Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-23


R., D. G. contra B. Y A. S.A.

Reg.: A y S t 205 p 120-126.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintitres días del mes de febrero del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y el señor Juez de Cámara doctor Mario Enrique Balestieri, con la presidencia del señor Ministro doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "R., D. G. contra B. Y A. S.A. y/o representante legal - Querella por Injurias- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 218, año 2002). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gastaldi, Netri, Falistocco y Balestieri.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 179, pág. 145, esta Corte admitió -por mayoría- la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesta por el apoderado del querellante D. G. R. contra la sentencia 54 del 30 de septiembre de 1998, dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal de Rafaela, por entender que el planteo de la recurrente contaba con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba, desde el punto de vista constitucional -y en una apreciación mínima y provisoria- articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso al remedio extraordinario.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a rectificar esa conclusión conforme a los fundamentos que expondré seguidamente.

1. Sucintamente, el caso: 1.1. En el presente proceso D. G. R. promovió querella por el delito de injurias contra los editores responsables de "B. y A. S.A." y/o contra quien resultara ocupando los cargos de Presidente del Directorio, Gerente de Comercialización, Jefe de Redacción de la mencionada empresa y/o jurídicamente responsable por los artículos periodísticos publicados en el Diario "La Opinión" los días 13, 14, 15 y 17 de julio de 1995.

En el escrito de presentación, transcribió las expresiones publicadas, reputadas como ofensivas por denigrar su personalidad e hizo hincapié en que los medios periodísticos y quienes lo controlan deben ser especialmente cuidadosos a la hora de difundir noticias que tengan potencialidad difamatoria para sus protagonistas, debiéndose ponderar -entre otras circunstancias- la cláusula constitucional de que "nadie puede ser tenido por culpable de un ilícito hasta tanto no medie condena judicial".

Continuó diciendo que no era rol de los medios juzgar la conducta presuntamente delictiva de una persona; que fue objeto de burlas mortificantes con un evidente afán de lucro, causando un enorme descrédito, indignación, angustia y dolor; que el tenor de las manifestaciones vertidas por la significación objetiva de las palabras y por la repetición del calificativo "ladrón" acompañado sistemáticamente por el de "poeta" revelaba ánimo de injuriar, es decir, menoscabar su buen nombre y reputación.

Afirmó que las injurias se plasmaron en reiteradas publicaciones periodísticas en un diario de amplia tirada en la localidad, preparadas de antemano con la documentación correspondiente y con seguimiento de su persona cuando el hecho ya había dejado de ser noticia, vale decir, en forma deliberada e indubitablemente premeditada para incursionar en el terreno de la ofensa; asimismo, dijo que las noticias publicadas adolecían por completo del mérito de la objetividad, considerando, con lo expuesto, reunidos los extremos previstos para la consumación del delito tipificado en los artículos 110 y 113 del Código Penal; solicitó, además, una investigación preparatoria tendente a establecer las personas responsables de la sociedad "B. y A. S.A." (fs. 2/7).

Admitida la querella (f. 16) y practicada la investigación preparatoria (fs. 21/39), se celebró la audiencia de conciliación prevista en el artículo 519 del Código Procesal Penal sin que se arribara a acuerdo o retractación alguna (f. 48).

Recibidas las declaraciones de M. J. B., E. J. G. y R. J. A., Gerente de comercialización, Presidente del Directorio y Director periodístico y secretario de redacción, respectivamente (fs. 49/50), éstos contestaron la querella.

En esa oportunidad, sostuvieron -en primer lugar- que los editores responsables de "B. y A. S.A.", por su condición de persona jurídica, no podían ser sujeto pasivo de la acción; que la pretensión no había sido dirigida contra el director del diario (E. J. G.); y tras formular otras observaciones respecto de la legitimación pasiva de algunos de los sujetos contra la que iba dirigida la querella, negaron que hubiera existido algún tipo de descalificación al honor de R. en tanto que el diario tan solo se había limitado a informar sobre un suceso -de hecho público y notorio- de ribetes particulares, empleando un estilo que, independientemente de compartirse o no, carecía de entidad injuriante.

Concretamente, afirmaron que no constituía afectación al honor el haberlo llamado poeta al querellante y menos aun que se lo hubiera señalado como autor de un asalto del Banco de Vila atento a la existencia de ese hecho; en rigor, dijeron, hubo una información no elaborada como le hubiera gustado a aquél, mas ello de manera alguna configuraba injuria.

También negaron "sensacionalismo" en las publicaciones, aduciendo que el suceso delictivo contra la sucursal Vila del Banco de la Nación Argentina fue cubierto por todos los medios gráficos y electrónicos de la ciudad, de la zona y del país, llamando la atención -pero no para la burla- que un poeta cometiera ese hecho, alcanzando el tema gran repercusión nacional.

Pusieron de manifiesto que una vez que R. recuperó su libertad, el diario le abrió sus espacios, publicando una extensa entrevista en donde acusó al personal por apremios ilegales, relató el suceso, refirió a su situación personal y a las dificultades económicas que estaba atravesando. La página -acotaron- que el diario le había dedicado al querellante revelaba con toda claridad que nunca hubo ánimo de ofenderlo, causarle descrédito, indignación, angustia, dolor o cualquier otra consecuencia lesiva (fs. 52/59).

1.2. Tramitada la causa, el Juez de Primera Instancia en lo Penal Correccional de la ciudad de Rafaela rechazó la querella interpuesta por D. G. R. y, en consecuencia, absolvió de culpa y cargo a M. J. B., E. J. G. y R. J. A., por el delito de injurias que se les imputara, con costas a cargo de la querellante.

Los fundamentos expuestos en el decisorio pueden resumirse así: a) Tanto la Carta Magna nacional como provincial consagran la libertad de expresión. De igual modo el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica -también de raigambre constitucional- considera a ese derecho como uno de los más trascendentes, por cuanto, al contemplar la facultad de toda persona a la libertad de pensamiento y expresión, declara como comprensiva de aquella a la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento.

Por otra parte, uno de los pilares del estado de derecho es la libertad de prensa, que se traduce en un derecho y una facultad que tiene todo ciudadano y que conserva sin delegarse, justificando el privilegio que tiene toda la prensa independiente en nuestro sistema constitucional y jurídico de publicar sus ideas sin censura previa.

b) Del examen de las pruebas colectadas y, especialmente, del léxico empleado en los títulos y notas elaboradas por el diario "La Opinión" con relación al hecho ocurrido en Vila y en donde el querellante había tenido notoria participación (robo calificado a mano armada a la sucursal del Banco de la Nación Argentina), surgía que no habían existido actos difamatorios que desacreditaran o desprestigiaran la personalidad de R.; en otras palabras, de las manifestaciones periodísticas referidas al ilícito perpetrado realmente por el querellante no se advertía una conculcación a su buen nombre, prestigio y honor personal ante una sociedad que mediante las crónicas de los medios de comunicación había tomado conocimiento del suceso.

c) No existía la menor duda que R. había cometido el ilícito de marras aun cuando fuera considerado inimputable en virtud de lo establecido por el artículo 34, inciso 1) del Código Penal como resultado de los informes médicos legistas y de la enfermedad que padecía, circunstancias que le impedían comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones.

d) Tampoco existía por parte de la editora abuso alguno a la libertad de expresión, ya que los términos empleados no parecían impropios y simplemente revelaban un modo o estilo periodístico, que podrá compartirse o no, pero que no tornaba un accionar delictivo; el hecho de titular "Ladrón de Banco y Poeta", "El arma la tenía para suicidarse", "No fue un sueño Garín, te agarraron" no eran expresiones insolentes e irrespetuosas dirigidas o encaminadas a deteriorar el bien jurídico comprometido por la norma del artículo 110 del Código Penal; el querellante, por razones que no interesaban indagar, había cometido el delito que fuera motivo de los comentarios y ello conllevaba a aseverar que los periodistas del diario "La Opinión" no habían arribado a manifestaciones mendaces ni falsearon con sus notas, en menoscabo del querellante, la objetividad de lo acaecido (fs. 315/322).

1.3. Apelado que fuera dicho pronunciamiento por el representante del querellante, la Alzada confirmó la sentencia inferior en todas sus partes, imponiendo las costas a la querellante (fs. 353/358).

2. Contra esa decisión interpuso el apoderado del querellante R. recurso de inconstitucionalidad.

En la pieza recursiva, tras un relato de los antecedentes de la causa, tilda de arbitrario al pronunciamiento de la Cámara, reputándolo dogmático y con fundamentación aparente.

Aduce en primer término que se encontraba debidamente acreditado que los querellados realizaron una conducta típicamente antijurídica y reprochable con relación a la figura delictiva prevista en los artículos 110 y 113 del Código Penal.

Asimismo, remarca que al proclamado y confesado "estilo periodístico" debía sumarse la absoluta prescindencia de parámetros jurídicos sobre los límites internos y externos del derecho a informar, por lo que no resultaba claro de qué categorías analíticas había partido la Cámara para concluir que no había existido delito, cuando -entre otras cosas- se publicaron fotografías del querellante sin su autorización, también parte de su obra literaria con agregados burlones y grotescos, se lo llamó "ladrón de bancos" -antes y después de judicializarse la imputación en proceso en que no fue condenado-, se aludió a su condición de "literato" con una connotación marcada e indubitablemente ofensiva y hasta se publicó su signo zodiacal.

Agrega a ello que el hecho informado fue un simple evento policial que no permitía otorgar al derecho de crónica sentido institucional con finalidad de ejercitar la crítica o control de la cosa pública.

Enfatiza también que los términos y la modalidad gráfica eran ofensivos al honor teniendo en cuenta el contexto en que fueron publicados, y que no puede racionalmente interpretarse los hechos de otra manera.

Se agravia, en suma, respecto de que el pronunciamiento impugnado adolece de insuficiente motivación en los términos del artículo 95 de la Constitución provincial, violentando el derecho a la jurisdicción, la garantía de debido proceso, e incurre en una arbitraria ponderación de los elementos incorporados al litigio.

3. Del estudio pormenorizado de las constancias de la causa y del fallo atacado en confrontación con el desarrollo de los agravios que la recurrente le imputado a este último, surge que no obstante la arbitrariedad invocada, lo que el quejoso hace, en realidad, es oponer su propio enfoque al criterio sostenido por los juzgadores en ejercicio de funciones propios sobre una cuestión de hecho, prueba y de derecho común, aspectos ajenos a esta instancia extraordinaria, a menos que se demuestre arbitrariedad o lesión de cláusulas de raigambre constitucional, situación que dista de acontecer en la especie. En efecto: La recurrente no está conforme con el alcance otorgado por el Tribunal a los textos cuestionados y que aquélla reputara como ofensivos.

Para así considerarlo conviene recordar que el Vocal del primer voto -doctor Doro- partió de la base de que la acción informativa traducía la verdad de lo acontecido, esto es, que el querellante había sido autor del hecho ilícito cometido en perjuicio del Banco de la Nación Argentina (suc. Vila), independientemente que luego hubiera sido sobreseído por inimputabilidad (arts. 34, inc. 1, C.P. y 361, C.P.P.N.), conforme surge de la resolución n 40/97 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe en la causa "R., D. G. s. Infracción arts. 141 y 164, Código Penal", obrante a foja 329 de los autos principales.

En otras palabras, el mencionado Camarista otorgó preponderancia a la probada veracidad objetiva de la noticia, a su transparencia a fin de restarle carácter ofensivo a las publicaciones, agregando que éstas no estaban dirigidas a provocar el daño perjudicante en los derechos subjetivos de R. sino para que la gente lo ubicara y lo relacionara con el hecho delictivo; y que su calidad de poeta, por tener un mayor acceso a los medios de comunicación social, lo sometía al riesgo de quedar atrapada su actuación a los comentarios, por lo que resultaba inconveniente privar al medio de informar lo sucedido cuando existía -como en el caso- un interés público particular.

En ese mismo orden de ideas transitó el voto del doctor Vecchioli que -a la vez de adherir al primer voto- analizó los textos periodísticos, concluyendo que se había cumplimentado el presupuesto de la "veracidad" de la información y cierta "prudencia" en el aspecto subjetivo, presentando un estilo que lejos podía considerarse como agraviante para alguna persona.

Enfatizó -el referido Vocal- que los hechos fueron objetivamente presentados y que la única subjetivación era la referida a la condición de poeta del autor, que de ninguna manera podía desmerecerlo sino enaltecerlo, ya que simultáneamente ratificaba su condición de autor de un libro de poemas y dueño -por ello- de una especial sensibilidad.

Finalmente -agregó el doctor Vecchioli- que la alusión a poeta había tenido que ver con el concepto (erróneo y masivo) de que éste vive en un mundo de fantasía, y que así debía entenderse el delito cometido como un verdadero dislate según las circunstancias de horas del día, lugar público, arma sin proyectil, etcétera, al punto de declarar la inimputabilidad por los tribunales competentes.

Estas líneas argumentativas expuestas por los Jueces no son compartidas por el impugnante, insistiendo en su postura de que los términos y la modalidad gráfica eran ofensivas al honor, pero sin lograr demostrar articulada una cuestión constitucional. Pues, no se demuestra que los Magistrados hayan desinterpretado los hechos sustento de la querella o propiciado una hermenéutica de los textos normativos en juego que exceda los márgenes de logicidad y razonabilidad tolerados.

Desde luego que tampoco convence el recurrente que la Cámara haya incumplido con el mandato constitucional previsto en el artículo 95 de la Constitución provincial, habida cuenta que las reflexiones formuladas por aquella en torno a los hechos y el derecho del caso permiten sostener a la sentencia por si misma, no acreditando el quejoso, en definitiva, que se trate de una resolución basada en puras afirmaciones caprichosas y subjetivas de la voluntad judicial.

Por último, cabe recordar que la Corte nacional en su inveterada doctrina ha reconocido la amplitud de la libertad de expresión e información consagrada por los artículos 14 y 32 de la Carta Magna (Fallos:308:789 y 310:508) mas a la par de que ese derecho no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles. Si bien el régimen republicano de libertad de expresión, tiene un lugar eminente que obliga a una particular cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce con el propósito de asegurar la impunidad de la prensa (Fallos:119:231; 155:57; 167:121; 269:189, considerando 4 ; 269:195, considerando 5 ). La función primordial que en toda sociedad moderna cumple el periodismo supone que ha de actuar con la más amplia libertad, pero el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas (arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional) (vid., entre otros, CS, "Julio César Campillay v. La Razón y otros", sentencia del 15 de mayo de 1986).

En el caso, estas nociones fundamentales trazadas por la Corte nacional permanecen incólumes frente a las críticas del recurrente, ya que -en definitiva- el Tribunal ha brindado suficientes razones fácticas y derecho que permiten aprehender a la solución adoptada dentro de los límites interpretativos que emanan de las pautas "ut supra" expuestas.

Corolario de lo expuesto es que la presente impugnación se circunscribe a la simple discrepancia del apelante con la apreciación crítica de los hechos y la hermenéutica de las pruebas y normas de derecho común (en lo que, en principio y cualquiera sea su acierto ello está reservada al A quo) sin haber demostrado adecuadamente que el razonamiento argumentativo que da sostén a la sentencia se separa de la sana crítica, de tal modo que se ha hecho privar una solución manifiestamente contraria a las reglas de la lógica y experiencia (esto es, el correcto razonamiento judicial) o se arriba a un resultado manifiestamente inequitativo, que prescinda de las normas que rigen en cuestión.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Falistocco y el señor Juez de Cámara doctor Balestieri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, no corresponde pronunciarse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Falistocco y el señor Juez de Cámara doctor Balestieri expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Falistocco y el señor Juez de Cámara doctor Balestieri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar inadmisible el recurso interpuesto. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando los señores Ministros y el señor Juez de Cámara por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-BALESTIERI-GASTALDI-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)