marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Lealtad comercial, anuncio publicitario, publicidad engañosa, bien jurídico protegido, información al consumidor
Materia: PENAL
Carátula: ARGENTOIL S.A. s/ Lealtad comercial.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-26

1 - Incurre en infracción a los Art. 4 y 8 de la resolución 7/2002, reglamentaria de la Ley 22802 de Lealtad Comercial, la firma sumariada que ha publicado un aviso en una revista ofreciendo la instalación de un determinado equipamiento (en el caso, GNC), sin informar el precio de contado, el precio total financiado, la cantidad y monto de las cuotas y la tasa de interés efectiva anual aplicada, calculada sobre el precio de contado en dinero efectivo que debe abonar el consumidor, indicando en el aviso tan sólo el valor mensual de la cuota a pagar, precedido de la leyenda "desde", siendo clara la intención de que un consumidor potencial adquiera e instale un equipamiento de los ofrecidos y no, por el contrario y como sostiene la recurrente, que el aviso se refiera a un servicio técnico de información al usuario, siendo la indicación "desde $... (pesos) por mes" una clara referencia al precio del bien publicitado, de modo tal que, con una publicidad de este tipo se pueden producir desvíos o una captación potencial de clientela por medio de métodos contrarios a la lealtad en las relaciones comerciales (Del voto del Dr. Hornos, al que adhieren los Dres. Pizzatelli y Grabivker).- 2 - Las infracciones a la Ley de Lealtad Comercial (Ley 22802) revisten el carácter de "formales", para cuya sanción no es necesario evaluar la intencionalidad del infractor, ni la producción de daño o resultado alguno; sólo se requiere la simple constatación del hecho (Del voto del Dr. Hornos, al que adhieren los Dres. Pizzatelli y Grabivker).- 3 - El fin que se persigue con la ley 22802 de Lealtad Comercial es evitar que los consumidores, mediante publicidades poco precisas, que contengan inexactitudes u ocultamientos puedan ser inducidos a error, engaño o confusión en la adquisición de productos o mercaderías o en la contratación de servicios; de tal modo, se pretende preservar la lealtad en las relaciones comerciales, la cual abarca los derechos de los consumidores y los de los competidores, tutelando la libertad, la debida información y la transparencia en aquellas actividades (Del voto del Dr. Hornos, al que adhieren los Dres. Pizzatelli y Grabivker).
Concurso ideal, concurso aparente de leyes
Materia: PENAL
Carátula: KLEMAN, DANIEL ESTEBAN s/ ROBO-HURTO-ESCALAMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-08-22

Si como en autos el apoderamiento se produjo en el interior de una cochera previo escalar una pared de aproximadamente dos metros de altura y arrancar las grampas que sostienen dos hilos de alambre de púas, para luego proceder a forzar el ventilete del vehículo en donde se hallaban diversos objetos, el hecho configura el delito de robo en los términos del art. 164 inc. 1° del C.P. y no un concurso de delitos (art. 54 del C.P.) entre esta figura y la del hurto agravado por escalamiento prevista en el art. 163 inc. 4 del C.P., pues aquel es solo aparente.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, principio de congruencia, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, responsabilidad indirecta, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, responsabilidad médica, mala praxis
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: F., B. L. Y M., R.H. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- HOMICIDIO CULPOSO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 165 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-08

Una mera cita inexacta o impertinente formulada en el fallo impugnado (de la segunda parte, segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil ) de manera alguna puede alzarse como causal de descalificación de la sentencia, habida cuenta que el déficit se encuentra subsanado a través de las motivaciones brindadas por el Tribunal que confieren al pronunciamiento sustento adecuado, en tanto ellas autorizan a concluir que la causa ha sido analizada en base a la imputación jurídica hecha por la actora en su demanda: artículo 1113, primera parte del Código Civil. Lo importante para la solución del caso radica en que la actora en su demanda afirmó la responsabilidad del Estado por el hecho de sus dependientes y ese factor de atribución se adecua plenamente a la labor decisoria de la Cámara, sin que obste a esa conclusión la argumentación de la impugnante respecto de que no puede haber responsabilidad indirecta del principal cuando no hay acto ilícito de los dependientes que han sido demandados conjuntamente con aquél. Ello acontece porque, aun cuando no haya recaído responsabilidad alguna en los subordinados codemandados, la condena al Estado provincial se fundamenta en el accionar de otros dependientes de aquel, principalmente en los actos de los médicos de guardia y de las conductas de otros profesionales que coadyuvaron en el resultado. Trátase de una obligación concurrente o distinta donde la víctima puede demandar al sujeto responsable indirecto, sin necesidad de traer a juicio al autor directo.
Confirmación de sentencia, tribunal oral, Posadas, prisión, accesorias legales, costas, inhabilitación absoluta, autoría mediata, responsabilidad del funcionario público, torturas, centro clandestino de detención, código penal, concurso real, agravantes de la pena, privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, principio de legalidad, derechos y garantías constitucionales, ley anterior, tipo penal, Derecho penal, ley sustantiva, Derecho internacional, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Caggiano Tedesco, Carlos H. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-28

La conducta en virtud de la cual el Tribunal Oral en lo Criminal de Posadas condenó a la pena de veinticinco años de prisión, con accesorias legales, costas e inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñarse como funcionario público, a quien fue encontrado autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada en concurso real con aplicación de tormentos seguidos de muerte -artículos 5, 12, 29, inc. 3°, 45, 144 bis, inc. 1°, 142, inc. 1°, 55, 144 ter, último párrafo y 2 del Código Penal- no sólo era considerada criminal para el derecho internacional sino que se encontraba tipificada, además, en el ordenamiento penal nacional de fondo vigente al momento de la comisión de los hechos.
Acción reivindicatoria, frutos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gorosito de Tomas, Petrona c/ De Negri, Rosario y ots. s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

Entender que son todas las ganancias netas del emprendimiento llevado a cabo por la parte demandada en el predio objeto de autos, las que deben ser reintegradas por el poseedor en calidad de frutos extraídos del mismo es desnaturalizar el propio concepto jurídico de éstos. Mucho más lo sería considerar que deben ser tenidos como aquéllos que por su culpa ha dejado de extraer, las ganancias ideales atribuibles a una explotación intensiva de cría que pudiera haber efectuado el poseedor y con el mayor número de animales que hubiera permitido el inmueble (art. 2438 última parte del Cod. cit.). Ello significaría un injustificado aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y la apropiación de los valores de iniciativa, creación intelectual y gerenciamiento sólo atribuibles y pertenecientes a la actividad personal de quien la emprendió.
Homicidio, emoción violenta
Materia: PENAL
Carátula: Aranda, Alberto s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

No resulta necesario el pronunciamiento, con carácter genérico acerca de si la excusabilidad de la emoción queda excluida en los casos en que las circunstancias que la condicionaron "evidencian formas más o menos notables de inmoralidad por parte del sujeto" desde que tal juicio es eminentemente casuístico. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estafa, acción civil en el proceso penal, responsabilidad civil, responsabilidad del banco, presunciones
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: TOROK, Juan C. s/ I.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

El hecho de que el ilícito se perpetrara invocando el nombre del banco y la calidad de empleado no autoriza a presumir la responsabilidad del banco en base al art. 1113 del C.C.; ella sólo puede surgir de una sentencia.
Apropiación indebida de recursos de la seguridad social, prueba testimonial, procesamiento, prueba insuficiente
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: SOCIEDAD INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS ARGENTINAS s/ Régimen penal tributario, incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-22

1 - El delito previsto por el art. 9 de la ley penal tributaria se incurre cuando se omite depositar importes que han sido retenidos y en el caso el imputado, en su calidad de Presidente de una sociedad anónima, si bien reconoció el incumplimiento de obligaciones por aportes de la seguridad social, sostuvo no haber efectuado retenciones de los haberes del personal de la empresa, no contándose con comprobaciones suficientes del hecho de las retenciones.- 2 - El hecho que se trata de comprobar - que al pagarse la retribución de los trabajadores se retuvo parte del importe correspondiente para aportes de previsión social - supone una acto jurídico bilateral cuya prueba, sustancialmente, depende del reconocimiento de ambos otorgantes, empleador y empleado y de los recibos u otros instrumentos que se hubieran suscripto en la ocasión y, en tales condiciones, para evacuar la cita de descargo en la forma prevista por el art. 304 del CPP, resulta imprescindible escuchar a los trabajadores titulares de las remuneraciones supuestamente retenidas.
Concesión comercial, automotores, obligaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ACCESORIOS CA SRL c/ CAR ONE SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-08

En el contrato de concesión de venta de automotores, como consecuencia de la derivación del deber de buena fe, el concedente debe entregar los medios necesarios para que el concesionario cumpla con sus obligaciones. Y cuando se pacta un servicio de posventa, el concedente debe suministrarle los repuestos y los accesorios de la cosa, a fin de que el concesionario pueda cumplir con su obligación frente a los consumidores (R.L. Lorenzetti, "Tratado de los contratos", p.

674, t.1, ed. 2007).
Excarcelación, prisión preventiva, pena máxima eventual
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Guzmán, Daniel Gerardo y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-10

El máximo de la escala penal prevista en abstracto para el delito por el que se encuentran procesados los encartados supera el tope de ocho años establecido en el art.

317, inciso primero, en función del 316, del ordenamiento adjetivo (primera regla), al tiempo que el mínimo legal contemplado no permite avizorar la posibilidad de aplicación de una condena de ejecución condicional (segunda regla), motivo por el cual la libertad anticipada de los causantes deviene improcedente. El instituto de la prisión preventiva posee respaldo constitucional, toda vez que el art. 18 de la Carta Magna permite el arresto en virtud de orden escrita de autoridad competente. Ello así, porque el derecho a gozar de la libertad reconocido por el artículo 14 de ese cuerpo encuentra los límites derivados de las leyes que reglamentan su ejercicio. Corresponde aquí señalar que la prisión preventiva ha sido admitida por diversos instrumentos internacionales de actual jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional). (Voto de los Dres.

Catucci, Madueño y Bisordi).
Contrato de trabajo, despido sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: VELLIDO, RAMON RODOLFO. c/ QUIMICA MONTPELLIER S.A. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-14

El análisis de la justificación del despido con causa exige, preliminarmente, la constatación de la inobservancia por parte del trabajador de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, que es el presupuesto objetivo de la injuria.

Así, se ha dicho: "El carácter lesivo de la conducta está definido por la presencia de un daño, que no debe ser necesariamente material. Es injuria todo acto u omisión contrario a derecho que importe una inobservancia de deberes de prestación o de conducta, imputable al trabajador que lesione el vínculo contractual.

Es decir, que a fin de analizar un despido disciplinario primero corresponde determinar la existencia de incumplimiento imputable al trabajador por lo que el daño ocasionado por éste ocupa una función secundaria cuya gravedad está determinada por la norma del artículo 512 del Código Civil" (Ackerman, Mario - Sudera, Alejandro, Extinción de la relación laboral, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2008, pág. 401).

En esa misma línea interpretativa, sostiene Ojeda: "El análisis de la justificación (no de su validez) del despido directo o indirecto con causa tiene dos niveles distintos: el primero o antecedente es la configuración de la injuria (.); el segundo o consecuente es que la parte contractualmente ofendida reaccione causalmente, en forma proporcional y oportuna" (Ley de Contrato de Trabajo, Director: Antonio Vázquez Vialard - Coordinador: Raúl Horacio Ojeda, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2005, T. III, pág. 354).

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GOANE (CON SU VOTO) - SBDAR.
Responsabilidad objetiva, carga de la prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MARTIN DE SANCHEZ, TERESA Y OTRO c/ CARRERA DE VIGNOLI, J. Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-04-19

La víctima del daño no necesita justificar la culpa del autor, le basta con probar que el que experimenta fue causado por la cosa riesgosa y en tal sentido sostenemos que al actor le corresponde acreditar a) la existencia del daño; b) el carácter riesgoso de la cosa; c) que el daño obedece al riesgo de la cosa (relación de causalidad adecuada) y d) que contra quien se acciona es el responsable en virtud de revestir el carácter de dueño o guardián de aquella (legitimación pasiva).
Acción de amparo, derecho a la salud, personas con discapacidad, tratamiento médico
Materia: PROCESAL
Carátula: GUIÑAZU MARIA CAROLINA c/ OSDE s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-15

La actora presenta una patología consistente en "cuadriparesia espástica por lesión medular traumática", en virtud de lo cual, resulta aplicable al sublite -entre otras- la ley 24.901 que instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, que contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1). En virtud de ello, pesa sobre los entes obligados el deber de suministrarle al paciente discapacitado primero y al tribunal después, toda la información que permita juzgar sobre la idoneidad y experiencia de los profesionales e instituciones de su cartilla en condiciones de atender la patología de la actora. De las constancias aportadas a la causa surge que OSDE, en la carta documento remitida a la actora en sede extrajudicial, ofreció la cobertura del 100% del tratamiento requerido con prestadores propios, y que en el caso de recurrir al Instituto FLENI, ofrecía el sistema de reintegros conforme al plan de la amparista. Pero, no detalló concretamente cuáles eran los profesionales o instituciones que podría llevar a cabo en forma adecuada dicha rehabilitación.
Honorarios, bienes inmuebles, base imponible
Materia: PROCESAL
Carátula: MALDONADO JOSE A. Y OTRO c/ ANGEL J. PUGA Y OTRA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-08-06

El art. 30 inc. "B" de la ley 7269, hace referencia concreta a que es pertinente tomar como base la imponible del inmueble establecida por la Dirección General de Rentas de la Provincia.

Respecto de la validez de los cedulones, debemos recordar que los mismos son expedidos por un ente público, lo que le concede relevancia a los fines de probar la base imponible del inmueble.
Derecho procesal, juicio ordinario, demanda, etapas del proceso, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Lw Latin America Short Duration Fund Bv c/ Sociedad Paraguaya de Navegación SAIC y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-31

Resulta improcedente condicionar el avance del trámite del juicio al cumplimiento de la carga impuesta por el art. 49 a del Reglamento para la Justicia Comercial consistente en acompañar la constancia de CUIT. Ello por cuanto, lo cierto es que la norma invocada no impone la incorporación del comprobante de CUIT -CUIL, CDI o copia del DNI- como requisito necesario e ineludible para dar curso a la demanda. Es decir, su desatención no es obstáculo para dar curso al proceso sino que, eventualmente, podría ser causa de sanción procesal.
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, monto indeterminado
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: OBRA  SOCIAL  DEL  PERSONAL  DE  INSTALACIONES  SANITARIAS c/ GEOSALUD SA S/ s/ edidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-09

El Alto Tribunal ha dicho que la enumeración que hace el art. 13 de la ley 23.898 no agota el catálogo de "personas" o "actuaciones" exentas de pago de la tasa de justicia, pues las exenciones pueden perfectamente provenir de otras disposiciones legales que así lo establezcan. En consecuencia, atribuir al listado del art. 13 de la ley citada el carácter de una enumeración taxativa que supuestamente esterilizaría las exenciones consagradas en otras leyes nacionales, viola el art.

1° de la mentada ley y desconoce la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el punto (Fallos 323:975, 326:3330 y en este sentido, Sala I, causa n° 5211/01 del 22.2.07). Mas aún, se ha pronunciado en el sentido de que la tasa de justicia se halla comprendida en la exención prevista en el art. 39 de la ley 23.661 para los agentes del seguro de salud (in re "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa A.P.S c/ Medicus sociedad anónima" del 4.5.2000 y en igual sentido, Fallos:

323:1687; 324:1533 y 325:623). La actora deberá aceptar las consecuencias de haber ejercido la opción de pagar la tasa por monto indeterminado en su momento, dejando de lado la facultad de eximirse de su pago.
Derecho laboral, apreciación de la prueba, diagnóstico médico, médico forense, prueba de informes, peritos, dictámenes
Materia: LABORAL
Carátula: Carecchio Néstor Jorge c/ Experta ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-07-28

Los dictámenes de los médicos forenses tienen un valor especial. Si bien al Juez corresponde decidir entre las conclusiones periciales, comparando los trabajos, cabe destacar el especial rol que desempeñan los médicos forenses. Debe otorgarse primacía al informe de los integrantes del cuerpo médico forense por sobre los peritajes de los peritos de oficio, dada su autoridad científica y por tratarse de un asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia, cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas y generales que amparan la actuación de los funcionarios judiciales. Cuando en el caso se analizan cuestiones de carácter técnico, el Juzgador debe estar -como principio- a los dictámenes emanados de los organismos técnicos correspondientes, salvo que sean irrazonables y arbitrarios. Ante la discordancia entre las conclusiones del dictamen del Cuerpo Médico Forense y las del perito, deben prevalecer las primeras pues aquél es un cuerpo especialmente elegido y entrenado para colaborar con el juez (Voto Welp. Adhesión Romero)
Concurso preventivo, efectos de la apertura, subasta, saldo de precio, actualización monetaria, tradición
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANTUCCIONE CARLOS A. c/ BRYAN SA Y OTROS s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-07

Si la subasta, su aprobación y la integración del importe nominal del saldo de precio fue realizada con anterioridad al decreto de falencia, la actualización del saldo de precio y la tradición del bien concretadas con posterioridad a la sentencia de quiebra, por ser consecuencia del citado remate, constituyen actos eficaces y en consecuencia oponibles a la masa de acreedores.
Impuestos, coparticipación federal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Bunge & Born como continuadora de Soc. Fin. y de Inv. S.A. c/ Fisco Nacional (DGI) s/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

Si el legislador estableció un régimen fiscal aplicable tanto 1a la Nación como a las provincias, y en él se impone la obligación de cumplir determinadas pautas de adecuación del sistema impositivo local a las previsiones de la ley, la Nación también se encuentra constreñida a respetar el régimen dispuesto en la ley 23.548; de lo contrario se menoscabaría la situación de coordinación financiera entre fisco nacional y los provinciales, pretendido por el régimen.
Concursos, acción concursal de responsabilidad, acción social de responsabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CONFORTAR HOGAR SA c/ SERRANO, ERNESTO S/ ORDINARIO. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-11

La acción de responsabilidad concursal procura reparar los daños derivados de conductas que hubieren producido, facilitado, permitido o agravado la situación patrimonial del deudor o su insolvencia, en tanto que la acción de responsabilidad societaria, por el contrario, tiende a reparar los daños causados a la sociedad con independencia de que pudieren guardar relacion de causalidad con su cesacion de pagos y, en caso de quiebra de la sociedad, la acción de responsabilidad societaria puede ser iniciada por el síndico en el supuesto previsto por la ley 24522: 175, y sus presupuestos de fundabilidad son los de la ley 19550: 59 y 274 (cfr. cncom, sala b, 9.3.04, "Fipsa fibras industriales poliolefinicas sa s/ quiebra c/ Lopez, J. C."; Gagliardo, m., "responsabilidad de los directores de sociedades anonimas", nros. 536, 537 y 539, pags. 757, 758 763, ed. 2001; rivera, j. c., "instituciones de derecho concursal", t. ii, cap. xix, nros. 38 y 39-a y b, pags. 382 y 383, ed. 2003;

Fassi - Gebhardt, "concursos y quiebras", art. 175, nro. 1, p.

451, ed. 2004; Boretto, m., "responsabilidad civil y concursal de los administradores de las sociedades comerciales", cap. vii, nø ix. 1 y 2, pags. 249-55, ed. 2006).
Condominio, actos de disposición, actos de administración
Materia: CIVIL
Carátula: RISLER ALBERTO JORGE c/ PEISAJOVICH JORGE NATALIO s/ DESALOJO - JUICIO VERBAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-06-09

La prohibición que emana del art. 1512 del Código Civil está referida a la posibilidad de que un condómino alquile o arriende un inmueble, pero no a que trate de recuperarlo, porque tratándose de un tercero que lo ocupa por tenencia precaria, evidentemente que beneficia a todos los demás comuneros y más si se suma la integración de la litis hecha por éstos.

Nos encontraríamos así ante un caso de litis consorcio legal, aparentemente no necesario, porque no se trataría de un acto de disposición entre los condóminos (arts. 2680 y 2681 del C. Civil), para el cual se necesitaría la voluntad de la mayoría absoluta de todos ellos, sino de un acto de administración (arts. 2682, 2683, y 2699 del C. Civil).-