Tribunal: CAMARA EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-10-10


San Miguel de Tucumán, 10 de octubre de 2017.

Sentencia Nro. 346 Y VISTO :

El recurso de apelación concedido en autos al actor Marcos Roberto Toledo Dumeynieu, contra el punto II) de la providencia de fecha 29/09/2016 obrante a fs. 405/412, que no hizo lugar a la extensión de condena solicitada atento lo dispuesto por la sección IV de la ley 19.550, y;

CONSIDERANDO :

Que a fs. 405/412 el actor apelante expresa agravios contra la providencia de mención, en tanto rechaza la extensión de la sentencia recaída en autos en contra del Sr. Miguel Julio Estanislao Sossenko -como administrador, representante legal y uso de la firma- y de la Sra. Gladis Nora Coronel, de conformidad a lo dispuesto por la sección IV de la ley 19.550.

Critica tal decisión, pues entiende que encontrándose vencido la duración del contrato social, la sociedad demandada se convirtió en una sociedad de hecho y por tanto, puede hacer extensiva la sentencia en contra del administrador y de la socia, en virtud del art. 99 y cctes. de la ley 19.550.

Explica, que los socios de las sociedades no constituidas regularmente se ven imposibilitados de recurrir, frente a una demanda en su contra, al beneficio de excusión contemplado por el art. 56 del régimen societario; así, la responsabilidad solidaria por las obligaciones sociales es la regla general aplicable, y el tercero acreedor puede demandar a la sociedad el cumplimiento del contrato celebrado y ejecutar la sentencia contra los socios, o demandar directamente a los socios, a opción de aquél.

Agrega, que la disolución, liquidación, regularización y el acuerdo de asunción del pasivo por uno de los socios no perturba el crédito del tercero vinculado a la sociedad irregular por una relación jurídica; pues de lo contrario, aun en vía disolutoria se podría variar por los socios la estructura de la responsabilidad determinada por el ordenamiento legal. Así, la disolución resulta inoponible a los terceros hasta tanto se inscriba en el Registro Público de Comercio, lo que no aconteció por la sociedad Alvear desde el año 2007 a la fecha.

Entiende, que el contrato no resulta oponible al tercero, dado que la responsabilidad de los socios de la sociedad que ha quedado como no constituida regularmente viene impuesta en razón de esta circunstancia; sancionándose la falta de publicidad registral.

Concluye, como consecuencia de lo dicho precedentemente, que la sentencia dictada contra la sociedad irregular es ejecutable contra el socio no demandado; y tal ejecución, debe promoverse singularmente contra la persona a quien se atribuye el carácter de socio, por aplicación directa de su responsabilidad ilimitada y solidaria.

Dice que de esta manera, se consagra una garantía adicional que tienen los terceros que contraten con una sociedad irregular o de hecho. Se trata de una responsabilidad directa, solidaria e ilimitada de los representantes y socios, de la cual gozan los terceros en garantía del cumplimiento de las obligaciones emergentes de las relaciones que hubieran tenido con la sociedad, sin que se le pueda oponer limitaciones de responsabilidad o de facultades en los representantes o administradores, que surjan del contrato social o del tipo social adoptado por la irregular.

En consecuencia, encontrándose acreditado en autos que ningún socio ha pedido la disolución de la sociedad desde el 18/04/2007, el caso se encuentra comprendido en la excepción de la ley y no incluido en la sección IV como expresa el proveído recurrido. Cita abundante doctrina para respaldar su posición.

Por todo ello, solicita se revoque la providencia atacada dictando sustitutiva conforme lo peticionado.

Corrido traslado de ley, el demando deja vencer el plazo sin contestar.

De confrontar los agravios vertidos por el actor con la providencia en crisis y demás constancias del expediente, surge la convicción de éste Tribunal que el recurso no puede ser acogido.

De la compulsa del expediente surge que el actor inicia un juicio de conocimiento pleno en contra de Alvear S.R.L. para el cobro de una suma de dinero. En fecha 02/12/2015 se dicta sentencia haciendo lugar a la demanda por cobro de pesos en contra de Alvear S.R.L., la que se encuentra firme y consentida.

A fs. 403 el actor inicia trámite de ejecución de sentencia solicitando se intime de pago y cite de remate a la demandada, Alvear S.R.L., y a los terceros Miguel Julio Estanislao Sossenko y Gladis Nora Coronel, en su carácter de socios de la demandada.

A fs. 404 obra providencia de fecha 29/10/2016 disponiendo no hacer lugar a lo solicitado con respecto a los terceros.

Dicha providencia debe ser confirmada en razón de que no resulta procedente la extensión de la condena sobre una persona que no había sido incluida en el límite subjetivo de la sentencia.

Si la demanda se ha dirigido exclusivamente contra la sociedad de responsabilidad limitada, y por ende ésta ha sido la única condenada, ante el efecto relativo del proceso y de la cosa juzgada, no es posible, desde una perspectiva adjetiva, perseguir a los socios.

Siendo que los socios de la demandada no han sido demandados, no han participado como parte procesal en las presentes actuaciones, razón por la cual no es posible instar en su contra un trámite de ejecución de sentencia ya que la misma no los alcanza.

En el trámite de ejecución de sentencia de condena, la intimación de pago y la eventual ejecución, debe efectuarse dentro de los términos precisos del pronunciamiento que hace cosa juzgada, porque de lo contrario en la etapa de ejecución se estarían avasallando la seguridad jurídica que ostenta la citada sentencia, en abierta violación al principio de la congruencia procesal, como asimismo al derecho constitucional de defensa en juicio (art. 18 CN), habida cuenta que a quienes se pretende extender los efectos de la sentencia no tuvieron oportunidad de ser oídas ni de ejercer su defensa.

La cosa juzgada comprende solamente a quienes han revestido el carácter de partes en el proceso en el cual se dictó la sentencia que admitió aquella eficacia, y por tanto, no puede beneficiar ni perjudicar a los terceros que han permanecido ajenos a aquél (conf. Palacio, Lino en "Derecho procesal Civil T. V pág 521).

Si bien éste argumento es suficiente para desestimar el recurso del actor, a mayor abundamiento, diremos que cabe precisar que Alvear SRL es una sociedad comercial, y por lo tanto un sujeto de derecho distinto de sus socios. La ley 19.550. en el art. 2 expresa que las sociedades: "Son sujetos de derecho con el alcance fijado en esta ley." Cuando se habla de persona jurídica, se está haciendo referencia a un ente distinto al de los socios, con capacidad jurídica plena para adquirir compromisos frente a los terceros, determinando un centro de imputación diferenciado distinto del patrimonio de los socios.

El contrato de sociedad comercial constituye el origen de la personalidad de ésta, reconocida por el legislador, totalmente diferenciada de la personalidad propia de cada uno de sus integrantes considerados individualmente (confr. art. 45 Código Civil).

Así, la personalidad jurídica le otorga a la sociedad la calidad de sujeto de derecho con capacidad legal para adquirir derechos y contraer obligaciones, por lo cual tienen las sociedades una completa independencia patrimonial, es decir, poseen su propio patrimonio, el que se conforma inicialmente por el aporte común de los socios, cobrando a partir de allí autonomía legal, distinguiéndose completamente entre el patrimonio social y el de sus integrantes.

Se da origen además a la separación del concepto de responsabilidad, quedando por una parte la responsabilidad propia del ente social, y por la otra, la de sus socios, es decir, cada uno debe afrontar sus obligaciones propias con su patrimonio (conf. art. 39 del Código Civil). También la personalidad jurídica de las sociedades le atribuye a éstas nombre, domicilio y patrimonio propios.

Los actos del representante de una persona jurídica son vinculantes para la sociedad comercial, obligando a ésta y no a los socios individualmente, constituyendo éste principio uno de los pilares básicos que estructuran el sistema de la personalidad jurídica de los sujetos ideales y colectivos en el derecho privado argentino.

La personalidad diferenciada de la sociedad y sus socios o administradores constituye el eje sobre el que se asienta la normativa sobre sociedades anónimas y ésta conforma un régimen especial que se explica porque aquéllas constituyen una herramienta que el orden jurídico provee al comercio como uno de los principales motores de la economía (CSJN, 31/10/2002, JA 19/2/2003, 86; DT, 2003-A, 222, DT 2003-A, 672).

La aplicación del principio de separación de personalidad nos lleva a considerar la existencia de patrimonios diversos, el de la persona jurídica y el de sus miembros. En consecuencia, los terceros que contratan con la persona jurídica no contratan con sus integrantes sino con el ente creado por éstos (conf. Lorenzetti Ricardo Luis, Director, "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", Tomo I, pag. 579, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2014).

En consecuencia, es improcedente responsabilizar al socio de una sociedad comercial por los créditos debidos por ésta, pues un criterio que frente a cualquier tipo de antijuridicidad que cometa un ente colectivo conduzca a la responsabilidad de sus miembros, implicaría la desaparición absoluta del principio de la personalidad diferenciada de la sociedad, sus socios y administradores (CCDL, Sala III, "Toledo Dumeynieu Marcos Roberto Gastón c. Sossenko Miguel Julio E. S/Cobro", Sentencia nº 253 del 01/08/2017) Ahora bien, el apelante expresa que los socios deben responder en razón de que ha expirado el plazo de duración de la sociedad comercial demandada, por lo que la misma se ha transformado en una sociedad irregular y por ende sus socios responden ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales.

En primer lugar, y contrariamente a lo sostenido por el apelante, el solo vencimiento del plazo de vigencia de la sociedad no la convierte en "irregular" en los términos de los art. 21 y ss., ley 19550.

La irregularidad es una vicisitud que sólo puede configurarse durante el llamado iter constitutivo y a causa de la omisión de inscribir el ente en el registro público pertinente.

El art. 7 de la ley de sociedades comerciales establece que la sociedad sólo se considerará regularmente constituida con su inscripción en el aludido registro, dejando en claro que tal inscripción es condición necesaria y suficiente a esos efectos.

Además el art. 101 de la citada ley establece que la sociedad en liquidación - como lo es aquella cuyo vencimiento de su plazo de duración se ha producido - conserva su personalidad a ese efecto y se rige por las normas correspondientes a su tipo en cuanto sean compatibles.

El acaecimiento de una causal de disolución no pone fin a la vida del ente, sino que provoca la apertura del proceso previo a la etapa de liquidación, manteniéndose su personalidad a los efectos de cancelar el pasivo y liquidar el activo. La sociedad disuelta mantiene su personalidad jurídica hasta su completa extinción, solo opera la mutación de su objeto, el cual se limita a la realización de las operaciones liquidatorias y con ello se altera el funcionamiento y las atribuciones de los órganos sociales, principalmente el de administración (cfr. VERÓN, Alberto Víctor, "Sociedades Comerciales", Buenos Aires, Astrea, t. I, 2007, pág. 907).

Por lo expuesto, una sociedad que inicia su proceso disolutorio conforme art. 94 de la ley 19.550 no pasa a ser irregular, sino que pasa a tener un objeto muy limitado que es resolver la situación de disolución ya sea a través de su liquidación o su reconducción. A los fines de encarar cualquiera de estas dos soluciones, los administradores cuentan con la potestad y la obligación de disponer de los actos necesarios y urgentes a los fines de resolver esta instancia.

La sociedad disuelta por vencimiento del plazo que no ingresa en liquidación cuenta con una personalidad acotada y limitada (precisamente a fin de su liquidación y posterior extinción) ello hace que sus administradores sean solidaria e ilimitadamente responsables por cualquier actuación que no revista el carácter de urgente o refiera al proceso liquidatorio (art. 99 LSC); amén claro está, de la responsabilidad que, como ya hemos visto, le cabe también a los socios que conocieron y/o consintieron la continuación normal del giro de la sociedad disuelta. (cfr. ZUNINO, Jorge O., Disolución y liquidación, Buenos Aires, Astrea, 1987, t. 2, pág. 287.) Ahora bien, para que aquella responsabilidad en caso de disolución resulte aplicable es menester que los actos que la han generado sean posteriores a la fecha de su disolución.

De las constancias del expediente surge que la condena es por una obligación impaga desde fecha 12/12/2001 y el vencimiento del plazo de la sociedad acaeció el 28/04/2007 según el informe obrante a fs. 401.

No puede aplicarse la responsabilidad ilimitada de administradores y socios por operaciones anteriores al vencimiento del plazo de la sociedad. La disolución de la sociedad no opera retroactivamente, por lo cual la responsabilidad de los socios respecto de las obligaciones contraídas por la sociedad durante la vigencia del contrato hay que determinarla en función del tipo social.

Por tanto, se rechazará la apelación interpuesta confirmando la Resolución apelada, sin costas por no haber sustanciación del recurso y actuar el letrado por sus propios derechos.

Por ello, RESOLVEMOS :

I ) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el actor, MARCOS ROBERTO GASTON TOLEDO DUMEYNIEU contra la providencia de fecha 29 de setiembre de 2016, la que se confirma.- II ) COSTAS como se consideran.- III ) RESERVAR honorarios para su oportunidad.- HAGASE SABER LUIS JOSE COSSIO RODOLFO M. MOVSOVICH