marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso contencioso administrativo, plazo, Municipalidad, personal municipal, seguro de vida, ordenanzas municipales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Leno, Ruben y otros y sus acumulados c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 102 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-07

No corresponde declarar la inadmisibilidad de los recursos contencioso administrativos sobre la base de la extemporaneidad traída por la Municipalidad al contestar la demanda (menciona que la ordenanza 6166 -régimen recursivo contra las decisiones de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones- fija para la impugnación de actos de dicho organismo un plazo de diez días hábiles desde la notificación respectiva; y que el control del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de apelación puede ser revisado por el Intendente municipal, aun en los casos en que la Caja hubiera concedido dicho recurso), por cuanto la Caja, en su oportunidad, rechazó las revocatorias por razones de fondo y concedió las apelaciones deducidas subsidiariamente; y el Intendente, en definitiva, no ejerció el control del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de las apelaciones -potestad a la que alude-, quedando pues, sin explicar por qué razón no declaró, en todo caso, mal concedidas las apelaciones utilizando los medios formales que el ordenamiento le otorga a tales fines, para lo cual tuvo tiempo suficiente desde la elevación de las actuaciones administrativas.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, calidad de parte, Derecho laboral, contrato de trabajo, modalidades del contrato de trabajo, presunciones, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: BELTRAN, VICTOR ARIEL c/ KUNCAR, ADRIANA ELIZABETH s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-05

La actitud del empleador implica la creación pretoriana de una presunción (hominis) en contra del trabajador.

En efecto: el mismo implica que ante la verdad ficticia de que lo incluido en la documentación de un empleador se corresponde con la realidad, debe el trabajador destruir aquella mediante medios probatorios que otorguen certeza por su contundencia, extremo éste último que ni siquiera es exigido al empleador para dejar sin efecto medios indirecto de adquisición de prueba, como por ejemplo el previsto en el art. 23 de la ley de contrato de trabajo. Más allá de que lo referido resulta opuesto a la filosofía que sustenta el derecho del trabajo como una rama autónoma del conocimiento jurídico, considero que ningún sistema procesal permite concluir a priori en el mayor valor probatorio de un medio respecto de otro, puesto que todos quedan sometidos al análisis final de quien dictará la sentencia y tiene un único límite en el ejercicio de su imperium a posteriori: la sana crítica, que supone la aplicación de normas que surgen de la lógica y de la experiencia e impide dotar genéricamente de mayor poder a un medio de prueba respecto de otro, exigiendo para dejarlo sin efecto "prueba de idéntica envergadura" (segundo párrafo que empieza a fs. 142 vta.), a la cual, en general, el trabajador no tiene posibilidad alguna de acceder.
Gobierno de facto, leyes, Poder Legislativo Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Rallín, Hugo Félix y otros s/ contrabando  y  violación de  los  deberes  del funcionario público   Causa N. 93.991/83.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-07

La validez de las normas dictadas por los gobernantes de facto está condicionada a que, explícita o implícitamente, las autoridades constitucionalmente elegidas que los sucedan la reconozcan, requisito que ha de estimarse cumplido respecto de las leyes dictadas por quienes ejercieron la facultad legisferante entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, pues el Congreso de la Nación las ratificó tácitamente al abrogar algunas, modificar otras, y sorprender o prorrogar la vigencia de otras más
Recusación, facultades jurisdiccionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Di Donato, Roberto Fabio c/ Leone de Sollazo, Amelia Elena. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06

Las cuestiones de recusación se vinculan con la mejor administración de justicia, cuyo ejercicio imparcial es uno de los elementos de la defensa en juicio.
Proceso penal, prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad, ley posterior, leyes, ley penal más benigna, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: O., J. s/ Cese de prisión (Expte Nº 163-01, Resolución Nº  98, Tomo 6, Folio  342)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-10-05

Aunque pareciera bastante evidente que las disposiciones originales de la ley 24.390 son más benignas que las resultantes de la ley 25.430, son de aplicación estas últimas. Ello así por cuanto salvo las viejas disposiciones contenidas en los derogados artículos 7 y 8, que aludían a la forma de computar los plazos de la prisión preventiva frente al dictado de una condena y que por tanto claramente configuraban disposiciones propias del derecho penal sustantivo -del Código Penal, con toda propiedad-, todas las demás son disposiciones de contenido no penal y por tanto no sujetas al principio de ultraactividad de la ley penal más benigna. Si en todo caso un condenado podría aspirar a la aplicación parcial del cómputo privilegiado de la prisión preventiva a que aludían las disposiciones derogadas, no podrá requerir que se le apliquen las demás disposiciones, y esto no produce ningún escándalo dogmático, puesto que precisamente el artículo 3 del Código Penal permite que en la selección de la ley penal más benigna se elija independientemente aquéllas que más favorezca al interesado en lo que hace a la forma de computar su prisión preventiva. Son pues de aplicación al caso las regulaciones de le ley 24.390, según modificaciones de la ley 25.430.
Recurso de inconstitucionalidad, reincidencia, sentencia condenatoria, debido proceso, defensa en juicio, principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: T., L. I. c/  s/ amenazas simples, violación de domicilio, amenazas calificadas por uso de arma, desobediencia a una orden judicial, lesiones leves dolosas agravadas por la relación preexistente y mediar en un contexto de violencia de genero, daños-apelación de sentencia condena de prisión efectiva- (CUIJ 21-06739526-0 y acumulados)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-10-10

La declaración de reincidencia en la sentencia sin pedido de la Actora penal en el juicio y, por ende, sin un adecuado contradictorio sobre la cuestión en el debate oral -más allá de las objeciones constitucionales del suscripto al instituto, por considerar que la reincidencia implica una agravación de la pena al inviabilizar la concesión de la libertad condicional-, implicó una vulneración al principio de congruencia y, consecuentemente, al derecho de defensa, afectándose asimismo la imparcialidad del Tribunal. (De la disidencia del Dr. Netri) - CITAS: CSJN: Alvarez Ordóñez, del 5.2.2013, voto del señor Ministro doctor Zaffaroni, considerando 19°; CSJStaFe: Herrera, AyS T 242, p 301; González, T 260, p 207; Serrani, T 291, p 133; Summer, T 302, p 132; Miño, T 282, p 348. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 14 .
Defraudación, estafa procesal
Materia: PENAL
Carátula: Bohorquez, Ciro s/ Defraudación. Estafa procesal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19

Si es la demandante la que persigue la disposición patrimonial en sede civil, y sólo resultara a cargo de la contraparte la controversia de esa pretensión, el hecho de que la misma se verifique a través de ocultamientos no constituye estafa procesal.
Derechos y garantías constitucionales, recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Urquía de González, Juana c/ García, Alberto s/ Daños y perjuicios. Queja por denegación del recurso de   inconstitucionalidad (EXPTE CSJ Nº 435-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-02-22

Cuando una resolución se halla íntimamente vinculada a una garantía constitucional, erigir la falta de definitividad en obstáculo a la viabilidad del remedio extraordinario importaría tanto como tornar inoperante la garantía comprometida.
Acto administrativo, Municipalidad, intendente, nombramiento, vicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pérez, Claudia Marin de c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 73-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-07

Si las razones esgrimidas por la Administración para justificar el retiro del acto de designación en el cargo cuestionado -en ejercicio de su potestad de autoanulación- mandando recalificar el rubro "antecedentes" con expresa discriminación de cada uno de los items que lo componen, y de realizar, en su caso, una nueva prueba de oposición, no han sido puestas en entredicho por la recurrente en la solicitud cautelar, queda sin respaldo la pretendida ilegitimidad, correspondiendo el rechazo de la incidencia.
Gas del Estado, facultades de control, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Metrogas SA c/ Resolución 1260/10 -ENARGAS (Expte. 16.154/10)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-23

El control o fiscalización que compete al ENARGAS sobre los licenciatarios (arts. 75 a 78, ambos inclusive, de la ley 17.319 e inc. t) del art. 52 de la ley 24.076) constituye una de las actividades más específicas de este Ente Regulador y justificación de su existencia, comprendiendo un diverso grupo de facultades (por ejemplo, las enumeradas en el art. 52 de la ley 24.076), a los efectos de cuya concreción se le ha conferido en particular la de requerir los documentos e información necesarios para verificar el cumplimiento de la ley y su reglamentación y, asimismo, de realizar las inspecciones que al efecto resulten necesarias, con adecuado resguardo de la confidencialidad de la documentación que pudiese corresponder (inc. o) del citado art. 52), por lo que si el Diccionario de la Real Academia Española asimila la acepción "veedor" con la de "inspector", va de suyo que la "intervención" -a los efectos de concretar "la fiscalización y control de todos los actos de admnistración habitual y de disposición que puedan afectar la normal prestación del servicio público de distribución de gas que integra el objeto de la licencia"- que fuera dispuesta por la impugnada resolución (ENARGAS) 1.260/10 no parece exceder la que a tal efecto competería a una "veeduría" o "inspección", la que el Enargas -a la luz de lo establecido en la citada norma legal- se encontraría legalmente habilitado para disponer por sí, sin necesidad de requerirla por vía judicial -como lo afirma el recurrente- (Del voto del juez Buján, Cons. VIII).
Estafa, donación
Materia: PENAL
Carátula: SALMOYRAGHI, A. s/ ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-14

La afirmación de conocer a un "medium" que procederá a bendecir un objeto para obtener la entrega del mismo, es el engaño típico que es causa de desplazamiento patrimonial por parte de la víctima, sin que la existencia de una supuesta relación afectiva entre el procesado y los damnificados reste la obligación de devolver por parte del sujeto activo de la apropiación, pues no se probó que existiera una donación.
Honorarios, tribunal de alzada, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: López Eduardo c/ S.E.CH.E.E.P. s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-12-03

De conformidad al art.11 de la ley de Aranceles, los honorarios de Alzada se deben regular entre el 25% y 50% de lo que hubiere correspondido en primera instancia, por lo que atendiendo a la calidad, eficacia y extensión de la labor desarrollada, deben aplicarse indicativamente, ley provincial 3965, el 17% del art.5, el 40% del art.6, el 70% del art.7 y el 35% del art.11, sobre la base de la planilla aprobada en autos.
Prescripción, caducidad
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: TURCATO J.B. c/ A.L. SERGIAMI s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-02-20

La prescripción y la caducidad de la instancia, instituciones de distinta naturaleza, apuntan a un objetivo similar: dar certidumbre y estabilidad a las relaciones jurídicas sustanciales y procesales, respectivamente, impidiendo que tanto unas como otras se eternicen, comprometiendo el orden social. La prescripción se interrumpe con la demanda (art. 3986 C.C) y, en principio, prolonga sus efectos durante todo el tiempo que dura el proceso -salvo desistimiento o deserción -porque este también requiere actividad impulsoria, que está demostrando el interés del titular de conservar el derecho.

Pero si el accionante adopta a partir de la presentación de la demanda, una actitud despreocupada y el desconocimiento de la existencia del reclamo judicial impide al demandado acusar la perención -descartados en nuestra ley adjetiva la posibilidad de su declaración de oficio (art. 1125 C.P.C) y la de operar de pleno derecho - ajustarse inflexiblemente a aquélla regla general, significaría dejar librado a la voluntad del actor la neutralización de los efectos de la prescripción, decretando su muerte por la inoperabilidad de la previsión del art. 3987 C.C.; con ello se habrá logrado burlar los fines de orden público que la sustentan.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, notificación, domicilio constituido
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, JOSE MARIA c/ ARCOLEN ARGENTINA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-09-28

La Sala confirmó lo resuelto por el juez de grado en el entendimiento que la notificación fue dirigida al domicilio legal constituido en el escrito de responde y, por lo tanto, la demandada debía soportar las vicisitudes del domicilio elegido y que, la falta de aviso que alega no la releva de la carga de concurrir a la casilla postal en forma regular como a cualquier domicilio que se constituye, y asimismo, señaló el A quo que los defectos formales de la cédula a los que aludiría la apelante, en modo alguno le habrían impedido tomar conocimiento de la sentencia notificada y, finalmente, indicó que no existe error en la diligencia del correo que sea imputable en sus consecuencias a la notificación cursada, pues el proceso del correo es independiente al acto procesal de notificación; y frente a esta respuesta del Tribunal sobre un tema de naturaleza procesal -ajeno por regla a la revisión a través del recurso de inconstitucionalidad- el planteo del recurrente resulta asaz insuficiente, pues de la lectura del mismo no se logra determinar cuál sería el vicio trascendente que adolecería la notificación cursada que le hubiese impedido tomar conocimiento oportuno del dictado de la sentencia y poder ejercer así su derecho de defensa, limitándose a expresar que tiene vicios formales (de plazos, domicilio y error fundamentalmente entre otros) todos debidamente enumerados en la expresión de agravios, los que sí impidieron tomar conocimiento en tiempo y forma, que el error del correo, fue ajeno a la parte, y debidamente justificado y explicado que no se pudo dar aviso como comúnmente se avisa al titular de la casilla, pero sin aportar argumentos o elementos probatorios útiles que demuestren que, efectivamente, se trata de un supuesto que amerita excepcionar la regla señalada.
Recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Otero Norberto Rubén y otros s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-17

El agravio es el perjuicio que la resolución causa al recurrente; y la existencia de este agravio y la posibilidad de su reparación a través del recurso de apelación es lo que determina el interés del apelante en ese recurso. O sea, existe causa para la apelación, cuando hay interés del recurrente para apelar por haber sido perjudicado por la sentencia contra la que se recurre. Así como el "interés" es la medida de la acción, el "agravio" es la medida de la apelación; y la resolución que satisface el propio interés es, en principio, irrecurrible. (Minoría u opinión personal)
Accidentes de trabajo, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Lione, Adela c/ Hospital Interzonal General de Agudos s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-11-03

La dilación del procedimiento seguido ante la Subsecretaría de Trabajo, no puede ser invocado por quien participó en la generación de la legítima expectativa del agente, como un abandono de la acción de quien cumplió con las normativas vigentes y se puso a disposición de dicho organismo -en el caso Fiscalía de Estado- a la espera de una resolución definitiva a su reclamo.
Cheque sin fondos, concurso preventivo, error esencial (penal), error de prohibición, abogados, asesoramiento profesional
Materia: PENAL
Carátula: EL KADRI, SAMI s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-28

1- La presentación en concurso preventivo no legitima la frustración de cheques ya emitidos. (Del voto del Dr. Hendler).- 2- Debe admitirse la concurrencia de un error de derecho extra penal-esencial e invencible-("error de prohibición") si medió en el caso un asesoramiento profesional a los inculpados en base a normas de la ley 19551 referentes al incumplimiento de las obligaciones después que se hubiera conocido o debido conocer el estado de cesación de pagos que determinó la abstención de pagar el documento rechazado en el plazo legal de veinticuatro horas. (Del voto del Dr.

Hendler).- 3- El incorrecto asesoramiento profesional proponiendo la abstención de pagar los cheques en el plazo legal de veinticuatro horas de recibida la interpelación revela la concurrencia de un error de derecho extra penal-esencial e inculpable- en tanto la equivocación determinada por un controvertible asesoramiento legal, involucró normas de la Ley 19551 referentes al cumplimiento de las obligaciones después que se hubiera conocido o debido conocer el estado de cesación de pagos (arts. 17 y 235 inc. 4° de la mencionada ley). (Del voto del Dr. García Quiroga).
Jornada de trabajo, horas extra, personal de dirección y vigilancia
Materia: LABORAL
Carátula: GHINZANI, ROBERTO c/ BONAFIDE s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-28

El empleado de dirección o vigilancia -artículo 3 inciso a) ley 11544- excluido de la jornada máxima, tiene derecho a la percepción de horas extras, toda vez que desdoble su persona en 'dos status' y realice contemporáneamente una tarea propia de 'dirección' con otra de 'no dirección', lo que constituye una excepción a la excepción.
Accidente de tránsito, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BARG SOFIA c/ CORONEL ANTONIO N. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-09

Aun cuando el reclamo por daños y perjuicios sea hecho "iure propio" que no "iure hereditaris" existe posibilidad de disminuir la medida de las responsabilidades de los demandados en razón de la culpa concurrente de la víctima.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto, ejecución hipotecaria, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/ Asociación  Cooperadora de Permisionarios "Congreso", Feria Municipal Modelo nro. 77 s/ ejec. hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

Adolece de excesivo rigorismo la decisión que rechazó la ejecución hipotecaria respecto de la deudora de los créditos que fueron garantizados con hipotecas sobre inmuebles de terceros, pues aunque aquélla no fuese deudora hipotecaria, debió admitirse la acción incoada en su contra, pero en los términos del juicio ejecutivo.
Compraventa mercantil, entrega del bien, obligaciones del vendedor, culpa civil
Materia: COMERCIAL
Carátula: VIVIAN HERMANOS  S.A. c/ TRANSPORTE GIGLIO s/ RESOLUCION DE CONTRATO Y COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-30

Los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento culposo del vendedor derivados de la falta de entrega de la cosa vendida cuando el precio estipulado fue íntegramente abonado, se resarcen con el pago del mayor valor que aquélla experimentó en plaza, cuya diferencia constituye una consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento de la obligación (CCIV 520). En consecuencia, si el comprador que pudo exigir el cumplimiento in natura o por equivalente, optó por la resolución del contrato, debe establecerse la mentada diferencia de valores a la fecha en que operó la resolución, y de allí en más proceder a su actualización conforme la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, prescindiendo de las oscilaciones que puedan afectar particularmente la cosa que debió entregarse.
Recurso de revisión (procesal), procedencia del recurso, aplicación de la ley penal, automotores, delitos contra la propiedad, inconstitucionalidad
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: BOZZA, MARCELO s/ RECURSO DE REVISION    AUTOMOTORES    INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-09

Corresponde hacer lugar al recurso de revisión, declarando la inconstitucionalidad del art. 38 del decreto-ley 6.582/58 y modificando la pena de nueve años impuesta al recurrente, condenándoselo en definitiva a la pena de cinco años de prisión.
Deuda pública, fijación judicial, sentencia declarativa de derechos, régimen de consolidación de deudas, ley de consolidación de la deuda pública
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES c/ OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES s/ CUMPLIMIENTO/INCUMPL. PRESTACION DE OBRA SOCIAL. CANSA N. 3790/91
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-21

Del art. 2. del decreto N. 863/92 se desprende que no quedan excluidos los créditos de las fundaciones y establecimientos privados que, independientemente de lo expresado en sus estatutos, prestaren por sí o por sus asociados, ... Servicios retribuidos comercialmente o hicieren de la prestación de servicios médicos y asistenciales, una fuente de recursos. Como la entidad actora no es una institución intermedia sin fines de lucro, a su crédito reconocido en este juicio le es aplicable la subrogación prevista en la ley N. 24.070.

Corresponde precisar, tal cual lo ha analizado mi distinguido colega de la Sala II, Dr. Eduardo Vocos Conesa, al votar en primer término en la Causa N. 4.254/91, del 3.12.93, que la determinación judicial de pasivos incluidos en la ley 24.070 no puede fijar un plazo de pago, porque ello significaría prescindir de lo dispuesto en el art. 1. del decreto 863/92, el cual, por remisión al art. 3. de la ley 23.982, otorga a las sentencias judiciales que reconozcan obligaciones alcanzadas por la consolidación un carácter "meramente declarativo", cuya única vía de cumplimiento es la establecida en la mencionada ley.