Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-14


SENTENCIA Nº 87.571 CAUSA Nº 25.189/04 "DE CICCO, FACUNDO JERONIMO C/ FORMATOS EFICIENTES S.A. S/ DESPIDO" - JUZGADO Nº 36.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 14/03/06, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Guibourg dijo:

Contra la sentencia de primera instancia, que desestima la demanda por considerar que el vínculo mantenido entre las partes no tuvo naturaleza laboral, se alza la parte actora en los términos de su presentación de fs. 269/273.

También apela el perito contador por considerar reducidos los honorarios que le han sido regulados (fs. 275).

Trataré en primer lugar la crítica de la accionante, que se centra en que se considera que entre las partes existió un contrato de pasantía a pesar de que - según dice - se ha acreditado que en realidad los servicios del actor no difirieron de los que prestaban los empleados dependientes de la accionada y que no fue cumplida la finalidad específica del pretendido contrato de pasantía, lo que - según argumenta - lleva a considerar que las partes estuvieron vinculadas por un contrato de trabajo.

Le asiste razón.

Si bien aparentemente la accionada cumplió los recaudos formales exigidos por el decreto 340/02 para la configuración del contrato de pasantía en él regulado (convenio con la institución donde el actor cursaba estudios secundarios y con el propio accionante, ver fs. 19 y sigtes.) y respetó las modalidades y limitaciones a que éste se halla sujeto (horario, plazo de duración, edad mínima del supuesto pasante, pago de una asignación estímulo, etc.), no se advierte que los servicios prestados por el actor en la "(.) reposición de mercadería, manejo de caja, atención al cliente y limpieza" (son los que la propia demandada indica en su responde, ver fs. 105 vta.) se hayan diferenciado en lo esencial de los prestados por los dependientes de la demandada dedicados a tales funciones (en realidad, de la propia sentencia surge que las tareas eran idénticas, aspecto del pronunciamiento que llega firme a esta instancia, ver fs. 266 in fine), a lo que se suma que no se ha demostrado que la institución educativa haya incluido en los programas académicos vigentes para el actor contenidos temáticos relacionados con la actividad por él cumplida en la demandada y que aquélla no llevó a cabo un control efectivo del aprendizaje supuestamente adquirido por el pasante (de los testimonios de fs. 212/216, 223/226, 230/231 y 232/238 surge que tal control se limitó a recibir evaluaciones enviadas trimestralmente por la accionada).

Cabe señalar que, ante un planteo concreto como el de autos, corresponde al magistrado interviniente calificar jurídicamente los servicios prestados por el pretendido pasante, para lo que debe tener en cuenta las particularidades fácticas del caso, así como las leyes laborales de orden público que pudieran resultar aplicables (ver, en sentido análogo, SD 78.954 del 26/5/99 en autos "Loisi, Paola M. c/ Correo Argentino S.A. s/ despido", del registro de esta Sala). En el caso, reitero, no se advierte razón alguna que indique que las tareas cumplidas por De Cicco, que integraron las correspondientes al giro comercial de la empresa y que - por consiguiente - estuvieron directa o indirectamente destinadas a obtener el lucro que justifica su existencia, se hallen excluidas de la definición de contrato de trabajo contenida en los artículos 21, 22 y concs. de la L.C.T.. La circunstancia de que la accionante haya adquirido ciertas aptitudes o conocimientos como consecuencia de su desempeño en la demandada no modifica la conclusión expuesta, pues tal efecto acontece normalmente con la realización de cualquier actividad humana, incluidas las que se desarrollan en el marco de un contrato de trabajo.

A lo expuesto cabe agregar que es evidente que la función de aprendizaje de las tareas realizadas por el actor no puede razonablemente, en atención al escaso nivel de complejidad que ellas suponen, extenderse por todo el plazo de duración del vínculo, lo que lleva a entender que - aun cuando inicialmente pudiese considerarse que el contrato fue de pasantía - la finalidad de éste se desvirtuó en forma prácticamente inmediata al haber adquirido el actor los conocimientos necesarios para el cumplimiento de tales funciones. Nótese, en este sentido, que la propia rectora de la institución educativa a la que asistía el actor refiere que el fin de las pasantías era que los alumnos "ganen unos pesitos" (testigo López, fs. 230/231), lo que evidencia la ausencia de la finalidad específica que resulta del decreto 340/02. En el mismo sentido cabe valorar los dichos de la testigo Mendoza (fs. 232/238) en cuanto hace hincapié en los problemas que se presentaban en el ámbito de la demandada respecto de la liquidación de los "sueldos" de los pasantes.

Por lo demás, si tenemos en cuenta que la demandada pagaba al actor aproximadamente $200 mensuales por 30 horas de trabajo semanales (ver fs. 175) y que el sueldo de un empleado con dedicación completa llegaba a $600 o $700 (ver testimonios de fs. 208/211 y 217/219), no parece que aquella suma resulte desproporcionada a las remuneraciones pagadas por la empresa.

En virtud de lo expuesto, corresponde entender que el vínculo mantenido por las partes tuvo carácter laboral y, por ende, se hallaba regido por la ley de contrato del trabajo (arg. arts. 7, 12, 14, 58, 21, 22, 23 y concs. de la LCT).

En tales condiciones, la finalización del vínculo dispuesta por la accionada el 3/08/04 (ver telegrama de fs. 5, no desconocida en el responde) debe considerarse injustificada, lo que torna procedentes las indemnizaciones reclamadas con fundamento en los artículos 245, 232 y 233 de la LCT y el agravamiento resarcitorio previsto por el artículo 16 de la ley 25561. Para el cálculo de estos conceptos consideraré que el vínculo se inició el 25/11/02 (aspecto no controvertido en autos) y que finalizó cuando la accionada comunicó al actor la rescisión del vínculo, es decir el 4/09/04 (ver telegrama del 1/09/04 obrante a fs. 5, recibido por el actor el 4 de ese mes, según surge de la misiva de fs. 4, no desconocida por la accionada).

Del mismo modo, ante la falta de registro de la relación resulta procedente la indemnización del artículo 1º de la ley 25323 y también la prevista en el artículo 2º de dicha ley, en virtud de la omisión de la empleadora de pagar las indemnizaciones por despido no obstante la intimación fehaciente cursada por el trabajador con tal propósito (ver telegrama de fs. 4).

Finalmente, proceden los aguinaldos reclamados, cuya cancelación no ha sido acreditada, las vacaciones proporcionales de 2004 y los días de septiembre 2004 transcurridos hasta la extinción del contrato.

En consecuencia, corresponde condenar a la demandada a pagar al actor la suma de $3.425,57 (indemnización por antigüedad $587,50; indemnización sustitutiva de preaviso con la incidencia del sac $226,74; integración del mes de despido con la incidencia del sac $196,50; sueldo prop. septiembre/04 $27,90; s.a.c. 2003 $210,34; s.a.c. 1º semestre/04 $146,88; s.a.c. prop. 2º semestre/04 $48,89; vacaciones prop./04 $79,36; indemnización art. 1º ley 25323 $587,50; indemnización art. 2º ley 25323 $505,37 e indemnización art. 16 ley 25561 $808,59) con más intereses desde que cada cantidad parcial es debida según la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones de préstamo.

También cabe condenar a la demandada a entregar al actor, dentro del término de diez días de quedar firme la presente, el certificado de trabajo previsto en el artículo 80 LCT bajo apercibimiento de aplicar astreintes consistentes en $10 por día de mora, durante los primeros noventa días, luego de los cuales deberá ser expedido por el Juez de grado según las circunstancias tenidas por ciertas en autos.

Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y proceder a su determinación en forma originaria, por lo que resulta abstracto el tratamiento de la apelación del perito contador al respecto.

Las primeras se impondrán a la parte demandada (art. 68 del C.P.C.C.N.).

Teniendo en cuenta el monto de condena con los intereses, la calidad y la extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales y por el experto intervinientes y lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de las partes actora y demandada y para el perito contador en las respectivas sumas de $1.800, de $1.300 y de $700, cantidades que no incluyen la incidencia del impuesto al valor agregado. Sobre este aspecto cabe aclarar que, al resolver la causa "Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688" (SD 65.569 del 27/09/93), esta Sala sostuvo que el impuesto al valor agregado es indirecto y, por tanto, grava el consumo y no la ganancia, por lo que su pago estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) en la que sostuvo que "(.) no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio - adicionárselo a los honorarios regulados - implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Voto, en consecuencia, para que se revoque la sentencia de primera instancia y se condene a la demandada a pagar al actor, dentro del plazo de cinco días de quedar firme la liquidación del artículo 132 L.O., la suma de $3.425,57 con más los intereses establecidos precedentemente. Propongo, además, condenar a la demandada a entregar al actor, dentro del término de diez días de quedar firme la presente, el certificado de trabajo previsto en el artículo 80 LCT bajo apercibimiento de aplicar astreintes consistentes en $10 por día de mora, durante los primeros noventa días, luego de los cuales deberá ser expedido por el Juez de grado según las circunstancias tenidas por ciertas en autos. Propicio, también, imponer las costas de la anterior instancia a la demandada y regular los honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de las partes actora y demandada y para el perito contador en las respectivas sumas de $1.800, de $1.300 y de $700, cantidades que no incluyen la incidencia del impuesto al valor agregado. Propongo, asimismo, imponer las costas de la alzada del mismo modo que en primera instancia y regular los honorarios de los profesionales firmantes de las presentaciones de fs. 269/273 y 281/283 en 30% y en 25% - en ese orden - de lo que a cada uno corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia. Finalmente, cabe hacer saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar, en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nº 6/05).

El doctor Eiras dijo:

Que adhiero al voto que antecede por compartir sus fundamentos.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I. Revocar la sentencia de primera instancia y condenar a la demandada a pagar al actor, dentro del plazo de cinco días de quedar firme la liquidación del artículo 132 L.O., la suma de $3.425,57 con más los intereses establecidos precedentemente. II. Condenar a la demandada a entregar al actor, dentro del término de diez días de quedar firme la presente, el certificado de trabajo previsto en el artículo 80 LCT bajo apercibimiento de aplicar astreintes consistentes en $10 por día de mora, durante los primeros noventa días, luego de los cuales deberá ser expedido por el Juez de grado según las circunstancias tenidas por ciertas en autos. III. Imponer las costas de la anterior instancia a la demandada. IV. Regular los honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de las partes actora y demandada y para el perito contador en las respectivas sumas de $1.800, de $1.300 y de $700, cantidades que no incluyen la incidencia del impuesto al valor agregado. V. Imponer las costas de la alzada del mismo modo que en primera instancia. VI. Regular los honorarios de los profesionales firmantes de las presentaciones de fs. 269/273 y 281/283 en 30% y en 25% - en ese orden - de lo que a cada uno corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia. VII. Hacer saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar, en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN Nº 6/05).

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Roberto O. Eiras	Ricardo A. Guibourg Juez de Cámara	Juez de Cámara Ante mí:	Ana A. Barilaro	Secretaria interina