marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cómputo de intereses, incapacidad laboral, accidentes de trabajo
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Rosalez, Nancy Anabel  c/ Experta ART S.A.  s/ recurso Ley 27.348
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-06

Los incs. 2° y 3° de la nueva redacción del art. 12 LRT, determinan la forma y el momento en el cual deben aplicarse los intereses. La ley 27.348, establece que ".desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina. A partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el art. 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación". En efecto, toda vez que las afecciones invalidantes que sufre el actor se manifestaron y consolidaron ya vigente la ley 27.348, corresponde aplicar la tasa de interés prevista en la citada ley. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 770 inc. b) CCCN, el crédito objeto de condena devengará los intereses dispuestos por el juez de grado desde la fecha del accidente hasta la fecha de notificación del traslado de la apelación, momento en el cual se procederá a su acumulación al capital. El nuevo importe así obtenido, con los intereses capitalizados, continuará devengando accesorios a las tasas mencionadas, hasta la fecha del efectivo pago, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 770 inc c) del CCyC.
Protección de la vivienda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Durán, Jorge c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-23

La defensa del bien de familia es imperativo constitucional que responde a un doble objetivo: económico uno, tendiente a la conservación de una parte del patrimonio dentro del núcleo familiar;

social el otro, al propender al mantenimiento de la familia bajo un mismo techo; por ello y para que no sea una enunciación jurídica sin posibilidades prácticas de aplicación se requiere un criterio interpretativo amplio de las normas que tienden a posibilitarlo.
Subasta judicial, honorarios del martillero, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: F.A.C.A.   S.R.L. c/ JOSE RAUL DELETTIERES s/ SUBASTA - HONORARIOS DEL MARTILLERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1956-04-11

El martillero carece de derecho a remuneración por la subasta judicial fracasada, si el bien resulta vendido por él en posterior subasta.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, prestación de servicios, prestadores médicos, medicina prepaga, saldo impago
Materia: PROCESAL
Carátula: SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI SA c/ ROBLES, MANUEL s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-03

Resulta improcedente la acción por la cual un sanatorio persigue del paciente el cobro de cierta suma dineraria, con causa en el saldo del precio de servicios sanatoriales que dice haber prestado y que no fueran cubiertos por la entidad de medicina prepaga a la que perteneció el paciente. Ello así cuando -como en el caso- surge que el pretensor admitió al accionado en su establecimiento asistencial, porque existía un contrato que, celebrado entre el sanatorio y la mentada empresa prepaga, posibilitó la elección del reclamante por parte del paciente. O sea, de no haber mediado tal relación, la institución pretensora tal vez no hubiera sido elegida. Máxime, si se verifica que fue esta la que determinó -en cierta medida- la "oponibilidad" a su parte del convenio concertado entre el defendido y la empresa con la que tenia la cobertura, y a su vez de esta con la accionante. De modo pues que, resulta inadmisible que el establecimiento médico pretenda ser considerado como un tercero totalmente ajeno a la relación habida entre el paciente y su prepaga, cuando los servicios que presta para esta ultima se engarzan con la anterior. Ergo, el accionado solo seria -en principio- responsable por aquellas prestaciones que, habiéndole sido efectivamente brindadas, excedieran los términos de lo convenido con su prepaga, o sea, el saldo impago.
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, prueba, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: González Piris Maria Belen c/ Prevención ART. S.A. s/ Accidente de trabajo con ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-06

El replanteo de prueba no exige que el interesado apele la decisión del juez, porque ello equivaldría a un acto innecesario y destinado a la negativa por la disposición legal, conforme enseña Palacio; sí es necesario mantener el recurso de apelación sobre la sentencia impugnada" (Carlos Eduardo Fenochietto, "CPCCCom.", t. 2, Ed. Astrea p. 92).
Recurso extraordinario, cuestión no federal
Materia: PENAL
Carátula: GALLO CLAUDIO R. Y YAPUR JOSE L S.D HOMICIDIO SIMPLE E.P. DE BRITOS RAMON s/ RECUSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-10-18

La cuestión federal no aparece patentizada, toda vez que el recurrente a través de una nueva medida recursiva, pretende la revisión de una cuestión que no constituyó motivo de agravio en el momento procesal oportuno.
Transacción, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Urquiza, Juana Zunilda c/ Muzon, Carlos Roberto y otros s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

El art. 25 del decreto-ley 8904/77 es aplicable en los casos de transacciones como modo anormal de terminación del proceso, es decir, como medio equivalente o subrogado a la sentencia firme, lo que generalmente importa, en sustancia, una quita (art. 308, CPCC).
Proceso judicial, caducidad de instancia, cómputo del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alpemar S.R.L. (T.F. 7057-A) c/ A.N.A. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

El art. 310 del C.P.C.C.N. establece que se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instaré su curso dentro de los tres (3) meses en los incidentes -de aplicación supletoria al sub lite (inc. 2°) y, conforme al art. 311, dicho plazo se computará desde la fecha o actuación del juez, en su caso, que tenga por efecto impulsar el procedimiento, y correrá durante los días inhábiles salvo los que correspondan a las ferias judiciales.
Pensiones, matrimonio en fraude a la ley argentina
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SOLER, GUILLERMINA MARGARITA s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-02-28

No puede irrogar efectos previsionales el matrimonio efectuado en el extranjero en fecha anterior a la disolución vincular del primer connubio ya que a éste segundo matrimonio cabe reputarlo celebrado en fraude a la ley argentina (artículo 9 inciso 5 Ley 2393). (En el mismo sentido: CSJN. 'Espinosa Viale, E.C.B. de', 21 de septiembre de 1976).
Tareas pasivas, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ZAGARI, VICTORIO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-07

La C.S.J.N. sostiene que la necesidad de mantener una proporción justa y razonable entre el haber de pasividad y la situación de los activos es consecuencia del carácter integral que reconoce la Ley Suprema a todos los beneficios de la Seguridad Social, y de la íntima vinculación que guardan las prestaciones aseguradas al trabajador con aquellas de naturaleza previsional (cfr. "Sánchez, María del Carmen", sent. del 17.05.05). También ha señalado que los tratados internacionales promueven el desa-rrollo progresivo de los derechos humanos y sus cláusulas no pueden ser entendidas como una modificación o restricción de derecho alguno establecido por la primera parte de la C.N. (art. 75, inc. 22). La consideración de los recursos disponibles de cada Estado -cfr. art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos- constituye una pauta que debe evaluar cada país al tiempo de establecer nuevos o mayores beneficios destinados a dar satisfacción plena a los compromisos asumidos por esos documentos, más no importa disculpa alguna para desconocer o retacear los derechos vigentes (conf. art. 29 Convención citada).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, principio de congruencia, rescisión del contrato
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Deganutto, Raul David c/ Liacuhu S.A. y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-21

Respecto a la alegada incongruencia en la que habría incurrido la Sala al no declarar procedente el reclamo del actor pese a haberse tomado como válida la cesión de posición contractual, permanece incólume lo destacado por la Alzada en cuanto a que el solo hecho de que se haya comprobado la legitimación de la parte actora para deducir la pretensión concreta de autos no se traduce sin más en que la demanda deba ser admitida, en la medida que restan analizar los aspectos sustanciales del reclamo incoado; y en ese sentido, el recurrente no logra enervar los fundamentos suficientes brindados por el Tribunal a quo para concluir que la extinción del vínculo jurídico primigenio resultaba viable.
Sentencia, obligaciones solidarias, facultades del acreedor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Schultz, Gualterio y otro c/ Rojas, Héctor Oscar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

La obligación "in solidum" que supone la condena a indemnizar los daños y perjuicios, posibilita que los damnificados ejecuten la sentencia contra cualesquiera de los litisconsortes pasivos condenados. Las reflexiones que se enervan bajo la comparación de la destrucción de una familia -muerte de los padres e hijos, en un accidente de tránsito- a raíz de un hecho ilícito, y lo que se arguye sobre el eventual resultado que traerá aparejada la ejecución de la sentencia, no pueden ser materia de comparación. El primero, constituye un hecho ilícito, que impone la obligación de reparar el perjuicio (arts. 1074, 1077 y 1078 Cód. Civil. El segundo, no puede ser puesto en tela de juicio desde el punto de vista de la necesidad del cumplimiento de las sentencias de condena, pues ello no importa otra cosa que la realización del derecho, que responde a liminares principios que hacen a la necesidad de asegurar la vigencia del mandato jurisdiccional.
Daños y perjuicios, responsabilidad de los propietarios, demolición de obra, obras nuevas y modificaciones
Materia: CIVIL
Carátula: Vega, María Antonia y Otro c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia y-o Quien Resulte Ocupantey-o Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-09-02

"Es de naturaleza objetiva la responsabilidad del propietario que causa perjuicios directos e inmediatos al fondo lindero, al demoler lo edificado en el suyo y construir obra nueva; por lo tanto, no es necesaria la prueba de su culpa ni interesa determinar si la construcción y sus trabajos preparatorios se ajustaron a las reglas del arte".
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: SUCALESCA, CLAUDIO c/ DE CORP  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-03

Existe solidaridad en los términos del art. 30 de la LCT entre la empresa que tiene por objeto principal ofrecer a terceros la cobertura de eventuales requerimientos de asistencia médica y sanatorial, y la organización subcontratada a los efectos de colocar en el mercado tales coberturas médicas.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, servicios de vigilancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López Casanegra, Antonio y otra c/ Provincia de Santiago del Estero y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-15

Como regla, no es razonable asignar al deber genérico de "defender contra las vías de hecho la vida, la libertad y la propiedad de las personas" -a que alude el art. 8° de la ley 21.965- un alcance de tal amplitud en orden a la responsabilidad del Estado por la prevención de los delitos que lleve a la absurda consecuencia de convertir al Estado Nacional en responsable de las consecuencias dañosas de cualquier delito, extraño a su intervención directa y competencia.
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, oponibilidad al deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASTIMAR  SA  / CONCURSO PREVENTIVO s/ INCIDENTE (DE EXCLUSION DEVOTO DEL ACREEDOR JORGE HUGO MARCECA).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-23

Si el acuerdo preventivo alcanzado entre el deudor y sus acreedores es oponible a todos éstos, hayan votado -o no favorablemente la propuesta y/o hayan participado -o no- del procedimiento concursal, parece claro que el mínimo derecho que es dable reconocerles es el de ser tenidos en cuenta entre aquellos que pueden opinar acerca de las bondades de la propuesta y, llegado el caso, decidir si aceptan -o no- sus términos para el cobro de las acreencias concordatarias, más allá de si dicha propuesta involucra como habitualmente ocurre quitas, esperas u otras modalidades susceptibles también de afectar la calidad y extensión de sus derechos, con la consiguiente conculcación de garantías de raigambre constitucional, como lo son las de la propiedad y la de la defensa en juicio (CN: 17 y 18).
Daños y perjuicios, acción subrogatoria, subrogación en los derechos del asegurado, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LA SEGUNDA COOP.DE SEGUROS GRALES. c/ ACCINELLI JUAN ANTONIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-23

Si bien la acción instaurada es la llamada de "recupero" legislada por el artículo 88 de la Ley de Seguros, al subrogarse el accionante en los derechos del asegurado le incumbe probar sus afirmaciones cuando alega la culpa exclusiva de la contraria, de conformidad con el principio de carga de la prueba.
Confirmación de sentencia, accidente de tránsito, monto de la indemnización, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Zuttion Pablo Andrés c/ Giusto Ariel y otro s/ Daños y perjuicios por uso automotor c/ lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-02-22

Corresponde confirmar el monto que en concepto de reparación de la motocicleta determina el juez de grado, pues en la causa obra un presupuesto que detalla los daños y el importe asignado a repuestos y a, de modo que, más allá de la procedencia de dicho rubro, no hay elementos de prueba suficientes para otorgar la totalidad del monto reclamado, ya que, ante la falta de pronunciamiento pericial en concreto, sobre la procedencia de los daños y su correlación con el presupuesto acompañado, debe tenerse en cuenta la mecánica del accidente y las copias de las fotografías adjuntadas.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, ejecución de sentencia, embargo, cuenta corriente bancaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de la Ciudad de Salta c/ Y.P.F. s/ Exhorto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-20

A los efectos de regular honorarios en estas actuaciones cabe tener en cuenta que el monto por el cual se dispuso trabar el embargo constituye una pauta puramente accidental, ya que no se trata aquí del trámite a que se refiere el art. 27 de la ley 21.839 sino de gestiones accesorias - se ha sustanciado el trámite material del embargo sobre fondos existentes en una cuenta bancaria de aquella medida que fue dictada en el trámite de ejecución de sentencia de los autos principales a que se refiere la presente rogatoria.
Queja por denegación del recurso extraordinario, depósito previo, exención de depósito, Ferrocarriles Argentinos
Materia: PROCESAL
Carátula: Erazun, Ramón Rufino c/ Ferrocarriles Argentinos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-17

El convenio suscripto entre Ferrocarriles Argentinos y el Poder Judicial de la Nación, en compensación por el precio de locación de un inmueble, es ineficaz a los fines de la exención del pago del depósito previo previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya que los fondos provenientes de este tienen un destino expresamente determinado por el art. 287 del mismo ordenamiento ritual.
Prescindibilidad, indemnización por despido, iura novit curia
Materia: LABORAL
Carátula: ISETTA DE MARINO, NELLY c/ ENTEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-02-23

No habiendo sido probada la causal establecida en el artículo 6, inciso 6 de la ley 21274, no corresponde (en virtud del principio "iura novit curia") condenar al pago de la indemnización establecida en el artículo 4 del ordenamiento citado, toda vez que la petición no integró la litis, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del accionante a reclamar la misma. Si bien es cierto que en virtud de aquel proloquio los jueces pueden decidir el pleito con arreglo a razones jurídicas distintas a las invocadas por las partes, desde que esa posibilidad sólo traduce la facultad de suplir el derecho, que es propio de los jueces y no comporta violación de la garantía de la defensa, no es menos exacto que ello no puede de manera alguna ofrecer al judicante la franquía de evadir la cuestión tal como fuera introducida por las partes y consolidada merced a los escritos integrativos de la litis.
Intereses, capitalización de intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Vaccaro, Antonio A. c/ Papelera San Isidro S.A.C.I. s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

El art. 623 del Código Civil, solo autoriza a la capitalización de los intereses en dos situaciones: a) cuando exista pacto entre las partes; b) cuando exista deuda liquidada judicialmente con los intereses, orden del juez disponiendo el pago y resistencia del deudor.
Derecho procesal, debido proceso, actos y diligencias procesales, multa, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Banco Comafi SA c/ Roldan, Martin Alejandro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-07

Procede revocar la resolución que declaró temeraria la conducta del ejecutado y, de conformidad con lo dispuesto por el CPR 45, se le impuso una multa equivalente al 10% del valor del juicio. Ello por cuanto, en el caso, de las constancias se desprende que el ejecutado, en ocasión de ser citado para reconocer la firma del documento que le fue atribuido, desconoció la rúbrica y montos respectivos y frente a ello, se designó perito calígrafo, quien dictaminó que la firma resultaba auténtica, por lo que se tuvo por preparada la vía ejecutiva y se impuso al demandado, en los términos del CPR 528, una multa la cual debía depositarse como requisito previo de admisión de las excepciones que el ejecutado pudiere oponer. Es que del relato efectuado se deprende que el planteo introducido por el ejecutante relativo a la aplicación de sanciones al demandado en los términos del CPR 45, fue incoado en el marco de la incidencia generada por el desconocimiento de la firma de uno de los títulos objeto de este procedimiento de ejecución y, obviamente, con anterioridad a que se aplicara la multa en los términos del CPR 528. Así, no se advierte que la conducta desplegada por el demandado con posterioridad a la resolución que tuvo por auténtica la firma y por preparada la vía ejecutiva, haya provocado una injustificada dilación del procedimiento que justifique cabalmente la aplicación de una multa distinta a la oportunamente impuesta. En este contexto entonces, la multa ahora impuesta se evidencia improcedente en tanto importaría una duplicación de la sanción ya aplicada al demandado.
Infracciones aduaneras, multa aduanera, actualización monetaria, retroactividad de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LA LEY  S.A.  EDITORA E IMPRESORA s/ RECURSO DE APELACION - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-15

No puede aceptarse el criterio en torno a que "si bien hasta la entrada en vigencia del Código Aduanero, no podía dejarse de aplicar las disposiciones de la ley 21.898, que prescribía la actualización de las multas en forma retroactiva, bajo pretexto de la aplicación de la ley penal más benigna, atento la clara voluntad de la interpretación que se impone, desde la vigencia del Código de la materia, es distinta pues la consagra de modo expreso, general y sin restricciones, aquel principio para las infracciones aduaneras (art.

399), el Código torna inaplicables las normas de la ley 21.896.

Se declara la inconstitucionalidad de su aplicación al caso del mencionado artículo 10 de la ley 21.898.

No puede reconocerse a las leyes 21.281 y 21.369 el mismo alcance de la ley 21.898, puesto que con arreglo a sus disposiciones, la sanción impuesta a la accionante sólo podría ser revalorizada en el supuesto de incumplimiento de la obligación de pagarla luego de la sentencia que ponga fin al debate sobre su validez.
Recurso contencioso administrativo, aclaratoria (procesal), liquidación judicial
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Giromini, Roberto Rafael c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Recurso   de aclaratoria (Expte.: C.S.J. Nro. 113 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

Lo que hace cosa juzgada es el fallo que se ejecuta, y las liquidaciones no son más que la expresión matemática de la implicancia económica de ese pronunciamiento. Cuando los parámetros necesarios para liquidar han sido aportados por el Tribunal, muchas veces en exceso y con indicaciones mas apropiadas a la función docente que a la disposición del cumplimiento de la ley, no cabe otra actitud en la Provincia obligada (muchas veces la única que se encuentra en condiciones de hacerlo) que liquidar, tal y cual como lo dijo la Corte y con independencia de que al así hacerlo, la resultante sea igual, mayor o menor a alguna otra liquidación.