Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-20


ACUERDO N° 25. En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil catorce, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los Señores Vocales, Doctores OSCAR E. MASSEI y EVALDO DARÍO MOYA, con la intervención de la titular de la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa Analía Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "LILLO CARLOS C/ PROVINCIA DE NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA" Expte. N° 3302/11, en trámite por ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y conforme al orden de votación oportunamente fijado el Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: I.- A fs. 27/42 vta. se presenta el Sr. Carlos Benedicto Lillo mediante apoderado e inicia acción procesal administrativa contra la Provincia de Neuquén. Requiere la escrituración del inmueble rural identificado como Lote A 14, que es parte de los Lotes oficiales 19 y 20, Fracción A, Sección XXVIII, con una superficie de 48.393.416,44 mts.2, NC 06-RR-012-7118, del Paraje "Punta Carranza, Aguada Castillo", Departamento de Añelo, Plano de Mensura E-2756-5805/01; la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad Inmueble; la entrega del primer testimonio de dicho acto; la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 289/01 y su anexo V y, la nulidad del Decreto 130/11, denegatorio de tales pretensiones.

Hace mención a los recaudos legales de habilitación del proceso y afirma que, mediante expediente administrativo nro. 2312-0787/01 del Registro de la Dirección Provincial de Tierras, la Administración otorgó permisos de pastoreo y ocupación y procedió a adjudicar en venta el fundo mencionado; agrega que mediante Resolución 1299/05 declaró el cumplimiento de las obligaciones asumidas oportunamente y, en consecuencia, ordenó la escrituración del fundo.

Señala que no obstante, la accionada incumplió tal obligación, y no resolvió la solicitud de inconstitucionalidad del Decreto 289/01, iniciada en el año 2007. Enfatiza que su condición de productor, campesino, poblador rural actual, efectivo y arraigado al campo -extremos que entiende acreditados en las actuaciones administrativas-, merece la protección del Estado, en los términos dispuestos por la Carta Magna local, en punto a que la tierra es un bien de trabajo y que la asignación de parcelas se efectuará a las personas que reúnan las condiciones que dispone la ley.

A continuación enumera los preceptos de la Ley 263, los que dice que han sido cumplimentados y así declarado por el Poder Ejecutivo, conforme la citada Resolución 1299/05.

Sin embargo, afirma que el Decreto 289/01 impone que, la titularización de bienes del dominio privado del Estado excluye la transferencia del derecho real de servidumbre por un período de diez años, lo que en concreto, le limita como propietario el cobro de una servidumbre hidrocarburífera mensual, que estima en el orden de los $ 1.500.

Detalla que, para ceder la servidumbre a favor del Estado Provincial, el beneficiario del inmueble debe suscribir un documento denominado "Acta-Decreto", que forma parte del acto administrativo cuestionado, e impone al propietario limitaciones al dominio como la prohibición por el plazo de 10 años para vender el inmueble adquirido, y ejercer sobre el mismo los derechos al cobro de cánones e indemnizaciones en concepto de servidumbre, cuyo origen o causa sea la actividad hidrocarburífera.

Según relata, la falta de suscripción del mencionado documento, tiene como consecuencia la no escrituración del inmueble por parte del Estado, incumpliendo así el deber impuesto por el artículo 7 de la Ley 263.

Menciona que el inmueble adquirido, formaba parte de los bienes privados del Estado, enumerados en el Código Civil en el artículo 2342, a los que le son de aplicación iguales principios y reglas de la propiedad civil o común.

Luego aborda las diferencias que a su entender existen entre el derecho real de servidumbre contenido en el Código Civil, y las limitaciones al dominio, enfatizando que la primera es un derecho real (cfr. art. 2970 Código Civil), mientras que la segunda no lo es (cfr. art. 2611 Código Civil).

En tal sentido, afirma que el Estado Provincial puede legislar sobre las limitaciones al dominio con el fin de armonizar y compatibilizar el ejercicio del derecho de propiedad con el interés social, pero no puede hacerlo -válidamente- sobre el derecho real de servidumbre.

Sostiene que el Decreto 289/01 cuestionado confunde ambos institutos, y no se ajusta a la ley, en tanto; (i) existe una incompetencia por parte del Estado Provincial para legislar sobre derechos reales; (ii) priva de una reparación indemnizatoria al propietario, pese a su condición de único damnificado directo por la ocupación.

A su vez, señala la ilegitimidad tanto del mencionado decreto, como de su acta anexo, que coloca al administrado frente a una falsa disyuntiva de tener que ceder su servidumbre o no recibir el ansiado título de propiedad, con la eventualidad de que se declare la caducidad de la adjudicación "por incumplimiento de su obligación de ceder voluntariamente".

Con relación a esto último, entiende que no podría concretizarse, en tanto la resolución que declaró cumplidas las obligaciones de compra goza de estabilidad y presunción de legalidad, que no pueden ser modificados, salvo a través de una acción judicial de lesividad.

Además, denuncia como un procedimiento arbitrario, aquél que "invita" a suscribir el acta-decreto, bajo pena de caducidad de la adjudicación.

Como síntesis de su relato, bajo el punto IX.15.) puntualiza que se ve afectado su derecho de propiedad, garantizado en la Constitución Nacional y Provincial (cfr. art. 17 C.N. y 24 C.P.).

En forma subsidiaria, frente al supuesto que este Tribunal entienda que el acto cuestionado resulta constitucionalmente válido, solicita se intime a la Provincia demandada a escriturar el fundo en cuestión en el plazo de 60 días, contados a partir de la suscripción del acta-decreto. Y, para la eventualidad de que se cumplan diez años desde la notificación de la Resolución de adjudicación en venta (Resolución 1143/04), se ordene la titularización sin incorporar dicha acta, toda vez que habría perdido vigencia el acto administrativo que aquí se cuestiona.

Ofrece prueba, fundamenta su petición, efectúa la reserva federal del caso, y formula su petitorio.

II.- A fs. 54, mediante el dictado de la R.I. Nro. 326, se declara la admisión del proceso.

III.- A fs. 74/78 se presenta nuevamente el actor y amplía los fundamentos de la demanda.

Dice que la Administración de Tierras de la Provincia, verificó que es ocupante y poblador rural desde el año 1960, en las tierras que luego fueran objeto de adjudicación.

Agrega como dato histórico que la Ley Federal de Hidrocarburos Nro. 17.319, en cuyo art. 100 se reconoce el pago de servidumbre al propietario del fundo sirviente, es del año 1967, esto es siete años posterior a la ocupación de los predios por parte del actor.

En consecuencia, concluye que mal podría pensarse que haya tenido un fin especulativo, o que la motivación de su familia en el año 1960, hubiera sido la de "especular" con el cobro de servidumbres, sin trabajar la tierra.

Afirma que el crédito indemnizatorio por servidumbre tiene para él y su familia carácter alimentario, toda vez que la ganadería resulta el único medio de vida.

Además, a su entender, las leyes que reglamentan dicho derecho real acuerdan tal reparación, como lucro cesante de esa actividad productiva.

En tal sentido señala que, la Ley 2183 que rige la servidumbre provincial, remite en su artículo 8 a los fines de la determinación de la indemnización, al Decreto Nacional 861/96, cuyos considerando y articulado transcribe en forma parcial.

En el punto concluye que, la indemnización tiene como motivación el perjuicio causado a la producción ganadera por la industria hidrocarburífera que ocupa sectores del predio ganadero, desplazando y limitando la producción ganadera preexistente, lo que según entiende, causa un daño emergente y lucro cesante.

Por otra parte, expone que la accionada ya ha desistido del cobro de servidumbres sobre predios fiscales con ocupantes legítimos, atendiendo el carácter indemnizatorio del crédito, en los autos caratulados: "Provincia c/ Apache s/ A.P.A." Expte. Nro. 2444/08.

Señala también que el Decreto 2112/08 derogó al Decreto 289/01, prescindiéndose en lo sucesivo del "Acta", que le fuera remitida en el año 2007.

Aclara que, si bien el Estado mantiene la pretensión acreedora de la indemnización de los productores rurales (art. 1°), optó por otra metodología, derogando la cuestionada "acta".

Asimismo, adjunta copia del Decreto 2112/08.

A fs. 80 el actor realiza la opción procesal por el procedimiento sumario.

A fs. 95 se presenta nuevamente el actor a los fines de ampliar su demanda.

Sostiene que, a la señalada afectación del derecho constitucional de propiedad provocada por el Decreto 289/01, se suma la afectación del derecho constitucional de igualdad ante la ley.

A tal fin, afirma que el Decreto Nacional 6773/63 reconoce el cobro de las servidumbres a los simples ocupantes, mientras que en el orden provincial tales acreencias le pertenecen -conforme el Decreto 289/01- al Estado Provincial, lo que lo lleva a concluir que en el orden nacional, cualquier ocupante de tierras fiscales estará en mejores condiciones que un propietario de esta Provincia.

Para concluir, sostiene que el régimen federal y uniforme de hidrocarburos se encuentra alterado por una norma administrativa local -Decreto 289/01-, lo que resulta inconstitucional puesto que invade el ámbito de la jurisdicción de la Nación.

IV.- A fs. 104/106 se presenta la Provincia del Neuquén, contesta el traslado conferido, y solicita el rechazo de la demanda, con costas por su orden.

Niega todos y cada uno de los hechos expuestos, que no sean motivo de expreso reconocimiento.

Indica que, conforme surge de los expedientes administrativos agregados a la causa, por medio de la Nota 553/07 se informó al apoderado del actor que, a los fines de lograr la escrituración, era necesario contar con la firma del Acta del Decreto 289/01, y que el plano de mensura debía estar previamente matriculado.

Afirma que han sido en vano todos los intentos para que el actor dé cumplimiento a la firma del acta referida, siendo claro que la demora para la escrituración es imputable a aquél, más allá de los planteos que aquí formula.

Señala que los únicos trámites pendientes a la fecha son el otorgamiento de la escritura y su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, no habiéndole negado la Administración tal derecho, lo que lleva a su parte a no comprender los motivos por los que Lillo acciona judicialmente.

Con relación al planteo de inconstitucionalidad sostiene que, el derecho de la Provincia en cuanto a reservarse por el plazo de diez años el ejercicio de determinados derechos, es consecuencia del verdadero derecho de propiedad que el Estado tiene sobre sus bienes, y que si bien puede enajenarlos, también le asiste la posibilidad de hacerlo en determinadas condiciones.

Plantea que el accionante, conforme la opción ejercida por el proceso sumario, no logrará acreditar la autenticidad y veracidad de la documentación aportada en la demanda más allá de lo contenido en los expedientes administrativos agregados.

V.- A fs. 108/115 obra el dictamen del Sr. Fiscal del Cuerpo quien propicia el rechazo de la acción interpuesta.

Entiende que el Estado Provincial actúa como una persona jurídica privada y, en consecuencia, teniendo la propiedad de las tierras fiscales, puede enajenarlas bajo ciertas condiciones, que en el caso, responden al fin social que se procura otorgar a la clase de inmuebles en cuestión.

En dicho contexto entiende que la conducta llevada adelante por la Provincia, de adjudicación y posterior otorgamiento de la propiedad de las tierras, bajo ciertas condiciones -reserva del cobro de servidumbres o de otros rubros análogos provenientes de la actividad económica de los fundos-, resulta legítima.

Agrega que dicha modalidad tiende a evitar intereses especulatorios, que atentarían contra el concepto de que la tierra no debe constituir un bien de renta sino un instrumento de trabajo.

Además, señala que desde el nacimiento del primer acto que otorgó a Lillo la adjudicación de los fundos, conocía perfectamente la aplicación y alcance del derecho del Estado Provincial, no siendo válida la alegación de una afectación patrimonial por un cambio sobreviniente en la reglamentación. VI.- A fs. 116 se dicta la providencia de autos por lo que las presentes actuaciones se encuentran en estado de dictar sentencia.

VII.- Tal como ha sido señalado, el actor pretende que se le otorgue la escrituración del inmueble rural identificado con la Nomenclatura Catastral Nro. 06-RR-012-7118 y, en ese contexto, postula la inconstitucionalidad del Decreto 289/01 por medio del cual el Estado se reserva por el plazo de diez años el cobro de las indemnizaciones derivadas de la actividad hidrocarburífera respecto de las tierras fiscales enajenadas a sus ocupantes.

VII.1.- Ahora bien, tal como surge de los antecedentes administrativos, el Sr. Lillo obtuvo por parte de la Administración un permiso de pastoreo y ocupación; luego, mediante Resolución 1143/4 emitida por el Ministerio de Producción y Turismo, se le adjudicó en venta el fundo en cuestión y ésta, en forma expresa, bajo el artículo 1° dispuso que dicha adjudicación era "... en las condiciones establecidas por la Ley N° 263, Decreto Reglamentario N° 826/64, Decreto N° 289/01, y demás normas reglamentarias, ..." (cfr. fs. 30/31 del Expediente Administrativo 2312-00787/01).

Ya en ese acto, sus considerandos indicaban que "el Decreto 289/1 estipula que la enajenación de las tierras fiscales a sus actuales ocupantes, en todos los casos, no implicará la transmisión de los derechos de cobro de servidumbre correspondiente a la exploración y explotación hidrocarburífera, quedando las mismas reservadas a favor del Estado Provincial"; "que por el mismo plazo de diez años establecidos como limitación a la libre disponibilidad dominial en la Ley 263 y Decretos Reglamentarios N° 826/64 y N° 289/1 aparece necesario limitar el cobro de servidumbres por electroductos o establecimiento de equipamiento de telecomunicaciones y accesorios"; "que el conjunto de restricciones enunciadas es el medio necesario para articular el cumplimiento de las demandas sociales de los tenedores de tierras fiscales, que requieren ser titulares de las mismas y la necesidad de que las actividades hidrocarburíferas, eléctricas y de telecomunicaciones no sean obstaculizadas .máxime considerando que no nos encontramos frente a ventas aisladas, sino a un proyecto masivo de titulación de tierras fiscales"; "que sin el establecimiento de tales restricciones sería imposible cumplir con el programa de titulación de tierras fiscales sin grave perjuicio para el resto de la sociedad".

En virtud de lo anterior, en el acto de adjudicación se consignó expresamente "la aplicación del Decreto 289/01 a la presente adjudicación en venta, aceptando el adjudicatario que el ejercicio de los derechos de cobro por servidumbre derivados de la actividad hidrocarburífera queda reservado al Estado Provincial por el plazo de 10 años a partir de notificada la presente" (art. 3° Res. 1143/04).

Como acotación al margen: ese acto aparece absolutamente consentido por el actor pues no hay constancias de que se hubiera disconformado de las condiciones en las que se le efectuó la adjudicación en venta de la tierra fiscal.

Retomando, finalmente, mediante la Resolución 1299/05, se declararon cumplidas las obligaciones de compra impuestas a su cargo por la Ley 263 y se ordenó el otorgamiento del correspondiente título de propiedad, con expresa mención a los Decretos Reglamentarios Nros. 826/64 y 289/01 (cfr. fs. 44).

Nueva acotación: tampoco surge que haya realizado algún planteo en punto al Decreto 289/01 en las oportunidades que requirió que se procediera a la escrituración (fs. 54/55); recién aparece el tema, cuando solicita la escrituración en el año 2007 donde "en subsidio" deja planteada la inconstitucionalidad del Decreto 289/01 alegando que:"se lo obligaría a suscribir un acta por la cual renunciaría a un derecho subjetivo (cobro de servidumbre) que ha adquirido junto a la propiedad del inmueble. la negativa a otorgar escritura provoca grave perjuicio económico a mi mandante, que se ve privado de cobrar servidumbres legales a las que tiene constitucional derecho, por no ser titular registral del dominio." (fs. 74 Expte. 2312-00787/1).

Con lo anterior queda claro entonces que, desde el mismo momento en el que le fue adjudicada en venta la tierra fiscal, el actor conocía las condiciones en que se le otorgaban; entre ellas, las contenidas en el Decreto 289/01 cuya inconstitucionalidad alegó posteriormente como fundamento de su negativa a suscribir el acta.

Y, al respecto, conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene resuelto que: el voluntario sometimiento, sin reservas expresas, a un régimen jurídico, a una decisión judicial, o a una determinada jurisdicción, comportan un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional. (Cfr. Fallos 169-245; Fallos 170-12, etc.).

Tal el supuesto de autos: el actor, recién después de atravesar todo el procedimiento tendiente a obtener la tierra fiscal (permiso de pastoreo, adjudicación en venta, declaración de las obligaciones cumplidas) -el que se realizó con absoluta y expresa referencia, en lo que aquí importa, al Decreto 289/01- y de haberse ordenado la escrituración en esos términos intenta, ahora, obtenerla, impugnando el mismo régimen sobre el cual se asentó el otorgamiento de aquel derecho y el cual fue aceptado por el accionante sin ningún tipo de reservas.

VII.2.- Y, más allá de ello, que en el caso ya alcanzaría para sellar la suerte del planteo, tampoco logra advertirse que en ese régimen -dado por el Decreto 289/01- exista, efectivamente, una lesión a derechos constitucionales.

En efecto, el Decreto 289/01 (que aún cuando haya sido derogado por el Decreto 2112/08 rige el caso sub examine pues todos los actos dictados en el procedimiento administrativo tuvieron como referencia esa normativa; incluso el requerimiento efectuado por la Administración en punto a la suscripción de la escritura y del Acta Acuerdo fueron anteriores al dictado del Decreto 2112/08 -cfr. nota 553/7-) reglamenta los artículos 9 y 10 de la Ley 263 de Tierras Fiscales.

Del contenido fijado en dicha Ley puede advertirse que se persigue como política pública, en el ámbito de la Provincia, hacer viable el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal (recuérdese que la Constitución Provincial establece que "la tierra es un bien de trabajo y la ley promoverá una reforma agraria integral con arreglo a las siguientes bases: . asignación de las parcelas a pobladores efectivos actuales y a quienes acrediten condiciones de arraigo y trabajo o iniciativas de progreso social..."-art. 82-).

Dispone el artículo 1° de la Ley 263: "El Poder Ejecutivo promoverá el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal, mediante su arrendamiento y enajenación en forma progresiva y orgánica a favor de los auténticos trabajadores del campo. Declarase norma fundamental para la interpretación y aplicación de esta Ley, el concepto de que la tierra no debe constituir un bien de renta sino un instrumento de trabajo. El objetivo principal de la Ley es la protección del campesinado y la reactivación de la tierra fiscal".

El artículo 7° prescribe las obligaciones que los adjudicatarios de tierras fiscales deben cumplir y, en lo que aquí interesa, el artículo 9° dispone: "Cumplimentados los requisitos que fija el artículo 7°, el Poder Ejecutivo deberá otorgar el correspondiente título de propiedad, quien también podrá otorgarlo cumplidos dos (2) años de adjudicación, con prohibición absoluta de venta por diez (10) años. Si se trata de pobladores con más de diez (10) años de explotación del predio -a quienes se le adjudique en venta la tierra- el Poder Ejecutivo podrá otorgarles el título de propiedad, estableciéndose en el mismo las obligaciones a cumplir y sus plazos respectivos. En los casos indicados en el párrafo anterior, deberá establecerse a favor del Estado provincial garantía hipotecaria por el saldo de precio pactado, en la forma que lo establezca la reglamentación de la presente Ley".

Y finalmente, el artículo 10° dice: "Comprobado el incumplimiento de obligaciones establecidas en la presente Ley y su reglamentación, el Poder Ejecutivo declarará su caducidad, con o sin pérdida de mejoras y sumas abonadas a favor del Estado provincial".

Luego, en función de lo anterior, el Decreto 289/01, que reglamentó la mencionada norma, parte precisamente de concebir a la tierra como un instrumento de trabajo y no como un bien de renta.

Con relación a la restricción bajo examen, se expresa en sus "considerandos" que: "el objetivo buscado con tal restricción, es impedir la utilización especulativa de la tierra pública, mantener arraigado a ella al campesinado, instaurando un salvaguarda para el uso de la misma por la gente de campo, al desalentar la venta de la tierra y la migración de sus ocupantes".

Por ello, en el artículo 1, se establece que: "la enajenación de las tierras fiscales a sus actuales ocupantes, en todos los casos, no implicará la transmisión de los derechos de cobro de canon por servidumbre correspondiente a la exploración y explotación hidrocarburífera, establecida en la Ley Provincial 2183 o indemnizaciones equivalentes".

En el art. 2, que: "El Estado Provincial se reserva por el plazo de diez años el ejercicio de los derechos de cobro de cánones e indemnizaciones derivados de la actividad hidrocarburífera, respecto de las tierras fiscales enajenadas a sus ocupantes, quedando estos autorizados de pleno derecho a ejercer tales derechos luego de vencido el plazo previsto en este Decreto, sin necesidad de otros trámites o autorizaciones. Conforme lo establece el art. 9 de la Ley 263 se mantiene asimismo la prohibición de vender la tierra por el término de diez años".

Y a ese fin, en el artículo 3, se aprueba el tenor de las cláusulas que deberán insertarse en las respectivas escrituras (Anexo I). Se refiere al "Acta Decreto 289/01" -fs. 8 de autos- mediante el cual, en consonancia con la normativa que está siendo descripta, se deja expresa constancia de las limitaciones impuestas al dominio, entre ellas, la que ocupa este análisis (durante diez años el Estado Provincial se reserva el cobro de las indemnizaciones y cánones).

Luego, como se adelantó, de cara a los objetivos de la Constitución Provincial y de la Ley mencionada, no se advierte, ni se ha acreditado, que el Decreto impugnado traduzca, efectivamente, la afectación a los derechos constitucionales que la accionante invoca como vulnerados.

Antes bien, la regulación contenida en el régimen del Decreto 289/01, se encuentra orientada a garantizar el derecho regulado mediante la Ley 263 y en cumplimiento de determinados objetivos de políticas públicas en el ámbito de la Provincia de Neuquén; de allí que, en los considerandos del acto de adjudicación al Sr. Lillo, se haya realizado expresa referencia a todas estas cuestiones (cfr. en este sentido, el dictamen del Sr. Fiscal ante el Cuerpo). En definitiva, se estableció una regulación que, bajo ciertas condiciones, permite adjudicar en venta a los pobladores las tierras fiscales (ya descriptas anteriormente); en ese contexto, el Estado Provincial implementó un programa de titularización de tierras fiscales a quienes acrediten efectivo arraigo y afectación de las tierras a la actividad agrícola ganadera; esa finalidad superior, vale señalar, logra imponerse sobre el supuesto derecho que intenta erigir aquí el accionante (cobro de servidumbres).

VIII.- En este análisis cabe agregar algunas consideraciones en torno a la potestad que tiene el Estado para enajenar, bajo ciertas condiciones, ese tipo de bienes: así, por imperativo del artículo 2342 del Código Civil, las denominadas "tierras fiscales" integran los bienes privados del Estado.

La doctrina, atendiendo a la relación de los bienes con la persona jurídica pública, clasifica los mismos en: a) bienes públicos, que son aquellos que están afectados a la comunidad para uso y utilización de los particulares, generalmente en forma gratuita ... b) bienes privados, son los que pertenecen a la persona jurídica pública, la que ejerce el dominio como los particulares, aunque para su enajenación deben respetarse las reglas legales administrativas (cfr. Código Civil Comentado Tomo IV. Director Santos Cifuentes, Coordinador Fernando Sagarna. Ed. La Ley, pág. 399.) Agrega la doctrina administrativista con relación a la precedente clasificación: "Tal distinción tiene gran importancia: el régimen jurídico de ambas categorías de bienes es diferente. El dominio público es inalienable e imprescriptible, con todas las consecuencias que derivan de ello; el dominio privado del Estado hállase sujeto a las reglas ordinarias de la propiedad privada, salvo algunas modificaciones. La diferencia, pues, es el régimen jurídico." (Cfr. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, T.V, pág. 24. Ed. Abeledo-Perrot).

Con especial vinculación al tema que regula la Ley 263, el citado autor sostiene que "A las "tierras fiscales" que son bienes "privados" del Estado ... suele llamárselas "tierras públicas". Esto, técnicamente, no es correcto, pues no se trata de cosas del dominio público, sino de cosas patrimoniales del Estado. Únicamente por comodidad de lenguaje se les llama "públicas", con lo que en realidad sólo quiere expresarse que no se trata de tierras pertenecientes a los administrados, es decir a personas "particulares", no obstante el carácter privado de tales bienes..." (Cfr. autor citado en "Tratado de Derecho Administrativo" T.V, pág. 32 y 33). Bajo dichas pautas, teniendo el Estado Provincial la propiedad de las tierras fiscales conforme el régimen dispuesto en el artículo 2342 inc. 1° del Código Civil, se advierte como legítimo que el mismo pueda, bajo ciertas condiciones, -como las contenidas en el derogado Decreto 289/01- enajenar las mismas, máxime cuando se encuentran orientadas a cumplir con el fin social previsto por el legislador en la Ley 263.

En definitiva, por los fundamentos expuestos, no logra advertirse que, en la reglamentación dada por el Decreto 289/01, se encuentren vulnerados los derechos constitucionales que se dicen afectados, por lo que el planteo de inconstitucionalidad no puede tener acogida favorable.

Finalmente, teniendo en consideración el análisis aquí efectuado, la escritura traslativa de dominio deberá ser otorgada en los términos antedichos; es decir, bajo el régimen sobre el cual originariamente fue concebido el derecho.

IX.- Por lo demás, en atención a la petición del actor en relación con el momento a partir del cual debe comenzar a contarse el cómputo del plazo de los diez años -de los derechos de cobro de servidumbres derivadas de la actividad hidrocarburífera que el Estado Provincial se ha reservado-, vale señalar que, en este caso, la cuestión encuentra respuesta en el mismo acto administrativo por medio del cual se le adjudicó en venta la tierra: esto es, desde la notificación de la Resolución 1143/04 de adjudicación en venta (conforme su artículo 3°).

En efecto, en el mencionado acto, se consignó en forma expresa en su artículo 3° que, el cobro por servidumbres derivado de la actividad hidrocarburífera queda reservado al Estado Provincial por el plazo de diez años, el que comenzará a contarse a partir de la notificación de ese acto.

Y, aún cuando no surge de las constancias obrantes en la causa, ni de las actuaciones administrativas agregadas, cuál ha sido la fecha de notificación de ese acto, considerando la fecha de emisión del mismo, esto es el día 06-12-2004, (conforme consta a fs. 30 del expediente administrativo 2312-00787/01), lógico es concluir que, a la fecha, la reserva a favor del Estado Provincial aún se encuentra vigente.

X.- En definitiva, desestimado el planteo de inconstitucionalidad, deberá darse cumplimiento a la obligación de escriturar las tierras que le han sido adjudicadas al actor, en los términos y condiciones fijados en los puntos precedentes.

XI.- Sentado lo anterior, sólo resta expedirse con relación a las costas.

En este sentido, de acuerdo a como se resuelven las cuestiones planteadas, conforme surge del artículo 71 del C.P.C. y C. (de aplicación supletoria en esta materia), las costas se impondrán en el orden causado. TAL MI VOTO.

El señor Vocal Doctor EVALDO DARÍO MOYA dijo: Comparto los argumentos desarrollados por el Dr. OSCAR E. MASSEI, por lo que voto en idéntico sentido. MI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose dado intervención al Sr. Fiscal, por unanimidad, SE RESUELVE: 1º) RECHAZAR el planteo de inconstitucionalidad del Decreto 289/01 efectuado por el actor, por las consideraciones consignadas en los puntos precedentes; 2°) ORDENAR a la demandada a que, en el término previsto por el art. 69 de la Ley 1305, otorgue el título de propiedad y la escritura correspondiente -a nombre de la parte actora- del inmueble individualizado como Lote A 14, que es parte de los Lotes oficiales 19 y 20, Fracción A, Sección XXVIII, con una superficie de 48.393.416,44 mts.2, NC 06-RR-012-7118, del Paraje "Punta Carranza, Aguada Castillo", Departamento de Añelo, Plano de Mensura E-2756-5805/01, y la respectiva inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble; 3°) Imponer las costas en el orden causado (art. 71 del C.P.C. y C., de aplicación supletoria en la materia); 4°) Regular los honorarios del Dr. ..., en su doble carácter por la parte actora, en la suma de Pesos ... ($...) (arts. 6, 7, 10 y 39 de la Ley 1594); 5°) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por ante la Actuaría, que certifica.

Dr. OSCAR E. MASSEI - Dr. EVALDO DARIO MOYA Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - SECRETARIA.