Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-17


NEUQUEN, 17 de febrero de 2009.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ PASCUAL Y JOSE ROSA SRL S / EXPROPIACION" (EXP Nº 322993/5) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO.2 a esta Sala I integrada por los Dres. Lorenzo W. GARCIA y Luis E. SILVA ZAMBRANO con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO DE GIORGETTI, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Lorenzo W. GARCIA dijo:

I.- La parte demandada se alza contra la sentencia de fs. 171/175 a tenor de los agravios que obran a fs. 197/201, cuyo traslado no fue respondido por la contraria.

Se agravia la recurrente por entender que la sentencia se ha apartado del valor real y actual determinado en la tasación producida en autos -$12.000 por hectárea-, ciñéndose al estimado al contestar la demanda -$8.000-, citando jurisprudencia local referida al valor probatorio de las pericias, al par que destaca que la estimación efectuada en el responde se sujetó expresamente a lo que en mas o en menos resultase de la prueba pericial.

Señala las características del bien expropiado a la luz del art. 17 de la ley 804, que indica los parámetros a que debe sujetarse la indemnización expropiatoria.

II.- Entrando a considerar las cuestiones planteadas, estimo prioritario destacar que el valor indemnizable a la luz del plexo normativo de la ley 804 -similar a los vigentes en otras provincias-, para los supuestos en que la expropiación por razones de utilidad pública excepciona la inviolabilidad de la propiedad garantizada por el art. 17 CN, se resume en el Art. 17 ley 804.

De la norma mencionada se infiere que debe fijarse un valor objetivo, prescindiendo de circunstancias de carácter personales, afectivos, lucro cesante, ganancias hipotéticas, etc., como así también de la valorización que pudiera provenir de la obra tenida en miras para la expropiación, que deberá excluirse tasando el bien por "el valor que hubieran tenido si la obra no hubiese sido ejecutada ni aún autorizada".

Ha de tenerse en cuenta, además, que el art.35 de la ley 804 impone la carga procesal en cabeza del expropiado, consistente en: 3º) "expresión concreta y exacta de la suma que pretende el sujeto expropiado en concepto total de indemnización", a la que el mismo artículo "in fine" asigna suficiente valor para el revalúo fiscal del bien.

El art.39 lex cit dispone que "en la sentencia no podrá ordenarse una indemnización que sea superior a la reclamada".

Teniendo en cuenta las normas resumidas, resulta cuanto menos discutible la posibilidad de supeditar la indemnización estimada por el expropiado en cumplimiento del inciso 3º del art.35 a lo "que en más o en menos" pudiera surgir de la prueba pericial, o que pudiera tomarse ésta por encima de la estimación expresa que incluyó en el responde con efectos vinculantes e inmodificables en exceso.

La jurisprudencia ha expresado en torno al tema que:

"Resulta improcedente fijar una indemnización del bien expropiado con el valor objetivo del mismo a la actualidad, toda vez que -en el mismo sentido que el máximo Tribunal Provincial- cuando el artículo 8 de la ley 5.708 refiere el valor del bien a la fecha de la desposesión lo hace porque, respetando preceptos constitucionales, es en el instante en que se consumó la desposesión cuando el expropiado debió recibir el equivalente en dinero del bien del que es privado en el interés público, valor que debe referirse al que hubiese tenido de no haber sido declarado de utilidad pública o la obra no hubiese sido ejecutada o autorizada." Cc0103 Lp 246559 Rsd-10-6 S. 07/02/2006. Juez: Perez Crocco (sd) Lamantina, Daniel O. C/Fisco de la Provincia de Buenos Aires S/Expropiación Inversa. Mag. Votantes: Pérez Crocco-Lavié.

En el caso que aquí nos ocupa, además del valladar representado por la estimación del expropiado y su efecto vinculante por imposición legal, observo que la pericia rendida en autos -a cuyo resultado se aferra el apelante- ha tenido en cuenta, según informa a fs.121, el valor determinado por "la escasa oferta y por la expectativa generada por el proyecto productivo provincial para el área".

La consideración de la valorización resultante de la inminente implementación del proyecto que motivó la expropiación transgrede la disposición del art.17 in fine de la ley aplicable, toda vez que computa un factor de valorización excluido por la norma y resta, por ende, confiabilidad al dictamen pericial a los efectos de fijar la indemnización adecuada a los parámetros específicos de la ley, en cuanto excede el valor estimado por la parte expropiada, bien que supeditándolo indebidamente a lo que en exceso pudiese resultar de la tasación pericial.

Con relación al recurso interpuesto a fs. 176 por el letrado del demandado Pascual y José Rosa SRL contra los honorarios regulados a su favor, por estimarlos bajos, efectuados los cálculos pertinentes, de conformidad con los arts. 6, 7, 9 y 37, se observa que ellos no son de ninguna manera reducidos por lo que habrán de ser confirmados.

Por las razones expuestas, y correctos fundamentos de la sentencia recurrida, propongo al Acuerdo su confirmación en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios, imponiendo las costas de Alzada a la recurrente vencida, a cuyo efecto se regularán los honorarios profesionales con ajuste al art. 15 LA.

Tal mi voto.

El Dr. Luis SILVA ZAMBRANO dijo:

1.- Discreparé en el caso con la solución que propicia el estimado colega de primer voto. En efecto, en sustancia, la cuestión es análoga a la que se suscita en los autos: "PÉREZ, SILVIA EDITH Y OTRO v. PROVINCIA DEL NEUQUEN" S/Expropiación inversa (expte. nº 349912/7), en donde expongo:

"1.- Apelada por la actora la sentencia de instancia de origen que condena a la Provincia del Neuquen a pagar la suma de $... en concepto de valor del bien objeto de la expropiación, cuestiona aquella parte el monto indemnizatorio determinado, aseverando que debe fijarse la suma de $... en concordancia con el dictamen pericial llevado a cabo en la causa, y ello así porque, si bien al promover la acción estimó el valor del inmueble en la misma suma acogida por la sentencia, lo hizo con la cláusula 'lo que en más o en menos surja de la pericia a realizar en autos'.

"2.- A mi juicio le asiste razón a la recurrente. Por de pronto y en referencia a la cláusula 'lo que en más o en menos surja de las pericias a realizarse oportunamente en autos' inserta por el accionante en su escrito de demanda (fs.19), o a fórmulas semejantes, me he pronunciado in re: 'Chañi v. Díaz' (Sala II, PS 2007-N°126-T°IV-F°776/803):

"_así pues, a contrario de lo que sostiene la recurrente, en la especie resulta válida la manifestación de la actora al instaurar el proceso:

'... y/o lo que en más o en menos determine... el criterio del Tribunal de acuerdo a la prueba a rendirse...' (Capítulo I, fs. 3);

"_en ese sentido, la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que:

'El reclamo de 'lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse' a pesar de no descargar o liberar al actor de practicar la estimación del monto de la demanda, autoriza al juez a condenar al pago de una suma mayor...' sea que se trate de obligaciones contractuales o extracontractuales' (Palacio-Alvarado Velloso, 'Código Procesal...', T. 7°, p. 239, con citas de la CNCiv Salas A -'Buenard v. Llacay', 21/8/90-, B -'Scigliotti v. González', 10/10/0, C -'Araujo v. 17 de Agosto SA', 5/8/91-, y G -'González v. Línea 216 SA', 3/5/91 y de la CNCom Sala A, 27/8/89, ED 137-657; véase en ese mismo sentido, Morello y colaboradores, 'Códigos Procesales...', Editora Platense, 2ª Edición, T. IV-B, p. 51 y ss.);

"y así también: 'La expresión 'o lo que en más o en menos', a pesar de no descargar o liberar al actor de practicar la estimación del monto de la demanda, autoriza al juez a condenar al pago de una suma mayor, sea que se trate de acciones que persigan la satisfacción de perjuicios ocasionados por incumplimiento de obligaciones contractuales, o el nacimiento de débitos extracontractuales... La congruencia consiste en aquella exigencia que obliga a establecer una correlación total entre los dos elementos definidores del esquema contencioso (pretensión y decisión), existiendo una necesidad de correspondencia entre ambos extremos que funciona como condicionante de un verdadero proceso, no se advierte razón para considerar incumplida esta exigencia cuando la actora ha manifestado expresamente reclamar no sólo el monto nominal que la ley le obliga a estimar (arg. C. Pr. 330, parr. 2) sino aquella cantidad superior que manifiestamente aparezca como debida a la luz de la prueba rendida' (CNCom in re: 'SUCESION DE ROBERTO ARTURO DEL CARRIL C/ AUXILIO FAMILIAR COOP. DE SEGUROS LTDA.' (ED 137-657)- Mag.: MIGUEZ DE CANTORE - JARAZO VEIRAS - VIALE - 27/09/1989; LD 8.0, voces: 'demanda objeto monto prueba', nº 16; en idéntica línea: Sala E, in re: 'Verdemacco de Mattia, Gladys c/ Caja de Seguros de Vida SA' s/ ord., de fecha 25.8.06);

"criterio refrendado por la Corte Suprema de la Nación:

'La sola circunstancia de que el fallo de la Cámara eleve el monto de la indemnización conforme a lo pedido en su alegato por la actora, no da lugar al recurso extraordinario basado en la arbitrariedad y en la violación al derecho de propiedad, si en la demanda -en que se solicitó una cantidad menor- se dejó librado el monto definitivo de la indemnización a las resultas de la prueba" (Voto del Dr. Luis María Boffi Boggero in re: 'Zucconi, Osvaldo c/Empresa Ferrocarriles de Estado Argentino'; 01/01/64; Fallos 259: 169; LD 8.0, voces: 'recurso extraordinario monto demanda', nº 16);

"y reiterado también in re: 'Cermenaro de Di Benedetto, Teresa c/ Leibovich, Naum.' 01/01/65; Fallos: 261: 199; LD, voces: 'recurso extraordinario monto prueba', nº 19);

'similarmente:

'La suma que se condena a pagar -materia de hecho, prueba y de derecho común- es tema propio de los magistrados de la causa y ajena su dilucidación a la instancia extraordinaria, sin que exista óbice constitucional por el mero hecho de sobrepasar la condena al monto de la petición inicial si ésta se formuló con expresa salvedad a fin de permitir se fijara aquél de acuerdo con la prueba o la decisión del juzgador" (in re: 'Balseiro, Santiago (h.) c/Riesco, Ismael Roberto' 01/01/77, Fallos, 297: 392; LD, íd. ante, nº 38);

'que se mantiene:

'Del dictamen de la Procuración: cabe dejar sin efecto la sentencia de Cámara que con excesivo rigor formal, que la hace descalificable en los términos de la doctrina de arbitrariedad, desconociendo las constancias de la causa desestimó el pedido de la accionante relativo a que se recepte en el fallo la verdad real que surge de la prueba rendida -esto es que se tome como base de cálculo de la indemnización establecida la remuneración mensual y no la quincenal- con fundamento en que acceder a tal pretensión, fijando un monto distinto al reclamado en su escrito inicial, significaría violar el deber de mantener la igualdad de las partes... permitiendo que la accionada modifique su pretensión estando ya trabada la litis; toda vez que, si bien el accionante en su demanda denunció, a los efectos del cálculo del seguro que le correspondía cobrar por incapacidad permanente... cierto salario, dejó librada la liquidación final a lo que -en mas o menos- surgiera de la prueba, y según la pericia contable efectuada en la causa, el salario denunciado correspondía a su remuneración quincenal y no a su salario mensual en base al cual deberá fijarse la indemnización, máxime, considerando el carácter protectorio que la legislación reconoce para tales derechos, originados en incapacidades laborales' (in re: 'PEQUERA ADRIAN OSCAR C/SUD AMERICA CIA. DE SEGUROS DE VIDA Y PATR. SA' S/ORDINARIO; 05/08/2003; LD, voces: 'recurso extraordinario monto prueba', nº 116).

"Entonces, dicho criterio rige también la presente especie en lo que se refiere a la amplitud con que ha de comprenderse la norma del 2º párrafo del art. 39 de la Ley provincial 804, de manera que, al rezar ella: 'En la sentencia no podrá ordenarse una indemnización que sea superior a la reclamada', por fuerza ha de entenderse como que dicho 'reclamo' abarca también la previsión de lo que 'en más o menos resulte de la prueba', ya que es prácticamente imposible determinar 'ab initio', con exactitud, el valor dinerario de cualquier bien, sobre todo si se trata de un fundo rural como es el caso de autos.

"Es que dicha comprensión de la norma citada, en efecto, es la única posible pues no sólo no se ve por qué, mientras se admite en la generalidad de los procesos indemnizatorios, habría de ser excluida en el caso de la expropiación, sino que, además, la solución inversa que se adopta en el fallo bajo recurso deja librada al azar la posibilidad de que el expropiado acierte inicialmente el valor exacto del bien pero, igualmente, de que él lo estime en uno inferior al real que resulte de la prueba producida en el proceso, y que, por fuerza, va a resultar como tope máximo de la condena, con lo que necesariamente habrá de vulnerarse el derecho constitucional de propiedad (art. 17 CN), que precisamente es lo que acaece en la sentencia.

"Por lo demás, ello es así, con tanta mayor razón, justamente, en el caso de la expropiación en el que ese derecho constitucional merece un 'particular resguardo' a punto tal de que, como lo refiere la Corte Suprema en el precedente que cita la magistrada 'a quo', 'en caso de duda debe siempre estarse a favor del expropiado' (fs. 112 vta.; cf. arg. art. 2511 C. Civil; véase, por ejemplo, Bidart Campos, 'Tratado Elemental de Derecho Constitucional', EDIAR, 1989, T. I, ps. 343/351; el autor cita el precedente de la CSN in re: 'Provincia de Santa Fe v. Nicchi', en el que el Tribunal define que indemnizar es 'eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento', 'y ese cabal resarcimiento no se logra si el daño o el perjuicio subsisten en cualquier medida'. 'El valor objetivo del bien... no debe sufrir disminución o desmedro alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto de cumplida y oportuna reparación', añadiendo el autor: 'por lo que la compensación debida al expropiado ha de ofrecerle un equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien similar al que pierde en virtud de la expropiación'; ibíd., ps. 348/349 ).

"Junto a esas reflexiones, cabe recordar que el Alto Tribunal de la Nación, en orden a la interpretación de las leyes, con recurrencia ha sostenido que:

'Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente, es decir, en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento general del país. En esta indagación no cabe prescindir, por cierto, de las palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas cuando la interpretación rigurosa y sistemática así lo requiere'. (Fallos, 241: 227; 244: 129; 263: 230). 'Es decir, que aun cuando la cuestión pudiera estimarse opinable, obviamente la solución más adecuada es la que mejor se compadezca con los principios y garantías que la Constitución consagra'. (Fallos, 256: 24 y sus citas, 257: 295; 258: 171; 263: 248; 302: 1209 y otros).

'En la interpretación de las normas legales debe preferirse la que mejor concuerde con las garantías y principios de la Constitución Nacional'. (Fallos, 253: 267).

'... las leyes deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un adecuado resultado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial. La misión judicial no se agota con la remisión al texto de la ley, toda vez que los jueces en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma'. (Fallos, 302: 1284, 1611; citas todas traídas a colación por Morello y colaboradores, 'Códigos Procesales...', Editora Platense, 2ª Edición, T. I, ps. 506/511; el énfasis ha sido mío en todo caso).

"Cuadra aún añadir, por lo demás, que el criterio interpretativo del citado art. 39 de la Ley 804 respecto a la inclusión, por parte del expropiado, de la fórmula 'lo que en más o menos resulte de la prueba', ha sido recientemente acogido por la Sala II de esta Cámara in re: 'PROVINCIA DEL NEUQUEN v. VARELA, MARÍA JOSÉ' s/expropiación de urgencia (expte. nº 338336; Sala II, PS 2008-III-436/439; sentencia del 13 de mayo de 2008)'".

Ahora bien, tornando a la presente y en otro orden de cosas, resalto que, en la especie, el recurso se circunscribe, exclusivamente, a dicha cuestión y no al tema que el magistrado de primer voto pone de manifiesto en cuanto a la inadmisibilidad de un posible "mayor valor no computable", en atención al art. 17 de la Ley 804, valor que refiere a "la expectativa generada por el proyecto provincial para el área".

No cabe pues pronunciamiento a este respecto toda vez que no ha sido planteado por ninguna de las partes no constituyendo entonces "objeto" del recurso, cuadrando aquí añadir que la apelación de la Provincia demandante, concedida a fs. 191, se halla desierta por ausencia de la expresión de agravios pertinente.

Desde otra perspectiva, pero como aporte a una mayor claridad de este asunto, corresponde aún decir que la sentenciadora de instancia inicial ha expuesto acerca de él:

"De la pericia obrante a fs. 114, surge el análisis pormenorizado que realiza el experto, teniendo en cuenta tanto la geomorfología del terreno, el clima, infraestructura de servicios, estado del inmueble, ubicación, así como el estado actual inmobiliario del sector.

"Del análisis de tales extremos arriba a una tasación de $300.000 del lote de 25 has. objeto de la presente demanda.

"Dicho informe fue impugnado por la actora a fs. 133 por considerar el valor otorgado por el perito al inmueble en cuestión, como desmesurado e infundado.

"Manifiesta que las probables obras de servicios e infraestructura son consecuencia exclusiva del programa global de expropiaciones llevada a cabo por la Provincia.

"Que la revalorización de los terrenos tiene su origen en las políticas de desarrollo estatal, lo que no puede constituir un beneficio extraordinario para quienes han mantenido sus tierras con un fin especulativo.

"El experto, al contestar la impugnación, reitera los servicios disponibles en el área ya informados a fs. 117, tales como que el inmueble se encuentra a 1300 metros de la Ruta 22, que existen caminos de tierra secundarios, tendidos de media tensión y canal de riego principal para el área, concluyendo que 'no se trata de probables obras... sino de situaciones comprobables' (fs. 144).

"Agrega que la valorización está referida a los elementos objetivos tenidos en cuenta, así como a los valores de mercado que provienen de la oferta y la demanda.

"Por su parte la actora (en el caso, la Provincia) no acredita por ningún medio de prueba sus dichos ni ha podido desvirtuar la valorización realizada en autos, con lo que el valor determinado por la pericial no contraría a mi entender, lo previsto por el art. 17 de la ley 804.

"Por su parte, la demandada (el expropiado aquí) no ha cuestionado el dictamen pericial, habiendo solicitado en oportunidad de contestar la demanda, la fijación del precio por hectárea en la suma de $8000, por lo que, en aplicación de la restricción del art. 39 del mismo cuerpo legal, la indemnización no podrá ser superior al valor requerido por el expropiado" (fs. 173 y vta.; el énfasis es mío).

O sea:

a) la jueza "a quo", rechaza la impugnación de la pericia que la Provincia efectúa a partir de la argumentación del mayor valor adquirido por la propiedad a partir del proyecto expropiatorio, pronunciándose expresamente -no juzgo si bien o mal- que el avalúo expresado en la pericia llevada cabo en autos no vulnera el art. 17 de la ley 804;

b) no obstante, la magistrada reduce el monto indemnizatorio por una aplicación "inflexible", según lo que se ha dicho, del art. 39 de ese mismo Ordenamiento;

c) la Provincia no cuestiona ese pronunciamiento toda vez que su apelación se halla desierta (al no expresar agravios) y, de otro lado, tampoco ha contestado los que vertiera el expropiado en contra de la sentencia;

d) esta última parte tampoco aborda la cuestión en su escrito apelatorio con lo que, como he dicho, tal temática referida al mentado art. 17 no es objeto de recurso ni tiene la Cámara de Apelaciones competencia a ese respecto.

Y, en resumidas cuentas, propondré al Acuerdo que se declare desierta la apelación deducida por la Provincia (art.266 del C. Procesal) y que, haciéndose lugar a la de los expropiados, se eleve el monto de condena a la suma de $300.000 que se determina en la tasación realizada en las actuaciones. Las costas de Alzada pesarán sobre la actora. Los honorarios profesionales se determinarán en consonancia con el art. 15 LA. Así voto.

Existiendo disidencia en los votos emitidos precedentemente, se integra Sala con el Dr. Marcelo J. MEDORI, quien manifiesta:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto del Dr. Lorenzo W. GARCIA adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto, POR MAYORIA SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs. 171/ 174 vta. en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del CPCC).

3.- Regular los honorarios profesionales de esta Instancia ... (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr.Luis SILVA ZAMBRANO - Dr. Lorenzo W. GARCIA - Dr.Marcelo J.Medori Dra.Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 15 - Tº I - Fº 52/59 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A I- Año 2009.