Sentencia definitiva, sentencia condenatoria, administración fraudulenta, agravio concreto, estrago culposo, sentencia absolutoria, participación necesaria, querellante, tribunal oral
Materia: PROCESAL
Carátula: De Vido, Julio Miguel y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-22

Corresponde confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 4 de esta Ciudad, que condenara al encausado a la pena de 5 años y 8 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas, como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, toda vez que se encuentra acreditado que el nombrado, en su carácter de Ministro de Planificación y autoridad de aplicación del contrato de concesión para la explotación del servicio de trenes de la línea Sarmiento, prestó una colaboración esencial para que los empresarios de la firma concesionaria -TBA- llevaran adelante la administración infiel de los bienes del Estado otorgados en concesión.; y confirmar lo resuelto por el mencionado Tribunal Oral Federal, que había absuelto al nombrado en el estrago culposo acaecido el día 22 de febrero de 2012. En ese marco, el a quo, resaltó de forma detallada todas las maniobras delictivas cometidas por los representantes de la empresa adjudicataria de los bienes materiales ferroviarios otorgados a su administración, mejora y conservación, y que a pesar de haber llegado al conocimiento del ex ministerio a través de diversas alertas, éste no adoptó ningún temperamento que evitara la continuidad del perjuicio provocado a los bienes públicos. A diferencia de lo sostenido por la defensa, el contrato de concesión y los decretos, establecían los deberes de vigilancia y la exigencia de observar, informar, fiscalizar y hacer cumplir las obligaciones al concesionario en resguardo de los bienes públicos concedidos, como así también de garantizar la protección de los usuarios, y evitar resultados dañosos y lesivos como los aquí investigados. El encausado era la máxima autoridad a cargo de la protección de los bienes públicos en cuestión, resultando insuficiente escudarse detrás de su posición jerárquica y una alegada lejanía causal con los bienes materiales confiados a su competencia funcional para sustraerse de sus funciones primordiales y de los deberes institucionales asumidos. Asimismo, entendieron ajustada a derecho la absolución por ambos hechos del otro acusado. Corresponde apartar a la Oficina Anticorrupción de su rol de parte querellante, declarando inoficioso expedirse sobre el recurso que oportunamente interpusiera, en virtud del desistimiento expreso formulado el día 30 de octubre de 2020 de continuar ejerciendo su condición de parte querellante en el marco de las presentes actuaciones. La disidencia parcial entendió que el ex Ministro también debía ser condenando por el estrago culposo acaecido el día 22 de febrero de 2012, toda vez que en su carácter de Ministro de Planificación, superior jerárquico de los Secretarios de Transporte que se sucedieron en el cargo desde el 2003 al 2012 , cuya responsabilidad en la tragedia investigada fue fehacientemente acreditada, y como máxima autoridad en materia de transporte ferroviario, autoridad de aplicación del contrato de concesión de TBA y con competencia primaria, obligatoria y necesaria para velar y hacer cumplir dicho contrato en las materias objeto de este juicio - mantenimiento y seguridad de los usuarios, conocía perfectamente el estado de situación calamitosa del material rodante producto de la nefasta política llevada adelante persistentemente por la empresa y la operación del servicio en condiciones de absoluta ineficacia y falta de seguridad para los usuarios, por lo que en estas condici ones deliberadamente permitió y avaló que continuara desarrollándose la actividad ferroviaria sin adoptar a los largo de nueve años que precedieron a la tragedia ninguna medida para reencausar el servicio Dres. Riggi, Catucci y Hornos -en disidencia parcial-.