marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, sentencia de quiebra, recursos, recurso de reposición (procesal), apelación en subsidio, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fideicomiso Suites Bahia Grande S/ Liquidacion Judicial S/ Incidente de Apelacion de Pellegrino (Fiduciario), Pablo Gaston c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-08

Corresponde revocar la resolución que rechazó la reposición del decreto de liquidación judicial de un fideicomiso interpuesta en los términos de la LCQ 94, pero concedió la apelación subsidiaria como si se tratara del recurso previsto por el CPR 248.

Tal solución fue incorrecta pues importó la aplicación analógica de un procedimiento que sólo está previsto para la reposición del CPR 238, frente a una situación que es sustancialmente diferente y que posee un régimen específico (CNCom, Sala D, in re "Klappersack, Carlos s/ quiebra", del 06/11/01; Chomer, H.- Frick P., "Concursos y quiebras. Ley 24522. Comentada, anotada y concordada", Buenos Aires, 2016, p. 408). 3 - Esa especificidad del recurso establecida por la LCQ 94, y su diferencia estructural respecto de la reposición regida por el CPR 238, torna impertinente la aplicación a la materia de lo previsto por el artículo 248 del código citado en cuanto admite la apelación subsidiaria al recurso de reposición (conf. Heredia, Pablo D., "Tratado Exegético de Derecho Concursal", Buenos Aires, 2001, t. 3, pág. 639; CNCom, Sala D in re "Buenos Aires Sports SA s/ quiebras/ inc. de apelación art. 250", del 21/09/12).
Accidentes de trabajo, empleo público, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: BOHLE, ORLANDO EMILIO c/ ESTADO NACIONAL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-04-19

Si la relación fue de empleo publico el conocimiento de las acciones fundadas en la ley 9688, corresponde a la justicia nacional de primera instancia en lo contencioso administrativo federal.
Instrumentos privados, valor probatorio, autenticidad, firma
Materia: CIVIL
Carátula: PRIETO HERNAN GUSTAVO J. c/ SOCIEDAD ARGENTINA DE BIENES RAICES  S.R.L. s/ ESCRITURACION - VERIFICACION DE LA FIRMA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-18

El instrumento privado no prueba "per se", por que carece por sí mismo de autenticidad. Esta es la diferencia sustancial que separa a los instrumentos públicos de los privados, pues mientras los primeros están revestidos de autenticidad por la intervención del oficial público que les comunica su carácter peculiar, estos otros, pasados entre particulares, carecen de autenticidad por no saberse de antemano si emanan de la persona a quien se atribuyen. De ahí la necesidad de establecer previamente la autenticidad del documento para poder apreciar después la eficacia probatoria de su contenido.

La autenticidad de un instrumento se determina por la verificación de que la firma obrante en él corresponde a la persona que aparece como firmante, cumplido lo cual otorga a dicho instrumento, fuerza y valor.

Si ninguna prueba aportó el demandante tendiente a demostrar en forma concreta, frente a la negación de la accionada que los documentos eran auténticos o por lo menos su autenticidad formal, carecen de valor probatorio.
Compensación especial por jubilación, excombatientes de Malvinas
Materia: PENAL
Carátula: SALAZAR ELIDA DEL CARMEN c/ ANSES s/ AMPAROS Y SUMARISIMOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-14

Para el pago del adicional por zona austral, la ley 19.485 en su art 1° establece el coeficiente de bonificación 1,40 para las jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, graciables y la pensión honorífica para veteranos de guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que se abonan a los beneficiarios que residan en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dana, Emilia c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Resulta ilegítima la resolución del Instituto de Previsión Social que denegó un beneficio pensionario con fundamento en la imposibilidad de computar los servicios reconocidos por la Caja Nacional de Previsión, durante cuyo desempeño falleció el causante, por no haber existido previa y formal afiliación al régimen citado por parte del causante, en tanto tal recaudo no surge impuesto por la norma que rige el otorgamiento de la pensión (arts. 56 a 59 de la ley 5425, t.o.1959).
Recursos, expresión de agravios, medios de prueba, comisiones médicas
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Micaela c/ Omint Art SA s/ recurso ley 27348
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-23

La actora interpuso recurso de apelación contra la resolución de origen que confirmó lo decidido en la CM administrativa en tanto consideró insuficiente en su contundencia para rebatir lo decidido en la CM, in límine. En este contexto, cabe decir que el art. 16 de la Resolución SRT N° 298/2017, en consonancia con lo dispuesto por el art. 116 de la ley 18.345, establece que el recurso deberá ser fundado y contener la crítica concreta y razonada de la decisión, presupuestos que no se encuentran cumplidos en la causa, pues lejos de efectuar una crítica concreta y razonada de los aspectos de la decisión que considera equivocada, se limitó a expresar su disconformidad sin suministrar argumento alguno que sea apto para conmover el dictamen elaborado por la CM - en el que se sustentó el Servicio de Homologación- como así tampoco brindó elemento alguno que demuestre que los profesionales que revisaron al trabajador hubiesen incurrido en error o en un uso inadecuado de las técnicas propias de su profesión, por lo que en rigor, las observaciones introducidas en el memorial se exhiben como una mera discrepancia subjetiva, en tanto que el apelante se limita a insistir en que el trabajador presenta incapacidad. Por lo expuesto corresponde revocar el decisorio de grado. (Del voto en disidencia de la Dra. Ferdman).
Delitos contra la salud pública, estupefacientes, bien jurídico protegido
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Alejandro Carlos CAPALBO c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES Gustavo Mario BAZTERRICA c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29|1986-08-29

Si bien en principio parecería que con la ley 20.771 se ha tratado de resguardar la salud pública en sentido material como objetivo inmediato, el amparo se extiende a un conjunto de bienes jurídicos de relevante jerarquía que trasciende con amplitud aquella finalidad abarcando la protección de los valores morales, de la familia, de la sociedad y, en última instancia la subsistencia misma de la Nación y hasta la de la humanidad toda.
Notificación, domicilio real, domicilio procesal, exceso ritual manifiesto
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GUERRA, JUAN ROSA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-14

Corresponde revocar la sentencia que tuvo por válida la notificación practicada en el domicilio real del actor y, en base a ello, hizo lugar a la excepción de caducidad opuesta por el organismo. Ello así, en virtud de que sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 44 del Dec. 1759/72 -reglamentario de la ley 19.549-, lo cierto es que en materia de seguridad social, la C.S.J.N. ha sentado pautas precisas de interpretación, al sostener que al darle preeminencia a la notificación practicada en el domicilio real del recurrente -en el caso, ubicado en la Pcia. de Salta- en vez de realizar la citada notificación en el domicilio procesal constituido en la Capital Federal, la sentencia ha incurrido en un excesivo rigor formal en desmedro del derecho de defensa y a los principios atinentes a la interpretación de los actos y normas de índole previsional, máxime cuando de las constancias invocadas no surge en forma fehaciente cual fue el contenido de la resolución que se notificó ni que el interesado hubiera recibido esa comunicación (cfr. sent. del 27.12.88, Guanca, Milagro, Fallos 311:2807)
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Raimundi, A. c/ Conconi, A. y otros s/ Daños y Perjuicios García, Victoria c/ Conconi, A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-12|1991-12-12

En materia de daños la clasificación y categorización de este -esa suerte de vivisección del mismo hecha por la doctrina para alumbrar con diversos criterios muy distintos y variados rostros y parcelas del fenómeno: daño patrimonial y daño moral; daño emergente y lucro cesante; daño cierto y daño futuro; daño intrínseco y daño extrínseco; daño al interés positivo y daño al interés negativo;

daño directo y daño indirecto, etc.- es un indispensable instrumento para ahondar en su estudio y facilitar su conocimiento y mensuración, pero no por ello asegura la certidumbre de su cabal aprehensión y la justicia de su tarifa, lo cual, quizás, pueda lograrse en determinados casos mediante una visión global y abarcadora.
Notificación por telegrama, intimación previa, falta de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Bernasconi  S.A. c/ Bronstein, Carlos Manuel s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

La copia de telegrama extendida en el formulario correspondiente, con el sello de la oficina postal y la firma del responsable, reúne en lo esencial condiciones por las que razonablemente se debe entender q la prueba de su autenticidad y en consecuencia de su remisión por el expedidor, aunque no se trate de un telegrama colacionado. Con ello el locador ha hecho lo que estaba de su parte para dar cumplimiento a los requisitos formales exigidos por el artículo 5to. de la ley 23.091.
Medidas cautelares, automotores, reinscripción de la medida cautelar, embargo, doctrina legal
Materia: CIVIL
Carátula: LAZARTE RAUL PABLO c/ LONGO S.R.L. s/ INDEMNIZACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-11

No resulta arreglado a derecho la reinscripción de un embargo ordenada con posterioridad al vencimiento del plazo de caducidad previsto en el artículo 17 del Decreto Ley Nro. 6582/58, sobre automotores que a dicho momento ya no eran de propiedad del embargado.
Despido, indemnización tarifada, daño moral, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: ARBURUA RUBEN c/ BANCO SUDECOR COOPERATIVO LIMITADO s/ DESPISO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-08-11

Sería escandaloso, que una rama del derecho especialmente orientada a la protección del trabajador o en la que es relevante su personalidad, y donde esa relevancia se manifiesta especialmente mediante el "deber de previsión", le negara a aquél una protección que ahora, reconoce el derecho como a cualquier ciudadano. Cuando el legislador fijó la regla general de indemnización como tarifada por la pérdida del empleo dentro del actuar legítimo de la administración, no contempló el caso excepcional del daño que hubiera podido inferirse por el obrar ilegítimo. El empleador tiene derecho a extinguir la relación laboral pero no a dañar impunemente los bienes jurídicos del trabajador, tiene derecho a despedir al agente, pero no agraviarlo o injuriarlo injustificadamente. Es procedente el daño moral como producto del despido y ajeno a la indemnización tarifada, en los casos en que el agravio produjera contemporáneamente con la extinción del contrato, y ya sea que el obrar ilegítimo provenga de la inejecución de deberes de conducta que emanan del contrato (arts. 62, 63, 65, y 68 Ley 20744, "incumplimiento contractual") o de una conducta antijurídica causada por un delito o cuasidelito o por un acto ilícito "strictu sensu" (responsabilidad extracontractual). (Voto del Dr. Conti).-
Enfermedades inculpables, Administración Pública, empleados públicos, exoneración, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MOYANO, MARIO HUGO c/ MUNICIPALIDAD DE EL TREBOL s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 199-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-23

No puede considerarse que actuó de mala fe la Administración demandada que, enfrentada al problema humano del alcoholismo y a las serias consecuencias que en el estado de salud del agente produjo, y a la vez, constreñidos con el deber de gestionar adecuadamente los intereses públicos a su cargo, que no le permitían tolerar el irregular comportamiento del agente, posiblemente con la idea, subyacente, de que se trataba de una inconducta voluntaria del empleado; optó por la sanción expulsiva. Ello por no advertir que la relación de empleo también puede extinguirse no por vía de sanción, sino, entre otros supuestos, por la incidencia de un hecho enfermedad- no imputable a título de incumplimiento de los deberes del empleado público, y que muy otras consecuencias genera.
Proceso penal, acción civil, indemnización, incapacidad laboral, daño material, daño moral
Materia: PROCESAL PENAL - CIVIL
Carátula: VELO WALTER ANTONIO s/ PROCESO PENAL - ACCION CIVIL - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-13

Puede admitirse que la obligación de reparar existe aunque la ilicitud no haya menoscabado los bienes económicos de la persona perjudicada ni lesionado sus valores personales tutelados por la ley (integridad corporal, seguridad, libertad, honor, etc.).

Empero, la ley civil da al daño una significación específica y más limitada en los supuestos ordinarios de responsabilidad:

significa el menoscabo de valores económicos o patrimoniales, en ciertas condiciones (daño material, art. 1068 C.C.) o la lesión de bienes extrapatrimoniales (daño moral, art. 1078 C.C.).

Consecuentemente, no existe dentro del sistema legal la posibilidad de reconocer un daño por el valor que implica la pérdida de la integridad física si no existe demostración suficiente de que aquélla (la pérdida de la integridad física) se traduce en un perjuicio económico actual o futuro (cierto).

Si, en el caso, no ha sido comprobado un daño material a título de daño emergente o lucro cesante, sea este ultimo actual o futuro, sino que, en cambio, se ha reconocido al damnificado una incapacidad del ocho por ciento de la total obrera y como ello tiene trascendencia espiritual porque el damnificado vió frustrada la razonable aspiración de desenvolverse laboralmente en plenitud y teniendo en cuenta su edad (30 años), su sexo, su condición social y la zozobra espiritual que conlleva sufrir un accidente con resultado lesivo el Tribunal de Sentencia mando a pagar una suma de dinero a título de daño moral, la sentencia es ajustada a derecho.
Contrato de trabajo, trabajadores de la construcción
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ JUAN MANUEL c/ MUZE MARIO MIGUEL Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-12-14

"El art. 30 de la LCT no es aplicable a las relaciones regidas por la ley Nº 22.250".
Procedencia del recurso, recurso de inaplicabilidad de ley, declaración de insania, defensa en juicio, situación de vulnerabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: C. ,A. R. c/  s/ Insania-Curatela
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-09-19

Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por quien fue declarado insano contra la decisión que posterga el tratamiento de su planteo de nulidad del decisorio y de todo el proceso que limitó su capacidad jurídica hasta obtener los informes de una nueva evaluación interdisciplinaria, desconociendo la entidad de sus planteos formulados en disconformidad desde el momento de la notificación del decisorio y mantenidos en todo el proceso. Tal postergación coloca a, al recurrente, en estado de indefensión y por consiguiente vulnera las garantías del debido proceso y defensa en juicio (arts. 18, Const. Nacional). A su vez , el pronunciamiento desconoce las expresiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, respecto de los cuales ha reconocido la necesidad de efectuar "interpretaciones diferenciadas", y la necesidad de que el justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y condiciones de igualdad procesal. Asimismo se aparta del nuevo paradigma creado por la Convención de la ONU para Personas con Discapacidad.(doctor Genoud, sin disidencia)
Temeridad o malicia, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Luna, Francisco c/ Mig S.A. y otra s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-28

El art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo no permite inferir que el tipo o tasa de interés a que se refiere sea el puro sobre el capital de condena repotenciado, ya que hace expresamente mencionar al que cobran los bancos oficiales para operaciones corrientes de documentos comerciales.
Derechos y garantías constitucionales, derechos naturales, derechos personalísimos, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RAMOS JUAN JOSE c/ LR3 RADIO BELGRANO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-10

La dignidad humana es la pauta interpretativa de los textos de la carta magna y de los tratados internacionales que le adosó la reciente reforma. En esta aspecto, coincido con la afirmación de R.D. Pizarro: "Una sociedad verdaderamente democrática debe dar prioridad a ultranza a los derechos esenciales de la persona que hacen a su dignidad". Es que la dignidad del hombre precede natural y ontológicamente a la idea del estado e implica un conjunto de derechos y deberes naturales (primarios y secundarios), como el derecho a la intimidad, al honor y a la buena reputación, a la propia imagen, a la integridad corporal, etc. La constitución nacional no crea esos derechos, porque la dignidad del ser humano existe con constitución o sin ella, y aun contra ella los reconoce y protege.
Pago, cheque, recibo
Materia: COMERCIAL
Carátula: HIDECO  S.A. c/ ASCENSORES SERVAS  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-14

Los recibos otorgados por el acreedor al aceptar cheques no pueden considerarse cancelatorios de la deuda, ni extintivos del derecho a los réditos pactados, ya que los instrumentos recibidos constituyen una mera promesa de pago cuyo efecto queda subordinado a su ulterior efectivización.
Transacción, honorarios del abogado
Materia: LABORAL
Carátula: BELTRAN RICARDO ANTONIO DEL VALLE c/ EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO LEON GALLO Y/O OTROS s/ DIFERENCIAS DE HABERES-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-23

La base regulatoria para fijar los honorarios de un profesional, no puede ser el monto del acuerdo o transacción, cuando éste fue llevado a cabo sin intervención del interesado en el crédito, pues le es inoponible por la calidad de tercero que reviste frente a la convención.
Honorarios, regulación de honorarios, demanda, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: GODOY PATRICIA c/ PANIFICADORA DE LOURDES Y OTROS s/ RECURSO DE CASACION - REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-19

La aplicación del principio general en materia de costas contenido en el art. 356 C.P.C., la parte vencida debe ser condenada "a menos que el Juez o Tribunal encontraren mérito para eximirla de esta responsabilidad, debiendo en este caso fundarse la resolución al respecto. Tal aplicación no se contradice con lo normado por el art. 356 ter C.P.C., en cuanto éste dispone que la distribución de costas sea hecha prudencialmente por el Juez, en proporción al éxito obtenido por cada uno de los litigantes.-
Indemnización por despido, indemnización reducida
Materia: LABORAL
Carátula: Carabajal, Gloria del Carmen y Otro c/ Rocar S.R.L. s/ Demanda Laboral -Indemnización por Despido-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-05

El segundo interés en pugna que se vislumbra en la indemnización reducida establecido en el art. 247 de la LCT está representado en la figura del empresario que tiende a todo trance a evitar el naufragio económico de la empresa y que en la emergencia, no ha de vacilar en sacrificar los derechos obreros, aunque en su momento haya usufructuado el beneficio que implicaba la puesta a disposición de la fuerza de trabajo. Tradicionalmente, su punto de vista, es que cumplir con el débito salarial se ha transformado en un presupuesto de excesiva onerosidad sobreviniente y que, sobre tal base resultaría jurídicamente viable la ruptura de los vínculos laborales sin pago indemnizatorio -figura del art. 513 del Cód. Civil-, o en su caso, mediante una reparación sustancialmente reducida.
Concursos, honorarios del abogado, síndico del concurso, patrocinio letrado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montanaro, Alicia Noemí s/ Concurso comercial preventivo López, Antonio s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-14|1990-09-13

La ley 19551 (t.o.) no establece la obligación del patrocinio letrado del síndico. Por lo contrario, presupone en este funcionario los conocimientos suficientes para desempeñar su tarea y solamente cuando la necesidad lo impone, es que la norma permite cargar sobre el concurso los gastos de ese patrocinio. Es decir cuando la materia excede su competencia profesional (art. 281, ley 19551, t.o.).
Juicio de apremio, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Amori, Juan Natalio y otros s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06

Si en el título ejecutivo reza claramente "impuesto ingresos brutos", no puede pretender ejecutarse la falta de pago del impuesto de sellos, pues lo que en el proceso administrativo anterior se haya ventilado no modifica el instrumento base de la ejecución, el que por otra parte debe bastarse a sí mismo. Dicho de otra manera, el expediente administrativo no integra el título.-
Cuestiones de competencia, acuerdo de partes, autonomía de la voluntad, orden público, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Manliba  S.A. c/ C.E.A.M.S.E. s/ const. tribunal arbitral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-06

La determinación de la naturaleza jurídica - pública o privada - del convenio y consecuentemente, la dilucidación de los tribunales con competencia para entender por razón de la materia en las controversias de él derivadas, por ser de orden público no es tema que pueda quedar sujeto a la voluntad contractual de las partes.
Tratados internacionales, tráfico de estupefacientes, Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Zambrana Daza, Norma Beatriz s/ infracción a la ley 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Ante lo dispuesto por el inc. 11 del art. 3. de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, aprobada por ley 24.072, el postulado relativo a que la aplicación de una regla procesal válida razonablemente interpretada, cualquiera que sea su consecuencia, puede afectar los compromisos asumidos por la Nación al suscribir el convenio del que se trata, revela su propia falsía (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).