marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso contencioso administrativo, actuaciones administrativas, apercibimiento, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Cabrera, Cándido -Sucesorio- c/ Municipalidad de Coronda s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ  Nº 136-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-30

La actitud procesal de la demandada importa el reconocimiento de los hechos invocados por los actores, cuando se han hecho efectivos los apercibimientos contenidos en el artículo 28 de la ley 4106, que estatuye que "Si requerido,... el envío de un expediente, éste no fuera remitido en el plazo fijado, procederá el Tribunal a entender en la demanda; tomando como base la exposición del actor, sin perjuicio del derecho de la administración demandada para producir como prueba el mismo expediente...", lo que no obsta a que el Tribunal evalúe conforme a derecho la pretensión de los recurrentes.
Personas con discapacidad, obras sociales
Materia: CIVIL
Carátula: A.B.,T., c/ Osdipp - SNR s/ acción de Amparo y medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-20

La obra social debe reintegrar al afiliado discapacitado la diferencia entre el costo del tratamiento de rehabilitación realizado en un centro de alta complejidad excluido de su cartilla y el valor que efectivamente reintegró, en tanto se encuentra acreditada la característica especial del padecimiento del accionante, como así también la derivación de su médico tratante hacia el instituto especializado, y la ley 24.901 art. 39 a) establece que los entes que prestan cobertura social están obligados a reconocer la atención a cargo de especialistas que no pertenezcan a su cuerpo de profesionales y deban intervenir imprescindiblemente por las características específicas de la patología, conforme las acciones de evaluación y orientación estipuladas en el art. 11 de la ley.
Cuestiones de competencia, abandono de personas, competencia contravencional y de faltas, calificación legal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: "Incidente de Competencia en autos Soriano, Juan Carlos sobre 106 - Abandono de Personas S/ Conflicto de Competencia", expte. SAPPJCyF n° 116765/23-0 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-21

Corresponde declarar la competencia Penal, Contravencional y de Faltas dado que las partes contendientes no controvierten la calificación legal del hecho sobre el que versa la pesquisa, que, de acuerdo con la versión brindada por la denunciante sobre las circunstancias del suceso, puede encuadrarse provisoriamente en el delito previsto en los arts. 106 y 107 del CP. Las partes tampoco discuten que el delito de abandono de personas fue transferido a la órbita local. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe, por remisión al dictamen fiscal. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Concursos, honorarios, síndico del concurso, sindicatura, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Nef SRL  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-21

En efecto, de acuerdo con lo previsto en la norma citada, si los bienes realizados alcanzan para pagar a los acreedores verificados, los pendientes de resolución, los gastos y costas del concurso, y los intereses suspendidos, se realiza un proyecto de distribución final y el saldo debe ser entregado al deudor. En ese marco, la entrega del remanente al fallido es una tarea propia de la ejecución del proyecto de distribución final. Por ello, esa labor se encuentra remunerada por los honorarios fijados en esa oportunidad, teniendo en cuenta, entre otros parámetros, el total del activo realizado -lo que comprende al actual remanente- de acuerdo con lo previsto en la LCQ 267.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Belardinelli, Marcelo s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24

Es insuficiente el agravio por el que se impugna el testimonio utilizado para integrar la prueba compuesta denunciando la violación de los arts. 251 a 253 del Código de Procedimiento Penal y cuestionando la habilidad del testigo y la valoración de sus dichos, si no se relacionan los reclamos con el contenido de las citadas normas de la prueba testimonial y así no se explica de qué modo éstas podrían resultar vulneradas.
Recurso de queja (procesal), suspensión del proceso judicial, remisión del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Larrinaga, Federico Asencio y otros -Incidente ejec. sentencia c/ E.N. -Mº de Defensa s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-19

La interposición del recurso de queja por denegación de recursos ante la C.S.J.N. no suspende el curso del proceso, regla que no podría verse alterada, aun en los casos en los que el tribunal hubiese solicitado la remisión de los autos.
Culpa penal, imprudencia
Materia: PENAL
Carátula: A., G. y Otros s/ Muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-06

Es de la naturaleza del delito imprudente el desprecio que el autor demuestra respecto de los bienes jurídicos ajenos, sea por que no ha pensado en la lesión que causa o porque supone falsamente que su acción no causará lesión alguna.
Ejercicio profesional, abogados, sanciones del Colegio Profesional, sanciones procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mon, Oscar María s/ Conducta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-01

En el nuevo régimen regulador de la ética profesional, en sus artículos 14 y 22, se impone a los profesionales determinadas conductas frente a su colega contrario en el litigio que ya estaban contempladas - a través de atribuciones conferidas al magistrado - en la legislación profesional. La facultad originaria para reprimir esos comportamientos le ha sido asignada al juez interviniente en el proceso, pues es ante él que han ocurrido los hechos, y las sanciones aplicables, aún cuando difieran en su contenido de las previstas en la Ley 23.187, se dirigen al mismo destinatario y con igual finalidad punitoria.
Escritos judiciales, falta de firma, confirmación del acto jurídico, inexistencia del acto jurídico, litisconsorcio, integración de la litis
Materia: PROCESAL
Carátula: Blaksley, María Marta c/ Santamaría, Héctor y otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-22

Los escritos que no llevan la firma de sus presentantes sino de un tercero, y las providencias que motivaron son actos privados de toda eficacia jurídica y ajenos, como tales, a cualquier posibilidad de convalidación posterior, debe declararse al acto procesal inexistente. Si bien el art. 89 del Código Procesal en cuanto prescribe que si la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias personas, el juez de oficio o a pedido de parte, ordenará antes de dictar la providencia de apertura a prueba, la integración de la litis, fija, en principio, un límite temporal para ello. Representa una directiva de orden que, en presencia del objetivo a que responde el litisconsorcio necesario y de los principios que informan los ordenamientos vigentes, no puede considerarse infranqueable. De ahí que si aún con posterioridad a la mencionada providencia y antes del llamamiento de autos en primera instancia se comprueba que se ha omitido citar a alguno de los litisconsortes, es admisible disponer la integración de la litis porque lo contrario implicaría afrontar concientemente, el riesgo de proseguir el desarrollo de una actividad procesal inútil en la medida en que ha de impedir, fatalmente, un pronunciamiento sobre el mérito de la pretensión.
Prueba, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: J., E. c/ Municipalidad de Trelew s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-15

La selección del material probatorio constituye una facultad privativa de los jueces de las instancias de mérito y tal prerrogativa conlleva la posibilidad de inclinarse hacia unos elementos probatorios, descartando otros, sin que sea necesario expresar en la sentencia la valoración de todos ellos, sino únicamente de los que resulten necesarios para el fallo de la litis. Los jueces sólo están obligados a considerar la prueba que estimen adecuada para la solución del caso y no todas las que se hayan producido. Es que normalmente en el proceso se puede observar que los litigantes y sus asesores han introducido cuestiones y pruebas que pueden clasificarse en necesarias, accidentales y superfluas. Sólo las primeras y en controversias complejas las segundas, son las cuestiones que imperativamente analizará el juzgador; nunca las que innecesariamente engruesan los expedientes, complicando el tema de decisión. La SCBA ha definido, como cuestiones esenciales, aquellas que son indispensables, según las modalidades del caso, para la correcta solución del pleito, o están constituidas por puntos de cuya decisión depende, directa y necesariamente, el sentido o el alcance del pronunciamiento, o que por su naturaleza influyen con preponderancia en el decisorio a emitir, siempre que, desde luego, integren la lite.
Guardián de la cosa, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Rivero, Alejandro Agustín s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-15

En atención a lo dispuesto por el art. 1113 del Cód.Civil el guardián de la cosa es aquel quien se sirve de ella, la usa, aprovecha y obtiene de la misma un beneficio económico y personal, no pudiendo prescindirse de la noción de poder fáctico o jurídico de dirección, gobierno o contralor. En el caso, el empleador es quien aprovechaba económicamente la labor del trabajador y quien también controlaba el desempeño de sus labores. De modo que, a su vez, resultaba responsable de velar por la integridad psicofísica del trabajador.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, actos de administración, representación legal
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Longo, Alejandra Viviana c/ Construcciones Sur SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-22

En el marco de una acción de remoción del director de la sociedad accionada, cabe señalar que la LGS 59 fija una pauta legal para aplicar al caso concreto con la intención de determinar su responsabilidad por los actos realizados así como por su omisión. En esa dirección, la pauta de actuación con lealtad y diligencia de la norma puede servir como eficiente justificación de la remoción. Pero el análisis del accionar del directorio no puede efectuarse aplicando la regla fijada por la norma en abstracto, dejando de lado circunstancias propias de la sociedad en concreto. Así señala Verón que a fin de valorar el obrar leal y diligente deberá considerarse: a) la dimensión de la sociedad; b) su objeto; c) las funciones genéricas que incumben como director o administradoras y las específicas que se le hubieran confiado; y, las circunstancias en que debió actuar (urgencia, acopio de datos, antecedentes e información, etc.) y cómo cumplió su deber de diligencia (cfr. Víctor Verón, "Tratado de las sociedades anónimas", Tomo III, Ed. La Ley, pág. 532).
Decretos, decreto de necesidad y urgencia, Marina Mercante Nacional, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sallago, Alberto Asdrúbal c/ Astra CAPSA. s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

La mera invocación que los considerandos del decreto 1772/91 hacen de la crisis en la marina mercante nacional, no basta para demostrar que ha sido imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución - con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 - para la sanción de las leyes en materia laboral (Disidencias del Dr.

Augusto César Belluscio y del Dr. Gustavo A. Bossert).
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AMBROSINO, CRISTIAN c/ FARINA Y AMBROSINO S.A.I.C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-26

Llevan razón los recurrentes al reprochar el desenfoque del A quo al asignar carácter provisorio a la regulación de honorarios y desentenderse de lo acordado procesalmente por las partes y documentado en audiencias y actuaciones que, sumado a la circunstancia que señala la Caja Forense en su contestación de vista -relativa a que en primera instancia se transitaron todas las etapas previstas por el artículo 8 inciso c) de la ley arancelaria, incluso con una impugnación de pericia rechazada-, despeja toda duda del contenido patrimonial de los presentes con incidencia en la determinación de la normativa aplicable a fin de regular los honorarios de los profesionales intervinientes; por lo que la cuestión claramente desbordaba las previsiones normativas citadas por los Jueces de Cámara, más allá del tenor de las originarias demandas entabladas en las causas. (Del voto de la Dra. Gastaldi, al que adhieren los Dres. Gutiérrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767, artículo 8, inciso c).
Daño moral, servicio telefónico
Materia: CIVIL
Carátula: Moya, Jesús c/ Telecom Argentina S.A. s/ daños y perjuicios (viene de Civil Com. Comun 8º Nom. Expte 2858/14 - Incomp.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-10-18

Así las cosas, resulta claro que el actor frente a la circunstancia que alteró la normal prestación de los servicios ejerció su derecho de reclamar; primero, ante quien es el responsable directo, es decir, la empresa proveedora. Al no recibir tratamiento a la situación objeto de reclamo, ocurrió a la instancia administrativa -ente regulador, Dirección de Comercio Interior- con miras a resolver aquellos reclamos; para luego transitar el proceso judicial, por no encontrar solución al conflicto. En consecuencia, la conducta de la demanda -en clara violación al deber de trato digno y equitativo (art. 42 CN)- llevó al actor a que tuviera que peregrinar para encontrar solución a su reclamo, realizando una serie de gestiones administrativas y judiciales; que sumado a los padecimientos sufridos por la imposibilidad de acceder a la prestación del servicio de telefonía que por derecho le correspondía, provocó un estado de angustia, zozobra e impotencia, que supera lo que comúnmente la jurisprudencia denomina como "padecimientos propios de la vida en sociedad", y por lo tanto, cabe sea indemnizado, como bien lo sostiene la Juez a-quo. Por ende, la censura por el acogimiento del daño moral también merece suerte adversa, lo que así se decide. DRES.: COSSIO - MOVSOVICH.
Nulidad procesal, prisión domiciliaria, menores, interés del menor
Materia: PENAL
Carátula: P., E. V. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-01-15

Si como consecuencia de haberse ordenado, en noviembre de 2017, el reenvío del incidente de prisión domiciliaria formulado en los términos del art. 32, inc. f, de la ley 24.660, para que se dicte un pronunciamiento, el tribunal de menores decidió rechazar el beneficio sin oír un dictamen actualizado e informado por los nuevos elementos arrimados al proceso por parte del funcionario que tiene por finalidad primordial la protección del interés superior del niño -esto es, sin haberse expedido el defensor de menores desde la fecha de mención-, corresponde declarar la nulidad del trámite en los términos de los arts. 167, inc. 3, y 168, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación, en tanto uno de los paradigmas de la Convención sobre los Derechos del Niño es que los niños deben ser tratados como sujetos de derecho y no como objeto lo que implica darles intervención en la tramitación del caso, por lo que para ello resulta esencial contar con el dictamen de la defensoría de menores, circunstancia, además, que expresamente prevé el art. 103 inciso "a" del Código Civil y Comercial de la Nación y el art. 43 inciso "f" de la ley 27.149, en consonancia con lo establecido en el artículo 12 de la Convención. Asimismo, cabe considerar que la razón de ser del arresto domiciliario solicitado no es la situación de la condenada, sino, específicamente, la de la niña y, si se va a hacer valer el principio del interés superior del niño, conforme la Observación General nro. 14 del Comité de los Derechos del Niño y el art. 12 de la Convención, no puede evaluarse la cuestión en ausencia de un dictamen actualizado del defensor de menores, circunstancia que no ocurrió desde hace más de un año (jueces Bruzzone, Llerena y Morin).
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: Incidente de Reducción de Cuota Alimentaria s/ R., O.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-11-29

El argumento introducido por el obligado de las necesidades relativas a los hijos de su nueva familia, no puede invocarse en desmedro del derecho alimentario de los otros hijos.
Demanda laboral, falta de acción
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: JUNCOS GABRIEL c/ EL  HOGAR  OBRERO  COOPERATIVA  DE  CONSUMO  EDIFICADORA  Y  CREDITO LIMITADA Y/O SUPERCOOP. s/ DEMANDA LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-12-09

La defensa "sine actione agit",incumbe al juzgador investigar la calidad de quién intenta la acción, y no averiguar si ostenta la titularidad del derecho primario o si esa titularidad ha sufrido menoscabo (Liberman c/ Caló S.C. Bs. As. Mayo 29/962, Rep. L.L.

XXV-675-8). La legitimación de obrar o "legitimatio ad causam" es la que constituye la falta de acción.-
Ley procesal, leyes, jerarquía administrativa, médicos, delitos
Materia: PENAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

Teniendo en cuenta la primacía que la ley de fondo tiene sobre la adjetiva, de una atenta lectura del texto del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Provincia, se desprende que el deber de denunciar -que está dirigido a los profesionales allí enunciados, sin distinción entre los que prestan servicios en reparticiones públicas o privadas-, debe analizarse siempre en relación a la excepción aludida en la última parte del inciso 2 de dicha norma.

En efecto, no ante cualquier noticia de la probable comisión de un delito se tiene la obligación de poner en conocimiento del mismo a la autoridad que corresponda, sino que primordialmente debe tenerse en cuenta que tal conducta no se encuentre al amparo del secreto profesional. Es decir, el deber de guardar secreto no es absoluto, sino que está supeditado a que no se quebrante el secreto profesional. (Del Voto del Dr. Alvarez)
Honorarios, sucesiones, exención de costas, aportes a obras sociales, CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE SANTA FE, interpretación de la ley, juicio de apremio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PANICCIA, ARGENTINO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- INCIDENTE  DE APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 456 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-16

Los derechos de la Caja Forense encuentran suficiente resguardo por la vía del apremio conforme lo establece el artículo 29 de la ley 4949, norma que, con la modificación introducida por la ley 10436, no sólo contempla aquél procedimiento sino que también estatuye que "... cada Caja podrá subrogarse en los derechos del profesional por el monto de aportes establecidos en el artículo 4, cuando le corresponda su percepción a los Abogados y Procuradores, demandando al obligado al pago de los honorarios profesionales ... una vez vencido el plazo que fije la reglamentación que dicte cada Directorio...".
Artistas de variedades, trabajador extranjero, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: UNION ARGENTINA DE ARTISTAS DE VARIEDADES c/ SYTEREMFELD, ALEJANDRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-31

No puede hablarse de contrato de trabajo cuando un conjunto de artistas extranjeros se vincula, por intermedio de un representante, para realizar un escaso numero de representaciones en un corto lapso ya que todo lleva a concluir que actuaron como administradores de su propia capacidad artística a nivel internacional y no como trabajadores subordinados.
Lesiones graves, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Fernández, Gerardo Rafael s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Gastón del Pino Palermo en contra del Auto Interlocutorio Nº 25/13 referente al Expte. Letra F Nº 134/12 - Fernández, Gerardo Rafael p.s.a. Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-30

Por Auto Interlocutorio la Cámara en lo Criminal, integrada a través de Sala Unipersonal, resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba oportunamente solicitado por el imputado por lesiones graves (producidas por un golpe de puño propinado por el imputado).

Contra dicha resolución, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

El recurrente se limita a mencionar que la carencia de antecedentes (único argumento presentado al momento de solicitar la suspensión y ratificado en audiencia, aunque tardíamente agrega, en esta instancia, otros nuevos como, que tiene buen comportamiento social, que es padre de siete hijos, que el día del supuesto hecho se encontraba realizando sus tareas laborales para llevar el sustento alimenticio a su familia) hacen merecedores a F. de una respuesta positiva a su pedido, pero no refuta las restantes consideraciones asumidas por el titular de la acción penal, las que fueron explicadas como razones de política criminal que determinan el interés del Estado en la realización del juicio y eventualmente, la solicitud de aplicación concreta de pena a quien resulte considerado como autor de tal hecho.

Por lo expuesto, considero que la decisión impugnada, de no hacer lugar a la solicitud formulada (para que el juicio sea suspendido) se sustenta de manera suficiente en fundamentos formalmente admisibles cuya injusticia en el caso no ha sido desvirtuada en esta presentación recursiva.

Por ello, corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto.
Nulidad de sentencia, extinción de la acción penal, sobreseimiento, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Da Rocha Branca, Fernando y otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-22

Corresponde anular la resolución que declaró la extinción de la acción penal por prescripción seguida en orden al delito previsto en el art. 94 CP y sobreseyó a los imputados, si se omitió el análisis del supuesto previsto en el art. 67 párrafo 2do. CP, ya que los imputados, médicos de un hospital dependiente del Gobierno de la Ciudad de Bs.As. habrían efectuado la conducta reprochada -desatención médica- en el ejercicio de la función pública -asistencia sanitaria-. A los efectos de la aplicación del derecho penal, los conceptos de funcionario y empleado público se encuentran determinados por el ejercicio de funciones de carácter público, circunstancia ésta que se constituye en la clave para atribuir esa calidad al agente.
Sanciones tributarias, ley penal más benigna
Materia: TRIBUTARIO - PENAL
Carátula: BOLDT S.A. c/ D.G.I. (ESTADO NACIONAL) s/ Varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

En materia de sanciones no cabe sino aceptar el principio de la aplicación de la ley más benigna en favor del infractor.