marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ríos, Estado Provincial
Materia: AGUAS - PROCESAL
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ acción posesoria de aguas y regulación de usos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

Habida cuenta de que no ha quedado acreditado de manera clara y convincente; un notorio mal uso de la red de riego mendocina del río Atuel, pese a las imperfecciones y deficiencias constatadas y que, aún la obtención de un rendimiento relevante del sistema que lleve su eficiencia a 0,50, no produciría excedente, la reconocida aceptación por la Provincia de La Pampa de los consuntivos "actuales" y "efectivos" conduce a desestimar su reclamo toda vez que no ha acreditado con la necesaria certeza el uso abusivo que atribuye a la Provincia de Mendoza.
Daños y perjuicios, seguros, alcance de la cobertura, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL
Carátula: González, Maximiliano Ramiro c/ Acosta, Emir Dorval y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

Patentiza un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora, reflejando una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.), limitar la obligación de la aseguradora sin que el interés asegurado contemple el valor de la garantía mínima al momento de la valuación del daño contenida en la sentencia definitiva.(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Honorarios del abogado, empleo público, cuerpo de abogados del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FISCO NACIONAL D.G.I. c/ PAULISTA SA. s/ COBRO DE IMPUESTOS DE I.V.A. EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11

En los casos en que una repartición del Estado Nacional designa a uno de sus agentes para que lo represente en un proceso judicial, éste no ejerce su actividad en función de un contrato de derecho privado, como los de mandato o locación de servicios, sino en virtud de la relación de empleo público que lo une con el organismo administrativo. Y si bien nada impide que, cuando se lo estime conveniente, la administración retribuya a algunos de sus funcionarios con sumas provenientes del tesoro público, como lo son, por ejemplo, las participaciones sobre ciertos gravámenes y sanciones, y las cantidades reguladas en calidad de honorarios en procesos judiciales, ello no implica transformar la relación de empleo público en un vínculo regido por el derecho privado.
Derecho bancario, Economía y finanzas, bancos, responsabilidad del banco, tarjeta de crédito, delitos, incidente de impugnación, resumen de cuentas, información crediticia, banco de datos, lista de deudores morosos, banco central
Materia: BANCARIO-PENAL-COMERCIAL
Carátula: Filizzola, Jorge y otro c/ Banco Santander Rio SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

Asimismo, cabe adicionar la actitud omisiva en la que incurrió el banco recurrente al no acompañar documentación contable o informática a los fines de poder reconstruir adecuadamente lo sucedido en el caso. Si no arbitró los medios necesarios para retener los comprobantes de las operaciones controvertidas, las consecuencias de la falta de presentación de los cupones o comprobantes (por haber sido destruidos, por ejemplo) no pueden recaer sino en cabeza del banco emisor.
Derechos y garantías constitucionales, beneficios previsionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bertolini, Jorge Alberto Primo. c/ Gobierno de la Provincia de Misiones e Instituto de Previsión Social. s/ Demanda Contenciosa Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-05-16

La propiedad en sentido constitucional abarca no solo el derecho real de dominio sino también los derechos emergentes de los contratos, de los actos jurídicos de libre disposición y así también "...el status de jubilado y pensionado adquiridos por el otorgamiento del beneficio respectivo". La jubilación: "...es un derecho amparado por la garantía constitucional de la propiedad y su regulación no puede ejercitarla el Estado sino dentro del límite de razonabilidad.
Daños y perjuicios, obra en construcción, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tisi, Juan Carlos y otros c/ Majersky, Juan y otros s/ Indemnización por daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-10

Teniendo en cuenta los motivos del colapso, resulta evidente que al omitir la Municipalidad tomar las urgentes medidas que las circunstancias requerían, quebrantó la obligación de cuidado que como autoridad pública en ejercicio del poder de policía edilicia le correspondía.
Materia: CIVIL
Carátula: DREDIMAS S.A. c/ ESTOFAN JORGE Y OTROS s/ CONSIGNACION DE LLAVES DE LOCAL COMERCIAL - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-11

En cuanto a los requisitos de sentencia definitiva, existe una íntima vinculación a los efectos del Art. 282 del C.P.C.C., entre el hecho de que la resolución dictada pueda o no renovarse por otra vía, y que los reales efectos sobre el pleito, puedan traducirse en una lesión con aptitud de causar un gravamen irreparable.-
Concursos, aplicación de la ley, honorarios, reforma legislativa
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANATORIO GÜEMES SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-23

Corresponde aplicar la  Ley 19551 para remunerar las tareas realizadas durante la vigencia de dicha ley, toda vez que ni el juez ni el legislador pueden, en virtud de una nueva ley o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la normativa anterior, y tratándose de trabajos profesionales, el derecho respectivo se constituye en la oportunidad en que se los realiza, porque es a partir de ese momento en que nace una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto (CSJN, 12.2.96, in re "Francisco Costa c/ Pcia. de Buenos Aires s/ Daños").
Prisión domiciliaria, interés superior del niño, derechos y garantías constitucionales, pandemia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Iturres, Marcela del Valle s/prisión domiciliaria -recurso de casación c/ auto interl. Nº 273/19 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2020-08-12

Si bien existe un interés social en la persecución del delito, este no puede prevalecer sobre otros derechos o principios relevantes, tales como el derecho a la vida, a la salud, al interés superior del niño, entre otros. En el caso traído a resolver, no obstante que las razones esgrimidas en el fallo en crisis no son en absoluto arbitrarias, se impone atender a los preceptos constitucionales invocados por el recurrente, como así también cobra importancia el contexto de pandemia existente. En estas especiales circunstancias, la concesión del beneficio está contemplado tanto en la doctrina de la CSJN, cuanto en el inc. f) del art. 32, de la ley 24.660 y art. 10 inc. f) C.P. que refiere al otorgamiento de la prisión domiciliaria a la madre de menores de cinco años, cuyo mejor y superior interés debe prevalecer por sobre cualquier otro conflicto. Así está estipulado en la Convención de los Derechos del Niño, y en el artículo 16 del Protocolo de San Salvador instrumento adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos El estado actual de las cosas, que incluye la suspensión de clases, y la consiguiente permanencia en los hogares de los menores, amerita disponer la presencia de la madre en el hogar. Es menester también considerar el relato de la interna, quien muy conmovida expresaba en la audiencia realizada con motivo de la visita a la cárcel, que su ausencia está afectando la salud psíquica y emocional de su niño de 4 años, lo cual se traduce en conductas que lo llevan a un retroceso en su crecimiento. De todo ello se sigue que, en supuestos como éstos, donde hay menores de 5 años involucrados, debe recurrirse a pautas hermenéuticas amplias al momento de conceder la prisión domiciliaria a la luz del principio jurídico de protección y tutela del interés superior del menor. Ahora bien, el beneficio que por los motivos expuestos corresponde en el caso otorgar, debe ser acompañado de medidas tales como la colocación de un dispositivo electrónico que posibilite su monitoreo el que tiene que ser puesto antes de ser trasladada a su domicilio y además, deberá someterse a un riguroso tratamiento para sus adicciones, y a esos fines el Servicio Penitenciario tendrá a su cargo la logística para hacerlo efectivo, y asimismo deberá informar cada 15 días al Juzgado de Ejecución Penal N° 1 el cumplimiento y avance del mismo.(Del voto del Dr. Cippitelli).
Juicio ejecutivo, excepción de pago, recibo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castillo, Hugo F. c/ De Sabantonio, Raúl s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-19

Es del caso señalar que el pago que se alegue como excepción debe ser documentado, y se entiende que para que ello ocurra es menester que el instrumento que lo acredito emane del ejecutante debiendo acompañarse al deducir aquélla. El medio por excelencia lo constituye el recibo el que debe guardar relación con la naturaleza del juicio, razón por la cual tendrá que aludir en forma clara y precisa a la obligación que se ejecuta, es decir, indicar cual es la deuda saldada, además de contener la fecha y firma del acreedor, sin que sea viable indagar, tal como se refirió precedentemente, a raíz del hecho extintivo incoado la causa de la obligación.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, intereses moratorios, tasas de interés, jueces, facultades discrecionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ ¿Qué tasa de interés corresponde aplicar al capital condenado a  pagar a partir de la vigencia de la "Ley de Convertibilidad" nro.  23928? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-23

Si no hay tasa de interés fijada en la convención o por ley, los jueces determinarán el interés que deberá abonar el deudor moroso.

Según criterio dominante corresponde aplicar entonces, la tasa que cobra el banco oficial en las operaciones de descuento ordinario.

Esta opinión se basa en lo dispuesto por el artículo 565 del Código de Comercio, artículo que por analogía se aplica en materia civil, y se explica en razón de que la tasa que el acreedor insatisfecho debe abonar para recibir el capital que su deudor no le pagó en tiempo propio, es precisamente, la del descuento bancario. Se trata del llamado "interés corriente", esto es el que fija el mercado, al que en definitiva acuden los jueces al usar de la facultad que le confiere el artículo 622 del Código Civil. (Del Voto del Dr.

Angelides -En Minoría-). La cuestión a resolver es: ¿Qué tasa de interés corresponde aplicar al capital condenado a pagar a partir de la vigencia de la "ley de convertibilidad" Nro. 23928?
Responsabilidad objetiva, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Romero, Beatriz Zunilda c/ Ferrocarriles Argentinos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-21

La teoría del riesgo o la responsabilidad objetiva supone que el dueño de la cosa peligrosa sólo puede eximirse total o parcialmente de responsabilidad, acreditando culpa de la víctima (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt y Guillermo A. F. López).
Partes del proceso, intervención obligada, intervención de terceros, sentencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: FONTANELLAZ,  MARTA  ELIZABETH  Y  OTROS c/ FURLONG  EMPRESA DEVIAJES Y TURISMO SA S/ s/ ORDINARIO. (ED 5.3.03, Fº 51896).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-20

No procede considerar susceptible de ser condenada tanto en lo principal como en lo accesorio a la tercera citada en los términos del C.P.C.C. art. 94, ya que no fue demandada, sino que compareció al sólo efecto de que la sentencia a dictarse pueda serle oponible en un posible juicio a promover por la accionada, quien fue la que solicito su emplazamiento; no obsta a lo expuesto la entrada en vigencia de las reformas introducidas por la Ley 25488 (ver art. 4), dado que su intervención en este litigio tuvo los alcances limitados que establecía la normativa en virtud de la cual fue citada, por lo que otorgarle a la sentencia -en lo que a ella respecta- un mayor alcance implicaría la posibilidad de lesionar gravemente su derecho constitucional de la defensa en juicio (C.N. art. 18).
Separación de hecho, derecho al beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TECAY GONZÁLEZ, ISOLDE EDITH c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-07

En cuanto al alcance que debe darse al art. 1 de la ley 17.562, la C.S.J.N. ha entendido que "la separación de hecho..., por sí sola, no perjudica el derecho a pensión", ya que es "... condición para la pérdida del beneficio que la separación se hubiera producido por culpa de ambos o por culpa exclusiva del supérstite" (cfr. sent. del 30.07.74, "Cordero de Giménez, Viola"; E.D. 57-278, con nota del G. J. Bidart Campos).
Impuestos, régimen penal tributario, allanamiento domiciliario, nulidad del acto jurídico, AFIP DGI, consulta técnica, infracciones tributarias, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: FREITES, EDUARDO s/ Régimen penal tributario, Incidente de apelación, Causa: 35375.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

1 - Las facultades de verificación y fiscalización previstas por el art. 41 de la ley 11683 tiene por objeto dar a la Dirección Nacional Impositiva los poderes necesarios para investigar o constatar si los contribuyentes cumplen o no las obligaciones tributarias, pero no tiene como fin colectar elementos probatorios que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la instrucción jurisdiccional - establecidos por el art. 193 del CPP -, pues la forma de reunir esos elementos se encuentran especialmente regulada por las disposiciones del ordenamiento procesal.- 2 - La DGI no está autorizada a constituirse en el domicilio fiscal del imputado, inspeccionar la documentación e interrogar a aquél para la confección del informe técnico requerido por el Juez de instrucción. Hacerlo transgrede las disposiciones procesales que establecen la forma en qué deben llevarse a cabo aquellas diligencias y la persona con facultades para disponerlas en un proceso penal.- 3 - Sostener que la Dirección General Impositiva está autorizada a constituirse en el domicilio fiscal del imputado, inspeccionar la documentación e interrogar a aquél para la confección del informe técnico requerido por el Juez de instrucción, implica tanto como afirmar que el Juez puede optar entre cumplir las formalidades de los art. 224 y 294 y siguientes, respectivamente, o bien delegar la inspección domiciliaria y la recepción de la declaración en la DGI, autorizando así la inobservancia de las normas citadas y la afectación de las garantías constitucionales que les dan fundamento.- 4 - Dado que la Dirección General Impositiva no está autorizada a constituirse en el domicilio fiscal del imputado, inspeccionar la documentación e interrogar a aquél para la confección del informe técnico requerido por el Juez de instrucción, la realización de tales actos por el organismo recaudador afecta las garantías de inviolabilidad del domicilio, del debido proceso y de la defensa en juicio, razón por la cual debe declararse de oficio la nulidad de lo actuado.
Empleador, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez Carrasco, Mario G. c/ Club Estudiantes de la Plata s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-03-02

El deber de seguridad es propio e indelegable del empleador, quien no puede eximirse de responsabilidad -total o parcialmente- haciendo recaer sobre el dependiente -o terceros- las consecuencias desfavorables de su propio comportamiento (art. 1109 del Cód. Civil).
Despido del delegado gremial, nulidad del despido, confirmación del acto jurídico, reincorporación, opción del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: NAVARRO, Félix c/ ENCOTEL s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

El trabajador, ex delegado, estando aún amparado por la garantía de estabilidad, puede iniciar acción de reinstalación, lo que no impide considerarse también con derecho a convalidar el despido. La ley habla de opción lo que implica la existencia de alternativas y plantea a la reinstalación en el puesto como una posibilidad y no como una obligación que condiciona el derecho a la indemnización especial.
Recurso extraordinario, sentencia, fundamentación de sentencias, sentencia absolutoria, proceso penal, imputado, sobreseimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Molina, María B. y otros c/ Romero, Carlos I. y otro s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Daños y perjuicios (Expte. CSJ Nº   302-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-22

No cabe hacer lugar al reproche centrado en las causales de autocontradicción y prescindencia del texto expreso de la ley del recurso de apelación extraordinaria, cuando la influencia de la cuestión penal sobre la civil atañe claramente a la divergencia sobre la ponderación de las constancias de la causa y del derecho aplicable al caso. En efecto, el Tribunal Colegiado, independientemente de adentrarse en la temática reglada por los artículos 1101, 1102 y 1103 del Código Civil, a las diferencias entre el sobreseimiento y la absolución penal como a la imposibilidad de revisar en el campo civil cuando ésta reposa en la inexistencia del hecho y falta de autoría, receptó la tesis autoral y jurisprudencial que niega la fuerza vinculatoria de dichos pronunciamientos penales (teoría más beneficiosa para los recurrentes), pero concluyendo, en esencia, en que no se había acreditado en sede civil que el demandado había sido el autor del hecho, ni probado el contacto de la víctima con la cosa riesgosa, apoyándose para ello en que los testigos no habían individualizado al conductor; no habían aportados datos concretos del dominio de la unidad, ni había descripción de la dinámica concreta del accidente.
Indemnización, daños y perjuicios, discrepancia del recurrente, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Albarracín, Fernando Emilio contra Ruiz Díaz, Cristian David s/ Daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-08-24

Es técnicamente insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que el agraviado disputa los rubros y montos indemnizatorios, su argumentación crítica no alcanza a trasponer el umbral de la simple discrepancia con lo resuelto, sin alcanzar a demostrar que en tal labor el tribunal hubiese recaído en una absurda ponderación de los hechos o elementos de prueba.(Doctor Genoud, sin disidencia)
Cuestiones de competencia, competencia de instrucción, accidente de tránsito, menores
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Juez de Instrucción N° 3 de San Vicente - Misiones (Expte. N° 204-STJ-2.012) s/ Eleva actuaciones por Cuestión de Competencia en Autos: "Expte. N° 464/2.012 - Comisaría de San Vicente Seccional N° 1 s/ Eleva Actuaciones"
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-04-03

Debe seguir interviniendo el juzgado de instrucción con el objeto de precisar la participación o no de otro rodado en el accidente de tránsito que produjo la muerte de dos menores y la eventual responsabilidad del conductor del mismo, y no el juzgado correccional de menores cuya competencia se cuestiona, ello conforme lo previsto por el art. 25 primera parte del C.P.P. de Misiones.
Derecho administrativo, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: QUIROZ RODOLFO MARCELINO c/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN s/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-19

Corresponde hacer lugar a la acción procesal administrativa planteada por el actor en relación con el reconocimiento retroactivo del plus por tareas riesgosas, toda vez que en sede administrativa ante la mera solicitud de encuadramiento (no de pago del plus, ni retroactivo), impulsó de oficio el procedimiento y ordenó la practica de las medidas necesarias para resolver; investigó la realidad de los hechos y determinó que correspondía reconocerlo desde el momento en que las tareas, con esa calidad, comenzaron a ser prestadas.
Recusación, recurso de revisión (procesal)
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: RECURSO DE REVISION: CORROUSE PEDRO JUAN c/ RUBEN J. PINTI Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-12-12

El art. 1100 CPC. Prohibe renovar en revisión las cuestiones sobre recusaciones juzgadas en segundo grado.
Estafa, boleto de colectivo, chofer de colectivos
Materia: PENAL
Carátula: GALLO, ROMAN C. s/ DEFRAUDACION. ESTAFA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-05-17

Configura un único delito de ESTAFA, la acción del chofer de un transporte público de pasajeros que entregó dos boletos "adicionales" de menor valor a los correspondientes a la sección pertinente, guardándose la diferencia de precio y perjudicando así patrimonialmente a su empleadora, pues los títulos legitimadores bien pudieron haberse entregado en la misma oportunidad.
Alimentos, obligación alimentaria, cuota alimentaria, alimentos atrasados, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: S., N.I. y otro c/ B., H.A. s/ INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-19

En tanto el art. 4027 del Código Civil, al establecer el plazo de prescripción de cinco años respecto de la obligación de pagar los atrasos de pensiones alimentarias, no efectúa distinción de supuestos, ha de considerarse aplicable incluso a las prestaciones establecidas por sentencia. Por ende cabe concluir que la norma citada configura en la materia la disposición especial a que alude el art. 4023 de dicho cuerpo normativo.
Abandono de trabajo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: JIMENEZ, Juan Carlos c/ HUAYTIQUINA S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-08-08

La intimación al trabajador para que se reintegre al trabajo es una formalidad indispensable para que se configure el abandono de trabajo injurioso y tiene por finalidad dar una última oportunidad para que reanude el cumplimiento de sus obligaciones en salvaguarda del principio de continuidad del contrato. Si el trabajador no responde a la intimación reincorporándose inmediatamente al trabajo o justificando su ausencia de alguna manera, queda tipificado el incumplimiento calificado que se traduce en una ausencia prolongada y en el desdén por la intimación, lo cual justifica, sin más, el despido.
Beneficio de litigar sin gastos, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Bergnan, Bernado Osvaldo s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-12

El incidente de beneficio de litigar sin gastos puede caducar en forma independiente del principal pues con la petición incidental se ha generado una instancia propia y sujeta a perención. De allí que pueda declararse la caducidad en el incidente sin afectar al principal, tal como lo dispone claramente el art. 318, segundo párrafo, in fine del C.P.C.C. .
Sanciones disciplinarias administrativas, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pilomeno de Qüesta, Marta S. c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

La demanda debe ser desestimada si la accionante no ha logrado demostrar (más allá de algunos testimonios vertidos sobre el correcto desempeño ), la existencia de una maniobra tendiente a desplazarla del cargo ni que los hechos acreditados evidencien como irrazonable, la sanción impuesta. (MINORIA U OPINION PERSONAL)