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Trabajo, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GABRIEL Y CIA. S.R.L. c/ MAYORGA S.C.A. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-27

Sin perjuicio de la facultad exclusiva de los jueces en materia de interpretación de las leyes, no debe perderse de vista la importancia de las funciones que el propio reglamento provisorio del trabajo portuario atribuye a la capitanía general de puertos como autoridad de aplicación. (Sala 1,2119,270983)
Procedimiento administrativo, nulidad del acto administrativo, vicios del acto administrativo, dictamen jurídico previo, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vicla S.A. c/ DGR s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-22

El vicio que padece el acto impugnado en las presentes actuaciones (omisión del recaudo previsto por el artículo 116 inc. 25 del Código Fiscal y carencia del Dictamen de la Dependencia Jurídica de la DGR) no es susceptible de saneamiento posterior por el principio de legalidad objetiva que debe regir la actividad de la administración. Aceptar la inobservancia del ordenamiento jurídico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implicaría en primer lugar admitir la creación por vía pretoriana de una forma de saneamiento de los actos nulos y en segundo lugar consentir judicialmente la sistemática violación de las normas por parte de un órgano del mismo Estado que las crea.

Considerar que la falta de dictamen jurídico previo no es un vicio insanable de acto administrativo implicaría prescindir de aquél y privar al asesor letrado permanente de su objetividad e imparcialidad, dado que su posterior opinión estará signada por el compromiso que genera el acto ya emitido. En síntesis, el dictamen ha sido concebido legalmente para ilustrar la toma de decisión o informar sobre una acción futura y convalidar su omisión constituiría una violación a la disposición constitucional que expresamente prevé que la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos (art. 134 de la CCABA).

La ausencia de manifestación del organismo jurídico constituye un vicio en la voluntad de la administración, por cuanto la autoridad administrativa encargada de tomar una decisión se pronunció sin que se hayan efectuado las consultas requeridas legalmente. Ello encuentra sustento en que el trámite omitido pudo haber ejercido influencia en el conocimiento o en la voluntad que ha formulado la declaración final, podríamos suponer que en el caso de haberlo oído, el acto no se hubiera dictado u otra hubiese sido la decisión. Sin duda, es relevante que el dictamen se efectúe con anterioridad a la decisión administrativa. Se concluye, en el caso, que la gravedad del vicio que afecta a la resolución de la Dirección General de Rentas acarrea su nulidad. (Del voto en disidencia de fundamentos de la Dra. Nélida M. Daniele).
Proceso judicial, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tedesco, José y otro c/ Salmena de Iannelli, Lucrecia Noemí s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-23

Las normas procesales deben ser armonizadas para alcanzar la justa composición del objeto litigioso. El procedimiento en reposo, el que sólo está escrito en el texto, no es mas que texto.
Ejecución fiscal, títulos ejecutivos, pago de tributos, pago anticipado, habilitación de instancia, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvear Palace Hotel c/ G.C.B.A. s/ Impugnación de Actos Administrativos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-28

En el ámbito local no existe una norma de la que se desprenda la exigencia inexcusable del pago previo del tributo adeudado o de la multa impuesta como condición formal para impugnarlos judicialmente. Ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de expedir títulos ejecutivos para obtener su cobro en un proceso judicial de características especiales, como es el proceso de ejecución fiscal, proceso que no puede ser interrumpido mediante la tramitación de medidas cautelares ajenas a su propio marco.
Legítima defensa, falta de prueba, homicidio con alevosía, prisión perpetua, agravantes de la pena, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: Giujuza, Maximiliano Gastón c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-31

Corresponde descartar el planteo fundado en la legítima defensa si no existe prueba alguna que acredite el contexto fáctico de un acometimiento ilegítimo llevado a cabo por la víctima contra el imputado que hubiera ameritado la actuación de éste para repelerla justificadamente. Por el contrario, tal como se tuvo por acreditado, fue el encartado quien la atacó ilegítimamente hasta lograr su muerte, para lo cual procuró estar a solas con ella, trabó la puerta (valiéndose del respaldo de la cama, tablones y otros objetos) y la encerró en su casa para impedirle que se escape o que reciba auxilio de terceros, en dicha oportunidad le asestó cuarenta y tres puñaladas que le produjeron la muerte, sin que obste el pseudo argumento defensista relativo a la mayor fuerza física de la víctima a raíz de su contextura, pues en las particulares circunstancias del caso no resulta un factor a considerar a los fines de predicar la existencia de un comportamiento justificado. La multiplicidad y gravedad de lesiones ocasionadas revelan un plus ofensivo por parte del sujeto activo que impide desde todo punto de vista lógico (y habiéndose descartado su inimputabilidad) considerar la idea de que ellas fueron proferidas en el marco de una actuación defensiva, sino que, como correctamente se concluyó en la sentencia, configuran la alevosía que calificó el quehacer homicida. Si la víctima se encontraba indefensa (elemento objetivo) y ello fue procurado y aprovechado por el imputado con el fin de actuar sin riesgo alguno para su persona (elemento subjetivo distinto del dolo), se verifica la agravante de alevosía que califica el homicidio a tenor del art. 80 inc. 2 CP.La pena de prisión perpetua en nuestro país, pese a su severidad, no puede ser encuadrada como "inhumana" y "degradante". Si bien tanto la querella como el fiscal general, en la oportunidad de los alegatos, solicitaron la aplicación del tipo penal previsto en el art. 80 inc. 11 CP, lo cierto es que ambos consintieron el encuadre legal efectuado por el tribunal de mérito en la sentencia bajo examen, en el marco de un juicio de tipicidad en el que se descartó la concurrencia de dicha figura. Tal extremo obsta toda decisión al respecto que agrave la situación procesal del imputado por imperio del principio de la prohibición de la reformatio in pejus, pese a que la conducta llevada a cabo por el imputado contra la damnificada y el contexto fáctico en el que se inscribió su accionar trasuntan una peculiar concepción del género femenino que lejos de reconocerle a la mujer un espacio de autonomía y libertad para construir las relaciones intersubjetivas que ella deseara, la objetivizó reduciéndola a un estado semejante al de una posesión.
Sentencia penal, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL PENAL
Carátula: C, L A s/ TENTATIVA DE HURTO SIMPLE     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, con cierta razón, que la prohibición de reformatio in peius tiene sustento constitucional, como derivación de la inviolabilidad de la defensa. No obstante, el alto tribunal no ha sido consecuente al extremo con esa afirmación: se aparta de ella y del significado textual del principio, cuando permite que el tribunal del recurso agrave la consecuencia penal respecto de lo pretendido por el recurso acusatorio interpuesto; así considera que toda vez que existe un recurso acusatorio, el tribunal asume plena jurisdicción, aún para superar la pretensión punitiva expresada en su recurso.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Compañía   Azucarera  Concepción S.A. s/ incidente de reposiciónpedido  por  Estado  Nacional - Ministerio de  Economía y Obras y Servicios Públicos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

Es inadmisible el recurso extraordinario interpuesto contra la decisión que declaró abstracto el recurso contra la medida cautelar que, en el marco de un concurso preventivo, le había ordenado a una secretaría de Estado que expidiera ciertos certificados que le permitieran a la firma impugnante exportar una determinada cantidad de azúcar, pues no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
Contrato de trabajo, ley de empleo
Materia: LABORAL
Carátula: Gatica Marcela Soledad c/ Moyano Miguel s/ Ordinario (LIBRO: S075 - 197)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-12-06

Si bien la ley de empleo no determina plazo para que el empleador intimado en virtud del art. 8 responda, debe estarse al plazo establecido en el art. 57 de la L.C.T. que es de dos días hábiles.

Ello porque la ley de empleo N: 24.013 es posterior a la L.C.T.

y si hubiese querido modificar un plazo, lo pudo haber introducido en su texto, y porque esta nueva ley no se aparta ni tácita ni expresamente de las intimaciones vigentes en las relaciones laborales.-
Pago, aceptación del pago, aceptación sin reserva, fallos de la Corte Suprema
Materia: CIVIL
Carátula: Prado, Ernesto Nolasco c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-05

No cabe admitir que el acreedor disponga de todo el tiempo previsto para la prescripción del derecho a reclamar su crédito (que podría ser, como en el sub-examen, de diez años), porque lo que está en juego aquí no es ya la subsistencia del derecho original en cuanto tal (mejor dicho, la de hacerlo valer judicialmente), sino los efectos que sobre él produce un pago recibido como total. A este respecto importa recordar lo dicho por la Corte Suprema en un caso donde debatíase el efecto liberatorio del pago, acerca de que es condición vital del bien común la estabilidad y la clara determinación del orden de las relaciones jurídicas; estabilidad que veríase gravemente quebrantada por la incertidumbre jurídica si hubiesen de prosperar reclamaciones como la que en sub - lite se analiza.
Ruidos molestos, medidas cautelares, clausura del establecimiento, levantamiento de clausura
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: U, C. F. s/ Artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-09

En el caso, se observa la realización de trabajos de insonorización consistentes en la aislación acústica sobre las paredes del local (que en un primer momento fue clausurado y dicha medida luego fue dejada sin efecto por el juez a quo) tendientes a eliminar cualquier posible filtración de sonido que pueda perturbar a los vecinos, los que resultan suficientes para determinar que la reimplantación de la clausura que pretende el apelante no encuentra apoyatura fáctica ni jurídica alguna; ello así, pues la clausura debe limitarse estrictamente al ámbito necesario para hacer cesar la contravención, y su duración depender de que el imputado haga cesar las causas que la motivaran, para lo cual puede, durante la subsistencia de la medida, efectuar los arreglos y reparaciones necesarios, que hayan dado lugar a la adopción de la cautelar Asimismo, el levantamiento de la medida decretada por el a quo, por ende el renacimiento de la actividad desarrollada en el local en controversia, no ha dado lugar a queja alguna por parte de los vecinos, situación ésta que permite inferir que las obras de insonorización llevadas a cabo en él, lograron hasta el momento el resultado buscado.

En esta línea de reflexión, la existencia del peligro inminente para la salud pública ha sido prima facie desvirtuada, por lo que en definitiva la medida de clausura preventiva ha sido correctamente levantada; la norma del artículo 29 de la Ley de Procedimiento Contravencional impone esta solución, pues claramente expresa que la clausura preventiva perdurar hasta que se reparen las causas que dieron motivo a imponerla. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Recurso de inconstitucionalidad, incongruencia, proceso penal, acción civil, sentencia absolutoria, accidente de tránsito, automotores, conductor, culpa concurrente, daños y perjuicios
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL CIVIL
Carátula: L, J L s/ HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ   EXPTE N. 773-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

Para tener por configurado el vicio de autocontradicción es necesario que la sentencia atacada presente una irreductible oposición conceptual que torne ininteligible el fallo, a punto tal d e descalificarlo como acto jurisdiccional. Y, no logra persuadir que los fundamentos vertidos en el decisorio recurrido presenten una fractura lógica de esa índole, el impugnante que partiendo de la base que la Sala podía revisar la atribución de culpa de los imputados en la faz civil, pierde de vista -al fundar su reproche- que la absolución penal obtenida no obsta a la investigación de la culpabilidad y atribución de responsabilidad civil, ya que el análisis en el ámbito penal se hace con un propósito punitivo, en tanto que en el ámbito civil se persigue el objetivo del resarcimiento de los daños y perjuicios. DEL VOTO EN DISIDENCIA DE LOS DRES. FALISTOCCO Y VIGO. (Doctrina: Cazeaux-Trigo Represas: "Derecho de las Obligaciones", T IV, p. 587 y ss; Llambias: "Obligaciones", T IV-B, p 84 y ss.; Bustamante Alsina: "Teoría general de la responsabilidad civil", ns. 1664 y 1665; Salvat-Acuña Anzorena: "Fuentes de las obligaciones", T IV, nro. 956).
Medidas de fuerza, suspensión del derecho de huelga, inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Leiva, Horacio y otros c/ Swift Armour S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-06

Corresponde declarar inconstitucional, aún de oficio, la aplicación de los arts.1, 8 y 14 de la ley 21.400 en el caso de autos (en el que los hechos bajo juzgamiento son captados por esos textos legales) porque tal aplicación excedería aquel marco de restricción del art.14 bis de la Constitución Nacional que pudiera estar legitimado en función del art.23 de dicho cuerpo constitucional y sus límites de razonabilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Obligación de seguridad, ciclista, accidente en espectáculo deportivo, responsabilidad del concesionario vial
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Julia Irene Y Otros c/ Agrupación Ciclista Azuleña y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-02-27

La omisión de adoptar las medidas de cuidado y control de acuerdo a las circunstancias del caso originan la responsabilidad del concesionario vial por el daño producido a un ciclista que competía en un tramo de la ruta bajo su custodia.
Hipoteca, ejecución hipotecaria, acreedor hipotecario, compensación, desocupación del inmueble, resoluciones inapelables, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: LUSIN  DE  GOREL, CECILIA c/ FEFER, JORGE s/ EJEC. HIPOTECARIA S/QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

Procede conceder en una ejecución hipotecaria el recurso opuesto por el ejecutado -actualmente fallido- contra la resolución del juez de grado que da por integrado el precio de compra ofrecido -por cierto inmueble del ejecutado- y que tuvo a los acreedores hipotecarios por adquirentes definitivos, intimándolo a desocupar el inmueble y desestimando parcialmente la impugnación de la liquidación practicada por la actora, toda vez que, no habiéndose declarado acreedor en su quiebra al titular de cierto porcentaje del crédito hipotecario, no podía compensar el precio sino que debía depositarlo, de manera que la materia apelada no es de naturaleza concursal, subsumible en la ley 24522 art. 273-3, sino que se trata de una cuestión procesal referida a la integración del precio de subasta, y por lo tanto apelable.
Principios generales del Derecho, orden público, realidad económica
Materia: CIVIL
Carátula: Lagos, Nelson Rubén c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Diferencia Salarial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-05-24

El orden público general puede imponer la necesidad de limitar la autonomía colectiva y se integra también con el orden público económico cuyo objetivo inmediato es la eficacia económica, pero que tiene como objetivo mediato el bien común. Ese orden público económico es de naturaleza circunstancial, propio del dinamismo de la realidad económica, que no permite pensar en normas de vigencia indeterminada.
Excepciones procesales, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: DIAZ MARTIN REYES c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-09-19

de esta manera, queda claro que lo que interesa determinar en una excepción de prescripción, es la fecha en que el trabajador conoce de una manera inequívoca y cierta, la lesión que le provoca una disminución en su capacidad laborativa, tanto en lo que se refiere a su carácter (total o parcial) como a su durabilidad (temporaria o permanente) corriendo por cuenta del excepcionante la carga de la prueba sobre este hecho o circunstancia.
Recurso de inaplicabilidad de ley, asegurador por riesgos del trabajo, insuficiencia del agravio
Materia: LABORAL
Carátula: Bulay Juan Pablo c/ Asociar ART S.A s/ recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-15

En el caso, no es que la ART recurrente dejo algún fundamento de la sentencia de primera instancia sin criticar, sino que directamente no se atacó ningún basamento de la misma, y solo se cuestionó una interlocutoria anterior relativa a la competencia del a-quo. Dicha interlocutoria fue objeto de recurso de inaplicabilidad de ley incoado por la hoy recurrente, y frente al mismo, el STJER determinó por mayoría que había sido mal concedido el recurso al no tratarse de sentencia definitiva, respecto del cual existió recurso extraordinario que fue rechazado por el STJER, y la queja ante la Corte Suprema no suspende el trámite del presente proceso hasta que la misma no sea admitida. Más allá de ello, y aun tomando como hipótesis que la apelante se encontrare habilitada para cuestionar aquella interlocutoria, debió atacar de todas formas la sentencia definitiva dictada en la instancia de grado que la condenó a pagar la indemnización respectiva (Voto Romero, en disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VARAS, EDUARDO c/ Y.P.F. S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - COBRO DE  PESOS LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 294 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-05

Resulta suficiente para desestimar el remedio intentado por incumplimiento del recaudo formal de autosuficiencia exigido por el artículo 3 de la ley 7055 la lectura del escrito recursivo presentado, el cual revela defectos relevante en su confección -reiteraciones, descontextualizaciones, ausencia de puntos y referencias que no se corresponden con las constancias de autos- que conspiran contra la necesaria claridad y precisión que debe exhibir este tipo de planteo extraordinario, no sólo para poder comprenderlos, sino porque así lo exige la propia norma legal que regula el recurso de inconstitucionalidad local.
Tenencia de estupefacientes, constitucionalidad, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Silvera Silva, José G. s/ recurso de casación. Causa: 418
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-05

La tenencia es prohibida por la ley y su constitucionalidad ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Daño moral, indemnización, filiación, acciones de filiación, filiación extramatrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: P., C. c/ A., G.E. s/ FILIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-20

A efectos de determinar la indemnización por daño moral en la acción de filiación extramatrimonial, corresponde evaluar el comportamiento de las partes especialmente el materno, si se dirigió a acelerar y alentar el vínculo paterno filial, pues la ponderación de tal conducta incide en el "quantum" de la reparación.-
Costas, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires c/ Municipio de la Costa s/ Inconstitucionalidad ordenanza 1229/1992 y decretos 1213/1992 y 1247  /1992
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-09-14

Si la cuestión a resolver se ha tornado abstracta, no corresponde considerar vencida a ninguna de las partes, motivo por el cual las costas deben imponerse en el orden causado.
Confirmación de sentencia, excepción de incompetencia, privación ilegal de la libertad, funcionarios públicos, querellante
Materia: PENAL
Carátula: Vargas, Nelson Javier s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-07

Corresponde confirmar el rechazo de la excepción de falta de competencia del fuero nacional en razón de la materia, pues el art. 33, inc. d, CPPN, sólo suscita la competencia federal en la medida en que los intereses en juego sean de tal trascendencia que resulte justificado por el espíritu mismo de la norma y se haya visto comprometida la seguridad del Estado o de sus instituciones. En el caso, más allá de la extrema gravedad de los hechos objeto de investigación subsumidos bajo el art 144 ter, quater y quinquies, CP, y atribuidos a un funcionario público en los términos del art. 77 CP, que habrían sucedido en el ejercicio de sus funciones de Jefe de Turno en el Complejo Penitenciario Federal -cuyas consecuencias no trascendieron de la afectación al querellante-, no se afectaron intereses federales ni la prestación del servicio del establecimiento nacional en cuestión. En definitiva, pese a su gravedad, la conducta investigada no logra trascender de un modo tal que afecte o lesione directamente a la Nación, en la medida en que no se vislumbra afectación de intereses federales, o afectación a la prestación misma del servicio penitenciario (voto de los jueces Bruzzone y Sarrabayrouse).
Posesión, posesión legítima, boleto de compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: GARCÍA, Germán Esteban c/ FERRAZZI, Irma Leonor s/ REIVINDICACIÓN
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-15

La ocupante de un inmueble que manifiesta ser poseedora legítima, pero tiene título suficiente, ni justo ni putativo, ni siquiera un boleto de compraventa, no puede justificar la legitimidad de su posesión al afirmar que detenta el bien en forma pública, pacífica e ininterrumpida, porque estas circunstancias son hipotéticamente confirmatorias de la posesión ilegítima. (Sumario N°20347 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Gascón Cotti, Alfredo J. y otros s/ inconstitucionalidad ley 10.859 y decreto 5766/89.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-06

Corresponde dejar sin efecto, por ser contraria a los principios superiores de la Constitución Nacional, la sentencia que rechazó in limine la demanda dirigida contra la ley 10.859 de Buenos Aires que estableció el trámite de la reforma constitucional, considerando que no aparecía satisfecha la exigencia del art. 149, inc. 1., de la Constitución de Buenos Aires, por no revestir los actores la condición de "parte interesada".