Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-04-06


AUTOS Nº 10752 - "SANCHEZ Domingo Gustavo C/ Calivar Motos S.A. S/ Apelación de Sentencia" // la ciudad de San Juan, a los 06 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres Miguel Ernesto Novoa, Lucía Daroni de Pontoriero, y Julio Rolando Coll, bajo la presidencia a cargo del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 10752, caratulados "SANCHEZ DOMINGO GUSTAVO C/ CALIVAR MOTOS S.A. S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que por sentencia dictada a fs. 107/113 por el Sr. Juez del cuarto Juzgado Laboral, se resolvió admitir parcialmente la demanda promovida en autos, y condenar a la demandada a abonar al actor la suma que surja de la planilla que al efecto se practique, con más intereses y costas en el 95%. A fs. 115 se dicta aclaratoria.

A fs. 117 la parte demandada interpone recurso de apelación, y a fs. 121/125 procede a fundarlo; obrando la contestación de los agravios a fs. 127/128. A fs. 135 emite dictamen Fiscalía de Cámara; a fs. 139 se llama autos a resolver, y a fs. 140 se practica el sorteo para la emisión de los votos de los Sres. Camaristas, el que arrojó el siguiente resultado: 1)- Dra. Daroni; 2)- Dr. Novoa y 3)- Dr. Coll.

A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Resulta procedente el recurso de apelación deducido por la demandada? Segunda cuestión: Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. LUCÍA E. DARONI DE PONTORIERO DIJO:

I- Por la sentencia recurrida se resolvió hacer lugar a las indemnizaciones reclamadas en virtud del despido dispuesto por el accionado, considerar que el mismo resultó injustificado. Para así concluir expresó: 1)- Que de los términos contenidos en las comunicaciones que recíprocamente se remitieran las partes, aparece sin duda alguna que la extinción del contrato de trabajo operó como consecuencia del despido con expresión de causa dispuesto por la empleadora. 2)- Que la carta documento remitida por esta última contiene en su comienzo expresiones genéricas al atribuir al actor "reiteradas tardanzas", pero sin precisar en qué residieron esos incumplimientos, contra lo que al respecto dispone el art. 243 de la LCT. 3)- Que sin perjuicio de ello, y aún en caso de otorgar eficacia a las causales invocadas, considera que cabría arribar a la misma solución. Ello, en tanto no obstante que las reiteradas tardanzas aparecen acreditadas por la demandada a través de la pericial informática de fs. 66/71, donde surge que el actor tenía tardanzas en el período que va desde el 14/05/14 al 25/06/14, la sanción adoptada resulta desproporcionada, aún cuando quepa considerar que se trató de una tardanza sin aviso. Por lo que dicho incumplimiento sólo pudo dar lugar a una sanción menor.

II- Contra este punto se alza la demandada en su primer agravio. Expresa que le agravia que el A quo considere que la causal es inválida por ser "genérica" y no suficientemente clara como lo exige el art. 243 de la LCT; como también que considere que la sanción es desproporcionada con la falta del actor. Que tal conclusión es errónea y contraria a la letra y espíritu de la normativa vigente. También le agravia la procedencia del agravamiento del art. 2° ley 25323, y la condena en costas. Fundamenta su petición, expresando: a)- Que el A quo considera que la causal de despido invocada por su parte es genérica y no suficientemente clara como lo exige el art. 243 de la LCT; consideraciones erroneas teniendo en cuenta que el principio de suficiencia es un derivado del de buena fe, y tiene como finalidad evitar que cualquiera de las partes invoque una causal de distracto con una vaguedad tal que luego puedan modificar en su beneficio. Que la expresión de despido fue lo suficientemente precisa como para que el Sr. Sánchez tuviera cabal conocimiento del motivo de la ruptura, en tanto no se trató de una o algunas tardanzas en días determinados, sino de un hábito diario de llegar tarde, que no pudo ser corregido por remedios previos. Prueba de ello es la propia respuesta del actor en su misiva del 27/06/14, al admitir que si bien pudieron existir no provocaron desequilibrios en la estructura de la empresa. Es decir, sabía bien a qué hechos se refería. Que está acreditado que no se trató de una o dos tardanzas; es más la última semana incluso ingresó una hora después de su horario. Destaca que al responder la demanda tampoco modificó ningún hecho de lo manifestado en la misiva del despido, reiterando que no fue un hecho o dos o tres, sino una conducta habitual y cotidiana asumida. Que es más, ya contaba con un apercibimiento que se le comunicó por escrito el día 20/05/14. Invoca también la actitud pasiva del actor en el proceso; no indicó nunca su horario, no dio explicaciones de ningún tipo a las tardanzas, ni siquiera negó el antecedente de la sanción disciplinaria previa. En cuanto a la afirmación del A quo de que es desproporcionado, a la que arriba luego de tener por acreditado que las reiteradas tardanzas estaban debidamente probadas, sostiene que no tiene en cuenta que a Sánchez se lo despidió no por haber llegado tarde un día, sino porque llegaba tarde todos los días, y no modificó su conducta con el apercibimiento antes notificado. Que tampoco ha tenido en cuenta que es una de las principales obligaciones del trabajador, cumplir con asistencia y puntualidad. Con lo que es suficientemente grave. b)- Que estima que debe revocarse también el agravamiento del art. 2° ley 25323, pues ha quedado acreditado que las tardanzas sí existieron, solicitando que se lo exima del mismo. c)- Que la condena en costas deberá modificarse y adecuarse al resultado definitivo del proceso. Formula reserva de derechos.

III- Por su parte la contraria responde los agravios, y solicita su rechazo, aportando razones y fundamentos en favor de la confirmación del fallo, a los que me remito en honor a la brevedad.

IV- Expuestos suscintamente los antecedentes del recurso venido a estudio, y luego de analizadas las constancias de la causa, fundamentos del fallo, y de los respectivos escritos recursivos, adelanto opinión favorable al apelante, en tanto considero, a diferencia de lo resuelto por el A quo, que en la causa se ha acreditado suficientemente la justa causa del despido invocado, y la misma reviste la gravedad que requiere la norma del art. 242 de la LCT, además de advertirse debidamente cumplimentadas las formalidades exigidas por el art. 243 del mismo cuerpo legal en su comunicación.

En efecto, considero atendible el primer agravio expuesto por el recurrente, en cuanto considero que la comunicación de la medida se ajustó debidamente a las exigencias de forma que prevé el art. 243 antes mencionado, ya que al aludir a "reiteradas tardanzas" contuvo en forma suficientemente clara los motivos en que se fundaba la ruptura del contrato de trabajo, esto es, por las reiteradas y cotidianas tardanzas en que habría incurrido a lo largo de un tiempo considerable, de modo que el trabajador no vio afectado su derecho de defensa de modo alguno, pues es obvio que tuvo un cabal conocimiento de los hechos que se le imputaban, tal como surge claramente de una de las misivas remitidas por éste.

En efecto, y como lo pone de relieve el demandado, el despido que dispuso no obedeció a una tardanza aislada, ni a dos ni a tres, sino a una conducta habitual y recurrente, que asumió durante bastante tiempo el trabajador, y no fue corregida luego de un apercibimiento previo, pues tal como consta claramente en la prueba pericial informática de fs. 66/70 practicada sobre el equipo de reloj de control de horario del personal, el trabajador ingresó con tardanzas prácticamente todos días desde el 14/05/14 hasta el 25/06/14, haciéndolo con demoras de más de media hora en la mayoría, e incluso de una hora también en reiteradas veces.

Con lo que la expresión utilizada por la demandada de "reiteradas tardanzas" no pudo crear duda alguna al dependiente de que estaba siendo despedido por haber llegado tarde prácticamente todos los días desde la fecha que se indica hasta el despido, en una conducta contumaz y de total irresponsabilidad. Se ha dicho con acierto que la obligación de notificar las causas del despido y no poder modificar éstas en juicio responde a la finalidad de dar al dependiente la posibilidad de estructurar en forma adecuada su defensa, pero tal imposición no puede dar lugar a soluciones ritualistas, máxime cuando como en el caso, el propio trabajador da cuentas de que conocía perfectamente los motivos del despido, como surge de una de las misivas remitidas (fs. 5) e incluso de la misma demanda, cuando afirma que en el supuesto de haber existido las tardanzas, las mismas no serían de gravedad.

Decidido lo precedente, y encontrándose acreditadas las reiteradas impuntualidades en que incurrió el trabajador, considero procedente también la crítica al fallo en cuanto sostiene que de todas formas tal causal no sería de la gravedad que requiere la norma del art. 242 de la LCT, pues es evidente que el sentenciante no ha tenido en cuenta que el trabajador incurrió en incumplimiento de uno de los principales deberes que a su cargo pone la ley. Así como uno de los principales deberes impuestos por la LCT al empleador es cumplir en tiempo y forma con el pago de la remuneración al dependiente, tanto que su incumplimiento por sí sólo da derecho a que este último se considere despedido con derecho a la reparación por despido injustificado, uno de los principales deberes que la misma ley impone en su art. 84 al trabajador es prestar su débito con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada; con lo que su incumplimiento, también habilita a aquél a despedirlo sin derecho indemnizatorio.

Y si bien cabe resaltar que la impuntualidad constituye en principio una falta leve que puede ser castigada mediante el uso prudente de sanciones disciplinarias; la reiteración de llegadas tarde sí justifica el despido; máxime cuando se revela la contumacia del empleador que no enmienda su conducta (López, Centeno y Fernández Madrid, "Ley", T.II, pág. 962; Ramírez Bosco, "Manual", p.84). No puede olvidarse, en tal sentido, que una falta leve que, aisladamente considerada no sería motivo de despido o denuncia del vínculo, puede justificar su ruptura cuando es apreciada con criterio cuantitativo, esto es, al ponerse en relación con una reiterada inconducta, siendo "la gota de agua que rebasa el baso" según la gráfica expresión de Vázquez Vialard.

Por otra parte no debe olvidarse tampoco que "el deber de buena fe y el de adoptar comportamientos acordes con el de preservación del vínculo incumbe a ambas partes (CNAT, Sala VII, 21/5/93, DT, 1994-B-2149). Más en el caso puede advertirse por parte del trabajador, una actitud justamente contraria a tales principios, pues si, ante una impuntualidad fue sancionado con un apercibimiento; frente a lo cual, en vez de modificar su conducta, la reitera, ya no una vez, ni dos ni tres, sino en forma habitual por bastante más de un mes, (quizás intentando justamente la ruptura del vínculo con expectativas indemnizatorias, que en su caso, atento la antiguedad, resulta de envergadura) es obvio que no está obrando en respeto a los principios aludidos, al incurrir en inconductas que indudablemente merecieron el despido; máxime cuando ni siquiera esgrime alguna -al menos somera- justificación. Por el contrario, se advierte una actitud tolerante por parte de la empleadora, lo que puede considerarse ajustada al principio de buena fe y de conservación del vínculo, y que también merece ser tenida en cuenta al valorar la situación.

Expuesto lo precedente, propicio se haga lugar al agravio, y se modifique el fallo apelado, desestimándose los rubros indemnizatorios reclamados derivados del despido; a saber, indemnización por antigüedad, omisión de preaviso e integración mes de despido y art. 2° ley 25.323.

De acuerdo a lo resuelto, resultado del juicio, y lo dispuesto por el art. 264 del CPC corresponde también acoger el recurso deducido por la imposición de costas, las que corresponde se inviertan, correspondiendo asumir el 95% la actora y el 5% restante el demandado. De igual forma, deben adecuarse los porcentajes de regulación de primera instancia, correspondiendo al Dr. Fernando Giménez el 22% y a los Dres. Carlos A. Meyer y Carlos Ariel Meyer en forma conjunta, el 16% del monto del juicio.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. LUCÍA E. DARONI DE PONTORIERO DIJO:

En cuanto a las costas de alzada, las mismas se imponen a la actora, en virtud del art. 125 del CPL, y el resultado de la apelación; regulándose los honorarios de esta instancia a los Dres. Fernando Giménez y Carlos A. Meyer y Carlos Ariel Meyer, todos en doble carácter y los dos últimos en forma conjunta, respectivamente en el 50% y 30% de lo regulado a cada parte para la instancia anterior; art. 21 ley 56-O.

LOS DRES. MIGUEL ERNESTO NOVOA Y JULIO ROLANDO COLL DIJERON:

Que por compartir los fundamentos expuestos, se adhieren al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I)- Acoger favorablemente el recurso de apelación deducido por la demandada, y modificar la sentencia recurrida conforme se expone al tratar la primera cuestión.

II)- Imponer las costas y regular honorarios de alzada, conforme se decide al tratar la segunda cuestión.

III)- Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.-