marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Núñez (2), Pedro Ariel c/ Municipalidad de Victoria s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-05-18

El juez hizo lugar a la demanda ordenando a la accionada mantener al actor como empleado de planta permanente hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario deducido en otros actuados, interponiéndose recurso de apelación. Si bien con la denegatoria del recurso extraordinario ha perdido vigencia lo dispuesto en la sentencia de grado en cuanto condiciona la condena impuesta hasta tanto se resuelva tal vía, debe hacerse lugar al recurso de apelación planteado en razón de la inadmisibilidad de la acción incoada, a tenor del artículo 3 inciso b) de la ley 8369 que expresamente dispone que resulta inadmisible la vía del Amparo si "se hubiere promovido otra acción o recurso sobre el mismo hecho o se halle pendiente de resolución -cfr. artículos 6 inciso e), 28 y 29 de la citada norma-, que impide evitar el tratamiento simultáneo de una misma cuestión, reafirmando el carácter excepcional y extraordinario del Amparo.
Concursos, honorarios, regulación de honorarios, acuerdo preventivo, acuerdo resolutorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: BERARCO  S.A.C.I.F.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

Si la labor por remunerar es el contralor de cumplimiento del acuerdo, es aplicable el porcentual fijado por la ley de concursos 291:1, con límite máximo del 2 % de lo pagado a los acreedores comprendidos en aquel.
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico, compraventa, venta de cosa ajena
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cuestas, Norma Beatriz y ot. c/ Ricotti, Juan Carlos y otro s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

En el acto nulo o anulable el vicio que provoca la invalidez está situado dentro del negocio mismo (vgr. incapacidad, error, dolo, violencia, etc.). Cuando, las motivaciones a las que cabe atender se ubican fuera del negocio en sí, nos encontramos en la categoría jurídica de la inoponibilidad. El interés que aquí se tutela queda emplazado invariablemente fuera del negocio y la consecuencia es que el acto no puede ser invocado en relación a ese interés (arts. 1195 y 1199, C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: PENAL
Carátula: LASTRA, Jorge Carlos y otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-04

Corresponde anular la resolución que declaró la inconstitucionalidad del art. 17 ley 12.331 si no cumplió con ninguno de los extremos requeridos a tal fin, en tanto no explicó en qué medida dicha norma colisiona con los preceptos de la CN, sin que la remisión a un antecedente del mismo tribunal -oportunamente anulado por la CFCP- resulte bastante a los fines de llevar adelante un acto con la gravedad institucional de que se trata, por lo que se verifica una franca vulneración a lo dispuesto por el art. 123 CPPN. (Dres. Gemignani, Hornos y Borinsky).
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: PROCESAL
Carátula: S., O. G. c/ B., E. J. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-06

La mera negativa de los hechos no puede prevalecer sobre los efectos de una confesión, ni expresa ni ficta; la opinión contraria no pasa de un mero voluntarismo, carente de razones de peso que lo sustente. Por otra parte, tal opinión implica confundir etapas procesales. Un hecho realizado en la faz postulatoria del proceso -negativa de los hechos en el responde de demanda- prevalecería sobre un hecho realizado - u omitido, en rigor- en plena etapa probatoria. No me parece razonable. No lo es.
Contratos, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marchesi, Cesar Raúl c/ Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres de Febrero s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-14

La equidad no se vulnera en abstracto sino en concreto, siendo en cada caso necesario acreditar el modo y la dimensión con que ello ocurre, para que el ordenamiento pueda hacer funcionar sus mecanismos correctores. Habida cuenta que la actualización monetaria de los créditos dinerarios no importa un enriquecimiento para el acreedor, sino el simple mantenimiento de la intangibilidad de la prestación que le es debida, no corresponde la revisión (arts. 656 párr. 2°, 907 párr. 2°, 954, 1069 párr. 2° y ccs. y 740 del Cód.

Civil).
Destrucción del expediente, escritos judiciales, copias, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CHURRUARIN, R. s/ RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTE - DOCUMENTOS PUBLICOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-26

Cuando ocurre un siniestro con destrucción a causa del incendio de muchísimos expedientes; las copias de los documentos originales tienen el mismo valor probatorio que éstos, cuando el original que sirvió para expedir aquéllos obraban en una oficina pública y han sido expedido con las formalidades que la ley exige.

En consecuencia, en tales documentos públicos ha de confiarse en la imparcialidad de los funcionarios que los han redactado, y sólo han podido certificar la verdad.

La sinceridad y veracidad de lo expuesto en tales documentos, si, como en el caso de autos no han sido desvirtuados por otras pruebas de igual o mejor calidad, gozan de un valor probatorio "erga omnes" como consecuencia de la fe pública que el legislador les reconoce.
Reconocimiento en rueda de personas, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Franco, Alejandro Enrique s/ Privación ilegal de la libertad, robo calificado y robo calificado  de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

Siendo las fotografías un mero elemento complementario y no esencial para la realización de la diligencia de reconocimiento en rueda, la no agregación de las mismas al expediente, no es causal de nulidad del acto.-
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VERA, VALERIA Y OTROS c/ FENOSA, ANTONIO (SUCESION) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-17

La decisión cuestionada desconoció consolidada jurisprudencia de esta Corte en la que se expresó que, aunque el título no haya sido hábil cuando se promovió el apremio, debe hacerse lugar a la ejecución si, al momento de dictarse sentencia, aquél ha quedado consolidado por el transcurso del tiempo; y esa consolidación ocurrió definitivamente cuando la jueza de Circuito declaró caduca la instancia recursiva intentada por los apremiados contra el auto regulatorio; sin embargo, aún cuando los apremiantes acompañaron copia de esa resolución cuando la presente causa se encontraba en trámite en segunda instancia, invocándola como un hecho nuevo, los juzgadores omitieron su debida evaluación y confirmaron la sentencia del juez de grado que no hizo lugar al apremio. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 53, p 380; T 55, p 167; T 79, p 387; T 94, p 1; T 102, p 100; T 109, p 82.
Participación secundaria, sentencia condenatoria, secuestro extorsivo, pluralidad de intervinientes, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Sudo, Jorge Gabriel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

El voto concurrente agregó que a la inusitada gravedad del hecho por el cual el encausado se encuentra condenado como partícipe secundario -secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas y por la comisión con armas de fuego- y donde hasta el día de hoy se desconoce el paradero de la víctima, deben añadirse los peligros procesales que pueden razonablemente inferirse del egreso anticipado del nombrado, principalmente derivados del informe psicológico arrimado al legajo como asimismo de la existencia de otros integrantes de una banda -con ramificaciones en el extranjero- que aún no han sido juzgados y la posibilidad de tomar contacto entre ellos.
Quiebra, instrumentos privados, oponibilidad a terceros
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Santa Elena Bursatil Sociedad de Bolsa SA  c/  s/ quiebra c/ banco provincia del neuquen sa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

"En otras palabras, el documento privado carente de fecha cierta no es oponible a los terceros, quienes pueden obrar como si el instrumento no existiese. Pero a partir de la adquisición de la fecha cierta, los terceros deben estar al contenido del instrumento como si éste fuera un instrumento público, salvo en lo relativo a la fecha, que para ellos será la del hecho que ha servido para comunicar al documento aquella fecha cierta" (Llambías, J.J., "Tratado de Derecho Civil - Parte General", T. II, página 413, n° 1614).
Robo, ley penal más benigna, actuación de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Ramón Alcides y otro s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

En la instancia extraordinaria abierta por el recurso de inaplicabilidad de ley debe aplicarse de oficio la ley 23.077, que resulta más favorable al procesado al disminuir la escala para el delito previsto en el art. 164 del C.P., en función de su operatividad "de pleno derecho" (art. 2, C.P.).
Intereses, derechos creditorios, derecho de propiedad, integridad del patrimonio, depreciación monetaria, daños y perjuicios, mora del deudor, enriquecimiento sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: DICK PEREZ, LINO c/ SANECAR  S.A.  ESTRELLA ESPAÑOLA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-30

El medio a emplear para mantener el valor del crédito adeudado depende de la existencia y de la magnitud del perjuicio a reparar, derivado de la depreciación de la moneda de pago; lo único que no puede soslayarse es que la integridad del crédito se halla directamente garantizada por la Constitución, sin que la elección legislativa por la variante indexatoria o nominalista pueda constituir pretexto para privar a un habitante de la Nación de parte de su propiedad, acordada por las leyes y declarada por los jueces, ni para promover el enriquecimiento sin causa del deudor moroso en razón de su propia mora.
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Russo, Juan Manuel. c/ Iggam S.A. s/ Diferencia de haberes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-23

Infringe el art. 245 de la L.C.T. el fallo que al fijar la indemnización por antigüedad no respeta el tope máximo de tres veces el salario mínimo, vital y móvil por cada año de servicio, vigente al momento de la extinción del contrato de trabajo.
Testamentos, nulidad de testamento, carga de la prueba, capacidad para testar
Materia: CIVIL
Carátula: V.J.G. y otro c/ V.M.G. S/Suc. s/ NULIDAD DE TESTAMENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-24

Toda persona está en su sano juicio mientras no se prueba lo contrario (conf. presunción establecida en el 1er. párrafo del art.

3616 del Código Civil). A quien pide la nulidad del testamento le incumbe probar que el testador no se hallaba en su completa razón al tiempo de testar, carga cuyo fundamento encuentra otro de los autores citados por el codificador en un doble orden de razones: 1) porque es demandante y, como tal, afirma; 2) porque, además, afirma un hecho contrario a la presunción legal y ésta se asienta, a su vez en la naturaleza, desde que el hombre es, en general, "sano de espíritu" - según locución del texto francés - y la demencia es una excepción (conf. Demolombe, "Cours de Code Napoleón. Traité des donations entre-vifs et des testaments", 4a. ed., París, Auguste Durand, t. XVIII publicado en 1872, nro. 361, p. 371/373). Cuando se demanda la nulidad de un testamento, la prueba contra la presunción del art. 3616, primera parte, del Código Civil, debe ser categórica, seria, decisiva, contundente (conf. C.N.Civ. L.L. 65-661; íd. 102 706; Sala D, L.L. 116-30; íd. L.L. 141-507; Sala F, E.D. 47-151) y en caso de duda queda en pie la presunción de buena salud (C.N.Civ.

Sala A, L.L. 71-341; Sala D, E.D. 42-663).
Accidentes de trabajo, daño resarcible
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Monterrosa, Julio Exequiel c/ Provincia ART S.A. s/ accidente- ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-03

Contra la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda apela la parte actora por la valoración de la prueba médica y la aplicación del método de capacidad restante a un supuesto no comprendido en dicha reglamentación. Ante tal contexto, teniendo en cuenta el cuestionamiento constitucional realizado en el inicio respecto del decreto 659/96, cabe aclarar que el método de la capacidad restante no es aplicable a supuestos en que los distintos aspectos incapacitantes son resultado de un mismo hecho o de incapacidades que aparecen simultáneamente, ya que, cuando las incapacidades son, como en el caso, contemporáneas, no corresponde utilizar el método de la capacidad restante. (Del voto en mayoría del Dr. Arias Gibert).
Marcas confundibles, cese de oposición al registro de marca
Materia: CIVIL
Carátula: Hormigones Ricci S.A. c/ Ricchi S.A. s/ Cese de oposición al registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-09

La marca registrada "RICHI" está totalmente reproducida en el conjunto marcario solicitado por la empresa "Hormigones Ricci S.A." y por la fuerza misma de los hechos se impone aceptar que ese nombre es el elemento fundamental de las marcas en pugna. Y se lo reconozca o no, aparece como incontrastable que la identidad anotada no se diluye por el añadido de la voz "hormigones", bien que este agregado aporta el obstáculo para que las dos voces no sean absolutamente idénticas sino sólo parcialmente idénticas o más precisamente "casi" idénticas, que trae como consecuencia que no se esté frente a signos "claramente distinguibles", en los términos del art. 3º, inc. b), de la Ley de Marcas.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Heredia, Aldo Jorge c/ Cassataro, Pedro Marco s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

Si la actividad del perito médico designado a instancia de ambas partes se encontraba en curso, la presentación del profesional que se produce luego de los tres meses que el código de forma fija para la caducidad, no es una demora imputable a la parte, y no habilita a la denunciante de la caducidad para solicitar la conclusión del proceso, encontrándose en trámite dicha prueba que le resultaba común, máxime cuando el perito, auxiliar del tribunal, había aceptado el cargo, sin que se le impusiera plazo para realizar su diligencia.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), embargo, crédito laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HERNANDEZ, NILDA NORMA c/ TRAVERSO, HUMBERTO EMILIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-02-12

No se advierten irrazonables los argumentos del Tribunal ni se infiere la presencia de vicios que invaliden la sentencia como acto jurisdiccional, desde que -aún con prescindencia de la discusión en torno a si el crédito laboral de la actora constituiría o no una deuda por alimentos en los términos de la ley 24241-, lo cierto es que el régimen propio de la Caja provincial en cuyo marco obtuvo el sr. Traverso su jubilación, instituye específicamente un sistema de embargabilidad de las prestaciones en forma limitada. (Del voto del Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24241, artículo 14, inciso c); Ley 10727, artículo 38
Accidentes de trabajo, honorarios, despido sin causa
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Balbuena, Mario Fabián  c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Rios  s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-07-05

No aparece justo, ni lógico que el cliente que se vio obligado a estar en juicio y lo ganó deba asumir la parte de los honorarios de sus abogados que quedan fuera de la prorrata, o de lo contrario, esa cuota no resultará cancelada por nadie, con el consiguiente recorte, incausado, de la remuneración generada por el trabajo letrado y procuratorio. Es posible que los abogados del perdedor terminen percibiendo un emolumento superior al de sus contrarios, ya que su asignación no entra en el reparto y su cliente tiene que cancelarla de manera integral. Atenta contra el derecho de propiedad y el carácter alimentario de los estipendios. Es que, en la práctica, con la aplicación de las normas bajo estudio, solo se concreta una afectación a la propiedad de los abogados y de quienes tienen que soportar el pago de gastos que no les corresponden de acuerdo al ordenamiento vigente en Entre Ríos, pues la norma no ha dado ningún otro resultado. El fin declamado: disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, no se ha concretado, solo se termina beneficiando a deudores (Voto Stettler. Adhesión Ronconi)
Fallos de la Corte Suprema, autorización judicial, personas por nacer, anencefalia, parto inducido, eugenesia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón de Gral. San Martín s/ Autorización Parisotti, Fátima Viviana s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-07-25|2004-05-05

Como lo decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación "cabe hacer lugar a la acción de amparo tendiente a que se autorice adelantar el alumbramiento de un niño anencefálico, ya que no se trata de un caso de aborto, ni de aborto eugenésico, ni de un ser -para excluir la protección de su vida- que no es persona, ni de la libertad de procreación para fundar la interrupción de su vida, pues tales acciones aparecen identificadas con una acción humana enderezada a provocar la muerte del niño, y por el contrario, lo que se autoriza es la inducción de un nacimiento con gestación de plazo suficiente ... cuyo resultado -el fallecimiento del niño- no depende de la acción humana, sino de la trágica condición de este último que, al carecer de cerebro, no puede subsistir con autonomía".
Accidentes de trabajo, dictamen pericial, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Juárez Darío Antonio c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-30

En cuanto a la entidad probatoria que cabe adjudicar al relato de los hechos que el perito afirma pasaron en su presencia, cabe señalar que tradicionalmente se distinguió, como integrantes de un dictamen pericial, las conclusiones que el experto vierte con fundamento en su conocimiento científico o técnico y las referencias a hechos que indica haber realizado o que ocurrieron en su presencia. Sobre estos últimos he opinado antes que, más allá de que el Juez conserva plena libertad para apreciar el valor probatorio del dictamen y de las aseveraciones del experto respecto de los hechos pasados en su presencia, la relación que hagan los peritos de hechos verificados por ellos, puede darle al juez mayor credibilidad que sus opiniones técnicas, porque la razón de su dicho es completa (Voto Ronconi. Adhesión Welp)
Jubilación por invalidez, diagnóstico médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Acosta, Julio c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

La fuerza probatoria de los dictámenes médicos depende de que se encuentren suficientemente fundados.
Recurso extraordinario, medidas cautelares, peligro en la demora, tutela anticipada
Materia: PROCESAL
Carátula: Pardo, Héctor Paulino y otro c/ Di Césare, Luis Alberto y otro s/ art. 250 del C.P.C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-06

Si bien las decisiones adoptadas en materia de medidas cautelares no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario pues no constituyen la sentencia definitiva que exige el art. 14 de la ley 48, tal principio debe ceder si los recurrentes han expresado -con apoyo en las constancias médicas acompañadas- que dada la insuficiencia de sus medios económicos, la falta de cobertura médica privada y las carencias del hospital público zonal para cubrir las necesidades básicas que requiere el cuidado de la hija, la demora en el inicio del proceso asistencial, terapéutico y de equipamiento ortopédico requeridos hasta el momento de la sentencia definitiva, no sólo agravará su delicado estado de salud, con claro riesgo de su vida, sino que ocasionará nuevos daños irreversibles, circunstancias que permiten tener por cumplido el requisito de definitividad y ponen de manifiesto la necesidad de obtener una tutela jurisdiccional efectiva para modificar la situación en que se encuentra y evitar mayores perjuicios.

-La jueza Argibay, en disidencia, consideró que los recursos extraordinarios no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48)-.
Plan de parentalidad, Estado Nacional, derecho a la dignidad
Materia: CIVIL
Carátula: F., R. G. y M., N. E. c/  s/ homologación de convenio (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-10-28

No corresponde el pedido de intervención del Estado en asuntos de índole familiar que involucren situaciones privadas de personas mayores y capaces. De hecho, uno de los motivos por los cuales no debe admitirse la intromisión indiscriminada del Estado, es el respeto por el derecho de los padres a educar a sus hijos del modo que estimen conveniente hacerlo; esto es, con sus aciertos pero, fundamentalmente, con sus errores. En virtud de los derechos de autonomía y dignidad que tienen las personas, el Estado tiene el deber de abstenerse de intervenir en tales aspectos.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, culpa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cortez, Angel S. c/ Troglio, David y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

Si la conducta de la víctima ha interrumpido parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño, limitando de tal manera la consumación total de la responsabilidad objetiva del dueño y guardián del colectivo, puede, con tales alcances, hablarse en el caso de "culpa concurrente".
Sanciones procesales, interpretación restrictiva, temeridad o malicia, inconducta procesal, deberes procesales, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G.C.B.A. c/ Vicente Giorgi S.A. s/ Ejecución fiscal fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-16

El artículo 39 del Código Contencioso Administrativo y Tributario contempla la llamada inconducta procesal genérica, refiriéndose a la contraria a los deberes de lealtad, probidad y buena fe (art. 26, inciso quinto, apartado "d" del citado ordenamiento), manifestada en forma persistente a través de las distintas etapas del proceso.

Sus fines son moralizadores, ya que - sin coartar el derecho de defensa- tiende a sancionar a quien formula defensas o afirmaciones temerarias sabedor de su falta de razón, es decir, al litigante cuyo desconocimiento de la situación real no puede serle admitido, de acuerdo a las circunstancias del caso. Castiga las actitudes evidentemente obstruccionistas y dilatorias, que constituyan abuso deliberado de las garantías que la ley ha establecido para la defensa de los derechos litigiosos.

Se recomienda cautela o prudencia en la aplicación de sanciones procesales, a fin de que ellas no se conviertan en un elemento que impida a los interesados hacer valer adecuadamente su derecho de defensa en juicio; de manera que, en definitiva, el criterio que preside su aplicación es restrictivo.

Es decir que en caso de duda razonable ha de estarse por la no aplicación de sanciones, admitiendo con amplitud el ejercicio del derecho de defensa, y restringiéndolas a los casos en que resulte manifiesto el exceso en dicho ejercicio o evidente el propósito obstruccionista.