Despido, ley de contrato de trabajo, junta médica
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez, Fernando Adrián c/ Aeropuertos Argentina 2000 S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-10

En la redacción actual del régimen de contrato de trabajo no se especifica una solución concreta a los conflictos de discrepancia médica entre los diagnósticos emitidos por el médico tratante del trabajador/a y el médico laboral, como sí ocurría con el antiguo art. 227 originario. A pesar de ello el empleador tiene el deber de tomar una decisión responsable en base al bloque que integran los artículos 208 y 212 LCT. Por ello no puede exigirse al trabajador/a que consienta el dictamen médico de quien no es su médico tratante ni que siga las prescripciones de quien no es su médico de confianza, tampoco puede exigirse al empleador que abdique su facultad de control ante un diagnóstico médico emitido por el galeno que asiste al trabajador. Sin embargo, esta facultad de control prevista por el art. 210 lCt no habilita al empleador a presuponer un derecho que no le asiste o a considerar situaciones fácticas no configuradas en el marco de la imposibilidad de prestar el débito laboral. Conforme a los derechos tutelados por la normativa prevista en los artículos 208 y siguientes de la LCT, pesa sobre la empleadora la obligación de resguardar la integridad psicofísica del trabajador (cfr. art. 75 LCT) debiendo arbitrar los medios necesarios para determinar el estado de salud del dependiente (cfr. art. 210 LCT). Ante la existencia de una discrepancia médica entre dos profesionales de la salud, lo primero que cabe analizar es si existe una limitación que ponga en riesgo el cumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo de las partes. Teniendo en cuenta que se encuentra a cargo de la demandada su obligación de resguardar la integridad psicofísica a de todos los trabajadores bajo su órbita, el pedido de una junta médica se enmarca dentro del arbitrio de los medios necesarios para dirimir el planteo de fondo y verificar el estado de salud del dependiente, teniendo en cuanta por otra parte que resulta contrario a los principios de colaboración, solidaridad y buena fe (cfr. arts. 62 y 63 antes citados) dar preeminencia a la certificación que realiza el médico del empleador. Éste es quien se encuentra en mejores condiciones fácticas para encontrar una prudente solución, teniendo en cuenta el principio rector de continuidad y conservación del empleo, salvaguarda de la integridad psicofísica del trabajador/a y continuidad salarial hasta el momento designado por la norma del art. 211 LCT. Es el empleador quien debe extremar los recaudos tendientes a comprobar el real estado de salud del dependiente. Por tal motivo el concepto de junta médica requiere la asistencia y participación de ambas partes, pero además requiere la opinión versada de profesionales médicos que incluso pueden formar parte de algún organismo público, interconsultas o intervención de los médicos que formularon los primeros diagnósticos. Ello garantiza que ambas partes estén representadas (un médico por el trabajador, otro por el empleador y un tercero consentido por ambos, especializado en la materia que se trate).