Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-10


En Buenos Aires, a los 10 días del mes de abril de 2003, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y conforme el orden del sorteo efectuado el Juez Francisco de las Carreras, dijo:

1. Los actores iniciaron demanda contra la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en liquidación) por cobro del valor de rescate o capital indisputable del seguro de vida colectivo y seguro de vida colectivo del cónyuge (cfr. escrito de demanda a fs. 12/18vta.).

Respecto de ese seguro, explicaron que el asegurado, al momento de la desvinculación, tiene derecho a la devolución de las sumas pagadas con aplicación a un riesgo futuro, lo cual se denomina "valor de rescate" y que constituye una operación técnica que toma en cuenta los años de vigencia transcurridos del seguro y las primas abonadas.

2.En la sentencia de fs. 203/205, el a quo rechazó la demanda, imponiendo las costas a los actores.

Para así decidir estimó en relación con el seguro de vida colectivo instrumentado en la póliza Nro. 36.168, que la defensa de prescripción opuesta por la demandada resulta procedente habida cuenta de que, considerando la fecha de extinción de la relación laboral, el plazo anual establecido en el art. 58 de la Ley de Seguros había vencido en exceso al momento de interponer la demanda (Considerando II). En cuanto al seguro de vida obligatorio para el personal del Estado, si bien la prescripción decenal no se ha operado, en tanto este régimen no consagra la figura del valor de rescate, consideró que también corresponde su rechazo por los fundamentos que allí explicitó.

3. Contra esa decisión, apeló la accionante (fs. 206) y expresó agravios a fs. 214/222, que no fueron contestados.

En primer lugar señala que el a quo rechazó la demanda por el Seguro de vida colectivo y obligatorio del personal del Estado -ley 13.003- que no fue reclamado, pues únicamente se demandó por el Seguro de vida colectivo y colectivo del cónyuge, por lo que solicita que lo decidido en este punto sea dejado sin efecto. Puntualiza que se ha violado el principio de congruencia al fallar sobre temas ajenos a la litis, lo que configura el supuesto de arbitrariedad. Disiente con la aplicación del plazo de prescripción anual establecido en el art. 58 de la ley 17.418, pues a su entender respecto de los seguros reclamados rige el plazo decenal del art. 4023 del Código Civil, habida cuenta de que se trata de seguros con características de beneficio social y además el reclamo no deriva de un siniestro.

Se queja de que no se haya considerado el reclamo administrativo presentado el 6/1/00 ante la aseguradora que tiene efecto interruptivo del curso de la prescripción.

Puntualiza que la existencia de una reserva matemática ha sido contemplada expresamente en la póliza 36.168 en el art. 22. Observa que el endoso Nro. 29, al dejar sin efecto lo dispuesto por el art. 22 en cuanto a la distribución anual del 25% de los excedentes entre los asegurados, determinó que a partir de 1973 aquéllos quedaran afectados a la reserva matemática.

Advierte que cabe presumir la existencia del valor de rescate en función de lo dispuesto por los arts. 9, 140, 150 y 157 de la ley 17.418, tratándose de un seguro de vida plurianual que dura mientras continúa el empleo del asegurado. Añade que la carga de la prueba del contenido de los planes técnicos y las bases de los seguros de autos pesa principalmente sobre la aseguradora que los estableció e impuso a los actores. En este sentido, señala que en atención a lo informado a fs. 184/5 por "La Caja de Seguros de Vida S.A.", es indudable que la demandada tiene en su poder los planes técnicos en cuestión y, por ende, la carga procesal de presentarlos en juicio, por lo que no puede alegar su propia torpeza para fundar un derecho en atención a la obligación legal que surge del art. 37 de la ley 20.091 que dispone que las aseguradoras deben conservar la documentación referente a los contratos de seguros por un plazo mínimo de 10 años.

Señala que es un error técnico sostener que en los seguros colectivos lo que estaría asegurado sería "el grupo" y que la renovación de los miembros a través del tiempo haría innecesaria la reserva matemática, puesto que estos seguros son una forma de contratación de los seguros de vida individuales, las primas son pagadas individualmente por cada asegurado y las indemnizaciones también deben ser pagadas a cada asegurado en forma individual.

Sostiene que la formación de la reserva matemática y el consecuente valor de rescate no depende de que el seguro sea individual o colectivo, sino de que tenga duración plurianual, como acontece con el instrumentado en la póliza de autos.

Manifiesta su disenso con la falta de consideración de la buena fe que debe impulsar la conducta de las partes, que en el caso imponía a la demandada la obligación antes mencionada de presentar los planes técnicos.

4. En primer lugar, le asiste razón a la recurrente en su planteo inicial puesto que el seguro de vida obligatorio para el personal del Estado no fue objeto de reclamo (cfr. fs. 12/18 vta., en especial punto II). Sin embargo, en este sentido, no puedo dejar de señalar que la propia actora confeccionó el oficio a la Administración de Patrimonios Residuales Establecimientos Altos Hornos Zapla (e.l.) requiriendo específicamente que se informe acerca de, entre otros, este seguro (cfr. fs. 60).

5. Con relación al seguro de vida colectivo y al seguro del cónyuge, por una cuestión lógica corresponde decidir primeramente si a su respecto ha operado la prescripción.

No cabe duda de que la póliza que amparaba a la actora es la Nro. 36.168 (cfr. fs. 13, 62, 68/185), de carácter facultativo (cfr. art. 2 a fs. 126). El art. 33 de las Condiciones Generales para las pólizas facultativas establece que "las acciones emergentes de esta póliza prescriben al año de producido el hecho generador de responsabilidad de cualquiera de las partes, computado desde que la pertinente obligación es exigible"-el subrayado me pertenece- (cfr.fs. 123), en concordancia con lo establecido en el art. 58 de la Ley de Seguros. De manera tal que este punto ha sido bien resuelto por el "a quo" y se ajusta a la jurisprudencia de esta Cámara, por cuanto se ha decidido reiteradamente que tratándose del seguro de vida colectivo, el plazo aplicable es el anual previsto en el art. 58 de la ley 17.418 (cfr. Sala II, causa "Di Salvo c/ Caja Nac. de Ahorro y Seguro", del 18/10/90 y sus citas; esta Sala, causas 1590 del 9/4/91 y 17.150/94 del 13/5/99, entre otras), el cual en la cuestión de autos debe computarse iniciado desde el cese, por cuanto desde ese momento es que la obligación le es exigible al deudor.

Por lo demás, resulta indiferente que se trate del "rescate", toda vez que es una de las acciones a que podría dar lugar la póliza contratada.

6. Desde esa perspectiva, en este caso concreto, en tanto los actores se desvincularon del principal en 1992 y la coactora Martínez lo hizo en 1993 (cfr. informe de fs. 63 y Considerando I a fs. 204)), aun a la fecha del reclamo administrativo interpuesto el 5/1/01(cfr. fs. 1 quáter/3) que la apelante invoca, es indudable que la prescripción se había operado.

No obsta a esta solución -como se ha dicho- la circunstancia de que aquí no se esté reclamando el pago de un siniestro, puesto que, en caso de corresponder el rescate, obviamente se trataría de una acción fundada en el contrato de seguro (art. 58 de la ley 17.418 y art. 33 de las Condiciones Generales de la póliza mencionada).

Con respecto a la jurisprudencia de esta Sala que la recurrente cita, cabe destacar que no resulta aplicable al "sub lite" puesto que allí se trataba del seguro de vida obligatorio creado por el decreto 1567/74 (cfr. causa 2488 del 6/4/93).

7. En cuanto a los restantes agravios de la actora, el modo en que se resuelve le quita virtualidad a las argumentaciones toda vez que no inciden en la solución alcanzada, motivo por el cual,toda disquisición que al respecto se ensayara significaría resolver una cuestión abstracta que como tal se halla vedada a los magistrados (cfr. Fallos: 224:548 y 262:367).

Por los fundamentos expuestos, deberá dejarse sin efecto la sentencia apelada sólo en cuanto decide sobre el seguro obligatorio para el personal del Estado y confirmarse en cuanto al rechazo de las pretensiones relativas al seguro de vida colectivo y seguro colectivo del cónyuge. En tales condiciones, toda vez que lo expuesto en el Considerando 4 no incide en el resultado del pleito, sino que sólo se trata de un error aquí subsanado, no corresponde modificar las costas de primera instancia. No habiendo trabajos de la accionada en esta Alzada, no puede beneficiarse con la imposición de las costas en su favor.

Así doy mi voto.

Los jueces Martín D. Farrell y María Susana Najurieta se adhieren al voto que antecede.

En mérito a lo que resulta del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: dejar sin efecto la sentencia apelada sólo en cuanto decide sobre el seguro obligatorio para el personal del Estado y confirmarla en cuanto al rechazo de las pretensiones relativas al seguro de vida colectivo y seguro colectivo del cónyuge, sin costas por no existir trabajos de la accionada en esta instancia.

Una vez regulados los honorarios por los trabajos de primera instancia, se determinarán los correspondientes a la Alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Martín D. Farrell Francisco de las Carreras