Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-27


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100.671 SALA II Expediente Nro.: 43.578/11 (Juzg. Nº 22) AUTOS: "BAFUNTI, MARÍA CRISTINA C/ TERMOQUAR S.A. S/ DIF. INDEM. PREV. ART. 248 LCT" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 27 de junio de 2012, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de la instancia anterior se alza la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 84/87.

Se queja la accionante en primer lugar, por cuanto el sentenciante de grado, pese a considerar procedente la condena a pagar la indemnización prevista en el art. 248 de la L.C.T., no hizo lugar a su reclamo tendiente a obtener la multa que prevé el art. 2 de la ley 25.323.

Adelanto que la queja en cuestión no habrá de tener favorable acogida, puesto que, como surge de dicha norma, la sanción se aplica a aquellos empleadores que, previa intimación, no abonaren al trabajador las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T., ninguna de las cuales fueron objeto de reclamo en las presentes actuaciones, en las que la accionante pretende la cancelación de la indemnización del art. 248 de la L.C.T. por el fallecimiento de su esposo que, hasta el momento de su deceso se desempeñó como empleado de Termoquar S.A.

Como sostuvo mi distinguido colega, el Dr. Miguel Ángel Maza "del trámite parlamentario surge sin hesitación que los legisladores han querido sancionar al empleador que ha producido un despido injustificado y, pese a ello, se abstuvo de abonar las indemnizaciones correspondientes a ese acto ilícito contractual" (S.D. 98.711 del 12/11/10 en autos "Mones Ruiz, Leandro Andrés c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ indemnización por fallecimiento", del registro de esta Sala). La circunstancia de que el art. 248 de la L.C.T. tome como regla de cálculo lo normado en el art. 245 de la L.C.T. (por vía del art. 247 de dicho régimen normativo), no puede llevar a confundir la naturaleza jurídica de ambos institutos, por lo que corresponde confirmar lo decidido en grado en cuanto declara improcedente la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323.

Controvierte, asimismo, la actora la desestimación de las vacaciones no gozadas del año 2009 y también en dicho aspecto la queja habrá de ser desestimada.

En primer lugar cabe señalar que las vacaciones del año 2009 corresponden a un período de descanso anterior a aquél en el que se produjo la ruptura y, tal como surge del contenido explícito del art. 162 de la LCT y destacó el sentenciante de grado, las vacaciones no son compensables en dinero.

La defensa esgrimida por la recurrente no puede ser atendida, puesto que amén de no haber sido oportunamente esgrimida en el inicio, resulta improcedente puesto que la norma citada sólo prevé como excepción el caso de ruptura del contrato prevista en el art. 156 de la L.C.T., en tanto la extinción priva al trabajador del otorgamiento efectivo de las vacaciones correspondientes a ese período. A través de esta directiva queda inequívocamente excluida toda posibilidad de que las vacaciones no gozadas, correspondientes a años anteriores al de la extinción, vencido el plazo que determina el art. 154 LCT, puedan dar lugar a un derecho patrimonial en favor del trabajador, razón por la cual no cabe sino confirmar también este aspecto del decisorio recurrido.

Por último, se agravia la parte actora por cuanto el Sr. Juez de grado desestimó su reclamo tendiente a obtener el pago del importe correspondiente al seguro de vida obligatorio, en atención a que no se había producido prueba en autos que acreditara el sustento fáctico en el que fundó su petición.

Sostuvo la accionante en el inicio que, pese a haber denunciado Termoquar S.A., los datos de la compañía aseguradora con la que tenía contratado el seguro de vida obligatorio (Boston Compañía Argentina de Seguros S.A.), dicha entidad le comunicó la imposibilidad de hacer efectivo dicho pago en atención a que la póliza no se encontraba vigente por falta de pago.

Negada dicha circunstancia por la accionada (ver punto 9 de fs. 48 vta. "Niego que al momento del fallecimiento del actor la póliza de seguro de vida obligatorio no se encontrara vigente"), las reglas del onus probandi imponían a la demandante la prueba de sus afirmaciones (art. 377 CPCCN) y lo cierto es que, tal como sostuvo el Dr. José Alejandro Sudera, la parte actora no produjo elemento de prueba alguno en sostén de su posición. Cabe destacar que fue la propia parte quien solicitó a fs. 53 la declaración de la causa como de puro derecho, petición que en un primer momento fue desestimada por el sentenciante de grado atento existir hechos controvertidos en la causa (fs. 58), sin perjuicio de lo cual, ante un nuevo requerimiento de ambas partes, fue concedida a fs. 67, pasando los autos, sin más, al dictado de sentencia.

Contrariamente a lo que sostiene la quejosa, resultaba determinante en autos que su parte demostrara las circunstancias alegadas que, a su criterio, imposibilitaron que percibiera el seguro de vida obligatorio que le correspondía como consecuencia de la muerte de su esposo, máxime teniendo en cuenta que el concepto pretendido era una obligación a cumplimentar por la compañía aseguradora, siendo ella a quien debía requerírsele información que demostrara el alegado incumplimiento de la demandada.

Conforme lo expuesto, corresponde confirmar también este aspecto del decisorio recurrido.

Propongo que las costas de alzada sean impuestas a la parte actora (art. 68 CPCCN) y que los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 84/86 y 89/90, por su actuación en la alzada, se fijen en el 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en origen (art. 14 ley 21.839).

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Que adhiere a las conclusiones de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.	Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de la instancia anterior en todo cuanto fue materia de agravios; 2) Imponer las costas de alzada a la parte actora; 3) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 84/86 y 89/90, por su actuación en la alzada, en el 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en origen.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Graciela A. González	Juez de Cámara Juez de Cámara