marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cheque, responsabilidad del banco
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giménez, Hugo Antonio c/ Banco Comercial del Tandil S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-07-16

El banco comisionista debe responder por la falta cometida en la conservación del cartular perteneciente al comitente, dada su pérdida o extravío. Tal responsabilidad no se mitiga ni desaparece por una posible falta de las cámaras compensadoras como razona la demandada, puesto que la norma legal que erige la responsabilidad del comisionista abarca aún los casos de pérdida del título de crédito mediando caso fortuito o violencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acreedor privilegiado, derechos del acreedor, derechos creditorios
Materia: COMERCIAL
Carátula: BGAS. Y VDOS.CASTRO HNOS - QUIEBRA c/ CICUTTO s/ Ordinario (Act. P/agregar) Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-07-29

El acreedor privilegiado puede hacer valer su derecho en cualquier momento aún cuando el bien fuera subastado por los acreedores del concurso, gozando de la prioridad que le da el derecho de hipoteca, pero no puede oponerse, al menos con los argumentos que propone, a la subasta del bien, m s cuando se advierte de la contestación de los agravios, una aparente oposición formal, cuando afirma que debe respetarse el derecho de "todos los interesados" sin hacerse cargo de las demoras a que alude.
Infracciones formales tributarias, revisión judicial
Materia: PENAL
Carátula: Amore Salvador y Luis Salvador Amore SH (Zapatilandia) s/ apela resol. AFIP-DGI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

La revisión judicial de las determinaciones del juez de grado en infracciones tributarias sólo procede cautíssimo modo, pues es él quien dispone de los elementos necesarios para el ejercicio apropiado de la facultad sancionatoria ante inconductas de los contribuyentes fiscales.
Daño moral, indemnización, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: E., H. D. c/ R. V., G. R. y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-27

Existe un plenario de la Excma. C.N.Civ. en el sentido de que corresponde adicionar al monto de la indemnización fijada, los intereses desde que se configuró el daño moral.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rubén Orlando Segovia c/ Ramón Darío Díaz Vélez s/ Ejecutivo-Incidente de Nulidad prom. por R. Díaz Vélez
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-06-26

La irrecurribilidad por el ejecutado de aquellas resoluciones dictadas durantela etapa de cumplimiento de la sentencia de remate, prevista en el citado artículo 578, constituye un principio general que cede o se mitiga cuando la cuestión involucra una materia ajena al estricto trámite del juicio, o bien dicho asunto origine un gravamen que no pueda subsanarse en el juicio ordinario posterior de repetición u otro ulterior que pudiere corresponder. Que, por tanto, por vía de lo particular es del caso concluir que la interlocutoria que decide el incidente de nulidad, de la subasta pública, llevada a cabo en el proceso principal de la ejecución, que resultó formado y sustanciado en orden a las exigencias del artículo 172 del Código de rito, es susceptible de ser revisada a través del recurso -ordinario - de apelación que interponga -en tiempo y forma- el propio demandado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la vida, derecho a la salud, derechos no enumerados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

El derecho a la vida, más que un derecho no enumerado en los términos del art. 33 de la Constitución Nacional, es un derecho implícito, ya que el ejercicio de los derechos reconocidos expresamente requiere necesariamente de él. A su vez, el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el primero y con el principio de la autonomía personal, toda vez que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida - principio de autonomía -.
Expropiación, Poder Legislativo
Materia: ADMINISTRATIVO-POLITICO-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de la Capital c/ Isabel A. Elortondo s/ expropiación - inconstitucionalidad de la Ley del 31 de octubre de 1884
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1888-04-14

Haciendo basar el derecho de expropiación en la mayor o menor conveniencia pecuniaria o en la designación discrecional y arbitraria del Poder Legislativo, no habría razón para distinguir entre las propiedades adyacentes o más o menos próximas a las obras y las situadas en los puntos más remotos de las mismas.
Recurso contencioso administrativo, derechos subjetivos, acción contencioso administrativa, interés legítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ziemsky, Dolly María c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 145-88) Montagnini, Lidia E. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 683-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-21|1995-08-02

El sistema contencioso administrativo santafesino se basa en la existencia de un doble recurso (artículo 9, ley 4106): uno encaminado a la protección de un derecho subjetivo , denominado de plena jurisdicción (artículo 10) y otro enderezado a la tutela de un interés legítimo , llamado de ilegitimidad por la ley (artículo 13). No se pueden interponer conjuntamente y la procedencia del uno excluye la procedencia del otro (artículo 16).
Nulidad procesal, audiencia, comparecencia del procesado
Materia: PENAL
Carátula: Castro, Mariano s/ Tentativa de hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-15

El art. 8 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- constituye una razonable reglamentación del art. 41 inc. 2 in fine del Código Penal que indicaría en que supuestos la omisión de la audiencia constituiría causal de nulidad, resultando obligatoria su realización por el juez. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Collavini, Jorge Hugo s/ Tentativa de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-09

Resultan ajenas al ámbito del recurso de nulidad las alegaciones relativas a la existencia de defectos de índole probatoria, como así también las críticas a los argumentos que el sentenciante ha expresado en apoyo de su decisión por tratarse de puntos relacionados con invocados errores "in iudicando" no comprendidos en las hipótesis legales de omisión de tratamiento de cuestión esencial o falta de fundamentación legal.
Acción de amparo, mandamiento de ejecución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., T. A. s/ AMPARO s/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-02-07

Este Tribunal ya ha expresado que en los casos de amparo y de mandamus, la violación de la normativa vigente debe resultar notoria y fácilmente constatable.

Va en ello la procedencia del amparo, desde que si la determinación final de la transgresión demanda una tarea que incursiona en el terreno interpretativo, por no resultar palmaria, tangible y manifiesta, no puede ser habilitante de esa instancia.
Recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Baldán Ricardo y Otro c/ Spadaro Tomás s/ Medidas Cautelares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-07

Son inatendibles las alegaciones cuya consideración en nada gravitaría sobre la suerte final de la decisión que plantea, y si se tuvo al peticionante por desistido del presente proceso, resolución que además fue consentida por el quejoso, resulta una cuestión abstracta e impropio de la judicatura analizar y resolver en este finiquitado proceso, si el recurrente tenía o no derecho a ser tenido por parte a los efectos de solicitar, justamente, la caducidad de instancia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de la ley, ley federal, Fuerzas Armadas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Olmedo de Hernández, Ramona Emilia c/ Estado Nacional (Estado Mayor General de la Armada) s/ pensión militar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-01

El recurso extraordinario es formalmente procedente, si se funda en la inteligencia de normas federales, como lo son los arts. 38, inc. 3., apartado a, y 41 de la ley 19.101, y la decisión ha sido contraria a la validez del derecho fundado en aquellas disposiciones (art. 14, inc. 3., de la ley 48).
Recurso de casación, sentencia arbitraria, objeto del proceso, traba de la litis, adquisición del dominio, prescripción adquisitiva, rechazo de la demanda, consentimiento del tercero, tercerías, facultades del tercero, pueblos originarios, derechos del aborigen, posesión
Materia: PROCESAL
Carátula: N., M. c/ C. Y B., F. y Otro s/ USUCAPION s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-06-09

El casacionista actúa por un "interés propio" en una doble pretensión, una que se rechace la demanda y la otra, que se le reconozca la posesión del inmueble y sus derechos de la Ley Nro. 2287 y del inc. 17 del art. 75 de la C.N.. La primera ha sido satisfecha por el punto 1) de la sentencia de primera instancia y fue consentido. Aquí viene en su defensa en el recurso extraordinario. El segundo exhorbita los alcances de la participación procesal, constituye un exceso y es improponible en la forma en que quedó planteada la acción y trabada la litis; ha sido rechazada por el Inferior y también consentida por el tercero. Hay improponibilidad del recurso en este puntual aspecto del reconocimiento de sus pretensos derechos a la posesión y a la condición de integrante de una comunidad originaria. El fallo en crisis confunde esas distintas situaciones, sacando arbitrariamente del contexto de la línea argumental del tercero ciertos alcances que se asigna al consentimiento del mismo. Consentir el rechazo de la demanda, no afecta el "interés propio" (actual) del tercero, porque le permite seguir pretendiendo la condición de poseedor "animus domini", que cual bien lo admite, tendrá que ejercer en un proceso posterior.

A su vez, consentir el punto 2) de la misma sentencia de primera instancia, puede o no traer efectos para el eventual y posterior ejercicio de sus invocados derechos sobre el inmueble, que son objeto en una causa futura e inclusive en expectativa.
Competencia federal, inadmisibilidad del recurso, emergencia sanitaria, pandemia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Queja interpuesta por la Dra. Stella Maris Zabala, en su carácter de Fiscal de Estado de la Provincia de Formosa c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-26

Cabe señalar que lo aquí resuelto guarda concordancia con lo dispuesto por la Sala de Feria de esta CFCP, oportunidad en la que declaró, por los fundamentos allí expuestos, la competencia federal para entender en un supuesto sustancialmente análogo al que aquí se encuentra, resolución contra la que se interpuso recurso extraordinario federal, el que fue declarado inadmisible, por mayoría, por esta Sala, en la cual se señaló que, "Por el decreto PEN N° 520/20 y los dictados con posterioridad al mismo, se estableció que, en caso de que las autoridades provinciales detectaren que un aglomerado urbano, partido o departamento de sus jurisdicciones no cumpliere con los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos, deberán informar de inmediato dicha circunstancia al Poder Ejecutivo Nacional -único facultado para establecer la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio- (cfr. D.N.U. n° 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20 y 1033/20). En este contexto de excepción, las medidas dictadas por la autoridad provincial, contrariamente a lo sostenido en las instancias anteriores ., responden a disposiciones de orden nacional dictadas en el marco de la política pública sanitaria dispuesta durante la pandemia por el Poder Ejecutivo Nacional (art. 99, inc. 3 y 128 de la C.N.)".
Derecho a la salud, SIDA, interpretación de la ley, tratamiento médico
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

El art. 8° de la ley 23.798 establece el alcance que deben tener los tratamientos para la lucha contra el SIDA, al señalar que las personas infectadas tienen derecho a "recibir asistencia adecuada", por lo que es dable concluir razonablemente que para que el tratamiento sea adecuado debe suministrarse en forma continua y regular, máxime si se tiene en cuenta los riesgos que comporta la interrupción del suministro de medicamentos para la salud de los enfermos que padecen las consecuencias del virus VIH/SIDA (Voto de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano).
Control de legalidad, escala penal, condena anterior
Materia: PENAL
Carátula: V., D. M. c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-26

Explicaron que el desinterés manifestado por el representante de la pretensión punitiva estatal, superado el control de legalidad y fundamentación, limita la actuación del tribunal frente a la ausencia de contradictorio entre ambas partes. Añadieron que el encausado se encuentra correctamente identificado, su domicilio fue constatado, carece de rebeldías anteriores y la escala penal prevista para el delito que se le imputa admite su soltura, a lo que debe sumarse que la condena anterior que registra aún no esta firme.

Querellante contra la resolución del juez de la instancia de origen que desestimó la denuncia por inexistencia de delito y rechazó su solicitud de legitimación. Los vocales, por unanimidad, revocaron y legitimaron al recurrente y, por mayoría, revocaron la desestimación.
Excepciones procesales, falta de acción, inexistencia de delito
Materia: PENAL
Carátula: HARRIS, STEPHEN PAUL s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-26

El principio según el cual la defensa de falta de acción no es dentro de nuestro régimen procesal penal la vía idónea para cuestionar la inexistencia del delito, tiene una excepción en los supuestos en que por un presupuesto fáctico o por motivaciones jurídicas cabe excluir inequívocamente toda posibilidad de punición.
Falsificación de instrumento privado, falsificación de cheque, endoso falso
Materia: PENAL
Carátula: Ahuat, Santiago A. s/ Falsificación de Documentos - Cheque - Endoso
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11

Asentar en un cheque un endoso falso significa falsificar en parte un instrumento privado (art. 292 del C.P.).
Cuestiones de competencia, empleo público, competencia contencioso administrativa, recurso contencioso administrativo, medida cautelar autónoma, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Dugo, Celina B. c/ Gobierno de la Provincia de Santa Fe s/ Conflicto de competencia. Aseguramiento de pruebas (Expte. CSJ Nro.   140-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-27

Si -en el caso- la materia sobre la que versa el pedido cautelar refiere a una relación de empleo público y, por ende, reviste naturaleza contencioso administrativa, los autos deben ser remitidos a la Cámara de lo Contencioso Administrativo de la Segunda Circunscripción Judicial. De allí que, resultando aplicable al presente supuesto la ley 11330, se hace preciso recordar que la posibilidad de obtener tutela cautelar autónoma no es extraña a la misma. En efecto, dicha ley no prohíbe ni autoriza expresamente la formulación de pedidos cautelares; por lo tanto, en tales condiciones normativas, la interpretación del artículo 14 que más se ajusta a las exigencias constitucionales que se derivan de la tutela judicial efectiva es la favorable al excepcional otorgamiento de ese tipo de tutela provisional.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos ilícitos
Materia: CIVIL
Carátula: González, Carlos Luis c/ Provincia del Chubut, Policía de la Provincia del Chubut y Otros s/ Daños y Perjuicios -Demanda Contencioso-Administrativa-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-04-13

Reiteradamente la doctrina jurisprudencial ha responsabilizado al Estado por aquellos daños causados por el accionar o el actuar imprudente de un agente de la administración, actuando éste o no dentro de los límites específicos de su función, por aplicación de la segunda parte del artículo 43 del C.C. conjuntamente con el artículo 1113, 1 parte del mismo código.
Delito de acción privada, sobreseimiento, competencia desleal, querella
Materia: PENAL
Carátula: Gallo, Hernán G. y Landin, Carlos L. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-08

La querella, en el proceso por delitos de acción privada, resulta el acto procesal equivalente al requerimiento acusatorio de apertura del juicio. Si la fecha temporal del hecho se encuentra controvertida y no se han agotado las medidas para averiguarla, no existe la certeza requerida para decretar el sobreseimiento de los imputados en orden al delito de competencia desleal y deberá revocarse. El voto concurrente agregó que toda vez que se investiga la supuesta comisión de un delito de acción privada -competencia desleal- no contemplado expresamente en el art. 67 inc. c) CP, corresponde efectuar una equiparación entre las etapas procesales de ambos procesos -el común relativo a los delitos de acción pública y el especialmente previsto para los delitos de acción privada-, con el objeto de que la ley 25.990 resulte de este modo aplicable a todos los delitos. (Dres. Hornos, Gemignani -voto concurrente- y Borinsky).
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa, máquinas
Materia: LABORAL
Carátula: ORTIZ, BENJAMIN c/ DARBAMETAL  S.A.  EF s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Merece el calificativo de peligrosa la máquina (plegadora) que funciona a instancias de un pedal y en la que se ponen y sacan las piezas con las manos, sin contar con ningún dispositivo que impida accidentes.
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: ORTIZ LOPEZ, LIDIO c/ LA CAJA DE SEGUROS DE VIDA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12

Procede revocar la resolución que declaró la caducidad de instancia, por cuanto -como en el caso- el procedimiento fue suspendido de conformidad con lo establecido por la lc 21 y se cursaron las respectivas notificaciones, frente a lo cual la sindicatura contestó el traslado e informó que el codemandado se encontraba en concurso preventivo, solicitando que se corriera traslado a la concursada; y el accionante no ha manifestado aún sí insinuó o no su crédito en el concurso y por otro lado tampoco surge que se hubiera reanudado el procedimiento. En virtud de ello no puede tenerse por cumplido el plazo legalmente previsto para que opere la caducidad de instancia ya que el procedimiento se encontraba formalmente suspendido.
Instrumentos privados, firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Decuzzi, Hugo Horacio c/ Origgi de Decuzzi, Luisa A. y otros s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

Si la firma obrante en un documento privado es falsificada, dicho documento no es nulo sino inexistente, ya que no reúne los elementos que suponen su naturaleza.
Aplicación temporal de la ley, ley vigente, ley derogada
Materia: CIVIL
Carátula: MARIO CASTRILLO, MARTA BLESA DE LAFFUSE Y OTROS c/ ESTADO PROVINCIAL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ESTADO PROVINCIAL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-04-02

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, una ley no puede ser derogada sino por otra ley. Admitir lo contrario a través de la figura de la suspensión tácita por la incompatibilidad de una ley anterior con otra posterior, reconociendo a la vez que el Poder Ejecutivo Provincial en este caso está habilitado para llenar el vacío legislativo así producido, es romper con el sistema jurídico vigente y quebrar la división de poderes. Es facultad exclusiva del Poder Legislativo derogar las leyes por él dictadas, pudiendo el Ejecutivo sólo proponer la derogación o modificación de las ya existentes a través del respectivo proyecto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Caroli, Carlos A. c/ Tubos y Perfiles SAI y C s/ Desp. Enf. acc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23

El supuesto de excepción previsto por el art. 55 de la ley 11653 que invoca el recurrente, se refiere exclusivamente a la doctrina legal establecida por este Tribunal en la interpretación de las normas legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede, precisamente, tal doctrina en caso similar, supuesto éste que no es el de autos en que se trae a consideración cuestiones de hecho como lo es el agravio referido a la dterminación por parte del Tribunal del mejor salario percibido a los fines de efectuar el cálculo del importe reclamado en concepto de indemnización por despido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, principio de adquisición, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: V., F. M. c/ G., S. N. s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-15

Del denominado principio de adquisición, los resultados de la actividad procesal que realizan las partes dentro del proceso se logran para éste, al margen de quien haya producido los actos respectivos y de la distribución de las cargas de la afirmación y de la prueba. En tal forma, las pruebas constituyen elementos de convicción comunes a todas las partes intervinientes en el proceso, por manera que el juez en el decisorio puede hacer mérito indistintamente de ellas, con prescindencia de cuál haya sido la que le hubiere aportado. Los actos son para el proceso y benefician o perjudican indistintamente a las partes, inclusive a aquélla que los solicitó u ofreció.