Confirmación de sentencia, defensor público de menores e incapaces, suspensión de la ejecución, personas con discapacidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Patane, Adrián Héctor c/ Rivas, María Teresa s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-04

Cabe confirmar a providencia que desestimó el pedido del Defensor de Menores e Incapaces tendiente a obtener la suspensión del trámite de la presente ejecución hasta tanto se dictara auto que ponga en crisis la capacidad de la demandada en el marco de cierto proceso en trámite por ante el Juzgado Civil. Al respecto, cabe tener presente que el proceso iniciado en sede civil reside en determinar, siguiendo las exigencias de los estándares internacionales de derechos humanos y los principios estipulados en el CCCN 31 y ccdtes. si la persona en cuyo interés el mismo se promueve goza de capacidad para el pleno ejercicio de sus derechos o si, en su beneficio y con miras a la promoción de su autonomía y la protección de dichos derechos, corresponde -en atención a su situación individual y contextual, de las cuales darán cuenta los informes interdisciplinarios a practicar en su marco- restringir su capacidad para el ejercicio de determinado acto o actos que se correspondan con aquellos ámbitos de derechos que pueden verse lesionados y prever los sistemas de protección a dicho fin (v. Kraut, Alfredo y Palacios, Agustina, comentario al artículo 31 y siguientes del Código Civil y Comercial en obra colectiva Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, dirigida por Ricardo Luis Lorenzetti, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, tomo I, pág. 129 y ss; entre otros). El eje del sistema lo constituye la premisa de que toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos; capacidad ésta que, por otra parte, se presume (CCCN 22, 23, 31-a, ley 26.657: 3 párr. 2). Por lógica inferencia, las restricciones al ejercicio de la capacidad deban ser particulares, esto es, para un determinado acto o actos que se correspondan con aquellos ámbitos de derechos que pueden verse lesionados y que, en consecuencia, han de estar específicamente determinados en la sentencia; conservando el principio de capacidad con relación a los actos que no han sido expresamente restringidos (CCCN 32, 38 y cc.; art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por ley 26.378 y a la cual se le confiriera jerarquía constitucional mediante ley 27.044). La consecuencia de esta restricción, es la designación de mecanismos y/o medidas de apoyo tendientes, justamente, a favorecer el ejercicio de la capacidad (CCCN 38, 43 y cc.; art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). Sólo excepcionalmente, en caso de absoluta imposibilidad de la persona de interaccionar con su entorno y de comunicarse por cualquier medio, forma o formato adecuado, la restricción podrá implicar la declaración de incapacidad de la persona y la consiguiente designación de un curador, siempre con el objetivo único de protección de sus derechos (CCCN 32 in fine). De este modo, el Código plasma la ruptura del binomio capacidad-incapacidad dando paso a una nueva categoría jurídica intermedia, esto es, la "capacidad restringida", reemplazándose un "modelo de sustitución en la toma de decisiones" por un "modelo de apoyo en la toma de decisiones" (Kraut, Alfredo y Palacios, Agustina, comentario a los artículos 31 y 38 del Código Civil y Comercial, en obra colectiva "Código" ya citada, págs. 139 y 187). Se recoge así la evolución doctrinaria y jurisprudencial a partir de la cual se destaca la necesidad de ampliar el espacio de libertad de la persona con discapacidad, garantizando su intervención en los actos atinentes a su vida, la que se complementa con la previsión, para los supuestos en los que exista dificultad para el ejercicio de tal autonomía, de un sistema de apoyos; dando origen así a un "consentimiento participado" para el ejercicio de determinados actos (v. Loyarte, Dolores, "La noción de incompetencia en el marco de la bioética. Su aplicación a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad", en obra colectiva Capacidad jurídica, discapacidad y derechos humanos. Una revisión desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ediar, Buenos Aires, 2010, pág. 583). A partir de las conceptualizaciones anteriores y en función de la falta de avance del proceso de determinación de capacidad, no se halla motivo que justifique propiciar la suspensión de la ejecución (arg. CPR 43).