Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-17


SENT Nro. 53 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 17 DE FEBRERO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Rodríguez, Dante Daniel vs. Autolatina Argentina S.A. de Ahorro para fines determinados s/Medida preparatoria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia de la Cámara Civil y Comercial Común del CJC, de fecha 28/9/2002, que no hace lugar a los recursos de apelación deducidos por las partes litigantes; modifica el monto de la condena conminatoria y establece las costas por su orden.

II.- El recurrente, luego de exponer los antecedentes relevantes de la causa y de analizar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso incoado, expresa sus agravios sosteniendo que la sentencia impugnada, al discrepar con la planilla de liquidación de las astreintes, no ha reparado en el texto expreso de la sentencia que las aplicara (que impuso la cantidad de cien pesos en forma diaria y acumulativa, no distinguiendo entre días hábiles e inhábiles), ni advirtió la distinción entre plazos procesales y plazos civiles. Que tal distinción deriva de la naturaleza del acto que se debe cumplir por lo que, si el plazo fue fijado para que se ejecute una obligación de dar o de hacer, sea que el mismo esté previsto en el código ritual, en la legislación de fondo o directamente fijado por el juez, no hay dudas de que se computa en días corridos. Cita jurisprudencia en torno a esta cuestión.

Le causa gravamen igualmente que la Cámara considere de aplicación el art. 578 del CPCC en tanto no existe en autos un error matemático, por lo que ella ha introducido de modo oficioso el debate acerca del sistema de cómputo del lapso de mora en la obligación de hacer; cuestión nueva no prevista por ninguna de las partes en sus respectivos planteos. Con ello, el tribunal a quo ha violado, dice, el art. 775 procesal, el principio "tantum devolutum quantum apellatum", la prohibición de la "reformatio in pejus". Cita doctrina y jurisprudencia.

Propone doctrina legal y solicita se haga lugar al recurso tentado, con costas.

El traslado de ley es contestado por la contraria según escrito que rola a fs. 130/133.

III.- Por auto interlocutorio del 30/5/2002 la alzada hace lugar a la concesión del recurso interpuesto, correspondiendo ahora el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- El fallo impugnado adelanta que ambas parten comparten la inteligencia de que el juicio o medida preparatoria no tiene un fin económico en sí mismo (siendo la actora clara y la accionada contradictoria en este aspecto). Entiende entonces que no corresponde pronunciarse por el monto de lo que se debe, por lo que la sentencia del inferior indebidamente da como exacto, sin respaldo probatorio alguno, la manifestación unilateral de la accionada que reconoce deber la cantidad indicada, por lo que el tema deberá resolverse en proceso posterior.

Expresa luego que los argumentos de la accionada no son convincentes, desestimando las justificaciones a su reticencia a cumplir con lo solicitado, las cuales, a su criterio, no están probadas.

En cuanto al monto de la sanción estima la Cámara que resulta equilibrado el de $100 por cada día de incumplimiento de lo ordenado judicialmente a hacer. Sin embargo, considera improcedente la planilla de liquidación practicada por la actora que, pese a estar consentida por la accionada, ello no rige para el Tribunal a tenor de lo dispuesto en el art. 578, 4° párr., que cita. Por ende, estima errónea la planilla en tanto, de un lado, si bien la sentencia se dictó en 31/3/2000, se notificó el 12 de abril de 2000 y la accionada recién cumplió con lo ordenado en 2/8/2000 y no como inexactamente afirma la actora, perjudicándose, el 27/7/2000. Así, el cálculo resulta doblemente errado, para la Cámara. No sólo por la fecha de inicio de cómputo sino porque cuenta los días como corridos cuando debiera hacerlo únicamente con los días hábiles judiciales a tenor de lo preceptuado por el art. 124 CPCC que en su segundo párrafo expresa que no se contarán los días inhábiles. Por ello, concluye en que del cómputo deben excluirse los sábados, domingos, feriados y demás comprendidos en la feria judicial de invierno o de julio, por lo que el cálculo es de sesenta y dos días ascendiendo el monto de la sanción a la suma de $6.200.

Por lo expuesto, concluye no haciendo lugar a los recursos de apelación incoados por las partes y modificando en el sentido antes indicado el monto de la sanción conminatoria, con costas por su orden.

V.- De la confrontación de los términos del memorial de casación puestos en relación con los de la sentencia que se recurre, se concluye en que asiste razón a la recurrente.

Liminarmente, cabe expresar que la sentencia recurrida asume gravedad institucional en tanto la Cámara, al abocarse a examinar de oficio la liquidación efectuada en autos -invocando para ello el art. 578 del CPCC (que alude a tal facultad cuando las liquidaciones no fueren realizadas conforme a las constancias de autos)- y al concluir en su modificación, por entender que no deben computarse los días inhábiles a los efectos del cálculo de las astreintes, afecta la estructura del procedimiento toda vez que, a contrario de lo considerado por el tribunal de mérito, no surge de esas constancias que el cómputo de las astreintes deba hacerse por días hábiles procesales. Siendo así, no estaría dado en autos el presupuesto de hecho de aplicación de aquella norma (art. 578 procesal) con la consiguiente inadmisibilidad de la facultad del tribunal a quo para pronunciarse del modo en que lo hizo.

En efecto, cabe considerar que, al decir de la doctrina (Palacio, Derecho Procesal Civil, T. II, nro. 126; Alvarado Velloso, CPCCN, T. II, comentario art. 37, etc.) las astreintes "se fijan en tanto por día u otro período de retardo en el cumplimiento". Ahora bien, el juez (conf. fs. 37 y vta.) fija astreintes de cien pesos en forma diaria y acumulativa mientras subsista el incumplimiento. No explicita nada más. Por ello, al no haber especificado otro período diferente de retardo, lo "diario" debe entenderse por días continuos.

En primer lugar, porque el principio general es el del cómputo de los plazos de modo continuo y completo (conf. hermenéutica de los arts. 23 a 29 del CC) y porque el instituto aplicado forma parte de este digesto de fondo (art. 666 bis CC). Si bien es verdad que a este principio escapan los plazos procesales, en la especie no nos encontramos con este tipo de plazos. Así, se advierte el yerro de la Cámara que invoca como fundamento el art. 124 procesal, pues éste se refiere al modo de computar los plazos procesales y, en el caso, no existe la fijación de plazo procesal determinado para el cumplimiento de la orden judicial sino, por el contrario, la imposición de un instituto que tiene por fin inducir a cumplir y que mantiene su vigencia -indefinida- mientras no cese la inejecución. Por lo expuesto, es fácil colegir que en el sub examine no hay estipulado propiamente ningún plazo a tales efectos; más bien cabría decir que el lapso temporal de inejecución -el tiempo que corre entre lo ordenado judicialmente y el eventual y futuro cumplimiento- se encuentra sometido a las normas de fondo que son las que regulan este tipo de sanciones. En efecto, al ser las astreintes una figura del derecho civil -derecho de fondo-, escapa en principio, al tiempo hábil en el proceso y, a menos que el juzgador -en ejercicio de sus facultades potestativas- determine de un modo distinto, éstas se rigen por las disposiciones generales acerca del modo de computar los intervalos en el Derecho.

Al depender las astreintes exclusivamente del prudente arbitrio judicial -conforme a su carácter de discrecionalidad, tanto en su procedencia como en su monto-, radica en los jueces la facultad potestativa de establecer concretamente su modo de imposición. En el caso, al imponerse en forma diaria, con silencio sobre si son o no hábiles procesales, la hermenéutica a realizar es la que intelige que corresponden días corridos, conforme lo explicitado "ut supra". Nótese, por lo demás, que ésta fue la voluntad del juzgador según se manifiesta explícitamente al resolver tomando en cuenta a la liquidación efectuada a fs. 51 que computa días corridos (ver fs. 83).

Por todo lo expuesto, corresponde casar parcialmente el pronunciamiento impugnado conforme a la siguiente doctrina legal: "Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia de segunda instancia que, sin base en los agravios de los recurrentes, modifica de oficio el modo de cómputo de las astreintes y, en consecuencia, su monto, invocando para ello el art. 578 del CPCC cuando no está dado su supuesto de aplicación: que la liquidación efectuada no se ajuste a las constancias de autos" y, en consecuencia se DEJA SIN EFECTO el punto II.- del fallo en crisis.

VI.- Las costas del presente recurso de casación, atento a que el efecto nulificante no es imputable a las partes, se imponen por su orden (arts. 106 inc. 1° procesal).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia de la Cámara Civil y Comercial Común del CJC, de fecha 28/9/2002 conforme a la doctrina legal enunciada y, en consecuencia, se DEJA SIN EFECTO el punto II.- de dicho pronunciamiento.

II.- COSTAS, conforme a lo considerado.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR