Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-28


2º Instancia. - Buenos Aires, setiembre 28 de 2006.

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor Santiago Bernardo Kiernan dijo:

I.- Vienen los autos al acuerdo, en virtud del recurso de apelación de la parte actora a fs.103,contra la sentencia de fs.100/102 que condena al Banco de la Nación Argentina a pagar al accionante la suma de $ 3000 en concepto de indemnización del daño moral a causa de haber sido por error del demandado incluido en la organización VERAZ, por deudor moroso $ 47.500 en situación de IRRECUPERABLE, intereses y costas.

II.- Surge de autos, que la Gerencia del Banco de la Nación, Sucursal San Javier, de Misiones, por equivocación proveniente de la base de datos, hizo saber al Area de Control de Riesgo Comercial y Registro Central de Obligaciones de la Institución, que Francisco Rómulo RENEDO adeudaba la suma de $ 47.500, encontrándose en situación crediticia de irrecuperable, Nº 5, lo que se comunicó al STAFF de BANCOS incluyéndose al nombrado en el VERAZ (fs.52).

III.- Reclama el pago de $ 5000 por daño moral e igual suma por el material. Respecto de este último, si bien el "a quo" considera acreditado que a causa del error no se le concedió al accionante un crédito peticionado para ampliar su negocio y se lo imposibilitó de operar con sus cheques", no aportó prueba del perjuicio, tornándose operativo lo dispuesto por el art. 377 del CPCCN.

A ello se agrega, la imposibilidad de operar con su cuenta corriente en el Banco Macro, durante un período extenso atento a que la rectificación solicitada por la Sucursal originaria -fs.53- del 9.08.99 aún el 18.01.2001 no había sido ejecutada (fs.52).

No obstante la ausencia de elementos de acreditación del reclamo, el Juez apelado reconoce la existencia del daño moral por las molestias, contrariedades y dispendio de tiempo que el error provocó al actor, por lo que concede el pago de la suma de $ 3.000 como "reparación a quien padeció las consecuencias aflictivas y como sanción ejemplar al proceder reprochable de quien las causó".

Por falta de prueba, no hace lugar a la condena por el daño material solicitado.

IV.- Contra lo decidido, se alza el actor expresando agravios a fs.118/119 vta. Se queja, por la denegatoria del pago de la indemnización del daño emergente y por considerar insuficiente la suma reconocida en concepto de agravio moral.

Sostiene, que el rechazo del crédito peticionado a la Sucursal San Javier con motivo de la presunta insolvencia, está probado con el informe de fs.73 como también que los cheques librados por RENEDO presentados "para su venta" en el Banco MACRO, no eran aceptados a raíz del informe equivocado de su situación patrimonial (fs.75).

Por tanto, el daño y su causa lo estima demostrado.

Respecto del inmaterial, nos dice el apelante que debe revalorarse la indemnización, porque el Juez no ha considerado el efecto de la inscripción sobre el "crédito moral" del actor, "un hombre dedicado a la actividad comercial y gozante del mejor concepto en su actividad", perjudicado en su prestigio por los cheques rechazados.

Solicita, se acoja la extensión de la reparación.

V.- A fs.121/122, la accionada contesta el requerimiento del actor, solicitando el rechazo y confirmación de la sentencia, toda vez que no están acreditados en el expediente, tal como lo expresa el resolutorio apelado, la calidad de comerciante del recurrente y los daños materiales que le hubiera producido la denegación del crédito para ampliar un negocio cuya titularidad no consta en autos.

Pide se confirme el decisorio.

VI.- El recurso del actor se dirige a cuestionar dos aspectos: el rechazo del daño patrimonial y el monto del daño moral que considera debe incrementarse.

VII.- En lo relativo a la incidencia de la denegatoria del crédito de la Sucursal San Javier del Bco. de la Nación, en la ampliación del negocio el reclamante, debió probar que ese rechazo provocó un perjuicio concreto en su patrimonio, pues solamente es susceptible de indemnización el daño cierto, no el eventual, hipotético o conjetural.

Para que pueda ser resarcido, el daño patrimonial requiere de la existencia de consecuencias valuables económicamente, en razón de que la indemnización tiene carácter resarcitorio y no sancionatorio teniendo por objeto reponer las cosas a su estado anterior, en la medida de lo posible (art.1068 del Cód. Civil).

El demandado a fs.59/60 ha negado que el crédito estuviera destinado a ampliar el local comercial denominado "Autoservicio Casa Renedo" de la localidad de San Javier, Pcia. de Misiones; que sea propietario de éste; o titular de algún otro establecimiento comercial, entre otras cosas.

El accionante, no ha probado ninguno de estos extremos, no obstante tratarse de hechos controvertidos que interesan a la base de la pretensión deducida en el juicio. El art.377 CPCCN., pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, de conformidad con la situación en que cada uno se coloque dentro del proceso; por lo tanto, al actor le corresponderá acreditar los hechos constitutivos de su pretensión, en tanto que la parte contraria deberá también hacerlo respecto de los hechos extintivos, impeditivos o modificatorios, por ella alegados. Así, la obligación de afirmar y de probar se distribuye entre las partes, en el sentido de que se deja a la iniciativa de cada una de ellas hacer valer los hechos que quiere que sean considerados por el juez y que tienen interés que sean tenidos por él como verdaderos (Chiovenda, "Principios de Derecho Procesal Civil", t.II, p.253).

La carga de la prueba actúa, entonces, como un imperativo del propio interés de cada uno de los litigantes y quien no prueba los hechos que debe acreditar pierde el pleito (Couture, "Fundamentos del Derecho Procesal", p.244).

En el sub iudice, surge sin hesitación que no está probado el daño material, ni mucho menos su cuantía, en la medida en que lo requiere el actor ahora recurrente.

La ausencia de acreditación del perjuicio material en sí mismo, descarta la aplicación del art.165 párrafo. tercero. del CPCCN. Como corolario, entonces lo demostrado en el juicio no excede en el conjunto los sinsabores, angustia, desazón, perturbaciones, preocupaciones, padecimientos o lesiones a la subjetividad, al honor, sentimientos, paz y tranquilidad de espíritu reconocidas por el "a quo" como daño moral resarcible (art.522 C.C.).

Lo mismo cabe decir, respecto a la desautorización de los cheques del Banco Macro, toda vez que no existe prueba alguna de perjuicio real económico que trascienda el daño inmaterial acogido por la sentencia.

VIII.- En cuanto al monto de la condena por el daño moral, a mi modo de ver, la suma establecida en la sentencia para compensar el daño moral sufrido por el actor se muestra insuficiente. Ello así, porque como consecuencia del negligente error imputable a la demandada le fue negado el otorgamiento de un crédito según constancias referidas "ut supra" y rechazado cheques en el Banco Macro, lo que afecta la reputación y el decoro de que goza una persona en la sociedad.

Debemos tener en cuenta, como se ha dicho, que siendo el crédito uno de los pilares fundamentales del tráfico moderno, la aparición de una persona "en el VERAZ" como deudor moroso importa en los hechos, casi irremisiblemente, una moderna especie de la muerte civil.

Sobre todo si se considera que el demandado, por su actividad habitual y la profesionalidad con que deben obrar con relación a sus clientes cuenta correntista, se halla alcanzado por la pauta del art. 902 del CCiv., que hace gravitar con mayor intensidad la responsabilidad derivada del proceder culpable en el desarrollo de aquella actividad. Por tanto, la cuantificación del daño inmaterial prudencialmente, debe armonizar con los medidos de convicción "in totum" arrimados al proceso, por lo que la errónea inclusión de una persona en la Central de Deudores del Sistema Financiero y en la Organización VERAZ, como consecuencia del obrar poco prudente de una entidad bancaria, meritada razonablemente según las reglas de la sana crítica debe ser reparada con una suma mayor a la reconocida en la sentencia, que estimo en cinco mil pesos ($ 5.000), concorde con la estimada a fs.33.

La sentencia entonces debe modificarse en este punto.

IX.- Deben dejarse sin efecto los honorarios regulados en el decisorio apelado por imperio del art.279 del CPCCN.

X.- Las costas de alzada deben correr a cargo de la accionada, porque a pesar de existir un vencimiento parcial y mutuo, el actor tuvo que ejercitar la acción de marras para obtener el reconocimiento de su derecho (art.68, primer párrafo del CPCCN).

XI.- Por lo expuesto propongo: 1) hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora y en su mérito modificar el monto de la condena que se eleva a la suma de cinco mil pesos ($ 5.000); 2) Costas a la demandada (art. 68 del CPCCN).

El señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por el señor Juez de Cámara doctor Santiago Bernardo Kiernan, adhiere a las conclusiones de su voto.

El señor Juez de Cámara doctor Hernán Marcó no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).

Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se modifica la sentencia apelada elevando el monto de la indemnización del daño moral a la suma de CINCO MIL PESOS ($ 5000) y se impone las costas de alzada al demandado (art. 68, primera parte, del Código Procesal).

De conformidad con lo establecido en el art. 279 del citado Código, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, el monto de la condena (capital e intereses; confr. plenario "La Territorial de Seguros S.A. c/ STAF", del 11.9.97 - LA LEY, 1997-F, 347-), y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, fíjase los honorarios de los doctores J. S., E. D. E. y S. H. D. C.

en las sumas de UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($ 1780), CUATROCIENTOS,PESOS ($ 400) y DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($ 230), respectivamente (arts.6, 7, 9, 10, 19, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la 24.432).

Por la incidencia procesal decidida a fs.85, meritando la entidad de la labor efectuada, fíjase los emolumentos de la doctora J. S. en el importe de CIEN PESOS ($ 100) (arg. art.33, ley arancelaria).

En alzada, atendiendo al resultado del recurso y su monto, y al mérito y calidad de la expresión de agravios presentada, determínase los honorarios del doctor E. D. E. en la cifra de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 295) (arts.14 y citados, en lo pertinente, de las leyes 21.839 y 24.432).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. -Santiago Bernardo Kiernan. -Eduardo Vocos Conesa.