Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-26


En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 26.8.99, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oir las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Guibourg dijo:

Contra la sentencia de primera instancia se alzan la parte actora, la perito contadora y la parte demandada en los términos de sus respectivas presentaciones de fs. 371/376 vta. de fs. 378 y de fs. 383/389.

Trataré en primer lugar la crítica de la accionada. Esta parte se queja porque a) se considera no aplicable al caso lo normado en el art. 247 LCT; b) entiende que el monto de la remuneración de la actora tenido por cierto en el pronunciamiento es incorrecto, ya que no se tiene en cuenta que parte de las sumas percibidas por ella carecían de carácter remuneratorio, pues eran honorarios facturados por la accionante como trabajadora autónoma; c) no se aplica el tope previsto por el art. 245 L.C.T. y d) sostiene que los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y a la perito contadora son elevados.

El primer agravio debe ser desestimado, ya que, más allá de que la situación económica y operativa imperante en la accionada al momento en que se produce el despido de la actora haya podido encuadrar en las previsiones del art. 247 de la L.C.T., lo cierto es que tal norma no fue invocada para justificar el distracto (la comunicación en cuestión sólo hace referencia a una "reorganización administrativa"; ver C.D. 12.304.600 3 AR, obrante a fs. 26/27) y eso, a la luz de lo prescripto por el art. 243 L.C.T., determina la solución de este punto.

También cabe rechazar el segundo agravio, ya que el monto de la remuneración tenida en cuenta por la sentenciante es consecuencia de considerar que la totalidad de los servicios prestados por la actora corresponden a una relación de trabajo regida por los artículos 21 y 22 de la L.C.T.. La queja vertida por la recurrente en este aspecto no contiene una crítica concreta, seria y detallada de los argumentos vertidos por la Juez de grado para llegar a la conclusión referida (ver fs. 367, tercer párrafo), por lo que no cabe sino declarar desierto el recurso en este aspecto.

En cambio, cabe admitir el agravio referido al tope previsto por el art. 245 L.C.T.. En efecto, tal como sostienen las partes, el convenio colectivo de trabajo aplicable a la actora es el 103/75, suscripto entre la Federación de asociaciones de trabajadores de la sanidad argentina y la Asociación de hospitales de colectividades (ver fs. 8, quinto párrafo, y 387 vta., pto. 2.3) y el tope previsto por tal norma vigente al momento del despido asciende a $ 1.039,11 (ver "Topes Indemnizatorios" - diciembre 1996, publicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). En consecuencia, la indemnización por antigüedad debe reducirse a $ 21.821,31.

La parte actora se queja porque a) se desestiman las indemnizaciones fundadas en la ley 24.013; b) se hace lugar a la excepción de prescripción y c) no se admite el rubro integración del mes de despido, pese a que -según dice- el telegrama de despido fue recibido luego del 30/7/97.

En relación con el primer agravio, cabe señalar que el primer párrafo del artículo 11 de la ley 24.013 establece que las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 "...procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo represente intime al empleador en forma fehaciente, a fin que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones". Por su parte, el art. 3, inc. 1, del decreto 2725/91, reglamentario de la norma en análisis, dispone que "la intimación para que produzca los efectos previstos en este artículo, deberá efectuarse estando vigente la relación laboral".

En el caso, la relación laboral se hallaba extinguida al momento en que la actora envía la carta documento No. 11.929.427 8 AR, en la que se formula la intimación referida a la ley 24.013. En efecto, el despido quedó perfeccionado el 30/7/97 (ver constancias de fs. 26/27, reconocidas por la actora a fs. 160, pto. 2) y la comunicación de la trabajadora no fue cursada sino el 31/7/97 (ver fs. 136/137 e informe de fs. 213).

Por lo demás, las supuestas pruebas del reclamo de regularización formulado por la actora durante la vigencia del vínculo que menciona la quejosa en su escrito recursivo no resultan eficaces para el fin pretendido por cuanto no reúnen los recaudos formales precedentemente referidos. Sin perjuicio de ello, destaco que tales pruebas tampoco acreditan de modo concreto y categórico la existencia de ese reclamo por parte de la accionante.

En relación con el agravio acerca de la excepción de prescripción, cabe señalar que -contrariamente a lo invocado por la recurrente- las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo se hallan sujetas a un plazo de prescripción (art. 256 L.C.T.), por lo que este argumento de la quejosa resulta improcedente para el fin pretendido.

No obstante lo expuesto, considero que las amenazas e intimidaciones a las que la actora hace referencia en su escrito de inicio han quedado acreditadas con la declaración de Guisasola (fs. 224 vta./225 vta.). En efecto, este testigo, médico pediatra de la accionada desde 1988 hasta julio de 1997, manifiesta que "...que las amenazas de despido eran cotidianas. Que las amenazas provenían por parte de la Dirección Médica y la Oficina de Personal, y era indistinto quién fuera el autor de la frase, lo que sí era una realidad era que la amenaza era una constante. Que la jefatura de personal, la secretaría de la dirección médica fueron quienes amenazaron a la actora, en forma cotidiana, hubo una reunión unos días antes del despido, donde estuvieron presentes personas del directorio, como el Sr. Pedro Bello, el Sr. López Carballeda, el Sr. Teodoro García, el Sr. director médico Vicente Romero, cree que estuvo la secretaria del Directorio, Sra. Graciela Méndez, de la cual el dicente no está seguro de su presencia, donde la amenaza por supuesto estuvo presente, hacia la Dra. Alfano, hacia el dicente personalmente cuando fueron a reclamar que se les abonara los dos últimos meses en curso... todas las personas mencionadas en forma alternativa fueron las que le dijeron a la actora las amenazas a que refirió el dicente, concretamente, la jefa de personal y la secretaria de directorio. Más que amenazas fue un consejo, con algún tipo de tinte de amenaza. Que estas circunstancias de la jefa de personal y la secretaria de directorio, fue en varias oportunidades pero el dicente no puede precisar las fechas".

Reconozco a esta declaración plena valor probatorio en el aspecto en análisis, dado que se trata de una persona que tomó conocimiento directo de los hechos sobre los que declara (era compa?ero de trabajo de la actora en la misma guardia médica del nosocomio accionado), lo que brinda suficiente sustento a sus detalladas manifestaciones. La impugnación formulada por la accionada a fs. 235/237 resulta ineficaz para el fin pretendido, pues aun teniendo en cuenta que el testigo tiene juicio pendiente contra ella por igual motivo que la actora, la crítica allí formulada se sustenta sólo en supuestas contradicciones del dicente respecto de detalles sin la trascendencia suficiente para privar de valor probatorio al testimonio en análisis (art. 386 del CPCCN).

Cabe señalar, en el mismo sentido, que la conducta antijurídica de la empresa precedentemente indicada condice con la política que, según la testigo Ramírez (fs. 223/224), también médica pediatra de la accionada, implementó el hospital respecto de su personal en 1987, cuando durante seis meses les obligaron a donar a la institución la mitad de sus salarios.

Ahora bien, parece claro que en el caso de un trabajador que, como consecuencia de una acción del empleador, se haya visto imposibilitado de hecho o con serias dificultades del mismo tipo para ejercer una acción en su contra, no corresponde considerar a los efectos de la prescripción liberatoria el plazo durante el que existió dicho impedimento, pues ello consagraría una evidente inequidad al permitir al empleador sustraerse por su propia voluntad al cumplimiento de sus obligaciones laborales.

Esta situación se halla legislativamente contemplada en el art. 3980 del Código Civil, que establece:

"Cuando por razón de dificultades o imposibilidad de hecho, se hubiere impedido temporalmente el ejercicio de una acción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor, o al propietario, de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento, si después de su cesación el acreedor o propietario hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses.

Si el acreedor no hubiere deducido la demanda interruptiva de la prescripción por maniobras dolosas del deudor, tendientes a postergar aquélla, los jueces podrán aplicar lo dispuesto en este artículo".

Las amenazas de despido proferidas a la actora por diversos empleados jerárquicos de la empresa dirigidas a evitar que ésta reclamase judicialmente salarios adeudados no pueden ser interpretadas sino como configurantes de la imposibilidad de hecho antes aludida, pues tales amenazas resultan idóneas en el caso para excluir la voluntad de la trabajadora (arts. 937, 945 y 954, primer párrafo, del Cód. Civil). No puede obviarse, para la consideración de este aspecto, que las condiciones del mercado de trabajo en nuestro país, y en el mundo en general, han sido objeto de un notable cambio en los últimos años (sobre todo en la última década), que ha determinado crecientes niveles de desempleo y de precarización de las relaciones laborales, condiciones éstas que han originado, entre otras cosas, un marcado aumento de la oferta laboral y la consiguiente dificultad, para los trabajadores desplazados de sus empleos, de reinsertarse nuevamente en el mercado de trabajo, hoy extremadamente restringido y sujeto en la práctica a criterios excluyentes en materia de edad, disponibilidad horaria, pretensión salarial, protección previsional y aspectos semejantes.

Estas consideraciones ponen en evidencia que no corresponde valorar de igual modo una amenaza como la analizada en autos proferida al trabajador en un contexto de pleno empleo o de reducido nivel de desempleo (como podría haber sido la década del setenta en Argentina) que si es articulada en un contexto como el descripto en el párrafo anterior, actualmente agravado con signos de recesión económica. En efecto, en el primero de los escenarios, el dependiente contaba con la posibilidad de desoir tal intimidación y ejercer plenamente sus derechos, dado que, si era despedido, contaba con la posibilidad más o menos cierta de conseguir un nuevo empleo en un lapso razonable, sin sufrir por ello perjuicios desmesurados. En cambio, la adopción de la misma actitud en las condiciones actuales generaría con toda probabilidad importantes perjuicios económicos y morales al dependiente si es despedido, dada la gran dificultad para conseguir otro empleo que, en el caso de hallarse, difícilmente aseguraría al trabajador el mismo nivel de ingreso o de estabilidad.

Por lo demás, si bien Alfano no ha acreditado (ni invocado con precisión) el momento en que comenzaron tales amenazas ni la fecha en que finalizaron, los dichos del testigo Guisasola dan cuenta de que tal práctica empresarial era constante y, por ello, es razonable pensar que no cesó sino cuando se comunicó el despido a la actora; es decir el 29/7/97 (ver constancias de fs. 26/27, reconocidas a fs. 160, pto. 2). Tal conclusión llevaría a confirmar la decisión de grado en cuanto hace lugar a la excepción de prescripción, por cuanto el plazo de tres meses previsto en el artículo 3980 Cód. Civil, arriba transcripto, habría expirado el 29/10/97 (arts. 24 y 25 del Cód. Civil) y la accionante no interpuso la demanda sino el 4/11/97; sin embargo, la intimación fechaciente cursada por la accionante mediante carta documento No. 1.929.427 8 AR el 31/7/97, en la que se incluye el reclamo de pago del sueldo de junio de 1995 y de la primera cuota del s.a.c. de ese año (ver fs. 136) produce la suspensión de término de prescripción por un año (art. 3986 Cód. Civil), lo que determina la improcedencia de la defensa en cuestión respecto de tales rubros.

No obstante ello, el recibo de sueldo acompa?ado por la actora a fs. 58 da cuenta de que en el 6/7/95 Alfano percibió la cantidad bruta de $ 1.076,60 en concepto de sueldo de junio de 1995, por lo que este rubro prosperará sólo por la diferencia de $ 411,40 ($ 1.488 - $ 1.076,60). La primera cuota del s.a.c. de 1995, cuya cancelación la demandada no ha acreditado (por el contrario, lo informado por el experto a fs. 329 importa un reconocimiento de la deuda por este ítem), asciende a $ 744, por lo que cabe incluir en la condena la cantidad de $ 1.155,40.

Por otro lado, es improcedente el agravio referido a la integración del mes de despido, ya que -contrariamente a lo invocado por la accionante- el distracto fue notificado el 30/7/97, tal como resulta de la constancia notificatoria de fs. 26 que -reitero- ha sido reconocida por la actora a fs. 160, pto. 2.

A mayor abundamiento, destaco que la circunstancia de que la comunicación del despido referida haya sido contestada por Alfano el 31/7/97 (ver CD 11.929.429 8 AR obrante a fs. 136/137 e informe de fs. 213) corrobora la conclusión expuesta, sin perjuicio de que, aun si consideramos que hasta el 30/7/97 la actora no recibió el colacionado en cuestión, la citada contestación daría cuenta de que el despido se perfeccionó el mismo 31/7/97 (no quedaría otra posibilidad), con lo que tampoco sería procedente el rubro reclamado.

En virtud de lo expresado, corresponde reducir el monto de condena a $ 35.435,11 con más los intereses establecidos en el fallo de grado.

Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y proceder a su determinación en forma originaria, por lo que resulta abstracto el tratamiento de las apelaciones al respecto.

Las primeras se impondrán en 70% a la parte demandada y en 30% a la parte actora (art. 71 del CPCCN).

Teniendo en cuenta el monto de condena con los intereses, la calidad y la extensión de las tareas desempe?adas por los profesionales y por el experto intervinientes y lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de las partes actora y demandada y para la perito contadora en 16%, en 11% y en 5%, respectivamente, a calcular sobre el monto de condena con los intereses.

Voto, en consecuencia, para que se modifique la sentencia de primera instancia y se reduzca el monto de condena a $ 35.435,11 con más los intereses establecidos en el fallo de grado. Propongo, además, imponer las costas de la anterior instancia en 70% a la parte demandada y en 30% a la parte actora y regular los honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de las partes actora y demandada y para la perito contadora en 16%, en 11% y en 5%, respectivamente, a calcular sobre el monto de condena con los intereses. Finalmente, propicio imponer las costas de la Alzada en el orden causado en atención a la suerte de los agravios y regular los honorarios de los profesionales firmantes de las presentaciones de fs. 371/376 vta. y de fs. 383/389 en 25% para cada uno de ellos de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia.

La doctora Porta dijo:

Que adhiero al voto que antecede por compartir sus fundamentos.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I. Modificar la sentencia de primera instancia y reducir el monto de condena a $ 35.435,11 con más los intereses establecidos en el fallo de grado. II. Imponer las costas de la anterior instancia en 70% a la parte demandada y en 30% a la parte actora. III. Regular los honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de las partes actora y demandada y para la perito contadora en 16%, en 11% y en 5%, respectivamente, a calcular sobre el monto de condena con los intereses. IV. Imponer las costas de la Alzada en el orden causado. V. Regular los honorarios de los profesionales firmantes de las presentaciones de fs. 371/376 vta. y de fs. 383/389 en 25% para cada uno de ellos de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.