Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-11-26


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Ciento setenta y cuatro.- San Fernando del Valle de Catamarca, 26 de noviembre de 2009.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N° 054/09: "HIDROELÉCTRICA EL CHOCÓN S.A. c/ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS - s/ Acción de Amparo", y CONSIDERANDO:

1- Que por la presente causa, el Dr. Eduardo A. Romero Lascano, en el carácter de apoderado de la empresa Hidroeléctrica El Chocón S.A., inicia acción de amparo en los términos de los Arts. 1 y 2 de la Ley 4642, en contra de la Nota Nº368/09 de fecha 23 de junio de 2009, emitida por la Administración General de Rentas de la Provincia, notificada a su parte el 30 de junio del cte. año. Por la cual el citado organismo denegó a su mandante la emisión de un certificado de no retención en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Pide que al dictar sentencia se ordene la revocación del acto y la correspondiente emisión del certificado de no retención oportunamente solicitado. Justifica la procedencia formal y temporal de la acción, y en cuanto a los antecedentes fácticos de la cuestión, argumenta que la firma que representa desarrolla sus actividades en varias jurisdicciones, por lo que tributa por los Ingresos Brutos bajo los códigos que constituyen bases imponibles conforme al Régimen General del Convenio Multilateral. Que mantiene una relación comercial con Minera Andina Limited Suc. Argentina, abasteciéndole de energía eléctrica; que esa entrega de energía la hace en la provincia de Tucumán -en la Estación Transformadora El Bracho, de Transener S.A., empresa transportadora- quedando a cargo todo lo demás concerniente al transporte hasta el emplazamiento minero Bajo La Alumbrera, bajo exclusiva responsabilidad de Minera Alumbrera. Por ese motivo le atribuye los ingresos originados con motivo del contrato a la provincia de Tucumán, por ser la jurisdicción de origen de dichos ingresos. Agrega que por Nota Nº373/99, la A.G.R. instruyó a la empresa minera a actuar como agente de retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de las operaciones de compra de energía que le realizara a su parte. Ello motivó que a partir del mes de septiembre de 1999 se les comenzara a practicar las retenciones con una alícuota del 1,5 % sobre los montos a abonar a su mandante. Ante dicha circunstancia presentó en el año 2000 ante la A.G.R. una solicitud de certificación de no retención, para evitar que le sigan efectuando las retenciones por parte de la empresa minera. Que posteriormente en el marco del expediente D.F. Nº444/04, el organismo fiscal le expidió a su favor el certificado peticionado, habiendo vencido su última renovación el 31 de marzo de 2009. Cita que el fundamento de dicho otorgamiento fue la falta de resolución de los hechos controvertidos en el expediente mencionado, el que a la fecha se encuentra aún vigente. Que en vista del inminente vencimiento del último certificado de retención, presentó el 20 de febrero de 2009 una solicitud a efectos de que se renueve el mismo, a lo que la A.G.R. le notificó que habría dictado la Disposición Nº25/09 por la cual se le inició un procedimiento de determinación de oficio por supuestas diferencias en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Que su parte formuló descargo y posteriormente insistió con su reclamo, hasta que con fecha 31 de julio de 2009 la A.G.R. dictó el acto que agravia a su mandante. Destacando que desde el mes de mayo del corriente año Minera Andina le efectúa retenciones aplicando una alícuota del 3% causándole un perjuicio aún mayor. Por lo que presentó una nueva solicitud a efectos de que cesen las retenciones o en su defecto se aplique la alícuota del 1,5%, sin que ello implique reconocimiento a la procedencia de las mismas. Solicitan medida cautelar de prohibición de innovar a efectos de que Minera Andina se abstenga de realizar retenciones a su mandante hasta tanto se resuelva sobre la pretensión esgrimida por la presente acción. Ofrece prueba documental y solicita en definitiva que se ordene a la A.G.R. la emisión del certificado de no retención en el impuesto a los Ingresos Brutos a favor de la actora, hasta tanto quede firme y consentida la determinación de oficio seguida en el Expte. D.F. Nº444/04, con costas. 2- Que sorteados los autos en Mesa de Entradas Única, ingresan por ante el Juzgado en lo Civil de Primera Nominación, cuyo titular se declara incompetente mediante Sentencia Interlocutoria N°308/09, ordenando su remisión a esta Corte de Justicia. Que recibidos los mismos en este Superior Tribunal, a fs.139 se corre vista de la jurisdicción y competencia, y en su caso de la procedencia formal de la acción y de la medida cautelar solicitada al Ministerio Público, el que emite Dictamen incorporado a fs.141/142 vta.; obrando a fs.143 proveído que ordena autos para resolver, con lo que la cuestión queda en estado de emitir pronunciamiento. 3- Que atento a la materia traída a resolver, este Tribunal resulta competente en virtud de lo establecido en el Art.204 de la Constitución Provincial y Art.1 de la Ley 4998, modificatoria del Art.4 de la Ley 4642, asimismo, conforme a jurisprudencia reiterada de esta Corte de Justicia. 4- Sabido es que la acción de amparo es un instituto excepcional, para las delicadas y extremas situaciones en las que, por falta de otros medios legales, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales. Que "sólo procede cuando el acto impugnado adolece de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta y en la medida en que se demuestre la existencia de un daño concreto y grave, que sólo pueda ser reparado eventualmente acudiendo a esa acción." (del voto del Dr. Belluscio, CSJN, 21-11-89, "Arena, María y Otro", LL 1990-C-15) cit. O. A. Gozaíni "Derecho Procesal Constitucional Amparo", pág. 290. Que conforme a lo puntualizado, en el caso de autos se advierte que la acción tiene por objeto cuestionar la nota de fecha 23 de junio de 2009, emanada de la Administración General de Rentas de la Provincia, por la cual se resuelve no hacer lugar a la solicitud de emisión del certificado de no retención por impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el marco del procedimiento de determinación de oficio de la deuda, plasmado en las actuaciones administrativas del Expte. Nº444/04. De ello se infiere que el thema decidendum radica en determinar si el organismo fiscal demandado puede gravar o no los ingresos propiedad de la actora, para en su caso establecer la procedibilidad de la emisión del certificado que se solicita, materia que, en las circunstancias del caso, exige un marco de debate y prueba que no es compatible con los mecanismos procesales previstos en la Ley 4642. En efecto, el procedimiento expeditivo de la acción de amparo no se configura como la vía más idónea para ejercitar los derechos que se pretenden conculcados. De la exposición señalada por el amparista en su escrito introductorio, como de la documental acompañada y las normas tributarias que rigen la cuestión no surge de modo manifiesto su ilegalidad o arbitrariedad -requisitos insoslayables previstos en el Art.1 de la Ley 4642 para la procedencia de la acción-. Planteo para el cual, tal como ha quedado demostrado, existen vías paralelas administrativas o judiciales donde con mayor amplitud de debate y prueba, el peticionante pueda obtener la resolución a su pretensión. Es que no se demostró que su aspiración, de carácter estrictamente patrimonial, no pueda hallar tutela adecuada en los procedimientos ordinarios, ni que esté impedido de obtener, mediante ellos, la reparación de los perjuicios que eventualmente podría causarle el acto impugnado. Es que tratándose de una cuestión jurídica opinable que encierra además un complejo conflicto de intereses, respecto de lo cual Rivas señala, que "la función del juez en el amparo es la de simplemente verificar conforme los elementos de juicio aportados, la existencia y titularidad del derecho, pero no la de darle certidumbre, ni admitir al efecto debates y probanzas que transformen la finalidad de la vía intentada, ya que establecer la liquidez del derecho invocado, no es objetivo sino presupuesto en este tipo de litigio." (conf. Rivas, "El Amparo", p. 54; JUBA 7-nqn-q0004118).

La CSJN manteniendo su jurisprudencia, en recientes fallos ha resuelto: "La existencia de una vía legal para la protección de los derechos que se dicen lesionados excluye, en principio, la admisibilidad del amparo, el cual no altera el juego de las instituciones vigentes y ello ocurre cuando las circunstancias comprobadas en la causa evidencian que no aparece nítida una lesión cierta o ineludible causada por la autoridad con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, en tanto el asunto versa sobre una materia opinable que exige una mayor amplitud de debate o de prueba para la determinación de la eventual invalidez del acto". "Corresponde rechazar in lìmine el amparo interpuesto por la empresa que explota un complejo turístico adjudicado por la Administración de Parques Nacionales contra el reclamo de impuestos provinciales sobre los Ingresos Brutos e Inmobiliario si -más allá de la mera invocación del supuesto agravio constitucional- no demostró que su pretensión, de carácter estrictamente patrimonial, no pueda hallar tutela adecuada en los procedimientos ordinarios ni que se encuentre impedida de obtener, mediante ellos, la reparación de los perjuicios que eventualmente podrían causarle las disposiciones impugnadas." (CSJN, T.S.R. Time Sharing Resorts S.A. c/Neuquén, Provincia de s/Amparo-Sent. 18/09/07). Atento a lo señalado y al criterio sustentado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal -Fallos: N°251, 17/12/03 autos Corte N° 155/03; N°73, 28/04/04 autos Corte N°51/04; N° 203, 29/11/05 autos Corte N°155/05; N°104, 08/10/07 autos Corte N°52/07; Nº70, 27/05/09 autos Corte Nº12/09; entre otros- corresponde declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta, conforme a lo previsto en los Arts.1, 2 incs. c) y d), 3, 17 y concordantes de la Ley 4642. Por ello y oído el Ministerio Público Fiscal, Dictamen N° 88/09, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la acción de amparo interpuesta por ser manifiestamente inadmisible. 2) Imponer las costas al accionante. 3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).