marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, embargo de buque, caución real, monto de la caución
Materia: PROCESAL
Carátula: CREA SEGURIDAD SA c/ AGENCIAS MARITIMAS Y AEREAS AMARSAC SAC Y OTRO s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-08

Dado que la medida es susceptible de ocasionar perjuicio a la demandada, procede fijar una caución real adecuada a las circunstancias que especifican el caso (cfr. Sala II, Causas 2487 del 25.11.83 y 6059 del 14.4.89); merítase que no está acreditada la solvencia del embargante y que la caución exigida no debe convertir en ilusorio el derecho del solicitante (cfr. Sala II, Causas 2317 del 13.9.83; 12.790/94 del 4.11.94). En cuanto a la graduación de la calidad y monto de la caución, cabe recordar que el Tribunal esta facultado para ello. En este sentido, débese atender a la mayor o menor verosimilitud del derecho invocado, según un juicio provisional sobre las concretas particularidades de la causa y los elementos que, a la fecha, han sido incorporados a ella (cfr. A. M.

Morello-G. L. Sosa-R. O. Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados", 2da. ed. reelab. y ampliada, T. II-C, ps.

567 y 573/4; S. C. Fassi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas procesales vigentes - comentado, anotado y concordado", 2da. ed. act. y ampl., T. I, N° 1198, p. 533 y jurisprudencia citada en notas 4 y 5).
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Di Rosa, Mario; Saptie, Julio Roberto s/ Daño y lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-05

La exigencia constitucional de fundamentación legal se encuentra cumplida si las citas legales han sido efectuadas al fundamentar el voto, aunque no se mencionen en la parte dispositiva del fallo.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CARTAJENA MONTES DESIDERIO c/ CONCIEL S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1989-08-15

En el cálculo del daño material se justifica una quita del quince por ciento por cuanto la empleadora cumplió con las obligaciones asistenciales en los momentos iniciales hasta que el trabajador optó por la reparación integral.
Medicina prepaga, aplicación de la ley, Constitución Nacional, derecho a la salud, derecho a la vida
Materia: CIVIL
Carátula: Varimak SA y otros c/ Swiss Medical SA s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-19

1. La característica mercantil del servicio de medicina prepaga, no le resta sus eminentes notas sociales, en tanto tienden a tutelar las garantías constitucionales a la vida, salud, seguridad e integridad de las personas. Es bien conocida la doctrina de la Corte que ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la salud, íntimamente relacionado con el derecho a la vida (Fallos: 329:2552, entre otros y "Buñes Valeria Elisabet c/ Obra Social Unión Personal y otro", del 19-5-10). 2. La particular actividad que desarrollan las organizadoras del sistema médico, exorbita el marco puramente negocial en función de los matices sociales y fuertemente humanitarios que lo impregnan (conf. Gregorini Clusellas, "Los servicios de medicina prepaga. La extensión contractual y legal de la cobertura" LL 2005-A, pág. 335). 3. Obsérvese que se trata de proteger garantías constitucionales prevalecientes como la salud, vinculada estrecha y directamente con el derecho primordial a la vida, sin el cual todos los demás carecen de virtualidad y eficacia (conf. CNCom, Sala F, in re "Guillinet Goldman Jaime y otro c/ Swiss Medical SA s/ sumarísimo" del 22-3-18 y sus citas). El contrato de medicina prepaga involucra de modo directo derechos de rango constitucional, razón por la cual la jurisprudencia ha expresado que quienes, en el ámbito privado, comprometan la prestación de servicios de salud, deberán ser conscientes del rol que asumen (conf. Sup. Corte Just. Mendoza, sala 1a, "Sarmantano, Carolina V. c/ Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad Hospital Español de Mendoza" del 16-9-05). 4. Desde esta perspectiva, la cuestión sometida a juzgamiento no puede ser examinada en términos netamente económicos ya que es evidente que debe prevalecer el derecho a la salud ante cualquier puja con otros derechos. Ello, en el entendimiento que éste, con el derecho a la vida, constituye una prerrogativa fundamental en la Constitución Nacional y recibe el amparo de la Ley de Defensa del Consumidor (en tal sentido CNCom, Sala C, en "Havandjian Jorge c/ Consolidar Salud SA s/ Ordinario", del 2/10/12; ídem, in re "Anchezar Carlos Juan c/ Omint SA de Servicios s/ Ordinario", del 16/7/14).
Caducidad de instancia, notificación, principio dispositivo, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: LEMOS LUIS EDUARDO c/ FERREYRA MARIA LUISA Y OTROS s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-04

Notificada y firme la planilla fiscal efectuada por el Actuario, la omisión del juzgador de ordenar su pago, a tenor del art. 312 de la ley nro. 5121 no constituye obstáculo para que la perención se produzca toda vez que, ante la falta de pago del tributo fiscal, la causa no se encuentra en estado de dictar sentencia (arg. art. 218 inc. 1 procesal), continuando vigente la exigencia del impulso procesal de parte (por aplicación del principio dispositivo).
Honorarios del síndico del concurso, honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Español del Río de la Plata s/ quiebra
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31

Cuando una situación se ha desarrollado en forma íntegra al amparo de determinadas normas -en el caso, L.C.Q 19.551-, mal puede valorarse el mérito, la extensión, la cuantificación del trabajo de acuerdo al nuevo régimen legal -ley 24.318-, sin que obste a ello la circunstancia de hallarse pendiente la determinación de sus honorarios, toda vez que la regulación judicial solo agrega un reconocimiento -y cuantificación- de un derecho preexistente a la retribución del trabajo profesional, por lo que es necesario indagar en cada caso el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que tal circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable.

-Disidencia del juez E. Raúl Zaffaroni (La mayoría declaró inadmisible el recurso extraordinario- art. 280 del CPCCN).
Nulidad procesal, representación procesal, actos y diligencias procesales, buena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: MORANTE, AMELIA MERCEDES c/ GARCIA, NELIDA ESTHER s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (NULIDAD)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-12

Corresponde rechazar la nulidad peticionada ante el fallecimiento de una de las actoras sin haber sido tal circunstancia denunciada por sus mandantes -quienes continuaron interviniendo en autos- desde que no surge de las constancias de autos elemento alguno que haga suponer que los apoderados de la actora hubieran conocido el deceso con anterioridad a la presentación efectuada por la demandada, por lo que debe estarse por la validez de los actos procesales realizados en su representación (que por lo demás, también fueron hechos en nombre de los demás co-actores), en virtud del principio general del derecho que manda a presumir la buena fe. - DOCTRINA: PEYRANO, Jorge (Director), "Explicaciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe", Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2016, T. 1, pág. 270.
Ejecución fiscal, Municipalidad, deberes procesales, temeridad o malicia
Materia: CIVIL
Carátula: M.C.B.A. c/ CALUT s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-08

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires debe tener los antecedentes de los deudores morosos en regla. Lo contrario importaría obligar a los contribuyentes a asumir los gastos derivados de su defensa en juicio provocado por la irregular dirección de la entidad estatal. La institución judicial, por otra parte, no debe usarse al caso, esto es, dependiendo de que el pretendido deudor presente o no el comprobante de pago.

Pretender cobrar una deuda inexistente configura la temeridad que el art. 45 del Código Procesal sanciona, menos justificable cuando se trata de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, quien no obstante la condición ética que debe lucir, incurre en esta arbitrariedad inexcusable y notoria.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, tercera instancia, fondo de desempleo
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Medina, Crecencio c/ Intemec S.A. s/ Laboral. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad  (Expte CSJ Nº 545-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-24

Los agravios esgrimidos por la impugnante en el memorial recursivo no logran traspasar el límite de la mera discrepancia hermenéutica con el criterio con el que el órgano jurisdiccional tratara los temas sometidos a su consideración, que al margen de su acierto o error, y en la medida en que no se haya excedido del marco propio de sus atribuciones, resulta ajena a la instancia ordinaria.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., J.J. c/ Provincia del Chubut s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad Ley n° 5054
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-04

En nuestra Provincia, la denominada Acción Declarativa de Inconstitucionalidad prevista como de competencia originaria y exclusiva de este Superior Tribunal en el art. 179° inc. 1.1 de la Constitución desde 1994, ya antes admitida en el art. 32º inc. 2 de la Ley 37 -aunque nunca regulada adjetivamente, que Miguel ORTIZ PELLEGRINI ha definido como aquella que "Tiene por función esencial la de ser el canal a través del cual los habitantes pueden hacer reconocer sus derechos y garantías constitucionales que estiman podrían ser vulnerados por alguna ley, decreto, reglamento, resolución, cartas orgánicas y ordenanzas municipales, sobre materia regida por dicha Carta Magna y se controvierta en caso concreto por parte interesada.
Estado Provincial, deuda pública, Administración Pública, acto administrativo, pagaré, acción cambiaria, inhabilidad de título, Superior Tribunal de Justicia, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ingeniero Oscar Diez SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

Merece crítica la conclusión a la que arribó la Alzada al sostener que en las instancias inferiores, por el tipo de relación que había dado lugar al libramiento de los pagarés y por las defensas causales opuestas por la Provincia, se encontraba planteado "un caso contencioso administrativo" que debía ser resuelto necesariamente por la Corte en virtud de las reglas competenciales consagradas en la Carta Magna provincial. Ello por cuanto, como lo evidencia la recta apreciación del thema decidendum, la respuesta a la "cuestión causal" (o sea, el acogimiento o la desestimación de la defensa de "inhabilidad de título, falsa causa o falta de causa") no nos lleva indefectiblemente a exigir del "Juez de la ejecución" la indagación y decisión de cuestiones vinculadas con la validez de actos administrativos. En efecto, supuesta la existencia de los decretos anulatorios de los primigenios actos administrativos que dieron origen a la suscripción de los pagarés, y reconocida la necesidad de tenerlos presentes a la hora de fallar, la alternativa que se ofrecía era la aplicación lisa y llana de los mismos, acogiéndose por esa vía la excepción de inhabilidad de título con fundamento en la presunción de legitimidad de que ellos gozan como regla y mientras no sean anulados por tribunal competente. (Del Voto en Minoría del Dr. Vigo).
Higiene y seguridad del trabajo, examen preocupacional, falta de examen preocupacional
Materia: LABORAL
Carátula: Coito Ignacio c/ Laminadora Argentina Sociedad Anónima y/o quien resulte responsable s/ Laboral por enfermedad - Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-02-16

La falta de examen preocupacional implica una presunción favorable a los intereses del trabajador (en cuanto a que éste ingresó sano a trabajar), pero no es una prueba contundente de tal situación, de manera tal que puede ser desvirtuado por prueba en contrario.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quiroga, Alberto y otros c/ 'Le Colorada Soc. Anón. Comercial e Industrial s/ Daños y Perjuicios Castaño, Feliciano y otra c/ Garrote, José María y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17|1996-06-04

No es base idónea de agravios la denuncia de violación de garantías constitucionales, cuando la mención de normas de ese linaje no hace referencia de su aplicación concreta al caso y no explica de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan.
Embargo, gobierno provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: BUNADER VALPERGA RODOLFO EDGARDO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ COBRO EJECUTIVO - INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR -
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-04

En el caso, la parte actora, solicita que se trabe embargo preventivo, sobre sumas de dinero que el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán tenga depositado o a depositar en el Banco del Tucumán S.A., Casa Central hasta cubrir la suma de $1.764.768,69, con más la suma que provisoriamente se calcule para responder por acrecidas.

Conforme a las constancias de la causa principal: a) sentencia favorable por cobro ejecutivo, dictada en fecha 11/9/97; b) aprobación de planilla que asciende a la suma de $681.791, interlocutoria de fecha 22/6/98, c) declaración de inconstitucionalidad de las leyes números: 6974, 6987 y su modificatoria 6995 al crédito cuya ejecución se persigue, sentencia de fecha 05/3/2001, d) desestimación del recurso extraordinario federal por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 15/7/2003; corresponde, hacer lugar al embargo preventivo peticionado por la parte actora, en los términos del art. 226 y concordantes del CPCC.
Concursos, efectos de la apertura, actos prohibidos, pronto pago, ejecución de créditos laborales, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: CCI Construcciones SA c/  s/ quiebra s/ incidente de pronto pago promovido por lee gonzalez carlos felix
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-31

Procede rechazar el pedido de pronto pago incoado por quien fuera gerente de la fallida. Ello por cuanto, para la admisión del pronto pago es menester que no se den los casos aludidos por la LCQ 16 en su cuarto párrafo, para que éste sea viable. En ese sentido el beneficio debe ser rechazado cuando se considere que no se encuentra acreditada la efectiva presencia de una relación laboral y/o la efectiva prestación del débito laboral por parte del trabajador, cuando carezcan dichos reclamos de un soporte jurídico. Tampoco resulta viable el pronto pago si el crédito es controvertido y en el caso de existir sospecha de connivencia entre el peticionante y la concursada. En este último supuesto, la mera sospecha del síndico sobre la existencia de concilium fraudis, descartaría el pronto pago (conf. Dario J. Graziabile, pág. 317). Ello así, en el caso, la acreencia laboral reclamada por el incidentista fue controvertida por la sindicatura, en cuanto a la existencia de la prestación laboral habida cuenta el carácter de director de la sociedad que revistió durante muchos años el acreedor, así como la alegada dependencia de la fallida durante los períodos en los cuales el incidentista estuvo inscripto como empleado. En ese marco, de conformidad con lo expresamente establecido por la norma referida, no cabe ordenar en esta instancia el pronto pago pretendido (conf. CNCom, Sala E, 23/10/13, "Acetatos Argentinos SA s/ quiebra s/ incidente de apelación art 250"). En efecto, la efectiva prestación laboral respecto de la fallida durante todo el período reclamado por el acreedor, es una circunstancia que debe ser sujeta a la debida contienda y a la producción de la prueba, sin que, en principio, resulten suficientes a esos fines solamente las declaraciones testimoniales realizadas en autos, frente a la denuncia de la sindicatura de la existencia de una connivencia con la fallida.
Costas
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Gómez, Punciano c/ Fibramalva S.A.I.C. y/o quien resulte responsable s/ Diferencia indemnización por accidente de trabajo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-11-30

No prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, a quien la Juez a-quo impuso las costas. Ello así, ya que en nuestro ordenamiento procesal, rige en materia de costas, el hecho objetivo de la derrota art.129 de la Ley 2383, en virtud del cual, las mismas deben ser soportadas por el vencido y si bien en determinados supuestos el citado dispositivo legal, deja librado al prudente arbitrio judicial disponer la eximición, cuando se dan las especiales circunstancias que condicionan su procedencia, lo cierto es que la condena es la regla, mientras que la dispensa es la excepción y debe ser apreciada con criterio restrictivo, para que la justicia no resulte menoscabada a expensas de quien logra el reconocimiento de su derecho, y la circunstancia que señala la apelante no resulta suficiente para avalar el apartamiento del principio general consagrado en el art.129 de la ley 2383, esto es, que las costas sean a cargo de la vencida.
Honorarios, regulación de honorarios, ejecución de honorarios, prescripción, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MARTIN, JULIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 300 AÑO 1988)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-22

Este Tribunal- si bien con distinta integración- se pronunció en las causas "SAVIC", "Gardebled" y "Genaro García" por la aplicación del plazo decenal de prescripción del artículo 4.023 del Código Civil a reclamos como el aquí formulado, siendo inaplicable el plazo breve del artículo 4.032, inciso 1º (limitado a los reclamos del profesional contra su cliente). Sin perjuicio de lo expuesto, la materia en discusión aparece resuelta por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en materia de prescripción de honorarios ha distinguido entre el derecho a cobrar los mismos cuando ya han sido regulados, y el derecho a que se los regule (haya o no condena en costas), aplicando respectivamente los plazos decenal y bienal de los artículos 4023 y 4032, inciso 1º, del Código Civil-.Tal criterio, sin embargo, ha de ser aplicado exclusivamente a los casos que se susciten con posterioridad al presente, pues al significar un apartamiento de la doctrina sustentada por esta Corte provincial en la materia se tornan operativos aquellos principios que se vinculan con la vigencia de los nuevos criterios jurisprudenciales, que en su hora explicitara este Cuerpo recordando que el Máximo Tribunal de la Nación ha establecido "la necesidad de que los litigantes conozcan de antemano las 'reglas claras de juego' a que atenerse en aras de la seguridad jurídica" y destacado por ello la "especial prudencia' que debe presidir la aplicación en el tiempo de los nuevos criterios", a fin de impedir situaciones frustratorias de derechos constitucionales. Tratándose en el caso de autos de una situación totalmente precluida bajo una doctrina jurisprudencial determinada, no puede la misma juzgarse desde la perspectiva de un criterio diferente adoptado con posterioridad a la consolidación de la postura de los profesionales, pues ello lesionaría sus derechos de una manera irreparable (Del voto en disidencia del Dr. Spuler).
Denegatoria del recurso, oficialización de listas, legitimación procesal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  c/  s/ sobre incidente de apelación - causas electorales - reconocimiento de alianza/oficialización de candidatos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-02

Corresponde denegar los recursos extraordinarios federales interpuestos contra la sentencia adoptada por la mayoría del Tribunal en cuanto rechazó las apelaciones de los recurrentes con fundamento en que los accionantes -al haber invocado exclusivamente su condición de electores- no estaban legitimados para apelar la resolución del Tribunal Electoral que verificó de oficio el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para la postulación de los precandidatos. Ello así, en tanto el pronunciamiento atacado giró en torno a la interpretación de normas electorales locales e infraconstitucionales: los arts. 83, 84 y 86 del Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta circunstancia obsta, en principio, a la concesión de los recursos extraordinarios de acuerdo con la reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que las decisiones que resuelven cuestiones regidas por el derecho público local son, por regla, ajenas al control establecido a través de la vía del recurso extraordinario federal (Fallos: 114:42; 312:2110 y 324:1721, entre otros), en virtud del respeto debido a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas (Fallos: 305:112; 324:1721 y 335:98, entre otros), lo que impone que se reserve a sus jueces el conocimiento y la decisión definitiva de las causas que versan sobre aspectos propios de las instituciones locales (conf. sentencia del Tribunal en "APTITUD RENOVADORA - CABA s/ELECTORAL", expte. n° 172839/2021-0, sentencia del 1/9/2021 y sus citas). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Robo, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: Pedreño, Mario J. y otro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-17

Si el propio impugnante concede que los imputados "se apoderaron" del automóvil, que "dispusieron de la cosa", resultan entonces inoperantes a los fines de la pretendida aplicación del art. 42 del Código Penal, las restantes argumentaciones esgrimidas sobre la necesidad de "consolidar la disponibilidad adquirida" y la imposibilidad en el caso de que ello lo fuera "definitivamente", pues, mediando desapoderamiento carecen de relevancia los actos que a posteriori tengan lugar.
Títulos de crédito, factura de crédito, prueba, factura conformada
Materia: COMERCIAL
Carátula: H. y Cía. B. c/ G. SA s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-26

La factura es un instrumento quirografario autónomo, probatorio del contrato causal y sus modalidades, del que resulta la descripción de las mercaderías vendidas, sus características o calidades, su cantidad y precio.

No obstante ello, no debe olvidarse que la eficacia de las facturas, en tanto se trata de un documento unilateralmente expedido por el vendedor, será tanto mayor cuando el mismo se encuentre conformado por el adquirente en forma expresa o tácita, en los términos del párrafo 3ro. del artículo 474 del Código de Comercio.

Sin embargo es de advertir que lo dicho no importa aseverar que las facturas que no se encuentren suscriptas por el comprador carecen de idoneidad para probar el crédito invocado, criterio que resultaría cuanto menos exagerado, pues la entrega de las mismas puede acreditarse por cualquier medio de prueba, posibilitando arribar a la presunción respecto de aquellas en que existía un pedido de compra precedente.