Declaración de ineficacia, estado de insolvencia, actos ineficaces de pleno derecho, actos a título gratuito, acción revocatoria
Materia: COMERCIAL
Carátula: REVOCATORIA  PAULIANA  INICIADA POR LA SINDICATURA EN: VENTRE ARMANDO BASILIO - QUIEBRA PEDIDA c/ DANIEL ARMANDO VENTRE s/ REVOCATORIA PAULIANA  POR  LA  SINDICATURA  -  INEFICACIA  CONCURSAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-10-18

El estado de colapso patrimonial tiene necesariamente un período de incubación, en el cual la actividad de la empresa se desenvuelve de un modo más o menos anormal que desemboca en un estado de insolvencia no declarada del empresario. Corresponden a este período los actos con los que el deudor trata de apuntalar las agotadas fuerzas de la empresa, ocultándolo y tratando de librarla del marasmo. Se utiliza en este período las más variadas argucias para conservar el crédito; se efectúan las ventas a bajo precio y los expedientes ruinosos para ostentar una capacidad de pago que ya no existe; las distracciones y ocultaciones de activo; el trato de favor a los acreedores predilectos o que se hayan en connivencia, que se quiere salvar; todas las secuencias de los actos perjudiciales que el deudor puede poner en marcha en daño de los acreedores. Cabe destacar, que mientras el titular de los bienes maneje normalmente su patrimonio, los acreedores carecen del derecho de impugnar cualquier acto de disposición, pero cuando el deudor dispone de sus bienes sabiendo que de ese modo agrava su insolvencia, con el fin de sustraerlos a la ejecución de sus acreedores, se dice que el acto es fraudulento. La insolvencia del deudor es una presunción legal juris et de jure cuando éste se encuentra fallido. Al respecto la jurisprudencia ha sostenido: "por estado de insolvencia no debe entenderse la cesación en los pagos que puede producirse mediando, sin embargo solvencia manifiesta- sino la carencia de bienes suficientes para hacer frente al pago de la totalidad de las deudas" (C.Civ. 2da., L.L. 21-223). Por otro lado respecto del requisito del inc. 2do. del art. 962 C C. es menester aclarar que el acto pasible de la acción revocatoria aunque en si mismo válido y eficaz es inoponible a los acreedores perjudicados;y en razón a que los recurrentes niegan la mala fe del deudor, lo que caracteriza al acto de fraudulento es el perjuicio que acarrea en cuanto disminuye la solvencia del deudor, impidiendo de esta forma al acreedor la satisfacción de su crédito. Finalmente, la configuración de la procedencia de la acción constituyen las donaciones que en pocos días realizará el fallido de los únicos inmuebles que poseía a sus dos hijos y a su ex socia a quien donara su rodado. Resulta lógico que tales actos a título gratuito desequilibraran en forma definitiva la situación patrimonial del fallido. Y, por si ello fuera poco, ni el donante ni los beneficiarios por la relación que les unía podían ignorar que, con dichos actos, se producía la insolvencia total del patrimonio del fallido. Se debe destacar que no es necesario que el acreedor sea anterior a la fecha del acto sino que aún puede serlo posterior,a pesar de que en el caso de autos el crédito por honorarios y los consiguientes actos a título gratuito fueron prácticamente simultáneo (nov. a dic. del '87), y en cuanto a la falta de mala fe en el fallido destacada por los apelantes, ésta resulta indiferente a los fines de la procedencia de la acción revocatoria (art. 967 del C. Civil). .. "Cuando el acto del deudor insolvente sea a título gratuito, la acción revocatoria procede en el caso de simple perjuicio, aunque el deudor y el tercero tuvieran buena fe" (C. Civ. 1ra., L.L. 3-218). Y coincidiendo con todo lo expresado por el Señor Fiscal de Cámaras "la ley presume: el ánimo del deudor de defraudar a sus acreedores por su estado de insolvencia, como también presume la complicidad del tercero en el fraude del deudor, si en el momento de tratar con él conocía su estado de insolvencia (arts. 967 y 969 del C.Civil). . ."La intención de defraudar por parte del deudor, se presume cuando realiza el acto conociendo su insolvencia o que dicho acto la produce, y este conocimiento debe fácilmente admitirse porque no se puede suponer, en principio, que una persona ignore el estado de sus propios negocios. (C. Civ. 1ra., L.L. 15-911).-