marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Regulación de honorarios, prescripción, oportunidad procesal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA DE DIDIER, NOEMI DE LOS ANGELES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-10-20

Desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha enseñado que toda cuestión relacionada con los honorarios regulados o a regular que no versen sobre su cuantía debe ser ventilada en ocasión de intentarse su cobro quedando reservada para el momento en que se intente ejecutar la respectiva regulación (Fallos:235:156).

Y también señaló el más Alto Tribunal que "...los autos regulatorios resuelven únicamente sobre el monto de las sumas con que la tarea profesional debe ser remunerada pero nada fijan sobre el derecho a percibirlas ni nada anticipan sobre la procedencia y forma de su cobro..." (Fallos:320:495 y 2485).

Entonces, estimando plenamente aplicable (mutatis mutandi) los criterios reseñados, no puede considerarse obstáculo la ausencia de oposición cuando aun no se habían iniciado siquiera los procedimientos tendentes a la efectiva percepción de la suma regulada.

Desde luego que la solución propuesta en nada impide que la defensa de prescripción pueda oponerse "ante tempus", es decir en el procedimiento de cuantificación de los honorarios.

Ello así, por cuanto conviene a la economía procesal y a la seguridad jurídica una solución de antemano cuando la oposición se articula, habida cuenta que prescripto el derecho a obtener la regulación, la inmediata declaración judicial a su respecto evitaría el dispendio jurisdiccional propio del procedimiento regulatorio y el posterior de su cobro.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, socio gerente
Materia: PROCESAL
Carátula: ACOSTA, RODOLFO M. c/ FUMO SACIFIA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-02-28

El hecho de que uno de los testigos propuestos por la Sociedad Anónima demandada haya sido uno de sus socios fundadores y actualmente integre su Directorio, no importa la inhabilidad de su testimonio, toda vez que no puede confundirse la personalidad jurídica del ente demandado con la persona física de uno de sus directores.
Resolución administrativa, efecto declarativo, estabilidad del delegado gremial, dirigente gremial
Materia: LABORAL
Carátula: COPPOLA, CARLOS c/ GEJINSA ARGENTINA SA Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-11

La resolución administrativa de encuadramiento no es constitutiva de un derecho sino declarativa frente a una situación planteada, por lo cual el sindicato a quien se le atribuye la representación, siempre mantuvo su derecho, aunque éste fuera en los hechos impugnado. Por ello, si se realizó la nominación del representante gremial y se cumplieron los requisitos legales (convocatoria, elección y designación) se ha ejercido el cargo conforme a derecho y quienes lo han desempeñado gozan de la estabilidad que les concede la ley frente al despido arbitrario.
Medidas cautelares, contracautela, mejora de la contracautela, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: OCEAN  VIEW SRL c/ PACIFIC TIDE SA s/ incidente de sustitución demedida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-14

El agravio referido a la falta de legitimación de MX-58 Consorcio de Cooperación para solicitar la mejora de la contracautela fijada, no puede tener andamiento favorable pues en el procedimiento cautelar no existe un planteo de la controversia enmarcado en los términos de la demanda y su contestación, sino que ante la petición de la actora el órgano jurisdiccional decide admitir o denegar las medidas impetradas.

Ello no significa que el sujeto pasivo no pueda ofrecer las pruebas que hacen a su defensa, y puede hacerlo ante el juez de primera instancia, solicitando por vía incidental el levantamiento de las medidas dispuestas, su sustitución o modificación, y también formular peticiones análogas con respecto a la contracautela, siendo igualmente posible impetrar su mejora. En cualquiera de estos casos, el incidentista no sólo puede sino que debe ofrecer la prueba que estime conducente para abonar su postura (arg. art. 178 del Código Procesal; Sala II, causa 7610/2000 del 5-6-01).
Jornada de trabajo, trabajo por equipos, turnos rotativos
Materia: LABORAL
Carátula: CERRUDO, ERNESTO HORACIO c/ HOTEL NAPOLEON S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-26

El art. 197, párrafo 3ª L.C.T., en cuanto dispone que "la distribución de las horas de trabajo será facultad privativa del empleador y la diagramación de los horarios, sea por el sistema de turnos fijos o bajo el sistema rotativo del trabajo por equipo.", permite sostener, como característica de dicha modalidad de trabajo, la rotación. Sin embargo ello no es precisamente una nota determinante, o dicho de otro modo, que necesariamente deba estar presente (de hecho, ninguna alusión hace el art. 10 del dec. 16.115/33 al definir lo que debe entenderse por equipo), pero sí es significativo para tal modalidad, prevista por excepción al régimen de jornada, que responda a las particularidades en lo que es operativa; esto es, que haya sido adoptada para asegurarse la continuidad de la explotación (conf. art. 202 L.C.T.), o si se prefiere, en las condiciones descriptas por el art. 10 del decreto antes citado, que por la índole o naturaleza de las labores, no admitan interrupciones, o por estar coordinadas de forma tal que no puedan realizarse sin la cooperación de los demás. (Del voto del Dr. Brandolino).
Procedimiento laboral, excepciones procesales, competencia por la materia
Materia: LABORAL
Carátula: Hierrometal SRL c/ Sindicato de Choferes de Camiones s/ acción declarativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-26

En el caso, el Juez Federal Subrogante de Mar del Plata dispuso su inhibitoria en una acción declarativa de certeza destinada a elucidar una controversia de encuadramiento sindical. Resulta insoslayable transitar, cuando se trata de conflictos de representación como el del caso, por el diseño de los arts. 59 y concs. de la ley 23.551 y por el trámite previsto por el decreto 1040/2001 con carácter imperativo. La competencia originaria de la Cámara requiere como presupuesto de habilitación de la instancia, el agotamiento del procedimiento de referencia y la existencia de una resolución definitiva (art. 62 inc. b ley 23.551). La empleadora no ha encausado su conducta en las previsiones adjetivas descriptas y, por lo tanto, no se da una hipótesis que permita la intervención jurisdiccional de la Alzada. Se impone el rechazo de la presentación, sin que la iniciativa implique sentar posición acerca de la contienda intersindical que subyace y sin perjuicio de lo que podría llegar a decidirse en el momento procesal oportuno. (Del Dictamen Fiscal, al cual adhiere la Sala).

Fuente del sumario: OFICIAL
Juicio de apremio, impuesto inmobiliario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.G.R. c/ COCCOLINI WALDO s/ Apremio (LIBRO: S083 - 020)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-06-08

La determinación de un nuevo avalúo fiscal por ende la modificación de la deuda por el impuesto inmobiliario, ha convertido este proceso en un caso abstracto, un "moot case", como lo denomina la doctrina. Es decir, no existe discusión real entre actor y demandado porque, a raíz de un hecho sobreviniente, se ha extinguido la controversia o ha cesado de existir la causa de la acción.-
Prueba anticipada, diligencias preliminares, información al consumidor, obligaciones del fabricante
Materia: COMERCIAL
Carátula: STRATTA,  MARIA  GEROGINA c/ RENAULT ARGENTINA SA s/ DILIGENCIA PRELIMINAR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-16

Resulta improcedente deducir una solicitud de prueba anticipada por medio de la cual se requiere que una fábrica de automóviles brinde completa información sobre problemas detectados en un vehículo, procedimientos para hacerlo, posibles consecuencias, siniestros registrados, técnicas de solución y demás puntos de interés respecto del modelo del rodado en cuestión con base, -como en el caso-, en que la defendida no habría atendido un anterior requerimiento extrajudicial y en la necesidad de contar con tal información para definir su proceder frente a la fabricante, considerando la insuficiencia de ciertas comunicaciones de la accionada. Ello así, toda vez que lo solicitado por el pretensor no puede encuadrarse en los términos del C.P.C.C. art.326; puesto que lo manifestado no se dirige a fundar el temor concreto sobre la dificultad o imposibilidad de producción de la prueba en la etapa pertinente; sino en la necesidad de contar con cierta información para la promoción de una futura demanda resarcitoria contra el fabricante del rodado, con apoyo en lo dispuesto por la C.N. art.42 y la Ley 24240. De modo pues, que la hipótesis puede subsumirse en la previsión del C.P.C.C. art.323 que enuncia distintas situaciones que permiten a quienes están legitimados a actuar como parte en un juicio futuro, prepararlo mediante medidas preliminares, es decir, que la petición debe fundarse, justificándose fehacientemente que la diligencia es imprescindible y útil para entablar correctamente la demanda.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), intereses, tasas de interés, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Corvalan, Rodolfo Eduardo c/ Experta ART S.A. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-11-28

La argumentación de la recurrente, circunscripta a cuestionar la determinación de los intereses aplicados, no es suficiente para desvirtuar los fundamentos brindados, sino que persigue tan sólo imponer su postura diversa con lo resuelto y volver sobre temas de interpretación de las normas aplicables suficientemente analizados en su decisión, lo cual no habilita la apertura de la instancia de excepción, en tanto la Sala modificó la tasa de interés en dos y media la activa promedio mensual sumada del Banco de la Nación Argentina a partir de efectuar una operatoria aritmética orientativa, no luciendo irrazonable conforme la suficiencia reparatoria exigida por el sistema laboral, expresando a su vez que las prescripciones de la Resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99 fueron concebidas para regir en el procedimiento administrativo de la Ley de Riesgos del Trabajo, sin que los magistrados se encontrasen compelidos a su utilización al tiempo de fijar los intereses en sus sentencias, conforme jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia provincial. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 300, p 98 - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley de Riesgos del Trabajo; Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Resolución 414/99.
Responsabilidad por publicaciones en Internet, buscadores de Internet
Materia: CIVIL
Carátula: Bechara, Ailén c/ Google INC y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-30

El motor de búsqueda no es un mero intermediario y su actividad no se agota en la mera facilitación de los contenidos. Por lo tanto, el riesgo que propone la actividad que desarrolla, deviene justamente de que su actividad principal es presentar esa información organizada a quien realiza la búsqueda y esa presentación, es más que la suma de sus partes. (Del voto en disidencia de la Dra. Paola Mariana Guisado)
Acción de amparo, desistimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Cordero Marti de Azulay, María del Carmen s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1992-08-24

Teniendo en cuenta las fechas en que fueron presentados los escritos de demanda y desistimiento, por su inmediatez, no ha sido posible proveer al primero de ellos, como así también atendiendo a la naturaleza de la acción -amparo contra una decisión jurisdiccional, donde no hay contraparte-, el tribunal considera que corresponde hacer lugar al desistimiento impetrado.
Certificados de obra, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barbieri, Francisco y Martínez y de La Fuente S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-18

Los arts. 45 y 46 de la ley 6021 establecen un plazo dentro del cual debe hacerse efectiva la cancelación de los certificados y el derecho al reconocimiento de intereses moratorios cuando se registren demoras en los pagos. Además, expresamente contempla el art. 45 que no resulta necesario formular reserva alguna.
Honorarios, recurso de reposición (procesal), recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Armas, Mario Lisandro c/ Comuna de Roldan s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   No. 374-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-09-16

La Ley de Aranceles Profesionales de Abogados y Procuradores manda, en su artículo 28, atenerse a lo dispuesto por el Código Procesal Civil y Comercial en la interposición y tramitación de los recursos sobre honorarios; y, de conformidad a ello, la única forma de adhesión está contemplada para el recurso de apelación (apelación adhesiva o incidental) y no para el recurso de revocatoria, único susceptible de articularse contra las regulaciones practicadas por este Tribunal (arg. artículo 29, ley 6767).
Responsabilidad del Estado, indemnización, retiro obligatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARDIS, Ricardo Alberto c/ ESTADO NACIONAL. POLICIA FEDERAL s/ POLICIA  FEDERAL: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. ACCIDENTE EN Y POR ACTO  DE SERVICIO.  INDEMNIZACION. RETIRO. OBLIGATORIO. DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

Toda vez que se trate de un integrante de la Policía Federal que ha sufrido daños a raíz de un accidente ocurrido en y por un acto de servicio, corresponde acoger la queja de la actora e imponer a la demandada la obligación de indemnizar los daños sufridos por la víctima del accidente, con total independencia del eventual beneficio previsional que el actor pudiera obtener vía art. 98 de la ley 21965, consistente en el retiro obligatorio.
Asociaciones sindicales, representación del trabajador, principio de contradicción
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio de Trabajo c/ Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor s/ ley de asoc. sindicales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-29

En el contexto de las controversias sindicales de derecho entre asociaciones profesionales en torno a la capacidad de representación emanada de las respectivas personerías corresponde tener en cuenta que la ley 23.551 ha enfatizado el principio de bilateralidad que debe regir en todos los actos administrativos que afecten personerías preexistentes (arts. 25, 28 y 62) y dejar sin efecto la sentencia que encuadró al personal de un establecimiento en el Sindicato Obrero del Caucho Anexos y Afines y en el Sindicato de Empleados del Caucho y Afines si al recurrente -Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor- solamente se le notificó la interposición del incidente de nulidad deducido por aquél pero no los recursos interpuestos a posteriori con motivo del rechazo de la incidencia, y en lo relativo al expediente judicial recién tomó conocimiento de lo acontecido al notificársele la decisión definitiva del a quo, pese a que ésta comprometía y afectaba su representación. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Derechos de exportación, permiso de embarque, aplicación de la ley, ley vigente
Materia: ADUANERO
Carátula: Roch S.A. c/ DGA s/ recurso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-03

Cabe confirmar la sentencia que condenó a la Dirección General de Aduanas a devolver a la actora los derechos de exportación abonados respecto de tres permisos de embarque, pues a la fecha en que se registraron tales permisos no existía norma válida alguna que restase vigor a lo establecido por el art. 13, inc. c., de la ley 19.640, en cuanto a que tales exportaciones estaban exentas de derechos de exportación, sino que, a la referida fecha había expirado el plazo de cinco años que preveía el art. 6 de la ley 25.561, en tanto que la ley 26.217 entró en vigencia el 16 de enero de 2007, es decir, después del registro de las aludidas destinaciones de exportación.
Hábeas corpus, establecimientos penitenciarios, condiciones de detención
Materia: PROCESAL
Carátula: H. CORPUS. s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-01

Los malos tratos a los internos de un establecimiento carcelario son posibles de investigación y sanciones que resultan ajenos al instituto del Hábeas Corpus, correspondiendo extraer testimonios para promover la investigación de los delitos de acción pública.
Cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Quilmes S.A. c/ Arango, José O. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-29

Lo único que exige la ley es que los firmantes del certificado de saldo deudor de la cuenta corriente bancaria sean el contador y el gerente del banco "sin que corresponda acreditar el cumplimiento de otros requisitos o condiciones". En otros términos: importa qué son y no quiénes son.-
Recurso de apelación (procesal), caducidad de instancia, beneficios previsionales
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Oviedo, Nélida Orfelia c/ ANSeS s/ nulidad de sentencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-03

La alegación genérica de la supuesta incompatibilidad de la caducidad de instancia con la naturaleza alimentaria de los derechos, no basta para dejar de lado la resolución judicial que se atuvo a lo establecido en esa materia por las normas del ordenamiento procesal a que remite directamente el art. 15 de la ley 24.463, máxime cuando la aplicación de dichas disposiciones en la sentencia que se pretende anular no fue objeto de concreta y oportuna impugnación constitucional por parte de la interesada.
Prueba, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: Nardini, Abel Eduardo; Goñi, Gustavo Javier y otro s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-03

La indispensable valoración conjunta de las pruebas ha sido reglada en el sistema de los arts. 235 inc. 7, 248, 249, 252 y 256 incs. 4 y 6 (n.a.) del Código de Procedimiento Bonaerense y sus doctrinas.

Pero ella por sí sola no puede originar otras "presunciones" que carezcan de los requisitos establecidos por la ley.
Daños y perjuicios, daño psíquico, supermercado
Materia: COMERCIAL
Carátula: GINOSSI,  ROSA c/ SUPERMERCADOS  NORTE  SA  -AHORA  INC SA- s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-13

Cabe hacer lugar al reclamo de indemnización por daño psicológico dirigido contra un supermercado, con motivo de la adquisición e ingesta de alimentos contaminados. Ello así, toda vez que el consumo de ellos -que exhibían larvas de insectos vivas y excrementos de insectos en su exterior e interior-, claramente excede lo que puede denominarse un suceso habitual. De ahí, que parece razonable que la actora sufriera un estrés post traumático moderado caracterizado por sueños angustiantes del suceso, actuación o sentimiento súbito como si el hecho traumático se estuviera repitiendo y evitación de los estímulos asociados con el trauma, entre otras secuelas señaladas por el dictamen pericial. En consecuencia, corresponde fijar el resarcimiento del menoscabo psicológico en la suma de pesos siete mil -$ 7000-. (En el caso, la actora debió ser asistida médicamente en razón de la gastroenteritis padecida).
Denuncia de ilegitimidad, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gagliardi, José s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-10

Este remedio -denuncia de ilegitimidad- procede contra los órganos y agentes de la Administración Central o los entes autárquicos, en el propio interés del recurrente o de terceros o resguardando el interés social, el fundamento del mismo es doble: por una parte el derecho de petición consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y por la otra, el principio de informalismo que rige en el procedimiento administrativo. Es así que se admite cuando ha vencido el término para la interposición de recursos, presentando el administrado la correspondiente petición; que esa denuncia -dice la Ley- debe ser tratada por la Administración, salvo que ésta dispusiera lo contrario, fundadamente, por motivos de seguridad jurídica o por entender que medió abandono voluntario del derecho, al hallarse excedidas razonables pautas temporales. La regla es que el órgano competente para resolverlo sea aquél que poseía aptitud legal o reglamentaria para resolver el recurso que formalmente correspondía, y que el trámite que debe dársele a esta "denuncia de ilegitimidad" es el mismo que corresponde para el pertinente recurso que sustituya, aplicándosele todas las reglas inherentes a legitimación, actos impugnables y causales de ilegitimidad, no procediendo cuando se pretendiere extinguir o modificar un acto administrativo por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sin perjuicio de la potestad que en tal caso poseen, ex oficio, los órganos administrativos.
Sujetos del proceso penal, Ministerio Público Fiscal, tercero demandado, jueces
Materia: PENAL
Carátula: x c/ Rojas, Osvaldo M. s/ Querella criminal p/injurias c/Mario Brignole c/Mario Brignole
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-11-22

Constituye secuela del juicio las actuaciones válidas realizadas por la representación de la sociedad (fiscal) o por el titular de la acción privada (querellante) y el órgano jurisdiccional (juez) que importan un positivo y real desenvolvimiento de la investigación penal y el debido proceso legal adjetivo con relación a un imputado concreto. Y tales actos en principio de orden público no son otros que los necesariamente preparatorios o estructurales de la relación jurídico procesal. Fundamento del Dr. Sandoval.
Recurso de casación, medidas cautelares
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cabrera, Armando Felipe s/ recurso de casación contra fallo nº 9.937 cam. 1º en lo criminal, causa nº 140/11 Cabrera, Armando F. s/medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-02-13

Es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que revocó la resolución que hacía lugar a una medida cautelar por la cual se imponían determinadas restricciones al editor y/o responsable de un diario en relación a publicaciones que afectan al querellante particular, pues el art. 423 del Código Procesal penal de Formosa dispone que el recurso puede deducirse contra sentencia definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la pena, requisitos ausentes en el caso, que versa sobre una medida innovativa innominada y en el cual tampoco se advierte que el perjuicio sea irreparable, porque si de la denuncia promovida por el querellante se comprobara la inexactitud de las informaciones hacia él referidas, los eventuales perjuicios quedarían desvirtuados con posibilidad de una reparación posterior por vía civil.
Daños y perjuicios, cancelación de vuelo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Iorio Liliana Silvia y otro c/ Lan Argentina SA s/ incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-03

Corresponde hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios iniciada por la parte actora contra una empresa aérea por la demora acaecida en un vuelo contratado. En este sentido, sin perjuicio de haberse demostrado la existencia de ceniza volcánica en zona cercana al aeropuerto de destino, la empresa aérea demandada no ha logrado demostrar un obrar diligente tendiente a reubicar a los actores, como si lo hizo respecto a otros pasajeros, en el primer vuelo disponible; debiéndosela condenar al pago del daño emergente y moral padecido.