marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Error de prohibición, individualización de la pena, non bis in ídem, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Faraldo, Carlos c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-13

La naturaleza manifiestamente ilegal de las ordenes cumplidas, impide considerar cualquier hipótesis que contemple el desconocimiento sobre la antijuricidad de los actos verificados en la encuesta para encauzar el planteo de error de prohibición (art. 34, inc. 1 CP) invocadas por las defensas como causal de inculpabilidad.El cuestionamiento de la defensa a la individualización de las penas revela una mera disconformidad con la valoración efectuada por el a quo, sin haber logrado demostrar ante esta instancia la desproporcionalidad y arbitrariedad alegadas.Al momento de imponer un determinado quantum punitivo, resulta posible valorar el grado o la concreta extensión de una circunstancia que configura la acción típica sin que ello implique afectación alguna al ne bis in idem.La sentencia condenatoria -aunque no firme- otorga a las imputaciones existentes en su contra un mayor grado de verosimilitud respecto de la concreta expectativa de pena de cumplimiento efectivo; verosimilitud que se ve reforzada en virtud de la suerte que debe correr la impugnación de su defensa contra dicha condena.Dres. Borinsky, Mahiques, Hornos.
Expropiación, indemnización, terreno lindero, bienes inmuebles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARINO, LORENZO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ EXPROPIACION INVERSA (CSJ EXPTE NRO 23-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-06

Se deben evitar "diferencias injustas" en las indemnizaciones expropiatorias, y -en relación a la importancia que para fijar la justa indemnización tienen las valuaciones sobre inmuebles linderos- mantener en lo posible el principio de igualdad de trato entre los afectados a igual destino.
Superior Tribunal de Justicia, incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ GLORIA DEL VALLE c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA (DECRETO SERIE B No.1214 DEL 30/06/95) s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-29

Si la relación jurídica afectante excluye a la Provincia y la demanda debió incoarse contra la A.N.S.E.S., el Alto Tribunal resulta incompetente para emitir pronunciamiento en la cuestión sometida a su estudio.

Ello así por cuanto, a partir de la fecha de entrada en vigencia establecida por la Ley Nro. 6.081 -14/11/93- se transfirió el Instituto de Seguridad Social de la Provincia (I.S.S.P.) a la Nación y comenzó a regir el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (S.I.J.P.) instaurado por la Ley Nro. 24.241, resultando extraña la pretensión a la materia contenciosa administrativa determinada en el art. 1 de la ley 2.297.
Contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Torres, Juan Alberto c/ Unitán S.A.I.C.A. s/ Cobro diferencia de Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-09-07

De conformidad al art. 92 de la Ley 20744, la carga de la prueba de que el contrato fue celebrado por tiempo determinado, debe asumirla el empleador, lo cual significa que si se demanda en virtud de un contrato de carácter de tiempo indeterminado, el empleador que sostenga lo contrario debe acreditar su alegación. Nadie discute que el contrato a plazo fijo se configura cuando el tiempo de su duración está expresado por escrito.
Recurso de apelación (procesal), providencia simple, secretario judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: ROMANO DE SILEO c/ LUNA s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-20

El párrafo final del art. 38 del Código Procesal agregado por la reforma introducida por la ley 22.434, y que establece la inapelabilidad de la resolución del juez como consecuencia del pedido tendiente a que se deje sin efecto lo dispuesto por el secretario o el oficial primero, se coloca en la hipótesis de que la resolución confirmatoria del juez no cause un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva, porque en caso contrario es susceptible del recurso de apelación en los términos del art. 242 inc. 3 del Código citado.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: Juana Ahumada Vda. de Fernández c/ Carlos  Costa y/o Carlos Costa  S.R.L.  y/o quien resulte propietario del inmueble s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-11-19

En el sub-lite se trata de un supuesto de daño causado por el riesgo de la cosa ya que no puede ignorarse el riesgo propio de la cosa que implica la contrucción regular de un edificio de varios pisos y subsuelo respecto de las fincas linderas, máximo ante la antiguedad de esta última, de manera que la normatividad del art. 1113 del código civil, 2. Párrafo, 2. Parte; conduce a la admisión de la responsabilidad objetiva atribuida al dueño de la obra o contrucción lindera al inmueble dañado. Esta responsabilidad solo puede ser excusada total o parcialmente a través de la demostración de la culpa de la víctima o de un tercero por quien aquél no deba responder o bien en el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor extraños a la cosa o actividad riesgosa. En ese sentido debe remarcar que no otro encuadre legal nos merece el haber tenido que efectuar excavaciones de importancia para la construcción del edificio del demandado, en un terreno desmoronable al lado de una construcción de más de 40 años, constituyéndose ello en una actividad riesgosa, susceptible de causar daños a los vecinos.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, juicio, sellado judicial, tasa de justicia, leyes, interpretación de la ley, CÓDIGO FISCAL DE SANTA FE
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: XX s/ Sellados judiciales. Pago. Obligación (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver   es: ¿qué interpretación ha de darse a los artículos 226 y 227 del   código fiscal en cuanto a la obligatoriedad, o no, respecto de la   parte actora y al momento de arribarse al dictado de la sentencia,   de satisfacer el 50% restante del sellado judicial no pagado con   anterioridad?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-14

No tiene asidero sostener que el gravamen establecido en el Código Fiscal -art. 226-, está a cargo del actor en lo dispuesto por el art. 223 ("...Salvo expresa mención en contrario el pago deberá efectuarse en oportunidad de solicitarse la prestación del servicio"), pues dos razones se oponen a ello: 1) la primera es que -aun dentro de la tortuosa sistemática del Código Fiscal- no quedan dudas de que se trata de una directiva genérica aplicable tanto a uno como a otro tributo; 2) la segunda es que sólo una interpretación peligrosamente reñida con la "igualdad de las partes en el proceso", podría conducir al entendimiento de que la "solicitud de prestación del servicio" sólo acaece frente a la petición del actor (acá sí, el derecho constitucional padecería una innecesaria afrenta). (De la Disidencia de la Dra. García)
Abuso sexual, corrupción de menores
Materia: PENAL
Carátula: LEVONIUK, Jorge Omar, en causa nº 02/07 (reg. C. en lo C. nº 1 - Sta. Rosa) s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-05-21

Ante esta situación, cuando un acto tiene entidad corruptora puede concursar con modalidades de abuso sexual. Si bien alguna doctrina y jurisprudencia se han pronunciado por considerar al abuso como figura subsidiaria, otros en cambio han entendido que se trata de un concurso material. Lo cierto es que se debe afirmar al respecto que "Cuando el corpus de la corrupción coincidiera con otros atentados a la reserva sexual, tales como los distintos tipos de abusos sexuales, estas figuras no quedan desplazadas, ni se produce la absorción de éstas por aquella, sino que serán aplicables, y por tratarse de los mismos hechos con una pluralidad de encuadramientos, existirá un concurso ideal con la corrupción (Núñez Ricardo, Tratado, T. IV, pág. 318, 353 y 359)". (conf.: Laje Anaya, Justo - Gavier, Enrique Alberto. Notas al Código Penal Argentino". Marcos Lerner Editora. Córdoba, 2000, p. 377). Ello en los términos del art. 54 del C.P..-
Designación de jueces, Cámara de Diputados, facultades del Poder Legislativo, concurso de cargos, revisión judicial de actos administrativos, cuestión no justiciable, acción de amparo, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López, Alberto Maximino del Corazón de Jesús s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1992-11-10

El art. 136 de la Constitución de la Provincia de La Rioja, impone que con excepción de los Jueces de Paz Legos; los restantes magistrados y miembros del Ministerio Público son designados por la Cámara de Diputados, previo concurso abierto.

Se trata de una facultad "discrecional, privativa y excluyente" del Cuerpo. En cambio, el procedimiento concursivo previo es de normatividad derivada, reglado en la Ley Nro. 5710, representado por un "tribunal de concurso", cuya última actividad es elevar la nómina de seleccionados.

Los actos emanados del Poder Legislativo son "en principio" susceptibles de contralor judicial. En cuanto a la función estrictamente legislativa, ello es obvio; pero en cuanto a las otras funciones, la facultad judicial de control depende de la naturaleza del acto. Pero la regla establecida precedentemente "no es de carácter absoluto" y una de las excepciones posibles está constituida por aquellos actos de gobierno que se inician y terminan en el mismo Poder; son actos de potestad originaria, autónoma y discrecional. Dentro de esta categoría de excepción al control judicial, sitúo al acto de nombramiento, que en uso de esta vía, el amparista descalifica mediante la invocación del derecho de igualdad que dice fue conculcado en otra esfera de competencia por el "Tribunal de Concurso".

La Cámara de Diputados (cuya decisión se ataca) se ha desenvuelto dentro del ámbito funcional propio que la Constitución le acuerda en materia de designación o nombramiento de funcionarios del Poder Judicial.

Por ello que, actuando dentro de esos límites y en ejercicio regular de facultades discrecionales, en principio, la designación realizada no puede ser revisada jurisdiccionalmente por cuanto si el Poder Judicial hubiera sido facultado para ello, habría dejado de existir la separación de poderes. (Del voto del Dr. Salvador Ana, mayoría.)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alonso de Sale, Rosa Amelia c/ Sargento Cabral S.A. de transporte y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-20

La determinación del resarcimiento por daños y perjuicios es facultad privativa de los jueces de grado y sus conclusiones no son revisables -en principio- en casación.
Hábeas data, cuestión abstracta, banco central
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañía  Azucarera  Concepción  S.A. c/ Tucumán, Provincia de yotro s/ acción de hábeas data.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07

Corresponde declarar abstracto el planteo tendiente a que se rectifiquen los datos erróneos consignados en la base de datos del Banco Central de la República Argentina si de conformidad con lo que resulta de la documentación acompañada el proceso carece de objeto actual por haber sido reparado el agravio invocado.
Concursos, proceso de verificación, terceros, acción subrogatoria, fraude procesal, concurso preventivo
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Gatti, Leandra Emilce c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

Procede confirmar la resolución por la cual se intimó a acompañar la conformidad extendida por cierto acreedor verificado, cuya deuda habría sido cedida. Es que cuando el CCCN 918 establece que el pago transmite al tercero todos los derechos y acciones del acreedor, parte del presupuesto implícito en todo el ordenamiento, de que él no será utilizado para causar un daño injustificado (art. 1717 del mismo código), como ocurriría si se admitiera por tal vía la posibilidad de sustituir al acreedor en el ejercicio de sus derechos concursales, asimismo se otorgaría a la concursada una herramienta que de ser utilizada para desvirtuar la genuinidad de las mayorías debería considerarse usada en fraude a la ley (art. 12, 2° párrafo del mismo código), lo cual es inadmisible.
Responsabilidad solidaria, ley de contrato de trabajo, subcontratación laboral, aplicación temporal de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Del Castillo, Héctor Noé c/ Ete S.A e Itron S.A s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-05-28

Si bien se acreditó que existió una unidad técnica de ejecución entre la empresa codemandada y la empleadora y que aquella resulta responsable solidariamente en los términos del art. 30 de la LCT respecto de las indemnizaciones debidas a un trabajador, no puede ser responsabilizada por todos los rubros reclamados, es decir, sin distinción entre los anteriores y los posteriores a la rescisión del contrato que unía a ambas codemandadas, sino que debe limitarse la corresponsabilidad al plazo de duración o al tiempo de la extinción de los contratos celebrados.
Justicia militar, procedimiento militar, juicio sumario en tiempo de paz, delitos militares
Materia: PROCESAL - PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Denuncia  formulada por la Comisión Provincial de Derechos Humanos de la Prov. de La Rioja s/ Denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-01-16

En el art. 10 de la ley 23.049 está consagrada la exigencia de individualización precisa y concreta de un imputado militar, o investido de categoría asimilable en los términos de esa norma, para que surta el fuero castrense.
Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-14


Buenos Aires, 16 de marzo de 2012.

Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

En la sentencia dictada el día 14 de marzo de 2012, agregada a fs. 57/60, se incurrió en errores materiales en el punto 4, último párrafo, del relato efectuado en las resultas, y en el punto 1 del dispositivo, en cuanto se indicó al GCBA como parte que dedujo el recurso de queja, cuando quien lo hizo fue el Sr. Raúl Nazareno Sabbatini (ver escrito de fs. 31/43).

Por ello, de acuerdo con lo establecido en el art. 2 de la ley nº 402 y el art. 149 inc. 1, del CCAyT, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rectificar el punto 1 de la parte resolutiva de la resolución de fs. 57/60 en cuanto menciona que el "Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" fue quien interpuso la queja; que queda redactado como sigue: "1. Rechazar el recurso de queja planteado por Raúl Nazareno Sabbatini a fs. 31/43". 2. Mandar que se registre, se notifique conjuntamente con la resolución rectificada y, oportunamente, se remita como está ordenado a fs. 60, punto 2.
Homologación del acuerdo, locación de inmuebles, convenio de desocupación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: MORIGGIA  DE  FERNÁNDEZ,  María  B. c/ NOGUES,  Manuela Rosa s/ HOMOLOGACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-20

1- El proceso homologatorio es esencialmente un sometimiento jurisdiccional voluntario que tiene por objeto otorgar al acuerdo conciliatorio, transaccional o extrajudicial el efecto propio de una sentencia, con la posibilidad de peticionar la ejecución de sus cláusulas en caso de incumplimiento. 2- De modo que cuando se pacta la prórroga de un contrato de locación y simultáneamente se suscribe un convenio de desocupación, y la fecha de la finalización de ambos coinciden, corresponde la homologación del convenio si se presentó con posterioridad al término fijado para la desocupación porque no ha sido utilizado para turbar el uso y goce del inmueble, ni se afectaron las normas de orden público que rigen la materia respecto de los plazos mínimos de locación.
Locación, obligaciones del locatario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dozo, Fabio A. c/ Villordo, Jorge O. y otras s/ Cobro ejecutivo de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

El locatario está obligado a pagar el precio al locador en los plazos convenidos (art. 1556 C.C.). El pago debe ser hecho el día del vencimiento de la obligación (art. 750 C.C.). Según lo acordado por las partes en el contrato que las vinculara.
Concursos, pronto pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bajamar S.A. s/ Incid. Pronto pago promovido por Capandegui Capandegui Capandegui
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-11

El pronto pago es un remedio instituido en favor de los acreedores laborales, que tienen privilegios, especiales o generales, pero no se puede confundir el instituto en análisis con ello ni con el proceso de verificación de créditos a que están sometidos los acreedores que gozan de ese tipo de preferencia. El pronto pago tiende a satisfacer un preciado bien jurídico, consistente en las necesidades alimentarias del trabajador que conforma una categoría de acreedores que posee con una ventaja excluyente respecto de los restantes, cobrar temporalmente primero.
Honorarios, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: ZABALLA CARLOS HORACIO c/ MIR ARNOLDO s/ COBRO DE PESOS-SUMARIO-INCIDENTE COBRO DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-03-14

Según lo dispone el art. 4032 Inc.1º del C. Civil, el crédito por honorarios no regulados al abogado que ceso en su función, cualquiera fuera la causa, prescribe a los dos años contados desde el hecho que determino la cesación.
Embargo, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ganaderos de Toay S.A. s/ Incidente embargo ejecutivo en autos:Ganaderos de Toay S.A. c  /Frigorífico Pehuajo S.A. s/cobro hipotecario Ganaderos de Toay S.A. s/ Incidente embargo ejecutivo en autos:Ganaderos de Toay S.A. c  /Frigorífico Pehuajo S.A. s/cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-25|1990-10-25

Si el embargante hubiera querido prevenirse de la limitación registral cuantitativa del embargo debió anotarlo en el registro respectivo haciendo mención del ajuste a que estaba sometido el crédito determinándose en el mismo auto las pautas de actualización.

Pues de ese modo sus consecuencias no hubieran proyectado hacia dos planos: el acreedor embargante que hubiera visto garantizado como íntegro de su acreencia, protegida no sólo en su monto nominal sino también en su valor definitivo cuando lograra judicialmente su pago;

los terceros que por un simple cálculo aritmético en función de las pautas anotadas en el informe registral podrían haber sabido, en cualquier momento, a cuanto ascendía la cantidad por la que estaba gravada el inmueble para conocer desde ese dato concreto a que atenerse a su respecto (doctr. art. 2505 del cód.civil; arg. arts. 2 inc. b, 3, 6 'in fine', 19, 22 y conc. de la ley 17801).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tasa activa, intereses, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: AGUILERA SEBASTIAN CEFERINO c/ PROVINCIA ART S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-08

El sentenciante ha sido claro en la determinación de la pauta de intereses, tasa activa del BPN desde la fecha del accidente de trabajo al efectivo pago, dando fundamento de su decisión al remitirse al artículo 2 de la ley 26.773 y al fallo del TSJ en autos "Mansur Lian c. Consolidar ART s. accidente de trabajo con ART", expte. n° 13/2012, Ac. 20/2013 del 11/03/2013.

Fuente del sumario: OFICIAL
Contrato de trabajo, acción de amparo, salarios caídos
Materia: LABORAL
Carátula: Amarilla, Miguel Angel c/ Alpargata S.A.I.C. s/ Acción de amparo de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-05-11

Habiéndose peticionado el pago de los salarios caídos y siendo éstos la consecuencia de la medida prohibida adoptada por el empleador sin la autorización judicial previa, y acorde con lo prescripto por el art. 52, segundo párrafo, corresponde el pago de los salarios caídos que van desde la segunda quincena de mayo/94 y hasta el momento del dictado de la sentencia, con más una multa conminatoria a favor del titular del derecho, para el caso de incumplimiento por parte del obligado, equivalente al salario diario que por todo concepto percibió el trabajador el mes previo a la modificación de las condiciones de trabajo efectuada por la demandada, por cada dia de incumplimiento, y por el período de vigencia de la estabilidad sindical, acorde lo dispuesto por el art.

666 bis del Código Civil concordantes con las previsiones del art.

52 de la ley 23551.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, leyes, declaración de oficio, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: MANSILLA, DANIEL ALFREDO c/ FEDERACION PATRONAL DE SEGUROS S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14

El pronunciamiento ahora impugnado no merece ser calificado como acto jurisdiccional en tanto, aún advirtiendo de la existencia de otros mecanismos jurídicos de resolución (la tasa de interés, reconocida tanto por la Corte nacional como por los demás Tribunales inferiores), el Sentenciante igualmente decidió pronunciarse por la invalidez constitucional del artículo 12 de la Ley de riesgos del trabajo, en contraposición al criterio establecido por el más Alto Tribunal, el cual se impone derechamente como doctrina constitucional de acatamiento obligatorio en razón de la seguridad jurídica y el respeto institucional que infunden las decisiones del Máximo Tribunal de la Nación que, en estas cuestiones, decide como último intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Falistocco y Spuler) - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 339:781; CSJStaFe: Britos, AyS T 275, p 346. - Jurisprudencia vinculada: Ojeda, AyS T 280, p 313/322.
Régimen de consolidación de deudas, ley provincial, inconstitucionalidad
Materia: ECONOMIA-CONSTITUCIONAL
Carátula: BARCELO DE ESPINDOLA, Rita Claudia c/ MOLINA, Andrés s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-09

Toda vez que el Congreso Nacional no ha autorizado el dictado de normas de excepción para el cumplimiento de las deudas de causa o título posterior al 31/3/91, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la ley provincial 11.756.
Contrato de trabajo, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: GALVAN, CARLOS GELACIO c/ SANTIAGO PINTURERIAS Y/O RESPONSABLE s/ SUELDO MES DE ENERO AÑO 93, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-12-14

La buena fe debida, ingrediente de orden moral indispensable para el adecuado cumplimiento del derecho, reviste carácter esencial en las relaciones laborales, porque es preciso tener presente que el contrato de trabajo no crea sólo derechos y obligaciones de orden exclusivamente patrimonial, sino también una vinculación personal que, al prolongarse en el tiempo, necesita de la confianza y lealtad recíproca.
Medidas cautelares, medida de no innovar, verosimilitud del derecho invocado, acto administrativo, leyes
Materia: PROCESAL
Carátula: Baliarda S.A. y otros c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

Si bien por vía de principio las medidas de no innovar no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles.