Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-02


SENT Nº 468 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dos (02) de Junio de dos mil seis, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane -por excusación del doctor Alberto José Brito-, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por la representación letrada de la parte actora y demandada en autos:

"Bustos, Francisco Fernando vs. Scania Argentina S.A. s/ Nulidad".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Vienen a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, los recursos de casación interpuestos a fs. 879/886 por la apoderada del actor Francisco Fernando Bustos y a fs. 898/912 vta. por el apoderado de la demandada; ambos, en contra de la sentencia de fecha 19/11/2004 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial.

El pronunciamiento mencionado (fs. 872/873 vta.) dispuso revocar la sentencia del inferior en grado, hacer lugar a la demanda interpuesta en relación a la nulidad del acuerdo homologado en los autos "Bustos, Francisco F. vs. Scania Argentina S.A. s/Homologación Judicial" y rechazar la demanda en orden al reajuste peticionado por el actor.

A fs. 920/924 y a fs. 916/918, la apoderada del actor y el apoderado de la accionada respectivamente, contestan los traslados de los pertinentes recursos.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada, por sentencia de fecha 17/5/2005 que glosa a fs. 929 y vta., por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden al recaudo formal del art. 813 del CPCC, puede considerarse satisfecho en la especie. Se trata de una sentencia emanada del tribunal de alzada, que resuelve la cuestión propuesta, de modo definitivo para las partes.

III.- Recurso de casación interpuesto por la parte actora:

Se agravia el actor de que el tribunal a quo, considere que la nulidad de la homologación del convenio oportunamente celebrado, impide a su parte reclamar el reajuste de las prestaciones allí consignadas.

Sostiene que en el pronunciamiento se confunde la nulidad del acto de homologación con el convenio cuya homologación se solicitara por vía judicial.

Asimismo, cuestiona que el tribunal funde la nulidad del acto homologatorio en la infracción de lo previsto por el art. 13 inc. 1 de la ley 24.028 pues entiende que ante la opción civil realizada por su parte (conf. art. 16 de la ley de accidentes de trabajo citada), la preceptiva mencionada se ve desplazada por el ordenamiento respectivo.

Formula una serie de consideraciones en torno al régimen de los actos jurídicos, su validez y eficacia, la nulidad de los mismos, sus clases y efectos, a fin de respaldar su posición.

Insiste en que la nulidad de la sentencia que homologara el convenio no afecta la existencia del mismo y que por ello, permanece inalterable su derecho a impugnar su validez. Niega que exista una conducta contradictoria y que pueda invocarse la doctrina de los actos propios, para rechazar la demanda interpuesta. Ratifica los argumentos que sirvieran para fundar su pretensión; esto es, la nulidad del convenio de fs. 3, por entender configurado el vicio previsto en el art. 954 del Cód. Civil. Afirma que la empleadora, explotó la ligereza, inexperiencia y el estado de necesidad de su parte para obtener ventajas económicas, ofreciendo una indemnización insuficiente; y que ello habilitaba a su parte para demandar el reajuste de la prestación a cargo de la empleadora demandada Invoca la existencia de una incapacidad parcial y permanente del 15% -constatada por todos los médicos intervinientes- que en la práctica, veda a su parte de cualquier reinserción en el mercado laboral. Y considera que la indemnización "acordada" no se compadece con la real situación de invalidez que lo aqueja.

Explica que la nulidad declarada en autos -tal como la funda el tribunal a quo (por la omisión de los recaudos impuestos por el art.

13 de la ley 24.028 y violación del orden público laboral)- afecta a la sentencia homologatoria pero no a la existencia y validez del convenio presentado para su homologación. Y de allí que cuestione la afirmación conforme la cual, su parte no puede pretender el reajuste de las prestaciones contenidas en un acuerdo viciado.

Expresa que las formalidades impuestas por el art. 13 inc. 4 de la ley de accidente de trabajo deben ser observadas por los jueces al momento de homologar el acuerdo transaccional; y que a ellos están dirigidas las directivas legales. Entiende que por ello, la sanción derivada de su inobservancia no puede afectar a las partes, ni al negocio base.

Propone doctrina legal y con los fundamentos expuestos, pide se admita la procedencia del remedio intentado.

IV.- Recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandada:

a.- Se agravia la recurrente de que el tribunal a quo haya declarado la nulidad de la sentencia homologatoria dictada en los autos "Bustos, Francisco F. vs. Scania Argentina S.A. s/Homologación de convenio", con fundamento en la infracción al art. 13 inc. 4 de la ley 24.028 de accidentes de trabajo.

Sostiene que el pronunciamiento aplica erróneamente la preceptiva mencionada, pues interpreta de modo desacertado el contenido de la misma. De un lado, destaca el decisorio se refiere al art. 13 de la ley y sus "incisos" cuando éstos no son tales sino "apartados", lo que en el caso, no constituye un detalle menor. Explica que el art. 13 de la ley 24.028 -ya derogada- no contenía como muchas otras normas del articulado, un encabezado general seguido de incisos (a, b, c, etc.) que hacían aplicación particularizada del enunciado principal. Por el contrario, expresa que el art. 13, carece de un encabezamiento general pues se integra de aparatados diferentes (1, 2, 3, etc.). Señala que en este caso, los apartados sucesivos guardan relación con el título que identifica a la norma ("Protección del crédito del trabajador"), pero no necesariamente con los restantes apartados. Y considera que al no advertir esta circunstancia, el tribunal extiende indebidamente la solución de un apartado, a la inobservancia de los recaudos previstos en otro apartado de la misma norma.

Expresa que el apartado 1, efectivamente prevé la sanción de nulidad absoluta del convenio que suprima o reduzca los derechos reconocidos en la ley pero cuestiona que la sanción impuesta para este supuesto, pueda hacerse extensiva a otros, no contemplados expresamente. En particular, señala el apartado 4 del mismo artículo -invocado por el tribunal al declarar la nulidad- se refiere a una cuestión diferente (los requisitos necesarios para la homologación de un convenio) y no prevé la sanción de nulidad para el caso de inobservancia de las formalidades allí consagradas. Reproduce el párrafo segundo del apartado 4 -citado en la sentencia impugnada- conforme al cual "en caso de incapacidad permanente, será condición necesaria para la homologación del acuerdo, la determinación del grado de incapacidad del trabajador mediante pericia o dictamen médico producido en sede judicial o administrativa". Y niega que la sanción de nulidad prevista en el apartado 1, sea extensiva a este supuesto.

En respaldo del criterio expuesto, menciona que el apartado 5, vuelve a consignar a la nulidad absoluta como sanción para el caso allí previsto (el pacto de cuota litis) y considera que si la nulidad del apartado 1 fuera aplicable a todo el articulado, la mención del apartado 5 sería sobreabundante.

Finalmente y en relación al punto, sostiene que existió un dictamen médico de un centro especializado (el Instituto de Medicina Laboral) previo a la celebración del convenio homologado, que el juez a quo lo consideró suficiente, que el porcentual de incapacidad emergente del citado dictamen fue corroborado por las dos pericias realizadas en autos, que este porcentual fue asimismo admitido por el actor durante el trámite de la causa (aun cuando en la demanda pretendía invocar el 75%) y que por tanto no resultaba infringida la preceptiva legal invocada en el pronunciamiento.

b.- Desde otro enfoque, se agravia de que el tribunal a quo se haya apartado de las cuestiones sometidas a su conocimiento.

Sostiene que la pretensión esgrimida en autos fue la nulidad de convenio presentado para su homologación; y ello, con invocación del vicio de lesión, previsto en el art. 954 del Cód. Civil. Expresa que la demanda y la contestación a la misma, delimitaron la traba de la litis y el thema decidendum. Señala que el órgano jurisdiccional, debía evaluar si concurrían los extremos que configuran el vicio invocado al fundar la nulidad del convenio; a saber, si Scania Argentina S.A. obtuvo una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación, como consecuencia de haber explotado la necesidad, ligereza e inexperiencia del señor Francisco Fernando Bustos.

Asimismo, destaca que el actor demandó el reajuste de las prestaciones a cargo de la empleadora demandada -la indemnización reconocida como consecuencia de la incapacidad parcial y permanente que padece- denunciando que el convenio se formalizó en base a una incapacidad del 15%, cuando en realidad alcanzaba el 75%; reajuste que estimó en $418.360,80.

Niega que concurran los presupuestos de la acción intentada. Niega que se verifique en autos el elemento subjetivo del art. 954 del Cód.

Civil. Considera que no existió ligereza, ni inexperiencia, ni estado de necesidad del actor, que haya sido explotada o aprovechada por su parte. Señala que el señor Bustos afrontó un proceso de desvinculación laboral extenso en el tiempo, con asesoramiento profesional particular y del gremio al que pertenecía y, que ello emerge de la prueba confesional de fs. 443/444. Alega que suscribió dos convenios con la accionada y ambos, con asistencia profesional; y que se presentó judicialmente solicitando la homologación del primero de ellos, lógicamente, con representación letrada.

Afirma que tampoco concurre en el caso, el elemento objetivo que caracteriza a la lesión invocada. Niega que en mérito al convenio impugnado, su parte haya obtenido una "ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada". Niega que exista una notoria desproporción entre la indemnización acordada y la que el actor considera que debía percibir. Niega la procedencia de los rubros (diferencias por daño emergente, lucro cesante y daño moral) en base a los cuales se pretendía justificar el reajuste de la indemnización solicitado.

Destaca que el juez de Iera. Instancia rechazó la demanda interpuesta por entender que el actor no había acreditado la incapacidad total y permanente invocada, que por el contrario, las pericial realizadas en autos coincidían en una incapacidad del 15% por lumbalgia y un 1% por hipoacusia (cfr. fs. 363, 365 y 733), que la indemnización tarifada ascendería a $8.800 y que en virtud del convenio homologado se abonó al actor la suma de $9.350; y que por tanto, no concurrían los extremos alegados (conf. art. 954 del Cód. Civil).

Asimismo, señala que en la instancia de apelación, el actor admitió que la incapacidad constatada es parcial y permanente de un 15% pero intenta equipararla a una incapacidad total pues denuncia que ésta le impide reinsertarse en el mercado laboral.

c.- En respaldo de su posición, realiza una minuciosa reseña de los antecedentes de la causa a fin de alegar:

- que el señor Bustos sufrió un accidente de trabajo que le provocó una incapacidad parcial y permanente.

- que esa incapacidad fue debidamente indemnizada (con la suma de $9.350) en mérito al convenio de fs. 3 judicialmente homologado.

- que tiempo después y atento a que en la empresa demandada no existían tareas acordes a la situación del actor, se celebró un segundo convenio en donde se acordó el distracto laboral y se lo indemnizó con $30.000 pesos más (suma que según su criterio es muy superior a la que le hubiera correspondido por aplicación de la ley especial).

- que el actor aceptó de conformidad la indemnización, recibió la suma mencionada y manifestó no tener reclamo alguno que formular a la empleadora.

Considera que la celebración de este segundo convenio, reconoce su antecedente en el convenio anterior (por el que se indemnizara la incapacidad parcial citada) y que al ser posterior al mismo, opera como ratificación y confirmación de lo acordado previamente. Sostiene que el propio actor acompañó el segundo convenio a fs. 16, que reconoció su contenido y ejecución (conf. confesional de fs. 443/444 y fs. 531) y que ello le impedía cuestionar la validez y eficacia de su antecedente.

Entiende que la conducta del actor violenta la doctrina de los actos propios. Sostiene que razones de seguridad jurídica impiden revisar un acto anterior entre las partes que ha sido comprendido en otro acto posterior, consentido y firme.

d.- Por otra parte, afirma el recurrente, que no existe perjuicio alguno para el actor que justifique la nulidad del convenio en cuestión. Reitera que la incapacidad constatada es del 15% por lumbalgia y del 1% por hipoacusia, advierte que en virtud del convenio cuestionado la empleadora indemnizó dicha incapacidad y que conforme la pericia contable de fs. 553/557, lo hizo de más. Alega que el porcentual de incapacidad fue finalmente reconocido por el actor (conf. memorial de agravios de la apelación), que dicha incapacidad no puede ser equiparada a invalidez total, que el señor Bustos nunca se jubiló ni intentó hacerlo y, que por el contrario, trabaja actualmente (conf. reconocimiento de fs. 392/393). Señala que la empleadora indemnizó al actor mediante dos convenios sucesivos, con la suma total de $39.350 ($9.350 del primer convenio y $30.000 del segundo) y que ningún detrimento patrimonial puede ser alegado. Niega la procedencia del reajuste peticionado y considera que la suma de $418.360,80 resulta caprichosa y antojadiza.

e.- Considera que si el tribunal declaró la nulidad absoluta del convenio originario, debía resolver la suerte de las prestaciones cumplida en razón del mismo; cuestión omitida por el pronunciamiento impugnado. Reitera que su parte abonó al actor, la suma de $9.350, que en todo caso, debería ser restituídas.

Concluye el recurrente, invocando la infracción al art. 13 de la ley 24.028, al art. 954 del Cód. Civil, a los arts. 34, 272, 273 inc. 5 y 280 del CPCC y arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional. Cita la doctrina legal que estima de aplicación al caso, y de conformidad a los fundamentos expuestos, solicita se admita la procedencia del remedio intentado.

V.- Los antecedentes del caso:

Tal como surge del escrito de demanda (fs.10/14), el actor Francisco Fernando Bustos, demandó la nulidad del convenio de fs. 3 "por causar lesión enorme al patrimonio del presentante". Expresó que su parte se desempeñaba como oficial especializado categoría VI en la empresa demandada, que con fecha 21/9/92 sufrió un accidente de trabajo que le provocó una hernia de disco, que ello motivó una intervención quirúrgica a cargo del Dr. Ramón S. De Marco, que el mismo dictaminó una incapacidad laboral del 75% y que a causa de no poder reinsertarse en sus tareas habituales y al no existir en la empresa otras tareas acorde a su estado, acordó con la empleadora el distracto. Señala asimismo en la demanda, que a efectos de conciliar el pago de las indemnizaciones pertinentes, suscribió con la empleadora, dos convenios: uno de ellos, que glosa a fs. 3, y el otro de fs. 16; ambos acompañados por el propio actor.

Plantea la nulidad del primer convenio por considerar que su parte invocó una incapacidad del 75%, que la misma se encuentra acreditada mediante el certificado médico acompañado a fs. 19 y que el pago de la indemnización otorgada ($9.350) no se compadece con la gravedad de la incapacidad permanente que padece (a la que considera "total" y no "parcial" porque afirma que no podría superar ningún examen preocupacional).

Alega que si bien su parte ejercitó la opción civil del art. 16 de la ley 24.028 al momento de celebrar el convenio citado, resultaba de estricta aplicación lo previsto en los arts. 13 de la ley de accidentes de trabajo (conf. el propio art. 16). Y con fundamento en lo dispuesto por el art. 13, invoca la nulidad absoluta del convenio impugnado. Afirma que éste importó la supresión y reducción de los derechos reconocidos por la ley (apartado 1) y que la homologación judicial del mismo se cumplió sin ajustarse a la exigencia particular impuesta por el apartado 4 (la existencia de un dictamen médico practicado en sede administrativa o judicial, previo a la transacción).

Invocando la normativa sustancial civil (arts. 901, 906, 1078 y concordantes del Cód. Civil), sostuvo que la indemnización derivada de la incapacidad, debía ajustarse al principio de pleno resarcimiento;

esto es, computando la totalidad de los daños sufridos por su parte:

daño emergente, lucro cesante y daño moral que estimó en la suma de $418.360,80, cuyo reajuste peticiona.

A fs. 70/81, la accionada contesta la demanda interpuesta, oponiéndose a la misma y solicitando su rechazo.

A fs. 117/120 se apersona la aseguradora citada por la demandada y hace lo propio, en los términos allí expuestos.

La causa se abre a prueba, y las mismas glosan de fs. 140 a fs. 745.

El actor presenta sus alegatos a fs. 754/764 y la demandada a fs.

765/772. A fs. 831/833 corre agregada la sentencia de Iera. Instancia;

pronunciamiento que dispuso rechazar la demanda interpuesta por entender que no lucían configurados los presupuestos de la acción intentada.

Apelada la sentencia por el actor (fs. 837), fundado el recurso (fs.

845/849) y tramitado el mismo (fs. 850/859) el tribunal de alzada resuelve revocar el pronunciamiento apelado, admitiendo la nulidad del acuerdo homologado en la causa judicial caratulada "Bustos, Francisco Fernando vs. Scania Argentina S.A. s/Homologación judicial", rechazando la acción por reajustes interpuesta en autos.

VI.- Los fundamentos de la sentencia recurrida en casación:

El pronunciamiento sostiene que no obstante haber optado el actor por la vía civil para la percepción de las indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo sufrido con fecha 21/9/92, la transacción realizada entre el trabajador y su empleadora, debía ajustarse a las previsiones de los arts. 13 y 17 de la ley 24.028, tal como lo impone el art. 16 de la misma ley. Y atento a que el acuerdo cuya homologación se solicitara judicialmente, no observó la condición necesaria impuesta por el apartado 4 del art. 13, del citado cuerpo legal -la existencia de un dictamen médico producido en sede administrativa o judicial previo al convenio de pago- correspondía declarar la nulidad del mismo.

Consideró asimismo que en mérito a los vicios constatados y a la nulidad del convenio declarada en autos, resultaba improcedente la pretensión de reajuste esgrimida por el actor. Entendió el tribunal a quo que resultaba contrario a la doctrina de los actos propios, pretender por un lado, la nulidad -fundada en la violación del orden público laboral- y por el otro, solicitar en base al acuerdo viciado, un reajuste de las prestaciones allí consignadas.

VII.- La procedencia del recurso de casación interpuesto por la demandada:

Asiste razón a la accionada en tanto cuestiona que el tribunal a quo haya declarado la nulidad del acuerdo conciliatorio de fs. 3 (por el cual las partes acordaran el pago de la indemnización de la incapacidad derivada del accidente de trabajo sufrido por el actor).

a.- De un lado, se advierte que las partes no han controvertido acerca de la existencia de una sentencia judicial que homologara el acuerdo conciliatorio aquí impugnado por el actor, ni que lo resuelto en aquellas actuaciones se encuentre firme por falta de impugnación oportuna.

El tribunal dispone la revisión de la cosa juzgada, sin que el pronunciamiento exhiba una fundamentación suficiente para sostener la existencia de "cosa juzgada írrita".

El proceso homologatorio es esencialmente un sometimiento jurisdiccional voluntario que tiene por objeto otorgar al acuerdo conciliatorio, el efecto propio de una sentencia (art. 15 de la LCT).

Y la actuación judicial está encaminada a la verificación del cumplimiento de los requisitos impuestos al convenio y el resguardo al orden público laboral (cfr. Etala, Carlos Alberto, Ley de Contrato de Trabajo Comentada, pág. 55).

La inimpugnabilidad de la resolución homologatoria del acuerdo le otorga autoridad de cosa juzgada, tanto en el sentido formal como en sentido material, y tal cualidad impide abrir un proceso sobre la misma materia contenida en tal acto (CSBA, sent. del 24/09/2003, "González, Sandra E. /por sí y en rep. ante sus hijos menores v.

Manferro S.A."; CSJT, sent. 1141 del 28/12/2000, "Joaquín José Juárez vs. Establecimiento La Mariposa S.A. s/Cobros"). En esta línea de razonamiento, la revisión judicial de una sentencia firme impone al juez una acabada demostración de las razones alegadas para privar de efectos al pronunciamiento; extremo que en el caso, no luce satisfecho.

b.- De otro lado, se advierte que lo resuelto por el tribunal, esto es, la nulidad del convenio de fs. 3, no se ajusta a la correcta hermenéutica de la preceptiva citada en el pronunciamiento.

Efectivamente, la transacción realizada entre el trabajador y su empleadora, debía ajustarse a las previsiones de los arts. 13 y 17 de la ley 24.028 (tal como lo impone el art. 16 de la misma ley) y al art. 15 de la ley de contrato de trabajo (remisión hecha por el art.

13, apartado 4 de la ley 24.028).

Es admitido en forma conteste por la doctrina y la jurisprudencia, que el art. 15 de la ley 20.744 impone dos condiciones para la validez de los acuerdos transaccionales: a.- que se realicen con intervención de autoridad judicial o administrativa; b.- que mediare resolución fundada de tal autoridad valorando positivamente la justicia del contenido del acto (CSJT, sent. 567 del 30/07/97, "Ojeda de Orellana, Celia Rosa vs. Finca La Cruz y otra s/Art. 212 LCT.; sent. 587 del 22/9/94, "Concha, Justo Luciano vs. Monetti y Cía. s/Indemnizaciones).

En el sublite, este segundo extremos suponía además el cumplimiento de una formalidad adicional, pues "en caso de incapacidad permanente será condición necesaria para la homologación del acuerdo, la determinación del grado de incapacidad del trabajador, mediante pericia o dictamen médico producido en sede judicial o administrativa".

En mérito a los dispuesto por las normas precedentemente citadas y atento a que el acuerdo cuya homologación se solicitara judicialmente, no observó la condición necesaria impuesta por el apartado 4 del art.

13 de la ley 24.028 -la existencia de un dictamen médico producido en sede administrativa o judicial previo al convenio de pago- el tribunal a quo consideró que correspondía declarar la nulidad del mismo.

Se advierte sin embargo que el cumplimiento de los recaudos formales antes citados y la consecuente validez y eficacia del acuerdo conciliatorio celebrado por las partes, no puede ser analizado con prescindencia de lo efectivamente acontecido en el caso.

En autos se encuentra acreditado que:

- que con fecha 21/9/92 el actor sufrió un accidente de trabajo que le provocó una incapacidad parcial y permanente (aunque el actor la equipara en sus efectos, a la incapacidad total).

- que la empresa procuró la atención médica inmediata del actor (conf.

"informe de accidente de trabajo", fichas clínicas, órdenes de asistencia médica y estudios médicos realizados acompañados por la propia parte actora; más los informes de "servicios médicos" aportados por la accionada, debidamente compulsados con los originales que se tienen a la vista).

- que la demandada requirió una pericia médica al Instituto de Medicina Laboral, que el dictamen lleva fecha 23/7/93 y que el informe -previo interrogatorio, exámenes clínicos de carácter general y exámenes complementarios específicos- concluye en que el señor Bustos padecía un incapacidad del 15% derivada de una lumbalgia y de un 1% por trauma acústico.

- que la autenticidad del instrumento mencionado, así como el contenido del mismo, fue ratificado mediante la prueba pertinente (fs.

479/480 y fs. 488).

- que el actor jamás cuestionó la existencia, ni el contenido del dictamen mencionado.

- que las partes celebraron un acuerdo en virtud del cual se acordó el pago de una indemnización de la incapacidad producida por el accidente de trabajo mencionado, que la suma quedó fijada en forma "total y definitiva" en $9.350 y que el actor reconocía encontrar plena satisfacción con la indemnización mencionada, renunciando a cualquier otro reclamo posterior.

- que la empleadora abonó la suma convenida, la que fue recibida de conformidad (hecho admitido por el actor y respaldado por la documentación original reservada en caja de seguridad).

- que ambas partes solicitaron la homologación judicial del acuerdo citado (cfr. copia del escrito presentado a fs. 3).

- que al momento de suscribir el convenio, el actor contó con asistencia letrada.

- que la profesional interviniente ratificó el carácter satisfactorio del acuerdo, para los intereses del señor Bustos (cfr. fs. 235 y 237).

- que el convenio fue homologado en los autos caratulados "Bustos, Francisco Fernando vs. Scania Argentina S.A. s/Homologación" que tramitara por ante el mismo Juzgado de origen (se tiene a la vista, copia de la sentencia de fecha 30/12/93).

- que el actor consintió el pronunciamiento antes citado, al no impugnar en los autos referidos, la homologación del acuerdo conciliatorio.

- que luego de sucesivas licencias, el actor obtuvo el alta médica, reintegrándose a trabajar (conf. fichas médicas y legajo del actor cuyos originales se tienen a la vista).

- que trabajó tres meses (entre septiembre y diciembre de 1993).

- que atento a la inexistencia de tareas aptas para ser cumplidas por el actor, el empleador dio por concluido el contrato de trabajo, con fecha 30/12/93 (conf. intercambio epistolar entre las partes -v.

telegramas y cartas documentos agregados a la causa-, convenio de fs.

16, etc.).

- que las partes celebraron un segundo convenio, conforme al cual se acordó el pago de una indemnización comprensiva de las indemnizaciones derivadas de la ruptura del vínculo laboral y que por dicho acuerdo se abonó la suma de $30.000 (hecho no controvertido por las partes; cfr.

asimismo, fs. 16).

- que en este segundo convenio, las partes reconocieron la celebración del convenio anterior, mediante el cual la "incapacidad parcial" sufrida por el actor, fue "debidamente indemnizada".

- que el contenido de este segundo acuerdo fue reconocido por el actor (conf. confesional de fs. 443/444 y fs. 531).

- que en los presentes actuados, corren agregadas las pericias médicas oportunamente practicadas (cfr. fs. 363, 365 y 733), que coinciden en dictaminar una incapacidad del 15% por lumbalgia y 1% por trauma acústico.

De lo expuesto se sigue que la omisión en el cumplimiento de la exigencia del art. 13, ap. 4, 2do párrafo de la ley 24.028 (referida a una pericia médica celebrada en sede administrativa o judicial, que determine el porcentual de incapacidad en forma previa al acuerdo conciliatorio) no puede conducir per se, a la nulidad del convenio, si -como en el caso- existen elementos que permitan sostener su validez y eficacia.

En las concretas circunstancias de la causa, la declaración de nulidad del convenio con fundamento en la omisión de una pericia o dictamen médico oficial al tiempo en que se concretó el acuerdo, constituye una interpretación excesivamente rigurosa de la norma aplicada. Es que no procede declarar la nulidad por la nulidad misma, cuando de las constancias de autos surgiera que no existe gravamen para el trabajador, como acontece en la especie (cfr. arg. CSJT, sent. 1006 del 29/11/2001, "Arias, Hugo Alfredo vs. Telecom Argentina Stet France Telecom S.A. s/Indemnizaciones").

Las partes suscribieron el acuerdo y al solicitar la homologación del mismo, manifestaron haber "arribado a una justa composición de intereses, en base a las dolencias alegadas", sin que existan elementos en autos, que habiliten a desvirtuar la valoración del pronunciamiento homologatorio.

El recaudo mencionado constituye una técnica enderezada a asegurar "la protección del crédito del trabajador" (título del art. 13), sin que en el caso, quede demostrada la conculcación de los derechos que corresponden al actor. El convenio impugnado acordó el pago de la indemnización, de conformidad a la incapacidad parcial y permanente constatada y de las constancias de la causa no surge que las sumas abonadas hayan significado mengua para los derechos del actor (cfr.

pericia contable de fs. 553). Por el contrario, y tal como destacara la señora juez de Iera. instancia, "si la incapacidad probada es del 16%, indemnización tarifada ascendería a U$S8.800 (16% de U$S55.000 -vigente la ley de convertibilidad-) y en el convenio homologado se le otorgó la suma de $9.350".

El tribunal a quo extiende sin justificación, la sanción de nulidad absoluta a un supuesto en el que no luce fundada la configuración del supuesto legal; esto es, la supresión o reducción de los derechos reconocidos en la ley (art. 13, apartado 1).

El recaudo formal impuesto como condición necesaria para la homologación del acuerdo -la pericia practicada en sede administrativa o judicial que determine el grado de incapacidad- se orienta a la protección del crédito del trabajador (título del art. 13 de la ley 24.028); principio que no se ve afectado en modo alguno cuando el convenio no suponga supresión o restricción de los beneficios acordado por las leyes laborales (cfr. arg. C Nac.Trab., sala 8ª, 23/09/2003- Oviedo, José v. Asociación Cristiana de Jóvenes de la República Argentina y otros s/despido).

c.- De conformidad a los fundamentos expuestos, corresponde casar el pronunciamiento impugnado de conformidad a la siguiente doctrina legal: "A efectos de analizar el cumplimiento de los recaudos formales impuestos a los acuerdos conciliatorios por el art. 13, apartado 4 de la ley 24.028, los jueces no deben prescindir de las particularidades del caso. La declaración de nulidad del convenio con fundamento en la omisión de una pericia o dictamen médico practicado en sede administrativa o judicial al tiempo en que se concretó el acuerdo, constituye una interpretación excesivamente rigurosa cuando de las constancias de la causa surge que no existe supresión o restricción de los derechos del trabajador".

VII.- Improcedencia del recurso de casación interpuesto por la parte actora:

Los fundamentos precedentemente expuestos sellan la suerte adversa del recurso de casación interpuesto por la apoderada del actor, por lo que resulta inoficioso ingresar al análisis particularizado de los agravios vertidos en el memorial respectivo.

No obstante las objeciones que pudiera merecer la invocación de la doctrina de los actos propios al momento de disponer el rechazo de la pretensión de reajuste, la conclusión no luce apartada de las constancias de autos precedentemente reseñadas.

VIII.- Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada y rechazar el recurso de casación interpuesto por el actor, de conformidad a la doctrina legal precedentemente expuesta. En consecuencia, dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido y dictar como sustitutiva la siguiente: I.- No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el señor Francisco Fernando Bustos en contra de la sentencia de fecha 14/8/2003.- II.- Costas, al recurrente vencido (art. 106 del CPCC).

III.- Reservar pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad".

IX.- Las costas deberán ser soportadas por la parte vencida conforme los principios generales que rigen la materia (art. 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el actor en contra de la sentencia de fecha 19/11/2004 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial.

II.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la accionada en contra de la sentencia de fecha 19/11/2004 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial, de conformidad a la doctrina legal antes citada. En consecuencia, dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido y dictar como sustitutiva la siguiente: "I.- No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el señor Francisco Fernando Bustos en contra de la sentencia de fecha 14/8/2003. II.-Costas, al recurrente vencido (art. 106 del CPCC).

III.-Reservar pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad".

III.- COSTAS, conforme se considera.

IV.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA RENÉ MARIO GOANE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.