Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-12


SENTENCIA INTERLOCUTORIA N. 58285 . CAUSA N. 23.841/2000. "PATITUCCI MARIA DEL ROSARIO Y OTRO C/ INTERCOBROS S.A. Y OTROS S/ DESPIDO". JUZGADO N. 74.

En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 12.9.07 reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oir las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Porta dijo:

La parte actora cuestiona la resolución de la Sra. Juez de primera instancia de fs. 938/940, mediante la cual decidió reducir el embargo ejecutivo al 50%, debido a la naturaleza ganancial del bien embargado y a las consecuencias de la sentencia de divorcio vincular del demandado Norberto Iramain con su ex cónyuge Marta Rosa Traversi (fs. 942/946).

Esta Sala ha sostenido reiteradamente, de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 de la ley 18.345, la irrecurribilidad de las resoluciones dictadas en la etapa de ejecución, salvo que se configure alguno de los supuestos de excepción que contempla dicha norma o que se advierta un compromiso a la garantía de la defensa en juicio según lo previsto por el art. 105 inc. h) de dicha ley procesal o bien que la providencia impugnada llevara a desvirtuar la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada o fuera susceptible de causar perjuicios irreversibles (en sentido análogo, SI N. 49.251 del 12.2.99 "Rochio, Norberto Carmelo c/ S.E.G.B.A."; SI N. 49.220 del 10.9.99, "Boniface, Gustavo Aníbal c/ A.G.P."; SI N. 53.442 del 4.7.2002 "Oliver, María Isabel c/ Asociación Civil Universidad del Salvador", sentencia Nº 83.991 del 12.9.2002, en autos "Navata, Mario Fabián c/ Institutos Antártida S.A.M.I.C. s/ despido", ambas del registro de esta Sala). En el caso y tal como lo señala el Sr. Fiscal General ante esta Cámara, corresponde la apertura de la instancia, ya que el pronunciamiento recurrido y las cuestiones debatidas exceden el concepto de ejecución y se proyectan sobre la situación de un tercero ajeno a la litis originaria.

En mi criterio, conforme lo expuesto al votar en la causa "López, de los Ángeles c/ Amado, Víctor Hugo" (SD Nº 86.086 del 25.8.2004, del registro de esta Sala) el régimen patrimonial matrimonial argentino un estatuto legal, inmutable, forzoso, que encuadra en el sistema de comunidad de gananciales que se caracteriza por la formación de una masa de bienes que se divide entre los cónyuges o sus sucesores a la disolución del régimen sin que sean elementos configurantes ni la gestión conjunta ni la unidad de masa, por lo que no es incompatible con dicha comunidad que cada cónyuge sea propietario exclusivo de bienes gananciales ni menos que los administre libremente. Este régimen es de administración separada aunque con tendencia a la gestión conjunta, pues los actos económicos y jurídicamente más relevantes requieren del asentimiento conyugal, no obstante como durante la vida de la sociedad conyugal los bienes gananciales adquiridos por uno solo de los cónyuges no son de propiedad común, sólo dispone el cónyuge titular no hay codisposición porque no existe condominio ni cotitularidad sobre los gananciales adquiridos por uno solo de los esposos. El art. 5 de la ley 11357 dispone que "los bienes propios de la mujer y los bienes gananciales que ella adquiera no responden por las deudas del marido, ni los bienes propios del marido y los gananciales que él administre responden por las deudas de la mujer", por lo que a la luz del art. 1276 del Código Civil se debe concluir que cada uno de los cónyuges administra los gananciales que adquiere y por ello el marido administra los bienes que adquiere y con la totalidad de ellos responde por sus deudas personales a su acreedores, por su parte la esposa administra los bienes que ella adquiere y con el 100 por ciento de ellos responde ante sus acreedores por las deudas personales.

Tratándose de bienes registrables, es suficiente que el bien figure adquirido por uno de los cónyuges para que aquél responda por el total de las deudas contraídas por el titular y sea excluido de la acción de los acreedores del otro, sin perjuicio de que éstos puedan probar que el bien ha sido ilegítimamente sustraído a la responsabilidad que le es debida. Por ello, si el bien inmueble ha sido adquirido por uno sólo de los esposos, mientras subsista la comunidad, el cónyuge no titular no tiene un dominio sobre el ganancial adquirido por el otro, sino tan sólo un derecho al 50% de la indivisión cuando se disuelva y al contralor sobre los actos de disposición sobre dicho bien.

Para que un bien sea de titularidad conjunta, ambos cónyuges deben figurar en el título de adquisición, aun cuando no se haga constar el origen de los fondos ni los demás recaudos previstos en el art. 1246 del Código Civil (SC de Mendoza, Sala I, agosto 6-1991 "G. de B., A. en J: 79.569 L., E. c. A. y otros", pub. E.D. 29.11.91, pág. 5).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación precisó que lo esencial del ap. 1 del art. 1276 del Código Civil, en su versión anterior a la vigencia de la ley 25.781, así como del art. 5 de la ley 11357 se halla en la atribución de la gestión a quien resulte ser el adquirente, cualesquiera que fuesen los fondos empleados en la adquisición que pueden provenir del trabajo personal o de cualquier otro título legítimo. La propiedad de los bienes gananciales y el consiguiente derecho de administrar y disponer de ellos pertenecerá al cónyuge en cuyo nombre o por el cual los bienes son adquiridos, sea cual fuere la causa de dicha adquisición. La segunda parte del art. 1276 sólo pudo razonablemente referirse a aquéllos bienes respecto de los cuales no cabe la aplicación del principio general ni puede determinarse cuál de los cónyuges efectuó la adquisición, verbigracia los que no tiene un titular cierto y cuya posesión es común -los muebles del hogar, acciones al portador, etc.-, pero jamás pudo incluir el inmueble adquirido por medio de la pertinente escritura pública de la cual surge indudable la individualización del adquirente. En el régimen de la sociedad conyugal, la ausencia de mención en el título del origen de los fondos empleados en la compra de un inmueble, resulta inconducente para determinar el sistema de gestión y la responsabilidad por las deudas, pues la titularidad de la adquisición es el criterio de atribución que informa la materia (C.S.J.N., 1.12.87 "Dirección General Impositiva c/ Hays, Juan T.", pub. en J.A. Nro. 5562 del 6.4.86, pág. 51).	La sola circunstancia de que el demandado ostente la calidad de titular inscripto de la propiedad del inmueble es suficiente para considerarlo adquirente y administrador de ese bien aunque no se haya producido la prueba del origen de los fondos y del modo de adquisición, tanto más si se trata del marido pues hasta la vigencia de la ley 25.781 (B.O. 12.11.03) la ley atribuía a éste supletoriamente la administración y disposición de los bienes de titularidad dudosa (art.1276, 2do. párrafo del Código Civil; TS Córdoba, Sala Civil, Com. y contenciosoadministrativo, noviembre 6-1984 "G.R. en: T., E. c. M. de G., A. S. Y otra", pub. La Ley 1985-D, 231 y siguientes).

A partir de la vigencia de dicha ley sólo se establece la administración y disposición conjunta del marido y la mujer para el supuesto de que no se pueda determinar el origen de los bienes o la prueba fuese dudosa.

El inmueble inscripto a nombre del ejecutado responde en su totalidad por las deudas contraidas por él, no correspondiendo efectuar parcialización alguna cuando no existen constancia de que la sociedad conyugal se encuentra disuelta (C.Com. Sala A, 6.12.84 "Della Maggiore, Juan Carlos y otros c/ Guzmán, Eligio J. Y otros", J.A. 3.4.85).

El esposo no titular no posee en su patrimonio, durante la vigencia de la sociedad conyugal ningún derecho sobre los gananciales adquiridos por su cónyuge, porque la distribución de estos bienes por mitades recién habrá de hacerse con la disolución de la comunidad (C.Nac.Civ., Sala H, "Avilán, H.M. c/ Laino, A.", 8.4.98, pub. J.A. 1999-I,737).

Sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión en el sentido expuesto, por razones de celeridad y economía procesal (arts. 36 del C.P.C.C.N. y 80 de la ley 18.345, t.o. decreto Nº 106/98) adhiero al criterio que por mayoría sostiene esta Sala y que expresa que en el matrimonio pueden distinguirse dos clases de propiedad de los bienes: los gananciales, que corresponden a la regla general de la comunidad de bienes, y los propios que, por diversas circunstancias, siguen perteneciendo individualmente a uno de los cónyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal. Los primeros pertenecen a ambos cónyuges por igual, pero no bajo la forma de un condominio (sistema que sólo rige a partir de la disolución, según la forma de partición que se adopte), sino bajo la de una sociedad atípica.

Dado que cualquier deuda u obligación contraida por cualquier de los cónyuges durante el matrimonio obliga, en principio, a la sociedad conyugal, una obligación contraida por uno de los cónyuges en ejercicio de su actividad económica o empresaria puede ejecutarse sobre la totalidad de los bienes por él adquiridos con el producto de su actividad y sobre los inmuebles o registrables gananciales, salvo los que sean producto de la actividad del cónyuge, sin que para dilucidar este último aspecto sea relevante el cónyuge que figure inscripto como propietario. En estas condiciones y con las salvedades apuntadas, el cónyuge no puede oponer contra el tercero su derecho sobre la mitad indivisa de tales bienes (ver el citado precedente "López.", del registro de esta Sala).

En el caso, el bien embargado cuya titularidad corresponde al demandado Norberto Irmain fue adquirido en fecha 24.1.89 (fs. 791), vale decir, vigente la sociedad conyugal, por lo que dicho bien tiene carácter ganancial y si bien la sociedad conyugal se disolvió como efecto de la sentencia de divorcio de fecha 15.4.2003 (fs. 930/933), lo relevante es que en autos no hay constancias de que se hubiera realizado su liquidación ni la partición ni la inscripción registral, que es esencial tratándose de un bien inmueble (fs. 926, fs. 933; conf. art. 2505 del Código Civil).

Zannoni señala ".cuando la disolución de la sociedad conyugal no ha alterado las relaciones de titularidad originaria respecto de los bienes, subsiste la separación de responsabilidades establecida por el art. 5º de la ley 11.357. Es decir, los acreedores de uno u otro cónyuge o ex cónyuge podrán ejecutar sus créditos persiguiendo sólo los bienes del cónyuge deudor (o sea, los propios y/o gananciales que éste administra de conformidad con lo dispuesto por el art. 1276 Cód. Civil), aunque se trate de obligaciones contraidas con posterioridad a la disolución." ("Derecho de Familia", T. I, p. 707, Astrea, 1998). La jurisprudencia ha resuelto que el convenio de liquidación de la sociedad conyugal en el que se asigna a uno de los cónyuges la titularidad de un inmueble, no puede ser opuesto a terceros si no se efectuó el registro correspondiente de conformidad al art. 2505 C.C. (en sentido análogo, CNCom., Sala E, 21.11.95 "Rodríguez Rego, Susana s/ tercería de dominio", J.A. 1996-II, 679). La adjudicación de bienes originados en la disolución de la sociedad conyugal es eficaz frente a terceros cuando toma estado público, que en el caso de los inmuebles y muebles registrables será desde su anotación y respecto de los muebles no registrables será la toma de posesión que resulte de un acto posterior, pero no estando homologado el convenio de disolución y liquidación de la sociedad conyugal no puede considerarse hecha la partición y los acreedores de los cónyuges pueden probar la adquisición exclusiva de alguno de ellos (en sentido análogo, CCivil y Com. Azul, Sala I, 18.2.98 "Miretzky, José A. c/ R.M.", LLBA. 1009-855, "Doria, Gabriela c/ Buda, Alfredo", sentencia del 28.2.06 dictada por CCiv. y Com. San Martín, Sala I).

En definitiva, por lo expuesto y de conformidad con el dictamen del Sr. Fiscal General ante esta Cámara a fs. 1007/vta., propicio revocar la resolución de fs. 938/940 y, por consiguiente, el embargo decretado a fs. 33 del incidente de embargo preventivo agregado por cuerda a las actuaciones principales debe mantenerse sin ninguna reducción, sin perjuicio de las eventuales acciones que los cónyuges puedan ejercer ante el fuero que corresponda.

Auspicio imponer las costas de la alzada a la incidentista vencida (art. 68 C.P.C.C.N.).

Propongo regular los honorarios del profesional firmante de fs. 946 vta. en 25% de lo que -en definitiva- le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior, con más el impuesto al valor agregado (arts. 6,7,8,9,14,17,19,37,39 y concs. de la ley 21.839, art. 38 de la ley 18.345 y demás leyes arancelarias vigentes).

Respecto del I.V.A. esta Sala ha decidido en la sentencia Nº 65.569 del 27 de septiembre de 1993 en autos "Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina S.A. s/ accidente - ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto, grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación" (C. 181 XXIV del 16 de junio de 1993) sosteniendo "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Propicio, asimismo, que se haga saber al obligado al pago de los honorarios de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, así como el obligado a afrontar las costas del juicio -salvo el trabajador- que deberá adicionar al honorario el monto relativo a la contribución prevista en el inciso 2) del art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3) del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nº 6/05). De prosperar mi voto propiciaré: I.- Revocar la resolución fs. 938/940 y mantener el embargo decretado a fs. 33 del incidente de embargo preventivo agregado por cuerda a las actuaciones principales sin ninguna reducción. II.- Imponer en el orden causado las costas de la alzada, atento la falta de réplica. III.- Regular los honorarios del profesional firmante de fs. 946 vta. en 25% de lo que -en definitiva- le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior, con más el impuesto al valor agregado. IV.- Hacer saber al obligado al pago de los honorarios de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, así como el obligado a afrontar las costas del juicio -salvo el trabajador- que deberá adicionar al honorario el monto relativo a la contribución prevista en el inciso 2) del art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3) del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nº 6/05). El doctor Eiras dijo:

Que adhiero al voto que antecede por compartir sus fundamentos.

Por ello y de conformidad con el dictamen del Sr. Fiscal General ante esta Cámara el Tribunal RESUELVE: I.- Revocar la resolución de fs. 938/940 y mantener el embargo decretado a fs. 33 del incidente de embargo preventivo agregado por cuerda a las actuaciones principales sin ninguna reducción. II.- Imponer en el orden causado las costas de la alzada, atento la falta de réplica. III.- Regular los honorarios del profesional firmante de fs. 946 vta. en 25% de lo que -en definitiva- le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior, con más el impuesto al valor agregado. IV.- Hacer saber al obligado al pago de los honorarios de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, así como el obligado a afrontar las costas del juicio -salvo el trabajador- que deberá adicionar al honorario el monto relativo a la contribución prevista en el inciso 2) del art. 62 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3) del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nº 6/05). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Roberto O. Eiras	-Elsa Porta Ante mí: Liliana N. Picón IM-Secretaria Interina