Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-23


Trelew, 23 de marzo de 2.007.- VISTO: El recurso de apelación interpuesto a fs. 370, contra la sentencia de fs. 368/369, concedido que fuera el mismo a fs. 371, fundado mediante el memorial de agravios de fs. 374/378, corrido traslado a la contraria a fs. 379, contestado el traslado conferido a fs. 380/381. Y CONSIDERANDO:- I.- A fs. 368/369 el Sentenciante de Grado resuelve: "I.- RECHAZAR el pedido de sustitución de embargo formulado por P S.A. II.- DESESTIMAR el pedido de levantamiento de la medida cautelar decretada a fs. 270 y RECHAZAR por inadmisible la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por P S.A., como se resolviera a fs. 330. III.- IMPONER las costas procesales por la incidencia planteada a P S.A. en su carácter de vencida, regulando los honorarios de los Dres. L C B y R N. C en la cantidad de PESOS SEISCIENTOS ($ 600) y PESOS CUATROCIENTOS ($ 400) respectivamente, los que se encuentran calculados a la fecha del presente pronunciamiento y a los que se deberá agregar el IVA si correspondiere (arts. 7, 9 y 33 Ley 2.200, t.o.)".

II.- El Dr. R C, en representación de la firma P S.A., apela lo resuelto. Al expresar agravios puntualiza que el recurso está dirigido contra los puntos II y III de la parte resolutiva del decisorio en crisis. Comienza su análisis llamando la atención sobre cuestiones procesales. Señala que lo decidido en el punto II del pronunciamiento en crisis ya había sido resuelto mediante la providencia de fs. 330, providencia contra la cual su representada interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio (fs. 334/337) el que entiende aún no ha sido resuelto. Invoca que dichas irregularidades afectan la validez de los puntos II y III de la sentencia de fscha 19/02/07, viciándolos de nulidad, puntualiza que desde el punto de vista práctico redundan en un innecesario y evitable perjuicio para P S.A. al prolongarse el trámite, diferirse la resolución de los recursos de fs. 334/337 y la elevación del expediente a la Cámara, mientras continúa el embargo y secuestro de fondos de su parte. Efectúa a continuación un breve relato de los antecedentes del caso, reiterando las críticas vertidas a fs. 334/337. Al referirse a la procedencia de los recursos interpuestos puntualiza que la inexistencia en el caso de un presupuesto esencial para que resulte admisible la apertura del proceso de ejecución de sentencia contra su representada -ausencia de sentencia de condena contra P S.A.- es de tal evidencia, que resulta aplicable la doctrina que establece como deber del Juez la declaración de oficio de tal circunstancia y el consiguiente inmediato levantamiento del embargo de fondos e intervención de caja decretada. Cita jurisprudencia y doctrina. Invoca lo normado por los arts. 499 y 508 del CPCC. Alega que dado el limitado ámbito de conocimiento del proceso de ejecución de sentencia, cuyo único objeto es el cumplimiento de la sentencia de condena y nada más, las peticiones de la actora de fs. 199 y vta. y 266/268vta. debieron ser rechazadas in límine. Con cita de doctrina y jurisprudencia sostiene que la defensa de falta de legitimación pasiva es totalmente admisible en la etapa de ejecución. Destaca que es evidente y razonable que si la ejecución de sentencia se promueve contra quien no resultara sujeto pasivo de la condena, sería una flagrante violación del art. 17, CN, el no permitir al eventual ejecutado resistirla por la vía idónea, pues implicaría, ni mas ni menos, que privar a una persona de su propiedad sin sentencia previa que así lo autorice. Invoca que el análisis del Sentenciante de Grado parte y termina en el art. 228, LCT, tal como si la misma fuera la única norma existente en nuestro derecho, sin advertir que situado en un contexto integral, su parte invoca elementales derechos y garantías constitucionales, tales como el derecho de defensa en juicio, el debido proceso legal y el derecho de propiedad, todos los cuales, afirma, están siendo arbitraria, grosera y autoritariamente violados en este juicio. Reitera que P S.A. no ha sido condenada en este juicio, ni siquiera ha sido parte ni citada en ningún carácter, por lo que no ha tenido oportunidad mínima de defenderse. Puntualiza que el Juzgado Laboral ni siquiera cursó a su representada la intimación de pago prevista en el art. 72 de la ley 69, ordenando directamente el embargo y secuestro de fondos, colocando a su representada en una situación que podría denominar de esclavitud procesal, donde su única posibilidad es observar, inmóvil y sin derecho o facultad de ninguna especie, como se cumple la medida y sus bienes son transferidos a la parte actora, sin sentencia alguna que la hubiere condenado. Reserva caso federal. Peticiona se dicte sentencia haciendo lugar a las pretensiones introducidas por su parte, con costas.

A fs. 380/381 contesta la contraria los agravios vertidos, peticiona se confirme lo resuelto con costas a cargo de P S.A.

III.- En el particular supuesto bajo examen, la alegada indebida resolución reiteratoria de la providencia de fs. 330 ningún agravio adicional genera al apelante de fs. 370, ya que existe absoluta coincidencia entre los planteos introducidos al interponerse el recurso de revocatoria con apelación en subsidio de fs. 334/337 y las argumentaciones vertidas al fundar a fs. 374/378 el recurso de apelación interpuesto a fs. 370. Por otra parte, el invocado perjuicio referido a la prolongación del trámite se agravaría precisamente ante el supuesto de que se considerara no resuelto el recurso de revocatoria intentado en la presentación individualizada.

En forma mayoritaria nuestra jurisprudencia ha entendido, que si bien en el proceso de ejecución de sentencias están limitadas las defensas a las cuatro que enumera el Código Procesal, artículo 506, entre las que no se menciona la inhabilidad de título o falta de legitimación, sin embargo procede admitirla si se cuestiona la falta de alguno de los requisitos del título ejecutorio o de las condiciones exigidas para que proceda la ejecución de sentencia. Así es que, dentro del margen de razonabilidad, corresponde admitir las defensas que atacan la fuerza del título ejecutorio o que niegan presupuestos necesarios para la viabilidad de la ejecución, entre ellos la falta de legitimación activa o pasiva (Roland Arazi, Jorge A. Rojas, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2.001, pág. 642).

Por otra parte, analizar la legitimación pasiva del ejecutado resulta deber ineludible del magistrado, debiendo ser verificado por el juez de oficio, aún sin pedido de parte, y en cualquier instancia, en razón de recaer el problema sobre un presupuesto esencial de la acción.

La demanda es un acto esencial, pues deja fijados los límites de la contienda y juntamente con la contestación de demanda o réplica conforman la denominada etapa de información del proceso; fase que proyecta y delinea el desarrollo de la etapa de conocimiento pleno o probatorio y circunscribe el marco en el que se dictará la resolución definitiva por el juez interviniente (Alcolumbre, María G., "Procedimiento Laboral", LNL 2004-11-730, Lexis Nº 0003/400384). - En autos la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, promovió demanda contra El P S.H., El P S.R.L., M H G, E J de G y E S G, siendo todos ellos condenados por el Sentenciante de Grado al dictar el pronunciamiento de fs. 101/103.

Es en la etapa de ejecución de sentencia que la parte actora denuncia que P S.A. es sucesora en la explotación sin que se hayan cumplido los requisitos exigidos para la transferencia del fondo de comercio, solicitando la designación de un interventor recaudador sobre las cuentas de esta última (fs. 199). Y, es en esa etapa en la que el 'a quo', sin conferirle intervención a P S.A., la considera responsable solidario por existir una transferencia transitoria (art. 228, LCT) y designa un interventor recaudador de fondos para efectivizar un embargo sobre una parte de los ingresos brutos producidos en el establecimiento comercial Estación de servicios situada en Avda. L P *** de la ciudad de Trelew, que hoy explota P S.A. (fs. 270).

El sentenciante debe ejercer su función jurisdiccional sin exceder los límites con que las partes han circunscripto el contenido del litigio y el marco o contexto subjetivo en el cual operarán sus efectos. De ahí que la congruencia implique un límite de la actividad funcional del magistrado, cuya violación ha sido reputada reiteradamente por el máximo tribunal como arbitraria, pues rompe con los claustros normativos del juez y no es, naturalmente, una sentencia que derive razonablemente del derecho vigente. Asimismo, lesiona el valor orden, ya que fomenta la inseguridad y configura en determinados supuestos una verdadera privación de justicia (Clariá, Julia M., "ARBITRARIEDAD, Causales, Afectación del principio de congruencia", Lexis Nº 0003/001017, JA 1997-II-798).

Si bien es cierto que los nuevos códigos procesales han otorgado mayores facultades a los jueces para el esclarecimiento de la verdad objetiva, ello no implica abandonar el principio de que en el proceso civil, el planteo y delimitación de la litis es cuestión exclusivamente reservada a las partes (Clariá, Julia M., "ARBITRARIEDAD, Causales, Afectación del principio de congruencia", Lexis Nº 0003/001017, JA 1997-II-798), y en autos la parte actora demandó a E P S.H., E P S.R.L., M H G, E J de G y E S G, siendo estas personas aquellas sobre las cuales recayó la sentencia condenatoria.

La congruencia, que se refiere a un aspecto específico del procedimiento - requisito de validez de las resoluciones judiciales, cuya infracción permite impugnarlas ya sea por vía de los recursos ordinarios o extraordinarias- tiene una gran trascendencia en el derecho procesal, pues se sustenta en varios principios, tales como el dispositivo y el de contradicción, según el cual nadie puede ser condenado sin ser oído. La conformidad entre las pretensiones y la sentencia, es ineludible exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio concernientes a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, pues al trabarse la litis, se fijan los límites de los poderes del juez. De ahí que debe exigirse una rigurosa adecuación de la sentencia con los sujetos, el objeto -mediato e inmediato- y la causa que individualizan la pretensión y a la oposición (Clariá, Julia M., "ARBITRARIEDAD, Causales, Afectación del principio de congruencia", Lexis Nº 0003/001017, JA 1997-II-798).

Se presenta la incongruencia subjetiva cuando la decisión jurisdiccional condena a quien no reviste el carácter de parte juntamente con quienes sí lo eran (por exceso), u olvida condenar a quien lo merecía tanto como los incluidos en la resolución (por defecto), o condena a una persona distinta a la demandada (incongruencia mixta) (Clariá, Julia M., "ARBITRARIEDAD, Causales, Afectación del principio de congruencia", Lexis Nº 0003/001017, JA 1997-II-798).

En autos la condena recayó respecto de El Parque S.H., El P S.R.L., M H G, E J de G y E S G y se pretende hacer efectiva sobre bienes de P S.A., sociedad esta última diferente de las personas físicas y jurídicas condenadas en autos.

Y, en la etapa de ejecución de sentencia puede incurrirse en incongruencia objetiva o subjetiva, ya sea por exceso o por defecto. Ello se vincula directamente con el instituto de la cosa juzgada, pues se debe ejecutar lo que dispone la sentencia firme, sin apartarse de lo decidido por ella tanto con respecto al monto de la condena, como a la pretensión resuelta y a los sujetos condenados. En efecto, si el conocer del juez en la etapa de conocimiento está limitada por el principio de congruencia, la realización de tal voluntad -en caso que proceda- no puede otorgar al juez ejecutante mayor poder, ya que ésta última etapa es consecuencia de la anterior e importa cumplir en forma efectiva con el acceso a la jurisdicción (Clariá, Julia M., "ARBITRARIEDAD, Causales, Afectación del principio de congruencia", Lexis Nº 0003/001017, JA 1997-II-798).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consagrado desde antiguo el carácter constitucional de la garantía de la congruencia, como expresión de la defensa en juicio y del derecho de propiedad, y ello es así pues el sistema de garantías constitucionales del proceso es para proteger los derechos y no para perjudicarlos; de ahí que lo esencial es que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, y ello se logra con la justicia según la ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales -sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias- (Clariá, Julia M., "ARBITRARIEDAD, Causales, Afectación del principio de congruencia", Lexis Nº 0003/001017, JA 1997-II-798).

No habiendo solicitado en autos el actor condena contra P S.A., ni dictada sentencia condenatoria respecto de ésta última, estando condicionada la tutela jurisdiccional del juez por la voluntad de las partes, impropio resulta extender en la etapa de ejecución la condena a una persona jurídica no llamada a juicio.

El art. 330, inc. 2° del Cód. Procesal es terminante en cuanto al contenido que debe tener el escrito de demanda, no con un fin ritualístico, sino para salvaguardar el adecuado y amplio ejercicio del derecho de defensa de aquél contra quien se la dirige (CNac. Com., Sala G, 28/11/1990, LL 1991-C, 37).

Finalmente, es criterio sostenido por este Tribunal que si se hubiese quebrantado la normativa referente a la transferencia de fondos de comercio y el actor entendiese que esa situación convierte al nuevo dueño en deudor de la acreencia reclamada, tendría que dirigir la demanda contra dicha persona, pretendiendo la extensión de la condena respecto de la misma, y acreditar que también respecto de esta última se cumplen los recaudos legales que posibilitan la traba de medidas cautelares. Es que, no puede entenderse que la aplicación del art. 228, LCT, autoriza a dejar de lado principios fundamentales como los de congruencia, defensa en juicio y contradicción, y la persona jurídica P S.A., es una persona distinta de la demandada y condenada en autos y por lo tanto no podría recaer sobre ella los efectos de una sentencia favorable al actor, por lo que tampoco debe soportar las medidas tendientes a hacer efectivo un fallo que favorece al demandante (esta Sala, SIC 102/04, SIL 02/07).

En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut RESUELVE:

Declarar la falta de legitimación pasiva de P S.A. para que se ejecute en su contra la sentencia dictada a fs. 101/103 del presente trámite- Dejar sin efecto la designación de interventor recaudador resuelta a fs. 270.

Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida (arts. 76, ley 69, 279 y 558, CPCC).

Regular los honorarios correspondientes al Dr. R N. C, por su actuación en primera instancia, en mérito a la extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida, el carácter en que intervino y la etapa desarrollada en la suma de MIL PESOS ($ 1.000), estableciendo, por idénticos parámetros y concepto, los correspondientes a los Dres. P S y L B, en conjunto, en la suma de SETECIENTOS VEINTE PESOS ($ 720) (arts. 6, 7, 9, 40 y concs., ley 2.200 y modif.). Regular los honorarios correspondientes al Dr. R N. C, por su actuación en la Alzada, en un 35 % de los que a su favor son regulados por su actuación en primera instancia, estableciendo, los correspondientes a los Dres. P S y L B, en conjunto, en un 25 % de igual monto (art. 14 y concs., ley 2.200 y modif.). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 12 DE 2007 - SIL.- CONSTE.-