Prisión preventiva, excarcelación, inadmisibilidad del recurso, Código Procesal Penal Federal, pandemia, coronavirus, cuestiones procesales, falta de agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: Galarza, Martín Osvaldo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-15

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, pues la defensa no ha logrado rebatir todos y cada uno de los argumentos expuestos en la resolución que se recurre. Asimismo, el pronunciamiento atacado ha sido dictado por la Cámara de Apelaciones en su carácter de órgano revisor de las resoluciones emanadas de los magistrados, es decir que en el caso existe doble conformidad judicial. Además, la defensa tampoco logró demostrar la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Di Nunzio" (Fallos 328:1108). Así, la resolución impugnada está suficientemente fundada en cuanto a la persistencia de los riesgos procesales, satisfaciéndose de ese modo las exigencias de ultima ratio establecidas para la imposición y el mantenimiento de la medida de coerción cuestionada (cfr. arts. 280, 316, 317 y 319 del C.P.P.N.; 210, 221 y 222 del C.P.P.F., implementado por el art. 1 de la Resolución 2/19 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, B.O.: 13 de noviembre de 2019). El recurrente plantea "la total falta de tratamiento sobre las deficiencias estructurales respecto de la sobrepoblación carcelaria y el estado de emergencia en que se halla el Servicio Penitenciario Federal" a lo que añade el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19. Sin embargo, no demuestra el real alcance de su agravio, en primer término porque "los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la Resolución del caso" (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros) y en segundo lugar, porque en el caso, el impugnante no aborda la cuestión con anclaje en las concretas circunstancias de la causa y específicamente en las condiciones de su asistido demostrando un peligro cierto y concreto en la salud o su integridad física. Aun cuando el estado de salud de un interno lo ubique en una hipotética y genérica situación de peligro frente a los efectos que pudiera tener la pandemia de COVID-19 en el ámbito penitenciario -cosa que no se da en el caso-, esa sola pertenencia a un grupo de riesgo no configura per se un supuesto de peligro concreto que amerite la concesión del instituto solicitado. Más aún, en el caso no se alega, ni hay evidencia de que aquel peligro cierto concreto o inminente ocurra, como tampoco de que el riesgo sanitario no pueda ser, por el momento, contenido y adecuadamente atendido en el lugar de detención. La disidencia señaló que pudiendo constituir los agravios invocados por la parte recurrente algunas de las causales previstas en el art. 456 CPPN en función del art. 210 CPPF y, encontrándose prima facie involucrada una cuestión de naturaleza federal, de conformidad con lo dispuesto por el art. 463 del rito, corresponde sustanciar el trámite del planteo casatorio y, en consecuencia fijar la audiencia prevista por el art. 465 bis del ordenamiento legal citado, lo que de ningún modo implica anticipar criterio respecto de la materia impugnada. Dres. Yacobucci y Mahiques -voto conjunto- y Slokar -en disidencia-.