marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, cuestiones de competencia, competencia ordinaria, competencia federal, obras sociales, aportes a obras sociales, Fondo de redistribución, delito penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: TESTIMONIO DE INCOMPETENCIA s/ TESTIMONIO DE INCOMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-25

Cuando los hechos denunciados habrían perjudicado el patrimonio de una obra social, debe ser la justicia ordinaria quien debe intervenir, por cuanto, aun cuando dicho patrimonio debe ser considerado de naturaleza pública, como lo disponía el art. 16 de la Ley 22.269, pertenece al mencionado ente, y no al estado nacional.

Por otra parte, los perjuicios que pueden reflejarse en el aporte al fondo de redistribución que crea el art. 13 de dicha Ley, son indirectos, ya que el dinero supuestamente defraudado aún se encontraba en su seno. A mayor abundamiento, el art. 12 inc. a) de la vigente Ley 23.660, expresa con precisión que "las obras sociales sindicales son patrimonio de los trabajadores que la componen".
Reordenamiento del sistema financiero, pesificación, emergencia económica, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: CANEGALLI, Alberto David c/ MORALES, Hugo Alberto s/ EJECUCION ESPECIAL LEY 24441 - EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-22

Es cierto que la declaración de emergencia o su continuación a que alude ahora el art. 1 de la ley 25.820 se trata de una cuestión política no justiciable, y que encuadra dentro de las facultades de los otros poderes del Estado. Empero, tengo en claro que tal declaración no autoriza, a dejar de lado los derechos y garantías asegurados por la Constitución Nacional, sino que -por el contrario- la meta del legislador, es evitar que se desconozcan. Disidencia del Dr. Dupuis
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cossalter, Juan Martin c/ Guerrero Montero, Gonzalo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-31

El monto otorgado ($ 3.000) es exiguo y no compensa el daño sufrido por la víctima teniendo en cuenta que éste necesariamente debió sufrir angustias y padecimientos gravísimos a consecuencia del estallido y ruptura de su testículo derecho, de la intervención quirúrgica a la que fue sometido , de la vergüenza y dolor que tales circunstancias le acarrearon. Además esa angustia continúa en la actualidad debido a la disminución permanente de su glándula derecha de un 40% con respecto al izquierdo. Dar una indemnización de $ 3.000 cuando existen tales lesiones constituye una infravaloración del daño efectivamente sufrido, lo que en definitiva constituiría una forma de hacer padecer parte de ese daño a la víctima. Amen que con estas indemnizaciones insignificantes el sistema de la responsabilidad civil pierde de vista uno de sus objetivos, cual es el de estimular la evitación de los daños; según la teoría del bienestar, una indemnización que no conlleva la idea de la prevención no es justificable, pues resulta menos costoso pagar la indemnización que adoptar las precauciones tendientes a que los daños no se produzcan.
Regulación de honorarios, honorarios del perito, dictamen pericial, reconocimiento de mercaderías
Materia: PROCESAL
Carátula: ANTORCHA CIA. ARG. DE SEGS.  S.A. c/ BUQUE GREAT CONCERT s/ RECONOCIMIENTO PERICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-06

La máquina objeto de reconocimiento sufrió algún daño, más esto no constituyó un inconveniente técnico que impidiera su destino específico por parte del consignatario. En tales condiciones, a los efectos arancelarios, cabe atenerse principalmente a la naturaleza de los trabajos cumplidos. Ello sin perjuicio de que además, el valor total de la carga -relacionado directamente con la importancia del asunto- se utilice para disminuir o elevar razonablemente el monto de la retribución de los peritos.
Depósito judicial, pesificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Molina Julio Avelino y Otra s/ Ejecución Hipotecaria - Recaratulado Molina Hoy su Quiebra s/  Concurso especial solicitado por Banco de la Nación Arg.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-08

Como se ha resuelto con fuerza vinculante "los depósitos judiciales no son alcanzados por el régimen de emergencia - corralito financiero, pesificación- aún cuando se hayan transformado en depósitos a plazo fijo sin perder la naturaleza de depósito juidicial".
Jubilaciones, prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: JARAMILLO LUIS ANGEL c/ ESTADO  PROVINCIAL  Y/O  EMPRESA  DE SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO Y/O CAJA DE PREVISION SOCIAL s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-02-07

El instituto de la prescripción liberatoria anual regulada en el art.130 de la Ley 1.782, tiene sus bases en el art. 3947 del Código Civil, constituyendo un medio para liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo, encontrándose en materia previsional el intento de conciliar la imprescriptibilidad del beneficio con la prescripción del derecho al cobro de haberes o al reajuste de éstos últimos, lo cual explica la diferente regulación contemplada en el art. 130, según Ley 1.782. Por cuanto la imprescriptibilidad del derecho al beneficio no se comunica a los haberes que corresponden al interesado desde el nacimiento del derecho hasta que presenta el reclamo porque ellos prescriben en los plazos y condiciones fijadas por la normativa antes mencionada.
Veto parcial, control de constitucionalidad
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido Izquierda Unida s/ reconocimiento de personería jurídico política (caducidad art. 50 inc. 'e', ley 23.298)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-07

El planteo de inconstitucionalidad respecto de la promulgación parcial de la ley 26.571, formulado por un partido político que se encontraría incurso en la causal de caducidad prevista en el artículo 50 inciso "e" de la ley 23.298 resulta improcedente, pues la promulgación del texto no observado -según lo dispuesto por el decreto 2004/09- no ha afectado la autonomía normativa y ha dejado inalterado el objeto central de la ley 26.571, toda vez que las normas observadas han podido escindirse del texto del proyecto total sancionado por el Congreso, sin detrimento de aquél.
Juicio de desalojo, tenencia precaria, obligación de restituir, menores, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: HONORABLE SENADO DE LA NACION c/ BURGOS SORIA MARCELINO Y OTROS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-10

Habida cuenta de que la sentencia se hará efectiva contra todos los que ocupen el inmueble, aún cuando no hayan sido mencionados en la diligencia de notificación o no se hayan presentado en el juicio-, no resulta lógico deducir que quedan excluidos los menores, no sólo porque no lo menciona en forma específica la norma en cuestión ni ninguna otra de ese Título, sino porque sería absurdo concebir que los propietarios de los inmuebles ocupados, o cualquiera que posea un interés legítimo para el desalojo, deban otorgar a los menores la protección y el amparo que incumbe prestar a quienes ostentan la patria potestad, conclusión que se confirma al advertirse que se trata de una "tenencia precaria", de modo que la obligación de restituir surge límpidamente de la propia condición de los ocupantes e involucra a todos ellos, quienes sólo habitan el inmueble por tolerancia de quien aquí demanda. El mismo efecto tendría la acción enderezada contra los mayores y su "grupo familiar", sin distinguir sus integrantes, puesto que el desalojo alcanzará a todos ellos sin excepción basada en la capacidad o incapacidad de las personas.
Resolución administrativa, acto administrativo definitivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moreno, José Alberto s/ Contencioso administrativo de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-08-16

Existe resolución definitiva y que causa estado dentro de la administración pública cuando ésta presenta el carácter de irreversible (irrecurrible e irreclamable) y final dentro de las instancias administrativas, o en otros términos la que dicta la autoridad superior y que ya no puede reverse por la propia autoridad.
Cuidado personal compartido, plan de parentalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C.F.O.Y OTRO c/ M.S.E. s/ Regimen de visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

No surgiendo de las actuaciones que el padre de la menor se encuentre privado de la patria potestad ni suspendido en su ejercicio - supuestos en los cuales el análisis podría alterar su rumbo -, la citación del progenitor de la niña, a fin de que tome la intervención que le corresponde en el presente juicio de visitas iniciado por los abuelos del menor, resulta imprescindible, ya que se configura el caso previsto por el artículo 89 del CPC, no pudiéndose dictar útilmente el pronunciamiento pretendido más que con relación a ambos progenitores.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Hurto impropio, automotor en vía pública, transmisión del dominio
Materia: PENAL
Carátula: RIGO, DAMIAN s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-25

Constituye el delito de defraudación por frustración de un derecho , la conducta de quien, haciéndose justicia por mano propia, se apoderó del automóvil que le había pertenecido, que viera en la vía pública; ya que, habiéndose desprendido voluntariamente de la tenencia del rodado de su propiedad y conocedor de sucesivas transmisiones del mismo, no tenía ya derecho a su reivindicación, sino eventualmente a accionar judicialmente, despojando de quien tenía la tenencia legítima, por provenir de título válido.
Competencia de menores, trámites judiciales, guarda del menor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ayala, Sofía s/ Art. 10, ley 10067
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-27

La imposición de tomar conocimiento personal y directo del menor consagrada legalmente (art. 50, dec. ley 10.067) se instala en un momento previo al dictado del fallo. En este sentido, la corrección de los vicios generados en el curso del procedimiento debe operar en las mismas instancias en que se generaron desde que constitucionalmente la potestad anulatoria de este Tribunal atañe a la infracción de las formalidades esenciales de la sentencia definitiva y sólo a ella. Es una solución impuesta por los principios procesales de economía, celeridad y preclusión.

Ciertamente que aún los procedimientos anteriores serían susceptibles de invalidación cuando estuviere comprometida la observancia del debido proceso, pues en tal hipótesis se encontraría amenazado el correcto ejercicio de la administración de justicia. Se trata de aquellas hipótesis en las que no se ha garantizado la efectiva defensa en juicio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Infracciones aduaneras, tenencia injustificada de mercadería extranjera, inversión de la carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ENDEVELT, LEONOR. s/ RECURSO DE APELACION - TRIBUNAL FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

No encontrándose controvertida la procedencia extranjera de los artículos involucrados (37 fajas calzón y 4 camisones), su finalidad comercial (hallados en la " boutique" de la actora) y su inclusión en el régimen de identificación respectivo (estampillado fiscal), es el tenedor el que debe acreditar, ante el requerimiento aduanero la legitimidad de su introducción a plaza, de modo tal que se opera una inversión en la carga de la prueba ahora en cabeza de la imputada.

Siendo ello así, ante las deficiencias del estampillado fiscal, (abierta y sin anudar), del que si bien " no puede afirmarse provenga de un doble uso" (declaraciones de un funcionario aduanero), la factura arrimada a la causa resulta insuficiente para acreditar el extremo antes apuntado, toda vez que no reúne los requisitos exigidos por el decreto 4531-65, ni fue reconocida por el presupuesto suscriptor, como que tampoco consta su respaldo en los libros de comercio respectivos.-
Derivación razonada del derecho vigente, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: BOASSO, FLORENCIA. c/ ARAOZ, ANTONINO FRANCISCO ; FLANDORFFER NALLAR, GABOR ANDRES Y/O QUIEN RES. RESP. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2015-07-01

El recurso de inconstitucionalidad es un remedio extraordinario, de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, que, lejos de constituir la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad y por ello no puede importar en modo alguno la habilitación de una etapa revisora de sentencias pronunciadas por los respectivos tribunales de apelación, en tanto en ellas no se evidencien vicios de entidad grave como para producir una lesión a un principio constitucional o su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito preciso de la doctrina de la arbitrariedad.

La correcta deducción del recurso extraordinario exige la crítica concreta de la sentencia impugnada, desde el estricto punto de vista constitucional, para lo cual el apelante debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el "a quo" para arribar a las conclusiones que lo agravian.
Sociedades comerciales, sucursal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Supercemento S.A. s/ Inscripción Sucursal. Supercemento S.A. s/ Inscripción Sucursal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-07-14|1988-07-14

La ley de Sociedades Comerciales establece los requisitos necesarios para la constitución de una Sociedad Anónima, entre los que se encuentra el estatuto, conjuntos de reglas que prevé los derechos y obligaciones tanto en los socios como en los órganos societarios, dentro de los límites de la ley y regula -además-, su funcionamiento, disolución y liquidación. Si el estatuto faculta al Directorio a: establecer agencias, sucursales u otra especie de representación, la inscripción de éstas no procede en tanto no haya una manifestación de voluntad del órgano social, órgano que integra la estructura normativa de la sociedad. Es que, si según el art.

290 de la ley de sociedades, el funcionamiento del directorio debe adecuarse a la reglamentación estatutaria, pretender suplir su voluntad por la consumación fáctica no es otra cosa que violar las disposiciones tomadas en la asamblea en la cual se aprobó el estatuto, evitando -por un medio no previsto- que se expida el órgano societario con capacidad para hacerlo, cuando la ley incluso exige la voluntad coincidente de la mayoría de los integrantes para que las decisiones sean válidas.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: VARGAS José Luis y Otra c/ OSSE y Municipalidad de Santa Lucía s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-07-08

Lo expuesto implica que la posibilidad de que niños de la zona ingresen a la zona de obra y se introduzcan en las zanjas (cosa riesgosa) no es una conducta imprevisible ni inevitable con la debida diligencia por parte de la Municipalidad y de OSSE.

Este criterio fue sustentado en un caso paradigmático, cuyo criterio entendemos aplicable a la presente litis, dictado por la Corte de Justicia local cuando para condenar a la empresa propietaria del bien dijo que "es perfectamente previsible que en el vecindario donde se erige una estación transformadora haya niños, como así también que éstos, en ocasión de sus juegos o por puro espíritu de aventura propia de la menor edad, intenten penetrar en un predio como el que el S.E.S. tenía en calle Rivadavia y Pueyredon.

No es en cambio tan previsible que una empresa prestadora del servicio de suministro de energía construya instalaciones en que ha de funcionar un transformador de 33.000 voltios -en zona urbana de gran densidad poblacional sin tomar los recaudos y previsiones que aseguren la imposibilidad de aproximarse o tomar contacto con el transformador".

De igual modo se consideró el antes mencionado tribunal que "no es dable exigir prudencia a un menor de siete años, si en cambio cabe exigir a una empresa prestado del servicio eléctrico que tome todas las precauciones que fueren menester para evitar o minimizar los riesgos que crean las instalaciones de que se sirve.

En tal sentido, se ha dicho que "cuanto más peligrosa es una actividad tanto más se está obligado a meditar sobre las posibilidades para evitar una consecuencia funesta".

A partir del fallo de la Corte, este tribunal reanalizó el caso, con la opinión inicial del Dr. Ferreira Bustos, y juzgó de modo unánime que la responsabilidad era exclusiva del propietario de la sub estación transformadora en la sentencia dictada en los autos N° 17.382 caratulados "Veragua, Sixto Ricardo c/ S.E.S. - Daños y Perjuicios - Sumario" del 22/8/2003. La doctrina judicial de igual modo se ha expedido sobre el punto sosteniendo que "si el acceso al inmueble baldío que se hallaba en construcción, donde existía una cosa riesgosa -un pozo de cal-, era libre o fácil por no haberse tomado de parte del director de la obra los debidos recaudos de seguridad que las circunstancias obligan, la responsabilidad reside en el mantenimiento del peligro en condiciones tales que no impidieron la producción del daño".
Daños y perjuicios, indemnización por accidente de tránsito, negligencia
Materia: CIVIL
Carátula: Ortega, Noemí Rosario c/ Corti, Ángel Oscar s/ daños y perj.autom.s/lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-25

El conductor del automóvil que revistió la condición de embestidor en un accidente de tránsito, debe responder por los daños y perjuicios derivados de su conducta negligente o imperita, pues no existe ningún elemento probatorio que autorice a sostener que el vehículo embestido, que circulaba en la misma dirección precediéndolo, se hubiera detenido sobre la ruta.
Recusación, recusación con causa, recusación por prejuzgamiento, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: López,  Alberto  Alfredo  y otro c/ Samper, Richard Pedro Horacio s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-29

Las deliberaciones reservadas de la Corte Suprema forman parte del acto de juzgar y por tanto constituyen opiniones emitidas en etapas anteriores al dictado de la sentencia.
Divorcio, tenencia de hijos menores, tenencia compartida de hijos menores, interés del menor
Materia: CIVIL
Carátula: P., F.E. c/ P., E.N. s/ PROCESO ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24

La separación y el divorcio se inscriben en el interior de un proceso, un ciclo a través del cual los hijos y los padres deben pasar por diversas etapas. En este proceso, los niños también pueden pasar de una tenencia exclusiva a una conjunta o viceversa, en la medida que resulte más conveniente para su desarrollo y buen crecimiento.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, honorarios, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Federación Arg. de Trabajadores Rurales y Estibadores. c/ Inst. Serv. Soc. para Activ. Rurales y Afines s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-23

Las cuestiones suscitadas durante el proceso de ejecución de honorarios no constituyen, como principio, problemas de naturaleza federal que justifiquen la concesión del recurso extraordinario. En el caso, determinar si el convenio de honorarios mantiene o no vigencia ante un posterior convenio anulado, comporta una cuestión regida por el derecho común y procesal, que esta Sala ha resuelto con fundamentos de igual naturaleza suficientes para conferir sustento jurídico a la decisión atacada.
Defensa del consumidor, conciliación en sede administrativa, incumplimiento del convenio, homologación judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: VIDAL JUAN NICOLAS c/ ARMERIA EXPRESS s/ AMPARO AL CONSUMO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-26

Cabe explicitar que no existen dudas sobre las atribuciones de la autoridad administrativa, tanto para sancionar infracciones como para intentar la conciliación entre empresarios y consumidores.

La ley misma (24.240) pretende que antes de proceder a su trámite la autoridad de aplicación procure que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio.

Ahora bien, los acuerdos conciliatorios celebrados con intervención de funcionarios administrativos sólo tienen efecto de cosa juzgada, cuando, como en el caso, han sido objeto de homologación por autoridad competente.

A ello se agrega lo dispuesto en el art. 46 que otorga gran virtualidad a los fines de la ley a los acuerdos conciliatorios, disponiendo que su incumplimiento se considerará violación a esta ley, contemplando sanciones al infractor y el cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hubieran acordado.

Es que, como bien se ha expresado, en lo atinente propiamente a las actuaciones administrativas, cabe destacar que a través de ellas, no se trata de operar sobre la relación de derecho privado entre consumidores y empresarios.

Esa es una incumbencia excluyente del Poder Judicial, sobre la base de la cual le compete aplicar las soluciones de fondo emergentes de la ley 24.240 y de las otras normas que integran el sistema de protección jurídica del consumidor; entre ellas: la reparación de los daños, la nulidad del contrato o de cláusulas abusivas, la interpretación del contrato, etc..

Se trata de una instancia -la conciliatoria- de suma utilidad, pues permite lograr la satisfacción de los intereses del consumidor, a través de un procedimiento más ágil, gratuito, y a la vez descongestiona la sobrecarga de tareas del Poder Judicial. Pero si la instancia conciliatoria fracasa, la solución para los intereses de los consumidores sólo puede obtenerse vía judicial, pasando la competencia administrativa.
Acción, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nievas, Segunda Hilda c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

No existe resolución definitiva a que se refiere el art. 28 inc. 1 del Código de lo Contencioso Administrativo si el interesado no ha agotado los recursos administrativos previstos en el ordenamiento que rige el procedimiento aplicable. Ello, aunque la cuestión de fondo se refiera a materia propia de la competencia de un ente autárquico, pues aquella exigencia sólo se dispensa, cualquiera sea la autoridad administrativa competente a tal fin de la que haya emanado la resolución originaria, cuando el acto resulte de otro procedimiento impugnatorio.
Inadmisibilidad del recurso, archivo del expediente, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: N.N. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-17

Es inadmisible el recurso de casación que sólo traduce su disconformidad con los fundamentos del archivo de las actuaciones dispuesto -por entender que la actividad desplegada por los diversos funcionarios de la AFIP en cuanto a la recepción del contenedor y su apertura no pueden calificarse como delictiva-, pues la recurrente no controvierte los fundamentos del decisorio por medio de una crítica concreta y razonada, y tampoco demuestra que la solución del caso adoptada contenga groseras deficiencias lógicas de razonamiento, fundamentación o apartamiento normativo de las reglas aplicables que impidan considerar que se está en presencia de una decisión jurisdiccional válida, aspectos que no alcanza a acreditar.
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NIPO S.A. c/ TORRES, ROQUE ALCIDES s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-09

Doctrina y jurisprudencia son uniformes en establecer la procedencia de la excepción de falsedad cuando se impugna el cheque por no ser verdadera la firma; como también que, "aún cuando el cheque pertenezca a la libreta del ejecutado, al no pertenecerle la firma no puede progresar la acción ejecutiva".