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Defensa del consumidor, acción judicial, acciones de clase, asociaciones de consumidores, legitimación activa
Materia: COMERCIAL
Carátula: PROCONSUMER c/ BANCO ITAU BUEN AYRE SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-20

Del dictamen fiscal nº 131325.

1. Resulta procedente reconocer legitimación a una asociación de defensa de los derechos del consumidor cuando existe un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. El objeto de la acción es obtener la restitución de los intereses cobrados en exceso al tope que fija el artículo 16 de la Ley 25065. El presupuesto es común a un grupo colectivo de personas dado que la pretensión está orientada a demostrar la ilegitimidad del monto cobrado a los clientes en concepto de intereses. A más, la actora persigue la restitución de sumas de dinero que individualmente carecen de significación. La cuantía del daño individual hace que sea antieconómico para un particular afrontar los gastos de una acción individual. Por tanto, es imperioso reconocer la legitimación.

2. En el nuevo texto de la Ley 24240, La discusión sobre si las asociaciones pueden introducir acciones con contenido patrimonial en defensa de los consumidores ha quedado definitivamente resulta a su favor. En la causa "Halabi" la Corte sostuvo que en materia de acciones colectivas corresponde delimitar tres categorías de derechos: i) individuales, ii) de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y iii) de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. El caso enmarca dentro de este tercer tipo.
Policía federal, prevención, autoridad de prevención, procedimiento policial, interrogatorio policial, interrogatorio en la vía pública
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Billordo, Carlos E. s/ Policía Federal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-19

Las funciones de la policía pueden reducirse a dos:

1) Función judicial: es la actividad represiva que se cumple cuando se presume ya cometido un hecho delictuoso, dentro de la órbita jurídica precisa y con arreglo a las normas procesales;

2) Función de seguridad: que obedece a normas genéricas que permiten un margen de discrecionalidad en una tarea que quiere evitar daños o peligros capaces de alterar el orden o la tranquilidad pública.

Dentro de esta última función y atendiendo a que los derechos que asegura y proclama la C.N. no tienen carácter absoluto, la prevención policial posee atribuciones para interrogar a cualquier ciudadano, teniendo este poder su límite en el concepto de "razonabilidad" (art. 28 de la C.N. ) debiendo los jueces en cada caso analizar si el acto ejecutado obedece al sentido común.

Es válida la actividad desplegada por la prevención policial que procedió a interrogar a una persona del sexo masculino que caminaba por la vía pública, reconociendo ésta la coautoría del delito que dio origen a la formación de la causa, máxime cuando sus dichos en punto a lo que escucharon de boca del encausado, fue ratificado por el propio imputado al confesar, en sede judicial, su proceder.
Libertad condicional, observancia de los reglamentos carcelarios, readaptación del condenado
Materia: PENAL
Carátula: Sandoval, Carlos Armando s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-04

Si bien no cabe afirmar incumplimiento de los reglamentos carcelarios ante un informe favorable de conducta del organismo técnico, la denegación de la libertad condicional se apoya en razones objetivas que sustentan el pronóstico negativo de reinserción social, al haberse tenido en cuenta la falta de cumplimiento de un tratamiento de rehabilitación para superar su adicción, la incertidumbre en torno a la forma en que se ganará su vida, su personalidad agresiva y dificultades de relación y la falta de contención extramuros. El voto concurrente postuló exhortar a quien tiene a su cargo la ejecución de la pena que se cumpla en forma inmediata con el tratamiento contra la adicción, cuyo incumplimiento atribuyó a la desidia de las autoridades pertinentes. (Dres. García, Yacobucci y Mitchell -voto concurrente-).
Constitución de sociedades, administrador de la sociedad, representante legal, sociedad de responsabilidad limitada
Materia: COMERCIAL
Carátula: TOME FUENTES MARIA FLORENCIA c/ CLUB DE CAMPO LA EMILIA SA s/ INCIDENTE ART. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-19

En las sociedades de responsabilidad limitada no existe la distinción que contempla la LGS en materia de asambleas generales ordinarias y/o extraordinarias, máxime considerando que la asamblea ni siquiera constituye un órgano típico de esas sociedades, sin perjuicio de ello, la srl cuenta con la posibilidad de establecer la forma de deliberar y adoptar acuerdos sociales (arg. LGS 159), sin perjuicio del régimen de mayorías y de votos que acuerda cada cuota social (arg. LGS 160 y 161) y, desde tal sesgo, en el caso, se estima que el accionante aparece facultado, para requerir judicialmente una convocatoria a reunión de socios de la SRL demandada para abordar los puntos del orden del día propuestos por el actor.Así las cosas, el objetivo de la ley quedaría frustrado en caso de dilatarse indebidamente la reunión social (cfr. Garrigues-Uria, "Comentario" T. I, págs. 639/640), y por ello, elementales razones de prudencia determinan la admisibilidad de la intervención judicial en supuestos como el que nos ocupa. Así las cosas, con base normativa en la LSC 236, la invocación del socio recurrente que representa el 50% del capital social de haber sido desatendida su petición de tratar una serie de cuestiones atinentes al manejo de la sociedad y el tenor de las consideraciones recogidas en el acta notarial son extremos prima facie suficientes, para fundar la convocatoria judicial de la reunión social pretendida.
Acción, legitimación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sabatelli, Osvaldo Emilio c/ Alcario, Eduardo Rubén s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

La legitimación es un requisito intrínseco de la admisibilidad de la pretensión y que se encuentra vinculado con los sujetos del proceso y con el objeto de aquélla, siendo, claramente diferenciable de la capacidad para ser parte y de la capacidad procesal, constituyéndose en una condición imprescindible para que el Juez pueda examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo del asunto.-
Eximición de prisión, orden de detención, competencia comercial
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, CARLOS s/ EXIMICION DE PRISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-01-09

Es procedente la eximición de prisión solicitada por quien registra una orden de detención dictada por el Juez Comercial, en cuanto tiene relación con la causa penal que inexcusablemente deberá formarse para la investigación del delito que se le imputa.
Procesamiento, procesamiento sin prisión preventiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensor Particular S.R. s/ Incidente de Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-04

Concordantemente con las nuevas corrientes doctrinarias y jurisprudenciales que responden a las pautas constitucionales vigentes, ha quedado consagrado el derecho a la libertad del imputado durante el proceso y restringido exclusivamente en los casos en que exista peligro cierto de fuga o de entorpecimiento de la investigación, circunstancias que han de ser acreditadas, quedando autorizada la privación de la libertad sólo cuando sea imprescindible y por lo tanto no sustituible por ninguna otra medida de similar eficacia pero menos gravosa. (Mayoría)
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iriarte, Roberto G. s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-16

Ante la falta de éxito de la acción individual, el acreedor puede pedir la quiebra del deudor, y valerse del frustráneo cobro ejecutivo intentado como prueba acreditante de la cesación de pagos del requerido, por lo que exigirle el desistimiento de aquel juicio equivaldría a destruir el elemento justificante de su actual pretensión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Allanamiento, costas
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: MARTINEZ, MIGUEL c/ GUZMAN, BEATRIZ DEL C U DE s/ COSTAS      EXPTE NRO 149-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-02-21

A pesar del allanamiento, encontrándose el accionado en mora con largueza al momento del pago, al margen de reconocer su incumplimiento, demostró ser remiso necesitando de una demanda para cumplimentar el objeto de la prestación por lo cual deberá cargar con las costas del vencimiento.

El allanado es un vencido y el allanamiento, a más de reunir los caracteres de real, incondicionado, oportuno, total y efectivo, tiene efectos sobre la condena en costas ya por mora, ya por culpa.
Robo, privación ilegal de la libertad, concurso aparente de leyes
Materia: PENAL
Carátula: TANCREDI, Marcos s/ ROBO   AUTOMOTOR.  PRIVACION  ILEGAL  DE  LA  LIBERTAD.  INEXISTENCIA  CONCURSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

No excede la violencia propia del desapoderamiento ilegítimo y por ende no hay concurso de dos figuras delictivas -una contra la propiedad y otra contra la libertad- si la sujeción, aunque prolongada, de las víctimas tuvo directa relación y debe considerarse atrapada en el período consumativo del robo y los actos destinados a lograr la impunidad, debiendo pesar más esta circunstancia esencial que una valoración meramente cuantitativa del tiempo de privación de libertad.
Acción de amparo, clausura del establecimiento, recurso de apelación (procesal), efecto devolutivo, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: PANDELLI ROLLA S.A s/ Amparo Causa 32755
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-01

1- El recurso a la instancia judicial es el recaudo indispensable de revisión que permite convalidar procedimientos administrativos para la imposición de sanciones.- 2- El precepto del Art. 16 "in fine" de la ley 20680 que limita el recurso haciéndolo meramente devolutivo lo priva de toda eficacia frente a la clausura temporal de un local de comercio y su aplicación choca con la cláusula constitucional del derecho de defensa en juicio que resguarda, implícitamente, la potestad del Poder Judicial en la imposición de sanciones.- 3- Si bien en el procedimiento de la acción de amparo no cabe, en principio, cuestionar la constitucionalidad de una norma legal (Ley 16986, Art. 2, inc. d), eso no impide que deba prescindirse de la aplicación de aquellas normas que se encuentran palmariamente en pugna con los mandatos de la Constitución Nacional (Cf. CSJN FALLOS 267:215, 306:400 y 1253), no siendo necesario ni apropiado el empleo de solemnidades declarativas pues la atribución de los Jueces para decidir sobre la validez constitucional de las leyes no puede ejercerse en abstracto ni con valor para otros casos fuera de aquel en que están conociendo.
Derecho a la intimidad, grabaciones, medios de prueba, principio de libertad probatoria, proceso penal, recurso de casación penal, videofilmación
Materia: CIVIL-CULTURA-EDUCACION-PROCESAL-PENAL
Carátula: Querella formulada por Daniel Gervasoni por injurias  c/ Luis Meritello y Ricardo Meritello s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-02-28

Dentro del marco de la libertad probatoria que rige en las investigaciones penales (cfr. artículo 241 del digesto procesal), las grabaciones de un suceso constituyen en principio -salvo violación concreta y evidente de las garantías constitucionales que amparan a los ciudadanos de la Nación- prueba válida, hábil e idónea como elemento acreditativo de lo acaecido; más cerca de la prueba directa que de la consideración de mero factor indiciario, en cuanto que, no cuestionada su autenticidad o superado cualquier cuestionamiento invalidante, los audios, videos, filmaciones, impresiones y representaciones en general se revelan como una suerte de "testimonio mecánico y objetivo" de un suceso, con entidad probatoria similar -o incluso, superior al quedar excluida la subjetividad, el error o la mendacidad del testimonio personal- a la del testigo humano. Tales tipos de probanzas resultan válidas, debiendo valorarse según las reglas de la sana crítica y de forma conjunta con el resto del material probatorio existente. Las grabaciones efectuadas por particulares, al igual que cualquier otra prueba producida de manera privada, no es por sí ilegítima o ilegal.
Prescripción adquisitiva, animus domini
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piris, Ramón c/ Garnica, José A. s/ Posesión Veinteañal Organización Santa Victoria c/ Amaya de Suarez, Olga Elena s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-05|1988-03-08

Resulta necesario acreditar la posesión "animus domini" desde el origen de la ocupación. "En los juicios de usucapión, es necesario analizar los elementos aportados con suma prudencia y debe probarse la posesión "animus domini" actual, la anterior y especialmente la que tuviera al inicio de la ocupación, como único medio de demostrar el cumplimiento del plazo legal". La circunstancia de ocupar un inmueble, aunque fuere por largo tiempo, no permite concluir que dicha ocupación se haya hecho con la intensión de adquirir la propiedad mediante usucapión. El locatario, el comodatario, el cuidador, el simple usuario, el usufructuario y aún el intruso, que no posee para sí, jamás podrán adquirir la propiedad mediante prescripción veinteañal, si no intervierten el título que originariamente motivara la ocupación(arts. 2.458, 2.353, 2.394 y 2.448 del C.Civil).
Sucesiones, inscripción de la declaratoria de herederos, bienes inmuebles, traspaso de deudas
Materia: CIVIL
Carátula: PAULUCCI, Rosa Virginia s/ SUCESIÓN AB-INTESTATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-28

En los supuestos en que se ordena la inscripción de la declaratoria de herederos debe aplicarse el art. 5 de la ley 22.427  y no requerirse el informe de deuda de impuestos y tasas municipales al ordenarla si el adquirente manifiesta en forma expresa que asume las deudas que pudieren resultar. No se aplica el art. 85 del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires porque tiene preeminencia jerárquica la ley nacional cuyo acatamiento impone el art. 34, inc. 4° del Código Procesal.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, cuestiones procesales
Materia: LABORAL
Carátula: Lacoste, Alberto C. c/ Fundación Universidad de Morón s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

La decisión del Tribunal del Trabajo que haciendo lugar a la revocatoria ordena el desglose del informe pericial contable, no reviste carácter definitivo a los efectos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial por recaer sobre una cuestión procesal anterior a la sentencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido indirecto, salarios adeudados
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Sergio D. c/ Cristalería Querandí S.A.C.I.F. s/ Salarios adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-30

Carece de causa jurídica que lo sustente (art. 499 C.C.) el reclamo salarial formulado por un lapso durante el cual el contrato de trabajo había cesado.
Competencia, competencia contencioso administrativa, servicio telefónico, facturación excesiva
Materia: PROCESAL
Carátula: ROMANELLI, AGUSTIN c/ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  ENTEL s/ REPETICION DE PAGO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-26

Por fundarse la acción deducida en una excesiva facturación del servicio que presta ENTEL, y recordando que la relación que se constituye entre el usuario y la empresa estatal en lo relativo a la prestación del servicio y a las cuestiones conexas con aquél, es de carácter predominantemente administrativo, circunstancia que queda demostrada por las disposiciones que imperativamente regulan el servicio de que se trata, presuponiendo prioritariamente la dilucidación de la cuestión planteada el necesario pronunciamiento sobre aspectos de derecho relacionados con un conjunto normativo que excede el marco iusprivatístico y conduce a atribuir la competencia a la Justicia en lo Contencioso Administrativo.
Medidas de fuerza, conciliación obligatoria, competencia, facultades de la administración, poder de policía, costas
Materia: LABORAL
Carátula: S.O.E.M.C. c/ PROVINCIA DEL NEUQUEN. s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2010-08-24

Si bien la actora pudo haber requerido al propio órgano aclaración respecto a su intervención, toda vez que la cita legislativa -de la resolución cuestionada- pudo generar convicción en la entidad gremial acerca del posible cercenamiento de derechos cuya protección le ha sido confiada estatutariamente, sin perjuicio de la solución a que se arriba, corresponde se impongan las costas de ambas instancias en el orden causado. (Del voto del Dr.

Marcelo Medori, en mayoría).
Cosa juzgada, conciliación, hechos nuevos
Materia: LABORAL
Carátula: Cervellera, Fernando y otros c/ Telecom Argentina A s/ Diferencias de Salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-06

En el caso, el acuerdo conciliatorio al que arribaron las partes fue introducido por la demandada como hecho nuevo (art. 121 de la L.O.) e invocado con anterioridad a la resolución de la apelación interpuesta, en tanto fue homologado con posterioridad al dictado de la sentencia de primera instancia. Cabe tener presente que el instituto de la transacción, como el de la cosa juzgada tienen una finalidad común, cual es la de evitar que se abra un nuevo proceso sobre una causa fenecida. Por ello, habida cuenta de lo establecido en el último párrafo del art. 347 del CPCCN y dado que se ha admitido jurisprudencialmente el tratamiento de oficio de la cosa juzgada, asimilable en su finalidad y efectos a la transacción, corresponde la consideración de la cuestión introducida por la demandada como hecho nuevo.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia condenatoria, doble instancia, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Nicolaides, Cristino y otros c/  s/ querella
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-05

Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto toda vez que se advierte que confluyen circunstancias análogas a las tenidas en cuenta por la Corte en el caso "Duarte, Felicia" (Fallos: 337:901), en atención a la concreta afectación de la garantía del doble conforme (artículo 18 de la Constitución Nacional y artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) que ha impedido la revisión de la condena decidida contra el imputado mediante un recurso ordinario, accesible y eficaz.
Homicidio calificado por el vínculo, circunstancias extraordinarias de atenuación
Materia: PENAL
Carátula: Freydoz, Susana Graciela s/ homicidio calificado por el vinculo, agravado por la utilización de un arma de fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-11-20

La imposición de la pena por la comisión del delito de homicidio de su cónyuge, debe realizarse teniendo en consideración la existencia de circunstancias extraordinarias de atenuación - art. 80 in fine del Código Penal-, tales como la separación de hecho y el debilitamiento del vínculo con la víctima, el intento de iniciar un tratamiento psicológico que debió abandonar por imposición de su pareja, el instantáneo arrepentimiento que manifestó inmediatamente después de producido el hecho, y el pedido de auxilio médico para su esposo, así como su posterior depresión.
Acción de amparo, acción meramente declarativa, declaración de inconstitucionalidad, decreto de necesidad y urgencia
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Confederaciones Rurales Argentinas  c/  s/ EN-PEN (DTO 438/23)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-30

La parte actora inició, ante la Justicia Nacional del Trabajo, una acción declarativa de certeza con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 438/2023 que, en agosto de este año, estableció "una asignación no remunerativa para los trabajadores y las trabajadoras que cumplen tareas en relación de dependencia en el sector privado, regulados por las leyes 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 22.250, 26.727 y su modificatoria y otros estatutos profesionales especiales, que ascenderá a la suma de pesos sesenta mil ($60.000)...". El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n° 78 desestimó su competencia y se la atribuyó a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Por su parte, el Juzgado n° 3 de este Fuero también rechazó entender en la causa. El tribunal de alzada concluyó, haciendo propios los argumentos y conclusiones del fiscal general, que la contienda exigía la interpretación y aplicación preponderante de normas de derecho laboral. Asimismo, aclaró que, más allá de que resultaba al menos discutible asignarle el carácter de acto administrativo a un DNU, la mera pretensión de la actora de impugnarlo en esos términos resultaba insuficiente, toda vez que, de admitirse tal tesitura, siempre que se cuestionase una norma de esa índole correspondería, independientemente de su contenido, el conocimiento por parte de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, criterio que se advertía desacertado.
Revocación del acto administrativo nulo, ley de procedimientos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PADILLA TARIS, ANTONIO MARIA c/ ESTADO NACIONAL ( EMGE ) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-13

La ley de procedimientos administrativos no distingue entre actos nulos de nulidad absoluta o meramente anulables, al establecer el plazo para iniciar la acción impugnatoria del acto, no obstante lo cual podrá el actor peticionar la revocación del acto si este fuera nulo (art. 17, ley 19.549) con las consecuencias si este fuera nulo.
Ejecución de sentencia, embargo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Baccaro, Tulio Juan y Pérez Ducasse, Julio C. c/ Municipalidad de Villaguay s/ Ejecución de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-07-02

Si bien a través de las directivas que contiene el ordenamiento procesal, el juez puede establecer las bases de la ejecución o ampliar o adecuar las que contenga la sentencia, debe hacerlo dentro de los límites de ésta, de la que no debe apartarse en virtud de la cosa juzgada. Por ello debe confirmarse la desestimación del pedido de embargo de los fondos que a la Municipalidad demandada le sean transferidos por la coparticipación impositiva, con fundamento en que existe en autos sentencia de venta firme y consentida en la que dispone la venta de bienes embargados, los que fueron aceptados como suficientes por los ejecutantes. Sin desconocer que es facultad del ejecutante optar por la vía más rápida para percibir sus acreencias, tratándose de embargo ejecutorio, en el caso no se trata de una substitución, sino del desconocimiento de una sentencia firme que ordena la venta referida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acto administrativo, nulidad del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

La transgresión a la moral y a la finalidad del propio acto administrativo, constituyen un vicio de ilegitimidad que afecta los elementos extrínsecos del acto: la forma y la moral, que son a su vez, elementos propios o autónomos del acto administrativo. Los vicios de ilegitimidad son los que causan la nulidad de los actos administrativos ya que hacen a la juridicidad comprendida en el concepto de legalidad, y la ilegitimidad es, justamente, infracción al orden jurídico.