Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2001-10-30


ACUERDO En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 30 días del mes de octubre de 2001, se reúnen los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia en acuerdo ordinario para dictar sentencia en los autos caratulados "Bruglieri, Nilda Adelina c/I.P.P.S. s/contencioso administrativo", expte. Nº1.115/00 de la Secretaría de Demandas Originarias, habiendo resultado que debía observarse el siguiente orden de votación: doctores Carlos E. Andino y José A. Salomón.

ANTECEDENTES I. Inicia demanda contencioso administrativa la Señora Nilda Adelina Bruglieri mediante apoderado, en contra del Instituto Provincial de Previsión Social, solicitando que se revoque la Resolución Nº 350/2000 -por entender que la misma es nula de nulidad absoluta e insanable-, y que se ordene el reajuste del haber jubilatorio de su mandante conforme la escala vigente al momento en que accedió al beneficio, procediéndose a la devolución de las sumas que le fueron descontadas por aplicación de la Ley Provincial Nº 277, "por resultar violatoria de los derechos consagrados por los arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional; 14 inc. 13 y 14 y 51 de la Carta Magna Provincial; 63 inc. a), 65 y conc. de la Ley 244 y su reglamentación" (v. fs.28/29).	Expone que se acogió a la jubilación ordinaria en el mes de septiembre de 1995 y que se determinó como su haber el correspondiente al de Legislador Provincial, por haber sido su mejor remuneración durante los últimos diez años precedentes a la fecha indicada. Agrega que al momento de hacerse efectivo dicho beneficio regía la Ley Provincial Nº 2 y que bajo esa norma se liquidaron sus primeros haberes.

Indica que el 17 de enero de 1996 se promulgó de hecho la Ley Provincial 277 que fijó una nueva dieta a los legisladores, de monto inferior al que venía percibiendo la accionante; que en forma inmediata la Ley Nº 278 amplió la reducción indicada anteriormente hasta un 20% de la percibida hasta esa fecha; y que declarada la inconstitucionalidad de la norma legal precedentemente citada, subsiste sin embargo la merma establecida por la Ley Nº 277.

Señala que diversos beneficiarios efectuaron el pertinente reclamo y el Instituto demandado hizo lugar a los mismos; pero que al plantear la accionante idéntica petición, el organismo previsional la rechazó con el dictado de la Resolución 121/2000. Explica a continuación la instancia recursiva que siguió mediante la cual entiende que se ha producido el agotamiento de la vía administrativa, quedando expedita la presente instancia judicial (v. fs.30, punto IV.7).

En el Capítulo V.4, bajo el título "Dictamen Nº 16/2000", se transcriben distintos párrafos del citado dictamen y del Nº 101/99, observando que no existe armonía entre los conceptos de irreductibilidad y proporcionalidad "ya que si el dictaminante entiende que el pasivo no puede percibir más del 82% del salario que en cada momento perciba el agente en actividad, no sólo está destruyendo el concepto de `irreductibilidad´ contenido en la Constitución Provincial, sino que se transforman en valores antagónicos, produciendo como resultado la posibilidad de reducir las jubilaciones, que es justamente lo que la Carta Magna no ha querido..." (v. fs.32, primer párrafo).

En su crítica al Dictamen de la Comisión de Acuerdos (capítulo V.5, fs.32/34), la accionante ataca el voto del Sr. Daniel Omar Masnú alegando que otorga prevalencia a la movilidad sobre la irreductibilidad y que la jurisprudencia y doctrina que cita el votante se basa en normas nacionales que son válidas para la Nación pero no para la Provincia de Tierra del Fuego donde rige un sistema jurídico diferente.

A fs.34 (capítulo VI), la parte actora confronta la normativa de la Constitución Nacional (art. 14 bis) -que asegura la integralidad, irrenunciabilidad y movilidad de las jubilaciones y pensiones-, con la norma de la Constitución Provincial que contiene los conceptos de movilidad, irreductibilidad y proporcionalidad. Considera que existe diferencia entre ambas normas pues la nacional no habla de intangibilidad del haber jubilatorio, dejando librado a leyes especiales que se dicten el concepto de "movilidad". Agrega que para determinar los conceptos de movilidad, irreductibilidad y proporcionalidad hay que recurrir no a la letra de la ley sino a su espíritu, a través de lo dicho por quienes redactaron ese artículo al momento de su votación.

A continuación (capítulo VII, fs.35/36), cita textualmente la opinión de los constituyentes fueguinos, en su referencia a los conceptos de proporcionalidad y movilidad. En el capítulo siguiente (fs.36/38), se explaya sobre el tema de la "irretroactividad de las normas y el derecho consolidado" con cita de un fallo de este Superior Tribunal en su anterior composición ("Del Valle, Jorge s/acción de inconstitucionalidad"), concluyendo que no cabe duda alguna que el derecho al monto del haber jubilatorio fue adquirido o consolidado bajo la vigencia de la Ley Provincial Nº2 y que la Ley 277 no produjo una rebaja de las dietas de los legisladores dentro de un marco de emergencia o crisis social, sino por su sola voluntad política, lo que de ninguna forma -sostiene- puede recaer sobre los haberes de quienes revisten en calidad de pasivos, puesto que dicha norma no tiene efecto retroactivo; por ello, concluye que "su porcentaje es el 82% de la que percibía en actividad, y resulta irreductible" (fs. 38, punto VIII.4).

En el capítulo IX, bajo el titulo "DE LA NULIDAD DEL ACTO", la accionante vuelve a utilizar argumentos y fundamentos expresados en el punto anterior. Esgrime que la Ley Provincial Nº 277 -que es el antecedente que le sirve de causa a la reducción salarial de la cual ha sido objeto-, fue sancionada "fuera de toda emergencia o razón de crisis social", por ello -sostiene- ha sido sólo una razón política la que ha motivado el dictado de esa norma legislativa y, por consiguiente, no puede afectar o recaer sobre los haberes de ningún beneficiario previsional, porque tienen un derecho consolidado a su haber adquirido antes de la sanción de la ley que rebaja los salarios y goza del derecho a mantener el 82% de lo que percibía en actividad, por la garantía de irreductibilidad.

La actora trae en apoyo de su postura el precepto constitucional provincial que establece que "Los derechos y garantías que enumera esta Constitución no podrán ser alterados o restringidos por las leyes que reglamenten su ejercicio..." (art. 50), extrayendo como conclusión que surge de ambos textos normativos que los aumentos son automáticos y sólo pueden producirse aumentos, porque de otra forma en lugar de la palabra incrementar se hubiera utilizado variar.

Sostiene que en casos como el presente puede hablarse de "falta de causa", porque la misma es inexistente e inaplicable al caso concreto y que el artículo 110 de la LPPA sanciona con la nulidad absoluta a los actos que adolecieran de falta de causa o motivación. Cita jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal que entiende es aplicable en la especie (v. fs.39/40).

Por último, se agravia porque considera que existe violación del derecho de igualdad (v. capítulo X, fs.40/41).

Dice que el artículo 16 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de los habitantes a ser considerados iguales ante la ley; que al encontrarse en la misma situación que aquellos beneficiarios que efectuaron idéntico reclamo el principio indicado le resulta aplicable, y se produce su violación cuando a unos se le otorga lo que a otros se le niega, rompiéndose la garantía constitucional de "igualdad de los iguales en iguales circunstancias" (v. fs.40 in fine).

Plantea que el hecho de que se hayan dictado actos administrativos, que ordenan la iniciación de acciones de lesividad respecto de otros beneficiarios -a los cuales no se les habría realizado el mismo descuento que a la accionante-, implica rompimiento del principio de igualdad y que, de cualquier modo, hasta tanto se declare o no judicialmente la lesividad, se encuentra en situación de desventaja respecto del resto de los jubilados que perciben sus haberes jubilatorios íntegros.

Ofrece prueba (fs.42/44), funda el derecho que le asiste (fs.44) y peticiona que en su oportunidad se haga lugar a la demanda en todas sus partes, declarando la nulidad de la resolución Nº 350/2000, ordenando se abonen los haberes jubilatorios de la accionante a los valores determinados al momento de acogerse al beneficio, desde la fecha en que fueron producidos los descuentos considerados ilegítimos, con sus respectivos intereses y costas (v. fs.44/45).

II. Mediante resolución de este Cuerpo agregada a fs.52 de autos se declara la admisibilidad formal de la demanda y se decide correr traslado de la misma al Sr. Presidente del Instituto Provincial de Previsión Social para que comparezca y la conteste, de conformidad con las reglas del proceso sumario.

III. A fs. 95/118 se presenta por el I.P.P.S. el Dr. Valter Carlos Tavarone e invocando el artículo 66.1 del CPCCLRyM contesta la demanda, solicitando se la rechace en todas sus partes, con costas.

Manifiesta que con fecha 14 de Noviembre de 1995 se le concedió a la actora el beneficio de Jubilación Ordinaria en los términos de los artículos 38º, 63º y concordantes de la Ley (t) 244, mediante Resolución I.P.P.S. Nº457/95, determinándose su haber previsional en el 82% de lo que en actividad le corresponde percibir a un Legislador Provincial.

Explica que el haber previsional fue calculado tomando como base la dieta de los legisladores ($7.650), siendo equivalente al 82% de ese importe ($ 6.273); y que dicho haber fue percibido ininterrumpidamente por la actora desde el alta del beneficio hasta la entrada en vigencia de la Ley Provincial Nº 277, que fijó a partir del 01-01-96 la dieta de los Señores Legisladores Provinciales en el importe de $7.000. Desde ese momento, el 82% del monto total de dicha dieta equivale al importe de $5.740, siendo ese el monto total del haber previsional que viene cobrando la actora desde ese momento a la fecha.

Dice que la reducción de los haberes de los beneficiarios que fueron fijados luego de la entrada en vigencia de la Ley 277, fue dispuesta por el Directorio del Instituto, en su carácter de autoridad de aplicación e interpretación del régimen previsional provincial (arts. 2º y 17 inc. "c", Ley (t) 244).

Menciona más adelante que la actora reclamó con fecha 9/2/00 la restitución de su haber previsional a los valores que percibía con anterioridad y que el servicio jurídico de la institución, mediante el Dictamen Nº 16/2000 (que remite al dictamen Nº 101/99), rechazó la petición formulada por la actora. Que en virtud de ello se dictó la Resolución I.P.P.S. Nº 121/00 del 24-02-2000 mediante la cual se rechaza la petición de la accionante.	Señala que la actora interpuso recurso de reconsideración, que fue rechazado por Resolución I.P.P.S. Nº 350/00, quedando por ello habilitada la instancia judicial.

A fs.100/109 la accionada trata las cuestiones relativas al derecho, explayandose respecto de la "Recta Interpretación del Artículo 51 de la Constitución Provincial", con cita de doctrina y jurisprudencia que entiende es aplicable al caso.

Bajo el título de "La Cuestión Relativa a la Interpretación de Normativa Constitucional", ingresa -de fs.109 a fs.112- al tratamiento del criterio interpretativo que formuló el Instituto demandado respecto del art. 51 de la Constitución Provincial, indicando que dicha interpretación "permite, plasmando en la práctica, movilidad mediante, el incremento de los haberes previsionales cuando son incrementados legítimamente los salarios en actividad o disminuyendo los mismos, cuando estos son reducidos lícitamente, como ocurre con la reducción de dietas legislativas dispuesta por ley 277, manteniendo la necesaria proporcionalidad que debe existir entre unos y otros, la que no debe ser inferior al 82%, termina por aplicar en la práctica el acompañamiento solidario de los haberes que el sector pasivo percibe de acuerdo a los avatares que se producen en relación al salario que en actividad les da origen y al cual en definitiva sustituye" (v. fs.111/112).

A fs.112/116 el representante del Instituto demandado se explaya en la fundamentación respecto del principio de irretroactividad de las leyes (punto 3) y del principio de igualdad ante la ley (punto 4), refutando la posición de la parte actora, con cita de jurisprudencia de este Tribunal y de la C.S.J.N.

Funda el derecho que entiende le asiste (fs.116, punto VI), formula la reserva del caso federal (fs. 116, punto VII), ofrece prueba (fs.116/118, punto VIII), peticionando a fs. 118 que se rechace la demanda con costas a la accionante.

IV. Por resolución de presidencia del Tribunal (obrante a fs.119), se tiene al Dr. Tavarone por presentado y por parte en atención a la calidad de gestor invocada (art. 66 del CPCCLRyM); y por contestada en tiempo y forma la demanda incoada en contra del Instituto Provincial de Previsión Social.

V. Mediante decreto obrante a fs.246, el Tribunal ordena se pongan los autos para alegar. A fs.249 se corre vista al Sr. Fiscal ante este Tribunal, quien dictamina a fs.251/257 proponiendo se haga lugar a la demanda de autos.

VI. Por resolución del Vicepresidente del Tribunal agregada a fs.258 se decide llamar los autos para el dictado de la sentencia.

Encontrándose la causa para resolver, el Tribunal resolvió considerar y votar las siguientes	CUESTIONES Primera:	¿Es fundada la demanda? Segunda:	¿Qué decisión corresponde dictar? A la primera cuestión el Juez Carlos Andino dijo:

1. Previo a entrar al análisis de la cuestión, debo señalar que al momento de tener las actuaciones a estudio para el dictado de la sentencia, he reparado en la circunstancia de que la demanda fue contestada por el Dr. Tavarone en su calidad de gestor del Instituto demandado (art.66.1 CPCCLRyM), y que se omitió acompañar los instrumentos que acreditan la personalidad, ni fue ratificada posteriormente esa actuación. Por ello, corresponde que este Tribunal ponga de resalto la falta denunciada -que no puede quedar convalidada por el paso del tiempo-, y haga efectiva la sanción que prevé el art.66.1 del CPCCLRyM, decretando -a contrario imperio de lo resuelto a fs.119-, que en autos la demanda no ha sido contestada.

Ingreso a continuación al tratamiento de la primera cuestión propuesta por el Tribunal.

2. Enseña Linares Quintana que "La Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema". Siguiendo a Rivarola agrega que "nada puede ser entendido en una cláusula de la Constitución como aislado o independiente de lo demás: es, en sustancia, un todo, y el entendimiento de cada uno de sus términos dependerá de las respectivas lecturas y comparaciones o coordinación de sus partes" (Segundo V. Linares Quintana, "Reglas para la interpretación constitucional", Ed. Plus Ultra, 1987, págs.84/85.

Más adelante, citando a Black, agrega el prestigioso constitucionalista que "en caso de ambigüedad, debe examinarse toda la Constitución para determinar el sentido de una de sus partes, y la interpretación debe ser tal que dé vigor a todo el instrumento, y no haga surgir conflicto alguno entre sus partes que pueda ser evitado. El examen de las otras partes de la Constitución permitirá frecuentemente a los tribunales determinar el sentido con que las palabras de ciertas cláusulas han sido utilizadas. Y debe acudirse a este método de investigación antes de buscarse ayuda en fuentes extrañas. Además, una interpretación que suscite conflicto entre las distintas partes de la Constitución, no resulta admisible cuando, mediante cualquier interpretación razonable, puede hacerse armonizar a las partes..."; y que "cuando la Constitución contiene disposiciones para contingencias previstas, o para necesidades ocasionales o temporarias, no deben interpretarse de manera que choquen con el plan general, y son de aplicación usual, continuada y necesaria, las primeras deben ceder ante las segundas y adaptarse a éstas" (autor y ob. cit., págs.85/86).

Sigue diciendo Linares Quintana -ahora citando a Joaquín V. González-, que "Cuando se dice código (código constitucional), se dice un cuerpo uniforme y armónico de doctrina, un cuerpo concordante entre sí, de preceptos destinados a regir la vida colectiva y la vida individual de todo pueblo. Si un código es, entonces, la reunión de preceptos concordantes y armónicos, el único criterio interpretativo conveniente debe ser aquel que tienda a conciliar sus diversas cláusulas; y aunque en el fondo aparezcan divergencias, a simple vista insalvables, el criterio del juez, en virtud de todos los preceptos que he mencionado, tiene que ser siempre en el sentido de armonizar, de unir, de fundir todas esas cláusulas que aparezcan contradictorias"; y que en la interpretación constitucional debe atenerse "a la concordancia clara y estricta que existe entre todas las doctrinas, principios, derechos y poderes generales y particulares que la Constitución consagra, reconoce, concede o prescribe" (autor y ob. cits., fs.88/89).

El más Alto Tribunal, en concordancia con la doctrina expuesta, ha señalado desde antiguo que "La Constitución ha sido concebida como una reunión de preceptos claros y precisos que se complementan y explican unos a otros" (Fallos: 1:291); que "la interpretación del instrumento político que nos rige no debe hacerse poniendo frente a frente las facultades enumeradas por él para que se destruyan recíprocamente, sino armonizándolas dentro del espíritu que le dio vida" (Fallos: 181:343, considerando 2º); que "los preceptos constitucionales deben ser interpretados concertadamente, es decir, de manera que los armonice y no los oponga respectivamente" (Fallos: 251:86; 256:241); y que "la hermenéutica de las leyes debe practicarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando, como verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto" (Fallos: 289:125; 292:211; 294:223 y 296:372, entre otros).	Dentro de los distintos métodos interpretativos que estudia la hermenéutica jurídica, considero que la interpretación sistemática de las cláusulas constitucionales -cuyos principios han sido delineados con la cita doctrinaria y jurisprudencial efectuada precedentemente-, es la que mejor se adapta y da solución al conflicto planteado en estas actuaciones, en el cual diversas normas -o mejor dicho la interpretación que le asignan las partes- estarían en colisión.

En efecto, la pretensión esgrimida por la accionante encuentra su principal fundamento en la necesidad de determinar la correcta aplicación al caso de los preceptos de la Seguridad Social contenidos en el artículo 51 de la Carta Magna Provincial, en el cual se señala que "El Estado Provincial, en el ámbito de su competencia, otorga a los trabajadores, reconociendo el derecho que les asiste, los beneficios de la previsión social y asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad...".

Para la correcta interpretación de esos conceptos, entiendo que no debe soslayarse el recurrir a otros postulados que contiene nuestra Constitución Provincial que los complementan, determinan y le dan vida, y que son los principios rectores de la Seguridad Social delineados en el artículo 52º: "El Estado Provincial establece y garantiza el efectivo cumplimiento de un régimen de seguridad social basado en los principios de solidaridad, equidad e integralidad".

Por orden metodológico, primeramente dirigiré mi análisis a los términos proporcionalidad, movilidad e irreductibilidad, y posteriormente procuraré concordar e integrar esos preceptos con los principios normativos mencionados en el párrafo precedente.

3. La actora dirige su crítica contra los dictámenes Nº 16/2000 y Nº 101/99, observando que en ellos no existe armonía entre los conceptos de irreductibilidad y proporcionalidad. En ese aspecto expresa que en los citados dictámenes no solo se está destruyendo el concepto de "irreductibilidad" contenido en la Constitución Provincial "sino que se transforman en valores antagónicos, produciendo como resultado la posibilidad de reducir las jubilaciones, que es justamente lo que la Carta Magna no ha querido...", y que para determinar los conceptos de movilidad, irreductibilidad y proporcionalidad insertos en nuestra Carta Magna provincial hay que recurrir no a la letra de la ley sino a su espíritu, a través de lo dicho por los convencionales constituyentes fueguinos al momento de votar la norma.

En principio cabe señalar que la tarea de la interpretación jurídica implica desentrañar el significado de ciertos conceptos o expresiones, determinar su alcance, inquirir cuál es el fin de su inclusión en el texto; en definitiva, comprender y revelar el sentido más apropiado del precepto normativo para la vida real, que sea idóneo para conducir a una decisión recta.

En el particular caso de autos se trata de una interpretación constitucional y las prescripciones bajo análisis son de contenido social. Por ello las exigencias de certeza y precisión conceptual deben extremarse al indagar su verdadero sentido. Entre las distintas pautas o formas de interpretación constitucional, la actora ha elegido la interpretación subjetiva, que es la que busca el sentido de la ley indagando la voluntad del legislador que la dictó. En contra de esta tesis o regla interpretativa se ha señalado, citando a Coviello y Capitant, que "el o los sujetos que obran materialmente en la concreción legislativa son un medio o instrumento para su logro, pero de ninguna manera ese es el cauce para obtener su sentido, pues la norma adquiere una especie de objetivación y vida propia que impone otros carriles para su entendimiento" (Rubén H Compagnucci de Caso, "Interpretación de la ley y el valor de su resultado", LL 2001-B-519).

Por su parte Castán Tobeñas ha dicho que "Una vez constituido el texto de la ley se desgaja de ésta el pensamiento del legislador para vivir una vida propia independiente; se convierte en una entidad, separada de su fuente directa y esencialmente subordinada al medio social y a sus transformaciones. Dada esta objetivación de la ley, se comprende que ésta pueda llegar a tener -y tenga con frecuencia- un sentido diverso del que pensaron sus autores, y pueda llegar a producir resultados y consecuencias no previsibles en la época de su publicación...Como el legislador estatuye para el porvenir y con vistas a las finalidades de armonía social que son características del Derecho, no puede suponerse que su voluntad sea dictar fórmulas cerdas, que no hayan de adaptarse, en una cierta medida, a las circunstancias, necesidades y concepciones de cada época" (José Castán Tobeñas, "Derecho Civil español, común y foral", Madrid, 1984, págs. 546/547).

Comparto la autorizada opinión de los doctrinarios citados precedentemente, aunque no desecho meritar el espíritu legislativo como un importante elemento o medio interpretativo más, a tener en cuenta en la resolución del caso.

Respecto del concepto de proporcionalidad los convencionales constituyentes han señalado lo siguiente (aclaro que lo que se resalta en negrilla a continuación me pertenece):

a) Sr. Estabillo: "...es el propio trabajador el que a través de su aporte contribuye al sostenimiento del sistema de previsión y seguridad social. Estamos también planteando en este artículo la igualdad y la proporcionalidad y creemos que apuntamos al concepto de justicia social." (Convención Constituyente, Diario de Sesiones, Año 1991, Tomo I, pág.426).

b) Sr. Blanco: "Jubilaciones y pensiones que garanticen como mínimo un decoroso nivel de vida, no pudiendo el haber jubilatorio ser inferior al ochenta y dos por ciento (82%) de lo que percibe un trabajador en actividad por todo concepto, lo que a su vez otorga el beneficio de la actualización periódica...Que el régimen se basa en el sistema de reparto..." (pág.429).

c) Sr. Augsburger: "...nosotros sostenemos que no existe un argumento valedero para que se implante la proporcionalidad en los haberes previsionales. Creemos que debe ser de idéntico tenor, calidad e integridad al de un trabajador en actividad, obviando la palabra proporcionalidad que se presta, como tradicionalmente se ha prestado en la historia previsional de la República Argentina, al manejo autoritario e indiscriminado de los porcentuales de la clase pasiva, por denominarlo de alguna forma" (pág.436).

d) Sra. Weiss Jurado: "...la proporcionalidad que pensamos es que tiene que ser proporcional al sueldo en actividad...La única intención que ha querido dársele a la palabra proporcionalidad, no es el derecho que tendrá el Estado de disminuir el beneficio o establecer proporciones arbitrarias, sino el hecho que de que (sic) al liquidar las jubilaciones, o pensiones o beneficios, sea teniendo en cuenta cuál ha sido el aporte, el tiempo del aporte...el privilegio que signifique que a un sector de la población se le asigne un porcentaje del haber del trabajador en actividad y a otro sector se le aplique en sus liquidaciones un porcentaje diferente" (pág. 437).

e) Sr. Augsburger: "Pero esto no hace a que se siga sosteniendo la posición de que el haber previsional o el haber jubilatorio sea de idéntica calidad y cantidad a los haberes íntegros de los trabajadores en actividad...Creo que cuando constitucionalmente está plasmado el derecho de los trabajadores a usufructuar precisamente el mismo, en igualdad de condiciones a los activos, habremos aventado toda posibilidad de tergiversar el espíritu que tenemos al plasmar esta norma a través de leyes reglamentarias" (pág.438).

De las opiniones de los convencionales constituyentes citadas precedentemente puedo concluir que -a diferencia de lo que sostiene la actora (v. fs.36, punto VII.7)-, cuando se habla de "proporcionalidad", se están refiriendo -en todos los casos- al 82% de lo que percibe un trabajador en actividad, en cualquier época.

No surge del texto constitucional, ni de la opinión de los convencionales constituyentes, que la cifra que se fijó a una persona al concedersele el beneficio previsional -calculada en forma proporcional sobre el salario que percibía un activo en aquella fecha- deba mantenerse a través del tiempo.

En efecto, surge de las constancias del expediente administrativo Letra "B", Número 05180103 que la Sra. Bruglieri percibió el mejor haber de los últimos diez años (art. 63 inc.b, Ley Territorial Nº 244), desempeñando el cargo de legisladora en el año 1986 (v. fs.79).

No he encontrado en las actuaciones que tengo a la vista para resolver, el dato o la documentación que acredite cuál era el salario que percibía en aquel entonces la actora (año 1986); pero queda descartado, por ser obvio, que su haber previsional -al momento de concedérsele el beneficio (año 1995)-, fue determinado respecto de la remuneración que percibía un legislador en esta última fecha.

Tengo para mi entonces que para calcular el haber jubilatorio de la actora, el I.P.P.S. tuvo en cuenta el total de la escala ($ 7.650), que era la remuneración que percibía un legislador a la fecha del dictado de la resolución que le concedió el beneficio previsional: 29/11/95 (v. Acta Nº 555, fs. 81, expte. adm. cit.); en lugar de actualizar el valor histórico del salario que percibió cuando desempeñó el cargo de legisladora del Territorio Nacional de Tierra del Fuego en el año 1986.

Para determinar el "82% de la (dieta) que percibía en actividad" (como pretende la actora), habría que investigar cuál era el salario que cobraba la ex-legisladora en el año 1986. No cabe dudar que ese monto se encontrará totalmente desfasado, como consecuencia de la terrible inflación que soportó nuestro país, que tuvo -inclusive- picos hiperinflacionarios en los meses de julio de 1989 y febrero de 1990.

Si no obstante ello, igualmente se pretendiese actualizar dicho monto, se presentaría la dificultad en la elección del índice de precios; y debería tenerse en cuenta, asimismo, el cambio de moneda que implementó la Ley de Convertibilidad Nº 23.928, que -además- prohibió expresamente utilizar cualquier mecanismo indexatorio con posterioridad al 31 de marzo de 1991 (art. 10º, ley cit.).

Si luego de sortear todos esos obstáculos se obtuviera al fin un valor actualizado del monto histórico percibido por la ex-legisladora en el año 1986, se podría llegar al absurdo que prístinamente muestra el ejemplo que se transcribe a continuación y que entiendo aplicable al caso sub examine: "Un automóvil Fiat Spazio TR 1300 en agosto de 1986 costaba aproximadamente 9.725 australes. Dicha suma actualizada al 31 de marzo de 1991 arroja a valores en pesos un total cercano a los veinte mil pesos. Como puede verse, en la actualidad con veinte mil pesos o dólares se puede comprar un automóvil muy superior a aquel Fiat Spazio del ejemplo. Tengamos en cuenta que en la actualidad el precio de un auto similar oscila entre los once y doce mil pesos. La desproporción es evidente. En cuanto a la divisa norteamericana, se cotizaba al 7 de junio de 1989 en 333 australes. Si actualizamos dicha suma al 31 de marzo de 1991 y la convertimos en pesos tenemos el siguiente resultado: 11 pesos. Es decir que por cada dólar de aquel momento corresponderían once dólares al momento de entrada en vigencia de la Ley de Convertibilidad. El resultado es tan absurdo que exime de todo comentario" (Roberto A. Vázquez Ferreyra, "Desindexación de deudas", Ed. Ad-Hoc, 1994, pág.29).

El ejemplo es palmario y contundente al mostrar la dificultad -y hasta la imposibilidad en nuestra economía-, de tomar como parámetro para el cálculo del haber previsional, el 82% de la mejor remuneración histórica percibida, como pretende la actora.

Por ello, para que la proporcionalidad a la que hace referencia el artículo 51 de la Carta Magna Provincial (82%), permanezca incólume y no se reduzca, diluya o se torne indefinida con el paso del tiempo, debe complementarse con el principio constitucional de movilidad, cotejando en forma periódica y permanente el haber previsional con el salario de su similar en actividad.

Enseña Marienhoff que "La `jubilación´ es una proyección del `sueldo´...y forma parte integrante de la relación cuya naturaleza es `contractual´ (contrato `administrativo´, stricto sensu). Por tanto, la jubilación sigue rigiéndose por el complejo jurídico propio del contrato administrativo, incluso en lo que respecta a la facultad de la Administración Pública de `modificar´ el monto de ella, tal como también puede hacerlo respecto al `sueldo´. En consecuencia, la jubilación puede ser objeto de `modificación´ (alteración de su `monto´ en más o en menos), siempre y cuando tal alteración no implique una alteración `substancial´ del contrato originario, siendo por ello que el monto definitivo de la jubilación debe ser razonablemente suficiente para subvenir al costo de la vida. Tal es, a mi criterio, el fundamento de la facultad del Estado para reducir el monto de las jubilaciones. Pero queda entendido que si bien el `monto´ de las jubilaciones puede reducirse para el futuro en las condiciones indicadas, en modo alguno puede `suprimírsele´, pues ello implicaría una obvia violación a la garantía constitucional de la propiedad (Miguel S. Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", Ed. Abeledo-Perrot, 1994, T. III-B, págs.360/361).

Con los conceptos recién vertidos queda zanjado otro conflicto planteado por la actora: si la movilidad es exclusivamente para arriba o puede serlo también para abajo.

Tal como quedó expresado, el haber previsional se subordina directamente a la variación del salario del activo: puede incrementarse o disminuirse por igual (movilidad), pero nunca sufrirá reducción (irreductibilidad), respecto del 82% de ese parámetro (proporcionalidad), que a manera de hito o testigo permite mantenerlo constantemente actualizado, superando las contingencias económico financieras del sistema.

La interpretación sistemática de la Carta Magna Provincial que ha sido delineada precedentemente -y cuyos postulados fueron descriptos con cita de doctrina y jurisprudencia en el capítulo anterior-, armoniza, concilia e integra dinámicamente los preceptos constitucionales de movilidad, proporcionalidad e irreductibilidad evitando que se destruyan recíprocamente; siendo además la interpretación que mejor se ajusta a la intención que tuvo el legislador constituyente al sancionar la norma que los recepta (interpretación subjetiva).

Como bien lo destacó el convencional Augsburger, para que no exista la "posibilidad de tergiversar el espíritu" que se tuvo al plasmar esa norma, "el haber previsional o el haber jubilatorio" debe ser "de idéntico tenor, calidad e integridad al de un trabajador en actividad". En igual sentido, cabe transcribir nuevamente la opinión del convencional Blanco: "...no pudiendo el haber jubilatorio ser inferior al ochenta y dos por ciento (82%) de lo que percibe un trabajador en actividad por todo concepto, lo que a su vez otorga el beneficio de la actualización periódica...".

4. Toca ahora referirme a los principios de solidaridad, equidad e integralidad, que como destaqué ut supra, determinan y complementan indefectiblemente los conceptos de proporcionalidad, movilidad e irreductibilidad recién tratados, ayudando a comprender los objetivos y la finalidad de la seguridad social, entendida ésta en sentido amplio como "...un sistema integral y universal, que se plasma a través de los seguros sociales, la previsión social y la asistencia social" (Bernabé L. Chirinos, "La Seguridad Social y la Argentina", Ed. Ad-Hoc, 1991, pág.32).

En primer lugar cabe destacar que los citados principios tienen carácter político social y han sido instrumentados en distintos ordenamientos normativos con el fin de velar por los valores de los integrantes de la sociedad.

Cada uno de ellos tiene su razón de ser o fundamento propio, y son absolutamente necesarios para comprender y dar el alcance preciso a las normas jurídicas.

Como correctamente señala Ruprecht: "Si bien están siempre referidos al Derecho, ellos no tienen la imperatividad de una norma jurídica. Sin embargo, si son vulnerados o desconocidos, causan una evidente perturbación. Son los presupuestos lógicos, necesarios, que inspiran la legislación vigente" (Alfredo J. Ruprecht, "Derecho de la Seguridad Social", Ed. Zavalía, 1995, pág.61).

Entre las diversas funciones que cumplen los principios son relevantes las de interpretación e integración de las normas del Derecho de la Seguridad Social. En ese aspecto, destaca Ruprecht que "La función interpretativa consiste en que estos principios ayudan a solucionar situaciones de duda, por normas oscuras o contradictorias y en los casos de lagunas o insuficiencia de las normas vigentes" y "son instrumentos de integración en el ordenamiento jurídico, con lo cual cumplen su función integrativa" (autor y ob. cits., pág.62).

Aclarado lo anterior, paso a continuación a analizar cada principio en forma particular, comenzando por el de solidaridad.

5. Con razón se ha dicho que la solidaridad "...no es, pues, un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos" ("Aprender a ser solidarios" -comentario de la Encíclica Sollicitudo Rei Socialis de Juan Pablo II-, Ed. Estrada, pág.45).

Vista de ese modo, la solidaridad es una actitud de participación y apoyo frente a los problemas, actividades e inquietudes de los demás orientada al bien común de la sociedad.

En este sentido -y con estricta referencia a la solidaridad que impregna la normativa de la seguridad social-, se ha señalado que "Las contingencias que se producen o pueden producirse en la vida de las personas, requieren que el Estado se haga responsable de sus consecuencias. La comunidad no puede desenvolverse ni desarrollarse sin la cooperación -en todas las formas- de sus integrantes, por lo que es justo que cada uno sea responsable del todo del que forma parte"; y que el principio de solidaridad social "tiene como finalidad que los medios financieros procedan de la contribución general aportada por los miembros de la sociedad, según su capacidad económica y el régimen de financiación se rige por el sistema de reparto, en base a la solidaridad general entre generaciones" (Alfredo J. Ruprecht, ob. cit., págs.64/65).

Destaca además el autor citado que la importancia del principio de solidaridad está dada en que "sin él no habría seguridad social, pues sería imposible organizarla. Algunos sostienen que la solidaridad social figura entre los seis principios generales y universales del Derecho" (Alfredo J. Ruprecht, ob. cit., pág.66).

Nuestro régimen jubilatorio, respondiendo a notorios fines sociales, constituye un medio eficaz para hacer efectivo el derecho al merecido descanso del trabajador que ha cumplido con los requisitos normativos para poder acceder al beneficio previsional -o a los miembros de su familia en caso de fallecimiento-, garantizándole "una subsistencia decorosa y adecuada a la posición que ha ocupado" (L.L. 14-193) Para cumplir con esa finalidad, se han establecido diversos mecanismos que dan soporte financiero a los sistemas previsionales, debiendo destacarse que varios de ellos se encuentran imbuidos del citado principio de solidaridad.

Entre los principales mecanismos, cabe mencionar al financiamiento que se obtiene con la obligatoriedad de los aportes practicados por los afiliados y contribuciones de los empleadores; al régimen de reciprocidad de las Cajas de Previsión, que permite el reconocimiento de los servicios prestados y de los aportes realizados -por un mismo trabajador- a distintos organismos previsionales; y a la imposibilidad de los afiliados de obtener la devolución de los aportes, por considerar que se trata de un fondo público cuya propiedad corresponde a la masa de afiliados (Leyes 4349 y 14.069, entre otras).

En cuanto a la primera forma mencionada -que es la que nos interesa en la especie-, se ha dicho que "El sistema nacional de previsión social se financia, fundamentalmente, por intermedio del empleador y los trabajadores, sustentándose en el principio de la solidaridad, donde determinado número de aportantes y contribuyentes activos financian un afiliado pasivo. Este sistema se llama de reparto" (Oscar Carlos Oviedo, "Derecho de la previsión social", Ed. Ábaco, 1990, pág. 79).

Ahora bien -en el campo de la seguridad social- el principio de solidaridad necesariamente debe tener contrapartida; porque así lo exige el sistema jubilatorio para poder mantenerse a través del tiempo, de generación en generación, sin caer en quebranto.

En ese sentido el Tribunal ha dicho que "Debe partirse de la base que el régimen previsional solidario descansa en un principio de orden contributivista. Ello implica, entonces, la existencia de un esfuerzo y obligación conjunta que posteriormente, cuando el criterio es de reparto, en virtud de la condición solidaria, se atribuyan beneficios a quienes merecidamente contribuyeron al acervo común. En dicho criterio, el interés general de todos los beneficiarios se nutre, se legitima y tiene su correspondencia en el cumplimiento individual de la obligación contributiva del aporte"; y que "Cuando se trata de fondos públicos especial control y prurito habrá de tenerse, para evitar el uso indebido del soporte normativo que desemboque en una situación perdidosa que afecte al servicio jubilatorio en general" (v. voto del Dr. Hutchinson en la causa Nº 441/97 SDO, caratulada "VERONESE, Paula c/ I.P.P.S. s/contencioso administrativo", sentencia del 22/4/98, registrada en Tº XI, Fº 97/107).

Es una situación concreta de Justicia legal o social donde "El bien individual ha de subordinarse al bien común, porque no hay plenitud del bien individual fuera de la sociedad, y la condición primordial de la existencia de la sociedad es la primacía del bien común. Se trata de la relación de reciprocidad entre lo individual y lo social, sobre la cual ha de insistirse siempre" (Tomás D. Casares, "La Justicia y el Derecho", Ed. Abeledo-Perrot, 1997, pág.42).

En la especie no caben dudas que de aceptarse la posición que sustenta la demandante, razonablemente se puede concluir que el sistema podría colapsar.

Ello así por cuanto se alteraría la ecuación que rige el actual sistema de reparto (porcentaje de aportantes necesarios para integrar un beneficio previsional), ya que el salario de los legisladores (cargo que se tuvo en cuenta para determinar el haber previsional de la actora, v. fs.79 expte. adm. Letra "B", Número 05180103, fs.79), luego de la sanción de la Ley Nº 277 fue reducido y por ende, a partir de la vigencia de la nueva normativa, ingresan al I.P.P.S. menos aportes y contribuciones (v. escrito de demanda, fs.29 punto IV.3, donde la actora afirma que la dieta de los legisladores fue disminuida luego de la promulgación de hecho de la Ley Provincial 277).

Por ello, para que el sistema previsional cumpla con el principal objetivo de "hacer efectivo el derecho al merecido descanso del trabajador que ha cumplido con los requisitos normativos para poder acceder al beneficio previsional -o a los miembros de su familia en caso de fallecimiento-, garantizándole una subsistencia decorosa y adecuada a la posición que ha ocupado" (como fue señalado más arriba), es necesario que -en forma solidaria- determinado número de activos (siempre la misma cantidad) solvente con su aporte a un pasivo.

En la posición sostenida por la actora, luego de la sanción de la Ley Provincial Nº 277, haría falta un mayor número de activos para integrar su haber previsional. Como se ve, esa postura no es solidaria con el resto de los pasivos, resintiéndose el sistema de reparto en forma actual y hacia el futuro.

Soy consciente que en la variable recién explicada (aportes y contribuciones de activos necesarios para integrar un haber previsional), inciden directamente diversos factores que se vinculan con el crecimiento demográfico: a las prestaciones previsionales concedidas por el I.P.P.S. en años precedentes deben sumarse las nuevas que se otorguen cada año; la cantidad de aportantes (activos), no se incrementa y tiende a disminuir por políticas económicas que se orientan a la reducción del empleo público; la cantidad de años que en promedio vive cada persona ha aumentado en forma considerable; etc.

Todo ello lleva a que, con el correr del tiempo, la cantidad de afiliados pasivos crezca a una tasa mayor que la población de activos aportantes.

Para prever o contrarrestar esta tendencia futura descendente de la razón "activo-pasivo" -que podría producir un desequilibrio estructural del I.P.P.S. dentro del mecanismo de reparto-, la ley previsional Nº 244 contempla el sistema de capitalización de los fondos, que lo autoriza a invertir los recursos con los que cuenta (art. 5º), de conformidad con las pautas establecidas por los arts.6º, 7º, 8º y 9º de la citada norma.

Por último, si "mediante la realización de una `proyección actuarial´, de carácter demográfico y económico; elaboración ésta, que constituye, sin duda, una de las labores más complejas que debe encarar el experto en el actuariado de la seguridad social" (v. Félix León, "La Previsión en la Seguridad Social", Ed. Depalma, 1973, págs.74/75), se comprueba que no es factible el desenvolvimiento equilibrado del I.P.P.S. en el futuro, a mediano y largo plazo; y que ambos sistemas (reparto-capitalización), son insuficientes para costear las erogaciones del organismo previsional, podrá recurrirse a otras variables legales que solidariamente contribuyan para mantener el equilibrio financiero: incrementar los años de aporte de los afiliados a la caja provincial y/o los años de edad exigidos (art. 38, Ley 244 cit.), como requisitos previos para la obtención del haber jubilatorio; y/o elevar los aportes y contribuciones sobre las remuneraciones que fija el art.24 de esa misma norma: 13% y 15%, a un porcentaje mayor.

6. En cuanto al principio de equidad, enseña Borda que "no es sino una de las expresiones de la idea de justicia; y puesto que ésta es un ingrediente necesario del orden jurídico positivo, la equidad viene a formar parte de él"; y que "Los jueces echan mano de ella para atenuar el rigor de una disposición legal, para hacer imperar el equilibrio en las relaciones humanas, para suplir el silencio de la ley dictando una sentencia que resuelva los intereses en juego conforme lo haría una conciencia honrada y ecuánime" (Guillermo A. Borda, "Tratado de Derecho Civil", Parte General, Ed. Abeledo-Perrot, 1991, t. I, pág.117).

Vista de ese modo, la equidad complementa a la justicia tornándola menos formal y más realista o humana, ordenando normas de acción y de conducta para contribuir a dar una solución justa al caso particular.

En la especie, la aplicación literal que propone la actora del concepto "irreductibilidad", inserto en el artículo 51 de la Carta Magna Provincial, desconoce el sentido último que anida en los otros dos principios que integran y complementan el término en cuestión: "...jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad...".

En la interpretación de la accionante, la colisión de normas es patente: si las jubilaciones son irreductibles, no puede existir movilidad en desmedro del haber previsional; si las jubilaciones son irreductibles -en términos nominales-, la actora percibirá un haber previsional superior al de un legislador que se jubile luego de la sanción de la Ley Nº 277, distorsionando el criterio de proporcionalidad (82% de lo que percibiría en actividad).

Ha dicho el más Alto Tribunal que "no es siempre método recomendable el atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que las nutre es lo que debe rastrearse en procura de una aplicación racional, que avente el riesgo de un formalismo paralizante; debiendo buscar en todo tiempo una valiosa interpretación de lo que las normas, jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas, pudiéndose arbitrar otras de mérito opuesto, no resulta compatible con el fin común de la tarea legislativa como de la judicial" (C.S.J.N., Fallos: 305:2040 y 311:2223, entre otros). La interpretación del término "irreductibilidad" que propone la accionante, no consulta el espíritu que impregna el texto normativo en su conjunto.

Nuevamente -esta vez desde la óptica de la equidad-, no puede admitirse que el interés particular prevalezca por sobre el interés general del resto de la comunidad. Ello no es justo y menos aún equitativo.

7. No menor relevancia que los principios de solidaridad y equidad ya tratados posee el principio de integralidad o suficiencia.

Explica Ruprecht que dicho principio tiende a lograr que las prestaciones de la seguridad social sean suficientes para hacer frente a todas las contingencias y sean aptas para solucionar las situaciones que éstas plantean.

Destaca más adelante, cuales son las limitaciones del principio en análisis -con un criterio sumamente realista- al señalar que "El fundamento de las prestaciones hay que buscarlo en la justicia distributiva. Es verdad que ellas no son uniformes y que las necesidades son superiores a las posibilidades, pero siempre debe haber una prestación básica que, de alguna manera, permita cumplir el fin para que fue creada. Como consecuencia de ese fin, no se justifican prestaciones sin límites o muy elevadas, ni tampoco inferiores a un nivel determinado que las haga inoperantes o muy poco satisfactorias" (autor y obra cit., pág. 76).

La aplicación al caso de los conceptos recién vertidos es clara. La solución que adoptó el I.P.P.S. -al valerse de los criterios de movilidad y proporcionalidad para adecuar el haber previsional de la actora al nuevo monto en que se fijó la dieta de los legisladores-, no vulnera el principio de integralidad.

No ha probado la actora, ni se advierte del análisis del conflicto debatido en autos, que la reducción alegada sea de tal magnitud que la torne "inoperante o muy poco satisfactoria".

De modo que la adecuación del haber previsional puede aceptarse, ya que por imperio de la justicia distributiva, el Estado debe velar por la distribución solidaria y equitativa de los beneficios sociales entre los individuos; y queda a su criterio -dentro de los límites que impone la razonabilidad de los medios utilizados-, determinar el modo más adecuado para administrar esa justicia.

En virtud de todo lo expuesto resulta claro advertir u observar que la posición de la actora atenta contra los principios de solidaridad, equidad e integralidad antes descriptos porque, como se dijo, su interés particular va en desmedro del interés general del resto de los pasivos y de quienes se encuentran en actividad, al tornar incierta la suerte de los fondos del organismo previsional, por la merma en los aportes y contribuciones.

8. Observo además, que si se hace lugar al reclamo de la Sra. Bruglieri, se estaría alterando el principio de igualdad que debe garantizar la justicia conmutativa, al establecerse una distinción real fundada en una exigencia particular, respecto de quienes obtengan el beneficio previsional de la jubilación con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 277 acreditando haber desempeñado igual cargo que la actora; constituyendo -como lo señalaba la convencional Weiss, citada ut supra-, "el privilegio que signifique que a un sector de la población se le asigne un porcentaje del haber del trabajador en actividad y a otro sector se le aplique en sus liquidaciones un porcentaje diferente".

En ese sentido, como ya señalé precedentemente, se daría la situación ilógica de que cobraría más como pasiva que lo que le correspondería percibir si se encontrase en actividad.

Justamente se ha señalado que "No se puede pretender percibir en la pasividad haberes superiores a la remuneración que cobraría el ex funcionario de estar en actividad" (v. fallo de la CNSeg. Social, Sala III, del 30/12/92, publ. en Derecho del Trabajo 1993-A-694).

Con expresa referencia al tema recién tratado y vinculado también a la reducción de los haberes jubilatorios y a la supuesta afectación de los derechos adquiridos (que será tratado en el siguiente capítulo), la Corte Suprema ha expuesto que "la doctrina...según la cual los montos de los haberes previsionales pueden ser reducidos en ciertas circunstancias y bajo ciertas condiciones, sin que ello implique menoscabo del derecho amparado por el art. 17 de la Constitución Nacional, resulta particularmente aplicable cuando, como acontece en el sub examine, de mantenerse inalterable el sistema de cálculo previsto por las leyes vigentes al momento de concedérsele el beneficio al actor, su haber de retiro sería superior al correspondiente al personal de su misma categoría en actividad, con lo que se violaría una regla básica del régimen previsional argentino, por la que se atribuye al primero un carácter sustitutivo de las remuneraciones que le habría correspondido percibir de haber continuado en actividad (Fallos, 306-999 y 1154)" (v. fallo de la C.S.J.N., in re "Carozzi, Héctor J. P. c/Estado Nacional, Ministerio de Defensa s/ordinario", del 26/7/88, publ. en E.D. 134-467; con nota en disconformidad de Ekmekdjian, quien sostiene que "Es perfectamente posible que un jubilado perciba un haber de pasividad mayor que la remuneración de otra persona que esté en actividad", aunque no fundamenta cómo puede sostenerse el sistema previsional -en términos económico financieros- si esa situación particular se generaliza).

Por ello, para que no se afecte el principio de igualdad y se hagan realidad y adquieran plena operatividad los principios básicos del Derecho de la Seguridad Social (solidaridad, equidad e integralidad) -complementarios y abarcadores de los preceptos de proporcionalidad, movilidad e irreductibilidad del haber jubilatorio-, debe mantenerse también en forma constante y a través del tiempo el justo equilibrio de la ecuación que rige el sistema de reparto (aportes jubilatorios y contribuciones-haber previsional).

Y se debe garantizar, además, que efectivamente la recaudación sea destinada a cubrir las prestaciones de los beneficiarios (conf. art. 51 Constitución Provincial: "Los recursos que conforman el patrimonio de las Cajas previsionales son intangibles y deben ser utilizados sólo para atender sus prestaciones específicas").

En este sentido señala Chirinos, comentando nuestra Carta Magna Provincial, que "Los dineros provenientes de las contribuciones al sistema de la Seguridad Social, pues, no deben ser dilapidados ni invertidos en forma ligera. La inversión de los recursos debe responder a la principiología: mayor rentabilidad, menor riesgo, y máxima convertibilidad. Este es el concepto que encontramos en la Constitución de la Provincia de Chubut (art. 56), en la de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (art. 51) y en la de la Provincia de Córdoba (art.57)" (autor y ob. cits., pág.158).

9. En el Capítulo VIII ( fs.36/38), la actora esgrime otro fundamento de su pretensión.

Plantea el tema de la "irretroactividad de las normas y el derecho consolidado".

Cita un fallo de este Superior Tribunal en su anterior composición ("Del Valle, Jorge s/acción de inconstitucionalidad"), afirmando que el derecho al monto del haber jubilatorio fue adquirido o consolidado bajo la vigencia de la Ley Provincial Nº2 y que la Ley 277 no produjo una rebaja de las dietas de los legisladores dentro de un marco de emergencia o crisis social, sino por su sola voluntad política, lo que de ninguna forma -sostiene- puede recaer sobre los haberes de quienes revisten en calidad de pasivos, puesto que dicha norma no tiene efecto retroactivo.

En principio, debo destacar que no integra el objeto del proceso y tampoco fue incluido dentro del objeto de la prueba, el determinar si la Ley 277 produjo o no la rebaja de las dietas de los legisladores dentro de un marco de emergencia o crisis social, o por su sola voluntad política, como se afirma en el escrito de demanda. Por ello, esa opinión no será objeto de análisis.

En cambio, sí trataré el agravio de la actora que hace referencia a la imposibilidad de aplicar dicha norma sobre los haberes de quienes revestían la calidad de pasivos al momento de su sanción (si fue aplicada con efecto retroactivo), y si existe -como alega- "derecho consolidado".

Es constante y pacífica la doctrina y la jurisprudencia que señalan que el monto de la jubilación puede ser objeto de modificación (en más o en menos); y que los "derechos adquiridos" sólo existen respecto del otorgamiento de la jubilación (status jubilatorio), ya que una vez concedida por el Estado, no puede suprimirse porque ha ingresado a su patrimonio individual como propiedad y goza de la garantía efectiva del artículo 17 de la Constitución Nacional (ver ut supra la cita de Marienhoff).

En ese sentido la Corte Suprema ha dicho que "Si bien ninguna ley puede hacer caducar beneficios jubilatorios concedidos, la protección de los derechos adquiridos no alcanza en igual grado a la cuantía de los haberes, pues éstos pueden limitarse en lo sucesivo, de acuerdo con las exigencias superiores de una política salvadora de su propia subsistencia, de su desenvolvimiento regular o por razones de interés colectivo que hacen al bienestar general, siempre que no resulten sustancial y arbitrariamente alterados" (C.S.J.N., in re "Chocobar, Sixto C. c/Caja Nac. de Prev. para el Personal del Estado y Servicios Públicos", sentencia del 27/12/96, publ. en Derecho del Trabajo 1997-A-596).

Las particulares circunstancias que rodean al caso -que fueron analizadas más arriba-, orientan a la justificación de la adecuación y equiparación del haber previsional de la Sra. Bruglieri -en forma proporcional- con la nueva dieta fijada a los legisladores por la Ley Nº 277.

Razones de interés general priman por sobre el interés particular de la accionante.

Es sabido que el bien común no se opone al bien particular porque beneficia a todos los miembros de la sociedad, incluida la actora. El criterio de movilidad que fue expuesto precedentemente, no conculca los derechos subjetivos de la accionante, sino que permite conciliar la existencia de tales derechos con los del resto de la comunidad.

De hacerse lugar al reclamo de la accionante y a otros planteos similares que pudieran entablarse, se alteraría el sistema de reparto ya estudiado y el ente previsional a corto, mediano o largo plazo se vería sumamente afectado y podría incurrir en el incumplimiento de sus obligaciones.

La descapitalización que han experimentado en nuestro país las cajas de jubilaciones es hecho notorio y no cabe en esta litis desentrañar las causas que las llevaron a esa situación de falencia. Pero sí, debe darse en esta instancia una respuesta abarcadora que pondere esa realidad y -previsoramente- atienda a las consecuencias de la decisión, que en su proyección hacia el futuro debe tender al resguardo del sistema jubilatorio.

Por ello, esta es la ocasión propicia para sentar criterios interpretativos de las normas previsionales que -en el pensamiento de Colmo- contemplen el fin primordial de la Justicia, que no debe limitarse al "caso puro", sino "mirar hondo i (sic) lejos en cada caso, haciendo lo jurídicamente posible para que los litigios resulten más i (sic) más innecesarios" (Alfredo Colmo, "La Justicia", Ed. Abeledo-Perrot, 1957, pág.125).

De allí la trascendencia del planteo hoy traído a decisión ante este Tribunal, en el cual debe sopesarse el interés de la actora con el interés de la masa de afiliados del I.P.P.S. que, paradójicamente, no son necesariamente contrapuestos, ya que todos en conjunto -pasivos y activos- deben velar, sostener y contribuir solidariamente a dar continuidad en el tiempo al sistema financiero del organismo previsional.

En concordancia con el criterio expuesto y en tesis que comparto plenamente, ha dicho Vigo con agudeza que "en la interpretación jurídica se requiere del intérprete esa inteligencia previsora y omnicomprensiva dispuesta a medir simultáneamente las proyecciones sociales globales y las proyecciones para los casos judiciales -los presentes y los futuros- de las soluciones que propugna"; y que "Nuestra Corte nacional ha...reclamado de los intérpretes que ponderen la realidad económica (303:863) y que, en general, verifiquen la razonabilidad de los fallos atendiendo a las consecuencias que se derivan de ellos (234:482), sin olvidar que la Constitución `es una creación viva, impregnada de realidad argentina y capaz de regular previsoramente los intereses de la comunidad en las progresivas etapas de su desarrollo´ (247:654). El mandato preambular de `afianzar la justicia´ y `promover el bienestar general´ del texto de 1853, exigen del intérprete no quedar atado al caso individual, y elevarse a la proyección social y futura de los resultados posibles interpretativos" (Rodolfo L. Vigo, "Interpretación Constitucional", Ed. Abeledo-Perrot, 1993, págs.152 y 154/155). 10. Intenta la actora obtener la nulidad del acto alegando la falta de causa en la reducción que se implementó con motivo de la sanción de la Ley Nº 277 (v. Capítulo IX del escrito inicial, fs.38).

Enseña Marienhoff que "por `causa´ del acto administrativo ha de entenderse los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo. Va de suyo que tales `antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho´ deben existir o concurrir al tiempo de emitirse el acto..." (Miguel S. Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", Ed. Abeledo-Perrot, 1994, T.II, págs.298/299).

Tal como lo afirma la propia actora (v. fs.38, punto IX.2), el antecedente que le sirve de causa a la reducción salarial de la cual ha sido objeto es la ley Provincial 277.

Podrá discrepar la accionante respecto a si dicha norma produjo o no la rebaja de las dietas de los legisladores dentro de un marco de emergencia o crisis social, o por su sola voluntad política (cuestionamiento que advertí ut supra, no integra el thema decidendum); pero no puede negar que el antecedente de derecho (Ley Nº 277) -que se exige como causa del acto administrativo,- existió o concurrió al tiempo de emitirse el acto.

Cabe agregar, a mayor abundamiento, que la "valoración subjetiva" que introduce la actora (si la rebaja de las dietas de los legisladores se produjo dentro de un marco de emergencia o crisis social, o por su sola voluntad política), no integra el concepto de "causa" al que nos venimos refiriendo.

Al respecto dice Marienhoff que "Lo que prevalece son los mencionados antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho, y no la voluntad del sujeto, su apreciación subjetiva. Por ello considero inaceptable la opinión de quienes sostienen que la `causa´ consiste en la valoración subjetiva del interés público por parte de la Administración Pública. Por lo demás, nuevamente cabe recordar la diferencia entre `causa´ y `expresión de voluntad´" (autor y ob. cit., pág.300). 11. En el Capítulo X del escrito de inicio (v. fs.40/41) se agravia la actora pues entiende que existe violación del derecho de igualdad, señalando que otros beneficiarios que efectuaron idéntico reclamo que el suyo al I.P.P.S. obtuvieron respuesta favorable.

Entiende que con esa actitud, se ha producido la violación del principio constitucional previsto por el artículo 16 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de los habitantes a ser considerados iguales ante la ley.

En un cuestionamiento similar la Corte Suprema ha señalado, que "en lo que respecta a la violación de la igualdad ante la ley que garantiza el artículo 16 de la Constitución Nacional y que el recurrente funda en la circunstancia de que el ente previsional habría observado un temperamento dispar, al reajustar la prestación de un antecesor en el cargo...Atendiendo al criterio jurisprudencial sentado en Fallos 202:130; 237:240 y otros, corresponde precisar que la desigualdad imputada no nace de la ley sino, por hipótesis, de la aplicación que de ella se habría hecho en otro caso cuya revisión no está al alcance de este Tribunal cualquiera haya sido el error o acierto de esa decisión. En estas condiciones, cabe verificar que la aplicación practicada en el `sub lite´ es arreglada a derecho, como resulta de los considerandos precedentes, por lo que debe aceptársela..." (C.S.J.N., in re "José Carlos V.J. Mussini", sentencia del 28/6/74, registrada en Fallos: 289:82).

En la especie, la "desigualdad" alegada no surge de la ley, sino que es introducida por la accionante en la hipótesis de que se habría realizado distinta interpretación respecto de casos similares.

Además -como dice la Corte Suprema- no está al alcance del Tribunal el decidir en estas actuaciones si la aplicación normativa que se ha practicado en otros supuestos fue correcta o medió error en ella.

Tampoco existen constancias que acrediten que la decisión del Instituto demandado haya sido adoptada fundandose en móviles persecutorios; máxime si se atiende a que la aplicación de la normativa a la actora -como ha quedado demostrado- se encuentra arreglada a derecho.

Y respecto de otros casos reputados como similares (citados por la accionante a fs.41, punto X.5), el organismo previsional ha iniciado acciones de lesividad ante este Tribunal, encontrándose las cuestiones en trámite y sometidas a resolución judicial (causas: Nº 1.127/00 SDO "I.P.P.S. c/Arrieta, Miguel Ángel s/Acción de Lesividad"; Nº 1.206/00 SDO "I.P.P.S. c/García, Mateo Carlos s/Acción de Lesividad"; y Nº 1.128/00 SDO "I.P.P.S. c/Pinto, César Abel s/Acción de Lesividad").

Por ello, el planteo en examen se desvía del thema decidendum, y se aleja de lo que es un típico conflicto por vulneración del derecho amparado en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

12. En atención a lo expuesto, considero ajustada a derecho la decisión del I.P.P.S. de adecuar el haber previsional de la actora -en forma proporcional- respecto del salario que percibía un legislador en actividad, luego de la sanción de la Ley Provincial Nº 277.

Por consiguiente, debe ser desestimada la acción de nulidad entablada en autos respecto de la Resolución del I.P.P.S. Nº 350/2000, que fue dictada para rechazar el recurso de reconsideración presentado en sede administrativa por la accionante contra la Resolución Nº 121/2000 de ese mismo organismo previsional.

A la presente cuestión, voto por la negativa.

A la primera cuestión el Juez José Antonio Salomón dijo:

1. El orden procesal rige el tránsito por donde discurrirán las pretensiones litigiosas de las partes y, en ese sentido, aflora nada más analizar la conducta de las partes que, una de ellas, en este caso el Instituto Provincial de Previsión Social demandado ha incumplido las mismas. Puede advertirse que su letrado , oportunamente, compareció en calidad de gestor a fs. 95/118, procediendo a contestar la demanda impetrada. El Tribunal, a fs. 119, correctamente lo tuvo por parte "en atención a la calidad de gestor" y de conformidad a lo que prescribe el artículo 66.1 del CPCCLRyM.

La norma citada contempla un plazo perentorio para que, con posterioridad al acto procesal efectuado -contestación de la demanda en el caso-, el interesado proceda a acompañar los instrumentos que acrediten la personalidad, o bien la parte ratifique su gestión. Nada de esto obra en las presentes actuaciones lo que conlleva, inexorablemente, a considerar nulo todo lo actuado por el gestor. De allí que los actos celebrados éste carecen de validez y por tanto ha de tenerse por no contestada la demanda y por ende inexistente la prueba instrumental ofrecida (ptos. I a 6, fs. 117), e informativa obrante a fs 228/237.

No implica, tal consideración, la imposibilidad de acometer las cuestiones litigiosas planteadas, las que abordo a continuación.

2. En este apartado pretendo acotar el alcance de la cuestión litigiosa que se debate, los hechos relevantes y los principios y derechos involucrados. Metodológicamente dicha tarea ha de permitirme, con posterioridad, apreciar su raigambre, el orden jerárquico que ocupa y su relación conceptual, cuestión indispensable para proponer una solución al caso.

a) Afirma la demandante que con el criterio resolutivo adoptado por el Instituto Provincial de Previsión Social a su respecto, se está destruyendo el concepto de irreductibilidad contenido de las jubilaciones contempladas en el artículo 51 de la Constitución Provincial. Y no solo eso, sino que al mismo se lo está concibiendo como un valor antagónico al principio constitucional reconocido, posibilitando así reducir las jubilaciones, cuestión esta desechada por la Carta Magna Provincial.

Esta crítica, congruente por otro lado, la realiza en el Capítulo V.4 de su libelo, cuando examina los Dictámenes IPPS Nº 16/2000 y Nº 101/99. Le permite colegir, de su ponderación, que tal criterio resolutivo revela la falta de armonía entre los conceptos de irreductibilidad y proporcionalidad, principios concebidos armónicamente en el firmamento tutelar de la Constitución.

b) En orden a los hechos, la actora se acogió al beneficio jubilatorio ordinario el 14/11/1995 en virtud de lo establecido por la Ley Territorial Nº 244, artículos 38, 63 y concordantes, mediante la resolución Nº 457/95 del IPPS. Su haber previsional fue determinado en el 82% del monto que en actividad, le correspondía a un Legislador Provincial en ese momento. Dicho haber lo percibió ininterrumpidamente desde el alta del beneficio hasta que la Ley provincial Nº 227 entró en vigencia, pues ésta aminoró la dieta de los Legisladores a partir del 1/1/96, y como consecuencia mermó el haber jubilatorio que percibe hasta la actualidad.

Con fecha 9/2/00 reclamó ante el órgano administrativo la restitución de los importes deducidos, a su juicio injustificadamente, en virtud de la legislación aludida y el IPPS mediante Resolución Nº 121/00 del 24/02/00 no hizo lugar a la petición realizada, siendo sus fundamentos directos e indirectos, los dictámenes Nº 16/00 y Nº 101/99, respectivamente. El recurso de reconsideración impetrado oportunamente contra dicha decisión fue rechazada por una nueva Resolución, la IPPS Nº 350/00 que habilita la presente instancia jurisdiccional.

c) La parte actora reivindica ajustado a derecho declarar nula dicha resolución, revocándola por contrario imperio, reajustándose el haber jubilatorio de la demandante, de conformidad con la escala vigente al momento que se acogió al beneficio, lo que implica se le devuelvan las sumas que le fueron descontadas a partir del momento de entrada en vigencia efectiva de los descuentos de la Ley Provincial Nº 277, y los fundamentos que esgrime son:

I. La resolución resulta violatoria a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, artículos 16 y 17;

II. Transgrede la Constitución Provincial, artículos 14 incisos 13 y 14 y artículo 51 y, finalmente III. Vulnera la Ley Nº 244, artículos 63 inc. a, 65 y concordantes; y la reglamentación de dicha norma.

3. De imperiosa necesidad resulta el análisis y determinación del marco significacional del artículo 51 de la Ley Fundamental de la Provincia, para la resolución del caso. Advierto que de la extensión de los principios jurídicos reconocidos y su relación con los derechos y beneficios mencionados en la norma, depende el resultado del litigio, según se encuentran planteadas las cuestiones.

Y ello así porque, fundamentalmente, la resolución IPPS Nº 350/00 viene según el demandante a impactar en el centro conceptual del derecho reconocido, imponiendo una interpretación contraria a la que su parte sostiene, a saber:

- La Constitución de la Provincia y la Constitución Nacional no guardan identidad regulatoria en la cuestión previsional. El artículo 14 bis de la C.N. asegura la integralidad, irrenunciabilidad y movilidad de las jubilaciones y pensiones, mientras que la Ley Fundamental Fueguina contiene los conceptos de movilidad, irreductibilidad y proporcionalidad. El alcance de tales expresiones se comprenderá, afirma, recurriendo al auxilio no ya de "... la letra de la ley, sino a su espíritu, a través de lo dicho por quienes redactaron este artículo al momento de su votación" (fs. 34, punto VI.5). Bajo el paraguas protector de esta concepción, concluye que el haber jubilatorio no admite reducciones con posterioridad a haberse delimitado, pues ninguna norma aplicará sus efectos retroactivos a tal beneficio y, por ende en el caso, la determinación del haber ha de ajustarse al porcentaje correspondiente al 82% de la que percibía en actividad, que resulta irreductible, a la vez que sujeto a movilidad pero en orden a su incremento.

Como se aprecia, para atribuir significado a la norma de marras, el demandante escoge sin la menor duda, el método interpretativo basado en "la intención del legislador" propio de la escuela de la exégesis francesa, que junto con el postulado de respeto al texto de la ley, constituían solo los parámetros para dirigir la tarea hermenéutica. (ver Introduc. al Conoc. del Derecho, Aftalíón-García Olano-Vilanova, edit. El Ateneo, 1960, pág. 433). Hoy en día sostenida por los rotulados como interpretativistas. Soslayo consideración alguna sobre las deficiencias de este método en orden a la tarea axiológica que al Juez le compete, y sí expreso que sortearé tal corsé histórico para optar por una orientación interpretativa más actual.

4. Si fijamos la atención en el artículo 51 de la Constitución, relativo a la Previsión Social, donde el Estado Provincial en el ámbito de su competencia, otorga los beneficios de la previsión social a los trabajadores, reconociendo el derecho que les asiste, hemos de reparar en la extensión conceptual de la tal prerrogativa que "... asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad...".

En cuanto a determinar la pauta de proporcionalidad, que es lo que en principio interesa hemos de acudir a las fuentes, y desembocamos en el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente Fueguina, Año 1991, tomo I. Allí figuran transcriptos los dichos de quienes fueran los recipiendarios y brazos ejecutores de la voluntad popular, quienes en pos de diseñar un modelo institucional armónico, recurren a todo su tino intelectual para dictar la carta de gobernabilidad.

Y el análisis, desde mi óptica, resulta poco esclarecedor. Efectivamente, analizadas las opiniones de los Señores Convencionales Estabillo, Blanco, Augsburger, Weiss Jurado, para el presente caso no colijo algún viso de claridad que permita develar la problemática hoy debatida.

Soslayo el examen pormenorizado y la reproducción de cada una de ellas, pues el preopinante lleva la originalidad de hacerlo y las doy por reproducidas. Sin embargo, por ejemplo, en relación con la convencional Weiss Jurado, cuando en la página 437 se explaya sobre el tema, afirma que la proporcionalidad en que se piensa es aquella que "...tiene que ser proporcional al sueldo en actividad" y luego expresa que la palabra proporcionalidad ha sido usada con la única intención de que " no es el derecho que tendrá el Estado de disminuir el beneficio o establecer proporciones arbitrarias, sino el hecho que ... al liquidar las jubilaciones, o pensiones o beneficios, sea teniendo en cuenta cual ha sido el aporte, el tiempo del aporte...". De la primera parte parece desprenderse que lo que reprocha es quebrar la proporcionalidad disminuyendo el beneficio, luego parece referirse a la proporcionalidad para la fijación del haber previsional al momento de acogerse al beneficio, y que se respete esa proporcionalidad. Pero más aún, luego expresa en el mismo orden, es decir en la intencionalidad del concepto proporcionalidad, que no es "... el privilegio que signifique que a un sector de la población se le asigne un porcentaje del haber del trabajador en actividad y a otro sector se le aplique en sus liquidaciones un porcentaje diferente". Parece referirse aquí a la prohibición, contraria a la Constitución, de calcular en un mismo tiempo, arbitrariamente, porcentajes distintos para la fijación del haber previsional.

Precisa y directamente no se desprende, de ninguna de las exposiciones que los Convencionales - según fs. 436, 438, 429 y 426 del Diario de Sesiones- hayan tenido en mira, a la hora de sus intervenciones, el caso que se nos trae de aminoramiento de salarios y, en este panorama, como juega el principio de proporcionalidad. Es decir, si éste solo rige para el establecimiento del haber previsional y luego de determinado su monto, este haber se consolida y el derecho así adquirido lo es a perpetuidad, o por el contrario, la proporcionalidad debe siempre respetarse y por ende atenerse a las contingencias salariales. No hay expresión directa alguna que eche por tierra la duda razonable que se revela.

5. Ante la zozobra conceptual aludida propongo abordar la cuestión recalando en un método interpretativo que provee a la tarea analítica de otros elementos conceptuales, que dan razones adicionales para escoger un sentido significacional acorde con las necesidades del caso. Acoto, que la expresión constitucional bajo estudio plantea cierta ambigüedad, que resulta probada por las disímiles interpretaciones que se plantean. La indeterminación hace que se caractericen como normas de "textura abierta", es decir que admiten en su orden significacional más de un sentido, y muchas veces no correspondiéndose con los restantes. Tal expresión forma parte del cuerpo de doctrina de este Tribunal. (conf. expte. Nº 898/99.SDO, caratulado "Consejo de la Magistratura s/ Elección de dos miembros titulares y dos suplentes s/ recusación", entre otros) .

Las normas constitucionales, por otra parte, resultan en general abstractas, indeterminadas, elásticas y esquemáticas y, en algunos casos, se perfilan más como ideas o principios que como reglas normativas precisas. Toda norma jurídica, ofrece un núcleo de certeza y una zona de penumbra, y las de naturaleza constitucional parecen ampliar esta última zona, según doctrina iuspublicista. Finalmente las normas constitucionales requieren de una interpretación operativa pues, al intentar solucionar el caso concreto, es necesario acometer la tarea intelectiva de precisar su contenido conceptual.

Para abrir camino, suscribo en principio lo sostenido por Ely, quien critica las posiciones interpretativistas -como la escogida por la demandante- ya que "implica la subordinación de las generaciones futuras a la que aprobó la constitución, resultando inconsecuente con los principios democráticos; además, el interpretativismo es incapaz de dar respuesta al problema de las cláusulas abiertas de la Constitución, ya que para precisar su contenido son insuficientes los elementos textuales y los debates constituyentes"(Ely, J.H. Democracy and distrust. A theory of judicial review, Harvard University Press, 1981, pág. 11.14).

Y en esa dirección, Häberle afirma "... que el contenido de los derechos fundamentales debe precisarse mediante la ponderación de bienes, y su concepción de que los mismos comprenden una dimensión individual y una institucional". (cit. por Díaz Revorio, Francisco, La constitución como orden abierto, edit. Ciencias Jurídicas, Madrid, 1997) He de auxiliarme también, como herramienta esencial, con el artículo 52 de la misma Constitución relativo al régimen de seguridad social, que determina junto a los beneficios de la previsión social , como será la política de estado en dichas áreas. Tal norma expresa "El Estado Provincial establece y garantiza el efectivo cumplimiento de un régimen de seguridad social basado en los principios de solidaridad, equidad e integralidad". Ambos preceptos constituyen el orden neurálgico de la previsión y seguridad social, por ende la interpretación escogida ha de ser integradora de dichas normas y demás principios generales.

Para no abundar, considerando a la Constitución como un complejo de valores, principios y normas que, cohesionados y ordenados sistemáticamente, implican una carta de gobernabilidad que pondera los intereses comunes e individuales con armonía constructiva, capaz de trazar las líneas maestras del ordenamiento.(ver Derecho Constitucional, Biscaretti di Ruffia, Paolo, edit. Tecnos, Madrid, Cap. II, pág. 145 en ad.) Quiero dejar sentado, no obstante, que la regla interpretativa escogida para determinar el alcance de la norma, ha de surgir de una adecuada confrontación entre los hechos propios del caso y la prevalencia de los cánones de razonabilidad, regla lógica que habrá de primar en todas las decisiones judiciales, en que se pretenda un pronunciamiento direccionado a la justicia. En la confrontación entre norma-realidad, y su correspondencia, es donde cobra sentido la problemática interpretativa.(conf. Bidart Campos, Germán J., El Derecho Constitucional del Poder, Ediar, Bs.As. siguiendo lineamientos de W. Goldschmidt). Y es desde aquí de donde planteo el entendimiento de dicha cuestión.

Se trata, por otra parte, de una cuestión de lógica jurídica: Klug expone que los principios lógicos se emplean en el proceso de producción del derecho. Dada la norma constitucional dictada por el convencional pasible de interpretación, el sentido que ha de darse a la expresión "...móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad... " tiene que "valer para el específico caso singular de la realidad", que es la afectación directa del sujeto pasivo normativo. (ver Normas Jurídicas y Análisis Lógico, Kelsen-Klug, edit. CEC, pág. 50 en ad.) El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, ha sostenido que: "... Interpretar no es más que investigar el sentido adecuado de una disposición a fin de su aplicación a un caso de la vida real. La interpretación no va a buscar extra legem, sino intra legem; no se trata con ella de buscar y descubrir una voluntad extraña a la ley misma, para encontrarla -por ejemplo- en sus antecedentes, sino que se trata de servirse de todos esos antecedentes y medios para entender cuál es la voluntad que vive autónoma en la ley. No se investiga, propiamente hablando, la voluntad del legislador, sino la de la ley (...) La interpretación es una operación lógico-jurídica consistente en verificar el sentido que cobra el precepto interpretado, al ser confrontado con todo el ordenamiento jurídico concebido como unidad, y especialmente ante ciertas normas que le son superiores o que sencillamente limitan su alcance, con relación a una hipótesis dada: interpretación sistemática" (sentencia del 5-8-97 in re "Antoniotti" registrada al Libro III fls. 289/306; idem en "Peralta", sentencia del 24-9-97 registrada al Libro III fls. 391/410, entre otras, citando a Soler - Derecho Penal Argentino- Tomo I pág. 170, Ed. TEA 1994).

6. La tesis que propongo parte inicialmente adoptando criterios interpretativistas, textuales, del presupuesto constitucional del artículo 51: morfológicamente se trata de un enunciado gramaticalmente complejo, en donde el Estado reconoce a los trabajadores ciertos bienes -beneficios de la previsión social, jubilaciones y pensiones- y declara, además de asegurar, que estas últimas tendrán ciertos caracteres propios, ínsitos en los institutos, movilidad e irreductibilidad ("... y asegura jubilaciones y pensiones móviles irreductibles..."). Luego continúa otra proposición unida a la anterior con la conjunción "y", cuya misión es complementar su concepto, en la extensión significacional anterior, determinando que tales beneficios habrán de ser proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad. Esta última oración adolece de condición alguna, por lo tanto tiene carácter de definitivo, se aplica a su antecedente y siempre habrá de darse dicha condición.

La norma puede calificarse, gramaticalmente, como una oración compuesta, que contiene oraciones subordinadas ("..., siendo la finalidad de estas últimas de naturaleza adjetiva... Pueden estas oraciones -refiriéndose a las adjetivas- ser especificativas o determinativas y explicativas o incidentales. Las primeras determinan al antecedente, especificándolo". (ver Gramática de la Lengua Española, Real Academia Española, Madrid, Perlado, Páez y Cia., 1924, Cap. XXIII, pág. 334, 335). Lo que me lleva a concluir que la especificación de la proporcionalidad, resulta un presupuesto general cuya función es complementar la noción del antecedente. Así, la proporcionalidad habrá de darse siempre.

No resulta inadecuado y continuando la línea expuesta, recurrir ahora al artículo 52 de la C.P. pues con el anterior, dada cierta concepción sistémica, vienen a complementar un marco conceptual por sus aristas comunes. En orden a escoger elementos interpretativos aún textuales, no pueden concebirse los principios de solidaridad, equidad e integralidad, como inertes frente al caso, ya que justamente para situaciones como la presente cobran vida y alumbran la comprensión interpretativa.

Sostengo que en casos como el presente se advierte, en términos de Bidart Campos su "fuerza normativa". (conf. Hesse Konrad, Escritos de derecho constitucional, Madrid, CEC,1983, pág. 61).

En efecto, "El sistema previsional es de carácter contributivo y se inspira en un principio de solidaridad social que si bien implica la existencia de derechos impone obligaciones a cumplir..."(Corte Just. Mendoza, sal 1º, 27/12/93, Martínez López v. Provincia de Mendoza, JA 1995-IV). El régimen jubilatorio, cuya finalidad tiene un fuerte contenido social, implica otorgar un beneficio al individuo que, habiendo cumplido con los requisitos legales exigidos, accede a un bien que le garantiza su subsistencia, en concordancia con la situación social que ha ocupado.

El soporte financiero de dicho sistema previsional se asienta en la contribución obligatoria de los aportes a cargo de los afiliados, y las contribuciones de los empleadores. Junto al régimen de reciprocidad de las distintas Cajas establecido por ley que permite computar los aportes realizados, y la imposibilidad de obtener la devolución de los aportes, conforman los rasgos distintivos que caracterizan al sistema como un fondo público cuya propiedad corresponde a la masa de afiliados.

Considerando lo dicho, "Según el principio de solidaridad, básico de todos los regímenes previsionales, las contribuciones no constituyen una capitalización a favor del interesado, sino una manera de integrar el patrimonio común que proveerá los recursos para cumplir con el fin social propuesto" (C.Nac. Trab., sala 5º, 31/8/92, Dalton, Héctor y otros v. Fondo Compensador de las Jubilaciones y Pensiones de ex Empleados del ACA, JA, 1994-IV) De adoptar la posición interpretativa del demandante, en mi criterio, convertiríamos al régimen analizado en un instituto que desvirtúa el principio de solidaridad, de patrimonio común y apunta a su destrucción. Me explico: la estabilidad financiera y económica del sistema de reparto se asienta, en cierta medida, en una ecuación de equilibrio entre el porcentaje de aportes por los obligados a cumplirlo, y el beneficio previsional integrado para afrontar el beneficio previsional. Con la sanción de la Ley Nº 277 se produce una disminución en el monto aportado, ingresando al sistema de reparto menos aportes y contribuciones. De mantener la tesis de la actora, se altera la situación o ecuación de equilibrio antes mencionada, y es necesario mayor número de activos para integrar el haber previsional. Esta resulta la base para facilitar el camino hacia una crisis del sistema de reparto, convirtiéndolo de cara al futuro como un régimen inviable.

La vigencia del principio constitucional de equidad, en relación con el anterior, también se aleja a mi entender de la postura del accionante. Considerando la irreductibilidad como veda a la movilidad -en caso de rebaja- el interés particular jerárquicamente se situaría por sobre el interés general del resto de la comunidad. En efecto, considerar que la movilidad implica solo la prerrogativa de aprovechar solo la automaticidad de los aumentos una vez establecidos en la actividad (ver fs. 35/36), y sin embargo quedar incólume tal prerrogativa en situación de aminoramiento, colapso o crisis, parece poco razonable y muy cercano a lo inequitativo.

La equidad es un juicio de valor que hacen los jueces en la realización del derecho mediante el ejercicio de la función jurisdiccional que les es propia, al crear en la sentencia la norma individual, "Es el criterio de valoración del derecho, que busca la adecuación de las normas y de las decisiones jurídicas a los imperativos de la justicia, en forma tal que permita dar a los casos concretos...con sentido flexible y humano (no rígido y formalista), el tratamiento más conforme a su naturaleza y circunstancias" (conf. Legaz Lacambra, Filosofía del Derecho, La idea de equidad, Barcelona, pág. 51).

En cuanto a la integralidad, conjugada con los principios ya mencionados y en conexión con el régimen de jubilaciones, hay que entender que las prestaciones habrán de cumplirse en su totalidad, así solo se justifica un régimen tuitivo de beneficios. Entonces, los recursos habrán de hacer frente a los requerimientos a cubrir. La movilidad y proporcionalidad operarán como parámetros de equilibrio para velar por una distribución solidaria y equitativa de este beneficio social, según los expuesto precedentemente.

De lo valorado aprecio que la posición defendida por la demandante resulta cercana a una defensa de los intereses y prerrogativas individuales frente a los colectivos involucrados alumbrados por los principios aludidos que juegan de forma armónica como un complemento interpretativo.

7. Asimismo, si se sostuviera acorde a derecho como premisa única, la exigencia particular de la proporcionalidad en la fijación del haber unida a la irreductibilidad de su monto hacia el futuro sin limitantes, me pregunto, en aras a la justicia conmutativa e igualdad, como se compatibiliza esta situación, con la concepción de un patrimonio común donde la individualidad se desdibuja frente al régimen solidario.

No parece razonable que el sistema presente una situación que admita la posibilidad de que un pasivo cobraría más de lo que le correspondería percibir si se encontrase en actividad. Por ello, lo ilógico de tal solución me lleva a concluir que no es correcta la pretensión de la actora.

Compartiendo la doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones a partir del caso "Mary Quant Cosmetics Limited c/ Roberto Luis Salvarezza" (del 31-7-80), oportunidad en la que se señaló que: "...no debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está engarzada la norma" (CSJN Fallos 234:482). Enfatizado luego en el caso "Claudia Graciela Seguir y Dib" he de señalar que "Las leyes deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial" (CSJN, Fallos 302:1284). "La misión judicial no se agota con la remisión a la letra fría de la ley, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la "ratio legis" y del espíritu de la norma" (302:1285) "No debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está engarzada la norma" (302:1285). He de concluir en que, la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común de la tarea judicial.

En este orden procede interpretar el artículo 51 de la Constitución Provincial como aquella cláusula que asegura la garantía de la proporcionalidad para el establecimiento del haber jubilatorio teniendo en mira el sueldo en actividad. Esta garantía, una vez determinado el haber jubilatorio permanece incólume siempre bajo el parámetro del sueldo en actividad. Admite movilidad, en aumento o disminución según el sueldo del activo, pero nunca, habrá de quebrarse la proporcionalidad aludida.

Lo que resulta írrito a la Ley Fundamental Provincial es la alteración del principio de proporcionalidad, estableciendo un haber jubilatorio por debajo de la proporcionalidad legal con el sueldo en actividad. Aquí es donde se aplica genuinamente el principio de la irreductibilidad.

9. No debo obviar que la posición resolutiva que propongo responde a una línea de interpretación que, en orden a la cohesión conceptual debo exponer. Pérez Luño, al definir la interpretación, señala que se trata de una tarea racional y lógica que constituye "El punto de encuentro donde confluyen y se entremezclan los procedimientos metódicos de la ciencia y de la filosofía del derecho y el banco de prueba de la respectiva validez de los postulados", frente a la realidad. (conf. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, edit. Tecnos, 1984, pág. 249).

Es por ello que la tarea de precisar el significado de las normas resulta una actividad intelectiva viva, dinámica y vinculada lógicamente al derecho constitucional. Desde este atalaya es que analizo la cuestión.

Parece razonable entonces, para resolver, escoger un método superador del meramente interpretativista sugerido por el accionante que reconoce el principio de la proporcionalidad a la remuneración del trabajador en actividad como declaración de carácter general, con el fin de realizar una operación concreta que es la de determinar el haber jubilatorio y si una vez establecido, resulta inalterable.

Dentro de las corrientes doctrinales que proponen métodos interpretativos, hay quienes postulan el carácter cerrado de los textos constitucionales, la dogmática, y el mecanismo a utilizar exegético es la confección de un silogismo y la subsunción de la premisa menor en la premisa mayor. Se trata de una interpretación cerrada, completamente independizada del valor. Por otro lado, con una visión más amplia, la de la constitución material y la posibilidad de recurrir a elementos extratextuales, flexibiliza y da cabida a situaciones de integración normativa y búsqueda de soluciones a los problemas que presenta el sistema a través de los principios y de la fuerza normativa de la constitución. (conf. Bidart Campos, Germán J. El Derecho constitucional de Poder, Ediar, Bs. As.) Teniendo en cuenta el caso que nos convoca quiero dejar sentado que la posición en que me encardino para proponer una solución se basa en una interpretación sustantiva que parte de considerar el significado de las normas, desde su estructura lógica, como lo postula el demandante, pero concibiendo a las normas dentro de un universo de principios, valores y organización del poder.

Wellington, que desarrolla sus estudios comenzando por la identificación de criterios interpretativos sostiene que los Tribunales deben aplicar tanto normas como principios, lo que componen "standars de conducta" ampliamente compartidos en una sociedad particular, que reflejan valores y actitudes subyacentes. El pronunciamiento de los jueces, a través de sus sentencias estarán apoyados por normas vigentes, principios, que son a su vez los que la sociedad tiene vivos en un momento determinado, es "la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada". (conf. H. Wellington, Common Law Rules and Constitucional double Standars, The Yale Journal, vol. 83, citado por Diaz Revorio Francisco, La Constitución como orden abierto, edit. C. Jurídicas,1997, pág. 227.)(doctrina de este Cuerpo, exte. Nº 904/99 STJ-SDO).

Ha de completarse esta posición, a mi juicio con la tesis sostenida por Fallon que, esgrimiendo la "teoría de la coherencia constructivista", ordena metodológicamente el proceso interpretativo, que habrá de transitar por un conjunto de argumentos que reparan en los elementos textuales de la norma, el espíritu del legislador al dictarla, los argumentos basados en la necesidad de su reconocimiento, los precedentes y "el rol institucional que cumple la decisión escogida respecto a lo que la sociedad suscribe, es decir su grado de `consenso´". (conf. A constructivist coherencia theory of constitucional interpretatio, citada por Díaz Revorio en ob. cit. Pág. 179) No me cabe duda que las razones expuestas y el sesgo resolutivo adoptado, preservan por un lado las pretensiones individuales de la demandante a quién se le reconoce su derecho en el marco constitucional propuesto y, por el otro lado se preserva razonablemente la organización previsional estatal, sustentada en los principios de solidaridad, equidad e integralidad, en beneficio del interés general.

10. Impecable resulta la cita del demandante de la garantía de igualdad y su crisis (fs. 40 punto 10), al producirse según se expresa, una caprichosa aplicación por parte del IPPS de ciertos criterios - como los que son objeto del presente examen- para alguno de los beneficiarios y no para otros. Señala que existen algunos que efectuaron un reclamo idéntico al realizado por la demandante y tuvieron, contrariamente, una respuesta favorable.

Siendo así se desconoce el artículo 16 de la Carta Magna Federal. He tenido recientemente oportunidad de pronunciarme acerca del rol que ha de cumplir la administración y no huelga aquí traer a colación lo expresado en autos "Moreno Hugo c/ IPPS s/ Contencioso Administrativo, expediente Nº 694/98-SDO, con cita de Cassagne, "El obrar administrativo requiere de una buena dosis de eficacia para cumplir los fines de interés público que debe alcanzar con su actuación". (Cassagne Juan C., Derecho Administrativo, edit. Abeledo Perrot, Bs.As.,1991, pág. 291).

Bien es cierto que desde tal óptica se quebraría el trato igualitario, pero dicha situación resulta ajena a esta jurisdicción cuya misión es determinar si la pretensión deducida por la demandante es acorde o no a derecho. En todo caso, el precedente aquí sentado servirá como parámetro genuino para ajustar esas situaciones. La línea de conducta que debe tener la Administración, y en este caso el IPPS, ajena a devaneos ilegítimos de anomia institucional, habrá de ser uniforme y conforme a derecho vigente, siendo sus funcionarios responsables en caso de alterarse el marco de legalidad republicana.

Por otra parte, en orden a la distinta conducta de la Administración que se denuncia "La circunstancia de que las autoridades administrativas hayan otorgado la jubilación a otras personas que se habrían encontrado en las mismas condiciones que el apelante, lo que negaron a éste..., no configura lesión a la garantía constitucional de la igualdad en término que habiliten su reparación por los jueces, habida cuenta que la desigualdad no surge de la ley. Por lo demás, estando la cuestión sometida a decisión judicial, lo que al respecto hayan resuelto las autoridades administrativas no configura real menoscabo a dicho principio" (conf. CSJ, 1978, Olivieri Raúl Juan, Fallos 300:236).

11. La actora alega como agravio, también, la falta de causa en el acto de reducción. La reducción del haber previsional fue implementado por aplicación de la Ley Nº 277 que determina una rebaja en las dietas de los legisladores "pero fuera de toda emergencia o razón de crisis social". De aquí concluye que la reducción ha sido una razón política, desprovista de entidad, que en nada puede afectar o recaer sobre los haberes de ningún beneficiario previsional. (ver punto IX. de su escrito, fs. 38).

Siguiendo a Fiorini, en relación con la causa del acto administrativo, se trata de "...un elemento esencial y se asienta en los hechos y en las normas que la califican jurídicamente. Para que exista el acto es necesario la existencia de una causa, si ésta no existe no hay acto, y por lo tanto el presunto que pretende ser válido no puede tener ninguna validez, no puede existir...". A pesar de que este autor sostiene "... en el derecho administrativo ... la causa aparece compleja y coordinada... se puede considerar la causa como la determinación principal". (Derecho Administrativo, Fiorini Bartolomé, edit. Abeledo Perrot, 1995, pág. 498) Desde esta óptica, no cabe duda que la Ley Provincial Nº 277 resulta el presupuesto determinante de la conducta de la Administración, y es el soporte que justifica su actuación. Las razones de oportunidad que justifiquen tal actitud, voluntad política, emergencia económica u otras, operarían como motivos concurrentes o independientes que condicionan su objetividad. Por otra parte, no hay duda que los hechos descriptos y contemplados por la norma son aplicables al caso.

No puede, entonces ser viable un planteo como el presente.

12. Considerando lo hasta aquí expuesto, siguiendo a Cueto Rúa, "La armonía axiológica demanda la realización, en cierta medida, de todos los valores jurídicos...Todos ellos deben darse en la decisión de cada caso con la intensidad que corresponda al sentido del caso y de la institución jurídica en juego" (Cueto Rúa, Julio C., Las razones del Juez, Academia Nac. De Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires., Año XXVI, Número 19), procede según los antecedentes de hecho y derecho del sub spes y los valores en juego, el rechazo de la demanda. Así lo voto.	13. Obiter dicta: Si omitiera referirme a lo que a fs. 25 de expediente administrativo "B" 05180103/95 luce, abjuraría de reseñar lo que cándidamente me produce cierto escozor, obervando el panorama que presenta la realidad. Figuran rotulados los servicios prestados por la demandante como "Privilegiados". Me siento con la necesidad de rescatar aquí su genuino sentido, no para reforzar su legalidad, que ya la tiene, sino para mantener su legitimidad y justificación que nunca debió apocarse en el estado de derecho. En términos de la Enciclopedia se trata de "...una distinción útil u honrosa, de la que gozan ciertos miembros de la sociedad, y de la que los demás carecen...", y "... que se conceden a particulares, que han realizado algún servicio importante al Estado..., no tienen otro objetivo real que hacer más honorables a las funciones y las personas...". (conf. Diderot Denis, d´Alambert Jean Le Rond, Artículos políticos de la "Encicolopedia", edit. Tecnos, Madrid, 1986 pág. 157). Sólo considerando que tal actividad constituye un alto servicio a la democracia y al estado de derecho, se justifica su rótulo. De ser lo contrario, la expresión resulta impropia dado los tiempos que corren.

A la segunda cuestión el Juez Carlos E. Andino dijo:

De conformidad con los fundamentos expuestos propongo rechazar la demanda entablada en autos en contra del Instituto Provincial de Previsión Social. Sin costas por no haber mediado contestación de la demanda, conforme fue expuesto al tratar la primera cuestión (capítulo I).

Así lo voto.

A la segunda cuestión el Juez José A. Salomón dijo:

En orden a las razones argüídas precedentemente me pronuncio por el rechazo de la demanda en todos sus términos. No procede la imposición de costas. Así lo voto.

Atento al consenso logrado según los criterios expuestos, procede dictar la siguiente SENTENCIA Ushuaia,	de octubre de 2001.

Vistas: las consideraciones emitidas en el Acuerdo, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE 1º. Rechazar en todos sus términos la demanda interpuesta por la actora Nilda Adelina Bruglieri, en contra del Instituto Provincial de Previsión Social.

2º. Sin costas.

3º. Mandar se registre, notifique y cumpla.

Suscriben la presente los abajo firmantes por encontrarse vacante la restante vocalía del Cuerpo.

Firmado Jueces Carlos E. Andino - Jose A. Salomón Registro TOMO XXX Fª 18/51 30/10/01