Robo con armas, suspensión del juicio a prueba, recurso extraordinario federal, dictamen fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gordillo, Ronan Raúl s/ Recurso Extraordinario interpuesto por el Dr. Pedro J. Vélez en Expte. Corte Nº 70/12 - Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro J. Vélez en contra del Auto Interlocutorio Nº 23/12 (Gordillo, Ronan Raúl - Robo Calificado, etc.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-23

La Cámara Penal no hizo lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por el imputado por robo calificado (con arma de fuego).

Contra de esa resolución, el defensor del imputado había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el nombrado defensor interpone el presente remedio federal.

El recurso no puede ser concedido debido a que el agravio expuesto no suscita cuestión federal bastante para su consideración por la vía intentada.

El planteo efectuado remite al examen de la oposición fiscal a la suspensión del juicio, por considerar el recurrente que la formulada en el caso por el Fiscal de Cámara no tiene fundamento y que, por ende, tampoco esta debidamente fundada la resolución que, basada en dicha oposición, no hace lugar a la solicitud en ese sentido. Como en la instancia anterior, en esta oportunidad, los argumentos presentados por el recurrente no demuestran la irrazonabilidad del interés fiscal en la realización del juicio y, eventualmente, en la aplicación concreta de pena a quien resulte responsable del grave delito cometido; ni que, en los referidos términos en que fue manifestada, la oposición fiscal vulnere el principio de legalidad o las normas constitucionales invocadas (arts. 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).

Con esa omisión el presentante se desentiende del propósito de la intervención del Ministerio Público Fiscal en la cuestión, dispuesta en el art. 26 bis del Código Penal, en atención a la titularidad que detenta de la persecución penal y, como consecuencia, de la facultad de iniciarla o proseguirla, con arreglo a criterios aceptables, vinculados con la utilidad y conveniencia de la persecución en cada caso, en el marco de la política criminal del Estado.

De tal modo, el recurrente no pone en evidencia el grave error cuya subsanación pretende por esta vía y que le atribuye a la resolución apelada por haber valorado como adecuadamente fundada la oposición fiscal a la suspensión del juicio a prueba solicitada, no obstante el informe socio-ambiental favorable al imputado, por haber sido ponderado éste como insuficiente para neutralizar los impedimentos alegados por el fiscal consultado.

Por ello, con la invocación de ese informe, sin demostrar la absurdidad o el grave error de lo resuelto, el recurrente sólo expresa la mera disconformidad de esa parte con lo decidido en la causa, la que carece de idoneidad a los fines de suscitar la apertura de la instancia extraordinaria debido a que, por la vía intentada, la intervención del Máximo Tribunal no se encuentra prevista para superar las meras discrepancias de las partes con lo resuelto por los jueces (Fallos 326:613, 621, 1458).

En las condiciones referidas, el recurso es inadmisible debido a que, por esta vía, la intervención de la Corte Suprema está prevista para garantizar la vigencia y supremacía constitucional (Fallos 326:107) y los argumentos presentados no demuestran su afectación en el caso, como tampoco el cercenamiento alegado al derecho de defensa ni la relación de lo resuelto con las garantías constitucionales denunciadas como vulneradas.

Ello es así dado que esa mera invocación efectuada en el recurso, sin un desarrollo argumental que ponga de relieve su compromiso en el caso, resulta insuficiente a los fines de suscitar la apertura de la instancia extraordinaria; puesto que, de otro modo, la competencia de la Corte Suprema no tendría límite, en tanto, como reiteradamente lo ha señalado dicho tribunal, no hay derecho que no tenga su fuente en la Constitución.

Por las razones dadas, corresponde no conceder el Recurso Extraordinario deducido.