marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prisión preventiva, procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: Dra. Zanín, Beatriz L. s/ Interpone recurso extraordinario extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-30

La conformación del procesamiento y prisión preventiva, no implica la ratificación del encuadramiento penal de la conducta, ya que ésta no puede modificarse en contra del procesado; y la cual quedará definitivamente discernida en la resolución final del proceso.
Derecho comercial, seguros
Materia: COMERCIAL
Carátula: SORIA FERNANDO JAVIER c/ FUENTES JOSE MANUEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR USO AUTOM. CON LESION O MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-18

La cobertura se inició aquel día en que se contrato el seguro -la denuncia del siniestro fue fechada a las 10:30 hs-, se abonó contra recibo y se certificó la vigencia de la cobertura, todo lo que pudo ser denunciado oportunamente por el chofer en el mismo momento del siniestro, con lo cual, es totalmente injustificada la actitud de negarse a responder por el riesgo asegurado -alegando para ello lo estipulado por el art. 18 de la ley 17.418 que establece que la responsabilidad del asegurador comienza a las doce horas del día en el que se inicia la cobertura.
Recurso contencioso administrativo, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, empleados públicos, cesantía, reincorporación, salarios caídos, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERNANDEZ, GRACIELA BELKIS DURUSSEL DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 330 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-15

Habiéndose declarado procedente el recurso contencioso administrativo por resultar ilegítima la resolución de cesantía de la recurrente dictada por la Comisión Interventora del Banco, en lo que hace al reconocimiento de los haberes caídos, la normativa en cuestión establecía el derecho del agente separado a percibirlos, disponiendo que le correspondía el pago de los sueldos dejados de percibir durante la separación (art. 18, 4 párrafo, decreto 1409/52 ) así como también que, si el Banco no efectuaba la reincorporación, debía continuar abonando los sueldos. Al respecto, es criterio sostenido ya por la Corte en diversas integraciones, que disposiciones de esta naturaleza no pueden ser interpretadas como concediendo el derecho a percibir los haberes caídos sin límite temporal alguno y que, por tanto, dicho reconocimiento no puede exceder el plazo de dos años. Por lo expuesto, debe condenarse a la accionada a abonar a la actora los haberes caídos desde el momento de la baja y por el término de dos años actualizados en legal forma hasta el 31.3.1991 (arts. 7 y 10 ley 23.928).
Accidente de tránsito, cuestiones prejudiciales, sentencia condenatoria, sentencia penal
Materia: PROCESAL
Carátula: GUEVARA, Ramón Rosas c/ Villavicencio, Carlos W. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-09-15

Si bien es cierto que la sentencia condenatoria dictada contra el imputado en sede penal no impide analizar la culpabilidad de la víctima en el fuero civil no es menos cierto que en esta labor el juez civil deberá atenerse a las circunstancias fácticas principales tenidas en cuenta por el juez penal para determinar la condena.

Tal límite lo impone el art. 1102 al decir: "Después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado".

Norma que al interpretarla la Jurisprudencia ha dicho que "hecho principal" comprende las circunstancias tenidas como esenciales por el tribunal penal al expresar los fundamentos de la condena del acusado y que no es el mero hecho del accidente, sino también las circunstancias que lo rodearon, de ahí que si en sede penal se efectuó la descripción de las circunstancias fácticas en las cuales se fundó la condena del imputado dicha conclusión no se puede rever en sede civil.
Domicilio, intimación de pago, documento nacional de identidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: BERMATOV SA c/ BUSTAMANTE, VIRGINIA S/ EJECUTIVO. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11

Carecen de idoneidad suficiente para demostrar que la ejecutada no vivía en el lugar donde se cumplió la intimación de pago y para acreditar que vive en el domicilio real denunciado en su presentación, la copia del DNI de donde surgiría el domicilio y la informativa al Registro Nacional de las Personas para corroborar la autenticidad de dicha pieza y para que se informe el último domicilio registrado ante dicho organismo y su fecha; ya que ello solo indicará cual era el domicilio registrado ante el Registro Nacional de las Personas y si éste coincide con el que figura en su documento de identidad, pero no arrojara luz acerca de si vivía o no, en el lugar donde se diligenció el mandamiento o si efectivamente vivía en el lugar donde dijo que tenía su domicilio real.
Despido con causa, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: ARIAS, Sandra Elizabeth c/ COFAIN LTDA. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-08-16

La comunicación del despido con justa causa en los términos del artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituye una carga de validez no satisfecha con la sóla mención que fué despedido por justa causa sin precisar los hechos en que se basa la decisión.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rendón, Alfredo Salvador c/ Siam Di Tella Ltda. s/ Despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-10-11

Toda vez que es de la esencia de los convenios colectivos de trabajo su caracter d obligatorios para personas representadas por las entidaes que los suscriben y mediante ley que reglamenta la institución, no resulta viable la impugnación constitucional de tales convenios con fundamento en la falta de aquiescencia individual a sus términos.
Seguros, seguro colectivo, incapacidad laboral, incapacidad permanente, indemnización por accidente de trabajo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Castellano, Rubén c/ Sudamérica Cía. de  Seguros de Vida y Patrimoniales SA s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-04

Resulta procedente la acción judicial iniciada por un trabajador contra la compañía de seguros contratada por su empleadora, por el cobro del seguro que cubría el riesgo de incapacidad laboral permanente (al considerar aquella extinguida la relación laboral) si - como en el caso -, se verifica que el accionante quedó incapacitado para desempeñarse en las actividades que efectuaba al momento del siniestro; porque la minusvalía debe entenderse en sentido funcional, y debe necesariamente ser acotada a un trabajo compatible con las aptitudes del asegurado, que además le permita obtener ingresos conforme con sus aptitudes.
Seguro de responsabilidad civil, citación en garantía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Foglia, Barbara c/ Mangiapani, Vicente s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Cuando pese a la actuación conjunta de aseguradora y asegurado se le limita a la primera la facultad de ofrecer y producir pruebas, no corresponde aplicar la doctrina legal que limita sus defensas a las anteriores al siniestro y resultantes del contrato de seguro para negarle a la aseguradora la legitimación que le permita coadyuvar con el interés del asegurado, ejercer la dirección del proceso y defender sus derechos en un marco de plena compatibilidad con los derechos del segundo pues eso sería mal interpretarla.
Trabajadores de la construcción, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: CACERES SANTANDER, OLIVIO c/ VIDOGAR SA. Y OTRO s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-05

La insolvencia de los contratistas o subcontratistas genera la responsabilidad solidaria de los empresarios en los términos del artículo 32 de la ley 22250, aunque aquellos se encuentren inscriptos en el registro nacional de la industria de la construccion. Esta interpretación es la unica que se adecua a los principios interpretativos del artículo 9 y al principio de tutela de los trabajadores mediante la prevención del fraude a sus derechos.
Inmunidades parlamentarias, senadores nacionales, juicio político
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Romero, Juan Carlos c/  s/ incidente información sumaria - piezas pertenecientes -causa n° 34.977/11-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-13

Carece de asidero la tesis según la cual la ley 25.320 sólo regiría en los procesos sustanciados ante la justicia nacional y federal ya que es clara - y no deja ninguna duda - en cuanto a que sus disposiciones se aplicarán "cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político..." (artículo 1°). -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Accidente de tránsito, bocacalle
Materia: PENAL
Carátula: TORRES, Gustavo Fabián s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-28

El supuesto del inciso segundo del artículo 71 de la ley provincial nro. 5800, es aplicable a la hipótesis en que dos vehículos se presenten al mismo tiempo en la encrucijada o bocacalle.
Estado, división de poderes, distribución de competencias, competencia contencioso administrativa, cámara contencioso administrativa, improrrogabilidad de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: ROLUAR S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DEMANDA ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 441 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-11

La distribución de la competencia contencioso administrativa entre los distintos órganos jurisdiccionales es tema de alta política constitucional y legislativa. El sometimiento de la Administración Pública a un juez incompetente en razón de la materia puede implicar la violación al principio fundamental de la división de poderes, sin que obste a dichas conclusiones que se hayan creado por ley 11329 las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, órganos jurisdiccionales con competencia específica en dicha materia, cuya raigambre constitucional ha sido remarcada por la Corte, como así también la improrrogabilidad de dicha competencia, aún entre ellas.
Estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, almacenamiento de estupefacientes, tráfico de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Martín, Carlos Manuel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-10

Quien almacena con fines de comercialización o con dolo de tráfico, -que en definitiva también tiene- será sancionado como autor del delito de tenencia con fines de comercialización, y ello así por la especialidad de esa figura sobre la otra. (Voto del Dr. Mitchell).
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bolcatto, Martha Graziela Aguirre de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 48-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-25

Debe declararse admisible el recurso contencioso administrativo interpuesto toda vez que, si bien la Administración omitió pronunciarse expresamente sobre la pretensión deducida, tuvo, en cada grado jerárquico, oportunidad de hacerlo.
Habeas corpus, jueces naturales
Materia: PENAL
Carátula: MALDONADO DANIEL MARCELO s/ HABEAS CORPUS CORRECTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-28

El hábeas corpus no autoriza a sustituir a los jueces de la causa en las decisiones que les incumben. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Diaczun, Nicolás c/ Carpintería D'Cort S.R.L. y otro s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

La finalidad de la indemnización, en la medida de lo posible, es borrar el daño restableciendo el estado patrimonial del damnificado a la situación anterior al hecho perjudicial y para ello, en principio, el daño resarcible debe ser valorado al tiempo de la sentencia o al momento más próximo a esa época que sea posible. Si se trata de una indemnización sustitutiva en dinero, lo apropiado es atenerse aguarismos de la realidad actual, pues tal criterio refleja con mayor aproximación la real entidad de los valores en juego y evita la distorsión cuantitativa que casi siempre se produce cuando se aplican módulos indexatorios o determinadas correcciones a cifras históricamente distantes, máxime cuando no se reclama el reintegro de una suma efectivamente pagada, sino la compensación por un perjuicio sufrido pero cuyo valor intrínseco aún no ha sido precisado.
Retiro policial, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mayolo, Abel Alfredo c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

Si el agente no demuestra la creación del cargo administrativo invocado, tampoco puede entenderse que se hubiera comportado como un funcionario de facto desde que no se cumple con el requisito esencial para ello, como es la preexistencia de funciones de jure, ésto es, establecidas normativamente.
Recusación sin causa, oportunidad procesal, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: OBRAS SANITARIAS MENDOZA S.A. - EXPTE. N° 29281 c/ BATALLA EUGENIO RUBÉN s/ EJECUCIÓN ACELERADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-06-29

El actor debe recusar al demandar y el demandado o el tercerista, en el plazo de tres días de tomar conocimiento del juez o funcionario recusable que interviene, es decir, desde su primera presentación. A partir del funcionamiento de la Mesa de Entradas Central se entiende que el plazo corre desde que el litigante recibe la constancia de sorteo de la oficina centralizada.
Expropiación, expropiación irregular, despojo, intereses, Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LIGUORI DE DUCOMMUN, LILIANA DELIA DE LOS MILAGROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-21

Se impone determinar la fecha de toma de posesión por parte de la Provincia del terreno sujeto a expropiación, no sólo por resultar de importancia para la causa en razón de su incidencia sobre la época a la que debe fijarse la indemnización, sino también respecto del cómputo de los intereses y del pago de los tributos que puedan gravar el inmueble; y teniendo presente que ni a la fecha del reclamo, ni con posterioridad, se observa la configuración de alguno de los supuestos previstos por el artículo 51 de la ley 7534; que la actora no ha invocado -ni, por ende, probado- que la Provincia haya tomado -por sí- posesión del bien expropiado; que tampoco concurre ninguna circunstancia que permita entender que la Administración provincial haya asumido como propia la ocupación efectuada por los habitantes del asentamiento; y el criterio seguido por el Tribunal en causas similares a la ahora examinada -vinculadas a la actividad desarrollada por la Administración en el marco del Plan Logros de un Ordenamiento Territorial Estable-, corresponde reconocer el pago de intereses sólo desde la toma de posesión ordenada judicialmente. (Del voto del Dr. Gutiérrez, que hace mayoría. En disidencia parcial: Dres. Netri y Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 87, p 361; T 111, p 312. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7534, artículo 51.
Competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOPEZ OSCAR ANTONIO JOSE c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN Y OTROS s/ ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-19

De la demanda surge que la pretensión central de los actores, dirigida a obtener la declaración de inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo Nro. 1049, se funda en la denunciada omisión en que habría incurrido el Organo Ejecutivo del Estado Provincial de remitir el mencionado instrumento a la Legislatura Provincial para su tratamiento en los términos previstos por el art. 1, inc. a) de la ley provincial 6686, sustituido por el art. 1 de la ley 6774, afectándose la forma republicana de gobierno.

Como se advierte, la impugnación no apunta a lo decretado por el Poder Ejecutivo en el instrumento cuestionado, es decir a la modificación del primer párrafo del art. 1 de la Ley 7171 dispuesta en el mencionado decreto, sino a la omisión de actuación de índole administrativa, imputada al Organo Ejecutivo del Estado Provincial.

Consecuentemente el caso no resulta aprehendido en el primero de los supuestos excepcionales -y por ende, de interpretación restrictiva- previstos en el art. 4, segunda parte del CPCT, quedando fuera del ámbito competencial contemplado en ese dispositivo legal.

Por lo expuesto resulta competente para conocer en estos autos, en razón de la materia, la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, a tenor de lo dispuesto por el art. 57, primera parte, de la LOPJ.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: CASTELLON MIGUEL Y OTROS S.D. ROBO CALIFICADO, ENCUBRIMIENTO, ROBO SIMPLE, ETC.E.P. DE EXEQUIEL HERNANDEZ s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-08-19

Deviene imperativo un restrictivo control de las cargas impuestas al interesado en un Recurso de Casación toda vez que le está vedado al Máximo Tribunal declarar de oficio la violación y errónea aplicación de normas y doctrinas legales pues ellas han debido ser mencionadas precisa y detalladamente.
Entidades deportivas, despido, nulidad del acto jurídico
Materia: LABORAL
Carátula: Instituto Servicios Sociales Actividades Rurales y Afines c/ Peralta, Julio Marcelino s/ Consignación, indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21

No se ajusta a derecho la nulidad del despido dispuesto por el tribunal del Trabajo en tanto no encuentra respaldo en el convenio colectivo aplicable (art. 14, C.C.T. 160/75) ni en el régimen específico de la ley 20.744 (t.o.), no siendo aplicable al caso el art. 1050 del Código Civil, que se opone a lo expresamente consagrado en el art. 231 de la ley especial de la materia.
Derecho penal, cuestiones de competencia, jurisdicción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Giménez Puebla, M.  c/  s/ defraudación informática (Causa Nº 58.386/2023)
Jurisdicción:  — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-14

Magistrado que declaró la incompetencia en razón del territorio en favor del Juzgado en lo Penal con asiento en la ciudad de Córdoba.

- Conveniencia de que la investigación se sustancie en la ciudad de Córdoba, donde habrán de materializarse la mayor cantidad de diligencias. Titular de la cuenta a la cual se giraron los fondos que reside allí, prefijo de la línea de tipo prepago de la cual se comunicaron que corresponde a Córdoba y cuentas en las que se transfirieron los fondos, luego de acreditarse el dinero, cuyo titular tiene domicilio en la ciudad de Córdoba. Elección del juez competente que debe hacerse de acuerdo a lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una más eficaz investigación, mayor economía procesal y mejor defensa de los imputados quienes, además registran domicilios en dicha ciudad (Fallos: 313:824 y 332:869, entre otros).

- Confirmación.
Ius cogens, delitos contra la humanidad, obediencia debida, imprescriptibilidad
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Von Wernich, Christian Federico c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-13

Las graves infracciones de derecho internacional de jus cogens, imponen la obligación de investigar, enjuiciar y sancionar a todos los Estados, acarreando los compromisos estaduales de: inderogabilidad de juicio; deber de procesar o extraditar; imprescriptibilidad de los delitos; inaplicabilidad de excepciones de inmunidad, incluyendo a los jefes de Estado; exclusión de cualquier mecanismo legislativo, político o judicial para perpetrar la impunidad -leyes de obediencia debida, punto final, indultos, cosas juzgadas írritas o fraudulentas, conmutaciones de condenas, aplicación de penas inadecuadas, entre otras-; obligatoriedad de aplicación en tiempos de guerra o de paz, no habilitando su derogación ni suspensión en excepcionalidades constitucionales -tales como estado de sitio, conmoción interna, leyes marciales, estado de guerra- y habilitando la competencia de la justicia universal, las normas del derecho interno se interpretan tomando como guía a la Corte IDH, receptando su jurisprudencia contenciosa y opiniones consultivas, por disposición del constituyente, a partir de la reforma constitucional de 1994, los delitos de genocidio y lesa humanidad pertenecen al ius cogens internacional.
Divorcio contradictorio, exclusión del hogar, medidas cautelares, costas
Materia: CIVIL
Carátula: M. DE G.M. DEL C. c/ G.P.L. s/ EXCLUSION DE CONYUGE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-28

La exclusión del hogar de alguno de los cónyuges, que el juez puede decidir conforme a lo prescripto por el art. 231 del Código Civil, por su naturaleza y fundamentos configura una medida cautelar, por lo que no es de aplicación automática el principio que contiene el art. 68 del Código Procesal en su primer párrafo, que asienta la imposición de las costas sobre el hecho objetivo de la derrota.

La determinación de quien habrá de cargar con ellas debe ser consecuencia de la meritación de la razonabilidad de las circunstancias que condujeron a su petición, acogimiento y efectivación, extremos que recién será posible evaluar una vez finiquitado el proceso principal, y mientras que ello no ocurra, es adecuado que si la pretensión se sustanció y hubo oposición de la contraria, cada una de las partes soporte provisionalmente las suyas y se reembolse aquella a quien en definitiva no le corresponda su pago, por encuadrar en lo dispuesto por el art. 77 del Código Procesal.
Sanciones disciplinarias, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mendez, Raúl Horacio Francisco c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

No deben limitarse las amplias facultades que detentan las autoridades administrativas para valorar y calificar los hechos y determinar las sanciones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, integración de la litis
Materia: LABORAL
Carátula: ACUÑA, JOSE c/ HUAICO CONSTRUCTORA s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-02-02

Determinar la configuración de los términos y alcances del litigio en función de los presupuestos relativos al objeto, sujeto y causa que concurren a integrar la litis, constituye una cuestión atribuida privativamente a los jueces de grado y exenta de censura, en principio, en la vía de excepción.