Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08


ZACCO, Jorge contra HERRAMET S.A.

Reg.: A y S t 212 p 133-137.

Santa Fe, 8 de marzo del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la resolución 6 del 8 de febrero de 2005, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario en autos "ZACCO, Jorge contra HERRAMET S.A. -Cobro de Pesos-(Expte. 196/04)" (Expte. C.S.J. nro. 332, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisorio de fecha 8 de febrero de 2005 la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario desestimó los recursos de nulidad y apelación deducidos por el actor y, en consecuencia, confirmó la sentencia de baja instancia (fs. 1/4 vto.).

Contra dicho pronunciamiento interpuso la parte actora recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3) de la ley 7055 (fs. 7/25 vto.).

Afirma que el fallo impugnado no es una derivación razonada del derecho vigente y de los hechos expuestos y probados en la causa, por haber omitido tratar cuestiones propuestas y pruebas producidas y por sostenerse en fundamentación aparente al basarse en argumentos dogmáticos.

Manifiesta que el sentenciante, en lo atinente a la fecha de inicio de la relación laboral, incurrió en arbitrariedad por desconocer pruebas decisivas para la solución del litigio que indican que la relación laboral se inició en el año 1988.

Añade que resulta de un excesivo rigorismo formal exigir que se demuestre la falsedad ideológica de la incompleta registración contable de la empleadora cuando a través de otras constancias se probó que la fecha de inicio difiere de la alegada por el empleadora; y que el análisis efectuado por la Alzada es contrario a principios tutelares del trabajador.

Señala que la aseveración de la Alzada de que sus planteos son meramente voluntaristas y sin apoyatura fáctica suficiente constituye una afirmación dogmática que no se condice con una derivación razonada de las constancias de la causa.

Indica que, en cuanto a la "supuesta justificación del despido del actor", la sentencia incurrió en reiterada autocontradicción argumental, por cuanto por un lado se reconoce el estado "lamentable" del operario y, por otro, abstrayéndose de la realidad, la Sala dio tratamiento al caso con prescindencia de esta circunstancia; y por contradicción normativa, configurando una violación flagrante con Pactos internacionales vigentes de jerarquía constitucional -atientes a la salud del trabajador-, al priorizar los artículos 209 y 210 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Las causales descalificantes que invoca sobre el punto pueden sintetizarse en: a) omisión de tratamiento de una cuestión decisiva para la solución del litigio: Sostiene que el Tribunal insistió en considerar que el trabajador tenía que avisar que faltaba -lo cual hizo- e incurrió en omisión de tratamiento por cuanto se demostró que el empleador sabía por qué faltaba; máxime cuando debió ser revisado periódicamente, por lo que aceptó esa obligación al reintegrarlo a sus tareas habituales luego del accidente de trabajo, alegando una supuesta alta médica no acreditada, sin reubicarlo conforme su capacidad remanente.

Remarca que el fallo es arbitrario por limitarse a realizar una análisis parcial y aislado de los elementos de la causa, sin integrarlos ni armonizarlos en su conjunto.

Añade que se hizo hincapié en el aviso de la falta para que el empleador pueda reorganizarse o reemplazar a su obrero, dejando de lado la realidad emanada del contexto que demostraba que esa falta fue ocasionada por la inconducta de la patronal.

b) omisión de tratamiento de pruebas relevantes y conducentes para la decisión de la causa.

Indica que le agravia la sentencia al afirmar, dogmáticamente y en contradicción con el informe pericial, que el actor fue suspendido en forma reiterada por inasistencias o tardanzas y que no impugnó dichas suspensiones, por cuanto el informe del perito no especifica cuántos días fueron.

Argumenta que la aseveración de la Sala de que no hay impugnación a las suspensiones impuestas por el empleador no se corresponde con la prueba pericial contable ni con el legajo adjuntado por la demandada (del que ni siquiera se hace mención), por lo que esta contradicción torna inválido el fundamento del pronunciamiento impugnado.

Agrega que la existencia de telegramas rechazando las impugnaciones fue arbitrariamente ignorada por el Tribunal, siendo una prueba válida incorporada al expediente, que debió ser tenida en cuenta, afirmándose, sin embargo, que no hubo rechazo de las impugnaciones y que el actor no justificó sus ausencias.

Destaca, en cuanto a las ausencias, que éstas estaban justificadas dado el estado de salud del operario, y que la Cámara prescindió de prueba decisiva (periciales técnica y psicológica) para la solución de la causa.

Arguye que el artículo 209 de la Ley de Contrato de Trabajo es una norma de derecho común, que está confrontada con el contexto fáctico de las circunstancias especiales que fueron destacadas y probadas a lo largo del pleito, porque siendo la finalidad de la norma que el patrón tome conocimiento del motivo de la ausencia de su empleado, en el caso de autos, dicho motivo era de conocimiento de la empleadora.

Manifiesta que la sentencia es arbitraria por excesivo rigorismo formal, por cuanto la postura de la Cámara, en vez de atender a la probada situación del actor, la cual admite y reconoce, se ciñó a la aplicación literal de los artículos 209 y 210 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Considera que el aviso no era más que una formalidad que solamente podía ser exigida al obrero en un exceso de formulismo, y fuera del contexto fáctico, dado que atendiendo las especiales circunstancias probadas de la causa, su exigencia no es más que una abstracción carente de coherencia y razonabilidad con relación a este litigio.

A su turno, la Alzada denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad, mediante auto 128 del 22 de junio de 2005 (fs. 41/45), lo que motivó la presentación directa de el quejoso ante esta sede (fs. 47/64 vto.).

2. Cabe señalar que, pese al esfuerzo desarrollado en su presentación directa, no pueden tenerse por debidamente desvirtuados los fundamentos brindados por la Cámara en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad quedando así incumplida la carga que exige el artículo 8 de la ley 7055.

En efecto, sostuvo la Sala que la genérica reserva que formula el recurrente sin referir a la cuestión constitucional en juego no implica cumplimentar con lo exigido por el artículo 1 de la ley 7055 y que su escrito no contiene un relato completo y objetivo de las actuaciones, lo que impide calificarlo de autosuficiente en los términos del artículo 3, inciso 2, de la ley 7055.

Aun cuando pudieran juzgarse satisfechos estos recaudos formales exigibles, se advierte con evidencia que no logra rebatir la respuesta dada en el auto denegatorio a sus reparos -omisión de tratar cuestión decisiva y de pruebas relevantes, arbitrariedad por excesivo rigor formal, estar sustentado en afirmaciones dogmáticas e incongruencia- de que el recurso no podría prosperar "...porque los vicios que endilga al decisorio... no guardan relación alguna con las actuaciones ni con los términos del mismo...", sino que mas bien constituyen "...simples valoraciones subjetivas carentes de trascendencia a los fines de la vía que intenta" (f. 41 vto.), considerando que pese a las disconformidades del recurrente con aspectos del fallo -fecha de ingreso del actor y obligación de dar oportuno aviso al empleador de las ausencias-, éste luce suficientemente fundado.

En lo atinente a la fecha de ingreso, tampoco conmueve en su presentación directa la réplica del impugnante, habiendo expresado la Alzada que "evaluó toda la prueba aportada. Entre ella, la declaración del testigo Laino y los recaudos laborales los cuales no eran llevados en forma completa. Sin embargo, se estimó que tales cuestiones no resultaban decisivas frente a la restante prueba..." que hizo referencia el fallo "en el cual se exponen las razones por las cuales '...los elementos indiciarios a que alude el actor carecen de suficiente fuerza de convicción como para desvirtuar los datos que se consignan en la documental de referencia...'" (f. 43).

En lo referente a la justificación del despido del actor, la Sala recordó que la discusión versó sobre "..la legitimidad de dicho despido". Agregó que "...Los esfuerzos de la quejosa van dirigidos a demostrar que su parte no tenía la obligación de avisar de sus ausencias... insiste con gran parte de los argumentos vertidos al expresar agravios y que fueron considerados por el Tribunal el cual llegó a una conclusión adversa a la pretensión esgrimida..." (f. 43), por estimar, en esencia, "que no dio aviso de sus inasistencias y tardanzas como lo exige el art. 209 de la L.C.T. y porque tampoco rebatió los argumentos del juzgador de grado en el sentido que el trabajador debía cumplir con dicho precepto...", destacando que las faltas que motivaron el despido del actor tuvieron lugar cinco años después del accidente al cual pretende vincularlas (f. 43 vto.).

Frente a tal afirmación, el quejoso reitera conceptos ya vertidos en instancias anteriores en torno a que de las probanzas producidas en la causa y que fueron marginadas por el Tribunal a quo, surgía que Zacco padecía trastornos psicosomáticos producto del accidente del año 1990, los cuales eran conocidos por la empleadora, señalando que ésta era responsable de tal situación, por lo que, al conocer tales dolencias, no tenía obligación de avisar a tenor de los dispuesto por el artículo 209 de la Ley de Contrato de Trabajo, siendo contradictorio que simplemente señalara tal estado sin relacionarlo con la citada obligación.

Tales argumentos denotan su discrepancia con lo decidido, pretendiendo reabrir la discusión sobre cuestiones ya resueltas por la Alzada en ejercicio de funciones propias, intentando imponer su propio criterio, por cuanto surge del fallo que no obstante las malestares que acusó el empleado, ello no lo relevaba de la obligación dar aviso al empleador, y que "la lamentable situación del accionante... no logran conmover lo resuelto en autos" (f. 4) tras analizar los hechos de la litis y que valoró las pruebas y, en función de ello, se interpretaron y aplicaron las normas comunes pertinentes, ámbito que resulta ajeno a la instancia del recurso extraordinario deducido, desvaneciéndose con ello tales alegaciones y quedando incólumes los fundamentos de Tribunal a quo.

Por último, tampoco pueden ser atendidos los cuestionamientos relativos al rechazo de las suspensiones y la omisión de prueba producida, por cuanto la Sala puntualizó que los telegramas con los cuales el quejoso manifestó haber impugnado las suspensiones que aplicara el empleador fueron debidamente valorados: en el caso de la copia del telegrama 85 no constaba ni fecha ni hora de recepción y ante su desconocimiento por la empleadora, el actor debió producir informativa pertinente para determinar su autenticidad; y que el restante telegrama se remitió en respuesta al telegrama de despido cuando la causa invocada ya estaba configurada (fs. 62 vto./63).

Además, la Alzada restó relevancia al certificado médico de 9.12.1996, por no incidir en la solución del pleito, y señaló que el recurrente tergiversó los dichos de la demandada en punto a los certificados médicos y su falta de estampillado, de los cuales no se desprende que ésta hubiera visto tales certificados, con lo que la conclusión a la que pretende llegar el quejoso no se compadece con las constancias de autos ni con los dichos de la accionada por lo que no influye en el resultado de la cuestión (f. 63).

En suma, la decisión a la que arribó la Sala, más allá de su acierto o error, no evidencia que hubiera omitido tratar cuestiones oportunamente planteadas, hubiese prescindido de prueba decisiva con directa incidencia en el resultado del pleito, incurrido en excesivo rigor formal y autocontradicción, o se hubiera basado lo resuelto en argumentos dogmáticos, razones éstas por las que no cabe su descalificación como pronunciamiento judicial válido.

Acorde con lo hasta aquí expuesto, resulta provechoso memorar una vez más que es criterio del más Alto Tribunal de la Nación -que este Cuerpo ha receptado en numerosas ocasiones- que la apre En definitiva, se ha de seguir que, en el "sub examine", no se advierte la existencia de una cuestión constitucional aprehensible que legitime el franqueamiento de la instancia excepcional ante esta Corte; la conclusión a la que arribó la Alzada podrá o no ser compartida, pero en la medida que no implica un palmario apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por todo ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria).