Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-24


SENTENCIA NÚMERO: CATORCE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil trece, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, reunida en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte N° 148/12, caratulados: "Recurso de Casación interpuesto p/ Dr. René Fernando Contreras en Expte. N° 240/11 - Olivera, Mario Alfredo - s.a. Lesiones Culposas Agravadas - Capital", se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1°) ¿Es nula la resolución por errónea aplicación de la ley sustantiva? 2°) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso es presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra una resolución judicial equiparable a sentencia definitiva en tanto la cuestión no es susceptible de ser revisada eficazmente en oportunidad posterior; por lo que es formalmente admisible De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 12, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli, y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A lá Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I., En lo que aquí concierne, por Auto N° 202/12, dictado el 19/10/2012, el Juzgado Correccional de Primera Nominación resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa del imputado Olivera, a quien se le atribuye la supuesta comisión del delito de lesiones culposas agravadas por la conducción de un vehículo automotor.

II. Contra dicha resolución, el defensor del imputado, el Dr. Fernando Contreras del Pino, con una técnica bastante deficiente, interpone este recurso de casación denunciando inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, conforme al inc. 1° del art. 454 del CPP.

Como único agravio, dice que el tribunal a quo fundamentó el rechazo de la solicitud de probation teniendo en cuenta el cómputo de la pena y el concurso real que se le endilga a su defendido, sin atender a la circunstancia de que su asistido no registra antecedentes computables.

Manifiesta que la oposición a la suspensión del juicio a prueba por parte del Ministerio Público implica un adelantamiento de criterio de la sentencia.

Sostiene que el a quo puede aplicar la probation cuando el imputado se somete voluntariamente a la inhabilitación, según lo estableció la jurisprudencia y doctrina imperantes en la materia.

III. Antes de disponerme a efectuar el análisis de la cuestión planteada, estimo necesario, una vez más, poner de resalto la deficiencia en la presentación del recurso de la defensa, quien no se hace cargo de fundamentar de manera clara y precisa los motivos que invoca e incurre en errores conceptuales.

Pero a pesar de ello, y tal como lo sostuve en innumerables ocasiones, los defectos en el escrito recursivo no deben significar un obstáculo para que esta Corte de Justicia controle la decisión que el imputado estima contraria a sus derechos.

Considera el recurrente que el obstáculo señalado en el art. 76 bis del C.P.-erróneamente citado como art. 84- referido a la no concesión de la suspensión del juicio a prueba, cuando el delito atribuido tiene prevista pena de inhabilitación, debe ser entendido como un obstáculo a la procedencia de la suspensión del juicio, sólo en los casos en que se entienda debidamente acreditada la responsabilidad y participación del imputado en el hecho requerido. Pero ocurre que, justamente tal acreditación no sería posible, en el caso de que se suspenda la audiencia de debate y el posterior dictado de una sentencia que resuelva el fondo de asunto. De tal manera, el recurrente se equivoca en el planteo referido a la oportunidad procesal para determinar el grado de responsabilidad del imputado en el hecho, cuyo juicio pretende suspender.

Sostiene también el recurrente que la oposición a la concesión expuesta por el representante del Ministerio Público, que determinó la suerte de lo decidido, debe ser entendida como un adelantamiento del criterio de la sentencia.

Haciendo un esfuerzo interpretativo a favor del imputado, considero que lo que en el punto quiere exponer es que, la postura vertida por el representante del Ministerio Público, constituye un adelantamiento de la postura acusadora que en definitiva asumiría en el plenario.

Considero que tal reclamo no es atendible, toda vez que, consultados los registros del acta labrada en la audiencia respectiva, observo que el Fiscal de la causa fundó su rechazo al pedido en la ausencia de uno de los requisitos legales para la procedencia de la suspensión del juicio, tal la pena de inhabilitación, y que ello resultaba suficiente para fundar su postura negativa.

Es que la resolución que se impugna descansa en el impedimento previsto en el párrafo 8° del art. 76 del Código Penal para la suspensión del juicio: la pena de inhabilitación, amenazada para el delito de cuyo juzgamiento se trata (art. 94 segundo párrafo del Código Penal), con lo cual resultan adecuadas a derecho las razones que para así decidir expresó el Juez Correccional de Primera Nominación, con fundamento en el dictamen desfavorable del Fiscal de Cámara, sustentado -en lo que aquí interesa- en una interpretación legal posible de las normas aplicables y resulta insuficiente para neutralizar el impedimento alegado por el fiscal, la referencia que hace el recurrente respecto de que el imputado carece de antecedentes penales.

Y atento a que el recurrente refiere al fallo "Acosta" de la Corte Federal, y "Kosuta" de la Cámara de Casación Penal, aunque sin relacionarlo con lo que presenta como motivo de agravio, considero oportuno reiterar lo sostenido sobre el punto por este Tribunal, al decir que la interpretación que se propugna es "...compatible con la del fallo dictado en el caso "Gregorchuk" (G.663.	I del 3/12/02 (Fallos 325.-3229), en el que la Corte federal destacó lo siguiente: "La imposibilidad de acceder al beneficio de la suspensión del proceso a prueba para aquellos delitos cuya pena prevea la de inhabilitación (art. 76 bis in fine del Código Penal) surge de manera inequívoca de la intención del legislador. En efecto, el miembro informante del dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, diputado Antonio M Hernández, señaló que "en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto" lo que importa continuar el juicio hasta una sentencia definitiva que pruebe adecuadamente la conducta del imputado y que permita adoptar las sanciones que correspondan según el caso (ver Antecedentes Parlamentarios, La Ley, 1995) ", doctrina que, según este Tribunal, se encuentra plenamente vigente y debe ser aplicada en el caso, como criterio rector actual y último del Máximo tribunal sobre la materia.

Y esa doctrina no ha sido modificada por fallo posterior del Máximo Tribunal y, por ello, en la resolución impugnada esta Corte rechazó la pretensión del recurrente fundada en la interpretación según la cual, en el fallo "Norverto", con la remisión que hace a lo resuelto en la causa "Acosta "(Fallos: 331:858), la Corte federal había cambiado su postura sobre la cuestión y considerado procedente la suspensión del juicio en los procesos por delitos reprimidos con pena de inhabilitación. Dijimos entonces que, dado que en el referido fallo "Acosta" la Corte sólo había modificado la interpretación del plenario "Kosuta" con relación a la pena privativa de la libertad, sin referirse a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, su doctrina no guarda relación con el agravio que se invocaba sobre dicha cuestión. Es que, como surge del considerando 7°, en dicho fallo la Corte federal sólo había declarado como irrazonable la interpretación que del art. 76 bis del Código Penal había hecho el a quo, dando preeminencia a los dos primeros párrafos, dejaba inoperante la disposición contenida en el 4° párrafo del mismo artículo. Por ello, de lo resuelto en "Norverto" con remisión a "Acosta" no cabe sino inferir que también en "Norverto" juzgó la Corte que se había verificado la exégesis irrazonable de las normas mencionadas -referidas a la pena de prisión- que antes había constatado FIN HOJA 4 en "Acosta" y, por ello, como en ésta causa, admitió la queja deducida en "Norverto" y, como consecuencia, dejó sin efecto la resolución recurrida y ordenó que se dictara un nuevo pronunciamiento, sin que en los reseñados términos de dicha resolución encuentre quicio adecuado la interpretación que propone el recurrente, en tanto esa decisión del Máximo Tribunal no equivale a decir que haya considerado procedente la suspensión del juicio si el delito está reprimido con pena de inhabilitación".

Así, brevitatis causae, y manteniendo igual postura, corresponde me remita a los fundamentos allí expuestos, desde que conforman la doctrina legal de este Superior Tribunal (S. N° 4/09; S. N° 17/09; S. N° 07/10; S. N° 20/10, S. N° 43/11 "Finazzi"; S. N° 44/11 "Londero"; S 02/12 "Delgado" entre muchos otros.

Por las razones invocadas, considero que no corresponde hacer lugar al recurso contra la decisión de no admitir la suspensión del juicio a prueba, por lo que, a esta primera cuestión planteada, la respuesta es negativa.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro preopinante, Dr. Cáceres, por las razones que él desarrolla. Por consiguiente, adhiero a su voto y doy el mío en idéntico sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro Dr. Cáceres da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Por el modo en que quedaron resueltas las cuestiones anteriores, soy de la opinión que corresponde dictar la siguiente resolución: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fojas 1/3 vta., por el Dr. René Fernando Contreras en representación del imputado Mario Alfredo Olivera. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con FIN HOJA 5 costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estoy de acuerdo con la solución propuesta por el Señor Ministro preopinante. Por ello, adhiero a su voto, y me expido en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo acertada la solución postulada por el señor Ministro Dr. Cáceres. Por ende, voto de igual manera.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1°) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fojas 1/3 vta., por el Dr. René Fernando Contreras en representación del imputado Mario Alfredo Olivera.

2°) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto, 3°) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4°) Téngase presente la reserva del caso federal.

5°) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.