marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, personal policial
Materia: CIVIL
Carátula: P. J. A. c/ P. D. T. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-09-21

Se invoca concretamente, la comisión de un acto contrario al ordenamiento jurídico, esto es, alojar en una celda de arresto a un menor de edad sin que exista causa legítima para ello y la omisión de un comportamiento legalmente impuesto, cual es, no haber vigilado y controlado la conducta de las personas alojadas en los calabozos. Las particularidades del caso imponían al sentenciante ajustar el análisis de la alegada falta de servicio, a los principios y reglas que inspiran al sistema jurídico vigente. El comportamiento legalmente exigible a la autoridad pública o razonablemente esperado emerge de un régimen legal complejo que exhibe una impronta propia. De ello se sigue que el juicio de ponderación exigía analizar la actuación del personal policial y su adecuación al estándar de conducta que satisface el modelo establecido por el sistema.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, sentencia arbitraria, cuestión de derecho común
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Banco Macro Bansud S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-19

La referencia ritual a derechos o principios constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad.
Acción contencioso administrativa, facultades disciplinarias, ausencias injustificadas
Materia: PROCESAL
Carátula: Villanueva, Mauricio c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Plena Jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-02-28

La cuestión sometida a decisión de éste Tribunal consistente en el reiterado y prácticamente único planteo del ocurrente, dirigido al rechazo, por impertinente, de la prueba pericial psicológica ofrecida por su parte en la sustanciación del sumario por inasistencias injustificadas, las que en esta instancia, no han sido cuestionadas en su existencia y número, fundando su reclamo en que la pericia era la única prueba idónea capaz de poder demostrar el estado patológico originado en el proceso depresivo que atravesaba en ese período que le impedía discernir la gravedad de las consecuencias de sus inasistencias sin aviso motivo por el cual califica el sumario y pronunciamiento de arbitrario e ilegitimo por falta de motivación.-
Acción de amparo, interposición de la demanda, plazo legal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: EL TENAZ S.R.L. s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-01

El plazo previsto para la interposición de la acción de amparo es de naturaleza substancial, por lo que no nos encontramos ante la ejecución de un acto procesal sino de un requisito en forma de plazo, vencido el cual se produce la pérdida de la facultad de ejercerlo.
Honorarios, cómputo de la actualización, procedencia del recurso, intereses, unidad de retribución
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mohando, Germán Pascual y otro c/ Desarrollos de Inversiones Inmobiliarias SRL  s/ ordinario s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-14

La doctrina ha considerado que al adeudarse un valor abstracto (v. gr. cantidad de UMAs) el dinero habrá de jugar únicamente en el pago (in solutione) pero no constituirá el objeto de la obligación (in obligatione). Vale decir que se pagará dinero, pero no porque sea lo debido, sino como un mero mecanismo para liquidar la deuda de valor (cfr. Llambias, Jorge J. Tratado de Derecho Civil. Obligaciones. Abeledo Perrot, Bs. As., 1982, T.II A, pág. 170; íd. Alterini, Jorge H., Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético, La Ley, Buenos Aires, t. IV, arts. 724 a 956, p. 269, §2).

En este particular escenario, la adición de accesorios a una tasa que contiene intrínsecamente un componente inflacionario (TABN) aplicados a un honorario que se mantiene actualizado por el valor del UMA (ley 27423: 51) comporta una mecánica disvaliosa que arroja un resultado objetivamente injusto, prescindente de las particularidades y de la realidad económica comprometida que justifica su morigeración (arg. CCCN 1091 y 771).

Por esta razón y en torno de esta puntual problemática, varias Salas de este Tribunal han asumido el temperamento de asignar un interés puro para los réditos moratorios de los estipendios fijados en UMA (v. CNACom, Sala A, 30/12/20, "Protoil SA c/ SMG Compañía Arg. De Seguros SA s/ ordinario", Expte. COM 2990/2018; íd. Sala D, 23/9/21, "Bettinotti, María Julia y otros c/ Santa Julia SCA y otros s/ diligencia preliminar s/ incidente de administración", Exp te. COM 25746/2011; íd. esta Sala F, 23/2/23, "Peck, Jorge Norberto y ot. c/ Amadei Mariano Silvio y otros s/ ejecutivo" Expte. COM N° 3666/2015; entre otros).
Doctrina de la arbitrariedad, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Solohaga, Lucio Reynaldo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Rolando F. Crook, en causa Nº 174/08: Solohaga, Lucio Reynaldo - Lesiones Gravísimas
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-10

La Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, integrada en Sala Unipersonal, en lo que aquí concierne, resolvió declarar culpable a LRS como autor penalmente responsable del delito de Lesiones gravísimas y lesiones leves en concurso ideal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de cuatro años de prisión y accesorias de ley, ordenando su inmediata detención y traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

El eje central de discusión radica en analizar si el a quo ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas.

Como último punto de agravio, el recurrente invoca el in dubio pro reo, procurando desestabilizar el razonamiento del a quo. Reitera que el dolo no ha sido suficientemente demostrado, como así que S se retiró del lugar porque no quería más problemas y luego se encuentra de nuevo con la moto y que allí se produce el accidente. Asevera que ningún testigo vio el accidente, argumentando que tales situaciones sólo alcanzan para aproximar a una versión, pero jamás a la certeza que reclama una sentencia de juicio. Esta pretensión no merece el mínimo tratamiento, puesto que el recurrente no hace más que reiterar cuestionamientos, por lo que así fundada la duda, deviene en irrazonable, en tanto se advierte con claridad que el Tribunal ha proporcionado sólidos fundamentos, los que no hacen más que acreditar fehacientemente la existencia del hecho -tal cual lo tuvo por acreditado el tribunal- como así, la participación responsable del imputado S en los hechos de lesiones gravísimas y lesiones leves en con-curso ideal que se le ha atribuido. Concretamente, no se advierte, ni se ha logrado demostrar con seriedad, que el sentenciante no haya proporcionado fundamentos, o bien, que la fundamentación se haya basado en prueba ilegal o que haya omitido prueba decisiva. Destáquese que no forma parte de los motivos la revisión del valor convictivo de la prueba invocada en sustento de la conclusión dubitativa, salvo que la valoración efectuada por el Juzgador haya sido arbitraria, lo que no se ha demostrado en el caso bajo examen.

Por lo expuesto corresponde rechazar el recurso interpuesto.

(Del voto de los Dres. Cáceres y Cippitelli, por la mayoría)
Contratos, compraventa, factura, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Ascensores Schindler SA c/ Inc SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-26

El CCOM 474, párrafo 3°, se refiere a los efectos del silencio posterior a la recepción de una factura vinculada a un contrato de compraventa mercantil, pero la norma es aplicable aun si se trata de una contratación de distinta índole porque, como lo ha destacado ampliamente la jurisprudencia y la doctrina, la factura es un medio probatorio genérico de los contratos comerciales y no solamente de la compraventa, de donde se sigue que la norma indicada -e igualmente el CCOM 63- tiene un alcance comprensivo a todas las negociaciones mercantiles (conf. CNCiv.Com.Fed. Sala II, in re "Kaiser, Erwin Ramón Valentín c/ Velloso Colombres, Pedro A. s/ cobro de pesos", del 14/06/88; ídem CNCom, Sala D, in re "Tehuelche Safari SA", del 30/08/83, entre otros; Fernández, R. y Gómez Leo, O., t. II, p. 186; Caputo, L., "Casos y efectos del art. 474, apartado 3°, del Código de Comercio", JA t. 2000-II, p. 902; Nissen, R., Facturas, remitos y otra documentación mercantil, LL t. 1984-C, p. 653").
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación de sentencias, fundamentación suficiente, jerarquía de las leyes, jubilaciones, reciprocidad jubilatoria, ordenanzas municipales
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SALDI, MIRTA MAGDALENA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-10-06

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ya que de ningún modo puede entenderse que el decisorio de la Cámara en lo Contencioso Administrativo haya dado prevalencia a norma de inferior jerarquía, toda vez que el Tribunal puntualizó la preeminencia de la Ley Suprema, al considerar, a la luz de garantías constitucionales, que la pérdida del derecho al cómputo de servicios simultáneos, "llevan a reconocer en el caso que la norma de la Municipalidad de Rosario (art. 28 de la ordenanza 6116/95) ha devenido inconstitucional, pues su mantenimiento, al menos mientras el Municipio se encuentre adherido al régimen de reciprocidad, conduce a violar el art. 31 de la Constitución nacional y negar a unos lo que les concede a otros en igualdad de circunstancias, sin que exista un fundamento razonable de tal discriminación".
Buscadores de Internet, responsabilidad por publicaciones en Internet, derecho a la imagen
Materia: CIVIL
Carátula: G. C. V. c/ Google Inc. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-12

La exigencia de consentimiento expreso mencionada en el art. 31 de la ley 11.723 no puede entenderse como el requerimiento de que el consentimiento para la exhibición de una imagen deba ser concedido exclusivamente con una forma determinada o sacramental, ya que de ser así el legislador lo hubiera dicho de modo explícito, lo que exige la norma mencionada, por el contrario, es una manifestación de voluntad positiva de aceptar la exhibición de una imagen propia y no basta una manifestación meramente tácita, contrafáctica o hipotética, ni tampoco una manifestación que sea el mero producto de una presunción legal (arts. 917, 918 y 919 del anterior Código Civil y 262, 263 y 264 del Código Civil y Comercial de la Nación) (Ampliación de fundamentos del Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz).
Trabajadores de la construcción, fondo de desempleo, extinción por quiebra o concurso del empleador, desapoderamiento
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ, JUAN CARLOS c/ KRUM SACIRI. Y OTRO s/ LEY 17258
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-12-15

La punición prevista en el artículo 3 de la Ley 17258 (actuando como meramente compulsiva ante la morosidad del deudor, coaccionándolo por medio de la gravosidad de las consecuencias que apareja no cumplimentar su débito) debe cesar en el momento de la declaración de la quiebra del empleador, toda vez que dicho acto implica el desapoderamiento del fallido de sus bienes, impidiéndole el cumplimiento de su obligacion.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concursos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Platense S.A. Liquidación s/ Inc. apelación Telefónica de Arg. S.A. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

El pronunciamiento de la Cámara que rechaza un incidente de restitución de sumas de dinero promovido por la vía del art. 138 de la ley 24.522 no reviste carácter definitivo en los términos del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, máxime que, conforme surge de las presentes actuaciones, el recurrente puede exigir el crédito pertinente a través de otra vía de la cual hizo uso (conf. art. 200 ley citada). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Arguello, Martín Nicolás c/ Cristalerías Bustamante s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-11

No basta afirmar en el escrito de recurso de inaplicabilidad de ley que se desconoció una disposición legal si no se descalifican previamente los fundamentos que sustentaron su aplicación.
Tasa de justicia, plazo, extinción del derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: VIVIANA MARIEL DEGLAY Y OTRAS c/ LUIS FERNANDO PALMA s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-09-24

El incumplimiento por el reconviniente de la integración por tasa judicial le genera una dilación injustificada de la litis, no es menos cierto que el decaimiento del derecho solicitado no procede en razón de ser mayoritaria la jurisprudencia que la falta de integración de la tasa de justicia no suspende el procedimiento.

Sin embargo ante el apercibimiento dispueto por el a quo, sin fijación de plazo para cumplir con la integración ordenada, no puede quedar el mismo librado al arbitrio de una de las partes, razón por la cual corresponde ordenar al Sr. Juez la fijación de un plazo para integrar la tasa de justicia, conforme lo dispuesto por el art. 156, 2do. párrafo del C.P.C. y C., sin imposición de costas por no haber mediado oposición.
Personas jurídicas, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: CREDITO INTEGRAL S.A. c/ EUGENIO  GRASSETTO S.A. Y COMPAÑIA SUD ARGENTINA DE CONSTRUCCIONES S. s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-17

El daño moral que pueden padecer las personas jurídicas se refiere a lesiones al prestigio, a la reputación, al buen nombre, a la probidad comercial, etc., que representa un modo de ser del honor, no en sentido subjetivo sino colectivo. Dentro de ese concepto, no son pues computables las molestias o disgustos que hacen a la subjetividad de las personas físicas que se desempeñan como directores, gerentes o socios de una sociedad mercantil.

Solamente debe considerarse los inconvenientes en el desenvolvimiento del giro comercial empresarial, capaces de afectar al prestigio de la sociedad. ( conf. C.N.Civ. Sala C, L. 285.950 " Inca S.R.L. c/Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires" del 10-5 83). Tener que atender a su clientela en un ámbito inapropiado y con las demoras emergentes de la pérdida o extravío de la documentación, debido a las filtraciones con carácter de inundación, provenientes de una unidad vecina, permite admitir el reclamo de daño moral debiéndose tener en cuenta, para la fijación de su monto que eran apreciables por la clientela esas falencias en la presentación del local, y esos presumibles entorpecimientos en el desarrollo de los negocios que provenían de causas ajenas a la sociedad y no a negligencia o incuria de sus administradores. La pérdida económica de esa irregular prestación del servicio que se pudiera haber derivado, ya no entra en el concepto de daño extrapatrimonial.
Principio de legalidad, aplicación de la ley penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Gerstein, Myriam Noemí s/ infracción ley 20.771, art. 2, inc. a), c) y d)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-20

Las leyes "ex post facto" prohibidas por la Constitución Nacional son las que se refieren a la definición de los delitos y las penas.
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves
Materia: CIVIL
Carátula: T.,J. c/ D. DE T. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-21

Las injurias graves tanto en el régimen de la ley 2393 como en el actual de la ley 23515, consisten en toda especie de actos ejecutados en forma verbal, por escrito o materialmente, que constituyen una ofensa para el otro cónyuge, ataquen su honor, reputación o dignidad, hiriendo sus justas susceptibilidades, sin que se requiera la reiteración de tales hechos ya que uno sólo basta para decretar el divorcio, si el mismo reviste la necesaria gravedad.
Superior Tribunal de Justicia, recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Surita, Luis Alejandro s/ 149 bis - amenazas - CP (P/L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-04

Corresponde rechazar la queja en tanto el quejoso no rebate con éxito los motivos que llevaron a declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad. Si bien cuestiona la decisión de la Cámara que admitió la ejecución de condena en virtud de un rechazo previo de la prescripción de la pena, no explica el motivo por el cual tal decisión afectaría el principio de inocencia que entiende conculcado cuando, en la causa, ya ha recaído sobre el imputado una sentencia firme que determinó su culpabilidad. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Honorarios del abogado, pago diferido, sentencia no firme
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Nardelli, Sergio Marcos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA c/ Tolosa, Estela Maris s/ ej. fisc.- ABL
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-02

Más allá de las manifestaciones referidas a la situación personal del recurrente, no fue debidamente probada la existencia de circunstancias concretas que tornen indispensable el pago inmediato del crédito por honorarios, o en otras palabras no se acreditó que la postergación en el pago de los emolumentos regulados (dispuesta por la sentencia que aplicó al caso el art. 460 CCAyT) le ocasione una lesión efectiva y no resarcible -o de difícil reparación ulterior- para justificar la apertura de la vía frente a una decisión que no es definitiva. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Queja por denegación del recurso extraordinario, sentencia condenatoria, ejecución de sentencia, sentencia firme
Materia: PROCESAL
Carátula: F. y Querellante Particular c/ Lobos Gras Luis, Sgro Claudia Fernández María s/ Defraudación en perjuicio de la Administración Pública (5041) P/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-04-10

La eventualidad de que se interponga ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de queja contra la denegatoria del recurso extraordinario federal no modifica en nada la solución, en tanto esta última impugnación no se dirija contra la sentencia condenatoria que corresponde sea ejecutada por encontrarse firme, sino contra lo acertado o no del pronunciamiento que rechaza el recurso previsto en el art. 14 de la ley 48. Ello, en la medida en que la queja deducida ante la Corte Federal no constituya más que una acción impugnativa contra una sentencia firme (recurso de revisión), aunque no reúna los caracteres propios de los recursos en virtud del tipo de resolución que ataca y los motivos en que se funda
Asociaciones sindicales, personería gremial
Materia: LABORAL
Carátula: MINISTERIO DE TRABAJO c/ UNION TRABAJADORES DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA s/ LEY DE ASOCIACIONES SINDICALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29

La referencia del art. 25 de la ley 23.551 al cotejo de la mayor representatividad o la identificación de la "más representativa" no resulta aplicable a los fines del otorgamiento de personería gremial en el ámbito personal de que se trata en atención a que rige en el mismo el principio de "pluralidad sindical" que emerge de la Resolución Nro. 255/03. El objeto de la mencionada Resolución "... que la personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales representativas del sector público no desplazará en el colectivo asignado, las personerías gremiales preexistentes", debe adecuarse al marco de la Ley de Asociaciones Sindicales, en tanto el ejercicio de las facultades reglamentarias del poder administrador no puede alterar el espíritu de la legislación nacional con excepciones reglamentarias.
Competencia en razón del tiempo, acción de responsabilidad, tasas de interés, mora ex re
Materia: CIVIL
Carátula: Aizaga Maria Laura y otra c/ Maglioni Oscar y/o otros s/ sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-05-17

el hecho que los intereses calculados conforme la TABNA, representen un 130%, no es consecuencia de una falta de razonabilidad de la tasa sino del solo transcurso del tiempo desde que el deudor incurrió en mora, lo cual acaeció al momento de ocurrir el siniestro
Recurso de casación civil, denegatoria del recurso, indemnización por muerte, servicios eléctricos, responsabilidad de la Municipalidad, empresa de servicios eléctricos, distribución de energía eléctrica
Materia: PROCESAL
Carátula: Figueroa Nélida R. y otra c/ E.D.E.S.E. S.A. y otra s/ Daños y Perjuicios - Casación Civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2019-11-08

Acorde a las circunstancias del caso no debe hacerse lugar al recurso de casación ya que el fallo cuestionado aplicó el derecho vigente de acuerdo a lo probado en autos, dando razón y fundamento de sus dichos al responsabilizar solamente al ente municipal por el fallecimiento de la víctima ocasionado por una descarga eléctrica por contacto con un cable del tendido eléctrico que no debía estar descolgado sobre la vía pública. Ello así pues surge de los elementos probatorios que la empresa concesionaria del servicio de distribución de energía eléctrica cumplió con las obligaciones a su cargo en forma regular, con la adecuada proporción del servicio, suministrando la energía eléctrica necesaria para el mantenimiento de la red, cuyo estado y funcionamiento eran óptimos, y la conducta negligente y omisiva del ente municipal por la deficiente tarea de supervisión y control de la cosa bajo su custodia -un cable del tendido eléctrico- pues el contrato de concesión sólo estipulaba la transferencia de las redes de distribución eléctrica y no así de las redes de alumbrado público, cuyo mantenimiento y reparación corresponde a dicha Comuna. Además, las comunas provinciales prestan el servicio de alumbrado público recibiendo una tasa retributiva por el mismo, perteneciendo al dominio público los sistemas de alumbrado como los materiales y bienes empleados al efecto, vgr. postes, cables, luminarias, etc. (art. 2340 inc 7º del C.C.) y por lo tanto, la responsabilidad por su guarda, construcción, mantenimiento y refacción recae en los municipios.
Responsabilidad médica, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL
Carátula: Altinier, María Ester y otro c/ Estado de la Provincia de Entre Rios s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-09-26

La relación del hospital público con el paciente debe ser analizada, aún en cuando sea resultado del cumplimiento de una manda constitucional-administrativo, en el marco de la responsabilidad contractual por resultar un vínculo generado en el cumplimiento de normas legales y no ser el resultado del actuar delictual o cuasidelictual del obligado, sin perjuicio de la eventualidad que efectivamente pueda presentarse un comportamiento doloso del dependiente, quedando en este caso esa conducta sujeta a la responsabilidad aquiliana y la del Estado en su condición de principal alcanzada por el art. 1113 primera parte del CC