Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-19


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100.270	SALA II Expediente Nro.: 32.305/2009 (Juzgado Nº 27) AUTOS: "NAVARRO, MARIA FERNANDA C/ AZOPARDO 405 S.A. S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 19/03/2012, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Angel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte demandada, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios (fs. 296/304). La representación letrada de la parte actora y el perito contador apelan los honorarios regulados en su favor por considerarlos reducidos.

Al fundamentar el recurso la parte demandada se agravia porque la Sra. juez a quo concluyó que el despido directo dispuesto por la empleadora fue incausado. Se agravia por la falta de valoración de la prueba testimonial producida de la que, a su entender, surgiría evidencia favorable a su decisión de resolver el vínculo. Cuestiona que la Sra. Juez a quo descartara la declaración del testigo Krohn y porque se lo condenó a abonar el resarcimiento del daño moral. Objeta que se considerara acreditada una fecha de ingreso anterior a la registrada y la jornada de trabajo completa denunciada en el escrito inicial por la actora; y que se le haya aplicado la sanción prevista en el art. 1 de la ley 25.323. Asimismo, se agravia porque el a quo consideró que existían diferencias salariales, por la imposición de la sanción prevista en el art.80 LCT y por la desacertada aplicación de lo dispuesto en el Decreto 146/01. Finalmente, apela la imposición de costas y los honorarios regulados al letrado de la parte actora y al perito contador por considerarlos elevados.

La parte demandada critica los fundamentos de la Sra. Juez a quo que la llevaron a concluir que el despido dispuesto por la empleadora fue injustificado. Insiste en afirmar que la declaración de los testigos Sánchez Magariños y Moresco se encuentran apoyados por la declaración del testigo Krohn.

Los términos del recurso imponen memorar que el 08/05/09 la demandada envió una carta documento a la actora a través de la cual resolvió el vínculo que los unía en los siguientes términos: "Habiendo sido advertida nuevamente en una conducta inapropiada, consistente en haberse quedado con dinero perteneciente al pago de una mesa que fuera levantada por usted el 08/05/09, la cual en ningún momento rindió a la caja como es debido y atento a la sanción disciplinaria que le fuera impuesta con fecha 21/12/07 por idénticas razones, tal como surge de su legajo, le hago saber.que sus inconductas reiteradas hacen imposible el vínculo que nos une, razón por la cual queda despedida con justa causa." (ver fs.25).

La actora contestó dicho despacho, mediante TCL de fecha 18/05/09 (ver fs.76), en el cual negó la existencia de las causales para el despido dispuesto por la demandada e intimó a que se le abonaran las indemnizaciones de ley conforme las reales condiciones de trabajo.

De acuerdo a la forma en que quedó trabada la litis y en virtud de lo dispuesto por el art. 377 del CPCCN, recaía en la parte demandada la carga de acreditar la existencia de los incumplimientos que imputó a la accionante en sustento de la decisión extintiva; y, a mi juicio, no lo ha logrado.

La demandada en la comunicación extintiva decidió resolver el vínculo por considerar que el 08/05/09 la actora se habría quedado con dinero perteneciente al cobro de una mesa; lo cual habría implicado una reiteración de un hecho similar ocurrido el 21/12/07 por el que había sido suspendida.

El testigo Sánchez Magariños (fs.240/241) sostuvo que sabía que la actora tuvo sanciones porque una vez se la sancionó y fue porque "pasó" una mesa. Explicó que ello consiste en que va un cliente, consume, el camarero lo cobra y no se pasa por la caja registradora, no se toma la adición, o sea "robar" la mesa. Dijo que la actora trabajó hasta que la echaron, en mayo o junio del año anterior, no recuerda bien la fecha. En cuanto al despido, refirió el dicente que se encontraba en la oficina pero "supuestamente" sucedió el mismo hecho que describió con relación a la sanción anterior. Dijo que se estaba en la oficina con Luz Moresco y entró enojado el Sr. Guillermo Krohn porque la había visto a la actora "pasar" una mesa y allí llamó al estudio de abogados.

La testigo Moresco (fs-242/243) dijo que en mayo de 2009 la actora no rindió una mesa; que Guillermo Krohn descubrió que no había rendido una mesa y que se quedó con plata. Recuerda la dicente que estaba en la oficina y Guillermo entró enojadísimo diciendo que la había agarrado a la actora quedándose con la plata de una mesa sin rendirla.

La demandada, en el memorial recursivo, manifestó respecto de la declaración de los testigos Sanchez Magariños y Moresco, "si bien son testigos de "referencia" respecto del hecho concreto imputado a la actora, no lo son respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, siendo las mismas coincidentes con las referidas por el testigo Krohn" (ver fs.297vta). De los términos del recurso, surge que la propia demandada reconoce que ambas declaraciones provienen de testigos referenciales.

De lo expuesto se desprende que los testigos precedentemente analizados no tuvieron conocimiento directo y personal del acto imputado a la actora, y sus dichos sólo se fundan en comentarios que habrían recibido del Sr. Krohn. En tales condiciones, sus declaraciones carecen de eficacia probatoria pues es evidente que los hechos u actos en los que hacen referencia no les constan en forma directa y personal.

En tal sentido, reiteradamente se ha sostenido que carecen de eficacia probatoria las declaraciones de testigos de referencia porque la relación de sujeto cognoscente a objeto conocido, no es directa (conf. SCBA. Sentencia del 24/11/76 in re "Ayrolo Juan C. C/ Del Castillo Jorge M y otros" L.L. 1977- y traduce una simple afirmación genérica sin respaldo suficiente en elementos de carácter objetivo, que justifiquen el acaecimiento de los hechos descriptos. Cabe memorar aquí que son testigos exclusivamente las personas que han tenido conocimiento personal de los hechos a comprobar, ya por haberlos visto, ya por haberlos escuchado, ya por haberlos percibido de cualquier manera; pero "propiis sensibus" (cfr. Francisco Gorphe, "La crítica del testimonio", Traducción española a la segunda edición francesa de Mariano Ruiz Fanes, Madrid, 1949, pags. 11 y 12).

La solitaria declaración de Krohn (fs.238/239), a mi juicio, carece de eficacia para tener por acreditado el acto delictual que se imputó a la accionante como ocurrido el 08/05/09. En efecto, al tratarse de un integrante el directorio de la sociedad demandada (ver fs.145/165) no puede asegurarse la objetividad de sus dichos pues es obvio que tiene interés directo en el resultado del pleito; y ello hace que su declaración tenga un muy relativo y escaso valor probatorio (arg. art. 441 CPCCN y 90 LO).

Sin perjuicio de ello, observo que, más allá de la insuficiencia probatoria de la testimonial aportada por la accionada, ésta no produjo la única prueba que pudo haber demostrado la existencia del acto delictual que imputó a la actora; pues no invocó ni probó la existencia de una sentencia dictada en sede penal que estableciera la responsabilidad de Navarro en el suceso que se denuncia como ocurrido el 08/05/09.

En efecto, en esta causa, no ha mediado una decisión extintiva basada en la pérdida de confianza que pudo haberse originado en la sospecha de que la trabajadora haya incurrido en ciertos actos (en cuyo caso, podría valorarse sus actitudes al margen de la decisión absolutoria que se adoptare en sede penal); sino, lisa y llanamente, en la imputación de haber cometido un acto de carácter delictual. Dado que ha mediado concreta imputación de un delito, el único modo de probar la existencia del acto invocado en la comunicación extintiva era mediante sentencia firme recaída en sede penal que tuviera por acreditada la responsabilidad de la accionante. Ello así porque la Justicia en lo Criminal es la única que tiene competencia para decidir si existió o no el delito que se imputó al accionante; y es obvio que su decisión condiciona la admisibilidad (o no) del hecho en cualquier otro pleito en el que haya sido invocado (arg. arts. 1.101 y subs. Código Civil). En autos, reitero, no esta acreditado que la actora haya sido considerada autora penalmente responsable del delito que le fuera imputado en la comunicación de ruptura.

En definitiva, la demandada no ha arrimado a la causa prueba demostrativa de que la actora haya incurrido en el acto delictual que le atribuyó en la comunicación extintiva ni en un incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que, pueda considerarse justificativa de la decisión de disolver el vínculo (art. 242 LCT). En tales condiciones, estimo que dicha decisión carece de causa legítima; y, en esa inteligencia, concluyo que corresponde confirmar el decisorio de grado en cuanto hizo lugar a las indemnizaciones por despido arbitrario.

Se agravia la recurrente por cuanto la Sra. Juez de grado impuso un resarcimiento por el daño moral que la actitud asumida por la demandada ocasionó injustificadamente a la Sra. Navarro.

La actora reclamó dicho resarcimiento con fundamento en el daño que le habría ocasionado la demandada con su proceder toda vez que se la acusó de la comisión de un delito (haberse quedado con dinero perteneciente al pago de una mesa.", ver fs.25). En este orden de ideas, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que quien reclama una reparación como la pretendida, no sólo debe individualizar los hechos que han generado el menoscabo, sino que también debe acompañar prueba concreta del daño sufrido (Fallos 273:269; 302:1339). En el caso de autos, no puede dudarse de la afectación "moral" que invoca haber sufrido la Sra. Navarro por la imputación de un delito que no fue probado en autos.

No cabe duda que la empleadora cuenta con la facultad de despedir sin causa a un trabajador/a (o con la posibilidad de incumplir con sus obligaciones para que éste/a se coloque en situación de despido indirecto); y no parece discutible que el sistema de estabilidad relativa impropia que rige en nuestro derecho acuerda eficacia al acto extintivo, a pesar de su ilicitud. Tampoco cabe discutir que la reparación de los daños y perjuicios que ocasiona el acto ilícito -que supone la ruptura inmotivada de la relación-, se encuentra contemplada en el sistema tarifado mediante el cual se resarcen las consecuencias que normalmente derivan del distracto. Pero es obvio que, cuando la actitud patronal que provoca el distracto -sea directa o indirectamente-, más allá de su eficacia para extinguir la relación, está acompañada de otros componentes que des-califican en sus cualidades morales a la otra parte, dejándole un estigma que puede afectar incluso futuros puestos de trabajo en el ámbito público -o privado-, el daño que se provoca constituye un ilícito extracontractual que no se encuentra contemplado en los límites de la tarifa legal (conf. CNAT, Sala III, S.D. 51.745 del 24.3.86 "Fullone, Francisco c/Bondero Hnos. y Cía. SACIFI"; ver también dictamen del Procurador General del Trabajo y voto en disidencia del Dr. De la Fuente en CNAT, Sala I, 9-6-95, "Laguna, Miguel A c/ Syncro Argentina SA", T y SS 1995, pág. 891; "Gioia Flavio Jose y Otro c/ PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ Despido", de esta Sala, S.D. 95.816 del 04/06/08)). Entiendo que, en el caso de autos, se configura un supuesto excepcional que justifica la reparación del daño moral más allá del sistema tarifario previsto para la reparación de las consecuencias que normalmente derivan de un despido. En efecto, es indudable que la demandada le imputó en la comunicación extintiva la comisión de un delito penal (haberse quedado con dinero perteneciente al pago de una mesa), cuando no existía aún pronunciamiento judicial que la responsabilizara personalmente por la maniobra defraudatoria denunciada. Es obvio que este proceder, sin dudas, afectó -innecesariamente- la dignidad de la trabajadora despedida y que, evidentemente, le provocó una afectación de índole moral.

Desde esta perspectiva y de acuerdo con lo normado por el art. 1078 del Código Civil, habida cuenta que no se demostró la existencia de la comisión de un delito penal por parte de la Sra. Navarro, estimo que la decisión de reconocerle el derecho a una reparación del daño moral debe ser confirmada (art. 499 Código Civil).

La demandada se agravia por cuanto la a quo tuvo por acreditada una fecha de ingreso anterior a la registrada.

Los términos en que fueran expuestos los agravios imponen memorar que la actora denunció en la demanda que comenzó a trabajar para la empresa el día 28/03/07; mientras que la accionada en el responde afirmó que ingresó el 13/06/07. Por lo tanto, a cargo de la actora se encontraba acreditar una fecha de inicio anterior a la registrada (conf. art. 377 CPCCN); y, a mi juicio, no lo ha logrado.

La testigo Méndez (fs.201/202) dijo que ingresó a trabajar para la demandada en octubre del 2006 y sostuvo que la actora ingresó más o menos un año después, por lo que, evidentemente ubica temporalmente el ingreso de Navarro en octubre del 2007; lo cual no se condice con la alegación del escrito inicial.

Si bien el testigo Cabrera (fs.203) dijo que trabajó para la demandada desde febrero del 2007 y que la actora entró, más o menos, un mes después que el dicente, lo cierto es que su declaración, más allá de que no se encuentra corroborada por ningún otro elemento de juicio, se contrapone a los dichos de la testigo Méndez, quien ubica el ingreso de la actora en fecha muy posterior.

En consecuencia, los testimonios analizados no aportan evidencia objetiva de una prestación de servicios anterior al 13/06/07.

En cambio, los testimonios propuestos por la demandada acreditan que el inicio de la relación se produjo en el mes que asentó en sus registros.

En efecto, el testigo Sánchez Magariños (fs.240/241) sostuvo que no recordaba que día ingresó la actora, pero que sabía que fue, más o menos, a mitad del año 2007.

La testigo Moresco (fs.242/243) dijo que ingresó a trabajar para la demandada más o menos en el año 2006 y que la actora ingresó a mediados del año 2007, junio o julio.

Valorados los testimonios precedentemente reseñados, a la luz de las reglas de la sana crítica (cfr. art. 386 CPCCN y 90 LO), concluyo que, la actora no probó haber prestado servicios con anterioridad a la fecha registrada; y que, por el contrario, está demostrado que su prestación se inició recién a mediados del año 2007.

La presunción del art. 55 de la LCT en torno a la fecha de ingreso invocada por la actora en su escrito de inicio, ha quedado desvirtuada por la prueba testimonial analizada que, como ya he señalado, evidencia que la actora ingresó a trabajar para la demandada a mediados del 2007.

En tales condiciones, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto concluyó que la relación se inició en la fecha indicada por la actora en su escrito de inicio; y establecer que el vínculo se estableció a partir de la fecha registrada por la demandada, es decir, el 13/06/07.

La parte demandada se agravia porque la Sra. Juez a quo consideró acreditada la jornada de trabajo completa denunciada por la actora en el escrito de inicio.

Los términos del agravio imponen memorar que la actora, en la demanda, sostuvo que trabajaba los días lunes, martes, jueves y viernes de 12hs a 20hs y los días miércoles de 12hs a 18hs y de 19.30 a 01hs (ver fs.5vta).

A su vez, la demandada, en el responde, sostuvo que la actora trabajaba media jornada y que laboraba de lunes a viernes de 12hs a 18hs (ver fs.54vta).

Con el mismo criterio que sostuvo la Dra. Russo, esta Sala, en reiteradas ocasiones, ha señalado que, cuando la empleadora invoca una jornada reducida es ella quien tiene la carga de probar esa situación de excepción (in re "Benitez Elida Susana c/ Integralco SA y otro s/ despido" SD Nº: 99.574 del 31/8/11; "Paz María Lorena Judith c/ Borges 1757 S.A. y otros s/ despido" SD 99.904 del 17/11/11 del Registro de esta Sala). Valorados los elementos de juicio aportados a esta causa, en el marco de los agravios planteados, estimo que la demandada no ha logrado demostrar el extremo en cuestión.

En efecto, no existe en autos ningún elemento de juicio que acredite que la Sra. Navarro se hubiera desempeñado como Camarera "1/2 jornada", por lo que es evidente que no está probado el presupuesto fáctico expuesto en el responde.

El testigo Sánchez Magariños (fs.240/241) dijo que el horario de la actora era de 12hs a 18hs; que cuando había algún evento se le pedía a algún camarero que se quedara y que se cierra a las 20hs y luego sostuvo que la actora se ha quedado alguna vez. Dijo que había todo tipo de eventos y que en la época de la actora había un campeonato de inter countries, de buracco. Sostuvo que, cuando había eventos, se quedaban hasta las 23hs y que el evento del buracco era miércoles o jueves. Luego dijo que las camareras eran cuatro y cumplían el horario más fuerte del mediodía, unas entraban a las 9hs, otra a las 10hs, otra a las 11hs y otra a las 12hs y que después se iban a las 16, 17 y 18hs. Sostuvo que creía que la actora "cumplía a las 16horas". De la declaración sub-examine se desprende que si bien el dicente manifestó que el horario de trabajo de la Sra. Navarro era de 12hs a 18hs, luego dijo que creía que "cumplía a las 16hs" lo cual implica una contradicción que resta eficacia a sus dichos. Además, no puede soslayarse que el propio testigo indicó que la actora trabajó cuando se organizó un campeonato de buracco con motivo del cual se quedaban hasta las 23hs.

La testigo Moresco (fs.242/243), dijo que la actora trabajaba de lunes a viernes de 12hs a 18hs y que su horario de trabajo era de 9 a 17hs. Sostuvo que hubo un torneo de buracco durante más o menos unos 6 meses y que duraba hasta las 23hs. Luego dijo que alguna vez se quedó en el torneo esperando a su madre que concurría, y que vió que la actora se quedó de camarera. Si bien la dicente refirió que el horario de la actora era de 12hs a 18hs, luego sostuvo que ella se retiraba a las 17hs por lo que no resulta lógico que pudiera constarle el horario de egreso de la Sra. Navarro porque se retiraba antes del establecimiento. Por otra parte, los dichos de la dicente son coincidentes con la declaración del testigo Sánchez Magariños en cuanto ambos expusieron que había un torneo de buracco hasta las 23hs y que la actora se quedaba en el establecimiento ejerciendo las tareas de camarera.

El testimonio de Krohn, por las razones ya expuestas, carece de eficacia probatoria también en este punto (arg. art. 90 LO y 441 CPCCN).

En definitiva, entiendo que los testimonios hasta aquí analizados no aportan evidencia objetiva del cumplimiento de una jornada "reducida"; y, aún cuando ello bastaría para desestimar el agravio de la demandada, observo que, además, existen ciertos elementos de juicio que corroboran el desempeño del actora en una jornada completa.

En efecto, la testigo Méndez (fs.201/202), sostuvo que la actora entraba a las 12hs y se desempeñaba hasta las 20hs que era la hora de cierre del local. Dijo que la actora trabajaba de lunes a viernes y que después, fuera del horario, tenían los eventos del local. Refirió que la dicente se desempeñaba cumpleaños y que la actora también; pero, aparte, hacían un evento, que se juntaban a jugar un juego cree que al buracco y que la actora atendía las mesas. Sostuvo que creía que el día del evento era los miércoles. Luego dijo que trabajaba de 9hs a 16hs y que también participaba de los eventos y sostuvo que le constaba que la actora se quedaba hasta las 20hs porque tenían una grilla de camareras con los horarios.

Cabrera (fs.203) sostuvo que la actora trabajaba de 12hs hasta las 20hs y que el dicente entraba a las 11hs hasta las 20hs, que ambos trabajaban de lunes a viernes.

Valorando en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica los testimonios reseñados (conf. art. 386 CPCCN y 90 LO), entiendo que no está suficientemente acreditado por la demandada que la actora cumpliera una jornada de labor reducida y que, en cambio, hay prueba de que se desempeñó sin reducción horaria alguna, por lo que corresponde confirmar la sentencia de grado anterior en cuanto consideró que Navarro cumplió jornada completa.

Se agravia la demandada por la viabilización del incremento previsto en el art. 1 de la ley 25.323 en función de un supuesto incorrecto registro de la fecha de inicio de la relación. Como se ha visto, no está acreditado que la demandada haya registrado incorrectamente la fecha de ingreso (ver recibos de fs.38/40); y la circunstancia de que haya registrado que la actora cumplía una jornada laboral reducida y que existieran diferencias salariales adeudadas, a mi entender, en la medida en que no conlleva una defraudación al sistema previsional, no se inscribe en el presupuesto previsto por el art. 1 de la ley 25.323.

Tal como lo explicó con claridad mi distinguido colega Dr. Miguel Ángel Maza en autos"Galeazzi Bailon, Laura Mariana y oro c/ Visa Argentina SA y otro s/ despido", SD Nº 95.011 del 29-5-07 y en "Martinez Carlos Alberto c/ Valet Parking S.A. y Otros s/ despido", SD Nº 95432 del 29/11/07, -a cuyas consideraciones adherí-, el art. 1 de la ley 25.323 complementa el sistema sancionatorio previsto por la 24.013 con el objeto de impedir la evasión en que incurre el empleador que no registra o registra datos falsos en perjuicio del trabajador, sancionando el trabajo clandestino, en la medida en que la falta total o parcial del registro de la relación, impide al trabajador el acceso a los beneficios sociales e irroga serios perjuicios a la obra social y al régimen tributario.

En el caso, no se verifica esa situación de clandestinidad, pues la demandada -aunque con el defecto apuntado-, registró la relación laboral; y si bien, -como he señalado-, no registró la jornada de trabajo real cumplida por la actora y le adeuda diferencias salariales, ello no es suficientemente demostrativo de la "clandestinidad" que busca sancionar la normativa en análisis. En consecuencia, no obstante que la demandada no registró la correcta jornada, en la medida en que tal incumplimiento no constituye un presupuesto del sistema sancionatorio contemplado por las leyes 25.323 y 24.0213, corresponde revocar la sentencia apelada en tal respecto y rechazar la sanción prevista en el art. 1º de la ley 25.323 (art.499 Código Civil).

Se agravia la parte demandada por la imposición de la sanción prevista en el art.80 LCT y por la desacertada aplicación de lo dispuesto en el Decreto 146/01. Entiende que la actora no cumplió con el decreto 146/01 que reglamenta la ley 25.345 y que los certificados en cuestión siempre han sido puesto a disposición. A mi entender, dicho cuestionamiento, no debe tener favorable acogida.

Cabe señalar liminarmente que la gestión conciliatoria que se llevó a cabo ante el SECLO, es constitutiva de la requisitoria referida a la entrega del certificado, y, en el caso, adquirió virtualidad a partir de la fecha de conclusión del trámite administrativo, es decir el 06/08/09 (ver fs. 3). Indudablemente, la Sra. Navarro cumplió acabadamente con el recaudo previsto en el art. 3 del decreto 146/01 reglamentario de la ley 25.345 porque, luego de haber transcurrido el plazo de 30 días corridos a contar desde la extinción del contrato sin que la empleadora haya hecho entrega de la certificación respectiva, la trabajadora a través de la actuación administrativa ante el Seclo (el 06/08/09) requirió en forma concreta el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 LCT,( conf. art. 45 de la ley 25.345), sin que la requerida se aviniera a cumplir con la obligación a su cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores.

Obsérvese que, aún cuando la demandada manifiesta que el certificado habría estado a disposición de la accionante, lo cierto es que no hay evidencia objetiva de que así haya sucedido y que no dejó constancia de su intención de cumplir con la obligación que establece el art.80 LCT en la instancia administrativa (fs.3), no efectuó consignación judicial del certificado y recién acompañó uno incompleto cuando se presentó en estos autos.

En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia de grado y desestimar el agravio sub-examine.

Se agravia la demandada por la forma y sumas que han sido tomadas en cuenta por la Sra. Juez a quo a efectos de computar las diferencias salariales. Entiende que, para establecer el importe de dichas diferencias, se ha tomado en cuenta el certificado acompañado a fs.46, sin advertir que la actora en su escrito de inicio sostuvo que percibía una remuneración en forma normal y habitual de $1.558.

Al respecto, cabe memorar que la sentenciante de grado concluyó que ".para establecer su importe, he de tener en cuenta las sumas que constan en el certificado de fs.46 ($887.57 desde el ingreso y hasta marzo de 2008 y $1.091,75 desde abril de 2008 hasta el distracto), las que, en lo pertinente, coinciden con las que lucen en los recibos acompañados a fs.77/86, que fueron expresamente reconocidos a fs.132." (ver fs.283vta).

No encuentro motivos para apartarme de lo resuelto por la Dra. Russo, pues luego de cotejar los recibos de sueldo acompañados por la propia demandada (reconocidos oportunamente por la Sra. Navarro) con los importes volcados en la certificación de fs.46, entiendo que lucen coincidentes. Desde esa perspectiva el razonamiento utilizado por la sentenciante de grado en el marco de las disposiciones del CCT 389/04 resulta correcto; por lo que corresponde confirmar la sentencia de grado en tal aspecto.

Sin perjuicio de ello, y en virtud de lo expuesto anteriormente con relación a la fecha de inicio de la relación, corresponde detraer de las diferenciales salariales liquidadas por la Sra. Juez a quo, los importes correspondientes a los meses de abril, mayo y 13 días del mes de junio//07. Por lo tanto, las diferenciales salariales admitidas deben reducirse a $20.567,78 ($21.884 en concepto de diferencias salariales conforme sentencia de instancia anterior de fs.284vta - $1.316,22 ($540,91 diferencias salariales de abril/07 + $540,91 mayo/07 + $234,40 por 13 días de junio/07). A dicha suma debe agregarse la de $1.713,98 en concepto de SAC/diferenciales salariales; y ello, hace un total de $22.281,76.

Por lo expuesto, propongo modificar la sentencia de grado anterior, del siguiente modo: a la suma de $62.564,67 (admitida en la sentencia de primera instancia de fs.276/286) debe deducírsele la de $4.902,40.- (en concepto de sanción prevista en el art. 1 de la ley 25.323) - $23.707,67 (en concepto de diferenciales salariales más SAC admitidas en la instancia anterior) + $22.281,76 (en concepto de diferenciales salariales más SAC admitidas en esta Alzada); y ello, hace un total de $56.236,36.- al que se debe reducir el monto diferido a condena con más los intereses que -en la oportunidad prevista en el art. 132 LO- se calculen de acuerdo a lo establecido en la sentencia recurrida.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, lo cual torna cuestión abstracta el planteo relativo a la imposición de costas y honorarios.

En orden de ello y en función de dicho resultado, de acuerdo a la directriz que me emana del art. 71 CPCCN, y habida cuenta que la imposición de costas no responde necesariamente a una cuestión aritmética sino que debe contemplar la importancia de los rubros que progresan, estimo que los gastos causídicos de ambas instancias deben distribuirse en un 20% a cargo del actora y en un 80% a cargo de la parte demandada.

En atención al mérito y la extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432 del art. 38 de la LO y del dec. 16.638/57, ley 20.243, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15%, los de la representación y patrocinio de la parte demandada en el 11% y los del perito contador en el 7%, respectivamente, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art. 132 LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena (capital e intereses).

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 25%, de lo que a cada una le corresponda, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo: adhiero a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Modificar la sentencia de grado y reducir el monto de condena a la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($56.236,36), monto al que en la oportunidad prevista en el art. 132 LO se le deben aplicar los intereses dispuestos en la instancia anterior, calculados con la modalidad allí prevista; 2°) Imponer las costas de ambas instancias en un 20% a cargo de la parte actora y 80% a cargo de la parte demandada; 3º) Regular los honorarios por la actuación en primera instancia de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15%, los de la representación y patrocinio de la parte demandada en el 11% y al perito contador en el 7%, respectivamente, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art. 132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena (capital e intereses); 4º) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada por los trabajos de Alzada en el veinticinco por ciento (25%) y veinticinco por ciento (25%), de lo que cada uno, deba percibir por sus trabajos en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.- Miguel Ángel Maza	Miguel Ángel Pirolo Juez de Cámara	Juez de Cámara