Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2006-11-23


2º Instancia. - General Pico, noviembre 23 de 2006.

Existiendo unanimidad (art. 257, C.Pr.) la CAMARA dijo:

I. El proceso: a) "Roberto Pablo Ramos S. A." inició juicio de indemnización de daños y perjuicios contra "Ford Credit Compañía Financiera S. A.", por la suma de $ 75.308,47, o la que en más o en menos resulte de la prueba, intereses y costas, en concepto de daño material, indemnización punitiva y daño moral (demanda de fs. 18/36).

Dijo que en marzo de 2000 adquirió a "Sauma Automotores S. A." una camioneta "Ford F 100 XL 0 km"; pagó en efectivo $ 16.656 y constituyó a favor de la demandada una prenda por el saldo, a cancelar en cuatro cuotas semestrales de $ 4.164 cada una, pagaderas los días 20/6/2000, 20/12/2000, 20/06/01 y 20/12/01.

Explicó los problemas que tuvo para pagar las cuotas, porque la acreedora le envió boletas de depósito de dos contratos prendarios (Nos. 00054166 y 00056412); cuando preguntó a la vendedora del vehículo por esta situación, le respondió que abonara las cuotas correspondientes al primer contrato.- Realizó los pagos semestrales comprometidos pero, cuando intentó realizar una importante operación comercial, se enteró de que figuraba como deudora en la base de datos del Banco Central. Remitió de inmediato una carta-documento a la demandada, para que hiciera las debidas correcciones, pero ellas no se produjeron.

La imposibilidad de acceder al crédito bancario le provocó un perjuicio importante, por lo que promovió una acción de amparo y luego la presente demanda indemnizatoria.

b) "Ford Credit Compañía Financiera S. A." se presentó a fs. 64/75, opuso excepción de incompetencia (desestimada a fs. 113/114 y 142/145), contestó la demanda y pidió su rechazo, con costas.

Admitió su vinculación con la actora, afirmó que ésta canceló las cuotas -a partir de la segunda- con atrasos, y que pagó la cuarta, que vencía en diciembre/01, recién en mayo/02, con seis meses de demora. Negó en definitiva su responsabilidad.

c) El período de prueba fue abierto a fs. 159/163 y clausurado a fs. 169.

Luego alegaron las partes (fs. 274/284 y 286/288, respectivamente), y se dictó la sentencia de fs. 290/305, que rechazó la demanda, con costas.

Apeló la vencida y expresó agravios a fs. 318/334. Fueron respondidos a fs. 338/339.

II. Antecedentes. Tramitó anteriormente, y fue resuelto en ambas instancias, el exp. 2705/03 (r. C. A.), "Roberto Pablo Ramos S. A. c/Ford Credit Cía. Financiera S. A. s/Acción de amparo".

En esos autos, el juez ordenó a la demandada -y ello quedó firme- que obtuviera la recalificación de la actora en los registros del BCRA, en situación "1", hasta julio/01, desde agosto/01 a diciembre/01, y a partir de junio/02, en estos últimos dos casos en cuanto la información se hubiera basado exclusivamente en la calificación proporcionada por ella (fallos de fs. 201/216 y 266/274).

El juez había rechazado el reclamo de rectificación por el período 21/12/01-17/06/02, pero la cámara dejó sin efecto esta decisión, porque respecto de ese lapso no se había formulado ninguna petición.

El pronunciamiento del tribunal fue citado ampliamente, tanto en la sentencia en apelación como en la expresión de agravios. III. El fallo de primera instancia. El a quo, luego de mencionar el antecedente referido, destacó que la cámara no se había pronunciado respecto de lo ocurrido con la cuarta cuota del préstamo prendario. En cuanto a ésta, señaló que la actora la pagó "cinco meses después de la fecha de vencimiento", y que ello importó una conducta caprichosa. Relacionó esta situación con el pedido formulado por la demandante al Banco de la Nación Argentina el 8/7/02, y destacó que la "Organización Veraz S. A." tomó la información de la base de datos del BCRA, que "contenía el antecedente referido a la mora de `Roberto Pablo Ramos S. A.¿ respecto del pago de la cuota 4"; consideró que la permanencia de esa información en la base informativa no podía serle reprochada a la demandada, y rechazó las pretensiones en su contra.

IV. Los agravios: El recurrente transcribió también parte del fallo de esta cámara en el juicio de amparo, y criticó que el juez circunscribiera el análisis a lo acontecido con la cuota cuarta.- También sostuvo que su mora respecto de esta última cuota no justificaba que estuviera calificada en la situación "4" (alto riesgo de insolvencia o de difícil recuperación).- Destacó asimismo que la información contenida en el banco de datos se mantiene por un plazo de 24 meses, y que la que recogió la "Organización Veraz" era equivocada.

V. Análisis del caso: a) En la acción de amparo se dejó en claro que la información enviada por la demandada al BCRA respecto del cumplimiento por parte de la actora era incorrecta, porque las diferencias que pretendía en los pagos de las tres primeras cuotas del crédito prendario se debían a errores propios. Por tal motivo, se le ordenó que obtuviera la recalificación de la accionante hasta diciembre de 2001. Esta decisión está firme y no hay razones para volver sobre ella.

Nada se resolvió, sin embargo, sobre el pago de la cuota No. 4, ni sobre el atraso imputado a la actora, ni respecto de los informes que pudo enviar en consecuencia la acreedora.- b) El reclamo indemnizatorio de "Roberto Pablo Ramos S. A." se relacionó concreta y directamente con la frustración de su pedido de "nueva calificación por $ 120.000 (...) para usar dentro de las distintas líneas de crédito vigentes" en el Banco de la Nación Argentina, que fue denegado "debido a la mora (Situación 4) que la titular registra en otra entidad financiera (Ford Credit Cía. Financiera S. A.)...", según consta en la nota de fs. 206.

La actora relacionó causalmente la información errónea suministrada por la demandada con el daño que le produjo la denegatoria (fs. 31), pero el juez interpretó que la mora respecto de la cuota 4 justificó la información remitida al BCRA que provocó su inclusión en el listado de deudores.

La apelante no discute su condición de morosa en el pago de la cuota 4, pero pretende que ello no daba motivo para que se la colocara en la situación "4". Ésta es la cuestión a dirimir.

c) Según lo informado por el BCRA a fs. 69/72 del exp. 2705/03, se clasifican en situación o categoría "4" los deudores con "alto riesgo de insolvencia", y son varios los indicadores que pueden justificar esta calificación: situación financiera ilíquida, muy alto nivel de endeudamiento, resultados negativos en la explotación, venta de activos importantes, atrasos superiores a 180 días y hasta de un año, dirección incompetente y/o deshonesta, demanda judicial por parte de la entidad financiera para el cobro de su acreencia, solicitud de concurso preventivo, etc.

Está demostrado que la accionante fue ubicada en situación "4" en el banco de datos del BCRA en base a la información suministrada por la demandada (fs. 7, 39, 42 y 139, exp. 2705/03, y fs. 47, 48, 206 y 255 de estos autos), y que esa calificación fue tenida en cuenta por el Banco de la Nación Argentina para negarle la calificación crediticia que solicitó.

Pese a que la demanda se fundó en tal circunstancia, la accionada no explicó nunca en base a qué razones o indicadores calificó a la actora, en sus comunicaciones al BCRA, en situación "4". Cuando declaró a fs. 192, al requerírsele que dijera "frente a qué circunstancias" había comunicado que la demandante merecía esa calificación, contestó con vaguedades: que "ajusta su proceder a lo que prescriben las normas reglamentarias y los usos y costumbres vigentes en el comercio. Y emite ese tipo de información en caso de incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones a que es acreedor. En este caso se dieron circunstancias que llevaron a emitir la información por la omisión de parte de la actora de abonar el crédito en tiempo y forma" (5ta. respuesta). No negó, por lo tanto, lo que en autos quedó debidamente probado -que informó a la apelante en situación "4"-, pero perdió nuevamente la oportunidad de dar una verdadera explicación y de mencionar cuál o cuáles de los indicadores fijados por el BCRA sustentaron la calificación acordada. Su referencia a indefinidas circunstancias evidentemente no basta, y el simple atraso o mora en el pago de las cuotas no justificaba esa categorización, pues para ello se requería un atraso superior a los 180 días, que en el caso de la cuota 4 no existió: el pago debió hacerse el 21/12/01, fue realizado el 22/5/02 y se contabilizó el 31/5/02 (fs. 188v., exp. 2705/03). Si la actora permaneció 152 días en mora, como afirma la apelada a fs. 339v., ello es una buena prueba de que no lo estuvo por más de 180 días. No existió, entonces, la demora de seis meses que se invocó a fs. 66. En conclusión, la financiera no dio razones que justificaran la información remitida al BCRA colocando a la actora en situación "4".

d) La información que deben suministrar las entidades financieras al BCRA respecto de la situación de sus clientes, que sirven para confeccionar la base de datos que luego es difundida por organizaciones como la llamada "Veraz", es susceptible de causar a los deudores graves perjuicios, pues una mala calificación puede dificultar o impedir su acceso al crédito bancario. Esta circunstancia les da a dichas entidades un gran poder sobre sus clientes, pues de no someterse a sus pretensiones respecto de la cuantía de sus deudas corren el riesgo de ser informados negativamente, lo que les provoca un daño significativo, aún en el supuesto de que en definitiva las pretensiones o reclamos de las entidades financieras sean declaradas improcedentes por los jueces. La mera inclusión en los listados del BCRA ya representa un daño para los deudores, por más que la información sea incorrecta o injustificada. Si, como se señaló a fs. 304, "la información...se mantiene por un plazo de 24 meses contados desde la fecha actual hacia atrás...", la posibilidad de que una información errónea provoque daños durante un lapso prolongado es indiscutible.

Por eso mismo, porque los datos que las entidades financieras suministran al BCRA pueden causar a sus clientes graves daños, en caso de ser ellas incorrectas, es que deben proceder con suma prudencia. De otro modo, deben asumir su responsabilidad por los daños injustos que produzcan.

En este caso, está claro que la demandada no actuó de esa forma. Como se dijo en el juicio de amparo, "`Ford Credit Cía. Financiera S. A.¿actuó con ligereza, más aún, con desaprensión, como si le fuera indiferente que el comprador sufriera daños injustos como consecuencia de los errores que ella misma había cometido" (fs. 271v.).

e) Es indiferente que la negativa del Banco de la Nación a reconsiderar la situación crediticia de la actora se debiera a lo informado por la demandada respecto de las tres primeras cuotas, o respecto de la última, como interpretó el juez a fs. 304. En el primer supuesto, la situación ya fue considerada y resuelta en el juicio de amparo, donde el proceder de la apelada fue descripto en la forma indicada; en el segundo supuesto -información enviada por la mora respecto de la cuota 4- tampoco se justificó que la deudora recibiera la calificación "4" (alto riesgo de insolvencia), por no darse ninguna de las circunstancias previstas por el BCRA, ni haber explicado la accionada por qué la calificó de esa manera.- Aunque la entidad financiera diga dudar de la información aportada por el Banco de la Nación Argentina a fs. 206, lo cierto es que no formuló en tiempo y forma la impugnación contemplada por el art. 384, C. Pr., ni le requirió en su momento una información más precisa que la suministrada, por lo que la prueba mantiene su pleno valor. La pretensión de la demandada de que el banco informante tuvo una actitud "complaciente" (fs. 338v.) no está sostenida por ninguna prueba, ni resulta verosímil. Por más que resultare cierto que los datos obtenidos por el Banco de la Nación Argentina fueron los referidos a las tres primeras cuotas del crédito prendario, ello obedecería, según resulta del informe agregado a fs. 165 del exp. 2705/03, obtenido en agosto/02, a que la última información disponible proveniente de la demandada era la correspondiente a diciembre/01, mes en el que había informado a la actora en situación "4" (en forma incorrecta, como ya se dijo).-El intento extemporáneo de "Ford Credit Cía. Financiera S. A." de desviar la responsabilidad hacia el Banco de la Nación Argentina, por supuestamente haberse manejado con "información desactualizada" es inadmisible, pues quedó demostrado que la decisión que adoptó fue en base a la que indebidamente la demandada había suministrado a la base de datos del BCRA. La relación causal entre la información errónea remitida y el daño sufrido por la actora es indudable, ya se trate de la relacionada con las tres primeras cuotas como con la cuarta, pues fue en base a ella que el Banco de la Nación Argentina rechazó el pedido de calificación crediticia.

f) La responsabilidad de la accionada. A fs. 95/100, la actora dejó en claro que atribuía a la entidad financiera responsabilidad extracontractual, como se tuvo en cuenta al resolver la cuestión de competencia (fs. 142/145).

Por otra parte, quedó suficientemente probado que la demandada actuó, al menos, con la culpa o negligencia del art. 1109, Cód. Civil, y que, al enviar al BCRA información errónea que provocó la inserción de la actora en su base de datos con la calificación "4" (alto riesgo de insolvencia), determinó que el Banco de la Nación le negara su pedido de recalificación, con el consiguiente impedimento de acceder a su línea crediticia. Sobre esta base se analizará la indemnización pretendida, en sus distintos rubros.- g) El daño material. Contrariamente a lo sostenido en la contestación (fs. 71), la demandante fue precisa en la cuantificación y fundamentación de su reclamo. Según explicó, el Banco de la Nación Argentina le denegó un crédito según la información obtenida del BCRA, a lo que ya se hizo referencia y, en base a su monto, aportó un estudio contable demostrativo de cuáles serían las ganancias que obtendría y reclamó precisamente su importe: $ 65.308,47 (fs. 4/5). La pretensión se formuló, pues, en concepto de lucro cesante.

No se trata, entonces, de un supuesto como el contemplado en el exp. 3103/05, en el que el demandante no indicó cuál era el perjuicio efectivo que le causó el no poder acceder al crédito, ni a qué actividad productiva iba a destinar el que obtuviera. En este caso, la accionante dejó en claro que con el dinero pensaba adquirir terneros para su posterior engorde, lo que le significaría una determinada ganancia, según los cálculos arrimados. En la etapa de prueba, mediante el peritaje contable de fs. 212/232, acreditó: a) que se trata de una sociedad anónima constituida en 1993; b) que se dedica a la explotación agropecuaria; c) que lleva su contabilidad en regla; d) que en los ejercicios 2000/01/02 compró y vendió terneros y/o novillos, por montos importantes; e) que, en todos ellos, los kilos vivos vendidos superaron ampliamente a los comprados; f) que en el año 2002 obtuvo una utilidad bruta importante, por la compra y venta de hacienda.

De este modo quedó demostrado que la obtención de un lucro mediante la adquisición de vacunos, para su engorde y reventa, no era para la actora una posibilidad remota, sino que tenía la fundada y previsible esperanza de obtener ganancias a través de esta actividad habitual. Lo que se debe indemnizar en estos casos no es, sin embargo, la ganancia misma, sino la probabilidad concreta, la "chance", de lograrla (CNCom. sala B, "Responsabilidad civil y seguros", 2003-299), la que, "por su propia naturaleza, es siempre problemática en su realización" (Orgaz, "El daño resarcible", No. 25, p. 70).

Por otra parte, aunque la imposibilidad de acceder al crédito en cuestión no haya paralizado por completo la actividad de la demandante, es indudable que su privación le restó dinero para la adquisición de terneros, y que ello importó para ella una disminución de sus ganancias probables y previsibles, lo que constituye un daño mensurable económicamente.

Para la determinación del monto indemnizatorio ha de partirse del peritaje de fs. 212/231, que convalidó los cálculos de fs. 4/5. Si bien la demandada lo impugnó y prometió dar las razones al alegar (fs. 236), luego no lo hizo, más allá de alguna vaga mención efectuada a fs. 288.

Por ello, teniendo en cuenta la ganancia cuya posibilidad de obtener perdió la actora al denegársele el crédito, y el grado de probabilidad que cabe adjudicarle según la explotación que llevaba a cabo, resulta razonable indemnizarla con la suma de $ 40.000 a título de "chance" o probabilidad concreta, con intereses desde julio de 2002, a la tasa promedio entre la abonada por el Banco de La Pampa en depósitos a plazo fijo por 30 días y la percibida por la misma institución en operaciones de descuento de documentos, por igual lapso.

h) El daño punitivo. El actor, que ha reclamado por su propio interés, no tiene otro derecho que el de lograr la indemnización de sus daños, y no logró demostrar que el ordenamiento jurídico permita aplicar a la demandada una sanción pecuniaria en su exclusivo provecho. Por más interesante que sean este tipo de sanciones o multas, no existen disposiciones legales que permitan aplicarlas, ni la apelante expuso una fundamentación jurídica convincente.

Pizarro, partidario de que se legisle sobre la punición de hechos ilícitos en el derecho privado, admite empero que en la actualidad ello "tropieza con serias dificultades. La más grave es la ausencia de normas que permitan imponer sanciones civiles en tales supuestos y que regulen el destino de (la) pena" ("Derecho de daños", 2da. parte, p. 290, ed. La Rocca 1993).

Es de señalar, además, que en el Proyecto de Código Civil elevado por la comisión creada por el decreto 685/95 a fines de 1998, se contemplaba la posibilidad de aplicar una multa civil a quien actuara "con grave indiferencia respecto de los derechos ajenos o de los intereses de incidencia colectiva". El monto se fijaría según las circunstancias del caso y los beneficios que obtuvo o pudo obtener quien actuó de esa manera, y el destino sería el que le asignare el tribunal por resolución fundada (art. 1587). Esto, desde luego, no es derecho vigente, ni existe base legal para que se resuelva de ese modo.

i) El daño moral. La actora se limitó a citar opiniones doctrinarias en favor de indemnizar a las personas jurídicas por el daño moral que sufrieren (fs. 27/29). Sin embargo, y para el supuesto de que ello fuera compartible, omitió explicar en qué consistió el que pretendía que se le indemnizara, lo que era indispensable para que la demandada pudiera ejercer su defensa y los jueces pudieran apreciarlo. No se trataba de un supuesto en el que el daño moral resultara de la mera naturaleza de las cosas, sino que requería que se dijera cuál era la afección extrapatrimonial que fundaba la pretensión. La objeción formulada en tal sentido en la contestación (fs. 73) fue entonces acertada.

Recién al alegar la accionante se refirió al "desprestigio y desconfianza" que la mala calificación le causó (fs. 2 281/282), pero ello fue tardío, porque el pretendido daño debió ser invocado en la demanda para que pudiera ser materia de contestación, prueba y decisión.

Por tal razón, de índole procesal, el reclamo debe ser rechazado.

VI. Conclusiones. En razón de todo ello, corresponde hacer lugar al recurso de apelación, revocar la sentencia de fs. 290/305 y hacer lugar a la demanda, en forma parcial, por la suma de $ 40.000, más los intereses indicados. En cuanto a las costas de ambas instancias, deben imponerse a la demandada, con excepción de las correspondientes a los rubros desestimados (indemnización punitiva y daño moral), que serán soportados por la actora.

En consecuencia, la CAMARA DE APELACIONES:

RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 306, revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda, en forma parcial, por la suma de $ 40.000, más intereses.-II) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada, con excepción de las correspondientes a los rubros desestimados (indemnización punitiva y daño moral), que serán soportados por la actora. III) Regular los honorarios profesionales del Dr. F. L. L., por su actuación en primera instancia, en su carácter de apoderado y patrocinante de la actora, en la siguiente forma: 1) por los conceptos por los que prospera la demanda, en el 21% del monto de la condena (capital más intereses); 2) por los conceptos rechazados: en el 16,80% del monto reclamado (capital más intereses). IV) Regular los honorarios profesionales del Dr. L. A., por su actuación en primera instancia, en su carácter de apoderado y patrocinante de la demandada, en la siguiente forma: 1) por los rubros acogidos en la sentencia en el 16,80% del monto de la condena; por los rubros rechazados: 21% del monto reclamado. V) Regular los honorarios del Dr. F. L. L., por su labor ante la alzada en el 35% de los regulados en la instancia anterior respecto al monto por el que prospera la demanda y en el 30% de los regulados por los rubros rechazados. Los del Dr. L. A. se regulan en el 30% de los correspondientes a la primera instancia. En todos los casos, se adicionará el IVA, de estar los profesionales inscriptos.

Protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase al juzgado de origen. -Hugo Carlos Rodríguez. -Horacio Alberto Costantino.