Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-04-20


SENTENCIA NÚMERO: QUINCE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veinte días del mes de abril de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos Expte. Corte Nº 77/11, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en Expte. Nº 99/10 -'CARRIZO, Juan Andrés - s.a. Homicidio Culposo - Loc. Chumbicha - Dpto. Capayán'", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la resolución atacada por haber aplicado erróneamente el art. 76 bis del Código Penal? 2º) ¿Debe declararse la inconstitucionalidad del art. 76 ter sexto párrafo del C. Penal? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? Es formalmente admisible el recurso interpuesto por el defensor del imputado Juan Andrés Carrizo, desde que ha sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra sentencia equiparable a definitiva (S. Nº 4/09 "Herrera"; S. Nº 17/09 "Vargas"; S. Nº 07/10 "Segura"; S. Nº 20/10 "Agüero", S. Nº 43/11 "Finazzi"; S. Nº 44/11 "Londero", S. 02/12 "Delgado", S. 03/12 "Tapia", entre otros).

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 20, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 197/2011, dictado el 01/09/2011, el Juzgado Correccional de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "1.- No hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba. 2.- No hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la defensa del imputado, Dr. Víctor Manuel Pinto.".

II. Contra el decisorio aludido, el defensor del imputado interpone recurso de casación esgrimiendo el motivo sustancial previsto en el art. 454 inc. 1º del C.P.P.

Denuncia que el a quo aplicó erróneamente lo dispuesto por el art. 76 bis in fine del Código Penal al excluir del beneficio de la probation a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, ya que esto contradice normas del Derecho Penal, de la Constitución Nacional y de Tratados Internacionales. Refiere que la aplicación específica del mencionado artículo, interpretado en forma aislada, vulnera el principio de igualdad ante la ley debido a que a personas imputadas de delitos sancionados con la menor de las penas previstas por el Código Penal, como es la inhabilitación, les impide acceder a este beneficio que le es concedido a otras imputadas de delitos con penas más graves.

Cuestiona lo decidido habida cuenta que su asistido ofreció reparar el daño causado, abonar a la familia de la víctima la suma de dos mil pesos y cumplir con el trabajo comunitario que determine el Tribunal; y manifestó estar dispuesto a cumplir con las reglas de conducta que le imponga el Tribunal.

Menciona los pactos de derechos humanos con jerarquía constitucional los que, a su entender, se estarían violando al denegar el pedido; y manifiesta que, para evitar una discriminación arbitraria, deberá ponderarse, por un lado, si la diferencia de trato está dotada de una justificación objetiva y razonable -legal y constitucionalmente suficiente- y, por el otro, si existe la debida proporcionalidad entre la distinción de trato que se efectúa y los objetivos que con ella se persiguen. Agrega que la previsión normativa de una pena de inhabilitación que acompañe a otra privativa de la libertad no debe ser entendida como un obstáculo insalvable a la procedencia de la suspensión. Que la finalidad de la norma queda bajo resguardo si, como requisito para la concesión del beneficio solicitado por el imputado, le es impuesta una regla de conducta -contemplada en el art. 27 bis del C.P.- que establezca una medida o prohibición preventiva respecto a la actividad de la cual proviene el ilícito.

Cita doctrina y jurisprudencia relacionadas con la interpretación que de la ley penal propone y con el fin del instituto bajo examen.

Cuestiona también el dictamen del representante del Ministerio Público por entender que se aparta de la doctrina legal imperante con relación a la interpretación conforme a los principios de legalidad, última ratio y pro hómine, que obligan a seguir aquella que reconozca mayores derechos al ser humano frente al poder punitivo del estado.

En segundo lugar, plantea la inconstitucionalidad del Art. 76 bis, última parte, del Código Penal. Alega que la exclusión del régimen de la suspensión de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación resulta irrazonable, que contraviene los arts. 1, 14, 28 de la Constitución Nacional, en tanto implica que los imputados por delitos reprimidos con penas más leves sean tratados de un modo más severo que aquellos a quienes se atribuyen delitos sancionados con penas de mayor gravedad. Que ello atenta contra el sentido común que prescribe la Carta Fundamental y también el art. 18 de la misma, porque so pretexto de limitar un derecho induce a confesar un delito más grave que el atribuido, desde que la persona a la que se atribuye un delito de menor gravedad (lesiones y homicidio culposo), es tratado con mayor rigor que aquel a quien se atribuye un delito doloso.

Dice que también es inconstitucional, y así debe ser declarada la norma del art. 76 ter. del Código de fondo, en cuanto establece que la suspensión del juicio a prueba no podrá ser concedido por segunda vez, si no han transcurrido ocho años desde que se cumplió la suspensión anterior. Sostiene que a la declaración de extinción de la acción penal por cumplimiento de las condiciones impuestas durante tres años, no puede asignársele efectos para el futuro-como si subsistiera el delito anterior-, por lo que el plazo de ocho años para acceder a otro beneficio, es irrazonable e inconstitucional. Agrega que así, se estaría cargando al probado, con los efectos de la reincidencia, cuando éste no ha sido condenado y tampoco sometido a tratamiento penitenciario alguno. Concluye que con ello se viola flagrantemente la presunción de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio que se derivan de los arts. 18, 19, 28 y 33 del la Constitución Nacional y art. 27 de la Constitución de nuestra provincia.

Finalmente formula expresa reserva del caso federal y de los recursos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el Pacto de San José de Costa Rica.

III. Son numerosos los casos en los que esta Corte de Justicia se expidió respecto del valor de la prohibición de suspender el juicio a prueba, en el caso de delitos conminados con pena de inhabilitación.

En varios de ellos- S. Nº 4/09 "Herrera"; S. Nº 17/09 "Vargas", y más recientemente en S. 03/12 "Tapia"-, el letrado que ahora se presenta, intervino en reclamo de la aplicación del instituto en estos supuestos, lo que fue resuelto invariablemente con la denegación del recurso, reiterando el criterio de que no resulta irrazonable la interpretación de la ley, que en términos claros establece que no procede la suspensión del juicio a prueba respecto de delitos reprimidos con pena de inhabilitación. También, al momento de resolver la no concesión del recurso extraordinario federal en Expte. Corte Nº 100/09, esta Corte, con distinta integración, pero bajo mi presidencia, dio respuesta a la pretendida interpretación del fallo "Norverto", al que la defensa ahora atribuye una extensión del instituto, por haberse tratado el caso de un delito cuya sanción tenía prevista pena de inhabilitación.

En esa oportunidad dijo:

".La resolución impugnada descansa en la constatación por esta Corte, en ejercicio del deber de control que le fue requerido mediante el recurso de casación, de la concurrencia en el caso del siguiente impedimento previsto en el párrafo 8º del art. 76 del Código Penal para la suspensión del juicio: la pena de inhabilitación, amenazada para el delito de cuyo juzgamiento se trata (art.84 del Código Penal).

Esa interpretación es compatible con la del fallo dictado en el caso "Gregorchuk" (G.663.XXXVI del 3/12/02 (Fallos 325:3229 ), en el que la Corte federal destacó lo siguiente: "La imposibilidad de acceder al beneficio de la suspensión del proceso a prueba para aquellos delitos cuya pena prevea la de inhabilitación (art. 76 bis in fine del Código Penal) surge de manera inequívoca de la intención del legislador. En efecto, el miembro informante del dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, diputado Antonio M. Hernández, señaló que "en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto" lo que importa continuar el juicio hasta una sentencia definitiva que pruebe adecuadamente la conducta del imputado y que permita adoptar las sanciones que correspondan según el caso (ver Antecedentes Parlamentarios, La Ley, 1995)", doctrina que, según este Tribunal, se encuentra plenamente vigente y debe ser aplicada en el caso, como criterio rector actual y último del Máximo tribunal sobre la materia".

"Y esa doctrina no ha sido modificada por fallo posterior del Máximo Tribunal y, por ello, en la resolución impugnada esta Corte rechazó la pretensión del recurrente fundada en la interpretación según la cual, en el fallo "Norverto", con la remisión que hace a lo resuelto en la causa "Acosta "(Fallos:331:858), la Corte federal había cambiado su postura sobre la cuestión y considerado procedente la suspensión del juicio en los procesos por delitos reprimidos con pena de inhabilitación. Dijimos entonces que dado que en el referido fallo "Acosta" la Corte sólo había modificado la interpretación del plenario "Kosuta" con relación a la pena privativa de la libertad, sin referirse a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, su doctrina no guarda relación con el agravio que se invocaba sobre dicha cuestión. Es que, como surge del considerando 7º, en dicho fallo la Corte federal sólo había declarado como irrazonable la interpretación que del art. 76 bis del Código Penal había hecho el a quo, dando preeminencia a los dos primeros párrafos, dejaba inoperante la disposición contenida en el 4º párrafo del mismo artículo. Por ello, de lo resuelto en "Norverto" con remisión a "Acosta" no cabe sino inferir que también en "Norverto" juzgó la Corte que se había verificado la exégesis irrazonable de las normas mencionadas -referidas a la pena de prisión- que antes había constatado en "Acosta" y, por ello, como en ésta causa, admitió la queja deducida en "Norverto" y, como consecuencia, dejó sin efecto la resolución recurrida y ordenó que se dictara un nuevo pronunciamiento, sin que en los reseñados términos de dicha resolución encuentre quicio adecuado la interpretación que propone el recurrente, en tanto esa decisión del Máximo Tribunal no equivale a decir que haya considerado procedente la suspensión del juicio si el delito está reprimido con pena de inhabilitación".

Sostengo que no puede alegarse que esa interpretación violente la obligatoriedad que los fallos de la Corte Federal tienen para los tribunales inferiores ni que la cuestionada decisión del a quo aparezca como arbitraria, toda vez que lo decidido se sustenta en el impedimento legal para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, previsto expresa e inequívocamente en el último párrafo del art. 76 bis del Código Penal y conforme lo tiene dicho nuestro Alto Tribunal, la interpretación de una norma no es arbitraria si no excede el marco de posibilidades que ella brinda (304:1826; 310:896).

Al respecto, el Alto Tribunal ha dicho que sus pronunciamientos tienen el deber moral de ser seguidos por los demás jueces ("Pastorino", Fallos: 25:368) y, más aún, que sus sentencias cuentan con autoridad institucional (Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 219:59, y "Cía. Swift", Fallos: 212:60), de modo que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia ("Cerámica San Lorenzo", La Ley, 1986-A-178)".

Así las cosas, y atento no surgir de los términos de la Corte Suprema una interpretación que condicione el criterio adoptado por este Superior Tribunal, concluyo que la limitación establecida en el último párrafo del art. 76 bis del C.P. autoriza a decidir la no procedencia de la suspensión del juicio a prueba en los casos de delitos que tengan prevista pena de inhabilitación.

Tampoco debe ser de recibo la alegada vulneración del principio de igualdad ante la ley que se deriva de la interpretación de la norma que sostiene este Tribunal. Sobre el punto, al resolver cuestión análoga en el Expte 100/09, con fecha nueve de junio de dos mil diez, sostuve que:

"Es que la excepción legal prevista en el último párrafo del art. 76 bis del Código Penal ha sido determinada objetivamente para satisfacer con eficacia la finalidad de política criminal que persigue la norma ante la comisión de una clase de delitos que por la particularidad que presentan están sancionados con pena de inhabilitación y, por ende, en esa medida, el impedimento que involucra resulta proporcional con ese objetivo. Igual condición cabe, por ende, predicar de la resolución que aplica estrictamente dicha excepción, prevista para una generalidad de delitos en la que se encuentra comprendida el que se juzga en estos autos, sin que demuestre el recurrente que esa discriminación efectuada por el legislador sea irrazonable o arbitraria y por ende lesiva de la garantía invocada".

"Por ello, en tanto la igualdad o desigualdad de trato a las que deben sumisión los jueces no son otras que las razonablemente establecidas por el legislador con arreglo a las idénticas o diferentes circunstancias, respectivamente, con los fundamentos expuestos sobre el punto no demuestra el recurrente la relación directa e inmediata de dicho principio con el planteo efectuado, y a tal fin deviene insuficiente su argumentación pretendiendo que lo resuelto vulnera el principio de igualdad sólo porque otros tribunales, por considerar que ésa era la nueva doctrina de la Corte federal sobre la materia, han concedido la suspensión del juicio a prueba en casos análogos al de estos autos".

IV. Sin embargo, y en atención a que por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el Tribunal de Casación se encuentra facultado para efectuar un nuevo examen de la causa como garantía del imputado de que sea examinada íntegramente la decisión que lo afecta, y en esa faena advierto que en el caso no resulta razonable denegar la suspensión del juicio solicitada por Carrizo, por aplicación del último párrafo del art. 76, desde que, en función de las circunstancias del hecho que se le atribuye al nombrado, eventualmente, no sería de aplicación la pena de inhabilitación.

Así lo considero debido a que, según los términos de la acusación que contiene la requisitoria de elevación de la causa a juicio de fs. 337/346, el hecho enrostrado al causante es el siguiente: "Con fecha siete de Octubre de dos mil seis, a la horas dieciocho aproximadamente, circunstancias que Carlos Esteban Corzo circulaba conduciendo una motocicleta marca Gilera, modelo Smash de 110 cm2, por Avenida Presidente Teniente Juan Domingo Perón de la localidad de Chumbicha del Departamento Capayán, Provincia de Catamarca en sentido Norte-Sur, Juan Andrés Carrizo, quien caminaba con un grupo de gente por la aludida avenida en sentido contrario, observó que la moto conducida por Corzo se dirigía hacia ellos y, en lugar de apartarse hacia un costado como el resto de la gente, en forma imprudente Carrizo levantó sus manos y un pie interrumpiendo de esta manera la libre circulación del moto vehiculo que conducía Corzo ocasionando con esa imprudencia, que Carlos Esteban Corzo perdiera el control de la motocicleta y cayera al suelo, provocándole ese impacto a Corzo lesiones de tal gravedad que a los pocos días le produjeron la muerte". Así las cosas, dado que de las circunstancias fácticas anotadas resulta que en la ocasión Carrizo no estaba al mando de vehículo alguno sino que transitaba la vía pública como peatón cuando habría ocasionado la caída del motociclista que luego fallece a causa de las lesiones sufridas, no existe el interés general en neutralizar el riesgo de continuidad de una actividad riesgosa que justifica la imposición de la pena de inhabilitación en procura de evitar que la persona continúe realizando la actividad riesgosa que originó el delito.

V. Sin embargo, otra razón concurre convalidar la decisión denegatoria del a quo y es que no ha trascurrido el plazo señalado por el art. 76 ter del Código Penal, por lo que falta la concurrencia de uno de los requisitos de admisibilidad para una nueva concesión de la suspensión.

Señala el fallo atacado que, atento al informe del Registro Nacional de Reincidencia, fs. 243/252 de autos, surge que con fecha 09/9/2003, se hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitada por el imputado Juan Andrés Carrizo, declarándose extinguida la acción penal emergente del delito el 03/8/2006. Que el nuevo delito que se reprocha a Carrizo en la citación a juicio data del 07/10/2006.

Es así, que atento lo dispuesto por el art. 76 ter del CP, entre la fecha de comisión del nuevo hecho y la fecha de expiración del plazo por el cual fue suspendido el juicio en el proceso anterior, no han transcurrido los ocho años que exige la ley para la concesión de un segundo beneficio, y por ello consideró el a quo que no debía otorgarse la probation solicitada por el imputado Juan Andrés Carrizo.

Tales fundamentos permiten advertir que la inviabilidad de una segunda concesión de la suspensión del juicio a prueba a favor del acusado, constituye una de las razones que tuvo en cuenta el Tribunal a quo para sostener la conclusión que aquí se ataca.

Y no es ésta una interpretación antojadiza del juzgador, sino la voluntad del legislador desde que surge del propio texto normativo que analizamos, que: "...La suspensión del juicio a prueba podrá ser concedida por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual hubiera sido suspendido el juicio en el proceso anterior..." A más de ello, valoro que la pretensión de declarar inconstitucional la norma del art. 76 ter quinto párrafo, deviene extemporánea, toda vez que la misma debió plantearse en la primera oportunidad que tenía el interesado en el proceso para hacerlo o que podía prever que se suscitaría.

Al respecto, observo que el recurrente conocía con anterioridad la existencia de la causa tramitada contra su defendido como surge de fs. 246/252, por lo que en la primera intervención en la presente causa (fs. 394/398 y acta de audiencia de fs. 425) ya debía prever que en función a lo regulado por el art. 76 ter, 6º párrafo, del C.P. le podría ser vedada la posibilidad de obtener el beneficio solicitado; no obstante ello, no efectuó en esa oportunidad el reclamo defensivo en tal sentido y bajo las formas de referencia para ser resuelto por el Sr. Juez competente; omisión que actualmente impide tratar cualquier agravio al respecto toda vez que fue planteado extemporáneamente lo que torna inaudible el reclamo en este sentido.

Ello comulga con el criterio sostenido por la Corte Federal respecto a que la cuestión constitucional debe ser planteada al trabarse la contienda judicial (Fallos 188:482; 153:319) y en los incidentes al discutirse inicialmente el punto controvertido, o sea, en la primera oportunidad; pues al no traerse la cuestión en la primera oportunidad posible, ella aparecería después como una reflexión tardía o una mera ocurrencia (Fallos 188:482; 160:326).

Por ello, el agravio no debe ser atendido. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la primera cuestión, y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/12, por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en su carácter de asistente técnico del imputado Juan Andrés Carrizo. II) No hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 76 bis último párrafo y 76 ter del Código Penal. III) Rechazar el recurso de casación interpuesto. IV) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). V) Tener presente la reserva de derechos que prevén los Arts. 14 y 15 de la Ley 48, para el caso federal y la de los recursos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el Pacto de San José de Costa Rica.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El Sr. Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el Dr. Cáceres, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs.1/12, por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en su carácter de asistente técnico del imputado Juan Andrés Carrizo.

2º) No hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 76 bis, último párrafo y 76 ter del Código Penal.

3º) Rechazar el Recurso de Casación interpuesto.

4º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

5º) Tener presente la reserva de derechos que prevén los Art. 14 y 15 de la Ley 48, para el caso federal y la de los recursos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el Pacto de San José de Costa Rica.

6º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria. ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.