Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-11-03


Salta, 3 de noviembre de 2006.

Y VITOS: Estos autos caratulados ?PEREZ CARREGA, Fernando vs. BANCO RIO DE LA PLATA S.A ? SUMARIO: Cobro de Pesos?; Expte. Nº 44405/02 del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 8º Nominación; Expte. Nº 108757/04 de Sala, y ___________________C O N S I D E R A N D O El doctor José Gerardo Ruiz dijo:

I) A fs. 191 apela la parte actora la sentencia de fs. 187/190, que rechaza la demanda interpuesta, recurso éste que es concedido a fs. 195 y sostenido por memorial de fs. 213/221.

Manifiesta que efectivamente en el año 1999 su parte se vinculó con la entidad demandada, abriendo una cuenta corriente y solicitando una tarjeta Banelco, cuya función es la de permitir extracción de fondos en cajeros automáticos, pero se agravia porque en ningún momento se consideró un punto trascendental, como es haber entregado por parte de Andreani la tarjeta de débito y número de PIN a otra persona distinta, situación que no fue demostrada y desencadena el desenlace del reclamo indemnizatorio por los rubros de daño material y moral.

Sostiene que la misma demandada reconoce que el servicio contratado por Andreani era el encargado de repartir las tarjetas y número de PIN, y que lo entregaba en forma personal al cliente y que no hay constancias conforme lo sostiene el Banco que su parte haya recibido la tarjeta.

Expresa que la resolución parece olvidarse de un detalle importante como lo es que el propio demandado se dispuso a desafectarlo como deudor moroso ante el BCRA y consecuentemente ante VERAZ. Que el a quo hace referencia a la ley 25065, pero también se olvida del contrato que vincula al Banco con Andreani, que el mismo Banco reconoce, que Andreani debe entregar al destinatario en persona; pero en ningún momento aparece la famosa constancia de recepción de Andreani y que el mismo Banco hace mención.

Tampoco tiene en cuenta la constancia de fs. 2, donde el Banco reconoce en fecha 24/09/01 que la situación del actor con el banco demandado era totalmente regular. Sostiene también que se encontraban abocados a regularizar la situación.

Es decir que reconoce que el Banco se encontraba tratando de regularizar la situación de afectación injusta del actor en Veraz. Si el culpable de la afectación en Veraz hubiera sido el Sr. Pérez Carrega, la nota hubiera aclarado la situación originada por el actor, situación que no ocurrió y que el Banco reconoce.

Alega que el accionar del Banco fue inexcusable, haber sido inhabilitado por error, importa un sufrimiento o un estado de impotencia frente a la entidad, en la que el cliente, en éste caso, se sintió un poco más que un número de cuenta. La gravedad de las consecuencias de su inadecuada decisión pudieron evitarse con un mínimo de diligencia.

Tampoco el Banco produce la testimonial del portero del edificio, prueba ofrecida a fs. 78 vta. punto VI, 4. Por lo expuesto y constancias de autos surge que ésta parte nunca dio motivo a la calificación en Veraz.

Sostiene que los daños producidos por el banco y demostrados en la prueba ofrecida son más que suficientes para condenar al demandado por los rubros reclamados de daño moral y material. Cita jurisprudencia y solicita se revoque la sentencia y se haga lugar a la demanda en todas sus partes, con costas.

A fs. 225/227 contesta la parte demandada, manifestando que el Banco Río de la Plata S.A. no ha obrado con negligencia e imprudencia emitiendo una información incorrecta, inexacta, infundada y carente de toda fidelidad y que fuera incluida entre los antecedentes del actor en Veraz, como asimismo que el actor haya sufrido daños materiales y morales de todo ello.

Expresa que el actor debió hacer una crítica concreta y razonada en su apelación indicando punto por punto los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al decisorio, lo que no se expresa de manera alguna en el memorial.

Que de las constancias de autos surge que la afectación del actor en Veraz respondió a la existencia ?nunca desvirtuada- de un saldo deudor en su cuenta motivado por el uso de la tarjeta Banelco, saldo que, como quedó acreditado, fuera consentido por el actor sin reclamo alguno hasta después de un año de producido.

Y que a lo largo del proceso tampoco se acreditó que existiera por su parte conducta negligente o culposa alguna en el uso u operación de extracción de fondos con la referida tarjeta o que el accionar del Banco hubiese producido el uso ilegítimo de la misma.

Afirma que en ningún punto del memorial se desvirtúa la afirmación del a quo, en relación a la necesaria causalidad que debe existir entre la conducta de su representada y los supuestos daños ocasionados por ella, que correspondía que el actor acredite que el saldo deudor, a su vez generador de la afectación en Veraz, había sido causado por una actitud culposa o negligente de su representada para recién entrar en la valoración de los supuestos daños ocasionados por el actor; lo que no ocurrió en autos.

El actor no acreditó tal extremo, como tampoco acreditó en ningún momento que haya existido el hecho delictivo por parte de un tercero, del cual fuera víctima y que haya motivado finalmente se generara el saldo deudor y la consecuente afectación en Veraz.

Sostiene que de ninguna manera es atendible, que el actor pretenda que quien deba demostrar lo afirmado por él sea precisamente su parte. Que tampoco ha logrado a lo largo de su memorial desvirtuar las afirmaciones de la Sra. Juez sobre la falta de pruebas tendientes a demostrar la inexactitud de los resúmenes remitidos por la entidad bancaria, o que los mismos se hubiesen impugnado en tiempo hábil, lo que indica que el accionar de su representada ha sido correcto.

Dice que tampoco el accionante ha acreditado sus dichos, ni demostrado que aquellos se produjeran o que los referidos por él pudieren tener relación con la actitud culposa o negligente atribuida a su mandante. Que por otra parte para reclamar la existencia de daños, deben ser acreditados en forma fehaciente y ello no ha sucedido en autos.

Aclara que a pesar de encontrarse afectado en Veraz el actor, operaba normalmente con otra cuenta corriente y tarjeta de crédito, lo que indica que su operatoria comercial o bancaria no se encontraban afectadas, no resultando atendible tampoco que por encontrarse informado en Veraz, se fustró una contratación laboral, ya que no existe norma alguna que impida contratar a alguien en esa situación, y el ejemplo es que el actor en el momento de interponer esta demanda se desempeñaba como gerente comercial de la empresa La Veloz del Norte S.A., sin que ello le hubiese causado problema alguno.

Tampoco ha demostrado sus dichos el actor que en su demanda afirmara que como consecuencia ??de esta incausada afectación?? tuvo que malvender un auto, operación esta que podrá analizarse desde el punto de vista de una buena o mala decisión comercial, pero de ninguna manera como generada en la información en Veraz por un saldo deudor producto de extracciones de dinero y consentido hasta después de un año de recibidos los resúmenes que así lo determinaban.

Por ello, en lo que respecta a los daños reclamados y los supuestos daños morales en particular, su parte ha negado terminantemente su procedencia; reiterando que el Sr. Pérez Cárrega no ha sufrido ningún daño, ningún menoscabo en su honor y buen nombre que, por el contrario, todas las manifestaciones en tal sentido resultan producto de alguien que trata de enriquecerse incausadamente a costa de su representada imputándole una inexistente conducta dañosa y aprovechando maliciosamente la buena fe con que el Banco actuó en todo momento. Cita doctrina y jurisprudencia y solicita se rechace el recurso de apelación en todas sus partes, con costas.

II) Si bien el contenido de los agravios no se reducen a una mera fórmula enderezada a hacer conocer al judicante el deseo de que se modifique la decisión, sino que debe demostrar la injusticia con fundamentación idónea (cfr. CNCiv., Sala I, LL 1990-C-576, J. Agrup. 7151; CNCiv., Sala E, LL 1991-A-271, con nota de Andrea Alejandra Imatz; Palacio, Lino E., ?Derecho Procesal Civil?, 1975, T. V, pág. 86; Podetti, ?Tratado de los Recursos?, 1958, pág. 163; Loutayf Ranea, Roberto, ?El Recurso Ordinario de Apelación en el Proceso Civil?, T. I, 1989, pág. 263 y 264; Morello, Passi, Lanza, Sosa y Berizonce, ?Código Procesal?, T. III, pág. 346), en razón del criterio amplio que predomina en la materia, según el cual el memorial debe ser considerado válido y sólo por excepción, de modo restrictivo, insuficiente (cfr. Morello, Augusto M., ?Acerca del abuso en la declaración de deserción de la apelación?, JA, 1978-III-750; CApelCCSalta, Sala IV, T. XXVI, fº 347/348, 20-05-04), corresponde abocarse al análisis del recurso venido en conocimiento, desde que del mismo contiene un mínimo de crítica a la resolución apelada.

En ese sentido, entiendo que no puede soslayarse que en Expte. Nº 28958/01 que tramitó por ante el Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial, 1º Nominación la demandada fue condenada a efectuar todas las gestiones necesarias a fin de que la Organización Veraz de mandatos e informes efectúe la supresión de datos consignados erróneamente respecto del apelante.

Hecho éste que está perfectamente reconocido por las partes y por la propia sentenciante al hacer lugar correctamente a la defensa de cosa juzgada opuesta por el banco accionado (v. fs. 83/84). Por tal razón, no puede reexaminarse en este nuevo proceso si el banco fue o no el autor de la información incorrecta porque ello implica avanzar sobre una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada, oportunidad en que fue ampliamente discutida la cuestión.

En consecuencia, está expresamente vedado reeditar esa situación pues como lo ha precisado nuestra Corte de Justicia ?La autoridad de cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales, basamento de la seguridad jurídica y debe respetarse en los casos ?como el de autos- donde haya existido un auténtico y verdadero proceso judicial que respete la garantía de la defensa en juicio? (CJS, Tomo 80: 383/390).

De allí que el análisis debe quedar reducido exclusivamente a determinar la existencia de los daños alegados por la conducta desplegada por la accionada y, en su caso, la procedencia del monto indemnizatorio reclamado.

Así, el apelante afirma que los daños producidos y demostrados con la prueba ofrecida son más que suficientes para condenar al demandado.

El reclamo indemnizatorio lo establece estimativamente en la suma de $ 50.000 en concepto de capital con más intereses, dejando librado en definitiva al sentenciante su determinación. Por daño moral pide $ 20.000 y por daño material el valor de venta de un automotor y la diferencia de salarios que percibe actualmente y que debía percibir en el gerenciamiento de una empresa de Buenos Aires.

Precedentes de esta Sala han señalado que en nuestro Código Civil solo se establecen dos tipos de daños: el patrimonial (daño emergente y lucro cesante) y el moral (arts. 519, 1068, 1069, 522, 1078 y concordantes). La llamada ?pérdida de chances?, las lesiones a la integridad psicofísica, a la vida en relación, configuran formas de lesividad que pueden generar, según la índole de los intereses afectados y de las proyecciones (patrimoniales o espirituales) de sus consecuencias, daño patrimonial o daño moral o ambos (cfr. Ramón Pizarro, Daño Moral, pág. 85; Matilde Zavala de González, Resarcimiento de Daños ? Daños a las Personas, t. 2, pág. 225).

Así la ?pérdida de chances? en tanto frustración de la probabilidad cierta de una mejora económica (daño material futuro) y espiritual o afectiva (daño moral). O la lesión psíquica en tanto productora de incapacidad laboral (daño material) o de lesiones a afecciones, sentimientos o equilibrio espiritual (CApelCCSalta, Sala IV, T. XXIV, fº 1027; ídem, T. XXV, fº 673/678).

Entrando al mérito de la prueba presentada y la incorporada en autos, de conformidad a lo dispuesto por el art. 386 del CPCC, el apelante solo acreditó que por su situación ante el Veraz perdió la posibilidad de obtener un trabajo mejor remunerado que el actual, según se desprende del informe agregado a fs. 157/158 y que concuerda con la documental incorporada en copia a fs. 43.

La circunstancia objetiva descripta (estar incluido en la Organización Veraz como deudor moroso) ha configurado sin dudas un daño material que merece ser reparado, ya que válidamente puede inferirse que de no haber estado en ese listado el apelante seguramente habría concretado aquella oferta laboral, cuya remuneración era de U$S 4.500, muy por encima de lo que percibe en su actual trabajo (ver fs. 157/158, fs. 43 y absolución de posiciones rendida a fs. 139/142, respuesta a la posición nº 3).

El mismo no supone la existencia de un propósito determinado o malicia en el autor del hecho ilícito, resultando indiferente que provenga de dolo o culpa. Se trata de un daño de naturaleza resarcitoria, pues es la relación de causalidad y no la culpabilidad la que determina la extensión del resarcimiento (cfr. CNCiv., Sala K, LL, 1997- F, 638).

El desarraigo que veladamente se hace referencia es una elección personal que no puede endilgársele a terceros. Por el contrario, de haberse concretado el trabajo, conforme lo informado a fs. 157/158, el mismo hubiera sido desarrollado en el sur de la República Federativa de Brasil, en las localidades de Itacaré y Porto Do Sauipe, en el estado de Bahía, con lo cual queda descartado el pretendido daño moral.

Con relación a los otros perjuicios invocados (venta de un automotor por un valor inferior al de plaza para atender un crédito rechazado por el Banco Galicia), estimo que los mismos deben ser desestimados, pues como informara esta última entidad bancaria a fs. 150 y 155 el préstamo solicitado por el apelante nunca le fue denegado.

Por consiguiente, la apelación intentada progresa parcialmente y como las pautas de valoración del daño causado quedan libradas al prudente arbitrio judicial, teniendo en cuenta las condiciones personales del apelante, su mediana edad, condición social, estudios, cargo que desempeña ?Gerente Comercial de La Veloz Seguros-, estimo adecuado determinar el daño material a la fecha de este decisorio en la suma de $ 15.000.

Importe que deberá ser satisfecho por la accionada en el plazo de diez días de notificado el presente.

III) En cuanto a las costas y de compartirse mi voto, en atención de que el recurso se decide por fundamentos propios del tribunal, estimo procedente imponer las mismas por su orden en ambas instancias (doc. arts. 67, 68, 71 y 273 del CPCC).

La doctora Graciela Carlsen dijo:

La sentencia dictada a fs. 187/190 rechazó la acción por resarcimiento de daños y perjuicios promovida por Fernando Pérez Cárrega contra el Banco Río de la Plata S.A.,con costas (art. 68, Cód. Procesal).

Para así decidir meritó que el banco no incurrió en conducta antijurídica alguna, pues no quedó acreditado que la información brindada al Banco Central de la República Argentina que luego derivó en su inclusión en Veraz S.A., haya sido injusta o errónea.

Contra dicho pronunciamiento apeló el accionante, quien, en su expresión de agravios de fs. 213/221, conforme síntesis efectuada por el Dr. Ruiz en su voto, cuestiona la sentencia ?entre otros aspectos- en cuanto no habría considerado un punto trascendental como es el hecho de que no existen constancias de que su parte haya recibido en forma personal la tarjeta de débito, la cual habría sido recibida por un tercero. Tales agravios fueron contestados por el banco emplazado mediante su presentación de fs. 225/227.

II. En orden al planteo esgrimido por el banco demandado al contestar agravios, entiendo que las quejas expuestas por el accionante, a pesar de rozar el umbral de la deserción, contienen una mínima crítica al fallo recurrido que responde a las exigencias del art. 255 del Código Procesal y torna admisible su tratamiento. En virtud de lo expuesto, debe rechazarse el pedido de deserción pretendido por el emplazado, tal como lo propugna el Sr. Juez preopinante.

III. En orden a la consideración de la cuestión de fondo traída a la alzada, si bien coincido con el voto del Dr. Ruiz, en cuanto a los efectos derivados de la sentencia recaída en la causa tramitada entre las mismas partes s/ Habeas Data (Expte. Nº 28.958/01), en virtud de la cual el banco accionado fue condenado a efectuar las gestiones?a fin de que Organización Veraz efectúe la supresión de los datos consignados erróneamente respecto del actor, estimo que el análisis no debe circunscribirse, como lo propugna en su voto, sólo a determinar la existencia de los daños y en su caso la procedencia del reclamo indemnizatorio, sino en primer lugar, a examinar la responsabilidad que ambas partes se atribuyen por los hechos que originaron tal información errónea, por tratarse de un punto controvertido en autos, de lo que derivará la procedencia o no de la pretensión resarcitoria ejercida.

La inclusión de los datos del actor en Veraz, conforme la sentencia recaída en la causa referida, se motivó en la ?acción desacertada? o ?el juicio falso? del banco (según el significado de la palabra ?erróneamente? consignada en el fallo), de donde emergería, en principio, su responsabilidad por los daños que tal accionar le pueda haber provocado al actor (art. 1109, Cód. Civil).

El banco para deslindar su responsabilidad, atribuye tal hecho a la conducta negligente o incumplidora del accionante en su relación con la entidad, al no haber efectuado el depósito pertinente para cubrir el saldo negativo de su cuenta ?descubierto- o, en su caso, no haber impugnado en tiempo los resúmenes de cuenta mensuales. Sin embargo, pese a encontrarse en mejores condiciones de probar sus afirmaciones, no produjo prueba alguna orientada a ello.

En efecto; ha ofrecido como prueba informativa el requerimiento a la firma Andreani y al Correo Argentino tendiente a acreditar la recepción por el actor de la tarjeta de débito Banelco, y luego el PIN (clave o código personal para habilitar la tarjeta), pero no la produjo; es decir, no quedó acreditado en el juicio que el actor efectivamente haya recibido en forma personal la tarjeta ni el PIN y por ende que el mismo haya efectuado las extracciones que dieran origen al descubierto y a su posterior inclusión en Veraz.

Dada la importancia que revestía tal prueba desde que la recepción de la tarjeta por el usuario y la clave personal cierra el contrato obligando a partir de allí a los contratantes, esta circunstancia se vuelve en contra del banco.

Tampoco ha producido la demandada la prueba pericial contable ofrecida, ni la supuesta remisión de los resúmenes mensuales -al actor- que alega, ni la intimación a regularizar la situación de mora luego de transcurridos noventa días, que sería práctica habitual del banco según la declaración testimonial de Marcelo Alani, ?oficial de cuentas? (fs. 127/128).

Está reconocido por la demandada y emerge de la testimonial referida, que el banco tuvo por cierta la manifestación del actor en cuanto a que éste no había utilizado la tarjeta para la extracción de los fondos y que la misma habría sido ?apropiada? por un tercero, procediendo ?inmediatamente? a neutralizar el débito de su cuenta corriente ?extorno- recuperándola de su situación de mora y a su desafectación en Veraz, la que se habría demorado ante la exigencia de elementos objetivos ?denuncia- por parte de Veraz. Surge también de la absolución de posiciones del actor, -de relativo valor probatorio (cfr. Devis Echandia, Teoría General de la Prueba Judicial, t. I, p. 579 y 690 nºs. 152 y 168)- que entrevistado personal del Banco ?Sr. Alani-, reconoció que su afectación en Veraz se trataba de un error por la primer cuenta cerrada y que el Gerente Regional habría manifestado que ?no tenía problema en desafectarlo siempre y cuando recuperara el dinero de Andreani o del portero?.

Del análisis efectuado precedentemente surge que, efectivamente, al haber tenido por cierta el banco la versión del actor en cuanto a la no recepción de la tarjeta, y por ende la no extracción de los fondos que generaran el descubierto, por lo que procedió al procedimiento contable denominado ?extorno?, debió tomar los recaudos, según pautas de elemental prudencia y seguridad en las transacciones, para que ?el sistema? no derive automáticamente la cuenta a ?gestión y mora?, situación en la que ?al decir del banco- ya no se encontraba la cuenta en virtud del procedimiento contable referido. Y si eso ya era inevitable ante la tardanza del actor en comparecer al banco a imponer de la situación, como alega, lo cual no ha quedado acreditado desde que no desconoció lo afirmado por éste en la carta documento remitida al banco de haber impuesto de la situación en nota fechada el 17 de noviembre de 1999 (cfr. copia a fs. 4), procurar, con la premura que el caso ameritaba, regularizar su situación ante Veraz, lo que no hizo.

Antes bien, la actitud negligente o displicente del banco, obligó al actor a promover la acción de habeas data referida, a los efectos de la supresión de los datos incorrectos. Siendo así, la responsabilidad del banco emerge indudable en el caso.

Sentado lo anterior, no comparto el criterio del Sr. Juez preopinante en orden a la procedencia del daño material. Como sabemos, para que el daño sea resarcible, esto es: cierto, real y efectivo, debe existir plena certidumbre sobre su existencia misma (CSJN, in re: ?Godoy, Miguel A. c. Banco Central s/ sumario ? daños y perjuicios?, del 13/10/1994). Su prueba es esencial, puesto que no demostrado carece de existencia (SCBA, in re: ?Damelino de Constantini, Celia c. Asociación de Jubilados y Pensionados de Villa Ramallo?, del 6/10/1992; LL, 23/12/1992).

Más allá que en el sub examine no alcanza para tener por acreditado tal perjuicio, atento el tenor de la informativa obrante a fs. 154 o la documental de fs. 43, toda vez que se trata de meras consultas que no bastan para demostrar la existencia de ganancias dejadas de percibir a causa de la errónea información, se trataría, eventualmente, además de un daño conjetural, de una consecuencia mediata por la cual el banco no debe responder, salvo dolo, ausente en el caso (arg. arts. 520, 521 y concordantes del Cód. Civil).

Por lo demás, aún cuando por hipótesis ?por cuanto nada de ello ha sido acreditado- se admitiera que el actor se vio perjudicado en el acceso al crédito o que tuvo que ?malvender? un bien de su propiedad a causa de los informes extraídos de Veraz, además de que se tratarían, eventualmente, de consecuencias mediatas, tal circunstancia no resulta suficiente para tener por probado el daño patrimonial alegado, sino que era menester acreditar la necesaria relación de causalidad, lo que el actor no hizo. De allí, que ninguna relación causal exista entre el obrar del banco demandado y las supuestas denegaciones de créditos destinados a refinanciar una deuda, y la venta de un automotor.

En consecuencia, los agravios, en este aspecto devienen inadmisibles, correspondiendo el rechazo de la pretensión formulada en concepto de ?daños materiales?, atento la falta de elementos probatorios que acrediten de manera certera ese perjuicio.

IV. En orden a la indemnización por ?daño moral?, estimo, que si bien no en la magnitud pretendida, éste resarcimiento deviene procedente, por lo que discrepo con la opinión del voto precedente. En efecto, el daño moral se configura por todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación de orden patrimonial.

Es el menoscabo en los sentimientos, consistente en los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser consecuencia del hecho perjudicial (cf. Llambías, J. J., ?Tratado de Derecho Civil - Obligaciones?, t. I, p. 297/298, nº 43).

Resulta evidente que la actitud descuidada o displicente de la entidad demandada, al informar que el actor revestía la calidad de deudor, con el lesivo aditamento de tildarlo como ?irrecuperable?, ciertamente ocasionó un menoscabo a sus legítimas afecciones que compromete la responsabilidad del banco accionado.

En tal sentido, la sola figuración injusta en registros de riesgo financiero importa una mortificación emocional y un resultado disvalioso para el espíritu del sujeto indebidamente incluido en ellos.

Haber sido inhabilitado por error y permanecer en esa situación no obstante los esfuerzos realizados para revertir la situación importa -por el mero hecho de su acaecimiento- un considerable sufrimiento y un estado de impotencia frente a las entidades cocontratantes (CNCom., Sala , in re: ?Del Giovannino, Luis Gerardo c. Banco del Buen Ayre s/ordinario?, del 1/11/2000).

El juez debe considerar con especial prudencia la conducta de la entidad bancaria (CSJN, in re: ?Parcio, Eva c. Banco de Boston?, del 17/3/1998); por ello, luego de analizar los presupuestos de hecho que emanan de la causa, estimo que la conducta del banco en el caso ocasionó al actor un daño moral que debe ser indemnizado (arts. 520, 522, 902. 904, 909 y cc. Cód. Civil).

Si bien la procedencia del resarcimiento por este concepto debe juzgarse con criterio restrictivo (art. 522, Cód. Civil), en el caso la conducta del banco indudablemente repercutió en el ánimo del actor, excediendo las molestias vinculadas a los menesteres negociales.

Por lo demás, a los fines de la determinación del monto indemnizatorio pertinente no se requiere prueba de su entidad, pues se lo tiene por acreditado con la sola comisión del acto antijurídico, vale decir, que se trata de una prueba ?in re ipsa?, que surge de los hechos mismos (cf. CNCiv., Sala A, votos del doctor Jorge Escuti Pizarro en causas n° 191.386 del 22/5/96 y n° 207.360 del 16/12/96; entre muchos otros).

Por consiguiente, teniendo en cuenta los antecedentes del caso y el prolongado lapso durante el cual se divulgó la incorrecta información que tuvo virtualidad para lesionar su dignidad personal y ocasionarle perjuicio moral en los términos de los artículos 523 y 1078 del Código Civil, juzgo prudente acoger la pretensión del actor en este aspecto por la suma de $ 8.000 y revocar la sentencia apelada en este punto.

En suma, si mi criterio fuese compartido, correspondería modificar el pronunciamiento apelado, acogiendo parcialmente la demanda en lo que se refiere al daño moral. Las costas de ambas instancias deberían ser soportadas por el orden causado, en razón del resultado del recurso (art. 71 y 273 del Código Procesal).

El doctor Roberto Loutayf Ranea dijo:

1) Como primer aspecto de la disidencia, la Dra. Carlsen no comparte el criterio del Dr. Ruiz en orden a la procedencia del daño material.

La demanda es en cierta manera equívoca en la precisión del daño reclamado: a) En el punto 3° de la demanda (fs. 54/56) alude al ?perjuicio moral? injustificado que le produjo al actor la divulgación de la información. b) En el primer párrafo del apartado 4° de la demanda (fs. 57), hace referencia el accionante a la posibilidad que perdió, como consecuencia del desistimiento del Estudio Integral a su incorporación, de volver a trabajar en su provincia natal de Buenos Aires, con la gran expectativa de acompañar nuevamente a su hija Lucila y compartir su cariño, y volver a encontrarse con su familia. c) Y en el segundo párrafo señala que como consecuencia de la incausada afectación tuvo que mal vender un automóvil ante el apuro económico de no poder acceder al crédito por parte del Banco de Galicia y rechazado por las causales que se expusieran.

Posteriormente, en la ampliación de fs. 66 cuantifica el daño moral en la suma de $ 20.000; daño material por la mala venta de su automóvil, en $ 6.000; y la diferencia de salarios que percibe y que debía percibir con el Gerenciamiento de Empresa en Buenos Aires, en la suma de $ 24.000,oo.

2) Con relación al daño material, el único punto en disidencia es el relativo a la inclusión del actor en la Organización Veraz como deudor moroso, que es el único rubro de daño material que el Dr. Ruiz admite su procedencia, y la Dra. Carlsen lo desestima por falta de pruebas.

El primer Magistrado entiende que la inclusión del actor como deudor moroso en ese Registro, ha configurado un daño material que debe ser reparado, ya que válidamente puede inferirse que de no haber estado en ese listado el apelante seguramente habría concretado aquella oferta laboral. La doctora Carlsen considera que debe rechazarse la pretensión formulada en concepto de daños materiales, atento la falta de elementos probatorios que acrediten de manera certera ese perjuicio.

Según lo alega el actor en su demanda, habría tenido la posibilidad de incorporarse al Estudio Integral, e ir a trabajar a Buenos Aires, lugar al que quería llegar para poder estar con su hija y su familia (y también luego, al finalizar su declaración confesional de fs. 140/142, reitera el accionante su deseo de regresar a Buenos Aires para tener un contacto más fluido con su hija).

Sin embargo, no hay pruebas de tal circunstancia en la causa, debe tenerse en cuenta que en el informe de fs. 154 y 158 sólo se alude a la postulación del actor para cubrir un puesto en un Emprendimiento Turístico que estaba realizando el Estudio en las localidades de Itacaré y Porto do Sauipe, en el Estado de Bahía, Brasil, en donde hubiera percibido un sueldo de U$S 4.500; pero nada dice de la postulación para un trabajo en la Provincia de Buenos Aires.

Consecuentemente, no hay probanzas que demuestren que el recurrente hubiera tenido la posibilidad de trabajo en esa Provincia, adonde deseaba volver para estar con su hija y familia; y, consecuentemente, tampoco hay constancias del sueldo que allí hubiera percibido.

Por tal motivo, entonces, considero que no puede acogerse este rubro de la reclamación por falta de elementos de prueba.

Cabe agregar que, si bien el testigo Juan Carlos Molina (fs. 125), sí afirma que el actor tuvo una propuesta laboral en Buenos Aires, tal declaración carece de fuerza de convicción, teniendo en cuenta que, según lo señala el mismo deponente, a ello lo sabe por comentarios del propio interesado.

3) El otro punto en disidencia es el vinculado al reclamo por daño moral. Respecto a tal cuestión, cabe destacar que, así como el daño material entraña siempre una lesión patrimonial, el daño moral se mantiene, en cambio, en el terreno de lo subjetivo, en el mundo de las afecciones y su consecuencia más notable es el dolor (Dassen: ?Estudios de Derecho Privado y Procesal Civil?, Bs. As., pág. 161 y ss.).

Es daño moral todo sufrimiento o dolor que se padece; y por ello se han considerado tal a los sufrimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser la consecuencia del hecho perjudicial (Llambías: ?Obligaciones?, Bs. As., Edit. Perrot, tomo I, 1978, pág. 297/298; CApel. CC. Salta, Sala III 22-9-92, tomo año 1992, pág. 484).

Dice Matilde Zavala de González que el daño patrimonial es una modificación disvaliosa del patrimonio, que se traduce en un modo de estar diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y económicamente perjudicial; el daño moral, por su parte, es una afectación del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (Matilde Zavala de González: ?El concepto de Daño Moral?, J.A. 1985-I-726; CApelCC-Salta, Sala III 22-9-92, tomo año 1992, pág. 484; Id. Id., tomo año 2000, pág. 696).

Y conforme también se ha señalado, la suma que se fije por este concepto queda librada, más que en cualquier otro rubro, a la interpretación que hace el sentenciante a la luz de las constancias aportadas a la causa, tratando siempre de analizar en el caso sus particularidades (CNEsp. CivCom., Sala V, E.D. Rep. 14-280, n° 61; conf. CApel. CC. Santa Fe, Sala I, L.L. Rep. XXXV-496, n° 757), las circunstancias de persona, lugar y tiempo (CNCiv., Sala E, L.L. 156-867, 31.976-S; CApelCCSalta, Sala III, 22-9-92, tomo año 1992, pág. 484; Id. Id., 19-2-03, tomo año 2003, pág. 49; Id. Id., 6-7-04, tomo año 2004, pág. 589; íd., íd., ?Blasco de Flores vs. Dávalos?, expediente de Sala n° 76.828, tomo año 2006, pág. 598).

Analizando el presente caso, considero que la inclusión injustificada del actor en el Registro de deudores morosos del Banco Central constituye una circunstancia idónea como para producir una afección moral, con entidad suficiente para que se reconozca el reconocimiento de la indemnización por este rubro (CApelCCSalta, 23-5-03, ?Agustoni vs. HSBC?, expediente de Sala n° 67.158, tomo año 2003, pág. 494).

Con relación al tema se ha resuelto que es responsable del daño moral el banco cuyo error motivó la inclusión de la actora en la base de datos de cuentacorrentistas inhabilitados (CNCom., Sala C, 22-2-02, Rep.J.A. 2004, pág. 758, n° 94).

También se ha resuelto que haber sido inhabilitado por error por el Banco Central y haber permanecido en esa situación no obstante los inútiles esfuerzos realizados, importa, por el mero hecho de su acaecimiento, un sufrimiento y un estado de impotencia frente a la entidad bancaria (CNCom., Sala B, 30-12-02, Rep.J.A. 2004, pág. 757, n° 91).

Teniendo ello en cuenta, considero que resulta procedente el reclamo de daño moral, tal como lo propone el segundo voto.

4) Por todo lo expuesto, me adhiero al voto de la Dra. Carlsen.

Por ello y el acuerdo que antecede, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) HACE LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto a fs. 191 por el actor. En su mérito, REVOCA la sentencia dictada a fs. 187/190 y HACE LUGAR PARCIALMENTE a la demanda, CONDENANDO a la demandada a abonar en el plazo de diez (10) días de notificado este pronunciamiento, la suma de $ 8.000 (pesos ocho mil) en concepto de daño moral y la RECHAZA en lo demás.

II) IMPONE las costas por su orden en ambas instancias.

III) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.