Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-04


///la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 4 días del mes de abril de 2012, se reúne la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor Raúl R. Madueño como Presidente, y los doctores Luis María Cabral y Mariano H. Borinsky como Vocales, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en esta causa N 13.309 caratulada: "TURNES, Oscar Laureano s/recurso de casación", de cuyas constancias RESULTA:

1 ) Que el Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 3 resolvió declarar extinguida la acción penal por prescripción y, en consecuencia, sobreseer a "CURTIEMBRE PELICCE S.A." (C.U.I.T. 30-60607322-0) en relación al delito previsto y reprimido por los arts. 836, 864 inc. e) y 865 inc. f) del Código Aduanero y art. 2 de la ley 23.771 en concurso ideal, que se le atribuyera en la presente causa (artículos 62, inc. 3° -en función de los arts. 863, 864 inc. e), 865 inc. f) y art. 2 de la ley 23.771 en concurso ideal- y art. 67 del Código Penal modificado por ley 25.990 -en función del art. 2° del C.P. y 361 del C.P.P.N.) (fs. 39/40vta.).

Contra dicha decisión interpuso recurso de casación la querella (AFIP) (fs. 44/49vta.); concedido (fs. 51 y vta.), fue mantenido en esta instancia (fs. 60).

2 ) Que el recurrente consideró procedente la vía intentada en virtud de lo previsto en el inc. 1° del art. 456 del C.P.P.N.

Estimó que ".el plazo de prescripción que resulta aplicable surge de la pena a aplicar a 'CURTIEMBRE PELICCE S.A.' de acuerdo a lo establecido en los Artículos 887 y 888 del CA teniendo en cuenta las penas establecidas en el Artículo 876 del mismo cuerpo legal." y que ".al efectuar una interpretación armónica se observa que las penas aplicables a 'CURTIEMBRE PELICCE S.A.' como son la multa (Cfr. Artículos 887 y 888, CA) y el retiro de la personería jurídica previstas en el Artículo 876 de acuerdo al término utilizado ('además de las penas privativas de la libertad') resulta ser una pena conjunta." (fs. 47).

Continuó al explicar que ".teniendo en cuenta que las penas a aplicar a la persona jurídica son conjuntas, el plazo de prescripción debe ser el previsto para la pena más grave del delito de contrabando." y con cita de los precedentes de Sala III de esta Cámara "Kreutzer" y "Suitis S.A." sostuvo que ".el plazo de prescripción de la acción penal a tomar en cuenta, es el correspondiente a la pena de prisión que en el caso de contrabando agravado es el de diez años, por tratarse de la pena más grave con que se conmina el delito enrostrado.", atento a lo concluyó que la prescripción de la acción penal en estas actuaciones resulta de diez años conforme lo establece el art. 865 inc. f) del Código Aduanero (fs. 47 y 49vta.).

Refirió asimismo que ".para el supuesto que se considere que las penas del Artículo 876 resultan accesorias, el plazo de prescripción de la acción penal de la firma imputada debe estar al plazo previsto para la pena principal, es decir, la pena privativa de libertad (10 años)." y que ".constituyen consecuencias accesorias de la pena privativa de la libertad impuesta a los representantes legales de la firma, y a cuyo respecto la acción penal se encuentra plenamente vigente." (fs. 48vta.).

Por último, concluyó que ".desde el último acto interruptor individualizado por el Excmo. Tribunal Oral en la resolución recurrida, esto es, el auto de citación a juicio (art. 354 del C.P.P.N.) de fecha 16/06/2004, al presente, no ha transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal de diez años antes indicado. Por ello, la acción penal respecto de la persona jurídica de mención se encuentra plenamente vigente (conf. Arts. 865 inc. 'f' y 876 apart. 1 inc. 'i' y 890 del C.A; arts. 62 inc. 2° y 67 del Código Penal)." (fs. 49).

3 ) Que durante el trámite previsto en los arts. 465 -cuarto párrafo- y 466 del C.P.P.N. el Fiscal General ante esta Cámara presentó el escrito agregado a fs. 72 y vta. en el que reiteró los argumentos vertidos por la parte querellante en el recurso de casación y recordó que ".es doctrina de la Corte Suprema seguida por esta Cámara de Casación, que las sanciones establecidas en el artículo 876 del Código Aduanero son accesorias a la pena privativa de la libertad en tanto, en materia de contrabando, la sanción judicial a aplicar es independiente de la decisión del órgano administrativo." y que ".teniendo en cuenta que la pena accesoria sigue la suerte de la principal, el plazo de prescripción de la acción penal para el delito de contrabando debe estar al plazo previsto para la pena principal, que según surge del artículo 865 del Código Aduanero es de diez años.".

4 ) Que, conforme las autoriza el art. 468 del C.P.P.N, la defensa particular de "Curtiembre Pelicce S.A." presentó breves notas a fs. 79/84vta. en las que manifestó no corresponde la elevación a juicio de la firma ".al no cumplirse el recaudo previo de juicio y condena firme contra sus representantes físicos.", con remisión a los precedentes "Fly Machine" -de esta Sala y la C.S.J.N.- y "Zen, Desio Michele" -también de esta Sala I-. En subsidio, planteó que el plazo de prescripción de la acción penal es de cinco años conforme el art. 62 inc. 3º del C.P, y que desde la citación a juicio ocurrida el 17/6/2004 ha transcurrido dicho plazo, por lo que la acción penal se encuentra prescripta.

Asismismo, la parte querellante también presentó breves notas as fs. 85/86 en las que reiteró los argumentos vertidos en su recurso de casación y expresó que ".las penas del artículo 876 sean conjuntas o accesorias, el plazo de prescripción resulta de 10 años conforme el término de prisión fijado por el artículo 865 inc. F) del C.A.." y citó en apoyo de su postura el precedente "Kreutzer" de la Sala III de esta Cámara para concluir en que la acción penal no se encuentra prescripta.

Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Mariano H. Borinsky, Raúl R. Madueño y Luis María Cabral.

El doctor Mariano H. Borinsky dijo:

-I- En primer lugar es dable advertir que a los efectos de la extinción de la acción para imponer y para hacer efectivas las penas por los delitos aduaneros, son aplicables las disposiciones del Código Penal, conforme surge de lo dispuesto por el art. 890 del Código Aduanero Así, atento la calificación legal por la cual se encuentra imputada la firma "Curtiembre Pelicce S.A." -arts. 863, 864 inc. e) y 865 inc. f) del Código Aduanero y art. 2 Ley 23.771, en concurso ideal- y toda vez que las normas que regulan el instituto de la prescripción (art. 62 del C.P.) establecen que la acción penal se extinguirá después de transcurrido el máximo de duración de la pena, en este caso, y a diferencia de lo sostenido por el a-quo, el plazo a tener en cuenta a los efectos de la prescripción, es de diez años (conforme inciso 2° de la norma citada precedentemente).

En la dirección apuntada cabe señalar que no corresponde aplicar lo dispuesto en el inc. 3º del art. 62 C.P. que establece que la acción penal se prescribirá a los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación, ya que en el presente caso debe tenerse en cuenta que además de la inhabilitación, el Código Aduanero prevé para el delito investigado en esta causa, otras penas que son de aplicación conjunta.

En efecto, el Código Aduanero establece que "en los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865, 866, 871, 873 y 874, además de las penas privativas de la libertad, se aplicarán las siguientes sanciones.c) una multa de CUATRO (4) a VEINTE (20) veces el valor en plaza de la mercadería objeto del delito, que se impondrá en forma solidaria;. i) el retiro de la personería jurídica y, en su caso, la cancelación de la inscripción en el Registro Público de Comercio, cuando se tratare de personas de existencia ideal.".

A partir de lo dicho, considero que la interpretación correcta es que en los casos en que un delito sea reprimido con diferentes especies de pena (independientemente de que sean conjuntas o alternativas) debe estarse a la cualitativamente más grave, según el orden de prelación establecido en el artículo 5º del Código Penal siendo esa, entonces, la sanción que deberá tenerse en cuenta a los fines del artículo 62 del mismo texto legal (en el caso la pena más grave del delito de contrabando, conforme lo establece el artículo 865 del C.A, es de diez años de prisión).

En igual sentido al que aquí sostengo se ha pronunciado la Sala III de esta Cámara en un caso similar al presente: "el término de prescripción, en el caso, se encuentra regido por la pena de prisión, cualitativamente más gravosa, en los términos del articulo 5º del Código Penal, que la de inhabilitación perpetua considerada por el a quo. De allí que la cuestión debió ser examinada desde la óptica del articulo 62 inciso 2º del Código Penal, que establece que el plazo de la prescripción será el del máximo de la pena privativa de la libertad prevista para el delito.", y concluye ".el término de prescripción de la acción penal para las personas jurídicas es -al igual que para las personas físicas- el que surge de considerar la pena más grave con la que se conmina el delito de que se trate, tratándose en el caso de la pena de prisión." (reg. 1564/08, causa 9604 "Kreutzer, Guillermo y otro s/rec. de casación").

Cabe recordar que el inc. 2º del art. 62 del C.P. se encuentra redactado en el siguiente sentido ".Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito." es decir que contrariamente a lo resuelto por el Tribunal en la resolución recurrida, es la propia redacción de la norma la que remite al término de la pena prevista para el delito, sin efectuar consideración o disquisición alguna en torno a la específica posibilidad de aplicar esa sanción en el caso concreto. Es decir, la prescripción de la acción penal se encuentra estructurada en función de la pena en abstracto, y no de la pena que en concreto pudiera ser aplicada a quien resultare condenado.

A lo expuesto, corresponde agregar que lo dispuesto en el inc. 3º del art. 62 C.P. establece que la acción penal se prescribirá a los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación, circunstancia que no se verifica en el presente caso teniendo en cuenta que además de la inhabilitación, el Código Aduanero prevé para el delito investigado en las presentes, otras penas que son de aplicación conjunta.

Por ello, es evidente que la interpretación dada por el tribunal pasa por alto que el Código Aduanero prevé otras consecuencias conjuntas a la pena privativa de libertad impuesta a la persona ideal.

Corresponde así recordar que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y que la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley, pautas que no deben ser sustituidas por el criterio propio de los jueces so color de hermenéutica, y menos aún cuando la ley no exige esfuerzo para su inteligencia, por lo que, en principio, debe ser aplicada directamente con prescindencia de las consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas en ellas (Fallos: 311:1042; 313:1007; 316:1247; 319:2617; 320:61; 321:1434; 323:620; 324:1740; 325:1525, y 326:756).	Ahora bien, conforme la ley 25.990, el último acto interruptivo en esta causa resulta ser la citación a juicio de fecha 16/06/04 (cfr. resolución obrante a fs. 39/40vta.), lo que conduce a afirmar que la acción penal no se encuentra prescripta al no haber transcurrido el tiempo máximo previsto para la persecución del delito que se trata, por lo que corresponde continuar el trámite de las actuaciones respecto de "Curtiembre Pelicce S.A." (art. 62, inc. 2° del C.P; arts. 863, 864 inc. e) y 865 inc. f) del Código Aduanero y art. 2 Ley 23.771).

-II- Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte querellante (A.F.I.P.) a fs. 44/49vta, sin costas, revocar lo resuelto a fs. 39/40vta. y devolver estas actuaciones al Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 3 a fin de que continúe con el trámite de estos obrados conforme su estado (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.). Tal es mi voto.

El Dr. Raúl R. Madueño dijo:

-I-	De manera preliminar se habrá de recordar que nuestro más Alto Tribunal ha sostenido que si bien sus sentencias deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, ya que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional no podría ser confirmada (Fallos 325:2019 entre muchos otros).

En el sentido señalado, en la medida que en el presente caso existe una actividad recursiva a impulso de una de las partes -parte querellante-, siempre que fuera abierto el recurso cobra vigencia el principio dispositivo para el ad-quem, razón por la cual puede ingresar en el examen de cuestiones que no hubieran sido introducidas en el escrito de interposición del recurso por la propia parte interesada.

Por ello señala Pastor que "...esta facultad concedida por la ley al index ad-quem, para actuar según iniciativa propia, no resulta problemática... [anulación de oficio del acto viciado en aseguramiento, en el proceso, de las garantías constitucionales (fundamentales)]... cuando se trata de la anulación de la sentencia desfavorable para el inculpado cuando se han violado las reglas previstas, precisamente, en garantía de los derechos fundamentales de la persona perseguida penalmente...".

Y agrega el citado autor que: "...la instancia recursiva de parte y su desistimiento -obligatorio para el tribunal- son fundamentos trascendentes e inconmovibles del principio dispositivo en los recursos. Sólo frente a esa instancia y en tanto es mantenida, el ad-quem puede ocuparse del caso..." e incluso "...aun cuando el imputado consienta la sentencia, basta con que se haya interpuesto únicamente un recurso fiscal, por ejemplo en reclamo de una pena mayor, para que el tribunal de casación pueda resolver, incluso más allá de los límites de ese recurso, en favor del imputado, absolviendo o reduciendo la medida de la sanción..." (conf. "Tensiones", Daniel Pastor, págs. 33/36, Ed. Del Puerto).

Finalmente, lo que debe quedar debidamente establecido es que para que proceda el examen ex-officio debe mediar inevitablemente en todos los casos, la concesión de un recurso como presupuesto necesario, circunstancia que se verifica en el sub-lite.

Sentado cuanto antecede, corresponde señalar que el caso traído a estudio de esta Sala es sustancialmente análogo al resuelto en el precedente "Zen, Desio Michele s/recurso de casación" (causa n° 11.832, reg. n° 15.256, rta. el 5/2/2010) en el que se sostuvo la imposibilidad de aplicar al ente ideal sanciones de índole penal, ello como conclusión inevitable atendiendo a los principios que rigen en la aplicación de aquellas (acción, imputabilidad, culpabilidad y pena).

En aquella oportunidad se dijo además que en idéntico sentido se pronunció recientemente el doctor Zaffaroni -al convalidar el precedente de esta Sala pero con diferente integración- en "Fly Machine S.R.L. s/recurso extraordinario", quien sostuvo que "...más allá de lo que pueda establecerse en ciertas leyes de naturaleza penal, el requerimiento de conducta humana como presupuesto sistemático para la construcción del concepto de delito responde a una mínima exigencia de racionalidad republicana dentro del método dogmático jurídico- penal y su definición se halla condicionada por los contenidos que surgen de ciertos postulados de jerarquía constitucional, entre los cuales se destaca el nullum crimen sine conducta..." (Considerando 5°) y que tal postura "...no implica negar la posibilidad de que las personas de existencia ideal sean sometidas a sanciones jurídicas que comporten el ejercicio de poder coactivo reparador o administrativo, pues esta posición sólo se limita a frenar el impulso por dotar a aquellos entes de capacidad delictiva..." (Considerando 13°, Fallos: 329:1974, del voto referido).

Se dijo en tal oportunidad que "...hay acuerdo en la imposibilidad de utilizar el sistema de imputación diseñado por el Código Penal vigente con el objeto de atribuir responsabilidad a los entes ideales..." y que los obstáculos que impiden esta utilización "...se vinculan fundamentalmente con la falta de capacidad de acción, con la incapacidad de culpabilidad y con la imposibilidad de que la pena pueda responder a su fundamento teórico en el caso de ser aplicada a las corporaciones..." (Cfr. Cesano, José Daniel "En torno a la denominada responsabilidad penal de la persona jurídica", Ed. Alveroni, Año 1998, págs. 33/34).

De manera coincidente De la Rúa ha expresado que "...para todas las corrientes científicas del derecho penal moderno -y pese a sus profundas divergencias, en ciertos casos- lo real es que la mayor parte de tales elementos (que resultan condiciones del castigo penal) responden en gran medida a conductas, aptitudes o contenidos espirituales que sólo pueden darse en relación al individuo. Así, la acción como conducta humana y la culpabilidad, tanto en orden a la imputabilidad como a las formas dolosas o culposas, no pueden ser vinculadas a un ente ideal, salvo construyendo un paralelismo puramente terminológico que no responde a los principios sobre los cuales tales elementos se han desarrollado. Lo mismo ocurre, a su vez, desde el punto de vista de las consecuencias del delito. En tal sentido, la pena, aun cuando se le adosen finalidades preventivas, correctivas o asegurativas, tiene un sustrato de retribución que es el que permite diferenciarla de otras consecuencias jurídicas no penales..." (Cfr. autor citado "Los Delitos Económicos" en "Doctrina Penal", Ed. Depalma, Año 3-1980, pág. 38).

-II-	Atento a lo expuesto, propicio al Acuerdo 1) Declarar la nulidad parcial del requerimiento de elevación a juicio efectuado únicamente respecto de la persona jurídica "Curtiembre Pelicce SA", y de todos los actos que son su consecuencia, debiendo seguir los autos según su estado respecto de los imputados en las actuaciones principales.

2) No pronunciarse respecto del fondo de la cuestión planteada en el recurso de casación interpuesto por la parte querellante (AFIP) a fs. 44/49vta. en virtud de que la resolución recurrida ha sido alcanzada por la nulidad declarada en el punto anterior. Tal es mi voto.

El Dr. Luis María Cabral dijo:

Que adhiero al voto emitido por el Dr. Raúl R. Madueño y expido el mío en igual sentido.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

I) Declarar la nulidad parcial del requerimiento de elevación a juicio efectuado únicamente respecto de la persona jurídica "Curtiembre Pelicce SA", y de todos los actos que son su consecuencia, debiendo seguir los autos según su estado respecto de los imputados en las actuaciones principales.

II) No pronunciarse respecto del fondo de la cuestión planteada en el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal a fs. 1113/1119 en virtud de que la resolución recurrida ha sido alcanzada por la nulidad declarada en el punto anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase a su procedencia.

Fdo. Luis M. Cabral y Mariano H. Borinsky Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretaria de Cámara.

Nota: Para dejar constancia que el Dr. Raul Madueño no firma la presente por encontrase en uso de licencia, pero participo de la deliberación. Conste.