Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-20


"ANTON ROBERTO ENRIQUE CONTRA LEGISLATURA DE C.A.B.A. SOBRE OTROS PROCESOS INCIDENTALES" , EXPTE: EXP 18584 / 1 Buenos Aires, 20 de febrero de 2006. Y VISTOS: Estos autos, que han sido elevados a conocimiento del tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada (fs. 17/9) contra la resolución obrante a fs. 10/3. I. Mediante el pronunciamiento recurrido el juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los amparistas y, en consecuencia, suspendió la realización de la sesión secreta de la Sala Juzgadora -prevista para el día 23 de noviembre a las 14 hs.-, hasta tanto fuese convocada una sesión a desarrollarse en forma pública. Asimismo, el magistrado ordenó que se publique inmediatamente la versión taquigráfica de la reunión de la Sala Juzgadora que tuvo lugar el día 18 de noviembre. Tal decisión fue apelada por la Legislatura -a tenor de los agravios vertidos en su memorial-, circunstancia que motiva la intervención de esta alzada. La señora Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 50/2. II. Sin perjuicio de la opinión que pudiesen tener los suscriptos acerca de la cuestión que origina la controversia, lo cierto es que el TSJ ha dejado en claro que planteos como el que ha suscitado la formación de esta causa no pueden ser objeto de juzgamiento por parte de los tribunales inferiores de la Ciudad. Ello, más allá de la eventual intervención que le quepa al más alto tribunal local con rel ación a las decisiones finales a las que se llegue en los juicios políticos regulados en la Constitución de la Ciudad (cfr. TSJ, expte. nº 4312/05, "Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires s/ pedido de inhibitoria en Gallardo, Roberto Andrés c/ Consejo de la Magistratura s/ amparo", sentencia del 9 de noviembre de 2005). Luego, de conformidad con la doctrina expuesta corresponde hacer lugar a los agravios, declarar la incompetencia de este fuero para conocer en el caso y, en consecuencia, dejar sin efecto todo lo actuado (cfr. Fallos, 307:1094; causa "Cerámica San Lorenzo"). DISIDENCIA DEL DR. CARLOS F. BALBIN: I. En sustento de la apelación, la parte demandada sostuvo -en síntesis- que, conforme la regulación constitucional del juicio político al Jefe de Gobierno de la Ciudad (arts. 92 a 94, CCBA), se encuentra vedado a los demás poderes cualquier injerencia en su tramitación, y sólo resulta posible instar el control judicial -en caso de arbitrariedad o inconstitucionalidad- una vez dictado e l fallo que pone fin al proceso. Agregó que la decisión adoptada por la Sala Juzgadora -carácter secreto de sus reuniones- es de mero trámite y, en atención a esa naturaleza -decisión no definitiva ni equiparable a tal-, solamente dicho órgano es competente para resolver la cuestión, en ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas por el Convencional Constituyente. Por ello, consideró que el magistrado que hizo lugar a la medida cautelar es manifiestamente incompetente y ha obstruido injustificadamente el desarrollo de una función que compete al Poder Legislativo, en una etapa en la cual no corresponde el examen de sus actos por parte de ninguna autoridad judicial. Así las cosas, corresponde examinar si la cuestión objeto del litigio es justiciable en este estado del trámite. II. El primer aspecto a tratar es si resulta aplicable a este caso la doctrina establecida por el TSJ en el precedente "Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires s/ pedido de inhibitoria en Gallardo, Roberto And rés c/ Consejo de la Magistratura s/ amparo", que ha sido citado en el voto de la mayoría. De los fundamentos de ese pronunciamiento surge que dicho tribunal consideró que en la Ciudad de Buenos Aires el proceso de remoción de magistrados tiene una regulación constitucional y legal propia y específica. En efecto, el régimen de remoción está reglamentado en el art. 123, CCBA y el art. 29, ley 54 -que regula el Jurado de Enjuiciamiento y el Procedimiento de Remoción de Magistrados e Integrantes del Ministerio Público-. Esas normas prevén: 1) un recurso directo por ante el TSJ; y 2) la recurribilidad del fallo final sólo en los casos de manifiesta arbitrariedad. A su vez, se puso de relieve que el procedimiento no puede ser paralizado o suspendido mediante una medida cautelar (voto de la Dra. Conde, fundamento 2). Ahora bien, el bloque normativo descripto no se refiere a la cuestión debatida en esta causa, esto es, el régimen del juicio político al Jefe de Gobierno y, en particular, la exigencia de publicidad de las reuniones de la Sala Juzgadora. Más aún, el TSJ no se ha expedido acerca de la aplicación, ya sea en forma directa o analógica, de tales normas y de la doctrina establecida en el fallo al ámbito del juicio político. Por otra parte, en este caso no se trata de la suspensión o paralización del proceso de juzgamiento, sino simplemente de controlar que su desarrollo se ajuste a las previsiones constitucionales. Así las cosas, no cabe sino concluir que el precedente mencionado resulta inaplicable a este caso. III. La doctrina de las cuestiones políticas no justiciables y, en particular, de los "actos de gobierno", no es sino una reminiscencia de la vieja idea de la razón de Estado (García de Enterría, Eduardo, La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 1983, 3ª edición, p. 70). Y puntualiza el citado profesor: "Proclamar la inmunidad jurisdiccional de la Administración en estas materias, así genérica e imprecisamente llamadas políticas, implica ni más ni menos que consagrar que la Administración puede obrar en las mismas sin límite legal alguno, incluso atropellando los derechos más elementales y más obvios de los ciudadanos, puesto que no existe medio técnico ninguno, ni de imponerle esos límites legales, ni de exigirle el respeto a esos derechos hipotéticamente atropellados" (ob. cit., p. 62). La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires atribuye competencia al Poder Judicial para el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por ella, los convenios que celebre la Ciudad, los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales (art. 106, CCBA). Esta disposición no encuentra excepción alguna en la Constitución. Por ello la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables no tiene sustento normativo alguno. Se trata, más bien, de una teoría meta jurídica (Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Fundación de Derecho Administrativo, Bs. As., 1998, 3ª edición, tº 2, VIII-6 y ss.). IV. Lo dicho no implica, en m odo alguno, consagrar el denominado gobierno de los jueces. Por el contrario, el tribunal no olvida que, como ha establecido reiteradas veces la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la misión más delicada del Poder Judicial consiste en mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes del Estado (Fallos, 155:248; 311:2580, entre muchos otros). Sin embargo, no por ello resulta plausible renunciar al ejercicio de la tarea que ha sido atribuida a los jueces por nuestro sistema constitucional, cual es la de velar por el efectivo respeto de la Constitución. Es que, precisamente, la esencia del Poder Judicial es resolver los conflictos traídos a su conocimiento declarando el derecho aplicable a cada caso. Y como en un sistema democrático ninguna actividad del Estado puede quedar fuera del orden jurídico, resulta palmario que todos los actos estatales son susceptibles de ser confrontados con el derecho vigente -en cuya cúspide se encuentra la Constitu ción-. En otras palabras, el Poder Judicial no puede arrogarse funciones reservadas por la Constitución a los otros poderes del Estado, pero lo que sí debe hacer es ejercer la función judicial, esto es, la potestad de juzgar. La cuestión traída a juicio en esta causa no escapa a esta regla, toda vez que -según lo dicho- la Constitución no establece excepción alguna. Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que "Es incuestionable la facultad de los tribunales de revisar los actos de los otros poderes -nacionales o locales- limitada a los casos en que se requiere ineludiblemente su ejercicio para la decisión de los juicios regularmente seguidos ante ellos" (Fallos, 320:2851). En el mismo sentido ese Alto Tribunal dijo que "Esta Corte, a partir del precedente 'Graffigna Latino' ha sostenido la doctrina según la cual las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de magistrados en la esfera provincial, dictadas por órganos ajenos a los poderes judiciales locales, c onfiguran cuestión justiciable cuando se invoca por la parte interesada violación del debido proceso. En consecuencia, fue afirmado que tales decisiones no escapan a la revisión judicial por dichos poderes, ni a la posterior intervención de la Corte por vía del recurso extraordinario" (Fallos, 316:2940). Por su parte, y de manera concordante, el TSJ sostuvo que "Aún cuando se trate de actos ejecutados por otro poder en ejercicio de sus facultades privativas, la irrevisabilidad judicial no puede ser la regla, sino la excepción. Sostener que se está en presencia de una cuestión no justiciable supone la carga de demostrar cuales son los términos de la norma cuya determinación queda librada por la Constitución a la discrecionalidad política y, por ende, exenta de la revisión judicial... Son revisables judicialmente los actos relacionados con funciones privativas de otros poderes, en la medida en que el control se limita a verificar si dicho ejercicio se efectuó regularmente, es decir, en cumplimiento de los requi sitos establecidos por la Constitución. No puede hablarse con propiedad de supremacía de la Constitución, si quien está encargado de controlar la legitimidad constitucional de los actos es el propio poder que los emite" (causa SAO nº 50/99, "Partido Justicialista y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Legislatura"). V. Resultan particularmente ilustrativas algunas de las consideraciones efectuadas por el juez Fayt en la causa "Trovato" (CSJN, sentencia del 6/5/97, LL 1997-E-764), donde se debatía la procedencia del control judicial de decisiones adoptadas, durante el trámite del juicio político, por el Senado de la Nación constituido como tribunal de enjuiciamiento. Allí, tras poner de relieve que, en ese caso, el recurso extraordinario federal resultaba improcedente por cuanto la cuestión apelada no era la sentencia definitiva (art. 14, ley 48), destacó que ello "...no significa que los actos del Senado, en su calidad de autoridad nacional, no sean pasibles de ser sometidos a la jurisdicción de l os tribunales de la Nación por la vía del amparo. Ello es así, pues de entenderse lo contrario bastaría con que la lesión a las garantías que le asegura la Constitución Nacional a la función judicial emane de una decisión 'no definitiva', para que ella estuviera exenta del control de los tribunales". VI. Conforme lo expuesto, la cuestión objeto de este juicio, consistente en determinar si el Poder Legislativo (Sala Juzgadora) ha actuado regularmente, es decir, con estricto apego a la Constitución, en el ejercicio de su competencia para actuar como tribunal de enjuiciamiento del Jefe de Gobierno (arts. 92 a 94, CCBA), es susceptible de control judicial. Asimismo, en tanto los actores aducen la violación palmariamente ilegítima y arbitraria del derecho de todo ciudadano a la publicidad de los actos de gobierno, prima facie se advierten reunidos los requisitos constitucionales y legales para la procedencia de la vía del amparo (arts. 43, CN; 14, CCBA, y 1, ley 16.986), circunstancia de la cual deriva la competen cia de las instancias judiciales ordinarias. VII. Por lo demás, tampoco puede compartirse el argumento de la apelante referido al supuesto carácter no definitivo de la decisión impugnada por los amparistas. Adviértase, al respecto, que -en el supuesto de asistir la razón a la parte actora- el perjuicio que ésta aduce podría resultar de reparación ulterior imposible toda vez que debería nulificarse e iniciarse nuevamente todo el proceso, y ello traería como consecuencia directa el vencimiento del plazo que prevé el art. 94, último párrafo, CCBA y, por tanto, el archivo de las actuaciones. Por lo tanto, aquélla debe ser equiparada a un pronunciamiento definitivo del órgano competente (Sala Juzgadora). En efecto, si todo el procedimiento se llevase a cabo con alcance reservado, la hipotética anulación judicial del fallo final -ya sea que este último destituya o absuelva al Jefe de Gobierno- no remediaría la lesión al derecho invocado, esto es, el derecho de todos los habitantes a presenciar el debate. VIII. Si b ien lo dicho hasta aquí resulta suficiente para desestimar los agravios vertidos por la recurrente, es del caso señalar que la evaluación de las constancias de la causa -dentro del acotado marco de conocimiento admitido por la naturaleza del instituto precautorio, y con la provisoriedad que es propia de esta instancia liminar del proceso- permiten sostener que, prima facie, el derecho esgrimido en sustento de la pretensión resulta verosímil. Ello así, toda vez que la Constitución de la Ciudad consagra el principio de la publicidad de todos los actos de gobierno (art. 1, primer párrafo, CCBA) y establece, en particular, que "Todas las sesiones de la Legislatura son públicas" (art. 74, párrafo tercero, CCBA). Cabe agregar que, en materia de derechos políticos y participación ciudadana (Título Segundo, CCBA), la Constitución local establece que "La Ciudad garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía, conforme a los principios republicano, democrático y representativo, según l as leyes que reglamenten su ejercicio." (art. 62, primer párrafo). Y resulta claro que dicha garantía podría resultar menoscabada si se lesionase el derecho de los ciudadanos a conocer los debates de la Sala Juzgadora en el marco del juicio político seguido contra el Jefe de Gobierno. IX. En suma, por las razones expuestas corresponde desestimar los agravios y confirmar la decisión apelada. En mérito a las consideraciones vertidas, normas y jurisprudencia citadas, y habiendo dictaminado el Ministerio Público Fiscal; por mayoría de sus integrantes el Tribunal RESUELVE: Hacer lugar a la apelación, declarar la incompetencia de este fuero para conocer en el caso y, en consecuencia, dejar sin efecto todo lo actuado. Notifíquese, y a la señora Fiscal de Cámara en su despacho. Oportunamente remítase a primera instancia a fin de proceder al archivo del expediente.-