Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-29


En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintinueve (29) de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur -por excusación del doctor Alberto José Brito-, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por derecho propio por la doctora Cristina J. Cardoso de Jantzon (fs. 611 y ss.) y por el doctor Alberto Carmona (fs. 594 y ss.) respectivamente en autos: "Unión Cañeros Azucarera Ñuñorco Ltda. S.A. s/Quiebra (Incidente Presentado por la Sindicatura s/Reserva art. 268 Ley 19.551)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores: Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Vienen a conocimiento y resolución de esta Corte los recursos de casación interpuestos por derecho propio por la Dra. Cristina J. Cardoso de Jantzon (fs. 611 y ss.) y por el Dr. Alberto Carmona (fs. 594 y ss.) contra la sentencia de fecha 30/6/2003 (fs. 570 y ss.) dictada por la Cámara en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción, que fueron concedidos por resoluciones de fechas 30 de octubre de 2003 (fs. 680 y 681). Se tratará primero el de la Dra. Cardoso de Jantzon y después el del Dr. Carmona, previo a lo cual se expondrá el contexto fáctico y jurídico de las cuestiones planteadas.

I.- En autos se determinó que los fondos provenientes de la venta del ingenio están afectados al privilegio especial de los créditos laborales. Sobre tales fondos la Cámara ordenó por sentencia del 30/4/1999 que se efectúe una reserva conforme art. 244 de la ley 24.522 (antes art. 268 ley 19.551), previa determinación de los honorarios que tienen derecho a incluirse en esa reserva conforme la pauta del art. 244 LCQ.

El art. 244 de la ley de concursos y quiebras 24.522 (anterior art. 268, ley 19.551) prescribe: "Antes de pagar los créditos que tienen privilegios especiales, se debe reservar del precio del bien sobre el que recaen, los importes correspondientes a la conservación, custodia, administración y realización del mismo efectuados en el concurso. También se calcula una cantidad para atender a los gastos y honorarios de los funcionarios del concurso, que correspondan a diligencias sobre tales bienes". La norma establece la facultad judicial para reservar fondos sujetos a privilegio especial, dirigida a que el acreedor privilegiado afronte los gastos derivados del beneficio que obtiene del bien sobre el que ejercita su acreencia.

Comentando la disposición similar del art. 268 de la anterior ley de quiebras 19.551, Saúl A. Argeri en relación a los créditos beneficiados con la reserva (cfr. en "La quiebra y demás procesos concursales", t. 3, p. 287, Ed. Platense, 1974), expresa que "el privilegio otorgado por la ley presupone que para hacerlos efectivos es menester realizarlos, es decir, transformar el bien sobre el cual recaen en valor numerario. Para llegar a tal resultado viene de necesidad custodiar el bien, administrarlo, realizar actos conservatorios del mismo, y por fin realizarlos"..."Todo ello importa cumplimiento de gestiones y diligencias tendientes a posibilitar la percepción del crédito, lo que equivale a expresar la realización de actos ("lato sensu") cumplidos en beneficio de quien es acreedor"... "Viene de justicia, pues, se reconozca a aquellos derecho a percibir las erogaciones efectuadas y el fruto de su esfuerzo y actividad". Que esa preferencia que reconoce la ley se fundamenta así "en el beneficio que sobre el mismo bien ha aportado su conservación y custodia, su administración y realización, incluyéndose en este último los gastos y honorarios habidos, y sin los cuales aquellos acreedores no podían hacer efectivas sus acreencias". "Cuando se trata de conservación, administración y realización de los bienes afectados al privilegio especial", "los importes correspondientes resultarán de la documentación que se agregue y rendiciones de cuentas. De allí que la norma indique que deban reservarse los importes correspondientes". Que en tanto "no existe tal precisión cuando se refiere a gastos y a "fortiori" sobre honorarios de los funcionarios del concurso habidos exclusivamente sobre esos bienes, pues ello queda sujeto a decisiones posteriores basadas en discriminación de labores..." "...En este supuesto el juez debe calcular su importe".

Teniendo en cuenta ese criterio, el juez a quo dispuso una reserva del 25% del producido de la subasta, comprensivo de todos los eventuales rubros, con imputación a los porcentajes de los honorarios que consideró comprendidos en la reserva en los términos del art. 244 LCQ. En tal sentido se asignó a la recurrente una reserva del 60% de sus honorarios, y a los restantes letrados señalados por la letrada porcentajes similares; a los dos síndicos se les reservó el 70% de sus honorarios.

El art. 244 LCQ, bajo el título "Reserva de gastos", establece una preferencia por sobre los créditos con privilegio especial -y de allí que deba detraerse del producido de la realización de los bienes el dinero necesario para afrontar su pago-, en beneficio de las erogaciones correspondientes a la conservación, custodia, administración y realización de esos bienes, y de los gastos y honorarios de los funcionarios del concurso que correspondiesen "exclusivamente" a diligencias sobre tales bienes.

La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci (cfr. en "Modificaciones producidas por la ley 24.522 al régimen de las prioridades concursales no excluyentes", en Rev. de Derecho Privado y Comunitario - Concursos y Quiebras II, p. 180 y sig. Ed. Rubinzal-Culzoni) expone que "La nueva ley mantiene la exacta distinción entre reserva de gastos (art. 244) y gastos de conservación y justicia (art. 240)" ... "La distinción es de significativa importancia, pues mientras la reserva de gastos ocupa un rango superior a los privilegios especiales, los gastos de conservación y justicia ceden a los créditos con privilegio especial (art. 240). La jurisprudencia nacional tiene sobre esta cuestión ideas claras. Así, por ejemplo, se ha resuelto que no corresponde computar en la reserva de gastos la totalidad de los honorarios del síndico y su letrado sino sólo la porción inherente a las tareas vinculadas con la venta del bien hipotecado", mencionando en la nota al pie de página, un fallo de la C.N.Com., sala E ("Avellaneda de Langer Julia /Quiebra", public. en "Doctrina Societaria y Concursal", N° 81, Errepar, Buenos Aires, agosto de 1994, t. VI, p. 312).

Los créditos por gastos y honorarios de los funcionarios del concurso a que alude el art. 244 como objeto de reserva, se benefician en tanto su actividad se haya orientado necesariamente a la conservación, custodia, administración o realización del bien objeto del privilegio. Sobre el tema, se ha dicho que "No corresponde computar en la reserva de la LC... la totalidad de los honorarios del Sindico y su letrado, sino en la porción inherente a las tareas vinculados al bien hipotecado y al crédito del acreedor hipotecario..." (CCom., sala A, en "Viale Miguez de Cantore - Jarazi Veiras /Edif. Boedo S.R.L. - Quiebra", fallo del 30/08/88) e igualmente CNCom., sala E, en "Avellaneda de Langer /Quiebra", fallo del 18/03/94, e "Italar s/Quiebra", LA LEY, 1999-A, 372; CNCom., sala B, LA LEY, 1999-E, 947). La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala E en sentencia de fecha: 24/06/1998 en "Italar S.A. s/quiebra" publicado en: LA LEY 1999-A, 373 - DJ 1999-2, 137 expresó que "Cuando se trata de gastos del concurso, es decir, los generados a causa de la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado, ellos deben tener una relación directa con el bien asiento del privilegio del acreedor hipotecario, de lo contrario no pueden postergar a éste en el cobro de su crédito... Deben excluirse de la contribución prevista en el art. 244 de la ley concursal (Adla, XLIV-D, 3806) la totalidad de los honorarios del síndico y de su letrado, pues sólo debe incluirse la porción inherente a las tareas vinculadas al bien y al crédito del acreedor. La falta de pago de otros honorarios de los funcionarios concursales es consecuencia del régimen legal vigente y si ello aparece como injusto, más aún lo es imponer ese pago al acreedor hipotecario fuera de los casos reglados. Debe tenerse en cuenta que los procesos concursales sin activo constituyen una situación inicialmente previsible por los aspirantes a la sindicatura, quienes asumen tal rol libremente y no en cumplimiento de una carga pública".

Los gastos y honorarios contemplados en el art. 244 requieren haberse hecho exclusivamente en relación al bien sobre el que recayere el privilegio para prevalecer sobre éste, y por ello requieren de su acreditación precisa, no pudiendo simplemente efectuarse conjeturas genéricas. Debe quedar demostrada la existencia de gastos efectuados en orden a la conservación, custodia, administración y realización de los bienes sujetos a privilegio especial así como las diligencias de los funcionarios del concurso efectuadas exclusivamente sobre esos bienes, que determinasen honorarios, prevalecientes todos ellos sobre los créditos que gozan de privilegio especial.

II. 1.- Analizando el recurso de casación de la Dra. Cardoso de Jantzon, se observa que ésta manifiesta que la sentencia que impugna es definitiva porque el agravio no podrá reclamarse en otra oportunidad, y porque tiene incidencia sobre la existencia o suerte del derecho de fondo. Denuncia que la sentencia recurrida carece de motivación y que no trató sus agravios, y propone doctrina legal (cfr. fs. 618). Señala que la cuestión se originó en lo resuelto por la Cámara en sentencia del 30/4/1999 (fs. 60), en la que se dispuso que para poder efectuar la reserva del art. 268 de la ley 19.551, primero debía determinarse lo siguiente: 1) el quantum aproximado de los créditos con privilegio especial; 2) los bienes sobre los que recae el privilegio especial; y 3) los gastos y honorarios que corresponden exclusivamente a diligencias de conservación, custodia, administración y realización relativas a los bienes sobre los que recae el privilegio especial (cfr. fs. 62 y vta.). Caso contrario, esos créditos mantienen el rango de acreedores del concurso en los términos del art. 264 de la ley 19.551, hoy art. 240 (cfr. fs. 62 vta.). Expresa que de acuerdo con lo ordenado en esa sentencia, la Sindicatura presentó una propuesta para reservar el 25% de los fondos existentes para pago de honorarios. (fs. 64 y 66). Manifiesta que la sentencia del 30/6/2000 (fs. 74/78) determinó que tienen derecho a la reserva del art. 268 de la ley 19.551 el 60% de los honorarios de los Dres. Dip, Novillo y D'Hiriart, ex letrados de la fallida, y Dres. Padilla y Rodríguez Vaquero, ex letrados de Sindicatura. Resalta la recurrente que en su recurso de apelación contra esa sentencia, se agravió denunciando que esos profesionales no tuvieron ninguna actuación en relación a los fondos provenientes del arriendo y venta del ingenio, asiento de los privilegios especiales laborales, y que a partir de la sentencia del 30/6/2000 (fs. 74/78) mejoraron su rango, cuando hasta entonces sus créditos habían merecido la calificación del art. 264 ley 19.551 (acreedores del concurso). Señala que en su recurso de apelación indicó que su labor profesional, (detallada a fs. 24 a 26 y de fs. 1 a 9 de los autos "Ñuñorco Ltda. S.A. s/quiebra, inc. regulación de honorarios de Dra. Cristina Cardoso de Jantzon), fue requerida por ambos síndicos porque la complejidad de las tareas a efectuar excedían lo que es competencia de un contador y requerían asesoramiento jurídico. Expresa que la sentencia de primera instancia consideró que su labor había contribuido en un 60% de manera directa a la administración, conservación y/o realización de los bienes falenciales, o sea, el mismo porcentaje que los profesionales mencionados, que ninguna labor cumplieron según lo exige el art. 244 de la ley 24.522, en tanto que sus honorarios merecen ser incluidos en un 100% en la reserva del art. 244. Como medida precautoria, y por estar apelados por bajos sus honorarios, el Tribunal ordenó a la Sindicatura efectuar la reserva del 25% sobre la base regulatoria en forma provisoria, sin perjuicio de su reajuste definitivo. Expresa que su parte apeló la sentencia, y que la Cámara declaró desierto su recurso mediante sentencia de fecha 30/6/2003 (fs. 570/578).

En su recurso de casación la letrada se agravia de que se interpretaron erróneamente sentencias anteriores de la Cámara dictadas en pedidos de pago solicitados por los ex letrados de la sindicatura Dres. Rodríguez Vaquero y René Padilla, y los letrados de la fallida Dres. Mirna Dip, Rodolfo Novillo y Eduardo D´Hiriart. La recurrente relata que en su apelación se agravió de que se incluyera en la reserva de gastos del art. 268 ley 19.551 (hoy 244, ley 24.522), a honorarios de profesionales que ninguna actuación cumplieron en relación a los fondos provenientes del arriendo y venta del ingenio, bienes éstos sujetos a privilegio especial. Dice que no se cumplió con lo ordenado en la sentencia del 30/4/99 (fs. 60), en cuanto dispuso que se deben determinar cuáles gastos y honorarios de los funcionarios del concurso corresponden exclusivamente a diligencias sobre los bienes sujetos a privilegio especial o el precio que los reemplace por subrogación real, que en el caso son el arriendo y la venta del ingenio, afectados al pago de los privilegios especiales de origen laboral. Se agravia de que se calificó con derecho a reserva en los términos del art. 268 ley 19.551 sólo el 60% de los honorarios regulados a su parte, no obstante estar demostrado con las constancias de los autos que menciona, que su desempeño profesional abarcó precisamente el período en el que se arrendó y vendió el ingenio. Considera que por ese motivo corresponde que se incluya el 100% de su crédito por honorarios en la reserva del art. 268 -hoy 244-, por resultar indiscutible que su desempeño corresponde exclusivamente a diligencias sobre los bienes afectados a privilegio especial, teniendo en cuenta que todos los ingresos de fondos se deben a su desempeño, por lo que de abonarse los créditos con privilegio especial, y no efectuarse la reserva del 100% de sus honorarios, se beneficiarían otros acreedores en desmedro de sus derechos. Se agravia de que al no cumplirse con lo dispuesto por la Cámara en el sentido de que cada tarea merece un examen individual a los fines de una justa valoración de la labor profesional y del adecuado honorario que la retribuya, el sentenciante no discriminó entre profesionales que ninguna labor cumplieron en relación a los fondos ingresados en el período, y la recurrente, cuya única actuación consistió precisamente en las labores referidas por el art. 268. Relata que se agravió de que una decisión conforme a derecho, exigía del Juzgador el análisis de los expedientes, actuaciones, incidente y conexos, que en su mayoría según informe actuarial debieron ser requeridos del Superior en grado, y que de haberlos tenido a la vista se habría comprobado que la labor cumplida por su parte, debió ser incluida en su totalidad en la reserva de gastos.

En su recurso de casación la letrada se agravió de la decisión que declaró desierto su recurso de apelación, y la calificó de nula y arbitraria por ausencia de motivación. Señala que su parte criticó al fallo de primera instancia en el sentido de que los titulares de los honorarios que se incluyeron en la reserva del art. 268 no cumplieron ninguna labor en orden a los fondos existentes que por subrogación real -según afirmó el juez de primera instancia- reemplazan al Ingenio, asiento de los privilegios especiales de origen laboral. Manifiesta que todo ello puede constatarse no bien se advierte que el arriendo (acto de administración) y su venta se efectuaron en el período 95/96, en el que ninguna actuación profesional tuvieron ni el actual síndico Jerez, ni los ex asesores de sindicatura (Dres. Padilla y Rodríguez Vaquero), ni los ex asesores de la fallida (Dres. D'Hiriart y Novillo), de lo que se deriva que la inactividad profesional en el período en que se arrendó y vendió el Ingenio convierten en injustificada la inclusión de sus honorarios -en el porcentaje acordado- en la reserva del art. 268, elevando la prevalencia de sus créditos que hasta entonces habían sido calificados como acreedores del concurso (art. 264 ley 19.551). Expresa que su parte también se agravió de que la sentencia incurrió en arbitrariedad, porque otorgó igual preferencia, la del art. 268 ley 19.551, a todos los honorarios, siendo que sus honorarios respondieron exclusivamente a asesoramiento al entonces síndico sobre el arriendo y venta del Ingenio, sobre cuyo producido recaen los privilegios especiales de origen laboral.

En su recurso de casación la recurrente reitera sus agravios (cfr. fs. 611 a 619), y denuncia que la sentencia incurrió en arbitrariedad al declarar desierto el recurso de apelación por haberle agravado la carga de fundar el recurso de apelación con fundamento en circunstancias extrañas a la responsabilidad del apelante, esto es, la existencia de numerosos cuerpos de expedientes e incidentes a lo largo de muchos años de proceso falencial (fs. 618).

II. 2.- Pasando a analizar la admisibilidad del recurso, corresponde puntualizar lo siguiente.

La resolución recurrida, en principio es inapelable, conforme a lo dispuesto por el art. 273 inc. 3 de la ley 24.522, dada la ausencia de norma expresa que prevea la posibilidad de impugnar. Tratándose de una decisión propia del trámite ordinario y normal del proceso, corresponde decidir sobre la posibilidad de impugnarla en función de las pautas que ha elaborado la jurisprudencia, que ha morigerado esta regla admitiendo recursos contra resoluciones que exceden la tramitación ordinaria y normal del proceso, lo mismo que aquellas en las que está afectado el derecho de defensa en juicio o que causan un gravamen que no puede ser reparado con posterioridad (cfr. Rivera, Julio César, Roitman, Horacio, Vítolo, Daniel R. "Concursos y quiebras" ley 24.522, Santa Fe, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1995, p. 415; Baravalle, Roberto - Granados, Ernesto "Ley de Concursos y quiebras ley 24.522", Rosario, Ed. Liber., 1996, t. II, p. 507).

La invocación de gravamen irreparable formulada por la recurrente para sustentar tanto la apelabilidad de la sentencia, como la definitividad de la decisión desde la perspectiva del recurso de casación (art. 813 CPCC), resultan en principio insuficientes para habilitar las vías recursivas en aquellas situaciones que se encuentran regidas por la regla de la inapelabilidad consagrada en el art. 273 inc. 3 de la ley 24.522. (cfr. en igual sentido Cámara Civil y Com. Rosario sala I, mayo 14-997, "Dat S.A. s. conc. prev." LL Litoral, 1997-829).

Tratándose la aludida reserva de un trámite normal del proceso falencial que no debe trabarse, y que en el caso de autos tiene carácter provisorio, a lo que se suma que no consta en estas actuaciones que exista proyecto de distribución aprobado, no surge en autos que la fijación del porcentaje de honorarios a ser incluido en la reserva irrogue un gravamen irreparable a la recurrente, que habilite a apartarse de la regla de la definitividad que se exige como condición de admisibilidad del recurso de casación (art. 813 CPCC) como así tampoco de la regla de la inapelabilidad. Tampoco surge de autos que provoquen semejante perjuicio los porcentajes de honorarios de los demás profesionales a computarse en la reserva, de lo que se deriva además la falta de interés legítimo de la recurrente para impugnar la reserva efectuada para otros acreedores.

Desde otra perspectiva, la impugnación de la decisión que declaró desierto el recurso de apelación, remite a una valoración de hechos, en principio ajena al ámbito revisable establecido para el recurso de casación salvo supuesto de arbitrariedad (art. 815 CPCC), lo que en el caso de autos implica la merituación del recurso de apelación tras confrontarlo con la sentencia de alzada, teniendo en consideración el contexto de la sentencia recurrida y las circunstancias de la causa.

De tal examen no surge arbitrariedad, en tanto se advierte que la pretensión tiende a demostrar que es equivocada la decisión que asignó a los honorarios de la recurrente el derecho a ser incluidos en un 60% en la reserva del artículo 244 de la ley 24.522, antes art. 268 de la ley 19.551, y que lo que corresponde es efectuar una reserva para el 100% de sus honorarios. Las argumentaciones de la recurrente, que impugnan cuestiones fácticas pretendiendo que se declare que no desempeñó ninguna tarea que no sea de las previstas en el art. 244, resultan insuficientes para revertir la decisión que declaró desierto su recurso, a la vez que resultan ajenas al ámbito revisable en casación (art. 815 CPCC), salvo supuesto de arbitrariedad, que no se advierte en el caso, en tanto la sentencia de alzada contiene fundamentos que sustentan lo resuelto.

Por lo expresado, corresponde declarar mal concedido por inadmisible al recurso de casación de la Dra. Cristina Cardoso de Jantzon (cfr. fs. 577 vta.), con costas (art. 106 CPCC).

III. 1.- Se analiza a continuación el recurso de casación del letrado Alberto Carmona, para lo cual se expone previamente una breve reseña de sus antecedentes.

El letrado Alberto Carmona recurrió en queja por apelación denegada (fs. 80 y ss.) contra la providencia de fecha 2 de agosto de 2000 (fs. 79), en la cual se le impidió recurrir la sentencia de fecha 30/6/2000 (fs. 74 y ss.), por considerársela inapelable. Invocó su calidad de acreedor del concurso conforme art. 264 inc. 4 de la ley 19.551, rango que según expone le fue reconocido en varias sentencias (cfr. fs. 80). Manifestó que la sentencia le ocasiona gravamen, por lo que considera que no se aplica en el caso la regla de la inapelabilidad del art. 273 inc. 3 ley 24.522. El recurrente impugnó que se haya otorgado a los titulares de los créditos por honorarios que figuran en la sentencia de fecha 30/6/2000 el beneficio de la reserva del art. 268 hoy 244 LCQ, cuando casi ninguna de las tareas realizadas por los Síndicos, sus asesores, letrados de la fallida y peritos tasadores, corresponden exclusivamente a diligencias sobre los bienes sujetos a privilegios especiales como lo exige el art. 268 ley 19.551 (cfr. 84 y vta.). Interpreta que de ese modo se infringieron sentencias anteriores firmes que declararon los honorarios comprendidos en el inc. 1 del art. 264 ley 19.551 (cfr. fs. 105 y ss.), modificando esa calificación. Manifiesta que tiene un interés legítimo en formular esa impugnación por su calidad de acreedor del concurso conforme inciso 4 del art. 264 de la ley 19.551, reconocido en numerosos fallos que menciona (cfr. fs. 85). Alega que los privilegios otorgados en la sentencia recurrida le provocan un gravamen irreparable, porque implican la pérdida de toda posibilidad de percibir sus importantes créditos como acreedor del concurso. Destaca que cumpliendo la cautelar ordenada, el Síndico procedió a reservar la suma de $2.179.499,03, es decir, un monto aproximado o superior al cincuenta por ciento del total de los fondos depositados en el Banco Nación Sucursal Concepción (cfr. fs. 103 vta). Al expresar agravios (fs. 101), el recurrente denunció la falta de fundamentos de la sentencia de fecha 30/6/2000. Se agravió de que a honorarios con el rango del art. 264 inc. 1 se les concedió el privilegio del art. 268, sin que se cumpliese lo ordenado por la Cámara, esto es, sin que se determinara si las tareas profesionales correspondían exclusivamente a diligencias sobre los bienes sujetos al privilegio especial. Impugnó la inclusión de los honorarios de los peritos tasadores en la reserva del art. 268, porque consideró que sus tareas no correspondieron a diligencias sobre los bienes, señalando que las mismas fueron calificadas de beneficio común. Similar objeción formuló contra los honorarios del ex síndico Eduardo Palomino, al cual se le reservó fondos para el 70% de sus honorarios. Mencionó actuaciones del ex Síndico Palomino, del actual síndico contador Jerez, del letrado Rodríguez Vaquero, y de la Dra. Cardoso de Jantzon que considera que fueron perjudiciales para la quiebra (cfr. fs. 114, 115 y ss.). Formuló objeciones a las tareas realizadas por los demás profesionales. Por último, consideró que el trámite debe incluirse dentro de las previsiones del art. 214 ley 19.551, por ser esa norma la que prevé la realización de un proyecto de distribución y la afectación de reservas. Sostiene que en el caso sólo podría haber una distribución parcial y provisoria según lo dispone el art. 215 de la misma ley, y que esa propuesta podrá ser objetada por la fallida y los acreedores, en la forma y plazo que establece el tercer párrafo del art. 214, previa notificación en sustitución de las publicaciones que ordena el art. 214 (cfr. fs. 124).

La sentencia de fecha 30 de junio de 2003 dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Centro Judicial de Concepción rechazó el recurso del letrado Alberto Carmona, por considerar que carece de legitimación para impugnar la sentencia de fecha 30/6/2000 (cfr. fs. 570 y siguientes). El Tribunal destacó que el interés y legitimidad de su actuación en la litis está dado por los derechos derivados del encuadre de su crédito en el art. 264 inciso 4 de la ley 19.551, según lo manifiesta el recurrente a fs. 80. Por ello el Tribunal consideró que no le asiste ningún interés en impugnar la reserva efectuada según el art. 268 de la ley 19.551, porque como apoderado de los trabajadores por quienes actuó, sus honorarios tienen las previsiones del art. 264 inc. 4, a la vez que expresó que el recurrente no tuvo ninguna intervención en relación a los bienes sobre los que recae el privilegio especial, y que por ello no tiene interés legítimo para impugnar. (Cfr. fs. 570 vta. y 571).

En su recurso de casación, el recurrente expone los antecedentes y menciona las sumas de dinero afectadas a la reserva del art. 268, de lo que surgiría que en el proyecto de distribución parcial propuesto por el Síndico, quedaría para distribuir entre los acreedores del art. 264 -entre los cuales se encuentra- la suma de $64. Señala que la reserva ordenada -25% sobre la base regulatoria- representa algo más del 50% del total de los fondos depositados en la quiebra (cfr. fs. 598 vta.). Resalta que todo ello le irroga un serio perjuicio patrimonial y que tiene un legítimo interés en recurrir la sentencia del 30/6/2000, que deriva de su calidad de acreedor del concurso, dado que es lesiva a sus derechos e intereses. Expresa que la sentencia recurrida trastocó el sistema de privilegios de la ley, al haber incluido injustificadamente créditos en la reserva del art. 244 de la ley 24.522. Considera que si se le concedió el recurso de queja directo, ello significa igual reconocimiento en relación a la apelación en sí misma.

III. 2.- El recurso de casación del Dr. Alberto Carmona debe declararse mal concedido, por los siguientes motivos.

Debe resaltarse, en primer término, que la sentencia que se recurre no causa un gravamen irreparable, lo que determina la inadmisibilidad del recurso de casación por falta de definitividad (art. 813 CPCC).

Por otra parte, el principio general en materia de inapelabilidad de las resoluciones consagrado en el art. 273 inc. 3 de la ley 24.522 es aplicable, resultando pertinentes al presente recurso las consideraciones vertidas a propósito de la inapelabilidad, la falta de definitividad de la sentencia y la impugnación de cuestiones fácticas a propósito del recurso de la letrada Cardoso de Jantzon, las que se dan por reproducidas para este caso. A ello puede añadirse la falta de interés legítimo del recurrente en impugnar la reserva de los honorarios de otros profesionales, dado que su crédito no tiene derecho a la reserva que cuestiona que se antepone a los créditos con privilegio especial, siendo que el crédito del recurrente no tiene tal rango.

III. 3.- Por lo expresado, corresponde declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el letrado Alberto Carmona, con costas.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur; dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, votan en el mismo sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO al recurso de casación presentado por la letrada Cristina Cardoso de Jantzon (fs. 611 y ss.) contra la sentencia de fecha 30/6/2003 dictada por la Cámara en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción (fs. 570 y ss).

II.- DECLARAR MAL CONCEDIDO al recurso de casación presentado por el Dr. Alberto Carmona (fs. 594 y ss.) contra la sentencia de fecha 30/6/2003 dictada por la Cámara en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción (fs. 570 y ss).

III.- COSTAS de ambos recursos como se consideran.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.- ALFREDO CARLOS DATO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA