Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-12-18


Buenos Aires, diciembre 18 de 1996.

1º ¿Son nulos los actos iniciales del proceso? 2º ¿Está acreditada la materialidad del hecho y la autoría del procesado? 3º En su caso, ¿Es penalmente responsable el imputado y qué calificación legal corresponde? 4º En caso afirmativo, ¿Qué sanción debe imponérsele, cómo deben aplicarse las costas, y qué destino corresponde dar al estupefaciente secuestrado? 1º cuestión. - El tribunal dijo:

El tratamiento de esta cuestión determina la necesidad de analizar todos y cada uno de los medios de prueba que se produjeron en el debate y los que se han introducido al mismo en legal forma, con el objeto de reconstruir de esa manera, analizando críticamente el grado de convicción de cada evidencia, la ocurrencia histórica del procedimiento y del hecho que el mismo habría puesto en evidencia. Para determinar de esa forma, si se ha hecho aplicación correcta de las normas rituales reglamentarias de las garantías constitucionales del debido proceso.

En ese cometido, el parte policial informativo de fs. 1/vta., resulta particularmente explícito al indicar que el día 24 de octubre de 1995, se hicieron presentes ante el jefe de la Delegación local de la Policía Federal Comisario Miño, los oficiales Pellegrini, perteneciente a dicha fuerza y Gaete, de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay, quienes manifiestan que encontrándose ocasionalmente en la Plaza Ramírez de esta ciudad, a la altura de la intersección de las calles 9 de Julio y Eva Perón, observaron a un grupo de personas que les llamó la atención por estar integrado entre otros por Guillermo M. Tonelotto, Andrés M. Tonelotto y Ricardo F. Valdés, "quienes son conocidos consumidores de estupefacientes, los cuales poseen causa penal por dicho motivo" (sic.). Los nombrados, acompañados por Adolfo M. Becchi, "sobre quien existe el rumor que se está dedicando a la venta de estupefacientes en pequeñas cantidades en la ciudad" (sic.) habían ascendido al automotor de Valdéz, marca Renault 18 dominio C-1.168.759.

Con tal fundamento, o mejor dicho, maguer su inexistencia, los oficiales comparecientes procedieron a identificar a los nombrados, registrándolos, con resultado negativo, llamándoles la atención que Valdés tuviese en su poder la suma de $ 85, por lo que proceden al arresto de los 4 nombrados y a la interdicción del automotor, previa lectura de los derechos y garantías que establece el código de rito y la labrándose el acta de estilo con intervención de dos testigos de actuación.

Los oficiales de marras concurrían pues ante el Comisario Miño como se indicó al comienzo de esta glosa: "haciendo entrega a la prevención" de los cuatro arrestados -el automotor mencionado- y el acta labrada en el lugar "de los hechos" no se aclara a qué "hechos" se refiere. Expresan igualmente los oficiales comparecientes -siempre de acuerdo al informe que se viene analizando- que "a criterio" de los mismos los arrestados se dirigían al domicilio de Becchi que saben se ubica en calle Tibiletti 680 de esta ciudad lugar donde el nombrado tendría estupefacientes. No se indica si ese "criterio" policial se configuró como consecuencia de un interrogatorio a los detenidos que la ley prohíbe, tiene una base meramente contextural.

Con esos elementos y no obstante el resultado negativo de la requisa y, por ende, la no configuración del necesario estado de sospecha, el Comisario Miño adopta la decisión de iniciar la correspondiente prevención sumaria para establecer infracción a la ley federal de estupefacientes dando participación al juez federal de esta ciudad, doctor Lauritto, solicitándole orden de allanamiento para el inmueble donde se domiciliaría Becchi, con facultad de secuestro de elementos y de tensión de personas, Miño decide asimismo mantener arrestados en la dependencia a su cargo a las cuatro personas a que alude el acta adjuntada por los oficiales Pellegrini y Gaete.

En el acta referida, que luce a fs. 2/vta.; fechada en esta ciudad el 24 de octubre de 1995, el oficial Pellegrini quien secunda como secretario el subprefecto Gaete, hace constar que en la intersección de las calles Eva Perón y 9 de Julio, estacionado sobre la Plaza Francisco Ramírez se encontraba el rodado Renault 18 color azul oscuro patente C-1.168.759 al momento de subir al mismo Ricardo F. Valdéz, Adolfo M. Becchi, Guillermo M. Tonelotto y Andrés M. Tonelotto, cuyas edades, ocupaciones, nacionalidades, documentos de identidad y domicilios se indican en cada caso, los policías solicitan dos testigos de actuación cuyos datos se proporcionan, en presencia de quienes se hizo descender del automóvil a los arriba nombrados, se los palpó de armas y se registró el rodado, en ambos casos con resultado negativo. En ese acto, sin mención alguna del motivo de tal proceder, según el acta que se viene glosando, se interdicta el rodado y se detiene a sus ocupantes, dándoles lectura de los derechos contenidos en los arts. 104, 1er. ... de los párrafos, 197, 294, 295, 296 y 298, Cód. de rito.

En la solicitud de orden de allanamiento que obra a fs. 3/vta., el Comisario Miño, luego de repetir lo informado a fs. 1 y sin agregar fundamento alguno a las alusiones que allí se hacen sobre que, "a criterio" de los oficiales actuantes se dirigían al domicilio de Becchi, "lugar donde este tendría estupefacientes" pide el libramiento de la orden de marras para el domicilio de calle Tibiletti 680 de esta ciudad.

La resolución del juzgado federal que luce a fs. 42/vta.; alude, para fundar el libramiento de la orden de allanamiento solicitada por el Comisario Miño, a que los detenidos en Plaza Ramírez entre quienes estaba Becchi, "...se aprestaban a realizar una transacción referida a la compra de marihuana, la que en definitiva se encontraría en el domicilio anteriormente indicado, ellos según investigaciones realizadas en forma conjunta con la División Narcotráfico de la prefectura de Zona Bajo Uruguay". Tal afirmación del juzgado resulta inédita, como se advierte, pues no fue invocada como fundamento del pedido y además carente de apoyatura probatoria, desde que ninguna de las evidencias analizadas da pábulo a semejante afirmación del magistrado.

A fs. 6 luce la comunicación policial a la agente fiscal de Uruguay en la que se repite el informe de fs. 1, omitiéndose toda mención a una supuesta transacción con marihuana en cuya supuesta existencia se funda la orden de allanamiento.

De acuerdo a la diligencia sobre "consignación de dichos" de fs. 8/vta., en fecha 25 de octubre de 1995 el Comisario Miño, jefe de la delegación Uruguay de la Policía Federal Argentina, deja constancia de la presencia de los oficiales Pellegrini y Baette ya nombrados, quienes en esa fecha a la una hora, en compañía de subalternos y de testigos de actuación, habían allanado el domicilio de calle Tibiletti 680, dónde fueron recibidos por Jorge P. Becchi quién se encontraba junto a su mujer, su hermana y cuatro menores de edad. Efectuada una minuciosa inspección de todo el inmueble se procedió al secuestro, en la habitación que según su hermano ocupaba el procesado, de dos cajas de papel para armar cigarrillos, una ampolla inyectable de histopen, un envoltorio de papel blanco y celeste conteniendo picadura de vegetal verdoso y un paquete de cigarrillos Marlboro con 30 cigarrillos de armado casero con una sustancia vegetal picada de todo lo cual se incautaron labrando acta de estilo.

La misma, que obra a fs. 9/vta./10 vta. deja constancia que el día 25 de octubre de 1995 siendo la una hora, los oficiales Pellegrini y Gaete, obrando como ejecutoria y secretario respectivamente, secundados por personal subalterno y por los testigos de actuación, Giuditta y Leguiza, se constituyeron en calle Tibiletti 680 de esta ciudad de Concepción del Uruguay, ingresando al domicilio con dos personas que instantes previos habían llamado a la puerta, llamados Juan J. Simián y Javier A. Soneira. En el interior de la vivienda se encontraron con Jorge P. Becchi, quien se domicilia en el mismo lugar, su mujer María A. Barreto y su hermana María G. Becchi y cuatro menores de edad, leyéndole la orden de allanamiento al primero de los nombrados. Como consecuencia de la inspección en el dormitorio del fondo, cuyo ocupante según Jorge P. Becchi, es su hermano Adolfo M. Becchi, alias "El Narigón", se encontró en un botiquín que cuelga de la pared dos paquetes de papel para armar cigarrillos, una caja de histopen inyectable conteniendo una ampolla de agua destilada, un pequeño frasco de vidrio con polvo blanco que dice contener el medicamento mencionado; en el cajón superior de la única cómoda, un envoltorio de papel blanco y celeste que contiene sustancia vegetal picada y medio compactada y un paquete de cigarrillos con treinta cigarrillos de armado casero con picadura de sustancia vegetal verde oscuro, introduciéndose el material, luego del test efectuado en el lugar, en dos sobres firmados por los presentes.

La diligencia policial de fs. 11, fechada en Uruguay el 25 de octubre de 1995, indica la notificación al procesado Becchi de que se encuentra detenido por infracción a la ley de estupefacientes 23.737, a disposición del juez federal.

Las constancias de fs. 12 y 13 aluden a la soltura decidida por la autoridad policial de los demás detenidos excepto Becchi, cuya formal detención se dispone. Mientras que la diligencia de fs. 14 instrumenta la formal entrega del rodado a Valdés.

Según constancia del acta de fs. 20 el total del material secuestrado ascendió a la cantidad de 12 gramos con 82 miligramos, más 92 miligramos utilizados para las pruebas de campo referidas.

En el curso del debate se recibieron los testimonios de las siguientes personas que depusieron sobre los hechos que en cada caso se indica:

Ricardo F. Valdés, declara que se encontraban en Plaza Ramírez, donde apareció la Policía Federal, con armas, los detuvieron, revisan el coche y ocupantes, no encontrando nada. Y son derivados a la delegación de la Policía Federal cuando era cerca de las doce de la noche, permaneciendo detenidos hasta las 4 ó 5 de la mañana. Ignora qué pasó esa noche con Becchi, el único de los detenidos que permaneció en tal situación ya que los hermanos Tonelotto fueron liberados antes que el declarante, ignora los motivos por los cuales fueron detenidos. No tiene idea si Becchi era consumidor o vendedor de drogas. Lo conocía desde hacía 3 ó 4 años, sabiendo que vivía en calle Tibiletti, con el hermano. Actualmente vive en otro lugar pero desconoce la dirección cree que ya vivía allí a la época de los hechos.

Guillermo M. Tonelotto, declara que andaban el día del hecho, en el auto de Valdés. Estacionaron en la plaza y cuando van a subir los interceptan, los hacen descender. La policía revisa todo el auto y a sus ocupantes, sin encontrar nada; luego los detuvieron, sin expresar en ningún momento los motivos. Los llevaron a la Federal, no obstante que intervinieron también agentes de Prefectura. Estando detenido se enteró que fueron a la casa de Becchi y dijeron que encontraron paquetes con marihuana. La libertad la recuperó el declarante la misma noche a las tres o cuatro de la mañana. No conoce que Becchi haya consumido o vendido drogas.

Andrés M. Tonelotto, declara que andaban por Plaza Ramírez, donde dejaron el auto estacionado y cuando sube para retirarse los intercepta Policía Federal, los detienen, requisan y los conducen a la delegación. A las tres y media o cuatro de la mañana los dejan en libertad y se van a sus casas. Intervinieron 8 ó 9 policías de civil. Conoce a Becchi de la ciudad hace 2 ó 3 años. Se encontraba con el mismo una vez por semana ignorando dónde vivía.

Cristian C. Mirabelli, expone que fue llamado a participar como testigo del procedimiento. Cuando estaba estacionando el coche en la plaza, vino un oficial de Policía y le pidió que participara como testigo juntamente con otra persona. Se revisaron -agrega- tanto el automotor como las pertenecidas y personas de los ocupantes, durante una hora y media. Luego un oficial a cargo le tomó declaración escrita. Indica que cuando llegó al vehículo acababan de descender sus ocupantes, recién comenzaba el procedimiento, cuyo resultado fue negativo. Se labró acta del procedimiento que exhibida, reconoce y ratifica el testigo. Luego la policía detuvo a las cuatro personas, que ingresaron a una camioneta Ford y el declarante se retiró; no recuerda si escuchó las razones del procedimiento.

Juan J. Simian, dice que estaba dentro de la casa pues era novio de la hermana de Becchi, cuando llama una persona y el declarante acude para atender. Observa entonces que quien llamaba es llevado a la esquina lo que también hacen con el dicente. Finalmente llegan otros policías; les dijeron que se quedasen en la esquina porque había un procedimiento. Luego de ingresar preguntaban dónde dormía Becchi. Entraron a revisar pieza por pieza, 2 ó 3 policías y el resto por toda la casa. No sabe que Becchi consumiera drogas. Cree que no vivía allí el nombrado, pues desde que tuvo la nena vivió con sus suegros. Del cajón de un mueble de la pieza que dejaron para lo último, sacaron un paquete de Marlboro con porros. En ese momento alguien dijo "ahí están los 30 porros". Había otro testigo, que fue quien concurrió a golpear, y otros dos que fueron con ellos. Ignora si alguien ocupaba el dormitorio, suponiendo que estaba vacío pues había camas sin colchones, como si no durmiera nadie allí, se le exhiben las actas y reconoce allí sus firmas.

Javier A. Soneira, declara que cerca de las once y media o doce de la noche fue a lo de Becchi para que le entregasen herramientas. Cuando estaba golpeando a la puerta lo detiene Policía Federal y le dicen que tendría que presenciar un procedimiento. Eran más de diez efectivos de civil, no recordando si portaban armas. Había algunos uniformados. Le expresaron que a toda persona que fuera a ese domicilio tenía que dejarlo detenido. Entraron y revisaron pieza por pieza, buscando supuestamente droga y revolvían todo. Le dieron a entender que la persona que buscaba, es decir Becchi, hacía como un año que se había ido de la casa. La habitación donde se encontró la droga estaba en estado catastrófico y no podría vivir una persona allí. Vio cuándo se encontró la marihuana.

Al ejercer su defensa material el procesado relata que no vivía en Tibiletti 680 de esta ciudad para la época del procedimiento, sino en Malvar Pintos 825. Que estaban, el día del procedimiento en Plaza Ramírez, donde habían dejado el auto, saliendo a caminar con los Tonelotto y Valdés; luego regresaron y al ascender al vehículo, los encañonó la Policía, deben descender y luego los revisan en presencia de testigos, labrando un acta. Luego son detenidos y derivados a la Policía Federal. Cerca de las cinco de la mañana son liberados sus compañeros, permaneciendo detenido el declarante. Al otro día se entera que habían allanado su casa, es decir la casa de sus padres, en la que no vive, pues lo hace en la casa de sus suegros. Que en la instrucción dio el domicilio de calle Tibiletti pues no había hecho el cambio de domicilio respectivo. Estuvo navegando por 2 meses y cuando desembarcó se fue a vivir con su novia que estaba embarazada. Que su habitación de soltero en la finca allanada no la ocupaba nadie, sólo una perra. Niega haber consumido estupefacientes.

Conforme surge de la prueba glosada, puede concluirse sin hesitación alguna:

1. Que la requisa de las personas y el registro del automotor llevadas a cabo el día 24 de octubre de 1995 por los oficiales de la Policía Federal y Prefectura de Zona Bajo Uruguay, Pellegrini y Gaete, careció de fundamento legal alguno. Establece al respecto el art. 230 del Cód. Procesal Penal que el juez ordenará la requisa de una persona, mediante decreto fundado, siempre que hubiese motivos suficientes para presumir que oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito. Antes de proceder, podrá invitársela a exhibir el objeto de que se trate. A su vez, el art. 184 inc. 5º faculta a los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad para disponer las requisas urgentes con arreglo al art. 230 referido. Del juego armónico de ambas disposiciones procesales, surge que la requisa por autoridad policial, para ser válida, debe contar con el estado de sospecha que exige el art. 239 ("... que haya motivos suficientes..."), ya que no puede pensarse que la policía pueda estar exenta de lo que es obligatorio para el juez, y que hubiese urgencia que impidiere gestionar la orden judicial pertinente, como lo reclama el art. 184 inc. 5º ("... las requisas urgentes...").

Como se desprende del informe policial de fs. 1 y del acta de requisa de fs. 2 más arriba glosados, los funcionarios policiales carecieron de un "hecho" que fundase sospecha alguna en contra de los requisados, de modo que si dicha sospecha hubiere existido, ella se "fundaría" no en lo que los requisados hubieren hecho, sino en lo que los mismos serían consumidores habituales de estupefacientes. Para nuestra Constitución Nacional (arts. 18 y 19) y para el Cód. Procesal Penal que la reglamenta (arts. 1º 193 incs. 1º y 2º y concs), las personas deben responder por lo que hacen y no por lo que son, de modo que una requisa que reconozca como único fundamento la calidad de las personas respecto de quienes se dispone, carecerá de un genuino estado de sospecha que la legalice y conculcará las garantías constitucionales que protegen la libertad.

Ha dicho la doctrina de nuestros tribunales al respecto: "... que la requisa personal puede ser practicada de "motu proprio" por las fuerzas de seguridad sólo excepcionalmente cuando haya motivos vehementes para presumir que el sujeto lleva sobre su persona cosas que puedan ser útiles para la investigación. En aquella oportunidad también quedó dicho que el requisito mencionado se refiere a la justificación del acto y a tal fin es importante saber sobre qué elementos de juicio le prevención determinó el "estado de sospecha" respecto del individuo sometido a requisa personal; la presunción debe existir en el momento mismo en que se produce la interceptación en la vía pública pues es allí cuando la policía debe tener ya razones suficientes para suponer que una persona está en posesión de elementos que demuestran la comisión de un delito: de lo contrario, como se ha afirmado en la jurisprudencia norteamericana una aprehensión o requisa ilegal a su inicio no puede quedar validada por su resultado..." (CNCasación Penal, sala II, marzo 11-994, "Ayunes, Horacio O. y otros" s/ rec. casación).

2. Que la detención de las cuatro personas, entre ellos el procesado, el día 24 de octubre de 1995, a la hora veintidós y treinta aproximadamente (esto último según los testigos que depusieron en el plenario, ya que en toda la prevención policial se omitió sistemáticamente consignar la hora de los procedimientos), careció de sustento legal alguno. Ello así toda vez que en manera alguna existía flagrancia o indicio de que alguno de los detenidos -menos aún todos ellos- fueren responsables de un delito, como exige la ley para que la detención tuviere fundamento.

Antes bien, el registro a que fue sometido el automotor y la palpación de que fueron objeto los indicados, al margen de conculcar garantías constitucionales que el derecho procesal reglamenta, según se analizó más arriba, descartaban cualquier indicio que justificare proseguir con el procedimiento espurio iniciado, pues el resultado de ambas medidas procesalmente improcedentes, había sido negativo.

Establece con meridiana claridad el art. 284 del Cód. Procesal Penal las condiciones en que los funcionarios y auxiliares de la policía tienen la facultad y obligación de detener, sin orden judicial, ninguna de las cuáles se configuraba en la especie. En efecto: no hay prueba alguna que los detenidos hubieren intentado un delito de acción pública y las medidas de requisa y palpación a que fueron sometidos improcedentemente, descartaron totalmente la hipótesis; no fugaban pues no estaban legalmente detenidos; no había contra ellos "indicios vehementes de culpabilidad", por la razón ya apuntada, y por ende, no existía peligro inminente de fuga o de entorpecimiento de la investigación, como exige la ley; no fueron, por último y como es obvio, sorprendidos en flagrancia en la comisión de delito de acción pública alguno. En definitiva, no se daba ninguna de las condiciones que exige la ley para autorizar la detención de personas sin orden judicial.

En consecuencia, los arrestos puestos en crisis, conculcaron garantías constitucionales referidas a la libertad de las personas, concretamente la que establece que "Nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente" (art. 18, Constitución Nacional). En tales condiciones, los actos resultan nulos por inobservancia de las disposiciones concernientes a la intervención del juez (art. 167 inc. 2º, Cód. Procesal Penal), y la nulidad puede declararse en cualquier estado y grado del proceso, por implicar violación de normas constitucionales (art. 168, párr. 2º, Cód. Procesal Penal).

Ha dicho la doctrina más reciente de nuestro más alto Tribunal de Justicia: "... La competencia para efectuar arrestos a que se refiere el art. 18 de la Constitución Nacional, sólo puede provenir de un expreso mandato legislativo y debe ejercerse en las formas y condiciones fijadas por esa disposición legal. La detención de un ciudadano sin que exista flagrancia o indicios de que sea responsable de delito alguno, hace nulo el procedimiento y lo actuado en su consecuencia. Corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento si se ha violado el art. 18 de la Constitución Nacional, según el cual la detención de los habitantes de la Nación requiere la existencia de una orden de autoridad competente. Las disposiciones que faculten a la Policía Federal a detener personas con fines de identificación, no pueden ser utilizadas para legitimar arrestos cumplidos fuera de los casos indicados por la ley..." (CS, diciembre 22-994, "Daray, Carlos A.", La Ley, 1995-B, 352).

3. Que la orden de allanamiento del domicilio de calle Tibiletti 680 de esta ciudad, carece de fundamento o, lo que es lo mismo, contiene un fundamento erróneo o equivocado. Ello es así toda vez que, debiendo darse la orden de allanamiento por auto fundado, las razones que esgrima el juez para allanar deben ser congruentes con los fundamentos del pedido y estar avaladas por la circunstancias que en el mismo se mencionan como fundantes.

Carece de fundamentación una orden de allanamiento que, como aquí ocurre, invoca como motivo de la medida, una transacción con marihuana que no sólo no se mencionó en la petición de la orden hecha por la autoridad policial, sino que, además, resulta contraria a las circunstancias que se indicaron como motivos del pedido, conforme los cuales, las requisas personales y del automotor no habían encontrado estupefacientes. Cuando la ley exige fundamentación de la orden de allanamiento, no tolera cualquier razón, divorciada de las evidencias, sino un razonamiento que apoyándose en la prueba hasta el momento reunida, concluye que se dan las condiciones exigidas por el art. 224 del Cód. Procesal Penal para disponer el registro de una morada.

Ocurre que, no teniendo la Policía Federal un "caso" o "hecho" que fundamentara la petición de allanamiento, según se analizó en los párrafos precedentes, la orden de allanamiento debió ser denegada por ausencia del estado de sospecha, objetivamente configurado, disponiendo el cese de los arrestos ilegales practicados. En su lugar, el Juzgado recurrió a motivos inexistentes -la transacción con marihuana- para dar vista de fundamento a la orden de allanamiento. Cabe suponer que dicho error fue inducido por la policía al adelantar telefónicamente el requerimiento de la orden.

Va de suyo que "La omisión de expresar los motivos coloca a la resolución en el ámbito de la nulidad absoluta (art. 168, párr. 2º)" (D'Albora, Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación", p. 229, ed. 1994), y que el resultado de la medida no sirve para sanear la nulidad que la afecta.

"... La fundamentación en la expedición de una orden de allanamiento presupone la existencia de elementos previos en la investigación que le sirven de apoyatura, exigencia ésta que implica la necesidad de valorar estos, otorgándoles, al expedir la orden de registro, la entidad suficiente como para justificar la invasión del domicilio ajeno..." (CNFed. Crim. y Correc., sala II, agosto 5-993, "Maldonado Balderrama" J.P.B.A., t. 85, Nº 280). "Para superar la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio se requiere una decisión de carácter jurisdiccional que previa indagación sumaria de la que resulte la existencia de un caso previsto por la ley que lo autoriza, efectúe un mérito acerca de la procedencia del allanamiento en el caso concreto llevado a su conocimiento" (TOral Criminal Federal Nº 1, octubre 29-1993, "Morón", J.P.B.A. t. 84, Nº 415).

4. Que, como se advierte de lo expuesto en los números anteriores, el material estupefaciente cuya tenencia por el procesado Becchi ha sido objeto de imputación por el Ministerio Público, fue obtenido mediante reiteradas violaciones de garantías constitucionales que protegen la libertad, la intimidad y la privacidad, de modo que su utilización dentro del proceso, importaría profundizar la burla de las garantías constitucionales configurada. Por lo demás, no habiendo existido una "fuente independiente" de investigación que hubiere llevado al hallazgo del material estupefaciente mediante métodos lícitos, la definitiva exclusión del secuestro como medio de prueba y la consiguiente absolución del procesado por ausencia de un "hecho" que le fuere imputable, se impone.

La regla de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, carece de consagración legislativa expresa en nuestra legislación, no obstante lo cual la doctrina de nuestros tribunales la ha aplicado, bien que con rumbo sinuoso, a partir de "Charles Hermanos" (CS, Fallos 46:36), pasando por "Monticelli de Prozillo" (CNFed. Crim. y Correc., sala I, JPBA, t. 54 p. 246 -La Ley, 1984-D, 378-), "Montenegro" (CS, Fallos: 303:1938 -La Ley, 1982-D, 225-), "Fiorentino" (CS, Fallos: 316:1752 -La Ley, 1985-A, 160-), "Fayford" (CS, Fallos: 308:733 -La Ley, 1986-C, 396-), entre otros, culminando con "Daray" ya citado más arriba, en el que la Corte Suprema es categórica al expresar: "... No es posible aprovechar las pruebas abstractas con desconocimiento de garantías constitucionales, aun cuando predicó nulidad para la investigación pues ello compromete la administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria de un hecho ilícito (del voto de los doctores Nazareno, Moliné O'Connor y Levene). Si la iniciación de las actuaciones y el secuestro del cuerpo del delito son consecuencia directa y necesaria de una detención ilegal y no existen otras elementos independientes de ella que podrían haber fundado la promoción de la acción penal, corresponde la nulidad de todo el procedimiento (del voto de los doctores Nazareno, Moliné O'Connor y Levene). La decisión del juez que ordenara el allanamiento debe ser fundada, pues la motivación es el modo de garantizar que al registro aparece como fundadamente necesaria y exclusiva la arbitrariedad en el uso de la coacción estatal" (del voto de los doctores Nazareno, Moliné O'Connor y Levene).

En consecuencia cabe responder afirmativamente esta primera cuestión.

Surgiendo de cuanto se ha expresado la posibilidad de la comisión de delitos de acción pública por parte de los preventores, con menoscabo de bienes jurídicamente protegidos como lo son la libertad y la intimidad de las personas, corresponderá remitir copia de la presente y de las actas e informes policiales constitutivos de evidencia, al órgano titular de la acción penal pública que resulta competente a los fines de la investigación pertinente.

2º y 3º cuestiones. - El tribunal dijo:

Que atento a lo concluido al tratar la cuestión anterior de consideración se ha tornado inoficiosa.

4º cuestión. - El tribunal dijo:

Por iguales razones y en respuesta al planteo efectuado en la presente, corresponde absolver al procesado Becchi, eximirlo de las costas y disponer la destrucción del material estupefaciente secuestrado, lo que se encomendará al Actuario y se llevará a cabo de acuerdo a la disposición legal pertinente.

Por lo expuesto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, acordó la siguiente sentencia: 1. Declarar la nulidad de la requisa y detención instrumentadas en el acta de fs. 2 y la orden de allanamiento de fs. 4, así como todas las actas consecuentes, especialmente el allanamiento y secuestro de fs. 9 vta./10 vta. (arts. 167, 168, párr. 2º, 224, 230, 184 y concs. Cód. Procesal Penal). 2. Absolver a Adolfo M. Becchi cuyos datos personales son de figuración en autos, por la supuesta comisión del delito de tenencia simple de estupefacientes, que le atribuyera la requisitoria fiscal de fs. 56/58 vta. (art. 14, parte 1º, ley 23.737). 3. Disponer que firme que fuere la presente, se destruya por incineración la sustancia estupefaciente secuestrada (art. 30, ley 23.737), lo que se encomienda al secretario del tribunal. 4. Eximir de costas al procesado (art. 531, Cód. Procesal Penal). 5. Remitir copia de la presente sentencia y de las piezas pertinentes de la causa a la Fiscalía competente ante la presunta comisión de delitos de acción pública, según se indica más arriba. - David A. Chaulet. - Lidia G. Carnero. - Guillermo J. Enderle.