marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, pago, depósito judicial, fecha de pago
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gutierrez, Emilio Mauro c/ Greppi, Guillermo Alejandro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-31

El solo depósito en el expediente de un importe no autoriza a considerarlo como un pago efectuado en esa fecha, ya que a tales fines debe computarse el momento en que el actor, mediante un obrar diligente, pudo hacerse de los fondos (CNCom, Sala A, in re "Industrias Skippy SAIC c/ Chivilcoy Goma SACIF", del 28/08/85; ídem CNCom, Sala A, in re "Torres, Horacio c/ Mule, Rosario", del 11/08/89); pues debe tenerse en cuenta que los pagos judiciales solo se perfeccionan cuando confluyen el conocimiento de la existencia del depósito con la posibilidad de disponer de esas sumas (CNCom, Sala D, in re "Budani, Carlos, c/ BMW de Argentina y otros s/ Ordinario s/ Incidente de Ejecución de Sentencia", del 22/05/14; ídem "Industria Metalúrgica Pescarmona c/ Ferrocarril General Urquiza SA s/ incidente de recaudación", del 19/03/07; Sala C, ídem "Tacchino c/ Vipos SA s/ ejecutivo", del 23/08/90).
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, plazos procesales
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA S.A. c/ BANCO MACRO S.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-10-01

La sentencia no contiene un plazo de cumplimiento, se considera ejecutable desde el momento en que la misma queda consentida o ejecutoriada (Enrique M. Falcón, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo V, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, año 2006, pág. 40; Hugo Alsina, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, t. V, Ediar S.A., Buenos Aires, año 1962, pág. 114, Lino E. Palacio, Derecho Procesal Civil, t. VII, Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 1987, pág 265).

Es decir, la notificación de esa sentencia importa el requerimiento al condenado (CApelCC Salta Sala III, año 1990, fº 565).

La sentencia queda ejecutoriada cuando fuere confirmada por el tribunal de apelación si la de primera instancia era condenatoria, o aquél la hubiese revocado si era absolutoria (Alsina, ob. cit, pág. 113; Palacio, ob. cit. pág. 264). No empece a ello la concesión del recurso de inconstitucionalidad -ya sea por vía directa o por queja-, en mérito que nuestro código procesal no contiene previsión alguna al respecto.

De todas maneras, aún cuando en tales supuestos se pueda producir la suspensión de la ejecución de sentencia, de hecho o por decisión de la Corte de Justicia, ello no impide el cómputo de intereses desde que la sentencia quedó ejecutoriada.

El concepto de suspensión de la ejecución implica necesariamente la posibilidad de iniciación de la misma, con todas sus consecuencias y, por consiguiente, el inicio del cómputo de intereses desde tal situación y la pretensión de su cobro.

Es lo que sucede en el ámbito del proceso civil nacional. En este sentido manifiesta Falcón que "una sentencia se encuentra ejecutoriada cuando se han agotado las instancias ordinarias, y no cabe ningún recurso regular contra la misma, independientemente de que se pueda estimar un recurso extraordinario o una queja extraordinaria, .ya que dichas vías están fuera de los carriles ordinarios de la conclusión de la causa" (ob. cit. pág. 34). Asimismo, expresa el autor en cita expresa que: "En el caso del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, previsto por el art. 14 de la ley 48, resulta claro que la sentencia final (consentida o ejecutoriada) de los tribunales ordinarios, puede ejecutarse directamente, pues salvo casos extraordinarios, la regla es que la interposición del recurso extraordinario no suspende la ejecución hasta tanto no haya sido concedido, ya sea por el tribunal de grado o por la Corte mediante la queja" (ob. cit., pág. 35 y sus citas).
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: KUGLER, CARLOS s/ ESTUPEFACIENTES205
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-03

"...No obstante encontrarse en vigencia la ley 23.737 considero que es de aplicación lo previsto en la ley 20.771 para conductas como la de autos por cuanto como ya lo señalara en los autos "Díaz, Claudio Roberto", "Paraje, Roberto", "Shanahan, Marina", "Morales, Jorge Antonio", y otros, el art. 6 de la mencionada ley no contemplaba supuestos de tenencia para uso individual. Por consiguiente, como ya lo indicara, no habiendo la conducta de C.A.K.

lesionado o puesto en peligro el bien jurídico protegido por el art.

6 de la ley N. 20.771, la misma podrá adecuarse formalmente al tipo, pero no resulta antinormativa y por ende tampoco penalmente típica, por lo que considero desde el punto de vista dogmático que debe revocarse el decisorio impugnado".
Derecho procesal, partes, costas, costas en el orden causado, carácter abstracto
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bariss Group SRL c/ Obra Social de Relojeros Joyeros y Afines  s/ incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-05

Corresponde revocar la decisión mediante la cual el a quo hizo lugar a la revocatoria introducida por la demandada y, por ende, dejó sin efecto el embargo ordenado (de los autos principales); con costas por su orden. Siendo que el principio que rige en el tema de costas adopta la teoría del hecho objetivo de la derrota (CPR 68); no tiene una finalidad punitoria sino que responde al propósito de resarcir al vencedor los gastos en que debió incurrir para obtener el reconocimiento de su derecho. Sin embargo, se aprecian -en el caso- circunstancias excepcionales que permiten dispensar al demandado de tal regla general. Ciertamente, la exención de costas que autoriza el CPR 68 procede, en general, cuando media razón fundada para litigar, expresión ésta que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del hecho invocado en el litigio, no tratándose de la mera creencia subjetiva en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo. Con tal inteligencia, la particular cuestión aquí planteada, constituye, a juicio de los firmantes, un elemento de relevancia que justifica distribuir las costas en el orden causado desde que la demandada pudo haberse creído a peticionar como lo hizo en función de la interpretación que efectuó de la ley 27541
Derecho civil, demanda, costas, pena
Materia: CIVIL
Carátula: REYNOSO, MAIRA ALEJANDRA POR SI Y EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL NIÑO M. M. S. c/ JULIA FLAVIO ALFREDO Y OTROS s/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS (EN 20/12/2018 SE RECARATULO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-02-09

Ante el reclamo desestimado en representación del hijo del fallecido producto de la recepción de descarga eléctrica mientras realizaba tareas de electricidad en un domicilio particular, si la demanda es desestimada, corresponde que las costas lo sean por el orden causado, debido a que la "pena natural" que implica el fallecimiento de la persona para sus familiares es lo suficientemente significativa como para aumentarla con el pago de honorarios a los abogados de quienes se ven, circunstancialmente y no por mérito, beneficiados. Es una figura que tiene fundamento humanitario y funciona como una especie de equiparación externa a la sanción a la pena.
Poder de policía, domicilio social
Materia: CIVIL
Carátula: CONCATTI ALEJANDRO LUIS, GONZALEZ CRISTÓFANO LUIS ERNESTO Y BAZAN OMAR s/ ACCION DE AMPARO - EXPTE. N° 1010-C-2008
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-12-02

El poder de policía societario ejercido por una "autoridad administrativa de control" lo detentarán la Nación o las Provincias según sea el domicilio social (Conf. Verón en "Tratado de las Sociedades Anónimas", T° IV, pág. 379).
Sanciones disciplinarias administrativas, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RAMUNDO, Santiago c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

Cuando la cesantía dispuesta por la autoridad administrativa encuentra su apoyo en la existencia de un obrar irregular del agente, la decisión en modo alguno puede resultar ilegítima o arbitraria. Así, mal puede calificarse de arbitraria, exorbitante o desproporcionada la cesantía de quien firmó órdenes cuestionadas, si debido al cargo que ocupaba debió saber que las operaciones indicadas se encontraban prohibidas, lo cual fue susceptible, en términos objetivos, de originar la desconfianza de sus superiores, relativo a la correcta prestación del servicio.
Prueba, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Prevision Social S.A. c/ Fernando Viñuela s/ Ejecutivo (LIBRO: S139 - 024)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-21

La admisión y ordenación de las pruebas, como fases o etapas de la actividad probatoria en el proceso, tiene en principio sólo como sujeto al juez que conoce en la causa, quien mediante un acto procesal accede a que un medio de prueba determinado sea considerado como elemento de convicción en ese proceso y ordena agregarlo o practicarlo según se trate por ejemplo de una documental o de una testimonial. Puede decirse entonces que la inadmisión de la prueba es el acto por el cual el juez le niega su ingreso al proceso
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, interpretación de normas y actos locales, cuestión federal, sentencia arbitraria, juicios en que es parte una provincia, haber jubilatorio, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Guevara, Luis Humberto c/ Provincia de Entre Ríos s/ derogación decreto 295/88  M.A.S.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-03

Si bien la sentencia que condenó a una provincia a abonar al actor los haberes no percibidos durante el período en que estuvo suspendido, conduce al examen de cuestiones de hecho y de derecho público local, ajenas al recurso extraordinario, en virtud del respeto debido a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas, existe cuestión federal si la resolución que se impugna incurre en arbitrariedad al omitir la consideración de circunstancias conducentes para la adecuada solución del caso.
Procedimiento administrativo, in dubio pro actione
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Monje, Humberto Daniel c/ Obras Sanitarias de la Nación. s/ Recurso de Hecho Nación. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-23

El principio "in dubio pro actione" es rector en la materia contenciosoadministrativa.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Avila, Pedro Marcelino c/ Bazán, Héctor Ramón s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

Si la "iudex a quo" detalló las pautas que ha tenido en cuenta a los fines de establecer el monto de la indemnización, no es necesario ningún tipo de cálculo porque, en definitiva, la decisión en estos casos debe tomarse en función del prudente arbitrio judicial y, por ende, haciendo aplicación de lo normado por el art. 165 3ra. parte del Código Procesal.
Sentencia, acción de amparo, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Moreyra, Irene Lorena s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Irene Lorena s/queja por apelación denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-05

La inapelabilidad de la resolución del juez de primera instancia que sostuvo que el art. 20 de la Ley nº 2145 impone la interpretación restrictiva del instituto del amparo no acarrea su irrecurribilidad, pues si lo resuelto pudiera ser encuadrado en un caso constitucional, el afectado que entiende lesionadas garantías, derechos o principios consagrados en tratados internacionales, en la Constitución Nacional y/o en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires puede plantear recurso de inconstitucionalidad, a fin de habilitar la intervención del Tribunal Superior. (Voto en disidencia del la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Concurso preventivo, confirmación de sentencia, síndico del concurso, regulación de honorarios, Estado Nacional, deuda no consolidada
Materia: PROCESAL
Carátula: ATC SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-09

En el marco de un concurso preventivo de una estación de televisión estatal, corresponde confirmar la resolución que consideró que los síndicos se encuentran legitimados para ejecutar sus honorarios, y discriminó el monto regulado conjuntamente a los profesionales intervinientes en razón de las tareas que cada uno de los funcionarios realizó en autos. Ello así, en tanto se trata de una deuda por honorarios en cabeza del Estado Nacional, no consolidada en los términos de ley 23.982. Y sabido es que el pago de las deudas no consolidadas (es decir aquellas devengadas con posterioridad al 15/04/91, como es el caso de autos) debe ajustarse al procedimiento establecido en la ley 23.982: 22, complementado por la ley 24.624: 19 y 20.
Recurso de queja (procesal), tribunal de enjuiciamiento, recurso de inconstitucionalidad, recurso extraordinario, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: MASCIETTI, Vicente T. s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-11-20

No corresponde exigir al Jurado de Enjuiciamiento que se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, pues constituye un órgano que no integra el Poder Judicial, ni puede ser considerado un Tribunal inferior comprendido en el art. 149, ap.

III, inc. a) de la Constitución Provincial, resultando adecuado que aquel análisis lo efectúe la Corte de Justicia, con independencia de los requisitos formales de la queja y sus fundamentos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), acto administrativo, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ODASSO, JOSE LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE ARMSTRONG s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-22

El razonamiento de la Cámara que -luego de analizar los vicios endilgados al decreto impugnado- llegó a la conclusión -con apoyatura en las constancias del expediente y en jurisprudencia de esta Corte y del propio Tribunal- de que se comprobaba en el mismo suficiente causa y motivación (al decir que en el acto impugnado se exteriorizaban las razones objetivas que indujeron a su emisión y su fundamentación jurídica, verificándose que tal motivación le permitió al recurrente conocer la causa del acto y ejercitar en sede administrativa la impugnación del mismo mediante los recursos administrativos reglados al efecto), no ha logrado ser conmovido por el agravio relativo a la falta de consideración y análisis de la invocada desviación de poder del acto impugnado, el cual ha recibido suficiente tratamiento por los Juzgadores que entendieron que el decreto atacado exhibía una razonable adecuación de medios a fines entre el objeto y la finalidad pública perseguida (restablecer la juridicidad violada), desechándose además el argumento de la actora de que debió la Administración instruir sumario administrativo previo al acto de revocación, por cuanto no se trató de una sanción disciplinaria.
Acción de amparo, discriminación laboral, cesantía, alta médica
Materia: LABORAL
Carátula: Casella Edgardo Américo c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-21

A raíz de problemas de salud en su núcleo familiar, el trabajador vio afectada su propia salud y su estado emocional. Como consecuencia de ello debió someterse a tratamiento médico. Cuando la demandada tomó conocimiento de su cuadro de salud y de las licencias otorgadas por los profesionales tratantes le requirieron que se presente mensualmente a control médico para la supervisión de las licencias indicadas por su médico personal, hasta que el servicio médico de la demandada le otorgó el alta en abierta contradicción a lo indicado por el profesional de confianza del actor y, además intimaron al actor a retomar tareas bajo apercibimiento de disponer la sanción por cesantía. El objeto pretendido se vincula con el derecho a la salud y a la tutela de la integridad psicofísica de la persona que trabaja, cuestión alcanzada por diversas normas constitucionales e instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional. Así, los arts. 14 y 19 C.N. y arts. 3, 23, y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los arts. 1, 11, 14 y 16 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros institutos. Por ello, debe revocarse la sentencia de grado en cuanto desestima in limine la acción interpuesta, debiendo tramitar la causa por la vía del amparo, remitiéndose las actuaciones al juzgado de origen para que prosiga la causa con arreglo a lo decidido.
Empleados públicos, régimen disciplinario administrativo, interrupción de la prescripción, sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARRIZO, EDUARDO c/ U.B.A. s/ EMPLEADOS PUBLICOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-06

La acción disciplinaria no está prescripta si el inicio del sumario administrativo interrumpió el curso del plazo (art. 38, Ley 22.140, art. 38 inc. 1ro., Decreto 1.797/80).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Eduardo Abel s/ Tormentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no indica los motivos trascendentes que le llevan a denunciar la violación de un determinado precepto legal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, legitimación activa, herederos, declaratoria de herederos
Materia: CIVIL
Carátula: BASKIN CALKO c/ ROSA, Osvaldo s/ LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-28

Una vez dictada la declaratoria de herederos, cualquiera de los coherederos se encuentra legitimado para convenir la desocupación de un inmueble que forma parte del haber sucesorio en tanto se trata de un acto de administración y no de disposición, máxime si ha sido autorizado por los restantes coherederos para actuar como administrador del inmueble en la cuestión.
Seguro de vida, legitimación procesal, partida de defunción
Materia: LABORAL
Carátula: CORONEL, TRANCITO c/ INSUD SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-06-16

No tienen legitimación para reclamar a la caja nacional de ahorro y seguro el beneficio instrumentado mediante decreto 1567/74 quienes no presenten la partida de defunción o la certificación de invalidez extendida por el organismo administrativo conjuntamente con un comprobante que acredite la condición de obrero dependiente a la fecha del siniestro.
Derechos y garantías constitucionales, non bis in ídem, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Mazza, Rubén Oscar s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-13

El principio "non bis in idem" no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y formal-, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal" (en referencia al art. 14 del C.P.).

Además es extraña al ámbito de la tutela constitucional que proscribe la doble persecución penal, la circunstancia de que se compute como agravante la comisión de un delito anterior.
Interpretación de la ley, autorización administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) - recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-05

La interpretación que le acordaron los jueces de mérito al artículo 1° de la ley 239, con arreglo a la cual la Ciudad habría adquirido la propiedad del inmueble que allí se identifica con el mero dictado de esa norma disponiendo su incorporación en el dominio público, pone a la ley local en oposición al Código Civil y, por ende, a la CN misma. (Voto en disidencia del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Daños y perjuicios, incumplimiento del contrato, locación, embargo, vivienda familiar, procedencia del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: Golcman Carlos Fernando c/ Gramajo Feijoo Héctor Jesús y Vigliocco Gustavo Santiago s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-03-31

Claramente se advierte que los demandados no han obrado, frente a la contingencia presentada a raíz del incumplimiento contractual en que ellos incurrieran respecto a su locador, con la premura y diligencia que las circunstancias del caso ameritaban (art. 512 CC.). Ello así, toda vez que, en primer lugar, permitieron que la situación de deuda por ellos incurrida se judicializara - omisión-; para una vez entablado los juicios no haber adoptado (art. 1.074 CC, art. 1.710 CCCN), con la diligencia y premura que la situación ameritaba, las vías conducentes para desafectar al actor de la situación en la que se encontraba inmerso, quien viera comprometido -embargado- su patrimonio, a partir de lo cual se vio asimismo en la necesidad de contratar abogado que velara por la defensa de sus intereses en sendos juicios promovidos en su contra. Situación que, adelanto, ha debido razonablemente ocasionarle un costo dinerario y afectado su tranquilidad espiritual y moral al ver embargadas su vivienda familiar, otro inmueble de su propiedad, acciones societarias de su titularidad y los honorarios que tuviera a percibir en razón del ejercicio de su profesión de médico.Esa falta de diligencia y compromiso (art. 512 CC.) surge patente a poco que se observa que tardaron nueve años -108 meses- en brindar una solución concreta que posibilitara la desafectación del actor, no siendo razonable pretender que en tal contexto ha mediado un cumplimiento total y oportuno de su parte con el efecto liberatorio de la obligación asumida frente al actor, asistiendo en el punto razón al actor apelante, por lo que el agravio dirigido a la sentencia de grado tendrá favorable acogida.
Desistimiento, preclusión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pacheco, Mario Enrique c/ Giulietti, Orlando s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

Las diversas actuaciones que, en cumplimiento de las normas rituales, van conformando y dando impulso al proceso, son insusceptibles de ser desistidas, pues de otro modo -más allá de considerarse su validez en tanto los diversos actos no hubieren sido objeto de un planteo de nulidad-, podría quedar al criterio de cada parte retrotraer el procedimiento, las veces que a su discrecionalidad se le ocurriera desdecirse de los actos cumplidos, lo que implica una actitud, no sólo jurídica sino éticamente inadmisible. El principio de preclusión implica la idea que, una vez clausurada una etapa procesal con el consiguiente avance hacia el estadio posterior, queda imposibilitado el regreso hacia la que ha quedado consumada.