Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-04


Salta, de mayo de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "CHILO, Fernando M. vs. DIAZ PATRON, Mercedes Inés - SUMARIO", Expte. Nº 76992/03 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 6ª Nominación; Expte. Nº 257837/9 de Sala y C O N S I D E R A N D O La doctora Graciela Carlsen dijo:

I. El señor Fernando Chilo demandó por cumplimiento de contrato de compraventa a Mercedes Díaz Patrón y, en subsidio, para el caso de imposibilidad de escrituración, demandó por resolución de contrato y daños y perjuicios. La demandada se allanó a la demanda por escrituración y reconvino por el cobro de la suma de U$S 14.332,85 en concepto de capital con mas los intereses convenidos.

La sentencia hizo lugar a la reconvención y condenó al actor a pagar a la reconviniente la suma de $2.000 por capital con mas los intereses pactados, e hizo lugar a la demanda y condenó a la demandada a escriturar el inmueble objeto del contrato a favor del actor en el plazo de treinta días de producida la cancelación del saldo de precio, bajo apercibimiento de resolución del contrato con mas daños y perjuicios. Impuso las costas por el orden causado (fs. 120/123).

Apelaron el fallo ambas partes (fs. 125 parte demandada, fs. 141 actora). Al fundar el recurso la parte actora, manifiesta que se agravia del fallo en cuanto hizo lugar parcialmente a su pretensión y la condena a abonar un saldo de $2.000 mas intereses, cuando en realidad el mismo se encuentra cancelado. Afirma que está acreditado que la intención de la actora fue despojarla de su casa al no poder escriturar durante mucho tiempo por la calidad de la tierra (contaminada con bórax) y añade que el sentenciante no tomó en cuenta todos los pagos realizados y la documentación presentada por su parte, pese a que fue reconocida por la demandada (fs. 167/168).

La demandada reconviniente se agravia del fallo, en cuanto si bien hizo lugar a la reconvención, lo fue por una suma notablemente inferior a lo solicitado por su parte toda vez que descontó la suma de $ 3.000 provenientes del recibo cuya copia obra a fs. 9. Afirma que el razonamiento del juzgador resulta contrario a la lógica jurídica y contradice lo expresado por el propio actor en la demanda. Advierte que el boleto de compraventa firmado por las partes es un modelo de contrato preimpreso, de modo que no refleja con exactitud lo acontecido, de manera que lo que se dice recibir "en el acto" bien pudo recibirse antes de ese acto, lo que fue reconocido por el propio actor al demandar. Añade que resulta inadmisible que se acepte que la seña de $ 3.000 no fue tenida en cuenta, cuando el actor no ha aportado absolutamente ninguna prueba para acreditar que esa entrega no se tuvo en cuenta en el pago inicial. Tampoco ha dado una explicación lógica de porqué se descontó el pago de $1.000 y no se descontó la seña de $3.000. Entiende que no resulta lógico otorgar un valor definitorio a la redacción de la frase referida al pago de contado y resulta mas lógico imputar todos los pagos realizados como seña antes de la firma del contrato. Que aunque se aceptara como hipótesis absurda que la seña no se descontó del pago inicial, tampoco se puede aceptar que se descuente de las cuotas posteriores porque ello contradice lo pactado por las partes. Añade que el contrato de compraventa fue firmado con fecha 29 de marzo de 2000 en el cual se dice que se hace un pago inicial de $ 5.500 y que queda un saldo de $ 9.500, lo que significa que las partes expresamente reconocen que el saldo al 29 de marzo de 2000 es de $ 9.500, a lo que el actor dio inicio de cumplimiento y abonó sin realizar planteo alguno, las primeras nueve cuotas pactadas, lo cual determina la existencia de un saldo de $ 5.000. Señala que el juez descontó el monto contenido en un recibo de fecha 19 de marzo de 1999 pero ello es inaceptable, ya que un pago anterior no se puede imputar a la cancelación de una obligación nacida con posterioridad y viola la lógica y lo pactado en el contrato, pues la seña se descuenta siempre del pago inicial y al 29 de marzo de 2000 se pactó que el saldo era de $ 9.500. Solicita se revoque la sentencia y se disponga que el saldo de capital adeudado es de $ 5.000.- ______Se agravia asimismo en cuanto a la condena por intereses a la que considera confusa. Señala que la tasa de interés ha sido pactada en el contrato y no hay razón alguna para proceder a su revisión, máxime cuando la deuda original estaba pactada en dólares y por imperio de la ley 25.561 se debe pesificar, además del proceso inflacionario. Entiende que por ello no corresponde que la sentencia difiera la determinación de los intereses ni deje a salvo la posibilidad de su revisión.

Por último, solicita se revoque la sentencia en cuanto dispone que el monto será pagadero en el plazo de amortización que las partes acuerden en la etapa de ejecución de sentencia. Añade que según el contrato, las cuotas no abonadas tenían vencimiento entre el 10/2/01 y el 10/11/01 de manera que llevan mas de siete años de mora con lo cual son exigibles de inmediato y no existe razón alguna que justifique que se fije un plazo de amortización y mucho menos que este sea el que acuerden las partes por cuanto deja la cuestión sin resolver.

II. La parte actora se queja de la sentencia en cuanto condena a su parte a abonar un saldo de precio -$ 2.000-, al afirmar que el mismo se encuentra cancelado. A su vez la demandada lo hace por entender insuficiente el monto por el que ha prosperado la reconvención, en tanto considera que el saldo de capital asciende a la suma de $ 5.000 desde que la suma de $ 3.000 fue abonada en concepto de seña, y descontada al momento de suscribirse el contrato. Se agravia asimismo en cuanto el fallo no condena a la actora a abonar los intereses pactados y deja la posibilidad de su revisión en etapa de ejecución, así como también deja librado al acuerdo de partes la forma de cancelar el saldo adeudado por capital e intereses.

III. En orden al recurso de la parte actora, cabe señalar que si bien impera un criterio amplio respecto de la apreciación de la técnica recursiva, armonizador con la garantía de la defensa en juicio, existe un mínimo legal en la misma por debajo del cual las consideraciones o quejas traídas carecen de entidad jurídica como agravios en el sentido que exige la ley de forma (CNCom., sala A, La Ley 2001-B,861).

La expresión de agravios cumple en el procedimiento de apelación una función en cierta medida análoga a la de la demanda en primera instancia, ya que su contenido delimita las potestades decisorias del tribunal de alzada (Palacio, Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, 1975, t. V, p. 265 y ss.) Es decir, en ella fija el apelante el ámbito de su reclamo (Podetti, Tratado de los Recursos, p. 164).

Por su parte, la jurisprudencia ha señalado, que en ausencia de fundamentos especiales referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las aspiraciones del recurrente, no hay agravio para atender en la alzada (CSJN, Rep. ED, 10-937, n° 58; CNCiv., sala E, ED, 86-818). Lo que se requiere es un razonamiento coherente que demuestre el desacierto del análisis contenido en el fallo que se impugna, máxime cuando este último ha sido adecuadamente expuesto (CNCiv., sala C, ED, 67-206). La crítica concreta y razonada que debe contener el memorial de agravios ha de consistir en la indicación pormenorizada de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyan a la sentencia, mediante el desarrollo analítico de las cuestiones en debate, con los argumentos jurídicos y fácticos que fueren pertinentes para desvirtuar los que sustentan el pronunciamiento (CNCiv., sala C, ED, 98-577).

En el caso, la recurrente se limita a exteriorizar su opinión discrepante con la del señor juez a quo en orden al saldo que se estableció como adeudado por su parte, pero no formula en el memorial una sola crítica fundada y razonada en contra de los fundamentos de la sentencia impugnada, en los términos exigidos por el art. 255 del CPCC, lo que habilita a declarar desierto el recur-so.

IV. En cuanto al recurso de la demandada reconviniente, cabe señalar que le asiste razón en cuanto al saldo que el fallo impugnado estableció como adeudado por la actora. En efecto; de la cláusula segunda del boleto suscrito por las partes en fecha 29 de marzo de 2000 para instrumentar el contrato de compraventa de cosa futura respecto de una parcela del inmueble de mayor extensión catastro nº 120.933, emerge que el precio se pactó en la suma de dólares estadounidenses quince mil, abonándose en ese acto la suma de US$ 5500 y el saldo de US$ 9500 en 19 cuotas mensuales de quinientos dólares cada una. De los recibos acompañados como prueba por la actora surge que ésta abonó 9 de las 19 cuotas pactadas, o sea la suma de $ 4.500, restando un saldo de $ 5.000.

No es posible interpretar como lo hace la sentencia impugnada, que la suma de $ 3000 abonada en fecha 19 de marzo de 1999 por la actora, debe imputarse como pago y deducirla del saldo estipulado por las partes como adeudado y que se abonaría en 19 cuotas mensuales y consecutivas, desde que, en primer lugar, conforme el recibo acompañado como prueba por la misma, surge que ese pago se efectuó con anterioridad a la firma del boleto, por lo que resulta incongruente imputarlo a un pago posterior, y por cuanto la imputación del mismo lo fue "en concepto de seña por 4 lotes catastro 120933". Es decir, no se imputó, como si se lo hizo con los restantes recibos de fechas 22/5/00, 16/7/00, 13/9/00, 4/11/00, 1/12/00, 30/12/00, 28/2/01, 30/4/01 y 31/5/01 al pago de las cuotas 1 a 9 respectivamente.

No empece a ello, que en la cláusula segunda del boleto, que fija el precio y la forma de pago, se haya consignado que la suma de U$S 5500 se recibe en ese acto, desde que como lo afirma la recurrente, se trata de un contrato preimpreso, por lo que bien pudo referirse ese monto, a la suma abonada con anterioridad por el comprador en concepto de seña y otros pagos efectuados a cuenta del precio pactado, como da cuenta el recibo por $ 1000 de fecha 14 de marzo de 2000, el que, contradictoriamente, si fue imputado dentro del pago inicial de $ 5.500. Esto resulta coherente además, con lo acordado por las partes en la cláusula en cuestión, en cuanto al saldo adeudado de $ 9.500, y con la carta documento remitida por la reconviniente al actor en fecha 4 de julio de 2003 -presentada como prueba por el mismo y reservada en secretaría-, en la que se consignan como adeudadas 10 cuotas, lo que ha quedado reconocido por la actora.

En consecuencia, el agravio de la demandada reconviniente, en este aspecto, deviene admisible, por lo que corresponde revocar el fallo en este aspecto.

V. En orden al agravio referido a los intereses, cabe señalar que es verdad que la sentencia ha dejado la cuestión para definirse en etapa ulterior de ejecución de sentencia, por lo que respecto de la misma se ha omitido el pronunciamiento. El reconviniente en su demanda solicitó expresamente se condene al actor a abonar -juntamente con el capital reclamado-, los intereses pactados en el contrato, lo cual requería una decisión expresa, positiva y precisa (art. 163, inciso 6º, CPCC).

En la cláusula segunda del boleto de compraventa, las partes pactaron para el caso de mora, que el comprador abonaría un interés igual al que cobre el Banco de Salta S.A. por giro en descubierto no autorizado en cuenta corriente. La entidad bancaria mencionada ha sido absorbida por el Banco Macro, por lo que cabe tomar como referencia la tasa que cobra dicha entidad para ese tipo de operaciones y determinar si la misma resulta razonable. La tasa pactada es la mas elevada que cobran las instituciones financieras, que en el caso asciende para el mes de febrero de 2001 -fecha de mora-, aproximadamente al 73% anual, por lo que los agravios, en este aspecto, no pueden prosperar. Ello así, pues si bien las partes pueden libremente pactar sus obligaciones y derechos, esta facultad encuentra un límite cual es la razonabilidad. Hay que tener en cuenta que se trata de una obligación originariamente pactada en dólares estadounidenses, moneda pretendida por la demandada en su recon-vención y en su expresión de agravios, pero que, en acatamiento a lo que dis-ponen el decreto 214/2002 y las leyes 25.561 y su modificatoria, la ley 25.820, debe ser convertida a razón de un dólar estadounidense o su equivalente en otra moneda, por un peso argentino, con aplicación de las disposiciones sobre el C.E.R. Es decir, no es un dólar igual a un peso, sino un dólar igual a un peso ajustado por el coeficiente de estabilización de referencia atendiendo a que las disposiciones relativas a los coeficientes de Estabilización de Referencia y Variación Salarial -ley 25.642; decretos 214/02, 762/02, 1242/02; comunicaciones BCRA A 3507 y 3762, comprensivas de los créditos en moneda extranjera alcanzados por la "pesificación uno a uno", deben aplicarse de oficio, pues no se trata de normas supletorias sino imperativas -en tanto sustituyen lo pactado-, sin perjuicio de la renuncia expresa o tácita que pueda hacer la parte favorecida por su aplicación, según el ilustrado voto de la Dra. Graciela Medina (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, sala I, 03/12/2002, Salgado, José A. c. Argentini, Silvia y otro, publicado en LLBA 2003, 308, con nota de Carlos E. Ribera, consultado en La Ley online).

No existiendo esa renuncia expresa ni tácita de la acreedora, atendiendo al aludido reclamo en moneda de origen, la deuda por capital ha de determinarse al formularse la liquidación conforme el ajuste legal referido, lo que conduce a determinar la legalidad o razonabilidad de la aplicación de los intereses sobre el resultado del mismo. Si bien la aplicación del C.E.R. no autoriza, por sí misma, al apartamiento de los intereses pactados, salvo que éstos luzcan, según lo convenido en el contrato, y lo es en este caso, como manifiestamente irrazonables (cf. Carlos Enrique Ribera, "Los intereses de las obligaciones ajustadas por CER y CVS, Suplemento Especial de la Revista La Ley, Intereses, Julio 2004, p. 94), habida cuenta la repotenciación del capital que desde el mes base del C.E.R. (febrero de 2002) hasta el último índice conocido (2,4772 del 6/5/2010), resulta prudente para restablecer el equilibrio contractual la tasa del 18% anual desde febrero de 2001 hasta febrero de 2002 (fecha base del CER, en que comienza el ajuste), y del 8% a partir de este momento hasta el efectivo pago, sobre el capital repotenciado.

VI. Por último, en cuanto al agravio referido a la cancelación de la obligación establecida en la sentencia, teniendo en cuenta que en el contrato se ha pactado la mora automática -cláusula segunda in fine- y que el actor -reconvenido ha incurrido en mora, no corresponde establecer un plazo de "amortización" porque la obligación se ha tornado de plazo vencido (arts. 509 y cctes., Cód. Civil). Siendo así, el actor deberá abonar el capital reclamado con mas los intereses a la tasa establecida en el capítulo anterior, en el plazo de treinta días de practicada y aprobada la liquidación que deberá confeccionar la demandada reconviniente. En el mismo plazo, la mencionada deberá escriturar el inmueble vendido a favor del actor -previo pago del saldo-, bajo apercibimiento de resolverse la obligación por la de daños y perjuicios a determinarse por vía sumarísima (art. 523, CPCC).

VII. Por todo lo expuesto, el recurso debe prosperar parcialmente, en los términos expresados en los considerandos. Las costas se imponen por el orden causado atento al resultado de los recursos (art. 71, CPCC).

El doctor José Gerardo Ruiz adhiere al voto que antecede.

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) DECLARA DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 141 y HACE LUGAR PARCIALMENTE al recurso interpuesto por la demandada a fs. 125, en los términos expresados en los considerandos. Costas por su orden.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.