Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-10


EXPOSITO, Héctor Rubén contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 208 p 450-453. Santa Fe, 10 de agosto del año 2005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra el pronunciamiento de fecha 7 de mayo del año 2003, dictado por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 2 de la ciudad de Rosario, en autos "EXPOSITO, Héctor Rubén contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO -Recurso Contencioso Administrativo- (expte. 118/01)" (Expte. C.S.J. Nro. 334, año 2.003); y, CONSIDERANDO:

Por decisorio de fecha 7 de mayo del año 2.003 la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 2 de la ciudad de Rosario resolvió no hacer lugar a la caducidad de la instancia, con costas a la vencida. Contra dicho pronunciamiento interpuso el ente territorial recurso de inconstitucionalidad, afirmando que el Tribunal incurre en arbitrariedad normativa y arbitrariedad fáctica, vulnerándose el debido proceso y el derecho de defensa de su parte, lo que es violatorio del derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia (artículo 1, inciso 3, ley 7055).

En la pieza de interposición del recurso (fs. 6/24), señala que la resolución es equiparable a sentencia definitiva en razón de que causa un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, por cuanto lo decidido pone fin al pleito -ante la falta de recursos ordinarios contra la misma- y no admite otro ulterior sobre el mismo objeto.

En sustento de la arbitrariedad normativa invocada expresa que el Oficio ha omitido considerar el artículo 236 del Código Procesal Civil y Procesal -aplicable por la remisión que efectúa el artículo 1, ley 11.330- que establece que la caducidad puede operarse luego de dictada la sentencia y antes de su notificación.

Afirma además, que en la causa "Gandiaga" esta Corte resuelve en sentido afirmativo la controvertida cuestión referente a si es posible que se opere la caducidad de la instancia en el supuesto de sentencia pendiente de notificación. Expresa que el citado canon no es mencionado en el decisorio recurrido, lo que determina que el mismo sea infundado y si se entiende que la Cámara valoró dicha norma sin hacer mención de ella, afirma que se efectuó una interpretación contraria a la ley vigente sin explicar su apartamiento ni declarar su inconstitucionalidad; concluyendo de ese modo en una solución injusta.

Entiende entonces, que carece de relevancia discutir a quién incumbe impulsar el procedimiento o la influencia del plazo para dictar sentencia, observando que tanto el artículo 30 de la ley 11.330 como el artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial establecen que no se produce la perención cuando los autos pendieren de resolución no siendo éste el caso de autos, habida cuenta que la sentencia de mérito ya había sido dictada y la caducidad se produjo luego de emitida la misma.

En sustento de la arbitrariedad fáctica invocada afirma que se ha omitido valorar las constancias de la causa, atento a que el proceso siempre se impulsó a instancia del actor, nunca oficiosamente, debiendo en consecuencia el Tribunal analizar su falta de actividad entre el dictado de la sentencia y el pedido de notificación a la demandada.

Señala también que se ha preterido la pertinente vista fiscal exigible en todo trámite de caducidad, lo que determina la nulidad del trámite. Afirma que si bien la redacción del artículo 30, segundo párrafo de la ley 11.330 podría inducir a alguna duda interpretativa, la aplicación supletoria de lo dispuesto por el artículo 233 del Código Procesal Civil y Comercial lleva a la conclusión sostenida.

En tal sentido, expresa que la última parte del segundo párrafo del artículo 30 de la ley 11.330 debe leerse en esta forma: "...alegada por la parte ... también ... se correrá vista al recurrente por cinco días y se resolverá dentro de los diez días siguientes...", pues si la caducidad se declara de oficio no hay substanciación entre las partes, pero si es alegada por alguna de ellas el Tribunal debe siempre oír al fiscal antes de resolver la incidencia, transcribiendo al efecto la norma contenida en el artículo 233 de la ley de rito. Invoca, por último, gravedad institucional.

2. Por decisorio de fecha 8 de agosto del año 2003 la Cámara resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, por falta de definitividad del pronunciamiento recurrido, de oportuno planteo de la cuestión constitucional, señalando además que no se encuentran configuradas las causales de arbitrariedad invocadas (fs. 27/31), motivo por el cual la interesada acudió por vía de queja ante esta sede (fs. 33/40).

En cumplimiento de la carga que le impone el artículo 8 de la ley 7055, el compareciente, en la queja rebate adecuadamente la falta de definitividad sostenida por el Tribunal a quo, por lo que este recaudo de admisibilidad debe considerarse cumplido. No ocurre lo mismo con los otros fundamentos expuestos en el auto denegatorio, lo que sella de por sí, la suerte adversa del recurso deducido.

En efecto, tal como lo afirma la Cámara el recurrente no plantea oportunamente la cuestión constitucional no pudiendo alegarse arbitrariedad sorpresiva toda vez que al acusar la caducidad de instancia tuvo la oportunidad de esgrimir los agravios constitucionales que una decisión adversa a la por él sustentada le provocaría.

Y en relación a las causales de arbitrariedad, cabe señalar que también en coincidencia con lo sostenido por el Tribunal a quo, las mismas no son idóneas para fundar el recurso interpuesto desde que el recurrente no logra demostrar que se encuentren configuradas.

Expresa así el compareciente que el Tribunal incurrió en "arbitrariedad normativa" por preterir la aplicación del artículo 236 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero omite explicar por qué entiende que dicho canon normativo era "obviamente aplicable al caso" lo que es de demostración necesaria para que se configure la tacha invocada, conforme reiterada jurisprudencia de la Corte nacional y provincial.

Por lo demás, tampoco se hace cargo en relación a este agravio de los fundamentos expuestos por la Cámara en el auto denegatorio, -como se señalara ut supra- limitándose a reproducir las consideraciones que sustentan el recurso de inconstitucionalidad, con lo que no satisface la exigencia del artículo 8 de la ley 7055.

En relación al caso "Gandiaga" citado por el recurrente, cabe señalar, que más allá de la decisión adoptada en dicho pronunciamiento -que no guarda una sustancial analogía con la presente causa- de la lectura del decisorio recurrido surge que el criterio sostenido por el tribunal a quo se funda en la interpretación que efectúa el Oficio del instituto de la "caducidad de instancia" con especial referencia al recurso contencioso administrativo regulado por la ley 11.330 lo que impone, según se afirma "... efectuar su apreciación con un criterio de prudencia, para determinar si se han producido los extremos exigidos en la norma, en relación con los fundamentos y finalidades del instituto...".

Así vista, la cuestión queda en el marco de la discusión acerca de la interpretación de un instituto de derecho común y procesal, lo que es sabido no configura un caso de jerarquía constitucional. Tampoco logra demostrar el quejoso la invocada "arbitrariedad fáctica", la que su a juicio estaría configurada por haber soslayado la Cámara considerar que en autos no se corrió vista al agente fiscal por no explicar con la claridad y precisión requerida por el artículo 3 de la ley 7055 por qué entiende que debía correrse la vista invocada cuando el artículo 30 de la ley 11.330 reserva la misma para el supuesto que la perención se declare de oficio.

Y por último, en relación también a la alegada arbitraridad fáctica por preterir el Tribunal analizar la acusada falta de actividad del actor entre el dictado de la sentencia y su pedido de notificación, contrariamente a lo afirmado por el compareciente de la lectura de la sentencia surge que no se omitió dicha valoración sino que el Tribunal expuso las razones en las que sustentó su decisión, criterio que, por lo demás, no luce irrazonable, limitándose el recurrente a disentir con la interpretación y aplicación que la Cámara efectuó del artículo 30 de la ley 11.330.

En efecto, el Organo, luego de mencionar las premisas en base a las cuales debe interpretarse y aplicarse el instituto de la caducidad normado por el artículo 30 de la ley 11.330, a la luz de la naturaleza y características particulares del proceso regulado en la mencionada ley, "...máxime en el proceso administrativo en que la declaración de caducidad puede producir la pérdida del derecho sustancial..." y de analizar el fundamento de dicho instituto, afirma que para que pueda declararse la caducidad de instancia debe existir "instancia", la cual, sin perjuicio de los distintos criterios que se han sostenido culmina con el dictado de la sentencia.

Observa que tal decisión, como actividad propia del Tribunal, hace a su eficacia en cuanto a las consecuencias que para las partes importa la resolución de la Cámara y en cuanto a los plazos para interponer, en su caso, los recursos que se estimen corresponder, abriendo una nueva instancia recursiva, que a su vez puede ser materia de denuncia de caducidad por inactividad procesal y cuyos efectos se limitan a la instancia en la que se ha planteado dejando firme y consentida la sentencia recurrida.

Sostuvo entonces que para que caduque la instancia es inexorable la existencia de "procedimiento paralizado", lo que no se da con posterioridad al dictado de la sentencia, toda vez que ésta genera la culminación del procedimiento contencioso administrativo. Destaca, especialmente, que cuando una cierta actividad procedimental le corresponde al órgano jurisdiccional, como es la notificación de la sentencia por cédula a las partes, no puede, sin más, hacerse responsable de ella al accionante; toda vez que ello importaría una declinación y transferencia inadmisible de responsabilidades.

Concluyó, entonces, que no puede válidamente sostenerse que pesaba en cabeza del recurrente la obligación de comparecer a notificarse personalmente de la sentencia antes de la recepción de la cédula notificatoria expedida por el Tribunal y que pone en su conocimiento que la causa ha sido resuelta, más como en el caso en que la sentencia fue dictada antes del plazo otorgado al Tribunal para resolver (artículo 23, ley 11.330).

Consideró asimismo que tampoco puede soslayarse que ya había culminado el proceso a través de un modo normal, cual es el dictado de la sentencia, lo que puede importar un significativo obstáculo para la procedencia de la mentada caducidad de instancia. Frente a tal criterio expuesto, el compareciente se limita a insistir en la aplicación supletoria del artículo 236 del Código Procesal Civil y Comercial, sin hacerse cargo como bien lo señala el Tribunal en el auto denegatorio de los fundamentos extensamente expuestos en el decisorio, por lo que corresponde rechazar la queja interpuesta.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)