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Inspección General de Justicia, modificación del contrato social, inscripción de domicilio social
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: ONZALEZ, DIONISIO c/ CUERITMBRES FONSECA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-21

Dado que la publicación del aviso al que hace referencia el art. 10 de la ley 19550, es un presupuesto de la inscripción de la modificación del contrato social, resulta evidente que es la inscripción el acto relevante a los fines de la oponibilidad. Si la Inspección General de Justicia inscribió la modificación del domicilio sin la previa publicación del aviso, no priva de eficacia a la inscripción misma que es la fuente de conocimiento de los terceros del acto societario inscripto.
Medidas cautelares, declaración de incompetencia, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: ALFONSO   LEONOR c/ ESTADO  NACIONAL  MINISTERIO  DE  SALUD s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-17

Esta Sala ha admitido -en determinadas ocasiones- que, a pesar de la incompetencia decidida, el magistrado deba pronunciarse sobre un pedido de aquella naturaleza (conf. causas 17.067/95 del 29.6.95, 4535/99 del 26.8.99, 2648/02 y 2649/02 -ambas del 24.4.02-, 2324/02 del 2.5.02, 11.204/04 del 9.9.04, 1421/08 del 17.3.08, 4776/10 del 23.9.10), cuando concurrieran razones de urgencia que habilitaran su examen, sin que ello importe prorrogar su competencia (conf. disidencia de los Ministros Belluscio, Boggiano, Moliné O'Connor y Petracchi en Fallos 315:1738). Tal conclusión no debe ser interpretada como el criterio de la Sala acerca del "peligro en la demora" invocado por la actora, pues no es ése el análisis que se efectúa en esta instancia -ni el que corresponde hacer-, sino determinar que, frente a la alegada urgencia en el tratamiento de la medida cautelar, el Señor Juez emita una decisión sobre el punto. A lo expuesto cabe agregar que -sin perjuicio de haber rechazado la apelación deducida contra la inhibitoria decidida- el señor Juez de feria, de conformidad con lo dispuesto por el art. 196 y en función de lo solicitado, ordenó requerir un informe a la demandada -el que no fue contestado-, bajo apercibimiento de resolver con las constancias existentes en autos.
Medidas cautelares, acción de amparo, derecho a la salud
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Inc. apelación en autos: Bravo Adad, Adrián Alberto en rep de su madre c/ PAMI  s/ amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Salta
Fecha: 2024-07-04

Corresponde confirmar la resolución que obliga a la obra social brindar a una afiliada de 72 años, que padece cáncer de colon con metástasis en el cerebelo, un tratamiento oncológico especial de forma inmediata, otorgándole un plazo de 24 horas para su cumplimiento, toda vez que el mantenimiento de la medida precautoria decretada evita, al menos hasta el momento del pronunciamiento del fondo, el agravamiento de las condiciones de vida de la amparista, pues de las constancias de la causa surgen acreditadas las circunstancias tenidas en cuenta por el a quo para la concesión de la medida; y de la severidad de la patología y el carácter urgente con el que fue solicitado el tratamiento surge patente el peligro en la demora y la irreparabilidad del perjuicio.
Menores, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: I.J. c/ O.M. s/ Incidente alimento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-14

No corre la prescripción contra los menores cuando su representante legal es el deudor de la obligación de la cual son acreedores (arts.

3966 y 3980 C.C.).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, leyes, doctrina de la arbitrariedad, proceso penal, imputado, comisión de nuevo delito, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, CARLOS ALBERTO c/  s/ LESIONES DOLOSAS GRAVES-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-03

Corresponde remitir a los fundamentos vertidos en la causa "Ayala", donde se propició la declaración de procedencia del recurso de inconstitucionalidad, en el entendimiento -en síntesis- de que la decisión de la Cámara (que concluyera que correspondía unificar penas y revocar la libertad condicional incluso en casos en que la condena por el segundo delito cometido fuera posterior a la fecha estipulada como vencimiento de la pena del primero) implicaba una afectación al estado de inocencia y desconocía la solución que se deriva de una razonable inteligencia de las disposiciones legales involucradas -tanto teniendo en cuenta la literalidad de sus disposiciones, como su evaluación conjunta y coordinada- y que surge de una hermenéutica restrictiva de la norma punitiva y acorde al principio "pro homine" que, como expusiera la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se impone en materia penal. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJN: Acosta, Fallos:331:858; CSJStaFe: Ayala, AyS T 291, p 179. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional, artículo 18
Incapacidad laboral, determinación de la incapacidad, incapacidad permanente, incapacidad total, verificación de créditos, crédito laboral, concurso preventivo
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: EMPRESA DE TRANSPORTE PEDRO DE MENDOZA SA c/ SANZADA ISLA ISIDORO s/ CONCURSO PREVENTIVO. INC. DE Verificación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-13

En un incidente en el que se persigue la verificación de un crédito de carácter laboral, resulta improcedente que el insinuante alegue que la ley 24028 art. 8 inc. D), de accidentes de trabajo, determinaría que habiendo transcurrido un año de la primera manifestación incapacitante, la afección pasaría a ser de carácter "absoluta"; toda vez que dicha norma lo que establece, es que con el transcurso de dicho término la incapacidad padecida por el trabajador, deja de ser "transitoria" para pasar a ser de carácter "permanente", por ello en modo alguno puede ser erróneamente interpretado como sinónimo de "absoluta", ya que cualquier incapacidad "permanente" -por el transcurso del año de su primera manifestación- puede ser tanto "parcial" -tal como acontece en la especie-, donde el incidentista padece un grado de incapacidad del 30% de la total obrera, o "total", cuando el grado incapacitante por alcanzar su límite máximo impide cualquier tipo de actividad por el agente.
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dinoto, Juan y otra c/ Clínica San Ramón S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-04

Ante el rechazo de la demanda, la condena en costas de todas las instancias recae sobre la parte actora. En estas condiciones, no corresponde hacer extensiva a la clínica accionada la solidaridad pasiva inherente al pago de los honorarios que se regularon a los letrados de la citada en garantía, pues, en base a un criterio subjetivo de la valoración de las tareas efectuadas en este proceso, forzoso es concluir que la única "beneficiaria" de la labor cumplida por aquellos letrados -en los términos del art. 58 del decreto-ley 8904/77- fue la compañía aseguradora. (arts. 699, 701 y concs.

C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Injurias graves, malos tratos
Materia: CIVIL
Carátula: M.E.F.T. s/ DIV.VINCULAR CAUSAL OBJETIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2013-10-25

Corresponde rechazar el pedido de divorcio vincular fundado en la causal de injurias graves, pues no se acreditó la existencia de los hechos que lo configurarían, ya que de los testimonios obrantes en la causa se desprende que el trato entre ambas partes trocó en distante, hostil, con agresiones, no pudiéndose colegir que se debiera a la exclusiva conducta del marido, sino al malestar de la pareja.
Decreto de necesidad y urgencia, impuesto sobre localidades cinematográficas, televisión, exhibición de película, medida de no innovar, caución juratoria
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: VIDEO CABLE COMUNICACION  S.A. c/ INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA s/ VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la cual el Instituto Nacional de Cinematografía debe abstenerse de exigir el pago del impuesto creado por los decretos 2.736/91 y 949/92, ambos del P.E.N. , previa caución juratoria de la actora.
Cuenta corriente bancaria, mora, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE OESTE  S.A. c/ TORRE DE PLATA  S.A. s/ CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

Corresponde a la cuenta corriente bancaria la aplicación de lo dispuesto por el CCOM:785 (la sentencia recurrida estableció como fecha de mora la de una carta documento, cuya recepción intenta discutirse, de una fecha posterior al cierre de la cuenta momento en que según lo supra expuesto hubiera correspondido establecer el dies a quo de las accesorias lo que torna abstracto el análisis del agravio).
Retiro policial, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Malnatti, Dinora Generosa c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Coady. Ibarra s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Corresponde otorgar el beneficio pensionario establecido en el artículo 43 inc."b" de la ley 10.739 -que modificó el régimen previsional instituido en el dec. ley 9538- a quien acreditara que mantuvo con el afiliado fallecido una prolongada relación de hecho que reunía las notas de permanencia y estabilidad, constituyendo una "comunidad de vida".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, delitos, dolo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SCHMITT, JUAN CARLOS c/  s/ HOMICIDIO SIMPLE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-29

Las alegaciones de la compareciente aduciendo que la conducta del encartado debió ser evaluada como imprudente -y no dolosa a título de dolo eventual- resultan genéricas e insuficientes para la admisión de la presente vía, teniendo en cuenta que el pronunciamiento fue adecuadamente fundado en las constancias de la causa y se explicaron además los motivos por los que se consideraban cumplimentadas las exigencias típicas de la figura escogida, sin que se advierta irrazonabilidad o insuficiencia de los argumentos expuestos que habiliten a descalificar el fallo desde la óptica constituc onal.
Auto de procesamiento, prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., A. s/ Abuso Sexual Agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-22

En forma constante y reiterada esta Sala de la Cámara de Apelaciones Instructoria viene sosteniendo que el auto de procesamiento constituye un juicio provisional de culpabilidad, en el que se practica una valoración de los elementos probatorios reunidos hasta el momento en forma suficiente para producir probabilidad, debiendo practicarse la motivación de la medida con brevedad y concisión explicativa, a fin de no exceder el ámbito propio de esta etapa procesal.
Derecho ambiental, biotecnología, principio precautorio
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: B. S. A. s/ MANDAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-03-17

Roberto Andorno (El principio de precaución: un nuevo estándar jurídico para la Era Tecnológica", LL. del 18-07-02) pone de relevancia que "el principio de precaución funciona cuando la relación causal entre una determinada tecnología y el daño temido no ha sido aún científicamente comprobada de modo pleno.

Esto es precisamente lo que marca la diferencia entre la `prevención' y la `precaución'. En el caso de la `prevención', la peligrosidad de la cosa o de la actividad ya es bien conocida, y lo único que se ignora es si el daño va a producirse en un caso concreto. Un ejemplo típico de prevención está dado por las medidas dirigidas a evitar o reducir los perjuicios causados por automotores.

En cambio, en el caso de la `precaución', la incertidumbre recae sobre la peligrosidad misma de la cosa, porque los conocimientos científicos son todavía insuficientes para dar respuesta acabada al respecto. Dicho de otro modo, la prevención nos coloca ante el riesgo actual, mientras que en el supuesto de la precaución estamos ante un riesgo potencial"
Políticas sociales, poder de policía, vendedor ambulante, permiso de venta en la vía pública, igualdad ante la ley, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMPUSANO RAUL EDUARDO Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23

Ciertas desigualdades de hecho pueden traducirse en desigualdades justificadas de tratamiento jurídico que expresen una proporcionada relación entre las diferencias objetivas y los fines de las normas. En muchos casos la mayor discriminación estaría dada en tratar situaciones que son diferentes como si fueran idénticas. Pero el reconocimiento de las diferencias no implica siempre y necesariamente un avance en la materia.

Al respecto la legislación puede dirigirse a un concepto dinámico de equilibrio social, alejado tanto de la homogeneización como de la exclusión.

En el caso puede admitirse que el "trato indiferente" (ver al respecto "Identidad y diferencia -Reflexiones en torno a la libertad y a la igualdad", por Eduardo A. Russo, en Índice, nº 20, p. 197 y sgts.) propiciado por el artículo 11.1.9 del Anexo I, incorporado a la Ley Nro. 1166 -que no reconoce la antigüedad de las personas dedicadas a la "venta ambulante" como prioridad para el otorgamiento de los permisos- es legítimo y en modo alguno indica discriminación o injusto privilegio.

Ello así dado que similares objeciones a las realizadas contra el trato igualitario merecería el tratamiento diferenciado propiciado por quienes ostentan dicha antigüedad, si el juicio de valor correspondiera a los nuevos excluidos por la norma. Mas aún si consideramos que los eventuales postergados por la preferencia solicitada pertenecen a grupos sociales que no son privilegiados en términos económicos en nuestra sociedad.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, jueces, facultades del juez, Derecho laboral, trabajador, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: CHIZZINI, JUAN C Y OTROS c/ BENINCA DE PONTI Y CIA s/ JUICIO LABORAL.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 363-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-09-23

En el marco interpretativo son variadas las alternativas en temas opinables, fuertemente polémicos y en absoluta movilidad como el que sucede en el cuadrante económico. Por ello no corresponde enjuiciar el que los jueces de grado hayan optado por una de las soluciones dentro del contexto de sus posibilidades.

En el caso, el Tribunal concluyó que integrando a la remuneración del trabajador la prestación en especie (cornea), acordada por la patronal a sus trabajadores (artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo), ésto significaba una adicional a lo que establecía la ley, por ende los obreros no vieron disminuida en forma alguna la remuneración originaria y por el contrario han recibido un real incremento.
Competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Matus Ason, Alejandro O; Tenreiros, Jorge R. s/ Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-10-27

Las facultades de este Tribunal en las apelaciones de cuestiones de competencia, aparecen exclusivamente referidas por el artículo 43, inciso 2, a los supuestos de inhibitorias en los que se deniegue la requisitoria de apartamiento formulada. Por el contrario, tal como lo apunta el Señor Fiscal en su dictamen, tratándose de declinatorias, la apelación que, aplicando las normas sobre excepciones, puede deducirse según el artículo 339 del Código Procesal Penal, debe incluirse en el marco de atribuciones genérico previsto en el artículo 24 inciso 1 del mismo cuerpo legal. La hipótesis contemplada en el artículo 43 inciso 2 del Código Procesal Penal, representa un supuesto de pronunciamiento contradictorio entre dos tribunales, que guarda directa relación con la incumbencia que el artículo 40 del mismo código atribuye a la Corte. Por el contrario, en los supuestos de rechazo de declinatorias tal conflicto jurisdiccional no existe y tan solo se trata de resoluciones de primera instancia revisables por las vías usuales ante el respectivo tribunal de Alzada.
Sistema federal, gobierno nacional, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bazán, Fernando s/ amenazas c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-04

El sistema federal constitucional argentino se funda en el principio de "lealtad federal" o "buena fe federal", conforme al cual en el juego armónico y dual de competencias debe evitarse que los estados abusen en el ejercicio de esas competencias, tanto si son propias como si son compartidas o concurrentes y, en esa inteligencia, los órdenes de gobierno deben encontrarse solo para ayudarse, nunca para destruirse.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, prueba, víctima del delito, Protocolo de Estambul, cambio de calificación legal, torturas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AGUIAR, WALTER GABRIEL c/  s/ PRIVACION ABUSIVA DE LA LIBERTAD-TORTURAS-APELACION HORIZONTAL DE SENTENCIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-11

No puede convalidarse que los Camaristas restaran credibilidad a la víctima afirmando que su declaración no cumplía con el estándar mínimo esperable, por no haber dado -a su entender- una versión persistente, coherente en el tiempo y sin contradicciones, si se tiene presente que tal exigencia de precisión no se condice el documento de la Organización de Naciones Unidades conocido como "Protocolo de Estambul" (Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes) reconoce expresamente la posibilidad de que las víctimas de torturas tropiecen con dificultades e incoherencias a la hora de exponer sobre tales vivencias; y que, en todo caso, la falta de otras pruebas en relación a algunas de las conductas por él narradas en modo alguno permite sostener su mendacidad, máxime cuando la mayor parte de los sucesos relatados se encuentran corroborados por el resto del material de confirmación, tal como lo sostuvieron los primeros Camaristas intervinientes -que revocaron la condena por el delito de apremios ilegales y modificaron su calificación por la de torturas con el consecuente incremento de la pena impuesta-. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhiere el Dr. Falistocco)
Honorarios, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL
Carátula: L.R.R.C. Y M.Y.M.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-14

El art. 116 primera parte de la Ley 8226 exige que los recursos ordinarios se interpongan y funden simultáneamente ante el juez interviniente bajo pena de inadmisibilidad.

La expresión de agravios, conforme el art. 135 de la Ley 7676 "deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes de la resolución que el recurrente considera equivocada...".
Recurso de casación, sanciones disciplinarias
Materia: PROCESAL
Carátula: PEINEPIL ANTONIA Y OTRAS c/ EMPRESA PESQUERA PESPASA S.A. s/ LABORAL-INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-05-31

Resulta improcedente el recurso interpuesto por cuanto está referido a circunstancias fácticas acontecidas en ocasión de celebrarse una audiencia, dejándose constancia de tales hechos en el acta labrada ante funcionario público. Lo cual permitió a la Excma. Cámara efectuar la merituación pertinente que se cuestiona vía recurso extraordinario de casación al pretender la anulación de un acta por este medio. Extremos éstos que resultan irrevisables por la vía que se intenta, ajenos a la instancia extraordinaria, dada la naturaleza procesal y fáctica del planteo, pronunciamientos de este Tribunal Superior de Justicai. No observándose en el caso la existencia de excepciones que autoricen a apartarse de tal principio, en orden a las facultades inherentes de que gozan los Tribunales de corregir las faltas de respeto contra aquéllos.
Derecho penal, imputado, detención, rebeldía, interpretación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pucci, L. y otros  c/  s/ robo agravado (Causa Nº 2.548/2024/2)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-02

Agravio de la defensa: Imputados que desconocían la existencia de la causa por lo que debió adoptarse el criterio establecido en el artículo 282 del CPPN y disponer la averiguación de paradero.

- Rechazo. Orden de detención que se ajusta a lo previsto en forma expresa en los artículos 282 y 283 del CPPN. Decisión razonable en función del delito reprochado. Agravios planteados por la defensa que corresponde desechar en función de que se refieren a circunstancias vinculadas con el instituto de la rebeldía (artículo 288 y concordantes del CPPN) que no ha sido decretada en el caso a resolver.

- Confirmar.
Libertad de prensa, democracia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recasens, Norberto L. c/ Editorial Atlántida Sociedad Anónima yotro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Aun cuando el art. 14 enuncie derechos meramente individuales, está claro que la Constitución, al legislar sobre la libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica (Disidencia del Dr.

Carlos S. Fayt).
Médicos, trabajador autónomo
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Zechner, Evelina Margarita c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-05

En los vínculos de colaboración autónomos hay una intromisión o injerencia del titular del interés sobre quien realiza la colaboración y está destinada a precisar el objeto del encargo y dicha injerencia es distinta de la dependencia laboral, ya que esta última no se limita al objeto del encargo pues alcanza al elemento personal, al trabajador, que está jurídicamente subordinado (Voto del juez Lorenzetti).