Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-06


SENTENCIA N º 39269 JUZGADO Nº 25 AUTOS: "MAZZEI HUMBERTO RUBEN c/ ENDESA INTERNACIONAL S.A. Y OTROS s/ DESPIDO" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de diciembre	de 2012, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia (fs. 1.166/1.180, fs. 1.182 y fs. 1.313) que hizo lugar a la demanda contra ENDESA INTERNACIONAL S.A., EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA (EDESUR S.A.) y ENDESA SERVICIOS S.L. y la rechazó respecto del codemandado José María Pedro Hidalgo Martín Mateos, suscita la queja de las codemandadas ENDESA INTERNACIONAL S.A. y ENDESA SERVICIOS S.L. a fs. 1.185/1.201, de la parte actora a fs. 1.202/1.209 y fs. 1.320, de EDESUR S.A a fs. 1.210/1.226 y del codemandado José María Pedro Hidalgo Martín Mateos a fs. 1.314/1.316.- Asimismo, las letradas apoderadas y patrocinantes de EDESUR S.A. y de la persona física mencionada (Dras. Verónica Jamile Pracánica a fs. 1.183 y Cristina Carmen Ciancio a fs. 1.183 y fs. 1.184, respectivamente), el letrado apoderado de la parte actora (Dr. Esteban Marcos Dios) a fs. 1.202, el perito contador a fs. 1.227 y el Dr. Andrés Font (también en el carácter de apoderado de José María Hidalgo Martín Mateos) a fs. 1.297 cuestionan los honorarios regulados a su favor, por estimarlos reducidos.

II.- Cuestiones metodológicas imponen analizar en primer término los planteos articulados por la parte actora y las codemandadas Endesa Internacional SA y Endesa Servicios SL, relacionados con el derecho privado a partir del cual han de juzgarse los derechos y obligaciones emergentes de la relación jurídica contractual que medió entre las partes, y en particular, su incidencia sobre las consecuencias derivadas del distracto.

En este sentido, es dable destacar que el recurso de la parte actora no cumple con los requisitos del art. 116 de la L.O., pues se trata de una ampliación tardía de los argumentos de la demanda, donde, inclusive, se entrelazaron planteos diversos y claramente contradictorios. Digo esto, ya que bajo la misma premisa ("cantidad de tiempo trabajado en Argentina, lugar del despido y domicilio de los demandados), genéricamente se peticionó, por un lado, subsumir el presupuesto de autos en el derecho interno, y por el otro, en la ley española, soslayando las disposiciones de la norma a la que alude, en tanto precisamente el art. 3º de la LCT determina la aplicación del orden jurídico argentino o su desplazamiento por el derecho de extranjería (art. 3º de la L.C.T.). En concreto, si el propio hoy apelante admite ".haber transcurrido la mayor cantidad del tiempo de trabajo aquí." -sic- (ver, fs. 26 vta), es evidente que la relación de trabajo no puede ser considerada como "itinerante" en el sentido que se pretende y tal como la ha caracterizado el Alto Tribunal al expedirse en la causa "Willard, Michael c/ Banco de la Nación Argentina s/ Despido" a la que se hace referencia. En este contexto, deviene inoficioso analizar las bondades de la ley 8/1980 cuando cotejada con la Ley 20.744 (aspecto que tampoco fue abordado en el memorial recursivo como era requerible, ya que no se concretó la medida del agravio que es verdadero interés del recurso; art. 116 de la L.O.) pues no hay confluencia normativa sobre un mismo presupuesto de hecho.

Ello es así, habida cuenta de que la ley 20.744 -modificada en este punto por la ley 21.297 en 1976- dispuso que los contratos de trabajo ejecutados en el país se rijan por el derecho interno, adoptando el principio de territorialidad (lex loci executionis) en concordancia con el principio general del art. 1209 del Código Civil, por lo que, en mi opinión, resulta aplicable aun cuando la ejecución del contrato de trabajo en territorio nacional haya sido temporaria, y máxime cuando, como en la especie, no se discute que la prestación de servicios tuvo lugar preferentemente en suelo Argentino, que fue aquí donde se celebró y extinguió el contrato de trabajo y que, para más, durante el lapso en que el actor trabajó en España a las órdenes de Endesa Servicios SL percibió una remuneración de referencia en Argentina, abonada sin solución de continuidad por Endesa Internacional S.A.

La forma de resolver que propongo da respuesta a los planteos de ambas codemandadas y me lleva a confirmar el fallo apelado en este segmento del decisorio.

III.- Ahora bien, no se discute que el actor fue despedido sin causa por Endesa Internacional SA con fecha 24 de octubre de 2006, recibiendo como reparación y liquidación final la cuantía resultante de la sumatoria de los parciales detallados en los recibos de sueldo acompañados a fs. 50/52 e informe de fs. 603 vta. pto. 16, y que lo hizo sobre la base de la mejor remuneración mensual, normal y habitual liquidada al demandante, según el "puesto 2142, Ingenieros Civiles ($ 9.310,15; ver, fs. 600 y vta. pto. del dictamen pericial).

En ese contexto y en la inteligencia de que la empresa Endesa Internacional S.A había únicamente suspendido la prestación de tareas del actor durante su desempeño para Endesa Servicios SL en España, la Sra. Juez "a quo" sostuvo que aquélla no podía alegar la ajenidad del vínculo contractual durante ese lapso y que, para más, ambas conformaban un conjunto económico, evidenciándose que se trataba de un único contrato de trabajo celebrado con el mismo grupo empleador (incluido EDESUR S.A), con inicio el 13 de agosto de 1999 y conclusión el 31 de octubre de 2006. A partir de ahí, adoptó como base salarial a los efectos indemnizatorios la suma de euros 20.905,56 ($ 83.622,24, convertido en pesos moneda nacional) percibida por el actor cuando trabajaba para Endesa Servicios SL (remuneración de noviembre de 2005), proyectándola sobre las reparaciones tarifadas -previa declaración de inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 245 de la L.C.T. a la luz de la doctrina del fallo "Vizzoti"-, condenando a Endesa Internacional S.A., Endesa Servicios SL y Edesur S.A. como integrantes de un conjunto económico a pagar la suma resultante de la liquidación de fs. 1.179.

Contra tal decisión recurren Endesa Servicios SL y Endesa Internacional S.A. y en lo sustancial objetan: a) que la sentenciante "a quo" haya considerado que se trató de un único contrato de trabajo con el mismo grupo empleador y plantean que, aún en dicha inteligencia, no se invocó y menos aún acreditó la existencia de maniobras fraudulentas o conducción temeraria en los términos del art. 31 de la L.C.T; b) que la mejor remuneración mensual normal y habitual haya sido la percibida por el actor como dependiente de Endesa Servicios SL; c) las diferencias salariales acogidas en la instancia anterior (mayo/octubre 2006) sobre la base de las remuneraciones percibidas en el exterior y las abonadas luego de su repatriación. Desde ya adelanto que, a mi criterio, asiste razón a las codemandadas apelantes en los tópicos cuestionados.

En efecto, llega firme a esta Alzada que con fecha 13 de marzo de 2003 el actor aceptó expresamente y por escrito la cesión del contrato de trabajo de su primigenio empleador EDESUR S.A. a favor de Endesa Internacional S.A. (ver, instrumento glosado a fs. 105 y su reconocimiento a fs. 367 vta.) para trabajar en el exterior por un plazo que, si bien incierto, la interpretación literal de la norma particular deja entrever que se trató claramente de una asignación temporaria (cláusula 4º). Ello es así, a punto tal que cedente y cesionaria se comprometieron a que finalizada la asignación internacional del trabajador y una vez que éste retornara al país, se arbitrarían los medios para su reingreso en un puesto de similar responsabilidad, jerarquía y asignación conforme a la estructura vigente a la que detentaba el trabajador en aquélla oportunidad (la negrita me pertenece).

Por otra parte, y tal como alegó el actor en su escrito de demanda, durante el lapso en que trabajó en el extranjero mantuvo sin solución de continuidad el vínculo laboral con Endesa Internacional S.A., a punto tal que ésta continuó pagándole una remuneración, si bien que acotada al cumplimiento de pago de las cargas sociales. En ese marco, en mi opinión, resulta claro que los mayores beneficios salariales acordados por su desplazamiento -detallados en el memorial de inicio (ver, fs. 12 vta) y asumidos desde marzo 2003 a marzo 2006 (fecha en que actor fue traslado a la República Argentina) por las receptoras locales de los servicios prestados (Endesa España y Endesa Servicios SL)- atendieron a garantizar el poder adquisitivo del actor en el marco del costo de vida particular del país de destino de acuerdo al principio de equivalencia de las remuneraciones y conformaron un atractivo indiscutible que lo llevaron a prestar su conformidad para la cesión del contrato de trabajo, y por ende de la transferencia al exterior, a sabiendas del carácter temporario de la asignación y sin que se haya invocado algún vicio de la voluntad que afectase el acto jurídico. En este contexto, la forma de resolver que propongo no se aparta de las disposiciones del art. 12 de la L.C.T. ni siquiera en su nueva redacción (t.o. Ley 26574), toda vez que el ajuste salarial a las condiciones locales -sin que se haya invocado y menos aún acreditado que quienes revestían en la misma categoría percibieran una remuneración mayor a la devengada por el demandante luego de ser repatriado- no importa alterar el sinalagma contractual ni constituye cualquier renuncia nulificada por la ley de contrato de trabajo.

Por ser ello así, discrepo con el criterio de la sentenciante "a quo", tanto en orden al progreso de cualquier diferencia salarial, partiendo de la remuneración abonada en el extranjero o equiparación salarial en virtud de la relación cambiaria entre el euro y la moneda nacional (en sentido análogo, C.N.A.T., in re "Manes Manzano, Jorge F c/ Entidad Binacional Yaciretá", S.D. Nº 48.519 del 10/10/1984), cuanto con relación a la base salarial que correspondía proyectar sobre las indemnizaciones derivadas del distracto.

El art. 245 de la L.C.T. exige adoptar como módulo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, y lo cierto es que a la luz de lo expuesto, la retribución percibida por el demandante durante su desempeño en España fue claramente excepcional y transitoria, y escapa, por ende, a las previsiones de la norma bajo análisis. Ahora bien, teniendo en cuenta que el actor percibió la liquidación final e indemnizaciones derivadas del despido conforme la mejor remuneración mensual normal y habitual que surge del informe pericial ($ 9.310) y que para el parámetro antigüedad se computó la adquirida con anterioridad a la cesión del contrato de trabajo, no advierto diferencias a su favor, por lo que sugiero revocar el fallo apelado en tanto hizo lugar a las diferencias salariales, indemnizatorias y a las reparaciones contempladas en los arts. 1º y 2º de la ley 25.323 que integraron el objeto mediato de la pretensión inicial.

Cabe recordar que la indemnización prevista en art. 1° de la ley 25.323 se encuentra reservada para los casos en que se verifique una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente y que la indemnización del art. 2º no se vincula con la causa del cese sino con la conducta dilatoria del obligado al pago. Desde tal perspectiva, toda vez que las constancias de lo actuado no abonan la existencia de los requisitos sustanciales requeridos por la norma para su aplicación, corresponde revocar el fallo apelado, también en este segmento del decisorio.

En este orden de ideas, tampoco procede la indemnización prevista en el art. 80, 3º párrafo de la L.C.T., toda vez que EDESUR S.A. y ENDESA INTERNACIONAL SA. cumplieron con la entrega del certificado de aportes y contribuciones a la seguridad social (ver, fs. 53/54 y fs. 102/103) y si bien no se advierte que hayan extendido el certificado de trabajo, lo cierto es que el mismo no fue objeto de reclamo ni se cumplió con el requisito formal impuesto por el decreto 146/01.- A la luz de todo lo expuesto, corresponde revocar el fallo apelado y rechazar la demanda interpuesta, lo cual me exime de analizar las restantes cuestiones que se plantean en esta Alzada.-	IV.- A influjo de la solución propiciada y conforme a las directivas contenidas en el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde emitir un nuevo pronunciamiento sobre costas y honorarios, por lo que deviene inoficioso expedirse respecto de los agravios introducidos en su relación.

Con relación a la distribución de los gastos causídicos, si bien no soslayo que el art. 68 del C.P.C.C.N. dispone que las costas del juicio deben ser soportadas por la parte vencida - criterio que se fundamenta básicamente en el hecho objetivo de la derrota-, en mi opinión las circunstancias que se analizan permite reconocer al particular supuesto dentro de las excepciones a la regla general, pues el segundo párrafo de la norma mencionada faculta a los jueces a eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido por decisión fundada y, en autos, el actor pudo considerarse asistido con mejor derecho a litigar. Por ello, sugiero imponer las costas de ambas instancias en el orden causado y las comunes por mitades.

V.- En cuanto a la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en la etapa anterior he de tener en cuenta las directivas contenidas en el art. 6º de la ley 21.839 con la modificación introducida por el art. 13 de la ley 24.432 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de la L.O. Ello así, en atención al mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas en la anterior instancia, evaluadas en el marco del valor del litigio considero justo y equitativo fijar los honorarios por la representación y patrocino letrado en su conjunto de la parte actora, de cada una de las demandadas y del perito contador, en las sumas fijas y a valores actuales de $ 70.000, $ 100.000, $ 100.000, $ 100.000, $ 100.000 y $ 40.000, respectivamente (art. 38 de la L.O., el decreto-ley 16.638/57 y los arts. 6, 7, 8, y cctes. Ley 21.839 -modificada por la ley 24.432).

Asimismo, sugiero fijar los honorarios de los presentantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25 % de lo que les corresponda por las tareas realizadas en la etapa anterior. EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)	Revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda interpuesta por HUMBERTO RUBEN MAZZEI contra ENDESA INTERNACIONAL S.A., ENDESA SERVICIOS S.L y EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A);

2)	Confirmar la sentencia de grado, en tanto rechazó la demanda contra JOSE MARÍA HIDALGO MARTÍN MATEOS;

3)	Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado y las comunes por mitades;

4)	Regular los honorarios por la representación y patrocino letrado en su conjunto de la parte actora, de cada una de las demandadas y del perito contador, en las sumas fijas y a valores actuales de $ 70.000, $ 100.000, $ 100.000, $ 100.000, $ 100.000 y $ 40.000, respectivamente;

5)	Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25 % de los que les corresponde por su actuación en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- D.S.

VICTOR A. PESINO LUIS A. CATARDO JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA Ante mí:

ALICIA E. MESERI SECRETARIA