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Restitución internacional de menores, interés del menor, derecho a la intimidad, derecho a la integridad física, derecho a la integridad psíquica y moral, deberes del juez, jerarquía de los Tratados Internacionales, responsabilidad internacional del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: V., D. L. s/ restitución de menores - ejecución de sentencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-16

Cabe confirmar la sentencia que mantuvo la orden de restitución a Francia de los menores hijos de las partes, pues las conclusiones de los informes psicológicos producidos demuestran que la conducta de la progenitora recurrente, al margen de no coincidir con la actitud colaboradora que invocó al presentarse en la causa, dista de favorecer al pleno desarrollo psíquico, físico y espiritual de los menores, y por ende, de la preocupación fundamental que para los padres debe constituir el "interés superior del niño" (art. 18, párrafo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño), correspondiendo a la Corte, como cabeza de uno de los poderes del Gobierno Federal, en la medida de su jurisdicción, aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado, a fin de evitar que la responsabilidad internacional de la República quede comprometida por su incumplimiento.
Testigos, apreciación de la prueba, privación ilegal de la libertad, homicidio, torturas
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Víctor Hugo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-29

El denominado "testigo de oídas o de referencia", es aquel que no ha percibido un acontecimiento por sus sentidos sino por lo que otra persona, que sí lo presenció, y le transmitió. Es por esa razón que, si bien son admisibles las manifestaciones de un "testigo de oídas", tienen que ser valoradas con mayor rigurosidad que otros testimonios mediante su confrontación con demás circunstancias de la causa que refuercen o disminuyan su credibilidad. En general, se recurre al testigo de oídas cuando no es posible contar con el testimonio del testigo directo o referido y por ello si bien suele admitírselo como evidencia, su valor probatorio dependerá de las demás pruebas colectadas el proceso. Teniendo en cuenta los sobredichos indicadores, la resolución que procesó al imputado en orden a los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio se exhibe como una conclusión infundada e irrazonable, en confronte con la prueba de su presunta intervención en la comisión de los hechos. Esto es así, en tanto se desentiende de la correcta hermeneusis y de las pautas de valoración probatoria, derivadas de la regla fundamental del estado jurídico de inocencia y de la regla legal de la sana crítica racional. Es que, otra vez, para involucrar al encausado, el a quo tuvo en cuenta un testimonio único, indirecto, y anfibológico, como principal elemento de cargo, y a la circunstancial situación de revista castrense, que nunca apareció vinculada, en términos objetivos y subjetivos, con la suerte corrida por las víctimas. En definitiva, el tantas veces mencionado "testigo de oídas", por su misma condición, requería de una razonable corroboración en otros elementos probatorios independientes. Sin embargo, sus dichos no obtuvieron confirmación alguna de su supuesta "fuente", ni por ningún otro dato relevante con entidad incriminatoria que lo tornara suficientemente verosímil.
Juicio por jurados, veredicto, fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba, discrepancia del recurrente
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Entrena, Cristian Omar - promoción de la corrupción agravada (C. B. D. N. -menor de edad-) s - abuso sexual agravado - sentencia condenatoria - juicio por jurados s/ impugnación extraordinaria c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-09-06

No puede prosperar la impugnación extraordinaria ya que resulta fácil advertir que la Cámara revisora dedicó un esmerado estudio a fin de analizar si el veredicto del Jurado se encontraba debidamente apoyado en los elementos probatorios reunidos en la causa; labor ésta que considero ha efectuado satisfactoriamente ya que luego de su detallada revisión, entendió que el decisorio cuestionado no padecía vicio alguno de arbitrariedad en la valoración de la prueba. Así es que, el razonamiento impugnado exhibe una coherente fundamentación basada en los acontecimientos comprobados, derivando en una conclusión lógica. De esta manera, las reiteradas expresiones del recurrente se traducen en una mera disconformidad con tal pronunciamiento, lo que es propio de su particular interés e ineficaz para revertir la pieza sentencial cuestionada.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, Ministerio de Menores, admisibilidad formal, cuestión constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-14

Los accionantes no satisfacen adecuadamente ni la carga de establecer una relación directa entre las normas cuestionadas y principios, derechos o garantías de rango constitucional que entiende vulnerados ni aportan de forma acabada los fundamentos que motivan su pretensión. Si bien en el escrito de demanda se citan numerosas normas constitucionales lo cierto es que la fundamentación se basa por un lado en una presunción fáctica (que la organización dispuesta por las normas cuestionadas limitaría la eficacia del sistema de protección de personas incapaces) insuficiente a los efectos de constituir un caso constitucional.

Por el otro, las argumentaciones se limitan a señalar que las disposiciones contenidas en las resoluciones impugnadas entrarían en colisión con lo normado en ciertos artículos de la ley 21 pero no desarrollan argumento constitucional alguno.

De hecho ni siquiera se alega la vulneración del principio de jerarquía normativa. Por lo tanto la fundamentación de la demanda enfrenta las resoluciones con una lectura parcial de la ley 21 que no da cuenta ni de una lectura integral de esta última ni del principio de jerarquía funcional establecido por el art. 125 de la CCBA
Delitos contra la integridad sexual, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Q., I. s/ Abuso Sexual de Menor de Trece Años con Acceso Carnal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-02-28

La comprobada existencia de lesión anal en la víctima de la violación, indica a las claras que existió penetración, sin que sea relevante el grado de ésta.
Estado Provincial, emergencia previsional, honorarios, regulación de honorarios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: López, Nelly Beatriz c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 500-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-07-27

Si no se reclamaron "reajustes o actualización de haberes", único supuesto contemplado por las leyes de emergencia, (ley 10798 y 10799) sino "diferencia" de haberes, la oposición a la intimación al pago de los honorarios regulados deviene improcedente.
Concursos, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cosentino, Pablo Antonio s/ Pedido de Quiebra-Recurso de queja por apelación denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-30

Si bien la Ley de Concursos establece la inapelabilidad de las resoluciones dictadas en los procesos universales -artículo 273 inciso 3-, no es menos cierto que ello no conforma un principio absoluto e inmutable pues debe entendérselo referido a aquellas decisiones que sean consecuencia del trámite normal y ordinario, debiendo, en verdad, ceder ante esta clase de especies en que la orden de testar puede causar agravio al peticionario en cuanto no le asegura el pleno ejercicio del derecho de petición y defensa (artículo 18 de la Constitución Nacional). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis, acción subrogatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: BONFIGLI  ALBERTO  JORGE  Y  OTROS c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-26

Al ser la calidad de acreedor una de las condiciones esenciales para que proceda la acción subrogatoria (art. 1196 del Código Civil y Llambías, J.J. "Tratado de derecho civil -Obligaciones tomo I, número 450, pág. 577), el Tribunal debía expedirse sobre la validez del pacto de cuota litis mentado; por ende, la legitimidad de la citación de venta solicitada por el doctor Cony Etchart quedaba subordinada a lo que se fallara sobre aquél tópico. Y como se constató que el letrado es acreedor en virtud del convenio de honorarios, aunque en los términos y condiciones establecidos por la Sala, los actos procesales que la AGP cuestiona fueron válidos como si los hubiera llevado a cabo el propio coactor subrogado (conf. Llambías, op. cit. tomo cit., pág. 541).
Defensa del consumidor, indemnización por accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Luque, Claudia Andrea c/ Ferreiro, José Antonio y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-15

El estatuto del consumidor no resulta aplicable al reclamo por la indemnización derivada de un accidente de tránsito, pues la causa del daño que se busca resarcir es un ilícito de fuente extracontractual, que no tuvo su origen u ocasión en la relación de consumo entre los demandados y la aseguradora citada en garantía.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Bastos, Jorge Domingo c/ E.N. (Ministerio de Economía - Sec. Acc. Cooperativa) s/ nulidad de acto administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-27

Desde la perspectiva de la cuestión de competencia que debe resolverse, no cabe que la Corte abra juicio sobre la vía aparentemente elegida por el actor para hacer valer sus derechos.
Competencia, relación de dependencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguirre, Isolina Marta c/ Municipalidad de El Bordo s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-10-14

La sola calidad estatal; propiamente dicha empresa del estado o ente autárquico, no basta para tener al personal como ubicado en la categoría de empleado público, sino que es preciso merituar en el caso, la naturaleza de la relación de empleo que une a las partes.

Queda así excluida de la competencia de los tribunales del trabajo las cuestiones emanadas de una relación de empleo público, tanto porque el estado es parte como por las normas sustantivas aplicables al fondo de la cuestión.-
Recurso de casación, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Seguin, Elizabeth Mirtha s/ recurso de queja. Causa: 407
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-15

La impugnación con motivo de inobservancia de normas procesales se limita a los casos en que éstas se encuentren establecidas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad.
Recurso extraordinario, cuestión federal, ley federal, medicamentos
Materia: PROCESAL
Carátula: Gematec  S.R.L.,  Garau,  Jaime  y Manzur, Hugo s/ infracción ley 16.463.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21

Es formalmente admisible el recurso extraordinario si se controvierte la inteligencia de normas de carácter federal -como la Ley de Medicamentos y sus reglamentaciones- así como también la validez de actos de autoridad nacional y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa fue contraria al derecho que el recurrente fundó en ellas (art.14, inc. 3°, de la ley 48). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, honorarios, pago, bonos de consolidación
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ, ANGEL D. c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

No resulta atendible el argumento relativo al plazo previsto por la ley 23982 para la amortización total de los bonos cuya creación allí mismo se dispone, ya que ese modo de pago sólo está previsto de manera alternativa al abono en moneda nacional, a opción del acreedor, en tanto que la demora que se podría verificar para la cancelación de la obligación reclamada en este último caso se relaciona directamente con la limitada disponibilidad de efectivo con que podría contar la demandada a esos efectos fundada en la consolidación de la base monetaria derivada de la eliminación del recurso a la emisión indiscriminada de moneda, o carente de respaldo, consagrada por la ley 23928, respecto de cuyos términos no ha sido formulada crítica alguna.
Robo en banda, participación criminal, coautoría, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: CAUSA 184 s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-11

"La agravante de "banda" para el robo no desaparece por el hecho de que algunos de los partícipes no sea detenido, cuando de la prueba incorporada a la causa surge claramente que éstos participaron como coautores en el hecho punible".
Pagaré, pagaré en blanco, vencimiento del pagaré
Materia: COMERCIAL
Carátula: MONTEMAR S.A. c/ FERNANDEZ, JORGE O. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-29

"el llenado del pagaré librado en blanco es, en sí mismo legítimo, con tal de que haya tenido lugar antes de su presentación al cobro, y la violación de las convenciones tenidas en cuenta al crearlo no puede discutírsela en juicio ejecutivo, ni cuando se pretenda que ello importe la exceptio dole. "
Mandato, poder general
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Circulo de Suboficiales y Agentes Policía Bonaerense y otros c/ Jauregui Carlos y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

La facultad de acreditar el poder general con la presentación de una copia del documento, se ha entendido que se refiere unicamente a las representaciones voluntarias, y no a las legales ni a las de las sociedades por sus administradores. (Minoría u opinión personal)
Ejecución hipotecaria, indivisibilidad de la hipoteca
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Woick, Arturo L. y otro c/ Polimeni, Juan A. y otros s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-20

La indivisibilidad de la hipoteca no afecta la divisibilidad del crédito al cual garantiza ni, mucho menos, erige por sí sola en solidarios a los deudores, cuando éstos revisten la condición de simplemente mancomunados.
Remuneración del síndico de la sociedad, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Clemir S.R.L. s/ Concurso preventivo - Hoy quiebra (Expte Nro. 194-01, Resolución N 90,  Tomo 8, Folio 500)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-10

Si bien la regulación practicada en primera instancia se adecua a las pautas establecidas por el art. 267 de la Ley 24.522, atendiendo a la naturaleza, alcance, calidad y resultado de la labor del síndico y profesionales intervinientes y al valor de los bienes realizados, el tribunal entiende que se muestra razonable incrementarlos.
Iura novit curia, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: A., A. E. c/ B., M. L. s/ Sumario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-08-28

"De acuerdo con la regla iura novit curia el juzgador tiene no sólo la facultad sino el deber de decidir los conflictos litigiosos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica, con prescindencia inclusive de los fundamentos de aquella índole que invoquen las partes".
Recursos, recurso de apelación (procesal), honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Saneamiento  y  Urbanización  S.A.  (TF  14.163-I) c/ Dirección General Impositiva. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Corresponde desestimar los agravios del beneficiario de la regulación de honorarios si las previsiones de la ley 24.432 son de aplicación inmediata a los asuntos en trámite y la originalidad de la tarea es un factor que incuestionablemente debe tenerse en cuenta a la hora de determinar la retribución pues se vincula con la complejidad del asunto o proceso, en los términos del inc. b, del art. 6 de la ley 21.839
Sentencia condenatoria, nulidad de sentencia, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Gostanian, Armando c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-18

Si bien en la sentencia condenatoria se afirmó que la ley n° 25.188 incorporó reformas al art. 23 C.P., a criterio de los sentenciantes no acarreaban consecuencias desde la perspectiva del Art. 2 del digesto punitivo. Sobre esta base, cobra vocación aplicativa la doctrina del cimero tribunal nacional, en cuanto a que el apartamiento de la solución normativa prevista para determinado caso, sin dar razón plausible para ello, conduce a su descalificación como acto jurisdiccional válido.
Supervisión de cumplimiento de sentencia, principios del derecho internacional de los derechos humanos, medidas urgentes, medidas provisionales, representante de la víctima, daño irreparable, derechos de los pueblos indígenas, adjudicación de tierras, incumplimiento de resolución judicial, sentencia de la Corte Interamericana, NICARAGUA, responsabilidad internacional del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni s/ medidas provisionales solicitadas por los representantes de las víctimas respecto de la República de Nicaragua
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2002-09-06

Debe Nicaragua, adoptar en forma urgente, todas las medidas que sean necesarias para proteger el uso y disfrute de la propiedad de las tierras pertenecientes a la Comunidad Mayagna Awas Tingni y de los recursos naturales existentes en ellas, evitando muy especialmente daños inmediatos e irreparables resultantes de las actividades de terceros, con participación de la comunidad en la planificación e implementación de las medidas, pues aún cuando la situación se enmarca en la etapa de supervisión de cumplimiento de la sentencia que declaró la responsabilidad internacional del Estado -31 de agosto de 2001; Serie C No. 79-, la situación se ha agravado por no haber evitado el menoscabo de aquellos bienes, dificultando el proceso de delimitación, demarcación y titulación definitivas ordenadas por el Tribunal.
Subasta, publicación de edictos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rojo Guiñazú José Luis en autos: Banca Nazionale del Lavoro SA. c/ José Luis Rojo Guiñazú s/ Ejecución hipotecaria s/incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-09-29

Con relación a la función y/o finalidad de la publicación de los edictos para que los terceros tomen conocimiento de la subasta y puedan tomar las previsiones del caso con la debida antelación y concurrir al acto cabe puntualizar dos circunstancias, la primera que si de ello devino un perjuicio personal del recurrente, tal cuestión resulta inaudible en esta oportunidad en atención a lo ya dicho, es decir su voluntario consentimiento a la dicisión recaída con anterioridad. La segunda si lo que plantea es el interés de los terceros que no pudieron anoticiarse debidamente de la subasta, tal agravio carece del requisito de ser personal de quien lo alega, circunstancia que tambien lo torna inatendible por no invocar el recurrente la representación de tales terceros.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), indemnización por accidente de trabajo, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: UNIDOS SEGUROS DE RETIRO S.A. c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-03-12

La Alzada resaltó que en la causa "Pinturas y Revestimientos S.A. s/ Quiebra" la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró la Recomendación Nº 180 de la OIT, que determina que el privilegio de los créditos laborales en razón del empleo debería alcanzar además a las indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, considerando como un argumento decisivo para resolver la cuestión, lo expresamente estipulado en el Convenio Nº 17 sobre la indemnización por accidentes de trabajo -ratificado por Argentina mediante ley 13560- que prevé que las legislaciones nacionales deberán garantizar el pago de las indemnizaciones a las víctimas de accidentes y a sus derechohabientes contra la insolvencia del empleador o del asegurador, y señaló que todas estas normas internacionales han desplazado las reglas de los artículos 239, 247 y 249 de la ley concursal; y tales fundamentos del decisorio cuestionado han quedado incólumes ante la ausencia de crítica por la recurrente, que sólo intentan obtener una singular interpretación de las normas en juego no demostrando -en las particularidades del caso- cómo se habría configurado la arbitrariedad que aduce. - CITAS: CSJN: Pinturas y Revestimientos S.A. s/ Quiebra, Fallos 1:340. - REFERENCIAS NORMATIVAS: OIT: Convenio 173 y Recomendación 180; Convenio 17 ratificado por Ley 13560; Ley 24522, artículos 239, 247 y 249
Procedimiento administrativo, recursos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Parra de Presto, Stella Maris s/ Inconstitucionalidad Ordenanza General 207/77
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

Si bien el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 89 de la Ordenanza General 207 para la interposición del recurso de revocatoria que regla es muy breve, ello por sí solo no importa un menoscabo al derecho de defensa, ya que su interposición no exige el empleo de fórmulas sacramentales ni patrocinio letrado y la Administración está obligada a tratarlo cualquiera sea la denominación que se le haya dado y, además, los inconvenientes que pudiesen ocasionar quedan subsanados mediante el posterior control judicial que se ejerce por vía de la acción contencioso administrativa.
Ley de desindexación, aplicación de la ley, obligaciones de dar cantidades de cosas, valor real, demandado, perito tasador
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: JORGE Y DANIEL CARBONE SA. c/ ELMA S.A. s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-17

La ley 24.283 no establece los procedimientos para establecer el valor real y actual de la prestación. Para evitar problemas en el curso de la ejecución de sentencia es apropiado precisarlos ahora (art. 165, primer párrafo, Código Procesal). Se debe aplicar analógicamente el trámite que regula el art. 23 de la ley 21.839 (art.

18, Código Civil, esta Sala, causas 712/94 del 12.4.94 y 12.376/94 del 13.10.94). Sobre esa base y como aquí está determinado el procedimiento para fijar el crédito de la actora en virtud de la condena dispuesta en la sentencia apelada, dentro del plazo de cinco días de notificada por cédula la providencia "por devueltos" la demandada deberá estimar la cuantía del crédito de las actoras en virtud de ese valor "real y actual" a que se refiere la ley 24.283, bajo apercibimiento de tener por definitivo el monto establecido en esta instancia. De ello se correrá vista a la actora por el plazo de cinco días -que también se notificará por cédula-. Si no hubiera conformidad, se dará intervención al perito tasador ya interviniente, debiendo el señor Juez establecer el crédito y disponer las costas devengadas "de acuerdo con las posiciones sustentadas respectivamente por las partes".
Abuso sexual simple, médicos
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: López, A. A.  c/  s/ abuso sexual simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-21

Si se afirma que hubo aprovechamiento de este proceso de atención médica, no puede al mismo tiempo afirmarse que al abrir la puerta ya no cumplía su función de médico en ese Hospital Público.