Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-23


SENT Nro. 261 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 23 DE ABRIL de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular, doctor Antonio Gandur, el recurso de casación deducido por la Sra. Fiscal de Cámara de la IIIa. Nominación, en contra de la sentencia dictada por la Cámara Penal, Sala Va. del 12 de noviembre de 2002, obrante a fs. 347/354, el que es concedido por el referido tribunal mediante auto del 06/12/2002 (cfr. fs. 369 y vta.). En esta sede, el señor Ministro Fiscal comparte y sostiene el recurso casatorio y solicita se case la sentencia impugnada (cfr. fs. 377/382). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la Sra. Fiscal de Cámara de la IIIa. Nominación, contra la sentencia de la Sala Va de la Excma. Cámara Penal, del 12 de noviembre de 2002.

2.- Invoca como motivo de casación la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, por cuanto el Tribunal a quo estimó no tipificados los delitos de abuso sexual con acceso carnal previsto por el artículo 119-3-d CP y los descriptos en los artículos 120 y 125 CP; y encuadró la conducta del acusado en la figura penal del delito de lesiones leves, del artículo 89 CP.

Se agravia porque, según sostiene, el fallo en crisis no aportó los fundamentos por los que estimó que el hecho histórico fijado no quedaba subsumido en el artículo 120 CP, no obstante haber considerado probado que el acusado mantuvo relaciones sexuales con el consentimiento de la víctima de 15 años; y se limitó a proporcionar las razones por las que consideró que el accionar de Iturre no encuadraba en el artículo 125 CP (cfr. fs. 363); con lo que, a su criterio, queda demostrada la falta de motivación de la sentencia, con la consecuente infracción a los artículos 28 de la Constitución Provincial, 408 incs. 2°, 413 inc. 4° y conc. CPP.

Por su parte afirma que la conducta reprochable del imputado, que tuvo relaciones sexuales con la menor víctima aprovechándose de su inexperiencia sexual, queda aprehendida en el artículo 120 CP, al configurarse los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Al respecto señala que la norma penal de cita exige por parte del sujeto activo la mayoría de edad y capacidad plena, requisitos ambos que se hallaban cumplidos en la especie, conforme lo explica a fs. 364.

Señala que si bien el fallo en crisis afirma que la relación de Iturre con la víctima no ha sido un factor previo y determinante, sino posterior y sobreviniente a las relaciones sexuales que mantuvieron, las consideraciones que efectúa el Tribunal en torno a la figura del acusado al que caracteriza como un "hombre golpeador", que comienza a afianzar su superioridad en la relación con una mujer que por algún motivo o incapacidad para oponerse así lo acepta, ponen en evidencia que ha quedado probada la relación de preeminencia u otra circunstancia equivalente del autor frente a al víctima. A lo que añade que el decisorio impugnado afirma que los actos de violencia no fueron previos sino sobrevinientes a la relación de pareja entre Iturre y Lazarte, de donde hace derivar que el acusado mediante engaños (juegos, regalo de anillo, etc.), fue seduciendo a la víctima, y una vez obtenido su consentimiento para mantener relaciones sexuales, recién apareció su condición de hombre golpeador. Expresa que este último aspecto prueba la seducción real del sujeto activo sobre la menor víctima, quien es una joven humilde, de escasos recursos e inexperta, que por primera vez salía de su hogar materno para pasar las vacaciones en Trancas, invitada por la hermana del imputado y su grupo familiar.

Indica que en el caso el dolo del autor se configura por el abuso sexual con acceso carnal, aprovechándose de la inexperiencia e inmadurez sexual de una menor de 15 años.

Con relación a los elementos objetivos del tipo penal previsto en el artículo 125 CP, señala que la sentencia incurre en un error de derecho al afirmar que no concurren los requisitos de la figura porque las conductas del acusado no pueden interpretarse como constitutivas de alguna forma de promoción o facilitamiento de la corrupción, que refiere a prácticas sexuales anormales, aberrantes o depravadas, idóneas para pervertir o desviar el instinto sexual, lo que no se da en el caso. Explica que la corrupción de menores no es un delito de resultado sino una figura penal formal de peligro, que requiere para su configuración que el acto propenda a la corrupción, y por ende, el menor se convierte en víctima no sólo por haber sido sometido a conductas sexualmente anormales y depravadas, sino también cuando, como en el caso, las conductas reprochables tienen capacidad para despertar en el menor una temprana o excesiva sexualidad. Destaca que no resulta condición para el encuadramiento de un hecho en el tipo del artículo 125, la presencia en la psiquis de la víctima de una modificación o alteración; sino que la consumación se produce con la mera realización de actos objetivamente idóneos para torcer prematuramente el instinto sexual, bastando con que el acto tenga entidad suficiente para corromper, o propenda a la corrupción y ponga en peligro la sana y normal fisiología sexual de la víctima, máxime cuando se trata de menores. Hace notar que en la especie, la menor víctima ha s ido inducida a llevar una relación de pareja o que de alguna forma funcionó como tal, al decir del voto sentenciante, sometida a relaciones sexuales diarias, con tratos violentos por parte del sujeto activo, un hombre golpeador de personalidad rudimentaria y torpe, tal como lo define el Tribunal y lo remarca el informe psicológico de fs. 283, concluyendo que la vida sexual desarrollada en esas circunstancias, en forma excesiva y precoz, posee entidad suficiente para producir como lógica consecuencia la posibilidad de que en el futuro la menor evidencie no sólo un ejercicio anormal de su actividad sexual, sino el rechazo de una vida sexual normal (cfr. fs. 367).

Cita las normas que estima violadas, propone doctrinas legales, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso tentado y se dicte sentencia sustitutiva condenando al imputado pos los delitos por los que fue acusado en el debate oral.

3.- Por auto interlocutorio del 6 de diciembre de 2002 la Cámara concede el recurso interpuesto, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

4.- En orden al juicio de admisibilidad del recurso interpuesto, cabe advertir que de sus términos se desprende que los fundamentos esgrimidos por la recurrente remiten al tratamiento de cuestiones de hecho irrevisables, en principio, en la instancia extraordinaria de la casación, pues su valoración corresponde excluyentemente a los tribunales de mérito.

La sentencia en recurso tuvo por acreditado el acceso carnal sufrido por la menor víctima, con la declaración de ésta y el informe médico correspondiente, y con el reconocimiento del imputado de que en los primeros días del año 2001, y por un cierto tiempo, hubo entre ellos una suerte de convivencia en una de las casas de la familia Iturre en la localidad de Trancas, donde compartían una habitación. Destacó que sobre esta circunstancia -convivencia durante un cierto tiempo-, hubo coincidencia entre víctima y acusado, y que lo controvertido fue el momento y el lugar en que las relaciones se iniciaron. Advirtió el Tribunal que lo relevante para la adecuada resolución de la cuestión era determinar si esas relaciones comenzaron y /o continuaron con o sin el consentimiento de G.L., bajo amenaza de armas u otro tipo de conductas invalidantes de ese consentimiento, o en un estado de sometimiento o falta de libertad; o si ocurrieron en circunstancias razonablemente normales.

La Sala de instancia puso de relieve las contradicciones e incongruencias en la versión proporcionada por la víctima, señalando que hizo mención a tres fechas distintas de iniciación de sus relaciones con Iturre (cfr. fs. 350), y a diferentes lugares en los que ello habría ocurrido (segunda casa de los Iturre a fs. 2 y en la audiencia, y en el monte, cerca de Trancas a fs. 24); refirió reiteradamente los golpes que el acusado le aplicaba, pero nunca dijo que la golpeara o ejerciere alguna otra forma de violencia para lograr el acceso carnal; no explicó por qué las golpizas e insultos recibidos fueron anteriores al comienzo de sus relaciones (cfr. fs. 350 último párrafo y vta.); insistió en que accedió a los repetidos acometimientos sexuales por miedo, porque el imputado la amenazaba con un arma que llevaba en todo momento, aunque en otra parte de su declaración sostuvo que la dejaba sobre el ropero; describió una suerte de encarcelamiento en la casa a la que fue llevada por el acusado, de la que no se atrevía a salir, y donde estaba controlada por los amigos de aquél (según le contó a su madre), los que estaban siempre armados, aunque en la audiencia no mencionó tal circunstancia; expresó que el imputado se ausentaba por varios días, mencionó un par de salidas a hablar por teléfono, y aclaró que no salían juntos porque a él no le gustaba; dijo que en la casa no tenía contacto con nadie, pero también que quedaba con la hermana del acusado, quien todas las mañanas le servía el desayuno en la cama, y posteriormente le llevaba las cartas de Iturre y a éste las de la víctima, y con cuya complicidad -utilizando los documentos de su hija Soleda d-, ingresó dos veces a la cárcel para visitar al acusado; que mantenían relaciones todas las noches y dormían en la misma cama, a pesar de que había dos en la habitación; y que aunque insistentemente sostuvo que no se iba de la casa por miedo, de su declaración de fs. 24, realizada en presencia de su madre, surge que el acusado la había amenazado con matarla si no se iba del inmueble. Sobre esa base, el Tribunal sostuvo que la versión de la víctima- inmotivadas agresiones previas e independientes de cualquier relación sexual; virtual secuestro en una casa de la que no se atrevía a salir pero salía, amenazada por quien se ausentaba largos días, todo ello en un lugar poblado; permanente amenaza con un arma de fuego; intensa actividad amorosa en un clima tan poco propicio; reales motivos de las amenazas para que se vaya y no para que se quede; conductas posteriores; visitas a la cárcel a su captor y vejador, simulando otra identidad y asumiendo los riesgos del caso; elocuencia de las cartas enviadas-, resultab a muy poco verosímil.

Por otra parte consideró que era imposible sostener que en la audiencia haya quedado establecido que las lesiones verificadas por la médico forense hubiesen sido inferidas con motivo u ocasión de algún acometimiento sexual, sino con fecha posterior y por razones que la propia víctima explicó (disputa por el anillo). Hizo notar que no había ni una sola prueba concreta de que los accesos carnales hubieran tenido lugar sin el consentimiento de la víctima, o mediante violencia, intimidación, amenaza, coacción u otra circunstancia equiparable.

La Sala de instancia consideró que el conjunto de circunstancias acreditadas en la causa llevaba a concluir que la relación había sido iniciada y continuada por decisión de ambos protagonistas. Y si bien tuvo por acreditado, conforme los dichos y manifestaciones epistolares del acusado, que golpeó severamente en distintas ocasiones a la víctima, produciéndole lesiones, dejó establecido que estos actos de violencia no habían sido -al menos como circunstancia mínimamente probada-, determinantes, condicionantes o vinculados con las relaciones sexuales que mantuvo con aquella.

En orden a la calificación legal de la conducta del imputado, señaló que en autos no se demostró el uso amenazante de armas o de golpes para forzar el consentimiento de la víctima, ni el dominio, manipulación o sometimiento de ésta por parte del acusado y/o de sus familiares. Consideró que lo que podía inferirse es que la víctima tuvo y mantenía una relación afectiva bastante fuerte con Iturre; que lamentaba su situación; que quería verlo en libertad, y casarse son él. Destacó que la menor no apareció como ignorante o indefensa, que se expresa verbalmente y por escrito con elocuencia y propiedad: calla cuando le parece oportuno y no se advierten en ellas inseguridades.

Sobre esa base estimó no acreditados - con el grado de certeza que exige el juicio de reproche penal-, los extremos que autorizarían a encuadrar la conducta del imputado en la figura del artículo 120 CP con la agravante del artículo 119-3-d CP, y tampoco en la figura del artículo 125 CP introducida por la Fiscal de Cámara. Al respecto destacó que del cuadro probatorio producido no surgía que las conductas del acusado encuadraran en alguna forma de promoción o facilitamiento de la corrupción, que refiere a practicas sexuales anormales, aberrantes o depravadas, idóneas para pervertir o desviar el instinto sexual.

Luego de dejar establecido que Iturre golpeó y lesionó a G.L. (aunque las fechas no pudieron precisarse con exactitud), y que esa conducta, puesta en relación con sus ocasionales estados de ebriedad, con las características de su personalidad señaladas en el psicodiagnóstico, y con el hecho de que fue detenido cuando andaba haciendo tiros al aire, demostraban su perfil de "hombre golpeador"; indicó que no existiendo en la causa prueba de que las lesiones ocasionadas hayan requerido un tiempo de curación o provocado una incapacidad suficiente como para tornar aplicables las previsiones de los artículos 90 o 91 CP, encuadró la conducta del acusado en la figura del artículo 89 CP, y lo condenó como autor material y directo del delito de lesiones descripto en dicha norma.

Las circunstancias reseñadas, y establecidas por el Tribunal sobre la base del completo análisis del cuadro probatorio producido, constituyen típicas cuestiones de hecho, irrevisables en principio en la instancia extraordinaria de la casación. La alegada violación de normas procesales y la pretensa arbitrariedad del fallo en crisis, implica, en verdad, la pretensión de obtener el reexamen de los hechos y la revalorización de la prueba, tarea que resulta extraña a esta instancia excepcional.

En el marco del presente examen de admisibilidad, y en orden al alegado déficit de motivación de la sentencia señalado por la recurrente, cabe advertir que la lectura del fallo impugnado demuestra que no resulta exacta la afirmación de la recurrente en el sentido de que el Tribunal no proporcionó las razones por las que consideró que la conducta del imputado no encuadraba en la figura del artículo 120 CP. De la lectura del fallo en crisis se desprende que el Tribunal analizó las pruebas rendidas, y luego de explicar los motivos por los que consideró que la versión de G.L. resultaba muy poco verosímil, dejó establecido que las relaciones sexuales con el acusado se iniciaron y continuaron por decisión de ambos protagonistas, y no bajo amenaza de armas o de golpes para forzar el consentimiento de la víctima, ni por el dominio, manipulación o sometimiento de ésta por parte del imputado y/o de sus familiares, ni por la concurrencia de ningún otro tipo de conductas invalidantes de ese consentimiento, o en un estado de sometimiento o falta de libertad. Puso de relieve que no existe en autos ni una sola prueba concreta de que los accesos carnales hayan tenido lugar sin el consentimiento de la víctima, o mediante violencia, intimidación, amenaza, coacción u otra circunstancia equiparable; a lo que añadió que los actos de violencia que se tuvieron por acreditados, y que ocas ionaron lesiones en la menor víctima, no fueron determinantes, condicionantes o vinculados con las relaciones sexuales que mantuvo con aquella. Sostuvo, en cambio, que lo que podía inferirse de las circunstancias de la causa es que la menor tuvo y mantenía una relación afectiva bastante fuerte con Iturre; que lamentaba su situación; que quería verlo en libertad, y casarse son él. Y destacó que la menor no aparecía como una persona ignorante o indefensa, sino que se expresaba tanto en forma oral como escrita con elocuencia y propiedad, no advirtiéndose signos de inseguridad en su personalidad. Sobre esa base estimó no acreditados -con el grado de certeza que exige el juicio de reproche penal-, los extremos que autorizarían a encuadrar la conducta del imputado en la figura del artículo 120 CP con la agravante del artículo 119-3-d CP.

Como se advierte, y contrariamente a lo sostenido por la impugnante, la Sala de instancia aportó los fundamentos por los que consideró que no correspondía subsumir la conducta del imputado en el artículo 120 CP. A lo que cabe añadir que la conclusión a que se arriba no aparece como arbitraria o absurda. Al respecto se ha señalado que en el delito de estupro se castiga también un acceso carnal ilícito, pero la ilicitud no proviene ya de la ausencia de un consentimiento válido de la víctima sino precisamente de la existencia de un consentimiento insuficiente para borrar esa ilicitud, por haber sido prestado por una víctima que la ley reputa desconocedora de las consecuencias del acto. Se castiga un acceso carnal cuya ilicitud se fundamenta en la temprana edad y la inexperiencia de la víctima (Creus, Derecho Penal Parte especial, pp. 188 y ss, Astrea, Buenos Aires, 1997); y en el caso lo que el Tribunal afirma es, precisamente, que las relaciones sexuales con el acusado se iniciaron y continuaron por decisión de ambos protagonistas, y no bajo amenaza de armas o de golpes para forzar el consentimiento de la víctima, ni por el dominio, manipulación o sometimiento de ésta por parte del impu tado y/o de sus familiares, ni por la concurrencia de ningún otro tipo de conductas invalidantes de ese consentimiento, o en un estado de sometimiento o falta de libertad; y que lo que podía inferirse de las circunstancias de la causa es que la menor tuvo y mantenía una relación afectiva bastante fuerte con Iturre; que lamentaba su situación; que quería verlo en libertad, y casarse son él; y que no aparecía como una persona ignorante o indefensa, sino que se expresaba tanto en forma oral como escrita con elocuencia y propiedad, no advirtiéndose signos de inseguridad en su personalidad.

La Sala de instancia efectuó un examen integral y detallado del cuadro probatorio producido en el proceso, sin que se advierta violación a las reglas de la sana crítica, ni omisión en la consideración de las probanzas arrimadas a la causa, por lo que el invocado vicio en la apreciación de la prueba y la pretendida falta de fundamentación de la sentencia, no exceden la mera discrepancia de la defensa con las conclusiones del Tribunal sentenciante. La descalificación del fallo por arbitrariedad o absurdo implica un grave desvío de las reglas de la sana crítica, lo que no acontece en la especie, donde el pronunciamiento cuenta con fundamentos suficientes, no verificándose el quebrantamiento de las reglas de la lógica y la sana crítica racional.

El agravio vinculado a la errónea interpretación del precepto contenido el artículo 125 CP remite también al tratamiento de cuestiones fácticas, a la vez que no satisface el recaudo impuesto en el artículo 474 CPP. Ello así por cuanto si bien las citas jurisprudenciales contenidas en la sentencia aluden a la virtualidad de la acción para producir un rastro deformante en el normal desarrollo sexual, o una modificación de tipo moral en la víctima, lo que el Tribunal afirma es que para que las conductas del acusado puedan ser consideradas como configurantes de alguna forma de promoción o facilitamiento de la corrupción, "debe tratarse de prácticas sexuales anormales, aberrantes o depravadas, idóneas para pervertir o desviar el instinto sexual, nada de lo cual se encuentra presente en este caso" (cfr. fs. 354). Y en consecuencia, aunque a los efectos de la adecuación típica respecto de la figura del artículo 125 CP no sea necesario la comprobación de una efectiva corrupción de la víctima, como lo afirma la recurrente, sí es necesario la verificación de que la conducta del agente resulta idónea para promoverla o facilitarla, y tal extremo fáctico es precisamente el que el Tribunal considera que no concurre en el caso. En esas condiciones, la tesis de la impugnante que afirma que la vida sexual desarrollada por la menor víctima en esta causa, posee entidad suficiente para producir como lógica consecuencia la posibilidad de que en el futuro evidencie no sólo un ejercicio anormal de su actividad sexual, sino el rechazo de una vida sexual normal (cfr. fs. 367), expresa una diferente interpretación de la idoneidad de los actos desplegados por el agente, y la discrepancia con los extremos fácticos que el Tribunal considera acreditados, no siendo invocable como motivo de casación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 468 CPP.

Los fundamentos expuestos llevan a concluir que los agravios de la recurrente, conforme fueron formulados, no aportan elementos suficientes como para descalificar a la sentencia por falta de adecuada motivación, ni logran demostrar el invocado error en la aplicación de la ley sustantiva; sino que se dirigen a obtener el reexamen de cuestiones de hecho, cuya fijación corresponde al Tribunal del juicio, salvo el supuesto de arbitrariedad o absurdo que no se ve configurado en la especie. La casación no constituye un medio ordinario para revisar el acierto o error de las decisiones de los tribunales inferiores vinculadas al material histórico del proceso. De allí que su competencia quede limitada y circunscripta a resguardar el derecho sustantivo y procesal, sea para evitar la inobservancia o errónea aplicación del primero, o la inobservancia de las disposiciones del segundo impuestas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad (CSJTuc., "Solórzano P. R s/ lesiones culposas", 15 de febrero de 1995). La instancia casatoria con relación a las cuestiones de hecho exige la demostración de que el criterio del juzgador constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado contra las leyes del raciocinio, lo que no acontece en la especie, donde la lectura del fallo impugnado muestra que el Tribunal ha fundado las razones por las que arriba a la solución adoptada, no verificándose el quebrantamiento de las reglas de la lógica y la sana crítica racional (CSJTuc. "Pitruzello, Luis Humberto s/ violación". Recurso de casación, sentencia del 20 de marzo de 2000: "Ferreyra Antonio s/ violación". Recurso de casación, sentencia del 23 de agosto de 1999; "Díaz, José Antonio s/ robo agravado", 23 de diciembre de 1999; "Mamaní, Simón Máximo s/ homicidio", 24 de noviembre de 1999, entre muchos otros). En el procedimiento penal vigente, dada la característica de oralidad del juicio de mérito, la producción de la prueba importa una vivencia difícil de reproducir ante el tribunal de casación. La tarea valorativa de los jueces se desenvuelve en un marco de inmediación y concentración, con la percepción directa y personal de los jueces, y el control que se ejerce por vía del recurso de casación se circunscribe a lo que se registra en las actas incorporadas al expediente (CSJTuc. sent. 783 del 09/12/94); por lo que la pretensión de una nueva valoración de la prueba se halla al margen de los motivos legales de casación, aunque se la revista con la forma de supuestos previstos por la ley.

No cabe sino reiterar que el Tribunal ha analizado íntegramente el cuadro probatorio producido en la causa, y ha proporcionado fundamentos suficientes para dar sustento a la solución a la que arriba, la que no aparece como irrazonable o arbitraria. La queja sobre la falta de fundamentación de la sentencia carece de sustento adecuado, no habiéndose puesto en evidencia la conculcación a las reglas de la lógica y del sentido común en la fijación de los hechos del proceso. 5.- Por los fundamentos precedentemente expuestos el recurso de casación en examen deviene inadmisible, al no satisfacer los recaudos impuestos por los artículos 468 y 474 CPP.

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la Sra. Fiscal de Cámara de la IIIa. Nominación, contra la sentencia de la Sala Va. de la Excma. Cámara Penal, del 12 de noviembre de 2002.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA