Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-14


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 14 días del mes de Junio del año dos mil diez, reunido en Acuerdo reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia el Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia de su titular, Dr. Daniel Luis CANEO, y asistencia de los Sres. Ministros Dres. José L. PASUTTI y Fernando S. L. ROYER para dictar sentencia en los autos caratulados: "SOCIOS AUTOCONVOCADOS C. E. T. c/ C. E. C. Y V. L. T. s/ Contencioso Administrativo (Expte. Nº 21.777 -S- 2009) y atento lo dispuesto por la Acordada Nº 3202 conc. 3204/00, y el cambio de Presidencia acaecido el 01 de Abril del corriente, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. PASUTTI, ROYER y CANEO--- --???? Acto seguido se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la demanda? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.???????????????????-- -- A la primera cuestión el Dr. PASUTTI dijo:--- ///Vienen estos actuados a consideración de esta Sala del Superior Tribunal de Justicia, en virtud del Recurso de Apelación deducido en contra de la Sentencia Definitiva N° 27/2009 dictada en esta causa por la Sala "B" de la Excma. Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Trelew -agregada a fs. 142/157- que interpuso -fs. 159- la C. E. de C. y V. L. de esa ciudad.- -- La acción, fue impetrada ante la Cámara por los que se denominaran "Socios autoconvocados" de la citada C., con el patrocinio del Defensor Público de la Oficina de la Defensa Civil de Trelew, contra una Resolución del Organismo Municipal de Regulación de Servicios Públicos (OMSRSP - en adelante Organismo Regulador) que sostuvieron afectaba sus intereses, habiendo encuadrado aquélla el procedimiento en los arts. 131 y 132 Ley Nº 3098 (en Digesto arts. 136 y 137 de Ley Nº XVI - 46).

-- A fs. 160 la Cámara -actuando como Tribunal de Primera Instancia- concede dicho Recurso, y elevados los obrados a este Cuerpo, a fs. 164 son girados a la Procuración General a efectos que dictamine sobre la regularidad del procedimiento seguido y la competencia del Superior Tribunal.

-- El Magistrado se expidió a fs. 165 y vta. estimando que, habiéndose bilateralizado el proceso con la intervención de la ahora apelante, concesionaria y prestadora del servicio eléctrico, cuyos ///intereses -aclaró- se ven movilizados por la decisión del ente regulador, el proceso se ha sustanciado bajo un cauce procesal adecuado. Además, opina que esta Sala es competente para conocer en el recurso deducido, de conformidad a lo previsto en el art. 138° de la Ley XVI N° 46 (antes Ley N° 3098).- -- A fs. 166 son puestas las actuaciones a disposición del apelante por el término de Ley, quien expresa agravios a fs. 168/172. Corrido el traslado de rito (fs. 173), dos de los miembros del denominado grupo de "Socios Autoconvocados de la C. E. T." lo responden a fs. 174/176 y vta.

-- A fs. 178 es puesta la causa a consideración del Sr. Procurador General, quien emite su dictamen a fs. 179 y vta, llamándose a fs. 180 autos para Sentencia, y practicándose a fs. 181 el sorteo de rigor.- -- I.- ANTECEDENTES: --- -- 1.- El 24 de Setiembre de 2009, los Sres. G. S., B. A., P. D. C., R. Á. M., E. G., M. C. T. O., N. D. R., L. A. M. y M. I. B., quienes se identificaron como "Socios Autoconvocados de la C. E. T." promovieron, invocando su carácter ///de socios y usuarios de aquélla, patrocinados como se dijo por la Defensa Pública, reclamo administrativo (fs. 1/6) por ante el Órgano Regulador, pretendiendo que éste dispusiera el "cese de la implementación retroactiva de la Ordenanza Municipal Nº 10471, aprobada por el Consejo Deliberante el día 19 de junio de 2008" que dispuso un aumento tarifario del servicio de distribución de energía E. y de los servicios sanitarios, calificando la facturación de estos servicios públicos, efectuada por la citada C. E. - concesionaria para su prestación- como "injusta, irrazonable e indebidamente discriminatoria" (fs. 1 vta.).-- -- Relataron, en el Apartado VI: HECHOS, que desde principios de ese año un grupo de socios de la C. se reúnen regularmente, habiendo advertido -cuentan- que en ella se producen distintas situaciones que consideran violatorias de esa condición -de socios- y atentatorias de sus derechos como usuarios del servicio que la entidad presta. En este orden, se agravian específicamente del modo en que aquélla aplicó la Ordenanza Municipal aludida, como así también de anomalías en la facturación de los distintos servicios, "en la medición, integración e interpretación de los distintos conceptos que cobra la entidad por los servicios que brinda" (fs. 2vta.).

- -- Refirieron haber presentado diversas notas a distintos organismos -las que detallan- para resumir en el Apartado VII los ítems que integran su reclamo. Así, en primer lugar, cuestionaron la aplicación retroactiva de la Ordenanza - que aprobó un nuevo cuadro ///tarifario correspondiente a los servicios sanitarios y de distribución E. para la ciudad de Trelew- invocando la supletoriedad del artículo 32° del Dto. Ley N° 920, por la remisión expresa que realiza a esa norma la Carta Orgánica (art. 150°). Explicaran, que operada la promulgación automática de la referida Ordenanza y habiéndose omitido el acto expreso de promulgación, ésta -interpretaron- habría operado a los diez días hábiles posteriores a su sanción, esto es, los primeros días del mes de Julio de 2009. Opinaron que al no consignar expresamente "ninguna excepción a la entrada en vigencia" (fs. 3) debe presumirse que la misma opera hacia el futuro, razonando "el aumento tarifario rige para los consumos que desde la fecha de la promulgación de la Ordenanza produzcan los usuarios de los servicios que presta la C. T.", pero -señalaron- la C. dispuso aplicar el nuevo cuadro tarifario "cargando" en forma retroactiva los nuevos valores a la facturación de períodos consumidos y medidos" con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ordenanza comentada (fs. 3 vta.).-- -- Con esos argumentos solicitaron del Órgano Regulador declarara la ilegalidad de la implementación de la misma, ordenando a la C. el cese de su aplicación retroactiva y en los casos en que los pagos se hubiesen efectuado -especificaron- se ordenara emitir nota de crédito a favor de los socios en devolución de los montos abonados de más.

///Asimismo, pidieron al ente regulador municipal, investigue lo que caracterizaron como "Error en la aplicación del cargo fijo en el cobro del servicio de alumbrado público", "la violación del principio pro usuario (redondeos de montos en los distintos conceptos a favor de la C.)", "falla en el sistema de medición del servicio eléctrico" y "necesidad de que las facturas contemplen las variables de los períodos históricos mediante tabla de medición de C. anual" desarrollando cada ítem extensamente (fs. 4/5 vta.). Ofrecieron prueba y fundaron en derecho.

-- Acompañaron y se anexó a fs. 7/44, prueba documental consistente en copia simple de la facturación de alguno de los presentantes, diversas notas remitidas al Concejo Deliberante, a la Oficina de Defensa del Consumidor, al Concejo de Administración de la C. T., copia simple de actuación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia y fotocopia de recortes periodísticos.

-- El Órgano Regulador corrió traslado de la presentación comentada a la C. E. T..

- -- 2.- Su descargo se incorporó a fs. 52/55, en el que respondió a cada una de las cuestiones planteadas por los presentantes. Expresó que no violentó ninguna norma, porque al facturar los consumos lo hizo de acuerdo con la Ordenanza Tarifaria N° 10471 "una vez promulgada la misma".- Mencionando el artículo 3° del Código Civil y ///el principio de irretroactividad que el mismo consagra dijo que "no es de aplicación dicho caso a la conducta asumida por la C. en cuanto a la aplicación de la Ordenanza 10471...simplemente porque no se violó norma alguna" (fs. 52).- Defendió su obrar advirtiendo que lo hizo del mismo modo que con la anterior Ordenanza N° 9765/05, que motivara una causa judicial en donde el Juez de Primera Instancia razonó "que la Ordenanza tendría vigencia a partir de la fecha de su promulgación y que la utilización de la retroactividad resulta coincidente con las normas nacionales que otorgan incrementos tarifarios por cuanto siempre una facturación se refiere a períodos pasados" (fs. 52 vta.). Esgrimió además, que se aplicó taxativamente el artículo 4° que dice "La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación", y si ésta se realizó -afirma- el 25 de junio de 2008, se impuso el cuadro tarifario a partir de tal acto administrativo, "cuestión que exime ...de cualquier otra consideración en cuanto a una supuesta incorrecta aplicación de la norma" (fs. 52 vta.).-- -- Con referencia a la errónea aplicación del cargo fijo en el cobro de servicio de alumbrado público que expusieron los presentantes, afirmó que se ajusta al Anexo IV del Contrato de Concesión que prevé la metodología del cálculo para el mismo; detalló sus componentes, aludió al concepto "p.s.a T." que implica transferir los costos de compra de energía al usuario y sumarle el cargo por ///distribución (VAD), en tanto las Ordenanzas tarifarias aprobadas -agregó- solo regulan el VAD. Añadió la fórmula empleada para obtener el cargo por alumbrado y concluyó en que "el criterio utilizado al aplicar la Ordenanza N° 10471 es el mismo que se viene aplicando desde noviembre de 2005 ...método que no ha sido objetado los últimos tres años por la autoridad de aplicación -OMRESP- quien tiene a su exclusivo cargo auditar el cálculo tarifario mes a mes..." (fs. 53).--- -- Se opuso a los dichos de los presentantes referidos a la violación de principio pro usuario, esgrimiendo que el redondeo es matemático y se produce porque las tarifas son aprobadas con cuatro decimales y las facturas utilizan dos, y aduna ejemplos.- -- Negó que existiera "falta de medición regular de los consumos eléctricos" o "fallas en el sistema de control de los medidores" como manifiestan los usuarios reclamantes, y describió el sistema utilizado para ello.

- -- En cuanto al reclamo para que la facturación contemple las variables de medición histórica, comentó que viene trabajando desde hace tiempo en ello, pero explicando que se requiere de una infraestructura importante y se encuentra en un proceso de recambio de equipamiento informático, ya que posee uno obsoleto.

-- 3.- A fs. 61/62 el Asesor Técnico del Órgano Regulador -Ingeniero Electricista M. B..- produjo un informe abordando las ///cuestiones debatidas por las partes.- A fs. 63/66 lo hizo el Contador Público G. H., respecto de los cuestionados redondeos.- Y a fs. 67/71 emitió opinión legal el Asesor Dr. J. H..- -- A fs. 75 se adjuntó copia fiel de la Ordenanza aprobatoria del cuadro tarifario correspondiente a los Servicios Sanitarios y de Distribución de Energía E. -Anexo I (fs. 76/79)- y los de Servicios Sanitarios que obran como Anexo II (fs. 80).

-- A fs. 75 vta. consta la promulgación por el Sr. Intendente Municipal de Trelew de la Ordenanza N° 10471, el 25 de Junio de 2008.- -- 4.- El reclamo administrativo es resuelto por el Organismo Regulador de Servicios Públicos mediante la Resolución Nº 22/08, dictada el 14 de noviembre de ese año, la que corre agregada a fs. 86/92 de autos.- -- En relación a la Ordenanza Nº 10471 el acto puntualiza que los reclamantes, con invocación del artículo 32º del Dto. Ley Nº 920, "no se agravian .respecto a la norma en sí, sino a la aplicación que de ella hiciera la C." (14º Cons.). Estima el Organismo, en el 16º Considerando, que no resultan aplicables a las Ordenanzas las ///disposiciones que contiene la precitada norma pues, cuando define su ámbito de competencia en el art. 2º, excluye a los actos legislativos, debiendo incluirse en este concepto a las disposiciones generales emanadas de la función legislativa municipal ejercida por el Concejo Deliberante local (16º Cons.).- Menciona un precedente judicial recaído en autos "G-, I. c/ Concejo Deliberante Trelew s/ Acción de Amparo" alegando que en ese caso -que considera análogo al presente- el sentenciante consideró correcta la emisión de la factura respecto de aumento tarifario, ya que la misma era posterior a la fecha de promulgación, y transcribe párrafos del fallo. Con ello concluye en que "no se advierte transgresión en cabeza de la Concesionaria respecto a la implementación de la Ordenanza Nº 10471".

-- En orden al "posible error en la aplicación del cargo fijo en el cobro del alumbrado público", se advierte acerca de la falta de legitimación de los usuarios para ello, pues se trata -dice- de una tasa, no obstante lo cual decide que la facturación del ítem es correcta.- -- En relación al cuestionamiento del redondeo de los montos, estima que el monetario es correcto, pero no lo es el producido en la medición del C. del servicio sanitario, a lo cual -señala- la C. se ha allanado.- Culmina entonces rechazando el pedido con referencia al primero y haciendo lugar al segundo.

-- Rechaza los reclamos referentes a las fallas del sistema de medición del servicio eléctrico por estimar que no se han acompañado ///elementos probatorios que permitan sostener éstas, y a la no inclusión de los registros históricos de los consumos en la facturas de los servicios que presta la Concesionaria, por no constituir obligación incluida en el Contrato de Concesión.- -- En síntesis, desestima el reclamo, excepción hecha del redondeo en la medición del servicio sanitario.--- -- La decisión es comunicada a la C. E., al Sr. Presidente del Concejo Deliberante y al Sr. Intendente Municipal todos de la ciudad de Trelew y al letrado de los reclamantes, el Defensor Público -Dr. Nelson RAPIMAN-, según constancias obrantes a fs. 93/96.--- -- 5.- El 24 de noviembre de 2008, las mismas personas (excepto el Sr. P. D. C.) siempre bajo el título de "Socios Autoconvocados de la C. E. T." y con el mismo patrocinio, deducen, por ante el Directorio del Organismo Regulador "formal recurso de Apelación" (fs. 97/101) contra la decisión aludida, encuadrándolo en los términos del art. 7º de la Ley Provincial Nº 4219 (en Digesto Nº VII-22).--- -- Justifican que esa norma adhiere a la Ley Nacional de Defensa a los usuarios y consumidores, asignándole -dicen- competencia a la ///Cámara de Apelaciones de la Circunscripción para la revisión judicial de los actos administrativos de las autoridades de aplicación que ella instituye; y con precedentes de este Superior Tribunal de Justicia, explican la naturaleza jurídica y el alcance de los denominados "recursos jurisdiccionales de apelación". En el Apartado III-Antecedentes, relatan las presentaciones que han efectuado y el tenor de las mismas.--- -- Se agravian que el acto administrativo del Órgano Regulador rechazó prácticamente todos los planteos que efectuaran, con excepción del referido a los redondeos de montos respecto al servicio sanitario. Con ello acusan que la Resolución Nº 22/08 de aquél es arbitraria, sosteniendo que al rechazar el planteo de improcedencia de la aplicación retroactiva de la Ordenanza Nº 10471 que aprueba el nuevo cuadro tarifario de los servicios públicos de electricidad y sanitarios de Trelew, hecho -añaden- reconocido por la Concesionaria, validando su comportamiento, se ha violentado el principio de legalidad.

-- Razonan que el argumento utilizado para justificar tal conducta, gira en torno a un precedente judicial que resolvió con anterioridad la cuestión, sin advertir -esgrimen- que se trata de un pronunciamiento de primera instancia que resuelve un caso individual. Ello -reflexionan- no habilita su consideración como "doctrina judicial" en la materia, y afirman que ese fallo no guarda estricta similitud con lo denunciado en el trámite cuya resolución los agravia, interpretando que en aquél ///se consideró válida la aplicación retroactiva porque se trataba de un bimestre (octubre-noviembre 2005) cuando la Ordenanza se sancionó en el mes de Noviembre de 2005 y se dijo -explican- que como las facturas se emiten bimestralmente en el caso no era posible cobrarlas desdobladas y con distintos valores, un mes sin aumento (octubre) y otro sí (noviembre).- No obstante -estiman- ello es discutible, y subrayan que ésa no es la situación que han denunciado en autos, donde las facturas que se emitieron con el nuevo cuadro tarifario corresponden a los meses de Marzo o Mayo de 2008 y la Ordenanza se sancionó el 16 de junio, y al no referir el Organismo Municipal a esta diferencia, ello pone en evidencia la precariedad del análisis efectuado.-- -- Discrepan además con la fecha en la que habría quedado promulgada la Ordenanza, mencionando que en el artículo 4º estableció que entraría en vigencia luego de su promulgación, y aseguran que ello ocurrió los primeros días del mes de Julio, en tanto la Concesionaria aduce que ocurrió el 25 de Junio ambos de 2008, lo que es -estiman- inexacto.- Añaden, refiriéndose a la facturación de los presentantes que anexaron, que "la Concesionaria no solo hizo aplicación retroactiva de la norma, sino que incluso la aplicó cuando todavía la misma no estaba vigente, con lo cual no era obligatoria" (fs. 99 vta.). Abonan su postura interpretando el art. 49º de la Carta Orgánica ///Municipal cuando establece que las Ordenanzas son obligatorias después de su publicación en el Boletín Oficial Municipal.-- -- Agregan que se han violentado los derechos que como usuarios y consumidores poseen al amparo de la legislación propia que invocaron en el escrito inicial y que de ningún modo -destacan- fue cuestionada por la Concesionaria. Por eso -señalan- cuando el Organismo Municipal analiza su legitimación para cuestionar la "tasa" de alumbrado público, viola el principio dispositivo -acusan- porque no fue una defensa que aquélla hubiera opuesto y omitió sujetarse a las postulaciones de las partes.- Además -aducen- el Órgano hace propias las argumentaciones de la contraria, apartándose de la reiterada doctrina que la primera fuente de interpretación es la ley. Consideran que si del Anexo I de la Ordenanza surge que el alumbrado público tendrá un cargo fijo, se debe entender que ésa es la característica de la tasa y así aplicarla.- -- Se agravian además del rechazo del planteo para que las facturas contemplen las variables históricas de los consumos, afirmando que es paradójico que la propia concesionaria reconozca la importancia de ese pedido, y de que el Órgano Regulador no dispusiera una investigación a fin de verificar la falta de controles en la medición de los consumos en los medidores de los usuarios. Con todo ello, piden que la alzada modifique el decisorio apelado.-- ///6.- Mediante Resolución Nº 23/08 del 1º de diciembre de 2008 -a fs. 107/110- el Órgano Regulador, en ausencia de un Código Contencioso Administrativo, aplicó la supletoriedad del caso dada por la Ley de Defensa del Consumidor, declaró admisible la vía recursiva impetrada e hizo lugar formalmente al recurso, elevando las actuaciones al Poder Judicial, notificándose la decisión a las partes según constancias de fs. 111 y 112.

-- 7.- Pocos días después, el 4 de Diciembre de 2008, interpretando las disposiciones contenidas en los artículo 9º inc. c) y 11º inc. c) del Marco Regulatorio de los Servicios Sanitarios, 26º y 32º del Marco Regulatorio del Servicio de Distribución de Energía E. y artículo 4º inc. f) del Anexo IV del Contrato de Concesión de Distribución de Energía E., conjuntamente con lo normado en el artículo 4º de la Ordenanza cuestionada, resolvió "instruir a la C. E.. T. para que .proceda a la refacturación de los servicios de distribución de energía E. y del servicio sanitario efectuados con anterioridad al día 25 de junio de 2008 en los que se haya hecho aplicación del cuadro tarifario aprobado por Ordenanza Nº 10471, acreditando a los usuarios las sumas que correspondan a partir de la próxima factura a emitir e informando al OMRESP de las operaciones efectuadas." (fs. 115/116).- ///8- Por Sentencia Interlocutoria N° 01/2009 (fs. 119/120) la Excma. Cámara -como se adelantara- reencauzó el recurso interpuesto, encuadrándolo en el marco de lo normado por los arts. 127°, 132° y conc. de la Ley N° 3098 (hoy -según Digesto- arts. 132, 137 de Ley Nº XVI-46). Así se resolvió porque - explicó el fallo- "el OMRESP...no recepta la vía recursiva impetrada por los interesados como la adecuada a los fines de canalizar sus pretensiones, siendo que el art. 9° de la Ordenanza N° 6517/99 establece que las decisiones del OMRESP son obligatorias para el concedente, el concesionario, los clientes, usuarios y terceros, y serán recurribles conforme el procedimiento contencioso-administrativo vigente".--- -- Explican los Sres. Camaristas el alcance del art. 7° de la Ley N° 4219 (hoy VII-22) y las características que, como organismo de control autárquico, surgen de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Trelew, para concluir en que, a tenor de lo establecido en el art. 127° de la Ley de Corporaciones Municipales (132 según Digesto) las Cámaras de Apelaciones y del Trabajo conocen originariamente en los "recursos" que se interpongan contra las resoluciones de éstas o de los Organismos Autárquicos creados por ellas en ejercicio de sus funciones propias. Y agregan "siendo que a esta Alzada...le corresponde examinar la admisibilidad ...sin estar obligada ni por la voluntad de las partes ni por la concesión hecha, por más que se halle consentida, ha de reencauzarse el recurso interpuesto..." (fs. 119 vta.) ordenando correr traslado a la C. E. T..

- ///9.- A fs. 124/126 ésta contesta el traslado, solicitando el rechazo de la acción. Expone que los apelantes no demuestran en su presentación cuál es el perjuicio sufrido ni en qué atenta a derecho la Resolución recurrida. Acusa que se limitan a realizar una narración de los antecedentes y de los argumentos con los cuales el Organismo Regulador emitió el acto motivo de recurso.

-- Menciona que se agravian los recurrentes de que el acto cuestionado violó el principio de legalidad teniendo por válida la facturación que emitió la C. aplicando la Ordenanza N° 10471/08, y se defiende señalando que ninguna norma ha sido vulnerada, pues se limitó a facturar los consumos de acuerdo a lo establecido en ésa. Niega la aplicación del art. 3° del Código Civil que pretenden los impugnantes esgrimiendo que su conducta "...estuvo ajustada exclusivamente a los lineamientos del cuadro tarifario allí aprobado" (fs. 124 vta.). Arguye que no hubo error en su aplicación y explica que obró del mismo modo que con la anterior Ordenanza Tarifaria, que dio motivo -recuerda- a una presentación judicial en donde el Juez Civil y Comercial N° 2 de Trelew, resolvió "...que la Ordenanza tendría vigencia a partir de la fecha de promulgación y que la utilización de la retroactividad resulta coincidente con las normas nacionales que otorgan incrementos tarifarios por cuanto siempre la facturación se refiere a períodos pasados"; argumenta que aplicó taxativamente el art. 4° de la Ordenanza, que fija la vigencia a partir ///de la fecha de su promulgación, y ésta se realizó -subraya- el 25 de junio de 2008 aplicando -insiste- el cuadro tarifario a partir de ocurrido tal acto. Alega "...cuestión que exime ...de cualquier otra consideración en cuanto a una supuesta incorrecta aplicación de la norma" (fs. 125).- -- Refiriéndose al argumento de los apelantes que mencionan violación de los derechos de los usuarios y consumidores desconociendo el Organismo Regulador lo normado por la Ley N° 24240 y el principio "in dubio pro usuario", interpreta que con ello tratan de "revocar" lo decidido en relación al error en la aplicación del cargo fijo y el vinculado a los redondeos de los montos, fundando la posición contraria.-- -- Por último, contrarresta las alegaciones acerca de la no inclusión de los registros históricos de C. en la facturación de servicios.--- -- II.- LA SENTENCIA APELADA:

-- El fallo de la Sala "B" de la Excma. Cámara de Apelaciones de Trelew (fs. 142/157) recurrido, revocó parcialmente la Resolución N° 22/08 del Órgano Regulador, en cuanto "no hiciera lugar al planteo efectuado en relación a la improcedencia de la aplicación retroactiva del nuevo cuadro tarifario aprobado por la Ordenanza Municipal N° 10471, condenando a la C. para que proceda a liquidar los consumos producidos con anterioridad a la fecha de vigencia de la Ordenanza aludida ///(25 de Junio de 2008) según tarifas vigentes al tiempo de producirse los mismos, acreditando los saldos a favor que hubiere percibido con motivo de la incorrecta facturación, imputándolos como crédito a favor del usuario en la factura próxima inmediata a emitirse una vez firme la presente, confirmando dicha resolución en todo lo demás que fuere materia de agravios".-- -- 1.- Indica el primer voto, que los impugnantes se alzan contra la Resolución Nº 22/08 del Órgano Regulador de Servicios Públicos mediante dos cuestionamientos, a saber "la aplicación retroactiva de la Ordenanza Municipal N° 10471, y la denuncia de otras situaciones que estiman irregulares en la facturación de tales servicios, compuesta a su vez de cuatro ítems: a) error en la aplicación del cargo fijo en el cobro del alumbrado público; b) violación del principio pro usuario en el redondeo de monto de los distintos conceptos a favor de la C.; c) falla en el sistema de medición del servicio eléctrico y d) necesidad de que las facturas contemplen las variables de los períodos históricos" (fs. 142 y vta). Destaca que los recurrentes justifican su impugnación alegando que ese acto administrativo se encuentra viciado en su legalidad por arbitrario, dogmático e incurrir en deficiencias técnicas y sintetiza los restantes agravios. Menciona luego la Resolución N° 24/2008 del Organismo Municipal y los fundamentos esgrimidos por la C. al contestar los agravios de los actores.- ///Sigue para su tratamiento el orden de los agravios de los presentantes, ocupándose en primer lugar, de la aplicación retroactiva de la cuestionada Ordenanza. Explica "...es que, sea por vía del art. 32° de la ley 920 o por aplicación analógica del art. 3° del Código Civil, resulta indudablemente que el proceder cuestionado por los actores en las presentes actuaciones, en cuanto se denuncia la improcedente facturación posterior a la promulgación de la Ordenanza, ocurrida el 25 de junio de 2008, la cual fuera emitida por la C. demandada aplicando el nuevo cuadro tarifario, tal como fuera admitido explícitamente por ésta, tengo para mí, que tal proceder es violatorio del principio de irretroactividad establecido en idénticos términos por ambas normas" (fs. 145/145vta.). Transcribió el artículo de la ley de procedimiento provincial comentado para definir que su aplicación retroactiva es excepcional siempre que concurran los presupuestos que contiene la norma en el inciso 3°, que -aseveró- "...en la especie ni siquiera fue sugerido que concurrieran". Citó el precepto referido del Código de fondo y con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Nación y de la posición mayoritaria obtenida en el III Congreso Nacional de Derecho Civil relativa a los efectos de las leyes en el tiempo expuso tres reglas: a) que las leyes, en principio, rigen para lo futuro; b) el Congreso puede dictar leyes con efecto retroactivo mediante declaración expresa; c) en este caso, no obstante, la retroactividad no puede afectar los derechos amparados en la Constitución. De ello derivó que "el principio de la irretroactividad deja de ser un mero criterio interpretativo y pasa a ser una exigencia constitucional en el supuesto que la aplicación retroactiva de la ley redunde en menoscabo de la propiedad particular, pues no se puede sancionar leyes que afecten derechos ///adquiridos de carácter patrimonial, pues si así se hiciera, se vulneraría la garantía constitucional de la propiedad privada..." (fs. 146).- -- Advirtió el Camarista que la existencia de un precedente, dado por un Tribunal de grado relacionado a una situación similar, pero bajo la vigencia de la Ordenanza Nº 9765 que -aclaró- fijó un aumento tarifario disponiendo que regía a partir de su promulgación, en el que se entendió que la facturación cuestionada era correcta, puntualizó "...esto es, que se facturaran consumos anteriores a la fecha de entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, es una opinión que no vincula a este tribunal de alzada de ninguna forma..." (fs. 146).- Porque -sentenció- "...la ordenanza tarifaria rige solo para los consumos que se devenguen a partir de su entrada en vigencia no así para los pasados, por cuando entenderlo de otro modo traduce ni más ni menos que en una aplicación retroactiva de las nuevas tarifas que contiene la ordenanza 10471" (fs. 146) y justificó "...la irretroactividad...implica que la nueva ley no puede volver sobre situaciones o relaciones jurídicas ya agotadas, ni sobre los efectos ya producidos de situaciones o relaciones ya existentes" (fs. 146 vta.).- -- Vinculó el concepto de irretroactividad con el de seguridad jurídica, añadió una cita del comentario que del art. 3° del Código Civil realiza Jorge LLAMBÍAS y con ello falló "...para el caso de los hechos pasados -consumos - y sus consecuencias producidas o consumadas -devengamiento de la tarifa vigente durante el tiempo que ella aconteciera-, en ///tanto que han agotado su virtualidad que les es propia, no pueden ser alcanzados por la nueva ley, conforme a la noción de "C. jurídico" y si los afectara se incurre -como sucediera en la especie- en retroactividad" (fs. 146 vta.).

-- Tomó una frase del dictamen del Asesor Legal del Órgano Regulador cuando opinaba que "la utilización de la aplicación de la Ordenanza para períodos no facturados tiene como resultado paliar la antelación de la externalidades que motivaron el reconocimiento del incremento del Valor Agregado de Distribución..." y consideró el Sr. Juez de Grado que ello "pone en el tapete si es o no de aplicación la ley de protección al consumidor y usuario al supuesto de autos". Así, luego de definir -desde una visión economicista- las "externalidades" y sus efectos (fs. 147) estimó de aplicación lo normado en los arts. 3°, 25°, 37°, 40° bis y concordantes de la Ley N° 24.240 argumentando "...tales externalidades negativas derivadas del aludido incremento del valor agregado de distribución ...no es hacedero que se imputen a los usuarios tal como lo reconoce explícitamente dicho asesor legal ...para paliar la antelación de las externalidades...Ello a más de comportar ...un claro reconocimiento de la aplicación retroactiva de la ordenanza tarifaria N° 10471" (fs. 147 in fine y vta.) Y agregó que el contrato de concesión que se citaba establece "...la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios se aplicarán al período de facturación posterior al correspondiente a la fecha de aprobación..." refiriendo que específicamente la Ordenanza de referencia, lejos de establecer su vigencia retroactiva, en el art. 4° dispone "La ///presente...tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación" lo que ocurrió -destacó el Magistrado- el 25 de junio de 2008.

-- Finalmente, señaló la contradicción en que incurrió el Organismo mencionado, entre el dictado del acto que se cuestiona y la Resolución N° 24/08 distinguiendo uno de otro por la fecha de emisión de la factura, aclarando el Sr. Camarista "...resulta indiferente la fecha en la cual se factura por cuanto en todo caso los consumos ocurridos antes de la promulgación y entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario deben ser liquidados según la tarifa vigente al momento en que tales consumos se realizaron". De ese modo, encontró admisible el agravio de los presentantes, propiciando la revocación parcial de la Resolución N° 22/08 en crisis.

-- Rechazó luego los agravios referidos al "error en la aplicación del cargo fijo en el cobro del servicio de alumbrado público", el aplicado al redondeo del C. de los servicios sanitarios, como así también la alegada "necesidad de que las facturas contemplen las variables de los períodos históricos".

-- Estimó por último el Magistrado, que debía tenerse por desierto el ataque dirigido a las "fallas del sistema de medición del servicio eléctrico".

///2. El segundo voto arribó a la misma conclusión.- -- Para ello, relató los antecedentes obrantes en las actuaciones e hizo notar que aún en el supuesto de considerar inaplicable el art. 32° del Dto. Ley N° 920 a la Ordenanza Municipal N° 10471, por interpretarse que se trata de un acto de naturaleza legislativa y como tal excluido del citado ordenamiento, por aplicación del art. 2° de aquél, ello -afirmó- no modifica el momento a partir del cual produce efectos dicho acto. Argumentó "el alcance previsto por el citado art. 32° o el principio de irretroactividad consagrado por el art. 3° del Código Civil permite señalar que resulta improcedente la aplicación por el ente cooperativo del nuevo cuadro tarifario con efecto retroactivo y que diera lugar a la facturación dispuesta con posterioridad a la promulgación de la O.M. N° 10471 acaecida el 25 de junio de 2008" (fs. 151).- -- Entendió, con cita de FIORINI, que el acto administrativo debe ser irretroactivo por los principios constitucionales que rigen la inviolabilidad de los derechos adquiridos. Fundó que el efecto normal de un acto administrativo nace para el futuro a partir de su notificación válida, aunque reconoce "diversos supuestos" en que validamente puede producir efectos retroactivos, por ejemplo -añadió- por texto expreso del acto, por acuerdo con el particular, cuando no se lesionan derechos de terceros y hay sustento fáctico suficiente para dar validez en el pasado a lo que el acto resuelve. Con CASSAGNE destacó que el principio de no retroactividad del acto administrativo constituye una consecuencia de la garantía genérica de no afectación ///de los derechos constitucionales que se han incorporado al patrimonio del administrado; con ello estimó que la Ley de Procedimiento Administrativo provincial no hace más que consagrar el principio de irretroactividad de las leyes establecido en el art. 3° del Código Civil, pues lo contrario -la retroactividad, puntualizó- requiere que no se afecten derechos amparados por garantías constitucionales. Señaló que "el legislador es dueño de sujetar a un cierto comportamiento la conducta presente de los hombres...En cambio, no es dueño de cambiar lo pasado, que ocurrió de conformidad al régimen legal entonces imperante, y especialmente no es dueño de declarar, en términos generales, que lo que fue ajustado a derecho en su tiempo, no haya sido legítimo, porque tal declaración resultaría absurda" (fs. 151 vta./152).--- -- En relación al pronunciamiento dictado por un tribunal de la anterior instancia en una situación similar, subrayó que esa opinión de ningún modo es vinculante para la Alzada, porque justificó con BIDART CAMPOS "el juez actúa en ejercicio de una función de individuación de la norma general "en" y "para" un caso singular y concreto" (fs. 152) poniendo de manifiesto el Magistrado que no comparte el criterio sentado en esa causa que permitió la aplicación retroactiva de un aumento de tarifa a consumos registrados con anterioridad, en clara violación -estimó- de derechos adquiridos de orden patrimonial; destacó que "el cuadro tarifario aprobado por O.M.N° 10471 tiene vigencia a partir de la fecha de su promulgación...por lo que rige ///para los consumos registrados a partir del 25 de junio de 2008...quedando así excluidos los consumos producidos con anterioridad como consecuencia del principio de irretroactividad previsto por el art. 3° del Código Civil, seguido también por el art. 32° 1. de la ley 920" (fs. 152 vta.).

-- Abonó su postura desarrollando la idea de "C. jurídico" y con ella afirmó "...los consumos habidos con anterioridad a la vigencia de la O.M. 10471 deben computarse conforme al cuadro tarifario que se encontraba vigente en ese momento. Tales consumos no pueden ser alcanzados por una nueva ley...ya que se trata de hechos pasados que agotaron su virtualidad" (fs. 152 vta.).

-- En coincidencia con su Colega preopinante afirmó, por una parte, que el Asesor letrado del Organismo Regulador reconoció abiertamente la aplicación retroactiva de la Ordenanza, tratando de ensayar -expresa- una justificación desde una perspectiva económica pero no jurídica; e insistió "...los efectos negativos que resultan del incremento del valor agregado de distribución no pueden ser soportados por los usuarios del servicio en forma retroactiva toda vez que los consumos ya producidos son hechos pasados, y como tales alcanzados por la idea de C. jurídico". (fs. 153). Y por la otra, consideró "indudable" la aplicación al presente de la Ley de Defensa del Consumidor, a la que calificó como de orden público y vigente en todo el territorio nacional, sin que pueda la Provincia apartarse del piso brindado por esa. Con ello falló "no puede considerarse que resulte normativa más favorable para el usuario la aplicación retroactiva del cuadro ///tarifario aprobado por la Ordenanza Municipal N° 10471 respecto de los consumos anteriores a la entrada en vigencia" (fs. 153 vta.).

-- Citó el Anexo II, Cap. 8.5 del mentado contrato de concesión y precisó "el mismo establece...que la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios son aplicables desde el primer día del período de facturación posterior al correspondiente a la fecha de aprobación...entendiendo a éste referido a consumos posteriores y no anteriores, única forma de facturación que presenta concordancia con el alcance del art. 3 del Código Civil y principio de irretroactividad consagrado por esa normativa". (fs. 153 vta.) Además observó la redacción de la Resolución N° 24/08 del Órgano Regulador para concluir que con su emisión "no se zanja la aplicación improcedente de la facturación a consumos pasados, pues sólo se admite tal procedimiento si la facturación se emitió con anterioridad a la promulgación de la O.M. 10471" y amplía "no resulta ...relevante la fecha de facturación...sino que la cuestión radica en determinar si esa facturación aplicando el nuevo cuadro tarifario comprende períodos de consumo anteriores a la promulgación de la citada ordenanza, pues en tal caso existe violación al principio de irretroactividad..., por afectar derechos adquiridos al amparo de la anterior ordenanza" (fs. 154).- -- Desestimó los planteos de error en la aplicación del cargo fijo en el cobro de servicios de alumbrado público, redondeos, y el dirigido a que las facturas contemplen las variables históricas de C..- ///Idem los reclamos relativos a fallas en el sistema de medición del servicio eléctrico.

- -- III.- EL RECURSO DE APELACIÓN:

-- 1.- Se alza contra este fallo la C. E. de C. y V. L. T. mencionando que es motivo de expreso agravio la orden dada en la Sentencia para revocar parcialmente la Resolución N° 22/08 del OMRESP, que -según alega- toma literalmente el artículo 3° del Código Civil y analógicamente el 32° del Dto. Ley N° 920 para declarar que con la aplicación de la Ordenanza tarifaria se violó el principio de irretroactividad en ellas establecido, lo cual -alega- le producirá serios perjuicios.

-- Manifiesta la dificultad de "echar por tierra la frondosa argumentación" de los respectivos votos, no obstante -argumenta- "la situación planteada con la aplicación de la Ordenanza tarifaria en forma retroactiva debe contemplarse dentro del peculiar mercado energético y ... las normas nacionales que otorgan incrementos tarifarios en forma retroactiva" (fs. 168 vta.).-- -- Aduce que la Ley N° 25561 y sus prórrogas fueron normas dictadas para superar el estado de emergencia en el sector eléctrico, adhiriendo la Provincia a esa normativa por Ley VII N° 29 (antes Ley N° 4818).- En ese marco -opina- se resaltó que las disposiciones son ///de orden público y que además admiten la retroactividad de sus disposiciones.- -- Comenta que el E. N. R. D. L. E. (E.) invocó esas normas al defender la impugnación de los aumentos tarifarios dispuestos por Resoluciones N° 628/08 y 654/08 que procedían a recalcular las tarifas de las distribuidoras del área metropolitana "E. S.A.", "E. S.A." y "E." aplicables desde el 1° de octubre de 2008 considerando los precios de la energía y potencia aprobados por Resolución N° 1169/08 de la Secretaría de Energía de la Nación. Alega el "E. dejó aclarado que las mencionadas resoluciones habían sido dictadas durante la vigencia de la emergencia pública prevista en la ley 25561 cuestión asimilable al dictado de la ordenanza que nos ocupa" (fs. 169) opinando que la retroactividad debe ser practicada sobre la razonabilidad.- -- Se agravia además que el fallo le imponga un plazo para liquidar los consumos producidos con anterioridad a la fecha de vigencia de la aludida ordenanza, exigiéndole que acredite los supuestos saldos que existieran a favor de los usuarios en la próxima factura. Esgrime que las C. constituye un grupo de personas que consiguen satisfacer sus necesidades socio económicas a través de esa figura legal, la cual caracteriza y menciona que en ella los asociados "cooperan" o practican "cooperación" y detallando sus rasgos ///esenciales, narra que en nuestra Provincia los servicios de energía, agua y cloacas son prestados por C. que constituyen formas constructivas de protección, defensa o reacción de grupos de personas frente a la escasez, las maniobras abusivas, la intermediación innecesaria y la fijación de tarifas justas y razonables que -aduce- "...al tratarse de entidades sin fines de lucro, creadas con el objeto de proporcionar servicios a sus usuarios, ...pueden calcular lo más exactamente posible sus costos de producción y/o distribución, establecer fondos o reservas para consolidar o expandir sus servicios y, eventualmente, devolver al asociado, bajo forma de retornos, los posibles excedentes de percepción revelados por sus balances anuales" (fs. 170).-- -- Describe que con el Estado Municipal mantiene una relación directa como concesionaria de la distribución de esos servicios y -subraya- como "...concedente el Estado se arroga algunas facultades exclusivas como la fijación de la tarifa de los servicios prestados por el concesionario".

-- Expone que como consecuencia de la salida de la convertibilidad los costos de la institución se incrementaron sostenidamente sin que los ingresos acompañaran ese incremento, detallando que desde el año 2005 se ha producido un endeudamiento de la entidad que en el año 2008 alcanzó los $ 9.685.200. Manifiesta que ello es conocido por la concedente y que el Órgano Regulador en un informe de marzo de 2007 dejó sentado que en la C. "existía un "gran déficit en los gastos corrientes, alertó acerca de la imposibilidad de cumplimiento del plan de inversiones proyectados imprescindible ello para abastecer el crecimiento de la ///demanda" (fs. 170). Resumiendo la opinión del órgano expresa que "aún con la expansión de los servicios y la consecuente mayor recaudación los fondos no resultarán suficientes para afrontar las obligaciones durante el año 2007 ya que estaría concluyendo el año con un monto de $ 10.805.792 por debajo de la suma que se proyecta recaudar por la facturación de los servicios de energía, agua y cloacas" (fs. 170 y 170 vta).

-- Destaca que por un importante esfuerzo asumido por la C., desde el 2002 y hasta la efectiva aprobación del cuadro tarifario -junio de 2008- los socios no percibieron una disminución en la calidad de los servicios en el área energía y saneamiento, lo que se hizo a expensas de un crecimiento importante del endeudamiento y deterioro del patrimonio de la Institución.-- -- Con transcripción parcial de Informes Anuales de los Auditores Externos expone que a partir de los mismos el poder concedente, por la Ordenanza Nº 10471, aprobó el nuevo cuadro tarifario recién el 19 de junio de 2008, alegando que la condena a "imputar como crédito a favor del usuario en la factura próxima" que ordena el fallo opugnado "puede significar lisa y llanamente la desaparición" de la C., ya que la extensión del resolutorio a la masa de asociados -advierte- importará una erogación aproximada de $ 2.990.000. Monto que surge -explica- de considerar las distintas rutas existentes para tomar ///el estado de los medidores, los distintos vencimientos de facturas y consumos y el tipo de usuario, sea residencial o gran usuario.- Realiza un ejemplo para demostrar cómo obtiene esa cifra (fs. 171 vta) y añade que para interpretarlo debe atenderse que operativamente la medición de la energía consumida en la ciudad se divide en dos sectores, que los períodos de consumos son bimestrales y la facturación es mensual.- -- Se defiende expresando que "devolver parte de la tarifa, supuestamente cobrada en exceso, a los socios dueños de la C. empobrece a éstos no teniendo sentido económico ni jurídico ...pensándose en la devolución al universo no a los actores..." (fs. 171 vta.) e insiste "si la empresa fuera privada o estatal, la cuestión sería distinta, pero en este caso la devolución es inconducente" (fs. 172).

- -- Alega que el incremento aprobado está relacionado con la necesidad de cubrir los costos reales de energía y su distribución, refiere que en todo el país se está subsidiando a los usuarios a través de tarifas que no reflejan los reales costos, y este aumento -subraya- no resuelve el problema sólo se aproxima a esos costos; destacando que "la energía consumida con anterioridad a la fecha de la ordenanza estaba lejos de pagarse con las tarifas anteriores al incremento ...tomar sólo el período íntegro de facturación es apenas una mínima contraprestación por un servicio que viene siendo subsidiado desde antes...la devolución representaría una grave injusticia sobre el alcance que debe tener una tarifa de servicios públicos" (fs. 172).-- ///2.- Corrido el traslado de rito, responden dos (2) de los integrantes del denominado grupo de "Socios Autoconvocados de la C. E. T." a fs. 174/176 y vta.-- -- Exponen que vienen a sostener la parte del fallo que ha sido apelada por considerar que el mismo se ajusta plenamente a derecho.- -- En relación a los alegados perjuicios que adujo la parte apelante sufriría de modificar su facturación según le fuera ordenado, invocando para ello el peculiar marco energético y las normas nacionales de aplicación, consideran conveniente rechazar ese argumento, por cuanto el mismo carece de razonabilidad, al no resultar aplicables- afirman- las normas que en bloque se han denominado "Legislación de Emergencia". Con cita de un fallo de la Corte Suprema de Justicia destacan que esa situación no se corresponde con la existente en la ciudad de Trelew a mediados del 2008, cuando se sanciona la Ordenanza, cuya aplicación retroactiva ha sido cuestionada.--- -- Señalan que este argumento se introduce por primera vez en esta instancia, pues -manifiestan- en anteriores sedes la C. ha negado sistemática y rotundamente haber hecho aplicación retroactiva de la norma que aprobó el nuevo cuadro tarifario. "Nunca hasta ahora ... y entiende esta parte que pretender justificar ese temperamento ///por aplicación de la Legislación de Emergencia...es improcedente e inconducente por extemporáneo, además de ilegal" (fs. 175) y cita precedentes del Cuerpo.

-- Acusan de "tremendista" el segundo agravio planteado por la C. y que justificó caracterizando la entidad y los montos a los que ascendería la reliquidación de los consumos. Aseveran que esa afirmación es errónea, esgrimiendo que no se ajusta a la realidad económica de aquélla que "está lejos de padecer la crítica y angustiante situación...que se presenta en el recurso" (fs. 175 vta.). Justifican que a raíz del cambio de autoridades se han publicado en los medios masivos de la zona los Estados Contables de la entidad. Relatan que, por ejemplo, en la edición del 27 de Octubre de 2009 el Diario E. C. bajo el título "El balance dio superávit de más de cuatro millones" efectuó declaraciones el síndico saliente informando "el balance que cerró el 30 de Junio de este año dio como resultado un superávit de 4.200.000 pesos, el cual será puesto a consideración de la Asamblea de Delegados que se realizará el 2 de Noviembre". El mismo periódico del jueves 12 de noviembre exponía las declaraciones del Gerente General de la entidad que expresaba "la entidad está financieramente "estabilizada", aunque reconoció que no es la panacea, los índices y la aprobación de los balances permiten avanzar en el desarrollo de la misma" (fs. 176). Y finalmente, citan el Informe Anual de Auditoría del 22 de Setiembre de 2009 que concluyó "se puede destacar una mejoría en la situación general de la C. que se refleja con utilidades en el estado de resultados así como un aumento del patrimonio del ente aumentando los activos y disminuyendo los ///pasivos siendo el sector de aguas el único que presenta un déficit operativo".- -- De ello derivan que el agravio "técnicamente no se autoabastece" ya que no cumple -acusan- una crítica razonada de la sentencia que impugna, sostienen que la crítica solo contiene afirmaciones cuestionables y opiniones discordantes con lo resuelto por la Cámara.- -- Solicitan que se confirme el fallo apelado.

-- 3.- A fs. 179 y vta. emite su Dictamen el Señor Procurador General. Luego de especificar lo que ha sido materia de queja, los fundamentos de la decisión de los Sres. Jueces de Cámara y los agravios invocados por la C. para justificar la revisión que pretende, advierte el Magistrado que la condena a reliquidar y reembolsar o acreditar las diferencias resultantes de la ilegítima implementación del aumento no es más que una consecuencia del accionar violatorio de la ley, y opina que resultando deficitaria la queja a ese respecto, no podría avanzarse sobre el otro capítulo derivado del anterior. Añade que en las argumentaciones de la quejosa se observa un exceso al límite previsto en el art. 277° del C.P.C.C. pues no fueron propuestos a los Jueces de anterior instancia.-- -- IV.- ANÁLISIS: -- ///Descriptos los antecedentes de la causa, el pronunciamiento cuestionado y la pieza recursiva presentada por la C. E. C. y V. L. de la ciudad de Trelew, deviene procedente examinar, de manera preliminar, si el remedio intentado es procesalmente idóneo.

-- 1.- En tal sentido, la jurisprudencia del Cuerpo es profusa en orden al ineludible recaudo de crítica razonada.

-- 1.1.- Sostuve en mi voto en S.D. N° 8/SCA/07 (in re "A..."), aludiendo a la invariable doctrina sobre el contenido de la expresión de agravios que "...ésta es el acto procesal mediante el cual el recurrente fundamenta la apelación refutando total o parcialmente las conclusiones establecidas en la sentencia. Por sus alcances importa una demanda tendiente a obtener la apertura de una instancia, pues sin este memorial, el Tribunal se encuentra imposibilitado de entrar a verificar la justicia o injusticia de la sentencia apelada, y como su objeto lo constituye el ataque a la decisión del juez, la doctrina la denomina "demanda de impugnación".--- -- Reiteraba en ésa, la que fue mi opinión en S.D. N° 7/SROE/06 (in re "P..."), "...La expresión de agravios, no es una simple fórmula vacua y carente de sentido sino que constituye una verdadera carga procesal y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una crítica razonada y concreta de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Lo concreto se refiere a lo preciso, determinado, debe decirse cuál es el agravio, no es bastante la enumeración de éstos".- ///Reproduje también en el fallo que vengo glosando, mis dichos en S.D. N° 4/SROE/05 (en "Municipalidad de Puerto Madryn...") y 3/SCA/07 (en "P...")- donde con cita de Gernaert WILLMAR afirmé "El elemento con contenido intelectual que contempla el acto impugnativo", debe "contener" el razonamiento sobre la censura, en su referencia al agravio producido y al vicio o vicios experimentados como consecuencia de la resolución impugnada, se trata de exhibir fundadamente una interpretación del gravamen provocador de la instancia impugnativa, por la cual se pretende destruir las premisas o conclusiones de la resolución atacada, o convencer sobre su pretendida ilegalidad en pro de la anulación" (V. DE SANTO, "Tratado de los Recursos" T° 1, pág. 331).

- -- Insisto, el ataque contra el fallo que se cuestiona debe ser concreto, preciso y claro, por cuanto -como dice TESSONE- "...las potestades decisorias del órgano jurisdiccional de segunda instancia...sufren una doble limitación, por una parte la que resulta de la relación procesal y por la otra la que impone el recurrente a través de su expresión de agravios" ("El recurso de apelación y los capítulos no propuestos al inferior" - J.A. 1985-IV -(octubre-diciembre)).--- -- 1.2.- Así las cosas, a poco de adentrarme en el análisis del libelo que trae la C. obrante a fs. 168/172, puedo aseverar con certeza que el recurso se desentiende de los fundamentos de la sentencia, no replica los argumentos dirimentes del fallo y prescinde ///de atacar las razones dadas por los sentenciantes para llegar a la conclusión que opugna.- -- Véase que afirmó la quejosa en uno de sus párrafos "...difícil será echar por tierra la frondosa argumentación que los...(Sres. Magistrados)... hacen en sus respectivos votos..." para justificar la decisión de hacer lugar parcialmente a la revocación de la resolución del órgano municipal, solicitada por los "Socios Autoconvocados" en este pleito, y -es claro- no logró superar la dificultad que puso de manifiesto para desestabilizar aquéllos.

-- Mencionando solamente aquellos argumentos pertinentes a la cuestión que se controvierte, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones entendió que la Ordenanza de la Municipalidad de Trelew mediante la cual se aprobaron nuevos cuadros tarifarios, rige sólo para los consumos que se devenguen a partir de su entrada en vigencia, no así para los anteriores. Consideró que entenderlo de otro modo importa una aplicación retroactiva de ese incremento, aseverando que la irretroactividad implica que la nueva ley no puede volver sobre relaciones jurídicas ya agotadas; citó doctrina para justificar la aplicación del artículo 3° del Código Civil y completó la fundamentación con teorías que, desde el punto de vista economicista, refieren a cómo las "externalidades" y sus efectos externos e internos influyen de modo positivo o negativo en el intercambio de los bienes y servicios que realizan los consumidores, justificando que no puede trasladarse a los usuarios el incremento del ///valor agregado de distribución, como estima reconoció el asesor legal del Organismo de aplicación. Con cita de doctrinarios, razonó que la aplicación retroactiva de la nueva tarifa afecta derechos protegidos por garantías constitucionales, puntualizó la idea de "C. jurídico" y aludiendo al Contrato de Concesión del servicio precisó que la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios son aplicables desde el primer día del período de facturación correspondiente a la fecha de aprobación, interpretando que éste debe comprender consumos posteriores y no anteriores.

-- Frente a ello, la exposición efectuada en el escrito recursivo no conmueve -ni atina a intentar conmover, tal lo confesado- tales fundamentos. Se limita a exponer, que cuando la sentencia ahora en crisis se pronuncia a favor de la revocación parcial del acto administrativo del ente regulador municipal, lo hace aplicando "literalmente" el artículo 3° del Código Civil y analógicamente el artículo 32° del Decreto Ley N° 920 (ahora en Digesto Ley Nº I N° 18), omitiendo acompañar sus alegaciones con una construcción jurídica hábil para rebatir la extensa fundamentación dada por los Magistrados que, razonando conceptos tales como la "externalidad económica", los "hechos pasados", el "C. jurídico" y la "seguridad jurídica" justificaron el criterio conforme el cual, la Ordenanza N° 10471/08 había sido aplicada retroactivamente, gravando los consumos energéticos de los reclamantes anteriores a la ///fecha de entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, violentando de ese modo el principio que aquéllos preceptos consagran, armonizándolo con el derecho de propiedad, de raigambre constitucional.

-- Para así fallar, los Sres. Jueces de Cámara hicieron hincapié que del propio texto del acto surge que el mismo adquiría vigencia a partir de su promulgación, la cual, según constancias de autos, acaecía el 25 de junio de 2008 (fs. 75 vta.) y este hecho fundamental, tampoco fue contrariado por la quejosa.- -- Por otra parte, se agravia la apelante del plazo de cinco días proporcionado por el a quo para "reliquidar" los consumos producidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de aquélla, ordenando acreditar los saldos existentes a favor de los usuarios en las facturas que, una vez firme el fallo impugnado, emita la entidad recurrente, lo que trata de demostrar exponiendo una situación de endeudamiento, de tal suerte que ello le producirá "serios perjuicios" y aún que "puede significar lisa y llanamente la desaparición" de la C., lo cual es un lamento insusceptible de obliterar el derecho reconocido en la sentencia. Y completa, detallando el tipo societario que posee -C.- las características que asumen individualmente los "socios", aludiendo que la devolución ordenada -de la que se agravia- no hace más que "empobrecer" a aquéllos, dueños de la misma.--- ///Creo que olvida explicar acabadamente de cómo, si la misma persona del socio es el usuario, se beneficia en calidad de uno (socio) al empobrecerse en calidad de otro (usuario), pues el incremento retroactivo da como resultado esto último.- -- La alegación es asimismo ineficiente para elucidar el porqué -según afirma- la devolución es en este caso inconducente, cuando no lo sería en caso de que se tratase de empresa estatal o privada.

-- Tampoco resulta una refutación precisa y concreta, el pormenorizado detalle efectuado de los costos financieros ni el comentario que realiza refiriéndose a su relación con el Estado Municipal, quien le asignó la calidad de Concesionaria del servicio y se reservó la potestad exclusiva de fijar las tarifas de aquéllos.- -- En definitiva, itero, omite la recurrente realizar la crítica que debe contener la expresión de agravios, que como manifesté debe ser razonada, porque "...si las referencias concretas a la causa se limitan a meras lamentaciones, sin un armazón lógico que supere el razonamiento del juez apelado, el escrito no tiene virtud para abrir la jurisdicción de alzada". (Conf. LOUTAYF RANEA - El recurso ordinario de apelación en el proceso civil - Legislación, doctrina y jurisprudencia - Tomo 2 - Astrea - pág.161).- "Aquellas críticas que no son específicas y motivadas, que no demuestran los errores, no ///merecen ser atendidas y llevan a la deserción al recurso". Así se hubo resuelto, entre otras, en S.D. N° 20/91, 8/92, 51/92, 11/94, 28/SRE/97, 97/SRE/98, 23/SRE/00, 12/SRE/01 y 8/SCA/07.--- -- En definitiva, en este orden de análisis, sintetizo que la C. apelante no descalifica en debida forma por ante esta Alzada el impecable análisis jurídico efectuado por los Sres. Camaristas, quienes correcta y acabadamente expusieron la postura que estimaron ajustada a derecho para fundar la Sentencia recurrida, arribando de ese modo a la conclusión de que había existido una improcedente aplicación retroactiva de los cuadros tarifarios sobre consumos producidos con anterioridad a la aprobación de aquéllos.- No embiste directamente contra la calificación realizada por el a quo, no expone cuáles serían las falencias en el razonamiento efectuado por la Cámara para arribar a tal conclusión y las simples alegaciones traídas a consideración para rebatir lo resuelto, lejos están de contradecir seriamente la misma, esgrimiendo una mera disconformidad con la decisión.- Consecuentemente, no son suficientes para hacer tambalear la plataforma argumental contenida en el fallo opugnado, y ello resulta suficiente para proponer el rechazo del mismo.- -- 2.- Sumado a ello, dable es atender que planteó la C. recurrente que el a quo debió considerar la aplicación de la Ordenanza tarifaria en lo que denominó un "peculiar mercado energético" invocando normas nacionales y mencionando incrementos que fueron ///aplicados de manera retroactiva en ese ámbito. Aludió para justificar estas alegaciones a la Ley N° 25561 y las sucesivas prórrogas, a la cual adhirió nuestra Provincia por Ley Nº VII - 29, comentando que -siempre a nivel nacional- en ese contexto de emergencia el Ente Regulador de Energía defendió la impugnación de los aumentos dispuestos por Resoluciones que recalculaban tarifas de las distribuidoras del área metropolitanas. Y con ello, defiende la quejosa la aplicación retroactiva de los incrementos con la salvedad de que sea practicada con razonabilidad.-- -- En relación a este planteo, puede señalarse que el mismo tal vez constituya un muy buen argumento para llevar por ante el Municipio de la ciudad de Trelew -con quien lo une un Contrato de Concesión para la provisión de los servicios- con el objeto de renegociar el valor que la C. E. pretende percibir por la prestación que brinda a los "socios/usuarios", considerando los diversos incrementos que dice se han producido desde la salida de la convertibilidad hasta la fecha, a fin de paliar el déficit que dice tener, y para poder afrontar -según alegó- el cumplimiento del plan de inversiones que tiene proyectado. Pero de ningún modo, resulta éste un fundamento atendible en el marco de la apelación deducida, para respaldar la pretendida refutación que debió traer a esta Alzada.--- ///Expresa TESSONE "el recurso de apelación, como medio impugnatorio . que permite al justiciable llevar a conocimiento de un tribunal superior la resolución que estima injusta, para que la modifique o revoque, está concebido en nuestra legislación...como una revisión del material incorporado ...a fin de reparar los posibles errores que exhiba la sentencia apelada...se trata únicamente, de confrontar el contenido del decisorio recurrido con el material fáctico y jurídico arrimado en la instancia de origen con el objeto de determinar si ese material ha sido correcta o incorrectamente meritado." (Trabajo citado).--- -- Y este argumento descripto que se introduce en el planteo recursivo, configura una cuestión novedosa "lo cual excede el límite de los poderes del Tribunal de Alzada, que está dado por los capítulos propuestos a la decisión del Juez de Primera Instancia" (art. 280° Ley XIII N° 5, antes art. 277° Código Procesal - conc. C. Nac. Apel. Del Trabajo Sala I, abril 30 de 1992. Derecho del Trabajo 1992-B, pág. 2055).

-- Este Tribunal, en anterior integración, tuvo oportunidad de precisar la idea de "capítulo no propuesto".- En S.D. N° 12/95 (in re "F."), expresaba que "la Alzada habrá actuado legítimamente, si en su pronunciamiento no alteró ninguno de los elementos que integran la pretensión y oposición: sujetos, objeto y causa; que le está vedado analizar agravios que signifiquen cambiar, reemplazar, suprimir, alguno de los sujetos activo o pasivo; que no puede modificar el objeto inmediato de la pretensión, ni mutar el ///objeto mediato, ni alterar la causa, que radica en la concreta situación de hecho a la cual se atribuye el efecto jurídico" (voto del Dr. Martín). En SD Nº N° 18/SRE/99 (in re "A. B...") se citaba a NEVARES en su trabajo "Los tribunales de alzada frente a la apelación procesal" (JA 1946 -II- 123) estimándose "el factor decisivo para que una cuestión pueda ser tratada y resuelta en apelación no es que haya sido examinada por las partes y resuelta por el primer juez, sino que pueda ser examinada y resuelta por hallarse comprendida en la demanda; la prohibición de nuevas demandas en apelación no implica el rechazo de nuevas razones si éstas se encuentran dentro de los límites de la demanda propuesta al juez de primera instancia", ocurriendo lo propio cuando se trata de la contestación de demanda como se da en la especie" (voto Dr. Torrejón). Y en el sub-judice no se observa este argumento en el escrito de la C. ahora apelante, anexado para contestar el traslado que la Cámara de Apelaciones de Trelew le corriera, luego de direccionar la opugnación como acción contencioso-administrativa.-- -- Además, innumerables fallos abonan esta postura. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro sostuvo "según lo prescripto por los artículos 271 in fine y 277° del Código Procesal, le está vedado al tribunal de alzada pronunciarse sobre capítulos no propuestos al juez de primera instancia. Nuestro ordenamiento procesal está organizado en el sentido de impedir que la segunda instancia se convierta en un nuevo juicio, en el que sea procedente la introducción de nuevas pretensiones o defensas ajenas a las que fueron objeto de ///debate en anterior instancia" (Sent. del 05.6.2003 "M, J..." citado en la obra de Guillermo ENDERLE "La congruencia procesal" Rubinzal Culzoni-2007, pág.298). En idéntico sentido, la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de La Plata falló "Si bien el recurso abre la jurisdicción de alzada a los efectos de resolver sobre la justicia del pronunciamiento apelado, en manera alguna posibilita fallar sobre peticiones formuladas en segunda instancia con prescindencia de las cuestiones planteadas ante el a quo, pues el tribunal ad quem carece de legitimación para resolver sobre ningún capítulo que no hubiese sido sometido a decisión del juez de grado, o sea que no puede respetarse en segunda instancia un argumento que no figuró como defensa en la contestación a la demanda" (Sent. 09.5.1995 "Metalpliegue..." en HIGHTON-AREÁN - Cód. Procesal Civil y Comercial... Tomo 5 - arts. 254/318, Sumario 9, pág. 352). "...Resulta improcedente cuestionar en la alzada la constitucionalidad de la ley ... si el tema no fue sometido a consideración del juez de grado... pues de acuerdo al art. 277 del Cód. Procesal y en virtud del principio de congruencia, la alzada no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E - 02.9.2002 - "Pérez."- LL 2003-A, 755), entre otros.- -- En mérito de lo expuesto, desde que el alegado marco de emergencia energético y la normativa citada, reitero, no fue opuesto por la C. en oportunidad de contestar el traslado (fs. 124/126 vta.) de la acción reconducida de los "Socios Autoconvocados" y por lo tanto, no fue tratado por la Cámara, no corresponde que esta Sala se pronuncie sobre el mismo.

///Por estas razones desarrolladas, el Recurso intentado por la C. E. C. y V. L. de la ciudad de Trelew, no puede prosperar. ASI LO VOTO.

-- A la misma cuestión el Dr. ROYER dijo: - -- En honor a la brevedad, habré de atenerme a la reseña de antecedentes efectuada por el Sr. Ministro que me precediera con su voto, quien realizó un minucioso relato de los elementos incorporados a la causa: de los antecedentes de hecho que dieron lugar al reclamo administrativo, de las decisiones adoptadas por el Organismo Regulador de Servicios Públicos de la Municipalidad de Trelew, del Recurso de Apelación que fundados en la Ley de Defensa del Consumidor intentaron los "Socios Autoconvocados" -aquí actores- de la C. E. C. y V. L. T. contra ella, del modo en que la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la misma ciudad encauzó el remedio intentado, de los votos con que los Sres. Camaristas justificaron el fallo que resolvió la cuestión en debate y de los términos de la Apelación que contra el mismo interpuso la C. citada y su contestación.

-- Con ese andamiaje, analizado el memorial de agravios, no puedo sino coincidir con el colega que me antecede en que los cuestionamientos realizados por la quejosa, no alcanzan el grado de ///suficiencia necesario para habilitar el examen de la sentencia que ataca, fundamentalmente por dos razones.- -- A.- En primer lugar, porque ensaya en esta instancia un argumento novedoso, incorporando en su razonamiento recursivo el contexto emergencial que interpreta derivado de la Ley N° 25561 aseverando que la misma fue dictada, entre otros objetivos, para superar el "estado de emergencia en el sector eléctrico" exponiendo que a esa normativa se adhirió por Ley N° VII - 29 en el orden local. Sostiene que debió el "a quo" realizar la interpretación de la cuestión objeto de este pleito dentro de ese contexto fáctico, ejemplificando que el Ente Nacional Regulador de Energía se valió de ese plexo normativo para salvaguardar la impugnación de los aumentos tarifarios retroactivos, dispuestos por las distribuidoras que operan bajo su órbita.

-- Por cierto, tales manifestaciones no pueden ser atendidas por esta Sala pues resultan un capítulo no propuesto, y como es sabido " ...el tribunal del recurso . sólo puede fallar conforme los pedidos y defensas oportunamente sometidas a la consideración del juez inferior. ...Porque los recursos de apelación, nulidad...jamás implican un nuevo enjuiciamiento, con su consiguiente acuerdo para introducir pretensiones u oposiciones novedosas. Se trata, solamente, de verificar el mérito de la anterior sentencia, o sea, el acierto o error con que ella se motiva. De allí que...únicamente pueda pronunciarse respecto de las cuestiones que, en tiempo hábil, fueron propuestas por las partes en los escritos postulatorios: demanda, reconvención y ///respectivas contestaciones; de oposición de defensas y excepciones; de alegación de hechos nuevos y sus consecuentes traslados".- (Conc: Marcelo MIDÓN "La congruencia recursiva. El adagio "tantum devolutum quantum appellatum" Principio y excepciones" en LL - Sup. Doctrina Judicial Procesal 2010 (abril), 9). Y ninguna referencia advierto en las etapas procesales precedentes que transitó esta causa del argumento comentado.- -- En ese sentido me pronuncié en Sentencia Definitiva N° 19/SRE/00 (in re "J.") diciendo "...ha de atenderse al texto de la segunda parte del art. 271° del ...Código de rito, que indica que las decisiones se tomarán por mayoría y resolverán todas aquellas cuestiones de hecho y de derecho que hubiesen sido materia de agravio y que se hubiesen sometido al Juez de Primera Instancia".

- -- También razoné, en ocasión de examinar un Recurso de Casación, con criterio aplicable al caso, que cuando "...el argumento...es un argumento nuevo...por sí sólo nunca puede ser considerado para conmover la sentencia dictada..., desde que el mismo no fue expuesto . en su contestación de demanda. ya que sabido es que en los recursos las partes no pueden introducir nuevos argumentos y que si lo hacen los mismos no pueden ser valorados por ser contrarios al principio de la defensa en juicio ya que la parte contraria nada pudo exponer sobre los mismos en resguardo de su derecho".(S.D. N° 3/SRE/05 (in re "B...")).

///Con lo dicho, no puedo sino desestimar el agravio de la C. E. T. que novedosamente reclama por ante esta alzada que los Sres. Camarista no hubieran realizado un análisis de la cuestión controvertida inmersa en el contexto fáctico que ahora detalla. Así lo considero porque omitió fatalmente introducir esa justificación "en tiempo hábil", esto es, al contestar la acción, posibilitando de ese modo que fuera razonada no sólo por los Jueces de Cámara sino también por la parte contraria.- -- B. Por otra parte, de una atenta lectura del escrito recursivo que corre agregado a fs. 168/172 surge incontrastable que su contenido no constituye una auténtica expresión de agravios, al no reunir los recaudos mínimos exigidos.- Está ausente un embate puntual que con bases jurídicas sustente argumentos viables para rebatir el fallo cuestionado.--- -- La C. recurrente intenta modificar la solución a la que arribó el "a quo", destacando que dar cumplimiento a lo resuelto -en particular la devolución de las sumas que se malpercibieron por períodos retroactivos- le produciría un serio perjuicio. Subrayó además, que los Jueces realizaron una interpretación "literal" de la normativa comentada sin exponer cuál era a su criterio la que hubiera correspondido ó, en su caso, la manera en que debió ser considerada. Luego de comentar largamente el tipo de Sociedad que conforma y las características que en ella asumen los asociados, opinó la apelante que la devolución de los importes correspondientes a los períodos ///controvertidos, implica el empobrecimiento de éstos. Añadió especificaciones en relación a sus últimos ejercicios económicos contables, tratando de demostrar que atraviesa una deficitaria situación económico financiera, pretendiendo justificar con ese dato porqué cuestiona la orden contenida en el fallo.

-- Este discurso es insuficiente para abonar el desmérito de la Sentencia, y sus carencias coadyuvarán -con lo dicho anteriormente- a la suerte de su impugnación.

-- Reiteradamente el Cuerpo viene sosteniendo que si la expresión de agravios es el acto mediante el cual, fundando la apelación, el recurrente refuta total o parcialmente las conclusiones establecidas por la sentencia, en lo que atañe a la apreciación de los hechos, de la prueba o a la aplicación de las normas jurídicas, tratándose por lo tanto de una alegación crítica e indirecta (Conf.: PALACIO "Derecho Procesal Civil" T° V, pág. 266, edit. Abeledo-Perrot, 1975) lo que es dable esperar del apelante es que se introduzca en el análisis pormenorizado del fallo recurrido, que rebata los fundamentos expuestos por el "a quo"..., porque un procedimiento distinto al detallado lleva indefectiblemente a la deserción del recurso en los términos del art. 266° del CPCC (Conf.: STJ CH S.D. N° 51/92, 7/93, 9/SRE/98, 12/SRE/98, 18/SRE/01 y 8/SCA/07).- ///Si el memorial de agravios "...no significa sólo disentir con la interpretación del juez, sino que . debe configurar un análisis razonado de la sentencia. Se deben examinar los fundamentos de aquélla, puntualizando de modo crítico -es decir, emitiendo juicio impugnativo- concreto y preciso, con una derivación lógica adecuada o sea razonada, del por qué a su juicio, la decisión es arbitraria. No basta con dar una apreciación dogmática que trasunte un criterio diferente al del juez o una mera disconformidad, sino que deben esgrimirse argumentos jurídicos fundantes de una opinión jurídicamente relevante en sentido opuesto al fallo" (mi voto en S.D. 9/SRE/08 en "M"...).- Si , "por sus alcances importa una demanda tendiente a obtener la apertura de una instancia, pues sin ese memorial, el Tribunal se encuentra imposibilitado de entrar a verificar la justicia o la injusticia de la sentencia apelada..." (S.D. N° 1/SROyE/05 - "G. R...").- Si "...criticar es distinto a disentir, lo primero conlleva un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores fácticos o jurídicos que el fallo pudiera contener, en cambio disentir no significa otra cosa que la mera exposición de que no se está de acuerdo con la sentencia. Así no constituye expresión de agravios el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista, las generalizaciones o el mero desacuerdo con lo resuelto, las simples consideraciones subjetivas o disgregaciones inconducentes o carentes de debido sustento jurídico" (S.D. N° 28/SRE/97, S.I. N° 46/SCA/06). Si "la expresión de agravios se disipa en una continuada contradicción que no trasciende el mero disenso, el recurrente cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica, antes que por la solidez de la sentencia todavía no examinada" (Cám. Nac. Sala D, 24/4/84, LL.1985-B-596, sum.119).y "no basta el quantum ///discursivo, sino la qualitae razonativa y crítica (CNCiv., Sala A, 23/10/86, ED., 122-200) (Highton - Arean, Tomo 5, pág. 249)" (S.D. Nº 4/SROyE/05) la acercada por la recurrente adolece de estas falencias, y resulta de total evidencia su falta de aptitud para habilitar la revisión del fallo recurrido.-- -- Omitido un ataque frontal de los verdaderos fundamentos de la decisión, añadido esto al acudimiento a capítulos no propuestos para controvertirla, deriva de ello la falta de cuestionamiento serio y preciso del pronunciamiento en crisis, lo cual acarrea sin más el rechazo de la impugnación y ASÍ LO VOTO.-- -- A la misma cuestión el Dr. CANEO dijo:- -- Atento los votos emitidos por los Dres. PASUTTI y ROYER, los que conforman la voluntad mayoritaria de la Sala Civil de este Superior Tribunal de Justicia, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1º del Acuerdo Extraordinario Nº 3.555, en concordancia con el art. 28 de Ley N° V-3 (antes Ley N° 37) y el Acuerdo Nº 3.202.- -- A la segunda cuestión el Dr. PASUTTI dijo: -- ///Tal como voté la primera propongo al Acuerdo: 1) RECHAZAR el Recurso de Apelación intentado por la C. E. C. y V. L. de la ciudad de Trelew contra la Sentencia Definitiva N° 27/2009 de la Cámara de Apelaciones de esa ciudad -Sala "B"- obrante a fs. 142/157 de autos.- 2) Las costas devengadas en esta Instancia deben imponerse a la recurrente vencida (art. 69° Ley Nº XIII-5- antes 68° C.P.C.C.). 3) Por la actuación que le cupiera al Defensor Público -Dr. Nelson RAPIMAN- ante este Superior Tribunal de Justicia, quien ocurrió a fs. 174/176 y vta. sosteniendo el pronunciamiento del Tribunal de origen, atento lo prescripto en el artículo 59° de la Ley Nº V-90 (antes Ley N° 4920), propongo regularlos en un 30 % de los que se le estimaron por su actuación en la instancia previa, y los del letrado de la recurrente, Dr. E. U. en un 25 % de los fijados por su actuación en idéntica instancia (art. 13° Ley Nº XIII-4 - antes art. 14° Dto. Ley N° 2.200, T.O. Dto. N° 138/99).- -- A la segunda cuestión el Dr. ROYER dijo:

-- Según voté la Primera cuestión acuerdo con la solución dada por el Dr. PASUTTI.

- -- A la misma cuestión el Dr. CANEO dijo:

-- Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión.

- ///Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictar la siguiente: - SENTENCIA:

-- 1º) RECHAZAR el Recurso de Apelación interpuesto por la C. E. D. C. y V. L. de la ciudad de Trelew contra la Sentencia Definitiva N° 27/2009 obrante a fs. 142/157 de autos, que se confirma.

-- 2°) COSTAS en esta instancia a la recurrente (art. 69° Ley Nº XIII-5, antes art. 68° C.P.C.C.).

-- 3°) REGULAR los honorarios de los letrados actuantes ante este Superior Tribunal de Justicia, Dr. Nelson RAPIMAN -Defensor Público- en el 30% y al Dr. E. U. en el 25% de los que se les regulara en la primera instancia (art. 13° de la Ley Nº XIII-4 (antes art. 14° Dto. Ley N° 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99 y artículo 59° de la Ley Nº V-90 (antes Ley N° 4920)).-- -- 4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.-- Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti, Fernando S.L. Royer Recibida y Registrada en Secretaría el 15/06/10. Bajo el N° 06/SCA/10.