Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-05


Causa nº 12282-00/CC/2006, "Ricarte, Leonardo Oscar s/ inf. art. 189 bis, CP -conflicto de competencia".

En nos Aires, 5 de junio de 2006.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa nº 12282-00/CC/2006, "Ricarte, Leonardo Oscar s/ inf. art. 189 bis, CP -conflicto de competencia".

Y CONSIDERANDO:

1.-Que a fs. 127/29 vta. obra el requerimimento de elevación a juicio formulado por la Sra. Fiscal de Instrucción, por el que imputa a Leonardo Oscar Ricarte la comisión del delito de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil agravada (arts. 45 y 189 bis, ap. 2, tercer y séptimo párrafo del CP).

2.-Recibida la causa en el Tribunal Oral en lo Criminal nº 24, a fs. 161/vta. se resolvió declarar la incompetencia de dicho Tribunal para seguir entendiendo en la causa y remitirla a la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su prosecución.

3.-Que a fs. 164 se asignó competencia para intervenir en la causa al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nº 24, que fue aceptada por resolución a fs. 169/vta., por la que también se dispuso la remisión de las actuaciones a la Fiscalía actuante en los términos del art. 56, LPC.

4.-Que a fs. 170/71vta. obra la ampliación del requerimiento de elevación a juicio formulado por el titular de la Fiscalía en lo Contravencional nº 8, por el que ofrece prueba y solicita la imposición a Leonardo Oscar Ricarte de la pena de siete años de prisión e inhabilitación por el doble tiempo de la condena, con más la declaración de reincidencia y las costas del proceso, en orden al delito de portación no autorizada de arma de fuego de uso civil agravada (art. 189 bis, inc., 2, tercer y octavo párrafo del CP -según ley 25.886).

5.-Que a fs. 174 la Sra. Juez a quo corre vista a la defensa del requerimiento de elevación a juicio por el término de ley y, vencido dicho plazo, a fs.196 resuelve remitir la causa a la Mesa de Entradas de la Justicia en lo Contravencional y de Faltas a fin de que se desinsacule el Juzgado que habrá de continuar con el trámite de las actuaciones (conf. arts. 55, inc. 2º, c) in fine y 59, inc. 1, ley 1287).

6.-Que a fs. 191 se asigna competencia para continuar con el trámite de la presente causa al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nº 25 y a fs. 193 el Ladislao Endre dispone devolver las actuaciones a la titular del Juzgado nº 24. Ello, por entender que en dicho Tribunal no se ha efectuado la investigación penal preparatoria, sino que se recibió por incompetencia una causa que ya se encontraba en la etapa de debate, razón por la cual estima que no se halla comprendido en las previsiones del ar. 59 del ritual que pretende evitar que sea un mismo magistrado quien entienda en la investigación penal preparatoria y en la etapa de juicio.

7.-Que a fs. 213/214 la titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nº 24 resuelve rechazar la competencia atribuida a fs. 193 y remitir la presente causa al Juzgado nº 24 para que, en caso de no compartir su criterio, eleve las actuaciones a la Cámara del fuero a fin de que dirima la cuestión de competencia entablada.

8.- Que a fs. 215 el Juez a cargo del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nº 25, dispone elevar las actuaciones a esta Cámara a fin de que resuelva el conflicto de competencia suscitado con el Juzgado nº 24.

9.-Que a fs. 222 la causa arriba a este Tribunal y queda en estado de ser resuelta, siendo la cuestión a dilucidar cuál es el Jugado que debe continuar con el trámite de la presente.

En primer lugar, cabe recordar que la causa quedó radicada en este fuero luego de ser elevada al Tribunal Oral. En efecto, tal como surge de las presentes actuaciones, la Sra. Fiscal de Instrucción requirió la elevación de la causa a Juicio (fs. 127/29vta.), resultando desinsaculado el Tribunal Oral en lo Criminal nº 24, que a fs. 161/vta. declaró su incompetencia en razón de la materia, remitiendo las actuaciones a este fuero (fs. 164). Si bien es claro que a partir de aquel momento corresponde aplicar la ley local, ello no implica que dicha normativa pueda aplicarse retroactivamente a actos procesales celebrados válidamente en una etapa procesal precluida.

En efecto, a partir del requerimiento de elevación a juicio realizado por la Sra. Fiscal de Instrucción no corresponde disponer nuevas medidas de investigación, puesto que aquel dictamen implica que la instrucción se encuentra completa (art. 346 y 347 inc. 2º, CPPN) y que la investigación penal preparatoria ha culminado (art. 56, inc. 3º1, ley 12), máxime cuando en la presente el propio Juez de Instrucción decretó la clausura de la Instrucción (fs. 145) y la causa fue elevada al Tribunal Oral.

Sin perjuicio de ello, es dable destacar que la validez del requerimiento de elevación a juicio de la Sra. Fiscal de Instrucción no excluye que el Fiscal Contravencional se expida en relación a lo dispuesto en el art. 56 inc. 3, c), toda vez que en el ámbito local dicha pieza procesal requiere el ofrecimiento de prueba y la solicitud provisoria de pena. Ello así, a fin de posibilitar la continuación del trámite a la luz de la ley ritual local; pero ello no supone que pueda modificarse el hecho de que la etapa de investigación se encuentra concluida (causa nº 86-01-CC/2005, "Incidente de apelación en autos: López, Ruben Darío s/ inf. art. 189 bis, CP", rta. el 17/5/05).

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó que las leyes de procedimiento son de orden público y, en consecuencia, las nuevas que se dicten y aún ante el silencio de ellas, deben aplicarse a las causas pendientes, reconociendo también que corresponde hacer excepción a tal principio en los casos en que su consecuencia fuese privar de validez actos procesales cumplidos o dejar sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes anteriores (Fallos 316:1881); y el principio de progresividad impide que el juicio se retrotraiga a etapas ya superadas, porque también debe considerarse axiomático que los actos procesales se precluyan cuando han sido cumplidos observando las formas que la ley establece, es decir, salvo supuestos de nulidad (Fallos 312:597).

De lo expuesto se colige que en el caso de autos corresponde que sea la titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nº 24 quien continue interviniendo en la presente causa, pues el expediente fue recepcionado por dicha Magistrada cuando la instrucción ya había concluido, es decir, durante la etapa de debate.

Siendo así, y toda vez que la María Alejandra Doti no intervino en la etapa preparatoria ni tuvo posibilidad de expedirse con respecto a eventuales planteos de las partes, corresponde que sea la nombrada quien continue con la prosecución del trámite de estas actuaciones; maxime cuando los actos por ella dispuestos no tuvieron entidad suficiente como para considerar que la garantía de imparcialidad pueda verse afectada.

Por todo ello, el Tribunal, RESUELVE:

Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 24 para continuar con el trámite de la presente causa, haciéndole saber lo resuelto al titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nº 25, mediante oficio de estilo.

Regístrese y, oportunamente, remítase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nº 24, sirviendo la presente de atenta nota de envío.