Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-09


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 9 de 2008.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta, el señor Juez de Cámara, doctor Heredia dijo:

1º) La sentencia de primera instancia rechazó la excepción de falta de legitimación activa opuesta a fs. 89 vta./90 vta., e hizo lugar a la demanda promovida por el síndico designado en el juicio de quiebra de Constructora Gramuglia Hnos. S.A., condenando al Sindicato de Empleados Jaboneros a pagar, dentro de los diez días, la suma de $ 150.000, con más el Coeficiente de Estabilización de Referencia, intereses y las costas del juicio (conf. fs. 291/309).

Contra esa decisión apeló el sindicato demandado (fs. 310), fundando su recurso con el escrito de fs. 338/349, que fue resistido por el órgano del concurso actor en fs. 356/360.

2º) El primer agravio del sindicato demandado se centra en una crítica a las razones que expuso el fallo apelado para rechazar la excepción de falta de legitimación activa que esa parte opusiera al contestar demanda.

En tal sentido, afirma que Constructora Gramuglia Hnos. S.A. -por intermedio del síndico de su quiebra- carece de legitimación para reclamar por el cobro del crédito de U$S 150.000 que el sindicato reconoció adeudarle por instrumento firmado el 23 de agosto de 1996 (el cual puso fin a cierta mediación extrajudicial cumplida en el marco de la ley 24.573), toda vez que, antes de quebrar, su titular lo cedió con posterior cumplimiento de la notificación prevista por el art. 1459 del Código Civil, de manera que no se encuentra actualmente en su patrimonio, sino en el de los correspondientes cesionarios; que no hay constancias de que todos los cesionarios hubieran sido desinteresados en el marco de ejecuciones hipotecarias; y que la legitimación de la actora tampoco puede admitirse en los términos del art. 1196 del Código Civil, ya que no se cumplió con las exigencias previstas por el art. 112 del Código Procesal, por todo lo cual, entonces, los cesionarios conservarían acción contra su parte. Observa el sindicato apelante, asimismo, que la readquisición de la legitimación por parte de Constructora Gramuglia Hnos. S.A. para reclamar el cobro del crédito que cedió, exigiría que los cesionarios, a su vez, se lo hubieran retransmitido por la misma vía, siguiendo a ello la correspondiente notificación al deudor cedido, nada de lo cual, señala, se ha cumplido en la especie.

3º) La acabada comprensión del agravio que se acaba de reseñar exige recordar los siguientes aspectos fácticos:

(a) Mediante escritura pública nº 657 del 3/12/1997 (véase su copia en fs. 12/17) los señores Carmelo Gramuglia y Anunciado Gramuglia suscribieron un mutuo por U$S 150.000, que fue garantizado por ellos con la constitución de una hipoteca sobre dos bienes raíces sitos en la provincia de Buenos Aires (una finca ubicada en Castelar, y un inmueble localizado en La Matanza), resultando acreedores de tal préstamo y garantía real las siguientes personas: Norma Beatriz Pucheu; Lidia Bertoni; Giannina Fabbro; Sebastián Buerba; Rubén C. López (representado por Beatriz Gómez); Rubén Ángel Di Santi; Cristina Alicia Gini; Gabriela Gini; Olga Eugenia Knaibl; María Celia De Battista; y Sergio A. Abolsky.

(b) En la misma escritura, además de constituirse la citada hipoteca, la empresa Constructora Gramuglia Hnos. S.A. (representada por los citados Carmelo y Anunciado Gramuglia) cedió con finalidad de garantía del mutuo, un crédito por U$S 150.000 que aquella tenía contra el Sindicato de Empleados Jaboneros, el cual resultaba del recordado documento del 23 de agosto de 1996. Tal cesión de crédito con finalidad de garantía quedó instrumentada del siguiente modo: "...Asimismo en garantía de este mutuo "Constructora Gramuglia Hnos. S.A." cede y transfiere todos los derechos y acciones que tienen y les corresponden, para cobrar la suma de ciento cincuenta mil dólares estadounidenses que surgen del contrato de mediación, Ley 24.573, efectuada (...) el 23-8-1996 entre el Sindicato de Empleados Jaboneros (...) y Constructora Gramuglia Hnos. S.A. (...), importe que surge de la cláusula 3º del mismo. En consecuencia, la parte cedente transmite a la parte acreedora todos dos derechos que sobre la mediación había y tenía antes de la presente cesión, colocándola en el mismo lugar, grado y prelación. La parte cedente declara bajo juramento que no posee limitación ni restricción alguna para efectuar la cesión que por la presente Escritura se instrumenta. A tal efecto entrega en este acto el original del contrato de mediación y solicitan al Autorizante notifique del mismo a las otras partes en los domicilios citados...." (fs. 16 vta.).

4º) La lectura del párrafo precedentemente trascripto evidencia que medió una traslación de propiedad del crédito a los cesionarios.

Ello es, por lo demás, lo que afirmó la accionada -sin réplica de la parte contraria a lo largo del juicio- tanto al contestar demanda, como al alegar y expresar agravios, en cuanto dijo que "...el crédito salió de la esfera del patrimonio de la actora..." (fs. 90 vta.; 267 y vta.; 342) y que los cesionarios debían considerarse "...los dueños del crédito..." (fs. 268 vta.), pues "...la cesión de créditos produce la transmisión de propiedad del crédito cedido del cedente al cesionario..." (fs. 342).

Aceptando tal premisa, esto es, que medió traslación de propiedad del crédito a los cesionarios, y que ello fue, también sin discusión por las partes, para llegar una finalidad de aseguramiento o garantía de pago de otro crédito distinto, la necesaria conclusión que se deriva es que el acto jurídico implicado fue una "cesión fiduciaria de crédito con fines de garantía".

Al ser así, cabe observar que tal acto jurídico está integrado, como lo ha destacado la doctrina, por dos negocios jurídicos coligados: (1) uno de carácter dispositivo, que es el contrato de cesión mismo, por el cual el sujeto cedente -fiduciante- transmite el crédito en plena propiedad al sujeto cesionario -fiduciario-, por lo que este aparece, frente a terceros, investido de las facultades que son propias de un cesionario en cualquiera de las modalidades típicas previstas por el Código Civil, debiendo el deudor cedido cumplir, de tal modo, la prestación a favor del cesionario (fiduciario); y (2) otro que se corresponde con el pacto de fiducia, paralelo a la traslación del derecho, celebrado entre el sujeto fiduciante -cedente- y el que aparece como fiduciario -cesionario- mediante el cual se regulan y limitan las consecuencias de la fiducia, y por el que el fiduciario se obliga a restituir el crédito cuando se le pague la deuda garantizada (conf. Busso, E., Código Civil anotado, Buenos Aires, 1955, t. V, p. 438, nº 8; Guastavino, E., La transmisión de créditos en garantía, JA 1973, t. 18, p. 504, espec. cap. V, p. 508; Pizarro, R. y Vallespinos, C., Instituciones de Derecho Privado - Obligaciones, Buenos Aires, 1999, t. 3, p. 362, ap. "b"; Rivera, J., Cesión de créditos en garantía, LA LEY, 1991-C, 867 y en "Estudios de Derecho Privado (1984-2005)", Santa Fe, 2006, p. 497 y sgtes., esp. ps. 501/502; Lorenzetti, R., Tratado de los contratos, Santa Fe, 2004, t. II, ps. 75/76; Arico, R., Cesión de créditos en garantía, ED t. 173, p. 856, espec. cap. 6, ps. 865/866; Boretto, M., Concurso, fideicomiso de garantía, cesión de créditos en garantía y descuento bancario, Buenos Aires, 2005, p. 153).

Este último efecto jurídico, referente a la "restitución" del crédito al cedente una vez que el cesionario es satisfecho, se explica por razones lógicas. Es que si bien es cierto que al mediar cesión se transmite al cesionario la titularidad del crédito haciéndose propietario de él, no lo es menos que, como el crédito se cede "en garantía" de otro crédito (el que tiene el cesionario contra su cedente; en el sub lite, el mutuo), si este último es pagado, la garantía no tiene porqué subsistir como accesorio del crédito extinguido, actuando el respectivo abono como condición resolutoria de ella, debiendo consiguientemente el cesionario retrotraer la titularidad de la garantía al cedente, o sea, a su ex deudor (conf. Nieto Blanc, E., Dación en pago de créditos (pro-soluto y pro-solvendo); cesión en garantía y prenda de créditos. Comparación, ventajas e inconvenientes de cada una, LL sup. Derecho Bancario, 6/11/1991).

Dicho con otras palabras, si la obligación principal que se garantiza se cumple, la cesión en garantía del crédito queda sin efecto (conf. Bueres, A. y Highton, E., Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2007, t. 4-A, p. 32), y es por ello, precisamente, que se produce la restitución de la garantía misma al cedente, esto es, la readquisición del crédito cedido fiduciariamente, ya que una vez que el cesionario es satisfecho no tiene título para retenerlo.

Por lo demás, como lo ha observado la doctrina, tal retransmisión del derecho al cedente -fiduciante- constituye una relación jurídica inobjetable por los terceros, quienes no pueden inmiscuirse en ella para desconocer sus efectos (conf. Guastavino, E., ob. cit., p. 508; Arico, R., ob. cit., p. 866), situación esta última que, indudablemente, es particularmente predicable con relación al deudor cedido (esto es, al aquí demandado), quien sólo en la hipótesis especial en que el fiduciante -cedente- obtuviese una medida precautoria contra el sujeto fiduciario -cesionario- o viceversa, que requiriese la actividad de dicho deudor (por ejemplo, el embargo del crédito fiduciariamente cedido o retransmitido), podría negarse a cumplir la prestación por él adeudada, pero ello sería un efecto de la medida cautelar y no el ejercicio de un derecho propio (conf. Guastavino, E., ob. cit., p. 509).

5º) Lo desarrollado en el considerando anterior permite concluir, en definitiva, que si en autos se encontrase debidamente acreditada la extinción del préstamo tomado por Carmelo y Anunciado Gramuglia según escritura nº 657 (por cualquier causa que fuere, esto es, sea por pagos voluntarios hechos por ellos, o por pagos forzosos resultantes de ejecuciones que los hubiera tenido como demandados), no sería dudosa la legitimación de Constructora Gramuglia Hnos. S.A. para reclamar contra el Sindicato de Empleados Jaboneros el abono del crédito que este último reconociera en el instrumento del 23 de agosto de 1996, ya que la cesión en garantía de que fue objeto tal crédito debería considerarse revertida pues, como fuera dicho, la satisfacción de la obligación garantizada opera como condición resolutoria de la garantía implicada en la cesión. Por el contrario, si no se encontrara acreditada dicha extinción del préstamo, la legitimación de la empresa actora habría sido correctamente cuestionada por la demandada, pues en tal caso no puede juzgarse readquirido por aquélla el crédito cedido en garantía y cuyo pago se reclama en autos.

Pues bien, a los fines de dilucidar si la referida condición resolutoria se cumplió o no, corresponde observar que algunos de los acreedores del mutuo, haciendo valer la hipoteca que lo garantizaba según la escritura nº 657, promovieron sendas ejecuciones contra los señores Carmelo Gramuglia y Anunciado Gramuglia.

Se trata de cuatro ejecuciones hipotecarias, que fueron recibidas por esta Sala según nota de fs. 361 vta..

La primera de tales ejecuciones fue promovida por el acreedor Di Santi por la suma de U$S 10.000 -con más intereses y costas- ya que tal había sido la cantidad que aportó para sumar los U$S 150.000 prestados a Constructora Gramuglia Hnos. S.A. (conf. causa nº 873/2000 "Di Santi, Rubén Ángel c/Gramuglia, Carmelo s/ejecución hipotecaria", originariamente en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 55).

La segunda acción que corresponde considerar es la de la acreedora Knaibl, quien aportó al préstamo la suma de U$S 10.000 y por la cual promovió la correspondiente ejecución hipotecaria, con más intereses y costas (conf. causa nº 70.216/1999 "Knaibl, Olga Eugenia c/Gramuglia, Anunciado s/ejecución hipotecaria", en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 90).

La tercera ejecución hipotecaria es la instaurada por las señoras Cristina A. Gini y Gabriela Gini por el cobro de U$S 20.000 -con más intereses y costas- correspondiente al aporte que ellas hicieron para cubrir el recordado préstamo por U$S 150.000 (conf. causa nº 76.351/99 "Gini, Cristina Alicia c/Gramuglia, Carmelo s/ejecución acuerdo ley 24.573", radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 59).

Finalmente, la cuarta ejecución hipotecaria que debe considerarse es la deducida por Rubén César López, Sebastián Buerba, Adrián Abolsky, María C. De Battista, Norma B. Pucheu y Giannina Fabbro (causa nº 65.333/99 "López, Rubén y otros c/Gramuglia, Anunciado s/ejec. hip.", con trámite en el Juzgado nº 90 antes citado).

En este último caso, la ejecución hipotecaria se promovió por la suma de U$S 101.354 -más intereses y costas- en razón del incumplimiento de Carmelo Gramuglia y Anunciado Gramuglia al acuerdo de pago extrajudicial que suscribieron el 15 de febrero de 1999 (conf. fs. 16 y 25/26 de la cit. causa nº 65.333/99). En el trámite respectivo se presentaron en los términos del art. 575 del Código Procesal los acreedores Olga E. Knaibl (fs. 184 y 208), Rubén A. Di Santi (fs. 188), Cristina A. Gini y Gabriela Gini (fs. 198) y, tras los trámites de rigor, se procedió a la subasta de los bienes hipotecados con el siguiente resultado: (a) la finca sita en la localidad de Castelar fue comprada por los propios ejecutantes hipotecarios (con la excepción de Rubén A. Di Santi, que no participó en la adquisición), a los cuales le fue adjudicada por la suma de U$S 98.220 (fs. 298, 306 y 313); (b) el bien inmueble ubicado en el partido de La Matanza fue también adquirido por los acreedores hipotecarios (otra vez con excepción de Di Santi), a quienes les fue adjudicado por la suma de U$S 11.000 (fs. 355, 356, 361 y 377). Posteriormente, la juez interviniente dispuso en los términos del art. 818 y sgtes. del Código Civil, la compensación de los importes obtenidos en sendas subastas (U$S 98.220 y U$S 11.000, como se dijo) con la deuda motivo de la ejecución hasta la concurrencia de la suma menor, salvo con relación a Rubén A. Di Santi por no haber resultado adquirente en ningún caso (fs. 479).

En función de lo precedentemente expuesto, es evidente que el cobro hecho por compensación que acaba de reseñarse no cubrió totalmente el monto del préstamo dado según la escritura nº 657. En concreto, habiéndose agotado y cancelado la hipoteca (conf. causa 65.333/99, fs. 521/522 y 581) quedó un saldo insoluto que, en términos nominales, asciende por capital a U$S 40.780 (U$S 150.000 - [U$S 98.220 + U$S 11.000] = U$S 40.780) y al que, todavía, correspondería agregar los importes correspondientes a intereses y costas, por lo que resulta indudable que -ni aún aceptando la "pesificación" de ese saldo insoluto según lo resuelto en fs. 390/394 de la causa 65.333/99- se puede considerar cumplida la condición resolutoria (cancelación integral del mutuo) que habilitaría la readquisición por la actora del crédito contra la demandada que cedió en garantía a los mutuantes.

Por cierto, tan claro es esto último que a fs. 488 de la causa nº 65.333/99 obra un escrito suscripto por Anunciado Gramuglia, por derecho propio y en representación de Constructora Gramuglia Hnos. S.A., por el cual solicitó que los mutuantes fueran intimados para que, en su condición de titulares del crédito que les cediera en garantía la citada firma, dirijan su acción de cobro contra el Sindicato de Empleados Jaboneros como deudor cedido "...hasta cubrir (el) eventual saldo de cuenta de la presente ejecución hipotecaria en que me dirijo o bien sea restituido a esta parte para que proceda a esos fines, pues el monto del citado crédito es excesivo si se tiene en cuenta, los montos por los que fueron subastados los inmuebles en (el sub) lite y el interés económico que le corresponde a esta parte en relación al citado crédito..." (fs. 488). Es de observar que esta última manifestación implicó, sin dudas, no solo reconocer que el producto obtenido de la subastas de los bienes hipotecados no había alcanzado a cubrir la deuda correspondiente al préstamo, sino también expresamente admitir que, por ello mismo, subsistía en cabeza de los mutuantes la titularidad del crédito contra el sindicato demandado que por cesión habían recibido según escritura nº 657 (arg. arts. 718 y 944 del Código Civil); lo cual, dicho sea de paso, es además perfectamente coherente con lo que, tiempo antes, tanto Carmelo Gramuglia como Anunciado Gramuglia habían aceptado al suscribir el acuerdo de pago del 15 de febrero de 1999 (véase causa 65.333/99, fs. 16 vta., cláusulas 6º y 7º), y lo que bastante tiempo después entendieron los ejecutantes hipotecarios (conf. cit. causa, fs. 491, punto III).

Sólo a mayor abundamiento, se señala que la existencia del apuntado saldo deudor fue también admitida por los mutuarios Carmelo y Anunciado Gramuglia en la causa nº 76.351/99, en la cual reconocieron adeudar a Cristina A. Gini y Gabriela Gini la suma de U$S 34.419,68 en concepto de capital e intereses (fs. 203 de esa causa). Cabiendo observar, además, que de la causa nº 873/2000 no surge pago alguno hecho a favor del mutuante Rubén A. Di Santi quien, como se recuerda, nada percibió -por compensación- del remate de los inmuebles hipotecados; antes bien, en esta última causa obra en fs. 115 una liquidación de deuda pendiente, aprobada en fs. 121, por la suma de $ 14.717,41.

En fin, por todo lo expresado, no cabe compartir lo resuelto en la instancia anterior:

(a) en cuanto sostuvo extinguida la obligación garantizada y por ello readquirido por la actora el crédito que cediera (fs. 303), ya que la completa extinción del débito nacido del mutuo no resulta del examen pormenorizado de las actuaciones;

(b) en cuanto afirmó -con base en el texto de cierta carta documento obrante a fs. 355/357 del juicio de quiebra- que los mutuantes habían reconocido no estar ya legitimados para cobrar el crédito cedido (fs. 304), pues frente a la comprobada falta de extinción del mutuo, no cabe sino pensar que tal comprensión de las cosas de parte de dichos prestamistas fue el resultado de una liberación meramente putativa de las obligaciones asumidas por los mutuarios que, consiguientemente, hace jugar lo dispuesto por el art. 797 del Código Civil (conf. Colmo, A., De las obligaciones en general, Buenos Aires, 1920, p. 511/512, nº 723; Lafaille, H., Derecho Civil - Tratado de las Obligaciones, Buenos Aires, 1950, t. II, ps. 291/292, nº 1191; Llambías, J., Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, Buenos Aires, 1970, t. II, p. 1031, nº 1717).

6º) Lo desarrollado y concluido en el considerando anterior, permite sostener -a contrario del fallo apelado- la procedencia de la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el sindicato demandado. Ello es así, se insiste, porque la subsistencia, aunque parcial, de la deuda contraída por Carmelo y Anunciado Gramuglia en concepto de devolución del préstamo que recibieron, impide la readquisición por parte de Constructora Gramuglia Hnos. S.A. del crédito que esta última tenía contra el sindicato demandado y que cedió en garantía a los mutuantes con ocasión de aquella operación.

Como necesaria derivación, resulta abstracto el tratamiento de la cuestión atinente a la "exigibilidad" del crédito cedido en garantía, tema que el juez a quo abordó en su sentencia a partir de la interpretación que ensayó del convenio de mediación obrante en fs. 4/5 de los presentes autos (fs. 300/302). Es que el examen de tal exigibilidad supone, necesariamente, la presencia de una demanda de cobro del crédito cedido promovida por el sujeto legitimado ad causam para ello, extremo que no se da respecto de la sociedad actora.

Inoficioso es también, por lógica implicancia, el tratamiento de los restantes aspectos desarrollados por el magistrado de la instancia anterior, que provocaron los restantes agravios de la parte actora.

No obstante, para terminar, me importa dar cuenta de las siguientes últimas reflexiones:

(a) El ejercicio subsidiario de la acción subrogatoria que el síndico ejerció en la demanda de autos constituyó, a mi entender, un verdadero desatino. Es que la aquí actora Constructora Gramuglia Hnos. S.A. (pretendida subrogante) no es acreedora de los mutuarios y cesionarios del crédito transmitido a ellos en garantía (pretendidos subrogados), por lo que no se da la primera condición esencial para que quede abierta la vía del art. 1196 del Código Civil, máxime ponderando que lo pretendido en autos no tuvo por objeto -a contrario de lo señalado en fs. 358 vta.- actos meramente conservatorios, sino el cobro del crédito cedido (fs. 68; conf. Llambías, J., ob. cit., t. I, ps. 577/578, nº 450). Ello resta interés a toda consideración relativa al cumplimiento o no de lo previsto por el art. 112 del Código Procesal.

(b) El reconocimiento que los mutuantes hicieron en fs. 355/357 del juicio de quiebra a favor de la legitimación de la parte actora, independientemente de lo dicho en el sentido de responder a una evidente liberación putativa de aquéllos, no puede ser opuesto al sindicato demandado con el efecto de obligarlo a aceptar sin más tal legitimación y exponerse, consiguientemente, al riesgo de pagar a quien no es el verdadero titular del crédito.

(c) La conclusión de que el crédito cedido no puede considerarse readquirido por la actora por razón de subsistir la obligación que garantiza, torna inútil expedirse acerca de si, en lo formal, la readquisición -una vez que se produce tal condición resolutoria- exige o no una nueva cesión.

7º) Por las razones expuestas, si la presente ponencia es compartida por los distinguidos y apreciados colegas del Tribunal, deberá revocarse la sentencia apelada, quedando rechazada la demanda. Las costas propongo que se impongan en ambas instancias por su orden, habida razón de la complejidad jurídica y fáctica del caso (art. 68, segunda parte, del Código Procesal).

Así voto.

Los señores Jueces de Cámara, doctores Dieuzeide y Vassallo adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda.

(b) Distribuir las costas en ambas instancias por su orden, habida razón de la complejidad jurídica y fáctica del caso (art. 68, segunda parte, del Código Procesal). -Gerardo G. Vassallo. -Juan José Dieuzeide. -Pablo D. Heredia.