marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Verificación de créditos, informe individual del síndico
Materia: COMERCIAL
Carátula: Corralón 'San José' s/ CONCURSO  PREVENTIVO S/INCIDENTE REVISIóN CRéDITO BANCO PROVINCIA RíO  NEGRO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-08-29

La verificación de un crédito operada de conformidad con la exacta petición deducida, no supone por parte del síndico el tácito rechazo del privilegio, habilitante de un ulterior reclamo.
Empleo público, adicionales de remuneración, fondo de estímulo, régimen de retiros
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: CARRIERO, Silvia Noemí c/ ESTADO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES s/ IMPUGNACION DE ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-20

1- En tanto, la retribución percibida en concepto de "fondo estimulo" revestía el carácter de permanente y habitual según se desprende de las normas que lo implementaran y de tal manera fue percibida por el agente, debe incluirse en la base de tomada para el cálculo de la indemnización prevista por el art. 4° del decreto 2493/92 que reguló el régimen de retiro incentivado.

2- La conducta asumida por la Comuna a partir de 1994 en cuanto comenzó a practicar retenciones sobre la suma pagada en concepto de "fondo estimulo" si bien fue posterior a la rescisión del contrato con el agente y no la obliga hacia al pasado, puede tomarse como signo que modificó su valoración de las sumas percibidas en tal concepto, lo que la acerca a la calificación de retribución permanente y habitual efectuado por el interesado.
Recurso de apelación (procesal), nulidad de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: ELECTROMECANICA SUR S.R.L c/ M.C.B.A s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

Tratándose de vicios que, de existir, podrían encontrar remedio por vía de apelación, el recurso de nulidad resuelta improcedente.
Jubilaciones, pensiones, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez, Liliana A. s/ Promueve acción de amparo. Cuestión de compet. art. 6 del C.P.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

Es un típico caso contencioso administrativo el suscitado entre un jubilado y el Instituto de Previsión Social con motivo de la formulación, por parte de éste, de un cargo deudor que tiene su origen en la supuesta percepción indebida de haberes por parte de aquel (arts. 1, 4, 28 y concs. C.P.C.A.)
Daños y perjuicios, indemnización, daño moral, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: FLORES DE CHOQUE, Trifonia c/ AYERZA DE RIVERO PIERNA, Mónica María del Corazón de Jesús y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-17

No existe pauta lógico jurídica que obligue a correlacionar porcentualmente la indemnización correspondiente al daño material con el daño moral, pues hay circunstancias que, en ciertos supuestos, hacen que este último pueda ser de gran magnitud en tanto aquél ni siquiera llegar a existir.-
Derecho laboral, trabajador, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Wilhjelm, Alejandra del Rosario c/ Sanatorio San Roque S.A. s/ Laboral. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad   (EXPTE CSJ Nº 802-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-02-08

En materia de disolución del contrato de trabajo, la doctrina distingue el supuesto de la "renuncia tácita" (que requiere una conducta inequívoca del trabajador demostrativa de su voluntad de extinguir el contrato de trabajo, y contemplada en el artículo 58 de la Ley de Contrato de Trabajo), de las figuras del "abandono de la relación" (que surge de un acuerdo tácito de voluntades, regulado por el artículo 214 de la Ley de Contrato de Trabajo), y el "abandono-incumplimiento" (configurativo de una denuncia unilateral del empleador por justa causa, supuesto previsto por el artículo 244 de la misma ley).
Trabajadores de la construcción, fondo de desempleo
Materia: LABORAL
Carátula: SCHELLEMBERG VIUDA DE AMARILLA, EVANGELINA c/ DOSIPERRI, ANTONIO s/ LEY 17258
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-08-31

Las sumas adeudadas por el empleador con motivo de su incumplimiento de entregar el importe del fondo de desempleo una vez que la relación contractual ha quedado resuelta (no existiendo duda alguna cuando el trabajador ha notificado su decisión en ese sentido) no constituyen salario. Por lo tanto los mismos se devengan hasta que el deudor satisfaga su obligación principal: la entrega del importe del llamado 'Fondo de desempleo', sin que obste a ello el hecho de la muerte del trabajador.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, cuenta corriente bancaria, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Credicoop c/ Rosenbluth s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

Si bien el certificado de deuda corriente bancaria expedido en regla constituye un título ejecutivo, lo cierto es que ello hace a su exigibilidad pero no a la configuración de la mora del deudor, para lo cual es necesaria la interpelación idónea, y solo a partir de ésta cabe tener por producida la constitución en temporal de los intereses en curso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad civil, falsa denuncia
Materia: CIVIL
Carátula: Fernandez Ignacio Roberto y otra c/ Gomez Pedro Tomas y otra s/ daños y perjuicios - ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-09-21

Si lo denunciado fueron hechos que generaron la apertura de la causa y se pretende responsabilizar al autor de la denuncia, lo que se debe acreditar es la falsedad de los hechos denunciados, pues si estos no son desvirtuados, es decir, si se los tiene por ciertos, no se ha producido la conducta antijurídica susceptible de generar responsabilidad civil.
Habeas corpus, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: MELGAR, ISABELINO JUAN VICTOR s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-03-19

Conforme resulta del artículo 44 de la ley 8369, la decisión del Juez o Tribunal que resuelve sobre un Habeas Corpus, es recurrible en apelación ante la Sala de Alzada, que no es otra que la Sala en lo Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia; interpretación que se confirma si se advierte que, la queja por denegación de recurso de apelación debe plantearse ante ese Alto Cuerpo, siendo obvio que sólo puede entender en la queja el Tribunal que es competente para juzgar el recurso de que se trata. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Delitos, resistencia a la autoridad, abuso de armas, radicación del expediente, competencia penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Carlini, Santiago Leonel y otros c/  s/ 104 - abuso de armas y otros s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-04

Conforme lo dispone la Cláusula Transitoria de la ley n° 26702, lo determinante para atribuir la competencia en un conflicto como el de autos es la existencia de una causa que se halle "pendiente ante los Juzgados Nacionales al momento de perfeccionarse la transferencia de competencia" y no así el momento del hecho que diera origen al expediente. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Jubilaciones, interpelación, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sahd, Elda Nelly Alvarez de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 121-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

La hermenéutica congruente del decreto 1534/90 no puede sino conducir a interpretar que estando en condiciones de obtener el porcentaje del 82%, el agente puede ser intimado a jubilarse; lo que permite concluir que la Administración, en cuanto consideró aplicables respecto de la actora los decretos 877/90 y 1534/90, obro legítimamente, sobre todo porque -en el caso- la recurrente, con la compensación por exceso de edad, reunió los treinta años de servicios, superando dicho porcentaje.
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico, dementes no declarados
Materia: CIVIL
Carátula: T., H.A. c/ T., E.N. s/ NULIDAD DE DONACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-04

El régimen establecido por el art. 473 del Código Civil, rige en ambos casos -demente interdicto o de facto-, pues no es necesario probar que el agente que nunca fue declarado incapaz carecía de discernimiento en el momento de realizar el negocio jurídico, sino que basta la prueba más fácil de la existencia de la demencia en la época del acto, es decir durante un tiempo más o menos amplio, dentro del cual está comprendido el instante de su celebración.
Acta de secuestro, descripción incompleta, valor probatorio, prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RICARDO HUGO CAÑETE s/ ADULTERACION DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-29

La circunstancia de que el Sub-Oficial de la Policía Federal que intervino en el acta de secuestro, no haya descripto los elementos secuestrados minuciosamente, como lo hiciera el Oficial de esa Repartición, no indica que no se halla secuestrado el documento de autos en el domicilio del procesado, máxime cuando el testigo del hecho ratifica todo lo dicho por aquel Oficial.
Daño psíquico, indemnización, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Serna, Ernesto O. c/ Pasquariello, Gabriel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-23

Pretender que el daño psíquico es homólogo del daño moral carece de todo asidero. En el primer caso lo afectado es una función en la estructura orgánica de la persona, que como tal configura una unidad biosíquica, en tanto que en el segundo lo afectado es un estado espiritual. En un caso se afecta una función que nos hace menos aptos para enfrentarnos con la vida y sus exigencias; en el otro se altera un estado en el que anida nuestra capacidad de goce de los bienes (doct. arts. 1068 y 1078 Cód. Civ.).
Trabajadores petroleros, convenios colectivos de trabajo, despido indirecto, injuria laboral, gravedad de la falta
Materia: LABORAL
Carátula: Plaza, Flavio Oscar. c/ Chromu S.A. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-10

No obstante la resistencia de la empleadora al pago de tales beneficios en base a una interpretación distinta de su alcance subjetivo, no alcanza a configurar una injuria de entidad suficiente como para impedir o tornar inequitativa la prosecución del vínculo laboral, atendiendo a los criterios cuantitativos y cualitativos, así como la progresividad y proporcionalidad que deben tenerse en cuenta al momento de evaluar la entidad de la injuria a los efectos de los arts. 242 y 246 LCT.

Es claro que el trabajador pudo reclamar judicialmente el pago de ambos montos acordados, sin necesidad de poner fin a la relación laboral, teniendo en cuenta que la negativa de la empleadora no aparece como dolosa, sino fundada en una interpretación posible -aunque a la postre se la juzgue desacertada- sobre la aplicabilidad del acuerdo al caso concreto.
Robo en poblado y en banda, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: CAUSA 226 s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

Constituye el delito de robo agravado en poblado y en banda en grado de coautoría (art. 167, inc. 2° del Código Penal) el accionar del inculpado, quien en horas de la madrugada acompañado de otro hombre y dos mujeres, que no fueron habidos, asaltaron a un taxista amenazándolo, apoyándole para ello en su cuello desde el asiento de atrás un elemento duro simulando un arma.
Expresión de agravios, competencia penal, competencia civil
Materia: PENAL
Carátula: O, J.C. s/ Lesiones culposas (Expte Nº 94-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-08-29

En varias ocasiones este Tribunal ha sostenido que la expresión de agravios en el fuero penal no puede reconocer las limitaciones que dicho acto procesal presenta en lo civil; el carácter público de la acción así lo indica. Por lo tanto, la Defensa no está atada, en la segunda instancia, por los actos de defensa que haya producido en la primera, y menos puede verse limitada por los temas tratados en la sentencia que se ha recurrido; si aceptásemos la tesis contraria, ni siquiera podría tratar sus omisiones y, además, la solución que el Tribunal daría al caso tendría los efectos de una verdad formal, que carece de toda vigencia en el proceso penal, vaciado de cualquier ficción.
Prisión preventiva, prórroga del plazo
Materia: PENAL
Carátula: Abrigo Walter s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-29

Debe reputarse efectuada en término la prórroga que bajo la vigencia del art. 437 del código de Jofré, se dispuso el mismo día en que fenecía el lapso que había comenzado a contarse el día de igual fecha ubicado dos años atrás.
Juicio abreviado, libertad condicional, readaptación del condenado, ejecución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Ross, Stella Maris s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-21

Resulta adecuado el razonamiento esgrimido en la sentencia -donde el juez no hace lugar a la revocación de la libertad condicional propuesta en el juicio abreviado- pues si el encierro carcelario puede generar aspectos negativos en el imputado es evidente que el fin de la ejecución de la pena no se cumplirá en esas condiciones, razón por la cual los principios constitucionales deben primar por encima de la regulación prevista en el Código Penal. Así se sostiene que "la supremacía constitucional supone una graduación jerárquica del orden derivado, que se escalona en planos distintos. Los más altos subordinan a los inferiores, y todo el conjunto se debe subordinar a la constitución (...) Dada la estructura federal de nuestro estado (...) la constitución prevalece sobre todo el orden jurídico-político del estado". El ideal resocializador pone en cabeza del Estado la obligación de brindar un trato idóneo al imputado mientras dure el encierro carcelario, de forma tal que toda medida que lleve adelante debe estar orientada al cumplimiento de la forma más favorable para quien sufre la pena (cfr. art. 75 inc. 22 de la C.N. y 10.3 de P.I.C.yP.). (Dra. Ledesma, en disidencia).
Corredor inmobiliario, comisiones
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Robaina, Fabian Oscar c/ Uchitel, Marcia s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-15

En sentido concordante, el artículo 16 de la ley 2340 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires refiere que "la persona que sin estar matriculada como corredor inmobiliario realice actos de corretaje o intermediación inmobiliaria carece del derecho a exigir el pago de toda retribución a las partes contratantes. Tampoco tendrá derecho al cobro, aquel que esté inhabilitado o suspendido por el colegio que gobierne la matrícula".
Leyes, aplicación de la ley, crédito previsional, pensiones, juicio de apremio, medidas cautelares, embargo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: BENITEZ, BLAS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 541-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-08-25

El inciso 9 del artículo 18 de la ley 10798, excluye del régimen de la ley los créditos originados en prestaciones de previsión o seguridad social, salvo los provenientes de reajustes o actualizaciones de haberes o beneficios. Por su parte el inciso 1 exceptúa del cobro créditos, con causa en la relación de empleo público y además exceptúa también las prestaciones de naturaleza alimentaria. Y si bien podría compartirse con la Municipalidad demandada, el argumento de que el crédito cuya ejecución pretenden los actores, no reviste para ellos carácter alimentario, no puede dejar de advertirse al mismo tiempo que dicho crédito está originado en prestaciones de previsión o seguridad social, que reconocen su causa en una relación de empleo público y que el hecho del fallecimiento del titular originario no modifica su naturaleza.
Locación de inmuebles, daños y perjuicios, retención indebida
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez de Berruti, Aurora H. c/ Acha, María Esther s/ Suc. - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-24

La retención indebida de un inmueble comienza cuando el locador manifiesta su voluntad de no consentir la permanencia del inquilino, solicitando la restitución de la finca y cuando esa intención es comunicada al locatario, recién es puesto en mora respecto de la obligación de restituir, y también desde ese momento sabrá que adeuda la indemnización de pérdidas e intereses (artículos 1609 y 1622 del Código Civil).
Accidentes de trabajo, relación de causalidad, indiferencia de la concausa, ley sobre riesgos del trabajo, prueba pericial
Materia: LABORAL
Carátula: T., S. P. c/ Provincia de Rio Negro s/ accidente de trabajo s/ inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-04-09

En primer lugar, en relación a la falta de aplicación de la teoría de la indiferencia de la concausa, este Cuerpo ya tiene dicho que cuando nos encontramos frente a un reclamo derivado de un siniestro laboral con fundamento en la LRT -tal el caso de autos-, la responsabilidad de las ART comprende tanto la incidencia dañosa provocada por el accidente en la salud del trabajador, con la consecuente incapacidad para desempeñar su labor, como todas las secuelas que el infortunio pone en ejecución, acelerando o agravando lesiones ignoradas u ocultas (conf. STJRNS3 Se. 31/12"FERNANDEZ"...).... La Ley 24557 no autoriza a discriminar cual ha sido el grado de participación de los distintos factores que confluyen para conformar el daño actual, por lo que rige al respecto la teoría de la indiferencia de la concausa con sus dos reglas: basta que el empleo haya participado concausalmente para que se active la responsabilidad de la ley especial y la indemnización a computar debe ser calculada con base en la totalidad del daño actual con la única excepción de las incapacidades preexistentes en los términos del ap. 3, inc. b), artículo 6, Ley 24557. A falta de una regla similar en el actual régimen vigente, cabe aplicar la teoría de la indiferencia de la concausa con sus dos reglas y, por ende, corresponde indemnizar al trabajador accidentado en el marco de la acción deducida con sustento en la Ley 24557, considerando la totalidad del daño incapacitante que padece como consecuencia de la confluencia de los factores constitutivos previos y del accidente de trabajo que exacerbó ese estado nosológico. (voto del Dr. Maza en Loyola, 22.05.13, criterio mayoritario de la Sala II...).... Así, en cuanto a la improcedencia de medir proporciones a efectos indemnizatorios en base a lo expuesto, cabe concluir que al no permitir la ley 24557 discriminar, a los fines de determinar la incapacidad a indemnizar tarifadamente, los factores concausales, el perito debe detectar el daño sufrido en el accidente a los efectos de determinar el grado de incapacidad sufrido por el trabajador, en modo alguno puede limitarse la reparación a la parte del daño directamente derivado del infortunio en el marco del régimen jurídico especial, salvo que hubiese incapacidad concreta determinada con anterioridad -examen preocupacional-, supuesto no invocado en el subjudice. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia).
Recurso extraordinario de nulidad, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Azua, Eduardo Luján; Rojas Hugo s/ Querella por calumnias e injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-15

El recurso extraordinario de nulidad interpuesto por violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia resulta improcedente desde que los agravios traídos, vinculados a la valoración de la prueba realizada por el sentenciante, son ajenos a la vía intentada y propios del de inaplicabilidad de ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de obra pública, multa, contratista, obligaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARRASCAETA, RAFAEL CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 2-80)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-04-08

Cuando el sancionado con multa por demora en la ejecución de una obra pública, se lo priva de la posibilidad de cumplir con las prestaciones a su cargo, la sanción, cuya finalidad es esencialmente la de preservar el cumplimiento del contrato, no tiene razón de ser.
Derecho contravencional y de faltas, proceso contravencional, poder de policía
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Rufino Alberto s/ Infracción arts. 72 y 74 inc. a) del dec. ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-02

El principio de legalidad y la garantía de tipicidad invocados por la defensa no resultan quebrantados porque la figura contravencional prevista en el art. 72 del dec. ley 8031/73, cuya constitucionalidad a la luz de lo normado en los arts. 22 y 25 de la Constitución provincial cuestiona, utilice -como otros tantos tipos legales- vocablos cuyo contenido sea dado por otras disciplinas, pues ello no es óbice para considerar que la conducta prohibida se halle legalmente individualizada, no habiendo tampoco demostrado la recurrente la supuesta amplitud de conceptos que le atribuye a los verbos típicos de la figura en crisis.
Recurso de revisión (procesal), régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Perugarria, Juan Manuel s/ recurso de revisión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-29

Si bien el planteo del recurrente no puede ser encausado por vía de ninguna de las hipótesis taxativamente contempladas en el art. 479 del código adjetivo, ni tampoco se vislumbra en el repertorio de remedios recursivos previstos por nuestro ordenamiento procesal, otra vía apta que permita encuadrar el reclamo que se examina, ello no es razón para no acoger el planteo del recurrente ya que, se ha incurrido en un error cuya proyección le ocasiona un gravamen de imposible reparación ulterior, por lo que en salvaguarda del principio constitucional de la garantía del debido proceso, su voluntad recursiva deberá ser encausada bajo la modalidad de una presentación sui generis de carácter excepcional. En efecto el imputado, a la fecha del ilícito que se le enrostra, tenía diecisiete años de edad, no siendo en consecuencia el tribunal de juicio interviniente y que dictó en su contra sentencia condenatoria competente para resolver en la causa de referencia. Siendo ello así, en el sub judice se han vulnerado reglas de procedimiento al haberse prescindido aplicar, conforme resulta de los mencionado precedentemente, el trámite establecido por la ley 22.278, en los artículos 2 y 4. Tal falencia no debe perjudicar al imputado y amerita de por sí anular la parte dispositiva de la sentencia impugnada en cuanto contiene un pronunciamiento condenatorio en su respecto, en virtud que la misma fue dictada en violación a la norma legal antedicha, quedando sólo como remanente útil a los fines de su declaración de responsabilidad penal (arts. 2 y 4 de ley 22.278). (Voto del Dr. Tragant).
Relación de dependencia, cesión del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: Ojeda, Victor y otro c/ Juan Carlos Galuga y/u otro y/o responsable s/ Diferencia de Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-09-12

Se considera que el art. 225 de la Ley 20744 (Ley de Contrato de Trabajo), establece que en caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, pasan al adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aún las que se originan con motivo de la misma; tan es así que seguidamente el art. 228 de la LCT agrega, con meridiana claridad, que el transmitente y el adquirente de un establecimiento son solidariamente responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato del trabajo existentes a la época de transmisión y que afecta a aquél.