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Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos, compraventa de automotores, leasing, bancos, condena a hacer, improcedencia del recurso, responsabilidad solidaria, juicio ordinario
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Casanova Menendez, Diego Hernán c/ General Motors de Argentina SRL y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-02

Procede hacer lugar a la demanda por los daños padecidos por el actor, en el marco de un contrato de compraventa automotor celebrado mediante la figura del contrato de leasing con el Banco coaccionado. Ello por cuanto, en el caso, se advierte que las reiteradas oportunidades en que debió llevarse el rodado al taller, produjeron por si, la afectación de la finalidad para la cual adquirió un vehículo cero kilómetro, configurándose de este modo la hipótesis prevista en la LDC 10 bis. En ese marco, el banco codemandado sólo intervino a los simples efectos de financiar la compra de un bien que eligió el tomador, por lo que no puede atribuírsele responsabilidad por los vicios o defectos de la cosa ni por la demora en la reparación, en tanto no existe relación causal con el accionar del banco. Véase que la ley de leasing 25248: 6 -hoy CCCN 1232- establece que el dador puede liberarse convencionalmente de las responsabilidades de entrega y de las garantías de evicción y vicios redhibitorios. Así en el caso, se convino que el tomador se compromete a mantener los bienes asegurados, por los riesgos y según los términos de la póliza. Por lo expuesto cabe absolver a dicha entidad por los daños causados.
Abuso sexual calificado por acceso carnal, consentimiento, consentimiento válido
Materia: PENAL
Carátula: Tito, Damián Ignacio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-17

El consentimiento no puede existir frente a la violencia física del robo, la coacción y la privación ilegal de la libertad, y no puede alegarse la existencia de un consentimiento válido por parte de quien se encuentra sometido, en tanto que la misma disminución volitiva derivada de su situación psíquica afecta hasta el supuesto consentimiento tácito de un acto sexual sin perjuicio de su falta de oposición física o verbal. (Dres. Diez Ojeda, Hornos y González Palazzo).
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bco. de la Prov. de Bs. As. c/ Parada Horacio Alejandro y Otra s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-07

Del juego de los artículos 1 y 11 del Decreto Ley 6754/43 surge que, tratándose de un empleado público y de una deuda proveniente de un préstamo en dinero (tal es objetivamente, un descubierto en cuenta corriente) el embargo de sueldos es improcedente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámaras de casación, gastos del proceso, costas, regla de proporcionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: ALLUB ROSENDO RICARDO c/ COLEGIO DE MEDICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O RESPONSABLES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-02-07

La proporcionalidad implica necesariamente y debe traducirse en la obligación de cada una de las partes de tomar a su cargo los gastos que han causado en beneficio particular. En este sentido, deben quedar ampliados los términos establecidos en la sentencia del Tribunal Casatorio.
Alimentos, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P.C. c/ S.S.M. s/ Alimentos - Litis expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-05

Dado el carácter y naturaleza de la prestación alimentaria, esta Sala tiene dicho que las costas aún en caso de acuerdo transaccional deben ser aportadas por el alimentante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estafa, retención indebida, falsificación de instrumento privado, boleto de colectivo, adulteración de planilla, chofer de colectivos
Materia: PENAL
Carátula: RUIZ DIAZ, V. s/ ESTAFA.  DEFRAUDACION.  Apropiación indebida FALSIFICACION. Documento  Privado.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-24

1) No configura el delito de estafa la acción del procesado chofer de colectivo- que expendió boletos denunciados como extraviados, quedándose con el importe de lo cobrado y presentando planillas adulteradas, dado que la empresa denunciante no soportó ninguna disposición patrimonial perjudicial, consecuencia del error provocado por un ardid idóneo, pues ninguna entrega ni desprendimiento económico hubo por parte de aquella, y si hubo algún engaño, el mismo es irrelevante penalmente, si no va acompañado de un concreto perjuicio patrimonial.

2) Podría subsumirse la actividad del encausado en el tipo defraudatorio de apropiación indebida donde bastan los actos o la voluntad inequívoca de apropiación, pero se tendría que haber demostrado el expendio a algún pasajero del o de los billetes prohibidos, lo que no ocurrió, con lo cual la acción no habría ido más allá de la instancia preparatoria.

3) Tampoco se halla probada la falsificación de las planillas, pues si bien se acreditó la mutación material de aquellas, no pudo atribuirse su autoría al procesado y además las citadas planillas carecerían de valor autónomo para su punición, desde que se habrían llevado a cabo a lo sumo, para asegurar la impunidad de un ilícito ya consumado, lo que restaría tipicidad delictiva a ese quehacer.
Inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: CAPNI S. H. c/ DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORRIENTES (DPEC) s/ ORDINARIO CORRIENTES (DPEC) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2017-02-20

Corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora contra la sentencia que rechazó la compensación opuesta por ésta, pues en el escrito impugnativo no se dan los requisitos para que tenga viabilidad, el recurrente no sólo no se ha hecho cargo, sino más bien ha prescindido de las razones en que se fundó la Cámara, motivo por el cual han quedado firmes sus conclusiones y por ello excluidas de revisión, debió aplicarse el art. 1794 del C.C.C.N. sin explicar por qué una norma especial, art. 930 C.C.C.N., que regula el caso concreto, debe ceder a una norma general, por lo que no reviste seriedad técnica como para constituir un agravio audible en esta instancia, constituyendo en definitiva la queja una mera discrepancia subjetiva.
Prioridad de paso, cruce de avenida, ley de tránsito, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: López, Carlos Adrián c/ Esperatti, José Oscar y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-06-08

Se enfrenta una norma: "aún en las avenidas tiene paso preferente el que acomete el cruce por la derecha" (art. 41 inc. d) ley cit.) con un principio emanado de un triple enumerado normativo (arts. 39 inc. b, 50, 64 ley cit.) y que establece que "debe circularse con previsión y precaución, manteniendo el dominio del vehículo, y absteniéndose de entorpecer la circulación y la fluidez del tránsito". La labor interpretativa en caso de colisión de una norma con un principio debe "prima facie" resolverse otorgando primacía a la primera. Es decir la regla desplaza al principio y con ese entendimiento la prioridad de paso siempre e inexorablemente recaería en quien transita por la derecha y desde allí accede a la avenida (art. 41 inc. d ley 24.449 cit.). Empero, la aplicación de la regla debe ser matizada o atenuada por el principio opuesto, esto es por la convención social, en el marco del diálogo de fuentes que tiene sustento normativo en el Código Civil y Comercial (arts. 1, 2, 3, 7 y concs. CCCN).
Hábeas data, competencia, competencia federal, competencia comercial, policía bancaria y financiera
Materia: PROCESAL
Carátula: ZORATTI  JUAN  CARLOS c/ ORGANIZACION VERAZ S.A. Y OTRO s/ HABEASDATA (ART. 243).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-01

El art. 36 de la ley 25.326 dispone que procederá la competencia federal: a) cuando se interponga en contra de archivos de datos públicos de organismos nacionales, y b) cuando los archivos de datos se encuentren interconectados en redes interjurisdiccionales, nacionales o internacionales. Lo dispuesto por la norma no constituye sino una aplicación, a la materia de protección de datos, de lo dispuesto por el artículo 116, Constitución Nacional, en cuanto dispone que será competente la justicia Federal en "las causas en que la Nación fuere parte" y en las "cuestiones de distinta vecindad" (conf. esta Sala, causa 15.743/03 del 11.5.04; esta Cámara, Sala 3, causas 1.191/01 del 7.6.01 y 9883/01 del 23.5.02; Sala 2, causas 10.940/01 del 2.5.02 y 3.756/03 del 1.4.04; CNCiv., Sala "L", in re "Miknó c/ Organización Veraz SA", del 31.3.00; Carranza Torres, "La competencia en el Hábeas Data", en ED., 12.4.00). En tales condiciones, no encontrándose reunidos ninguno de los dos supuestos que prescribe la norma, y meritando que la materia sometida a decisión atañe a cuestiones derivadas de negocios jurídicos de índole mercantil con incidencia, únicamente, en la situación particular de quienes lo celebraron, que no se cuestiona en autos el ejercicio del poder de policía financiera del Banco Central de la República Argentina (confr. esta Sala, causa 15.743/03 del 11.5.04; esta Cámara, Sala 3, causa 4.595/2001 del 30.8.01), y finalmente, que las disposiciones que consagran la jurisdicción federal -que por su naturaleza es limitada y de excepción- deben ser interpretadas restrictivamente, descartando su aplicación analógica a situaciones que no sean expresamente contempladas en cada caso (conf. esta Sala, causa 11.134/03 del 18.11.03; esta Cámara, Sala 2, causas 10.940/01 cit. y 5378/01 del 5.3.02), corresponde atribuir el conocimiento de la presente causa a la Justicia Nacional en lo Comercial (confr. art. 43 bis, decreto-ley 1285/58, t.o. ley 23.637, art. 10; esta Sala, causas 2728/02 del 7.10.03 y 15.743/03 del 11.5.04; esta Cámara, Sala 2, causa 5378/01 del 5.3.02; Sala 3, causas 4595/2001 del 30.8.2001, 1191/01 del 7.6.01, 9883/01 del 23.5.02 y 4434/03 del 8.7.03).
Despido, indemnización agravada, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario
Materia: LABORAL
Carátula: Palavecino,  Sarita  del  Carmen c/ Messina, Luisa Susana y otro s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

La duplicación prevista en el art. 16 Ley 25561 resulta procedente en todos los casos de despido, ya sea que se trate de despido directo o indirecto, como así también en las relaciones que estén excluídas de la LCT. (como ocurre en el caso).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: UNION AGRICOLA AVELLANEDA COOP LTDA Y OTROS c/ SAI WELBERS LTDA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 461-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-21

Reiterados pronunciamientos, tanto de esta Corte como del más Alto Tribunal de la Nación, han sostenido que las cuestiones sobre regulación de honorarios e interpretación de las normas arancelarias son materias que escapan a la esfera de aplicación del remedio extraordinario. Tal regla, sin embargo, encuentra excepción cuando la impugnación constitucional y la tacha de arbitrariedad logran demostrar que la decisión jurisdiccional, incurre en vicios descalificadores tales como, por ejemplo, la falta de motivación, autocontradicción o la prescindencia del régimen legal.
Juicio de apremio, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Principiano Ruben Angel s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-03

Si bien el art. 10 de la Ley de Apremios fue modificado por el art.

43 de la Ley 11904 (Boletín Oficial del 10-01-97) por el cual se restringía toda posibilidad de recursión, esta última norma fue derogada ulteriormente. En efecto, el art. 81 del Código Contencioso administrativo (ley 12008, Boletín Oficial del 3-11-97) sustituye el art. 10 del Decreto Ley 9122, reformado por la Ley 11796, en el sentido de disponer que "contra la sentencia de trance y remate podrá interponerse recurso de apelación en relación, en el único supuesto en que se hubieren opuesto excepciones declaradas admisibles".-
Resoluciones equiparables a definitiva, jurisdicción, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

La equiparación a sentencia definitiva sólo se justifica cuando la decisión recurrida sustrae definitivamente la causa de la jurisdicción local, supuesto que no se cumple cuando la sentencia cuestionada declara que la justicia del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad es competente para entender en el proceso. (Voto en disidencia de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Honorarios, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: NORIEGA HECTOR ARMANDO Y OTRO c/ CARLOS COQUEUGNIOT Y OTRO s/ DEMANDA - RECURSO DIRECTO - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-10-27

Debe entenderse por 'resoluciones definitivas' en los términos del art. 111, Ley 7269, las que regulan los honorarios de los abogados por la labor desarrollada en el proceso hasta el dictado de la sentencia.
Caducidad de instancia, omisión de pronunciamiento, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: AGRIPRO SA c/ DE FIRPO. s/ INC. DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-09

Resulta improcedente declarar la caducidad de instancia ex-officio, cuando -como en el caso- surge que ante el desistimiento de las pruebas pendientes por parte del incidentista, los autos se encuentran en condiciones de resolver. Ello pues, el trámite dependió de una actividad que el CPR impuso al tribunal; ergo la previsión del CPR 313-3 es de necesaria aplicación; sin perjuicio de la facultad de las partes de activar el procedimiento ante la omisión del juzgado, o de requerir al síndico explicaciones sobre la prueba producida o dictar resolución.
Contrato de trabajo, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Adrián M. c/ Díaz, Clarisa y/u otro s/ Diferencias salariales y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-31

Si bien el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo impone al empleador la carga de responder las intimaciones que su empleado le realice con relación a las distintas obligaciones derivadas del contrato de trabajo, la jurisprudencia en general ha entendido que la aplicación de dicha norma surge a partir de que se trata de un contrato de trabajo no discutido o probado en juicio. Una interpretación distinta implicaría contrariar el espíritu del legislador contenido en el artículo 23 de la citada norma, cuando como mínimo exige del trabajador la demostración de la prestación de servicios que invoca como prueba de la existencia de un contrato de trabajo, llegándose al extremo de admitir como medio de prueba el silencio a que refiere el artículo 57 referenciado.
Entes reguladores provinciales de servicios públicos, juicios contra el Estado, falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Edecat S.A. c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-02-15

En el caso, la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica, solicita la declaración de nulidad del Decreto emitido por el Poder Ejecutivo, que rechazó el recurso de alzada interpuesto en contra de la Resolución emitida por el ENRE por medio de la cual se determinó un nuevo cuadro tarifario para dicho servicio.- Ahora bien, si el emisor de la resolución que se impugna-Ente regulador de los servicios públicos y otras concesiones EN-RE- ha sido creado como una entidad autárquica (Art. 1 Ley Nº 4836), y no está subordinado jerárquicamente a ningún otro organismo administrativo, ya que sus atribuciones derivan directamente de la ley, y las ejerce bajo su entera responsabilidad, cuenta con capacidad para estar en juicio, es sujeto demandable por sus actos y demandante en defensa de sus intereses.

En esa inteligencia, no corresponde demandar directamente al Estado Provincial, quien no resulta legitimado en la medida que su actuación- por medio del recurso de alzada- es el control de "tutela" sobre el accionar del ENRE, y se limita a los aspectos vinculados a la legalidad, dejando incólumes las prerrogativas de aquél en lo que hace a la oportunidad, mérito o conveniencia de las medidas y resoluciones que adopte en el cumplimiento de sus fines.

En conclusión, no habiéndose integrado correctamente la litis debe acogerse la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el Estado Provincial. Con costas (Art. 65, Ley Nº 2403).
Acción contencioso administrativa, interés legítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Da Ros, Alberto Gabriel c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. C.S.J.   Nro. 699 Año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-26

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia ha caracterizado al interés legítimo como aquel interés individual, que, a diferencia del derecho subjetivo, no recibe del ordenamiento jurídico una tutela directa e inmediata como propia y exclusiva de sus titulares, sino que la recibe sólo de un modo indirecto, por su conexión con un interés público que la norma -llamada norma de acción- se propone directamente proteger. En definitiva, se trata de un interés individual conexo con un interés público y protegido por el ordenamiento jurídico a través de la tutela de este último.
Declaración indagatoria, entrevista previa con el defensor, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Spikerman, Oscar A. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-16

La policía o el juez antes de una indagatoria deben hacer saber sus derechos y permitir al imputado que así lo requiera que se entreviste con su defensor. El incumplimiento de tal obligación está penado con sanción de nulidad. Pero cuando se han observado dichos extremos y la entrevista no se lleva a cabo, ya sea porque no concurre el defensor y el imputado presta su expresa conformidad para el acto, o porque este último desestima el derecho acordado, sin duda se ha cumplido con los recaudos del texto procesal y con la garantía de la defensa en juicio (voto del Dr. Riggi).
Abuso sexual, víctima menor de edad, personas con discapacidad, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: S., J.J. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano Rojas, Defensor Técnico de S., J.J. contra Auto Interlocutorio nº 10 de fecha 22 de febrero de 2013
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-06-19

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos -Sala Unipersonal-, resolvió no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el asistente técnico del encartado en contra del Auto interlocutorio emitido por el Juzgado de Control de Garantías de Segunda Nominación (que resolvió no hacer lugar al cese de la prisión preventiva del imputado por abuso sexual con acceso carnal contra menor discapacitada).

Contra el decisorio aludido, comparece el defensor técnico del imputado e interpone recurso de casación.

Siguiendo el criterio fijado por esta Corte en S. nº 8, del 23/04/09 y S. nº 17, del 21/09/2009, y teniendo en cuenta la proximidad del término para que la causa sea elevada a juicio y se fije fecha de debate, considero que resulta impostergable tomar los recaudos indispensables, a fin de evitar más dilaciones en los autos principales, que podrían derivar de la eventual impugnación a esta resolución.

Es que, subordinar el avance de la causa principal a la resolución definitiva de la cuestión incidental -que, por serlo, no refiere al fondo del asunto- llevaría, irremediablemente, a producir un perjuicio irreparable atento la privación de la libertad que hoy detenta el imputado.

Atendiendo a esta también particular circunstancia de autos, a fin de asegurar el equilibrio de los intereses en juego y de garantizar la efectiva vigencia de los derechos de las partes, la que no sería íntegramente satisfecha si continuara paralizada la causa principal, entiendo que este expediente Corte Nº 36/13, continúe su trámite por cuerda separada, y que se remita el principal a origen para que prosiga el trámite de la causa, según su estado.

La medida resulta procedente, habida cuenta que el propósito de la formación de incidentes es no paralizar o suspender el proceso principal, el que debe proseguir mientras tramite la cuestión incidental por lo que, en algunos casos, hasta puede diferirse su decisión hasta antes de resolver el principal.

Por el avanzado estado del proceso, en el que sólo resta que se formalice el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio, por encontrarse agotada la investigación -circunstancia ésta reconocida por el propio recurrente- y de este modo, transitar la etapa crítica del juicio propiamente dicho; lo que avizora la inminente decisión sustancial definitiva, por lo que la medida propuesta ningún perjuicio ocasiona a las partes más que, eventualmente, el dispendio procesal del debate.

Conforme lo expuesto, ordénese a la Unidad Fiscal de Delitos Criminales, a adoptar todas las medidas útiles para que, sin más demoras, se eleve la presente causa a juicio, a fin de que se celebre el debate y se dicte sentencia definitiva en la causa.
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cisterna, Oscar Anselmo c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Cobro de pesos laboral -Recurso de Inconstitucionalidad - Cobro de  pesos laborales (Expte.: C.S.J. Nro. 753 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-27

En el caso, conforme el criterio con que la Corte provincial ha meritado la "gravedad institucional", puede concluirse que la misma no se encuentra presente en la especie, toda vez que la escueta formulación esbozada por el recurrente no es idónea para demostrar que la cuestión debatida exceda el marco del interés individual de las partes y afecte de manera directa a la comunidad, circunstancia que el apelante debe demostrar configurada. En tal sentido, resultan insuficientes los fundamentos expresados con el fin de acreditar la existencia de gravedad institucional, ya que el impugnante sólo se circunscribe a sostener que la sentencia impugnada ocasiona un grave quebranto económico y conculca la autonomía municipal.
Toma de conocimiento de la incapacidad, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Terreni, Juan Alberto c/ Ernesto R. Hornus y/o I.A.P.S. s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-08-15

Siendo que el plazo de prescripción recién comienza a contarse desde que el actor tomó conocimiento de su incapacidad, debe revocarse la resolución que declaró prescripta la acción y, con el objeto de asegurar la vigencia del sistema procesal de la doble instancia, deben remitirse las actuaciones al señor Juez de Primera Instancia para que dicte sentencia sobre las pretensiones demandadas.
Diligencias de la instrucción, acusación fiscal, falta de acusación, elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: HAEDO, SUSANA. s/ FISCAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-09-04

No atenta contra los principios de preclusión y progresividad de la acción, hacer lugar al pedido del Sr. Fiscal de remitir los autos al Juzgado de Instrucción para que se cumplan "diligencias omitidas, imprescindibles y no reproducibles en plenario", hallándose facultado el instructor para acordarlas o no; ya que no habiendo acusado el Fiscal, no se ha producido la apertura del plenario.