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Defraudación, estafa, ardid, entidades financieras, bolsa de comercio, mesa de dinero, falsa solvencia
Materia: PENAL
Carátula: BUSSON, Alejandro R. y otros s/ Causa 44.467
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-02

a) Debe absolverse a los imputados en orden al delito de estafa reiterada, toda vez que no se advierte ardid alguno ejercido sobre los pretensos damnificados, ya que por un lado, debe atenderse la circunstancia que la firma comercial bajo la que operaban los imputados, se hallaba habilitada por la Comisión Nacional de Valores y, por el otro, debe observarse que los contratos de locación de Bonex eran celebrados en forma particular entre los encartados y los quejosos, no pudiendo desconocer estos últimos que ese tipo de operación financiera, que se realizaba entonces a través de las comúnmente llamadas "mesas de dinero", conllevaban en sí un alto riesgo económico y, que ese riesgo fue asumido por las pretensas víctimas, en el afán de obtener mayores beneficios, incluso soslayando la reglamentación cambiaria vigente en la época. Por otro lado, cabe consignar que la fecha de cesación de pagos es sólo presunta, válida para la esfera de la ley especial de quiebra, que persigue de esta forma, invalidar actos perjudiciales para las pretensiones de la masa acreedora, pero que, al trasladarse al terreno penal, no implica una sujeción automática para convertir retroactivamente en delictiva la acción que no lo fue cuando ella tuvo lugar, ya que se debe tener en cuenta si al momento del hecho el agente activo desplegó actos engañosos que incidieran en la voluntad de los inversores provocando el error, el desplazamiento patrimonial y el perjuicio, ya que en caso contrario, cabría la hipótesis de juzgar como delictivas acciones que tal vez pueden ser ilícitas, pero no típicamente antijurídicas y culpables.

b) No importa apariencia de bienes, la omisión u ocultamiento de la situación jurídica del concursado o de las deudas que afectan a quien solicita un crédito, que posteriormente no abona. La ocultación de hechos o circunstancias desfavorables para otro, la disimulación que no alcanza a concretarse en un ardid o asociada a actos engañosos, no puede configurar el delito de defraudación.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Manso, Miguel Feliciano s/ Robo calificado De Faveris, Jorge Humberto s/ Robo Castillo, Rodrigo N. s/ Robo doblemente calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-05-02|2002-07-03|2003-02-26

El elemento arma simboliza un objeto apto en el caso concreto, y según el modo en que fuere utilizado, para dañar, con exclusión de todo aquello que parezca un arma sin serlo. En consecuencia, el arma de fuego descargada o inútil -a la que no se le haya dado un uso impropio- no es "arma" en sentido legal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa inmobiliaria, compra en comisión, facultades del comisionista
Materia: CIVIL
Carátula: CREMES GLACCES S.R.L. c/ LAVALLE, ALFONSO JOSE Y OTRO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-04

El comisionista puede indicar la identidad del comitente, antes o hasta al tiempo de la escrituración del bien (conf. C.N.Civ. Sala A, J.A. 1967-III, p.267; Sala C, E.D. 99-300; Sala D, J.A. 1980-I-102).

Inclusive, se ha extendido la posibilidad de esa comunicación hasta el tiempo de la demanda sobre escrituración, pues sería suficiente que la parte tuviera eficaz conocimiento para cumplir con ese acto (conf. C.N.Civ. Sala C, E.D. 21-106; Sala D, E.D. 112-495).

Bastaría, para esta última corriente, que con la notificación de la demanda la otra parte se enterara de cuál era la titular del negocio.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, nulidad de sentencia, recusación, sentencia no firme, participación secundaria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de María Amalia Díaz en la causa López, José Francisco y otros s/ incidente de recurso extraordinario c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

El recurso extraordinario interpuesto por la defensa de la imputada contra la sentencia que resolvió el rechazo in limine de los planteos de nulidad y recusación en el marco de la sentencia por la cual fue condenada como partícipe secundaria del delito de enriquecimiento ilícito es improcedente, dado que no está dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 48
Contrato de obra pública, cláusula de actualización, revisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: E.A.R.C.O. S.C.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda contencioso-administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1987-09-18

Siempre que sea procedente la revisión de la cláusula de reajuste pactada, por otra que restablezca el equilibrio económico- financiero alterado, dicha revisión sólo puede tener efecto respecto de aquellos certificados de variación de costos emitidos con posterioridad al reclamo expreso de revisión, ello así, en virtud del efecto liberatorio del pago efectuado conforme cláusulas contractuales libremente pactadas, antes de solicitar su revisión en forma expresa demostrando los extremos del caso, como surge de lo establecido en los arts. 505, 724, 725 y conc. del Código Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Sulca Hilario c/ Quiroga Juan Ramón y Confitería La Royal s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 435/437, Nº 174) Royal s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 435/437, Nº 174)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-05-18

Los fallos judiciales deben ser fundados y constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias acreditadas de la causa. El recurso de inconstitucionalidad es improcedente, cuando se advierte que el decisorio recurrido ha resuelto la cuestión sobre la base de circunstancias de hecho, prueba y con fundamentos suficientes de derecho. La tacha de arbitrariedad no puede admitirse para corregir en esta instancia extraordinaria sentencias equivocadas o que el recurrente repute tales por discrepar con la apreciación de las pruebas y la interpretación de las normas de derecho común aplicable al caso.

Esta causal no se refiere a tales discrepancias, sino a desaciertos de gravedad extrema que descalifican el fallo como acto judicial.-
Confirmación de sentencia, recurso de apelación (procesal), cómputo de intereses, pagaré, lugar de pago, falta de cancelación, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Stip, Juan Jose c/ Rossi, Hugo Alberto s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-10-17

Procede confirmar la sentencia apelada y modificarla únicamente con relación a la fecha de cómputo de los intereses, pues si el ejecutado sabía que tenía que pagar porque todo pagaré importa un reconocimiento de deuda, la que no negó, ni desconoció su firma, tomó noticia fehaciente del lugar de pago -el domicilio del actor- en oportunidad de ser intimado mediante el diligenciamiento de mandamiento, y frente a ello, adujo primero la inhabilidad del título y, luego, la prescripción de la deuda sin ofrecer pagar -ambas acciones rechazadas-, la falta de presentación al cobro significa que la mora debe computarse a partir de la fecha de intimación de pago.
Femicidio, procesamiento, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: M. G. G. s/ procesamiento - femicidio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-06

Debe decretarse el procesamiento con prisión preventiva en orden al delito de femicidio, agravado por la relación de pareja y por haber sido cometido con ensañamiento (art. 80 incs. 1°, 2° y 11° del C.P.), de un hombre que atacó con un arma blanca a su concubina -con quien tenía hijos en común, - provocándole numerosas heridas que la llevaron al deceso, pues el hecho se produjo en el marco de un hecho de violencia resultante de cuestiones atinentes a la pareja y abusando de la vulnerabilidad de la víctima, en virtud de lo cual, se agrava el reproche establecido en la norma.
Acción de amparo, admisibilidad del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Granero, María Inés s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-13

Conforma basal presupuesto de admisibilidad del Amparo incoado, la no consumación del plazo de caducidad que edicta el artículo. ...

presumiéndose que su transcurso consolida los actos objetados en resguardo del valor seguridad jurídica, en cuanto a la demora en demandar conlleva a extinguir la facultad no ejercida.
Recurso de casación, falta de fundamentación autónoma, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Barros, Luis Jorge del Valle y Barros, Luis Alberto c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Daños y Perjuicios s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-21

Se interpone recurso de casación en contra de la Sentencia Interlocutoria dictada por la Cámara de Apelaciones que resolvió desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando consecuentemente el decisorio del juez de grado que hizo lugar a la caducidad de la instancia planteada por la demandada.

El recurrente expresa en la carátula del memorial de agravios que pretende asentar la crítica en las causales de errónea interpretación del derecho y arbitrariedad, sosteniendo que la sentencia incorpora exigencias no previstas por la ley como es el consentimiento de la contraria para purgar la caducidad de la instancia; señala asimismo que la sentencia carece de fundamentos normativos.

Al respecto cabe expresar que dentro del marco de los requisitos formales exigidos por la ley para la admisibilidad de este medio extraordinario de impugnación se encuentra la exigencia que el recurso tenga por objeto impugnar una sentencia que revista el carácter de definitiva o equiparable a tal, se baste a sí mimo y se encuentre debidamente fundada.

Analizado el mismo en cuanto a ello, se advierte como primer defecto formal que obstaculiza su admisibilidad el incumplimiento con el primer requisito de mención, puesto que no acreditó que la sentencia interlocutoria objeto de impugnación sea definitiva o equiparable a tal.

Respecto a la autosuficiencia del recurso, el memorial de agravios no logra bastarse a sí mismo desde el momento que en el capítulo correspondiente a los antecedentes de la causa omitió enunciar los fundamentos esenciales sobre los que se asienta el fallo, quedando por tanto los argumentos vertidos sin la debida demostración de su pertinencia al caso.

También se observa la carencia de especificación de dichos puntos de la decisión recurrida con el motivo invocado, lo que conlleva indefectiblemente a una falta de fundamentación técnica.

En efecto, para que se considere debidamente fundado es necesario que el recurrente efectúe una réplica frontal a los argumentos que conforman la base jurídica del fallo, defecto éste que no se subsana con la invocación de una supuesta errónea aplicación del derecho según la clara demostración del vínculo o nexo directo de éstos con los agravios vertidos.

De lo señalado precedentemente surge claramente que el recurso no satisface los requisitos mínimos para su viabilidad formal, por lo que corresponde su rechazo, declarando inoficiosa la presentación efectuada.
Jueces, facultades del juez, liquidación, error de cálculo
Materia: PROCESAL
Carátula: "Isasi   Dante  Amilcar  y  otro c/ EN-M°  de  Defensa- ArmadaArgentina s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-09

Los jueces están facultados para disponer la corrección de los errores que contiene la liquidación, pues, -de otro modo- la sentencia de condena sería tergirversada en una etapa dle procedimiento que está destinada, precisamente, a hacerla cumplir. Lo contrario importaría consagrar un ritualismo literal que no sólo lesiona la justicia que sustenta intrínsecamente el fallo, sino que además encierra un formalismo disvalioso que burla la sustancialidad de la cosa juzgada de que gozan los pronunciamientos judiciales y que es lo que se debe salvarguardar (esta Sala "Credimax S.A.C.I.F.I.A c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ Contrato obra pública", 30/09/2005) (Cons. III).
Despido indirecto, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: S., A.R. c/ P. SA s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-10-26

La existencia de una deuda de salario "puede" constituir injuria, pero para que efectivamente "lo sea" es necesario que el dependiente exteriorice su voluntad de tenerse por injuriado y que tal decisión llegue a conocimiento del empleador (manifestación de voluntad recepticia), ya que de lo contrario no se perfecciona el despido indirecto.
Transporte terrestre, transporte de carga, responsabilidad del transportador, falta de entrega de la carga, robo de mercaderías, eximentes de responsabilidad, carga de la prueba
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Blumetal, Luis Saúl c/ Expreso Lanín s/ Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

La mercadería no fue entregada al consignatario, hecho no controvertido. El robo alegado no ha sido fehacientemente probado, de manera que no resulta aplicable el artículo 172 del Código de Comercio y como lo señala ANAYA - PODETTI para que el porteador sea eximido:

a) El robo debe haber sido efectuado por terceros por quienes el transportista no sea civilmente responsable;

b) el hecho debe aparecer como la sola causa del daño;

c) el transportista debe haberse encontrado en la imposibilidad de evitar sus efectos. Nada de eso se encuentra probado, carga que era de la demandada de manera que el encuadre debe hacerse a la luz del artículo 179 del mismo cuerpo legal.
Ley de desindexación, aplicación de la ley, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Caja  Complementaria  de  Previsión  para  la Actividad Docente c/ Tucumán, Provincia de (Poder Ejecutivo) s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

Mal pueden extenderse los conceptos de la ley 24.283 a un item de tan distinta naturaleza como lo son los intereses, ya que éstos encuentran su justificación en la mora de la provincia (arts. 509 y 622 del Código Civil) y no en la necesidad de determinar el valor de una cosa o bien al momento del pago.
Prescripción, suspensión de la prescripción, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Belray Argentina  S.A. c/ Gray Lube  S.A. s/ Oposición Registro de Marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-04

La causal de suspensión que incorporó la ley 17.711 - corregida por la fe de erratas 17.940 - al art. 3986 del Código Civil no responde a razones de orden subjetivo del acreedor, sino que procura un nuevo medio para evitar el curso de la prescripción mientras duran las tratativas extrajudiciales enderezadas a obtener el cobro de la deuda, sin sorpresas para el acreedor cuando ellas se dilatan y sin necesidad de recurrir a la demanda judicial a la que se asignan efectos interruptivos. En tales condiciones, la aludida causal no es incompatible con la materia comercial y le es aplicable por cuanto no se opone a las disposiciones del Código de Comercio.
Marca registrada, cese de uso de marca, incidente de explotación, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: ELIZALDE LEAL, ALBERTO CLODOMIRO c/ EDITORIAL LA PAGINA SA s/ MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-02

El procedimiento establecido por el art. 35 de la ley 22362 permite asegurarse al titular de la marca registrada una garantía en el caso de que el uso de la marca, cuya cesación persigue, ha de continuarse durante la sustanciación del juicio. Así, el incidente de explotación no tiene otra finalidad que la de obtener una garantía del supuesto infractor, con la que ha de responder por los eventuales daños por la continuación en el uso de la marca. Esa es la vía, que presupone necesariamente la iniciación de la demanda por cese de uso de marca respectiva que debe transitar el titular de una marca que desea trabar en cualquier forma el uso que realice el demandado, a fin de que no aparezca satisfecha por adelantado la finalidad perseguida en el juicio por cesación de uso de la marca.
Juicio ejecutivo, intimación de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mentasty, Juan Carlos y ots. c/ Lara, Ernesto Eduardo y otra s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

Teniendo en cuenta que el art. 529 inc. 2 del CPCC, autoriza a practicar embargo aún cuando el deudor no estuviera presente, ni exige como requisito para practicar la intimación de pago y citación para la defensa la comparecencia personal del ejecutado, cabe entender que si este no se encuentra en su domicilio no procede dejar el aviso que establece el art. 338 del mismo ordenamiento procesal que sí requiere la presencia del demandado en el acto de notificación de la demanda, norma que es propia de los procesos de conocimiento. De modo que cabe concluir, que dicho requerimiento puede hacerse a las personas que menciona el art. 141 del Código Procesal, siendo válida la diligencia cuando el oficial de justicia entrega copia del mandamiento y de la documentación acompañada a quien se reconoce como una persona de la casa.
Contratos bancarios, contrato de descuento bancario, cesión de créditos
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE INTERCAMBIO REGIONAL c/ GUIMAR SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-19

No puede ser tipificada como contrato de descuento -más allá de las palabras empleadas en la solicitud y en el otorgamiento-, a la vinculación establecida entre un banco y una sociedad, pues no hubo de parte de esta última, ninguna cesión pro solvendo de créditos que tuviera contra terceros, sino que libró directamente un pagaré en favor del banco, lo que descarta aquellos elementos configurativos del descuento.
Derecho de la navegación, practicaje, capitán de ultramar, trabajadores marítimos, remuneración, convenios colectivos de trabajo, aplicación de la ley
Materia: NAVEGACION-COMERCIAL
Carátula: ANTUÑA VICTOR c/ ESTADO NACIONAL MINIST DE DEFENSA PREFECTURA NAVAL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

La letra del art. 317 del reglamento de los prácticos es clara e inequívoca. El practico debe ganar un 30% más que un capitán de ultramar, clase "a", de Y.P.F. no hay en el la menor referencia a que la remuneración del capitán de ultramar deba surgir de un convenio colectivo homologado. Y ello porque el presupuesto de la norma es saber cual es esa remuneración -y no como ha sido instrumentada-, requisito para que se cumpla la finalidad del art.

17 del reglamento del practicaje. De ningún lado se infiere que la fijación de los ingresos del capitán de ultramar deba seguir determinado procedimiento, porque no es el procedimiento lo sustancial sino la realidad de la remuneración del capitán lo que interesa a los profesionales del practicaje y el pilotaje. No se advierte ninguna razón, por ejemplo, para que un simple convenio privado -que abarque a los capitanes, se entiende- que establece cuanto va a ganar el capitán (básico, bonificaciones generales, ropa de trabajo, etc.) No sea suficiente para justificar el plus del practico. Podrían resultar las entradas del jefe del buque de los recibos de sueldo y de la contabilidad de Y.P.F. y ello bastaría para poner en movimiento el derecho de los prácticos a obtener de la cuenta especial que maneja la prefectura naval argentina (arts. 316, 318, 401 y 403 del reglamento) el pago de aquel sueldo incrementado en un 30%.
Derechos del trabajador, orden público, derechos irrenunciables
Materia: LABORAL
Carátula: Gomez Yari William c/ Jovi Bus S.R.L. Laboral s/ cobro de pesos y entrega de certificación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-31

El acuerdo en cuestión versa sobre derechos que al momento de su celebración eran aún litigiosos pues, al tiempo de su presentación, estaban los autos a sorteo para el tratamiento del recurso interpuesto por la parte demandada, lo cual a priori descarta la existencia de abdicación de derechos considerados irrenunciables para el trabajador (art. 12 LCT), no afectándose en consecuencia, el orden público (Voto Ronconi-Romero)
Resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: AYUCH DANIEL s/ RECURSO DE CASACION DENEGADA,EN AUTOS:CASFEC C/CORVALAN S/EJECUCION  -FISCAL-CUADERNILLO DE EJECUCION DE HONORARIOS DEL DR.AYUCH
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-10-18

Sentencia definitiva es la que se vincula a la posibilidad de cancelar vías hábiles para lograr la reparación de un derecho lesionado, pues mientras la cuestión pueda renovarse en otra oportunidad procesal o en otro juicio, en tanto exista un medio por el que sea viable reparar el agravio causado por violación o falsa aplicación de la ley o de la doctrina legal, no ha de tenerse un pronunciamiento por definitivo. La nota de "definitividad" para los fines del ordenamiento legal adjetivo provincial se patentiza cuando se decide de modo final sobre la existencia o muerte del derecho en cuestión.
Recurso de apelación (procesal), sobreseimiento, plazo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Garrido, Pedro en j: Fiscal y Pedro Garrido c/ Orfila J. C. s/ Falsificación de documentos - Queja - Apelación denegada (Libro:   S051-335) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1952-03-21

El término para apelar el sobreseimiento declarado en la oportunidad que fija el art. 108 del Código de Procedimientos Criminales es de cinco días. Contra la resolución que establece lo contrario cabe el recurso de inconstitucionalidad (art. 394, inc. 3º Código de Procedimientos Civiles).
Falta de personería, facultades de saneamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Adao c/ Lyautey Edeson Lenuzza y/o responsable s/ Laboral por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-07-31

La omisión de la justificación debida de la personería, constituye una inobservancia de la exigencia formal, razón por la cual, ésta circunstancia no puede ocasionar la caducidad del derecho que se pretendía ejercer - en el caso de marras se tradujo en el rechazo de la demanda - mientras no medie una intimación previa, que puede ser dispuesta de oficio por parte del Tribunal actuante y destinado a obtener el saneamiento o perfeccionamiento del recaudo procesal, faltante o insuficientemente cumplido; dado que es efecto de la excepción que correspondía promover de manera explícita, clara y puntual, la subsanación del defecto señalado.
Accidente ferroviario, señales de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: NADAL, DARIO ALBERTO c/ E.F.A. EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-14

Las señales sonoras y luminosas que advierten el avance del ferrocarril, tienden básicamente a alertar a quienes circulan en automóvil, cuya posibilidad de observación y detención suele ser menor que la de un transeúnte.
Jurisdicción, tribunal de alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de San Juan (Dirección General de Rentas) c/ Gallerano, Juan Carlos s/ Ejecutivo - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-07-06

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que "La jurisdicción de los tribunales de alzada está limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su competencia decisoria, con fundamento en las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio".