Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-11


Salta, 11 de febrero de 2016.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "TORINO, Eduardo vs. ROJAS, Pilar - REIVINDICACION"; Expte. Nº 20518/10 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 1º Nominación del Distrito Judicial Norte- Tartagal; Expte. Nº 524497/15 de Sala, y C O N S I D E R A N D O El doctor José Gerardo Ruiz dijo:

I) La sentencia de fs. 262/269 y vta., hizo lugar, con costas, a la acción de reivindicación promovida por el señor Eduardo Torino y condenó al señor Pilar Rojas a restituirle al actor la porción que ocupa del inmueble catastro rural Nº 17.163, de mayor extensión, ubicado en el Departamento San Martín, Provincia de Salta, desestimando la excepción de falta de legitimación activa y la reconvención por usucapión articulada por el demandado. Disconforme la accionada, interpuso recurso de apelación a fs. 270, el que concedido a fs. 282, fue sostenido por memorial de fs. 283/289.

Manifiesta la recurrente que la juez de grado ha valorado e interpretado de manera errónea la prueba rendida en autos. Se refiere a los requisitos de la posesión, corpus y animus y el tiempo trascurrido, y dice que yerra el a quo al interpretar que no existió prueba sobre los mismos.

Analiza en particular, el acta de inspección ocular de fs. 205 y las declaraciones producidas que, entiende, demuestran que su parte viene poseyendo con ánimo de dueño el inmueble desde hace 32 años. Cuestiona también el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa planteada.

Se queja de la valoración que hace la resolución respecto del pago de los impuestos inmobiliarios y de la presentación del Plano de Mensura. Arguye que si el juzgado entendía que su presentación era excluyente, debió intimarlo como hizo en todos los expedientes anteriores que se tramitaron ante el mismo y no aplicar un criterio restrictivo en la sentencia.

Añade que en el caso su presentación no era algo excluyente porque la posesión denunciada coincide con la extensión del catastro que surge de la cedula parcelaria, estando claramente delimitada.

Sostiene que se equivoca la sentenciante al afirmar la condición de tenedor de su parte respecto del inmueble objeto de la litis - catastro nº 17.163- en base al contrato de arrendamiento celebrado entre Tuar S.A. y el señor Rojas obrante en el Expte. Nº 8945/97 caratulado "Tuar S.A. s/Calificación y homologación de contrato accidental de pastoreo", ya que el citado contrato hace referencia a otro inmueble - catastro nº 14.964- ajeno a la demanda promovida, por lo que entiende que ese instrumento nada prueba con respecto al inmueble en cuestión sino a otro distinto y, por ello no puede servir de base para la sentencia dictada. Agrega que su parte en todo momento y en todo el proceso, sostuvo ser y actuó como dueño del predio.

Cita jurisprudencia, que considera aplicable al caso, y concluye solicitando se haga lugar al recurso y se revoque la sentencia haciendo lugar a la reconvención deducida. Pide costas.

Corrido traslado de ley, a fs. 291/295 contesta la parte actora, solicitando se declare desierto el recurso de apelación por insuficiencia técnica del memorial y en subsidio lo contesta, solicitando el rechazo del mismo, por los motivos allí expuestos a los que cabe remitirse por razones de brevedad. Pide costas.

A fs. 304/307 dictamina el señor Fiscal de Cámara, quien se expide por el rechazo del recurso; quedando los autos en estado de dictar sentencia por providencia firme de fs. 312.

II) En primer lugar, atento el planteo realizado por el apelado, cabe decir que al efectuarse el mérito de la consideración de la suficiencia o no de la expresión de agravios, debe seguirse un criterio amplio sobre su admisibilidad, ya que es éste el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional, a fin de no limitar la más amplia y completa controversia de los derechos de los litigantes, ya que un mero defecto técnico podría conducir a injustas soluciones en perjuicio de los litigantes quienes recurren en procura de justicia, buscando ser oídos y que se les brinde la posibilidad de ejercer así su legítimo derecho de defensa en juicio (CSJN, Fallos, 306:474 y CJSalta, Tomo 44:1109).

Así se decidió que si el apelante individualiza, aún en mínima medida, como en el caso de los agravios sostenidos por el demandado (fs. 283/289), los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, no procede declarar la deserción del recurso, por cuanto la gravedad de los efectos con que la ley sanciona la insuficiencia de la expresión de agravios, torna aconsejable aplicarla con criterio favorable al recurrente (CNPaz, Sala V en LL, 17-854, 23.426-S; CNFedCC en Rep. LL XXX, pág. 151, nº 212; CApelCCSalta, sala IV, t. XXX, fº 637). En tal inteligencia, cabe examinar el recurso interpuesto por el demandado.

III) Corresponde destacar que en los presentes autos el actor Sr. Torino demanda la reivindicación de una fracción -conforme croquis y plano de mensura nº 1126 (cuyas copias rolan a fs. 3 y 34) y croquis agregado en el Expte. Nº 20061/10 -Diligencias Preparatorias- de aproximadamente 5.000 has, ubicadas dentro del inmueble rural, de mayor extensión, identificado con catastro rural Nº 17.163, del Departamento San Martín, Provincia de Salta.

El demandado señor Pilar Rojas al contestar la demanda reconviene por posesión veinteñal, manifestando que goza de calidad de propietario porque posee con "animus domini" y de buena fe la fracción con una superficie total de 19.954 has.(cfr. fs. 51), que ocupa por más de 37 años, con pacífica y continúa posesión sobre la misma,.

Que la reivindicación es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares (art. 2756 del Código Civil, actual art. 2247 del Código Civil y Comercial de la Nación).

Esta acción le asiste al titular del dominio que ha perdido la posesión o que tiene el derecho de poseer de reclamarla de quien efectivamente la posee y que no puede oponer un título mejor que el del actor (cfr. Salas, A. - Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J., "Código Civil Anotado", ed. Depalma, Bs. As., año 2000, t. IV -B, p. 97, n° 1 bis).

Por otra parte, frente a la acción de reivindicación del titular de dominio de un inmueble, el demandado puede reconvenir por usucapión, como acontece en autos, a fin de obtener la formación de un título en sentido instrumental y su correspondiente inscripción registral del dominio así adquirido, con validez "erga omnes" (cfr. art. 2505 del Código Civil; 24 y 25 de la ley 14159).

Es que siendo el dominio exclusivo (art. 2508 del CC., actual art. 1943 del Código Civil y Comercial de la Nación) no podrían subsistir el dominio del reivindicante y del reivindicado sobre el mismo inmueble.

Por eso, para declarar que el accionado ha adquirido el dominio por prescripción, la ley impone la exigencia de aportar prueba compuesta.

En esa inteligencia debe constatarse, en cuanto al actor, si logró demostrar el carácter de propietario del inmueble objeto del litigio que invoca y en lo que respecta al demandado, si puede oponerle un título mejor como sería el haber adquirido el dominio por prescripción.

IV) Que por un orden lógico corresponde en primer lugar referirse al agravio relativo al rechazo de la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el señor Rojas.

Que el demandante es el propietario del terreno a restituir, surge de la escritura pública Nº 29 de fecha 12 de octubre de 2006 obrante a fs. 8/9 y vta., (cuya copia autenticada se encuentra reservada en secretaria y que se tiene a la vista), pasada por ante la escribana Claudia Noemí Lo; donde consta que el accionante compra, para y con dinero de la sociedad ANZERE S.A., la que oportunamente aceptará, el inmueble rural cuya nomenclatura catastral es matricula nº 17.163 del Dpto. San Martín, Provincia de Salta; aceptación esta que no se ha producido conforme constancias de autos. Asimismo se desprende de la cédula parcelaria obrante a fs. 157/158, que el accionante es el último titular registral.

El art. 289 del Código Civil y Comercial de la Nación (anterior art. 979 inc. 1° del C.C.) establece que las escrituras públicas hechas por escribano público son instrumentos públicos, y el art. 293 (art. 980, 2do. párrafo del C.C. derogado), consigna que los instrumentos públicos gozan de entera fe. Asimismo, el art. 296 (art. 993 del C.C.) señala que tales instrumentos hacen plena fe hasta que sean declarados falsos en juicio civil o criminal y en cuanto a su contenido hasta que se produzca prueba en contrario.

En el caso de autos, el demandado no logró derribar esa presunción de legitimidad, y si bien desconoció la documentación acompañada por el actor (fs. 50vta.), rola a fs. 165 informe emitido por la escribana intervinente con copia auténtica de la escritura pública nº 29 (fs. 163/164 y vta.).

De allí que, como bien lo entendió la juez de grado, el demandante se encuentra legitimado para ejercer la acción de reivindicación, por lo que la queja del recurrente referida al rechazo de la defensa opuesta no puede prosperar.

Asimismo, el título del reivindicante se remonta en sus antecedentes de dominio, tal como lo acredita con los instrumentos acompañados y autenticados a fs.163/164 y vta., 167/171, 174/177, 178/179 y vta., y 182/190, como bien lo señala y detalla la juez de la instancia anterior.

Tiene dicho esta Sala, que si el reivindicante presenta títulos de propiedad anteriores a la posesión, se presume que el autor del título era el poseedor y propietario de la heredad que se reivindica, por lo que para destruir la presunción del art. 2790 del Código Civil, (similar al art. 2256 del Código Civil y Comercial de la Nación) debe producirse prueba eficiente.

Cuando habla de títulos, la norma se refiere tanto al otorgado por el autor inmediato, como por antecesores mediatos, en el sentido de pluralidad que se patentiza en el art. 2790 del Código Civil (CApelCCSalta, sala IV, t. XXIX, f° 524 y f° 552).

Las presunciones del anterior art. 2790, si bien benefician indirectamente y de manera decisiva la situación jurídica del actor, conducen a presumir que el antecesor inmediato o mediato ha sido poseedor y propietario del inmueble, y de allí, al vender el mismo, ha operado una cesión implícita de la acción reivindicatoria, que hace innecesaria, inclusive la prueba de la tradición (cf. Jorge Horacio Alterini, Acciones Reales, pág. 100 y siguientes; CApelCCSalta, sala IV, t. XXIX, f° 683).

En este punto cabe recordar que de acuerdo a la opinión predominante, el comprador que no recibió la tradición tiene la acción reivindicatoria contra los terceros. Los fundamentos de esta doctrina parecen incontrovertibles.

Hay que observar, en primer término, que acción real y derecho real no son conceptos equivalentes y, por ello, es perfectamente posible el ejercicio de una acción real sin la titularidad actual de un derecho real, dado que la transmisión de las acciones reales es independiente de los derechos reales que le sirven de base.

Ello se debe a que se admite unánimemente la posibilidad de ceder la acción reivindicatoria. Y si esto es así debe entenderse que el vendedor no se reserva ningún derecho sobre la cosa y que se desprende y transmite al comprador todas las acciones que tenía respecto de ella.

Resulta evidente que quien enajena una cosa que no entrega al adquirente, simultánea y necesariamente le transmite también el poder jurídico de reclamarla contra cualquiera (Cam. Civil, Cap. en pleno, 11/11/1958, LL, t. 92, p. 462, voto del Dr. Fliess).

Esto explica que tanto en la jurisprudencia como en la doctrina domine hoy la opinión de que el adquirente tiene la acción reivindicatoria contra terceros (CSJN, Fallos, t. 36, p. 372; íd fallos, t. 38, p. 223; íd., fallos, t. 123, p. 258, ver doctrina y jurisprudencia citada en Borda, G. A., "Tratado de Derecho Civil- Derechos Reales II, Ed. Perrot, tercera edición actualizada, pág. 474; CApelCCSalta, sala IV, t. XXXIV, fº 769/771). De allí que los agravios en este punto devienen inaudibles.

V) De la lectura de la sentencia objetada se desprende que la magistrada entendió que el reconviniente no alcanzó a probar un mejor derecho que el que le asiste al actor sobre el inmueble en litigio.

Así se ha dicho que la prueba de la prescripción adquisitiva debe ser contundente, concluyente, exacta, precisa y clara, así como las pautas para su apreciación deben ser estrictas en referencia sobre todo al "animus domini" y a la antigüedad en la posesión (cfr. Palacio, Lino E. "Derecho Procesal Civil, Ed. Abeledo Perrot, año 1990, t. VI, p. 320/326 y jurisprudencia que allí cita).

Se entiende por "animus domini" la intención de someter la cosa al ejercicio de un derecho de propiedad, en el sentido del art. 2351 del Código Civil, o "comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no" conforme artículo 1909 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Es no reconocer en otro el derecho de propiedad, es decir comportarse con la cosa sin reconocer en otra persona un derecho superior. Señala Alterini que este "animus domini" apunta a una intención exteriorizada (Zannoni, "Código Civil comentado", ed. Astrea, 2005, p. 194).

La jurisprudencia y doctrina ha sido conteste en sostener que el ánimo de dueño, elemento intencional, subjetivo es, sencillamente, imposible de probar por su propia naturaleza, por estar en la conciencia del poseedor, y no tiene otra forma de exteriorizarse sino a través de actos materiales que son, precisamente, aquellos actos que enuncia el art. 1928 del Código Civil y Comercial de la Nación, anterior art. 2384 del CC. y otros que allí no se enuncian, pero que son demostrativos de la existencia de una intención de ejercer un derecho de propiedad, y por lo tanto de la posesión" (CNac.Civ.Com. La Plata, Sala I, 22/7/58, JA, 1959 - I -72; íd., Sala II, 30/12/74, JA, 1974 - IV - 740, cit. por Leviatán, "Prescripción Adquisitiva de Dominio", ed. Astrea, Bs. As. 1990, p. 55).

VI) Ahora bien en autos, analizada la prueba de conformidad a la regla de la sana crítica (art. 386 del CPCC), le asiste razón al recurrente al sostener que no puede afirmarse la condición de tenedor de su parte respecto del inmueble objeto de la litis - catastro nº 17.163- en base al contrato de arrendamiento celebrado entre Tuar S.A. y el señor Rojas obrante en el expte. Nº 8945/97 caratulado "Tuar S.A. s/Calificación y homologación de contrato accidental de pastoreo", por cuanto, como se desprende de dichas actuaciones que se tienen a la vista, efectivamente el citado contrato hace referencia a un inmueble distinto, éste es el identificado con Catastro nº 14.964, que se encuentra homologado por sentencia de fecha 20 de octubre de 1997 (fs. 10/12 del citado expediente), por lo que la condición de arrendatario del demandado podrá alegarse respecto de ese inmueble -Catastro nº 14.964-, y no del que se pretende reinvidicar, Catastro nº 17.163 .

Sin embargo, adquiere especial relevancia la inspección ocular realizada en el inmueble- Catastro nº 17.163- conforme acta obrante a fs. 205 y vta. de la que surge -por manifestación de las partes-, que el corral redondo cerrado - referenciado en el plano nº 1126 de fs. 34 con letra C - fue realizado por el anterior propietario, el Sr. Mecle. Y si bien aclara el Sr. Rojas, que él se lo habría comprado, no lo acredita con los comprobantes de dicha operación. Respecto del galpón, ubicado a 600 mts., del puesto (identificado con la letra D plano nº 1126 de fs. 34) reconoce que fue construido por el Sr. Mecle, aunque manifiesta que él lo terminó de construir.

También da cuenta la inspección de la existencia de un desmonte cercado rebrotado, manifestando el actor que habría sido desmontado por el Sr. Mecle sembrando maní, agregando el Sr. Rojas que "luego él sembró maíz".

Surge de ello -como lo señaló la sentencia recurrida y no fue refutado por el apelante-, el reconocimiento, por parte del Sr. Rojas, de la posesión ejercida por el antiguo propietario, -Agropecuaria Tartagal Sociedad Anónima, Agropecuaria, Comercial Industrial e Inmobiliaria- representada por Sr. Roberto Mecle.

Resulta entonces aplicable el art. 2.353 -similar a los actuales artículos 1915 y 1929 del Código Civil y Comercial- que establece que: "Nadie puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo la causa de su posesión. El que comenzó a poseer por sí y como propietario de la cosa, continúa poseyendo como tal mientras no se pruebe que ha comenzado a poseer por otro.

El que ha comenzado a poseer por otro, se presume que continúa poseyendo por el mismo título, mientras no se pruebe lo contrario". Y el art. 2.458 disponía: "Se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor, manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa, y cuando sus actos producen ese efecto".

El citado art. 2.353 del Cód. Civil alude a la inmutabilidad de la causa de la posesión. Y el art. 2.458 - similar actual art. 1915- se refiere a la interversión del título.

De conformidad a ambos se ha señalado que el poseedor o tenedor no puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo, la causa de su posesión o tenencia: su voluntad se halla subordinada a la voluntad abstracta que le impone su título, salvo el caso de interversión (Salas y Trigo Represas: "Código Civil Anotado", Bs. As., Depalma, tomo II, 1984, pág. 597).

Y para que la posesión se pierda por la interversión del título de quien la tiene en su poder, es preciso que éste manifieste, por actos exteriores, la intención de privar al poseedor de la facultad de disponer de la cosa y que los actos conducentes a ello produzcan tal efecto (CNCiv., Sala F, L.L. 100-715; STSanta Fe, Sala II, Civ.Com., Juris 12-226 y Digesto Jurídico L.L. tomo IV, pág. 1162, n° 96); no basta justificar la mutación de la voluntad o el transcurso del tiempo, sino que debe mediar un acto de entidad suficiente para modificar el título (Llambías: "Código Civil Anotado", Bs. As., Abeledo-Perrot, tomo IV-A, 1981, pág. 81, comentario al art. 2353).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que no es suficiente el cambio interno de la voluntad para la interversión del título, ni siquiera su exteriorización por simples actos unilaterales; se debe, en cambio, admitir que el cambio se produce mediando conformidad del propietario, o actos exteriores suficientes de contradicción de su derecho: lo primero, porque excluye la unilateralidad de la mutación, y lo segundo, con arreglo al principio del art. 2.458 del Código Civil (CSJN, 11-6- 62, E.F. 7-221, específicamente pág. 225).

Es que no indica el reconviniente cuál ha sido la circunstancia determinante de la supuesta interversión. Tampoco ha aportado elementos que permitan inferir que a partir de un momento preciso hayan comenzado a poseer con exclusión de los propietarios.

No cabe deducir tal extremo de las testimoniales producidas, desde que los señores Eleuterio Celina Moreno, Adolfo González, Jesús Ernesto Ledesma y su hijo Eugenio Ledesma -todos vecinos del lugar- (ver declaraciones de fs. 139/140, 141 y vta, 142/143 y 144 y vta., respectivamente) coincidentemente relatan que el señor Rojas ocupa el predio desde hace largo tiempo, donde cría hacienda y tiene alambrado, corrales, represas.

Estas circunstancias, corroboradas por el informe de inspección ocular (fs. 205 y vta), prueban el hecho de que ocupó el lugar durante varios años, que realizó gastos y algunas construcciones para el mantenimiento del predio; pero, conforme lo arriba expresado, no acreditan en modo alguno el cambio del título de la ocupación y tampoco demostró el cumplimiento del tiempo exigido por la ley.

La doctrina y la jurisprudencia han sido coincidentes en señalar que las declaraciones testimoniales deben ser precisas y fehacientes, no resultando computables por ser insuficientes, aquellas que no concretan con razonable exactitud o total precisión la realización de actos posesorios por parte del usucapiente a lo largo de los años (cfr. Bueres - Highton, "Código Civil comentado", ed. Hammurabi, Bs. As. 2005, T. 6B, p. 758).

Repárese que la interversión de título, es una prueba que, de acuerdo a los principios generales que rigen el onus probandi, se encuentra en todos los casos, a cargo de la parte que la invoca (CApelCCSalta, Sala IV, t. XXXI, fº 509).

Ninguna de las pruebas rendidas en autos demuestra la realización de actos exteriores por parte del reconviniente que autoricen a considerar objetivamente que no representaba la posesión de un tercero, sino que asumió la condición de poseedor, por sí y para sí, e impidió realmente a los propietarios el ejercicio de sus facultades.

En tales condiciones, la ocupación del inmueble que haya realizado el demandado no resulta útil a los efectos de pretender la usucapión a su favor; ni puede sostener que el hecho de la posesión prueba el "animus domini".

Se reitera, para que opere la interversión prevista por el art. 2.353 del Código Civil, no basta un acto de propia y exclusiva voluntad del poseedor, sino que es menester que ésta se exteriorice por actos que no dejen lugar a la más mínima duda y que claramente revelen al público la decisión de alcanzar tal propósito (CNCiv., Sala B, E.D. 4-903).

VII) Por último, respecto de lo manifestado por el recurrente en relación con el Plano de Mensura, no deja de ser meras discordancias con lo resuelto, por lo que la queja sobre este capítulo del fallo deviene inadmisible, más teniendo en consideración que la extensión que se pretende usucapir -19.954 has, no guarda relación con la ocupación constatada conforme acta de inspección ocular (fs. 205 y vta.) y la referida en las declaraciones testimoniales de fs. 139/144 y vta.

Asimismo tal como lo ha resuelto esta Sala en reiteradas oportunidades (cfr. t. XVIII, fº 138; t. XXXII, fº 568, entre otros), "la presentación del plano de mensura es un requisito de cumplimiento inexcusable, cuyas constancias no pueden ser reemplazadas por las que obren en el título del propietario ni otros documentos o registraciones".

Esta opinión, por otro lado, refleja un criterio reiterado en la doctrina y la jurisprudencia (El Proceso de Usucapión, ed. Rubinzal-Culzoni, 1984, p. 136).

En tal sentido se dijo que el requisito impuesto por el art. 24 de la ley 14.159 busca determinar con exactitud la cosa objeto del juicio de usucapión, pues sin el plano de mensura que se exige acompañar con la demanda el juez no sabría a ciencia cierta cual es el inmueble cuyo dominio pretende adquirirse por prescripción (CNCiv., sala H, La Ley, 1999-D, p. 419).

En la nota crítica al fallo se señala que no puede aflorar la más mínima duda acerca del carácter de orden público de las normas de la ley 14.159 en cuanto se refieren al proceso de usucapión. Cuando una ley manda a hacer algo de determinada manera, debe cumplírsela estrictamente, máxime cuando es de orden público.

Es que si para resolver un caso dado halla el magistrado una ley cuyo texto es claro y expreso, debe aplicarlo estrictamente, sin que le sea permitido juzgar de la bondad o de la justicia de aquella. Las razones teleológicas atinentes a la singularidad del caso no autorizan a decidirlo prescindiendo del derecho que lo rige, pues es obligatoria su aplicación por los jueces.

En tal sentido se ha resuelto que "constituye una elemental regla de hermenéutica que cuando el texto de la ley es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido (SCBuenos Aires, causa N° 54.035 del 24/3/98, sumario JUBA n° B-12.694). La ley exige que se acompañe con la demanda un "plano de mensura, suscripto por profesional autorizado y aprobado por la oficina técnica respectiva..." Si es tan minuciosa en establecer con qué instrumento debe determinarse la ubicación precisa del inmueble objeto del proceso, es porque excluye cualquier otro.

Por lo tanto, poco importa como se ha "aclarado" en el caso juzgado la ubicación del inmueble, si no se lo hizo a través del instrumento expresa y claramente exigido por la ley (cfr. Leopoldo L. Peralta Mariscal, "Proceso de usucapión: ineludibilidad de los recaudos exigidos por la ley 14.159"; CApelCCSalta, sala IV, t. XXXIII, fº 626).

El incumplimiento de este requisito formal que se analiza, es causa suficiente para el rechazo de la reconvención, más aun considerando que el inmueble se encuentra en zona de seguridad de frontera (cfr. 236/239), lo que amerita exigir el cumplimiento de este requisito con mayor estrictez.

VIII) Que en consecuencia, compartiendo lo dictaminado por el señor Fiscal de Cámara y no habiendo el impugnante logrado conmover los fundamentos de la sentencia en crisis -los que resultan sólidos y acordes a las constancias de autos-, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido y en su mérito, confirmar la sentencia de fs. 262/269 y vta., con costas a la vencida por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 67 del CPPC.).

La doctora Graciela Carlsen adhiere al voto que antecede.

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL.

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 270. Con costas. (art. 67 del CPCC.).

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.