Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-18


Esquel, 18 de mayo de 2007.- VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 211/212 -en forma subsidiaria- por el Sr. F J G, con el patrocinio letrado del Dr. A F V contra la providencia de fs. 208 (05/03/07);

Y CONSIDERANDO:

Que previo al tratamiento del recurso intentado por el demandado y como reiteradamente lo ha resuelto esta Alzada, corresponde el análisis de la admisibilidad del mismo.

Es que "...el juez del recurso es en definitiva el tribunal de apelación; es la cámara quien decide si fue bien o mal concedido. En ello está comprometido el orden público procesal, y toda vez que la cuestión se refiere a la jurisdicción y competencia funcional, el orden de las apelaciones corresponde al sistema de la ley. Como lo enseñaba COUTURE, la pluralidad de instancias podría desnaturalizarse si se subordina a la voluntad del primer juez la admisibilidad de los recursos o la forma y efectos de concederlos. SATTA añade que el 'juez difícilmente estaría dispuesto a reconocer el propio error (y ni siquiera es oportuno ponerlo en condiciones de deberlo reconocer)'" (ACOSTA, José V., Procedimiento civil y comercial en segunda instancia, t. I, p. 173, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 1981). Observan MORELLO - SOSA - BERIZONCE que esta doctrina legal ha sido sostenida "monocordemente" por la Suprema Corte de Buenos Aires (cfr. Códigos procesales..., t. III, p. 392 y ss., Bs. As., 1993). También la Suprema Corte de Mendoza, al igual que casi todos los tribunales nacionales y provinciales, ha dicho: "La Cámara goza de potestad para efectuar, aún de oficio, un nuevo juicio de admisibilidad del recurso de apelación deducido, sin estar obligado por la voluntad de las partes, ni por la concesión efectuada por el juez de primer grado" (SCMendoza, 17/06/99, O, R A. y otros c. Banco Central, LL Gran Cuyo, 1999-745). Como no podía ser de otra manera, es el criterio unánime de las Cámaras de Apelaciones de esta provincia (entre otros precedentes: CAN1, TW, 12/5/93, 000L 000029; CAS1, CR, 15/2/95, 000C 000028; CAS2, CR, 2/6/00, 000C 000057) y el sustentado por este Tribunal (entre otras, Sentencia N° 27, 23/4/03, B, J A y COMUNA RURAL DE CERRO CENTINELA s/ Homologación de Convenio, Expte. N° 48/03 CANO)". (SIC 63/05 CANO).

Que conforme a lo que se ha dicho y atento al planteo traído por el demandado recurrente, debe precisarse que en los procesos ejecutivos la limitación de los recursos es una de sus características, lo que se debe a la naturaleza y finalidad de los mismos, esto es, hacer efectivo un título de crédito mediante un procedimiento que resulte simple y más rápido que en los procesos ordinarios; de allí los requisitos que para la procedencia de la apelación establece el art. 560 del Código ritual.

Así y a este respecto, se ha dicho que: "La norma señala expresamente que resultan inapelables -sólo para el ejecutado, lo que el ejecutante no va a estar sujeto al mismo régimen, aunque la regla siga siendo la inapelabilidad- todas las resoluciones que se dicten durante el trámite de cmplimiento de la sentencia de remate. Por eso se ha entendido que "El principio de inapelabilidad contemplado por el Código Procesal, artículo 560, respecto de las resoluciones que se dicten durante el cumplimiento de la sentencia de remate se circunscribe al deudor y a no alcanza ni al ejecutante ni a los terceros (conf. Morello, Passi lanza, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales...", t. VI-II, p. 961; Colombo, "Código Procesal....", t. IV, p. 277)"; "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", comentado, anotado y concordado, de Roland Arazi - Jorge A. Rojas; t. II - p. 834/835).

Que más aún y respecto al caso de autos, la jurisprudencia ha entendido que "siendo que el auto de subasta no está comprendido entre las hipótesis de excepción previstas por el Código Procesal, art. 560, resulta aplicable la regla de inapelabilidad sentada por dicha norma respecto de las resoluciones que se dicten en el curso del cumplimiento de la sentencia de remate". (CNCom, sala E, 23-6-92, "B de Á, C c/ S, H s/ Ejecutivo", LD-Textos, citado en op. cit. de Roland Arazi - Jorge A. Rojas, p. 836).

Que se advierte de su escrito de expresión de agravios que pide la revocación de dicho proveído por cuanto causa un gravamen irreparable a su parte dado que "...el tiempo transcurrido en el discernimiento de cuestiones formales elementales me privan en definitiva del derecho a contestar demanda como tengo, sumándose a ello los defectos de notificación ya existentes en el expediente por confusión de nombres de los demandados y la inminencia de una medida compulsiva extrema como una subasta en ciernes", situaciones no contempladas entre los supuestos indicados en el citado artículo que autorizan a interponer recurso de apelación, por lo que corresponde declararlo mal concedido por improcedente..

Que amén de ello cabe señalar que a fs. 34 surge que al diligenciarse el mandamiento de intimación de pago y embargo contra A T S.A. se lo efectúa en la persona del presentante Sr. F G quien tomó conocimiento de la presente causa al recibir copias del mandamiento, de la demanda y de la documentación acompañada a la causa, y que a fs. 38 y vta. se encuentra la demandada debidamente notificada de la sentencia de trance y remate la que ha pasado en autoridad de cosa juzgada formal.

Asimismo, las costas de esta Instancia deben imponerse al recurrente (art. 68 CPCC), regulándose los honorarios del Dr. C E. D en un 0,4% del valor del juicio, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 14 Dec. Ley 2.200), no así al Dr. A F V por su labor inoficiosa.

Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, -R E S U E L V E 1°) DECLARAR mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 211/211 -en forma subsidiaria- contra la providencia de fs. 208.

2°) IMPONER las costas de esta Instancia al recurrente (art. 68, CPCC), regulándose los honorarios del Dr. C E. D en un 0,4% del valor del juicio, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 14 Dec. Ley 2.200), no así al Dr. A F V atento la inoficiosidad de su labor.

3°) REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.

JORGE LUIS FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASS BENJAMÍN MOISÁ REGISTRADA BAJO EL N° 95 DEL AÑO 2007. CONSTE. Cristina Marquez Secretaria.-