Prescripción de la acción penal, contrabando, responsabilidad penal, responsabilidad de las personas jurídicas, penas conjuntas, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-15

1- La prescripción de la acción penal, como autolimitación que se impone el Estado en sus facultades de persecución o de represión del delito, se funda "en la destrucción por el transcurso del tiempo de los efectos morales del delito en la sociedad", la "extinción de la alarma social ante el delito" (Núñez, derecho Penal Argentino, Tomo II, p.168). Nuestro Código Penal acogió esta causal de extinción de la acción sobre la base de tal principio, pero complementándolo con el de "la corrección de la conducta posterior observada por el sujeto" (al preveer como causal de interrupción del término de prescripción a la comisión de un nuevo delito). Parece evidente que el aspecto subjetivo de la seguridad jurídica tutelada por el ordenamiento penal (el sentimiento de seguridad jurídica) se ve lesionado ante la repetición de conductas consideradas reprochables penalmente y exacerbadas-entonces-la "alarma social" que el comportamiento de ese individuo en particular produce. Por eso es que el sistema de prescripción de la acción penal funciona sobre una doble motivación:a) el acallamiento de la alarma social producida por el hecho antijurídico; b) la enmienda o corrección de la conducta por el propio individuo demostrada mediante la omisión de comisión de nuevos hechos (Vera Barros, "La prescripción penal en el Código Penal", p.37; Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", tomo II, p. 453; Fallos 292:103). se infiere entonces que de la gravedad del delito de que se trata (del grado de reproche penal que produce el hecho) dependerá el tiempo cuyo transcurso, por imposición legal, implicará el olvido de los efectos de la conducta punible y-en consecuencia-el fenecimiento del "interés social" de su represión.- Es a tales efectos que la ley penal fija los lapsos temporales luego de cuyo ininterrumpido devenir se extinguirá el poder de investigación y sanción del hecho presuntamente criminoso, y lo hace-como no podía ser de otro modo sin desvirtuar el fundamento de la prescripción-en consideración- al grado de perniciosidad que se acuerda a esa conducta." Lo que importa es la gravedad del delito", y el Código Penal-en su actual art. 62- permite apreciar cómo el término difiere según la gravedad de cuatro tipos de penas de delitos:a) delitos castigados con pena de muerte (inc. 1°); b) delitos con penas privativas de la libertad (incs. 2° y 3°); c) delitos con penas de inhabilitación (incs. 4° y 5°); y d) delitos con penas de multa (inc. 6°). (Vera Barros, op. cit., p.96).- 2- "...cuando, como en el caso de autos, se imputan los mismos hechos ilícitos a una persona jurídica y a otras personas físicas -todas ellas procesadas existiendo idéntica gravedad y grado de participación de la acción solo puede producirse luego de un único lapso de tiempo-sin diferenciación según el carácter físico o ideal de las personas, independientemente de las penas que a cada uno pudieran corresponderle en una eventual sentencia condenatoria.

Parece ser esta la única interpretación lógica del instituto. No puede pretenderse que subsisten los efectos morales y sociales de un delito de contrabando respecto de la autoría atribuible a personas físicas, y sostener al mismo tiempo que dichos vestigios han desaparecido en cuanto una persona jurídica. Ello implicaría una grave incongruencia y una violación del principio de igualdad ante la ley (art. 16, C.N.).- 3- La excepcional cuestión planteada en autos, cuyo único precedente conocido es La Plata S.A. (Juzgado N° 1 del fuero), constituye indudablemente una de las muy peculiares y novedosas cuestiones propias del Derecho Penal Económico, derivadas de las "notables variantes" que éste presenta respecto del Derecho Penal Común (Aftalión, "Las sanciones del derecho penal económico", LL-90, p.708; Aftalión, "Tratado de Derecho Penal Especial", tomo I, p.128). La aparición de intrincadas formas de delincuencia que, recurriendo a entes colectivos de diverso carácter, atentan contra el ordenamiento económico-financiero del estado, han dado lugar a que éste, en defensa de la sociedad y su seguridad jurídica- afirme la responsabilidad penal de esas personas ideales como único medio de impedir la violación de preciados bienes jurídicos por parte de sociedades inalcanzables por las sanciones comunes (Aftalión, "Las sanciones..." op. cit., p.712).- Existen penas del orden jurídico penal que siendo las mas graves, resultan fácticamente inaplicables a las sociedades, asociaciones o entes colectivos. No cabe discusiones que las penas de prisión o reclusión se encuentran entre ellas pues es inimaginable el enclaustramiento de una persona de existencia ideal.- Sentada entonces la imposibilidad de aplicación de determinadas penas a las personas jurídicas, se comprende que cuando la ley penal aduanera las sanciona- en casos de delito de contrabando-con penas diferentes alas que corresponderían a las personas físicas, no es porque su conducta parezca menos reprochable o el hecho-en cuanto a ellas hace- haya producido un menor agravio al sentimiento de seguridad jurídica, sino tan sólo por lo dicho:la imposibilidad del enclaustramiento de un ente ideal a titulo de prisión.- En síntesis, no existe diversa intensidad de reproche para el delito de contrabando según el juicio se dirija a las personas jurídicas o físicas que hayan coparticipado en su comisión. Así a los individuos se les impondrá, entre otras, la pena de prisión; en tanto a las sociedades las de comiso, inhabilitaciones, multas, retiro de la personería jurídica, cancelaciones de registro público:Todas esas derivadas del delito de contrabando, cualquiera sea el autor al que se encuentren dirigidas, son penas principales y conjuntas (Aftalión, "Tratado de Derecho Penal Especial, tomo IV, p.341; Núñez, tratado de Derecho Penal, Parte General, p.325).- 4- En el caso de figuras penales que contienen penas conjuntas, el término de la prescripción de la acción es único; es decir, ésta no prescribe separadamente para cada una de las penas posibles, sino en conjunto (Fallos 300:715; soler, op.cit. tomo II, p.455; Bonzon, "La prescripción en relación con el Derecho Penal Aduanero" LL-1980-D, p.1104).Este término de prescripción no corresponde al de la pena más grave, como han sostenido entre otros autores Vera Barros, Soler y Bonzon, sino que está determinado por la sanción de prescripción mayor (Fallos 300:715, Núñez, Derecho Penal Argentino, tomo II, p.175).- 5- La precedente conclusión no emana de un vedado recurso a la analogía. Por el contrario,es consecuencia de una interpelación no sólo gramatical de la ley penal, sino además teológica, sistemática y progresiva. Mediante esta resolución no se están cubriendo "extra legem" vacíos o imprevisiones de la norma; es decir, no se está legislando. La interpretación meramente gramatical del art. 62 del Código Penal y de los arts. 189 y 190 de la ley de aduanas-t.o.

1962-conduce a contradicciones e incongruencias evidentes.