marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso judicial, beneficio de litigar sin gastos, gastos del proceso, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: "Filmus, Juana Dora c/ E.N. - P.J.N. s/ Daños y Perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-05

Si el actor obtuvo el beneficio de litigar sin gastos en forma total, su alcance importa estar exento totalmente del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna, y si venciere en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba. Asimismo, la concesión del beneficio tiene efectos retroactivos a la fecha de promoción de la demanda, respecto de las costas o gastos judiciales no satisfechos (art. 84 del C.P.C.C.N.), (confr. esta Sala in re Expte. N°30.922/08 "Ortega, lIeana Giselle c/ U.B.A. y otro s/ Daños y perjuicios", del 28/05/10, y Expte. N° 4.900/05 "Gimenez, Juan Cruz y otros c/ E.N. - MO Interior - G.N.A. s/ Personal Militar y Civil de las FF.AA. y de Seg.", del 29/6/10).
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-11


FALLO Nº: 10170464 Salta, 11 de mayo de 2.010.

Y VISTOS: Estos autos: "VALDEZ, Inés del Carmen vs. ALTO MOLINO S.R.L., GEREZ, Ernesto - Daños y Perjuicios por Accidente de Tránsito", Expte. Nº 31.745/01 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 5ª Nominación, Expte. CAM 293.182/09 de esta Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y, C O N S I D E R A N D O:Corresponde en este estado resolver el pedido de apertura a prueba pretendido por la apelante al expresar sus agravios a fs. 246/250, consistente en la confesional del Sr. Ernesto Raúl Gerez y las testimoniales de los Sres. Luis Gregorio Córdoba y Ricardo Ariel Galarza.

Corrido traslado a la contraria, ésta al contestar los agravios, pide el rechazo del pedido de apertura a prueba.

El inciso tercero del artículo 257 del CPCC sólo permite la apertura a prueba en segunda instancia, en los supuestos en que se alegare un hecho nuevo posterior a la oportunidad prevista por el art. 365 que contempla bajo sus tres incisos, los supuestos y requisitos exigidos para la apertura a prueba en la sede apelativa. El ofrecimiento de la apelante, no encuentra respuesta en ninguno de ellos ni cumple con los requisitos allí establecidos.

En efecto, la apelante no invoca ningún hecho nuevo ni realiza manifestación referida al motivo por el cual no ofreció las pruebas en la instancia anterior. Ello torna improcedente el pedido formulado y lo es en razón que "la apertura a prueba en la alzada es de carácter excepcional y solo se da en los supuestos previstos en el artículo 257 del C.P.C.C. y no procede si la prueba pudo ofrecerse y producirse en primera instancia (C. Apel. C. y C. Salta, Sala I, Fallos año 1983, pág. 288; año 1987, pág. 28; publicado en Cód. Comentado y Anotado por los Dres. Loutayf Ranea y Montalbetti de Marinaro, Tomo 4, pág. 253, n° 10).

Por ello:

LA SALA QUINTA DE LA CAMARA DE APELACIONES C. y C.

NO HACE LUGAR al pedido de apertura a prueba. Con costas.

REGISTRESE, Notifíquese y Estése a los autos llamados a fs. 255 vta.
Declaración de la víctima, corrupción de menores, fundamentación de sentencias, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: Ceron Ulises s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-28

Está debidamente fundada la condena si el tribunal para formar convicción tuvo en cuenta además del testimonio de la víctima y lo informado por los distintos peritos, las declaraciones de la madre y sus tías, aclarándose que lo referido por las últimas en el sentido que también habían padecido actos similares al denunciado, permitió dar crédito al relato de la víctima respecto de la ocurrencia del suceso imputado y de ninguna manera se puede sostener que el acusado fue juzgado por otros hechos. El dolo específico de la figura en trato es el de realizar actos libidinosos, se tenga o no en vista la corrupción misma, es decir, basta que el acto cumplido tenga la capacidad e idoneidad suficiente para torcer prematuramente el instinto sexual, por eso no se advierte la pertinencia de los cuestionamientos relativos a si la conducta sexual de la joven es consecuencia directa del accionar al que la sometió el imputado, y si bien se reconoció que la influencia de la problemática familiar evidenciada por el entorno de la víctima construyó un terreno fértil que facilitó la conducta corruptora ejercida sobre ella por el imputado, esa circunstancia no resta entidad al delito juzgado. Es violatoria de la defensa en juicio la condena en orden a una agravante -por haber mediado engaño en la conducta ejecutada- por la que el imputado no había sido intimado. La disidencia sostuvo que se debía hacer lugar parcialmente al recurso de la defensa toda vez que resultaba aplicable al caso el principio in dubio pro reo por no haberse alcanzado el estado de certeza que requiere una sentencia condenatoria. En tal sentido no pudo reconstruirse adecuadamente el hecho imputado por contarse solamente con el relato de la víctima cuya credibilidad se veía afectada por los rasgos propios de su personalidad que fueran informados por los peritos.
Derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, censura previa, derecho de réplica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Del derecho activo de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa poco le queda al hombre de nuestro tiempo; el público ha perdido la capacidad de responder o contribuir de una manera significativa en el debate de los distintos temas; el monopolio de los medios de comunicación permite poco o casi ningún análisis crítico; al común de los hombres sólo les queda la posibilidad de elegir el diario, la estación de radio, o el canal de televisión cuya palabras e imágenes habrán de incorporar a su mundo; el derecho pasivo a que le digan lo más verazmente posible lo que ocurre. Se manifiesta así un injusto reparto de los poderes sociales que exije ser corregido a través de mecanismos razonables y apropiados.

El único modo efectivo de asegurar justicia, certeza y de otorgar responsabilidad, es que el Gobierno intervenga positivamente, mediante la instrumentación del derecho de réplica, rectificación o respuesta.
Apreciación del juez, derechos de las partes, hechos controvertidos, prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL-CIVIL-COMERCIAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Femia, Andrea Alejandra c/  s/ Infracción al art. 113 inc. 3 de la ley 7819- hoy LP941-R- (Código de Faltas de la Provincia) González Martín Francisco c/ Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) s/ apelación de sentencia s/ INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACIÓN (acumulados 7204 y 7205)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-05-06|2021-12-21

Si para definir el derecho de las partes, el juez está sujeto a los hechos constitutivos de la litis, es evidente que no puede prescindir de la consideración y evaluación de la prueba a ellos referida, porque es a través de ésta como establecerá su verdad judicial, punto de partida de su razonamiento jurídico.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carrillo, María Elisa c/ Cobas, Carlos F. otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

Determinar la existencia de relación de causalidad entre el obrar y el daño -en el caso entre la mala praxis médica atribuida al profesional codemandado y el daño producido a la paciente consistente en su incontinencia urinaria- constituye una cuestión de hecho irrevisible en casación salvo absurdo.
Multa administrativa, monto de la pena
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Naldo Lombardi SA s/ apel. multa (ley  22.802: 18 y res. regl. 7/2002 SCD y DC: 4 y 8)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-11

El monto de la multa fijada por la publicación de un aviso publicitario en infracción a la Resolución N°. 7/02: 8 y 4 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, no resulta arbitrario ni confiscatorio, ni configura un ejercicio abusivo del poder sancionador de la administración, puesto que dicho monto se encuentra entre los parámetros -máximo y mínimo- fijados por la Ley 22.802 para la sanción de multa.
Presunción de inocencia, prisión preventiva, ley vigente, dictamen fiscal, arresto domiciliario, producción de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: RAGUZA, Marcelo Alejandro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-27

El voto concurrente agregó que de los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos se colige que en virtud del principio de inocencia, en el marco de un proceso penal, el imputado debe permanecer en libertad, como regla general. Dicho criterio se encuentra receptado en el artículo 280 del Código Procesal Penal que establece como regla general que la libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley (arts. 18, 14 y 75 inciso 22 de la CN, 7 y 8 CADH y 9 y 14 PIDCyP).La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido las razones legítimas que pudiesen justificar la prisión preventiva de una persona durante un plazo prolongado. En todos los casos debe tomarse en consideración los principios universales de presunción de inocencia y de respeto a la libertad individual. Del examen de la resolución puesta en crisis se advierte que el a quo no ha analizado los elementos de convicción mínimos necesarios para el adecuado tratamiento de la cuestión de conformidad con los lineamientos y pautas aludidas en el acápite precedente y la normativa de aplicación en la materia, como así tampoco ha efectuado el debido análisis de una eventual morigeración de la detención cautelar conforme lo dictaminado oportunamente por el Ministerio Público Fiscal. Ello por cuanto el tribunal de mérito no ha desplegado una ponderación integral y conglobada de las circunstancias del caso, sino que sólo ha hecho hincapié de manera aislada en la gravedad de la imputación dirigida al encausado y la pena en expectativa propia de la imputación seguida a su respecto, sin atender debidamente a los extremos señalados por la defensa en cuanto a sus condiciones personales y la ausencia de antecedentes, como así tampoco ha brindado un adecuado tratamientos de los puntos aludidos por el Ministerio Público Fiscal en lo referente a la posibilidad de obstaculización de las medidas de prueba pendientes de producción y la viabilidad del arresto domiciliario requerido en subsidio. Dres. Barroetaveña, Figueroa -voto concurrente- y Petrone.
Recurso de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, censura previa, leyes, interpretación de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L, H D s/ CALUMNIAS -  RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 685-94) L, H D s/ CALUMNIAS. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. RECURSO EXTRAORDINARIO   (CSJ EXPTE Nº 685-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-10-16|1997-04-23

La verdadera esencia del derecho a la libertad de imprenta radica en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por medio de la prensa sin censura previa, esto es, sin previo control de la autoridad sobre lo que se va a decir; pero no en la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos comunes previstos en el Código Penal. En el sub judice, quien invoca la violación de la garantía constitucional de la libertad de prensa -consagrada ennuestra Carta Magna en el artículo 11-, no persuade que la misma se haya visto gravemente restringida o desconocida y que exista "resolución contraria", toda vez que la inteligencia adoptada por los juzgadores es concordante con la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que resulta inadmisible el recurso de inconstitucionalidad intentado.
Condena condicional, comisión de nuevo delito, revocación de la condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: VALENZUELA ESCOBEDO s/ CONDENA CONDICIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-21

La disposición del art. 26, Cód. Penal si bien inspirada en principios humanitarios que impregnan todas nuestras leyes penales de fondo y de forma, y que hallan su fundamento en la C.N. fue elaborada para los llamados primarios y no para todos ellos, sino para los de buena prognosis. Tan es así que de su texto se desprende que no se agotan los requisitos para su concesión como beneficio, en aquel solo extremo, sino que además del quantum punitivo límite, se indica a los jueces que su facultativa concreción debe ser fundada "bajo pena de nulidad, en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo llevaron a delinquir, la naturaleza del hecho y demás circunstancias que demuestran la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de la libertad".

La circunstancia de que el autor vuelva a cometer hechos delictuosos hallándose gozando del beneficio excarcelatorio, determinan la necesidad de aplicar la regla, o sea el cumplimiento efectivo de la condena.
Leyes, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL
Carátula: Fiorese, Luis Eduardo c/ ANSeS s/ pensiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-03

La primera regla de interpretación consiste en dar pleno efecto a la intención del legislador y además de ello la exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no lleve a la pérdida de un derecho, o el apego a la letra no desnaturalice la finalidad que ha inspirado su sanción.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, Administración Pública
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Matach, Moises Alberto c/ Froilan Sequeira y/o Municipalidad de la Capital s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-05-21

La necesidad del reclamo administrativo antes de poder demandar al Estado provincial por daños y perjuicios resultantes de hechos ilícitos, implica una indebida preferencia en su favor, que por un lado está en pugna con la legislación de fondo dictada por el Congreso -art. 67 inc. 11 de la Constitución Nacional, e infringe el orden jerárquico y congruencia de las normas jurídicas -art. 31 de la misma Constitución- y además vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley del art. 16 de esa Magna Carta.
Libertad condicional, progresividad del régimen penitenciario, ley vigente
Materia: PENAL
Carátula: Polo, Leopoldo Federico Damián c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-09

Cabe destacar que las previsiones del art. 56 quater de la ley 24.660, según el texto de la ley 27.375, prevé un régimen preparatorio para la liberación anticipada para los supuestos de condenados por los delitos previstos en el artículo 56 bis de la ley 24.660 y 14 del código penal y que dicho régimen fue introducido específicamente por el legislador para garantizar la progresividad del régimen penitenciario art. 6 de la ley 24.660). Dres. Riggi, Catucci y Gemignani.
Asegurador, seguro de responsabilidad civil, liberación del asegurador, alcance de la cobertura, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPTE. Nro. 37964 FAVIER, DANIELA Y OTS. EN JUICIO Nro. 109.755 MAIRAN OMAR Y OTS. c/ MERCHET, DIEGO GERMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS P/MEDIDA PRECAUTORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-02-01

Según lo dispuesto por los arts. 109 y 110 de la ley 17.418, la garantía del asegurador, alcanza el pago de los gastos y costas judiciales y extrajudiciales para resistir la pretensión del tercero y el pago de las costas de la defensa en el proceso penal. Ahora cabe preguntarse si, cuando el asegurador asuma esa defensa, debe comprender los honorarios de profesionales del derecho a los que tuvo que recurrir el asegurado para defenderse en el proceso, en función de que la compañía de seguros rechazó la citación, planteo finalmente desestimado en la sentencia de fondo. De ser así, los profesionales que patrocinaron al asegurado no pueden peticionar un embargo preventivo en contra de la citada en garantía, invocando la solidaridad impuesta en la sentencia de condena, ya que la solidaridad, no está impuesta en beneficio de los abogados que patrocinaron al asegurado; todo lo contrario, la solidaridad activa dispuesta tiene en miras conferir una garantía de cobro a la víctima del evento dañoso, y no a los profesionales que patrocinaron a la parte demandada, quienes deberán ocurrir por la vía correspondiente para exigir el cobro de su crédito.
Sentencia, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: S.K.S. c/ FERROCARRILES ARG. s/ CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-04

La estabilidad de las decisiones jurisprudenciales en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica es exigencia de orden público, siendo el respeto por la cosa juzgada uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro sistema constitucional (C.S.J.N., V.40 XXII Villacampa ).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, sentencia suficientemente fundada, quiebra, aplicación de la ley, crédito laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Bocardo, Omar Daniel Santos c/ Empresa de Transporte Primero de Mayo S.R.L. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Quiebra.   Incidente de verificación tardía (Expte CSJ Nº 353-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-12

No ha efectuado una interpretación desnaturalizadora de la ley aplicable, ni adoptado una solución contraria a ésta o con ausencia de fundamentación suficiente, el tribunal de Alzada que entendió, en que la ley aplicable al incidente de verificación tardía era la 24522 por haberse presentado el proyecto de distribución final encontrándose ya ésta en vigencia, que si bien los impugnantes eran acreedores con privilegio especial laboral, en la especie existían dos acreedores del concurso con privilegio de mayor rango a tenor de lo dispuesto por el artículo 244 de la ley 24522, al encontrar su origen en la conservación y custodia de los bienes asiento del privilegio especial; que el orden de los privilegios que establece la ley de concursos era autosuficiente, por lo que desplazaba dentro del respectivo juicio universal al ordenamiento que establece la Ley de Contrato de Trabajo (artículos 268 a 274); y, finalmente, que el instituto del pronto pago no desplazaba a acreedores de rango privilegiado superior. Por ello las escasas alegaciones del impugnante resultan insuficientes para lograr la revisión de lo resuelto, desde que sólo reflejan su intento de imponer su propio criterio, distinto al del Tribunal a quo, mas sin demostrar que la respuesta dada por éste en el caso concreto, al margen de su grado de acierto o error, resulte lesiva del art. 95 de la Constitución provincial.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz, Alejandro Silvano y otro s/ Robo agravado por el uso de armas, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Según la doctrina más caracterizada, por arma ha de entenderse los instrumentos destinados a la agresión o defensa (armas propias), y aquéllos otros que, sin haber sido fabricados a ese fin, son aptos para él (armas impropias), al ser empleados como medio contundente;

ambas quedan comprendidas en la previsión legal del art. 166 inc. 2º del Código Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, abuelos, alimentos provisionales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M., M.P. en representación de sus hijos A. Y F. C. c/ L.L. C., G.C. y G.P.de C. s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-02-11

Las costas de ambos recursos deben ser soportadas por los abuelos paternos. En los juicios de alimentos las costas deben ser soportadas por el alimentante, para evitar que se afecte la incolumidad de la cuota o que aquellas pesen sobre el progenitor que detenta la tenencia de los hijos, agravando la situación de quien se presume que realiza cotidianamente gastos en beneficio del menor. En la apelación de los abuelos, a esta razón se suma la circunstancia de que los alimentantes resultaron vencidos. Y en la apelación de la actora, la cuestión litigiosa se tornó abstracta.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, gastos de reparación del automotor, legitimación activa, conductor no titular
Materia: CIVIL
Carátula: MOLINAS DE PORTA, Teresita c/ OLDANI, Horacio s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-09

El usuario está legitimado para reclamar indemnización por los daños sufridos por el rodado aunque no haya efectuado o pagado las reparaciones, y sin que ello obste que no se haya probado la calidad invocada en la demanda si se acredita otra que dé derecho al resarcimiento.
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, prisión domiciliaria, libertad de circulación, enfermo terminal
Materia: PROCESAL
Carátula: Pompas,  Jaime  y  otros s/ p.ss.aa. de defraudación calificada-causa nº 27/00-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

Carece de fundamentación el recurso extraordinario si los argumentos expuestos no alcanzan a demostrar que el criterio de los jueces acerca del grado de restricción de la libertad ambulatoria que debe asegurarse en la prisión domiciliaria y las posibilidades de control que condicionan su otorgamiento, resulte manifiestamente irrazonable.
Tentativa de homicidio, delitos, homicidio atenuado, competencia criminal y correccional, competencia penal, abuso de armas, lesiones leves
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Afeltra, Lucas Ezequiel c/  s/ abuso de armas agravado o atenuado y lesiones leves (art.89) s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-13

Si de las conductas descriptas por los magistrados, aunadas a las declaraciones testimoniales obrantes surge que los hechos materia de la causa serían encuadrables, prima facie, en los tipos de portación ilegítima de arma de uso civil y abuso de armas corresponde radicar la presente en el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas, que tendrá competencia aún si la investigación derivase hacia figuras pendientes de transferencia (cf. mi voto in re Incidente de competencia en autos Giordano, Hugo Orlando y otros s/ infr. art. 89, CP, lesiones leves s/ conflicto de competencia I", expediente n° 16368, resolución del 25 de octubre de 2019). (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Prescripción, responsabilidad extracontractual, atentado terrorista, Embajada de Israel, aplicación de la ley, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: "EMEBE  S.A.F.A.I. y  M c/ M° del Interior -Estado Nacional- s/ Proceso de Conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-21

Corresponde confirmar el decisorio de primera instancia que consideró prescripta la acción de responsabilidad contra el Estado Nacional, toda vez que cuando no existe contrato que vincule al órgano estatal, la prescripción de la acción del particular para demandarlo por los daños causados por hechos o actos administrativos es de dos años (art. 4037 C.C.), sin que quepa distinguir a tal fin sobre el carácter legítimo o ilegítimo de la actividad estatal generadora del perjuicio (esta Sala "Merino, José y otro c/ B.C.R.A. s/ juicio de conocimiento, 15/03/94). Dicho plazo corre desde que el evento causante del daño se produce (esta Sala "Sein, Horacio E. c/ E.N. s/ juicio de conocimiento", 18/11/93) (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, cons. IX).