marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Municipalidad, personal municipal, traslado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ, PEDRO IRINEO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 303-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

El análisis sistemático del Estatuto para el Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia, aprobado por Ley 9286, permite arribar a la conclusión de que la no inclusión expresa de normas específicas no autoriza a entender que la Administración tenga prohibido trasladar a sus empleados fuera de aquellas situaciones típicamente reguladas. Esto es así por cuanto, si en el supuesto del artículo 35 de dicho Estatuto, se le reconoce a la Administración Municipal la facultad de trasladar "por razones de servicio" al personal a otra sede (aún afectando la situación del agente de modo radical, como es el cambio de residencia), aunque si bien abonándole la indemnización por desarraigo cuando el traslado es con carácter permanente: con mayor razón no puede negársele la posibilidad de que si "el servicio lo requiere", se disponga el traslado a otras dependencias dentro de la misma sede.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, embotelladora de gaseosas, distribuidor de gaseosas, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: PICAZO, JORGE c/ CRUSH  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-30

La circunstancia de que la empresa Crush s.a. elabore el concentrado base para bebidas sin alcohol y autorice el uso de su marca, no alcanza para configurar la solidaridad establecida en el art. 30 de la LCT, con las otras dos empresas que embotellaban el producto (Pen S.A. ) y lo distribuían (Norcaf S.A. ), si no se acreditó que el objeto de la primera consistía en la venta de bebidas al público o que ésta efectuaba algún control en la elaboración definitiva de las gaseosas o imponía ciertas condiciones para ello.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bally, Rubén G. c/ Ricardo A. Sabbag Producciones S.R.L. s/ Indemnización incumplimiento contratual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

Corresponde anular de oficio el fallo que omite el tratamiento de una cuestión esencial sometida oportunamente a su conocimiento impidiendo con ello la consideración del recurso de inaplicabilidad de ley.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, contrato de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Leyendeker, Edgardo A. A. c/ El Litoral S.R.L. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de   pesos laboral (Expte. CSJ Nº 804-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-25

El acierto o error con que los Juzgadores valoraron la prueba, interpretaron los hechos, las normas y fallaron la causa y la mera oposición que denota el perdidoso en sus planteos no depara caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte, cuya misión es efectuar el control de la adecuación de la sentencia al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional. En el caso, discrepando con el análisis que la Sala efectuara en pos de determinar la relación que vinculara a las partes a la luz de las pruebas producidas en los autos y, en base a las cuales, concluyera que no existía relación laborativa entre ellas, el recurrente se empeña en oponer su propio enfoque de la solución, asentado en su particular apreciación de las circunstancias fácticas y valoración del material probatorio.
Medidas cautelares, contracautela
Materia: PROCESAL
Carátula: AGRASO MARIO RODOLFO Y OTROS c/ MUTUAL PERSONAL Y.P.F. s/ SUMARIO-DAÑOS  Y  PERJUICIOS-PIEZA  SEPARADA DE RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-04-19

La contracautela es el medio que sirve para asegurar preventivamente el eventual crédito de resarcimiento de aquellos daños que podrían resultar de la ejecución de la medida precautoria si en definitiva la misma se revela como infundada.
Estafa, espacio guardacoche, condominio, reglamento de copropiedad y administración
Materia: PENAL
Carátula: FELD, MARIO Y OTRO. s/ DEFRAUDACION, ESTAFA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-26

1) No configura el delito de ESTAFA el accionar de los imputados que vendieron un departamento, con una catorceava parte indivisa de dos unidades asignada en la planta baja a guardacoches, lo que resultó de imposible cumplimiento, pues de ninguna manera los espacios estipulados podían ser simultáneamente ocupados por 14 vehículos, sino sólo por 8.

2) Es que las mencionadas falencias y el incumplimiento de parte de los procesados de lo convenido en los artículo 2do. y 7mo. del Reglamento de Copropiedad, no mediando maquinaciones dolosas para engañar o burlar la buena fe de los compradores, no es suficiente para configurar la estafa o la defraudación, pues no siempre la pretendida intención maliciosa atribuida a los vendedores, son del resorte de la Justicia en lo Criminal y en el caso no se ha demostrado que las viviendas fraudulentamente fuesen transmitidas en condiciones de inferioridad en punto a la SUSTANCIA, CALIDAD o EXTENSION de LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS, por lo que tampoco se ha configurado la hipótesis delictiva legislada en el artículo 173 INCISO 1ro. C. Penal.

3) En el caso de autos se debaten cuestiones propias de la JURISDICCION CIVIL, atinentes a los derechos que competen a los comuneros en el condominio con indivisión forzosa con las especificaciones contenidas en el REGLAMENTO DE COPROPIEDAD, sobre el uso que ha de aplicarse a las partes comunes del edificio, destacándose que no se vendió una cochera, o sea un espacio delimitado, sino simplemente una PARTE INDIVISA, por lo que no han existido actos positivos de ocultación, dolo o abuso de confianza 4) Siendo la PROPIEDAD HORIZONTAL un derecho real autónomo, que participa del dominio y del condominio y encontrándose los querellantes usando y gozando de la cosa adquirida conforme al destino establecido por el reglamento de copropiedad, se concluye que no nos encontramos frente a un delito, máxime si se considera que aquéllos no hicieron la menor salvedad en cuanto a los espacios guardacoches, ello sin perjuicio de los derechos que los mismos pudieren hacer valer en sede civil.
Exhibiciones obscenas, denuncia, delito dependiente de instancia privada, Municipalidad, representación del Estado en juicio, representación legal
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BS. AS. s/ ACCION  DEPENDIENTE  DE  INSTANCIA  PRIVADA.  EXHIBICIONES  OBSCENAS.  PUBLICACIONES OBSCENAS. NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-01

Por ser el delito denunciado perseguible únicamente a instancia de parte, al no actuar la apoderada de la Municipalidad en calidad de particular ofendida por el delito que anoticia (art. 72 CP), corresponde no dar curso a la denuncia y declarar la nulidad de lo actuado.

NOTA: Aclaración del Dr. Zaffaroni: 'Que comparto el criterio de los Sres. Jueces preopinantes, agregando que considero que sólo puede ser titular del derecho de denuncia quien haya sentido lesionado su sentimiento de pudor o recato, afectado contra la voluntad del denunciante, quien sin concurso de su intención se haya visto forzado a la presencia de un espectáculo como el que se describe. En el caso, sería inadmisible, porque el denunciante penetró a un local voluntariamente y habiendo reconocido un anuncio que indicaba la naturaleza del espectáculo. Con este fundamento me adhiero a lo votado por los Sres. Jueces preopinantes'.
Contribuciones especiales, promoción industrial, industria automotriz, ley vigente
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: E.N.  (MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA) c/ VOLKSWAGEN ARGENTINA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

El Dec - Ley 8.655/63 no fue derogado expresamente por ninguna norma, ni tampoco ha sido derogado tácitamente por la desaparición de las circunstancias que motivaron su sanción.
Ejecución fiscal, Seguridad social, procedimiento judicial de la seguridad social, regulación de honorarios, resoluciones inapelables, Ley de Procedimiento Tributario
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: FISCO NACIONAL DGI c/ LABORATORIOS BETA SAIC s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-03

Toda vez que la intervención de la Alzada ha quedado vedada para las ejecuciones donde se persigue el cobro de los recursos de la seguridad social en los términos del art. 92, Parágrafo 9° (según leyes 23.658 y 23.871) de la ley 11.683 en esa amplitud de supuestos queda comprendida la materia regulatoria, que en tales circunstancias deviene en accesoria de la obligación principal, que es inapelable (art. 92, Párrafo 9° ley 11.683), correspondiendo pues que siga igual suerte que esta última. (Cfr. esta Sala 8233 del 6.12.91, 5655/93 del 9.2.93, entre muchas otras).
Comisión por ventas, remuneración, afiliados previsionales, depósito, ejecución del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: TURRI, Ana c/ SIEMBRA AFJP s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

Resulta ilegítimo supeditar la percepción de las comisiones al haber reunido un mínimo de afiliaciones o al efectivo depósito de los aportes, toda vez que ello importaría exigir la ejecución del contrato, hecho al que el empleado que realizó la afiliación es ajeno totalmente.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, honorarios del abogado, regulación de honorarios, ley nacional, ley provincial, derecho a la justa retribución
Materia: PROCESAL - CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Aguerre, Carlos Oscar c/ Instituto de Previsión Social. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

La sentencia que reguló honorarios en un recurso extraordinario aplicando el decreto-ley 8904/77 de la Provincia de Buenos Aires es descalificable, no sólo por haber prescindido de la ley nacional que específicamente rige el caso, sino debido a que cercena el derecho a la retribución justa del profesional efectuado que, al contestar el traslado del remedio federal y resultar vencedor en su planteo por haber sido éste rechazado, recibirá una remuneración inferior a la que le habría correspondido en el supuesto de apertura de la apelación federal ya que la regulación la hubiera efectuado la Corte en el marco de la ley 21.839.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Cruz, Claudio J. s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

Es inadmisible el planteo en el que se denuncia violación del art.

166 inc. 2 del Código Penal por haberse considerado el hecho como un robo calificado por el uso de armas y no en los términos del art.

164 como lo pretende el recurrente, si dicho planteo no ha sido sometido al conocimiento de la Cámara en el momento procesal oportuno, por lo que no puede ser traído intempestivamente ante esta Corte, (art. 355 del C.P.P., según ley 3589 y sus modif.).
Violencia laboral, cuestiones de competencia
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Princich, Micaela Alejandra c/  s/ Varios (Violencia de Género
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-10-12

Corresponde recomendar a los jueces que en lo sucesivo cuando se reciban denuncias de violencia en alguna de las modalidades previstas en la Ley 26.485, se adopten las medidas precautorias urgentes sin demora alguna, aun cuando la competencia para intervenir en el principal, deba determinarse posteriormente -art. 22 segundo párr. Ley 26.485-.
Títulos de crédito, warrant, inhabilidad de título, endoso, primer endoso, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BANCO FRANCES DEL RIO DE LA PLATA SA c/ OLIVARES Y VIÑEDOS SAN NICOLAS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-22

Procede desestimar la excepción de inhabilidad de título planteada en la ejecución de un warrant, basada en que no cumplidos los recaudos previstos en la Ley 9643, art. 17 resultaría improcedente la ejecución en los términos del art. 20 de dicha norma, toda vez que, en tanto el "primer endoso" de un warrant efectuado por el depositante no es tal, sino que importa la emisión del título y su puesta en circulación (cfr. Favier Dubois, "Títulos de Warrant.

Emisión. Negociación y Ejecución", doctr. Solicitaría Errepar, mayo de 1994, pág. 3, paragr. 5.2), dicha norma no es aplicable al caso, en tanto la ejecución se dirige contra la emisora y no contra un endosante al que se refiere la ley; por lo que en tanto el referido art. 17 prevé que, para el caso de que no haya endoso, el plazo legal -diez días - para pedir la venta en público remate de las mercaderías afectadas, puede ser excedido y se transforma en una facultad, el derecho de ejecución del demandante no se encontraría perjudicado.
Sanciones conminatorias, astreintes, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: VIVIANI CARLOS c/ FUKELMAN DORA s/ Fijación de término
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-27

Las astreintes corren desde el momento en que la resolución que las establece queda ejecutoriada y es notificada al obligado (conf.

Llambías, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", t.I, p. 113, Nro 90; Belluscio, "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado", t. 3, p.249, Nro 9, Borda, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", 4a.

ed. t. I, p. 60, Nro 46, quint.).-
Transporte terrestre, contrato de transporte, forma del contrato, prueba, presunciones, carta de porte
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA Y CIA. S.A. Y OTROS c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

La ausencia de carta de porte no perjudica la acreditación del contrato de transporte, ni por ende, la efectiva entrega de la carga al porteador ya que, no exigiendo la ley mercantil la emisión de aquélla de modo inexcusable (arg. arts. 165 y 167, segundo párrafo, Código de Comercio), tales extremos pueden ser comprobados por todos los demás medios de prueba que dicha ley admite en la materia, documentos, correspondencia, libros de comercio, confesión de parte, testigos e, inclusive, presunciones (arg. arts. 167, segundo párrafo y 208 del Código de Comercio).
Empleados públicos, sumario administrativo, ausencias injustificadas, gobierno de facto, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, privación ilegal de la libertad, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Perrone, Elba  Clotilde c/ Estado  Nacional  - Dirección General Impositiva. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

En el caso en que se rechazó toda responsabilidad disciplinaria de la empleada derivada de sus ausencias, y se la suspendió sin derecho a percibir haberes durante el lapso en que la actora se vió ilegítimamente privada de su libertad, no cabe formular analogías a partir del régimen de franquicias y licencias, sino aplicar las normas atinentes al procedimiento disciplinario o, en su caso, integrar las lagunas con sus principios.
Prueba pericial, dictámenes
Materia: PROCESAL
Carátula: PLANAGRO S.R.L. c/ Consorcio de Exportacion Productores de San Juan s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-08-02

Respecto de como debe impugnarse una pericia se ha resuelto que la misma debe contener una advertencia concreta y terminante de cuales son los defectos que se le impugnan, que permitan desvirtuar su fuerza probatoria. Por ello son insuficientes las meras objeciones al dictamen, es necesario algo más que disentir, es menester arrimar evidencias capaces de convencer al juez de que lo dicho por el especialista es incorrecto, que sus conclusiones son erradas o que los datos proporcionados como sostén de sus afirmaciones son equivocadas.
Seguros, cobertura, obligaciones del asegurador, interpretación restrictiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAIDANA DUARTE c/ S.K.S. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

La finalidad del seguro de responsabilidad civil no se agota en el interés particular de los contratantes sino que tiende asimismo a la protección de los derechos de los damnificados, lo que impone una interpretación restrictiva de las defensas oponibles a ellos con base en la ausencia de cobertura. De ahí que cuando se contrata el seguro para la realización de una obra determinada y por un lapso relativamente breve, la compañía aseguradora debería tomar los recaudos necesarios para saber a quien está otorgando el seguro, como así también las condiciones en las que trabaja la empresa, pues luego de ocurrido el siniestro no puede pretender que el asunto se resuelva con ligereza y se deje sin cobertura a la parte más necesitada.
Honorarios del abogado, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco del Chaco c/ Suc. de Segundo N. Quiña s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-15

No se advierte que la reducción de los honorarios de los abogados del Estado dispuesta por la ley 2868 del Chaco tienda, en el caso, "a facilitar posibles soluciones al serio problema del endeudamiento que aqueja a sectores generalizados de la provincia", como pregonan los fundamentos de dicha ley, si tan solo se revela que queda absorbida una parte esencial del ingreso que podría obtener el letrado por su actuación judicial, que es justamente la que permitiría al Estado obtener el cobro de su crédito y por otra parte los demandados no han comparecido al juicio, lo que demuestra que la medida no ha facilitado solución alguna.
Derecho procesal, nulidad procesal, acción autónoma de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: PARODI  COMBUSTIBLES  SA c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SAS/ s/ CCION DE NULIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-05

A los fines de decidir la instancia competente para conocer en la acción deducida, se debe tener en cuenta que la producción y evaluación de la prueba ofrecida resultan ajenos -como principio- a la jurisdicción de la Alzada, correspondiendo que ese trámite se desarrolle ante el señor Juez y a los fines de asegurar la doble instancia y el debido ejercicio del derecho de defensa, el que ostenta raigambre constitucional (conf. esta Sala, causas 7708/07 del 23.12.08, 12.527/03 del 5.11.09, 6210/99 del 16.3.12, 3672/10 del 10.3.11, entre muchas otras). Por otra parte, se debe tener presente que la amplitud de la defensa es un camino necesario para el logro de la preminencia de la verdad jurídica objetiva (Corte Suprema, Fallos 238:550; esta Sala, causa 11.999/07 del 24.9.09).
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, concurso de delitos, sobreseimiento, nulidad procesal, revocación del sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "PEREYRA, Pablo N. s/ sobreseimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-01

Si los objetos cuya tenencia se reprocha responde a una clasificación común -tenencia simple de estupefacientes afectando a un mismo bien jurídico, ni la cantidad, ni los diversos momentos de entrada en posesión o lugares de incautación, autorizan la proclamada escisión. Una es la tenencia de bienes de la misma especie como la esfera de custodia y disponibilidad del individuo que los contiene, sin perjuicio de que la pluralidad de objetos evidencien un mayor contenido de injusto que se reflejará en el monto sancionatorio que en definitiva se imponga..." (ver Sala II, causa n° 10.581 "CHIARELLA", del 24/5/95 y "GUTIÉRREZ", del 21/10/95 y sus citas). Así las cosas con el dictado de sobreseimiento solo respecto de alguna de las sustancias incautadas se ha desmembrado incorrectamente diversos aspectos del hecho en cuestión, como si se tratasen de sucesos escindibles que acarrean su revocatoria.
Recurso extraordinario, cuestión de derecho común, convenios colectivos de trabajo, contrato de trabajo, empleados públicos
Materia: LABORAL
Carátula: Ríos, Enrique Francisco c/ A.N.A. s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-14

Determinar si el art. 143 del convenio colectivo 198/75 debe ser integrado con el art. 257 del Régimen de Contrato de Trabajo, por aplicación del art. 135 del mismo convenio, es tema de derecho común.
Quiebra, pedido de quiebra, juicio ejecutivo, embargo, acumulación de procesos
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONARGES SOCIEDAD ANONIMA s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-11

El embargo de bienes de la deudora en la ejecución individual promovida por el peticionante de la quiebra, suficiente para responder por el crédito reclamado -extremo éste declarado por el juez de grado y no desvirtuado por el recurrente-y que se hallan en poder del mismo acreedor, determina la inexistencia del estado de cesación de pagos en tanto no se configura la hipótesis de impotencia patrimonial que presupone la declaración de la falencia.

De modo que resulta inadmisible la pretensión de la acreedora, que provocaría la acumulación de la ejecución colectiva y la individual, tanto más como cuando en la especie los bienes embargados en el proceso ejecutivo son suficientes para atender el crédito con el cual se solicitó la declaración de la quiebra.
Morosidad del proceso, procedimiento laboral
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Dr. Gerardo Daniel Cacace s/ queja por retardo de justicia en autos: Saucedo, Calixto c/Franco, Eleno y/u otros s/accion comun
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-11-07

Sin perjuicio de que en el procedimiento laboral no está previsto el Recurso de Queja por Retardo de Justicia, ni en el código específico que rige para la materia, como tampoco en el Código de Procedimientos en materia Civil y Comercial de Formosa, corresponde que por vía de Superintendencia de la Secretaría de Gobierno se tramite la cuestión planteada, dado que las irregularidades denunciadas por el recurrente -sucesivas suspensiones de la audiencia de vista de causa e incumplimiento de la Acordada 2608- resultan atendibles.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), reserva de la cuestión federal, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GUTIERREZ, VENANCIA TOMASA c/ CARDINALI, MARILINA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-09

En lo que respecta al planteo de inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley 7055 que la quejosa introdujo en su presentación directa, es de señalar el yerro en que incurre, pues dicha norma establece ante quién debe interponerse el recurso (esto es, ante el tribunal que dictó la sentencia recurrida), lo que efectivamente fue realizado por la ocurrente, por cuanto la impugnación fue deducida ante el A quo que es el tribunal superior de la causa; y, en efecto, al haber postulado la compareciente que corresponde que los requisitos de admisibilidad y procedencia del remedio constitucional sean evaluados por un tribunal distinto del que emitió el pronunciamiento que se cuestiona, debió concretamente haber planteado la inconstitucionalidad del artículo 6 de la ley 7055 al momento de interponer el remedio extraordinario, dado que su formulación en la queja importa introducir nuevos agravios y ello no se compadece con la exigencia de que el recurso se deduzca en un plazo determinado y por ante el tribunal ordinario que sentenció la causa definitiva, ni desde luego con la defensa en juicio, ya que en la queja no es parte el adversario en la litis, quien así se vería privado de contestar estos nuevos agravios con grave menoscabo de aquella garantía. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículos 2 y 6