Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-29


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil cinco, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Julio A Alexandre y asistencia de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, del señor Juez de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca y de las señoras Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Graciela Mercedes García Blanco, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "M .R .F c/ *** AUTOMOTORES S.A. s/ ORDINARIO", Expte. No. 13.886/03, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería No. 3 (Expte. No. 937/98), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 505) y autos de fs. 509, 517 y 528 a fin de lograr la mayoría prevista por el art. 8 de la Ley 1130, correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Julio A Alexandre, Dr. Fernando Nahuelanca, Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 465/469? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que el juez de primera instancia decide a fs. 465/469, desestimar las pretensiones de la actora y le impone las costas del pleito. Apelan los letrados que representaron a **** Automotores SA, por derecho propio, considerando errada la aplicación de las pautas arancelarias tanto en lo que respecta a los mínimos legales como en el modo de su fijación (fs. 471/473). El recurso les es concedido a fs. 474.

La actora apela el fallo a fs. 476, le es concedido a fs. 477 y expresa agravios a fs. 489/494 vta., que le son contestados por la representación de **** Automotores SA, a fs. 496/502 vta.

Intentado resumir las ideas principales del memorial, entiendo que la recurrente imputa al quo haber incurrido, en la elaboración del fallo, en el vi-cio de fundamentación aparente, con entidad suficiente para provocar su nulidad (fs. 491 vta. 4º párr.) ya que decide el rechazo de la demanda sin tratar ni resolver las cuestiones expresamente planteadas al promover la demanda.

Que no se ha intentado, con el ejercicio de la presente acción, un simple reclamo de facturas adeudadas, sino que se ha planteado y acreditado la existencia de una transferencia de fondo de comercio encubierta con las múltiples consecuencias jurídicas que ello acarrea y que involucra al adquirente de la empresa, en el caso el tercero citado * Automotores SA.

Así, erróneamente se consigna en el fallo impugnado que al haberse declarado la admisibilidad del crédito del actor en el proceso concursal -de la demandada-, no es posible dictar otra sentencia que verse sobre el mismo crédito, pues ello implicaría alterar los efectos de la cosa juzgada.

Avanza respecto de las particularidades de la presente causa que la aleja de la aplicación de la solución dada y marca como grave contradicción que se aduzca en la sentencia que el crédito actual está alcanzado por los efectos de la cosa juzgada y cuando se verificó tal circunstancia no lo haya declarado de oficio e interrumpido el desarrollo de las presentes actuaciones.

Que la resolución que declaró admisible este crédito no se pronuncia sobre la existencia o no de una transferencia de fondo de comercio y mucho menos sobre las consecuencias derivadas de la inobservancia de las normas que la rigen, por lo que mal puede producir efectos de cosa juzgada en el juicio donde se ventilan tales cuestiones.

Que la demanda no tuvo por objeto obtener la condena del tercero sino la de la demandada *** Automotores SA y la citación de aquél obedeció a la necesidad de que los efectos de la sentencia que se dic-tara en el juicio contra éste último le fueran oponibles.

Ello así, pues al demostrarse que existió transferencia de fondo de comercio pero sin cumplir los requisitos legales de la ley 11867, la misma no le resultaba oponible al acreedor del transmitente -el actor- por parte del adquirente, ya que no puede prevalerse de la misma, como lo ha entendido incorrectamente el a quo, y en consecuencia podrá aquél resguardar su derecho actuando sobre los bienes transferidos y en poder del comprador.

Además, quienes han eludido el procedimiento especial para tales transferencias no pueden resultar beneficiados con sus disposiciones ni tampoco perjudicar a terceros en función de los acuerdos celebrados con objeto de aquella. De allí, que resulte inadmisible que ante la falta de acuerdo entre las partes, las obligaciones solo pesan sobre el vendedor y el tercero carezca de legitimación para demandar al adquirente. La cuestión traída en revisión obliga a retrotraer su análisis al momento inicial de la litis, allí a fs. 59/73 vta., surge claramente que el actor promueve demanda por cobro de pesos en contra de *** SA (fs. 59 p. II), por los servicios contables que explicita (fs. 59 p. III. 1/4).

Que ha partir del p. 5, en la enunciación de los hechos que fundan el reclamo, la accionante recuerda la intromisión de C. M en la empresa demandada alegando su condición de nuevo dueño con el que llega a un acuerdo verbal respecto de se continuidad y de los honorarios adeudados.

Finalizada la prestación a fines de marzo de 1998, reclama y finalmente intima el pago de lo adeudado a la accionada y a su sucesora. Esta última niega tal condición, desconoce la existencia de una transferencia de fondo de comercio y rechaza en consecuencia el reclamo. A continuación da cuenta de la existencia cierta de la transferencia y el modo irregular de su trámite lo que la torna inoponible en su contra, cita al adquirente a efectos de quedar facultado para dirigir su acción contra los bienes que integran el patrimonio incluidos los transferidos a * Automotores SA.

A los fines de concretar tal pretensión cita en el p. IV, a partir de fs. 70 al tercero dando su opinión respecto al encuadre jurídico de su alcance y resultado.

El sentenciante, en resumen, rechaza la demanda por entender que el acreedor optó por verificar su crédito, hecho consentido, por lo que ante admitido operan los efectos de la cosa juzgada y en cuanto al tercero, ante la existencia de una transferencia, corroborada con los datos aportados en la causa, hace extensiva la imposibilidad de transmitir el pasivo.

En cuanto a los efectos de la resolución de la causa 329/98, fs. 1628/1629 vta., cuyo legajo de copia tengo ante mí, es la que prevé el primer párr. del art. 37 de la ley 24.522, esto es, el crédito verificado, que es idéntico al que funda el presente reclamo, ha quedado, al decir de Barbieri, definitivamente definido en el procedimiento concursal y su monto y naturaleza no pueden ser modificados en el futuro (ver "Nuevo régimen de concursos y quiebras", Ed. Universidad 1997, pág. 132).

Y es que, la sentencia de verificación produce los efectos de la cosa juzgada ultra o extraconcursal es decir más allá del proceso colectivo. Por consiguiente, no existe posibilidad alguna de renovar judicialmente la controversia, ni en el concurso, ni en el juicio ulterior a éste. La imposibilidad es igualmente extensible para el deudor, los acreedores y los sucesores universales de éstos. El pronunciamiento insinuatorio reviste autoridad de cosa juzgada material. Por eso supera los términos de la conclusión del concurso preventivo o de la quiebra, (ver Oscar A. Galíndez, "Verificación de créditos", Ed. Astrea 2001, pág. 270; ídem Rivera-Roitman-Vítolo, "Ley de Concursos y Quiebras", Ed. Rubinzal Culzoni 2000, t. I, pág. 279, p. 3; Rouillón, "Régimen de Concursos y Quiebras", Ed. Astrea 2003, pág. 101; F Junyent Bas y Carlos A. Molina Sandoval, "Verificación de créditos, fuero de atracción y otras cuestiones conexas", Ed. Rubinzal Culzoni 2000, pág. 236 y sigtes.). Inmodificable en consecuencia, el criterio del a quo cabe establecer si es posible a través del ejercicio de la presente acción hacer extensiva tal condena al tercero citado en la demanda conforme el art. 94 CPr., por las razones que allí se alegan. Se ha entendido en forma reiterada que la intervención obligada de terceros, que legisla el art. 94, constituye una medida excepcional que sólo debe decretarse por medio de un interés jurídico que sea necesario proteger y no un mero interés del citante.

En este orden de ideas, se ha resuelto que si el actor quiere hacer valer la sentencia contra un tercero cuyo interés es común con el demandado, no tiene otro camino que demandarlo lisa y llanamente y no limitarse a pedir su citación según el art. 94; para el accionante, normalmente, el caso plantea una hipótesis de extensión de la demanda (Santiago C. Fassi - Cesar D. Yáñez, "Código Procesal Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado", Ed. Astrea 1988, pág. 529, 2º párr.).

Ello es así pues, si el actor no entabló ninguna demanda contra el tercero, es decir no pidió condena, el juez no puede condenarlo, ya que si así procediera estaría fallando más allá de lo pedido, violando el principio de congruencia (ob. cit. pág. 534, 3er. párr.).

Más adelante los autores citados recuerdan que, concordantemente se ha decidido que el art. 96 al establecer que "en todos los supuestos, la sentencia dictada después de la intervención del tercero, o de su citación, en su caso, lo afectará como a los litigantes principales", no significa que pueda recaer condena contra él. Es por ello que su inclusión en la condena importa exceder los límites de la controversia y conceder más de lo pedido por las partes en el proceso y más adelante con fundamento en citas jurisprudenciales enseñan que la citación de terceros en los términos del art.94, no importa modificar los términos en que se ha trabado la litis, ya que el actor no dirigió su acción contra el citado, de modo tal que su intervención sólo tiene como consecuencia que la sentencia a dictarse pueda serle oponible en un eventual proceso posterior, y no corresponde por ende condenarlo o absolverlo (pág. 535), todo sin perjuicio de las tesis minoritarias contrarias a la que he expuesto y adherido (ver ob. cit., pág. 536), pero que no han sido las que fundan el recurso.	La conducta del a quo durante el desarrollo del proceso y hasta su culminación en la norma individual, no admite especulación alguna. Las conjeturas que se puedan elaborar en tal sentido escapan a la "crítica" tal como la exige el art. 265 del CPr.

Por todo lo expuesto propongo el rechazo de la apelación articulada por la recurrente en todo cuanto le causa agravio. Con costas en la alzada.

En cuanto a la queja que por derecho propio formulan los letrados de la citada como tercera a juicio, corresponde su corrección de conformidad con las pautas arancelarias impuestas por la ley 2200 y modificatoria por ley 4335, así, corresponde regular por los trabajos correspondientes a la instancia anterior a los recurrentes y en forma conjunta en la suma de pesos $3.500.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

1) Rechazar la apelación articulada por la accionante en consecuencia se mantiene firme en cuanto al fondo de la cuestión, por las razones aquí dadas, la sentencia de fs. 465/469 en cuanto fue motivo de agravios.

2) Admitir la queja de los letrados de la tercera citada a juicio y en consecuencia establecer los honorarios de la primera instancia para la Dra. L. F .M y Dr. J .M .F de las C, conjuntamente, en la suma de $3.500.

3) Costas a la vencida a cuyo fin regulo los honorarios de la Dra. L. F. M y Dr. J. M. F de las C, conjuntamente en la suma de $1.050 y los de la Dra. M .L .B. y del Dr. M .D. V, conjuntamente en la suma de $700. A la primera cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

A fs. 465/469 se dicta la sentencia por la que se rechaza la demanda interpuesta por la parte actora R .M contra la parte demandada *** S.A. y ** Automotores S.A. Se ponen las costas a la parte actora y regulan los honorarios de los profesionales actuantes.

Apelan a fs. 471/473 en propio derecho los Dres. J. M. F .C y L .F. M, contra la regulación de honorarios del punto 2) de la parte resolutiva de fs. 465/469. Sostienen en los sustancial que la regulación de $1.000, importa un 9,6% del capital reclamado, de donde se infiere -dice- que si se hubieran considerado los intereses el porcentaje se reduciría aún más. Impugna asimismo la regulación concreta, afirmando que debió determinarse en porcentuales en función del art.47, parte final, del Dec. Ley 2200/83 y ref. Ley 4335.	El recurso precedente se concede a fs. 474.

A fs. 476 apela, bajo apoderamiento letrado, la parte actora y el recurso se concede a fs. 477.

En esta Alzada, la actora representada, R .F .M, expresa agravios a fs. 489/494 vta., cuyo traslado (fs. 495), es contestado por la parte demandada a fs. 496/502 vta.

La actora agraviada afirma que la sentencia rechaza la demanda sin tratar de resolver las cuestiones planteadas, existencia de una transferencia de fondo de comercio, el incumplimiento de sus normas y de las consecuencias previstas en la Ley 11.867. Afirma que existe error en el pronunciamiento judicial entendiendo que la verificación del crédito en el proceso concursal de la parte demandada *** Automotores S.A., tiene efecto de cosa juzgada. Sostiene por el contrario que tal situación no impide la resolución en el presente juicio, es claro -dice- con los alcances respecto del concursado de su condición de fallido. Manifiesta que se trata de dos procesos diferenciados, tanto en su objeto como en los sujetos que intervienen; que no hay riesgo en provocar multiplicidad de procesos ni alterar el principio de igualdad de los acreedores, ni posibilidad que se dicten sentencias contradictorias puesto que el objeto sobre el que versan los litigios es distinto. Que la resolución que declara admisible el crédito del Contador R. M, no se expide sobre la transferencia del fondo de comercio. Estima que el sentenciante, con tal criterio, debió declarar en la oportunidad de la verificación el finiquito del proceso, conforme con el art. 374 in fine del código de rito, aludiendo a que tampoco las partes introdujeron tal criterio. Pide en consecuencia la revocatoria del fallo. Impugna a continuación el criterio jurisdiccional acogiendo la defensa de ** Automotores S.A., considerando la inexistencia de una transferencia de fondo de comercio, por ausencia de traspaso de pasivos y por lo que considera que el actor no se encuentra legitimado para demandar a esta sociedad. Señala en primer término que * Automotores no fue demandada, sino citada en los términos del art.94 C.Proc. y en ese carácter tomó intervención, para que a la citada pudieran oponérsele en su oportunidad las consecuencias del juicio.

Pero asimismo afirma que el fallo yerra al tratar la cuestión de fondo, porque si bien admite la transferencia de fondo de comercio, omite la consideración si se cumplieron las normas, específicamente, la publicidad, que justamente, del acatamiento a ese procedimiento legal depende la eficacia frente a terceros.

Reconoce como cierto que los créditos y las deudas no forman parte del fondo de comercio, como que tampoco lo pactaron las partes, pero que eso es "harina de otro costal", que de haberse respetado el procedimiento, habría admitido la vinculación pretendida, desde que la finalidad del sistema es la protección de los acreedores y evitar se burle el legítimo interés de los acreedores. Cita doctrina. Critica el fallo por análisis fragmentado y señala los que considera numerosos medios de prueba, hasta algunos aportados por el tercero citado.

Estima que de la lectura de los considerandos del fallo surge reconocida la transferencia del fondo de comercio y el incumplimiento de las publicaciones que ordena el art.2 Ley 11.867, correspondía aplicar el art.11, que establece las consecuencias de las omisiones y transgresiones. Expone sobre estas consecuencias con cita del autor Jorge Zunino. Que de todo ello surgen las razones para demandar al adquirente del fondo de comercio ** Automotores S.A. Solicita la revocatoria del fallo por los vicios que aquejan el pronunciamiento, con costas.

Los agravios de la actora sobre los efectos de la verificación del crédito reclamado en autos contra la codemandada *** Automotores S.A., afirmando que no tiene efectos de cosa juzgada y que no impide se dicte la sentencia "claro que con los alcances respecto del concursado que derivan de su condición de fallido", no hacen más que demostrar la insuficiencia de la pretensión.

Si se ha de condicionar al carácter (...los alcances...) de concursado, es propio reconocimiento de una sentencia declarativa e inoficiosa respecto a la codemandada *** Automotores S.A., ya que no podría ir más allá de lo ya verificado, clara evidencia de la ineludible influencia del concurso y de los efectos de la sentencia de verificación, proceso al que optara la actora conforme con el art. 21 inc. 1 Ley 24.522.

La verificación del crédito por parte del actor en el proceso concursal, importó la opción del art.21 LC., por lo que no pudo entenderse la verificación con la sola intención de no quedar excluido de la propuesta y paralelamente proseguir el juicio, conducta y subjetividad excluida por la norma citada.

Carece de proponibilidad jurídica oponer que se trata de juicios diferenciados con base en que también controvierte la materia relativa a la Ley 11.687. El carácter jurídico de concursado de **** Automotores S.A. sustrae asimismo dicha materia para ser resuelta a título singular en el presente juicio. De darse la hipótesis propuesta en la demanda, asimismo, sería prenda común de todos los acreedores concurrir a los presuntos bienes del fondo de comercio transferidos a ** Automotores S.A. y no derecho exclusivo del actor. Adviértase en consecuencia que la diferenciación de los juicios resulta imposible jurídicamente, por atracción del juicio universal.

El ensayo de otras hipótesis, el silencio de las partes frente a la continuidad del proceso no tiene los alcances que pretende. ** Automotores S.A. invocó al contestar la demanda las normas de la Ley concursal y la actora concurrió a la verificación, por lo que no se encontraba obligaba a otra manifestación, dados los propios efectos de la ley. Huelga señalar la ajenidad de * Automotores S.A. a la situación precedente y en lo que el juicio siguiera, había ejercitado la defensa que estimaba le comprendía.

En conclusión se han de definir las cuestiones invocadas por la actora apelante; tanto las precedentes como las restantes valoraciones de doctrina en relación al derecho comparado, no constituyen presupuestos que permitan superar la ineludibe definición de la ley: "La resolución que declara verificado el crédito y, en su caso, el privilegio, produce los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo..." (art.37 LC.).

La sentencia de primera instancia se expidió concretamente sobre este extremo normativo de la ley concursal, insistiendo inexplicablemente la agraviada en contra de la expresa disposición legal.

Se confirma por lo expuesto lo resuelto en la primera instancia en lo que se deja tratado en relación a la codemandada **** Automotores S.A.

En cuanto al remanente litigioso, también introducido en los agravios respecto al incumplimiento de las normas de la Ley 11.867, torna estéril todo avance sobre el particular, atento lo expuesto precedentemente. Sin embargo, debe advertirse que el recurso de la actora tiene como previo el desconocimiento de la sentencia sobre la naturaleza de la citación y consiguiente alcance de la sentencia. Impugna el resolutorio del fallo porque asimismo rechaza la demanda contra ** Automotores S.A.

Sostiene que su parte solo la citó como tercero, en los términos del art.94 Cód.Proc. y no tenía por objeto obtener la condena de ******* Automotores S.A., sino prevenir una eventual excepción de negligente defensa.

Es evidente que tal fue la limitación impuesta por la actora, ampliamente fundada a fs.70 y ss., con el Títuto VI, Citación de Tercero, hasta concluir en el petitorio conclusivo a fs. 71 vta.: "...se haga lugar a la citación a juicio como tercero de ** Automotores S.A.".

La citada ** Automotores S.A. compareció a juicio con expresión que venía a contestar el traslado de la demanda, excediendo el lugar procesal asignado, sin perjuicio de la defensa que estimara pertinente. Es clara la citación a juicio como tercero según el considerando precedente y en consonancia el punto II de la cédula de fs.80, que esclareció la sujeción a los arts.94 y 96 del CPCCCH. A mayor abundamiento, en el punto II del Objeto de la demanda, claramente se limitó la acción ordinaria a ****** Automotores S.A.

La conclusión resulta obligada, la actora no demandó a ** Automotores S.A., por lo que no correspondía a su respecto el rechazo de la demanda. Es contrapartida lógica de lo que se expresa en este Acuerdo, si no se entabló la demanda, el tercero no puede ser condenado. La contestante de los agravios -** Automotores S.A.- solo se manifiesta en función de la Ley 11.867, sin ninguna controversia al cuestionamiento sobre los alcances de la citación.

El examen de la cuestión sustancial a la que se aboca el Juez solo respecto a la codemandada ** Automotores S.A., deja de lado las implicancias que también es materia de interés concursal y no de un solo acreedor, al margen que fuera el sentido de lo que correspondiera en derecho.

Se entiende la postura de ** Automotores que ve rechazada la demanda, pero el fallo le causa agravio a la actora al imponérsele el rechazo de una demanda que no interpuso. En trabajo de doctrina de anotación a fallo se coincide: "Terceros: Necesidad de un adecuado encuadre jurídico", de Hernán J. Martínez (en J.A.1993-III-520 y ss.). Aquí se expone en sentido concordante: "...a) la citación de tercero, con los alcances del art.94 del citado cuerpo legal, no debe obligar al actor a dirigir su demanda contra quien no quiere". Se explica a continuación que es el pensamiento de Chiovenda, para quien "...cada cual es libre de obrar como crea dentro del ámbito de la ley y en el proceso nadie puede ser constreñido a proponer una demanda que no quiere proponer o proponerla contra quien no quiere". Se agrega el fundamento del criterio, los arts. 1109, 686, 699 y agrégase, asimismo el art.705 CC.

Por lo expuesto, debe en esta parte prosperar el cuestionamiento al rechazo de la demanda, revocarse el fallo en dicha parte y declarar, que la sentencia que se dicte afectará en su caso al tercero citado como a los litigantes principales (art. 96 CPCCCh).

Los agravios de los profesionales de la parte citada como tercero en juicio (fs. 471/473), tienen por una parte la conformidad con la imposición a la parte actora. El resultado de los agravios de la actora, no obstante la revocación parcial del fallo, no determinan un cambio en la imposición, pese a la petición para que la revocatoria importara asimismo el cambio de la carga (fs. 494 vta.). Por definición la accionante varió el resultado de las acciones por su concurrencia al juicio concursal, además de sostener que no pretendía la condena de la citada; entretanto, la jurisprudencia señala que las costas serán a cargo del citante: "Si la citación de tercero resultó estéril, las costas correspondientes deben ser soportadas por quien lo citó" (C.Nac.Civ., Sala B., 22/6/93 - "K S.A. de Construcciones v. Comisión Municipal de la Vivienda", síntesis en Rep. J.A.1997, pág. 443, nº 60 y "Y.C v. Envases A S.A.", ídem síntesis y cita J.A.1997, pág.443 nº 61). La imposición de primera instancia resulta en consecuencia confirmada (art.68 CPCCCh).

Para regular los honorarios de la parte apelante, es evidente que el fallo no aplica en su integralidad las normas concurrentes de la Ley 2200 y ref. Ley 4335, desde que la base regulatoria de la demanda interpuesta en el mes de junio de 1998 por la suma de $10.400, debe ser incrementada por aplicación de los arts. 6, 7, 9, 47 y concords., con la debida consideración de los intereses, el mérito de los trabajos profesionales, la importancia, complejidad y duración del juicio. En este sentido se ajusta la regulación propuesta en primer voto, por lo que debe aplicársela para resolver, teniéndose presente las reservas de fs. 502/502 vta.

Las costas en la Alzada deben aplicarse asimismo a la parte actora, ya que si bien obtiene una revocatoria parcial de la sentencia, subyace el principio de las costas a la citante, en tanto también pretendió el pronunciamiento sustancial, motivando los trabajos de la citada a juicio, cuando anticipaba que no pretendía la condena de la citada (art. 68 CPCCCh).

A la segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Voto:

1) Hacer lugar parcialmente a los agravios opuestos por la parte actora a fs. 489/494 vta. y a los interpuestos en propio derecho por los Dres. L. F. M y J. M. F C. a fs.471/473.

2) Revocar parcialmente la sentencia de fs. 465/469, en la forma que se expone en los puntos siguientes.

3) Revocar parcialmente el punto 1) de la parte resolutiva de la sentencia aludida, en cuanto rechaza la demanda contra ** Automotores S.A., que se deja sin efecto.

4) Declarar que la sentencia precedente afecta en su caso al tercero citado a juicio ******* Automotores S.A., como a los litigantes principales (art.96 CPCCCh).

5) Revocar parcialmente el punto 2) de la parte resolutiva del fallo citado precedentemente, en cuanto al monto de los honorarios regulados conjuntamente a los Dres. J .M. F .C y L .F. M, los que se regulan en la suma de $3.500.

6) Las costas de la Alzada se imponen a la parte actora, a cuyo fin se propone la regulación de los honorarios de los profesionales citados en el punto anterior en la suma de $900 y a los Dres. M .L. B y M .D V, en la suma de $200.

7) Tener presente la reserva de derechos interpuestas por los profesionales de la parte citada como tercero a juicio, en el memorial de fs. 496/502.

A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

I.- La sentencia de primera instancia - fs. 465/469- rechazó la demandada interpuesta por R .F .M contra *** S.A. y contra el tercero citado ** Automotores, impuso las costas al vencido y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

II.- Los recursos interpuestos.

A fs. 471/473, los Dres. J .M. F . C y L F M, recurrieron la regulación de honorarios contenidas en el punto 2º de la parte resolutiva de la sentencia en crisis por bajos, sosteniendo que no se han integrado los intereses a la base regulatoria y que, a todo evento, se debió proceder a regular en porcentajes.

A fs. 476, la actora apela, expresando agravios a fs. 489/494, los que fueron contestados a fs. 496/502 vta. por ***** Automotores S.A.

En lo sustancial, sostiene la parte actora que se ha rechazado la demanda y se ha eludido el tratamiento de las cuestiones de fondo que se han planteado en autos: existencia de una transferencia de fondo de comercio, incumplimiento de las normas que la rigen y aplicación de las consecuencias previstas en la ley 11.867 para el caso de incumplimiento de sus disposiciones. Sostiene que en la sentencia se confunde la naturaleza de la intervención procesal correspondiente a ** Automotores S.A.

ya que dicha sociedad no fue demandada y tomó participación en los términos del artículo 94 del CPCCCh. Insiste en la existencia de transferencia de fondo de comercio y los efectos del incumplimiento de las normas de publicidad.

III.- Tal como resulta de la reseña efectuada y lo han puesto de manifiesto mis colegas preopinantes corresponde el tratamiento de la cuestión relativa a los efectos de la verificación del crédito reclamado en autos en el concurso de **** S.A. y luego la posibilidad de condena del tercero citado coactivamente al proceso.

1. Los efectos de la verificación del crédito reclamado en autos en el concurso de **** S.A.

Existe acuerdo en los votos que me anteceden en relación a este tema, extremo que -en principio- me exime de pronunciarme. No obstante ello he se señalar los motivos que me llevan a adherir a la solución propuesta por mis colegas preopinantes.

Así, huelga destacar que el artículo 21 de la LCyQ otorga al acreedor la facultad de proseguir el proceso de conocimiento ante el juez del concurso con efectos verificatorios o bien solicitar la verificación del crédito a través del procedimiento reglado por la LCyQ. Ahora bien, la elección del modo en que se procederá es una "opción" del acreedor, de modo tal que por definición queda excluida la posibilidad de utilizar en forma conjunta los medios que la ley prevé con miras a un único fin: el reconocimiento del crédito.

Es por ello que si el acreedor ha optado por una vía de reconocimiento del crédito no puede utilizar la otra ya que está vedado una nueva valoración de circunstancias que ya han sido valoradas (Cfr. Junyent Bas, F y Molina Sandoval, Carlos A. "Ley de Concursos y Quiebras Comentada", T.I, Lexis Nexis Depalma, Bs. As., 2003, p. 164).

En este marco, no puede pretenderse que la sentencia, en base a artificios formales ha rechazado la acción y las cuestiones sustanciales que se señalan como pendientes de resolución han de ser tratadas en el marco de la citación de tercero, a cuyo tratamiento me abocaré.

2. La situación procesal del tercero citado.

La activa participación que ha tenido en el proceso ** Automotores S.A. -tercero citado coactivamente- impide sostener que esa participación sólo tiende a evitar una excepción de negligente defensa. No puede soslayarse que éste ejerció en forma cabal la calidad de parte, contestó la demanda refutando los fundamentos de la acción, ofreció prueba, la produjo, contestó los agravios de la actora contra la decisión de primera instancia y jamás invocó la existencia de restricción alguna derivada de la calidad en que fue incorporado al proceso y sin articular defensas con ese fundamento. En función de ello, es dable concluir que la posición asumida es equiparable a la de parte principal en uso de sus prerrogativas, derechos y deberes que legalmente le competen y, por lo tanto, resultaría un inútil dispendio de actividad jurisdiccional diferir la consideración de las cuestiones sometidas a debate en los términos del artículo 94 del CPCCCh y que responden a la lógica interior del proceso.

En este orden de ideas, sostiene Morello que si el citado (ab origene como "tercero") terminó instalándose en el proceso en calidad de parte porque pudo hacer todo los que a éstas les corresponde, "no sería otra cosa que incurrir en un exceso ritual y en el armado disfuncional de un litigio con pluralidad de centros de interés, pero independientes y condicionantes entre sí, entender que continuaban en el rol de terceros cuando ya se había operado esa conversión voluntaria en parte" (Cfr. Autor citado "Cuando el tercero se convierte en parte (Una expansión inteligente de la garantía de defensa)", ED T. 177, P. 87.

Admitida entonces la participación del tercero en la calidad reseñada, fácil es colegir que las cuestiones planteadas en el marco de su citación -conforme su expresa actuación- han quedado insertadas en el plexo global del objeto controvertido y deben recibir consideración expresa en el fallo de mérito.

Estas consideraciones imponen el tratamiento de aquellas cuestiones cuya consideración reclama el actor. Esto es la existencia de transferencia de fondo de comercio y en su caso, incumplimiento de normas que la rigen y aplicación de las consecuencias previstas por la ley 11867 para ese supuesto. Justamente estos aspectos integraron la materia de debate y no existe razón alguna que autorice excluirlos del pronunciamiento.

3. La transferencia del fondo de comercio.

Entiendo que esta cuestión vital del proceso, planteada por el actor en el punto IV del escrito introductorio de la acción -fs. 59/73- y negada por el citado como existente no ha sido resuelta en debida forma por el juez de grado. El rechazo de la acción en relación a *** Automotores S.A., se basa exclusivamente en que la transmisión del fondo de comercio no comprende a los pasivos.

Evidentemente el juez de grado en el análisis no ha dado respuesta adecuada y cabal a las cuestiones debatidas. Es que, en el marco de lo afirmado por la actora y controvertido por *** Automotores S.A., correspondía por una cuestión de orden lógico determinar en forma expresa si existió o no transferencia de fondo de comercio.

En este orden de ideas si bien existen distintas posturas acerca de la naturaleza jurídica y el concepto de fondo de comercio, el criterio mayoritario -tanto jurisprudencial como doctrinario- es el que lo considera una universalidad, un conjunto de cosas y derechos integrados al servicio de un proceso productivo destinado a producir beneficios económicos.

Se trata de un verdadero organismo económico con perfecta unidad constituido por elementos estáticos y un elemento dinámico. Los primeros incluyen a los elementos materiales -tales como las instalaciones, mercaderías, maquinarias- y a los incorporales -nombre, derecho al local, patentes y marcas-.

El elemento dinámico o funcional se refiere a lo que se entiende como "llave", que otros denominan aviamento o bien clientela (cf. Gutiérrez Zaldivar, Alfonso "Algunos problemas que plantean las transferencias de fondo de comercio", LL 2001- B-1271).

Todos estos elementos forman un conjunto activo; sin embargo no pierden por ello su individualidad física o jurídica, su autonomía (cf. CCom., Sala B "S.R. y otros c/ K E", citado por Piedecasas, M "Régimen legal de la Transferencia de Fondos de Comercios, Rubinzal-Culzoni Editores; Sta. Fe, 2000; p.88). Lo expuesto significa que existe la posibilidad de transferir individualmente alguno de los elementos sin transferir el fondo -con excepción del elemento funcional-. Es por ello que se ha reconocido que determinar si lo transferido es un fondo de comercio o una conjunto inorgánico de cosas y derechos es una cuestión de hecho (conf. SCJBA ED 72-688; ídem LL 135-345). Considero que en autos, no ha existido transferencia de fondo de comercio; se han enajenado algunos de los elementos que la ley declara como constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio, concretamente existencias en mercaderías e instalaciones, tal como resulta de las escritura nº 54 y 55 y la facturas nº0001-00002157 que obran agregadas a fs. 98/106 pero no se ha incluido en la transacción el elemento dinámico o funcional al que me he referido precedentemente -clientela, aviamiento, valor llave-.

Sin dudas se trata de una omisión esencial porque es la vitalidad de la organización económica y está por sobre los demás elementos individuales que integran la hacienda; surge de la actividad organizada de su titular y subsiste a pesar de la desaparición o pérdida de los elementos individuales.

El aviamento se traduce en la capacidad del negocio para producir ganancia y el valor llave es la cuantificación económica del aviamento en el caso concreto. Reitero que no se ha demostrado en autos la transferencia de este elemento. No empece a esta conclusión la acreditación de la transferencia del personal ya que la llave de un comercio se refiere a otros aspectos nítidamente comerciales -no vinculados a los trabajadores que se desempeñan en éste-. "crédito del que goza; fama o prestigio ante el público, el aporte personal de su dueño" (ED-40-625).

Por los fundamentos expresados, corresponde, declarar la inexistencia de transferencia de fondo de comercio y se propugna el rechazo del recurso.

4. La apelación de honorarios.

En relación a los honorarios regulados a los letrados apoderados de ** Automotores S.A. he de coincidir con mis colegas preopinantes. Los honorarios regulados en la instancia de grado violentan el mínimo legal y en función de lo expuesto deben ser readecuados y encuadrados dentro de la escala, aplicando siempre las pautas generales previstas en el artículo 6 del decreto 2200 modificado por ley 4335.

Adhiero por ello a su cuantificación en la suma de pesos tres mil quinientos.

5. Costas y honorarios de la instancia de grado.

Las costas de esta instancia se imponen al actor vencido por aplicación del principio objetivo de la derrota consagrado por el artículo 68 del CPCCCH.

Los honorarios de los letrados intervinientes se regularán de conformidad con la escala prevista por el artículo 14 del régimen arancelario y se cuantifican en la suma de pesos un mil cincuenta, en forma conjunta, a favor de los Dres. L .F. M y J. M. F.C y en la suma de pesos setecientos a favor del Dr. M.D. V. A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por R F M.

2. Confirmar, por los fundamentos expuestos el punto 1) de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia de fs. 465/469.

3. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, a fs. 471, por los Dres. L. F. M y J .M .F. En consecuencia, modificar parcialmente el punto 2) de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia de fs. 465/469, estableciendo los honorarios que les corresponden por su labor en primera instancia en la suma de pesos tres mil quinientos ($3.500).

4. Costas de esta instancia a la actora vencida. Regular los honorarios de los Dres. L .F .M y J M F. C, en forma conjunta en la suma de pesos un mil cincuenta ($1.050,00) y los correspondientes al Dr. M. D. V en la suma de pesos setecientos ($700,00).

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

La sentencia definitiva nro.957/02 del Juzgado Letrado en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería nro.3 de la jurisdicción fue apelada por la parte actora R. F. M y por los letrados de la demandada respecto de la regulación de los honorarios profesionales (fs. 465/9, fs. 471/3, fs. 476). Los motivos de queja han sido detallados por el magistrado que emitió su voto primero en orden, por lo cual se encuentra cumplimentada la carga procesal, y es válida la abstención de relatar los agravios por encontrarse fuera de la manda constitucional la reiteración superflua.

Se inicio la presente acción por el cobro de pesos, que conforme coincidencia de los Sres. Camaristas prevotante han confirmado la sentencia en cuanto a que ha quedado demostrado en el pleito que el actual reclamo es un crédito verificado en el concurso preventivo que inició el demandado C, en marzo de 1998 (fs. 467vta/8, fs.129/31).

Es coincidente y concordante la doctrina y la jurisprudencia que la resolución recaída en el concurso preventivo tiene efecto de cosa juzgada, lo que impide su revisión judicial dentro o fuera del proceso concursal (ver Marco Rufino "concurso y quiebras ley 24522", pág.205, Ed. Ad hoc, Ariel A. Dasso "Ley 24522 comentario exegético", pág.196/7, Ed. Ad hoc-97, y arts. 21, 37 y 38 de la ley 24522). En síntesis, la naturaleza y el monto del crédito ha quedado determinado una vez verificado el mismo, lo cual ocurrió y fue decisión voluntaria del actor hacer su presentación en el concurso introduciendo en el presente pleito, una cuestión zanjada en el proceso universal que tuvo por deudor al concursado (fs.468 y vta.).

El alcance del instituto de la cosa juzgada impide a mi modo de ver -y la mayoría de los juristas- revisiones ulteriores, pero como si ello no fuera suficiente, he de remarcar que en punto a que el quejoso, solo insiste en existencia de transferencia de fondo de comercio y no en la situación procesal de dicha persona ideal.

En primer término he de reiterar un concepto que no por antiguo y extensamente seguido por los tribunales del país ha perdido vigencia, refiriéndose éste, a que el juez no está obligado a seguir todas las alegaciones de las partes sino aquellas que resultan indispensables para la solución del conflicto.

En el caso, el actor demandó por el cobro de dinero a *** automotores SA, ha sido confirmada la sentencia respecto de ello tanto en primera instancia como por los tres Sres. Camaristas que me precedieron a los cuales me sumo conforme lo dicho precedentemente y con los argumentos que sintéticamente expuse.

Respecto de *** Automotores SA, este fue citado conforme lo establecido en los arts.94 y 96 del código ritual, habiéndose encontrado comprendido en el marco de la autonomía de la voluntad del actor, demandar lo que no hizo.

En la exposición de motivos de la ley 17454 se dijo que la figura de la intervención obligada comprende aquellas hipótesis en las cuales la parte eventualmente vencida tenga una acción regresiva contra el tercero, o medie conexidad entre el tercero y alguna de las partes originarias, siendo su finalidad que la sentencia a pronunciarse afecte al tercero como a los litigantes principales (ver Fassi "Código.", t.1, pág. 523, Ed. Astrea-88, arts.94 y 96 CPCCCh).

En este orden de ideas advierto que el actor no integró un litisconsorte pasivo sino cito como tercero en la contienda a *** Automotores, no obstante la naturaleza de la cuestión pues, es particularmente llamativo que habiendo el acreedor establecido voluntariamente quien era su deudor presentándose en el concurso preventivo, posteriormente plantee que hubo otro codeudor, al que no demanda. Como dije anteriormente, ha sido alcanzado por el instituto de la cosa juzgada el crédito pretendido -el monto y naturaleza de la obligación-. En estos entendimientos, es que confirmo la sentencia de grado, considerando abstracto los sustentos del agravio pues no condicen con la sentencia.

Es más, el pretender analizar como procesos diversos eludiendo las normas sobre universalidad del concurso, protección del patrimonio del deudor común a todos los acreedores devienen inadmisible cualquier planteo en forma individual sobre una transferencia del fondo de comercio, advierto conforme surge de fs. 467 el concurso de abrió el 21/8/98 y la presente demanda fue incoada el 10/6/98, optando el actor por verificar su crédito, y siendo alcanzado por el instituto de la cosa juzgada.

En este aspecto he de seguir los lineamientos del plenario de la CNCiv. "B c/S del 4-3-92, que dijo que no es factible dictar condena contra éste, y sin embargo tal sentencia tiene los alcances de la indicada normativa del código de forma. El magistrado no debió exceder el principio de congruencia dictando una sentencia de condena contra alguien a quien el actor -pudiendo haberlo demandado- no demandó. Es por ello que he de coincidir con el Dr. Nahuelanca en este punto, modificando la sentencia en la parte dispositiva. Por último he de agregar que "el tema de intervención de terceros, complejo e intrincado por su propia naturaleza generador de múltiples incidentes y de variadas interpretaciones ha merecido el art.96 párr. 1, una regulación poco afortunada. Una modificación del texto podría concluir al menos, con la incertidumbre creada advirtiendo la criteriosa redacción propiciada por Colombo en su proyecto, el ordenar que en particular la sentencia dictada después de la intervención del tercero será ejecutable al respecto si el actor hubiese pedido la citación y condena del tercero." (F.E. "Cod.Proc.", t.1, pág. 367 Ed. Astrea-99). Lo que no ocurrió en el caso (fs.70/73) ni tampoco se encuentra legislado de forma tan clara, por lo que interpreto que no ha de absolverse a quien no fue parte demandada, reitero coincidiendo con el segundo votante.

Existiendo acuerdo entre los prevotantes respecto de los agravios de los letrados apelantes me abstengo conforme disposición de la ley 4550.

Comparto la imposición de las costas a la actora con los prevotantes, toda vez que considero de aplicación al caso el principio objetivo de la derrota legislado en el art.68 del CPCCCh, el acogimiento parcial del agravio no enerva tal premisa.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por lo expuesto y en los temas que fueron materia de decisión propongo:

1.- Hacer lugar parcialmente a los agravios de la actora revocando parcialmente la sentencia venida en crisis en el punto 1ro. del fallo excluyendo del mismo a ** Automotores SA, rechazando la demanda respecto de ** Automotores SRL y declarar que la sentencia afecta al primero de los nombrados tercero citado como a los litigantes principales (art.96 del CPCCCh).

2.- Costas de la Alzada a la recurrente según considerando respectivo.

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada, en apelación por parte de la actora, en cuanto el sentenciante rechaza la demanda incoada por el Sr R .F .M contra ** S.A. y ** Automotores S.A., impone las costas al vencido y regula los honorarios.

A fs 471/473 el apoderado de ** Automotores, por derecho propio apela los honorarios regulados por bajos, solicitando se regulen los mismos en forma porcentual.

A fs 489/494 vta, se agrega la expresión de agravios, entendiendo la quejosa que los argumentos esgrimidos son meros artilugios formales para eludir el tratamiento de la cuestión de fondo, existencia de una transferencia de fondo de comercio, incumplimiento de las formas y aplicación de las consecuencias previstas en la ley 11867 para el caso de incumplimiento de sus disposiciones.

Se agravia puntualmente porque el pronunciamiento de primera instancia expresa que al haberse declarado la admisibilidad del crédito del actor en el proceso concursal no es posible dictar sentencia que verse sobre el mismo crédito, pues ello alteraría los efectos de la cosa juzgada, dando razones para desacreditar tales conclusiones.

Respecto a ello, los Sres camaristas que emitieran los votos, han coincidido plenamente, y confirmado la sentencia, motivo por el que no me expediré, con fundamento a lo que dispone el art. 271 CPCCCh, que otorga la facultad de no emitir el voto ya que basta para adoptar decisión "los votos en sentido coincidente de quienes se expiden en primero y segundo término", y abocarse al estudio de los agravios; sobre los que reitero, hay coincidencia; tomando decisión no modificará el resultado del fallo, máxime cuando el STJ de la provincia ha admitido, mediante voto del Dr Torrejón en sentencia del 1-6-98 que "la circunstancia que un magistrado haya tratado con mayor relevancia en su voto no significa discordancia, pues los jueces son libres de decidir los elementos que forman la convicción, siempre que se ajusten a los criterios de valoración de las pruebas, establecido en el orden procesal, y a todo evento llegan por distintos caminos a idéntica conclusión, formando así la mayoría legal suficiente para justificar el fallo.

Se agravia también por lo resuelto con referencia al tercero citado ** Automotores S.A. a quien se desliga de toda responsabilidad sin fundamento jurídico y se rechaza la demanda contra el mismo.

Luego de transcribir la parte pertinente de la sentencia, sostiene que se confunde la naturaleza de la intervención de ** automotores S.A., ya que dicha sociedad no fue demandada sino que fue citada como tercero y en esa calidad tomó participación en el expte.

Afirma que no tuvo por objeto obtener la condena de ** Automotores, sino la del demandado A. C, y que la citación del tercero obedeció a la necesidad de que los efectos de la sentencia que se dictara en el juicio le fueran oponibles.

A fs 496/502 vta. se agrega la contestación de la expresión de agravios, haciendo reserva el caso federal.

Y es sobre este segundo agravio, que mis colegas no han alcanzado mayoría, y es sobre lo que me expediré, adelantando que he de coincidir con el Dr Nahuelanca, con relación al alcance de la citación del tercero en los términos del art. 96 del CPCCCH, y daré mis razones.

Advierto que el actor por los motivos que enumera, fs 70, procede a citar en calidad de tercero a ** Automotores, "toda vez, dice, que se trata de una controversia común a dicha sociedad y la sentencia a dictarse en este proceso puede llegar a involucrarla".

En consecuencia no existe duda que la citación fue en calidad de tercero, art. 94 del CPCCCh, no obstante que el tercero diga que viene a contestar demanda.

Y en tal sentido reviste; a decir de Héctor Eduardo Kenny, "Intervención obligada de terceros en el proceso civil"; la calidad de parte autónoma frente a los litigantes principales, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de su intervención obligada, que no es otra cosa que la formulación de una pretensión de mera declaración de certeza de derechos.

El citado autor agrega que por vía jurisprudencial (ED 92-845) se ha decidido que "la intervención obligada prevista por el art. 94 del Cod. Procesal Civil y Comercial, implica sin duda que la concurrente se convierte en parte del juicio; tal carácter conlleva las facultades propias de esa calidad para el ejercicio adecuado de su derecho de defensa", es decir que el tercero citado está facultado para producir su defensa y prueba, dentro del interés que pretende defender.

Y es esa facultad la que ha ejercido ****** Automotores S.A.

Pero ello no implica que deba ser condenado o no, como al demandado principal.

La citación es a los efectos de que la sentencia que se dicte pueda serle opuesta, finalidad que surge del texto del art. 96 del CPCCCh, "en todos los supuestos, la sentencia dictada después de la intervención del tercero, o de su citación, en su caso, lo afectará como a los litigantes mismos".

El autor en obra citada, enseña "que el pedido de citación del tercero, efectuado por una de las partes originarias y con el objeto que aquel intervenga obligadamente en el proceso a fin de que la sentencia lo alcance, importará para el citante la formulación de una pretensión de mera declaración de certeza (positiva o negativa) de derechos emanados de la relación o situación jurídica externa habida entre una de las partes y el tercero, y que está dirigida a ese limitado efecto contra el último", págs 36 y sgtes.

De esta manera la regla del artículo 96, según la cual la sentencia lo afecta como a los litigantes principales, no significa que pueda recaer condena contra el citado, sino que, en caso de pronunciamiento condenatorio, éste constituye un antecedente favorable a la fundabilidad del regreso que se interponga frente al citado; pero el fallo no puede ejecutarse contra de este" STJ.2000 SAIJ en WWW.Sumario Nº Q 0010648; y en tal entendimiento, a la tercera citada, ** Automotores S.A., la sentencia sólo la atrapa con el alcance establecido en el artículo 96 del CPCCCh, revocando en consecuencia la sentencia de la instancia anterior en cuanto rechaza la condena contra el tercero "******* AUTOMOTORES S.A.".

En punto a los honorarios de los abogados del tercero citado, y las costas, la existencia de concordancia entre los votos que me precedieron, me exime de expedirme, por las mismas razones dadas precedentemente.

En consecuencia, sobre el agravio de la actora sobre el que he dado respuesta, coincido con la fórmula postulatoria del Dr. Fernando Nahuelanca (p.4).

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con las disidencias apuntadas, la siguiente SENTENCIA:

1) Hacer lugar parcialmente a los agravios opuestos por la parte actora a fs. 489/494 vta. y a los interpuestos en propio derecho por los Dres. L. F. M. y J. M. F. C. a fs.471/473.

2) Revocar parcialmente la sentencia de fs. 465/469, en la forma que se expone en los puntos siguientes.

3) Revocar parcialmente el punto 1) de la parte resolutiva de la sentencia aludida, en cuanto rechaza la demanda contra ** Automotores S.A., que se deja sin efecto.

4) Declarar que la sentencia precedente afecta en su caso al tercero citado a juicio ** Automotores S.A., como a los litigantes principales (art.96 CPCCCh).

5) Revocar parcialmente el punto 2) de la parte resolutiva del fallo citado precedentemente, en cuanto al monto de los honorarios regulados conjuntamente a los Dres. J .M .F. C y L. F. M, los que se regulan en la suma de TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($3.500).

6) Costas de la Alzada a la parte actora, a cuyo fin se regulan los honorarios de los Dres. J. M. F . C y L .F .M, conjuntamente, en la suma de NOVECIENTOS PESOS ($900) y a los Dres. M .L .B y M. D. V, conjuntamente, en la suma de DOSCIENTOS PESOS ($200).

7) Tener presente la reserva de derechos interpuestas por los profesionales de la parte citada como tercero a juicio, en el memorial de fs. 496/502.

8) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JULIO A ALEXANDRE (Presidente) SILVIA N. ALONSO de ARIET (Juez de Cámara) FERNANDO NAHUELANCA (Juez de Cámara) MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS (Juez de Cámara) GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO (Juez de Cámara)	REGISTRADA BAJO EL nro.019 DEL AÑO 2005	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS