Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-21


ALDAO, Angela R. I. contra CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 214 p 184-188.

Santa Fe, 21 de junio del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la codemandada Municipalidad de Santa Fe contra la sentencia de fecha 31 de octubre de 2003, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Santa Fe, en autos: "ALDAO, Angela R. I. contra CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y MUNICIPALIDAD DE SANTA FE -Amparo- (Expte. 252/03)" (Expte. C.S.J.

nro. 202, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de autos que por sentencia del 31 de octubre de 2003, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Santa Fe, resolvió "desestimar el recurso de nulidad deducido; admitir parcialmente el de apelación limitando la declaración de inconstitucionalidad contenida en el decisorio impugnado al inciso b) del artículo 89 de la Ordenanza 6.166, confirmándolo en todo lo demás; costas a los recurrentes". Contra ese decisorio dedujo la Municipalidad de Santa Fe recurso de inconstitucionalidad, por considerarlo arbitrario y no constituir un acto jurisdiccional válido que satisfaga el derecho a la jurisdicción contemplado en el artículo 95 de la Constitución provincial; funda su impugnación en la causal prevista en el inciso 3 del artículo 1 de la ley 7055.

Acusa que el fallo incurre en arbitrariedad por contradicción con los fundamentos normativos aplicables al caso, al respecto sostiene que la materia "propia que constituyó el debate" es de naturaleza contencioso administrativa, razón por la cual debió ser competente el fuero especializado.

Considera que estando creadas las Cámaras de lo Contencioso Administrativo no existía impedimento sustancial para que dicho Tribunal entendiera en la causa que -dice- es de su exclusiva esfera; sobre todo cuando en el ordenamiento regulador de su competencia existen otras vías alternativas, como lo son las medidas cautelares previstas en la ley 11.330, para que la actora canalizara su pretensión. De allí deriva que la sentencia al tratar la cuestión como propia de los tribunales ordinarios prescinde del texto legal aplicable, apartándose de lo dispuesto en la ley 11.330, y de los precedentes jurisprudenciales, relacionados con la cuestión, emanados de la Corte provincial.

En otro orden tacha como causal de arbitrariedad la falta de decisión de cuestiones planteadas. En tal sentido afirma que la Cámara omitió el tratamiento de la nulidad articulada contra la sentencia de primera instancia por haber resuelto "extra petita", puesto que si bien advirtió que el decisorio a quo contenía la causal denunciada que lo descalificaba como acto jurisdiccional, no hizo lugar a la nulidad y resolvió limitar la declaración de inconstitucionalidad al inciso b) del artículo 89 de la ordenanza 6.166, "en cuanto dispone como causal de extinción del derecho a la pensión para el cónyuge supérstite la convivencia de hecho, todo ello con el acotado y obvio ámbito de aplicación al caso concreto en razón de la naturaleza de norma jurídica individual de la sentencia ..."; imponiéndole a la perdidosa las costas del proceso.

Puntualiza que la nulidad no se trató, pero se modificó el pronunciamiento sin anularlo, desdoblando los efectos como si se tratara de una nulidad parcial, concluyendo en la confirmación del pronunciamiento, lo que resulta arbitrario pues "no es conciliable la existencia de un vicio con la validez del acto".

Asimismo, señala que el decisorio es autocontradictorio, porque si bien acoge el agravio en lo que fue motivo del planteo de nulidad, luego lo desestima imponiéndole la totalidad de la costas.

Con relación a este aspecto dice que la Sala se aparta, sin fundamentos, de la regla procesal que establece la imposición de costas en proporción al éxito obtenido en supuestos de acogimiento parcial del recurso; de ello colige que la sentencia viola elementales principios de impartir justicia, el derecho a la jurisdicción, de defensa en juicio, debido proceso, igualdad de trato y derecho de propiedad. Finalmente, alega que en el presente caso se configura un supuesto de gravedad institucional, en razón de que la declaración de inconstitucionalidad de la norma en crisis compromete la situación patrimonial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal, como así también la del Municipio, "que con el aporte de toda la ciudadanía, debería acudir en su caso al salvataje de dicho organismo".

Por decisorio del 12 de mayo de 2004 la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 46/47), lo que motivó la presentación directa de la recurrente ante esta Corte (fs. 54/64).

2. La presente queja, se adelanta, no ha de ser admitida.

Ello es así por cuanto, si bien el recurrente acusa arbitrariedad y lesión a principios constitucionales, del desarrollo de los agravios vertidos en el memorial introductorio en su confrontación con los fundamentos de la sentencia atacada, en una apreciación mínima y liminar, surge evidente que, en sustancia, traducen tan sólo una mera disconformidad con la solución a la que arribaron los sentenciantes en ejercicio de funciones propias, ámbito éste que resulta ajeno -en principio- a la instancia extraordinaria intentada.

En efecto, corresponde señalar que carece de asidero la tacha de arbitrariedad de la sentencia por contradicción con los fundamentos normativos aplicables al caso.

En esa dirección, la recurrente sostiene que la Sala ha prescindido del texto legal aplicable, al apartarse de la normativa expresa dispuesta por la ley 11.330, desde que "la materia propia que constituyó el debate es de naturaleza administrativa", y que por esta razón el tribunal competente no podía ser otro que la Cámara de lo Contencioso Administrativo.

Sin embargo los argumentos traídos por la quejosa en sustento de su alegación no logran acreditar que los miembros del Tribunal hubiesen incurrido en un razonamiento arbitrario al sostener la competencia de la justicia ordinaria para entender en el recurso de amparo y declarar su admisibilidad.

Ello así, por cuanto, si se atiende a los propios términos del pronunciamiento ahora atacado, se observa que el a quo consideró que "las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, al ejercer su competencia en forma exclusiva en los casos y modos que dispone la ley que las establece..., ellas no están habilitadas por la ley para entender originariamente en los amparos atribuidos por la ley específica (art. 4, ley 10.456) a los jueces de Primera Instancia de Distrito; ...toda vez que la sanción de la nro. 11.330 no significó derogar las leyes que, con anterioridad, les atribuían el conocimiento y decisión de tales causas..."; sin que se advierta arbitrariedad en tales asertos, que por lo demás coinciden con el criterio de esta Corte en autos "Domínguez, Federico c. I.A.P.O.S." (A. y S. T. 182, pág. 251). Por otra parte, en las especiales circunstancias del caso en que está comprometida la extinción misma del derecho de pensión de la amparista, es dable apreciar que la conclusión arribada por los sentenciantes no resulta arbitraria desde el análisis constitucional propuesto por la quejosa; lo que naturalmente no se opone a la posibilidad de que asuntos análogos se tramiten por la vía del proceso contencioso administrativo previsto por la ley 11.330 (criterio de "Martínez", A. y S. T. 168, pág. 193 y "Galiano", A. y S. T. 174, pág. 202).

Igual suerte adversa merecen los reproches vinculados con la omisión de tratamiento de la nulidad planteada contra la sentencia de baja instancia porque en la misma -dice- se resolvió "extra petita", ya que de una liminar lectura de la sentencia recurrida surge que de ningún modo puede entenderse configurado tal vicio, desde que la Cámara justamente desarrolló su análisis a partir de los agravios de la quejosa, y en virtud de ello acogió parcialmente el planteo recursivo, aunque otorgándole un alcance distinto al pretendido por la recurrente.

Así, es dable apreciar que la Cámara rechazó el recurso de nulidad planteado por considerar que cabía la posibilidad de subsanar los vicios invocados a través de la apelación; y, a su turno expresó que la resolución del juez de baja instancia "declarando la inconstitucionalidad del artículo 89, inc. b) de la ordenanza 6.166, modificada por la ordenanza 8.634, ...carece de técnica y se excede en las consecuencias producidas"; en consecuencia precisó que la declaración de inconstitucionalidad de la norma de marras, debía limitarse a lo preceptuado "en cuanto dispone como causal de extinción del derecho a pensión para el cónyuge supérstite la convivencia de hecho, todo ello con el acotado y obvio ámbito de aplicación al caso concreto", y confirmó el decisorio en todo lo demás.

Frente a dicha línea argumental, los planteos de la recurrente con relación a que la Cámara omitió el tratamiento de sus agravios carecen de sustento, y reflejan únicamente su disenso para con el criterio adoptado en la sentencia, intentando hacer prevalecer su propio enfoque acerca de la solución que hubiese correspondido al caso, mas sin lograr persuadir que lo resuelto por la Sala hubiese desbordado los límites de su función jurisdiccional incurriendo en la causal de arbitrariedad invocada, por lo que el remedio intentado resulta inadmisible.

Al respecto vale recordar que la arbitrariedad no incluye la disconformidad del impugnante con el criterio utilizado por los magistrados de la causa en la interpretación y aplicación de las normas, dado que la mencionada doctrina no lleva a la sustitución del juicio de los sentenciantes por el de la Corte, en tanto lo fallado contenga fundamentos jurídicos, que impidan su descalificación como acto jurisdiccional válido.

En otro orden de ideas, y en relación con el agravio que la recurrente entiende le causa la imposición de costas, es de señalar que el planteo por ser procesal, en principio no admite impugnación vía recurso de inconstitucionalidad; y tampoco puede inferirse del decisorio impugnado que la Sala hubiera incurrido en autocontradicción, o en apartamiento del sistema objetivo que preside en el ordenamiento procesal aplicable al caso.

En efecto, como correctamente lo señala el a quo en el auto denegatorio, si bien es cierto el éxito parcial obtenido por las apelaciones, el mismo se relaciona sólo con la modalidad con la que se admite la declaración de la inconstitucionalidad pretendida por la amparista, pero sin que ello incida en modo alguno sobre su pretensión, respecto de la cual el éxito es total; ello así los reproches vertidos en el memorial recursivo carecen de aptitud para logran descalificar al fallo como acto jurisdiccional válido.

En consecuencia, la solución no luce en modo alguno como un razonamiento inválido que vulnere el derecho a la jurisdicción de la compareciente, debiendo reputarse satisfecho, por ende, el imperativo contenido en el artículo 95 de la Constitución provincial.

Por último cabe destacar que también resultan insuficientes los argumentos esgrimidos por la recurrente enderezados a fundar que en el caso existe gravedad institucional; es que sólo se circunscriben a sostener que la declaración de inconstitucionalidad de la norma en cuestión compromete la situación patrimonial de la Caja de Jubilaciones municipal, como así también del Municipio, pero sin dar razones que acrediten de qué modo lo resuelto por la Cámara compromete el interés general, y tiene virtualidad de trascender el interés particular de la impugnante para hacer mella en el interés de la comunidad "en sus valores sustanciales y profundos", en consecuencia dicha alegación -a la luz de la jurisprudencia desarrollada tanto por esta Corte, como por la Corte nacional- debe ser desestimada (cfr.

criterio in re "Muriel", A. y S. T. 140, pág. 128, Fallos 292:220; 307:770, etc.).

En suma, no debe olvidarse que no es misión de este Tribunal corregir posibles errores o soluciones opinables, ni sustituir a los jueces ordinarios en el ejercicio de sus funciones. Por ello, pretender abrir los estrados de esta Corte a una tercera instancia que revea lo decidido por los tribunales ordinarios implicaría desconocer la naturaleza excepcional del remedio extraordinario intentado, cuyo objeto es únicamente el control de adecuación de las sentencias al orden jurídico fundamental.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)