marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Servicio penitenciario provincial, libertad sindical
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: REARTE ADRIANA SANDRA Y OTRO s/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA- AMPARO- RECURSO DE APELACION- RECURSO DIRECTO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-04-14

La prohibición expresa de sindicación establecida por el art. 19 inc. 10 de la Ley 8231 del Personal del Servicio Penitenciario surge en armonía con las leyes 14.932, 23.328 y 23.544 ratificatorias de los convenios 87,98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT), que dan la posibilidad de que cada Estado parte de los convenios, limite las condiciones de ejercicio de los derechos consagrados en esos instrumentos, atendiendo a la categoría profesional particular que, en especial, revisten las fuerzas armadas y la policía.

Por tal motivo, la prohibición de sindicación no es contraria a la Ley 23.551 de asociaciones sindicales, siendo en consecuencia inaplicable.
Concurso preventivo, pedido de quiebra, costas, pago por consignación
Materia: COMERCIAL
Carátula: POMBO MANUEL s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR REYNALDO SAMUEL GINI
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-06-29

No corresponde imponer las costas al actor, cuando el demandado citado a dar explicaciones consigna en pago el importe del crédito cuyo incumplimiento es invocado como evidencia de la cesación de pagos, motivándose así el rechazo del pedido de quiebra.
Daños y perjuicios, terceros, caso fortuito, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: Pereyra, Julio César c/ Sancho, Fabián Haroldo y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24

Debe confirmarse la sentencia que rechazó la demanda deducida contra el propietario de un comercio por los daños que sufrió el actor al ser asaltado en el local, ya que decir en la expresión de agravios que los hechos ilícitos son habituales y que por ello no resultan imprevisibles o que tenía confianza y seguridad en establecimiento, sin mencionar la prueba y los fundamentos ofrecidos por el juez a quo, impone una solución contraria a la peticionada, en tanto no ha podido rebatir que el hecho del tercero revistió las características de imprevisibilidad e inevitabilidad exigida para el caso fortuito.
Daños y perjuicios, energía eléctrica, distribuidores, interrupción del servicio
Materia: CIVIL
Carátula: Parque de la Costa Sociedad Anónima c/ EDENOR Sociedad Anónima s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-27

Corresponde hacer lugar a una demanda interpuesta por un parque de diversiones contra una distribuidora de energía eléctrica como consecuencia de un corte de luz que lo perjudicó económicamente, toda vez que aun compartiendo la posición de la demandada en cuanto a que la interrupción del suministro habría durado sólo quince segundos y que por ende, no tuvo la entidad suficiente como para ser considerado a los fines sancionatorios por el Ente Regulador, dicha circunstancia no la exime de responder por los daños debidamente acreditados por la accionante en cuanto posean relación de causalidad con el corte.
Leyes, inconstitucionalidad, acción de amparo, bien jurídico protegido, Poder Judicial, jueces, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Marini, Angel Dario c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo. Avocación (Expte. CSJ Nº 115-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-17

La circunstancia de que -en el caso- se requiera la declaración de inconstitucionalidad del artículo 88 de la Ley Fundamental de la Provincia -en cuanto excepciona las normas contenidas en los artículo 110 y 120 de la Constitución Nacional- permite formular una distinción entre las causas "Bossio" y "Gastonjauregui" y la presente, que no versa sobre el elemento objetivo de la litis (materia pretendida) sino, sobre las cualidades de los litigantes.

En efecto, el aquí reclamante, ostenta la calidad de Magistrado, lo cual agrega, en relación a aquellos antecedentes, una diferencia cualitativa en el elemento subjetivo de este proceso.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Ortiz, Segundo Roberto c/ Stuppia José s/ Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

La entidad aseguradora que no cuestionó -el evacuar el traslado conferido- la agregación posterior a su intervención ni la vigencia de la póliza suscripta no puede agraviarse por haber sido condenada mediante dicho instrumento no impugnado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, nulidad del acto jurídico, juicio, partes, defensa en juicio, escrituración
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, ANTONIO c/ GALVEZ, LUIS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 569-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-23

Resulta procedente el recurso de inconstitucionalidad si el contradictorio estuvo formalizado y no hubo lesión al derecho de defensa como para declarar la nulidad del proceso, desde que la "imposibilidad" de escriturar fue tácita pero indubitablemente señalada por el Juez cuando decretó: "inicie la acción que corresponda"; y en coherencia con ello, el actor afirmó tal imposibilidad al iniciar el sumarísimo y ofreció como prueba "las constancias de autos"; frente a lo cual, el demandado negó la imposibilidad y ofreció acreditar esa negación con la absolución de posiciones y las constancias de autos.
Empleo público, sanciones disciplinarias, faltas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORSINI OSCAR c/ MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-03-19

Carece de 'causa' o 'motivo' fáctico y legal suficiente, el acto que solo hace mención de 'desobedecer ordenes impartidas' y 'negarse a cumplir horario', sin invocar las circunstancias de lugar, tiempo y modo que individualizan las faltas descriptas, ni la norma legal que la sustenta.
Competencia, Superior Tribunal de Justicia, orden público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DE LA SILVA MARIA EUGENIA c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PCIA DE SGO. DEL ESTERO s/ DIFERENCIAS DE SUELDOS,ETC.-CASACION DE LA SILVA MARIA EUGENIA c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PCIA DE SGO. DEL ESTERO s/ DIFERENCIAS DE SUELDOS,ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-20|1997-06-20

La competencia del Superior Tribunal de Justicia en materia contenciosa administrativa es atribuída por la propia COnstitución por necesidades de orden público, que es exclusiva y excluyente, insusceptible de toda suerte de prórroga por voluntad de las partes, por lo que corresponde anular todo lo actuado ante los tribunales cuando la cuestión a decidir involucra la posible violación de un derecho subjetivo administrativo invocado por el reclamante.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, sentencia no firme, recurso de casación, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rafael J. Pérez S.A. c/ Y.P.F S.A. s/ Cobro de pesos - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-06-02

Entre los requisitos de admisibilidad exigidos para la viabilidad del recurso de casación se encuentra el de que la sentencia que se impugna sea definitiva, en los términos del Art.288 del C.P.C.. En el caso, tratándose de un juicio ejecutivo, la resolución dictada en el mismo, en principio, no es susceptible de ser revisada por medio del recurso de casación, por no ser definitiva, toda vez que el recurrente cuenta con la vía ordinaria posterior. Sin perjuicio de ello, resulta necesario determinar si por excepción, corresponde la revisión de la cuestión sometida a consideración de éste Tribunal.

Al respecto, la C.S.J.N. consideró que, corresponde hacer una excepción, cuando lo decidido conduce a que progrese la acción ejecutiva, faltando uno de sus recaudos básicos, como es la existencia de la deuda exigible (CS 8/3/94 JA t. 1996 IV, síntesis).

Como corolario de ello, éste Tribunal podría ejercer su jurisdicción por excepción, en el supuesto de que el planteo deshechado se vincule con la propia existencia de la deuda, sin cuya concurrencia no existiría título hábil .Sin embargo, en autos, la cuestión sometida a análisis está centrada en determinar si el pagaré fue firmado a título personal o como socios de la demandada, sin alegarse que la deuda se encuentra extinguida, limitándose la crítica de la sentencia a atacar la denegatoria de la apertura a prueba. Es por ello que la resolución impugnada por la parte demandada no es revisable mediante recurso de casación, ya que los argumentos expuestos tienen como finalidad demostrar que los firmantes del documento lo hicieron a título personal, lo cual conduce indefectiblemente al debate de la causa de la obligación, tal como lo señaló el Ad quem; por lo tanto, al no tratarse de una sentencia definitiva, el recurso interpuesto deviene formalmente inadmisible ya que los fundamentos del agravio son inaptos para ser considerados como excepción a la regla que establece que las resoluciones dictadas en juicio ejecutivo no son susceptibles de ser revisadas por recurso de casación.
Pronto pago, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Gonzalez Miguel c/ Electra S.A s/ Ordinario (LIBRO: S054 - 170)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-12-10

En dichos autos se plantean por cada uno de los actores, incidentes de verificación cuando es evidente que dicho reclamo debió fundarse en un instituto jurídico distinto, cual es el "pronto pago" que es el derecho de los obreros a cobrar determinados créditos prioritariamente en relación a los demás, con el resultado de la explotación y con los primeros fondos que se recauden o con el producto de los bienes sobre los que recaigan las previsiones especiales que resultan de la ley (art. 266 LCT).

Por lo tanto dichos importes debieron ser comprobados por el Síndico. Dicho procedimiento tiene su fundamento en el fin querido por la ley en este caso el carácter alimentario que en general presuponen los créditos laborales y que tienen innegable finalidad social por lo que configura una excepción al principio de que todos los acreedores deben aguardar la realización.- Se está frente a un crédito con privilegio especial y del derecho de pronto pago (art. 268, 266 y 265 inc. 4 de LCT) que no necesita la formación de un incidente de verificación. El procedimiento contrario vulnera el trámite acelerado para este tipo de crédito y el objeto social perseguido por la LCT.- Habiéndose reconocido por el Síndico los montos correspondientes a la indemnización reducida (art. 247 LCT) en virtud de que la procedencia de aquella supeditada a un previo proceso de conocimiento (art. 251 LCT) y haciendo reserva los actores que el cobro de los mismos no importa renunciar a promover juicio laboral, corresponde la iniciación de estos autos para reclamar rubros cuya legitimidad es dudosa.- Cuando el Juez deniegue el pedido de pronto pago al trabajador debe interponer acción ordinaria ante el Juez del Trabajo (Vázquez V. ob. cit. pag. 981).-
Banco Hipotecario Nacional, acuerdo de partes, remuneración, pago de la remuneración, conciliación laboral, transacción de derechos litigiosos, empleador, retenciones salariales, aportes sindicales
Materia: LABORAL
Carátula: ASOCIACION BANCARIA c/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL s/ COBRO DE APORTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-30

Si las partes signatarias del acuerdo, no le asignaron a las sumas pactadas, naturaleza salarial típica, toda vez que la causa del pago fue conciliatoria y transaccional, es decir que tenía por objeto extinguir obligaciones dudosas o litigiosas, art. 832 C Civil, por lo que la interpretación del acuerdo no permite deducir la existencia de reconocimiento alguno de deudas salariales que pudieron dar origen a aportes sindicales y retenciones del empleador, art. 835 C.Civil.
Recurso de casación, falta de fundamentación, prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: G. G., A. y Otra c/ C., A. y Otra s/ ORDINARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-28

Es dable señalar que si bien es cierto que el Tribunal de grado cita tangencialmente un supuesto contrato de préstamo que se habría formalizado entre las partes aquí en litigio, cuando dicho documento probatorio fue expresamente excluido en ambas instancia de mérito, más allá del error manifiesto del Tribunal, no se advierte cual es la trascendencia y/o virtualidad jurídica que la cita de tal documental detentó en el caso para cambiar el resultado de la presente controversia.
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, Impuesto sobre los ingresos brutos, ejecución fiscal, pago provisorio de impuestos vencidos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en GCBA c/ Intelligence Business SA s/ ejecución fiscal - ingresos brutos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-01

El pago provisorio de impuestos vencidos exige que la administración haya detectado, por un lado, la falta de presentación de declaración jurada y por el otro, la omisión en el ingreso de impuesto. Y como paso fundamental posterior a dicha constatación, es necesaria la intimación administrativa para que, en el plazo de 15 días pueda subsanarse tal situación. Es recién en dicho momento, y frente a un nuevo incumplimiento, que el fisco tiene habilitada la ejecución judicial tomando como base anticipos anteriores declarados o determinados. La presentación posterior de las declaraciones juradas frente a la administración, como sucedió en el supuesto de autos, luego de iniciada la ejecución judicial, no obsta a que la pretensión judicial pueda prosperar y que el título que la sustenta resulte hábil a tal efecto. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Excarcelación, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: MENDEZ, Carlos Oscar s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1981-12-29

La vigente ley de excarcelación, al establecer un denominador común -de filiación subjetivista- para esas formas de excarcelación (o eximición), ha puesto en manos del juez elegir a su arbitrio la caución garantizadora. Entre las diversas formas señaladas en el art. 1 de la ley 9032, no hay manera de establecer supuestos operacionales distintos, no obstante lo cual se norma de diferente manera lo relativo a la posibilidad de recurrir en los arts. 5 y 9.

Siendo así, con el simple recurso de conceder la libertad provisoria eligiendo la caución juratoria como requisito, se privaría al Ministerio Público Fiscal de la facultad de obtener una revisión del criterio jurisdiccional, en cuanto a la procedencia de la libertad provisoria lo que contraviene la inteligencia del sistema legal.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Indemnización por incapacidad, salarios por enfermedad, compensaciones salariales
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, RAMON c/ CERAMICA JUAN STEFANI  S.A. s/ INDEMNIZACION ART. 212
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-27

No pueden compensarse los salarios por enfermedad con la indemnización derivada del art. 212 LCT. Tales salarios, no obstante su inclusión dentro del marco de la ley 9688, encuentran su naturaleza en la circunstancia de mantenerse la relación laboral, lo que supone la subsistencia del deber contractual de abonar el salario al trabajador. Mientras que el art. 212 LCT comprende la compensación por el tiempo de servicio al empleador.
Acción de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Arce, Alberto Nicolás c/ Instituto Provincial de Lotería y Casinos s/ Demanda Ordinaria de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-08-30

...la competencia se determina "en orden a la índole de las acciones deducidas, y la atribución del art. 32 inc. 2 de Ley 37 para el Superior Tribunal, no puede ser sino de orden adjetivo, para el conocimiento originario y exclusivo de la acción ordinaria de inconstitucionalidad, como medio procesal autónomo y en los supuestos previstos, y sin que ello implique privar a los jueces inferiores, de la potestad del control de constitucionalidad que les cabe en la órbita específica de sus respectivas competencias".
Decreto de necesidad y urgencia, zonas francas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Zofracor S.A. c/ Estado Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-20

De los considerandos del decreto 285/99 no surge que la solución legislativa haya requerido una especial urgencia, es decir, que haya debido concretarse en un plazo incompatible con el trámite regular previsto por la Constitución para la sanción de la ley, ni que hayan existido razones de fuerza mayor o impedimento alguno para la reunión de las cámaras del Congreso (Voto de los Dres. Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert).
Entidades financieras, acción penal, responsabilidad penal, banco central, poder de policía, policía bancaria y financiera, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco Alas Cooperativo Limitado (en liquidación) y otros c/ Banco Central de la República Argentina. Resol. 154/94
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-19

La responsabilidad penal y la administrativa, aún surgida o analizada a la luz de los mismos hechos, presentan diferencias sustanciales (in re Sala IV "Alvarez, Celso Juan y otros c/ res. 166 B.C.R.A.", del 23/4/85), lo que fuerza a un diferente juzgamiento, por autoridades legalmente instituidas para ese cometido. En el proceso penal se imputa la comisión de delitos tipificados en el Código Penal de la Nación, en donde la entidad financiera puede servir de móvil y su operatoria constituir el marco para producir su consumación -como el de estafa, examinada en sede penal paralelamente a este proceso-; pero la existencia o no de responsabilidad en ese ámbito será determinada de acuerdo a los principios que lo informan, la normativa que lo rige, los bienes jurídicos que tiende a proteger, a través de los mecanismos que dispone esa legislaciòn, y por los órganos estatales instituidos constitucional y legalmente para esa función. En tanto que en la materia de autos, se examina la violación de disposiciones que rigen el sistema financiero, a la luz de un sistema de responsabilidad delineado por sus propias directrices, y puesto en marcha por el Banco Central, órgano legalmente designado para cumplir la actividad jurisdiccional represiva y sancionar a las entidades y a las personas que las representan que hubieran incurrido en infracciones a la ley o a sus normas reglamentarias; sin perjuicio de las sanciones que pueda aplicar la justicia por delitos comunes. "La facultad represiva del Banco Central, al revestir inconfundibles caracteres específicos, no se halla condicionada en su ejercicio al que se haga respecto de quienes puedan incurrir tambièn en responsabilidad penal y disciplinaria" (Cám. Nac. Fed. Sala Cont.

Adm., fallo del 30/11/67 en "Freaza, Julián"). Estero s/ res. 68/79 del B.C.R.A.", del 9/80).
Imputado, procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: JORGELINA BEATRIZ BARRERA c/ BARRERA, ELIA ENRIQUE s/ VIOLACION ANDREA VIVIANA DEL V. PEREZ c/ MORENO, LUIS OSCAR s/ ROBO CALIFICADO HECTOR ORLANDO BUTILER c/ TABOADA, MARIO HERNAN s/ HOMICIDIO CULPOSO ESTADO PROVINCIAL c/ ESCOBAR, JUAN PABLO; VELIZ, CARLOS ALBERTO; CAMPOS, MARIO ALBERTO; CACERES, FRANCISCO s/ ROBO SIMPLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-11-20|2000-12-19|2001-04-17|2002-11-11

El procesamiento del sospechoso de haber cometido un hecho ilícito, es la resolución del juez que declara formalmente que el imputado puede ser responsable en el o los delitos que se le imputan, situación a la que se llega siempre que en las actuaciones conste la existencia de un hecho delictivo, y que haya elementos de convicción suficientes para juzgar que el imputado tuvo participación en el mismo.
Poder Judicial, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Gascón Cotti, Alfredo J. y otros s/ inconstitucionalidad ley 10.859 y decreto 5766/89.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-06

No se da una causa o caso contencioso que permita el ejercicio del poder judicial conferido a los tribunales nacionales, cuando se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes.
Régimen de consolidación de deudas, herederos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ ROBERTO DE JESES c/ I.S.S.P. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-07-05

La naturaleza alimentaria del crédito que corresponde a diferencias en los haberes jubilatorios y pensión, ha mutado merced al deceso del actor y de su conyuge, puesto que los herederos del acreedor original de un crédito no pueden gozar del beneficio que se derivaría de la invocación a título personal de circunstancias excepcionales, tal la exclusión del régimen de consolidación de deudas contra el Estado, régimen establecido en la Ley Nro. 23.982 a la cual se adhirió el estado provincial por medio de la Ley Nro. 5.983 /93, posteriormente prorrogada por Ley Nro. 6.546/01.

Si quienes impetran beneficiarse con las reconocidas circunstancias de excepción a las leyes de consolidación no son los acreedores originales del crédito, sino sus herederos, si bien éstos ocupan el lugar del causante en los créditos a favor de éste; los títulos constitutivos permanecen inalterados y la traslación analógica de las calidades del crédito en virtud de la persona del acreedor es aquí, del todo, indebida. Los sucesores universales encuentran en la sucesión el crédito conforme al modo en que nació y en el estado en que se encuentra. La adquisición del crédito por parte de los herederos no es originaria sino derivada, por lo que no se encuentran en idénticas condiciones que el primero; tampoco puede ser viable un tratamiento igual en razón de la persona al constituir una situación de excepción a un régimen de orden público y porque el actor originario no hubiera podido invocar tales circunstancias. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: García, Oscar A. c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-04-30

El máximo legal establecido como tope en el artículo 8 inciso a) de la ley 24.028 se refiere únicamente al monto de la indemnización considerada como capital, ya que el tope es la indemnización misma, y los intereses no integran el capital sino que son un accesorio de él que tienen como función compensar el uso de aquél o penar el incumplimiento de una obligación. Incluir los intereses para determinar el límite del resarcimiento, sería un procedimiento ilegítimo que privaría al obrero de la debida reparación integral del perjuicio sufrido.
Cuestión justiciable, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-04

Constituye inveterada doctrina de la Corte Suprema - aplicable también a las acciones declarativas - que sus pronunciamientos se encuentran condicionados a la presentación de "casos justiciables". Esta condición se configura cuando concurren dos recaudos: por una parte, debe tratarse de una controversia que persigue la determinación del derecho debatido entre partes adversas, fundado en un interés específico, directo, o inmediato atribuible al litigante; por otra, la causa no debe ser abstracta en el sentido de tratarse de un planteo prematuro o que hubiera devenido insustancial.