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Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, antecedentes de dominio, contrato de garantía recíproca, cheque, resoluciones judiciales, exhibición de comprobantes
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Garantizar SGR c/ De Sanctis, Elena Raquel s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-07

Procede confirmar el decisorio mediante el cual, pese a que la demandada se domicilia en otra jurisdicción, donde se habría suscripto los contratos base del reclamo, el magistrado de primera instancia admitió su competencia en razón de que las partes habían pactado prorrogar la jurisdicción a favor de los Tribunales Nacional ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Ello por cuanto, en el caso, la demandada se constituyó como fiadora de las obligaciones asumidas por dos sociedades que se vincularon a través de un contrato de garantía recíproca. Y tal como puntualizó el juez a-quo, en el contrato de fianza las partes han acordado prorrogar la jurisdicción judicial. Y si bien el certificado de garantía base de la ejecución no es un contrato sino un documento emitido unilateralmente por la sociedad actora; razón por la cual lógicamente carece de alguna referencia sobre la cláusula de jurisdicción; para instar la ejecución, la demandante integró ese documento con os contratos reconocidos por la recurrente en los que se pactó la mencionada prórroga jurisdiccional. En ese marco, procede rechazar la excepción de incompetencia opuesta por el accionado.
Adopción, guarda del menor
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Sol Victoria s/ Guarda
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-11-12

En el tema que nos convoca, sólo los guardadores que hayan cumplimentado con la guarda preadoptiva adquieren ciertos derechos; en el caso los recurrentes tienen una simple expectativa, o un derecho imperfecto o condicionado, no sólo al cumplimiento del plazo que indica la ley, pues éste es un requisito, más no el único. La legitimación activa se reconoce a los pretensos adoptantes en la etapa del juicio de adopción (art. 9 inc. b), ley 13.252; art. 10, inc. b), ley 19.134; art. 321, inc. b del Código Civil, según ley 24.779).

En conclusión, los guardadores a quienes se haya dado la guarda de un menor con miras a la adopción, carecen de legitimación plena o amplia para oponerse al requerimiento de restitución del hijo que formulan los padres biológicos. (del voto del Dr.Hutchinson)
Competencia de instrucción, juez de instrucción, tribunal oral, juicio oral, instancia única
Materia: PROCESAL
Carátula: Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n. 32 s/ planteo art. 24, inc. 7, del decreto - ley 1285/58.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

No existe disposición legal alguna que faculte al juez de instrucción a reexaminar el mérito de nulidades declaradas con autoridad de cosa juzgada por los tribunales orales ya que éstos, dentro del sistema establecido por el nuevo ordenamiento que prevé el juicio oral y del consiguiente marco de progresividad procesal, son quienes resuelven en definitiva en los procesos de instancia única, luego de cumplida la fase preparatoria por el juez de instrucción.
Acción contencioso administrativa, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Siarrusta, María Cecilia  c/ Municipalidad de Luján s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-04

Las autoridades comunales tienen legalmente asignadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades la potestad de reglamentar la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales y su zonificación (arts. 27 inc. 1 y 28 inc. 7); lo que conlleva reconocer que las comunas cuentan con la potestad jurídica de limitar el ejercicio de determinados derechos individuales con el fin de asegurar el bienestar general.
Honorarios del mediador, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Reynoso, María Fernanda c/ Cosso Miguel, Amadeo y otro s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-09-26

El 730 CCyC al estar referido a los honorarios regulados por la primera instancia y que comprenden a los estipendios "de todo tipo", claramente incluye los regulados al mediador. Ello además se desprende de lo dispuesto por el art. 74 primer párr. del CPCC y del art. 22 del Reglamento de Mediación.
Embargo, subasta, bienes inmuebles, hipoteca, BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Materia: CIVIL
Carátula: LEDESMA CARLOS c/ JOSE ESTEBAN ALMIRON FOUTEL s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-11-26

El interés jurídico que protege el art. 35 de la ley 22.232 que es el de asegurar la vivienda propia al prestatario del Banco hipotecario nacional, ha quedado desvirtuado con el acta labrada por el oficial de justicia de la que surge que el inmueble a ejecutar, no se encuentra ocupado por su dueño si no por un tercero en carácter de locatario. Pero será necesario a los fines de la subasta, notificar al banco hipotecario nacional para que además de expresar el derecho de preferencia a relatar, hacerle conocer que el inmueble no guardo el destino de vivienda del prestatario con lo cual quedó sin sustento el sentido social destinado a salvaguardar el hogar del beneficiario del crédito y su familia.
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres, intimación de pago, fiador, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: GIACOBINO, Concepción Zulema c/ GINARD, María de la Cruz s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-14

Preparada la vía ejecutiva contra inquilina y fiadora, si luego se intima de pago solamente a la segunda, siendo indivisible la instancia y no habiéndose desistido de la no intimada, no puede válidamente dictarse la sentencia contra las dos, debiendo declararse la nulidad de la misma por resultar el caso contemplado en las previsiones del art. 545 inc. 1° del Cód.Procesal.
Honorarios, regulación de honorarios, aplicación de la ley, irretroactividad de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Soria, José Horacio s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-06-30

Si los honorarios del abogado se devengaron antes de regir la ley 5.827, ésta es absolutamente inaplicable: Esta ley no existe sino para trabajos profesionales posteriores a su vigencia.

Resulta indisimulable la infracción en que incurrió el Tribunal de Mérito, al aplicar erróneamente la ley 5.827, cuando debió hacerlo con la vigente a la fecha de efectiva prestación de los servicios profesionales por parte del letrado, esto es la ley 4.170 con la modificación de la ley 4.674.
Juicio de desalojo, intimación previa
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: 1) CATALANO, NICOLO  2) LEGUIZAMON, LUIS A c/ 1) LEGUIZAMON, LUIS A Y-O SUBINQ Y-O TERCEROS OCUP  2) CATALANO, NICOLO s/ 1) DESALOJO POR FALTA DE PAGO     2) CONSIGNACION     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 192-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-02

La exigencia normativa de que el locador efectúe la intimación previa establecida por el artículo 5 de la ley de locaciones urbanas nº 23091 -cuyo antecedente más cercano se encuentra en el artículo 17 de la ley 20625- constituye un recaudo formal previo a la presentación de la demanda de desalojo por falta de pago.
Transporte aéreo, transporte de pasajeros, pasajero damnificado, indemnización, daño moral, pérdida de tiempo
Materia: CIVIL
Carátula: BLANCO MARGARITA SUSANA c/ VIASA VENEZUELAN INTERNATIONAL AIRWAYS Y OTRO s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

Las postergaciones experimentadas en dos ocasiones tuvieron, de por si, aptitud para provocar en los pasajeros una situación de desasosiego, fruto en ese entonces de la incertidumbre sobre la realización del viaje. Esta pérdida de la tranquilidad espiritual, reemplazada en cierto sentido por un estado de ansiedad, comporta un daño moral resarcible (art. 522 del código civil). Pero en esa misma esfera, mayor entidad alcanza el hecho de que la demandante debió perder dos días de su libertad, de su tiempo -que es vida y vida irrepetible-, aguardando la fecha en que se efectuaría el vuelo. Esa perdida de libertad y de tiempo, motivada por la imprevisión del transportista, ocasiona un daño moral digno de reparación, que no requiere prueba especifica de su realidad porque perdidas de esa especie -que son frustración de vida, de disponer de ella en la forma que al interesado le plazca- configuran, de suyo, un obligado sometimiento al poder decisorio del incumplidor o, lo que es lo mismo, un recorte impuesto a la libertad personal. Sobre su categoría de daño moral indemnizable me he expedido, en una situación análoga, en la causa 8460/95 "Gaudencio Beatriz Susana c/Lan Chile", del 12.9.96. las situaciones dañosas puntualizadas -desasosiego y ansiedad en vez de tranquilidad espiritual y perdida de libertad y de tiempo- configuran una consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento contractual culposo (demora) y deben, en consecuencia, ser indemnizadas (art. 522 Cit.).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, impuestos, excepciones procesales, inhabilidad de título, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Fisco Nacional c/ Pemihual S.R.L. s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

Corresponde dejar sin efecto la decisión que hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechazó la ejecución fiscal si el régimen procesal establecido en la ley 11.683 respecto de los impuestos nacionales, la Administración Federal de Ingresos Públicos se encuentra autorizada a librar boleta de deuda, fundada en los actos administrativos determinativos de la obligación tributaria, una vez agotada respecto de ellos la instancia administrativa, incluyendo, en su caso, la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación, tal como resulta de lo dispuesto por sus arts. 76, 81, 92, 167, 194 y concs.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, concurso preventivo, crédito verificado, intereses, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS c/ MANTARAS DE RODRIGUEZ, MARIA ANGELICA -CONCURSO PREVENTIVO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- INCIDENTE  DE REVISION PROMOVIDO POR A.F.I.P.-D.G.I. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 93  AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-16

No ha de prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos -D.G.I.- toda vez que si bien articula en abstracto, conforme a su propio planteo, varias hipótesis que pueden encasillarse como tipos doctrinarios y jurisprudenciales de arbitrariedad, no consigue demostrar que tales hipótesis guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso, no configurándose el alegado desconocimiento o apartamiento de la normativa aplicable. Es que, frente a la opinión del Tribunal, fundada en la ley sustantiva y en los principios concursales, favorable al reconocimiento de la procedencia de la morigeración de intereses -no solamente para los convenidos sino incluso para los nacidos por determinación de una dependencia administrativa facultada por la ley para ello- para no vulnerar el principio concursal de la "pars conditio creditorum" y ante la necesidad y justicia de equiparar el derecho de los acreedores en el proceso universal, la quejosa intenta hacer prevalecer su postura consistente en la aplicabilidad excluyente de la ley 11683 y su normativa integradora, más sin alcanzar a acreditar la arbitrariedad endilgada. Ello, por cuanto el Juzgador adoptó una solución posible, apoyándose en razones suficientes. En dicho aspecto ha de notarse que la jurisprudencia no es pacífica en el tratamiento del tema bajo examen, y aunque existen opiniones que abonan la postulación de la perdidosa, otras voces se han expresado de manera coincidente con el A quo. Siendo así, la tesis seguida por la Alzada no implica que ésta haya soslayado la normativa aplicable en la especie, sino que simplemente se inscribió en una de las posibles interpretaciones que, no obstante no satisfacer a la impugnante, no aparece como grosera, absurda o irracional.
Materia: CIVIL
Carátula: VITTAR, JULIO c/ CHAMORRO, AMADO TOMAS s/ COBRO DE PESOS-QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-07-02

La solicitud de litigar sin gastos al solo efecto de eludir el depósito previsto por el artículo 279 y/o 289 del C.P.C.C., deviene manifiestamente improcedente, por ser este pedido ajeno al ámbito del Tribunal de Alzada.-
Competencia laboral, multa laboral, procedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández Luis Marcelo c/ La Segunda ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-07

Si bien es cierto que la morigeración o eximición es la excepción a la regla conforme el último párrafo del art. 2º de la ley 25323, sostenerse que al ser injustificado el despido, sumado a la intimación indicada, son motivos sin más para aplicar tal indemnización, es contradecir o pulverizar directamente, la facultad otorgada a las jueces por la propia norma (Voto Romero, en disidencia)
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, presunción de inocencia, sentencia, carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Morales Solá, Joaquín Miguel s/ injurias - causa n° 9648 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Viola la defensa en juicio la sentencia que, afectando el principio de inocencia, invierte la carga de la prueba.
Sucesiones, competencia, acumulación de acciones
Materia: CIVIL
Carátula: ROMERO, Juan Alejandrino s/ SUCESIÓN AB-INTESTATO s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-09

1- La acumulación de las denominadas sucesiones vinculadas, -al margen de lo dispuesto por el art. 696 del Código Procesal- sólo es procedente cuando existe identidad de herederos y de masa hereditaria o cuando medien poderosas razones de economía procesal que así lo aconsejen, cuando existen diligencias pendientes en ambas sucesiones que, dados los extremos citados resulte conveniente realizarlas en conjunto, para evitar el dispendio de actividad jurisdiccional. 2- Existen motivos de economía procesal para disponer que las sucesiones de los cónyuges tramiten ante el mismo tribunal si la causante de una de las sucesiones ha sido declarada heredera del de cujus en la otra y en ambos juicios se ha peticionado la inscripción de la declaratoria de herederos respecto del inmueble que se transmite. La radicación conjunta recaerá en el juzgado donde tramita el último de los procesos iniciados en tanto el anterior procede de un juzgado que actualmente es competente en cuestiones de familia. (Sumario N°20349 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Principio de congruencia, traba de la litis, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: D., E. E. y otro c/ CONSORCIO DE PROP. EDIF. "L. T." s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-02

El principio procesal de congruencia, consagrado por el artículo 163, inciso 6 CPCC de la Nación, pone límite a las facultades jurisdiccionales de los magistrados, límite fijado por las pretensiones de las partes plasmadas en sus escritos de introducción, ampliación y contestación de demanda, debiendo la sentencia ceñirse a las alegaciones interpuestas en las demandas.
Derecho tributario, Impuesto sobre los ingresos brutos, sociedades comerciales, obligación tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Centro Médico Santa Isabel SA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Centro Médico Santa Isabel SA s/ ejec. fisc. - ing. brutos convenio multilateral, expte. nº 14251/17
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-08

Conforme lo establecido en los artículos 82 a 84 y 94, inciso 7 de la ley nº 19.550 -Ley de Sociedades Comerciales-, resulta imposible jurídicamente que una sociedad anónima hubiera podido realizar el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos y, correlativamente, resultar responsable de obligaciones tributarias nacidas entre 8 y 9 años después de la finalización de su existencia como persona jurídica. (Del voto en disidencia del juez José Osvaldo Casás).
Sucesiones, representación procesal, designación de curador
Materia: PROCESAL
Carátula: TORRES DE LOPEZ, MANUELA c/ SUC. DE ROBERTO MARTINOLLI s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-08-31

Para promover juicios contra una sucesión en la que no existe posesión de herencia, el acreedor debe peticionar la designación de un curador, con quien se entenderán las actuaciones, siendo improcedente que aquélla sea representada por una persona que invoca el carácter de pariente (prima hermana) del causante.
Recurso de queja (procesal), interposición del recurso, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Coop. Eléctrica Agroindustrial y de serv. Caucete LTDA. c/ Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA) s/ Cobro de Pesos - Ordinario - Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-04-17

El recurso de queja debe interponerse dentro de los cinco días posteriores a la notificación ministerio legis del proveído denegatorio de la apelación, siendo un término perentorio que no admite prórroga alguna y debiendo acreditarse que se ha deducido en término al momento de su presentación en la Alzada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, prueba, proceso penal, imputado, víctima menor de edad, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., J. c/  s/ 1) ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO Y ABUSO SEXUAL SIMPLE, EN CONCURSO REAL; 2) CORRUPCION DE MENORES AGRAVADA (POR EL VINCULO) Y ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

A la par del derecho de contraexaminar que acertadamente destaca la defensa, se encuentra también el amparo que en nuestra legislación tienen los menores de edad, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño -con jerarquía constitucional-; y las leyes nacional 26061 y provincial 12967, entre otros dispositivos normativos. Y en este delicado equilibrio, los recurrentes no logran demostrar que, en el caso, corresponda hacer prevalecer el derecho que invoca por encima de la protección contra la revictimización del niño; omitiendo -con sus genéricas alegaciones al respecto- el análisis de la situación o no de vulnerabilidad y de otros aspectos relacionados con la revictimización de los menores. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 262, p 129. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley nacional 26061 y ley provincial 12967
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, recusación y excusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Flores, Virginia c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Flores, Virginia y otros c/ GCBA s/ incidente de recusación - amparo - ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-05

Corresponde rechazar la queja si la recurrente omite acreditar la existencia de un agravio de insuficiente o imposible reparación ulterior que equipare la resolución de la Alzada -aquella mediante la cual se rechaza la recusación articulada contra el juez de la causa- a una sentencia definitiva, toda vez que la decisión en crisis no logra poner fin al pleito ni tampoco frustra su continuación. En su lugar, se limita a cuestionar la forma en que el juez dirigió el trámite del proceso, pero no logra sustentar agravios concretos que demuestren una ausencia de parcialidad, prejuzgamiento y/o afectación de su derecho de defensa o la garantía del debido proceso. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Ley de empleo, indemnización por despido, tope indemnizatorio, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: CUEVAS, GUILLERMO c/ TRES CRUCES SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-31

El nuevo régimen normativo (ley 24013 modificatoria del art. 245 LCT), no ha puesto en cabeza de los actores colectivos, en forma concreta, la fijación del nivel resarcitorio; es el legislador quien estableció como tope un valor promedio de las remuneraciones concerta- das. Lo que interesa en cada caso es determinar si la reparación que resulta de la aplicación de dicho dispositivo legal, constituye o no una adecuada protección ante el despido arbitrario, de modo que la garantía constitucional no se torne inoperante.
Materia: PENAL
Carátula: GARNICA EVARISTO S.D. DOBLE HOMICIDIO CALIFICADO POR ALEVOSIA E.P. DE ENRIQUE SANCHEZ, GUILLERMO JESUS SANCHEZ s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-05

La figura agravada no solo requiere que el modo alevoso de matar integre el dolo del autor, sino que es menester además que la indefensión y la falta de riesgo o de peligro actúen efectivamente como motivo determinante de la conducta del agresor. O sea que el agente tenga en cuenta esas circunstancias y ello resulte decisivo para su accionar y, por lo tanto no hubiere matado de no haber sido alevosamente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa mercantil, pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Duckart, Luis María c/ Club Social y Deportivo Tres Llantas s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-01

Si en una factura no se ha aclarado el plan de pago, cuadra presumir que la venta -de haber existido- fue al contado (doctr.art. 474 del Código de Comercio). En tal supuesto, el vendedor puede exigir que el adquirente pague el precio estipulado aunque sea sólo un instante antes de que éste le entregue la cosa comprada, y mientras ello no ocurra, ni el vendedor está obligado a entregar la cosa ni el comprador tiene derecho a exigirla (salvo convención en contrario o que se haya concedido plazo o crédito; arts. 464 párr.2do., 465 y conc. del Código de Comercio; arts. 1409, 1418, 1424, 1428 y conc.

del Código Civil).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Promoción de la corrupción, guardador, facilitación de la corrupción
Materia: PENAL
Carátula: SALAZAR, Blas s/ Corrupción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-12

Reviste calidad de guardador a los fines de aplicar la figura calificada de corrupción, el imputado que convive en el mismo domicilio como concubino de la madre de la víctima, junto con otros hijos nacidos de esa unión.-