marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba, ética de la función pública
Materia: PENAL
Carátula: Flores, Marcela Ilda c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-09

EL voto concurrente destacó que, al haberse probado que la imputada asesoró sobre aspectos previsionales a quienes tramitaban dichos beneficios ante el organismo del cual era funcionaria, violó las normas de ética pública y del ejercicio del debido ejercicio de la función pública. (Dres. Riggi, Catucci -voto concurrente-)
Recurso extraordinario, sentencia, reenvío, sentencia no firme, cuestión federal, Superior Tribunal de Justicia, Poder Legislativo, Estado Provincial, división de poderes, voto en disidencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SPELTA, ADRIAN ALEJANDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-23

Tanto este Cuerpo como la Corte nacional han entendido que en principio los pronunciamientos que -tras anular una decisión anterior- disponen el reenvío de la causa para que sea nuevamente juzgada por otro tribunal -o el mismo, como en autos-, no constituyen sentencia definitiva o equiparable a tal a los fines de la admisibilidad del recurso extraordinario federal; pero también es certero que ambos Tribunales han reconocido excepciones a esa regla al resolverse que dicho valladar formal debe ceder frente a supuestos que permitan inferir un asunto de gravedad institucional o cuando media en el caso cuestión federal bastante y se produce un agravio que, por su magnitud y por las circunstancias de hecho que lo condicionan, podría resultar frustrante de los derechos constitucionales en que se funda el recurso, por ser de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior, y trasladada dicha exégesis al presente caso, se advierte que el tema debatido -la inconstitucionalidad de una norma local, que delega de manera absoluta y exclusiva las facultades disciplinarias de la Corte provincial sobre los integrantes del Ministerio Público de la Acusación de la provincia al Poder Legislativo, y la vulneración que ello conlleva a la garantía constitucional de la autonomía del sistema penal provincial- trasciende al interés individual de las partes, al encontrarse afectadas -tal como señaló el recurrente- garantías constitucionales en relación al sistema republicano, la división de poderes y las potestades que a los mismos le otorga la Ley Suprema; configurándose a tal punto un supuesto de gravedad institucional que cabe considerar excepcionalmente superado el recaudo aludido. (De la disidencia del Dr. Netri) - CITAS: CSJN: Fallos:310:2214 y 338:534; CSJStaFe: Rincón, AyS, T 116, p 80; Batlle Casas, AyS, T 299, p 499 y Högner, AyS, T 300, p 1.
Fundamentación de sentencias, solicitud de excarcelación, falsedad ideológica, supresión del estado civil, falta de arraigo
Materia: PENAL
Carátula: Bonono, Reinaldo O. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-20

Está debidamente fundada la denegatoria de excarcelación, ya que la gravedad de los delitos imputados -falsedad ideológica y supresión del estado civil de tres menores-, y las especiales características de los hechos, en los que vivió años amparado bajo una falsa identidad, la mendacidad al indicar su domicilio, la falta de arraigo, y lo incipiente de la investigación, con medidas de prueba pendientes, tornan posible que el imputado intente evadir la acción de la justicia o entorpecer la investigación. (Dres. David, Ledesma y Slokar).
Ratificación de la declaración, declaración informativa
Materia: PENAL
Carátula: A, H. R. s/ Hurto simple (EXPTE. Nº 135-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-11

Reiteradamente se ha sostenido que las rectificaciones de la declaración informativa, para que tengan credibilidad, deben fundarse en argumentos que permitan suponer que existió una voluntad viciada al confesar delitos.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Chilabert 1990 S.R.L. y otro c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo -cuestión de competencia. art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

En el marco de la acción originaria de inconstitucionalidad -que tiene por carácter esencial el ser un remedio preventivo-, cabe suspender cautelarmente los efectos de la norma cuestionada por su intermedio (arts. 195, 230 y conc. del C.P.C. y C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tasa de justicia, monto del juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lavina Roberto s/ Sucesión Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-12

Disponiendo el Código Fiscal (art. 277, inc. f. t.o 1998) que la Dirección Provincial de Rentas determinará forma y medios de fijar los valores computables a fines de la tributación de la tasa de justicia, mientras que la reglamentación general de tal Código que la base imponible al efecto se calculará sobre la valuación fiscal vigente a la fecha del auto que ordena la inscripción (art. 77, inc. c), en caso de entenderse que el incremento anual ha sido excesivo, no cabe promover la designación de perito tasador, sino promover el trámite administrativo específicamente previsto por aquella Dirección para el reexamen valorativo del valor fiscal cuestionado.- (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, terceros, concesión comercial, responsabilidad del concesionario (administrativo)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CRESPI VDA. DE PIERRE, LIDIA ROSA c/ ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-25

Para que el concesionario de una ruta responda por daños a terceros, es preciso que la causa del siniestro radique en algo inherente a la ruta en si misma (roturas, baches, etc.) o en la falta de señales, incorrecta iluminación o falta de otros elementos que ordinariamente posibilitan la normal circulación de los vehículos.
Proceso penal, instrucción, competencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G., A. y Otro s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-02

La dirección de la instrucción se encuentra en manos de la prevención policial, y aquella tiene por definición la "acción y efecto de investigar", e investigar, la de "hacer diligencias para descubrir una cosa", razonablemente se deduce que el funcionario policial no sólo puede, sino que debe disponer las medidas necesarias para descubrir a los responsables del hecho cometido. Y en ese rol, resulta lógico y evidente que debe lograr la individualización de los autores.
Plazo tácito, excepción de incumplimiento contractual
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RIMADA NELSON OSCAR c/ AHUMADA RICARDO s/ COBRO ORDINARIO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-05-09

La rescisión unilateral de un contrato de locación de obra, fundado en la mora del demandado, resulta justificada, pues sin perjuicio de que no se estableció un plazo expreso para el comienzo de los trabajos, ello no autoriza a una de las partes a retardar indefinidamente la ejecución de sus obligaciones, máxime luego de la interpelación realizada por el dueño de la obra.
Privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, delito continuo
Materia: PROCESAL
Carátula: Vargas Aignasse Guillermo s/ secuestro y desaparición Vargas Aignasse Guillermo s/ secuestro y desaparición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Tucumán
Fecha: 2008-09-04|2008-09-04

Si bien se el delito de privación ilegítima de la libertad es de realización instantánea y se consuma cuando efectivamente se priva de su facultad de movimiento al afectado, la especial característica del bien jurídico tutelado permite que este hecho pueda constituir un delito permanente, prolongándose durante el tiempo donde se sigue cometiendo el ilícito penal.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, amparo por mora
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AZOGE, CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-10

Los comparecientes se limitan a esgrimir planteos relativos a que se encontraría violentado el debido proceso y el derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable, y a mencionar precedentes de la Corte nacional, mas lo cierto es que tales genéricas alegaciones no logran rebatir los fundamentos expuestos por la Sala al juzgar que de los autos no surgían acreditados los requisitos necesarios para la procedencia del amparo por mora, más aún si se repara en que la falta de un detalle claro de las constancias de la causa sin referir a los antecedentes administrativos y los respectivos plazos legales que invocan superados, conspira contra aquello.
Defensa en juicio, derechos de las niñas, niños y adolescentes, derecho a ser oído
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V. R. O. c/ R. A. C. s/ Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-15

Soy de la opinión de que el derecho del menor a ser oído es bastante más que un mero formalismo. La cuestión se encuentra regida por diversas normas; entre ellas, la Convención de los derechos del niño (art. 12), los arts. 3 y 24 de la Ley 26061 y el art. 185 de la Ley provincial 4347.
Sentencia firme, prescripción de la pena, fallos de la Corte Suprema, principio de inmutabilidad, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Roldán, Brian Marcelo y otro c/  s/ encubrimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-31

En lo atinente al momento en que adquiere firmeza la sentencia de condena, a partir de la cual comienza a correr el plazo de prescripción de la pena allí impuesta conforme el art. 66 del Código Penal, la doctrina que debe inferirse del caso "Olariaga" (Fallos: 330:2826) es que, en materia penal, la inmutabilidad de una sentencia condenatoria, esto es, la cosa juzgada, se adquiere, para el supuesto de decisiones recurridas por vía de queja ante la Corte Suprema federal, únicamente con la desestimación de dicha queja (voto del juez Huarte Petite).
Sociedad de hecho, prueba, cuenta corriente bancaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ,  ALBERTO;  BERNABE,  MARTA;  VINER,  E.  BERNARDO  (SOC. DE HECHO) S/PEDIDO DE QUIEBRA POR AGATINO GIANIETTO s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-15

La mera co - titularidad de una cuenta corriente bancaria no constituye prueba suficiente de la existencia de una sociedad de hecho.
Cómputo de intereses, accidentes de trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Galarza, Ricardo c/ SMG ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-21

De conformidad con lo dispuesto por los arts. 7, ap.2) y 9 ap. 2 de la ley 24557, dada la fecha de consolidación del daño con el alta médica, el curso de los intereses (conf., art. 2 Res. S.R.T Nº 414/99) corresponde a partir del 11/05/2011 y no desde la fecha de consolidación del daño, es decir, de la fecha del alta médica (11/04/2011) (del voto del Dr. Corach en mayoría)
Municipalidad, medidas cautelares, contracautela
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Portillo, Anselmo Bienvenido y otro s/ Conflicto de Poderes Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-10-05

La contracautela prevista en el art. 199 del C.P.C.C. no es exigible en los procesos por conflicto de autoridades municipales desde que se tratan de cuestiones institucionales despojadas de todo valor patrimonial.
Honorarios, regulación de honorarios, peritos, perito contador, obligaciones simplemente mancomunadas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Wallfisch Picasso c/ Bbva Banco Frances SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-19

La petición de la codemandada no condenada en costas de eximirse del pago de honorarios del perito -en su proporción- invocando para ello la franquicia pactada con el otro demandado, resulta improcedente. En efecto, la circunstancia de existir un contrato con franquicia entre aquélla y el banco coaccionado es una cuestión vinculada a la relación sustancial de fondo existente entre las partes codemandadas, no oponible al experto ya que la relación con el citado auxiliar es estrictamente procesal, derivada de su propia condición de parte codemandada en el proceso y, no, de su relación con el banco coaccionado. En ese marco, siendo que la tarea encomendada al experto y la peritación efectuada, resultan anteriores a la vigencia de la ley 27423, se mantiene el tradicional concepto de que la condena al pago de honorarios no genera una obligación solidaria sino simplemente mancomunada, salvo asunción expresa (antiguo CCIV 2005), o condena que expresamente así lo disponga. En este marco, resulta claro que el perito contador puede ejecutar sus estipendios incluso, contra ambos coaccionados no condenados en costas pero ese reclamo está acotado -como máximo- al cincuenta (50%) de ese total, en su conjunto.
Menores, representación legal, padres, mayoría de edad, falta de personería, mandato, poder
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mariach, Graciela Clara y otros c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Excepción  de falta de personería (Expte. CSJ Nº 665-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-20

El vicio relativo a la falta de personería aducido por la Municipalidad demandada -con sustento en que la actora insta el recurso por sí y en representación de sus hijos menores, y a la fecha el status jurídico se modificó con la mayoría de edad de uno de los reclamantes-, debe limitarse al otrora menor, pues no se presenta aquí una situación de litis consorcio necesario, ya que de ser así, lo que se impondría sería su citación coactiva, aun de oficio (artículo 305 Código Procesal Civil y Comercial, supletoriamente aplicable artículo 23, ley 4106). Además, se advierte que, a la fecha, el vicio de representación ha sido purgado mediante el otorgamiento de mandato especial por parte del mismo, lo que genera una situación de "jus superveniens".
Sujetos del proceso penal, querellante, calidad de parte, calumnias, apoderado de la querella
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "B. N. B., C. s/ Facultad de representación en la audiencia de conciliación del art. 424 del CPPN
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29

Se revoca la resolución del magistrado correccional que no hizo lugar a que se presentara el apoderado de la querella en la audiencia de conciliación prevista en el artículo 424 primer párrafo del CPPN.

Si bien la norma del artículo 424 CPPN no lo prevé expresamente, tampoco puede afirmarse que entre las cuestiones confiadas por el poderdante no se encuentre la defensa de su honor, lo cual no solo no se halla expresamente vedado en el procedimiento, sino que además, la inasistencia del querellante o su mandatario a la audiencia de conciliación constituye una de las causas de desistimiento tácito (art.422 CPPN).

Agregan que entonces, mediante un análisis armónico de la norma se entiende que se encuentra contemplado que el particular ofendido pueda hacerse presente por representación, pues de lo contrario carecería de sentido que pueda extinguirse la acción mediante la inasistencia de quien no puede presentarse. Indican que inclusive la doctrina ha sostenido que el acto en cuestión, si bien es un acto personalísimo del querellante y del querellado, el propio Código autoriza que el primero comparezca a través de mandatario (art. 422, inciso 2 CPPN) el que deberá hallarse munido de poder especial (art. 418 CPPN) e inclusive la omisión de la explícita facultad de conciliar en dicho instrumento, no es óbice para considerarlo habilitado para ello, pues salvo límite expreso, la especialidad del mandato comprende todos los actos necesarios para llevar adelante el negocio en cuya virtud fue otorgado.

Para concluir, señalan que toda vez que de la copia del poder surge que al letrado le ha sido otorgada la facultad para presentarse en la audiencia prevista por el artículo 424 del CPPN e incluso en ella a "aceptar, reconvenir la retractación del querellado", Corresponde revocar el auto en cuanto le impide presentarse en la audiencia de conciliación, debiéndose fijar una nueva fecha a tales fines.
Defensa del consumidor, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "La  Equitativa  del  Plata  SA  de  Seguros c/ DNIC -Disp 752/03(Expte 4618818/00)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-04

La publicación imperativa contenida en el último párrafo del art. 47 de la ley 24.240 constituye una sanción accesoria insoslayable a aplicar, cualquiera fuere la sanción condenatoria principal y con prescindencia de la levedad o gravedad de la infracción cometida y sancionada, ya que de no ser así, el legislador hubiera incluido a la publicación como un inciso más de los enumerados en dicho artículo, convirtiéndola de ese modo en una sanción posible a aplicar, junta o independientemente con las demás (C.S.J.N. "Banco Bansud", del 30/5/01, Fallos: 324: 1740) (Cons. VIII).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, enfermedad accidente, indemnización
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Galván, Mario Segundo y otros c/ Finexcor S.A. y otro s/ accidente - acción civil.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que rechazó un reclamo de indemnización por enfermedad accidente.
Derechos y garantías constitucionales, tratados internacionales, arraigo, interpretación de la ley, cauciones
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Plenkovich, Liliana Esther c/ Salvia, Mercedes y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Toda la evolución del derecho convencional se orienta a suprimir los obstáculos -como la cautio iudicatum solvi- que dificultan el acceso internacional a la justicia, y ejemplo de esta tendencia propia del avance de la cooperación jurisdiccional, es la Convención de La Haya del 1 de mayo de 1954 sobre procedimiento civil, que fue aprobada por ley 23.502 y trata en los arts. 17 a 19 sobre la supresión del instituto del arraigo y el art. 4 del Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, aprobado por decisión 7/92 del Consejo Mercado Común, que suprime toda obligación de caución o depósito fundado en la calidad de ciudadano o residente permanente en otro Estado.
Recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Corregidor Vda. de Carrasco, Inés Aurora c/ Transporte Lavaque y/o Néstor H. Lavaque y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-06-24

Corresponde el rechazo del recurso de inconstitucionalidad cuyos agravios remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, que han sido resueltas con argumentos bastantes, que mas allá de su acierto o error, confieren al pronunciamiento validez como acto judicial y excluyente del supuesto de arbitrariedad que se invoca.
Prueba, absolución de posiciones
Materia: LABORAL
Carátula: VERON, Martín c/ BERNARDEZ, Andrés Gerónimo s/ Dif.salariales, Indemnización, vacaciones y ot.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-03

Resulta irrelevante la absolución de posiciones, si por un lado las posiciones se aportaron de los hechos afirmados y negados por las partes en los respectivos escritos constitutivos de la litis, por lo que su impertinencia era notoria y esa deficiencia debió ser advertida por el juez ante quien se absolvieron las posiciones.
Derechos del trabajador, igualdad de oportunidades, calificación del empleado público, ascenso laboral, deber de imparcialidad, principio de no discriminación
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Observación General No 23 - Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2016-04-27

Todos los trabajadores deben poder ejercer el derecho a promocionar en sus empleos bajo el cumplimiento del deber de igualdad de oportunidades a través de procedimientos equitativos, transparentes y basados en el mérito, que respeten las directrices emanadas del derecho internacional de los derechos humanos, criterios que deberán asimismo incluir una evaluación de sus circunstancias individuales y experiencias vitales, quedando prohibidos en términos absolutos la aplicación de criterios irrelevantes como las preferencias personales o los vínculos familiares, políticos y sociales, como así también cualquier tipo de selección vinculada a actividad sindical o política.
Individualización de la pena, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: G., R. y Otros s/ Defraudación a la Administración Pública
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-18

"La individualización de la pena no es, como se sostuvo durante mucho tiempo, una cuestión propia de la discrecionalidad del juez, sino que su estructura misma es 'aplicación del derecho'.

Esto supone que la decisión esté fundamentada en criterios racionales explícitos. El juez no puede partir de cualquier valoración personal que le merezca el hecho o el autor, sino que los parámetros que utilice deben ser elaborados a partir del ordenamiento jurídico, estructurando el complejo de circunstancias relevantes a partir de la interpretación sistemática y teleológica".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Gutiérrez, Juan José s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-06

Es improcedente la denuncia de violación de los arts. 150 y 259 in fine del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- al utilizar la Cámara como base de la prueba compuesta la declaración de la víctima afirmándose que ésta por su condición de tal no resulta testigo hábil, pues tal incompatibilidad no se halla implícita en el carácter de víctima ni es consagrada por el referido art. 150 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.-
Derecho laboral, trabajador, remuneración, vales de comida, carácter no remuneratorio, decretos, interpretación de la ley, inconstitucionalidad, Constitución Nacional, leyes, jerarquía administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ONZALEZ, VICENTE H. c/ TELECOM ARGENTINA STET FRANCE S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO.  311 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

El decreto 1477/89 fue dictado con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, por lo que el control de constitucionalidad debe hacerse según las normas fundamentales vigentes al tiempo de la aplicación de la disposición impugnada. Al respecto, ni el espíritu ni la letra del texto constitucional argentino vigente con anterioridad a la reforma de 1994, admitían la validez del dictado por el presidente de la Nación de decretos-leyes que invadieran áreas de competencia legislativa. En el sub lite, el reproche constitucional se orientó a la imposibilidad de que una norma de rango inferior a la ley atribuyera carácter no remunerativo a vales o tickets de canasta familiar y, por esta vía, alterar el concepto de remuneraciones o de prestaciones complementarias previsto en el art. 105 de la ley de contrato de trabajo. Resulta evidente que la composición del salario en el régimen de contrato de trabajo es una materia de derecho común, cuya regulación es competencia formal y material del Poder Legislativo de la Nación.