Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-11


SENT Nª 557	C A S A C I Ó N	San Miguel de Tucumán, 11 de Agosto de 2004.-	Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato -por excusación del doctor Alberto José Brito-, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara Penal, Sala Vª del 08/9/2003 (fs. 292/295 vta.), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 26/9/2003(cfr.fs.313).

En esta sede, el impugnante presenta memoria sobre el recurso casatorio y a fs. 328/323 corre agregado dictamen del señor Ministro Fiscal.

Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia -Sala Civil y Penal-, el recurso de casación deducido por el abogado defensor del imputado Néstor José Farías en contra de la sentencia de la Excma. Cámara Penal -Sala Vª- de fecha 08-9-2003, obrante a fs. 292/295 vta., que lo condena a la pena de un año de prisión condicional, accesorias legales y costas procesales por ser penalmente responsable del delito previsto en el art. 293 y 42 del CP.

El recurso es deducido, en forma temporánea, por quien se encontraba legitimado para hacerlo, y concedido por interlocutoria del mismo tribunal de fecha 26-9-2003 a fs. 313 correspondiendo ahora su análisis de conformidad con lo determinado por el art. 477 del CPP.

2.- Los agravios del recurrente radican, en no compartir los fundamentos ni la sanción impuesta ni las normas aplicadas, encuadrando su presentación en los términos del art. 468 y 469 del digesto de forma.

Considera que no se aplicó correctamente las normas procesales y sustantivas, y se violó el derecho de defensa por lo que la situación asume gravedad institucional.

Dice, que no se tuvo en cuenta el recaudo del art. 468 inc. 2° CPP, transgrediéndose en forma expresa el art. 388 y 389 del mismo digesto de forma, en concordancia con las disposiciones del art. 22 de la Constitución Provincial y art. 18 de la Constitución Nacional, e igualmente se aplicó erróneamente las disposiciones del art. 979 inc. 4° del Código Civil sin armonizar esta norma con las disposiciones del art. 973 del mencionado texto de fondo.

2.1.- Le causa gravamen irreparable el decisorio, desde el mismo instante que el hecho motivo de la acusación por parte de la Fiscal de Cámara en la audiencia del juicio oral, difiere con el enunciado en la imputación originaria efectuada en la etapa instructoria, en consecuencia la señora Fiscal debió ampliar la acusación Fiscal y el Tribunal disponer medidas conforme a lo previsto en el art. 388 y 389 CPP.

Pone de resalto que la acusación originaria era de falsificación de documento privado en grado de tentativa y la de Fiscalía de Cámara lo fue por falsificación de instrumento público con variación de la plataforma fáctica. Ello lleva a esta defensa a formular en esta instancia incidente de nulidad de sentencia por violación al principio de congruencia (fs. 305).

Sigue agregando, que la inobservancia de lo prescripto en la ley procesal compromete a la intervención del imputado, correspondiendo declarar la nulidad en relación al hecho por el cual no ha sido intimado.

Manifiesta que la intimación tiene por objeto que el imputado conozca el hecho objeto del proceso para que pueda contestarlo y así ejercer una adecuada y razonable defensa.

Hace referencia que la errónea aplicación de la norma sustantiva ha puesto a su asistido en estado de indefensión al fallar con una sorpresiva y errónea aplicación en violación al ordenamiento jurídico vigente.

Partiendo del principio elemental de la tipicidad sostiene que la conducta desplegada no se encuentra adecuada al precepto legal, situación ésta que lo beneficia (fs. 309).

Sostiene de otra parte que el encartado carecía de facultades para crear un instrumento público al no revestir el carácter de oficial público, por lo que el delito que forzadamente se pretende atribuirle no se configura y menos aún en la figura del art. 293 de CP, que hace referencia al que inserte o que hiciere insertar en un instrumento público.

Para la defensa surge de modo irrefutable que el escrito de la parte no es un instrumento público y que no había intervención de oficial público en los términos y formalidades de los artículos 973 y 979 precedentemente referenciados.

Siendo así, finalmente dice, que la normativa aplicada al caso es errónea y no por una simple valoración de situación de hecho, sino por equivocada interpretación y aplicación de los precitados art. 979 inc. 4° y 973 del Código Civil, pide absolución por atipicidad (fs. 312) 3.- El decisorio en crisis se fundamenta en lo siguiente 3.1.- Después de hacer referencia a las testimoniales de cargo y analizar la versión exculpatoria de Farías, (que dice que el escrito lo recibió el día 04 y que el día 05-6-2001, lo único que hizo fue agregar el poder para juicio que faltaba), considera ello insostenible frente a lo declarado por la Secretaria Actuaria, doctora Liendo, quien sostuvo y reitera su presencia en el momento en que el imputado recibió el escrito, puso el cargo y no adjuntó otro escrito, pues lo observaba con detenimiento (fs. 293).

3.2.- Da por probado mediante los informes actuariales ratificados en la audiencia, que se cometió un error el día 04 al presentar el escrito en cuestión, originariamente en el Juzgado Civil de la IIa. Nominación, de dónde al siguiente día 05 solicitan su devolución para solucionar el mismo, lo que es advertido por la Prosecretaria María Teresa Palacio Padilla quien comunicó esas circunstancias telefónicamente a la doctora Liendo, Secretaria del Juzgado Civil de la IVa. Nominación (fs. 293).

De ello infiere el Vocal preopinante, que Farías con toda intención y a sabiendas de las consecuencias jurídicas, falsea la fecha del cargo que debía presentar a la Secretaria, que con su firma perfeccionaba el documento (fs. 293).

3.3.- En cuanto a la calificación legal el tribunal entiende, que en el documento ideológicamente falsificado, hay una forma auténtica y un contenido falso, y que el insertar se refiere a la falsedad de la representación que se introduce al mismo cuya materialidad no se afectó para nada y que al tratarse de documentos públicos, solo puede ser protagonista quien tiene el poder jurídico para extenderlo, por lo cual es conducta típica propia del funcionario fedatario y de los colaboradores de éste que tienen la obligación legal de decir la verdad cuando preparan esta documentación que luego el fedatario perfecciona.

3.4.- Conforme a lo desarrollado queda establecido que, el imputado insertó en un cargo judicial una fecha falsa, el que no se perfecciona como instrumento público, por circunstancias ajenas a su voluntad; y que ese hecho posee capacidad para perjudicar los intereses de un tercero por lo que en definitiva se encuadra su accionar en la figura del art. 293 del CP falsedad ideológica en grado de tentativa art. 42 CP (fs. 293).

3.5.- Por su parte el doctor Páez de la Torre con enjundiosas fundamentaciones comparte las conclusiones del preopinante, haciéndolo en igual sentido el restante Vocal doctor Julio Francisco Silva 4.- Entrando al fondo de la cuestión es necesario aclarar cuál fue el hecho intimado en la declaración del imputado como el sostenido en la requisitoria de elevación a juicio, como el que hace referencia la disposición del Juez de Instrucción cuando dispone su elevación, y el hecho histórico que el tribunal da por acreditado.

4.1.- El mismo consiste que: en el día 05-6-2001 siendo aproximadamente las 08:00 el imputado en calidad de empleado de este Poder Judicial con el cargo de Ayudante Judicial desempeñando tareas de atención al público y profesionales en el Juzgado Civil y Comercial Común de la IVa. Nominación, recibió el escrito de contestación de demanda suscripto por la abogada María Aráoz en los autos caratulados "Pérez, Juan Carlos c/ Correa, Héctor Eduardo s/ daños y perjuicios", insertando el sello de cargo y consignando en forma manuscrita que fue recepcionado en fecha 04-6-2001 a hs. 08:00, hecho éste detectado por la Secretaria del Juzgado doctora Silvia Liliana Liendo. (Ver fs. 21 vta.; fs. 30 y vta.; fs. 49, 2° párrafo; fs. 292; fs. 293 último párrafo; fs. 294 séptimo párrafo).

4.2.- Siendo así, el agravio del recurrente de incongruencia fáctica, no resulta acertado a la luz de lo precedentemente merituado y desde el momento que su discrepancia no lo está con los hechos como el mismo lo reconoce en su memorial de agravios fs. 311 último párrafo, sino en la equivocada interpretación y aplicación de las normas expresas del artículo 974 inciso 4, en concordancia con el art. 973 del C.C.- La falta de congruencia fáctica, por violación al debido proceso y defensa en juicio del imputado en relación a su defensa material, a más de lo expuesto, no tiene asidero, pues el encartado y su defensor conocieron ab-initio el hecho en concreto organizando así su esquema de defensa. Téngase presente que el tribunal es quien califica en definitiva los mismos, art. 410 del CPP.

4.3.- Prosiguiendo con el análisis de los agravios que se está en presencia de un documento privado y que su asistido no puede ser autor de falsificación de instrumento público por carecer de facultades para crear el mismo al no ser Oficial público, no pueden ser igualmente acogidos por las siguientes razones:

Partiendo del hecho imputado y reconocido en el fallo, se desprenden dos tipos de documentos que debemos analizar: primero el escrito de contestación de demanda y segundo el cargo en sí mismo, atendiendo a la propia naturaleza jurídica de cada uno de ellos.

El escrito de contestación de demanda es sin lugar a dudas y antes de la agregación al expediente un instrumento privado, para ello tenemos en cuenta lo que expresa sobre el particular Carlos Eduardo Fenochietto en su obra Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su T° 1, pág. 408 cuando conceptualiza pautas en la redacción de los escritos judiciales "Unas pocas normas especiales se refieren a la forma de redacción de los escritos; por ejemplo, respecto del acto de demanda, se exige que los hechos sean explicados claramente, ...", y cuando a fs. 409 expresa, "a) el escrito judicial suscripto por la parte pertenece a la categoría de los instrumentos privados, siendo la firma una condición esencial para su existencia artículo 1012 del Código Civil...".

Consecuentemente tanto la demanda como la contestación de la demanda, son instrumentos privados en sí mismo, mientras no se agregue al expediente, que ya en su conjunto es un instrumento público.

Por otra parte como habíamos expresado, tenemos el "cargo judicial", que es a su vez en sí mismo, un instrumento público en los términos del artículo 979 inciso 2° del Código Civil (ver obra precitada página 422), en igual sentido la siguiente Jurisprudencia: La Ley, 1991-B, 235-DJ, 1991-1-975; ED, 85-643; La Ley, 1992-D, 13-DJ, 1993-1-678; ED, 191-343.

4.4.- Cabe destacar como lo sostiene la sentencia en crisis que si bien el cargo se perfecciona con la firma del actuario, la falsedad ideológica del mismo se extiende aparte del funcionario fedatario, a los colaboradores de éste que tienen la obligación legal de decir la verdad cuando preparan el documento que luego perfecciona el fedatario (ver fs. 293 vta. 4° párrafo).

Por ello, la pretensión del quejoso de que su conducta no encuadra en el artículo 293, resulta inadmisible y carente de asidero jurídico máxime si se tiene en cuenta que el imputado reviste la calidad de empleado público, y como tal tiene facultades para recepcionar los escritos, poner fechas y destacar la documentación que se acompaña y presentarlo posteriormente al Secretario del Juzgado para su firma, siendo ésta una práctica forense, usual, incuestionada, correcta y de inveterada aplicación.

5.- Por lo expuesto la sentencia en casación no merece reproche alguno que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido en cuanto hubo congruencia fáctica en la imputación del hecho, y se encuadró en definitiva la conducta del acusado en el artículo 293 y 42 del CP, "falsedad ideológica en grado de tentativa", en razón que su ilícito accionar en la confección del cargo, se interrumpe por una circunstancia ajena a su voluntad, cuando la Secretaria del Juzgado doctora Liendo quien debía firmar el mismo, advertida de la irregularidad que estaba cometiendo, lo observaba atentamente, y le retira la documentación que obraba en su poder, en donde dolosamente había colocado una fecha de recepción antidatada, quedando el delito acertadamente encuadrado en el grado de tentativa (art. 42 del CP).

6.- Costas al condenado en virtud de lo dispuesto por artículo 551 del CPP.

A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa de Néstor José Farías en contra de la sentencia de la Excma. Cámara Penal -Sala Vª- de fecha 08-9-2003, obrante a fs. 292/295 vta..

II.- COSTAS, como se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento de honorarios, para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ALFREDO CARLOS DATO