Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-21


SENT Nro. 921 San Miguel de Tucumán, 21 de Noviembre de 2003.- Y VISTO: los autos caratulados: "López, Oscar Antonio José s/ Petición declaración de oficio de inconstitucionalidad del proyecto de ley modificatorio de la Ley provincial Nº 6686 (art. 88 CPC), presentación acción declarativa de inconstitucionalidad del citado proyecto (art. 89 CPA) y/o nulidad del mismo"; y C O N S I D E R A N D O:

I.- A fs. 8/21 de autos, el letrado Oscar López peticiona a esta Excma. Corte Suprema de Justicia, a tenor del artículo 88 del CPC, la declaración de oficio de inconstitucionalidad o, en su defecto, en los términos del artículo 89 de igual digesto, promueve acción declarativa de inconstitucionalidad y/o nulidad, del proyecto de ley modificatorio de la Ley provincial Nº 6686, expediente 77-PL-03, por las razones que da cuenta dicha presentación.

A fs. 40/58 extiende tal pretensión, en similares términos, a los proyectos de ley vinculados a la modificación de los artículos 34, 35, 73 y 74 de la Ley Nº 6203 y sus modificatorias (Código Procesal Penal), y modificación de los artículos 1, 17, 24, 25, 26, 27, 51 y 52 de la Ley Nº 6238 y sus modificatorias (Ley Orgánica del Poder Judicial); facultamiento al Poder Ejecutivo a disponer el traslado y afectación del personal técnico para la realización de tareas específicas sin acuerdo del interesado, derogándose el último párrafo del artículo 3º de la Ley Nº 7155; facultamiento al Poder Ejecutivo a intervenir a las Comunas Rurales sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Nº 6429; y modificación de la Ley Nº 5529, Orgánica de Municipalidades (cfr. fs. 40/41).

Más tarde, en presentación de fecha 14-11-2003 (cfr. fs. 75/77), manifiesta que los mencionados proyectos de ley fueron promulgados por el Poder Ejecutivo y publicados en el Boletín Oficial, consignando las fechas en que estos actos tuvieron lugar.

II.- Venidos estos actuados a conocimiento y resolución del tribunal por providencia del 18-11-2003 (cfr. fs. 78), esta Corte advierte preliminarmente que las pretensiones de inconstitucionalidad de marras, deducidas por el letrado Oscar López, resultan inadmisibles toda vez que, aún situándose por vía de hipótesis en el supuesto más favorable para el accionante, vale decir, que se hiciera lugar a la declaración de inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, tal declaración devendría estéril y carente de eficacia a su respecto, lo que excluye de plano toda posibilidad de ejercicio jurisdiccional útil en cuanto al trámite y resolución (de oficio o acción declarativa de inconstitucionalidad mediante) promovido por el referido letrado.

Ello así, en mérito a que la pretensa declaración de inconstitucionalidad carecería de todo efecto con relación a letrado-actor, al no encontrarse el mismo, a estar a las constancias de autos, en una situación jurídica subjetiva tal que pudiera verse perjudicada o, en su caso, beneficiada por el eventual resultado favorable de la acción incoada, si se tiene en cuenta que, en el marco del sistema de control de constitucionalidad consagrado en el tercer párrafo del artículo 22 de la de la Constitución de la provincia y disposiciones concordantes del Capítulo II del Título III del CPC (Ley 6994), la declaración de inconstitucionalidad impetrada a este Tribunal sólo tendría efectos específicos para esta causa y siempre que se hubiere acreditado que la falta de certidumbre acerca de la relación jurídica invocada pudiere producir un perjuicio o lesión al actor.

Si en cambio, como se señala en distintas presentaciones del letrado demandante, se pretendiese la aplicación del último párrafo del artículo 90 del CPC, se advierte que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes reclamadas en autos tendría efectos erga omnes, y por tanto, estaría aprehendida en el supuesto de declaración de inconstitucionalidad con efectos generales de derogación de las normas impugnadas, previsto en el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución provincial. Ahora bien, según lo dispone el inciso 1° del artículo 134 del mismo texto constitucional, es atribución del Tribunal Constitucional, la de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, con el alcance previsto en el citado artículo 22 última parte. Dicha atribución hasta tanto se instaure el Tribunal Constitucional, según lo dispuesto por el artículo 141 de la Constitución local no le ha sido asignada a esta Corte y la vía del mencionado inciso 1 del artículo 134 quedó en suspenso. Consecuentemente le está vedado a e ste Tribunal conocer y decidir acerca de los planteos de inconstitucionalidad con el alcance previsto en las disposiciones del artículo 22, última parte y 134, inciso 1° de la Constitución de la provincia.

Por las razones expuestas, la demanda promovida por el letrado Oscar López resulta claramente inadmisible.

Por ello, se R E S U E L V E :

DECLARAR INADMISIBLE la petición de inconstitucionalidad formulada por el letrado Oscar López en los autos de referencia por los fundamentos y en los términos considerados.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR (con su voto) RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO (en disidencia) ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA Voto del doctor Antonio Gandur:

Adhiero a lo expresado en el voto de la mayoría de este Tribunal, a lo que me permito agregar las siguientes consideraciones.

Para el ejercicio de la jurisdicción se requiere la presencia de un "caso", "causa" o "controversia", por lo cual, su inexistencia torna imposible la intervención de la justicia, resultando sin sustento y, por ende, arbitrario, una sentencia en tales condiciones. Es pacífica y reiterada doctrina judicial que no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos (Fallos: 2:253; 24:248; 94:444; 94:51; 130:157; 243:177; 256: 103; 263:397 y muchos otros).

La Corte Suprema de la Nación desde sus inicios (confr. Fallos: 1:27 y 292), negó que estuviese en la órbita del Poder Judicial de la Nación la facultad de expedirse en forma general sobre la constitucionalidad de las normas emitidas por los poderes legislativo y ejecutivo (Fallos: 12:372; 95:51 y 115:163). Ello es así pues -como lo afirmó en Fallos: 242: 353- el fin y las consecuencias del control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa suponen que el requisito de la existencia de "caso" o "controversia judicial" sea observado rigurosamente para la preservación del principio de la división de poderes, según lo expone el juez Frankfurter con fundamento en la jurisprudencia norteamericana (341 U.S. 149).

Conforme a ello, es doctrina del Supremo Tribunal que "si para determinar la jurisdicción de la Corte y de los demás tribunales de la Nación no existiese la limitación derivada de la necesidad de un juicio, de una contienda entre partes, entendida ésta como 'un pleito o demanda en derecho instituida con arreglo a un curso regular de procedimiento', la Suprema Corte dispondría de una autoridad sin contralor sobre el gobierno de la República, y podría llegar el caso en que los demás poderes del Estado le quedaran supeditados con mengua de la letra y del espíritu de la Carta Fundamental" (Fallos: 156:318; 227:688; 245:552; 322:528, entre muchos otros).

A su vez, la existencia de un "caso" o "causa" presupone la de una "parte", es decir, de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso.

Sobre lo expuesto, la Procuradora Fiscal, en dictamen al que adhirió la Corte Suprema de la Nación, en fallo del 26/8/2003 dictado en "Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Ríos c. Estado Nacional", expresó que "en este orden de ideas, ha expresado V.E. en Fallos: 322:528, considerando 9°, que, como lo ha destacado acertadamente la jurisprudencia norteamericana, "al decidir sobre la legitimación resulta necesario determinar si hay un nexo lógico entre el status afirmado [por el litigante] y el reclamo que se procura satisfacer", el cual "resulta esencial para garantizar que [aquél] sea una parte propia y apropiada que puede invocar el poder judicial federal" ("Flash v. Cohen", 392 U.S. 83), y, en definitiva, como fue señalada por el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Antonin Scalia, a fin de preservar al Poder Judicial de la sobrejudicialización de los procesos de gobierno ("The doctrine of standing as an essential element of the separation of powers", 17 Suffolk Univ. Law Review, 1983, pág. 881). En síntesis, la "parte" debe demostrar la existencia de un "interés especial" en el proceso o, como lo ha dicho nuestra jurisprudencia, que los agravios alegados la afecten de forma "suficientemente directa" o "substancial", esto es, que posean suficiente "concreción e inmediatez" para poder procurar dicho proceso. A lo dicho, cabe agregar que, como también lo ha sostenido V.E. (arg. Fallos: 311:1435, considerando 5° -a contrario sensu- y C.1329.XXXVI. in re "Casime, Carlos Alberto c. Estado Nacional", sentencia del 20 de febrero de 2001 -que remite al dictamen de este Ministerio Público Fiscal-), se configura una causa judicial atinente al control de constitucionalidad de preceptos legales infraconstitucionales cuya decisión es propia del Poder Judicial, siempre y cuando se produzca un perjuicio concreto al derecho que asiste a quien legítimamente lo invoca. En conclusión, el principio indicado surge de l a jurisprudencia norteamericana, que también requiere una controversia definida, concreta, real y sustancial, que admita remedio específico a través de una decisión de carácter definitivo, entendida como diferente de una opinión que advierta cuál sería la norma en un estado de hecho hipotético. Este principio fue reiterado por el Tribunal en Fallos: 316:1713 y 320:1556 y 2851, así como en sendos dictámenes de esta Procuración General en las causas C.782.XXXV. "Carbone, Miguel y otros c. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación s/ acción de amparo" y -la ya citada- "Casime". (publicado en LA LEY 20/11/2003, pág. 6).

Por lo expresado, resulta inadmisible la demanda promovida.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA Voto en disidencia del doctor Alberto José Brito:

La petición de declaración de oficio de inconstitucionalidad y la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por el letrado Oscar López se encuentran reseñadas en el apartado I del voto de la mayoría, al que me remito en ese acápite.

Tal como ha planteado la cuestión, el contradictor legitimado de tal pretensión es la Provincia de Tucumán, representada por el Superior Gobierno, toda vez que las leyes cuestionadas integran el ordenamiento jurídico provincial (art. 90, inc. 2, ley 6944), por lo que no se enmarca dentro de la preceptiva del art. 4 del CPC. Siendo así, y tratándose de materia propia del derecho público, resulta competente para conocer de la misma la Cámara en lo Contencioso Administrativo (CSJTuc., "Piossek Prebich, Teresa vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Acción de amparo", 04/10/2002). A tal efecto, es de aplicación en el subexámine, en virtud de los fundamentos desarrollados en el precedente contenido en sentencia nro. 362 del 24/5/99, la declaración de inconstitucionalidad de lo normado en el art. 57, primera parte del CPC, por resultar incompatible con el principio consagrado en los arts. 4°, primera parte, y 15, del referido digesto que establecen, como regla general, la competencia de los tribunales de primera instancia, la que debe atribuirse por razón de la materia, privándolos de validez y eficacia.

Atento a los límites competenciales fijados por el art. 141 de la Constitución Provincial, tampoco corresponde que esta Corte entienda en la causa como Tribunal Constitucional.

HAGASE SABER.

ALBERTO JOSE BRITO