Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, límites del pronunciamiento, situación del imputado, prisión preventiva, derechos y garantías constitucionales, detenido, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: LARROSA, Víctor Mauricio s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-13

La privación de la libertad sólo encuentra justificación en lo que la doctrina llama peligro procesal. La permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso está consagrada por los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y que tiene su directa vinculación con el art. 270 del C.P.P..

Las previsiones de los arts. 300 del C.P.P. y 26 del C.P. y la ausencia de sentencia condenatoria en el caso concreto, son suficientes razones que permiten la libertad del imputado durante la sustanciación del proceso como decidió el Sr.Juez de la causa.

Partiendo entonces de que el art. 270 del C.P.P. fija el marco a los efectos de considerar el beneficio, debe decirse que esta norma establece que la libertad personal podrá ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley sustantiva, en forma coincidente con la prescripción constitucional del art. 19, adoptando nuestro sistema el criterio procesalista en contraposición a la corriente sustantivista del encarcelamiento preventivo.

En relación al primer requisito, esto es la finalidad de asegurar el descubrimiento de la verdad, los antecedentes obrantes en las actuaciones permiten suponer que el imputado no obstaculizará la marcha del proceso, ni actuará sobre la prueba del delito, ni frustrará ni dificultará su obtención, dada la naturaleza del ilícito y el estado de las actuaciones de las que surge el comportamiento y conducta de L.

En lo que hace al aseguramiento de la aplicación de la ley sustantiva, además de aquella remisión al art. 26 del C.P., que permiten la concesión, cabe señalar que El Pacto de San José de Costa Rica, al decir del Dr. Daniel Emilio Morin, da pautas a fin de determinar cuándo existe peligro de fuga, indicando que deberá analizarse las seriedad del delito y la eventual severidad de la pena.- La otra pauta señalada por el Pacto de San José de Costa Rica, son las condiciones personales del imputado. En este sentido, es cierto, los antecedentes de L. no le son favorables, pero tratándose de causas sin resolución, sin condena y gozando del estado de inocencia garantizado constitucionalmente , es de literal aplicación el contenido del art. 26 del C.P. en su remisión.

Si bien los repetidos pedidos de captura de un sujeto sometido a proceso han sido circunstancias consideradas impeditivas de la libertad pues refleja cierta reluctancia al cumplimiento de obligaciones procesales, no es menos cierto que la mora de los poderes públicos y particularmente la inacción del actor penal para obtener una sentencia en aquellos antecedentes, no puede trasladarse al imputado y sacrificarse su libertad personal preventivamente por riesgo procesal.

Ese mismo riesgo existe en cada causa penal no definida en tiempo oportuno cuando es deber de la jurisdicción y del Ministerio Fiscal impulsar el proceso hacia una sentencia definitiva.