marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Quiebra, cesación de pagos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ingenio San Isidro S.A. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-07-08

El estado de cesación de pagos es una situación de impotencia patrimonial, es un desequilibrio económico que constituye es estado objetivo de insuficiencia patrimonial. Y el magistrado dispone de poder discrecional, conforme a las reglas de la sana crítica, para formar conciencia, que se logra cuando los elementos de la causa lo llevan a la certidumbre que el deudor se halla en crisis económica.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), plazo, Poder Judicial, medidas de fuerza, error excusable
Materia: PROCESAL
Carátula: VERDUGO, ISABEL Y OTRO c/ VERDUGO, MANUEL Y OTRO s/ INCLUSION DE BIENES SUC MANUEL R VERDUGO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-22

La manifestación del quejoso, referente a que la presentación tardía del recurso se debió a un error de hecho esencial y excusable respecto a la suspensión o no de plazos procesales, habida cuenta del paro judicial que en ese día se realizaba, carece de sustento plausible a fin de excepcionar la aludida extemporaneidad; en razón de que por Acuerdo Ordinario del 21 de marzo de 1990, la Corte resolvió que el criterio a seguir en situaciones de paro de actividades del personal del Poder Judicial, será el de la no suspensión de los términos a partir del 26 de marzo de 1990, haciéndolo saber a los Colegios profesionales y a los medios periodísticos para su debida difusión.
Honorarios del perito, empresas del Estado, empleados públicos, Ferrocarriles Argentinos
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Cabrera, Pedro Tomás c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

Tratándose de una demanda contra la empresa Ferrocarriles Argentinos y siendo el perito Director del Centro de Reconocimientos Médicos, se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la ley 22 140 (arts. 1 y 2) configurándose las hipótesis establecidas por los arts. 27, inc. K) y 28, inc. a) de la citada ley, la expresa prohibición establecida en el art. 9 del decreto 9677/61 y el supuesto del art. 1 in fine del decreto 6080/69.
Nulidad del acto administrativo, habilitación del establecimiento, local bailable, vicio de irrazonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Riveros Zanetta, Guillermo Albino c/ GCBA y otros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-14

Es válida la disposición del GCBA que dispuso la baja de un local del Registro Público de Lugares Bailables, si constató que desarrollaba una actividad distinta a la declarada - Habilitado para local bailable clase C y funcionaba como clase A- y que además requería para su ejercicio el acto administrativo que la habilitara y la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, pues no es posible sostener que se haya lesionado con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos constitucionales de trabajar y ejercer industria lícita, puesto que resulta razonable que, al haberse verificado una desvirtuación del rubro del cual estaba habilitado, la Administración haya decidido la baja del registro mencionado, máxime cuando el accionante pudo ejercer su derecho de defensa en sede administrativa.
Daños y perjuicios, caso fortuito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SANTARELLI VICENTE c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ (LIBRO: S064 - 482)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-05-30

En el caso fortuito debe darse la imprevisibilidad y la inevitabilidad.En el hecho debe ser imposible de prever (arts. 512 y 902 CCI) y de evitar, aplicando la atención, cuidados y esfuerzos razonables en relación al hecho de que se trata, considerando las circunstancias concretas del lugar, tiempo y personas.
Lesiones leves, delito doloso, autoría, robo, víctima del delito, derecho a la salud
Materia: PENAL
Carátula: Sosa Cordero, Antonio A. s/ c.43.747
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-08

Se ha configurado el delito de lesiones leves dolosas cuando todo el contexto de la situación fue creado por el procesado, que se apodera de un rodado en el que viajaban los menores, requiriéndole la víctima que los dejara bajar del automóvil, y ante su negativa, asumió el papel de garante de la salud de ellos, motivo por el cual se lo debe hacer responsable, pues debió pensar en el posible daño de la salud que les podía ocasionar con su obrar altamente riesgoso al maniobrar el vehículo bruscamente y sin embargo no se detuvo en su accionar por más que haya tenido presente esas lesiones, ya que su fin último de robo le interesaba más que el daño, que necesariamente iba unido a su proceder.
Recusación por prejuzgamiento, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: STINFALE, Víctor A. s/ RECUSACION SALA 07
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

No se configura la causal de prejuzgamiento si al momento de confirmar el procesamiento dispuesto los magistrados hicieron referencia a la calificación legal que debería asignarse al hecho, lo que a la postre impediría la viabilidad de la excepción de falta de acción por prescripción. La causal de prejuzgamiento consiste en revelar con anticipación a la sentencia, una declaración en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso (*); también existe cuando las expresiones permiten deducir la actuación futura, de manera que las partes alcancen el conocimiento de la decisión por una vía que no es prevista por la ley(**). Las opiniones dadas por los jueces como fundamento de sus decisiones no constituye prejuzgamiento (***). La recusación es un instituto establecido para asegurar la imparcialidad de los jueces, pero éste, a su vez, no debe transformarse en un medio espurio para apartar a los magistrados del conocimiento de la causa que por la ley les ha sido atribuida (****).
Defensa del consumidor, publicidad engañosa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "TELECOM   ARGENTINA   SA c/ DNCI-DISP  814/1  O(EXPTE  SO  1:124049/09)". s/ NULIDAD DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-07

Si la apelante no ha podido demostrar fehacientemente que la publicidad en cuestión ha sido lo suficientemente clara como para informar al consumidor si las llamadas son libres o no, o limitadas a alguna circunstancia, en consecuencia, corresponde confirmar la sanción impuesta.
Abogados, sanciones disciplinarias, llamado de atención
Materia: PROCESAL
Carátula: Grasso, Hugo Raul c/ Banco de Santa Fe S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Nulidad  (Expte.: C.S.J. Nro. 221 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-11

Corresponde al Tribunal formular un llamado de atención a los firmantes del escrito por el que se plantea la nulidad del auto de presidencia atacado, por cuanto por más que se intente explicitar las motivaciones que llevarían a formular las calificaciones que en el mismo se efectúan, surge palmario y debería ser advertido por personas que ostentan un grado de cultura por encima del común denominador, que dichas adjetivaciones no se justifican, ni aun en la más encendida defensa de los intereses propios o de un representado, porque nada aportan al debate más que la intención de lastimar u ofender, sin mejorar en nada la posición jurídica del postulante. Ello, pues, sin perjuicio de que la dignidad del Juez aludido en el escrito lo coloque muy por encima de ese tipo de imputaciones, es deber de todo tribunal de Justicia velar por el decoro con que deben conducirse los factores del proceso judicial, que, en definitiva, no es otra cosa que un método civilizado de discusión, y, como tal, no resulta apto para albergar agravios de esa naturaleza.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Valfos S.A. c/ Parcero María y otros s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

Procede la excepción de inhabilidad de título, si del certificado de deuda expedido por la Municipalidad respectiva, no se desprende el presupuesto de exigibilidad que condiciona la procedencia de la vía ejecutiva dado que aquél no determina las prescripciones establecidas en el inciso 5 del artículo 49 de la ordenanza municipal 3080/78, esto es, los datos esenciales de prorrateo, del precio medidas y precios unitarios, lo cual provoca la insuficiencia del título. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, marcas
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION VOLUNTARIAS PARA LA PATRIA c/ CENTRO DE VOLUNTARIOS POR LA PATRIA s/ IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  CUESTIONES  DE HECHO,  PRUEBA Y DERECHO COMUN - MARCAS Y PATENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-22

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que -por entender que se trata de vocablos de uso común- desestimó la demanda promovida por la "Asociación Voluntarias para la Patria" contra el "Centro de Voluntarios por la Patria", con el objeto de que este último cesara en el uso de tal designación.

Ello es así, pues las cuestiones resueltas remiten al examen de temas de hecho y prueba y de derecho común, materia propia de los jueces de la causa y ajena, como regla y por su naturaleza, a la instancia del art. 14 de la ley 48, máxime cuando el a quo ha expresado argumentos suficientes que, más allá de su acierto o error, impiden su descalificación como acto judicial.
Remuneración, despachante de aduana, trabajador en relación de dependencia, remuneraciones accesorias, comisiones
Materia: COMERCIAL
Carátula: DE MARCO, JUAN DOMINGO c/ ESTABLECIMIENTO MODELO TERRABUSI SAIC s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-03

Si las tareas de despachante de aduana se prestan en el marco de una relación de empleo -tal lo acontecido en la especie-, el empleador solo esta obligado a pagar el sueldo convenido -o, en su caso, el fijado por la ley, o por el convenio colectivo- y "ninguna comisión" ni otra remuneración distinta que el sueldo -como en el caso lo pretendió el accionante-.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Montanos, Francisco c/ Cooperativa Eléctrica de Pergamino s/ Diferencia de sueldos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-02

La infracción del art.156 de la Constitución de la Provincia se configura cuando el juzgador omite el examen de alguna cuestión esencial por inadvertencia o descuido, pero no cuando ha sido resuelta, cualquiera sea el acierto de la decisión.
Ley arancelaria, honorarios, jus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALZUGARAY, JOSE MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25

El sistema diseñado por el legislador provincial mediante el artículo 32 de la ley 6767 (modificado por ley 12851), por el cual se instituyó el módulo o unidad "jus" para la regulación de honorarios de abogados y procuradores, constituye un mecanismo indirecto de recomposición del capital enmarcable en la categoría de creación pretoriana de "obligaciones de valor" -ahora receptada en el artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación-, quedando como tal al margen del principio nominalista de la ley 23928 (y modificatorias) hasta su conversión en deuda de dinero, hecho que ocurrirá -de acuerdo con una interpretación constitucional optimizante de las distintas normas en juego- cuando el pago de la obligación por honorarios resulte exigible, tras la firmeza de la regulación respectiva, momento a partir del cual la integridad de la remuneración pasará a ser resguardada por la tasa de interés moratorio -para cuya fijación el precepto de marras exige que se atienda a las vicisitudes del mercado, al valor adquisitivo de la moneda y al carácter alimentario del honorario profesional-. (Del voto del Dr. Netri, al que adhiere el Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767, artículo 32, según ley 12851. Código Civil y Comercial: art. 772; Ley 23928. - Jurisprudencia vinculada: Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna, AyS T 276, p 294/326, sumario J0043006; Vectra Agropecuaria S.A., AyS T 278, p 255/261, sumario J0043329. - Jurisprudencia Concordante con Chlus, AyS T 281, p 105/112, sumario J0043864.
Prueba testimonial, información de abono, ratificación de testigos
Materia: PENAL
Carátula: Lazagabaster, Juan Pedro; Lazagabaster,Lázaro s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

Lo único que expresa el art. 243 (núm. ant.) del C.P.P. -y no tenía porqué decir más- es que si el testigo sumarial observado estuviese muerto o ausente deberá obtenerse la información de abono bajo apercibimiento de que su declaración no resulte oponible al disconforme. Y nada dice del llamado a ratificación pues se refiere a testigos muertos o ausentes.
Derechos y garantías constitucionales, declaración autoincriminante, intervención de línea telefónica
Materia: PENAL
Carátula: Defensor General s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-05-07

"Pretender que la revelación realizada por el denunciante de los propósitos que le comunicaron los acusados vulnera un derecho constitucional al secreto, carece de todo apoyo normativo en la Constitución. De ello se deduce sin la menor fricción que la grabación de las palabras de los acusados realizada por el denunciante con el propósito de su posterior revelación no vulnera ningún derecho al secreto, ni a la discreción, ni a la intimidad del recurrente...".
Recurso de inaplicabilidad de ley, costas al vencido, exención de costas, criterio de razonabilidad, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Aliani Mario Francisco y otros c/ Banco Pcia. de Río Negro y Banco Río Negro S.A. s/ Ordinario s/ Inaplic. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-11-28

En este particular cabe hacer excepción a la regla de irrevisibilidad de lo decidido por los jueces de grado en materia de imposición de las costas, y en consecuencia revocar la eximición de costas al vencido dispuesta en el fallo venido en recurso, en lo que atañe al aquí recurrente, si la motivación expresada por la Cámara de grado no aparece sostenida por la razonabilidad, en atención a la naturaleza del reclamo que efectuó, al desarrollo del proceso y al resultado objetivo del juicio; que son las pautas objetivas a tomar en consideración en el asunto. No se trata de una derrota procesal lisa y llana del actor, sino que virtualmente -y en sus efectos prácticos- se da, respecto del recurrente, una suerte de asimilación a un supuesto de falta de legitimación pasiva.(Del voto de los Dres. Lutz y Balladini sin disidencia)
Cooperativa de trabajo, socios
Materia: LABORAL
Carátula: Córdoba, Carlos Alberto c/ C.O.P.E.L. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

No se configura un contrato de trabajo subordinado entre el socio de una cooperativa de trabajo regularmente constituida e inscripta como tal y el ente societario, por la mera circunstancia de la actividad realizada por aquél como típico acto cooperativo.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, incapacidad, porcentaje de incapacidad, enfermedad profesional, prescripción, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: ROMERO, LEONILDO FLORENCIO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº  206-83)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-14

Por aplicación del artículo 258 de la ley de Contrato de Trabajo las acciones originadas en la responsabilidad por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales prescriben a los dos años a contar desde la determinación de la incapacidad o fallecimiento de la víctima. Se debe entender tal "determinación" como la fijación de la minusvalía, y sólo a partir del conocimiento -por parte del trabajador interesado- del dictamen de la junta médica emitido en sede administrativa, queda determinada la incapacidad del reclamante.
Política ambiental, tutela, protección del medio ambiente, tratados internacionales
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

La Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente que tuvo lugar en Estocolmo en 1972 declaró en el principio 1º que el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas, en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar; y tiene la solemne obligación de proteger y de mejorar el medio ambiente de las generaciones presentes y futuras. En ese deber de proteger y mejorar encontramos el origen de la participación como elemento necesario en la tutela ambiental....
Tercería de dominio, bienes no registrables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ORTEGA CARLOS S. EN J.: 129182 CANO CABRERA c/ LUIS H. MARTIN s/ Ejecución Sentencia Terceria Dominio (LIBRO: A151 - 113)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-10-13

Tratándose de cosas bienes muebles no registrables, la carga de la prueba depende de que el tercerista al momento del embargo, se hallaba o no en posesión de los mismos. Es necesario acreditar, título y modo para que se configure el derecho de propiedad, el que generaría una presunción para la posesión. El tercerista no demuestra directa o indirectamente que se poseedor del bien mueble no registrable embargado, lo que a su vez enerva que pueda ser considerado titular del mismo. Se confirma la sentencia de primera instancia que rechaza la demanda por tercería
Recurso extraordinario, medidas cautelares, gravamen irreparable, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: "Cablevisión  SA c/ EN  -M  Economia-  SCI Resol 50/10 y 36/11 s/ medida cautelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-16

El Alto Tribunal ha resuelto que las decisiones que ordenan, modifican o levantan medidas cautelares no revisten, en principio, el carácter de sentencias definitivas a los fines de habilitar la instancia extraordinaria prevista por el art. 14 de la ley 48 (Fallos: 310:681; 313:116; 329:440, 334:259, entre muchos otros); auque esta regla cede cuando aquéllas causen un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser tardía, insuficiente o de imposible reparación ulterior (Fallos 328:4493; 4763) o cuando se configura un supuesto de gravedad institucional (Fallos: 323:337; 328:900 y 329:440).
Ley procesal, interpretación de la ley, recurso de apelación (procesal), pretensión
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Calligaris, Walter H. c/ Clínica 9 de Julio s/ Recurso de inconstitucionalidad -Cobro de australes- (Expte. C.S.J.   Nro. 778 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-29

De la transcripción del artículo 109 del Código Procesal Laboral surge una primera duda con relación a la sanción prevista en la norma para el incumplimiento de "estos recaudos" ¿Se refiere específicamente a los de la determinación en caso de apelación parcial de los puntos o rubros de la sentencia recurrida? O por el contrario, ¿se extiende a ambos supuestos en cuanto a la especificación expresa del alcance de la apelación?. A primera vista pareciera que, conteniendo el precepto legal diversas cargas procesales para el apelante en sede laboral, la sanción para el caso de incumplimiento de cualquiera de ellos debería ser tener por no interpuesto el recurso. Pero a poco que se ahonde en el significado conceptual de la obligación impuesta por el artículo 109, ya no ha de ser tan plácida la conclusión. En la exposición de motivos que se remitiera el proyecto de la ley 7945, al referir la Comisión Redactora al alcance de la norma se dijo: "...Se ha estimado conveniente que al interponer recurso de apelación contra la sentencia se especifique expresamente si la impugnación es total o parcial y en este último caso, los puntos o rubros cuestionados, con la finalidad de precisar el alcance de la disconformidad y determinar las cuestiones consentidas que originarán el procedimiento denominado "de pronto pago"; con el fin de que el litigante que ha obtenido un reconocimiento parcial no demore en la recepción de lo que le corresponde percibir, por la tramitación que siga el juicio en razón de la disconformidad con otros aspectos cuestionados y sujetos a la decisión del tribunal de alzada...".
Juicio oral, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Cervera, Claudio Manuel s/ Homicidio Gil, Guillermo Oscar s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01|1997-03-25

Es inatingente la cita del art. 286 del Código procesal, que se refiere al mérito de la prueba, si se cuestiona un tema referido a su adquisición y no a su valoración. No puede llegarse al momento lógico del mérito probatorio respecto de una prueba que no debió incorporarse al proceso.
Procedencia del recurso, recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, rechazo de la demanda, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramírez, Wilma c/ Arias, Oscar y/o Propietario, Poseedor, Usufructario del inmueble s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2016-02-17

Procede hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora, y en su mérito decretar la nulidad de la sentencia de Cámara -que confirmó el rechazo de la demanda por los alegados perjuicios sufridos a causa del accionar del demandado-, debiendo remitirse los autos a la Sala que corresponda a fin de que emita nuevo pronunciamiento, pues los fundamentos en los que se apoyó la decisión atacada demuestran que padece de vicios que no permiten sostenerla como un acto jurisdiccional válido, exhibe una clara contradicción entre el desarrollo argumental y sus conclusiones y no realizó un desarrollo lógico ni explicitó cuál ha sido la razón para determinar su rechazo, por lo que comprobadas tales irregularidades, resulta la descalificación del fallo de la Alzada, sin que ello signifique emitir opinión sobre la procedencia de la postura de la parte recurrente, la que deberá ser examinada nuevamente con amplia jurisdicción por los tribunales ordinarios, en particular lo concerniente a la capacidad procesal del accionado, todo ello, por hallarse configurados los requisitos que hacen a la existencia de la arbitrariedad.