marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ex empresas del Estado, emergencia económica, bonos de goce y de participación, fallo plenario, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Ricartes, Rogelio y otros c/ Ministerio de Economía y otro s/ art. 29 ley 23696.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-31

Cuando la demanda tiene como fundamento el marco jurídico que propicia la reforma del Estado a través de las leyes 23696 y 23697 vinculadas al proceso atípico de privatización que se dio a partir de los imperativos contenidos en dichas normas, la cuestión va más allá de la normativa específica a que está sometida la relación laboral. Es dentro de tal contexto que el contrato de trabajo aparece sólo como nexo que viabiliza la generación de un derecho que no dimana de la relación subordinada trabajador-empleador y no se confunde con ella- sino del imperativo legal de orden público que habilita al dependiente a participar de los dividendos sociales. Desde tal perspectiva es que los acuerdos resolutorios suscriptos por los demandantes no conllevan renuncia alguna en relación al reclamo de los bonos de participación en las utilidades, objeto de la presente litis, por lo que no corresponde aplicar a estos casos la doctrina del plenario "Lafalce" que extiende los efectos de la cosa juzgada.
Costas, asegurador
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: CORDOBA CAMILO ANFILOQUIO c/ SEMECOR  S.A. s/ INDEMNIZACION - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-06-13

La norma del art. 110 ley 17.418 prescribe que "la garantía del asegurador comprende: a) el pago de los gastos y costas judiciales para resistir la pretensión del tercero" y sólo cuando "...deposite en pago la suma asegurada y el importe de los gastos y costas devengadas hasta ese momento, dejando al asegurado la dirección exclusiva de la causa, se librará de los gastos y costas que se devenguen posteriormente", de donde -a contrario sensu-cabe deducir que si no se realizó ese depósito, las costas siguen estando a cargo del asegurador.

Corresponde a la aseguradora soportar todas las consecuencias del juicio conciliado recién en la vista de la causa -lo que motivó un desgaste juridiccional hasta ese momento- ya que en su condición de directora del proceso, de lo que se hizo cargo con motivo del llamamiento que le formulara la demandada, sin oponer defensa nacida del contrato de seguro en la audiencia de conciliación, asumió la obligación en forma total. Como consecuencia de esto, debe cargar con las costas devengadas por la intervención de la demandada.

No obstante que todo patrocinio en general "beneficia" a quien lo recibe, siguiendo el principio de vencimiento objetivo, en este supuesto de homologación de un acuerdo en el que la demandada participó pero, oponiéndose a que se le aplicaran las costas, éstas deben soportarse por quien asumió la obligación de la reclamación actora, esto es, la compañía que se comprometió -a través de la relación aseguratoria- a mantener indemne el patrimonio del asegurado.

No modifica en nada la conclusión anterior el argumento arbitrado por la juzgadora acerca de que se contrarió una cláusula del contrato de seguro, porque según se infiere de la lectura de la misma la aseguradora no designó los profesionales que representarían o patrocinarían al asegurado, para que recién después éste, otorgara poder. Sólo se constata que la citada en garantía designó y otorgó poder para su actuación en el juicio pero no para la demandada.
Confirmación de sentencia, procesos de conocimiento, acto administrativo, ascenso laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Fariña Márquez Raúl Eduardo c/ EN - ANAC s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-06

Se revoca, por mayoría, la sentencia de primera instancia que había decidido admitir la demanda, anular la resolución ANAC n° 634/2017, y ordenar a la parte demandada que dictara un nuevo acto y liquidara unas diferencias salariales. El voto de la mayoría consideró que la resolución administrativa impugnada fue motivada con arreglo al decreto 2314/2009 -y otras normas aplicables- y que el peticionario no demostró que sus méritos, su especialidad y/o su aptitud técnica y/o profesional, haya sido superior a las que exhibían los demás agentes ascendidos.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castaño, Maria del Carmen c/ Zurro, Antonio A. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-09

Cuando se trata de resarcir el sufrimiento espiritual solo es posible una estimación aproximada.-
Participación criminal, autoría
Materia: PENAL
Carátula: PISANO C.R. s/ PARTICIPACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-08

Se comprende dentro de la teoría del autor el estudio del sujeto activo del delito en cuanto persona capaz de acción y de responsabilidad penal, es decir, como posible sujeto de derecho, así como las condiciones y calidades personales que no perteneciendo específicamente a un tipo penal o a una excusa absolutoria, están previstas en la ley con el efecto de excluir, aumentar o disminuir la pena o dar motivo a otras medidas del derecho penal. Por ello, es adecuado declarar la existencia del hecho con la intervención del menor inimputable.
Verificación de créditos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Metalúrgica La Victoria  S.A. s/ Conc - Prev - inc - Verfic - Tardia (LIBRO: S160 - 137)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-05-06

La exigencia jurisprudencial de la acreditación de la causa tiene por finalidad acabar con la inmoralidad de los pasivos ficticios creados por el concursado, pero no puede invocarse esa doctrina para justificar otra inmoralidad, como es queel concursado vea licuado su pasivo con sólo recurrir y exigir una prueba de difícil o imposible producción. De igual modo resulta inadmisible que se rechace la verificación de créditos fundado en motivos puramente formales, cuando el síndico y el juez concursal tienen amplias facultades acordadas por la ley concursal para investigar y averiguar la verdad real.-
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, cámara de apelación en lo civil y comercial, superintendencia, recurso de reposición (procesal), aplicación de la ley, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Parnisari, José Luis s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad- Sanción a  Síndico concursal (Exclusión de la lista) - Revocatoria (Expte.:  C.S.J. Nro. 110 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-29

Resulta inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que si bien el quejoso en su presentación directa ante esta Corte se hace cargo del fundamento del auto denegatorio con el propósito de refutarlo, lo cierto es que no consigue cumplir satisfactoriamente con la carga que le impone el artículo 8 de la ley 7055. Ello así por cuanto frente a lo sostenido por el A quo respecto a que "...la falta de agotamiento de los deberes legales ordinarios previstos para impugnar los decretos de Presidencia (V.gr . LOPJ 33 y 37), obsta a la concesión del recurso de inconstitucionalidad por ausencia del requisito de definitividad exigido por el artículo 1 de la ley 7055", el quejoso se limita a negar la aplicación al caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial -arguyendo que debe aplicarse el decreto 10204/58 y que existen disposiciones específicas en la legislación concursal- , mas sin conseguir con dichas argumentaciones demostrar que el Tribunal hubiese equivocado la selección y aplicación de la normativa que gobierna el caso. No obstante ello, -y aunque el impugnante hubiese utilizado los mecanismos que la 10160 pone a su disposición, a fin de que la Sala que integra el Presidente de la Cámara disipara los reparos que le causaba la providencia atacada (aclarándose que resulta inaplicable el decreto 10204/58, conf. Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Acta N 17, punto 17, del 8.5.02) - el remedio extraordinario contra lo resuelto por el Tribunal no podría, de todos modos, resultar admisible desde que el pronunciamiento carecería de la definitividad requerida por el artículo 1 de la ley 7055 para franquear el acceso a esta Corte.
Delegado gremial, despido, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Di Croche, Agustín M. c/ E.R.S.E. s/ Indemnización por despido s/Inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-03-02

Una comprensión lineal del art. 52 de la ley 23551 indica que el reclamo indemnizatorio es una "opción" (o alternativa) a la acción de reinstalación, y no un corolario supeditado a la ineficacia sustancial de ésta última. (En disidencia: Dr. García Osella).
Pago, depósito judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Flaqué, Raúl M. c/ Ramognini, Juan s/ Incidente de ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

Los efectos cancelatorios propios del pago realizado en el proceso, tienen lugar desde que el acreedor queda formalmente enterado del depósito judicial de la suma adeudada, pero a condición de que los mismos se encuentren disponibles.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, costas, ley procesal penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DOMANCICH, MATEO JOSE c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-08

Es criterio reiterado de este Cuerpo que la materia de costas, por ser procesal, en principio, no admite el recurso de inconstitucionalidad, y si bien dicha regla general reconoce excepción en los casos en que tal aspecto procesal ha sido resuelto con arbitrariedad, lo cierto es que en el sub judice no cabe hacer lugar a ella, toda vez que el impugnante no logra desvirtuar lo expuesto por la Alzada respecto a que no puede equipararse el archivo de las actuaciones dictado en el marco de lo dispuesto por el artículo 7 inciso d de la ley 13004, con un desistimiento tácito o la caducidad de instancia como lo pretende el curial defensor, en tanto las consecuencias de aquella previsión -que obedece a razones de política estatal- mal pueden achacarse al actor civil constituido, sin perjuicio de que además esa parte haya o no tenido razón plausible para litigar; y asimismo, tampoco puede equipararse el vencimiento (presupuesto que, como regla, tanto la ley 6740 como el actual Código Procesal Penal requieren para la imposición de costas) a la disposición del archivo de las actuaciones, cuando ésta se establece en virtud de la entrada en vigencia de un nuevo sistema de enjuiciamiento penal, del que no cabe hacer responsable -tal como lo sostuvo la Alzada- al actor civil; máxime cuando el propio artículo 7, inciso d) de la ley mencionada, ordena que se archivará la causa dentro de los seis meses de notificados los interesados del inicio del período de transición (art. 1, ley 13004) y, según lo sostuvo el A quo y no fue desvirtuado por el compareciente, el actor civil no recibió la notificación referida y, además, realizó actos procesales en la causa con posterioridad al inicio del período de transición. - CITAS: CSJN: Fallos 240:28 y 308:1076; CSJStaFe: AyS T 44, p 349; T 47, p 355; T 65, p 116; T 81, p 273; T 111, p 392; T 303, p 340; T 305, p 1. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 13004, artículos 1 y 7, inciso d)
Sentencia condenatoria, condena anterior, comisión de nuevo delito
Materia: PENAL
Carátula: ROBLES, Liliana Graciela c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-18

El voto concurrente agregó que si bien lo determinante a los fines de evaluar la vigencia del antecedente condenatorio conforme el art. 27 del CP es la fecha de comisión de un nuevo delito por parte del imputado y no la fecha de dictado de la sentencia firme por la que se determine procesalmente que ello ha sucedido, se requiere la concurrencia de ambos extremos a fin considerar válidamente su configuración en el marco del proceso judicial, en el caso respecto de la disposición contenida en el art. 27 del CP.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, segunda instancia, prueba de histocompatibilidad, ley procesal
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: G., C. R. c/ A., J. L. y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-16

Del memorial recursivo surge que el punto neurálgico de los cuestionamientos remite a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, que no deparan materia idónea en orden a lograr el acceso a la vía excepcional intentada, puesto que no lucen neutralizadas desde el punto de vista constitucional, las aseveraciones realizadas por el Tribunal a quo, el cual, en primer término, despejó la posibilidad formalista de aplicar lisa y llanamente la consecuencia procesal prevista en el artículo 143 del Código Procesal Civil y Comercial, a tenor de la naturaleza de la acción incoada, toda vez que la Cámara puso en evidencia el principio de flexibilidad probatoria que campea en casos como el sub lite, al decir recibir la causa a prueba en la Alzada, destacando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido reiteradamente que en los casos que se está frente a una acción de filiación no hay momento oportuno para la utilización de las herramientas legales; y zanjó la cuestión relativa a la posibilidad de efectuar la prueba genética sobre otros parientes del causante, con cita doctrinaria relativa al artículo 580 del Código Civil y Comercial, que al interpretar sistemáticamente la norma ha puesto de resalto que no cabe descartar que el examen se efectúe también sobre otros parientes del difunto, como sus abuelos, descendientes o colaterales, con quienes compartía evidentemente el material genético, máxime cuando el propio art. 579 regula en términos generales que ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética a alguna de las partes, los estudios se puedan realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta) - CITAS: CSJN: Fallos: 343:648, 848, 1109, 1416; CSJStaFe: AyS T 297, p 415; T 298, p 218 y 291. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 579. 580, 709 y 710; Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 143
Estafa, personal militar, sanciones militares
Materia: PENAL
Carátula: PEREZ ARENAS, ENRIQUE D. s/ ESTAFA - FALSO GENERAL BRIGADA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-07-08

Incurre en estafa quien simulándose general de brigada exonerado obtiene repetidamente de su novia dinero para las gestiones de reincorporación, mediando junto a la mentira actos positivos que la refuerzan.
Contrato de suministros, prórroga del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Microfilm Argentina S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-12

La concesión de una prórroga en el cumplimiento del contrato sólo importa una limitación que la autoridad administrativa autoimpone a su potestad resolutoria por el transcurso del tiempo convenido, limitación que se agota vencido el nuevo plazo.
Deuda previsional, ley vigente, competencia, Cámara Federal de la Seguridad Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LISA, SUSANA ISABEL c/ A.N.Se.S.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-09

Lo dispuesto por el art. 3281 y concordantes del Código Civil no empece al conocimiento de la C.S.S. cuando por razones de la materia dicho Tribunal es el único apto para resolver el tema de fondo planteado, en ejercicio de las obligaciones impuestas y facultades acordadas por la ley 23.473-vigente al momento de los hechos-, pues corresponde dilucidar con carácter previo si determinadas erogaciones tienen naturaleza remuneratoria y sólo con posterioridad, en el supuesto de desestimarse la impugnación deducida, dar intervención al juez del sucesorio.
Recurso de casación, liquidación, razonabilidad, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Adolfo Alberto Coñuecar c/ Jorge  Bain Mac Donald y/o Isabel Mac Donald de Bain y/o Angus Robert Bain y/o  quien  resultare  propietario o titular del establecimiento Ganadero "Estancia La Rebeca". s/ Laboral - Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-11-25

La liquidación practicada traspasa los límites de la razonabilidad a aplicar índices de un mes de hiperinflación, cuando en realidad debió calcularse en base al monto que surja de computar "día por día" hasta el "efectivo pago", ello de conformidad al criterio jurisprudencial de la Corte Nacional, cuando se refiere al "adecuado servicio de Justicia", que resulta ser misión esencial de los jueces, conjugando equitativamente los principios de la depreciación monetaria y de los intereses, conforme a las pautas enunciadas por los arts. 276 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Prescindibilidad, indemnización por despido, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: SANZ, MARTA SUSANA c/ CAJA  DE  ASIGNACIONES  FAMILIARES  PARA  EL  PERSONAL  DE  LA ESTIBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-06-19

No es óbice para admitir la legitimidad de la ley 21296 (que incluye, entre otros, al personal del CASFPE. en el artículo 1 de la ley 21274), que la relación que vincula a la empleadora con la trabajadora se encuentre regida por el derecho laboral y que, consecuentemente se hallaría excluída de otro sistema de compensación por rescisión del contrato de trabajo que no sea el del régimen que fijan las normas laborales, ya que de ello no deriva por sí solo que deba descalificarse la inclusión dentro del ámbito de la ley de prescindibilidad de una entidad que es una persona jurídica privada. (Del Dictamen del Procurador General del Trabajo número 5054 del 16 de abril de 1979, al que adhiere la Sala).
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: ITEM CONSTRUCCIONES SA. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-11-28

El juez al fundamentar su decisión no tiene que hacerse cargo de todos los argumentos de las partes, sino sólo de aquellos que estime pertinentes para buscar la solución del caso.
Acción meramente declarativa, recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, modificación del objeto del proceso, principio de congruencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Emprea Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. c/ G.C.B.A.Dirección General de Obras Públicas s/ Acción meramente declarativa G.C.B.A.Dirección General de Obras Públicas s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

En su memorial, la parte actora ha variado el objeto de la pretensión, pues, mientras en la demanda solicitó el dictado de una sentencia meramente declarativa para hacer cesar un estado de incertidumbre, en el memorial sostuvo que se trata de la impugnación de un hecho administrativo.

Ello sentado, toda vez que esta última cuestión no integra el objeto de la pretensión deducida al promover la acción, el principio de congruencia impide su consideración en esta instancia. En efecto -según lo ha señalado anteriormente este Tribunal- "...el objeto de la demanda constituye un límite de naturaleza objetiva para el juez, que por aplicación del principio de congruencia, no puede fallar sobre capítulos no propuestos a su conocimiento y decisión" y, en particular, respecto a las decisiones de esta Alzada, ello encuentra aplicación específica en las previsiones de los artículos 242 y 247 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, que vedan al Tribunal expedirse sobre cuestiones de hecho y/o derecho que no hayan sido sometidas a conocimiento de la jurisdicción por ante la primera instancia.

Luego, toda vez que la cuestión sometida a decisión de la Cámara se encuentra excluida -por mandato legal imperativo- del thema decidendum que puede conocer este Tribunal, corresponde que el recurso de apelación sea declarado desierto.
Obligación alimentaria, abuelos, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: R. R. c/ V. A. C. s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-12-06

Debido a la nota de subsidiariedad que caracteriza a la obligación alimentaria derivada del parentesco (en el caso, los abuelos), la parte que reclama alimentos para sus hijos tiene la carga de probar no sólo el incumplimiento del otro progenitor obligado, sino la insuficiencia de sus propios recursos o la imposibilidad de procurárselos, ya que como es sabido, ambos progenitores tienen la obligación y el deber de prestar alimentos a sus hijos (art. 658 CCC), aun cuando se atienda que las tareas de cuidado personal tienen reconocido un valor económico y constituyen un aporte a la manutención (art. 660 CCC).
Homicidio culposo, culpa, ley de tránsito, violación
Materia: PENAL
Carátula: MORBELLI, ANGEL s/ HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS-EXIMISION DE CULPA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-07-25

La violación por parte de los ciclistas-víctimas del evento-a las disposiciones de tránsito de bicicletas dispuestas por la ley nacional n* 13.893,: a) carencia de luces y/o señales -ojo de gato- b) conducción imprudente -uno al lado de otro y empujándose- constituye negligencia de las víctimas que a no dudarlo fuera determinante para que el imputado le resultara imposible -no obstante su maniobra- tratar de esquivarlos; embistiendo a uno de ellos y lesionando al otro. Ello hace a los ciclistas exclusivos responsables del accidente y sus consecuencias. correspondiendo la absolución del acusado.
Jurisprudencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: INFANTINO, GERLANDO c/ PEDROZO, ROBERTO s/ QUEJA    POR DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 276-86 ARNOLD, GREGORIO ANTONIO c/ CENTRO LA PROPIEDAD DE SANTA FE s/ INDEMNIZACION DE DA#OS Y PERJUICIOS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 514-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-10-28|1988-09-14

La aplicación en el tiempo de nuevos criterios jurisprudenciales, ha de ser presidida por una especial prudencia con el objeto de que los logros propuestos no se vean malogrados en ese trance (ver "mutatis mutandi" Corte Suprema Nacional "Tellez", a propósito de la fuerza jurígena de la jurisprudencia a partir de la doctrina asentada en el caso "Strada", La Ley, 1986 C-167 y comentario del Dr Roberto Martínez Ruiz). Tal necesidad entraña la de fijar el preciso momento en que dicho cambio comience a operar, para lo cual deben tenerse en cuenta las pautas brindadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Trabajadores de la industria del plástico, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: ANTOLINI, VICTORIO c/ ANELIT SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-05-26

El reconocimiento de la antigüedad prevista por el artículo 4 del cct. 36/73 (Industria plástica) resulta tan solo aplicable a los efectos salariales sin que pueda tener consecuencias en materia indemnizatoria.