Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.117 CAUSA N° 50.938/2010 SALA IV "MACHUCA VICTOR ALEJANDRO C/ BARZANI SALOMON S/ DESPIDO" JUZGADO N°72 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 29 DE FEBRERO DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

I-Contra la sentencia de primera instancia de fs.99/100 se alza la demandada a tenor del memorial recursivo de fs. 105/106. Asimismo, a fs. 101 la parte actora apela los honorarios regulados por considerarlos elevados y la letrada de la demandada recurre los suyos por reducidos.

II-Se agravia la demandada porque la Juez de grado desestimó su petición de pluspetición inexcusable. Cuestiona que se analice con criterio restrictivo pues aduce que el actor se "aventuró" en una pretensión económica al exigir una suma abultada; considera que el abogado "obró con torpeza al patrocinar al actor en su aventura económica, al no poder probar dicha pretensión". Y se remite a la contestación de demanda.

Desde ya adelanto que, a mi juicio, corresponde confirmar lo decidido por la Magistrado de grado en cuanto considera que la sanción pretendida debe ser examinada con criterio restrictivo y la rechaza porque concluye que ".no luce prueba alguna en el litigio que evidencie que el litigante obró con conciencia de la sin razón de su pedido.".

Cabe recordar que el art. 20 de la ley de contrato de trabajo, en los casos en que pueda observarse una conducta temeraria o maliciosa por parte del actor y su letrado, prevé una sanción específica para tales supuestos: que las costas sean soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante.

Ahora bien, tal como lo he sostenido en un artículo referido a las sanciones procesales (Pinto Varela, Silvia en "Conductas temerarias o maliciosas en el proceso laboral", RDL Procedimiento Laboral III, Ed. Rubinzal Culzoni, pag 392) claro es que no cualquier reclamo desestimado puede encuadrar en la conducta prevista en la norma, que apunta a sancionar los casos en que se reclama en juicio un derecho sin fundamento en norma alguna, o con grave error en la interpretación de ella o invocando hechos o situaciones inexistentes con clara conciencia de su falsedad. Como ha sostenido Centeno, la pluspetición debe provenir del "dolo" del profesional quien, a sabiendas, reclama más de lo debido o lo indebido (Centeno en Ley de Contrato de Trabajo Comentada, T. I pag. 238).

Por ello, comparto el criterio que sostiene que estas sanciones deben ser examinadas de modo restrictivo, sin que baste para aplicarlas con que se aleguen hechos no probados; derechos que en definitiva no resultaron acogidos. En efecto, las sanciones procesales deben juzgarse con criterio penal: es preciso que se pruebe positivamente que la parte imputada no pudo ignorar la sinrazón de su pedido (en este sentido CNAT Sala III en autos "García, Christian c/ Guardia Real SA" del 09/11/2005) para evitar que se vea afectado el ejercicio del derecho constitucional de defensa en juicio (art. 18 CN).

En las presentes actuaciones, no observo acreditados los presupuestos antes mencionados, razón por la cual he de sugerir la confirmación de lo decidido en la anterior etapa.

III-La parte actora apela los honorarios regulados en la causa por considerarlos elevados y la letrada de la demandada recurre los suyos por bajos.

Para examinar los planteos al respecto he de tener en consideración las labores cumplidas y las pautas arancelarias vigentes (art. 38 LO, ley 21839 y 24432) y el criterio, que comparto, que establece que no siempre puede identificarse "valor del litigio" con el monto reclamado, porque en ciertos casos la identificación resulta desajustada a la realidad en función de las características del proceso laboral y la adecuada proporción con los trabajos cumplidos (CNAT, Sala I en autos "Downey, Fernando c/ Asociación Centro Bíblico de la Iglesia de Cristo" del 20/02/1997). Desde tal perspectiva, en mi criterio las regulaciones dispuestas en la anterior etapa resultan adecuadas, por lo que propicio su confirmación. Asimismo, he de fijar los emolumentos por las labores de los profesionales que representan a la parte actora y demandada en esta etapa, en el 25% de lo que les corresponde por sus trabajos en primera instancia.

En definitiva, de compartirse mi voto, corresponderá: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios 2) Costas y honorarios conforme lo establecido en el considerando III.

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto precedente.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios 2) Costas y honorarios conforme lo establecido en el considerando III.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. GRACIELA ELENA MARINO SILVIA E. PINTO VARELA	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria