Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-26


SENT Nro. 1040 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 26 DE DICIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Galván, Julio Rubén y otros vs. Argente, Roque Salvador s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala V, con fecha 11 de setiembre de 2002 (fs. 241/243), la parte demandada a través de apoderado interpone recurso de casación el que denegado se ataca por queja que este Tribunal acoge por resolución del 30 de julio de 2003 (fs. 412 y vta.). Consta en el informe actuarial de fs. 417 que ninguna de las partes ha presentado memorial facultativo.

2.- El fallo atacado acoge la demanda por la suma total de $ 66.719,96, correspondiente a los tres actores en concepto de indemnización por antigüedad, incremento art. 76 inc. "b", ley 22.248, 2° SAC proporcional 96, vacaciones no gozadas, haberes de diciembre e indemnizaciones arts. 8 y 15 ley 24.013.

Funda la existencia de la relación laboral en que se ha reconocido en el responde que los actores realizaban algunos trabajos en forma excepcional refiriendo la existencia de testimonios producidos a partir de una medida de mejor proveer, los que no han sido objeto de tachas.

Considera también relevante la instrumental producida en el expediente administrativo que señala, donde están agregadas las actuaciones cumplidas ante la Dirección General Impositiva, sin que las actas de inspección labradas hayan sido motivo de descargo alguno por el demandado.

Finalmente concluye que frente al reconocimiento expreso de tareas desempeñadas en el ámbito rural, la demandada no ha acreditado el carácter excepcional de las mismas, correspondiendo tener por justificado el despido indirecto, con las correspondientes indemnizaciones de ley.

3.- La expresión de agravios plantea en primer lugar que hay apartamiento de los elementos reunidos en la causa, prescindencia de las reglas de la sana crítica y arbitrariedad del decisorio.

Postula que no ha concordado la prueba testimonial con el expediente administrativo, lo que ha sido examinado en forma parcial, señalando que las fechas de ingreso y egreso que marca la pericia contable tiene solo origen en la declaración de los actores.

En el caso de Manuel Alberto Rocha no se ha considerado la constancia de fs. 78, donde éste ante la Policía expresa que su fecha de ingreso es el 02/7/96 y no como se señala en la denuncia ante la Secretaría de Trabajo, la ya mencionada pericia o las testimoniales.

Refiere como segundo agravio que los testimonios producidos no eran de tacha necesaria, pues ni los deponentes ni los actores dependían de su mandante, donde pone de relieve que la fecha de extinción de la relación que se señala es anterior a la intimación del art. 11 de la ley 24.013.

Acerca del expediente administrativo explica que esas merituaciones transgreden el art. 2° inc. "c" LCT, en cuanto ello no se aplica a los trabajadores agrarios infringiendo el art. 22 del mismo ordenamiento y correlativamente el 245, no dándose los presupuestos del 21.

Seguidamente aborda lo referido a la intimación del art. 11 ley 24.013, fundándolo en que tal diligencia debe practicarse cuando la relación laboral está vigente y confrontado ello con la declaración testimonial acerca de que el vínculo se extinguió en Octubre del 96, la intimación sin autenticar es del mes de Diciembre del mismo año.

Por último plantea que la medida para mejor proveer dispuesta afecta la igualdad de las partes y la defensa en juicio desde que so pretexto de la búsqueda de la verdad material, se ha suplido la negligencia de la parte, sin que los apoderados de la actora hicieran la reserva del art. 84 CPTT.

5.- Habiendo sido examinada la admisibilidad al resolverse favorablemente la queja planteada por resolución de esta Corte del 30 de julio de 2003 (fs. 412 y vta.), corresponde abordar la procedencia del recurso.

6.- Plantea en primer lugar la prescindencia de pruebas, tendiente a la acreditación o no del vínculo laboral, haciendo especial referencia a que la fecha de ingreso y egreso tomada de la pericia contable es la que emerge de la declaración de los propios actores.

Sobre el particular debemos decir que la construcción sentencial, parte del expreso reconocimiento que se hace en el responde a la efectiva realización de tareas, cuya excepcionalidad resalta como una cuestión central de la litis.

A partir de esa constatación examina la relación de dependencia, vinculándola con las pruebas producidas, sin que la línea argumental del ataque aparezca demostrando la existencia de arbitrariedad en el análisis.

La conclusión acerca de la calidad de la vinculación laboral, que determina finalmente las indemnizaciones de condena, aparece abonada argumentalmente en base a un análisis sentencial con fundamentos suficientes.

El mismo razonamiento abona la existencia de un despido indirecto justificado, pues la referencia a la prueba instrumental y la modalidad de la negativa, permite decir como lo ha hecho la Cámara 3ª de Apelaciones en lo Laboral de Paraná, Sala II, cuando expresó que "corresponde otorgar las indemnizaciones contempladas en los incs. a) y b) del art. 76 de la ley 22.248, si ante la intimación efectuada por el trabajador con la finalidad de que se le aclarara su situación laboral bajo expreso apercibimiento de considerarse indirectamente despedido, el accionado sólo rechazó la carta documento en forma generalizada y por improcedente, mas sin responder en forma concreta a las intimaciones, siendo por ende perfectamente válido el despido indirecto en que se colocó el trabajador (art. 69, ley citada)" (28/02/97-LL 1998-D-864).

Se advierte en autos que en tales comunicaciones se refieren precisamente las actuaciones administrativas cumplidas, que incluían una negativa de la relación laboral, dando por finalizado el intercambio epistolar, por lo que en todos estos aspectos el planteo resulta improcedente.

Esas conclusiones se ven abonadas por lo que aparece como una tardía impugnación a la declaraciones testimoniales al haberse consentido tanto su producción, debidamente notificada, como que se hayan opuesto tachas a las personas y sus dichos, en la oportunidad procesal pertinente.

Las consideraciones acerca de la extensión de las facultades que da el art. 10 CPTT, no alcanzan a invalidar la prueba, pues no se advierte en modo alguno una arbitraria valoración de ella, no resultando el caso, como lo plantea el presentante la situación del art. 84 CPTT, trámite reservado para cuando el pedido es de la parte.

Imputa además omisión a la sentencia, en cuanto a la consideración de la constancia policial que luce a fs. 78, que corresponde a Manuel Alberto Rocha (DNI nro. 25.785656), impugnación que tampoco debe atenderse, pues no es la misma persona que el actor Héctor Fabián Rocha (DNI nro. 20.220.357), según surge del poder ad litem de fs. 8.

7.- Distinta es la situación planteada en cuanto a la aplicación de las sanciones que prevé la ley 24.013 en sus arts. 8 y 15, girando la argumentación en torno a la formalidad y tiempo de la intimación efectuada, más previamente se impone un análisis acerca de su aplicación a la cuestión de autos.

Refiere Brebbia que "la primera nota que se observa en el ley 22.248, y que se destaca con énfasis en la nota de elevación del Poder Ejecutivo es la de constituir un régimen autónomo y totalmente independiente del instituido en la ley general", razón que en su concepto induce a la modificación del art. 2° inciso "c" de la LCT, y que "para ello se ha tenido naturalmente en cuenta la naturaleza y modalidades propias del trabajo agrario que hacen de difícil aplicación las disposiciones que regulan el trabajo industrial y comercial" (Fernando P. Brebbia "Régimen Nacional del Trabajo Agrario").

La sentencia efectúa una lisa y llana aplicación de las disposiciones de la LNE, habiendo omitido considerar lo dispuesto por el art. 1° de su decreto reglamentario nro. 2725/91, texto según decreto 688/92 (27/4/72, publicado en BO del 06/5/92), que textualmente reza: "Los trabajadores a que se refiere el cap. I del título II de la ley 24.013 son los comprendidos en la ley de contrato de trabajo (LCT, t.o. 1976), excepto el art. 12 de esa ley que será aplicable además a los trabajadores regulados por el Régimen Nacional de Trabajo Agrario".

Con facilidad se advierten dos limitaciones, en cuanto a que las disposiciones sobre "Empleo no registrado", no se aplican a los actores, pues están excluidos de la LCT, esto es lo legislado en los arts. 7 a 17 inclusive de la ley 24.013, mas exceptúa el 12 referido a la regularización espontánea, cuestión ajena a la litis.

Ello determina que la sentencia deba ser revocada en este punto a tenor de la siguiente doctrina legal: "Es errónea la aplicación de las disposiciones de los arts. 8, 11 y 15 de la ley 24.013 a las relaciones laborales emergentes de la ley 22.248" y sustitutivamente disponer, en razón del progreso parcial de la demanda lo siguiente: " III: NO HACER LUGAR a la indemnización de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; IV: COSTAS: La demandada soportará las propias, más el 50% de la actora".

8.- Las costas del recurso serán soportadas por la demandada, las propias, más el 30% de las irrogadas por la actora (arts. 49 CPTT y 109 CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación planteado por la parte demandada en contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala V, con fecha 11 de setiembre de 2002 (fs. 241/243), en base a la doctrina legal dictada en el punto " 7" de los considerandos y SUSTITUTIVAMENTE disponer lo siguiente: "III: NO HACER LUGAR a la indemnización de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; IV: COSTAS: La demandada soportará las propias, más el 50% de la actora"; y RECHAZARLO, también parcialmente respecto de los agravios considerados en el apartado 6.

II.- COSTAS del recurso, como se tratan.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO