marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Facultades de la autoridad de prevención, automotores, detención, flagrancia, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PETRACONA, Miguel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-20

Las fuerzas de seguridad se encuentran habilitadas -en el marco de su función de prevención (art. 3, dec. ley 333/58, ratificado por ley 14.467)- para detener un vehículo a los fines de identificar a su conductor y constatar la documentación del transporte y en el caso en que, una vez detenido aquél, se advierta la presencia de un arma de fuego, se origina la situación de flagrancia en la cual el personal preventor actúa de acuerdo a lo dispuesto por el art. 284, inc. 4° del C.P.P.N. y art. 5°, inc. 1° del dec. ley 333/58, modificado por la ley 23.950).

Por lo expuesto, debe confirmarse la resolución que rechaza la nulidad de la detención del imputado.
Despido, reincorporación
Materia: LABORAL
Carátula: Valdez Alejandra Romina Delia c/ Faurecia Argentina SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-02

Si bien en un despido no es posible reclamar al mismo tiempo la reincorporación y el pago de la indemnización (obviamente, no puede condenarse en el proceso de conocimiento a ambas cosas), no se puede descartar la proponibilidad de una demanda principal (la acción de nulidad del despido que da fundamento a la medida cautelar en tratamiento) y una demanda subsidiaria (la demanda por las indemizaciones). (En el caso, ha mediado depósito de sumas, sin imputación expresa de la causa del pago).
Competencia, perpetuatio jurisdictionis, ejecución previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: SARDI, NELIDA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-20

Para declararse incompetentes, los tribunales nacionales han de ajustarse a las oportunidades procesales previstas en los arts.

4, 10 y 352 del C.P.C.C. (cfr. C.S.J.N., Garugatti, Pedro Oscar c/ I.N.P.S.). No obsta a esa conclusión la sanción de la ley 24.463, que estableció reformas al procedimiento previsional y diseñó un nuevo marco competencial, toda vez que la ley citada no introdujo modificación alguna a las oportunidades procesales para declarar la incompetencia -con excepción de lo dispuesto en el art. 24 de dicho cuerpo legal-; máxime cuando el juez interviniente realizó actos procesales que implican una aceptación de la competencia, cobrando así plena vigencia el principio de radicación (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 24.10.95, Nayin, Ofelia c/ A.N.Se.S.)
Despido indirecto, falta de pago
Materia: LABORAL
Carátula: TEJERINA, Cayetano y otro c/ CAUSARANO, Guillermo s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-10-31

En caso de despido indirecto, la demostración de que existían circunstancias que hacían imposible la continuidad de la vinculación, corre a cargo del trabajador y debe merituarse con estrictez, en vista de que es el propio trabajador el que cierra su fuente de ingreso y cercena la vocación de continuidad del contrato.

El pago oportuno y completo es la primera obligación patronal, pero el derecho a dar por rescindido el contrato está sometido a formas que tienen por objeto exteriorizar la injuria y dar a la patronal la oportunidad de evitar el alejamiento del trabajador.
Abandono de personas, omisión de prestar auxilio
Materia: PENAL
Carátula: NAYA ALBORNOZ NELIDA GUILLERMINA Y OTROS. s/ ABANDONO DE PERSONA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1977-10-31

Para que concurra el ilícito, de abandono de persona es indiferente que el riesgo o peligro que afecta a la persona pueda ser otro que el de su vida y derivar de la propia culpa de ella (por su ebriedad por ej.). aun admitiendo las razones que invocan los inculpados para no detenerse a auxiliar a la víctima, nada les impedía cumplir con el otro acto: dar aviso a la autoridad. Ante ello, (al no dar aviso a la autoridad), los prevenidos soslayaron esa expresa imposición de un alto deber de "asistencia mutua", que apuntala la figura del art. 108 C.P.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, opción del trabajador, responsabilidad del empleador, subcontratación laboral
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Ortiz, Eusebio c/ Personal S.R.L. y otro s/ Indemnización daño contractual art. 16 ley 24.028 (Expte. Nro.84-99,   Resolución Nro.007, tomo 1, folio 23-29)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-22

Es procedente el reclamo del actor tanto respecto de su empleadora como de la subempleadora -art. 30 L.C.T.- sustentado en el derecho común contractual en ejercicio de la opción prevista por el art. 16 de la ley 24.028 y que persigue se lo indemnice por el daño -hernia de disco lumbar- producido por el accidente de trabajo mientras cumplía tareas a las órdenes de la empleadora y en el establecimiento de la subempleadora.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, revocación del acto administrativo, trabajador autónomo, cómputo de servicios
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Mirkin, Julio s/ reconocimiento de servicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-25

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que revocó la resolución administrativa que había denegado el reconocimento de servicios solicitado en virtud de que el causante no se había afiliado al régimen de trabajadores autónomos, pues no corresponde reconocer servicios a quien no pasó a integrar el sistema de previsión durante su vida, ya que la exigencia de la afiliación formal ha sido impuesta por distintas disposiciones de la ley 18.038 (arts. 6°, 8°, 16, 23, 31 y 42, entre otros), sin que se advierta que en el caso corresponda dispensarla, habida cuenta de que responde a una finalidad probatoria de la efectiva prestación de los servicios.
Caducidad de instancia, días inhábiles, feria judicial, impulso de parte
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA.  ARG.  DE  SEG.  (CASH)  SA s/ INC. DE REVISION POR CALCON CONSTRUCCIONES SRL Y OTRO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-04

Resultando una cuestión opinable la inclusión de los días declarados "feriados" por la CSJN -en el caso, el 24 y el 31 de diciembre del 2001- dentro de la expresión "ferias judiciales" prevista en el  C.P.C.C. art. 311, y dado el criterio restrictivo que se justifica para la apreciación de la caducidad de la instancia cuando quedan dudas acerca de la verificación del plazo pertinente, corresponde incluir dichos feriados en el concepto previsto por el C.P.C.C. art. 311, ampliando en dos días el plazo de caducidad y considerar que el escrito de búsqueda presentado el día que finalizó ese plazo, interrumpió el plazo de la perención.
Recurso de casación, legitimación procesal
Materia: PENAL
Carátula: RUIZ MARTINEZ BENJAMIN RODOLFO s.d.USURPACIÓN DE PROPIEDAD e.p. FORMA HARVEST S.A. s/ CASACIÓN CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-22

La legitimación procesal para recurrir, por parte del denunciante, constituye otro de los presupuestos insoslayables previstos por la legislación para encauzar todo reclamo agraviativo por la presente vía. Ello se da, cuando concurren en la calidad y actitud del impugnante "la personería, el interés, el plazo y la forma", de manera tal que la carencia de cualquiera de estos atributos o circunstancias torna "ilegal e improcedente" la gestión recursiva, debiendo el tribunal de alzada, negar la concesión del recurso, debido al carácter de Orden Publico del mismo que nace de la ley.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, apreciación de la prueba, Derecho laboral, contrato de trabajo, derechos del empleador, modificación del contrato de trabajo, actividades laborales
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Gorosito, Stella Maris c/ Jockey Club de Rosario s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Cobro de  pesos (Expte.: C.S.J. Nro. 137 Año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-20

No pueden prosperar los argumentos de la recurrente que bajo la tacha de invocación de prueba inexistente y de prescindencia de prueba decisiva le endilga al voto mayoritario -en esencia- no valorar adecuadamente los distintos elementos de prueba incorporados en la causa y efectuar determinadas afirmaciones sin el debido respaldo en las constancias de autos, más sin lograr traspasar el límite de una mera disconformidad interpretativa, lo que no depara caso constitucional que habilite la instancia extraordinaria ante la Corte. En efecto, la mayoría de los miembros del Tribunal analizó las circunstancias fácticas, a la luz de los distintos elementos de prueba aportados, a efectos de rechazar la demanda instaurada -por los salarios no alcanzados por la prescripción- considerando que la suspensión de la toma de apuestas sobre el Hipódromo de La Plata que se produjera a partir de mayo de 1997 por razones ajenas a la voluntad de la accionada, y que originara la prestación de las tareas del trabajador en los días respectivos, por ser definitiva, constituía una modificación de una de las condiciones del contrato que vinculaba a las partes. Por ello, pues, en el caso, el cumplimiento sin reclamo alguno durante el período de tiempo transcurrido desde la suspensión de las reuniones hasta más de dos años después -cuando la relación se extinguiera por el fallecimiento del trabajador- había constituido una aceptación tácita de la modificación.
Relación de dependencia, prestación de servicios, personal de casas particulares, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Aceval Monzón Severa c/ Juan Mierez, otro y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por antigüedad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-09-27

Es procedente el recurso de apelación de la parte demandada, alegando que la relación laboral con la actora queda subsumida en el decreto 326/56 y no en la Ley de Contrato de Trabajo (20744). Ello así, ya que quedando sin sustento fáctico las alegadas funciones de encargada de campo, y teniendo en cuenta que la actora refiere asimismo al cumplimiento de las tareas de la casa y que surge incontrovertida la existencia de relación laboral conforme a la propia confesión de la demandada, emerge como conclusión que las tareas desarrolladas por la actora fueron las adscriptas en el Decreto 326/56, regulador de la actividad del servicio doméstico, no descartándose sistemáticamente que pudiera haber realizado las de encargada más no con carácter de prevalentes por lo que conforme al criterio de remuneraciones de acuerdo a la actividad principal desarrollada, debe retribuírsele según las escalas salariales del Decreto aludido.
Sistema acusatorio, prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ch., S.N. s/ P.S.A. de homicidio en grado de tentativa a M. G. - Rawson
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-07

En el nuevo ordenamiento adjetivo, netamente acusatorio, los jueces no pueden realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal a cargo exclusivo del Ministerio Público Fiscal (artículo 18); deben ser plenamente imparciales y ceñirse al caso tal como los plantearon las partes para emitir una resolución. Al resultar insuficiente la prueba colectada en la causa para sustentar la acusación -en una tarea que destaco por su minuciosidad y empeño en el análisis y valoración de esos elementos-, por imperio del artículo 18 del nuevo C.P.P., el magistrado estaba obligado a resolver la cuestión ceñido al caso, tal como lo planteó el titular de la acción penal.
Acción de amparo, acto administrativo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ACCION  DE  AMPARO PRESENTADA POR INES FERNANDEZ Y BERNARDO ABRUTZKY APODERADOS DE  LA  COOPERATIVA  INTEGRADA  DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA DE VILLA CARLOS PAZ s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-11-27

Si la acción de amparo está destinada, según uno de los supuestos contenidos en el art. 1ro. Ley 4915 (modif. Ley 5770), a proteger a los ciudadanos, individualmente o en grupo, contra ciertas decisiones que pueden tomar una mayoría de ciudadanos (Congreso Nacional, Legislatura Provincial o Concejo Deliberante Municipal), aún cuando esa mayoría actúe siguiendo lo que para ella es el interés general o común, para que funcione (según un primer examen que debe hacer la autoridad jurisdiccional) es necesario que sin lugar a dudas se afecte un derecho o garantía constitucional que se tenía.

Ello no acontece en el caso, en razón que no puede objetarse una decisión legislativa municipal, aduciendo simplemente porque va más lejos que leyes anteriores (en sentido general), ni tampoco fundamentarlo en que no debe cambiarse jamás de manera de pensar, máxime cuando -como en el caso- se manejan argumentos que tratan de justificar una decisión política que favorece o protege alguna meta colectiva o de la comunidad toda y es evidente la competencia del Poder Legislativo para obrar con arreglo a estos argumentos y adoptar programas que vengan generados por tales razones.

Si se analiza la norma atacada por la acción de amparo (más precisamente en el caso que nos ocupa si es la Municipalidad de Villa Carlos Paz o la amparista quien debe recaudar el importe correspondiente a la contribución por el rubro "Obras") necesariamente se concluye que el órgano legislativo municipal, resolvió cambiar la manera o forma de llevar a cabo obras que afectan a la ciudad, decisión ésta tomada mediante una operación destinada a producir una expresión exacta de los diferentes intereses en juego que se tuvieron en cuenta (votación).-
Acción de amparo, contratos administrativos, caducidad del acto administrativo, pacto comisorio expreso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alberti, Gabriela c/ Gobierno de la Ciudad de Bs. As. s/ Empleo Público s/ Empleo Público
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-21

A los efectos de extinguir un acto administrativo por caducidad en razón de que el administrado no ha cumplido con las obligaciones que el acto le impone, no cabe duda de que siempre el Estado debe poner en mora al particular y conceder un nuevo plazo a éste, excepto que el vínculo específico expresamente previera lo contrario. Si en el contrato que unía a las partes se acordó que sería aplicable lo previsto en el artículo 1203 del Código Civil, ello implica que no se requiere intimación previa a efectos de instar el cumplimiento como recaudo previo a la caducidad.

Las partes pactaron que la resolución por incumplimiento debía ser precedida de una constitución en mora y la notificación fehaciente de la voluntad resolutoria. Es claro que, a los efectos de declarar la caducidad del acto, la administración no estaba obligada a otorgar el plazo de gracia de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Procedimientos Administrativos o en el artículo 1204 del Código Civil, atento la expresa aplicación del artículo 1203 del Código Civil.
Jubilaciones, gravamen actual, agravio concreto, recurso de inconstitucionalidad, docentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Puente Dafne Elina c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad concedi-do" y su acumulado, expte. 8411/11: "GCBA s/  queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Puente Dafne c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)". s/recurso de inconstitucionalidad concedi-do" y su acumulado, expte. 8411/11: "GCBA s/  queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Puente Dafne c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)".
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-21

No se han aportado fundamentos que conduzcan a este Tribunal apartarse del criterio que propiciara en el precedente "Zdanevicius", donde se sostuvo que si bien la calificación de 'jubilable' que puede realizarse con relación a una persona que posee la edad para optar por el beneficio jubilatorio y la antigüedad requerida no parece ser, por sí sola, merecedora de reproche constitucional alguno, sí lo son los efectos jurídicos que el GCBA pretende desprender de ella, sin brindar mayor respaldo que la remisión mecánica y con carácter general al texto del Estatuto Docente, al menos en este caso concreto.
Responsabilidad médica, responsabilidad de la obra social, obligaciones concurrentes
Materia: CIVIL
Carátula: Capdevilla, Hugo Ramón y otros c/ Portugalli, José Luis y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

En la responsabilidad por hechos ilícitos, la solidaridad que consagra el artículo 1081 del Código Civil involucra únicamente a los autores, consejeros o cómplices en los delitos o cuasi - delitos. En la prestación que incumbía a la Obra Social se trata de un mismo acreedor e idéntico objeto, aunque diversidad de causa, ya que para el culpable de la deficiente atención médica la causa es el hecho ilícito, y para la obra social lo es la obligación de garantía que genera su responsabilidad, de ahí que, se trata de una obligación concurrente, mal llamada "in solidum".
Acción contencioso administrativa, acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, Gerardo Antonio c/ Estado Provincial (Provincia de Catamarca) s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-02-28

A los fines de la interposición del recurso contencioso administrativo resulta necesario que exista el acto administrativo con la calificación especial de que cause estado, es decir una resolución denegatoria, irreversible administrativamente, que vulnera derechos administrativos o intereses legítimos y cuya recurribilidad deba hacerse en un breve plazo, pues de lo contrario, sucederá como en el caso de autos, que si bien existe una resolución administrativa definitiva, la misma se encuentra consentida, firme, por falta precisamente de la correspondiente impugnación, lo cual imposibilita que se habilite la instancia judicial. En consecuencia, el consentimiento del acto, expresa conocimiento de la decisión al mismo tiempo que aceptación, constituyéndose en un obstáculo insalvable que nos impide revisar la legitimidad del proceder de la Administración. Del voto del Dr. Cáceres.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sociedad Coop. de Crédito Ltda. Mariano Moreno c/ Leotta, Omar S. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-30

Supera el marco legal que condiciona la procedencia de la excepción de inhabilidad de título la fundamentación que va más allá de la validez "formal" del título, como acontece cuando el excepcionante apunta a la ilicitud del objeto de la obligación, a irregularidades delictuosas en el manejo de la sociedad actora en la inexistencia de causa de la obligación.
Honorarios, intereses, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: D. P. E.  c/ M. R. A.  s/ ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-07-04

Cabe señalar que existe torpeza en el planteo del ejecutante al practicar una planilla de liquidación sin indicar expresamente durante qué lapso de tiempo computó intereses. Por otro lado se advierte que ni juzgadora ni apelante prestaron lectura a la presentación que oportunamente realizó el ejecutante en la que indicó que, como titular del crédito en ejecución se daba por satisfecho con percibir, en concepto de intereses, el monto indicado por el ejecutado. A partir de ello, si el accionante no rechaza el pago, se impone dar por extinguido el proceso; es que si ante el ofrecimiento de pago que se efectúa, aquél lo acepta expresamente, no habrá cuestión alguna, y se habrá terminado el litigio, el que sólo podrá continuar a los efectos de fijar el importe de las costas, y regular honorarios. Por ello, procede el dictado de resolución declarando extinguido el presente por cumplimiento de la obligación por los montos reclamados al ejecutado (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Situación del imputado, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: B.P., M. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-29

Aunque exista atribución, indicación o señalamiento, y tal direccionamiento subjetivo provea un "imputado", no es constante que el atribuido, indicado o señalado, "el imputado", deba ser llamado o deba comparecer ante el Juez para defenderse en esa calidad.
Impuestos, IVA, cesión de créditos, perfeccionamiento del hecho imponible, sujeto pasivo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "BANCO COLUMBIA SA (TF 22697-I) c/ DGI". s/ incumplim. de prest. de obrasoc. / med. prepaga.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

A las cesiones de créditos en particular, las normas del IVA las califican dentro del concepto genérico de prestaciones financieras, y su base imponible es la diferencia entre el "valor final" del crédito cedido y el precio pagado por la cesión (el importe del descuento). El sujeto pasivo del impuesto (o sea, quien generará el débito fiscal) es el cesionario, pefeccionándose el hecho imponible en el momento de concretarse la cesión.
Indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ, Eduardo Alberto c/ SAUCEDO, Juan Domingo y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-03

La privación de uso del automotor da derecho a reclamar lo necesario por la utilización de otros medios de transporte, durante el lapso indemnizable, de cuyo monto se debe deducir el ahorro de combustible, estacionamiento, etc. durante ese período.-
Sentencia arbitraria, costas, depósito en garantía, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Flores, Aurelio s/ concurso civil s/ incidente de ejecución de honorarios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-07

Corresponde dejar sin efecto la sentencia de la cámara que, al estimar el monto de la garantía de los gastos y costas del juicio (art. 226 de la Ley de Concursos) de conformidad con lo dispuesto en una resolución anterior de la Corte, incurrió en un avance sobre la decisión que ha de adoptar oportunamente la Corte al regular los honorarios, efectuando una valoración que si no resultara ajustada al criterio que en definitiva sostenga la Corte, redundaría en grave perjuicio para el profesional, desprotegiendo su crédito.
Responsabilidad extracontractual, daño material, daño moral, legitimación activa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lima, Maira Joana y otros c/ Agon, Alfredo; Sastre, María Patricia y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-05

Las diferentes reglas probatorias en los supuestos de daños materiales o inmateriales en los casos de responsabilidad extracontractual, que a su vez obedecen a las características diversas de los bienes en cada caso tutelados, constituyen una justificación objetiva y razonable del tratamiento diferenciado que brinda el Código Civil a la legitimación activa en cada supuesto. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Establecimientos penitenciarios, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Dessy, Gustavo Gastón s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

Ningún habitante de la Nación puede ser privado de su dignidad humana, aunque su conducta haya sido reprobada y se encuentre cumpliendo una pena privativa de la libertad (Voto de los Dres.

Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Antonio Boggiano).