Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-03-30


SENT Nº230	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, aTreinta (30) de Marzode dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar -por excusación del doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Cuarteron Baez Domingo vs. Poder Ejecutivo provincial y otro s/ Cobros (Ordinario)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Gandur, y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora a fs. 231/236 vta., plantea recurso de casación contra la sentencia Nº 409, del 21 de setiembre de 2006 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala III corriente a fs. 227 y vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido Tribunal del 29-3-2007 (cfr. fs. 251), habiéndose dado cumplimiento con el traslado que prevé el artículo 816, in fine, del CPCC, norma ésta de aplicación supletoria en el fuero por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como Tribunal del recurso de casación, la de revisar si el mismo ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a su admisibilidad.

Ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 228 y del cargo actuarial inserto a fs. 237; la sentencia es equiparable a definitiva; no corresponde efectuar depósito en razón de que el recurrente actúa con el beneficio de litigar sin gastos (cfr. fs. 203); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrina legal. La impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por ello me pronuncio por la admisibilidad del presente recurso; voto porque así se declare.

III.- El recurrente formula tres órdenes de agravios, que a continuación expongo.

En primer lugar, plantea que la Fiscalía de Cámara y el Tribunal a quo no llegan a advertir la contradicción que encierran sus postulados, porque si en verdad interpretan que la imposibilidad fáctica de impulsar el procedimiento es susceptible de provocar la suspensión del término de perención, y que la misma puede originarse en una decisión judicial, debieron tomar en cuenta el tiempo en que el expediente estuvo indisponible y pendiente de sentencia que otorgó la franquicia impositiva. Señala que el 02-12-2005 se dictó la providencia poniendo los autos a despacho para resolver la petición del beneficio de litigar sin gastos (cfr. fs. 202 vta.), y que desde esa fecha hasta el dictado de la resolución del 13-02-2006, que le concedió dicho beneficio (cfr. fs. 203), el plazo de perención quedó suspendido, porque de hecho ni de derecho no fue posible instar la continuación del juicio durante ese periodo. Como resultado de ello, dice que los 120 días hábiles no se cumplieron al momento que se planteó la caducidad por la circunstancia que los autos se encontraban a despacho para resolver (aun cuando se trataba del beneficio para litigar sin gastos) lo que produjo la parálisis de la causa como consecuencia de que todo se tramita dentro del proceso principal. Incluso, añade, habría que descontar del plazo los días en que la Fiscal retuvo el expediente para emitir su dictamen de fs. 186, vale decir, el 06-7-2005 hasta el 04-8-2005.

En un segundo orden de cuestionamientos, expresa que de acuerdo al artículo 53 del CPA, el secretario de oficio debía proceder a confeccionar el informe legal, sin esperar acto impulsivo de parte. No obstante el actor así lo solicitó a fs. 184 y el Tribunal accedió dictando la providencia del 22-6-2005. Afirma que lo concreto fue que la única petición idónea para hacer progresar el proceso fue formulada y otorgada; correspondía a partir de entonces que el órgano jurisdiccional fuese quien actuara. Agrega que la reiteración de peticiones inoficiosas no produce la interrupción del plazo de caducidad; que lo que cabía era esperar, y que la morosidad del actuario no puede serle imputada, por ser él de quien dependía únicamente el avance del proceso. Transcribe jurisprudencia que, en su criterio, avalaría su posición.

Como tercera crítica, expone que la perención de la instancia debe analizarse de conformidad con las particularidades de cada caso, por lo que, tratándose de un modo anormal de terminación del proceso, corresponde sea interpretada restrictivamente.

III.1.- De las constancias de autos se desprende que el 15-6-2005 el actor solicita informe secretaría acerca de las pruebas ofrecidas y producidas por las partes y que, oportunamente, se pongan los autos a la oficina para alegar (cfr. fs. 184). Por providencia del 22-6-2005 se dispone: "Cúmplase por la actuaría con lo previsto en art. 53 CPA" (cfr. fs. 185). Dicha providencia es puesta a la oficina el 23-6-2005, conforme se desprende de la constancia actuarial obrante a fs. 185.

A partir de allí, todas las actuaciones procesales que se registran guardan relación con el trámite del beneficio de litigar sin gastos (cfr. fs. 185 vta. /207) hasta el 27-02-2006, en que la Provincia de Tucumán plantea la caducidad de la instancia (cfr. fs. 207/208 vta.). No cabe duda que desde el punto de vista matemático, desde el 23-6-2005 hasta el 27-02-2006 han transcurrido 138 días hábiles, descontadas las ferias judiciales, lo que excede los 120 días hábiles establecidos en el inciso a) del artículo 14 del CPA.

Paso a analizar los argumentos que la recurrente expone para neutralizar este resultado que conduce inexorablemente a la perención de la instancia.

III.2.1.- En primer lugar, suponiendo por vía de hipótesis que los días en que el expediente estuvo en la Fiscalía de Cámara con motivo del trámite del beneficio deban descontarse de aquel plazo, aún así se encontraría cumplido el plazo de perención de 120 días hábiles. Ello se infiere con solo constatar los días hábiles que corrieron desde la entrada hasta la salida del expediente de la Fiscalía, en las dos oportunidades en que ello aconteció durante el período en cuestión (cfr. fs. 185 vta./186 y 201/202), que sumados llegan a 14 días hábiles, los que restados de los 138 hábiles arrojan la cifra de 124 días hábiles; cifra ésta que excede los 120 días hábiles requeridos para que se tenga por producida la caducidad de la instancia.

III.2.2.- Ya se adelantó que el recurrente pretende sustraerse a la perención de la instancia aduciendo que, en la especie, el impulso del proceso estaba exclusivamente a cargo del Tribunal, apoyándose en las prescripciones del artículo 53 del CPA en tanto dispone que de oficio y sin necesidad de petición de parte, el secretario agregará las pruebas producidas; mucho más en la especie, dice, porque él ya había hecho la solicitud y el órgano jurisdiccional, por providencia del 22-6-2005 (cfr. fs. 185), ordenó al actuario que diera cumplimiento con lo previsto en la precitada norma.

Tales apreciaciones, a mi entender, no resultan ajustadas a derecho, en mérito a las razones que a continuación paso a desarrollar.

Conviene recordar, preliminarmente, que la carga impulsiva del procedimiento recién cesa para las partes cuando los autos se encuentran "pendientes de sentencia", como reza el artículo 218 inciso 1º del CPCC de aplicación supletoria en el fuero; o sea, que este artículo excluye de la caducidad de la instancia a los autos en los que lo único que falta es la sentencia, mas no a aquellos en los que aún resta la conclusión del trámite para colocar la causa en estado de sentenciarse (cfr. CSJTuc.: sentencia Nº 498, del 13-8-1996; N° 43, del 10-02-2006, entre otras). Hasta dicho momento, pues, deben los litigantes adoptar todas las medidas que resulten necesarias para que los autos estén en situación de resolverse al no haber cesado de regir el principio de impulso de parte. De allí que no sea conforme a derecho traer a cuento jurisprudencia que responde a previsiones normativas distintas a las consagradas en nuestro ordenamiento procesal de rito, en orden al tema en examen.

Asimismo, corresponde dejar debidamente aclarado que la inactividad u omisión del órgano jurisdiccional no exime a la parte de la carga de instar el trámite del procedimiento a efectos de colocarlo en condiciones de ser fallado debiendo formular, en esa inteligencia, las peticiones adecuadas para vencer la conducta renuente del obligado en procura del cumplimiento de los deberes que le incumben. Así lo entendió reiteradamente este Tribunal (cfr. CSJTuc.: sentencias Nº 174 del 25-3-1999; N° 417 del 05-6-2003; N° 43 del 10-02-2006, entre otras).

A la luz de las consideraciones que anteceden, la situación de autos no está comprendida en el inciso 1° del artículo 218 ("autos pendientes de sentencia"), porque la inactividad de la parte causativa de la perención tuvo lugar con anterioridad, es decir, que no se llegó a dictar el decreto poniendo el expediente para fallo.

De allí que, contrariamente a lo que se enuncia en el escrito recursivo, existía para la parte actora la obligación de impulsar el procedimiento hasta colocarlo en situación de ser sentenciado. Que por providencia de Presidencia se haya ordenado que la actuaria de cumplimiento con lo previsto en el artículo 53 del CPA no significa, en modo alguno -atento a lo preceptuado en el artículo 218, inciso 1°, del CPCC, haber relevado al demandante de toda obligación con relación al proceso hasta lograr ponerlo "pendiente de sentencia". Es decir, que debió instar para que el actuario diera cumplimiento con lo ordenado en la providencia de marras, y no asumir una actitud pasiva. Y no se diga que ésta era una solicitud que no tenía efecto impulsor por ser reiterativa de una anterior en el mismo sentido, porque en su escrito de fs. 184 peticionó que el Tribunal dispusiera que se cumpla con el artículo 53, mientras que, luego de dictada la providencia que así lo ordena, de lo que se trataba era de procurar el cumplimiento de la misma antes que se cumpliera el plazo de perención.

Por lo tanto, aún suponiendo que, en la especie, hubieran existido deberes en cabeza del Tribunal no satisfechos oportunamente, su inacción que pudo ser salvada con la adecuada actuación procesal, no excusa la ausencia de participación del interesado en el impulso del proceso, de conformidad con la vigencia ineludible del principio dispositivo (cfr. CSJTuc.: sentencia Nº 174, del 25-3-1999, entre otras). Es decir, que la conducta omisiva del órgano jurisdiccional respecto de sus deberes o funciones no desobliga a la parte de arbitrar los medios aptos para incitar la actividad jurisdiccional a fin de evitar la perención.

Avalan también esta conclusión, los mismos fundamentos en que se apoya la perención misma y, muy especialmente, la indiscutible conveniencia de estimular la diligencia y el cuidado de las partes, sus abogados y de los jueces, en pos de la resolución del conflicto planteado lo más rápido posible, con lo que se evita la pendencia indefinida en el tiempo por negligencia de una situación de discordia e inseguridad, que conspira contra los valores jurídicos que nutren a este instituto, como son la paz y la seguridad jurídica (cfr. Palacio, Lino E.: "Derecho Procesal Civil", T° IV, pág. 218). De igual forma, las previsiones del artículo 55 del CPA viene en apoyo de este criterio, en cuanto prescribe que sólo con el llamamiento de autos para sentencia queda cerrado el debate, y es recién entonces que les está vedado a las partes la presentación de escritos, hacer alegaciones o aportar nuevas pruebas.

De otra parte, que en el artículo 36 del CPCC se haga referencia al impulso procesal de los jueces, no significa que el órgano judicial sustituya a las partes en lo que se refiere a mantener en movimiento el proceso. Antes bien, se trata de una responsabilidad compartida que no hace cesar la carga de la parte al respecto. El deber de actuar del Tribunal coexiste con la carga que pesa sobre los litigantes. Lo mismo cabe predicar con relación a la facultad de dirección del proceso y de realizar los actos tendientes a obtener economía y celeridad en su desarrollo.

Las razones expuestas demuestran acabadamente la impertinencia de la pretensión de revertir el resultado adverso obtenido en la instancia de grado, con el argumento que era el órgano jurisdiccional el encargado de adoptar las medidas tendientes a impulsar el trámite.

Tampoco la invocación del carácter restrictivo de la interpretación en materia de caducidad constituye argumento válido para revertir la declaración de perención decidida en la causa, no bien se advierte que, en el caso, no se arriba a tal conclusión en virtud de una interpretación extensiva, sino todo lo contrario.

Finalmente, ante la condición impeditiva de la caducidad de la instancia que el recurrente atribuye a las actuaciones vinculadas al beneficio de litigar sin gastos, deviene imprescindible recordar que es doctrina reiterada de este Corte -aplicable en el sub iudice- que la actividad desplegada para la obtención del beneficio de litigar sin gastos, aun cuando se cumpla en la causa principal, no es apta para hacer avanzar el proceso, pues se realiza en el solo interés del solicitante, y no se dirige al desenvolvimiento de la relación procesal (cfr. sentencias Nº 246, del 25-4-1997; 21, del 11-2-1998; 57, del 25-2-2000, entre otras), sin que en el sub examine se configure ninguna circunstancia pertinente que conduzca a apartarse de esta doctrina legal. Vale decir, que para que un acto tenga virtualidad interruptora del curso de la perención, es preciso que esté inexorablemente dirigido al desenvolvimiento de la relación procesal principal, por lo que no produce ese efecto la actividad que persigue exclusivamente la satisfacción de un interés privativo de uno de los litigantes, cual es el trámite tendiente a la obtención del beneficio en cuestión. En mérito a ello, mal puede considerase a la providencia del 02-12-2005 -por la que se puso los autos a despacho para resolver el beneficio de litigar sin gastos (cfr. fs. 202 vta.), subsumida en la proposición normativa del inciso 1) del artículo 218 del CPCC, asignándole el alcance de haber hecho cesar el impulso procesal de las partes, porque es de suma evidencia que tal circunstancia, en modo alguno, produjo ningún efecto suspensivo en el trámite de la causa principal, la que pudo perfectamente continuar desenvolviéndose normalmente en su trámite.

Merced a todo lo anteriormente considerado, juzgo que la Sala a quo pudo legalmente considerar cumplido el plazo de caducidad de la instancia toda vez que, no encontrándose la parte actora relegada a la situación pasiva de quien, terminada la tramitación del juicio, no puede hacer otra cosa que esperar la sentencia que decida el pleito, debió urgir el dictado de la providencia idónea para activar el proceso -no revistiendo dicha condición a tal fin, las diligencias vinculadas al beneficio de litigar sin gastos, conforme se lo expuso ut supra-, y no permanecer inactiva (en lo que se refiere a la realización de diligencias aptas para adelantar el proceso) durante un lapso temporal que los 120 días hábiles judiciales previstos en el artículo 14, inciso a), del CPA, contados a partir del último acto de impulso procesal idóneo acontecido el 22-6-2005, lo que legitima la presunción de su abandono debiendo soportar, en consecuencia, los resultados desfavorables ocasionados por su inacción.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia Nº 409 del 21 de setiembre de 2006 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala III corriente a fs. 227 y vta. de autos. Voto porque así se declare.

IV.- Atento al resultado a que se arriba, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia recursiva corresponde imponerlas a la parte vencida, actora en autos (artículos 106, primera parte, del CPCC y 89 del CPA).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentico.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 261/262, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia Nº 409 del 21 de setiembre de 2006 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala III glosada a fs. 227 y vta. de autos, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como están consideradas.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.