Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-16


Nro. de Sentencia: 002 RAWSON, 16 de Febrero de 2006.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "S. G. S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Sumario (Daños y Perjuicios) (Expte. N° 20.304 S 2005)".

DE LOS QUE RESULTA:

Que por los mismos, a fs. 58/87 vta. S. G. SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.), a través de su apoderado, intenta Demanda sumaria por daños y perjuicios contra la Provincia del Chubut, ante el Juzgado Civil, Comercial, Rural y de Minería N° 3, Secretaría N° 5, de Comodoro Rivadavia.

Refiere la actora que es una empresa fraccionadora de gas licuado de petróleo, radicada desde hace más de treinta años en las Provincias de Chubut y Santa Cruz.

Reclama la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000) o lo que en más o en menos resulte acreditado, más intereses, a fin de obtener la reparación de los daños y perjuicios, endilgando responsabilidad extracontractual al Estado Provincial derivada de su conducta omisiva, por haberla privado dice de participar en un mecanismo de selección, ///por no haberse llamado a licitación pública, sino que se efectuó una contratación directa con otra empresa a los efectos de la provisión de dicho combustible a 102 puestos policiales de esta Provincia alude a un Contrato de Suministro entre ésta con ***. G. S.A. Así, arguye, la demandada la habría privado de acceder por vía de los mecanismos estatuidos al ejercicio pleno de su derecho de trabajar obteniendo un beneficio económico propio de la actividad que desarrolla.

Sostiene que debe responder la accionada por la pérdida de chance monto que calcula, en el punto IX de la demanda sobre el contenido económico del contrato suscripto con ***G. S.A., en un 50% de dichas utilidades, pues considera que se ha frustrado la posibilidad de participar en el proceso licitatorio, cuando estaba en condiciones de igualdad de hacerlo entiende junto a esa empresa.

A partir del capítulo IIIHechos hasta el V inclusive, se refiere al resultado adverso de una Acción de Amparo que promovió antes en razón de que la Provincia del Chubut había adjudicado esta importante obra sin llamar a licitación pública. El fallo dado en esa causa fue objeto de Recurso de Casación, que la Cámara declaró inadmisible, y luego de Queja por ante este Cuerpo, la que se resuelve por S.I. N° 11/SRE/01 que lo rechaza por extemporáneo.

La actora refiere al contrato suscripto por G. y la Provincia del Chubut el 25/2/99 a los efectos del suministro a ésta de gas licuado propano (GLP) a granel, con destino al uso civil, el que habría de ser provisto por aquélla, en las instalaciones donde funcionan los destacamentos y viviendas policiales provinciales, según el detalle de su Anexo II, los que en una primera etapa ascendían a un número de ///102, haciéndose extensivo, gradualmente, a otros no incluidos en esa etapa que no cuenten con ese suministro y cumplan con las condiciones dispuestas en el contrato (agregado a fs. 49/58 del Expte. Adm. N° 816/99GB).

Dice que la primera información la obtuvo por una publicación en el Diario Crónica del 27/02/99; que entonces efectuó consultas, con resultado infructuoso, por lo que remitió una Carta Documento que transcribe a fs. 59 a las autoridades que se encontraban a cargo en esa época: a los Ministros de Gobierno, Trabajo y Justicia y de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de la Provincia Don José Luis LIZURUME e Ing. Ismael RETUERTO, al Gobernador Dr. Carlos MAESTRO y al Diputado Nacional Rafael CAMBARIERI.

En el capítulo IV alude a un Dictamen de la Fiscalía de Estado que pone en tela de juicio lo actuado por los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial "que habían... impulsado la contratación de una obra y la provisión de un servicio cuyo contenido económico superaba con creces... los cinco millones de dólares". La actora deduce del mismo distintos cuestionamientos sobre el momento en que habría intervenido la Fiscalía y con la omisión de la que deriva la demanda, al tiempo que manifiesta que tienen plena vigencia en el ámbito provincial, para la Administración Pública y en particular para la selección de contratantes los arts. 96 y 97 de la Constitución Provincial y normas inferiores vinculadas al procedimiento que debe aplicarse, tal el caso de la Ley Nº 533 y el Dto. Ley Nº 1.911 (conf. lo expuesto, se trata del Dictamen N° 58FE1999, en copia obrante en ese mismo ///Expte. Administrativo y dictado en otro: Expte. Adm. N°692GB99, ambos han sido acompañados a esta causa.).

En el capítulo VI, funda la responsabilidad del Estado Provincial por los actos omisivos en el art. 1.074 del Código Civil, y con citas de MARIENHOFF, aduce que atento que esa norma rige los supuestos de responsabilidad extracontractual del Estado tratándose de las consecuencias de sus hechos o actos de omisión producidos en el ámbito público, por igual motivo es el art. 1.112 del mismo ordenamiento el que rige específicamente en los casos de omisión comprendidos en él, por lo que resulta obvio que la responsabilidad extracontractual del Estado, resultante de su omisión, se rige por el Derecho Público; no obsta a ello que ambas normas figuren en el Derecho Privado, que por analogía rigen en el Derecho Público.

En el capítulo VII se explaya sobre la responsabilidad personal de los funcionarios públicos intervinientes, aunque sólo demanda a la Provincia del Chubut.

En el capítulo X recuerda que efectuó Reclamación Administrativa ante el Estado Provincial en fecha 21/10/02, sin que se produjera actividad, por lo que remitió el 22/04/03 la Carta Documento que adjunta pidiendo pronto despacho, agregada a fs. 10 de autos. Dice que la misma debe tenerse por agotada a los fines de la reclamación judicial que intenta. Finalmente ofrece prueba y realiza petitorio de estilo.

A fs. 164/175 vta. contesta la demanda la Provincia del Chubut, oponiendo al progreso de la acción la Excepción de Incompetencia. ///Sostiene que es este Superior Tribunal de Justicia el que debe entender en esta causa, porque se trata de una acción contenciosoadministrativa. Se funda en el art. 32 inc. 3 de la Ley N° 37; aduce que la actora ha cuestionado la actuación del Estado en el ámbito del Derecho Público Provincial; y que denuncia violación por omisión de cumplimiento, aclara a las leyes N° 533, 1911, y a la Constitución Provincial.

En el capítulo VI planteó Defensa de Falta de Jurisdicción. Dice que aún cuando la demanda se funda en una omisión del Estado que estaría dada por no aplicar el procedimiento de licitación pública para contratar el suministro y que en forma directa se contrató con *** G., hasta tanto esa contratación no sea declarada nula o revocada en sede administrativa o judicial, goza de los atributos de todo acto administrativo: presunción de legitimidad y de irrevocabilidad, y de sus efectos naturales.

Por providencia de fs. 176, se ordena correr traslado de la Excepción de Incompetencia y de la Defensa de Falta de Jurisdicción a la actora, el que se hace efectivo a fs. 177 y vta.

La accionante responde al traslado a fs. 184/192 vta., aduciendo que no es cierto que siempre que el Estado cause un daño por omisión determina que la acción es contenciosoadministrativa, ni competente este Tribunal.Sostiene que el régimen aplicable es el Privado, arts. 1.074 y 1.112 del Código Civil, y que la competencia es del Juez ordinario.

/// También rechaza la actora la Defensa de Falta de Jurisdicción. Advierte que la acción no viene a intentar detener la marcha de un proceso "sin retorno", sino a buscar reparación por una conducta "claramente descripta" en orden a la intervención del Estado provincial: su omisión.

Corrida vista a la Procuración Fiscal respecto de la cuestión de competencia planteada, a fs. 203 solicita que se le remitan las actuaciones del Amparo, de trámite ante el Juzgado Civil Nº 1, Secretaria N° 1, de Comodoro Rivadavia. Se hace efectivo, y a fs. 218/220 vta. dictamina la Funcionaria de Fiscalía, advirtiendo que la cuestión deberá resolverse confrontando los hechos con normas de Derecho Administrativo que regulan la licitación pública y el desempeño del Estado Provincial en relación con los mismos, por lo que entiende, que aún cuando se estimaren aplicables normas del derecho común, la naturaleza de la contienda es contenciosoadministrativa y en consecuencia, la competencia es originaria de este Superior Tribunal de Justicia. Se funda en el art. 32 inc. 3º de la Ley 37, solicitando que se acoja la Excepción de Incompetencia. En cuanto a la Defensa de Falta de Jurisdicción, pide que se rechace, pues estima que resultaría un exceso de rigor formal, rayano en la denegación de justicia, pretender que se reclame la anulación o revocación del contrato administrativo que se celebró hace años y ha producido todos sus efectos; y negarle la jurisdicción por los argumentos de la demandada implicaría colocar a la actora en un "callejón sin salida", imposibilitando el acceso a la justicia.

/// Por Sentencia Interlocutoria de fs. 225/228 vta., el Sr. Juez Subrogante, a cargo del Juzgado, con el mismo fundamento dado por la Fiscalía, resuelve hacer lugar a la Excepción de Incompetencia planteada por la demandada y remitir los autos a este Superior Tribunal de Justicia. Considera que la ausencia de procedimiento licitatorio debe dirimirse por normas de procedimiento administrativo. Sólo resuelve ese punto. Aduce que no tratará "la improponibilidad objetiva de la demanda Falta de Jurisdicción" por ser incompetente.

La actora y la letrada de la demandada apelaron esa Sentencia (fs. 230 y 229, respectivamente). Expresa agravios la actora a fs. 232 y contesta el traslado del memorial la demandada a fs. 238/239.

La actora insiste en la incompetencia de este Cuerpo con los fundamentos antes invocados y citando doctrina y jurisprudencia de este Tribunal. Dice que en orden a su legitimación, en virtud del obrar irregular del Estado que le impidió competir en una licitación, no existe una norma en el ordenamiento jurídico administrativo que le confiera el derecho a reclamar los daños ocasionados. Advierte que no persigue la nulidad como objeto de la acción, por cuanto el acto administrativo "es inexistente", sino la reparación indemnizatoria con base en el Derecho Civil. Aduce que la previsión normativa de la Ley 37 ha quedado "implícitamente derogada", porque el art. 179 de la Constitución Provincial no prevé ninguno de los supuestos contemplados en la norma, y conforme lo prescripto por su art. 21. La accionada, por su parte, reitera similares fundamentos a los dados en el responde.

/// A fs. 246 la Fiscalía, se mantiene en que la competencia es de este Cuerpo, con idénticos fundamentos a los antes dados, y que la falta de jurisdicción debe ser tratada luego de resuelta la primera, por el Juez que resulte competente.

A fs. 249/253 vta. la Excma. Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala "B", resuelve rechazar ambos recursos. El Recurso de Apelación interpuesto por la actora, confirmando la sentencia de primera instancia de fs. 225/228 vta., ordenando la elevación de las actuaciones a este Superior Tribunal de Justicia. Consideró que el caso encuadra en la competencia de éste prevista en el art. 32 inc. 3 de la Ley 37, porque la materia está regida por el Derecho Constitucional y/o Administrativo; que la invocación de normas del Código Civil no significa que necesariamente se trate de Derecho Privado, porque ese ordenamiento contiene innumerables normas de Derecho Público. Expresa que a pesar de la autonomía del Derecho Administrativo, contando con normas y principios, sucede que debe recurrirse a la extensión interpretativa de sus fuentes para resolver casos no previstos en su propio ordenamiento jurídico. Alude a la evolución del régimen de Responsabilidad del Estado, que discurre en un principio de aplicación subsidiaria de las normas del Código Civil, hacia una aplicación analógica de las mismas y concluye en la autonomía científica del Derecho Administrativo. Entiende que a los efectos de dilucidar la competencia, sea en forma subsidiaria o analógica de aplicación de normas ubicadas en el Código Civil, conforma ello Derecho Administrativo, determinando la competencia de este Superior ///Tribunal de Justicia. Tal entonces, la aplicación del art. 1.112 del Código Civil ante el caso administrativo no previsto, al no existir ///normas o principios de Derecho Público aplicables. Cita jurisprudencia de la CSJN y doctrina.

A fs. 256/263 vta. la actora interpone Recurso de Casación contra esta última Sentencia Interlocutoria, el que la misma Cámara, Sala B, declara inadmisible a fs. 278/279, con fundamento en que no se trata de una "sentencia definitiva" la que hizo lugar a la Excepción de Incompetencia. La actora vino en Queja ante este Superior Tribunal, la que tramitó por Expediente N° 20.629R2003 caratulado "Recurso de Queja en autos: S. G. SA c/Provincia del Chubut s/sumario (Expte. N° 14.292/05)" (elevado a fs. 32 del mismo por Secretaría), habiéndose declarado por Sentencia Interlocutoria N° 114/SRE/05 su inadmisibilidad, ordenándose su agregación por cuerda a los presentes.

Recibidos los autos principales, a fs. 286/287 pasan a dictamen del Sr. Procurador General, quien estima que la responsabilidad del Estado por las consecuencias de su "omisión" en el ámbito del Derecho Público se encuentra huérfana de legislación positiva, que por ello se recurre a normas del Código Civil que la regulan, específicamente a la genérica del art. 1.074, a la que se arriba por su art. 16, que expresa la remisión a normas análogas. A más, dice que la responsabilidad extracontractual del Estado se rige siempre por el Derecho Público. Estima que es competente este Superior Tribunal de Justicia para entender en estos autos con cita jurisprudencia de este Cuerpo en razón de que ya se ha resuelto que el conocimiento de la responsabilidad civil derivada de la actuación del Estado Provincial, sus ///representantes y funcionarios en ejercicio del Poder Público y en la esfera del Derecho Público es de naturaleza contenciosoadministrativa, de conformidad con el art. 32 inc. 3 de Ley Nº 37; competencia ésta por razón de la materia, indelegable e improrrogable.

CONSIDERANDO:

Que la doctrina de este Superior Tribunal indica que para discernir la competencia, debe analizarse el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídicoprocesal (S.I. N° 175/90, 79/91, 118/91, 84/95, entre otras), así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa, y la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda. Más allá del derecho que se invoca en el reclamo, el criterio determinante es el del derecho aplicable, habiéndose resuelto que frente a la exposición de los hechos, "el juez debe decidir sobre la competencia con abstracción del régimen normativo alegado" (CNFed. En pleno in re "Boccardo..." LL 1978C5).

Que la Ley Nº 37 en su art. 32 inc. 3º, acuerda competencia originaria a este Cuerpo en aquellos casos en que además de intervenir el Estado Provincial, o alguna entidad autárquica, la materia del juicio está regida por el Derecho Constitucional y/o Administrativo.

Que debe admitirse, que para discernir la competencia en materia de Responsabilidad del Estado, en particular la extracontractual, doctrina y jurisprudencia no han podido establecer reglas rígidas, más aún en situación, como la de autos, en que la relación jurídica debatida está sometida en parte al Derecho Administrativo, y en parte al Derecho Civil.

/// Muchos Códigos en lo ContenciosoAdministrativo, legislación de la que carece esta Provincia, han procurado deslindar las materias y competencias estatuyendo adjetivamente que no son de tal naturaleza los juicios en que se reclame la reparación de daños ocasionados por hechos, cosas o agentes de la Administración Pública, cuando no se produzcan por incumplimiento o en relación a una vinculación especial de Derecho Público contractual o reglamentaria establecida entre la Administración y el reclamante ( v.g. Pcias. De Corrientes, Formosa, Buenos Aires Ver Revista de Derecho Público Proceso Administrativo I 20031).

R. E. L., historia sobre la dificultad subsistente de determinar en estos casos la competencia, siendo la singularidad de la materia litigiosa la que en cada caso ha de conducir a su establecimiento, bajo la égida de estimar si la cuestión está principalmente o preponderantemente regida por el Derecho Público Constitucional o Administrativo, o bien por el Derecho Privado (Revisión Judicial de la Actividad Administrativa Astrea 2005 págs. 106 a 113, 130 a 133).

Señala el autor, que decidir cuándo predominan las normas de Derecho Público sobre las de Derecho Privado no es un tema simple, y por tanto ésta no es pauta suficiente. Y para que un litigio sea de competencia contenciosoadministrativa, es preciso que importe el juzgamiento de una operación administrativa, esto es de un acto, conducta, omisión, imputable a la Administración, en cuanto ejerce actividad administrativa. ///Lo relevante, es la cuestión sustancial y en caso de duda, la competencia será del Juez Ordinario por ser residual (Ob.cit. pág.110/112).

Del análisis de la causa y sus antecedentes, surge que la actora pretende la reparación integral en la proporción que calcula en el capítulo X de la demanda por parte de la Provincia del Chubut, que tiene su origen en la "omisión" que reprocha al Estado Provincial, de haber cumplido con mandas legales, de lo cual deriva el perjuicio que reclama. La causalidad de los daños, es la conducta omisiva de funcionarios del poder público provincial, en el ámbito de la función administrativa, pues no son de otra índole los procedimientos previstos para contratar, vg. la licitación pública en el caso para la provisión del combustible en cuestión a dependencias de aquél. Al no efectuarse la convocatoria, y contratarse directamente con *** G., sostiene se la privó de haber participado, originándole la privación de beneficios económicos que pide le sean resarcidos como "pérdida de Chance". Ello, a raíz del Contrato suscripto entre esa empresa y la Provincia del Chubut el 25/2/99 (agregado a fs. 49/58 del Expte.Adm. N° 816/99GB, que se acompaña.).

A todo evento sin que lo que aquí se expone signifique adelantar opinión sobre el fondo del asunto es claro que los términos de la acción determinan que a fin de resolver respecto de la reparación pretendida por la actora, deberá establecerse primero aún en el marco del art. 1074 del Código Civil si en efecto hubo incumplimiento de la ley que le impone a la Provincia la obligación de cumplir con el hecho omitido, y a tal fin, deben ser analizadas las normas que rigen la actividad del Estado Provincial relacionadas con los procedimientos ///contractuales del caso. Y estas normas no son de Derecho Privado, sino Público.

Entonces, aún cuando el actor planteó la demanda ante la Justicia Ordinaria, habiendo fundado expresamente la responsabilidad civil de la Provincia del Chubut en normas del Código Civil, el caso resulta alcanzado por la competencia originaria de este Cuerpo, "en tanto que deriva de la actuación de funcionarios del Estado Provincial, en el ejercicio de la función públicoadministrativa que le es propia" (SD Nº 72/SCA/04) y cuya solución debe buscarse principalmente, en normas de Derecho Público Provincial.

Coincidente, este Tribunal ha fallado: "la competencia para el conocimiento de la responsabilidad civil derivada de la actuación del Estado Provincial, sus representantes y funcionarios en ejercicio del Poder Público y en la esfera del Derecho Público es de naturaleza contenciosoadministrativa, la que de conformidad con el art. 32 inc. 3 de Ley 37 es de atribución del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Competencia ésta por razón de la materia, indelegable e improrrogable (Capítulo I del Título I del CPCC)" (SI. Nº 30/SCA/01).

A resultas de lo expuesto, debe declararse la competencia del Superior Tribunal de Justicia, confiriendo a la acción el carácter de contenciosoadministrativo.

Siendo así, ha de tratarse la Defensa de Falta de Jurisdicción que también planteó la accionada, pues en diversos precedentes este ///Tribunal ha resuelto, que corresponde dar a esta defensa opuesta un tratamiento previo de excepción, aún cuando el ordenamiento que no es contencioso administrativo por carencia de legislación ritual sino el ordinario del procedimiento civil, no la contemple expresamente. Así, con fundamento en el principio de ahorro procesal, a fin de evitar que se tramite la causa hasta arribar a su conclusión, para decidir a la postre, que no existe jurisdicción, con el consiguiente dispendio que ello implica (Conf. SD Nº 8/SCA/98; SI Nº 101/SCA/01, entre otras).

Que la doctrina de Falta de Jurisdicción indica que debe exigirse "la instancia de parte para resolver sobre la nulidad de actos administrativos presumidos legítimos por concepto, amén de por normación derivada del juego de las disposiciones del procedimiento administrativo provincial de tal suerte que, si la nulidad no ha sido peticionada, cuando ésta constituye el presupuesto mismo de la condena pretendida, la acción no puede admitirse en tanto los tribunales están impedidos para disponerla ex officio. Sus fundamentos están dados por el principio de la división de poderes y la presunción de legitimidad que accede a los actos administrativos (SD Nº 13/90, 10/91, 69/92, 9, 37 y 38/93, 4, 5, 7, 26, 38 y 51/94, 20, 22 y 23/95, 6/SCA/97, 8/SCA/98, 4, 8, 9 y 15/SCA/00, 101/SCA/01, 7/SCA/03 Conf. Fallos 190:142, 205:165, 291:499, 310:1014).

La Provincia finca esta defensa, en que el contrato referido por la actora es un acto administrativo que se presume legítimo, y no ha solicitado la declaración de nulidad del mismo; ergo no se puede habilitar la instancia.

/// Que según intenta la oposición, la accionada no ha aprehendido el sentido mismo de esta doctrina. Si se examinan las Sentencias que la declaran se verá que la misma se aplica ya lo previene la transcripción de fallos antes efectuada en los casos en que se pretende del Tribunal una declaración positiva contraria a la que el acto administrativo contiene directa o indirectamente, declaración que, en caso de estimación del recurso, sustituirá al acto anulado... con la imposición a la Administración de todas las conductas necesarias para que esa declaración sustitutoria despliegue la plenitud de sus efectos prácticos (pretensión de condena) ... De lo cual se sigue ... la necesariedad de pedir la declaración nulidad del acto, si la pretensión alcanza justamente, a las que son consecuencias de esa nulidad (SD Nº 2/SCA/04).

Se ha dicho también, que los actos administrativos se presumen legítimos iuris tantum, lo cual "les permite desplegar todos sus posibles efectos en tanto no se demuestre su invalidez, trasladando consecuentemente al particular, la carga de impugnarlo en la vía administrativa y contencioso administrativa, si quiere obtener su anulación y frenar su eficacia". Cuando el restablecimiento del orden jurídico que la Administración habría vulnerado con el dictado de determinado acto, impide a quien acciona el goce efectivo de sus derechos, desde que ese acto se presume válido, es de su declaración de nulidad y eventual extinción, sustitución o modificación, que depende que desaparezca la lesión, y resucite el objeto de la pretensión. (SD N° 20/95). En SD N° 6/SCA/97, reiterada en SD N°8/SCA/98 y 2/SCA/02, se dice: "la doctrina de la falta de jurisdicción, viene siendo ///irrestrictamente aplicada ante toda acción de condena cuyo presupuesto necesario esté dado por la declaración de nulidad de actos administrativos...".

Que en este sentido, son más que claras las expresiones del voto del Dr. MUÑOZ, integrando la Cámara Nacional Federal ContenciosoAdministrativa, Sala III en autos "Esterlina SA..." fallado el 10 de Marzo de 1998 (LL Supl.Der.Adm. 10/2/99), cuando dice "cuando...la reclamación indemnizatoria es consecuencia de la sentencia judicial que declara la ilegitimidad del acto, la anulación de éste es presupuesto indispensable de aquélla. En tales condiciones, la pretensión resarcitoria es accesoria y está subordinada a la previa anulación del acto". O las del Dr. BOGGIANO integrando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos "B., O...." del 6/7/04 (ED 30/11/04) cuando señala, que la improcedencia de la acción de resarcimiento basada en el obrar ilícito de la Administración, sin haber impugnado los actos respectivos, es una consecuencia lógica de la naturaleza accesoriaen el ámbito administrativo de pretensiones como las indicadas ... "al no mediar declaración de ilegitimidad no puede haber resarcimiento o pago de suma de dinero alguno pues falta la causa de tales obligaciones".

Que no es tal el caso del sublite en que la causa de la que deriva la responsabilidad del Estado Provincial reclamada, no es la nulidad del contrato que trae la actora como prueba de la antijuridicidad que sostienesino la conducta omisiva del cumplimiento de deberes estatuidos para concertar aquel negocio, a la que da paso al art. 1074 CC. La causa de la responsabilidad endilgada el obrar ilícito reposa ///en la conducta omisiva, no en la nulidad del contrato, que claramente dice no le interesa.

Si bien es cierto, que de este modo el Poder Judicial deberá revisar el accionar administrativo para inferir de él la procedencia o no de la pretensión, así lo hará autorizado por la norma citada. De ningún modo incurre en violación ex officio del principio de división de poderes, pues media pedido de la parte que se dice damnificada y no habrá declaración de invalidez de actos dictados por otro Poder; por esta última razón, tampoco se violentará la presunción de legitimidad del acto, que seguirá cumpliendo sus efectos. Tal el límite impuesto por la congruencia al fallo que eventualmente pueda ser dictado.

Que en consecuencia, la Falta de Jurisdicción opuesta no puede prosperar, y corresponde imponer las costas de este Incidente a la vencida (art. 68 y 69 CPCC).

Que de conformidad con el art. 47 del Dto. Ley N° 2.200 (T.O. Dto. N° 138/99) procede regular los honorarios de lo profesionales intervinientes por ese incidente: al Dr E. J. C. en el 12% de lo que le correspondiera en el principal a los letrados de su parte (arts. 33 y 47 del Dto. Ley Nº 2.200, T.O. Dto.138/99), con más el I.V.A. si correspondiere, en tanto no cabe regulación a favor de los representantes procesales de la Provincia del Chubut ( art. 20 Ley N° 5117).

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia:

/// R E S U E L V E :

1°) DECLARAR LA COMPETENCIA material del Superior Tribunal de Justicia, de conformidad con el art. 32 inc. 3 de Ley Nº 37 para entender en estos autos.

2°) DESESTIMAR la DEFENSA DE FALTA DE JURISDICCIÓN planteada por la Provincia del Chubut, con costas (art. 68 y 69 CPCC).

3°) REGULAR los honorarios del Dr. E. J. C. en el 12% de lo que le correspondiera en el principal a los letrados de su parte (arts. 33 y 47 del Dto. Ley Nº 2.200, T.O. Dto.138/99), con más el I.V.A. si correspondiere.

4º) REGÍSTRESE, por Secretaría comuníquese al Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería Nº 3, Secretaría Nº 5 de la Ciudad de Comodoro Rivadavia.

Fdo. Dres. CANEO, PASUTTI y ROYER.

Recibida y registrada por Secretaría el 20/02/06 bajo el Nº 2.