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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, sentencia suficientemente fundada, accidente in itinere, accidentes de trabajo, relación de causalidad, prueba, empleador, responsabilidad indirecta
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Ramírez, Leopoldina y otros c/ Loren S.A. y O. s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad- Accidente   En itinere (Expte. C.S.J. Nro. 572 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-29

Corresponde rechazar la queja desde que la postura argumental del recurrente -en el sentido de pretender recrear una mecánica del accidente que le quite andamiaje a la causal de exoneración de responsabilidad a la empleadora en el accidente in itinere- revela tan sólo su disconformidad con la ponderación de las pruebas rendidas en la causa, más sin lograr demostrar que la Sala, en tal tarea, haya acometido con las reglas de la lógica o que haya propiciado una hermenéutica de la norma laboral en juego que exceda los límites de razonabilidad tolerados. Por el contrario, en el caso es claro que la Cámara juzga que el traslado del operario en un medio desprovisto de seguridad (bicicleta sin luces ante condiciones de oscuridad y neblina), desligaba de toda responsabilidad a la patronal por entender acreditada la culpa grave, imputable al trabajador, conclusión que se instala derechamente en una postura opinable, discutible, mas no arbitraria desde el test constitucional propuesto por el quejoso. Consecuencia de lo expuesto es que al no conmover la construcción jurídica del Tribunal respecto a la causal de exoneración de responsabilidad de la patronal, no se alcanza a acreditar como hubiese variado la resolución final de la causa en el hipotético caso de adoptarse la tesis del accionante acerca de la hora que habría consignado en la demanda como inicio del trayecto del operario. Pues, la sentencia recurrida, receptando otros agravios de la demandada, concluyó en la configuración en el caso del eximente legalmente consagrado de "culpa grave del trabajador".-
Robo calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Molina, Marcelo Miguel s/ Robo calificado Penczarski, Alejandro y otros s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27|1992-11-17

El art. 38 del dec. ley 6582/58, ratificado por ley 14.467 en función del art. 166 inc. 2º del Código Penal, ha creado un privilegio indebido en favor de intereses pecuniarios, violando así la escala de valores reconocida en la Constitución nacional en la cual la persona humana constituye el valor supremo. La norma en análisis afecta un derecho fundamental de la persona por lo que la garantía de igualdad debe ser interpretada con especial estrictez.

Ella importa el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. El art. 38 del dec. ley 6582/58 prevé una sanción penal que parte de una mínima que no sólo excede notoriamente la correspondiente a igual delito cometido respecto de los demás bienes muebles (art. 166, CP.) sino que llega a ser más grave que la pena mínima establecida para el homicidio simple (art.

79, C.P.). Olvida así que el bien jurídico tutelado vida humana constituye la condición necesaria para el goce de todos los otros derechos constitucionales. Los arts. 28 y 33 de la Constitución nacional consagran el derecho a ser sancionado con una pena cuya severidad sea proporcional a la gravedad del delito cometido y al bien jurídico tutelado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, acción civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: V., N. B. c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de Seguros de la Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-02-06

Es válida la sentencia que por aplicación del art. 1113, 2do. Párrafo del Código Civil admitió la demanda laboral incoada por un trabajador que se lesionó al caer desde una escalera mientras realizaba tareas de archivo, pues el sentenciante tuvo por probado el riesgo de la cosa, en cuanto razonó que por tratarse de una escalera vieja y el tipo de suelo, la primera se movió, y no obsta a tal conclusión, el hecho de que el dependiente no haya hecho mención al tipo de piso, pues ello se tuvo por probado de acuerdo a la prueba testimonial rendida.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, sentencia, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: HILANDERIAS OLMOS S.A. s/ RECURSO ORDINARIO DE APELACION- TERCERA INSTANCIA    JUICIOS EN QUE LA NACION ES PARTE.    REGULACION DE HONORARIOS DE VEEDORES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17

Los derechos reconocidos por una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada quedan incorporados al patrimonio de los interesados y protegidos por el art. 17 de la Constitución Nacional, de modo que no pueden ser privados de ellos sin que se viole el mencionado precepto constitucional.
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico, fraude laboral, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, defensa en juicio
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: VABI LEAD SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 18-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-20

Tanto la nulidad como la anulabilidad de un acto jurídico, requieren un pronunciamiento del Juez, un ius dicere, si cualquiera de las partes del negocio, o terceros interesados pretenden prevalerse de él. En consecuencia, no puede este Tribunal pronunciarse sobre la nulidad del contrato de sociedad celebrado en fraude laboral (artículo 14 Ley de Contrato de Trabajo), si ello no fue planteado en el fuero específico impidiéndose así oir al co contratante, lo que importaría violar la garantía de su defensa.
Violación, tentativa, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: BATTISTA, J. s/ VIOLACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-20

Existe prueba suficiente para tener por acreditado el delito de tentativa de violación: los dichos de un testigo y el policía interviniente en la detención del procesado, quienes refieren haber encontrado al procesado y su víctima con sus prendas inferiores bajas, forcejeando; lo expresado por la víctima la afirmar la intención de penetración sexual que evidenció su agresor, hecho ocurrido luego de concretar actos que podrían ser constitutivos de un mero abuso deshonesto, a lo que se añaden los sollozos y gritos de la damnificada en demanda de auxilio.
Malversación de caudales públicos, depósito judicial
Materia: PENAL
Carátula: P. O., H.A. - M., O.R. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1975-10-09

El delito de malversación, con la criticada equiparación que efectúa el art. 263 del Código Penal, no otorga al depositario judicial carácter de funcionario público, pero tiene sí por objeto acordar mayor protección a ciertos fondos privados por la situación de éstos.

Presupone un acto de constitución emanado de autoridad competente y de acuerdo a las condiciones formales, realizado con el consentimiento del depositario, creándose de tal manera una situación especial de custodia para los bienes embargados que se viola cuando ese vínculo se quiebra, poniendo los bienes fuera del alcance o de la protección en que por ley han sido puestos.
Trabajadores rurales, despido
Materia: LABORAL
Carátula: MARQUEZ, Domingo Ramón y Otros c/ PINDAPOY S.A. s/ Cobro de Pesos (Sueldo Imp., vac., Indem. ant.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-02

Debe rechazarse la pretensión de los actores que sin motivo alguno dejaran de trabajar, esgrimiendo como causal el hecho de la falta de pago de los haberes del mes anterior, por ser el cuarto día hábil siguiente a la finalización del período que se paga y menos aún si se demostró que contrataron para otro empleador, sin saber que la presunta mora en el pago se iba a producir.
Juicio ejecutivo, pagaré a la vista, intereses moratorios, tasa activa
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  VELOX  S.A c/ NUÑEZ HILDA BEATRIZ s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2005-10-17

En los casos en los que, como en el presente, se ejecuten pagarés a la vista sin protesto ( art. 50 Decreto Ley 5965/63) estimamos equitativo acudir a la tasa legal. Destacamos que en materia cambiaria la tasa de intereses moratorios está fijada por ley especial (artículo 52 inc. 2 L.C.A.), que faculta al portador a exigir del demandado por una acción de regreso los:

"...intereses a partir del vencimiento de la letra de cambio, al tipo fijado en el título, y si no hubiesen sido estipulados, al tipo corriente en el Banco de la Nación Argentina a la fecha del pago".- Por su parte el art. 565 in fine, del Código de Comercio aclara: "Siempre que en la ley o en la convención se habla de intereses de plaza o interés corriente, se entiende los que cobra el Banco Nacional (Banco de la Nación Argentina).

Por ello refiriéndose el art. 52 inc. 2 L.C.A., a los intereses del tipo corriente, corresponde aplicar la tasa activa, modificándose de tal modo los fijados por la Sra. Juez A-quo. (Conf. Sent. Nº 130/03 esta Sala).- Dicha tasa que corresponde a operaciones a 30 días a calcular en forma lineal, resulta bastante elevada, y marca el límite máximo de interés que corresponde aplicar por todo concepto.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, ejecución hipotecaria, mutuo, juicio ordinario posterior
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: BANCO DE SANTA FE S.A. c/ TANZI S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- EJECUCION HIPOTECARIA (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 413 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-17

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad desde que sólo demuestra el disenso de la impugnante con la aplicación del derecho común y con la valoración que de los hechos y pruebas efectuaron los jueces de la causa en ejercicio de funciones privativas, al concluir que "el crédito discutido existió, que el dinero se acreditó en cuenta, habiéndose entregado los respectivos comprobante s de depósito, recibo y carta de adeudo".

Al respecto, sostuvo el Tribunal que la escritura de hipoteca detalla el contrato de mutuo y sus condiciones, evidenciándose así el cumplimiento del principio de especialidad en cuanto al crédito, resultando todos los elementos de la obligación garantizada (artículo 3131 y cc. C.C.).

Por lo demás y, en relación a los cuestionamientos en cuanto a que el mutuo no existió y que nunca se le entregó el capital, expresó que dichos planteos refieren a la falsedad de la causa y a una maniobra simulatoria, razón por la que deben resolverse en el marco de una discusión causal, pues exceden lo formal del título y entran en el terreno de la falsedad ideológica, improcedente en este juicio.
Declaración testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Amelong, Juan Daniel y otros s/ Recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-05

La declaración del testigo que ha consultado escritos resulta válida y no nulifica la sentencia condenatoria, puesto que es facultad del testigo consultar notas y memoriales, estando justificado cuando se tratan de vivencias ocurridas hace treinta años y el propio digesto procesal autoriza la lectura de las declaraciones testificales cuando fuere necesario ayudar a su memoria -art. 391 inc. 2º del Código Procesal Penal de la Nación-, siendo tal situación diferente al impedimento establecido para las partes de leer los memoriales durante la sustanciación de los alegatos -art. 393 1º párrafo del citado código-, supuesto que se rige por diferente norma procesal.
Querellante, condiciones personales, domicilio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LANATTA, Jorge Ernesto. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-16

La exigencia de los datos personales del querellante se debe a que es preciso que esté individualizado para el querellado, quien de ese modo puede examinar si, en efecto, se trata del supuesto agraviado por el delito, o si carece de acción, por lo que al haber especificado el domicilio constituido en el escrito promotor, y el real en el poder especial presentado en tal oportunidad, debe considerarse cumplida tal exigencia.

Lo contrario resulta un excesivo rigorismo formal.

Por ello, y dado que el art. 418, inc. 1°, del C.P.P.N. exige el nombre, apellido y domicilio del querellante, sin que se especifique si es el real o el constituido, sumado a que el art.

83, inc. 1° del mismo cuerpo, establece la necesidad de consignar ambos, debe confirmarse el rechazo de la inadmisibilidad de la querella.
Culpa concurrente, peatones
Materia: CIVIL
Carátula: P., H. R. y Otro c/ Garcia, Juan Carlos y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-15

Corresponde concluir que en el caso ambas partes incurrieron en una conducta culposa, pues el conductor del automotor no tuvo el debido cuidado, atención y dominio que le correspondía por estar manejando una cosa riesgosa, y el menor embestido cruzó de manera imprudente, saliendo por delante de un vehículo e incumpliendo la obligación que tiene el peatón de preservarse de los peligros del tránsito, actuando con conciencia de la propia fragilidad.
Proceso penal, acción civil, demandado civil
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SPIVAK, HUGO ADRIAN s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1969-05-13

Si el C.P.P. exige a la parte civil presente, alegar sobre sus pretensiones cuando, terminada la recepción de pruebas, el presidente le concede la palabra, el tribunal debe resolver en la sentencia acerca de la restitución, reparación o indemnización demandada y a las costas, pero la restitución, reparación o indemnización demandada, no es otra que la concretada en la oportunidad señalada por la ley procesal.

Si la parte civil no ha demandado condenación resarcitoria en contra de la demandante civil, cuando las peticiones, en esto, deben ser expresas y claramente formuladas, si hizo mérito al peticionar considerando que el hecho atribuído al demandado civil estaba acreditado y pidió se indemnice a su representada, está refiriéndose al procesado presente en el juicio y no a los ausentes,por lo que debe concluírse que el pronunciamiento de la Cámara no adolece de omisión, en orden a la parte demandada y que el accionado civil está individualizado.-
Honorarios, regulación de honorarios, costas, IVA
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE INTERCAMBIO REGIONAL  SA c/ COMCOMEX  SA s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Es procedente admitir, que el Impuesto al Valor Agregado integre las costas del juicio, adicionándose a los honorarios regulados, de lo contrario se desnaturalizaría la aplicación del referido tributo, en tanto la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el fundamento del impuesto.
Medidas cautelares, embargo preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: BALMACEDA, PABLO Y OTROS c/ VILLA MAHUETA  S.A. s/ EMBARGO PREVENTIVO - DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

No puede perjudicarse el libre accionar del demandado ni trabarse su desenvolvimiento económico si de su actividad (fundamento del embargo preventivo) no se desprende una incidencia inmediata sobre el crédito que se reclama, con graves presunciones al respecto. Para que proceda la medida cautelar, deberá tratarse de una serie de actos positivos de negociación u ocultamiento de la disminución de la responsabilidad patrimonial, que configure la posibilidad de tornar ilusoria la obtención del crédito.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, diligencias preliminares, prueba anticipada
Materia: PROCESAL
Carátula: ELBAUM, SERGIO GUSTAVO Y OTRO c/ DE CARLO, ESTEBAN s/ PRUEBA ANTICIPADA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-18

Las medidas preparatorias y la prueba anticipada no causan, en sí, instancia alguna y, por ende no pueden ser alcanzadas por la caducidad de ella. Si bien es cierto que la ley de reformas ha establecido una caducidad especial en el último párrafo del art.

323, ella rige para los incs. 1 al 8, mas no para los incisos subsiguientes ni para el caso del art. 326.
Competencia, exposición de los hechos
Materia: PROCESAL
Carátula: Laboratorios Phoenix S.A.I.C.F. c/ Ministerio de Salud y Acción Social s/ Juicio de Con. en Gral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-20

Conf. la jurisprudencia de la C.S.J.N. y lo dispuesto por el art.

4 del C.P.C.C.N., para determinar la competencia es dable atender de modo principal, a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y luego, y sólo en la medida en que adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión (Fallos 279:95;

281:97; 286:45; 301:631, entre muchos otros).
Embargo, secretario judicial, facultades del juez
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Banco Santander Rio c/ Tallarico Marina Ligia s/ ejecutivo s/ recurso de queja de Tallarico Marina Ligia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-29

La decisión de redireccionar la traba de un embargo preventivo ya ordenado sobre los haberes de la demandada frente a la denuncia de un nuevo empleador, excede las facultades otorgadas al Secretario por el ordenamiento adjetivo. Así es que la providencia citada escapa a la regla de inapelabilidad. Es que el ordenamiento adjetivo pone a disposición de la parte para lograr que se modifique o revoque un proveído del secretario, un requerimiento al efecto ante el magistrado (CPR 38 ter). Empero en la especie, el Actuario extralimitó las funciones que le autoriza el CPR 38-4° arrogándose facultades propias del juez de la causa.
Inmunidad de jurisdicción, Estados extranjeros
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañia Arenera del Río Luján  SA c/ De Castro, Francisco y otros s/ Indemnización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

Un Estado extranjero no puede ser compelido a aceptar la jurisdicción de los tribunales de otro Estado soberano, sin perjuicio del derecho que le asiste para intervenir, por acto espontáneo, como actor o acusador, ante aquellos tribunales.
Recurso de apelación (procesal), plazos procesales, excarcelación, feria judicial, cómputo del plazo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "SUAREZ MASON, Carlos s/ recurso de queja.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-17

Para el computo del plazo para interponer recurso de apelación contra una decisión sobre excarcelación no deben tomarse en cuenta los días correspondientes a las ferias judiciales, salvo habilitación expresa y notificada.
Transporte de carga por agua, descarga, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías
Materia: NAVEGACION
Carátula: COLUMBIA  S.A.  DE SEGUROS c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. WIND I s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

La actora, en su carácter de importadora, no podía ignorar el valor del producto en plaza a la fecha del arribo; en su escrito de demanda persigue la "...reparación plena e integral, o sea que los demandados deberán reponer las cosas al estado anterior o al que deberían haberse puesto, y en su defecto deberán reparar en su patrimonio el total del perjuicio sufrido, siendo la manera más adecuada para hacerlo mediante el pago de la cantidad de dinero que sea necesaria para adquirir en la plaza de Buenos Aires, al momento de la descarga del medio transportador, una cantidad igual a la de la mercadería faltante y de las mismas características...". Ello así, se advierte que la actora no obró inspirada aquí por la intención de ponerle un límite a su derecho, por cuanto su estimación no sólo se hallaba supeditada a la prueba a producirse, sino porque señalaba que el valor del faltante no era menor a la cifra expresada, con lo que queda evidente que podía ser mayor.

Además, una limitación de ese tipo, en cuanto importa renuncia de un derecho, debe ser interpretada restrictivamente.
Deberes del juez, verdad jurídica objetiva, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferraretto, Nilda Ana s/ Levantamiento de Embargo sin Tercería
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-05

El Magistrado tiene el deber de dirigir el procedimiento, pero ello va indisolublemente unido al descubrimiento de la verdad objetiva, que implica la necesidad de posibilitar a los litigantes, el debido ejercicio del derecho de defensa.
Control de legitimidad, cesantía, prueba, presunción de inocencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gómez Carlos Ariel  c/ Municipalidad de Guaymallén - Mendoza  s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-02-13

A fin de que el Tribunal pueda efectuar el debido control de legitimidad sobre la sanción, resulta fundamental contar con todos los elementos en los que se basó la Administración para considerar acreditada la falta endilgada. Si no se cuenta con prueba determinante para aplicar la sanción de cesantía, existiendo duda razonable acerca de cómo sucedieron los hechos endilgados, corresponde que la demandada efectúe una interpretación que se muestre acorde con el principio de inocencia.
Cuestión abstracta, Organismo Nacional de Administración de Bienes, Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios
Materia: PROCESAL
Carátula: E.N.A.B.I.E.F. c/ Río  Negro,  Provincia  de  y otro s/ demanda ordinaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

Si la Corte dispuso las medidas para que el nuevo ente -Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONAB)- se expidiera sobre la cuestión propuesta por su antecesor -Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIEF)- y el resultado fue negativo ya que aquél guardó silencio, resulta inoficioso el tratamiento de la oposición deducida por el último al carecer el planteo de objeto actual y corresponde homologar el acuerdo.
Sentencia, acuerdo y voto individual
Materia: PENAL
Carátula: Azzaro, Marcelo José Norberto y ots. s/ Robos calificados, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Cumple la exigencia del voto individual el fallo en que los votantes en segundo y tercer lugar se pronunciaron en el mismo sentido en que lo hiciera el de primer término, con lo cual los tres magistrados han dado sus votos de la manera prevista en el art. 168 de la Constitución provincial, siendo irrelevante que la votación de los primeros haya sido descripta conjuntamente.
Proceso penal, Ministerio Público Fiscal, fiscales
Materia: PENAL
Carátula: Mostaccio, Julio Gabriel s/ homicidio culposo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-17

Es la coexistencia del principio de oficialidad con el sistema acusatorio la que impide introducir una connotación dispositiva de la acción penal -principio acusatorio material-, pues ello implicaría desconocer que el ius puniendi no pertenece al Ministerio Público Fiscal sino al propio Estado del que también son expresión los jueces (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Adolfo Roberto Vázquez).