marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, jurisprudencia, incapacidad laboral, denuncia, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BUCHIGNANI, CLAUDIO DARIO c/ LA CAJA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-10

Asiste razón a la recurrente, toda vez que los antecedentes del más Alto Tribunal nacional, como los de este Cuerpo citados por aquélla, determinan claramente que la resolución de la Secretaría de Seguridad Social aplicable a la hora de calcular las prestaciones dinerarias debidas, no puede ser otra que la que comprende el período en que se produjo el infortunio, por lo cual en el caso, corresponde considerar como primera manifestación invalidante, conforme las constancias de autos y lo expuesto por los sentenciantes, la de la denuncia ante la Aseguradora. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhieren los Dres. Gutiérrez, Netri y Erbetta) - CITAS: CSJN: Aiello, Fallos 342:1450; CSJStaFe: Soria, AyS T 291, p 244; Ochoa, T 295, p 272; Montoya, T 306, p 334.
Derechos de autor, propiedad intelectual, reproducción de fonogramas, cobro de aranceles, lugar público
Materia: CIVIL
Carátula: AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDADORA c/ B., F. s/ SUMARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-07-13

En esta materia, se ha sostenido que el término "lugar público" debe ser entendido más que por su circunstancia espacial o de acceso, por el hecho de que allí la música difundida forma parte del giro comercial del lugar. Se considera "público" a los efectos de esta ley al lugar que difunde música como elemento comercial inherente al negocio y con innegable ánimo de lucro.
Hábeas corpus, estado de sitio, pronunciamiento inoficioso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Rosendo María FRAGA s/ ESTADO   DE  SITIO  -  HABEAS  CORPUS  -  PRONUNCIAMIENTO  INOFICIOSO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-01

Si el estado de sitio declarado por el decreto 2069/85 fue dejado sin efecto por el decreto 2337 del 7 de diciembre de ese mismo año, al igual que los decretos 2049/85 y 2070/85 que habían ordenado el arresto del beneficiario del presente hábeas corpus ello tornó inoficioso el pronunciamiento de esta Corte en el caso.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Banegas, Ruben Dario; Modafari, Domingo s/ Violación de los deberes de funcionario público
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-09-24

Corresponde la anulación de oficio de la sentencia dictada por el Tribunal a quo si habiendo revocado el fallo absolutorio de primera instancia, no es posible determinar cuál fue el medio probatorio utilizado por la Cámara para demostrar la materialidad ilícita del hecho bajo juzgamiento ya que solo se ocupó de describirla mencionando una serie de constancias que la acreditación, empero lo hizo sin indicar su naturaleza probatoria, ni acompañar dicha enunciación de cita legal alguna en materia de prueba, pues la entidad del vicio apuntado descalifica por sí la sentencia recurrida como acto jurisdiccional válido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Falsificación de instrumento público, licencia de conducir, participación criminal, participación necesaria, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SANTORO, Leonardo José. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-02

No obstante el imputado no haya intervenido en la confección material del documento, si aportó sus datos personales y su fotografía, ello constituye una participación necesaria a esos fines, ya que de lo contrario la adulteración de la licencia de conducir hubiese sido imposible .

Por ello, debe confirmarse su procesamiento en orden al delito de falsificación de documento público en calidad de partícipe necesario.
IVA, base imponible, responsables inscriptos, operaciones con consumidores finales
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: MONTEMAR CIA FINANCIERA SOCIEDAD ANONIMA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2010-04-27

Con el I.V.A. se agrava el valor que se "agrega" en el proceso económico en el cual se produce el bien que se transfiere o el servicio que se va a prestar. Ese "valor agregado" surge en cada una de las etapas del proceso económico y se identifica también con las etapas de comercialización que se requieren hasta llegar al "consumidor final". "El valor agregado", desde el punto de vista económico, lo recibe el último beneficiario, con el bien o servicio que demanda y como tal resulta ser responsable de oblar el Impuesto al Valor Agregado, es decir, el último de la cadena. Ello es así porque constituye un impuesto al consumo y lo paga el consumidor final, el que recibe el valor que se ha ido agregando en cada una de las etapas de la actividad económica. La base imponible del Impuesto al Valor Agregado está constituida por los intereses que el beneficiario del crédito debe abonar.
Superintendencia, avocación administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cabral y Vedia, Carolina s/ calificaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-28

La avocación sólo procede cuando existe una manifiesta extralimitación o arbitrariedad en el ejercicio de sus atribuciones por los tribunales de alzada o cuando razones de superintendencia general la tornan conveniente.
Procedimiento administrativo, excepciones procesales, excepción de incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: NIEVA, HECTOR OSCAR c/ MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA Y ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION Y ANULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-10-25

Esta Corte de Justicia en numerosos precedentes, ha sostenido que la admisión de las acciones contencioso administrativas en los términos del Art. 3 del C.C.A., lo es "prima facie" y no causa estado, puesto que los verdaderos antecedentes surgen del estudio prolijo y circunstanciado de las actuaciones cumplidas en la causa, y el Tribunal se encuentra habilitado -aún de oficio- para verificar la satisfacción de los presupuestos procesales al dictar la sentencia definitiva, o cuando su incompetencia se plantea como excepción de previo y especial pronunciamiento, como en el caso.

De allí que, en el ejercicio de su jurisdicción, esta Corte de Justicia debe proceder a tratar la excepción de incompetencia en los términos del Art. 25, Inc. 1 del C.C.A. y analizar la concurrencia de los requisitos de procedibilidad de la acción.- En los procesos contencioso administrativos, la excepción de incompetencia tiene un alcance particular, permitiendo controvertir no la competencia del tribunal strictu sensu, sino el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad de la acción o demanda, y que según el C.C.A -Art. 25, Inc. 1- sólo puede sustentarse "en que la resolución reclamada no da acción contencioso administrativa o en que la demanda ha sido presentada fuera de término", es decir, que sólo puede fundarse en la naturaleza de la resolución recurrida y/o en la fecha en que la demanda se presenta.
Abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, WILFREDO MARIANO s/ Abuso Sexual Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-15

Analizando la conducta del incoado como un abuso que por su duración o circunstancias de su realización configura un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima, figura penal que comprende la conducta abusiva en su modalidad reiterada o continuada a través del tiempo junto con la entidad objetiva del acto abusivo bajo la subsunción de la figura única del art. 119, inc. 2.-
Comisión Nacional de Valores, bolsa de comercio, mercado de valores, fondos comunes de inversión, juicio ordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Fos, Francisco c/ Banco Patagonia SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

Cuando, como en el caso, se realiza una inversión de riesgo, por más conservadora que fuera, adquiriendo cuotas de valor variable se está frente a un negocio de participación que tiene como correlato necesario, que el administrador del fondo de estas inversiones no podría asegurarle resultados. Ello así, no pueden considerarse ilícitas las cláusulas contractuales que alertan acerca del riesgo que se asume, sino que, por el contrario sería irrazonable prometer un resultado que se apartara de esa premisa. Si bien es cierto que como surge de los dispuesto en el CCCN 988-b) -al que remite el art. 1117 del mismo código- toda cláusula que importe renuncia o restricción a los derechos del adherente o que amplíe los derechos del predisponente debe considerarse abusiva, también surge de esa misma norma que el parámetro para dilucidar cuáles son esas renuncias, restricciones o ampliaciones que se encuentran prohibidas, son las normas supletorias, esto es, las que hubieran concedido al consumidor derechos que hubieran pretendido ser alterados por esa vía. Y ninguna norma del derecho argentino reconoce a los inversores, por más consumidores que sean, el derecho a obtener un resultado concreto derivado de una inversión de riesgo (ley 24083: 1).
REPÚBLICA ARGENTINA, imprescriptibilidad, crímenes de lesa humanidad, pueblos originarios, violaciones masivas de Derechos Humanos, daño resarcible, investigación del hecho, publicación de la sentencia, lenguas indígenas
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Masacre de Napalpí  c/  s/ Juicio por la Verdad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2022-05-19

Resulta necesario establecer que la sentencia en la que se declara la responsabilidad del Estado Argentino por la "Masacre de Napalpí", matanza masiva llevada a cabo el 19 de julio de 1924 en lo que fuera el Territorio Nacional de Chaco, por policías y gendarmes contra unas quinientas personas pertenecientes a las familias Moqoit y Qom, en el marco de un proceso de planificación, ejecución y posterior encubrimiento, constituye en sí misma una forma de reparación como así mismo todo el proceso llevado a cabo a tal fin, pues se brindó el espacio para conocer la verdad de lo sucedido, eliminado para siempre el estado de invisibilización histórica en el que se encontraban, por lo que debe asimismo el Estado asegurar su adecuada publicidad y alcance, considerando también para ello su traducción a las lenguas Qom y Moqoit.
Agravantes de la pena, peligrosidad del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Argul, Nicolás Miguel s/ robo doblemente calificado -causa nº 1604-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18

No resulta concebible que un pronóstico de comportamiento sea un elemento válido para agravar la pena presente en pos de un posible accionar futuro basado en un cálculo de probabilidad que se funda en la presunta personalidad peligrosa del enjuiciado. (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
Derecho contravencional y de faltas, debido proceso, fiscales, acusación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Y, J E s/ INFRACCION LEY 6789      EXPTE NRO 280-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-11-22

En el proceso contravencional, delimitada, concretada y especificada la acusación, partiendo de la base del acta inicial, y la interpelación del Magistrado, que permite luego el otorgamiento en plenitud del derecho al descargo y hasta de la prueba que lo funde, lo que implica un conocimiento acabado y específico de lo que se le intima, debe ser desistimada la causal de nulidad por falta del órgano fiscal acusatorio, pues tanto el derecho de defensa en juicio, como el debido proceso legal -adjetivo y subjetivo-, aparecen respetados y válidos en su idoneidad constitucional.
Revocación de sentencia, acción reivindicatoria, falta de legitimación para obrar, posesión, pérdida de la posesión, bienes muebles, donación
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Anzalaz,    Dionisio   Miguel  -casación  en  autos  "Anzalaz,  D.M." c/ Estado Provincial de La Rioja s/ reivindicación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que atribuyó la acción reivindicatoria de bienes muebles -que habían sido donados- a quien nunca tuvo la propiedad de las cosas ni podía ser considerado cesionario de una acción que no existía en cabeza del supuesto cedente pues decidió la cuestión en contra del texto expreso de la ley, en la medida en que el art. 2758 del Código Civil solo atribuye legitimación al propietario que ha perdido la posesión.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: Senderovsky, Gustavo Osvaldo c/ Transporte Automotor Plaza (línea 140) y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

La primera regla de interpretación de un texto legal es la de asignar pleno efecto a la voluntad del legislador cuya fuente inicial es la letra de la ley (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Competencia, competencia civil, daños y perjuicios, responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLAFAÑE, ALBERTO Y OTROS c/ INST. DE OBRA MEDICO - ASISTENCIAL (IOMA) Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-30

El reclamo de autos, en tanto vincúlase con la responsabilidad de los profesionales de las entidades demandadas (la demandada está dirigida también ..."contra todos aquellos que por vía de acción y/u omisión resulten responsables civilmente..."), torna aplicable las disposiciones de la Ley 23.637 que determina la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público, fiscales, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

La ley provincial Nro. 11322, que articula a nivel provincial el procedimiento para la suspensión del juicio a prueba, lo hace admitiendo la recurribilidad del decisorio judicial cuando el fiscal sostenga "que no prestó su consentimiento" (artículo 1 de la ley, que incorpora el artículo 8 bis al Código Procesal ley 6740). (Del Voto del Dr. Vecchioli). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?; y, ¨es exigible para todos los casos de concesión de tal beneficio el consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal?
Interpretación de la ley, ley federal, recurso extraordinario, iura novit curia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ERNESTO FELIPE SHORT c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ CUESTION  FEDERAL - ABASTECIMIENTO - INTERPRETACION DE LA LEY - DAÑOS  Y  PERJUICIOS   -  PRESCRIPCION  -  RECURSO  DE  REVISION  -  RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

A la Corte corresponde en última instancia cumplir la labor de hermenéutica de los preceptos federales en juego, por encima de la inteligencia que al respecto postulen los litigantes, durante el desarrollo del proceso o al hacer uso de la vía del art. 14 de la ley 48 (iura novit curia).
Demanda, nulidad de la notificación, domicilio real, oficios, diligenciamiento de oficios, redargución de falsedad
Materia: CIVIL
Carátula: PARRA MEZA DE BROLIS CECILIA c/ INSTITUTO DE PREVISION, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA RIOJA s/ DERECHO PROCESAL. NOTIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

La falta del domicilio real en el oficio, no puede ser fundamento de la nulidad de la notificación de la demanda, si el notificador que realizo la diligencia afirma que se constituyo en el domicilio del demandado y la diligencia no fue redargüida de falsa, pues tratándose de un instrumento público, sus constancias no pueden ser dejadas de lado por simples dichos de la parte interesada.
Prueba, prueba testimonial, declaración de la víctima
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: AHMED, JOSE Y VIDAL, ALFREDO H. s/ SECUESTRO EXTORSIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-14

La declaración de la víctima cuando no hay razón alguna que permita contradecirla según las reglas de la sana crítica y se halla robustecida por otros elementos de juicio - aún los de carácter presuncional - ha sido admitida para la probatura del cuerpo del delito y, en muchas ocasiones, ha constituido la evidencia esencial de una decisión condenatoria.
Sentencia, mayoría de opiniones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Monte Hermoso c/ Expreso Sud Atlántico S.R.L. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-12

Resulta nula la sentencia que carece de la mayoría de opiniones en todas las cuestiones planteadas.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, licencia de conducir
Materia: CIVIL
Carátula: SUAREZ, Jesús Julio c/ NEUEN S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-10

Si bien la falta de registro para conducir no es por sí sola una prueba de culpa exclusiva, constituye una importante presunción en contra de quien no lo posee, por no reunir los requisitos establecidos por la normativa vigente (art.36 inc.b de la ley 13.893), pues la ley presume que por ese motivo se carece de la necesaria habilidad para evitar o sortear las dificultades del tránsito.

Las prescripciones del art. 36 inc. b de la ley 13.893 involucran toda especie de automotores, en la que se encuentran comprendidos los automóviles, las motocicletas y ciclomotores y toda máquina accionada por un motor.
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CENTURION FERNANDO DANIEL Y OTROS c/ TORTI JORGE HORACIO Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE LIQUIDACION FINAL, ETC.-CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-06-26

Si el recurrente manifiesta que el tribunal ha prescindido de la prueba más importante aportada a la causa, y que la omisión de considerar dicha prueba tornaría arbitraria la decisión que se impugna, se considera imperioso el tratamiento de dicho agravio en el marco de la doctrina de la arbitrariedad, que justifica el examen de aspectos que hacen a la valoración de la prueba, en la instancia recursiva extraordinaria.
Excepciones procesales, competencia, accidentes de trabajo, acción civil
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gómez, Sandra Guillermina c/ Defelipe, Ana María y otro s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-28

La parte actora apela la sentencia que declaró la incompetencia de la JNT por considerar que regía en el caso el art. 17 inc 2 de la ley 26.773 y que cobraba operatividad la atribución de competencia civil prevista por el art. 4 de la referida norma. El demandante no interpuso en el escrito de inicio planteo constitucional referido al art. 17 inc 2 de la ley 26.773 por lo que resultó ajustada a derecho la decisión de la juez a quo, con fundamento en la citada normativa sin que pueda analizarse un planteo que no fue oportunamente interpuesto en la etapa anterior (art. 277 CPCCN). Si bien resulta criterio de la Sala (en su anterior integración) que tanto el último párrafo del citado art. 4 de la ley 26.773 como el art. 17 inc 2 de la misma normativa, vulneran derechos constitucionalmente protegidos, lo relevante en el caso es que el accionante no cuestionó dicha normativa en la etapa procesal correspondiente. Por lo tanto, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la norma porque no media petición de parte debiéndose confirmar la sentencia de grado.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, sentencia condenatoria, moneda extranjera, buena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: Sociedad Militar Seguro de Vida. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires. s/ DEMANDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-29

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que resolvió que la condena debía pagarse en dolares estadounidenses, sobre la base /// que no era pertinente alterar las derivaciones de lo libremente pactado, ni disminuir las consecuencias de una operación cuya entidad debió ser prevista por la institución bancaria demandada, máxime cuando se trataba de una obligación asumida en moneda extranjera con cláusulas que, aún cuando se entendieran elegidas para preservar la integridad de la prestación, debían ser respetadas de conformidad con el principio de buena fe que rige para los contratos. Ello así, pues al resolver de tal modo el a que no excedió los límites de sus atribuciones para juzgar acerca de la naturaleza del vínculo contractual y desechar las defensas opuestas frente al fallo del juez de grado, como tampoco cabe admitir la existencia de contradicciones en lo decidido, por ser evidente que pierde eficacia el reproche formulado por la recurrente sobre el alcance atribuido a la cláusula estabilizadora, basado ///// en una expresión aislada que, si se analiza dentro del contexto general del fallo, encuentra adecuada respuesta en los demás fundamentos que sostienen el criterio adoptado por el tribunal de alzada.
Recurso de casación, procedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GOLDAR JOSE EDUARDO c/ CONSEJO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-17

Cuando se pretende impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis, es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos realizados por el sentenciante y demostrar cabalmente que padece de un error grave, palmario y fundamental.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, quiebra
Materia: COMERCIAL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Emilia FRIEBOES de BENCICH s/ RECURSO    EXTRAORDINARIO -  IMPROCEDENCIA  INCIDENTE  -  QUIEBRA  -  CUESTIONES NO FEDERALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-24

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que revocó la resolución de primera instancia y ordenó el archivo del expediente sobre extensión de la quiebra. Ello es así, pues las objeciones de la recurrente suscitan el examen de cuestiones de hecho y de derecho común y procesal, materia propia del tribunal de la causa y ajena -como regla y por su naturaleza- al remedio del art. 14 de la ley 48, máxime cuando la sentencia se sustenta en argumentos federales que, más allá de su acierto o error, resultan suficientes para excluir la tacha de arbitrariedad.