Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2011-02-15


Santa Rosa, 15 de febrero de 2011.- VISTO:

El presente incidente nº SJP 37/10 -registro de este tribunal-, caratulado: "IRIARTE, Luis Alberto s/ Suspensión de juicio a prueba", de la que, RESULTA:

Que a fs.1/2 vta., Luis Alberto Iriarte, con el patrocinio letrado de Lorena Raquel Baz, solicita la aplicación del beneficio de la suspensión de juicio a prueba en virtud de lo establecido en los arts. 76 bis, ter y quater del Cód. Penal.

Que a fs. 3 se fija la audiencia correspondiente a los fines establecidos en el art. 334 ter del C. P. P., la cual se documenta a través de la correspondiente acta a fs. 6 y vta., surgiendo de la misma que el señor Fiscal de Cámara, Carlos Salinas, nada tiene que objetar al pedido efectuado por el señor Iriarte, mientras que la parte querellante, no prestó conformidad a dicha solicitud.

Que a fs.7/8, la Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, no hizo lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado por el imputado.- Que a fs.11/14, Luis Alberto Iriarte, por propio derecho, con el patrocinio letrado de Lorena Raquel Baz, se agravió de dicha resolución e interpuso contra ella recurso de impugnación, el que es concedido por el tribunal actuante, y mantenido por el recurrente, según constancias agregadas a fs. 15 y 19, respectivamente.

Que, no habiéndose presentado, en el término de ley, ampliación de fundamentos, se dio intervención al representante del Ministerio Público Fiscal el que, conforme escrito agregado a fs. 28, se pronunció manifestando que correspondería hacer lugar al recurso interpuesto.

Que, conformada la Sala convocada para decidir, notificado de ello las partes, ha quedado la presente en condiciones de ser resuelta;

CONSIDERANDO:

Que habiéndose observado los requisitos exigidos por la ley formal, siendo la resolución recurrida, expresamente prevista como tal (arts.19 bis inc.1º y 430 inc. 3º del C.P.P. -según reforma introducida por ley 2297-), este tribunal se encuentra habilitado para ingresar al análisis de la cuestión planteada.- Que de la atenta lectura que se ha realizado de las constancias de este incidente y de la causa principal que ha sido solicitada, entendemos que corresponde confirmar la resolución tomada por el tribunal de juicio.

Ello en función de la facultad que la ley confiera al juez de otorgar la suspensión solicitada "si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable", conforme reza el cuarto párrafo del art. 76 bis del Cód. Penal.

Que, si bien ello no ha sido claramente explicitado por el tribunal a-quo, la aseveración contenida en el segundo párrafo de los considerandos de la resolución ahora puesta en crisis -"...la eventual negligencia del peticionante hizo surgir el riesgo determinante del resultado"- apunta a esa prudente visión jurisdiccional en cuanto a que las circunstancias del caso, con la prueba colectada, fundarían la posibilidad, en principio, de la no aplicación de la condicionalidad en la ejecución de la pena, en caso de recaer condena.

Y ello así, ponderando adecuadamente, en base a las concretas y graves circunstancias del hecho investigado, que giran alrededor de la muerte de un niño a raíz de deficiencias en la realización y control de gestión de una obra pública en la que, por su envergadura e importancia, se ponía en riesgo la vida y seguridad de todos los integrantes de una comunidad, de la que los procesados, en función de la decisión de mérito tomada en este proceso, fueron considerados garantes.

Aparece así razonable la opción que el tribunal de juicio hace de llevar adelante el mismo con todos los sindicados como partícipes causantes del resultado muerte compareciendo en paridad de condiciones, resultando así la gravedad del hecho que generara este proceso y la valoración que ha hecho el a-quo de la incidencia de la conducta de Iriarte en su causación, como fundamento suficiente que se enmarca en esa potestad del juez de evaluar, conforme lo dispone la norma del art. 76 bis, la procedencia razonada y razonable de una eventual condicionalidad en la ejecución de la pena privativa de libertad, situación que será aclarada con la realización del juicio oral, con todas las garantías del debido proceso, sin que luzca ello como arbitrario, a la luz de las concretas y puntuales características del hecho investigado.

Por lo expuesto, la Sala "A" del Tribunal de Impugnación Penal, RESUELVE:

1.) NO HACER LUGAR al recurso de impugnación interpuesto por Luis Alberto Iriarte a fs. 11/14, confirmando a este respecto la resolución de fs. 7/8.

NOTIFÍQUESE. PROTOCOLÍCESE, conforme práctica. VUELVA el presente, conjuntamente con el principal, al tribunal de origen, sirviendo ésta de atenta nota de estilo. CÚMPLASE.

Dr. Filinto B. Rebechi Dra. Verónica E. Fantini