Recurso de apelación (administrativo), fundamentación del recurso, procedencia del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PASTRANA, ALBERTO MARTIN s/ RECURSO DE APELACION (ADMINISTRATIVO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-02

Es cierto que el Tribunal ha fijado como criterio que en todas aquellas decisiones a cargo del organismo administrativo penitenciario, resultan susceptibles de vía apelativa ante el Juez de Ejecución.

Estrictamente la aplicación se encuentra contemplada dentro de la competencia que la ley procesal otorga al Juez de Ejecución en el art. 29 del C.P.P. toda vez que dicha instancia expresamente se encuentra reconocida de manera acotada a las sanciones disciplinarias impuestas por las autoridades penitenciarias a los penados o procesados.

La ley dentro de su estructura permite inferir un trámite incidental previsto cuando están en juego institutos del Código Penal, como la libertad condicional, revocación de ella, cómputos de pena, medidas de seguridad o bien definiciones respecto beneficios que aluden al régimen progresivo de la libertad antes que se haya agotado la condena.

En estos casos, debe promoverse la formación procedimental de la vía incidental y su posterior resolución queda reservado exclusivamente a los pronunciamientos que dicte el Juez de Ejecución y contra dichas decisiones existe el ulterior recurso de apelación ante este Tribunal (art. 29 in fine y art. 24 inc.1º in fine del C.P.P.).- En estos términos conviene remarcar que la competencia originaria del Juez de Ejecución abarca también lo relativo a todos los beneficios relacionados con un paulatino proceso de salidas transitorias y regímenes de semilibertad a modo de encausar la real resocialización del penado, que se encuentra involucrado en aquellos clasificados dentro del Periodo de Prueba.	Al contrario, la aplicación en relación al Periodo de Tratamiento en sus fases de Socialización, Consolidación y Confianza queda librado a las medidas tomadas por la autoridad penitenciaria encargada del control y seguimiento de la conducta que observa el interno.

Precisamente las decisiones en torno a actividad laboral, educacional, deportiva, recreativa, contacto familiar, trabajo de extramuro y traslado a Granjas semiabiertas (art. 217 Res. 159 Reglamento Interno de Unidades Carcelarias) corresponden en su aplicación al Director de la Unidad Carcelaria (art. 10 ap. II del Reglamento Interno).

Hipotéticamente en caso de impugnación frente a estas últimas decisiones administrativas consignadas cabe formalizar el respectivo incidente para su control jurisdiccional ante el Juez de Ejecución con alcance a lo dispuesto en los arts. 500 y 29 del C.P.P., lógicamente la revisión resolutoria con posterioridad no deviene apelable ante la Cámara de Acusación toda vez que el Juez de Ejecución como Tribunal a-quo, facultado para entender a modo similar a una instancia apelativa, emite decisiones con entidad definitiva, pues sería tanto como admitir apelación de la apelación.

En síntesis, podemos concluir que las decisiones de la máxima autoridad administrativa cuestionadas por los internos y sustanciadas como un conflicto incidental, deben ser atendidas exclusivamente por el Juez de Ejecución sin apelación ante la Cámara de Acusación Tribunal ad-quem que sólo resulta competente para revisar todos aquellos pronunciamientos recurridos del Juez de Ejecución que se ha expedido en calidad de Tribunal a-quo con competencia para adoptar decisiones respecto de facultades atribuidas expresamente por la ley penitenciaria y sus decretos reglamentarios en forma originaria.