marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inaplicabilidad de ley, aplicación errónea de la ley, personal municipal, empleados públicos, trabajo ad honorem
Materia: PROCESAL
Carátula: C., H. c/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. ROCA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-06

En un caso análogo al presente, si bien en relación con el empleo público provincial pero asimilable al empleo público municipal, tuve oportunidad de expedirme en este sentido: "El fallo en crisis no desconoce - en el caso de autos - la inaplicabilidad de la L.C.T., pero ingresa en un riesgoso ámbito laboral en el que involucra al Estado provincial como 'empleador', desnaturalizando el plexo normativo y reglamentario en que se funda el vínculo. Asigna a la actividad de los actores... un carácter de trabajo en dependencia a modo de relación de hecho con la Administración, o sea un empleo público de facto con una desinterpretación contraria al muy claro contenido de los instrumentos que los relacionan... Asimismo, el a quo desatiende las restantes normas del derecho público provincial que rigen en la materia... sobre previsión, afectación y ejecución de las partidas del presupuesto de la provincia o la responsabilidad de los funcionarios por la eventual inobservancia de ciertas reglas de la misma Administración sobre designación o contratación que tienen raigambre constitucional, legal y presupuestaria...".
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ingeniero Augusto Spinazzola Soc. en Com. por Acciones c/ Banco Hipotecario Nacional s/ obra pública. (R.O.).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

Debe descalificarse el agravio, si no se formula una crítica concreta y razonada que resulte idónea para descalificar lo resuelto.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Robos reiterados calificados.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-09

Si el testigo declaró que fue víctima de un robo y, en otra audiencia, señaló a quien a su criterio sería el autor, ambos actos constituyen un solo elemento probatorio, consistente en que el testigo afirmó que el indicado le había robado.
Quiebra, honorarios, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mapako S.R.L. s/ Quiebra. Mapako S.R.L. s/ Quiebra.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-02-22|1995-02-22

De las constancias expuestas surge, que el Inferior procede a regular los honorarios en el presente proceso de quiebra sin expedirse, sobre los efectos que corresponde otorgar al pago efectuado por tercero, cuestión que resulta esencial para efectuar el debido encuadre legal a los fines de la revisión de los emolumentos fijados. Es que por el lado del art.288 de la ley 19551, señala las oportunidades en que deben ser regulados los honorarios, y por otra parte, los siguientes -art.289/294-, establecen las pautas a considerar, según la oportunidad (estado procesal del concurso) en que dicha regulación se practica. De allí que, como sostuvimos al principio, la causa requiere de un pronunciamiento, atento la presentación, que posibilite la aplicación de la norma correspondiente, y a la vez se cuente con una base regulatoria determinada.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, concesión comercial, restaurantes
Materia: LABORAL
Carátula: SOLIS, ESTEBAN RAMON c/ CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-31

En los casos de concesionarios gastronómicos de entidades deportivas, corresponde declarar la operatividad plena del art. 30 LCT, pues se trata de un servicio comprendido en el ámbito de la actividad específica del club.
Reordenamiento del sistema financiero, recusación y excusación, excusación por interés en el pleito, emergencia económica, pesificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Saura de IbaÏez, Raquel Susana c/ PEN Ley 25.561 dtos. 1570/01 214/02 s/ AMPARO LEY 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-25

No procede aceptar la excusación o la recusación de un magistrado de Cámara con fundamento en los incisos 2 y 3 del artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en los procesos deducidos por cobro de depósitos en el sistema financiero con motivo del decreto 1570/02, de la ley 25.561, de los decretos de necesidad y urgencia 214/02 y 320/02 y de las demás normas complementarias, modificatorias, sustitutivas o que sean dictadas en su consecuencia, aún cuando se accione contra la entidad financiera en la que el magistrado tiene depósitos reprogramados.
Intervención de línea telefónica, principio de congruencia, testimonio incorporado por lectura
Materia: PENAL
Carátula: Funes, Gabriel Alejandro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-17

La disposición de intervención telefónica realizada en el curso de la investigación de un ilícito no requiere certeza sino circunstancias que demuestren en el grado de probabilidad compatible con el estadio primigenio de la pesquisa, que una conducta ilícita se está por cometer o en curso de ejecución. Son aptas para dar fundamento a la sentencia, las escuchas progresivas en función de los resultados obtenidos. No se altera la congruencia necesaria entre acusación y sentencia si se condenó al imputado como partícipe de secuestro extorsivo y la imputación comprendía su participación en el cobro del rescate. Debe rechazarse el agravio relativo a la incorporación de prueba testimonial, si haciendo abstracción de ella, existen elementos de prueba que dan sentido a lo resuelto. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso, Fégoli).
Cuestiones de competencia, economía procesal, desplazamiento de la competencia, competencia en lo penal económico
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Metal Importadora S.R.L. s/ competencia Causa 30.031
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-20

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha pronunciado reiteradamente en numerosos precedentes en cuanto a que "cabe prescindir de los reparos procedimentales que merezca la forma en que se trabo la contienda y dirimir la cuestión de competencia sin mas trámite, cuando así lo aconsejan razones de economía procesal.".

Así, si bien el magistrado de este Fuero en el dispositivo de su resolución, da por trabada la cuestión con un Juzgado de Instrucción, en la misma, intenta rebatir los argumentos por los que el titular del Juzgado Penal Económico declara, a su vez, su incompetencia en favor de éste. En tal caso, la Cámara se encuentra habilitada para decidir la competencia en favor del Penal Económico.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: LABORAL
Carátula: Iturrioz, Fanny Ethel c/ Comarca S.A. y otros s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-07-30

No deben considerarse como agravios las alegaciones que no fueron oportunamente articuladas por el interesado en la debida etapa procesal.
Caducidad de instancia, actos interruptivos
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut c/ Transportes Austral S.A. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-09-17

La notificación del proveído de traslado por la actora, es acto interruptivo de caducidad, pues constituye un principio común asignar carácter interruptivo de la caducidad a todos aquellos actos que, cumplidos por las partes, por el órgano judicial o por sus auxiliares, sean particularmente aptos para hacer avanzar el proceso de una a otra de las etapas que lo integran hasta concluir en su finalidad esencial que es la sentencia.
Daños y perjuicios, responsabilidad por embargo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carluccio, Jorge A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Incidente (art. 208, C.P.C.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-10-03

El hecho de que el cautelado consienta la desestimación de una medida cautelar, nada dice acerca de la anuencia respecto de la traba en sí. Es que un litigante puede carecer de bienes suficientes para reemplazar a los que fueran objeto de embargo y, en razón de ello, conformarse con la sentencia que deniega la sustitución, sin que esto implique en modo alguno aquiescencia respecto de la procedencia de dicha medida.
Infracciones de tránsito, turbación de actos legítimos de autoridad
Materia: PENAL
Carátula: Bucciarelli, Neri Jesus -  Fernandez, Nicolas  German s/ Turbación De Actos Legítimos De Autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-04

Resulta prematuro el sobreseimiento de quien fuera imputado en orden al delito de turbación de actos legítimos de autoridad, pues la infracción de tránsito constatada por los funcionarios municipales - el conductor era menor de edad, el vehículo no contaba con la cédula de identificación vehicular, carecía de seguro de responsabilidad civil hacia terceros y de chapa patente -, superaba la documentación que supuestamente llevó al lugar de los hechos uno de los imputados, que luego procedió a retirar la motocicleta, por lo que no existe certeza sobre si existía o no la facultad para liberar el vehículo como se hizo o, por el contrario, la facultad de las autoridades administrativas de proceder a su secuestro (del voto del Dr. Portiglia).
Accidentes de trabajo, impugnación de la pericia
Materia: LABORAL
Carátula: Crivelli, Walter Richard c/ Prevención Art S.A. s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-06

[.] si bien es cierto que la ley no confiere a la prueba de peritos el carácter de prueba legal, no lo es menos que, ante la necesidad de una apreciación específica del campo del saber del experto - técnicamente ajeno al hombre de derecho-, para desvirtuarla es imprescindible ponderar otros elementos de juicio que permitan concluir de un modo certero en el error o en el inadecuado o insuficiente uso que el perito hubiera hecho de los conocimientos científicos de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado.
Daños y perjuicios, responsabilidad de la obra social
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Acosta, Graciela A. c/ Manuele, Alberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

Entre los médicos afiliados y el I.O.M.A. no existe relación de dependencia que autorice a considerar obligado a dicho ente por los casos de mala praxis que involucren a aquéllos.
Tercería de mejor derecho, boleto de compraventa
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO CREDITO ARGENTINO (HOY BANCO FRANCES) c/ CASTRO, RODOLFO s/ EJECUCION HIPOTECARIA - INC. HONORARIOS DRA. MENGUAL- (TERCERIA DE MEJOR DERECHO DEDUCIDO POR EL SR. GABRIEL PEREZ)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-05-29

Las circunstancias de que la adquisición de la posesión por parte del tercerista sea legítima -conforme dice el art. 2355 c.c., último párrafo - no implica, "per sé", afirmar que tiene prioridad sobre el embargante; esto porque las consecuencias de la legitimación, como las de buena fe, están reguladas por el ordenamiento civil, que también se encuentra integrado por el art. 2505c.c. y la ley 17.801 que declaran que la transmisión de los derechos reales sólo se considerará perfeccionada respecto de los terceros después de la registración.

En suma, se puede decir que la posesión adquirida de buena fe por boleto es más que la simple tenencia, pero menos que la que ejerce el titular del dominio. La transmisión y la posesión recibida mediante boleto es "legitima" en todas las cuestiones que se susciten entre comprador y vendedor, pero cuando entran en colisión con los derechos de terceros, habrá que hacer en cada caso las necesarias diferenciaciones para acordarle o no a esa posesión, eficacia y oponibilidad según el juego combinado y preferente de los textos.

En el caso, la norma del art. 2505 del c.c. y todo el sistema registral de la Ley 17.801, son decisivos y otorgan seguridad y prioridades. Todo ese sistema se volvería inutil si se admitiera su desplazamiento por prioridades posesorias puesto que obligaría en cada caso al acreedor, más allá de la información registral, a verificar el estado del inmueble.-
Juicio de desalojo, prueba de la posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rohr, Jose A. c/ Costilla, Nelly y ot. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

Estando probada "prima facie" la detentación efectiva del bien por la demandada como poseedora, calidad que el actor ha intentado controvertir pretendiendo ser reconocido a su vez como poseedor, esta discusión no puede dilucidarse en el proceso de desalojo por no ser éste el marco adecuado para discutir lo concerniente al derecho a poseer, atento a lo previsto por el artículo 676 del CPCC y su doctrina.-
Procedimiento laboral, bienes inembargables, pensiones graciables, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: B., B. N. c/ SIBARIS SA y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-08

Resulta inadmisible la pretensión de inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 13928 -que establece la inembargabilidad de la pensión graciable- postulada por el actor, con el fundamento de que la demandada sería una persona que no honra ninguna de sus deudas. El legislador ha decidido que esta inembargabilidad sólo ha de ceder ante el crédito de alimentos, razón por la cual no puede extenderse su ámbito. Afirmar que deviene irrazonable e incausada la protección de las prestaciones de la Seguridad Social que excedan el estricto carácter alimentario y sirvan para sufragar otros gastos, constituye al juez en alguien que tendría en sus manos los derechos de vida y hacienda de los argentinos, decidiendo qué parte puede gastar, qué parte no y con qué objeto.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, reescalafonamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BRIAN, SUSANA YOLANDA VIRGA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ MEDIDA CAUTELAR - RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA  JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 585-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-26

Corresponde rechazar la medida cautelar interpuesta cuando no se advierte que exista peligro en la demora del proceso contencioso administrativo, o que el perjuicio derivado de la ejecución de la medida impugnada sea de difícil o imposible reparación si llegase a prosperar el recurso (artículo 14 de la ley 11330); lo que tampoco es dable suponer en el caso, en el cual la pretensión se resuelve en un pedido de reconocimiento para el futuro, de un derecho respecto del cual no podría "prima facie" afirmarse que constituye el contenido esencial de la remuneración o que incida substancialmente en su determinación (reencasillamiento funcional).
Medicina prepaga, SIDA, contrato de prestaciones médicas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Etcheverry, Roberto Eduardo c/ Omint Sociedad Anónima y Servicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

Atañe particularmente a las entidades de medicina prepaga la cobertura de los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de quienes padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA (ley 24.754).
Queja por recurso denegado, recurso de apelación (procesal), portación de armas, cuestiones de hecho y prueba, recurso de inconstitucionalidad, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría Gral. de la CABA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Vallejos, Jorge Andrés Alejandro s/ 189 bis (2) - Portación de arma de fuego de uso civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-09

Si bien la queja fue interpuesta en tiempo y forma (art. 32, ley n° 402) no puede prosperar porque, aunque se dirige en última instancia contra una sentencia definitiva (esto es, la condena del imputado), no demuestra que se encuentre comprometida una cuestión constitucional ni acredita que la mensuración de la pena impuesta al quejoso se muestre descalificable por estar alcanzada por la doctrina de la arbitrariedad. (Del voto de las juezas Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. Voto compartido por la juez Inés M. Weinberg).
Alimentos, allanamiento, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Q.T c/ B.I s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-20

El allanamiento formulado por el alimentante es insuficiente para eximirlo del pago de las costas, ya que no reunió los requisitos impuestos por el art. 70 del Código Procesal.

Para que dicho acto procesal diera lugar a la exención de costas era menester que fuese real, incondicionado, oportuno, total y efectivo.

Sin embargo, este último extremo no aparece cumplido si no fue acompañado del depósito de la suma reclamada por su contraria (conf.

Palacio, "Derecho Procesal Civil, t.III, p. 377 y nota Nro. 43;

Falcón, "Código Procesal..." t.I, p.460; C.N.Civ. Sala F, c.16.122 del 25/7/85), mientras que la pretensión de pago en cuotas de aquel importe- que, en definitiva, resultó desestimada- obligó al dictado de un pronunciamiento sobre el punto (conf. Colombo, "Código Procesal...", 4a. ed., t.I, p.172).
Confirmación de sentencia, recurso de apelación (procesal), falta de cancelación, juicio ejecutivo, pagaré, intereses moratorios, excepción de cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Stip, Juan Jose c/ Rossi, Hugo Alberto s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-10-17

Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda ejecutiva deducida por la falta de pago de pagarés -librados por el demandado con vencimiento en día fijo y cláusula sin protesto-, condenando al accionado a pagar al actor la suma adeudada, con más intereses a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento, desde la fecha de mora derivada del vencimiento de cada uno de los pagarés y hasta su pago efectivo, pues la excepción de cosa juzgada opuesta por el demandado, se fundó en la existencia de otra causa y fue correctamente desestimada por el a quo dado que no medió pronunciamiento definitivo.
Notificación por cédula, nulidad del acto jurídico
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alvarez, Sara-Bonetti, Emma-Cuende, Graciela-Dávalos, Clelia c/ Estado Prov. y C.G.E. s/ Acción de ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-03-31

El Código Procesal Civil y Comercial ha regulado la notificación por cédula en sus artículos 132 a 138 y, de acuerdo a lo establecido en su articulado, la cédula obrante en autos cumple con los requisitos establecidos en cuanto a su contenido, firma y diligenciamiento.

La misma tiene carácter de instrumento público y como tal tiene los alcances que le otorga el artículo 979 incisos 2 y 4 del Código ritual porque es un acto realizado por un funcionario público -oficial notificador- en la forma prescripta por las leyes, por lo que hace plena fe mientras no se cuestione su validez, por lo que la actora debió redarguirla de falsedad, no siendo aceptable su argumento de que no la firmó personalmente ya que el oficial notificador cumplió con los recaudos del artículo 138 del cuerpo legal citado, por lo que debe rechazarse el planteo de nulidad de todo lo actuado.
Reajuste jubilatorio, supresión del cargo, remuneración, equiparación salarial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALVAREZ, Máximo de Jesús c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles MONTAGNA, Carlos Alberto c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-18|1991-06-07

Cuando el reajuste del haber se solicita sobre retribuciones que hubieran correspondido en la actualidad por el desempeño de un cargo hoy inexistente, el propio interesado deberá gestionar ante los organismos correspondientes lo concerniente a equiparación de cargos y equivalencia de niveles retributivos, sin perjuicio de que el organismo previsional requiera los informes que estime necesarios.
Recurso extraordinario, suspensión del proceso judicial, cuestión abstracta, acuerdo de partes, régimen de consolidación de deudas, devolución del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Moukarzel, María Alejandra c/ PEN MECON - Ministerio de Justicia s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

Habida cuenta de que, en caso de concluir el proceso por arribar las partes a un acuerdo en el marco del procedimiento aprobado por la resolución MHA 516/2019, devendría abstracta la consideración de los agravios formulados ante la Corte por el Estado Nacional, corresponde suspender el tratamiento del recurso extraordinario y devolver las actuaciones al tribunal a quo para que las partes puedan realizar las presentaciones que en su caso correspondan.
Despido con causa, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: LIGUERI JOSE RAUL c/ ORMAS S.A. s/ COBRO DE PESOS POR DIFERENCIA DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-08-15

Se configura la situación contemplada por el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando el dependiente abandona el servicio antes de finalizar su jornada laboral y con su abandono se produjeron daños en bienes de la empleadora y a la ecología (en el caso se rebalsó un tanque de petróleo).
Aplicación de la ley previsional, empleo público, compatibilidad previsional, beneficios previsionales, facultades del Poder Legislativo
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Gatica Dalmacio Eugenio c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso administrativo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-05-03

Debe distinguirse la vinculación jurídica del actor con la Nación, en cuanto sujeción a la ley nacional 24241 y sus modificatorias, a la luz de lo que ese régimen permitiría actualmente (compatibilidad); de la vinculación del actor con el estado provincial en el marco de una relación de empleo público. Si el Congreso de la Nación, en la esfera de sus competencias, modificó la ley 24241 en lo atinente al tratamiento de los reingresos a la actividad, y a resultas de esa legislación el actor se vio beneficiado, tal circunstancia sólo representa el ejercicio por parte del parlamento nacional de poderes que le son propios.(Del voto del Dr. Lutz sin disidencia).
Acto administrativo, control de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Riusech, María Elia s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

Un acto es ilegal cuando no concuerda con la norma jurídica que prescribe lo debido, importando violación del orden jurídico. La ilegalidad se configura, entonces, cuando el acto u omisión se hallan desprovistos de sustento normativo, prescindiendo lisa y llanamente de la ley.
Accidente de tránsito, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GOYA ALCIDES R Y OTRO c/ O.C.A.S.A.Y OTRO s/ SUMARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-11-10

El monto de las reparaciones debe guardar relación con el daño causado y no con su valor de reventa en el mercado de automotores usados.-La equivalencia entre el valor venal de un automotor de marca y modelo del damnificado y el costo de las reparaciones de daños experimentados por éste no significa, en absoluto agavar la situación del deudor responsable por dichos daños.-