marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejercicio profesional, médicos, relación de dependencia, trabajadores industriales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Acción Social de La Universidad Nacional de Tucumán c/ A.F.I.P. -D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-21

La jurisprudencia y la doctrina son claras al sostener que en el caso de profesionales universitarios, no rige la presunción del art. 23 de la L.C.T., ya que siendo exteriormente idénticos los comportamientos de quienes prestan servicios en virtud de un contrato de trabajo, uno de locación y/o servicios o uno de mandato, no existe el modelo de conducta social que justifique -tal como ocurre en el caso de los trabajadores industriales- presumir que la prestación de trabajo personal en una empresa ajena reconoce como fuente un contrato de trabajo válido (cfr. C.N.A.T., Sala VI, sent. del 17.02.94, "Planko, Mónica c/ P.A.M.I." -voto del Dr. Morando-).
Fallo plenario, obligatoriedad del fallo plenario
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Martínez, Cristian C. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-24

La interpretación de la ley aceptada en una sentencia plenaria es obligatoria para los órganos jurisdiccionales que dependan de ella tal como señala el artículo 10 de la ley 24.050. Tal decisión debe ser acatada so riesgo de la creación inoficiosa de cuestiones cuyo resultado sea previsible y que sólo aparejen un dispendio de actividad incompatible con el adecuado servicio que debe prestar la administración de justicia. La prescindencia de la doctrina del plenario no puede ser infundada ya que es deber de los jueces y, obviamente, de la propia Cámara de Casación conformar sus decisiones a aquélla.
Ejercicio profesional, contadores públicos, martillero, incompatibilidad de ejercicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lobo Casas, José Eduardo c/ Colegio de Martilleros de Jujuy s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 43, Fº 356/358, Nº 154) Jujuy s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 43, Fº 356/358, Nº 154)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1994-11-08

Estando acreditado en autos que el accionante, si bien es contador público nacional, no se encuentra inscripto como martillero judicial, la incompatibilidad del art. 5 de la ley 4152 no le resulta aplicable.-
Retiro militar, retiro voluntario, refrigerio, adicional por título
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bertrán, Horacio Carlos c/ E.N.   I.A.F. s/ Retiro Militar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-29

No es correcto incluir, a los efectos del cálculo del retiro voluntario establecido por el Decreto 2.193/86 P.E.N. , el rubro "compensación por gastos de refrigerio" pues la exclusión surge clara del art. 5 del Anexo I del Régimen de Retiro Voluntario, al mencionar los "gastos de comida". Tampoco corresponde el derecho "adicional por título" el que sólo nace por una habilidad especial del agente y responde así a sus características individuales, por lo que no es factible su generalización y sólo lo perciben quienes lo poseen, en la medida en que no constituya requisito para las funciones encomendadas y esté relacionado con ellas.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación administrativa, superintendencia
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario s/ avocación - Palma, Silvia Mabel cesantía". Tamburrino Seguí, Mario s/ avocación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20|1995-09-12

La avocación procede únicamente en casos excepcionales, cuando media manifiesta extralimitación en el uso de las facultades de superintendencia por parte de los tribunales respectivos o cuando razones de orden general lo hacen conveniente.
Seguro de responsabilidad civil, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Diaz, Israel c/ Banquero, Rolando y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

No deben confundirse dos figuras previstas en el contrato de seguro y que deben mantener su individualidad; uno es el tomador del seguro y otro el asegurado, sujetos que en la gran mayoría de los contratos de seguros de responsabilidad hacia terceros coinciden, pero que no es así necesariamente.
Suspensión del juicio a prueba, ley penal, oposición del fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Isolini, Patricia c/  s/ suspensión del juicio a prueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-17

A través de la suspensión de juicio a prueba, la ley penal ha incorporado un mecanismo de oportunidad reglada, lo que significa que su operatividad se encuentra vinculada normativamente a los fundamentos con base en los cuales la propia ley define al instituto (relativa levedad del hecho ilícito atribuido y circunstancias que posibiliten conjeturar la sujeción a la ley por parte del imputado) y que no se trata, pues, de una regla legal que introduzca la discrecionalidad en el ejercicio de la persecución penal. Así, la opinión del representante fiscal sólo reunirá la condición normativa de una fundamentación razonable en la medida en que atienda, de modo ineludible, al menos, al doble orden de razones en los que la ley sustenta el instituto, esto es, relativa levedad del hecho ilícito atribuido y circunstancias que permitan conjeturar que el imputado mantendrá un comportamiento ajustado a derecho. Toda otra razón ajena a las bases y al sentido del instituto podrá ser valorada y formar parte de la opinión fiscal de oposición a la aplicación del beneficio, sin embargo, el carácter vinculante de ese pronunciamiento sólo resultará de su orientación y fundamentación en aquellas dos razones referidas al sentido de prevención especial positiva asignado por el legislador a la suspensión de juicio a prueba en nuestro ordenamiento jurídico. De no presentarse de ese modo la opinión fiscal, la jurisdicción del órgano judicial se encuentra plenamente habilitada a valorar y decidir con arreglo a los fundamentos o razones de la previsión legal la concesión o no del beneficio de la suspensión de juicio a prueba (voto del juez Magariños al que adhirió el juez Huarte Petite).
Defraudación militar, destitución, sentencia absolutoria, in dubio pro reo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SIRE, GUILLERMO EDUARDO c/ ESTADO NACIONAL (COMANDO EN JEFE DE LA ARMADA) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-09

La sentencia absolutoria dictada "in dubio pro reo" en el juicio seguido por defraudación militar, no impide disponer la baja conforme a la descalificación que asignen al imputado los órganos castrenses específicos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Las Celmiras SAICIF y A. c/ Calvo, Julio y otra s/ Juicio ordinario de repetición y cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-02

Resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no cuestiona la conclusión esencial del fallo ni impugna la aplicación de las normas en que dicha conclusión se sustenta.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), efecto devolutivo, medidas cautelares, aplicación de la ley, jerarquía de las leyes, derogación parcial de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Cohen, Sofía Graciela. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-07

En tanto el artículo 15 de la Ley Nro. 16986 dispone que los recursos son concedidos "en ambos efectos", desvirtúa el propio fundamento del instituto de la medida cautelar, cual es la preservación preventiva de un derecho, cuya defensa ulterior, en caso contrario, podría convertirse en ilusoria o abstracta. Por aplicación del artículo 140 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 15 de la Ley Nro. 16986 se opone a lo claramente dispuesto por el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y debe entenderse parcialmente derogado. A efectos de determinar el carácter con que debe concederse la apelación, debe recurrirse -por la remisión que contiene el artículo 17 de la Ley Nro. 16986 -al Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, cuyo artículo 181 in fine prevé que "el recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo". (Del voto de los Dres. Nélida M. Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo A. Russo).
Domicilio constituido, locación de inmuebles
Materia: PROCESAL
Carátula: GUTIERREZ, JOSE CAMILO c/ SEGRETTI, RODOLFO HUMBERTO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-12

Si en el contrato de locación el locatario constituyó domicilio contractual en el inmueble locado, a partir de su desocupación debe considerarse que aquel domicilio ha cesado y es ineficaz la cédula allí diligenciada.

Aun cuando no existan normas en el Código Civil ni en el Código Procesal que se refieran a la cesación del domicilio constituido en los contratos, debe considerarse que ha perdido tal carácter cuando la base fáctica sobre la cual se pactó ha desaparecido.
Competencia electoral, cámara electoral, tribunal de alzada
Materia: ELECTORAL
Carátula: Germán Eduardo Gorrassi apoderado Lista Nº6 Acción Gremial de Abogados s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-24

Esta Cámara -como tribunal de alzada-, sólo está en principio legalmente facultada para conocer de resoluciones recaídas en las cuestiones articuladas ante los jueces federales electorales o las juntas electorales nacionales por vía de apelación y, en caso de denegarse ésta, mediante recurso de queja.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Villareal, Ricardo D. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-14

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa en el que invoca la inhabilidad de los testigos fundada en los arts. 150 y 251/254 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) dado que el sentenciante resolvió que resultan hábiles toda vez que valorados bajo las reglas de la sana crítica no se advierten factores de especial afecto, interés u odio que permiten entender que hayan podido torcer la imparcialidad de los relatos. Y el recurrente no logra demostrar que al así resolverlo el juzgador haya transgredido las normas legales que invoca (art. 355, C.P.P. Cit.).
Empleo público, estabilidad del empleado público, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ketzelman, Ernesto Daniel c/ G.C.B.A. s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-21

La Ordenanza 40401 -vigente al momento del traslado del actor a otro cargo dentro de la Administración- no otorga derecho a la estabilidad respecto de cargo ejercido por el agente, pero sí a una reubicación acorde a la jerarquía y especialidad del mismo.
Competencia laboral, recurso directo, prescindibilidad, razones de servicio
Materia: PROCESAL
Carátula: DE SARRO, Juan Carlos c/ Administración Nacional de la Seguridad Social s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-21

Corresponde declarar la incompetencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para conocer en el recurso directo, previsto en el art. 40 de la ley 22.140, contra la Resolución del Sr. Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que despidiera al actor con sustento en que, por razones de servicio, resultaba necesario prescindir de los suyos como empleado del organismo, y remitir las actuaciones a la Justicia Nacional del Trabajo.
Tarjeta de crédito, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: PROCONSUMER c/ BANCO ITAU BUEN AYRE SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-20

Corresponde hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de tarjetas de crédito, las acciones reguladas en tal ordenamiento prescribe a los tres años; plazo que, cabe recordar, coincide con el contemplado en el artículo 50 de la Ley 24240. Dado ese plazo, y teniendo en consideración que la demanda interpuesta en estos autos lo fue con fecha 9.12.04, forzoso es concluir que la acción se hallaba prescripta en lo que respecta a todos los reclamos fundados en hechos anteriores a esos tres años, computados desde la aludida fecha de interposición de la demanda. La pretensión -esgrimida por la actora- de que ese plazo fue interrumpiéndose por la comisión de nuevas infracciones en los términos del artículo 50 de la Ley 24240, no resulta conducente. Y esto, por cuanto no hay en autos ningún dato que habilite a esta Sala a sostener que medió tal conducta reiterativa de infracciones, siendo del caso destacar que, para que hubieran podido producir ese resultado interruptivo, esas infracciones hubieran debido verificarse mediante conductas del banco producidas frente a los mismos clientes.
Regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: A. P., P. D. C. R. c/ P. A. E. LLC SUC. ARGENTINA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-23

"Si bien es cierto que el valor del juicio no constituye la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor realizada y que los jueces disponen de un amplio margen de discrecionalidad para la ponderación de tales efectos, este examen no puede derivar en la aplicación de un porcentaje que se aparte de los extremos dados por la ley".
Responsabilidad del Estado, muerte en acto de servicio, personal penitenciario, daño por vicio o riesgo de la cosa, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO CIVIL
Carátula: WOLL, TOMAS R. Y OTRO c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

Para determinar la responsabilidad del Estado por muerte en servicio de un guardiacárcel producida por el disparo accidental del arma de otro guardia, no hay necesidad de acreditar la culpa de éste, pues rigen la inversión de carga probatoria y las limitaciones a la exoneración establecidas por el art. 1113 del Código Civil para los daños producidos con cosas riesgosas.
Partidos políticos, capacitación de dirigentes
Materia: ELECTORAL
Carátula: A.R.I. s/ balance 2007 Partido Socialista s/ presentación de estado patrimonial y cuentas de ingresos y egresos - art. 50 ley 25.600
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-08|2010-12-28

La inobservancia de la ya mencionada obligación "no traduce el incumplimiento de meras formalidades sino que implica desvirtuar el objetivo tenido en miras por el constituyente y que se vincula con la necesidad de que 'los partidos [...] no [sean] solamente canales de participación en la vida política de los hombres y mujeres del país, sino que [se conviertan en] centros de formación cívica y [...] política'".
Jueces, remoción de jueces, acción de amparo, debido proceso, Cámara de Senadores, Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestiones de competencia, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: García Foucault, María Rosa c/ Honorable Senado de la Nación s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

Si la magistrada que inició la acción de amparo contra la violación de la garantía del debido proceso en que habría incurrido el Honorable Senado de la Nación, fue destituida por decisión de ese cuerpo y dado que sólo cabe a la Corte pronunciarse útilmente en torno a las controversias sometidas a su conocimiento, resulta cuestión abstracta dirimir el conflicto de competencia trabado por el a quo por lo que se declara inoficioso el pronunciamiento del Tribunal.
Accidente de tránsito, giros
Materia: PENAL
Carátula: GAMBERALE, MIGUEL ANGEL. s/ LESIONES CULPOSAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-07-26

El eje a considerar para hacer una correcta valuación del hecho, fue el giro o viraje que hacia la izquierda intentó Gamberale. Nisini caracteriza esta maniobra básica diciendo que es "la posibilidad que tiene cualquier vehículo, munido de ruedas anteriores y posteriores, de cambiar la dirección de movimiento por la acción combinada de la fuerza propulsora y la voluntad del conductor". Se considera el automóvil Fiat 1100, con dirección normal, siendo incontrastable la voluntad que en el caso tuvo Gamberale al girar. Surge que el acusado tuvo el propósito de tomar una trayectoria perpendicular a aquella que quiso abandonar; se propuso recorrer un ángulo de 90°- esa maniobra fue, enteramente libre o voluntaria, requiriéndose por ende exigencias de calificada atención, prudencia, diligencia y pericia. Toda maniobra tiene como efecto anormalizar el flujo de tránsito, pero, además, el giro tiene rasgos especiales que acentúan aquella anormalización.

Carlos Tabasso en su obra "fundamentos del tránsito", pág. 222, :"el viraje es una de las maniobras que encierra mayores riesgos, por este, su carácter altamente perturbador (de lo cual) el conductor, que gira para cambiar de dirección o sentido de su marcha se presume responsable en caso de accidente" (t. XXII, p. 103 y 105). - cuando se dice que el giro tiene como efecto la anormalización del flujo del tránsito, se quiere resaltar o hacer ver que ese efecto se produce porque al salir de la directriz rectilínea, el vehículo, inevitablemente, cruza las directrices de los que vienen a la zaga, se les interpone en un "corte de vía", según la expresión técnico-accidentológica, con lo cual se genera el inmediato riesgo de colisionar o ser colisionado por los trasero. - el art. 50 de la ley 13893, en cuanto a los virajes, dice que el giro a la izquierda debe ejecutarse, en todos los casos, conservando estrictamente la mano.

Prescribe además que en las zonas urbanas el viraje a la izquierda no debe hacerse si el vehículo no ocupa ya la parte izquierda de la calzada de su mano, por lo menos 30 m. Antes de iniciar la maniobra y si su conductor no la ha anunciado tendiendo el brazo horizontalmente fuera del vehículo, o por medio de una señal mecánica autorizada.

Agrega la norma que la violación de las disposiciones del presente art. Constituye una contravención grave contra la seguridad del tránsito y crea para su autor, en caso de accidente, la responsabilidad inherente a los daños que este ocasione.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, allanamiento, costas, leyes, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Petzold, Carlos José Luis c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Caducidad   (Expte. CSJ Nº 666-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-13

No puede prosperar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 87 de la ley 4106, con el que la actora pretende obstaculizar el pedido de caducidad postulado por la demandada, desde que en reiteradas oportunidades la Corte provincial ha sostenido que el Código contencioso administrativo santafesino introduce un régimen especial de costas para el caso de finalización del proceso por perención, que prevalece sobre la norma del artículo 84 del mismo.

Esa norma, que rige aún en los casos de allanamiento al pedido de declaración de la perención, encuentra fundamento en que, tratándose de una instancia recursiva, se encuentra a cargo de la parte actora instar el procedimiento de declaración de ilegitimidad de un acto que se presume legítimo. Además, esta interpretación resulta común en materia recursiva, aún en el ámbito del procedimiento civil y comercial, bastando para ello remitirse a lo dispuesto por el artículo 241 del Código Procesal Civil y Comercial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Valor, Víctor Hugo s/ Violación. Robo calificado. Privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Es insuficiente el agravio en el que se cuestionan los indicios de corroboración y oportunidad utilizados por la Cámara, si sólo se aduce que son equívocos y no se vincula el reclamo con las normas de la prueba de presunciones que podrían haber sido transgredidas.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, resoluciones recurribles, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: Diez, Ramiro s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

La norma del art. 350 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) no se refiere sólo una vez a "sentencia definitiva", sino que lo hace dos veces: una en forma expresa y otra en forma implícita. Su texto debiera leerse de esta forma: "Procede este recurso en todos los casos en que la sentencia definitiva revoque una (sentencia definitiva) absolutoria o imponga pena superior a tres años de prisión". Y en esta segunda mención -tácita o implícita- que se hace a la sentencia definitiva, el texto aclaratorio del art. 357 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) cobra todo su vigor. Porque sin ser lo mismo, sí son equiparables en su efecto (absolver: dar por libre en juicio civil o criminal al demandado o al encausado) tanto la sentencia definitiva absolutoria como la que determina la libertad del encausado por falta de jurisdicción, cosa juzgada, amnistía o indulto, prescripción o exención de pena. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sucesión testamentaria, capacidad para testar
Materia: CIVIL
Carátula: OGANDO, EULOGIO c/ OGANDO, FRANCISCO s/ NULIDAD DE TESTAMENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-25

Si el causante no hubiese estado en buenas condiciones mentales al testar, el fedatario, aun cuando ya había certificado sobre su lucidez, no habría autorizado el acto en el que narra que las disposiciones fueron dictadas "con visible lucidez de espíritu y sano juicio". Si bien es cierto que la perfecta razón no es un hecho que el escribano pueda atestar, porque escapa a su particular idoneidad, no cabe duda que es un dato más que ha de tenerse en cuenta, por lo que el análisis de los elementos que puedan contradecirlo debe ser examinado con precaución.

Constituye un elemento de primera fuerza para juzgar el estado mental del testador la razonabilidad de las cláusulas testamentarias.
Contratos, compraventa de automotores, responsabilidad de la concesionaria, derechos de las partes, obligaciones de las partes, moneda nacional, seña, entrega del automotor, acreditación de saldos, interpretación de la ley, aplicación de la ley, defensa del consumidor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Andreotti, Manuel Roberto c/ Sauma Wagen San Isidro SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-16

Contrariamente a lo manifestado por la accionada, hay "causa" que impide aplicar la doctrina del enriquecimiento indebido cuando el supuesto enriquecimiento se ha obtenido conforme a las cláusulas de un contrato, situación esta última que es, precisamente, la de autos (conf. Salvat, R. y Acuña Anzorena, A., "Tratado de Derecho Civil Argentino - Fuente de las Obligaciones - Hechos Ilícitos", Buenos Aires, 1958, t. IV, p. 354, n° 3020, texto y nota n° 13r; entre otros autores; CNCom, Sala D in re Swing Car SA c/ Kia Argentina SA s/ ordinario", del 12/03/19).