marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguro de responsabilidad civil, tercero damnificado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gamarra, Eva Felicia y otro c/ Fortino, Antonio Carlos y otro s/ Daños y perjuicios. Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-06

Al tercero damnificado le son oponibles todas las cláusulas que restrinjan o eliminen la garantía de indemnidad, sin distinguir en la naturaleza que éstas pudieran tener. Ello es así porque al prescribir el art. 118 de la ley 17.418... que "la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro", quiere significar que el tercero está subordinado, le son oponibles, lo afectan o se encuentra enmarcado por determinadas estipulaciones contractuales, aún cuando haya sido ajeno a la celebración del pacto, lo cual indica fehacientemente la posibilidad de establecer cláusulas contractuales que, no violando lo normado por el art. 158 de la ley 17,418, son jurídicamente idóneas para regular la relación contractual.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, caducidad de instancia, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Aquino de Toledo, Hilda y otras c/ Empresa de Transportes González Hnos. y otros. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Procede el recurso extraordinario contra la resolución que decretó la perención de la instancia si la decisión pone fin al pleito o causa un agravio de imposible reparación ulterior.
Juicio ejecutivo, sentencia, resoluciones recurribles, medidas cautelares, embargo ejecutivo, embargo ejecutorio, embargo preventivo, defensa en juicio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Gasparri, Oscar Pascual c/ Reyes, Miguel s/ Apremio. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 30- 90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-07-06

Aún cuando el Tribunal hubiera teorizado abundantemente sobre las distinciones que el Derecho Procesal efectúa respecto de los embargos (preventivo, ejecutivo y ejecutorio), asignándoles a cada uno de ellos efectos diversos. Y que, sobre esa base, hubiera entendido que este último quedaba sujeto a la órbita de inapelabilidad del artículo 484 del código de rito ya que ello hubiera significado, que, contrariamente a toda lógica, se le acordara mayor resguardo jurisdiccional a la protección o aseguramiento (funciones que cumplen los embargos preventivo y ejecutivo) que a la ejecución propiamente dicha. Una hermenéutica acorde con el resguardo del derecho de defensa, imponía aplicar la norma que más analogía ostentaba con el caso, esto es, el artículo 284 del Código Procesal Civil y Comercial. (Del Voto del Dr. Falistocco)
Derecho de enseñar y aprender, educación presencial, facultades del Poder Legislativo, facultades concurrentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

La decisión de suspender las clases presenciales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires adoptada por el Estado Nacional -aun a la luz de la declaración de emergencia- solamente podría validarse constitucionalmente si encontrase respaldo en la facultad exclusiva del Congreso para reglar el comercio de las provincias entre sí (art. 75, inc. 13 de la Constitución) o en las facultades concurrentes del Congreso, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para promover el bienestar de todas las provincias (art. 75, inc. 18 de la Constitución) (Voto del juez Rosenkrantz).
Daños y perjuicios, indemnización, gobierno de facto, resoluciones, abogados, ejercicio profesional, honorarios, prueba, falta de prueba
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Sandler, Héctor Raúl c/ Estado Nacional s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

No procede la reparación de los alegados prejuicios por la prohibición de ejercer la profesión de abogado y por la pérdida del nivel de clientela si, al desistir de la prueba el propio recurrente impidió conocer el monto de los honorarios que venía percibiendo y, además, no aparece justificada la existencia misma del perjuicio a la luz del art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia parcial de los Dres. Augusto César Belluscio, Ricardo Levene (h) y Antonio Boggiano).
Obligaciones, instrumentos públicos
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION  PROPIETARIOS  DE  FARMACIAS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ CAJA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-05-03

La demandada reconoció estar sometida a una obligación respecto de la actora: el pago de una suma de dinero por intereses pactados, lo cual por otra parte, implica necesariamente el reconocimiento por la demandada de que existía efectivamente un acuerdo entre las partes de que el pago del capital no extinguía la obligación originada en intereses moratorios convenidos y devengados. Mal puede pues el deudor, en el caso la demandada, oponer la supuesta extinción de su obligación fundándose en el art. 624 del Código Civil, cuando reconoció por instrumento público que no se encontraba extinguida.
Contrato de trabajo, autonomía de la voluntad, orden público laboral
Materia: LABORAL
Carátula: CACHEDA, OSCAR c/ PEIRES SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-04-19

En materia laboral, la autonomía de la voluntad queda restringida al máximo, toda vez que la desigualdad económica y cultural que existe entre los sujetos, hace que la bilateralidad contractual se transforme en una unilateralidad favorable al empleador que de no existir el órden público laboral, podría fijar las condiciones de trabajo que le conviniesen.
Legítima defensa, racionalidad del medio empleado
Materia: PENAL
Carátula: Rojas, Francisco Lisandro s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-22

La primera medida para juzgar la necesidad o racionalidad del medio empleado la suministra la naturaleza y gravedad de la agresión, lo que resulta de una comparación no solo de los instrumentos usados, sino también de las condiciones personales del agresor y del agredido.
Rechazo in límine, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NN c/  s/ Presunta Inconducta Profesional por denuncia de particular
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-27

En cuanto a los papeles que manifiesta desconocer el contenido, se trata de un poder firmado en fecha 27/04/06 y un reclamo administrativo presentado, lo que es entregado al denunciante en la audiencia fijada por éste Cuerpo, donde además el denunciante le hace saber al curial que le revoca todo poder o autorización para seguir actuando en su nombre.- Que en virtud de ello, la denuncia presentada se tornó abstracta, teniendo en cuenta que el denunciante se ha reunido con los elementos que pretendía al momento de la presentación efectuada y el letrado toma conocimiento de la revocación de todo poder o autorización, entregando en forma voluntaria, sin ningún tipo de objeción la documental reclamada por el Sr. Orlando José Almada. .En virtud de ello, la Sala A del Tribunal de Conducta del Colegio de Abogados de la ciudad de Santa Fe, en ejercicio de sus propias atribuciones (art. 297 incs. 2 y 9 y c.c. de la Ley Orgánica del Poder Judicial y conforme al art. 11 del Reglamento de Actuaciones ante el Tribunal de Conducta considera que no hay elementos para continuar las actuaciones correspondiendo el rechazo in limine de la denuncia efectuada." (Fdo.) Dres. Liliana Barraguirre; Carlos M. W. Carbone; y Alejandra Alvarez; Vocales; Dra. Ana Laura Mendoza, Secretaria de Sala.
Tasa de justicia, concurso preventivo, base imponible
Materia: COMERCIAL
Carátula: PERIS, JOSE s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-12

La tasa de justicia, en el caso particular del concurso preventivo, debe abonarse al notificarse el auto de homologación del acuerdo, siendo su base imponible el monto de los créditos verificados; la circunstancia de que existan deudas garantizadas, verificadas en distintos procesos concursales, no incide en la prestación del servicio de justicia, que se cumple en cada expediente en particular, respecto de sujetos concursados diversos y con su propio trámite. Ello pues, la tasa judicial es proporcional al servicio que se brinda y la circunstancia de que todos los acreedores anteriores a la presentación en concurso de la deudora deban concurrir al procedimiento de insinuación determina que, respecto de estos, exista una prestación concreta y efectiva del servicio de justicia. Así, tratándose de concursos que han tenido trámites por separado, en donde cada concursado ha presentado su propia propuesta de acuerdo preventivo a los acreedores verificados en cada uno de los procesos, la masa conformada por estos resultan masas distintas para cada uno de los deudores, y por ende deben ser consideradas en su totalidad a los fines de establecer el importe de la tasa a ingresar. No es óbice a esa conclusión que una misma acreencia se encuentre verificada en el concurso del obligado principal y de su garante.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: De Magallanes, Delia c/ Cardozo, Guillermina s/ Indemnización, diferencia de sueldos, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Habiendo sido materia de discusión la regulación legal específica que enmarca a la relación habida entre las partes debió determinarse el encuadre jurídico de aplicación con sustento expreso en la legislación de fondo pertinente, por lo cual incumple la obligación que impone el art. 159 de la Constitución de la Prov. el fallo que se apoya solo en la cita de normas procesales.
Derecho laboral, injuria laboral, despido, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ramos, Luciano  c/ Aceros Zapla SA. y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-24

La demandada cuestiona que la magistrada de la anterior instancia haya considerado injuria laboral (art. 242 LCT) lo acordado por la misma y el gremio al mantener el cálculo final del salario de bolsillo y modificar la calificación de los rubros, estableciendo que el 25% tributase aportes y el 75 % se liquidaba como "no remunerativo" lo que significaba una reducción de aportes y contribuciones al sistema previsional. Resulta inaceptable sostener que por imperio de un acuerdo sindical pueda atribuirse carácter no retributivo al pago de sumas de dinero en beneficio de los dependientes, ya que la directiva del artículo 103 LCT tiene carácter de indisponible, y esto no puede ser modificado por la posterior homologación emitida por el Poder Ejecutivo, puesto que los convenios colectivos de trabajo sólo resultan operativos y vinculantes en todo cuanto no violen el orden mínimo legal o el orden público laboral. En esa inteligencia, tampoco puede aceptarse que la remuneración de los trabajadores sea susceptible de las modificaciones peyorativas del tipo de las negociadas. El mero hecho de que el pretensor no haya efectuado durante la vigencia de la relación ningún reclamo formal o informal por la deuda de aportes y contribuciones de la seguridad social no constituye una causa legalmente prevista para la validez de la posición de la quejosa, ni es configurativa de la teoría de los actor propios, pues resulta sabido que tal proceder no obsta a la interposición de reclamos posteriores ya que en nuestro derecho es privilegio del trabajador peticionar la admisión de la pretensión cuando la conducta de la empresa trae aparejada la renuncia de derechos acordados por la ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas de trabajo (art. 12 LCT).
Locación, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Graña Julio Antonio c/ Palacios Pedro Miguel s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-27

Si el demandado niega haber celebrado con el actor el contrato de locación verbal que se menciona en el escrito de demanda así como adeudar suma alguna por ese concepto, incumbe a la accionante la prueba de la existencia y extensión de aquel, así como el alcance de las respectivas contraprestaciones.
Recurso extraordinario de nulidad, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Correa Vda. de Merino, Elba Iris c/ Brun, Romeo s/ Nulidad de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-11

El tema costas- por su carácter accesorio- no constituye cuestión esencial por lo que su hipotética omisión no puede servir de fundamento idóneo al recurso extraordinario de nulidad.
Fuerzas Armadas, compensaciones salariales, viáticos, impugnación del acto administrativo, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Orpianesi, Martín Miguel c/ EN - M° Justicia SSI - GN disp. 162/99 335/99 s/ personal militar y civil de la FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-25

Cabe revocar por arbitraria la sentencia que rechazó la demanda interpuesta por el actor con el objeto de que se le abone una suma de dinero en concepto de compensaciones por "gastos de instalación y traslado" y la asignación denominada "viáticos diarios en el exterior", pues el a quo sólo tenía jurisdicción para conocer respecto de los agravios relativos a la cuestión de fondo que fue objeto de debate y decisión en la instancia anterior, puesto que en la contestación de la demanda ni en la sentencia de primera instancia se ha invocado ni tratado lo relativo a la falta de impugnación del acto administrativo denegatorio del reclamo del actor -disposición 1002/07 del Director Nacional de Gendarmería- en cuanto recaudo propio del proceso contencioso administrativo, por lo cual, al fundar la cámara su decisión en esta circunstancia en la inteligencia de que se trata de establecer y verificar la concurrencia de un requisito de naturaleza sustancial que concierne a la impugnación del acto administrativo, prescindió de aquellos límites y revocó la sentencia sin hacerse cargo de los argumentos que resultaban conducentes para la solución del litigio. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Flecha de Oro S.R.L. c/ Manzi, Néstor Pedro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

La solicitud de apertura a prueba cuando aún se hallaba pendiente el traslado de la demanda al titular del automotor embistente, resulta totalmente inconducente por prematura para impulsar el procedimiento.
Falta de prestación de servicios, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: M.A.D. c/ Provincia de Santa Fe s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-20

La provincia de Santa Fe debe indemnizar a un policía que sufrió diferentes heridas cuando se produjo la toma de una unidad por parte de los detenidos en una comisaría, pues las condiciones de seguridad existentes en la seccional a la fecha del hecho, fueron por completo insuficientes, sumado a las condiciones de sobrepoblación carcelaria, con más lo escaso del personal, datos objetivos estos a los que debe adicionarse el hecho concreto que los reclusos tuvieran a su alcance medios ciertos de extrema peligrosidad -armas-;

todo lo cual implicó claramente la configuración de un caso de falta de servicio en un todo conforme la doctrina y jurisprudencia que se pasa a citar y explicar.
Depósito, obligaciones del depositario, obligación de restituir, restitución de cosas, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: MORENO, Zulema c/ NAREZO, Ruben s/ CONTRATO SOBRE COSAS MUEBLES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-11

Al haberse hecho imposible la restitución de la cosa, por culpa del depositario, éste está obligado al pago de los daños y perjuicios consiguientes, y a efectos de determinar cuál es la forma de establecer con mayor aproximación el monto del perjuicio sufrido, la estimación del valor que cabe asignar a la cosa, para que la reparación sea integral, debe hacerse por un valor equivalente al que tenía el bien al momento de producirse el hecho que originó el incumplimiento, o sea el costo de reposición de la cosa, debiendo ser incrementado el monto obtenido por la desvalorización monetaria.
Doctrina de la arbitrariedad, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Felicetti, Adalberto Gaspar Martín s/ infracción a la ley n 23.737 - Causa n 2538.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

Con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Empresas del Estado, Banco Nacional de Desarrollo
Materia: LABORAL
Carátula: ALTAMIRANO, JOSE c/ HIDRONOR  S.A. s/ FONDO BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-14

La ley 18909 establece, en su art. 5 que el Banco Nacional de Desarrollo está autorizado a emitir títulos representativos del valor de los aportes que ingresen al fondo. Dichos títulos con las características establecidas en el art. 6 quedaban sujetos a la reglamentación que se dictara a sus efectos al igual que la forma de rescatarse los mismos. Dado que la reglamentación nunca existió, los créditos a favor de los actores se tornaron exigibles desde el mismo momento de su descuento, ante la falta de título representativo.
Recurso de inconstitucionalidad, reformatio in pejus, tipo penal, cambio de calificación legal, escala penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PINO, LUCAS ALEJANDRO c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-20

De la lectura de la sentencia en crisis, no se advierte la alegada omisión de motivación adecuada por parte de la Alzada en cuanto al mantenimiento del monto de la sanción impuesta en primera instancia al encartado, pese al nuevo encuadre legal efectuado al revocarse una de las agravantes del delito de homicidio por el que resultó condenado, desde que la Cámara entendió que la modificación de la calificación dispuesta en esa instancia -eliminación de la agravante por la participación de un menor de edad- no implicaba necesariamente una afectación de la mensuración de la respuesta punitiva a aplicar al encartado, puesto que en el caso, el monto seleccionado guardaba correspondencia con el aporte necesario brindado por el imputado al plan criminal, además de resultar comprendido en la escala correspondiente a la calificación legal confirmada, razonamiento por el cual la Cámara decidió mantener el monto de trece años y cuatro meses de prisión por el delito de homicidio agravado por uso de arma de fuego, adoleciendo de sustento la alegada carencia de fundamentación endilgada a la labor del Tribunal, tras advertirse que se expusieron las razones que propiciaron el mantenimiento del monto de pena establecido en primera instancia; como así tampoco se patentiza en el caso una afectación a la prohibición de reformatio in pejus, en tanto la Cámara, bajo los fundamentos anteriormente reseñados, mantuvo el mismo monto de pena dado en primera instancia, lo que no implicó una imposición de pena mayor, conforme alega la recurrente, reduciendose sus críticas al mero disenso con una actividad que -por regla- queda reservada a los jueces de la causa y que sólo en supuestos de arbitrariedad o falta de motivación puede habilitar la competencia de este Tribunal, hipótesis cuya concurrencia en el presente no logra la interesada persuadir a esta Corte (De la disidencia del Dr. Netri) - CITAS: CSJN: Fallos:312:551; 315:807 y 324:4170; CSJStaFe: AyS, T 204, p 224; T 219, p 131. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 41 bis y quáter, y 79
Competencia, locación, contratos innominados
Materia: CIVIL
Carátula: CABLE VISION S.A c/ ASCHERO RICARDO s/ DERECHO PROCESAL COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-13

La asignación de competencia del D. ley 1285/58 ley Nro. 14467, arts. 43 y 46, tiene carácter específico imponiéndose una interpretación restrictiva por lo que el fuero solo debe entender cuando el contrato que origina el litigio reúne las notas definitorias de la locación, bajo cualquiera de las especies a la que se refiere el art. 1493 del Cód. Civil, pero no cuando es subsumible en otra figura prevista legalmente o se trata de un contrato innominado en los términos del art. 1143 del mismo código, aún constituyendo -por incluir prestaciones propias de la locación junto a otras extrañas a ellas no meramente accesorias- uno de aquellos que la doctrina ha dado en llamar mixtos.
Reconocimiento por fotografía, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BUSTOS, José R. y otros s/ Causa 44.333
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25

Deviene nulo el reconocimiento fotográfico efectuado por un testigo, sin los requisitos que se exigen para un reconocimiento judicial, previa notificación y control de las partes, ello es así en razón de no haber existido ningún motivo de urgencia que llevara al reconocimiento por medio de fotos -perfectamente legal, cuando no se puede realizar con personas- ni constancia alguna en autos de que haya habido impedimento para ello.
Administración Pública, competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

Los tribunales ordinarios no pueden interpretar la actividad administrativa con el mismo canon con que juzgan los actos de derecho privado, pues mientras que en aquélla rigen los principios del bien público y general, en esta otra actividad domina el principio de la ganancia y del lucro. La Administración se realiza por un supuesto de necesaria ejecución jurídica, la actividad privada se realiza por la voluntad libre del particular. Esta concepción distinta en los fines y en las causas de las actividades prepara mentalidades específicamente diferentes para interpretar contiendas que se presentan. El derecho siempre es uno, en cuanto regula actividades por medio de normas objetivas, pero los contenidos de las normas son completamente dispares. La concepción individualista no puede ser similar a la concepción social de las labores del Estado. (Del voto del Dr. Ulla).
Medidas cautelares, escribanos públicos, presunción de inocencia
Materia: CIVIL
Carátula: Legajo Registro Notarial N°69 Del Partido De Bahía Blanca  c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-10-10

El art. 42 de la ley notarial establece la posibilidad de suspender preventivamente al notario, por lo que no se podría sostener válidamente que tal principio impide disponer -como en el caso- medidas cautelares, la que, en todo caso, cabe cuestionar en el ámbito de su razonabilidad y no, tal como lo hace el recurrente, en orden a la ausencia de legalidad. En consecuencia, el dictado de una medida cautelar, suspendiendo preventivamente al notario, por su naturaleza preventiva y no sancionatoria, no afecta la presunción de inocencia, ya que participa de todos los caracteres propios de tales medidas, por lo que es meramente provisional y por ende revocable, además de no importar un pronunciamiento de fondo sobre la imputación, por lo que no es un adelanto de la pena, y su finalidad tuitiva permite su adopción sin aguardar al dictado de una sentencia, ya que de lo contrario perdería tal carácter y sería tardía, lo que claramente descarta la presencia de la supuesta violación denunciada (arts. 42, ley 9020; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).