Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-24


SENTENCIA DEFINITIVA N°: 100164	SALA II EXPTE. Nº 29.487/09	(JUZGADO Nº 61) AUTOS: "CAMPO, MARÍA ALEJANDRA C/BEAUTYMAX S.A. S/ DESPIDO " VISTOS Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, 24 de febrero de 2012 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a conti-nuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Contra la sentencia de primera instancia que receptó en forma parcial el reclamo incoado (fs. 212/3 vta.) se alza la parte actora, a mérito del memorial obrante a fs. 217/222, sin réplica de la contraria.	La reclamante critica que no se haya considerado que su parte probó las remuneraciones percibidas en forma clandestina y las horas extras laboradas y que, en consecuencia, se haya desestimado la remuneración mensual denunciada al comienzo ($2.800). En consonancia con ello se alza contra el rechazo del recargo indemnizatorio del art. 1 de la ley 25.323. Asimismo se queja de la desestimación de los pagos de obra social y gastos de escribanía a la par que objeta el rechazo del resarcimiento por daño moral.

A su turno, la perito contadora y la representación letrada de la parte actora (fs. 215 y fs. 222) recurren los emolumentos regulados a cada una de ellas por estimarlos bajos.

II.	Anticipo que, en mi voto, la queja respecto de remunera-ción mensual considerada en grado no tendrá favorable acogida.

Sobre el punto conviene memorar que la sentenciante de grado consideró que de las declaraciones de García (fs. 139), Bollini (fs. 142), Marchesani (fs.144), Ferrara (fs. 146) y Lando (fs. 148) evaluadas en su conjunto, no surge acreditado en forma fehaciente que la accionante percibiera pagos en negro o que laborara horas extras.

Pese a que en la queja la actora pretende hacer ver que las declaraciones señaladas no han sido debidamente ponderadas, lo cierto es que coincido con la evaluación efectuada en la anterior sede por cuanto responde a los lineamientos que estable-cen los arts. 386 del CPCCN y 90 de la L.O.

Si bien no soslayo que, como sostiene la apelante, los de-clarantes han mencionado que la demandada abonaba a sus dependientes parte de las remune-raciones en forma clandestina y que la actora cumplía horas extras, también se advierte que ninguno de ellos ha dado razón suficiente a sus dichos. Repárese que, como la propia apelante resalta en el memorial, todos ellos han mencionado que sabían que la actora cobraba de esa forma y que se desempeñaba por encima de la jornada máxima laboral por comentarios entre los compañeros de tareas o de la propia actora, lo cual les quita cualquier entidad probatoria a los testimonios y lleva a desestimarlos (conf. arts. 386 del CPCCN y 90 de la L.O.).

En este sentido cabe señalar que la jurisprudencia reitera-damente ha dicho que quien declara apoyado en un conocimiento meramente referencial no es testigo en la dimensión estricta del vocablo y no puede dar fe de un hecho que solo conoce ex audito alieno (conf. CNAT, Sala IV, SD Nº 48.731 del 29/9/82, en igual sentido, Sala VIII, SD Nº 21.667 del 14/2/95 y Sala X, SD Nº 408 de octubre de 1996, in re "Villalba Soila c/ AMPARE", entre mucho otros).

Habida cuenta que no ha sido mencionada por la apelante en la queja ninguna otra prueba que avale que la actora laboró por encima de la jornada má-xima legal ni tampoco que su remuneración haya sido abonada del modo irregular descripto al demandar, considero que lo expuesto basta para desestimar su crítica y confirmar el decisorio apelado en cuanto a este aspecto, lo que así dejo propuesto. III.	En virtud de los términos esgrimidos en el memorial y por lo expuesto en el acápite precedente, deviene abstracto el tratamiento de la crítica que se esgrime en relación al rechazo del incremento indemnizatorio del art. 1 de la ley 25.323.

IV.	La reclamante se alza contra el rechazo de los rubros falta de pago de la obra social y gastos de escribanía; sin embargo a mi modo de ver no le asiste razón.

A tal fin cabe señalar que la reclamante incluyó en la liqui-dación de fs. 27 los señalados tópicos, sin aportar base fáctica alguna a este reclamo lo que conduce a desestimar su procedencia tal como se decidió en grado en la medida que no se en-cuentra cumplido el deber formal previsto en el art. 65 incs. 3 y 4 LO.

En este sentido la ley ritual es tajante al establecer que el ob-jeto expresado en la demanda debe hallarse debidamente precisado por lo que constituye carga del reclamante la exacta delimitación, cuantitativa y cualitativa del objeto de la pretensión, lo que no se advierte en el caso.

A su vez, jurisprudencia que comparto ha determinado que en principio la sólo inclusión de un rubro en la liquidación practicada al demandar, no es apta para tener por planteada concretamente la acción a que se refiere el mismo, pues la carga del reclamante es precisar en su demanda los presupuestos de hecho y de derecho que dan susten-to a la acción ejercitada (conf. CNAT, Sala V del 10/06/95 "Silveira c/Navenor" D, 1996-A-59, entre muchos otros)	Si bien no se me escapa que Campo mencionó a fs. 24 vta. haberse presentado con la escribana Daniela Naveiro a constatar en la demandada que el pago de la liquidación no se encontraba disponible, en mi opinión, esta afirmación no consti-tuye la fundamentación mínima exigible sobre los rubros reclamados.

Por ende, voto por confirmar el decisorio de grado tam-bién en cuanto a este aspecto.

V.	Me abocaré ahora al segmento de la queja que cuestiona el rechazo del daño moral reclamado.

La parte actora sostiene centralmente en su crítica que en el caso se ha desestimado la reparación civil reclamada soslayando que el despido se produjo encontrándose su parte bajo licencia médica y con un estado de embarazo avanzado. Por di-chas razones también considera que el despido fue discriminatorio. En este sentido cabe señalar que cuando la empleadora realiza conductas injuriantes autónomas, agraviantes o lesivas del honor de su dependiente, tal daño debe ser resarcido como lo sería de no haber existido el vínculo. Ello es así ya que una interpretación diferente, llevaría a que el Derecho del Trabajo -concebido para proteger al em-pleado como parte más débil del contrato- privase a sus protegidos de ciertos derechos y garan-tías que les competen como simples habitantes y no ya como trabajadores, desde que no se discute la reparación de una injuria autónoma en el derecho Civil (conf. CNAT, sala X, SD Nº 3.114, del 31-12-97, "Gonzalez, Luis J. c/ A.N.A.").

Siguiendo este orden de ideas, cuando el empleador incu-rre en conductas que causan perjuicio al trabajador desde el punto de vista extracontractual, es-to es cuando le causa un daño que sería indemnizable aún en ausencia de una relación laboral, tal responsabilidad debe resarcirse (conf. CNAT, sala V, 22-3-95, "S.M.A c/ La Universal SA"; DT 1995-B, p.1254), máxime cuando aquéllas se encuentran vinculadas con el desempeño del dependiente en el marco de la relación laboral mantenida.

En el caso sub examine no se discute a esta altura que la patronal despidió sin justificación alguna a la trabajadora el 30/10/08, esto es diez días antes de que naciera su hijo (cfr. informe de fs. 154/69). A su vez, arriba firme a esta instancia la procedencia de la indemnización especial por embarazo que prevé el art. 182 de la LCT. .

En ese contexto cabe señalar que la ley laboral -Ley de Con-trato de Trabajo- ha previsto una indemnización tarifada de daños y perjuicios para el supuesto específico del despido discriminatorio por razones de maternidad, anticipándose varias déca-das a la ley 23.592 y acompañada de una presunción en razón de la ubicación temporal del acto discriminatorio que no posee la segunda ley.

En el caso, como ya dije, en la instancia de origen fue aplicada dicha presunción y, en función de ésta, se dispuso la indemnización adicional del art. 182 LCT, de manera que, a mi manera de ver, no cabe añadir otra reparación.

En particular señalo que no se ha invocado que la eventual aplicación de la ley 23.592 pudiere dar lugar a una reparación superior a la prevista por la ley 20.744 y, por mi parte, no encuentro motivos para considerar que aquella segunda ley resulte más favorable a la trabajadora que la norma aplicada.

Por todo ello, propongo en definitiva, confirmar este segmento de la sentencia atacada.

VII.	En cuanto a los honorarios de la representación letrada de la parte actora, en mérito a la extensión y la calidad de las tareas realizadas en la anterior sede, considero que los allí fijados (17% del monto total de condena) lucen equitativos y ajustados a derecho, por lo que propongo confirmarlos. Sin embargo, considerando las pautas descriptas, los regulados a la perito contadora (3% del monto total de condena) resultan bajos, por lo que propongo elevarlos en el 7% del monto total de condena que incluye los intereses (cfr. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 , 39 de la ley 21.839 y decreto ley 16.638/87 ).

VIII.	Para finalizar, atento a la ausencia de réplica, voto por imponer las costas de Alzada en el orden causado (cfr. art. 68 2ª parte del CPCCN) a cuyo fin, teniendo en cuenta los mismos parámetros expuestos en el apartado anterior, propongo regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, en el 25% de lo que, en definitiva, le corresponda percibir por su desempeño en origen (art. 14 ley 21.839).

La Dra. Graciela A. González dijo:

Por análogos argumentos, adhiero a las conclusiones del voto que antecede. Sin embargo, en relación a la reparación del daño moral que se alegó como padecido a consecuencia del despido arbitrario de la trabajadora pocos días antes de dar a luz a su hijo, teniendo en cuenta los concretos términos en que se formularan los agravios (ver en especial fs. 220vta/221) y el modo en que se planteara el reclamo a fs. 27/28 vta., creo necesa-rio efectuar algunas aclaraciones.

En el caso, no surge que la accionante haya notificado su embarazo ni la fecha presuntiva del parto por lo que el hecho de que la prestación efectiva de servicios se extendiera hasta el 23/10/08 cuando el nacimiento se produjo el 10/11/08 no puede considerarse una flagrante violación a las normas prevencionistas contenidas en el art. 177 LCT en cuanto regulan la licencia pre y post parto ni mucho menos un acto directamente tendiente a hostigar a la dependiente. La Sra. Campo no solicitó su licencia por maternidad y al tiempo de justificar sus inasistencias invocó razones de salud. Dichas circunstancias impiden considerar configurado el ilícito que la demandante le endilga a su ex empleadora, puesto que de ninguno de los elementos obrantes en autos emerge que esta última tuviera conocimiento cierto del grado de avance del estado gestacional y del derecho que recién en esta instancia se esgrime en torno al goce efectivo de la licencia pre-parto.

Si bien la accionada no desconocía que la Sra. Campo se en-contraba embarazada (le abonó la asignación prenatal en el mes de julio de 2008 -ver fs. 6- y en atención a la fecha en que se produjo el alumbramiento, su estado debió ser notorio), lo cierto es que el despido de autos no puede considerarse lesivo de derechos fundamentales bá-sicos cuando la accionante no aportó la información necesaria que le hubiere permitido hacer valer sus derechos al respecto.

Tampoco el hecho de que el despido se produjera después de haberse notificado una prescripción médica de reposo puede justificar la reparación extra tari-faria solicitada puesto que el supuesto invocado está expresamente contemplado en el art. 213 de la L.C.T. y no se advierte que más allá de las reparaciones e indemnizaciones debidas en el marco de las normas que rigen el contrato de trabajo, la ex empleadora hubiere ocasionado a la Sra. Campo un daño mayor al que la ley presupone en sus distintas normas.

Al respecto debe considerarse que la actora ingresó a prestar ta-reas el 10/3/08 y que el distracto se produjo antes de cumplir los ocho meses de antigüedad (el 30/10/08). En tal marco y teniendo en consideración la fecha del alumbramiento (10/11/08), la reparación modulada por la ley para el supuesto de discriminación por motivos de maternidad en el equivalente a un año de remuneraciones (conf. art. 182 LCT), no se advierte insuficiente para cubrir los eventuales perjuicios materiales y/o morales derivados de la ruptura injustificada de la relación durante el período de protección especial.

Consecuentemente, por las argumentaciones expuestas, adhiero a la solución propuesta para el caso por el Dr. Miguel Ángel Maza.	Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Elevar los estipendios de la perito contadora en el siete por ciento (7%) del monto total de condena que incluye los intereses; 3) Imponer las costas de Al-zada en el orden causado; 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio le-trado de la parte actora, por las labores desplegadas ante esta instancia, en el veinticinco por ciento (25%) de lo que, en definitiva, le corresponda percibir por su desempeño en origen;

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González	Miguel Ángel Maza	Juez de Cámara	Juez de Cámara