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Proceso contravencional, medidas cautelares, secuestro de bienes, medidas conservatorias, prueba, violación de la ley o doctrina legal, nulidad procesal, obstrucción de la vía pública
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, de V, G. L. s/ Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-01

En el caso, la retención de mercadería ocurrida por la presunta contravención prevista en el artículo 41 del Código Contravencional implica un desapoderamiento temporal característico del secuestro que excede los límites razonables que abarca un vulgar intento de asegurar la prueba.

La Fiscalía aprobó el secuestro practicado por los preventores disponiendo la realización de las vistas fotográficas de los elementos secuestrados para su posterior destrucción. Aquí, la Fiscalía omite comunicar al Juez el alcance del secuestro como lo obliga el artículo 21 in fine Ley de Procedimiento Contravencional, no pudiendo considerarse subsanada esta falta ni aún con la restitución tardía de los elementos secuestrados practicada en ocasión de la ampliación de la audiencia del artículo 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional.

En el sub judice se han vulnerado claras disposiciones legales que regulan la intervención del Fiscal y del Juez en el proceso contravencional, lesionando el derecho de propiedad de la imputada.

Por esta razón se estiman nulos los secuestros referidos a los procedimientos efectuados por aplicación supletoria, admitida en el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional, de los artículos 167 inciso 2do. y 168 Código Procesal Penal de la Nación. (Del voto del Dr. Ventureira)
Tercería de dominio, embargo, bienes embargables
Materia: LABORAL
Carátula: Silva Lázaro Ramón c/ Chemes S.R.L. s/ Ejecución de sentencia y honorarios- Tercería de dominio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-03-19

Cuando se trata de una tercería de dominio respecto de un bien mueble no registrable, es importante determinar si el ejecutado estaba o no en posesión de la cosa mueble al tiempo de la traba del embargo porque si lo estaba, debe presumirse la existencia de la posesión y con ello la propiedad que admite el artículo 2412 del Código Civil, quedando a cargo del tercerista reclamante la restitución de la cosa, la prueba del contrato o acto jurídico invocado para sostener que esa era de su propiedad.
Sentencia condenatoria, doble instancia, derecho al recurso, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Barrera, Maribel Alejandra Soledad y otro c/  s/ homicidio culposo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-05

La revisión de la sentencia condenatoria no puede reducirse a la mera reiteración de conceptos vertidos por el tribunal oral especialmente en casos en que se dice de la arbitrariedad en la valoración de prueba indiciaria y la violación del in dubio pro reo.
Denegatoria del recurso, acción de amparo, operaciones en moneda extranjera, mutuo hipotecario
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL-PROCESAL-ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: Bothamley, Agustina c/ EN- BCRA y otro s/ amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-24

Se rechaza el recurso interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia, que había desestimado la acción de amparo deducida, tendiente a que se le permitiera la compra de dólares estadounidenses con el objeto de cancelar el contrato de mutuo con garantía hipotecaria, con fundamento en las excepciones previstas en la Comunicación "A" 6844 del Banco Central de la República Argentina.
Juicio oral, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Manrique, Dominga Carlina y otro s/ Promoción y facilitación de la prostitución agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Es ineficaz el planteo que cuestiona la habilidad de los testigos con fundamento en el art. 150 del Código de Procedimiento Penal pues tratándose de un juicio oral, ésta se encuentra sujeta únicamente a las pautas previstas en el art. 286 citado.
Falsificación de documentos, pasaporte extranjero, aplicación de la ley, lugar del hecho
Materia: PENAL
Carátula: CASCALLAR, Vicente s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-29

Cuando la falsificación de un pasaporte tuvo lugar en el extranjero, parece claro que tal quehacer no puede ser otorgado por la ley argentina, conforme al principio territorial y sin que ella adquiera vocación aplicativa a mérito del principio real o de defensa, dado que el mismo sólo rige cuando el delito cometido en el extranjero deba necesariamente producir sus efectos en el territorio de la República, lo que no ocurre en la especie.
Escritos judiciales, copias, expresión de agravios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Coronel, Guillermo G. c/ Larralde, Juan, s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

El artículo 120 del CPCC debe interpretarse en armonía con los dispositivos específicos que rigen según el acto procesal de que se trate. Así, en el caso de la expresión de agravios el número de copias dependerá del de aquéllos a quienes, con exclusividad, compete contestarla. (Minoría u opinión personal)
Reformatio in pejus, recursos, límites del pronunciamiento, graduación de la pena, aumento de la pena, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Segovia, José Hugo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

Nuestro más alto tribunal sostuvo que "no constituye reformatio in pejus el hecho que la sentencia haya elevado el tope de la pena fijada en el anterior pronunciamiento -dejado sin efecto a raíz de la nulidad decretada con motivo de una petición de la defensa- si al anularse el fallo se han revertido los poderes del a quo, cuyos límites se encuentran fijados nuevamente por los recursos interpuestos contra el de la instancia anterior. Ello no se modifica por la circunstancia de que la ulterior actividad jurisdiccional se originara por un impulso procesal desarrollado exclusivamente por la defensa, pues la posibilidad de que el proceso culmine con una condena aún mayor es un riesgo previsible que debe asumir quien utiliza un poder discrecional (Voto del Dr Tragant).
Subasta judicial, desocupación del inmueble
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CHIATTI, MARIA DOLORES DE c/ ZORZON, ENRIQUE Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-05-04

Si se respeta la bilateralidad y se da razonable oportunidad de defensa al ocupante, nada impide que se recurra a la solución que prevé el art. 588 del ordenamiento ritual, para dilucidar las cuestiones que se suscitan en la desocupación del inmueble subastado y en cuanto el debate no desborde el marco cognoscitivo de la vía incidental que, en la mayoría de los casos, servirá para desbaratar expedientes al margen de la lealtad procesal, que van en desmedro de la seriedad del quehacer jurisdiccional. Si el tercero ostenta títulos suficientes e idóneos que hacen imposible el desahucio, quedará cerrado el camino y toda controversia sobre el mejor derecho a la ocupación deberá postergarse para su dilucidación con la amplitud de debate que caracteriza al juicio ordinario o al proceso especial de desalojo.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Instituto Servicios Sociales Bancarios c/ Banco Zonanor Coop. Ltdo. s/ Incidente de verificación de crédito en Banco Zonanor Coop. Ltdo. s/  Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

Se viola el principio de congruencia desde el punto de vista cuantitativo, cuando el fallo excede las peticiones contenidas en la pretensión, concediendo una suma superior a la reclamada por las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleados públicos, remuneración, pago sin reserva, acto administrativo, notificación, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NOGUERA, HECTOR RAUL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 113 AÑO 1987)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26

Si bien es cierto que la percepción de las remuneraciones es inidónea para suplir la notificación de actos administrativos, no lo es menos que esa doctrina fue establecida como principio general -no universal-, y que siempre se subrayó la necesidad de valorar las circunstancias concurrentes en cada caso y que se puntualizó la razonable inmediatez con que se interpuso el recurso de reconsideración. En el caso de autos, en el que el agente percibió durante años las remuneraciones correspondientes a la categoría 19 no puede aplicarse aquel principio general, por lo que debe entenderse que el recurrente tomó conocimiento del acto que le asignaba el nivel correspondiente a una Jefatura de División y consintió ese encasillamiento.
Insuficiencia del agravio, cobro de sumas de dinero, entrega del certificado de trabajo, improcedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Bentancourt Carlos Alberto c/ Obispado de Gualeguaychú s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-21

El éxito de la queja requiere -entre otras condiciones-, que la impugnación se ocupe de tomar todas las postulaciones y motivos que forman la "ratio decidendi" del fallo a los fines de rebatirlos concreta y puntualmente. De ahí que, basta con que se haya omitido la impugnación a uno solo de los fundamentos decisivos o centrales en que la sentencia se sustenta para desestimar el recurso articulado por insuficiente, pues aquel solo fundamento es apto "per se" para mantenerlo, no pudiendo el Tribunal revisar oficiosamente conclusiones no impugnadas y que, por tanto, llegan firmes a esta instancia (Voto Welp. Adhesión Romero)
Excarcelación, fallo plenario
Materia: PENAL
Carátula: Uño, Guillermo Armando s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-04

Si el imputado está procesado, con prisión preventiva, como partícipe necesario de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado reiterado tres hechos que concurren realmente entre sí, la causa se encuentra en plena investigación, y la cuestión cuenta con doble conformidad judicial, no se advierte riesgo de ilimitada restricción a la libertad, máxime si el recurrente no se hizo cargo de rebatir adecuadamente la resolución cuestionada, en la que se examinó la procedencia del beneficio liberatorio con arreglo a la doctrina "Díaz Bessone". (Dres. Catucci, Mitchell y Fégoli).
Seguridad social, ejecución de sentencia, liquidación de haberes, plazo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "NEGRELLI, SALVADOR c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-06

Corresponde revocar la decisión del juez de grado que ordenó a la A.N.Se.S. practicar liquidación en el término de 90 noventa días hábiles de adquirir firmeza el pronunciamiento. Ello así, dado que el art. 22 de la ley 24.463 fue modificado por la ley 26.153, que determinó que las sentencias serán cumplidas dentro del plazo de 120 días hábiles contados a partir de la recepción efectiva del expediente administrativo correspondiente.
Competencia, suspensión del juicio a prueba, juez de ejecución, facultades del juez, reglas de conducta, trabajo ad honorem
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Di Leo, Ricardo Gabriel s/ competencia. Causa: 2295
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-18

El juez de ejecución penal es el competente para designar el lugar de realización de los trabajos no remunerados que, como regla de conducta, se le impuso al condenado.
Declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas
Materia: PENAL
Carátula: Braga, Rafael Mariano y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-03

Las leyes de punto final y de obediencia debida y el indulto presidencial de altos militares son contrarios a los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pues niegan a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante el período autoritario de un recurso efectivo para la tutela de sus derechos -artículos 2 y 9-, conforme ha sostenido el Comité de Derechos Humanos, cuya postura constituye una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de tal pacto.(del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D'A., L. y otra s/ Divorcio: Incidente sobre alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16

Si la firme sentencia que consagró jurídicamente el divorcio vincular de las partes, expresamente determinó que lo era con los efectos de los artículos 217, 218 y 3574 del Código Civil, lo que implica en el aspecto alimentario (arts. 217 y 218), la subsistencia de dicha prestación entre los cónyuges divorciados vincularmente, unicamente cesará si se dan los supuestos que prevé el citado artículo 218. Dicha claridad terminológica descalifica disquisiciones hermenéuticas que intenten alterar su texto, habida cuenta que en la labor jurisdiccional deviene insoslayable atender a la letra de la ley, con prescindencia de los juicios axiológicos que le pueda merecer al apelante.
Empleador, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy, Ramón Rufino c/ Estación Merlo SRL y otros s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-02

La demostración de una relación contractual entre las empresas como la finalidad de lucro de la codemandada, aún parcialmente obtenido de la referida concesión, no constituyen elementos suficientes para tener por configurada la situación prevista por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya vinculación queda entonces circunscripta al espacio físico donde funcionan.
Administración fraudulenta, retención indebida, abogados, responsabilidad del abogado, inhabilitación especial, hurto simple, cajero, dependientes
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA TERAN, C. I. s/ DEFRAUDACION    HURTO    INHABILITACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-19

1) Quien tiene a su cargo el manejo de intereses pecuniarios ajenos, como lo es un abogado al que se le ha conferido un amplio poder que lo facultaba a efectuar cobros judiciales o extrajudiciales, demandar, dar recibos y cartas de pago, comete el delito de defraudación por administración fraudulenta al apoderarse del dinero recibido, descartándose por ende la omisión de restituir defraudatoria, previsto por el inc. 2 art. 173 C.P.

2) Las apropiaciones de dinero efectuadas por cajeros o cobradores de un principal, a quien en verdad se les estuviera efectuando el pago, pueden constituir apoderamientos ilegítimos conforme a las previsiones del art. 162 C.P.

3) No corresponde aplicar la inhabilitación especial prevista por el art. 20 bis, inc. 3 C.P., si esa pena no fue solicitada en la acusación.
Declaración de quiebra, bienes del fallido, herederos
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Sircovich, Samuel  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-07

Corresponde rechazar el pedido de un hijo y heredero del fallido, tendiente a que se excluya del activo de la presente quiebra el 50% indiviso de los bienes de titularidad del deudor. Ello así, pues si bien no ha sido cuestionada su calidad de heredero, ni el hecho de que la declaratoria de herederos dictada en el proceso sucesorio de su madre data de fecha anterior a la declaración de quiebra del fallido, existe un obstáculo insalvable para que los sucesores puedan disponer libremente de la propiedad de sus bienes, soslayando la existencia de acreedores, y es el estado de indivisión que impera hasta la efectiva transferencia dominial de los bienes en el caso de que éstos sean "registrables" (CNCom, Sala B in re "Golpe, Eduardo s/ quiebra" del 11/10/06).
Excepciones procesales, falta de acción
Materia: PROCESAL
Carátula: Olivera Sebastian c/ Consorcio Uruguai o Grupo Constructor UTE-SIDECO S.A.-IECSA S.A. y EMSA s/ Laboral por daños y perjuicios por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-28

Aún cuando por su naturaleza la excepción de falta de acción deba ser analizada en primer término, ello no autoriza a considerarla en el contexto de autos como una actuación autónoma y asimilable a otras, como las excepciones previas, que sí generan regulaciones independientes, gastos específicos. Tan es así que el régimen de la ley 607 no prevé una regulación especial para las defensa de fondo que se invoque.
Recurso de inconstitucionalidad federal, admisibilidad del recurso, Superior Tribunal de la Causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Battisti, José Osvaldo s/ Querella Criminal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-08-29

El art. 14 de la Ley 48 establece que sólo podrá apelarse las sentencias definitivas pronunciadas por los Tribunales Superiores de Provincia. Excepcionalmente deben considerarse Tribunales Superiores de la causa, a las Cámaras de Apelaciones cuando de alguna manera esté vedada la vía extraordinaria local.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, derivación no razonada del derecho vigente, cuestión constitucional, intereses, tasas, RIPTE
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CAMPOBASSO, ANA MARIA c/ SENSOR AUTOMATIZACION AGRICOLA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-07

Si bien el tema debatido, vinculado con la tasa de interés dispuesta en el fallo atacado, cae en principio en la esfera propia de los jueces de la causa y no resulta revisable -por regla- en esta instancia excepcional, al efectuar un control de razonabilidad de lo resuelto, se advierte que la decisión adoptada por el Tribunal a quo al disponer que el capital a liquidar llevase un interés a partir del 1 de enero de 2010 de un 8% anual adicional al coeficiente del índice RIPTE no resulta ser una derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias concretas del caso, dado que al aplicar tal índice a un supuesto extraño para el que fue diseñado (dado que sus disposiciones constituyen un régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo y no para supuestos de ruptura del contrato de trabajo), se arrogaron los sentenciantes el papel del legislador, sin aportar una motivación que permita sustentar constitucionalmente lo fallado al respecto. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhieren los Dres. Gutiérrez, Netri y Erbetta) - CITAS: CSJN: Fallos 315:507 y 323:2122; CSJStaFe: AyS T 117, p 405; T 278, p 295. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26773, artículo 1
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, exclusividad, resolución del contrato, contrato de franquicia, incumplimiento del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: RADUAN,   GUILLERMO   MANUEL c/ INMOBILIARIA  BULLRICH  SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-17

Cuando, como en el caso, en el precontrato se acordó una zona de exclusividad para que el actor desarrolle la futura franquicia otorgada por el demandada y, en tanto que en otra cláusula se estableció que aquél "se haría cargo" inmediatamente de aquella zona, el juego armónico de dichas normas impone reconocer que, a partir de su firma, el actor ya tuvo asignada en exclusividad dicha zona, con prescindencia de la efectiva suscripción del contrato de franquicia previsto a futuro en el mismo instrumento. En ese contexto, la posibilidad de ambos contratantes de realizar negocios comunes prevista en otra cláusula sólo puede ser interpretada, de buena fe, en el sentido de que la demandada también se encontraba facultada para realizar operaciones comerciales en la zona delimitada, pero no en forma autónoma -como pretendió en su responde-, sino en conjunto, en común con el actor, por ser a éste a quien se reconocía allí, en forma exclusiva, el uso de la marca. De haber sido la intención de las partes establecer una excepción a la exclusividad territorial referida, reservando a la accionada la posibilidad de realizar operaciones comerciales en esa zona en forma independiente del accionante, debió habérselo previsto clara y expresamente en el documento en cuestión. No obstante ello, encontrándose vigente la referida zona de exclusividad, la inmobiliaria demandada puso a la venta en forma conjunta con un tercero un inmueble ubicado dentro del territorio asignado en exclusividad al accionante y -finalmente- concretó la operación en forma independiente. Las circunstancias fácticas referidas ponen en evidencia que, con la operación inmobiliaria aludida, la demandada violó la zona de exclusividad que le había asignado al actor mediante el instrumento obviando la obligación de actuar en común, debiendo -en consecuencia- responder por los daños y perjuicios irrogados a aquél. Como corolario de todo lo hasta aquí expuesto, cabe señalar que el actor acreditó sólo las dos violaciones a la zona de exclusividad determinadas, debiendo -por ende- limitarse la responsabilidad de la accionada a las consecuencias dañosas derivadas de esos dos únicos incumplimientos contractuales.
Intimación de pago, nulidad procesal, embargo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: P., R. s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-04-08

Si el demandado tuvo conocimiento de la existencia del juicio y su estado al llevarse a cabo en su presencia la diligencia del embargo, la nulidad fundada en el desconocimiento del proceso, ha quedado saneada.
Riesgos del trabajo, accidente in itinere, trayecto, domicilio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "VINISKY,  MARTÍN  GERARDO  Y  OTROS c/ Consolidar A.R.T. S.A. yotro s/ Ley 24.557".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-03

El suscripto no comparte que pueda calificarse de dinámico al domicilio para derivar en conclusiones extrañas. Por el contrario, afirma que la ley 24.557 define concretamente el concepto jurídico de éste, en mérito de la situación que regula y efectos gravosos de índole patrimonial que deriva en quien no puede impedir el siniestro. (Disidencia del Dr. Fernández).
Ejecución de sentencia, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Provincia de Río Negro c/ Porco, Miguel s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA S/ CASACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-05-31

No viola ni aplica erróneamente la ley la sentencia que declara inaplicable la circular 103 del B.C.R.A (desagio) a una sentencia judicial anterior a la resolución pasado en autoridad de cosa juzgada. Ello así, por cuanto la mencionada circular no resulta de aplicación imperativa a la causa judicial, traduce una actividad no jurídica de la administración, no se promulga ni publica y en consecuencia no puede modificar una sentencia como la de autos. Por el contrario, de haberse aplicado a un pronunciamiento investido de tal autoridad, se hubiese violado el art. 17 de la Constitución Nacional ya que tratándose de una condena judicial incumplida que goza de tal carácter, no admite ser interferida o suplantada merced a un resorte financiero coyuntural sin efecto retroactivo.