Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-07-05


RAWSON, 05 de julio de 2.010.- -- VISTO:- -- Estos autos caratulados: "U. C. R. s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad Decreto N° 630/2010" (Expte. N° 22.013-U-2.010).- -- CONSIDERANDO: --- -- Que a fs. 34/49 vta. se presenta el Sr. M. J. C. en su carácter de presidente del Comité Central Provincial de la U. C. R., Distrito Chubut, e invoca la representación legal de la misma, de conformidad a los artículos 21 y 58 de la Ley 23.298. --- -- Que en el citado carácter promueve acción declarativa de inconstitucionalidad del Decreto N° 630/2010 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial el día 17 de mayo de 2010, y con sustento en los artículos 10 y 156 párrafo primero de la Constitución del Chubut solicita se lo declare también insanablemente nulo de nulidad absoluta.

-- Reclama que en mérito a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad que peticiona sea dejada sin efecto la convocatoria anticipada a elecciones de Gobernador y Vicegobernador; Diputados provinciales y Representantes Populares ante el Consejo de la Magistratura por las Circunscripciones Judiciales de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Sarmiento, dispuesta por el Decreto cuestionado para el día 20 de marzo de 2011, y se establezca que la realización de los comicios deberá tener lugar en la fecha ordenada en el art. 53 del Código Electoral Nacional.-- -- Solicita se decrete una medida cautelar innovativa que deje en suspenso la ejecución de lo dispuesto en el Decreto N° 630/2010 durante la tramitación del proceso.-- -- Afirma la competencia del Pleno de este Tribunal para entender en la acción, en razón de lo dispuesto por el art. 179 1.1 de la Constitución Provincial.

-- En el capítulo IV refiere a la legitimación activa que -según señala- se encuentra investida la Unión Cívica Radical distrito Chubut, como partido político reconocido en el art. 38 de la Constitución Nacional y en la ley 23.298. Con apoyatura en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, agrega que también acciona en defensa de derechos de incidencia colectiva contemplados en su Carta Orgánica partidaria, y afirma que además debe serle reconocida legitimación como "afectado", en la acepción que esta voz tiene en el marco del art. 43 párrafo segundo de la Constitución federal, admitida también por el art. 57 de la Constitución provincial.- -- En el punto V.- acusa la inconstitucionalidad del Decreto N° 630/2010 por ser dictado por autoridad incompetente en materia electoral. En el punto VI le atribuye inconstitucionalidad por vulneración del principio de razonabilidad, y señala que el acto cuestionado conculca derechos de partidos políticos, de afiliados a partidos políticos y de electores en general contemplados en las Constituciones nacional, provincial y pactos internacionales. A continuación enumera y explica tales derechos: a) lesión del derecho - deber de asegurar la competencia electoral interna para la postulación de cargos públicos electivos; b) lesión del derecho de designar candidatos y participar en la contienda electoral; c) lesión del derecho constitucional de difundir sus plataformas y propuestas; d) frustración del derecho de sufragar de electores que por el dictado del Decreto N° 630/2010 dejaron de serlo.

-- En el acápite VIII solicita se decrete medida cautelar innovativa, a fin que se suspenda la convocatoria a comicios para el día 20 de marzo de 2011, y los plazos del cronograma preelectoral, y se releve a los partidos políticos de presentar candidaturas para su oficialización en torno al calendario que surge del Decreto N° 630/2010, durante la tramitación del proceso.

- -- Asevera que el derecho invocado resulta verosímil toda vez que la acción es de carácter meramente anulatorio ya que no se solicita el reconocimiento o conferencia de una prestación determinada de hacer, mientras que la lesión de derechos individuales y de incidencia colectiva es manifiesta. Afirma que con el Decreto cuestionado se alteró una situación afirmada y conocida por todos los protagonistas del proceso electoral desde fines de 2004, con la reforma del art. 53 mediante la ley 25.983. También sostiene que es patente y manifiesto que el Gobernador ha obrado en franca usurpación de una competencia que el art. 256 párrafo final de la Constitución del Chubut atribuye en forma exclusiva a la Legislatura. Añade que la causa resulta ser de puro derecho, y que se trata de preservar no sólo derechos de jerarquía constitucional sino además el normal funcionamiento de los poderes del Estado. Asevera que los hechos expuestos impiden otorgarle al acto cuestionado presunción de legalidad.- -- En orden al peligro en la demora, expone que de no suspenderse el cronograma electoral durante el transcurso de la causa, la Unión Cívica Radical y otros partidos políticos se verían imposibilitados de desarrollar normalmente y con amplitud de participación sus procesos internos de selección de candidatos, además de acometer el proceso electoral en sí en inferioridad de condiciones respecto del partido que preside la misma persona que ha dictado el Decreto N° 630/2010 y que reúne sobre sí la jefatura del Estado y la jefatura partidaria de uno de los partidos políticos que habrá de tomar parte en los comicios. -- -- Plantea como contracautela la caución juratoria de responder por los perjuicios que pudieran derivarse de la medida requerida.

-- Ofrece prueba documental, formula reserva del caso federal y realiza petitorio de estilo. --- -- A fs. 56/57 vta. expide dictamen el Sr. Procurador General. Opina allí que prima facie, se encontrarían reunidos los recaudos formales que hacen a la admisibilidad preliminar de la acción intentada. En orden a la medida cautelar solicitada, entiende que no se presentan acreditados los extremos que hacen a la viabilidad de la misma, por lo que corresponde su rechazo.

-- A fs. 58 se llama Autos para Resolver.

-- CONSIDERANDO: -- -- Que el representante legal de la UNION CIVICA RADICAL, Distrito Chubut, promueve la presente acción declarativa de inconstitucionalidad y nulidad del Decreto N° 630/2010 emanado del Poder Ejecutivo provincial. Que a tenor de las previsiones del art. 179 inc. 1° 1.1 de la Manda Constitucional, esta acción es de competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal, en pleno, y su jurisdicción se encuentra habilitada en la medida que las acciones impetradas no importan una consulta, ni la denuncia de una mera transgresión abstracta, sino que constituye una hipótesis que involucra lesión a derechos o garantías relativas a personas jurídicas determinadas -en principio- buscando precaver sus efectos, y con la finalidad de que la decisión última a la que se arribe pueda tener eficacia práctica. Así, por cuanto la naturaleza declarativa de la Acción de Inconstitucionalidad en vía principal, imprime a ésta un rol preventivo propio de su función productora de certeza jurídica, al eliminar los conflictos antes que un derecho sea transgredido. (Conf. STJ Córdoba - Sala Cont. Adm. - 21/11/97 - LL Cba. 1998-695; STCH SI N° 45/SCA/01; 77/SCA/02).-- -- Que a tenor de la jurisprudencia del Superior Tribunal, la Acción de Inconstitucionalidad transita por el marco procesal del art. 325 de la Ley XIII -N° 5 (antes art.322 del C.P.C.C.). - -- Que como lo ha señalado el Sr. Procurador General en su dictamen, prima facie, corresponde tener por satisfechos los recaudos que hacen a la procedencia de la vía constitucional promovida. Ello sin perjuicio de lo que ulteriormente pudiera decidirse.

-- Que dada la naturaleza de la cuestión involucrada, atinente a la elección de las autoridades provinciales y la necesidad de establecer con suficiente anticipación las particularidades de la contienda electoral a llevarse a cabo en el transcurso del año 2011, el Tribunal entiende que corresponde dar trámite sumarísimo al presente (art. 502 de la Ley XIII N° 5, antes art. 498 del CPCC). --- - Conforme se ha expuesto supra, la medida cautelar requerida consiste en la suspensión del Decreto N° 630/2010, en tanto dispone la convocatoria a comicios para el día 20 de marzo de 2011 y por consiguiente, la de los plazos anticipados del cronograma preelectoral, relevando a los partidos políticos de presentar candidaturas para su oficialización en torno al calendario que surge del citado Decreto.-- -- Como lo explica en su presentación la accionante, la medida precautoria solicitada es de naturaleza innovativa, y en este orden, ha señalado el Tribunal en anteriores decisiones que la viabilidad de estas medidas en los supuestos de Acciones Declarativas, fue controvertida en doctrina y aún en jurisprudencia, pues -se ha dicho- la suspensión de la ejecución de los actos cuestionados excede el propio objeto de la pretensión, cual es una mera declaración. Mas también se dijo que no obstante, el criterio impeditivo ha sido superado, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...la sola circunstancia de tratarse de una Acción Declarativa no excluye la procedencia de Medidas Precautorias. En efecto, éstas tienen por finalidad, evitar el riesgo de que durante el transcurso del proceso el pronunciamiento que pudiera reconocer o actuar el derecho pierda virtualidad.; y ese riesgo puede existir no sólo en las acciones de condena, sino también en las declarativas de certeza, en la medida en que se afecte de cualquier manera aquél cuyo reconocimiento se persigue" (Fallos 313:1152) (SI. N° 77/SCA/02).

-- Que la cautela precautoria contra actos de los poderes públicos -en general- en virtud de la presunción de legitimidad de la que gozan, no puede aplicarse automáticamente para admitir su suspensión, no obstante lo cual procede excepcionalmente, previa acreditación de los requisitos que condicionan su viabilidad, los que habrán de ser apreciados con mayor estrictez.

-- Que siguiendo ese criterio, el Tribunal ha admitido que la tutela preventiva se aplique a Leyes y Decretos, mas en tales supuestos ha sentenciado que el dictar medidas que se traduzcan en evitar las consecuencias de esas mandas, debe considerarse con un criterio restrictivo y excepcional. En este marco, ha adherido a la posición que indica, que la presunción de validez que ostentan los actos administrativos y legislativos, -y sustenta aquella doctrina- "debe ceder cuando se los impugna sobre bases "prima facie" verosímiles" (CS Fallos 250:134, 251:336, 307:1072, 314:695, "Obra Social de Docentes..." del 15/2/94, "Baliarda..." del 30/5/95. "Espinoza Buschiazzo..." del 30/8/95).

- -- Hemos afirmado en la SI. 08/SROE/08, que en las Acciones Declarativas de Inconstitucionalidad, este tipo de medidas precautorias son mucho más discutidas y la doctrina no es pacífica al respecto, aún con el carácter restrictivo que en general ostentan para cuando alcanzan decisiones de los poderes públicos. La sola tacha de inconstitucionalidad -se ha dicho- no resulta suficiente para cumplimentar el recaudo de verosimilitud del derecho, y, en principio, se ha negado su admisión cuando se ataca la presunción de validez de que están investidos "prima facie" los ordenamientos legales.

-- Siguiendo a PEYRANO, puede señalarse que para la procedencia de una medida innovativa presupone la concurrencia de los tres requisitos comunes a toda cautela -fumus bonis iuris, periculum in mora y contracautela- y además debe estar presente un cuarto requisito, que le es propio y característico: la irreparabilidad del perjuicio o del daño infligido por la situación de hecho o de derecho que se pretende innovar ("El proceso atípico", Peyrano-Chiappini, Ed. Universidad, parte segunda pág. 20/21).- -- La verosimilitud del derecho no sólo es apariencia de buen derecho. Por ello, lo que surge a la vista del juzgador como aparente, precisa que lo sea jurídicamente, de modo que pueda preverse, según un cálculo de probabilidades, que en la decisión de fondo se declarará el derecho en sentido favorable al solicitante de la medida cautelar (CN Cont. Adm. Fed., Sala I, 13/7/00, "Asociación Civil Cruzada Cívica para la DCUSP(Inc. Med c/ E.N.").- En tanto el dictado de la cautelar solicitada importa el anticipo de una eventual sentencia favorable, la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa, resultando, por lo demás, improcedente el análisis exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, cuya naturaleza y extensión han de ser dilucidadas con posterioridad. (Conf. SI. 72 y 75/SCA/03). -- Tampoco se ha fundado en forma suficiente el alegado peligro en la demora, ni acreditado de algún modo el mismo, pues se hace referencia para fundarlo a un cronograma electoral que hasta el presente no se ha establecido y a una alegada -pero indemostrada- imposibilidad de desarrollar normalmente los procesos internos de selección de candidatos, divulgación de las ideas y eventual concertación de acuerdos. Mucho menos se señaló la existencia de daños graves e irreparables que con el dictado de la cautelar solicitada se pretendan precaver. -- Que a lo ya expuesto, ha de añadirse que al sustentar la legitimación la actora en los artículos 38 y 43 de la Constitución Nacional, se ha dicho que "los jueces deben actuar con mucha prudencia a la hora de conceder medidas cautelares en los procesos colectivos no sólo extremando los requisitos inherentes al "fumus" y al "periculum" sino que deberán tener en cuenta que el otorgamiento de la medida "inaudita parte", ha de dictarse con una firme convicción acerca de que no se vulnere gravemente el interés público y que existe un consenso en solicitar la medida entre los miembros del grupo o clase (conf. CASSAGNE, Juan Carlos, L.L. 2009-E, 921). El grupo o clase en el sub lite está constituido por los restantes partidos políticos que se encuentran habilitados para actuar en el proceso electoral a realizarse en el ámbito provincial, y que no se han manifestado en consenso con la pretensión cautelar de la accionante. Esto necesariamente impide conceder la medida precautoria requerida para relevar a los partidos políticos -en general- de presentar candidaturas para su oficialización.

-- En idéntico sentido, en reciente fallo ha establecido el Alto Tribunal que "no es válida la posibilidad de suspender o incluso derogar una norma legal con efectos erga omnes, lo que sin duda no se ajusta al art. 116 de la Constitución Nacional. ... por lo cual se arribaría, como se dijo, al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado sino que, incluso, podrían no compartirla". (CSJN, causa Thomas, Enrique c/ E.N.A. s/ amparo", sentencia del 15/06/2010).

- -- Que el Tribunal tiene dicho: "la ponderación de los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, debe efectuarse con una apreciación atenta de la realidad comprometida, a fin de establecer si las secuelas que produzca el hecho que se pretende evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en cuestión (Club Universitario de Bs. As... Supl. Der. Adm. del 16/4/99 , pág. 31) (SI 14/SCA/01).

-- Que tales las razones expuestas, no procede acoger la medida cautelar innovativa requerida.

-- Que desde que el incidente tramita inaudita parte, no corresponde imponer costas. No obstante, de acuerdo a la manda del art. 46 de la Ley XIII N° 4 (antes art. 47 del Dto. Ley 2.200 T.O.- Dto. N° 138/99) procede regular los honorarios de los letrados patrocinantes de la actora, en forma conjunta, teniendo en cuenta la eficacia de la labor y estimando que la medida fue planteada conjuntamente con la demanda (arts. 5, 32 y 46 de la Ley XIII N° 4; antes arts. 6, 33, 47 y conc. Dto. Ley citado).- -- Que por ello, el Superior Tribunal de Justicia, en pleno - - R E S U E L V E -- -- 1º) TENER a la presentante por parte, y por formulada reserva del caso federal. - -- 2°) CORRER traslado de la acción entablada y de la documental acompañada, que tramitará según las normas del proceso sumarísimo, a la Provincia del Chubut, por el término de CINCO (5) días para que comparezca y la conteste, bajo apercibimiento de ley. A tal fin, líbrense oficios al Sr. Gobernador de la Provincia del Chubut y al Sr. Fiscal de Estado (arts. 60, 325, 344 y 502 de la Ley XIII, N° 5, antes arts. 59, 322, 341 y 498 del CPCC). - -- 3º) NO HACER LUGAR a la medida cautelar solicitada en autos, en el Punto VIII de fs. 46 vta./47 vta., por la accionante, conforme a los considerandos que anteceden (arts. 197, 232 y 234 de la Ley XIII N° 5; antes arts. 195, 230 y 232 del CPCC).- -- 4°) REGULAR los honorarios de los Dres. G. M., J. A. G. H., G. A. y M. A. F., letrados patrocinantes, en forma conjunta, en el 10% de lo que les resultes fijado en el proceso (arts. 5, 32 y 46 de la Ley XIII N° 4; antes arts. 6, 33, 47 y conc. Dto. Ley N° 2.200 -T.O. Dto. N° 138/99), más IVA si correspondiere.

5°) REGÍSTRESE y notifíquese.

-- La presente se dicta con cuatro Miembros del Tribunal por encontrarse ausentes, en uso de licencia, los Sres. Ministros Dres. Jorge PFLEGER y Fernando S.L. ROYER.--- Fdo.: Dr. Daniel Luis CANEO - Dr. Daniel A. REBAGLIATI RUSSELL - Dr. José Luis PASUTTI - Dr. Alejandro Javier PANIZZI.--- RECIBIDA EN SECRETARIA EL 05 DE JULIO DEL AÑO 2.010 - REGISTRADA BAJO EL N° 12 S.R.O.E. CONSTE