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Recurso de casación, procedencia del recurso, coacción calificada, arma de fuego, suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, dictamen fiscal, control de legalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: B., M. J. c/  s/ coacción agravada s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-03-19

En el examen de razonabilidad del dictamen del Ministerio Publico Fiscal producido en la especie la magistratura actuante no ha reconocido "el necesario margen de amplitud para el cumplimiento de las funciones persecutorias, cuyo fin último es la justicia del caso" (dict. Procurador Gral., que la CSJN hace suyo en G. 931. XLII "G.", 16/11/2009) y que, además, la jurisdicción positiva desplegada al conceder la probation carece de fundamentos. ... ante la argumentación referida a la gravedad objetiva del reproche por los medios utilizados, el juzgador no podía obviar que la totalidad del contexto de la acción hacía referencia a la indebida utilización de las vías de hecho por parte del imputado y un grupo de personas, en lo que era un conflicto laboral o gremial que tiene su procedimiento legal específico de solución. También me parece pertinente, y es lo que corresponde por ley, la ponderación realizada por el Ministerio Público Fiscal respecto de la pena de prisión que correspondería; ello, a poco que se analice que la única opción posible para el imputado, de la totalidad de la escala prevista en abstracto -de tres a seis años de prisión-, era que le correspondiera el mínimo de pena, cuando ab initio la doctrina legal de este Superior Tribunal autoriza, para fijar su monto, partir de un punto de equidistancia entre el mínimo y el máximo posibles. ... es evidente que carece de argumentos serios, adecuados y suficientes la propia concesión del beneficio. ... entiendo que la Cámara en lo Criminal se ha extralimitado en su análisis de legalidad del dictamen del Ministerio Público Fiscal, cuya oposición al beneficio pretendido tenía motivos adecuados de acuerdo con la doctrina de este Superior Tribunal, a la vez que el otorgamiento del beneficio carece de fundamentación. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia).
Locación de inmuebles, inmueble hipotecado, efectos del contrato, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CAPRETTI, Antonio c/ ENCINA, Antonio H. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02

1- El conflicto entre el acreedor hipotecario y el locatario, se resuelve en favor del primero cuando la escritura constitutiva, que se hizo pública con la inscripción registral, contiene la prohibición de locar y la locación que se invoca es de fecha posterior. Ello es así, por cuanto la anotación del gravamen pone a cargo de quien contrata con relación al inmueble la averiguación de sus condiciones de goce y disponibilidad.

2- Dicha restricción convencional, rige las relaciones futuras entre las partes, limitando para lo sucesivo la libre disposición del bien. No pudiendo dejarse de lado, por renovación de la locación, pues dicha cláusula contractual no sólo se transformará en una cláusula vacía de contenido, sino que implicaría autorizar al deudor a dejar de lado la disposición contenida en el art. 3157 del Código Civil. Inclusive, aún cuando el vínculo locativo invocado hubiera comenzado con anterioridad a la hipoteca, si la fecha de la última prórroga es posterior a la escritura.-
Medios de prueba, presunciones
Materia: PROCESAL
Carátula: S., G. E. c/ B. N. D. L. S.A. y F., N. E. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-12-02

La prueba mediante indicios fundantes de una presunción, la cual en general, depende de una construcción intelectual, es peligrosa y propicia al error, por lo que debe ser elaborada con suma cautela, siendo viable sólo cuando es unívoca, en el sentido que la conjetura que comporta sea de tal naturaleza que razonablemente casi no queda otra posibilidad que la pretendida.
Internet, contenido de sitios de Internet, buscadores de Internet
Materia: CIVIL
Carátula: Wrona Javier Alejandro s/ medida autosatisfactiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-15

La alegada imposibilidad no pasa, pues, el umbral de la mera conjetura. Más allá de sus dichos, el actor no aporta ningún elemento de convicción para demostrar la veracidad de ese aserto. Tampoco ha intentado acción alguna para determinar la identidad del usuario que creó el blog, sin que por el momento se advierta algún tipo de limitación técnica para lograr ese objetivo. Mal puede entonces justificarse una restricción cautelar sobre el servicio que presta Google, sobre todo teniendo en cuenta que el agravio que se pretende evitar con la medida estaría dado por la actuación de otras personas, en un sitio al que sólo le otorgaría la plataforma para operar.
Transporte ferroviario, accidente ferroviario, culpa de la víctima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOYANO, Jorge Rodolfo c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-16

Dado que en los trenes de corto trayecto existe un solo guarda y está fuera de la previsión razonable que la víctima viajara en el techo de un vagón, no se puede atribuir el accidente a la falta de vigilancia del personal del ferrocarril.
Delegación de la investigación, identificación del imputado, falta de individualización, archivo del expediente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CHACON, Diego. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-17

La reserva o archivo de las actuaciones en tanto constituye una decisión de neto corte jurisdiccional queda reservada a los magistrados.

Si bien el régimen procesal introducido por la ley 25.409 para aquellos sumarios con autor desconocido establece la dirección de la investigación en cabeza del Ministerio Público, no admite la posibilidad de que sus representantes adopten la decisión de disponer la reserva de actuaciones.

Frente al silencio de los arts. 196 bis, ter y quater deberá estarse a lo establecido en los arts. 194, 209 y siguientes del C.P.P.N., que no han sido derogados por la ley 25.409.

El artículo 210, referido a las facultades de los fiscales, establece que el representante del Ministerio Público practicará actos procesales que considere indispensables, salvo aquellos que la ley atribuye a otro órgano judicial y que, en último caso, los requerirá a quien corresponda.

Por ello, debe declararse la nulidad del auto mediante el cual el fiscal de instrucción dispone la reserva de las actuaciones.
Recurso de casación, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Milutin R. Miquel y otro en j: Bianchini y Brusatori Sociedad Industrial y Comercial c/ Ramón Cano s/ Acción ordinaria - Casación (Libro: S066-357)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-12-09

Si el aspecto recurrido, que es la regulación de honorarios, está contenido únicamente en la parte dispositiva, de la cual se ha acompañado copia, debe considerarse cumplido el recaudo formal relativo a la transcripción de la sentencia recurrida; máxime si al recurso se le dio trámite y al llegar al estado de sentencia se encuentran en el Tribunal los principales.
Acreedor, ejecución de sentencia, reintegro de gastos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Gonzalo, Gregorio c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-05

El art. 22 de la ley 23.982 impuso al P.E.N. el deber de comunicar al Congreso de la Nación todos los re-conocimientos administrativos o judiciales firmes, de obligaciones de causa o título posterior al 01.04.91 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento, al tiempo que autoriza al acreedor a ejecutar su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de pre-supuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo. También se señaló que el art. 20 de la ley 24.624 dispone que los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Nacional y a cualquiera de sus organismos y dependencias de los tres poderes serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en el presupuesto de la administración nacional . lo cual también conduce a admitir que el acreedor cuyo crédito se encuentre incluido en la ley de presupuesto respectiva tiene el derecho, en caso de incumplimiento, de ejecutar la sentencia por el monto previsto en la partida presu-puestaria correspondiente (cfr. C.S.J.N., sent. del 16.09.99, "Giovagnoli, César Augusto c/ Caja Nac. de Ahorro y Seg." -Fallos 322:2132-). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Recurso extraordinario de nulidad, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Aguirre, Rufino Santo c/ Cristalería La Esperanza S.A. s/ Despido Fraga, Antonia c/ Unión Cívica Radical s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17|1993-12-21

Por vía del recurso de nulidad extraordinario no pueden formularse alegaciones de índole probatoria, porque la eventual ausencia de tratamiento de un elemento de prueba no constituye cuestión esencial en los términos del art.156 de la Constitución de la Provincia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, preclusión
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Carlos A s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-31

Las infracciones relacionadas con presuntos vicios procesales anteriores a la sentencia y aún aquéllos vinculados a cuestiones de procedimiento que han quedado precluidas resultan ajenas a la instancia extraordinaria ya que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente.
Abogados, jueces, funcionarios judiciales
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MIGUEL JOSE MARIA. c/ PENNSYLVANIA S.A.C. CONCESIONARIA PEUGEOT Y OTROS. s/ FUNCIONARIOS    JUDICIALES-  ABOGACIA-  REGLAMENTACION-  CONSTITUCION  NACIONAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-28

Lo que se procura evitar con la medida establecida por el art.

3ro., inc. a), ap. 9, de la ley 23.183 es la intervención del profesional ante el mismo órgano del que formó parte con anterioridad, con independencia de las personas que lo integren en ese momento.
Daños y perjuicios, indemnización, muerte del paciente, afiliación a obras sociales, responsabilidad de la obra social, obligación de seguridad, prestadores médicos, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: VILLAFAÑE ALBERTO Y OTROS c/ INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL Y OTROS s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-23

Existe una obligación tácita de seguridad por parte de las obras sociales por la eficiencia de los servicios médicos contratados, y los mismos deben contar con todos los medios humanos y técnicos- científicos que le permitan prestar adecuademente las prestaciones concernientes a la salud de sus afiliados. No puede de manera alguna imponerse al paciente la carga de verificar las condiciones en que se dispensan los servicios médicos o la idoneidad de los profesionales de la medicina actuante en cada establecimiento que fuera contratado por la Obra Social de que se trate, dada la modalidad del cumplimiento de la obligación de prestar cobertura al afiliado. En su mérito cabe concluir en la responsabilidad del INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL, por las fallas en el servicio de salud.(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, jueces, interpretación de la ley, reconocimiento en sede judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ARAYA, LILIANA MARYZ RAMONA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-30

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que los argumentos traídos a consideración de este Tribunal sólo traducen la mera discrepancia con la interpretación del derecho en que se funda el fallo cuestionado, cuya evaluación es materia privativa de los jueces de la causa y, por ende, ajena, en principio, a su revisión por esta Corte; toda vez que el Tribunal judicante resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 46 de la ordenanza 7919/05, por considerar que el haber base, en el supuesto de autos, fue determinado en un monto que prescinde de los principios de todo sistema previsional; que la posición de la Municipalidad de Rosario soslaya lo dispuesto en el artículo 20 de la ordenanza previsional, en cuanto a través de esa disposición la demandada se adhirió al sistema de reciprocidad establecido en el decreto-ley 9316/46; que el artículo 7 de este último prevé que la Caja otorgante de la prestación en el caso de servicios comprendidos en distintos regímenes de previsión aplicará las disposiciones orgánicas que la rijan, a los efectos de la determinación del monto de la prestación, considerando todos los servicios y la totalidad de las remuneraciones percibidas, como las prestadas y devengadas bajo su propio régimen; y que las normas locales que se dicten, según ya lo había indicado en el precedente "Saldi", pueden resultar excluidas de su aplicación cuando tratan situaciones regidas por el ordenamiento de reciprocidad jubilatoria nacional, por tener supremacía. - CITAS: CSJStaFe: Londero, AyS T 271, p 151; Club Atlético San Jorge, T 288, p 231; Asociación Transportistas Unidos de Elortondo, T 295, p 200; Sucesores de Roberto J. Azcoitía, T 300, p 46; Saldi, T 233, p 411. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto Ley 9316/46, artículo 7; Ordenanza 7919/05 de la Municipalidad de Rosario, artículos 20 y 46. - Jurisprudencia vinculada: Vera Marconi, AyS T 308, p 59, sumario J00 8409.
Recurso contencioso administrativo, acto administrativo, vicio de irrazonabilidad, Poder Ejecutivo, direcciones provinciales de aeronáutica, empleados públicos, traslado, servicio penitenciario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Viñuelas, Sergio René y Agusti, Hector Raúl c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 469 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-05

Es procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto correspondiendo anular por ilegítimo el traslado de los recurrentes dispuesto por la Administración de la Dirección de Aeronáutica Provincial a la Dirección del Servicio Penitenciario desde que no se advierte de qué manera las específicas capacidades técnicas de los recurrentes (uno de ellos habilitado como piloto privado de helicóptero, piloto comercial de primera clase de avión, piloto aeroaplicador y piloto de transporte de líneas aéreas, y el otro como piloto de transporte de líneas aéreas, instructor de vuelo en avión, piloto comercial de helicóptero, piloto comercial de primera clase de avión y piloto de planeador) podrían tener más adecuado aprovechamiento en el Museo y Biblioteca del Servicio Penitenciario que en la Dirección de Aeronáutica Provincial, de lo que surge que la Administración produjo en el caso un cambio de funciones marcadamente diverso, y que no obró razonablemente, pues en definitiva destinó a funcionarios con categorías 22 y 23, a quienes les habían sido atribuidas con anterioridad específicas funciones técnicas, al desempeño de tareas que de ningún modo consta no hayan podido ser cumplidas por agentes de inferior jerarquía.
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Savini, Angel S.; Mitta, María. s/ Desbaratamiento de derechos acordados Timossi, Héctor y otros s/ Defraudación Timossi, Héctor y otros s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-20|2001-10-03

Durante el sumario no puede haber secuela "del juicio" pues aquella etapa del procedimiento no integra el "juicio" (en el caso es innecesario resolver cuál es el concepto legal simbolizado por el vocablo "secuela"). En nuestro régimen no hay juicio sin ejercicio de la acción - pública, privada, civil- y, tratándose del juicio penal, su iniciación se produce con tal ejercicio de la acción pública o privada. Respecto de los delitos de acción pública, ésta se ejerce mediante la acusación fiscal.
Juicio ejecutivo, cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Saraceno, Norberto c/ Guerrini, angel s/ Ejecución Di Marco, Lucía Rosana c/ Arena, Juan Carlos s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08|1997-02-20

Cuando el cumplimiento de la condición inserta en el contrato para el nacimiento de la cláusula penal puede surgir del reconocimiento expreso o tácito) en el trámite de preparación de vía ejecutiva, no debe diferirse el cobro de la referida pena para el juicio ordinario, pues completado el título en el modo indicado, ya posee todos los requisitos exigidos por el art. 518 del Cód. Procesal Civil. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Apreciación de la prueba, cuestiones de hecho y prueba, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: RUIZ JOSE LUIS c/ ESTANCIERO VICTOR E. Y OTRA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-03-08

Lo que pretende el recurrente es una re-evaluación de la prueba, ajena a la casación, a la luz de hechos que no fueron invocados como fundamento de la responsabilidad de la víctima.

En la estructura del fallo en crisis no se advierte fisuras ni errores en orden al absurdo o a la arbitrariedad, desde el momento en que el ad-quem derivó y encuadró positivamente la normativa legal impuesta a un caso como en el sublite sin apartarse de una adecuada, lógica y correcta interpretación, a la situación fáctica de autos, por ello no se advierte el absurdo planteado debiéndose rechazar este agravio.-
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, contrato de trabajo de temporada
Materia: LABORAL
Carátula: MORALES, HURMINIA c/ JEAN DEBBAUDT s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-09-16

Las épocas que deben estimarse como temporadas a los fines de la ley y su extensión en el tiempo, es una cuestión de hecho, relacionada con la naturaleza de la empresa.
Marcas confundibles, marcas de servicio, cotejo de marcas, finalidad de la ley, lealtad comercial, defensa del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: Aquatec Argentina  S.A. c/ Merlo, Rubén Pedro s/ Opos. Indeb. Reg. marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

No hay razones bastantes para aplicar en el caso un criterio de mitigado rigor en la comparación marcaria, no siendo suficientes los modos de comercialización, distribución y propaganda, en tanto, por el parecido de las marcas, puede tomarse a una empresa por la otra.

Y esto afectaría las finalidades de la ley, que no son otras que la protección del consumidor y la tutela de las buenas prácticas comerciales.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, transporte de caudales
Materia: LABORAL
Carátula: Ortega, Pedro Marcelo c/ Firme Seguridad S.A. y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26

No cabe responsabilizar solidariamente en los términos del art. 30 L.C.T., a una financiera y casa de cambio que opera en el mercado nacional e internacional, con la empresa, empleadora del actor, que se encarga de transportar caudales, recontar y atesorar dinero y otros valores, pues el objeto social de ambos entes es bien diferenciado persiguiendo ambas empresas una finalidad distinta.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López de Tatángelo, Norma y otros c/ Gallo de Kalhawy, Mabel y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-29

El resarcimiento del daño moral tiene por objeto indemnizar el quebranto espiritual que supone la privación de aquellos bienes que tienen su valor fundamental en la vida, y cuya existencia no requiere prueba alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica, en tanto no se haya justificado ninguna circunstancia objetiva que de por sí obste a su configuración.-
Transporte aéreo de pasajeros, demora en el servicio, cancelación de vuelo, responsabilidad del transportador aéreo, huelga
Materia: CIVIL
Carátula: Thisted Guillermo Adolfo c/ Aerolíneas Argentinas S.A. s/ daños y perjuicios. y acumulada: causa N° 5.949/06, Casaretto Alfredo Eduardo c/ Aerolíneas Argentinas SA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-10

El inconveniente que motivó la cancelación y que se circunscribe a la huelga que se prolongó en el tiempo, para ser más precisos, ocho días anteriores a la partida de los interesados, pone de manifiesto que el transportista pudo haber evitado que se causara el daño, teniendo en cuenta que el hecho -a esa altura había dejado de ser imprevisible o repentino. Lo que debió traducirse en la adopción de medidas tendientes a brindar una solución razonable y expedita al problema que beneficiara por igual a todos los pasajeros que se encontraran en la misma situación, procediendo a reubicarlos en aeronaves de otras líneas aéreas.
Procuración Penitenciaria, hábeas corpus, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Torti, Gabriel c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-18

La disidencia postuló lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuración Penitenciaria de la Nación y consecuentemente a la acción de habeas corpus interpuesta disponiéndose que el SPF deberá permitir el acceso irrestricto del organismo con el objeto de expresar una opinión no vinculante en las sesiones del Consejo Correccional en protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad (cfr. CN arts. 18 y 43 cuarto párrafo y ley 23.098). (Dres. Borinsky, Gemignani, Hornos -disidencia-).
Ministros de la Corte Suprema, inamovilidad de los jueces, cuestión justiciable
Materia: PROCESAL
Carátula: Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

Es cuestión justiciable la referida al mantenimiento de la inamovilidad en el cargo de un Juez de la Corte Suprema.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cesión de créditos, crédito fiscal, transferencia de crédito fiscal, repetición de impuestos, IVA, AFIP DGI
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Prodesca  SAI. y C. s/ demanda de repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Si el remedio federal en modo alguno rebate lo expuesto en la sentencia en el sentido de que en la causa no hay constancias que acrediten la inexistencia del crédito cedido, debe rechazarse el recurso deducido contra la sentencia que hizo lugar a la repetición de los importes ingresados en concepto de IVA , que se produjeron a raíz del requerimiento de la DGI , quien no aceptó las transferencias de créditos efectuadas a la demandante y que aquélla había imputado al pago del impuesto.
Indemnización por muerte, muerte del damnificado, beneficiarios de la indemnización civil, cónyuge supérstite, hijos
Materia: CIVIL
Carátula: TORRELIO FREIRE DE MARTINO MIRNA c/ DOMINGUEZ NAVAS JORGE s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-06

En cuanto a la indemnización a otorgar por la muerte de una persona, de acuerdo al desarrollo normal de los acontecimientos cabe considerar que la cónyuge de la víctima tiene una expectativa mayor que el hijo puesto que éste llegado a cierta edad disminuye -hasta perder- la dependencia económica de su padre, por lo que deben establecerse distintas cuantías indemnizatorias.