marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recusación sin causa, juicio ejecutivo, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: FINANCOMPRA  SA c/ PAZ, LILIANA MABEL s/ EJECUTIVO. (ED 12.11.02,Fº 51761).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-17

Puesto que el acotamiento de la facultad de recusar sin causa en los juicios de ejecución, introducido por la Ley 25488 en el art. 14 del C.P.C.C., estuvo orientado a agilizar los trámites con relación a algunos procesos judiciales, no hay razón para excluir de dicha prohibición a los juicios ejecutivos e incluir únicamente a los procesos de ejecución de sentencias, por lo cual, debe interpretarse que la intención de la ley fue el apartamiento del instituto de la recusación sin causa en todos los procesos de ejecución, y que el hecho de que la redacción del segundo párrafo del citado artículo -que se mantuvo inalterada con relación al texto anterior a la reforma legislativa- responde únicamente a una errata y no a otra cosa.

La nueva redacción del  art. 14 del C.P.C.C., al establecer la prohibición de recusar sin causa en los procesos de ejecución, se refiere a los mencionados en el título I del Código Procesal, es decir, a la ejecución de sentencias de tribunales argentinos, de tribunales extranjeros y laudos arbitrales extranjeros (del dictamen del fiscal ante la Cámara).
Interrupción de la prescripción, reconocimiento de las obligaciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: Kodner, Liliana Inés c/ Guardería Neptuno S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-04

El reconocimiento de la deuda, como acto que interrumpe el curso de la prescripción, es un acto unilateral hecho por el deudor de la obligación que no necesita de la aceptación del acreedor y, en tal sentido, la remisión de una carta informando a la contraparte que figura en los registros contables de la sociedad como acreedora financiera es un acto que implica el reconocimiento de deuda y que basta para interrumpir el curso de la prescripción.
Recusación con causa, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: LOBOS RUBEN c/ PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-04-26

Se debe rechazar la recusación con reserva de causa dirigida al Sr.

Juez de Cámara, como Subrogante de este Tribunal Superior de Justicia, ya que de conformidad a lo establecido en el art. 14 del C.P.C.C. la facultad de recusar sin causa queda limitada a los Jueces de Primera Instancia y de Cámara de Apelaciones.
Obligaciones, actualización monetaria, tasas de interés
Materia: LABORAL
Carátula: ARDILES DONATO A. Y OTROS c/ D.I.P.O.S. Y/O GOBIERNO DE LA PCIA. s/ INDEMNIZACION DEL ART.76 DEL C.C.T. Nº 57/75-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-23

El Superior Tribunal ha fijado a partir de la vigencia de la ley de emergencia pública y reforma cambiaria, un criterio provisional atento a la inestabilidad económica y que, prudentemente alcance el objetivo de preservar el valor del quantum de las obligaciones cancelatorias con la permanencia de la tasa pasiva promedio mensual que publica el B.C.R.A. como variable que regula las fluctuaciones del costo monetario con más un parámetro constante del dos por ciento (2%) nominal mensual, todo lo que responde, a su vez, a los lineamientos dados por la Corte Federal a partir de la vigencia de la Ley de Convertibilidad y en la facultad de libre determinación que luego reconoce a los Tribunales inferiores respecto de la tasa moratoria legal.
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, separación de hecho, padecimientos mentales, divorcio del 215 del Código Civil, causas graves que impiden la vida en común
Materia: CIVIL
Carátula: M., L.O. c/ C. de M., E.R. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-26

Los arts. 203, 204 y 205 del Código Civil han elevado a la categoría de causas objetivas diversas hipótesis que involucran al "divorcio remedio", para el cual la sola verificación de su existencia -la alteración mental grave de carácter permanente, la interrupción de la cohabitación sin voluntad de unirse, o la presentación conjunta por razones graves que hagan moralmente imposible la convivencia- acarrea la separación personal o el divorcio vincular, independientemente de las responsabilidades de uno u otro cónyuge.

Conforme a esta última caracterización, el legislador ha pretendido atenuar la idea dominante en que sólo podía arribarse al divorcio por la culpa de uno de los esposos, permitiendo en cambio su declaración cuando se hubiere operado la quiebra irreparable del matrimonio. No corresponde indagar las razones que condujeran a esa situación ni es procedente, en principio, declaración alguna de culpabilidad, tal como lo prescribe el art. 235 del Código Civil.
Recurso contencioso administrativo, beneficio de litigar sin gastos, costas, sentencia condenatoria
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: LENCINA, NASARIO INOCENCIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-19

El beneficio de gratuidad de las actuaciones judiciales comprende, entre otras ventajas, la eximición de pago de tasas y otras contribuciones de Justicia, el patrocinio o defensa por letrados del Ministerio Público -Defensores Generales- y la improcedencia del arraigo (artículos 335 y 330 inciso 3 del Código Procesal Civil y Comercial), lo que permite a pobres y económicamente débiles -que el ordenamiento jurídico equipara a aquéllos- acceder a los estrados judiciales y defender sus derechos, no obstante la falta de recursos pecuniarios.

Empero, al momento de la imposición de costas, ni siquiera los pobres declarados se liberan de la obligación de pagarlas en nuestro régimen procesal, si tienen bienes para afrontarlas (artículo 336 del Código Procesal Civil y Comercial).
Acción civil, cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL
Carátula: WILER SA c/ TRANSPORTES PATRON SACIF s/ FALTANTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-10

La norma del art. 1101 del C.Civil es de orden público y aplicable una de oficio so pena de nulidad, e igual carácter revisten las que consagran los arts. 1102 y 1103 del mismo cuerpo legal, que también se hallan involucradas en la especie.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión resuelta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Abate, Juan c/ Bucchieri de Lago, Aurora M. s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que impugna una cuestión resuelta definitivamente con anterioridad a la sentencia.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, regulación de honorarios, pago, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO NUEVA ERA COOPERATIVO LIMITADO c/ HECTOR ZEBALLOS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-14

Procede regulación de honorarios por la actuación del defensor oficial cuando el actor ha sido vencido, porque liberar a éste del pago de tal emolumento significa un enriquecimiento sin causa, pero esa acreencia no le corresponde a dicho funcionario sino al estado nacional, que es quien atiende los gastos de su intervención, debiendo actuar el ministerio público fiscal para percibirla.
Contrato de obra, contrato de servicios
Materia: CIVIL
Carátula: CHAVEZ OSCAR MANUEL c/ MEDINA RENE ALBINO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-06-14

La diferencia fundamental entre la locación de obra y la de servicios es que en la primera se promete el resultado del trabajo y en esta la fuerza misma del trabajo (aunque orientada hacia un resultado). En aquella lo relevante es un "opus" y en esta una energía o actividad. Es claro que entre ambas hay una zona gris, pues en la locación de servicios no concurre una desvinculación absoluta de la finalidad ultima perseguida y en la de obra el trabajo cumple una función instrumental necesaria para la consecución del resultado; lo fundamental es averiguar cual es la nota predominante El criterio de la "subordinación" o "autonomía" ha sido desde hace tiempo abandonado como caracterizador de la locación de servicios y de la de obra, respectivamente. Hay profesionales liberales que son locadores de servicios a pesar de que gozan de autonomía técnica para realizar su labor.

Tampoco es nota distintiva de la locación de obra que la retribución se fije en función de la importancia del trabajo, en lugar de su duración o tiempo, lo frecuente o común es que en tal caso el precio se abone por la obra hecha, sea por el todo, sea proporcionalmente a las etapas cumplidas.
Instrumentos privados, reconocimiento de firma, producción de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES c/ ANTONIO JAVIER COSSARA Y NORMA LILIANA GUERRA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-10-31

Frente a la actitud clara y terminante de la demandada en cuanto al desconocimiento expreso de su firma en el documento que se le atribuye, lo cual ratifica agregando que desconoce la deuda y la documentación presentada con la demanda, al absolver posiciones, dicha parte llevó adelante la actividad procesal que le es exigible y al hacerlo contradijo los términos de la demanda. Frente a ello surge la necesidad de la actora de producir la actividad probatoria necesaria para la acreditación de los hechos en que funda sus derechos, como materialización del interés jurídico cuyo reconocimiento persigue. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, contrato de servicios, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Carrizo, Luciano Omar del Valle c/ Energía de Catamarca Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (ECSAPEM) s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-03-21

La materia traída a conocimiento y decisión jurisdiccional resulta ajena a la competencia originaria y exclusiva de esta Corte de Justicia, en función de que analizada la pretensión a la luz de la prueba incorporada a la causa se desprende que la relación contractual con la empresa accionada, data del 01/Oct/15, sin que exista alguna prueba en la que conste la alegada vinculación preexistente a esa fecha., surgiendo del mismo que se trata de un instrumento celebrado inter partes del cual se extraen conclusiones incontrovertibles. En primer lugar se trata de un contrato de locación de servicios regido por el Código Civil dada la fecha de su suscripción, y no como erradamente argumenta la parte "C.CyC.N y Ley de Contrato de Trabajo"; asimismo se advierte que la vinculación contractual lo ha sido entre la Empresa accionada y el amparista, resultando ajena la participación del Estado Provincial en su suscripción, de lo que resulta que el contrato celebrado, cuyas cláusulas deben darse por reproducidas in extenso son obligatorias para las partes como la ley misma, a lo que debe añadirse que había transcurrido en exceso el plazo previsto por la norma adjetiva Art.2º, inc.e, Ley 4642, para interponer la acción en tiempo hábil, motivos por los que corresponde declarar inadmisible la acción intentada.
Reconstrucción del hecho, fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: SUAREZ RICARDO s/ LESIONES GRAVES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-05-10

Es la diligencia que realiza el juez solo o en unión de las partes, de los peritos o de los testigos, para comprobar la existencia de una persona o de una cosa o bien la realidad de un hecho. Es frecuente en la identificación de cadáveres, en la reconstrucción de un acto delictivo o para que los acusadores o los testigos señalen en rueda de presos o entre otras personas, a las que crean haber visto realizando el delito.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, derivación no razonada del derecho vigente, empleados públicos, diferencias salariales, personal subrogante, acto administrativo inexistente, asignación de funciones
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: DOCE, ADELA CRISTINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-09-26

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, toda vez que el pronunciamiento de la Cámara -condenando a la Provincia al pago de diferencias salariales- ha consagrado una solución dogmática que no puede verse como una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, desde que no se halla acreditado en la causa la existencia de un acto administrativo de autoridad competente que asigne a la accionante funciones diversas a las de su cargo de revista (pertenecientes a una categoría con mayor remuneración), y en ningún momento busca hacerse cargo del argumento introducido al contestar la demanda por la recurrida en cuanto a la existencia de una decisión administrativa firme que impedía la procedencia de la pretensión, exigencia que se tornaba aún más necesaria si se tiene en cuenta que la solicitud del reconocimiento y pago del suplemento por subrogancia a la recurrente fue formulado administrativamente con anterioridad a la decisión del Gobernador que reconoció la misma y no fue impugnada por la actora. (De la disidencia de los Dres. Gutiérrez y Spuler)
Escritos judiciales, firma
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martini, Luis Osvaldo s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

El sentenciante ha sostenido con corrección que los escritos judiciales deben estar firmados (art. 118 Código Procesal). Y que si la firma estampada no es auténtica, "se está frente a un acto inexistente (art. 1012, Código Civil)", pues se trata de un elemento constitutivo. En tal caso, se está más allá de la nulidad, por lo que resulta innecesario demostrar la existencia de perjuicio y no resulta de aplicación el principio de convalidación.
Recurso de apelación (administrativo), tribunal de cuentas, responsabilidad del funcionario público, juicio administrativo de responsabilidad, responsabilidad patrimonial, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL
Carátula: DELEGACION TRABAJO DE BARILOCHE s/ COBRO INDEBIDO DE CHEQUE (EXP. 40411-00) EXPTE. Nro. 1036/00 - FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS s/ APELACION" (Expte. Nro. 20024/05 - STJ -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-09-21

Ante el convencimiento de que la sentencia del Tribunal de Cuentas es ajustada a derecho en el juzgamiento de la conducta desarrollada por el Sr. M. y la determinación de su responsabilidad en forma solidaria con el Sr. R., y que su conducta fue la adecuada para provocar la situación que generó las presentes actuaciones, voto por la negativa respecto del recurso de apelación deducido.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: López, Dardo Daniel s/ ROBO Alonso, Oscar y otro s/ Robo aut.tor agravado por el uso de armas Compiano Martínez, Claudio Marcelo y otro s/ Robo reiterado Velázquez, Sergio Esteban s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21|1988-08-16|1987-02-17|1988-11-29

No cabe resolver si la expresión legal "en la medida requerida para cada caso" (art. 41 inc. 2, C.P.) desplaza la necesidad de que siempre se tome el conocimiento a que se refiere el texto invocado si la defensa no demuestra que la diligencia referida a que el acusado compareció ante el juez (art. 7, núm. ant., C.P.P.) no haya satisfecho lo requerido en el art. 41 inc. 2 del Código Penal.
Opinión consultiva, habeas corpus, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, derechos y garantías internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987. Serie A No. 8. Solicitante: CIDH c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1987-01-30

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita al Tribunal Interamericano, determine el alcance e interpretación de los artículos 25.1 y 7.6 de la Convención Americana -fundamentos normativos del recurso de hábeas corpus-, en relación al inciso 2 de su artículo 27, relativo a la prohibición de suspensión de ciertos derechos como el de integridad personal, aún en contextos de situaciones de emergencia que pudieran habilitar suspensión de garantías.
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Churrupit, Omar Enrique s/ Incidente de reintegro de fondos en autos:Banco Coopesur Coop.Ltda.  c/Granosur S.C. s/secuestro F-300 Churrupit, Omar Enrique s/ Incidente de reintegro de fondos en autos:Banco Coopesur Coop. Ltda.  c/Granosur S.C. s/secuestro B-1012 Churrupit, Omar Enrique s/ Incidente de reintegro de fondos en autos:Banco Coopesur Coop. Ltda.  c/Granosur S.C. s/secuestro B-1011
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05|1987-03-05|1987-03-05

Si el escrito de fundamentación del recurso de apelación no es sino reproducción -casi textual-, en el caso, de una presentación anterior, mal puede constituir crítica concreta y razonada de la resolución apelada, en razón de que al redactarse aquélla (la pieza luego reproducida) aún ésta no existía.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ALBERTO JUAN CARLOS c/ DROGUERIA ROBERTO HELMAN S.A. s/ INDEMNIZACIONES POR DESPIDO, PREAVISO, COMISIONES, ETC.-RECURSO DE  QUEJA POR CASACIËN DENEGADA INTERPUESTO POR EL DR. BARRON. INDEMNIZACIONES POR DESPIDO, PREAVISO, COMISIONES, ETC.-RECURSO DE  QUEJA POR CASACIÓN DENEGADA INTERPUESTO POR EL DR. BARRON.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-06-15

Para merituar la procedencia formal del Recurso de Casación en el fuero laboral, se debe ser más flexible en su apreciación, en pos del principio de seguridad jurídica que debemos brindar a las partes, con el fin de salvaguardar tanto el derecho de defensa en juicio como el debido proceso, es decir, el derecho a obtener la tutela jurídica efectiva, consagrada en el Art. 48 de la Constitución Provincial, a la que este Tribunal en Ústa como en otras oportunidades pretende otorgarle plena vigencia.
Prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: López de Molina, Estela c/ Empleados de Comercio de Bragado s/ Indemnización accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-02

Se ajusta a lo normado por el art. 375 del C.P.C.C. el fallo que adjudica a la parte actora la prueba de un hecho desconocido por la contraria.
Recurso de casación, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: FARIZ DE SORIA LUCIA Y OTROS c/ EXCLUSIVA S.R.L. s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-06

Para la procedencia del Recurso de Casación no basta la simple divergencia con el criterio sustentado en la sentencia si no cumple con la carga procesal de rebatir todas las postulaciones y motivos del pronunciamiento, la parte que se limita a colocar a nivel de la tesis del fallo, su personal comprensión del litigio.
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Menendez, Marcel Alejandro c/ Cokchi Falcón Hermes y ot. s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Si el objeto de la cláusula penal consiste en un porcentaje sobre la suma de dinero pactada como obligación principal, existe un acentuado paralelismo entre la limitación de la cláusulas penales y el tope permitido a las tasa de interés; correspondiendo distinguir si la cláusula fue prevista en un contrato de mutuo, en el cual procede tal limitación a fin de evitar la usura, de aquellas convenciones (locación, compraventa etc.), en donde la limitación debe efectuarse en forma restrictiva, ya que la misma tiene función resarcitoria y punitoria que los intereses no cumplen.
Derecho procesal, juicio ejecutivo, cuestiones prejudiciales, firma falsa
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO CREDICOOP. LTDA. c/ PEREZ, ESTEBAN ANTONIO Y OTRA s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-12

La especialidad de la norma consagrada por el art. 1101 del código civil y la posibilidad del juicio declarativo ulterior obstan para que en el juicio ejecutivo se considere cuestión prejudicial el pronunciamiento de la justicia del crimen acerca del presunto delito de falsificación de la firma del pagaré que se ejecuta.
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Naser, Carlos Alberto s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-20

La determinación de la fecha inicial de la cesación de pagos constituye un "proceso" dentro del proceso falencial, que tiene varias etapas: informativa, contradictoria y decisoria. La primera comienza con la exigencia de los arts. 93 o 95 inc. 4 de la ley 19551, y sigue con el informe general del síndico (art. 40 inc. 5 de la ley 19551). La etapa contradictoria, comienza con las observaciones de los interesados derivadas de inexactitudes u omisiones en el informe general. Y en la etapa decisoria el magistrado debe resolver sobre la fecha inicial de la cesación de pagos.
Policía bancaria y financiera, banco central, competencia por el territorio
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: B.C.R.A. s/ inhibitoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-06

Cuando se intenta enervar el cumplimiento por parte del ente rector de las atribuciones legales de regulación y control que tiene sobre el sistema financiero nacional, para determinar la competencia territorial ha de estarse al lugar de asiento del organismo emisor de los actos que se intentan evitar (conf. esta Sala in re:

"B.C.R.A. solicita inhibitoria en autos Cash S.A. Cambio y Turismo c/ P.E.N. y B.C.R.A. s/ daños y perjuicios", del 6/4/89).
Carta orgánica municipal, concejales, cargos electivos, inhabilitación para ejercer cargos públicos, funcionarios de facto, error de derecho, deber de obrar con prudencia
Materia: ELECTORAL
Carátula: PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA s/ REMITE ACTUACIONES S/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-12-18

Esencialmente, el Sr. G. esgrime un "error de derecho", es decir, señala que no sabía del texto de la Carta Orgánica municipal que lo obligaba a señalar que se encontraba inhabilitado para ser candidato a concejal por el municipio viedmense. Dice haber tomado en cuenta para ello a una Carta Orgánica anterior (en el sentido de "no la actual" al momento de los hechos).

Al respecto creo necesario manifestar - al menos liminarmente - que dicha argumentación no puede ser receptada a la luz de la norma del artículo 20 del Código Civil que señala que "La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está autorizada por la ley", disposición que debe ser analizada en juego armónico con el artículo 923 del mismo Código, en tanto determina que "La ignorancia de las leyes, o el error de derecho en ningún caso impedirá los efectos legales de los actos lícitos, ni excusará la responsabilidad por los actos ilícitos". G., en tanto ex funcionario público, ex concejal municipal y dirigente político, jamás debió haber incurrido en el craso error de derecho que pretende hacer aparecer como no nocivo de los actos jurídicos desarrollados a partir de su inexacta declaración jurada pues, como lo indica el artículo 902 del Código Civil: "Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos", norma esta última, respecto de la cual se explica que "...establece que la responsabilidad que emerge de los actos humanos se encuentra en directa relación con el deber del agente de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas.

Así, cuando mayor sea ese deber, verbigracia, por las condiciones especiales del agente, sus funciones o las circunstancias del caso, mayor habrá de ser la responsabilidad subsecuente..."