Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-29


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de mayo de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en los recursos de apelación judicial interpuestos a fs. 1603, 1608, 1610, 1616, 1619 y 1620 contra la sentencia de fs. 1590/1602, dictada en los autos caratulados: "Trujillo, Silvia Nora y Otros contra GCBA sobre Daños y Perjuicios (Excepto Responsabilidad Médica)", Expte. Nº "EXP 6400/0", y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dr. Carlos F. Balbín y Dr. Horacio A. G. Corti, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la sentencia apelada? A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo: I. (a) En el presente caso, Silvia Nora Trujillo, por su propio derecho y por la representación legal que ejerce sobre las menores Paola Fernanda Oviedo y Sonia Andrea Oviedo, promovió demanda contra Huarte S.A.C.I.F. y C. Empresa Argentina de Cemento Armado S.A. de Construcciones - UTE (Autopista 25 de Mayo) y contra Transporte del Sur por la suma de un millón trescientos sesenta y siete mil pesos ($1.367.000) en concepto de daños y perjuicios por el fallecimiento del Sr. Oscar Ricardo Oviedo, el día 22 de febrero de 1994, al ser arrollado por un camión de carga de la empresa "Transporte del Sur" conducido por el Sr. Américo Rolando Salías, en la bajada "Ingeniero Huergo" de la "Autopista 25 de Mayo". (b) A fs. 215/221 la accionada Huarte S.A.C.I.F. y C. Empresa Argentina de Cemento Armado S.A. de Construcciones - U.T.E. (Autopista 25 de Mayo) se presentó, opuso la excepción de falta de legitimación pasiva y contestó demanda. En dicha presentación señaló que al día del accidente los derechos de explotación de la Autopista 25 de Mayo se encontraban en cabeza de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y que ella solo estaba a cargo de la gestión, administración y percepción del peaje. Asimismo, citó en garantía a Sud América Compañía de Seguros de Vida y Patrimoniales S.A. (c) A fs. 243/244 se presentó la Compañía de Seguros "Sud América Compañía de Seguros de Vida y Patrimoniales S .A." contestando la citación en garantía y donde expresó que la relación contractual entre su mandante y Huarte S.A.C.I.F. y C. Empresa Argentina de Cemento Armado S.A. de Construcciones - U.T.E. (Autopista 25 de Mayo) incluía una póliza de responsabilidad que cubría la responsabilidad civil imputable al asegurado por lesiones y/o muerte de terceras personas y/o daños materiales a cosas de terceros. (d) A fs. 246/249 la actora contestó el traslado conferido respecto de la falta de legitimación pasiva opuesta a fs. 215/221. Asimismo, amplió demanda contra la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y contra "Autopistas Urbanas S.A.", en su carácter de adjudicataria de la Autopista 25 de Mayo. (e) A fs. 256/264 se presentó -por medio de gestor en representación- el conductor del camión, Sr. Américo Rolando Salías, y contestó demanda. Explicó que el día del accidente se comportó correctamente, tomando todos los recaudos necesarios para ingresar a la bajada "Ingeniero Huergo" a escasa velocidad. Agregó que mientras realizaba las maniobras con diligencia se percató de que la presión del freno caía a cero, intentó, entonces, avisar a los demás conductores tocando su bocina pero no pudo esquivar el vehículo conducido por el Sr. Oviedo. Por otro lado, solicitó la citación en garantía de la compañía de seguros "El Centinela Cooperativa de Seguros", impugnó la indemnización reclamada y ofreció prueba. (f) A fs. 282/287 se presentó Daniel Eduardo Ciancia, apoderado de "Autopistas Urbanas S.A." y contestó demanda. Expresó que si bien es correcto que su mandante construyó la autopista, no lo hizo en base a un proyecto propio sino sujetándose al que se hallaba previsto en los pliegos de licitación. (g) A fs. 302/317 se presentó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oponiendo la excepción de "falta de legitimación para obrar en el demandado" con base en lo prescripto por el art. 247 inc. 3º del CPCCN. Asimismo, contestó demanda y ofreció prueba. En dicha presentación, la Ciudad señaló que, en virtud de las declara ciones del chofer del vehículo embistente, el hecho no se produjo por supuestas deficiencias de la autopista ni de sus rampas o insuficiencia en la señalización, sino que se trató de un hecho fortuito. (h) A fs. 380/385 vta. se presentó la compañía de seguros "El Centinela Cooperativa de Seguros Limitada" contestando la citación en garantía y adhiriendo a la contestación de demanda presentada por el Sr. Américo Rolando Salias. (i) A fs. 412 la actora enderezó demanda contra Rosario Alfredo Di Pino y María del Carmen Dieser entendiendo su responsabilidad en calidad de propietarios del vehículo embistente. (j) A fs. 440/449 se presentaron Rosario Alfredo Di Pino y María del Carmen Dieser y contestaron la demanda. (k) A fs. 558/vta. se presentó el apoderado de "IAB Compañía de Seguros S.A.", en carácter de continuadora de "Sud América Compañía de Seguros de Vida y Patrimoniales S.A.". II. A fs. 640 tomó intervención el Defensor Público de Menores e Incapaces, en virtud de la representación de las menores de edad Paula Fernanda Oviedo y Sonia Andrea Oviedo. A fs. 650/651 se presentaron la parte actora, por sí y en representación de sus dos hijas menores, y el Dr. Juan Jose Okecky, en representación de los codemandados Rosario Alfredo Di Pino y María del Carmen Dieser, haciendo saber al Tribunal preactuante que habían arribado a un acuerdo mediante el cual los codemandados ofrecieron a la actora la suma de veinte mil dólares estadounidenses (u$s 20.000) para acreditar a los daños y perjuicios reclamados. Luego solicitaron la homologación del acuerdo, el cual se efectivizó según consta a fs. 657. A raíz de ello, la actora desistió de la acción y del derecho contra dichos codemandados (ver fs. 670 vta.). III. A fs. 1298 la Cámara Nacional de Apelación en lo Civil ordenó la remisión de las actuaciones a este fuero, la cual se hizo efectiva el día 11 de diciembre de 2002. IV. El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió: (a) rechazar la demanda c ontra Américo Rolando Salías, con costas en el orden causado; (b) hacer lugar a la demanda deducida contra los codemandados AUSA (Autopistas Urbanas S.A.); Huarte S.A. Empresa de Cemento Armado S.A. U.T.E.; Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, condenándolos a abonar la suma de quinientos ochenta mil pesos ($580.000), con más sus intereses y costas (art. 62 del CCAyT). Para así decidir, el magistrado de grado consideró que, al momento del accidente, la vía de bajada a la Autopista 25 de Mayo hacia la Av. Ingeniero Huergo no contaba con la pendiente exigible y basándose en el informe pericial de fs. 798/852 entendió que hubo relación de causalidad adecuada (presumida) entre los hechos (defecto constructivo de la autopista, falta en la señalización y la inacción por parte del Estado) y el evento dañoso. Con relación a la codemandada Huarte S.A. Empresa de Cemento Armado S.A. U.T.E., consideró que debe responder por los daños causados al actor en su condición de guardián de la cosa, ya que de acuerdo a las prue bas aportadas en autos la bajada motivo del accidente no era apta para el tránsito de vehículos de gran porte y, asimismo, no había señalizaciones específicas que pudieran prevenir el trágico accidente. Respecto de la responsabilidad de AUSA S.A. sostuvo que el concesionario vial es aquel que tiene atribuido el mantenimiento, explotación, la custodia y la administración mediante un sistema de peaje. En efecto, entendió que correspondía atribuir responsabilidad a AUSA por cuanto se probó que del señalamiento vial no fue el adecuado. En cuanto a la responsabilidad de la Ciudad señaló que en su carácter de entidad concedente omitió su deber de garantizar la seguridad, lo que implica un indebido ejercicio del poder de policía del que deriva el accionar de señalamiento vial. V. Agravios de las partes: Huarte S.A. Empresa de Cemento Armado S.A. UTE sostiene que: (i) la sentencia de grado controvierte los hechos de autos. Al respecto, expresa que la causa del accidente fue la rotura de los frenos del camión, circuns tancia que impidió a su conductor detener la marcha. Agrega que en nada hubiera cambiado el resultado de los acontecimientos una mayor señalización; (ii) en forma subsidiaria, se agravia respecto de los montos indemnizatorios otorgados; y (iii) se queja de la tasa de interés fijada por el sentenciante de grado. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se agravia respecto de (i) la interpretación de los hechos y la relación de causalidad efectuada por el magistrado. Entiende que la causa directa e inmediata del hecho es el desprendimiento de la manguera que lleva aire al remolque que tornó inoperantes los frenos del camión. Asimismo, señala que el dominio publico de las vías de circulación no resulta suficiente para responsabilizar a su parte. En forma subsidiaria, solicita que se establezcan los porcentajes de responsabilidad a cada una de las partes que pudieron contribuir a la producción del accidente; (ii) se queja por cuanto la sentencia de grado rechazó la demanda contra el codemandado Américo Rolando Sa lías (conductor del camión); (iii) controvierte los rubros indemnizatorios fijados en primera instancia; (iv) se agravia respecto de la imposición de costas; (v) finalmente se queja de la tasa de interés fijada. AUSA S.A. expresó en sus agravios que: (i) no tiene responsabilidad en el hecho y entiende que el conductor del camión es el responsable por su actuar negligente. A su vez, destaca que la construcción de la autopista correspondía a la Ciudad y que al momento de los hechos, la explotación de la autopista estaba a cargo de la empresa Huarte E.A.C.A. - UTE; (ii) el juez de grado intenta poner entre sus obligaciones las de poder de policía que en ningún caso le compete; (iii) controvierte los montos indemnizatorios concedidos en primera instancia; (iv) se queja respecto de la imposición de las costas. Actora y Asesoría Tutelar se agraviaron por considerar bajos los montos indemnizatorios otorgados en primera instancia. VI. Reseñados los antecedentes de la causa, corresponde ingresar al análisis de los rec ursos incoados. Por razones de método y orden, se procederá al estudio -en forma conjunta- de la apelación intentada por los codemandados respecto de la relación de causalidad entre el accidente y el hecho generador. Tal como quedó expuesto, el magistrado de la anterior instancia condenó en forma conjunta a los codemandados AUSA (Autopistas Urbanas S.A.); Huarte S.A. Empresa de Cemento Armado S.A. UTE y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a abonar la suma de quinientos ochenta mil pesos ($580.000). En sus agravios Huarte S.A. Empresa de Cemento Armado S.A. UTE expresa que la causa del accidente fue la rotura de los frenos del camión, circunstancia que impidió a su conductor detener la marcha. Agrega que en nada hubiera cambiado el resultado de los acontecimientos una mayor señalización. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entiende que la causa directa e inmediata del hecho fue el desprendimiento de la manguera que lleva aire al remolque que tornó inoperantes los frenos del camión. Asim ismo, señala que el dominio publico de las vías de circulación no resulta suficiente para responsabilizar a su parte. A su vez, AUSA (Autopistas Urbanas S.A.) señala que no tiene responsabilidad en el hecho y entiende que el conductor del camión es el responsable por su actuar negligente. A su vez, destaca que la construcción de la autopista correspondía a la Ciudad y que al momento de los hechos, la explotación de la autopista estaba a cargo de la empresa Huarte E.A.C.A. - UTE. En efecto, como señala la Sra. Fiscal de Cámara (fs. 1722 vta.), se deberá analizar la prueba rendida en autos a los efectos de determinar la relación de causalidad lo cual permitirá admitir o no los agravios. VII. Como primera medida, cabe recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean "conducentes" para la correcta composición de litigio (conf. art. 310 CCAyT y doctrina de Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230, entre otros). Asimismo, debe tenerse presente que todos aquellos puntos que no han sido objeto de agravio se encuentran firmes y por lo tanto no compete a este Tribunal su revisión ni estudio. Cabe recordar que "...todos aquellos puntos o tópicos de la sentencia que no han sido motivo de cuestionamiento, deben considerarse consentidos, y como consecuencia del principio dispositivo cobra plena virtualidad el brocárdico "tantum devolutum quantum appellatum", (incito en los artículos 242 y 247 del Código Contencioso Administrativo y Tributario) que demarca los límites de actuación de la alzada sobre la base de existir un elemento condicionante: el agravio" (Sala II in re "G.C.B.A. c/González Aurelio s/Ejecución Fiscal"- Nº EJO 18.974, sentencia de fecha 27 de marzo de 2001; "G.C.B.A. c/Titular Plan de Facilidades Solicitud 029607 s/Ejecución Fiscal"- Expte. NºEJF 99324 sentencia del 3 de abril 2001; entre muchos otros). VIII. Por otro lado, para que se pueda condenar por daños y perjuicios no basta con la existencia de un daño, sino que también se requiere la existencia de una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el perjuicio. El damnificado debe acreditar no sólo el infortunio, sino también la relación de causalidad con la cosa y el riesgo de la misma (CNCiv., Sala A, "Etchegaray, G. C/ Supermercado La Gran Providencia", La Ley, 1999-F-83). La relación de causalidad es aquella que liga a un hecho (acción u omisión) con su resultado (daño). Como su denominación lo sugiere, es la relación causa-efecto (Tanzi, Silvia Y. Alterini, Juan Martín, La demanda de daños, Circulo Carpetas, Bs. As. 2004, pág. 98). Dicho de otro modo, la causalidad "...importa una relación entre el antecedente y el consecuente, de manera que sea posible afirmar que el efecto es atribuible a la causa o, a la inversa, que ésta determinó el efecto" (Alterini, Atilio A., Ameal, Oscar y López Cabana, Roberto Derecho de obligaciones... págs. 221 y 222). En igual sentido, y como bien sostienen D e Gásperi - Morello (De Gásperi, Luis - Morello, Augusto Derecho Civil, Tomo IV, Ed. TEA, Buenos Aires 1965, pág. 105) debe mediar entre el daño y el hecho ilícito que lo ocasiona, una relación de causalidad, de modo que aquél pueda ser lógicamente considerado como consecuencia inmediata y necesaria de éste. Ahora bien, en estos casos, es dificultoso determinar cuál acto, de los que pueden estar vinculados con el suceso, es causa del daño o menoscabo. Ello es así, por cuanto puede suceder que existan en forma coetánea mas de un hecho con virtualidad suficiente para lograr un determinado resultado, conforme el orden natural y ordinario de las cosas (art. 901 Cód. Civil), ello implica el deber de responder por parte de los autores de los hechos. Lo dicho, alude a la llamada pluralidad de causas o concausas (López Del Carril, Gonzalo, Responsabilidad Civil en Rutas, Autopistas y Vías de Circulación, La Ley, Buenos Aires, 1999, pág. 108). A su vez, es frecuente la aplicación del concepto de indiferencia de la con causa, es decir, quien aporta solamente una de las condiciones adecuadas del daño es, sin embargo, legitimado pasivo de un reclamo por su totalidad (...) No obstante, cabe señalar que las virtualidades que la teoría de la causalidad asigna a la concausa y a la causa extraña (disminuir o excluir la responsabilidad) quedan intactas en otras situaciones: hecho de la víctima; culpa de la víctima o de un tercero extraño (articulo 1113 del Cod Civ). Se han desarrollado distintas teorías para la determinación de la entidad de la causa en la producción del resultado, siendo consagrado en nuestro Código Civil la teoría de la causa adecuada, que al decir de Trigo Represas y López Mesa (Trigo Represas, Feliz A, y López Mesa, Marcelo J. Tratado de la Responsabilidad Civil, La Ley, Buenos Aires 2005, Pág. 608) es la más relevante al menos en nuestro derecho. Esta teoría fue receptada por la ley 17.711 en cuanto, modifica el artículo 906 del Código Civil que ahora establece que "En ningún caso son imputables las consecuenc ias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo causal adecuado de causalidad". Además, numerosos fallos coinciden en afirmar que el actual artículo 906 del Código Civil ha incorporado como principio general para determinar la relación causal a la teoría de la causalidad adecuada (CNCiv Sala A "Castaño, Juan c/ Folta, Jorge" La Ley, 1992-B-353; Sala H 9/6/63 "Menéndez, J. M. C/ Empresa de Ferrocarriles Argentinos", JA 1994-II-246; Sala F, 3/12/92 "Litta, Juan c/ Pennachio, Pedro y otra", JA 1994-I-433; CNCom Sala A 14/4/00 "E., S. M. y otro c/ Villalba Hnos. S.R.L.", LL, 2000-E-262; SCBA, 2/5/89 "Uboldi, Angela Irma c/ Las Cañas S.A.", DGBA 136-247; entre muchos otros). De ello se concluye que, para que la relación causal sea jurídicamente relevante, el efecto debe ser adecuado a su causa (Tanzi, Silvia Y. Alterini, Juan Martín, La demanda..., pág. 98). IX. A continuación, cabe analizar si -en el sub exámine- las acciones y omisiones consideradas por el sentenciante de primera instancia, tuvieron virtual idad suficiente en este lamentable hecho. Es decir, debemos preguntarnos cuál fue la causa adecuada del hecho dañoso y analizar si existió o no coexistencia de causas. También, corresponde determinar si se encuentra demostrada la relación causal entre las supuestas acciones u omisiones y el daño producido. En particular, haré mención a los siguientes aspectos: (i) si el desprendimiento de la manguera del sistema de frenos del camión fue determinante en el hecho dañoso; (ii) si la bajada a la Autopista 25 de Mayo hacia la Av. Ingeniero Huergo contaba o no con la pendiente exigible y si ello tuvo incidencia en el hecho; (iii) si el señalamiento vial fue el adecuado, incidiendo ello en el daño; (iv) si existió un indebido ejercicio del poder de policía por parte de la Ciudad respecto del señalamiento vial y si ello tuvo incidencia en el hecho; y (v) si el conductor del camión obró con la diligencia debida. Antes de continuar con el desarrollo, es necesario destacar que ciertos incumplimientos facilitan pero no c ausan los efectos dañosos, siendo que el nexo eficiente y adecuado entre hecho y resultado depende del hecho de la víctima o de un tercero. Por ello, en lo que hace a la carga de la prueba, el actor debe, de alguna manera, demostrar una relación de causalidad entre las supuestas acciones y omisiones y el daño sufrido (López Del Carril, Gonzalo, Responsabilidad Civil en Rutas..., pág. 112/113). X. Llegado este punto, corresponde analizar las pruebas aportadas en autos a los fines de -como dijimos- determinar cuál o cuáles fueron las causas del hecho dañoso y si se encuentra demostrado o no el nexo causal entre ambos. En este sentido, podemos afirmar que se encuentra acreditado lo siguiente: (a) El accidente ocurrido el 22 de febrero de 1994 se produjo en la bajada de la Autopista 25 de Mayo a metros de la intersección con la Av. Ingeniero Huergo donde se pudo observar un camión marca Mercedes Benz, patente B.219015 montado sobre un automóvil marca Volkswagen, modelo Senda, patente C.1717064 totalmente destruid o (conf. fs. 1 causa penal). (b) De acuerdo a la pericia accidentológica se pudo verificar que "la manguera que hace llegar el aire a las ruedas del anteúltimo eje se hallaba desprendida del acople que hace llegar el aire a los pulmones de rueda y que dicha manguera se hallaba colgando (...) siendo tal anormalidad imprescindible ya que al desprenderse esta manguera, el freno se torna inoperante al fugar en forma masiva el aire" (fs. 63 vta. de la causa penal). (c) El camión era conducido por el Américo Rolando Salías y del informe pericial de fs. 801 vta. surge que el procedimiento de frenado realizado por el conductor fue el correcto y es el que habitualmente realizan los conductores experimentados para sortear con éxito una pendiente complicada. Por otro lado, cabe destacar que el conductor declaró en la causa penal (fs. 127 vta.) que "...al salir de la autopista y conociendo que se trata de una bajada brava, primero tiró el freno de mano que va frenando el chasis y empezó a bajar en primera...". (d) De los informes periciales (fs. 798/864 y 1202/1243) surge que -con posterioridad al accidente- la pendiente de la bajada de la Autopista 25 de Mayo hacia Av. Ingeniero Huergo fue remodelada y la señalización -en el momento del hecho- no era suficiente para el caudal y tipo de tránsito que circula por el lugar. (e) El camión se encontraba excedido en su peso según lo establecido por las normas vigentes (ver fs. 800 vta.). La pericia concluye que "si bien es evidente que el hecho que nos ocupa se produjo como consecuencia de un desperfecto mecánico sobre el sistema de freno del camión, debemos mencionar que la incidencia del peso transportado, la pendiente de la bajada, ubicación de la curva y las dimensiones de la arteria en cuestión favorecieron a las desafortunadas consecuencias producidas" (fs. 802). (f) A fs. 650/651 se presentaron la parte actora y los codemandados Rosario Alfredo Di Pino y María del Carmen Dieser, haciendo saber al Tribunal preactuante que habían arribado a un acuerdo mediante el cual los cod emandados ofrecieron a la actora la suma de veinte mil dólares estadounidenses (u$s 20.000) para acreditar a los daños y perjuicios reclamados. Luego solicitaron la homologación del acuerdo, el cual se efectivizó según consta a fs. 657. A raíz de ello, la actora desistió de la acción y del derecho contra dichos codemandados (ver fs. 670 vta.). XI. De las pruebas mencionadas ut supra se desprende que la única causa adecuada del hecho dañoso fue el desprendimiento de la manguera del sistema de frenos provocando así que el camión no pueda detener su marcha hasta envestir al vehículo conducido por el Sr. Oviedo. XII. A mayor abundamiento, entiendo que de las probanzas de autos no surge que las eventuales concausas mencionadas en la sentencia de grado, a saber: (i) el defecto constructivo de la bajada a la Autopista 25 de Mayo hacia la Av. Ingeniero Huergo; (ii) el indebido ejercicio del poder de policía por parte de la Ciudad respecto del señalamiento vial; y (iii) el obrar negligente del conductor del camión; ha yan tenido virtualidad suficiente en este lamentable hecho. (i) Con relación a la autopista, corresponde hacer referencia al artículo 1113 segundo párrafo del Código Civil el cual establece que: "En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder". Del análisis de este artículo vemos que el legislador ha regulado dos supuestos, por un lado, los daños causados "con" la cosa en los que rige una presunción iuris tantum de culpa sobre su dueño y guardián, y por otro lado, los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, en donde el presunto responsable sólo puede eximirse acreditando la existencia de una causa ajena. El daño se considera causado por el riesgo o vicio de la cosa cuando ha sido producido medi ante el empleo de una cosa que, por su naturaleza, estado o modo de utilización, engendra riesgos a terceros (Conf Pizarro, Ramón D. en el Código Civil y normas complementarias, Bueres Alberto J. - Highton Elena I., Ed Hammurabi, Buenos Aires, 1999, T. 3A, Buenos Aires, pág. 518). Ahora bien, de acuerdo a las pruebas aportadas en autos, considero que la bajada de la autopista -en sí misma- no constituye una cosa generadora de riesgo. Si bien de las pruebas aportadas se desprende que su construcción original era defectuosa y que luego fue remodelada, no se puede determinar que ello incidió en la producción del accidente. (ii) Seguidamente, considero que, en el caso, es necesario referirme a la eventual responsabilidad atribuida a la Ciudad en la sentencia de primera instancia. Al respecto, el art. 1109 del Código Civil establece que "Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio...". Asimismo, el art. 512 del mismo cuerpo legal establece que "La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar". En este orden de ideas, la doctrina sostiene que para que se configure la responsabilidad civil, no basta con la presencia de una conducta antijurídica en relación causal con el daño causado. Debe existir además, un factor de atribución, en este caso, subjetivo que es la culpa. Para un importante sector de la doctrina, la culpa es el principio rector de la responsabilidad civil. De allí que todo supuesto no contemplado expresamente por la ley como de responsabilidad objetiva deba caer bajo el principio general de la culpa (Conf. Pizarro, Ramón D. en el Código Civil..., T. 3A, Págs. 496 y 500). Si bien, en el presente caso se encuentra acreditada la existencia de un daño, producto de un accidente, considero -de acuerdo al análisis y valoración de las pruebas aportad as- que la actora no acreditó la existencia de un hecho generador de responsabilidad por parte de la Ciudad. Los elementos aportados no me permiten atribuirle responsabilidad a la Ciudad por los lamentables daños sufridos. En lo que respecta a la falta de señalización, si bien es cierto que el experto interviniente informó que la misma -al momento del hecho- no era suficiente para el caudal y tipo de tránsito que circula por el lugar, tampoco encuentro razones para concluir que ello tuvo incidencia en el hecho dañoso. Vale decir, que -como lo adelantáramos- el propio conductor del camión manifestó conocer la bajada manifestando en su declaración de fs. 127 vta. (causa penal) que se trataba de una "bajada brava". En efecto, cabe concluir que la única causa adecuada del hecho dañoso fue el desprendimiento de la manguera del sistema de frenos, agravado por el exceso de carga del camión. De lo expuesto, entiendo que en el sub exámine no se encuentra acreditado el nexo causal adecuado entre los demás hechos genera dores señalados por el juez de grado y el daño sufrido. Ahora bien, teniendo en cuenta el acuerdo indemnizatorio concretado entre la parte actora y los codemandados Rosario Alfredo Di Pino y María del Carmen Dieser; y el consecuente desistimiento de la acción contra ellos, nada mas queda por resolver al respecto. Lo expuesto, torna innecesario el tratamiento de los restantes agravios. XIII. Solo a mayor abundamiento, y si bien no se encuentra cuestionado, considero necesario hacer mención al acuerdo transaccional celebrado entre la parte actora y los codemandados Rosario Alfredo Di Pino y María del Carmen Dieser, únicos responsables en su carácter de dueños y guardianes del camión. Al respecto, cabe recordar que el art. 853 del Código Civil establece que "la transacción hecha con uno de los deudores solidarios aprovecha a los otros, pero no puede serle opuesta: y recíprocamente, la transacción concluida con uno de los acreedores solidarios no puede ser invocada por los otros, mas no serles opuesta sino por su parte en el crédito". En efecto, la transacción realizada por uno de los integrantes del litisconsorcio facultativo pasivo, no extiende sus efectos a los otros salvo el supuesto normado por el mencionado artículo 853 del Cód. Civil que constituye una excepción al principio de los efectos personales de la transacción (art. 851, Cód. Civil). Ahora bien, si la transacción -luego homologada judicialmente- se celebró entre la actora y dos de los eventuales codeudores solidarios, por aplicación del art. 853 del Cód. Civil aquélla no puede serles opuesta a los demás accionados que no asistieron al acto, pero sí los beneficiaría. XIV. En cuanto a la imposición de costas, considerando la complejidad del caso sometido a examen de este Tribunal, estimo prudente distribuirlas -en ambas instancias- en el orden causado (art. 62 párrafo 2º, CCAyT). XV. Por lo tanto, a mérito de las consideraciones vertidas, jurisprudencia y normas legales citadas y concordantes, se propone al acuerdo que, en caso de ser compartido este vot o, se revoque la sentencia de primera instancia, con costas por su orden (art. 62 párrafo 2º, CCAyT). Los Dres. Carlos F. Balbín y Horacio G. Corti, por los fundamentos expuestos por el Dr. Esteban Centanaro adhieren al voto que antecede, con excepción del considerando XII. En mérito a las consideraciones vertidas, jurisprudencia citada y normas legales aplicables al caso; el Tribunal RESUELVE: a) Revocar la sentencia de primera instancia en todas sus partes; b) En cuanto a la imposición de costas, considerando la complejidad del caso sometido a examen de este Tribunal, estimo prudente distribuirlas -en ambas instancias- en el orden causado (art. 62 párrafo 2º, CCAyT). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. Esteban Centanaro Carlos F. Balbín Juez de Cámara Juez de Cámara Horacio A. G. Corti juez de cámara