Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-05-19


C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 19 de	dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado Jesús Díaz, por derecho propio, en autos: "Díaz, Jesús Valentín c/Aguilar, Liliana Lorena s/Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 65, por el letrado Jesús Díaz, por derecho propio, contra la sentencia de fecha 13/8/2003 dictada por la Sala IIIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

El pronunciamiento recurrido (fs. 60/61) hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la ejecutada y revocó la sentencia de primera instancia haciendo lugar a la excepción de inhabilidad de título.

A fs. 68/70 la parte demandada contestó el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

La Cámara declaró admisible el recurso en cuestión por sentencia de fecha 17/11/2003 que glosa a fs. 75 y vta.; por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el examen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- El recurrente plantea la infracción al art. 779 del CPCCT, así como el vicio de arbitrariedad sentencial.

Sostiene que la sentencia de primera instancia se pronunció por las excepciones de inhabilidad de título y falta de personería; que el apelante se agravió sólo de la primera; que el superior no podía entrar a considerar la falta de personalidad y se pronuncia sobre la inhabilidad de título sobre la base de que la actora, al contestar el traslado, reconoció expresamente la minoría de edad, lo que no se corresponde -dice- al contenido del escrito presentado por su parte. Le agravia asimismo que al sostener un reconocimiento expreso de su parte releva a la excepcionante de la carga probatoria.

Que esta arbitrariedad que se aparta de los hechos y de la verdad de su postura se torna manifiesta cuando afirma que uno de los presupuestos que dan lugar a la excepción de inhabilidad de título es la falta de legitimación activa o pasiva y concluye en que, estando afectada ésta última, debe progresar la inhabilidad. Expresa que la inhabilidad debe limitarse a las formas extrínsecas del título pero no puede discutirse la legitimidad de la causa pues la ley la presume legítima y que en el juicio ejecutivo no se discute la validez de la relación sustancial. Agrega que la capacidad para obligarse que hace viable la excepción de inhabilidad podría haberse considerado si los agravios se fundaran en la falta de personalidad, en la que cabría analizar la capacidad civil, pero que no pueden hacerlo en la esfera de la inhabilidad de título. Que la falta de acción del ejecutante o del ejecutado o legitimación para ello no puede confundirse con inhabilidad de título; que la misma sentencia reconoce que tal excepción sólo puede estar referida a las formas extrínsecas del título.

III.- La sentencia en crisis en punto a la excepción de inhabilidad de título considera que el principio legal de que ella sólo puede estar referida a las formalidades extrínsecas del título no puede llevarse al extremo de condenarse al pago de una deuda, a quien era incapaz de obligarse, violándose normas elementales del derecho de fondo, sobre todo si esa incapacidad fue reconocida por la contraria. Que, en efecto, la parte actora, al contestar el traslado de la excepción de inhabilidad de título fundada en la incapacidad para obligarse al momento de firmar el pagaré que se ejecuta por ser menor de edad la demandada, reconoció expresamente la minoría de edad de ésta al suscribir el pagaré, limitándose a señalar que al apersonarse al juicio había adquirido su mayoría de edad. Considera el fallo que este reconocimiento brinda sustento suficiente a la defensa de la excepcionante, eximiéndose de toda carga probatoria, desde que el actor no invocó la existencia de algunas de las causales por las que un menor puede obligarse válidamente (autorización para ejercer el comercio, emancipación, etc.). Invoca el art. 306 CPCCT.

Expresa que uno de los presupuestos que da lugar a la excepción de inhabilidad de título es la falta de legitimación: activa o pasiva. Ve como evidente que la emisión de un pagaré por quien no tiene capacidad legal para obligarse da lugar a la excepción de inhabilidad de título porque precisamente está afectada la legitimación pasiva. Cita doctrina. Señala que ensamblando las disposiciones del Cód. de Comercio y del Cód. Civil, cabe concluir que, básicamente, cuentan con capacidad para obligarse cambiariamente aquéllos que han cumplido 21 años, y los mayores de 18, siempre que hubiesen sido autorizados para ejercer el comercio.

Por lo expuesto, hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revoca la resolución de fecha 13 de noviembre de 2002 y hace lugar, por consiguiente, a la excepción de inhabilidad de título, con costas de ambas instancias a la actora vencida.

IV.- En orden a la definitividad del pronunciamiento recurrido (art. 813 del CPCC) cabe expresar que el recaudo formal no puede considerarse satisfecho en la especie. En efecto, no resulta aplicable al caso examinado, la excepcional interpretación efectuada por esta Corte según la cual la sentencia emanada del juicio ejecutivo reviste calidad de definitiva a los fines del recurso de casación cuando se trate del rechazo de una excepción de inhabilidad de título en aquellas cuestiones inherentes, exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, que adquieren la calidad de cosa juzgada material.

Este supuesto excepcional no se da en autos, toda vez que el pronunciamiento impugnado, por la forma en que fue resuelto, no versa sobre "cuestiones inherentes exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo que puedan adquirir la calidad de cosa juzgada material". Así, el planteo de la demandada excepcionante relativo a la invalidez del título adjuntado a la demanda por no haber sido mayor de edad al firmarlo es un tema factible de ser revisado en un posterior juicio ordinario, en el que la actora podría replantear su postura en estos autos ofrecida (que el firmante del pagaré era menor adulto; o que estaba autorizado para ejercer el comercio, o emancipado, etc.).

Las normas de los arts. 813 y 814 del CPCC imponen el recaudo de la definitividad sentencial, como exigencia de admisibilidad del recurso de casación, lo que se explica porque su carácter extraordinario impide el tratamiento de asuntos que tienen aún la posibilidad de ser replanteados o decididos en otras instancias inferiores, o que dejan abierta una vía de reparación. Las cuestiones vinculadas a la validez de la obligación que emerge del documento base de la demanda, relativas a la minoría de edad del firmante podrán ser ampliamente discutida en un eventual juicio de conocimiento posterior.

La Cámara ha resuelto en base a cuestiones ajenas a la habilidad formal del título penetrando en cuestiones que versan sobre la validez de la obligación. Por ello, lo resuelto no adquiere calidad de cosa juzgada material a los efectos del juicio ejecutivo. La demostración de las posturas de las partes supone una investigación de hecho y de prueba susceptible de ventilarse en el proceso ordinario posterior con la amplitud de debate y prueba que lo caracteriza.

Ello así, y aun cuando la sentencia atacada hace lugar a la excepción opuesta, sobre estas cuestiones queda abierta una vía de reparación; resultando de aplicación el supuesto previsto por el art. 814 del CPCC, que determina en tales casos la inadmisibilidad del recurso de casación.

V.- Por lo demás, el memorial de fs. 65 luce manifiestamente insuficiente para dar embate a las razones sentenciales expresadas en sostén de la solución a la que se arriba.

Nótese que, amén de no contener doctrina legal ni petitorio alguno, el memorial casatorio carece de una crítica puntual, concreta y eficiente que logre rebatir los motivos del fallo en recurso. Así, se limita a invocar la violación del art. 779 procesal manifestando que la capacidad para obligarse debe analizarse bajo la esfera de la excepción de falta de personería y no de la inhabilidad de título como lo hace la Cámara. Afirmación ésta que, a más de dogmática por no estar sostenida en razón alguna, es errada no bien se considera que la excepción de falta de personería sólo puede consistir en la incapacidad para estar en juicio: v.g. por ser el actor menor de edad o haber sido declarado demente o en la falta o insuficiencia del poder invocado, supuesto exclusivo para el caso, obviamente, en que comparece un representante -porque tal poder no ha sido agregado, porque no reúne los requisitos legales, porque se presenta otorgado por una persona distinta a la que se dice representar-. Esto es, mediante esta defensa se cuestiona la "legitimatio ad procesam"; luego nada tiene que ver con la "legitimatio ad causam" o legitimación sustancial activa, que se refiere a la real titularidad del derecho invocado como sustento de la pretensión que es la defensa de fondo usualmente denominada "falta de acción". Y es que no debe confundirse la "legitimatio ad processum" que hace a la capacidad procesal, con la "legitimatio ad causam" que es la calidad de obrar, o de ejercer el derecho sustancial. La falta de un requisito para la admisión de la acción no puede fundar la excepción de falta de personería, sino la defensa de falta de acción, que en el caso de juicio ejecutivo puede dar lugar a la excepción de inhabilidad de título.

Tampoco ha sufrido ataque concreto el motivo sentencial que refiere al reconocimiento de la minoría de edad por parte del actor excepcionado en tanto el memorial de casación se limita a manifestar en el punto que esta consideración (reconocimiento de la minoridad) "no responde al contenido del escrito presentado en Marzo 07 de 2002"; que "se aparta de la verdad de mi postura y de los hechos" (fs.65) pero no da razones por las cuales estime que ello es así, constituyendo, entonces, tal aservaración una afirmación dogmática carente de sustento, a la par que siendo una cuestión eminentemente fáctica, omite acreditar la eventual arbitrariedad sentencial en la interpretación de este escrito.

Tampoco rebate el recurso las demás razones del fallo impugnado (el reconocimiento de la menor edad lo exime de toda carga probatoria al excepcionante; el actor no invocó la existencia de algunas de las causales por la que un menor de edad puede obligarse válidamente -autorización para ejercer el comercio, emancipación, etc.-; los arts. 306 y 308 CPCC en torno a la prueba y su carga). Frente a ello, el recurrente se limita a mencionar que le causa agravio la sentencia cuando expresa que el reconocimiento expreso de su parte lo releva de la carga probatoria, mas no agrega nada más. En este tópico, entonces, el libelo impugnativo se reduce a presentar un simple enunciado de lo que constituiría materia de agravio careciendo el mismo de sostén alguno, más aun cuando la decisión se ajusta a lo normado por el art 7 del Dec. Ley 5965 de aplicación al pagaré, art 103 del mismo ordenamiento, referido a la firma de personas incapaces en los documentos (letra de cambio, pagaré).

Por lo expuesto, conforme a los arts. 544 y 814 y no cumpliéndose con las exigencias de los arts. 813 y 816 CPCC, el recurso de casación resulta inadmisible.

VI.- Las costas se imponen al perdidoso vencido por ser ley expresa (art. 106 procesal).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO, al recurso de casación interpuesto por el letrado Jesús V. Díaz, por derecho propio, en contra de la sentencia de la Sala IIIa de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones del 13/8/2003, con pérdida del depósito.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA