Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-03-11


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: TREINTA.- San Fernando del Valle de Catamarca, 11 de Marzo de 2013.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N°066/2012 "SENADORES AGÜERO, Jorge Edgardo y Otros - c/ PODER EJECUTIVO - s/ Conflicto de Poderes", y- CONSIDERANDO:

1- Que a fs.238/242 comparece la parte denunciante en esta acción de Conflicto de Poderes, por intermedio de letrado patrocinante, formulando planteo de nulidad (Art.169 CPCC) en contra de la Sentencia Interlocutoria Nº252/12, -fs.233/233vta.-, de fecha 26/Dic/12, que resuelve: declarar sin materia la presente acción, imponiendo las costas por su orden.- - - Argumenta -en lo que interesa destacar- que el pronunciamiento vulnera el derecho constitucional de defensa en juicio y quiebra el principio de congruencia al dejar de resolver conforme al Art.161, inc.2, del CPCC. Respecto al primer planteo, manifiesta que la nulidad se materializa en la negación de participación en esta instancia del proceso, en que su parte debió ser escuchada y ordenar traslado de conformidad al Art.150 del CPCC. Reseña las actuaciones cumplidas, enfatizando que se vio obligada a iniciar la acción ante la conducta del PE en violación a la Constitución Provincial, no obstante no se le da derecho a expresar su opinión. Aprecia acerca de la gravedad de tal cuestión, por cuanto el Poder Ejecutivo, después de haberse rechazado el pliego del abogado propuesto para ser Fiscal de Estado, primero lo designa y luego acepta la renuncia. Lo que resulta confirmado por el Tribunal sin realizar manifestación en sus fundamentos, ignorando su calidad de parte, actores en el proceso y particulares afectados, por cuanto el objeto del proceso versaba en la defensa de sus atribuciones y funciones como representantes de la comunidad en el ejercicio de derechos democráticos, en su rol de legisladores como establece la Constitución. Cita jurisprudencia de tribunales de inferior jerarquía. Formula consideraciones impropias a la instancia, acerca de lo que debe entenderse por conceptos elementales de derecho procesal, verbigracia: jurisdicción, plazos, vistas y traslados, principio de congruencia. Arguye, en orden al segundo agravio articulado, que la incongruencia del pronunciamiento surge al no resolverse sobre algo de lo peticionado, implicando una sentencia negatoria o incompleta. Que su parte fue legitimada por sendos pronunciamientos, tanto del Procurador como del Tribunal al aceptar que se trataba de un Conflicto de Poderes. Que el Tribunal sustenta su postura en un hecho fáctico no incluido en el proceso, al no haber sido incorporado por la contraparte, mediante allanamiento agregando el instrumento que acredite el cambio de postura del Poder Ejecutivo. Reitera conceptos y concluye que su parte no ha pedido ni acepta que se declare la cuestión sin materia, lo que tampoco fue solicitado por la demandada, ni se allanó al comunicar al Tribunal la aceptación de la renuncia del funcionario al cargo de Fiscal de Estado. Por último se agravia de la imposición de costas por el orden causado. Ofrece prueba documental. Hace reserva del caso federal. Peticiona en definitiva se haga lugar al planteo de nulidad y se ordene la fijación de un nuevo plazo para que su parte formule observaciones sobre el proceso y una vez cumplido pasen los autos para resolver.- A fs.239 se dicta proveído que ordena autos para resolver, quedando la causa en estado de emitir pronunciamiento.- 2- Que conforme a lo resuelto mediante SI Nº252/12, el pronunciamiento de este Superior Tribunal se funda en pautas objetivas de dable verificación en orden a las actuaciones cumplidas ordenadas en mérito a la valoración de hechos de público y notorio conocimiento -proveído de fs.228-, que residen en el imperio otorgado al sentenciante por el plexo normativo de aplicación. En efecto, el nulidicente en su planteo descalificante omite considerar el mandato expreso contenido en el Art.163, inc.6), apartado 2º, del CPCC, que indica que la actuación de la ley debe proceder sobre situaciones existentes por razones de economía procesal. Lo que remite a que, la consolidación o extinción del derecho se apoya en hechos constitutivos, modificativos o extintivos, y las sentencias deben atender a la situación existente al momento de la decisión, aunque se trate de circunstancias sobrevinientes. Prescribiendo la norma citada, como principio, que la sentencia podrá hacer mérito de tales hechos, producidos durante la sustanciación del juicio, el que corresponde hacerlo extensivo también a aquellos casos en los que se produce una modificación de las normas que rigen la controversia planteada de manera tal que la solución a la que se arribe sea congruente con el objeto de la pretensión. Debido a que, si las condiciones fácticas sufrieron en el curso del juicio modificaciones de interés, no pueden dejar de tenerse en cuenta a la fecha de la sentencia, pues los jueces al dictarla deben contemplar las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición de la acción. En idéntica tesitura, la Suprema Corte de Buenos Aires dijo:" Aunque no hubiesen sido invocados como hecho nuevo, en el fallo puede hacerse mérito a hechos constitutivos, modificativos o extintivos; pero sólo en tanto ellos se hubieren producido durante la sustanciación del juicio, no cuando sean anteriores a dicha sustanciación y no hayan sido indicados al trabarse la relación procesal.". (Conf.: SCBs.As., ED 47-363).- Resultando -en definitiva- de absoluta pertinencia la aplicación de la doctrina legal de esta Corte de Justicia en orden a que: "las resoluciones dictadas por este Tribunal no son susceptibles de recurso de reposición, ni de incidentes de nulidad excepto que se hubiere incurrido en un error de hecho evidente en orden a preservar las garantías del debido proceso y defensa en juicio"; y que "la reposición -e incidentes de nulidad- sólo procede contra las providencias simples y no contra las sentencias interlocutorias y sentencias definitivas".-(Conf.: SI Nº25/08, entre muchas otras). Como asimismo la sentada por la CSJN: "Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son, como principio, susceptibles de ser modificadas por el recurso de reposición ni por recursos o incidentes de nulidad, sin que en el caso se configure algún supuesto estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina". (CSJN, 02/02/2010, La Ley Online, AR/JUR/2312/2010).- Lo que evidentemente remite a supuestos excepcionalísimos de error, que no se presentan en el sub lite.- 3- Que por ello, corresponde se rechace el incidente de nulidad interpuesto por su manifiesta improcedencia. Sin costas ante la ausencia de contradictor.- Voto ampliatorio del Dr. Cáceres:

En primer lugar, sin perjuicio de lo correcto del rechazo in límine del incidente de nulidad incoado por los senadores provinciales, quienes han iniciado el Conflicto de Poderes, el suscripto entiende que deben hacerse algunas pequeñas aclaraciones sobre el particular ante evidentes "errores" e ignorancia del instituto y procedimiento que nos ocupa (Conflicto de Poderes).- La primera aproximación al tema está dado en que el Conflicto de Poderes es un procedimiento publicista y encuadrado dentro del derecho procesal constitucional que le imprime específicas e insoslayables características. Entre las más destacables:

LA CORTE NO ACTÚA COMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Debo citar un fallo de la señera Corte de Buenos Aires de 1887 citado por la Dra. Kemelmajer de Carlucci: "La C.S. de Buenos Aires resuelve desde antiguo que mientras las cuestiones de competencia en lo judicial son resueltas por la Suprema Corte en su carácter de Tribunal de Justicia, los conflictos entre los poderes públicos los decide obrando no como Poder Judicial, sino como Tribunal de constitucionalidad especialmente creado para dirigir las controversias entre los Poderes del Estado, asegurando la regularidad de sus funciones y el cumplimiento normal de sus considerandos como simples litigantes que gestionan en juicio la declaración de un derecho" (S.C.Bs.As., 22/01/1887, Cámara de Senadores c/Poder Ejecutivo, conflicto de poderes). (Lo subrayado no pertenece al original) (KEMELMAJER DE CARLUCCI- "Derecho Público Provincial", T. II, Pág. 518).- LOS LEGISLADORES NO SON PARTE DEL PROCESO Y es una de las tantas que han confundido los incidentistas, es que no son parte en el proceso sino simples denunciantes de un supuesto avasallamiento de un poder a otro, a la vez que no se ponen en juego derechos subjetivos ni intereses propios de quienes ejercen los cargos u órganos (senadores).

Los legisladores carecen de la titularidad de un derecho subjetivo o interés legítimo de defender en nombre del órgano que integran, el principio de división de poderes que considera afectado. La defensa pertenece al órgano como tal y no a sus miembros en forma individual, siendo dicho órgano quien debe arbitrar los medios necesarios para actuar en resguardo de la división de poderes que considera afectada.- NO EXISTE ACTOR NI DEMANDADO Tengo dicho que: "Demás está decir que nuestra función al decidir cuestiones de naturaleza política, debe tender a someter lo político al Derecho ya que no consideramos razones de Estado, conveniencia o intereses para resolver el conflicto, sino la legalidad y constitucionalidad (.)", por lo que "(.) la Corte provincial procede en estos casos como tribunal político (.)". En la misma sentencia, y citando a Tomás Jofré, "Manual de Procedimiento", T. I, Pág. 126 dije "(.) la contienda no se traba en esos casos entre particulares, ni versa sobre derechos relativos a las personas o los bienes. Las partes contendientes son autoridades o funcionarios públicos y las reglas a aplicarse no son tampoco las del derecho privado, sino las del derecho público, constitucional, administrativo, electoral, etc." (CJCatamarca, 23/06/1992 en autos Corte 27/92 caratulado "Jorge Herrera Castellanos, Presidente del Concejo Deliberante de Valle Viejo s/Avocamiento y Revocación de Medida de No Innovar dictada en Expte. Nº 96/92 ALBARRACIN, Hugo c/CONCEJO DELIBERANTE DE VALLE VIEJO-ACCIÓN DE AMPARO").- De ahí que no existe actor ni demandado, sino poder denunciante y poder denunciado en estricto derecho. Es decir, no hay partes y por lo tanto no hay traslado. La legislación positiva habla de requerir informe). "(.) la Corte de Justicia . requerirá a la contraparte en el conflicto, el envío de los antecedentes, fijando para ello un plazo no mayor de cinco días ." (art. 263 ter del CPCC). En ese contexto se realizó el requerimiento (Dcto. de fs. 86/87.) y, siguiendo ese procedimiento, a fs. ., el Poder Ejecutivo contestó el informe solicitado. "Presentados los antecedentes requeridos o vencido el plazo previsto en el artículo anterior, la Corte de Justicia correrá vista al Procurador General, quien deberá expedirse dentro de los tres días siguientes" (Art. 623 quáter CPCC).- "(.) el escrito de planteamiento del conflicto de poderes no es una demanda en el sentido procesal estricto, sino una denuncia que se formula ante la Corte por la autoridad que considera que se ha planteado, con otra, un conflicto de competencia o de poderes, no corriéndose traslado de dicha presentación. La autoridad requerida debe limitarse a la remisión de todos los antecedentes del caso" (SCBA, Ac. y Sent., 1974, v. II, p. 771).- - - - En ese contexto cabe precisar que en el conflicto de poderes siempre se ha seguido la jurisprudencia y doctrina sentada fundamentalmente por la Corte de la Provincia de Buenos Aires y el procedimiento es casi copia idéntica del que rige en dicha provincia. Es decir, que la jurisprudencia y doctrina que se cita es de aplicación insoslayable.- La confusión de los incidentistas se muestra palmariamente a lo largo del escrito, ensayando en varias de sus partes una clase magistral para los miembros del Tribunal y, delatando, al mismo tiempo, su propia ignorancia respecto de las características del proceso en un conflicto de poderes lo que irremediablemente lo encamina a multiplicar sus errores, a saber:

Que debe aplicarse el procedimiento contencioso administrativo:

El incidentista, en el punto II- b) se pregunta "Qué es la jurisdicción? A esta altura corresponde dar una noción de jurisdicción (.)" Y después de la exposición señala que "En función de lo expuesto, y de conformidad a lo establecido por el Art.204 inc.1), cabe definir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (.)" No tiene nada que ver el conflicto de poderes con el procedimiento contencioso administrativo, salvo un solo punto de conexión que es la competencia originaria y exclusiva de la Corte sobre ambos tipos de procesos que, en rigor de verdad, Catamarca es una de las pocas provincias en la que subiste en cabeza de este Poder la competencia contenciosa administrativa, habiendo sido atribuida a los tribunales de grado por su inconveniencia de dejarla como competencia exclusiva de la Corte.- Sobre el particular, esta Corte, y con el voto del suscripto tiene marcada la diferencia entre uno y otro proceso, a la vez de lo distinto de las pretensiones que se ejercen en una y otra acción: "A nivel de análisis esta Corte interviene originariamente en dos cuestiones que si bien remotamente pueden tener alguna similitud en el planteo y a pesar de que la competencia originaria de la Corte, como ya expresé es de interpretación restrictiva, podría tratar de encuadrarse en alguna de ellas. Por un lado el conflicto de poder y por otro las cuestiones contencioso-administrativas" (CJCatamarca, 07/08/1998 en autos Corte Nº 77/98 caratulado "BRIZUELA DEL MORAL, Eduardo Segundo y JALILE, Edgardo Ramón - ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA").- La diferencia puede notarse fundamentalmente en dos aspectos: en el subjetivo y formal y en el objetivo o de fondo. En el primero ya me extendí sobre el particular, asi que sólo cabe resaltar que el conflicto de poderes es un proceso sumarísimo donde no hay partes en el sentido estricto, ni tampoco pueden plantearse incidencias, etc. y, por otro lado, es un juicio de conocimiento pleno, como expresamente lo legisla la Carta Magna Provincial.- La pretensión o denuncia en un conflicto de poderes tiende a la actuación del Tribunal como órgano moderador en una actitud jurídica-procesal de encauzar los desbordes institucionales o disputas que se suscitan entre los distintos poderes del Estado y de los municipios.- Como bien dice Sagües, el conflicto se produce cuando hay un órgano invasor y otro órgano invadido y, en esos términos, debe resolverse la disputa haciendo cesar, si la hubiere, la invasión y limitando el poder a su justo término.- De lo expresado, esta competencia originaria no tiene por objeto la revisión de actos o hechos jurídicos. "El papel correctivo o represivo del Poder Judicial lo presenta también como guardián no sólo de la Constitución, sino también del proceso político, al dirimir los conflictos de poderes, cosa que importa hacer concluir las invasiones institucionales que puedan mutuamente perpetrarse el Presidente o el Congreso, o sobre el Poder Judicial" (SAGÜES, Néstor P. - "Seguridad jurídica y confiabilidad en las instituciones judiciales", LL 1996-E, 957).- Por el contrario, en el proceso contencioso administrativo se abre la jurisdicción revisora de la Corte a efectos de ejercer un control judicial de los actos administrativos que vulneran un derecho subjetivo de carácter administrativo. Es de la esencia del contencioso administrativo en la provincia de Catamarca su facultad revisora y encuadrada perfectamente en el Art.1 del Código de Procedimientos Administrativos (Ley 2403): "Las causas contencioso administrativas a que se refiere el Artículo 204 de la Constitución de la Provincia, son las que inicien los particulares o alguna autoridad administrativa (.) que vulneren un derecho de carácter administrativo (.)".- En el caso que nos ocupa, resulta a todas luces evidente que nada tiene que ver una cosa con otra, habida cuenta que el decreto llamado de designación, no es más que un instrumento a los efectos de la toma de juramento en razón de haberse prestado el acuerdo, pero no constituye -a todas luces- un acto administrativo. "Los nombramientos con "acuerdo" son actos substancialmente políticos o de gobierno; no son actos administrativos sino desde el punto de vista formal. Esta concepción sobre la naturaleza jurídica de tales nombramientos con acuerdo, válida también para las designaciones de los jueces mediante dicho procedimiento, es aceptada por la doctrina argentina. (Doctrina: VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, "Derecho Administrativo", T. III, "Instituciones Fundamentales, Primera Parte", Bs. As. 1951, ps. 404, nota 12; Bidegain, Carlos María, "Cuadernos del Curso de Derecho Constitucional", 2ª. Ed. Aumentada, Bs. As. 1954, p. 513; íd. Derecho Administrativo, 6ª ed., T. V, BsAs. 1966, p 706; Dromí, José Roberto, "Instituciones de Derecho Administrativo", BsAs. 1973, p. 119; Linares, Juan Francisco, "Derecho Administrativo", BsAs., 1986, p. 193; Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", Bs.As. 1966, T. II, p. 760)" (CSJSanta Fe, 07/06/1995 en autos "DECOUD, RUBÉN ORLANDO").- La lectura del capítulo VIII del Código de Procedimiento Civil y Comercial de Catamarca que ordena el procedimiento en un conflicto de poderes, legislación que incluso fue tratada y aprobada por alguno de los actuales senadores, les hubiera evitado cometer el desatino de cuestionar el procedimiento llevado a cabo por el tribunal que actuó de acuerdo a las normas que rigen para este tipo de conflictos. También les hubiera ahorrado el papelón de argumentar con razonamientos que contradicen la ley al reclamar justamente lo que esta prohibido en el procedimiento, tal es el caso de correrse vista o provocar una incidencia y seguir con las clases magistrales explicando qué son "plazos judiciales", "plazos procesales" y la diferencia entre lo que es una "vista" y un "traslado". Se supone que un ministro de la Corte, por el solo hecho de haber alcanzado tal carácter, posee esos rudimentarios conocimientos del derecho -propios de un manual-, traídos a colación innecesariamente salvo que quiera convertirse el escrito en una cátedra, cuando no en una irreverencia que pone a prueba la tolerancia de los jueces.- La ficción de la existencia de un incidente Lo que resulta patético es el cuestionamiento que realizan los senadores en base a que la vista o traslado no fue por el término de ley. "La primera notificación fijó un plazo de TRES DIAS al Poder Ejecutivo para que éste informe y adjunte la documentación correspondiente acerca de la renuncia del Fiscal de Estado designado sin acuerdo del senado. Sin embargo y a poco de ver las normas procesales que rigen el conflicto de Poderes, no surge en ninguna parte tal espacio temporal; y sí el Art.150 del Cód. Proc. Civil y sostiene que el plazo para contestar vistas y traslados será de CINCO DIAS, salvo disposición contraria de la ley. Ergo no hemos advertido excepción de plazo en el presente proceso".- ¿Vista al traslado de qué? ¿Qué se debiera sustanciar? si no hay sustanciación, ni siquiera hay traslado de la denuncia. Se pide un informe circunstanciado al supuesto poder invasor .., cosa que esta Corte hizo. Presentada la denuncia por los senadores se pidió el informe (fs. 86/87) y el Poder Ejecutivo contestó (fs. 203) manifestando que "PRESENTAN INFORME ." porque, en esa misma línea de pensamiento, se le prohíbe -a quien debe evacuar el informe-, subrepticiamente hacer una contestación de demanda que, debo decir, en la práctica se hace. Y en el petitum, el Poder Ejecutivo, textualmente solicitó se tenga: "2- Por evacuado y contestado en tiempo y forma el informe requerido en estos autos"(SIC) (fs. 216).- La única vista prevista en el proceso es una vista al Procurador por tres días. Una de las características del proceso de conflicto de poderes es que no hay incidencias, ni cuestiones previas e inclusive, según alguna doctrina, ni siquiera se puede recusar con causa, hecho rarísimo, existiendo fallos de tribunales provinciales en ese sentido. "(.) pues los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes no actúan en esta clase de procesos como organismo judicial sino como órgano político institucional, y por ende no son recusables ni pueden inhibirse." (STJCorrientes, 06/04/2005, en autos "Intendente Municipal de la Ciudad de Corrientes c. Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes", LLLitoral 2005 (octubre) , 961; en igual sentido TSCABA, 11/11/2009, en autos "Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c. Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires", LLCABA 2009 (diciembre) , 680.- De ahí que no hay ninguna incidencia promovida de oficio por el Tribunal. Ante el hecho público y notorio, asi dice la resolución, requiere que por vía de un informe le hagan llegar el instrumento por el cual se aceptaba la renuncia del Fiscal de Estado. Por cierto, el Poder Ejecutivo, envió copia -porque ya había sido publicado en el Boletín Oficial- del decreto de aceptación de la misma.- "En ese contexto, resulta inviable la articulación de reposiciones o nulidades, ya que de admitirse tal posibilidad se desnaturalizaría la esencia sumaria del procedimiento que debe observarse en este tipo de procesos, a los que el legislador ha pretendido dotar de un trámite que permita, con la mayor prontitud posible, la resolución de la controversia, en atención a las eventuales consecuencias que pueden derivarse de los conflictos suscitados entre poderes públicos" (el resaltado me pertenece) (TSJ, Sala Electoral y de Competencia Originaria, 23/08/04, "Municipalidad de Alta Gracia c/Provincia de Córdoba-Conflicto externo de poderes". En el mismo sentido PUIGDELLIBOL, María Soledad, "Conflicto de Poderes", Pág. 143.- Pretender que deba aplicarse supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial y, en especial el Art.150, que establece un plazo de cinco días para correr traslado, supone la existencia de lo que se denomina ausencia histórica de norma que prevea el caso (laguna de la ley).- Y no es así. La problemática esta subsumida en forma clara, precisa, sin dejar dudas en los Arts.623bis, 623ter y 623quáter; es decir, no hay tal laguna normativa.- En efecto, los plazos para requerir informe, inclusive el primogénito, es decir, cuando se le requiere informe al Poder Ejecutivo para el envío de los antecedentes del caso, no es un plazo procesal, sino un plazo judicial, con una restricción al tribunal que no podrá exceder de cinco días. Asi las cosas, puede fijar un plazo menor: ". la Corte de Justicia, . requerirá . el envío de los antecedentes, fijando para ello un plazo no mayor de cinco días" (Art.623ter CPCC) (subrayado no pertenece al original).- Va de suyo que fijar, un plazo de tres días para que remita, por vía de informe, cierta documentación ante el hecho notorio -como bien dice el decreto de marras- se está adecuando al art. 623 ter de que tiene facultades para fijar los plazos, que en este caso los fijó en tres días. Es decir, "la problemática" de la aplicación de la ley, cierra perfectamente en el plexo normativo legislado por los tres artículos referidos al conflicto de poderes.- A nivel de hipótesis, y para el improbable caso que se pudiera plantear incidente en un proceso de conflicto de poderes, y de tener que aplicar otras normas del Código Procesal Civil, cabe recordar que estos son de aplicación restrictiva y casi nula. "Por ello, aún cuando pudiera admitirse la aplicación supletoria del CCAyT para ciertas cuestiones, la incompatibilidad en el punto resulta obvia, pues importaría frustrar el ejercicio de una competencia de raíz constitucional, originaria, exclusiva y excluyente: dirimir los conflictos de poderes" (TSCiudad Autónoma de Buenos Aires, 11/11/2009 en autos "Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c. Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires", LLCABA 2009-680). De tal modo, la naturaleza de estos procesos en donde no hay partes, tampoco puede haber traslados y mucho menos incidencias y como bien dice el Tribunal de la Ciudad Autónoma, la incompatibilidad resulta obvia.- Por lo expuesto, no puede pretenderse que el tribunal yerre aplicando el Art.150 a un proceso sumarísimo y por demás abreviado, ya que el Art.150 dispone un plazo de cinco días ". salvo disposición en contrario de la ley", la cual existe. Los incidentistas, en su afán de dar clases sobre plazos judiciales se olvidaron que se cumple la existencia de disposición contraria a la ley, es decir, que existe un plazo que puede ser menor y que debe coincidir con la naturaleza accesoria de los incidentes y abreviarse el plazo normal de cinco días como expresamente lo estatuye el Art.187 del Código de Procedimiento Civil: "Incidentes en procesos sumarios y sumarísimos. En los procesos sumarios y sumarísimos, regirán los plazos que fije el juez, quien así mismo adoptará de oficio las medidas adecuadas para que el incidente no desnaturalice el procedimiento principal.". "Procesos sumario y sumarísimo: las mismas reglas son las que rigen para estos continentes, con la diferencia de que los plazos son fijados por el juez ." (MORELLO-SOSA-BERIZONCE, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Prov. de Bs. As. y de la Nación-Comentados y Anotados T. II-C, Pág. 405). "los plazos en los incidentes serán los que fije el Juez (Art.187)." (De IBARLUCEA, Ricardo L., "El proceso sumario y el proceso sumarísimo y los incidentes en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación-Los plazos en dichas actuaciones", Pág. 33).- Que la resolución interlocutoria está encuadrada en el Art. 161 del CPCC Equipara -lo resuelto en un conflicto de poderes en donde se declaró sin materia el planteo-, con una sentencia interlocutoria en los términos del Art.161 del CPCC. Grave error del incidentista al concluir que hemos dictado una resolución en esos términos.- No estamos en presencia de una simple interlocutoria que resuelve una incidencia como parecieran dejar entrever los senadores.- La redacción del Art.161 excluye esa posibilidad: "Sentencias Interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso. (.)" (subrayado me pertenece).- Como bien enseña Carnelutti "La litis a que se refiere el artículo, no es la que constituye el objeto principal o materia del juicio, sino la que incidentalmente puede plantearse con ocasión de sustanciarse aquél".- En efecto, decide cuestiones originadas en el curso del procedimiento previamente sustanciado con traslado a las partes. No resuelve, por definición, el mérito o fondo del asunto ni puede poner fin al proceso.- En ese orden de ideas debemos decir que la resolución de marras sí pone fin al proceso.- Los juicios culminan, normalmente, con una sentencia de mérito; es decir, cuando el juez decide sobre el fondo del asunto y, valga la redundancia, haciendo mérito sobre las pretensiones deducidas para estimarlas o rechazarlas. Ello lleva evidentemente a que esta corte y los tribunales de grado lleven un protocolo de sentencias definitivas.- Ahora bien, cuando una resolución dictada en el proceso que no se puede encuadrar en la sentencia definitiva, la Corte lleva un protocolo que se llama "Sentencia Interlocutoria" en donde están incluidas, por un lado las sentencias interlocutorias producidas en un incidente donde hay sustanciación y se resuelve una cuestión accesoria de un juicio principal y, residualmente, todas las resoluciones que no son propiamente sentencias definitivas ni interlocutorias o incidente con sustanciación y accesorias.- Cuando se frustra la posibilidad de dictar una sentencia de mérito porque hay un hecho que hace abortar la posibilidad del dictado de la misma, corresponde el dictado de una resolución que no cabe más que encuadrarla y protocolizarla en sentencia interlocutoria y por ello, cuando hay un modo anormal de terminar el proceso, "(.) en tales situaciones el decisorio no es estrictamente una sentencia (.) (FENOCHIETTO-ARAZI- "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires", T. I-Pág. 541). En igual sentido, el allanamiento con cumplimiento de la prestación (Art.304); el desistimiento de la acción y del derecho (Art.307).- De ahí que, las resoluciones producidas, verbigracia, en la perención de instancia declarada de oficio -que es un modo anormal de terminar el proceso-, este Tribunal las protocolice en sentencias interlocutorias.- Si bien no estamos frente a la clásica sentencia que aparece como una conclusión evidente y sistemática del proceso, y que pone fin al mismo con una sentencia de mérito; hay otros modos o maneras a través de las cuales se llega al mismo fin. Y son los modos anómalos de conclusión de un proceso que nuestro Código Procesal Civil lo trata en el Título V, Capítulo I, bajo la denominación de "Modos anormales de terminación del proceso" dentro de lo cual se encuentra lo legislado expresamente como la perención de instancia, el allanamiento, desistimiento del derecho, etc.; y por cierto lo que no tiene una caracterización dentro del Código de procedimiento como ser la declaración de cuestión abstracta por sustracción de materia.- "Se impone entonces que -por fin- digamos que la "sustracción de materia" no es otra cosa que un medio anormal de extinción del proceso (no regulado por el legislador), constituido por la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser tal por razones extrañas a la voluntad de las partes, no pudiendo el tribunal interviniente emitir un pronunciamiento de mérito" (PEYRANO, Jorge W. - "A propósito de la sustracción de materia", JA-1980-III-166). En igual sentido -entre otros- SCMendoza, fallo, resalta voto de Dra. Kemelmajer.- Que la sentencia carece de congruencia ya que el Tribunal no resolvió la cuestión planteada.

En cuanto a la congruencia, siguen las clases magistrales y lamentablemente ha leído únicamente el Art.161 inc.2º y dice que ahí está legislada la congruencia en el Código de Procedimientos Civil y Comercial.- Nada más inexacto que considerar que el principio de congruencia, que es una garantía constitucional que hace a la defensa en juicio, tiene regulación positiva en el Art.161 inc. 2 del código de procedimiento. Y resulta evidente que se trata de un error conceptual y no de transcripción ya que se cita el artículo en forma reiterada.- Se cita un artículo incorrecto, el 161 inc.2, cuando en realidad el principio de congruencia esta legislado en el Art.34 del Código Procesal Civil y, especialmente, en el Art.163 inc.6 que en su primera parte expone el clásico concepto de congruencia como principio general del proceso mientras que en la segunda parte del inciso introduce algunas aclaraciones respecto del mismo. "La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos y extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos" (Art.163, inc.6, segundo párrafo) (subrayado no pertenece al original).- Por ende, un fallo es incongruente cuando, existiendo una cuestión a resolver que se ha devenido abstracta o sin materia, o porque a raíz de acontecimientos sobrevinientes se ha extinguido la controversia o ha dejado de existir la causa de la acción, o se ha tornado, por cualquier manera, imposible para el tribunal resolver lo peticionado por las partes. Ello así, si el Tribunal a pesar de lo expresado, resuelve, el fallo es incongruente y atacable por ese motivo.- Aunque parezca un juego de palabras, pero es necesario producir la declaración que declara que la cuestión ha quedado sin materia, o "moot case" o abstracta; hace a la congruencia y únicamente puede ser cuestionado por las vías legales correspondientes si en realidad tal pérdida de materia no existe, debiendo ser invocado y probado en forma clara por el recurrente, única vía idónea para cuestionar los pretensos errores de razonamiento o error "in iudicando" a través del correspondiente recurso ordinario o extraordinario, ya que los supuestos vicios de juzgamiento únicamente lo puede hacer un tribunal por vía recursiva.- Y en virtud de dicha norma, (Art.163 inc 6), el tribunal en ejercicio de la jurisdicción -y para evitar fallos incongruentes-, verificó -al momento de dictar sentencia-, si todavía subsistían o no los "requisitos jurisdiccionales", así denominados por el máximo Tribunal del país.- Que la declaración de cuestión abstracta debe ser pedida por las partes Para los senadores, el dislate jurídico en que incurrió la Corte, es que el Tribunal, de oficio, declaró sin materia el presente proceso y puso tal énfasis en esto que lo resalta con letras mayúsculas: "(.) sin embargo el Tribunal contando con un dictamen puntual del Señor Procurador de la Corte QUE SE PRONUNCIO SOBRE EL OBJETO DE LA LITIS, decide algo que no FUE SOLICITADO NI AVALADO POR NINGUNA DE LAS PARTES EN EL PROCESO, y es que se DEJE SIN MATERIA EL MISMO".- En ese orden de ideas debemos decir que los jueces se hallan habilitados para examinar de oficio la subsistencia o la desaparición de la finalidad del litigio, pues ello constituye un requisito jurisdiccional (Fallos 262:226; 281:401, 293:518 entre otros) ya que los decisorios de la judicatura deben ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, aunque sean sobrevinientes y producidos durante la sustanciación del proceso (Fallos 259:76; 267:499; 311:787; 329-4717, entre otros), de tal forma que no corresponde emitir pronunciamiento cuando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso decidir la cuestión materia de agravios. "(.) es necesario resaltar que el sentenciador debe examinar de oficio la existencia de los hechos constitutivos del derecho y hacer mérito en su sentencia de los hechos extintivos que surjan del proceso, aunque no hubiesen sido alegados por el demandado" (ARAZI-ROJAS, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. I, Pág. 127) (subrayado no pertenece al original).- Asimismo, los jueces no sólo están habilitados sino además obligados a pronunciarse si una cuestión se ha devenido sin materia. "Por lo tanto, la citada norma no confiere al juez el arbitrio de hacerlo o no hacerlo según su voluntad y aun su capricho, con la posibilidad de ignorar prueba relevante para la solución del litigio (CNCom., Sala D, 27/9/95)" (HIGHTON-AREÁN- "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado con los Códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial", T. 3, Pág. 488).- Esto ha hecho decir a la Corte, en sin número de precedentes que, cuando una cuestión se deviene abstracta, debe ser tratada por el tribunal. "Si bien es una regla general muy definida, que no corresponde pronunciamiento alguno cuando las circunstancias sobrevinientes han tornado inútil la resolución pendiente (Fallos 267:499; 285:353; 328:339), (.)". (CSJN, 13/03/2012 en autos F., A. L. s/medida autosatisfactiva").- Ya hemos visto la claridad de la legislación positiva sobre el particular que no deja lugar a dudas que las cuestiones abstractas pueden ser declaradas de oficio que no necesita planteamiento de parte por vía de hecho nuevo. La jurisprudencia se expidió en el mismo sentido. Se cita la jurisprudencia del más alto tribunal para no abundar en citas. Mientras que la doctrina coincide plenamente con la ley y la jurisprudencia y lo trata normalmente cuando analiza el principio de congruencia. "También les está vedado a los jueces el tratamiento de cuestiones abstractas". (ARAZI-ROJAS, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. I, Pág. 124).- De ahí la terrible confusión del incidentista cuando sostiene que si no lo piden las partes y no se falla sobre el fondo de la cuestión se quiebra el principio de congruencia. Todo lo contrario. Ya hemos visto que si el juez, ante la presencia de un hecho extintivo de la relación procesal primogénita no hace merito de ello, vulnera el principio de congruencia y cuál es la sanción? Que el fallo se deviene nulo por incongruente, por no tratar un tema o elemento extintivo de la relación procesal que integra el tema decidendum originario, producto de la litis contestatio. "(.) cesaron las causas que, eventualmente, podrían haber dado algún sustento a la presente acción, por lo que corresponde declarar abstracta la cuestión sustancial involucrada y, con ese alcance, revocar el fallo de grado" (CNCiv., sala A, 10/11/2000, "I. de L., A. S. c. A., S.A. (canal .) s/derechos personalísimos), ED-194-30).- Voy a transcribir parte de un fallo suscripto por los actuales integrantes de la Corte Suprema en una causa que se generó a partir de la desestimación de la impugnación que formuló una agrupación política (U.C.R.) respecto a la candidatura a diputado nacional del ex Presidente de la Nación (Néstor Kirchner), por no cumplir con el requisito de residencia establecido en el Art.48 de la Constitución Nacional. Contra ese pronunciamiento la UCR interpuso el recurso extraordinario, que fue concedido en forma parcial. Oficializada la candidatura, y ante el resultado de los comicios el candidato adquirió la condición de diputado nacional electo. Sobrevenido su fallecimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró abstracta la cuestión planteada. "(.) a esta Corte le está vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos, en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual (Fallos: 214:147; 320:2603; 322:1436; 329:1898 y sus citas; causa V.991.XL "Vargas Aignasse, Guillermo s/ secuestro y desaparición", sentencia del 3 de mayo de 2007). Regla tradicional que, por lo demás, el Tribunal viene aplicando en asuntos de esta naturaleza (causa P.211.XL "Partido Nuevo Distrito Corrientes s/ oficialización de listas de candidatos a senadores y diputados nacionales - elecciones del 23 de noviembre de 2003", sentencia del 27 de mayo de 2009, Fallos: 332:1190) cuando, como en este caso, no concurren circunstancias de excepción que justifiquen abordar las cuestiones constitucionales planteadas. Que al no existir una conclusión que configure un pronunciamiento declarativo sobre el derecho de los litigantes para, desde esta premisa, fundar la decisión sobre las costas con base en el principio objetivo de la derrota, dicha condenación debe distribuirse en el orden causado (Fallos: 329:1854, 1898 y 2733) (el subrayado no pertenece al original) (SCJN, 02/03/2011, "Morales, Gerardo Rubén - Presidente de la Unión Cívica Radical", JA 2011-II, 520).- Ergo, el juez, en ejercicio de la jurisdicción y para evitar fallos incongruentes, debe verificar -de oficio- si todavía subsisten o no, al momento de sentenciar, la subsistencia de "requisitos jurisdiccionales", así denominado por el Máximo Tribunal del país. Y éste no sólo puede sino que debe, comprobar de oficio, y en tal situación si se configuran los "moot case".- Para concluir con este punto citaré calificada doctrina cuyo título es "Comprobación "de oficio" del gravamen actual" en cuyo contenido dice: " Tiene que tenerse en cuenta, . que la comprobación y declaración de la insubsistencia de los requisitos jurisprudenciales que condicionan la intervención de la Corte Suprema para resolver un recurso extraordinario (entre los que se halla la existencia del gravamen actual) se realiza aun de oficio por la Corte Suprema. Nutrida jurisprudencia así lo indica y ello ocurre aunque primero se haya declarado admisible formalmente la queja por denegación del recurso extraordinario" (SAGÜES, Néstor Pedro-"Derecho Procesal Constitucional-Recurso Extraordinario", T. I, Pág. 487).- Costas En cuanto el "agravio", sobre la forma de imponer las costas, el incidentista sostiene que la jurisprudencia es clara: "La Jurisprudencia es muy clara en el tema, las costas se distribuyen en proporción al éxito obtenido en el pleito o incidente, y corren "en el orden causado" si las pretensiones de ambas partes se acogen parcial e igualmente, cuando una u otra posición de lo litigantes no han prosperado de la manera que pretendieron o cuando las dos fueron rechazadas ." Esta jurisprudencia nada tiene que ver en el sub liten. Por el contrario, si el proceso de ha extinguido por sustracción de la materia litigiosa corresponde imponer las cosas por su orden en tanto no existe ni vencedores ni vencidos y aquella sólo configura una forma de extinción anómala del proceso que no ha sido prevista expresamente por el legislador. Esa es la jurisprudencia dominante en la doctrina y jurisprudencia. "Ahora bien: ¿qué hacer con las costas generadas por el proceso extinguido por "sustracción de materia"? Nos parece que no queda otro camino que declararlas por su orden y las comunes por mitades. Es que en la especie no hay vencedor ni vencido, y la "sustracción de materia" no es más que un modo anormal de extinción del proceso no previsto expresamente por el legislador, pero que como tal, debe merecer igual tratamiento que el recibido por la generalidad de las formas extintivas de la pretensión explícitamente reguladas por el art. 73 CPr. (10); texto éste que en el punto no ha sido objeto de propuestas modificatorias por parte de la Comisión Redactora del Proyecto de Reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" (PEYRANO, Jorge W., "A propósito de la sustracción de materia", JA 1980-III-167), (subrayado no pertenece al original).- Como hemos visto en la cita del caso "Morales (UCR)" el principio general es que, en caso de declararse sin materia, corresponden las costas por su orden como principio rector sobre el particular, habida cuenta que no podemos hablar de vencidos para condenar en costas a alguno de los intervinientes en el proceso.- Como el conflicto de poderes se produce entre órganos o departamentos de la provincia, en la mayoría de los casos debe imponerse por el orden causado a pesar de que pueda haber "vencedor y vencido" habida cuenta que es la misma persona de "derecho ." el que va a cargar las costas, verbigracia, en el caso que nos ocupa, las costas siempre las va a pagar el Estado provincial, ya sea el Senado o el Poder Ejecutivo. (Conf. PUIGDELLIBOL, María Soledad, "Conflicto de Poderes", Pág. 138). Es mi voto.- Por todo ello, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar el incidente de nulidad interpuesto, en contra de la Sentencia Interlocutoria Nº252/12, por su manifiesta improcedencia, sin costas.- 2) Protocolícese y hágase saber.- FDO.: Dr. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- Dr. José Ricardo Cáceres -Ministro- Dra. Amelia del V. Sesto de Leiva -Ministro- .Ante mí: Esc. Elsa Lucrecia Arce -Secretaria en lo Contencioso Administrativo".-