Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26


2º Instancia.- Buenos Aires, febrero 26 de 2008.

¿Es justa la sentencia apelada? El doctor Escuti Pizarro dijo:

I. La sentencia de fs. 232/243 falla: haciendo lugar a la demanda entablada por Alberto Juan Palacio y en consecuencia, condena a Carmelo Prattico a pagarle la suma de $ 15.000 dentro del plazo de diez días, con más sus intereses y las costas del juicio.

Disconforme con el pronunciamiento apela el emplazado, quién a fs. 261/266 expresó agravios, los que no merecieron contestación.

II. La Responsabilidad.

Relata el accionante que el 4 de mayo de 2004, aproximadamente a las 20,30 caminaba por la calle General César Díaz cuando al arribar a la altura de 3.158 procedió a detenerse para alzar una pertenencia de su propiedad que se le había caído. En esas circunstancias, imprevistamente, se abalanzó un perro que provenía del interior del garaje allí ubicado, el cuál lo agredió y le provocó lesiones de consideración en el rostro.

Respecto del encuadre jurídico que corresponde adoptar para el análisis de los hechos invocados en la causa ya he tenido oportunidad de expedirme en un precedente de esta Sala en donde sostuve que la responsabilidad del dueño del animal por los daños que éste causare surge de lo dispuesto en el art. 1124 del Cód. Civil. La correlativa inculpabilidad a que se refiere el art. 1128, debe probarse por quién la alega, desde que la existencia de la culpa es una presunción iuris tantum, en cuya virtud la responsabilidad por el hecho dañoso causado por el animal doméstico recae sobre el dueño, si éste no prueba que el suceso se debió al hecho de un tercero, a la culpa exclusiva del damnificado, a que el animal fue excitado por un tercero o a que el daño provino de caso fortuito o fuerza mayor (conf. causas registradas en LA LEY, 2-146, 45-669, 123-498 y 135-630), sentencia en donde además sostuve que la responsabilidad derivada de la norma supra indicada es de carácter objetiva ( conf. mi voto en autos " Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires c/ Gutierrez Urquijo, María L. del 5 de julio de 1985, publicado en E.D. 115-54; en igual sentido voto del Dr. Hugo Molteni del 06.05.97, public. en LA LEY, 1998-A, 5 y voto del Dr. Ricardo Li Rosi en L. 471.016 del 21.2.07, inédito).

Se queja el apelante de la sentencia de grado y la critica por fundarse en presunciones que, a su juicio, no revisten el carácter de tales, sosteniendo, asimismo, que no está probado el contacto del animal con el accionante y que, de ser ello así, el damnificado tendría que haber ingresado al predio donde se encuentra el garaje y que no se encontraba autorizado para ello.

El art. 163 del Código Procesal, en su inciso 5?, ha reconocido expresamente la posibilidad de que las presunciones no establecidas en la ley sirvan como elemento probatorio válido para sustentar sentencias judiciales, siempre que se funden en hechos reales y probados y cuando su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción sobre la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica.

Las presunciones constituyen una vía indirecta para llegar al conocimiento o admisión de un hecho. Se parte de un hecho conocido y probado y se tiene por acaecido otro hecho, que se intentará probar por medio de un razonamiento. Los hechos conocidos de los que se infiere o deduce la realidad del hecho conocido se denominan indicios. El primer requisito a que se halla supeditado el valor probatorio de la presunción consiste en que los hechos o indicios tomados como punto de partida por el juez se encuentran debidamente probados. No se exige al respecto una prueba determinada, de modo que la demostración de los hechos indiciarios puede resultar del uso de los medios probatorios corriente (documentos, reconocimiento judicial, confesión, testigos, informes, peritos) e incluso de aquéllos que no estando provistos por la ley encuadran en la prescripción contenida en el art. 378 del Código ritual. De ello se infiere que las presunciones simples no alteran las reglas normales sobre la distribución de la carga de la prueba, pues la parte que invoca la presunción debe demostrar el hecho o hechos indiciarios, sin perjuicio de que la otra parte, a fin de desvirtuar la eficacia de aquél, produzca prueba en contrario.

En este sentido, el citado art. 163, alude al "número" de presunciones como elemento a computar para dotarlas de fuerza probatoria, aunque, en rigor, la pluralidad debe entenderse referida, no a aquéllas, sino a los hechos indiciarios sobre los cuales se basan. De conformidad con las reglas de la sana crítica, una sola presunción, cuando reviste gravedad y precisión, puede resultar suficiente para acreditar la existencia del hecho. Por su parte, la gravedad de la presunción atañe a la aptitud para generar un suficiente grado de certeza, y no de mera probabilidad, acerca de la existencia del hecho que es objeto de prueba. Pero para que ello ocurra la presunción debe ser "precisa", lo cual refiere no sólo que entre el hecho o hechos probados y el deducido medie una conexión directa, sino que aquellos serán susceptibles de interpretarse en un sentido único; y además, los indicios deber ser concordantes, es decir no excluyentes y formar por lo tanto entre sí un conjunto armonioso y coherente (conf. Fassi - Yáñez, "Código Procesal Civil y Comercial, comentado, anotado y concordado", t. I, pág. 780 y ss., comentario art. 163; Palacio, L. E., "Derecho Procesal Civil", t. V, pág. 452 y ss.; Falcón, E. M., "Código Procesal Civil y Comercial, anotado, concordado y comentado", pág. 144 y ss., comentario art. 163).

En tal sentido, a mi juicio, lo informado a fs. 127 por el Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur", no impugnado por la demandada, en cuanto informa que el propietario del animal Sr. Carmelo Prattico, domiciliado en C. Díaz ..., Capital, optó por la observación Antirrábica Privada, la cual estuvo a cargo del Médico Veterinario Dr. Edgardo Lo Coco, quién otorgó el alta clínica del perro el 14.5.04, es una presunción que reviste la mayor importancia, pues si lee detenidamente el certificado de observación (ver fs. 126)- que si bien no se encuentra firmado por el propietario del can- se infiere que el propietario, o su representante, entregaron al animal en observación proporcionando al médico veterinario interviniente la fecha en que ocurrió el hecho, nombre y domicilio del dueño del perro, nombre y domicilio del damnificado-que se corresponden con el del actor- y se sostiene que el animal lesionó al aquí demandante "según reconocimiento efectuado ante mí". Este reconocimiento ante el médico veterinario que tuvo en observación al perro es un acto voluntario del demandado que genera consecuencias en el proceso, a tal punto que, a mi juicio, lo convierte en una admisión del hecho y sus consecuencias efectuada ante un tercero. Es que, tal procedimiento del observación privada se efectúa conforme a la Ordenanza 41.831/87 que en su artículo 13 dispone que "Es obligación del propietario o tenedor responsable, someter a observación clínica veterinaria inmediata a todo animal que hubiera agredido y/o lesionado y/o contactado, en forma real o potencialmente riesgosa, a persona alguna y/u otro animal.-...." .- De tales circunstancias se infiere, a más de lo dicho, que no es exacto que el emplazado no haya tenido más noticia del hecho hasta la apertura del procedimiento de mediación previa obligatoria. Esto demuestra que si bien pudo no haber mediado reclamo del actor, el mencionado hizo la correspondiente denuncia y, ante la obligatoriedad que emana de la referida Ordenanza, sometió a su perro a la respectiva observación veterinaria, en un reconocimiento claro que el can de su propiedad fue el que agredió a Palacio.

Si a ello se agrega que el la nueva versión del "tumulto" que escuchó el actor en los primeros días de mayo, a raíz del cuál se encontró con el actor (ver fs. 48 del escrito de contestación de demanda), hay que concluir que la expresión de agravios del apelante no se compadece con la versión que diera en aquella oportunidad , lo que sin duda pone de manifiesto una intención de acomodar los hechos a su conveniencia, sin trepidar en ello, en llegar a la contradicción (Ver fs. 261 vta).

La aplicación de la teoría del riesgo creado en este tipo de hechos, o mejor dicho, la consagración por parte del Codificador de una responsabilidad objetiva, no es una novedad, dado que dicho régimen, por las especiales características de las cosas involucradas, desde la sanción el Código Civil hasta nuestros días no ha sido modificado en lo sustancial. Como se advierte, la ley no recurre a tipos o especies de culpa, sino que solo se limita a consagrar una responsabilidad iuris tantum, que en la especie, el emplazado no ha alcanzado a desvirtuar por ninguna prueba ni a probar las eximentes a que ya me he referido.

En cuanto al lugar en que habría ocurrido el accidente, ya sea dentro del garaje o bien en la vía pública, soy de opinión, que este aspecto del debate no posee causalidad jurídicamente relevante para influir en el resultado del pleito, pues aún en el supuesto que el daño se hubiera producido dentro del local, esta sola circunstancia de modo alguno releva de la consecuente responsabilidad al dueño del perro, ya que no se advierte que la supuesta " intrusión", al tratarse de un local con acceso al público, pueda constituir "per se" una eximente que exima de responsabilidad al dueño del perro.

En consecuencia, estimo que debería confirmarse en este aspecto la sentencia recurrida.

III. Daños y Perjuicios.

El demandado que queja en general del monto de los daños y perjuicios reconocidos y pide su reducción. Concretamente, critica, a mi juicio, acertadamente, el porcentaje incapacitante otorgado por el perito médico en su experticia de fs. 156/159, que fuera motivo de impugnación a fs. 197/199, contestada por medio del escrito presentado a fs. 202. En efecto, a más de observarse cierta ausencia de fundamentación técnico-científica y no expresarse de modo claro si los porcentajes incapacitantes otorgados son de carácter transitorio o permanente, por ello, teniendo en cuenta la escasa prueba producida por el actor respecto de sus aspectos laborales y de su vida de relación , de modo que propiciaré se reduzcan a $ 8.000 los $ 10.000 otorgados en concepto de incapacidad psicofísica sobreviniente, daño estético, gastos médicos farmacéuticos, tratamientos futuros y gastos de traslado.

El daño moral, valuado por el Sr. Juez "a-quo" en $ 3000 para enjugar este aspecto del resarcimiento, se presenta como justo para reparar este daño, que como se sabe es "in re ipsa loquitur", por lo que propongo confirmarlo.

En lo que respecta al lucro cesante, dado lo escueto e impreciso del relato del testigo Leonardo Pinotti, estimo que los $ 2.000 resultan excesivos y propongo disminuir este rubro a la suma de $ 800.

IV. Resumen.

Por las precedentes consideraciones propongo a mis distinguidos colegas la confirmación de la sentencia de grado en lo principal que decide y la modificación del monto de la condena, que se fijará en $11.800, debiendo subordinarse las costas de Alzada al no controvertido recurso del apelante, de modo que el actor cargará con el 30% de tales accesorios y el restante 70% se distribuirá en el orden causado (conf. art. 68 del Código Procesal).

Los doctores Molteni y Li Rosi votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el doctor Escuti Pizarro.

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta precedente, se confirma la sentencia de fs. 232/243 en lo principal que decide y se la modifica en cuanto al monto de la condena que se fija en once mil ochocientos pesos ($11.800) debiendo imponerse las costas de Alzada en un treinta por ciento (30%) al actor y en el orden causado en un setenta por ciento /70%).

Atento el modo como se decidiera precedentemente, corresponde adecuar las regulaciones de honorarios practicadas a fs.243, a tenor de lo preceptuado por el artículo 279 del Código Procesal.

Ello así, valorando la extensión e importancia de los trabajos realizados dentro de las tres etapas en las que se dividen los juicios ordinarios, monto por el cual prosperó la acción incluidos los intereses conforme el actual criterio de la Sala, lo establecido por los arts.1, 6,7,19, 37 y 38 de la ley 21.839 y concordantes de la ley 24.432, como así lo resuelto por este Tribunal en forma reiterada con relación a la forma de retribuir los trabajos de los peritos médicos quienes carecen de arancel propio (conf. H. 473.038 del 5/2/07 y sus citas, entre muchas otras), fíjanse los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. C. E. T., en un mil novecientos pesos ($1.900); los del letrado patrocinante de la parte demandada, Dr. C. F. T., en un mil trescientos pesos ($1.300); los del perito médico veterinario, R. E. S., en cuatrocientos cincuenta pesos ($450) y los del perito médico legista, Dr. A. J. Z., en cuatrocientos cincuenta pesos ($450).

Asimismo, por su labor en la Alzada que diera lugar al presente fallo, fíjanse los emolumentos del letrado patrocinante de la parte demandada, Dr. C. F. T., en quinientos pesos ($500) (arts. l, 6, 7, y 14 de la ley 21.839 y concordantes de la ley 24.432), importes éstos que deberán ser abonados en la forma establecida en la sentencia y en el plazo de diez días.-Jorge Escuti Pizarro.- Hugo Molteni.- Ricardo Li Rosi