Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-06-19


SALA SEGUNDA Expte. N° 5802 caratulado: "CARRANZA, Oscar Antonio c/ Frutos de Cuyo S.A. - Apelación de Sentencia - Inconstitucionalidad Y Casacion" En la Ciudad de San Juan, a diecinueve días del mes de junio del año dos mil doce, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y José Abel Soria Vega, a fin de examinar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en fecha veintinueve de marzo de dos mil doce, en autos Nº 8866 caratulados: "Carranza Oscar Antonio c/ Frutos de Cuyo S.A. s/ Apelación de Sentencia".

EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:

En la sentencia impugnada el Tribunal, por mayoría, acogió el recurso de la demandada. De esta manera, revocando el fallo de primera instancia, consideró justificado el distracto laboral y rechazó, en consecuencia, la demanda.

Al fundar su decisión, el voto mayoritario comienza por discernir si ha quedado o no probado el hecho fundante del despido: un golpe de puño aplicado por el actor a un compañero en horario y el lugar de trabajo. Responde afirmativamente, tras valorar las declaraciones de tres compañeros de trabajo, realizadas por escritos en instrumentos privados reconocidos en juicio y además mediante prueba testimonial.

Sentado ello, la mayoría concluye que el hecho constituye injuria grave en los términos del artículo 242 LCT. Por el contrario, el voto de la minoría considera que la demandada no acreditó debidamente injuria de tal magnitud que impidiera la prosecución de la relación laboral.

La actora encuadra su recurso de inconstitucionalidad en la causal del inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275. Dice que la sentencia es arbitraria y violatoria de su derecho de defensa y que no constituye derivación razonada de las constancias de autos y la legislación vigente.-- Se agravia señalando que la existencia de dos votos diametralmente opuestos denota que uno es justo y el otro es injusto. Y que el de la minoría es el que más se ajusta a los principios básicos del derecho laboral.

A continuación, objeta la valoración de la prueba efectuada en el voto mayoritario; específicamente de cada uno de los testimonios allí referidos.

Agrega que el voto no ha hecho la valoración prudencial a que alude el artículo 242 última parte de la LCT ni aplicado el principio que deriva del artículo 9 de la ley 20.744. Y que tampoco ha tenido en cuenta los buenos antecedentes que en veintitrés años de trabajo logró el actor.

La actora encuadra su recurso de casación en la causal del inciso 1º del artículo 15 de la ley 2275. Comienza diciendo que se ha omitido aplicar el artículo 9 de la ley 20.744 y 19 de CPL. A continuación, reitera los argumentos expuestos al fundar el recurso de inconstitucionalidad.

Expuestos los antecedentes del planteo, me aboco a examinar la admisibilidad formal de los recursos. Adelanto que dicho examen conducirá a desestimarlos formalmente, en cuanto ambos involucran cuestiones típicamente fácticas y probatorias.- Comienzo por señalar que tales cuestiones son notoriamente ajenas al recurso de casación, cuyo ámbito se limita al aspecto normativo de la cuestión. Esta Corte ampliaría ese ámbito si examinara los presupuestos de hecho. Además, ello convertiría al recurso en la vía de acceso a una tercera instancia ordinaria, que no existe en nuestro ordenamiento legal. (cf. S.1ª 1988-38; S.2ª 1990-11; 1991-I-3; etc.).

En la especie, la solución se adopta a partir de analizar hechos y pruebas, con lo que carece de relevancia la alegada omisión de considerar las normas invocadas.

Incluso en el ámbito del recurso de inconstitucionalidad la función de este Tribunal es restringida cuando se hallan involucradas cuestiones fácticas y probatorias.

Al respecto, cabe recordar que tampoco mediante dicho recurso esta Corte puede evaluar la justicia de la solución. Su misión se limita a controlar la legalidad del fallo en cuanto acto jurisdiccional.

Dicho de otro modo, para que se invalide una decisión sobre aspectos fácticos o probatorios, la decisión debe revelar arbitrariedad, y en tales casos la arbitrariedad implica trasgresión a las reglas de la lógica o valoración absurda de la prueba (P.R.E. S.1ª 1990-I-48).

En la especie, tras valorar las declaraciones de los Sres. Reinoso y Spadaro, el voto mayoritario juzga acreditado el hecho en que la patronal fundó el despido (un golpe de puño que el actor dio al propio Spadaro en el lugar y horario de trabajo).

Considera, además, que el incumplimiento laboral consecuente resulta subjetivamente imputable al actor y que, en fin, la inconducta ha sido suficientemente grave como para no consentir la prosecución de la relación laboral.

Pues bien, tales conclusiones no son irrazonables; por el contrario, se sustentan en fundamentos que -sean o no compartidos- resultan suficientes para fundar la decisión. Ello descarta la existencia de arbitrariedad y, como adelanté, obsta a la apertura de esta instancia.

Es decir que los agravios que la actora plantea en el recurso de inconstitucionalidad propenden, no a que se controle la legalidad del fallo, sino a que se revise el mérito con que el a quo ha juzgado las cuestiones que integran la litis.

Como ya se ha dicho, no es ésa la función que la ley 2275 otorga a esta Corte en el marco de este recurso. Si el Tribunal abriese dicha vía para examinar los enunciados defectos, vendría a actuar como un tribunal de mérito más, en una suerte de tercera instancia no prevista en la ley.

Por otra parte, debería extender ese examen a todos los casos y en todos los pleitos, lo que ciertamente perjudicaría su actuación como tribunal de garantías constitucionales (P.R.E. S.2ª 1989-I-86; P.R.E. S.1ª 1999-I-176; etc.).

Por todo ello, voto por desestimar formalmente los recursos planteados.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y JOSE ABEL SORIA VEGA, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente. En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I) Desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.

Fdo. Dres. Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y José Abel Soria Vega. Ante mí: Dr. Jorge Daniel de Oro - Secretario Letrado.

Df-5802 S.E.

P.R.E. S.2ª 2012-III-487.