Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-30


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 99.941 SALA II Expediente Nro.: 3.779/09 (Juzg. Nº 11) AUTOS: "CARSEN PITTALUGA, MIGUEL C/ CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 30 de noviembre de 2011, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de la instancia anterior se alzan las partes actora y demandada a tenor de los respectivos memoriales obrantes a fs. 443/446 y 450/451. También apela el perito contador sus honorarios a fs. 447, por considerarlos reducidos.

Se agravia el actor de la decisión del sentenciante de grado que desestimó la acción intentada contra el Correo Oficial de la República Argentina S.A., por la aplicación -a su criterio- dogmática del art. 230 de la L.C.T., y sin tener en cuenta la plataforma fáctica en cuestión y las probanzas de autos. Sostiene que, como surge de la causa, el traspaso se produjo manteniendo al personal las remuneraciones que eran consecuencia del acta del mes de septiembre de 2001, suscripta entre su parte y la ex concesionaria Correo Argentino S.A., por lo que habiendo además reconocido su actual empleadora Correo Oficial de la República Argentina S.A. la antigüedad anterior, se advierte que la intención de ésta fue la de mantener las condiciones salariales existentes a la fecha del traspaso -19/11/03-, todo lo cual torna inaplicable la doctrina del art. 230 de la L.C.T.	Tal como se desprende de los hechos constitutivos de la litis, el actor pretende mediante la presente acción que la demandada Correo Oficial de la República Argentina S.A. abone las diferencias salariales devengadas desde el 19/11/03 -fecha en que se hizo cargo de los trabajadores de la empresa Correo Argentino S.A.-, a las que el actor resulta acreedor conforme surge de la Sentencia dictada por la Sala III en la causa "Carsen Pittaluga, Miguel c/ Correo Argentino S.A. s/ diferencias salariales" del 22/8/05, mediante la cual se declaró la nulidad del acta acuerdo de septiembre de 2001 que dispuso la reducción de sus salarios en un 20% a partir de dicha fecha.

Conforme surge de los elementos obrantes en la causa, el accionante ingresó a laborar para la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA) el 1/12/93. En el año 1997, mediante el decreto 840 se adjudicó la concesión de los servicios postales a la empresa Correo Argentino S.A. (ver contrato de concesión de fecha 26/8/97 obrante a fs. 373/408), quien fue su empleadora hasta el 19/11/03.

En el mes de noviembre de 2003, mediante el decreto 1075/03 (ver fs. 62/64), el Poder Ejecutivo de la Nación decidió rescindir dicha concesión, por culpa del concesionario, reasumiendo transitoriamente la operación del Servicio Oficial de Correos y disponiendo que la totalidad del personal de Correo Argentino S.A. pasaría a depender del Estado concedente, de conformidad con el numeral 26.3 del Contrato de Concesión (esto es, sin créditos a su favor, los que deberán ser satisfechos por el concesionario). Se instruyó, asimismo, al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para proceder al llamado de una Licitación Pública Nacional e Internacional, para volver a privatizar el servicio y dispuso, mientras tanto, la creación de la Unidad Administrativa, a los fines de preservar la continuidad del servicio, las fuentes laborales y el resguardo de los bienes involucrados en la prestación.

Finalmente, mediante el decreto 721/04 (B.O. del 14/6/04), se dispuso la constitución de Correo Oficial de la República Argentina S.A., en la órbita de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y hasta tanto se privatice, bajo el régimen de la ley 19550, con el objeto de prestar el Servicio Oficial de Correo, comprendiendo todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía prestados oportunamente por Encotesa y los restantes servicios que la ex concesionaria Correo Argentino S.A. estuviere habilitada para realizar, incluyendo el Servicio Postal Básico Universal. Asimismo se dispuso que el 100% del capital de la sociedad pertenecería al Estado Nacional (siendo tenedor del 99% de las acciones el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y del 1% el Ministerio de Economía y Producción (ver fs. 67/68).

Ahora bien, el 25/8/05 la Sala III de la CNAT confirmó la sentencia dictada por el Juzgado del Trabajo Nº 66, al concluir que no resulta válida la rebaja remuneratoria, aun cuando hubiera mediado un acuerdo entre el empleador y el trabajador y si bien ello determinaba el derecho de Carsen Pittaluga a percibir las diferencias salariales generadas por la inválida reducción salarial, lo cierto es que a la entonces empleadora ya se le había rescindido el contrato de concesión por medio del cual prestaba el servicio de correos y se había hecho cargo de la misma la empresa Correo Oficial de la República Argentina S.A., íntegramente de capital estatal.

Ahora bien, el accionante entendió que, como surge de los decretos 1075/03 y 721/04, los trabajadores fueron transferidos, primero a la Unidad Administrativa y luego a la empresa estatal creada, y sostuvo que, no obstante que el propio contrato de concesión obligaba a la concesionaria a transferir al personal sin créditos laborales pendientes, ello no ocurrió así. Concluyó, según los términos vertidos en el libelo inicial, que la aquí demandada resulta ser la continuadora de la que fuera hasta el mes de noviembre de 2003 la concesionaria del servicio postal, esto es, Correo Argentino S.A., por lo que la corrección hacia adelante de los salarios de los trabajadores víctimas de la reducción practicada por la entonces concesionaria del servicio postal, recae ahora en cabeza de la aquí demandada.	Cabe efectuar al respecto algunas consideraciones pues, no obstante el esfuerzo argumental del recurrente, me llevan a compartir los argumentos expuestos por el sentenciante de grado.

En efecto, el art. 230 de la L.C.T. establece que lo dispuesto en el Título XI (relativo a la "transferencia del contrato de trabajo") "no rige cuando la cesión o transferencia se opere a favor del Estado", lo que determina que no se verifique, en tales casos, ni la transferencia de la relación, ni el traspaso de las deudas devengadas ni responsabilidad solidaria. Cabe agregar que, si el trabajador continúa laborando en el establecimiento cedido al Estado, habrá constitución de una nueva relación, con pérdida de la antigüedad, a menos que la normativa que la dispone prevea una solución distinta (Ley de Contrato de Trabajo, comentada, anotada y concordada, Jorge Rodríguez Mancini Director, Ana Alejandra Barilaro Coordinadora, Tomo IV, págs. 181/182, Editorial La Ley).

En este sentido, tal como recordaba Krotoschin (citado en Tratado de Derecho del Trabajo, Mario E. Ackerman Director, Diego M. Tosca Coordinador, Tomo III, pág. 800, Rubinzal Culzoni Editores), se dieron casos en los que, mediante el dictado de decretos, se dispuso que al adquirir el Estado determinadas empresas particulares su personal seguía comprendido en el estatuto aplicable anteriormente o se les reconocía la antigüedad y otros derechos adquiridos bajo el antiguo dueño.	En el caso de autos, más allá del reconocimiento de la antigüedad anterior -que cabe considerar como un beneficio otorgado por la demandada a los trabajadores que se venían desempeñando para el Correo Argentino S.A., no se advierte ningún acto expreso del Estado que permita apartar al caso de lo dispuesto en el art. 230 de la L.C.T.

Como entendió la Sala III en un caso de aristas similares "Correo Argentino S.A. no cedió ni renunció a favor de Correo Oficial de la República Argentina S.A., sino que fue privada de los derechos de explotación de un servicio postal público que ejercía hasta ese momento, ya que el Estado le revocó la concesión", razón por cual concluyó que "en tales condiciones, no se dan en autos los presupuestos fácticos que habiliten la aplicación del art. 225 y cc. L.C.T." (S.D. 89.693 del 30/4/08 en autos "Vera, Andrés José c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ diferencias de salarios").	En tal entendimiento, no existiendo acuerdo expreso por medio del cual la aquí demandada debiera respetar las condiciones remunerativas de la anterior concesionaria, la clara letra del art. 230 de la L.C.T. impone desestimar el agravio en cuestión.

Tampoco cabe considerar la manifestación relativa a que, de conformidad al art. 10 del decreto 721/04, se trata en el caso de una transferencia no al Estado mismo sino a una Sociedad del Estado con capital exclusivamente estatal pues, como entiende la mayoría de la doctrina, la expresión Estado comprende tanto a la administración pública central o descentralizada, como también a las empresas del Estado o en las que ésta tenga participación mayoritaria (Carlos Alberto Etala en Contrato de Trabajo, 3º edición actualizada y ampliada, pág. 550/551, Editorial Astrea).

Lo hasta aquí expuesto, me lleva a confirmar la sentencia de grado en cuanto a lo principal que decide.

Con referencia a las costas del proceso, habré de desestimar el agravio interpuesto por la demandada, puesto que tal como sostuvo el judicante de grado, considero atento las particularidades del caso, que el actor pudo verse asistido de mejor derecho para litigar, del que finalmente se le reconoció en esta causa (art. 68 2º párrafo del CPCCN). Por lo expuesto propicio confirmar la imposición de costas dispuestas en la anterior instancia.

Tomando en consideración el mérito y extensión de la labor desarrollada, el valor económico del litigio y las pautas arancelarias de aplicación, considero que los honorarios regulados al perito contador, por su actuación en primera instancia, resultan adecuados, por lo que propicio confirmarlos.

Asimismo, propongo que las costas de alzada sean impuestas en el orden causado (art. 68 CPCCN) y que los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 443/446 y 450/451, por su actuación en la alzada, se fijen en el 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en origen (art. 14 ley 21.839).

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Que adhiere a las conclusiones de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.	Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de la instancia anterior en todo cuanto fue materia de agravios; 2) Imponer las costas de alzada en el orden causado; 3) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 443/446 y 450/451, por su actuación en la alzada, en el 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en origen.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Graciela A. González	Juez de Cámara Juez de Cámara mm