encuentran supeditadas a las otorgadas, por amplias que éstas sean, por las provincias, debiendo destacar a esta altura del análisis que el régimen bonaerense configura los denominados "municipios autárquicos", los que resultan producto de una descentralización que no importa la facultad de dictar sus propias Cartas Orgánicas y que son creados por ley, tienen personalidad jurídica, patrimonio propio, finalidad pública y gobierno propio, por ello siempre dentro de los alcances de las normas legales, las que consagran un conjunto más o menos numeroso de atribuciones a través, entre otras, de la ley orgánica municipal (dec.- ley 6769/58 y sus modificatorias), todo lo que me permite concluir concretamente en el caso que nos ocupa, que habiendo la provincia de Buenos Aires acordado con la Nación delegar el poder de policía a esta última, para que a través de un solo órgano se llevara a cabo el control del cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por Coviares S.A., a lo que se aduna el carácter de entidades autárquicas de los Municipios bonaerenses, y quedando tanto la provincia como los Municipios facultados para denunciar, como ya se expresara, ante el órgano controlador las infracciones detectadas a la empresa concesionaria, carece la Municipalidad de Avellaneda de jurisdicción para intervenir en la supuesta falta cometida por la mencionada empresa.

X. Para finalizar, cabe señalar que surge prístino de los presentes actuados que la Autopistas Buenos Aires - La Plata resulta un camino nacional, sometido por ende a la legislación nacional, ello es, ley 23.696 y su dec. reglamentario; ley 17.520 y modificatorias; ley 13.504 y sus modificatorias; dec. 823/89 de Reconversión Vial; dec. 2637/92; dec. 1994/94 estableciendo el Marco Regulatorio de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires; dec. 85/2001 y dec. 87/2001, a lo que deben adunarse para interpretar las normas aplicables al caso de marras el Contrato de Concesión de Obra Autopistas La Plata - Buenos Aires, Ribereña de la Capital Federal y Nuevo Puente sobre el Riachuelo aprobado por decs. 1638/94 y 85/2001 y el Convenio entre la Nación y la provincia de Buenos Aires de fecha 19 de setiembre de 1994.

Siendo ello así, cobra inobjetable vigencia la proscripción que para la aplicación del dec.- ley 8751/77 y sus modificatorias establece el art. 1º de dicha normativa, cuando prístinamente prescribe que ese compendio legal sólo será aplicable por la provincia y sus municipalidades a las normas nacionales y provinciales cuando para ello no se hubiera previsto un procedimiento propio, situación que no se verifica en el "sub examine" en tanto y en cuanto la recurrente se encuentra sujeta al "Régimen de Infracciones y Sanciones" aprobada por resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 1151/99 y de jerarquía nacional, el que establece un procedimiento y un régimen de sanciones para el caso de incumplimiento injustificado por la apelante de las obligaciones impuestas por el Régimen Normativo Vigente de las concesiones de la Red de Accesos a la ciudad de Buenos Aires, lo cual excluye de manera clara la competencia del a quo para intervenir en los presentes actuados y trae aparejada la nulidad del acta de infracción 116.685 obrante a fs. 2 y de todo lo obrado en consecuencia.

Por ello, este juzgado en lo Correccional Nº 6 Departamental resuelve: I. Decretar la nulidad del acta de infracción 116.685 obrante a fs. 2 y de todo lo obrado en consecuencia (arts. 5º y 18, Constitución Nacional, 15 y 190 Constitución Provincial, ley 23.696 y su dec. reglamentario; ley 17.520 y modificatorias; ley 13.504 y sus modificatorias; dec. 823/89 de Reconversión Vial; dec. 2637/92; dec. 1994/94 estableciendo el Marco Regulatorio de la Red de Accesos de la Ciudad de Buenos Aires; dec. 85/2001 y dec. 87/2001 (Régimen de Infracciones y Sanciones) aprobado por resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 1151/99, Contrato de Concesión de Obra Autopistas La Plata - Buenos Aires, Ribereña de la Capital Federal y Nuevo Puente sobre el Riachuelo aprobado por decs. 1638/94 y 85/2001 y el Convenio entre la Nación y la provincia de Buenos Aires de fecha 19 de setiembre de 1994, arts. 201, 202 inc. 1, 203, 204 y 207 del C.P.P. y 1º 54 y 60 dec.-ley 8751/77 y sus modificatorias). II. Regístrese, cúmplase con la comunicación prevista en el art. 22 de la acordada 2840/98 y notifíquese a las partes de lo resuelto precedentemente. - Manuel Barreiro.