Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-10-20


Salta, 20 de octubre de 2016.	(Tomo 208:81/96) Y VISTOS: Estos autos caratulados "ARMIÑANA DE MECLE, JULIA ESTHER; MECLE, CYNTHIA CORA ANTONIA; MECLE, ELINA SUSANA; MECLE, PATRICIA LAURA; MECLE, ROBERTO JOSÉ ANTONIO VS. MECLE, DOLLY YANET; MARTINICH, JOSÉ ROBERTO; DASSANO DE MARTINICH, MARÍA DEL CARMEN; MARTINICH, MARÍA ALEJANDRA; MARTINICH, JUAN JOSÉ; MARTINICH, PABLO SEBASTIÁN Y OTROS - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. Nº CJS 37.494/14), y	______________________________CONSIDERANDO:	1º) Que a fs. 171/173 esta Corte hizo lugar a la queja deducida por los actores y declaró mal denegado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que obra a fs. 487/496 del principal.	Los recurrentes aducen que el fallo impugnado, que rechazó el recurso de apelación y confirmó la sentencia que desestimó la demanda, es arbitrario y vulnera los derechos de propiedad y de defensa en juicio y la garantía a un debido proceso.	Indican que la demanda tuvo por objeto la declaración de nulidad de las escrituras públicas Nº 359 y Nº 360, con fundamento en que las actas de asambleas en las que se sustentan los actos jurídicos allí formalizados -según afirman- resultan falsas y no cumplen con las exigencias legales. Aducen que la acción de impugnación contra una resolución de la asamblea de accionistas que contempla el art. 251 de la Ley de Sociedades no excluye a la acción de nulidad del Código Civil.	Señalan que la Cámara consideró que el único fundamento de la acción de nulidad estaba basado en la escritura pública Nº 461, a la que consideró carente de valor por no estar inscripta en el Registro pero que, sin embargo, ponderó como válidas las actas de asamblea que tampoco estaban inscriptas.	Manifiestan que la resolución recurrida partió del análisis del art. 1003 del Código Civil para considerar la validez de las transferencias efectuadas mediante las escrituras públicas Nº 359 y Nº 360 y, sobre la base de ello, meritó que los documentos que tuvo en cuenta la notaria interviniente gozan de aparente autenticidad para acreditar la representación invocada por la firmante, señora Dolly Yanet Mecle. Esgrimen que el acta de asamblea ordinaria de elección de autoridades y aceptación de cargos de fecha 9 de junio de 2000 debió inscribirse en el Registro Público de Comercio, lo que no se hizo, por lo que -según entienden- no resulta idónea para tener por acreditada la aludida representación.	Destacan que del acta constitutiva plasmada en la escritura pública Nº 388, surge que la sociedad está integrada por un total de diez socios y que las decisiones en las supuestas asambleas unánimes fueron adoptadas solamente por tres de ellos, a saber, las señoras Dolly Yanet Mecle, Blanca Lilia Mecle y Elena Mecle, sin convocatoria ni participación de ellos -herederos de un socio fallecido-, por lo que al no estar representada la totalidad del capital social, según afirman, no existió quórum para estimar unánimes las asambleas en cuestión. Acotan que en el principal se ha incorporado la declaratoria de herederos del señor Roberto Mecle, accionista de la sociedad "José Elías Mecle Sociedad Anónima Comercial e Industrial", y sus actas de nacimiento que, necesariamente, debían participar de las supuestas asambleas unánimes.	Expresan además que las actas acompañadas carecen del sello y la rúbrica del Registro Público de Comercio, por lo que no pueden crear presunción de validez alguna, con lo cual es erróneo -según entienden- el razonamiento del tribunal de grado que consideró que un acta labrada en un libro llevado en debida forma crea la presunción "iuris tantum" de veracidad de los hechos y situaciones que allí se transcriben.	Alegan que previo a la formalización de un acto jurídico por escritura pública, el notario debe realizar el estudio de títulos y examinar las representaciones invocadas. Entienden que la escribana autorizante actuó con desprolijidad, pues omitió efectuar el control de los libros de registro de accionistas, de acciones, y de asistencia a asambleas y de las actas de asambleas y de reunión de directorio.	Aseveran que la Cámara sostuvo que el carácter invocado por la señora Dolly Yanet Mecle para representar a la sociedad surge del propio estatuto y que contó con la participación de las otras directoras, las señoras Blanca Lilia y Elena, ambas de apellido Mecle, y estiman que ello es erróneo pues el estatuto social estableció un directorio compuesto por un mínimo de cuatro miembros titulares, los que duran dos años en sus funciones.	A fs. 186/191 se agregan el memorial previsto por el art. 301 del Código Procesal Civil y Comercial presentado por los demandados y a fs. 193/197 dictamina el señor Fiscal ante la Corte Nº 1, encontrándose los autos en estado de resolver.	2º) Que este Tribunal, siguiendo los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido, como premisa básica, que el recurso de inconstitucionalidad sólo puede prosperar en aquellos supuestos de evidente discrecionalidad, apartamiento injustificado de los hechos o del derecho aplicable o irrazonabilidad de las conclusiones a que se arriba en el decisorio. Por tal motivo, la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis es propia de los jueces de la causa y salvo aquellos casos de excepcionalidad mentados, resulta insusceptible de revisión en la instancia extraordinaria cualquier pronunciamiento que no conlleva las causales de su descalificación como acto jurisdiccional, puntualmente enumeradas por la jurisprudencia vigente (cfr. Tomo 57:789; 59:527; 119:213; 140:555; Sagüés, "Recurso Extraordinario", Ed. 1992, Tomo 2, pág. 45).	Esta vía extraordinaria, lejos de importar la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad y no para revisar sentencias pronunciadas por los jueces de la causa, en tanto y en cuanto ellas no revistan vicios de entidad grave que lesionen un principio constitucional, o que impliquen su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad, tal como ha sido elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. esta Corte, Tomo 49:347; 53:329; 54:241; 59:1093; 64:841; 70:229; 97:275; 112:207).	3º) Que como tal, la doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa (esta Corte, Tomo 59:527; 61:743; 70:987; 71:1; 77:619; 87:769; 96:521; 99:889).	Corresponde determinar entonces si lo resuelto importa un tratamiento inadecuado de la cuestión bajo análisis que lo torna arbitrario y lo invalida como acto jurisdiccional.	4º) Que la Cámara consideró que el objeto de la pretensión de los actores consistió en la nulidad de las escrituras públicas Nº 359 y Nº 360, en virtud de las cuales se transfirió el dominio de los inmuebles denominados fincas Caballurenda y Yacuy, identificados con las matrículas Nº 1.633 y Nº 21.136 del Departamento San Martín, respectivamente, de propiedad de la sociedad José Elías Mecle S.A.C.I., y señaló que la acción se dirigió contra los compradores, la escribana autorizante de los instrumentos públicos y la señora Dolly Yanet Mecle, quien, invocando la representación de la sociedad vendedora, intervino en esos actos.	Analizó que el planteo de nulidad de los actores está basado en la ausencia de legitimidad de quienes suscribieron las mentadas escrituras, pues sostuvieron que la intervención de éstos se realizó como consecuencia de actas de asambleas viciadas, dado que según surgiría del cotejo del acta de sorteo y adjudicación extrajudicial instrumentada mediante escritura pública Nº 461, las señoras Dolly Yanet, Elena y Blanca Lilia Mecle habrían quedado desvinculadas de la sociedad.	Respecto de tal planteo el tribunal "a quo" ameritó que debe distinguirse, por un lado, la pretensión relativa a la nulidad de las escrituras públicas de venta de los inmuebles y, por el otro, las objeciones a las asambleas, por cuanto éstas constituyen actos que hacen a la vida interna de la sociedad anónima, cuya validez sólo puede ser cuestionada a través de la vía que a tal efecto prevé el art. 251 de la Ley de Sociedades Comerciales, la que difiere de la intentada en autos. Consideró que la validez o invalidez de esos actos societarios no puede ser materia de análisis en la instancia apelativa, dado que la acción de impugnación de las asambleas no constituyó el "thema decidendum" en primera instancia, destacando, además, que en los presentes autos no fueron demandados ni la sociedad ni los otros socios que conformarían la voluntad social en las asambleas supuestamente viciadas.	En relación con el acta de sorteo y adjudicación, materializada en la escritura pública Nº 461, la Cámara consideró que, además de eludir el régimen de resolución, disolución y liquidación de las sociedades comerciales previsto en la Ley 19550, resulta inoponible a los demandados, atento a su falta de inscripción, y que ello surge de los informes del Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registro y de la Dirección General de Inmuebles.	Respecto de la legitimación de los demandados, analizó el contenido de las escrituras públicas Nº 359 y Nº 360, en las que la notaria dio fe de la representación invocada por la señora Dolly Yanet Mecle en su carácter de presidenta del directorio de la sociedad José Elías Mecle S.A.C.I., con sustento en el acta constitutiva de la sociedad y el estatuto social otorgado por escritura pública Nº 388 -inscripta en el Registro Público de Comercio-, en el acta de asamblea ordinaria unánime de fecha 9 de junio de 2000, de elección de autoridades y aceptación de cargos, y en las actas de asambleas extraordinarias unánimes, una de fecha 14 de marzo de 2003 en la cual se autoriza la venta del inmueble matrícula Nº 1633, y otra de fecha 8 de marzo de 2002, en la que se ratifica lo resuelto en asamblea del día 15 de abril de 1986 por la cual se autorizaba la venta de varios inmuebles de la sociedad, entre los cuales se encuentra el catastro Nº 21.136.	Consideró que de la escritura pública Nº 388 surge que la sociedad denominada "José Elías Mecle Sociedad Anónima Comercial e Industrial" fue constituida el 7 de agosto de 1966 por los señores José Elías Mecle, Delfina Panayotti de Mecle, Elías Mecle, Roberto Mecle, Blanca Lilia Mecle, Dolly Yanet Mecle, Julia Esther Armiñana de Mecle, José Aníbal Zapata, Elena Mecle y María Nelly Mecle, y estimó que si bien en el estatuto social se determinó que la firma fuese administrada por un directorio compuesto de un mínimo de cuatro miembros titulares y un máximo de seis -según lo determine en cada caso la asamblea general de accionistas- y dos directores suplentes, los que durarían dos años en sus funciones y serían reelegibles, y que el mandato de los directores se prorrogaría hasta tanto la asamblea los reemplace, en el mismo estatuto se estableció que la representación de la sociedad la ejercerían el presidente y dos directores titulares cualesquiera en forma conjunta, autorizándolos a la celebración de los actos propios de la administración, y también a adquirir y enajenar bienes raíces. Con base en ello señaló que a través de la referida asamblea general ordinaria del 9 de junio de 2000 se designó como presidenta del directorio a la señora Dolly Yanet Mecle y como directores titulares a las señoras Elena Mecle y Blanca Lilia Mecle, por el término de tres años, y en consecuencia consideró que esas constancias gozan de aparente autenticidad, lo que habilitó a la notaria a tener por acreditada la representación invocada por la firmante, señora Dolly Yanet Mecle. Destacó, además, que las escrituras cuya impugnación se pretende también fueron suscriptas por las mencionadas directoras titulares, por lo que no surgen en forma manifiesta los vicios que señalan los actores respecto de la celebración de las asambleas, al menos en lo referido al control que recae sobre la escribana actuante.	A continuación de ese análisis desestimatorio y con fundamento en la prueba informativa producida en autos, el tribunal de grado determinó que quedó demostrado que las asambleas no fueron debidamente convocadas, y a renglón seguido estimó su validez con sustento en lo que establece el art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales reformado por Ley 22686. Señaló a tal efecto que esa falta de convocatoria quedó subsanada por haberse reunido los accionistas que representan la totalidad del capital social y adoptado las decisiones por unanimidad de las acciones con derecho a voto, sin expedirse sobre la legitimación que invocan los actores, quienes aducen que, como herederos de uno de los socios fallecido, debían participar en esas asambleas.	______Para sustentar esa afirmación la Cámara se basó en las copias de las actas de asambleas incorporadas al expediente y señaló que un acta labrada en un libro llevado en debida forma crea la presunción "iuris tantum" de veracidad de los hechos y situaciones que allí se transcriben. Por ello, concluyó que el control instituido por el art. 1003 del Código Civil entonces vigente de compulsar los documentos habilitantes ha sido cumplido por la notaria, toda vez que examinó los documentos idóneos para tener por acreditada la representación y los agregó al protocolo.	5º) Que de lo expuesto surge que la sentencia impugnada resulta arbitraria, pues luego de precisar que la acción de nulidad difiere de la acción de impugnación de las actas de asambleas societarias, y que ésta última no constituye el objeto de la demanda, ergo no ha sido sometida al análisis del juez de primera instancia, se aboca al examen de las actas y determina su validez como premisa de sus conclusiones, mediante consideraciones dogmáticas que no tienen adecuado correlato con las pruebas producidas en el proceso, arribando así a un fallo viciado por contener graves defectos de fundamentación que lo tornan inválido como acto jurisdiccional.	6º) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determina que es arbitrario y debe ser dejado sin efecto el fallo que se contradice en sus propios fundamentos (Fallos, 320:613). Además, incorpora al catálogo de sentencias arbitrarias aquellas que no constituyen derivación razonada del derecho aplicable con referencia a las circunstancias de la causa, cuando su fundamentación se exhibe como una reflexión dogmática con mengua de recaudos de raigambre constitucional (cfr. Fallos, 300:1131; 301:268, entre muchos otros).	7º) Que en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 507/511 de los autos principales, y en su mérito, dejar sin efecto la sentencia de fs. 487/496 de esos autos. En cuanto a las costas, se imponen por el orden causado en tanto se dispone la nulidad por vicios propios de la sentencia.	8º) Que por otra parte, es atribución de esta Corte no adoptar el camino del reenvío y decidir sobre el fondo del asunto cuando -como en la especie sucede- así lo aconsejan razones de economía, celeridad y certeza, atendiendo a la naturaleza de la cuestión suscitada y al tiempo trascurrido (cfr. Tomo 116:699; 197:161; 204:923, entre otros). Por ello corresponde proceder al análisis del recurso de apelación deducido por los actores Cynthia Cora Antonia, Elina Susana, Patricia Laura y Roberto José Antonio, todos de apellido Mecle, contra la sentencia copiada a fs. 125/130 vta.	Respecto del recurso de la señora Julia Esther Armiñana, no cabe proceder a su análisis al no haber suscripto el escrito de fs. 415 del Expte. ppal., siendo que la Dra. Claudia Eugenia Kayssner actuó durante todo el proceso como su letrada patrocinante._______________________________________________________________<#LI NE>	9º) Que los actores sustentan su impugnación (cfr. copias de fs. 131/132 vta.), como primer agravio, en la falta de análisis del contrato constitutivo de la sociedad y de las actas de asamblea mediante las cuales se efectuaron las transferencias, por omitir evaluar el número mínimo de directores, el plazo de duración de sus funciones, la no intervención de los restantes socios o sus herederos y la falta de autorización para efectuar la venta de las fincas, cuya nulidad se plantea. Indican los apelantes que la jueza "a quo" no sólo no tuvo en cuenta que las actas de asamblea no se ajustan a derecho sino que pasó por alto que a la fecha de las ventas las autoridades designadas no tenían mandato.	Sin embargo de la lectura de la demanda se verifica que la impugnación de las actas de las asambleas y, consecuentemente, de las ventas realizadas, se planteó solamente con sustento en que quienes adujeron representar a la sociedad habían dejado de pertenecer a ella. En efecto, de las copias de fs. 100/102 vta. se advierte claramente que los actores plantearon que las ventas efectuadas lo fueron como consecuencia de actos viciados, nulos y fraguados como son las actas agregadas a fs. 51 y 52 del Expte. Nº 87268/04, ya que -indicaron- quienes figuran suscribiéndolas en las calidades que invocan no pertenecen a la sociedad en virtud del acta de sorteo y adjudicación extrajudicial instrumentada en la escritura Nº 461 pasada ante el escribano autorizante Gustavo Rauch Ovejero (punto II - apartado 5). Agregaron que las manifestaciones del vicio resultan del cotejo de otros elementos de juicio y, en el caso de autos, de la escritura Nº 461 que sirve de suficiente sustento para interponer la acción de nulidad en los términos de los artículos 1050, 1052, 1040, 1042 y concordantes del anterior Código Civil (punto III - apartado 6).	Los compradores de los inmuebles, alegando su buena fe y el desconocimiento de la invocada acta de adjudicación y desvinculación de los socios ante su falta de inscripción, a pesar de haber sido redactada 22 años antes de la venta, plantearon la falta de legitimación de los actores para demandar como lo hicieron (v. copia de fs. 103/105).	Si bien los impugnantes en el memorial alegan una serie de vicios relativos a las actas de asamblea (falta de convocatoria y de asistencia de todos los socios), al vencimiento del mandato de los directores, la falta de autorización para vender, etc., en su escrito de demanda no habían planteado tales cuestiones. Es decir que su falta de introducción al demandar se erige como un obstáculo insalvable para proceder a su análisis. Caso contrario se vulneraría el derecho de defensa en juicio de los accionados al no haber sido propuestas con la demanda de la que se les corriera traslado.	Es que ninguno de los vicios invocados fueron puestos a consideración del juez de primera instancia, por lo que tales afirmaciones constituyen una reflexión tardía que no puede ser atendida por la vía ahora intentada.	10) Que conforme lo señala la doctrina, la alzada, por ser un área de revisión, carece de poderes para decidir temas no sometidos al juez inferior, ya que la función prístina del "ad quem" no es la de fallar en primer grado sino la de controlar la decisión de los magistrados de jerarquía inferior (Hitters, Juan Carlos, "Técnica de los recursos ordinarios", pág. 406). Las limitaciones establecidas al ámbito de conocimiento del tribunal de alzada, que no puede apartarse de las pretensiones y oposiciones planteadas oportunamente en primera instancia, ni de aquello que haya sido materia de recurso, derivan de la vigencia del principio dispositivo, que confiere a las partes el señorío de fijar los límites del objeto litigioso. La violación de estos límites por el tribunal de alzada implicaría afectación del derecho de propiedad y de la garantía de la defensa en juicio consagrados por la Constitución Nacional. Así como la pretensión que no ha sido materia del litigio al no haber sido oportunamente introducida en los escritos con los cuales se trabó la litis, no pudo ser objeto de pronunciamiento en primera instancia debido al principio de congruencia, de igual manera tampoco es posible incorporar esa pretensión en la alzada, que solamente habilita la revisión del fallo en grado, pero sin admitirse la ampliación del debate cuya continencia precluyó al trabarse la litis (cfr. Loutayf Ranea, Roberto G., "El Recurso Ordinario de Apelación en el Proceso Civil", Astrea, 1989, Tomo 1, pág. 183 y jurisp. allí citada).	11) Que los apelantes también se agravian por la falta de resolución de lo planteado en relación a la escritura Nº 461 pasada ante el escribano Gustavo Rauch Ovejero. Esta cuestión fue articulada por ellos en la demanda, y los compradores -bajo el título de falta de legitimación activa- indicaron que ese acto no les era oponible en tanto la mentada escritura no fue inscripta en el registro inmobiliario (v. copia de fs. 104/105) y, además, por estar referida solamente a una de las fincas, la denominada "Yacuy".	De la lectura de la sentencia apelada se constata que, luego de un detalle de las pruebas incorporadas, la jueza "a quo" resolvió que esa escritura, de fecha 23/11/1982, no era oponible a los compradores en tanto no se encontraba inscripta en la Dirección General de Inmuebles (cfr. copia de fs. 130). Esta cuestión no fue controvertida por los apelantes.	Si bien ellos afirman que los adquirentes no eran de buena fe, consideran haber acreditado sus dichos con la manifestación de una de las actoras -la señora Julia Esther Armiñana de Mecle- que en su absolución de posiciones dijo que "en Tartagal se conoce todo el mundo y que una persona muy allegada le dijo al señor Martinich que no compre pues habían otros herederos a quienes no se les dio nada" (v. fs. 306 de los autos principales). Esta afirmación de la señora Armiñana no fue una confesión ya que la posición cuarta, según consta a fs. 305 del principal, indicaba: "Para que jure la absolvente que nunca inscribieron el acta de sorteo extrajudicial..." a lo que la ponente contestó que no lo sabía. La afirmación posterior respecto al conocimiento de los compradores que existían otros herederos que habían sufrido un perjuicio, fue solamente eso, una simple manifestación de su parte, sin valor probatorio alguno.	Consecuentemente al no haberse demostrado el conocimiento por parte de la notaria y de los compradores del acta de sorteo instrumentada en una escritura pública que no fue inscripta y que constituyó el fundamento de la acción de nulidad, cabe admitir la buena fe de los demandados en atención a que de las constancias registrales surge que la sociedad era titular de las fincas que se vendieron (cfr. cédulas parcelarias de fs. 8/11 del Expte. principal), y que en el Registro Público de Comercio no se inscribió ninguna modificación alguna del contrato social (cfr. informe de fs. 237 de ese expediente), por lo que cabe confirmar la sentencia que desestimó la acción deducida.	12) Que a mérito de lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso de apelación. Con costas (cfr. art. 68 del C.P.C.C.).	Por ello,	______________________LA CORTE DE JUSTICIA,	____________________________RESUELVE:	I. HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 507/511 de los autos principales y, en su mérito, dejar sin efecto la sentencia de fs. 487/496 de esos autos. Con costas por el orden causado.	II. RECHAZAR el recurso de apelación de fs. 415 del expediente principal. Con costas.	III. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Ernesto R. Samsón, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo, Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).