marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados de banco, sumario administrativo, revisión judicial de actos administrativos, consentimiento tácito, sentencia arbitraria, expresión de agravios, crítica concreta y razonada, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Moya, Julio Rubén c/ Banco de Catamarca s/ Beneficios laborales - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-04-16

El recurrente actor en los principales, invocando su condición de ex empleado del Banco de Catamarca, alega arbitrariedad de la sentencia que impugna, aduciendo que la resolución que dispuso su despido de la institución bancaria adolece de nulidad, pues no se respetaron los trámites y términos que la reglamentación respectiva estatuye para la sustanciación del sumario administrativo.

Ahora bien, las graves anomalías en el trámite del sumario administrativo que el recurrente denuncia y no demuestra, se traducen en la mera formulación de planteos que sin perjuicio de ser inoperantes resultan inoportunos por el consentimiento tácito de todo lo actuado en sede administrativa, de suerte que lo planteado en juicio denota una contradicción con su anterior conducta.

En efecto, han quedado firmes y por consiguiente inmodificables las conlusiones a las que arriba el Ad-Quem en torno a que en el caso resultaba innecesaria la ratificación de la denuncia, pues se trató de un informe formulado por empleados de la institución y no de terceros, supuesto en el que sí se requeriría dicho recaudo. Igual afirmación cabe en relación a la oportunidad en que se le tomó declaración sobre el hecho investigado, y la prueba existente en su contra, respecto de la cual no se formula en el agravio la más mínima refutación que se enderece válidamente a poner en crisis el razonamiento efectuado, pues se limita a reeditar objeciones ya formuladas en anteriores instancias, desatendiendo su obligación de rebatir todos los argumentos jurídicos válidos, como los fundamentos de hecho-en particular la confesión del acto irregular que lo involucraba como cajero de la institución demandada- y en base a los cuales se ha aplicado el derecho.

En esa inteligencia, debe rechazarse el recurso de casación por ausencia de crítica razonada y argumentada que este excepcional medio de impugnación impone.
Amparo por mora, competencia de la Corte Suprema, intereses, mala fe, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Medina, María del Valle c/ Estado Provincial y/o Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología s/ Acción de Amparo por Mora en la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-03-07

Si bien el único objeto de esta acción en tratamiento "Amparo por Mora en la Administración" es, el libramiento por parte del Tribunal de una orden de pronto despacho para que la Administración resuelva una pretensión de un particular en un procedimiento determinado, no puede sin embargo indicarle en qué sentido lo debe hacer, porque entonces el órgano judicial sustituiría al administrativo, lo que es manifiestamente inadmisible dentro del sistema de división de los poderes. -(Del voto del Dr. Cippitelli)
Constitución Nacional, derecho de enseñar y aprender, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Padres de alumnos de  colegios  dependientes  de la UNC. interpone recurso art. 32 ley 24.521.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

El derecho de aprender que la Constitución ampara no sufre mengua alguna por el hecho de que una razonable reglamentación condicione su disfrute a la observancia de pautas de estudio y de conducta a las que el titular de aquél debe someterse.
Accidentes de trabajo, obligaciones de dar sumas de dinero, decreto reglamentario, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: POLONI, MARCOS ALBERTO c/ MAPFRE ARGENTINA ART S.A. s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-30

Restringir la aplicación de las mejoras que establece el decreto 1694/09 a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación se produzca a partir de la fecha de su dictado, además de las falencias en su constitucionalidad, quebranta el principio de la aplicación inmediata de la ley laboral más beneficiosa, enraizado también en el de progresividad. (Del voto del Dr. Rodríguez Brunengo).
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, denegatoria del beneficio
Materia: PENAL
Carátula: ARROYO SOLEDAD c/ GERÓNIMO ALBERTO EMANUEL s/ Recurso de Apelación HLINKA CARLA AYELEN c/ APAZA FABIAN s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-09-28|2011-10-12

En efecto, las violencias del Robo pueden tener lugar antes del mismo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad.	Así las cosas, el hecho que aparece cometido, configura el delito de Robo con Arma que conmina una pena que va de 5 a 15 años de prisión. Si ello es así y a pesar de la carencia de antecedentes, en un eventual juicio, la pena a aplicarse no sería de ejecución condicional, ya que superaría los tres años que como techo fija el art. 26 del C.P.

Además, la gravedad de la imputación que llevaría a una pena efectiva y por más de cinco años hacen presumir que para el caso de ser puesto en libertad, conforme las constancias de autos, ya no habría peligro en la investigación, pasaron más de 30 días de la fecha de la denegatoria, pero sí habría igualmente peligro de fuga que pone en riesgo la aplicación de la ley sustantiva.

El encarcelamiento preventivo es procedente, ya que encuentra suficiente sustento normativo, como medida cautelar no punitiva y se admite como causal para dictarla a la gravedad penal de la imputación, siempre y cuando la amenaza de cumplimiento efectivo subsista mientras dure la medida.

La magnitud de la amenaza penal indica en alto grado de probabilidad el peligro de daño al proceso, en el caso quizás no por un deliberado ocultamiento de pruebas, pero sí por evasión del imputado. Desconocer ello implicaría desconocer la naturaleza humana, el consciente sentido de auto protección y el franco impulso a preservar la libertad.

Firmado Dres. Julio V. Pancio y Luis F. Costas.
Demanda, exposición de los hechos, principio de contradicción, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: P., R. G. c/ A. SA s/ Resolución de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-18

Nuestro ordenamiento procesal ha adherido firmemente a la teoría de la sustanciación o del hecho natural y al principio dispositivo, es estricta carga del pretendiente alegar los hechos concretos y particulares que operan como fundamento de su pretensión y recién una vez cumplida ella surge, por aplicación ahora del principio de la bilateralidad o contradicción, la correlativa carga del adversario de reconocer o negar esos datos fácticos.
Defraudación, fraude a la Administración Pública, ardid
Materia: PENAL
Carátula: GAUNA, EDGARDO ALFREDO s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-07

Quien tras obtener en forma inocente un aviso de giro, se presenta para su cobro aparentando ser el verdadero destinatario de la suma dineraria girada, desarrolla la acción configurativa del ardid suficiente para crear error de la empleada estatal.
Valor vida, pérdida de la chance, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Lefipan, Roberto y otra c/ Administración de Vialidad Provincial de la Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-03-27

El significado que cabe reconocer al valor de la vida humana, o a la pérdida de la vida humana es el atinente a los perjuicios que sufren terceros a consecuencia de la muerte de alguien. En definitiva, lo que está en juego es precisar si la muerte de alguien produjo en terceros algún daño, y si, acreditado que esté el mismo, cabe algún resarcimiento. En realidad, el que muere, ya no puede ser un damnificado en términos jurídicos -ya no es más sujeto de derechos-.

...fijar una pauta monetaria mínima, igualitaria e indiferenciada correspondiente a un "valor vida" como monto indemnizatorio, con prescindencia de todo otro perjuicio cierto, supone poner en manos de los jueces una doctrina que simplifica su tarea.
Recurso de apelación (procesal), notificación, radicación del expediente
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Aguilar, Olga s/ Excención de prisión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-03

El Código Procesal Penal de la Nación, no contiene normativa alguna que imponga la notificación de la entrada de los autos en la Cámara, la que además, sería sobreabundante, quedando librado al propio interesado la carga procesal de mantener el recurso en la instancia.
Acción civil, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: Rojas, Celia s/ Desobediencia reiterada
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-05-20

Dos argumentos a considerar para la aceptación del particular damnificado como Actor Civil, aún en la investigación de los delitos contra la Administración Pública u otro bien jurídico tutelado son:

1) Economía procesal, porque la separación de juicios obliga a un dispendio jurisdiccional (dos proceso, cuestión prejudicial -art.

1101 del Código Civil). Y 2) El real interés, cuando el daño depende directamente de la acción ilícita, porque la resolución que condena o absuelve tendrá finalmente repercusión en la responsabilidad civil por daños, lo cual establece que hay interés en el actor civil en la cuestión, fundamentalmente teniendo en cuenta los arts. 1102 y 1103 del Código Civil.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nucciarone, Miguel Carlos y otra c/ Ramírez, Miguel Angel y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

Por aplicación del principio "tantum devolutum quantum apellatum", la alzada solamente puede tratar el tema referido a la cantidad concedida en determinado rubro, mas no a la procedencia misma de éste, ya que dicha cuestión no fue recurrida.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: Sauvage Carlos Aníbal Y Otros c/ E.N. S.P.F. s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-05-14

Debe denegarse el recurso extraordinario interpuesto ya que las decisiones sobre medidas precautorias, sean que las decreten, levanten o modifiquen, como las resoluciones en materia de competencia, son inhábiles para la apertura de la instancia extraordinaria, si no media denegatoria del fuero federal, pues no constituyen sentencia definitiva a los fines del recurso previsto en el art. 14 de la ley 48
Cheque, endoso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gottig, Florentino Nemesio c/ Mayoraz, Ricardo Omar s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-08-13

Nada impide, como en el caso, que el portador de un cheque con el último endoso en blanco sea el propio tomador originario del mismo.

En tal condición por impierio de los artículos 12, 15 y 17 de la Ley 24.452, se encuentra legitimado para reclamar su pago. (Minoría u opinión personal)
Dolo eventual, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: S., M. R. s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-07

La subjetividad del agente en el homicidio con dolo eventual requiere que el autor se represente la realización del tipo como posible y se resigne a ella.

En el caso, el agente no tuvo el propósito directo ni indirecto de matar a las jóvenes: le fue indiferente que las víctimas murieran como consecuencia de su conducta, es decir, fue condescendiente en que las muertes ocurrieran o, por lo menos, no rehusó la eventualidad de que sucedieran.
Conflicto de poderes, gobierno municipal, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López, Jorge y otros c/ Concejo Deliberante de Moreno s/ Conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

Unicamente se hallan legitimados para promover los conflictos municipales, los respectivos departamentos (ejecutivo y deliberativo), cuando se trata de una efectiva contienda acerca de sus respectivas competencias, o el intendente o los concejales, cuando se encuentran en alguna de las situaciones descriptas por las leyes orgánicas municipales como constitutivas de un conflicto interno municipal. Desde la vigencia de la ley 11.024 ha quedado circunscripta a los casos de suspensión o destitución del intendente municipal o de cualquier concejal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, obra en construcción, responsabilidad del empresario, responsabilidad del director de obra
Materia: CIVIL
Carátula: Francois de Irizar, Muriel y otro c/ Kocourek  S.A.  de Construcc.  C.I.F.E.I.  y otro s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-16

En los supuestos de daños ocasionados por una obra en construcción, la víctima tiene frente a sí a dos sujetos responsables, el dueño de la obra y el constructor (art. 1113 del Cód. Civil). En razón de que dichas obligaciones son concurrentes e indistintas, se puede dirigir la pretensión contra cualquiera de ellos, y la circunstancia que no lo hubiera hecho contra el constructor en nada afecta su derecho de exigir el cumplimiento de la obligación a los propietarios del inmueble.
Principio de legalidad, aplicación de la ley penal
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Leonardo Gustavo; Collia, Damian Joaquín y Rodriguez, Walter Hugo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-14

El Derecho Penal, en función de los bienes protegidos y la peligrosidad del instrumento que emplea (fundamentalmente la pena, pero también las consecuencias que implica ya la promoción de un proceso), se encuentra en una relación especial con el lenguaje. A diferencia de otros ámbitos jurídicos, las normas penales deben expresarse de determinada forma; allí cumple una función especial el principio de legalidad dirigido no sólo al legislador sino también al juez. La aplicación de este principio constituye una de las tareas y objetivos de la justicia penal. Los valores que lo sustentan hacen que el principio de legalidad "actúe" en dos frentes: por un lado, se dirige al legislador y, por el otro, al intérprete. En el primer caso, el mandato más fuerte es el de certeza, sumado a la prohibición de crear leyes penales con efectos retroactivos; para el segundo, la prohibición de aplicar la analogía y la proscripción de la costumbre como fuente para resolver un caso. En virtud de la importancia de lo que está en juego al aplicarse el Derecho penal, se buscaron garantías en ambos lados de la creación del derecho. (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirieron los jueces Morin y Días)
Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, Administración Pública Nacional, salarios caídos, actualización monetaria, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Balmaceda, Blanca R. c/ Estado  Nacional  (Inst.  de  Ayuda Financ. para el Pago de Retiros y Pensiones Militares) s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

Aplicar el art. 6x de la ley 22.328 al régimen prescripto por la ley 22.948 llevaría a admitir -fuera de toda razonabilidad- que el propio legislador, que rotundamente señala en la nota acompañando al proyecto que establecía un sistema de actualización de deudas previsionales en mora "por estrictas razones de justicia y equidad", sancione un texto legal en el que el derecho a lograr tal actualización quede subordinado al arbitrio del organismo deudor.
Partidos políticos, facultades del Poder Judicial
Materia: PROCESAL - POLITICO
Carátula: Bousquet, Jorge L.  y  García  Tuñon,  Jorge  E. s/ solicitud de avocación en autos:"Bousquet,  Jorge L. s/ sol. med.  cautelar" - (Expte. 503.495). (Expte. 2775 de la Cámara Nacional  Electoral).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

Los poderes del Estado - entre ellos el judicial - tienen límites para evaluar las decisiones de los partidos, cuyo "ámbito de reserva" ampara las opciones de eminente contenido político y encuentra una de sus formulaciones más claras en los arts. 1° y 21 de la ley 23.298, con los que se garantiza la autodeterminación y gestión de este especial tipo de asociaciones.
Subasta, subasta de inmuebles, nueva subasta, nulidad de la subasta
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: CONDE, FRANCISCO c/ YOUNG, RAUL s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-22

Siendo que la venta en remate judicial ordenada por el juez de la causa fue anulada porque el inmueble ejecutado ya había subastado con anterioridad, la seña abonada por el comprador, afectada al pago de gastos derivados del remate anulado, debe serle restituida, pues al no existir causa legítima de la prestación efectuada por el adquirente, el ejecutante debió soportar las erogaciones realizadas a los efectos de la subasta (cpr 565 in fine).
Sentencia, nulidad del acto jurídico, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: DIAZ, BLANCA ESTELA s/ SENTENCIA - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1981-05-29

La resolución por la cual se fija audiencia para la lectura completa de la sentencia no es parte integrante de ésta, por lo que el cambio de día y hora a aquellos fines, no importa su modificación. Por tanto, no es aplicable ni la norma del art. 18 C.N , ni la del art. 136 de la Constitución Provincial y además, no existe norma procesal alguna que sancione con nulidad un acto como el objetado y no puede hacerse una interpretación extensiva o analógica de los preceptos legales que establecen esas sanciones, con ajuste al régimen cerrado que impone el art. 170 C.P.P.-
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lipskier, Saúl y otra (Concurso Preventivo) s/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-20

Si bien en el juicio ejecutivo, donde la mera certificación del contador de la entidad bancaria del saldo deudor resulta título ejecutivo idóneo, sin que pueda discutirse la causa de la obligación ni la veracidad del contenido, el mismo resulta suficiente; ello no sucede en un incidente de revisión, en cuya resolución se da por sentado que el concursado conocía dicho saldo deudor de manera expresa, e implícitamente que su monto es el correcto. De tal manera, es necesario comprobar en el incidente de revisión la fehaciencia del referido saldo deudor.
Prescripción veinteñal, prueba insuficiente, plazo legal, animus domini
Materia: CIVIL
Carátula: Aguero, Félix y Otros c/ Miotti, Sergio s/ Prescripción adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-11-21

En materia de prescripción adquisitiva, la ley requiere la prueba compuesta, la sola testimonial no basta, y en este caso, la antigüedad legalmente necesaria -20 años- de la posesión de los pretensos usucapientes sólo encuentra respaldo en los dichos de los testigos, por lo que es evidente el no cumplimentado del requisito de tiempo indispensable para la procedencia de la acción ya que para obtener la declaración judicial de dominio del inmueble el accionante debe acreditar en forma fehaciente los extremos de dicha pretensión, por tanto, la prueba acerca de la posesión y sus elementos constitutivos -el corpus y el animus-, su carácter público, pacífico e ininterrumpido y su extensión durante el tiempo previsto por la ley, le es impuesta al actor de conformidad a los principios generales.
Contratos administrativos, exenciones impositivas, repetición de impuestos, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ESPACIO  S.A.C. c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

Si de las disposiciones contractuales surge, con claridad suficiente, la obligación del Ferrocarril de exceptuar a la actora de la carga de los gravámenes fiscales materia de debate y con respecto a los cuales aquél gozaba de franquicia, corresponde el pago de daños y perjuicios contractuales ocasionados en lo que debió pagar la actora en calidad de impuestos nacionales.
Dirigente gremial, despido, retractación, derecho de opción, abuso del derecho
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ALTAMIRANO, JUAN CARLOS c/ SAPYC S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-11-18

Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que, los fundamentos del fallo cuestionado -más allá de su grado de acierto o error- resultan suficientes para sustentar lo decidido como acto jurisdiccional válido al considerar el sentenciante que si bien la comunicación del despido no puede retractarse una vez recibida por el obrero (regla de irretractabilidad del despido), cuando éste es un delegado sindical la protección que le da la ley conlleva que tal comunicación no sea apta para disolver el vínculo "per se", siendo menester la decisión del representante gremial ejerciendo la opción de colocarse en situación de despido indirecto; y que en el caso debía hacerse excepción a esa regla puesto que la retractación llegó a conocimiento del delegado antes de que éste se colocara en situación de despido, evidenciando la empleadora interés en la prosecución de la relación (al comunicar el error administrativo en que incurriera al despedirlo, la rectificación del mismo y las disculpas del caso) y -consecuentemente- en la continuidad de la función sindical que la ley 23551 protege- y, en ese orden de reflexión, concluyó que el ejercicio abusivo de la opción del artículo 52 de la ley 23551 inhibía su derecho a la indemnización especial allí normada.
Alimentos futuros, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: K.B.R. c/ S.A.R. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-30

EMBARGO DE ALIMENTOS FUTUROS. El embargo por alimentos futuros sólo es procedente ante reiterados incumplimientos anteriores y una clara evidencia de la voluntad de no pagar la cuota (conf. C.N.Civ.

Sala B, R.255.099, del 10/5/79). C.N.Civ. Sala B, R.5619,"K.B R. c/S.A.R. s/ Medidas precautorias", del 30/4/84.
Reclamo administrativo previo, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SANTILLAN, GREGORIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA. s/ RECURSO DE AMPARO - APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1987-09-23

La demora que puede existir en la resolución de la reclamación previa, no es motivo para impugnar la legitimidad de esta vía.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Previsión Coop. Seguros Ltda. c/ Municipalidad de Olavarría y Alvarez, Carlos s/ Cobro australes Banco Comercial Finanzas S.A. (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15|2000-04-18

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene decidido que los jueces se hallan inhabilitados para disponer de oficio, esto es, sin petición expresa de parte, la inconstitucionalidad de las leyes, por consiguiente y sin perjuicio de las consideraciones que sobre el tema pudieran formularse, por razones de celeridad y economía procesal, la decisión de este Tribunal debe adecuarse a lo resuelto por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)