Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-12


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los días del mes de mayo del año dos mil diez, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscrip-ción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "C., L. A. c/ G., S. R. s/ DEMANDA LABORAL", expte. nro. 112/10, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instan-cia en lo Laboral (expte. nro. 3077/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 348), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 325/334? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que la Sra. Juez de la instancia de gra-do admitió parcialmente la demanda y condenó a S. R. G. a abonar a L. A. C., la suma que emerja de la liquida-ción que se practicará en la etapa de ejecución de sentencia, incrementada de acuerdo al considerando respectivo, impuso las costas al vencido y reguló los honorarios (fs. 325/334) Ante ello apela la demandada, y expresa agravios a fs. 339/341 por entender que la sentencia no ha realizado un análisis integral y relacionado de la prueba.

Sostiene que el fallo analiza sólo dos cuestiones: la primera relacionada con el supuesto reconocimiento de su parte de una relación de trabajo en forma previa a la fecha de inicio de la relación laboral registrada, y la segunda, la única prueba testimonial, D. N., que considera no dijo lo que entendió la jueza.

Indica que los recibos acompañados que fueron dados al actor por una determinada obra fueron desconocidos por aquél, lo que dio motivo a prueba pericial cuyo dictamen fue impugnado, sin que la Sra. Jueza hiciese mención a ello.

Efectúa otras apreciaciones sobre la sa-na crítica y la necesidad de la valoración de la prueba en su conjunto.

Advierto de la expresión de agravios que el quejoso pretende se revoque la sentencia basado en la apreciación de la prueba que efectuara la senten-ciante y con la que disiente en punto, pareciera, a la relación laboral que unió a actor y demandado previo a la registrada.

Y no por conocido he de recordar dos principios rectores para que los agravios puedan ser admitidos, uno el cumplimiento de las disposiciones del art. 265 y el segundo sobre la merituación de la prueba que efectúa el sentenciante.

El artículo antes 386 del CPCCCh, segun-da parte, hoy establece que "No tendrán (los jueces) el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisorias para el fallo de la causa".

Significa que la norma les acuerda la facultad de valorar aquellas pruebas que se tornan necesarias y conducentes para la resolución de las controversias.

Asimismo, es preciso que el sentenciante efectúe un cotejo del plexo probatorio a fin de arribar a una decisión justa, advirtiendo cuáles son aquellas que denotan mayor fuerza convictiva.

Fenochietto - Arazi, en "Código Procesal Civil y Comercial", tomo II, pág. 356, enseñan: "La apreciación de la prueba es la actividad intelectual que realiza el juzgador para determinar la fuerza probatoria relativa que tiene cada uno de los medios de prueba en su comparación con los demás, para llegar al resultado de la correspondencia que en su conjunto debe atribuírseles respecto de la versión fáctica suminis-trada por las partes. La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia".

Y específicamente referido a las rela-ciones laborales se dijo que: "La apreciación de la prueba en los juicios de trabajo queda librada a criterio del soberano juzgador, salvo el caso de ser manifiestamente absurda, entendiéndose por tal la que escapa a las leyes lógicas formales, transgrediéndolas, o lo que es impensable o inconcebible y no puede ser de ninguna manera por haber quedado al margen de las reglas del raciocinio" ("Ley de Contrato de Trabajo y sus reformas", Sardegna, pág. 222).

Y trataré los agravios, atento a las consideraciones efectuadas por los Sres. Ministros del Superior Tribunal de Justicia en autos: "P., R. J. c/ B. P. S." en donde con fundamento en lo dispuesto por la Corte Suprema de la Nación, ha dicho que "La valora-ción de la expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación, no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal..." y en autos "G., M. I. s/ Recurso de amparo", expte 17205-G-1999, el Dr. Torrejón ha sostenido: "Se ha declarado que la brevedad y el laconismo de la expresión de agravios, no consti-tuyen razones suficientes para sentar la deserción del recurso en el supuesto en que el apelante individuali-ce, aún en mínima medida, los motivos de su disconfor-midad con la sentencia impugnada, por cuanto la grave-dad de los efectos que la ley imputa a la insuficiencia del mencionado acto procesal aconseja aplicarla con criterio amplio, favorable a la admisión del recurso".

Siguiendo doctrina emanada de "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", Julio Armando Grisolía, págs. 86 y sgtes., he de consignar algunos principios que emanan del art. 21 y 23 de LCT, sobre el contrato y la relación laboral y que servirán de guía conductora para, junto al análisis de la prueba, resolver la controversia.

Fija el autor los caracteres del contra-to de trabajo, consensual, personal y carácter depen-diente del trabajador, no formal, oneroso, bilateral, entre otros, "la relación de trabajo es la prestación efectiva de tareas, la que puede consistir en obras, actos o servicios. La ley considera que quien trabaja en relación de dependencia celebró con anterioridad por lo menos un acuerdo tácito, que resulta válido, ya que el contrato de trabajo es por esencia informal. A fin de evitar que el empleador utilice los servicios del trabajador y posteriormente desconozca el vínculo fundándose en la inexistencia de contrato. el trabaja-dor protegido por la LCT y el derecho individual del trabajo es el que presta su actividad personal a cambio de una remuneración, en relación de dependencia -empleador- que requiere de sus servicios. No obstante el hecho de que una persona "realice actos, ejecute obras o preste servicios a favor de otra. mediante el pago de una remuneración" no implica necesariamente la existencia de contrato de trabajo. Lo importante es determinar si actúa "bajo relación de dependencia de otra".

Sin perjuicio de todo lo que se ha es-crito sobre el tema, los casos deben ser resueltos a la luz del principio de la primacía de la realidad y tomando en cuenta la presunción de relación de depen-dencia (art. 23 LCT).

Analizada la causa el Sr. C. alega que trabajó a las órdenes del demandado con fecha 4 de febrero hasta el 30 de mayo, desempeñando tareas que encuadran en la categoría oficial albañil, relación negada en punto al comienzo de la misma, tal como surge de la carta documento de fs. 146, "niego que en las fechas que usted indica haya tenido relación laboral alguna con el suscripto." y a fs. 37 sostuvo que previo al inicio de la relación en el mes de mayo de 2004 el hoy actor fue contratado para la realización de las obras específicas que se describen, el precio de esas obras le fue abonado en tiempo y forma".

La Sra. Jueza admitió el ingreso a la fecha declarada por el actor y ello es lo que viene en apelación.

Es sabido que el contrato de trabajo se prueba por los modos autorizados por las leyes procesa-les (art. 50 LCT) y por lo previsto en el art. 23 LCT. Asimismo, si un trabajador invoca la existencia de un contrato de trabajo y la empresa lo niega, es el trabajador a quien corresponde demostrar sus afirmacio-nes; sin embargo, la presunción contenida en el art. 23 de la LCT, la prestación de servicios hace presumir el contrato de trabajo, invierte la carga, máxime como en el caso de autos en que el demandado admite el trabajo efectuado por el actor previo al contrato, entonces, sin duda, que es al empleador a quien corresponde probar la afirmado.

No puedo dejar de advertir que en la testimonial que la Sra. Juez meritúa para tomar la decisión, N. si bien afirmó no conocer la fecha de ingreso de C. no es menos cierto que también declaró que la fecha de inicio de la obra fue entre el 10 y el 15 de marzo de 2004 y que lo vio trabajar en esa obra, desprendiéndose de ello que la obra donde lo vio trabajar fue con anterioridad a la fecha que defiende el demandado.

Y sabido es que el número de testigos no corrobora necesariamente un hecho, ya que como tantas veces se ha dicho los testigos se pesan y no se cuen-tan, y es el demandado quien deja caer las testimonia-les ofrecidas.

Asimismo, el testimonio debe ser apre-ciado en su conjunto, ya que no se obtiene de una evaluación aislada de los dichos.

Y las argumentaciones del actor en punto a que con anterioridad a junio de 2004 el actor efectuó obras específicas que se describen en los recibos, no fue probado, ya que desconocidas las firmas insertas en los recibos reservados, y designado perito caligráfico, el mismo categóricamente afirmó que "las firmas estam-padas a fs. 31, 32 y 33 no corresponden al gesto gráfico de puño y letra al actor L. A. C.".

Tal pericia fue impugnada a fs. 245/246 por haber omitido el perito la formación de cuerpo de escritura, y solicitó nueva pericia, disponiendo la Sra. Juez "Téngase presente para su oportunidad", oportunidad que no detalló, no resolviendo tal impugna-ción en momento alguno. Asiste razón al quejoso que dicha prueba no fue mencionada al resolver.

Pero ello no obstará a la confirmación del fallo; el perito ha dado fundadas razones para arribar a tal conclusión y no encuentro motivo para apartarme de ella.

Las alegaciones del apelante al impugnar la experticia en cuanto entiende que no se puede concluir sin dudar que una firma no pertenece a un persona no habiendo formado previamente cuerpo de escritura, resulta sólo una apreciación de "quienes ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la gra-fía." sin mencionar quiénes.

El CPCCCh, art. 396, ley XIII, Nro. 5, Anexo A, dispone que a falta de documentos indubitados o siendo insuficientes, el juez podrá ordenar que la persona a quien se atribuye la letra forme un cuerpo de escritura al dictado y requerimiento del perito, y más allá de ser facultativo -"podrá"-, la circunstancia de no haberse confeccionado cuerpo de escritura, si el experto cuenta con suficientes firmas indubitadas, no resulta por sí sola elemento descalificante de la labor pericial, máxime cuando si bien no es obligatorio para el juez acogerse a lo establecido en el dictamen pericial caligráfico, no puede ser ignorado y la sana crítica aconseja no apartarse de éste, sino por razones muy fundadas, dado que el conocimiento del perito es ajeno al hombre de derecho (doctrina y jurisprudencia citada por Enrique Falcón, "Tratado de la prueba" - 2, pág. 726).

Si a lo dicho se agrega la renuencia del empleador a presentar la documentación requerida a fs. 50, y teniendo presente las consideraciones efectuadas al principio del voto, me convenzo de que los agravios deben desestimarse.

Las costas de esta instancia estarán a cargo del vencido.

A fin de regular los honorarios que di-fiero para el momento del acuerdo, tendré presente la labor profesional, el resultado obtenido, la posibili-dad de que las pretensiones prosperen y demás pautas de la ley de aranceles (arts. 5 y 13 Ley XIII, N° 4, antes 2200, arts. 5 y 14).

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Desestima los agravios del demandado y confirma la sentencia de fs. 325/334.

2) Impone las costas al demandado venci-do y difiere la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por la demandada contra la sentencia definitiva nro. 111/2009 del juzgado Laboral nro. 1 de la jurisdicción (fs. 339, fs. 325/334). La sentencia cuestionada hizo lugar parcial-mente a la demanda y condenó a S. R. G. a pagar a L. A. C. la suma que emerja de la liquidación a practicarse en la etapa oportuna, impuso las costas al demandado y reguló los honorarios de los profesionales actuantes.

Memorial de agravios (fs. 339/41).

Afirma en el libelo recursivo que se agravia porque en la instancia de grado se realizó un análisis absurdo de la prueba testimonial, que efectuó la a quo en forma individual y parcial. No atendió la documental acompañada por la actual apelante, descono-cida por la actora, y la pericial caligráfica impugnada también por este presentante. Un testimonio único que no tiene los alcances que dice la jueza. Dice que hubo violación de la sana crítica, cita escuetamente alguna jurisprudencia.

Análisis.

El memorial de agravios se asienta ex-clusivamente en la interpretación de la prueba, pero en nada indica cómo resolvería el apelante el pleito, cuál fue el error en la interpretación, ya que solo hace esa referencia sin advertir que en la sentencia de grado los demás argumentos y fundamentos del fallo dan solidez al mismo.

Más aún, el propio reconocimiento a fs. 37 al contestar demanda, de que había una relación laboral previa, anterior a la registración que es su motivo hoy de agravio. Como tampoco las afirmaciones sobre la carga probatoria en cabeza del demandado que el sentenciante de grado hizo expresa remisión y los principios generales de valoración frente a la insufi-ciencia (fs. 328/29).

A todo ello se agrega que no se explica con solidez por qué no habría de aplicarse lo estable-cido por el artículo 23 de la ley 20744 según el cual, del hecho de la prestación de servicios se deriva la presunción de existencia de un contrato de trabajo; presunción iuris tantum que no fue desvirtuada por prueba en contrario (ver elDial - AA5120).

La expresión de agravios es deficiente por incompleta, pues solo comporta una disconformidad y expone opiniones doctrinarias sobre la valoración hecha por la A quo.

El apelante, reitero, no explicó por qué se equivoca el Juez de Primera Instancia, solo expone su punto de vista sin decir cómo debió efectuarse la valoración, no indicó cuál fue la norma violada, o lo inadecuado del razonamiento que impedía juzgar los hechos, tales y como fueron expuestos en la sentencia venida en crisis.

Frente a lo dicho y aun portando el me-morial su rechazo, he de dejar sentado que coincido con lo dicho por la Sra. Camarista prevotante respecto de las manifestaciones del apelante sobre la pericial caligráfica.

En idéntica situación a la presente, el Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia sostuvo "... el orden procesal exige que la expresión de agravios deba contener una crítica razonada y concreta del fallo (art. 265 CPCCCh), y la no satisfac-ción de ello conduce a su deserción (art. 266 CPCCCh).

De ello se infiere que el contenido de la impugnación se determina en esa expresión, y su límite externo lo precisa el recurrente, se trata, por lo tanto, del acatamiento de normas expresas que rigen tanto para el órgano jurisdiccional como para las partes. El incumplimiento de los requisitos que debe contener el memorial lo convierte en deficiente o incompleto, como ocurre en la especie, y entonces no puede evitarse la declaración de la deserción del recurso, pues la norma contiene un mandato imperativo que no requiere petición de parte ni admite excepcio-nes, todo ello acorde con la perentoriedad de los plazos procesales (SD 51/92, mi voto en SD 15/95 S.T.J.)" (autos "M., R. y otro c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ recurso contencioso Administrati-vo", expte. 17.643, Sentencia nro. 12-2001). Sin perjuicio de ello, esta Alzada dispone el rechazo de los agravios como criterio y no la aplicación directa en el fallo de la imposición del art. 266 del ritual (actual 269).

Por estos motivos rechazo los agravios y confirmo el fallo venido en crisis con imposición de costas a la vencida conforme principio general de la derrota (art. 69 del CPCCCh), difiero la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por coincidir, con los argumentos dados con la Dra. Reynoso de Roberts doy por reproducida su fórmula postulatoria.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 274 y 275 del CPCCCh (Ley XIII-5-DJ, Anexo A), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Nélida Susana Melero no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente	SENTENCIA:

1) Desestimar los agravios del demandado y confirmar la sentencia de fs. 325/334.

2) Imponer las costas al demandado ven-cido, a cuyo fin se regulan los honorarios profesiona-les de los Dres. C. S. K. y C. N. G., conjuntamente, en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de lo regulado por sus trabajos en la instancia de grado.

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL nro. DEL AÑO 2010	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "L"