Abuso sexual calificado, nulidad procesal, prueba, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M., Ariel Teodoro s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-12

La demora en haberse realizado el requerimiento de instrucción del art. 180 CPPN, se encuentra dentro de los llamados plazos ordenatorios, que, a contraposición de los perentorios, no provocan con su vencimiento la caducidad del derecho o facultad procesal, pues su función está dirigida a posibilitar el regular desarrollo del procedimiento, y tampoco le ocasiona perjuicio alguno al imputado ya que en caso de existir, éste lo sería para el fiscal. Las declaraciones testimoniales de los familiares directos de las niñas y las audiencias celebradas en los términos del art. 250 bis del CPPN -y aquella formalizada luego del examen previo del art. 250 ter CPPN-, resultaron ser todas medidas reproducibles en el debate oral, donde ya el imputado contaba ampliamente con la facultad de controlar y contradecir la prueba. En tanto los arts. 250 bis y 250 ter fueron incorporados al CPPN, en el capítulo atingente a los testigos y no al vinculado a los peritos, con la finalidad de resguardar la salud física y mental de la víctima, evitando la interrogación directa del tribunal o las partes, en los casos de menores, que pudieran haber sufrido hechos que importen lesiones y delitos contra la integridad sexual, para hacerlo a través de facultativos especializados, a este tipo de medida de prueba no se le aplican las normas generales de los peritajes, por lo cual la falta de control por parte de la defensa no resulta invalidante. La alegada violación de la garantía del juez natural, por haberse acumulado al expediente original denuncias de distintas jurisdicciones, debe rechazarse, pues al momento de declararse la competencia de la magistrada instructora ninguna de las partes se agravió al respecto. El planteo relativo a la violación del plazo razonable de duración del proceso y de la prisión preventiva, además de no haber sido suficientemente fundado por la parte, no tiene en cuenta que el imputado efectuó numerosos planteos de toda índole y que la demora que se estaba ocasionando obedecía a su excesiva actividad procesal, palmariamente dilatoria. Corresponde rechazar la tacha de arbitrariedad, teniendo en cuenta que las especialistas que trabajaron con las víctimas fueron contundentes en cuanto a la verosimilitud de sus relatos, remarcando que no se advertía que las damnificadas fueren fabuladoras y que sus relatos se advertían verosímiles y señalaban como el autor de tales abusos al imputado. La situación de conflicto familiar en que se hallaban algunas de las damnificadas no puede excluir de ningún modo la credibilidad de los relatos de las víctimas sino que, por el contrario, deben entenderse como facilitantes de un escenario propicio para que este tipo de abusos acaeciera, pues coloca a los menores en una situación de mayor vulnerabilidad. Las maniobras en las cuales el imputado se quitó la ropa e hizo que la menor se desnudara, colocándose sobre ella y luego masturbándose encima suyo hasta eyacular; así como también aquellas en las que introdujo sus dedos en la vagina de la niña o le practicó sexo oral, implicaron una gravísima afectación para la indemnidad sexual de las víctimas, que superó ampliamente los límites del ultraje que se requiere para la figura base. La idea de encargado de guarda de la víctima se refiere a quienes, aun de manera momentánea, cuidan de la persona de aquélla. El voto concurrente agregó que el hecho de que los deberes de guarda asumidos no conlleven cierta continuidad, no implica que estos desaparezcan, pues la ley no impone este requisito como elemento del tipo penal objetivo para fundar la mayor punibilidad, sino que lo que contempla a tal fin es, sin más, la mencionada particular relación del agente con la víctima. (Dres. Gemignani, Hornos -voto concurrente- y Borinsky).