marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, culpa civil, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, eximentes de responsabilidad
Materia: PENAL
Carátula: ROMANO DIOGENES DAVID s.d. HOMICIDIO CULPOSO e.p. LEDESMA MARISA ADRIANA s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-12

En el marco del art. 1.113 del Cód. Civil, la vinculación del usuario o guardián con la cosa, deriva del control material que ambos conservan, por su mismo carácter de tales, sobre ella. Si se les exige responsabilidad es porque su culpa está patentizada por la sola causación del daño derivado de la cosa de la que se servían, o tenían bajo su guarda. La ley no admite excusa para esta responsabilidad -lo que es naturalmente lógico-, pues la culpa ha consistido en ese cuidado o guarda de la cosa, que los hechos mostraron, elocuentemente, como ineficiente y reprochable. De ahí que la única vía que permite al guardián de la cosa o a quien se sirve de ella eludir su responsabilidad, sea la demostración de que, no obstante la apariencia contraria que el caso pueda presentar, en verdad la causa adecuada del daño no se identifica con la cosa "por si misma", sino que el evento ha provenido del "caso fortuito", ajeno a la cosa, o de la "culpa de la víctima", o de la "culpa de un tercero", con cuya demostración se acredita un presupuesto que ubica la situación en un sector jurídico donde la responsabilidad de aquellos no funciona.
Empresario, albañil
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Silva, Matías c/ Cardenas, Rafael s/ construcción de obras
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1869-08-28

La ley 9, título 15, libro 4°, Recopilación Castellana, en las palabras y otros oficiales mecánicos, no se refiere a los constructores que toman una obra por un tanto; los que se asemejan más a los empresarios, que a los simples albañiles.
Administración Pública, facultades disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPOSITO, HECTOR RUBEN c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 21-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-06-26

Es ilegal el acto administrativo si la administración sólo estaba habilitada para ejercer la potestad disciplinaria con fines correctivos y los utilizó con fines expulsivos, desde que el interés público no resulta satisfecho si se utiliza una potestad más allá de lo necesario para la realización del fin que determinó su otorgamiento.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, gratuidad del procedimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Dres. Duarte, Daniel A.; Arrechea Alfonso R. y Duarte, Fidel E. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-05-09

La gratuidad que establece el Código de Procedimientos en lo Laboral, no alcanza a la cuestión traída a debate, por referirse a la retribución de los profesionales que interponen el recurso, y no sobre la materia laboral, en la que actuaran los abogados. El incumplimiento del requisito formal del artículo 289, inciso 31 de C.P.C. imposibilita la habilitación de esta instancia extraordinaria, correspondiendo el rechazo del recurso, con costas.
Denegatoria del recurso, resoluciones irrecurribles, acción de amparo, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruscio, Víctor Domingo  c/ Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Caba  s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-02

Corresponde rechazar el recurso de reposición de la parte actora porque la sentencia que intenta recurrir -aquella donde el Tribunal reguló los honorarios de la contraparte por la contestación del recurso extraordinario federal- no es susceptible del recurso de reposición previsto en el art. 214 del CCAyT, en tanto procede: "... contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, y contra las interlocutorias que no extingan el proceso y causen un perjuicio irreparable por la sentencia definitiva, a fin de que el tribunal que las haya dictado las revoque por contrario imperio". Tampoco la recurrente muestra que se den las excepcionalísimas condiciones en que un tribunal de última instancia puede admitir un remedio -de la especie del que acá se intenta, según el artículo 214 del CCAyT-, que subsane errores manifiestos que, por provenir de un tribunal de esas características, no encontrarían solución por otra vía (cf. mutatis mutandis, Fallos: 313:817, entre otros). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Daño moral, indemnización, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: PANIAGUA JUAN CARLOS c/ ADRASTI JUAN Y OTROS s/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-06-24

No resulta sencillo evaluar económicamente el daño moral, dado que este no se mide, pesa o calcula, quedando librado su importe al prudente arbitrio judicial, conforme a lo que emane de la causa, sin que el mismo aparezca como un enriquecimiento injusto, pero que tienda a mitigar, en la medida de lo posible, las afecciones espirituales sufridas ante el evento dañoso.
Inadmisibilidad del recurso, gravedad institucional, recurso extraordinario federal, cuestión federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, defensa, muerte, incendio, responsabilidad penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Chabán, Omar Emir y Otros s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-20

Resultan inadmisibles los recursos extraordinarios planteados con base en la doctrina de la gravedad institucional, deducidos por las defensas de quienes fueron encontrados penalmente responsables en virtud de la muerte de ciento noventa y tres personas ocasionadas en un espectáculo musical a raíz de un incendio, en tanto la doctrina elaborada en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exige que el alegado supuesto de cuestión federal tenga desarrollo suficiente, exceda de una mera afirmación dogmática y contenga un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indubitable su concurrencia.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, competencia civil
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BARDINA, DANIEL c/  s/ USURPACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-09

El compareciente reconoce que el pronunciamiento que cuestiona, atento a su naturaleza, carece de la definitividad exigida por el artículo 1 de la ley 7055, pues se trata de una resolución que convalida la decisión de grado de revocar la restitución de los inmuebles rurales involucrados en el proceso penal, estableciendo que las cuestiones vinculadas a la posesión y/o titularidad de los bienes sean incoadas en sede civil; pero sin embargo, postula que el presente debe asimilarse a aquellos supuestos en los que se ha sorteado el mentado recaudo por causar la resolución atacada un gravamen de imposible, difícil, tardía o insuficiente reparación ulterior, dado las particularidades propias del caso, como son el paso del tiempo y los actos ilícitos realizados por la actora civil (volver a vender lo ya vendido a la cooperativa)-; mas se advierte que dichos argumentos -sumados a un particular pronóstico de derrota en sede civil- no resultan suficientes al fin propuesto desde que el interesado no acredita concretamente cómo la resolución impugnada le ocasiona un agravio de la magnitud invocada, sin que pase desapercibido, por lo demás, que ni siquiera se ha postulado que lo resuelto pueda importar alguna clase de prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Empleo público, extinción de la relación funcional, abandono del cargo, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROMANO HECTOR EMILIO c/ MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA s/ LABORAL - COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2006-10-31

El deber básico de todo agente público es cumplir la función o empleo que se le ha encomendado. Debe, pues, dedicarse al cargo en cuestión. Este deber del funcionario o empleado constituye el objeto mismo del contrato o función de empleo públicos. Quien no se dedique a su empleo no cumple la obligación básica que el contrato pone a su cargo.

Los agentes públicos se hallan vinculados a la Administración por una relación de empleo público y este vínculo les impone derechos y obligaciones. Entre estas últimas figura la de concurrir diariamente a su lugar de trabajo, excepto cuando razones justificadas lo impidan. El abandono de trabajo, habilitante para la aplicación de una sanción de cesantía, se configura con la actitud del dependiente que sin motivo deja de concurrir al empleo con el propósito expreso o presunto de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicios, sin que medie justificación alguna.

No acreditado por la demandante imposibilidad absoluta de concurrir, u otros extremos exculpatorios que le hubieran permitido repeler la requisitoria a prestar servicios, juzgo configurado en el caso el abandono de cargo, pues la obligación esencial de la relación de empleo público no fue prestada, a pesar de las reiteradas intimaciones cursadas por la Administración.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, juicio ejecutivo, resoluciones anteriores a la sentencia, Iglesia Católica, bienes de la Iglesia, bienes inembargables
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Lastra, Juan c/ Obispado de Venado Tuerto. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

Es improcedente el recurso extraordinario contra el pronunciamiento que, en una ejecución, determinó la inembargabilidad del inmueble perteneciente a un obispado, pues no se dirige contra una sentencia definitiva.
Juicio ejecutivo, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jauregui de Caminos, Elena y Caminos, Francisco Pablo s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

Mediante la citación de venta se abre un período de conocimiento de carácter limitado, debe notificarse por cédula pues constituye el anoticiamiento del inicio de la ejecución procesal forzada y una verdadera citación a la defensa del condenado. En el presente caso, en que el letrado pretende ejecutar a quien ha representado, el acto de citación de venta debe cumplirse en el domicilio real del ejecutado, a fin de salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa en juicio.
Terceros, intervención obligada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Balbín de Ferrer, Lía Elena y otros c/ Juan Pablo y otro S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

Si los terceros se sumaron al debate en forma plena, integrando la litis con una clara intervención principal y no meramente coadyuvante o accesoria, planteando a través de sus contestaciones de demanda (y con aquél rol de parte que les da su intervención principal) todas las defensas y cuestiones que les conciernen e interesan en tono al fondo del asunto, bien hizo el Sr. Juez de Primera Instancia en dictar una sentencia que se pronuncie definitivamente sobre todos los puntos litigiosos de la situación jurídica común ya señalada y, en correspondencia, con ese pronunciamiento condene o absuelva a los distintos sujetos inmersos en esa situación, debatida extensamente y sin cortapisa alguna (arts. 94, 96 y 89 Cód. Proc.).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, abogados, honorarios, competencia, competencia civil y comercial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SASIAN, LUIS ALBERTO C. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -JUICIO ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 22 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

Si bien los pronunciamientos que resuelven excepciones de incompetencia no son -en principio- sentencias definitivas ni equiparables, conforme lo exige el artículo 1ro., de la ley 7055, la Corte provincial ha establecido que tal regla debe ceder cuando está en juego la competencia contenciosa administrativa prevista en la Constitución y en la ley 11.330. Sin embargo, no se advierte que el presente caso -en donde la Provincia impugnante se agravia, esencialmente, porque los jueces de las instancias ordinarias no acogieron favorablemente su planteo de incompetencia de la justicia civil y comercial para entender en el reclamo tendente al cobro del 12% en concepto de retribución del actor como consecuencia de su gestión profesional como ejecutor fiscal- pueda ser encuadrado en dicha excepción. En efecto, a pesar de invocar arbitrariedad por falta de fundamentación y afirmar que el conocimiento de este conflicto corresponde a la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe, violando lo resuelto el artículo 93, inc. 2, de la Constitución provincial y la ley 11.330, sus alegaciones al respecto no logran persuadir de que en verdad estemos ante un caso que autorice a superar el limitado campo del remedio previsto en la ley 7.055. De la lectura del pronunciamiento impugnado surge que la Sala, en ejercicio de funciones propias, al resolver sobre la cuestión de competencia tuvo en cuenta las concretas circunstancias del caso, concluyendo -luego de valorar la naturaleza del vínculo jurídico fuente del reclamo a la luz de las normas aplicables y la ausencia en autos de cualquier cuestión contencioso administrativa a resolver- que el contrato celebrado por el actor escapaba a la competencia material establecida en el artículo 93, inciso 2do.), de la Constitución provincial y refería a cuestión civil.
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alonso, Pablo y otros c/ Municip. de Berisso s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03

La circunstancia de que las partes declinen la instancia administrativa laboral (ley 10149, arts. 4 y 9 y decreto reg. 6409 /84 -art. 26-), no se identifica con el reclamo previo que, ante la autoridad demandada exigen las normas aplicables para provocar su decisión definitiva expresa o tácita -susceptible de enjuiciamiento por la vía contencioso administrativa- (art. 149 inc. 3º Const.

Prov.; 1, 7, 28 y conc. C.P.C.A.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acto administrativo, estabilidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABRERA, ENELIDA YOLANDA y OTROS c/ ESTADO PROVINCIAL s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-05-31

Admitiendo que los actos administrativos gozan de estabilidad cuando reúnen los extremos enunciados más arriba, la misma cede ante la presencia de vicios formales o sustanciales trascendentes, o cuando han sido emitidos sobre la base de presupuestos fácticos manifiestamente irregulares. La "revisión de oficio del acto nulo de pleno derecho, ya sea revocándolo, sustituyéndolo, modificándolo, tiene carácter obligatorio.-
Marcas, oposición al registro de marca, marcas confundibles, medicamentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Laboratorios Bagó  S.A. c/ Sanol Schwarz  GMBH s/ Opos. Reg. Marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-21

Las marcas enfrentadas, MONOCEF y MONOKET, coexisten con otras tantas de raíz MONO (de uso común en su clase), no pudiendo pretenderse monopolio sobre los vocablos de uso común, sino sólo exigir que otros interesados en utilizarlos lo hagan combinándolos de tal manera que el conjunto exhiba novedad relativa. En el caso Laboratorios Bagó agregó a la mencionada raíz común la sílaba CEF evocando el antibiótico cefalosporinico que se intentaba registrar.

Ambos fármacos tienen posologías diferentes y están indicados para distintos tratamientos. Esto sumado a las condiciones en que se recetan y se expenden, controladas en ambos extremos - receta y venta - lleva a la conclusión de que las marcas enfrentadas no son confundibles.
Cosa juzgada, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: D'Ambrogio, José c/ YPF SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-22

La existencia de cosa juzgada debe ser declarada de oficio por el juez en cualquier estado de la causa (art. 347 del CPCCN, t.o. ley 22434), pues tiene una función positiva que excede el interés privado o dispositivo de los litigantes y satisface una finalidad pública de paz social, el juzgador no puede pronunciar un fallo que contradiga o se oponga a la sentencia ya dictada sobre la misma cuestión, que se encuentra firme y consentida. La cosa juzgada supone fundadamente inimpugnabilidad de la sentencia.
Interrupción de la prescripción, demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Taborda,  José  Alberico c/ Sarrachini, Adriana y otro s/ Dif. de Salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-10

Si del escrito inicial resulta que la única finalidad de la demanda es interrumpir la prescripción de la acción tendiente al cobro de diferencias por la indemnización por despido directo contra las codemandadas, y que la resolución que se intenta cuestionar ha admitido la pretensión de la accionante y simplemente intimado a la misma en los términos del art. 65 de la L.O., no puede advertirse cuál sería el gravamen ocasionado.
Medidas cautelares, competencia, exhortos
Materia: PROCESAL
Carátula: UABL PARAGUAY SA s/ EXHORTO S/RECURSO DE QUEJA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-01-26

Queda a cargo del Juez o Tribunal de origen (del Juez exhortante en ese caso) , resolver según su propio derecho, la admisibilidad o procedencia de la medida cautelar (confr. art. 5, ver también Dreysin de Klor-Saracho Cornet, "Tratados Judiciales Internacionales", pág.181 y Dreysin de Klor AFernández Arroyo D.P., "Litigio Judicial Internacional", pág. 392).
Medidas cautelares, auto de procesamiento, embargo
Materia: PENAL
Carátula: SEMINARA, Roberto y otro s/ extinción acción y sobreseimiento Causa 11.125
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-19

Para el dictado de las medidas cautelares previstas en los arts. 306 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación no se requiere la certeza necesaria para un pronunciamiento definitivo, sino que basta con que se encuentre acreditada, en alguna medida, la materialidad de un hecho delictuoso y que "prima facie" pueda apreciarse que el indagado ha participado en éste.
Contrato de obra pública, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chacofi S.A.C.I.F. e I. c/ Muncipalidad de Tres de Febrero s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

No resulta procedente que el comitente omita el pago del importe básico de la obra y sus variaciones de costos si el contrato estableció que los trabajos se abonaban al contado y contra la certificación final de la obra. Si en dicho momento existían observaciones, debía acudirse al mecanismo de garantía acordado.
Sentencia arbitraria, daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, empresa distribuidora de gas, intoxicación, muerte de un menor, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Marcia Andrea Vela, Claudio Alejandro Gnocato y M. E. G. en la causa Vela, Marcia Andrea y otros c/ Gas Natural Ban S.A. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-22

Es arbitraria la sentencia que eximió de responsabilidad a la empresa distribuidora de gas por los daños provocados por la intoxicación con monóxido de carbono sufrida por una mujer y su hijo y debido a la cual perdiera la vida el menor, pues la escueta conclusión del fallo, que no hizo mérito sobre las irregularidades identificadas en el peritaje producido en la causa, así como tampoco ahondó en la responsabilidad que -en función de tales deficiencias- le podría corresponder a la empresa prestadora del servicio de gas, denota una asombrosa falta de fundamentación de la sentencia que, de tal forma, se apoya en una afirmación dogmática.
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, muerte de las partes
Materia: PROCESAL
Carátula: AZZI, Carlos María c/ GELSI, Víctor Jorge s/ PETICION DE HERENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

El fallecimiento de una de las partes que actúa personalmente, es un caso de fuerza mayor que impide materialmente el impulso procesal y consecuentemente produce la suspensión del curso del plazo de caducidad desde ese momento hasta que la relación procesal se integre con la intervención de los herederos.
Enfermedad accidente, infarto
Materia: LABORAL
Carátula: CARBALLO DE KIMMEL MARIA DEL C. Y OTRO c/ ESTANCIA SAN GABRIEL TIERRAS DEL TIMBOY S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-09

En un individuo como el causante, con predisposiciones como los ateromas constatados en la autopsia, que reducían en un 50. el diámetro de sus arterias coronarias, con el agravante del tabaquismo y prestando sus servicios a la intemperie, en una jornada, por lo menos fresca y que le requerían el esfuerzo de transportar, aún a corta o muy corta distancia, bolsas de semillas de unos 35 Kg de peso, la actividad laboral se vincula estrechamente con tales insuficiencias arteriales y cabe tenérselo por causa del espasmo productor del infarto de miocardio que le produjo la muerte.
Procedimiento laboral, impulso procesal, negligencia probatoria
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Otoizaga, Juan Doroteo. c/ Assed Mansur Surur y/o Sucesores de Carlos Surur. s/ Demanda Laboral. Inaplicabilidad de Ley. Prueba Laboral.   Negligencia. Impulso procesal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-05-08

La presencia de las partes dentro del trámite debe ser particularmente intensa durante el período probatorio por lo que el actor no puede intentar remediar, por vía del recurso de inaplicabilidad de ley, una declaración de negligencia en la producción de la prueba, que no pasa por un posible error jurídico habilitante de este pronunciamiento casatorio, sino por una coparticipación mínima en el control e impulso del diligenciamiento de la causa.
Empleo no registrado, regularización del trabajador, intimación al empleador, plazo, mora del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: VELAZQUEZ, PEDRO c/ SOCIEDAD ENTERRIANA DE ELECTRIFICACION  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-28

La mora del empleador en el pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 8, 9 y 10 de la LNE se produce a partir de la fecha de vencimiento del plazo de 30 días corridos otorgados por el art. 11 para dar satisfacción a la intimación del trabajador.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, pensiones, extinción del derecho de pensión, concubinato
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Amerisse, Nancy Teresa c/ Caja de Previsión Social de la Provincia y Provincia de Salta. s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Es descalificable el pronunciamiento que, si bien sostuvo que las leyes que disponen la pérdida de la pensión por vida marital de hecho no constituyen una sanción moral sino que están destinadas a retirar la asistencia del Estado cuando deja de ser necesaria, obvió considerar el informe ambiental, que daba cuenta de la falta de ingresos y del desamparo asistencial en que se encontraba la recurrente.
Contrato de trabajo, preaviso, licencia diaria
Materia: LABORAL
Carátula: G., D. c/ C.O. y Otro s/ Demanda Laboral -Haberes Adeudados e Indemnización por Despido-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-02-11

"Cuando el empleador no conceda la licencia diaria, el trabajador no podrá requerir la nulidad del preaviso, sino ejercer de facto el ejercicio del derecho al goce de tal licencia. Si así no lo hiciere, el trabajador no podrá luego pretender remuneración especial por las tareas realizadas durante el tiempo en que le correspondía gozar de la licencia diaria".