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Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, gravamen irreparable, recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos R.T.Q s/ 1 - incumplimiento de los deberes de asistencia familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

La presente queja no puede prosperar en tanto la sentencia contra la cual está dirigida -aquella que revocó la declaración de rebeldía y la orden de captura del imputado- no es la definitiva del proceso, ni un auto equiparable a tal (arts. 26 y 32, ley n° 402). Ello así, en tanto las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen, como regla, la calidad de sentencia definitiva, correspondiendo hacer excepción a dicha regla en los casos en los cuales su aplicación podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Prescripción, contratos, contratos innominados, comisiones, competencia comercial, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Lyg SRL c/ Telefónica Móviles Argentina SA (Movistar) s/ incumplimiento contractual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-19

Procede rechazar el pedido de prescripción interpuesto por la demandada quien consideró que el objeto de la demanda es sobre cobro de comisiones mal liquidadas y que por ende le resultaría aplicable el plazo bianual que preveían el CCIV 4032-3° y el CCOM 851. Ello por cuanto no es posible subsumir lo actuado en un mero cobro de comisiones ya que de lo que se trata es de dilucidar cómo fueron cumplidas las prestaciones que el contrato había puesto a cargo de la demandada, lo que claramente excede el mero pago de "comisiones". Es que más allá de que las partes así llamaron (comisiones) a las sumas de dinero que la demandada debía pagar a la actora por las prestaciones asumidas, lo cierto es que ese derecho a remuneración se generó en el marco de un convenio de larga duración, que fue variando su consistencia a lo largo del tiempo, pero siempre con ajuste a notas que claramente se subsumen dentro del amplio género de la colaboración empresarial. Es por ello que el pago de las remuneraciones no puede disociarse del marco contractual en el que fueron concebidas, ni podrían ser aisladamente consideradas. Ello así, siendo que en el caso, la acción promovida por la actora se basa en el incumplimiento de un contrato atípico, cabe aplicar al caso el CCOM 884 -derogado-.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL c/ PASTOR MORE s/ EXPROPIACION-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-12-18

Le asiste al Tribunal interviniente, el deber de extremar los recaudos para evitar la apertura de recursos que ab-initio evidencian su rechazo, pues no escapa al elevado criterio de los Tribunales de grado que la revisión casatoria no es discrecional sino limitada a la queja y a su extensión.-
Transporte de carga, mercaderías en plazoleta de emergencia, responsabilidad del depositario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAMPI  S.A.C.I.F. c/ ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

La cláusula 12 de las Normas Servicios a las Mercaderías establece: "La Administración portuaria no asume responsabilidad alguna sobre las mercaderías que ocupen hangares transitorios, estibas de emergencia y plazoletas temporarias, en razón de las características de las mercaderías y de los lugares cedidos para el estibaje que impiden su contralor por parte de la misma. Por consiguiente su contralor y vigilancia queda bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes, quienes deberán adoptar las medidas tendientes a salvaguardar la integridad de las mercaderías" (la cláusula 13 prevé la ubicación de los efectos de despacho directo forzoso en las plazoletas temporarias).

Ante el tenor de la apuntada cláusula, que deja de ser una reglamentación puramente interna de la A.G.P. para elevarse a la categoría de condición contractual, parece claro que el vínculo que une a las partes es una locación de espacio o permiso de uso, en la que la A.G.P. autoriza la ocupación de una zona portuaria y cobra a cambio de ello un canon. No asume, entonces, la guarda de la cosa y no le caben, por tanto, las obligaciones propias del depositario.

Se observa así que la A.G.P., en la situación que nos interesa, no asume en momento alguno la calidad de depositaria de los efectos. Y ello es conocido y aceptado por los solicitantes del espacio portuario, sin que disminuya su consentimiento, el hecho de tratarse de contratos de adhesión.
Concursos, sociedades mutuales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mutualidad personal Rigolleau s/ Concurso Preventivo de Acreedores
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

Quienes deciden crear una asociación mutual, deben someterse al cumplimiento de todos los recaudos y exigencias previstas por la ley 20231, destacándose entre ellas, la injerencia de control del Instituto Nacional de Acción Mutual, al cual la propia norma en sus arts. 36 y 37 le atribuye la facultad de evaluar, determinar o disponer, frente a un caso de dificultades financieras insuperables, si la entidad habrá de ser liquidada administrativamente o en su defecto judicialmente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos administrativos, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gómez Lozano, Mario Daniel c/ Provincia del Chubut s/ Demanda por Cobro de Pesos -Salarios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-30

Este Cuerpo ha afirmado la preeminencia de la sujeción de los contratos administrativos a un régimen de Derecho Público, en diversos pronunciamientos que a su vez toman apoyatura en la doctrina de la Corte Suprema Nacional en la materia, primero expuesta en el leading case "Los Lagos", luego restringida -en cuanto exigía la previa investigación de hecho- en jurisprudencia posterior, sin perjuicio de aceptar que por sobre las diferencias sustanciales que se aprecian con los contratos de derecho privado en particular derivadas de la potestades y privilegios de los que gozan los entes públicos, voluntariamente aceptadas con los contratistas -exorbitantes de aquél- creando relaciones de subordinación, y la finalidad o el propósito que mueve la contratación administrativa, íntimamente vinculada al interés público, son también de aplicación y plena vigencia a su respecto, los principios del Derecho Civil, que lo son -en definitiva- de los contratos en general, y que auxilian en la materia integrando el Derecho Administrativo.
Apertura de la sucesión, deuda previsional, demanda
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GARCÍA, GRACIELA ELIZABETH Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-12

El art. 3282 del Código Civil expresa que "la sucesión o el derecho hereditario, se abre tanto en las sucesiones legítimas como testamentarias, desde la muerte del autor de la sucesión", con lo cual, a partir de la fecha del fallecimiento del causante, sus herederos adquieren la facultad de reclamar los créditos de la deuda previsional de aquel. En consecuencia, ha de concluirse que la demanda interpuesta por los herederos del causante vencido el plazo fijado por el art. 82 de la ley 18.037, se encuentra prescripta.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, ley reglamentaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Del Val, Ricardo J. s/ H.Cám.  de Dip. Pcia. de Sta. Cruz Sala Juzgadora Juicio Polit. al  S  E. Sr. Gobernador  de  la  Prov. de Santa Cruz (Inc. de Apel.) s/rec.  de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

La garantía de la defensa en juicio está sujeta a las leyes que reglamentan su ejercicio, las que sólo pueden ser constitucionalmente impugnadas cuando resulten irrazonables, o sea cuando los medios que arbitren no se adecuen a los fines cuya realización procuren o cuando consagren una manifiesta iniquidad.
Procedimiento laboral, remuneración, inversión de la carga de la prueba, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: LLANCAFILO GUTIERREZ, JONATHAN ARISTIDES. c/ SERCONPET S.R.L. s/ DESPIDO DIRECTO POR OTRAS CAUSALES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-03

El trabajador de autos laboró para la empresa demandada durante cuatro meses, y el incumplimiento que sanciona la a quo con la multa es la falta de entrega de la Libreta de Fondo de Desempleo -extremo éste que se encuentra firme-. Consecuentemente, entiendo equitativo fijar la multa bajo análisis en 60 días de remuneración, o sea en la suma de $ 3.995,90.
Recursos, deserción del recurso, audiencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., E. s/ Denuncia Lesiones y Daño s/ Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-28

Conforme a las previsiones normativas contenidas en los artículos 306 y 385 del Código Procesal Penal, el querellante debe concurrir a la convocatoria señalada para mantener en curso su presentación. Su ausencia se traduce como una falta de interés en la participación del acto programado y constituye, claramente, la deserción en su intento.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, proceso penal, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: O., I. R. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL SIMPLE CALIFICADO PARENTESCO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-13

Cabe desestimar las postulaciones por la omisión que se achaca de haberse soslayado sus agravios relacionados con la admisión de una prueba diferente de la solicitada -legajo fiscal en lugar de carpeta judicial-, pues de la resolución de grado acompañada surge que el legajo admitido -conforme su numeración y título-, como prueba documental es el que fue solicitado, sin que la recurrente demuestre la concurrencia de la alegada confusión; a lo que se agrega que tampoco demuestra la decisividad de la omisión y de que con ella se hubiera malogrado una prueba dirimente para el conflicto; sin que resulten suficientes los genéricos cuestionamientos por afectación al debido proceso. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi)
Excepciones procesales, defecto legal, falta de denuncia de domicilio
Materia: CIVIL
Carátula: CIA. AZUCARERA BELLA VISTA S.A. c/ JOSE MINETTI Y CIA. LTDA. S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-03

La denuncia del domicilio real del demandante, requerida por el art. 330, inc. 1ro.del Código Procesal es necesaria a los efectos de notificar en él las resoluciones que marca la ley ritual y, además, para posibilitar al demandado la oposición de la excepción de arraigo. De allí,entonces, que procede, en principio, la excepción de defecto legal cuando en el escrito de demanda no se denuncia el domicilio real o legal, según el caso, del actor (conf. Cámara Civiles y Comerciales en pleno, J.A. del 23-5-28, J.A. 27-851;

Alsina, "Tratado..." ed. 1942, t. II, p. 103 Nro. 7; Fassi, "Código Procesal..." t. I Nro. 1198, p. 603; Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. IV p. 287; C. N.Civ. Sala E, c. 262.274 del 24-3-80).

Tal situación se presenta cuando se denuncia como domicilio legal de la empresa accionante el de "esta ciudad" (de Buenos Aires), pues esa mención genérica no llena de manera alguna el requisito examinado, que requiere una identificación exacta no sólo de la ciudad en que se ubica la sede social de la entidad, sino también la calle, número, piso y departamento, en su caso, única forma posible de que se obtenga la finalidad de un domicilio, es decir, ubicar notificar en un proceso- a una persona física o jurídica.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Olivera, Rodolfo Luis c/ Bagley S.A. s/ Restablecimiento condiciones de trabajo Sade S.A.C.C.I.F.I.M. c/ Avila, Oscar y otro s/ Acción declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-06|1993-06-22

Excluido judicialmente el representante legal de la tutela sindical, la legitimidad de la medida patronal dependerá de la configuración de los presupuestos que el ordenamiento laboral común exige respecto del régimen de despido, suspensiones o modificación de las condiciones de trabajo: de no comprobarse el requisito de la legitimidad de la medida, el principal incurrirá en transgresión de la estabilidad gremial instituida en la ley; lo cual otorgará derecho al afectado (arts. 52, segundo párrafo, ley 23551) a promover judicialmente la reinstalación en su puesto de trabajo o el restablecimiento de las condiciones de labor.
Competencia de menores
Materia: PENAL
Carátula: Fonsera, Cintia Daniela s/ Act. art. 10 inc. b) ley 10.067 G., C.A. s/ Inf. art. 85 ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01|1995-11-21

Cuando se le imputa a un menor la comisión de una falta -ley 8031- la cuestión queda comprendida en lo establecido en el art. 10 inc.

a) del dec. ley 10.067 por lo que resulta competente el Juez de menores con jurisdicción en el lugar del hecho. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Personal municipal, deberes de los agentes de la administración pública, sanciones disciplinarias administrativas, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gayarre, María Angélica c/ Municipalidad de La Matanza s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

Si conforme la ordenanza que regula la función pública, el incumplimiento de las obligaciones del agente así como el quebrantamiento de las prohibiciones, pueden ser sancionados hasta con la cesantía del agente, habiéndose aplicado a la actora por dos faltas disciplinarias una sanción correctiva y no expulsiva, siendo reincidente, cabe concluir que medió una ponderación favorable a su respecto.
Ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, reordenamiento del sistema financiero, obligaciones en moneda extranjera, pesificación, herederos
Materia: ECONOMIA
Carátula: S., H. O. c/ BOCCHI HOLDING B.V. y Otro s/ ORDINARIO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-31

1.-La excepción al régimen general de la pesificación que incorporó el decreto 704/02 - como inc. g) del art. 1 del decreto 410/02 - no distingue entre obligaciones de fuente contractual y extracontractual, pues el único elemento determinante para desglosar el crédito del referido régimen no es otro que el pago deba realizarse por personas residentes en el exterior y con dinero que provenga de un país extranjero.

2.- Frente a una sentencia que ordena la restitución de divisas depositadas en el exterior, la circunstancia que la deudora tenga su domicilio en territorio nacional, no impide hacer extensiva la excepción al régimen general de pesificación de deudas incorporadas por el decreto 704/02. Ello por cuanto, las normas sobre pesificación de deudas - cuyo fundamento radica en las transformaciones globales producidas en la economía interna - no inciden sobre dineros que nacionales o extranjeros puedan tener depositados en otros países.

3.- Si la sentencia no hizo más que ordenar la restitución de la divisa extranjera depositada en Suiza, de la que se apropió la coheredera obligada, es claro que la autora del dolo no puede beneficiarse con el régimen que estableció la pesificación en desmedro de los legítimos intereses de los restantes coherederos que tienen derecho a incorporar a su patrimonio la especie exacta que les ha sido arrebatada o su equivalente en moneda de curso legal. Más aún si ni siquiera se alegó que el dinero ingresó al circuito financiero nacional y quedó - por consiguiente - sujeto a las normas que actualmente gobiernan en el país a los depósitos bancarios.
Recurso contencioso administrativo, recurso de revisión (procesal), carácter excepcional
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: MENDOZA, CARLOS ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE FUNES s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- RECURSO DE  REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-05

El recurso de revisión se encuentra aceptado en la ley como remedio excepcional que permite volver sobre la sentencia, ya pasada en autoridad de cosa juzgada, y procede sólo en los casos taxativamente enumerados en la ley porque con él no se persigue que el Tribunal vuelva a ejercer con plenitud su jurisdicción, sino posibilitar que se corrijan errores de la sentencia en cuanto pudo haber sido dictada sobre presupuestos de hechos falsos o erróneos o haber sido efecto de la malicia de tercero que indujo a engaño.
Facultades del juez, apreciación de la prueba, hecho conducente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: WEBER ERNESTO A. c/ BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO.  388 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20

Sólo con el auxilio de las circunstancias acreditadas en la causa puede efectuarse una correcta hermenéutica de las normas. Adviértase que con la determinación y fijación de la existencia de los hechos, su gravitación en orden a la importancia, peso determinante y fuerza de convicción en su conjunto, recién se obtiene la respuesta jurídica; antes que la correcta interpretación o fijación doctrinal en la respuesta jurídica de fondo, la premisa intelectual del juzgador tiene que despejar lo concerniente a los hechos conducentes y su verdadera proyección en la litis. Si ese núcleo principal se encuentra ausente o fuera de foco, si falta o es otro el aparente eje en que se hace replegar el contenido de la controversia, el ropaje jurídico con que se lo debe adecuar inexcusablemente dejará d e ajustarse al ordenamiento jurídico vigente. Es que, recién después de alojar correctamente los hechos y de acordarle su verdadero significado o sentido, será posible acomodar el fondo jurídico.
Compraventa inmobiliaria, obligaciones del vendedor, prehorizontalidad, falta de afectación del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: COTTON MOISES D. Y OTROS c/ TUTUNDJIAN SIMON s/ SUMARIO -  COMPRAVENTA  INMOBILIARIA  -  LEY  DE PREHORIZONTALIDAD -  INSCRIPCION REGISTRAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-02-28

El propietario enajenante que no ha cumplido con la afectación del inmueble al régimen de la prehorizontalidad y, en su caso, con la inscripción registral de los contratos que otorgare con relación a las unidades, no puede reclamar a los adquirentes el cumplimiento de sus obligaciones o la resolución del contrato.

Los derechos que confiere al adquirente la ley 19.724 son irrenunciables.
Prescripción, daño moral
Materia: PROCESAL
Carátula: "Barrios,  Juan  Carlos c/ E.N. (M° de Defensa-EMGE) s/ PersonalMilitar y Civil de las FFAA y se Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

El resarcimiento por daño moral solicitado por el silencio guardado por la demandada en relación al reconocimiento médico al que estaba obligada legalmente no configura un supuesto de responsabilidad extracontractual, por lo que no corresponde la aplicación del plazo establecido por el art. 4037 del Código Civil, sino la aplicación del plazo genérico del art. 4023, en tanto, el daño moral constituye un daño autónomo al reconocimiento de los beneficios previsionales otorgados (Del voto de la juez Herrera, cons. XVI).
Recurso contencioso administrativo, plazo, recurso jerárquico, pronto despacho, Poder Ejecutivo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CANTERO, REMIGIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   ADMISIBILIDAD.     CSJ EXPTE NRO 576-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-12-29

Ante la detención o demora injustificada del procedimiento, la eficaz protección de los derechos sólo puede obtenerse mediante el medio técnico de considerarlos denegados tácitamente.

En el caso, a la fecha en que se instaura la demanda contencioso administrativa -13-10-1986- se había consumado la denegación tácita del derecho invocado, si se tiene en cuenta el momento en que se deducen los recursos administrativos ante el poder ejecutivo:

jerárquico, el 14-05-1986, y pronto despacho, en fecha 13-08-1986.
Prisión preventiva, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Ramón Nicolás Saavedra y Otro s/ Lesiones Culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-10-23

Por tratarse de un delito conminado con pena de multa en forma alternativa, no debió decretarse la prisión preventiva del encartado

Resulta incorrecto el dictado de la medida atacada cuando el delito imputado, prevé una punición con pena de prisión alternativa con la de multa, y si en cambio corresponde declararse reunidos los extremos exigidos del art. 366 del C.P.M.P. , criterio que para la libertad del encartado al ponerlo a cubierto de las eventuales consecuencias, reviste fundamental importancia.
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, desempleo, prueba
Materia: PENAL
Carátula: CH., L. A. c/ BRAVO, FERNANDO MATIAS; BRAVO, LUCAS FERNANDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO T. L., M. E. por incumplimiento a los deberes de asistencia familiar, en perjuicio de T., L. M.S Y T.M. (M). Den: O., M. R. - queja por rec. de inconst. denegado c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-04-21|2020-05-15

Debe ser absuelto como autor material y penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 1º, Ley 13.944), ya que no se sustrae a su obligación asistencial, el que no se encuentra en condiciones económicas para satisfacerla y como correctamente lo ha ponderado el Tribunal de Impugnación, de las pruebas colectadas al proceso surge en forma indubitada que el encartado carecía involuntariamente de una fuente laboral que le permitiera afrontar sus obligaciones alimentarias. En efecto, en el plenario y al prestar declaración, reconoce encontrarse desempleado; circunstancia que es corroborada por la propia denunciante, al manifestar que -en referencia al imputado y su trabajo- "tuvo la mala suerte que lo echaron".
Aborto, sobreseimiento, suicidio
Materia: PENAL
Carátula: R. J. A. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2017-03-06

Debe sobreseerse al imputado del delito de homicidio calificado y aborto (art. 80 inc.1 y 85 inc.1 CP) en razón de lo dispuesto por el art. 350 inc. 1 CPP, ya que la occisa decidió quitarse la vida terminando así con la vida del feto cuyo embarazo portaba.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, medidas para mejor proveer
Materia: LABORAL
Carátula: Anderica, Rubén c/ Lema, Neri Robustiano s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-05-12

El dictado de medidas para mejor proveer constituye una facultad disponible para el órgano del trabajo y es -en principio- insusceptible de revisión por la Suprema Corte, pero no tiene por objeto suplir la inactividad o desidia de las partes que no quedan relevadas en el ofrecimiento y producción de los medios de prueba eficaces para demostrar la procedencia de su pretensión.