marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Tomaselli, Daniel Alberto c/ Dirección Provincial de vialidad y otro s/ Accidente acción civil
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2011-05-20

Los trabajos de mantenimiento generalmente no son peligrosos si los componentes mecánicos utilizados se encuentran en condiciones normales, pero pueden serlo si el vehículo o sus accesorios adolecen de algún defecto. Un filtro de aceite no es en sí mismo una cosa riesgosa, pero puede provocar un accidente si tiene defectos o se coloca en un motor cuyo funcionamiento es anormal. Por supuesto que un filtro de aceite no es un artefacto destinado a explotar o reventar, por lo que es fácil inferir que si explota o revienta es porque tiene algún defecto de fabricación o se ve afectado de tal forma por el mal funcionamiento del motor que no puede resistir la fuerza de la marcha. Dicho de otro modo, el accidente sólo se pudo producir si el medio mecánico o el componente que se le incorporó, o ambos, adolecían de un vicio que impedía que funcionen normalmente. En conclusión, el filtro que colocaron el actor y Alzamora reventó e impactó en el rostro y especialmente en el ojo izquierdo del primero, debido al vicio propio de aquél o del motor que impulsaba el vehículo, pues fue gracias a su intervención activa (cuando se puso en funcionamiento) que se produjo el accidente.
Hurto con llave o ganzúa, delito reiterado
Materia: PENAL
Carátula: MULLO, A. E. s/ HURTO - LLAVE VERDADERA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-10-14

La presencia de un "dolo de conjunto" y la improcedencia de multiplicar un único hurto en función del número de damnificados, obstan a la reiteración delictual..."
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, lugar de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sunseries Argentina S.R.L Latin American Surf Int. Corp. S.A. y Hugo Santiago e hijos S.A. c/ Punto Límite S.A. s/ Cobro de pesos. Medida cautelar. Reconocimiento de mercaderías (art.  820, C.P.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-03-07

La determinación del domicilio de pago constituye una cuestión de hecho.
Nulidad procesal, denegatoria del recurso, principio de inmediación, insuficiencia del agravio, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: CÁMARA, José Ernesto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-15

Corresponde rechazar la nulidad de los actos procesales producidos durante la audiencia toda vez que respecto al principio de inmediación, luego de corroborar las grabaciones, se observa que, al margen de la valoración que la defensa pueda hacer respecto a las conductas de los magistrados, de ninguna manera una ausencia por un período de tiempo ínfimo en relación a la duración del debate completo, mirar la pantalla del celular, la computadora o hablar con el equipo técnico del Tribunal podría sustentar la violación al principio de inmediación y menos aún podría acarrear un agravio suficiente que amerite la nulidad de la sentencia. De lo contrario, avalar ese tipo de propuestas, a criterio del suscripto conllevaría un rigorismo procesal innecesario. Veamos que en todo el debate, la defensa no protestó por esas actitudes ni solicitó que se proceda a un cuarto intermedio por los motivos que ahora considera de gravedad suficiente como para anular el debate completo. Incluso aún más, por el brevísimo período de tiempo en que se circunstancialmente algún magistrado se ausentó, la prosecución del proceso y la legalidad del mismo se garantizaron por los otros magistrados presentes. De esta manera, volver las actuaciones hasta esa etapa procesal deriva en un perjuicio directo, efectivo e irreparable para todas las partes directamente interesadas en la resolución del conflicto, ya que obligaría a comenzar prácticamente de nuevo, en clara violación a la garantía del justiciable de ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos a ella incorporados por el art. 75, inc. 22 del mismo cuerpo normativo. Estas mismas consideraciones cabe hacer respecto al yerro respecto a una parte del artículo 398 del CPPN. En manera alguna, el hecho de que por un error involuntario se haya omitido indicar el orden de votación podría acarrear la nulidad de una condena por delitos tan graves y con maniobras de suma complejidad como las aquí investigadas, cuando además se advierte de la lectura de la sentencia, el orden en el que los jueces emitieron sus votos y la omisión no causa perjuicio alguno.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa, automotores
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, SANTIAGO ELADIO c/ INSMETAN  S.R.L. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-28

El automóvil conducido en una ruta muy transitada, resulta cosa riesgosa en los términos del artículo 1113 del código civil.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Van Kemenade, Daniel Omar c/ Firpo, Héctor Germán y otros s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-02

Determinar cuál ha de ser el monto por el que prospera una ejecución, es una cuestión de hecho y como tal privativa de las instancias ordinarias, siempre y cuando no se incurra en absurdo.
Contratos, compraventa de automotores, responsabilidad de la concesionaria, derechos de las partes, obligaciones de las partes, moneda nacional, seña, entrega del automotor, acreditación de saldos, interpretación de la ley, aplicación de la ley, defensa del consumidor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Andreotti, Manuel Roberto c/ Sauma Wagen San Isidro SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-16

Y es que, el mismo día el actor señó el vehículo de marras, de lo cual se dejó constancia en el denominado formulario de preventa. Y en tanto la cuestión aparece regida por la norma del CCCN 1059, en ausencia de cláusula alguna en el instrumento que autorice a arribar a diverso resultado, hemos de concluir que la seña que el actor entregó tuvo carácter confirmatorio del contrato (CNCom, Sala D, in re "Juan Bosch Viajes y Turismo SRL c/ Renault Argentina SA", 19/12/17).
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cortina, Alfredo Hilario c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

El derecho a la prestación jubilatoria móvil queda ligado a las variaciones que experimente la remuneración del cargo otrora desempeñado, por lo que si el cargo de Sub Jefe de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de Azul -desempeñado por el reclamante - no ha sido suprimido ni se han alterado sus funciones, producida la modificación en el sueldo del activo, el I.P.S. debió proceder trasladar el aumento a los haberes jubilatorios (art. 50 del dec.

ley 9650/80).
Cuestiones de competencia, oportunidad procesal, audiencia de debate
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gabelich, Jorge Marcelo s/ competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-04

Por regla general, las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse hasta antes de fijada la audiencia de debate, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 46 del C.P.P.N. Y debe entenderse que la oportunidad que contempla la norma lo es en relación al órgano ante el cual se promueve la cuestión y eventualmente decide la declinatoria. (Voto de los Dres. Riggi, Ledesma, Tragant).
Sociedades comerciales, cheque, firma, juicio ejecutivo, leyes, aplicación de la ley, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Sancor Coop. Seg. Ltda. SA c/ CAPSE SA s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecutivo (Expte. CSJ Nº 606-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-05

El artículo 58 de la Ley de Sociedades Comerciales obliga a la sociedad comercial a responder por las obligaciones contraídas en títulos de crédito por sus representantes o administradores, aunque lo hayan sido en infracción de la representación plural establecida en el contrato societario. Y, en el caso, no puede prosperar el agravio de la recurrente que le imputa a la Sala prescindir de dicho texto legal y no considerarlo aplicable, si no se hace cargo de los motivos aducidos por el A quo para decidir que el supuesto analizado no quedaba aprehendido en dicho precepto por no ostentar el firmante del cheque la calidad de representante o administrador, dado que era "empleado", según su propia declaración y sólo contaba con un apoderamiento limitado y subordinado a la actuación conjunta para realizar determinados actos.
Violación de la ley o doctrina legal, tasas de interés, jueces, facultades del juez, facultades discrecionales del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Estado Provincial s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-07-14

La denunciada violación o errónea aplicación del art. 10 del decreto Nº 941, reglamentario de la llamada Ley de Convertibilidad Nº 23.928, no se ha operado. El art. 10 del citado decreto reglamentario le otorga al Magistrado una facultad potestativa u optativa, es decir, que puede, conforme a su criterio, "indicar" o no, la tasa de interés que regirá a partir del 1/04/91. La norma usa la expresión "podrá", cuando reconoce al Juez la atribución arriba indicada.

Representando el precepto (art. 10 Decreto 941/91), la expresión inequívoca, de una atribución potestativa o discrecional, que la legislación sustantiva le confiere al sentenciante, no puede sostenerse que el Magistrado haya incurrido en una actividad transgresora de sus postulados, cuando usa alternativas que se emplazan en el marco de facultades que devienen del mismo ordenamiento legal.
Accidente de tránsito, daños al automotor, indemnización, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Muck, Carlos c/ Saldaña, Carlos Felipe s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-17

Han establecido tanto la doctrina como la jurisprudencia que "La mera privación del vehículo, durante el plazo necesario para reparar los daños causados, constituye por sí un daño indemnizable, sin que sea impedimento la ausencia de comprobantes, o la falta de elementos probatorios que demuestre de modo directo y preciso la existencia del perjuicio inmediato y positivo, pues se presume, en principio, que quien tiene y usa un automotor no lo hace por puro gusto, sino por llenar una necesidad y contribuir al desarrollo de sus actividades no sólo laborativas sino también de la vida en general, correspondiendo que el quántum indemnizatorio sea fijado equitativamente por el Tribunal, en virtud del arbitrio autorizado por el artículo 165 del Código Procesal".
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Lozano, Raúl F. y otros c/ Autoplat  SACI s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en una nueva instancia fallos equivocados o que se estimen tales, sino que requiere, para resultar aplicable, un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una decisiva carencia de fundamentación.
Recurso extraordinario, cuestión federal, condena condicional, presunción de inocencia, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: INVESTIGACIONES DUQUE S.A. s/ Régimen Penal Tributario, incidente de prisión solicitada a favor de Oscar M. Ghillione
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-17

1 - Corresponde denegar el recurso extraordinario interpuesto si se ha invocado la afectación de preceptos constitucionales como consecuencia de la normativa aplicada por este Tribunal en la sentencia impugnada, circunstancia que no basta para tener por cumplida la exigencia de fundamentación del derecho federal en el cual se sustentarían los agravios del recurrente. La relación directa que las cláusulas constitucionales invocadas deben guardar con el objeto del pleito (Art. 15 de la Ley 48) sólo existe cuando para la solución de la cuestión se requiere, necesariamente, la intepretación del precepto constitucional aludido, lo cual no se verificó en el caso, pues de otro modo, la competencia de la Corte Suprema carecería de todo límite en tanto no hay derecho que, en definitiva, no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque no esté directamente regido por el derecho federal.- 2 - Con relación a la supuesta vulneración del principio de inocencia por aplicación de los Art. 316 y 317 del CPP, la CSJN ha establecido que el Art. 316 citado impone a los Jueces apreciar la posibilidad de aplicar la condena de ejecución condicional y al ser dicha apreciación una imposición legal, no puede sostenerse que ella importe un juicio anticipado ni que viole garantías constitucionales pues éstas disposiciones legales constituyen una razonable reglamentación del derecho constitucional de obtener la libertad en tanto no medie sentencia penal condenataria (FALLOS 322:1605).
Caducidad de instancia, impulso de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torres, Juan Carlos y otra c/ Lafalce, Horacio Eugenio y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-17

Constituye un obstáculo a la caducidad si el impulso del procedimiento depende de una resolución del Tribunal (art. 313, inc.

3 del Cód. Procesal; SCBA, Ac. 23454, DJBA, t. 112, pág. 158) o de la elevación del expediente en los términos del art. 251 del Cód.

Procesal cuando ésta esté en condiciones para ello. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Esquibela, Ismael Francisco c/ Rivello, Nestor Raúl y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-15

Los intereses deben calcularse a la tasa del 6 anual desde el momento del hecho y hasta el 31 de marzo del corriente, aplicándose a partir de entonces la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días vigente en los distintos períodos de aplicación.-
Caducidad de instancia, notificación, nulidad del acto jurídico, domicilio legal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ROSSI, ENRIQUE ABEL c/ ESTABLECIMIENTOS FABRILES GUERE#O s/ NULIDAD DE NOTIFICACION Y CADUCIDAD DE INSTANCIA      EXPTE NRO 291-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-24

La obligación que impone el artículo 36 del Código Procesal Laboral de "revisar los expedientes para impedir la paralización de los trámites y para que se cumplan las diligencias y medidas ordenadas por el Juzgado o Tribunal" resulta congruente con principios específicos de las leyes de fondo, particularmente de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, por ello alguna doctrina ha entendido que la intimación a las partes a que alude debe hacerse mediante cédulas (artículo 23 inciso g) del Código Procesal Laboral) dirigidas tanto a los domicilios reales como a los ad-litem.

Dado lo establecido por el artículo 38 del Código Procesal Civil toda pretendida notificación a un domicilio distinto del legal es inexistente.
Recurso extraordinario de nulidad, defensa en juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bauza, Salvador Luis c/ Modulmar S.A. y Carlos Zubillaga s/ Cumplimiento de contrato, daños y perjuicios Cliffe, Juan Bernardino y otros c/ Orfanatorio de Quilmes Sociedad Civil s/ Nulidad de resolución. Convocatoria Asamblea. Exhibición de libros Conde de Giannasi, Alicia N. y otro c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Revisión de cuenta corriente Consorcio de Propietarios Edificio Ancla c/ P., R. R. y/o propietario responsable s/ Ejecución de expensas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27|1995-09-05|2002-10-16|2004-03-01

La eventual conculcación del derecho de defensa y las alegaciones relativas a la prueba, son temas ajenos al recurso extraordinario de nulidad y propios del de inaplicabilidad de ley.
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, instigación a cometer delitos, aborto
Materia: CIVIL
Carátula: F.J.G. c/ N.R.M. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-05

El artículo 67 de la ley 2393, en su inciso 3, sanciona como causal de divorcio la provocación de uno de los cónyuges al otro a cometer adulterio u otros delitos. Más allá de la controversia doctrinaria acerca de si esa conducta necesitaba o no una enunciación especial, por considerar algunos que queda comprendida en la causal de injurias o en la de "malos tratamientos" (conf. Busso, "Código Civil Anotado", t. II, p. 204, nro. 57 y 58; Lafaille, "Familia", p. 143;

Rébora, "La Familia", T. II, p. 110; Prayones, p. 83; Mazzinghi, "Derecho de Familia", T. III, nro. 403, p. 74) o si tiene autonomía conceptual (conf. Acuña Anzorena, "El divorcio en la ley 2393", L.L.

78-673,nro. 12; Llambías, "Código Civil Anotado", T. I, coment. art.

67 L.M. Civil, p. 574, nro. 6; Borda, "Familia" T. I, nro. 481) lo cierto es que el legislador la consideró en forma especial, seguramente por entender que tenía una gravedad relevante.

Para que ella se configure la ley recoge el supuesto de instigación criminal, contemplado por el artículo 45 del Código de la materia bajo el rubro de participación, y si bien para la punibilidad del instigador, es necesario que el instigado ejecute el hecho o, al menos, comience su ejecución, para la sanción civil del divorcio la instigación incumplida es suficiente, porque la mera incitación de un cónyuge al otro "a cometer adulterio u otros delitos" es acto por sí solo ofensivo o injurioso (conf. Acuña Anzorena, "El divorcio en la ley 2393", L.L. 78-673, nro. 12; Llambías, op. cit. y nro. cit.;

Belluscio. "Código Civil Comentado", t. I, coment. art. 67, nro. 5, p. 711), sin que sea necesario el juzgamiento penal (conf.

Belluscio, obra y nota citada).- Como el aborto es un delito contra la vida sancionado penalmente (arts. 85 a 88 del Código Penal), la instigación, provocación o incitación del cónyuge a que su mujer lo cometa, encuadra dentro de la figura en examen, porque demuestra una ofensa gravísima suficiente de por sí sola como para erigirse en causal de divorcio.-
Pago por consignación, consignación judicial, intimación previa
Materia: CIVIL
Carátula: DOS SANTOS CONCEPCION c/ CANEPA ROSA s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-30

El codificador ha establecido distintos regímenes de pago por consignación según el objeto del pago y al tratarse de la consignación de una cosa cierta que debe ser entregada en el lugar en que se encuentra, ha establecido que se debe realizar una intimación judicial al acreedor para que la reciba y a partir de allí surtirá todos los efectos de la consignación (doctrina del art.

764 del Cód. Civil).
Prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: Duarte Mernis, Carlos Iván s/ Hurto y Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

El método de libres convicciones o sana crítica racional consiste en que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos (como las reglas relativas al cuerpo del delito) ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en libertad de admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad (en principio todo se puede probar y por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común.
Sentencia penal, nulidad absoluta
Materia: PENAL
Carátula: Castillo, Enrique s/ VIOLACIONES CALIFICADAS S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-10-19

Si la sentencia penal es la resolución judicial decisoria que define la voluntad de la ley sobre las pretensiones finales de la acusación y la defensa, la violación a normas esenciales o reglas formales del pronunciamiento -en el caso, fundamentación contradictoria- configura una nulidad absoluta ya que afecta el orden público.
Competencia federal, delitos comunes, delitos contra el honor, funcionarios públicos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LOMATA, Jorge s/ excepción de falta de competencia Causa nro. 11.647
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-22

Es competencia federal para la substanciación de procesos relativos a delitos comunes y específicamente contra el honor, cometidos por o respecto de funcionarios federales.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tisera, Ramona N. c/ Mancilla, Federico H. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

La indemnización no debe determinarse en función de hipótesis abstractas ni de elucubraciones matemáticas, sino en razón de la incidencia real de los menoscabos padecidos en la vida concreta de la damnificada, según las pruebas producidas.-
Recursos, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Blanco, Eduardo Luis c/ Banco Popular Argentino  S.A . s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

El tribunal de la causa debe exponer, en forma pormenorizada atendiendo a las cuestiones que les son llevadas por los litigantes, las razones pertinentes que hacen a la concesión o denegatoria de los recursos locales intentados.
Accidente de tránsito, transporte benévolo, indemnización por accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: SAMI S.R.L c/ WERNICKE GERMAN JULIO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-25

El lesionado durante un transporte benévolo tiene derecho a la indemnización correspondiente, siempre que se pruebe que el daño reconoce su causa eficiente en el hecho del transporte y que el transportador haya sido culpable del hecho dañoso. Establecidos estos dos extremos el transportador responde por el daño ocasionado con arreglo a lo dispuesto en el art. 1109 del C.C. que sienta un principio general de responsabilidad extracontractual, el que abarca el daño producido en el curso del transporte benévolo.
Régimen penal tributario, AFIP DGI, medidas cautelares, embargo preventivo
Materia: PENAL
Carátula: CESTAÑOS S.R.L. s/ Régimen Penal Tributario Causa 31119
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-06

1- Debe hacerse lugar al pedido de embargo preventivo sobre bienes de una sociedad a la que se atribuye responsabilidad en los hechos por los que se instruye sumario, pues la ley procesal penal remite a las disposiciones legales respectivas para la pertinencia del embargo a terceros responsables por el delito (art. 425 del Código de Procedimientos Penal), en tanto la ley de procedimiento tributario establece que, bajo responsabilidad del fisco, los jueces deben decretar embargos con el sólo pedido de este último (art. 109 ley 11683 según ley 23658, art. 34, punto 12).- 2- La ley de procedimiento civil, aplicable igualmente al caso, autoriza la adopción de medidas precautorias aún antes de demandarse el cumplimiento de la obligación (art. 195 del Código Procesal Civil y Comercial) y sin audiencia previa del destinatario de la medida (art. 198 del mismo código). Esta última ley contempla también la plena responsabilidad del solicitante de la medida cautelar en caso de abuso o exceso (art.208 del Código de Procesal Civil y Comercial) para la que no es necesaria la contracautela por tratarse de una repartición de la Nación (art. 200, inc. 1° del mismo código).