Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-10-01


San Miguel de Tucumán, 01 de Setiembre de 2004.- Y VISTO: El pedido de regulación de honorarios formulado por el letrado Hernán Frías Silva en estos autos caratulados: "Alfaro, Juan Carlos vs. Superior Gobierno de la Provincia s/Cobro ejecutivo"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el pedido de regulación de honorarios formulado por el letrado Hernán Frías Silva a fs. 244. Se confirió al mismo el trámite previsto en el art. 40 inc. 3° de la ley 5480. La demandada adjuntó una planilla de cálculo par la base regulatoria a fs. 249.

Por su parte, el letrado Frías Silva a fs. 251/252 efectúa el siguiente planteo: estima que en octubre de 1997 su mandante, esto es, el actor, ejercitó la opción establecida en la ley 6271, solicitando la entrega de los Bonos Independencia Argentina, Series I y/o II, expresados en dólares estadounidenses, pero que en definitiva la demandada nunca entregó los Bonos aludidos. Afirma que la obligación impaga debe entonces expresarse en dólares estadounidenses como consecuencia de la consolidación dispuesta en la ley 6271, es decir, que en su criterio la deuda originalmente expresada en australes (luego en pesos) se transformó en una obligación pagadera en dólares, por efecto de la novación legal derivada de la consolidación. A todo evento, sostiene debe tenerse presente que en todo el plazo de amortización de los Bonos de la ley 6271 estuvo vigente la ley de convertibilidad n° 23.928, que equiparó el valor del peso argentino con el del dólar estadounidense. Agrega que en el caso no se aplica el decreto 214/02 del PEN que en su momento dispuso la pesificación de las deudas expresadas en dólares, proporcionando argumentos al respecto. Con ese criterio, aporta como base regulatoria la de dólares 118.257,17, y efectúa la conversión a pesos, a razón de $2.95 por unidad, llegando a una base de $ 348.858,71. Señala que en el supuesto que se considere aplicable el decreto 214/02 la base regulatoria en definitiva sería de $ 300.824,01.

A su vez, la demandada a fs. 258 se opone a la dolarización sosteniendo que no hubo novación.

2.- Para dilucidar la cuestión es preciso destacar que no cabe pronunciarse acerca de si existe o no novación del crédito del actor reconocido por sentencia firme, pues ni aún en la hipótesis de que efectivamente se hubiere operado la misma, el planteo del letrado Frías Silva no puede ser receptado positivamente por cuanto el art. 40 de la 5480 es sumamente claro en determinar como monto del juicio al capital reclamado en la demanda y sus intereses, excluyendo la posibilidad de que la base esté dada por una obligación distinta y generada a posteriori de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo. Ello en orden a la labor del abogado relacionada con aquella suma reclamada en la demanda.

Por otra parte, el argumento de la novación no puede ser admitido, por cuanto la causa de la obligación de pagar honorarios está dada por el servicio prestado por el profesional en el marco de un proceso judicial y, en este caso, además por la condena en costas a la demandada, por lo que la causa no resulta de la obligación ventilada en la litis, de allí que la eventual novación de ésta no incide sobre los honorarios. Es decir, que una vez que el crédito por estipendios ha nacido no queda afectado por las vicisitudes que experimente la obligación debatida en el juicio; aquél goza de autonomía respecto de ésta. De allí que la novación, en la hipótesis de su acaecimiento, no puede ser invocada por el profesional en orden a la regulación de sus honorarios, ni a favor ni en contra, de conformidad a la regla que emana de los arts. 1195 y 1199 del Código Civil.

3.- La base regulatoria se determina de conformidad a lo establecido en la causa "Galletini Francisco c/Empresa Gutiérrez SRL s/Indemnizaciones", sentencia N° 443 de fecha 15/6/2004. Efectuados los cálculos pertinentes, la base regulatoria es de $154.953,71, al 31 de julio del corriente año.

Los honorarios del letrado Frías Silva se regulan teniendo en cuenta que hasta el dictado de la sentencia del 01/11/90, fs. 30/33 actuó como patrocinante. Lo mismo ocurre en la incidencia resuelta el 27/2/96, fs. 93/96, mientras que ya actúa en el doble carácter en la sentencia el 05/3/2001, fs. 176/181. Los honorarios por lo actuado en el recurso extraordinario corresponde sean fijados por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para la regulación se tiene en cuenta la complejidad de la causa y de los planteos resueltos, en este último caso la trascendencia institucional de los mismos y el resultado obtenido. Como así también las etapas desarrolladas en los mismos, aplicándose los arts. 4, 15, 16, 39, 40, 44, 45, 60, 63 y 69 de la ley 5480.

Las costas de la incidencia se distribuyen por su orden, en razón de ser una cuestión compleja y novedosa, y por las razones con que se resuelve la misma (art. 106 inc. 1° CPCC).

Por lo expuesto y encontrándose excusado el señor vocal doctor Antonio Gandur, se R E S U E L V E :

I.- REGULAR HONORARIOS al letrado Hernán Frías Silva por sus actuaciones cumplidas en relación a las sentencias del 01/11/90, del 27/02/96 y del 05/3/2001, en las sumas de $20.918 (Pesos Veinte Mil Novecientos Dieciocho); $325 (Pesos Trescientos Veinticinco) y $2.161 (Pesos Dos Mil Ciento Sesenta y Uno), respectivamente.

II.- REGULAR HONORARIOS al letrado Julio Rougés por su actuación cumplida en relación a la sentencia de fecha 27/02/96, en la suma de $178 (Pesos Ciento Setenta y Ocho).

III.- REGULAR HONORARIOS al letrado Daniel O. Muñoz Gremoliche, por su actuación cumplida en relación a la sentencia de fecha 27/02/96, en la suma de $2.161 (Pesos Dos Mil Ciento Sesenta y Uno).

IV.- Oportunamente elévense los presentes autos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la regulación pertinente.

HÁGASE SABER.- RENÉ MARIO GOANE ALBERTO JOSÉ BRITO ALFREDO CARLOS DATO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MADIANA