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Cuestiones de competencia, presentación extemporánea, incompetencia, facultades jurisdiccionales, cambio de calificación legal, debate
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Matta Tarazona, Luis Raúl c/  s/ inf. art. 149 bis del C.P. s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-09

La declinatoria dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional, tras recibir la declaración testimonial de la damnificada en el debate oral y público, resulta extemporánea e improcedente, además de contraria a una eficiente y rápida administración de justicia. El art. 401 del CPPN, invocado por el tribunal nacional, no resulta aplicable al caso, ya que esa regla exige una novedad en cuanto al sustrato fáctico sobre el que se desarrollaba el proceso, lo que no ha sucedido en el caso. La finalidad de las amenazas atribuidas al imputado, esto es, el abandono del domicilio que la damnificada ocupaba, así como el efectivo acaecimiento de tal circunstancia, fueron considerados y conocidos a lo largo de todo el trámite de la causa, por lo que los hechos se mantuvieron incólumes. La posible configuración el delito previsto en el artículo 181, inciso 1, del Código Penal -que fundó la declinación de incompetencia por parte del Juzgado Nacional-, no surgió de lo ocurrido en la audiencia de debate. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg, por remisión al dictamen fiscal. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Ministerio Público, fiscales, requerimiento de sobreseimiento, jueces, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. de inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver: ¿la falta de mantenimiento de la  acusación en la alzada por parte del Ministerio Público Fiscal,   coincidiendo con la instancia absolutoria solicitada por la Defensa,  impone al Tribunal la aceptación de las pretensiones de los sujetos   procesales, impidiendo fallar distinto a dichas peticiones?.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

Convalidar la obligatoriedad del pedido Fiscal de absolución, importaría consagrar un sistema dispositivo de la acción penal que no deriva ni de la Constitución Nacional o Provincial, ni tampoco siquiera de interpretar la disposición del art. 8 del Código Procesal Penal provincial, toda vez que así ineludiblemente se invade la esfera jurisdiccional, y se le acuerda indebido dominio a la opinión de una de las partes -que culmina erigida entonces en árbitro del proceso penal- por sobre la voluntad y decisión del Tribunal. Y esto resulta además relevante, ya que es requisito del sistema acusatorio la igualdad de las partes, la que obviamente se destruye cuando una de ellas, en vez de peticionar -ejerciendo la acción, ya sea descalificando y negando o afirmando y sosteniendo su sentido punitivo- resulta provista de la capacidad de disposición que solo es privativa de los jueces. (Del Voto del Dr. Crippa García)
Administración Pública, silencio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CIA  DE  ESTUDIOS  Y  CONSTRUCCIONES  INGENIERO  RODOLFO  CORNERO SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   INCIDENTE DE APREMIO.     CSJ EXPTE NRO 124-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-11-20

El silencio o la ambiguedad de la Administración frente a pretensiones que requieren de ella un pronunciamiento, se interpretarán como negativas.

Voto de la mayoría. En disidencia, Dr. Barraguirre.
Divorcio, alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G., P.C. c/ P.,N.A. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-30

El art. 204 del Código Civil (texto según ley 23515), permite a los cónyuges alegar y probar no haber dado lugar a la separación de hecho, de modo tal que si esa circunstancia se produce, la litis versará sobre las causas que la determinaron. Y si producida la prueba, quien introdujo la cuestión acredita que la interrupción de la cohabitación no le es atribuible, la sentencia debe dejar a salvo los derechos que se le acuerdan al cónyuge inocente (arts. 206 y ss.,C.Civil, t.o.). Sin que quepa duda que, de haberlo hecho, la carga probatoria hubiera pesado sobre sus espaldas, por aplicación de lo establecido por el art. 204, último párrafo,del Código Civil, t.o., amén de lo determinado por el artículo 375 del Código Procesal.
Concubinato, contratos entre concubinos, prueba del concubinato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BRUNO, LORENZO SEGUNDO c/ LUZ PAZ DE GALEANO s/ DESALOJO POR VENCIMIENTO DE COMODATO PRECARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-10

No puede invocar la concubina un derecho locativo, si no prueba que hay un vínculo contractual de esa índole, con prescindencia de la existencia de la relación concubinaria.-
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D Abrantes, Miguel A. c/ Chiura, Fernando s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

El éxito parcial no quita la calidad de vencido cuando quien logra esa relativa suerte en el proceso, se opuso "in totum" a la pretensión admitida en cierta y considerable medida (art. 68 del Cód. Procesal).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad formal, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: CARMONA, Claudio Fabián c/ Flores, Víctor Hugo s/ Apelación Auto Interlocutorio - Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-08-15

Si bien los recursos de inconstitucionalidad y casación "deben interponerse con sus diversos motivos y fundamentos, en forma conjunta." (art. 2, segundo párrafo de la ley 2275), esto último no quiere decir que su fundamentación deba efectuarse sin atender al objeto propio de cada recurso, que sin duda alguna, son y tienen efectos diferentes, lo que no parece advertir la recurrente, dado que refiere a ambos en el desarrollo de su libelo recursivo, sin especificar, concretamente, cuál es el sustento de cada uno, ni respetar lo dispuesto por los arts. 13 y 16 de la ley 2275.

Al respecto lleva dicho el Tribunal que: "El recurso debe fundarse conforme lo exigen los arts. 13 y 16 de la 2275, expresando clara y concretamente en cual de los supuestos de los arts. 11 y/o 16 encuadra el caso, y las demás exigencias que dichas normas contienen para considerar fundado el remedio deducido.

"Los recursos extraordinarios deben tener fundamentación autónoma en razón de tener objetos distintos, por lo que cada recurso debe bastarse a sí mismo".
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, cosa juzgada, improcedencia del recurso, litispendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Socmer SACIFIC c/ 1953 Administradora Fiduciaria SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-16

Resulta improcedente el planteo de una excepción de litispendencia en conjunto con la excepción de cosa juzgada, en la medida que mientras una se sustenta en una sentencia que puso fin a los hechos controvertidos, la restante encuentra su fundamento en la existencia de un proceso donde se discuten las mismas cuestiones y en la que aún no medió decisión.
Compraventa inmobiliaria, escrituración, Dirección Nacional de Vialidad, conducta de las partes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FRIGERIO ITALO ARGENTINO c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20

El negocio instrumentado entre las partes cuenta con todos los elementos esenciales de una compra y venta (consentimiento sobre la cosa y el precio), mas de ello no se sigue que el contrato celebrado sea válido -o eficaz- para obligar a la DNV a escriturar, toda vez que se halla en juego el cumplimiento de los presupuestos legales de validez del negocio jurídico -en el supuesto examinado se trata de la aprobación- "en el caso de que se exijan no en el acto de conclusión, sino después que el negocio se halle completo y perfecto y deban sobrevenir para que el negocio concreto, por las circunstancias específicas en que se realiza, despliegue de manera definitiva los efectos que le son propios.

El presupuesto faltante que podría haber validado plenamente el contrato, es lo que Betti denomina legitimación de la parte, esto es, la competencia del sujeto para concluir el negocio, de tal modo que este pueda desplegar todos sus efectos jurídicos.

Encuadrado en el derecho positivo argentino, la actuación del ingeniero Barreiro al suscribir el convenio es similar a la que contemplan los artículos 1931 y 1932 del Código Civil, desde que dicho funcionario intervino en representación de la DNV pero con la advertencia de que carecía de facultades para obligarla por su sola intervención -por eso previó la aprobación del titular del organismo- circunstancia que fue plenamente conocida por el adquirente. En tales condiciones, frente a la titular de los intereses que no ratificó el contrato, éste -aunque sea ya perfeccionado- resultó ineficaz. "Nulo", como dice el art. 1931, con relación a ella. No obsta a tal conclusión que el actor haya pagado íntegramente el precio en el acto de suscripción del convenio, pues el cumplimiento simultáneo de una de las prestaciones no tiene la virtualidad de sanear los defectos de que adolece otro de los aspectos vitales del negocio como es la falta de legitimación del sujeto que emite su voluntad.
Recurso de apelación (procesal), sustitución de medidas cautelares
Materia: LABORAL
Carátula: BERNARDEZ, ALCIDES OMAR c/ CENTRO ELECTRICO S.A. s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-11-05

Si se ha acreditado que existe un embargo trabado sobre bienes del demandado, en cantidad suficiente como para cubrir el monto de una eventual condena, intereses y costas, el objetivo de la norma citada -artículo 125 C.P.L.- se encuentra satisfecho, pareciendo un excesivo rigorismo castigar a la demandada con la pérdida de un recurso, por la circunstancia, meramente formal, que no se hubiese agregado en tiempo el respectivo oficio.

En el caso se trataba de una ampliación del embargo originario trabado sobre un inmueble propiedad de la demandada recurrente, y sobre la cual no se había acreditado la inexistencia de nuevos embargos u otros gravámenes, razón por la cual se había declarado por la Cámara mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la accionada.
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, inconstitucionalidad, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramírez, Néstor Daniel s/ sobreseimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-01

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado, en el fallo "Arriola" (CSJN, Fallos 332:1963), la inconstitucionalidad del tipo penal establecido en el art. 14 apartado segundo de la ley 23.737 en acontecimientos que no aparejan peligro concreto o daño a derechos o bienes ajenos, aún cuando -como en el caso de autos- el consumo haya trascendido a terceros. (Del voto en disidencia del Dr. Farah. - Sumario confeccionado por el SAIJ)
Expropiación, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: G. E. c/ Provincia de Buenos Aires  s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

La obligación del expropiante consiste en reparar un valor patrimonial, por ello, en razón de la naturaleza del valor a resarcir, la indemnización por expropiación, para dejar indemne al propietario, debe cubrir el costo de reproducción o de reposición, es decir, lo que habría que invertir para obtener, actualmente, un bien igual al expropiado. Para que la indemnización sea justa no puede ser fuente de enriquecimiento para el expropiado, ni puede tampoco disminuir su patrimonio y constituye, en el concepto constitucional y en el de la normativa legal específica, un valor equivalente al que en economía se designa como 'valor de cambio', puesto que la indemnización reemplaza a la cosa en el patrimonio expropiado en aquellos antecedentes y objeto del acuerdo transaccional en esta causa.
Improcedencia del recurso, sobreseimiento, fundamentación de sentencias, requisa del automotor, personal policial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sandoval Subiabre, Luis y Torres Quijanes, Pedro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-08

Corresponde rechazar el recurso interpuesto contra la resolución que declaró la nulidad del procedimiento y el sobreseimiento de los imputados toda vez que analizadas las circunstancias del caso y la fundamentación brindada por la Cámara a quo para declarar la nulidad del procedimiento inicial y los actos consecuentes, podemos afirmar que la actividad policial no resultó acorde a las normas procesales por cuanto no se encontró debidamente justificada en una sospecha fundada de conformidad con los requisitos exigidos por el artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación. La requisa practicada en ausencia de orden judicial resultó ilegítima por cuanto no existieron circunstancias previas ni concomitantes que razonable y objetivamente permitieran justificar aquella medida. Es que la presencia de un vehículo automotor, con dos ocupantes, ubicado a la vera de un río, en horas de la noche, no necesariamente resultan circunstancias que justifiquen una requisa. En el caso, los agentes de policía no dieron una explicación suficiente que fundamente cuál fue la conducta de los imputados que los llevó al estado de sospecha requerido por la norma.
Lanzamiento preventivo, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de apelación en autos: Gómez Cristian s/infr. art. 181, inc. 1, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

Los arts. 335 del CPPCABA y 23 del CP atribuyen al juez de la causa las potestades necesarias para hacer cesar una conducta que estima, prima facie, antijurídica, y consecuentemente la responsabilidad de hacerlo adecuadamente, pero, no le acuerda la competencia para pronunciarse acerca de los derechos subjetivos que al presunto damnificado o a los ocupantes puedan asistirles. (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Homicidio culposo, inimputabilidad
Materia: PENAL
Carátula: CABRA, AGUSTIN LISANDRO s/ HOMICIDIO CULPOSO - EBRIEDAD - ININPUTABILIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-03-21

Esta incurso en homicidio culposo (cp 84) quien, portando un cuchillo en la cintura, voluntariamente bebió vino hasta alcanzar una ebriedad total, en compañía de una persona a la que sabía agresiva y peleadora cuando estaba alcoholizada y a la que, en dicho estado de ebriedad, di o muerte de varias puñaladas con el cuchillo que tenía consigo, toda vez que el autor, libremente, mediante intencionales (ingesta alcohólica) e imprudentes y negligentes, según las circunstancias, ha creado su propio estado de inimputabilidad que, a su vez resulta la causa de la ulterior conducta delictiva.
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Millán, Ricardo E. c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Si dos presentaciones formuladas por el actor en sede administrativa no guardan identidad, corresponde que se desestime su pretensión de que el cómputo del plazo de prescripción se realice desde la fecha de la primera de ellas, si no es en ésta donde solicitó aquello que el Instituto de Previsión Social terminó por reconocer en forma parcial (en el caso el ente previsional aplicó incorrectamente a un reclamo de un beneficio previsional ya acordado el plazo de prescripción anual que viene dado para los supuestos en que se trata de haberes correspondientes a un beneficio aún no concedido).
Interpretación de la ley, expropiación irregular
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ratto, Héctor Oscar c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires. s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-28

En la interpretación de la ley debe comenzarse con la ley misma y adoptando como pauta hermenéutica a la sistemática, confrontando el precepto a interpretar con el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. No debe olvidarse la presunción de coherencia que reina en el sistema de normas. La interpretación debe efectuarse de tal manera que las normas armonicen entre sí y no de modo que se produzcan choques, exclusiones o pugnas entre ellas. (doctor de Lázzari, sin disidencia)
Impuestos, facultades tributarias, gobierno nacional, gobierno provincial, Municipalidad, Impuesto sobre los ingresos brutos, puertos, servicio público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Satecna Costa Afuera S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cláusula comercial (transporte marítimo).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-30

Es improcedente la descalificación constitucional del impuesto local a los ingresos brutos, fundada en una suerte de inmunidad de la actividad que realiza la actora - servicio público de remolque de maniobra en el Puerto de Bahía Blanca - frente al poder de imposición de la provincia (Disidencia del Dr. Belluscio).
Haber jubilatorio, prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ochoa, Carlos Julio c/ E.N. s/ Juicio de Conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

Los haberes jubilatorios, por ser obligaciones independientes que deben pagarse por plazos periódicos más cortos de un año (mensuales), cada una de ellas está sujeta a un plazo propio de prescripción, que es el del art. 4027 C.C., inc. 3.
Despido por falta o disminución de trabajo, riesgo empresarial
Materia: LABORAL
Carátula: LACASA, GABRIEL ANGEL Y OTROS c/ VILAS Y COMPAÑIA SAC. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-15

El problema de la captación del mercado y de competencia es un tema de estricta incumbencia de la gestión empresaria, no siendo legítimo trasladarlo a los trabajadores que, al no ser socios de los empleadores no deben soportar las consecuencias inherentes al riesgo empresario, cuya existencia debe determinarse mediante una interpretación restrictiva, en cuanto el artículo 247 de la LCT.

sienta una excepción a la ajenidad del mencionado riesgo.
Competencia, competencia laboral, relación de dependencia, prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ALFONSO JOSE BIENVENIDO c/ COMPAÑIA DE VIGILANCIA INTEGRAL S.R.L. Y OTRO s/ CASACION LABORAL - INDEMNIZACION - RELACION DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-03-06

Resulta contradictorio sostener que se carece de competencia para resolver una cuestión por ser propia de otro juez para luego decidirla al desestimar la demanda en su integridad, lo que hace cosa juzgada sobre el fondo de la cuestión propuesta. La materia laboral se determina y circunscribe por un contrato o convención de esa naturaleza que vincula a las partes en relación de dependencia o subordinación jurídica y por el sujeto que sufre el perjuicio por un hecho o acto de relevancia jurídica. Si el actor invoca una relación laboral como fuente de su derecho y ella es negada por la contraparte, a aquel le incumbirá la prueba de su aserto, jugando la presunción del art. 23 LCT en el supuesto de que exista una presta sane de servicios.Pero si por ningún medio logra probar su afirmación inicial, la demanda fundada exclusivamente en prestaciones derivadas de una ley laboral, debe desestimarse. Si se invoca otra fuente de derecho distinta de la relación de trabajo para reclamar al responsable del daño producido, el juez laboral carece de competencia para pronunciarse al respecto, porque dicha competencia es de carácter excepcional y limitada. En tal supuesto corresponde declarar la incompetencia y no desestimar la demanda aquella implica una absolución de la instancia que permitirá recurrir ante el órgano jurisdiccional competente para renovar la cuestión.
Acción de amparo, honorarios, recurso de casación, depósito
Materia: CIVIL
Carátula: VILLALVA, SANDRA ELIZABETH Y OTRO. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-04-30

Este Tribunal ha sostenido que la materia arancelaria no hace sustancialmente al trámite del juicio que da lugar a la regulación -o, como en este caso, al pedido de regulación- de honorarios y que, en razón de ello, deviene inaplicable respecto de aquélla la habilitación de días y horas que, producto de la modificación de la Ley 7.248, el artículo 11 del Código Procesal Constitucional (CPC) establecía a los fines de la sustanciación y ejecución del proceso de amparo; ergo, a los efectos de las cuestiones arancelarias que se suscitan en los mentados procesos, recobra plena vigencia el principio que consagra el artículo 177 del CPCyC, conforme al cual las actuaciones judiciales deben, so pena de nulidad, practicarse en días y horas hábiles (cfr. CSJT: 02/8/2012, "ABC S.A. vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán y otro s/ Amparo", sentencia N° 613; 02/8/2012 , "Puertas Irma Beatriz vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo", sentencia N° 614).

Adviértase en tal sentido que, al igual que en los casos de los precedentes citados, en el supuesto de autos el juicio de amparo ya se encontraba fenecido al tiempo de solicitarse la regulación de honorarios en cuestión, y, por ende, había desaparecido la razón de urgencia y celeridad que la ley adjetiva entiende existe "durante" el trámite de la acción constitucional de marras. III.- Ahora bien, la apuntada distinción, que permite tener por tempestiva la queja en examen, sirve, a su vez, para descartar en supuestos como el de autos la exención de cargas que prevé el artículo 24 del Código Procesal Constitucional, toda vez que las sendas impugnaciones (revocatoria y nulidad) que una letrada interpone, por derecho propio, en contra de los actos jurisdiccionales que resolvieran de manera desfavorable su solicitud de regulación de honorarios profesionales, no constituye, en puridad, una actuación propia del proceso de amparo.	Los motivos que llevaron al legislador local a reglamentar con carácter gratuito la tutela judicial pronta de los derechos fundamentales que estén siendo conculcados con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, en modo alguno son extensibles a las cuestiones concernientes a los emolumentos de los profesionales que intervinieron en dichos procesos, patrocinando o representando jurídicamente a las partes respectivas; en consecuencia, para la materia arancelaria, con independencia de cual sea el proceso que le sirve de causa, resulta exigible el depósito que la ley de rito establece para garantizar un mínimo de seriedad en el planteo impugnativo que se formula por la vía de los recursos extraordinarios de casación y de queja (cfr. CSJT: sent. cit. N° 613/2012 y 614/2012).

GANDUR - PIOSSEK - GIOVANNIELLO.
Pasaporte, Constitución Nacional, libertad de circulación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALEJANDRO OLMOS. c/ ESTADO    NACIONAL   (MINISTERIO  DEL  INTERIOR  -  POLICIA  FEDERAL) s/ AMPARO-  ACTOS  DE  OMISIONES  DE  AUTORIDADES  PUBLICAS-  PASAPORTE-  LIBERTAD DE ENTRAR, TRANSITAR, PERMANECER, Y SALIR DEL PAIS- DERECHO  DE LOCOMOCION- PATROCINIO LETRADO-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-20

Debe reconocerse un derecho constitucional de cada ciudadano argentino -derecho que forma parte esencial de la libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino garantizada por el art. 14 de nuestra Carta Magna- a ser provisto de aquella constancia de pertenencia a su Nación y de protección a sus derechos, siempre que satisfaga las regulaciones legítimas y razonables que el poder público haya establecido en la materia.