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Recurso extraordinario federal, caducidad de instancia, declaración de oficio, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Corte Nro. 25/05 en Expte. Corte Nro. 186/04 "Banco de Catamarca c/Martínez, Daniel C. y/o Agustina Azar de Martínez s/Ejecución Hipotecaria - Casación s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-09-16

Conforme la facultad de este Tribunal para declarar de oficio la caducidad de la instancia , sin otro trámite que la comprobación del vencimiento del plazo señalado en el art. 310 del Código Procesal Civil de la Nación, corresponde declarar la caducidad del recurso extraordinario federal interpuesto contra la sentencia dictada por este Tribunal, toda vez que el trámite ha estado paralizado, sin impulso procesal de parte, por un plazo que excede los tres meses establecidos por el dispositivo legal vigente. " Cabe la perención de instancia que se producirá a los tres meses conforme al art. 310 del Código Procesal Nacional (C.S. 5/8/76 La Ley Rep. 1978 1457, Nro. 67, C.S. 3/3/71 E.D. 36.550)", pues el término fijado es por el Código de la Nación aunque el expediente se encuentre radicado en los tribunales ordinarios (Trib. Sup. de Just. 24/3/86, en Sem. Jur. 6/11/86). Puede ser declarada de oficio ( C.S. 29/4/76, La Ley Rep. 1978-1458 Nro. 68). Palacio, Lino E. " Caducidad de la instancia extraordinaria". E.D. 5-514 ( Doctrina Judicial Año IV Nro. 27, pág. 4, CSJN 4/4/87, J.A.,1988-I-224).
Libertad condicional, sentencia arbitraria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Miño, Luciano Fernando s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-21

Corresponde anular la decisión del juez de ejecución que no hizo lugar al pedido de libertad condicional, si se cumplieron las condiciones taxativamente descriptas para su procedencia, a saber: 1) haber cumplido determinado lapso de la condena con encierro (C.P., art. 13); 2)observancia, durante ese lapso, con regularidad de los reglamentos carcelarios (C.P., art. 13); 3) no ser reincidente (C.P., art. 14); y 4) no habérsele revocado anteriormente su libertad condicional (C.P., art. 17); pues se alude a pretéritos correctivos disciplinarios cuya entidad no se especifica. La opinión desfavorable en los informes criminológicos respecto a su futura reinserción social, sólo tendrá relevancia cuando impida la satisfacción de las condiciones que el juez debe imponer al condenado para la recuperación de la libertad de conformidad con el artículo 13 del C.P. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso).
Ejecución de la pena, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: BELIZAN, MANUEL LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-02

El recurso debe declararse procedente, en tanto asiste razón a la recurrente en sus reproches de haber incurrido el A quo en la omisión de tratamiento de sus agravios vinculados a las implicancias del principio de igualdad constitucional en relación a la manda de promover la reinserción social y la reintegración a la vida libre, omisión que se traduce en la reticencia sentencial a efectuar el control de constitucionalidad de la norma involucrada, más allá de las argumentaciones que pasaron por entender que dicho control implicaría una intromisión en las facultades del Poder Legislativo, incompatible con el concepto de República y de división de poderes. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi)
Designación de perito, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: FOSCO, MARCELO AGUSTIN Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- INCIDENTEDE APREMIO POR HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 371 AÑO 200)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-02-20

El perito designado de oficio, con prescindencia del resultado del litigio y de la condena en costas, puede perseguir el cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes, sin perjuicio del derecho de repetición que pudiere corresponder.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, causas civiles, sucesiones, fuero de atracción, juicio ejecutivo, propiedad horizontal
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Consorcio Edificio Casali "I" c/ Lingentti, Norma B. s/ cobro de expensas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-22

Si en el juicio ejecutivo se persigue el cobro de obligaciones que no tuvieron por deudor al causante -cónyuge de la ejecutada- por tratarse de expensas correspondientes a un período posterior a su fallecimiento, queda excluida la aplicación del art. 3284, inc. 4x, del Código Civil y, consiguientemente, del fuero de atracción previsto en dicha norma.
Proceso penal, participación criminal, coautoría, aplicación errónea de la ley, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Canata, Claudio Oscar s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en contra de la Sentencia Nº 14/08 recaída en Expte. Nº 224/07 - 1) Guzmán, Jorge Ariel y 2) Canata Claudio Oscar s.a. 1) Hurto Agravado por el uso de llave falsa, 1), 2) Tenencia de arma de Fuego de Uso Civil - Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-25

Los coautores no son sólo quienes realizan la acción consumativa del delito (con actos parificados o heterogéneos significativos de la división de trabajo), sino también quienes toman parte en su ejecución a través de una acción no consumativa, pero coadyuvante y convergente con ella.

Revisten tal naturaleza, entonces, aquellos que, aunque no sean directa e inmediatamente consumativos de la acción punible, impliquen ya que el autor ha comenzado las acciones idóneas, que en el caso concreto significan el comienzo de la realización directa de sus miras. Por lo tanto, es el tipo penal del delito de que se trate el que dirime la cuestión, ubicando a quien ejecuta actos idóneos para realizar la conducta allí descripta en la categoría de coautor.

En este sentido, en cuanto al alcance de la intervención en la ejecución que determina la coautoría, con acierto se aclara que desde que la ley alude a "los que tomasen parte en la ejecución del hecho" (art. 45, C.P.), no es suficiente el "acuerdo" ni el mero "aporte" a actos ejecutivos cumplidos por otro: la conducta del coautor debe integrar la acción típica, concretarse en hechos que propendan a la realización del tipo, evaluación que depende, en la generalidad de los casos, de una apreciación particular de las circunstancias de cada hecho (De la Rúa, ob.cit., notas 184 a 186, ps. 855/856).

En razón de lo expuesto, cabe concluir que indudablemente ha quedado fehacientemente demostrado que el arma se encontraba en un lugar visible para los dos acusados, que ambos se pusieron nerviosos ante la presencia del móvil policial y que intentaron darse a la fuga al advertir que la policía les hacía señas para que frenaran, todo lo cual denota que efectivamente conocían la existencia del arma de fuego de uso civil dentro del vehículo en el que se conducían.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por errónea aplicación de la ley sustantiva.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, médicos, médico de guardia, responsabilidad médica, mala praxis, daños y perjuicios, indemnización, indemnización por muerte, muerte del paciente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Amante, Leonor y otros c/ Asociación Mutual Transporte Automotor (AMTA) y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar al resarcimiento del perjuicio -derivado del fallecimiento de una persona, atribuido a la negligente atención dispensada por el médico de guardia del establecimiento asistencial de la demandada- sin efectuar referencia ni consideración alguna a la índole y alcances de la obligación médica de asistencia sin ponderar los bienes jurídicos comprometidos, a pesar de que esta determinación resultaba imprescindible para establecer si existió adecuación entre la conducta debida y la obrada y elaborar eventualmente todo juicio de culpabilidad (arts. 512, 902, 909, 1074 y 1109 del Código Civil).
Régimen disciplinario administrativo, Derecho penal, aplicación analógica de la ley, Derecho administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL-PROCESAL
Carátula: Rava  Marta,  Inés c/ Fiscalía  Nac.  de Investigaciones Administrativas s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

Los principios cardinales del Derecho Penal General resultan de aplicación en el ámbito del Derecho Administrativo sancionador, pues ambos en definitiva quedan inferidos dentro de la potestad punitiva del Estado, si bien ello se da con las modulaciones propias que especifican el ámbito del derecho disciplinario. (Del voto del juez Coviello, cons. I.4.).
Medidas cautelares, funcionarios públicos, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: C. I. F. c/ E. E. M. s/ medida cautelar (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-27

En el marco de una tutela inhibitoria de expresión, la condición de funcionario público del peticionante provoca que se aplique, a su respecto, un estándar de tolerancia amplio. Desde que se asume el cargo público -en el caso, presidente del directorio de la obra social del estado provincial-, la persona sabía, o debió saber, que su gestión no conformaría a todos los habitantes de la provincia -no solamente los afiliados tienen derecho a opinar, ya que la obra social se nutre de fondos públicos-, por lo cual sentirse especialmente agraviado por una crítica en torno al manejo de esos fondos y en base a ello reprimir el derecho a la libertad de expresión, parece desproporcionado.
Interpretación de la ley, interpretación literal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA s/ REMITE ACTUACIONES S/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-12-18

No procede recurrir a una "razonable hermenéutica" para una supuesta armonización de la norma con el resto del ordenamiento legal omitiendo su aplicación, cuando se está en presencia de un texto normativo claro y expreso. Ello, porque lo primero en la interpretación es desentrañar el sentido exacto de las palabras, ateniéndose al texto escrito que debe ser aplicado.
Responsabilidad de los establecimientos asistenciales, obligación de seguridad
Materia: PENAL
Carátula: PAZ, ARISTOBULO VICTOR s/ S.D.HOMICIDIO CULPOSO E.P.MARIA MARTA CARRIZO (CASACION).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-11-21

La vigencia de la obligación de seguridad, en general y en determinados contratos, há encontrado razón de ser suficiente en la normativa vigente del Codigo Civil, que contiene el principio de la buena fé.-
Procesos de ejecución, ejecución fiscal, improcedencia del recurso, juicio ejecutivo, certificado de deuda, Recursos naturales
Materia: CIVIL
Carátula: Provincia del Neuquén c/ YPF S. A. s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-15

[.] cabe señalar que: "En cuanto al procedimiento previo a la emisión del certificado de deuda, no es un tema que pueda ser materia de debate en esta sede en atención al tipo de proceso de que se trata". "El certificado de deuda, como todo título ejecutivo, debe reputarse autónomo y abstracto, por lo que si se encuentra suscripto por quién está autorizado para ello conforme a la normativa vigente, es título ejecutivo hábil y hace plena fe (cfr. Falcón, Enrique M., "Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ed. Rubinzal-Culzoni, 2006, T. V, pág. 345)". "Por ende, toda cuestión relativa al trámite previo a la emisión del título queda fuera del debate en el proceso ejecutivo, debiendo ser planteada, en todo caso, en juicio ordinario posterior (art. 553, CPCyC"), (Sala III en autos "PROVINCIA DEL NEUQUEN CONTRA YPF S.A. S/ COBRO EJECUTIVO", Expte. Nº 451797/2011).
Inimputabilidad, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: RECOARO, R. s/ IMPUTABILIDAD - DUDA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-19

La incapacidad para dirigir las acciones no debe entenderse en sentido absoluto, puesto que en tal caso se trataría siempre de una ausencia de acto y no de una inimputabilidad.

En el caso de autos, en que existen dudas acerca de la capacidad psíquica de culpabilidad en el momento del hecho, debe aplicarse la norma beneficiante contenida en el art. 13 C.P.C.
Obligación alimentaria, alimentos atrasados
Materia: CIVIL
Carátula: B.A.P.M. (H) en nombre y representación de su hija menor c/ M.A.M.R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-06-16

Los alimentos atrasados comienzan a computarse desde el fracaso de la mediación, pues la última parte del primer párrafo del art. 627 CPCC debe interpretarse conforme a la actual vigencia de la mediación obligatoria, merced a la cual el alimentado se encuentra constreñido a la mediación para hallar expedita la vía judicial por lo que no puede verse luego perjudicado en el reconocimiento del alcance de sus derechos. Ello implicaría un resultado evidentemente no querido por el legislador, una verdadera carga para el reclamante, conspirando contra el instituto desalentando la predisposición para negociar frente a la premura de dar por concluido el trámite previo en miras a franquear el acceso al juicio.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, empleados públicos, prescindibilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Brea, Roberto Jesús c/ Administración Nacional de Aduanas. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a la nulidad del acto de prescindibilidad, sobre la base de que no fue impugnado y quedó firme, si el actor, al promover la demanda, expresó haber interpuesto los recursos administrativos a su alcance en el momento procesal oportuno y la demandada nada dijo acerca de la extemporaneidad de la pretensión deducida, lo que obstaba a la posibilidad de que la alzada introdujera de oficio lo relativo a la inimpugnabilidad del acto por encontrarse firme.
Pagaré, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Belzunce, Carlos A. c/ Ruíz Herrera, Natividad s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-03

Al haberse fijado en dólares el importe por el cual se libró el pagaré, lo que ha sido reconocido en la propia condena, los intereses al tipo corriente aplicables en función del artículo 52 inciso 2 del Dto. Ley 5565/63 deben adaptarse a la tasa correspondiente a las operaciones de descuento que el Banco de la Provincia de Buenos Aires aplica a las que realiza en esa misma moneda ya que, en función de ella, se aplican distintos porcentajes; lo que impone sujetar a ellos los respectivos accesorios.
Competencia, competencia contencioso administrativa, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, acto administrativo, regalías comerciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Petrobras Argentina S.A. c/ Provincia de Salta s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-02-05

A fin de determinar la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión y la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes.
Interés superior del niño, falta de atención médica, HOSPITAL DE PEDIATRÍA, obligaciones internacionales, política sanitaria
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Resolución 8/2018 - Medida cautelar No. 1039-17 -- Niños y niñas pacientes del área de Nefrología del Hospital José Manuel de los Ríos respecto de Venezuela c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-02-21

La Comisión Interamericana se encuentra en el deber de recordar al Estado de Venezuela, su obligación de tomar medidas especiales orientadas al efectivo cumplimiento del principio del interés superior del niño, máxime cuando éstos se hallan bajo su custodia como en el caso de los menores internados en el Hospital pediátrico de Nefrología de Caracas, pues conforme el seguimiento efectuado por el organismo interamericano, la crisis de desabastecimiento de medicamentos, insumos y personal médico viene agravándose desde 2014, provocando el colapso de la infraestructura hospitalaria y causando en la población infantil un aumento preocupante de los índices de mortalidad respecto de años anteriores.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, facultades disciplinarias del juez, Poder Judicial, jueces, suspensión del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PROCURACION GENERAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DR. BOF -PRESENTACION DIPUTADOS PROVINCIALES: BUYATTI, CECCHI, BULLRICH, BEARZOTTI, DEL BIANCO Y GASTALDI (EXPTE.: C.S.J. NRO. 105 AÑO 2004) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el magistrado contra la sanción disciplinaria de siete días de suspensión (artículo 223, inciso 4, de la ley 10.160), sin perjuicio de la mayor gravedad que pudiere caberle luego de dictada la sentencia penal (artículo 241 in fine, ley 10.160) dispuesta por la Corte Suprema de Justicia desde que el planteo del recurrente no logra demostrar que en el caso se haya configurado efectivamente algún menoscabo de las exigencias ius fundamentales que proclama. En particular su planteo referido a la violación al principio de congruencia que se derivaría de la aplicación de una sanción diferente de la solicitada por el señor Procurador General (5 jus de multa, artículo 223, inciso 3 , ley 10.160), no contempla las particularidades del proceso disciplinario y desconoce en definitiva que la titularidad de la potestad disciplinaria reside en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, como derivación expresa de su competencia en el ejercicio del gobierno del Poder Judicial de la Provincia (vide artículo 19, Ley Orgánica del Poder Judicial), atribuyendo al propio tiempo al acto del señor Procurador General -que la ley califica de "alegato"(arg. art. 239, L.O.P.J.)- una naturaleza de la cual carece, en la medida que aquél se limita a significar una "propuesta" (vide artículo 131, inciso 9, ley citada) que en modo alguno puede asimilarse a una acusación fiscal, como pretende plantearlo la recurrente sin fundamento para ello.
Contrato de obra pública, excepción de incumplimiento contractual, Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: SYCIC S.A.C.I.F. E I. c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 303 y 440 año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-19

La actora sostiene que los comportamientos considerados por la Administración como incumplimientos de la contratista -concretamente, la paralización de las obras y el incumplimiento de las órdenes de servicio- se encontrarían justificados por la mora en que habría incurrido previamente la Administración. Funda este planteo en lo dispuesto en el artículo 1201 del Código Civil, argumentando en favor de la aplicabilidad de la "exceptio non adimpleti contractus" a las contrataciones públicas. Sin embargo, más adelante admite -y con razón- que, siendo que en el caso se ha dispuesto finalmente la rescisión contractual, el punto se resume en un cuestionamiento a las causas por las cuales la Administración dispuso tal medida. Además, cuando la contratista reaccionó contra la intimación cursada por la Municipalidad, no planteó la excepción que ahora menciona en la demanda, siendo que, en todo caso, era ésa la oportunidad propicia para hacerlo. En esa oportunidad -aclaro- sí aludió a la mora de la Administración, mas como fundamento de un pedido de rescisión basado en el artículo 90 de la ley 5188
Medidas autosatisfactivas, ley de tránsito, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: QUINTERO, Rita Valeria c/ BOU, Carlos Eduardo y Otros s/ MEDIDA  AUTOSATISFACTIVA S/ AUTOS (EXPTE. Nº 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-05-20

Resulta elocuente que la falta de regulación legal en nuestra ley ritual del instituto - medida anticipatoria - utilizado por el gestionante inicial (no así en el derecho de familia: art. 71 de la ley nº 9861) ha provocado aquí posturas y decisiones que ordinarizan una figura que se presenta extraordinaria y, como tal, sometida a pautas que lejos están de aquellas que regulan normalmente tanto el accionar y la defensa de los litigantes como la respuesta jurisdiccional, discordancias que se avizoran en el presente cuando se observa que la pretensora "demanda", por los invocados perjuicios propios y ajenos (aquellos que dice haber sufrido su cónyuge), a los supuestos responsables civiles del hecho dañoso y su garante, y el órgano judicial, antes de expedirse, le da participación a todos ellos no sin admitir que lo planteado debe canalizarse bajo el supuesto fáctico contemplado en el art. 68 de la ley nacional de tránsito nº 24.449 que tiene como único legitimado pasivo al asegurador y como legitimados activos a la víctima directa o damnificados indirectos y al prestador de los servicios sanatoriales. Obviamente, las dificultades y consecuencias derivadas del mecanismo jurídico optado por quien lo propone deben ser soportadas por éste (arg. art. 1111 del Cód. Civil), máxime cuando las potestades del Tribunal no alcanzan para reencaminar el curso de la acción deducida (art. 269º del C.P.C. y C.).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, interpretación de normas y actos locales, rechazo de la demanda, acordadas, nulidad del acto administrativo, empleados públicos, funcionarios judiciales, cesantía
Materia: PROCESAL
Carátula: CECILIA, RUBEN JOSE. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN. s/ DEMANDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-06

Lo atinente al rechazo de la demanda tendiente a obtener la nulidad de la Acordada que dispuso la cesantía del actor en el cargo que desempeñaba, remite al análisis de cuestiones de hecho, prueba y derecho público local, materia cuya decisión compete a los jueces de la causa y resulta ajena a la instancia del art. 14 de la ley 48, máxime cuando el tribunal expuso motivaciones suficientes de igual carácter que, más allá de su acierto o error, descartan la tacha de arbitrariedad invocada. Ello así, pues las apreciaciones del a quo relativas al consentimiento de la sanción impuesta y a la ausencia de crítica oportuna sobre la pretendida violación al derecho de defensa, no exceden el marco de atribuciones propias de los magistrados del pleito, ni traducen una comprensión inapropiada de las circunstancias determinantes del reclamo.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, comisiones médicas, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Flores Patricio Daniel c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-14

Resulta inconstitucional el diseño que impone, con carácter obligatorio, un trámite administrativo previo a los trabajadores accidentados o enfermos, sustrayéndolos del derecho del acceso inmediato a la justicia especializada (Voto Welp)
Sucesiones, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ferrus, Haydeé Alcira s/ sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-25

Habiendo tenido la causante de autos su último domicilio en la Provincia de San Luis, no resultan aplicables en la especie los arts. 1 y 2 del Código Procesal, por cuanto no pueden hacerse extensivas dichas disposiciones procesales, fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, aun cuando hubiere acuerdo de los herederos.- (Minoría u opinión personal)