Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-20


Buenos Aires, abril 20 de 2010.

Autos y Vistos; Considerando:

1º) Que a fs. 145/159 Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Palmares Limitada promueve acción declarativa en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Entre Ríos, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la resolución 26/07 de la Dirección General de Rentas provincial, que efectuó una determinación de oficio en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos por la actividad desarrollada por la actora en el período enero de 2000 a abril de 2006. Ello, toda vez que sostiene que su actividad la realiza sin fines de lucro y que, en virtud de lo dispuesto por el art. 92, inc. b, acápite I, de la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, a cuyo régimen adhirió sin reservas la demandada mediante las leyes locales 8079 y 9468, se encuentra exenta del pago del tributo en cuestión.

2º) Que a fs. 162/163 la señora juez federal subrogante declaró su competencia e hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora, en virtud de lo cual ordenó a la Dirección de Rentas provincial que se abstenga de ejecutar cualquier acto o iniciar algún procedimiento tendiente a aplicar, determinar, garantizar o requerir el pago del referido impuesto, hasta tanto se dicte sentencia definitiva. Contra dicha resolución la provincia de Entre Ríos interpuso recurso de apelación a fs. 189 -concedido a fs. 190- y lo fundó con la presentación del memorial de fs. 191/196. La actora contestó el traslado a fs. 198/201 y solicitó que se confirme la medida apelada.

3º) Que a fs. 207 la señora juez federal subrogante ordenó correr traslado de la demanda a la provincia de Entre Ríos y dispuso la citación como tercero al Estado Nacional, quien opuso excepción de falta de legitimación pasiva a fs. 217/221, planteo que la actora respondió a fs. 253/258.

4º) Que a fs. 239/245 la provincia de Entre Ríos opuso la excepción de incompetencia. En subsidio, contestó la demanda y pidió su rechazo.

5º) Que a fs. 234/236 del incidente de apelación de medida cautelar, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolvió declinar su competencia y ordenó remitir las actuaciones a esta Corte.

6º) Que a fs. 261/263 de estas actuaciones obran fotocopias certificadas del dictamen de la señora Procuradora Fiscal en el cual se expide acerca de la competencia del Tribunal.

7º) Que en este contexto, de acuerdo a los hechos que se exponen en la demanda y a la naturaleza de la pretensión deducida (artículos 42 y 52 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), el presente proceso debe ser subsumido en el marco de la decisión adoptada por el Tribunal en la causa "Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/acción declarativa" (Fallos: 332:1007), a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias. De ahí pues, que la presente causa no corresponde a la competencia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional.

8º) Que tampoco esa jurisdicción nace en autos en razón de las personas como única forma de conciliar el derecho de la provincia de Entre Ríos a la competencia originaria del Tribunal y del Estado Nacional al fuero federal (artículo 116 de la Constitución Nacional), ya que en esta causa no es necesario afirmar ese punto de encuentro.

9º) Que, en efecto, quien solicita la intervención obligada como tercero -en este caso del Estado Nacional- le incumbe acreditar que se trata de uno de los supuestos que autorizan a disponerla (Fallos: 313:1053; 318:2551). Por lo tanto, corresponde desestimarla si no se invoca concretamente la presencia de una comunidad de controversia, toda vez que el instituto en examen es de carácter excepcional y su admisión debe ser interpretada con criterio restrictivo (Fallos: 322:1470).

En ese marco, y con particular atinencia a la cuestión que aquí se plantea, el Tribunal ha tenido oportunidad de señalar que la pretensa citación del Estado Nacional no puede basarse en que la demanda involucraría la política fiscal federal, dado que tal extremo no justifica una comunidad de controversia que suscite la intervención obligada prevista en el artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Fallos: 318:2551; causa N.112.XXXV "Neuquén, Provincia del c/ Hidroeléctrica Piedra del Aguila S.A. s/ cobro de regalías", sentencia del 27 de febrero de 2001).

Por lo demás, el hecho de que se sostenga que la cuestión sometida a decisión judicial involucra intereses relacionados con la política económica fijada por el Estado Nacional, y que las condiciones por él fijadas deben ser restauradas en la medida en que son afectadas por la legislación provincial que se impugna, no trae aparejado que aquél deba participar en el proceso en forma obligada. En efecto, tal como lo ha decidido este Tribunal en supuestos sustancialmente análogos, dichos extremos no justifican su participación por la vía requerida, en la medida en que la adopción de ese temperamento traería aparejado que se debiese citar al Gobierno Nacional en el carácter referido en todos aquellos procesos en los que se pusiera en tela de juicio el ordenamiento de las competencias entre las provincias argentinas y el gobierno federal (Fallos: 328:1435).

10) Que desechada la intervención del Estado Nacional por las razones expuestas, corresponde imponer las costas de su actuación en el orden causado, toda vez que la actora pudo creerse con derecho a solicitar su citación como lo hizo, en función de los antecedentes de la cuestión (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; arg. causa R.2075.XXXVIII "Rudaeff, Miriam c/ Chubut, Provincia del y otros -Pcia. de Santa Cruz, Estado Nacional y Adolfo Guitelman- s/ daños y perjuicios", pronunciamiento del 18 de agosto de 2009).

Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: I. Declarar la incompetencia de esta Corte para conocer en la causa por vía de su instancia originaria; II. Imponer las costas correspondientes a la actuación del Estado Nacional en el orden causado. Notifíquese a las partes por intermedio del Juzgado Federal de Paraná, y comuníquese al señor Procurador General de la Nación. -Elena I. Highton de Nolasco -Carlos S. Fayt -Enrique Santiago Petracchi -Juan Carlos Maqueda (según su voto) -Carmen M. Argibay.

Voto Del Señor Ministro Doctor Don Juan Carlos Maqueda:

Considerando:

1) Que el infrascripto se remite al criterio expuesto en su voto en la causa "Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa" (Fallos: 332:1007).

2) Que a lo allí señalado corresponde agregar que, en el caso, la competencia originaria prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional tampoco nace en razón de las personas como única forma de conciliar el derecho de la Provincia de Entre Ríos a la competencia originaria del Tribunal y del Estado Nacional al fuero federal (artículo 116 de la Constitución Nacional), ya que en esta causa no es necesario afirmar ese punto de encuentro.

3) Que, en efecto, a quien solicita la intervención obligada como tercero -en este caso del Estado Nacional- le incumbe acreditar que se trata de uno de los supuestos que autorizan a disponerla (Fallos: 313:1053; 318:2551). Por lo tanto, corresponde desestimarla si no se invoca concretamente la presencia de una comunidad de controversia, toda vez que el instituto en examen es de carácter excepcional y su admisión debe ser aceptada con criterio restrictivo (Fallos: 322:1470).

En ese marco, y con particular atinencia a la cuestión que aquí se plantea, el Tribunal ha tenido oportunidad de señalar que la pretensa situación del Estado Nacional no puede basarse en que la demanda involucraría la política fiscal federal, dado que tal extremo no justifica una comunidad de controversia que suscite la intervención obligada prevista en el artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Fallos: 318:2551; causa N.112.XXXV "Neuquén, Provincia del c/ Hidroélectrica Piedra del Águila S.A. s/ cobro de regalías", sentencia del 27 de febrero de 2001).

Por lo demás, el hecho de que se sostenga que la cuestión sometida a decisión judicial involucra intereses relacionados con la política económica fijada por el Estado Nacional, y que las condiciones por él fijadas deben ser restauradas en la medida en que son afectadas por la legislación provincial que se impugna, no trae aparejado que aquél deba participar en el proceso en forma obligada. En efecto, tal como lo ha decidido este Tribunal en supuestos sustancialmente análogos, dichos extremos no justifican su participación por la vía requerida, en la medida en que la adopción de ese temperamento traería aparejado que se debiese citar al Gobierno Nacional en el carácter referido en todos aquellos procesos en los que se pusiera en tela de juicio el ordenamiento de las competencias entre las provincias argentinas y el gobierno federal (Fallos: 328:1435).

4) Que desechada la intervención del Estado Nacional por las razones expuestas, corresponde imponer las costas de su actuación en el orden causado, toda vez que la actora pudo creerse con derecho a solicitar su citación como lo hizo, en función de los antecedentes de la cuestión (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; arg. causa R.2075.XXXVIII "Rudaeff, Miriam c/ Chubut, Provincia del y otros -Pcia. de Santa Cruz, Estado Nacional y Adolfo Guitelman- s/ daños y perjuicios", pronunciamiento del 18 de agosto de 2009).

Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: I. Declarar la incompetencia de esta Corte para conocer en la causa por vía de su instancia originaria; II. Imponer las costas correspondientes a la actuación del Estado Nacional en el orden causado. Notifíquese a las partes por intermedio del Juzgado Federal de Paraná, y comuníquese al señor Procurador General de la Nación. -Juan Carlos Maqueda.