marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho ambiental, obras públicas, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Código de Planeamiento Urbano, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Tomalino, Cecilia Raquel y otros c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ otros procesos incidentales Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ otros procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-26

Debe rechazarse la acción de amparo tendiente a que se deje sin efecto la licitación pública destinada a la construcción de un paso nivel en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que la concesión de la tutela peticionada no puede realizarse por la mera alegación de la presencia de un bien ambiental o urbanístico si no se comprueba en forma suficiente su lesión, y el municipio mencionado ha acompañado la declaración de impacto ambiental y no existe otro elemento idóneo para razonar en sentido contrario a éste, máxime cuando tomarse una decisión basada en el eventual efecto nocivo, sería una mera sospecha o conjetura insuficiente para sostener la cautelar y frenar una acción de gobierno.
Usurpación de títulos u honores, abogados, poder general, representación procesal
Materia: PENAL
Carátula: LUCERO FUNES s/ USURPACION TITULO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-08-26

La inserción del término "doctor en un poder general para actuaciones judiciales, antes de varios nombres, entre los que se encontraba el del encausado que no revestía dicho carácter, no es constitutivo de delito, pues el instrumento cuestionado es inidóneo para acreditar la calidad de profesional de quienes en él se mencionan.
Queja por denegación o retardo de justicia, proceso penal, plazo, plazos procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: F, C. A. s/ Queja por retardada Justicia. Homicidio calificado por el vínculo y   con alevosía (Expte. CSJ Nº 76-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-21

Debe desestimarse la "queja por retardo de justicia" interpuesta por la defensa técnica del imputado, desde que más allá de su esfuerzo argumental, no se encuentran configurados en la especie los recaudos que hacen procedente la queja por dicha causal. En efecto, tal como surge de las copias acompañadas por la propia quejosa, el escrito presentado a la Cámara de Apelación obtuvo una respuesta jurisdiccional en un término que, en principio, no aparece siquiera como excedido del plazo para el dictado de la providencia de conformidad a lo dispuesto por el artículo 126 del Código Procesal Penal de la Provincia, que expresa: "Los jueces o tribunales dictarán los decretos dentro de las cuarenta y ocho horas en que el expediente sea puesto a despacho...". Ello, da por tierra con el argumento de la denegación de justicia por cuanto, al momento de interponerse el pronto despacho -que es el acto procesal que genera el único término a tener en cuenta para habilitar la queja-, la resolución ya había sido dictada. Si la resolución fue pronunciada por el órgano competente (ya sea el Presidente del Cuerpo o el Pleno), es materia que excede al cuestionamiento de retardo de justicia y debe, en su caso, ser abordado por la defensa por medio de los recursos de los que se crea asistido.
Empleados de banco, despido, salarios caídos
Materia: LABORAL
Carátula: Percoco, Juan José c/ Banco de Avellaneda s/ Salarios caídos, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-26

De conformidad con lo normado por el art. 3 ap. I de la ley 12.637 texto según dec.ley 18.598/70) la nulidad del despido declarada judicialmente retrotrae los efectos al momento que se hubiere dispuesto el mismo o de la interposición de la demanda, según el caso, ordenando el reingreso con el consiguiente mandato de reincorporar al trabajador despedido y pagarle las remuneraciones devengadas durante el proceso.
Concursos, entidades financieras, cesación de pagos
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  FEDERAL ARGENTINO s/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE DETERMINACIONDE LA FECHA DE CESACION DE PAGOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-09

Para juzgar si una entidad financiera está en cesación de pagos debe considerarse que dada su especialísima estructura patrimonial, toda afectación de su flujo operativo la pone en difícil situación para atender los vencimientos convenidos, pues la cadena articulada entre las carteras activa y pasiva sólo puede reprogramarse con apoyo financiero extra o postergando temporalmente el cumplimiento de compromisos exigibles. Paradójicamente de ello se sigue que la mera imposibilidad de honrar las obligaciones tomadas con los recursos normalmente realizables -esto es los fondos provenientes de la captación de depósitos más la recuperación de los créditos otorgados- no puede necesariamente juzgarse como síntoma revelador de un autentico estado de creación de pagos. Para que ello ocurra, el pasivo exigible debe ser de tal magnitud que no sólo no sea posible atenderlo con el activo disponible o normalmente realizable -crisis de liquidez de mayor o menor gravedad- sino que tampoco pueda cubrirse con la realización de los activos globales de la entidad, incluso los inmovilizados. Esta concepción extrema -o especial- de insolvencia es la única compatible no sólo con la peculiar estructura patrimonial de las entidades financieras, sino, además, con la gradación de remedios sistematizados en la ley (capel. cc bahía blanca, sala i, 26.11.91, "bco. comercial de finanzas en liq. por el banco central s/ ped. de quiebra s/ inc. de reposición lc 98", ED 146-509).
Confirmación de sentencia, medida cautelar autónoma, prórroga de la medida cautelar, defensa en juicio, interés público
Materia: PROCESAL
Carátula: T. A. S.A. c/ EN-ENACOM y otro s/ medida cautelar (autónoma)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-18

Se confirma decisión de primera instancia que prorrogó la vigencia de la medida cautelar otorgada. Art. 5° ley 26.854 no contempla traslado del pedido de prórroga. Ausencia de afectación del derecho de defensa. Facultad del ejercicio recursivo. Bilateralización del proceso y art. 4° de la ley 26854. Subsistencia de circunstancias que justificaron la concesión. Falta de conducta dilatoria por parte de la actora. Falta de modificación del interés público comprometido. Intento de reedición de aspectos que fueron materia de decisión en la medida cautelar originaria. Decisión adoptada por la mayoría con disidencia de la Dra. Caputi.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: Leonardis, Hernán Emilio c/ Asociación Civil Hogar Israelita Argentino s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-12

La doctrina que hace viable el recurso de inaplicabilidad de ley es la producida por la Suprema Corte mediante la interpretación de las normas legales que han regido la relación sustancial debatida en una determinada controversia y no la que deriva de la jurisprudencia de otro tribunal, aún de la Corte Suprema de Justicia.
Acción de amparo, cuestiones de competencia, oportunidad procesal, remisión del expediente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M., L. P.; C., M. S. c/  s/ amparo s/ competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2001-10-31

Con relación al conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Duodécima Nominación y el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción de la Tercera Nominación, ambos de la ciudad de Rosario; para resolver la acción de amparo tendiente a obtener la autorización para la inducción del parto por el embarazo que se encuentra gestando la accionante -en razón de que el embrión padece de un caso patente de anencefalia-, procede dirimir el conflicto en favor del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción de la Tercera Nominación de la ciudad de Rosario y, en consecuencia, ordenar que siga entendiendo en la causa el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la duodécima Nominación de la misma ciudad, a quien se remitirán los autos con noticia del primero de los nombrados, pues si bien el juzgador de origen con justificadas causas pudo tener dudas sobre su competencia, consumió el plazo de dos días previsto en el art. 6 de la ley 10456 de la provincia de Santa Fe para rechazar la misma de manera oficiosa, de ese modo, carece ya de la posibilidad de impugnar su competencia porque de lo contrario ello implicaría afectar gravemente el propósito de resolución urgente previsto en la Ley de Amparo, que dado el peculiar trámite impuesto a la misma determina, por cuestiones de urgencia y economía, que siga siendo el juez requerido el que entienda en ella.
Partes del proceso, legitimación procesal, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torrico, Virgilio c/ Bidart, Edgardo Martín y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-21

El examen de la calidad o legitimación para obrar es resorte y función investigadora de oficio del juez al momento de dictar sentencia, dado que la calidad de titular del derecho del actor o la calidad de obligado del demandado es necesaria para la validez de ese pronunciamiento.
Debido proceso, prueba prohibida
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gavila, José Arturo s/ recurso de casación. Causa: 441
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-08

La regla es la exclusión de cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas, porque de lo contrario se desconocería el derecho al debido proceso que tiene todo habitante de acuerdo con las garantías otorgadas por nuestra Constitución Nacional.
Litispendencia, demanda laboral, indemnización por despido, despido sin causa, falta de preaviso, refrigerio, acción civil, responsabilidad extracontractual
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAN SANCHEZ NEGRETE c/ JULIO DEL CAMPO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1991-10-31

Corresponde no hacer lugar a la excepción de litis pendencia cuando el actor entabló demanda ante el fuero del trabajo referida a la ruptura del contrato laboral que unía a las partes (indemnización por despido injustificado, falta de preaviso, refrigerio), en tanto que la acción en el fuero civil hace a una eventual responsabilidad civil extracontractual (da/os y perjuicios como consecuencia de calumnias e injurias y falsa denuncia). Desde luego que el despido del accionante constituye un antecedente común a ambos procesos, pero los rubros indemnizatorios reclamados en el juicio civil, no están fundados directamente en esa circunstancia (el despido), sino en hechos antijurídicos.
Seguros, obligaciones del asegurador, silencio del asegurador, asistencia médica
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA. DE SEGUROS DEL INTERIOR SA c/ SEBASTIAN MARONESE E HIJOS SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Si la aseguradora no solo omite pronunciarse acerca del siniestro, sino que también da principio de cumplimiento de sus obligaciones prestando asistencia médica a la víctima del siniestro, ello permite aplicar por analogía lo resuelto por el fallo plenario "Caucholite SRL c/ Patria Cía. de Seguros" del 29.2.72.
Derecho contravencional, reincidencia, reincidencia ficta, sentencia condenatoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: SILVA ANTUNEZ, Omar s/ Infr. Art. 52 ley 1472 - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-22

De la redacción del articulo 17 del Código Contravencional se deduce que el sistema legal que sigue nuestra ley es llamado reincidencia ficta, para lo cual no es necesario el cumplimiento de la pena, bastando la sentencia condenatoria en sí misma pues hay reincidencia cuando quien ha sido condenado comete un nuevo delito. Por ello el antecedente indispensable para que haya reincidencia es la existencia de una condena anterior firme.
Ejercicio ilegal de la medicina, facultades jurisdiccionales, acceso a la justicia, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Moyano Barro, Martín y otro c/  s/ Usurpación de autoridad (Art. 246 inc. 1) s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Tratándose en principio de un concurso aparente de normas, el existente entre el delito de ejercicio ilegal de la medicina y el de usurpación de título, corresponde tener en cuenta el tipo específico establecido en el art. 208 del Código Penal para decidir la presente contienda, motivo por el cual corresponde que sea el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas el que continúe interviniendo. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz)
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio de apremio, muerte, nulidad procesal, legitimación pasiva, herederos, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Provincia de Neuquén c/ Salvo, Nora s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-03-25

1.- Cuando el fallecimiento de la parte ejecutada se produce con anterioridad a la fecha en que se reclama la deuda en cuestión, la solución no es otra que declarar la nulidad de todo lo actuado y mandar a archivar la causa, y resultan inadmisibles las medidas dictadas contra bienes de su pertenencia, encontrándose comprendidas también dentro de la declaración de nulidad. Más aún, cuando existen otros herederos además de la compareciente.
Trámites judiciales, Superior Tribunal de Justicia, recurso de inconstitucionalidad, existencia del agravio, interés para recurrir, acción de revisión
Materia: PROCESAL
Carátula: Torres, María Laura y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad si la recurrente pretende someter a la revisión de este tribunal una sentencia que, en el tramo cuestionado, le resulta favorable, lo que priva al recurrente de interés jurídico y, en última instancia, de efectos al progreso de su pretensión. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso extraordinario, cuestión federal, fallos de la Corte Suprema, apartamiento de la doctrina de la corte
Materia: PROCESAL
Carátula: DIAZ, Ramón s/ infr. ley 23.737 Causa nro. 27.294
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-27

"Existe cuestión federal, si está controvertida la inteligencia de un pronunciamiento de la Corte dictado con anterioridad en la misma causa, y la solución escogida consagra un equívoco apartamiento de lo dispuesto por el Tribunal y desconoce en lo esencial aquella decisión".
Sistema electoral, recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, proceso electoral, legitimación procesal, sistema representativo, derecho de voto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PIOSSEK PREBISCH TERESA Y OTROS c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-16

Los agravios son idóneos para ser propuestos en esta vía recursiva, en tanto los actores alegan que varios preceptos de la Constitución de la Provincia y la ley 6146 lesionan los principios constitucionales de representatividad y soberanía popular, en tanto que el demandado denuncia que se ha negado validez a una ley de la Provincia por considerársela contraria a la Constitución, y tacha de arbitrario al pronunciamiento.

Tales planteos fueron la materia principal de la discusión entre las partes, y la sentencia fue contraria a las pretensiones de los recurrentes (arts. 91 y 92 C.P.P.).

El caso reviste gravedad institucional, porque sus efectos implican la interrupción de un proceso electoral en curso, recaen sobre el sistema jurídico electoral vigente en la provincia, y por ende en las instituciones del Estado Provincial, en tanto la conformación de los órganos ejecutivo y legislativo dependen de aquél (art. 92 in fine C.P.C. ley 6944).

En relación a la calidad de electores que invocaron los actores para demandar -la constitucionalidad de normas provinciales argumentando que les afectan derechos que detentan por su condición de electores y ante la eventualidad de desempeñarse como miembros de la Convención Constituyente a elegirse-, resulta pertinente citar las expresiones de la Suprema Corte de la Nación, en el sentido de que "en el régimen representativo el cuerpo electoral es el órgano primario del Estado que expresa la voluntad soberana de la Nación, derivando de él todos los órganos del Estado.

De ahí que el sufragio además de un derecho de naturaleza política, sea una función constitucional, y su ejercicio un poder de la comunidad nacional, es decir, una competencia constitucional dentro de los límites y bajo las condiciones que la misma Constitución ha determinado".

Conforme a tales consideraciones, y por los fundamentos expuestos por la Corte de la Provincia en sentencia del 29/4/1989 en autos "Defensa Provincial Bandera Blanca vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ acción de amparo", se admite la legitimación de los actores en relación a la acción promovida.
Estado de sospecha, prevención del delito
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rey, José María y Pusch, Daniel Edgardo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-25

La concurrencia de "sospecha suficiente" y "urgencia" que legitiman el accionar policial en ciertas situaciones constituyen extremos de hecho y prueba que regularmente encuentran su natural ámbito de producción y discusión en la etapa de debate del proceso penal, y la actividad jurisdiccional a los efectos de verificar el cumplimiento de tales extremos no se debe circunscribir a los dichos prestados en sede prevencional por el personal policial que llevó a cabo el procedimiento para inferir de ellos una u otra conclusión, sino que será menester realizar la pertinente encuesta en procura de la verdad real -motivación de la sospecha- por sobre la verdad relatada con mayor o menor explicitud. (Voto del Dr. Madueño).
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: JUNCOS JOSE AURELIO c/ S.A.P.Y.C. S.R.L. EMPRESA CONSTRUCTORA Y OTROS s/ DEMANDA  -  CASACION  LABORAL  -  LEY - INTERPRETACION - ACCIDENTE DE  TRABAJO  -  ENFERMEDAD - ACCIDENTE -  REPARACION  DEL  DERECHO  COMUN  (ART. 1113 C.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-12-16

En el supuesto del trabajo en altura a que alude el art. 200 del decreto 351/79 reglamentario de la ley 19587, la característica riesgosa o peligrosa de la actividad que desarrolla el obrero esta definida legal y convencionalmente, produciéndose en plenitud la inversión de la carga de la prueba.
Sentencia definitiva, gravamen irreparable, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Constructora Mitre S.A. c/ Provincia de Formosa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-09

Cabe atribuir el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal la que pone fin al pleito e impide su continuación y aquélla que causa un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, en atención a que no habría oportunidad en adelante para volver sobre lo resuelto vedando así el acceso a la jurisdicción.
Contrato de obra pública, mayores costos, seguro de caución, plazos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.R.L. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:C.S.J. NRO. 90 AÑO 1988)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-02-22

Considerando que en cuanto a los certificados extraordinarios de variaciones de costos, la empresa contratista solicitó la sustitución de los Fondos de Garantía de dichos certificados afectando a esos efectos el saldo de la póliza de caución y la Administración tenia como plazo para expedirse acerca de la viabilidad de dicho pedido treinta días hábiles administrativos y según constancias el trámite de reintegro de dichos fondos fue mayor a dos meses, cabe destacar que la Administración incurrió en una demora que se juzga como irrazonable, y que no ha siquiera intentado justificar, no habiendo planteado ni en sede administrativa ni en sede judicial ningún argumento vinculado a la concurrencia de razones que, en su caso, podrían haber incidido en la demora del procedimiento de análisis de esta póliza.

Por tanto, resulta válido afirmar que durante ese período la Provincia mantuvo ilegítimamente una doble garantía por un mismo concepto -"garantía de obra", en los términos del artículo 68 de la ley 5188-; y que debe responder por tal comportamiento.
Contrato de suministros, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GHIGGIERI HNOS. S.A.C.I.F.S.A. c/ E.N.TEL s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-20

El sistema da actualización previsto en la ley 21.391 para los contratos de suministro no incorpora inflación a la deuda, ya que sólo tiende a remediar los efectos de ese fenómeno una vez producido (C.S.J.N. in re Bigma S.R.L. , 7-12-89; esta Sala in re Cía. Gral.

de Mantenimiento S.R.L. , del 29-7-93).
Medidas cautelares, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: KLEIZA   JOSE   CRISTIANO  LARRY c/ OBRA  SOCIAL  DE  VIAJANTESVENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-10

El certificado médico que acompañó la demandada no indicó en ningún momento el tratamiento de Radioterapia 3D sino que solicitó se evaluara la conveniencia de tratamiento de Radioterapia, por lo que no se advierte que la prescripción médica de Radioterapia de Intensidad Modulada -IMRT- realizada por el doctor Marcelo O. Borghi -especialista en urología- no sea acorde al tratamiento actual que debe recibir el actor en atención a la grave enfermedad que padece. El dictamen del Cuerpo Médico Forense sostuvo que el tratamiento prescripto por el médico tratante..es el más efectivo, preciso y con menores efectos adversos". El mantenimiento de la medida dictada por el señor Juez es la solución que, de acuerdo con lo indicado por el médico tratante, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc.1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional), por lo menos hasta el dictado de la sentencia definitiva.
Recurso extraordinario federal, acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CIVIL
Carátula: MONTENEGRO, PIO /RECURSO EXTRAORDINARIO, EN AUTOS: SINDICATO VENDEDORES DE DIARIS Y REVISTAS c/ EMPRESA EDITORIA EL LIBERAL s/ RECURSO DE AMPARO. APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-11

La doctrina de la arbitrariedad, sabia creación pretoriana, es aplicable cuando lo decidido comporte un acto irracional o de palmario apartamiento del cuadro normativo que rige el caso, ya que esta causal es una herramienta extrema y sólo procede en la medida en que el error cometido sea inexcusable y traiga aparejada una violación constitucional. Del análisis de la sentencia recurrida, se concluye que cualquiera fuera su acierto o error tiene fundamentos suficientes que impiden la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad y su revisión por el máximo tribunal.-