Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-10-24


Salta, 24 de octubre de 2016.	(Tomo 208:275/282)Y VISTOS: Estos autos caratulados "TORRICO, MARCELO ALEJANDRO - HÁBEAS CORPUS- RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. Nº CJS 38.253/16), y	____________________________CONSIDERANDO:_________________________	1º) Que contra la resolución dictada por la Sra. Juez de Garantías de Primera Nominación a fs. 24/26 del expediente Nº 130.943/16, agregado por cuerda a estos autos, que hizo lugar a la acción de "hábeas corpus" interpuesta por el penado Marcelo Alejandro Torrico y, en su mérito, ordenó dejar sin efecto la guardia adicional del personal de Seguridad del grupo GEOPS, el Sr. Director de la Unidad Carcelaria Nº 1 interpuso recurso de apelación, que obra a fs. 2/5.	El impugnante sostiene que esa institución penitenciaria es estricto garante de los derechos individuales de las personas privadas de la libertad y promueve el justo tratamiento de las mismas, aplicando siempre y en todo momento el régimen legal vigente (Constitución Nacional y Tratados Internacionales, Ley 24660 y Reglamento Interno de Unidades Carcelarias), con control permanente de la autoridad judicial competente.	Afirma que, para resolver el planteo articulado por el interno Torrico, la "a quo" no tuvo en cuenta que el personal del GEOPS también es personal penitenciario, especializado en la custodia y traslado de internos, y que en orden a tal especialidad y con el fin de resguardar la integridad física del penado, se decidió implementar la vigilancia cuestionada.	Expresa que en virtud de su carácter de director de la Unidad Carcelaria Nº 1 tiene potestad administrativa y disciplinaria respecto de los internos, y que deben respetarse los ámbitos de competencia de cada uno de los organismos intervinientes durante la etapa de ejecución de la pena privativa de libertad.	Finalmente, hace referencia a los antecedentes de fuga que registra el interno Torrico y cita el art. 71, último párrafo de la Ley 24660, en cuanto dispone que la administración reglamentará las precauciones que deberán utilizarse contra posibles evasiones. Solicita que se haga lugar al recurso interpuesto y, en su mérito, se revoque el punto II) de la resolución de fecha 29/02/06 del expediente Nº 130.943/16.	Corrido traslado a la Unidad de Defensa Pública Nº 3, a fs. 8/10 vta. el Dr. Eduardo R. Sángari solicita que se rechace el recurso y se confirme la resolución en la parte impugnada. Señala que la medida cuestionada agrava las condiciones de detención de su defendido y que afecta el derecho de igualdad reconocido constitucionalmente. Expresa que el GEOPS es una fuerza especializada cuyo accionar no se justifica en el presente caso, en tanto Marcelo Alejandro Torrico lleva detenido más de diecisiete años y jamás fue necesaria la intervención del grupo en cuestión para su custodia ni para su traslado, pues no se trata de un interno violento ni problemático. Afirma que, además, no se ha demostrado que exista algún plan de fuga que merezca la afectación de la referida fuerza.	Señala, finalmente, que si bien es de competencia administrativa, la potestad de disciplina que tiene el Servicio Penitenciario en relación a los internos se encuentra sujeta al control judicial en los casos donde, como en la especie, se configura una arbitrariedad.	A fs. 21 y vta. emite dictamen el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 1, en el que se pronuncia por la procedencia del recurso bajo examen.	2º) Que tal como se ha sostenido en numerosos precedentes, esta Corte tiene competencia exclusiva en el conocimiento de los recursos de apelación deducidos en materia de "hábeas corpus", en razón de la expresa disposición contenida en el art. 153 ap. III inc. c) de la Constitución Provincial (Tomo 107:365; 189:227; 193:799, entre otros).	3º) Que también ha señalado este Tribunal que, en resguardo de la dignidad de la persona humana sometida a privación de su libertad, tanto la Constitución Nacional (art. 43) como la de la Provincia (art. 88) establecen una vía expedita y rápida que es la acción de "hábeas corpus". Sin embargo, esta acción constitucional, por su naturaleza de procedimiento más que sumarísimo y residual, erigido frente a actos y decisiones u omisiones de la autoridad o particulares que amenacen o restrinjan indebidamente la libertad ambulatoria o de locomoción, no admite, por su especialidad, debatir cuestiones que no se ajustan estrictamente con los objetivos y presupuestos indicados por el mentado art. 88 de la Carta Magna local (Tomo 157:989; 189:227; 193:799, entre otros).	4º) Que en la especie, la juez "a quo" resolvió dejar sin efecto la guardia adicional del personal de seguridad del grupo GEOPS, al considerar que no se verifican circunstancias extraordinarias que justifiquen la afectación de una fuerza de seguridad que consideró extraña al organismo y que, según estimó, importa un refuerzo injustificado en el perímetro de seguridad del condenado y afecta el derecho de igualdad.	5º) Que cabe señalar, en primer término, que carece de fundamento el agravio del director de la Unidad Carcelaria relativo a la injerencia judicial en ámbitos de su competencia vinculados con la potestad administrativa y disciplinaria respecto de los internos, toda vez que las decisiones que se adoptan en cumplimiento de dichas funciones son susceptibles de control judicial con el objeto de asegurar la vigencia efectiva de las garantías constitucionales que asisten a toda persona privada de libertad. En este sentido, el instituto del "hábeas corpus" sirve para enmendar el modo o la forma irregular en que se cumple la detención.	6º) Que por otro lado, corresponde puntualizar que el Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias Salta (GEOPS) no es una fuerza externa, ya que ha sido creado por el Director General del Servicio Penitenciario de la Provincia por disposición Nº 151/11, para desempeñarse en el ámbito de dicho organismo con el objetivo de apoyar a las dependencias carcelarias y alcaidías en situaciones de alto riesgo, como motines con toma de rehenes; y en la custodia y traslado de internos y/o detenidos de alta peligrosidad.	7º) Que en ocasión de pronunciarse sobre el agravamiento de condiciones de detención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que en los términos del art. 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal (caso "Castillo Petruzzi y otros vs. Perú", 30/05/1999), así como la existencia de condiciones que respeten sus derechos fundamentales y una vida digna (caso "García Asto y Ramirez Rojas vs. Perú", 25/11/2005).	En ese marco, corresponde establecer si la medida cuestionada importa un agravamiento ilegítimo de las condiciones de privación de libertad cuyo cese inmediato deba ordenarse.	8º) Que el comportamiento de Marcelo Alejandro Torrico, su antecedente de fuga y sus transgresiones al régimen penitenciario exigen especial atención en miras del resguardo de su integridad psicofísica y la de los demás internos, por lo que se adoptaron medidas tendientes a garantizar el orden y la seguridad en la institución carcelaria, no existiendo elementos que aconsejen dejar sin efecto la custodia adicional cuya remoción se ordenara, pues tal medida no transgrede el precepto constitucional invocado, en tanto no implica una interferencia en el ámbito de intimidad del detenido ni una modificación de las condiciones de reclusión y recreación.	En efecto, según surge de fs. 24 vta. de los autos principales, la Dra. Ada Guillermina Zunino se constituyó en las instalaciones de la Unidad Carcelaria Nº 1 con el objeto de verificar las reales condiciones de detención del interno, y constató la presencia de guardia adicional del grupo GEOPS, la que se encontraba ubicada en el exterior de la celda.	Por su parte, no existen constancias en autos que acrediten que la referida custodia haya ocasionado al accionante los aducidos inconvenientes con otros internos.	9º) Que atento que el "hábeas corpus" es una garantía a derechos de raigambre constitucional amenazados o vulnerados en forma manifiestamente arbitraria y que, al igual que el amparo, constituye un procedimiento excepcional, residual y de concesión restrictiva sólo viable en aquellos supuestos de ilegitimidad y arbitrariedad evidentes, que no requieran amplitud de debate y prueba, ni admitan otra vía legal apta (esta Corte, Tomo 81:293; 189:227; 193:799, entre otros), corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar el punto II de la resolución de fecha 29/02/16 del expediente principal y dejar sin efecto la remoción de la guardia adicional del personal del grupo GEOPS para la custodia y traslado del interno penado Marcelo Alejandro Torrico.	Por ello,	________________________LA CORTE DE JUSTICIA,	______________________________RESUELVE:	I. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 2/5 y, en su mérito, revocar el punto II de la resolución de fecha 29/02/16 del expediente ppal. Nº 130.943/16 y dejar sin efecto la remoción de la guardia adicional del personal del grupo GEOPS para la custodia y traslado del interno penado Marcelo Alejandro Torrico._______________________________________________________________	II. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo, Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).