Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-20


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 84.877 CAUSA NRO. 23.015/03 AUTOS: "LEDESMA ROBERTO C/ EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A. Y OTRO S/ COBRO DE SALARIOS" JUZGADO NRO. 61 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Noviembre de 2.007, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR VILELA DIJO:

I. La sentencia de fs. 524/528, que hace lugar a la demanda entablada, fue apelada por el sindico de Cooperativa de Trabajo Ferrocon Ltda. s/quiebra a fs. 533/537 y por la codemandada Empresa Ferrocarril Gral. Belgrano S.A. a fs. 538/545.

II. La Empresa Ferrocarril Gral. Belgrano S.A. cuestiona el fallo en cuanto considera que el actor laboró sin solución de continuidad desde su ingreso a Ferrocarriles Argentinos en el año 1974 hasta su egreso operado en el año 2001.

Al respecto, memoro que esta Sala ya ha tenido oportunidad de expedirse en circunstancias análogas al presente en la causa "Peralta Héctor Severo y otros c/Cooperativa de Trabajo Ferrocon Ltda. s/despido" (S.D. 32.890 del 29/7/05) considerando que la provisión de personal a terceros por parte de la cooperativa resulta un típico caso de fraude que se puede enmascarar bajo la forma cooperativas de trabajo. Cuando la finalidad de la cooperativa consiste en proveer servicios a terceros, los interesados concurren a la misma, se asocian y ésta, en tal carácter, los envía a terceros quienes asignan las tareas concretas a cumplir.

En tales supuestos, la organización que medió en la relación no puede pretextar (pese a su estructura jurídica) que no existe relación laboral con su supuesto socio, ya que el aporte de éste no lo fue en una tarea propia de la cooperativa, que no recibió la labor del trabajador, sino que fue en otra distinta. En tal situación, sólo podría considerarse integrantes de la cooperativa al personal de la planta central que actúa como proveedora de trabajadores para terceros, cumpliendo en definitiva funciones como empresa de servicios.

En cambio, las personas enviadas por la cooperativa a prestar servicios para terceros se encuentran ligadas a ésta por una relación de tipo laboral (art. 27 LCT) y no pueden ser considerados simples socios de aquella pues se trataría de una formalidad sin contenido real. Es que no realizan aporte alguno de trabajo, porque el que realizan lo hacen para otra persona física o jurídica y como contraprestación reciben un pago de carácter salarial (más allá de la denominación que se le asigne) ya que este responde a la efectiva prestación de tareas por parte del trabajador y no a su condición de socio.

Sentado lo expuesto, sobre las accionadas pesaba la prueba de acreditar que tales servicios no fueron realizados bajo relación de dependencia, sino en su calidad de socia cooperativa y, al respecto, dicha carga no se encuentra cumplimentada.

Resulta entonces que la cooperativa demandada en realidad funcionaba como una mera intermediaria, proveedora de personal a terceros, es decir, sin fines cooperativos, ya que el aporte de trabajo no era para la cooperativa en sí sino para un tercero.

Por consiguiente, de acuerdo a lo demás fundamentos expuestos en el fallo aludido y lo expresado por el a quo, corresponde estar a la antigüedad que surge de computar desde el ingreso del actor a Ferrocarriles Argentinos. Por otra parte, pese a que la demandada ha denunciado que el peticionante fue despedido e indemnizado en mayo de 1993 (de acuerdo a lo que surge de informes de fs. 335/337, pericial contable producida en autos y prueba documental obrante en sobre cerrado), en la sentencia de grado se han valorado los dichos de Chavez y Coria de los que surge que el actor empezó a trabajar para Ferrocarril General Belgrano S.A. en ese año, por lo que no existió interrupción de la prestación hasta que comenzara a hacerlo como presunto asociado de la Cooperativa Ferrocon y, por ende, corresponde entender que existió continuidad en la prestación por lo que corresponde desestimar este aspecto de los agravios de la codemandada.

III. También se agravia la citada codemandada porque se han admitido los reclamos indemnizatorios y porque se ha desestimado su defensa en el sentido que la extinción de la relación laboral se produjo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 241, último párrafo, de la L.C.T.

Esta norma admite que la vinculación de trabajo pueda considerarse extinguida por voluntad concurrente de las partes cuando así resultare del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas que traduzca inequívocamente el abandono de la relación. Sobre este punto, observo que en la demanda se señaló que la empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. dejó de otorgarle tareas al actor hacia fines de 1999 (fs. 13, ap. VI) y que el primer reclamo telegráfico que formulara el trabajador tuvo lugar el 1/6/2001 (fs. 13vta.). Si bien es cierto que el silencio del trabajador no puede ser concebido como renuncia a sus derechos, no menos lo es que tal principio cede a la exigencia de la seguridad jurídica, por una parte, en atención a circunstancias relativas a las personas y, por otra, cuando ha transcurrido un tiempo suficiente para entender que la situación ha sido consentida (Cfr. CSJN, 11 de junio de 1998, autos "Zorzin, Víctor R. C/Y.P.F. S.A.", T. y S.S. 1998, p. 974).

La llamada renuncia de derechos a que hace referencia el art. 12 de la LCT se refiere a "...toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas, ya sea al tiempo de celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción", interpretándose que lo que la norma establece son los derechos que surgen de la misma y que corresponden a lo que constituye el llamado orden público laboral. Lo normado por el art. 241 de la L.C.T. no vulnera el principio de irrenunciabilidad que emana de los arts. 12 y 58 de la L.C.T. en tanto se aplica a los supuestos de un comportamiento inequívoco de las partes del que se pueda traducir que ellos han querido el abandono de la relación y esto se da en los casos en que el trabajador deja de concurrir al empleo y el empleador no lo emplaza a que concurra a trabajar y ello debe valorarse de acuerdo a las circunstancias particulares del caso y teniendo en cuenta el transcurso de un plazo razonable.

Asimismo, surge de la prueba informativa de fs. 232 que el Sr. Ledesma ingresó a la planta permanente de Belgrano Cargas S.A. el 2/6/2000, revistando como conductor de locomotoras lo que no fuera objeto de impugnación en tiempo oportuno (art. 403 y conc. del CPCCN). Tampoco se encuentra controvertido el informe de fs. 296/299 del que surge que la empresa Belgrano Cargas S.A. se hizo cargo del servicio que prestara la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A., recibiendo activos, personal, materia rodante, equipos e instalaciones afectadas al servicio, resultando ello del acta de poseción que ello tuvo lugar en noviembre de 1999.

Tales elementos permiten establecer con cierto grado de razonabilidad que la codemandada Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. dejó de prestar el servicio que tenía a su cargo hasta entonces y que, por ende, el actor no pudo seguir prestando servicios para ella.

En tales condiciones, entre la fecha de la última prestación de tareas y el requerimiento de las mismas transcurrió un lapso más que prudente (en el caso pasó aproximadamente un año y medio) a lo que cabe sumar el hecho de que el actor prestó servicios para otra empresa en el período en discusión, concordando en lo pertinente las circunstancias fácticas con las del expediente " Flores Luis Alberto c/Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. y otro s/despido", S.D. 84.742 del 28/9/07, por lo que considero que existen suficiente elementos para entender que se configuró el supuesto contemplado por el art. 241, in fine de la L.C.T., por lo que el trabajador no tendría derecho a las indemnizaciones que reclamara con fundamento en los arts. 231, 232, 233 y 245 de la L.C.T., arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y 25.323 y tampoco a los rubros salariales posteriores a noviembre de 1999 en tanto no existió prestación laboral por parte del accionante luego de esa fecha debiendo revocarse este aspecto del decisorio, sólo subsistiendo la condena al pago del SAC proporcional del segundo semestre de 1999, que estimo en la suma de $ 500.

IV. El recurso deducido por el Síndico de Cooperativa de Trabajo Ferrocon Ltda. no sólo porque no se admitió la indemnización prevista en el art. 45 de la ley 25.345 sino porque no se ha formulado una crítica concreta y razonada del fallo de primera instancia, como lo exige el art. 116 de la L.O., en tanto el apelante introduce argumentos propios de una contestación de demanda, sin cuestionar el fallo en cuanto aplica la presunción derivada de la situación procesal de rebeldía de esta codemandada.

V. Habida cuenta que se resolvió que la relación quedó extinguida en noviembre de 1999, el certificado de trabajo que se ordena entregar deberá tomar ésta como fecha de egreso y deberá mantenerse la condena contra Empresa Ferrocarril Gral. Belgrano S.A. atento su responsabilidad emergente de lo normado por el art. 29 de la L.C.T.

VI. Atento el nuevo resultado del pleito, las costas deberán correr a cargo de la parte actora, vencida, en ambas instancias (art. 68 CPCCN).

VII. Finalmente, atendiendo al mérito y extensión de los trabajos cumplidos, al resultado del pleito y lo normado por el art. 38 de la L.O. y pautas arancelarias de aplicación, los honorarios de los profesionales de la actora y de la codemandada Empresa Ferrocarril Gral. Belgrano S.A. deberán reajustarse, respectivamente, a las sumas de $ 5.000 y $ 7.000, a valores actuales destacándose que la estimación del monto del proceso a los efectos de la regulación de honorarios en caso de rechazo en lo principal de la demanda, debe ser apreciada por el Tribunal en cada caso en particular, según las circunstancias, procurando conservar la "ratio legis", la justa distribución de las remuneraciones en orden a la solvencia patrimonial de quienes deben sufragarla y el grado de responsabilidad del profesional por los intereses en juego y el mérito de la labor desempeñada. (Cfr. esta Sala in re "Meije, José Ramón c/ D.N.V. s/ diferencia de salarios" S.D. 61.168 del 23/04/92). Respecto de los del perito contador, deberá estarse a lo dispuesto a fs. 528.

VIII. Propicio, pues: a) Revocar parcialmente la sentencia apelada, reduciendo el monto de condena a la suma de $ 500, a pagarse en la forma, plazo y con los accesorios dispuestos en origen y manteniendo la obligación de entrega de certificado de trabajo conforme lo expresado en el considerando V; b) Con costas y honorarios en la forma dispuesta en los considerando VI y VII, fijando los estipendios de los profesionales de la parte actora y de los de la demandada en el 25% y 30% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (art. 38 de la L.O. y normas arancelarias de aplicación).

EL DOCTOR PIRRONI DIJO: Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a) Revocar parcialmente la sentencia apelada, reduciendo el monto de condena a la suma de $ 500, a pagarse en la forma, plazo y con los accesorios dispuestos en origen y manteniendo la obligación de entrega de certificado de trabajo conforme lo expresado en el considerando V; b) Con costas y honorarios en la forma dispuesta en los considerando VI y VII, fijando los estipendios de los profesionales de la parte actora y de los de la demandada en el 25% y 30% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (art. 38 de la L.O. y normas arancelarias de aplicación).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Julio Vilela. - Oscar Norberto Pirroni.