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Derecho procesal, principios procesales, iura novit curia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Goñi Héctor Jesús c/ Ing Bank N.V. s/ ordinario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

1. La limitación que establecen los artículos 34 - 4º, 161 2º, 163 - 6º y 164 del Código Procesal, no puede transgredirse por aplicación del principio "iura novit curia" desde que si bien éste autoriza a calificar la pretensión del modo correcto si lo fue hecho erróneamente, no permite cambiarla por otra (v.

Bustamante Alsina, "El principio iura novit curia autoriza a modificar la calificación de la acción pero no a cambiarla por otra", ED 114-353 y sus citas de doctrina y jurisprudencia), aludiendo la denominación de tal principio al "derecho" y no a los hechos por lo que si bien el magistrado no tiene límites en el campo jurídico puro -pudiendo sortear errores en la invocación del derecho o en la calificación dada por las partes a la relación-, siempre deberá hacerlo dentro del marco de los hechos afirmados por ellas, delimitantes del ámbito de su jurisdicción (arg. CNCom, sala E, in re "González Liliana c/ Scoring SA s/ ordinario", del 22/08/08; ídem, Sala A, "Cambria SA s/ quiebra c/ Tecotex s/ ord.", del 31/08/99; ídem, "Kunta SA c/ Lanza Roberto s/ cobro de pesos", del 11/04/90).

2. Es que su facultad para suplir el erróneo encuadramiento legal -si lo hubiere- no puede utilizarse de modo tal que importe alteración de los términos en que se trabó la demanda desde que aquel principio no le permite soslayar el relato de los hechos vertidos por cada una de las partes (v. Highton, Elena I.-Areán, Beatriz A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los codigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial", t.6, pág 228 y ss., ed. 2006;

Palacio, L. "Derecho procesal civil", t. IV, nro. 385, pág. 294).
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, exceso ritual manifiesto, defensa en juicio, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CORREDERA, DANIEL EUSEBIO c/ LIBERTY ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD  (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-02

La presente impugnación debe prosperar, en tanto el pronunciamiento cuestionado, al rechazar por extemporáneo el agravio vinculado con la falta de aplicación de la compensación adicional de pago único dispuesta por la Ley de Riesgos del Trabajo, ha consagrado una solución que no puede verse como una derivación razonada del derecho vigente, por incurrir en un injustificado rigor formal que lesiona de manera irreparable la garantía de defensa en juicio, ya que si bien es cierto que la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis y el alcance de las peticiones de las partes son temas de índole fáctico y procesal, lo decidido por la Alzada -por mayoría- al considerar tardío el planteo esbozado por el actor resulta descalificable en los términos de la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que de la recta lectura de las constancias de la causa se advierte que únicamente pudo arribar a dicha conclusión, tras brindarle al mismo un tratamiento irrazonable - CITAS: CSJN: Fallos 302:358; 311:645. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley de Riesgos del Trabajo, artículo 11, apartado 4
Deberes del juez, prueba testimonial, testigo único, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Márquez, Claudia Gabriela c/ Club Atlético Vélez Sarsfield. s/ DEBERES DEL JUEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

Si bien no empece en forma absoluta la calidad de testigo único para la ponderación de sus dichos, es obligación del órgano juzgador interviniente analizar el testimonio con suma prudencia y severidad, teniendo en cuenta los demás elementos en su conjunto (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Hipoteca, constitución de hipoteca, principio de especialidad (civil), crédito futuro
Materia: CIVIL
Carátula: CITIBANK N.A. c/ SYDAL ERICO LEONARDO s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-18

La hipoteca constituida en vista de un crédito futuro o eventual -en el caso la apertura de una línea de crédito rotativa-, se considera constituida desde el día de la convención y puede ser inmediatamente inscripta de modo tal que el acreedor aprovecha el rango que le corresponde desde la fecha de esa inscripción y no desde la fecha en que la utilización de los fondos se haya efectuado. De ahí que, puede constituirse una hipoteca en garantía del contrato de apertura de crédito, fijándose el máximo de responsabilidad hipotecaria y quedando la obligación indeterminada en su monto hasta la realización definitiva del crédito.
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Flores, Nasario c/ La Primera Cía. de Seguros Generales s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

El órgano judicial está dotado de amplias facultades en la tarea de apreciar y valorar las pruebas allegadas al proceso, y entre ellas, es dable recordar que no está obligado a valorar todas las pruebas producidas, aunque sí las que fueren esenciales y decisivas para sentenciar la causa.-
Querella, notificación por cédula, nulidad de la notificación, domicilio erróneo, domicilio constituido, falta de copias, audiencia de conciliación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Incidente de nulidad promovido por el Dr. MONNER SANS s/ Causa nro. 12.195
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-09

Se agravia el recurrente por entender que la cédula de notificación posee vicios que afectan su validez, pues a la par de consignar erróneamente que el domicilio del apelante era constituido no fue cursada con copia de la querella. Habrá de señalarse que la notificación que se cursaba no tiene exigencia legal de ser diligenciada con copia, pues sólo convocaba a las partes a la audiencia de conciliación. Ello pese a que doctrinariamente hay quienes sostienen que para tal acto debe acompañarse copia.
Jueces, funcionarios judiciales, aplicación de la ley, Consejo de la Magistratura, reescalafonamiento, cargo de mayor jerarquía, acción meramente declarativa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Enriquez Voboril, Myrian Beatriz y otro c/ A.N.Se.S. s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-29

En virtud del reescalafonamiento establecido en el año 2004 por el Consejo de la Magistratura, mediante Res. 471 del 11 de noviembre se dispuso que el cargo de Oficial Mayor pasara a denominarse Jefe de Despacho. Asimismo, por Res. 196 del 19 de abril de 2006, se acordó modificar la denominación correspondiente a dicho cargo por el de Jefe de Despacho de Primera, a efecto de que dichos agentes cumplan con el aporte previsto en el art. 31 de la ley 24.018. En consecuencia, las peticionantes -toda vez que ostenta el cargo de Jefe de Despacho de Primera-, se encuentran comprendidas en el marco de la ley 24.018 no sólo en virtud de la categoría que revisten -la que se encuentra entre las detalladas en el Anexo I de la mencionada ley- sino por el hecho de que, efectivamente, se les efectuaron los descuentos correspondientes al aporte jubilatorio conforme la norma legal; debiendo destacarse que, pese a lo dispuesto por Circular GP 58/06 A.N.Se.S., el organismo ha recibido sin cuestionamiento alguno dichos aportes. Por ello, corresponde confirmar la sentencia de la anterior instancia que hizo lugar a la acción declarativa y reconoció la procedencia de la aplicación de la ley 24.018 a la categoría de Jefes de Despacho de Primera, quedando a cargo del organismo administrativo verificar si las titulares reúnen los extremos legales para la concesión del beneficio.
Resoluciones inapelables, inapelabilidad en razón del monto
Materia: PROCESAL
Carátula: T., SAFICA c/ C., J.A. y Otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-25

La Cámara es Tribunal de alzada en todos los casos o contiendas judiciales que son del conocimiento de los jueces de primera instancia, salvo en los procesos de menor cuantía -en los que se debaten cantidades que no excedan del mínimo legal que establece el artículo 242 del Código procesal-, siendo éstos últimos de instancia única.

Dicha interpretación fluye naturalmente del texto legal citado que excluye la apelación no sólo respecto de las sentencias definitivas sino también con relación a las demás resoluciones que se dictaren en procesos en que el monto reclamado en la demanda -actualizado si correspondiere a la fecha de la resolución- no supere el tope allí previsto.
Rebeldía, comparecencia del procesado, prueba, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Farías, Josefa c/ Sueiro de Fretes, Rosa H.C. s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-19

Dispone el art. 66 del Código Procesal que "si el rebelde hubiere comparecido después de la oportunidad en que ha debido ofrecer la prueba y apelare de la sentencia, a su pedido se recibirá la causa a prueba en Segunda Instancia, en los términos del art. 260, inc. 5, apartado "a", lo que significa que sólo podrá hacerlo si se alegare un hecho nuevo posterior a la oportunidad prevista en el art. 365, o se tratare del supuesto a que se refiere el segundo párrafo del art.

366".
Costas, costas en el orden causado
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, Jorge Leandro s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-29

Corresponde imponer las costas de primera instancia en el orden causado si la pretensión de condena del particular damnificado ha sido compartida por el fiscal produciendo acusación, aun cuando ésta no haya logrado buen éxito.-
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, cobro de sumas de dinero, asistencia médica, interpretación de normas y actos locales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Angio Salud S.A. c/ Gobierno de la Pcia. de Santa Cruz - Ministerio de Asuntos Sociales  s/ cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2024-05-07

Es ajena a la competencia originaria de la Corte la demanda promovida por una empresa de salud, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra una provincia a fin de obtener el pago de facturas por servicios médicos prestados a pacientes derivados por la demandada, pues para resolver el pleito se debería examinar, sustancialmente, normas y actos locales, interpretándolos en su espíritu y en los efectos que la soberanía local ha querido darles, lo que determina que sean los jueces provinciales los que tengan a su cargo el conocimiento y la decisión de tales cuestiones. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Asegurador por riesgos del trabajo, determinación de la incapacidad, comisiones médicas, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Churruarín Pedro Oscar c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-06

El presente caso es un ejemplo de las situaciones teóricas ideales que se vuelven meras ilusiones en la realidad. La ART da un alta médica "con incapacidad a determinar". De la contestación de demanda surge que la ART afirma que "...no se negó ni se niega a indemnizar al actor con motivo del accidente de trabajo denunciado ante la aseguradora...", pero lo cierto es que el tiempo pasa y no lo ha hecho y solo ofrece más dilaciones. El actor postula, a los efectos liquidatorios, la inconstitucionalidad del Decreto 669/19, cuestión imposible de resolver por un tribunal administrativo conformado por médicos, o sea el caso de cualquier manera se judicializará, otra vez. La idea de que el reclamo pase por una comisión médica solo ofrece dilaciones, desvalorización de la indemnización por el transcurso del tiempo y no es una solución real para el trabajador (Voto Welp)
Nulidad procesal, detención, autoridad de prevención, delitos contra la libertad individual, declaración policial, declaración indagatoria, incomunicación, interrogatorio de identificación, garantías procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: A., M. y otro s/ Nulidad Procesal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21

No vulnera la norma del art. 184 del C.P.P. la actuación del funcionario preventor que se limitó a detener a los encausados y, dado lo avanzado de la hora y la falta de apoyo, postergó el interrogatorio de identificación y la lectura de garantías hasta asegurar su persona en la seccional.
Recurso de casación, apreciación de la prueba, abuso sexual
Materia: PROCESAL
Carátula: LÓPEZ, VICTOR s/ recurso de casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-05-17

Se satisfacen plenamente las exigencias de motivación si el tribunal de juicio dejó establecido en la sentencia que el acusado abusó sexualmente de la víctima, a la que sometió de manera violenta valiéndose de su superioridad física, logrando acceso carnal de carácter vestibular, en tanto dichas conclusiones no se extraen de una simple opción entre las versiones antagónicas ofrecidas en el proceso, sino que derivan de un razonamiento completo, que comprende la confrontación de la imputación y de la declaración defensiva del acusado con los restantes elementos probatorios colectados en la causa.

Si la evaluación inmediata de la prueba permitió a la Cámara formar una convicción de lo sucedido, mientras no se hayan violentado las reglas del recto entendimiento humano esa determinación debe permanecer inalterable, ya que no es misión del tribunal de casación subrogar al de juicio en el ejercicio de sus atribuciones discrecionales sino simplemente controlar que dicha función se cumpla con razonabilidad.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: PENAL
Carátula: Greppi , Carlos Alberto c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 6716
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-12-22

Si bien la verosimilitud del derecho debe ser examinada con mayor rigor cuando lo que se procura a través de una medida cautelar es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, en atención a la presunción de constitucionalidad y legalidad que ostentan tales actos, tal principio reconoce excepción, conforme consolidada doctrina de este Tribunal, cuando ya ha sido declarada la invalidez constitucional de la disposición puesta en crisis, dado que tal circunstancia habilita a suponer una razonable probabilidad de éxito al resolverse la cuestión de fondo. De tal manera, si se observa lo resuelto por el Tribunal el 15-XII-2010 al momento de dictar sentencia definitiva en la causa I. 2.175 "Torregrosa", es posible tener por acreditado este extremo.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Porreta Cabrera, Julio César y Caniza, Fredy Walter s/ Robo en grado de tentativa, Expte. nro. 142/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-04-02

En este sentido se ha señalado con precisión -citando a Acuña Anzorena- que al intérprete de la ley no puede acordársele el poder de variar el contenido mismo del texto legal interpretado, al grado de prescindir de él; agregando -con transcripción de Renard- que la materia de la ley no es un caucho tan elástico, y la técnica puramente interpretativa no es de una flexibilidad tal, que a fuerza de tirar sobre el texto, se llegue siempre a solucionar el caso. El rendimiento de la ley no es ilimitado (conf. fallo de la S.C.Buenos Aires, voto del Dr. San Martín, in re "Martijena de Zubiani, Nora E.

c/ Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires", del 04.07.89; L.L. 1989-E p. 130) (del voto del Dr. González Godoy).
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PROCESAL
Carátula: L., H. R. c/ C. SA y/o quien rsulte responsable de P.E. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-23

Es válida la declaración de los testigos que tienen relación con la parte que los presenta, si su testimonio se impone para la averiguación del hecho sucedido en el lugar de su vecindad o trabajo.
Responsabilidad objetiva, daño causado por animales, presunción juris tantum, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: PAN ALBERT Y OTRO c/ ROZENTAL, IGNACIO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-11

El art. 1124 del Cód. Civil establece una presunción "iuris tantum" en contra del propietario del animal que causare un daño y en su caso de la persona a la cual aquél hubiere mandado utilizarlo, debiendo la prueba idónea para destruir tal presunción versar sobre hechos que específicamente se enumeran como eximentes de responsabilidad (excitación de un tercero, liberación o extravío sin culpa, fuerza mayor o culpa de la víctima), no es suficiente para tales efectos que el dueño o guardián hubieran observado una conducta normal (arts. 1125 y sig. del Código citado).
Recurso de casación, interrupción de la prescripción, estafa procesal, falsificación de instrumento privado
Materia: PENAL
Carátula: Vartevanian, Rubén s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

El cálculo del transcurso temporal frente a un planteo de prescripción de un delito tentado no debe hacerse en base al máximo de la pena de esa conducta en abstracto sino en consideración de la pena que le correspondería en concreto. Ello se debe a que es la pena que, eventualmente, podría imponerse dadas las circunstancias particulares de los sucesos en que se había visto involucrado. A los fines de establecer si la conducta atribuida, es decir, estafa procesal tentada en concurso ideal con el de uso de instrumento privado falso, se encuentra prescripta deben contabilizarse cuatro años desde que ella sucedió hasta la fecha del primer acto interruptivo de los previstos en el art. 67 CP (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Días)
Acción de amparo, competencia, Cámara de Apelaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garcia, Abel Antonio c/ Daniele, Pantaleon Hilario s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

No habiendo excluido la ley 7166 -art. 4- a los Tribunales de Trabajo como órganos competentes para conocer de la acción de amparo, los mismos se encuentran habilitados para pronunciarse sobre conflictos entre particulares y con raíz laboral. Ahora bien, si al promoverse la acción de amparo se opta por el fuero laboral se condiciona el procedimiento futuro, pues la ley 7718/71 -modificada por las leyes 7879 y 8999 -establece en su art. 2º que los Tribunales de Trabajo conocerán en única instancia y sus decisiones son susceptibles exclusivamente de revocatoria -que ellos mismos resuelven-, o de los recursos extraordinarios previstos en la Constitución de la Provincia, por lo que la Cámara de Apelación no resulta competente para conocer en grado de apelación de los pronunciamientos del Tribunal del Trabajo -salvo los casos previstos por la ley-.
Personal de casas particulares, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Verbauede, Sara M. c/ Caffa, Alberto y otros s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-05-15

Deben extremarse las exigencias sobre las pruebas que demuestren, sin hesitaciones, que el trabajador no sólo realizaba las tareas propias del estatuto del Decreto 326/56, sino que los horarios y días semanales allí exigidos -artículos 1 y 2-, con mayor razón, cuando no rigen determinadas presunciones establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo.
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva, obligaciones de dar sumas de dinero, mora
Materia: COMERCIAL
Carátula: SKLAR FELIPE c/ SIGALOV SANTIAGO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-31

Si el documento ejecutado es un reconocimiento de deuda sin estipulación concreta de plazo de devolución de su importe, es necesaria la interpelación previa para constituir en mora a los obligados (Código Civil: 509), aplicable a través del reconocimiento ficto del procedimiento del código procesal: 525. Acaecida la mora en la pieza interpelativa, será a partir de ese momento la pertinente indexación.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, resoluciones, recurso de apelación (procesal), LEY DE CONCURSOS, economía procesal, celeridad procesal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Cereales Fighiera SRL s/ Quiebra. Cuestión a resolver: ¿Es apelable la sentencia   desestimatoria de la solicitud de quiebra formulada por acreedor?   (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-03-27

Los concursos son procesos en los cuales recaen resoluciones judiciales en número y frecuencia temporal más elevados que en otros procesos. La celeridad es, por otra parte, una aspiración primaria del legislador concursal, (determinada por la necesidad de poner punto final, con rapidez, al pernicioso fenómeno de la insolvencia).

Por eso, se ha procurado restringir la dilación en el trámite del proceso concursal que derivaría de la apelabilidad como norma de todas las resoluciones que el juez dictare. Los incisos 3) y 4) del artículo 296, Ley de Concursos, apuntan a que los procesos concursales avancen rápido y sin las cortapisas que significarían recursos de apelación admisibles contra todas las decisiones dictadas durante el curso de aquéllos. Pero si ésa es la razón de ser de la directiva general sobre inapelabilidad, bien puede sostenerse que ella no rige tratándose de decisiones que no hacen al trámite del concurso en sí, ni -menos todavía- cuando ni siquiera hay concurso. (Del Voto del Dr. Rouillon).
Acreedor interesado, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: M.C.B.A. c/ PARQUE SUR  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-14

Quien invoca el carácter de acreedor, debe demostrar la existencia de su crédito, porque sobre él pesa la carga de la prueba (conf, art. 377 del Código Procesal; CNCiv. Sala C, E.D.53-538; id. Sala D, E.D.-56-230; id. Sala A, E.D.52-495; id. Sala G, E.D.91-447; id.

Sala F, del 21/4/80, Rep.E.D. 15-753, Nro.16; id. Sala A, E.D.89-233;

CNCom. Sala A, E.D. 87-703)
Alimentos, cuota alimentaria, porcentaje de los ingresos, sueldo anual complementario
Materia: CIVIL
Carátula: A., D.E. y G., R.I. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-18

Cuando los alimentos se establecen sobre la base de una alícuota de los ingresos del obligado, cabe excluir de dicha base a los descuentos obligatorios de ley, mas no al sueldo anual complementario.-
Juicio ejecutivo, título ejecutivo inhábil, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en formación, cesión de cuota social
Materia: PROCESAL
Carátula: ULRICO BERGER c/ MIGUEL FEST s/ PREPARACION VIA EJECUTIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-22

El contrato de compraventa de cuotas partes de una S.R.L. en formación no reúne las características propias del título ejecutivo.

Falta en dicho documento el reconocimiento de una deuda líquida y exigible que no requiera indagaciones incompatibles con la limitación de conocimiento que es propia del proceso ejecutivo (CPR 520).
Leyes, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Guerra, Carlos Miguel s/ Infracción art. 8, ley 20.488 20.488
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-25

El art. 10 del decreto ley 5.10ó5 no fue derogado por el art. 1º de la ley 20.509 (anterior a la ley 20.488 pues ésta fue publicada el 23 de julio de 1973 y aquélla el 28 de mayo del mismo año) ya que habría sido ratificado por la ley 12.921. Tal art. 10 tampoco fue derogado por el art. 27 de dicha ley 20.488, que sólo se refiere a los arts. "1º y 14º del decreto ley número 5.10ó5 (ley nº 12.921)", pero fue implícitamente desplazado por el art. 8 de la citada ley 20.488 en la medida en que describe conductas equivalentes a las tipificadas en aquel art. 10.