Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-06-04


En la ciudad de Puerto Madryn, a los días del mes de junio del año dos mil doce, se reúne la Excma. Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi y la asistencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis Vivas para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "F. J. A. y otro c/ V. M. I. y/u otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Expte. Nº 245 - año 2011) venidos del Juzgado Civil y Comercial (Expte. Nº 49/11) de esta ciudad, en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA CUESTION: ¿ Es justa la sentencia de fs. 738/745? SEGUNDA CUESTION: ¿Es justa la regulación de honorarios practicada a favor de la letrada de la parte actora? TERCERA CUESTION: Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 853.

A LA PRIMERA CUESTIÓN: El Sr. Juez de Cámara, Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

1.

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de Puerto Madryn dictó sentencia en estos autos a fs. 738/745, admitiendo parcialmente la demanda incoada por J. A. F. y G. R., en contra de M. I. V., haciendo extensiva la condena a la citada en garantía P. S. S.A., condenando al demandado V. a pagar la suma de pesos sesenta y ocho mil cuarenta ($ 68.040.-) al coactor F. y pesos dieciocho mil ( $ 18.000.-) al coactor R., con más intereses y haciendo extensiva la condena a P. S. S.A.

Para arribar a ello, consideró que en autos se encontraba incontrovertido que el 31 de marzo de 2003, sobre la banquina izquierda (sentido sur-norte) de la Ruta Nacional N° 3, a la altura del km. 1240, se produjo un accidente de tránsito entre el vehículo Volkswagen Gol XXX ***, conducido por el demandado V. y el Fiat Palio XXX ***, conducido por el coactor R., acompañado en la oportunidad por el coactor F.

Sostuvo que se encontraba controvertida la mecánica del hecho, estableciendo que en el lugar y fecha señaladas el demandado V. intentó una maniobra de sobrepaso en una zona de pendiente en ascenso y con señalización vertical de prohibición de adelantamiento, invadiendo para ello el carril de la mano contraria. Así, señaló que V., al advertir la presencia del Fiat Palio que circulaba en sentido contrario de aquél, se desplaza hacia la banquina, lo que también hace R.

Consideró de aplicación el art. 1113, 2ª párrafo, 2ª parte del Cód. Civil.

Señaló el decisorio que la demandada y su aseguradora alegaron la excesiva velocidad desplegada por R., en tanto la primera refirió también que los actores se trasladaban sin los cinturones de seguridad colocados.

Tras el análisis de la prueba obrante el autos, el pronunciamiento concluyó que el rodado de R. no superaba en la ocasión los 100 km/h, en orden a los informes periciales rendidos, atribuyendo responsabilidad a V. por haber iniciado una maniobra de adelantamiento en zona prohibida, con señalización específica, en clara violación a lo normado por el art. 42, inc. a y b y 48, inc. j, de la ley 24.449.

No obstante, con relación a la falta de utilización de los cinturones de seguridad por parte de los actores consideró que el perito accidentólogo de autos afirmó que teniendo en cuenta las lesiones padecidas y los daños del rodado, ambos ocupantes de los asientos delanteros se encontraban sin ellos colocados, agregando que los daños en el parabrisas fueron provocados por los ocupantes del rodado por encontrarse en esas condiciones, razón por la cual, ante la desaceleración brusca, los cuerpos salieron despedidos hacia delante, impactando contra aquél.

Refirió también que la pericia accidentológica fue impugnada a fs. 472 por la parte actora, habiendo el perito brindado las explicaciones solicitadas a fs. 500/507, manteniendo su postura.

En tal inteligencia la Sra. jueza a quo concluyó que los actores se trasladaban sin el cinturón de seguridad respectivo abrochado, por lo que tal omisión ha configurado una condición adecuada para la producción del evento, al mismo tiempo que resulta una violación a la norma del art. 4º, inc. k) de la ley de tránsito, respecto a la obligación de los ocupantes de un vehículo de utilizar los correajes de seguridad, potenciando el riesgo propio derivado de un automóvil en movimiento.

Concluyó, en consecuencia, que correspondía atribuir el 90% de la responsabilidad en el evento al demandado, y el 10% al actor, en virtud de la incidencia causal en relación con los daños ocasionados.

Sentado ello, reconoció a favor de F. la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-), a valores actuales y con más intereses en concepto de daño moral. Para ello, tuvo en cuenta la edad de la víctima al momento del accidente (35 años), con hijos pequeños, debiendo permanecer postrado en la cama, con la consecuente imposibilidad de atender las demandas familiares e intervenciones quirúrgicas padecidas.

Asimismo, desestimó el rubro "daño psíquico", por no considerarlo independiente del daño moral. Respecto del coactor R., el pronunciamiento estimó su daño moral en la suma de pesos veinte mil ( $ 20.000.-) a valores actuales con más intereses.

Para arribar a dicha cifra, tuvo en cuenta los padecimientos y angustia que el accidente le provocara, las lesiones en su rostro y los tratamientos a que debió ser sometido, derivaciones a distintos centros de salud, tratamientos de rehabilitación y convalecencia y las implicancias que ello generó en la vida social, afectiva y laboral y el cuadro de miedo relacionado con la conducción de vehículos durante la noche.

Reguló honorarios e impuso costas por su orden, en proporción con la atribución de culpas.

2.1.

La actora interpuso recurso de apelación a fs. 764 y 777, lo fundó a fs. 807/814 y 815/822. Se confirió traslado del mismo a fs. 831, el que no fue contestado.

El demandado V. interpuso recurso de apelación a fs. 771, lo fundó a fs. 823/826, confiriéndose traslado a fs. 831, el que fue contestado por los actores a fs. 834/837.

La citada en garantía apeló a fs. 763 y fundó su recurso a fs. 827/830, confiriéndose traslado a fs. 831, el que fue contestado por la parte actora a fs. 838/840.

A fs. 852 se dictó autos para sentencia, pasando al Acuerdo a fs. 853.

El fallo de autos fue apelado por los actores F. y R., por el demandado V. y por la aseguradora citada en garantía, quejándose en todos los casos, por la incidencia causal que el decisorio atribuyó a la falta de cinturón de seguridad en los actores, en ocasión del accidentes de autos.

Por tal razón, una cuestión metodológica me obliga a tratar en su conjunto las quejas vertidas por las partes a ese respecto, pues poseen ese denominador común.

2.2.

El decisorio de autos consideró que los actores circulaban sin el cinturón de seguridad colocado, por lo que, tal conducta revistió un 10% de incidencia causal en relación a los daños sufridos, atribuyendo el 90% restante de responsabilidad a la conducta de V.

Contra dicho aserto se alzaron los actores F. y R., quienes sostuvieron que, al asirse el decisorio a la pericia accidentológica de autos, dio por cierto que los actores se encontraban sin el cinturón de seguridad colocado, y que esta omisión potenció el riesgo propio de un automóvil en movimiento.

No obstante, sostienen su postura en el sentido que tenía los correajes colocados, pese a lo cual, las afirmaciones periciales dieron cuenta que el parabrisas presentaba fracturas radiales y concéntricas que dan cuenta del impacto de los actores sobre el mismo.

Refuta tal aserto la actora quejosa, indicando que tales fracturas se presentan en un solo punto del parabrisas y en su parte central, señalando que es improbable que pudieran haberse producido con los rostros de los actores. Asimismo, señala el agravio que las fotografías evaluadas por el experto se tomaron desde los laterales y en un ángulo respecto al vehículo, que no permite la exacta observación de los daños en detalle, que nada se ha señalado respecto del desprendimiento del parabrisas, que los daños en el parabrisas bien pudieron haber sido ocasionados por objetos sueltos del rodado, que ni el torpedo ni la puerta del conductor en su lado interno presentan marcas de impacto de los cuerpos contra ellos, sí en cambio, el volante y el parabrisas. Señalan que sus mandantes no presentan daños en el pecho y/ o brazo ( en el caso de F.) o en el pecho y/o laterales ( en el caso de R.) como consecuencia del giro del vehículo que impidió que fuesen despedidos. La pericia, adoptada por la sentencia, no da cuenta que el experto hubiese inspeccionado el vehículo y por lo tanto no pudo controlar el funcionamiento de los cinturones de seguridad.

Señalan también ambas quejas que el perito en cuestión es accidentólogo y no médico, por lo que mal puede valorar las lesiones de los actores, por lo que mal vale su incursión en cuestiones ajenas a su conocimiento, ya que no se encuentra capacitado para determinar si las lesiones de los actores pudieron deberse a la deformación de la estructura del rodado. Se ha basado en meras conjeturas, y como tales sin rigor científico, señalando que ambos actores manifestaron en 2003 haber llevado colocados los cinturones de seguridad, y entonces, no puede darse valor probatorio absoluto a la pericia por sobre la restante prueba producida.

Con especial mención a F., refiere su queja que sufrió un latigazo cervical, por lo que la colocación del cinturón le impidió salir despedido hacia delante.

Finalmente, concluyen señalando que ninguna responsabilidad le cupo a los actores en la producción del daño, ya que no ha habido incidencia de su accionar en su producción, responsabilizando en forma exclusiva a V. por el hecho del que dan cuenta estas actuaciones.

Se agravió también el demandado V., señalando que el decisorio desconoció doctrina de pacífico reconocimiento y se apartó de la prueba rendida en autos.

Sostuvo que ha quedado acreditado que ambos actores circulaban sin los cinturones de seguridad colocados, y que tal conducta configuró una condición adecuada para la producción del daño.

Tal conducta constituyó a su juicio una manifiesta infracción reglamentaria que tuvo repercusión en la producción y agravamiento de las lesiones padecidas, y guardaron conexidad con los daños, que se pudieron haber evitado o aminorado, y que en consecuencia liberan de responsabilidad a su parte con relación a los daños producidos. También expresó, sobre el mismo aspecto, su queja la aseguradora de autos, quien endilga a los actores su culpa en la producción de las lesiones, pese a lo cual el decisorio atribuyó sólo un 10% de incidencia.

Sintetiza su posición refiriendo que las lesiones de los actores se produjeron por no tener puesto el cinturón de seguridad y fruto de la desaceleración brusca.

Tal ausencia significó el impacto de los cuerpos de los actores contra el parabrisas y otras partes del rodado que ocupaban, y la concurrencia consecuente y excluyente de su conducta en la producción de las lesiones y daños, a lo que debe adunarse el incumplimiento del art. 40, inc.k), de la ley de tránsito.

De tal guisa, entiende que debe evaluarse debidamente la incidencia de la conducta de los actores, quienes asumieron el riesgo de viajar sin los cinturones colocados y atribuir su responsabilidad en un porcentaje no inferior al 80% de incidencia causal.

2.3.

Sostienen la doctrina y la jurisprudencia que la omisión de utilizar los cinturones de seguridad obligatorios para los automotores (o, los cascos, en motos y bicicletas, vgr. Arts. 40, inc. j y k de la ley de tránsito) constituyen infracciones reglamentarias que pueden tener repercusión en la producción o en el agravamiento de las lesiones personales en la medida que guarden conexidad con el daño que se pudo evitar o atenuar. Pero, en principio, carecen de efectos causatorios del hecho ya que "inciden en la magnitud de las lesiones" ( cfr. SCBA, Ac. 70399, 29.12.99. "Chiapolini", DJJ T° 158, p. 98, para el caso de omisión del motociclista de usar casco).

En un interesante precedente judicial se discriminaron los daños materiales del vehículo y los daños personales de las víctimas -el conductor que falleció y su acompañante- derivados de la distinta y diferente incidencia causal de la omisión de tener ambos colocados los cinturones de seguridad. De esa forma, se distribuyeron los daños del siguiente modo: a) daños materiales, por la rotura del auto, 75% de responsabilidad para la concesionaria vial demandada, 25% se reputó al caso fortuito (aparición sorpresiva de un perro en la ruta); b) por daños personales se condenó por el 60% a la concesionaria, 20%, por caso fortuito (la mencionada aparición del perro) y el 20% restante se atribuyó al hecho de las víctimas por haber coacusado su propio daño ya que la falta de cinturones de seguridad permitió que fueran despedidos del auto en el que viajaban (Cám. Nac. Civ., Sala I, 06.06.2002, "P.G de R.S. c/Sideco Americana S.A,., LL 2003-A-841, voto de la mayoría).

De modo entonces, que la infracción a la normativa de tránsito consistente en no colocarse el cinturón de seguridad, podrá constituir el hecho de la víctima o de un tercero, liberatorio -en todo o en parte- de la responsabilidad del causante del accidente (art. 1111 y 1113 , Cód. Civl), pero no con relación a la mecánica del hecho ilícito sino con los daños en sí mismos ( lesiones o muerte) (cfr. Cám. Civ. y Com. Apel. Azul, causa 51456, in re: "A., H. Y o. c/ Q., C y o. s/ Daños y Perjuicios", JUBA, RSD-51-8 S 29-4-2008).

En ese sentido se decidió que si bien la falta de casco (que bien vale para los supuestos de ausencia de colocación de los cinturones de seguridad) por parte de los damnificados, en un accidente de tránsito, no opera como eximente de responsabilidad, por carecer de incidencia en la causación del accidente, dicha circunstancia deberá ser ponderada al evaluar los montos indemnizatorios en el caso de que su carencia haya contribuido causalmente en la producción o agravamiento de los daños por los que se reclama (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, in re: "Buszko, Fabián Jacinto y otro c. Dali, Roger José y otros", 11/11/2008, La Ley Online, AR/JUR/16143/2008).

En otro antecedente se resolvió que "la omisión de usar casco redujo la incidencia de la indemnización porque se trata de una infracción que -a diferencia de otras- contribuyó a causar su propio daño en ese caso se redujo la responsabilidad en un 20% teniendo en cuenta otras circunstancias del hecho en sí, como el carácter de embistente, falta de carnet, etc. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, 28.05.99, "Benítez, Luis E. C/ Rodríguez, Joaquín", DJ 2000-3-121).

De tal guisa se desprende que, aun ante la ausencia de colocación de los cinturones de seguridad por parte de ambos actores, tal como lo invoca la demandada, restaba probarse que dicha conducta habría de generar los daños o lesiones de que da cuenta la pericia de fs. 514/520 y explicaciones de fs. 538/539.

En ese orden de ideas, debe señalarse que no existe una sola referencia del perito médico a que las lesiones padecidas por ambos actores, todas o en parte, se hubieran debido a los efectos propios de la ausencia de colocación del cinturón de seguridad.

Y en ese sentido es dable sostener que, cualquier especulación, aun las del perito accidentólogo que pretenda "suponer" que tal o cual lesión "pudo haberse debido" a la carencia del correaje, ingresa dentro de un terreno meramente conjetural, y como tal, inaudible en esta Instancia.

La demandada, que invocó el hecho que se analiza, debió probar con la pericia médica cuál de las lesiones (o todas) ocasionadas a los actores, se desviaban del curso natural y ordinario de las cosas, a causa de la omisión en colocárselos, generando en consecuencia la ruptura -total o parcial- del nexo de causalidad adecuada (art. 901, Cód. Civil).

Digo ello, pues comparto el agravio de la actora, en cuanto considera que el perito accidentólogo no se encontraba en condiciones de idoneidad para señalar qué lesiones pudieron ser consecuencia del encontronazo, aun con los cinturones colocados, y cuáles no ( arg. art. 901, Cód. Civil).

En un precedente judicial se señaló que, es sabido que ese "cinturón" sólo previene o morigera el desplazamiento del cuerpo dentro del automóvil en detenciones bruscas, pero no constituye un elemento que pueda otorgar una indemnidad total, pues su uso no importa dejar asidas incólumes a las personas al asiento del automóvil en todas las partes del cuerpo, y no son pocas las personas que aún con su uso igualmente presentan golpes en distintas partes, pudiendo entenderse razonablemente que si no lo hubieran usado estos hubieran sido de mayor gravedad (arts. 163 inc. 5º, 375, 457, 474 del C.P.C.C.; 901, 906, 1113 del C. Civil).

En síntesis, si bien de la prueba aportada en autos (particularmente la pericia accidentológica - ver fs. 466, vta; pto. F) surge una fuerte probabilidad respecto a que los actores no llevaban puesto el referido medio de protección, no se demostró en autos en qué medida pudo incrementarse las lesiones de ambos por esta circunstancia.

Por tal razón, era tarea del médico y no del accidentólogo determinar en qué proporción los actores se habían lesionado como producto de la omisión de llevar colocado el correaje de seguridad.

Es decir, la prueba accidentológica carece de relevancia para acreditar la causa de las lesiones, pues en modo alguno resulta idónea ni pertinente. Si bien la prueba accidentológica puede revelar la posible incidencia de la ausencia de los cinturones de seguridad, éste no es el medio apto para ponderar el origen de las lesiones padecidas por cada uno de los actores.

Por otra parte, la conducta del demandado fue la causa del accidente, por cuanto invadió el carril contrario de circulación al mando del Volkswagen Gol, en una parte de la ruta en la que está prohibido el sobrepaso de vehículos, circunstancia que se encuentra debidamente advertida mediante señalización en el lugar (cfr. contestación de fs. 461/ vta/ 462, "a) Mecánica del accidente"; conclusión pericial de fs. 463 vta).

En definitiva, propicio que se revoque el decisorio en análisis, en cuanto ha considerado que la conducta de los actores ha incidido causalmente en el 10% del resultado dañoso, por no haberse acreditado que las lesiones padecidas fueran producto de la falta de colocación de los cinturones. Y en esa línea de ideas, propondré al Acuerdo que se atribuya la responsabilidad exclusiva del demandado V. en el hecho de autos, no habiendo acreditado ruptura alguna del nexo causal ( art. 1113, 2° párr, Cód. Civil).

2.4 Se agravia el coactor F., por considerar bajo el monto reconocido por el pronunciamiento, en concepto de daño moral y psicológico, el que ha sido fijado en la suma de pesos cincuenta mil ( $ 50.000.-).

Señala al respecto que ha acreditado que ha permanecido inmovilizado durante 5 meses, debiendo luego realizar rehabilitación durante tres meses, quedando con una incapacidad del orden del 41,7 %, sumado ello a la nueva intervención a que deberá someterse para corregir la fractura desplazada de cotilo y la rehabilitación correspondiente. Solicita se eleve el monto.

Ha señalado esta Excma. Cámara en otros pronunciamientos que, para la determinación del daño moral no se requiere prueba de su entidad, pues se lo debe tener por acreditado con la sola comisión del acto antijurídico, tratándose de una prueba "in re ipsa", que surge inmediatamente de los hechos mismos (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, in re: "Silva, Olga E. c. Barbarito de Mega, Ana y otro", 28/06/1991 , LA LEY 1991-E, 27 - DJ 1991-2, 975; AR/JUR/1915/1991). Es decir, la determinación del daño moral no se halla sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo que su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecionalidad del juzgador ceñido a considerar la situación personal de aquélla.

La idea que inspira al rubro en cuestión es que el Derecho no exige héroes ni mártires. No puede exigirse a las personas que soporten ataques o sufran daños que no están obligados a padecer. (cfr. LÓPEZ MESA, Marcelo J. - TRIGO REPRESAS, Félix A., op. cit, p. 131).(SDC 06/10 CAPM).

Y, sobre esa base, la reparación del daño moral está dirigida a compensar los padecimientos, molestias e inseguridades, únicamente desde el plano espiritual, cobrando especial importancia la índole de las lesiones y el grado de las secuelas que dejaren, para mostrar en qué medida queda afectada la personalidad y el sentimiento de autovaloración (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G, in re "Spinillo, Gabriel Eduardo c. Transportes Alser S.R.L. y otros s/ daños y perjuicios", 14/11/2011, RCyS 2012-IV RCyS 2012-IV, 119, AR/JUR/74963/2011).

2.4.1. Daño moral del co-actor F.

Debo adelantarme a señalar que es improcedente otorgar a los actores una indemnización por daño psicológico, pues no se trata de un perjuicio autónomo ya que, en la medida en que incide en una merma de posibilidades patrimoniales integra la incapacidad, y en cuanto a aspectos extrapatrimoniales, el daño moral. Ello así, pues nuestro ordenamiento jurídico sólo reconoce dos anaqueles del daño: el material y el inmaterial.

En esa línea de ideas, atenderé al reclamo del daño psicológico, pero, en el caso particular de F., inmerso dentro del moral, a instancias del informe de fs. 483, y de las conclusiones periciales de fs. 491. La primera de las pruebas da cuenta que el mencionado accionante presentaba, a mayo de 2003, es decir, dos meses después del accidente, "altos niveles de ansiedad y severos episodios de angustia", con motivo del accidente. En tanto, la segunda, y en función de las afirmaciones del perito S., afirma que dicho actor padecía al momento del estudio, "stress postraumático de tipo crónico".

A tales elementos probatorios, he de adunar las lesiones padecidas por el coactor F., entre las que se encuentra un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento (ver pericia médica, a fs. 515 y rectificación de fs. 559), haber permanecido en unidad de terapia intensiva por el término de 48 hs (fs. 514), haber sido trasladado en avión adaptado a Mar del Plata, recibiendo tratamiento con tracción de partes blandas (para lo cual debió permanecer internado en una unidad asistencial por el término de diez días; ver fs. 515), haber permanecido luego postrado en su domicilio por el plazo de 40 días, para deambular luego con muletas, y posteriormente bastón (ver fs. 515 y testimonial de A. de fs. 607), el hecho de permanecer con "estigmas postraumáticos por un largo tiempo" (fs. 515), ya que, se encuentra expectante de una intervención quirúrgica (fs. 515). También debe tenerse en cuenta la joven edad del actor al momento de los hechos (35 años), la composición de su grupo familiar (divorciado, con tres menores en edad escolar a su cargo, conforme las afirmaciones testimoniales de C., de fs. 187, de A. de fs. 188 y de P., de fs. 189, de los autos de Beneficio de litigar sin gastos), que estuvo imposibilitado de poder trabajar por el término de seis meses (A., fs. 607) como secretario gremial de la Obra Social de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (ver informe de fs. 418, en el que se menciona que se le otorgó licencia médica entre el 31.03.03 hasta el 15.12.03). Por tales razones, soy partidario de modificar el monto de resarcimiento fijado por daño moral en el decisorio en análisis, elevándolo a la suma de pesos setenta mil ( $ 70.000.-), a valor actuales, debiendo aplicarse los intereses que establece el pronunciamiento en crisis.

2.4.2. Daño moral del co-actor R.

Desde la perspectiva ya apuntada acerca de considerar la improcedencia del daño psicológico como rubro independiente, sino comprensivo en el subjudice en el moral, he de merituar la manuscrita pericia de fs. 491/495, la que señala con respecto a R. que no refiere alteraciones psicopatológicas, y que, tras el accidente, su vida no ha sido alterada, que permaneció internado en terapia intermedia por espacio de siete días, que, entre otras lesiones no padeció pérdida de conocimiento pese a su traumatismo de cráneo (ver fs. 515 y rectificación de fs. 559), que debió someterse a rehabilitación, pese a no necesitarla en el futuro, haber permanecido enyesado por espacio de 30 días, con otro tanto de rehabilitación ( ver fs. 515), su edad al momento del hecho (61 años; ver fs. 14), haber estado un mes y medio sin trabajar ( ver declaración de A. de fs. 607), y teniendo en cuenta la composición de su grupo familiar ( esposa; no ha quedado acreditado que los hijos vivieran con él ni que estuvieran a su cargo, conforme testimonial de N. de fs. 83 de los autos de Beneficio de litigar sin gastos), soy partidario de confirmar el monto de resarcimiento por la suma de pesos veinte mil ($ 20.000.-) otorgado por el decisorio de autos, por considerarlo justo.

3.

Con respecto a las costas y honorarios de la Instancia anterior, a mérito de lo dispuesto en el art. 282, y a la modificación que se practica respecto del decisorio anterior, considero que corresponde su adecuación, por lo que las costas correrán en su totalidad a cargo del demandado V., haciendo extensiva la condena a su aseguradora en el límite de su cobertura ( art. 118, ley 17418). En ese sentido, corresponde también la adecuación del honorario de la Sra. letrada apoderada de la parte actora, Dra. V. L. F., los que se fijan en el 18% de la suma que en definitiva resulte de la liquidación a practicarse en autos, atendiendo a la calidad del trabajo realizado, mérito, labor desarrollada y resultado obtenido en esa Instancia ( arg. arts. 5,6,8,18 y cc de la ley arancelaria).

4.

En orden a las costas de la presente instancia y de conformidad con lo normado por el art. 69, del CPCC, deberán ser soportadas por la demandada y la citada en garantía de autos, en la medida de su cobertura.

En cuanto a los honorarios de esta sede, corresponde regular los de los Sres. letrados de la parte actora, Dres. R. J.M. C. y L. G. G. en el 15%, para cada uno de ellos, de los regulados a la Dra. F., como correspondientes a la Instancia anterior, los de la Sra. letrada del demandado V., Dra. S. E. L. de C., en el 25% de los correspondientes a la Instancia anterior y los del Sr. letrado de la citada en garantía, Dr. G. H. U., en el 25% de los que le correspondieren en la Instancia anterior (arts. 5,6,9,13 y cc. de la ley XIII N° 15 (antes 4) En orden a todo lo expuesto, voto PARCIALMENTE por la NEGATIVA.

A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, dijo:

En el voto precedente el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis Vivas ha hecho una reseña completa de los antecedentes del caso, de los fundamentos del fallo apelado y de los motivos de agravios expresados por los apelantes, por lo que no resultará necesario abundar acerca de dichos aspectos ya que se encuentran cumplidos los requisitos de ley exigidos al respecto. En consecuencia, abordaré directamente las cuestiones planteadas como fundamentación de los recursos concedidos a los agraviados.

1) Tratamiento de los agravios de los actores, el demandado y la citada en garantía.

La incidencia del no uso del cinturón de seguridad.

Comparto el razonamiento expuesto por el Sr. Juez Dr. Vivas en su voto precedente en cuanto a que por una cuestión metodológica corresponde tratar en conjunto la queja exteriorizada tanto por los actores como por el demandado y también por la aseguradora citada en garantía y que está relacionada con el no uso del cinturón de seguridad por parte de los reclamantes, conforme surge de la conclusión de la sentenciante, y la incidencia de ello en la solución final de las cuestiones que plantean las partes como derivación de dicha circunstancia.

Todos los recurrentes apuntan sus quejas a la incidencia causal que le ha atribuido la sentenciante al no uso del cinturón de seguridad por parte de los reclamantes de autos en el momento del siniestro.

La Magistrada a quo, teniendo en cuenta el referido "no uso del cinturón de seguridad", consideró que ello tuvo directa influencia en la relación causal y de allí que considerara responsables a los actores en un 10% en la producción del accidente y en el 90% restante al demandado.

El Dr. Vivas ha referenciado muy claramente en su voto la postura que esgrimen los reclamantes en cuanto al uso del cinturón y a las probanzas tenidas en cuenta por la sentencia para atribuirles el porcentual de responsabilidad (10%) que consideran improcedente dado que -según ellos- la responsabilidad fue exclusiva del demandado V. Considero, por lo tanto, que no corresponde reiterarla aquí.

De la misma forma también lo ha hecho el Sr. Juez que me precedente en la votación con respecto a las quejas que fundan el recurso por parte del demandado y de su aseguradora en cuanto a que la falta del cinturón tuvo directa influencia en la relación causal y que por ello es insuficiente el 10% de responsabilidad fijado en la sentencia, correspondiendo imputarles no menos de un 80% de responsabilidad en el evento. Por lo que también resulta innecesario reiterarlo por mi parte. En consecuencia, trataré directamente la cuestión, proponiendo al Acuerdo la solución que a mi entender corresponde.

Ya es conocida la obligación legal de los conductores y acompañantes de usar el cinturón de seguridad que surge de la Ley Nacional de Tránsito (art. 40) y no es esto lo que está en discusión en este caso.

Lo que debemos analizar es cuál es la importancia que tiene la omisión de usar el cinturón en la determinación de la responsabilidad resarcitoria.

Cuando acontece un daño jurídicamente relevante como presupuesto de responsabilidad inexorablemente se debe pensar en la concurrencia al evento productor del mismo de, como mínimo, dos cadenas causales que se encuentran dado que siempre habrá una persona o cosa produciendo el daño en forma activa y un sujeto o bienes que son las víctimas porque padecen el menoscabo.

No existe daño unilateral o unicausal dado que el art. 1111 del Código Civil expresamente regla que "el hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna.".

Es por ello que Bustamante Alsina sostuvo que "los hechos son siempre fenómenos complejos por la concurrencia de circunstancias diversas que actúan como condición del resultado, o sea, en nuestro caso, del daño cuya reparación se pretende." (conf. BUSTAMANTE ALSINA, J., "Teoría de la Responsabilidad Civil", 9ª. ed., Abeledo-Perrot, Bs.As., 1997, pág. 267).

La no utilización del cinturón configura, sin duda, una conducta desaprensiva. Ahora bien, la cuestión a dirimir es si esa falta de la víctima -o sea, el no uso del cinturón de seguridad- tiene incidencia causal interruptiva, total o parcial, en el juicio de responsabilidad o si, de no incidir causalmente en la producción del menoscabo, actúa como un factor agravante, al no haberse procedido a mitigar el daño (ver CRISCUOLI, G., "Il dovere di mitigare el danno subito", Riv. Dir. Civ., pág. 553 y sigs., 1972; ROSSELLO, "Il danno evitabile. La misura della responsabilitá tra diligenza ed efficienza", Cedam, Padova, 1990; MOSSET ITURRASPE, J., "Responsabilidad por Daños", T. IV, Eximentes, pág. 161 y sigs.).

Considero que, tanto en el daño que sufre el motociclista sin casco como el automovilista sin cinturón de seguridad, nos hallamos ante todo frente a una conducta antijurídica, regulada puntualmente en las normas de tránsito como infracción administrativa.

Desde el punto de vista jurídico, se presenta el problema de determinar si la falta de utilización por parte del conductor o de uno de los pasajeros de cinturones de seguridad, ejerce o no influencia causal a la hora de establecer la responsabilidad.

Algunos fallos se inclinan por la afirmativa, de allí que concluyen estableciendo una culpa concurrente de la víctima. No coincido con esa interpretación, por cuanto el siniestro se va a producir de todos modos, lleven o no los cinturones colocados: la colisión en la encrucijada va a tener lugar porque uno de los partícipes no respetó la prioridad de paso o violó la luz roja del semáforo, el choque entre vehículos que circulan en la misma dirección tendrá lugar al no poder evitar una frenada imprevista, si lo hacen en distinta dirección, porque alguno de los intervinientes invadió la contramano, etc.

Si como consecuencia de cualquiera de esas hipótesis o de otras tantas que se presentan a diario en el tránsito en calles, avenidas y rutas del país, resulta que el acompañante golpeó la cabeza contra el parabrisas o contra el tablero y, por ello, sufrió lesiones en el rostro o en la cabeza, o el conductor fue despedido hacia la calzada, no alcanzo a entender cómo puede hablarse de culpa de la víctima por no llevar colocado el cinturón de seguridad.

En todo caso, habrá un agravamiento de las lesiones, que sólo incidirá a la hora de establecer los montos indemnizatorios (conf. CNCiv., Sala G, 12/02/08, La Ley 2008-F, 485).

Bien se ha dicho que los cinturones de seguridad no impiden el acaecimiento de siniestros de tránsito, pero permiten amortiguar los daños, en la medida en que limitan las consecuencias de la inercia sobre la anatomía de las personas al sobrevenir bruscamente una fuerza irresistible que cambie el previo estado de reposo conf. C.A.Civ.Com. San Isidro, Sala II, 01/10/2002, "Rivolta, A. c/ Ford Arg. S.A.", elDial - AA1325).

Por lo tanto, la presencia o ausencia del cinturón de seguridad al momento del evento dañoso no influye causalmente a los efectos de determinar la autoría (imputatio facti), siendo en verdad relevante al momento de establecerse a cuánto asciende el resarcimiento de uno o más rubros cuando se comprobara que la omisión agravó el menoscabo (esto es, de haber llevado el cinturón los daños hubiesen sido cuantitativamente menores), pero dicha conducta antijurídica no fractura per se el curso causal que define la responsabilidad.

La CSJN se ha expedido en esta misma postura (conf. Fallos 329:2088) y son importantes las palabras del maestro Mosset Iturraspe cuando enseña que "aceptar riesgos de dañosidad en el cuerpo, la salud o en los bienes, es algo impropio a la naturaleza de los seres humanos, no sufre un daño el que quiere, ello no es normal ni puede presumirse, pues el daño es una desgracia y la naturaleza humana es refractaria al sufrimiento" (MOSSET ITURRASPE, J., "La aceptación de los riesgos, Retroceso en la responsabilidad civil por actos ilícitos", Estudios de la responsabilidad por daños, Rubinzal-Culzoni, T. I, pág. 115).

Estimo, por lo hasta aquí expuesto, que el no uso del cinturón debe ser tenido en cuenta a los fines de precisar la extensión del perjuicio indemnizable pues no influye normalmente y, por ende, no participa como causa eficiente en la producción del acontecimiento del cual se originan los menoscabos a la víctima. Adoptando este temperamento, la determinación de la responsabilidad por la producción de un acontecimiento dañador será independiente de la fijación del daño resarcible que, necesariamente, tendrá que tener nexo adecuado de causalidad con la omisión de usar el correaje. Verbigracia, un fallo podrá estimar que el conductor "A" es único responsable del accidente acaecido pero podrá limitar el resarcimiento de los daños producidos a la víctima porque ésta no llevaba colocado el cinturón de seguridad.

Concuerdo en que es incorrecto colocar a esta omisión en el plano de las causas productoras del daño (las del choque), por cuanto la porcentualidad de concurrencia se torna extensiva a todos los daños resarcibles. En esta idea, se puede llegar al absurdo de que por no usar el cinturón de seguridad se le determine, por ejemplo, un 30% de responsabilidad causal y, por lo tanto, deba resarcir en esa proporción los daños producidos al vehículo cuando con ellos no existe ningún tipo de vinculación causal adecuada.

En cambio, si colocamos a la omisión en el nivel de la adecuación del daño resarcible, habrá perjuicios que sufrirán las víctimas o que se les agravarán por esa falta. Va de suyo, que en este caso resulta más adecuado, desde el punto científico jurídico, el nexo causal entre la omisión y el daño o su agravamiento.

En este sentido y conforme se viene expresando por la doctrina mayoritaria, a la víctima de daños producidos por una cosa riesgosa le incumbe probar que hubo contacto causal entre la cosa y el menoscabo. A partir de ello, conforme el contenido del art. 1113 del Cód. Civil se produce la inversión de la carga probatoria y es, por imperio legal, un deber procesal del dueño o guardián de la cosa acreditar la culpa de la víctima.

Es por ello que debe primar el criterio de la ley civil, por lo cual deberá el dueño o guardián acreditar el nexo causal entre la omisión de usar el cinturón y el daño ocasionado o el agravamiento del mismo dado que pueden existir menoscabos con los que no tenga dicha omisión vinculación alguna (conf. ALFERILLO, P.E., "La omisión de usar el cinturón de seguridad como eximente de responsabilidad", LLGran Cuyo 2006 (noviembre), 1233 - DJ 13/12/06, 1077 - RCyS 2006, 663).

Teniendo en cuenta lo que hasta aquí he desarrollado y expuesto como postura frente a la problemática a resolver, me remito a la pericia médica obrante en autos y no surge de ella que los actores hayan sufrido o agravado sus lesiones por no usar cinturón de seguridad.

Con respecto a la pericia accidentológica (fs. 458/468 vta.) es posible, conforme la respuesta al punto "F", que los actores no tuviesen colocado los cinturones de seguridad en el momento del siniestro. Pero, ateniéndonos a lo que acabo de fundamentar supra en este punto, de ningún modo este supuesto "no uso del cinturón" es un factor de atribución de responsabilidad. He dicho ya que puede tener relevancia en caso de que la parte demandada acredite fehacientemente que el referido "no uso" fue causal exclusivo de las lesiones sufridas o que agravó las mismas. Pero esta probanza quedaba en manos, obviamente, del perito médico actuante en el proceso pero nunca lo puede determinar el accidentólogo porque cae fuera de la órbita de su incumbencia-profesión; y en esta afirmación acompaño el agravio de los actores (conf. doct. art. 901 y concs. Cód.Civ.). Y reitero que esto es así porque el no uso por parte de la víctima de un accidente del cinturón de seguridad, no influye normalmente en la producción del acontecimiento dañoso. A lo sumo, habrá un agravamiento de las lesiones que sólo incidirá a la hora de establecer los montos indemnizatorios; pero ese agravamiento sólo puede determinarlo el experto médico y aquí ello no se llegó a determinar.

Es por ello que se ha resuelto que la infracción a la normativa de tránsito consistente en no colocarse el cinturón de seguridad puede constituir el hecho de la víctima o de un tercero, liberatorio de la responsabilidad del causante del accidente, pero no con relación a la mecánica del hecho ilícito, sino con los daños en sí mismos (conf. Cám.Civ.Com.Azul, Sala II, 29/04/08, LLOnline; CNCiv., Sala G, 11/12/07, ED, 04/06/08, N° 12.021).

Al remitirme a la mecánica del accidente surge con claridad meridiana del dictamen del experto en accidentología ".que el vehículo que realiza una maniobra peligrosa y prohibida es el automotor marca Volkswagen Tol dominio XXX-***, que transitaba de norte a sur por el carril oeste de la ruta (izquierdo), invadiendo a la altura de la pendiente el carril contrario al de su marcha." (fs. 463), agregando luego el perito cuál fue la causa primaria del accidente: ".la invasión del carril contrario al de su marcha por parte del vehículo Volkswagen Gol dominio XXX-***, en una zona de la Ruta Nacional N° 3 (entre los km 1239 y 1240) cuya maniobra se encuentra prohibida, siendo la misma debidamente informado mediante señales viales horizontales y verticales existentes en el lugar.".

Ante este claro dictamen me pregunto: ¿qué relación tiene la "mecánica del accidente" y la "causa primaria del accidente" con el "no uso del cinturón de seguridad" por parte de los actores?; es evidente que ninguna. Por lo tanto, no es posible acompañar a la Magistrada a quo en su conclusión de que los actores son responsables del siniestro en un 10%. No tengo ninguna duda, a la luz de las probanzas arrimadas al proceso, que el único y exclusivo responsable del siniestro que motivara este proceso ha sido el demandado conductor del automóvil marca VOLKSWAGEN GOL, dominio XXX-*** (doct. art. 390 y concs. CPCC).

Es por ello que coincido con mi colega preopinante, Dr. Vivas, en que debe admitirse el agravio de los actores y revocar la sentencia en crisis en cuanto le ha impuesto un 10% de responsabilidad a los mismos y disponer que la totalidad de la responsabilidad debe ser atribuida al demandado M. I. Valladares. (conf. art. 1113, 2° párr., Cód.Civ.). Así lo voto.

2) Tratamiento del agravio del co-actor J. A. F.

El daño moral y psicológico.

Como en el caso de la queja tratada en el punto anterior, el Sr. Juez Dr. Vivas ha referenciado en detalle los agravios vertidos por el co-actor J. A. F. con relación al monto fijado en la sentencia para indemnizar su daño moral y psicológico, al que considera insuficiente. Por lo tanto, paso directamente a su consideración.

He dicho ya en votos anteriores que las lesiones a la psiquis no constituyen una categoría autónoma y el monto de la indemnización integra el daño moral. Es oportuno recordar que el Código Civil establece en los términos de Bueres, dos tipos de daños, el patrimonial y el moral (conf. BUERES, A., "El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona en general", Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 1994).

Cabe tener presente que la reparación de este daño está dirigida a compensar los padecimientos, molestias e inseguridades, únicamente desde el plano espiritual, cobrando especial importancia la índole de las lesiones y el grado de las secuelas que dejaren, para mostrar en qué medida ha quedado afectada la personalidad y el sentimiento de autovaloración (conf. CNCiv., Sala G, 22/06/92, "Chanquia, R.B. c/ Pérez, M.H.").

Si bien no requiere de una demostración expresa, no es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de los dolores, sufrimientos, molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por la víctima. Sólo ella puede saber cuánto sufrió, pues están en juego sus vivencias personales.

Para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda una unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (conf. ORGAZ, A., "El daño resarcible", pág. 187).

Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (conf. FISCHER, H.A., "Los daños civiles y su reparación", pág. 228).

La determinación del daño moral no se halla sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo que su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecionalidad del juzgador ceñido a considerar la situación personal de aquella (arts. 163, inc. 5°, 165, 386, 456, 477 y concs. Cód.Proc.Civ.Com.; arts. 1078, 1083 y concs. Cód. Civil) (conf. CNCiv., Sala G, 18/10/2002, DJ 2003-1, 247). Además, la indemnización por este concepto tiene carácter autónomo y no tiene por qué guardar proporción con los daños materiales (conf. CNCiv., Sala G, 01/03/2000, "Zalazar, M.A. c/ Transp. Metrop. Gral. Roca S.A.").

Tal como lo destaca en su voto el Sr. Juez Dr. Vivas, el agraviado sufrió lesiones de diversa entidad (conf. pericial médica fs. 515 y 559) lo que motivó su internación en terapia intensiva (ídem pericial médica), debió ser trasladado por vía aérea a la ciudad de Mar del Plata para continuar su tratamiento, estuvo postrado en su domicilio durante 40 días, luego comenzó a caminar ayudado por muletas y bastón (conf. fs. 515 y testimonio de fs. 607), deberá convivir con sus estigmas postraumáticos por largo tiempo, según surge del dictamen de fs. 515 ya que debe ser sometido dentro de algunos años a una intervención quirúrgica. No menos importante es considerar que al momento del accidente este actor tenía 35 años de edad; que tenía tres hijos menores de edad a su cargo, conforme se ha acreditado con la prueba testimonial producida en los autos sobre "Beneficio de Litigar Sin Gastos" y que no pudo trabajar durante seis meses (ver testimonio de fs. 607 e informe de fs. 418).

Es lógico suponer que -además de lo que acabo de remarcar- el suceso vivido le haya causado importantes sentimientos de dolor, angustia, miedo y desánimo que deben ser reparados. Por todo ello, he de coincidir con los fundamentos vertidos por el Dr. Vivas y proponer al Acuerdo elevar el monto indemnizatorio por el Daño Moral a la suma que establece en su voto mi colega de esta Cámara, o sea $ 70.000.- (Setenta Mil Pesos) que se determinan a la fecha del presente pronunciamiento, con más los intereses fijados en la sentencia de primera instancia. Así lo voto.

3) El daño moral del co-actor G. R.

Se queja el co-actor R. por considerar insuficiente la suma de $ 20.000.- fijada por la a quo para indemnizar su daño moral y estético, teniendo en cuenta su edad, las lesiones en su rostro y los trastornos de salud que comenzó a sufrir luego del accidente.

A los efectos de considerar y evaluar su queja me remito al dictamen pericial psiquiátrico (fs. 491/495) y en el diagnóstico suministrado por el experto se ha dicho que ".no presenta alteraciones psicopatológicas actuales."; surgiendo también del mismo dictamen que ".no presenta antecedentes psicopatológicos. No realizó tratamiento psicoterapéutico, ni psiquiátrico psicofarmacológico, dado que no lo consideró necesario."; ".salvo el hecho de no manejar vehículos en ruta de noche no refiere otras alteraciones psicopatológicas y su vida diaria en general no se ha visto alterada.".

En lo que hace al aspecto médico, el experto dictaminó una incapacidad parcial, permanente y definitiva (incluyendo la estética) del 12% de la total obrera, teniendo en cuenta también para fijar este porcentual su edad (61 años) (fs. 516).

A lo dicho cabe evaluar que, tal como ha dejado sentado en su voto precedente el Sr. Juez Dr. Vivas, el agraviado estuvo siete días internado, no tuvo pérdida de conocimiento, no necesita rehabilitación en el futuro, estuvo un mes y medio sin trabajar y vive junto a su esposa.

En base a las circunstancias apuntadas, coincido con lo fundamentado por el Dr. Vivas en cuanto a que el monto fijado por la sentencia para indemnizar el rubro en análisis ($ 20.000.-) debe ser confirmado por encontrarse ajustado a derecho y a las probanzas producidas en el proceso. Así lo voto.

4) La adecuación de las costas y honorarios de primera instancia.

Teniendo en cuenta la solución propuesta en mi voto, corresponde cumplimentar lo dispuesto por la norma del art. 282 del ritual. En consecuencia, propongo que las costas de la primera instancia queden a cargo del demandado M. I. V. en su totalidad y se haga extensiva la condena a su asegurador citado en garantía hasta el límite de la cobertura (conf. art. 118, Ley 17.418).

Con respecto a los honorarios de la letrada apoderada de la parte actora, Dra. V. L. F. y por encontrarse los mismos ajustados a las pautas que fijan los arts. 5, 6, 8, 18 y concs. de la Ley Arancelaria, considero que deben ser regulados en el porcentual que ha fijado el Dr. Vivas en su voto precedente.

5) Las costas de la Alzada.

Teniendo en cuenta el resultado del recurso concedido al demandado y a su aseguradora, corresponde que soporten la totalidad de las costas de esta instancia en su calidad de vencidos (art. 69 CPCC).

Con respecto a los honorarios de los profesionales actuantes y por su labor desarrollada en esta Instancia, encontrándose ajustados a las pautas que determinan los artículos 5, 6, 9, 13 y concs. de la Ley XIII N° 4 y su modificat., deben ser los que regula en su voto precedente el Sr Juez de Cámara Dr. Vivas. Así lo voto.

A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi vota PARCIALMENTE por la NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN: El Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

La letrada de la parte actora, Dra. V. L. F. apeló sus honorarios a fs. 772, por considerarlos bajos.

He tenido ocasión de hacer mérito de tales honorarios profesionales al adecuar los mismos en el precedente acápite 3. de la PRIMERA CUESTIÓN, razón por la cual, considero que su tratamiento deviene, a esta altura, en abstracto.

A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, dijo:

La letrada de la parte actora, Dra. V. L. F. interpuso recurso de apelación por considerar bajos los honorarios regulados por la magistrada a quo.

Atento lo expuesto en el punto que corresponde al cumplimiento de lo normado por el art. 282 del CPCC, el tratamiento de esta cuestión -conforme lo ha determinado precedentemente el Sr. Juez Dr. Vivas- deviene abstracto.

A LA TERCERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

Por tales fundamentos, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia dictada a fs. 738/745, y CONSECUENTEMENTE atribuir la totalidad de la responsabilidad en el hecho de autos a la demandada, haciendo extensiva dicha condena a la citada en garantía P. S. S.A., en los términos del art. 118 de la ley 17.418 y ELEVAR el monto de resarcimiento fijado por daño moral del co-actor J. A. F. a la suma de pesos setenta mil ($ 70.000), a valores actuales con mas los intereses fijados en la sentencia de primera instancia, confirmándola en todo lo demás.

2. ADECUAR las costas de la Instancia anterior (art. 282, del CPCC) e IMPONERLAS en su totalidad a la parte demandada, extendiendo la condena a la citada en garantía mencionada (art. 69, del CPCC), ELEVANDO la regulación de los honorarios profesionales de la Dra. V. L. F. y FIJÁNDOLOS en el 18% de la suma que en definitiva resulte de la liquidación a practicarse en autos ( arg. arts. 5,6,8,18 y cc de la ley arancelaria).

3. IMPONER las costas de esta Instancia a la demandada, extendiendo la condena a la citada en garantía mencionada (art. 69, del CPCC ). 4. REGULAR los honorarios de los Sres. letrados de la parte actora, Dres. R. J. M. C. y L. G. G. en el 15%, para cada uno de ellos, de los regulados a la Dra. F., como correspondientes a la Instancia anterior, los de la Sra. letrada del demandado V., Dra. S. E. L. de C., en el 25% de los correspondientes a la Instancia anterior y los del Sr. letrado de la citada en garantía, Dr. G. H. U., en el 25% de los que le correspondieren en la Instancia anterior (arts. 5,6,9,13 y cc. de la ley XIII N° 15).

5. REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

Así lo voto.

A LA TERCERA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, dijo: Atento compartir los fundamentos vertidos en su voto, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis Vivas.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos jueces de Cámara por haber alcanzado mayoría, pasándose a dictar sentencia.

Puerto Madryn, de junio de 2012.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Puerto Madryn pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A 1. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia dictada a fs. 738/745, y CONSECUENTEMENTE atribuir la totalidad de la responsabilidad en el hecho de autos a la demandada, haciendo extensiva dicha condena a la citada en garantía P. S. S.A., en los términos del art. 118 de la ley 17.418 y ELEVAR el monto de resarcimiento fijado por daño moral del co-actor J. A. F. a la suma de pesos setenta mil ($ 70.000), a valores actuales con mas los intereses fijados en la sentencia de primera instancia, confirmándola en todo lo demás.

2. ADECUAR las costas de la Instancia anterior (art. 282, del CPCC) e IMPONERLAS en su totalidad a la parte demandada, extendiendo la condena a la citada en garantía mencionada (art. 69, del CPCC), ELEVANDO la regulación de los honorarios profesionales de la Dra. V. L. F. y FIJÁNDOLOS en el 18% de la suma que en definitiva resulte de la liquidación a practicarse en autos ( arg. arts. 5,6,8,18 y cc de la ley arancelaria).

3. IMPONER las costas de esta Instancia a la demandada, extendiendo la condena a la citada en garantía mencionada (art. 69, del CPCC ). 4. REGULAR los honorarios de los Sres. letrados de la parte actora, Dres. R. J. M. C. y L. G. G. en el 15%, para cada uno de ellos, de los regulados a la Dra. Ferrando, como correspondientes a la Instancia anterior, los de la Sra. letrada del demandado V., Dra. S. E. L. de C., en el 25% de los correspondientes a la Instancia anterior y los del Sr. letrado de la citada en garantía, Dr. G. H. U., en el 25% de los que le correspondieren en la Instancia anterior (arts. 5,6,9,13 y cc. de la ley XIII N° 15).

5. REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL N° /12. SDC. CONSTE.