Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-06-28


RAWSON, 28 de Junio de 2007.

VISTOS: Estos autos caratulados: "P. C. R. S.A. c /S. A. K. y otros s/ Daños y Perjuicios derivados de autos: "D. G., O. y otro c/ Provincia del Chubut y otros s/ Demanda Contencioso Administrativa (Expte. Nº 16.784D1999)" (Expte. N° 20.798P2007).

DE LOS QUE RESULTA:

Que por los mismos, a fs. 7/21 vta. P. C. R. S.A., a través de su apoderado, promueve esta demanda, persiguiendo una condena de daños y perjuicios contra los Dres. S. A. K., H. A. G. y C. E. G. derivada de los perjuicios económicos que dice ocasionados "como consecuencia del negligente, imprudente y malicioso proceder profesional al patrocinar la promoción de la demanda" en los autos caratulados: " D. G., O. y otro c/ Provincia del Chubut y otros s/ Demanda Contencioso Administrativa" (Expte. N° 16.784D1999).

/// Solicita que este Cuerpo declare que los nombrados profesionales carecen de derecho a ejecutar y percibir de la actora los honorarios regulados en este último Expediente, que a ella le fueran impuestos.

Sostiene que la presente acción es accesoria a dos causas que tramitan ante esta Sala: la antes individualizada y los autos "K., S. A. y Otro s/ Ejecución de Honorarios en autos: "D. G., O. y Otro c/ Provincia del Chubut y Otros s/ Demanda Contencioso Administrativa (Expte. N° 16.784 F° 67 Año 1.999)" (Expte. N° 20.712K2.006) ofrece como prueba estos dos Expedientes y el "Beneficio de Litigar sin Gastos en autos: "D. G., O. y otro c/ Provincia del Chubut y otros s/ Demanda Contencioso Administrativa (Expte. N° 16.784D1.999)" (Expte. N° 17.817B2.000).

Atribuye la competencia al Superior Tribunal de Justicia conforme lo prescripto por el art. 6 inc. 1º y 6º del C.P.C.C. y por el principio de la "perpetuatio jurisdictionis".

En virtud de este último refiere cada vez que un nuevo proceso es consecuencia de otro precedente, debe mantenerse la competencia del órgano que previno, por resultar conveniente la concentración en un solo Tribunal de todas las cuestiones vinculadas a un mismo elemento. Entiende que el propósito del instituto consiste, por un lado, en preservar la garantía de imparcialidad objetiva, a cuyo fin, ///una vez radicada la causa ante un órgano jurisdiccional debe permanecer en sus estrados; por otro, en la continuidad del criterio de valoración de los hechos y aplicación del derecho; a más, argumenta que ello favorece la economía y celeridad procesal, evitando que un nuevo magistrado deba interiorizarse en una causa que ya es conocida por otro. Advierte que ese principio ha sido acogido por este Cuerpo cita jurisprudencia al sostener su vinculación con el concepto de conexidad, siendo afín con la acumulación de procesos, cuya finalidad está dada por la conveniencia de que un mismo Tribunal conozca en las cuestiones conexas o derivadas de la relación jurídica básica, sea para evitar pronunciamientos contradictorios, como para facilitar la decisión de aquél que está en mejores condiciones de pronunciar sentencia por su previo conocimiento del asunto.

Alude al carácter accesorio de la acción ahora promovida respecto de la Demanda Contencioso Administrativa iniciada por los Sres. O. D. G. y C. A. G.ñ de nulidad de actos administrativos y reclamando daños y perjuicios a la PROVINCIA DEL CHUBUT, y de nulidad de compraventa más daños y perjuicios contra las empresas E.P.P. P. S.A. Y P. ///C. R. S.A. en el Expte. N° 16.784D1999, antes individualizado.

Sostiene, en el capítulo III, que una simple lectura de los antecedentes fácticos del referido Expediente y de la sentencia dictada en el mismo, pone de manifiesto que el proceso judicial en cuestión encuentra su causa en dos hechos: el error administrativo en que hubo incurrido la Dirección General de Minas y Geología, y el "aventurado y temeroso proceder" de los letrados apoderados de los actores al iniciar una demanda millonaria sin un serio análisis legal y jurídico previo de los fundamentos que justificaran la viabilidad de la pretensión. Se explaya sobre ambos.

Respecto del "error administrativo", advierte que existe responsabilidad del Estado Provincial por los daños ocasionados a los intereses de la actora; pero que lo analizará en ocasión de demandarlo.

En cuanto al "proceder de los demandados", arguye que una "negligente y temerosa actuación profesional de los apoderados patrocinantes de los actores" en la causa "D. G. ..." emana en forma evidente del análisis que efectúa en la demanda. Les achaca un proceder "negligente, imprudente y hasta malicioso" a los Dres. S. K., H. A. G. y C. E. G., radicándolo en los argumentos utilizados al fundar la demanda, por las consideraciones que este Cuerpo efectuó al analizarla en la Sentencia; y en una ///"omisión" en que habrían incurrido los accionados en autos al no haber advertido o no haber querido admitir que "la notificación cursada a P.C.R.SA por la cual se le notifica la Disposición Nº 159/95 resultaba a todas luces nula desde que no había sido notificada al domicilio constituido en el expediente como lo manda el CM artículo 219". Aduce que resultando nula tal notificación, evidentemente el desenlace de los restantes argumentos devenía "diametralmente distinto al efectuado por los actores". De ello surgen dos lecturas dice: la "manifiesta inidoneidad profesional" de los demandados si la omisión fue involuntaria; o que ellos, con "evidente astucia, prefirieron omitir el análisis de esa notificación y sus efectos habida cuenta que era la única manera de que prevalecieran , a su entender, las restantes argumentaciones", por lo que les endilga "temeridad procesal". Añade otras consideraciones que analiza en el mismo sentido.

En el Capítulo II Los hechos se explaya respecto a la Reclamación Administrativa Previa a la causa "D. G. ..." precitada y al contenido de distintas piezas procesales de ésta: Demanda, Contestaciones de Demanda de las tres codemandadas, y a la excepción de defecto legal que P. C. R. S.A. opuso, la cual fue rechazada, imponiéndosele las costas a esta parte y fijando los honorarios de los letrados que se ///ejecutan en autos "K...."(Expte. 20.172K2.006) incidente respecto del cual se pretende que existe conexidad.

Transcribe además, párrafos de los votos de la Sentencia Definitiva dictada en esos actuados al rechazar la demanda, imponiendo las costas a los actores por la acción y por los incidentes de una medida cautelar. Estima que en aquélla se "confirma la responsabilidad de los apoderados de los actores ..." en el sentido que le endilga, a los efectos del reclamo de daños que en la presente se efectúa.

En el capítulo IV sostiene que "esta aventurada demanda" refiriéndose a los autos "D. G. ..." ha provocado daños económicos a su mandante, quien sin haber ocasionado con su proceder el inicio de "este absurdo proceso", se encuentra ahora obligada a abonar la exorbitante suma que se le reclama.

Añade que no son los únicos daños; que deben adicionarse o preverse los eventuales, en el caso de que sus propios apoderados le reclamen a P. C. R. S.A. sus honorarios, ante la insolvencia de D. G. y G..

En el Capítulo VI El derecho funda la demanda en los arts. 1.109 y 1.081 del Código Civil, jurisprudencia y doctrina aplicables luego de desarrollar estos fundamentos en el acápite "V Responsabilidad profesional".

/// Apoyándose en la opinión de distintos autores y de fallos nacionales y provinciales, analiza la responsabilidad profesional, y en particular, la de los abogados. Y sostiene que "si el abogado causa ... culpablemente o por dolo, un daño a su cliente o a terceros en el ejercicio de su profesión, incurre en responsabilidad civil y debe reparar el perjuicio ocasionado". Y también afirma que los letrados deben responder por los daños causados a sus clientes; responsabilidad que no solo gira dentro del ámbito contractual, sino que también puede generar responsabilidad extracontractual por dolo del abogado en los supuestos de consejos dolosos o maliciosos dados por el mismo a su cliente que puedan derivar en daños a terceros. Alude así a la aplicación del art. 1.081 CC, haciendo responsables solidarios de un delito civil a los "consejeros", concepto en el que la actora encuadra al "abogado". Luego, expresamente funda la demanda en el art. 1.109 del mismo ordenamiento, afirmando que los letrados demandados debido a su negligente obrar, han generado un daño de gran consideración en su patrimonio. Estima que surge con evidencia que "cuando un proceso se inicia con un marcado y notorio desconocimiento del derecho, el principal responsable de ese dispendio es el profesional que patrocina al accionante y debe responder solidariamente con éste, en el pago de las costas". /// Hace reserva del caso federal y efectúa petitorio de estilo.

Remitidas las actuaciones al Sr. Procurador General, éste emite su Dictamen a fs. 29/30. Advierte que la competencia Contencioso Administrativa es de orden público, por tal razón no puede ser ampliada ni restringida por decisión de las partes ni de los jueces ordinarios. Estima que en tanto para discernir la competencia debe analizarse el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico procesal, aún cuando la conexidad alegada por el accionante tiene como fundamento jurídico al forum connexitatis, que admitiendo un desplazamiento de la competencia consagra una excepción al principio general, no la considera aplicable al caso. Entiende que en el subexamine no hay fundamento para el "desplazamiento" de la competencia. Con cita de jurisprudencia refiere a un supuesto en que "el accionado en un Tribunal resulta ahora actor en contra de quienes fueron sus asesores jurídicos ..." dice desde que se pretende una indemnización de daños y perjuicios por aquel desempeño, y que se trata entonces de un nuevo litigio distinto y sin conexidad alguna con el que se tramitó. Dictamina que, en virtud de tales fundamentos y lo dispuesto por el art. 5 inc. 4°) del C.PC.C., este Superior Tribunal de Justicia no es competente para conocer el sublite.

CONSIDERANDO:

1. Que la doctrina de este Superior Tribunal indica que para discernir la competencia, debe analizarse el contenido de la demanda ///como acto constitutivo de la relación jurídicoprocesal (S.I. N° 175/90; 77, 79, y 118/91; 84 y 96/ SCA/95; 7/ SCA/98; 10/ SCA/99, entre muchas otras); así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa, la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y el derecho que se invoca en el reclamo (S.D. N° 40/85; S.I. Nº 84 y 96/SCA/95; 7/98; 4/SCA/00).

Que también se ha dicho, "que el verdadero fundamento de la competencia se halla dado por la norma objetiva que de manera preponderante ha de utilizarse para dirimir la contienda (Conf. LL 96243 y S.I. N° 36/SCA/96), teniendo en cuenta la descripción que de los hechos se efectúa para encuadrar la pretensión, determinando "prima facie" en qué esfera del derecho se desenvuelve la situación jurídica, en la medida necesaria para dirimir el conflicto, considerando las consecuencias jurídicas en la concreta situación a definir por medio de la sentencia, y sin que ello implique avanzar en un juicio definitivo sobre cuál ha de ser, en última instancia el régimen legal aplicable". (Conf. JA 1978III275; y S.I. N° 84/SCA/95, N° 10/SCA/96, N° 22/SCA/99, N° 4/SCA/00, entre otras más).

Cabe asimismo recordar que el Alto Tribunal, ha advertido en algún caso que "a fin de dilucidar las cuestiones de competencia, es preciso considerar, de manera principal, la exposición de los hechos ///que el actor efectúa en la demanda a la que se debe atender de modo principal para determinar la competencia, según los arts. 4 y 5 CPCCN (doctr. de Fallos 306:1056; 308:1239), y después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, el derecho que invoca como fundamento de su pretensión (Fallos 305:1453; 306:1053; 308:2230; 320:46; y 324:4495).

2. Que la actora ha descripto los hechos y fundado en derecho la demanda que ahora intenta. A su juicio, se presenta un caso de responsabilidad extracontractual por dolo del abogado, por supuestos de consejos dolosos o maliciosos dados por ellos a sus clientes los letrados aquí demandados a D. G. y G., actores en el expediente principal individualizado en los resultandos. De ello dice que han derivado daños a P. C. R. S.A. como tercero fundando dicha responsabilidad en el art. 1.081 CC, añadiendo que resultan responsables solidarios los abogados de un delito civil. Al mismo tiempo funda la demanda en el art. 1.109 del mismo ordenamiento.

Que la actora viene a justificar la competencia de esta Sala, sin mayores explicaciones sobre la vía que intenta y dando a entender en forma no muy clara que por "accesoriedad" ha de producirse un desplazamiento de la misma con apoyatura en los arts. 6 inc. 1° y 6° del C.P.C.C. No aclara cuál es el supuesto específico de los que prevén aquellos preceptos, de muy diferente naturaleza, en que ///pretende encuadrar esta demanda, ni por qué se justifica su aplicación a la pretensión.

Si se atiende a que aduce que esta acción es accesoria a dos causas de trámite ante esta Sala del Superior Tribunal de Justicia, interpretando que debe mantener su competencia en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis ... GOZAÍNI, advierte que por el principio de prevención, la competencia derivada tiene origen en la intervención anterior de un Juez que asumió jurisdicción propia en una causa que se conecta con la actual por una relación de interdependencia, subordinación o accesoriedad. (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y anotado, pág. 29).

Clemente A. DÍAZ intentando dar un concepto de conexidad señalando que frecuentemente se confunde con acumulación ha dicho que las pretensiones o procesos son conexos, cuando, no obstante su diversidad, tienen elementos comunes o interdependientes que los vinculen, sea por su objeto, sea por su causa o por algún efecto procesal, produciéndose como consecuencia de tal vinculación un desplazamiento de la competencia, atribuyendo el conocimiento de la causa a un Juez que, de no existir aquélla, habría sido incompetente, sea por razón del territorio, de la materia o del valor (ob. cit. pág. 771/772 y Nota N° 8).

/// Ha de advertirse también siguiendo a FASSI, ob. y pág. cit. que en el orden interno de cada fuero, la conexidad se constituye en una causal de excepción a las normas que regulan la adjudicación de procesos.

Que la Ley Nº 37 en su art. 32 inc. 3º, acuerda competencia originaria a este Cuerpo en aquellos casos en que además de intervenir el Estado Provincial, o alguna entidad autárquica, la materia del juicio está regida por el Derecho Constitucional y/ o Administrativo, por lo que no se configura en autos un supuesto que habilite la competencia de este Cuerpo, desde que se trata de una contienda entre particulares y la materia del juicio es Civil, según expresamente lo manifiesta la actora en la demanda, al fundarla exclusivamente en normas de Derecho Privado.

Si bien en otros casos, en que se reclama la responsabilidad del Estado, en particular la extracontractual, doctrina y jurisprudencia no han podido establecer reglas rígidas a los efectos de discernir la competencia entre la justicia Contencioso Administrativa y la Civil y Comercial, en definitiva resulta determinada por la naturaleza de las normas que rigen el conflicto, según además la materia del litigio. Aún atendiendo al criterio que se sigue en el orden federal, la opinión jurisprudencial mayoritaria se inclina técnicamente a favor de estimar que la competencia Contencioso Administrativa no se define porque intervenga el Estado (a salvo los ordenamientos que así lo preceptúan) ///sino por la materia en debate, por el contenido jurídico, por el derecho que se intenta valer, por las normas de fondo para resolver el caso, por la subsunción del caso al Derecho Administrativo (conf. CNCAFed., Sala 3ra. 10/05/01, "Estado Nacional v. A. A....", Fallos 164:188; 244:252; 295:112 y muchos más).

Y en las Cortes Provinciales se ha entendido que tal "subsunción del caso al Derecho Administrativo... no se da en autos en que la cuestión es típica de Derecho Común... La cuestión planteada por la demandante se decidirá remitiéndose con primacía a normas y principios del Derecho Común, en cuyo caso es competente el fuero Civil y Comercial común" (CS Tucumán, "L. de L...", Sent. N° 143, Sala I Civ.y Com. Común , del 31/05/93, elDialBB11A8).

A tenor de lo expuesto si, como ocurre en el sublite, un particular la empresa P. C. R. S.A. pretende hacer efectiva la responsabilidad extracontractual de otro los letrados demandados en el ámbito del derecho privado, este Superior Tribunal de Justicia no resulta competente, pues no se configura ninguno de aquellos supuestos, que taxativamente determina el art. 32 inc. 3 de la Ley Orgánica Nº 37. /// Que la actora cita jurisprudencia de este Cuerpo dictada en un caso de acumulación de procesos que no prosperó por la vía del art. 188 del CPCC en un supuesto distinto del que aquí se presenta. Y resulta oportuno mencionar que en otros, en que intervino en instancia originaria en causas Contencioso Administrativas, cuando se ha demandado a particulares al mismo tiempo se ha propiciado la formación de un litisconsorcio pasivo, siempre con la presencia del Estado Provincial o un ente autárquico, y en todos los casos en causas regidas preponderantemente por el Derecho Público Provincial. Véase que justamente en autos "D. G...." se admitió una acumulación de pretensiones o de procesos al plantear la actora la demanda frente al Estado Provincial, a P. C. R. S.A. y a E.P.P. P. S.A.; y solamente se admitieron las pretensiones que encuadraron dentro de la materia, sustanciándose una Demanda Contencioso Administrativa de plena jurisdicción, excluyendo expresamente una pretensión entre particulares fundada en el derecho privado. Así se expuso claramente en la SI N° 48/SCA/00 (justamente la que rechaza la excepción de defecto legal, antes aludida, en la que se condenó en costas a P. C. R. S.A.). Allí, al "reafirmar su competencia para el conocimiento de la causa" advirtió el Superior Tribunal que "se excluye toda cuestión que pudiera suscitarse entre las empresas contratantes, aún con motivo o causa en el fallo que se dicte, las que sí corresponderán eventualmente a la competencia de la justicia ordinaria". Ergo, quedó manifiesto el criterio restrictivo que se sigue en su jurisprudencia.

/// Así resulta, pues en el Contencioso Administrativo Provincial, ante la ausencia de Código específico la competencia originaria de este Superior Tribunal de Justicia surge de la Ley N° 37, y está expresamente limitada a los supuestos antes descriptos. El Código Procesal Civil y Comercial se aplica para reglar su procedimiento ante la carencia de norma adjetiva preindicada pero no para determinar los casos en que resulta competente el Cuerpo en aquella materia. En consonancia con lo expuesto, la Corte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como lo hacen otras Cortes Provinciales a la hora de discernir su competencia originaria, aplica un criterio restrictivo: "la competencia originaria del Tribunal Superior se encuentra estrictamente tasada en la CCBA lo que obliga a interpretarla con absoluta estrictez, ya que no es dable ampliar o extender los casos en que ejerce tal jurisdicción originaria y exclusiva" (TSJBA, "P. ...", elDial AQ8E.").

A mayor abundamiento, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en casos en que claramente se planteó un supuesto de conexidad lo que la actora intenta confusamente en autos se resolvió que " aún admitiéndose la conexidad ///del juicio ejecutivo por el que se intenta el cobro de un pagaré que tiene origen en un contrato administrativo de concesión para la explotación del juego cuyo monopolio está a cargo del Estado (art. 45 inc. a Ley 13.998 Adla, XA, 221) y el eventual juicio ordinario que posteriormente pueda incoar el demandante, de los elementos objetivos de la causa no surge la existencia de una relación básica regida por el derecho administrativo y sí son de aplicación preponderante las normas del derecho comercial. Ello impone la remisión de las actuaciones al fuero en lo Civil y Comercial Federal que ejerce una competencia que resulta de una atribución genérica y excluye la actuación del fuero especializado en materia contencioso administrativo, cuya intervención es de excepción y atribuida taxativamente por la ley." (CNFCA Sala IV, "Estado Nacional..." del 21/12/1990, LL 1991C, 510). Que en orden a la pretensión traída a pleito esto es, que se juzgue la responsabilidad civil de los profesionales demandados abogados con fundamento exclusivo en normas del Código Civil la aplicación del art. 5, inc. 4°), del Código Procesal Civil y Comercial se impone (art. 5°, primer párrafo, del mismo ordenamiento).

Tratándose de acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, esta norma referida acuerda un fuero múltiple electivo, confiriendo competencia al Juez del lugar de producción del hecho ilícito o al lugar del domicilio del demandado. La jurisprudencia concordante con la doctrina ha entendido "que en estos casos se aplica la lex fori o lugar donde se han producido los hechos que dan ///nacimiento a la obligación (conf. Enrique FALCÓN, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T° I, p. 194; FENOCHIETTO ARAZI, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T° I, p. 61), pues acuerda en este caso un fuero múltiple electivo, sea el lugar del hecho o el del domicilio del deudor, a opción del actor (conf. PALACIO, L.E. Derecho Procesal Civil, T° X Reforma, p. 62)" (CNCiv.y Com. Fed., 04/08/2004, Lexis Nº 7/8333, LexisNexis).

Que entonces, la competencia del Juez Ordinario Civil y Comercial es clara y así debe declararse, debiendo la actora ejercer la opción que le otorga la norma referida, entre la propia del lugar del hecho que excita la competencia del Juez Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de Rawson para entender en el pleito o la del domicilio de los demandados, que importa la correspondiente al Juez Civil y Comercial de Trelew.

Por ello la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia, y Minería del Superior Tribunal de Justicia;

///R E S U E L V E: 1º) DECLARAR LA COMPETENCIA MATERIAL del Juzgado Civil y Comercial para entender en estos autos.

2°) Dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la presente, la actora podrá elegir entre las opciones dadas por el art. 5 inc. 4° del CPCC, según lo determinan los Considerandos. Vencido el término si no se formulare la opción, la causa será remitida al Juez Civil y Comercial de Trelew (art. 34 inc.5° ap. e) CPCC). En el último caso, firme la presente sin haberse ejercido dicha opción remítase a la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción de Trelew para el sorteo correspondiente.

3º) REGÍSTRESE y Notifíquese.

La presente se firma con dos miembros de la Sala por encontrarse el Sr. Ministro Dr. Daniel Luis Caneo en uso de licencia.

Fdo. Dres. Fernando S.L. ROYER y José Luis PASUTTI.

Recibida y registrada por Secretaría el 28/06/07 bajo el nro. 53/SCA/07