Denegatoria del recurso, nulidad procesal, defensa en juicio, debido proceso, intervención de línea telefónica, orden de allanamiento, dictamen fiscal, calificación legal, estupefacientes
Materia: PROCESAL
Carátula: Alva Aguado, Bryan Joseph y otros. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

Corresponde rechazar los recursos interpuestos por las defensas. Inicialmente, cabe recordar que el instituto de las nulidades procesales tiene por objeto resguardar el debido proceso y la defensa en juicio, de modo que sólo cuando la actividad procesal perjudique la función de tutela de los intereses comprometidos en el proceso -por haberse configurado una irregularidad que afecte el ejercicio de la defensa, un presupuesto procesal o el equilibrio entre las partes resultante del principio de igualdad y del contradictorio-, debe ser invalidada, privándosela de eficacia (conf. causa n° 7210 "Reina, Carlos Roberto; Duarte, María Cristina s/ recurso de casación", reg. n° 109/07, rta. el 14/02/07; y causa n° 11.684 "Chabán, Omar Emir y otros s/recurso de casación", reg. n° 473/11 del 20/4/11). En efecto, el auto que ordenó la intervención telefónica fue precedido de una compleja investigación tendiente a verificar la comisión de maniobras en infracción a la ley 23.737, que ameritaba su dictado. Por su parte, con respecto al planteo de nulidad vinculado a la alegada ausencia de fundamentación de la orden de allanamiento obrante a fs. 395/396, si bien en oportunidad de disponer el registro, el magistrado de la justicia provincial se remitió al dictamen fiscal que postuló la medida, ello no implica la invalidez de la medida. En tal inteligencia, la medida encontró respaldo en una seria investigación que se venía desarrollando, en cuyo marco se contaba con el contenido de las escuchas telefónicas y diversas tareas de investigación -de observación y seguimiento-, de las que se obtuvo material fílmico y fotográfico, que ameritaban su producción. En lo atinente a la alegada nulidad de la requisa practicada sobre el vehículo marca Volkswagen, modelo Gol Trend, dominio HUO-149, el planteo tampoco habrá de prosperar. En procura de lograr su detención, la prevención inició su seguimiento -dada la peligrosidad que implicaba interceptarlo en esa zona-, el cual culminó con la detención del rodado en la intersección de la Avenida Eva Perón y Balcarce de esa localidad -más favorable para cumplir la medida. En tal ocasión, se requisó a Aranda Valiente, a quien se le extrajo del bolsillo delantero izquierdo del pantalón que vestía un cargador que contenía cuatro cartuchos de bala intactos, el cual se secuestró. Fue en el marco de tal proceder, cuando el referido Mereles observó que sobre el asiento que aquél ocupaba, había un arma de fuego -pistola semiautomática marca Browning, calibre 9mm, con numeración suprimida, sin cargador colocado-, la cual yacía debajo de su pierna derecha. Por otra parte, los sentenciantes remarcaron que de las conversaciones obrantes en los respectivos legajos de escuchas y en los anexos de pericia telefónica, surgía con claridad el rol activo que cada integrante ejercía en la organización criminal. En esa línea, tuvieron por probado que Bryan Joseph Alva Aguado "ostentaba un dominio organizacional en el marco del cual se encargaba de suministrar el material estupefaciente, coordinar la logística y la división de tareas entre sus miembros, fiscalizar la cantidad de ventas efectuadas (...), recaudar los dividendos y consultar por el remanente de sustancia ilícita. Asimismo, ante la eventual escasez del alcaloide se encargaba de reponer el producto, ya sea, entregándolo personalmente, enviándolo a través de servicio de remis o dando directivas para el reabastecimiento con el surtido de otra boca de expendio". Destacaron también, que su rol principal se evidenciaba de los mensajes de audio que Benítez y Hermosa Alburquerque intercambiaran, de los que no solo surgía como le rendían cuentas a Aranda Valiente, sino también del reconocimiento como "grupo" de trabajo respecto de la actividad ilícita que emprendían de manera organizada. En relación a Mara Tais Benítez y a Edwin Eduardo Hermosa Alburquerque, afirmaron que "se encargaban del acondicionamiento del material estupefaciente en la finca de la nombrada sita en la Villa 1-11-14, como así de su posterior traslado hacia los puntos de expendio, el que materializaban a través de la contratación de diversos servicios de remis"; y que también "oficiaban como recaudadores del dinero resultante del comercio ilícito de estupefacientes del que, a su vez, le rendían cuentas a Bryan Alva Aguado, al igual que lo hacían en relación a la mercadería que compensaban entre los puntos de venta cuando se quedaban sin stock, o bien, respecto de la que hacían entrega a otros clientes con los que contaba la empresa criminal". En esa dirección, el tribunal enfatizó en el rol preponderante que David Aranda Valiente asumió en los quehaceres ilícitos de la organización, cuando Alva Aguado -su hijo- estuvo internado. La vinculación de los acusados ha sido sustentada razonablemente en las pruebas incorporadas al debate y los agravios sostenidos por las asistencias técnicas sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (C.S.J.N. Fallos 302:284; 304:415; entre otros); y el resolutorio cuenta, además, con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden la descalificación del fallo como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre muchísimos otros). La calificación legal escogida por el a quo luce acertada, en tanto y en cuanto la base fáctica acreditada en autos satisface y perfecciona los requisitos del tipo penal por el cual se la condenó -art. 5 inciso "c" y 11 inc. "c", ley 23.737-.De ahí que la agravación de pena corresponde cuando se da una actuación coordinada de tres o más personas destinadas a cometer específicamente los delitos indicados en la ley de estupefacientes, la que responde a un plan con división de roles y funciones.". Así las cosas, toda vez que los señalamientos efectuados se ajustan a la doctrina indicada, estimamos ajustada a derecho la aplicación al caso de las previsiones del art. 11 inc. "c" de la ley de estupefacientes. En lo tocante al planteo introducido por la defensa de Benítez, quien se agravió de que el tribunal a quo no le aplicó la reducción prevista en el art. 29 ter del CP -actual 41 ter del CP-, tampoco tendrá respuesta favorable de esta Alzada. En efecto, el tribunal consideró que la información aportada por la encartada no reunía los presupuestos legales de la normativa aludida, toda vez que sus aportes no resultaron útiles ni novedosos a los fines de la investigación. Puntualmente, advertimos que al momento de graduar la sanción, los señores jueces respetaron la escala legal aplicable, valorando atenuantes y agravantes, por lo que la desproporcionalidad y arbitrariedad alegadas no pueden prosperar. En tal inteligencia, conceptuamos que los argumentos utilizados se encuentran ajustados a derecho (art. 40 y 41 CP). Por lo demás, el agravio aquí introducido -tardíamente-, se manifiesta en evidente contradicción con la actuación de su propia colega de la anterior instancia, quien durante el debate consintió y prestó su conformidad para celebrar la audiencia de debate en ausencia del encartado, advirtiéndose una clara violación a la doctrina de los actos propios. Dres. Riggi, Gemignani y Catucci -votos concurrentes-.