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Protección de la propiedad industrial, aplicación temporal de la ley, patentes, ley vigente, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ultraactividad de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Iraola y Cía. S.A. y otro c/ Basf Agro BV y otro s/ nulidad de patentes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-22

El artículo 97 del Anexo II del decreto 260/1996 precisó la aplicación temporal del artículo 35 de la ley 24.481 dando preeminencia al momento de la solicitud, criterio que tiene relevancia jurídica en materia de patentes según la propia ley 24.481 y el ADPIC, y que fue utilizado por la Corte Suprema para resolver otros conflictos temporales vinculados a legislaciones sobre protección de la propiedad industrial. Al adoptar ese temperamento, el Poder Ejecutivo no vulneró la finalidad del artículo 97 de la ley, que expresamente reconoció ultraactividad a la ley derogada, así como tampoco la finalidad del artículo 35 de la ley 24.481, al menos en el presente caso donde la duración de la patente nro. 2 satisface el término previsto en el artículo 33 del ADPIC (Del dictamen de la Procuración General, al que adhirió la Corte)
Transporte aéreo, averías, Convención de Varsovia
Materia: AERONAUTICO
Carátula: LA AGRICOLA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS  S.A. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-04

Corresponde revocar la sentencia que estableció que el plazo -que el art. 26 de la Convención de Varsovia fija para hacer efectiva la protesta por las averías o faltantes sufridos por la mercadería que ha sido objeto de transporte aéreo- debe ser computado a partir del momento en el que aquélla es entregada al depósito aduanero con notificación a la destinataria, o, lo que es lo mismo, desde que el consignatario está en condiciones de revisar la mercadería arribada.

Ello así, pues resulta clara la distinción hecha entre el punto de partida del plazo para la protesta en el supuesto de avería y en el de retardo: en el primero se trata del recibo o recepción de la mercadería, y en el segundo del hecho de ponerla a disposición del destinatario, y la recepción de mercadería no puede ser identificada con la descarga en depósito aduanero con notificación del destinatario, acto que, por el contrario, equivale al de ponerla a disposición de éste, vale decir, al hecho que según la Convención significa la iniciación del plazo en el caso de retardo y no en el de avería.
Procedencia del recurso, competencia penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Hernández Villegas, Ana Marisol s/ P.S.A. INFRACCIóN ARTíCULO 255 CP. S/CASACIóN. García, Luis Eduardo s/ P.S.A.MALVERSACIóN    DE   CAUDALES  EN  CONCURSO  IDEAL  CON  ESTAFA  S/CASACIóN. Santibáñez, Luis R. s/ P.S.A.ROBOS CALIFICADOS S/CASACIóN. Camargo, Horacio R. s/ P.S.A.HOMICIDIO   CULPOSO  Y  LESIONES  CULPOSAS  EN  CONCURSO  IDEAL  S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-11-08|1989-11-09|1989-11-13|1989-11-20

Corresponde rechazar la casación penal, cuando -como en el caso- el recurso interpuesto por el Fiscal no resulta encuadrable en ninguno de los supuestos taxativamente previstos por el art. 428 CPP. Ello en tanto, las limitaciones impuestas por el legislador para habilitar la vía impugnaticia por parte del Ministerio Fiscal, no implican conculcación a las garantías del debido proceso y de defensa en juicio.
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios, responsabilidad del consorcio, filtraciones de humedad
Materia: CIVIL
Carátula: GAVIRONDO, MARTA B. c/ CONS.PROP.ALSINA 2537/39 y OTRA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-01

Si el daño se originó "por una falla en la instalación hidrófuga de la azotea que provocó filtraciones", es decir, una> "falla" o defecto en la estructura del subsuelo de la terraza, puesto que la capa hidrófuga está por debajo de la cubierta de la terraza, la comunidad consorcial no puede eludir responsabilidades. Esto resulta así aunque se trate de una superficie privativa (azotea complementaria de algún departamento) pues la situación es la misma que en el interior de los departamentos en que sólo las paredes interiores y los revestimientos, cielorrasos, baldosas, parquets, les pertenece a los propietarios, no perteneciéndoles en forma independiente de la comunidad las losas o pisos, y techos, ni las paredes que dividen el departamento de otros y de los espacios comunes, es decir ni los planos horizontales, ni verticales que circundan el objeto exclusivo. En consecuencia la conservación del techo, es decir la estructura del subsuelo de la terraza, estará a cargo de la comunidad; en cambio, la conservación y reparaciones superficiales serán por cuenta de su propietario. (Conf. Elena I. Highton, "Derechos Reales", Vol.4, Propiedad Horizontal y Prehorizontalidad, p. 83).
Depósito previo, exención de tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Golpe, Luis Hernán s/ regulación de honorarios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

La ley dispensa del depósito previo a los trabajadores en relación de dependencia y sus causahabientes, en los juicios originados en la relación laboral (art. 13, inc. e) de la ley 23 898) pero no a los profesionales cuando se trata de los honorarios que les pertenecen, a pesar de las connotaciones atribuibles a su trabajo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, acción civil en el proceso penal, actor civil, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: SENN, LUIS CARLOS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-22

Si bien esta Corte se ha pronunciado por la respuesta positiva en cuanto a la legitimación del actor civil para deducir el recurso de inconstitucionalidad, debe señalarse que el artículo 407 del Código Procesal Penal circunscribe la posibilidad de recurrir del actor civil sólo en lo concerniente a la acción por él deducida, por lo que no corresponde analizar los reproches efectuados por el impugnante relacionados a la responsabilidad penal de los imputados en los hechos endilgados, teniendo en cuenta además que al no haber interpuesto recurso el actor penal, la resolución de la Cámara que absolvió a los imputados, ha quedado firme en ese aspecto.

Ello sin perjuicio del cuestionamiento que el actor civil pueda hacer a la decisión en el ámbito de la responsabilidad penal por su directa incidencia en la demanda civil por él deducida. (De la Disidencia del Dr. Gutiérrez).
Acción, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernandez, Delia c/ Pcia. de Bs.As. s/ Demanda Contencioso Administrativa Winchcabbich, Frank A. c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Rainieri, María Zulema c/ Provincia de Buenos Aires (Serv. Penitenciario) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-03|1995-06-21|1997-02-04

La decisión administrativa emitida con motivo de una denuncia de ilegitimidad no puede ser equiparada a la resolución definitiva que deja expedita la instancia contencioso administrativa y de tal forma no resulta susceptible de habilitar esta vía judicial.
Proceso contravencional, juicio abreviado, audiencia, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: V, H. C. s/ Artículo 75
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-22

La "designación de audiencia de juicio abreviado" es no sólo una medida que se aparta de las soluciones previstas en la Ley de Procedimiento Contravencional, sino que además, causal suficiente para la declaración de nulidad del acto referido (artículo 168 del Código Procesal Penal de la Nación), y de todos los que de él dependan.

En efecto, la nulidad, como remedio procesal contra aquellos actos que afecten las garantías constitucionales del imputado en el proceso contravencional, no sólo produce el fracaso del acto gravoso, sino también la de todos los actos consecutivos que de él dependan, conforme a lo establecido por el artículo 172 del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria al fuero. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Actor civil, damnificado directo, damnificado indirecto
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: A., A. s/ Denegatoria constitucion actor civil (Expte Nº98-97, Resolución Nº  86, Tomo 4, Folio 176)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-06-25

Damnificado por un delito es quien sufre una consecuencia dañosa derivada de él, y estas consecuencias dañosas no coinciden siempre con la lesión propia de la consumación del delito. Esto incluso lo reconoce la propia doctrina penal cuando diferencia consumación del delito (lesión típica del bien jurídico tutelado) de agotamiento del delito (logro de las finalidades ultratípicas eventualmente perseguidas por el autor del delito). Cierto es que por una restricción de nuestro ordenamiento procesal el único damnificado habilitado para constituirse como actor civil en el proceso penal es el damnificado directo, con exclusión del indirecto, mas configuraría una incorrección equiparar la idea de damnificado indirecto con la de sujeto de un daño no típico. Es que, como con la precisión de costumbre señala Carlos Creus ("Reparación del daño producido por el delito"- Rubinzal y Culzoni - 1995-) damnificado indirecto es aquél que soporta las consecuencias dañosas pero por la situación jurídica en que la ley o el contrato lo colocan y no por una relación causal con el hecho. Aplicando lo anterior al caso bajo examen, resulta nítido que quien pretende constituirse como actor civil no ha sido sujeto pasivo típico de los delitos denunciados como configurados, sin embargo, al afirmarse que esos delitos tenían como finalidad perjudicarlo y que dicha finalidad se logró, el así aludido podría haber sufrido un daño por el delito, y un daño directo por reconocer directa relación causal con el mismo.
Contrato de tiempo compartido, defensa del consumidor, oferta indeterminada, Dirección Nacional de Comercio Interior, sanciones administrativas, apercibimiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Time Sharing Resorts S.A c/ Sic. Y M.  (Disp. DNCI. 550/00)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-16

Debe confirmarse la sanción de apercibimiento que la Dirección Nacional de Comercio Interior impuso a la propietaria de un complejo de tiempo compartido, por haber infringido los arts. 7 y 19 de la ley 24.240 por incumplimiento en los términos de la oferta emitida tal cual quedará plasmada en el contrato por no respetar el derecho de uso adquirido correspondiente a la semana de la reclamante y por haber alquilado sin la expresa autorización de su titular la unidad.
Crédito laboral, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: FRANCIOSI, PATRICIA E. c/ FABRICA DE SANDWICHES MARINA s/ DEMANDA - SALARIOS ADEUDADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-26

La doctrina que emana de los arts. 124 y 125 de la Ley de contrato de trabajo, en tanto si bien el primero de los nombrados admite el pago con cheque bajo las condiciones que allí se determinan; no lo es menos que la documentación obrante en el banco y que en la especie, fue incorporada como prueba en la causa, sólo constituye prueba suficiente del hecho del pago (art. 125 Ley de contrato de trabajo), más no de su causa, esto es, la imputación que se le acordó el mismo. Dicho en otros término, el pago con cheque en modo alguno exime a la patronal deudora del cumplimiento de las restantes obligaciones que le impone la ley de contrato de trabajo, específicamente en los arts. 52, 138, 139 y 140. Aún habiendo la actora, reconocido en su confesional, haber percibido la suma abonada mediante cheque, la deudora para liberarse de sus obligaciones laborales debió acreditar la imputación que se efectuó a dichos pagos, esto es, mediante los recibos de ley o la documentación a que refiere el inc. e) del art. 52 de la Ley de contrato de trabajo.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, valor cuestionado en último término
Materia: CIVIL
Carátula: Corrales, Clara Helena Jaime de y otros c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ Cobro de daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Si los agravios del apelante se circunscriben al ítem daño estético - revocado por el a quo - y a la cuantificación del "daño moral", el valor disputado en "último término no se halla representado por las sumas reclamadas en la demanda o los montos concedidos en el pronunciamiento impugnado sino por la diferencia entre las fijadas y las mayores a las que aspira la recurrente.
Responsabilidad del Estado, error judicial, prisión preventiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROSA CARLOS ALBERTO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-02

El principio básico que rige esta materia es -conforme a la jurisprudencia de la corte- que el mero hecho de que un procesado sea detenido y luego absuelto no determina de por si la responsabilidad del estado por sus actos legítimos y solo puede responsabilizarse al estado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto (fallos 311:1007, sala I, causa 3820/93 del 21.10.93). En el presente caso, tanto los autos de detención y de prisión preventiva, como las reiteradas denegaciones de excarcelación fueron dictados por los jueces competentes y confirmados por la cámara. Ninguno de esos actos fue dejado sin efecto, de modo que no cabe hablar de error judicial en el sentido de la doctrina de la corte ya mencionada. Se trata, pues, de actos legítimos.
Juicio de desalojo, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zalazar, Pedro Osvaldo c/ Ibañez, Victor Rosendo s/ Desalojo por tenedor precario
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-04-21

Si se demanda atribuyéndose la calidad de precario tenedor al ocupante y éste a su turno invoca un contrato de locación, la carga de la prueba de este último extremo corre por cuenta del demandado.
Daños y perjuicios, caballos de carrera, uso indebido de estupefacientes, entrenador deportivo, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: CERAGIOLI, Adriana Fenecia c/ ASOCIACION CIVIL JOCKEY CLUB s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-16

El régimen de responsabilidad que el Reglamento General de Carreras, atribuye al entrenador del equino, resulta justo y adecuado a las modalidades de la actividad que regula. Ello por cuanto, se trata de un quehacer en el que el juego, las apuestas, cobran una relevante importancia, porque, sin duda, son la motivación de la mayoría de los que concurren al hipódromo y, por consiguiente, dicha normativa está destinada a preservar la probidad y la salud de las competencia hípicas, como impedir que se altere la paridad en las condiciones de los competidores.
Personal militar, adicionales de remuneración
Materia: MILITAR
Carátula: Acevedo Lelis y otro c/ Gendarmería Nacional s/ personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-14

Los suplementos creados por el decreto 1307/12 y sus modif., dec. 246/13, 854/13 y 716/16 otorgaron un aumento generalizado al personal militar en actividad de la Fuerza, con una base económica verdaderamente significativa, por lo que cabe concluir que los mismos revisten carácter "remunerativo" y "bonificable" y, por ello deben ser reflejados en los haberes del personal militar en pasividad.
Per saltum, derecho a la salud, acción de amparo, recursos, inadmisibilidad del recurso, actos jurisdiccionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Fragni, Hernán María y otros c/  s/ s/ SACAyT - otros en: Marecos, Sergio Daniel y otros c/ GCBA s/ amparo - salud - opción por la elección de obras sociales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-02

El art. 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y ciertas leyes locales (números 7, 189, 402, 2145, especialmente) prevén las vías recursivas que autorizan al TSJ a ejercer su competencia derivada: los recursos de inconstitucionalidad y ordinario de apelación concedidos y las respectivas quejas contra sus denegatorias. Ello así, aunque se prescinda del título y encuadre normativo otorgado por los coactores a la presentación efectuada, examinada en su sentido y alcance ésta resulta inadmisible puesto que, al haber omitido la intervención de la segunda instancia debido a la presentación tardía de la apelación, sólo atribuible a los propios recurrentes, no cumple con los requisitos que establece la reglamentación del recurso de inconstitucionalidad o el de queja. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión federal, Superior Tribunal de la Causa, Superior Tribunal de Justicia, competencia, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Celulosa Argentina S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Concurso   preventivo. Inconstitucionalidad ley 23549 (Expte CSJ Nº 71-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-11-02

La naturaleza de las cuestiones planteadas (el pronunciamiento del a-quo declaró la inconstitucionalidad de la ley 23549 de Ahorro Obligatorio en su aplicación concreta al caso), la jurisprudencia invocada por el recurrente en orden a la necesaria intervención de este Tribunal (considera que en la causa se encuentra en juego la inteligencia de normas contenidas en leyes federales -11683 y 19549-, por lo que el Tribunal superior de la causa es la Corte Suprema de Justicia Provincial conforme el caso "Strada"), así como lo sostenido por esta Corte in re "González" (AyS T 78 p 192), sumado a que -prima facie- se advierten cumplidos los demás recaudos de admisión, determinan la apertura del presente recurso directo, sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia del recurso de inconstitucionalidad planteado.
Representación procesal, administrador del consorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: MOLLAR, BLANCA ALCIRA c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO IBERA 2442 s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-24

Exhibir el Libro de Actas de Consorcio y agregar una copia del mismo al expediente, no suplen el 'acto de escritura pública' a que se refiere el artículo 9 de la ley 13512 para que la designación de administrar tenga validez en juicio.
Responsabilidad médica, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Liporace, Roque c/ Vázquez Ferro, Guillermo y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-28

Tratándose de la responsabilidad del médico, para que proceda el resarcimiento de los perjuicios sufridos debe acreditarse no sólo que han existido sino que son consecuencia directa e inmediata de un obrar negligente de aquel a quien se imputa la producción.
Beneficios previsionales, restitución de sumas de dinero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Quiroz de Zoppi, Nyria Julia de la Paz c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

El mecanismo de devolución de haberes previsionales indebidamente percibidos previsto por el art. 55 del dec. ley 9650, no se circunscribe en su aplicación al supuesto de incompatibilidad del art. 54 de la misma normativa, disposiciones cuyos objetos de regulación son diferentes.
Secretaría de Hacienda, pago, mora, sanciones conminatorias
Materia: PROCESAL
Carátula: BARBONA ELENA BEATRIZ c/ FUERZA AEREA ARGENTINA s/ RESPONSABILIDAD MEDICA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-06

La presentación de la demandada no se ajusta a los requisitos exigidos por la normativa vigente, ya que no ha elevado a la Secretaría de Hacienda -en su carácter de deudora- los requerimientos de pago correspondientes, incumpliendo con el trámite cuya demora otorga sustento a la aplicación de sanciones conminatorias, desde que no se ha alegado razón alguna que preste justificativo a la demora.
Convertibilidad, cuestión federal, facultades del Poder Legislativo, creación de moneda
Materia: CONSTITUCIONAL - COMERCIAL
Carátula: Simonet, Mario Armando c/ La Primera de Ciudadela S.A. Línea 289 s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Las normas de la ley 23.928, en tanto establecen el valor de la moneda, tienen indudable carácter federal, desde que han sido dictadas por el Congreso en uso de atribuciones previstas en el art.

67, inc. 10, de la Constitución Nacional.
Homicidio culposo, delitos, competencia criminal y correccional, incidentes
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos Méndez, Edgardo c/  s/ lesiones por conducción imprudente s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

Corresponde declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional porque, conforme surge de las constancias de la causa, en los hechos objeto de la presente investigación ocurrió una muerte y la Ciudad no tiene competencia para intervenir en la investigación pues, el homicidio, en cualquiera de sus formas, no ha sido transferido aún a la justicia local. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Daños y perjuicios, locación de obra, responsabilidad del empresario, responsabilidad del director de obra, derrumbe parcial de edificio
Materia: CIVIL
Carátula: FERREYRA, José A. c/ BENALAL, Carlos A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-08

Frente a los daños derivados del derrumbe de una pared medianera, a causa de la actitud negligente e imprudente del locador empresario de la obra -que asumió a su exclusivo cargo su construcción y dirección-, resulta jurídicamente inadmisible fundar la responsabilidad del locatario y dueño de la obra en los principios de la responsabilidad refleja o indirecta. Ello por cuanto entre este último y el locador- empresario y/o guardián, jamás puede hablarse de relación de dependencia, ya que actúan en forma absolutamente autónoma.

Del voto de la mayoría (Dres. Moreno Hueyo y Degiorgis)
Actualización monetaria, aplicación de la ley, impulso de parte
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: HURTADO c/ ROMAN s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-13

Para la aplicación de la ley 24.283 es preciso realizar una comparación entre la evaluación que resulta de los autos y el valor real y actual, y el juez no está -en principio- en situación de ponderar por sí mismo la eventual distorsión entre aquélla y éste. Por lo tanto dicha ley no es aplicable sin petición de parte interesada y la prueba de los antecedentes de hecho que la justifican.
Indemnización, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sterling, Omar Alberto c/ Municipalidad de la Capital s/ Cobro de pesos-Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-02

Es estricta la doctrina en lo que respecta al acogimiento de la indemnización por desvalorización venal, ya que no todo choque que daña un automotor lo deprecia venalmente.
Seguridad social, facultades del gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: León,Gerardo Amaranto s/ Inconstitucionalidad dec. ley 9978
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-14

La primacía que el art. 31 de la Constitución nacional confiere a las leyes nacionales no debe entenderse como fórmula que sirva para derogar virtualmente a la ley local -en el caso: dec. ley 9978/83- que ha sido sancionada por la Provincia en ejercicio de sus propias facultades (arts. 104, 105 y 108, Const. Nac.).