marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: SAINZ DE AJA, MANUEL c/ ALVARADO, OBDULIO P. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-17

Pueden ser objeto de los contratos las cosas litigiosas, dadas en prenda, o en anticresis, hipotecadas o embargadas, salvo el deber de satisfacer el perjuicio que del contrato resultara a terceros (art.

1174 del Código Civil).

Si el bien embargado se vende, se desprende de los principios señalados, que dicho acto no puede ser perjudicial para el acreedor.

De lo contrario, quien es propietario de una cosa embargada se liberaría de su acreedor transmitiéndola a un tercero. La venta tampoco puede beneficiar al adquirente, colocándolo en una situación distinta a la de su transmitente, e impidiéndole al embargante cobrar su acreencia debidamente garantizada con la medida.

La cautelar sigue como gravamen al tercer adquirente de la cosa afectada. El sufre los efectos de la medida precautoria, por lo tanto y mientras el acreedor no sea desinteresado, tiene una pretensión legítima y puede hacerla valer ante el tercero adquirente y la cautela subsiste con todos sus efectos y con el privilegio que de él emana (conf. art. 3270, Código Civil).
Acción declarativa de inconstitucionalidad, ley general, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-16

Cabe admitir la acción declarativa de inconstitucionalidad pues todas las demandas individualizaron con precisión las normas impugnadas (19 inciso 2 de la ley nro. 402), que poseen carácter general, emanan de autoridades de la Ciudad (artículos 113 inciso 2 de la CCBA y 17 de la LPTSJ) y exponen argumentos constitucionales vinculados con las reglas cuestionadas, lo que da cumplimiento a los artículos 113 inciso 2 de la CCBA y 17 de la LPTSJ. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Derecho procesal, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: CAPRISTO STELLA MARIS c/ I.S.S.N. s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-02

La revocatoria in extremis implica un procedimiento de reparación de errores, nunca una revisión de la causa, por lo que no puede ser empleada con éxito para cuestionar el acierto o error de las interpretaciones jurídicas sustentadas por el órgano judicial, o para plantear vicios de juzgamiento o para procurar mejorar el material probatorio analizado -tal la imposición de costas determinadas en el caso particular-.
Prescripción, prescripción bienal, responsabilidad extracontractual del Estado, daños y perjuicios, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, indemnización
Materia: PENAL
Carátula: Orifici, Eva Raquel c/ Estado Nacional (Mrio. del Interior). s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

El plazo de prescripción bienal de la responsabilidad extracontractual de la administración debe computarse desde que la persona recupera su libertad vigilada pues desde ese momento el interesado se encuentra "en condiciones de apreciar la magnitud del perjuicio sufrido".
Quiebra, escrituración, caducidad, prueba, segunda instancia, boleto de compraventa
Materia: COMERCIAL
Carátula: CABALLERO,  TERESITA  DEL  SOCORRO  -INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA EN:  GRAU  CERRITO    S.R.L.    -CONCURSO  PREVENTIVO,  HOY QUIEBRA- s/ INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA - ESCRITURACION - PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-11-03

El antecedente del recurso planteado radica en que declarada la quiebra de la fallida, comparece la actora, en reiteración del incidente de escrituración que con fecha anterior había finiquitado por haber declarado el "iudex" la caducidad de la instancia,lo que quedó firme.

En ambos expedientes, tanto el fallido, como el síndico, manifiestan su conformidad con la pretensión de la actora incidental.

La queja que vierte la apelante radica en que, tanto la recurrente como la a quo han equivocado involuntariamente la designación del inmueble que es motivo de la incidencia. La confusión ha partido de la designación equivocada que efectúa la recurrente de la unidad funcional cuya escrituración se demanda, en definitiva radica todo en un error material.

Cabe agregar, que si bien el anterior proceso finiquitó por caducidad de la instancia, en el nuevo incidente abierto fue ofrecido como prueba, de manera tal que no se ha tomado por base aquél, sino como demostración de los hechos alegados en la demanda incidental. Pero además, la prueba incorporada en Segunda Instancia, si bien carece de eficacia, no hace sino reeditar los términos del boleto de compraventa,que es el documento madre que específica cual ha sido el departamento adquirido por la incidentista.

Por otro lado, el mencionado departamento ha sido abonado al contado, reúne todos los requisitos legales necesarios para que la acción prospere. (Voto de la Mayoría).-
Proceso penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramos de Herrero, Isabel s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-30

La aplicación del art.1101 del C.C., tiene carácter restrictivo dadas las implicancias que ella conlleva y debe efectuarse su interpretación razonablemente en función de las particularidades del caso; de allí que se reconozca comúnmente no bastar que la acción penal exista en potencia o que se pueda promover, sino es exigencia que efectivamente se haya promovido. Y tales reflexiones van aventando cualquier objeción que pretendiera distinguir, artificiosamente, como acciones independientes a esos efectos, la de reconocimiento del crédito propiamente dicha, de la solicitud del pedido de quiebra por el acreedor verificado. Cuando precisamente ésta no pasa de ser una mera consecuencia ejecutoria de aquella.
Excarcelación, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: Dr. Juan A. Gracia s/ Interpone recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-17

El procedimiento reglado por el art. 2° de la ley 10.484 y sus modificatorias, es de carácter excepcional y siendo que los Sres.

Jueces de primer grado resuelven en atención al conocimiento directo que poseen de las distintas circunstancias procesales y personales del caso, la revisión de tales pronunciamientos deberá ser ejercida "cautíssimo modo", restringiéndose a los casos en que se patentice graves inconsecuencias en la interpretación de los hechos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cheque sin fondos, concurso de delitos, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: SALAMO, JUAN CARLOS s/ Cheque sin fondos Causa 30296-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-21

Cuando se da el libramiento de más de un cheque, existe reiteración de hechos independientes (Art. 55 del Código Penal), lo que implica la concurrencia de un concurso real. (Del voto del Dr. Cortelezzi).
Contrato de trabajo de temporada, verdad jurídica objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Maidana, Norma Beatriz c/ Heladería Palito de Mauro Almirón y/o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-06-21

Debiendo acordarse primacía en lo real sobre la meramente formal, la extensión del lapso de la temporada convenida tanto en el inicio como en el fin, sin haber demostrado particularidades que lo justifiquen en el caso, obligan a concluir que el contrato de trabajo a tenido por finalidad simular una modalidad de contratación laboral discontinua alejada de los hechos concretos, debiendo estarse en consecuencia y por imperio del art. 14 de la L.C.T. a las disposiciones genéricas de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que nos conduce a admitir la continuidad del contrato de trabajo según el régimen genérico del art. 90 de la L.C.T. .
Seguro de vida, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: BORSANI, ANGEL OSCAR c/ DUCILO SAIC. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-29

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la resolución 11945/74 de la SSN., el empleador sólo es responsable directo del pago del seguro de vida obligatorio, en caso de falta de contratación, caducidad o suspensión del seguro. (Esta sentencia modifica el criterio sustentado por la Sala en la sentencia número 49561, 28 de febrero de 1983, "Naibaver, Ricardo Marcelo c/ Ducilo S.A.I.C. ").
Daños y perjuicios, daño material, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: Bustos,  Ramón  Roberto c/ La Pampa, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Resulta inadmisible reconocer gastos por tratamiento psicoterapéutico si la recomendación del perito se encuentra privada de sustento ante la ausencia de secuelas y la carencia de elementos que permitan diagnosticar un cuadro psicopatológico.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, superintendencia, leyes, interpretación restrictiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FALU, EDUARDO -VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.A.D.A.I.C.) s/ RECURSO EXTRAORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 825 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

Resulta imposible ampliar por vía legislativa o interpretativa la competencia jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos supuestos se encuentran enumerados en "numerus clausus" por el artículo 93 de la Constitución provincial. Efectivamente, la Constitución de la Provincia prevé dos competencias bien diferenciadas de la Corte Suprema de Justicia: por un lado, el ejercicio de la superintendencia (art. 92), por algunos llamadas "atribuciones administrativas de la Corte" y, por otros, "competencia de gobierno" -compete a la Corte Suprema el ejercicio del Gobierno del Poder Judicial (art. 19, ley 10160)- que es susceptible de ser ampliada por las normas legales, en cuanto que "ejerce las demás funciones que le encomiende la ley" (inc. 8, art.

92 cit., Const. Prov.); por otro lado, la competencia jurisdiccional, prevista en el artículo 93 del texto fundamental que, por su misma redacción, impide la ampliación de los nueve casos previstos. Es decir que, mientras la primera (art. 92) es abierta, la segunda (art. 93) es cerrada.
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, principios del derecho internacional de los derechos humanos, víctima del delito, costas, daño resarcible, sistema interamericano de Derechos Humanos, representante de la víctima
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Garrido y Baigorria c/ Argentina s/ Sentencia de Reparaciones Y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1998-08-27

En el marco de los artículos 63.1 de la Convención Americana y 55.1 del Reglamento de la Corte, las costas deben considerarse dentro del concepto de reparación, puesto que derivan naturalmente de la actividad desplegada por la víctima, sus derechohabientes o sus representantes para obtener la resolución jurisdiccional en la que se reconozca la violación cometida y sus consecuencias jurídicas, reconociendo las erogaciones y diversos gastos por ellos efectuados para acceder al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, entre los que figuran asimismo los honorarios a quienes le brindan asistencia jurídica, requiriéndose que se encuentren efectivamente realizados, sean necesarios y resulten razonables.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, derecho a la identidad, derecho a la convivencia familiar, interés superior del niño, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: H.V.N. y otros. s/ Situación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-19

La oportuna intervención del Estado en garantía de los derechos de los menores que se encontraban en riesgo, no obsta a indicar que no se debe perder de vista que la provisoriedad de la medida de exclusión en lo que hace al deber de velar por el interés superior de los niños, implica que la implementación de todos los recursos de los programas de apoyo resulten oportunos y controlados en su evolución, de tal forma de evitar que la familia inhabilitada en su función parental quede en riesgo de sucumbir ante las exigencias judiciales y administrativas, precipitando un abandono concreto de ese hijo, al cual dejó de cuidar hace tiempo.

Por ello, en lo que se refiere a los menores M. y C., infiero de las constancias de autos que estamos en presencia de un espacio de contención institucional que aún cuando debe considerarse limitado o provisorio desde el punto de vista temporal, la idea y meta primordial de revinculación con su familia biológica no se ha entendido agotada para avanzar en un proceso de adopción, al no resultar evaluación favorable en este último sentido.
Procedencia del recurso, querellante, sobreseimiento, delito de acción pública, desestimación de la denuncia, ley vigente, deber de imparcialidad
Materia: PENAL
Carátula: Palermo, Daniel Omar y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-18

Cabe hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte querellante contra la decisión de cámara de apelaciones que confirmó el sobreseimiento de los imputados en orden a la infracción a la ley 11.723, puesto que pese a señalar que la postura del querellante podría resultar procedente, el a quo sostuvo que no resultaba posible que la querella impulse la instrucción de un delito de acción pública sin la intervención del MPF. Para ello, observó que la fiscal, luego de haber propuesto la desestimación de la denuncia por inexistencia de delito, fue notificada de esa decisión sin deducir recurso alguno y sin que el fiscal general adhiriera al recurso de la querella. Frente a ello, la decisión desincriminatoria del a quo, que incluso reconoció que la ley vigente podría amparar la pretensión del acusador privado y que destacó la necesidad de llevar adelante una medida de prueba reclamada por la denunciante, fundada luego en que esa parte no puede impulsar en solitario la instrucción de un delito de acción pública, ha resultado contradictoria y revela una interpretación equívoca de las norma procesales aplicables. Ello puesto que, no se ha verificado razón alguna que afecte la independencia funcional del MPF según el art. 120 CN ni la separación de funciones y la imparcialidad del juzgado y, por añadidura, el derecho de defensa del imputado. La intervención en el expediente del presunto damnificado, en su calidad de querellante (cfr. art. 82 CPPN), se salvaguarda cualquier riesgo de afectación del principio republicano de control de los actos de gobierno y de imparcialidad del juzgador (voto del juez Morin). Cita de "Urbanitsch, Marcelo Silvio y otros s/ defraudación a un menor o incapaz", CNCCC 9020/2010/TO2/3/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 1422/2018, resuelta el 7 de noviembre de 2018
Litisconsorcio, comodato, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPE RIEL LTDA. c/ ASOCIACION MUTUAL FERROVIARIA DE AYUDA MULTIPLE y otros s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-24

Si en un caso se solicita la declaración de nulidad de un contrato de comodato, a la par que en otro se pretende el desalojo de los ocupantes, no se presenta coincidencia en la "causal petendi" y, por ende, no se configuran los recaudos para la acumulación subjetiva de acciones.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, semáforo
Materia: CIVIL
Carátula: Mengucci de Murillo, Hilda Carmen y otro c/ Arregui, Jorge Omar y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-16

Quien viola la señal del semáforo es quien pone la causa eficiente del daño ya que sin su contravención el accidente de tránsito no se hubiere producido. Ello es así en cuanto la señal lumínica favorable le permite al otro conductor proseguir la marcha sin que sea menester adoptar las precauciones habituales en cruce de calles que carezcan de semáforos.
Compraventa inmobiliaria, escrituración, condición suspensiva, plazo incierto
Materia: CIVIL
Carátula: CANTONE, JUAN Y OTRO c/ VILLAR, OSCAR ALBERTO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-30

Cuando en el boleto de compraventa, las partes acordaron que el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio del bien inmueble enajenado está supeditado a la realización del Reglamento de Copropiedad y Administración, lo que configura un plazo suspensivo incierto que difiere la exigibilidad de la obligación, ello no autoriza a la parte obligada a efectuar tales diligencias -vendedor- a postergar "sine die" su cumplimiento o a dilatarlo indefinidamente, por lo que si la demora se prolonga más allá de la razonable, el acreedor -comprador- está facultado para demandar su filiación o el incumplimiento de la actividad omitida máxime si transcurrido más de un año desde la fecha en que se suscribió el boleto en cuestión, el comprador ha intimado por carta documento al vendedor para que informara sobre el estado de los trámites necesarios para viabilizar la escritura, sin obtener respuesta alguna. En tal caso el juez está facultado incluso a establecer si la dilación es o no imputable a la culpa del deudor.
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Casas, Miguel Enrique c/ Urquizu, Miguel s/ Daños y perjuicios Aisimburu, Rubén Orlando y otra c/ Suarez, Ernesto Manuel y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-03|1987-11-03

Cuando se trata de la muerte de un ser querido de estrecha vinculación espiritual y biológica (en el caso, el hijo del accionante) no es necesario traer la prueba de que se ha sufrido un agravio moral, porque está en el orden natural de las cosas que ello ha de herir en lo más profundo.-
Falsificación de marca o designación, acción pública, nulidad procesal, nulidad parcial, competencia federal, juicio correccional
Materia: PENAL
Carátula: BASILE, CARMELO Y OTROS s/ NULIDAD PROCESAL - FALSIFICACION MARCA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-22

Debe declararse la nulidad parcial del proceso y de todo lo actuado en consecuencia, en lo que atañe a la errónea aplicación del delito de falsificación de marcas por no haberse puesto en movimiento la acción penal en los términos de los arts. 57 y sgtes, 65 y 66 de la ley 3975 y art. 509 C.P.C.

Si bien actualmente tiene vigencia la ley de marcas y designaciones Nro. 22.363 que sustituye a la ley 3975 y que en su art.32.

establece que la acción penal es pública y las disposiciones generales del Libro I del C. Penal son aplicables en cuanto sean compatibles, fijando el art. 33 la competencia de la justicia federal en lo Criminal y supeditando el trámite al juicio correcccional; lo cierto es que en el caso de autos, en virtud de la fecha de ocurrencia de los hechos, es aplicable, por aplicación del art. 2 C.P. la ley 3975, que torna necesaria la acusación particular a los fines de la competencia del fuero federal.
Jueces, recusación con causa, afiliados previsionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROUSIOT, RUBEN N. Y OTROS s/ ACCION DE INCONSTITUVCIONALIDAD (LEY 2956) S/INCIDENTE DE RECUSACION VERDINELLI, RUBEN EDGARDO s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY 2988) S/ INCIDENTE DE RECUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-09-17|1996-12-18

Al dirimir - inconstitucionalidad ley 2956 transferencia Caja de Previsión Social - y a la luz de los antecedentes de este mismo Tribunal, el simple hecho de ser afiliado a la Caja de Previsión Social de la Pcia. de Río Negro, no es configurativo de la causal invocada por los recusantes, toda vez, que en su carácter de dependientes del Estado Provincial, y adheridos al sistema previsional, el interés en la dilucidación del tema, no tiene la suficiente entidad como para que se vea en peligro la imparcialidad de los Magistrados.
Recurso de apelación (procesal), providencia simple
Materia: CIVIL
Carátula: García, Rita Del Carmen s/ Inc. De Apelación En Los Autos "García, Rita Del Carmen C/ Gamboa, Rocío Soledad S/ Denuncia"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-15

La providencia que otorga o deniega la apelación, como principio general, no es susceptible de recurso de revocatoria, ni modificable de oficio, ni aún a petición de parte.
Excepción de novación, interpretación restrictiva, mutuo hipotecario
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ LAMIMETAL SA. s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-04

Siendo que la novación es un modo de extinción de las obligaciones y a su vez una fuente creadora de las mismas, que no se presume sino que debe ser interpretada restrictivamente de los hechos encaminados a su establecimiento -CCIV: 874 (Salvat, Derecho Civil Argentino, Obligaciones en General, Tº III, pág. 621, Belluscio ob. cit., Tº III, pág. 665 Nº 1,2), cabe -en el caso- rechazar la excepción de novación opuesta, por cuanto no se encuentra, ni siquiera controvertido, que el importe "íntegro" del mutuo garantizado con la hipoteca al deudor fuera entregado en presencia del escribano interviniente, y aún de los propios excepcionantes, hecho que por haber pasado en presencia del oficial público que da cuenta de la correspondiente escritura pública, goza de la fe pública (CCIV: 993, 994, 995 y concs.). Por ello, la nueva obligación así contraída por los mismos deudores no permite presumir la extinción de la anterior aquí ejecutada, razón por la cual debe interpretarse que la anterior subsiste ya que la sola circunstancia de que las partes hayan contraído otra distinta no causa novación ni extinción de aquella (Belluscio, ob cit., Tº III, pág. 665 Nº 2), ya que la novación no se presume (CCIV: 812).
Condena condicional, revocación de la condena condicional, cómputo de la pena, unificación de penas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Borelli, Maximiliano Ernesto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-10

La revocación de la condicionalidad de la pena sólo procederá cuando el nuevo delito tenga también pena privativa de libertad. Solicitada por el fiscal la unificación de penas, si esta unificación supera, a juicio del sentenciante, el límite de tres años que fija el artículo 26 del Código Penal, es correcto que se revoquen las condicionalidades de las penas anteriores.

(Dra. Ledesma, en disidencia).
Procesos de conocimiento, acción meramente declarativa
Materia: PROCESAL
Carátula: B.Ch. c/ E., V. s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-03-05

La acción meramente declarativa del art. 322 del C.P.C.C. exige para su procedencia determinados recaudos, como son: incertidumbre sobre la existencia, alcances o modalidades de una relación jurídica, perjuicio o lesión posible, a más de indisponibilidad de otro medio procesal para hacerlo cesar.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, juicios en que la Nación es parte, sentencia definitiva, valor cuestionado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Cazarre, Juan Francisco c/ Golf Club Argentino s/ da!os y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

El recurso ordinario de apelación es formalmente procedente, si se trata de una sentencia definitiva dictada en una causa en que la Nación es parte y el valor cuestionado en último término, actualizado a la fecha de la interposición del recurso, supera el mínimo previsto por el art. 24, inc. 6, apartado a) del decreto-ley 1285/58, modificado por la ley 21.708 y resolución de la Corte N 1577/90.