marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, reformatio in pejus
Materia: LABORAL
Carátula: Bustamante de Vicente, Olga y otros c/ La Rambla S.A. s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Es censurable el pronunciamiento que importa la consagración de la "reformatio en pejus".
Segunda instancia, honorarios, base
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: PONCE DE LEON c/ E.P.O.S. s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-03-22

La base regulatoria de la alzada se forma con el valor de los bienes o créditos que han sido materia de discusión a través de la apelación (arts. 29 y 36 ley 7269).

Resulta de aplicación la excepción prevista en el inciso segundo del art. 352 C.P.C., puesto que las astreintes devengadas durante el curso de la causa en la alzada constituyen prestaciones accesorias posteriores al fallo de primera instancia.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Ruleri Marcelo J. y otro s/ Robo Calificado automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-26

Si decimos "apunta con un revolver" sin especificar que se trata de un "arma de fuego" que se encuentra cargada y en condiciones mecánicas de funcionar conforme al destino de su fabricación, no supera la descripción de la conducta que atrapa la figura del robo simple del art.164 del C.P.
Honorarios del abogado, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D.G.S.S.M.Q. c/ Massuh S.A.C.I. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

En caso de aplicación del artículo 23 2 párrafo del Decreto-Ley 8904/77, la base regulatoria no se debe integrar con intereses, en virtud de que la norma aludida no contempla el agregado de tales accesorios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lanata Gerardo Ruben y ot. c/ Covicsa S.A. y ot. s/ Cobro de Pesos y Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

La fecha a partir de la cual deben comenzar a correr los intereses, que compensan el injustificado retardo de los demandados en resarcir los daños causados, corresponde fijarlas a partir de la fecha en que los accionados fueron notificados que la actora "daba por resuelto" el contrato e intimaba el pago de las sumas pertinentes, dado que es la fecha de resolución del contrato la que determina el nacimiento de la obligación de resarcir los daños y perjuicios, que en el caso habían sido previamente convenidos y al no haberlos oblado oportunamente, determinaron la obligación accesoria de pagar intereses moratorios (arts. 1204, 622 y conc. del Cód. Civil.).
Derecho a la identidad, inscripción de nacimientos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: O., J.L.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-12-09

Dado que el derecho a la identidad es un derecho humano básico y fundamental que debe ser garantizado, corresponde ordenar al Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas inscribir el nacimiento de un hombre de 44 años, en tanto de la prueba testimonial surge el nacimiento en la fecha denunciada en la demanda, como también la pericia médica indica que de acuerdo a su fisonomía el peticionante presenta la edad mencionada.
Sentencia condenatoria, sentencia firme, oportunidad procesal, recurso de queja (procesal), interposición del recurso, suspensión del proceso judicial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Molina, Flavia Andrea s/ Recurso de casación  Causa n. : 2001.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-08

El fallo condenatorio adquiere firmeza cuando es pronunciada la sentencia de esta Cámara que declara inadmisible las impugnaciones extraordinarias factibles de ser articuladas (casación, inconstitucional y federal). También se argumentó, con apoyo en lo prescripto por el art. 285 de C.P.C.C.N.

y conforme la reiterada jurisprudencia elaborada sobre el particular por nuestro más Alto Tribunal, que la mera interposición del recurso de queja no suspende el proceso; ello ocurrirá únicamente si la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara procedente la referida impugnación, circunstancia ésta que no se verificó en las presentes actuaciones. (Voto del Dr.

Madueño).
Situación de desamparo, medida cautelar innovativa, procedencia del recurso, obras sociales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sarno, Miguel Ángel c/ A.N.Se.S. s/ A.N.Se.S.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-16

Si bien el Tribunal ha hecho lugar, en casos puntuales, a medidas innovativas, ello ha sido en situaciones de excepción, en las cuales surgía con toda evidencia el peligro y la necesidad impostergable de adoptar la cautelar peticionada. Así, por ejemplo, se ha hecho lugar a esas medidas frente a jubilaciones por invalidez que fueran acordadas oportunamente por el organismo previsional y luego dejadas sin efecto por éste, quedando el accionante en una situación de desamparo, perdiendo -en muchos casos- la obra social a través de la cual hacia su tratamiento médico. Por ello, no surgiendo de los elementos obrantes en autos la existencia de una situación de peligro cierto derivado de la demora -en el caso, el actor ya goza de un beneficio previsional y a lo que aspira es a que éste le sea reajustado-, y sin que se encuentre acreditado fehacientemente la existencia de una necesidad económica impostergable, corresponde confirmar la decisión de la anterior instancia que denegó la medida cautelar peticionada. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Laclau. El Dr. Poclava Lafuente votó en disidencia).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Instituto de Teología y otro c/ Porto Blasetti, Juan L. s/ Desalojo. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

No resulta definitiva la decisión de primera instancia que resuelve sobre cuestiones de prueba anteriores a la sentencia, no siéndolo tampoco lo decidido por la Cámara que rechaza la queja por apelación denegada contra aquélla decisión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, costas
Materia: CIVIL
Carátula: LEIVA DE LESCANO CLOTILDE ASUNCION c/ EMP. DE TRANSPORTES DE PASAJEROS COOP. LA UNION Y/O PROP. Y/O RESP. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-03-24

La obligación de mantener viva la instancia incumbe a quien la ha abierto con su demanda, reconvención o recurso, y por tanto, como causante de la perención debe soportar las costas.
Lesiones graves, accidente de tránsito
Materia: PENAL
Carátula: LEMOS MARIO BARTOLOME s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-10-31

También se han comprobado las exigencias del tipo subjetivo y de allí que la sentencia condenatoria no se basó en parámetros propios de la responsabilidad objetiva, sino que, por el contrario, se sustentó en la ilicitud intrínseca de la conducta reprochada, la relación de causalidad, y el nexo de determinación existente entre la antinormatividad (violación del deber objetivo de cuidado y de las reglas del tránsito vehicular) y el resultado.
Juicio de desalojo, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arguelo, Margarita c/ Costa, María Elsa s/ Des.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

Como la cautela que otorga el art. 676 bis, conlleva la tutela judicial de un estado fáctico-jurídico, en aras de garantizar el goce eventual o futuro del inmueble "sub caussa", una vez reconocido o declarado judicialmente el derecho en que se apontoca la demanda, es que su apreciación debe privar un criterio riguroso, con la finalidad de evitar que a través de la pretensión cautelar, se dirime virtualmente el objeto litigioso, sin contar -aún- con elementos indubitables. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución hipotecaria, excepciones procesales, inhabilidad de título, intereses, cómputo de intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Río de la Plata c/ Hernández y otro s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-07

Si en el mutuo hipotecario se ha acordado, como modo de cálculo y pago de capital y réditos, el comúnmente denominado "Sistema francés", es indispensable que en el título se mencione cuál es el importe de la cuota inicial indicándose con precisión cuánto corresponde a interés y cuánto a capital. Si así no se hiciera, y en la ejecución se reclama un cierto número de cuotas sin discriminación alguna, el título podrá considerarse inhábil, pues si faltan aquellos datos ya no será posible establecer cuál es el monto "líquido" adeudado en concepto de capital e intereses. (Minoría u opinión personal)
Régimen de capitalización, Seguridad social, patrimonio de la empresa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LAVENIA, ADOLFO JULIO RICARDO c/ A.N.Se.S. y otros s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-16

Los recursos de la seguridad social son un patrimonio social de afectación al fin para el cual se han reunido. Ya sea en el sistema de capitalización o en el sistema de reparto, los dineros de la seguridad social no son bienes mostrencos a los que puede recurrir cualquiera y para cualquier necesidad (cfr. Bernabé L. Chirinos, "Los recursos económicos de la Seguridad Social", Revista de la OISS, 03.05.91). Si bien esa medida puede beneficiar al grupo social en su conjunto, en realidad se trata de un autobeneficio. Es decir, los recursos de la seguridad social son un patrimonio social que sólo debe beneficiar a los miembros de la sociedad en relación al fin para el cual han sido reunidos, es decir, cubrir necesidades de contingencias que no pueden ser cubiertas por la persona individual.
Daños y perjuicios, muerte de un menor, responsabilidad de los establecimientos educacionales
Materia: CIVIL
Carátula: B. J. I. y Otro c/ P. A. y Otros s/ Med. Preliminares - Hoy Daños y Perjuicios - II Cpo.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-09-06

Para analizar si determinado acto queda o no encuadrado en la norma, debe utilizarse un criterio razonable y realista, ajeno a preconceptos artificiosos.

Los agravios de la demandada dirigidos a negar su responsabilidad por cuanto no existe en autos un nexo de causalidad entre lo acontecido y su acción por tratarse de una consecuencia remota, ello debe ser rechazado, en primer lugar en cuanto al deber de vigilancia impuesto a la misma como consecuencia de lo dicho anteriormente, y en segundo lugar por cuanto no estamos en presencia de una consecuencia remota, sino de una consecuencia mediata, ya que es totalmente previsible la conducta desarrollada por el menor, bajarse corriendo, propia de su corta edad , 5 años, con la imposibilidad de otorgar discernimiento a sus actos, como lo afirma el a-quo en su sentencia.

El conductor del vehículo que embiste al menor no apeló la sentencia. La co-demandada pretende se le impute toda la culpa al mismo. No hay razones en la causa para eximir a la apelante de responsabilidad. El menor que iba en su falda bajó corriendo y se interpuso en la línea de marcha del demandado, saliendo por delante del vehículo estacionado, lo que excluye la posibilidad de considerar al embistente único responsable de la muerte del menor.

En el caso de autos lo razonable y realista, es que si las maestras (maestra de jardín y directora del establecimiento educativo del menor) asumieron la responsabilidad de acercar al menor hasta su casa, sin mandato expreso de los padres del mismo, al finalizar la jornada escolar, extendieron el ámbito propio del control de su autoridad, hasta que el menor debió llegar a su hogar sano y salvo, tal cual asumieron el riesgo. Si no ocurrió de esa manera, es porque no cumplieron con el deber de vigilancia debido para que así fuera.
Contrato de trabajo, fecha de ingreso, presunción juris tantum
Materia: LABORAL
Carátula: DELLA VEDOVA LUIS RAUL c/ DELFINO HNOS. Y OTROS s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-06-22

Habiendo el actor reclamado el reconocimiento de una fecha de ingreso anterior a la que figura en los recibos, sostiene que la presunción juris tantum que surgió en su favor -ante la intimación efectuada al empleador para que presentara la documentación de rigor - no ha sido desvirtuada por prueba en contrario.

Se equivoca el agraviado ya que precisamente existe prueba en contrario que la desvirtúa y que son los recibos de ley que él mismo agrega.
Mutuo, indemnización, sociedades comerciales, acción social de responsabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: GOLDADLER SEBASTIAN c/ BLACHER ANGEL Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

1- En lo concerniente a la falta de restitución de unas sumas dadas en mutuo a una sociedad, o la frustración de la posibilidad de su cobro, al no haberse deducido en autos la acción derivada de dicho mutuo, ni haberse dirigido una pretensión contra la sociedad, ni el importe del capital objeto del préstamo ni sus accesorios pueden erigirse en un rubro indemnizatorio. De hecho, es el propio actor quien, en sus agravios, aclara que no fue ése el objeto de su reclamo en autos, sino que, eventualmente, lo sería en una acción futura.

2- Sin embargo, si el daño al que se refiere el apelante consistiría en no haber podido acceder al producido que esa explotación comercial habría generado para la sociedad -naturalmente en la medida en que podría incidir en su posición como socio-, entonces la legitimada para instar el reclamo era la propia sociedad. El camino a transitar debió haber sido la acción social de responsabilidad (art. 276 LS), que puede ser deducida por la misma sociedad o por alguno de los socios habilitados a tal fin (art. 275 LS). En ese supuesto, de lograrse una condena, los fondos deberían ingresar a la sociedad y no al patrimonio personal del socio que hubiera accionado (Halperin, Curso de derecho comercial, t. II, sociedades, Depalma, 1977, p. 333; Vanasco, Sociedades comerciales, t. 2, Astrea, 2006, p. 649).
Domicilio especial, cambio de domicilio, demanda, notificación
Materia: CIVIL
Carátula: PORDENONE  S.A. c/ BUSSO, RAFAEL R. s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-22

De conformidad con lo dispuesto en el art. 101 del Código Civil, las personas en los contratos pueden elegir un domicilio especial para la ejecución de sus obligaciones.

Este domicilio tiene una gran importancia práctica, porque les asegura, o intenta asegurar, a los contratantes, la posibilidad de hacer efectivas las acciones judiciales del caso, sin necesidad de indagaciones ulteriores sobre el domicilio ordinario de la contraparte. Si bien en principio es inmutable, puede ser cambiado, pero para ello es necesario el cumplimiento de diversos requisitos.

No puede ser modificado unilateralmente, ya que todo cambio debe ser consentido por ambos interesados. Para que el cambio unilateral produzca el efecto de que sean notificadas en otro domicilio todas las cuestiones que se susciten como consecuencia del contrato, se requiere que exista una notificación idónea a la contraparte. Dicho acto debe dirigirse al domicilio ordinario del contrario, porque el cambio del domicilio de elección no es un efecto normal del distracto sino de la libre decisión de quien efectúa ese cambio. El domicilio de elección constituye una cláusula del contrato y participa de la estabilidad de su régimen.

Aunque se trate de un instrumento privado, ello no le quita validez al domicilio convencional, en la medida que el contrato ha sido reconocido por ambas partes, siendo válida la notificación del traslado de la demanda en él cumplida.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, cobro de sumas de dinero
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz, Marcelo Raúl c/ Moldeados "B.B." S.C.A. s/ Cobro y accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-02

En casos como el presente en que no ha habido sentencia condenatoria, es necesario haber dado cumplimiento al requisito establecido por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable supletoriamente a los procesos laborales (art. 63, ley 11.653). Considerando que el valor del litigio es de monto determinado y está representado por la suma reclamada en la demanda en concepto de indemnización por accidente de trabajo fundada en la ley 24.028. (Minoría u opinión personal)
Sucesiones, partición de la herencia
Materia: CIVIL
Carátula: K.K.,S. y H.,A.N. s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-25

Corresponde revocar la resolución emitida dentro de una sucesión mediante la cual consideró que el acuerdo particionario presentado por los herederos importa una cesión de derechos hereditarios, disponiendo por lo tanto que debía instrumentarse tal convenio mediante escritura pública, toda vez que el escrito tiene por objeto asignar un bien específico a otro heredero, por lo cual y en aplicación del art. 3462 del Cód. Civil, los herederos se encuentran facultados a efectuar la partición de la herencia en la forma y por el acto que unánimemente juzguen conveniente.
Excepción de prescripción, oportunidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gutiérrez de Ledesma, Delia c/ Córdoba, José Luis s/ Incumplimiento de contrato -ocupación ilegítima-. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-21

Si de los términos en que ha quedado trabada la litis resultan hechos controvertidos que elucidados en la etapa probatoria posibilitarán desentrañar la configuración de la defensa de prescripción, se torna aconsejable posponer el análisis de dicha excepción para el momento en que se pronuncie la sentencia de mérito (arts. 344, segundo párrafo Código Procesal). (Minoría u opinión personal)
Acto administrativo, motivación del acto administrativo, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, empleados públicos, cesantía, exoneración, régimen disciplinario administrativo, facultades discrecionales, empleados de banco, faltas, pena, graduación de la pena
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERNANDEZ, GRACIELA BELKIS DURUSSEL DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 330 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-15

Luce desacertado el dictamen de Fiscalía de Estado que justifica la sanción de cesantía aplicada a la recurrente por la Comisión Interventora del Banco alegando que fue una decisión de la entidad bancaria que importó el ejercicio de facultades disciplinarias directamente relacionadas con hechos disfuncionales. Ello, por cuanto a la luz de la normativa expuesta, en el caso no se juzga la valoración o graduación de una falta, sino el encuadre de una conducta en un tipo preestablecido por la norma -"desobediencia grave y reiterada"- como presupuesto de cumplimiento necesario para la aplicación de una sanción. En efecto, la última parte del 1 párrafo del artículo 15 y el último párrafo del artículo 77, ambos del decreto 1409/52 otorgan a las autoridades del Banco la posibilidad de graduar la pena y estimar la gravedad de la desobediencia, ejerciendo discrecionalmente su potestad sancionatoria. Pero ello no las dispensa en modo alguno del cumplimiento de las exigencias de las normas premenciona, ni las autoriza a apartarse de aquellos criterios expresamente estipulados que tipifican las faltas que serán motivo de sanciones, y sobre todo en el caso, considerando que se trata de sanciones expulsivas (precisamente "cesantía"). En este último aspecto de la actividad administrativa se encuentran claramente involucrados extremos que hacen a la "validez" o "legitimidad", en sentido estricto, de los actos administrativos que se emitan.
Contrato de trabajo, manifestación de la voluntad, fraude
Materia: LABORAL
Carátula: Rojas, Reinaldo c/ Transporte Central Senz Peña S.R.L. s/ Falta de preaviso. Indemnización por despido, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-08-04

Es improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que rechaza la demanda con fundamento en que tanto el contrato de trabajo como la nota de despido, adolecen del vicio de fraude. Ello así, ya que el abuso de confianza se traduce a la postre de un fraude,( que puede definirse como la ingeniosa elección de un camino desviado), para lograr a través de un negocio real indirecto conseguir una contraprestación totalmente desproporcional, en perjuicio de la empresa demandada, en el caso del contrato de trabajo, y en el de la nota de despido, obtener un resultado contrario a la voluntad de la empleadora. En ambos supuestos, el fraude se comete a través del abuso de confianza, dado que en manera alguna no es dable admitir que el signatario de los papeles firmados en blanco le hubiera dado mandato al actor para que en nombre de la firma los mismos sean llenados para lograr esos cometidos.
Homologación del acuerdo preventivo, confirmación de sentencia, rechazo in límine, legitimación procesal, DESPIDO, crédito laboral, dictamen fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Menudencias SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-23

Procede confirmar la resolución que rechazó in límine el planteo de nulidad del acuerdo preventivo por considerar que el reclamante carecía de legitimación para peticionar de conformidad con lo previsto en la LCQ 60. Lo expuesto no obsta a la facultad del Ministerio Público Fiscal de instar la investigación propuesta en su dictamen que, a la postre, puede provocar una declaración de nulidad. Es que no puede desatenderse que la LCQ 276 ha establecido, expresamente, que el Ministerio Público Fiscal es "parte" en la homologación del acuerdo. A su vez, caber recordar las facultades establecidas en la ley 24.946: 25 y la intervención que le cabe también por imperio de la CN 120 en torno a la tutela del orden público concursal. Por ello, el Ministerio Público Fiscal puede ser parte requirente en la medida necesaria para la defensa del orden público, y ello incluso cuando no hubiera recurso de apelación que motivara su intervención (cfr. CSJN, doctrina de Fallos 313:425; CNCom., Sala A, "Instituto Médico Modelo SA s/ concurso preventivo", del 26/6/09). En definitiva y más allá de lo dispuesto por la LCQ 276, la participación del Ministerio Público Fiscal se impone siempre que lo justifique el orden público concursal, entendido como un orden público económico, el cual constituye un relevante elemento de juicio a la hora de resolver -como en el caso- sobre la homologación de la propuesta de acuerdo en un concurso preventivo, el cual no sólo se halla orientado hacia intereses privados de los acreedores, sino que repercute dentro del ámbito de la actividad económica y social donde esta situación se exterioriza causando mayor o menor perturbación (cfr. Heredia, "Orden Público en el Derecho Concursal", La Ley, 19/11/15). En ese contexto, y a pesar de que se confirma el rechazo de la legitimación procesal invocada por la recurrente, el juzgado de primera instancia deberá dar trámite a los pedidos de la Fiscal General en tanto alegó cuestiones que atañen el orden público concursal.