Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-03-31


AUTOS N° 54252 (5° JUZ. CIVIL) (SALA III 10309) "PRIEGO Ricardo Horacio C/ Asociación de Pilotos Vallistas y Otro - Ds. y Ps. - Sumario" ///En la ciudad de San Juan, a 31 días del mes de Marzo de dos mil catorce, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia del Dr. Luis Alberto Recio, y con la asistencia como Vocal del Dr. Daniel Gustavo Olivares Yapur, para conocer sobre el recurso de apelación concedido a la parte actora a fs. 322, contra la sentencia definitiva de fecha nueve de junio de dos mil nueve, obrante a fs. 303/321.-	El Señor Juez de Cámara Daniel G. Olivares Yapur dijo:

Vienen para resolver el recurso de apelación estos autos donde surge que a fojas 302/320 en fecha nueve de junio de dos mil nueve, el Señor Juez interviniente, (Quinto Juzgado Civil y Comercial) encontró mérito suficiente para resolver lo siguiente: 1° Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Municipalidad de Valle Fértil, en consecuencia rechazar la demanda interpuesta en su contra, con costas a cargo de la vencida. 2°) Rechazar la citación como tercero y la demanda interpuesta contra Mario Alberto LLiteras y Walter Enrique Lliteras, con costas a cargo del citante. 3°) Hacer lugar parcialmente a la demanda n consecuencia condenar a la Asociación de Pilotos Vallistas para que dentro del término de diez días de consentida o ejecutoriada que sea la presente, le abone a Ricardo Alberto Priego por daño Físico la suma de $ 10.000; por daño moral la suma de pesos 3.000 y por gastos médicos y farmacia la suma de $ 1.000 a la Sra. Nury Miriam de la Cruz por daño Físico la suma de $ 8.000, daño moral la suma de $ 1.500 y gastos médicos y de farmacia la suma de $ 500; a los menores Melisa Anahí Priego de la Cruz y Federico Nahuel Priego de la Cruz y Ana Ayelen Priego de la Cruz por daño moral la suma de $ 200 para cada uno de ellos. Todas las sumas se calculan a la fecha del accidente que se incrementara con lo dispuesto por la ley 4119 hasta su efectivo pago, con costas a la vencida. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad..sic"	Contra dicho pronunciamiento articuló recurso de apelación a fojas 321 el Dr. Gustavo A. De Cara Correa quien actúa como apoderado de los accionantes; este recurso le fue concedido a fojas 323.

Antecedentes:

Sin perjuicio del pormenorizado relato de la causa efectuado por el Sentenciante de primera instancia, a fin de otorgar comprensión y logicidad al presente dictum habré efectuar una acotada síntesis de los hechos conforme lo narrado por la sentencia venida en recurso.

El sentenciante a quo dijo, "..se encuentra acreditado que el día 17 de febrero siendo aproximadamente las 12,15 hs. la familia Priego, integrada por el Sr. Ricardo Horacio Priego, la Señora Nuri Myriam de la Cruz Priego y los hijos de estos Ana Ayelen Priego de la Cruz y Federico Nahuel Priego de la Cruz se encontraban de vacaciones en el Departamento Valle Fértil y previo haber pagado la entrada correspondiente, como espectadores de la X Edición del Safari tras la Sierra, que se había dispuesto en el costado oeste, en una curva tras el alambrado un rancho que vendía bebidas y comidas, y cuando la familia Priego se disponía a ir hasta ese rancho un competidor se salió de la curva, pasó el alambrado y atropelló a la familia Priego resultando algunos heridos de consideración"..

Del exordio de demanda surge que se reclamaron por cada uno de los accionantes diferentes rubros indemnizatorios totalizando en suma la cantidad de Pesos Ciento Noventa y Seis Mil Quinientos ($ 196.500) o lo que en más o en menos resultara de la prueba a rendirse en la causa. Solicitándose imposición de costas.

Expresión de Agravios.

El recurso concedido contra sentencia definitiva a fojas 323 en forma libre resultó motivado mediante expresión de agravios que luce a fojas 356/371.

Primer Agravio: se concentra en el rechazo de la demanda contra la Municipalidad de Valle Fértil, en tanto considera que el fallo resulta errado al haber admitido la excepción de falta de legitimación pasiva articulada y considera que la responsabilidad del municipio no surge por haber organizado, sino por haber omitido los mecanismos básicos de control para evitar que una gran afluencia de público espectador resultara dañado, mas precisamente dice en el lecho del río y zonas aledañas, lugares que se encuentran bajo la jurisdicción municipal. Afirma que la responsabilidad del Municipio surge como dueño o guardián según lo establece el artículo 1113 del Código Civil.

Segundo Agravio: Se agravia el recurrente por considerar exiguo el monto indemnizatorio otorgado el Sr. Ricardo Horacio Priego en la sentencia (fs. 317/318), en cuanto a las implicancias físicas y las consiguientes limitaciones que el nombrado tuvo no solo en el plano laboral	sino en toda la esfera de la vida del actor cuyas secuelas resultan permanentes.

Afirma que se probó que el actor presenta una incapacidad parcial y permanente del treinta y cinco por ciento para actividades habituales y sociales y que la pericia médica obrante a fojas 254/256 arroja que el Sr. Ricardo Horacio Priego sufrió politraumatismos, fractura de platillo tibial externo en pierna derecha, colocándose férula de yeso, luego se le practica cirugía con colocación de dos clavos, que aún tiene colocados: también se le realizó dice, cirugía artroscópica de rodilla, siendo sometido a tratamiento médico durante más de seis meses y posterior rehabilitación.

Alega que el fallo no ha tenido en cuenta el examen médico realizado cinco años después del accidente, consideró que al actor le ha quedado una incapacidad del 35 % parcial y permanente.

Seguidamente cita jurisprudencia y evoca la doctrina de la reparación integral del daño para concluir en la insuficiencia del monto fijado en la sentencia.

Tercer Agravio: se centraliza la queja en considerar insuficiente el monto otorgado en el rubro daño moral atribuido al Sr. Ricardo Horacio Priego y lo atribuye el recurrente a la insuficiente cuantificación efectuada en los anteriores rubros, solicitando la elevación del mismo a la suma de $ 20.000 que fue lo peticionado en la demanda.

Cuarto Agravio: Se dirige a criticar la exigüidad del monto fijado por la sentencia para el rubro gastos médicos y de farmacia fijados al Sr. Ricardo H. Priego en tanto alega que no se tuvo en cuenta que, sin perjuicio que el actor posea obra social existen muchos gastos que estas no cubren y que en autos se encuentran comprobantes que justifican plenamente los elementos ortopédicos y demás tratamientos que no fueron cubiertos al actor y que este los tuvo que afrontar por si. Por lo cual solicita su elevación hasta el monto solicitado en la demanda de $ 4.000.

De igual modo se agravia en cuanto a la fecha desde la cual se manda a efectuar el cómputo de los intereses, sosteniendo que corresponden desde la fecha del evento dañoso porque ya fueron sufragados por el actor en su oportunidad y por ser de carácter moratorio.

Quinto Agravio: Se agravia por considerar exiguo el monto que determina la sentencia por el rubro daño físico a la Sra. Nuri Myriam de la Cruz Priego y alega que del informe pericial practicado en autos surge que la misma, presentó T. E. C. con perdida de conocimiento, politraumatismo, fractura de clavícula derecha y traumatismo de columna lumbar y actualmente se le palpa consolidación con deformidad de la clavícula derecha en tercio medio, presentando una incapacidad parcial y permanente del 34%. Alega que la cuantificación de la incapacidad sobreviniente de la actora debió realizarse en base a un análisis lógico sobre los hechos que se le exponían de la totalidad de los elementos probatorios arrimados en autos, concluye en que el monto fijado en $ 8000 es absolutamente arbitrario y no es suficiente para compensar la incapacidad sobreviniente que padece la Sra. Cruz de Priego.

Sexto Agravio: Se agravia del monto fijado en la sentencia en concepto de daño moral para la Sra. Cruz de Priego alegando que esta no solo soportó los dolores propios sino los que recibieron su marido y sus hijos que caminaban de su mano y la Menor Ana Ayelén en brazos de su Padre, razón por la que solicita se revea el quantum indemnizatorio por el rubro daño moral y se eleve el mismo al reclamado en la demanda.

Séptimo Agravio:

Se centraliza en a) el rubro gastos médicos y de farmacia respecto de la Sra. Cruz de Priego considerando bajo los fijados por la sentencia alegando que las obras sociales no cubren la totalidad de los mismos y que en autos existen facturas y recibos que justifican plenamente que los medicamentos y tratamientos, no le fueron cubiertos a la actora en su totalidad y ésta los tuvo que afrontar en forma personal, por lo que solicita se eleve el monto al solicitado en la de manda de $ 1.500.

b) se agravia porque la sentencia manda a efectuar el cómputo de los intereses desde su dictado, sosteniendo por el contrario que corresponden desde la fecha del evento dañoso porque ya fueron sufragados por el actor en su oportunidad y por ser de carácter moratorio.

Del Octavo Agravio: Se agravia de la parte del fallo en que el sentenciante rechaza la pretensión de que se indemnice por el daño sufrido a la integridad física a los menores Federico Nahuel y Meliza Nair; expresa que el fallo no distingue la lesión a la integridad física padecida por los menores y contraviene los modernos principios construidos por el Derecho de Daños que cuantifica el daño a la integridad física de los hijos de los actores, prescindiendo del conocimiento que el concepto es mucho mas amplio y estrechamente vinculado con el derecho que tiene toda persona a la integridad física, psíquica y moral que es de rango constitucional.

Noveno Agravio:

Se agravia en cuanto considera el fallo que los gastos médicos fueron cubiertos por la obra social de los padres de los menores, lo cual considera errado solicitando que prosperen las sumas reclamadas en la demanda.

Décimo Agravio:

Se agravia finalmente por el rubro daño moral considerando exigua la suma determinada a cada uno de los menores en tanto entiende que la sentencia no ha comprendido el concepto de daño físico, y porque el monto fijado lo entiende totalmente alejado a la realidad, arbitrario y distorsionado, solicitando se eleve el mismo considerando el reclamado en la demanda para cada uno de los menores. Efectuó reservas constitucionales.	Se sustanció con las partes intervinientes el recurso interpuesto y a fojas 375/379 obra la contestación de agravios presentada por la parte co-demandada (terceros citados) representados por el letrado Dr. Ricardo Zamitto. A fojas 382/387 obra glosada la contestación de agravios producida por el Señor letrado apoderado de la co demandada Municipalidad de Valle Fértil Dr. Luis Mulleady Quiroga. A fojas 400 se dispuso el pase de los autos para estudio del Tribunal.

A fs. 409 se corre vista de lo actuado a la Sra. Asesora de Menores Dra. María Soledad Medina quien emite su dictamen a fs. 410/411.

Tratamiento de los Agravios:

1. Preliminar:

Debo dejar previamente aclarado, en tanto surge de la lectura del exordio de conteste de expresión de agravios inicialmente la petición que se sancione con la deserción del recurso por falta de fundamentos o por incumplimiento de la obligación de construir una "critica concreta objetiva y razonada del fallo" que este Tribunal se ha expedido recientemente y en forma reiterada respecto de las nuevas exigencias, recaudos y cuál es el tratamiento y sanción que contempla el nuevo Código Procesal Civil de San Juan que en la redacción de su artículo 253 excluyó expresamente la sanción de declaración de deserción del recurso, razón por la que no corresponde aplicar la misma en forma liminar, en tal sentido véase como antecedente el fallo dictado anteriormente donde se dejo sentado "Debe advertirse inicialmente un evidente cambio en la redacción del artículo 253 del nuevo Código Procesal Civil de San Juan (ley 8037), y en tal sentido en forma expresa se ha excluido "la declaración de deserción del recurso por falta de fundamentación suficiente", ello no constituye una cuestión meramente accidental, dada la gravedad de la misma, debe interpretarse que el codificador ha querido a todo evento proteger el derecho de defensa del litigante recurrente y que el Tribunal ad quem deba analizar y pronunciarse sobre el contenido objetivo del exordio de agravios, por tanto, si luego de efectuar el mismo, concluye en que, los argumentos son inconsistentes o sus fundamentos no constituyen una critica concreta y razonada de los posibles errores in judicando de la resolución judicial apelada, podrán en su caso desestimar liminarmente el recurso señalando el defecto contenido por la presunta fundamentación, pero en ningún caso aplicar de plano una sanción que objetivamente hoy el ordenamiento procesal no prevé expresamente. AUTOS Nº 11152 (4° JUZ. CIVIL) (SALA III 83099) "PEREZ EDUARDO HECTOR c/ CONCENTRADO SAN JUAN S.R.L. Y OTRO - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" PROT. DE AUTOS T° II F° 338/346 AÑO 2013 - 28-06-13 REC106 -	2. Del Primer Agravio:

Según sinteticé supra el primer agravio referido al yerro del sentenciante de primera instancia porque desestimó la pretensión esgrimida respecto de la Municipalidad de Valle Fértil entiendo debe ser rechazado.

Afirma el agraviado que la Municipalidad de Valle Fértil resulta responsable no por haber organizado sino por haber omitido los mecanismos básicos de control para evitar que una gran afluencia de público espectador resultara dañado, cuando había autorizado que la competencia se desarrollara en el Departamento de Valle Fértil en lugares bajo su jurisdicción.

Pero ocurre, que el razonamiento efectuado por el Señor Juez sentenciante no ha podido ser revertido por el agraviado con respaldo en la prueba rendida en el proceso, en tanto como bien lo ha juzgado, ni por un argumento ni por el otro, se llega a exponer el nexo causal que convierta en responsable al Municipio.

En efecto, la afirmación del agraviado no tiene respaldo probatorio, en tanto la Ordenanza Municipal N° 00664/2001 (obra a fojas 158 I cpo) solo declara de "Interés Departamental" el evento y esto debe ser entendido como una declaración autónoma del cuerpo deliberativo, de trascendencia Social-Cultural, sin efecto jurídico alguno sobre el Poder Ejecutivo Municipal, y sin que ello pueda significar autorización u obligación de ninguna naturaleza.

Por otra parte, la ordenanza municipal N° 0677 de Fecha 07 de marzo de 2001, mediante la cual el Honorable Concejo Deliberante de Valle Fértil autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la ayuda económica a la Comisión Directiva de A Pi Va (Asociación de Pilotos Vallistas) para solventar gastos de organización de la X Edición del Safari Tras las Sierras, se advierte en las motivaciones del instrumento que en fecha siete de marzo fue presentada una nota ante el Departamento Ejecutivo donde la Comisión Directiva de A Pi Va solicita ayuda económica para solventar gastos de organización.

Lógicamente esta ordenanza solo prueba y ratifica que la organización del evento estuvo a cargo de A Pi Va, quien recibió para ello un desembolso económico del erario municipal, tal como habitualmente las comunas lo hacen con diferentes entidades culturales deportivas y/o de bien público.

Pero comparto la posición del sentenciante en el sentido que no existe en autos una prueba que defina que existió obligación alguna a cargo del Municipio.

Puntualmente juzgo equivocada la posición jurídica del apelante en tanto considero que la obligación de vigilancia, control, prevención de la integridad física y/o salud de las personas no cabe presumirla a priori, o in generali en cabeza del Municipio en tanto el campo de obligaciones y responsabilidades que corresponden a su incumbencia institucional se desprende en forma precisa y objetiva de nuestra Constitución Provincial, que en su artículo 251 respecto de las Atribuciones y Deberes expresa:

Son atribuciones comunes a todos los municipios, con arreglo a los principios de sus cartas y ley orgánica, los siguientes: 1) Convocar a elecciones ; 2) Sancionar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos; 3) Contraer empréstitos con objeto determinado, con dos tercios de votos de los miembros en ejercicio de su cuerpo deliberativo. En ningún caso el servicio de la totalidad de los empréstitos, puede ser superior al veinticinco por ciento de los recursos ordinarios afectables; 4) Nombrar funcionarios y empleados municipales, y removerlos con causa; 5) Crear Tribunales de Faltas y Policía Municipal; 6) Contratar servicios públicos y otorgar permisos y concesiones a particulares, con límite de tiempo; 7) Adquirir o construir, por el sistema que fije la ley, las obras que estime convenientes, inclusive por el sistema de peaje; 8) Expropiar bienes con fines de interés general y enajenar en subasta pública los bienes municipales; 9) Realizar convenios de mutuo interés con otros entes de derecho público o privado, municipales, provinciales, nacionales o extranjeros; en este último caso con conocimiento previo de la Cámara de Diputados de la Provincia; 10) Impulsar la organización de uniones vecinales o de fomento; 11) Utilizar la consulta popular cuando lo estime necesario. Una ley establece las condiciones en que se ejercerán los derechos de iniciativa y revocatoria; 12) Dictar ordenanzas y reglamentos sobre urbanización, tierras fiscales municipales, transportes y comunicaciones urbanas, sanidad, asistencia social, espectáculos públicos, costumbre y moralidad, educación, vías públicas, paseos y cementerios, de abastecimiento, ferias y mercados municipales, forestación, deportes, registros de marcas y señales, contravenciones, y en general todas las de fomento y de interés comunal; 13) Crear recursos permanentes o transitorios; 14) Acordar licencias comerciales dentro de su éjido; 15) Organizar servicios asistenciales en forma directa y/o con la colaboración de la Provincia, Nación o entidades prestatarias de estos servicios; 16) Fomentar la educación y el desarrollo cultural mediante la participación plena de sus habitantes. Crear establecimientos educativos en los distintos niveles y bibliotecas públicas, propiciando la formación de las populares; 17) Todas las demás atribuciones y facultades que se derivan de las enumeradas precedentemente dictando las ordenanzas y reglamentos necesarios para el ejercicio de los poderes de los municipios y proveer lo conducente a su prosperidad y bienestar, pudiendo imponer sanciones compatibles con la naturaleza de sus poderes, tales como multas, demolición de construcciones, secuestros, destrucción y comiso de mercadería. A tal efecto podrán requerir al juez competente las órdenes de allanamiento necesarias; 18) Convenir con la provincia o con otros municipios la formación de organismos de coordinación y cooperación necesarias para la realización de obras y la prestación de servicios públicos comunes; 19) Participar, por medio de un representante designado al efecto en los organismos provinciales de planificación o desarrollo, cuyas disposiciones afecten intereses municipales."	Del texto surge claramente que la obligación de seguridad ciudadana en lo que respecta a la integridad física de las personas que trasunta en el deber de vigilancia en todo el territorio municipal no es una obligación primaria atribuida por la Constitución Provincial al Estado Municipal, por lo tanto éste solo habrá de quedar comprendido en ella siempre que la haya asumido en forma expresa o inequívoca mediante la realización de actos objetivos que inobjetablemente así lo acrediten.

En efecto, autorizada doctrina nacional ha sostenido puntualmente en casos como el presente que, respecto a la responsabilidad del Estado por la omisión de las diligencias a su cargo en ejercicio de la función de control de las competencias automovilísticas, se ha juzgado que "No existiendo en el derecho público un texto específico que contemple lo atinente a la responsabilidad del Estado por las consecuencias de sus hechos o actos de omisión o abstención, su tratamiento jurídico básico debe efectuárselo recurriendo a la norma del art. 1074 del Código Civil (SCBA, AC 81917, S, 30-4-2003; AC 79002, S, 17-7-2002)". Y en cuanto al aspecto que hace a la antijuridicidad material u obligación incumplida la importancia de precisar la imperatividad del mandato observado o la norma trasgredida : "Para que se genere la obligación de responder, resulta necesario que se trate de una obligación (o sea un deber concreto) y no de un deber que opere en dirección genérica o difusa, es decir en definitiva de una obligación a cuyo cumplimiento pueda ser compelida la Administración" (Trigo Represas - López Mesa "Tratado de la Responsabilidad civil", t. III p. 688) ya que "la ausencia de tipificación precisa y categórica podría derivar en resultados interpretativos demasiados extensivos y expansivos. Así - en efecto no deseado- reemplazaría o sustituiría la carga indemnizatoria del agente público o particular" (Galdós en "Responsabilidad extracontractual del Estado...", en Revista de Derecho de daños, t. 9 p. 59/60).

En los presentes autos debe quedar sentado respecto del Municipio que, el dictado de Ordenanzas o Decretos que autoricen y/o posibiliten efectuar aportes económicos a instituciones privadas a fin que estas realicen algún evento no importa presumir que el Municipio se convierta por ello en co-organizador del mismo adquiriendo con ello responsabilidad alguna.

La obligación de cumplir con los recaudos de seguridad pública en espacios públicos pertenece a otros organismos del Estado Provincial o Nacional, y en este caso desde el punto de vista de la responsabilidad por factor objetivo de atribución, la misma no le puede ser extendida al Municipio por vía indirecta o derivada en tanto este posee autonomía política, administrativa y financiera reconociéndosele a todos los municipios independencia de todo otro poder (cfr. Art. 247 de la Constitución Provincial), razón y fundamento por el cual, como dije antes, no existiendo en autos ninguna prueba que acredite debidamente factor alguno de imputabilidad que pueda resultar suficiente para endilgar responsabilidad civil al Municipio de Valle Fértil, voto por confirmar en este punto el fallo apelado que hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, desestimando el agravio respectivo.

La costas de este agravio deben tratarse en forma separada de los restantes, pues como puede advertirse nítidamente respecto de esta pretensión (Contra el Municipio), se trata de una obligación de distinto origen (obligación concurrente, en tanto el mismo tal como el accionante lo expone respondería en su caso solo desde el punto de vista objetivo y por falta de cumplimiento de una obligación supuestamente a su cargo); por ello al haberse desestimado el agravio contra dicha pretensión las costas de la alzada se imponen al apelante vencido.

3. Segundo Agravio:

El análisis del agravio muestra que si bien el sentenciante a quo efectuó un análisis de la prueba que acredita que el actor como consecuencia de siniestro sufre una incapacidad parcial y permanente del 35% por ciento, con cita en la pericia médica (fs. 254 y sgts.) y enumera los testimonio rendidos, la actividad laboral que desarrollaba el actor, rechaza las tachas de testigos efectuadas por el representante de la parte co-demandada Dr. Mulleady en las audiencias testimoniales, no obstante finaliza juzgando que el rubro resarcitorio debe admitirse parcialmente por cuanto no se acreditó con prueba alguna el monto reclamado en la demanda, estimando la suma en un monto notoriamente inferior.	Estimo que asiste razón al apelante toda vez que, en cuanto al rubro daño físico la parte a probado suficientemente la existencia del mismo y la graduación de la lesión mediante la prueba pericial médica correspondiente.

En efecto, la prueba pericial, no fue impugnada y el informe presentado por el perito médico que realizó el Dr. José González Testi en el mes de Noviembre de 2006, es decir varios años después de producido el siniestro, arrojó el resultado del cual el sentenciante no se aparta bajo fundamento contrario alguno, no obstante, luego de realizar el especialista el examen visual al afectado (Sr. Priego) y evaluar sus estudios determinó la discapacidad parcial y permanente en un porcentaje importante en uno de sus miembros ( 34 %) , por tal razón considero que esta prueba técnica científica debe juzgarse suficiente para hacer lugar al monto peticionado en la demanda, en tanto que la disminución efectuada por el juzgador no encuentro que tenga mayor justificación en fundamento puntual alguno. Ahora bien, quiero igualmente dejar aclarado respecto de la estimación efectuada por el reclamante al momento de demandar que, tratándose del rubro reparación del daño físico, no tiene incidencia alguna la posición (sentado o parado) en que el accionante efectúe su trabajo etc. como lo ha considerado el aquo, sino que, sustancialmente se acreditó el porcentaje de incapacidad parcial y permanente que como secuela directa del siniestro padece el Señor Priego, siendo así, corresponde en el presente rubro hacer lugar al mismo y por ende al agravio interpuesto, revocando el fallo en su parte pertinente y en su lugar fijar en concepto de resarcimiento por daño físico la suma de Pesos Treinta y Siete Mil Quinientos $ 37.500 que se calculan a la fecha en que ocurriera el accidente.

Por ello, voto por la admisión parcial del recurso en este agravio.

4. Del Tercer Agravio:

Este agravio que se centraliza en torno al monto del daño moral que el Señor Juez de sentencia determinó en la suma de Pesos Tres Mil ($3.000) al momento del accidente para el Señor Ricardo Priego si bien habiendo acudido a una fundamentación escueta la misma no puede ser conmovida por los agravios toda vez que mediante ellos el apelante expresa erróneamente que el Sentenciante a valorado o justipreciado mal el daño moral a partir de valorar en forma disminuida los anteriores rubros correspondientes a los daños materiales.	Esto no es así, la valoración que efectúa el magistrado para la determinar el monto del daño moral parte de la conceptualización propia que corresponde a este rubro, sin que se advierta en ningún sentido que ello tenga relación alguna con los parámetros conceptuales que comprenden los restantes rubros reclamados (veribigracia daño físico, incapacidad sobreviniente, gastos de farmacia etc) .

Este Tribunal al respecto tiene reiteradamente juzgado que queda librado al prudente arbitrio judicial (Prot. Sent. Tº I Fº 161/166, 2002). En lo tocante a la fijación del importe de la indemnización por daño moral, no es dudoso afirmar que resulta muy dificultosa su determinación, ya que no se haya sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación de la lesión a las afecciones legítimas e íntimas sufridas, a los padecimientos experimentados, o sea, son agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas, y que no siempre resultan claramente exteriorizados, lo que explica esa adecuada discrecionalidad de que goza el juzgador. Su reparación queda librada al prudente arbitrio judicial, está librada a compensar el " pretium doloris", causado por la fractura de valores espirituales, y de orden superior, las lesiones a los sentimientos íntimos de los individuos que determinan dolor y sufrimiento en legítimas afecciones. Resultando indudable dolor y sufrimiento ocasionados al pretensor, la cuantificación del daño moral no necesita probanza alguna, desde que se lo tiene por acreditado con la sola comisión del ilícito (Daray Hernan, ob. cit. pág. 210 y ss, y jurisprudencia allí citada;") Prot. Sent. Tº III Fº 570/585, año 2001, de esta Sala - AUTOS Nº 40861 DEL 5º JUZ. CIVIL (SALA III 7711) "PARRA DE LUCERO MIRTA C/GUTIERREZ DE CARBAJAL MARIELA - DS. Y PS.- SUMARIO".- PROT. DE SENT. Tº II Fº 259/261 AÑO 2005.

Siendo así, concluyo en que el sentenciante a quo tuvo en consideración para determinar el monto juzgado en orden al rubro daño moral el contenido propio de valoración que comprende su naturaleza intrínseca, razón por la que voto por el rechazo del agravio en tratamiento.

5. Del Cuarto Agravio.

El agravio está dirigido a cuestionar por bajo el monto determinado por el juzgador en el rubro gastos médicos y de farmacia, el sentenciante fijó la suma de pesos mil ($ 1.000), en razón que el accionante poseía Obra Social; por su parte el quejoso simplemente alega que es sabido que las mismas no cubren en la totalidad de los tratamientos, ni los elementos de ortopedia, ni las intervenciones quirúrgicas.

En este punto, el argumento esgrimido por el recurrente resulta insuficiente para conmover el fallo, ello es así toda vez, que, si bien es cierto que los gastos médicos y de farmacia constituyen un rubro que, en general prospera por el solo hecho de haberse probado el daño y la afección corporal de la persona que requiere de una intervención médica como consecuencia del siniestro. Cuando en el caso que nos ocupa, el afectado resultaba beneficiario de una obra social que brindaba su cobertura médica frente a un siniestro, el alcance del porcentaje de cobertura de la misma, o los gastos médicos, sanatoriales, de tratamientos, prótesis, medicamentos u otros tratamientos auxiliares de la medicina no alcanzados por la cobertura que debieron afrontarse resultan objeto necesario de prueba en el marco del proceso cuya carga corresponde indudablemente al reclamante, de lo contrario podrá el Juez estimar la suma que bajo pautas que a su prudente arbitrio considere las más justas.

En la especie, la documentación acompañada resulta inidónea para acreditar el porcentaje de cobertura que tenía la obra social (ver fojas 16/20) y por ende ha de considerarse insuficientemente probado el extremo, razón por la que el sentenciante a quo fijó a su prudente arbitrio, por ello, el monto determinado en la sentencia debe ser confirmado.

5.1 De los Intereses.

Ahora bien, en la segunda parte de este agravio, el recurrente objeta la sentencia en tanto manda adicionar intereses desde la fecha de la resolución de primera instancia.

En este punto, le asiste total razón, en tanto la jurisprudencia local y nacional en materia de derecho de daño es uniforme en sostener que los intereses moratorios se deben aplicar desde la ocurrencia del evento dañoso, es decir desde el mismo momento en que se generó el daño porque se retrotrae la obligación de indemnizar a la víctima y con ello de mantenerla incólume, generándose pues la adición del interés resarcitorio desde aquel preciso momento.

De igual modo viene juzgando invariablemente esta Cámara Civil "en función de la doctrina expuesta bastamente por este Tribunal ad quem deben ser impuestos desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago (L. de S. Tº 71 F 125/151 - Nov/1997; L. de S. Tº 70 Fº 64/73 - 24/4/1997). No cabe duda que la tasa aplicable hasta su pago cierto es la definida por la Corte de Justicia en Pleno en el caso "Huaquinchay...", es decir la tasa activa establecida en la Ley 4119. Así se dijo en autos N° 16.548 caratulados "Videla de Tejada, Edith Marcela c/ Municipalidad de San Juan y otra - Daños y perjuicios" (27/3/2002 L. de s. Tº 82 Fº 13/27) ha sostenido que "respecto de la aplicación de los intereses en los casos de indemnización de daños y perjuicios es reiterada y constante la jurisprudencia de que, cuando son solicitados, deben ser impuestos desde el momento de acaecimiento del hecho dañoso...". A su vez, en el caso Nº 15.131 "Vargas, Isidro Alberto c/ F.G.H. - Daños y Perjuicios - Sumario", (15/3/1999, Libro de Sentencia Tº 74 Fº 86/96) ha opinado que "...la sola circunstancia de que la deuda pueda considerarse ilíquida no es obstáculo para que el deudor se halle incurso en mora ni impide el curso de los intereses moratorios. Es decir, la iliquidez de la deuda no impide que ésta devengue intereses moratorios, siempre que sea cierta en cuanto a la existencia y legitimidad de la obligación (Wayar, Ernesto Clemente, ob. cit., pág. 303, Belluscio, Augusto C. - Zannoni, Eduardo A., "Código Civil y Leyes complementarias" (Ed. Astrea) pág. 127, entre otros autores.). Además de ello, se debe tener en cuenta que durante el tiempo acaecido entre la producción del daño y su resarcimiento, el deudor responsable de indemnizar el menoscabo retiene en su patrimonio la suma establecida para resarcir, lo cual presume que la misma generaba en su favor intereses cuando tenía la posibilidad de hacerlo, en detrimento del acreedor perjudicado. Por esas razones, el momento de la determinación de la cuantía resarcitoria es irrelevante a los efectos de determinar la procedencia de los intereses por el retraso en abonar la suma dineraria fijada como indemnización...." Este precedente jurisprudencial es absolutamente aplicable al caso, por lo cual voto por la concesión de los intereses desde la fecha del accidente para todos los rubros, con excepción del daño material que deberán ser aplicados desde la fecha de los pagos efectuados por la actora para reparar los daños. Se vota de este modo, pues es la propia actora la que limita su pretensión recursiva en este rubro a esa fecha. El mismo precedente, de igual modo da respuesta jurisdiccional a la determinación de la fecha hasta la cual deberán devengarse los intereses que es el momento en que se hagan efectivos los pagos de los rubros que se manda indemnizar. La fijación de la fecha, septiembre de 1998, como tope para el cómputo de los intereses constituye un criterio erróneo de la A quo, que contradice no solo las normas sustanciales contenidas en el Código Civil aplicables, sino a toda la doctrina autoral pues se puede tener disidencia respecto de cuándo principia el cómputo de los intereses pero cuando el deudor está incurso en mora en el pago de su débito solo cesa el devengamiento de los intereses si paga o extingue la obligación principal por algunos de los modos autorizados por la propia ley". AUTOS N° 17.747 (29.728 - 8º CIVIL) "ALTAMIRA, ELEUTERIO LEODEGARIO Y OTRA C/ RIVERO, PABLO FEDERICO Y OTROS - DAÑOS Y PERJUICIOS" Sala I, L. DE S. Tº 88, Fº 154/160, 31-08-2004.-	Por tales fundamentos, asiste razón al recurrente y corresponde entonces revocar parcialmente el fallo en estudio modificando la imputación de intereses moratorios para la realización del oportuno cálculo de los gastos de farmacia y sanatoriales que deberán incluirse y calcularse conforme al interés legal que determina la ley 4019 a partir de la fecha del evento dañoso y hasta la de su efectivo pago. Así lo propongo en este voto haciendo lugar parcialmente al agravio propuesto.

6. Quinto Agravio:

Dirigido a atacar por exiguo el monto fijado en la sentencia en concepto de Daño Físico determinado para la Sra. Nuri Myriam de la Cruz de Priego.

Al analizar el fallo se advierte que el sentenciante determinó en la suma de Pesos Ocho Mil $ 8.000 el monto por este rubro, habiendo producido una disminución que funda en dos aspectos: a) afirma que la parte actora no acreditó con prueba alguna el monto reclamado; y b) tiene en cuenta la labor desarrollada por la Sra. Priego y que la quebradura de clavícula tiene menor incidencia en la incapacidad y porque no se ha demostrado el tiempo que dejo de trabajar.	Corresponde aquí en este punto aplicar y remitir a idéntico razonamiento y fundamento aplicado para el segundo agravio referido al rubro daño físico correspondiente al Señor Ricardo Priego, en tanto el Señor Juez de Sentencia a mi criterio equivoca el juzgamiento al disminuir por los fundamentos que vierte en la indemnización reclamada toda vez que la prueba pericial médica obrante a fojas 257/260 presentada por el Señor Perito Médico Dr. González Testi ha de considerarse suficiente para la acreditación del rubro daño físico reclamado, en tanto con esta prueba ha probado el recurrente padecer como consecuencia del siniestro una incapacidad física parcial y permanente del treinta y cuatro (34%) , y que, tratándose de una mujer encuentro razonable la suma reclamada en la demanda, razón por la que corresponde revocar en este punto el fallo en crisis y en su lugar corresponde elevar el monto correspondiente a la indemnización por el rubro daño físico a favor de la Sra. Nuri Myriam de la Cruz Priego en la Suma de Pesos Dieciocho mil ($18.000) calculados a la fecha de ocurrido el accidente.

En conclusión voto por la admisión del presente agravio.

7. SEXTO AGRAVIO:

Se cuestiona por exiguo el monto fijado en concepto de daño moral a la Sra. Nuri Myriam de la Cruz Priego; en este agravio, remito directamente a los fundamentos vertidos supra por tratarse de idénticos agravios los respondidos respecto del Señor Ricardo Priego en el TERCER AGRAVIO, Votando en consecuencia por su rechazo, en tanto no considero desacertado los argumentos del apelante por considerar que el Juez fijó el monto justipreciando el rubro bajo el concepto la conceptualización que corresponde a este sin que tuviera incidencia alguna la valoración efectuada en los rubros que corresponden a la indemnización por daños materiales.

8. SEPTIMO AGRAVIO:

Este agravio no ha de prosperar por idénticos fundamentos a los vertidos precedentemente en este voto al tratar el cuarto agravio y dar respuesta a idéntico argumento en torno a los gastos de farmacia, con el agravante que en la documentación acompañada la Señora Nery de la Cruz Priego acompañó en autos facturas (véase 16/20) por valor de $ 25 en total además de no haber acompañado prueba alguna del porcentaje límite de cobertura de su obra social en orden a las prestaciones médicas requeridas.

Siendo así corresponde mantener el monto fijado por la sentencia de primera instancia en este rubro para la Sra. Nery de la Cruz Priego.

De igual modo, en cuanto a los intereses moratorios corresponde aplicar el mismo criterio ya vertido al tratar el punto 4.1 en la última parte del cuarto agravio haciendo lugar a la revocación del fallo en cuestión por los fundamentos supra expuestos, correspondiendo imponer los intereses desde la fecha en que aconteció el siniestro.

De esta forma voto por la admisión parcial del agravio en tratamiento.

9. Del OCTAVO AGRAVIO:	Se agravia el apelante porque el fallo del sentenciante desestimó el reclamo efectuado en la demanda respecto de los hijos menores de edad por el daño físico.	Analizado el fallo, el Señor Juez en su sentencia desestima el rubro daño físico en tanto el mismo ha sido solicitado basado en la incapacidad, (ver demanda fojas 26 vta. ptos. 3, 4 y 5).

Mas allá de que pueda compartirse o no, la posición asumida por el a quo, lo cierto es que se verifica nítidamente en los autos la falta total de prueba del daño acaecido a los menores en el siniestro, no surge, ni de las actuaciones preliminares labradas por la Policía de la Provincia incorporada al Sumario del Tercer Juzgado en lo Correccional N° 20984/01, caratulado C/ Llitera Mario Alberto en Perjuicio de Ricardo Priego y Nury de la Cruz de Priego que tengo a la vista, ni de la prueba acompañada ni producida en estos autos constancia alguna que acredite suficientemente el daño físico presuntamente sufrido por su causa alguno de los menores en el siniestro, por lo tanto, no existe factor de atribución de imputabilidad que permita respecto de cada uno de ellos hacer lugar al reclamo resarcitorio. Por lo dicho corresponde confirmar parcialmente en este punto el fallo de primera instancia y desestimar este agravio.

10. NOVENO AGRAVIO:

Este agravio debe desestimarse por idéntico fundamento al vertido al tratar el cuarto y séptimo agravio del presente voto en tanto el argumento del apelante se refiere en forma análoga a los gastos médicos y de farmacia ya tratados anteriormente, así lo voto.

11. DECIMO AGRAVIO.

De igual modo, corresponde juzgar en el mismo sentido e idéntico fundamento al vertido supra al tratar el tercer y sexto agravio respecto del daño moral, en el que he considerado que el Señor Juez de sentencia bajo su prudente arbitrio y teniendo en consideración los parámetros conceptuales correspondientes al "daño moral" estimó el que creyó justo, no resultando suficiente la crítica argumental efectuada por el recurrente quien tan solo alega que la insuficiencia indemnizatoria se debe a la baja indemnización de los otros rubros correspondientes al daño moral; argumentos estos ya respondidos y desestimado como dije en los agravios pretratados; por ello, el presente también ha de ser rechazado.

12. De las Costas:

En orden a la imposición de Costas cabe efectuar la siguiente distinción:

a) Las costas en esta segunda instancia respecto de la co-demandada Municipalidad de Valle Fértil, como ya expresé al tratar el primer agravio se imponen al apelante vencido, correspondiendo en consecuencia regular honorarios al Dr. Luis Mulleady Quiroga, por su labor en doble carácter como apoderado de la Municipalidad de Valle Fértil en la suma correspondiente al 30% de la regulación que corresponda efectuar al ganancioso en primera instancia. Al Dr. Gustavo De Cara Correa como apoderado de la parte actora se le regula la suma correspondiente al 30% del total que corresponda a la anterior.

b) Las costas de esta instancia referidas a los agravios segundo al décimo respecto de los rubros indemnizatorios, sin perjuicio que alguno de ellos no prospere, por aplicación del principio objetivo de la derrota procesal y de la intangibilidad indemnizatoria que corresponde al damnificado, doctrina que este Tribunal mantiene en consonancia con la jurisprudencia mayoritaria nacional; se imponen en su totalidad a los codemandados cuya condena se encuentra firme.

En consecuencia debe regularse honorarios estimándose justo fijar los del Dr. Gustavo De Cara Correa, como letrado apoderado de la parte actora, como ganancioso, en el cuarenta por ciento (40% ) de las que se fijaren oportunamente en la primera instancia. Así lo Voto.

EL SR. JUEZ DE CÁMARA DR. LUIS ALBERTO RECIO, por sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

En Mérito de la Votación que precede SE RESUELVE:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación articulado a fojas 321 por la parte actora, en consecuencia: a) Confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto desestima la excepción de falta de legitimación pasiva de la co-demandada Municipalidad de Valle Fértil. b) Revocar parcialmente en su parte pertinente la sentencia definitiva en tratamiento de conformidad a los fundamentos vertidos en este pronunciamiento respecto de los rubros indemnizatorios correspondientes con los intereses aquí dispuestos.

2) Imponer las costas en esta segunda instancia respecto de la co-demandada Municipalidad de Valle Fértil al apelante vencido, correspondiendo en consecuencia regular honorarios al Dr. Luis Mulleady Quiroga, por su labor en doble carácter como apoderado de la Municipalidad de Valle Fértil en la suma correspondiente al 30% de la regulación que corresponda efectuar al ganancioso en primera instancia. Al Dr. Gustavo De Cara Correa como apoderado de la parte actora se le regula la suma correspondiente al 30% del total que corresponda a la anterior conforme a los fundamentos vertidos en los considerandos que anteceden. Las costas de esta instancia referidas a los agravios segundo al décimo respecto de los rubros condenatorios, se imponen en su totalidad a los codemandados cuya condena se encuentra firme en consecuencia debe regularse honorarios estimándose justo fijar los del Dr. Gustavo De Cara Correa, como letrado apoderado de la parte actora, como ganancioso, en el cuarenta por ciento (40% ) de las que se fijaren oportunamente en la primera instancia, Al abogado Luis Mulleady Quiroga en carácter de apoderado y al Abogado Ricardo Zamitto también de doble carácter se les regula a cada uno de ellos el 30 % de la regulación que se les efectúe en primera instancia.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 5854 y sus modificatorias.-	FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. LUIS ALBERTO RECIO. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA-	PROT. DE SENT. T° I-F° 34/48 -AÑO 2014