Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-23


VARISCO, Ricardo Rubén contra MUNICIPALIDAD DE FUNES Reg.: A y S t 215 p 241-246.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la Presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "VARISCO, Ricardo Rubén contra MUNICIPALIDAD DE FUNES sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 574, año 1993), de conformidad con el acuerdo preparatorio celebrado el día dieciseis del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: I.1. Ricardo Rubén Varisco interpone recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Municipalidad de Funes, tendente a que sea "dejada sin efecto" la Resolución nro. 094/93 mediante la cual se dispuso su "cesantía", y, en consecuencia, se ordene su inmediata reincorporación, como así también el pago de los salarios dejados de percibir, con más el resarcimiento por el daño moral irrogado por la medida recurrida.

Impugna también la Resolución nro. 102/93, por la que el Intendente Municipal desestimó el recurso de reconsideración interpuesto contra la anterior.

Expresa que ingresó a las órdenes del ente territorial el 1.1.1989, en carácter de "Supervisor General de la Sección Maestranza", según nombramiento efectuado por Resolución nro. 55 del 30.12.1988, que dispuso además su adscripción a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Destaca que ni a su ingreso, ni posteriormente, se le hizo firmar contrato de empleo alguno, ni le fue notificado que su contratación invistiera carácter eventual o transitorio, ni mucho menos que fuera personal de gabinete; que cumplió tareas como supervisor del personal de maestranza, el cual se encontraba destinado a la vía pública y al taller obrador municipal; y que jamás fue objeto de sanción disciplinaria alguna, ni registra tardanzas o ausencias injustificadas.

Sostiene que su jornada de trabajo transcurría de lunes a viernes de 7 a 13 hs., y que en ocasiones dicho horario se extendía por ausencia de algún capataz, cumpliendo turnos rotativos -de 8 hs. diarias durante 3 días a la semana, seguidos de 4 días de descanso, luego 4 días en la semana de trabajo seguidos por 3 días de descanso-.

Señala que su remuneración consistía únicamente en el sueldo básico de la categoría 19, y que la recurrida omitía sistemáticamente el pago de los rubros "presentismo" y "antigüedad".

Relata que, sorpresivamente, recibió el 1.7.1993 un telegrama por el que se le notificaba el "cese del servicio", contra el que interpuso recurso de reconsideración, rechazado por Resolución nro. 102/93.

Postula que, atento a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 9286, debe aplicársele el régimen del personal "permanente", ya que en la Resolución nro. 55/88 (de nombramiento) no se señaló la transitoriedad de su contratación, ni que invistiera carácter de personal no permanente (en particular, de "personal de gabinete").

Añade que ni en los duplicados de los recibos de sueldo constaba el carácter supuestamente transitorio de la relación, ni la recurrida lo invocó al notificarle su cese en el empleo. No obstante, por Resolución nro. 94/93 se resolvió dejar sin efecto su designación "como personal de Gabinete".

Argumenta que el hecho de que se lo haya "adscripto" a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos no significa en modo alguno que haya sido designado como personal "no permanente"; y que el régimen jurídico de la función pública a nivel nacional excluye al personal de gabinete de la figura de la adscripción o el traslado, lo que a su juicio es demostrativo de la incompatibilidad entre ambas situaciones.

Con cita de doctrina, señala que el personal de gabinete se caracteriza por no realizar tareas propias del permanente, lo cual implica "su exclusión de las tareas de ejecución, limitándose por tanto a las de asesoramiento".

En el caso, sus tareas no fueron en absoluto de asesoramiento directo o de colaboración con el gabinente municipal o con el Intendente, sino de supervisión de personal a su cargo; debía, además, cumplir un horario de trabajo, registrar su ingreso y egreso al empleo y estaba sujeto a la supervisión y poder disciplinario de sus superiores, circunstancias que -dice- no concurren en el típico personal de gabinete.

Alega que la Resolución nro. 094/93 adolece de vicio en la causa -ya que se basa en antecedentes de hecho falsos, puesto que se invoca un nombramiento como personal de gabinete que nunca existió, y en antecedentes de derecho inaplicables-, en la motivación, y vulnera las formalidades esenciales de procedimiento impuestas por la ley -sumario previo a la cesantía de un agente de planta permanente-.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso (f. 44), comparece la Municipalidad de Funes (f. 58) y contesta la demanda (fs. 61/62).

Niega que el actor hubiese ingresado el 1.1.1989 a trabajar en la entonces Comuna en el carácter de Supervisor General de la Sección Maestranza como personal de planta permanente, y que se lo hubiera adscripto a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Postula que la transitoriedad de la función del actor fue notificada al mismo en forma verbal, por lo que "nunca desconoció que su empleo era por un tiempo determinado".

Destaca que en el segundo párrafo de la Resolución nro. 94/93, se señala "que su labor permitió reorganizar los planteles y proyectar una nueva modalidad de trabajo", de lo que extrae que el recurrente fue nombrado para una función específica, y por un tiempo determinado, consistiendo su función en reorganizar planteles y proyectar una nueva modalidad de trabajo; cumplida su misión, concluyó -también- la relación que lo unía al ente territorial.

Sostiene que el nombramiento se formuló en los términos del artículo 6 de la ley 9286, como "personal de gabinete", el que desempeña funciones de colaboración o asesoramiento, es decir que no presta los servicios típicos de un empleado municipal, sino que su función consiste en asesorar al ente o en colaborar con él en tareas de otra índole.

Explica que esta "colaboración" a que alude la norma "no es la de hacer que las tareas de cada uno lleven a buen puerto la administración municipal": la clase de colaboración a que refiere la ley es la que brinda personal especializado, en tareas específicas.

Remarca que en el acto de nombramiento se expresa que se lo designa en mérito a que "posee la experiencia y conocimientos necesarios para efectuar dicha tarea en forma eficiente", concretamente, la reorganización de un área, y por tener los conocimientos necesarios para tal fin.

Señala que no se destinó al pago de los haberes del actor partida especial del presupuesto, lo que resultaba necesario para que el actor fuera considerado personal de planta permanente.

Expresa que el acto administrativo por el que se deja sin efecto la designación reúne todos los elementos necesarios para su validez: tiene suficiente motivación, ya que se funda en que el actor finalizó la labor que se le había encomendado, y que era personal transitorio por ser miembro del Gabinete municipal.

Añade que en el acto de designación, dentro del marco del Escalafón, se advierte que se omitieron requisitos necesarios para el ingreso a planta permanente: en efecto, vagamente se menciona que Varisco se desempeñará como Supervisor General, sin aclarar cuáles van a ser sus funciones precisas, y de quién dependerá jerárquicamente, "cuestiones esenciales a la hora de designar a un personal de planta".

Afirma que se desprende "prístinamente" del nombramiento que la designación era para integrar el gabinete de la otrora Comuna.

Solicita, en suma, el rechazo del recurso, y la imposición de costas al actor.

3. Abierta la causa a prueba (f. 63) y producida la que consta en autos, se agrega el informe de la parte demandada (fs. 119/120). Llamados los autos para resolver (f. 121) y consentida dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

II. Conforme surge del relato que antecede, no disienten las partes acerca del carácter administrativo de la relación jurídica que las unió.

La discrepancia fundamental reside en la calificación que pretenden otorgar a dicho vínculo: así, el actor entiende que integró los cuadros del personal permanente de la Administración y, por ende, le asiste la garantía de la estabilidad; mientras que el ente territorial sostiene que Varisco fue nombrado como personal de gabinete, resultando por ende legítimo el cese.

Considero que el examen del acto que dio inicio a la relación, apreciado en consonancia con otros elementos de ésta, asume fundamental importancia para esclarecer el punto debatido.

En fecha 30 de diciembre de 1988 el Presidente de la -por entonces- Comuna de Funes dictó la Resolución nro. 55/88 (v. f. 1, act. adm. adjuntas, y f. 2 de autos), por la que resolvió "designar a partir del 1 de enero de 1989, como Supervisor General de la Sección Maestranza, adscripto a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos al Sr. Ricardo Varisco" (artículo 1).

En los "vistos" del acto se hizo mérito de que "por decisión de la Honorable Comisión de Fomento, se dispuso designar a una persona para efectuar la tarea de Supervisor General de la Sección Maestranza" y que "el Sr. Ricardo Varisco posee la experiencia y conocimientos necesarios para efectuar dicha tarea en forma eficiente". Tal el acto por el cual se dio inicio al vínculo entre el actor y la demandada.

Y bien: del mismo surge inequívocamente la designación de Varisco para desempeñar una tarea prevista expresamente en el Escalafón ley 9286 (v. artículos 36 y 37, Anexo II), aplicable, conforme surge del artículo 1 del mismo Anexo, "al personal permanente comprendido en los alcances del Estatuto para el Personal de las Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe"; sin que conste, además, en modo alguno el carácter no permanente del vínculo así instaurado, lo que torna en el caso aplicable lo dispuesto en el artículo 3 del Estatuto (Anexo I), en cuanto que "todos los nombramientos del personal comprendido en el presente Estatuto invisten carácter permanente, salvo que expresamente se señale lo contrario en el acto de designación".

Específicamente, no surge del acto de nombramiento el carácter de "personal de gabinete", recién invocado en la Resolución nro. 94/93 y reiterado ante esta sede por la demandada, mas sin que se adviertan en el caso reunidos los extremos que caracterizan a dicha figura, que, conforme el artículo 6 del Estatuto, "comprende al personal que desempeña funciones de colaboradores o asesores directos del Departamento Ejecutivo y sus Secretarios y de las Comisiones de Fomento y de sus Miembros y del Presidente del Honorable Concejo Municipal o Concejales".

Por el contrario, conforme surge de la prueba rendida en autos, las tareas desempeñadas por Varisco a las órdenes del Municipio -en forma concordante con lo dispuesto en el acto de designación- consistieron en la organización, supervisión, dirección y control del personal de Maestranza.

En tal sentido, el testigo Rodríguez expresó: "él estaba afectado a la parte de Supervisión del Sector de Mantenimiento y Producción; él daba directamente las órdenes al personal superior, en este caso, el Capataz"; "siempre fue en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas, recorriendo permanentemente ya sea en la cuadra de la Maestranza, como así también en la calle para verificar si se ejecutaban las órdenes que él daba porque era personal de supervisión" (v. f. 109); el testigo Romero, por su parte, declaró que "él estaba como Supervisor General en la parte de ejecución de las tareas, conjuntamente con el Capataz de ese momento; él, juntamente con el Capataz, designaban las tareas que debía realizar el personal de maestranza, y luego supervisaban que esas tareas se llevaran a cabo" (v. f. 110); el testigo Ruiz, a su turno, señaló que "él estaba como Encargado, él venía y nos daba las órdenes a nosotros de lo que teníamos que hacer; a veces las órdenes se las daba al Capataz y éste nos las trasladaba a nosotros" (f. 111); el propio Varisco, al absolver posiciones (v. f. 108), expresó: "cuando a mí me buscaron, fue para ponerme en un puesto superior al de los Capataces porque éstos tenían mucha amistad con el personal, y aparentemente no lo podían manejar"; "a mí me buscaron para cumplir funciones de Supervisor en la parte Maestranza".

Como se observa, distan mucho estas tareas de las funciones de colaboración o asesoramiento directo del Departamento Ejecutivo, sus Secretarios o miembros del Concejo Municipal previstas por el artículo 6 antes citado.

Frente a tan concluyentes constancias, la demandada nada ha demostrado en orden a que deba considerarse de "gabinete" la vinculación que la unió al aquí actor.

En efecto: si bien aseveró que"la transitoriedad de la función de Varisco había sido notificada al mismo en forma verbal" (v. f. 61), ni demostró tal aserto, ni al postularlo tuvo en cuenta el carácter formal y documentado que reviste la relación de empleo público, conforme reiterados precedentes de esta Corte (v., por todos, A. y S. T. 55, págs. 361/369 -en especial pág. 366-; T. 93, págs. 1/8; T. 127, pág. 227).

No obra en autos, tampoco, constancia alguna del convenio que mencionó el testigo Rodríguez -a cargo de la Oficina de Personal- a foja 109; y en cuanto a la respuesta de este último a la segunda pregunta del pliego -en que declaró "los pagos que nosotros hacíamos eran a la orden del señor Varisco y como Personal de Gabinete"-, la compulsa de los recibos de liquidación de haberes acompañados con la demanda y reservados en Secretaría (correspondientes al período febrero 1992 /mayo 1993) revela que dichos instrumentos no contienen mención alguna en tal sentido. Por otra parte, si bien es cierto que, al responder a la quinta pregunta del pliego, el testigo Rodríguez expresó que Varisco "participaba de las reuniones de gabinete", también lo es que en la misma respuesta declaró que él mismo -con desempeño, se reitera, a cargo de la Oficina de Personal- asistía también a dichas reuniones (f. 109). Por lo demás, habiéndose requerido al Secretario de Gobierno y Cultura del Municipio que informe "si el actor participaba en las reuniones del Gabinete Comunal" (v. Oficio nro. 2052, f.

72), el mismo contestó a foja 194 que "no existen constancias de las reuniones del gabinete de esa época, atento al cambio de autoridades producido el 11.12.1995".

Tampoco ha alegado -ni, por ende, demostrado- el Municipio que el nombramiento de Varisco haya estado vinculado con la gestión de las autoridades bajo cuyo mandato se produjo, ni la índole política de las funciones desempeñadas, aspectos éstos propios del tipo de relación invocada para repeler las pretensiones deducidas en la presente causa.

Lo expuesto hasta aquí basta para considerar que Varisco debía considerarse agente de planta permanente del ente territorial demandado, con la consiguiente estabilidad en el empleo; por tanto, la Resolución Nro. 94/33 resulta ilegítima, correspondiendo disponer su anulación y la reincorporación del agente.

En cuanto a la pretensión de cobro de salarios caídos, por las razones expuestas in re "Ramírez" (A. y S. T. 122, pág. 466), a las que mutatis mutandi se remite en honor a la brevedad, debe condenarse a la accionada a abonar al actor los haberes caídos desde el momento de la baja y por el término de dos años, con más intereses según la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto 941/91 o la que, en su caso, se demuestre pueda corresponder, hasta el efectivo pago.

Respecto del resarcimiento del daño moral, el mismo debe rechazarse, por falta de toda alegación y prueba de los extremos constitutivos del pedido, específicamente, de que haya existido en el caso "una alteración disvaliosa del espíritu, producida por circunstancias de excepción que superen los efectos normales que un acto posteriormente reconocido ilegítimo produce" (criterio de "Goncebate", A. y S. T. 47, pág. 426, "Expósito", T. 61, pág. 196, "Pallavidini", T. 98, pág. 355, "Abramor", T. 115, pág. 334 y "Viñuelas", T. 193, pág. 70/343, entre otros).

Las costas deberán imponerse, conforme al éxito obtenido (artículo 84, ley 4106), en un 90% a la demandada y un 10% al actor. Con el alcance expuesto, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Vigo, Gastaldi y Netri coincidieron con lo expuesto por el señor Ministro doctor Spuler, y así votaron.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente -con los alcances que surgen de las consideraciones que anteceden- el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la Resolución nro. 94/93 y disponer la reincorporación del agente.

Condenar a la demandada a abonar al actor, en el plazo de treinta días de aprobada la liquidación que se practicará en un plazo no mayor de veinte días, los haberes caídos por el lapso de dos años, con más intereses según la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto 941/91 o la que, en su caso, se demuestre pueda corresponder, hasta el efectivo pago. Imponer las costas en un 90% a la demandada y un 10% al actor.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Vigo, Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la Resolución nro. 94/93 y disponer la reincorporación del agente. Condenar a la demandada a abonar al actor, en el plazo de treinta días de aprobada la liquidación que se practicará en un plazo no mayor de veinte días, los haberes caídos por el lapso de dos años, con más intereses según la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto 941/91 o la que, en su caso, se demuestre pueda corresponder, hasta el efectivo pago. Imponer las costas en un 90% a la demandada y un 10% al actor.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)