Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-04


Buenos Aires, 4 de octubre de 2010 Visto: el expediente indicado en el epígrafe, resulta:

1. Juan Domingo Pérez inició demanda contra el GCBA por cobro de pesos contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Solicitó que se declarase la nulidad parcial del art. 1º del Decreto nº 922/94 y de la Resolución nº 178/DGRH/94 y el cobro, por diferencias retroactivas e impagas, por su mal reencasillamiento durante el período transcurrido entre el 1º de abril de 1992 y el 30 de junio de 1994, con más intereses y costas (fs. 1/4).

2. El Sr. Juez de Primera Instancia hizo lugar a la nulidad parcial de la Resolución nº 178/DGRH/94, con relación a la fecha a partir de la cual tiene efecto el reencasillamiento allí dispuesto; también hizo lugar al pago de las diferencias salariales por el período reclamado en la demanda. Por último, el magistrado desestimó el pedido de declaración de nulidad del Decreto nº 922/94 (fs. 500/502).

3. El GCBA apeló la sentencia. La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario hizo lugar al recurso y revocó la sentencia de primera instancia con costas (fs. 534/537). El actor interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 540/549) que luego de su sustanciación, fue denegado por el tribunal superior de la causa (fs. 562/564). Frente a esta situación, el actor interpuso el presente recurso de queja.

4. A fs. 28/30 obra el dictamen del Fiscal General Adjunto quien propicia el rechazo del recurso directo.

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz, dijo:

1. El recurso de queja ha sido interpuesto en tiempo, forma y dirige una crítica concreta contra la resolución del tribunal superior de la causa que desestimó el recurso de inconstitucionalidad; éste -a su turno- plantea varias cuestiones de contornos constitucionales. En lo medular, los agravios critican la construcción sesgada y forzada de la sentencia definitiva que la tornan arbitraria. En particular destaco el agravio relativo a la absoluta falta de desarrollo, por parte de la Cámara, del principio "in dubio pro operario" porque la omisión de esa posición hermenéutica -de raigambre constitucional- importa asumir una lectura de la cuestión de derecho desde un piso estrictamente legalista que se traduce en un claro menoscabo de los derechos fundamentales en juego.

2. El tema a considerar coincide con el resuelto en la causa "Gentile, Marcelo José s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Gentile, Marcelo José c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", expte. n° 6259/08, sentencia del 17 de junio de 2009 y "García Miriam Nora s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'García, Miriam Nora c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'" expte. n° 6500/09, sentencia del 28 de octubre de 2009, entre otros.

3. Por lo expuesto, resulta procedente la queja, debe hacerse lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia recurrida y confirmar la sentencia de primera instancia, con costas a la demandada. Así voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. La cuestión traída a conocimiento del TSJ en esta causa es sustancialmente similar a la resuelta recientemente en los autos "Gentile, Marcelo José s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Gentile, Marcelo José c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", expte. n° 6259/08, sentencia del 17 de junio de 2009.

En este caso, al igual que en dicho precedente, bajo el agravio de arbitrariedad lo que intenta obtener el recurrente no es algo distinto a que el Tribunal revise la interpretación de los decretos n° 670/GCBA/1992 y 922/GCBA/1994 -derecho infraconstitucional- y valore las constancias probatorias de la causa para establecer si el actor ha sido o no mal encasillado en el SIMUPA, cuestiones todas ellas que resultan, en principio, ajenas al remedio intentado (art. 27, LPT).

Más allá del acierto o error de la decisión recurrida, la interpretación dada por la Cámara al alcance de los citados decretos aparece adecuadamente razonada y fundada en el plexo jurídico que se estimó necesario analizar y cuya aplicación fuera invocada por la propia parte actora.

2. Tampoco puede considerarse arbitraria la sentencia de la Cámara, puesto que se trata de un pronunciamiento serio y fundado en una interpretación literal del decreto nº 922/94.

Tal como lo he sostenido en la causa "Vidal, María del Carmen s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Vidal, María del Carmen c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", expte. n° 6671/09, sentencia del 28/12/2009, "aun situándonos en la hipótesis de que el decreto nº 922/94 fuese el resultado de un conflicto gremial iniciado a raíz del dictado del decreto nº 670/92, ello no implica que la única forma de resolver dicho conflicto sea el 'reencasillamiento' del personal, como lo entendió la actora, pues fue otra la solución adoptada por la administración, de acuerdo a lo que surge del art. 1º del decreto nº 922/94 [...] Tampoco considero que las notas emitidas por el Procurador General a la Secretaría de Hacienda configuren una manifestación de la voluntad de la administración [toda vez que se trata de] un órgano consultivo, y sus dictámenes son actos preparatorios, de asesoramiento jurídico, que no son vinculantes respecto de la autoridad competente de la administración activa que resuelve [.] En el contexto del conflicto gremial descripto por el accionante, una vez dictado del decreto nº 922/94, el entonces Procurador emitió las notas 6192-PG-95 y 2424-PG-96 a la Secretaría de Hacienda. Vale decir que estas notas ni siquiera fueron dictámenes sino meros actos inter-orgánicos, sin embargo de su lectura se advierte que sólo pueden interpretarse como una sugerencia, o un asesoramiento [.] Pero en modo alguno dichas notas implicaron una declaración de voluntad de la administración en ese sentido. Más aún esto es así cuando simultáneamente, otro órgano de la administración, la Secretaría de Hacienda, se mostró renuente a otorgar la partida solicitada para efectuar el pago." 3. Por estos motivos, y los concordantemente expuestos en el fallo "Gentille" arriba citado -cuyas copias deberán agregarse a estas actuaciones por Secretaría-, voto por rechazar el recurso de queja.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Coincido con la Dra. Ana María Conde en que corresponde rechazar la presente queja porque la sentencia que se viene recurriendo encuentra apoyo en la interpretación de normas locales no constituciones, como lo son: los decretos nros. 670/92 y 922/94; cuestión ajena, por regla, a la competencia de este Tribunal, sin que la recurrente haya logrado demostrar en el sub lite que corresponda hacer excepción a esa regla.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Tal como lo propician en sus votos mis colegas Ana María Conde y Luis F. Lozano, la queja interpuesta por la actora debe ser rechazada toda vez que en autos no se ha logrado configurar un caso constitucional en los términos del art. 113, inc. 3, de la CCABA.

En particular, se advierte que los agravios propuestos remiten a la determinación del alcance de las pretensiones formuladas por las partes y a la interpretación de las normas infraconstitucionales involucradas (decretos n° 670/92 y 922/94); aspectos que, por regla, resultan ajenos a la vía recursiva intentada [v. en sentido concordante este Tribunal in re: "Gentile, Marcelo José s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Gentile, Marcelo José c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", expte. n° 6259/08, sentencia del 17 de junio de 2009 y, más recientemente, en "García Miriam Nora s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'García, Miriam Nora c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'" expte. n° 6500/09, sentencia del 28 de octubre de 2009; "De Paoli, Silvia s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: De Paoli, Silvia c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)", expte. n° 6737/09, sentencia de fecha 10 de marzo de 2010 y "Kubrusli, Ricardo Manuel s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Kubrusli, Ricardo Manuel c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", expte. n° 6730/09, sentencia de fecha 12 de mayo de 2010, entre otros].

2. Por otra parte, el planteo relativo a la supuesta arbitrariedad de la sentencia objetada tampoco puede tener andamiento.

Más allá del acierto o error de la conclusión a la que arribó el tribunal a quo, se advierte que los dichos de la recurrente sólo expresan su discrepancia con lo decidido mas no logran poner de resalto deficiencias lógicas o de fundamentación que impidan considerar al pronunciamiento impugnado como la "sentencia fundada en ley" a la que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.

En este punto, resulta oportuno destacar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por finalidad abrir una nueva instancia ordinaria donde puedan discutirse cuestiones de hecho y prueba, ni la corrección de fallos equivocados o que se consideren tales, sino que sólo admite los supuestos desaciertos y omisiones de gravedad extrema a causa de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (cf. doctrina de la CSJN, Fallos: 323:3139, entre muchos otros). Asimismo, este Tribunal ya ha sostenido en numerosas ocasiones que la discrepancia del recurrente con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que su sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria [cf. este Tribunal, in re: "Federación de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción de inconstitucionalidad", expte. n° 49/99, resolución del 25/8/99, en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. I, ps. 282 y ss., entre otros].

3. Finalmente, la invocación de la doctrina del tribunal cimero sobre "gravedad institucional", consolidada a partir de la causa "Jorge Antonio" (Fallos: 248:189), sentencia del 28 de octubre de 1960, tampoco puede prosperar, pues no se ha demostrado de qué manera la decisión recaída en el caso incidiría sobre los intereses de la comunidad o principios institucionales básicos de la Constitución Nacional (Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240).

Por los motivos expuestos, corresponde rechazar la queja incoada por el actor a fs. 1/12 vuelta.

Así lo voto.

Por ello, de acuerdo a lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la queja interpuesta por Juan Domingo Pérez.

2. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictada por el Tribunal de fecha 17 de junio de 2009, en los autos "Gentile, Marcelo José s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Gentile, Marcelo José c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)", expte. nº 6259/08, como parte integrante del voto de la jueza Ana María Conde.

3. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto anterior y, oportunamente, se remita a la Sala interviniente para que sea agregada a los autos principales.