Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19


Reg.: A y S t 283 p 100/105.

Santa Fe, 19 de junio del año 2.018 VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de Héctor Edgardo Lujan Cufone, contra el acuerdo 583 de fecha 9 de agosto de 2017, dictado por los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial N° 2 de la Provincia, doctores Llaudet, Carbone y Depetris, en autos "CUFONE, HECTOR EDGARDO LUJAN - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'CUFONE, HECTOR EDGARDO LUJAN S/ HOMICIDIO CULPOSO - SENTENCIA CONDENATORIA - ' (CUIJ N° 21-07008381-4)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511645-4); y, CONSIDERANDO:

1. Por acuerdo 583 de fecha 9 de agosto de 2017, los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial N° 2 de la Provincia, doctores Llaudet, Carbone y Depetris, confirmaron parcialmente la sentencia por medio de la cual -a su turno- se condenara a Héctor Edgardo Lujan Cufone como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación efectiva para conducir automotores, reduciendo ésta última al monto de cinco años (fs. 2/5).

2. Contra dicho pronunciamiento, el imputado con el patrocinio letrado de su defensor, interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 7/16).

Alega que el fallo recurrido es arbitrario, por cuanto atribuye responsabilidad penal bajo parámetros de análisis puramente objetivos, configurando una vulneración al principio de culpabilidad.

Señala que el actuar investigado, de ningún modo comprende la configuración de alguno de los riesgos no permitidos mencionados, ya que -apunta- ninguna violación reglamentaria puede atribuirse a su conducta, cual fue "decidir conducir por la deficiente autopista 'Rosario - Santa Fe' un día de lluvia" (f. 9v.).

Y manifiesta que lo ocurrido posteriormente no puede atribuírsele de manera subjetiva.

Afirma que la Fiscalía no ha podido probar en forma seria, acabada y concreta, cuál ha sido la violación al deber de cuidado que se le atribuye, en clara inversión de la carga probatoria, resultando inadmisible en el marco del debido proceso y de la imposición del artículo 95 de la Constitución provincial.

Indica que los argumentos esgrimidos para condenarlo se basan en la violación del deber de cuidado a través de indicios, afectando el grado de conocimiento -certeza- exigible al juzgador para llegar a la condena.

Así, critica que se haya ponderado la falta de justificación en la invasión de la mano contraria; la no probada concentración de agua en la mano izquierda de la calzada; la presunción acerca de la velocidad y la violación a la ley de Tránsito Nacional N° 24449, y la "urgencia" que motivó el viaje.

De manera subsidiaria a su planteo absolutorio, solicita la revocación de la pena de inhabilitación especial para la conducción de vehículos automotores, por considerarla innecesaria, irrazonable y cruel.

En tal sentido, señala que desde el hecho transcurrieron más de nueve años, tiempo en el que ha conducido a diario sin haber tenido ningún tipo de accidente, por lo que la imposición de esta pena en el caso concreto violenta la finalidad "resocializadora", incumpliendo los fines de prevención y mortificando inútilmente a su persona y a su familia, por generar un alto costo laboral dado que le impediría desenvolver las tareas específicas propias de su trabajo.

3. Por resolución 846 de fecha 3 de noviembre de 2017, los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial N° 2 de la Provincia, doctores Llaudet, Carbone y Depetris, denegaron el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 20/23), lo que motivó la presentación directa de la recurrente ante esta Sede (fs. 25/37).

4. Cabe anticipar que esta impugnación no ha de prosperar.

4.1. En efecto, de la lectura del escrito introductor de la vía extraordinaria y su confrontación con la sentencia atacada se advierte que el disenso de la presentante se centra en la valoración probatoria efectuada por los Judicantes, intentando oponer su particular apreciación a la interpretación que de los hechos y pruebas efectuó la Cámara, en ejercicio de funciones propias, sin que se advierta la presencia de un supuesto de arbitrariedad que justifique la apertura de esta instancia extraordinaria.

Es que, se vislumbra que el planteo recursivo se limita a una discrepancia de la compareciente con el alcance convictivo que el Tribunal asignó a las distintas pruebas rendidas y, en especial, a la valoración efectuada sobre los dichos del propio encartado en su acto de defensa material.

Sobre este aspecto, debe resaltarse que los Jueces de Cámara consideraron que la pericia mecánica, si bien no pudo demostrar la velocidad en la que circulaba el imputado al momento del hecho, no podía constituir un elemento enderezado a la exculpación de su imprudente accionar.

Pues, resaltaron los Magistrados -en consonancia con lo argumentado por el Juez de grado- que aún cuando se tuviera por cierta la versión del imputado respecto a la velocidad en que iba conduciendo al momento del hecho -60 km. por hora-, debido a las condiciones climáticas dadas a causa de la lluvia y la visibilidad existente, se imponía imprimir la velocidad precautoria del artículo 50 de la ley de Tránsito Nacional N° 24449.

Y en función de estos elementos, los Vocales concluyeron que de otro modo, Cufone no hubiera invadido semejante extensión del cantero central e impactado al vehículo en que iba la víctima, denotando con todo ello que no pudo dominar su automóvil por su propia imprudencia y no por cuestiones ajenas como alegara.

Y si bien la impugnante entiende que la norma citada -art. 50, ley 24449- no prevé una velocidad determinada, sino que exige adecuar la misma a lo que resulte prudente, extremo que el imputado manifiesta haber cumplido por haber disminuido la velocidad en comparación al máximo permitido en autopista, dicha alegación no resulta suficiente a fin de desmerecer el razonamiento seguido por la Alzada.

Sumado a lo anterior, el Tribunal ponderó como indicios tendentes a evidenciar la conducción a una velocidad inapropiada conforme el contexto climático dado, la razón de "urgencia" expuesta que motivó al imputado a emprender el viaje pese al temporal de lluvia y la invasión de la mano contraria previo a atravesar el cantero central que divide la autopista.

Estos postulados no han sido suficientemente desbaratados en el escrito introductor y de este modo, se advierte que si bien la recurrente invoca la presencia de supuestos de arbitrariedad, al fundarlos demuestra que sus agravios se limitan a su mero disenso con el alcance asignado a las pruebas producidas durante el proceso. Y sabido es que los planteos vinculados a las significaciones de los medios de confirmación producidos, es decir al grado de convencimiento que cada uno de ellos pueda acarrear y la interpretación de las normas de derecho común, no constituyen cuestión constitucional alguna máxime cuando, como ocurre en este caso, se advierte que lo resuelto se encuentra suficientemente fundado en las constancias de la causa y en las normas aplicables, sin que se demuestre que la Cámara haya soslayado las reglas de la sana crítica racional o incurrido en algún absurdo normativo, por lo que el fallo impugnado no puede ser descalificado desde la óptica constitucional.

4.2. Por último, en cuanto al agravio de la presentante respecto de la pena de inhabilitación aplicada por los Sentenciantes, cabe destacar que el delito por el cual fuera condenado el imputado -homicidio culposo-, prevé una pena de 2 a 5 años de prisión e inhabilitación especial de 5 a 10 años (art. 84 bis, C.P.). Al revisar la sentencia apelada, la Alzada modificó la pena de inhabilitación dispuesta, disminuyéndola al mínimo legal de 5 años, descartando que en el caso concreto se den supuestos excepcionales que permitan prescindir de la aplicación de la ley.

De esta forma, el temperamento seguido por el Tribunal al mensurar la pena en concreto no se revela en una interpretación arbitraria de las normas que disciplinan la cuestión, como así tampoco la impugnante demuestra que el monto seleccionado se traduzca en una pena cruel o desproporcionada en función del ilícito cometido, y por lo tanto, su articulación carece del matiz constitucional exigido para franquear el acceso a la vía extraordinaria.

Cabe recordar que el principio constitucional de la separación de poderes no consiente a los jueces el poder prescindir de lo dispuesto por la ley respecto al caso, so color de su posible desacierto. Idéntico principio se aplica también a la jurisdicción de esta Corte, a la que la Constitución provincial, por buenas razones, le ha vedado el análisis de las cuestiones de derecho común (cfr. A. y S. T. 266, pág. 23).

5. En conclusión, desde que no ha logrado demostrar la recurrente que las apreciaciones efectuadas por la Alzada encuadren en alguna hipótesis de arbitrariedad o de violación de mandas constitucionales, no presentan los agravios ensayados entidad suficiente como para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, reabriendo el debate acerca de cuestiones de hecho, prueba y derecho común en una suerte de tercera instancia ordinaria, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA(EN DISIDENCIA)-FALISTOCCO-GASTALDI(EN DISIDENCIA)-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI:

Adelanto que las alegaciones de la recurrente a mi criterio cuentan "prima facie" -desde una apreciación mínima y provisoria- con suficiente asidero en las constancias de la causa y suponen articular con seriedad un planteo que exige examinar, con los principales a la vista, si lo decidido y venido en recurso reúne o no las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial.

La admisibilidad que propicio se impone, en tanto considero que la impugnante logra perfilar un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento atacado.

Ello así en tanto se invoca que la Alzada se basó en criterios "objetivos", con inobservancia al "principio de culpabilidad", al no haberse probado, en el caso, cuál era la violación al deber de cuidado que se le atribuyera -arts. 1, 18, 19, 33, 75 inc. 22 de la C.N.; 11 de la D.U.D.H; 8.2 y 11 de la C.A.D.H.-)(fs. 9/19).

Y también en relación al cuestionamiento por la imposición de la pena de inhabilitación, habiendo transcurrido más de nueve años del hecho sin que se hubieran cometido otros delitos vinculados a la conducción imprudente -siendo que en razón de su actividad laboral debe viajar por distintos puntos del país-. Violentándose con ello la finalidad resocializadora de la pena -arts. 10.3 P.I.D.C.P. y 5.6 C.A.D.H.- (f. 14).

Y sin que pueda pasar desapercibido, en este aspecto, que el Vocal que formulara el voto confirmatorio de la condena al que adhirieran los demás integrantes del Tribunal, pero único que concurriera a la lectura de dicho Acuerdo, entendiera, en disidencia con los restantes, que debía viabilizarse el presente recurso (v. fs. 20/23).

Y ello expresando el señor Vocal en su disidencia que había considerado las circunstancias a que refiriera el imputado al tomar la palabra -en un hecho inusual- en tal oportunidad; pues a su criterio, constituían "fundamento válido" para la apertura de la instancia extraordinaria. Advirtiendo que el recurrente formulaba nuevas argumentaciones relacionadas a la violación del "principio de culpabilidad" los que ante la situación descripta y en orden al subsidiario planteo relacionado a la "magnitud y oportunidad de la pena de inhabilitación" ameritaban viabilizar la instancia extraordinaria.

Por ello, en las circunstancias del caso -ver registros de audio y video- entiendo corresponde admitir la queja y conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

FDO.: GASTALDI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ERBETTA:

De la lectura del memorial recursivo se advierte que las postulaciones de la impugnante cuentan -"prima facie"- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importan articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por lo expuesto, considero que corresponde admitir la queja y conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

FDO.: ERBETTA-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial N° 2 de la Provincia, doctores Llaudet, Carbone y Depetris.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional de Cañada de Gómez, doctor Rizzardi.