Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-02


000154/2009 --- En la ciudad de Trelew, a los días de junio del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "A., M. A. c/ U., N. B. y/o s/ Cobro de Pesos - Laboral" (Expte. 154 - Año 2009 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 142.----------------- --- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 134, que fuera concedido a fs. 135, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 124/132 que hizo lugar a la demanda instaurada por M. A. A. y condenó a N. B. U.y a M. S. al pago dentro del plazo de cinco días de la suma de $7.285,28.-, con más sus intereses, en concepto de indemnización sustitutiva por falta de preaviso e integración mes de despido, incremento establecido por el art. 2 de la ley 25.323, e indemnizaciones previstas por los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, y art. 80, último párrafo, de la L.C.T., con imposición de costas a los demandados vencidos.--El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 136/137 y vta., el traslado conferido a fs. 138 no fue evacuado por su contraria, y señala la apelante que era el actor quien debía probar las argumentaciones vertidas en el escrito de inicio. Con su incomparecencia a la audiencia de absolución de posiciones quedó reconocida la totalidad de la documentación aportada por la demandada U.. Con los recibos de haberes y la confesión ficta queda acreditado que los dichos de U. son ciertos en lo que se refiere a que de común acuerdo se decidió rescindir la relación laboral, en especial con el recibo de haberes de marzo/06 y liquidación final donde el actor percibe las mismas con fecha 19 de marzo de 2006. Respecto de la liquidación a la que hace lugar el sentenciante de grado, la misma no resiste el menor análisis. Las sumas derivadas del preaviso, 15 días, le fueron abonadas al actor tal cual consta en el recibo de haberes que luce en autos de marzo/06 y liquidación final. A todo evento niega la aplicación del art. 15 de la LNE, es el preaviso, o sea $406.- y no $834,19.- como lo determina. Es cierto que el Sr. S. no es ajeno ya que el es el cónyuge de la codemandada U.. Formula interrogante si al ser el cónyuge no puede retirar del municipio local la habilitación del comercio de su esposa. El retiro de la documental lo es del local de la calle 9 de Julio *** y no el de la Avda. Roca ***** en donde se desempeñó el actor. En consecuencia, la excepción de falta de legitimación pasiva debe tener acogida favorable, toda vez que no se puede condenar a quien no es titular de la habilitación comercial. Respecto del certificado de trabajo, si bien fue puesto a disposición el 27 de junio de 2006, no es menos cierto que la demandada cumplió con la obligación de entrega del mismo, por lo que la multa es improcedente. Por otro lado, al entregar el certificado de trabajo se prueba que el actor no se encontraba en negro y por ende se encontraba registrado en los libros laborales.

2. Sostuvo el actor que fue despedido sin causa (telegrama y escrito de demanda, fs. 5 y 9 vta., último párrafo) en tanto que la parte demandada alegó que la extinción del vínculo se produjo de común acuerdo (contestación, p. III, fs. 28; p. IV, fs. 30).

En consecuencia, al existir posturas enfrentadas sobre ese dato fáctico la confesión ficta de ambas partes (providencia de fs. 62) neutralizan la presunción prevista por el art. 25 de la ley 69, por lo que no le asiste razón a la apelante al pretender otorgarle a la confesión ficta del actor una relevancia que no tiene.

Es más, incluso podría sostenerse en contra de su postulación que ante la mencionada circunstancia procesal operaría el principio de duda en materia probatoria a favor del trabajador, en los términos previstos por el último párrafo del art. 9 de la L.C.T., conforme al texto modificado por la ley 26.428. A su vez, la extinción por voluntad concurrente requiere la formalización del acto mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo, bajo pena de nulidad (art. 241 de la L.C.T.).

En tales condiciones, la percepción de haberes invocado por la recurrente no es prueba idónea ya que el eventual cobro de haberes y liquidación final no sustituye los recaudos exigidos por la citada normativa.

Por otra parte, el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros tres meses en tanto el empleador registre la relación laboral al comienzo de la misma (art. 52 de la L.C.T. o art. 84 de la ley 24.467, según el caso), pues en caso contrario se entenderá que renunció de pleno derecho a dicho período (art. 92.3. L.C.T.).

Tales razones determinan el rechazo de la queja.

Corresponde entonces y en el límite del agravio ingresar a los dos únicos rubros impugnados, a saber: indemnización sustitutiva por falta de preaviso e incremento indemnizatorio previsto por el art. 15 de la ley 24.013, toda vez que la quejosa sostiene que las sumas derivadas del preaviso, 15 días, le fueron abonadas al actor según recibo de haberes de marzo de 2006 y liquidación final (fs. 26).

Y respecto de la prueba instrumental agregada por los demandados el accionante expresó a fs. 39 que "viene a desconocer aquella que se individualiza como "contrato de trabajo a prueba" y "tres (3) recibos de haberes" (el subrayado me pertenece).

Desde ya que con esa manifestación incumplió con la carga impuesta por el art. 36 de la ley 69 ya que todo aquel contra quien se presente en juicio un documento privado que se le atribuya está obligado a declarar si es o no suya la firma.

Y no es lo mismo desconocer documentos que declarar si le corresponde o no la firma inserta en los mismos.

Con tales alcances, al no negarse la autenticidad de la firma quedó reconocido el contenido del recibo que luce a fs. 26 (arts. 1026 y 1028 del Código Civil), y por ende el pago de la suma de $406.- por falta de preaviso (PREAVISO -15 días-).

Y no corresponde tomar 15 días para el cómputo de la indemnización sustitutiva por falta de preaviso como pretende la quejosa ya que el art. 231, inciso b), de la L.C.T. sólo adopta ese lapso para el trabajador que se encontrare en "período de prueba", pero como ya se precisara el art. 92 bis, apartado 3, determina que en caso de falta de registro del trabajador "se entenderá de pleno derecho que (el empleador) ha renunciado a dicho período".

De tal modo, la renuncia a ese período importa adoptar el segundo lapso indicado en el art. 231 b) de la L.C.T., esto es, un mes.

Asimismo, esa indemnización debe ser equivalente a la remuneración que le hubiere correspondido al trabajador durante el plazo de ley (art. 232 de la L.C.T.).

Por eso, para fijar la cuantía del daño causado por la omisión del preaviso, la ley no remite a ningún promedio o remuneración precedente, sino a la misma que debería haber percibido el trabajador de haber trabajado durante el lapso de preaviso omitido (Etala, "Contrato de trabajo", Astrea, 2000, pág. 540).

Y desde que la ley no da solución para el caso se entiende que debe aplicarse el principio de normalidad próxima, noción que intenta poner al agente en situación remunerativa lo más cercana posible a aquélla en que se hubiere encontrado si la rescisión no se hubiese operado. Y por lo corriente se calcula sobre los haberes devengados en el último mes normalmente trabajado (Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 2001, 2da. ed. act., T. II, par., 15.5.2., pág. 1714).

Sin embargo, también se considera que es admisible que su monto sea establecido en base a promedios tratándose de remuneraciones variables o que se tome algún mes anterior si el empleado® ha retaceado el otorgamiento de horas extraordinarias o ha disminuido alguna posibilidad de ganancia por razón del preaviso (Fernández Madrid, obra, tomo y página citada), máxime cuando en el caso el juzgador tomó como base la remuneración correspondiente al mes de febrero de 2006 (ver fs. 128 vta., primer párrafo, e informe del perito contador de fs. 82.) y ello no fue objeto de crítica alguna.

Por ello, estimo prudente considerar el monto de $834,19.- al que debe deducirse el ya abonado de $406.- (pago a cuenta, art. 260 L.C.T.), lo que arroja la suma de $428,19.- en lugar del indicado en el fallo en crisis, y ello conlleva al progreso parcial del agravio.

En cambio, no le asiste razón al pretender establecer el incremento indemnizatorio contemplado por el art. 15 de la L.E. en la suma de $406.- pues ya se estableció que el importe de la indemnización por falta de preaviso asciende a $834,19.-.

Y en tal sentido, la duplicación se establece sobre la indemnización que le hubiere correspondido, por lo que se desestima esa porción de la queja.

3. Sostiene el codemandado S. que el retiro de la habilitación municipal al que alude el sentenciante corresponde a otro local, el sito en 9 de Julio *** según constancia de fs. 69.

No le asiste razón ya que la entrega a esa persona del certificado de habilitación municipal se refiere al comercio ubicado en "AVDA J. A. ROCA Nro.***", cuyo titular es "U. N. B." (ver tales datos en fotocopia de fs. 69).

De todos modos, no sólo debe considerarse que el codemandado S. es el cónyuge de la Sra. U. y que retiró la habilitación del local ubicado en la citada dirección, sino también otro elemento que resulta esencial para dilucidar la cuestión.

En efecto, ambos locales (Av. Roca 1220 y 9 de Julio 189) llevan el mismo nombre comercial "PIZZERÍA X", según surge del certificado de habilitación comercial y del acuse de recepción de trámite que obran en copia a fs. 23 y 70, respectivamente.

Y nótese que ese es el diminutivo de M. y que ese es el primer nombre del Sr. S..

Desde esta perspectiva, el nombre comercial, incluido en la enumeración del art. 1 de la ley 11.867, es el nombre bajo el cual el comerciante actúa en el mundo del tráfico mercantil y goza de crédito, y con el cual adquiere los derechos y asume las obligaciones atinentes a su empresa (Fontanarrosa, "Derecho Comercial Argentino. 1: Parte General", Zavalía Editor, 1997, par. 183, pág. 219).

Con ese alcance, los titulares de la organización empresarial (art. 5 L.C.T.) cuyo nombre comercial es "Pizzería X" son los codemandados U. y S., por lo que se desestima la queja.

4. Estima la recurrente que con la entrega del certificado de trabajo cumplió con la obligación y por ello la multa es improcedente.

Con tal manifestación desatiende los fundamentos expuestos por la Sra. Juez de la anterior instancia a fs. 130 y vta., último y primer párrafo, por lo que no hay agravio que atender.

Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "Cufre, Héctor N. y otro c. Bravo, Julio J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.

La ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "Persiani e Hijos, José c. Productos Pulpa Moldeada S.A.", L.L. 1985-A, 309).

En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo- Perrot, 1988, T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de pronunciamientos).

Así, si no se formulan los agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ( C.S.J.N. agosto-29-969, "Gobierno Nacional c/ Ekmekdjian, Toros y otro", L.L. 137-538).

Entiende la parte demandada que el certificado de trabajo prueba que el actor se encontraba registrado en los libros laborales.

Desde ya que las constancias insertas por el empleador en ese documento no acredita por si sólo su registro en el Libro Especial, art. 52 L.C.T., y en el Sistema Único de Registro Laboral (art. 7 de la ley 24.013 y art. 84 de la ley 24.467).

Por lo demás, resulta dirimente destacar que ninguna consideración efectúo la demandada en su escrito de contestación en cuanto a que el certificado de trabajo importa el registro del trabajador (ver p. III, fs. 27 vta./28).

Y desde que no fue capítulo propuesto a la decisión del juez de primera instancia la prohibición impuesta por el art. 277 del C.P.C.C. impide a esta Alzada su consideración, por lo que dicho argumento resulta inaudible y conduce a la deserción parcial del recurso en este aspecto.

En cuanto se supera este marco de operatividad se produce el quebrantamiento del principio de congruencia. Dicho de otro modo, se lo infringe cuando el fallo recae sobre puntos no sometidos al juez de primera instancia, planteados recién en la expresión de agravios (conf. Azpelicueta-Tessone, "La Alzada. Poderes y deberes", Librería Editora Platense S.R.L., 1993, págs. 176/177).

Quedan fuera de la decisión del tribunal de alzada los temas extraños a los escritos de constitución del proceso, aunque se lo introdujere bajo la apariencia de meros argumentos de derecho (CNCiv., sala B, julio 2-975, E.D. 64-514; idem, sala F, junio 22-983, E.D. 105-357).

Por tales razones, la apelante en este tramo de su queja incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., remisión del art. 76 de la ley 69).

5. En consecuencia, propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para disminuir el capital de condena a la suma total de pesos seis mil ochocientos setenta y nueve con veintiocho centavos ($6.879,28.-), como consecuencia de la detracción parcial del importe referido al rubro indemnización sustitutiva por falta de preaviso, con más los intereses establecidos en la anterior instancia.

La revocatoria que se propicia lleva a adecuar las costas y honorarios establecidos en la anterior instancia (art. 279 del C.P.C.C.).

En lo que hace al régimen de costas, el art. 59 de la ley 69 no establece un principio general de aplicación mecánica y automática, ya que permite siempre discernir la condición de derrotado o vencido en un enfoque global del resultado del pleito, mediante un prudente análisis particularizado a la cuestión en debate (conf. S.T.J. en autos caratulados "C. L. c/Pcia. del Chubut", S.D. 7/91; y "C. de R. c/Chubut Construcciones y otro", S.D. 3/93).

Así, debe ponderarse la naturaleza de la acción entablada, el principio establecido por la ley de procedimiento laboral, y el resultado económico del pleito, atendiendo para ello a los rubros pretendidos que fueran acogidos y el monto definitivo de condena.

Con tales pautas y teniendo en cuenta que las pretensiones deducidas (liquidación de fs. 12 vta.) se acogieron aún cuando por un monto levemente inferior al reclamado, salvo en cuanto a la dedución practicada en el rubro indemnización sustituva por falta de preaviso, y ponderando también la postura de la parte contraria al pretender el rechazo total de la demanda, estimo prudente imponer las costas de primera instancia en un 95% a cargo de la demandada y en un 5% a cargo del actor, por ajustarse así en forma proporcional y adecuada al resultado de la litis, en concordancia con el principio antes señalado y los vencimientos recíprocos habidos en función del resultado final del proceso (arts. 59 de la ley 69 y 71 del C.P.C.C.).

Asimismo, al adecuar a este decisorio los honorarios de la anterior instancia, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales, considero que resulta prudente fijar los emolumentos de los Dres. F. A. y C. A. La C., letrados apoderados de las partes actora y demandada, en las sumas porcentuales equivalentes al 18,2% y 14%, respectivamente, del importe del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia, manteniendo el porcentual regulado a favor del perito contador en función a los trabajos cumplidos (arts. 6, 7, 8, 9, 19, 39, 47, y 61 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.

El progreso parcial de uno de los agravios traídos a consideración por la apelante, el de menor contenido económico, y el fracaso de los restantes, permiten delinear un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir las costas de alzada en la misma proporción que la establecida para la primera instancia, por responder así a las porciones de fracaso y de éxito obtenido por la apelante en esta instancia (art. 71 del C.P.C.C.).

Finalmente, conforme a las pautas apreciativas ya indicadas y lo dispuesto por el art. 14 de la ley del arancel, entiendo prudente regular los honorarios del Dr. C. A. La C., por las tareas desplegadas en esta instancia, en la suma porcentual equivalente al 3,64% del ya aludido importe del proceso, con más el I.V.A. pertinente. Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA. --- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

--- Vienen estos actuados con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fs. 134) en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 124/132) por el cual se hizo lugar a la demanda condenando a la Sra. N. B. U. y M. S. a que abone al actor, Sr. M. A. A., la suma de $ 7.285,28 con más los intereses determinados en el considerando II y costas.--------------A fs. 136/137 vta., luce agregado el informe previsto por el art. 62 de la ley 69.--------A fs. 138, se ordena el traslado del mismo a la parte contraria sin que éste fuera evacuado por ésta.-------------------------I.- La reseña de los agravios ha sido realizada suficientemente por el Dr. Vergara, magistrado de ésta sala que me precede en la votación, por lo que a ella me atendré a efectos de evitar repeticiones estériles.-- Sin embargo si resulta útil precisar cuáles son los puntos sobre los cuales se asienta el ataque dirigido al fallo y que son los siguientes, a saber: 1) contrato de trabajo a prueba-despido; 2) excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Sr. M. S.; y, 3) certificado de trabajo-su entrega.----------------------II.- Por razones de método y estricta lógica comenzaré con el agravio dirigido a cuestionar lo decidido en relación a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el co-demandado Sr. M. S., para luego hacerlo con los demás puntos de ataque.----------- 1) Excepción de falta de legitimación pasiva del Sr. M. S.: La juzgadora del anterior grado en el considerando II, indicó como fundamento de la desestimación de la excepción opuesta por el demandado del epígrafe que "De la prueba informativa producida a fs. 69/71 surge que el comercio Pizzería X de Julio A. Roca ***** pertenece a N. B. U.y Pizzería x II de 9 de julio Nro. *** pertenece a D. A. S.. Luego de fs. 69 Expediente de habilitación municipal recibe el certificado de habilitación comercial o permiso de funcionamiento y firma M. S., en fecha 3 de octubre de 2006, y aunque no hace constar en el carácter que lo hace, ello indica que no es ajeno a relación sustancial por lo que corresponde desestimar la defensa opuesta."(sic)(conf., considerando de fs. 131).----------La parte demandada recurrente interpreta que la razón fundante del veredicto que cuestiona respecto al punto bajo análisis, estaría centrada en que la juzgadora del anterior grado apreció como relevante que el Sr. S. hubiera recibido el certificado de habilitación municipal el 03 de octubre de 2006 sin advertir que éste es el cónyuge de la co-demandada U., titular del comercio "x" sito en calle Roca ****, siendo que la habilitación que retirara su parte corresponde al local de 9 de Julio N° *** y no al de Avda. Roca N °****. Pues es fácil de ver que ello no fue así con solo revisar las constancias de la informativa producida por el Municipio de Puerto Madryn a fs. 69/71 en las que obran el acuse de recepción de ambos establecimientos que cabe entender son a los que alude párrafo antes trascriptos. Es quizás cierto que no se explicitó de manera eficaz aquello que estimo se reservó la juzgadora "in mente retenta" y que explicita con criterio que comparto el sufragante en primer término, Dr. Vergara.--Esto es, tengo para mi, que el razonamiento que sostiene la desestimación de la defensa de falta de legitimación opuesta, se apoya en la intima convicción de que el nombre patronímico de los locales con los que se identifican en el desarrollo de su actividad corresponden al nombre del co-demandado M. S., lo cual, independientemente de que la habilitación comercial hayan sido tramitadas y obtenidas a nombre de su cónyuge y de otro pariente y en consonancia con la actuación que éste desarrollaba en los mismos, permite que sea perfectamente advertido y compartido concluir sobre su estrecha vinculación con dichos establecimientos comerciales. De allí que es factible, en el marco del principio de primacía de la realidad, concluir que el mismo lejos de carecer de legitimación es uno de los sujetos calificados por el art. 5 de la L.C.T., como empresario.-------------A lo que refiero es a que emana de todas las circunstancias apuntadas por la juzgadora de primera instancia, que lejos de constituirse el Sr. M. S. en un sujeto extraño a dichos comercios puede predicarse válidamente que éste era "el principal" al que alude el actor cuando asevera en su demanda que le impartía las ordenes y le abonaba sus haberes; y, ello así, insisto, allende de la titularidad dominial que pudiera correctamente endilgarse sobre los establecimientos comerciales tanto a la co-demandada cónyuge del mismo o al Sr. D. A. S..-Asimismo, no huelga destacar que en el marco de la confesional ficta en la cual se colocaran los demandados en autos (ver: providencia de fs. 62) los hechos afirmados en demandada se presumen ciertos (Conf. art. 25 de la L.C.T.). Y entre ellos deben ser destacados, en tanto inciden en la elucidación del presente agravio, los expuestos en relación a quien fue la persona que lo contrató, que le daba instrucciones y le pagaba su remuneración (vide: escrito de demanda, punto III, 2do. párrafo -fs. 9 vta.-) sin que el pretenso excepcionante aportara ninguna prueba en contrario.En definitiva, coincidiré con el Dr. Vergara, en que corresponde desestimar el presente agravio. Así lo voto.-----------1) Contrato de trabajo a prueba-despido: Principio por reiterar que se equivoca la parte demandada impugnante en aseverar que el actor es quien corría con la carga de probar las argumentaciones vertidas en el escrito de inicio, al menos en cuanto efectúa tal afirmación como sustento de su escrito de agravios sin reparar la concurrencia dentro del marco de apreciación probatoria que incurrió en confesional ficta.---------------Es decir, al momento de sustentar el recurso de apelación que impetrara no es factible predicar ello en tal marco presuncional adverso a su posición en lo que respecta a los hechos alegados en demanda por el actor.-------------------A todo evento, aún cuando pudiera invocarse que la confesional ficta en la cual también incurriera el actor "compensa" o "neutraliza" la presunción normada en el art. 25 de la L.C.T. ya citado, ello solo derivaría en la duda que merced a lo normado por el art. 9, último párrafo, de la L.C.T. según texto modificado por Ley 26.428, opera en sentido más favorable para el trabajador. Por lo demás, es diametralmente diferente sostener como lo hiciera el actor que fue despedido sin causa con la invocación de que el vínculo se extinguió por voluntad concurrente de ambas partes de la relación laboral. Bastará con poner en el tapete que esta modalidad de extinción invocada por la patronal requiere de formas que ni siquiera fueron mencionadas como cumplidas por la misma (Conf. art. 241 de la L.C.T.).----------En tal contexto normativo es evidente que no cuenta con ninguna relevancia, jurídica al menos, la percepción de haberes y liquidación final a los que alude la parte demandada impugnante en sustento del agravio bajo análisis.-De otro lado, sabido es que se pone como obligación del empleador la de registrar el contrato a prueba en el libro especial del art. 52 de la L.C.T. o, en su caso, en el previsto en el art. 84 de la ley 24.467. El contrato a prueba está sujeto al cumplimiento de dos requisitos: a) que no exista otro contrato a prueba anterior entre las mismas partes; y b) que el empleador lo registre en el libro especial del citado art. 52 de la L.C.T. (conf. art. 7 de la ley 24.013). No hecho de tal manera tal como aconteciera en la especie, no resulta oponible al trabajador el período de prueba alegado por la empleadora.-Ingresando al cuestionamiento puntual de los rubros de la liquidación correspondientes al preaviso y al agravamiento indemnizatorio del art. 15 de la ley 24.013, compartiré con el Dr. Vergara que efectivamente el desconocimiento que efectuara el actor de la documental adjunta al escrito de responde resulta ineficaz para excluirla de la valoración probatoria. Es que indudablemente con la negativa genérica y vaga que fuera formulada bajo la siguiente leyenda "...mi parte viene a desconocer aquella que se individualiza como "contrato a de trabajo a prueba" y "tres recibos de haberes"..."(sic) al responder al traslado de la documental adjunta a la contestación de demanda (fs. 37 y vta.), no se satisface el requerimiento legal de negar la firma de los documentos que se le atribuye (conf. arts. 919, 1026, 1028 y conc. del Código Civil).----Ante ello, teniendo por cierto el cobro de la suma consignada en el recibo de fs. 26 ($ 406), desestimo que corresponda tomar solo 15 días de preaviso toda vez que como ya lo indicara precedentemente el periodo de prueba, al no encontrarse inscripto como debía hacerlo la patronal, es inoponible al trabajador, por lo que debe tomarse el plazo de un (1) mes, tal como lo estableciera el Dr. Vergara en su voto. El art. 232 de la L.C.T. dispone que la indemnización sustitutiva del preaviso debe ser equivalente a la remuneración que hubiese correspondido al trabajador durante el plazo del mismo, por lo que el cálculo efectuado en base a los días laborales correspondientes a dicho plazo y no a los correspondientes al último mes trabajado resulta correcto. Es que en la especie, para tal cálculo debe aplicarse el principio de la normalidad próxima al que alude Juan Carlos Fernández Madrid, noción ésta que intenta poner al agente en situación remunerativa lo más cercana posible a aquélla en que se hubiere encontrado si la rescisión no se hubiera operado (Conf. aut. cit., en "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", Ed. La Ley, 3ra. ed., año 2007, T. II, págs. 1838, n° 15.5.2.).Es por lo cual compartiré con el votante en primer lugar, en que corresponde computar como indemnización sustitutiva del preaviso la suma de $ 834,19 a la cual, a su vez, procede deducir el importe percibido por el actor según constancia del recibo ya valorada. Habida cuenta de lo cual, efectuados los cálculos respectivos, se obtiene la suma de $ 428,19. En consecuencia, deberá admitirse parcialmente el agravio para deducir del monto del capital de condena la suma de Pesos Cuatrocientos Seis ($ 406). Así lo voto.-A tenor de lo expuesto respecto a la cuantía del preaviso no le asiste razón a la parte recurrente en cuanto postula que corresponde duplicar la suma de $ 406 -que es aquella que abonara- y no la que correspondía según se explicitó en concepto de indemnización por falta preaviso, por la suma de $ 834,19 que es la que toca duplicar de acuerdo a lo previsto por el art. 15 de la ley 24.013 en tanto dicha norma remite al derecho a percibir "...el doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido..."(sic), y ya se indicó cual fue el importe que hubiera correspondido abonar al actor en concepto de indemnización por falta del preaviso magüer que se hubiera hecho lugar a la compensación del monto percibido por tal concepto según constancia de recibo obrante a fs. 26.-----------En resumen, pues, corresponderá acoger parcialmente el presente agravio en la medida antes fijada, esto es, en tanto se admite la procedencia de la deducción de la suma percibida por A. de $ 406. Así lo voto.-----------------3) Certificado de trabajo-su entrega: La sentenciante ponderó que no se satisfacía la obligación de entregar el certificado de trabajo y remuneraciones con solo poner a disposición del trabajador en la sede de la empresa para su retiro por el dependiente.---En contra de tal tesitura se esgrime solo una posición meramente discrepante aseverándose que se cumplió con tal entrega aunque sin precisar cual es el basamento fáctico y, eventualmente, su consecuente prueba a partir de la cual pudiera siquiera avanzarse en la consideración de tal afirmación por parte de este tribunal revisor (vide: escrito de agravios -fs. 137 vta.-).-----Por lo demás resulta inaudible la afirmación consistente en que si se efectivizó la entrega del certificado ello acreditaría que la patronal habría cumplido con la obligación de registración que pesa sobre ella. Es que bastará con advertir que para que pueda emitirse tal certificación impuesta por la norma sustantiva concurre un dato primario que se tuvo por insatisfecho en estos actuados, cual es que tal certificación solo es viable que se emita según los datos consignados en el libro especial previsto por el Art. 52 de la L.C.T., que como es de ver no aconteció dado que no solo no fue acompañada a estos actuados tal documentación sino que tampoco pudo acceder a la misma el perito contador dictaminante.--------------------Aduno de mi cuño a título solo de mayor abundamiento, que comparto plenamente la tesitura adoptada por la Sra. Juez del anterior grado en cuanto que no satisface la obligación legal contenida en el art. 80 de la L.C.T., con manifestar que se "pone a disposición" del trabajador para su retiro tal documentación. Es decir, soy de la opinión que no se verifica si su cumplimiento se remite a que el propio trabajador se apersone en la sede de la empresa, toda vez que el empleador previa intimación a recepcionar la certificación puede consignarla judicialmente o administrativamente, máxime cuando es dudoso que la emitiere como lo afirma si, a la par, no solo no acompañó registro alguno sino que tampoco el perito contador pudo acceder a los mismos (ver: dictamen de fs. 80)(Conf. CNTrab., Sala III, 11/02/2002, en autos "Fraza, Maria c/ Storto, Silvia y otro s/ Despido").---En resumen, coincido en que en el presente agravio se ha incurrido en deserción parcial del recurso por adolecer el mismo de suficiencia técnica, ello así, en los términos previstos por los arts. 265 y 266 del C.P.C.C.. Así lo voto.-------III.- Conclusión:

--- Por todo lo expuesto corresponderá revocar parcialmente el fallo venido en apelación para disminuir en menos el monto del capital de condena a la suma de Pesos Seis Mil Ochocientos Setenta y Nueve con Veintiocho Centavos ($ 6.879,28), con más los intereses indicados en el anterior grado, confirmándolo en todo lo demás que fuere materia de agravios.-----------------------Desde que esta disminución del monto condenatorio altera, aunque en mínima medida, las calidades de vencedor y vencida que presentan las partes en ambas instancias, desde que concurren vencimientos parciales y mutuos, se impone adecuar a este nuevo decisorio la atribución de las mismas. Para ello pondero que de todas las pretensiones deducidas en demanda y que se ven reflejadas en la liquidación de fs. 12 vta., se acogieron casi en su totalidad con la sola disminución de importes y la retracción del monto que ya percibiera, en menos de lo debido, el actor en concepto de preaviso, lo cual delinea tanto en primera como en segunda instancia vencimientos mutuos que estimo conducen adecuadamente a que se impongan las costas de ambas instancias en un 95% a cargo de la parte demandada y en el 5% restante a la parte actora, por representar tales alícuotas, a mi juicio, prudentemente los éxitos obtenidos por ellas en el presente proceso (Conf. arts. 59 de la ley 69 y 71 y 279 del C.P.C.C.).---Por la última norma de cita también será menester realizar la adecuación de los honorarios devengados en el anterior grado. A tal efecto, ponderando la extensión, calidad y eficacia de los trabajos cumplidos por los Dres. F. A. y C. A. La C., letrados apoderados del actor y la demandada, estimo adecuado fijarlos en las sumas equivalentes al 18,2% y 14% respectivamente, sobre el monto del proceso que se determine en la etapa de ejecución y con más el I.V.A. pertinente (Conf. arts. 6, 7, 9, 19, 37, 39 y 47 de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).---Los honorarios del Dr. C. A. La C., por sus tareas de alzada, apreciando su actuación bajo idénticas pautas, considero deben ser establecidos en la suma equivalente al 3,64% del aludido monto del proceso, con más el I.V.A. pertinente (Conf. arts. 6 y 14 de la ley 2.200).-------------Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.------ --- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:--------------Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para disminuir el capital de condena a la suma total de pesos seis mil ochocientos setenta y nueve con veintiocho centavos ($6.879,28.-), con más los intereses establecidos en la anterior instancia; b) imponer las costas de ambas instancias en un 95% a cargo de la parte demandada y en un 5% a cargo de la parte actora; c) fijar, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de los Dres. F. A. y C. A. La C., por sus tareas de primera instancia, en las sumas porcentuales equivalentes al 18,2% y 14%, respectivamente, del importe del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia; d) regular los emolumentos de el Dr. C. A. La C., por los trabajos cumplidos en esta instancia, en la suma porcentual equivalente al 3,64% del ya aludido monto del proceso; y e) declarar que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.------- Así lo voto.

--- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:----------------- --- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara por resultar el mismo fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado.-------ASI LO VOTO.---- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar: ------------------S E N T E N C I A: ------------Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:------------------------- --- REVOCAR parcialmente la sentencia venida en apelación para disminuir el capital de condena a la suma total de pesos seis mil ochocientos setenta y nueve con veintiocho centavos ($6.879,28.-), con más los intereses establecidos en la anterior instancia.------IMPONER las costas de ambas instancias en un 95% a cargo de la parte demandada y en un 5% a cargo de la parte actora.----------------FIJAR, POR ADECUACION al presente decisorio, los honorarios de los Dres. F. A. y C. A. La C., por sus tareas de primera instancia, en las sumas porcentuales equivalentes al 18,2% y 14%, respectivamente, del importe del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia.----REGULAR los emolumentos de el Dr. C. A. La C., por los trabajos cumplidos en esta instancia, en la suma porcentual equivalente al 3,64% del ya aludido monto del proceso-------------------------DECLARAR que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.------------------------ --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--- --- REGISTRADA BAJO EL N°_________DEL AÑO 2009 - SDL - CONSTE.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA.