Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-05


Salta, 05 de Febrero de 2016.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "INCIDENTE DE EMBARGO PREVENTIVO PRESENTADO POR EL DR. TESEYRA, JOSE FERNANDO, EN BENEFICIO DE ALANIS, SILVANA NOEMI.-", Expte. Nº C02 106031/12 del Juzgado de Garantías de 6ª Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº C03 106031/12 de la Sala II del Tribunal de Impugnación y, CONSIDERANDO El Dr. Edgardo F. Albarracín dijo:

1) Que ingresan los presentes actuados a esta instancia revisora en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 54/60 por el Dr. Juan Casabella Davalos, en su carácter de defensor técnico de Marcelo Ramón Giménez, contra el auto dictado a fs. 12 y vta., mediante el cual se resolvió trabar embargo preventivo sobre los fondos que percibiera el nombrado de distintas obras sociales, los que tuvieran depositados o se depositaren en las entidades bancarias allí identificadas, y los haberes que cobre como dependiente del Hospital San Bernardo, hasta cubrir el monto de $ 500.000, con más intereses y costas calculados en $ 100.000, no pudiendo exceder el total de un 20% mensual, de conformidad a lo normado por los Arts. 195, 209, y concordantes del C.P.C.C., solicitando su revocatoria y el inmediato levantamiento de la medida cautelar descripta.

Se verifica que el recurso fue deducido en legal tiempo y forma, resultando, en consecuencia, admisible por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

2) Que para arribar al decisorio recurrido, la A-quo consideró cumplimentados los requisitos legales exigidos para la procedencia de la medida.

En primer término, entendió que la "verosimilitud del derecho" se encontraba acreditada por las pruebas ingresadas en estos obrados; y el "peligro en la demora" estaba configurado por la sola duración del proceso, lo que tornaría ilusorias las expectativas de una sentencia favorable, en caso de disminución del patrimonio.

Finalmente, teniendo en cuenta que los peticionantes estaban tramitando un Beneficio de Litigar sin Gastos, los eximió de prestar Contracautela.

3) A su turno la Defensa Técnica, al formular sus agravios, señala fundamentalmente una total ausencia de motivación en la resolución recurrida solicitando, en consecuencia, su declaración de nulidad absoluta en los términos de los Arts. 115 y 163, 2º párrafo del C.P.P. (Ley 6345 y modificatorias).

Respecto a la "Verosimilitud del Derecho", aduce que del análisis de la documentación del expediente principal, nada indica que su representado fuere responsable de un acto médico de mala praxis, circunstancia que según refiere, fundó el incidente de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, al cual se remite.

Alega también que no existe el "Peligro en la Demora", ya que no se evaluó que la Actoría Civil también se dirigió contra los empleadores del imputado, el Hospital San Bernardo y la Provincia de Salta, razón por la cual al no existir el riesgo que el Estado sea insolvente, el demandante no vería frustrado su pretensión pecuniaria, argumento que el letrado refuerza con la cobertura de la Compañía Federación Patronal Seguros S.A. a favor de su cliente, por lo que el embargo resulta una medida desproporcionada, excediendo todo carácter cautelar, evidenciándose como un adelanto condenatorio carente de toda razonabilidad, añadiendo que el mismo, al no contar con un opulento pasar económico, está siendo privado de sus alimentos propios y los de su familia. Cita asimismo jurisprudencia.

4) A fs. 74/75 el Dr. José Fernando Teseyra, apoderado del Actor Civil y parte Querellante se expide, en lo que aquí interesa, por el rechazo del recurso.

5) Dando inicio al examen del remedio apelativo deducido, como principal agravio invocado emerge la supuesta orfandad de fundamentos que padece el resolutorio impugnado, lo que amerita, según lo postula la defensa, su nulidad absoluta e insalvable, conforme lo preceptuado por el Art. 115 del código procesal penal.

A los fines de verificar tal extremo deviene menester comprobar si concurrieron en autos los presupuestos genéricos a los cuales se encuentra supeditado la concesión de toda medida precautoria.

Conforme a ello, para la inferior en grado, la "verosimilitud del derecho" se derivaba de las "...probanzas arrimadas a la causa principal..." (sic), expresión que si bien desde un estricto punto de vista técnico jurídico luce incorrecta si se recuerda que el procedimiento sumario, bajo cuyas reglas se sustanció la causa principal, sólo tiene como fin recaudar elementos indiciarios para dar base a la acusación, reservando recién para la etapa del plenario toda producción probatoria (salvo el caso excepcional de medidas irreproducibles), a estos efectos resulta suficiente para colegir la existencia de este recaudo, lo que encuentra correlato con el pedido fiscal de elevación a juicio formulado a fs. 123/128, en fecha 08/05/12; es decir con anterioridad al dictado del pronunciamiento atacado.

Es cierto que la resolvente fue mezquina en cuanto a la claridad de este requisito, al no haber hecho mención de este acto acusatorio concreto, pero ello no debilita la credibilidad del derecho esgrimido por el embargante, que se puede deducir objetivamente de las propias constancias incorporadas al proceso.

Con arreglo a ello, para la viabilidad de la medida precautoria solicitada, resultaba suficiente la mera probabilidad del extremo requerido, aunque en su identificación la A-quo no se haya explayado en demasía -como se adelantara líneas arriba-, explicitando la fundamentación de lo decidido, no obstante lo cual, se delineó el itinerario lógico para llegar a tal conclusión, careciendo entonces de arraigo su supuesta ausencia de motivación.

En apoyo de esta interpretación la doctrina sostiene que esta exigencia necesaria para la validez de toda resolución judicial: "?se satisface con la consignación clara y precisa -aun escueta- (el remarcado me pertenece) de las razones de hecho y de derecho?" (Eduardo Jauchen, Tratado de Derecho Procesal Penal, T.II, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2.013, Pág. 21).

La jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal local, en este aspecto ha consagrando la siguiente diferencia: "...Es preciso distinguir entre la falta de motivación y la insuficiencia de motivación.

La primera se asimila a la omisión de expresión de las razones que fundamentan la decisión judicial, en tanto la segunda importa la existencia de una motivación que puede no alcanzar los requerimientos legales de fundamentación.

Las consecuencias de ambas situaciones difieren, pues mientras la primera irrefragablemente conduce a la nulidad, la segunda sólo produce ese efecto cuando la deficiencia es de tal magnitud que importa su omisión lisa y llana..."(CJS, "Itabarbo", Tomo 145:31).

Como otro argumento, para neutralizar la entidad del derecho a proteger, el apelante se remite a la nulidad del requerimiento mencionado, sanción que reclamara indirectamente como objeto del recurso de apelación dirigido contra la resolución de fs. 268/269, que ingresara simultáneamente con el aquí tratado, petición que ya fue desestimada por esta instancia revisora; razón por la cual, para alcanzar la mayor completividad y autosuficiencia que debe reunir todo pronunciamiento jurisdiccional, corresponde reproducir en sus partes pertinentes, la línea de razonamiento allí expuesta, y en este sentido se sostuvo:

"...De la lectura del dictamen cuestionado, se desprende que para formular la hipótesis acusatoria se ponderó además de la historia clínica, el estudio de esta pieza documental realizado por un experto perteneciente al Ministerio Público, quien puso el acento en la actuación que le cupo al incoado (fs. 105/106 vta.).

En esta tarea, el Sr. Fiscal se sirvió razonablemente de la ineludible opinión del mencionado especialista, atento a la naturaleza científica de la responsabilidad en discusión, información complementaria justificada en vista a la especificidad de los conocimientos de los cuales debía proveerse el conductor de la pesquisa, al carecer obviamente de los mismos, por constituir claramente nociones médicas ajenas a todo hombre de derecho. Es decir, que la fundamentación del requerimiento censurado guardaba una cierta lógica, ello con abstracción de otros elementos de convicción de valor neutro o en todo caso favorables a la posición del encausado, pero los que en definitiva fueron superados por los de carácter incriminante, permitiendo arribar de esta forma al grado de probabilidad necesario para afirmar la existencia circunstanciada del hecho, precisándose de modo detallado las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y además la intervención que en él tuvo el nombrado, solicitándose en consecuencia la apertura del juicio...".

Además, de las consideraciones precedentemente reseñadas, se deduce que las objeciones planteadas ameritaban un estudio más profundo y vinculado estrechamente con la cuestión de fondo, que excede el limitado margen de análisis para el dictado de una medida cautelar.

Ahora bien, en otro orden de cosas, como otro reparo, el quejoso intentando relativizar el denominado "peligro en la demora", refiere que ante la legitimación pasiva del Estado, persona jurídica pública de imposible insolvencia y la vigencia de un contrato de seguro a favor del encausado, queda desechada, en atención estas garantías, la presunción del riesgo indicado, conclusión en la que, desde ya anticipo, le asiste razón al apelante, tópico que fuera abordado indirectamente al momento de expedirse esta Alzada en el incidente CO2-106031/12 que corre agregado por cuerda separada, en el que se destacó la relevante garantía que representa "per se" la empresa aseguradora.

En resumen, se puede afirmar fundadamente que los damnificados cuentan con un respaldo económico suficiente para efectivizar-eventualmente- el crédito originado en el hecho delictivo, al contar con las garantías provenientes de la empresa aseguradora del imputado Giménez, el Hospital San Bernardo y la Provincia de Salta.

Como corolario, corresponde hacer lugar al recurso articulado y, en consecuencia, revocar el auto impugnado. Así voto.

El Dr. Abel Fleming dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, LA SALA II DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACION, RESUELVE:

I) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 54/60 y, en su mérito, REVOCAR el auto resolutivo de fs. 12 y vta., por el que se dispusiera trabar embargo preventivo sobre el patrimonio de Marcelo Ramón Giménez, de conformidad a lo normado por los Arts. 459 del C.P.P. y 220 del C.P.C. y C..

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y bajen, oportunamente, los autos al Juzgado de origen.