Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-14


Causa 435-00/CC/2005 "GCBA c/ SALMUN, Aarón s/ Ejecución de multas - Apelación" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de septiembre de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, integrada por los Dres. Elizabeth A. Marum, Marcelo P. Vázquez y José Sáez Capel a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto contra las resolución obrante a fs. 34/5 de la presente causa, de la que RESULTA:

I) Que a fs. 37 se agrega el recurso de apelación interpuesto por el mandatario del GCBA contra la resolución adoptada por el titular del Juzgado CyF N° 19 que declaró la inhabilidad del certificado de deuda obrante a fs. 2 con sustento en el cual se pretende lograr el cobro compulsivo de la suma de cinco mil quinientos setenta pesos ($5570) a través del presente proceso especial de ejecución fiscal.

Que la decisión de grado, para decidir como lo hizo, advirtió que este Tribunal, en ocasión de revocar la decisión que declaró prescripta la sanción de multa, señaló que el certificado de deuda que originó este proceso resultaba incongruente toda vez que se sustentaba en una sanción dictada el 15/09/2003 y notificada el 4/09/2003 (fs. 29/30 vta.).

Que el juzgador de grado, oficiosamente y con sustento en las opiniones doctrinarias y los antecedentes jurisprudenciales que se aprecian citados en la resolución en crisis, entendió, sustancialmente, que si se estaba frente a un juicio en torno a un título a cuyas formas se le otorgan efectos de notoria envergadura, correspondía rechazar la presente acción dada la manifiesta inhabilidad de éste.

Que los agravios del recurrente, expuestos en el memorial obrante a fs. 45/50, giran en torno a considerar que las normas que considera aplicables al caso asignan al certificado de deuda el carácter de instrumento público merecedor de plena fe.

Específicamente, en lo que atañe a la labor de hacerse cargo de criticar las razones dadas por el Magistrado de Grado para decidir como lo hizo, manifiesta que la decisión en crisis transita por un excesivo rigor formal y que la incongruencia advertida por el Magistrado de Grado consiste en un mero "error involuntario de impresión" toda vez que, del cotejo del legajo administrativo en que se dispuso la condena que se pretende ejecutar, que la actora acompaña como prueba recién en ocasión de fundar su apelación, se advierte que la fecha en que la sanción de multa impuesta por la administración fue efectivamente notificada es: 17/09/2003.

II) Que, el recurso bajo examen fue concedido en relación y los autos quedaron en estado de ser resueltos a fs. 53, resultando pertinente dilucidar, en primer término, si el recurso fue bien concedido y luego, en su caso, revisar la decisión en crisis a la luz de las críticas que ha generado.

PRIMERA CUESTION El recurso bajo estudio ha sido correctamente concedido en relación toda vez que la decisión en crisis no constituye, en un sentido técnico, sentencia definitiva (arts. 219 y ss. CCAyT). Por ello corresponde abocarse a los agravios presentados.

SEGUNDA CUESTION Confrontando lo decidido con los agravios que ha generado y, teniendo presente las opiniones doctrinarias y jurisprudenciales que se han expedido sobre el asunto, se puede concluir que la decisión criticada debe ser confirmada, aún cuando del estudio del legajo aportado, y desde la perspectiva de las nociones doctrinarias de culpabilidad por el injusto, la continuación de la ejecución en el caso no aparezca como irrazonable.

En efecto, estamos frente a una cuestión procesal, propia de los jueces de mérito. El excesivo rigor formal denunciado resulta directamente proporcional a las consecuencias, también excesivamente rigurosas, que acarrea un título ejecutivo hábil. Corresponde ser tan severo en este ámbito, justamente, por las severas consecuencias que se derivan del título en cuestión.

Es menester señalar, por una parte, que la trascripción del párrafo de la sentencia del TSJBA que el recurrente efectúa, sin identificar la resolución a la que corresponde (fs. 48/vta.), pareciera pertenecer a la causa "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Sr. Propietario s/ ejecución fiscal", Expte. nº 3374/04 de 18/05/2005 donde, el José Osvaldo Casás, en su voto expuso consideraciones muy similares a las presentadas que, sin embargo, están lejos de resultar aplicables al caso. Ello así por cuanto en esa causa, al igual que en muchas otras, se discutía el defecto consistente en la indebida acreditación del sujeto pasivo de una obligación tributaria como consecuencia de la "la limitación castrante del art. 10 de la ley nº 24.588" (en palabras del propio Casás, que se comparten). Aquí, el defecto en cuestión obedece a la pura negligencia del actor sin que pueda descargarse la responsabilidad en ningún factor externo.

Por otra parte, las severas consecuencias para el erario público, alegadas por el recurrente (alegación que deja traslucir su convicción acerca del carácter recaudatorio del Régimen de Faltas), no sirven como fundamento suficiente para revocar la decisión en crisis. En modo alguno pueden hacerse recaer, hoy en día, dichas consecuencias sobre la sentencia bajo examen, o sobre esta resolución que la confirmará.

Son, en todo caso, esas graves consecuencias, las que deben verificar el actor y su mandataria al presentar acciones como la presente. Ello no ocurrió en el caso, donde se presentó un título ejecutivo ostensiblemente improcedente, cuyo requisito de autosuficiencia, no permite que sea completado con el legajo administrativo que solamente puede ser tenido presente, en este tipo de procesos, a fin de constatar únicamente aquellos extremos que la ley vigente al momento de los hechos manda verificar.

Esa es la solución que se desprende de la doctrina jurisprudencial aplicable al caso que explicó, con apreciable claridad, como "Para poner en práctica ciertas decisiones administrativas de contenido tributario (e, incluso, de carácter sancionatorio, así algunas multas), el orden jurídico prevé la emisión por parte de la Administración de un título (boleta o certificado de deuda), al que se le otorga el carácter ejecutivo y que, por ende, puede ser la base de un juicio ejecutivo".

"La ley procesal local, al igual que el derecho federal y provincial, acoge el instituto [juicio de apremio o juicio de ejecución fiscal], que se caracteriza por su brevedad, por la limitación en las defensas oponibles y por la remisión del debate jurídico sustancial a un juicio ordinario posterior. Las características del juicio resaltan la importancia que tiene el título que permite iniciarlo, ya que, en principio, sólo se admiten defensas basadas en su deficiencia extrínseca. Sin embargo, la ley local, al igual que la equivalente federal, no especifica cuáles son los recaudos que debe reunir un título para ser considerado válido." "Se trata de una situación anómala, pues se advierte que hay una desproporción legislativa entre la regulación del título (poco se dice sobre los requisitos de validez) y sus efectos procesales (permitir un juicio breve y de reducido debate). La ausencia de una regulación legal no puede significar que los títulos pueden confeccionarse de cualquier modo o, dicho de manera equivalente, que no deban respetar una serie de requisitos mínimos para que puedan tener el efecto que la ley les otorga." "(...) [E]s dable recordar que las boletas de deuda deben bastarse a sí mismas, no pudiendo ser integradas con otras constancias del expediente" (Sala I Cámara CAyT in re GCBA CONTRA GUMMA SRL SOBRE EJECUCION FISCAL" , expte. 302411/0 del 27 de agosto de 2004, el destacado obedece a la necesidad de enfatizar la idea).

En autos, además, se advierte que la actora, aún cuando tenía conocimiento del ostensible defecto que este Tribunal advirtió de la mera lectura del certificado de deuda obrante a fs. 2 (fs. 32), recién acompañó el legajo administrativo, mediante el que pretende corregir el manifiesto defecto del certificado de deuda, en el recurso de apelación (fs. 50 vta.); es decir, no propuso oportunamente la cuestión al Magistrado de Grado.

Asimismo, de apartarnos de la doctrina jurisprudencial aplicable al caso; es decir, aquella que exige que el certificado de deuda sea autosuficiente, y se siguiera el camino propuesto por el recurrente, surge, inmediatamente, otro interrogante: la cédula de notificación obrante a fs. 137 del legajo 39260/03, fue fijada en el domicilio "constituido"; sin embargo, no se advierte de ese legajo que el infractor haya constituido domicilio en momento alguno. Este párrafo apunta a demostrar el problema que se generaría en caso de pretender completar el certificado de deuda con el legajo administrativo acompañado, en aquellos casos en que la ley aplicable no exija constatación alguna, pues surgiría el interrogante de hasta dónde es pertinente indagar.

En resumen, como queda expuesto, a la luz de la doctrina jurisprudencial citada y las características particulares del proceso en cuestión, corresponde confirmar la decisión en crisis. Ello aún cuando, desde la perspectiva de las necesidades preventivas especiales, que muchos autores, especialistas en el problema de castigo, han considerado que sustentan la justificación de la pena estatal, aparezca razonable ejecutar las penas en cuestión. Ello así, toda vez que el cúmulo de infracciones que se desprenden de la observación del legajo 392690/03 darían cuenta que el demandado, Aarón Salmun, manifiesta un total desprecio por las normas que regulan el estacionamiento de vehículos en esta Ciudad.

Por lo expuesto, en mérito del acuerdo que antecede y a los antecedentes jurisprudenciales citados, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

CONFIRMAR la resolución del titular del Juzgado CyF N° 19, obrante a fs. 34/5, que declaró la inhabilidad del certificado de deuda obrante a fs. 2 Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera instancia, a sus efectos.

Ante mí: