Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-30


//la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 30 días del mes de noviembre de 2011, se reúne la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por doctor Raúl R. Madueño como Presidente y los doctores Juan E. Fégoli y Luis María Cabral como Vocales, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Maximiliano Hairabedián, en la causa N 13.662, caratulada: "Maldonado, Carlos Alberto s/recurso de casación", de cuyas constancias RESULTA:

1 ) Que el Magistrado a cargo del legajo de ejecución de la Secretaría de ejecución Penal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 1 de Córdoba, con fecha 3 de septiembre de 2010, declaró la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal, por lesionar los principios de culpabilidad, lesividad, reserva, derecho penal de acto, autonomía moral, derecho de defensa, readaptación social mínima, principio de judicialidad y tutela judicial efectiva, que se desprenden de manera expresa o por derivación de los art. 18 y 19 de la Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales integrantes del bloque de constitucionalidad (art. 75, inc. 22 C.N.), entre los mismos, Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8 y 9) y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 7). Y en consecuencia, concedió a Carlos Alberto Maldonado el beneficio de la libertad condicional, haciéndolo efectivo ese mismo día (art. 13 C.P. y art. 28 de la ley 24.660).

2 ) Contra dicha decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Maximiliano HAIRABEDIÁN, interpuso recurso de casación; concedido, fue mantenido en esta Instancia.

3 ) Que el recurrente sustentó la procedencia de la vía impugnativa impetrada en las previsiones del artículo 432, 457 y 491 del C.P.P.N.

Expresó en primer término, que el Código Penal enumera taxativamente las condiciones para la procedencia del instituto de la libertad condicional, resultando condición para acceder a dicho beneficio el cumplimiento de dos tercios de la pena impuesta por el Tribunal, la observancia regular de los reglamentos carcelarios, el pronóstico favorable de reinserción social por parte del interno (art. 13 del mismo cuerpo legal) y los requisitos negativos existente en los arts. 14 y 17 del C.P.

Seguidamente entendió, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye un remedio jurí-dico extremo que se ejerce solamente frente a la repugnancia de esa norma con los preceptos constitucionales, esto es, una medida de última ratio.

Remarcó que los principios de culpabilidad y derecho penal de acto no han sido conculcados por la norma en cuestión dado que la restricción del art. 14 del C.P. se fundamenta en el mayor grado de culpabilidad revelado por el imputado, por cuanto pese a haber experimentado una de las consecuencias más rigurosas que tiene el sistema penal, esto es, la privación de la libertad, denota un menosprecio hacia ello delinquiendo nuevamente.

Interpretó que el encartado no queda excluido del beneficio de la libertad condicional a fín de separarlo o segregarlo de la sociedad en razón de su peligrosidad, que tampoco se pone en tela de juicio sus valores, ideas o pensamientos, empero, a raíz de la insuficiencia o fracaso de la prevención especial del tratamiento penitenciario anterior, se propicia la restricción bajo estudio en la modalidad de cumplimiento de la pena actual, en aras de lograr la reinserción social.

Consideró que debe tenerse en cuenta que no existen derechos o principios absolutos, ya que estos encuen-tran limites en las leyes que reglamentan su ejercicio y por los derechos de los demás.

Concluyó entonces, que las restricción a los reincidentes de acceder a la libertad condicional limita o reglamente en forma legítima y constitucional los principios reseñados, al tiempo que constituye una decisión de política criminal adoptada por el legislador exenta del control judicial, ya que sostener lo contrario resentiría las raíces de nuestro sistema republicano de gobierno en lo que concierne a la división de los poderes del Estado.

Por último, observó que la decisión del sentenciante, al pretender otorgar igual tratamiento a situaciones que no lo son, genera un injusto y atenta con el principio de igualdad ante la ley consagrado en el art. 16 de la C.N.

4 ) Que en la oportunidad prevista en el art. 466 del Código Procesal Penal de la Nación, la Defensora Pública Oficial ante esta Cámara, doctora Eleonora Devoto, propició el rechazo del recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal.

5 ) Que por su parte el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, doctor Pedro Narvaiz, propugnó la procedencia del recurso interpuesto.

Indicó que la cuestión traída a conocimiento en esta instancia no violenta el principio ne bis in idem, como menciona el tribunal a quo, en tanto no media identidad objetiva entre los hechos que fueron materia de juzgamiento en el proceso que culminó con la condena anterior y los tenidos en cuanto en el nuevo. Así pues la prohibición que establece dicha norma no afecta en modo alguno la autoridad de cosa juzgada de la anterior sentencia condenatoria.

En segundo lugar, consideró que el art. 14 del C.P. tampoco afecta el principio de igualdad por cuanto no impide que el legislador tome en cuenta la anterior condena a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento peni-tenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en que el individuo incurriese en un nuevo delito penal.

Asimismo, consideró que mal puede interpretarse al instituto de la reincidencia como lesivo del principio de culpabilidad.

6 ) Que superada la etapa procesal prevista en el art. 468 del C.P.P.N., el Tribunal pasó a deliberar (art. 469 del C.P.P.N.). Efectuado el sorteo de ley para que los jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctor es Raúl R. Madueño, Luis M. Cabral y Juan E. Fégoli.

El señor Juez doctor Raúl R. Madueño dijo:

I) En primer término, corresponde señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas llevan en principio la presunción de validez (Fallos: 263:309).

En ese lineamiento, la declaración de incons-titucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad insti-tucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, ejerciéndose únicamente cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (Fallos: 303:625).

Cabe asimismo recordar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido como principio que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos 302: 973), y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos 299:167), así es que los jueces no pueden sustituir al legislador sino que deben aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos 300:700); las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que emplean sin violentar su significado específico (Fallos 295:376), máxime cuando aquél concuerda con la aceptación corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el orde-namiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 312:111, considerando 8 ), evitando darles un sentido que ponga en pugna sus dispo-siciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando, como valedero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 1:297, considerando 3 ; 312:1614; 321:562; 324:3876, entre otros).

La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (Fallos 303:578 y B. 4143. XXXVIII "Blum, Nicolás Ricardo y Cartagena, Juan Manuel s/causa n 4052").

La Constitución Nacional, a través del artículo 75 inciso 12, otorga al Poder Legislativo la facultad de declarar la criminalidad de las acciones, desincriminar otras, imponer penas, aumentarlas o disminuirlas, y el único juicio que le corresponde hacer al poder judicial es el referente a la constitucionalidad de las leyes sin examinar el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legis-lativas, pues no son puntos sobre los que al poder judicial le quepa pronunciarse, salvo en aquellos casos que trascienden ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irra-zonable, inicuo o arbitrario (Fallos: 313:410; 318:1256).

En el mismo sentido, y como el derecho penal representa la última línea de defensa en contra de la lesión de valores jurídicos fundamentales y es tarea del legislador arti-cular los lineamientos generales de la política criminal, la apreciación que realiza el legislador involucra una esfera de decisión política sobre la que no cabe modificación por parte de los jueces, ya que representa facultades específicas de aquél sobre la política criminal, la que sólo tendría lugar en el caso de que se lesionen garantías fundamentales reconocidas por la Constitución Nacional o Tratados Internacionales en que la República sea parte (cfr. mi voto in re: "Montano, Alberto Abel s/recurso de inconstitucionalidad", causa n 7976, rta. el 18/4/07, reg. n 10.338 de esta Sala).

En los referidos precedentes la Corte Suprema de Justicia de la Nación zanjó la cuestión relativa a si la restricción contenida en el artículo 14 del código de fondo se encuentra en pugna con la prohibición de la doble persecución penal de rango constitucional (Fallos 248:232; 272:188, entre otros). Sostuvo que el principio non bis in ídem, prohíbe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y formal- a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario adecuado para aquellos casos en que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal. Ello es así, aún cuando se pudiere considerar que la pérdida de la libertad condicional comportase una pena mayor, pues lo que se sancionaría con mayor rigor sería exclusivamente la conducta puesta de relieve después de la primera sentencia, no comprendida ni penada en ésta.

También indicó que "el distinto tratamiento dado por la ley a aquellas personas que, en los términos del artí-culo 50 del Código Penal, cometen un nuevo delito, respecto de aquellas que no exteriorizan esa persistencia delictiva, se justifica, precisamente, por el aludido desprecio hacia la pena que les ha sido impuesta. Y si existe un fundamento razonable para hacer tal distinción, el legislador se encuentra facultado para establecer, dentro del amplio margen que le ofrece la política criminal, las consecuencias jurídicas que estime conveniente para cada caso".

A mayor abundamiento cabe reseñar asimismo que la Corte en los precedentes "Gómez, Dávalos" y "Gelabert, Rubén R." (Fallos 308:1938 y 311:1209), señaló que el instituto de la reincidencia se sustenta en el desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito. Lo que interesa en ese aspecto es que el autor haya experimentado el encierro que importa la condena, no obstante lo cual reincide demostrando su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza, cuyo alcance ya conoce. Se manifiesta, así, el fracaso del fin de prevención especial de la condena anterior, total o parcialmente padecida (cfr. mi voto in re "Romero Villasante, Walter Hugo s/recurso de inconstitucionalidad", causa n 7805, rta. el 4/5/07, reg. n 10.416 de esta Sala y sus citas). En torno a la presunta violación del principio de culpabilidad, cabe afirmar que el instituto de la reincidencia previsto en el artículo 50 del Código Penal no reposa en una presunción de que el sujeto mantiene una inclinación continua negadora del derecho, porque no se identifica con la reiteración delictiva ni con la habitualidad, incluso quedan excluidas las conductas antijurídicas que merecieron sanciones que no afecten la libertad, pues la norma en estudio exige en todos los casos que se trate de penas de tal naturaleza. En ese sentido, para ser consecuente con un reproche por el modo de vida del autor, el sistema jurídico tendría que tomar en cuenta todos los puntos de conexión con la forma en que aquél se ha conducido, y ello no acontece en el derecho argentino vigente.

Para el Código Penal resulta irrelevante la historia criminal del individuo, incluso un delincuente ocasional puede llegar a caer bajo la calificación de reincidente, en la medida en que le sea reprochable su insensibilidad a la amenaza penal, no obstante que conoce concretamente los padecimientos que la ejecución de esa amenaza acarrea (cfr. Fallos 308:1938). Es el conocimiento de la criminalidad del acto, con el agregado de que conoce lo incisivo de la consecuencia jurídica, lo que funda una mayor reprochabilidad por ese acto (cfr. "Romero Villasante, Walter Hugo s/recurso de inconstitucionalidad" de previa cita y Sala II in re: "Lapalma, A. D. y Lloveras, M. F. s/recurso de casación", causa n 2723, reg. n 3708, rta. el 30/11/00 y sus citas).

También resulta necesario remarcar que los tribunales inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de la autoridad institucional que los mismos revisten, y en consecuencia carecen de fundamento las sentencias de tribunales inferiores que se apartan de su doctrina sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar aquellos sentados por la Corte en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (confr. Sala II in re "Malatesta, Patricia A. s/ recurso de casación", causa n 3957, reg. n 5386 rta. el 19/12/02; "Carabajal Cejas, Mario H. y otro s/ recurso de casación", causa 5804, reg. n 7910 rta. el 7/9/05 y "Mazzeo, Julio y otros s/ recurso de casación", causa n 5837, reg. n 840 rta. el 21/10/05; Sala IV in re "Calatayud, Roberto Carlos s/recurso de casación", causa n 1146, reg. n 1664 rta. el 22/12/98 y sus citas y "Aleman, Juan Ignacio y otros s/ recurso de casación e inconstitucionalidad" causa n 5023, reg. n 7641 rta. el 14/7/06; Sala I in re "Del Cerro, Juan Antonio s/ recurso de casación" causa nº 3977, reg. n 8163 rta. el 14/10/05, "Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/recurso de casación e inconstitucionalidad", causa n 6708, reg. n 9427, rta. el 14/9/06).

En esta dirección, ha señalado nuestro más Alto Tribunal que el acatamiento de sus fallos resulta indispensable para la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de las instituciones (Fallos 212:160 y 251; 321:2114; 323:555 y 326:417).

II. Por ello, postulo al acuerdo, hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del ministerio público fiscal, declarar la constitucionalidad del art. 14 del C.P. y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen a fin de que siga la causa según su estado.

Así voto.

El Sr. juez Luis María Cabral dijo:

Comparto las consideraciones y conclusión del voto del Dr. Madueño. En cuanto a la supuesta lesividad al principio de culpabilidad baste señalar que la pena tiene por límite y condición el reproche a esa culpabilidad, no pudiendo excederla. En ese sentido, la pena impuesta siempre debe responder al acto de la persona y no por lo que la persona es. Ahora bien, establecida la medida de la pena privativa de libertad, ésta tiene un determinado régimen que incluye las características de su tratamiento penitenciario.

Quien accede a la libertad condicional, no ve modificada la pena, sino que se modifica la forma de su cumplimiento, a punto tal que puede darse su revocación y continuará el tratamiento penitenciario.

El art. 14 en juego con el art. 50 del C.P. establece una forma para el tratamiento penitenciario, per no modifica ni incrementa la pena que como reproche se ha impuesto al condenado (Cfr. arg. voto Luis M. García in re "Actis, M. A. s/ recurso de inconstitucionalidad", causa n 12.212 de la Sala II, reg. 17.892, rta. 9/2/11).

Por ello, voto por hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, sin costas.

El Sr. juez Luis E. Fégoli dijo:

Que comparte los fundamentos del voto precedente y voto en igual sentido.	En virtud del acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Maximiliano Hairabedián, sin costas (art. 530 y 532 del C.P.P.N.), declarar la constitucionalidad del art. 14 del C.P., debiendo continuar la causa según su estado.

Regístrese, notifíquese y remítanse las presentes actuaciones al tribunal de origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

Fdo. Raúl Madueño, Juan E. Fégoli y Luis M. Cabral. Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretario de Cámara.