Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-26


AUTOS:"SANTANA LUIS ALBERTO C/SIEMBRA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES S.A. S/DESPIDO" Buenos Aires, 26 de mayo de 2003 EL DOCTOR RODOLFO ERNESTO CAPON FILAS DIJO:

I. Las apelaciones del demandado y del actor deben resolverse:

A. Elementos a. Comunicación del despido 1.El actor fue despedido por haber utilizado argumentos falsos y engañosos respecto de afiliados traspasados a la empresa demandante, ofreciéndoles y otorgarles elementos complementarios para lograr dichos traspasos. La señora Jueza considera que esa comunicación no cumple los requisitos de RC art.243 porque no aclara ni concretiza los motivos en que se basa la decisión.Sentado ello, la sentencia sostiene que no se ha probado inconducta alguna por parte del trabajador ya que los testigos hablan generalidades y Flores de Brie no da razón de sus dichos.

2.Todo despido debe comunicarse indicando suficientemente las razones por las que se adopta semejante decisión ya que de ese modo se respeta la buena fe en las relaciones laborales (RCT art.63) y se permite el derecho de legítima defensa sea del trabajador como del empleador (CN art.18, por extensión analógica). Esta estructura ha sido expresamente normada para el despido por justa causa (RCT art.243) pero, como se ha indicado, se aplica a toda decisión de despido. .La comunicación de los motivos del despido con causa debe detallar los incumplimientos del trabajador de tal modo que pueda éste ejercer al respecto el derecho de legítima defensa, garantizado constitucionalmente y uno de los elementos del Estado de Derecho. En tal sentido RCT art. Art.243 conduce perfectamente la energía del Derecho Humano a la libertad. En este caso, el empleador no ha respetado el mencionado Derecho ni ha permitido al actor ejercer su legítima defensa porque la comunicación de los motivos del despido no especifica clara y circunstanciadamente los motivos del mismo sino simplemente describe generalidades frente a las cuales el derecho de defensa del actor es imposible.

3.El apelante sostiene que en una empresa de la magnitud del demandado y teniendo en cuenta la complejidad de su giro no se puede aplicar con rigidez la norma en cuestión.

Afirma también que los motivos del despido eran suficientemente conocidas por el actor.

3.1. El primer argumento menoscaba la raíz democrática de nuestra sociedad civil y olvida el art.16 CN porque todos los habitantes del país son iguales ante la ley, en este caso ante el art.243 RCT.

Si el Tribunal aceptara que las normas laborales deben flexibilizarse para las grandes empresas, instalaría una nueva clase de nobleza, en este caso, proveniente de las riquezas o de las ■relaciones carnales■ con ciertos funcionarios gubernamentales del país o del extranjero.

Por eso, este argumento debe rechazarse, no sin antes solicitarle al apelante que lea todos los días la norma constitucional mencionada asì la introduce en su subconsciente y evita males mayores.

3.2.El segundo argumento fue instalado en el país especialmente en la dictadura militar. Parafraseando a Goebels (■miente, miente, que parecerá verdad■), en el mundillo académico, que no es precisamente pluralista, cuando una opinión falsa es repetida ciegamente por muchos parece verdadera y se genera, así, algo similar al ■pensamiento único■.

Por el contrario, el mecanismo operativo del despido con causa se basa en uno o en varios in- cumplimientos del trabajador hasta tal punto graves que impiden contiunar la relación ni tan siquiera a titulo provisorio (aspecto este último que el demandado ha asentado en la comunicación de despido. Para que el trabajador pueda defenderse alegando y demostrando que no cometió tales conductas o que no fueron tan graves, ha de conocer qué se le atribuye: entidad, fecha, perjuicio, por eso han de detallarse.

Pretender el apelante conocer la mente del actor, afirmando que él sabe los motivos del despido, es una agresión verbal que invade la esfera de privacidad del ser humano, violenta el art.19 CN y, sobre todo, es im-posible salvo que sometido a un grado tal de tortura física, mental o psíquica confiese, complementando una comunicación defectuosa. El Tribunal que aceptara la tesis del demandado estaría instalando nuevamente, no la Carpa Blanca de la Dignidad Docente o la Tienda Blanca por la Paz que durante la invasión a Irak las grandes religiones levantaran en Plaza de Mayo, sino directamente la Hoguera de la Inquisición.

3.3.Por todas esas razones, los argumentos del apelante deben rechazarse.

4.El apelante sostiene haber demostrado los in-cumplimientos del actor. Fundamenta su posición en dos testimonios, el de María Claudia Flores de Brie y el de Lagraba.

La primera sostiene que el gerente regional le informó que aquéllos fueron descubiertos mediante una investigación practicada. Dada la ausencia de la investigación, cabe concluir que no se ha demostrado su realización, por lo que el testimonio nada aporta.

El testigo Lagraba indica que el actor era un promotor con alta rotación de afiliados y que les entregaba ■algún tipo de beneficio adicional al traspaso■ sin indicar cuáles y cuántos eran. Por ello, la declaración nada aporta.

5.Por todo ello, los argumentos del apelante deben rechazarse.

b. Base de la tarifa indemnizatoria del despido in-justificado 1. La sentencia la establece en $ 6.239,17, correspondiente al mes de diciembre del 2000, rechazando la pretensión del actor de adicionar al salario del mes de despido (marzo 2001) las sumas variables pagadas después de la extinción, por comisiones realizadas antes de la misma. De tomarse esa posibilidad, la base para la tarifa indemnizatoria sería de $12.445.01.

Obviamente, de este aspecto de la sentencia se agravian ambos sujetos.

2. El demandado sostiene que la mejor remuneración normal y habitual para la tarifa indemnizatoria es la percibida y no la devengada.

El argumento cede en la medida que si un empleador nunca pagara salarios, podría despedir sin costo alguno porque no hubiera habido ningún salario percibido, verdad de Pero Grullo que retrocedería la historia a épocas cercanas a la esclavitud.

Por otra parte, el argumento cede ante el plenario Brandi (05.10.2000), doctrina que ayudé a formar y que aparentemente es desconocida por el apelante. Una vez más, insisto en que, mientras no se logre un Boletín Oficial Judicial (como se edita en Río Grande do Sul, Brasil), todas las sentencias incluidas las plenarias, deben remitirse a los diversos sitios Web consultados por todos. De ese modo, el argumento ya no sería por desconocimiento del plenario sino por temeridad o malicia en el apelante.

3.El actor sostiene que como las comisiones cobradas luego del despido lo fueron por trabajos realizados anteriormente, deben acumularse al salario del mes de despido, porque fueron devengadas durante la relación y el demandado no ha demostrado a qué mes pertenecen.

Como las sumas percibidas luego del despido pertenecen a operaciones realizadas antes y el demandado no ha demostrado en qué mes se devengaron, la lógica indica que han de acumularse a la remuneración del despido. Si el demandado, al contrario, hubiera demostrado en qué mes se devengaron, se hubieran acumulado al mes correspondiente y desde ya la base para la tarifa hubiera sido menor: el problema no lo causa la norma sino la conducta del demandado que no ha demostrado lo que hubiera correspondido a su propio interés.

4. Por estas razones, la indemnización por el despido in-justificado ha de basarse en $12.445,01, arrojando una indemnización de $ 49.780.04.

c. Adecuación de la condena a la realidad y tasa de interés 1.El actor en el alegato (fs.247 vta.) solicita la actualización monetaria de la condena a partir de la derogación de la ley de convertibilidad y solicita la declaración de in- constitucionalidad de todas las leyes y decretos que se oponen a la actualización.Sostiene que se declare la plena vigencia de RT art.276.

El demandado se queja porque la sentencia regula, a partir del 01.01.2002, la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de préstamo.

La posición del actor es clara salvo en la vigencia nuevamente del art.276 RCT en una especie de ■resurrección normativa■, tal vez acordes con el tiempo de cuaresma o el tiempo pascual, pero carente de posibilidad técnica porque esta Alzada no es legislativa.

De todos modos, la realidad y los Derechos Humanos en juego indican que esta Alzada debe sancionar una norma particular (en el sentido explicado por Cossio) para adecuar la condena al mercado.

Todo ello, en base a las siguientes consideraciones:

1.1. Sentido de la propiedad privada Uno de los mejores métodos para comprehender la problemática es el sentido común, como recuerda Edith Stein (prusiana, judía, filósofa, carmelita, mártir en Auschwitz en 09.08,1942, santa, patrona de Europa): ■en esa corriente vive el Espíritu que sopla donde quiere, que ha creado todas las formas de la tradición, y que va creando siempre nuevas■ (Los caminos del silencio interior, Bonum,Bs.As, 1999, pág.82). El sentido común permite tanto al paisano surero como al más empinado empresario captar que la propiedad privada no es un silo-loquio abstracto (■cualquier hombre puede ser propietario■), sino un diá-logo concreto (■todo hombre puede ser propietario para la dignidad y la mejora de sus condiciones de vida■). Para el paisano significará, tal vez, un par de botas nuevas, para el industrial una nueva máquina herramienta: para ambos, la posibilidad concreta de realizarse, de hominizarse. El sentido común indica la funcionalidad de la propiedad privada que debe asegurarse a todos para que puedan participar activamente en la vida de la sociedad como recuerda la Conferencia Episcopal Norteamericana (cr. Justicia económica para todos, PPC, Madrid, 1987, pág.62). Si se licúa su contenido económico, se licúa la participación.

■Cada persona es irrepetible. Su desaparición o realización in-completa supone un hueco irremplazable en la historia de la humanidad. Quitar de en medio a una persona es un atropello absurdo que repercute en los mismos provocadores y mutila de algún modo mi ser porque reduce el campo relacional. No podemos olvidar que todo hombre es sagrado para el otro hombre■ (cr. Edith Stein, Endliches und ewiges Sein, pág. 329) La propiedad, en sentido constitucional, comprende, conforme a la Corte Suprema, ■todos los bienes susceptibles de apreciación pecuniaria, con independencia de la vida y la libertad■. De ahí resulta claro que si las normas lesionan la garantía de la propiedad privada y los Derechos Humanos inter-nacionalmente reconocidos, resultan irrazonables y deben ser declaradas in- constitucionales en el caso concreto.

En el país existieron cuatro ciclos de empobrecimiento: el inflacionario (1988-1990), el de des-empleo (1994-1996), el de caída salarial (1996-1998), el des-empleo con caída salarial (1998 hasta hoy). Luego de haberse derogado la convertibilidad del peso, mediante ley 25.561 (B.O.06.01.2002) en el país ha vuelto la inflación, de la que dan cuenta todos los diarios y experimentan los consumidores a diario. La devaluación implicaría un quinto ciclo de empobrecimiento, que impactaría especialmente en la población más vulnerable, compuesta en su mayor parte por sectores con ingresos fijos. Se prevé un lógico crecimiento de la pobreza, ya que de existir un 10% de aumento del costo de vida, el porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza treparía del 44,20 al 49,10 en todo el país. Esto implicaría sumar 1.700.000 personas a los 14.500.000 de pobres que ya existen en todo el país. Si el costo de vida sube un 20 por ciento, el porcentaje de pobreza treparía del 44,20 al 54,10 por ciento. Esto significa 3 millones de nuevos pobres, cuyo número llegaría a los 17.800.000. Si esto sucediere, el nivel de pobreza que se alcanzaría, superaría los existentes en el ciclo hiperinflacionario de inicios de la década del 90, previéndose un escenario particularmente grave para vastos segmentos poblacionales del NEA y el NOA, obligados a vivir con niveles de pobreza por ingreso en el orden del 65% (Fuente: Peligro de híper-pobreza, en Página 12, 07.01.2002).

El panorama se complica porque la mitad de los trabajadores del sector privado gana menos de $375 pesos por mes. Esa suma, devengada por 3.300.000 de asalariados, no alcanza para comprar una canasta básica de alimentos de una familia tipo (matrimonio y 2 hijos menores). Por primera vez en el país, en el mes de mayo del 2002, la mitad de los salarios que se perciben no permite a los jefes de hogar acceder al ingreso requerido para superar la línea de alimentación básica En otras palabras, ahora la mitad de los que tienen trabajo ganan salarios de indigencia. De este modo, si antes la indigencia afectaba, básicamente, a los desocupados, y a una fracción reducida de los ocupados, ahora comprende también a buena parte de los que tienen empleo. Además, el 60% de esos trabajadores se desempeña clandestinamente por lo que no tienen acceso a los beneficios sociales, como salario familiar, obra social, seguro de accidente de trabajo y cobertura de invalidez y fallecimiento. (Fuente: Ismael Bermúdez, La mitad de los empleados no cubre la canasta de indigencia, en ■Clarín■,24.05.2002). La canasta básica desde diciembre 2001 a abril 2002 aumentó un 29,70% (Fuente: ¿Cuándo es pobre una familia?, en ■Clarín■, 10.05.2002). Es fácil pre-decir que si los precios siguen subiendo, sobre todo por los aumentos de los servicios o de los combustibles y los salarios se mantienen o se adeudan, aumentará el nivel de pobreza.

4.La Canasta Básica Alimentaria cubre durante un mes los requerimientos calóricos y proteicos imprescindibles. Y contiene, entre otros, 6 kilos de pan, galletitas, 7 kilos de papa, 6,3 kilos de carnes, 8 litros de leche, hortalizas y frutas. No incluye el pago de ningún servicio ni la compra de ningún bien, salvo los mencionados y en las cantidades determinadas. La Canasta Básica Total incluye bienes o servicios no alimentarios, tales como vestimenta, transporte, educación y salud.

A partir de abril del 2002, el INDEC presentará el costo de ambas canastas el quinto día hábil de cada mes. 1.2.Condena formal y condena real.

El acreedor laboral tiene derecho al pago de las sumas debidas (por despido y remuneraciones) en un monto real idéntico en su valor al que debió percibir en el momento de la mora del acreedor, con más los intereses compensatorios y punitorios correspondientes.

A partir de enero 2002, la realidad muestra datos económicos preocupantes, entre ellos de-preciación del valor de la moneda, inflación exponencial y creciente de todos los bienes y servicios, aumento sostenido de la Canasta Básica de Alimentos y Canasta Básica Total, escalada del dólar estadounidense (moneda en la que ahorran los argentinos) que desde $1 (diciembre 2001), llegó a $3.70 (julio 2002), intento del Ministerio de Economìa de resarcir a los bancos (que no devuelven los ahorros) por el retiro obligado de dólares mediante los amparos judiciales (cr. Compensarán a los bancos por la salida de depósitos del corralito, en ■Clarín■.16.07.2002). De mantenerse la condena en el monto nominal formal, cuando el trabajador la perciba se encontrará con una suma substancialmente menor, carcomida por la inflación, como las barrancas del Paraná erosionadas por la inundación 1.3.Garantía de la propiedad privada de los trabajadores.

Este atropello al derecho a la propiedad debe ser subsanado por el Poder Judicial, garante de los Derechos Humanos y de las normas constitucionales, buscando y encontrando una salida que permita a cada ser humano, también al trabajador, lograr y conservar el derecho a la propiedad privada en todos sus alcances.

Para mantener el valor del crédito del actor, el monto de condena debe adecuarse a la realidad del mercado de los bienes detallados en la Canasta Básica Total, realidad receptada por el INDEC en sus diversas muestras. La comparación debe realizarse desde enero 2002 en adelante ya que hasta ese momento la convertibilidad mantenía la paridad de compra en el mercado.

El único obstáculo entre esta construcción teórica, basada en el valor Justicia, y su concreción, es la ley 25561, art.4. que impide cualquier forma de actualización de los créditos. Cuando en el Tribunal de Nüremberg fueron juzgados ciertos jueces que habían aplicado las normas de Hitler sobre la propiedad de los judíos, el argumento formal de que simplemente habían aplicado la ley, no fue atendido. Al respecto recuerda Gustav Radbruch, que ■el nacionalsocialismo supo aherrojar a sus seguidores, por una parte a los soldados y por otra a los juristas, mediante dos principios: órdenes son órdenes, la ley es la ley■ (cr. Arbitrariedad legal y derecho supralegal, en El Hombre en el Derecho, Depalma, Bs.As., 1980, pág.144). Como se aprecia, la veneración de la ley como sinónimo de Derecho, no garantiza la Justicia. Se trata, entonces, de valorar esta prohibición ante los Derechos Humanos y ante la Constitución Nacional. Si hubiera contra-dicción entre la ley y tales elementos se debe declarar la in- constitucionalidad de la ley. Así de simple.

La ley de emergencia 25.561, habilitó al Poder Ejecutivo Nacional a pesificar la economía y devaluar la moneda, estableciendo diversas medidas económicas y financieras de intervención en el mercado y en la economía nacional. Numerosos decretos delegados y de necesidad y urgencia (en particular el 214/02) establecieron acciones económicas que, junto a la actividad mono-pólica y oligo-pólica de los actores sociales con dominio del mercado, determinaron los fenómenos descriptos anteriormente.

Tales hechos, públicos y notorios, determinan que se verifique en la presente causa un atentado a las garantías constitucionales de propiedad privada (art. 17 CN), discriminación en perjuicio del trabajador-actor-acreedor alimentario (art. 43 CN), igualdad ante la ley (art. 16 CN), protección de las garantías y derechos constitucionales del trabajador (art. 14 bis CN). Todo ello, en base a los siguientes elementos:

En el sistema establecido en la Ley 25.561, la prohibición de indexar determina que al momento de la ejecución de la sentencia, el acreedor laboral vea reducido, por la inflación creciente, el poder adquisitivo de su indemnización.

El capital del crédito laboral, entonces, se reduce en inversa proporción al índice de indexación y al incremento del precio del dólar estadounidense, que es la variable que rige el alza de los costos de la economía argentina.

Por lo tanto, el sistema instrumentado por la Ley 25.561, de ser aplicado en el presente caso, determinaría que el actor vea reducida sustancialmente su indemnización y sus créditos laborales, siendo acreedor el momento de la ejecución de sentencia, de una suma inferior a la reclamada en la demanda.

El presente proceso judicial, entonces, lejos de concretar el acceso a la tutela judicial efectiva (garantía del art. 18 CN), se convierte en un instrumento de transferencias de recursos, desde la parte actora a la parte demandada.

El demandado, por el mero transcurso del tiempo y la instrumentación del proceso judicial en su beneficio, ve licuada su deuda laboral y de seguridad social.

Se lesiona, por lo tanto, la garantía de la propiedad privada, por la transferencias de recursos económicos, de la parte actora a favor de la demandada, todo lo cual lesiona el debido proceso legal y la igualdad de las partes en el mismo (art. 18 CN).

Por su parte, el decreto 214/02 y normas concordantes, autoriza la indexación para los acreedores del sistema financiero con depósitos originalmente en moneda extranjera que fueron pesificados a razón de 1 peso con cuarenta centavos ($ 1,40), por cada dólar estadounidense.

Este tratamiento legal y reglamentario, respecto del acreedor laboral, es manifiestamente in-constitucional.

El art. 14 bis CN, garantiza al trabajador reclamante numerosos derechos constitucionales (protección contra el despido arbitrario, remuneración justa, entre otros). Dichas garantías constitucionales resultarían lesionadas, si no se adecuaran los créditos a la realidad del mercado porque la indemnización contra el despido arbitrario, desde ya exigua (como dijera un paisano surero ■casi un chiste político■), quedaría reducida por la inflación y los salarios adeudados licuarían su valor, contradiciendo así la garantía constitucional de justicia en la remuneración.

De ello se deduce que si, en eones inflacionarios, una norma obstaculiza la adecuación de la condena formal a la realidad del mercado, debe ser declarada in-constitucional en el caso concreto al impedir la relación entre vida digna y propiedad, vinculación resaltada con sentido prospectivo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales art.11.

1.4.Antecedentes jurisprudenciales.

La Corte Suprema ha afirmado: ■El ajuste por depreciación monetaria se funda en la inviolabilidad de la propiedad privada■, en ■Intertelefilms SA c/Provincia del Chubut■, 04.11.1997. La Sala X de la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Córdoba, en ■Rodríguez, Pedro E. c/ Carlos A Meana y otro - Demanda", del 22.03.2002, estableció: "El artículo 10 de la Ley 23928, modificado por el Art. 4 de la ley 25.561,desde que mantiene derogada -a partir del 1° de abril de 1991- todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios es razonable en su aplicación con la vigencia de la ley de convertibilidad, ley 23.928. Derogada la misma en lo vinculado con la paridad cambiaria y generado un aumento del costo de la vida, según parámetros que serán utilizados entre otros aspectos para el pago de las obligaciones de los deudores del sistema financiero, aparece como irrazonable que el trabajador, sujeto constitucionalmente protegido, se encuentre desguarnecido frente al envilecimiento del dinero por una mera prohibición legal, que a todas luces aparece como irrazonable y violatoria del derecho de propiedad y de justamente garantizar lo que pretendía la ley de convertibilidad y sus decretos reglamentarios: "mantener incólume el contenido de la pretensión".

2.Propuesta de adecuación monetaria Dado que no existe norma alguna que establezca un método para adecuar las deudas laborales a la realidad del mercado, cabe que el juez elabore una, dejando a salvo el derecho de las partes a elaborar por consenso el que les parezca más conveniente. Por respeto a la soberanía nacional, ya demasiado castigada por propios y ajenos, y por respeto a los Derechos Humanos, debería dejarse de lado la comparación con el dólar, por ser una moneda extranjera y en gran medida regada con la sangre de muchos pueblos del mundo, tema que se les escapa a los fundamentalistas del mercado que pretenden ■dolarizar■ el país, sin tener en cuenta experiencias tan dolorosas como la de Ecuador.

Ante la inflación desatada a partir de enero del 2002, para mantener el valor del crédito en el mercado, se debe actualizar su monto desde ese mes hasta su pago, utilizando como referencia los valores de la Canasta Básica Total elaborada por el INDEC entre ambos puntos del tiempo.

Propongo este método porque el salario es alimentario y la Canasta Básica Total recepta claramente los elementos de la vida de los trabajadores mientras el conocido Indice de Precios al consumidor mira más bien a la sociedad en general. Siendo así, no parece razonable tacharla de ■técnicamente infundada■ como lo hiciera Horacio de la Fuente (in re ■Tronchin, Daniel Osvaldo c/Servicio y Electricidad SA■, sentencia 55068, del 15.07.2002).

Si en plena época de la convertibilidad, sin inflación, esta Alzada reguló como tasa de interés la activa del Banco de la Nación Argentina, muy bien puede ante una deuda actualizada (que compensa la inflación) regular como interés (que compensa el tiempo en que el acreedor se vio imposibilitado de usar su propiedad crediticia) la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones comunes de préstamo.

Como el art. 4 de la ley 25561 licúa la relación entre el crédito de la actora y el mercado, agrede el derecho humano a la propiedad privada, vulnera las normas internacionales citadas y atenta contra el art.17 C.N. Por eso, debe ser declarado in-constitucional en el caso concreto. De no procederse así, y se dejara correr la historia sin modificarla, se vulneraría la seguridad jurídica porque en el caso concreto se archivaría el art.14 bis y el art.17 C.N. en los museos de la Historia, junto con el arado de mancera y la rueca de nuestras abuelas y se permitiría agredir la Especie humana como tal, al decir de Por ello, corresponde declarar in-constitucional en el caso el art.4 de la ley 25561 y adecuar la condena a la realidad del mercado utilizando para ello la Canasta Básica Total elaborada por el INDEC entre enero 2002 y el pago, con más el interés a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones comunes de préstamo.

d. Honorarios 1.El demandado los ha apelado.

2.Teniendo en cuenta el trabajo profesional realizado, los mismos deben confirmarse porque son razonables. B. Decisión De todo lo expuesto, corresponde:

1.Receptar la apelación del actor, estableciendo la indemnización por despido en la suma de $49.780.04.-, y fijar como nuevo monto de condena la suma de $89.034,24 2.Declarar inconstitucional en el caso el art. 4 de la ley 25561 y establecer que para adecuar el capital de condena a la realidad del mercado, se debe actualizar el mismo a partir de enero 2002 hasta el pago de acuerdo a la Canasta Básica Total elaborada por el INDEC entre ambos puntos del tiempo, manteniendo el interés a la tasa regulada en la sentencia, consistente en la activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamo.

3.Rechazar la apelación del demando, con costas de alzada. 4.Regular los honorarios de segunda instancia, correspondientes al letrado del actor en el 35% de los de primera instancia y los del demandado en el 30% II. Así voto.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO: I. En lo relativo a la comunicación de la causa del despido adhiero a los términos del voto del Doctor Capón Filas II. El salario base de las indemnizaciones por despido ha sido bien computado en el voto que antecede porque el convenio colectivo invocado por la demandada fue homologado después del despido del actor. Agrego que la remuneración del mes del despido resulta ser la mejor remuneración normal y habitual.

III. A partir de enero de 2002 resurge la tasa de inflación como forma de recomponer el capital que resultaba deteriorado por la misma. Por tanto es inconstitucional el art. 4º de la ley 25.561, para aplicarlo a las condiciones socio-económicas de ese momento, resulta irrazonable y de arbitrariedad extrema. Para ello debe aplicarse el índice de precios al consumidor nivel general.

IV. La tasa de interés debe ser la activa del Banco de la Nación Argentina como lo ha sostenido este Tribunal reiteradamente, pues es la que mejor refleja la compensación a que tiene derecho el actor por mora en el pago de su crédito.

V. Los honorarios como fija el voto precedente.

EL DOCTOR HORACIO HECTOR DE LA FUENTE DIJO:

Comparto el voto del Doctor Fernández Madrid en cuanto propone que, para indexar el crédito, se tome como base el índice de precios al consumidor, nivel general.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Modificar la sentencia apelada estableciendo como monto de condena la suma de $89.034,24.-, dicha suma se actualizará a partir de enero de 2002 hasta el pago de acuerdo al índice de precios al consumidor, nivel general con más el interés a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones comunes de préstamo. II) Imponer las costas de alzada a la parte demandada. III) Regular los honorarios de segunda instancia correspondientes al letrado del actor en el 35% y los del demandado en el 30% sobre lo regulado en la anterior etapa.