Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-30


C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 30 DE MARZO e dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la apoderada de la demandada en autos: "Graciano de Rodríguez, Cerafina Teresa vs. Edificadora del Norte S.A. s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte el recurso de casación interpuesto por la apoderada de la parte demandada contra la sentencia de fecha 28/8/2003 dictada por la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común (fs. 485/486 vta.), que fue concedido por resolución de fecha 07/11/2003 (fs. 505).

El recurso de casación fue presentado en término, con boleta de depósito, y está dirigido contra sentencia definitiva.

2.- La recurrente se agravia de que no debió aplicarse el art. 1113 del Código Civil y que no hay acción en su contra, por cuanto la víctima fue el locador y constructor de la obra en la cual se produjo el accidente. Considera que esa norma exige que el autor del hecho se halle en situación de subordinación respecto a la persona a quien se quiere responsabilizar, lo que no ocurre en el caso, en el que se probó la existencia de un contrato de locación de obra. Resalta que la Sra. Juez de Primera Instancia trasladó la carga de la prueba al dueño o guardián de la cosa, el demandado, quien debía probar que de su parte no hubo culpa, lo que considera arbitrario porque el locatario no es el guardián de la cosa locada. Señala que la víctima fue el locador de la obra, que sufrió el accidente cuando daba directivas a su operario, y que el puntal se desprendió de un encofrado hecho por él. Manifiesta que el palo que cayó no estaba en mal estado sino entero, y que el cuidado del apuntalamiento del encofrado, y la orden de retirar el mismo, estaban a cargo de la víctima que era el locador de la obra. Manifiesta que a su parte sólo le corresponde pagar la obra una vez construida, y que por ello no hay en su contra acción fundada en el art. 1113 del Código Civil. El recurrente destaca que la víctima tuvo a su cargo la custodia de la cosa que generó el daño. Señala que la sentencia de segunda instancia admitió que el comitente de la obra fue al mismo tiempo dueño de la cosa riesgosa, y que por ello debía responder por los daños que ocasionó, y que la única posibilidad que tenía la demandada para eximirse de responsabilidad era demostrar la culpa de la víctima. Objeta la afirmación de la sentencia de que el encofrado fue realizado antes que el actor se incorporara a la obra. Expresa que con los mismos fundamentos por los que se redujo la indemnización a la mitad, debió eximirse a su parte de toda responsabilidad, conforme al art. 1113 del Código Civil. Por último, propuso doctrina legal.

3.- La sentencia recurrida consideró que el demandado era responsable del accidente por ser el dueño de la cosa riesgosa productora del daño, en mérito a lo dispuesto en el art. 1113 del Código Civil. Interpretando el contrato de locación de obra, el tribunal atribuyó responsabilidad al demandado por haber sido comitente a cargo de la dirección y custodia de la obra. Como tercer elemento, el Tribunal consideró responsable al recurrente porque el encofrado del cual se desprendió el puntal que causó el accidente no había sido ejecutado por la víctima.

El tribunal también expresó que la víctima había actuado con imprudencia, porque siendo técnico contratista a cargo de los trabajos, debía conocer los peligros de un edificio en construcción y podía tomar los recaudos necesarios para reducir los riesgos. Con tal fundamento, atribuyó a la culpa de la víctima una incidencia de un 50 % en la producción del accidente, por lo que redujo en la mitad la indemnización fijada en primera instancia.

4.- El recurso de casación es inadmisible, porque se pretende que se efectúe una nueva y diferente interpretación del contrato de locación de obra que hubo entre la víctima y el demandado, y que de allí se concluya que la primera tuvo la exclusiva responsabilidad sobre todo lo concerniente a la obra y en consecuencia en la producción del accidente, y que se libre de toda responsabilidad a su parte. Los agravios también plantean una nueva merituación del conjunto de pruebas, para que se reelabore una plataforma fáctica diferente a la determinada por el tribunal de grado.

El recurso no se ajusta a la exigencia impuesta por el art. 815 CPCC, ya que los agravios plantean que se efectúe una nueva valoración del conjunto probatorio, y proponen otra interpretación del contrato de locación de obra que vinculó a la víctima con la demandada, lo cual resulta inadmisible en el ámbito del recurso de casación, excepto supuesto de arbitrariedad, que no se advierte en el caso por cuanto la sentencia exhibe fundamentación adecuada de sus conclusiones.

Por lo expresado, corresponde declarar mal concedido el recurso.

5.- En cuanto a las costas, atento al resultado, corresponde imponerlas al vencido (art. 106 CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por la apoderada de la parte demandada contra la sentencia de fecha 28/8/2003 dictada por la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común (fs. 485/486 vta.).

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA