marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jornada de trabajo, desregulación económica
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de Arroyito s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

El art. 18 del decreto nacional 2284/1991 de desregulación económica, propia de la policía del trabajo, ratificado por la ley de presupuesto 24.307 (art. 29), suprimió toda restricción de horarios y días de trabajo en la prestación de servicios de venta, empaque, expedición, administración y otras actividades comerciales afines, sin perjuicio de los derechos individuales del trabajador, o sea, sin perjuicio del derecho a gozar de un descanso compensatorio para los trabajadores que tuvieran que realizar tareas los sábados a la tarde y los domingos (Voto de los jueces Maqueda y Rosatti).
Incidente de nulidad, plazos procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ESQUIVEL SERGIO AUGUSTO HOY RIVERO M.CARMEN MORIER DE c/ HAOYS GLADIS EDITH Y HAOYS JOSE ROBERTO s/ EJECUTIVO INCIDENTE DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-09-24

Con respecto al conocimiento que pudieron haber tenido los recurrentes de la existencia del juicio Ejecutivo a los fines del cómputo del plazo para deducir el presente incidente de nulidad nos adentraría al análisis de las conductas de las partes, esto es, si tenían o no conocimiento para lo cual habría que merituar conductas concretas para aquella determinación y sabido es que la interpretación de toda manifestación de voluntad aún las tácitas constituyen cuestiones de hecho.
Daños y perjuicios, juicios en que es parte una provincia, San Luis, competencia originaria, Corte Suprema de Justicia de la Nación, excepción de espera, responsabilidad del Estado, embargo, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Dimensión   Integral   de  Radiodifusión  S.R.L. c/ San Luis,Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-31

No puede ser admitida la excepción de espera, pues el art. 12 de la Constitución de la Provincia de San Luis que se esgrime para sustentarla no puede ser invocado en la instancia originaria prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional cuya jurisdicción exclusiva y excluyente, no puede ser limitada ni restringida por normas provinciales sin riesgo de verse seriamente afectadas, y son las razones superiores que inspiran su existencia como la necesidad de preservar el equilibrio del sistema federal las que impiden su aplicación.
Juicio ejecutivo, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pizzotti, Alcides Pablo c/ Gay de Martín, Elba s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-12-09

Lo ha dicho la Sala Civil y Comercial del S.T.J.: "Sería absurdo que el Juez en lo penal declarase que el documento es falso y en sede Civil no se hiciere lugar a la excepción por considerar que no lo es, convalidando judicialmente un ilícito. Se puede aplicar analógicamente al caso el artículo 1101 del Código Civil, ya que su finalidad es preservar la unicidad del juicio judicial en el supuesto que tramitara causas de distinta naturaleza e intimamente ligadas. Para que se suspenda el dictado de una sentencia civil es menester que haya dos procesos (uno civil y otro penal) tramitándose paralelamente, siendo indiferente si la acción penal se intentó previamente a la civil, o estando pendiente ésta y que no exista sentencia penal definitiva. (Minoría u opinión personal)
Asociaciones sindicales, encuadramiento sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo c/ Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica s/ sumario Enseñanza Técnica s/ sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-31

Si bien es cierto que la posibilidad de afectación de personerías preexistentes (en el caso, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina -CTERA- recurre contra la resolución N° 933/05 del Ministerio de Trabajo) habría tornado imperativa la participación de la apelante en el ámbito administrativo, sobre la base del respeto al debido proceso y a la bilateralidad, lo cierto es que se está ante una situación muy particular en la cual lo esencial no parecería proyectarse sobre un debate fáctico, y la intervención del órgano jurisdiccional, con la plena producción de prueba ante esta Alzada, descarta la lesión al derecho de defensa en juicio. Por ende, no corresponde invalidar por razones formales lo actuado en sede administrativa, donde las partes han podido ser oídas y tuvieron oportunidad de ofrecer las pruebas, lo que torna admisible el dictado de un pronunciamiento pleno en el amplio marco del art. 62 de la ley 23.551. Una interpretación disímil implicaría una suerte de "vaciamiento" de la entidad que agrupa a los docentes de los establecimientos transferidos a las provincias, en el caso AMET, originada en una ley cuya única finalidad fue la transferencia de los establecimientos educativos.
Excarcelación, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: REYNOSO LUIS ADAN s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-11-23

Si al acusado se le atribuyen los delitos de tentativa de hurto simple y cohecho (C.P., arts. 42, 162, 258 y 55), la pena conminada en abstracto por la ley penal sustantiva en relación a los hechos atribuidos, de acuerdo a las reglas del concurso, modalidad consumativa, peligrosidad demostrada, daño causado, su conducta en los hechos que se le atribuyen que no ha excedido los presupuestos típicos contenidos en las figuras reproducidas, resultando ínfimo el perjuicio provocado y demás pautas de mensuración de los arts. 40 y 41 del C. Penal, llevan a estimar que de resultar condenado el imputado, la pena que se le imponga será de ejecución en forma condicional (C.P.P., arts 315) y al no encontrarse incurso en las causales de restricción del art. 316 C.P.P., el beneficio excarcelatorio resulta procedente bajo caución que ponderamente estime el Tribunal a quo.-
Pago, mora, intereses punitorios, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: CORPORACION GENERAL DE ALIMENTOS  S.A. c/ COMPAÑIA ARGENTINA DEL SUD  S.A. s/ INTERESES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-17

La posibilidad de acumular al reajuste por desvalorización monetaria el interés punitorio convenido no es aplicable cuando al pie de las facturas reclamadas figura inserta una cláusula que determina para el caso de mora en el pago, la opción de la acreedora para actualizar la deuda según índices de precios mayoristas nivel general proporcionados por el indec o bien percibir intereses punitorios predeterminados.
Cheque, endoso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Delía, Roque Daniel c/ González, Abel Luján s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-14

Las firmas insertas en el dorso de los cheques al sólo efecto de su cobro o depósito, valen como recibo, por lo cual no se computan como endoso (arts. 13 Ley 24.452 y 1.3.4.1 Banco Central de la República Argentina, Reglamentación de la cuenta corriente - Cap. 1, Circ. Opas 2, Anexo a la Com. "A" 2329). De ello se deduce, que no es tenedor legítimo de los cheques nominativos que nos ocupan, el ejecutante que no figura en los mismos como beneficiario, aun cuando exista una firma en blanco a continuación de la cual obra el sello de rechazo del banco girado, ya que es evidente que la misma se efectuó al solo efecto depositar los cheques conforme a lo previsto en el artículo 13 "in fin Ley 24.452 y no con la finalidad de transmitir el título.
Simulación, causa simulandi
Materia: CIVIL
Carátula: Cinalli, Oscar c/ Decurgez de Cortés, María Elena y otro. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-16

El concepto de "causa verdadera" previsto en el art. 501 del Código Civil, debe interpretarse como causa oculta lícita puesto que, de no ser así, el acto oculto sería nulo.
Usurpación, dolo directo
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Carlos Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-16

El tipo penal legislado en el art. 181 inc. 1º C.P. requiere el dolo directo y éste no se configura cuando quien ingresa a una propiedad se cree legitimado para hacerlo por el documento que posee y tiene en su poder las respectivas llaves entregadas por el vendedor, luego de formalizar el boleto de compraventa. (Dres. Ledesma, Riggi y Catucci).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Capra, Bruno G. C. y otros c/ Bianchi, Hugo Tomás y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

La exigencia del art. 163 inc. 6 del C.P.C.C. requiere que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa y no tanto a los detalles esgrimidos por las partes en apoyo de sus pretensiones que no comprometen la defensa de sus derechos.
Recurso de casación, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Santolia, Raúl Esteban c/ Romano, Héctor Roberto y/o resp. s/ daños y perjuicios - casación civil resp. s/ daños y perjuicios - casación civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2017-03-31

El principio "derecha antes que izquierda" no es de carácter absoluto, sino que más bien, su aplicación depende de las circunstancias especiales del caso; en especial, en cómo se dió la mecánica del accidente; ya que requiere para prevalecer, la exigencia de un ingreso simultáneo de ambos vehículos a las bocacalles.
Seguro de responsabilidad civil, responsabilidad del asegurador, monto de la indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: S.E.G.B.A.  SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES c/ EMPRESA JOSE SUERIO Y CIA.  S.A. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-24

Si bien es verdad que para las hipótesis aprehendidas por el art. 118 de la ley 17.418 la ley preceptúa que "la sentencia será ejecutable en la medida del seguro" contra la aseguradora y que la regla general es que los aseguradores sólo son responsables hasta el límite de la cobertura del seguro o monto máximo asegurado y ello aún en el caso de pluralidad de siniestro, importante doctrina sostiene que el seguro de responsabilidad civil constituye excepción a esa regla, pues la suma asegurada señala, en contrataciones de esta índole, el máximo a indemnizar por cada siniestro, aisladamente considerado, que ocurra durante la vigencia de la póliza.
Honorarios, etapas del proceso, juicio ordinario, segunda instancia, sentencia, revocación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Acosta, Silvana Soledad  c/ BBVA Banco Frances SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-06

El CPR 279 prevé la adecuación de las costas y honorarios para el caso en que la decisión de Alzada sea revocatoria o modificatoria de la resolución de primera instancia, a su vez, la ley 27423: 30, 2° párrafo, dispone que en esos casos, el Tribunal de Alzada debe adecuar de oficio las regulaciones por los trabajos de primera instancia, considerando el nuevo resultado del pleito.
Fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, apartamiento de la doctrina de la corte
Materia: PROCESAL
Carátula: Cornejo, Alberto c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18

Carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, especialmente en supuestos en los que dicha posición ha sido expresamente invocada por el apelante, toda vez que ello no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste, de donde deriva la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Proyecto de ley, medidas cautelares, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Graich, Alfredo Mario Omar y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-01-28

Si el simple inicio o el transcurso del trámite parlamentario de un proyecto de ley pudiese ser invocado como fuente de derechos hipotéticos, conjeturales o futuros, ello podría conducir a una alteración (o incluso a la subversión) del principio de legalidad y del sistema de fuentes previsto en nuestro ordenamiento constitucional, por lo que la medida impugnada, en su afán de proteger los hipotéticos derechos de los accionantes (que no son identificados clara y concretamente en su presentación) que pudieran originarse en la eventual sanción de una ley de rezonificación, podría estar afectando de manera actual y concreta diversos derechos del grupo de vecinos que se han presentado como parte, en su carácter de consumidores, al no permitírseles acceder a la comercialización de productos alimenticios a precios subsidiados.
Apreciación de la prueba, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: De la Vega, Carlos Miguel y otra c/ Riquelme, Fernando Omar y otros s/ reivindicacion (ordinario) s/ casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-12-11

Los recurrentes pretenden descalificar el decisorio en examen reprochando los criterios de selección y valoración de las pruebas que han utilizado los Jueces de la causa, cuando reiteradamente se ha dicho que: "...determinar la aptitud o no que tiene un medio de prueba arrimado a la causa, calificar su idoneidad intrínseca y escoger su fuerza de convicción por encima del resto del plexo probatorio, es tarea propia del mérito, ejercicio que la Cámara de Apelaciones en la sentencia ahora impugnada ha realizado dentro de la facultad que el ordenamiento legal adjetivo le concede, por lo que aún la supuesta valoración equivocada, discutible, objetable o poco convincente de la prueba, no basta para revisar la prueba en la presente instancia extraordinaria" (cf STJRNS1: Se. N° 51/07, in re: "FAURE"). (Voto del Dr. Barotto, Dr. Apcarian, Dra. Piccinini y Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Intereses moratorios, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: CIVIL
Carátula: Molina, Oscar Raúl #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: LM c/ Solazzi, Sergio Ariel y Otro s/ D. y P. x Uso autom. c/ Lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-12-03

Si bien el Banco Central no ha dictado ninguna reglamentación en cumplimiento de la directiva contenida en el inc. c) del artículo 768 del Código Civil que permita determinar -en subsidio- la tasa aplicable a los intereses moratorios, entendemos que la tasa aplicable es la activa del BPN, también para el período posterior al 01 de agosto de 2015 -fecha de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, Conf. Art 1 Ley 27.077-.

Esta solución además se presenta acorde con la línea trazada por el TSJ, en tanto en los pronunciamientos dictados con posterioridad al 01/08/15 no ha variado la tasa aplicable, de lo que se desprendería un criterio de solución análogo (ver, entre otros R.I. 433, de fecha 11 de agosto de 2015).

Este último argumento coadyuva a la solución propuesta por razones de seguridad jurídica, igualdad y previsibilidad.
Recursos administrativos, plazo, acto administrativo, notificación, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORLANDO, MARCELO H c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 525-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-29

Los términos (plazos) previstos en el decreto 10204/58 comienzan a correr desde el día hábil siguiente al de notificación; son perentorios y la suspensión no produce efecto, fuera de interrumpir un conteo que se reanuda sin que decaiga el término ya transcurrido.

Pero, para que tal cálculo pueda empezar, la notificación debe efectuarse por alguna de las formas prescritas por la propia normativa.

Conviene, además, que las reglas de dicho sistema local se confronten con las pautas de la "garantía innominada" del debido proceso, que establece, entre otras reglas, la de notificación (conocimiento oportuno y posibilidad de defensa) y la de audiencia.
Facultades del gobierno provincial, ley provincial
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOZZONI NORBERTO FELIPE s/ SOLICITA  INSCRIPCION  EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO - MATRICULA  DE MARTILLERO Y CORREDOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-09-09

A través de los arts. 67 inc. 11 y 108 de la Constitución Nacional, la Provincias delegaron a la Nación la facultad de dictar los C. Civil, Comercial, Penal, y de Minería, conservando el poder no incluido en esa cesión. Además, como señala Joaquín V. González, en tanto a las facultades compartidas por ambas soberanías nacional y provincial, o sea, la esfera de acción concurrente, por falta de ejercicio de sus poderes delegados por parte del Congreso, caso las facultades concedidas sin carácter imperativo o perentorio, aún así la ley de la provincia sería siempre subsidiaria y transitoria. O sea, que cuando se diera esa ausencia de poder, por no haber dictado aún el Congreso los Códigos mencionados supra, las provincias podrían sancionarlos para sí, como lo hicieron, pero, como resulta del art. 108 C.N., los poderes delegados a la Nación son exclusivos de ésta y no pueden ejercerlos las Provincias, como es el dictado de dichos códigos - el de Comercio, entre ellos, una vez que el Congreso los haya sancionados. (Voto de la mayoría).-
Honorarios, emergencia económica, régimen de consolidación de deudas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MONTIVEROS, SUSANA RAQUEL c/ SERVICIO PENITENCIARIO Y GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN s/ APELACION AUTO INTERLOCUTORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-08-03

La accesoriedad de los honorarios reclamados no modifica su carácter de obligación esencialmente dineraria y, por ende, se encuentra sujeta al régimen general de pago previsto en la ley 6139 modificada por ley 6219, al no encontrarse expresamente excluido.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: MARRA DEL VALLE, GLORIA L. c/ BREBER, JACOBO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21

Cuando no hay constancias precisas del momento en que se han producido los daños en un inmueble por la construcción del lindero debe entenderse que ellos han ocurrido mientras la obra ha durado.-
Medidas cautelares, pesificación, renta vitalicia, asegurador, coeficiente de estabilización de referencia
Materia: PROCESAL
Carátula: "CORREA,  LILIANA LEONOR c/ Siembra Seguros de Retiro S.A. y otro s/ Amparos y sumarísimos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-25

Toda vez que las decisiones deben atender a la situación fáctica existente al momento de su dictado, y que un proceso en ningún caso debe causar perjuicios innecesarios, el juez puede disponer una medida precautoria distinta a la solicitada, o aún reducirla a fin de resguardar los derechos del peticionante (conf. art. 204 C.P.C.C.). Por ello, corresponde ordenar a la compañía aseguradora que, a partir de quedar firme la presente resolución y hasta tanto recaiga sentencia definitiva en autos, proceda a calcular el importe de la renta mensual del titular a razón de $ 1,40.- por cada dólar pactado, con más la actualización por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que surja de comparar los índices del día 06 de febrero de 2002 (conf. art. 11 de la ley 25.561) al día anterior del vencimiento de cada renta mensual. (Disidencia del Dr. Díaz).
Delito de denegación de justicia, delito de retardo de justicia, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: CHEDRESE, Emilio s/ desest. Denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

"...La expresión maliciosamente lleva inevitablemente a dos reflexiones. La primera, que no es posible otro dolo que el directo y la segunda que se ha incluído un elemento subjetivo del tipo. De manera que no cualquier retardo será punible, sino solo aquel que se haga dolosamente y con malicia, entendida esta frase como la intención encubierta con la que se dice o hace algo, para obtener un resultado que daña a otro..."(Donna, Edgardo A. "Derecho Penal Parte Especial" T. III. Ed. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2001 p. 439/40).

En ese sentido, la malicia importa una determinada dirección de la voluntad para no realizar el acto indebido (Laje Anaya "Denegación y retardo de justicia...." J.A. 1974, p. 646).

Por ello, y si bien es cierto que, como en el caso, los pedidos de regulación de honorarios entre otras cuestiones han demorado en ser resueltas, no se cumple el requisito subjetivo del tipo, si ese retardo ha sido razonadamente justificado como consecuencia del momento de crisis país plasmada en numerosas normas de emergencia económica y feriados judiciales.
Competencia federal, organismos del Estado, codemandado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Díaz, Juan C. y Villalba, M. del Carmen c/ Provincia de Formosa y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios Formosa y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-09

La directriz genérica sentada por el art. 2 Ley 48, resulta extensiva a las demandas promovidas contra sus organismos, empresas del Estado y entes autárquicos; fundamentado ello en la presencia de un interés nacional,porque puede resultar comprometida la responsabilidad de la Nación, sin que quepa distinguir la continencia de la causa, aún cuando el fuero federal no correspondería a algún codemandado.
Partes, acción subrogatoria
Materia: COMERCIAL
Carátula: POSELSKI, ANA MARIA c/ CIPI SCA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-07

Se ha dicho que la subrogación tiene "una naturaleza proteica, por la cual se mimetiza con el derecho del deudor que el acreedor hace valer". No consiste en una prerrogativa que autorice al acreedor a exigir un determinado y concreto comportamiento de quien está sometido a ella, sino que lo autoriza a sustituirse a su deudor para pretender de un tercero lo que éste debiera de aquél, cualquiera fuere la índole personal o real de ese deber (Llambías, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", T.I., pág 505 in fine y nota 72).- Ello así, en el caso, se está en presencia de una suerte de "procuratio in re sua" esto es, de una representación de otro en interés propio. El nulidicente, como acreedor de la sociedad ejecutada, intenta con su planteo desvirtuar el objeto de la demanda sustentado en una serie de irregularidades que tendrían por finalidad nulificar lo actuado en la causa y, por ende, desacreditar la calidad de deudora endilgada a la sociedad aquí ejecutada. Por lo tanto, estímase que el nulidicente se encuentra legitimado para actuar como lo hizo y, desde tal óptica, la resolución adoptada por el a quo en el proceso al rechazar in limine el planteo nulificatorio, no ha sido acertada pues, su promotor trasunta un interés legítimo que lo habilita para dicho planteo. (En el caso, las irregularidades que se postulan en el incidente de nulidad han sido introducidas por un acreedor de la sociedad demandada, quien pretende incorporarse al proceso sustentándose para ello en la acción subrogatoria).