Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-03-11


Autos Nº F-0956 (2º J. de F. Nº 63.704/B/06), caratulados: "c/ Rodrigo, Omar Alejandro (Lava-Auto) - Infracción al art. 88, inc. `b´, de la Ley Nº 6.141". ----------------------------------------------------- --------- San Juan, once de marzo de dos mil nueve.

--------- Reunidos los miembros de la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada, bajo la presidencia de María Esthela Tonelli y con la presencia de los vocales Alicia Rusansky de Bustos Cano y Víctor Bazán, para conocer en el recurso de nulidad y apelación interpuesto y fundado a fs. 52/59 vta. por el imputado, quien lo hizo por derecho propio y con patrocinio letrado, contra la sentencia de fs. 43/46 de estas actuaciones contravencionales. ----------------------- Tal recurso fue concedido libremente y con efecto suspensivo conforme lo dispuesto por los arts. 61, inc. `a´ y 36 del Código de Faltas (Ley Prov. N° 6.141) -en adelante: C. de F.- por providencia de fs. 63. ------------------------ María Esthela Tonelli dijo: --------------------------------- I. Que en el ap. 1 de la resolución impugnada el a quo dispuso condenar al Sr. Alejandro Omar Rodrigo, en su carácter de propietario del lavadero de autos que gira comercialmente bajo el nombre "Lava-Auto", al pago de un salario mínimo, vital y móvil en concepto de multa por infracción a lo dispuesto en el art. 75 del C. de F., por incumplimiento de lo prescripto en el Decreto Nº 33-G-62, en concordancia con el art. 88, inc. `b´, del mencionado C. de F. Asimismo, comunicó al infractor que la falta de pago de la multa en el plazo establecido determinaría su cobro por la vía judicial. En el ap. 2 dispuso como consecuencia de lo resuelto y no habiendo dado cumplimiento a los puntos 2, 4 y 7 del Certificado de Factibilidad de Uso del Suelo Nº 628-D.P.D.U.-2007, la cancelación de dicho permiso y, en consecuencia, decidió clausurar el lugar a efectos de impedir el funcionamiento del lavadero de autos. Por último, ordenó oficiar a la Seccional 28 de la Policía de la Provincia a fin de que efectivice la medida. ------------------------ Al expresar agravios, mediante el escrito glosado a fs. 52/59 vta., el apelante, en sintética presentación de sus fundamentos, manifiesta: ------------------------------------- · Que la sentencia cuestionada adolece de vicios en sus formas esenciales, ya que en los considerandos no se tuvieron en cuenta los antecedentes de hecho y de derecho, ni la conducta precedente de la administración que autorizó el funcionamiento y explotación del lavadero de autos, que ahora revoca sin darle participación al propietario ni a los entes que certificaron que la actividad encuadra en las normas respectivas; pasando a efectuar, un relato de los antecedentes de hecho y de derecho obrantes en las actuaciones. ---------------------------------- · Que luego de enumerar los requisitos esenciales del acto administrativo (art. 7, Ley Prov. Nº 3.784), señala que no se habría cumplido con el art. 1, inc. `f´, ibíd., particularmente el derecho a ser oído, ofrecer y producir prueba y a una decisión fundada. Cita doctrina en apoyo de la posición que sustenta. --------------------------------- · Que de los antecedentes que expone surge que la administración procede en contra de sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, pues los permisos otorgados por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (D.P.D.U.), como por la Secretaría de Salud Pública (S.E.S.P.), Departamento de Bomberos y Dirección de Hidráulica que autorizaron el desarrollo de la actividad, que se pretende dejar sin efecto, han adquirido estabilidad y se están ejecutando, lo que generó confianza en el interesado. --------------- · Que en forma complementaria con la doctrina de los actos propios se ha desarrollado el principio de confianza legítima o de razonable expectativa, la cual se enlaza con el principio de seguridad jurídica. Cita doctrina. ---------------- · Que en forma subsidiaria y para el hipotético supuesto de que no se admita la nulidad solicitada, expresa agravios, manifestando que la denuncia de los vecinos se fundamenta en el ruido que provoca la actividad, lo que no ha sido probado, por el contrario -en su opinión- ha acreditado contar con las certificaciones correspondientes. - · Que le agravia la cancelación del Certificado de Factibilidad de Uso del Suelo Nº 628-DPDU-2007, por no haber dado cumplimiento a los puntos 2, 4 y 7 del mismo. - · Que ofrece prueba documental (copias de certificados de Factibilidad de Uso del Suelo, de la Secretaría de Estado de Salud Pública, de Servicio de Protección contra Incendios y acta de inspección del Departamento de Hidráulica); e informativa a la D.P.D.U. a fin de que informe si el lavadero de autos da cumplimiento a los condicionamientos impuestos por dicha repartición y al Instituto de Investigaciones de la Universidad de San Juan (U.N.S.J.) para que verifique el nivel de ruido que generan las máquinas que componen el "Lava-Auto", entre otras especificaciones. ---------------- · Por último, formula reserva de derecho para continuar con la vía judicial en caso de una resolución contraria, ya que ello afectaría garantías constitucionales (ap. V, fs. 59 vta.).

--------- II. 1. Que de lo actuado en el expediente y del acta de fs. 4 se desprende que el día 5 de diciembre de 2006, los inspectores de la Secretaría de Salud Pública, Sres. Leonardo Gastón Perona y Francisco Antonio Molina, cumpliendo funciones de inspección por la denuncia formulada por ante el 2º Juzgado de Faltas, se constituyeron en el inmueble ubicado en Av. Paula Albarracín de Sarmiento Nº 1251 (sur), Capital, constatando que el mismo colinda con la propiedad de los denunciantes, de los cuales los separa una medianera de aproximadamente entre 2,00 a 2,50 mts. Allí fueron atendidos por el Sr. Francisco Sánchez quien manifiesta desconocer con qué habilitaciones contaba el negocio. A fs. 5 el jefe de la Sección Saneamiento del Medio informa que el lavadero no se encuentra inscripto en la S.E.S.P. por lo que estaría infringiendo los arts. 13, 25 y 31 del Código Sanitario (Ley Prov. Nº 2.553). A fs. 10 obra acta de infracción labrada por la D.P.D.U. al lavadero de autos por no contar con certificado de factibilidad, acompañando seis (6) fotografías. Posteriormente el Juez interviniente dispuso la clausura del local ante la incomparecencia del propietario del negocio a formular sus descargos, hasta tanto se presentara acompañando las respectivas habilitaciones (fs. 16). ---------------------------------------------------------------------- Al citarse al imputado a los fines dispuestos por el art. 53 del C. de F., éste efectuó sus descargos en la audiencia de juicio oral y público celebrada el 2 de agosto de 2007, manifestando que en ese acto acompañaba certificados de protección contra incendio (de fecha 16 de julio de 2007); de factibilidad de uso del suelo Nº 628-DPDU-2007 (del 29 de junio de 2007) y la constancia de la iniciación del trámite de inscripción ante la S.E.S.P. (del 25 de julio de 2007), es decir, todos ellos posteriores a las actas de infracción labradas (de 5 de diciembre de 2006 y 26 de marzo de 2007), solicitando el levantamiento de la clausura (ver fs. 32). --------------------------------------------------- Radicados los autos en esta instancia, se cita al encartado a la audiencia prevista por el art. 18 de la Ley Prov. Nº 6.142, a fin de que confirme el recurso interpuesto y/o amplíe los agravios vertidos (fs. 64). ----------------------------- Diligencia que se cumplió con el escrito de ratificación del recurso presentado por el imputado y su letrado a fs. 65, y que fuera suscripto por el infractor ante el actuario (certificado de fs. 66). -------------------------------------- A fs. 67 y vta. por presidencia se dispone oficiar a la D.P.D.U. y se intima al apelante para que en el plazo de tres días individualice el Instituto de Investigación de la U.N.S.J. al que hace referencia a fs. 59, ap. IV, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de la misma. Asimismo, como medida para mejor resolver se ordenó oficiar al Ministerio de Salud Pública a fin de que informe si el lavadero de autos de propiedad del Sr. Alejandro Omar Rodrigo se encuentra autorizado para funcionar y, además, previa verificación en el local, especifique el nivel de ruido que produce el conjunto de máquinas en funcionamiento durante el proceso de lavado de automotores. -------------- --------- A fs. 71 y previa notificación por cédula al infractor, se tuvo por desistido al apelante de la prueba a diligenciarse en la U.N.S.J. ------------------------------------ --------- A fs. 75/76 obra la respuesta a la requisitoria formulada al Ministerio de Salud Pública, quien informa que se realizó una inspección al lavadero de autos el que se encuentra inscripto y habilitado mediante expediente Nº 800-03075/07; agregando que se procedió a hacer funcionar la hidrolavadora y dos aspiradoras, oscilando los decibeles entre 48 y 53 Db en escala A. ---------------------- --------- A fs. 78/79 corre agregada la respuesta de la D.P.D.U. haciendo saber que el 19 de setiembre de 2008 procedieron a realizar una inspección en el predio ubicado en Av. Paula Albarracín de Sarmiento Nº 1259 (sur), sindicado como domicilio del mismo, constatando que el citado lavadero había sido desmantelado, cesando la actividad que se cumplía en el inmueble. -------------------- --------- A fs. 80 se dicta el llamamiento de autos para resolver. Procediéndose posteriormente al sorteo y la adjudicación a estudio de la causa en el orden dispuesto a fs. 81. ----------------------------------------------------------- --------- 2. Preliminarmente, cabe recordar que no resulta necesario seguir al apelante en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (cfr. Cám. Nac. Trab., sala I, 31-10-02, "Bramajo, Mónica A. c/ Consolidar A.R.T. S.A.", Rep. La Ley, T° LXII, 2002, J-A, pág. 1237, n° 12); por ello, se analizarán sólo aquellas quejas que tengan relevancia para la decisión que el Tribunal adoptará en definitiva. ---------------------------- --------- 3. Por una cuestión de metodología y buen orden procesal entiendo que corresponde analizar en primer término, el pedido de nulidad de la sentencia articulado por el contraventor, quien considera que el acto cuestionado adolece de vicios en las formas esenciales para su dictado, que comprenden en forma genérica los procedimientos, la motivación y las formas y que no se han tenido en consideración los antecedentes de hecho y de derecho. ---- --------- En principio diré que el recurso de nulidad previsto en el art. 63 del C. de F. vigente al momento de labrarse acta de infracción, está referido a los llamados vicios in procedendo, es decir, a la inobservancia de las normas que el ordenamiento legal establece, y puede definirse siguiendo a Bagnardi y Donato como "el medio de impugnación que está facultado a deducir la parte en el proceso, contra una resolución apelable que contenga un vicio de forma o de procedimiento, para que el tribunal superior al que la dictó proceda a declarar su nulidad" (cfr. Bagnardi, Horacio y Donato, Pedro Ernesto, "Código de Procedimientos en Materia de Faltas Municipales de Capital Federal", Ed. Astrea, 1987, pág. 81). ---------- --------- Como guía para determinar si corresponde o no la declaración de nulidad respecto de resoluciones concretas, se debe examinar en cada caso si se han cumplido los recaudos procesales establecidos a tales efectos. Es decir, que para que proceda la declaración de nulidad, el Tribunal de grado debe encontrar en la resolución atacada un perjuicio que no pueda ser reparado de otra manera y que la forma violada (por lo general, de fundamental incidencia en orden a la regularidad del proceso) prevea una situación de interés para el recurrente, quien en ningún caso, deberá haber contribuido a la irregularidad (Vázquez Rossi, Jorge E., "Derecho Procesal Penal", Tº II, pág. 484). --- --------- En realidad, no se advierte que la resolución contenga algún vicio que la invalide, por lo que la pretensión nulificatoria debe rechazarse. --------------------- --------- 4. Desestimada la nulidad, me abocaré al análisis del recurso de apelación sobre el cual corresponde expedirme y luego del estudio de las constancias del expediente, adelanto opinión en el sentido de que la defensa esgrimida no ha de ponderarse favorablemente, toda vez que el extremo invocado no logra ser probado por las copias documentales adjuntadas y los argumentos exculpatorios expuestos por el apelante no son de entidad suficiente como para desvirtuar la falta cometida, ni han logrado conmover los fundamentos de la resolución del Juez de Faltas de primera instancia, puesto que la infracción se encuentra acreditada precisamente merced a la prueba documental acompañada en copias, ya que de ésta se desprende que al momento de labrarse las actas de fs. 4 y 10 no contaba con las certificaciones y habilitaciones exigidas, lo que tipifica la infracción contenida en el art. 75 del C. de F., por incumplimiento de lo prescripto en el Decreto Nº 33-G-62, en concordancia con el art. 88, inc. `b´, del mencionado C. de F., frente a la carencia de los requisitos previos exigidos por la legislación especial para funcionar. -------------------------------------------- --------- En efecto, tanto los certificados de protección contra incendio (de fecha 16 de julio de 2007); de factibilidad de uso del suelo Nº 628-DPDU-2007 (del 29 de junio de 2007) y de la S.E.S.P. nº 800-03075-07 (expedido en el mes de agosto de 2007), son posteriores al momento de labrarse las referidas actas por lo que el imputado estaba en infracción ante la falta de habilitaciones. -------------------------------------------------- --------- Es decir, que el lavadero de autos no contaba con las habilitaciones definitivas en oportunidad de constatarse las faltas, lo que imposibilitaba su funcionamiento, pues toda actividad debe estar previamente autorizada y habilitada al momento de comenzar la explotación comercial, no siendo un eximente de responsabilidad la circunstancia de haber iniciado los trámites con posterioridad. -------------------------------------------------- --------- Las referencias que acabo de reseñar fueron tenidas en cuenta por el a quo en los considerandos de su resolución; quien después del examen de todas las constancias infiere la responsabilidad del contraventor de conformidad con las disposiciones de los arts. 75 y 88 del C. de F. de aplicación al caso en consideración, que preservan la seguridad de personas y bienes, pues existe la mala costumbre de comenzar a ejercer una actividad en locales abiertos al público destinados a ejercer cualquier tipo de actividad, sin cumplimentar con los requisitos previos exigidos. ----------------------------- --------- El ámbito competencial provincial tiene relación directa con el llamado poder de policía, el que tiene por objeto velar por el orden, seguridad, tranquilidad, moralidad, etc., en virtud del cual corresponde a las autoridades dictar leyes, reglamentos, ordenanzas y decretos a esos fines, siempre que sean razonables y uniformes. "El ejercicio del poder de policía, que incumbe a las autoridades locales, legitima la reglamentación y aun la limitación de ciertas industrias, actividades y profesiones, en función de las necesidades y conveniencias colectivas, mientras sean razonables, justas y no afecten preceptos de orden común o federal que legislen el punto en forma contraria" (Jurisprudencia Argentina, 1979-I-467, sum. 28.087). --------- --------- También se ha dicho que "la obligación de contar con permisos, licencias o autorizaciones y la de inscribirse en determinados registros, como requisitos ineludibles y previos para el desenvolvimiento de ciertas actividades o para que produzcan efectos jurídicos algunos actos de particulares que, no obstante su naturaleza, afectan intereses públicos, son medios comunes empleados en nuestro ordenamiento para poner en práctica el poder de policía" (Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., Sala II, 21-12-79, El Derecho, Tº 88-239). ---------------------------------------------------------- --------- La responsabilidad que se le imputa al encartado queda precisamente delimitada, porque la contravención supone una voluntad que se objetiviza en la comisión u omisión de un hecho que la norma sanciona, en el sub exámine, la conducta omisiva queda subsumida en lo que la disposición tipifica como contravención, pues las actividades comerciales de cualquier tipo necesitan ser habilitadas y sometidas a inspecciones de seguridad e higiene y demás controles necesarios impuestos por la autoridad administrativa. Por otra parte, la explotación comercial sin obtener las necesarias habilitaciones administrativas, torna a la misma en ilícita. ----------------- --------- Considero que el derecho constitucional de trabajar de los habitantes debe armonizarse con la protección del interés general. Es que no resulta comprometido ese derecho por el acto que dispone la clausura de un local invocándose el ejercicio de los poderes de policía provinciales; es decir, en ejercicio de una típica función administrativa, por cuanto importa una decisión que sólo provisoria e indirectamente afectaría el derecho de ejercer una industria lícita, ya que se le exige al contraventor el cumplimiento de los requisitos indispensables para regular el ejercicio de una actividad comercial. ------------------------------------------------------ --------- La ley contravencional autoriza al juez a considerar suficiente prueba la contenida en el acta de infracción, si ésta no fuera enervada por otras existentes en la causa, ya sean solicitadas por el contraventor u ordenadas de oficio, de acuerdo con las reglas de la sana crítica (cfr. art. 59 del C. de F.), adecuada al juicio oral establecido. "Si las actas de comprobación han sido labradas por personal entrenado especialmente, reúnen los requisitos de ley, y no han sido enervadas por prueba contraria, la condena es justa" (C.A.C., 09-08-67, citado por Agüero, Arístides Horacio, "Falta y delito - jurisprudencia", Ediciones Dike, Mendoza, 2000, pág. 412, nº 26). ------------------------- --------- En función de lo dicho, resulta adecuada la pena de multa impuesta. -------------- --------- 5. Distinta es la situación que se plantea en lo tocante a lo resuelto en el ap. 2 de la parte resolutiva de la sentencia impugnada que cancela el Certificado de Factibilidad de Uso del Suelo Nº 628-DPDU-2007 y dispone la clausura del lavadero de autos, conforme lo preceptuado por los arts. 16, 75, 84 y 88 de la Ley Prov. Nº 6.141, vigente al momento de cometerse la contravención. -------- --------- En efecto, de acuerdo con el hecho nuevo informado por la D.P.D.U. a fs. 78/79, referido al desmantelamiento del lavadero de autos, entiendo que ha devenido abstracto el tratamiento de la sanción de clausura, atento a que carece de sentido y oportunidad pronunciarse respecto de su procedencia o no. -------------- --------- En virtud de las circunstancias señaladas carece de actualidad la consideración de ese agravio. En efecto, un requisito de admisibilidad de los recursos procesales está constituido por la existencia del interés, el que se trasunta en la presencia de un gravamen. El agravio debe subsistir al momento en que el Tribunal estudia el fondo de la cuestión, pues si en el ínterin y por causas sobrevinientes (desmantelamiento del lavadero de autos en la cual se dispuso la clausura) el gravamen desaparece, el recurso se extingue por falta de interés tanto por parte de la imputada que recibiría la sanción como del Estado que no puede efectivizar la medida dispuesta en ejercicio del poder de policía. ---------------------------------------------------------- --------- Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido en el sub exámine, habiendo cerrado la explotación del "Lava-Autos", carece de sentido que esta Cámara se pronuncie al respecto. Pues constituye presupuesto visceral de todo planteo revisor la existencia de agravios ciertos y actuales, que generen perjuicios concretos en la posición del apelante y a la luz de su reclamo original. En consecuencia, si la cuestión ha perdido virtualidad, ya que se ha disipado en el curso del proceso el interés jurídico, desaparece la razón de ser de la apelación -arts. 168 y 247 del C.P.C., de aplicación supletoria conforme lo preceptúa el art. 74 de C. de F.-, pues la cuestión se torna abstracta e inoficiosa. Deviene, por ende, improcedente analizar temas abstractos, cometido, por vía de principio, incompatible con el quehacer jurisdiccional (Cám. 2ª, sala I, La Plata, causa B-58.851, reg. int. 481/85; B-59.925, reg. int. 36/86; B-59.953, reg. int. 50/86). A su vez, se ha establecido que cuando la sentencia de primera instancia en la medida en que origina la queja se ha cumplido, la apelación carece de sentido (Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala A, 11-04-74, La Ley, 1978-D-826, 34.901-S). ------------------- --------- Si luego de dictado el fallo de primera instancia ocurrieron hechos posteriores que alteraron las circunstancias materiales que lo originaron y que le sirvieron de sustento al a quo para pronunciarse -en el caso, reitero, cierre de la explotación comercial respecto de la cual se dispuso la clausura- que importaron una mutación del tema debatido, tales circunstancias, en mérito a que los Jueces no pueden obviar la realidad, no pueden ser ignoradas en razón de lo expresamente dispuesto por el art. 277 del C.P.C. -de aplicación supletoria al proceso contravencional-, que admite expresamente esa posibilidad cuando se alteran las referencias materiales que dieron sustento al sentenciante para su decisorio. ------------------ --------- Resulta evidente que durante el curso del proceso hubo una modificación de las circunstancias fácticas que torna abstracta la queja del imputado; por lo que propicio dicha declaración respecto de la sanción de clausura. ------- --------- 6. En conclusión, si mi opinión fuera compartida por mis colegas, estimo que el recurso de apelación debe desestimarse. -------------------------------------------------- --------- Alicia Rusansky de Bustos Cano dijo: --------- --------- Que adhiere al voto propuesto por la colega preopinante. ---------------------------------------------------- --------- Víctor Bazán dijo: ---------------------------------- --------- Que adhiere a la solución que propicia la colega opinante en primer término. --- --------- Por ello, la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada Resuelve: ---------------------- --------- 1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 52/59 vta. por el imputado contra la sentencia obrante a fs. 43/46 de estas actuaciones contravencionales. ------------ --------- 2. Declarar abstracta la clausura del lavadero de autos ordenada en el ap. 2° de la parte resolutiva, conforme lo expuesto en los respectivos considerandos. --------------- --------- 3. Protocolícese, notifíquese y bajen al Juzgado de origen.