marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cobro de sumas de dinero, entrega del certificado de trabajo, interrupción de la prescripción, conciliación
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Paz Yohana Natali  c/ Rodríguez Mariana Vanesa y otros  s/ Cobro de pesos y entrega de Certificación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-05-15

En principio cabe obviar detenernos en la disputa doctrinaria acerca de si el reclamo de un trabajador ante la autoridad administrativa laboral realmente "interrumpe" el plazo de prescripción corrido hasta su inicio, produciendo que luego de la misma deba contarse nuevamente de cero; o si solo lo "suspende", lectura que da pie a pensar lo previsto por la última parte del art. 257 LCT. Y ello porque, aún poniéndonos en postura más favorable para la accionante -interrupción-, el día 27-11-2020 en que interpuso la demanda que inició este proceso la hipotética acción que hubiere podido tener para demandar a los accionados, había fenecido ampliamente. Puesto que el único "reclamo" o "reclamación" que aquélla efectuó a sus supuestos empleadores estuvo relacionado con supuestas diferencias salariales que le habrían adeudado. Sin embargo, en el marco de la audiencia de conciliación celebrada en el juicio (art. 70 CPL) la accionante se desinteresó de este "rubro" y adujo que había iniciado el proceso con el objeto de obtener el cobro de las indemnizaciones derivadas de un despido que nunca se concretó, ni de modo directo ni indirecto. Siendo así, no existe un solo reclamo en tal sentido dirigido por la actora a los demandados (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Defensa del consumidor, contratos de consumo, contratos informáticos, prueba del contrato, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: AOL ARGENTINA SRL c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APELACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

En materia de prueba de los contratos informáticos, la misma se vincula con los medios para demostrar la existencia del contrato. Una cosa es el instrumento que documenta el acto, y otra el acto en sí mismo, como resultado de la manifestación de voluntad de las partes.

Para facilitar la prueba del contrato realizado por medios informáticos -aunque éste haya sido celebrado válidamente-, las partes pueden darse, con posterioridad, un instrumento escrito y firmado por ellas, toda vez que el electrónico ya es un documento. Cuando surgen diferencias entre las partes, y la palabra oral ya no basta, deberá acudirse a la prueba escrita; pero si ésta ha sido suplantada por medios electrónicos se plantean dificultades en materia probatoria (Giannantonio, Ettore, Valor probatorio del documento electrónico, en Altmark, Daniel R. - Bielsa, Rafael A., "Informática y Derecho", t. I, p. 93 y ss).

Ello así, atento la limitación del artículo 209 del Código Comercial y artículo 1193 del Cód Civil sobre los supuestos de excepción previstos en los artículos 1191 y 1192 de dicho cuerpo legal.(Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Prueba, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CONFORT MKV S. c/ Cámara Empresarial Panaderil y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-22

La presentación de documentos en la Alzada debe ser de interpretación restrictiva, por cuanto importa una excepción al principio general establecido en los artículos 332 y 334 del Código Procesal, procediendo únicamente en el caso de ser de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia o anteriores, cuando se afirmare no haber tenido antes conocimiento de ello. Se ha pronunciado el Tribunal al respecto, sosteniendo la imposibilidad de introducir por la vía del artículo 255 del ritual, tardíos planteamientos que debieron ser alegados en el momento procesal oportuno. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Buenos Aires Cía. Argentina de Seguros c/ Fava Hnos. SACIF s/ Cobro de australes Amato, Sisantino c/ Rodríguez, Aurora y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03|1991-08-06

La facultad otorgada por el último párrafo del artº 165 "in fine" del CPC, requiere como presupuesto necesario la certidumbre del daño, su existencia concreta y su medida, faltando sólo su cuantificación, que el juez puede hacer en base a su experiencia, prudencia y equidad.
Daños y perjuicios, indemnización, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: ABALOS, Raúl Cristóbal c/ LOPEZ, Carlos Alberto y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-11

En el reclamo por incapacidad sobreviniente, debe evaluarse también la incidencia en la llamada "vida de relación", destinada a poner de relieve una comprensión integral de la proyección existencial humana. Se refiere a un conjunto de actos de desenvolvimiento productivo del sujeto, incluidos los actos cotidianos que generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismo y a la familia, tareas normales en la vida del ser humano, como conducir, transitar, etc.; actividades tales que, en la medida que se ven dificultadas o impedidas, como consecuencia del accidente, constituye un daño indemnizable, independientemente del deterioro de la capacidad de ganancia.
Concursos, verificación de créditos, verificación tardía
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Surgran S.A. c/ Albace Industrial y Comercial S.A. s/ Quiebra-Incidente de Verificación Tardía nº1 - A.F.I.P. - D.G.I.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-11-29

El acreedor en el proceso de verificación tardía debe alegar y probar los derechos que invoca.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gómez Peltramina Luján c/ Tellez, Antonio y otro s/ Adquisición de dominio por usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

El valor del litigio en los juicios de usucapión está representado para el actor por la valuación fiscal del inmueble debidamente actualizada mediante la aplicación de los coeficientes de corrección inmobiliario vigentes. (Minoría u opinión personal)
Concursos, liquidación de entidades financieras, cesación de pagos, hechos reveladores
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  ESPAÑOL  DEL  RIO DE LA PLATA SA s/ QUIEBRA S/ FIJACION DEFECHA DE CESACION DE PAGOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-02

Del Dictamen Fiscal 98216:

No desvirtúa el estado de cesación de pagos, que la relación activo-pasivo arroje un patrimonio neto positivo, pues aun dándose esa proporción, ello no es óbice para que este configurada la impotencia patrimonial, ya que aun cuando el pasivo sea inferior al activo si el deudor no cuenta con medios líquidos o fácilmente liquidables o no puede recurrir al crédito para hacer frente a las obligaciones exigibles, puede hallarse en estado de cesación de pagos (Tonon, Antonio, "Derecho Concursal. Instituciones Generales", Buenos Aires, 1988, Ed. Depalma, pag.19), mas aun cuando se trata de entidades financieras, en cuyo ámbito la liquidez reviste esencial importancia para el desarrollo de la actividad.
Relación de dependencia, prueba, intimación al empleador, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: BARRIOS, SILVIO c/ OLMOS, NOEMI DEL CARMEN s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-28

No demostrada la relación laboral, no puede aplicarse la presunción del artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Desobediencia a un funcionario público, pena, persona humana, sanción especial, sanciones pecuniarias, personas jurídicas, asegurador, Superintendencia de Seguros de la Nación
Materia: PENAL
Carátula: Superintendencia de Seguros de la Nación s/ Archivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

La existencia de sanciones específicas por el incumplimiento de una aseguradora a una orden de suspensión de actividades impartida por la Superintendencia de Seguros, no desplaza la aplicación del tipo penal de desobediencia, ya que aquellas sanciones se imponen a un ente en carácter de persona de existencia ideal y no a las personas físicas a quienes es posible atribuir responsabilidad de carácter penal.
Locación de servicios, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, contratos onerosos, prórroga del plazo, vencimiento del plazo, acuerdo de partes, subsistencia del contrato, incumplimiento del contrato, demanda, objeto de la demanda, pago de la remuneración, crédito laboral, pago extrajudicial
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: MIGANNE VICTOR OSCAR c/ Y.P.F. S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

Actor y demandada estaban, desde hacía muchos años unidos por el contrato de asesoramiento, lo que no ha sido negado. Por ese contrato, el actor -especialista en el aprovechamiento de gas natural- se obligó a poner sus conocimientos y actividad al servicio de la demandada y esta a pagarle determinados honorarios como contraprestación. Tal "acuerdo de voluntades" reúne todos los elementos propios de un contrato, y prueba de ello es que fue cumplido por las partes durante más de 15 años (art. 218, Inc. 4°, código de comercio). El contrato originario, con su prorroga, expiró por vencimiento del plazo, mas semejante situación opero solo formalmente, porque -en los hechos- la relación contractual subsistió en iguales términos. YPF, que consideraba "imprescindible" la colaboración especializada del actor, le requirió que continuara prestando servicios y así lo hizo el profesional sin que se alteraran las bases económicas de la relación, y aunque YPF, estaba obligada a no contratar sin contar con la aprobación previa establecida en el art. 3°, decreto 447/84, igual lo hizo, supeditando el convenio a la obtención de aquel requisito reglamentario, que nunca obtuvo. En síntesis, con transgresión reglamentaria o sin ella, YPF y el demandante mantuvieron sin variantes el nexo que los vinculaba y que tiene todas las notas especificantes de un contrato, y de un contrato oneroso, (art. 1627, Código civil). No hay razón documentada que acredite que las condiciones económicas experimentaron alteraciones, desprendiéndose lo contrario de las tratativas conciliatorias extrajudiciales; de que cuando le fue formulado el reclamo de pago de los honorarios adeudados, la accionada no lo impugno por razón de su gratuidad, ni por la inexistencia de contrato; y que los órganos internos de YPF calcularon el monto de la acreencia y propusieron su pago sin mas trámite, lo que es buena prueba de la realidad del contrato y de su onerosidad.
Relación de dependencia, empleo no registrado, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: Casasola, Maximiliano Guillermo c/ Mediterranean Shipping Company S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-29

Corresponde confirmar el fallo que hizo lugar a la demanda por despido interpuesta por el trabajador, teniendo por acreditado el vínculo laboral invocado por el actor, priorizando las declaraciones de los testigos, dado que los mismos dieron acabada cuenta del desempeño del actor bajo su dependencia y, en el juicio laboral, son la prueba por excelencia y resultan imprescindibles para probar el trabajo no registrado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, factores atributivos de responsabilidad, obligaciones, responsabilidad del asegurador, Derecho laboral, empleador, obligación de seguridad, medidas de seguridad, prueba pericial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASCO, EUGENIO RAMON c/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-12-20

Si bien la coaccionada insiste en la ausencia de prueba del factor de atribución, las aisladas referencias a ciertas constancias del expediente no logran atacar constitucionalmente el detallado análisis efectuado por los sentenciantes, en torno al modo específico de imputación de responsabilidad referido en la demanda por el actuar omisivo de la aseguradora y la empleadora, las tareas desarrolladas por el trabajador con escasos elementos de protección, sin capacitación y la posibilidad de contacto directo con fluidos de animales (probado por las testimoniales rendidas y por la pericial en higiene y seguridad del trabajo), la falta de denuncias por parte de la Aseguradora a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la ausencia de exámenes periódicos, llevaron al Tribunal a concluir que en el caso, el actor había demostrado todos los elementos necesarios a los fines de acreditar la responsabilidad subjetiva imputada a la asegur dora.
Cesantía ilegítima, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cornes, Augusto Horacio. c/ Municipalidad de San Isidro. s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

El empleado despedido sin derecho sufre en forma inmediata a su cesantía un daño por la privación de su sueldo durante el tiempo que insume la búsqueda de otra actividad remunerada, cuya presunción se impone con la consiguiente inversión de la carga probatoria.
Juicio, llamamiento de autos, recurso de apelación (procesal), caducidad, plazo
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: ARBOL SOLO SAGACIF s/ INCIDENTE  DE  REVISION  NRO  22-83  PROMOVIDO  POR  EL  BANCO  DE LA  PROVINCIA DE BUENOS AIRES     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-11-07

Del conjunto de preceptos contenidos en nuestro Código Procesal Civil y Comercial se desprende que el llamamiento de autos puede operarse ministerio legis (o implícitamente) o por orden expresa del juez a través de un proveído cuyo destinatario (o sujeto pasivo de la obligación procesal) es el Secretario. No siendo el llamamiento de autos ministerio legis, que es la excepción y que se encuentra previsto en el artículo 89, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial, el que interesa para el caso -en que se encontraba en trámite un recurso de apelación-, se llega a la conclusión irrebatible de que para que la Sala juzgadora tuviera ocasión de estudiar y fallar en la cuestión, era condición sine qua non que antes, el Juez de Cámara de trámite, hubiera decretado que los autos pasaran de Secretaría a estudio de los Vocales ("autos para sentencia"). Sólo luego de dicho proveído "expreso", la causa "estaba pendiente de resolución judicial" -a tenor de lo exigido por el artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial-, no corriendo el plazo de caducidad.
Horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Flores, Luis Alberto c/ Tensioactivos del Litoral y/u otros s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-11-24

Sosteniendo la recurrente que el actor trabajaba de 6 a 14,30 horas, de lunes a viernes y de 6 a 11 horas los días sábados, y que por ello la cantidad de horas extras realizadas eran de tres y media por semana, o sea, catorce horas mensuales, no le asiste razón en ello ya que el cumplimiento del horario de trabajo que invoca no implica la prestación de servicios por sobre la jornada legal que genere derecho a percibir adicionales por horas suplementarias, porque dicho horario implica que el actor trabajaba cuarenta y siete horas y media por semana, lo cual no excede el máximo previsto por la ley 11.544.
Hacienda pública, tribunal de cuentas, empresas del Estado, sindicatura general de empresas públicas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Perales Aguiar S.A. c/ D.N.V. s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-04

El Tribunal de Cuentas debía ejercer, como regla, el control de legitimidad preventivo de los actos administrativos referentes a la Hacienda Pública, con exclusión de los de las empresas de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional -cualquiera fuera su naturaleza jurídica- controladas por la Sindicatura General de Empresas Públicas.
Titularidad del dominio, embargo, prenda, bienes gananciales
Materia: CIVIL
Carátula: F., J. C. s/ QUIEBRA s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-26

En tal orden de ideas, cuando se demanda a uno de los cónyuges por una deuda personal, y como corolario de ello se pretende embargar y/o ejecutar un bien de su propiedad - prenda y/o garantía común de los acreedores -, solo deberá sustanciarse con el cónyuge que figura como titular del dominio.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, contrato de caja de seguridad, improcedencia del recurso, rechazo de la demanda, falta de prueba, hurto
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Santillán, María Angélica c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-26

Procede confirmar la resolución que rechazó la demanda por los daños y perjuicios padecidos por el actor ante el robo del contenido de la caja de seguridad que poseía en una sucursal del banco accionada. Ello por cuanto, en el caso, de las probanzas colectadas no fue posible concluir que el hurto denunciado había ocurrido. Es que si bien la Comunicación A 5308 del Banco Central de la República Argentina establece que, en el caso de un eventual registro de un siniestro, tomado conocimiento de aquél se deberá realizar una copia en un medio distinto, de modo tal de poder reproducirlo; y la demandada no habría incurrido en ninguna infracción al desechar las imágenes del período comprendido -esto es, once (11) días antes de la denuncia del hurto-, la eliminación de las imágenes del lapso de diez (10) días anteriores a la presentación de la denuncia por parte de la actora ante la entidad, sí infringió esa previsión del órgano de contralor. Incluso prescindiendo de esa regla establecida por el BCRA, lo cierto es que la omisión de resguardar las pruebas con las que contara para esclarecer la denuncia efectuada por una clienta constituyó, además, una violación de los deberes impuestos por el CCIV 1198, 512 y la LDC 53. Sin embargo, esa infracción a sus obligaciones legales no basta para asumir que el banco hubiera tenido la voluntad de ocultar la ocurrencia de un hecho ilícito en la bóveda y, menos aún, para tener a aquél por ocurrido.
Legitimación procesal, afiliados políticos
Materia: ELECTORAL
Carátula: Cruchinho Luis Javier s/ impugna convocatoria a congreso de la juventud nacional del Partido Demócrata Cristiano celebrado en la Capital Federal - medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-08

Toda vez que el recurrente no acredita encontrarse actualmente afiliado a la agrupación de autos no es posible sino concluir que carece de legitimación para actuar en estos obrados.

4307/10
Régimen penitenciario, pena privativa de la libertad, estímulo educativo
Materia: PENAL
Carátula: Brossio, Gastón D. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-22

El art. 140 ley 24.660, sin modificar de modo general el tiempo de cumplimiento parcial de pena privativa de la libertad previsto en el art. 13 CP -o en el art. 17, inc. "I" ley 24.660- ha establecido un supuesto excepcional de reducción para quienes aprovechan del estímulo educativo, con lo cual dicho requisito temporal se complementa -para su verificación- con los logros académicos alcanzados, los cuales serán una pauta más para ponderar la evolución criminológica de los internos y sin que la anticipación de las medidas morigeradoras de la ejecución de la pena privativa de libertad a que puedan acceder los internos importe modificación alguna de la pena impuesta, sino sólo ir progresando dentro del tratamiento penitenciario.
Recurso de casación, guarda del menor
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fernández, Sol Victoria s/ Guarda
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-11-12

Interpreto que lo que se resuelva dentro de la materia en estudio, siempre puede ser mutado en beneficio de los menores, no pudiendo calificarse -consecuentemente- a esas decisiones como definitivas. Mas, si tal es el principio, debe señalarse que adquieren la condición de finales, a los efectos del recurso cuyo tratamiento tiene asignado este Tribunal, cuando el gravamen es de imposible o insuficiente reparación posterior, tal como acontece en la especie donde se pretende -a mi juicio erróneamente según lo demostraré en el análisis de la fundabilidad del recurso- que a los guardadores les asisten verdaderos derechos subjetivos en orden a obtener la adopción y que por lo tanto ellos revestirían el carácter de legítimos contradictores en los trámites de los cuales se agravian.(del voto del Dr. González Godoy)
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, nulidad del acto administrativo, empleados públicos, cesantía
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Greco, José L. c/ Provincia de Buenos Aires s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó la pretensión de nulidad de las resoluciones por las que se dejó cesante al actor: art. 280 del Código Procesal.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada, sentencia, reenvío
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Escudero, Roberto c/ Albertori y Cía. y/u otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-13

Si la Cámara revocó el fallo de primera instancia que, por considerar procedente una defensa opuesta, no decidió otras cuestiones planteadas por las partes, corresponde a ese tribunal decidir todos los temas litigiosos pendientes, y no devolver los autos al inferior con ese fin. Con ese proceder no se vulneran las reglas de igualdad ante la ley ni la defensa en juicio, no suponiendo ésta la doble instancia judicial.