marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Títulos ejecutivos, título incompleto
Materia: CIVIL
Carátula: VILLEGAS LUIS JOSE OSCAR c/ FRANCISCO HORACIO BECERRA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-06-28

Nuestra legislación no admite el "pagaré al portador". Ello es así pues, si bien en virtud de lo dispuesto en el art. 11 del Dec.

Ley 5965/63 - aplicable al pagaré en virtud de la remisión contenida en su art. 103 - el pagaré puede salir de manos del emisor en blanco, es decir sin cumplir con el mandato del art. 101 inc. 5to, el beneficiario o los sucesivos detentadores pueden completarlo, debiendo aparecer cumplido tal extremo al momento de presentarse el pago; no cumplida dicha condición, la excepción de inhabilidad de título resulta procedente al faltar uno de los presupuestos procesales del título que abre la vía ejecutiva, desde que permite establecer la vinculación jurídica entre las partes.-
Vivienda única, bienes inembargables, constitucionalidad, protección de la vivienda, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GRENNI CARLOS Y OTROS s/ EJECUTIVO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-12-19

La Ley provincial 8067, constituye la reglamentación del derecho contenido en el art. 58 de la Constitución Provincial, y, contando aquélla en su texto legal con una referencia expresa a la segunda, cabe tener por objeto bajo examen la constitucionalidad del régimen provincial de inembargabilidad de la vivienda única, regulado en ambas normas locales.

En este sentido, la respuesta será suministrada dentro de la dogmática de la Constitución Nacional; por ello, debe tenerse presente en todo momento que nuestro país -que desde sus inicios fundacionales es un Estado de base liberal- paulatinamente comenzó a prestar apoyo expreso a los denominados "derechos sociales". Tal ingreso en las filas del constitucionalismo social fue produciéndose, primero, por vía jurisprudencial, luego con la inclusión del art. 14 bis, y posteriormente con la firma de diversos pactos internacionales en la materia. Más recientemente, su corte social se ha visto fortalecido -y con ello ha quedado definitivamente asentado en nuestra norma fundamental- con el reconocimiento de jerarquía constitucional a algunos de estos tratados (art. 75 inc. 12, Const. Nac.).

Del plexo normativo constituido por tratados internacionales de expresa jerarquía constitucional, surge claramente el espíritu que inspira la norma fundamental -que debe expandirse hacia el resto del orden jurídico positivo argentino (arts. 31, Const. Nac., y, 1 Const. Pcial.)- y que ya con anterioridad había quedado plasmado, en el ámbito local, en nuestra Constitución de la Provincia. Tal condición se desprende de su art. 1, donde se proclama organizada "como Estado Social de Derecho" (art. 1), y de numerosas y repetidas constancias de su Diario de Sesiones.-
Inscripción registral, control de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DARCHUK DE MARTINEZ TANIA ANDREA c/ REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE IMPUGNACIÓN LA PROPIEDAD INMUEBLE DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE IMPUGNACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-09-29

El calificador, en dicha calidad, debe velar en forma inexcusable a los fines del control de legalidad del instrumento a inscribir, como así a la exactitud de los registros obrantes en el organismo a su cargo, vinculados al inmueble objeto del acto jurídico sujeto a inscripción.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, escritos judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: PANICCIA, MARIA NELIDA c/ IAPS -INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO- Y OTRO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-07-07

Corresponde a los jueces de las instancias ordinarias, en tanto no incurrieren en absurdo, interpretar el alcance de las pretensiones expuestas por los litigantes en sus escritos postulatorios.-
Delegado gremial, nombramiento, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Centeno, Néstor R. c/ O.S.D.E.F.R. y N. s/ Indemnización por despido s/Inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-04-24

Resulta oportuno y tardío todo debate sobre pretéritas nulidades de las designaciones que recién son argüidas cuando el trabajador afectado reclama judicialmente el pago de la indemnización por transgresión de su estabilidad gremial.
Contratos, compraventa, automotores, responsabilidad de la concesionaria, importaciones, certificado de importación, documentación del automotor, responsabilidad del fabricante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Howlin, Guillermo M. y otra c/ Guido Guidi SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-16

2 - Ello así, en tanto resulta acreditado el error obrante en la emisión del certificado de importación del vehículo objeto de autos. En este escenario, la carga de probar la correcta emisión de ese documento se encontraba a cargo de ambas codemandadas y no fue satisfecha (arg. conf. LDC 53). El fabricante no pudo demostrar su ajenidad al problema causado respecto del error en la documentación, circunstancia que impidió la inscripción del vehículo a nombre de los accionantes. Por todo ello, corresponde confirmar la responsabilidad de ambas coaccionadas.
Contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, notificación, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: EIRIZ, NORBERTO c/ BBVA BANCO FRANCES SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-05

Los términos previstos en el  ccom: 793, no pueden ser modificados por las partes, en el sentido de ampliar el primer plazo mencionado, -ocho días después de terminar cada trimestre o período convenido de liquidación para que los bancos pasen a los clientes el movimiento de sus cuentas corrientes, tendiente a salvaguardar los intereses de los clientes- o restringir el segundo -cinco días para que el cliente preste su conformidad escrita o las observaciones a que hubiere lugar-, restricción esta última que podría conducir, practicamente, a la supresión del derecho de control del cliente; de permitirse tales convenciones, podrían ellas ser impuestas por los bancos, abusando de su preponderante situación de hecho, con evidente detrimento de los derechos de los particulares y, si bien el carácter perentorio del término de cinco días es de toda evidencia dado la letra y el espíritu del precepto, en lo que respecta al fijado al banco, estos, en la practica usan un medio carente de toda autenticidad pues remiten el memorandum con el saldo, por correo, como carta simple, lo que imposibilita determinar con seguridad si efectivamente el cliente recibió el aviso y el dia en que tuvo lugar, y el incumplimiento de tal obligación que le impone la referida norma, carece de sanción especifica, por lo que sólo acarreara la común de daños y perjuicios (cfr. r. l. Fernández, "Código de comercio comentado", t. iii, p. 504); sin embargo, nuestros tribunales han sostenido que no precluye el derecho de obtener la rectificación de errores u otros vicios que padezcan esas cuentas, de manera análoga a lo que sucede con la aprobación de las cuentas rendidas conforme a lo dispuesto por el ccom: 73 (cfr. Gómez Leo - Buquerin, "Código de comercio", vol. i, p. 710 y citas de nota n° 2 de p. 711); aún cuando, en principio, los saldos no pueden ser discutidos si no fueron observados en el término previsto, presumiéndose su conformidad (cfr. ccom: 793; opasi i, regla 1.1.2.3.3.); más, debe entenderse que ello es una presunción iuris tantum, que no puede prevalecer frente a la obligación del banco de mantener incólumes los derechos del depositante, efectuando créditos y débitos no sólo en tiempo propio, sino de manera correcta.
Delitos relacionados con los servicios de telefonía móvil, teléfono celular
Materia: PENAL
Carátula: " Incid. de apelación de Martínez Vázquez, David Alfonso y otros ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-06

Respecto de las conductas previstas por el artículo 12 de la ley 25.891, " en la jurisprudencia de esta Sala, que en otras oportunidades ha sostenido que: "la ausencia de los comprobantes que acrediten el origen de los teléfonos secuestrados, como así también las denuncias de robo que poseen, refuerzan la teoría de su procedencia ilegítima " (c. 43.075, "Cabral, Eduardo s/ procesamiento", rta. 15/09/09, reg. 982) y que el imputado " era el titular de la tienda y también quien se encargaba de la atención al público, por lo que el manejo de terminales celulares supone en él un mayor conocimiento sobre aquella tecnología. Asimismo, ante la modificación de la numeración de serie electrónico de los teléfonos celulares se deduce luego, que la utilización de los mismos conlleva la premisa del reconocimiento de su origen espúreo".Con relación las conductas previstas por el artículo 13 de la ley 25.891, " esta Sala ha sostenido que: " en lo que a las figuras legales se refiere, los hechos endilgados a Martini operaron bajo la órbita del agravante del artículo 13, inciso a) de la ley en análisis. En este sentido, habida cuenta las circunstancias en que dicha conducta fue comprendida cabe tener aquella finalidad lucrativa por acreditada. Como ya ha sostenido esta Sala, tratándose de un comercio, el agravante previsto por la norma está satisfecho (c.

n° 41.916 "Figueredo, Jorge Antonio s/ procesamiento" del 14/10/2008, reg. n° 1207)" (c. 42.707, "Martín, Carlos Alberto s/ inf. ley 25.891", rta. 3/07/09, reg. 648)".
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, lugar del hecho, hipoteca, mutuo, usura, competencia provincial
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Dechegne,    Lucio   José  y  López  de  Dechegne,  Ramona  Francisca s/ querella.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Si la escritura hipotecaria en la que se consignaron los términos del crédito que se reputan usurarios se celebró en la provincia, corresponde declarar la competencia del magistrado provincial, sin perjuicio de que éste la remita a quien considere competente en virtud de las normas locales de aplicación en la materia.
Constitución de hipoteca, compraventa inmobiliaria, inmueble hipotecado, acreedor hipotecario
Materia: CIVIL
Carátula: LONGO DANIEL ULISES Y OTRO c/ HINOJOSA DE BROSOVICH ANABEL s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-22

El carácter de orden público del derecho a enajenar la cosa hipotecada que conserva su dueño es claro en el derecho positivo argentino, conclusión que surge del contundente art. 2612 del Código Civil.

Es indiscutible la validez de la enajenación por el dueño, pese al convenio en contrario con el acreedor hipotecario, sin perjuicio, de las consecuencias meramente obligacionales del incumplimiento de lo pactado.

Si bien el dueño vendedor puede enajenar el inmueble pese a lo acordado en contrario, las implicancias obligacionales del incumplimiento pueden dar pie a que el acreedor hipotecario impetre la privación de los plazos y pago inmediato del saldo pendiente.
Accidente de tránsito, peatón distraído, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Durán, Leandro Aristóbulo c/ Montaldo, Marcelo Carlos s/ Daños y perjuicios s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-11

Si el actor cruzó la calle hacia la mitad de ella, "al trotecito", sin mirar y sin advertir la presencia del ciclomotor conducido por el demandado y éste a su vez, había visto al peatón, pues le venía tocando bocina, y circulaba a una velocidad inapropiada, como lo es la de 50 km/h., además, el actor ya se hallaba próximo al cordón de la vereda (arts. 64, 76, inc. 1º, 85, 87, ley 5.800, vigente al tiempo del hecho ilícito), entiendo razonable establecer la respectiva responsabilidad en el evento dañoso en un sesenta por ciento (60%) para el demandado y en un cuarenta por ciento (40%) para el actor (arts. 901, 903, 1068, 1113, Código Civil).
Protección de la vivienda, vivienda única
Materia: CIVIL
Carátula: Sarmiento, Dora Carmen c/ Roque Diego M. y Muñoz José s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-18

El art. 59 de la constitución de la provincial, el art. 35 de la ley 14.394, Art. 28 de la ley provincial nº 3.802 (Creación del registro especial del bien de familia) reconocen y protegen a la vivienda familiar, pero expresamente ordenan que produce efecto esa declaración a partir de su inscripción registral.
Inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: VILLARREAL MIRIAM GRACIELA; ROMERO RUBEN WALTER; ALARCON MARIO ALBERTO S.D. HOMICIDIO CALIFICADO POR ALEVOSIA Y ENCUBRIMIENTO E.P DE LEDESMA ANTONIO Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA s/ CUESTION DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-21

La referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad.
Domicilio especial, domicilio contractual, notificación
Materia: CIVIL
Carátula: P.R. SA en autos: "A., A. A. c/ P. R. de A. P. F. D. s/ SUMARISIMO" s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-22

"Los efectos propios del domicilio de elección o contractual, determina el lugar donde deben hacerse las notificaciones y emplazamientos motivados por el incumplimiento de las prestaciones contractuales cuando se ejecuta en virtud de tal incumplimiento. Así la jurisprudencia, por lo general, ha resuelto que la notificación del traslado de la demanda en los procesos de conocimiento o la intimación de pago en los juicios ejecutivos, deben efectuarse en el domicilio real o en el constituído por el demandado a tal efecto".
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, funcionarios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Morales Solá, Joaquín Miguel s/ injurias - causa n° 9648 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

En cuestiones relativas a la libertad de prensa, la protección del honor de personas públicas debe ser atenuada cuando se discuten temas de interés público, en comparación con la que se brinda a los simples particulares (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez y disidencia parcial del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Denuncia del accidente de trabajo, indemnización, comisiones médicas, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández Ricardo Manuel c/ Asociart ART S.A. s/   Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-02

Considero constitucional la intervención de las Comisiones Médicas para determinar y expedirse en todas las cuestiones de estricta incumbencia médica, esto es el grado de incapacidad, tipo, patología, etc., como también para pronunciarse respecto al contenido y alcances de las prestaciones en especie -inc. b) y c) del citado art. 21-, pues en esto quien mejor que los propios médicos -especialistas en la materia-, para resolver en esta materia respecto de la cuales sí son expertos, y resultan ajenas en general al conocimiento de los jueces laborales (de hecho cuando los Jueces dictamos sentencias en la mayoría de los casos seguimos los dictámenes emitido por peritos médicos), en función todo ello de la especialidad misma de lo que se está dirimiendo (Voto Romero)
Preaviso, celebración de contrato durante el preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: ALEGRE, FRANCISCO c/ UÑAS ESCULPIDAS  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-29

El trabajador preavisado y eximido de prestar servicios durante el plazo respectivo no incurre en concurrencia desleal si celebra un contrato de trabajo con otra empresa competidora, sin renunciar al lapso faltante. Ello es así pues tal situación se halla contemplada en el art. 236 LCT y además si el empleador ha denunciado la relación laboral preavisando a su dependiente, sería necio no prever que éste habrá de procurar empleo en la misma rama de la actividad económica en la que se desempeñaba
Acción de inconstitucionalidad, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Federación Patronal Cooperativa de Seguros Ltda. s/ Inconstitucionalidad art. 38 de la ley 10.149 y decreto 6409/84
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16

Una vez vencido el plazo de treinta días que concede el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial para entablar la demanda de inconstitucionalidad, caduca la competencia originaria de esta Corte para conocer de ella, sin perjuicio de la facultad del interesado de hacer valer sus derechos en la jurisdicción ordinaria (art. 684 del C.P.C. y su doc.).
Recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, responsabilidad civil, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANCHEZ, MARTIN c/ SANATORIO MAYO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-03

Las alegaciones desarrolladas por el quejoso no logran convencer de que la interpretación efectuada por los Sentenciantes acerca de la carga de explicitación y sus consecuencias acorde a las circuntancias del caso y de la aplicación de las reglas probatorias en materia de responsabilidad civil, se aparte del posible alcance que cabe asignarles o de que, al decidir como lo hicieron apreciando los antecedentes fácticos y probatorios, hubieran incurrido en vicio alguno que descalifique el pronunciamiento.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, nulidad del acto administrativo, ley de tránsito, infracciones de tránsito, radares, multa fotográfica, garantías procesales, notificación
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MATTIEVICH, MARIA J. c/ COMUNA DE PUJATO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - RECURSOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 530 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-03-04

Es inadmisible la queja desde que la Administración comunal recurrente no desvirtúa lo valorado por el A quo al declarar la nulidad de la decisión administrativa adoptada (sanción de multa) en razón de que el supuesto infractor no había sido debidamente notificado de las sucesivas etapas procedimentales hasta la resolución administrativa, a lo que agregó que el acta de infracción también era nula en razón de que el inspector municipal-que es quien debe constatar la infracción, detener el vehículo, identificarse indicando la dependencia a la cual pertenece e identificar al conductor-, no intervino en la constatación de la presunta infracción, sino que se limitó a rubricar la fotografía extraída a través de mecanismos técnicos.

De lo expuesto se infiere que el decisorio impugnado hizo aplicación del marco de garantías procedimentales que surge del artículo 70 de la ley nacional de tránsito -en concordancia con los artículos 69 y 71- donde se establecen específicos límites al accionar administrativo y se contemplan verdaderos deberes dirigidos a los funcionarios encargados de la tarea de constatación y de juzgamiento de las distintas infracciones que pueden detectarse.

En efecto, en la sentencia se señalaron las circunstancias por las cuales se estimaron incumplidos los deberes impuestos a los órganos administrativos afectándose las garantías del particular explícitamente reconocidas en el citado marco normativo.
Prueba pericial, dictamen pericial, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: DEGLISE, HECTOR CARLOS c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-27

Si bien el artículo 476 del Código Procesal, así como el 477 que lo sustituyó a raíz de la reforma introducida por la Ley Nro. 22 434, consagran la soberanía del juzgador en la apreciación del dictamen pericial, cuando se trata de un informe técnico, científico, etc., ajeno a la formación cultural del juez, éste, para apartarse de sus conclusiones, deberá oponerle argumentos de la misma naturaleza debidamente fundados.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, querella, proceso penal, etapas del proceso, imputado, acusación, acción pública, acción privada, Ministerio Público, fiscales, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. De inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es:   ¿la falta de mantenimiento de la acusación en la alzada por parte   del Ministerio Público Fiscal, coincidiendo con la instancia   absolutoria solicitada por la Defensa, impone al Tribunal la   aceptación de las pretensiones de los sujetos procesales, impidiendo  fallar distinto a dichas peticiones?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

Teniendo en cuenta que la querella -que encarna el ejercicio de la acción privada- es, sustancialmente, una acusación que abre desde el comienzo un proceso en plenario y contradictorio, no se advertiría prima facie diferencia entre la acción privada y la pública en los supuestos negativos, es decir, de no promoción, en un caso de la querella; en el otro, de la acusación cuando en su lugar se solicita el sobreseimiento del imputado, con efecto vinculante para el juez en caso de mantenerse la postura del fiscal por el superior jerárquico de éste. Tampoco se advertirían liminarmente diferencias sustanciales entre un tipo de acción y otra cuando el fiscal solicita la absolución al tiempo de alegar, impidiendo a la jurisdicción, conforme la jurisprudencia constitucional, a emitir un pronunciamiento de mérito condenatorio, si bien el querellante, con más amplitud, puede desistir en cualquier estado del juicio (art. 515 Código Procesal Penal) y la consecuencia será el sobreseimiento del querellado (art. 517 ), resolución que de todos modos también cierra definitivamente la causa respecto de los hechos que constituyeron el objeto procesal.-Sin embargo, ello no implica establecer una asimilación entre los poderes de disposición del querellante, o las partes en el proceso civil y los del Ministerio Fiscal. Los primeros lo pueden ejercer, por la naturaleza de la acción, en todo tiempo, libre y discrecionalmente, sin que se les exijan los fundamentos de su actuación. En cambio el Ministerio Fiscal deberá formular motivada y específicamente sus requerimientos y conclusiones -art. 67 CPP, y art. 412 particularmente referido al desistimiento de los recursos-, entre los que se incluyen, y con más razón, sus postulaciones en favor del imputado. (De la Disidencia del Dr. Giménez)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

Si bien el Estado puede reglamentar el derecho de propiedad (art. 28 Constitución Nacional), el ejercicio de esa facultad no puede conducir a disminuir sustancialmente el valor de una cosa.
Traslado de la demanda, notificación en el domicilio, notificación bajo responsabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: TORNESE, Teresa c/ ALVAREZ, Nilda s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-30

La notificación de la demanda bajo la responsabilidad de la parte actora permite al auxiliar de justicia, en la primera oportunidad en la que concurre a notificar, actuar como si se tratara de un domicilio constituido, esto es,entregar la comunicación a una persona distinta del requerido que se encuentre en el lugar o en su defecto, fijarla en la puerta de acceso (art. 141 CPCCN).