marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Formación del incidente, centro público de mediación, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA- c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Aenlle, Gustavo Antonio s/ infr. art. 1, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, ley n° 13.944'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-30

La confirmación de la resolución de primera instancia que dispuso remitir, a pesar de la oposición de la fiscalía, las actuaciones al Centro de Mediación y Métodos Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos a efectos de que se evalúe la viabilidad técnica de entrevistar a la víctima no es la sentencia definitiva del proceso, ni un auto equiparable a tal (arts. 26 y 32, ley n° 402). Ello así en tanto, por el momento, no existe una resolución jurisdiccional que cierre definitivamente el caso, ni de la que se pueda derivar un perjuicio de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Personas jurídicas de carácter público, derecho a la información, publicidad de los actos de gobierno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Koser, Guillermo Horacio c/ Provincia del Chubut s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-06-21

Los actos de una persona jurídica que al tiempo de celebrarlos era una entidad autárquica del Estado Provincial tienen carácter público y los documentos que los instrumentan constituyen una fuente oficial de información, cuyo libre acceso para todos los habitantes de este Estado garantiza el artículo 13 de la Constitución Provincial, consagratorio del principio de publicidad de los actos públicos que hace a la misma esencia del Estado de Derecho organizado democráticamente bajo la forma republicana y representativa, régimen conforme al cual decidiera estructurarse el Chubut.
Menosprecio de símbolos patrios, establecimientos educacionales
Materia: PENAL
Carátula: Neira Navarro, Eliseo s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1977-08-03

El respeto y reverencia que son debidos a los símbolos de la Patria y de la nacionalidad constituye por sí un cometido de indudable interés público. Porque en sí manifiestan y exteriorizan la propia noción de comunidad política. Negarles adhesión importa negarla al propio cuerpo, desconociendo su valor trascendente al individuo como sociedad necesaria. En el ámbito societario no adherir es desintegrar cuando la asociación aparece impuesta por la propia naturaleza. A ello llevan las sanciones penales impuestas al menosprecio de aquellos símbolos, las disposiciones que reglan el trato debido a los signos patrios y otras tantas regulaciones que a ellos se vinculan. Hay, pues, razones de orden público que sustentan aquel respeto y reverencia debidas y a nadie debe extrañar entonces que hagan parte también de la formación y educación impartida en la escuela.
Contratos administrativos, incumplimiento del contrato, prescripción quinquenal, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMEPA c/ SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES s/ COBRO DE PESOS PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-20

La cuestión de que esté en juicio una "autoridad administrativa" (con los alcances que se desprenden de los artículos 1 y 2 de la Ley Nro. 189), lleva a que la prescripción de incumplimientos contractuales se deban juzgar por las reglas y principios específicos del derecho público local.

Por ello, ante la falta de norma de la Legislatura local que de modo expreso consagre un plazo de prescripción para los contratos celebrados por autoridades de la Ciudad, correspondería -en principio- adoptar en forma supletoria el plazo de 5 años que de manera genérica ha ido adoptando la normativa local.

No obstante, dado que la jurisprudencia y la doctrina imperante hasta el presente ha aplicado de modo general, pacífico e invariable, en otras jurisdicciones o fueros, el plazo de prescripción del Código Civil -10 años- (ver, entre muchos otros: CSJN, fallos: 204:626, 296:672; CNac. Civ. y Com. Fed., Sala 3º, in re "Sotelo de Videla", de fecha 08.07.88, Sala 3 º in re "Gutiérrez, Severino", de fecha 06.07.93; C. Civil y Comercial Morón, Sala 2º, in re "Mariñelareña", de fecha 19.10.95; Cámara 6a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, in re "Nigro, Marcelo", de fecha 19.10.95, LLC 2005; CCAyT CABA, Sala 1, in re "Zarate, Raúl Eduardo", voto de la Dra. Weinberg de Rocca, de fecha 21.08.02), el criterio quinquenal propuesto no puede aplicarse sin más a supuestos como el presente, en los cuales, a la fecha de producirse el hecho disparador para computar el término de prescripción, no se contaba con pronunciamientos judiciales en este sentido.

Es decir, como ésta constituye la primera ocasión en la que esta Sala sienta, en materia de contratos, la regla de considerar el plazo de prescripción de cinco años, a diferencia de la jurisprudencia uniforme aplicada a este tipo de casos, no puede decidirse el sub lite sobre la base del criterio propuesto, pues ello implicaría sorprender a las partes en su buena fe. Máxime cuando la solución cercenaría un derecho en forma irreversible.
Derecho laboral, excepciones procesales, competencia, ejecuciones especiales, ejecución de créditos laborales, despido
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Mancuso, Rita Lucía c/ Obra Social del Personal Gráfico s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-18

En autos, el crédito objeto de condena se encontraba integrado por una parte de aquellos que revisten el carácter de preconcursal y aquellos comprendidos en el juicio universal postconcursales. La accionante debía concurrir a sede comercial a verificar los créditos pre concursales reconocidos en autos. Los créditos de causa o título posterior a la presentación del proceso falencial, denominados post concursales, no están alcanzados por el concurso y no deben presentarse ante él ni siquiera en oportunidad de su ejecución. La previsión del art. 135 de la LO debe ser interpretada con arreglo a todo el ordenamiento legal y, ninguna razón existe para que el juez del concurso deba asumir la ejecución de un crédito sobre el cual el proceso universal no tiene efecto alguno. En este sentido, la C.S.J.N. en autos "Aguilar Alfredo Ernesto c/Massuh S.A. s/Ley 14.546" sostuvo que siendo la "acreencia de naturaleza post concursal, resulta ajena al trámite de verificación y a los efectos del acuerdo homologado". Por ende, la ejecución de los créditos post concursales debe llevarse adelante ante la Justicia Nacional del Trabajo. (Del voto del Dr. Raffaghelli).
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Breppe Amílcar Andrés c/ Litoral Citrus S.A. s/ Cobro de Pesos-Indemnización por accidente de trabajo y otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-10-25

Conforme lo establece el artículo 689 del Código Civil, tratándose de obligaciones solidarias, interrumpida la prescripción por el acreedor contra uno de los deudores, dicha interrupción alcanza a todos los obligados solidariamente, por lo que -en el caso- la interrupción del plazo prescriptivo respecto de la demandada, importó la interrupción de dicho plazo respecto de la aseguradora, ya que cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores, aprovecha o perjudica a los demás.
Revocación de sentencia, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, opción de obra social, reingreso a la actividad remunerada
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Albónico, Guillermo Rodolfo y otro c/ Instituto Obra Social. s/ Recurso extraordinario federal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

Es descalificable la sentencia que no hizo lugar a la solicitud del actor para ejercer la opción de cambiar la obra social establecida por el art. 16 de la ley 19.032 toda vez que con afirmaciones dogmáticas que le dan fundamento sólo aparente y que no encuentran respaldo en las constancias comprobadas de la causa, han considerado que el traspaso de obra social se habría producido como consecuencia de un acto voluntario del trabajador al entrar en pasividad.
Intereses, modificación de la tasa de interés
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco del Iber S.A. c/ Jorge Claudio Silva y Otros s/ Ejecutivo. Banco del Iberá S.A. c/ Jorge Claudio Silva y Otros s/ Ejecutivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-03-18|1997-03-18

Cuando un pacto de intereses libremente convenido entre las partes bajo la tutela del art.1197 del Código Civil, aparece colisionando con principios jurídicos que hacen a garantías constitucionales del justiciable que está por encima de la voluntad de las partes y que se nutren del valor justicia, al que los jueces no pueden permanecer indiferentes, aparece el deber del juez de no aplicar la norma, sea convencional, sea legal, que contradiga aquellas garantías y los principios explícitos e implícitos que consagra nuestra carta magna.

Así ha sido entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recientemente, declarando que cuando un resultado se vuelve injusto debe ser dejado de lado en tanto dicha realidad debe prevalecer sobre abstractas fórmulas matemáticas.
Procedencia del recurso, aplicación errónea de la ley
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Maggi, Armando. c/ Transportes Automotores Mercedes SRL. s/ Gestor.    Representación   en  Juicio.  Preclusión.  Orden  Público.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-08-21

Procede el recurso de inaplicabilidad de ley contra la sentencia que viola el artículo 17 inciso 3) de la ley 1504 correspondiendo reenviar al Tribunal de origen para que con distinta integración y previa vista de causa dicte nuevo pronunciamiento si -como en el caso de autos- 1) venció el término para acreditar la personería sin que la contraparte y el Tribunal lo advirtieran y al dictar sentencia declaró la nulidad de oficio, correspondiendo tener por ratificada y válida la actividad desarrollada por el gestor y 2) la nueva audiencia de vista de causa debe realizarse para valorar la totalidad de la prueba por cuanto la Cámara de origen al omitir prueba esencial prescinde de uno de los elementos que tiene el deber de merituar.
Defectos del procedimiento, error judicial
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Diodemi,   Marcelo  Aníbal;  Arevalo,  Héctor  Hugo;  Segel,  Horacio Alfredo; Villalobos, Estela y Guajardo, María Teresa. s/ Robo. Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-11-13

Procede el recurso de casación en materia penal contra la sentencia que no realiza un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas en los agravios e insiste sin argumentaciones y fundamento suficiente, en los asertos del fallo de Primera Instancia. Lo primero autorizaría el reproche por error in procedendo y lo segundo por el más sustancial defecto de error in iudicando.
Inimputabilidad, error de derecho
Materia: PENAL
Carátula: Eleodoro Mario s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

La conexidad entre la cosa retenida y el crédito como razón determinante para legitimar el llamado derecho de retención, requiere de una fina interpretación de las normas de derecho privado (art.3939 del C.C.), exigencia que por la índole técnica del conocimiento demandado, permite admitir como posible que el imputado haya actuado en la errónea creencia de ejercer la legal retención de las pertenencias del denunciante. El error referido, clásico ejemplo del de "derecho extra penal" unánimemente equiparado por la doctrina y jurisprudencia al de hecho, legislado en el art.34 inc.1 del Cód.Penal desplaza, por su esencialidad, los caracteres típicos de la figura del art.173 inc.2 del citado código, careciendo de relevancia para el caso, que el autor con diligencia (podría exigírsele que, previamente a negar la restitución hubiese recurrido al consejo profesional) "salvara" la equivocación; dado, que, a lo sumo, dicha negligencia le haría responder a título de culpa, tipo de culpabilidad que no abarca la figura injerida.
Bien de familia, afectación del inmueble (civil), inscripción registral
Materia: COMERCIAL
Carátula: GRECO, STELLA c/ BERSON, EDUARDO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-15

Es irrelevante el hecho de haberse iniciado los trámites en el registro de la propiedad, para la afectación como bien de familia, con anterioridad al nacimiento del crédito en ejecución, habida cuenta el inequívoco precepto del art. 35 de la ley 14.394 en el cual se determina que la constitución del bien de familia produce efecto a partir de su inscripción en el registro inmobiliario correspondiente.
Lucro cesante, indemnización, empleados públicos, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CARLACCHIANI, ENIO PRIMO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 31-85 AGUIRRE, RAMON c/ SANTA CLARA SAIC s/ INDEMNIZACION POR INFORTUNIO LABORAL     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 239-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-05|1991-04-03

Cabe poner en tela de juicio la utilización de fórmulas matemáticas para determinar el "lucro cesante" y establecer que para la reparación integral del daño sufrido por el trabajador accidentado, resulta indispensable precisar la entidad del daño producido (disminución de ganancias) a fin de justificar la proporción entre el mismo y la referida indemnización.
Prescripción, suspensión de la prescripción, despido, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25|1997-06-17|1995-02-28|2001-11-14|2002-03-20|2002-12-23

La notificación por la cual el accionante se consideró despedido puede estimarse idónea para generar la acción indemnizatoria, enmarcando en consecuencia, el comienzo del plazo de prescripción pero no resulta hábil, simultáneamente, para suspender dicho término.
Procedimiento administrativo, impugnación del acto administrativo, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cepeda, Mario Oscar c/ Estado Nacional - Ejercito Argentino s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-30

Todo acto administrativo, cualquiera sea el vicio que porte, debe ser cuestionado en los plazos de caducidad previsto en la ley 19.549 (conf. esta Sala, causa 33.915/94 "Todone Federico Jorge c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal mil. y civ. de las FFAA y de Seg.", del 26/9/96 y C. 11.746, "Barreto, Héctor Miguel c/ Estado Nacional -E.M.G.E.- s/ retiro militar" del 26/9/96; Sala III, in re "Gimenez Vega" del 1/9/81).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Carreras, Amanda Susana s/ Querella Lourido, Alejandro s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21|1994-11-15

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que no se acompañan argumentos que evidencien las violaciones legales denunciadas (art. 355, C.P.P.).
Responsabilidad médica, presunciones, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Mansilla, Berta c/ Ceratti, Enrique. s/ Daños y perjuicios s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-04-03

Corresponde a ambas partes la carga probatoria cuando se trata de la reconstrucción histórica del hecho. Pero en el caso de responsabilidad médica, y con directa vinculación a la incidencia del protocolo quirúrgico o historia clínica, por tratarse de la registración de actos médicos asistenciales, su autor llamado a proceso tiene la obligación legal de dar explicaciones, subsanar omisiones, etc., las cuales al no ser arrimados al proceso, crean en su contra una presunción de verdad sobre su conducta antiprofesional, que a él le corresponde desvirtuar.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, menores, adopción, jueces, competencia, competencia de menores
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: R., M. J. s/ Adopción plena. Conflicto negativo de competencia. La cuestión a   resolver es: ¿Cuál es el concepto de "Menor en situación irregular"   a los fines de atribuir la competencia material al Tribunal   Colegiado de Familia o al juez de menores en orden a una adopción   plena? (-Tribunal pleno-) de Familia o al juez de menores en orden a una adopción   plena? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-11-30

La circunstancia que describe el artículo 100 inciso 2.1. de la ley 10160 alude a condiciones objetivas del llamado "menor carenciado", su infortunio debe ser tal desde la óptica de la crónica, no de la subjetividad de sus progenitores. Y otro tanto ocurre con la privación de la patria potestad por abandono (artículo 307 del Código Civil, ley 23264) precisamente cuando la virtualidad del cuidado del menor se hizo imposible incluso por parte de ciertos otros parientes consanguíneos idóneos en orden de grado excluyente, ese menor desprotegido pasará bajo el tuitivo patronato del Estado, nacional o provincial, según el caso (artículo 310 del Código Civil). En el caso, conforme a la escritura pública, el padre de la menor entrega en guarda a la misma por no poder atender a su subsistencia, todo "en vistas de la posterior adopción plena". Esta "guarda" en miras a dicha adopción se encuentra estatuida en el artículo 6 de la ley 19134 y puede definirse como "la tenencia de un menor por quien no es su representante legal, brindándole asistencia material y espiritual". Entonces, la menor no padece ese estado de abandono que prevé la normativa local para que proceda la competencia material del Juez de menores ya que no se encuentra en desamparo material y/o moral, determinante de una situación de desprotección que impida o perturbe su integral formación personal.

(Del Voto del Dr. Chiappini).
Pena, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: Schulz, Alberto Francisco s/ Lesiones leves, etc. Acosta, Secundino s/ Violación reiterada en concurso real con corrupción reiterada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24|2002-03-15

La ponderación de circunstancias agravantes por parte de la alzada no contempladas por el "a quo", sin que ello implique aumento en el monto de la pena no se encuentra prohibida por el art. 314 del Código de Procedimiento Penal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: LABORAL
Carátula: Bentrón, Héctor Mario c/ Club Villa Mitre s/ Indemnización por preaviso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-11

La eventual omisión de abordar alguno de los pedimentos efectuados en la demanda resulta ajena al ámbito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado y constituye materia propia del recurso extraordinario de nulidad.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia parcial, daño, daños y perjuicios, responsabilidad civil, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rostagno, Juan Carlos c/ Severin, María de las Mercedes Capozzolo de s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ordinario (Expte. CSJ Nº 456-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-14

No merece críticas el criterio seguido por el Tribunal para alcanzar la justipreciación del daño causado por los animales que entraron al campo sembrado del reclamante (se partió de la superficie cultivada y no cosechada; se estima el rendimiento promedio del cultivo y se fija la valuación del quintal, y con tales parámetros se establece el "quantum" económico de la venta frustrada). Pero si yerra el sentenciante cuando adiciona a la condena dineraria el rubro costo de laboreo -proporcional a la extensión dañada-; en efecto, ello traspasa el nivel de logicidad tolerado toda vez que, sumar dicho rubro a la ganancia por la venta de la cosecha frustrada, implicaría arribar a un beneficio económico -desde luego mayor- que en modo alguno se compadece con lo que hubiera percibido, efectivamente, en caso de haberse operado de manera normal y habitual en la actividad es que importa un enriquecimiento sin causa.
Extinción del contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, homologación del acuerdo laboral, retractación de la renuncia
Materia: LABORAL
Carátula: SCOSERIA, NELIDA c/ TELEFONICA DE ARGENTINA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-23

Si las partes declararon extinguida la relación laboral por mutuo acuerdo mediante un acta homologada por el Ministerio de Trabajo, en la que claramente se expresa que el contrato se ha extinguido por la vía que prevee el art. 241 de la LCT, la posibilidad de que el actor se haya arrepentido con posterioridad y pretenda un monto diferente y mayor, no es argumento suficiente para desconocer el acto jurídico de que se trata, ni tampoco para alegar que se ha vulnerado un derecho de orden público, porque no puede haber renuncia si hay conformidad expresada a través de una forma de disolución expresamente prevista en la LCT.
Ex empresas del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, bonos de goce y de participación, compraventa
Materia: LABORAL
Carátula: ROMANO  RENE  EDUARDO  Y  OTROS C/ YPF S.A. S/ PART. ACCIONARIADO OBRERO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-30

El hecho de que se haya seguido el procedimiento de asociación en la privatización de YPF S.A., no impide hacer efectivo el beneficio previsto en el art. 13 de la ley 24.145, pues para el anexo V, al que se refiere el dispositivo legal y en relación con los activos en cuestión, la propia ley alude tanto a la venta como a la asociación como formas de transferencia y el artículo citado hace mención al "producido de la operación de que se trate", utilizando una expresión genérica que comprende cualquier negocio jurídico mediante el cual se concreta la transferencia de los activos de la empresa. El art. 8 del decreto 546/93 no puede ser leído como un límite a lo dispuesto por la norma legal, porque una interpretación contraria llevaría a poner en cabeza de la empleadora la voluntaria decisión de pagar o no la participación que consagra la ley, ya que bastaría utilizar la fórmula de transferencia por asociación para hacer caer la obligación a su cargo. (Del voto de la Dra. Porta, en mayoría).
Despido del delegado gremial, indemnización por despido, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: CORREA, JORGE c/ ESTADO NACIONAL. SECRETARIA DE CULTURA DE LA NACION s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-27

En cuanto al cobro de la indemnización por despido, cabe señalar que ...la culminación del lapso de estabilidad no produce la disolución del vínculo contractual... (Acciones Tutelares de la Libertad Sindical, pág 203 y sgtes Bof, Edit La Rocca, Bs As 1991), para ello se requiere una nueva decisión del empleador ante el hecho nuevo del vencimiento del plazo de estabilidad o que el trabajador, en lugar de solicitar la reinstalación, hubiere ejercido la segunda opción prevista en el art 52 de la ley 23551. Pero si el empleador no cumplió con los requisitos exigidos por la norma expresada, el despido quedó sin efecto y la ruptura del contrato puede entenderse que operó por voluntad concurrente de las partes, lo que no da derecho a indemnización alguna, si concurren los extremos fijados por el art 244 ,in fine, LCT.