Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-11


Salta, 11 de Agosto de 2010.

AUTOS y VISTOS: Estos autos caratulados: " FADER JULIO SANTIAGO VS. INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL TABACAL SA S/ ACCION AUTONOMA DE NULIDAD EXPTE CAM Nº 14576/06 " originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo Nº 2 del districto Judicial del Norte (expte. nº 2873/01), para resolver acerca del recursos de apelación interpuesto a fs. 235/272.

C O N S I D E R A N D O I.-) La Dra. Mirta Marco dijo : el Dr. Angel Stamelako por la actora dedujo recurso de apelación contra la sentencia de fs. 225/230 que rechazó la acción autónoma de nulidad con costas. Solicitó su revocación con costas. Pide se declare nula, fraudulenta e írrita a la sentencia homologatoria arribada en el Expte Nº 5150/99 caratulado " Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SA y Fader Julio S/ Homologación de Convenio" del Juzgado laboral Nº 1 de Orán. Indicó que esta sentencia, contiene vicios, prueba inexacta o incompleta, conducta ilícita de las partes, de terceros y del Juez. Contiene vicios de graves delitos criminales, arbitrariedad manifiesta y nulidad absoluta. Además, pidió se condene a la demandada a pagar al actor, los rubros y los montos reclamados en este juicio, con más los accesorios peticionados, con costas. De modo previo, solicitó se otorgue la correspondiente intervención a la autoridad penal por las denuncias criminales realizadas en este juicio y en los anteriores. Hizo reserva del recurso extraordinario.

Relató que el actor no realizó ningún acuerdo conciliatorio. Todo fue resuelto por la patronal en su oficina, manejándose al actor como un autómata. El juez de la homologación falseó a la verdad, cuando dijo que citó al actor a la ratificación. Consignó que el actor entendía, comprendía el contenido del convenio ; siendo que el actor es un hombre ignorante. El pedido de homologación fue presentado 1/6/99. Decretada la citación al actor el 2/6/99 compareció ese mismo día y al día siguiente se homologó. Doce días después del dictada la homologación, la demandada arrimó extemporáneamente fotocopias simples (10/6/99) cometiendo el Juez el delito de ordenar su incorporación, para darle apariencia de legalidad al despojo, a la estafa y a la defraudación. Esta probado que el Juez de la homologación no estuvo presente en el acta judicial de ratificación. Su presencia es obligatoria por Ley y su ausencia hace nulo todo lo actuado. Debió haberle explicado al actor el sentido y los alcances del supuesto convenio para que éste impugnara lo que le fuera desfavorable.

El trabajador denunció despojo, estafa y defraudación, mediante la figura de la asociación ilícita. El Juez de la homologación sostuvo que no advertía que el actor haya renunciado a derecho alguno incorporado a su patrimonio, ni lesión al orden público y que existía la justa composición de los derechos e intereses de las partes (art. 15 LCT). No fundó la homologación demostrándose la conveniencia y la justicia de la solución alcanzada. Homologó lo que quería homologar la patronal, basándose en fotocopias simples y sin pruebas que autorizaran ello. Es decir, sin poner nada de sí, sólo copiando el escrito patronal y diciendo que todo estaba bien. Sin embargo, el convenio, tenía espacios en blanco, agregados a mano y con lapicera, omitió denunciar el domicilio del actor. Tampoco evalúo que el escrito fue hecho en la oficina del demandado, sin la participación del actor y en ausencia de la Dirección de Trabajo y Ministerio de Trabajo de la Nación. Insiste en señalar que el A Quo tuvo por válidas las fotocopias simples acompañadas consistentes en un recibo de pago de la indemnización, con firma del actor. El Juez hizo caso omiso a la Jurisprudencia invocada y transcripta respecto de la ineficacia como prueba a juicio de las fotocopias simples arrimadas (art. 1012 a 1026 CC). Reitera que se lo tuvo como original y no investigó acerca de dicho pago siendo obligación ineludible a los fines de la homologación. Lo cierto es que la demandada, le sacó la firma al actor en su oficina, al momento de despedirlo sin causa justificada alguna. Ello es una evidencia del abuso de firma en blanco.

Considera que la homologación debe ser dejada sin efecto. La demandada no probó la existencia de la casual de despido invocada en el marco del art. 247 LCT. Todo evidencia la conveniencia para la empresa demandada, el sindicato, el abogado Villalba y ambos jueces intervinientes. El A Quo paso por alto la denuncia del actor acerca de la falsedad de la presunta crisis invocada por la demandada para ampararse en el art. 247 LCT.. Nunca hubo la presunta crisis financiera, fue una simulación. Por eso, el actor, sólo reclama el monto total de la indemnización.

El Juez pretende con toda mala fe hacer valer en contra del actor, las actuaciones hechas en el expte de homologación ; siendo que justamente, en este expte y en sus actuaciones, se ha alzado el actor y ha llevado adelante todo este juicio. Se soslaya en perjuicio del actor a la auténtica investigación de los delitos cometidos en dicho expte por el Juez y por los otros integrantes de la asociación ílicita.

Del mismo modo, el Juez dejó pasar la denuncia del actor de que ante la oposición de los trabajadores despedidos de que se les descontara dinero para solventar los honorarios del Dr. Villalba, la parte demandada resolvió que dichos honorarios sean soportados por la misma y por el Sindicato. El actor nunca quiso abonar dichos honorarios, toda vez que no conoció nunca al mentado abogado. No se tuvo en consideración que el abogado patronal Mc Loughlin puso las estampillas profesionales para él y para el Dr. Villalba, el mismo día del dictado de la resolución. Que hubo pocas horas de diferencia entre ello y la resolución. Ello da la pauta del apuro en finiquitar el asunto, para evitar cualquier reacción inmediata del obrero defraudado.

Destaca como actitud agraviante y arbitraria, la conducta del A Quo que en relación a la prueba testimonial. Que de la conjunción de las respuestas se probó la inexistencia del pretendido acuerdo que se homologó fraudulentamente en el Expte 5150/99. Entre otras cuestiones que se pasaron por alto, se encuentra la circunstancia de que quien testimonió era gerente y apoderado de la demandada. Por sus calidades debió ser descalificado. Es un testigo poco veraz, contradijo y falseo las declaraciones y el Juez dolosamente, nada hizo. Tomo partido por la empresa y buscó respuestas que perjudicaban al obrero Señala que el actor recusó a los jueces intervinientes, pero encontró resistencia a sus desplazamientos toda vez que la Cámara autorizó a los recusados a seguir entendiendo ; no obstante, las lapidarias razones invocadas. Por ello, una fuerte cuota de responsabilidad recae en los jueces de la Cámara que pudiendo evitar el escándalo jurídico, no lo evitó. Los recusados llevaron adelante el plan trazado para darle finiquito al despojo de los trabajadores. Han actuado como parte interesada y no como jueces, usando el cargo que detentan y al Poder Judicial para cometer delitos de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato, encubrimiento y participación primaria en el delito de estafa. Y también, la patronal y sus personeros, los delitos de estafa, abuso de firma en blanco y defraudación. Y todos los sujetos, el delito de asociación ilícita. A su juicio, todos estos olvidos del A Quo, ponen en evidencia que la sentencia no tiene ningún valor. Expresa que la justicia que espera para este juicio no puede venir de hombres corruptos sino directamente de Yave , Dios Padre Todopoderoso y Eterno, cuya intervención pide en este acto. Transcribe el salmo 109.

Corrido el traslado del recurso de apelación (fs. 273) fue contestado a fs. 283285 por el Dr. Marcelo Andres García Bruno por la demandada quien solicitó su rechazo con costas.

II.-) En orden a lo señalado en el escrito recursivo por el apelante (fs. 272) se remitió sus antecedentes a la justicia penal y suspendió el llamado de autos para resolver de fs. 305 hasta tanto se expida la misma. Luego de constantes reiteraciones acerca de la resolución respecto de las actuaciones cumplidas por la agente fiscal en turno acerca de la supuesta actuación indebida de los jueces de la causa, finalmente el Juzgado de Instrucción de Primera Nominación de Tartagal comunicó que se resolvió hacer lugar a lo solicitado por el ministerio público fiscal y se desestimó la acción por no constituir delito conforme al art. 175 del CPP (fs. 355/357). Por lo tanto, habiéndose resuelto la cuestión prejudicial previa, se encuentra habilitado el dictado de la resolución del recurso incoado.

La presente acción autónoma de nulidad procura la declaración de nulidad de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y dictada en el proceso judicial que indica. Participa de los caracteres de la nulidad de los actos jurídicos y por específicas causas procesales. Al importar la presente acción un ataque directo a la cosa juzgada, su naturaleza es excepcional y supone condiciones de rigurosidad. Los motivos para revocar no deben estar originados ni haber sido advertidos por las partes antes de que el fallo quede firme, sino tratarse de otras y nuevas cuestiones o circunstancias esenciales. De otro modo, se estaría produciendo el retorno a cuestiones ya consideradas y resueltas. Por lo tanto, no es suficiente la invocación genérica de haberse quebrantado las formas del juicio. Ya que abrir la posibilidad de la nulidad en forma amplia significa aceptar la existencia de juicios interminables con serios desmedro a la seguridad jurídica.

Advierto que el apelante confunde el acuerdo transaccional como acto voluntario licito presentado al Juez para su homologación y con previa ratificación ante la actuaria, con el acto de conciliación celebrado por el Juez de la causa en el marco de un proceso judicial. En el primer caso, que es el caso del sublite, el Juez homologa lo que "ambas partes" acordaron con discernimiento, intensión y libertad y que fuera ratificado en su tenor y firma ante la secretaria del Juzgado. Al compulsar el expediente de la homologación, verifico que en el convenio oportunamente acompañado no se observan adulteraciones, espacios vacíos ; ya que éstos, fueron llenados en forma manuscrita y luego corroborado con las firmas. Es cierto que, se acompañó fotocopia simple de la planilla Indemnización por Despido Art. 74 RNT donde consta que el actor recibió la suma de $ 8097,12. Pero no debemos desdeñar que la presentación al Juzgado es "en común de ambas partes" lo que amerita el entendimiento de la falta de controversia acerca de la autenticidad de la copia simple del mentado recibo. También es cierto que, la demandada a posteriori de la sentencia de homologación, acompañó fotocopias simples del trámite del procedimiento de crisis que fundara la aplicación del art. 247 LCT y que el Juzgado ordenó su agregación. Ello, en nada modifica el acuerdo celebrado entre las partes ; ya que fue celebrado en fecha posterior a la fecha de las fotocopias del procedimiento de crisis. Es decir, el apelante alegó y reiteró la existencia de posibles vicios ; pero en concreto, no probó el error, el dolo o la violencia.

Lo agravia al recurrente, la circunstancia de que el juez A Quo haya venido a ser Juez y a ser parte en el proceso, haciendo referencia a su recusación y a la negativa de la Cámara a esa desvinculación. Estas cuestiones se encuentran totalmente precluidas e implican desconocer la jurisprudencia unánime respecto al tribunal competente.

En definitiva, el extenso memorial de agravios contiene en definitiva acusaciones e imputaciones de extrema gravedad que fueron encausadas y resueltas por los tribunales competentes. Realizó reflexiones genéricas y procuró reeditar las cuestiones ya resueltas. No se hizo cargo de los fundamentos del fallo a fin de rebatirlos, demostrando los posibles yerros cometidos por el A Quo. No se cumple la manda del art. 255 del CPCC que dispone que los agravios deben contener la refutación precisa de las pertinentes conclusiones de hecho y de derecho. Ciertamente, no es suficiente realizar afirmaciones generales, opuestas a la sentencia. Tampoco las meras expresiones de discrepancia con respecto a lo resuelto. La exigencia de que la expresión de agravios contenga una crítica concreta y detallada del decisorio, no se satisface con disentir en su interpretación judicial. En efecto, la crítica, es un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores fácticos y jurídicos que esta pudiere contener. En cambio, disentir, es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia. Tampoco se trata de extenderse en el texto de la expresión de agravios, ni de efectuar o redactar manifestaciones sonoras, ni de efectuar injurias al juez. Se trata de tener efectividad en la demostración del eventual error indicando, en su ilegalidad y/o en su injusticia. Bajo tales premisas, entiendo que el recurso no plantea una crítica concreta y razonada del fallo y que demuestre que el mismo es injusto, erróneo o contradictorio.

Finalmente destaco que en la actividad judicial debe primar el respeto y consideración mutua. La defensa de los derechos no debe hacerse sobre la base de la afrenta. El escrito del apelante muestra un exceso expresivo injurioso que no reforzó su postura y ni es el modo idóneo para fundar una expresión de agravios. Por su gravedad dieron lugar a las vías legales pertinentes. Sin embargo, a la postre, resultó su desestimación. Por lo tanto, entiendo que cabe realizarle al Dr. Stamelako un llamado de atención a los fines de que sus escritos guarden estilo, donde sin desmedro de la defensa de los derechos se utilice un lenguaje adecuado para los escritos judiciales.

En mérito a todo lo expuesto, voto por el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmándose la sentencia recurrida, con costas a la actora por el principio de la derrota (art. 67 CPCyC de aplicación al fuero por el art. 90 del CPL). Se tenga presente la reserva de recursos formulada. _ La Dra. Liliana Gómez Diez de Reyes, dijo: encontrándome en un todo de acuerdo con el voto que antecede, me adhiero al mismo.

Por ello, _ LA SALA I DE LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO_ F A L L A I.-) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 235/272 y en su mérito confirmar la sentencia de grado, con costas. Tener presente la reserva de recursos formulada.

II.-) Ordenar se copie, registre, notifique y oportunamente, bajen los autos al Juzgado de origen.-