Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-10


SULFACID S.A. contra BULATOVICH, Alberto Reg.: A y S t 195 p 196-199. Santa Fe, 10 de marzo del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el accionado contra la sentencia del 19 de noviembre de 2002 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario en autos "SULFACID S.A. contra BULATOVICH, Alberto -Exclusión Tutela Sindical- s. QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. 296/01)" (Expte. C.S.J. nro. 285, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. El pronunciamiento impugnado confirmó la decisión de baja instancia que, a su turno, había acogido la pretensión de exclusión de tutela sindical promovida por SULFACID S.A. contra el señor Bulatovich a fin de proceder a su despido.

Contra dicho decisorio deduce el accionado el remedio de la ley 7055.

En primer lugar, el recurrente entiende que lo resuelto encuadra en el inciso 2) del artículo 1 de la ley 7055 en tanto el fallo se aparta de la recta inteligencia constitucional y afecta directa, inmediata y gravemente derechos y garantías fundamentales: igualdad ante la ley, estabilidad gremial y principios contenidos en el artículo 14 bis de la Carta Magna nacional.

Seguidamente, sostiene el quejoso que el Juzgador margina material probatorio decisivo para la suerte de la causa, y que acredita que la conducta del demandado no constituyó causal suficiente para merecer ser sancionado con despido, siendo éste arbitrario e ilegítimo. Concretamente, lo agravia que la Sala prescindiera de los testimonios de Correa y Moscellini -que demuestran que en otros supuestos similares no se impusieron penas y que los problemas del tipo que originan la intención de sancionar no son excepcionales en la planta-.

Señala que dichas probanzas corroboran la notoria desproporción entre la falta que se endilga al trabajador dirigente gremial y la sanción que se le pretende imponer - despido- y ello patentiza la persecución a que fuera sometido Bulatovich.

Afirma que, además, la prueba pericial técnica rendida en autos -en la que el perito minimiza los daños ocasionados por el incidente- fue ponderada en forma parcial, arbitraria y sacándola de contexto; mientras que analiza totalmente la declaración testimonial del jefe de planta quien ha tratado de perjudicar al accionado con un testimonio parcial y falaz.

Finalmente, se agravia de que el Tribunal omita tener en cuenta las probanzas rendidas en otra causa -que fuera agregada por cuerda y en la cual obran autorizaciones que los supervisores dieran al accionado para dejar sus tareas a fin de cumplir funciones gremiales, ir a enfermería o atender reuniones de Higiene y Seguridad en la planta- y que tampoco pondere los certificados acompañados por el accionado que acreditan su concurrencia a cursos realizados en Sulfacid.

La Sala denegó la concesión del remedio extraordinario intentado por lo que el perdidoso ocurrió en forma directa por ante esta sede.

2. Ante todo, cabe aclarar que si bien el recurrente alega que la sentencia pone en cuestión la recta "inteligencia" del alcance del artículo 14 bis de la Constitución nacional y sustenta el remedio en la causal del inciso 2) del artículo 1 de la ley 7055, sus reproches, en verdad versan sobre la arbitrariedad de la sentencia, y, en consecuencia, resultan subsumibles en el inciso tercero. Delimitada la impugnación exclusivamente al reproche de arbitrariedad en el decisorio -y aun si se estimara superada la falta de planteo oportuno de la cuestión constitucional que la Sala sindicara como obstáculo formal a la admisibilidad de este remedio de excepción- de la confrontación del memorial introductorio con la sentencia atacada fácilmente se colige que, pese el tinte constitucional que la recurrente pretende imprimir a su cuestionamiento, el desarrollo de los supuestos agravios sólo trasunta su disconformidad con lo resuelto por el Tribunal -al juzgar que debía acogerse la demanda de exclusión de tutela sindical- mas sin lograr perfilar con claridad la configuración de causal idónea para denostar tal pronunciamiento.

Concretamente -y dejando en claro que, de las constancias de la causa se desprende que la Sala al decidir como lo hizo, trató conjuntamente la cuestión sindical y la contractual, postura ésta perfectamente admisible a tenor de los expuesto reiteradamente por este Cuerpo (ver por todos "Sulfacid c. Capodaqua", A. y S., T. 169, pág. 463)- se vislumbra en los reparos del perdidoso sólo su desacuerdo con la solución propiciada por la Alzada, pues mientras la Sala entiende que el accionado -tanto por su obrar el día 22.12.1999 como por diversas actitudes que señala- había dejado de ser persona confiable para su empleador y ello configura una injuria que impide la continuidad de la relación laboral (cfr. f. 6 vto.) el quejoso sostiene que la sanción que se pretende imponer resulta desproporcionada y es el corolario de la "persecución" de la que fuera víctima en su carácter de delegado gremial.

Sin embargo, los reparos del recurrente en modo alguno ostentan entidad constitucional que viabilice el remedio extraordinario intentado.

Es que éstos, básicamente, radican en su disconformidad con la ponderación del material probatorio reunido en la causa, pero que, tal como se formularon no logran demostrar los desvíos que se le achacan a la Sala. Ha de repararse que frente a la imputación concreta del obrar injuriante el día 22.12.1999, el trabajador intenta justificarse aludiendo que fue un error que obedeció a dos razones: que ese día le habían comunicado que le iban a embargar el sueldo y que de acuerdo a la pericial técnica el polvillo que había en la terraza lo indujo a creer -erróneamente- que la rosca estaba cortada y que cabía paralizar la planta.

Y la Sala, en tren de sopesar la índole de la injuria achacada, meritó los dos argumentos excusatorios del accionando y los desechó por considerarlos inatendibles, apoyándose en la prueba que había sido incorporada a la causa -testimonial, documental, pericial- que analizó y evaluó; ponderando, además, otras actitudes de rebeldía por parte del trabajador que habían sido acreditadas -no uso de la campera de cuero que correspondía a su labor, negarse a firmar asistencia a cursos dados por la empresa, rehusarse a que se le realizaran controles de alcoholemia- que se sumaban a los hechos del día 22 de diciembre de 1999 y que configuraron una injuria que impedía la continuidad de la relación laboral.

Frente a lo expuesto, pierden sustento las quejas relativas a la omisión de ponderar prueba que consideraba esencial para la resolución del pleito; advirtiéndose que la testimonial de Moscellini y la pericial fueron valoradas, sólo que otorgándoseles una alcance distinto al pretendido por el recurrente y teniendo en cuenta que no admite discusión el principio que considera que en la selección, apreciación y valoración del material fáctico y probatorio, los jueces ordinarios son -como regla- soberanos. Por su parte, cabe señalar que carecen asimismo de asidero los reparos que achacan a la Sala omitir probanzas que surgen de otros expedientes agregados. Es que el Tribunal, al revisar la sentencia atacada -a la luz de los agravios del accionado, del material probatorio reunido y de la legislación en la materia, y en oposición al Inferior- tuvo por acreditado que el empleado no se retiraba abruptamente de su puesto de trabajo y que por ello su actuar se enmarcaba dentro de las previsiones de la ley 23551 y no puede generar consecuencias en su contra (cfr. f. 4). Sin embargo, pese a dicha salvedad, la conclusión final del A quo al considerar acreditada la actitud injuriante, no puede resultar conmovida.

Frente a lo expuesto, es dable concluir que los agravios del impugnante solo denotan su disenso con la valoración del material probatorio reunido en autos, pero sin lograr traspasar el límite de una mera discrepancia interpretativa, ya que el recurrente se empeña en oponer su particular apreciación de los elementos de confirmación incorporados al proceso y del valor otorgado a aquél.

Pero, indudablemente, el acierto o error con que los Juzgadores valoraron la prueba y la mera oposición que denota el perdidoso en su planteo no depara caso constitucional idóneo para operar la apertura de esta instancia extraordinaria ante esta Corte, cuya misión es efectuar el control de la adecuación de la sentencia al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional.

Sabido es que, la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia de la recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba. Por lo que pretender invadir esa esfera significaría que este Cuerpo sustituyera a aquéllos, distorsionando de tal modo el restringido ámbito que sobre el control de constitucionalidad de los pronunciamientos judiciales le confiere la Carta Magna local.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)