Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-05


--- En la ciudad de Trelew, a los 05 días de setiembre del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones esta ciudad, bajo la presidencia a cargo del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Edgar María de la Fuente, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "V., R. E. y otros c/ A. C. DE P. N. Y CAZA S. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 22.126 - año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 415.------------------------------------------- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: ----------------------------------- 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 384, que fuera concedido libremente a fs. 385, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 374/380 y vta. que rechazó la demanda instaurada por R. E. V., R. V. G., S. R. O., A. M. M. y M.V. contra la ASOCIACIÓN CLUB DE P., N. Y C. S. DE T. por nulidad del acto administrativo de expulsión y daños y perjuicios, con imposición de costas a los vencidos.----------------------------------------------------------------------- -------------------- Los agravios de los accionantes lucen a fs. 397/405, el traslado conferido a fs. 406 fue evacuado por su contraria a fs. 408/412, y señalan básicamente los apelantes que en la sentencia dictada el juez de grado omitió considerar lo principal (establecer la nulidad del acto administrativo de la demandada), decidiendo expedirse en primer término sobre lo accesorio: la procedencia de los daños y perjuicios. Como esa selección careció de razón que la justificara el acto sentencial deviene arbitrario. Como vino sosteniendo se violó el debido proceso legal y destaca que la decisión de expulsión por vía de una decisión asamblearia fue dejada sin efecto por el organismo de contralor (Res. 17/98 IPJ). Una nueva expulsión por parte de la Comisión Directiva, carente de sumario previo, es sobre la cual el Juez de grado debió pronunciarse en primer término y no lo hizo y ello es causal de arbitrariedad. La demandada no aportó a la causa actuaciones que demostraran los hechos imputados, la citación a declarar, haber escuchado los descargos, el aporte de pruebas, y luego la aplicación de una sanción. Las condiciones de viabilidad de los daños y perjuicios dependen de la previa nulidad del acto administrativo. Es esta nulidad previa la que genera los daños posteriores. El juez de grado se esforzó en poner de resalto que no había prueba del daño alegado. Sostuvo que ante la negativa de la autenticidad del recibo de gastos profesionales la actora debía probar su autenticidad. Ese recibo debió ser motivo de algo más que una simple negación. Considera el juez que no hay acción antijurídica que pueda imputarse a la asociación civil demandada. La traba de la litis y su forma congela los poderes del juez. Con cita de fallo indica que en nuestro régimen procesal no es dado a los jueces suplir las proposiciones no articuladas por las partes ni las pretensiones que no sean concretamente postuladas en la demanda, y con la notificación y la contestación o el vencimiento del plazo para efectuarla queda definitivamente trabada "la litiscontestatio". Estima que el juez confunde las cuestiones y que la confesión ficta trató exclusivamente los puntos que correspondían a la cuestión primordial que es la expulsión sin causa y sin el debido proceso a los actores. La confesión del representante legal crea la presunción de verdad en cuanto sostiene el ponente. Y esa prueba no puede ser desvirtuada por la redargución de falsedad, porque ese incidente le fue rechazado. El a-quo comienza citando correctamente que fueron expulsados e inhabilitados sin que se le diera oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Y es cierto que el organismo de contralor no tiene competencia para controles internos ya que le incumbe solamente lo institucional. Pero de esas limitaciones legales no se sigue que de las sanciones aplicadas por la Comisión Directiva no hay lesión o afectación al ejercicio del derecho de defensa de los actores. Se limitó el juez de grado a sostener que la Comisión Directiva tenía facultades para aplicar las sanciones pero omitió expresar que las mismas no pueden ser ejercidas en el aire, deben ejercitarse sobre la base de un sumario previo. Lo que sostuvo esta parte es que la expulsión no podía llevarse a cabo de cualquier manera. La sentencia consagra la violación del debido proceso y si la sanción expulsiva se produjo sin que su parte fuera oída, el acto administrativo de expulsión es nulo. La sentencia se quedó únicamente en la mezquina letra de una parte del Estatuto de la demandada, omitiendo la estructura del resto del ordenamiento jurídico nacional y provincial, como si estas disposiciones estuvieran por encima del resto de las leyes. El núcleo de esta litis es la nulidad del acto administrativo de expulsión debido a las carencias esenciales en la forma de llevarla a cabo. El juez a-quo asume que las pruebas llevadas a cabo por la demandada son pertinentes al tema central. No es así. No advierte que toda la parafernalia probatoria mencionada por la demandada debió ser motivo de un sumario en el que su parte tuviera traslado de los cargos, explicara su posición y pudiera ofrecer prueba. Todo eso sirve como elementos de un sumario administrativo, pero no ahora. Todo eso es ajeno a esta litis. El juez omite que a todos los testimonios prestados les comprenden las generales de la ley por ser integrantes del órgano directivo. Destaca la importancia de la motivación de los actos administrativos, referencia pronunciamiento en la causa "G.", y alude al derecho de defensa en juicio. Evidente resulta que la normativa prevista en los Estatutos no puede ser aplicada en su letra y explicada por ella, sino que debe guardar coherencia con todo el ordenamiento jurídico. Cita fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la interpretación de las normas. Entiende que entre la posición legal, doctrinaria y jurisprudencial, y la sentencia hay una antítesis irreconciliable. Para el a-quo derecho de defensa es igual a posibilidad de doble instancia. Tuvo doble instancia, tuvo debido proceso. La Corte Suprema señaló que debe entenderse por procedimientos judiciales recordando en el caso "Tarifeño" que las formas sustanciales del juicio requerían de acusación, defensa, prueba y sentencia. En esta causa hubo un acusador sin proceso previo, que al mismo tiempo condenó. Reitera los términos del caso "G.". Formula reserva del caso federal por encontrarse afectado el principio del debido proceso (art. 18 de la CN), tacha la sentencia de arbitraria y puntualiza las características que la hacen susceptible de esa tacha. Peticiona se haga lugar al recurso y en consecuencia se anule o revoque la decisión recurrida, teniendo presente el planteo de temeridad y malicia y la cuestión federal.-------------------------------------------------------------------<#LIN E> - Al contestar los agravios la entidad demandada sostiene que la sentencia resultó debidamente fundada, acertada en su contenido ideológico, encuadre y aplicación normativa. La pretensión de daños y perjuicios resultó claramente deficiente e imprecisa y a ello se suma que los accionantes no desplegaron actividad probatoria alguna tendiente a demostrar los presupuestos básicos para su procedencia. Los supuestos daños alegados aludían a una supuesta disminución en las ventas del comercio del Sr. Rubén V., a partir de la publicación y difusión por el club demandado de los propósitos expulsivos, y a ese respecto no acreditaron disminución alguna, y menos que hayan existido las mentadas difusiones. También sostenían que el daño se componía de la minoración en su calificación o postergación en las posibilidades de ascenso en la empresa Lloyd Bank de dos de los actores en virtud de supuestas publicaciones, las cuales no resultaron acreditadas y tampoco que se hubieran desempeñado en el banco aludido. Otro rubro reclamado tenía que ver con un recibo de pago de honorarios profesionales respecto del cual se negó su autenticidad. Con relación a la pretensión nulificante fundada en la supuesta afectación de las garantías del debido proceso y defensa en juicio, y en el desconocimiento por la demandada de una supuesta cosa juzgada administrativa, quedó totalmente desvirtuado con la prueba producida. Las sanciones aplicadas por la Comisión Directiva fueron llevadas a cabo conforme lo establece el art. 27, inc. i), del Estatuto Social. De tal manera, si no ejercieron su derecho de defensa cuando tenían la ocasión expedita para hacerlo, esto es por su propia torpeza, por lo que mal pueden ahora demandar la nulidad de la decisión. Por ello el juez a-quo concluye acertadamente que no se advierte circunstancia alguna de la cual pueda inferirse lesión o afectación del legítimo derecho de defensa de los actores, los cuales nunca recurrieron la resolución sancionatoria en la doble vía prevista estatutariamente. Respecto de la crítica relacionada con la falta de sumario previo, ello resulta ajeno al régimen legal específico que resulta de aplicación en el ámbito asociativo. Resulta curioso que la totalidad de las citas del apelante refieren exclusivamente a exoneraciones en la administración pública en donde impera un régimen legal totalmente distinto. El apelante refiere que los comentarios y fallos no difieren sustancialmente del que hoy tiene a consideración, y lo cierto es que si difieren por tratarse de un régimen legal diferente. Por ello, si el actor no interpuso los recursos establecidos en el estatuto de la asociación demandada, no puede validamente ocurrir a la vía judicial. Quien se incorpora a una asociación adhiere a los estatutos, y muestra una inicial relación jurídica de subordinación a la voluntad de la colectividad. El poder disciplinario de las asociaciones supone una necesaria subordinación del interés personal o particular del asociado, y presupone el derecho de reglamentar las relaciones del grupo. La causal de arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende a supuestos de gravedad extrema en los que se verifique un apartamiento palmario de la ley o una absoluta carencia de fundamentación. Las impugnaciones que se formulen por vía judicial con motivo de sanciones disciplinarias impuestas por asociaciones civiles resultan como regla improcedentes y sólo deben admitirse cuando signifiquen el desconocimiento evidente de las garantías constitucionales. Las decisiones gozan de presunción de legalidad y legitimidad. Nótese que no hay apartamiento del derecho vigente. Ese derecho impone la sujeción a las normas del estatuto social y el agotamiento de la vía asociativa como previo y necesario para el tratamiento judicial de estas cuestiones. La ley que rige a las partes es el estatuto de la asociación, y como la mayoría de sus similares no prevé un sumario previo, y si un tratamiento tanto ante la Comisión Directiva como ante la Asamblea, que los demandantes no utilizaron pese a que expresamente fueron notificados. En cuanto a la supuesta mutación por la cual se habría afectado el principio de congruencia no se advierte de que manera se arribaría a una conclusión diferente. Solicita se tenga por contestado el traslado y se confirme la sentencia apelada, con costas.

2. Sostienen los apelantes que se produjo el quebrantamiento del principio de congruencia por alterarse el orden de tratamiento de las pretensiones introducidas en la demanda.------------------------------------------------------------------------ ------------- Al respecto, cabe hacer notar que el escrito inicial fue titulado "INICIA DEMANDA DAÑOS Y PERJUICIOS" y que en el petitorio la parte actora solicitó "Se condene al demandado al íntegro pago de lo reclamado o lo que mas o menos resulte de la prueba a producirse ." (encabezamiento y acápite 8, fs. 17 y 24, respectivamente), circunstancias que evidentemente llevaron a que la sentencia considerara en primer lugar esa cuestión ---------------------------- Por lo demás, existe postura por la cual el daño es el primer elemento de la responsabilidad civil, ya que sin él no hay "acto punible". En realidad si se atiende a la cronología temporal, el daño sería el último elemento en aparecer como consecuencia o resultado de la acción antijurídica; pero desde un punto de vista metodológico el daño es el primer elemento, puesto que el problema de la responsabilidad civil del agente comienza recién a plantearse cuando existe un daño causado. Sólo en presencia del daño, el jurista tiene que indagar si ha sido causado ilícitamente infringiendo un deber jurídico (antijuridicidad) y culpablemente (imputabilidad); a la inversa, si no hay daño alguno, resulta superfluo investigar la existencia o inexistencia de los otros elementos. O sea, en síntesis, que sólo la ilicitud que causa daño, da lugar a una reparación (Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", Librería Editora Platense S.R.L., 1994, T. IV, pág. 612).--------------------------------------------------------------------------- Sin perjuicio de ello, cabe hacer notar que al considerar el reclamo por daños señaló el Sr. Juez a fs. 378, entre otros fundamentos, que no procedía la acción por no haberse configurado un obrar antijurídico.------------------------------------------------ Y lo cierto es que, en definitiva, la pretensión de nulidad fue objeto de específico tratamiento al punto II de los considerandos del fallo en crisis (fs. 378 vta./380), dando cumplimiento a la manda impuesta por el art. 163, inciso 6°, del C.P.C.C.------------------------------------------------------------------------ -------------------- De tal modo, el principio de congruencia en cuanto al objeto del proceso importa que la sentencia debe guardar correlación con las cuestiones oportunamente introducidas por las partes en los escritos con los que se trabó la litis (demanda o reconvención y oposición), pero tal correlación no lleva necesariamente a respetar el orden en que fueron propuestas las mismas en el escrito inicial de demanda, pues esa correspondencia debe recaer respecto de los elementos que integraron la relación procesal.------------------------------------------------ Seguramente con precisión, alguna vez definió G. el principio de congruencia, como la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones y teniendo en cuenta todos los elementos individualizadores de tal objeto: los sujetos que en él figuran, la materia sobre que recae y el título que jurídicamente lo perfila en cuanto delimitan ese objeto. Dicho principio se vincula a la forma como ha quedado constituida la situación procesal, y se correlaciona con las pretensiones concretadas en la debida oportunidad mediante las peticiones correspondientes. La sentencia de la causa, en materia civil, debe limitarse a lo que ha sido objeto de litigio entre las partes. La decisión de los jueces ha de ser congruente con la forma como ha quedado trabada la litis, por lo que no pueden fallar "ultra petitum", es decir más allá de lo pedido, ni tampoco "extra petitum", o sea fuera de las pretensiones que no son materia de controversia, ni "citra petitum", o sea, omitiendo resolver sobre las pretensiones u oposiciones que deban ser materia del fallo o fuera de ellas (Morello, Sosa, y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1986, T, II-C, págs. 39 y 79, y cita de fallos).------------------------------------------------------------------------ ------------------- En definitiva, el juzgador no falló más allá o fuera de las pretensiones y tampoco omitió resolver sobre las mismas, por lo que no existió en la sentencia venida en apelación violación al principio de congruencia.--------------------------------- Y desde que el Sr. juez de la anterior instancia al tratar la cuestión atinente a la nulidad del acto brindó los fundamentos por los cuales desestimó esa pretensión tampoco hay arbitrariedad de sentencia como se invoca.------------------------------------ Así, si bien con referencia al recurso extraordinario federal, la Corte Suprema precisó que la tacha de arbitrariedad reviste carácter estrictamente excepcional y no tiene por objeto corregir en tercera instancia decisiones equivocadas o que se reputan de tales, sino que atiende a supuestos de gravedad extrema en los que media un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos 307:74; 302:189; 303:890). La doctrina sobre arbitrariedad de sentencias no tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se consideren tales sino que atiende solamente a supuestos de excepción en los que, fallas en el razonamiento lógico en que se sustenta la sentencia o una manifiesta carencia de fundamentación normativa, impiden considerar al pronunciamiento apelado como un acto jurisdiccional válido (C.S.J.N. Fallos 304:279 y 1546). La doctrina de la arbitrariedad . sólo tiende a cubrir defectos realmente graves de fundamentación o razonamiento que impiden considerar a la sentencia recurrida como acto jurisdiccional (Fallos 304:375) (el subrayado me pertenece).--------------------------------------------------------------------- --- Una sentencia equívoca sólo será arbitraria si es tan grosera que aparece como algo inconcebible dentro de una racional administración de justicia (C.S.J.N. Fallos 247:713).----------------------------------------------------------------------- -------------------- Y en materia de arbitrariedad el S.T.J. sostuvo que "es menester demostrar acabadamente que el razonamiento empleado por el juzgador fue afectado por un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias e incoherentes en el orden lógico formal e insostenible en la discriminación axiológica (Cfr. S.C.B.A., Ac. 52.233-S, 7/3/95 y Ac. 57.426-S, 5/3/96)" (del voto del Dr. Pasutti, en autos "Asesor Civil de Familia c/ Estado Provincial - Secretaría de Salud de la Pcia. del Chubut s/Acción de Amparo" (Expte. N° 20.637-A-2006), S.R.E. 18/2006, del 08/11/2006). "La procedencia de la tacha de arbitrariedad requiere un apartamiento inequívoco de la situación normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación (SI. 72/89, 58, 96, 101/90, 176, 223/92)" (del voto del Dr. Torrejón, en autos "T.C.C. S.R.L. c/ Transcable S.A. s/ Cumplimiento de Contrato" (Expte. N° 17.833-T-2000), S.R.E. 1372001, del 15/06/2001).-------------------------------------------------------------------- ------------------- En consecuencia, no se advierte en el fallo apelado una carencia de fundamentos o un error grave que deriva en conclusiones contradictorias o incoherentes en el orden lógico, por lo que el mismo no resulta arbitrario.--------------- 3.1. En cuanto al agravio vertido en el sentido que el acto administrativo es nulo por no permitírseles ejercer el derecho de defensa (fs. 400/401) debe precisarse que ello es una reiteración de la postura asumida al demandar (p. 3.8., fs. 19) y ello no es modo idóneo de expresar agravios.-------------------------------------- Y se ha puesto de relieve de modo coincidente que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal. Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia, o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1988, T. III, págs. 357/358, y cita de fallos).-------------------------------------------- Y con esa reiteración eluden los apelantes hacerse cargo de los fundamentos vertidos en el fallo en crisis a fs. 379 vta./380. que resultaron dirimentes para dilucidar la cuestión.------------------------------------------------------- ----------------------- Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "Persiani e Hijos, José c. Productos Pulpa Moldeada S.A.", L.L. 1985-A, 309).--------------------------------------------------------------------------- ----- De tal modo, las manifestaciones vertidas sólo denotan el particular punto de vista de los recurrentes, al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el sentenciante.------------------------------------------------------------------- -------------------- En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto. (Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit., T. III, pág. 371, y cita de fallos).---------------------------------------- 3.2. Sin perjuicio de ello, a partir de considerar que el análisis de la fundamentación del recurso debe efectuarse con criterio amplio y consecuentemente la deserción del recurso debe decretarse con criterio restrictivo en razón de la garantía de defensa en juicio (Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, T. 1, pág. 275), ingresaré a la queja vertida en cuanto considera que la sentencia se quedó "únicamente en la mezquina letra de una parte del Estatuto de la demandada, omitiendo ex profeso la estructura del resto del ordenamiento jurídico nacional y provincial .".----------------------------- Y frente a ese pretendido desconocimiento de las normas estatutarias, lo cierto es que el estatuto de una asociación debe considerarse suficientemente conocido por los miembros que ingresan en la entidad, no siendo admisible que después puedan impugnarlo (CNCiv., sala D, diciembre 24-964, "Milani, Félix y otros c. Club Comunicaciones y otro", L.L. 117-434).------------------------------------------------ Y ello por cuanto quien se incorpora a una asociación, aunque no se trate de los fundadores, realiza una adhesión a los estatutos (CNCiv., sala A, octubre 17-1984, "Sebasti, Francisco J. v. Sociedad Rural Argentina", J.A. 1985-III, 73).----------------- A su vez, la sentencia venida en apelación puso de relieve que los coactores no acreditaron haberse sujetado oportunamente al procedimiento recursivo determinado por el Estatuto, ni haber formulado impugnación administrativa de la sanción.------------------------------------------------------------------------ ----------------- En tal sentido, el art. 27 inc. i) de los estatutos de la entidad establece el derecho del socio de "Apelar por escrito ante la Comisión Directiva y subsidiariamente a las Asambleas cuando fuera objeto de una sanción disciplinaria. Este procedimiento deberá formularse dentro de los 30 días a contar del día subsiguiente al que le fuera comunicada la sanción, transcurrido dicho plazo sin haberse producido la apelación comentada, la decisión adoptada primitivamente por la Comisión Directiva queda firme e irreversible." (fs. 149 vta./150) (el subrayado me pertenece).--------------------------------------------------------------------- --- Y se encuentra admitido en demanda que los socios expulsados recibieron carta documento notificándoles la decisión de expulsión adoptada por la Comisión Directiva de fecha 07/07/98 (cartas documentos de fs. 14 y 15, y p. 3.6. y 3.7., fs. 18/19), y en dichas piezas postales se les hizo saber que podían recurrir en reconsideración ante ese órgano y también en apelación ante la próxima Asamblea.

--- En ese contexto, evidente resulta que los afectados por la sanción dispuesta no utilizaron el procedimiento establecido estatutariamente. Y por no agotar la vía interna prevista en el citado art. 27, inc. i, de los Estatutos Sociales no podían válidamente ocurrir por la vía judicial.--------------------------------------------------------- Para que proceda la instancia judicial debe previamente agotarse la instancia corporativa mediante la deducción de los recursos estatutarios pertinentes, lo cual significa que la decisión cuya impugnación se efectúe ante la justicia ordinaria debe ser definitiva e insusceptible de toda reconsideración ante el mismo organismo que impuso la medida disciplinaria, o de apelación ante otro organismo superior o ante la asamblea de socios (CNCiv., sala A, agosto 19-960, "S. L., A. c. Asociación Médica del Centro Gallego de Buenos Aires", L.L. 100-535).----------------------------------------------------------------------- --------------- --- Si no se agota la instancia corporativa, no procede la instancia judicial (en el caso, la recurrente, expulsada de una entidad hípica, no interpuso el recurso de apelación en la forma y tiempo prescriptos por los estatutos) (CNCiv., sala D, mayo 26-964, "Rodríguez de Louis, Inés c. Club Hípico Argentino", L.L. 115-474).----------------------------------------------------------------------- ------------------------- Y en comentario a ese fallo se señala que la actora planteó la nulidad de la resolución que la excluía de su club, fundada en que no fue oída, es decir, en que no tuvo oportunidad de defenderse y oponer reparos a tan grave sanción. No cuesta mucho admitir que correspondía, como se ha resuelto en el caso, la desestimación de la demanda en razón de no haberse agotado dentro de la asociación el procedimiento de reconsideración que suscitaba la decisión exclutoria. Si es indiscutible el poder correccional de las instituciones, la medida disciplinaria que se dicta contra un miembro no queda firme en tanto no asuma el carácter de cosa juzgada, al que se llega sino una vez terminadas todas las instancias. El derecho asociacional reconoce que para plantear ante la justicia el problema de una sanción disciplinaria que se considera injusta, es necesario haber utilizado dentro del grupo todos los recursos legítimos que el miembro dispone para invalidar aquella medida, y es lógico. El miembro no puede pretender salirse del propio medio en tanto haya dentro de éste una vía legal que le permita llegar a una resolución definitiva en la consideración de la pena aplicada (Paez, Juan L., "El poder correccional de las asociaciones", L.L. 115-474) (la cursiva me pertenece). --- Si el asociado no agotó los recursos a que tenía derecho en la instancia corporativa no procede la instancia judicial (CNCiv., sala D, noviembre 9-988, "Puig, Juan Carlos c. Círculo de Suboficiales de la Armada", L.L. 1990-A, 518).

--- En ese direccionamiento, se sostuvo en el citado fallo que "el derecho de defensa del sancionado estuvo perfectamente resguardado, pues el art. 44 del reglamento interno establece que "a los efectos de que el derecho de defensa pueda ejercerse plenamente, el socio sancionado podrá recurrir en primera instancia ante el Consejo Directivo que lo sancionó por nota . la reconsideración de la sanción aportando los detalles que justifiquen su presentación", no obstante lo cual, "podrá recurrir en apelación ante la primera asamblea que se realice". Para a continuación precisar respecto a los agravios del actor que ". no pueden, en absoluto, servir de sustento a la infundada afirmación del recurrente de que "su derecho de defensa y a producir pruebas ya fue violado, lo que importa, de por sí, la nulidad de su expulsión" porque, si se advierte que tal recurso estaba reglamentariamente establecido -como expresé- para garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa, resulta evidente que la omisión de tal recurso . constituye una imperdonable ligereza, que impide admitir su agravio relativo a la lesión de su derecho de defensa en juicio (conf.: arts. 902 y 1111, Cód. Civil) (del voto del Dr. Russomanno en fallo citado precedentemente, L.L. 1990-A, págs. 520/521) (la cursiva me pertenece).--------------------------------------------------------------------- ------- De tal modo, mal puede alegarse la violación del derecho de defensa cuando los aquí actores no recurrieron al recurso de reconsideración ante el mismo órgano (Comisión Directiva), que le hubiese permitido a su vez interponer subsidiariamente recurso de apelación ante el órgano superior (Asamblea) (art. 27, inc. i, del Estatuto de la asociación demandada).--------------------------------------------- Nótese que la Comisión Directiva del Club con fecha 07/07/98 (Acta N° 1377) al sancionar con la medida de expulsión dispuso que "Se notificara fehacientemente a cada uno de los sancionados para asegurarles el ejercicio de su legítimo derecho de defensa, conforme lo establecido por el Estatuto de la Institución .". Notificación que fue debidamente cumplimentada (cartas documentos de fs. 14 y 15, y admisión a los puntos 3.6. y 3.7. del escrito de demanda), incluyéndose en las citadas piezas notificación en el sentido que "podrá recurrir en reconsideración ante la Comisión Directiva dentro de los 30 días de notificado, y de serle denegado dicho recurso, podrá recurrir en apelación ante la próxima Asamblea, todo ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 27 inc. i) del Estatuto de la Institución".------------------------------------------------------------------ Y la falta de utilización del procedimiento previsto estatutariamente lleva a considerar que, en aquellos casos en que los estatutos establecen expresamente recursos internos ante organismos de la asociación, quien los omite no puede pretender la revisión judicial de lo actuado, pues al no ejercitar sus derechos derivados del estatuto -al cual se ha subordinado para ese tipo de cuestiones, como ya hemos visto- ha consentido la resolución que lo condena. La solución contraria implicaría desligarlo de las disposiciones estatutarias que aceptó cumplir, permitiéndole omitir instancias. Por ello, es regla pacíficamente admitida que el recurso judicial se abre cuando el miembro ha agotado todas las instancias internas previstas en el estatuto (Lavalle Cobo, Jorge E., "Aspectos procesales en el poder disciplinario de las asociaciones", L. L. 1990-A, págs. 521/522) (el subrayado me pertenece).--------------------------------------------------------------------- -------------------- Así, resulta indudable que los jueces tienen la facultad de verificar si antes de la acción judicial se agotó la instancia administrativa de acuerdo con lo preceptuado en los estatutos, motivo por el cual si se constata que el asociado no utilizó las vías recursivas previstas tendientes a obtener una reconsideración de la medida disciplinaria adoptada (en el caso apelación ante la Comisión Directiva y subsidiariamente ante la Asamblea, art. 27, inc. i), ello importa una evidente ligereza que impide atender el agravio vertido en el sentido que se le impidió ejercer su derecho de defensa en juicio, pues a esa parte le es plenamente imputable la conducta omisiva que asumiera en el caso (art. 902 del Código Civil).

--- Es que, si el actor no interpuso los recursos establecidos en el estatuto de la asociación demandada, no puede válidamente ocurrir a la vía judicial (CNCiv., sala D, 8/8/90, "Villegas, Odilón J. v. Club Atlético O.S.N.", J.A. 1993-II, Índice 44, fallo n° 6).----------------------------------------------------------------------------- ------------- Por ello, al no haber agotado los actores la vía interna estatutaria no procede la instancia judicial, y desde que esa circunstancia es un dato objetivo que surge de las constancias de la causa y también de los términos de la propia demanda, la confesión ficta en que incurriera la parte demandada resulta irrelevante.----------------- El valor de la ficción no puede ser mayor que la realidad. Y desde luego no puede prevalecer sobre un dato objetivo que resulta de las constancias de autos. Claro está que el valor de la confesión ficta se anula totalmente si recae sobre una circunstancia de hecho que resulta contradicha por la propia demanda (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1992, T. V-B, págs. 82/83 y cita de fallos).------------------- Por tales razones, se desestiman los agravios vertidos lo que conduce a confirmar la sentencia de la anterior instancia en cuanto rechaza el planteo de nulidad de la medida disciplinaria de expulsión adoptada por la Comisión Directiva de la asociación demandada.-------------------------------------------------------- 4. Tal confirmación hace innecesario ingresar en el reclamo por daños y perjuicios, pues en el plano de la responsabilidad civil para que se configure el deber de responder nos ponemos de inmediato frente al problema de la ilicitud de la conducta. Son elementos comunes a ambos regímenes de responsabilidad (contractual y extracontractual): 1° Antijuridicidad. 2° Daño. 3° Relación de causalidad entre el daño y el hecho. 4° Factores de imputabilidad o atribución legal de responsabilidad (Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", Abeledo-Perrot, 9a. ed., 1997, págs. 74 y 108).----------------- La responsabilidad civil (contractual o extracontractual) requiere la presencia de ciertos presupuestos comunes, sin los cuales no alcanza a configurarse. Ellos son: antijuridicidad, daño, factor de atribución y relación de causalidad (Pizarro-Vallespinos, "Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones", Editorial Hammurabi S.R.L., 1999, T. 2, par. 487, págs. 476/477).---------------------------------- La acción, conducta o comportamiento, genera responsabilidad civil, sin perjuicio de los restantes elementos o presupuestos, cuando es antijurídica. La acción, base de la responsabilidad, supone un acto propio del autor, y como segundo presupuesto, la antijuridicidad (Mosset Iturraspe, Jorge, "Responsabilidad por daños. Parte general", EDIAR, 1971, T. I, págs. 23 y 55).----------------------------- Y si no hay antijuridicidad no hay daño a reparar por ser uno de los elementos generadores de la responsabilidad. No hay responsabilidad sin una acción antijurídica.------------------------------------------------------------------- --------------------- 5. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a los apelantes vencidos, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- -------------------- Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, entiendo que resulta prudente regular los honorarios del Dr. Enrique Alejandro Korn, letrado apoderado de la parte actora, y de los Dres. Gustavo Horacio Uad y José Luis Sarries, letrados apoderado y patrocinante de la parte demandada, en forma conjunta, en las sumas equivalentes al 25% y 30%, respectivamente, de las cantidades establecidas para los emolumentos de primera instancia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.---------------------------------------------------------------- ---------- Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

--- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo: -------------------------- --- I.-Vienen a esta Alzada los presentes actuados con motivo del recurso de apelación que a fs. 384 dedujera la parte actora, concedido que fuera a fs. 385, contra la sentencia de primera instancia que corre a fs. 374/380 y vta, por la cual se desestimara la demanda incoada por los Sres. Rubén Enrique V., R. Valentín G., S. R. O., A. M. M. y Martín Alejandro V. contra la Asociación Club de Pesca, Náutica y Caza Submarina de Trelew, rechazando la nulidad del acto administrativo de expulsión, como así también la acción por daños y perjuicios intentada, imponiendo las costas a cargo de los vencidos.----------------------------------------------------------------------- ----------------- --- A fs. 397/405 se halla agregado el escrito de expresión de agravios de los apelantes, y corrido a fs. 406 el traslado pertinente, el mismo fue contestado por la contraria con el responde de fs. 408/412.--------------------------------------------------- --- A fs. 414 pasan los autos a despacho a fin de dictar sentencia.--------------------- --- La descripción de los agravios vertidos por los recurrentes, como así también la evacuación de los mismos por la demandada, ya han sido adecuada y suficientemente explicitados por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, razón por la cual, y en homenaje a los principios de economía procesal, omitiré su reiteración, sin desmedro de seguir en el tratamiento de las cuestiones a dilucidar, y en aquello que estime conveniente, el mismo orden de consideración ya perfilado por mi colega preopinante, con el objeto de dotar de una mejor claridad expositiva al pronunciamiento a dictar.------------------------------------------ --- II.- Así, en el esquema del contexto señalado ingresaré al análisis de los temas a resolver.----------------------------------------------------------------------- ------------------ --- II.a) En primer lugar, los quejosos apuntan su ataque censurando el fallo en crisis por cuanto entienden que se ha violado el principio de congruencia con relación al tratamiento de las cuestiones planteadas en demanda.---------------------- --- Cabe puntualizar con respecto a este argumento formulado por los actores, que es verdad que el destino del principio de congruencia es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, y exige que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disciplina (conf. SCBA, in re " "Bruni, Olga M. c/ Alinsa S.A.", DJBA, 136- 1963).-------------------------------------------------------------------------- - --- Y dentro de este proyecto de ponderación, dicho principio comprende la prohibición de cambiar una acción por otra, condenar algo distinto a lo pedido o a rubros no deducidos, sentenciando el juez sobre cuestiones extrañas a la controversia o no articuladas por las partes. Esta constricción responde a un ineludible ajuste entre proceso y Constitución porque, en su defecto, se violarían las garantías de los artículos 17 y 18 de la última (en igual sentido, ST Entre Ríos, in re "Cortez, Oscar c/ Citrícola Iberia S.A.", DJLL, 1996, T. XI, p. 494 y sgts.).

--- Sentado lo anterior, de la lectura de la expresión de agravios de fs. 397/405, se desprende que el embate puntual sobre esta cuestión estriba en considerar por parte de los apelantes, el error en que habría incurrido el juzgador al tratar en primer lugar lo que resultaba de carácter accesorio, cual era el rubro de daños y perjuicios, posponiendo lo principal, y que debió haber considerado inicialmente, constituido por la nulidad del acto administrativo pretensa.----------------------------- --- Tal como se han desarrollado los hechos invocados en el presente proceso, no he de compartir el criterio sostenido por los apelantes.----------------------------------- --- Y digo esto, por cuanto por el principio iura novit curia (el juez conoce el derecho), corresponde al juez la determinación correcta del derecho, debiendo discurrir los conflictos litigiosos y dirimidos según el derecho vigente subsumiéndolo en las normas jurídicas que los rigen.----------------------------------- --- En este sentido, pues, es tarea del juzgador mediante el examen de los hechos cuestionados y de las relaciones existentes entre las partes, darles su auténtico sentido desentrañando la verdadera figura jurídica que prevalece en una situación dada, y ello como consecuencia de aplicar las pautas que emanan del artículo 163, inc. 6° del código adjetivo.-------------------------------------------------------------------<#LI NE> --- A mi leal saber y entender, considero que tal tarea es la que ha llevado a cabo, y correctamente, el sentenciante de grado anterior.--------------------------------------- --- Desde este posicionamiento ha de advertirse que la acción aquí entablada está fundada en una demanda de daños y perjuicios, sin que pueda suponerse que resulta de obligado tratamiento para el juez el orden de las cuestiones que las partes hayan planteado en sus respectivos escritos de inicio y de responde, conforme vengo de decir en los párrafos precedentes al aludir al principio iura novit curia.-------------------------------------------------------------------------- --------- --- Así, en su resolutorio el magistrado de la anterior instancia expresó que no correspondía hacer lugar a la acción de daños y perjuicios pretensa, en razón de no haberse configurado un obrar antijurídico por parte de la demandada (v. Considerando I, fs. 378), y ello por no hallarse probado en autos la imputación en tal sentido; para luego abordar la cuestión atinente a la peticionada nulidad del acto administrativo (v. Considerando II, fs. 378 vta./380).------------------------------ --- En tal entendimiento, ha de recordarse que el daño es el presupuesto central de la responsabilidad civil, y la acción antijurídica imputable no es punible si no ocasiona un daño. Por ello, con claridad precisa el artículo 1067 del Código Civil que no habrá acto ilícito punible para los efectos del código, si no hubieses daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar (conf., Mosset Iturraspe, J. "Responsabilidad por Daños", Ediar, año 1977, T. I, p. 140 y sgts.).------------------ --- Es decir, sin que exista perjuicio no hay responsabilidad civil, lo cual no es más que una aplicación del principio general, según el cual sin interés no hay acción (conf., Zannoni, E., "El Daño en la Responsabilidad Civil", Astrea, Bs.As., año 1993, p. 1; Lalou, Henri, "Traité de la Responsabilité Civil", 4ª ed., París, Dalloz, año 1949, p. 92, N° 135; Letourneau, Philippe, "La Responsabilidad Civil", 2ª ed. Dalloz, París, año 1976, p. 141, N°375).--------------------------------------------------- --- Además, ha de tenerse presente que el daño para ser indemnizable debe ser cierto y no puramente eventual o hipotético, lo que supone una existencia real o bien una probabilidad suficiente, que en ambos casos debe ser fehacientemente demostrada, y que en el supuesto de autos no ha sido acreditada (en igual sentido, Mosset Iturraspe, J., op. cit.; idem, Orgaz, Alfredo, "El Daño Resarcible", Ed. Omeba, año 1960, p. 93).-------------------------------------------------------------------- --- En consecuencia, de acuerdo a los argumentos precedentes, no se advierte que en la sentencia apelada el Sr. Juez a-quo haya cambiado una acción por otra, o condenado algo distinto a lo peticionado o sobre rubros no introducidos por las partes, o hubiera fallado sobre cuestiones extrañas al litigio o no articuladas por las partes, pues en estos supuestos sí puede darse el caso de incongruencia que alegan los actores, y tildarla entonces de arbitraria, lo que, reitero, aquí no sucede.--------- --- II.b) Reprochan luego los recurrentes que el pronunciamiento impugnado no hubiese declarado la nulidad del acto administrativo, y esto así por cuanto no se les permitió el pleno ejercicio de su derecho de defensa.------------------------------------ --- En este sentido, cabe señalar que la postura asumida por los quejosos con respecto a este tema, en términos generales, es una reproducción de los argumentos ya esgrimidos en el libelo inicial (v. fs. 17/24, Punto 3.8), reiterado en su alegato (v. fs. 363/365 vta., Punto IV).--------------------------------------------------------------- --- Y en esta dirección se ha dicho que la expresión de agravios no debe reiterar argumentos anteriormente emitidos, pues debe ser autosuficiente y completa. Así, la impugnación apelatoria en la que el recurrente repite razonamientos ya expresados en escritos anteriores, viola el artículo 265 del CPCC, por cuyo motivo corresponde declarar desierto el recurso, en virtud de los dispuesto en los artículos 266 y 271 del citado ordenamiento (conf., De Santo, V., "Tratado de los Recursos", Ed. Universidad, año 1999, T. I, p. 335 y sgts.; idem, CNCont.Adm., Sala II, ED, t. 111, p. 409).----------------------------------------------------------------- --- No obstante lo antedicho, y considerando que los apelantes insisten en afirmar que la demandada no respetó el debido derecho de defensa que les asistía, entiendo que corresponde ingresar al tratamiento de esta cuestión, y tomando en cuenta el criterio amplio de valorización, por ser el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa invocado en juicio y con el sistema de la doble instancia adoptado por la ley, y que guía a esta Cámara en el contralor de los recursos que llegan a su decisión.----------------------------------------------------------- --- Uno de los principales reparos que los quejosos predican, finca en la circunstancia, sostienen, en que sobre esta cuestión el fallo en crisis hizo hincapié en las normas estatutarias, dejando de lado el ordenamiento jurídico nacional y provincial.--------------------------------------------------------------------- ---------------- --- En este punto es dable señalar lo manifestado por el Sr. Magistrado anterior en el fallo bajo estudio. En efecto, de manera prolija en la sentencia recurrida va desgranando las razones que lo mueven a rechazar la pretensa nulidad del acto.--- --- Así, entre ellas, hace referencia a la omisión en que incurrieran los actores, de sujetarse a los procedimientos recursivos que para el caso de aplicación de medidas disciplinarias, contiene el mismo Estatuto de la entidad demandada.----------------- --- En tal sentido resulta cierto que el inc. i del artículo 27 de la Asociación Club de Pesca, Naútica y Pesca Submarina, contempla la posibilidad de apelar que tienen los asociados cuando son pasibles de sanciones disciplinarias, fijando las condiciones temporales, como así también los órganos competentes para tramitarlas y decidirlas, atribuciones que recaen en la Comisión Directiva y/o las Asambleas.---------------------------------------------------------------------- --------------- --- Desde este punto de vista, pues, ha de ponderarse que toda asociación o corporación tiene el derecho a juzgar y penar a sus miembros que violen normas que las rigen.-------------------------------------------------------------------------- ---------- --- Esta facultad es una exigencia vital del entidad que se vincula con sus fundamentos de origen, cuya concreción se produce en el momento mismo en que sus integrantes al ingresar le aportan una transferencia parcial de derechos o potestades, para disfrutar en cambio y colectivamente de otros beneficios que constituyen la motivación individual.---------------------------------------------------- --- Nace consecuentemente, con el ente colectivo, un interés propio de éste que se distingue y prevalece sobre el de los integrantes, pero que debe guardar con los mismos una necesaria armonía.------------------------------------------------------------ --- Si esta armonía falta y la corporación desatiende completamente a alguno de los individuos que la conforman, éste carecerá de interés para continuar siendo parte; e inversamente, si es el integrante quien lesiona el interés colectivo, será la corporación que adoptará medidas en su defensa (conf., Gregorini Clusellas, Eduardo L., "La Potestad Disciplinaria de las Asociaciones y su Contralor Judicial", LL, 1990-B-424).-----------------------------------------------------------------<#L INE> --- Las mismas deberán relacionarse con la gravedad de la falta y circunstancias del caso, y para establecerlas deberá estarse a lo dispuesto en los estatutos. En tal sentido, nuestra doctrina y jurisprudencia han consagrado la vigencia implícita del poder disciplinario de las asociaciones, considerándolo una expresión del derecho a existir y autodefender dicha existencia (conf. Borda, G., "Tratado de Derecho Civil", Ed. Perrot, año 1980, T. I, p. 583 y sgts.).---------------------------------------- --- Y en este contexto, entre los derechos de que gozan las asociaciones se encuentra el de la expulsión de sus miembros. Empero este derecho no puede ser ejercido arbitrariamente, ya que es preciso que se haya cumplido el procedimiento previsto en los estatutos, pudiendo ser anulada judicialmente toda resolución que no se hubiera ajustado a ellos (Borda, op. cit.).-------------------------------------------- --- Bosquejados lo lineamientos jurídicos precedentes, surge entonces un interrogante esencial: ¿fue quebrantado el debido derecho de defensa de los actores por parte de la asociación demandada?.---------------------------------------------------- --- Así, del atento examen de los antecedentes habidos en la causa, se desprende que los accionantes fueron debidamente notificados de la medida expulsiva adoptada por la entidad a la que demandan, con expresa mención de las variadas causales que dieran origen a la misma, como así también hacen saber la posibilidad que tenían los sancionados, y conforme las normas estatutarias, de recurrir la medida disciplinaria que los afectaba, dentro de los plazos que dichos estatutos disponen y ante los órganos regularmente establecidos para ello (v. fs. 14, 15; fs. 18/19, Puntos 3.6, 3.7 del escrito de demanda).------------------------------------------- --- Y efectivamente, rectificados por la asociación accionada los defectos formales que fueran señalados por la Inspección General de Justicia en su Resolución N° 17/98 I.G.J., la demandada cumplió posteriormente todos los pasos que las normas internas han estructurado para salvaguardar el debido derecho de defensa de los actores.------------------------------------------------------------------------ ----------------- --- Y precisamente, como muy bien lo pauta la sentencia en crisis, los demandantes no hicieron uso en tiempo oportuno del derecho de defensa que les asistía, interponiendo ante la Asociación Club de Pesca la vía recursiva que mismo ordenamiento interno les otorga a fin de revertir las sanciones disciplinarias aplicadas por las faltas que les fueran imputadas, ya sea mediante la reconsideración de la medida o su posterior apelación.---------------------------------- --- Y en este aspecto, acertadamente lo ha expresado el maestro Llambías, al decir que para que proceda la instancia judicial debe previamente agotarse la instancia corporativa, deduciendo los recursos estatutarios pertinentes. Esto significa que la decisión cuya impugnación se efectúe ante la justicia ordinaria, ha de ser definitiva e insusceptible de toda reconsideración ante el mismo organismo que haya impuesto la medida disciplinaria, e insusceptible también de apelación ante otro organismo superior o la misma Asamblea de los socios (v. Llambías, Jorge J., "Tratado de Derecho Civil - Parte General", Ed. Perrot, año 1975, T. II, p. 150; idem, Dig. Práctico, "Asociaciones", Ed. LL, año 1999- 2000, Dir. Luis F. Leiva Fernández, T. I, p. 339 y sgts.).------------------------------------------------------------- --- No agotada, pues, por los apelantes la vía de impugnación estatutariamente establecida a los fines de ejercer el debido derecho de defensa que les asistía, entiendo que deviene intrascendente la señalada confesión ficta de la accionada, ya que la confesión ficta no siempre es decisiva, debiendo ser apreciada en su correlación con el resto de las pruebas y atendiendo a las circunstancias de la causa, ya que de lo contrario se haría prevalecer la ficción sobre la realidad y la decisión podría alejarse de la verdad objetiva (conf. SCBA, in re "Molina de Cinefra, Jacinta M. C/ Falvo Pascual N.", DJBA, 123- 152).--------------------------- --- Por tales motivos es que considero ha sido correcta la decisión judicial atacada por los quejosos en cuanto rechaza la pretensa nulidad del acto administrativo de expulsión dispuesto por la entidad demandada.------------------------------------------ --- Consecuente con los fundamentos alegados corresponde desestimar esta porción del recurso. Y en mérito a esta decisión adoptada, torna estéril abocarse al tratamiento del reclamo por daños planteado por los actores, y ello en razón de no haberse conformado los requisitos necesarios que habiliten su procedencia, ante la inexistencia de un probado obrar antijurídico por parte de la asociación demandada, tal cual lo explicitara en el Punto II.a) precedente.------------------------ --- II.c) En virtud de las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestos, he de proponer la Acuerdo la confirmación del fallo venido en apelación en todas aquellas cuestiones que fueran materia de agravios, imponiendo las costas de segunda instancia a los actores perdidosos, por imperio del principio objetivo de la derrota consagrado en el artículo 68 del código de rito, del que no encuentro motivo para apartarme.---------------------------------------------------------------------- -- --- En tal entendimiento, y tomando en cuenta la calidad, eficacia, extensión y resultado obtenido por sus trabajos de Alzada, estimo adecuado fijar los honorarios del Dr. A. K., apoderado de los actores, en el 25%, y el de los Dres. G. H. Uad y J. L. S., apoderado y patrocinante de la parte demandada, en el 30%, en conjunto; porcentuales que serán tomados de las sumas determinadas para los honorarios que fueran regulados en la instancia anterior, y todo ello conforme las pautas dadas por los artículos6, 14 y 47 de la ley arancelaria, a los que se añadirá el IVA respectivo.--------------------------------------- --- Doy por concluida mi intervención y a esta primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.--------------------------------------------------------------------- -------------- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: ----------------------------------- Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia a los apelantes vencidos; y c) regular los honorarios de los Dres. E. A. K., G. H. U., y J. L. S., estos dos últimos profesionales en conjunto, por sus tareas de Alzada, en las sumas equivalentes al 25% y 30%, respectivamente, de las cantidades establecidas para los emolumentos de primera instancia, con más el I.V.A. correspondiente.-------------- Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ------ --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente expresó: --------------------- --- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, por constituir el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en todas la cuestiones venidas a su decisión.----------------------------------------------------------------------- -------------- --- ASÍ LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haber sido recusado el Sr. Juez de Cámara Dr. S. Rubén Lucero (art. 8 de la ley 1130, texto de la ley 4550), pasándose a dictar: ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ S E N T E N C I A: -------------------------------------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: -------- --- CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; -------------------------------------------------------------------------------- ----------- IMPONER las costas de segunda instancia a los apelantes vencidos; ---------------- REGULAR los honorarios de los Dres. E. A. K., G. H. U., y J. L. S., estos dos últimos profesionales en conjunto, por sus tareas de Alzada, en las sumas equivalentes al 25% y 30%, respectivamente, de las cantidades establecidas para los emolumentos de primera instancia, con más el I.V.A. correspondiente.---------------------------------------------------------------- ------ --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------------------------------------------------- Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 27 DE 2007 - SDC.- CONSTE.-