Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-03-11


Autos N° 22.103 (N° 116.535 Octavo Juzgado Civil Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "ROSSA NORMA Teresa y Otro C/ Engert José Luis y Otros Daños y Perjuicios" En la Ciudad de San Juan, a 11 días de marzo del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, el señor Presidente, Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA y el señor Vocal, Dr. GILBERTO RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre los recursos de apelación que se interpusieran a fs. 306/307 y 312 de los autos N° 22.103 (N° 116.535 Octavo Juzgado Civil Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "ROSSA NORMA TERESA y OTRO c/ ENGERT JOSE LUIS y OTROS DAÑOS Y PERJUICIOS", contra la resolución dictada en fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, obrante a fs. 283/ 302 de estos autos originarios del Octavo Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, recursos que una vez concedidos, tuvieran la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue:

1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? A la Primer Cuestión: El Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA dijo:

1) ANTECEDENTES DEL CASO:

Vienen los autos a estudio por recursos que interponen la parte actora y demandada, contra la decisión del a quo, de fecha 27/08/2015 que hace lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios, condenando in sólidum a los demandados José Luis Engert y Walter Daniel Pugliese y aseguradora a pagar a los actores las sumas que dan cuenta los considerandos del decisorio.

Los actores, inician demanda de daños y perjuicios por el accidente de tránsito que describen y que tuviera, como consecuencia, el fallecimiento de su hijo mayor de edad, soltero, veterinario, 33 años de edad y que convivía con su madre y hermana.

El A quo, luego de analizar e imponer responsabilidad a los accionados, condena abonar los siguientes conceptos, totales: a) Valor Vida $ 260.000; b) Daño Moral: $ 200.000; c) Daño Psíquico: $ 31.200; d) Daño Económico $ 65.000; e) Gastos de sepelio: $ 3.600.

Contra el resolutorio dictado, la actora interpuso recurso de apelación (fs. 306/307), expresando agravios y fundando en el derecho que dice le asiste ( fs. 313/315).

También, contra el resolutorio ahora en crisis, deduce recurso de apelación la aseguradora condenada (fs. 312), sosteniendo el mismo (fs. 318/321).

Sustanciados los recursos deducidos, se impone previo los actos formales cumplidos resolver los mismos.

2) AGRAVIOS:

2 a) De la actora:

Como primer agravio, cuestiona la cuantificación económica del rubro "valor vida".

Destaca que el juez aquo consideró que el occiso sólo pudo haber realizado aportes dinerarios a favor de sus padres (50%), de los ingresos por un plazo de tan sólo cinco años, sin perjuicio de la expectativa de vida que pudieren tener; que se abroqueló en un aspecto puramente materialista, congelando la proyección de la ayuda económica hacia sus padres, en base a los ingresos del fallecido al momento del evento dañoso y a un lapso temporal determinado o limitado.

Sostiene que los parámetros seguidos por el A quo, a los fines de cuantificar el daño "valor vida", resultan ser claramente dogmáticos y arbitrarios.

Que el joven Chillemi, de 33 años al momento de su muerte, tenía chances de progreso económico, como toda persona trabajadora (veterinario), por lo que también parte de esa prosperidad, tenía razonablemente como destinatarios a los actores, constituyendo un daño futuro y certero.

Afirma que la víctima del accidente narrado en autos, convivía con su madre y hermanas, habiéndose convertido en el sostén primordial, espiritual y económico de estos. Que se ha demostrado, sobre todo respecto de su madre, que la probabilidad de ayuda sería mayor.

Luego de transcribir jurisprudencia en apoyo a su posición, sostiene que el A quo yerra al limitar temporalmente la ayuda económica que podrían haber tenido los actores, dejando de lado la expectativa de vida que actualmente tiene un ser humano. Que omitió además considerar la ayuda espiritual y moral quebrantada, a partir de la muerte de su hijo.

Termina propiciando la elevación del monto de condena, por el rubro valor vida, a lo efectivamente reclamado. Hace reservas de derechos.

Los agravios propuestos, fueron contestados (fs. 323/324).

2 b) De la demandada aseguradora:

En el primer agravio lleva su queja a sostener que el Juez de grado omite toda consideración del derecho que aplica en la calificación, merituación y cuantificación del daño "valor vida".

Dice que mezcla el Cód. Civil de Velez con el vigente, aplicando éste último, cuando debió aplicar el anterior por resultar ajustado al caso concreto de autos. Afirma que el derecho aplicado es ambiguo y contradictorio, citando doctrina en apoyo al derecho que invoca.

En segundo agravio, sostiene que, como directa consecuencia de la errónea aplicación del derecho, meritúa, califica y cuantifica una obligación alimentaria subsistente.

Centra la queja en que, al determinarse el valor vida y su cuantum, aplicando las normas de fondo vigentes, le provocan agravio que violenta el derecho de propiedad de su mandante, desde que se debió cuantificar como una pérdida de chance y no como una obligación alimentaria subsistente.

Afirma el quejoso que, siendo indemnizable el daño por la muerte del hijo mayor de edad, únicamente como pérdida de chance, el monto condenado a pagar en la sentencia recurrida, resulta a todas luces exagerado al tomar en cuenta en su cuantificación, una obligación alimentaria del hijo conviviente hacia la madre. Que las facultades del Juez a los fines de la cuantificación, deben ser ejercidas con prudencia y sin crear determinaciones o elementos probatorios ajenos, cuyos montos excedan razonablemente lo que entraña en sí misma, la pérdida de chance a indemnizar.

Sostiene que no corresponde, como lo hace el sentenciante, cuantificar una obligación alimentaria subsistente, en razón de que la muerte del hijo importa para los padres la frustración de una legítima esperanza de ayuda, una chance cierta de ser apoyados en el futuro.

Concluye la queja, pretendiendo la reducción del importe de condena en concepto de "valor vida", con fundamento en las pautas de razonabilidad que deben primar en la sentencia.

En tercer agravio critica la sentencia por no establecer la tasa de interés aplicable, a los mandados pagar.

Mantiene las reservas de derecho.

3) TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS:

Actora y demandada coinciden en agraviarse respecto del importe de condena por "valor vida". Esta, además, critica el fallo respecto de la ley aplicable y la omisión de consignar los intereses mandados pagar.

Por ello, y en honor a un orden lógico, considero oportuno ingresar al tratamiento del concreto agravio de la ley aplicable para, luego, meritar las restantes quejas.

3 A) Ley aplicable.

Teniendo en cuenta los antecedentes que informan el caso traído a decisión, resulta ineludible precisar y aclarar que al momento de revisar las críticas propuestas incluso la sentencia dictada, ha entrado en vigencia el Código Civil y Comercial, Ley 26.994, razón por la cual se debe tener presente el contenido del art. 7 que indica con relación a la eficacia temporal de las normas reguladoras en general, y en especial la de la responsabilidad civil que, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

En ese sentido, en distintos fallos se ha diferenciado que en la construcción de la sentencia de daño existen dos segmentos perfectamente diferenciados. El primero relacionado con la determinación de quienes serán los sujetos responsables del deber de resarcir. Y la segunda etapa, se vincula con el análisis de las consecuencias derivadas del accidente que es la valoración y cuantificación de los daños padecidos y reclamados.

Claro está que, no era el régimen normado en ley 26.994 (a partir del mes de Agosto de 2015), el imperante al momento de producido el hecho (11/12/2008) considerado dañoso.

En otras palabras, la determinación de los sujetos responsables del deber de reparar o no, se debe formular en base al régimen jurídico imperante en el momento en que acaeció el hecho dañador, que será la causa fuente de la obligación cuyo resarcimiento se reclama. Es decir, se deben examinar los presupuestos de la responsabilidad conforme a la normativa y doctrina que informa a la misma, existente a la fecha de ocurrido el hecho considerado dañoso. Ello es así porque ha quedado absolutamente agotado en su estructura normativa el hecho jurídico generador de la obligación, se ha consolidado y con ello tiene génesis la obligación de resarcir que tiene naturaleza de obligación de valor.

Con ello se puede expresar que quedó abierta para su meritación la etapa de las consecuencias jurídicas derivadas del hecho dañador (Valoración y cuantificación del daño como deuda de valor), respecto de las cuales hasta que no queden consolidadas en su determinación, sea en sede judicial o extrajudicial, son alcanzadas por las nuevas leyes sancionadas. En el caso, por el contenido del Código Civil y Comercial, Ley 26.994. Así se resolvió en los autos N° 22.006 (95.899 4° CIVIL), caratulados: "MANRIQUE, MARGARITA ANTONIA Y OTRO C/ BARGAS, JUAN ANTONIO Y OTRO DAÑOS Y PERJUICIOS" Sala I Cámara de Apelaciones Civil y Comercial San Juan PROTOCOLO: L. de S ; T° II 2015; F°15/22; FECHA:4 de septiembre de 2015.

3 B) Cuantificación del daño Valor Vida Coincidentemente tanto actora como demandada, se agravian de la cuantificación del daño "valor vida". Aquella por considerarlo insuficiente, conforme reclamo, y ésta por considerarlo elevado.

Debemos recordar que la sentencia definitiva de primera instancia debe contener; la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda o reconvención en su caso.

Las sentencias deben ser motivadas, bajo pena de nulidad, a fin de evitar que se emitan decisiones que no resulten una derivación razonada del derecho vigente, lo que por otra parte permite el control del iter lógico seguido por el sentenciante, a fin de determinar si el mismo se pronunció sin arbitrariedad y con sujeción a la lógica y a las reglas de la sana crítica racional.

La exteriorización de la motivación, implica una doble operación que consiste tanto en la determinación del hecho, estableciendo el tribunal la plataforma fáctica, así como también la aplicación del derecho a esa misma plataforma.

Por lo tanto el control revisor de esta instancia, implica la apreciación de la observancia de las reglas de la sana crítica racional, en la valoración de las pruebas que llevan a la determinación del hecho y, por otra parte, la apreciación de la observancia de las reglas de la razón en la interpretación de la ley sustantiva, y en la subsunción del hecho ya determinado, en dicha norma.

Entiendo que, la actividad jurisdiccional de la Primera Instancia ha dado respuestas a los planteos deducidos por las partes en su demanda y defensa, analizando a los fines de cuantificar los hechos acreditados en el proceso, para terminar por fundarlos en la norma sustancial.

No obstante ello y más allá de fundar y analizar las pruebas colectadas a los fines de cuantificar el daño, oportuno resulta resaltar que el nuevo ordenamiento consagrado por la ley 26.994 sigue básicamente el temperamento del derogado art 1084 del anterior Cód. Civil, específicamente, respecto de consagrar el "arbitrio judicial" a los fines de la valoración del daño.

Así las cosas, debe reconocerse que en doctrina se han propuesto diferentes métodos a partir de analizar "lo resarcible" desde distintas ópticas. Los materialistas, proponen reparar únicamente el aporte de los bienes económicos que el fallecido producía y que eran destinatarios los damnificados reclamantes; en cambio, la visión integral o solidaria, no solo considera para cuantificar el aporte económico del interfecto a sus familiares , sino las contribuciones de cooperación, de solidaridad de la asistencia doméstica, etc.

Sin duda el nuevo ordenamiento impuso la utilización de fórmulas matemáticas financieras para determinar la indemnización por incapacidad psicofísica, más de ninguna manera lo prevé para el caso de fallecimiento a los fines de calcular el "valor vida", caso contrario lo hubiere así normado expresamente. Este siguió, no sin antes valorar la suscripción por parte de nuestro país de los Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos, la línea de protección de la persona humana en su integridad psicofísica y social, dejando nuevamente librado al arbitrio judicial, la cuantificación del daño padecido por los terceros que reclaman por fallecimiento y, a tal fin, debe tenerse en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes (Cód. Civil y Comercial comentado, Jorge H. Alterini Director General LA LEY Tomo VIII pag. 276).

No escapa al conocimiento de éste Tribunal que, la fórmula matemática que prevé el art 1746 del Cód. Civil y Comercial para el supuesto de daño causado por incapacidad permanente, en base a la función resarcitoria, al principio de inviolabilidad de la persona humana y al de reparación plena; podrá considerarse como un elemento a considerar para la cuantificación del daño "valor vida", más de ninguna manera podrá encuadrarse en sólo fórmulas matemáticas, dejando de lado la contribuciones afectivas, de cooperación o asistenciales a que tenían derechos los reclamantes.

Propiciamos aquella doctrina que tiende a una reparación integral, humanista a los fines de cuantificar el daño causado por la muerte de un hijo. Y es que lo que se indemniza es el perjuicio económico sufrido por los reclamantes a raíz de la muerte de su hijo, que se estima en dinero y se sustenta en la frustración, no solo de una probabilidad de ayuda patrimonial actual o en la vejez (art. 537 Cód. Civil, con fuente en anterior art. 367), sino también en el apoyo, sostén de todos los días, en esa misma etapa de la vida.

Este criterio humanista es el que ya venía sosteniendo éste Tribunal en anteriores pronunciamientos " La relación filial se desarrolla en un marco familiar que no se agota en un puro materialismo, que se representa en una cuantía dineraria aportada por la capacidad productiva del interfecto, sino que existen manifestaciones del espíritu u otras actividades del ser humano que forman parte de la relación entre padres e hijos. Por lo cual, ante la pérdida de alguno de ellos (en el sub lite el hijo) el otro se ve privado de los aportes económicos y también de otros aportes asistencialistas, por lo cual una justa reparación debe contemplar todos los aspectos del hombre como un ser integral y no como un mero productor de bienes" (L de S T°. 86 F°. 162/186 2003) Cámara Civil , Comercial y Minería San Juan , Sala 1° autos N° 17653 "Ghersih, Alfredo A. y Otra C/ Serignani, Marina S. Daños y Perjuicios Sumario", 14/6/2004, L. de S. T° 88, F° 6/16. ( "Daño a la Vida" Pascual Eduardo Alferillo Ed Jurídicas Cuyo, 2009, pag. 623/624).

Surge de la sentencia traída a decisión, que el A quo la motiva en la misma doctrina que informa la integralidad del ser humano, más no solo como productor de bienes, sin embargo, al tiempo de cuantificar concretamente el daño tratado, parece limitarse a operaciones matemáticas puras. En efecto, entiende que cinco años podría el causante haber realizado aportes en favor de sus padres, sin perjuicio de la expectativa de vida que pudieran tener, multiplicando el porcentual de su ingreso por esos mismos años para cuantificarlo en la suma de $ 260.000.

Y es que, en ese mismo orden entiendo que no solo el daño debe determinarse por el aporte económico, que también por imperativo legal se extiende más allá de los cinco años contabilizados (aunque en menor porcentual durante la ancianidad de sus padres por la independencia del hijo al formar familia), sino que debió considerar otros aspectos del hombre, como los aportes asistenciales, compañía y en definitiva " . . . aquellas manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida económica que integran también aquel valor vital de los hombres" (CSJN, 21/9/2004, "Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales SA, Fallos 327:3753).

Por ello, y teniendo en cuenta la edad de la víctima ( 33 años), su profesión (veterinario), estado civil (soltero conviviente con su madre); las condiciones de los reclamantes ( madre de 58 años y padre de 65 años) y con apego a lo dispuesto en los arts. 1745 y cc del Código Civil y Comercial de la Nación, considero ajustado a derecho hacer lugar parcialmente al recurso de la actora, elevando la cuantía de la indemnización por daño "valor vida" a la suma de Pesos Trescientos Veinte Mil ($ 320.000) a la fecha del siniestro, con más los intereses Tasa Activa que se devenguen hasta el momento del efectivo pago.

3 C) Intereses:

La parte demandada, en tercer agravio, centra la queja sosteniendo que, si bien el Juez de instancia inicial condena al pago de intereses, no determina los aplicables al caso concreto.

Analizado el fallo, entiendo le asiste razón al recurrente en cuanto a la indeterminación de la tasa de interés aplicable a los importe de condena.

Sin duda la queja se centra en la indeterminación o tasa aplicable, desde que los intereses son mandados pagar, indicando concretamente la fecha desde la cual se devengan.

Sin duda que el interés deberá ser de tasa activa calculado desde la fecha que indica la sentencia para cada rubro y hasta el momento del efectivo pago, conforme las pautas del fallo plenario "Huaquinchay Vda. de Mas Teresa c/ Canteras y Caleras El Refugio S.A. Apelación de sentencia", dictado por la Corte de Justicia.

Respecto de ello, oportuno resulta recordar que el juicio de marras fue iniciado en el año 2009 por accidente ocurrido en el año 2008, por lo que la aplicación de los intereses, es por la mora de los demandados en abonar la indemnización determinada para cada rubro que prospera.

Finalmente cabe acotar que a partir de fijar la fecha a la cual se fija la indemnización, el interés debe ser a tasa activa pues es el único modo de mantener intangible el resarcimiento y con ello consagrar el principio constitucional de reparación integral, en una economía con desfasajes inflacionarios en el valor de la moneda de pago.

Propongo en consecuencia, hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la actora, elevando el importe de condena por daño Valor Vida a la suma de Pesos Trescientos Veinte Mil ($ 320.000,oo) y; hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la demandada, determinando aplicar los intereses Tasa Activa conforme lo resuelto en fallo plenario de Corte de Justicia "Huaquinchay Vda. de Mas Teresa c/ Canteras y Caleras El Refugio S.A. Apelación de sentencia".

4) RECURSO DE APELACIÓN DE HONORARIOS INTERPUESTO A FS. 37 Y CONCEDIDO A FS. 308 VTA.:

Ataca el recurrente la sentencia por considerar bajos los honorarios regulados a su favor, y altos por la representación que ejerce. También considera elevados los honorarios regulados a la perito Lic.Marcó.

En la sentencia recurrida el a quo resolvió: "Regular los honorarios del abogado Eduardo Cáceres, por su actuación profesional, en doble carácter, en una etapa del proceso (demanda), en el 7% de la base regulatoria que a tal fin se apruebe. Regular los honorarios a la abogada Verónica Benedetto por una etapa y media (ampliación de demanda y prueba), en doble carácter y como vencedora en el 10,5% de la base que se apruebe.... Regular los honorarios de la perito psicóloga Cristina Graciela Marcó en el 1,5% de la base firme." En la aclaratoria dictada a fs. 309 el juez aquo resolvió: "Hacer lugar a la aclaratoria solicitada, completando la regulación efectuada en la sentencia de fecha 27 de agosto de 2015, Protocolizada a fs. 89/108, T° 04 D Protocolo Año 2015, adicionándosele un 7% más por la etapa de alegato, de la base que se apruebe por la actuación de la abogada Verónica Benedetto, totalizando así un 17,5% por todo el proceso." En este sentido se verificarán entonces, los trabajos realizados teniendo en cuenta el resultado obtenido y, la gestión profesional, valorándose el mérito, extensión y eficacia de la labor desarrollada.

Conforme a lo expuesto, y habiéndose fijado al Dr. Cáceres el 7% de la base regulatoria, por lo actuado en una etapa y a la Dra. Benedetto el 17,5% de la misma base por lo actuado por las dos etapas y media cumplidas, como vencedor, dado el trabajo realizado, considero los mismos son ajustados a derecho por lo que corresponde confirmarlos, todo de acuerdo a lo previsto por los arts. 189 de la Ley 2.150 (Hoy 14 Ley 56 O).

En el caso de la tarea realizada por la perito, debe tenerse presente que en los casos en que está en juego la apreciación de un trabajo intelectual, la retribución no se mide únicamente por el tiempo insumido en realizarla sino también por las calidades que debe tener quien la cumple y las responsabilidades que pueden derivarse para el que presta el servicio profesional, y desde tal punto de vista, resulta fácil advertir que el informe pericial solo podría realizarlo un profesional universitario calificado, y que quien cumpliese con tal trabajo avalase con su firma la corrección, exactitud y veracidad del trabajo presentado.

En la presente causa la perito psicóloga, presentó un informe pericial que no fue impugnado.

Analizando los honorarios regulados a la perito Lic. Marcó, a quien se le fijo el 1,5 % de la base, teniendo en cuenta la importancia, complejidad y eficacia del trabajo cumplido, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 187, 188 y 189 de la Ley 2.150, corresponde confirmar los mismos (art. 46 Ley 56 O).

Las costas de lo actuado se imponen por su orden.

Propongo se regulen los honorarios de los profesionales actuantes en esta instancia, en el 30% de lo regulado en primera instancia.

ASI VOTO.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la actora, elevando el importe de condena por daño Valor Vida a la suma de Pesos Trescientos Veinte Mil ($ 320.000,oo) y; hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la demandada, determinando aplicar los intereses Tasa Activa conforme lo resuelto en fallo plenario de Corte de Justicia "Huaquinchay Vda. de Mas Teresa c/ Canteras y Caleras El Refugio S.A. Apelación de sentencia". II) Rechazar el recurso interpuesto a fs. 307 y confirmar los honorarios regulados. III) Las costas de lo actuado se imponen por su orden. IV) Regular los honorarios de los profesionales actuantes en esta instancia, en el 30% de lo regulado en primera instancia.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la actora, elevando el importe de condena por daño Valor Vida a la suma de Pesos Trescientos Veinte Mil ($ 320.000,oo) y; hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la demandada, determinando aplicar los intereses Tasa Activa conforme lo resuelto en fallo plenario de Corte de Justicia "Huaquinchay Vda. de Mas Teresa c/ Canteras y Caleras El Refugio S.A. Apelación de sentencia".

II) Rechazar el recurso interpuesto a fs. 307 y confirmar los honorarios regulados.

III) Las costas de lo actuado se imponen por su orden.

IV) Regular los honorarios de los profesionales actuantes en esta instancia, en el 30% de lo regulado en primera instancia.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de S ; T° I 2016; F°28/35; FECHA:11/03/16 DRES. VICTORIA RIVEROS.