Concesión parcial del recurso, dictamen fiscal, nulidad de sentencia, prisión preventiva, tráfico de estupefacientes, intención de eludir la acción de la justicia, coronavirus, emergencia sanitaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Tognini, Luis Emiliano c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-26

Corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por las defensas y, con ajuste a lo dictaminado por el Fiscal General de Casación, anular el pronunciamiento recurrido con los alcances que aquí surgen y remitir las actuaciones al tribunal de origen a sus efectos. El a quo, por vía del dispositivo previsto en el art. 126 del CPPN, rectificó su previa resolución por la que había declarado mal concedido el recurso de apelación de la fiscalía. Dicha decisión fue adoptada dentro del término legal previsto por la norma y previo a que el pronunciamiento rectificado adquiriera firmeza. Lo que fue puesto en conocimiento de las partes involucradas, dando la posibilidad de articular las defensas que estimasen pertinentes, sin que hayan efectuado algún cuestionamiento. En este esquema, los recurrentes no ponen en evidencia que dicha decisión les haya acarreado, per se, un perjuicio concreto. A ello se suma que sostuvieron que el planteo de nulidad no fue efectuado previamente porque el perjuicio concreto recién se verificó con el dictado de la prisión preventiva. Lo expuesto pone de relieve que la rectificación no afectó a los interesados. Las defensas tampoco rebaten el motivo invocado por el a quo para proceder a la rectificación (error en el cómputo del plazo para deducir recurso de apelación); no explican por qué carecería de razonabilidad el criterio por el que las notificaciones enviadas luego de las 20.00 horas han de ser consideradas como enviadas el día hábil siguiente. De otro lado, el a quo valoró circunstancias concretas que brindan sustento suficiente a la presunción de riesgo procesal sostenida, la cual no se ve desvirtuada por los extremos invocados por las defensas con referencia al supuesto arraigo y al comportamiento asumido por sus representados. En efecto, el tribunal previo no sólo ponderó la severidad de la pena que se cierne expectativa sobre los acusados y la gravedad de los hechos atribuidos, sino que tuvo en consideración otros elementos tales como la vinculación entre diferentes imputados por tráfico de estupefacientes, la existencia de personas aún no individualizadas que habrían intervenido en dicha actividad ilegal y el pedido de detención de otro sujeto investigado para ser indagado; extremos que, sin perjuicio de las circunstancias personales valoradas, revisten entidad suficiente para concluir razonablemente en la existencia de riesgo de elusión o de entorpecimiento del proceso, presupuestos que legitiman el encarcelamiento preventivo. Sin perjuicio de lo expuesto, posteriormente al dictado del pronunciamiento recurrido, fue declarada la emergencia sanitaria con motivo de la pandemia por el coronavirus Covid-19 que aún se encuentra vigente. Dicho extremo fue objeto de apreciación por parte del Fiscal General ante esta Alzada, quien sostuvo que debía ser constatado si el sistema penitenciario donde aquéllos habrían de alojarse cuenta con las condiciones necesarias para cumplir con la protección de sanidad que requiere la emergencia y que, en su defecto, debería concederse excepcionalmente el arresto domiciliario por un plazo limitado a la emergencia, con vigilancia electrónica y con prohibición de salida del país, previa constatación de la existencia de un domicilio en el que los acusados pudieran efectuar su aislamiento social. Por eso, la modalidad de cumplimiento de la cautelar en función de la emergencia sanitaria, deberá ser evaluada por el órgano judicial competente en atención a la solución que aquí se dará, sin que ello implique abrir juicio sobre lo que en definitiva corresponda resolver al respecto. Dres. Borinsky y Carbajo.