marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria, absurdo, recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Caldelari, Federico Antonio c/ Colegio de Médicos de Catamarca s/ Cobro de pesos - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-03-05

Si bien es cierto que la determinación de los hechos y la merituación de la prueba es facultad exclusiva de los jueces de mérito, y ajena en principio al control de la casación, tal principio debe ceder cuando, como en autos, se configura el supuesto de arbitrariedad o absurdo.

En efecto, no se trata de omitir la valoración de alguna probanza -o lo que los jueces no están obligados- o de discrepar en la valoración dentro de los límites de la lógica, sino que el Tribunal ha obviado todo el esquema probatorio propuesto al concluir que el convenio en el cual el actor fundamentó su pretensión lo ofreció como prueba y sobre el cual el demandado ejerció su defensa, es irrelevante para el actor y no tiene para él efecto alguno.

Por ello debe casarse el fallo en crisis y hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por la demandada -Colegio Médico- quien conforme a las constancias de la causa no es la obligada al pago de las sumas que se reclaman.

(Del voto de la mayoría)
Distribuidores, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ, MARTIN CIPRIANO Y OTRA c/ SERVICIOS ELECTRICOS SANJUANINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO-
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-06-30

El deber de cuidado, guarda y vigilancia de la empresa distribuidora de energía eléctrica, sólo pesa sobre ésta hasta el lugar en que es provista a los particulares o usuarios (medidor). Desde ese artefacto, en todo el interior del inmueble de propiedad del usuario, el deber mencionado le corresponde a este, pero no a la distribuidora o proveedora de electricidad ya que materialmente resultaría imposible control adecuado del uso de la misma, además de constituir una intromisión indebida en los inmuebles de los usuarios, de ejercerse dicho control.
Facultades del Poder Judicial, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guadalupe Hernández, Simón Fermín s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

No es admisible que los magistrados exorbiten los límites de sus atribuciones y actúen sustituyendo aquellos mecanismos parlamentarios aptos para resolver la controversia. De otro modo la actividad judicial podría ser utilizada para interferir los resultados que en marco parlamentario genere la voluntad de las mayorías, lo que no resulta posible admitir sin quiebra del orden constitucional que la Corte debe preservar.
Marcas, marcas de servicio, nombre comercial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Centro Asistencial de Medicina Integral  CAMI c/ Cooperativa  Limitada  de  Provisión    COMI    de  Medicina Integral s/ Nulidad Reg. marcas y Cese uso indebido de designación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

La marca de servicio identifica a un servicio prestado uniformemente a través del tiempo: "Lavaplanch", por ejemplo, es un servicio de lavado con jabón, agua fría y secado con calor seco, procedimiento que dura veinte minutos. La marca identifica ese servicio. El nombre comercial, en cambio, designa actividades con fines de lucro, y distingue a los competidores.
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, fondos del partido
Materia: ELECTORAL
Carátula: AU.C.R. s/ Balance período 01/11/08 al 31/10/09
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-29

Corresponde imponer al partido político la multa prevista en el artículo 65 de la ley 26.215 por el incumplimiento parcial de la obligación de financiar actividades de capacitación de sus dirigentes en el porcentaje exigido por la normativa, pues a fin de cuantificar el monto sobre el que debe calcularse el porcentaje legal debe añadirse el dinero remanente de los aportes para la campaña electoral que no fueron restituidos por la agrupación -artículo 40 de la ley 26.215.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, nulidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Salgado, Julio C. c/ Vazquez Conort, María L. y ot. s/ Incidente de inexistencia de acto jurídico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

El pronunciamiento de la Cámara que declara la inexistencia de escritos presentados en el proceso y la nulidad de todo lo actuado en consecuencia, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sumario administrativo, prescindibilidad, cesantía
Materia: LABORAL
Carátula: CALCAGNO, NELSON c/ OBRAS SANITARIAS DE LA NACION s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-28

Si el trabajador fue declarado prescindible por aplicación del artículo 3 de la ley 21274, difiriéndose la indemnización a las resultas del sumario administrativo a que estaba sometido, no le corresponde percibir suma alguna si aquél culminó con el reconocimiento de faltas que -de no habérselo declarado prescindible- justificaban su cesantía (artículos 1, 4 y 7 ley 21274).
Extinción de la acción penal, prescripción de la acción penal, cómputo del plazo, consumación del delito, evasión fiscal, impuesto a las ganancias
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: PUMPCOLD INGENIERIA S.R.L. s/ Régimen penal tributario, incidente de extinción de la acción penal por prescripción.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-28

No corresponde computar el plazo de la extinción de la acción penal por prescripción a partir del cierre del ejercicio de la sociedad, producido el último día del año, toda vez que el hecho imputado - la supuesta evasión del Impuesto a las Ganancias de la sociedad de responsabilidad límitada correspondiente a aquél ejercicio anual (Art. 1 de la ley 24769) - se habría consumado en el momento en que la contribuyente presentó la declaración jurada cuestionada del Impuesto a las Ganancias, en forma temporánea, en febrero del año siguiente (confr. Sala A, Reg. N° 95/2006).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atenuantes de la pena, agravantes de la pena, restitución de bienes
Materia: PENAL
Carátula: Centurión, Tomás; Centurión, Santos Alberto s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-10-26

Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el recurrente denuncia la violación de los arts. 40 y 41 del C.P., si la pauta para mensurar la circunstancia atenuante referida al "recupero de los bienes" es de naturaleza objetiva (art. 41 inc. 1 del C.P.) al importar una menor extensión del daño causado por el delito, y en función de lo expuesto resulta indiferente la forma en que lo sustraído es recuperado (por voluntad de los imputado o por el secuestro de los objetos) y conforme a ello, considero que el mencionado indicador debe incluirse en el proceso de individualización de la pena. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, semáforo
Materia: CIVIL
Carátula: Mercado, Ricardo J. c/ Sirera, Pedro. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

La circunstancia de que el peatón no cruzara con luz a su favor ni por un lugar permitido no autoriza al automovilista, como conductor de una cosa riesgosa, a llevarse por delante al mismo. El automovilista en tal circunstancia no puede embestir todo lo que se encuentra en su trayectoria al contar con luz verde.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, demanda, acción civil, carga de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Melo, Pablo Roberto Jorge c/ Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-05-17

En autos, la cuestión litigiosa se centró en la opción por la vía civil realizada por el trabajador, conforme al art. 16 de la ley 24.028.

Realizada esta opción, el actor abandona voluntariamente el régimen tuitivo amplio de la ley especial para penetrar en un sistema resarcitorio que es idóneo para proporcionarle una reparación integral, pero que exige -al mismo tiempo- una actividad procesal de mayor magnitud, tanto en la demanda cuanto en el onus probandi, en el que no rige la presunción de accidente, válida para la ley especial cuando se acredita que el hecho ocurrió en el lugar y el tiempo de trabajo. La víctima debe, entonces, acreditar la relación de causalidad entre la cosa o su virtualidad dañosa y el accidente.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, Superior Tribunal de Justicia, sentencia, costas, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: D, M. G. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Homicidio   calificado. Incidente de Recusación. Revocatoria (Expte. CSJ Nº   680-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-21

Lo dispuesto en el recurso de aclaratoria integra la resolución principal y, con tal inteligencia, es menester recordar que conforme inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la de la Provincia, los fallos y resoluciones de la Corte no son, salvo casos excepcionalísimos, susceptibles de recursos o incidentes de nulidad o revocatoria, por cuanto revisten carácter final y, por ende, no son susceptibles -salvo, como queda dicho, situaciones especiales- de recursos ordinarios. Ahora bien, sin perjuicio de ello, es menester destacar que, aún en la hipótesis más favorable a la postura del recurrente, esto es, entendiendo que la Corte hubiere podido inferir (lo que se descarta) la culpa del a quo, lo que tornaría procedente interpretar la solicitud de que se impongan las costas por la nulidad del auto denegatorio a los magistrados firmantes del mismo, como un supuesto de la figura que se ha dado en llamar "revocatoria in extremis", debe tenerse presente que el Alto Tribunal provincial, en la causa "Malvicino", trazó el perfil de esa figura afirmando que debía entenderse a ésta como un procedimiento atípico de "reparación" (del error indisputable), y nunca de "reexamen" o "reconsideración de la causa", es decir, que el remedio juega dentro de determinado ámbito, específico y circunscripto, en que no tiene cabida la discusión sobre el acierto o el error de los argumentos que sustenten el pronunciamiento, no pudiendo, jamás, erigirse como un "nuevo juicio".
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, sujetos del proceso penal, relaciones de familia, divorcio por presentación conjunta, obligación alimentaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Mendieta, Patricia c/ Mendieta, René Joaquín s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-03-08

La insuficiencia de medios alegada por el obligado no resulta eximente para los alimentos que debe el padre a sus hijos menores pues le corresponde arbitrar lo necesario para satisfacer los deberes que la paternidad le impone y su obligación no se ciñe a lo estrictamente necesario sino que comprende también los gastos de educación.
Contrato de trabajo, obligaciones solidarias, responsabilidad solidaria, subcontratación laboral
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: Dubo Pedernera, Carlos Alberto y otro c/ Jozami, Alfredo y otro. s/ Indemnización laboral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-15

La solidaridad que establece el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo se refiere a las empresas -organización y gestión propia que asume los riesgos, obligaciones y responsabilidades- que, teniendo una actividad propia y normal y específica o habiéndose encargado de ella, estiman conveniente no realizarla por sí en todo o en parte, sino encargar a otro u otros esa realización de bienes o servicios lo que debe determinarse en cada caso atendiendo al tipo de vinculación a la asunción de los riesgos empresariales y a las circunstancias particulares que se hayan acreditado (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, escrituración, tierras fiscales
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTIGLIONI, PES Y CIA S.A.F.I.A. M E I. c/ SANTIAGO DEL ESTERO, PROVINCIA DE. s/ ESCRITURACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-16

Es ajena a la competencia originaria de la Corte la causa en que para decidir la solicitud de escrituración que constituya la causa petendi formal de la demanda deducida contra una provincia- es necesario juzgar previamente la procedencia del decreto que dejó sin efecto uno anterior -que había ordenado la transferencia del bien de conformidad con el régimen de venta de tierras públicas-, por tratarse de un acto dictado por las autoridades provinciales en el ejercicio del poder administrador, cuyo conocimiento no corresponde a la Corte, aunque se invoque la existencia de un vínculo contractual que, por sí mismo, no convierte el pleito en "causa civil" (art. 24, inc. 1 del decreto-ley 1285/58) requisito para surtirla.
Confirmación de sentencia, tasa de almacenaje, depósito aduanero, ley vigente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZARA ARGENTINA SA c/ AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-07

La firma actora promovió demanda a los fines de que se admitiera la aplicación del artículo 1042 del CA a la relación jurídica entablada con la empresa concesionaria de los depósitos fiscales ubicados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y, en consecuencia, se la eximiera del pago de la tasa de almacenaje durante el tiempo en que se sustanció el procedimiento administrativo, tendiente a verificar la configuración de infracciones aduaneras, que culminó mediante el acogimiento al pago voluntario. La juez de primera instancia hizo lugar a la demanda sobre la base de que, aun cuando el servicio de almacenaje hubiera estado a cargo de un concesionario privado, éste se hallaba sujeto a la normativa aduanera y, por ende, al artículo 1042 del CA. Asimismo, entendió que correspondía equiparar el pago voluntario como modo de extinción de la acción aduanera a los supuestos previstos en la referida norma. Tras analizar la normativa aplicable, los términos del contrato de concesión y las circunstancias del caso, la Cámara confirmó la decisión apelada.
Notificación por cédula, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: P.M.E. c/ B.E.O. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

Deviene nula y consecuentemente sin ningún valor ni efecto, la cédula de notificación que ha sido librada y cumplimentada en un domicilio distinto al constituido por la actora en estos autos.

(Minoría u opinión personal)
Sanciones tributarias, acción de amparo, recursos, recursos administrativos
Materia: PENAL
Carátula: VILLARI, JOSEAGOSTINO, ERNESTO s/ Acción de amparo Causa 30563
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-03

Dado que las sanciones impuestas por la Dirección General Impositiva (D.G.I.) resultan susceptibles de recursos (Ley 11683 t.o.1978 y modificaciones, art. 78), si los mismos no se hubiesen intentado, no procede la acción de amparo pues conforme al art. 1 y Art. 2 inc. a) de la Ley 16986, tal acción sólo se puede intentar cuando no existan remedios o recursos judiciales o administrativos.
Derecho procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: FRIGORIFICO SAN JUAN S.A. c/ GONZALES, MIGUEL ANGEL s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-13

Las nulidades procesales son de interpretación restringida y en la disyuntiva, siempre que exista duda debe darse preeminencia a la validez del acto y no a su nulidad . Por regla general la irregularidad de un acto procesal es susceptible de convalidarse mediante el consentimiento de la parte a quien ella perjudica, ello como consecuencia del carácter relativo que revisten las nulidades procesales. En principio, en el derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento; así cuando la parte legitimada para pedir la nulidad, en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos lo está convalidando tácitamente.
Nulidad procesal, instrucción, denuncia policial, agente fiscal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Macri, Eduardo s/ Nulidad procesal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-05

No corresponde declarar la nulidad de lo actuado, sobre la base de que el juez procedió "ex officio" - sin el estímulo de la actuación fiscal - cuando el Ministerio Público ejerció control en la tarea investigativa que venía desarrollando el juez de instrucción, con su auxiliar, la Policía Federal, desde el mismo día de la denuncia en que fue anoticiado de la iniciación de las actuaciones, mediante el libramiento del despacho correspondiente y una vez que fueran recibidas por el tribunal, fue notificado de las diligencias realizadas.

La requisitoria fiscal no es obligatoria cuando existe sumario de prevención policial, toda vez que el art. 195 del C.P.P. prevé dos formas de iniciación de los procesos, entre los que se encuentra la prevención o información policial.
Daños y perjuicios, mala praxis, error de diagnóstico, error de tratamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORZO DE GIORDANO ZUNILDA ROSA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-03-12

El simple error de diagnóstico o de tratamiento no es bastante para encontrar un daño resarcible, porque, en una rama del saber en la que predomina la materia opinable, resulta dificultoso fijar límites exactos entre lo correcto y lo que no lo es. Además, cabe interpretar que el médico, en general, nunca promete la conservación de la vida del paciente, ni la extirpación de la dolencia, basta que actúe en sus actos profesionales con la diligencia común que es propia del proceder de todo ser humano.-
Jubilación por edad avanzada, caja otorgante, interpretación de la ley, aplicación analógica de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TORRES, ALBERTO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-30

La interpretación analógica del art. 16, inc. c) del Dec. 8525/68 favorece la pretensión del peticionante que, pese a reunir mayor cantidad de servicios con aportes en el régimen de trabajadores autónomos, solicitó la jubilación por edad avanzada ante la Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles, ya que nada obsta a que, a los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos fijados por el art. 80 de la ley 18.037, se integren los diez años de servicios con aportes requeridos por el régimen dependiente tomándose, para esa exclusiva finalidad, el período restante de los servicios autónomos. (Disidencia del Dr.

Wassner).
Jubilación por invalidez, porcentaje de incapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GOMEZ, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/ Retiro por invalidez (Art. 49 P.4. Ley 24.241) c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-09

A pesar de que el porcentaje de invalidez determinado por los facultativos intervinientes de menos al 66% impiden al damnificado obtener la prestación solicitada, en reiteradas oportunidades me he manifestado en el sentido de que el porcentaje invalidante no debe ser aislado, entre otras cosas, respecto del medio social dentro del cual se relaciona el actor, la índole de las tareas desempeñadas, el nivel cultural que posee y sobre todo la posibilidad cierta de volver a integrar el mercado laboral, máxime si a ello se agrega que la incapacidad detectada no es compatible con la tarea laboral denunciada.
Regulación de honorarios, ejecución de sentencia, cancelación de deudas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MORTENSEN, ULLA BENTE c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-12

Corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada por el a quo, si en autos no se verifica ninguna actividad procesal de la parte actora para obtener la cancelación forzada de su crédito, el que fue liquidado y abonado por el organismo sin haber mediado diligencia alguna para el cumplimiento de la sentencia de ejecución (cfr. art. 16 de la ley 21.839).
Accidente en supermercado, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: FARIAS BUSTINGORRY JUANA BEATRIZ C/ COOPERATIVA OBRERA LTDA. DE CONSUMO Y VIVIENDA Y OTROS S/ D. Y P. DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE PARTICULARES c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-05-05

Más allá de la ajenidad de los dueños y constructores de la obra respecto de la cooperativa demandada, existieron advertencias respecto de las consecuencias dañosas de la construcción sobre la planta baja del edificio, señaladas por la a quo en su fallo, concretamente el desprendimiento de parte del cielo raso en un sector del local comercial y la aparición de pequeñas rajaduras en una de las columnas interiores del local que debieron haber alertado a la cooperativa demandada sobre la posibilidad de que se provocaran daños a las personas que concurrían al supermercado. Es por ello que, en cumplimiento del deber de seguridad impuesto por el art. 42 de la Constitución Nacional y por el art. 5 de la LDC, debió la propietaria del supermercado extremar las medidas -conforme lo exige la Corte Federal- para salvaguardar la integridad psicofísica de los consumidores, asistentes a su local comercial, no siendo suficiente a tal fin que personal de la cooperativa demandada subiera al techo para verificar lo que estaba sucediendo, sino que debió requerir del propietario de la obra la documentación pertinente a efectos de conocer si ella estaba autorizada y se desarrollaba en condiciones de seguridad para el local comercial y, en su caso, requerir la intervención de las autoridades pertinentes. (del voto de la Dra. Clerici, en mayoría).
Recurso contencioso administrativo, agotamiento de la instancia administrativa, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Lugones, Nora Cilda c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 703 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-03

Se debe rechazar el argumento de la municipalidad demandada que sostiene que el recurso contencioso administrativo es extemporáneo porque, una vez configurada la denegatoria tácita, éste debía interponerse dentro del plazo previsto por el artículo 5 de la ley 4106, desde que -como lo ha reiteradamente resuelto la Corte local a partir del caso "Holzer"-, una vez configurada la denegación tácita, el interesado no está obligado a concurrir por vía contencioso administrativa en el plazo fijado en el artículo 5 de la ley.
Jubilaciones, beneficio jubilatorio único, acumulación de beneficios, nulidad absoluta
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "DAPIA BASALO, MANUEL ROBERTO c/ A.N.Se.S.". s/ RESTITUCION DEL BENEFICIO CARGO CONTRA EL BENEFICIARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-26

Careciendo el peticionante de derecho para ser excepcionado del principio de jubilación única estipulado en la ley 14.370, la conducta del organismo al aplicarle la ley 23.604, significa incurrir en un error grave de derecho que habilita la facultad conferida al ente previsional en el art. 15, 2do. párrafo, de la ley 24.241 (coincidente con el art. 48 de la ley 18.037) para aquellos supuestos en los que las decisiones administrativas estuvieran viciadas de nulidad absoluta, la cual se produce, por ejemplo, en los casos de error esencial (art. 14, ley 19.549). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).