Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-07-29


AUTOS N° 117919 (C.C. SALA IV Nº 303) DEL Juzgado Contencioso Administrativo, CARATULADOS "FORNASARI Ángel Eduardo C/ Provincia de San Juan - Daños y Perjuicios (en Cont. Administ.)".- PROT.: L. DE AUTOS - T°I - F°238/243 - AÑO 2015.- San Juan, 29 de julio de dos mil quince.

VISTO: Las presentes actuaciones venidas a estudio para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 121 contra la sentencia de fecha 26 de junio de 2013 obrante a fs. 118/120; que fuera concedido a fs. 133 con efecto suspensivo.

Y CONSIDERANDO: Mediante el pronunciamiento apelado la Sra. juez hizo lugar al recurso de reposición interpuesto por la demandada contra el decreto de fs. 99 revocándolo; y en su lugar, dejó sin efecto el pase a resolver la excepción previa de prescripción opuesta por la accionada hasta tanto el actor repusiera el sellado adeudado desde la interposición de la demanda principal y hasta la promoción del nuevo beneficio de litigar sin gastos.

Para así resolver la sentenciante sostuvo que el principio de irretroactividad del beneficio de litigar sin gastos adquirió jerarquía legal con la sanción de los arts. 82 y 84 del nuevo Código Procesal Civil, Comercial y Minería -los que transcribe-. Agregó que la regla consagrada no admite excepciones ya que no sólo le impone al beneficiario la obligación de abonar los gastos de justicia cuando inicie el beneficio con posterioridad a la demanda, sino también cuando reitere el pedido luego de esa oportunidad.

Expresó que los precedentes citados por el accionante no se aplican al presente caso porque el anterior régimen procesal no contenía normas similares a las actuales (arts. 82, 84 del C.P.C.) y que el proceso en el que operó la perención nació a la luz del nuevo ordenamiento procesal que consagra sin ningún tipo de excepción la irretroactividad del beneficio de litigar sin gastos. Concluyó diciendo que al haber finalizado el anterior beneficio por perención corresponde que el actor abone el sellado devengado desde la promoción de la demanda principal (27/04/10) hasta la iniciación del nuevo beneficio de litigar sin gastos. Contra dicho pronunciamiento el actor interpuso recurso de apelación a fs. 121, el que le fue concedido a fs. 133 -como ya señaláramos-, expresando agravios a fs. 134/141 en los siguientes términos: I) Le agravia que la sentenciante le ordene abonar el sellado de actuación desde la interposición de la demanda hasta la presentación del nuevo beneficio, ignorando lo dispuesto por los arts. 14, 16 y 18 de la Constitución Nacional.

Ataca el examen que lleva a cabo la Sra. juez de los arts. 82 y 84 del C.P.C.; agraviándole que considere que no se admite excepción alguna al principio de irretroactividad del beneficio de litigar y que no resultan aplicables los precedentes jurisprudenciales citados.

Sostiene que el fallo dictado viola el derecho de igualdad ante la ley, el de defensa en juicio y contraría lo previsto por el art. 31 de la C.N.

Aduce que la sentenciante no consideró lo manifestado a fs. 109/110 vta. -al momento de responder el traslado conferido del recurso de reposición interpuesto por la demandada-.

Afirma que del modo que la Sra. juez interpreta los arts. 82 y 84 del C.P.C. se le está negando el acceso a la justicia; cita jurisprudencia en apoyo de su postura.

Sostiene que se encuentra en la misma situación económica al momento de promover el primer beneficio como al reiterar el segundo.

II) Le agravia que considere que el principio de irretroactividad del beneficio no tiene excepciones. Expresa que el presente caso debe ser tratado como una excepción a lo dispuesto por los arts. 82 y 84 del C.P.C..

Alega que el principio de gratuidad de la justicia tiene raigambre constitucional porque tiende a asegurar el acceso de todos los ciudadanos a los estrados de los tribunales y que se viola el derecho de la defensa en juicio si se lo condiciona al pago previo de sumas -cualquiera sea el fundamento con que ellas sean exigidas-.

III) Reitera que le agravia que la sentenciante no considere los antecedentes jurisprudenciales que citó. Manifiesta que es un absurdo sostener que no existe este tipo de norma -refiriéndose a los arts. 82 y 84 del C.P.C.- en otro ordenamiento procesal.

Afirma que la Corte de Justicia de la Nación en los autos "Pérez María Elisa y otra C/ San Luis, Provincia de S/ Daños y Perjuicios" en fecha 04/10/1994 se pronunció en el sentido que el principio de irretroactividad no juega cuando existió un pedido anterior con el mismo objeto, que concluyó por caducidad de instancia, desde que no corresponde reconocer al pronunciamiento que declaró la perención, la virtualidad de negar la situación de pobreza real que en el respectivo incidente ya había quedado demostrada mediante efectivas constancias judiciales.

Expone que en igual sentido se pronunció nuestro máximo Tribunal Provincial en fecha 22/03/02 en los Autos "Arredondo de Monroy Cecilia A. y otros S/ Beneficio de litigar sin gastos - Inconstitucionalidad".

Sostiene que el art. 84 del C.P.C. prevé una situación diferente a la del caso de autos; ello acontecería cuando, luego de valorada toda la prueba, por sentencia no se hubiera admitido el beneficio lo que posibilitaría una nueva presentación atento a que dicha resolución no causa estado.

En definitiva solicita al Tribunal que admita el recurso interpuesto y que en consecuencia deje sin efecto la intimación a reponer sellado desde la interposición de la demanda, otorgándole efectos retroactivos al beneficio en trámite. Para el caso de fallo adverso a su pretensión, formula expresa reserva para interponer los recursos extraordinarios de la Ley nº 2275.

A fs. 149/150 vta. la contraria responde el traslado conferido a fs. 146. Por los fundamentos allí expresados peticiona el rechazo del recurso y en consecuencia, la confirmación del fallo apelado. Para el caso de un pronunciamiento contrario a su postura formula expresa reserva para interponer los recursos de la Ley n° 2275 y del caso federal del art. 14 de la Ley n° 48.

Tratamiento del recurso Ingresando al estudio de la cuestión sometida a decisión de este Tribunal diremos que los agravios serán tratados conjuntamente dada su íntima vinculación. Le agravia en definitiva al apelante que la Sra. juez no le otorgue efecto retroactivo al nuevo beneficio de litigar sin gastos iniciado frente al acaecimiento del primero por perención de instancia y que en consecuencia se lo intime a reponer el sellado adeudado desde la interposición de la demanda principal y hasta la promoción del nuevo beneficio.

Como consta en autos, como medida para mejor resolver, se requirió al Juzgado de origen la remisión del Beneficio de litigar sin gastos N° 117920 caratulado "Fornasari Ángel Eduardo - Beneficio de Litigar sin Gastos - conexidad con autos N° 117919" el que se tiene a la vista en este acto. El mismo fue iniciado en fecha 27/04/10 simultáneamente con la promoción de la demanda principal.

En dicho beneficio la accionada formuló planteo de perención de instancia al cual se allanó la parte actora el día 09/03/12 (v. fs. 29/30). A fs. 35 y vta. -del beneficio- corre agregada la sentencia de fecha 20/04/12 por la cual se hizo lugar al incidente de perención de instancia y se impusieron las costas a la parte actora.

Resaltamos que al momento de allanarse el actor al planteo de perención de instancia efectuado por la demandada solicitó nuevo beneficio de litigar sin gastos (v. fs. 29/30). Habiendo relatado sucintamente las constancias obrantes en el expediente del beneficio de litigar sin gastos previo a todo, estimamos indispensable destacar que en el art. 78 del C.P.C. se legisla sobre las oportunidades para solicitarlo.

Tal dispositivo prevé expresamente -en la parte pertinente- que: "Los que carecieren de recursos podrán solicitar antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso la concesión del beneficio de litigar sin gastos ..." (el subrayado nos pertenece).

"De allí pues, podrá solicitarse: 1) antes de deducir la demanda; 2) concomitantemente con ella, esto es, al tiempo de su promoción; 3) luego de iniciado el proceso, en cualquier etapa del mismo, y, 4) también puede solicitarse en segunda instancia. El Código no establece límites. Las diferencias van a estar en el alcance de los efectos del beneficio..." (Código de Procedimientos Civil, Comercial y Minería, comentado por los Dres. Jaime A. Velert F., Roberto Pagés LLoveras y Gustavo A. Velert B., Tomo 1, volumen "A", pág. 475).

Y es justamente el alcance de los efectos del beneficio lo que está en discusión en el presente caso; entrando en juego -como entendió la Sra. juez- lo dispuesto en los artículos 82 y 84 del C.P.C. -que deben ser analizados conjuntamente-.

El texto de la ley es claro al respecto disponiendo que la concesión del beneficio solicitado antes o al promover la demanda abarca todas las etapas del juicio. Mientras que si fue pedido o reiterado con posterioridad a la demanda, el peticionario debe cumplir con las obligaciones emergentes de la actividad procesal anterior. De dicha norma surge patente el carácter irretroactivo del beneficio de litigar (cfr. art. 82 -última parte-).

Ello queda corroborado con lo dispuesto en el art. 84 -relativo al alcance del beneficio- que establece: "El que obtuviere el beneficio estará exento, total o parcialmente, del pago de las costas o gastos judiciales desde que formuló su presentación y hasta que mejore de fortuna ..." (el subrayado es nuestro).

De lo expresado cabe concluir que si el beneficio se peticiona antes o al momento de promover la acción, una vez obtenido, tiene carácter retroactivo a la iniciación del juicio principal. Caso contrario, esto es, si fue requerido después de iniciado el proceso, alcanzará a las actuaciones posteriores pero no a las anteriores.

"...frente a un beneficio solicitado con posterioridad a la demanda, o reiterado con posterioridad, no exime al peticionario de pagar las obligaciones emergentes de la actividad anterior, sino que, en todo caso, el beneficio producirá efectos a posteriori de la solicitud del nuevo beneficio..." (Código de Procedimientos Civil, Comercial y Minería, comentado por los Dres. Jaime A. Velert F., Roberto Pagés LLoveras y Gustavo A. Velert B., Tomo 1, volumen "A", pág. 490).

Como venimos sosteniendo -y surge de manera expresa del texto de la ley- la solicitud del beneficio es irretroactiva; si bien puede peticionarse en cualquier estado del proceso, si se lo hace con posterioridad a la promoción de la demanda no puede otorgársele efectos retroactivos a la fecha de interposición de la acción -como pretende la apelante-.

Sin perjuicio de ello, la Sala Primera de la Corte de Justicia ha admitido una excepción a este principio siempre que se hayan configurado dos situaciones: 1) que haya existido una declaración de caducidad de instancia del beneficio iniciado en primer término y, 2) que en dicho beneficio se encuentre probada la situación de pobreza real del solicitante. La Sala Primera de la Corte mediante fallo dictado en fecha 07 de abril del año 2014 (P.R.E. S 1°-2014-I-88), al tratar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora contra la sentencia dictada por este Tribunal en los autos n° 106122 -C.C. Sala IV nº 133- caratulados "Cardozo Dueñas Mabel del Valle c/ Provincia de San Juan - Daños y Perjuicios - Sumario", sostuvo: "...este Tribunal -con diversas integraciones- ha venido delimitando el criterio que sostuvo en uno de los precedentes citados por la recurrente ("Arredondo de Monroy", Expte. N° 2403, PRE S. 1°, 2002-I-73), siguiendo la línea directriz dada por la CSJN en el caso "Pérez, María Elisa y Otra c/ San Luis, Provincia de s/ Daños y Perjuicios". Allí se dejó en claro que el principio rector en la materia es el de la irretroactividad en los efectos del beneficio de litigar sin gastos, pero que cabe la posibilidad de una excepción al mismo, cuando existe un pedido anterior con el mismo objeto, que concluyó por caducidad de la instancia, pero en el cual el solicitante alcanzó a acreditar prima facie, su imposibilidad de hacer frente a los gastos causídicos".

Continúo expresando nuestro Máximo Tribunal en el pronunciamiento referido que: "Ahora bien, en otros precedentes dictados con posterioridad a "Arredondo de Monroy" ("Peralta Verónica Victoria - Beneficio de Litigar sin gastos - Reconstruido - Inconstitucionalidad", PRE S.1°, 2002-I-159; "Trigo Jorge Elio c/ Municipalidad de San Martín y otros - Sumario - II Cpo. Inconstitucionalidad", PRE S.2°, 2003-I-61; y "Páez Amado Antonio y otra s/ Beneficio de litigar sin gastos - Inconstitucionalidad", PRE S.1°, 2007-III-492); las Salas I y II del Tribunal -con diversas integraciones- han reafirmado el criterio tanto de la irretroactividad de los efectos del otorgamiento -aún provisorio- de un segundo beneficio de litigar sin gastos; como también el carácter excepcional -y por ende de interpretación restrictiva- de lo resuelto en "Arredondo de Monroy".

"En los tres casos arriba citados, el Tribunal se avocó a analizar en qué casos o bajo qué condiciones, el otorgamiento de un beneficio de litigar sin gastos se puede apartar de la regla de la irretroactividad establecida en "Arredondo de Monroy", siguiendo en tal aspecto la doctrina de la Corte de la Nación cuando -como en el supuesto de autos-, se produce una nueva solicitud como consecuencia de la declaración de caducidad de instancia de la primera petición. Y se concluyó en que, para que adquiera efecto retroactivo un nuevo pedido de beneficio de litigar sin gastos, debe haber existido, en primer lugar, una declaración de caducidad de instancia del proceso inicial y en segundo término, encontrarse probada, en el expediente originario del trámite, la situación de pobreza real del solicitante".

Nos permitimos transcribir parte de los fundamentos expuestos por la Sala Primera de la Corte de Justicia -en el fallo citado precedentemente- por su claridad y precisión.

Atendiendo a dichos postulados surge evidente que el recurso de apelación interpuesto por el actor no puede prosperar. Ello, porque como surge de los Autos N° 117920 caratulados "Fornasari Ángel Eduardo - Beneficio de Litigar sin Gastos - conexidad con autos N° 117919" no se ha producido prueba que acredite la situación real de pobreza del solicitante en el sentido de la carencia de medios económicos para hacer frente a las erogaciones del juicio.

En el beneficio mencionado sólo consta una contestación de un oficio remitido a la ANSES por el cual se informa que el actor no goza de ningún beneficio previsional (v. fs. 32). Esa sola prueba -no avalada por ninguna otra probanza- no puede ser considerada como demostrativa de la imposibilidad del actor de afrontar las erogaciones judiciales. No quedó demostrada de ninguna manera -en el beneficio- la situación patrimonial del actor con respecto a la alegada falta de medios económicos para hacer frente a los gastos del proceso. Por ello, si bien se da el primero de los requisitos (perención del primer beneficio) señalados por la Sala Primera de la Corte de Justicia a los fines de la procedencia de la excepción de irretroactividad, no se da el segundo (encontrarse probada, en el expediente originario del trámite, la situación de pobreza real del solicitante).

Como consecuencia de ello, no corresponde conferir efecto retroactivo -al momento de la interposición de la demanda- al segundo beneficio de litigar sin gastos iniciado por el actor; debiendo abonar el sellado adeudado desde que interpuso la demanda principal y hasta la promoción del nuevo beneficio de litigar sin gastos. Por todo lo expresado, se rechaza el recurso de apelación concedido al accionante; confirmándose la sentencia apelada por los argumentos expuestos en el presente pronunciamiento. Las costas de la Alzada se imponen a cargo del apelante vencido (arts. 66 y 67 C.P.C.). De conformidad a lo dispuesto por el art. 800 inc. 10 del C.P.C. -que sustituye al artículo 222 de la Ley 2150 (hoy Ley 56-O)- y al art. 196 inc. a de dicha ley arancelaria, se regulan honorarios a favor del letrado apoderado de la parte accionada vencedora -Dr. Carlos Marún- y del representante del actor perdidoso -Dr. Gonzalo H. Doblas- por la labor desempeñada en la Alzada, en el treinta por ciento (30%) de los honorarios que le sean regulados por su actuación en la presente incidencia en la primera instancia.

La presente resolución se emite con dos firmas en virtud de lo establecido por el artículo 257 del C.P.C.

Por todo ello, se RESUELVE: I) Rechazar el recurso de apelación concedido a fs. 133 contra la sentencia de fecha 26 de junio de 2013 obrante a fs. 118/120, la que se confirma por los argumentos expresados en los considerandos de la presente. II) Imponer las costas de la Alzada a cargo del apelante vencido (arts. 66 y 67 C.P.C.). III) Regular honorarios a favor de del letrado apoderado de la parte accionada vencedora -Dr. Carlos Marún- y del representante del actor perdidoso -Dr. Gonzalo H. Doblas- por la labor desempeñada en la Alzada, en el treinta por ciento (30%) de los honorarios que le sean regulados por su actuación en la presente incidencia en la primera instancia (cfr. art. 800 inc. 10 del C.P.C. -que sustituye al artículo 222 de la Ley 2150 (hoy Ley 56-O)- y al art. 196 inc. a de dicha ley arancelaria).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.

FIRMADO: DR. ROMERO PRESIDENTE - DRA. NACIF. VOCAL.- ANTE MI: MARCELA CARRIZO - PROSECRETARIA.-