marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sucesión testamentaria, defensa en juicio, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Carátula: S. A.  c/  s/ sucesión testamentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-11

Si existieran ocupantes que impiden la posesión material deberá iniciar las acciones que correspondan, a fin de no violar el derecho de defensa de los demandados (art 18 CN). Y si, como sostiene la apelante, el inmueble se encuentra deshabitado, no requiere el auxilio de un tribunal para hacer valer su legítimo derecho (art. 2338 CCCN). Con lo cual la orden que aquí viene apelada tiene como objeto la constatación del estado del bien y no los pasos a seguir y se encuentra dentro de las facultades ordenatarias del Juez (art. 36 CPCC).
Jurisdicción y competencia, competencia por la materia, concurso de delitos, estafa, competencia por conexidad, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Oscar Roberto GROSS s/ COMPETENCIA  ORDINARIA POR LA MATERIA - LUGAR DE COMISION DEL DELITO    OPORTUNIDAD  DE    INTERVENCION   DE  JUECES  LOCALES  Y  NACIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-06

Cualquiera sea el vínculo de conexión final que pueda existir entre hechos que se presentan prima facie como independientes, ellos deben ser investigados por los jueces del lugar en que aparecen cometidos, en tanto la distribución de competencias judiciales entre las provincias o entre ellas y la Nación -materia regida por los arts.

102 y 67, inc. 11, de la Constitución- escapa a las regulaciones locales y no puede ser alterada por las razones de mero orden y economía procesal que inspiran las reglas de acumulación por conexidad, que sólo pueden jugar en conflictos en los que participan únicamente jueces nacionales.
Domicilio, padrón electoral
Materia: PROCESAL
Carátula: CAJA DE CREDITO CORRIENTES COOP. LTDA. (EN LIQUIDACION) c/ PERUSSET, JULIO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-22

El domicilio que una persona tiene registrado en el padrón electoral no encuadra en ninguno de los supuestos enunciados por el CCIV:90, ni es posible efectuar a partir de estos extensión alguna que permita asimilarlo a la previsión legislativa, es que este tipo de domicilio, al igual que el que pudiera figurar en los prontuarios policiales o en los antecedentes del registro nacional de las personas, tiene el carácter de mero dato informativo sobre el lugar en que una persona tiene situado su domicilio, con particular referencia a los fines que determinaron la creación de cada uno de esos registros. Pretender que éste tipo de anotaciones tenga otros alcances y más si son de índole "constitutiva" de derechos es ir demasiado lejos sin texto legal que lo ampare.
Daños y perjuicios, lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jacket Leonor J. c/ Derudder Carlos s/ Indemnizaciónde Daños y Perjuicios-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-12

No consiste en la privación de una simple posibilidad de ganancia, pero tampoco es necesaria la absoluta seguridad de que ésta se hubiera obtenido; para que sea indemnizable basta, pero es indispensable la existencia de cierta probabilidad objetiva de que se hubiera logrado un beneficio según el curso ordinario de las cosas y conforme a las circunstancias particulares del caso. Del análisis de los elementos de prueba colectados en autos concluyo que el mismo no se encuentra acreditado, pues no existe un solo elemento de juicio que permita inferirlo, habiéndole correspondido al accionante acreditarlo en forma fehaciente, no habiéndolo hecho debe cargar con las consecuencias de su omisión, advirtiéndose arbitrariedad en la sentencia en crisis y debe ser casada .
Cuestiones de hecho y prueba, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Guzmán, Ramón Antonio c/ La Barcelonesa SRL y/o Panificadora Carabús s/ Beneficios Laborales - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-04-11

Corresponde en autos el rechazo del recurso de casación interpuesto con fundamento en la arbitrariedad de la sentencia y la errónea interpretación de la ley.

En efecto, el supuesto típico de materias excluidas del control de la casación es el de las cuestiones de hecho y prueba emergentes del contrato de trabajo, cuya apreciación y mérito se encuentran reservados a los jueces de grado. La contradicción requerida para la viabilidad del recurso por errónea interpretación y aplicación de la ley es la que se refiere a la emisión de juicios de derecho, de interpretación sobre las normas jurídicas o la voluntad de la ley y deben desecharse todas las contradicciones que tengan origen en situaciones de hecho diferentes que justifiquen distintos pronunciamientos.

Es asimismo inatendible la impugnación fundada en la arbitrariedad del decisorio, la cual requiere la demostración fácil y ostensible del vicio patentizado en el pronunciamiento y no involucra los aspectos cuestionables o desaciertos de orden subjetivo endilgados a la sentencia que no surjan de un análisis objetivo basado en las circunstancias probadas de la causa. (Del voto del Dr. Oviedo).
Impuesto sobre los ingresos brutos, error excusable, consulta técnica, sanciones tributarias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Compañía Meca SA c/ DGR (Res. n° 429 DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y sus acumulados expte. nº 2538/03: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Meca SA c/ DGR (Res. n° 429/DGR/2000) s/ recurso apel. jud. c/ decisiones de DGR (art. 114 Cod. Fiscal)'" y expte. nº 2585/03: "Compañía Meca SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Meca SA c/ DGR (Res. n° 429/DGR/2000) s/ recurso apel. jud. c/ decisiones de DGR  (art. 114 Cod. Fiscal)' inconstitucionalidad concedido" y sus acumulados expte. nº 2538/03: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Meca SA c/ DGR (Res. nº 429/DGR/2000) s/ recurso apel. jud. c/ decisiones de DGR (art. 114 Cod. Fiscal)'" y expte. nº 2585/03: "Compañía Meca SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Meca SA c/ DGR (Res. nº 429/DGR/2000) s/ recurso apel. jud. c/ decisiones de DGR  (art. 114 Cod. Fiscal)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-12

La recurrente en ningún momento indicó qué circunstancia tornaba excusable su presunto error (con lo cual, con otro lenguaje, omitió precisar el agravio). La indicación legal acerca de la consecuencia de la falta de ingreso oportuno del impuesto es absolutamente clara en la ley y la recurrente, por tratarse de una empresa de cierta entidad, pudo informarse convenientemente acerca de su obligación y del alcance de ella. Pero, más aún, la empresa hoy recurrente tiene a su disposición, en caso de duda, el remedio de la consulta con el órgano recaudador competente. Es por eso que, en materia tributaria, y tratándose de empresas comerciales, tal error es poco menos que inexistente en la práctica, con la característica de excusable. En consecuencia, la sanción impuesta debe ser mantenida, por las mismas razones observadas en el punto anterior: falta de agravio constitucional e inidoneidad del motivo de injusticia para arribar a una solución diferente. Ello si, como se supone, el nuevo cálculo de la deuda tributaria arrojará omisión de una parte del tributo.
Juicio de apremio, intereses, honorarios, abogados, mora
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: COMPAÑIA  DE  ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES INGENIERO RODOLFO CORNERO SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   APREMIO.     CSJ EXPTE NRO 251-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-09-18

Sólo puede reconocerse como punto de partida para el cómputo de los intereses reclamados mediante juicio de apremio por cobro de honorarios profesionales, la fecha en la que quedó firme la regulación mencionada y por ende exigible al pago de los mismos.

En el caso, producida la mora desde el momento en que le era exigible a la municipalidad el pago de los honorarios, comenzaron a devengarse los interés conforme a la normativa del Civil aplicable (artículo 622).
Accidente de tránsito, riesgo recíproco
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CORVALAN SILVIO ROBERTO s/ HOMICIDIO CULPOSO e. p. de KONSORSKY RAUL - CASACION -
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-11-20

Para la teoría del riesgo creado, no basta que el dueño o guardián de la cosa demuestre que de su parte no hubo culpa, para exonerarse de responsabilidad. Mediando vicio o riesgo de la cosa, el perjuicio dimana de la propia actitud dañosa de la misma, con total independencia de una autoría humana inmediata, motivo por el cuál el objeto probatorio queda suficientemente abastecido con demostrar la ausencia de culpa.
Suspensión del juicio a prueba, consentimiento del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Cabral, Walter Ivan s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-07

No resulta razonable denegar la suspensión del juicio a prueba al imputado, por la sola circunstancia de que revestía en la Policía Federal Argentina, cuando el hecho cometido -presentar un certificado apócrifo por ante sus superiores con el objeto de obtener una licencia médica- no denota siquiera un mínimo abuso de función para perpetrar el delito atribuido, máxime si fue el propio imputado quien solicitó su baja de la institución, y cuenta con consentimiento fiscal para el otorgamiento del instituto y la parte damnificada aceptó la reparación ofrecida.
Responsabilidad del empleador, indiferencia de la concausa
Materia: LABORAL
Carátula: Moure, Roberto Pedro e Instituto Provincial del Seguro s/ Recursos Extraordinarios de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-09-07

Siendo la teoría de la indiferencia de la concausa de elaboración jurisprudencial, es errónea su aplicación cuando por Ley 24028 se establece su inaplicabilidad, extremo que no implica de manera alguna retroactividad de la Ley, sino diferenciar entre reparación originada en fuente laboral de la extra laboral y la responsabilidad que en cada caso le corresponde a cada una de las partes. Con equidad y justicia.
Recurso extraordinario de nulidad, aclaratoria (procesal)
Materia: LABORAL
Carátula: Ramírez, Ramona Alcira c/ Anfa S.A. s/ Salarios Rivas Mora, Primitivo Omar c/ Rivero e Hijos y otro s/ Fondo de desempleo Papini, Pablo A. y otros c/ D.E.B.A. s/ Diferencias, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05|1997-06-17|1995-09-12

Tratándose de una demanda con reclamos por rubros independientes, la preterición de uno de ellos no puede generar la nulidad del pronunciamiento, siendo que el tema admite subsanación por vía de aclaratoria.
Legalización de instrumentos públicos extranjeros, tratados internacionales, jerarquía de las leyes
Materia: CIVIL
Carátula: CLUB KEN SRL c/ CALVIN KLEIN INC s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

Por haber aprobado la República Argentina la Convención que suprimió la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros -adoptada el 5.10.61 por la Conferencia Internacional de La Haya de Derecho Internacional Privado-, aprobación efectuada por la Ley 23.458, ninguna duda cabe relativamente a la prevalencia de sus normas respecto de la preceptiva de la Ley 22.550. Cabe apuntar que dicha Convención fue también aprobada por el país del norte y que los preceptos de las Convenciones Internacionales tienen validez superior a las de las leyes, tal como lo dispone la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados -aprobada por Ley 19.865- y ratificada por el PEN. El 5.12.72, con vigor desde el 27.1.80- en su art. 27, y lo ha admitido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Causa "Ekmekdjian Miguel A. c/Sofovich Gerardo y otros", del 7.7.92, considerando 18°). Y si bien la Ley 22.550 no ha sido derogada, su ámbito de aplicación se limita a aquéllos documentos otorgados en naciones que no adhirieron a la Convención de que se trata.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: Climent, Pedro A. s/ Falso testimonio Caruso, Juan Bautista s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16|1998-02-17

No se encuentra legitimado para impugnar mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley lo referido a la declaración de prescripción el Fiscal de Cámaras, si el Ministerio Público Fiscal consintió lo declarado en tal sentido por el Juez de primera instancia, al haberse notificado sin apelar dicha resolución, pues ello implica que, respecto del Ministerio Público Fiscal la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada y tal omisión no se suple con la apelación interpuesta por el particular damnificado, ya que se trata de dos sujetos procesales distintos (doct. arts. 87 y 89 del C.P.P.).
Nulidad de sentencia, homicidio culposo
Materia: PENAL
Carátula: Barral, Martín A. s/ Homicidio culposo - Impugnación extraordinaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-02-19

Corresponde declarar la nulidad de la sentencia que condenó al acusado por la muerte de un niño que habría sido atacado por su perro, en tanto se advierte que existen dudas generadas por el hallazgo de sangre humana no solamente en el perro mestizo de porte grande al cuidado del imputado, al que a la postre se atribuye la muerte, sino también en la de raza barbincha a su cuidado (única con ADN del niño) y en el cachorro de dogo de la familia de la víctima, estos dos últimos descalificados como posibles autores del ataque. Asimismo, resulta llamativa la remanida ausencia del pañal o de rastros del mismo, que la madre del niño asegura haberle puesto, siendo material no biodegradable, o la inexistencia de rastros de sangre de la víctima, todo lo cual revela ostensibles dudas sobre el desarrollo de los hechos en el lugar señalado como escena del crimen y en la forma descripta por la acusación.
Empresas del Estado, tribunal de cuentas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P., E.C. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-17

La intervención del Tribunal de Cuentas no es determinante: o se prevé en aquéllos, o, en su defecto, en normas ulteriores, clara y concretamente.

A esta conclusión no es opuesta la previsión constitucional que estipula como deber del Tribunal referido, controlar la legitimidad de lo ingresado en función del presupuesto por .sociedades con participación estatal -art. 219 inc. 1, porque las potestades públicas, así como los derechos y garantías que la Carta Magna acuerda, están sometidos a las leyes que reglamentan su ejercicio, y ningún impedimento existe para que el Legislador, a quien primero cabe esa misión, determine de entre la variedad de participaciones admitidas por las Leyes del Congreso Nacional, que se incorporan a los Códigos de fondo, cuáles de entre ellas están comprendidas, incluyendo unas, excluyendo otras, según sea conveniente a los intereses generales.- Fundamentalmente -si estima que el control debe ser ejercido- el cuándo y el cómo- compatibilizando las preceptivas de aplicación.
Estado de inconsciencia, trastorno mental transitorio
Materia: PENAL
Carátula: S., A. s/ Homicidio calificado por el vínculo s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-07-13

Para Bonet, una de las formas clínicas del trastorno mental transitorio completo o psicótico es el rapto emocional o pasional, violentísimo y sinónimo de inconsciencia emocional o pasional.
Querellante, rechazo del querellante, administrador del consorcio, legitimación activa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MOLTENI Y ASOCIADOS S.R.L. s/ DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-28

La facultad para querellar contra terceros, acordada como poder especial por el reglamento de copropiedad al administrador de un consorcio, no es suficiente para considerarlo otorgado (*).
Procedimiento administrativo, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Olivera, Vicente Elvio c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-09

Aún admitiendo que el particular sin reclamo previo, pueda ocurrir a la justicia para obtener el reconocimiento de un derecho o interés de índole administrativa impetrando la acción contencioso-administrativa en razón de la sola omisión, negligencia o mora del Estado en reconocerla -lo cual se reitera es posible cuando se demanda a la Provincia en el orden local- caso en el cual el Poder Judicial no está acotado a la "revisión" de un acto, sino se aplica al análisis del obrar -o no obrar- de la Administración que "no se manifestó" en ningún sentido, distinta es la cuestión si voluntariamente acudió a la reclamación previa. Así es, porque la manifestación de voluntad administrativa formalizada por el acto que decide la reclamación, al modificar la situación por vulneración o conculcación expresa del derecho o interés pretendido, acota la jurisdicción a la "revisión", la que sólo puede producirse a pedido de la parte interesada.
Administración Pública, interés público, facultades discrecionales, acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tissembaum, Isaac c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 450-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-17

Cuando de actos discrecionales se trata, la exigencia de la debida motivación es más necesaria e imperiosa, pues las razones deben explicitarse con toda claridad para poner de manifiesto de modo acabado que el interés público ha sido el norte que ha guiado a la autoridad administrativa; y ello es así porque las decisiones discrecionales deben venir respaldadas y justificadas por los datos objetivos sobre los cuales opera (para poder conocer el proceso lógico que conduce a la decisión). (Del Voto del Ministro Dr. Ulla, que queda en Minoría)
Manifestación de la voluntad, intimidación, empleados públicos
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MAURI, LUIS ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 14-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-07

En la valoración del temor como vicio de la voluntad, hay que tener presente la naturaleza, calidad, intensidad y forma de emplearse la intimidación, como la condición personal de quien la sufre.

En el caso, resulta jurídicamente insostenible que el actor, profesional del derecho, argumente la existencia de un temor y mal, con las características necesarias para configurar un vicio de la voluntad, a partir de las exigencias políticas de renuncia realizada por personas ajenas a la Administración Municipal.
Recurso de casación, errónea apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Dacca, Néstor Alberto Raúl s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-10-19

El único error en el análisis de la prueba que la casación somete a su consideración, es el que surge de instrumentos públicos o privados reconocidos en juicio que exterioricen en forma evidente y sin necesidad de mayores indagaciones el error del a quo, consecuencia casi natural y lógica de que el recurso de casación es una vía excepcional de impugnación que no puede ser confundida con una segunda instancia de tránsito necesario para que se agote el proceso legal que garantiza nuestro orden constitucional.
Privilegios (civil), gastos del proceso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FARINA HECTOR c/ ELVIO SAYAGO s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-08-08

El crédito por gastos de justicia tiene un privilegio mejor que el crédito por impuestos, reparándose que tal privilegio sólo ampara al capital, más no a los intereses.
Sentencia, calificación legal, acusación fiscal, estupefacientes, tenencia de estupefacientes, cultivo ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: PERACCHIA, Luis A. s/ SENTENCIA.  CALIFICACION  FISCAL. ESTUPEFACIENTES TENENCIA. CULTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-10-23

La sentencia debe pronunciarse calificando legalmente los hechos que han sido materia del juicio sin limitarse a las calificaciones y pedidos de pena de la acusación, ya que ello no está subordinado a lo invocado por las partes. Si el fiscal acusó por tenencia de estupefacientes, nada impide que se lo condene por cultivo, si el procesado fue debidamente indagado y la conducta descripta en la acusación.
Trabajadores de la construcción, locación de obra, locación de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: AVALOS INSFRAN, PEDRO c/ BOVINO AUSTRA Y ASOCIADOS  S.A.  Y OTRO s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-01

El trabajo efectuado por un obrero albañil en casa particular en ningún caso constituye un contrato de trabajo (típico o atípico), porque es de la esencia de esta figura que el sujeto empleador sea empresario en el sentido del artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo. El contrato será según la modalidad adoptada, de locación de obra o de servicios.
Actos jurídicos, vicios de la voluntad, lesión subjetiva, equilibrio contractual
Materia: ECONOMIA
Carátula: LORU  JUAN DOMINGO Y OTROS c/ SINDICATO DE ACCIONISTAS CLASE C DETELECOM SA. s/ Lesion subjetiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-01

Uno de los presupuestos de la lesión subjetiva, es el desmedro económico padecido por la parte afectada, esto es, que se haya obtenido del contrato una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación, para cuya determinación deben computarse los valores al tiempo de la celebración del acto (art. 954 del Código Civil). Es del caso recordar que al que invoca el vicio de la lesión le basta con probar que la otra parte ha logrado, como consecuencia del acto, una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada -esto es, la notable desproporción de las contraprestaciones-, (conf. Borda, G. A., Tratado de Derecho Civil, Parte general, tomo II, Buenos Aires, Ed. Perrot, 1980 (7ma. edición), pág. 343; "La reforma del Código Civil, Lesión", ED 29-727/734). Empero, la ausencia de datos sobre el valor de los efectivamente pagado por cada uno de los actores al participar del PPP, hace virtualmente imposible establecer una diferencia numérica que sirva de base al reclamo intentado, máxime si se tiene en cuenta el fin tuitivo del PPP y que los empleados adherentes no eran asimilables a un inversor particular (conf. esta Sala, voto del suscripto y del Dr. Ricardo Gustavo Recondo en la causa n° 4884/00, del 16.06.05).