Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-07-02


SENT Nº 440	C A S A C I Ó N San Miguel de Tucumán, 02 de Julio de 2013- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, presidida por su titular doctor Antonio Daniel Estofán, el recurso de casación interpuesto por. la representación letrada del actor civil, en contra la sentencia dictada por la Sala IV de la Excma. Cámara Penal, el 27/12/2012 (fs. 807/808 vta.), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 29/10/2012 (cfr. fs. 824 y vta. ). En esta sede, las partes no presentaron memorias sobre el recurso de casación (fs. 833), mientras que el Sr. Ministro Fiscal se expide por la admisibilidad de la impugnación casatoria (cfr. fs. 834/835). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?	A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación deducido por la representación letrada del actor civil (fs. 820/822), en contra de la sentencia de fecha 27 de julio de 2012 (fs. 807/808), dictada por la Sala IV de la Excma. Cámara Penal.

II.- Entre los antecedentes relevantes del caso a los efectos de resolver el referido recurso de casación, se destaca que estas actuaciones se inician a raíz de un presunto hecho delictivo por el cual pierde la vida el Sr. Cesar del Valle Almaraz, adjudicándosele responsabilidad penal por el hecho, al Sr. Miguel Ángel García (conf. fs. 22/23). En el marco de la etapa de investigación penal preparatoria, se presenta Marcela del Valle Almaraz (fs. 108/110), quien acredita ser hija de la víctima y, entre otras cosas, solicita asumir el rol de actor civil en el proceso. Por providencia de fecha 23 de mayo de 2005 (fs. 138) se dispone tener a Marcela del Valle Almaraz, "por apersonada y asumida el rol de ACTOR CIVIL, en la causa seguida en contra de MIGUEL ÁNGEL GARCÍA, por el delito de HOMICIDIO, y désele la correspondiente intervención de ley".

Con posterioridad, una vez requerida la elevación a juicio (fs. 313/316), rechazados los recursos (conf. fs. 337/339 y 377/378) y efectuada la citación a juicio (fs. 384), los representantes del actor civil concretan demanda civil por daños y perjuicios en contra de Miguel Ángel García (conf. fs. 392/402). Por su lado, el Sr. Miguel Ángel García, contesta demanda a fs. 407/412, por lo que, mediante providencia de fecha 11 de marzo de 2008 (fs. 414), se dispone tener por contestada la demanda civil en tiempo y forma.

Por su parte, ya encontrándose los autos en la Sala IV de la Excma. Cámara Penal a los efectos de llevar adelante el juicio oral, se presenta un convenio de juicio abreviado en fecha 7 de junio de 2012 (fs. 792/799), celebrado entre la Fiscal de Cámara en lo Penal de la Segunda Nominación y el imputado Miguel Ángel García, en el cual éste último reconoce su responsabilidad penal en el hecho imputado, acepta la calificación de homicidio preterintencional y la pena de dos años de prisión y costas procesales.

Como consecuencia de ello, la Sala IV de la Excma. Cámara Penal dicta sentencia en fecha 27 de julio de 2012 (fs. 807/808), por la cual declara al imputado Miguel Ángel García como autor material, voluntario y responsable del delito de homicidio preterintencional en perjuicio de Cesar del Valle Almaraz y lo condena a la pena de dos años de prisión en forma condicional y costas procesales. En sus fundamentos, el pronunciamiento aclara que "En cuanto a la Acción Civil instaurada en el presente proceso, consideramos que no corresponde pronunciamiento toda vez que no hubo acuerdo expreso al respecto con la parte demandada, debiendo en consecuencia ocurrir por la vía correspondiente" (fs. 808), sin perjuicio de que ese aspecto del fallo no se refleje en su parte resolutiva.

Cabe aclarar también, que contra ese pronunciamiento de la Cámara, el actor civil plantea aclaratoria con relación a una supuesta omisión del fallo en cuanto a la pretensión civil deducida, la que es resuelta por la misma Cámara a través de resolución de fecha 27 de agosto de 2012 (fs. 814), en donde se resalta que "Este tribunal entiende que no hay nada que aclarar en la sentencia recurrida, por cuanto para entender su sentido es necesario abocarse al análisis axiomático del art. 453 (ex art. 442) del Código Procesal Penal que contempla el procedimiento de Juicio Abreviado y pone énfasis en el quinto párrafo: '.La acción civil solo será resuelta en este proceso cuando medie acuerdo entre las partes en tal sentido, de modo expreso.'; por lo tanto si sobre ese punto no existe acuerdo, la parte interesada debe recurrir por la vía y forma que corresponda conforme a las normas de forma imperantes en el régimen jurídico provincial" (fs. 814).

III.- Contra el referido pronunciamiento de fecha 27 de julio de 2012, la representación letrada del actor civil interpone recurso de casación (fs. 820/822), en el cual aduce la inobservancia de normas procesales y violación a la garantía internacional del acceso a la justicia. A su vez, afirma que se cumplen los recaudos de admisibilidad, poniendo especial énfasis en que la cuestión debatida asume gravedad institucional.

En cuanto al contenido concreto de su agravio, se observa que la parte recurrente cuestiona que, a pesar de que en estas actuaciones el actor civil ha concretado la demanda, la demandada ha contestado la misma y se han ofrecido pruebas, la sentencia impugnada pretende que el actor civil deba iniciar un nuevo juicio civil de responsabilidad por daños y perjuicios en otro fuero. Interpreta la recurrente, que esa es la solución que dispone la Cámara cuando expresa que con relación a la acción civil debe concurrir por la vía correspondiente.

A partir de allí, la recurrente sostiene que el efecto de la solución adoptada por la Cámara con relación a la acción civil, presenta gravísimas consecuencias de retroceso y afectación a los principios de preclusión procesal y economía procesal, en tanto -interpreta- implica tener por inexistente todo lo actuado en materia civil, lo que a su criterio se contrapone al sentido práctico con que se ha instituido el rol de actor civil en sede penal. Agrega que la cuestión es de fundamental importancia, "pues este actor civil ha utilizado las armas procesales que el sistema de derecho vigente le pone a su alcance, por lo que no cabe ahora, en un abrir y cerrar de ojos, privar a esta parte de los efectos procesales debidamente cumplidos conforme a la ley", planteando que, a su criterio, la interpretación del artículo 453 del CPPT no pretende quitarle valor a los actos cumplidos en sede penal, sino que sólo exige la remisión de las actuaciones al fuero civil a fin de que continúe la causa en ese fuero. Por las consideraciones expuestas, solicita se haga lugar a su recurso.

IV.- El mencionado recurso de casación deducido por la representación letrada del actor civil (fs. 820/822) fue concedido por la Sala IV de la Excma. Cámara Penal, mediante resolución de fecha 29 de octubre de 2012 (fs. 824).

V.- En orden a la admisibilidad del recurso intentado, se verifica que ha sido interpuesto en término y, si bien no se trata de una sentencia definitiva en cuanto a la acción civil, en la cuestión propuesta en autos se encuentran claramente en juego, como punto de materia debatida, tópicos de honda repercusión institucional que pueden incidir directa y esencialmente en la regular prestación del servicio de justicia, dado que se podría afectar derechos y principios que rigen en el proceso. En consecuencia, estando cumplidos los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, corresponde analizar su procedencia.

VI.- En primer término, cabe señalar que, como lo resalta la parte recurrente y surge de las constancias de autos, Marcela del Valle Almaraz asumió en estos autos el rol de actor civil (conf. fs. 138), optando por ejercer la acción civil en el marco del proceso que tramita en sede penal (conf. artículos 24 y ss. del CPPT y 29 del C.P.) y de conformidad a las normas que regulan la materia. En ese sentido, se observa que concretó la demanda (fs. 392/402), que el Sr. García contestó la misma (fs. 407/412), que se ofrecieron las pruebas e, incluso, que se produjeron aquellas que no requerían su producción en la propia audiencia del juicio oral (v.gr.: pruebas de informes). Todos estos actos fueron realizados en forma regular y cuentan con plena validez.

En ese marco, y frente al cuestionamiento del recurrente sobre la decisión de que se concurra por la vía de un nuevo juicio civil, el principio iura novit curia nos exige determinar, previo a todo, ante que organismo jurisdiccional debe tramitar la acción civil de Marcela del Valle Almaraz en contra de Miguel Ángel García en las concretas circunstancias de autos, en tanto que dicha cuestión resulta previa al análisis propuesto por el recurrente y va más allá de la interpretación que el actor civil realiza del artículo 453 del CPPT.

En el camino planteado, se debe recordar que este Tribunal consideró que "., como principio, las cuestiones de índole civil planteadas en la causa penal deben ser resueltas por el Sr. Juez en lo Penal, cuando la acción civil ha sido promovida en legal forma (arg. arts. 26, 411, 412, 530 y cc., CPP). También ha puesto de relieve el Tribunal que si el demandante hizo uso de la opción contemplada por el art. 29, Cód. Penal, en virtud del principio de radicación resulta de aplicación la regla de la perpetuatio jurisdictionis; sin que se adviertan motivos para el desplazamiento de la competencia que la ley asigna al tribunal penal (CSJTuc., sentencia Nº 740 del 12/9/2001; cc. Nº 450 del 18/5/2009)" (CSJT, sentencia nº 836 de fecha 28 de agosto de 2009), mientras que también se sostuvo que "la concordancia de los arts. 26, 411, 412 y 530 del CPP, se desprende que, como principio, las cuestiones de índole civil derivadas de la causa penal, son de competencia del juez penal" (CSJT, sentencia nº 1212 de fecha 12 de diciembre de 2006).

Desde esta base conceptual, se debe analizar la hermenéutica del artículo 453 del CPPT en lo referido a la competencia de la acción civil, cuestión que forma parte de las potestades reservadas por las provincias -materia no delegada- (conf. Cafferata Nores, José I. y Tarditti, Aída, "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Comentado", Tomo I, Editorial Mediterránea, 2003, página 150).

En consecuencia, cuando el artículo 453 del CPPT expresa que "La acción civil sólo será resuelta en este proceso cuando medie acuerdo entre las partes en tal sentido, de modo expreso", no se debe concluir que la acción civil deberá necesariamente tramitarse en el fuero civil, no surge ello del texto de la norma, sino que solo se podrá interpretar que la acción civil no será resuelta en la sentencia que se pronuncie sobre el acuerdo celebrado en el marco del juicio abreviado cuando el referido acuerdo no comprenda de modo expreso lo relativo a cómo se repararán los supuestos daños, sin que ello obste a que la acción civil pueda ser resuelta en la misma sede penal con posterioridad al pronunciamiento que resuelve el juicio abreviado. Es decir, que cuando la norma analizada refiere a "este proceso" se debe limitar el concepto de ese término al específico mecanismo previsto en la ley para el dictado del pronunciamiento del juicio abreviado y no a todo el proceso penal en el que se llevó a cabo el trámite del juicio abreviado.

A partir de allí, es claro que la ausencia de un acuerdo sobre reparación civil, no implica el automático desplazamiento de la competencia a sede civil, sino que solo importa la imposibilidad de que en el pronunciamiento que resuelve la responsabilidad penal mediante juicio abreviado, se resuelva también la acción civil, pero como señalamos anteriormente, la existencia de un acuerdo y una sentencia que resuelva la responsabilidad penal a partir del procedimiento de juicio abreviado, no obsta a que ese mismo tribunal, luego de resuelta la responsabilidad penal, culmine el trámite y se pronuncie sobre la responsabilidad en materia civil. La hermenéutica propuesta es la que mejor se compadece con los criterios de este Tribunal, en el sentido "de que las cuestiones de índole civil derivadas de la causa penal, son de competencia del juez penal" (conf. CSJT, sentencia nº 1127 de fecha 10 de diciembre de 2009), con la aplicación de la regla de la perpetuatio jurisdictionis y con el texto del artículo 26 del CPPT, en cuanto dispone que la acción resarcitoria podrá ser ejercida en el proceso penal -con la sola excepción de los procesos incoados ante los jueces de Menores-, sin que la absolución del acusado -con mayor razón la condena- ni la ulterior extinción de la pretensión penal impida que el tribunal de sede penal decida sobre la acción civil. En ese sentido, y refiriéndose a la acción civil en un proceso penal que se resuelve mediante juicio abreviado, se señaló que "En cuanto a la respuesta a la pretensión civil, a pesar de la divergencia de opiniones al respecto, entendemos que el tribunal sentenciador debe resolver la cuestión civil, tal como lo hiciera en un juicio común (art. 407, párrafo segundo, CPP)" (Gorkiewicz Moroni, Erica, "El juicio abreviado: su implementación en el nuevo Código Procesal Penal de Catamarca", publicado en LLNOA 2007 -junio- , 475).

Sin perjuicio de lo mencionado, en las concretas circunstancias de la causa, en donde la acción civil presenta un avanzado estado procesal, dado que solo restaba llevar adelante la audiencia para la producción de las pruebas -aquellas no producidas previamente- y dictar la sentencia que resuelva la acción, no pueden resultar ajenas evidentes razones de economía procesal y de una más expedita y mejor administración de justicia, evitando afectar la validez de los actos ya cumplidos y tornar más gravosa la situación de los justiciables al no permitir la pronta terminación del proceso (conf. CSJN, in re "Almada, Emanuel Adrián y otros", de fecha 14/08/2007, Fallos 330:3623; CSJN, in re "Baeza, Silvia Ofelia vs. Provincia de Buenos Aires y otros" de fecha 12/04/2011, Fallos 334:376). De allí, que no parece razonable disponer el inicio de un nuevo proceso -en sede civil-, cuando en estas actuaciones, la acción civil presenta un sensible grado de desarrollo, resultando conveniente que continúe y culmine el trámite del mismo, frente a la Sala IVº de la Excma. Cámara Penal, de ese modo la solución se condice con razones de celeridad y economía procesal (y se evita la vulneración del plazo razonable consagrado en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Por lo analizado, y aún cuando la cuestión recurrida no se encuentra reflejada en los puntos resolutivos de la sentencia de fecha 27 de julio de 2012 sino solo en sus "Considerando", corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la representación letrada del actor civil, con el alcance y por los fundamentos analizados, todo de conformidad a la siguiente doctrina legal: "No resulta arreglado a derecho la sentencia que, en el marco de un proceso penal en donde se constituyó un actor civil y sólo restaba el debate oral, frente a un acuerdo de juicio abreviado que no contempla el aspecto resarcitorio, se disponga que el actor civil inicie un nuevo proceso en sede civil para ejercer la acción resarcitoria".

Por las razones expresadas, corresponde simplemente agregar al Punto Iº del resuelvo de la sentencia de fecha 27 de julio de 2012, el siguiente texto: "En cuanto a la Acción Civil, y a los fines de resolver la misma, se dispongan las medidas necesarias para la continuidad de dicha instancia".

V.- Atento a las dificultades interpretativas que ofrece el conflicto, corresponde imponer las costas por el orden causado.

A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la representación letrada del actor civil (fs. 820/822), en contra de la sentencia de fecha 27 de julio de 2012 (fs. 807/808), dictada por la Sala IV de la Excma. Cámara Penal, de conformidad a lo considerado. En consecuencia, corresponde simplemente agregar al Punto Iº del resuelvo de la sentencia de fecha 27 de julio de 2012, el siguiente texto: "En cuanto a la Acción Civil, y a los fines de resolver la misma, se dispongan las medidas necesarias para la continuidad de dicha instancia".

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.