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Seguros, conducta fraudulenta, asegurado, robo de automotor, pretensión, ejecución del contrato, asegurador, indemnización, denuncia del siniestro
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAJA  DE  SEGUROS  SA c/ PROPIETARIO DEL VEHICULO DE DOMINIO COF642 S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

Si contrariamente con lo que era esperable en punto a la investigación del siniestro denunciado por el titular dominial del auto (cfr. Ley 17418: 46), la aseguradora pagó rápidamente la indemnización pretendida por el asegurado, sin siquiera consultar el legajo de propiedad del automóvil objeto del seguro, tal omisión tuvo un rol determinante para que el asegurado percibiera el dinero de la póliza por virtud del siniestro denunciado, pues es perceptible que con la sola lectura de los sucesivos registros asentados en el respectivo legajo la aseguradora pudo conocer la maniobra fraudulenta del asegurado y su hermano y contactar a quien se registró en el legajo como posible comprador -que, además, estaba en posesión del automóvil-. Justamente la posibilidad de hallar quien se presente declarando sus intenciones de comprar el rodado cuyo legajo consulta, es la finalidad perseguida por el registro al exigir que todo peticionario indique en el anverso o reverso de la solicitud tipo su nombre y apellido. Ello así resulta improcedente que la accionante procure ahora reclamar un derecho sobre el vehículo como consecuencia de un pago que, como se dijo, no tiene causa legítima. En tal sentido, cabe señalar que es acertado afirmar que en el marco de nuestro sistema jurídico y, específicamente, dentro del Régimen Jurídico del Automotor, se protege la seguridad estática, es decir, la que defiende el interés del titular dominial, pero no puede desconocerse que se admiten supuestos excepcionales que pueden conducir a una situación distinta. Y en el caso, no hay duda que se verificó un supuesto que autoriza ese régimen de excepcionalidad al privilegio del interés del titular dominial: la negligencia de la aseguradora y, del otro lado, la diligencia del comprador del rodado. Por lo que resultó ilegítima la modificación del dominio a favor de la actora (cfr. artículo 2355 del Código Civil).
Responsabilidad civil, accidente de tránsito, cruce de calles
Materia: CIVIL
Carátula: E., H. D. c/ R. V., G. R. y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-27

"La cuestión relativa a la responsabilidad en un choque producido en un cruce de arterias urbanas debe resolverse fundamentalmente a la luz de los principios que regulan la causalidad jurídica (arts. 901 a 906 Cód. Civ.), debiendo valorarse las normas regulatorias del tránsito, en tanto imponen un deber jurídico de obrar, en la medida en que su violación incide en esa causalidad.

Al respecto, es dable señalar que estas últimas tienen por finalidad ordenar el tránsito y evitar accidentes, previendo las situaciones más comunes en que éstos se producen y fijando modos de obrar para evitarlos.

Su transgresión, por eso, implica en principio no haber actuado con la previsibilidad que la norma señala y que por ello resulta exigible (art. 904 Cód. Civ.).

No obstante, las transgresiones a tales reglas deben ser consideradas, junto con otras circunstancias, en oportunidad de calificar la conducta de la víctima o del tercero para determinar si ha ocurrido o no -y en su caso en que extensión- la situación prevista en la parte final del segundo apartado del art. 1113 del Código Civil.
Beneficios previsionales, veteranos de guerra, imprescriptibilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ojeda, Juan Domingo y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - EMGA s/ Personal Militares y Civil de las FFAA y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-11

Si bien los beneficios reconocidos a los Ex combatientes de Malvinas por las leyes 22.674 y 24.310 son imprescriptibles, no lo son las sumas devengadas.
Movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: QUIAN HORACIO ALEJANDRO c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-07

La cuestión suscitada en autos resulta sustancialmente análoga a la resuelta el 31.03.09 por la C.S.J.N. en la causa "Chimondeguy, Alfredo", ocasión en que el Alto Tribunal confirmó, según sus fundamentos, lo decidido por la Sala III de la C.F.S.S. sobre un planteo similar al presente, aunque referido al mantenimiento de la movilidad especial previsto por el art. 4° de la Ordenanza 29.214 (en el caso, el titular obtuvo el beneficio al amparo de la Ordenanza 30.062) y, observó en particular, respecto del traspaso del régimen previsional de la Ciudad de Buenos Aires a la Nación operado por el Dec. P.E.N. 82/94, que: " .la transferencia aparece condicionada por el carácter no retroactivo del cambio legal, por la regla que permite acceder a las jubilaciones y pensiones según las leyes vigentes al tiempo del cese en la actividad o fallecimiento del afiliado y por las garantías dadas a los derechos adquiridos por los beneficiarios de la Municipalidad. A ello debe agregarse que la cláusula segunda del convenio aseguró el mantenimiento de las pautas de recomposición de haberes previstas en el decreto 1645/78 y sus modificatorios para las prestaciones otorgadas durante su vigencia, mas no existe norma alguna de dicho acuerdo que autorice a interpretar que el traspaso de las obligaciones a la Nación hubiese importado la pérdida de la movilidad especial que regía a la jubilación del causante" (cfr. consid. 10). Así las cosas -y sin perjuicio de la postura que sostuviera el suscripto en anteriores oportunidades-, procede ajustar la solución de la causa al referido criterio, pues es doctrina del Máximo Tribunal que: "Si bien las sentencias del Tribunal sólo deciden en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellas (Fallos 307:1094). Ello es así por cuanto por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (arts. 100 C.N. y 14 ley 48; Fallos 212?15)" (cfr. C.S.J.N. in re: "Pulcini, Luis B. y otro" -Fallos 312:2007-; criterio que concuerda con lo dispuesto en el art. 19 in fine de la ley 24.463. En consecuencia, corresponde confirmar la decisión de la anterior instancia que ordenó a la A.N.Se.S. reajustar el haber previsional del titular de autos aplicando el porcentaje del 82 % móvil del sueldo de un agente en actividad en la misma categoría tenida en cuenta al obtener el beneficio. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).
Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-05


El tribunal expresó como fundamento, que parcialmente se transcriben: "......se advierte de la misma, en primer término, que el Sr. Juez de grado en orden a la supuesta comisión del delito de prevaricato expresó que era"....menester preguntarse si es el suscripto el indicado para poner en tela de juicio una resolución emanada del mas alto y digno Tribunal, o si resulta posible corregir a sus miembros por interpretar la ley...Este Tribunal, órgano inferior....no puede ni debe interpretar la letra de una sentencia emanada de un órgano superior". Por tales motivos concluyó ".....que la cuestión que se ventila, es de disparidad de criterio...", por lo que señaló que no juzgaría "a nadie por el criterio adoptado....". De lo expuesto se desprende, sin hesitación alguna, que a pesar de reconocer el Dr. ...., en su opinión, que el tema en cuestión, se referiría a una disparidad de criterio" -postura por otro lado no compartida por los suscriptos- y de que no juzgará a nadie por ello, declinando consecuentemente su jurisdicción, adversamente a ello, emitió un pronunciamiento liberatorio......."
Prueba pericial, nulidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: DE LA IGLESIA BENITO c/ MORALES MARIA ESTER s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-08-27

La nulidad de la pericia puede fundarse únicamente en la violación de las formas de realización de la misma, pero no en motivos referentes a lo que es materia de impugnación del dictamen. La nulidad ha de ser esencial, pues debe interpretarse con atinencia a la pericia, con criterio restrictivo.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, ley provincial, Constitución Provincial
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Martinelli, José Antonio s/ Denuncia - causa n° 54.222
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

No constituye cuestión federal lo atinente a la invalidez del art.

19 de la ley local 8085 frente al art. 178 de la Constitución bonaerense.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, concurso preventivo, resoluciones, recurso de apelación (procesal), crédito verificado
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Mutual Asociados al Club Social Deportivo Independiente de Sargento Cabral c/ Savio, Alcira s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Incidente   de verificación en autos: "Savio, Alcira s- Concurso" (Expte CSJ Nº   396-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-12

No autoriza a apartarse de la regla que exige el cumplimiento del requisito de definitividad de la sentencia o auto interlocutorio para la procedencia del recurso de inconstitucionalidad, el argumento relativo a la irreparabilidad del agravio que ocasiona la declaración de inadmisibilidad de un crédito, desde que la situación que el recurrente señala como agraviante puede ser reparada por la vía ordinaria -recurso de revisión-, la que incluso -en el caso- fue utilizada por el propio impugnante, demostrando una actitud contradictoria.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: LABORAL
Carátula: Virzi, Rafael c/ Siderca S.A.I.C. s/ Indemnización arts. 212 o 245 L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-23

El absurdo se configura ante el error grave y manifiesto.
Exhibición de película, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-10

Dada la repartición de competencias efectuada por el art. 129 de la CN y por la ley 24.588, las cuestiones relativas al poder de policía en materia de espectáculos cinematográficos corresponden a la Ciudad. En la medida en que las autoridades de la Ciudad no han ejercido aún esas competencias, cabe presumir que han querido la subsistencia del régimen anterior, hasta tanto se arbitre los medios legales y políticos para efectuar el aludido traspaso. Nada obsta al ejercicio de esas competencias por parte de la Ciudad: las decisiones relativas a la oportunidad o conveniencia de llevar a cabo el traspaso son ajenas al control de constitucionalidad, si no se prueba la existencia de un mandato constitucional al respecto. En resumen, la subsistencia del régimen anterior a la sanción de la reforma constitucional de 1994 y a la aprobación de la CCBA no significa per se una vulneración a la autonomía local, en la medida en que las autoridades locales tienen facultades para ponerle fin y asumir por sí el ejercicio del poder de policía en la materia.
Libertad de expresión, censura previa, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La intervención preventiva de los jueces -que impropiamente podría denominarse censura- no es esquiparable cualitativamente a la censura que pudiese provenir de los poderes Legislativo o Ejecutivo (Voto de los Dres. Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Obligación alimentaria entre parientes, cuota alimentaria, abuelos
Materia: CIVIL
Carátula: N., M.G. c/ F., J.F. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-21

Si bien el pago de la cuota por alimentos se retrotrae a la fecha del Inicio del trámite de mediación obligatoria, si ha recaído sentencia firme en el proceso iniciado contra el progenitor, la obligación que le corresponde al abuelo en carácter subsidiario debe computarse desde la fecha del dictado de aquélla.
Recurso de inaplicabilidad de ley, violación de la ley o doctrina legal, tutela sindical, delegado gremial, acción de reinstalación, extinción del contrato de trabajo, despido indirecto, indemnización por despido
Materia: PROCESAL
Carátula: B., C. D. c/ SUPERMERCADO NORTE S.A. s/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-04

La sentencia dictada por este Superior Tribunal ("SARDI", SE. 81/04) no dice ni pretende decir - como erróneamente le endilga el decisorio en recurso - que "la única opción inmediata del trabajador frente a la violación de la protección legal mediante el despido, suspensión o cambio de condiciones de trabajo sin recurrir al trámite de levantamiento de la tutela, es la acción de reinstalación".

Por el contrario, la doctrina de este Cuerpo, sentada desde el precedente "DI CROCHE" que se mantiene y permanece vigente, expresa: "El art. 52 de la ley 23551 claramente establece una 'opción' en favor del trabajador amparado por la tutela sindical que se traduce en la posibilidad de elegir entre las alternativas que le confiere la ley; esto es, peticionar por vía sumarísima la reinstalación en el puesto, o considerar extinguido el vínculo en virtud de la decisión del empleador y colocarse en situación de despido indirecto, originando con ello el derecho a percibir las indemnizaciones legales".
Fallos de la Corte Suprema, recurso de reposición (procesal), error judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Santa Cruz, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad (decreto 2227).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-07

Corresponde modificar el pronunciamiento de la Corte si se incurrió en un error al transcribir las sumas de la regulación de los honorarios del perito.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Casco, Sergio M. c/ Asociac. Mutual de Empleados de Comercio de Tandil y ot. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-12

La alegada pérdida de jurisdicción por no haberse actuado de conformidad con lo establecido por la ley de quiebras constituye un supuesto error de juzgamiento ajeno al recurso extraordinario de nulidad y propio del de inaplicabilidad de ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, tratamiento médico, afiliación a obras sociales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BARILA  JOSE c/ GALENO ARGENTINA SA s/ INCIDENTE DE APELACION DEMEDIDA CAUTELAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-08

Se encuentra acreditado la condición de afiliado del actor a Galeno Argentina SA la enfermedad que padece -carcinoma de próstata- y el tratamiento indicado por el médico tratante (Radioterapia de Intensidad Modulada IMRT). Está en debate, en cambio, la obligación de la demandada de otorgar cautelarmente la cobertura del tratamiento -en función de la indicación médica. Considerando los específicos términos de la prescripción del médico tratante y teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, cabe concluir que el mantenimiento de la medida precautoria decretada no ocasiona un grave perjuicio a la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida del paciente, en el tratamiento de la grave enfermedad que padece -carcinoma de próstata-.
Recurso de casación penal, resolución administrativa, salidas transitorias, competencia, juez de ejecución, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Fuentes, Juan Carlos s/ Recurso de casación - Causa:742 Causa:742
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

El Juez de Ejecución Penal es el competente para disponer -previa propuesta fundada del Director de la Unidad (art. 18 ley 24.660)- las salidas transitorias, conforme lo ordenado por los artículos 4, 10 y 19, porque se trata de un egreso del condenado del ámbito penitenciario y porque así lo prevé específicamente la última de las normas citadas. El Código Procesal Penal de la Nación en el art. 491 fija con claridad la existencia del recurso de casación respecto de las decisiones de dichos magistrados. Disposición que es la que mejor concuerda con el espíritu garantista que concordantemente las normas antes citadas han tenido en mira. La doble instancia judicial resulta la forma adecuada para el mejor resguardo de los derechos sometidos a pena privativa de libertad; y es la que mejor se adecua al principio plasmado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que asegura, como garantía mínima, el derecho de recurrir ante un tribunal superior (artículo 8°, apartado 2°, inciso h). Dicha postura aleja la posibilidad de adoptar un criterio que subordine el imperio de la ley -base del sistema republicano de gobierno- a una interpretación que convierta a la excepción en regla y a la garantía de la protección de la libertad humana en un privilegio aparente; en base a lo cual corresponde a esta Cámara adoptar el criterio más favorable a la tutela de los derechos fundamentales que se invocan, y que causan un agravio de imposible reparación ulterior. (Voto del Dr. Hornos en minoría).
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DE LA ROSA JULIO CESAR c/ TOMAS PICCHIO Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-05-18

En los supuestos de pluspetición, excepcionalmente las costas causídicas pueden ser válidamente impuestas en su totalidad al vencedor.
Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08


Además el Tribunal expresó en esa oportunidad que: "...certificar las firmas sin tener la convicción íntima y racional sobre la identidad de los otorgantes, que el acto requiere, ya que delegó temerariamente la verificación de las identidades en el gestor y/o agente, siendo evidente la posibilidad de perjuicio como consecuencia de este obrar irresponsable toda vez que quien firmó el documento bien podría suceder que al tiempo de la certificación haya fallecido, con la posibilidad de vulnerarse en ese caso los eventuales derechos que pudiere hacer valer los herederos. El hecho anecdótico de que en los casos de marras no haya existido la posibilidad de que ello ocurra, requisito suficiente para que se configure la falsedad tipificada en el art. 293 del Código Penal..."
Trabajador, empleador, relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez, Antonio Alberto c/ Agroganadera Dante S.R.L. y/o Sánchez Sergio Dante s/ Accidente de Trabajo y despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-07-10

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a quien la Juez a-quo rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva. Ello así, ya que dos elementos de juicio son suficientes por sí, solos, para demostrar que el apelante revistió el carácter de empleador del actor, con fundamento en el art.225 de la ley 20744.

Que el recibo identificado bajo el Nro.13 del sobre de prueba documental del actor y que en duplicado fuera aportado por éste, siendo conducente, tiene la eficacia que la Juez a-quo le atribuye, a pesar de que el apelante pretenda convencernos de lo contrario, sopretexto de carecer de su firma, con contemporáneo olvido que el art.139 de la ley 20744 no contiene dicha exigencia, que sí estaba prevista en su antecedente inmediato; el art.16, primera parte de la ley 18596. Refuerza dicha conclusión el informe que emanado de la Dirección General Tributaria de la Municipalidad de Resistencia, ya que de él surge que el demandado es propietario del negocio en cuestión.
Accidente de tránsito, delito culposo, violación al deber de cuidado, velocidad precautoria, cruce peligroso
Materia: PENAL
Carátula: B. O., R. R. s/ Homicidio culposo s/ Casación" (Expte. Nº 26883/13 STJ)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-09-02

Señalo aquí una primera divergencia con la postura expuesta en el voto ponente, en tanto - a mi entender -, valorando las circunstancias del caso, no hallo razones que permitan dejar de lado el principio de confianza; concretamente, que [el imputado] haya debido dejar de lado su confianza en que quien interactuaba con él en un ámbito de tránsito reglado se comportaría de modo correcto, por la sola circunstancia de que se tratara de tres niños - dos de 15 o 16 años y el otro de 10 - que se encontraban a la vera de la ruta.

En punto a ello destaco que ni en la sentencia de grado ni en el voto preopinante existen otros datos adicionales a la mera presencia de los menores al costado de la ruta - sobre el carril contrario de circulación del colectivo conducido por el imputado-, debidamente comprobados, que permitieran fundar el deber del imputado de disminuir la velocidad hasta hacerla precautoria, para evitar el impacto.

Semejante exigencia, en mi opinión, implica tomar como regla general el comportamiento incorrecto de los presentes - lo que transformaría en principio a la desconfianza -, siendo que ello es la excepción, pues de pretenderse tal extremo la circulación de todo vehículo automotor en dicho lugar, en tales condiciones, sería imposible y la extensión de la punibilidad ilimitada. (Voto de la Dra. Zaratiegui por la mayoría)
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, queja por casación denegada, inadmisibilidad del recurso, proceso penal, imputado, procesamiento, privación de justicia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Bogomolny, Carlos Elías y otros s/ fraude en perjuicio de la administración pública (causa n° 98/92).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto contra la sentencia que rechazó la apertura de la instancia de casación, solicitada por el defensor de una de las partes, respecto del fallo que confirmó el procesamiento del imputado, ya que importa una manifiesta denegación de justicia invocar el carácter no definitivo de lo resuelto, si éste ha sido el resultado de un pronunciamiento dogmático.
Convenios colectivos de trabajo, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: LAPALMA SALVADOR c/ GOTTE JULIO EDUARDO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-22

Para tornar obligatoria la aplicabilidad de un convenio, la ley argentina 14250 exige la representación promiscua de un empleado y empleador, es decir, la concurrencia de categoría entre ambas partes de la relación laboral.
Comodato, vencimiento del plazo, juicio de desalojo, restitución de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: MERLIN  DE  FENIK,  Martha  y  otro c/ PEREZ,  Marta  Silvia s/ DESALOJO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-18

Si bien, en el contrato de comodato, se pactó la renovación automática, si la parte actora, actual titular de dominio del bien, manifiesta su voluntad de no renovarlo al vencimiento del plazo, dejándolo sin efecto a partir de dicha fecha, el comodatario, quien reviste la calidad de tenedor de la cosa, debe restituirla a su vencimiento. Por lo tanto, en el caso el contrato de comodato se encuentra vencido y en consecuencia, la acción de desalojo resulta procedente.