marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Suspensión del juicio a prueba, dictamen fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BROZZONE VIRGINIA s/ FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PUBLICO, ACEPTACION ILEGAL DE CARGO PUBLICO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-28

Asumiendo como propios los lineamientos hermenéuticos expuestos por nuestro más alto tribunal debemos señalar que la norma citada -art. 76 bis C.P.- contempla en su texto un solo supuesto de suspensión del juicio a prueba, el cual está referido a los casos en que este instituto es aplicable en abstracto. En efecto, el primer párrafo del art. 76 bis establece con claridad el ámbito del instituto, es decir, los ilícitos cuya pena máxima no supere los tres años de prisión, límite que se mantiene en el supuesto de concurso de delitos expuesto en el segundo párrafo.

Subsiguientemente la norma fija en un párrafo más extenso los requisitos que debe cumplir el imputado al presentar la solicitud, la actuación del magistrado y los efectos de tal actuar en relación a la acción civil.

El cuarto párrafo expresa que si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio. Los párrafos quinto y sexto señalan la situación en que sea reprimido con pena de multa el delito aplicable en forma conjunto o alternativa con el de prisión como el fin de los bienes que resultarían decomisados en caso que recayera condena.

Los últimos dos párrafos describen los casos particulares en que no procede la suspensión del juicio a prueba. Esta suscinta reseña del artículo 76 bis busca exhibir como en el mismo trazado del artículo la presencia de un nuevo supuesto -planteado en el caso por el recurrente aplicación de la suspensión del juicio a prueba, en concreto, en aquellos casos en que la condena aplicable no supere los tres años sin interesar si el delito fija una pena superior al límite trienal (cuarto párrafo del art. 76 bis- produciría un quiebre en la estructura del mismo.

En efecto, la norma describe en primer lugar los tipos de situaciones que abarca el instituto para luego indicar pormenorizadamente las condiciones de procedencia del mismo. Las circunstancias del caso analizados por el tribunal como el consentimiento del fiscal descripta en el párrafo cuarto aparecen, entonces, como condiciones necesarias para el otorgamiento del beneficio que se concatenan en forma coherente con la que viene exponiendo la norma.

Se arriba a tal conclusión por la organización global del artículo que queda evidenciada en los términos en que el párrafo quinto enuncia un nuevo requisito .será condición, además., es decir, que esta condición se engarza a los descriptos en el párrafo anterior.

Igualmente, aceptar la doctrina amplia también significaría sostener que el consentimiento del fiscal es una condición reservada sólo para el supuesto en concreto y no para el abstracto cuando esta Corte ha señalado en reiteradas resoluciones el carácter necesario, ineludible y vinculante del dictamen fiscal para su otorgamiento de acuerdo con el rol que ha adquirido en nuestro sistema penal la figura del ministerio público.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Fraile, Felipe Carlos s/ sucesión ab intestato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

Corresponde dejar sin efecto la decisión de la cámara que disminuyó los honorarios regulados a los letrados de primera instancia, dando sólo pautas genéricas y efectuando citas del arancel que no permiten precisar el monto utilizado para la base regulatoria ni la razón determinante de tal reducción.
Accidente de tránsito, destrucción total del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mineo, Lamberto y otros c/ Palomo, Héctor y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-24

En materia de accidentes de automotores, habiendo destrucción total del rodado, el límite de la indemnización no puede ir más allá del precio de un automotor similar.
Recurso contencioso administrativo, recurso de nulidad, sentencia, fundamentación de sentencias, remisión a otro fallo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SOVRANO, EDUARDO y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - NULIDAD  (EXPTE.: C.S.J. 140 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-07

Debe desestimarse la nulidad articulada por la parte actora con sustento en que al remitir el Tribunal a otra resolución dictada en otra causa donde existen distintos actores sin que la misma hubiese sido ni siquiera publicada constituye una irregularidad, agregando que al no determinarse de qué planteos sustancialmente similares se trataban ni adjuntarse fotocopias de dicha resolución, se incurre en nulidad absoluta por no ajustarse al principio de congruencia. Al respecto, es criterio del Alto Cuerpo de la Nación, seguido por la Corte local, de que constituye suficiente motivación la remisión a un anterior precedente jurisprudencial, que guarda analogía con el que se examina. Ello por cuanto integra la argumentación de la sentencia el antecedente del mismo Tribunal, remitido por ella.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ DE PONCE ALICIA c/ GONZALEZ DE MARTI NORA Y OTRO s/ DIVISION DE CONDOMINIO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-11-22

No corresponde en la instancia extraordinaria el tratamiento de una cuestión que se refiere a la supuesta comisión de un hecho ilícito en el momento de las testimoniales prestadas en la sede del juzgado;

es el Juez de la causa el llamado a valorar y juzgar el hecho o delito de falso testimonio por ser la persona más idónea al efecto.
Jornada de trabajo, horas extra, libros del empleador, in dubio pro operario
Materia: LABORAL
Carátula: ALBORNOZ, JUAN CARLOS c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO LARREA 721/25 s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-27

La ausencia del registro exigido por el art. 6 de la ley 11.544 y 21 del dec. 16.115/33, genera la operatividad de la presunción prevista en el art. 55 L.C.T. en favor de la afirmación vertida por el trabajador que demanda acerca de la cantidad de horas extra realmente cumplidas. Si bien dicha presunción no puede considerarse operativa cuando no está efectivamente acreditado que la labor haya excedido los límites fijados por la ley 11.544 -porque es obvio que si no hubo trabajo en tiempo extra, no puede considerarse que haya tenido que llevarse el registro del art. 6 de esa ley-, comprobando que el trabajador laboró en tiempo extra, el empleador tiene la obligación de asentar dicho exceso en el registro que indica el art. 6 de la ley 11.544 y 21 del decreto y, la falta de exhibición de dicho registro genera una presunción acerca de la extensión del ya comprobado trabajo en tiempo suplementario (art. 55 L.C.T.).
Código penal, defensa, sentencia condenatoria, prisión perpetua, Tucumán, coautoría, responsabilidad penal, delitos contra la humanidad, Ley de Ejecución de Pena Privativa de Libertad, asistencia médica
Materia: PENAL
Carátula: Bussi, Antonio Domingo y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-12

No puede admitirse el encuadre pretendido por las defensas de quienes fueron condenados a pena de prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán -por considerarlos coautores penalmente responsables por la comisión de delitos de lesa humanidad-, respecto de que sea considerada inhumana y degradante pues, conforme la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad -N° 24.660-, quedan consagradas en el sistema argentino normas que aseguran al interno asistencia espiritual y médica integral, derecho a comunicarse con su familia y allegados, ejercicio del derecho a aprender y lo considerado en su artículo 9 acerca de que deberá estar exenta de tratos crueles, inhumanos y degradantes, previendo además para quien ordene, realice o tolere tales excesos, sanciones establecidas en el Código Penal.
Querellante, querellante en otra causa
Materia: PENAL
Carátula: Servetti de Mejías, Julia s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-25

Si la cámara notificó al fiscal, en los términos del art. 453 CPPN y señaló audiencia en función del art. 454 CPPN, no obstante lo cual suspendió el acto y resolvió el recurso si escuchar a la parte querellante, tal omisión vicia al fallo impugnado y conlleva a su anulación en virtud de la violación a la garantía del debido proceso y de igualdad entre las partes. La disidencia sostuvo que el archivo por inexistencia de delito dictado en la causa ha adquirido firmeza, pues el no adherirse el fiscal al recurso de apelación de la querella perdió jurisdicción pues el titular de la vindicta pública -fundadamente- no la impulsó razón por la que el querellante carece de legitimidad para actuar en soledad. (Dres. Catucci, Madueño -disidencia- y Riggi).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, concursos, caducidad de instancia, LEY DE CONCURSOS
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CELULOSA COMPAGNUCCI S.A. c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-22

La recurrente no logra demostrar arbitrariedad en la sentencia atacada la Cámara, que en relación a la interpretación del instituto de la caducidad en los concursos -en específico de los pronto pagos laborales-, destacó que la ley 24522 no deja margen de duda en lo que concierne al plazo de caducidad de tres meses para todas las actuaciones que no sean estadios procedimentales del concurso en sí, concluyendo conforme a ello, y tras hacer suya la jurisprudencia citada por la Sindicatura y el dictamen del Fiscal de Cámaras en relación a la aplicabilidad de la caducidad respecto a los créditos de origen laboral, que el incidente de pronto pago resuelto oportunamente es susceptible de perimir , siendo indiferente a estos efectos quién hubiese promovido dichas actuaciones o quién tuviera la carga de impulsarlas -síndico, concursado, acreedores o terceros-, máxime cuando como en el caso el órgano sindical conformó el pedido de la declaración de caducidad. (Del voto de los Dres. Falistocco y Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24522, artículo 277.-
Superior Tribunal de Justicia, intereses, criterio de razonabilidad, reparación integral, realidad económica
Materia: PROCESAL
Carátula: CEJAS, ANGEL LUIS c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-26

Cabe aclarar que la irrazonabilidad de la tasa de interés nunca podrá definirse como mejor o peor derecho con independencia de las particulares circunstancias de la causa, ni por la tasa en sí, ni por genéricas operaciones matemáticas o porcentuales, sino por la fundamentación brindada por los tribunales en orden a merituarla, por las particularidades que presente cada caso y por la suficiencia de las mismas a los fines de alcanzar una reparación razonable, evitando de tal modo la adopción de decisiones que puedan conducir a resultados con consecuencias patrimoniales disvaliosas para los interesados. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhiere el Dr. Spuler) - CITAS: CSJStaFe: Nuñez, AyS T 313, p 371; Basquebich, T 315, p 496.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, obligaciones del conductor, peatón distraído, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: PINO, Nicolás Cayetano y otro c/ SALABER, Marcelo Fabián y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/LES. O MUERTE) - SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-18

Cuando un peatón aparece en forma imprevista para el conductor del vehículo que lo atropella detrás de un automotor que está detenido o, en su caso, estacionado, su responsabilidad es indudable y debe cargar con las consecuencias de su andar desaprensivo al no haber tomado las precauciones necesarias para cruzar la calzada, sobre todo si se trata de una avenida que tiene un intenso tránsito de vehículos y peatones.-
Daños y perjuicios, daño moral, muerte del concubino
Materia: CIVIL
Carátula: SERRA, Emilio y otros c/ MALAGUERO, Francisco y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-01

El concubino carece de legitimación para reclamar el daño moral por la muerte de su concubina, en virtud de la limitación que establece el art. 1078 del Código Civil.
Indemnización por accidente de trabajo, tope indemnizatorio, salario mínimo, vital y móvil
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Rivero, Julio c/ Empresa Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima (ELMA S.A.) s/ accidente - ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

La fijación de topes de resarcimiento no es por sí inconstitucional salvo que se demuestre, en cada caso, que la remuneración mínima fijada configura la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar o que el importe del salario mínimo hubiese sido establecido en forma absurda y arbitraria.
Aduanas, infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías, ingreso de divisas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Free Port Importación S.R.L. - TFN. 7607 - A c/ ANA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

La vigencia del decreto 530/91 no obsta a que pueda configurarse la infracción prevista por el art. 954, inc. c), del Código Aduanero, en tanto la eliminación de la obligatoriedad de ingresar y negociar las divisas en un mercado oficial de cambios no impide que puedan producirse las diferencias de los importes pagados o por pagarse desde el exterior.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: MONTIVERO, PASCUAL FRANCISCO c/ EMPRESA  DE  SEGURIDAD  BANCOS  INDUSTRIA  Y ASESORAMIENTO SA. Y OTRO s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-21

El empleado que abandona su trabajo sin autorización está faltando a su obligación contractual, y por ello, no puede tener protección en la norma legal del artículo 1 de la ley 9688, ('por el hecho o en ocasión del trabajo').
Leyes, retroactividad de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Barrientos, Antonio y otros c/ La Plata Cereal S.A. s/ Diferencia indemnización. Despido Aguirrez, Jorge Luis c/ Molinos Cabodi Hnos. S.A. s/ Enfermedad Suárez, Rodolfo Matías c/ Molinos Cabodi Hnos. s/ Enfermedad Mojica, Gabriel c/ Centenera SA y otro s/ Enfermedad accidente y reajuste por despido Lobo, José Clemente c/ Kallaur, A y otro s/ Despido y enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-05|2001-11-28|2002-02-19|2003-03-19|2003-03-12

El art. 3 del Código Civil no consagra la aplicación retroactiva de la nueva ley sino la aplicación inmediata aún a las consecuencias de las relaciones o situaciones existentes; o sea que la nueva ley rige para los hechos que están in fieri en curso de desarrollo al tiempo de su sanción y no para las consecuencias de los hechos pasados, que quedan sujetos a la ley anterior, pues juega la noción de consumo jurídico.
Concursos, HONORARIOS, aplicación de la ley, fijación de precios
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALLEGRETTA SA S/ QUIEBRA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-04

La regulación de honorarios que corresponde como consecuencia de lo dispuesto por la LCQ 265-3°, debe efectuarse con sujeción a las pautas previstas en la ley 24522, sin atenerse a las disposiciones de las leyes locales (art. 271, 1° párr. ley citada). Ello descarta, por ende, que los emolumentos sean fijados en UMA.
Verificación de créditos, incidente de revisión, síndico del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Monte Paco S.A. c/ Buenos Aires Building Society S.A. s/ Incidente de revisión del art.38 de la ley 19551
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-24

El síndico se encuentra legitimado para promover el incidente de revisión del art.38 de la ley 19551.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, daños y perjuicios, multa, daño punitivo, plan de ahorro previo, adjudicación, jubilados, consumidores
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Gabrielle Mirella, Juana c/ Fiat Auto SA de Ahorro p/f determinados y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

La prueba colectada en autos impide considerar que el obrar de las demandadas, en los términos que calificó la doctrina especializada, pueda justificar la imposición de la multa referida. Disidencia de la Dra. Díaz Cordero:.
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bavaud, José M. y otro c/ López, Sol y otra s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16

El hecho de encontrarse la factura en poder de una de las partes torna presumible que fue ella, quien realizó el pago del importe allí indicado.-
Contrato de garaje, responsabilidad del garajista, robo de automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: SEGUROMETAL COOP. DE SEGUROS LTDA. c/ GARAJE DEL AGUILA SRL Y OTRA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-07

En caso de robo de un vehículo guardado en un garaje, corresponde al garajista asumir la diferencia del valor del móvil reclamado; en la inteligencia de que la obligación contractual del depositario se halla incumplida, por resultar insuficiente el importe oblado en relación al alcance de reparación que tiene a su cargo.
Honorarios del abogado, trabajo inoficioso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ambrosini, Laura c/ Nayyeri Malex Jam Shid s/ Restitución.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-10

El pedido de desglose, la oposición a éste y su contestación, al ser articulaciones sin complejidad y escasa extensión profesional, y sin vinculación mediata ni inmediata con relación a la solución definitiva del pleito, no se elevan a la categoría de incidentes, lo que en su caso llevaría a aplicar el art. 33 de la ley 21.839 a los efectos de la regulación de honorarios. La cuantificación de la tarea desempeñada se efectúa oficiosamente, y sólo con fundamento en lo previsto por el art. 6, incs. b) a e) del arancel.
Recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bros Patricia s/ Información sumaria s/Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-10-21

El recurso de apelación no sólo comprende a las partes, sino también a que puedan resultar menoscabados por la resolución judicial, y éste es el caso de la tercera apelante, que pretende intervenir en la información sumaria en la que entiende que los derechos derivados de su matrimonio pueden verse vulnerados (doctr. art. 823, 825 y cc del C.P.C.C.).
Representación procesal, forma del contrato, manifestación de la voluntad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B. O. A. c/ R. F. H. y Otros s/ Daños y perj. automotor c/lesión o muerte (exc. estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-06-27

Para el mandato judicial, siendo su objeto la representación en juicio, ya sea por poder general o especial y al sólo efecto de ejercer los actos procesales necesarios, resultaría suficiente con la manifestación de voluntad de la parte otorgante de ser representada por el letrado que señale.
Medidas tutelares, medidas cautelares, sistema interamericano de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 38/2017 - Medida cautelar No. 113-16 -- Comunidad Nativa "Tres Islas" de Madre de Dios respecto de Perú c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-09-08

Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido reiteradamente que las medidas cautelares, en su doble carácter cautelar y tutelar, atienden a la evitabilidad de un daño irreparable protegiendo el ejercicio de los derechos humanos y preservando una situación jurídica mientras está siendo considerada por la Comisión, preservando asimismo, los derechos en posible riesgo hasta tanto se resuelva la petición que se encuentra bajo conocimiento en el Sistema Interamericano, debiendo asegurarse siempre la integridad y efectividad de la decisión de fondo a fin de evitar la lesión de los derechos alegados.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, ley procesal, interpretación de la ley, jueces, deberes del juez, verdad jurídica objetiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SANTILLAN, EDGARDO Y OTROS c/ UNIDAD REGIONAL II s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DAÑOS- QUEJA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 373 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-01

No satisface el derecho a la jurisdicción el pronunciamiento impugnado, por haber incurrido en el vicio de "exceso ritual manifiesto", en tanto se sustenta en un formalismo incompatible con los fines más trascendentes que están a cargo del servicio jurisdiccional.

En el caso, el A quo rechazó el planteo de violación de la doctrina legal articulado por la quejosa por no haber adjuntado los antecedentes respectivos, exigiéndole así la observancia de un recaudo que no se encuentra contemplado en el citado artículo 356 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicable por remisión del artículo 568 del mismo digesto) a efectos de la presentación directa ante la Alzada, trasladando mecánicamente un requisito que impone el recurso de apelación extraordinaria a la queja, extremo que resulta extraño a la norma contenida en el citado dispositivo procesal, lo que conduce sin más a desnaturalizar el recurso directo a través de una interpretación que no se ajusta en modo alguno a la letra y espíritu de la ley.

El fundamento dado por el Tribunal no sólo supuso un desajuste a la normativa aplicable, sino también un inaceptable desinterés en orden al esclarecimiento de la objetiva verdad, toda vez que con esa respuesta se rehusó a analizar la aptitud de la causal articulada para la apertura de la instancia, cuando pudo, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley de rito, disponer, para mejor proveer, la elevación de las actuaciones a fin de examinar los pronunciamientos acompañados para valorar si, prima facie, podía encontrar sustento la acusación de la recurrente en miras a un adecuado resguardo a su derecho a la jurisdicción sin que ello importe -claro está- olvidar la prudencia necesaria con que el órgano jurisdiccional debe actuar cuidando de no invadir esferas que competen en forma natural y exclusiva a las partes.
Debido proceso, detención
Materia: PENAL
Carátula: Tiznado Azañedo, Roger y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-21

No se advierten irregularidades las que puedan inferirse violaciones al debido proceso legal, en tanto la legitimidad de lo actuado se deriva de las circunstancias que informaron el caso, en el marco de un obrar prudente y razonable del personal policial en el ejercicio de sus funciones específicas, que luego de la detención de uno de los imputados, inició una discreta vigilancia y confirmó el vínculo con el otro encausado; la captura de imágenes juntos y la anotación del número telefónico, extremos que -en su conjunto- despertaron la razonable sospecha de los funcionarios, justificando su actuación.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Chaves, Ricardo c/ Amorena, Osvaldo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Los poderes de la jurisdicción de la Alzada quedan enmarcados dentro de las dos grandes vertientes que ofrecen el postulado de congruencia, por un lado, y el sistema dispositivo, por otro.