marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestión abstracta, cuestiones sometidas al Poder Judicial, conflicto de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CMTE. LUIS PIEDRA BUENA -Sr. José Ramón Bodlovic c/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CMTE. LUIS PIEDRA BUENA s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-10-09

Ingresando en el estudio del sub-lite se observa que el objeto de la pretensión -a la que se le impuso el trámite de conflicto de poderes-, se dirigía a obtener la anulación de una Resolución, dictada por la entonces Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la localidad, resolución que, según se acredita, ha sido anulada en todas sus partes, a través de la Ordenanza Municipal, promulgada por Decreto Municipal. Ello implica que se agotó la fase conflictiva traída ante ese Tribunal Superior, pues han cesado los efectos de la Resolución, oportunamente cuestionada, por lo que corresponde declarar abstracta la cuestión debatida en autos.-
Extraña jurisdicción, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: Ategam S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-28

En el sistema del CPCC, la prueba testimonial a rendirse en extraña jurisdicción territorial, por juez comisionado, debe constreñirse a las disposiciones de los arts. 453 y 454, a fin de asegurar la legitimación de su recepción, la dirección del juez del proceso -que es su destinatario- en su producción, la contradicción e igualdad de oportunidades que aseguren a las partes la defensa en juicio.
Prueba, planteo en segunda instancia, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: SPITALNIK ISMAEL c/ FERNANDEZ OSCAR R. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-14

La fundamentación que exige el art. 260, inc. 2 del Cód.

Procesal, respecto del replanteo de pruebas en la Alzada, es similar al escrito de expresión de los agravios en cuanto debe contener una crítica concreta y razonada de la resolución atacada, vale decir aquella que denegó una medida probatoria o declaró la caducidad o negligencia, demostrando los motivos que se tienen para considerar que ella es errónea. La falta de una impugnación concreta y la omisión de cualquier justificación respecto de la demora o desinterés imputados que motivaran la caducidad de la prueba, conducen necesariamente a desestimar la pretensión de replanteo en segunda instancia.
Legislación tributaria provincial, prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL-TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Estado Provincial c/ Olivares Mediterráneos S.A. s/ Ejecución Fiscal s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-14

Conforme a lo dispuesto por la CSJN las normas provinciales que reglamentan la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil. resultan inválidas, es que en ese orden, no presenta inconveniente el plazo quinquenal fijado por el Código Tributario al ser idéntico al dispuesto por la ley de fondo. En el caso, sin embargo, el problema se traslada al modo de interrupción de la prescripción.

El Código Tributario en el art. 85 dispone, entre otros actos, en el inc.c) otorgar efecto interruptivo de la prescripción a las actuaciones administrativas.

Al respecto la Suprema Corte de la Nación sostuvo en fallos 493:427, ". normas de índole local. no pueden alterar las normas de comunes nacionales que regulan la prescripción de las acciones y por tal fundamento esta Corte ha juzgado de antaño que las actuaciones administrativas no suspenden ni interrumpen la prescripción. ." . Esta interpretación no hace más que seguir también en este punto, la corriente jurisprudencial tradicional según la cual, a la "demanda" -art. 3986 del C.C.- son equiparados otros actos judiciales, pero las gestiones administrativas no tienen idoneidad para interrumpir el curso de la prescripción, ello sin perjuicio del efecto que puedan tener conforme al art. 3986 C.C. último párrafo.

Del voto del Dr. Cippitelli
Sobreseimiento definitivo, falta de prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ORGEIRA, JOSE MARIA s/ COMANDANTES EN JEFE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-27

"La circunstancia de que el querellante se haya visto, por razones que no le son imputables ni que dependen de su debida diligencia, en la imposibilidad de incorporar probanzas que hacen al debido ejercicio de su defensa, y que, por el contrario, ellas sólo pueden ser suministradas por la parte querellante, no autoriza a dejar abierto el proceso hasta que dicha posibilidad se produzca, más aún, ante la ausencia de recurso del ofendido." "De lo contrario, se conculcaría abiertamente, el derecho de todo sujeto pasivo de imputación de obtener un pronunciamiento definitivo que resuelva de modo categórico y en el más breve plazo posible la situación de incertidumbre que comporta todo enjuiciamiento penal.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Administración Pública, relación de dependencia, aplicación de la ley, contratos administrativos, Derecho administrativo, competencia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Mendoza, Marcos Francisco c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Laboral (Expte Nro. 62-93) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-02

Las modalidades atípicas de contratación a que recurren en ocasiones (generalmente preelectorales) los entes públicos, configuran figuras jurídicas no previstas en los estatutos de derecho administrativo, y ante las cuáles, por lo mismo, se les niegan a los empleados los beneficios y derechos emergentes de aquéllos; pero -en atención a la naturaleza del empleador- se pretende también sustraerlos del régimen de derecho laboral privado, sumiéndolos en consecuencia en un "limbo jurídico" de absoluta precariedad. En situaciones como ésta, la Corte Suprema de Justicia Nacional ha reaccionado a partir de la causa "Alvarez de Franco c- Comando en Jefe del Ejército" y, especialmente, en "Zacarías c- Caja Nacional de Ahorro y Seguro" y "Deutsch", estableciendo que en casos en que el estado utiliza servicios personales valiéndose de formas contractuales "ad hoc" no previstas en los estatutos de derecho administrativo, debe entenderse que abdica de aprovechar las prerrogativas inherentes a su personalidad pública (cosa que no tiene impedida) asumiendo la vinculación en un pie de igualdad propia del derecho laboral común, que en consecuencia ha de regir la especie por cuanto los trabajadores no pueden quedar desprovistos de toda tutela jurídica. Esta constituye, a mi ver, otra hipótesis en que, no siendo aplicable al caso ninguna norma de derecho administrativo, la competencia material incumbe a la justicia del trabajo. (De los Fundamentos del Dr. Machado). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Es competente la Justicia del Trabajo para dilucidar los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes?
Recurso extraordinario, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Avellaneda c/ Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Roma Cultural y Recreativa s/ Expropiación. Recurso de queja.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Si no existe denegatoria expresa a la regulación sino una omisión cuya reparación debió intentarse por otros medios, no puede abrirse la excepcionalísima competencia de la casación en materia de honorarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trabajadores ferroviarios, remuneración, diferencias salariales, adicional por antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: RIVERO, PEDRO CELESTINO Y OTRO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-29

Los trabajadores dependientes de la Empresa Ferrocarriles Argentinos tienen derecho al cobro de las diferencias de la asignación por antiguedad instituido por el artículo 37 punto 1 del convenio colectivo de trabajo 21/75 desde los dos años anteriores a la fecha de interposición de la demanda hasta la promulgación de la ley 23126 (2 de noviembre de 1984) y desde la fecha de vencimiento del término contemplado en el artículo 1 de la ley referida (2 de noviembre de 1985) hasta el 16 de mayo de 1986, fecha en que fueron homologadas por la Dirección Nacional de Recaudación Previsional las actas 7/86 y 13/86.
Medidas cautelares, acto administrativo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Nacional - Ministerio de Economía - Secretaría de Energía  y Minería c/ Provincia de Misiones y Electricidad de Misiones Sociedad   Anónima (E.M.S.A.) s/ nulidad e inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-18

Si bien, por vía de principio, las medidas cautelares no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la persona, entes autárquicos, terceros, contrato de trabajo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, empresas del Estado
Materia: LABORAL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Leiva, Alicia Noemí c/ Servoil SA. y otros s/ acción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

Es competente la justicia federal para conocer en la causa emergente de relaciones laborales, en la que la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales ha sido citada como tercero.
Acto administrativo, resoluciones recurribles, derechos subjetivos, interés legítimo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

La legitimación para recurrir actos administrativos compete a los sujetos que son afectados por el acto impugnado en su interés propio protegido por el ordenamiento, ya sea éste: un derecho subjetivo o un interés legítimo.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Veira, Héctor Rodolfo s/ violación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

El art. 280 del Código Procesal permite a la Corte ejercer su jurisdicción extraordinaria en casos de transcendencia aún cuando existiera algún obstáculo formal para acceder a la misma.
Jubilaciones, pensiones, intereses, cómputo de intereses, interpelación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.N.R.P. c/ LUMINAIRE  S.R.L. s/ D.N.R.P.  ,  ALCANCE  COMUNICACION DE PAGO. RECARGOS, INNECESARIEDAD  DE INTERPELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

En el sistema establecido en la ley 18820 los recargos se devengan automáticamente en razón del incumplimiento legal, sin necesidad de interpelación alguna.
Nulidad de sentencia, revocación de la excarcelación, sentencia arbitraria, presunción de inocencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Zalazar, Etelvina Olga c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-02

El voto concurrente agregó que de los arts. 7 y 8 de la CADH se colige que, en virtud del principio de inocencia, en el marco de un proceso penal, el imputado debe permanecer en libertad, ello como regla general. Dicho criterio se encuentra receptado en el artículo 280 del CPPN que establece que la libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley. Aunado a ello, del articulado del CPPF (ley nº 27.063), implementado parcialmente por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación (Resolución nº 2/19, B.O.: 19/11/19), se desprende el mismo principio de permanencia en libertad del sujeto imputado durante el proceso y en consecuencia, la excepcionalidad de la medida cautelar preventiva (artículos 210, 221 y 222 del CPPF). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado, dentro del contexto general de los instrumentos internacionales vigentes, que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y que a su vez no debe constituir la regla general como expresamente lo consagra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues de lo contrario se estaría privando de la libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, en violación del principio de inocencia. La disposición de una medida cautelar máxima -encarcelamiento- por parte de los jueces, requiere la existencia de razones suficientes y acreditadas, que justifiquen la presunción contraria al principio de permanencia en libertad. Del estudio del pronunciamiento puesto en crisis se concluye que la cámara de apelaciones ha efectuado una valoración incompleta de las cuestiones inherentes al caso, pues ha omitido la ponderación de circunstancias personales de la encausada y de elementos fácticos sobrevinientes, pertinentes para la determinación de la existencia de riesgos procesales que sustenten la medida cautelar privativa de la libertad. Dres. Petrone, Barroetaveña y Figueroa -voto concurrente-
Títulos de crédito, presentación al cobro
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sucesión Francisco Toulon c/ Assef, Feisal s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-03

En materia cambiaria y en virtud de lo dispuesto en los artículos 36 y 103 del Dec. Ley 5965-63, cuando el respectivo título fuera librado con fecha de vencimiento a la vista, aun cuando contuviese la cláusula "sin protesto", el acto de presentación al pago tiene efecto tanto en cuanto a la exigibilidad de la obligación en el mismo instrumentada como con respecto al instituto de la mora en defecto de pago.
Homicidio, personal policial, exceso en la legítima defensa, relación de causalidad
Materia: PENAL
Carátula: H., E. G. y Otro. c/ F., R. A. y Otros. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ORDINARIO) s/ CASACION" (Expte. NRO. 26930/14-STJ-).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-11-13

No se configura en autos alguna causa ajena o externa que interfiera en el nexo causal (hecho de la víctima o de un tercero por el cual no se deba responder) en autos, por que el agente policial [.] ha sido condenado por el delito de "homicidio cometido con exceso de legítima defensa";

y es precisamente dicho "exceso" lo que convierte en ilícito su proceder, y en defectuoso el servicio que debió prestar en la ocasión el Estado Provincial a través de su Policía.

El servicio de seguridad debe ser prestado por medio de policías capacitados y preparados para ejercer su función, empleando medios adecuados, proporcionales y racionales para repeler, eventualmente, alguna agresión de la que fueren objeto. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)
Accidente de tránsito, circulación en el mismo sentido
Materia: PENAL
Carátula: S., J. E. s/ Homicidio culposo (Expte Nº  81-93, Resolucion Nº  47, Tomo 1, Folio  408)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-09-13

La circulación paralela en forma simultánea de vehículos no está prohibida. Es normal y frecuente (por no decir un requerimiento inevitable del tránsito) que las bicicletas sean superadas en su marcha por automotores que así obstruyen la visión de quien se acerca por la izquierda, mas si ello es previsible éste debe ajustar sus movimientos a semejante posible presencia. La base del reproche está en no haber previsto lo que era previsible.
Excepciones procesales, inhabilidad de título, prueba, causa del título, beneficiario del título, falta de prueba, acreedor
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BELGRANO DAY SCHOOL SA c/ LAMELAS, ABEL s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-17

Siendo la excepción opuesta de las denominadas excepciones personales absolutas, aun cuando procesadamente deba plantearse en el marco de la excepción de la inhabilidad de titulo, tiene un alcance distinto a las que se fundan en aspectos meramente formales. Por tanto, tratándose de la exceptio sine actione agit, su prueba surge del propio título, y ya que el promotor del juicio no es el beneficiario del cartular y la pretendida identidad -aunque se intuya-, no puede esgrimirse sin entrar a conocer la causa de la obligación, vedado en este tipo de procesos, corresponde admitir la excepción. El desconocimiento de la calidad de acreedora de la sociedad accionante, en base a una mínima diferencia en su denominación aparece como dogmática, en tanto no se ha brindado somera explicación acerca de las alternativas causales de libramiento del cartular, ni incorporado referencia alguna acerca del establecimiento a nombre de quien se habría librado, pues no podría el ejecutado, escudarse en lo que -prima facie- sería un error material, para librarse de una deuda adecuadamente documentada, máxime ante la falta de negativa de la deuda.
Sociedades comerciales, vencimiento del plazo, director suplente
Materia: COMERCIAL
Carátula: DI LUCIANO Victor c/ Paseo Urquiza S.A. y Otros s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-08-28

Con relación a la legislación específicamente societaria, numerosas normas de la ley establecen responsabilidades concretas de los directores, algunas de ellas aplicables a todos los administradores. Así el art. 58, última parte y el art. 99 que alude a la realización deliberada de operaciones ajenas a la atención de los negocios urgentes (ante las causales de disolución) o la falta de adopción de las medidas para iniciar la liquidación una vez producido el vencimiento del plazo de duración de la sociedad, a la que alude el juez en su resolución.

En este sentido que el vencimiento del plazo de duración de una sociedad anónima, no tiene como consecuencia inmediata su disolución y con ello su capacidad civil para estar en juicio "en tanto la continuidad de la personalidad durante el receso liquidatorio es una realidad jurídica y material insoslayable a partir de los términos del art. 101 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, superando, como se expresara en su exposición de motivos, cualquier posición doctrinaria en particular.
Competencia, Superior Tribunal de Justicia, leyes, constitucionalidad, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GAYA, ANDRES c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA.     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.      CSJ EXPTE NRO 624-87 SCANER SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA POR COBRO DE PESOS    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 623-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-07|1988-09-14

La Corte Suprema de Justicia Provincial, no objetó la constitucionalidad de leyes tales como la 2803, que atribuye el conocimiento de causas de naturaleza contencioso administrativa a los jueces correccionales, afirmando que la norma legal "puede excluir casos que por su naturaleza encuadren en la provisión constitucional, porque dicha atribución, si bien constituye a esta Corte como "Tribunal Ordinario" en esta materia, no le adjudica exclusiva y obligada intervención en todo conflicto contencioso administrativo, al punto de impedir que por la ley, excepcionalmente su solución se encomiende a otros órganos jurisdiccionales, siempre claro está, que ello no signifique desnaturalizar la atribución efectuada en el artículo 93 inciso 2 de la Constitución Provincial Ampliación de fundamentos del Dr Barraguirre.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, multa laboral, viajantes de comercio
Materia: LABORAL
Carátula: Solohaga Juan Manuel c/ Finexcor SRL y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-17

Para acceder a la sanción del art. 2 ley 25.323 se requiere que el trabajador intime en forma fehaciente el pago de las indemnizaciones por despido, no siendo obstáculo para ello que el requerimiento se efectúe en la misma pieza por la que rescindiera el contrato, en tanto se coloque como paso posterior a aquel.
Recurso de apelación (procesal), calidad de parte, forma del contrato de trabajo, forma ad solemnitatem, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: RIVERA, CHRISTIAN EDUARDO c/ COOP. FARMACEUTICA DE PROVISION ALBERDI LTDA.- "COFARAL s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-10

La magistrada de anterior grado, después de efectuar un estudio pormenorizado de la prueba, merituó procedente la aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba, evaluando que es a la demandada a quien le resultaba más adecuado acompañar las tarjas horarias del año 2007, toda vez que las mismas obraban en su poder.- Respecto de la carga dinámica de la prueba, se ha dicho: "Esta postura, que podríamos denominar "clásica", es tildada de insuficiente cuando hay que aplicarla en un juicio., y una tendencia jurisprudencial -cada vez más importante- se orienta hacia morigerar el esquema tradicional que dimana del art. 377 CPCCN, mediante la aplicación de la carga dinámica de la prueba, según la cual se encuentra con mayor obligación de probar: a) aquel que se halla en mejores condiciones o posee a su alcance con mayor facilidad los medios para arrimar al conocimiento del juzgador los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos; y b) el sujeto que sostiene que ha sucedido todo lo contrario al orden normal de las cosas" (Suma Laboral - Tomo II -Julio Grisolía - pág. 1929 - Ed.. Abeledo Perrot 2011).- La Sala ha sostenido que: "Se entiende por jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador en tanto no puede disponer de su actividad en beneficio propio.- El lapso computable como trabajado abarca no sólo el tiempo efectivo, sino también aquél durante el cual el trabajador pone su esfuerzo de trabajo a disposición del empleador de acuerdo con la organización del trabajo en la empresa aunque no se lo ocupe, cualquiera que sea la razón que motive la decisión patronal.-
Comisión Nacional de Valores, estados contables, agente de bolsa, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: PIÑON, JUAN JOSE c/ LULINSKY, MIGUEL s/ ORD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

Si bien los registros contables del agente de bolsa no poseen una fuerza probatoria absoluta, constituyen un principio de prueba (CCOM 64), con valores de indicio o presunción de verdad, que, sumado a otras probanzas contribuyen a formar convicción acerca de la existencia de operaciones cuestionadas, máxime cuando la prueba pericial de su contraria fue ofrecida sobre ellos, lo que faculta su consideración a los fines establecidos por el CCOM 208, art. 5º.
Protección de consumidores y usuarios, amparo colectivo, derechos de incidencia colectiva, intendente, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Grindetti, Néstor Osvaldo c/ Edesur S.A. y otro s/ amparo colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

El carácter de intendente, por sí mismo, resulta insuficiente para representar derechos de incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos de los ciudadanos del municipio ante los tribunales federales; los poderes que los ordenamientos provinciales y municipales le confieren no alteran el texto del artículo 43 de la Constitución Nacional que, en su letra, ha individualizado a los sujetos habilitados para accionar en defensa de esos derechos (Disidencia del juez Rosatti).