Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-18


SALTA, 18 de marzo de 2.013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "CABRAL, Manuel Eduardo vs. COSMAN, Miguel Elías y/o demás ocupantes - Desalojo", Expediente Nº 14.490/11 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación del Distrito Judicial del Sur, METÁN, Expediente CAM 388.929/12 de Sala Primera, y, CONSIDERANDO:

I. A fs. 125/128 se presenta el Dr. Alexis Morales, en representación de la parte actora, a interponer recurso de Inconstitucionalidad previsto en el art. 297 del C.P.C. y C. y arts. 14 y 16 ley federal Nº 48, en contra del decisorio de la Cámara de Apelaciones Sala I de fs. 117/118, solicitando se declare formal y materialmente admisible el mismo, a fin de que se revoque el fallo precitado y todos sus precedentes, con costas.

El Dr. Alexis Morales expresa que resulta procedente la interposición del recurso en virtud de que la sentencia dictada en segunda instancia por la Cámara de Apelaciones ha modificado la sentencia de primera instancia incurriendo en arbitrariedad sorpresiva y se ha puesto en cuestión la validez de una sentencia arbitraria.

Cita jurisprudencia y agrega que el caso de autos constituye "cuestión federal suficiente", cuyo concepto pretoriano obliga al más alto tribunal a intervenir y resolver esta vía recursiva, atento a que ningún tribunal del país puede eludir la resolución de este tipo de cuestiones, tratándose de una "cuestión federal compleja directa"; funda la tacha de inconstitucionalidad por arbitrariedad en antecedentes de casos similares en los que, las otras Salas de la Cámara de Apelaciones y la misma Sala sentenciante ha llegado a una solución distinta, conforme fallos que cita. Relata los antecedentes del juicio y considera que el presente recurso resulta admisible en los términos del art. 153 de la Constitución Provincial y art. 297 del C.P.C.y C. siendo interpuesta en ésta instancia la cuestión federal por ser la misma sorpresiva en virtud de lo establecido en el art. 14 inc. 1 de la Ley 48 por sentencia arbitraria, y que atento a la naturaleza y origen constitucional del recurso interpuesto, el más alto Tribunal provincial debe intervenir y resolver la cuestión planteada sin que ninguna norma de carácter procesal de inferior jerarquía pueda impedir o limitar su alcance.

Afirma que en autos se configura el caso de sentencia arbitraria sorpresiva, de origen pretoriano sin ninguna norma que lo regule. Cita jurisprudencia y agrega que en virtud de ello es que se interpone la presente tacha de inconstitucionalidad en contra de la sentencia de primera instancia y que fuera confirmada por la Cámara de Apelaciones.

Cuestiona la Sentencia aduciendo que invoca la aplicación del art. 24 de la ley 14.159, pero que su contenido es contrario a lo prescripto por dicha norma, encontrándose en juego la interpretación de dicha norma, el art. 699 del C.P.C.C., y el art. 2.653 del Código Civil.

Entiende que el sentenciante se aparta de ellas y las contradice. Afirma que la Corte de Justicia señala, como pauta general, que si media un evidente apartamiento de los hechos o se le da un tratamiento no adecuado, el fallo es arbitrario. Pide costas.

A fs. 129 pasan los autos a Despacho, providencia firme y consentida.

II. Es criterio reiterado de la Corte de Justicia local, que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad es de carácter excepcional y por ende de interpretación restrictiva por lo que su objeto, lejos de importar la apertura de una tercera instancia revisora de las sentencias pronunciadas por los tribunales de apelación, se ciñe exclusiva y excluyentemente al control de constitucionalidad de los actos jurisdiccionales; y que su admisión como su procedencia conllevan la necesidad de verificar el cumplimiento de los requisitos procedimentales y de fondo (CJSalta, Tomo 25: 1.505, Tomo 43, 1ª parte: 475 Tomo 44:1.219, 155:307), entre los que se encuentra la introducción temporánea y adecuada de la cuestión constitucional, lo que implica no sólo plantearla en la primera oportunidad que brinda el curso del procedimiento y mantenerla en todas las instancias posteriores, sino además, explicitarla, exponiendo clara y concretamente los temas de orden constitucional que se someten a decisión, especificando la forma como resultan conculcadas las garantías invocadas y acreditando la vinculación directa entre ellas y el pronunciamiento recurrido (CJSalta, Fallos Tomo 43, 1ª parte, fs. 467/472, Tomo 44, fs. 545, Tomo 47, fs. 237/246).

En el caso, si bien el recurso sub-examen ha sido deducido en tiempo propio, esto es, dentro del plazo de cinco días previsto por el art. 298 del Código Procesal Civil y Comercial, se verifica que el hoy recurrente no introdujo la cuestión constitucional en oportunidad de contestar los agravios del apelante (fs. 100/101 vta.) que, por otra parte, esgrimió argumentos de orden constitucional por lo que no es posible considerar que el supuesto constituya un caso de arbitrariedad sorpresiva.

Por lo demás no se advierte que exista en autos la cuestión constitucional esgrimida con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, indispensable para habilitar la vía excepcional intentada. Conforme se ha señalado, no puede pretenderse la utilización de la doctrina de la arbitrariedad para reexaminar cuestiones no federales cuya resolución es de exclusiva competencia de los jueces de la causa, si es que no se demuestra un notorio apartamiento de las leyes aplicables o una total ausencia de fundamentación (CJSalta, Fallos, 1988, Tomo 39, fs. 1.133).

Es que, lo referido al modo en que los jueces de la causa valoran las constancias de hecho y prueba, o las divergencias respecto de las normas comunes que rigen el caso, no son cuestiones susceptibles de revisión en esta instancia excepcional (CSJN, Fallos 253.345, 269:250), porque la tacha de arbitrariedad no cubre las discrepancias en cuanto al criterio como fueron decididos los extremos de hecho, prueba y derecho no federal, cuya solución es opinable (CSJN.ED. 71-520), ni alcanza a las resoluciones que no prescinden, sino que aprecian los hechos de la causa y aplican el régimen legal vigente con el alcance que, a juicio del Tribunal, corresponde (CApel.CC. Salta, Sala III, Tomo 1994, fs. 160/161).

Los agravios del quejoso sólo trasuntan meras divergencias con el resultado de la sentencia e implican una pretensión de revisión, a modo de tercera instancia, extraña a la competencia que habilita estas vía extraordinaria.

Basta analizar el escrito de deducción del recurso para advertir que, a través del mismo, aquéllos reeditan e intentan discutir los mismos temas de hecho, prueba y de derecho común, que han sido objeto de controversia y decisión en las instancias ordinarias. Ello se advierte de un simple cotejo de las presentaciones.

En efecto, las imputaciones (cf. Fs. 127 vta/128) se relacionan con la valoración de la prueba, en particular constancias de los expedientes 19591/93 y 11203/09 y la aplicación del art. 24 de la ley 14159 y del art. 699 del Código Procesal Civil y Comercial, que fueron planteados a debate en instancia apelativa y resueltas por este Tribunal con argumentos fundados en tales constancias y sobre la base de normas también de derecho común.

Sobre el tema se ha expresado que "la supuesta cuestión constitucional carece de entidad suficiente, toda vez que el material de agravios es una repetición de los argumentos con que se interpuso el anterior recurso.

Reeditarlos esta vez, como fundamento del recurso extraordinario, implica convertir al mismo en una tercera instancia de revisión, desnaturalizándose su finalidad" (CJSalta, T. 42, fs. 1555/1560). La mera reedición de los argumentos vertidos en las instancias anteriores sobre cuestiones ya resultas con suficiente fundamentación de derecho, traduce la intención de acceder a una instancia superior con el solo propósito de lograr una distinta interpretación de cuestiones ajenas al recurso extraordinario, lo que desnaturalizaría su función específica (CJSalta, Año 2004, T. 95, fs. 45/46). Es principio básico en la teoría de los recursos el que sostiene que los fundamentos del juzgador deben ser rebatidos por el apelante a través de una crítica concreta y razonada, como consecuencia de lo cual no basta a ese efecto la reiteración de manifestaciones anteriores atendidas a su turno por el sentenciante, máxime si esas objeciones se vinculan con aspectos irrevisables en la instancia extraordinaria (CJSalta, Año 2004, T. 95, fs. 191/202).

La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en una tercera instancia ordinaria que sustituya a los jueces de la causa en la decisión de las cuestiones que le son propias; requiere para su procedencia que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución prevista en la ley o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación (CJSalta, Año 2004, Tomo 95, fs. 427/436), lo cual, no acontece en el caso.

En efecto, la sentencia cuya descalificación se pretende, se apoya en el examen de elementos probatorios aportados en punto a dilucidar la realidad de la controversia y el sentido jurídico de los hechos acreditados. En forma liminar (en los considerandos) se analizó el vínculo jurídico que unía da las partes, se efectuó el encuadre jurídico del mismo, y se evaluaron sus efectos. Todo, con fundamento en la ley sustancial, en mérito de lo cual, previo examen y ponderación de la prueba aportada, todo expuesto in extenso con cita de jurisprudencia, se llegó a la conclusión arribada.

Por otra parte se han expuesto las razones que avalan la conclusión, por lo que, en el marco de las atribuciones que la Cámara tiene para analizar la procedencia de un recurso de inconstitucionalidad, no se logra determinar que el actual planteo del recurrente configure, otra cosa que su disconformidad con la interpretación y ponderación que, de los hechos y de la prueba, hiciera este Tribunal, y en cuya virtud se arribara a un resultado diferente del pretendido; tampoco se advierte en ello defecto o exceso capaz de vulnerar garantías de índole constitucional. Más allá que se discrepe con el resultado, no puede sostenerse que el fallo carezca de fundamentos, ni que contenga errores, desaciertos u omisiones de gravedad que lo descalifiquen como acto jurisdiccional válido.

De todos modos, cabe hacer notar que la jurisprudencia tiene resuelto que no es obligación del juez hacerse cargo de la totalidad de las alegaciones formuladas o de las prueba producidas, pudiendo desechar aquellas que considere innecesarias o inconducentes en relación al objeto del proceso (CSJN, Fallos 250:36, 302-253; E.D. 99-54; 18-780; L.L. 112-492, 1975-B-365; 1978-B-663, 34.593-S; CApel.C.C. Salta, Sala III, Año 1991, fs. 535; id. Año 1993, fs. 212; id Año 1995, fs. 465, entre otros); y que la prescindencia, por parte del tribunal de segunda instancia, de determinadas pruebas, no basta por sí misma para invalidar la sentencia, si ésta ha hecho mérito de otros elementos de prueba arrimados regularmente al proceso, y con suficiente transcendencia como para sustentar su decisión (CJSalta, Año 2005, Tomo 96, fs. 273/280).

Quedan así sin sustento los agravios expuestos por el quejoso quien no ha logrado demostrar de qué manera y en qué medida habrían resultado conculcadas garantías constitucionales que -y resulta imprescindible ponerlo de manifiesto- ni siquiera menciona la parte, y de cuya violación no existe en autos evidencia alguna, pues las partes han tenido la oportunidad de formular sus planteos, y de hecho lo hicieron, y el Tribunal ha dado respuestas a cada uno de ellos.

Las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, descartan la techa de arbitrariedad y dejan sin basamento la invocada existencia de cuestión constitucional y de vulneración a las garantías del debido proceso, de igualdad, de defensa en juicio, y de propiedad, lo que inviabiliza el recurso sub-examen.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL.

I. DECLARA LA INADMISIBILIDAD del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 125/128.

II. MANDAR se copie, regístrese, notifíquese y oportunamente BAJE al Juzgado de origen.