marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Facultades del juez, intereses punitorios, equidad, modificación de la tasa de interés
Materia: CIVIL
Carátula: BOETTO, SANTIAGO c/ SOTOMAYOR, MARIO CARLOS ALBERTO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. JUICIO EJECUTIVO (EXPTE. C.S.J.  NRO. 60 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-07-06

Es función inexcusable del magistrado velar por la adecuación del resultado de su sentencia a la regla moral del artículo 953 del Código Civil que se complementa con lo normado en los segundos párrafos de los artículos 622 y 656 de dicho digesto.

Específicamente se ha sostenido que "No corresponde admitir cualquier tasa de interés punitorio por el solo hecho de que se encuentre estipulada por las partes. La regla de los artículos 621 y 1197 del Código Civil encuentra límites en la interpretación armónica del mismo ordenamiento: tal es lo que resulta de la regla moral del artículo 953, de la compatibilización con los principios de interés general que prevé el artículo 21 y con la facultad morigeradora que en materia de cláusula penal reconoce el artículo 656 y, en los casos de lesión, el 954" y así lo han decidido reiteradamente los tribunales de todo el país. (Del Voto del Dr. Vigo)
Contrabando de estupefacientes, tráfico de estupefacientes, delitos contra la humanidad, idoneidad del testigo, autoridad de prevención, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ MUÑOZ, SILVIA s/ Contrabando Causa 25955
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-24

1- Los funcionarios de la prevención pueden ser testigos, y sus dichos, en lo referente a los hechos de los que tomaron conocimiento por razones funcionales, tienen pleno valor probatorio.- 2- El delito de tráfico de estupefacientes es delito de lesa humanidad.
Plan para la vivienda, deberes de la administración, derechos y garantías constitucionales, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M, M. M. c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-13

Todos los derechos constitucionales tienen fuerza normativa y deben ser asegurados por el Estado, ya sea mediante la abstención, ya sea mediante la realización de comportamientos positivos.

De tal manera, deben ser igualmente respetados los derechos de la Constitución histórica (así los contenidos en el art. 14), los derechos postulados como consecuencia de la valorización constituyente de la justicia social (así los incorporados en 1957 como art. 14 bis) y los derechos constitucionalizados a través de la última reforma, de 1994 (así el derecho de los consumidores o a un ambiente sano).

En este sentido el derecho a la vivienda no es de menor jerarquía o de diferente fuerza normativa que los restantes derechos constitucionales, entre ellos los incluidos en el mismo artículo 14 bis, como el derecho a jubilaciones móviles.

Todos los derechos, en mayor o menor medida de acuerdo a sus particularidades, requieren de regulaciones, de instituciones gubernamentales, de estructuras burocráticas y, por ende, implican un costo y un consiguiente gasto público.
Contratos administrativos, elementos del contrato, contrato de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: NISALCO S.A. c/ CIA. ARG. DE SEGS. LA ESTRELLA S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-16

El contrato de obra pública integrado en todos sus elementos, dentro del cual se cuenta el segundo contratado, conforme un todo inseparable que participa de la naturaleza jurídica de los contratos administrativos, especie del género más amplio de actos administrativos. Esta rama especial del derecho utiliza principios que le son propios, sin perjuicio de considerar también a las demás ramas del derecho como elementos auxiliares.
Depósito previo, exigibilidad del depósito
Materia: LABORAL
Carátula: PINARDELLI CRISTIAN c/ TORRESI RENE Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ ACCIDENTE DE TRABAJO - QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-28

Atento a que el art. 290 del CPCC requiere el depósito previo para la admisibilidad del recurso de queja, se impone su observancia como recaudo de admisibilidad formal de la queja en el procedimiento laboral cuando el mismo es ejercido por la empleadora en razón del beneficio acordado al trabajador por el art. 62 de la Ley 3.603. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario federal, acción contravencional, prescripción, incompetencia
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensor Oficial en lo Contravencional n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Oniszczuk, Carlos Alberto s/ ley 255- apelación' Contravencional nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Oniszczuk, Carlos Alberto s/ ley 255- apelación'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-01

Frente al planteo de prescripción de la acción contravencional efectuado por el Sr. defensor oficial, corresponde declarar la incompetencia del Tribunal para tratar, en principio, el punto, y decidir acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso extraordinario interpuesto.
Despido por maternidad, presunción de despido, buena fe procesal
Materia: LABORAL
Carátula: L. S. R. G. c/ B. H. S.A. s/ cobro de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

Confirma la sentencia que admitió la demanda de la trabajadora, considerando que la accionada despidió a la actora, pero articuló el cese mediante la figura de un acuerdo e hizo lugar a las indemnizaciones derivadas del despido y la del art. 2 de la Ley 25323, dado que la actitud de la accionada, negando el embarazo y la gravedad del estado de la actora no se compadece con las licencias médicas y haberes por enfermedad que surgen del informe pericial contable, resultando rayana con el quebrantamiento de la buena fe procesal. Existe una serie de indicios y hechos reales que producen convicción acerca de que la demandada tenía conocimiento de la situación de embarazo de la actora con anterioridad a la notificación de despido, por lo que el distracto resulta alcanzado por la presunción del art. 178 LCT, sin que la misma haya sido desvirtuada por prueba en contrario.
Recurso de casación laboral, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL
Carátula: SANCHES ANGEL RAIMUNDO c/ ALMADA RICARDO Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-07-30

El reconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo que vincule a las partes, es una cuestión típica de hecho y prueba; y "en materia de hechos y pruebas, sólo en caso de absurdo o arbitrariedad manifiestos en la sentencia, correspondería su revisión en la instancia de excepción de la casación, pero la alegación de dichos extremos por parte del recurrente debe estar perfectamente fundada y demostrada.-
Falta de examen preocupacional, enfermedad accidente, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: PEREIRA RODRIGUEZ, JOSE CONRADO c/ FRUMAN, CARLOS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Como generalmente ocurren en pequeñas empresas, el hecho de que no exista examen preocupacional no exime al trabajador que reclama por enfermedad accidente, de la carga de probar ha sido el trabajo prestado para el demandado, el que ha causado su incapacidad.
Derecho procesal, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: GUIRADO, JOSE c/ LA AGRARIA S.A. s/ ACCION DE REMOCION-III CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-14

Para que resulte aplicable lo dispuesto por el art. 297 inc.3 C.P.C. es menester resaltar que la demora éste referida sólo al dictado de las sentencias definitivas o interlocutorias, pues solamente en estos casos existe la imposibilidad del impulso procesal por parte del litigante interesado. No se halla comprendida la omisión de dictar decretos , como el de una simple providencia de trámite. La mera presentación de un escrito no es idónea para la interrupción de la caducidad de instancia; para ello es menester activar su proveído, y si los autos no estaban en el tribunal pedir suspensión de términos y urgir su devolución.
Hidrocarburos, regalías hidrocarburíferas
Materia: ECONOMIA-CONSTITUCIONAL
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

El reclamo de la Provincia de La Pampa es improcedente por dos razones: la primera, es que la ley 23.897 no restableció la aplicación de los precios internacionales como valores de referencia para la liquidación de las regalías ni trajo aparejada la derogación del decreto 1757/90; la segunda razón, es que los dos únicos yacimientos que han sido materia del pleito quedaron sujetos a los decretos de concesión 1769/90 y 2164/91, los que dispusieron la aplicación del régimen de regalías que resulta de la ley 17.319 -que no determina que las regalías sean siempre liquidadas al precio internacional-, todo lo cual fue aceptado por la actora mediante el dictado de una ley local (Voto del juez Rosenkrantz).
Nulidad procesal, reconstrucción del hecho
Materia: PROCESAL
Carátula: FEDERICO LORENZO MENDEZ s/ TENTATIVA  DE  HOMICIDIO  Y  LESIONES  EN CONCURSO IDEAL  EXPTE. N. M  1480-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-05-29

Si la reconstrucción del hecho sirve precisamente para controlar otras pruebas, o sea, de confirmación o de destrucción de otras pruebas ya llevadas al proceso y, si esas pruebas ingresan a la reconstrucción sin respetar las formalidades para su respectiva instrumentación, resulta obvio que el acto procesal reconstructivo habrá de anularse.
Querellante, calidad de parte, situación del imputado, inhabilitación absoluta, pena, accesorias legales, curador
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "BAEZ, Eleonora E. s/ querellante".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-20

El condenado a una pena superior a tres años de prisión carece de capacidad para desempeñar el rol de querellante, debiendo hacerlo, en todo caso, a través de su representante legal -el curador- (art. 82 párrafo segundo del C.P.P.N.).Tal es el caso de quien fue condenado a seis años de prisión, con más las accesorias legales, que pretende querellar a fin de obtener una condena que le permitiría fundar y obtener una decisión favorable, a los efectos de recurrir la condena en su contra por vía de revisión.
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la vida
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Hospital Británico de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

El derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional y las leyes (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt y Augusto César Belluscio).
Municipalidad, tasas retributivas de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COOP. DE VIVIENDAS SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO EXPTE. N°  81.313 c/ MUNICIPALDIAD DE LA CAPITAL s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2008-04-23

La Comuna que persigue el pago de la tasa debe justificar la prestación efectiva del servicio que se cobra. Cuando la tasa persigue la retribución de un servicio público concreto, como es el barrido, limpieza, recolección de residuos, iluminación, la efectiva prestación del servicio se transforma en imprescindible para habilitar el pertinente cobro; de lo contrario, el cobro sería inconcebible e improcedente, careciendo de causa que le sirva de fundamento. En consecuencia, la contrapartida de la retribución es la efectiva prestación del servicio, o al menos, que el servicio ha sido puesto a disposición del usuario, siendo voluntario de éste utilizarlo o no. La carga probatoria debe recaer en la prestadora del servicio que pretende el cobro, ya que las pruebas deben ser producidas por quien tiene a su alcance la posibilidad de hacerlo.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tilca, Leonardo Ariel c/ Maldonado, Omar Ramón y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-03

No existe un desplazamiento patrimonial incausado, cuando la prestación que constituye el objeto de la obligación, encuentra su causa en el deber de responder por las consecuencias del ilícito (arts. 499, 1066, 1067, 1068, Cód. Civil); y el monto reclamado es el efectivo costo de la reparación, necesario para la reposición de las cosas al estado anterior (art. 1083, Cód. Civil); ello, en principio, impide sostener que existe una injusta traslación de bienes de un patrimonio a otro. Ejercería de manera abusiva su derecho (art. 1071, Cód. Civil) el damnificado que a ultranza exigiera el pago del costo de refacción de las secuelas, cuando éste es superior al valor de reposición del mismo rodado en plaza, límite que cabe reconocer al principio de reparación integral.
Actualización monetaria, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Forcini, Ricardo H. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-26

Adeudándose el importe de la indemnización por accidente de trabajo desde la fecha en que se generó el daño que afectó la capacidad laborativa del trabajador, resulta irrelevante la invocación de la inexistencia de mora por parte del empleador para el reconocimiento de la actualización monetaria y los intereses respectivos.
Cheque, excepciones procesales, falsedad de título
Materia: COMERCIAL
Carátula: JEIFETZ ISAAC c/ GONZALEZ MARTA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-03

Toda vez que la ley no dispone que el cheque deba ser llenado de puño y letra del firmante, la excepción fundada en tal hecho debe ser desestimada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, cuestión no decisiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., M. F. c/  s/ abuso sexual-apelación sentencia condenatoria-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-28

El remedio deducido no se basta a sí mismo, toda vez que no desarrolla ni siquiera tangencialmente una mínima reseña de las circunstancias fácticas que fueran atribuidas al imputado, de lo ocurrido en el juicio, de todos los medios probatorios producidos y tenidos en cuenta para fundar la condena -en particular, de un completo contenido de las declaraciones de los testigos a los que alude y de los elementos probatorios que dice son consecuencia de una actividad defectuosa- y, fundamentalmente, de los argumentos que esgrimiera la Alzada para confirmar la sentencia condenatoria y que -a su criterio- no constituyen derivación razonada del derecho vigente; pues, atento el tenor de sus agravios, vinculados a la violación del debido proceso por no admitirse la producción de prueba en la Alzada, por deficiente tramitación de un planteo recusatorio y por arbitrariedad en la interpretación probatoria, la explicitación de tales extremos resulta imprescindible, en pos de evidenciar la decisividad de sus postulaciones, no siendo suficiente la invocación genérica de afectación de garantías constitucionales, extremo que en nada dista de ser una expresión de agravios de instancia ordinaria. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Trabajadores marítimos, capitán, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ACOSTA Y LARA, ADRIANO JOSE c/ ELMA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-05-14

La asignación de eventuales funciones publicas delegadas por imperio de la ley al capitán del buque no desnaturalizan la esencia de la relación laboral ya que, fuera de tales limites (conforme artículo 121 de la ley 20094), la autoridad de este no es sino la de un director de fabrica.
Sociedad de hecho, liquidación, balance
Materia: COMERCIAL
Carátula: S., G.F. c/ G., H.E. y Otros s/ Liquidación Sociedad - Medida Precautoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-18

La principal obligación de los liquidadores es extinguir el pasivo social; y hasta que ello no ocurra, no es posible, lícitamente efectuar una partición entre los socios. Sólo una vez confeccionado el balance final (art. 110 L.S.C.) es posible presentar el proyecto de distribución que variará según el resultado de ese balance pues no sería extraño que en vez de superávit el balance arrojare pérdidas en cuyo caso se distribuirían deudas en vez de bienes .
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Corte Nº 076/2010 en Expte. Corte Nº 31/07: Colom, Daniel Antonio c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca y Secretaría de Cultura y Educación Municipal s/ Acción de Plena Jurisdicción - Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-24

La parte actora incoa recurso extraordinario federal en contra de la Sentencia Interlocutoria Nº 136/10 dictada por esta Corte de Justicia, que resuelve declarar inadmisible la demanda interpuesta, imponiendo las costas al accionante.

La recurrente pretende la apertura del remedio extraordinario invocando la causal de arbitrariedad en la que, a su criterio, habría incurrido el pronunciamiento de esta Corte de Justicia. La invocación de la causal de arbitrariedad de sentencia argüida como descalificante del pronunciamiento de este Cuerpo, en tanto resulta una creación pretoriana de la CSJN, reviste carácter excepcional e implica por parte de la Corte un control de razonabilidad de los actos judiciales para garantizar su constitucionalidad. (Conf.: JC Hitters, Recursos Extraordinarios y Casación, p.699/700). De ello se colige que el juego armónico, en la hermenéutica manejada por el Tribunal, de las normas de superior jerarquía que motivan el pronunciamiento se exhibe como razonablemente enderezado a garantizar el derecho de los justiciables.

En efecto, el decisorio ha hecho mérito de una cuestión de orden netamente procesal al rechazar la demanda por incumplimiento de requisitos de orden estrictamente procesal, que obviamente, al finiquitar el contradictorio, impide un pronunciamiento en orden al derecho sustancial esgrimido. Ello conlleva la constatación de circunstancias fácticas objetivas expuestas en la litis, y su subsunción en normas procesales que constituyen derecho vigente, de orden público provincial, ajenas en principio a la revisión extraordinaria.

Por lo tanto, los fundamentos que estructuran el decisorio se mantienen incólumes ante la carencia de una crítica concreta y razonada que aporte nuevos elementos de juicio que resulten atendibles. Asimismo, a los fines de decidir dentro del acotado margen acordado a este Superior Tribunal, debe ponerse énfasis en la deficiente técnica recursiva del escrito presentado, ante el franco incumplimiento de las normas reglamentarias contenidas en la Acordada Nº04/2007 de la CSJN, de estricta observancia a los fines de la admisión del recurso interpuesto, como da cuenta la trascripción literal que se efectúa en el considerando primero, apartado segundo de este pronunciamiento. Por ello, corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto.
Valuación del inmueble, Constitución Provincial, impuesto inmobiliario, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: M., J. C. y V., H. A. promueven acción de amparo y medida cautelar innovativa c/ La Municipalidad de Goya (T.O.P. 8346)
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2015-02-23

Tanto el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Goya como el Departamento Ejecutivo Municipal resultan incompetentes para proceder a la valuación de los inmuebles urbano y suburbanos y rurales de la localidad de Goya de acuerdo con lo estatuido por el art. 229 de la Constitución de la provincia de Corrientes, pues a los fines de la determinación del impuesto inmobiliario la mencionada disposición constitucional remite a una ley provincial para la unificación de las valuaciones y condiciones de cobro en todo el territorio provincial, resultando este razonamiento inmune a las infundadas críticas del recurrente que sólo trasuntan una disconformidad subjetiva que no alcanza el nivel requerido para denunciar ninguna de las causales que el art. 278 del CPCC de la Provincia de Corrientes prevé para la habilitación de la instancia casatoria.
Recurso extraordinario, recurso de revisión (procesal)
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: D'ALESSANDRO, PEDRO s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTOS - DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-23

La sentencia de Cámara que resolvió sin arbitrariedad la improcedencia del recurso de revisión ante ella intentado por no darse en el caso los supuestos previstos en el art. 551 del Código de Procedimientos en Materia Penal, remite a la inteligencia de normas procesales y comunes, ajenas a la jurisdicción extraordinaria del más Alto Tribunal.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL
Carátula: PAZ, OSVALDO DAVID s.d. HOMICIDIO SIMPLE e.p. NUÑEZ, MARCELO DANIEL s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-28

Conforme lo dispone el art. 409 del C.P. Crim. y Corr. de la Provincia, el recurso de casación procede para ante el Superior Tribunal cuando la sentencia objeto del recurso contiene errores o inobservancias de derecho sustantivo o procesal. Excepcionalmente, esta vía extraordinaria admite la revisión del material fáctico aportado en autos, cuando se advierte que la interpretación que de los mismos ha realizado el a-quo no condice con la norma penal sustantiva aplicada.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: HERNANDEZ GUZMAN, GLADYS CATALINA (EXPTE. N° 38.787) c/ SANCHEZ DIAZ, ANDRES FABIAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACCIDENTE DE TRANSITO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-06-15

La correcta interpretación de la ley de tránsito en materia de choques en las encrucijadas, veda inquirir acerca de cual de los vehículos ingresó primero al cruce, porque lo usual, es que la diferencia entre ambos, sea despreciable, menor al segundo y fundamentalmente, porque lo que la ley reprocha a quien circula por la izquierda es, justamente, haber ingresado primero en lugar de ceder el paso al rodado que es atisbado desde la derecha.
Falsa denuncia, declaración policial, sociedad anónima, responsabilidad de los directores, responsabilidad penal de los directivos de empresas
Materia: PENAL
Carátula: VARELA, María T. y otros s/ Causa 32.994
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25

Configuró el delito de falsa denuncia y no el de falso testimonio la deposición en sede policial de la vicepresidenta de una sociedad anónima y otro procesado, quienes denunciaron un robo a la empresa, falseando la verdad en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar, "quantum" y especie de los bienes sustraidos, pues no lo hicieron testimonialmente, sino por considerarse damnificados, la primera en representación de la empresa y el segundo a título personal.
Prescripción adquisitiva, islas
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ MANUEL APARICIO Y OTRO s/ USUCAPION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-06-19

La reforma de 1968 agregó al inc.6 del art. 2340 del Código Civil, la frase "cuando ellas no pertenezcan a particulares", refiriéndose a las islas como dominio público del Estado, modificación que respondió precisamente, al conocimiento del legislador de la situación particular de las islas del delta bonaerense y entrerriano, ya que la jurisprudencia ya había admitido en reiteradas oportunidades la eficacia de los títulos de propiedad existentes sobre dichas islas, admitiendo también que la desafectación podía realizarse por ley provincial, circunstancia ésta que las hace susceptibles de ser adquiridas por prescripción veinteañal.-