Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-10


NEUQUEN, 10 de abril de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "TRONCOSO DELFINA Y OTRO C/ ALVAREZ LUIS ORLANDO Y OTROS S/ COBRO ORDINARIO DE PESOS" (EXPTE. 500609/2013) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 1, a esta Sala I, integrada por los Dres. JORGE D. PASCUARELLI y CECILIA PAMPHILE, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. MONICA MORALEJO y, de acuerdo al orden de votación, la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

1. En esta causa se presentan los actores y promueven un juicio ordinario por cobro de pesos, contra los integrantes del directorio y socios de Litran S.A. en función de su responsabilidad civil, mala gestión comercial, mal desempeño en sus cargos, mal manejo contable, económico y financiero, entre otros, entendiendo que les cabe responsabilidad por violación de los artículos 54, 56, 59, 60, 271, 274, 275, 278, 279 y ccs. de la ley de Sociedades Comerciales.

Dicen que son solidariamente responsables en los términos del artículo 274, toda vez que ocasionaron daños económicos a terceros y, en particular, a los actores, que aún tienen pendiente de cobro su crédito.

Agregan que el mal comportamiento y las irregularidades que dan pie a su responsabilidad, hacen que ésta última no se extinga aún en caso de concurso (y cita el art. 275 de la ley 19.550).

Indican que les asiste el derecho a iniciar la presente acción contra quienes fueron los responsables directos de la mala gestión y administración comercial de Litran S.A., para que respondan frente a la masa de acreedores y, en particular, frente a los acreedores laborales.

A fs. 15 se expide la Sra. Juez y, considerando que la acción se encuadra en los términos del artículo 175 de la LCQ, ordena que se cumpla con el emplazamiento previsto en el artículo 120.

No obstante ello, en los términos del artículo 176, ordena la traba de las cautelares peticionadas y dispone -como condición de ejecutoriedad- que los requirentes presten caución real por la suma de $60.000.

Contra dicho proveído, recurren los actores.

En primer término, aclaran que la acción se interpuso en su calidad de acreedores laborales y que, en tal carácter, interpusieron la acción revocatoria ordinaria regulada en el artículo 961 y ss. hasta el artículo 972 del Código Civil, arts. 54, 56 y ccs., 271, 274, 275, 278 y 279 de la ley 19.550.

Dicen que la acción es ejercida en el carácter de acreedores laborales y que, por lo tanto, no corresponde que se emplace a la síndico para que inicie las acciones previstas en el artículo 175. Solicitan, en consecuencia, que se deje sin efecto tal emplazamiento.

El segundo agravio, se relaciona con la contracautela real fijada por la magistrada.

Nuevamente, con fundamento en la naturaleza laboral de su crédito, sostienen que se encuentran amparados por la disposición contenida en el artículo 16 de la ley 921, que establece la gratuidad de la justicia.

Sostienen que, por tal razón, no fue necesario recurrir a la promoción del beneficio de litigar sin gastos.

Dicen que, al no haber podido cobrar su crédito contra el universal, accionan contra los socios integrantes de la fallida, para que se los condene al pago del capital por su responsabilidad civil y comercial, por mal manejo de la empresa Litran S.A.

2. Ahora bien, he de partir para el análisis de la cuestión de las consideraciones efectuadas por Yunyent Bas, al sostener: ".el art. 54 de la ley societaria sanciona la actuación de los socios y controlantes que perjudican a la sociedad en aquellos casos de actuación dolosa o culposa y, en especial, cuando se han aplicado fondos o efectos de la sociedad para uso personal o de terceros.

Asimismo, el tercer apartado de la norma citada permite la desestimación de la personalidad cuando la actuación societaria haya constituido un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe.

Por ello, tal como explican Barreiro y Lorente, existen entre los institutos de la desestimación jurídica y la extensión de la quiebra presupuestos fácticos y jurídicos de gran semejanza pero cuyas condiciones de viabilidad y efecto resultan diferentes, siendo necesario distinguirlas.

En torno a las diferencias entre el plexo societario y el concursal, la extensión de la quiebra constituye una acción principal, colectiva y concursal mientras que la inoponibilidad societaria es una acción individual y societaria.

Por ello, ante la quiebra de una sociedad "vaciada", cuando el "trasvasamiento" de la actividad de la fallida se manifiesta mediante el "abuso de la personalidad societaria" auténtica en sí misma, pero empleada para ocultar una actividad de otro sujeto, bajo la apariencia de la actuación de la persona de existencia ideal, el obrar antijurídico de los socios y controlantes aparece atrapado en el art. 161 del estatuto falimentario, ya sea, en el inciso primero o en el inciso segundo y sólo eventualmente puede configurarse la alternativa del art. 54, tercer párrafo de la L.S..

En efecto: adviértase que la extensión de la quiebra supone una actuación "dañosa" para la sociedad abusada o controlada y, por el contrario, el artículo 54 tercer párrafo, implica menoscabo de derechos de terceros.

En realidad, la norma societaria que protege el daño a la sociedad lo constituye el primer apartado del art. 54 donde se sanciona a los socios o controlantes que en forma dolosa o culposa hayan perjudicado la actuación de la sociedad disponiendo de sus bienes en beneficio de terceros.

El ejercicio de las acciones de extensión de quiebra, al intentar reparar el daño sufrido por la fallida, beneficia a los acreedores que integran la masa.

Por el contrario, la acción de desestimación de la personalidad jurídica sólo torna inoponible al sujeto interpuesto frente al acreedor singular que ha sido dañado por la actuación "torpe" reglada en la norma.

Dicho de otro modo, la reparación de los daños causados por los socios y/o controlantes de la fallida sólo puede beneficiar singularmente al tercero perjudicado, por lo que no existe posibilidad de legitimar al síndico concursal para el ejercicio de la acción que surge del art. 54 ter, de la L.S.

Una situación distinta se configura en la hipótesis del primer párrafo del art. 54 de la L.S. donde la afectada patrimonialmente es la sociedad y, entonces sí, la acción es de naturaleza social teniendo como legitimados pasivos a los socios y controlantes y como beneficiarios a todos los acreedores de la entidad.

En consecuencia, en esta alternativa es viable la legitimación del síndico concursal a tenor del art. 175 de la ley 24.522.

De esta manera se advierte que las cuestiones atinentes a la reintegración patrimonial de una sociedad insolvente se enmarcan en numerosas acciones que el ordenamiento jurídico articula a los fines de intentar dar solución y reparo a tales cuestiones.

Esta realidad normativa compleja implica la necesidad de distinguir los diversos remedios jurídicos a los fines de adecuar el ejercicio de las acciones a los fines perseguidos y a la correcta tutela del patrimonio social y de los terceros, según el caso concreto." (cfr. Francisco Junyent Bas, "EN TORNO A LAS ACCIONES SOCIALES Y CONCURSALES DE RESPONSABILIDAD Y EXTENSIÓN DE LA QUIEBRA").

2.1. En este caso en concreto, al partir de la aseveración de que la acción está basada "en el cobro del despido, y al no haberlo logrado en el universal, se direcciona contra los socios integrantes de la fallida para que se los condene al pago del capital por su responsabilidad civil y comercial por el mal manejo de la firma Litran S.A.", se educe que los acreedores pretenden ejercer la acción prevista en el artículo 279 de la ley L.S.

Es que, como sostiene Richard ".La limitación de responsabilidad de los administradores está basada en el supuesto de un comportamiento leal.

Obviamente que esas acciones están vinculadas al derecho de daños y a la clásica teoría general de la responsabilidad que comporta, para una obligación de medios.

La determinación del sujeto damnificado, legitimado para accionar por la reparación, surge de identificar a quien ha sufrido el daño o perjuicio y permite la división de las acciones de responsabilidad en social o individual.

En la segunda se legitima a los accionistas y terceros individualmente y no depende de ningún trámite previo.

Si la actuación torpe de los administradores genera perjuicio a terceros, éstos pueden promover una acción individual de responsabilidad civil, bajo los mismos presupuestos clásicos de la responsabilidad subjetiva, exigiéndose además de la infracción a la norma la concurrencia de la culpa, el daño y la relación de causalidad." Y continúa: ".La ley de sociedades destina un solo artículo, el 279 LS, que establece que los accionistas y los terceros conservan siempre sus acciones individuales contra los directores. Cuando la conducta antijurídica de los administradores ha causado un daño al patrimonio personal de los accionistas y de los terceros, éstos tienen una acción individual para obtener el resarcimiento del daño sufrido.

La responsabilidad surgirá cuando exista daño a los acreedores y el mismo permita legitimar a éstos activamente para reclamar a administradores societarios como legitimados pasivos. El ejercicio de esas acciones puede ser formalizado antes de la presentación en concurso, ante el juicio de quiebra o presentación en concurso, en consecuencia no de la mera demora en pagar, por los perjuicios que les genere a los acreedores la quita o espera que se les imponga en propuestas de acuerdo, aunque la misma fuera votada favorablemente.

Posiblemente la prueba de la cesación de pagos, del actuar de los administradores recién se advierta claramente o pueda probarse a través de los elementos acercados al proceso concursal.

Eventualmente, de los propios términos de la presentación en concurso -aunque no fuere tardía-, del informe general del síndico o de otros elementos puede determinarse el incumplimiento de los deberes societarios del administrador y autorizar la promoción de acciones de responsabilidad individual por parte de ciertos acreedores. Ello es coherente con la política legislativa de la Ley Nº 24.522 que privilegia la autonomía de los acreedores dentro del concurso.

El derecho de los acreedores también se perfila cuando el acuerdo es incumplido y ello resulta de la falta de un plan de reordenamiento o de la falacia o irrazonabilidad de ese plan que justificó el voto favorable de los acreedores.

Estas ideas, no controvertidas en doctrina, se vinculan a que la presentación tardía por parte de los administradores sociales habrá causado daño, que los obliga frente a los acreedores -por lo menos los posteriores- a cuando los administradores hayan advertido o debido advertir la insolvencia.

Conforme la noción de daño directo que hemos destacado como presupuesto de la habilitación de la acción individual de responsabilidad, la sociedad no queda desimputada.

El ejercicio de la acción individual de responsabilidad contra los administradores societarios puede acumularse a la acción incoada contra la sociedad. Claro que si ésta se encuentra en concurso o en quiebra, es aconsejable no acumularla, partiendo que la insinuación contra la misma se formalizará por la vía de la verificación de créditos." (cfr. Richard, Efraín Hugo, Responsabilidad de administrador societario en su concurso. Ver también: AMANDA BEATRIZ CAUBET, "La responsabilidad personal de los administradores y representantes de la sociedad", ERREPAR Nro. 167, pág. 533).

Entiendo, entonces, que más allá de las condiciones de procedencia de la acción incoada, en los términos en que ha sido deducida, la misma no es encuadrable en el artículo 175 de la LCQ, al presentarse como una acción individual de responsabilidad no siendo procedente entonces la citación a la Sindicatura en el modo ordenado.

3. En cuanto al agravio relativo a la exigencia de la contracautela y la procedencia de su eximición, por estar involucrado un crédito de naturaleza laboral, la suerte será diferente, no pudiendo prosperar.

En primer lugar, cabe señalar que el beneficio de la gratuidad conserva su vigor siempre que la esencia del conflicto sea de índole laboral, tratándose el presente de un reclamo que no deriva estrictamente de la aplicación de la ley laboral.

Pero más allá de ello, y fundamentalmente, ".sobre este tema se ha dicho que la frase "beneficio de justicia gratuita" no puede ser considerada sinónimo de "beneficio de litigar sin gastos", pues se trata de dos institutos que, si bien reconocen un fundamento común, tiene características propias que los diferencian. Así, el beneficio de litigar sin gastos abarca el período comprometido desde el comienzo de las actuaciones judiciales (pago de tasas y sellados) hasta su finalización (eximición de costas), mientras que el de justicia gratuita se refiere al acceso a la justicia, a la gratuidad del servicio que presta el Estado, que no debe verse conculcado con imposiciones económicas. Pero, una vez franqueado dicho acceso, el litigante queda sometido a los avatares del proceso, incluido el pago de las costas, las que no son de resorte estatal, sino que constituyen una retribución al trabajo profesional de los letrados y demás auxiliares de justicia, de carácter alimentario (cfr. CCom, Sala D in re , "Adecua c/ Banco BNP Paribas S.A. y otro s/ Beneficio de litigar sin gastos", del 4/12/08).

El beneficio de gratuidad está destinado a no trabar por razones patrimoniales el acceso pleno a la jurisdicción e implica -desde una perspectiva protectoria- la imposibilidad de gravar el ejercicio de las acciones judiciales o de las peticiones administrativas; pero de ninguna manera puede interpretarse que impide la condena en costas o que desplaza las disposiciones de los arts. 68 y ccdtes. del Código Procesal. En tal sentido, se diferencia del beneficio de litigar sin gastos, pues éste sí está expresamente destinado a eximir total o parcialmente de las costas a aquellas personas que carecen de recursos (cfr. CNTrab. Sala III, "Chavez, Julio c/ Sarmiento 1499 s/ Despido", del 15/12/93; en igual sentido, ídem, Sala IV, "Avalos, María Helena c/ Amplitone SRTL", del 29/5/86; "Fresco, Luis c/ Pesquera Santa Cruz S.A. s/ accidente ley 9688", del 22/4/98; Sala VII, "Dichano, María c/ ENTEL s/ accidente ley 9688", del 16/7/98; Sala IX, "Griglione, Miguel c/ Administración Nacional de Seguridad Social s/ diferencias de salarios", del 5/11/98; Sala VI, "Oro, María c/ Silver Cross America Inc. S.A. s/ despido", del 29/8/05, entre otros).." (cfr. CNCom. Sala B, Expediente n° 5029/2006 - "PADEC PREVENCION ASESORAMIENTO Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR C/ HSBC BANK ARGENTINA SA S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS", 15 de abril de 2009).

Desde esta perspectiva, estimo que aún cuando se trasladara el beneficio de gratuidad a este proceso, tal circunstancia no lo exime de prestar contracautela, al no equipararse en sus efectos al beneficio de litigar sin gastos, máxime cuando nos encontramos frente a un proceso de conocimiento ordinario, en el que aún siquiera, se ha trabado la litis. TAL MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

1.- Modificar el auto de fs. 15 y vta. en su párrafo tercero, por no estar la acción deducida encuadrada en el artículo 175 de la LCQ, por lo que no es procedente la citación a la Sindicatura en el modo ordenado y confirmar dicho auto en su párrafo quinto en cuanto a la exigencia de la contracautela.

2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.