marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Bricka, Carlos Alberto s/ ROBO CON HOMICIDIO RESULTANTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de nulidad que pretende cuestionar la interpretación que de diversas normas procesales ha efectuado la alzada, denunciando vicios in iudicando y el menoscabo al derecho de defensa, cuestiones que resultan ajenas a su ámbito y propias del recurso de inaplicabilidad de ley.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, personería, acreditación de la personería, poder general, copias, actos y diligencias procesales, consentimiento, nulidad del acto jurídico, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Orlandi y Cía. SRL c/ Radusso, Mario s/ Cobro de pesos. Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ¨es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario) Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ­es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1974-11-08

Si bien es cierto que el poder fue presentado al tribunal, según resulta del decreto dictado al presentarse la demanda ordinaria posterior, y que esa providencia quedó consentida para ambas partes en cuanto ninguna de ellas dedujo en término legal recurso alguno al respecto (artículo 108, Código Procesal Civil y Comercial), también lo es que la disposición de dejar copia autorizada del referido poder en autos no fue cumplida en momento alguno. Con esta omisión se ha producido la consecuencia irregular de haberse constituido la relación procesal sobre la base de un acto que carece de la autorización que impone la ley para ser plenamente hábil a ese único y fundamental efecto. (Del Voto del Dr. Villa Perincioli -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es si la omisión de certificar la copia agregada a los autos del poder acreditativo de la personería del mandatario de un litigante, es por sí sola causa de nulidad de los procedimientos e inclusive, de la sentencia.
Interpretación de la constitución, vicegobernador, Poder Ejecutivo Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Unión Cívica Radical s/ Acción meramente declarativa declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-11-10

El "enfoque semántico" se ubica en el primer lugar para abordar la tarea interpretativa, porque lo primero con lo que se encuentra el intérprete es con la palabra escrita. Las palabras que emplea la Constitución deben ser entendidas en su sentido general y común, en ningún momento ha de suponerse que un término constitucional es superfluo o está de más, sino que su utilización obedeció a un designio preconcebido de los autores de la ley suprema. El art. 129, refiere en todo momento al "Gobernador y el Vicegobernador", tanto cuando habla de la duración de sus mandatos, como cuando se refiere a sus posibilidades de reelección. En el segundo párrafo, que es el que nos interesa dice que "el Gobernador y el Vicegobernador" pueden ser reelectos, hasta allí tampoco surgen inconvenientes, porque la reelección lisa y llana en un mismo cargo no es lo que está en discusión: la divergencia aparece con la variable "o sucederse recíprocamente por un nuevo período significa una "relación de interdependencia", una relación sobre la base de mutuas concesiones y el goce de idénticas ventajas que recíprocamente se reconocen.

Siendo así, por un lado no existe duda alguna que el ciudadano Insfrán en cuanto ocupa por vez primera la titularidad del Poder Ejecutivo Provincial, puede ser reelecto en el mismo cargo, por un nuevo período. Ahora bien, su anterior inclusión en la fórmula Joga-Insfrán y consecuente desempeño como vicegobernador del primero de los nombrados, tampoco es obstáculo para que pueda nuevamente postularse, desde que ausente está aquí el sentido de reciprocidad. Esta claro que el Gobernador y el Vice que se correspondían a aquella fórmula no la integra en la actualidad.

Desde el punto de vista semántico, la norma se refiere a que el Gobernador y el Vice pueden ser reelectos, cada uno en su mismo cargo, o sucederse recíprocamente en referencia indiscutida a la fórmula que puede ser intercambiada. Ha dicho la Corte Suprema que "las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras, sin violentar su significado, máxime cuando aquel concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento vigente. Obviamente que quedarnos en la interpretación literal resulta absolutamente insuficiente y por ello seguiremos indagando a través de otros enfoques, ya que señala Linares Quintana, el método gramatical o semántico que fue el primero de la Historia, ofrece no pocos inconvenientes y en el actual estado de la ciencia del derecho no resulta admisible su empleo con exclusividad. (Fundamento del Dr. Ariel Coll)
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, obligaciones del médico, deber de obrar con prudencia, culpa civil, negligencia
Materia: CIVIL
Carátula: TRAVAGLIA, Mabel Edith c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-05

El hecho de que el profesional médico una vez que emergió el cuadro clínico (en el caso, lesión necrotizante), se haya ocupado de la enferma en forma por demás diligente, acompañándola a una interconsulta, presenciando la operación realizada, si bien es ponderable desde el punto de vista ético y humanitario, no enerva los efectos de la negligencia en que pudo haber incurrido.
Honorarios, querellante particular, vacío legal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CASTRO,JUAN DE DIOS s/ p.s.a. de lesiones culposas- Recurso de casación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-04-07

Los honorarios correspondientes al patrocinio de la querellante particular en relación de su intervención en parte del proceso (art. 7 ley 8123), e una situación no prevista expresamente, en el Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba.

Ello es así, pues la institución de "querellante particular" (art. 7 Ley 8123) entró en vigencia el 16/01/95 (ley 8261), con posterioridad a la ley 8266 que habilitó al ofendido penal por un delito de acción pública, a intervenir en el proceso penal como querellante adhesivo.

Para estos casos- silencio de la norma- la Ley establece como eje ordenador su correcta interpretación (art. 1059), la aplicación análoga de las normas que mas se adecuen a la actividad profesional realizada, debiendo armonizarla con los Códigos de Procedimientos que correspondan. Con ello, se reafirma la télesis de todo el plexo normativo, al pretender asegurar una retribución profesional digna y equitativa por la actividad cumplida.

En tal sentido, debe traerse a consideración la regla del Art. 22 que para los distintos letrados intervinientes que participan en forma sucesiva y por la misma parte, considera su actuación como si fuera un sólo patrocinio o representación (art. 22)y los honorarios se determinan proporcionalmente a la actividad realizada según por los parámetros fijados por los Art. 36 y 42 (art.23).

El art. 42 de la Ley 8226 aunque "se inserta en el título que regula las "disposiciones generales" (Título I, ley 8226), no parece razonable aplicarlo, en términos generales, al proceso penal, toda vez que alude, en el orden que exponemos, a las siguientes etapas, propias del procedimiento civil: demanda y contestación, ofrecimiento de prueba, diligenciamiento de prueba, y etapa de alegación y actividad probatoria adicional, cuando así fuera dispuesta",.

De esta manera, contempla específicamente la escritura del procedimiento civil, que difiere sustancialmente de la configuración del Enjuiciamiento criminal de nuestro código procesal Penal.

Se concluye así, que el art. 87, se erige como la norma específica que rige los honorarios de los letrados intervinientes considerando las específicas etapas en que se desarrolla el proceso penal.

Por otra parte, para el ejercicio de la acción resarcitoria o querella, debe atenerse al art. 86, en cuanto prescribe que la regulación por la defensa o patrocinio del actor civil o la víctima, deberá practicarse cómo si se tratase de un proceso en conocimiento en primera instancia, de acuerdo a los parámetros brindados por el art 34.

Ello permite ubicar en esta hipótesis normativa, al profesional que asumió el patrocinio de la víctima como querellante particular. Ahora bien, cuando la tarea se ha desarrollado en un proceso correccional, la norma aplicable se circunscribe al segundo párrafo del art 87, que dispone regular el cincuenta por ciento (50%) para cada una de las etapas del proceso.
Alimentos, alimentos atrasados
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P.de P.A.N. c/ P.C.R. s/ Alimentos F.R.A.M. c/ H.J.L. s/ Incidente reajuste cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-21|1994-05-31

Cuando el art. 641 del Código Procesal dispone que la cuota alimentaria se retrotraerá a la fecha de interposición de la demanda, debe entenderse que se trata de la demanda de alimentos y no la promovida en el denominado juicio "principal", o sea el de divorcio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrabando, inexistencia de delito, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ DE LOAYZA, MERCEDES s/ Contrabando Causa 30921 -
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-12

La acusada no pudo incurrir en el delito de contrabando de estupefacientes puesto que su ingreso al país fue sólo en tránsito, no habiendo traspuesto ningún control aduanero (Del voto del Dr.

Hendler, en disidencia).
Juicio por jurados, derechos y garantías constitucionales, estado federal, facultades jurisdiccionales, Constitución Nacional, competencia penal, juicio por jurados populares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Canales, Mariano Eduardo y otro c/  s/ homicidio agravado - impugnación extraordinaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-02

El juicio por jurados no debe ser entendido solo como un derecho individual del imputado, y por ende renunciable, sino que debe ser concebido como un modelo institucional de administración de justicia que expresa la participación del pueblo en la administración de justicia penal. Dicho de otro modo: en nuestro sistema constitucional, el juicio por jurados supone no solo -o no tanto- el derecho de una persona a ser juzgada por sus pares sino -fundamentalmente- el derecho del pueblo a juzgar (Voto del juez Rosatti).
Accidentes de trabajo, asistencia médica
Materia: LABORAL
Carátula: Gutiérrez Navarrete N. H. c/ Compañía Financiera SIC s/ Cobro de gastos de intervención quirúrgica
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

Toda pretensión de recibir una atención terapéutica dirigida a superar una minusvalía invalidante, sin carga económica para el trabajador, resulta procedente en tanto y en cuanto sea prestada por los médicos designados por el empleador, habida cuenta ser éste quien asume la pertinente obligación económica, cuando media la aceptación del obrero (art. 26, ley 9688).
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, empleo público
Materia: LABORAL
Carátula: PACIN, JUAN MARTÍN s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en PACIN, JUAN MARTIN c/ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES s/ AMPARO - EMPLEO PÚBLICO-OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

Corresponde rechazar la queja toda vez que sostiene un recurso de inconstitucionalidad mal deducido, en tanto fue interpuesto sin respetar los plazos requeridos por la ley n° 2145, que regula la acción de amparo. (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz e Inés M. Weinberg).
Constitución Provincial, control de constitucionalidad, interés legítimo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: González Bergez, Pablo y otros s/ inconstitucionalidad ley 10.859 (I.1457).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-06

Del art. 149, inc. 1., de la Constitucion de Buenos Aires, como de las disposiciones procesales que lo reglamentan, no surge de modo expreso la posibilidad de impugnar una ley de la provincia en el exclusivo interes de su regularidad constitucional,
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jue, Claudio Alejandro c/ Grossi Gallegos, Bibiana N. s/ Incidente de desocupación en autos: `Frontini, M. c/ Flores, C. s/  Ejecución de sentencia'
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

El pronunciamiento de la Cámara que hizo lugar al incidente de desalojo promovido por el adquirente en subasta del bien ocupado, por entender que la incidentada carece de derecho a ocupar el bien reviste carácter de definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que decide sobre la suerte del derecho alegado por la incidentada.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, calidad de parte, Derecho laboral, contrato de trabajo, presunciones, prueba, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: BELTRAN, VICTOR ARIEL c/ KUNCAR, ADRIANA ELIZABETH s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-05

Si cualquiera de las partes reclama ante el Órgano Jurisdiccional la revisión de la falta de correspondencia entre lo que surge de lo consignado en documentos emanados una de ellas y la realidad, resulta menester iniciar el análisis partiendo de dos premisas: la duda respecto al contenido de lo escrito (máxime si quien lo denuncia es el trabajador, invocando la existencia de un fraude) y la ponderación de todo elemento de prueba producido por las partes para ratificarlo, en un caso, y para desvirtuarlo, en otro.

En otros términos: aunque en los recibos que se encuentran reservados como prueba documental se consigne que era cadete ayudante, que cumplía media jornada, ello no basta para ceder frente al examen de la realidad, lo que es coincidente con el imperativo de supremacía de la misma (doctrina de Vázquez Vialard en "Ley de contrato de trabajo comentada y concordada" t. III, p, 31).
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torres de Martínez Gladys M. c/ Martínez Luis a. s/ División de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03

Habiendo reclamado la administradora de la sucesión la división de condominio y asimismo compensación por el uso del inmueble por el restante condómino, el rechazo de la excepción de falta de personería opuesta por éste respecto a este último reclamo lo hace pasible de cargar con las costas del proceso. Ello así en cuanto aquélla no ha hecho más que cumplir con la obligación que le impone el art. 474 del CPC, exhibiendo tal pedido de compensación innegable carácter accesorio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, legitimación activa
Materia: LABORAL
Carátula: TECHERA MIGUEL JUAN Y OTRA c/ ZAMBON HUGO LUIS s/ COBRO DE PESOS (ACCIDENTE DE TRABAJO "IN ITINERE")
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-12-28

Es meramente teórico y abstracto considerar la existencia o inexistencia de la relación laboral si los actores carecen de acción en el marco de la ley 24.557
Empleados públicos, prescindibilidad, acto administrativo, desviación de poder
Materia: Administrativo
Carátula: CAPART, Enrique Angel c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-02-12

En el caso no es de aplicación la doctrina sostenida por este Tribunal en la causa "Miquelarena, Rodolfo Abel c-Administración de Vialidad Provincial y otro s-Demanda Contencioso Administrativa", porque la Resolución 1372-79 de la Administración de Vialidad Provincial, aún cuando adoleciera del vicio de desviación de poder como afirma la actora, no es nula de pleno derecho, aún admitiendo que la Resolución referida adolece del vicio señalado, la misma sería anulable conforme lo dispone el art. 34 de la ley 920, por lo tanto no recurrida en término queda "inmutable" en los términos del art. 15 del decreto-Ley 1895-81
Homicidio en ocasión de robo, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Juan Ramón s/ Homicidio criminis causa Estigarribia, José Miguel y otros s/ Robo reiterado - Violación - Tentativa de violación - Homicidio en  ocasión de robo - Encubrimiento Rosales, Juan Carlos y otro s/ Tentativa de robo. Atentado y resistencia a la autoridad. Homicidio  y lesiones Villalba, Jorge Luis s/ Homicidio en ocasión de robo Pozzan, Sergio Alfredo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11|1991-10-15|1995-08-01|1993-04-20|1993-03-30

Lo descripto en el art.165 del Código Penal es un robo calificado y no se advierte razón alguna para que tal figura de la llamada "parte especial" del Código no sea relacionada, cuando así corresponde, con el art.42 de su denominada "parte general". Ello es distinto de lo atingente al homicidio que, por constituir en tal figura (art.165 cit.) un elemento normativo del tipo, debe entonces consumarse para su aplicabilidad sea en forma consumada sea en grado de tentativa.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, cómputo privilegiado de la privación de libertad, ley penal más benigna, ultraactividad de la ley, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: R, C F s/ R., C .F. S/ HOMICIDIO AGRAVADO POR USO DE ARMA. COMPUTO DE PENA. RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE.: N 64 AÑO 2005) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-28

El beneficio contemplado en cuanto al cómputo más favorable de la prisión preventiva previsto en la segunda parte del art. 7 de la ley 24.390 sólo es aplicable en tanto el autor del hecho cometido durante la vigencia de dicha ley hubiere cumplido detención antes de la derogación de la misma, los plazos previstos en el artículo 1 de la referida ley. Asimismo, no corresponde aplicar en el caso lo dispuesto en el art. 3 del Código Penal, pues dicho precepto fue concebido en 1921 como una disposición transitoria tendiente a ordenar la transición legislativa entre el Código vigente anterior que contemplaba penas privativas de la libertad muy diferentes a las actuales. (De la disidencia del Dr. Fierro).

En el caso, la cuestión a resolver es:¿Es necesario haber cumplido dos años en prisión preventiva en forma previa a la vigencia de la ley nro. 25.430 para que sea ultraactivo el cómputo privilegiado que establecía el texto derogado del artículo 7 de la ley 24.390?
Pena privativa de la libertad, graduación de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Escobar, Daniel Eduardo s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

Las penas privativas de libertad divisibles por razón del tiempo se cuentan en unidades de días, meses o años, pero ninguno de los elementos objetivos o subjetivos que se enuncian en los dos incisos del art. 41, CP tienen una correspondencia aritmética exacta en días, meses o años. De modo que la medida de la pena es el resultado de una consideración global de la gravedad objetiva del injusto, a la luz del iniciso 1, y de su confrontación con referencias objetivas que hacen a la culpabilidad por ese injusto, o en su caso, la presencia de razones subjetivas que permiten responder en una medida menor que la adecuada al reproche de culpabilidad, a la luz del inciso 2. (voto del juez Rimondi al que adhirió la jueza Llerena) Remisión a "Aveiro", Reg. 1556/2018; "Ramos Albitrez", Reg. 646/2015 y "Bardón", Reg. 1001/2018
Contratos, simple damnificado, terceros
Materia: CIVIL
Carátula: De la Peña, Carlos Diego c/ Transportes Metropolitanos General Roca S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

Al tercero damnificado le son oponibles todas las cláusulas del contrato de seguro, aun aquéllas que restrinjan o eliminen la garantía de indemnidad, sin distinguir en la naturaleza que éstas pudieran tener. El tercero está subordinado, le son oponibles, lo afectan o se encuentra enmarcado por determinadas estipulaciones contractuales, aun cuando haya sido ajeno a la celebración del pacto.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Morales Vda. de Rojas, Carmen Ramona c/ Puerto  Tirol  S.R.L.  /o  quien  resulte  responsable del automotor dominio C-1648254 s/ Daños y Perjuicios S.R.L.  /o  quien  resulte  responsable del automotor dominio C-1648254 s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-11-14

Todo automovilista debe conducir con atención y prudencia, encontrándose siempre en disposición anímica de detener instantáneamente el vehículo que maneja. Si así no lo hace, no se necesita más para considerarlo incurso en culpa; la conducción de un vehículo en la vía pública requiere de su conductor no sólo una permanente atención y observancia de las reglas de prudencia, sino que en todo momento debe mantener el más absoluto dominio sobre él, de forma de poder detenerlo cuando así lo requieran las dificultades propias del tránsito.
Trabajadores rurales, sanciones laborales, impugnación de la sanción, falta de impugnación
Materia: LABORAL
Carátula: ORSINI, ANDRES EDUARDO c/ ESTANCIA LA SOFIA S.A. s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-11-19

No cabe hacer una interpretación del artículo 60 del R.N.T.A. -supliendo el vacío legislativo- contraria al carácter protectorio del derecho del trabajo, de modo tal que la falta de impugnación por el trabajador de la sanción aplicada en el plazo contemplado en la norma legal citada, permita concluir la caducidad del derecho a pretender el cobro de lo adeudado por tal concepto.
Embargo, levantamiento del embargo, caducidad, cesión de derechos, oponibilidad a terceros
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ, CARMEN CAYETANA c/ CORRAL, ANTONIO FRANCISCO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-12-29

La cesión de derechos hereditarios sobre bienes inmuebles es oponible a terceros a partir de su anotación en el registro inmobiliario.La cesión queda liberada del embargo por la extinción de éste, no pudiendo viabilizarse en virtud de ello el pedido de embargo sobre un bien que no pertenece al causante, sino al cesionario, por lo que corresponde levantar la medida cautelar.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Regímenes jubilatorios especiales, abogados, cancelación de la matrícula
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bianchi, Cleto Donato c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad decreto ley 9978
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Los arts. 39 y 40 de la ley 6716 en su texto según decreto ley 9978, en cuanto impone al afiliado la cancelación de la matrícula en todas las jurisdicciones del país, para poder gozar del beneficio jubilatorio es inconstitucional, por transgredir los arts. 67 y 104 de la Constitución nacional y 1 y 44 de la Constitución de la Provincia.