Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-03


///nos Aires, 03 de octubre de 2006 VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que rechazó la acción incoada y, CONSIDERANDO: 1. Que la parte actora promovió acción de amparo contra el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de ser reintegrada a la actividad laboral en calidad de abogada y obtener el abono de sus haberes impagos desde el 25 de noviembre de 2005. Conforme su relato, ejerció dos cargos docentes obtenidos por concurso, hasta que, a raíz de un diagnóstico de depresión neurótica severa, se le concedió el beneficio transitorio por invalidez. Ya en usufructo de su beneficio por invalidez, fueron concursados los cargos que ocupaba, decisión que impugnó en sede administrativa. Más tarde, en el año 2004 obtuvo el título de abogada. En el mes de noviembre de 2005 la Comisión Médica del Anses, analizó nuevamente su estado de salud y dictaminó que su incapacidad se había reducido a un veinte por ciento (20%), denegando el beneficio por invalidez definitivo. Ante esta circunstancia, solicitó su reincorporación en la Administración en calidad de abogada dependiente de la Secretaría de Educación. Su solicitud, no obstante, no fue respondida, situación que, dijo, lesiona su derecho de trabajar y la normal percepción de su salario como docente. 2. Que, fs. 83/85 vta., el señor juez de primera instancia rechazó la acción intentada e impuso las costas en el orden causado. Para así decidir, sostuvo que no se demostró que la conducta imputada a la demandada fuera manifiestamente ilegal o arbitraria. La pretensión de la actora, indicó, no posee sustento, pues ninguna norma obliga a la A dministración a la reincorporación de agentes en las funciones o cargos que ellos pretendan. Puso de resalto que, si bien no cabe consagrar una pauta absoluta de discrecionalidad, las decisiones de la demandada tomadas en el marco de relaciones especiales de sujeción escapan al control judicial, salvo en la medida de su razonabilidad, pero no, ciertamente, en cuanto a la oportunidad de establecer el destino particular de un agente, sin que medie el requisito de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Rechazó, asimismo, el reclamo por los salarios caídos, pues no surge de las constancias de la causa que exista una obligación de pagar tareas que no fueron desempeñadas por la actora. Además, destacó que, rechazado el derecho pretendido, la acción de amparo quedaba circunscrita a la discusión de diferencias salariales, cuestión que excedía el marco de la vía elegida. 3. Que la actora apeló la decisión reseñada y solicitó ante esta alzada la admisión de la acción impetrada (cf. fs. 86/89 vta.). Afirma que, en su ca so particular, no se trata de un intento de reingreso a la administración pública, pues nunca dejó de pertenecer a ella, cuestión que queda acreditada por haberse denegado el beneficio por invalidez definitivo y carecer, en consecuencia, de una jubilación. Al no poseer un haber de retiro, corresponde recuperar los cargos que ocupaba, pero al haber sido éstos concursados, la petición articulada, de reingresar en calidad de abogada, resultaba ajustada a derecho. Considera que el juez de grado desatendió la prueba aportada y, en cambio, valoró en su decisión meros dichos de la contraria que no fueron acreditados fehacientemente en la causa. Indica que, con indebida liviandad, la Administración confundió su situación de retiro transitorio, por una de carácter definitivo. Destaca que el reingreso no debe ser solicitado y que, con informar únicamente el alta, la demandada debió haber dispuesto los medios para la reposición en sus cargos. Agrega que el espíritu de la ley 24.241 es rehabilitar y adecuar la situación laboral a la nueva capacidad y que, al aludir a su condición de abogada, no intentó imponer un accionar a la demandada, sino sugerir la utilidad que se desprende de su nueva preparación. Manifiesta que la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta se configuran en el despojo de sus cargos, que fueron concursados sin existir un dictamen de invalidez definitivo. Además, la omisión de la demandada en considerar su solicitud de reingreso la coloca en una situación insostenible, sin ser jubilada ni agente en actividad. Por último, expresa que la pretensión relativa al cobro de los salarios no percibidos obedece a que, a partir del 25 de noviembre de 2005, se encontró con aptitud para ser reincorporada a sus tareas, al dejarse sin efecto el beneficio transitorio por invalidez dispuesto por la autoridad de aplicación. 4. Que el objeto de la acción planteada consiste en la obtención de la reincorporación a la planta permanente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en calidad de abogada, es decir, con el objeto de efectuar tareas afines a esta profesión. De hecho, en su recurso de apelación, la actora expresamente indica su imposibilidad de ejercer la docencia y, por ello, argumenta que el reingreso a la Administración debe producirse contemplando sus posibilidades singulares, al poseer una capacidad disminuida que, no obstante, no impide el desempeño laboral y no configura la opción de retiro por invalidez. 5. Que el artículo 236 del CCAyT establece que el escrito de expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante estime equivocadas. Es precisamente el recurrente quien debe proveer su fundamentación, debiendo efectuar una concreta expresión de voluntad impugnativa del decisorio. De tal modo que todos aquellos puntos o tópicos de la sentencia que no han sido motivo de cuestionamiento, deben considerarse consentidos, y como consecuencia del principio dispositivo cobra plena virtualidad el brocárdico "tantum devolutum quantum appellatum" (ínsito en los arts. 242 y 247 del código de rito), que demarca los límites de actuación de la alzada sobre la base de existir un elemento condicionante: el agravio. Sentado ello, cabe señalar que los argumentos expuestos en la apelación en manera alguna cumplen con los requisitos señalados precedentemente, toda vez que no atacan ni refutan al decisorio, ni cuestionan los fundamentos esgrimidos por el a quo al dictar sentencia, ya que sólo se limitan a reiterar los expuestos en oportunidad de articular la demanda. La actora no aporta ante esta alzada elementos de convicción que permitan observar un accionar arbitrario o ilegítimo por parte de la Administración, ni invoca fundamentos normativos de los que se desprenda la obligación de la demandada de efectuar la reincorporación de un agente en los términos en que es requerida en el sub examine. 6. Que en efecto, el ingreso de los agentes públicos sólo puede tener origen en un acto expreso emanado de autoridad competente en virtud del cual se inviste al agente de la función pública, y la relación queda sujeta a lo que en dicho acto se determine y regida por normas del derecho administrativo (Fallos: 307:848,1523,1936; 311:621; entre otros). En ese sentido, no puede extraerse del artículo 32 del Estatuto docente, ni de norma alguna mencionada por la actora, un derecho al reingreso en la administración pública, en el área y función de su preferencia. Más allá de la posible estabilidad en su cargo docente, y los derechos derivados de esa relación, no se advierte fundamento jurídico alguno para admitir la pretensión contenida en la demanda. Por lo demás, respecto a la supuesta violación del derecho a trabajar como abogada en el Ministerio de Educación, con el sólo cumplimiento del requisito de la idoneidad, el agravio no logra conmover el criterio del a quo, atento a que es sabido que los principios que consagra la norma fundamental no son absolutos, sino sujetos a las leyes que los reglamentan. En síntesis, la actora peticiona su ingreso en calidad de abogada al Mini sterio de Educación, pero no demuestra en que forma tal derecho pueda razonablemente derivar de la alegada estabilidad como docente. Como se indicó en el considerando anterior, para que exista una crítica en el sentido exigido por el artículo 236 del CCAyT se requiere inevitablemente que medie una observación clara y explícita con entidad tal que importe una refutación de los fundamentos contenidos en la decisión apelada. No constituye una expresión de agravios idónea el disentimiento con la interpretación judicial, sin suministrar las bases jurídicas del punto de vista de la actora. Ampliación de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro: 1. A tenor de lo expuesto en el considerando 6º del presente pronunciamiento, no resulta ocioso recordar que el Tribunal Superior de Justicia, al revocar una sentencia en la que, judicialmente, se había impuesto a la administración -vía acción de amparo- la creación de un nuevo cargo, desarrolló una línea argumenal contraria a lo que parece ser la pretensión de la actora. Según señaló en esa oportunidad la Dra. Ana María Conde "... al disponer [este] Tribunal la creación de un nuevo cargo destinado a ser ocupado por la actora, excedió los límites constitucionales propios de su jurisdicción y obró al margen del principio de razonabilidad que debe guiar el accionar de los jueces ...". O bien, como concretamente expresara en su voto el Dr. Julio B. J. Maier "que -bajo la advertencia de un conflicto potencial de poderes- a los Jueces les está vedado ordenar al Poder Administrativo la inclusión en un cargo presuntamente agotado a un agente que resultó vencido en un concurso finiquitado y, menos aún, imponerle la creación de un cargo a tal fin (arts. 102, 104, inc. 9º y 113, inc. 1º, C.C.B.A.)" (Rodríguez, Mónica Adriana c/ G.C.B.A. s/ amparo (art. 14, C.C.B.A.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido, TSJCABA, 20/12/04, publicado en El Derecho del 31 de marzo de 2.005). Esteban Centanaro Por lo expuesto es que el Tribunal RESUELVE: Declarar desierto el recurso de apelación interpue sto. Con costas de esta instancia en el orden causado. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, devuélvase al Juzgado de origen. Esteban Centanaro Nélida Mabel Daniele (con ampliación de fundamentos) Eduardo Ángel Russo