marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: S., M. L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- MALVERSACION DE CAUDALES PRIVADOS EQUIPARADOS A CAUDALES PUBLICOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 87 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-15

Corresponde rechazar la queja desde que la línea argumental del impugnante trasunta, en definitiva por el andarivel de la mera discrepancia con los criterios de aplicación del derecho sustantivo, como así también con la valoración del material probatorio colectado en autos, materia que no constituye objeto del recurso extraordinario.

En el caso, la Cámara consideró que "al no encontrarse los elementos secuestrados cuando fueron requeridos, surge la responsabilidad del depositario judicial, quien estaba obligado a la custodia de éstos y a la lógica indisponibilidad en provecho propio o beneficio de terceros, sin que sea necesario causar perjuicio patrimonial alguno, ya que el tipo penal se configura con la simple disposición arbitraria de aquéllos", remarcando que "La calidad de depositaria judicial le fue confiada a la encausada respetando las formalidades de ley, y ésta "había aceptado el cargo correspondiente y juró desempeñarlo fiel y legalmente, conociendo además las penalidades que corresponderían en caso de incumplimiento funcional".

Precisó, por último, la Alzada que la tipificación del ilícito por el que se condena a la encartada aparecía configurado con "notoria evidencia", no constituyendo obstáculo para su perfección el pago posterior realizado a la firma acreedora, quien en este caso no es el sujeto pasivo del acto ilegal,- porque estamos en presencia de un delito contra la Administración pública, tal como reza el Título XI del Código de fondo.
Beneficio de litigar sin gastos, apreciación del juez, medios de prueba, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: S., L. P.  c/ S., N. M.  s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-07

Que en línea con la posición de la Corte, la concesión del beneficio de litigar sin gastos ".queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas..."
Inmunidad de jurisdicción, Estados extranjeros
Materia: PROCESAL
Carátula: CORONEL OSCAR ANTONIO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE DEFENSA s/ ACCIDENTE EN EL AMBITO MILITAR Y F SEGURIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

Toda vez que el art. 1 de la ley 24.488 establece que los estados extranjeros son inmunes a la jurisdicción Argentina con excepción de los supuestos previstos en la ley, no resulta inapropiado afirmar que la inmunidad es la regla y su levantamiento la excepción (cfr. Alberto L. Zuppi, "La Inmunidad Jurisdiccional de los Estados Extranjeros ante los Tribunales Argentinos conforme a la ley 24.488", E.D. 166-866), pues esta solo procederá en los casos que contempla específicamente la norma del art. 2.
Accidentes de trabajo, trabajadores marítimos, daño por el hecho o en ocasión del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: JAKOWUK, ALEJANDRO c/ ELMA  S.A. s/ ACCIDENTE-LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-24

Para el caso especial de los trabajadores marítimos, la noción de "en ocasión del trabajo" impone necesariamente que la producción del evento dañoso se vincule a la realización de la tarea, aunque por vía indirecta, o sea que en una proporción lógica, la supresión de disponibilidad a órdenes del patrono en el lugar de trabajo o en donde hubiera sido comisionado por éste haría desaparecer el factor concerniente a la producción del siniestro. Pero si el desembarco se produjo a pedido del actor, para su particular esparcimiento, no se configura la hipótesis expresada, y el infortunio padecido por el demandante no es alcanzado por las previsiones de la ley 9688.
Juicio oral, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Molina, Luis Alberto s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Es improcedente la denuncia de transgresión del art. 281 del Código de Procedimiento Penal por haber valorado el fallo una declaración testimonial del sumario si la defensa no se disconformó oportunamente con dicha declaración.
Daños y perjuicios, transporte benévolo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Larocca, Luis José c/ La Independencia S.A s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

La responsabilidad civil derivada del transporte benévolo no puede encuadrarse en la normativa del art. 1109 del Cód. Civ. ni analizarse la culpa en que pudiere haber incurrido el conductor del vehículo, sino que el caso debe quedar comprendido en la regulación del art. 1113 del mismo cuerpo legal.
Situación del imputado, prisión preventiva, pena privativa de la libertad, presunción de inocencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Moñino, Juan Carlos y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-06

El tiempo en que el individuo sometido a proceso estuvo privado de su libertad bajo prisión preventiva, no puede asimilarse a "la pena privativa de libertad" establecida en el art. 50 del C.P. ya que, en virtud del principio de inocencia consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, sólo puede sufrir pena quien ha sido condenado por sentencia firme. (Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Fégoli y David).
Caducidad de instancia, impulso de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA EN AUTOS: c/ SANATORIO DEL LITORAL S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-12-13

Aún cuando a los apelantes compete la carga de impulso a fin de no perder las instancias abiertas, tal carga cesa cuando la prosecución de los trámites depende exclusivamente de una actividad impuesta al órgano jurisdiccional o a sus auxiliares.
Hábeas corpus, desaparecidos, declaración de incompetencia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Sobre habeas corpus c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-08

Debe declararse la incompetencia del Juzgado Federal de La Plata en el marco de un habeas corpus presentado por familiares de un militante, mediante el cual los reclamantes denunciaron su supuesta desaparición forzada después de un operativo de la Gendarmería Nacional para desalojar un corte de ruta llevado a cabo por la comunidad mapuche en la Provincia de Chubut y determinar que la causa continúe su trámite en el Juzgado Federal de Esquel. Si bien los accionantes exigen al magistrado federal platense que ordene al Estado Nacional que informe de inmediato el paradero del activista, lo cierto es que el juez competente ha dispuesto las medidas que estimó conducentes para el hallazgo del joven. En consecuencia, existiendo una investigación en curso impulsada por la justicia federal del lugar donde habrían ocurrido los hechos, no corresponde la intervención ni intromisión de otra autoridad judicial.
Competencia federal, acción de amparo, asociaciones civiles
Materia: PROCESAL
Carátula: Bayon, Luis y otros s/ recurso de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

No es competente la justicia federal para entender en la acción de amparo deducida contra una asociación civil que a su vez pretende actuar en el ámbito de una universidad nacional, si no se desprende de la demanda que el acto cuestionado se vincule con la actividad que les pudiera corresponder a los representantes del centro de estudiantes en algún órgano de gobierno de la universidad.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema
Materia: PENAL
Carátula: Giménez, Anastacio s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-09-28

Por aplicación del decreto Nº 1285/58 la Corte Suprema de Justicia de la Nación es competente para la resolución de conflictos de competencia entre jueces que carezcan de un órgano superior común.
Impuestos, impuesto a las ganancias, sociedades comerciales, estados contables, estado de resultados
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Roberto J. Azcoitia y Cía S.R.L. (TF 18.603-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-09

De acuerdo a las pautas que se desprenden del artículo 64 de la ley de sociedades, la determinación del estado de resultados de la sociedad, implicará el cálculo de la ganancia o pérdida neta del ejercicio, lo cual necesariamente incluye la deducción previa de impuesto a las ganancias que -en su caso- se haya devengado en virtud de las actividades llevadas a acabo por la sociedad en el período de que se trate. Recién al finalizar la confeccion del estado de resultados -que incluye el cómputo del impuesto a las ganacias del período- surge, neta, la utilidad contable de la empresa a la que se refiere el inciso i) del artículo 87 de la ley de impuesto a las ganancias.
Recurso de casación, expresión de agravios, fundamentación errónea
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: TORRES ALEJANDRO LUIS c/ WAGNER S.R.L. Y/U OTROS S/ CONOCIMIENTO POSTERIOR- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-29

La falta de fundamentación alegada como motivo casatorio, sólo puede ser útil para denunciar la existencia de una arbitrariedad sustancial, y procede en los supuestos en que la decisión carezca de todo sustento jurídico, o bien cuando la solución no encuentra basamento alguno en el derecho vigente y se fundamenta en la sola voluntad del Tribunal.
Nulidad procesal, instrucción de oficio, sobreseimiento total
Materia: PENAL
Carátula: FLEYTAS, MIGUEL s/ Cheque sin fondos Causa Nro. 33231.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

1-Es nulo lo actuado por el instructor respecto de hechos distintos a los que fueron motivo de requerimiento fiscal.- 2-Es nula la declaración indagatoria en la que el imputado fue interrogado bajo juramento y apercibiéndole las penalidades del falso testimonio, en abierta transgresión a las prohibiciones del art. 296 del C.P.P..- 3-Es nula la declaración indagatoria en que el imputado fue interrogado e intimado sobre imputaciones y elementos de cargo inexistentes.- 4-Aun cuando tales irregularidades instructorias configuren vicios que tienen expresamente prevista la nulidad, (en tanto se refiere-en el caso-a la intervención del Ministerio Fiscal o a la forma de la declaración indagatoria, art. 167 inc. 2 y 296 del Cód. cit. que impone su declaración de oficio, la anulación debe circunscribirse a los restantes aspectos necesarios para encaminar correctamente el proceso (art. 171 incs. 1 y 2 Cód. id.) si no ha reclamado en ese sentido el Ministerio Público ni el interesado en la anulación, para quien resultaría más perjudicial que favorable la retrogradación del procedimiento (queda firme el sobreseimiento dictado por los demás).- 5-A estos efectos a pesar del calificativo de total con que aparece dictado, tal sobreseimiento no puede impedir la instrucción requerida por el Ministerio Público en su momento si está referida a un hecho completamente distinto de aquel al que el Juez proveyente alude.- 6-La gravedad de las irregularidades señaladas requiere el ejercicio de la facultades disciplinarias expresamente previstas en la ley (arts. 173 y 296 del C.P.P.) respecto del Juez instructor.
Daños y perjuicios, licencia de taxi
Materia: CIVIL
Carátula: C.J. c/ G.C.B.A. (Dirección General de Tránsito) s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-08-27

El Gobierno porteño debe responder por los daños y perjuicios ocasionados a una persona que, luego de fallecer su padre, reclamó la licencia de taxi de la cual éste era titular, y a la que la Dirección General de Tránsito le dio de baja y se la otorgó a otra persona, toda vez que el reconocimiento expreso por parte de la demandada acerca de que no existía fundamento jurídico alguno para disponer válidamente la baja de la licencia en crisis, sumado a la gran cantidad de irregularidades producidas durante el procedimiento de trasferencia de la titularidad configuran, de forma manifiesta y flagrante, una falta de servicio en los términos del art. 1112 del CC, ocasionada por el obrar negligente o imprudente de los funcionarios públicos en las obligaciones que están a su cargo que se proyecta directamente sobre el Estado como responsable en virtud de la teoría del órgano.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, recurso de queja (procesal), cuestión no decisiva, declaración de oficio, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, iura novit curia, principio protectorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANCANELLA, DAVID ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-09

Del análisis íntegro del fallo cuestionado surge que la Cámara proporcionó argumentos suficientes en orden a desestimar la pretendida descalificación legal del recurrente, por entender que la pretensión introducida por el actor, recién al expresar sus agravios, resulta vaga e imprecisa, sin referencia al caso concreto; que en relación al pedido del examen constitucional de oficio, si bien la inconstitucionalidad declarada en el precedente "Ojeda" de esta Corte provincial, aunque también del artículo 12 Ley 24557, no fue estrictamente en los mismos términos aquí pretendidos, se considera que tales argumentos resultan plenamente aplicables, en tanto la solución que pretende el actor en este caso refiere, en esencia, a la aplicación de un criterio que actualmente se encuentra plasmado en la Ley 27348, que no resulta aquí temporalmente aplicable; que la pericial contable producida en autos carece de decisividad, en razón de que los cálculos efectuados por el perito de ninguna manera resultan vinculantes para la jueza de grado, quien debía realizar el análisis de una cuestión de derecho que escapa de la tarea del auxiliar de justicia; y que tampoco resultan aplicables al sub lite los principios de iura novit curia ni el protectorio que pretende el recurrente, desde que -conforme a la doctrina imperante que citó- el primero alteraría la naturaleza y alcances de la pretensión que se promueve -por vía sumarísima: el cobro de diferencias indemnizatorias derivadas del cálculo del ingreso base mensual previsto en el artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo- y, respecto del segundo, no surge en la tarea jurisdiccional de autos la duda insuperable requerida por el legislador para la utilización del mentado recurso técnico. - CITAS: CSJStaFe: Ojeda, AyS, T 280 p 313. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 12; Ley 27348; Ley 20744, artículo 9.
Ejecución prendaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Minap c/ Perez Losa, Justo s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-25

El ataque dirigido al incumplimiento del art. 4 de la ley 21309, no puede merecer acogida jurisdiccional, toda vez que la actitud procesal de iniciar un juicio de consignación no supone otra cosa que un reconocimiento expreso del contrato en base al cual se inició el presente compulsorio, circunstancia que hace de por sí irrelevante analizar aspectos formales del documento y su supuesta falta de completividad.
Responsabilidad penal, proceso penal
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: ROBERTO EDUARDO VIOLA s/ ARRESTO,  DETENCION,  PRISION  PREVENTIVA  - RECURSO EXTRAORDINARIO -  SENTENCIA  DEFINITIVA - PRIVACION ILEGITIMA DE  LIBERTAD,  TORMENTOS,  HOMICIDIOS - DECLARACION INDAGATORIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-05

La determinación de la responsabilidad del imputado por las órdenes que haya impartido u omitido impartir en relación con los restantes ilícitos investigados se vincula a la comprobación de la existencia de éstos. Basta para satisfacer tal condición que alguno de los sumarios en los cuales obren elementos de juicio que revelen la existencia de acciones delictivas materiales -aunque no esté declarada la culpabilidad de los autores inmediatos- sean tenidas a la vista en el proceso seguido al recurrente, sin perjuicio de la comprobación de tales acciones mediante pruebas directamente rendidas en la audiencia. Bien entendido, que la finalidad de la causa es determinar si existe responsabilidad de los procesados por las multiples privaciones ilegítimas de libertad, tormentos y homicidios cuya configuración típica es objeto de comprobaciones en otros numerosos sumarios, y no descubrir a los autores directos de tales hechos y menos establecer su culpabilidad.
Superior Tribunal de Justicia, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juez de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción de Melincué Dr. Carlos Risso s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desafuero de magistrado (Expte. CSJ   Nro. 189-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-08

El significado institucional del órgano "Corte Suprema" no limita la noción del mismo a los individuos físicos que lo animan, pero tampoco los excluye lo que permite desvincular el oficio (institución) de los diferentes titulares (es decir, la persona física de la institución) que en diversos tiempos se suceden en la titularidad de él con la consecuencia de que los actos realizados por los órganos en tal sentido impersonal no perderán su validez al variar las personas físicas particulares, y que la continuidad del órgano (como oficio o institución) no decaerá aunque la sede quede vacante durante un determinado período. En una palabra, el titular puede faltar pero ello no significa que la institución desaparezca o pierda su continuidad. Por ende, la sola vigencia de la Constitución provincial basta a los fines de sostener la existencia de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal. El resto -la conformación del órgano individuo- es un problema de reemplazos, que en la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 13) se contempla expresamente para los casos de vacancia. En verdad, sostener que la vacancia en algunos de los cargos acarrea la inexistencia del órgano, implicaría -la par de poner en manos del poder ejecutivo y de la asamblea legislativa la existencia misma de uno de los órganos constitucionales del Estado- privar a uno de sus poderes del ejercicio de sus potestades de gobierno, administrativas o de superintendencia, cuya característica esencial es -precisamente- su continuidad, inmediatez, imposibilidad de interrupción, etc., en función de los intereses en juego (la administración y gobierno de uno de los poderes del Estado).
Empleados públicos, remuneración, asignaciones familiares, diferencias salariales, actualización monetaria, índices de actualización, ley nacional, ley provincial, adhesión provincial, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Olivieri, Mario Alberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 92 año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

Habiéndose reducido la materia litigiosa a resolver lo atinente al índice de actualización que debía utilizarse al realizar el pago de las asignaciones familiares adeudadas, asiste razón a la accionada al aplicar el régimen establecido por el decreto 381/91, que lo instituye en razón del salario actualizado y no con la variación del índice de precios al consumidor. Para así concluirse, debe inicialmente recordarse que la Provincia adhirió, según el artículo 119 de la ley 10472, "en lo que fuere pertinente, a lo establecido en los artículos 43, 44 y primero y segundo párrafo del artículo 45 de la ley nacional 23697..." y el referido artículo 45 establecía en su primer párrafo que "las políticas salariales que se instrumenten a partir del 1 de agosto de 1989, al personal de la Administración pública... se trate de personal sujeto o no al régimen de convenciones colectivas de trabajo, deberán expresamente excluir la aplicación de toda fórmula para la determinación de las remuneraciones en función de coeficientes, porcentajes, índices de precios de referencia o cualquier otro medio de cálculo que tenga como base retribuciones distintas a las del propio cargo o categoría, o norma que establezca la automática aplicación de mejores beneficios correspondientes a otros cargos, sectores, categorías laborales o escalafonarias o funciones cuando ellas no se ejerzan efectivamente". Consecuentemente, el actuar de la Administración no fue ilegítimo al considerar aplicable el genérico índice de actualización establecido por decreto 381/91, dado que en el decreto por el cual se reconocieron las diferencias de asignaciones familiares no se mencionó pauta de actualización alguna.
Acto administrativo, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tufare, Francisco c/ Municipalidad de Necochea s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

La interposición extemporánea de los recursos impuestos para agotar la instancia administrativa previa ante la autoridad de la que emanó el acto impugnado, hace que éste adquiera firmeza en la esfera que le es propia y resulta por tanto insusceptible de impugnación judicial.
Recurso de casación, dolo eventual
Materia: PROCESAL
Carátula: Fiscal del Tribunal Penal Nº 2 Dr. Alberto Rolando Oliva s/ Interpone Rec. de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-08-28

La justificación del fallo debe inferirse de una operación lógica-jurídica fundada en la certeza y convicción del juzgador. No se observa consignado en el recurso de casación elemento probatorio idóneo para configurar "certeza" de la existencia de los delitos en concurso real que imputó el Sr. Fiscal a los imputados y no se constata en autos, ni en la sentencia, evidencia respecto al rapto y homicidio simple con dolo eventual a que alude el Ministerio Público. La sola convicción íntima del sentenciante desvinculada del cuadro fáctico que tuvo en consideración, producto de la facultad de selección y valoración de la prueba respecto del cual es soberano, no tiene entidad, para sustentar el quiebre del propio razonamiento jurídico del a-quo, en cuanto el mismo efectúa control de logicidad de su íntima convicción y se encuentra ante la imposibilidad de desvirtuar las pruebas producidas en autos y que cita en su sentencia, y que precisa, respecto al delito de rapto: "falta de elementos de juicio que puedan ser valorados y concatenados para poder fundar una sentencia condenatoria", y que por ello, constituyen por ley de derivación, razón suficiente para la aplicación del principio "in dubio pro reo" que no ha sido desvirtuado por el Sr. Fiscal.
Sentencia, costas, sentencia condenatoria, juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Tadiello, Miguel A. y otros c/ Gobierno de la Provincia de Santa Fe s/ Acción de amparo. Cautelar innovativa. Aclaratoria (Expte. CSJ Nº   631-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-01

Advirtiéndose que el recurso de aclaratoria interpuesto por la demandada contra el auto interlocutorio dictado por la Corte -por el que se declaró que el caso era de la competencia contencioso administrativa- fue intentado temporáneamente, corresponde aclarar que las costas de la incidencia -atento lo dispuesto por los artículos 248 y 70 del Código Procesal Civil y Comercial y de conformidad con lo dicho in re "Cases"- deberán ser soportadas por la actora por aplicación de lo prescripto por el artículo 251 del Código Procesal Civil.