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Cuestiones de competencia, competencia civil, Tribunal de Menores, cuidado personal compartido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JAUREGUIBERRY RODOLFO ELIAS c/ FINK MONICA M. s/ TENENCIA DE HIJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-20

Siguiendo el criterio amplio de esta Sala con el que deben interpretarse las cuestiones de competencia, en favor de la especialidad del fuero de menores, el presente caso no escapa a esa norma general interpretativa que recordara el Señor Fiscal General del cuerpo. En efecto la litis se trabará en torno a determinar cual de los padres está más capacitado o en condiciones para detentar la tenencia del menor y si bien es cierto que ese será el objeto litigioso, tal como ha sido propuesto en la demanda, no es menos cierto que la razón de ser o el objeto final de la cuestión, es el beneficio del menor, puesto que la cuestión no queda acotada en determinar quien de los progenitores es el más idóneo, sino que luego de ese primer aspecto, habrá que determinar en definitiva quien ejercerá la tenencia siempre en beneficio del menor. Siendo así, el caso encuadra perfectamente en la normativa de la ley específica nº 8490 puesto que la cuestión sin lugar a dudas afecta al menor quien en relación a la tenencia, se encontrará en situación de conflicto en los términos del artículo 2 de la ley 8490. Por ello se declara la competencia del juzgado de menores.
Responsabilidad penal, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Godoy, Jorge Omar, reg. 240/17 c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-16

La disidencia parcial sostuvo que la situación de los imputados no resulta parificable, ya tienen distintas competencias, toda vez que la Dirección de Inteligencia Naval depende orgánicamente en forma directa e inmediata del Subjefe del Estado Mayor General de la Armada, cabe ponderar que junto con la formación específica y orgánica de éste en cuanto a su responsabilidad directa e inmediata sobre la materia, de acuerdo a la prueba exhibida en el debate, con ajuste estricto del art. 3 CPPN, los elementos no se evidencian suficientes para demostrar con la necesaria certeza que efectivamente el Jefe de la Armada estaba al tanto de la actividad ilegal y que la consintió. (Dres. Slokar -disidencia parcial-, David, Ledesma).
Conciliación laboral, homologación administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: R., G.A. c/ A.A.A. SAIC s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-02-06

Control que ejerce la autoridad homologante no es solamente de legalidad (ya que debe vigilar que se respeten los derechos de las partes, especialmente del trabajador, y no se viole el orden público laboral), puesto que al atribuirle la ley la facultad de apreciar si el acuerdo constituye una justa composición de los intereses de las partes, se debe avocar a una estimación preliminar del aspecto pecuniario de la cuestión.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: AMERICO ORLANDONI c/ ROBERTO SEEBER s/ RESOLUCION DE CONTRATO - COMPRAVENTA.    TEORIA DE LA IMPREVISION.    REAJUSTE DEL SALDO DEL PRECIO - DEPRECIACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-13

Los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos utilizados por las partes sino aquéllos que estimen decisivos para la solución del caso.
Acción meramente declarativa, acción de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico Asoc. Civil y otros c/ Estado Nacional s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-18

En el caso, las entidades accionantes persiguen la declaración de inconstitucionalidad de una norma convencional -el art. 43 del C.C.T. 419/05 que impone una contribución patronal por cada trabajador comprendido, destinado al desarrollo de planes de capacitación, cultura y previsión- y resulta idónea la vía elegida pusto que, de otra forma, las accionantes se verían obligadas a esgrimir defensa de inconstitucionalidad ante cualquier demanda dineraria ordinaria iniciada por el sindicato o, en su caso, ejercer acciones de repetición en aquellos supuestos en que su potencial acreedor recurriese a la vía ejecutiva elegida. (Del voto en disidencia del Dr. Pose)
Personal policial, adicionales de remuneración, recargo de servicio, carácter no remuneratorio, recurso extraordinario, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Meza, Jorge Alejandro y otros c/ Caja de Ret. Jub. y Pens. de la P.F.A. s/ Personal Militar y Civil de las FF.AA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-08

Cabe desestimar el recurso extraordinario interpuesto por la actora contra la sentencia que rechazó el reclamo dirigido a que se incorpore a los haberes de los actores la asignación "recargo de servicio", percibida por el personal policial en actividad, pues no se controvierte la inteligencia provista por la alzada a la normativa federal, como valoró la a quo al concederlo, sino, en rigor, la ponderación probatoria operada en la causa, y la alzada, con un alcance similar al del juez de mérito, entendió que el adicional retribuye sólo a quienes prestan servicios extraordinarios fuera del horario normal de labor en tanto excedan, según el caso, las tres o las cinco horas diarias, descartando que se trate de un beneficio generalizado a todo el personal, extremo que, a su ver, tampoco se evidenció en el plano probatorio.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Concesión para la venta de automotores, SOCIEDADES COMERCIALES, restitución de sumas de dinero, seña
Materia: PROCESAL
Carátula: BG BPO SA y otro c/ Ford Argentina SCA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

Ello así, toda vez que se trata de un negocio celebrado entre dos sociedades comerciales, y por tal razón quedó regido por el CCOM 5 y 8-1°), al menos en lo referente a la situación jurídica consolidada con el perfeccionamiento del contrato. Teniendo en cuenta esa perspectiva legal, aun si se aceptase que cierta parte del dinero entregado fue en concepto seña y el restante como "refuerzo" de seña, la devolución pretendida no sería doblada como lo pretende la actora.
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, fundamentación del recurso, sujetos del proceso penal, límites del pronunciamiento, preclusión, actos consentidos, principios procesales, posesión, turbación de la posesión, derechos reales, posesión legítima, violencia como vicio de la voluntad
Materia: PROCESAL
Carátula: KETICOGLU, CRISTO EDUARDO c/ QUIPILDOR, BERNARDINA ELVECIA s/ Y/U OCUP. POR INTERDICTO DE RECOBRAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-14

La recuperación, reconocimiento, demarcación y registro de las tierras significan derechos esenciales para la supervivencia cultural y para mantener la integridad comunitaria (cfr. Art. 11 Ley 26.505).

Ahora bien, la ley prevé la adjudicación de tierras fiscales de la Nación, subsidiariamente de las provincias y municipio y, en tercer término, la posibilidad de acudir a la expropiación de inmuebles de particulares, pero siempre con el cumplimiento de los recaudos constitucionales correspondientes (art. 17 C.N.).

En efecto, a nadie le es permitido ejercer justicia por mano propia y es de acuerdo a las leyes que se debe obtener el reconocimiento efectivo de los derechos, incluso si se trata de aquellos pertenecientes a las comunidades indígenas en cuanto sujetos de especial tutela constitucional.

No es mediante la tolerancia de la violencia y la clandestinidad que se podrá lograr la reparación histórica y protección efectiva a las cuales propenden los artículos 75 inciso 17° de la C.N. y 15 de la Constitución de Salta.

Más allá del carácter tuitivo que tiene la Ley 26.160, su normativa no ampara a los autores de un despojo, y exige una ocupación actual, tradicional, pública y fehacientemente acreditada, lo cual, respecto de la porción de terreno en conflicto, no se verifica.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad extracontractual, responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARDARO, HORACIO c/ PONCE, ALEJANDRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-31

Deviene improcedente sostener que la aplicabilidad del cciv 1113 queda descartada cuando se trata de la colisión entre dos vehículos en el caso, una motocicleta con un camión-, por ser ambas cosas generadoras de riesgo, basado en la virtual compensación de los mismos. Ello, por cuanto la presunción establecida por la citada norma no queda desplazada ab initio por la sola circunstancia de que hayan intervenido en el hecho dos cosas de esas características. En estos casos la atribución de responsabilidad basada en un factor objetivo subsiste y alcanza a cada dueño o guardián en la medida de los daños causados al otro, a menos que se compruebe alguna de las eximentes que la ley señala. Sin perjuicio de ello, si es factible establecer la responsabilidad de los protagonistas del hecho en función de criterios subjetivos, esta razón, y no otra, es la que conduce a desplazar la aplicación del cciv 1113, porque esta norma cobra virtualidad en tanto no pueda establecerse la culpa de los intervinientes en el hecho.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, doctrina de la arbitrariedad, acción de amparo, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: D'ANDREA, ROSINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-07

Si bien las cuestiones debatidas pueden caracterizarse como materia contencioso administrativa, en razón de que la resolución impugnada se enmarca dentro del esquema de organización de un servicio público y posee carácter de norma propia del derecho público local -atento a que es en ejercicio de las potestades que le son propias a la Provincia en materia de educación, que reguló la convocatoria a concurso, considerando de manera diferencial la antigüedad docente como suplente en escuela pública y en escuela privada-, ello no obsta a que las mismas se puedan canalizar a través del amparo; sin embargo, tratándose de un litigio que versa sobre dicha materia donde la competencia de los Tribunales especiales se supone, ello imponía en cabeza del Juzgador el deber de extremar el control de concurrencia de los requisitos que tornan admisible aquella vía, análisis que omitió la mayoría de la Sala, al ingresar al tratamiento de los requisitos de admisibilidad del amparo soslayando el análisis antes referido. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: Bacchetta, AyS T 132, p 67/164; Grandinetti, T 132, p 477/488; Vaninetti, T 106, p 141. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional, artículo 43; Constitución Provincial, artículo 113; Ley 8927; Resolución 1952/11 del Ministerio de Educación de Santa Fe, artículo 14, Anexo II; Decretos provinciales 1311/82 y 145/07. - Jurisprudencia Concordante: Burggi, AyS T 284, p 63/73.
Derecho a la identidad, asesor de menores, orden público
Materia: CIVIL
Carátula: B. A. y L. V. s/ Inscripción de nacimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-04-02

Si actualmente el derecho a la identidad tiene raigambre constitucional, y la norma constitucional establece la obligación de los estados de asegurar a los menores como derecho personalísimo su derecho a la identidad -que junto con la vida y la libertad, configuran una trilogía de interés esenciales entre los esenciales-, y el Asesor de Menores representa, en la órbita de su competencia, las funciones tutelares del estado, aparece evidente la procedencia de su actuación con o sin autorización de los progenitores cuando se trata de brindar a los menores el reconocimiento de este derecho. Más todavía cuando la cuestión es de orden público. (Fundamento de la Dra.

Elsa C. de Dri)
Constitución Nacional, libertad de prensa, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Franco, Julio César c/ Diario La Mañana y/u Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-30

Corresponde al Estado por intermedio de su Poder Judicial determinar si el ejercicio del derecho a informar libremente ha sido irregular y si de ello ha devenido la violación de los de un tercero, en tanto la libertad de prensa, como cualquier otro derecho no es absoluto y su ejercicio debe ser regular, lo cual implica una inevitable limitación en el marco de razonabilidad que no genere su alteración. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Prórroga de la instrucción, sobreseimiento, habeas corpus
Materia: PENAL
Carátula: J., A. R.; c/ P.S.A. s/ Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-07-23

Corresponde revocar la sentencia que dictó el sobreseimiento del imputado, a raíz de lo dispuesto por el juez que admitió el pedido de habeas corpus del imputado, pues el plazo de la investigación Penal Preparatoria no estaba vencido, por lo que, ante el error incurrido por el magistrado de la acción de habeas corpus, el magistrado que sobreseyó al imputado debió conceder la prórroga ordinaria de la instrucción solicitada por el Fiscal, máxime cuando no se puede perder de vista que el delito que se le imputa al incriminado es homicidio simple.
Tratados internacionales, Constitución Nacional, jerarquía de las leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Los tratados que fueron dotados de jerarquía constitucional no pueden ni han podido derogar la Constitución, pues esto sería un contrasentido insusceptible de ser atribuido al constituyente, cuya imprevisión no cabe presumir.
Posesión, usurpación, posesión clandestina
Materia: PENAL
Carátula: Luna, Jorge Antonio s/ psa usurpación por despojo - recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2008-02-20

El recurrente, construye su ataque en torno a que no se encuentra comprobado actos posesorios materiales por parte del denunciante sobre la parcela en cuestión (25 has.), empero no asume que el a quo consideró que éste detenta la posesión por aprehensión de ambas parcelas (arts. 2373, 2374, 2380 y 2384 in fine, CC) -que constituye una unidad conforme los antecedentes documentales que se han examinado y que en este aspecto no han sido cuestionado-, la que se conserva "por la sola voluntad de continuar en ella", salvo que exista un alzamiento en contra de la misma (arts. 2445, 2455 y 2456 C.C.). Si bien es cierto que durante ese lapso no se efectuaron trabajos sobre la fracción de 25 has., siempre mantuvo la posibilidad de disponer físicamente de ella, al formar ambas parcelas un único inmueble según el plano de mensura. La ocupación material se mantuvo continuamente (art. 2384 in fine C.C.), concentrando la actividad agropecuaria en una parte del campo en forma personal y a través del arrendamiento a terceros, realizando mejoras y manteniendo un cuidador del predio que trabajaba en dicho campo y que habitaba la casa que se encuentra en la heredad principal, y de hecho fue quien advirtió que en horas de la noche una topadora había iniciado el desmonte comunicándoselo inmediatamente a su patrón. Surge de la prueba que la fracción de 25 has. cubiertas de renoval no se encontraba en condiciones de ser afectada a trabajos agrícolas como el resto del predio. Su no utilización, no importa su abandono, ni autoriza al colindante a proceder a su topamiento y posteriormente a su cultivo.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestiones opinables, concurso preventivo, verificación de créditos, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: CAMECIAR s/ INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA DE AFIP-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-05-14

Las alegaciones de la recurrente se inscriben en temas de plena evolución y desarrollo doctrinario y jurisprudencial, circunstancia que impide reprochar al Tribunal a quo arbitrariedad al resolver como lo hiciera, dado que, apoyándose en doctrina y jurisprudencia renombrada y sin incurrir en apartamiento descalificable de la jurisprudencia de la Suprema Corte Federal, ha interpretado las constancias de la causa con apego y ponderado las pruebas en función de las normas aplicables, para concluir que -atento que el crédito que el Fisco pretendía verificar estaba siendo discutido por la concursada por estar en trámite un recurso de apelación y habida cuenta que la sentencia recaída en aquél podía incidir en el alcance y validez del crédito concursal- jugaban a favor de la pervivencia del crédito la inexistencia de cosa juzgada que admitiera la prescripción y la conocida interpretación estricta que debe seguirse de las normas de dicha forma de extinción de las obligaciones.
Jueces, decretos, gobierno de facto, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANSO, GERONIMO. c/ ESTADO NACIONAL. s/ NULIDAD DE DECRETOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-03

Debe rechazarse la demanda que persigue se deje sin efecto el decreto que separó al actor de su cargo de juez nacional. Ello así, pues lo contrario determinaría la invalidez de los fallos dictados por quien lo sucediera sin derecho en el desempeño del cargo, lo que debe evitarse por elementales consideraciones de seguridad jurídica y además, afectaría la regularidad de la transición de la más profunda crisis institucional sufrida en el país al normal funcionamiento de las instituciones republicanas, por la cual la Corte debe velar.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cobertura, oponibilidad a terceros, accidente de tránsito, ebriedad
Materia: CIVIL
Carátula: ALTAMIRANO, CLAUDIA MABEL c/ PAVON, SERGIO LUIS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-03-03

La presente queja no ha de prosperar, desde que los argumentos traídos a consideración en el memorial del recurso de inconstitucionalidad sólo revelan la mera discrepancia del compareciente con los fundamentos expuestos por la Cámara que, luego de analizar la literalidad de la cláusula en cuestión, explicó con el atino necesario que conducir un automotor en estado de ebriedad -cuestión que se consideró acreditada- configura una conducta de potencial riesgo y peligro, lo cual torna razonable la exclusión de cobertura por parte de la aseguradora, tal como fuera pactado entre el asegurado -demandado- y la aseguradora -citada en garantía- en el contrato de seguro que los vinculaba; y en consecuencia, evaluó que demostrado el presupuesto fáctico y la existencia de la cláusula de exclusión de cobertura, correspondía aplicar al caso la regla conforme la cual le son oponibles al tercero damnificado todas las cláusulas del contrato, en razón de lo prescripto por el artículo 118 de la ley de seguros. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 17418, artículo 118.
Competencia por el territorio, lugar del hecho
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: S. C., E. A. s/ Conflicto negativo de competencia. Su muerte (Expte CSJ Nº 526-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-26

Resultando desconocido o, al menos, dudoso el lugar de comisión del delito, se torna operativa la norma subsidiaria contenida en el artículo 32 del Código Procesal Penal de la Provincia, que manda, con criterio universalmente aceptado, tener por competente al juez o tribunal que hubiere prevenido en la causa.
Depósito a plazo fijo, cláusula dólar, desagio, inflación
Materia: CIVIL - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: S.A. Cía. Azucarera Tucumana s/ quiebra - inc. cobro de crédito promovido por la sindicatura.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

No corresponde aplicar desagio alguno a los depósitos actualizables según la variación del dólar estadounidense, toda vez que tal mecanismo de ajuste reflejaba la evolución de dicha moneda en un período que prácticamente coincidía con el correspondiente a cada una de las operaciones a plazo fijo, circunstancia que impide considerar en estos contratos la existencia de previsión anticipada en la inflación futura.
Jubilaciones, pensiones, sistema previsional, interpretación de la ley, aplicación de la ley previsional
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vergara, Bertha Candelaria s/ Jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-04

Los beneficios previsionales deben examinarse y denegarse con extrema cautela.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, juez de instrucción, cuestión no decisiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CHAMORRO, JORGE EMANUEL c/  s/ ASOCIACION ILICITA, ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-22

Cabe desestimar el reiterado planteo de parcialidad del juez de instrucción, desde que con sus alegaciones, la impugnante insiste con cuestiones que han sido debidamente abordadas y desechadas en las anteriores instancias con fundamentación suficiente, denotando sólo un disenso con el valor convictivo dado a los extremos fácticos relacionados con la actuación de dicho Magistrado, y sin demostrar -como afirma- prescindencia de prueba decisiva que denote una hipótesis de arbitrariedad. - Jurisprudencia concordante con Machuca, AyS T 316, p 42/57, sumario J0049754.
Suspensión de la prescripción, querella, llamamiento de autos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cárdenas, Claudia Elizabeth y Otras c/ Impresora Chubutense s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-26

La suspensión de la prescripción por querella no se confunde con la imposición de detener el trámite del juicio cuando está en estado de llamar autos para sentencia, con el fin de esperar el resultado de un proceso penal instruido por el mismo hecho. La primera implica la detención del curso de un plazo prescriptivo que se reanuda después de desaparecida la causa de la suspensión; la segunda se refiere a la suspensión del trámite procesal.
Acción, legitimación activa, abogados, matrícula profesional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Vesco, María Alejandra c/ Municipalidad de Gualeguaychú s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-03-04

Incoa la acción la amparista -abogada- en su carácter de representante legal de su madre y acompaña copia de Poder General para asuntos administrativos y judiciales que le fuera otorgado a su favor, no invocando ni acreditando el carácter de letrada de la matrícula de esta Provincia, confiriéndole el Juzgado de origen intervención y carácter de parte en forma errónea. Este Superior Tribunal de Justicia en reiterados precedentes ha sustentado la doctrina adversa a la admisión de escritos judiciales por personas carentes de la matrícula como abogados o procuradores en la provincia, salvo las excepciones expresamente consagrada por la ley.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: LABORAL
Carátula: Scardini, Salvador Argentino c/ Vidriería Argentina S.A. (V.A.S.A.) s/ Indemnización por enfermedad del trabajo (ley 9688)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

En cuestiones no federales, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene efecto de vinculación moral para los demás judicantes, sobre la base de los principios de celeridad y economía procesal, sin perjuicio de que los inferiores pueden apartarse, si así lo consideran conveniente según las circunstancias peculiares de la causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)