Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-12-29


Salta, 29 de Diciembre de 2006 _________AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: ?Ordinario-LEITHOLD, LUCIA LILIANA vs. C.I.A.C.S.A.?- Expte. Nº 0016276/06- Originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 2- Expte. Nº 0016276/06- Distrito Judicial del Centro, para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 165/174, y:

_________________________C O N S I D E R A N D O_________________________ El Dr. Froilán M. Miranda, dijo:

I.- Suben estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 165/174; en contra del punto I) de la sentencia de fs. 159/164 vta., pidiendo se revoque la misma y se condene a la demandada al pago de los siguientes rubros:

a) Diferencias salariales julio 2002 a junio 2003; horas extras al 50 % y al 100 % julio 2002 a junio 2003; horas extras al 50 % y al 100 % julio 2002 a junio 2003; SAC 2º 2002 y 1º 2003; asignaciones no remunerativas julio 2002 a junio 2003; salario familiar por tres hijos por el período julio 2002 a junio 2003; b) art. 16 Ley 25.561; c) art. 2º Ley 25.323; y d) Daños y perjuicios.

Asimismo se interpone el presente recurso en contra de la determinación efectuada por el A-quo de considerar la suma de $ 580.-, como básico a los fines de practicar la liquidación final y los montos determinados por diferencias salariales desde agosto 2003 a marzo/04 que se consigna en la planilla de liquidación de fs. 163, por cuanto los mismos no se corresponden con las diferencias salariales adeudadas a la actora por ese período.

En el fundamento de la apelación se agravia por el análisis parcial, efectuado en el fallo respecto a los siguientes conceptos: Las pruebas producidas en autos en relación a la real fecha de ingreso de la trabajadora.

La procedencia o no de los rubros art. 16 Ley 25.561, art. 2 Ley 25.323 y art. 9 Ley 25.013 reclamados por su parte en la planilla de liquidación.

Especifica sus agravios indicando en primer lugar fecha de ingreso. Reproduce el fundamento dado a fs. 161 vta. 1º párrafo, cuando la A-quo considera que la fecha de ingreso se produjo el 10/VII/2003.

Se agravia por cuanto el A-quo prescinde de todas las pruebas aportadas por su parte para acreditar que la fecha de ingreso fue el 10/07/02, además de omitir considerar el incumplimiento por parte de la firma demandada de presentar el L.R.U., pese a haber sido intimado bajo los apercibimientos dispuestos en el art. 55 de la L.C.T.

Que debe tenerse presente que en la primera intimación cursada por la trabajadora a la firma demandada, mediante la remisión del telegrama Ley Nº C.D. 009527845 del 30/03/07, consignó como su real fecha de ingreso julio/2002.

Agrega que como surge de las constancias de autos acreditó mediante la declaración testimonial de los testigos propuestos la fecha de ingreso de la actora (10/07/02), calificando de antojadiza de parte del sentenciante restarle a la misma validez y eficacia probatoria para concluir que la fecha de ingreso de la actora, es la consignada en el acta de la Dirección Provincial del Trabajo (10/07/03), sin efectuar consideración alguna que la misma se debió a un error del empleado, por cuanto en autos quedó debidamente acreditado que la actora prestó servicios para la demandada desde julio/02.

Luego destaca que el A-quo prescinde directamente de las pruebas producidas en autos que acreditaron que la actora cumplió funciones para la firma demandada desde el año 2002.

Se queja por omitirse la prueba documental producida en autos, más precisamente el intercambio epistolar existente entre la actora y la firma demandada. Menciona que la actora remite telegrama Ley C.D. 009527845 AR del 30/03/04 denunciando su fecha de ingreso: Julio del 2002 a los fines de intimar su registración.

Al contestar dicha misiva la demandada efectúa negaciones genéricas, pero en ningún momento niega o rechaza la fecha de ingreso denunciada por la actora, por lo que concluye que si no impugnó la fecha denunciada, la misma se tiene por reconocida, con independencia que al labrarse el acta de denuncia ante la Dirección Provincial del Trabajo, se consignó otra fecha.

Que advirtiendo la demandada el error incurrido en el acta por parte del organismo administrativo, utiliza un contrato firmado en blanco por la trabajadora consignando esa fecha falsa de ingreso, contrato desconocido por la apelante a fs. 34. Luego cita que a fs. 103/105 se encuentra el testimonio de la Sra. Burgos, testigo propuesto por la actora, quien manifiesta haber visto a la actora prestar servicios a partir de julio o agosto del año 2002, lo que mantiene al ser interrogada por la demandada.

Luego se refiere al testigo Sr. Valencia a fs. 105 vta. que coincide al sostener que recuerda haber visto a la actora prestar servicios en el mes de Agosto del año 2002.

Destaca el testimonio del C.P.N. Alurralde a fs. 106/108 vta., contador de la firma demandada quien afirma que la actora ingresó a prestar servicios en el mes de julio del año 2002, que tenía como compañero de trabajo al Sr. Ramos que ingresó en esa carnicería a fines del año 2002.

Luego se refiere al testigo García que a fs. 108 vta./111, empleado de la demandada quien manifestara que la actora ingresó a prestar servicios a mediados del año 2002 y dijo haber compartido junto a la actora meses de trabajo durante ese año.

Se refiere a la testigo Sra. Meroni que a fs. 111/117 vta., propuesto por la demandada, que manifiesta que ingresó en el mes de julio de 2003, ante preguntas realizadas por el a-quo no logra dar razón de sus dichos al no recordar quien cumplió funciones antes que la actora, sin justificar cómo recuerda con exactitud la fecha de ingreso de la actora y no de los otros empleados anteriores a ella. Se refiere al careo efectuado entre la actora y la testigo Meroni a fs. 146 vta./148 vta.

Agrega que esta testigo manifestó que la firma demandada cuenta con Libro de Registro Unico y Planillas de Horario, documentación no acompañada.-.

Que no obstante ello la A-quo aplica el apercibimiento del art. 55 ante la falta de presentación del L.R.U. para acreditar la categoría de la actora, agraviándose por no aplicarlo para la fecha de ingreso.

La firma demandada para desvirtuar la fecha denunciada como de prestación de servicios (julio/2002), tuvo la oportunidad procesal de denunciar quien era el trabajador, que prestó funciones con anterioridad al ingreso de la actora, situación no acreditada.

Se agravia por cuanto el contrato acompañado por el empleador no tiene fecha cierta, y del propio reconocimiento del C.P.N. Alurralde de fs. 106/108 vta., se acredita que la fecha de 10/7/03 es falsa.

Luego agrega que la sentenciante para otros rubros reclamados considera la confesión ficta de la demandada, que surge de lo resuelto a fs. 121 y vta., no así para la fecha de ingreso sin que exista explicación que fundamente tal decisión, por cuanto sin perjuicio de la confesión ficta de la empleadora, con la prueba testimonial recibida queda acreditado que la actora prestó funciones para la demandada desde julio/2002.

El agravio se basa en la falta de análisis por la A-quo de las misivas remitidas por la demandada de las cuales no surge desconocimiento alguno por parte de la misma de la fecha de ingreso denunciada por la trabajadora; las testimoniales rendidas en autos y el careo mencionado. Cita jurisprudencia referida a la prueba testimonial.

Concluye que corresponde tener como fecha de ingreso el 10/07/02 y condenar a la demandada a abonar los rubros consignados en la planilla de liquidación por el período julio/02 a julio/03 e incrementar el monto de la indemnización por antigüedad y los que tengan relación con éste.

b) Art. 16 Ley 25.561.- Se agravia por lo manifestado por el A-quo a fs. 162 tercer párrafo, cuando decide que mediando autodespido debe rechazarse el rubro art. 16 Ley 25.561.

Cita el fallo plenario de la C.N.A.T. en autos: ?Ruiz, Víctor Hugo c/ Universidad Argentina de la Empresa U.A.D.E. s/ despido?.

Desarrolla los argumentos que permiten receptar como correcta la solución de ese Tribunal.

Luego se refiere al art. 2 Ley 25.323 y art. 9 de la Ley 25.013.

Se agravia por cuanto dice que se equivoca el sentenciante al sostener que la actora no alegó haber intimado el pago de los rubros emergentes del despido después de cuatro días del distracto laboral.

Considera que se equivoca la A-quo por cuanto su parte alegó tal reclamo desde el momento que al configurar el distracto laboral mediante telegrama Ley C.D. 008898015 AR de fecha 6/04/04, intimó el pago de la liquidación final, enumerando los rubros adeudados con más ?todo otro rubro que por ley me corresponda?. Considera haber cumplido con la intimación fehaciente al empleador que la habilita perseguir el cobro de las multas previstas en la Ley 25.323.

Que también inició reclamo administrativo por ante la Dirección Provincial del Trabajo sin que la demanda compareciera a ninguna de las audiencias conciliatorias.

Agrega que la actora inició reclamo administrativo por ante la Dirección Provincial del Trabajo no habiendo la demandada comparecido a ninguna de las audiencias conciliatorias pese a encontrarse debidamente notificada.

En relación al art. 9 de la Ley 25.013 se equivoca la a-quo al exigir a la trabajadora acreditar que intimó el pago de la liquidación final cuatro días después de ocurrido el distracto, cuando de las constancias de autos, surge el incumplimiento del empleador, con la condena al pago de los rubros consignados en el punto III) de la sentencia de fs. 164.

Omite valorar el sentenciante que la actora remite telegrama Ley Nº CD 008898015 AR de fecha 6/04/04 mediante el cual se configura el despido indirecto e intima el pago de las indemnizaciones correspondientes al despido y demás rubros adeudados que fueron detallados en esa misiva, con lo que cumplió con la intimación previa al empleador.

Luego considera que la normativa citada es aplicable en razón de la conducta maliciosa desplegada por el empleador, y con el fallo resuelto se acredita el incumplimiento de parte de la firma demandada en no haber abonado a la actora su liquidación final, situación acreditada en autos, habiéndose acogido el reclamo incoado por la trabajadora.

Por ello solicita se haga lugar a lo solicitado y se declare la conducta de la empleadora como maliciosa y temeraria, aplicando el art. 275 de la L.C.T., el art. 30 del C.P. Laboral como surge del art. 9 de la Ley 25.013.-Se agravia por el error de interpretación al practicar la liquidación de las diferencias salariales a fs. 163 de autos, donde se arriba a un monto adeudado de $ 3.540,47.

Se agravia por la circunstancia de que el juzgador no analiza correctamente la liquidación practicada en la demanda.

Destaca los errores de la planilla del fallo disminuyendo el monto total adeudado en concepto de diferencias salariales.

Se agravia al no existir por el a-quo fundamento alguno del cual se pueda inferir el motivo por el cual se consignan, al liquidar las diferencias salariales montos superiores a los percibidos por la actora tal como se denuncia en la planilla de fs. 4.

Entiende que corresponde subsanar el error en el que incurrió el juzgador y debiendo consignar en la determinación de las diferencias salariales la suma efectivamente percibida por la actora, que se encuentra denunciada en la liquidación de fs. 4, por cuanto de lo contrario implicará consentir un fallo rotundamente arbitrario beneficiando a la firma demandada, única responsable del despido de la trabajadora.

Destaca que los montos no fueron desvirtuados al no haber acompañado el Libro de Registro Unico, ni recibos de haberes y deben aplicarse los apercibimientos del art. 55 de la L.C.T. y tener por cierta la remuneración denunciada por su parte con los ajustes realizados por las horas extras acreditadas y tenidas en cuenta por el sentenciante.

Luego agrega que la sentencia viola el principio de congruencia y que es arbitraria.

Mantiene la reserva del caso federal y pide se haga lugar al recurso de apelación.

La expresión de agravios fue contestada a fs. 186/188.

II.- Analizando los agravios, integrantes del recurso de apelación, se agravia el apelante por cuanto la a-quo establece que la fecha de ingreso de la actora fue el 10/07/02, mencionando la falta de presentación del L.R.U. que fue intimado bajo los apercibimientos dispuestos en el art. 55 de la L.C.T.- También se refiere a la intimación cursada por la actora mediante la remisión del telegrama ley Nº C.D. 009527845 del 30/03/07 consignando como fecha de ingreso julio/2002. Cita la declaración de los testigos, considerando que la fecha de ingreso es la consignada en el acta de la Dirección Provincial del Trabajo (10/7/03), mencionando que fue un error del empleado, lo que no fue afirmado en la demanda y por ello, en virtud de lo prescripto por el art. 271 del C.P.C. y C. no puede tratarse en esta instancia.

Menciona, también, que la demandada acompañó un contrato firmado en blanco por la trabajadora en el cual se consigna como fecha de ingreso el 10 de julio de 2003, destacando que desconoció el contrato a fs. 34.

De acuerdo a la constancia obrante en esa foja textualmente la apelante dice: ?En consecuencia, esta parte reconoce la firma inserta por la actora en el contrato a prueba, pero impugna y desconoce su contenido, por cuanto al momento de la firma del mismo este se encontraba en blanco, siendo su llenado posterior y sin la presencia de la trabajadora, careciendo de validez los datos que se consignaran...?.

Ello significa que no existió un desconocimiento del contrato al admitirse la firma y la afirmación de que se encontraba en blanco debía acreditarse por la apelante y conforme lo prescribe el art. 1017 del C. Civil esta prueba no puede ser hecha por testigos.-.

En el memorial no se menciona de qué manera se demostró que dicho contrato fue firmado en blanco. Por ello resulta inadmisible la simple negativa de su valor probatorio, respecto de la fecha de ingreso, que coincide con la afirmada por la actora ante la Dirección Provincial del Trabajo, es decir 10 de Julio del 2003.

El reconocimiento efectuado por la actora, en el contrato referido, fue ante la apoderada de la demandada, L.B. Meroni, cuyo carácter no fue desconocido por la actora a fs. 34.

Por ello resulta aplicable el art. 425 del C.P.C. y C., incorporado al C.P.L. por su art. 90, comentando la doctrina al respecto: ?De la norma transcripta se infiere que si reúne las condiciones y requisitos generales mencionados en el número anterior, y resulta debidamente acreditada en el proceso, la confesión extrajudicial constituye plena prueba de los hechos sobre que verse, en los términos y con las limitaciones establecidas por el art. 423 del C.P.N.- Por consiguiente, la parte a quien este tipo de confesión beneficia se halla relevada de la carga de producir prueba tendiente a acreditar los hechos confesados?. (Palacio, Lino Enrique; Derecho Procesal Civil, T IV, pág. 557/558 con cita de jurisprudencia).

De esa manera el desarrollo argumental referido a la fecha de ingreso de la actora (10/VII/2003), no refuta los fundamentos del fallo, y corresponde rechazar el agravio, dado el carácter de plena prueba conforme lo prescribe el art. 425 del C.P.C. y C. y la doctrina citada.

Luego se agravia por el rechazo del rubro art. 16 de la Ley 25.561.

Cabe señalar que si bien la cuestión planteada fue motivo de soluciones distintas entre las Salas de esta Cámara, habiendo mantenido el Tribunal que integró la postura de la A-quo, a partir del fallo dictado por la Corte de Justicia de la Provincia en autos: ?Jerez, Edith Natalia; Noris, Gastón vs. Rogafé S.R.L.- Recurso de Inconstitucionalidad? (Expte. Nº CJS 27.626/05) en el cual se receptó la opinión de la mayoría del plenario ?Ruiz, Víctor H. C/ Universidad Argentina de la Empresa U.A.D.E.? y por ello decidió anular la sentencia de esta Sala estableciendo que la indemnización contemplada en el art. 16 de la Ley 25.561 también se aplica en los casos de despido indirecto esta Sala adoptó dicho criterio, por razones de economía procesal, y en virtud de lo prescripto por el art. 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por ello corresponde hacer lugar a la indemnización establecida en la Ley 25.561 que resulta de sumar el preaviso más SAC de $ 953,68.- más la indemnización por antigüedad de $ 880,32.-,que hace un total de $ 1.834.-, con más los intereses fijados en el fallo apelado.

Luego se agravia por cuanto el fallo rechaza la multa prevista en el art. 2 de la Ley 25.323.

La sentencia teniendo en cuenta que la actora no intimó el pago de los rubros emergentes del despido cuando eran exigibles (4 días del distracto) rechaza la indemnización del art. 2º de la Ley 25.323.

Cabe destacar que mediante telegrama colacionado TCL 57594895 de fecha 6 de abril de 2004, la actora intimó para que en el término de dos días deposite ante la Dirección Prov. del Trabajo los rubros adeudados y los emergentes del despido.

Comparto el criterio doctrinario que destaca: ?...la mora del empleador, la cual se produce al día siguiente de la fecha de extinción de la relación laboral y no a los cuatro días hábiles de operada la extinción del vínculo, ya que para el pago de las indemnizaciones no resultan analógicamente aplicable los plazos fijados para el pago de las remuneraciones...? (Julio Armando Grisolia; Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, T II, pág. 1240).

Por otra parte el art. 2º de la Ley 25.323 prescribe: ?Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (T.O. 1976) y los arts. 6º y 7º de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50 % ...?.

Como surge del texto de la norma jurídica no exige un plazo de intimación, y por ello considero que la actora cumplimentó adecuadamente la exigencia legal para la procedencia de la indemnización del art. 2 de la Ley 25.323.

Cabe agregar que si bien el telegrama intimatorio es de fecha 6 de abril/2004 y el plazo otorgado fue de dos días el mismo se extendió hasta el 16 de abril de 2004, fecha en que se inició el trámite administrativo en expte. Nº 64-72.329 de la Dirección General Provincial del Trabajo, y se prorrogó hasta el 30/7/04, fecha en que se presentó la demanda, conforme consta a fs. 11.

Por ello corresponde hacer lugar al agravio por el importe de $ 917.- con más los intereses establecidos en el fallo apelado, calculados desde el 9 de abril de 2004 hasta su efectivo pago.

También considero que le asiste razón al apelante respecto de lo prescripto por el art. 9 de la Ley 25.013, por cuanto, como se examinó no corresponde exigir, en el caso de indemnizaciones por despido incausado, a la actora que intime el pago de la liquidación final cuatro días después de ocurrido el distracto.

Por ello y como el art. 9 de la Ley 25.013 vigente al no haberse derogado por el art. 41 de la ley 25.877 se presume que la falta de pago en término y sin causa justificada de la indemnización por despido incausado se presumirá la existencia de conducta temeraria y maliciosa contemplada en el art. 275 de la L.C.T., que establece que se condenará a pagar un interés de hasta dos veces y medio al que cobran los bancos oficiales para descuento de documentos.

Por ello el preaviso más SAC arroja la suma de $ 953,68.- más la indemnización por antigüedad de $ 880,32.- hace un total de $ 1.834.- que devengará los intereses de las tasas que cobra el Bco. de la Nación Argentina, para operaciones de descuento de documentos comerciales incrementadas en un 0,5 % (art. 275 L.C.T.).

Luego se agravia por cuanto el sentenciante no efectúa una interpretación adecuada de la planilla de liquidación anexa incorporada a fs. 4, calificando al decisorio de equivocado.

Califica de error de interpretación la liquidación de diferencias salariales obrante a fs. 163 de autos, que arriba a un monto de $ 3.540,47.

Hace referencia a la planilla obrante a fs. 4 pero no se ocupa de refutar críticamente los fundamentos dados por la A-quo a fs. 162 vta.

Cabe señalar que la expresión de agravios: ?No se trata de una fórmula carente de sentido, sino de un análisis razonado de la sentencia; punto por punto, y una demostración de los motivos que se tiene para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (CJSalta, Sala I, tomo 25, pág. 736), resultando insuficiente la remisión a escritos o presentaciones que preceden a aquella (C.J. Salta, Sala I, tomo 26, pág. 113).

De allí que al criticar la planilla del fallo se remite a la planilla de fs. 4, sin indicar las cifras que pretende sean receptadas por este Tribunal, ni fundando su punto de vista.

Reiteradamente esta Sala tiene dicho que: ?Quien impugna la planilla de liquidación obrante en el fallo debe detallar cifras, bases o diferencias a los efectos de satisfacer la carga impuesta por el art. 255 del C.P.C. y C.?. (?Cañete, Dante Adrián c/ Rosalta S.A. y/o Ricardo Antonio García y/o Julián Alberto García?- Expte. Nº 3660/93?- ?Correa de Navarro, María del Carmen c/ Pizzería Don Pedro y/o Abdo, Osman?- Expte. Nº 3752/93).

Propicio rechazar el agravio.

Lo expuesto en el punto IV que lleva por título: ?La sentencia viola el principio de congruencia?, no pasa de una mera disconformidad que no configura un verdadero agravio, conforme lo dispone el art. 255 del C.P.C. y C.- Por las mismas razones cabe descartar la calificación de sentencia arbitraria.

En virtud de lo expuesto, disposiciones legales, doctrina y jurisprudencia citadas, voto rechazando: la pretensión que la fecha de ingreso de la actora se produjo el 10/7/02, confirmando la receptada en el fallo (10-VII-2003) y también las observaciones efectuadas a la planilla de liquidación obrante en el fallo a fs. 162 vta./163 y vta., con costas a la apelante.

Haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación y por ello condenando a la demandada a pagar a la actora la indemnización del art. 16 de la Ley 25.561 por el importe de $ 1.834.-, con los intereses del fallo apelado desde que dicho importe es adeudado hasta el momento del efectivo pago, igualmente se condena a la demandada al pago de la indemnización establecida en el art. 2 de la Ley 25.323, cuyo importe nominal es de $ 917.- con más los intereses del fallo apelado desde el 9 de abril de 2004 hasta su efectivo pago.

Igualmente se condena a pagar la sanción prescripta por el art. 9 de la Ley 25.013 y por ello los importes de preaviso más SAC sumados a la indemnización por antigüedad que arroja la suma de $ 1.834.- se dispone que devengarán los intereses que cobra el Banco de la Nación Argentina, para operaciones de descuento de documentos comerciales incrementada en un 0,5 %.

Los importes condenados al pago se deberán depositar en el plazo establecido en el punto III) de la sentencia apelada, con costas a la demandada, en ambas instancias.

Teniendo presente la reserva del caso federal formulada por la actora.

La Dra. Liliana E. Paz de Gómez, dijo: Que estando en un todo de acuerdo con el voto del Vocal preopinante, se adhiere al mismo en todas sus partes.

Por ello, y en virtud del acuerdo que antecede, la CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO ? SALA II: ___________________________________ F A L L A I.- Rechazando el recurso de apelación en cuanto pretende que la fecha de ingreso de la actora se produjo el 10/07/02, confirmando la receptada en el fallo (10-VII-2.003), y también las observaciones efectuadas a la planilla de liquidación obrante en el fallo a fs. 162vta./163 y vta., con costas a la apelante.

II.- Haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación y por ello condenando a la demandada a pagar a la actora la indemnización del art. 16 de la Ley 25.561 por el importe de $ 1.834.-, con los intereses del fallo apelado desde que dicho importe es adeudado hasta el momento del efectivo pago, igualmente se condena a la demandada al pago de la indemnización establecida en el art. 2 de la Ley 25.323, cuyo importe nominal es de $ 917.- con más los intereses del fallo apelado desde el 9 de abril de 2004 hasta su efectivo pago.

Igualmente se condena a pagar la sanción prescripta por el art. 9 de la Ley 25.013 y por ello los importes de preaviso más SAC sumados a la indemnización por antigüedad que arroja la suma de $ 1.834.- se dispone que devengarán los intereses que cobra el Banco de la Nación Argentina, para operaciones de descuento de documentos comerciales incrementada en un 0,5 %.- Los importes condenados al pago se deberán depositar en el plazo establecido en el punto III) de la sentencia apelada, con costas a la demandada, en ambas instancias. Teniendo presente la reserva del caso federal formulada por la actora.

III.- Reservando la regulación de honorarios para su oportunidad.

IV.- Mandando copiar, registrar, notificar y oportunamente bajar al juzgado de origen.