Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-07-23


NEUQUEN, 23 de julio de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "MABELLINI PEDRO C/ BOSSERO SERGIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR USO DE AUTOMOTOR C/ LESION O MUERTE" (EXP Nº 370142/8) venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° SEIS a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia Pamphile dijo:

I. A fs. 302/307 se dicta sentencia y se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el Sr. Pedro Mabellini y se condena a la Sra. Carmen Olate, a Ramón Nicolas Tapia y a Segurcoop, al pago de la suma de $14.197,08 con más sus intereses y costas.

Contra dicho pronunciamiento apelan el actor y la citada en garantía.

A fs. 349/352 en sus agravios, el actor cuestiona que se haya rechazado el rubro desvalorización del valor venal con fundamento en que no ha acreditado su calidad de propietario del vehículo. Dice que esto es contradictorio con lo decidido previamente por el Juez, en tanto oportunamente negó la prueba informativa ofrecida para acreditar tal circunstancia, con base en que no había sido desconocida.

Agrega que ello, además, surge de las constancias labradas por el personal policial interviniente.

A fs. 355/356, en sus agravios, la citada en garantía, Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada, indica que, conforme surge de la contestación de Tapia, el vehículo embistente fue el Megane y que el semáforo estaba intermitente, por lo cual el Sr. Bossero, al menos pudo frenar o aminorar la velocidad.

Luego de transcribir parte del pronunciamiento, señala que más allá de la responsabilidad de Tapia, el demandado Bossero tiene su cuota de responsabilidad en el acaecimiento del siniestro, toda vez que al estar el semáforo intermitente, debió tomar las mínimas precauciones que tal situación ameritaba, lo cual no ha sido analizado en la resolución cuestionada.

Dice que debió ponderarse la actividad de Bossero como concausante del accidente.

A fs. 358/359 contesta la Mercantil Andina S.A. quien solicita que se rechace el recurso de la co-demandada, con costas.

II. Así planteados los agravios, por una razón de orden, comenzaré por el análisis de los formulados por la co-demandada, en cuanto cuestiona la atribución de responsabilidad exclusiva en el siniestro, al vehículo conducido por el Sr. Tapia.

Y, en este sentido, desde ya debo adelantar que el recurso debe ser desestimado, en tanto escasamente cumplimenta con los recaudos establecidos en el artículo 265 de C.P.C.C: la expresión de agravios, en modo alguno, puede consistir en una mera discrepancia con la decisión adoptada o criticar extremos que en nada inciden en el fundamento de la decisión.

Así se ha indicado, en criterio que comparto, que "la parte debe seleccionar del discurso aquel argumento que constituya la idea dirimente y que forma la base lógica de la decisión. Efectuada la labor de comprensión, le cabe demostrar cual es el punto del desarrollo argumental que muestra un error en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica -dando las bases del distinto punto de vista- que lleva al desacierto ulterior concretado en el veredicto. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica, antes que por la solidez de la decisión que recurre. No basta, para que prospere una apelación, con acudir a citas jurisprudenciales y/o doctrinales, huérfanas de todo sustento fáctico, como pretende el demandado, dado que no explica de que forma se relacionan con el caso debatido (CNCont. Adm. Sala 2°, 7-9-04).

Se ha señalado, en distintas oportunidades, que la mera disconformidad con la sentencia, por considerarla equivocada o injusta, o las generalizaciones y apreciaciones subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones del fallo apelado, no constituyen una expresión de agravios idónea, en el sentido de resultar apta para producir la apertura de la presente instancia. En orden a ese objetivo, lo que se exige no es la sola crítica entendida ésta como disconformidad o queja, sino una crítica calificada, una crítica recursiva, la que para merecer dicho adjetivo debe reunir características específicas.

Así y tal como frecuentemente hemos señalado: "el concepto de crítica razonada y concreta, contenido en el art. 265 del Código Procesal exige al apelante, lo mismo que al juzgador, una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído, en cuanto al juzgado como erróneo, como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas; deben precisarse, parte por parte, los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general reúnan los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación; para desvirtuar una solución realmente dotada de congruencia, no basta criticar aspectos de ella de modo aislado pues, aún erróneo en detalle, puede ser acertado en conjunto." (cfr. Sala II, en autos "PROTTI MARIA EUGENIA C/ CORTEZ RAUL Y OTRO S/ DESALOJO SIN CONTRATO DE LOCACION" (EXP Nº 377138/8), sentencia de fecha 28/06/2011).

Y como puede advertirse de la síntesis de los agravios planteados, la recurrente escasamente cumplimenta el requisito del art. 265 del código procesal, por cuanto no conforman un ataque concreto y razonado al fallo recurrido, sino que, por el contrario, sólo traslucen una disconformidad con lo decidido.

III. En efecto, es claro que la disconformidad plasmada con el decisorio no logra contrarrestar los argumentos de base de la decisión.

Conforme surge de la sentencia, se apoya fundamentalmente en los términos de la pericia accidentológica que no ha sido cuestionada por la recurrente y de la cual claramente se desprende que el co-demandado no sólo no respetó la prioridad de paso de Bossero, sino que además conducía con exceso de velocidad.

Ningún elemento surge de autos, que permita establecer que Bossero haya contribuido concausalmente al accidente, en tanto no se ha acreditado que condujera de manera desaprensiva o que hubiera cometido una infracción determinante del accidente.

Debe en este punto notarse que el cruce no se encontraba en ese momento señalizado por semáforos (todas las partes son contestes en que la señal lumínica estaba intermitente).

Insisto, a partir de la pericia practicada, no existen elementos de prueba que permitan inferir que el conductor del Megane, que tenía prioridad de paso, se condujera de forma desaprensiva o hiciera un ejercicio abusivo de su derecho de prioridad.

La calidad de embistente no varía la solución en tanto, conforme se ha señalado en criterio que comparto: "Si la demandada interfirió la trayectoria del automotor que tenía expedito el cruce de la bocacalle . la argumentación basada en el resultado que arrojara la prueba de pericia de ingeniero mecánico, en punto a que el actor reviste la calidad de agente activo de la colisión y el demandado la calidad de sujeto pasivo, pierde totalmente entidad pues la parte actora no reviste la condición de embestidora jurídica. El hecho de resultar el actor embestidor mecánico, no siempre fluye que se derive para él una consecuencia desfavorable, desde que para que ello ocurra es menester que coincida el concepto de embestidor mecánico con el de embestidor jurídico. La razón es simple: el primero refiere una calidad puramente física; el segundo una jurídica. En otros términos, aquel apunta a la sola materialidad, mientras que éste hace a la responsabilidad. Decidir si coinciden o no es materia específica de valoración judicial. Aferrarse ciegamente al mundo físico para decidirse siempre por la responsabilidad del embestidor (no obstante la innegable presunción que pesa sobre él) lleva a desnaturalizar la ciencia jurídica y a sacar conclusiones que, en supuestos como el de autos, van contra lo que indica la lógica y el curso normal de las cosas. Frecuentemente sucede (y así es en el presente caso) que el embestidor resulta, en buena medida, un agente pasivo; es el objeto impactado el que se coloca sorpresiva e indebidamente en su camino" (cfr. PS-2008-T°II-F°393/398).

Como se ha señalado en otras oportunidades, debo reiterar aquí que no puede resultar indiferente a quienes operamos con el derecho, la existencia de una norma legal que establece una presunción de responsabilidad, lo que acentúa o completa el régimen que en materia de responsabilidad civil establece el Código Civil en sus artículos 1109 y 1113. Como sostienen Mosset Iturraspe y Piedecasas, "cualquiera que sea la norma que se aplique, debe considerarse la presunción de responsabilidad que tiene aquel que participa en un accidente y que carecía de prioridad de paso, ya que se trata de una presunción de origen legal, que no puede ser ignorada ni por la parte ni por el juez al aplicar el derecho".

Es que la prioridad de paso es un principio importantísimo en materia de ordenamiento vehicular y desde ello ".nada mejor para evitar la eventualidad que obligar a quien circula sin prioridad de paso a que detenga su marcha, aun si ha llegado antes al cruce, cuando advierte que no podrá superarlo sin que el vehículo que lo hace con prioridad detenga o aminore su marcha.

A los efectos de la resolución judicial, adoptar como pauta de inicio del razonamiento que la parte que carecería de la prioridad de paso resulta responsable, tiene su fundamento en las normas de tránsito citadas; a saber, en primer lugar, el carácter absoluto asignado por el art. 41 y, en segundo término, en la disposición del art. 64 que se la asigna a quien carecía de la prioridad de paso, la presunción de responsabilidad.

Ello produce claras consecuencias en un proceso, no solo para el juzgador sino también para las partes, quienes saben desde un inicio cuales serán las pautas de resolución y quien tiene la carga de probar para desvirtuar total o parcialmente la presunción de responsabilidad. En efecto, para hacerla ceder incumbe a la parte contraria probar que quien gozaba de la presunción la había perdido, pero ello con un criterio restrictivo y de excepción, cediendo solo en situaciones probadamente extremas." (cfr. Gallego, Richar F. "Prioridad de paso por la derecha" Publicado en: LLPatagonia 2010 (agosto), 336).

Y, en línea nuevamente coincidente con Galdós, debo decir que esta postura "no propicia legitimar comportamientos abusivos del conductor que goza de paso preferente, confiriéndole el rotulado "bill de impunidad" que convalide conductas antijurídicas y teñidas de reproche social y legal. Procura sentar un parámetro interpretativo que rige "ex ante" del hecho y en base al cual el juez acometa el análisis del cuadro fáctico. Creemos que se infiere de la interpretación gramatical del dispositivo legal ("La prioridad del que viene por la derecha es absoluta.") y es la que más se ajusta a la finalidad de las normas viales: establecer pautas de comportamiento claras, objetivas y certeras que tornen predecible la actuación de los restantes conductores y peatones garantizando la fluidez y la seguridad vial. Aquí radica el núcleo que la sustenta y que persigue que el ciudadano -peatón o conductor- conozca anticipadamente como debe proceder; es sencillo: frenar y ceder el paso al vehículo que aparece por su derecha. Y ese deber legal debe ser, además, difundido adecuadamente para que se genere la convicción de que la seguridad vial también requiere de uniformidad en la interpretación de las bases normativas vigentes." (cfr. Galdós Jorge Mario "La prioridad de paso de quien circula por la derecha", publicado en LLC 2012 (marzo), 147).

En consecuencia, y por todo lo señalado, la prioridad de paso que tenía Bossero al venir circulando por la derecha, cobra virtualidad plena y provoca la responsabilidad total de Tapia en el accidente, toda vez que en el caso no se ha acreditado que hayan acontecido supuestos excepcionales que permitan apartarse de esta regla. Por esta razón, corresponde rechazar el agravio expresado al respecto y confirmar la sentencia de grado.

IV. En cuanto al agravio formulado por Mabellini, el mismo debe prosperar.

En efecto: "hoy tiende a prevalecer una jurisprudencia amplísima, que sostiene que no es necesario que quien pide ser resarcido pruebe la propiedad del vehículo dañado, pues basta que lo usara en el momento del suceso o tuviese sobre ella guarda jurídica, en razón de que el derecho de uso no requiere más prueba que su ejercicio y que la posesión del vehículo basta para reclamar la reparación de los daños sufridos por él" (confr. Kemelmajer de Carlucci, en "Código Civil, comentado", Belluscio-Zannoni, t. 5, p. 387, comentario al art. 1110).

Pero, además y fundamentalmente, le asiste razón en las críticas concretas que se fincan en lo actuado en esta causa: conforme surge del escrito de demanda, el actor afirmó ser propietario del vehículo, consignándose en el formulario obrante en copia a fs. 6 que el FIAT Stilo Dominio EHL 289 era de propiedad del aquí actor, Pedro Mabellini, Documento ..., con domicilio en calle ... de esta ciudad (cfr. fs. 293/294) Del mismo modo y ante el supuesto de desconocimiento de su calidad de tal, ofreció prueba informativa al Registro de la Propiedad automotor (cfr. fs. 13).

Tal circunstancia no fue negada en los respondes, por lo que no puede tenerse como controvertida, a punto tal que, al proveer la prueba se dispuso: "Respecto al Registro P. Automotor no mediando desconocimiento expreso, a lo solicitado no ha lugar" (cfr. fs. 144).

Por esta razón, el pronunciamiento debe ser descalificado en este aspecto.

Ahora bien, se ha dicho que "para determinar la desvalorización venal del automóvil dañado, es ineludible la prueba pericial, pues aún cuando generalizada la idea de que el vehículo chocado pierde parte de su valor en la cotización del mercado, ello se encuentra supeditado a las secuelas de los desperfectos luego de la reparación, y esa determinación solamente puede ser brindada por medios técnicos que únicamente los expertos pueden proporcionar mediante la respectiva prueba pericial..." (conforme CC0203 LP, B 69375 RSD- 140-90 S 7.8.90, Sumario B350518, en JUBA7).

En este caso, corresponde hacer lugar al reclamo por desvalorización del valor venal, en tanto el dictamen pericial no ha merecido críticas en este aspecto, fijándoselo, de conformidad a lo informado por el perito interviniente en un 5% del valor de venta del vehículo, esto es, en la suma de $2750,00 (cfr. fs. 255 y 274).

En orden a las consideraciones expuestas, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, en mérito al cual la demanda prosperará por la suma de $16.947,00 con más los intereses establecidos en la sentencia de grado. Las costas estarán a cargo de los co-demandados vencidos. Asimismo, desestimar el recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada, con costas a su cargo. TAL MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome en idéntico sentido.

Por ello, esta Sala I RESUELVE:

1º) Modificar la sentencia de fojas 302/307 elevando el monto de condena que deberá pagarse a la actora a la suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE ($16.947), con más los intereses allí fijados y confirmarla en lo demás que fue materia de recurso y agravios.

2º) Imponer las costas de Alzada a los codemandados vencidos y las correspondientes al recurso de la citada en garantía, a su cargo (art. 68, C.P.C.C.).

3º) Diferir las regulaciones de honorarios de los letrados intervinientes en la Alzada, las que se fijarán oportunamente de conformidad al monto en juego en cada recurso (art. 15 L.A.).

4°) Regístrese, notifíquese electrónicamente en la forma dispuesta a fs. 360 y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.