Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-04-26


SENTENCIA NUMERO: VEINTICINCO En la ciudad de Córdoba, a los veintiséis días del mes de abril de dos mil cuatro, siendo las diez horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, con asistencia de los señores Vocales doctores Aída Tarditti y Luis Enrique Rubio, a los fines de dictar sentencia en los autos - Querella formulada por Miguel Osvaldo Nicolás por sí y como Presidente del Comité Central Provincial de la Unión Cívica Radical en contra de la Sra. Olga Riutort de De la Sota por el delito de injurias Recurso de Casación (Expte. . Q- , 11/02), con motivo del recurso de casación interpuesto por el querellante Miguel Osvaldo Nicolás con el patrocinio del Dr. Miguel A. Ortiz Pellegrini, en contra de la sentencia número veintiséis, dictada con fecha primero de octubre de dos mil dos por el Juzgado Correccional de Primera Nominación de esta ciudad.

Abierto el acto por la Sra. Presidente, se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes:

1°) ¿Ha sido erróneamente aplicado el artículo 112 del Código Penal?	2°) En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar?	Los señores Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dres. María Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti y Luis Enrique Rubio.

A LA PRIMERA CUESTION La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:

I. Por sentencia n° 26, del 1° de octubre de 2002, el Juzgado Correccional de 1ª Nominación de esta ciudad resolvió: I. Dictar el sobreseimiento total y definitivo de la Licenciada Olga Elena Riutort de De la Sota, D.N.I. N° 5.745.954, del delito de injurias que le atribuía la querella de fs. 1 y 2 de autos, por no encuadrar le hecho en figura penal, por ser atípico, al resultar satisfactorias para el Tribunal las explicaciones dadas en juicio (art. 112 del Código Penal, a contrario sensu) (fs. 22 a 27).

II. Invocando el artículo 468, inciso 1°, CPP, el impugnante afirma que se ha aplicado erróneamente el artículo 112 CP (fs. 30).

Ello es así, dice, porque la injuria es manifiesta (art. 110 CP) y no equívoca o encubierta como sostienen el querellado y el Juez de mérito.

La expresión los radicales han robado muchísimo en esta provincia , sostiene el quejoso, es una frase con sentido unívocamente ofensivo, no encubierta, ni menos equívoca.

La misma, añade, no sólo fue dirigida a cada uno de los radicales, sino al Partido Radical como ente colectivo.

Remarca que la expresión los radicales es una clara determinación de los destinatarios en sentido gramatical, pues se ha usado el pronombre determinado, en género masculino y número plural, los , en lugar de unos , que sería el pronombre indeterminado que no refleja con claridad los destinatarios de la expresiones.

Cita doctrina y refiere que hay equivocidad por la dirección de las injurias, manifiesta, en los casos en que la dirección de la ofensa puede revertir sobre la persona del querellante o sobre otra distinta, pero no comprender ambas a la vez.

En el caso, enfatiza, la ofensa comprende, sin duda, al querellante, como el propio juez lo reconoce en la sentencia.

Lo dicho, explica, surge claro en la sentencia, donde dice: ...los dichos de Riutort dieron motivo bastante para sentirse ofendido el querellante en su doble condición de afiliado y presidente del comité central de la U.C.R. de la Provincia de Cba. .

Solicita, en relación con la sentencia dictada, se declare erróneamente aplicada la ley sustantiva y proceda a casar la sentencia respectiva resolviendo el caso de acuerdo a derecho.

III. El Tribunal de mérito, en lo que aquí interesa, sostuvo:

...cuando la Sra. Olga Elena Riutort de De la Sota, habló de los radicales no dio el nombre de las personas a las que hacía referencia, por lo que le cabe a cualquiera afiliado radical sentirse agraviado por tales expresiones, pero ello no quita que el término usado «los radicales», es no manifiesto, por ser equívoco, y ello es así porque no está dirigida claramente a quien puede considerarse alcanzado con los términos vertidos por la querellada. (...) En el caso que hoy nos ocupa, decir «los radicales» es... incierta la dirección del sujeto pasivo a quien va dirigida al ofensa. (...) La ofensa del art. 112 C.P. puede ser susceptible de dirigirse a más de una persona; en el caso particular de autos, expresar «los radicales» indudablemente no está dando ninguna base para identificar a quien o quienes iba dirigida la expresión de haber robado mucho en la Provincia (fs. 25 y vta.);

Entrando más profundamente en la figura prevista por el Art. 112 del Código Penal, advertimos que se tipifica cuando el querellado se rehúsa a dar explicaciones satisfactorias en juicio, quedando comprendido en el tipo, tanto el que se niega a responder como el que respondiendo no da explicaciones que son satisfactorias (...) (fs. 25 vta.);

No cabe duda alguna y es pacífica la doctrina en cuanto a que la injuria o calumnia equívoca o encubierta, en el caso de resultar satisfactorias para el Tribunal del Juicio las explicaciones dadas, torna a la figura delictiva en atípica, por lo que corresponde al Tribunal dictar resolución que así lo establezca (...).

En el caso traído a consideración para este Tribunal, la querellada en la Escritura Número Ciento Ochenta y Seis, obrante a fs. 11/12 y que se encuentra incorporada al proceso, ha reconocido y ratificado expresamente que han sido vertidas por ella, la frase «los radicales creo que tienen que hacerse la autocrítica propia porque han robado muchísimo en esta Provincia», pero aclaró en forma enfática que dichas expresiones han sido interpretadas por el querellante en forma totalmente equivocada, ya que las ha considerado en su literalidad, agregando que sus afirmaciones no estuvieron dirigidas en absoluto al Dr. Miguel Osvaldo Nicolás, así como tampoco al Partido Unión Cívica Radical, que cuenta con muchísimos afiliados y simpatizantes que han dado y dan acabado testimonio de una vida dedicada al servicio de la Comunidad, agregando a continuación que sus expresiones lo fueron para algunos afiliados o simpatizantes radicales que ocupando cargos o funciones públicas fueron condenados judicialmente por hechos delictivos cometidos durante el ejercicio o desempeño de la función pública y enumeró a once personas condenadas por distintos delitos que van desde defraudación calificada por administración fraudulenta, como es el caso del Dr. Jaime Pompas ex presidente del Banco Social de Córdoba, afiliado y apoderado del Partido Radical, el ex intendente municipal de Cruz del Eje Francisco Ernesto Esteban, condenado por peculado, el Sr. Rubén Rodolfo Ramello ex intendente municipal de Gral. Ordóñez, condenado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública por la Cámara de Bell Ville, etc., etc.; todos los que fueron certificados por la Secretaría del Tribunal, en cuanto a la veracidad de dichas condenas, y finaliza explicando la querellada en dicha acta notarial que «quede absolutamente claro que con mis afirmaciones no me he dirigido ni referido al Partido Unión Cívica Radical, ni a sus afiliados o simpatizantes no condenados, ni el Presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical, Dr. Miguel Osvaldo Nicolás» (fs. 26 y vta.);

Estima el Suscripto que resultan satisfactorias las explicaciones dadas por la querellada ya que ha sido categórica en afirmar que las expresiones por ella vertidas no fueron dirigidas a la persona del querellante ni al prestigioso partido político, al cual tiene la dignidad de presidir en su carácter de Presidente del Comité Central de la Provincia, incluso fue más allá, agregando que tampoco se refería al resto de los afiliados y simpatizantes del centenario Partido, no condenados; estas expresiones estima el Suscripto que dejan a salvo al buen nombre y honor del Querellante en su doble calidad de afiliado y presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical, así como también de la persona jurídica que es la U.C.R. y de todos los afiliados no condenados por delitos contra la administración pública (fs. 26 vta. y 27).

IV.1. Con arreglo a lo prescripto por el artículo 112 del Código Penal, el reo de calumnia o injuria equívoca o encubierta que rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre ella, sufrirá del mínimum a la mitad de la pena correspondiente a la calumnia o injuria manifiesta.

La doctrina jurídica es conteste en señalar que las calumnias o injurias pueden ser equívocas por su contenido o por su dirección (cfr., por todos, Núñez, Ricardo C., Derecho penal argentino , Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1964, t. IV, p. 149 y ss.).

Lo es por su dirección, cuando no está claramente dirigida a quien puede considerarse alcanzado por ella (Núñez, Ricardo C., Derecho penal... cit., t. IV, p. 150).

Pero es esencial que la imputación delictiva o injuriosa proporcione bases por sí misma, por su texto o estructura, para que un tercero pueda presumir que es su destinatario, porque toda ofensa contra el honor, manifiesta o no manifiesta, es una ofensa a un honor ajeno determinado por la propia ofensa (Núñez, Ricardo C., Derecho penal... cit., t. IV, pp. 150 y 151).

La equivocidad de las calumnias o de las injurias por su dirección, entonces, se da en los casos en que la orientación de la ofensa puede revertir sobre la persona del querellante o sobre otra distinta, pero no comprender a ambas a la vez (cfr. Creus, Carlos, Derecho penal. Parte Especial, Astrea, Buenos Aires, 1999, t. I, p. 152; Donna, Edgardo A., Derecho penal. Parte especial, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, t. I, p. 361).

Es que, si sucede esto último, la injuria o calumnia no es equívoca, sino manifiesta (cfr., por todos, Sánchez Freytes, Alejandro, Delitos contra el honor , en AA.VV., Estudios de las figuras delictivas, Daniel P. Carrera (director), Advocatus, Córdoba, 1994, t. 1, p. 242).

2. Las consideraciones precedentes brindan el marco teórico necesario para dilucidar la cuestión sometida a nuestra consideración.

A modo de aclaración preliminar, corresponde destacar que el meollo de la cuestión reside en determinar si las manifestaciones vertidas por la querellada Olga Riutort de De la Sota revisten carácter manifiestamente injuriosas o constituyen dichos equívocamente ofensivos. Se excluye el análisis de si las explicaciones dadas por el representante legal de aquélla fueron satisfactorias, ya que esto queda librado al juicio del juez por tratarse de una apreciación, referida a la existencia del delito que funda la acusación, que no está reservada por la ley para el ofendido (cfr. Núñez, Ricardo C., Derecho penal... cit., t. IV, pp. 154).

La querella le enrostró a la querellada haber afirmado, en oportunidad de inaugurarse las instalaciones del Hospital Pediátrico de esta ciudad, con fecha 22/8/02, y ante determinados requerimientos periodísticos, lo siguiente: Los radicales creo que tienen que hacerse la autocrítica propia [sic], porque han robado muchísimo en esta Provincia (fs. 22).

¿Es éste un aserto que determina claramente sus destinatarios?, ¿constituye uno de aquellos casos en los que la dirección de la ofensa se proyecta sobre la persona del querellante y sobre otra distinta?, o, por el contrario, ¿se trata de un supuesto de injuria equívoca por su dirección?	Adelanto mi opinión en este último sentido.

Ello es así, puesto que no resulta irrazonable admitir que la alocución los radicales alude a un sinnúmero de destinatarios diversos, que no resultan necesaria e inequívocamente comprendidos por dicho giro lingüístico.

Así, la expresión los radicales puede considerase referida al Presidente del Comité Central de la Provincia de Córdoba Miguel Osvaldo Nicolás querellante en esta causa, o a los afiliados de esa agrupación que han ocupado cargos públicos, o a los que no lo han hecho, o incluso a quienes no siendo afiliados resultan meros simpatizantes de la mencionada fuerza política.

No puede apreciarse, a partir de la frase de marras quién o quiénes se encuentran abarcados por la misma de una manera clara, inequívoca, despojada de vaguedades que obstaculicen tal individualización.

Esta conclusión se ve refirmada por las explicaciones que la querellada ha dado a través de su representante legal, en función de las cuales se distingue, de entre las varias alternativas señaladas, un grupo de destinatarios afiliados y simpatizantes radicales que han ocupado cargos públicos y han sido condenados judicialmente por hechos delictivos cometidos durante el ejercicio de la función pública (fs. 23) que se diferencian claramente de los eventuales destinatarios que podrían estimarse alcanzados por la expresión. Ello así privaría al querellante de la calidad de sujeto ofendido por lo que el sobreseimiento debe ser confirmado	Por ello, voto negativamente.

La señora vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

Adhiero al voto de la señora vocal del primer voto, puesto que, a mi ver, desarrolla argumentos que deciden correctamente la cuestión.

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

La señora vocal Dra. María Esther Cafure de Battistelli da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión.

Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION:

La señora vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:

Conforme a lo dispuesto en las cuestión anterior, corresponde rechazar el recurso de casación deducido, con costas (CPP, 550/551).

Así voto.

La señora vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. María Esther Cafure de Battistelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

La señora Vocal Dra. María Esther Cafure de Battistelli da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión.

Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal, RESUELVE: Rechazar el recurso de casación interpuesto por el querellante Miguel Osvaldo Nicolás con el patrocinio del Dr. Miguel A. Ortíz Pellegrini, con costas (arts. 550 y 551 CPP).

Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se dio por la señora Presidente en la Sala de Audiencias, firman ésta y los señores Vocales todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.