Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-19


Dictamen de la Fiscal de Cámara:

Excma. Cámara:

1. La recurrente introdujo en su memorial un planteo subsidiario de inconstitucionalidad de los artículos 19, incisos c) y e), y 21 del decreto Nº 170/96.

Tales cuestiones, son sustancialmente análogas a las examinadas en los autos "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA", dictamen Nº 107.436 del 8 de agosto de 2005, por lo cual me remito a lo allí expresado por razones de brevedad.

2. Los restantes agravios versan sobre circunstancias fácticas y materias de derecho común, las cuales no remiten a la interpretación de la ley federal, ni a la custodia del interés general que la Constitución Nacional me encomienda (art. 120). Buenos Aires, setiembre 2 de 2008. Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia. -Buenos Aires, septiembre 19 de 2008.

Y Vistos:

1. Viene apelada la multa impuesta a la recurrente, quien persigue que se deje sin efecto la misma y, subsidiariamente, su morigeración.

La sanción fue aplicada por incumplimiento de lo dispuesto en el inc. a) del art. 18 del Decreto 170/96, por no haber brindado asesoramiento y ofrecido asistencia técnica al empleador en lo referente a la determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajador; y por incumplimiento de lo dispuesto en los incs. c) y e) del art. 19 y en el art. 21 del Decreto 170/96, por no haber realizado actividades permanentes de prevención de riesgos ni control de las condiciones de medio ambiente de trabajo, por cuanto no ha brindado capacitación a los trabajadores ni ha informado al empleador y los trabajadores sobre el sistema de prevención de riesgos establecido por la ley.

2. a) Comparte la Sala los fundamentos expuestos por la Representante del Ministerio Público en el dictamen de fs. 164, en orden a la constitucionalidad de la normativa aplicada al caso (cfr. esta Sala, "Superintendencia de A.R.T. c/ Prevención A.R.T.", del 24/11/06).

b) Sentado ello, cabe señalar que el memorial en análisis no contiene en rigor una "crítica concreta y razonada", pues la aseguradora se limita a desconocer los incumplimientos que se le imputaran sobre la sola base de que el deber de capacitación e instrucción de los trabajadores recae en cabeza del empleador -hipótesis desestimable habida cuenta del rechazo de la inconstitucionalidad decidido "ut supra"-, más sin controvertir la objetiva comprobación de faltas (v. en tal sentido, esta Sala, "Superintendencia de ART c/ Prevención ART S.A.", del 29.06.06).

Tampoco controvierte la circunstancia de que las constancias de visita acompañadas anteriores al siniestro investigado no son suficientes para acreditar el cabal cumplimiento de los deberes impuestos por las normas referidas.

En tales condiciones, conclúyase que los argumentos obrantes en el memorial no desvirtúan los fundamentos de la sanción, pues la infracción ha quedado objetivamente evidenciada en el caso, desde que la obligación de brindar asesoramiento recae en forma concurrente tanto sobre el empleador cuanto sobre la aseguradora.

La pretendida irrazonabilidad de la medida aparece, entonces, como una mera discrepancia con la solución alcanzada en la resolución, que luce suficientemente motivada, y los agravios esbozados en tal sentido resultan, por ende, inidóneos para sostener el recurso interpuesto (CPr.: 266).

c) Por otro lado, tiene dicho esta Sala respecto de las faltas aquí imputadas -con remisión al dictamen del Ministerio Público Fiscal, in re "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ La Holando A.R.T." del 14/07/00- que la omisión de cumplir con el deber legal de realizar actividades de control de las condiciones de medio ambiente de trabajo y acatamiento de las actividades de prevención de riesgos, constituyen conductas reprochables, puesto que impiden el ejercicio de las funciones de fiscalización por parte del organismo superintendencial. Tal proceder es grave, con mayor razón si se tiene en cuenta que los fundamentos del necesario control estatal en el tipo de actividad que realizan las ART se vinculan a la existencia de un interés público en juego, que el Estado debe resguardar.

Las actitudes omisivas que impiden u obstaculizan el control afectan, entonces, el interés público y, en tal sentido, merecen sanción. Y la infracción, aunque, en determinados casos pueda calificarse de formal, no es poca cosa cuando, como aquí ocurre, dificulta o impide el ejercicio e inspecciones en defensa del interés social referido.

d) Destácase, finalmente, que la graduación de la multa se aprecia razonable en función de la entidad de la falta cometida y de los antecedentes invocados por la autoridad de control, cuya falta de firmeza no ha sido acreditada.

3. Por ello, habiendo dictaminado la representante del Ministerio Público ante esta Cámara, se resuelve: desestimar la pretensión recursiva y confirmar el pronunciamiento apelado.

Notifíquese a la recurrente, a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y a la Fiscal General en su despacho; oportunamente, devuélvanse.

Los doctores Miguel F. Bargalló y Bindo B. Caviglione Fraga actúan de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos de esta Cámara del 22/7/08 pto. III y del 27/8/08 pto. VI, respectivamente.

El doctor Sala no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (R.J.N. art. 109). -Miguel F. Bargalló. - Bindo B. Caviglione Fraga.