Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-31


En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de octubre del año dos mil once, reunidos los integrantes de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por Liliana E. Catucci como presidente, Mariano H. Borinsky y Eduardo R.

Riggi como vocales, asistidos por el Prosecretario de Cámara, doctor Walter Daniel Magnone, con el objeto de dictar sentencia en la causa nro. 14.030 del registro de esta Sala, caratulada:

"Pachi, Hilda Fernanda s/recurso de casación". Representa al Ministerio Público, el Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé, y a Hilda Fernanda Pachi, el Defensor Público Oficial, doctor Juan Carlos Sambuceti (h).

Habiéndose efectuado el sorteo para que los jueces emitan su voto, resultó establecido el siguiente orden:

Borinsky, Riggi y Catucci.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez Mariano H. Borinsky dijo:

PRIMERO:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 6 de esta ciudad, a fs. 673/677, resolvió:

1) No hacer lugar a la solicitud de libertad condicional en favor de HILDA FERNANDA PACHI (art. 13 del Código Penal de la Nación, art. 41, inc. "e" y 56 del decreto 396/99, y art. 104 de la ley 24.660).

2) No hacer lugar a la prisión domiciliaria de HILDA FERNANDA PACHI (arts. 32 inc. "f" y 33 de la ley nº24.660 "a contrario sensu" y art. 9, inc. 1º y 4º de la Convención de los Derechos del Niño).

II.- Contra esa disposición el Defensor Público Oficial Ad-Hoc, doctor Eduardo A. Chittaro, a fs. 686/709 dedujo recurso de casación, el que fue concedido a fs. 710/711 REGISTRO NRO. 1618/11 vta., y mantenido a fs. 731.

III.- El impugnante recurrió en los términos del artículo 456 incisos 1º y 2º del Código Procesal Penal de la Nación.

En primer lugar sostuvo que se le denegó la libertad condicional a Pachi en razón de las calificaciones que se le otorgaron, las cuales se aplicaron sin haber tenido en cuenta las circunstancias que generaron su comportamiento.

Dijo que el a quo omitió señalar de qué modo las bajas calificaciones determinarían, en caso de que se le otorgue la libertad condicional, que su asistida incumplirá los reglamentos carcelarios.

Señaló que no se hizo ninguna referencia a que ella se encuentra cursando estudios, que realizó un taller con la intención de fortalecer el vínculo entre madres e hijos, y que está desempeñando tareas de mantenimiento.

Expresó que en la resolución impugnada también se aludió al consumo de sustancia estupefacientes aspectos éstos que carecen de "actualidad".

En definitiva, manifestó que Pachi cumplió "profusamente los requisitos necesarios para acceder a la libertad condicional".

En segundo lugar y con respecto a la denegatoria del arresto domiciliario, sostuvo que el a quo en esta ocasión varió los argumentos que esgrimió cuando realizó la anterior presentación que versó sobre el mismo aspecto.

Alegó que su pedido se efectuó en virtud de que su hijo L. no estaba realizando el tratamiento destinado a recuperar o mejorar el habla, sin embargo indicó que los jueces refirieron que "no existen constancias certeras en el expediente de que el menor continúe con el referido 'problema del habla', así como tampoco que haya padecido tal dolencia...".

Ello, a su entender, demuestra que los jueces pasaron de afirmar que el menor estaba en tratamiento a desconfiar sobre tal padecimiento, sin haber realizado ningún estudio al respecto.

Por otra parte, indicó que su hija V. está sufriendo las consecuencias de haber pasado toda su vida dentro de una cárcel. Señaló que el doctor Gustavo Oreste Gallo dictaminó en favor de que se le conceda el arresto domiciliario, y también señaló que resultaba inadmisible que la menor permanezca viviendo privada de su libertad.

En definitiva, el recurrente dijo que tanto la denegatoria de la libertad condicional como la del arresto domiciliario carecen de la fundamentación suficiente que exige el art. 123 del C.P.P. y comprometen garantías de raigambre constitucional, por lo que solicitó su anulación.

IV.- En la etapa procesal prevista en los arts. 465 y 466del C.P.P.N., el Defensor Público Oficial, doctor Juan Carlos Sambuceti (h) acompañó escrito en el que hizo saber los motivos por los cuales solicitó que se haga lugar al recurso de casación impetrado por su predecesor.

V.- A fs. 750 se dejó constancia de haberse superado la etapa prevista en el artículo 468 del C.P.P.N..

SEGUNDO:

a) De adverso a lo sostenido por el recurrente encuentro que la resolución impugnada en lo que respecta al rechazo de la libertad condicional en favor de Hilda Fernanda Pachi, se encuentra debidamente fundamentada, por lo que no tienen asidero las razones invocadas para calificarla de arbitraria.

En efecto, se advierte que el juez justificó su decisión en razón de que Pachi no cumplió con los reglamentos carcelarios. Para así decidir se valió del informe confeccionado por el Organismo Técnico Criminológico en el que valoraron las calificaciones que Pachi registró en los últimos trimestres, concretamente que su conducta osciló entre mala (02) y pésima cero (00), mientras que en el rubro concepto fue entre malo uno (01) y pésimo cero (00) (cfr. fs. 530).

De igual modo se valoró que si bien la nombrada se había anotado en el primer nivel del CENNS nº452, al mes de agosto de 2010 se confeccionó un acta de inasistencia, debido a la irregularidad de su presencia en clases. Asimismo, y de adverso a lo sostenido por el recurrente, se consideró que Pachi concurre en forma asidua al taller destinado a reforzar el vínculo "madre-hijo", y que en materia laboral se desempeña realizando tareas de mantenimiento.

A ello se adunó su historia criminológica, concretamente que presenta una "personalidad lábilmente estructurada, con rasgos de inmadurez emocional y sentimiento de inseguridad y dependencia afectiva...". Asimismo, presentaría rasgos de ocultamiento y tendría dificultades en el contacto interpersonal por déficit en la sociabilidad, evidenciando un mal manejo de la agresividad e impulsividad.

Por último, se concluyó que Pachi no logró merecer la calificación de "Bueno" en conducta ni en "Concepto" al haber incumplido con la totalidad de los requisitos para acceder al pretendido beneficio.

A ello cabe agregar que los miembros del Consejo Correccional hicieron saber que Pachi "se encuentra en la primer fase del período de Tratamiento -socialización- desde hace más de dos años (6 de marzo de 2009) sin haber avanzado durante ese tiempo dentro del Período de la Progresividad del Régimen Penitenciario".

Asimismo, el informe obrante a fs. 339 establece que "...la interna en cuestión denota claras dificultades de adaptación al régimen disciplinario... no reuniendo el perfil para encontrarse alojada en aquél centro de detención caracterizado por ser de mediana seguridad".

Así las cosas, queda de manifiesto, contrariamente con lo sostenido por el recurrente, que a la decisión recurrida se arribó como consecuencia de haberse ponderado correctamente toda la información brindada por aquellos organismos que evaluaron su comportamiento dentro del centro de detención, y cuyos resultados demostraron que la reclusa incumplió con los requisitos mínimos al no haber observado con regularidad los reglamentos carcelarios, siendo éste uno de los requisitos indispensable para acceder al mentado beneficio (art. 13 del C.P.).

Dicho comportamiento negativo no logró ser modificado luego de haber comenzado a realizar tareas de mantenimiento, o su concurrencia al nivel inicial de educación y a los distintos talleres que se brindan en el centro penitenciario.

En definitiva, advierto que la resolución por medio de la cual se le denegó la libertad condicional a Pachi se asienta en razones que encuentran su respaldo en constancias correctamente ponderadas, por lo que se hallan satisfechas las exigencias de los arts. 123 y 404 inc. 2º del C.P.P.N.

b) En segundo término advierto que las conclusiones a las que arribó el a quo para denegar el arresto domiciliario de Pachi resultan dogmáticas, ya que no derivan de una correcta ponderación de los elementos ingresados a la especie conforme las reglas de la sana crítica racional.

En efecto, al analizar la resolución impugnada verifico que el a quo denegó la modificación de las condiciones de ejecución de la prisión de la nombrada en base a que sus hijos L. y C. se encuentra bajo la guarda de su abuela paterna, mientras que V. A. continua alojada con su madre en la Unidad de detención.

Asimismo tuvo en consideración que no se halla verificado que su hijo L. sufra un problema en el habla, ni menos aún que se encuentre en peligro material, moral y/o afectivo.

Además nuevamente se valoraron los informes penitenciarios que daban cuenta del comportamiento de Pachi en la Unidad. Por último, se estimó que V. realiza salidas recreativas con su madrina Lucia Vicenta Fernández.

Ahora bien, el beneficio solicitado por la defensa de Pachi se encuentra previsto en el art. 32, inc. f) de la ley 24.660, según ley 26.472, norma que establece que "[el] juez de ejecución o juez competente podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria... f) [a] la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo".

Esta normativa resguarda el interés superior del niño reconocido por el art. 32 de la Convención sobre Derechos del Niño.

Resta señalar que de los legajos de personalidad se desprende que Pachi es madre de tres niños, a saber: C. y de L., de 5 y 7 años de edad, respectivamente, quienes viven con su abuela paterna, mientras que su hija Vi. A., nacida el 29 de enero de 2008, y que por tanto al día de la fecha tiene 3 años de edad convive con su madre en la Unidad de detención. Ello conlleva a que prima facie la situación de Pachi cumple con los aspectos objetivos previstos en la referida norma, y por consiguiente su pedido debió ser contestado siguiendo los parámetros de esa norma y del referido Instrumento internacional.

Encuentro que para verificar si correspondía modificar el modo de cumplimiento de detención resultaba indiferente ponderar el comportamiento que exhibió Pachi intra muros, o comprobar si resulta verídico o mendaz la enfermedad que padece su hijo L., o si la madrina de V. se comprometió a visitarla, es que todas estas consideraciones no resultan atingentes ya que no explican si en caso de concederse aquel beneficio redundaría en resguardo del interés superior de la niña V.

De otra parte el a quo antes de pronunciarse sobre el pedido de marras le corrió vista a la Defensoría General de la Nación, a cargo de la Unidad Funcional de Personas Menores de 16 años (Res. DGN 1917/09), para que se expida en representación de los menores V. G. A., C. S. y L. P.

A fs. 617 y vta., el Defensor Ad-Hoc de la referida repartición, doctor Gustavo Oreste Gallo propició que se hiciera lugar al arresto domiciliario de Pachi con el objetivo de que viva con su hija menor Victoria en atención a que "cada vez son más graves, tanto las consecuencias que sufre la pequeña V. -tras vivir toda la vida en el encierro-, como las que sufren los niños L. y C., quienes no tienen relación con su madre".

Asimismo, propuso que madre e hijas se alojen en el domicilio de María Concepción Gómez, -amiga de Pachi-, y que sus hijos L. y C. permanezcan al cuidado de su abuela paterna.

Por último, solicitó que se le de intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de "trabajar en la revinculación progresiva entre los niños y su madre, con la Defensoría Zonal correspondiente, en pos de una futura convivencia".

Esta postulación, al igual que el informe social relacionado con la persona y lugar donde se alojaría Pachi (cfr. fs. 590/591), no obstante su trascendencia, y que estaba directamente relacionado con el pedido efectuado por la defensa no recibieron ninguna clase de tratamiento.

En definitiva, y siendo que por el pronunciamiento impugnado nada se dijo respecto de la conveniencia de la relación de Pachi con su hija V. fuera de la unidad de detención, ni se refirió a las condiciones de la vivienda donde se alojaría, ni se aludió a otros aspectos que resultaban primordiales para verificar si en caso de concederse la autorización solicitada ésta redundaría en perjuicio de la menor, entiendo que corresponde anularlo ya que se ha omitido abordar cuestiones que resultaban dirimentes para la solución del caso, situación que trajo aparejada la vulneración de las garantías constitucionales de derecho de defensa y debido proceso legal.

En razón de lo expuesto, propongo al Acuerdo: a) Rechazar parcialmente el recurso de casación deducido por la defensa de Hilda Fernanda Pachi en lo que respecta a la concesión de la libertad condicional; b) Hacer lugar parcialmente al recurso en orden al arresto domiciliario, y en consecuencia anular parcialmente la resolución impugnada; c) Reenviar las actuaciones al Tribunal de origen a los fines de que se expida nuevamente conforme el criterio aquí expuesto, sin costas (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Tal es mi voto.

El señor juez doctor Eduardo R. Riggi dijo:

Que por los fundamentos y conclusiones, adherimos a la propuesta enunciada por el colega preopinante, y formulamos nuestro voto en igual sentido.

La Sra. Juez Dra. Liliana Elena Catucci dijo:

En cuanto a la denegatoria de la libertad condicional, suscribo el rechazo del recurso anticipado por mis colegas.

No así en lo atinente a la forma domiciliaria de cumplimiento de la pena.

A su respecto observo que la resolución atacada contiene suficientes fundamentos inherentes a la ausencia de riesgo de los menores no refutados por la defensa, y luce razonable y acorde al cuadro familiar.

Entiendo que el recurrente no ha demostrado con suficiente rigor las razones humanitarias que constituyen el fundamento del instituto previsto en la normativa que rige la materia, ni ha logrado con éxito controvertir los argumentos que sustentaron el rechazo del beneficio intentado.

Ha de señalarse que a tenor de los supuestos que contempla el art. 33 de la ley 24.660 para acceder al beneficio de la detención domiciliaria, si bien la encausada cumple con uno de los enunciados en la norma, ser madre de un niño menor de cinco años, su situación no se adecua a los requerimientos del beneficio. En efecto, no se trata de un instituto de aplicación automática sino que obedece a "irrenunciables imperativos humanitarios" que deben ser evaluados por el magistrado que la concede en virtud de la "facultad" que le otorga el ordenamiento legal (cfr. in re: "Ponzio, Mariana Soledad s/ recurso de casación" -c/n/ 11.122, reg. n/ 1256/09, rta. el 9/09/2009- y "Salinas, Noemí Marcela s/recurso de casación" -c/n/ 13.840, reg. n/ 728/11, rta. el 6/06/2011- de esta Sala III de la C.N.C.P.) En efecto en lo referente a los dos hijos mayores se advierte que se encuentran bajo la protección de la abuela paterna, protección que habría de mantenerse aún en caso del egreso de la condenada (cfr. constancias de fs. 345/347, 348/356 y 617/vta.).

Y en lo tocante a la menor V. no observo ni en las constancias de la causa ni en las manifestaciones del impugnante argumento alguno de validez como para desvirtuar lo decidido en la instancia precedente.

Opino pues en sentido opuesto al de los jueces que me preceden, o sea en contra de la procedencia del recurso.

Por ello, en mérito al resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal, RESUELVE:

A)RECHAZAR PARCIALMENTE el recurso de casación deducido a fs. 689/709 por el Defensor Público Oficial Ad-Hoc, doctor Eduardo A. Chittaro en lo que respecta a la concesión de la libertad condicional; y por mayoría: B)HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de la defensa de Pachi en orden al arresto domiciliario, y en consecuencia ANULAR parcialmente la resolución impugnada y REENVIAR las actuaciones al a quo a los fines de que se expida nuevamente conforme el criterio aquí expuesto, sin costas (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones al Tribunal de origen sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.- Fdo: Liliana Elena Catucci, W.Gustavo Mitchell y Eduardo R.

Riggi. Ante mi: Walter Daniel Magnone, Prosecretario de Cámara