Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-27


CUEVA, Raúl José contra MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA Reg.: A y S t 206 p 394-396.

Santa Fe, 27 de abril del año 2005.

VISTOS: los autos "CUEVA, Raúl José contra MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 521, año 1992); y, CONSIDERANDO: 1. A fojas 214/219 la demandada interpuso recurso de nulidad contra la sentencia dictada en autos (A. y S., T. 198, págs 384/417).

Afirmó que ese decisorio padece de una nulidad absoluta derivada de la indebida integración del Tribunal ya que, de conformidad a lo dispuesto en la ley 10.160 (arts. 11, 14) se desprende que: los votos del acuerdo pueden dar un empate en la votación; en este caso, es el voto del Presidente el que resulta decisivo; sólo cuando no sea decisivo puede integrarse con reemplazantes; y en ningún momento se autoriza a ampliar el número de integrantes de la Corte.

Consideró que existe una norma legal que otorga carácter decisivo al voto del Presidente del Tribunal, disposición que no puede ser ignorada, por lo tanto, debe interpretarse que, ante la existencia de empate en tres votos, es el del Presidente el que define la cuestión.

Recalcó que en el caso, no se advierte en qué supuesto de empate el voto del Presidente sería decisivo y no puede presumirse siquiera la posibilidad fáctica de que ello pueda suceder. Agregó que la composición con siete miembros además resultó innecesaria, creándose un Tribunal cuantitativa y cualitativamente distinto al consagrado constitucional y legislativamente.

Expresó que aparece nítido que la Corte ha sido integrada indebidamente y con consecuencias perjudiciales para su parte en razón de que: se amplió ilegítimamente su número de integrantes; se desconoció abiertamente el carácter decisivo del voto del Presidente; y la convocatoria se efectuó con anterioridad a la emisión de los votos, lo que implica un evidente caso de prejuzgamiento, además de incompetencia temporal y apartamiento evidente de la normativa aplicable.

Párrafo seguido, dijo que la nulidad es de orden público y provoca un claro perjuicio por cuanto de haberse seguido el procedimiento legalmente establecido el recurso contencioso incoado hubiera sido declarado improcedente.

Comentó jurisprudencia en sustento de su postura y reiteró que la nulidad que propicia aparece manifiesta y resulta de orden público.

Afirmó que la decisión no aparece como derivación razonada del derecho vigente afectando, también, el principio de juez natural y avanzando contra la necesaria interpretación armónica de las normas que ocasiona el desconocimiento e inaplicación del artículo 14 de la ley 10.160.

2. Corrido el pertinente traslado, la actora solicitó el rechazo de la nulidad articulada (fs. 229/230).

Evaluó que el supuesto vicio que se alega refiere a actos procesales anteriores a la decisión cuestionada y la demandada consintió tanto el decreto como la producción de la audiencia donde surgía que: siendo seis los miembros del Tribunal y sin ausencias ni vacancias, si no había mayoría suficiente había empate; había votado el Presidente; y su voto no fue considerado dirimente.

Adujo que ello significa que hubo aquiescencia a todo el procedimiento que ahora se tilda de nulo y valoró que nunca el Tribunal siguió la interpretación del 'supervoto' o 'voto doble' por lo que luce inadmisible el comportamiento especulativo reñido con el principio de buena fe procesal de la recurrente.

Por último, consideró que la integración con siete miembros no es contraria a la normativa vigente.

3. Habrá de rechazarse el recurso interpuesto.

Efectivamente, salvo que se considere, como lo expresa la actora en su responde, una cuestión de mala fe, el agravio lo causa el decreto que ordenó la integración del Tribunal.

En este sentido, como se sabe, la declaración de nulidad es la última ratio del derecho adjetivo; implica imposibilidad absoluta de lograr el mantenimiento de los actos procesales ('principio de conservación') y para ello, para operar tan grave efecto, la ley requiere el cumplimiento de una serie de requisitos que la doctrina ha acumulado bajo el rótulo de "principios", "elementos" o "presupuestos" de las nulidades.

Aún en la mejor hipótesis para el recurrente, esto es, considerar que se encuentran satisfechos los restantes "requisitos" que darían lugar a su planteo, su postura no puede prosperar por cuanto ha consentido expresamente el acto procesal que dio lugar a la integración de la Corte.

En efecto, por regla general y como resulta sabido, la irregularidad de un acto procesal es susceptible de convalidarse mediante el consentimiento de la parte a quien ella perjudica, consecuencia directa del carácter relativo que revisten las nulidades procesales.

Aplicado ese principio a la especie, se observa claramente que el nulisdicente consintió expresamente la integración de este Tribunal, tal como surge de la notificación del decreto de fecha 15.03.04 (ver cédula de f. 161), de su asistencia a la audiencia celebrada el 15 de abril del año 2004 (ver f. 162) y de la notificación del pase nuevamente a fallo de la causa (ver f. 169), sin articular planteo alguno respeto del tópico esgrimido en esta oportunidad.

Ahora bien, podría decirse que la nulidad invocada es de orden público y, por ende, el consentimiento o la convalidación es de ningún efecto.

Empero, el límite constitucional está en el número mínimo de integrantes del Tribunal y no en el máximo; que, por otra parte, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 10.160 podría ser mayor; norma que establece, a su vez, las exigencias para el dictado de sentencia válida.

Más aún, el planteo del nulisdicente se reduce, en definitiva, a una cuestión de interpretación de normas de derecho público local, de índole ritual, que como se sabe, corresponde a los Jueces de la causa. Ello, en razón de que el esquema formulado remite a cuestiones de integración de los tribunales y al modo en que los mismos emiten sus decisiones.

En última instancia, debe una vez más reiterarse que la sanción de nulidad constituye la última ratio del sistema y que su declaración no puede efectuarse por la nulidad misma.

Por todo lo expuesto, y lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 4106, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar el recurso de nulidad articulado, con costas a la vencida.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.: GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)