Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-05


COMODORO RIVADAVIA, cinco de noviembre de 2004.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "A., V. H. s/Incidente de Excarcelación", Expediente Nro. 14650 año 2004, venidos del Juzgado Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes (Expediente Nro. 12 año 2004).- Que llegan los presentes autos a conocimiento de la Sala "B" de esta Cámara de Apelaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto a fojas 11/14 vta., por la Señora Abogada Adjunta de la Oficina de Defensa Penal, contra la resolución de fojas 7/10, que no hizo lugar a la excarcelación de V. H. A.

Sostiene la defensa que las únicas causales que permiten justificar la privación de libertad durante el proceso son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación, contemplando el ritual parámetros a efecto de terminar su existencia en un caso concreto, las que no se dan en la especie.

Alega que el a-quo prescinde en la decisión de una consideración básica: la presunción de inocencia (art. 18 CN), de la que gozan todos los imputados de un delito. Señala que este presupuesto constitucional impide que la prisión preventiva sea considerada un "anticipo de pena". Agrega que la cautela sobre la persona es un instituto procesal que se basa en la necesidad de realizar el "juicio" y que no es óbice para el otorgamiento del beneficio solicitado, el hecho de que a su pupilo no le pueda corresponder una condena en suspenso y lo normado en el art. 286 primera parte inc. 2 CPPCh. Cita jurisprudencia que avala su pretensión. Hace reserva del caso Federal.- Adentrándonos en la cuestión a resolver, es dable señalar que del examen de la causa puesta a estudio surge que se le imputa al Sr. A. el delito de resistencia a la autoridad (art. 239 del CP reprimido con prisión de quince días a un año); también que registra condena anterior (dos años y medio de prisión en suspenso por delito de robo con arma en grado de tentativa en concurso real con hurto simple en grado de tentativa) y que el día 6 de mayo de 2004 se le dio por cumplida la pena.

Frente a ello, si bien la Sra. Jueza acierta en punto a que no le correspondería condena condicional, lo que también es admitido por la quejosa (fs 1), la denegación de la excarcelación, con fundamento en la expectativa de que la pena, vulnera las garantías consagradas por normas preeminentes de nuestro ordenamiento (art. 43, 49 y cc de la Const. Pcia).- En este orden de ideas ha señalado el Superior Tribunal de Justicia que: "...la sistemática instaurada desde la indiscutible superioridad de la norma constitucional demarca su preeminencia acerca de esta materia en el art. 49, al disponerse que la privación de la libertad tiene carácter excepcional y sólo puede ordenarse en los límites de la Constitución, imponiendo como condición que la misma debe ser absolutamente indispensable para asegurar la investigación..." (conf.: "Recurso de queja en autos: "Ouvrard, Pablo s/homicidio Simple en Conc. Ideal con Lesiones Graves en Acc. De Tránsito (Trelew)" (expte. Nº 14784-año 1998-CANE-Sala B)" (Expte. Nº 16430-R-1998 de revocación (Art. 291 del C.P.P.- Es que, a diferencia de la pena como condena, cuyo sentido y alcance emanan de la doctrina penal, la prisión preventiva tiene una finalidad procesal concreta, el aseguramiento de las condiciones para la realización efectiva de la justicia penal. Es decir atiende a garantizar, en la hipótesis de determinados marcos fácticos-legales, la intervención personal del imputado, manteniéndolo a disposición del Tribunal mientras se sustancia el proceso.

La naturaleza cautelar del instituto, cuya finalidad procesal ha sido precisada, debe presidir la valoración que impone el art. 284 y concordantes del CPP cuando nos remite a la ejecución condicional.

Así, se ha dicho: "En el estadio procesal en que la causa se encuentra, el análisis del segundo de los recaudos impuesto por el art. 291 del CPP, (que se estime que no procede condena de ejecución condicional) no pudo soslayar en ningún momento que la estimación sobre las pautas evaluatorias del art. 26 del C.Penal debía realizarse en el contexto de que tal definición apuntaba a una medida que tiene un carácter eminentemente procesal y cautelar; es decir los elementos valorativos que aporta el art. 26 del Cód. Penal deben examinarse sin escindírselos de la finalidad que conlleva la prisión preventiva como cautelar y, a su vez, dentro del espectro de los principios constitucionales que asisten a los encausados mientras no exista una sentencia condenatoria: el de inocencia, el "in dubio ", el "favor liberatis". Todo ello, porque así lo exige un enfoque congruente de las normas constitucionales y procesales. Esto es así por las claras prescripciones que encabezan la norma ritual: la presunción de inocencia (art. 1); la interpretación restrictiva de las disposiciones que coarten la libertad personal (art. 3); el principio "in dubio pro reo". (art. 4). Normas que enraízan en claros preceptos constitucionales (art. 18 y 14 de la Constitución Provincial y arts. 22 y cctes. de la C. Provincial)" (STJ de Río Negro; SE.nº 137/94 del 20/09/94, elDial - AX1231) Incluso partiendo de las premisas a las que venimos haciendo referencia, en caso asimilable al presente se ha sostenido que : "...más allá de los antecedentes penales que pesan sobre el encartado de los que cabe inferir que en caso de condena aquella será de cumplimiento efectivo, no es menos cierto que la jurisprudencia es pacífica en la provincia a partir del fallo casatorio de la causa "Martínez", S.T.J. Sala Penal, 17/03/92, en el sentido que la pauta excarcelatoria prevista en el inciso 1º del artículo 313 del Cód. Procesal Penal juega independientemente de la establecida en el inciso 2, por lo que la restricción fundada en la improcedencia de una condenación condicional carece de entidad para enervar la expresa disposición del inciso 1º, cabiendo hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la prisión preventiva, ordenándose la inmediata libertad del prevenido bajo caución juratoria" ( Sala I de la Cámara Primera en lo Penal de Paraná, fallo del 2/11/1998, autos "S. I. S/ abuso de armas y amenazas calificado").

En base a lo expuesto, no podemos sino concluir que el carácter restrictivo que la juez de grado ha impuesto a sus pautas evaluativas para la concesión del beneficio de la excarcelación no se compadecen con la naturaleza cautelar del instituto y violentan las previsiones constitucionales referenciadas.

Ello no impide observar el poco tiempo transcurrido entre la resolución que da por cumplida la pena y este hecho, que prima-facie permitiría advertir la conducta del imputado orientada o por lo menos proclive a la violación de normas impuestas para la vida en convivencia. Pero la preeminencia de las garantías constitucionales consagratorias del principio de la libertad impone la revocación de la decisión en crisis y el otorgamiento de la excarcelación a V. H. A., bajo caución juratoria (art. 287 del C.P.P.), de acuerdo a las condiciones que determine la titular del Juzgado (art. 277 del CPP).

Que la Dra. Graciela Mercedes García Blanco, dijo:

Que teniendo en cuenta el informe de la actuaria de fojas 4/4 vta., de donde se desprende que el inculpado registra una condena de dos años y seis meses de prisión de fecha 23/10/01, además de la que diera origen al presente incidente en orden al delito de Resistencia a la Autoridad (art. 239 del Código Penal), circunstancias que, del juego armónico de los artículos 284 inc. 2º y 286 primera parte inc. 2º del Código Procesal Penal -que limita los supuestos de procedencia del instituto, incluso desde el punto de vista de la condenación condicional- y 27 del Código Penal, irrogan como lo señala el fallo que la eventual pena será de cumplimiento efectivo (arg. art. 283 2do. párr. CPP). Por lo tanto estimo corresponde confirmar el decisorio recurrido.- Por ello, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la disidencia de la doctora Graciela Mercedes García Blanco:

R E S U E L V E:

1º).- Revocar la resolución de fojas 7/10.- 2º).- Conceder la excarcelación a V. H. A, bajo caución juratoria y demás condiciones que fije la Señora Juez de grado (art. 277 CPP) quien deberá además dar cumplimiento a los requerimientos de los arts. 287 y 289 del Código Procesal Penal.

2º).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- GRACIELA MERCEDES GARCIA BLANCO -PRESIDENTE MARTA SUSANA REYNOSO DE ROBERTS - JUEZ DE CAMARA SILVIA N. ALONSO DE ARIET - JUEZ DE CAMARA REGISTRADA BAJO EL No. 27 DEL AÑO 2004 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS