Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-02-18


En la Ciudad de Formosa, capital de la Provincia del mismo nombre, a los Dieciocho días del mes de febrero de dos mil once, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Presidencia del Excmo. Tribunal de Justicia, los Señores Ministros, Dres. Ariel Gustavo Coll, Héctor Tievas, Eduardo Manuel Hang, Carlos Gerardo González y Telma C. Bentancur en acuerdo ordinario, para pronunciar sentencia definitiva en la causa Nº 64- Fº Nº 125- Año 2007 - registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Tribunal de Justicia, caratulada: "CAPELLO, MARIA LUISA C/ PROVINCIA DE FORMOSA S/ ORDINARIO". El orden de votación según sorteo realizado, de conformidad a lo establecido en el art. 126 y su modificatoria del Reglamento Interno de la Administración de Justicia es el siguiente: Ariel Gustavo Coll, Carlos Gerardo González, Eduardo Manuel Hang, Héctor Tievas y Telma C. Bentancur.

I.-RELACION DE CAUSA.

El Sr. Ministro Ariel Gustavo Coll, dijo:

Que mediante la presentación que se agrega a fs. 15/22vta, la Sra. María Luisa Capello, promueve demanda contra el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Formosa, en procura de la nulidad del Acuerdo N° 32.498, dictado el 30 de setiembre de 2004, en el marco del expediente N° 350/03 - Actuación Fiscal n° 06/2003 - del registro de ese organismo, relativo a la cuenta de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa y correspondiente al ejercicio fiscal 2003, como así también de todas las actuaciones posteriores que resulten consecuencia de éste.

formulado reparos o cargos en dicho plazo, las cuentas quedarán aprobadas tácitamente, transfiriéndose la responsabilidad a los miembros del Tribunal de Cuentas" Instrucción y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, advirtiendo que por orden judicial, efectivos policiales habían procedido a secuestrar libros, registros y documentación contable de la Municipalidad de Formosa, solicitándose al órgano de contralor que instruya el procedimiento a seguir por parte de los funcionarios responsables de la Administración municipal, para seguir con la registración contable correspondiente al año 2003, ya que el secuestro de la documentación impedía continuar con el funcionamiento normal de la misma y paralizaba los trabajos que se estaban realizando para presentar la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2003.

Cuentas - el plazo a partir del cual se debe computar el plazo de 180 días establecido en el artículo 139 de la Ley 1.180. Siendo así, el plazo para observar las mismas, no puede exceder el mes de Junio de 2004, es decir, mucho antes de la emisión del Acuerdo N° 32.498. Todo esto sin perjuicio de señalar, dice la actora, que el órgano de contralor tenía auditores permanentes en la Municipalidad de la Ciudad de Formosa y en consecuencia, se rendía mensualmente sus cuentas, motivo por el cual, el plazo antes indicado, vencía mes a mes y no anualmente.

acuerdo N° 25.000 del Honorable Tribunal de Cuentas, la fecha de presentación de las cuentas anuales por parte del Honorable Concejo Deliberante, era antes del 31 de mayo de 2004. Agrega entonces que cualquiera que sea la fecha que se tome como de inicio del plazo de 180 días, las cuentas han quedado tácitamente aprobadas por haberse producido la prescripción administrativa, no pudiendo desnaturalizarse por vía de reglamentación la letra del artículo 38 de la Ley 1.216.

Honorable Tribunal de Cuentas, son de carácter reglamentario.

respecto, sin obtenerse respuesta alguna al respecto. Esta circunstancia obsta por cierto a considerar responsables de la omisión de presentar documentación contable a los funcionarios - entre los que estaba la actora - a quienes se les había quitado de su esfera de competencia, la aludida documentación. Cita en sustento de su postura el artículo 29 de la Ley 1.216.

conocimiento. Cita al respecto, los términos del Decreto municipal N° 803/02 que declaró la emergencia administrativa en la Municipalidad de la Ciudad de Formosa y su similar N° 1.307/02, situación irregular que fue constatada judicialmente por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de la Ciudad de Formosa, en los autos "Municipalidad de la Ciudad de Formosa c/SITRAMF s/Medida Autosatisfactiva".- Toda esa situación impedía el ingreso de los funcionarios a los edificios de la administración municipal, constituyendo un notorio caso de fuerza mayor que impedía cumplir con las normas contables vigentes.

caso, en cuanto a la prescripción alegada, es la contenida en la Ley 1.216, reglamentada por Acuerdo N° 27.427 del Honorable Tribunal de Cuentas.

ejercicio fiscal", conforme a los plazos del artículo 24 de la misma ley. Invoca luego el artículo 139 de la Ley 1.180 y el artículo 100 de la Ley 1.028, cuando señala que en el ámbito municipal la cuenta deberá presentarse antes el Tribunal de Cuentas, antes del 31 de mayo del ejercicio inmediato posterior al que se trate. (cf. Artículo 4° del Acuerdo 27.427).

fecha de su presentación, o desde el vencimiento para hacerlo, esto es, el 31 de mayo de cada año, computándose de acuerdo a lo que establece el Código Civil.- Acuerdo cuya nulidad se pretende, el 30 de setiembre de 2004, no había transcurrido aún el plazo para que opere la aprobación tácita de la misma, agregando que el modo de computar los plazos ya fue aclarado en la sentencia N° 6519-Tomo 2003 de este Superior Tribunal de Justicia, donde se consignó que "los plazos se contarán por días hábiles".

al que califica de débil e inconsistente, desde que los responsables de la rendición, tuvieron once (11) meses para proceder a la presentación de la documentación respaldatoria - conforme a la facultad de proceder a la rendición anticipada de las cuentas - y si no lo hicieron, improcedente resulta la absurda pretensión de la accionante en el sentido de trasladar en cabeza del órgano de contralor la responsabilidad que le cabe por el hecho de autos. Indica en ese marco, que el Honorable Tribunal de Cuentas no es un organismo asesor, sino de control y por tanto deviene patente la sinrazón de la actora cuando dice que no recibió ninguna instrucción al respecto, sin perjuicio de señalar que si se hubieran llevado los registros en legal forma, estos se podrían haber controlado con anterioridad al mes de Diciembre de 2003, evitando las observaciones luego formuladas. Solicita entonces el rechazo de la demanda con costas. "el accionar pernicioso" del sindicato de empleados municipales, circunstancia que fue determinante en la imposibilidad de entregar la documentación contable pertinente, manteniendo luego su postura respecto al computo de los plazos exigidos para tener por acreditada la aprobación tácita de las cuentas. autos, como así el secuestro de libros y documentación contable, situación que amerita la aplicación al caso del artículo 29 de la Ley 1.216. Ratifica también su posición sobre la tácita aprobación de las cuentas, los plazos y el modo de contarlos. Por su parte, la demandada, presenta su alegato que se agrega a fs. 148/150vta., ratificando su posición sobre la temporaneidad del Acuerdo cuya nulidad se pretende, como así también refiere que las publicaciones periodísticas acompañadas, dando cuenta de una situación de inestabilidad en la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, durante el período 2003, remite a opiniones subjetivas de vaga credibilidad, y aunque se hubiera producido una grave situación de conflicto, ello no es óbice para que sus funcionarios deslinden sus responsabilidades por los actos que les concierne.

de acuerdo al ordenamiento legal, y para ser eficaz, reunir los requisitos para ser cumplido. En ese análisis, el Sr. Procurador General considera que le asiste razón a la demandada, cuando sostiene que el Acuerdo cuya nulidad se pretende ha sido dictado en término, ya que habiéndose emitido el mismo en fecha 30 de setiembre de 2004, tratándose de la Cuenta Anual del Ejercicio 2003, el plazo de presentación de la cuenta ante el Honorable Tribunal de Cuentas, venció el 31 de Mayo de 2004; es recién a partir de allí que comienza a regir el plazo que contiene el artículo 23 de la Ley 1.216. Agrega que el Acuerdo Reglamentario N° 27.691 del Honorable Tribunal de Cuentas, es válido en tanto el mecanismo del artículo 139 de la Ley 1.180, fue modificado por la Ley 1.216 y no por el acuerdo citado, tal como ya se expidiera en ese sentido el Superior Tribunal de Justicia. Respecto a la pretendida aplicación del Artículo 29 de la Ley 1.216, el Procurador General se remite a los fundamentos ya expuestos por la Directora de Asuntos Legales a fs. 545 del Expediente Administrativo N° 350/03. Se pronuncia en consecuencia por el rechazo de la demanda.

II.- CUESTIONES A RESOLVER:

El Dr. Ariel Gustavo Coll, dijo:

Propongo como cuestiones a resolver, las siguientes: 1. Si existió o no aprobación tácita de las cuentas. 2. En caso negativo, que pronunciamiento corresponde dictar.

Los Sres. Ministros Carlos Gerardo González, Eduardo Manuel Hang, Héctor Tievas y Telma C. Bentancur se adhieren a las cuestiones propuestas.

III.- A LA CUESTION PROPUESTA:

El señor Ministro, Dr.Ariel Gustavo Coll, dijo:

A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA.

El Sr. Ministro Ariel Gustavo Coll, dijo:

38 de la Ley 1.216, señalando que de los mismos se desprende que el Honorable Tribunal de Cuentas deberá expedirse dentro del plazo de 180 días, y que si no se han formulado reparos o cargos en dicho plazo, las cuentas quedarán aprobadas tácitamente.

de contralor, la situación provocada por los allanamientos judiciales a dependencias de la Municipalidad, diligencias en las que se procedió a incautar documentación contable que se necesitaba para la rendición de cuentas del ejercicio 2003, no obteniendo respuesta alguna del Honorable Tribunal de Cuentas. Entonces, si el plazo de 180 días, comenzaba a regir el 05 de diciembre de 2010, el dictado de la Acordada N° 32.498, concretada el 30 de setiembre de 2004, excedió el plazo señalado por el artículo 139 de la Ley 1.180. Invoca entonces, la prescripción administrativa.

practicar la rendición de cuentas pertinente, ya que la administración Hernández no podía rendir cuentas por si misma después del 10 de diciembre de 2003. Recuerda que la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, contaba con una Delegación del Honorable Tribunal de Cuentas, que en forma permanente fiscalizaba las cuentas, en el lugar y mes a mes y que la rendición anticipada, que la demandada considera para rechazar el planteo de la actora, es una facultad, pero no una obligación, que en el caso no se pudo cumplir por el secuestro de la documentación necesaria y la situación de emergencia administrativa de la Municipalidad, motivada en las acciones de sindicato de empleados municipales, que incluyó ocupación de las instalaciones y retención ilegítima de documentación municipal.

atribuye a un error de interpretación de la actora, la deficiente correlación que realiza entre los artículos 23 y 24 de la Ley 1.216 (Cuentas del Ejercicio y Cuentas Documentadas), y por lo tanto señala que "el plazo de 180 días que prevé el artículo 23 de la Ley 1.216, a los fines de considerarse aprobada tácitamente la cuenta, comienza a contarse desde la fecha de su presentación, o desde el vencimiento para hacerlo, esto es, el 31 de mayo de cada año, computándose de acuerdo a lo que establece el Código Civil.- Si la Cuenta entonces no se presentó, y el plazo para hacerlo expiraba el 31 de Mayo de 2004, el dictado de la Acordada 32.498, el 30 de setiembre de 2004, se concretó dentro del plazo de los 180 días que menciona el artículo 23 de la Ley 1.216.

ciento ochenta (180) días. Si no se han formulado reparos o cargos, en dicho plazo, las cuentas quedarán aprobadas tácitamente..." si bien no es del caso, en este momento, de analizar el motivo de la omisión - el que se efectuará más adelante - lo cierto es que el plazo del Artículo 23 antes citado, comienza a regir a partir del 31 de Mayo del ejercicio inmediato posterior, en cuanto es el plazo límite para la presentación, en el ámbito municipal, de la Cuenta anual. Tomándose en consideración la fecha del 31 de Mayo de 2004, como fecha límite en que debió presentarse la Cuenta Anual, el dictado del Acuerdo 32.498, en fecha, 30 de setiembre de 2004, resulta ajustado al plazo previsto en el Artículo 23 de la Ley 1.216.

fallar en determinado plazo, al punto que le transfiere responsabilidad a sus miembros en caso de no decidir en el término indicado, de ninguna manera amplía ese plazo al momento de la notificación del acto administrativo, ya que si bien los "efectos" del mismo, rigen para el administrado, desde que toma conocimiento fehaciente de la decisión, tales efectos no pueden ser equiparados a considerar tácitamente aprobada la cuenta fiscal de la que era responsable.

A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA:

El Sr. Ministro Ariel Gustavo Coll, dijo:

protagonizadas por el Sindicato que agrupa a los empleados municipales, durante el año 2003, que comprendía tomas de edificios municipales y retención de la documentación contable necesaria para la posterior rendición de cuentas, agravada luego por el allanamiento judicial ordenado por un Juez de Instrucción en el marco de una causa judicial, y en donde se secuestraron libros y documentos imprescindibles para la rendición debida. La actora invoca la aplicación al caso del artículo 29 de la Ley 1.216, norma que como veremos, contempla un supuesto distinto, lo cual no implica que la situación fáctica que describe la actora quede sin el adecuado análisis.

le habría provocado un impedimento para practicar la rendición correspondiente del ejercicio fiscal 2003, argumento al que califica de débil e inconsistente, desde que los responsables de la rendición, tuvieron once (11) meses para proceder a la presentación de la documentación respaldatoria - conforme a la facultad de proceder a la rendición anticipada de las cuentas - y si no lo hicieron, improcedente resulta la absurda pretensión de la accionante en el sentido de trasladar en cabeza del órgano de contralor la responsabilidad que le cabe por el hecho de autos. Indica en ese marco, que el Honorable Tribunal de Cuentas no es un organismo asesor, sino de control. Sobre la declaración de "emergencia administrativa" que declarara el Ejecutivo Municipal, mediante el Decreto 803/02 - y cuya vigencia se mantuvo durante todo el año 2003 - la demandada nada dijo, no impugnó el acto ni realizó referencia alguna a los hechos fundantes del mismo, independientemente de la negativa genérica que realizó por imperativo procesal al inicio de su escrito de responde (fs. 40/44vta.).

esa nota del 05 de Diciembre de 2003, "corresponde desestimarla"; agrega que el Municipio contaba con Asesores y Profesionales que podían orientar en la cuestión planteada, pero nada dice el Acuerdo que estamos analizado y cuyo texto corre agregado a fs. 547/551 del expediente administrativo 350/03, sobre la concreta situación de fuerza mayor generada por la ocupación de las dependencias municipales y la declaración de emergencia administrativa que se decretara por el titular del Ejecutivo Municipal en aquel entonces, pese a que esos argumentos, formaron parte del recurso de reposición que se planteara contra el Acuerdo 32.498.

Cuentas, explayándose el recurrente en la descripción de la misma, y aportando ya en ese momento, un elemento de prueba de insoslayable valoración, cual es la Resolución 359/03 dictada por la Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, cuando decide hacer lugar a la medida autosatisfactiva interpuesta por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa y en consecuencia a ordenar al SITRAMF (Sindicato de Trabajadores Municipales de Formosa) y/o cualquier persona que se encuentre ocupando ilegalmente las instalaciones de la Municipalidad, a desalojarlas en el plazo que allí se indica (fs. 519/521 del mismo expediente administrativo).

Tasas a los usuarios, actitud sindical que trajo "una paralización de las actividades propias de la Municipalidad" (véase el texto de la resolución a fs. 519/521 del expediente 350/03).

la tramitación normal de las actuaciones administrativas, extremo que también contribuye a probar el cúmulo de publicaciones periodísticas de la época, que permiten reconstruir, el caos interno que tenía en los años 2002 y 2003 la Municipalidad de la Ciudad de Formosa (fs. 113/129).

imposibilidad de acceder a los libros y documentos contables necesarios para desarrollar una mínima tarea de ordenamiento administrativo, que no están en poder de terceros, porque en verdad estaban en el ámbito municipal, sólo que sus responsables y trabajadores del área, no podían acceder a los mismos por acciones de fuerza del sindicato municipal.

han omitido argumentos defensivos esenciales, cuya inobservancia vulnera la garantía consagrada en el Artículo 18 de la Constitución Nacional (cf. Artículo 46 inciso "c" del Dec. Ley 971), sin perjuicio de agregar que roza la ausencia de buena fe administrativa, cuando se reconoce en el Acuerdo 32.498, que gran cantidad de documentación estaba incompleta a los meses de junio, julio o setiembre de 2003, y no se toma en cuenta la situación de parálisis administrativa que fuera luego judicialmente comprobada. Si al momento del dictado del Acuerdo 32.498 el Honorable Tribunal de Cuentas podía argumentar que desconocía el fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 - argumento que por cierto tampoco expone - mucho menos podía ignorarlo al dictar el Acuerdo ratificatorio, el N° 33.353, desde que al promoverse el recurso de revisión se acompaño copia de aquel pronunciamiento.

hacienda pública. Dicho de otro modo, la valoración de hechos y pruebas documentales en materia de contralor de la hacienda pública, es competencia exclusiva del Honorable Tribunal de Cuentas, no pudiendo replantearse en sede jurisdiccional, el análisis de los mismos hechos y documentos analizados".

jurisdiccional, en tanto no nos encontramos en el acotado marco del recurso judicial legislado en el artículo 39 de la Ley 1.216, sino en el ámbito de una acción contenciosa - administrativa, tal como la iniciara la interesada y consintiera la demandada.

virulencia que efectivamente tomaron - con la ocupación violenta de edificios municipales, incluida la Tesorería - resultando inevitable, al menos para la actora, hacer cesar esa situación de hecho, recurriéndose a una medida judicial que si bien constató la situación, libró una orden de desalojo de débil cumplimiento (Belluscio - Zanoni, Código Civil Comentado, Tomo II, pag. 662 y ss, Astrea) El acontecimiento era ajeno a la aquí pretendida responsable, y sus efectos subsistieron por varios meses, situación que luego se agrava con el secuestro de documentación contable a partir de una orden de allanamiento en el mes de diciembre de 2003. Si bien, este aspecto del allanamiento, es ligeramente analizado por el Honorable Tribunal de Cuentas, desdeñándolo en razón de "no importar los hechos externos ocurridos en el transcurso del ejercicio" (fs. 548), lo cierto es que el órgano de contralor, no alcanza a demostrar que la actora estaba en concreta y efectiva posesión de los libros, registros y documentos necesarios para realizar las operaciones necesarias tendientes a la rendición de la cuenta anual del ejercicio 2003 de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, demostración que debería constituir un elemento esencial del pronunciamiento, porque estamos ante la aplicación de sanciones, ergo, de una condena en el ámbito del control de la hacienda pública.

actora, en el recurso de revisión oportunamente planteado, en atención a la comprobada situación de fuerza mayor alegada y que incluso - en orden a la situación derivada del allanamiento judicial - se comunicara oportunamente al mismo órgano de contralor, quien recién se hace cargo de la presentación, al rechazar el recurso de revisión indicado, mediante Acuerdo 33.353, en tanto esa omisión vulnera la garantía de la defensa en juicio,(Artículo 18, C.N.), y desconoce actos administrativos y judiciales dictados por quienes actuaron en ejercicio de sus respectivas competencias, relevantes para el dictado de un pronunciamiento ajustado a derecho. Ausencia de argumentación relevante de la que también resulta partícipe, ya en esta etapa jurisdiccional, la representación letrada de la demandada.

luego (a partir de fs. 49) como apoderado junto a la abogada Norma Gladys Román, propongo regular los honorarios profesionales del primero de los nombrados por su intervención hasta fs. 48, en la suma de Cuarenta (40) "Jus" por su intervención en la etapa de preparación de la acción y presentación de la demanda y en forma conjunta con la abogada Norma Gladys Román, en la suma de Sesenta (60) "Jus", por el carácter de la representación, resultado obtenido, mérito del trabajo profesional realizado y naturaleza de la cuestión planteada (Arts. 8, 12, 13 y 41 inciso "b" de la Ley 512), en tanto se propone regular los honorarios profesionales de la abogadas Carolina Perrota y Stella Maris Zavala de Copes, por la intervención en autos, en la suma de Treinta y Cinco (35) "Jus", en forma conjunta y proporción de ley, ante el trabajo realizado y resultado obtenido (Arts. 8, 12 y 41 inc. "b" de la Ley 512)	Los señores Ministros Dres. Carlos Gerardo González, Eduardo Manuel Hang, Héctor Tievas y Telma C. Bentancur se adhieren al voto que antecede.

Por ello, con las opiniones concordantes de los Señores Ministros, Dres. Ariel Gustavo Coll, Carlos Gerardo González, Eduardo Manuel Hang, Hector Tievas y Telma C. Bentancur que forman la mayoría absoluta que prescribe el art. 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, concluye el presente Acuerdo firmando los Señores Ministros, por ante mí, de lo que doy fe.