Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-30


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 56 días del mes de septiembre de dos mil once, se reunieron en Acuerdo los miembros de la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y Daniel Alejandro Rebagliati Russell, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "I., H. y Otros s/ pta. Defraudación documental y Fraude al comercio s/ Impugnación" (Expte. Nº 21789 - Tº II - Fº 154 - Letra "I" - Año 2009).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 736: Panizzi, Rebagliati Russell y Pfleger.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. El doctor G. C. L., pretenso querellante, dedujo impugnación extraordinaria (folios 682/701 y vuelta) contra la sentencia emitida el día 25 de marzo de 2010 por los Jueces Penales, doctores Hugo Juárez y Mariel Suárez, de Comodoro Rivadavia.

Asimismo, atacó la resolución protocolizada bajo el número 781/2009, adoptada durante la audiencia celebrada el día 26 de junio de 2009 -obrante a fojas 60-, por la que se declaró clausurada la etapa preparatoria por vencimiento del término, negándosele el rol de querellante y sobreseyendo a los imputados.

II. En su presentación, el impugnante argumentó a favor de su legitimación. Realizó un repaso de los hechos atribuidos y un resumen de la causa.

A renglón seguido, formuló la crítica a los fallos dictados.

III. Comenzó con la decisión adoptada por la Jueza Penal, doctora Julia Josefa Lazcano, en la audiencia celebrada el día 26 de junio de 2009. Indicó que ésta se había fijado para atender su reclamo de ser tenido como parte querellante, a tenor del artículo 277 del Código Procesal Penal y, a fin de discutir el sobreseimiento de los encartados, impulsado por la Fiscalía.

Aseguró que la constitución como parte querellante se había peticionado en la etapa preparatoria, toda vez que no había una resolución judicial que declarara clausurado ese lapso, ni aquélla podía considerarse acabada antes del vencimiento del término de ampliación, que operaba el 4 de julio de 2009.

Criticó que la magistrada Lazcano entendiera que se había agotado el plazo para llevar adelante la investigación preparatoria y que, por ello, debía sobreseer a los imputados.

Apuntó que la ampliación de cuatro meses en el plazo de la investigación preparatoria, otorgado el 8 de marzo de 2009, dejaba sin fundamento los sobreseimientos dictados y, a la vez, tenía como oportuna su solicitud de constituirse como parte querellante (fs. 44/52).

Insistió en que a la fecha de la audiencia del 26 de junio de 2009, el plazo de la pesquisa preparatoria no estaba cumplido. Para dar fundamento a su afirmación, se remontó a la fecha de formalización de la investigación -30/05/2008-, a la ampliación por cuatro meses otorgada -04/03/2009- y, por último, al día en que presentó su escrito constituyéndose como parte querellante -08/06/2009.

IV. En otro orden, atacó la decisión adoptada por los Jueces Penales el día 25 de marzo de 2010.

Manifestó que la resolución atacada no cumplía de modo adecuado el deber de motivación exigido por el artículo 25 del digesto procesal local.

Apuntó que el sobreseimiento era una decisión definitiva, que cerraba toda discusión y, que por lo tanto, exigía una adecuada motivación. Atacó tal resolutorio por no incluir ninguna referencia a la prueba aportada ni a los hechos objeto de investigación.

Expuso que el pronunciamiento hacía un cálculo sencillo del período en que la víctima tenía la posibilidad de pedir su constitución en parte querellante. Pero, agregó, omitía considerar que el Juez Penal Navarro había autorizado la investigación como causa compleja y la prórroga decretada.

Alertó que el fundamento del sobreseimiento esgrimido por el fiscal no había sido el vencimiento del plazo de la instrucción preparatoria, sino la inexistencia del delito. No obstante ello, indicó que la Jueza Penal Lazcano se había basado exclusivamente en la expiración del término para concluir en los sobreseimientos.

V. Por último, atacó la decisión adoptada el 15 de abril de 2010 (hoja 675).

Puso de relieve que el fallo contenía sólo afirmaciones dogmáticas, huérfanas de toda referencia concreta y efectiva a alguna medida probatoria.

Resaltó que el pronunciamiento contenía una referencia breve al plazo, al puntualizar que el de la instrucción preparatoria estaba vencido al tiempo de la presentación, por lo que, quedaba fuera de consideración lo relativo a los hechos cometidos.

Advirtió que el decisorio no explicitaba la razón por la que no correspondía la aplicación del artículo 260 del Código Procesal Penal.

En resumen, sostuvo que los decisorios atacados carecían de fundamentos y motivación, resultaban arbitrarios y violatorios de las reglas procesales consagradas en resguardo del debido proceso legal.

Sobre el final, ofreció prueba y efectuó petitorio de estilo.

VI. En líneas generales, puede decirse que el presentante desdeñó de las decisiones judiciales que no hicieron lugar a su petición de constituirse como parte querellante al considerar su pretensión extemporánea.

La cuestión, entonces, radica en determinar cuál es la oportunidad que establece nuestro código ritual para formular acusación privada.

En este sentido, el artículo 110 del digesto procesal local, en su parte pertinente, determina que la querella deberá formularse en la etapa preparatoria.

A su turno, su par, el 282, expresa que la etapa preparatoria tendrá una duración máxima de seis (6) meses desde la apertura de la investigación, salvo, que el fiscal o el querellante hubieren solicitado una prórroga (ibídem, artículo 283).

De las constancias obrantes en el legajo surge que el decreto de apertura de la investigación preparatoria se presentó el día 06 de mayo de 2008 (hojas 03/04); que la audiencia dispuesta por el artículo 274 del Código Procesal Penal se llevó a cabo el 30 de mayo de 2008 (folios 21/22 y vuelta) y, que allí, la Jueza Penal Pfister otorgó un plazo de ocho meses a partir del día de la fecha para la culminación de la investigación. Más adelante, concretamente el 4 de marzo de 2009, ante la solicitud de prolongación formulada por el Fiscal General y el doctor H., Defensor de dos de los imputados, la misma magistrada dispuso una prórroga por cuatro meses de la investigación penal preparatoria (Art. 283 del CPPCH). Que luego, mediante sendas presentaciones, el doctor H. y la Fiscalía instaron el sobreseimiento de los cuatro atribuidos. Por último, que en fecha 8 de junio de 2009, el doctor C. L. requirió la constitución en parte querellante y objetó los sobreseimientos impulsados (fojas 44/52).

A la luz de este breve repaso por la cronología de la causa, se observa que la introducción articulada por el pretenso querellante fue intempestiva.

Es que, si en la audiencia celebrada el 30/05/2008 se concedieron ochos meses para la etapa preparatoria y luego, con la prórroga otorgada, ese término se extendió cuatro meses, a la fecha de presentación del querellante -esto es, el 08/06/2009-, la fase preparatoria se encontraba concluida.

Ello, por cuanto el término de ampliación no se computaba desde la fecha de la resolución que la concedió (04/03/2009), sino desde el momento que venció el período de ocho meses fijado originariamente en la audiencia de apertura de la investigación.

VII. En otro orden, discrepo del planteo del impugnante en punto a que una resolución judicial debe declarar clausurada la etapa preparatoria.

El vencimiento de los plazos de la mentada fase no requiere un pronunciamiento de la magistratura que así lo declare, sino que opera por el mero transcurso del tiempo.

De acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 148, 282 y 283 del ordenamiento procesal provincial, vencido ese lapso, el juez deberá dictar el sobreseimiento del imputado.

VIII. Al rechazar la legitimación procesal del impugnante, no corresponde abordar los motivos de agravio.

IX. Por estas consideraciones, toda vez que la primera presentación articulada por el pretenso querellante fue introducida extemporáneamente, finalizada la etapa preparatoria, la impugnación deducida es improcedente y el sobreseimiento de M. D. I., H. M. I., P. A. O. y P. R. M. C., deberá confirmarse.

Así voto.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

I. La reseña del caso que ha formulado mi colega de Sala me libera de reproducir el motivo de la intervención del Tribunal y el contenido de la resolución bajo examen.

Por ello ingresaré directamente al análisis de la cuestión planteada, adelantando que comparto la solución propiciada.

II. Efectivamente la petición del doctor C. L. ha sido formulada fuera de la etapa que indica el ordenamiento adjetivo.

Así, y siguiendo el cómputo procesal reseñado en el voto que precede, se advierte que la presentación en cuestión se efectuó una vez vencida la prórroga otorgada por el tribunal y cuando las partes habían instado los sobreseimientos de los imputados. Por otro lado, y más allá de la extemporaneidad de la presentación, lo cierto es que el Fiscal insta el sobreseimiento por no haberse acreditado la existencia del hecho denunciado -v.fs.36/40- Cabe destacar que la investigación se desplegó por casi dos años, y la víctima, representada por el letrado recurrente, se presenta a instar la acción y solicitar que se continúe con la investigación, cuando la etapa preparatoria ya había concluido.

Por lo expuesto entiendo que el doctor G. C. L. no se encontraba legitimado para impugnar el sobreseimiento, correspondiendo rechazar el recurso extraordinario interpuesto.

III. A raíz de lo dispuesto precedentemente, carece de sustento el agravio mencionado en la impugnación.

IV. Siendo ello así, corresponde declarar improcedente el recurso incoado, y confirmar los sobreseimientos dictados en la presente.

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I.- Prólogo Los señores Ministros que han procedido a emitir su opinión me liberan del deber de repetir las causas por las que este legajo se halla a estudio, de suerte que, sin más, emitiré mi voto.

II.- Solución del asunto.

No emplearé un sofisticado sistema metódico para analizar este asunto.

Sólo habré de limitarme a repasar algunos hitos del proceso, verificar su naturaleza y legalidad en confronte con las normas procesales y contrastarlos- finalmente- con los mismos preceptos en lo que a los plazos atañe.

De esa manera se tiene que:

a. El Ministerio Fiscal emitió un pedido de aplicación de normas especiales para investigar un caso, que describió, el día 13 de Noviembre de 2007, siendo éste, y no otro, el día a partir del cual se computa el plazo de la etapa preparatoria (art. 274 del C.P.PCh.)- ver la hoja 1 del legajo-.

b.- El Juez Penal declaró al objeto procesal "asunto complejo" en los términos del art. 357 del adjetivo.

El Magistrado fundó esa decisión (art. 357 del C.P.P.), cuyo efecto, en lo inmediato, causó la elongación del tiempo de investigación preparatoria en un año (art. 358 de la norma citada).

Así, la caducidad de la etapa preparatoria se auguró para el 13 de Noviembre de 2008.

Señalé en el punto a. que ese pedimento debía ser considerado día "a quo" pues no puede haber prolongación de plazos si no hay, técnicamente, investigación preparatoria prologada por un auto de apertura de la investigación.

Si como consideramos, la investigación preliminar contiene tiempos procesales meramente ordenatorios, y se realiza un análisis sistemático de los arts. 268, 269, 274, 282, 285 ap. 7) y 357 y ss. del C.P.P.Ch., no puede sino concluirse en que la naturaleza del libelo de la hoja 1 posee el carácter que se le asigna.

Es por ello que resulta inocuo a los fines del conteo el escrito de la hoja 3/ 4, una tautología que adquiere un mero valor informativo.

d. Realizada la audiencia del art. 274 (ver la hoja 22) el Ministerio Fiscal presentó una solicitud del plazo de investigación el 17 de Diciembre de 2008, cuando, a mi parecer, se hallaba vencido el momento para hacerlo.

De suerte que, todos los avatares ulteriores carecieron de relevancia imponiéndose, por consecuencia, el sobreseimiento de los imputados por aplicación del art. 285 inc. 7° del C.P.PCh.

III.- Breves reflexiones Los actores del nuevo proceso penal, en particular aquellos que conducen la investigación, han de actuar con precaución.

Conocer la naturaleza y esencia de los institutos resulta fundamental, pues el orden político que alimenta a la técnica (y utilizo las palabras en el sentido que le brinda Kart Lowenstein en su "Teoría de la Constitución") tiene un sentido preciso: dotar a las partes de potestades y deberes en un marco de igualdad para que desplieguen sus potencias frente al Juez que se convertirá en arbitro de los comportamientos y decidor del valor de las hipótesis que se planteen.

El Estado, en particular, desarrolla su capacidad de investigación basado en la Ley sustantiva y adjetiva, y esa tarea debe realizarla correctamente.

Cuando emitió la proposición de la hoja 1, el titular de la acción pública debió administrar con corrección sus consecuencias, pues bien que implicaba el contenido dado en la medida en que escapaba de las opciones del art. 269 del rito.

Al momento de develar las actuaciones (criterio que motivó al Juez a declarar el asunto complejo) ya quedó embretado en la etapa preparatoria y a sus consecuencias.

El querellante ha luchado denodadamente por su caso, ello es plausible, pero la razón de la caducidad de la actividad pesquisante es ajena a la judicatura y sólo atribuible a la mala técnica de los promotores, resultando extemporánea su pretensión de ser querellante.

Así me expido y voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

- S E N T E N C I A -- 1º) Declarar improcedente la impugnación extraordinaria deducida en los folios 682/701 y vuelta.

2º) Confirmar el sobreseimiento dictado a favor de M. D. I., H. M. I., P. A. O. y P. R. M. C..

3º) La presente Resolución es firmada por dos miembros por encontrarse ausente, en comisión de servicios, el Ministro Alejandro Javier Panizzi.

4°) Protocolícese y notifíquese.