Derecho a la información, libertad de prensa, recurso de casación
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Lucero, Francisco Nicolás c/ Obispado de Catamarca y/o José Brenner s/ Indemnización por violación al derecho a la intimidad y Daño Moral -  Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-08-28

A fin de establecer la responsabilidad civil de los medios de comunicación, corresponde efectuar la distinción entre aquellas informaciones espontáneas de hechos impactantes que generan la necesidad de una inmediata cobertura mediática porque la demanda de conocimiento de la población es impostergable y aquellas otras que provienen de lo que se llama periodismo de investigación, en las que los tiempos son manejados por el cronista con mayor libertad y la publicación aparece generalmente determinada no por una exigencia del público sino por la oportunidad que marca el medio. Esta distinción no resulta caprichosa, ya que la posibilidad de error se da con más frecuencia en el primer supuesto que en el segundo, en el cual las fuentes informativas pueden ser chequeadas con mayor seguridad.

Cuando se analiza el alcance del derecho a la información, cabe hacer la distinción entre informaciones en sentido estricto -información relativa a hechos- y las ideas, opiniones y juicios y esa distinción merece ser remarcada para determinar cuándo opera la responsabilidad de los medios por noticias e informaciones inexactas o agraviantes, ya que no sólo son comunicables los hechos sino las ideas, opiniones y juicios. Como primera medida, se requiere, para poder informar sobre algo que ha ocurrido, tomar conocimiento del hecho, lo que implica un acto de percepción inicial por el informador. La objetividad y exactitud le son exigibles y en virtud de ello se dice que la noticia deviene inexacta cuando hay una falta de adecuación entre la realidad y lo informado.

Por lo tanto, la verdad es la reproducción objetiva y exacta de la realidad por el medio. Además, la objetividad que es dable exigir al informador implica que se despoje de todo elemento subjetivo que pueda distorsionar el mensaje para captar el hecho tal cual es y comunicarlo fidedignamente.

Cuando se trata de la difusión de ideas, opiniones y juicios, que constituyen manifestaciones subjetivas de quien las emite, ellas pueden ser calificadas como acertadas o desacertadas, razonables o, por el contrario, agraviantes para los derechos personalísimos de una persona, pero nunca podrán ser tildadas de verdaderas o falsas.

Por ello, los deberes de exactitud y veracidad son predicables sólo de las informaciones que se refieren a la difusión de hechos.

Todo esto cobra particular importancia en el momento de establecer cuándo el ejercicio de la libertad de expresión es abusivo y , por lo tanto, contrario al orden jurídico.

En autos, el demandado aduce que el diario no puede ser responsable puesto que se limitó a publicar la denuncia efectuada por un grupo de vecinos perfectamente individualizados. Parece, entonces, que no llega a comprender cuál es el hecho generador del daño. En efecto, el daño que el actor invoca encuentra su causa precisamente en la publicación de noticias inexactas, falsas, engañosas que lo vinculan con ciertos hechos de gravedad.

La antijuridicidad se configura por la falsedad de la información, ya que el demandado dio a conocer información inexacta, falsa y engañosa que nada tenía que ver con la realidad, puesto que el actor probó que no tenía en su contra proceso ni condena judicial por los hechos que el diario le había imputado. De ese modo, violó el demandado el deber general de no dañar -art. 1066 del Código Civil-.

Por lo tanto, corresponde rechazar el Recurso de Casación interpuesto y confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la acción de daños y perjuicios.