Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-12


SENT Nro. 146 San Miguel de Tucumán, 12 DE MARZO de 2004.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por la parte actora en autos: "Argentina Mutual de Servicios Sociales vs. Bank Boston s/Daños y perjuicios"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal la presente queja por casación denegada interpuesta por la parte actora en contra de la sentencia de la Sala IIª de la Cámara Civil y Comercial Común, del 28/11/2003, por la cual se denegó la concesión del recurso de casación incoado en contra de la sentencia de fecha 15/10/2003.

II.- El Tribunal a quo consideró que el recurso fue interpuesto en término, cumpliéndose con el depósito del art. 817 procesal; que la sentencia tiene el carácter de definitiva atento a que, al declararse mal concedido el recurso de apelación deducido por la impugnante, ha quedado firme el fallo de fondo de Iª instancia.

Sin embargo, entiende que no se cumple con la exigencia del art. 815 procesal en cuanto, según se desprende de los fundamentos esgrimidos, la queja está centrada en lo que considera una interpretación errónea de los hechos por parte del tribunal, con lo cual corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso tentado conforme al criterio de esta Corte Suprema respecto a que la casación no autoriza a analizar nuevamente hechos y pruebas cuya valoración compete a los tribunales de grado. De otro lado, tampoco advierte que la sentencia sea arbitraria pues para que ello suceda es necesario que medie carencia de fundamento legal o de apoyo en los hechos comprobados en el juicio, siendo insuficiente a dicho efecto la mera discrepancia con la solución dada en la causa. Agrega que tampoco se advierte en el caso gravedad institucional atento a que lo resuelto no excede el mero interés de la parte no estando comprometidos los derechos de la comunidad ni instituciones básicas de la organización estatal.

Por ello, declara inadmisible el recurso de casación, con costas a la recurrente.

III.- De un examen liminar de las constancias de autos se observa con claridad que el recurso interpuesto cumple con los requisitos de definitividad de la sentencia, presentación temporánea, depósito judicial suficiente y presentación de las copias requeridas por el art. 820 del digesto procesal civil de la provincia.

IV.- Esta Corte Suprema entiende, sin embargo, que el recurso no puede prosperar.

En efecto, por tres razones, cada una autónoma y dirimente de la cuestión, el recurso no puede ser admitido. En primer lugar, por cuanto la sentencia del 15/10/2003 no es sentencia definitiva, ni interlocutoria que concluye el juicio o haga imposible su continuación (art. 813, inc a CPCC). Se trata simplemente de una resolución que resuelve una cuestión procesal acerca de un recurso de apelación.

En segundo lugar, por cuanto existe preclusión pues el recurrente intentó renovar una cuestión que ya ha sido decidida y que se encuentra firme. Esto es, la sentencia del 22/6/2001 fue apelada (en subsidio de la revocatoria), y la Cámara, luego de anular el decreto de concesión de la apelación, resolvió no hacer lugar a ese recurso por no ser la vía idónea.

Si bien la Cámara podía modificar la forma de concesión del recurso, conforme lo establece el art. 771 CPCC, lo cierto es que no lo hizo, y ello no fue impugnado por el ahora recurrente (cuando bien pudo hacerlo), de modo que la decisión del 16/5/2002, quedó firme, esto es, que no se admitió en definitiva el recurso de apelación contra el fallo del 22/6/2001.

No se trata entonces de si los plazos para apelar estaban o no suspendidos con motivo del recurso de revocatoria deducido el 27/8/2001 contra la sentencia de fondo, sino que lo que ocurrió es que la actora ejercitó el derecho de apelar y lo hizo en subsidio del de revocatoria, conforme consta en esa misma presentación y se reiteró con fecha 7/9/2001. Y, posteriormente, la Cámara, invocando su calidad de juez del recurso, no hizo lugar a ese recurso de apelación, y al no cuestionarse la resolución del 16/5/2002, la sentencia del 22/6/2001 quedó firme y con los efectos de la cosa juzgada.

De allí que el recurso de apelación intentado nuevamente con fecha 24/5/2002 contra aquella sentencia definitiva, resulta improponible al haberse ya superado la etapa impugnativa de ese fallo. La preclusión operada impide renovar etapas procesales ya concluidas y consumadas; esto es, se trata de la preclusión por consumación de la facultad de apelar.

En tercer lugar, tampoco es admisible el recurso de casación por cuanto no concurre, en el caso, el excepcional supuesto de gravedad institucional que permitiría superar el valladar constituido por la falta de definitividad de la sentencia impugnada. En efecto, esta Corte ha delineado la gravedad institucional como existente en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y atañen también a la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o pueda resultar frustratorio de derechos de naturaleza federal con perturbación de la prestación de servicios públicos. (CSTuc., sent. Nro. 46 del 22/02/99. En igual sentido: "Juampera Miguel Angel vs. Luis Vicente Gutiérrez s/Cobro de Indemnización y otro", sent. nro. 303, del 03/5/99; "Gutiérrez Héctor Gerardo vs. Cuezzo Carlos Alberto s/Cobros", sent. nº 412, del 04/6/99). En las concretas circunstancias de esta causa, no se hayan conformados los elementos suficientes para tener por cierta, en la especie, la existencia de gravedad institucional, toda vez que no se advierte la trascendencia del interés meramente personal de las partes ni que se hayan violado derechos o garantías constitucionales con afectación del debido proceso legal.

Lo dicho por cuanto, en la especie, de un lado, aparece respetado el debido proceso y sus principios de preclusión y progresividad los cuales reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica (CSJNac., "Rodríguez, Y. vs. I.N.S.S.J.P.", 02/3/93). También esta Corte Suprema tuvo oportunidad de expresarse en el sentido de que el proceso, como mecanismo de debate reglado por las normas orientadas a asegurar el orden de su desarrollo en dirección al decisorio final -la sentencia-, establece un iter lógico de una sucesión de actos que una vez incorporados hacen avanzar el mismo sin retrocesos, de tal suerte que sus efectos quedan firmes de un modo irrevocable. Esa vocación de mantener la firmeza de los actos cumplidos se denomina preclusión, y se fundamenta en el principio de seguridad jurídica, que reserva la estructura vertebrada del proceso, pues de otra manera el edificio procesal zozobraría en un mar de cambiantes posiciones asumidas por los litigantes (CSJTuc, "S.H.E. y otra s/divorcio, 04/5/92). La preclusión afecta la facultad procesal de ejercitar el acto de que se trate, cualquiera sea la posición del sujeto respecto a él, es decir, su decisión de cumplirlo o no, su negligencia o conform idad. Aparece así como un impedimento para el ejercicio de la concreta actividad procesal por haberse perdido la facultad de hacerlo (CSJTuc., "Amado, M.A. vs. E.T.P. Florida s/daños y perjuicios", 01/12/93).

En el caso, entonces, lo articulado no evidencia exceder el interés de las partes, en tanto la situación del recurrente es consecuencia de actos cumplidos regularmente dentro del proceso, en el que tuvo efectiva intervención y oportunidad de hacer valer sus derechos. No debe perderse de vista que el remedio excepcional de la casación está reservado para los supuestos en que la sentencia atacada es definitiva o equiparable a tal, o cuando lo decidido pueda ocasionar eventualmente un gravamen irreparable que torne necesaria la habilitación de esa vía extraordinaria; y ello dentro del marco conceptual de que el derecho de defensa en juicio no es absoluto, sino que se ejerce conforme a la ley procesal que reglamenta su ejercicio; siendo razonable la limitación contenida en el art. 813 del CPCC, pues de otro modo, la Corte se convertiría en una tercera instancia, con la siguiente desnaturalización funcional (cfr. CSJTuc., sentencia del 23/5/95 en autos "Ahmad Raúl A. vs. Roberto Ahmad s/División de condominio". -Queja-, entre otras).

En consecuencia, tratándose de una cuestión procesal que no concluye el pleito ni torna imposible su continuación, y cuya definición no trasciende el interés de las partes en el marco de este proceso, no afecta en modo alguno el interés de la comunidad o la buena marcha de las instituciones, ni ocasiona gravámenes cuya irreparabilidad quede demostrada, esta Corte Suprema estima que no se ha sorteado con éxito el valladar de la admisibilidad de la queja, correspondiendo desestimar el recurso tentado.

Por ello, y conforme lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesta por la parte actora en contra de la sentencia de la Sala IIª de la Cámara Civil y Comercial Común, del 28/11/2003, con pérdida del depósito.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA