Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-09-17


Expte. N° 6442 "INCIDENTE DE EXIMICIÓN DE PRISIÓN a favor de Landa Rodríguez Alfredo Gabriel c/ motivo de la denuncia de Cristian Ferre en autos 62969/14 3° Inst. S/ Casación" En la Ciudad de San Juan, a diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil quince , se reúnen los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, por los doctores Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y Ángel Humberto Medina Palá, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal.

No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal - ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, dijo:

Contra la resolución dictada por la Sala Tercera de la Cámara en lo Penal y Correccional, en fecha 3 de octubre de 2.014, interpone recurso de casación el Dr. Ricardo Esteban Moine. El decisorio cuestionado -que obra a fojas sub. 31/35- dispuso no hacer lugar al recurso de apelación instado por la defensa y confirmar la resolución del Sr. Juez del Tercer Juzgado de Instrucción Penal -fojas sub. 7- que denegó la eximición de prisión de Alfredo Gabriel Landa.

Básicamente el tribunal de alzada fundó su postura en razón de la calificación legal atribuida al encartado, consistente en el delito de robo agravado por el uso de arma (art. 166 inciso 2º primer párrafo del C.P.), la cual entendió ajustada a derecho -conforme la prueba existente en la causa al momento de decidir recibirle declaración indagatoria-.

En atención a ello y dada la escala penal en abstracto fijada para dicha figura consideró un escollo insalvable para el otorgamiento del beneficio lo dispuesto por el artículo 375 inciso 1º del Código de Procedimientos Penales. Por su parte, en el recurso interpuesto -que obra a fojas sub. 37/44- se esgrime inobservancia de la ley sustantiva, concretamente el artículo 8 inciso 2º "g" de la Convención Americana de Derechos Humanos, los artículos 18 y 14 de la Constitución Nacional y 30 y 33 de la Constitución Provincial, que contemplan el principio de inocencia, el debido proceso, defensa en juicio y derecho a la libertad.

Se sostiene básicamente que el tribunal de apelación estaría considerando a su asistido responsable de supuestos ilícitos sin haber recaído una condena, por lo que se estaría violentando los principios superiores mencionados y se estaría configurando un adelanto de pena.

Asimismo se aduce que resulta arbitraria e insostenible la posición de los tribunales inferiores en razón de la ausencia de pruebas que avalen la calificación que se ha tenido en cuenta para fundar la denegatoria de eximición, ya que sólo se habría tenido en cuenta los dichos del denunciante. A fojas sub. 45/46 vta. el recurso fue concedido por el A quo.

Una vez radicada la causa en esta instancia, las partes fueron debidamente citadas para la presentación de sus informes. La defensa reiteró su pretensión (fojas sub. 55/62 vta.).

Mientras que el Sr. Fiscal General de la Corte se pronunció fundadamente por el rechazo del recurso instado (fojas sub. 65/68).

A fojas sub. 70 se dispuso, como medida para mejor resolver, solicitar informes a la Sala Tercera de la Cámara Penal y Correccional respecto del planteo de cambio de calificación planteado por la defensa de Alfredo Gabriel Landa en el Sumario Nº 62.969/14.

En tal sentido, dicho tribunal hizo conocer que en fecha 30 de junio de 2.015 resolvió no hacer lugar el pedido de cambio de calificación y falta de mérito pretendido por la defensa en relación, confirmando así la resolución dictada por el Sr. Juez del Tercer Juzgado de Instrucción.

Así las cosas, corresponde resolver el presente asunto trayendo a colación lo sentado recientemente por esta Sala de la Corte en Expte. Nº 6.295 caratulado "Incidente de excarcelación a favor de Fá Jonathan s/ Casación e Inconstitucionalidad", donde se dijo que ". si bien el estado de libertad del imputado durante el trámite de la investigación es el principio reconocido para que el proceso penal pueda efectivizar sus objetivos, existen supuestos en que resulta necesaria la implementación de medidas cautelares que garanticen la realización de los mismos.

Que tales restricciones o privaciones de libertad deben ser reglamentadas por las leyes procesales, fijando las condiciones, modos y formas en que habrá de procederse, sin alterar la garantía constitucional que tutela la libertad de los habitantes de la Nación (.) resulta valedero y plenamente legítimo tomar como parámetro orientador el monto de la pena prevista en abstracto por la figura penal prima facie infringida por el imputado cuando exista una probabilidad fundada de ello, presumiéndose que a mayor gravedad de la misma aumenta la posibilidad que aquel intente eludir la pena frustrando la investigación o procediendo a fugarse.

Puede concluirse así que la naturaleza del hecho y la severidad de la pena constituyen indicios plenamente ponderables para disponer el encierro cautelar (.) los artículos 364, 373 y 375 del C.P.P. no pueden ser reputados como inconstitucionales pues han sido dictados por el legislador local bajo el amparo de lo previsto en el art. 18 de la Carta Magna y los Tratados incorporados.

Asimismo, también se encuentran autorizados por el art. 31 de la Constitución de San Juan, que expresamente contempla la posibilidad de aplicar medidas de seguridad personal sobre un imputado o procesado, remitiendo a la ley los casos y modalidad en que procede la excarcelación o eximición de prisión del mismo (.) la medida restrictiva de la libertad ambulatoria se halla plenamente autorizada por la Legislación Internacional, aunque sujeta a los límites previstos en el derecho interno, que acotan el encarcelamiento a términos precisos y fatales (.) los artículos cuestionados no vulneran la Carta Magna ni los Tratados incorporados, porque los mismos fijan un criterio excarcelatorio fundado en la posibilidad de fuga o elusión ante la probabilidad de recibir condena efectiva por la comisión de un delito grave (.) las normas denunciadas (art. 373 inc.1º y 375 inc.1º) constituyen una valla pues sólo después de descartar los presupuestos allí indicados, estará facultado el juzgador para analizar los restantes requisitos para la procedencia de los beneficios de excarcelación o eximición de prisión. Tales recaudos objetivos revisten una importante significación frente a cualquier otro análisis judicial sobre la conducta futura e impredecible del imputado.

En efecto, un juicio distinto significaría prever eventuales acciones futuras -en desmedro del valor seguridad y los fines del proceso penal- careciéndose de certeza en cuanto a las posibilidades de concreción, por cuanto contemplar la posibilidad de que una conducta se materialice o no tropieza con el propio escollo del libre albedrío inherente a las acciones humanas (.) el encierro preventivo no constituye una pena, sino que a través del mismo -cuando existe probabilidad fundada- se privilegia el derecho a proteger a la sociedad adoptando las precauciones para garantizar el éxito de la investigación penal.

El derecho a la libertad ambulatoria no es absoluto y su ejercicio se encuentra válidamente restringido por las normas que lo reglamentan, entre ellas las que fijan la cautelar mencionada . " (cfr. PRE S. 2° 2015-II-334). A la luz de tales conceptos, lo dispuesto en el sub examine por los tribunales inferiores ha sido acertado y ajustado a la normativa específica de aplicación, resultado errónea la expresión de la defensa sobre la existencia de una supuesta vulneración del principio de inocencia por adelanto de pena.

En torno al tema puntual de la calificación legal atribuida al encartado Landa, corresponde señalar que es facultad privativa de los tribunales de mérito tal menester, máxime dado el estado procesal por el que transita la causa la cual recién se encuentra en etapa de investigación, sin contar con un pronunciamiento firme que justifique o autorice la intervención de este tribunal superior sobre dicha cuestión. Téngase en cuenta que tanto el tribunal instructor como el de apelación han coincidido en sostener una calificativa que impide la concesión de la eximición de prisión. - Por todo ello, propicio que el recurso de casación interpuesto por la defensa sea rechazado.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y ANGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente. En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Alfredo Gabriel Landa Rodríguez. Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos. Fdo. Dres. Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y Ángel Humberto Medina Palá. Ante mí: Héctor Fabián Meló - Secretario letrado de la Corte de Justicia.

Cp-6442 CS PRE S.2° 2015-III-537.