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Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, remuneración, aplicación de la ley, asignación de funciones, reescalafonamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Medina, Enzo Emilio c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   N  819-1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

Es jurisprudencia de la Corte local que las exigencias para los ingresos o promociones administrativas son de cumplimiento imprescindible, no pudiendo ser dejadas de lado, como pretende el demandante, con la argumentación de que la remuneración proviene del cargo que ostenta y no de los requisitos previos para acceder al mismo, máxime cuando ni tan siquiera ha intentado explicar porque razón, en las circunstancias de la causa, debía hacerse excepción a esas reglas. En el caso, ninguno de los elementos de la causa acredita que el recurrente haya dado cumplimiento a los requisitos exigidos para la categoría en cuestión, por el contrario, al absolver posiciones, admite expresamente la inexistencia de tales presupuestos.
Docentes, acción de lesividad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Reartes, Norma del Valle c/ Estado Provincial s/ Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-02-03

Se interpone demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad en contra de la Resolución del Ministerio de Educación Nº 94/04 mediante la cual se suspende la ejecución de la Resolución Nº 2720/03, que autorizaba a la recurrente a tomar posesión del cargo de supervisora docente interina y hasta la cobertura definitiva de aquél por su titular.

La actora expone que, aunque si bien es cierto ella participó en concurso docente previsto para la cobertura de diversas vacantes en el cargo de supervisor, y dicho concurso fue declarado desierto porque ninguno de los postulantes había logrado la calificación requerida por la convocatoria para adjudicárselo y convertirse en titular, aun así el Ministerio de Educación para resolver la cobertura de vacantes, emitió la Resolución Nº 2720/03 por la que se admitía que los postulantes perdidosos asumieran los cargos interinamente hasta su definitiva asignación por concurso a un docente titular. Notificada la Resolución de mención, a criterio de la ocurrente, nacieron para ella derechos adquiridos que la Administración desconoce al dictar pocos meses después la Resolución Ministerial Nº 94/04, que suspende la aplicación de la anterior, obviando al mismo tiempo ejercitar la pertinente acción de lesividad para obtener la nulidad del acto administrativo presuntamente viciado en sede judicial, de acuerdo a lo contemplado por el Art. 33 del Código de Procedimientos Administrativos.

La recurrente no puede desconocer que, de una lectura correcta del Art. 32 del Código de Procedimientos Administrativos se infiere, sin lugar a dudas, que la obligación de la Administración de ocurrir ante los estrados judiciales a fin de obtener la declaración de nulidad del acto administrativo viciado se configura solo bajo dos condiciones de cumplimiento ineludible: la primera, que el acto "estuviese firme y consentido" y la segunda, que ya "hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo", a fin de impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes; circunstancia esta última no configurada en autos, en tanto para que así fuese, no alcanza con la notificación del acto irregular revocado, sino en su caso que se haya hecho cargo de la función y la hubiere ejercido, hipótesis de cumplimiento imposible, pues el cargo de que se trata no se encontraba vacante. Constituye, en consecuencia, el reclamo de la actora una mera expectativa, pero de ninguna manera la defensa de un derecho adquirido, de quien en definitiva no había modificado por vía de concurso su condición interina de revista, caracterizada por su naturaleza esencialmente precaria.

Por todo lo expuesto, la acción intentada debe rechazarse.
Contrato de trabajo, período de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: MARCHI, CLAUDIO R. c/ PRODUCTOS MAYCO SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-06-30

No es admisible dentro de nuestro sistema normativo que, salvo autorización legal, se pacte un período de prueba.
Inimputabilidad, neurosis
Materia: PROCESAL
Carátula: BRUNO ELSA MARTA s/ ABUSO DE ARMAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-05-10

En lo que respecta a la existencia de la causal (neurosis) de inimputabilidad introducida en esta instancia, se estima que debe desecharse, puesto que la apreciación médica contenida en autos se desprende e tal afección no alcanzó a menguar la capacidad delictiva de la incusa ni antes ni durante ni después del hecho que la tuvo por protagonista.
Competencia por la materia, competencia por conexidad, competencia de instrucción, competencia federal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: EYMULLER, César s/ CONEXIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

No procede aplicar las reglas de la conexidad entre juzgados de distintos fueros, como son el de instrucción y el federal. En este mismo sentido, "la conexidad requiere que la competencia por materia sea la específica: no se acumula al conocimiento del fuero en lo Penal Económico el allanamiento ilegal atribuido a funcionarios de la Policía Federal.
Proceso contravencional, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, gravamen irreparable, medidas cautelares, secuestro de bienes, derecho de propiedad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: MIRANDA VERA, Ramón s/ S/inf. art. 83, ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-14

Una medida cautelar de secuestro afecta, sin duda, el derecho de propiedad y por ello, la resolución que decide su mantenimiento causa un gravamen irreparable en los términos del artículo 449 del Código Procesal Penal de la Nación (art. 6 LPC).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excepción de prescripción, daños y perjuicios, privación ilegal de la libertad
Materia: CIVIL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Vignoni, Antonio Sirio c/ Estado de la Nación Argentina. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la excepción de prescripción en la demanda de daños y perjuicios derivados de la ilegítima privación de la libertad del actor, si la remisión que efectúa a la naturaleza declarativa de la resolución recaída en un hábeas corpus, constituye una afirmación dogmática.
Recurso extraordinario, cuestión esencial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROMERO ARGENTINO IDELFONSO c/ TERESA GLORIA RUIZ DIAZ s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-06-13

Para la consideración de agravios esgrimidos en la vía extraordinaria se requiere como presupuesto ineludible la existencia de un perjuicio con entidad suficiente.
Procesos de ejecución, juicio ordinario posterior, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Vía Bariloche SRL s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'GCBA c/ Vía Bariloche SRL. s/ ejecución fiscal- Ing. brutos convenio multilateral'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-27

Si bien en principio las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos no revisten el carácter de definitivas a los fines del recurso previsto en el art. 14 de la ley 48, debido a la posibilidad que asiste a las partes de plantear nuevamente sus derechos, ya sea por parte del Fisco librando una nueva boleta de deuda o, por el ejecutado, mediante la vía de repetición,el pronunciamiento dictado por la Cámara resulta equiparable a una sentencia definitiva, por cuanto la demandada no dispone de otra vía judicial ni administrativa para resarcirse del tributo reclamado, en tanto la forma en que se resuelve ocluye la posibilidad de replantear, en un proceso ordinario posterior, la cuestión debatida y resuelta en el presente juicio, consistente en la procedencia de las excepciones de espera documentada. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhiere la Sra. Jueza Ana María Conde).
Abuso sexual calificado por acceso carnal, rapto propio, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Marrero, Alejandro Manuel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-17

Debe considerarse acreditada la falta de consentimiento pleno y libre de la víctima, pues si bien no fue sometida a una amenaza, fuerza o intimidación, el imputado se habría aprovechado de la juventud, inexperiencia y situación de inferioridad de la víctima -quien manifestó que no había instado inicialmente la denuncia para no causar problemas a su familia, mantuvo sus dichos sustancialmente análogos a lo largo del proceso y contestes con los de los testigos, la evaluación psicológica la muestra tímida y de afectividad inmadura y su relato se presentó sincero al explicar por qué había respondido a su amiga que no sabía si había sido violada-, todo lo cual indica que, al dictar el sobreseimiento, se han considerado en forma fragmentaria y aislada los elementos de juicio. La disidencia señaló que los elementos señalados en el decisorio en crisis dan cuenta de la existencia de los hechos en un marco de ambigüedad que impide tener por acreditado el suceso con los alcances que pretende atribuirle la recurrente y, contrariamente a lo aseverado por ésta, no se vislumbra la existencia por parte del imputado de conductas que hubiesen ido más allá de lo consentido por la damnificada y sobre el tópico las contradicciones de la recurrente confrontadas con los mensajes de texto y la noticia dada inicialmente a su amiga, poca o ninguna luz aportan a la cuestión, circunstancia que naturalmente debe operar en favor del imputado, lo contrario importaría como invertir la carga de la prueba.
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bilbao Emma Sela c/ Nicolini Juan Bautista s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-21

A los alimentos entre cónyuges separados de hecho debe aplicarse el régimen de los que conviven, previsto por el art. 198 del Código Civil, pues no varía el sistema de asistencia espiritual y material que se deben forma recíproca. La normativa vigente obliga a examinar la procedencia del reclamo de la cónyuge supuestamente abandonada, en función de los roles que los propios esposos han cumplido durante la convivencia, sin soslayar las necesidades surgidas posteriormente. Con ello se tiende a garantizar que el deber de asistencia se mantenga en condiciones similares al existente antes de la separación, evaluándose la posición económica, social y cultural del matrimonio. (Minoría u opinión personal)
Competencia laboral, contrato de trabajo, resolución del contrato
Materia: Procesal
Carátula: Morales, Eduardo Rubén c/ Banco Provincia del Chubut s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-12-26

La rescisión del Contrato de Trabajo, no dá origen a la acción Contencioso Administrativa del art. 32 Inc. 3 de la Ley 37, porque el mismo estaba regido por la Ley 12637, norma de Derecho Privado, por ende el conocimiento de los conflictos que se produzcan como consecuencia de su rescisión es de competencia de la Justicia Laboral.
Prescripción, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Constructar SA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-23

Lo atinente al alcance que cabe asignar a las normas tributarias implicadas en el caso es una cuestión de derecho local que no debe ser necesariamente decidida con base en los criterios derivados de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia; pues sólo en materia federal la doctrina que establecen sus sentencias constituye una directiva a la que deben conformar sus decisiones los jueces de las instancias inferiores; ello sin perjuicio de recordar que nada impide sostener un criterio distinto cuando se exponen fundamentos que no fueron considerados y que se consideran válidos para llegar a diferente conclusión.
Ley de desindexación, aplicación de la ley, juicios contra el Estado, deuda pública, régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación, convertibilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARASA S.A. c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-24

Cuando se trata de juicios en que el deudor es el Estado o alguna de sus empresas, para determinar el alcance de la desindexación prevista en la ley 24.283 no puede dejar de tomarse en cuenta -para obtener un resultado equitativo-si existe o no mora del deudor; la naturaleza comercial de las actividades que éste desarrolla -pues él también ha trasladado en alguna medida a los precios los cambios del valor de la moneda producidos por la inflación-; la prohibición de practicar reajustes con posterioridad al 31.1.91, pese a la existencia de una cierta pérdida del poder adquisitivo del dinero; el tipo de interés aplicable después de esa fecha (si a $100 del 1.4.91 se le aplican intereses puros hasta el mes de mayo ppdo. se obtiene la suma de $ 118, con intereses a la tasa pasiva se llega a $ 141 y con la tasa activa a $ 232 -datos tomados del Dr. Alterini, en una nota reciente (¿Qué debe pagar el deudor?, revista Plenario -órgano de la Asociación de Abogados de Buenos Aires-número del mes de junio pasado) y, finalmente, que si se trata de un deudor estatal el crédito será abonado mediante Bonos de Consolidación.
Acción de amparo, medidas cautelares, competencia federal, declaración de incompetencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: F. A. M.  c/ P. s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-06-06

La justicia local de primera instancia dispuso una medida cautelar contra la obra social Programa de Atención Médica Integral P.A.M.I. y se declaró incompetente por tratarse de competencia federal. Apeló la accionada sin formular agravios contra la declaración de incompetencia (la cual quedó firme, porque tampoco fue recurrida por la actora (arg. arts. 242, 260 y 261 del cód. proc.)), cuestionando solo la medida cautelar otorgada. Pero cuando el juzgado local se declaró incompetente, no sólo declaró su incompetencia sino la incompetencia de toda la jurisdicción local, en beneficio de la competencia de la jurisdicción federa, y consentida esa decisión, la jurisdicción local quedó agotada, desapareciendo un presupuesto procesal de la pretensión recursiva: la competencia local que, en segundo grado, incumbe a la cámara y, de tal modo, sin competencia, la cámara no puede resolver válidamente y, preventivamente, debe abstenerse de hacerlo (art. 1 párrafo 2° ley 26854; arts. 2 y 290.a CCyC; arts. 169 párrafos 1 y 2, 163.6 párrafo 2° y 34.5.b CPCC Bs.As.). Lo que no implica que la medida cautelar apelada quede exenta de toda posible revisión, pues, nada más de arranque, el juez federal correspondiente debe expedirse de oficio sobre el alcance y vigencia de ella (art. 2, último párrafo, ley 26854).
Trabajadores ferroviarios, adicional por zona, aumento salarial
Materia: LABORAL
Carátula: VANOLA, ROBERTO CARLOS Y OTROS c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-29

'El incremento del 40% que reconoce el artículo 46 inciso b) del Convenio Colectivo 26/75, debe calcularse sobre los rubros remuneratorios que menciona el artículo 6 inciso j) de dicho convenio'.
Intereses, ejecución hipotecaria, principio de autonomía
Materia: CIVIL
Carátula: Kanashiro, Roberto c/ Bocci, María Elidia s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-08-19

Los intereses acordados libremente por las partes reflejan el marco jurídico-económico existente en el tiempo y lugar en que fue pactado el préstamo y tuvo lugar el desarrollo de la relación contractual entre los celebrantes, no basta la mera petición de apartarse de tales estipulaciones si no se acredita y se justifica tal pedido, mediante una debida sustanciación de la cuestión, de tal forma, al regir en la materia el principio de autonomía de las partes en la celebración de contratos, si la tasa fijada para su cálculo no aparece desmesurada ni contraria a la moral y a las buenas costumbres, ni se aparta de los parámetros fijados por los magistrados en circunstancias análogas, debe estarse a los intereses pactados por las partes contratantes en orden a lo normado por los artículos 622, 1137 y 1197 del Código Civil.
Confirmación de sentencia, abuso sexual, procesamiento, medios de prueba, situación de vulnerabilidad, tipo penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C., C. M. c/  s/ abuso sexual (Causa Nº 46.175/2022)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

Abuso sexual. Procesamiento.

Dichos de la víctima corroborados por otros medios de prueba. Evidencias ponderadas en conjunto que permiten concluir en el juicio de reproche discernido en la instancia anterior. Conducta reprochada que resulta típica. Situación de vulnerabilidad aprovechada por el encausado para la concreción del evento reprochado. Ausencia de consentimiento válido. Configuración del elemento subjetivo del tipo penal. Falta de oposición de la damnificada que no permite sostener que aquél haya actuado bajo un error de tipo.

Confirmación.
Derecho procesal, juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: ORSI, DOMINGO ANGEL c/ BALZAROTTI, NORA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-15

La excepción de inhabilidad de título tiende a enervar la acción ejecutiva, cuando el instrumento invocado no es suficiente e idóneo como título que trae aparejada ejecución, sea porque no es de los enumerados en la ley o por no contener una obligación de dar una suma líquida y exigible, o quien pretenda ejecutarlos no sea titular o se ejecute a quien no resulta obligado, conforme al título (cfr. esta Sala, in re: "Musoto, Javier Fernando c/ Aguara Ganadera e Industrial S.A. y otro s/ ejecutivo", del 27/4/2010).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, encuadramiento legal de los hechos
Materia: PENAL
Carátula: Serrano, Roberto Mariano s/ Violación calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-09

Es improcedente el agravio del recurrente dirigido a cuestionar la calificación legal del hecho, denunciando la violación de los arts.

258 y 259 del Código de Procedimiento Penal -texto según ley 3589 y sus modif.- y 119 inc. 1 del Código Penal, si la Cámara, haciendo mérito de prueba confesional, pericial y testimonial, resolvió que el acusado conocía la condición de retrasado mental oligofrénico que presentaba la víctima, si el defensor omite demostrar la transgresión legal en que habría incurrido el tribunal al arribar a dicha conclusión, y tampoco funda su invocación de los arts. 258 y 259 citados.
Sucesiones, legítimo abono
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OCHOA AGUSTIN Y ARVAS ROSA s/ SUCESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-02

El pedido que formula un acreedor para que se declare su crédito contra el causante como de legítimo abono y que se le abone de inmediato no tiene más valla que la voluntad de los herederos, que pueden aceptarlo o no. Ante la oposición formulada por todos o algunos de los herederos, no cabe la apertura a prueba del incidente de legítimo abono. Y el acreedor no tiene más alternativa que intentar la vía que le hubiera correspondido en vida del causante sin que obste tal conclusión el cambio de sujeto pasivo o el fuero de atracción que impone el sucesorio.-
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho laboral, relación de dependencia, responsabilidad solidaria, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Gottardi, María Eugenia c/ IOSIS S.R.L. y otros s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-16

Los cuestionamientos de la codemandada quedan reducidos a una mera disconformidad, sin evidenciar la efectiva configuración de algún vicio de arbitrariedad en la resolución de Alzada que tuvo por acreditada la calidad de viajante de comercio de la trabajadora y condenaron solidariamente a los socios gerentes de la sociedad empleadora, por ponderar no sólo la conducta procesal de los codemandados socios gerentes de la empresa -quienes se limitaron a intervenir en el sub lite por derecho propio, mas no en representación de la sociedad de la cual son responsables de su actividad-, en el entendimiento de que no podría arribarse a una solución distinta respecto de las condiciones del contrato de trabajo, no sólo por su consolidación respecto de la empleadora -por consentimiento de la sentencia ante la falta de impugnación-, sino también por la minuciosa valoración que hizo de la prueba producida en autos, consistente en dieciséis declaraciones testimoniales y el convenio de cesión del personal ante el Ministerio de Trabajo, ambos elementos probatorios que el propio recurrente llevó a revisión alegando que validaban su postura, y documental presentada por la actora no cuestionada por la demandada (v. gr. anexos de la demanda, juramento, facturas, informativas); sumado a la apreciación que hizo respecto a que no se produjo prueba en contrario. - Jurisprudencia concordante con Colome, T 2024, Sentencia nro. 207, sumario J0052685.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, depreciación monetaria, intereses, anatocismo, leyes, aplicación de la ley, equidad, doctrina de los actos propios, demanda, contestación de la demanda, allanamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Buyatti SAICA c/ Sampayo, Alejandro y/u otros s/ Juicio Ordinario por cobro de pesos. Recurso de Inconstitucionalidad  (Expte CSJ Nº 2067-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-11

Resulta procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de Alzada que acoge la defensa de anatocismo planteada por los demandados ordenando se practique una nueva liquidación cuando ésta justifica la aplicación del artículo 623 del Código Civil -más allá de su carácter de norma de orden público, reconocido por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr., "Fabiani", del 16-12-1993; "Obra Social Aceros Paraná S.A.", del 06-12-1996)-, sin pronunciarse sobre su eventual desplazamiento en razón de la aplicabilidad específica del artículo 569 del Código de Comercio, resultando ineludible la ponderación de diversos principios comprometidos en el caso, cuya presencia exigía determinar ("elegir") las normas legales aplicables a la luz de las directivas impuestas por el debido respeto a la autonomía de la voluntad, la buena fe (artículo 1198, Código Civil) y la tradicional prohibición expresada a través del brocárdico "venire contra proprium factum non valet", que resultaba operativo para calificar la conducta evidenciada por los accionados durante el proceso (los que al contestar la demanda interpuesta, se allanaron al pago de la misma según el sistema de actualización previsto en el contrato, consintiendo la aplicación del anatocismo pactado, variando luego su estrategia defensiva a través de la invocación del artículo 623 del Código Civil).