Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-12


En la ciudad de Trelew, a los 12 días de Septiembre del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones bajo la Presidencia del Dr. Carlos Alberto Velázquez y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "M., L. Y. y Otros c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. nº 22129 - año: 2007). Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 421.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari:

I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 374/387) hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 39, ap. 1° de la Ley 24.557 y acogió la pretensión indemnizatoria incoada, condenando a la demandada a abonar a la actora - actuante por sí y en representación de sus hijos menores- la suma de $ 265.541,90 con más sus intereses y costas del proceso.

II. El fallo es apelado por la representación letrada de la parte perdidosa a tenor de la pieza glosada a fs. 415/417 que contiene, en síntesis, los siguientes motivos de agravio: 1) no corresponde la declaración de inconstitucionalidad del art. 39, ap. 1° de la Ley 24.557 por cuanto esa ley constituye un todo orgánico y dicha declaración implica una descuartización de la misma. Solicitan la aplicación al caso del art. 1° del citado cuerpo normativo, del cual no se ha solicitado la inconstitucionalidad ni ha sido declarada en este ni en ningún otro caso, que reza: "la reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por la presente ley". De no hacerlo, se estarían violando derechos constitucionales de la demandada. Hacen consideraciones acerca de las condiciones socioeconómicas actuales, señalando que ahora la consigna parece ser "matemos al empleador", con las graves consecuencias que estas declaraciones de inconstitucionalidad pueden acarrear a una pequeña o mediana empresa y a la comunidad laboral entera. 2) Culpa de la víctima: afirman que al analizar este hecho invocado como eximente de responsabilidad no fueron considerados los testimonios de los señores D. F. y P. Y., sin mención de los motivos que llevaron al a juez prescindir de tan importante medio probatorio, máxime tratándose de personas capacitadas técnicamente para emitir opinión respecto de las causa del accidente sufrido por el señor V. R. el contenido de dichas declaraciones a fin de sostener que el accidentado sabía que no debía realizar la limpieza de la celda conectada porque le dijeron que no lo hiciera. Efectúan consideraciones en torno al art. 902 C.Civil, con citas de doctrina. 3) Cuestionan que se haya acogido la indemnización por "daño psicológico" puntualizando que el mismo no fue incluido en el reclamo administrativo previo, lo cual constituye un límite infranqueable para una futura interposición de demanda (art. 145 - Ley 920). Agregan que dicho rubro no es un tercer género distinto del daño moral o del daño patrimonial, con citas de jurisprudencia. 4) Objetan que no se haya realizado consideración alguna acerca del monto abonado por la A.R.T. en carácter de indemnización ($ 55.000.-) y percibido por la actora bajo firma debajo de la inscripción: "Indemnización total y definitiva por el siniestro detallado en el presente que en mi carácter de beneficiario recibo de entera conformidad, no teniendo nada más que reclamar por ningún concepto". Reiteran lo expuesto en la contestación de la demanda en referencia a la doctrina de los actos propios y al enriquecimiento sin causa por parte de la actora. Solicitan se deduzca del monto resultante de la condena lo ya percibido por tal concepto. 5) Imposición de las costas: consideran justo solicitar ser eximidos de las costas en virtud de la buena fe procesal que los ha llevado hasta estas instancias del proceso, teniendo en cuenta que el fallo se fundamenta en un cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación posterior a la interposición y contestación de la demanda, motivo por el cual la demandada no tenía ninguna posibilidad de hacer lugar al reclamo de la actora, máxime tratándose del Estado provincial, debiéndose afrontar el pago de indemnizaciones con fondos públicos. Solicita se haga lugar a lo solicitado, revocando la sentencia recurrida en todas sus partes, con costas.

III. Respecto al primer agravio, estimo oportuno reseñar que al decidir acerca de este artículo, el sentenciante a quo hizo aplicación al caso de la doctrina sentada por la Corte Suprema de la Nación a partir de lo resuelto en el caso "A., I. c. Cargo Servicios I. S.. s. Accidentes Ley 9688" del 21/09/2004, en el que el Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1 de la Ley 24557. Con base en los fundamentos de ese precedente, el juzgador consideró, en resumen, que la norma en cuestión era inconstitucional por cuanto la exclusión de la vía reparatoria del Código Civil se traduce en el abandono de los preceptos constitucionales de protección al trabajador, quien se ve privado, por su sola condición de tal, de acceder a la justicia en procura del amparo de sus derechos, afectando la igualdad de tratamiento ante la ley establecida en el art. 16 de la Constitución Nacional, la cual no admite que se distinga negativamente a quienes ven lesionada su capacidad laborativa por un infortunio, privándoles de aquello que se concede a los restantes habitantes en casos similares (conf. fallo, fs.379/vta.). No es ocioso señalar que esta doctrina de la Corte fue ratificada y hasta enriquecida con el dictado del fallo en autos: "D., T. F. c. V. S.A" del 07/03/2006, donde se expresó además que "...no cabe sostener la constitucionalidad del artículo 39.1 de la LRT en la sola afirmación de que la fijación de topes indemnizatorios es constitucionalmente válida. En primer término, las prestaciones que establece la LRT no son indemnizaciones tarifadas sino prestaciones por riesgos laborales corrientes que no son producto de acciones ilícitas, pues éstas no están comprendidas dentro del riesgo asegurado. En segundo lugar, porque la constitucionalidad de topes indemnizatorios no puede afirmarse en abstracto, sino que debe examinarse cuál es su impacto en el derecho de propiedad del damnificado, particularmente en lo que se refiere a la posibilidad que tenga de consentir riesgos o resignar derechos al entrar en ciertos vínculos contractuales. Por último, el fin que inspira y configura constitucionalmente a las leyes laborales impide presumir que, por el sólo hecho de establecer un contrato de trabajo, el empleado ha resignado derechos; todo el derecho laboral se ha asentado en la ilegitimidad de tales renunciamientos y ello ha quedado plasmado en letra del artículo 14 bis constitucional"; expresando luego que "...la LRT consagra una dispensa de la culpa del empleador por los daños que ilícitamente causare a sus empleados y dicha exención es introducida a costa de los derechos civiles de los empleados, en particular sus derechos a no sufrir interferencias ilegítimas de terceros y de propiedad sobre el resarcimiento, en el tramo correspondiente a la pérdida de capacidad económica. Además, ...dicha restricción de derechos tiene como fin predominante la reducción de los costos de aseguramiento que el empleador debe, eventualmente, afrontar por su actividad ilícita, finalidad que no sirve como justificación porque la única manera de evitar tales mayores costos es mantenerse dentro del campo de lo lícito (artículos 17, 19, 18 y 28 de la Constitución Nacional )" - conf. fallo cit., voto de la Dra. Carmen M. Argibay - LA LEY 2006-E, 449). --- Hecha esta breve reseña, debo decir que, en mi opinión, las argumentaciones vertidas por la apelante no alcanzan a conmover los fundamentos que respaldan los precedentes de la Corte Nacional y que han sido recogidos en el fallo en recurso.- --- En primer lugar, es preciso señalar que el art. 1°, ap. 1. de la Ley 24.557 en cuanto establece que "La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por esta LRT y sus normas reglamentarias", no se halla aquí en discusión, por dicha regla cuanto sigue siendo válida y con plena vigencia como norma general, sin perjuicio de que no resulte aplicable al caso examinado. En este orden de ideas, debo puntualizar que el pronunciamiento en crisis se ha ceñido tan sólo a la valla sentada por un artículo de la citada ley -el 39, ap. 1- en tanto la inconstitucionalidad de esa norma fue opuesta como defensa por la demandada para resistir su pretensión indemnizatoria al amparo de la normativa civil. Ahora bien: la declaración de inconstitucionalidad en cuestión se circunscribe y tiene efecto tan sólo respecto la presente causa bajo juzgamiento, pues, como es sabido, los tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en forma teórica, genérica o en abstracto, sino que ese examen sólo puede efectuarse en cada supuesto singular. Parece casi ocioso mencionar que en nuestro ordenamiento jurídico el control de la constitucionalidad de las leyes es difuso, lo cual significa que no existe un tribunal competente para conocer de impugnaciones generales, con base constitucional, de las normas de rango inferior, y para dejarlas sin efecto, con ese carácter, cuando resultan violatorias de la Constitución Nacional, porque esa atribución es ejercida por todos los jueces, quienes no emiten declaraciones genéricas sino pronunciamientos específicos con efectos para la causa y en la medida en que la descalificación resulte necesaria para asegurar el goce de una garantía reconocida por el texto constitucional. Por esa misma razón, ya en otros precedentes referidos a casos análogos se ha dicho que el art. 39 la ley 24.557 será o no constitucional en cada caso concreto, cuando se visualice el contenido reparador o si económicamente es justo o no (conf. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala II o 14/03/2001 o A. , G. A. c. P. P. I. S. A. o LA LEY 2001-D, 797, con nota de redacción - DT 2001-B, 1551, con nota de Alfredo R. Porra); o sea que su efecto es inter partes (conf. Bidart Campos, G.J., "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino" - t. II, pág. 351 - Ediar, 1992).- --- En igual sentido se ha pronunciado reiteradamente la Corte Suprema de la Nación acerca de los límites del control constitucional en sede jurisdiccional, pues tiene como límite infranqueable la necesidad de un caso concreto para que aquélla sea puesta en juego, excluyéndose, en consecuencia, el control genérico o abstracto (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación o 07/04/1994 o P. , H. y otro c. Poder Ejecutivo. o LA LEY 1994-C, 294 - id. Corte Suprema de Justicia de la Nación o 13/09/1988 o C. , R. O. y otros o LA LEY 1988-E, 528 - id. Corte Suprema de Justicia de la Nación o 09/12/1987 o Penna Bores, Lucas S. o (voto del Dr. Petracchi) LA LEY 1988-B, 385 - JA 1988-II, 314 - entre muchos otros). --- En suma, la decisión apelada no implica desaplicar el art. 1° de la Ley 24.557, sino apartarse, en este caso particular, de la excepción impuesta por el art. 39 ap. 1 de dicha ley, en tanto la misma se aprecia como violatoria de los derechos de la parte aquí actora, conforme a las particulares circunstancias del caso bajo examen.

--- Por último, con referencia a los argumentos relativos a las condiciones socioeconómicas reinantes y a la hipotética repercusión de este tipo de pronunciamientos sobre determinados sectores -pequeñas y medianas empresas, etc.- o procesos de la economía -crecimiento de la producción y los servicios, desaliento en la generación de empleo-, debe remarcarse que el control de constitucionalidad por parte del poder judicial excluye consideraciones de esa naturaleza, tanto referidas a los propósitos del legislador cuanto a cuestiones de conveniencia, oportunidad o acierto de la ley, limitándose a analizar si el precepto cuestionado está o no de acuerdo con la constitución (conf. Bidart Campos, ob. cit., t. I, pág. 99). -- En base a las consideraciones efectuadas, opino que este agravio debe desestimarse, confirmándose el decisorio en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, y así lo dejo votado. - --- IV. La causal invocada como eximente de responsabilidad: --- --- Ingresados ya dentro del campo de la responsabilidad civil extracontractual, cobra entonces relieve la defensa esgrimida por la demandada, en tanto de ella depende la posibilidad, al menos en grado hipotético, de modificar parcial o totalmente el resultado de la litis. --- --- Al respecto, la recurrente pone énfasis en la falta de valoración de los testimonios prestados por Y. y F. , compañeros de tareas de V. , quienes se encontraban próximos al sitio donde ocurrió el infortunio. A tenor de los dichos de ambos -según enfatiza la apelante- está probado que V. se electrocutó al tocar una de las barras de cobre de la celda N° 10, y que el hecho sucedió en la celda que no tenía que limpiar por que le habían dicho que no lo hiciera, calificando a dicha conducta como temeraria, teniendo en cuenta que se trataba de un técnico electromecánico con una antigüedad de siete años y constitutiva del "hecho de la víctima" que, en consecuencia, la exime de responsabilidad; cita al efecto la regla del art. 902 C.Civil (conf. fs. 415 vta./416).

--- Considero que estas argumentaciones no logran desmerecer el razonamiento expuesto en el fallo acerca de este tópico, por las razones que paso a exponer seguidamente. - --- Los requisitos para la aplicación de los principios de la responsabilidad objetiva son, básicamente, los siguientes: 1) existencia de un vínculo del responsable (dominio o guarda sobre cosas) con una actividad o cosa que implique un riesgo para terceros; 2) que ese riesgo se haya concretado en un daño; 3), que el nexo causal entre la actividad riesgosa y el daño no se haya quebrado por la interposición de factores extraños. Sobre estas bases fácticas, el art. 1113, párr. 2° parte 2°, Cód. Civil establece que "si el daño se hubiere causado por el riesgo o vicio de la cosa" estará a cargo de la víctima la prueba de que el perjuicio tiene una relación causal adecuada con las condiciones dañosas de la cosa. Dicho en pocas palabras, a la víctima le basta probar la relación causal entre el daño y el riesgo o vicio de la cosa; comprobados estos extremos, se produce así una presunción de responsabilidad objetiva que debe ser destruida por la parte presuntamente responsable que alega alguno de los supuestos eximentes, quien deberá acreditar el presupuesto de hecho referido a esa defensa.

En el caso, la demandada alegó que el infortunio se produjo por el hecho de la víctima, sosteniendo que el único motivo por el cual se produjo el accidente fue el obrar negligente del señor V. , mencionando al efecto la pericia realizada en sede penal por el ingeniero P. y a tenor del testimonio brindado en esa sede por el señor D. F. , por lo que su parte no tiene responsabilidad alguna (conf. contestación, fs. 127). Ante el resultado adverso a su defensa, la apelante insiste en esta sede acerca de la aptitud probatoria de los testimonios de F. y Y. , prestados en la causa penal y también en este proceso.

--- Al considerar este aspecto, el sentenciante a quo reseñó los dichos de los testigos mencionados (fallo, fs. 381/vta.) y abordó a continuación el dictamen del perito especialista en higiene y seguridad industrial designado en autos reseñando el contenido del informe, para luego destacar que, conforme a las conclusiones del experto, el accidente se produjo por la intempestiva caída de la persiana que oficiaba de aislante de los conductores con tensión, desconociéndose las causas del suceso. Señaló que, el perito actuante en sede penal, si bien indicó cuatro hipótesis posibles, se expidió en el mismo sentido por cuanto tampoco pudo establecer cuál fue la causa concreta del accidente. De tal manera, el juzgador, privilegiando los dictámenes técnicos, consideró que no se había probado la alegada "culpa de la víctima" por cuanto los testigos no habían visto lo que ocurrió, de manera que no era posible afirmar que el accidente hubiera sido causado por la alegada culpa de V. . Sostuvo asimismo que dicha falta debía ser probada en forma certera por parte de quien la alega, al tratarse de un hecho impeditivo, no bastando con crear la duda acerca de la conducta del damnificado, sino que dicha prueba deber ser concluyente, con cita de doctrina (conf. fallo, fs. 383). -- --- Tras sintetizar los fundamentos que abonan la decisión acerca de este punto, debo anticipar que en mi opinión, la crítica ya reseñada no consigue desmerecer el juicio lógico elaborado por el a quo. Cierto es que el testigo Y. declaró que V. estaba en la celda "que no tenía que limpiar" y que "le dijeron que no lo hiciera ahí"( resp. a la 3era. preg., fs. 165) y que F. , a su turno, preguntado acerca de si la víctima sabía o debía saber que la celda N° 10 donde ocurrió el accidente había quedado conectada, respondió que "debía saber porque él realizó todas las maniobras de desenergizar las celdas" (resp. 13era., fs. 168 vta.). Sin embargo, tales atestaciones no bastan pera adquirir certeza acerca de la hipotética negligencia aducida. En primer lugar, Y. no indica quién le habría dado a V. la concreta instrucción de no incursionar en dicha celda N° 10. Además, en cierto sentido esta imprecisa mención se aprecia un tanto contradictoria con lo declarado por F. , quien asevera en cambio que el encargado de desconectar las celdas habría sido el propio V. Por otra parte, en definitiva ambos testigos manifiestan no haber visto cómo sucedió el siniestro, porque en ese momento ellos se hallaban en la parte posterior de la celda, es decir, fuera del campo visual donde tuvo lugar el hecho fatídico.

En verdad, los elementos probatorios aportados a la causa siembran un gran estado de duda acerca de las diversas y posibles causas del evento dañoso. Ya en el expediente penal que corre agregado por cuerda (autos: "V., J. s/M." - Expte. 1469-F° 162- Año 1997 - Letra V - Juzg. de Instrucción N °3) puede observarse que en la etapa preliminar de las actuaciones, el Director General de Servicios Públicos de la demandada, al evacuar el informe requerido por el juez instructor, manifestó que luego de una inspección visual del lugar, podía aseverar, entre otros aspectos relevantes que transcribiré a continuación, que: 1) "El señor V. después de desconectar el interruptor de la celda en que se produjo el accidente, no recibió ninguna indicación sobre tareas específicas a realizar en ese sector, de todos modos, los trabajos de limpieza que normalmente se llevan a cabo se podían realizar con seguridad, dado que la celda en la que se produjo el accidente cuenta con un sistema de protección mecánico que no permite que las barras con tensión queden expuestas una vez que se extrae el carro con el interruptor"; 2) "...Lo que es imposible determinar, es porqué la persiana cayó (cae por gravedad al gatillar el mecanismo), sabemos que previo al accidente el mecanismo funcionaba correctamente y... que después del mismo no se puede determinar si falló, puesto que el arco eléctrico que se produjo afectó la soga que mantiene la persiana levantada..."; 3) "...el dispositivo disparador del elemento que destraba la persiana... puede ser accionado accidentalmente durante trabajos de limpieza, pero es imposible aseverar con certeza que esa fuera la causa que desencadenó el desgraciado suceso" (textual - las negritas me pertenecen - expte. cit., fs. 67/68). - En cuanto a la pericia del Ing°. P. -a la que alude la recurrente en su pieza de agravios- se enumeran cuatro posibles causas hipotéticas del siniestro, sin que el experto se pronuncie o defina acerca de cuál de ellas pudo, en concreto, haber provocado el mismo (inf. de fs. 153/156 - expte. cit.). -- --- Por último, la pericia técnica realizada en este proceso (fs. 227/295) contiene un muy elaborado detalle de todas las operaciones técnicas realizadas, el material consultado, identificando las causas principales y secundarias del accidente, para concluir, en lo que aquí interesa, que de las mismas no se desprende que el agente V. haya actuado incorrectamente (textual, fs. 233). --- Con estos elementos a la vista, está claro que no existe un mínimo grado de certeza acerca de la alegada falta o actuación negligente de la víctima en la provocación del infortunio. Cierto es que algunas consideraciones admiten la posibilidad de que V. haya realizado alguna maniobra causalmente apta para desencadenarlo, pero se trata tan sólo de meras hipótesis, sin posibilidad de comprobación actual. De ningún modo ha quedado en claro cuál fue el factor concreto que originó el percance; si el protagonismo de la víctima fue o no provocador del infortunio; si se trató de una acción u omisión suya; en qué pudo haber consistido y, a todo evento, en qué grado o medida habría sido apta para producir dicho resultado dentro del proceso o iter causal. En este orden de ideas, tanto la doctrina como la jurisprudencia han venido sosteniendo criterios concordantes con el expuesto en el fallo acerca de que: 1) el hecho de la víctima alegado como factor de exoneración de responsabilidad debe ser debidamente probado por quien lo invoca; 2) dicha prueba de ser concluyente y categórica; 3) debe constituir la única causa del daño y 4) debe revestir los caracteres de imprevisibilidad e irresistibilidad propios del caso fortuito o fuerza mayor, siendo insuficiente un estado de duda (conf. Santos Cifuentes, "Código Civil...", t. I, págs. 880/883 - La Ley, 2003 - id. Belluscio-Zannoni, "Código Civil...", t. 5, pág. 393 - Astrea, 1984; id. Bueres_Highton, "Código Civil...", t. 3ª, pág. 439 - Ed. Hammurabi, 1999; entre otros).

--- En idéntica línea interpretativa se han pronunciado los tribunales del país al decidir planteos análogos (conf. CNCiv, sala B o 30/03/2005 o F., E. E. c. B., A. y otros o DJ 01/03/2006, 563 - DJ 18/01/2006, 144; id. CNCiv., sala M o 16/09/2002 o M., J. C. y otros c. M., C. V. y otros o DJ 2003-1, 269; id. CNCiv., sala E o 28/09/2004 o D. A., C. A. c. C.V. S. S.A. y otros o ED 212, 119; id. CNCiv, sala M o 16/09/2002 o M., J. C. y otros c. M., C. V. y otros o DJ 2003-1, 269; id. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires o 16/02/2000 o Brien de C., Silvia E. c. G., H. G. o LLBA 2000, 850; entre muchos otros). Por todas las consideraciones precedentes, opino que este agravio debe desestimarse, y así lo propongo al Acuerdo. -- --- V. La reparación del "daño psicológico":

--- La apelante objeta en primer lugar el progreso de este rubro en tanto el mismo no fue incluido en el reclamo administrativo previo, por lo que -sostiene- es improcedente su reclamación actual en esta sede a tenor de lo dispuesto en el art. 145 de la Ley 920. Si bien dicha defensa no fue considerada por el sentenciante al decidir acerca del rubro en cuestión, corresponde suplir en esta Alzada esa omisión de pronunciamiento de conformidad con la previsión del art. 278 C.P.C.C. - --- En este cometido, puedo adelantar desfavorable opinión acerca del planteo. Cierto es que la actora dedujo reclamo administrativo previo conforme a las actuaciones copiadas a fs. 58/60 y anexas, y que en el mismo no se incluyó la petición referida a este daño. Mas lo cierto es que dicho reclamo fue voluntario, por cuanto su parte no estaba obligada a hacerlo desde que el art. 139 inc. a) de la Ley 920 exceptúa expresamente de la reclamación administrativa previa a los reclamos de indemnizaciones por accidentes de trabajo. De ningún modo podría inferirse que esa tramitación espontánea pudo comportar una renuncia por parte de la actora a sus legítimos derechos, en tanto la intención de renunciar no se presume y su interpretación es restrictiva (art. 874, C.Civil); y mucho menos en lo que atañe a los derechos de menores, en principio insusceptibles de ser renunciados por hallarse comprometido a su respecto el orden público, máxime si no ha mediado la oportuna y debida intervención del Ministerio Público de Menores (conf. arts. 872, 59, 494 y conc., C.Civil). En definitiva, mal podría aplicársele a la demandante la consecuencia de una norma jurídica que le es inaplicable, por cuanto ello implicaría una violación al principio constitucional conforme al cual ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe (art. 19, C.N.).

--- Cabe ahora abordar la procedencia misma del rubro cuestionado. Arguye al respecto la apelante que el daño psicológico no es un tercer género del daño moral o patrimonial, por lo que sólo se lo puede resarcir si integra el primero o el segundo, con cita de jurisprudencia y doctrina. El suscripto concuerda plenamente con este principio. Sabido es que la indemnización formulada en concepto del "daño psicológico" se encuentra incluida dentro del daño moral y posee una entidad distinta a la que corresponde por el rubro "gastos de tratamiento psicológico", pues la primera tiende a reparar la disminución en la capacidad genérica de la víctima derivada de afecciones psíquicas que ésta padece, en tanto la segunda -de índole netamente patrimonial- tiene como fin resarcir el costo de una terapia con la finalidad de reducir dicho perjuicio. Trátase, pues, de rubros independientes, por cuanto el primero alude a la perturbación transitoria o permanente del equilibrio espiritual preexistente producida por el hecho ilícito, de carácter patológico, mientras que los gastos de tratamientos están destinados en cambio a paliar los desembolsos irrogados por la terapia aconsejada para disminuir o erradicar el perjuicio (en el mismo sentido, CNCiv., sala M o 20/10/2006 o A., J. C. c. M., Al. S. y otro o La Ley Online - id. CNCiv., sala M, o 02/11/2005 o Infante, J. c. L. B. o La Ley Online). - --- Con esto en claro, puede observarse que en el caso se reclamaron ambos conceptos (conf. demanda, fs. 19/20) y que el aspecto espiritual de dicho menoscabo no fue objeto de un resarcimiento independiente en la sentencia, por lo que cabe inferir que el a quo lo tuvo en miramiento al evaluar el daño moral según las circunstancias del caso aludidas en el considerando respectivo (conf. fallo, fs. 386/vta.); en definitiva, dicho aspecto en su faz extrapatrimonial no ha merecido objeciones en esta sede. El aquí apelado, en suma, es el rubro referido a los gastos terapéuticos por las afecciones psicológicas, reclamo que fuera atendido por el juzgador conforme a la comprobada necesidad de que la madre y el hijo menor I. D. requerían un abordaje psicológico y psicopedagógico. En base a estas circunstancias, atendiendo al dictamen pericial referido a la extensión temporal y al costo unitario de las sesiones, el sentenciante cuantificó la medida pecuniaria de este rubro, fijándolo en la suma de $ 4.800. Este razonamiento se aprecia correcto y adecuado las probanzas aportadas a la causa, y las críticas formuladas no consiguen desmerecer dicha conclusión, que se ajusta a las reglas de la sana crítica y a los fundamentos del dictamen pericial producido en autos (fs. 335/340 - arts. 386, 477, C.P.C.C.; su doctrina) por lo que propiciaré la confirmación de lo resuelto, lo que así dejo votado. VI. Indemnización abonada por la ART:

--- La recurrente se queja por cuanto el juzgador no realizó consideración alguna acerca de su planteo sobre la deducción del monto de condena de la suma de $ 55.000.- abonada por la ART y percibida por la actora. Alude asimismo a que la percepción de dicha suma colisiona con la actual pretensión en virtud de la doctrina de los "actos propios". - Acerca del primer aspecto, le asiste razón en su planteo, ya que en efecto, al contestar la demanda, ella introdujo este artículo en forma expresa (ver contestación, fs. 127), por lo que el a quo debió pronunciarse al respecto. La señalada omisión debe entonces ser suplida por esta Cámara, conforme a la previsión del art. 278 C.P.C.C. -- Luego, en cuanto a la aparente incompatibilidad entre la percepción de la suma abonada en sede administrativa, la objeción es inatendible, pues como bien lo ha señalado la propia Corte Suprema en fallo reciente, nada impide que la víctima de un infortunio laboral, luego de percibir la indemnización por incapacidad permanente a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo, pretenda obtener una reparación por la vía del derecho común de parte del empleador, previo planteo de inconstitucionalidad del art. 39.1 de la ley de accidentes y riesgos del trabajo 24.557, ya que la percepción de la reparación tarifada sólo importa, para el reclamante, el sometimiento voluntario a las normas relativas a dicha reparación, mas no al resto de las disposiciones de la citada ley especial, sin que exista interdependencia o solidaridad inexcusable entre unas y otras (C.S.J.N., 12/06/2007 - Llosco, Raúl c. Irmi S.A. -D.T. 2007 (julio), 827). -- --- En cuanto a la omisión señalada, creo necesario puntualizar dos aspectos. En primer lugar, aun cuando en el fallo nada se dijere al respecto, la propia ley 24.557 establece una solución para estos supuestos. En efecto, como también lo ha señalado la Corte Nacional al respecto, corresponde tener presente que si bien el acogimiento a este régimen no impide al damnificado que reclame al tercero responsable la reparación de los daños y perjuicios que pudieren corresponderle de acuerdo con las normas del Código Civil, en tal supuesto "se deducirá el valor de las prestaciones que haya percibido o deba recibir de la A.R.T." (art. 39, inc. 4°, ley citada), ya que, a su vez, esta última podrá repetir del responsable del daño causado el valor de las prestaciones que hubieran abonado (art. 39, inc. 5°, ley citada conf. C.S.J.N., autos: "Mosca, Hugo A. c. Provincia de Buenos Aires y otros" - 06/03/2007-LA LEY 12/03/2007, 5 - La Ley Online). --- Por otra parte, claro está que habiendo sido abonado a ese título, el monto ya cobrado debe considerarse como parte integrante del resarcimiento debido por el infortunio laboral; de otro modo se le estaría acordando a la actora una doble indemnización a expensas de la responsable, lo cual configuraría -como bien lo sostiene la recurrente- un enriquecimiento indebido de su parte, según el conocido principio de que no hay obligación sin causa (conf. arts. 499 y ss. - su doctrina; 725 y conc., C.Civil) y toda vez que ambas indemnizaciones responden al mismo hecho productor del daño. --- En consecuencia, propongo al Acuerdo suplir la omisión del fallo de primera instancia, declarándose que en la etapa procesal oportuna, al liquidarse el monto definitivo de condena (art. 503 y conc., C.P.C.C.) deberá deducirse la suma de $ 55.000.- ya percibidos en sede administrativa. Así lo voto. - --- VII. El agravio referido a la imposición de las costas: --- --- Ya se han reseñado los motivos que inspiran este último agravio. En esencia, la apelante se apoya en el cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional acerca de la constitucionalidad del art. 39, inc. 1 de la Ley 24.557 y enfatiza su condición de estado provincial, que debe afrontar el pago de estas indemnizaciones con fondos públicos. -- En primer lugar, debo decir que a mi criterio la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación a la época en que fue entablada la demanda era la emanada del fallo recaído en la causa "G., J. R. c. R. S. y otros" del 1°/02/2002 (publicado en: DT, 2002-A-414; Rev. La Ley 2002-A-18/02/01), donde el Alto Tribunal sostuvo básicamente que no era posible predicar en abstracto que el art. 39, inc. 1º de la ley 24.557 conducía inevitablemente a la concesión de reparaciones menguadas con menoscabo de derechos de raigambre constitucional -en el caso, impugnado mediante acción de inconstitucionalidad e invalidado con carácter previo a la sustanciación de la demanda-, a menos que su aplicación al caso concreto comporte postergación o frustración de los derechos a la reparación o la rehabilitación, circunstancia que debía ser probada en cada caso por quien la alegara. Esta doctrina fue evolucionando en pronunciamientos posteriores hacia una postura cada vez más proclive a considerar que dicha norma lesionaba principios y garantías constitucionales. Así, en el fallo recaído en la causa: "Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A" del 21/09/2004, el Alto Tribunal declaró que el art. 39, inc. 1, de la LRT, a juicio de la Corte, es inconstitucional al eximir al empleador de responsabilidad civil mediante la prestación del art. 15, inc. 2, segundo párrafo, de aquélla. Esta doctrina fue sostenida y ratificada en fallos posteriores y se reitera con vigor en fallos recientes, en los que se ha expresado que "el hecho de que los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador, prohibidos por el principio "alterum non laedere", deban ser indemnizados en los términos del art. 39, inc. 1° de la ley de riesgos del trabajo, que excluye la vía reparadora del Código Civil, vuelve dicha norma contraria a la dignidad humana, ya que ello entraña una suerte de pretensión de reificar a la persona por vía de considerarla no más que un factor de la producción, un objeto del mercado de trabajo" (conf. C.S.J.N. en "D., T. F. c. V. S." - 07/03/2006 - LA LEY 2006-E, 449- id. C.S.J.N., 08/08/2006 Rodríguez, Ramón c. Electricidad de Misiones - La Ley Online). - --- Pues bien: hecha esta reseña, opino que cuando la demandada se opuso a la pretensión actoral asumió el riesgo de un eventual resultado adverso, por cuanto en aquel momento la Corte (en el caso "G.") no había desechado por completo la posibilidad de una tacha inconstitucional respecto del art. 39.1 de la Ley 24.557, sino que había considerado que esta circunstancia no se presentaba en aquella contienda, mas dejaba abierta la posibilidad de que pudiera configurarse en algún caso concreto, supeditando la demostración de esta violación constitucional al caso concreto. Por otra parte, cierto es que en ciertos supuestos se ha decidido que el cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional puede determinar la imposición de las costas en el orden causado, mas ello a condición de que frente a dicho cambio la parte demandada se allane sin demora a la pretensión o la actora desista de la misma con base en dicho cambio jurisprudencial, mas no es precisamente esto lo que sucede en el caso. Advertirá mi colega que tempranamente en el curso del proceso tomo estado público el primer precedente en tal sentido (caso "Aquino"), luego ratificado y sostenido en nuevos pronunciamientos, algunos de ellos anteriores al fallo en recurso (caso "D. c.V. S."). Sin embargo, la demandada ha persistido en su postura contraria al progreso de la demanda y continúa abogando por la constitucionalidad de la norma en cuestión, incluso en esta instancia, a través del recurso incoado (ver pieza recursiva, fs. 415), en el que así lo plantea y solicita sea declarado, solicitando, en definitiva el rechazo de la demanda, con costas a la actora.

--- Frente a ello, no veo motivos para apartarnos al principio objetivo sentado por el art. 68 del C.P.C.C. que impone el peso de las costas sobre la parte vencida en el pleito. De otro modo se infligiría un perjuicio patrimonial respecto a la parte actora -contrario al principio de reparación integral en materia de daños- quien, como puede observarse, se vio obligada a demandar judicialmente en pos del reconocimiento de sus derechos. VIII. Conclusiones: - --- De compartirse los fundamentos precedentes, sin perjuicio de declarar que en la etapa procesal oportuna, al liquidarse el monto definitivo de condena (art. 503 y conc., C.P.C.C.) deberá deducirse la suma de $ 55.000.- ya percibidos en sede administrativa, corresponderá entonces confirmar el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de recurso, con costas en la Alzada a la parte recurrente (art. 68, C.P.C.C.), sin que corresponda regular honorarios a los letrados actuantes en esta sede conforme a lo dispuesto en el art. 2 de Dec. Ley 2.200. --- --- Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA. ---A ESA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. V. expuso: -En acatamiento del principio procesal de celeridad, me remito a la síntesis que de la decisión impugnada y los agravios vertidos por la recurrente realizara el Señor Magistrado ponente. --Concuerda mi opinión con la del colega y para fundar mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos ambos de la ley 4.550), basta con formular las consideraciones siguientes. --I.- La doctrina de la supremacía constitucional, de acuerdo a la cual nuestra Carta Magna debe prevalecer sobre todo el orden jurídico del estado (art. 31 Const. Nac., su doc.), requiere para su eficacia del control judicial de constitucionalidad de las normas de inferior rango. Hállanse así los tribunales de justicia en el deber de examinar las leyes en los casos concretos traídos a su decisión, comparándolas con el texto de la constitución para averiguar si guardan o no conformidad con el texto de ésta, cual tiene declarado la Corte Suprema Nacional desde uno de sus más antiguos fallos (5/12/1865, cit. por Bidart Campos, "Manual de la Constitución Reformada", EDIAR 1998, I-337). Mas como la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal, por su gravedad, debe estimarse "ultima ratio" del orden jurídico, sólo ha de acudirse a ella en casos de muy estricta necesidad y con criterio restrictivo (confr.: C.S.N., Fallos 260:153 y sus citas). En ese criterio estricto y restrictivo se inscribe el que la declaración invalidante deba limitarse a aquel o aquellos preceptos irreductiblemente en pugna con las prescripciones constitucionales, sin abarcar en cambio la totalidad de un ordenamiento que en otras de sus partes no contraviene las disposiciones jerárquicamente superiores. "Un código, una ley o un reglamento -ha expresado la Corte Suprema Federal- pueden contener preceptos nulos que no invalidan el resto del estatuto ni inhabilitan a los interesados para amparar en éstos sus pretensiones, salvo que entre unos y otros exista interdependencia o solidaridad inexcusable" (Fallos 175:262, 267). Que en la especie el sentenciante de origen haya ceñido la declaración de inconstitucionalidad al art. 39 inc. 1 de la ley 24.557 no importó "descuartizar" el régimen de ella. Como señalara la Corte Suprema Nacional en el fallo que el prevotante recordara, la L.R.T. estatuye sobre los riesgos laborales corrientes -al margen los que son productos de acciones ilícitas- (L. L. 2006-E-449) y en dicho aspecto ella resulta constitucional; donde cae en infracción a la normativa de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 28 Const. Nac. es al vedar al trabajador, por el sola circunstancia de serlo, el acceso a la justicia para reclamar el resarcimiento integral de daños causados por hechos ilícitos. Tocante a la incidencia del pronunciamiento sobre el desarrollo de múltiples pequeñas y medianos empresas, la generación de puestos de trabajo y la producción de bienes y servicios, diré que no alcanza para sustentar la posición de la apelante la invocación de intereses generales, sin que alegara perjuicio a sí misma como individuo. Sabido es que es la existencia de un interés personal, objetivo y directo del apelante es requisito de todo recurso y de todo acto procesal inclusive, cual ha reiterado hasta la fatiga esta alzada (c. 10.068 S.D.C. 31/93, c. 10.880 S.D.C. 50/94, c. 11.467 S.D.L. 12/95, c. 11.551 S.D.C. 17/95, 11.641 S.D.L. 77/95, 11.689 S.D.L. 116/95, entre otros muchos y sus extensas citas), de modo que el aquí invocado, que no es personal de la recurrente ni vinculado directamente a ella, resulta inhábil para abastecer su recurso de tal requisito de admisibilidad. --II.- Dada la manera en que acaeciera el evento dañoso, con participación física de la energía eléctrica -a la que, de acuerdo al art. 2311 párr. 2° Cód. Civ., le son aplicables las disposiciones referentes a las cosas, entre otras la relativa al riesgo generado por ella-, bien subsumió el "a quo" el caso de autos en la norma del art. 1113 párr. 2° parte 2da. del citado ordenamiento (esta sala, c. 20.620 S.D.C. 10/06). --En ese marco, cabe dejar de lado cuestiones tales como la falta de capacitación suficiente que la demandada habría dado a su personal o la insuficiencia de las medidas de seguridad, pues son esos elementos que harían a la culpa de aquélla y aquí nos hallamos en una órbita en la cual el factor de atribución de responsabilidad estrictamente objetivo. Si en el pleito no fueron controvertidos el contacto del occiso con la cosa generadora de riesgo -y lo crea evidentemente una celda de salida de una línea eléctrica de 13,2 KV- ni la propiedad de ella por la demandada y el daño que de la muerte del esposo y padre produjo a la cónyuge y los hijos menores del fallecido lo presume la ley (art. 1084 Cód. civ.), corresponde por imperio legal presumir la existencia de relación causal entre tal perjuicio y aquel riesgo (confr.: Alterini - López Cabana, "Presunciones de causalidad y de responsabilidad", L.L. 1986-E-985, n° 5, "a"; Alterini,"Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores", L.L. 1.988-D-296; mis votos en c. 18.378 S.D.C. 14/03, c. 19.477 S.D.C. 23/04, c. 20.304 S.D.C. 38/05). Mas, porque se trata de una presunción "iuris tantum", ella puede resultar destruida mediante la acreditación del concurso de alguna de las eximentes legales previstas, en la especie la de la denominada "culpa de la víctima" que alegara la demandada al oponerse a la pretensión. En rigor, lo dirimente para el progreso de dicha defensa no es la culpabilidad del damnificado, ni en el sentido estricto con que la define el art. 512 Cód. Civ., ni en el sentido más lato de falta con que la prevé el art. 1111 ídem. Más allá del empleo por el legislador de la errónea expresión "culpa de la víctima", el mero hecho de ella con incidencia causal basta para que la eximente funcione, pues la cuestión gira en torno al eje representado por la causa del perjuicio, que actúa en el área objetiva de los acontecimientos. Bien se ha apuntado que "el problema juega en el plano causal al cual calificamos como un presupuesto objetivo que se independiza de valoraciones subjetivas. Lo que verdaderamente importa es que ese hecho del tercero o de la víctima haya sido o no causa adecuada del daño" (Vázquez Ferreyra, "El caso fortuito o fuerza mayor y la relación de causalidad", en Revista de Derecho de Daños, n° 2003 - 2, Rubinzal - Culzoni 2003, pág. 372). -Pues bien, concuerdo con el Señor Juez antes sufragante en que no se demostró en autos el supuesto hecho del occiso interruptivo del nexo causal entre el riesgo generado por el fluido eléctrico y el óbito. No es exacto que el juzgador de la previa instancia omitiera apreciar las declaraciones testificales producidas en la causa, pues las resumió y valoró en su decisorio (fs. 381/383). Y no lo hizo precisamente en forma errónea. Preguntado sobre las circunstancias en las que ocurriera el accidente que costara la vida a J. V. , J. D. F. expresó que "en ese momento estábamos con el Sr. Y. en la parte posterior de la celda y él -V. , aclaro- enfrente, escuchamos la explosión y nos trasladamos al frente, hacia el pasillo y vimos que se había accidentado", e inquirido acerca de si presenció las tareas que realizaba el fallecido al momento de acontecer el infortunio respondió que "en ese momento nosotros estábamos en la parte posterior, así que lo que él hizo yo no lo pude ver" (fs. 168, resps. a las pregs. 3era. y 7ma.). De similar manera se expidió P. A. Y. , quien interrogado sobre las circunstancias en que acaeció el hecho repuso "no lo sé, porque yo no estaba al lado de él. Yo estaba en el lado de atrás" y preguntado en punto a si sabía la faena que cumplía la víctima en ese instante contestó que "no, porque él hacía una tarea y yo otra, no podía presenciar su tarea" (fs. 165, resps. a las ya indicadas pregs.). Con todo ello los declarantes no hicieron sino reiterar la versión que suministran en su día en el marco de la causa penal labrada. Allí afirmó J. D. F. que "escuchamos una fuerte explosión que provenía del frente de los tableros, en esos momentos nos encontrábamos con Pedro Y. en la parte posterior de los tableros doce a diecisiete...cuando escuchamos la fuerte explosión nos dirigimos inmediatamente al lugar donde estaba el agente V. ...observamos que había sido afectado por una descarga eléctrica", añadiendo este deponente que "en el momento del accidente no teníamos contacto visual, incluso tampoco podíamos escuchar lo que él estaba haciendo, dado que estábamos trabajando con dos aspiradoras", para agregar a poco que "la causa del accidente no la podría determinar, como había manifestado antes no estábamos en línea visual" (fs. 99 vta./100 del expediente que por cuerda corre). ---Por su lado, en ese proceso penal declaró P. A. Y. que "nosotros estábamos con D. F. en la parte posterior de la celda...El Sr. J. V. limpiaba la parte del frente de cinco celdas que estaban sin tensión. De donde estábamos nosotros no se visualizaba la tarea que realizaba J. V. En ese momento se escucha una explosión y el fogonazo arriba de los tableros, esto es lo que vi...No tengo idea cómo fue o qué fue lo que pasó" (fs. 104/vta. de dicha causa). -El análisis de conjunto de las mentadas declaraciones lleva a concluir que los deponentes no fueron testigos "de visu" del instante del siniestro, no pudieron percibir ni percibieron en efecto maniobra alguna del fallecido que desatara el curso causal que condujo a su muerte. -Cierto es que ya en esta sede civil P. A. Y. aludió a que el accidente ocurrió cuando V. pasó a la celda que no tenía que limpiar, pese a hallarse advertido de ello y ser consiente de que no debía hacerlo (fs. 165, resp. a la preg. 3era. "in fine"), mas corresponde destacar lo autocontradictorio de esa manifestación, que entra en abierta colisión con las que antes he reseñado: la ignorancia por este testigo de las circunstancias que determinaron el accidente y su falta de percepción de las tareas que estaba desarrollando el occiso al acaecer el hecho. Por lo demás, es sin duda preferible atenerse a los dichos vertidos por Y. en sede penal, porque ante versiones fácticas distintas suministradas por un mismo testigo en sucesivas declaraciones ha de prevalecer la que diera en la primera oportunidad sobre la posterior, pues aquélla supone, por la fecha más próxima al accidente en que fuera vertida, una mejor memoria de los hechos y una mayor espontaneidad en del declarante (esta alzada, c. 12.561 S.D.C. 17/98, c. 20.433 S.D.C. 48/05, c. 21.861 S.D.C. 23/07). Las manifestaciones ulteriores del testigo ante el juez civil -cuando V. "pasó a la celda que no tenía que limpiar, fue cuando pasó el accidente, porque le dijeron que no lo hiciera ahí, eso no se hacía, él estaba consiente que no debía hacerlo"-, amén de contradictorias con sus propios dichos vertidos en el mismo acto acerca de su ignorancia sobre el modo en que el infortunio ocurrió y las labores que desarrollaba el fallecido, parecen originadas en suposiciones o creencias del deponente elaboradas por él a posteriori del suceso y, en consecuencia, no son idóneas para formar convicción, porque la función del testigo consiste en comunicar los hechos que conoce "proprio sensibus" y no expresar apreciaciones subjetivas, suposiciones o creencias; lo contrario, el enjuiciar los hechos, importa la invasión por el testigo de una zona procesal reservada al juzgador (confr.: Gorphe, "De la apreciación de las pruebas", EJEA 1955, pág. 381; esta alzada, c. 16.532 S.D.C. 49/00, c. 18.892 S.D.C. 48/03, c. 20.512 S.D.C. 21/05, etc.). ---Referente al dictamen pericial presentado en el proceso penal, no es exacto que el experto descartara las dos últimas causas posibles del accidente que señalara -las de hipotética vinculación con la imprudencia o negligencia de la víctima-, toda vez que según expresara la falta de información sobre la capacitación recibida por el fallecido le impidió elaborar una conclusión (fs. 155 del expediente de marras). En cuanto al dictamen pericial producido en este proceso civil, él ha sido categórico: no es posible establecer que el agente V. haya actuado incorrectamente (fs. 233). En suma, la rendida en relación con el hecho de la víctima con incidencia causal en la producción del daño ha sido una prueba inocua, fracasada en su finalidad de "crear el convencimiento del juez sobre la existencia o inexistencia de hechos de importancia para el proceso" (Chiovenda, "Principios...", ed. Reus 1.941, II-280, nº 59). --Como la prueba de las circunstancias que eximen de responsabilidad al dueño o guardián de la cosa generadora de riesgo debe ser plena y concluyente, resultando menester que quede demostrado sin margen para las dudas que el obrar de la víctima o de un tercero ha interrumpido en verdad la relación de causalidad entre la actividad de la cosa y el daño (confr.: S.C.B.A., L.L.B.A. 2000-850; Cám. 2da. Apel. La Plata, sala II, J.U.B.A. B 300516), en el subexamen la eximente invocada ha sido correctamente desestimada en decisión que merece confirmación. ---III.- Si el art. 139 inc. "a" de la ley 920 exceptuaba a los actores del requisito de la reclamación administrativa previa a la demanda resarcitoria judicial, no me parece que el haber formulado aquélla sin incluir el rubro del daño psicológico despliegue los efectos limitativos previsto en el art. 145 de dicha ley. ---En relación a la coactora mayor de edad, la realización de dicha reclamación pudo constituir una tácita abdicación al derecho de demandar directamente la reparación ante la jurisdicción (art. 873, 1145 Cód. Civ.), pero no me parece que el rechazo del reclamo por la Administración implique la aceptación por ésta de esa renuncia de modo que la torne irretractable en los términos del art. 875 cód. cit. Es claro que ese consentimiento con el abandono del derecho puede también ser tácito, resultante de hechos o actos que lo presupongan (art. 1145 ídem, ya cit.), pero en el caso la Administración no hizo lo que hubiere hecho si su intención hubiese sido la aceptación, pues desestimó el reclamo (art. 1146 íd.); ¿o habíamos de pretender que el poder administrados rechazara la reclamación no por improcedente, sino por inadmisible en tanto la coactora se hallaba eximida de hacerlo?.

---Respecto del menor I. D. V. M., el reclamo administrativo formulado no puede ser interpretado siquiera como una renuncia válida al derecho legal de no hacerlo, porque el tal derecho del incapaz, integrante del orden público de protección de menores, no era disponible por su madre por su propia autoridad (arts. 59, 494, 872 Cód. civ. y nota de Vélez Sársfield al último).- --- Cual declaráramos en diversos precedentes, con acopio de prestigiosa doctrina incluso, el daño psicológico no constituye un tercero género que extralimite la clasificación de los daños en patrimoniales y extrapatrimoniales, pero sí es ambivalente (c. 16.060 S.D.C. 11/05, c. 18.288 S.D.C. 1/03, c. 19.014 S.D.C. 2/04, c. 20.171 S.D.C. 20/05). Ese desorden psicológico, cuando existe, produce siempre daño moral y debe valorarse como un factor de intensificación del mismo que lleva a dimensionar en un monto mayor la indemnización a acordarse por él; a la vez, puede producir en ciertos casos perjuicio patrimonial resarcible, v. gr. el daño emergente provocado por el costeo de la terapia necesaria para la curación de la víctima (arts. 1068 y 1086 del Cód. Civil; confr.: Zavala de González, "Resarcimientos de daños", 2da. edición, to. II-A, págs. 265/266, 268/269, 274 y sgts., párrs. nros. 62 a 66; Trigo Represas-Compagnucci de Caso, "Responsabilidad civil por accidentes de automotores", Hammurabi 1987, II-543). En el caso hemos de marginar la cuestión de la incidencia que pudieron tener dichas lesiones en la determinación de los montos resarcitorios de los daños morales sufridos por la cónyuge supérstite y el mentado hijo menor, pues sobre ese tópico no han sido expresados agravios. En cuanto a la repercusión de esas mismas lesiones en los patrimonios de los afectados, ella fue acreditado mediante la pertinente pericia que vino a demostrar la existencia de las enfermedades, la necesidad de terapias y el costo de éstas, pautas a las que se ciño el "a quo" para fijar el monto del rubro. IV.- Nada me es dado añadir a las consideraciones que el preopinante hiciera, siguiendo las aguas de la doctrina jurisprudencial sentada recientemente por el Tribunal Nacional Cimero, en torno a que a la víctima de un accidente de trabajo le es lícito perseguir judicialmente la reparación integral de sus daños por la vía del derecho común -acumulando el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1 de la ley 24.557- luego de haber percibido de la A.R.T. correspondiente la indemnización tarifada a cargo de ella, pues el sometimiento a la preceptiva que rige ésta no implica el acatar la antes citada norma inconstitucional limitativa del resarcimiento pleno, en tanto entre unas y otras disposiciones no promedia una interdependencia inexcusable (C.S.N., in re "Llosco vs. Irmi", 12/6/07, D.T. 2007-827). Ello sin perjuicio de que de la reparación deba deducirse el valor de la prestación ya percibida, de acuerdo al art. 39 inc. 5 de la ley mentada, pues la acción civil posterior presenta un carácter complementario y esta destinada a indemnizar daños diferentes o la mayor cuantía del ya resarcido de modo parcial (C.S.N., en autos "Mosca vs. Provincia de Buenos Aires", 6/3/07, diario L. L. del 2/3/07, págs. 5 y sgts., considerandos 4 y 11). V.- Verdad es que ha sido admitido el relevo total o parcial de costas a la vencida cuando los precedentes de la Corte Suprema Nacional pudieron haberla motivado a creerse con derecho a sostener su posición (confr.: ese Alto Tribunal, Rep. E. D. 28.183, n° 7). Mas no es ese el caso de autos, pues, cual destacara el ponente, la doctrina jurisprudencial de la Corte Federal conocida al tiempo de ser contestada la demanda en el subexamen no era por entero refractaria a la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1 de la ley 24.557, sino que la admitía en determinadas circunstancias casuísticas. Por ende, mal pudo la demandada, a la lumbre de dichos precedentes, considerarse con derecho a oponerse frontalmente al plateo constitucional de su adversaria sin incursionar siquiera en las particularidades que la especie presentaba. --No advierto entonces razones fundadas para separarnos en esta causa del principio general del vencimiento como base de la condena en costas consagrado en el art. 68 C.P.C.C. -VI.- Los expuestos motivos, coincidentes con los expresados por el Dr. Ferrari, me conducen a concluir que la sentencia apelada debe ser confirmado en lo principal que decidiera, disponiendo sólo la deducción del monto de la condena de la suma ya percibida por los actores de la A.R.T. al practicarse liquidación en la etapa de ejecución. Las costas de segunda instancia ha de soportarlas la apelante vencida (art. 68 C.P.C.C.), sin que corresponda regular honorarios a sus letrados por las labores de alzada en virtud de lo normado en el art. 2 del dec.-ley 2.200. -Finalizo entonces expidiéndome en esta cuestión por la AFIRMATIVA. -- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: --- --- En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de recurso. II) Declarar que en la etapa procesal oportuna, al liquidarse el monto definitivo de condena (art. 503 y conc., C.P.C.C.) deberá deducirse la suma de $ 55.000.- ya percibidos en sede administrativa. III) Con costas en la Alzada a la parte recurrente (art. 68, C.P.C.C.), sin que corresponda regular honorarios a los letrados actuantes en esta sede conforme a lo dispuesto en el art. 2 de Dec. Ley 2.200. -- --- Así lo voto. - ---A ESTA ULTIMA CUESTION el Dr. Velázquez respondió: -El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Ferrari, reflejo fiel de la decisión del Cuerpo formada al expedirnos sobre la anterior cuestión. Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haber coincidencia de opinión y hallarse vacante la restante vocalía de la Sala (art. 8 ley 1130, textos de la ley 4550). --- Trelew, 12 de Setiembre de 2007. -- --- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de esta Cámara de Apelaciones; pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A:

CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de recurso; DECLARAR que en la etapa procesal oportuna, al liquidarse el monto definitivo de condena deberá deducirse la suma de $ 55.000.- ya percibidos en sede administrativa; IMPONER las costas en la Alzada a la parte recurrente, sin que corresponda regular honorarios a los letrados actuantes en esta sede conforme a lo dispuesto en el art. 2 de Dec. Ley 2.200. -- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase. Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL N° 32 DE 2007 - SDC.- Conste.-