Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-11


Buenos Aires, setiembre 11 de 1997.

En virtud de lo dispuesto por el art. 298 del Cód. Procesal y con sujeción a la votación efectuada el día seis de mayo del año en curso (acta de fs 27). En ella se estableció, por unanimidad, que es procedente computar los intereses devengados durante el pleito para la fijación de la base regulatoria.

Los doctores Amadeo, Pérez Delgado, Vocos Conesa, Farell, Mariani de Vidal y Bulygin dijeron:

I. El art. 19 de la ley 21.839 (aranceles y honorarios de abogados y procuradores) establece que se considerará "monto" del juicio la suma que resulte de la sentencia o transacción. A su vez, el art. 7° de ese régimen fija entre el 7% y el 20% del "monto" del proceso, los porcentajes mínimos y máximos de los honorarios según se trate de abogados que asistan al vencido o al vencedor del juicio.

Tradicionalmente se ha sostenido, con relación al asunto sometido a la decisión plenaria -siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, que el cómputo de los intereses devengados durante el proceso a los fines arancelarios constituye una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad de los profesionales (Fallos: 31:1653). El Alto Tribunal justificó su decisión en que, si bien el monto del juicio es uno de los elementos a tener en cuenta para una regulación justa, no es el único. Concluyó que la cuestión relativa al cómputo de los intereses a ese efecto queda ubicado en el espacio de la razonable discreción del legislador y del juzgador que lo interpreta (Fallos: 308:708).

II. En el margen de este espacio, un reexamen de la cuestión lleva a una solución contraria. Ello es así considerando que, si en la demanda se ha reclamado intereses, los réditos devengados durante el pleito -accesorios del capital-, formarán parte de la condena que deberá soportar el vencido (conf art. 163, inc. 6°, Cód. Procesal), y este aspecto no es una contingencia ajena a la tarea profesional cumplida en el expediente.

Desde otro ángulo, la falta de petición de intereses en la demanda por parte del abogado podría derivar en una hipótesis de mala práctica en el ejercicio de la abogacía y consecuentemente dar lugar a la obligación de responder ante su cliente por lo que no le abonó el demandado como secuela de su omisión.

III. De ello se sigue también que, así como el cliente se ve beneficiado por la correcta actuación de su letrado, es de toda justicia que la retribución del profesional guarde proporción con la totalidad del resultado obtenido a favor de quien solicitó sus servicios. La onerosidad de la labor profesional encuentra su respaldo en el art. 3° de la ley 21.839 (también en el art. 1627, Cód Civil, texto según la reforma de la ley 24.432), por lo que parcializar la base regulatoria, desechando un aspecto del monto de la condena, implica tanto como establecer que una porción de su trabajo es gratuita.

IV. La inclusión "pro formula" de la palabra interés en la demanda, por las razones expuestas precedentemente, no le quita legitimidad para integrar la base regulatoria, aun si durante el litigio no hubiera sido motivo del debate. Por ello, para medir el mérito, eficacia y extensión de la labor desarrollada está la escala arancelaria.

Lo dicho demuestra que procede computar los réditos en la base regulatoria.

V. Por otra parte, si bien la ley de aranceles 21.839 no contempla expresamente la inclusión de los intereses en el monto del proceso, como lo hace en su art. 22 con la depreciación monetaria, de ello no se puede inferir necesariamente que no se deba computarlos en la base regulatoria.

Al respecto, es conveniente recordar la distinta naturaleza jurídica del interés y de la depreciación monetaria.

El primero, es el precio que se debe por la no disponibilidad del dinero y se encuentra reconocido en la legislación de fondo desde hace mucho tiempo.

En cambio, la desvalorización monetaria consiste -al menos desde un punto de vista empírico- en la pérdida del poder adquisitivo de la moneda de curso legal, razón por la que para comprar bienes o contratar servicios, en la medida en que transcurre el tiempo, se necesita más cantidad de numerario para adquirir el mismo bien o contratar el mismo servicio. Este fenómeno generó como contrapartida lo que se conoció como la "repotenciación o actualización de la deuda" que tiene por objeto mantener la equivalencia de los valores en juego en una determinada ecuación jurídico-económica.

VI. Este acontecimiento macroeconómico afectó a casi todas las relaciones con relevancia jurídica a partir del momento en que por su entidad se hizo evidente. Surge como problema económico en el transcurso de este siglo. De hecho, los códigos Civil y Comercial, sancionados en la segunda mitad del siglo pasado no lo recibieron, es más, adhieren a la teoría nominalista de la moneda.

Fueron los jueces quienes, ante la presencia de este hecho no registrado en la legislación -que conforme lo enseña la experiencia, va a la zaga de los acontecimientos- desarrollaron en procura de la realización del valor justicia, una jurisprudencia destinada a reconocer la procedencia de la actualización monetaria. Por ello, seguramente, la incorporación legislativa tuvo en mira darle certeza jurídica a los profesionales frente a un acontecimiento que no reconocía antecedentes normativos y ésta puede ser la razón por la que el legislador incluyó en el art. 22 de la ley 21.839, en forma explícita, a la depreciación monetaria (léase su actualización), como integrante del monto del juicio. (Dice la nota que acompañaba el proyecto de ley, refiriéndose a ese artículo que "recogía las aspiraciones de las entidades profesionales").

VII. De manera tal que la no inclusión expresa del interés en el texto de la norma arancelaria, no es causa suficiente para no computarlo, más aún si se repara que el concepto de "monto del proceso" queda precisado por la suma que resultare de la sentencia o transacción (conf. art. 19 de la citada norma).

En síntesis, si en la sentencia se fijaron las pautas para la determinación del monto de la deuda, incluyendo intereses, éstos deben integrar el monto del proceso a los fines regulatorios, considerando que el art. 19 de la ley 21.839 establece como monto a computar, la suma que resultare de la sentencia o transacción (conf. CNCom., en pleno, autos: "Bancos del Buen Ayres S.A.c.J. Texeira Mendez, S.A. ordinario s/incidente de honorarios", fallo del 29/12/94).

El doctor Bonifati dijo:

Con relación al asunto sometido a decisión plenaria de esta Cámara, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 311:1653), sostuvo que los réditos que se ordenaba abonar en la sentencia, constituían una contingencia variable y extraña a la labor cumplida por el letrado. Justificó su decisión, en que si bien el monto del juicio es uno de los elementos a tener en cuenta para la regulación justa, no es el único. Concluyó que el no cómputo de los intereses quedaba ubicado en el espacio de la razonable discreción del legislador y del juzgador que lo interpreta (Fallos: 308:708 -La Ley, 1987-A, 683-J. Agrup., caso 5886-).

Pues bien, en la actualidad, dado que el capital se repotencia por desvalorización monetaria hasta el 1/4/91 (ley de convertibilidad), la debida estimación del intrínseco valor de la labor realizada por quienes cumplieron tareas en el juicio (todos aquéllos a quienes haya que regular honorarios) determina que los jueces, incluyan los intereses devengados durante el pleito, en la base regulatoria de los honorarios.

El doctor de las Carreras dijo:

Por los fundamentos del voto de los doctores Amadeo, Pérez Delgado, Vocos Conesa, Farell, Mariani de Vidal y Bulygin, y lo expresado por el doctor Bonifati en el segundo párrafo de su voto, dejo fundada mi adhesión a la solución propuesta.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se fija como doctrina legal: "Que en los juicios en los que se reclaman intereses como accesorios del capital, corresponde computar a los fines arancelarios, los devengados durante el pleito".

Por lo tanto, se deja sin efecto, en lo pertinente, el pronunciamiento que en la copia certificada obra a fs. 4/7vta., por no ajustarse a esta doctrina.

Pasen los autos a la oficina de Asignación de Causas a fin de que se sortee sala para que pronuncie nueva sentencia, de acuerdo con la doctrina plenaria establecida (art. 300, Cód. Procesal). -Octavio D. Amadeo.-Jorge G. Pérez Delgado.-Eduardo J. Vocos Conesa.-Marín F. Farell.-Marina Mariani de Vidal.-Eugenio Bulygin.-Nerio N. Bonifati.-Juan F. De las Carreras.