marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Robo en poblado y en banda, robo con perforación o fractura, amenaza de sufrir un mal grave e inminente, instigación, calificación legal, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: C, C.A. s/ EXIMENTES  RESPONSABILIDAD  - AMENAZA DE SUFRIR UN MAL GRAVE - ROBO -  AGRAVANTES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-28

1) Exclúyese la aplicación de la eximente de responsabilidad contemplada en el art. 34 inc. 2 C.P., porque no puede aceptarse que los dos acusados hayan perpetrado el robo porque un tercer sujeto "el instigador"- los habría golpeado,amenazado de muerte y obligado a participar en el suceso.

2) El hecho atribuído a los encausados configura el delito de robo calificado por haberse cometido en lugar poblado y en banda y con efracción y si bien también procedería la aplicación de la agravante por escalamiento, no puede imponérsela por no haber sido considerada por el fiscal, debiendo resguardarse la debida defensa en juicio.
Daños y perjuicios, prueba, violencia de género, perspectiva de género
Materia: CIVIL
Carátula: Tejeda Felisa Beatriz c/ Grego Juan Ricardo y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-02-04

En autos se acreditó las lesiones y daños invocados por la actora en su demanda, por lo que tampoco puedo soslayar que se trata de una mujer que se dedica a los quehaceres domésticos en el marco de su hogar como sostén de su familia. En tal consonancia con los Tratados Internaciones con jerarquía constitucional en la materia de derechos de la mujer, entiendo deben traducirse en eliminar cualquier discriminación en razón del género. Es de recordar que toda discriminación en razón del género está prohibida en nuestra Constitución Nacional como así también en los tratados con jerarquía constitucional: artículos 37 y 75, incisos 22 y 23, de la Constitución Nacional; 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales; II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en su artículo 1 establece: "A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera". Por otra parte en su artículo 2, inciso c, dispone: "...c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;...". Por lo cual tengo la convicción que no puedo resolver el presente agravio sino teniendo en miras la actualidad imperante en la materia, ya que resolver con perspectiva de género es una obligación asumida por nuestro país y que deben cumplir tanto los Poderes Ejecutivo y Legislativo como los Tribunales integrantes del Poder Judicial.
Testigo único, apreciación del juez, declaración del imputado, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: Orzusa, Elías c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-18

Ante la presencia de un testigo en soledad del hecho no cabe prescindir sin más de sus manifestaciones, sino que las mismas deben ser valoradas con la mayor severidad y rigor crítico posibles, tratando de desentrañar el mérito o la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa que corroboren o disminuyan su fuerza y examinando cuidadosamente las calidades del testigo. Las simples manifestaciones del imputado relativas a que no se encontraba prestando servicios el día de los hechos, no resultan extremo suficiente a fin de desvirtuar el cuadro probatorio examinado y valorado en autos que lo sitúa en el lugar de los hechos en ambos casos por los que resultó condenado; por el contrario, su descargo sólo evidencia un mero intento por mejorar su situación procesal sin ofrecer argumentos que logren conmover las conclusiones a las que arribó el tribunal en su fallo, sin que quepa hacer lugar al in dubio pro reo en tanto la conducta del imputado se encuentra comprobada en la causa. (Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos).
Trabajadores rurales, seguro de vida
Materia: LABORAL
Carátula: Latorre de Cabrera, Josefa R. c/ Buffa, Orlando s/ Cobro de créditos laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-06

El seguro de vida obligatorio para trabajadores rurales (ley 16.600 del 1/12/64), al no existir norma alguna que imponga su derogación, se encuentra vigente por un monto de $ 1.000.Distinta solución corresponde al analizar el reclamo conforme el decreto 1567/74, atento que su reglamentación excluye a los trabajadores rurales.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleados públicos, relación de dependencia, Derecho laboral, cesantía, indemnización por incapacidad
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Leones, Jalime María c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Laboral (Expte.: C.S.J. nro. 745 año  2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

La Corte provincial, en concreta referencia a las indemnizaciones por cesantía por incapacidad inculposa (previstas en el artículo 23, inciso g, de la ley 9286; artículo 33 de la ley 8525, y 31 de la ley 10023), ha considerado que las mismas constituyen un capítulo bien definido de la relación de empleo, que guarda cierta similitud con la prevista en el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que sin perjuicio de los particulares requisitos que establecen las respectivas normas estatutarias en cuanto a su percepción (artículos 34 de la ley 8525 y 32 de la ley 10023) y cálculo, ambas indemnizaciones en definitiva suponen la ruptura de la relación de empleo derivada de una incapacidad inculpable, consideraciones éstas que despejan toda duda acerca del criterio adecuado para resolver el punto. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia el Dr. Falistocco. Fundamentos de los Dres. Gutiérrez y Vigo)
Comisión Nacional de Comunicaciones, defensa del consumidor, ejecución de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Unión  de  Usuarios  y Consumidores c/ AMX Argentina SA s/ Proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-09

La Comisión Nacional de Comunicaciones deberá efectuar el control ab initio y durante el lapso de 90 días, conminando a la empresa para que cumpla con lo ordenado durante el plazo de 60 días fijado para hacerlo, y a su vez deberá verificar que la ejecución se haya efectuado de conformidad con las pautas fijadas por la Sala. Ello no obsta a que, en uso de sus facultades, siga ejerciendo el control que le es debido sobre la actividad de la demandada hasta el íntegro cumplimiento de la sentencia, si por alguna razón se demorara.

Sin perjuicio de ello, pasados los referidos 90 días, el Defensor del Pueblo deberá tomar conocimiento de lo actuado por la Comisión Nacional de Comunicaciones e informar su resultado a este Tribunal en el plazo de 20 días (Del voto del juez Morán, cons. VI).
Daños y perjuicios, daño moral, personas jurídicas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ACOSTA CARLOS c/ EMPRESA PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-04-14

Corresponde el resarcimiento por desvalorización venal del inmueble puesto que especular en la inadvertencia de un futuro adquirente respecto del daño estructural acaecido a la construcción y luego reparado, significa consciente o inconscientemente propender a la mentira, al fraude, ocultando la verdadera condición de la cosa al comprador. El rechazo de la indemnización bajo este aspecto, sería negar la reparación total del daño actual ocasionado ilícitamente, so pretexto de la eventual ilicitud de una venta futura engañosa, algo que no se compadece con el derecho, la justicia ni la ética.-(voto del Dr. Aguero Piñero).
Sentencia arbitraria, sentencia condenatoria, apreciación de la prueba, reconocimiento por fotografía, reconocimiento en rueda de personas, declaración testimonial, testigo presencial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Jorge Enrique González Nieva en la causa González, Jorge Enrique s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley en causa n° 43.787 y 43.793 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-08

Es arbitraria la sentencia condenatoria que excluyó todo análisis respecto al hecho de que ninguno de los testigos presenciales identificara al imputado en los reconocimientos en rueda de personas que se practicaron durante la instrucción del caso, ni tampoco en la sala de audiencias en la que se llevó a cabo el juicio oral y público, circunstancia que cobra especial importancia por encontrarse incluido entre ellos, justamente, el testigo que efectuó el reconocimiento fotográfico impugnado.
Obligación de escriturar, astreintes
Materia: PROCESAL
Carátula: G., A.A. c/ T., O.L. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-04-18

Debe rechazarse el pedido de la actora de ordenar la escrituración bajo apercibimiento de astreintes. El interés prevaleciente de la ley es el de conseguir el cumplimiento específico de la obligación y, en este orden de cosas, en el juicio de escrituración, la pretensión no se compadece con la aplicación de las sanciones contenidas en el artículo 37 del C.P.C.C. -astreintes-, sino con la efectivización del apercibimiento que contempla el artículo 512 del Código de rito, como ya lo sostuviera precedentemente.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, tratados internacionales, jerarquía de las leyes, Declaración Universal de Derechos Humanos, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Viceconte, Mariela C. c/ E.N. -Mº de Salúd y Acción Social s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

En el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos -con jerarquía constitucional- se dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Prescripción, interrupción de la prescripción, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Alesso, Enrique Alberto c/ Banco de la Provincia de Córdoba s/ Ordinario- Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-10-07

La concesión del beneficio de litigar sin gastos -dictado en diciembre de 2006- en el primer proceso iniciado por daños carece de efectos interruptivos en el segundo proceso iniciado con igual objeto, que fue promovido con posterioridad al otorgamiento del beneficio, ello sumado a que el hecho que origina ambos reclamos tiene su génesis en 1998 y expedita la acción en 2000.
Fuero de atracción, quiebra, liquidación de sociedades, asegurador
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: García Cabañas, Nicolás c/ Medina, Miguel A. y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26

Opera el fuero de atracción de la liquidación de la aseguradora citada en garantía con posterioridad al decreto de falencia.
Autonomía municipal, carta orgánica municipal, cargos electivos, inhabilitación para ejercer cargos públicos, funcionarios de facto, tribunal electoral, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA s/ REMITE ACTUACIONES S/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-12-18

Expuestos los alcances de la autonomía municipal en el derecho público local, atento a que en el caso de autos lo que se ha puesto en discusión, como cuestión de fondo, ha sido la capacidad o competencia del Municipio para el dictado de su Carta Orgánica Municipal, estableciendo determinadas inhabilidades para acceder a cargos electivos, no se advierte que haya sido dictada en inobservancia de las facultades que constitucionalmente se le ha reconocido.

Además, el Tribunal Electoral Provincial, en definitiva, ha reconocido la constitucionalidad del precepto impugnado, coincidiéndose en este caso con tal decisión, atento los principios de la autonomía municipal ya expuestos en extenso.
Intervención de terceros, legitimación procesal, tercero demandado, calidad de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: S.A.D.A.I.C. c/ Provincia de Tierra del Fuego y/o L.U. 87 T.V. Canal 11 Ushuaia s/ Cobro de derechos de autor
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-05-20

El tercero citado en el juicio no es un extraño en el proceso si su accionar importa el concreto ejercicio de las atribuciones de las partes, por lo que debe ser incorporado al proceso en esta calidad, y posee en cosnecuencia la posibilidad de ejercer las acciones correspondientes, de plantear incluso la excepción de incompetencia del Tribunal, por cuanto cuando el tercero ha tenido una intervención amplia se convierte, a su vez, en demandado y, como tal, la sentencia lo alcanza, lo engloba y lo vincula.
Daños y perjuicios, transferencia de fondo de comercio, acreedor interesado
Materia: COMERCIAL
Carátula: HOFFER HNOS. SH c/ RENZACCI, ROBERTO ARMANDO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-05

Cabe rechazar la acción por daños y perjuicios derivados de la desestimación de la oposición a la transferencia de un fondo de comercio efectuada por el reclamante contra el adquirente y el martillero interviniente, por no haber efectuado el depósito que prevé la Ley 11867 art.5° a fin de que los presuntos acreedores del enajenante puedan trabar embargo sobre tales fondos, toda vez que aquellos no pueden ser responsabilizados por tal omisión, debido a que los peticionantes no se encontraban incluídos en la lista de acreedores que debió presentar el enajenante al momento de efectuar la transferencia (Ley 11867 art.3°), por lo que si pretenden hacer valer sus derechos deberán acreditar la existencia de su crédito, mediante la presentación de los títulos correspondientes o registros contables llevados en legal forma, lo que -en el caso- no hicieron.
Régimen de consolidación de deudas, obligación alimentaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Chaves, Fabián Mario c/ Tucumán, Provincia de s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-04

Cuando se evalúan situaciones de índole alimentaria debe extremarse la cautela a fin de lograr que lleguen en tiempo y forma las prestaciones comprometidas; y tal ponderación, "particularmente cuidadosa", debe efectuarse a favor de los beneficiarios, por cuanto, en definitiva, ellos gozan de la correspondiente tutela constitucional.
Sistema representativo, sistema republicano, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Veira, Héctor R. s/ Violación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Uno de los requisitos del Sistema Representativo Republicano de Gobierno es la fe en quienes tienen a su cargo la Administración de Justicia, eliminando, en el ámbito de su poder, todo lo que la afecte o disminuya. Tal quiebra de confianza sobreviene con arbitrariedades que lesionen el servicio de una imparcial Administración de Justicia.
Acción de amparo, tratamiento médico, medicamentos
Materia: CIVIL
Carátula: S. L. G. c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación s/ Amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-10

El recaudo relativo a la justificación de la prescripción indicando una marca comercial determinada se encuentra satisfecho de acuerdo a lo que surge del resumen de historia clínica obrante a fs. 5, suscripto con fecha abril de 2017 por la Dra. Celica Ysrraelit (médica neuróloga del Instituto Fleni). Del mismo se desprende lo siguiente : ". dejo constancia que el tratamiento indicado es dimetilfumarato (Tecfidera) y que no se puede modificar la droga ni el nombre comercial ya que es la droga innovadora, la cual ha aportado estudios científicos que informan su eficacia y seguridad.la tolerancia suele ser un factor crítico." y finalmente que ". todo cambio que se haga sobre mi prescripción médica específica será responsabilidad exclusiva de quien lo autorice, así como las repercusiones que tenga este cambio sobre la salud del paciente".
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: SENN, NORMA NOEMI c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-02-19

Encontrándose la presente cuestión vinculada con el control judicial del ejercicio de potestades disciplinarias conferidas al funcionario que según la ley 13014, agota la vía recursiva en sede administrativa del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal; y, conforme lo dispuesto por el artículo 93, inciso 2 de la Constitución Provincial y el artículo 47 de dicha, corresponde a esta Corte intervenir en la revisión judicial de lo decidido, todo ello en el marco de la acción contenciosa que prescribe la citada norma. (Del voto de la Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Provincial, artículo 93, inciso 2; Ley 13014, artículo 47
Recurso de revisión (procesal), hechos nuevos
Materia: PENAL
Carátula: Vecchi, Amado Alejandro s/ recurso de revisión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-03

La causal de revisión prevista en el art. 479 inc. 4, del C.P.N.N. requiere como presupuesto que, la sobreviniencia o el descubrimiento de nuevos hechos o elementos de prueba por cuya virtud, o por su conjunción con los existentes en el proceso, se demuestre en grado de evidencia que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que resulta encuadrable en una norma penal más favorable. En autos la titulada nueva prueba, presentada por el condenado, no es tal, pues de su mismo tenor se desprende que se trata de una conciliación posterior al hecho, relacionada con la devolución, en menos, del monto defraudado, a la cual arribara con los damnificados, que se glosó en fotocopia certificada a otro expediente. (Dres. Catucci, González Palazzo y Rodríguez Basavilbaso).
Caducidad de instancia, purga de la caducidad, notificación, oportunidad procesal, traslado de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA SARMIENTO ASOCIACION MUTUAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-08-30

Recién con la notificación del emplazamiento el accionado toma conocimiento de la existencia de la demanda y de la parálisis en que estuvo inmerso el procedimiento, y por consiguiente esa es la primera oportunidad que se le presenta para expresar su voluntad en orden a la caducidad de la instancia abierta en su contra. De allí que en la situación especial que nos ocupa no se justifica aplicar el régimen de purga de la instancia establecido por nuestra ley y en cambio resulte aplicable una pauta jurídica similar a la establecida en el C. de P.C. de la Nación, esto es que el demandado puede oponer la perención de la instancia por vía de excepción frente al acto de impulso procesal cumplido después de vencido el plazo establecido por la ley.
Acción de amparo, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUFFA DE AREAL ELENA c/ I.O.S.E.P. s/ AMPARO POR MORA-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-08-15

La acción de amparo por mora de la administración por ante los órganos jurisdiccionales no debe realizar ninguna investigación o consideración intelectiva, sino simplemente comprobar el dato fundante de esta acción, que no es otro que el de constatar la inexistencia de resolución, la falta de pronunciamiento por parte de la administración. Su finalidad es la de proteger los legítimos derechos e intereses de los particulares cuyo ejercicio se ve obstaculizado por la demora excesiva en que incurre un funcionario, repartición o ente público administrativo.
Ley arancelaria, interpretación de la ley, honorarios, juicio de apremio, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BREST, FABIAN c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Incidente De apremio por honorarios-Pedido de nulidad(Expte.: C.S.J. Nº. 60 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-23

La ley de aranceles profesionales provincial -Nro. 6767- sólo contempla la notificación del justiprecio de los honorarios al domicilio real del deudor para el caso de que el profesional pretendiere cobrar costas al propio cliente. Por ende, al no ser la situación del caso en estudio, se configura uno de los supuestos exigidos por el artículo 507 del Código Procesal Civil y Comercial provincial para la procedencia de la vía del apremio, y al no haber deducido la accionada otra excepción legítima dentro del término legal, corresponde hacer lugar a la ejecución.
Insuficiencia del agravio, efectos con relación a terceros, responsabilidad de la sociedad, falta de prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: VARGAS LERENA, ALVARO ANDRES C/ CADENA PAIS PRODUCCIONES PUBLICITARIAS SA Y OTRO S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-23

La desestimación de la personalidad societaria debe ser utilizada cuidadosamente, pues su aplicación irrestricta llevaría a consagrar la excepción como regla: circunstancia que no fue la que inspiró el nacimiento de tal remedio jurídico (CNCom, Sala B, "Corralón Patagónico de los Andes SA c/ Oscar A. Construcciones SA y otros s/ medidas precautorias" del 05/06/02; Sala E, "London Supply" del 05/03/08). Claro que ello no puede conducir a la introducción de restricciones irrazonables, que conviertan al dispositivo de la LGS 54, párrafo tercero en letra muerta, y que, además, carecen de expresa previsión legal. No admito, por vía de principio, la ponderación restrictiva de la solución legal. Sin perjuicio de ello, -en el caso- no está probado que el codemandado enderezó la actuación de la entidad controlada con el objetivo de alcanzar fines extrasocietarios, ni mucho menos de frustrar los derechos del actor, o que esa actuación hubiese importado, en fin, un obrar abusivo. Consecuentemente, y en un todo de acuerdo con la postura asumida por la Representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, habré de propiciar la desestimación de los agravios formulados por el actor.
Uniones convivenciales, concubinato, prueba, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: R. , A. H.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-09-14

La constatación de una convivencia comprometida, continua, prolongada, con neta vocación de permanencia luego del transcurso de plazos que bien pueden preestablecerse, posibilita presumir la existencia de ese compromiso vital, y la sociedad, al verificarlo, puede legitimarla como si fuera proveniente de un matrimonio, o al menos, otorgarle ciertos efectos propios de éste, en una medida variable, objetivando así la voluntad de los convivientes, mediante una decisión presuncional.