Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-15


Dictamen de la Fiscal General de Cámara:

Excma. Cámara:

A fs. 52/55 la jueza a cargo del juzgado nro. 23 rechazó la excepción de incompetencia interpuesta por considerar que la citada cuestión devino abstracta.

Tal decisión fue apelada a fs. 80.

1. Advierto que la causa de marras tramitó como juicio ejecutivo; frente a ello, se ha configurado el supuesto previsto en la norma radicada que exceptúa de la remisión al tribunal originario a aquellos procedimientos.

Destaco además, que el carácter de orden público que caracteriza a la Ley de Concursos y Quiebras, prima sobre las reglas de índole procesal, las que sólo son aplicables en cuanto sean compatibles con las recientes disposiciones de la citada norma concursal.

Por lo antes expuesto, dado que el presente expediente constituye una de las excepciones descriptas en el art. 9 in fine de la ley 26.086, -juicio ejecutivo-, procede estar a la categórica disposición legal (conf. analog. "Medicina Privada San Justo S.A. s/concurso preventivo s/inc. de verificación tardía por Silva Daniel Omar", dictamen 112.293 del 11-7-06 por los fundamentos Sala C; "Productora Catamarca S.A. s/inc. de verificación por Banco General de Negocios", dictamen 112.368 del 13-7-06 con fallo coincidente de Sala A).

De otro lado, entiendo que las divergencias entre las partes referidas al carácter pre o post concursal del requerimiento de marras deberán ser dirimidas en el tribunal que interviene en el citado juicio universal (conf. analog. "La Perseverancia Seguros S.A. c. Bodegas y Viñedos del Valle S.A. s/ordinario s/inc. de apelación art. 250 CPCC", dictamen 105.723 del 29-4-05 con fallo de la Sala D que remitió a sus fundamentos).

2. En lo que respecta a la pesificación de deudas privadas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11 de la ley 25.561, según la reforma introducida por la ley 25.820, y lo dictaminado por esta Fiscalía en los autos Automotores Roca S.A. c. Montillo, Yolanda Rosa s/ejecución prendaria, dictamen nro. 89.967 del 18 de junio de 2002, opino que V.E. debe modificar la resolución apelada en los términos allí expuestos.

3. Las restantes cuestiones planteadas, conciernen a las circunstancias fácticas del caso y al interés particular de las partes, lo cual es ajeno al interés general que debe custodiar el Ministerio Público Fiscal (art. 120 Constitución Nacional).

En consecuencia, opino que corresponde confirmar la decisión de fs. 52/55, bien que por otros fundamentos, en lo referido a la competencia y modificarla conforme los términos antes expuestos en el apartado 2. - Diciembre 7 de 2006. -Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia. - Buenos Aires, febrero 15 de 2007.

Y Vistos: 1) Apeló la demandada la sentencia dictada a fs. 52/5 en cuanto se rechazaron las excepciones de incompetencia e inhabilidad de título opuestas, ordenando llevar adelante la ejecución y se le impusieron las costas devengadas en autos.

Los fundamentos obran desarrollados a fs. 93/99 y fueron contestados por la actora a fs. 108/11.

Por su parte, la Sra. Fiscal General ante esta Cámara se expidió a fs. 118 en los términos que surgen de su dictamen.

2) Se agravia la demandada porque, pese a haber prosperado en los hechos la excepción de incompetencia, habida cuenta que los autos fueron remitidos al juzgado en donde tramita su quiebra, en la sentencia apelada se rechazó su planteo imponiéndosele las costas de tal defensa.

Se queja, además, que se haya rechazado la excepción de inhabilidad de título cuando existían indicios en los autos "Vaccari Norma Natividad s/quiebra" y en el propio título ejecutado que hacen dudar de la fecha de su libramiento. Señala que la deuda fue denunciada en ese proceso, con anterioridad a la fecha en que se libró el título según surge de éste, y que el actor no se presentó a verificar su crédito. Agrega que al decretarse la quiebra quedó resuelto el supuesto mandato tácito otorgado al actor para completar el documento.

Manifiesta que a pesar de tales elementos la a quo negó en forma arbitraria la apertura a prueba del expediente.

Finalmente se agravia de la tasa de interés dispuesta en dicha sentencia y solicita la aplicación de las leyes de emergencia al supuesto de autos.

3) En cuanto al rechazo de la excepción de incompetencia y su consecuente imposición de costas, debe indicarse que la demandada opuso esta defensa solicitando que las actuaciones fueran radicadas ante el Juzgado en donde tramitaba su quiebra. Tal remisión fue ordenada a fs. 34.

No obstante ello, la actora al contestar las excepciones (fs. 44/6) resistió la remisión efectuada.

Ahora bien, la magistrado de grado declaró abstracta la defensa en cuestión, habida cuenta que los autos ya se encontraban tramitando en el juzgado de la quiebra.

En relación a las costas, éstas fueron impuestas en su totalidad a la demandada, de conformidad con lo dispuesto por el art. 558 CPCC.

Así, siendo que la cuestión de competencia no tenía incidencia al momento de dictar sentencia y que las restantes defensas -excepción de inhabilidad de título y prescripción- fueron rechazadas, ordenándose llevar adelante la ejecución contra la demandada, no se advierte razón para modificar la imposición de costas en relación a la excepción de incompetencia, por lo que se rechaza el agravio analizado.

4) La excepción de inhabilidad de título (art. 544 inc. 4º CPCCN), se configura cuando se cuestiona la idoneidad jurídica del documento, sea porque no aparece entre los mencionados por la ley, sea porque no reúne los requisitos a los que ésta condiciona su fuerza ejecutiva (cantidad líquida, exigible, etc.), sea porque el ejecutante o el ejecutado carecen de legitimación procesal en razón de no ser las personas que aparecen en el título como acreedor o deudor, vedándose que a través de ella se discuta la inexistencia, ilegitimidad o falsedad de la causa.

La demandada a los fines de fundar su defensa señala que el crédito instrumentado en el pagaré que se ejecuta fue denunciado al presentarse en concurso preventivo -luego devenido en quiebra y de la que se hallaría hoy rehabilitada- en donde el actor no se presentó a verificar, resultando dicho proceso anterior a la fecha de libramiento que se consigna en el título. Agrega que se aprecian en el título diferentes tipos de letras y rasgos de escritura, e indicios de haber sido librado con anterioridad al año 1985 -señala la referencia a la moneda "pesos argentinos"- y que el documento fue completado con posterioridad al decreto falencial, cuando el mandato para ello se habría extinguido.

El accionante luego de señalar la improcedencia de un planteo como el que se pretende en un juicio ejecutivo, sostiene que el título insinuado no coincide con el crédito denunciado en el concurso y que, claramente, el pagaré ha sido emitido con posterioridad a la fecha de presentación en concurso (v. fs. 109), con lo cual su fecha de libramiento es real y posterior al concurso.

De los argumentos vertidos puede extraerse que el demandado basa su defensa en el libramiento en blanco del pagaré que se ejecuta. En tal supuesto cabe señalar que del texto del Decreto Ley 5965/63 no resulta la exigencia de que la totalidad del texto de un título de ésta clase sea de puño y letra del librador, sólo exige la firma de éste (arts. 11 y 103 del Decr. Ley cit.); de ello surge que ese cuerpo legal admite la posibilidad de la emisión de un título incompleto al tiempo de su creación. Reiterados fallos del fuero han resuelto la improcedencia de admitir como fundamento de la excepción que opuso el recurrente un supuesto de abuso de firma como la que se sostiene, en tanto quien reconoce que emitió un documento en estas condiciones, aduce la falsedad ideológica, planteo inadmisible en un proceso como el de marras (art. 544 inc. 4º Cód. Proc., conf. Sala B, 22/9/1971, "De Billerbeck Edgardo A. c. Feliú Jorge E.", esta sala, 11/2/1972, "Roldán Hector A. c. Lanzarotti Pedro R.", ED 49 Fallo 22.816, Sala B, 2/3/1973, "Vellabrilla Amador c. Quintero Pedro S. y otro" ED 49 fallo 22.833 y otros).

El demandado, más allá de negar la deuda y sin haber desconocido haber suscripto el pagaré que se ejecuta en autos, funda su planteo defensivo en un supuesto abuso de firma en blanco. Pero como se ha visto precedentemente, cuestiones como la introducida por el recurrente escapan al restringido marco cognoscitivo del juicio ejecutivo, pues se dirigen a discutir la causa de la emisión del título, lo que contraviene los principios de literalidad, abstracción y autonomía que constituyen la ley del título. En tal sentido puede apuntarse que el art. 11 del decreto ley 5965-63, aplicable al pagaré según lo dispuesto por el art. 103 del mismo cuerpo legal, dispone que si el título incompleto al tiempo de su creación hubiese sido completado en forma contraria al acuerdo que lo determinó, la inobservancia de tal acuerdo no puede oponerse al portador a menos que éste lo hubiese adquirido de mala fe o que al adquirirlo hubiese incurrido en culpa grave, lo cual en el caso no ha sido alegado puntualmente por el demandado.

Así las cosas, no cabe otra solución que rechazar el agravio formulado en este sentido.

No obstante, señálase que la dilucidación de las circunstancias extracartulares que pudieron haber rodeado el libramiento del título ejecutado podrá ventilarse, en su caso, a través de la vía ofrecida en el art. 553 CPCCN.

5) Finalmente, en cuanto a la aplicación al caso de marras de las normas de pesificación, señálase que, no obstante que dicha cuestión no fue planteada ante el juez de primera instancia, habida cuenta los recursos interpuestos contra la sentencia dictada y que la demandada ha solicitado su aplicación en su memorial, lo que no ha sido objetado por la actora, esta Sala se encuentra habilitada para resolver en consecuencia.

a) Sentado ello, debe indicarse que en autos se ejecuta un pagaré librado con fecha 19/3/90 por la suma de U$S 5190, habiéndose dictado sentencia en dólares con fecha 5/10/99, la que no se encuentra firme.

En el memorial de agravios la demandada solicitó la aplicación de las normas de emergencia (v. fs. 99), cuestión que no fue resistida por la parte actora, quien solicitó la aplicación de la llamada "teoría del esfuerzo compartido" (v. fs. 110).

b) En este marco, tratándose en origen de una deuda contraída en dólares estadounidenses (fs. 2) resulta de aplicación las normas de pesificación. Al respecto y dado el carácter de normas de orden público de las disposiciones contenidas en la ley 25.561 (art. 19) y considerandos del Dec. 214/02 y ccdtes., lo que les confiere rango de normas coactivas de derecho privado interno se impone fallar conforme a ellas, sin esperar petición de los interesados en ese sentido -salvo, declaración de inconstitucionalidad o acuerdo expreso de ambas partes disponiendo de sus derechos patrimoniales-.

Agrégase, por otro lado, que las fórmulas contenidas en los arts. 2, 3 y 8 del Decreto 214/02 y en el art. 1º del Decreto 320/02, cuando extiende el Dec. 214/02 a todas las obligaciones pesificadas $1 = U$S 1 en la ley 25.561, son claras en disponer la pesificación sin condicionamientos a la situación de mora pese a que algunos autores y fallos han pretendido distinguir entre ambas soluciones. Inteligencia ésta que por otro lado, resulta claramente del Mensaje (973) del Poder Ejecutivo que acompaña el proyecto de ley 25.820 pues al proponer en su párrafo décimo una nueva redacción del art. 11 de ley 25.561, precisa que uno de los propósitos de esa ley es consolidar un marco de certeza y previsibilidad sobre el tratamiento que debe otorgarse a las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, sin efectuar distinciones respecto del estado de mora en el que pudiera haberse encontrado el deudor.

Véase, además, que del párrafo duodécimo del mismo mensaje de elevación (973), cuando refiere que la ley 25.820 va dirigida a "establecer el procedimiento mediante el cual habrán de resolverse los efectos" de las reglas de emergencia, y del décimo tercero, cuando refiere a "la cantidad de situaciones ya resueltas", sólo puede entenderse que esa ley va dirigida a consolidar los casos posteriores a esa emergencia cuyos efectos ya se hallaban establecidos a través de jurisprudencias muchas veces contradictorias. En consecuencia, pues, el alcance interpretativo que cabe a las normas de marras sólo puede ser referido a obligaciones que han sido dolarizadas por hallarse en mora, a través de sentencias judiciales firmes dictadas con posterioridad al dictado de las leyes de pesificación, no siendo éste el supuesto de autos.

Así las cosas, a partir del 4/2/02 el capital adeudado deberá convertirse a valor de U$S 1= $1, conforme a lo establecido con los arts. 1, 3 y 8 del decreto 214/2202 -en lo pertinente-, toda vez que se trata de una obligación exigible de dar suma de dinero.

c) Ahora bien, en cuanto a la aplicación de la llamada "teoría del esfuerzo compartido", señalase que el art. 11 de la ley 25.561, que contempla dicha teoría, dejó a cargo de las partes involucradas acordar la reestructuración de la deuda a los fines de compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio dispuesta en dicha ley, y sólo en caso de no llegar a un acuerdo sometió ese conflicto a la decisión del juez. Por su parte, el reajuste equitativo del precio permitido por el art. 8 del decreto 214/2002, ante diferencias desproporcionadas respecto del valor de la cosa, bien o prestación, requiere de una petición de parte, y es en ese supuesto en el que el juez puede decidir. En ese caso el art. 2º del Decreto 320/02, dispuso que esos reajustes deberían hacerse teniendo en cuenta el valor de reposición de las cosas, bienes o prestaciones con componentes importados.

Así, se observa que, a los fines de la aplicación tanto de la teoría señalada como de un reajuste equitativo resulta necesario una previa petición de la parte afectada, no morosa así como exige, cuando menos, probar el perjuicio efectivamente sufrido.

En la especie, como se indicara ut supra hubo requerimiento de parte en relación a que se reajustara la suma debida, sin embargo la actora no ha acreditado el perjuicio sufrido, por encima de los parámetros legales. Ello obsta a la aplicación sin más del reajuste pretendido, pues la accionante no ha esbozado mínimamente las razones en las que fundó su petición.

d) Sentado ello, señalase que el capital adeudado (U$S 5190) devengará intereses desde la fecha de mora 19/3/95 y hasta el 1/10/02 a la tasa establecida en la sentencia apelada -tasa fijada por el BNA para sus operaciones de descuento a 30 días en esa moneda- pues no se aprecia que ésta resulte excesiva ni la recurrente ha fundado su impugnación. Sin embargo, al no configurarse en el sub lite ninguno de los supuestos previstos por el art. 623 Cód. Civil, no procede la capitalización de dichos intereses (conf. fallo plenario "Calle Guevara, Raúl (Fiscal de Cámara) s/Revisión de Plenario", del 25.8.03 -LA LEY, 2003-E, 783-).

Así las cosas, en tanto se estima el caso encuadrable en el supuesto del art. 1º inc. b) del Decreto 762/2002 al capital adeudado en pesos, se le aplicará a partir del 1.10.2002 el Coeficiente de Variación de Salarios (CVS) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con más la tasa del 6% anual hasta el 1.4.04, no capitalizable por los mismos fundamentos expuestos precedentemente.

A partir del 1º de abril de 2004 -fecha en que cesó la publicación del CVS- y hasta el efectivo pago se liquidarán intereses a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina, no capitalizable.

6) Por lo expuesto y oída la Sra. Fiscal General, esta Sala Resuelve:

Estimar parcialmente el recurso interpuesto por la demandada, y en consecuencia, modificar la sentencia dictada a fs. 52/55 en los términos dispuestos en el considerando 5).

Imponer las costas de Alzada a la demandada sustancialmente vencida (art. 68 CPCC).

Devuélvase a primera instancia encomendándose al Sr. Juez a quo disponga la notificación de la presente resolución. La doctora Miguez, no interviene en la presente resolución por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).