Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-28


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 28 de 2006.

La Dra. Gauna dijo:

I) Contra la sentencia obrante a fojas 475/477 en la que se rechazó la demanda instaurada, apela y expresa agravios la parte actora (v. fs.497/498), los que fueron contestados a fojas 503/504. En consecuencia, las presentes actuaciones se encuentran en condiciones de dictar un pronunciamiento de carácter definitivo.

II) El Sr. Juez a quo rechazó la demanda entablada por considerar que el hecho de la existencia de un animal suelto sobre la ruta contra el que chocó el conductor del vehículo, Sr. Argento, asumió las características de caso fortuito. Por ello y en virtud de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Colavita (17/03/00, LA LEY, 2000-E, 498, RC y S, 2000-297) decidió que en este caso no era posible imputar responsabilidad a la concesionaria "Servicios Viales S.A., Concesionaria de rutas por peaje".

III) El apelante se queja por cuanto a su entender la presencia de animales sueltos en la ruta no constituye un hecho impredecible, menos aún en este caso en que la embestida ocurrió a un kilómetro y medio del puesto de peaje; que existe una obligación de seguridad de la concesionaria y que su falta de cumplimiento conlleva la obligación de reparar el daño. Por ello y por las demás razones que expone en su presentación solicita que se revoque la sentencia de primera instancia.

Con relación al tema, cabe tener presente que tanto en doctrina como en jurisprudencia se ha discutido con distinto alcance la imputabilidad de los concesionarios viales.

Una corriente de opinión ha considerado que la responsabilidad del concesionario frente al usuario es de naturaleza extracontractual por entender básicamente que el peaje que abona este último tiene el carácter de tributario. En tal sentido la relación concesionario-usuario es indirecta y se rige por el contrato administrativo celebrado entre el Estado y la empresa, la que sólo es una delegación específica de la gestión encomendada. La concesionaria no es dueña del camino y la red vial no es -en principio- una cosa de riesgo, de modo que responde en caso de incumplimiento por acción u omisión de las obligaciones impuestas por el marco regulatorio vigente.- (cfr. Patricia Pilar Venegas y María Fabiana Compiani "Responsabilidad por los daños generados por el mal estado de conservación de los corredores viales" LA LEY, 1992-E, 1209; Gonzalo López del Carril "Animales sueltos en ruta y responsabilidad civil" LA LEY, 1996-A, 1329; Manuel Sarmiento Guemes "Concesiones Viales. Relaciones Jurídicas" LA LEY, 1995-E, 1164; CNCiv. Sala I "Steven Alberto Raúl c/Caminos del Río Uruguay SA de Const. Conces. Viales s/daños y perjuicios" del 26/4/2001, publicado en revista jurídica "Tener Presente" Nº 34, junio 2001 y en revista LA LEY, del 8/11/01; "Ferradas Marín c/Autopistas del Sol s/daños y perjuicios" sumario Nº 14.732 de la base de datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil, boletín 15/2002, "Bravo Daniel c/Autopistas del Sol" ídem sumario 14.797; boletín 18/2002, Sala G "Carnelli c/Nuevas Rutas SA" junio 7-995 LA LEY, 1995-D-336).

Otra corriente la enmarca dentro del ámbito contractual. Diferencia las relaciones jurídicas "Estado-concesionario" (que se rige por el derecho administrativo) y "concesionario-usuario" (regida por el derecho común). Considera que el peaje tipifica el precio (por cuanto incluye IVA) que abona el consumidor como contraprestación de las obligaciones asumidas por éste.- La mayoría de quienes postulan esta tesis catalogan la relación como "de consumo" (ley 24.240). Es de señalar que más allá de los distintos fundamentos que apoyan esta tesitura, (quienes entienden que entre las partes se celebra un "contrato de peaje" o que se aplica la responsabilidad contractual por cuanto se halla precedida por una relación jurídica preexistente de la que emanan obligaciones expresas y tácitas), lo cierto es que todos consideran que la empresa, de acuerdo al principio de buena fe contemplado en el art. 1198 del Código Civil, asume una clara obligación de seguridad -de resultado- consistente en que el usuario pueda llegar sano y salvo al lugar de destino (cfr. Carlos A. Ghersi "Responsabilidad concurrente del Estado, de las empresas de peaje y de los dueños de animales sueltos en ruta por accidentes con automotores" JA 1999-II-139; Juan C. Boragina y Jorge A. Meza "Responsabilidad Civil de las empresas concesionarias de peaje en relación a los daños padecidos por el usuario" JA 1997-IV-858; Vázquez Ferreyra Roberto "La demanda contra los concesionarios de autopistas" Revista de Derecho de Daños Nº1, Accidentes de Tránsito, I, 1998, Ed. Rubinzal-Culzoni; Jorge Bustamante Alsina "Responsabilidad por el daño que el estado de una autopista provoca al vehículo al circular por ella" LA LEY, 1992-D, 194; CNCiv. Sala F "Greco Marcelo c/Camino del Atlántico" JA 2000-IV-197; ídem Sala M "Caja de Seguros SA c/Caminos del Atlántico" sumario 14.252 Base de datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil; ídem Sala D "Di Gregorio Roque Vitale c/De Godos Julio s/daños y perjuicios" Sec. de Jurisp. sum. 13.432; CSJN "Colavita c/Pcia. de Bs. As." voto del Dr. Vázquez).

Por otra parte no debe perderse de vista que en ambos supuestos el factor de atribución de la responsabilidad es objetivo. En este sentido se ha expedido la Sala F del fuero, (voto de la Dra. Higton de Nolasco) en autos "Greco Marcelo c/Camino del Atlántico SA" (13/3/2000, JA.2000-IV-197) donde se sostiene que "... La responsabilidad de los concesionarios frente a los usuarios de rutas tiene fundamento objetivo. En esto están de acuerdo tanto quienes predican la responsabilidad contractual como la extracontractual. Quienes consideran que la responsabilidad del concesionario es extracontractual la fundan en el art. 1113 segundo párrafo parte segunda, en cuanto consagra la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de las cosas. En la tesis de la naturaleza contractual de la responsabilidad, el fundamento es el de la obligación de seguridad de resultado cuyo incumplimiento también genera responsabilidad objetiva, con factor de atribución basado en la garantía. Cualquiera sea el supuesto, el responsable sólo podrá eximirse acreditando la ruptura de la cadena causal, a través del caso fortuito, la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder (Vázquez Ferreyra "Revista de Derecho de Daños nº1, Accidentes de tránsito I, 1998, Ed. Rubinzal- Culzoni).

Con referencia a daños provocados por animales sueltos en ruta nuestro máximo Tribunal ha sostenido en el expediente "Colavita Salvador c/Provincia de Buenos Aires y otros" del 07/03/2000, que la eventual responsabilidad que genera la existencia del animales sueltos en ruta debe atribuirse, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1124 del Código Civil a su propietario. Que no cabe atribuir responsabilidad a la concesionaria, quien no puede asumir frente al usuario - por delegación de las funciones propias de la concesión - derechos o deberes mayores a los que corresponderán al ente cedente (Estado).

Empero, con fecha 07/11/006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/Provincia de Buenos Aires y/u otros", publicado en DJ, 2006-3-950, sostuvo en el voto mayoritario que el vínculo que se establece entre el concesionario de las rutas y los usuarios de las mismas es calificado como una relación de consumo en el derecho vigente y que la protección de la relación de consumo tuvo sustento en el artículo 33 de la Norma Fundamental que aún cuando no fuera posible la aplicación de la ley 24.240, (en razón de la fecha de sanción) resulta que el vínculo existente entre el concesionario y el usuario es de carácter contractual. Que por ello cabe sostener que el primero asume la obligación de prestar un servicio. Que esta calificación importa que hay una obligación nuclear del contrato, constituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos y, también, deberes colaterales con fundamento en la buena fe (art. 1198, Código Civil). Entre estos últimos existe un deber de seguridad, de origen legal e integrado en la relación contractual, que obliga al prestador a la adopción de medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles. Ahora bien, la apuntada previsibilidad de los riesgos que adjetiva a la obligación de seguridad a cargo del concesionario, puede variar de un supuesto a otro, pues no todas las concesiones viales tienen las mismas características operativas, ni idénticos flujos de tránsito, extensión lineal, condiciones geográficas, grados de peligrosidad o siniestralidad conocidos y ponderados, etc. En muchos casos, podrá establecerse un deber de previsión en atención al art. 902 del Código Civil que no puede ser exigido en otros, lo cual vendrá justificado por las circunstancias propias de cada situación, siendo notorio que no puede ser igual el tratamiento de la responsabilidad del concesionario vial de una autopista urbana, que la del concesionario de una ruta interurbana, ni la del concesionario de una carretera en zona rural, que la del concesionario de una ruta en zona desértica. Como consecuencia de ello, incumbe al juez hacer las discriminaciones correspondientes para evitar fallos que resulten de formulaciones abstractas y genéricas.

También se mencionó en el referido fallo que el supuesto particular de accidentes ocurridos con ocasión del paso de animales por rutas concesionadas, es claramente previsible para un prestador de servicios concesionados. La existencia de animales en la zona y la ocurrencia de accidentes anteriores del mismo tipo, constituyen datos que un prestador racional y razonable no puede ignorar. Es el prestador del servicio quien está en mejor posición para recolectar información sobre la circulación de los animales y sus riesgos, y, por el contrario, el usuario es quien está en una posición desventajosa para obtener esos datos, lo que sólo podría hacer a un altísimo costo. Es claro entonces que la carga de autoinformación y el deber de transmitirla al usuario de modo oportuno y eficaz, pesa sobre el prestador del servicio. El deber de información al usuario no puede ser cumplido con un cartel fijo, cuyos avisos son independientes de la ocurrencia del hecho, sino que requiere una notificación frente a casos concretos. Esta carga de autoinformación importa también el deber de adoptar medidas concretas frente a riesgos reales de modo preventivo. También en este caso puede constatarse fácilmente que es el prestador del servicio quien está en mejor posición para tomar medidas de prevención genéricas al menor costo. Dicho con otras palabras la falta de un adecuado ejercicio del deber de previsión y de disponer lo necesario para evitar accidentes en los términos y circunstancias indicadas compromete la responsabilidad de la concesionaria." En su voto, el Dr. Zaffaroni manifestó "que en lo atinente a la responsabilidad objetiva, el concesionario debe responder ante al usuario por los daños provocados por animales que invaden la carretera concesionada, salvo que demuestre la mediación de eximente en punto a la ruptura del nexo causal. Para que proceda dicha eximición, debe acreditar el acaecimiento de culpa de la víctima o la de un tercero por el que no debe responder o del caso fortuito A la luz de lo expuesto, cabe señalar en primer término que de acuerdo a las constancias de la causa penal Nº 29.168 que se tiene a la vista en este estado, el accidente ocurrió el 9 de diciembre de 1997 a las 00:25 horas en la ruta nacional número 9, tramo Rosario a Buenos Aires a la altura del kilómetro 92 - Zárate -, en que el coactor Roberto Nestor Argento conducía la camioneta marca Renault Express dominio BRY 053, acompañado por el coactor Gustavo Juan Molina y por el Sr. Guillermo Heig y colisionó con un animal equino que se encontraba circulando sobre la ruta. Del acta de inspección ocular de fojas 5 de las citadas actuaciones surge que "la zona resulta ser mínimamente descampada en sus aledaños, hallándose algunos edificaciones de casas quintas a la vera de la carretera. Que el tránsito vehicular resulta ser densamente fluido en caso la totalidad del día, disminuyendo hacia la noche, sin llegar a tornarse nulo, siendo en su mayoría de vehículos automóviles, camiones y todo otro tipo de rodado, debido a que esta ruta resulta ser una vía de acceso comercial y turística. Que ubicados en el lugar que interesa, se trata del ya descripto con antelación, donde la Instrucción se aboca a la búsqueda de huellas, rastros, indicios u otros objetos de interés en la presente investigación arrojando resultado negativos". De lo expuesto, cabe inferir que en la zona próxima a la del accidente y pese a tratarse de una vía importante de tránsito vehicular no existían carteles que pudieran advertir a los usuarios acerca de la posibilidad de encontrar animales sueltos a su paso. Ello queda corroborado a través del informe pericial de fojas 287/290 y 330. Por lo demás, la demandada ha negado la existencia del hecho, por lo que no existe una versión de su parte así como tampoco la invocación de causales de eximición de responsabilidad atribuibles a los coactores.

La falta de adecuadas medidas de seguridad ha generado un riesgo imprevisible para el conductor del vehículo que se desplazaba por la ruta en esa zona. Por otra parte, la responsabilidad que el artículo 1124 del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardián de un animal por los daños que cause, no es exclusiva ni excluyente de la responsabilidad de distinta índole y causa a que puede caberle a los concesionarios viales por el incumplimiento de los deberes propios, entre los cuales no son ajenos los atinentes a la previsión de la presencia de animales en la ruta. Esta regla parece tanto más aplicable en casos como el presente en los que no se ha individualizado al dueño o guardián del animal quien no ha sido parte en la litis (conf. Corte Suprema, fallo citado, del voto de la mayoría).

Consecuentemente, frente a las consideraciones expuestas y ante la ausencia de elementos de prueba que permitan tener por demostrada la existencia de culpa de un tercero por el que no debe responder o el caso fortuito, con aptitud suficiente para fracturar el nexo causal, el concesionario demandado debe responder por los daños provocados, objeto de comprobación.

IV) Los coactores Molina y Argento solicitan $5.000 y $ 25.000 respectivamente, en concepto de incapacidad sobreviniente con motivo del accidente. También piden la cantidad de $ 6.000 y $ 20.000, respectivamente, en concepto de trastorno psíquico y $ 4.160 y $ 8.320 para afrontar, en ese orden, el tratamiento necesario.

El perito médico legista designado por el juez concluyó que el coactor Molina padecía lesiones leves que curaron sin secuela por lo que no presenta incapacidad, lo que fue ratificado a fojas 349. En cuanto al coactor Argento, el perito concluyó que padeció lesiones leves con secuelas estéticas en antebrazo y mano derecha las que son visibles y rompen la armonía corporal, por lo que estimó una incapacidad global, parcial y permanente del 6,6 % de la total obrera ( v. fs. 337), lo que también fue ratificado a fojas 349 y 389.

Los coactores impugnaron el dictamen médico a fojas 346/347 pero la perito ratificó sus términos a fojas 349/349 vta.. Por su parte, la demandada impugnó el referido dictamen a fojas 353y la citada en garantía solicitó explicaciones a fojas 351. La perito respondió a fojas 389 y ratificó las conclusiones periciales brindadas con anterioridad.

Con relación al valor de la prueba pericial cabe recordar que para poder apartarse el juzgador de las conclusiones allegadas por el técnico, debe dar razones muy fundadas, pues si bien es verdad que las normas procesales no acuerdan al dictamen el carácter de prueba legal, y le permiten al magistrado formar su propia convicción, cuando es evidente que ésta comporta la necesidad de una apreciación crítica de un campo del saber, naturalmente ajeno al hombre de derecho, corresponde estimar otros elementos de juicio que permitan fehacientemente concluir en que ha habido error o inadecuado uso en el caso por el perito de los conocimientos científicos de los que, por su profesión o título habilitante, necesariamente ha de suponérselo dotado (CNEsp.Civ.yCom., Sala 4º, 29/8/83, ED, 111-326, 382-S). Es decir, que si no concurren claros e inequívocos elementos de juicio opuestos, el magistrado debe aceptar las conclusiones periciales siempre y cuando éstas se encuentren debidamente sustentadas, pues aquél carece de los conocimientos específicos del experto.

Cabe destacar que los porcentuales de incapacidad que se determinan en los dictámenes periciales no constituyen un dato rígido sobre el cual deben establecerse las indemnizaciones pues éstas no son tarifadas, sino que dichas incapacidades deben ser meditadas por el juzgador en función de pautas razonablemente generales, siempre con un criterio flexible, para que el resarcimiento pueda ser la traducción lo mas real posible del valor verdadero y concreto del deterioro sufrido.

Además, las opiniones personales de las partes interesadas no poseen la idoneidad que se requiere para contraponerse a la de un experto en la materia de la que se trata, designado de oficio por el juez. Más aun cuando, como en este caso, las conclusiones periciales se encuentran debidamente fundadas por lo que, evaluadas a la luz de las reglas de la sana crítica, de los constancias del expediente y de la opinión del consultor técnico de la citada en garantía (v. fs. 379) el que entendió que las cicatrices generan un defecto estético aunque a su entender de poca magnitud, cabe asignarles total eficacia probatoria (art. 477 Cód. Proc.).

En lo que hace a la lesión estética, este Tribunal ha sostenido que si bien desde un punto de vista tradicional sólo se computaba como lesión estética aquella equivalente a fealdad, más aún a deformidad, lo cierto es que en el concepto jurídico actual de aquélla "ingresa no sólo la afectación de la belleza, armonía o perfección física (cualidades de las que la víctima podía carecer antes del hecho dañoso), también la de su normalidad o regularidad (atributos que gozan de ordinario los seres humanos, bellos o feos, salvo el caso de especiales problemas congénitos u otros anteriores al hecho desencadenante de responsabilidad)" (Zavala de González, Resarcimiento de daños, tº II-A, págs. 169/170).

La integridad y normalidad corporales son bienes deseables para cualquier persona, y su pérdida o perturbación es resarcible con prescindencia del sexo, edad, profesión y estado civil. No obstante, esos factores - entre otros posibles, atinentes a las circunstancias de la víctima - ejercerán natural influencia en la determinación del alcance del daño y correlativamente en la cuantía de la indemnización.

Por lo tanto, en atención a lo expuesto, que se trata de una persona joven (30 años a la fecha del hecho), que trabajaba (v. fs. 253/254), de estado civil casado y las demás circunstancias personales que surgen de las actuaciones, pautas todas que corresponde tener en cuenta a los fines de establecer la cuantía de la indemnización, cabe proponer al acuerdo que se fije a favor del coactor Argento la cantidad de cuatro mil pesos ($4.000 ) por el concepto indicado (art. 165 Cód. Proc.), desestimándose el pedido formulado por el Sr. Molina.

Con respecto al daño psíquico invocado, la perito médica designada por el juez dictaminó que el coactor Molina posee una personalidad normal en que aparecen secuelas del accidente que se traducen en delimitado temor y angustia al manejar de noche. Ello es considerado síntoma residual por estrés postraumático (v. fs. 242) Que el grado de incapacidad vital que presenta equivale al 5% y que los síntomas referidos son factibles de tratamiento psicoanalítico recomendando un año a razón de dos sesiones semanales.

En lo que hace al coactor Argento, la perito diagnosticó que se trata de una personalidad fóbica. Mecanismos de defensa apego hacia sus seres queridos que le infunden confianza. Aislamiento de lo externo que pudiera resultarle peligroso. Depresión severa. Presenta secuela fóbica del accidente de autos que lo afecta intensamente recrudeciendo sus temores inherentes a su personalidad. Que el grado de incapacidad que presenta equivale al 20%, y que los síntomas son factibles de tratamiento psicoanalítico durante tres años a razón de dos sesiones semanales.

La citada en garantía impugnó el peritaje (v. fs. 272) y la experta ratificó sus términos a fojas 297/299. Por su parte, la consultora técnica de la primera coincidió con el diagnóstico, grado de incapacidad y costo del tratamiento del coactor Molina y manifestó su disenso con relación a la duración de este último la que consideró excesiva. En lo que hace al coactor Argento la consultora también coincidió con el diagnostico, grado de incapacidad y costo del tratamiento y no compartió la duración recomendada al considerarla excesiva por las razones allí expuestas (v. fs. 311).

Frente a los elementos mencionados, cabe señalar que la indemnización por incapacidad sobreviniente -que debe estimarse sobre la base de un daño cierto- procura el resarcimiento de aquellos daños que tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona afectada, no solo en su faz netamente laboral o productiva sino en toda su vida de relación (social, cultural, deportiva e individual). De allí que en materia civil y a los fines de su valoración no puedan establecerse pautas fijas por cuanto habrá de atenderse a circunstancias de hecho variables en cada caso en particular ya que tratándose de una reparación integral para que la indemnización sea justa y equitativa deben apreciarse diversos elementos y circunstancias de la víctima, tales como su edad, sexo, formación educativa, ocupación laboral, entre otros.

No debe perderse de vista que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la integridad no son solo un bien jurídicamente tutelado cuyo quebrantamiento debe ser reparado, sino que además constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público.

Teniendo en cuenta las conclusiones del dictamen pericial a los que cabe asignarles eficacia probatoria en los términos del artículo 477 del CPCC al encontrarse debidamente fundadas y las circunstancias personales del coactor Molina, (30 años, soltero, técnico electrónico, estudiante de ingeniería, empleado)cabe proponer que se fije en concepto de indemnización por la incapacidad estimada (5%) la cantidad de dos mil pesos ($2.000) al considerar que luego de realizado el tratamiento sugerido, casi con certeza aquélla podrá disminuir. Ponderando las circunstancias personales del coactor Argento, mencionadas con anterioridad, cabe proponer en concepto de indemnización por la incapacidad psíquica constatada la cantidad de cinco mil pesos ($5.000) por considerar con alto grado de certeza que una vez finalizado el tratamiento sugerido podrá superar en gran medida la secuela originada por el accidente.

En lo que concierne a los tratamientos sugeridos, teniendo en cuenta que la parte demandada no objetó el dictamen al corrérsele el traslado y que la citada en garantía así como su consultora técnica, solo manifestaron su desacuerdo con la duración aconsejada por la perito, advirtiendo asimismo que a fojas 55 punto 3, los coactores expresaron que distintos facultativos que los atendieron les aconsejaron acerca de la necesidad de realizar tratamiento de apoyo para paliar en parte o morigerar los problemas psíquicos que los afectan, estimando para el Sr. Molina una terapia de seis meses de duración y para el Sr. Argento un año, a razón de dos sesiones semanales en ambos casos, cabe admitir la impugnación realizada en base a tales elementos que no corresponde soslayar al provenir de los propios interesados y aparecer fundados en opiniones de sus facultativos. Por lo tanto, se propone fijar en $ 3.840 la cantidad para el coactor Molina y $ 7.680 para el coactor Argento para cubrir los gastos del tratamiento psicológico aconsejado (art. 165 CPCC).

En lo que hace a los gastos por medicamentos y honorarios médicos, se ha sostenido reiteradamente que constituyen una consecuencia forzosa del accidente, de modo tal que el criterio de valoración debe ser flexible, no requiriéndose, por ende, prueba concreta y acabada sobre la efectividad de los desembolsos y de su cuantía. Lo fundamental es que la índole e importancia de los medios terapéuticos a que responden los gastos invocados guarden vinculación con la clase de lesiones producidas por el hecho, es decir, que exista la debida relación causal.

En efecto, los gastos de farmacia no siempre pueden ser suficientemente documentados. Algunos medicamentos se venden sin suscribirse facturas sino simplemente tickets. Por otra parte, la multiplicidad de comprobantes se traduce en la pérdida de pequeños instrumentos (Kemelmajer de Carlucci, en "Código Civil Comentado", T.5, página 213).- A ello cabe agregar que resulta natural que, producido un accidente, el lesionado y, en su caso, los familiares, no se encuentren en condiciones anímicas como para gestionar los comprobantes de los pagos que realizan para la curación.

En el contexto descripto, una constante y antigua jurisprudencia ha entendido que los gastos en que incurre quien sufre un ilícito no necesitan de una acabada prueba documental, se presume que quien ha sufrido lesiones que requirieron tratamiento médico realice gastos extraordinarios en concepto de medicamentos y traslados, sin que obste a tal solución que el damnificado fuera atendido en hospitales públicos o a través de su obra social, ya que también en estos supuestos debe afrontar ciertos pagos (por ejemplo medicamentos) que le ocasionan un detrimento patrimonial.

La presunción sobre la realidad del desembolso aún en defecto de prueba conlleva a la fijación judicial del monto pertinente, sobre la base de las circunstancias del caso. Así se ha dicho que para la determinación de los gastos farmacéuticos efectuados a consecuencia de un accidente, deben gravitar factores como: lugar donde fuera atendida la víctima, importancia y extensión de las lesiones sufridas, ausencia total de comprobantes, que determinarán el obrar prudente del magistrado en la ponderación del monto a fijarse, haciendo justo y equitativo uso de lo dispuesto por el art.165 de la ley ritual (C.N. Esp. Civ. y Com., Sala IV, 30/4/82, E.D. 106-117). Sin embargo la valoración judicial debe ser severa y prudente cuando se carezca de demostración certera sobre la cuantía de los desembolsos (Zavala de González, "Resarcimiento de daños a las personas", página 145).

En el caso, en atención a la índole de las lesiones padecidas por los coactores, las constancias de fojas 159/188, lo que surge del peritaje médico y demás constancias de la causa, se propone fijar por este concepto la cantidad de pesos cien ($100) para el coactor Molina y la de pesos tres cientos ($300) para el coactor Argento por considerar que se adecuan razonablemente a las particularidades que surgen de la actuaciones (art. 165 CPCC).

El coactor Molina reclama seis mil pesos ($6.000) por diferencia de valor de venta del automóvil siniestrado. Luego de valorar el dictamen pericial de fojas 287/290 en el que el ingeniero designado por el juez consideró razonable aquella cantidad dando amplios fundamentos técnicos y objetivos, que fueron expresamente ratificados a fojas 413/415 por las razones allí expuestas y que el impugnante de fojas 305 no ha logrado desmerecer a través de sus opiniones personales, cabe proponer al acuerdo que en virtud de las conclusiones periciales a las que cabe asignar eficacia probatoria (art. 477 CPCC) se fije la cantidad de seis mil pesos por el concepto indicado.

Ambos coactores solicitan que se fije la indemnización en concepto de daño moral originado por el accidente.

Previamente, cabe recordar que el daño moral ha sido definido como aquel perjuicio que se manifiesta a través de los padecimientos, molestias y angustias que lesionan las afecciones legítimas de la víctima, lo que demuestra el intento de resarcir aspectos propios de la órbita extrapatrimonial del damnificado. Para su procedencia la ley no requiere prueba de su existencia ya que se acredita ante el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del derecho en cabeza del reclamante.

Para establecer la cuantía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que mas que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a la ponderación de las diversas características que emanan del proceso. "La determinación del monto no depende de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales pues no media interdependencia entre tales rubros, ya que cada uno tiene su propia configuración pues se trata de daños que afectan a esferas distintas" (cfr. Llambías "Obligaciones" T. I pág. 229).

Por ello, teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon al hecho en si, las lesiones producidas, las secuelas constatadas en cada uno de los coactores, los tratamientos que surgen de la historia clínica de fojas 159/188 respecto del coactor Argento, el tiempo de convalecencia y las circunstancias personales de cada uno referidos con anterioridad, como asimismo lo que surge de la declaración testimonial de fojas 324/325, cabe proponer que se fije la cantidad de pesos tres mil ($ 3.000) para enjugar el daño extrapatrimonial correspondiente al coactor Sr. Molina y en pesos once mil ($11.000) el referido al coactor Argento (arts 522, 1078 del Código Civil y 165 del CPCC).

En lo que atañe a los intereses sobre todos los montos de condena, en atención al objeto de la demanda, a lo dispuesto en los fallos plenarios dictados por esta Cámara en los expedientes "Gómez Esteban c/Empresa Nacional de Transporte" del 16/12/58; "Vázquez Claudia c/Bilbao Walter" del 02/08/93 y "Alaniz Ramona Evelina y otro c/Transporte 123 SACI interno 200 s/daños y perjuicios" del 23/03/04 (LA LEY, 1993-E, 126; 2004-C, 36), se computarán desde la ocurrencia del hecho hasta la del efectivo pago a la tasa pasiva promedio que fija el Banco Central de la República Argentina (art. 303 del Código Procesal).

En cuanto a la actualización monetaria, no corresponde toda vez que los montos que se establecen en la sentencia reflejan el valor actual pues en ese instante se produce la "cristalización del valor", que deberá tomarse en cuenta al momento del pago, pero sin que ello implique la revalorización monetaria a través de los índices de actualización monetaria (esta Sala Libre 194.339 entre otros).

Con costas por su orden en atención a que lo resuelto por la Corte Suprema con fecha 07/11/2006 en la causa mencionada importó un cambio en la jurisprudencia del citado Tribunal (Fallos 318:1214) (art. 68 segundo párrafo del Código Procesal).

Haciendo extensiva la condena a la empresa citada en garantía "Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A." presentada en autos, de acuerdo a la póliza respectiva.

En consecuencia, a mérito de los consideraciones expuestas, las pruebas obrantes en los actuaciones que fueron ponderadas en particular y en conjunto (art. 386 del CPCC), las normas legales aplicables al caso y el alcance de la queja, cabe proponer al acuerdo que se revoque la sentencia de fojas 476/477 y que se admita la demanda entablada por Gustavo Juan Molina y Roberto Néstor Argento contra "Servicios Viales S.A. Concesionaria de Rutas por Peaje". Por ello, que se condene a esta última a abonar a los primeros dentro del plazo de diez días hábiles la cantidad de pesos catorce mil novecientos cuarenta ($ 14.940) al coactor Molina y la de pesos veintisiete mil novecientos ochenta ($ 27.980) al coactor Argento, con más sus intereses de acuerdo a lo determinado en el considerado respectivo de la presente. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado por los fundamentos expuestos precedentemente. La condena se hace extensiva a la aseguradora "La Mercantil Andina S.A." en los términos del seguro.

El Dr. Kiper por las consideraciones expuestas por la Dra. Gauna, adhiere al voto que antecede.

Y Visto, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide revocar la sentencia de fojas 476/477 y admitir la demanda entablada por Gustavo Juan Molina y Roberto Néstor Argento contra "Servicios Viales S.A. Concesionaria de Rutas por Peaje". Condenar a esta última a abonar a los primeros dentro del plazo de diez días hábiles la cantidad de pesos catorce mil novecientos cuarenta ($ 14.940) al coactor Molina y la de pesos veintisiete mil novecientos ochenta ($ 27.980) al coactor Argento, con más sus intereses de acuerdo a lo determinado en el considerado respectivo de la presente. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado por los fundamentos expuestos precedentemente. La condena se hace extensiva a la aseguradora "La Mercantil Andina S.A." en los términos del seguro Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese. El Dr. Mayo no firma por haberse excusado. -Elsa H. Gatzke Reinoso de Gauna. -Claudio M. Kiper.