Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-29


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Ciento cuarenta y dos.- San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de Septiembre de 2009.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N° 126/08: "CÓRDOBA, Miguel Ángel c/ MUNICIPALIDAD DE ICAÑO - DPTO. LA PAZ - PCIA. DE CATAMARCA - s/ Acción Declarativa de Certeza", y CONSIDERANDO:

1- Que a fs.25/30 comparece el Dr. Pedro Justianiano Vélez, en nombre y representación del Sr. Miguel Ángel Córdoba, incoando acción declarativa de certeza a fin de que se declare la inconstitucionalidad del Art.32, inc. 9º de la Ley Nº 4640 -Ley Orgánica Municipal y Régimen Comunal- que dispone que son atribuciones y deberes del Concejo Deliberante declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes necesarios para ser afectados a un uso público de acuerdo a la ley general que rige la materia; y en consecuencia la nulidad de la Ordenanza Nº 23 de fecha 29/Nov/07 dictada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Icaño y del Decreto Nº 38 de fecha 30/Nov/07 dictado por el Intendente de Icaño, por violentar los Arts.8 de la Constitución Provincial y 17 de la Constitución Nacional. 2- Funda la acción -en lo que interesa destacar- en que su mandante detenta de forma pública, pacífica e interrumpida desde hace más de veinte años un inmueble en la localidad de Icaño, identificado con Padrón Nº2156. Que el 30/03/04 se registró ante la Administración General de Catastro, mensura para prescripción adquisitiva de dicho inmueble, instrumentada por Disposición DRT Nº099-04 asignándose provisoriamente Padrón Nº3570. Que la Municipalidad de Icaño, luego de intentos frustrados de adquirir el inmueble a su poseedor, el 29/Nov/07 sanciona la Ordenanza Nº23 que dispone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble identificado bajo Padrón Provisorio Nº3692, el que abarca parte de la parcela que detenta su poderdante. Que en consecuencia el Intendente sanciona el Decreto Nº38/07 y la Municipalidad inicia por ante el Juzgado Civil de Recreo juicio de expropiación en contra de terceros distintos de su poderdante, que fue desposeído de parte de su inmueble. Ordenándose el 20/Oct/08 en Expte Nº 138/08 "Municipalidad de Icaño c/ Castillo Efraín y Flores Hugo Pedro s/ Expropiación" la inmediata toma de posesión provisoria por la Municipalidad, medida llevada a cabo el 02/Dic/08. Alega la inconstitucionalidad del Art.32, inc.9, de la Ley Orgánica Municipal y Régimen Comunal Nº 4640 y en consecuencia la nulidad de la Ordenanza Nº23/07 y del Decreto Nº38/07, con fundamento en que la competencia para la declaración de utilidad de un inmueble sujeto a expropiación, le corresponde exclusivamente al Órgano Legislativo, mediante una ley de conformidad a normas constitucionales, no mediante ordenanza municipal, transgrediendo la garantía de la propiedad privada. Solicita medida cautelar innovativa tendiente a que se ordene la restitución a su mandante de la posesión del inmueble. Ofrece prueba instrumental, documental y testimonial. Peticiona en definitiva se ordene la restitución del inmueble, la no turbación de la posesión y se haga lugar a la inconstitucionalidad peticionada y nulidad de la Ordenanza Nº23/07 y Decreto Nº38/07. 2- Que otorgada participación procesal, se ordena vista al Ministerio Público, que dictamina a fs.32/33vta.. Obrando a fs.35vta. el proveído que ordena autos para resolver, el que firme deja la cuestión en estado de emitir pronunciamiento acerca de la admisibilidad de la acción.

3a- Que en el sub lite se interpone acción declarativa de inconstitucionalidad en contra de la Municipalidad de Icaño, departamento La Paz de esta provincia, persiguiendo la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Provincial Nº4640, en su Art.32, inc.9º, "Ley Orgánica Municipal y Régimen Comunal", que establece entre las atribuciones y deberes del Concejo Deliberante -de aquellos Municipios que no se rijan por cartas orgánicas- "declarar de utilidad publica y sujetos a expropiación, los bienes necesarios para ser afectados a un uso publico, de acuerdo a la ley general que rige la materia", por resultar violatorio de los Arts. 8 de la Constitución Provincial y 17 de la Constitución Nacional. En consecuencia se declare la nulidad de los actos emitidos en su consecuencia: Ordenanza Nº23/07 y del Decreto Nº38/07. Asimismo destacan que el accionante cuenta con un interés legítimo de defender sus derechos utilizando el procedimiento judicial que estime idóneo para defender la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada. 3b- Que delimitado los alcances de la pretensión, resulta menester puntualizar la naturaleza excepcional de la acción directa de inconstitucionalidad deducida en autos, incorporada por vía jurisprudencial por este Superior Tribunal en el entendimiento de que la misma se encuentra implícitamente legislada en el Art.203, inc.2º, de la Constitución Provincial que establece que corresponde a la Corte de Justicia el conocimiento y decisión "de las leyes, decretos o reglamentos que estatuyen sobre materias regidas por la constitución". Dicho examen debe efectuarse con criterio sumamente restrictivo dado que se viabiliza el ejercicio de la jurisdicción constitucional en instancia originaria y exclusiva, que autoriza a este Cuerpo a disponer su rechazo in límine cuando su inadmisibilidad aparece manifiesta y ostensible, porque atenta contra la seguridad jurídica y el principio de respeto a las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes, imposición que tiene su correlato en la obligación de extremar el celo profesional en cualquier planteo que involucre alterar el ordenamiento jurídico en vigor. Que conforme a la doctrina legal sustentada por esta Corte de Justicia teniendo como parámetro la sentada por Tribunales de análoga jerarquía, (SI Nº78/06; SI Nº 144/07), la acción directa de inconstitucionalidad tiene una finalidad predominantemente preventiva y no resulta la vía apta para intentar la reparación de un daño concreto ya producido. En efecto, el carácter declarativo de la acción de inconstitucionalidad y su rol preventivo demandan, no de la lesión efectiva, sino de una seria amenaza de lesión, esto es, de la demostración de que la lesión inminentemente pueda concretarse" (Conf.: CSJTuc., LLNOA, 2005-agosto-1021). Que esta Corte de Justicia, ha establecido que la pretensión de inconstitucionalidad de una Ordenanza Municipal por cualquier otra vía que no sea la prevista en el Art.259 de la Constitución Provincial, que contempla los casos de acciones que se dirigen a cuestionar tales instrumentos indicando que el pleito será contencioso administrativo y por lo tanto su fallo corresponderá a la Corte de Justicia, tal norma constitucional no es aplicable al caso, puesto que la misma alude a los supuestos que se cuestiona la legalidad del instrumento, mientras que la presente está dirigida a lograr la declaración de inconstitucionalidad. Así en autos Corte 122/92, "Romero Nicolás Ramon" -entre otros-, ha expresado que "las Ordenanzas deben ser parangonadas a la ley en sentido formal y material y no a actos de naturaleza administrativa; en tal sentido la Constitución Provincial incurre en un error en su Art.259 cuando establece la jurisdicción contencioso administrativa para cuestionar la legalidad de las ordenanzas, cuando el medio impugnaticio de esta especie de ley local debería ser una acción de inconstitucionalidad. De allí que este Tribunal no resulte competente para entender en autos, puesto que lo central de la disputa remite directa e inmediatamente a desentrañar la constitucionalidad de la Ordenanza en relación a normas constitucionales que se consideran comprometidas, cuyo tratamiento resulta esencial para la solución del litigio". 4- De lo expuesto resulta que la impugnación directa o abstracta de la ley, por su rol eminentemente preventivo prescinde del caso concreto, es decir no requiere de su aplicación, sin perjuicio que el impugnante debe demostrar en su consecución aunque sea un simple interés. Pero aplicada la norma al caso especifico -como acontece en autos- únicamente queda el control indirecto o difuso de constitucionalidad donde puede oponerse como defensa la inconstitucionalidad de la ley. 5- Que por todo ello, doctrina, normas citadas y oído el Ministerio Público, corresponde rechazar in límine la demanda por ser formalmente inadmisible, con costas. LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar in límine la acción de inconstitucionalidad deducida por resultar formalmente inadmisible. 2) Imponer las costas al accionante. 3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).