Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, prisión preventiva, situación del imputado, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Ricardo Alberto Alcoba c/ TABLADA, Carlos Sebastián s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-10-18

En orden a la viabilidad de la Libertad Provisoria, cabe situarse al momento de la condena, y previo pronóstico de pena futura posible, analizar si la sanción a dictarse superará los tres años, lo que impediría la concesión de la libertad. En el caso que nos ocupa la figura penal prevé una pena de prisión de cinco a quince años conforme al art. 166 inc. 2º del C.P.

Es decir que el mínimo supera considerablemente el techo previsto para la condena condicional, tornando también inviable la libertad provisoria, atento a que la entidad de la sanción refleja que se trata de una lesión importante al bien jurídico protegido por la ley de fondo.

Desde ya que no se trata de la aplicación automática de la remisión del art. 300 del C.P.P. al art. 26 del C.P.; y que esa presunción legal dista de ser "jure et de jure", pero sí de considerar que el delito incriminado, dada su gravedad, hace suponer que ante la alternativa de condena la misma será de carácter efectivo, y ello provoca en el imputado su intención de no sometimiento al plenario.

De allí es que se entienda que en el sub-examen es de aplicación el art. 270 del C.P.P. cuando autoriza la restricción de la libertad personal para asegurar la aplicación de la ley sustantiva.

Nuestra Corte de Justicia tiene dicho que entre las garantías que limitan la potestad represiva del Estado, se encuentra la del juicio previo o debido proceso legal; en ese marco se desenvuelve el conflicto de intereses entre lo colectivo por la búsqueda de la verdad y la actuación de la justicia, y el del imputado en cuanto sus derechos deben ser respetados, en especial su libertad.

Esa confrontación dialéctica encuentra equilibrio razonable y concreta reglamentación en lo que disponen la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales incorporados, Constitución Provincial y previsiones de la Ley Procesal.

La idea de Justicia implica el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito, y que esto se conjugue con el derecho del individuo sometido a proceso, en forma de que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro - CSJN fallos 272: 188-.

En relación al primer requisito del art. 270 del C.P.P., esto es la finalidad de asegurar el descubrimiento de la verdad, los antecedentes obrantes en las actuaciones permiten suponer que el imputado no obstaculizará la marcha del proceso, ni actuará sobre la prueba del delito, ni frustrará ni dificultará su obtención, dada la naturaleza del ilícito y el estado de las actuaciones de las que surge el comportamiento y conducta del encartado.

En lo que hace al aseguramiento de la aplicación de la ley sustantiva, además de aquella remisión al art. 26 del C.P., que no permite la concesión, cabe señalar que El Pacto de San José de Costa Rica, al decir del Dr. Daniel Emilio Morin, da pautas a fin de determinar cuando existe peligro de fuga, indicando que deberá analizarse la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena.

Se trata en el caso del ilícito de Robo Calificado por el uso de Arma, delito cuya gravedad esta fuera de toda duda, y de allí la sanción que prevé nuestra ley sustancial. Surgiendo entonces, tanto para la legislación nacional como internacional la justificación en el caso, de la restricción de la libertad.

Firmado, Dres.: Raul Román y Julio V. Pancio.