Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15


Buenos Aires, 15de febrero de 2011 Visto: el expediente indicado en el epígrafe, resulta:

Javier Esteban Villamil interpuso acción de amparo contra el GCBA Dirección General de Educación Vial y Licencias por haberle denegado la licencia de conducir automotores Clase D Subclase 1. Solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la disposición nº 813/DGEVyL/06, y de las normas en las cuales se basa la misma: art. 20 de la ley nacional nº 24.449; inciso 6 del artículo 20 del decreto reglamentario nº 779/95 y decreto nº 331/04. Fundó su derecho en los arts. 14, 14 bis y 18 CN y arts. 11, 13, inc. 3 y 9 y art. 43 de la CCBA y en el art. 25 de la DUDH y art. 6 del PIDESC.

En lo que aquí interesa cabe destacar que la disposición nº 813/DGVyL/06 cuestionada se fundamentó en que los antecedentes penales del accionante, por coincidir con los enumerados por el decreto nº 331/04, constituían un impedimento para otorgar el permiso solicitado.

La magistrada de primera instancia, luego de un exhaustivo análisis de las cuestiones fácticas y jurídicas, resolvió hacer lugar a la acción de amparo interpuesta y ordenó al GCBA que otorgara al actor la renovación de la licencia de conducir, previo cumplimiento de los restantes requisitos legales.

Para ello, al momento de sentenciar tuvo en cuenta el dictado de la ley nº 2148 y entendió, luego de considerar abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad del decreto 331/04, del art. 20 de la ley nacional nº 24.449 y del inciso 6 del art. 20 del decreto reglamentario nº 779/95, que la disposición cuestionada emitida por el Director General de Licencias del GCBA y por la cual se denegó al actor la habilitación de conductor profesional clase D, subclase 1 estaba fundada en una norma que impedía conceder la licencia a quien, como el actor, registraba ciertos antecedentes penales.

La magistrada sostuvo que a la fecha de la sentencia (25/11/2008) la modificación introducida por la ley nº 2148 tornaba procedente la vía del amparo para impugnar la disposición nº 813 DGEV y L/06 dado que no era suficiente la mera constatación de los antecedentes para denegar la licencia.

Destacó que, al momento de condenarse penalmente al amparista, el tribunal competente no le impuso la pena de inhabilitación especial por incompetencia o abuso en el desempeño de su profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público.

El Sr. Fiscal de primera instancia y el GCBA apelaron la sentencia. El primero fundó sus agravios en (i) que se debió ordenar el dictado de un nuevo acto administrativo ajustado a la ley que actualmente regula la cuestión y (ii) que la sentencia excedió el control de legitimidad respecto de la actuación discrecional de la administración y "por regla, debe reenviarse el asunto a la esfera administrativa a fin de que se dicte un nuevo acto conforme a las pautas de la sentencia.".

Por su lado, el GCBA fundó su impugnación en: (i) la insuficiencia y contradictoria fundamentación de la sentencia; (ii) el respeto del procedimiento seguido por el recurrente hasta el dictado de la resolución cuestionada; (iii) la invasión de la zona de reserva de la administración en la que incurre la decisión apelada y, finalmente, (iv) la interpretación errónea de las prescripciones de la ley 2148 contenida en la resolución que se impugna.

La Sala I de la CCAyT por unanimidad compartió los fundamentos del recurso de apelación de la Fiscal de Cámara (fs. 109/110 de los principales) y, agregó que "el psicodiagnóstico obrante a fs. 369 no alcanza para desvirtuar la pericia de fs. 355 y 358/360" por lo que hizo lugar a los recursos de apelación deducidos, revocó la sentencia apelada y rechazó el amparo.

Contra tal decisión la actora interpuso recurso de inconstitucionalidad cuyos fundamentos estuvieron orientados a discutir:

a) La violación del derecho de defensa en juicio por falta de una decisión fundada y por violación de la garantía de independencia e imparcialidad de los jueces. El impugnante sostuvo, luego de reseñar el desarrollo del proceso, que el fallo era dogmático y sin mayor análisis.

En este agravio cuestiona el mecanismo de la decisión recurrida por hacer uso de dos tipos de remisiones, sin agregar mayores fundamentos. La primera en relación con los argumentos desarrollados por la Fiscalía de Cámara, y aquí señala que ese ministerio no había ejercido la defensa del interés general de la sociedad y el orden público "sino que había asumido el carácter de parte en la contienda".

Del mismo modo y en ese orden, reprocha al tribunal superior de la causa su segunda remisión, esta vez, porque en términos lacónicos y bajo la forma de pseudos argumentos, se refiere al dictamen ericial psiquiátrico de fs. 355 y 358/360.

b) la violación de los principios de congruencia, de preclusión procesal y del derecho al debido proceso adjetivo. En este aspecto afirmó el recurrente que "no es posible soslayar que, tal como expresamente reconoce el propio Ministerio Público Fiscal, existiendo un recurso de apelación interpuesto y fundado por ante la primera instancia, la intervención de la Sra. Fiscal de Cámara ante el Tribunal de Alzada debe necesariamente limitarse a continuar la intervención del Fiscal de primera instancia, mas "sin ampliar los fundamentos del recurso, ya que ello alteraría la preclusión de las etapas procesales".

Agregó que también se viola el principio de congruencia porque se introducen cuestiones que no fueron articuladas en las etapas procesales oportunas, toda vez que el Tribunal se aboca al tratamiento de otros argumentos introducidos por la Fiscal de Cámara: "la Fiscalía de Cámara procede a incorporar nuevos argumentos en sustento de su pretensión revocatoria, en clara contradicción con los principios de congruencia y preclusión", a cuyo fin específicamente individualiza el punto IV del escrito de la Fiscalía de Cámara.

Observa, por último que lo dictaminado por la Fiscal de Cámara nunca fue sustanciado, con lo que no se le permitió defenderse de los fundamentos de ese dictamen.

c) la arbitrariedad de la resolución recurrida.

El tribunal superior de la causa desestimó el recurso de inconstitucionalidad (fs. 449/451), tras considerar que el impugnante sólo planteaba una mera discrepancia con el fallo sin dar razones suficientes en las que explicitara un caso constitucional; y que la simple remisión a los fundamentos del dictamen fiscal no vuelve arbitraria la decisión, ni la invocación que se hace de la doctrina de la arbitrariedad alcanza a exponer un caso constitucional.

La actora dedujo queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, que dio origen a la formación del presente expediente.

A fs. 29/31 del presente, se expidió el Fiscal General Adjunto quien propició el rechazo de la queja.

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja ha sido interpuesto en tiempo, forma y dirige una crítica concreta sobre la resolución denegatoria del recurso de inconstitucionalidad.

2. El recurso de inconstitucionalidad critica la decisión de la cámara de remitirse al dictamen fiscal de cámara y a los dictámenes periciales. Sin embargo, la adopción de ese criterio no hace infundada a la sentencia recurrida. En efecto, el texto de esa resolución se integra no sólo con las fojas que la componen y que fueran firmadas por los Sres. Jueces sino que se completa con los argumentos de las piezas del proceso a las que reenvía. Este mecanismo es absolutamente legítimo y sustituye -por razones de economía procesal- transcripciones literales de otras fojas del expediente (v. gr.: dictámenes de la fiscalía o de peritos periciales) que el decisorio invoca en apoyo de la solución que establece. Tal práctica es común y de uso, está consolidada en todos los tribunales del país y su única condición de validez es que la sentencia permita conocer al interesado las piezas incorporadas y que éstas hayan sido producidas en el marco del debido proceso adjetivo.

El reenvío a argumentos expresados dentro del proceso, incluso a jurisprudencia u otras fuentes autoritativas no aparece como irrazonable en tanto y en cuanto haya certeza y claridad respecto de cuales son los textos o argumentos que se invocan en apoyo de la decisión.

Ahora bien, el problema que se presenta en este caso es de índole distinta al señalado precedentemente y remite a otro de los agravios del recurso en análisis.

En efecto, la Cámara incorpora como propios los fundamentos expuestos por la Fiscal de Cámara al sostener la apelación del Fiscal de primera instancia. Como simplemente se remite a esa presentación corresponde entender que: a) acepta tanto los argumentos que fueron originalmente vertidos por el Fiscal de primera instancia, lo que no provoca cuestión constitucional alguna, como, b) los que únicamente aparecen en el dictamen de la Fiscal de Segunda Instancia. Aquí sí hay una afectación constitucional.

La oportunidad para expresar agravios precluye con la agregación de los agravios del Fiscal de primera instancia. El plazo para dar cumplimiento a dicha carga -la de expresar agravios- es perentorio, queda agotado (consumido) con su presentación y no puede, luego de vencido el término, ni sustanciarse, ni ampliarse. La afectación de carácter constitucional se agrava aún más cuando ni siquiera es respetado el principio de bilateralidad, como ocurre en este proceso.

Desde otro punto de vista, la Sala I al aceptar los agravios de la Fiscal de Cámara, actuó fuera del marco de su competencia, la cual quedó definida por los agravios vertidos por el Sr. Fiscal de primera instancia y no por los argumentos agregados por la Fiscal de Cámara (cfr. art. 242, CCAyT).

Y por último, también la sentencia recurrida lesiona los principios de igualdad procesal (igualdad de armas), bilateralidad, división de poderes (la cámara actuó por fuera de su competencia legal) y, en un sentido más amplio, del derecho de defensa en juicio y del debido proceso.

Las razones expuestas determinan la nulidad de la decisión por violación del principio de congruencia y de competencia (cfr. art. 27, inc.4, CCAyT). Corresponde, pues, devolver las actuaciones a la Cámara, para que un tribunal que garantice la imparcialidad, resuelva concreta -y exclusivamente- los agravios introducidos por el Sr. Fiscal de Primera Instancia y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. La queja fue presentada por el accionante en legal tiempo y forma (conf. art. 33 ley local nº 402), no obstante lo cual debe ser rechazada ya que, más allá de sus esfuerzos, no logra rebatir los fundamentos que tuvo en cuenta la Cámara para rechazar su impugnación constitucional: la ausencia de un genuino caso constitucional y de arbitrariedad.

2. En sus recursos de inconstitucionalidad y queja, el amparista intentó establecer un caso constitucional centrado en la afectación de su garantía a la defensa en juicio, del debido proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva, provocada por una sentencia arbitraria que presenta graves vicios y falencias en su fundamentación.

Los agravios desarrollados podrían resumirse de la siguiente manera:

a)la remisión in totum que hizo la Cámara a los argumentos formulados en el escrito presentado por la Fiscalía de Cámara, sin incorporar argumentos propios ni haber exteriorizado el proceso lógico-formal que llevaba al rechazo de su pretensión, implica que la sentencia resulte insuficientemente fundada.

b)la Fiscal de Cámara no solamente no continuó los argumentos presentados por el Fiscal de primera instancia en su apelación, sino que adhirió a las argumentaciones y al hecho nuevo que, sin éxito, había pretendido introducir el Gobierno de la Ciudad.

De tal manera, la Fiscalía no estaba actuando como un tercero ajeno a la contienda sino que había asumido el carácter de parte en la contienda, por lo que la remisión que hizo la Cámara a los argumentos expresados por la Fiscalía para sustentar su decisión viola la garantía de imparcialidad judicial.

c)A pesar de que no resultaba posible ampliar la fundamentación del recurso de apelación, la Fiscalía de Cámara procedió a incorporar nuevos argumentos en sustento de su pretensión revocatoria, lo cual implica una extralimitación en las facultades del Ministerio Público Fiscal -a quien se le encuentran vedadas las cuestiones de hecho y prueba-, una violación de los principios de congruencia y preclusión, y del derecho de defensa ya que no se le corrió traslado al accionante, que no pudo defenderse de dichos planteos.

2.1. En cuanto al primer agravio, cabe afirmar que resulta una práctica judicial habitual y plenamente válida cuando en una sentencia, para fundar la decisión, el o los jueces remiten y asumen como propios los argumentos desarrollados en dictámenes precedentes del Ministerio Público.

Dicha costumbre tribunalicia se fundamenta en razones de celeridad y economía procesal, ya que resulta innecesario que la sentencia reproduzca en similares o iguales términos el razonamiento expuesto en un dictamen, cuando puede hacerlo en forma más sencilla acudiendo a una simple remisión.

En ese supuesto, la sentencia se integra con el dictamen al cual remite, de manera tal que los argumentos en que se funda la parte resolutiva son los mismos desarrollados en la pieza procesal aludida. Si dichos fundamentos demuestran incoherencia, contradicción, falta de solidez, dogmatismo o cualquier otro vicio, la sentencia podrá ser revocada por la vía recursiva, pero si traslucen una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, la resolución judicial será absolutamente legítima, sin perjuicio que en el texto de la misma exista únicamente una simple remisión.

Por lo tanto, como en este caso la sentencia de fs. 413 individualiza con claridad el dictamen al que se remite para fundamentar su decisión, así como también los psicodiagnósticos obrantes en la causa, no se constata en el caso la ausencia de fundamentación invocada por el recurrente.

2.2. Respecto del segundo agravio, resulta útil realizar en primer término una breve referencia a determinadas normas y piezas procesales de interés para la resolución del planteo.

a) La presente acción de amparo fue entablada por el Sr. Villamil a los efectos de solicitar se condene al GCBA a otorgarle la licencia para conducir vehículos de la clase D 1. Solicitó, asimismo, se declare la inconstitucionalidad de la disposición n° 813-DGEVyL-2006, que le había denegado automáticamente la licencia pretendida basándose en los antecedentes penales del accionante, como lo contemplaba el decreto 331/2004 (fs. 1/12).

Antes del dictado de la sentencia definitiva, el GCBA denunció un hecho nuevo, consistente en el dictado de la disposición n° 69-DGLIC-2008, que le denegó al amparista el pedido de licencia con fundamento en las conclusiones de la evaluación psicológica a la que se sometiera (fs. 353/365).

La Sra. jueza de primera instancia rechazó la denuncia de hecho nuevo, sin perjuicio de destacar que todas las cuestiones que se vinculen con la modificación de la relación jurídica entre las partes podrán ser consideradas al momento de dictar sentencia, conforme lo prevé el art. 145 CCAyT (fs. 379/380).

Posteriormente, la magistrada dictó sentencia en la que resolvió: "1) Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por el señor Javier Esteban Villamil, con costas (artículo 62 del CCAyT). En consecuencia, declarar la nulidad absoluta e insanable de la disposición n° 813/DGEVyL/2006. // 2) Ordenar al GCBA que otorgue la renovación de la licencia de conducir clase D 1 al amparista, previo cumplimiento de los restantes requisitos legales vigentes" (fs. 384/389).

El Fiscal de primera instancia apeló dicha resolución, justificando su intervención en los términos de los arts. 125 inc. 1 CCABA y 17 inc. 1 de la ley 1903 (fs. 391/393). Solicitó se revoque la condena dispuesta por el juez de primera instancia a otorgarle al amparista la renovación de la licencia de conducir clase D 1 (previo cumplimiento de los requisitos legales vigentes), y se ordene al GCBA que dicte un nuevo acto administrativo que resuelva la petición del accionante ajustado a la nueva ley n° 2148. Fundamentó su recurso en que la decisión recurrida violaba el principio de división de poderes, ya que el magistrado, al ordenar el otorgamiento de la licencia al amparista, sustituyó a la Administración en el ejercicio de sus exclusivas facultades discrecionales.

Por su parte, el GCBA también apeló la sentencia, y en su recurso, entre otros fundamentos, manifestó que la nueva norma que rige este tipo de casos (ley 2148) fue aplicada mediante el dictado de la disposición n° 60-DGLIC-2008, que deniega la licencia pretendida en razón del resultado negativo del estudio psicológico realizado, y no en base a sus antecedentes penales (fs. 397/403).

En su dictamen, la Sra. Fiscal de Cámara, en los términos del art. 33 inc. 1 de la ley 1903, sostuvo la apelación articulada por el Fiscal de primera instancia y compartió los argumentos del recurso, "... sin ampliar la fundamentación del recurso, ya que ello alteraría la preclusión de las etapas procesales ...". Por otro lado, se expidió sobre la admisibilidad formal y procedencia sustancial del recurso de apelación del GCBA, y en tal aspecto consideró que la disposición n° 69-DGLIC-2008 dio adecuada solución a la cuestión traída a estudio, por lo que propició se haga lugar al recurso de la Ciudad (fs. 410/411).

Y por último, la Sala I de la Cámara resolvió hacer lugar a los recursos de apelación deducidos por la Fiscalía y el GCBA, y revocar la decisión de grado rechazado la acción deducida, basándose en el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara y en que el psicodiagnóstico obrante a fs. 369 no alcanzaba a desvirtuar la pericia de fs. 355 y 358/360 (fs. 413).

b) El art. 35 de la ley 1903 dispone que "corresponde a los/las Fiscales ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y deberes propios del Ministerio Público Fiscal en el fuero de sus respectivas competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que fijasen las leyes" (la negrita no se encuentra en el original).

Los cometidos a los que se refiere la norma están enumerados en el art. 125 CCABA y el art. 17 de la ley 1903. Entre otras funciones, cabe resaltar el deber de "(P)romover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica" (art. 125 inc. 1 CCABA), y de "(I)ntervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el interés de la sociedad y el orden público" (art. 17 de la ley 1903, inc. 1).

Por su parte, el art. 33 de la ley 1903 establece, en lo pertinente, que "corresponde a los/las Fiscales ante las Cámaras de Apelaciones: 1. Continuar ante ellas la intervención que el Ministerio Público Fiscal haya tenido en las instancias anteriores, sin perjuicio de su facultad para desistirla mediante dictamen fundado ..." c) De lo expuesto se desprende que el Sr. Fiscal de primera instancia, al advertir que la sentencia dictada violaba el principio de división de poderes, en defensa de la legalidad constitucional interpuso la pertinente apelación, para lo cual está expresamente habilitado por el art. 125 CCABA y los arts. 17 y 35 de la ley 1903.

Por su parte, la Sra. Fiscal de Cámara, en su dictamen, se expidió sobre ambos recursos: (i) sostuvo la apelación deducida por el Fiscal de grado, en los términos del art. 33 de la ley 1903, y sin agregar ningún fundamento adicional; y (ii) dictaminó sobre la admisibilidad formal y procedencia sustancial de la apelación del GCBA, propiciando su acogimiento.

En consecuencia, no se advierte ninguna actuación incorrecta por parte del Ministerio Público Fiscal, sino que -por el contrario- la intervención de ambos Fiscales se realizó en cumplimiento de las funciones fijadas por la propia CCABA, respetó plenamente lo dispuesto en la normativa legal pertinente, así como también la garantía al debido proceso, particularmente en lo referido al principio de preclusión.

Como ha dicho correctamente la Cámara al denegar el recurso de inconstitucionalidad (fs. 449 vta./450, ap. III), la actuación del Ministerio Público Fiscal en esta causa, no fue en carácter de parte nominal ni sustancial, sino en cumplimiento de sus cometidos institucionales, particularmente en defensa de la legalidad, que se vería cercenada por una sentencia violatoria del principio de división de poderes -piedra basal de nuestra Carta Magna-.

2.3. Tampoco puede prosperar el agravio detallado en tercer término, ya que la Fiscal de Cámara no incorporó nuevos argumentos respecto de la apelación deducida por el Fiscal de primera instancia, como expresamente aclaró en su dictamen. Lo que hizo fue pronunciarse sobre la apelación del GCBA, y coincidió con las apreciaciones vertidas por la Ciudad respecto de la incidencia en el proceso de la disposición n° 69-DGLIC-2008, sin agregar ningún planteo adicional, lo que permite descartar la insinuada violación del principio de preclusión.

Además, la Cámara estaba habilitada para resolver de la manera en que lo hizo, ya que el art. 145 in fine del CCAyT dispone que "(L)a sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos." Por lo tanto, y como expresamente reconoció la propia Sra. Jueza de primera instancia, la desestimación del hecho nuevo no impide que la sentencia definitiva haga mérito del nuevo acto administrativo denegatorio de la licencia peticionado por el accionante.

En cuanto a la presunta extralimitación en que habría incurrido el Ministerio Público Fiscal en sus dictámenes, cabe resaltar que la apelación interpuesta invocó expresamente la violación del principio de división de poderes. Por lo tanto, no se trataba de una simple cuestión de hecho y prueba, sino que existía un principio constitucional vulnerado, lo que habilitaba su intervención en defensa de la legalidad amenazada.

Y por último, la invocada lesión al principio de bilateralidad no se constata en el caso, ya que el amparista tuvo dos ocasiones para ejercer su defensa y pronunciarse sobre la incidencia de la disposición n° 69-DGLIC-2008, invocada por el GCBA: al contestar el traslado del hecho nuevo (fs. 368/371) y al ser notificada de la apelación del GCBA, que no contestó (ver fs. 407/408). Y tampoco corresponde que se le corra traslado del dictamen que realizó la Fiscal de Cámara sobre el recurso de apelación del GCBA, ya que no es parte en el proceso, por lo tanto no puede introducir ninguna pretensión o defensa, sino simplemente emitir una opinión no vinculante sobre el recurso analizado.

2.4. En conclusión: el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara resulta plenamente válido, respetuoso del principio de preclusión y de los cometidos que la CCABA y la ley 1903 le asignan, por lo tanto la sentencia de la Cámara -que remite a dicho dictamen- también lo es. Es por ello que el caso constitucional centrado en la violación del derecho de defensa resulta meramente aparente e infundado.

3. En cuanto a la tacha de arbitrariedad, es preciso destacar que no es una causal expresamente reconocida en la ley 402, pero la mayoría del TSJ ha admitido su invocación sin perjuicio de especificar que: a) sólo comprende situaciones de carácter excepcional; b) no alcanza a la discrepancia con respecto a la interpretación de las normas infraconstitucionales aplicadas por los jueces; c) no es un medio para corregir sentencias equivocadas; y d) sólo es admisible ante decisiones que no puedan ser calificadas de sentencias fundadas.

Como hemos visto, las situaciones mencionadas precedentemente no se verifican en el caso, pues la sentencia puede ser objeto de crítica jurídica pero no cabe descalificarla como carente de lógica, autocontradictoria o de insuficiente fundamentación.

Más allá de su acierto o error, la sentencia de la Cámara es un pronunciamiento serio y fundado, y el recurrente sólo se limita a manifestar su disconformidad con la resolución, pero no logra conectar el agravio que -afirma- le provoca la sentencia de Cámara, con un motivo de impugnación de carácter constitucional, esto es, con la aplicación de una norma que lesione una garantía constitucional referida directamente al caso (cf. este Tribunal in re "Góngora Martínez, Omar Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Góngora Martínez, Omar Jorge c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art. 14, CCABA)", expte. n° 3264/04, resolución del 23 de febrero de 2005).

Como este Tribunal ha dicho con anterioridad, la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente ya que, si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional, este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad" (cf. este Tribunal in re: "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. nº 131/99, sentencia del 23/02/2000, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, t. II, ps. 20 y siguientes).

4. Por todo lo expuesto, voto por rechazar la queja intentada por el GCBA.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

La queja interpuesta por la parte actora debe ser rechazada toda vez no se demuestra que los agravios articulados en el recurso de inconstitucionalidad comprometan la interpretación y aplicación de cláusulas constitucionales como lo exige el art. 113 inc. 3 reglamentado por la ley 402 o federales según la doctrina del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Di Mascio" (Fallos 311:2478).

En particular, sin evaluar la adecuación de la remisión, el recurrente no ha demostrado que el a quo a al remitirse a la presentación de la Fiscalía de Cámara haya comprometido, como alega, su derecho de defensa. El quejoso sostiene que esa garantía constitucional se encuentra conculcada debido a que, por un lado, una sentencia que se limita a realizar una remisión a lo expresado por un órgano que no se encontraba actuando como un tercero ajeno a la contienda no es un acto jurisdiccional adecuadamente fundado y, por otro, porque la Fiscal de Cámara habría introducido argumentos novedosos con relación a los presentados por el Fiscal ante la primera instancia en su recurso de apelación, violentando así el principio de congruencia.

En primer término, el recurrente no cuestiona que la Fiscal de Cámara haya mantenido la apelación y no muestra que los argumentos propuestos por el Fiscal de primera instancia no sean suficientes para sostener la decisión del a quo. En segundo lugar, no muestra que la remisión en cuestión le haya impedido defenderse en forma adecuada, por ejemplo, por no haberle permitido acceder en tiempo oportuno y forma adecuada a los fundamentos integrantes de la sentencia. Esas razones privan de relación directa a la garantía invocada con el agravio que se pretende traer ante esta instancia.

Por lo expuesto, habiendo dictaminado el Fiscal General Adjunto, voto por rechazar la queja interpuesta a fs. 1/16.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Adhiero al voto de mi colega la Dra. Ana María Conde y a la solución que propicia, por cuanto la queja incoada no ha logrado rebatir los fundamentos brindados en el auto denegatorio de la Cámara obrante a fs. 449/450 vuelta y en consecuencia debe ser rechazada.

Sólo deseo enfatizar que la actora en este caso ha podido ejercer su defensa regularmente a lo largo de todo el proceso y en especial respecto del hecho nuevo introducido por el GCBA a fs. 363/365. En efecto, ella no sólo contestó el traslado corrido sobre la apuntada presentación del Gobierno, sino que, en dicha oportunidad, acompañó prueba documental y requirió la realización de prueba pericial psiquiátrica (fs. 368/371), aunque las peticiones efectuadas en el escrito no fueron atendidas por la jueza de grado al dictar la resolución interlocutoria de fs. 379/380 vta. y tal omisión resultó consentida por la interesada -tal vez sin reparar que la magistrada, al pronunciarse, advirtió que "todas las cuestiones que se vinculen con la modificación de la relación jurídica entre las partes podrán ser consideradas por la suscripta al momento de dictar sentencia" (fs. 380 vta.)-. También cobra relevancia el señalamiento de la jueza Ana María Conde en cuanto destaca en su voto que la amparista, luego, tampoco contestó la apelación del GCBA obrante a fs. 397/403 (cf. traslado de fs. 407), recurso que justamente hizo hincapié en la incidencia que debía tener en el resultado del juicio el dictado de la res. nº 69-DGLIC-2008 -y en la falta de tratamiento del tema por parte de la jueza de primera instancia en oportunidad de dictar sentencia sobre el fondo del asunto-.

Así lo voto.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja planteado por Javier Esteban Villamil. 2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva el principal con la queja.