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Revocación de sentencia, juicio sumarísimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Consumidores en Acción Asociación Civil  c/ Bosan SA  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-01

Cabe revocar la resolución que -ante el pedido de dictado de sentencia- proveyó que atento que entre la presente acción y aquéllas impetradas por una asociación civil, existe una identidad de objeto, debía estarse por el momento a lo dispuesto en los considerandos del pronunciamiento dictado en dicha causa. Ello por cuanto, tratándose las presentes actuaciones de un juicio sumarísimo en donde las partes estuvieron de acuerdo que la controversia se dirima con la prueba documental aportada y agregada al expediente y, en virtud de ello, se declaró la causa como de puro derecho -resolución que se encuentra notificada y consentida- no se advierten motivos para postergar el dictado de la sentencia.
Despido, asignación remunerativa
Materia: LABORAL
Carátula: Porfiri, Michele y otro c/ Asociación Cultural Italiana Cristóforo Colombo s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-28

Los actores se agravian por el desconocimiento del carácter salarial del alquiler de vivienda más pago de las expensas" que la demandada se hacía cargo ya que era muy difícil para los actores, cónyuges de nacionalidad italiana, que trabajaban como traductores para la Asociación Cultural Italiana Cristóforo Colombo, acceder a la vivienda. Así, los accionantes motivados por una contratación laboral arribaron a una ciudad distante de su residencia habitual y se les presentaron severas dificultades para conseguir una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires ya sea por no contar con la documentación necesaria, o por la falta de "garantías" crediticias suficientes o por simples dilaciones e impedimentos en la búsqueda de un lugar. Por tal motivo, el otorgamiento a través de la locación a cargo del empleador de una vivienda o "casa habitación" en aquellos casos en los cuales es difícil acceder a la vivienda no reviste naturaleza remunerativa (art. 105, inc. d) LCT).
Confirmación de sentencia, diferencias salariales, despido
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Bassotti, María Cristina c/ Rivadavia 261 SRL y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-18

La accionante se agravia porque en la instancia anterior no se hizo lugar a su reclamo de pago de diferencias salariales por la falta de pago a la obra social. La Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) acompañó un detalle de los aportes que la demandada realizó en función de la actora -beneficiaria-. Si bien la codemandada OSDE informó que "con motivo de la falta de ingresos de aportes.se le informó a la socia que los servicios se reducirían al PMO y que luego se la daría de baja", evidentemente esa situación se solucionó, en tanto la baja y el cese de los aportes recién se produjo al materializarse la desvinculación. Más allá de lo que se desprende de la información acompañada por la AFIP acerca de la falta de pago de los aportes y contribuciones a la obra social, lo cierto es que no es verdad que la demandada retuviera aportes y no los depositara al agente de seguro de salud, como alegó la actora para colocarse en situación de despido. Fue la actora quien decidió incrementar el estándar de su cobertura al plan "OSDE 210" y dicha circunstancia en modo alguno resultó jurídicamente trasladable a su empleadora. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior (Del voto del Dr. Sudera, en mayoría)
Remisión del expediente, desistimiento del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Barrionuevo, Cristian Leonardo y otro  c/ Benefits S.A.y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-20

La sociedad anónima codemandada interpuso recurso extraordinario contra la sentencia definitiva dictada por este Tribunal de Alzada que concedió parcialmente el recurso extraordinario federal. No obstante, la parte actora solicitó la formación del incidente de ejecución, lo cual mereció el dictado de una resolución a efectos de que se disponga la remisión al juzgado de origen, previa elevación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de evaluar la eventual pertinencia de lo solicitado por la parte actora. La sociedad anónima desistió del recurso extraordinario federal interpuesto en razón del acuerdo de pago arribado entre la otra sociedad anónima codemandada y el actor. Cabe admitir el desistimiento del remedio federal y en consecuencia remitir la causa al juzgado de origen a efectos de que se expida en relación al acuerdo de pago arribado por las partes.
Litisconsorcio pasivo, rebeldía
Materia: PROCESAL
Carátula: Del Puerto, Adriana Sabrina c/ RH Comercializadora Integral SRL y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-27

Si bien es cierto que en los casos de supuestos de litisconsorcio pasivo necesario las defensas opuestas por uno de ellos aprovechan a la demandada que se encuentran en situación de rebeldía procesal, dicha argumentación no alcanza a los documentos conforme los específicos términos establecidos en el art. 356 del CPCCN (art. 71 LO 1° párrafo). Ello así, toda vez que de los términos de tal normativa se desprende que dicho deber procesal corresponde exclusivamente a la parte a quien se le atribuyere la documental en cuestión y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos.
Despido, relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Lorenzo, José Luis c/ Compañía Argentina de Levaduras SAIC s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-20

El accionante, persona de setenta años de edad, denunció haber trabajado como fletero durante veintiséis años en la empresa, dedicándose a la distribución de sus productos y afirma haberlo hecho en condiciones de subordinación laboral lo que la empresa niega invocando la ley 24.653. La demandada cuestiona el fallo condenatorio por entender que la relación que los unió tenía carácter autónomo. Ha quedado probado en autos que el actor integraba el plantel estable de fleteros de la demandada, que distribuía la mercadería a la clientela de la accionada en forma personal siguiendo la hoja de ruta por ésta impuesta, que digitaba y monitoreada el recorrido y que también establecía el precio del flete que manejaba el actor, quien utilizaba su propio vehículo como herramienta de trabajo a disposición de la empresa. Las puniciones impuestas por los arts. 8° y 15° de la ley de empleo resultaron de aplicación por haber cumplido el accionante con los requisitos formales para tornarlas operativas pero, no obstante ello, la del art. 8 deberá ser morigerada, al equivalente a 24 meses porque el actor esperó más de dos décadas para solicitar la regularización del vínculo y lo hizo en circunstancias en que había mermado notablemente su capacidad laborativa, es decir a los setenta años de edad cuando le iba a ser muy difícil renovar la licencia profesional que resulta necesaria e indispensable para seguir desarrollando tareas como transportista: el objetivo de la ley 24.013 es combatir el trabajo clandestino y no ser utilizada abusivamente por los trabajadores para solicitar regularización de una relación de trabajo cuando, virtualmente, se encontrara afectada su capacidad productiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de derecho considerando tal el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (art. 10, CCCN) y, por ello, y por un principio de equidad (art. 11 LCT) la morigeración de la citada punición legal es procedente ya que tanto por imperio de la ley 24.653 como por el art. 1296 del CCCN el transporte de cosas es considerado una figura civil y no laboral, lo que introduce un principio de duda y autoriza a atenuar la punición referida (art. 16, ley 24.013). (Del voto del Dr. Pose en minoría).
Nulidad del despido, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Seoane, Manuel c/ Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-25

La actora se agravia porque en la instancia anterior se rechazó su reclamo al solicitar la nulidad del despido dispuesto por la demandada, ANSES, y su incorporación a su puesto de trabajo. La accionante comenzó a trabajar para Orígenes AFJP con la sanción de la ley 26.425 a travé s de un "Pre contrato de trabajo a plazo fijo ad referéndum del Sr. Ministro de Trabajo Empleo y Seguridad Social", renovado en dos oportunidades y convertido en un contrato por tiempo indeterminado, momento en que cambió de "verificador inicial a verificador de control avanzado", todo ello hasta que la demandada decidió prescindir de sus servicios sin invocación de causa. La sentenciante de grado concluyó que el vínculo laboral que mantuvieron las partes estaba enmarcado dentro del régimen de la LCT (art. 2) y no se trató de una relación de empleo público alcanzada por la garantía de la estabilidad del art. 14 bis CN. La accionante afirma que era personal de planta permanente de la ANSES y que ostentaba la misma estabilidad que el empleador público, dependiente de la administración y que en virtud de ello, existiría una imposibilidad de despido sin previo sumario, excluyéndose la posibilidad del despido incausado. En el marco de lo dispuesto por el art. 6° del decreto 2741/91 no puede desatenderse que aun siendo cierto que la persona demandada es parte del Estado Nacional, su personal se encuentra comprendido en la LCT. El ingreso de la actora a la ANSES se produjo fuera de los esquemas tradicionales regulados en el marco del empleo público, pues derivó de una decisión política -ley 26.425-. En el marco de lo dispuesto por el art. 6° del decreto 2741/91 y CCT 305/98 no puede desatenderse que aun siendo cierto que la ANSES es parte del Estado Nacional, no es menos cierto que dadas las condiciones en que se incorporó la actora a dicho organismo no fue bajo el marco de la carrera administrativa para el Empleo Público en la ley 25.164. Cabe concluir que la naturaleza del vínculo habido entre las partes se encuentra comprendida dentro de la LCT y carece de la estabilidad en el empleo que consagra el art. 14 bis CN. Por ello cabe confirmar el fallo de grado.
Despido, responsabilidad solidaria, entrega del certificado de trabajo
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Quiroga, Eve Luz c/ Club Atlético River Plate Asoc. Civil y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-17

La tarea de venta de merchandising del Club Atlético River Plate Asociación Civil, realizada por la trabajadora en el ámbito de su estadio y durante diversos eventos (venta de camisetas, remeras, souvenirs, etc.), debe juzgarse inherente al funcionamiento del Club traído al litigio. Encontrándose la prestación en juego comprendida estructuralmente dentro de las actividades principales y accesorias que se desarrollan en el establecimiento, concebido éste como unidad de ejecución, sin que pueda prescindirse de aquélla para el logro de sus fines, aunque sea ejecutada desde el ámbito de un tercero, con el cual se ha acordado su realización, resulta pertinente la activación de la responsabilidad contenida en el art. 30 LCT respecto del club demandado. La solidaridad prevista en el art. 30 LCT, comprende todas las obligaciones laborales incluyendo la entrega de los certificados art. 80 LCT. (Del voto del Dr. Ambesi, en minoría).
Despido, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Carena, Oscar Omar c/ Shipping SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-28

La existencia de un grupo económico de carácter permanente que imponga la solidaridad prevista en el art. 31 de la LCT supone la existencia de una sociedad controlante respecto de la otra, siempre que se demuestre también la existencia de maniobras fraudulentas o conducción temeraria. Si bien no hay una forma determinada para la creación de un grupo, cabe destacar que no cualquier coordinación de varias empresas viabiliza la aplicación de lo dispuesto por el art. 31 LCT, toda vez que la norma se refiere al carácter "permanente" de aqu él. El hecho de que entre las empresas hubiese existido un consorcio de cooperación, que una hubiera dado buques en alquiler a la otra, no permiten vislumbrar la existencia de un grupo económico y mucho menos que se trate de maniobras fraudulentas o conductas temerarias, sino que revelan el vínculo comercial entre dos empresas, sin que ello permita atribuirle a una solidaridad alguna por las obligaciones contractuales laborales y de la seguridad social incumplidas que pudiesen endilgársele a la otra para con su personal dependiente.
Phishing, responsabilidad concurrente
Materia: INFORMATICO-CIVIL
Carátula: Delux SA c/ Banco BBVA Argentina SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-28

En el marco de una acción donde la sociedad actora persigue obtener del banco accionado la suma que, a través de phishing, le fuera sustraída de sus cuentas bancarias, cabe considerar configurado un supuesto de "concurrencia" de culpas o de factores de atribución de responsabilidad, concurrencia que autoriza a distribuir entre los copartícipes las consecuencias perjudiciales del evento dañoso. Ello por cuanto, la dependiente de la actora reconoció en la causa penal y en su declaración testimonial haber brindado telefónicamente a un tercero (phisher) dos números de token que éste le solicitó, tras lo cual fueron realizadas las transferencias aquí cuestionadas. No obstante, siendo que el ingreso de los datos de acceso habría sido efectuado en una página que simulaba ser la oficial de la entidad bancaria, pero no lo era, y que las medidas de seguridad de ésta no hubieran detectado, es claro que existió una falla en el sistema de seguridad del banco accionado, por la cual éste debe responder objetivamente. Ello evidencia inequívocamente que la actora permitió con su conducta la perpetración de la maniobra delictiva con la consiguiente configuración de un supuesto de "culpa de la víctima", es claro que ambas conductas tienen el carácter de antecedentes concausales determinantes de la provocación del daño.
Restitución de sumas de dinero, paquete turístico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernandez, Jorge Alfredo  c/ Organización Piamonte SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-01

Frente al supuesto de que los servicios contratados por un consumidor (en el caso se trata de pasajes aéreos, un viaje marítimo y asistencia al viajero) fueran cancelados con motivo de la pandemia del coronavirus COVID 19, la ley 27563: 28 prevé la posibilidad de una reprogramación del viaje, o bien solicitar la resolución del contrato, alternativa disponible en los casos en que los proveedores del servicio hubieran procedido a devolver totalmente el importe que hubiera sido pagado. A su vez, si solo alguno de tales proveedores hubiese efectuado la devolución respectiva, o la cuantía devuelta por cada uno de ellos fuera parcial, el consumidor o usuario podrá acceder al reembolso parcial correspondiente a las devoluciones efectuadas, el que será descontado del importe del cupón o voucher entregado. Pero de ningún modo el mencionado art. 28 prevé lo que pretendió el actor en su demanda, a saber, que la agencia intermediaria le devuelva la totalidad del dinero abonado con total abstracción de que los proveedores directos de los servicios contratados le hubiesen realizado el reintegro total o parcial de lo abonado.
Despido, costas, carga de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Yamamoto, Jorge c/ Delphina SRL y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-19

El accionante cuestiona la sentencia de grado respecto al fondo y las costas. La magistrada de la anterior instancia consideró que correspondía al actor acreditar que efectivamente trabajó para la codemandada y que luego del traspaso de su contrato de trabajo, continúo desempeñándose en favor de la demandada, lo que no fue logrado. El recurso de apelación deducido por el actor en relación a la imposición de costas de la instancia anterior a su cargo con motivo de la suerte de su pretensión, no fue concedido (art. 68 CPCCN). Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior en materia de costas. (Del voto del Dr. Sudera, en minoría)
Despido, relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Lorenzo, José Luis c/ Compañía Argentina de Levaduras SAIC s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-20

El accionante, persona de setenta años de edad, que denunció haber trabajado durante veintiséis años como subordinado de la empresa, dedicándose a la distribución de sus productos. Afirma haberlo hecho en condiciones de subordinación laboral lo que la empresa niega invocando la ley 24.653. La demandada cuestiona el fallo condenatorio por entender que la relación que los unió tenía carácter autónomo. No obstante, habiéndose probado el carácter laboral del vínculo entre las partes, no resulta viable la utilización de las facultades concedidas por el art. 16 del de la Ley 24.013, en orden a morigerar la sanción reglamentada por el art. 8 de dicho cuerpo normativo, y calcular dicha indemnización por un período de 24 meses solamente. Ello así, toda vez que no se advierten los motivos por los cuales la demandada, pudo haber tenido una duda razonable acerca de la aplicación de la legislación laboral a la relación, en la medida en que, tal como quedó acreditado, el actor se encontraba integrado al giro comercial de la demandada como dependiente (cfr. arts. 64, 65 y 66 de la L.C.T.) y no en carácter de proveedor o empresario, habiendo trabajado para ella en forma exclusiva, constituyendo ese su medio de vida. Tal circunstancia, impide considerar que estemos en presencia de una "duda razonable" acerca de la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo. Por ello, se desestima la queja deducida por la accionada, señalando que en relación al cálculo de la multa del art. 8 Ley 24.013, se debe computar sobre la totalidad de los períodos efectivamente trabajados. (Del voto de la Dra. Craig, en mayoría).
AFIP, empleo no registrado
Materia: ADUANERO-LABORAL-TRIBUTARIO
Carátula: San Juan, Marta Graciela c/ Consorcio de Propietarios del Edificio José M. Moreno 140 s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-31

La actora se agravia porque en la instancia anterior se rechazó el rubro establecido en el art. 9 de la LNE, pues no se acreditó que la comunicación a la entonces AFIP se hubiera perfeccionado. La falta de comunicación concreta sobre la irregularidad impide al ente de contralor activar las medidas previstas en tales circunstancias, incumpliéndose la finalidad para la cual fue creada la condición normativa. De tal manera, aun cuando se haya acreditado la remisión pero no el perfeccionamiento de la comunicación, ello sólo no basta para la procedencia del pretendido rubro. Cabe confirmar la sentencia de grado. (Del voto del Dr. Sudera, en mayoría. La Dra. García Vior, adhiere por razones de economía procesal y da su parecer en el sentido que no existen razones para imponer al ex trabajador la prueba de la efectiva recepción de la misiva por parte de la AFIP, máxime cuando, conforme lo dispone el art. 11 de la ley 24013 (conf. ley 25.345) el recaudo formal que se le impone al actor en forma adicional para hacerse acreedor de las sanciones previstas en el artículo 9 de la LNE se circunscribe a la obligación de "proceder de inmediato...a remitir a la Administración Federal de Ingresos P úblicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior").
Enfermedades inculpables, despido
Materia: LABORAL
Carátula: González, Paul Bernardo c/ Osigris SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-14

Teniendo en cuenta las características de las conductas constatadas -invocación de una enfermedad inculpable psicológica de dudoso sustento que impedía la realización de tareas con omisión de aviso del lugar en el cual se hallaba y consecuente sustracción del trabajador de su obligación de someterse al control médico de la empleadora, en razón de un viaje realizado durante su período de licencia médica para presentar una final de un torneo de fútbol, con evidente ocultamiento de las reales circunstancias de tal conducta- la decisión extintiva adoptada por la empleadora resultó ajustada a derecho (arts. 62, 63, 84, 209, 210 y 242 LCT).
Confirmación de sentencia, extinción del contrato de trabajo, juicio de desalojo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Consorcio de Propietarios del Edificio Antonio Machado 546 c/ Jara, Pedro Daniel y otros s/ desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-27

El contrato de trabajo se extinguió y el encargado abandonó la vivienda entregando las llaves, no obstante lo cual la conviviente y su hija menor continuaron habitando la unidad y a la fecha en que la concubina interpone demanda a fin de no desocupar la vivienda del encargado por contar con una hija menor de edad, habían transcurrido los treinta días previstos para la desocupación dispuesta en el art. 7 del decreto 11.296/49. La negativa a desocupar la vivienda produjo el lanzamiento dispuesto en los arts. 146 y 147 de la LO, pues conforme lo establecido en la ley 12.981, el suministro de la unidad habitacional constituye una típica obligación accesoria de las obligaciones propias del contrato de trabajo que se encontraba extinto. Toda vez que no se encuentra controvertido que la vivienda fue otorgada al demandado como prestación accesoria del contrato de trabajo que finalizó, no existe ningún fundamento jurídico que justifique la retención del inmueble, aunque la vivienda se encontrara habitada por menores. Por ello, sin perjuicio de las medidas de protección integral de los derechos de la menor involucrada que pudiera disponer la Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia en lo Civil Comercial y del Trabajo, en el marco de lo dispuesto en la Resolución 1119/08 de la Defensoría General de la Nación, cabe confirmar el lanzamiento dispuesto en la sentencia de grado.
Salarios adeudados, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Paz, Leonor Magdalena c/ Experta ART S.A. y otro s/ accidente- ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-26

Si bien la trabajadora intimó al pago de un mes que la empleadora le adeudaba y ésta no le efectuó el pago, dicho motivo no configura injuria con entidad suficiente para justificar la denuncia del contrato. No todo acto de incumplimiento constituye causa de denuncia del contrato de trabajo, sino solo aquel que pueda configurar injuria que tiene que revestir magnitud suficiente para el desplazamiento del principio de conservación del contrato que consagra el art. 10 LCT. Toda vez que mediaron circunstancias que dificultaron el pago de la remuneración en cuestión, la trabajadora debió haber reiterado su intimación a fin de que se efectivizara el pago del salario y así favorecer la continuidad del vínculo (Del voto de la Dra. Hockl, en minoría).