Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-03-04


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cuatro (4) de Marzo de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Servicios Agropecuarios S.R.L. vs. Díaz Eugenio y Jorge Díaz S.H. y otros s/Cobros (Ordinario)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal, el recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 02/9/2004 que hace lugar a la apelación incoada por la demandada y reforma el fallo del 11/4/2003 en el sentido de hacer progresar la demanda sólo por el monto por el que se allana la accionada.

II.- El recurrente se agravia por cuanto entiende que la sentencia viola el art. 775 procesal toda vez que, dice, la Cámara ha introducido la consideración de la prueba de la absolución de posiciones que no ha sido siquiera referida por la demandada en sus agravios.

Le agravia la consideración respecto de la calidad de comerciantes de los demandados porque esto tampoco era un punto sometido a conocimiento del tribunal; que del texto de su responde no surge que la demandada haya negado la calidad de comerciante; que nada dijo respecto de su calidad de no comerciante, guardando un silencio incompatible con la carga procesal del art. 299 inc. 2, por lo cual debe tenerse por conforme a tal accionado con su calidad de comerciante. Que no puede permitirse que fuera de toda plataforma procesal y en forma irregular pretendan incluir el tópico al momento de oponerse a la producción de la prueba pericial contable y a la prueba informativa. Que en autos no existe controversia alguna sobre el carácter de comerciante; que en el pliego de posiciones de la actora los absolventes manifestaron que es verdad que trabaron relaciones comerciales con el actor; que la demandada no negó lo manifestado en la demanda respecto de que la actora entabló relaciones comerciales con la sociedad demandada y sus integrantes; que lejos de negarlo, reconoció haber adquirido mercaderías a su parte. Por ende, el tema del carácter de comerciante no estuvo en duda y se pretendió hacerlo ingresar indebidamente en la etapa probatoria. Que admitir lo contrario atenta contra el principio de igualdad del proceso y debido proceso porque no se le permitió a su parte ofrecer las pruebas de que pudo valerse para acreditar el carácter de comerciante negado por los demandados extemporáneamente. Que de la pericial contable surge que el codemandado Eugenio Augusto Díaz se encuentra inscripto dentro de la actividad de Almacén (aparte de cultivo de azúcar) por lo que se trata de un no civil y comerciante.

Le agravia la estimación del fallo respecto de la pericial contable toda vez que si un no comerciante no tiene obligación de llevar los libros, sí la tiene la parte demandada, de llevar libros impositivos por estar inscriptos en la AFIP-DGI Y DGR; que ésta ha persistido en su negativa de presentarlos y ello implica una falta de colaboración que es indicio de mala fe. Por ende, siendo ambas comerciantes, si una lleva libros y la otra no, el caso se decide por los libros de la primera. Aun siendo no comerciante, sostiene que la prueba pericial es pertinente y conducente toda vez que los libros sirven de principio de prueba tanto más frente a la orfandad probatoria de la mera negativa de los demandados y su falta de colaboración (art. 64 C. de Com.).

Propone doctrina legal; cita jurisprudencia en su apoyo; deja introducido el caso federal y solicita se haga lugar al recurso con costas.

Corrido el traslado de ley, la parte actora lo contesta conforme su libelo obrante a fs.186/188.

III.- Por auto de fecha 18/10/2004, el tribunal de alzada concede el recurso de casación y corresponde en esta instancia el examen de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia en crisis considera que los agravios del recurrente deben receptarse. Ello en atención a que la demandante misma termina en definitiva por sostener, en la forma en que propusiera la absolución de posiciones de los accionados, que estos no autorizaron a persona alguna a retirar los productos que dan cuenta los remitos desconocidos en el responde (posición 4), que los nombrados no conocen a nadie llamado Villarroel, Manuel Nieva ni Rolando Jiménez, personas que firmaran los remitos que detalla (posición 5, 6 y 7 respectivamente), lo que fuera mantenido por los absolventes en las audiencias pertinentes. Repara en que de acuerdo al CPCCT, cada posición importará para el ponente, el reconocimiento del hecho a que se refiere (art. 320, pár. 3º), ello así porque de conformidad con el principio de adquisición de la prueba, los pliegos de posiciones tienen un doble efecto, pues dirigidos a la contraria son reconocimientos propios, como elementos de corroboración y concordancia con el conjunto de las demás pruebas. Esta solución es un ejemplo típico de que nadie puede contrariar sus propios actos en torno a la prueba de confesión. Es decir que las afirmaciones que contienen los pliegos de posiciones respecto de los hechos sobre los que debe declarar el citado a absolver, prueban contra el ponente. A ello agrega el tribunal a quo que se ha demostrado, conforme el medio probatorio de fs. 115, producido por la propia demandante, que los apelantes no tienen personal en relación de dependencia. Afirma que, en estas condiciones, los antecedentes registrables que puedan surgir de la verificación de los libros contables de la accionante no resultan, por sí solos, suficientes para afirmar que los productos cuyo precio se reclama fueron efectivamente recibidos por los demandados, al no constar que los remitos cuestionados fueron suscriptos por aquellos ni por persona autorizada al efecto. Que la registración contable no autentica al documento que instrumenta al acto registrado: el asiento contable debe complementarse con la documentación (C. de Com. 43). De tal modo que no probada la autenticidad -previamente impugnada- de la documentación base del asiento la prueba de los libros carece de valor y de fuerza probatoria por ser éste un requisito necesario para constituir prueba a favor de su dueño (C. de Com. 43 y 63), tanto más cuanto que no se ha acreditado que los demandados sean comerciantes. Ello así porque del informe pericial de fs. 78/79 surge que los Sres. Díaz están inscriptos en los entes recaudadores en el rubro "cultivo de azúcar", debiéndose destacar que la actividad agrícola y ganadera no es de carácter comercial excepto casos que no se dan en la especie. Añade que la prueba de la calidad de comerciante está en quien la alega, y tal acreditación debe ser concluyente, en razón de que la mencionada calidad es un estado de excepción. Por ello, pondera que, aun cuando sea exacto que los demandados han constituido una sociedad de hecho, ella es civil, no comercial. Y en este sentido, destaca la Cámara que los libros de comercio en un pleito frente a un civil carecen de valor probatorio a favor del dueño, aun como principio de prueba por escrito porque no emanan de la persona contra la cual se quiere hacerlos valer. Sin perjuicio de ello, reconoce que alguna doctrina los ha hecho valer como principio de prueba o prueba indiciara o presunción judicial relativa, lo que, dice, no implica atribuirles la eficacia plena que la ley sustancial les otorga en los juicios entre comerciantes sino que su eficacia dependerá de las circunstancias del caso y de los demás medios probatorios arrimados al proceso.

Indica la Sala sentenciante que, desde el momento en que los accionados objetan la autenticidad de los remitos que mencionan, que no se acredita la existencia de gestiones o reclamos previos de la actora y un indebido silencio de los demandados al respecto, que no se produjeron otros medios de prueba tendientes a acreditar la entrega de los productos cuyo precio pretende la demandante, sumado a su situación procesal como ponente ya referida, concluye en que la verificación contable de sus libros mercantiles no resulta suficiente para tener por probada la entrega de los productos que no fueran reconocidos por los demandados, al no haberse justificado la autenticidad de los remitos -no conformados por ellos- que servirían de sustento documental a los asientos. Por ello, rechaza que la condena abarque los remitos que detalla, debiendo progresar la pretensión por la suma a que se allanó la demandada con intereses que el fallo determinara al no haber cuestionamiento al respecto. Las costas las impone, por la cuantía en que la demanda es receptada, a cargo de los accionados y por el monto en que es rechazada, a la parte actora, en ambas instancias.

V.- Abocándonos ahora al análisis del fallo impugnado en relación a los agravios del recurrente cabe expresar que estos últimos no resultan suficientes a fin de hacer procedente el recurso tentado.

En efecto, la actora se agravia por considerar que la Cámara ha violado el principio de congruencia al considerar y analizar determinados aspectos que no estaban en cuestionamiento, a saber: a) la prueba confesional; b) el carácter de comerciante o no de los accionados. A su vez, discrepa con la estimación que la Cámara hace de la prueba de autos.

Ahora bien, no se advierte en el sub iudice la mentada violación al art. 775 procesal. La congruencia significa la adecuación a los hechos alegados y a la pretensión esgrimida, siempre sin alterar la causa del pedir, ni la acción ejercitada, ni otorgar nada que no haya sido instado. La lesión a este principio procesal puede ser cuantitativa (otorgar más de lo pretendido por el actor, menos de lo admitido por el demandado o cosa distinta de la reclamada), o cualitativa (pronunciarse sobre hechos no alegados por las partes, o sobre excepciones no opuestas u omitir decidir alguna de las cuestiones oportunamente planteadas). De allí que no pueda alegarse que el tribunal de alzada haya infringido tal principio cuando, a fin de dar solución a la cuestión traída a su conocimiento -y dentro de este marco-, procede a valorar la prueba confesional que fuera ofrecida y producida por la actora y que quedó incorporada al proceso. Idéntica tesitura cabe adoptar respecto a la calidad de comerciante o no de los demandados, calidad ésta que estimó y sobre la que se pronunció la Cámara porque resultaba conducente a los efectos de atribuir valor probatorio a alguna de las pruebas de autos.

El art. 775 procesal es claro y terminante en tanto dispone que el tribunal de alzada podrá resolver sobre las cuestiones que habiendo sido propuestas a decisión del inferior, no fueron resueltas por aquél en razón de la solución que dio al caso. Nótese que la dispositiva alude a que las cuestiones que limitan los poderes del tribunal se refieren a las que fueron propuestas a la decisión del juez inferior y no a las que fueron resueltas por éste. Lo expuesto es perfectamente aplicable en el sub iudice, toda vez que la calidad de comerciante de los accionados fue discutida en primera instancia (cuadernos de pruebas n° 2 -pericial contable- y 4 -informativa- del actor, en los cuales, al decidir sobre la impugnación a ellas por parte de los demandados, el Sr. Juez a quo indica que no corresponde en esa etapa pronunciarse por tal carácter ni por la existencia de sociedad de hecho de la demandada, cuestiones que difiere para definitiva -conf. resoluciones de fs. 65 y 109-). A ello se añade que en el memorial de la apelación los demandados se agraviaron expresamente porque la sentencia de primera instancia -pese a lo manifestado en aquellas resoluciones- no consideró en absoluto la existencia de la sociedad de hecho o la calidad de comerciantes o no de su parte. De lo expuesto, se advierte que tales cuestiones ingresaron directamente a conocimiento y resolución del tribunal, siendo conducentes a la solución del litigio.

De otra parte, tampoco puede receptarse el gravamen consistente en que del responde no surge que la demandada haya negado la calidad de comerciante por lo cual debe tenerse por conforme al accionado con tal calidad; o que se ha incluido el tópico en la etapa probatoria, habiendo precluido la oportunidad para ello y que admitir lo contrario atenta contra el principio de igualdad y debido proceso porque no se le permitió a su parte ofrecer las pruebas de que pudo valerse para acreditar el carácter de comerciante negado por los demandados extemporáneamente.

La contestación de la demanda debe guardar una relación de simetría con el escrito inicial del actor en cuanto el accionado contribuye a constituir el proceso y la relación procesal. Tal simetría está respetada en autos. En efecto, de un análisis de las constancias de autos emerge claro que la atribución del carácter de comerciante a los demandados no surge expresamente de la demanda. De allí que la parte demandada no se haya visto obligada a pronunciarse concretamente sobre ello en su responde. La indicación de la "relación comercial como proveedor de la sociedad demandada" (fs. 5) no puede entenderse como una atribución específica y concreta en aquel sentido, de modo tal de hacer nacer la obligación de expedirse también expresamente respecto de ella. Por lo demás, tal relación no deja de ser "comercial" para la actora. A su vez, los demandados en el responde, negaron lo que se les había, sí, atribuido concretamente; a saber: que existía entre ellos una sociedad de hecho. Y el tópico referido entonces al carácter de los accionados pudo ser considerado en la prueba de la actora. Tan es así que ésta efectivamente lo incorpora como parte de su estrategia probatoria al ofrecer y producir las pruebas pericial contable e informativa por lo que no resulta correctos sostener que se haya violado el debido proceso o la igualdad.

Por lo expuesto, no se advierte cuestión jurídica en el caso, toda vez que no se infringió la congruencia que el pronunciamiento debe guardar con la acción promovida, ya que la sustancia de la petición no fue alterada por el fallo. A su vez, la calificación jurídica que hacen las partes no es vinculante para el juzgador quien, en virtud del axioma iura novit curia, debe aplicar el derecho que estime que corresponda. La labor de subsunción, esto es, el encuadramiento del material fáctico dentro de una categoría o concepto jurídico (que incluye la calificación o no de comerciante), debe hacerla el juez para determinar las consecuencias que la ley hace derivar de los hechos. Tal actividad no está reñida en absoluto con el principio de congruencia, en la especie.

Por lo demás, la estimación de las probanzas que efectúa la Cámara para excluir la calificación de comerciante a la parte demandada es una típica cuestión de hecho ajena a la casación impetrada, excepto que se demuestre arbitrariedad sentencial, lo que no ocurre en el caso.

La Cámara ha dado razones para fundar su solución (la actividad de los demandados es "cultivo de azúcar" y ésta no es comercial; no tienen empleados a su cargo; no conocen a las personas que firmaron los remitos; no dieron autorización a nadie para hacerlo; que cada posición importa para el ponente el reconocimiento del hecho a que se refiere; que las afirmaciones que contienen los pliegos de posiciones respecto de los hechos sobre los que debe declarar el citado a absolver, prueban contra el ponente; que las registraciones contables deben ser respaldadas por la documentación respectiva -lo que no se hizo en autos pues se negó la autenticidad de los remitos- y que los libros de comerciantes, frente a un no comerciante no tienen pleno valor probatorio) y las mismas no se advierten atacadas en su totalidad por la actora. Amén de ello carecen de virtualidad las alegaciones referidas a que también uno de los demandados está registrado en el rubro Almacén -que es comercial-; a que los libros de comercio llevados por su parte son principio de prueba, toda vez que el tribunal a quo ha valorado la actividad de los demandados que correspondía a la naturaleza de los productos vendidos y ha explicitado que aun cuando pueda tomarse como indicio o presunción, en el caso, los libros de comercio de la actora no alcanzaban eficacia probatoria respecto de la entrega de las mercaderías vendidas, dando razones para ello (que no puede tomarse como principio de prueba por escrito cuando emanan de la parte que lo intenta hacer valer; que los accionados han objetado la autenticidad de los remitos, que no se acreditó la existencia de gestiones o reclamos previos de la actora y un indebido silencio de los demandados al respecto; que no se produjeron otros medios de prueba tendientes a acreditar la entrega de los productos cuyo precio pretende la demandante; ha considerado también la situación procesal de la actora como ponente -cuestión referida supra-; que no se ha justificado la documentación que serviría de sustento documental a los asientos).

En definitiva, se advierte que el memorial casatorio opone, a la doctrina sentencial así expuesta, su propia interpretación jurídica y fáctica de los hechos del caso, y es sabido que no basta a fin de rebatir el fallo impugnado en casación que se opongan a los argumentos sentenciales los propios argumentos del recurrente sino que es preciso atacar fehacientemente, mediante una crítica concreta, puntual y eficiente los motivos que han dado lugar a la solución que se impugna. Y ello, a juzgar por la confrontación entre los agravios recursivos y los fundamentos sentenciales, no ha sucedido en el sub lite en donde no se ha llegado a acreditar el error del juzgador ni la arbitrariedad o absurdidad en el razonamiento sentencial que, por lo demás, como tantas veces lo ha dicho esta Corte Suprema debe ser manifiestas y graves.

Por todo lo expuesto, corresponde desestimar la casación impetrada, con costas al recurrente vencido por ser principio en la materia (art. 106 procesal).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alberto José Brito, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 02/9/2004, con pérdida del depósito.

II.- COSTAS, conforme a lo considerado.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA