marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajadores marítimos, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: JESUS, ANGEL c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTES MARITIMOS  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-26

El lavado de tanques corresponde a las tareas ordinarias, que si bien no cabe confundirlas con las frecuentes o cotidianas, responden a una necesidad emergente del desarrollo de las operaciones propias del objeto empresarial y, por ello, se tornan imprescindibles en determinadas ocasiones para posibilitar la continuidad de la explotación. En tal sentido la reticencia, por parte del actor a realizar dicho trabajo, retrasando el itinerario de la embarcación, devino injustificada y tornó procedente el despido dispuesto por la empleadora.
Procedimiento aduanero, multa aduanera, acción de repetición, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGENCIA DE TRANSPORTES MOORE MCCORMACK (SA) c/ FISCO NACIONAL (ANA) s/ REPETICION-ACTUALIZACION DE MULTAS-PROCEDENCIA-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-25

Procede la repetición de sumas liquidadas en concepto de reajuste monetario de multas aduaneras ("TAIT" del 28-5-85).
Faltas, régimen de faltas, tipo penal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Banegas, María Delia s/ falta de certificado de desinfección, desinfectación y otras
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-23

En el caso, es dable establecer que las conductas reprochadas consistentes en, "No exhibir libro de registro de inspecciones, ni libro de registro de pasajeros" como así también "No tener encargado y/o responsable permanente" y "No tener chapa mural en la fachada", no constituyen figuras autónomas en relación a la falta de habilitación prevista por el artículo 4.1.1 de la Ley Nro. 451, por lo que no pueden ser objeto de punición independiente.
Honorarios del síndico del concurso, regulación de honorarios, costas, competencia, juez del concurso
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: ASTARSA c/ CONICET s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-17

Lo referido a la regulación de honorarios del síndico de la quiebra en procesos en los que las costas son impuestas a la contraparte, constituye cuestión controvertida en doctrina (cfr. García Martínez, R. y Fernández Madrid, J. C., "Concursos y Quiebras", p. 1479 y las citas allí efectuadas) y en la jurisprudencia (prueba de ello es la existencia de fallos contradictorios de la Cámara Comercial, por ej.: CNCom., en Pleno, "Rodríguez Barro y/o Supermercado Gigante SA" del 24.6.81, LL 1981-C, 237, JA, 1981-III, 143 y ss.; CNCom., en Pleno, "Cirugía Norte SRL", del 29.12.88, LL, 1989-A, 537 y ss).

Esta Cámara tiene decidido que en tanto la Ley de Arancel de Abogados y Procuradores no contempla la regulación de honorarios en favor del síndico del concurso, corresponde que ellos sean regulados por el juez que conoce en él en la oportunidad prevista por la Ley de Concursos y Quiebras (cfr. Sala II, Causa 3188 del 31.10.84, "Quiebra Saúl Lafer c/Ministerio de Justicia de la Nación").
Contratos, fianza, derechos de las partes, obligaciones de las partes, obligaciones solidarias, principal pagador liso y llano, deudor principal, concursado, novación
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. c/ ISERSKY, GABRIEL MARCELO Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-08

Ello es así porque la novación a que se refieren los arts. 706 y 808, por una parte, y el art 2047 del CCIV de 1869, por otra (CCCN 834, 849), posee en común el hecho de que responde a la decisión voluntaria de las partes, es decir, está hecha con animus novandi (CCIV 812 y CCCN 834). En cambio, la novación concursal es de base legal, prescinde de la existencia de un animus novandi; el efecto novatorio proviene de la ley y se aplica aun cuando el acreedor no hubiera prestado conformidad a la propuesta que la concernía. La diferencia entre una y otra situación es sustancial para comprender los distintos efectos jurídicos: la conformidad prestada por los acreedores al acuerdo no puede ser interpretada como una aceptación a la novación de la obligaciones que se producirá con la homologación de aquel, en la prestación de tal conformidad no hay intención de novar, sino de cobrar el respectivo crédito en la única forma que es posible o sea, a través del trámite concursal y con las limitaciones que de él resulten; la novación es una imposición de dicho trámite, o mejor dicho, de la ley, y por ser así no puede afirmarse que exista propósito de liberar al codeudor solidario o al fiador. Hacer jugar en tales condiciones a las normas del Código Civil citadas sería tanto como consagrar una injusticia, pues equivaldría a arrancarles a los acreedores, sin su consentimiento, el derecho que tienen contra los codeudores solidarios, fiadores del convocatario. Tal, pues, la ratio de la ley en cuanto no extiende los efectos de la novación concursal a los mencionados sujetos.
Ministerio Público, menores, acción de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: A., M.A. c/ Sucesión de J.R.M. s/ Demanda Laboral (Haberes Adeudados e Indemnización)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-15

La falta de intervención del Ministerio Público en causas en las que estén involucrados menores o incapaces, no necesariamente determinará que deba declararse la nulidad si no existe perjuicio para el incapaz.
Recursos administrativos, trámites judiciales, personal municipal, cesantía, sumario administrativo, instrucción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CUEVA, RAUL JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 521 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

Debe desestimarse el planteo del recurrente con relación a la falta de imparcialidad del instructor, por su desempeño como funcionario de la municipalidad, pues de lo preceptuado en la ley 9286 -art. 69, anexo I-, se deduce lo contrario. Y tampoco puede atenderse la objeción al Secretario "ad hoc" designado, fundada en el carácter de patrocinante del Intendente en la querella que éste le inició al accionante desde que, atendiendo a un criterio de interpretación estricto, lo resuelto en la instancia administrativa no se aparta de la ley 9286 (art. 71, anexo I) que no contempla la recusación del Secretario. A lo que cabe agregar que, no ha sido desmerecida la posición de la Municipalidad vinculada a que la actuación de dicho funcionario -fundamentalmente relacionada con el impulso del trámite - no aparece como decisiva. (Del Voto De La Dra. Gastaldi Que Hace Mayoría)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Luxhogar S.A. s/ Concurso preventivo. Rec. de queja Arditi, Rodolfo David y Nahum de Arditi, Adriana Rebeca s/ Concurso preventivo de acreedores
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05|1997-09-09

El pronunciamiento de la Cámara que decide sobre la aplicación de la ley 24.522 en un concurso preventivo en trámite, no es susceptible de ser recurrido por vía de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, pues no finaliza la litis, haciendo imposible su continuación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido verbal, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Vallejos M.S. c/ Lesa, Oscar s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-07-03

Al no haber transcurrido tres meses del inicio del vínculo, pudo el empleador extinguir la relación durante el período de prueba sin expresión de causa y sin derecho a indemnización alguna con motivo de la extinción (cfr. artículo 92 bis, apartado cuarto de la Ley de Contrato de Trabajo). Tal particularidad se da, entonces, en el contrato de trabajo en período de prueba, respecto al que se ha alongado más allá del último.
Ejecución de la pena, prisión domiciliaria, enfermo terminal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Borquez, María Ester s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-13

En cuanto a las causales establecidas por la legislación para hacer efectiva la prisión domiciliaria, la primera de ellas no ofrece dificultades -que el condenado sea mayor de setenta años-, en tanto que la segunda -enfermedad incurable en período terminal- se encuentra reglamentada por el decreto n° 1.058/97 (B.O. 9/10/1997). Así, el art. 2 de ese decreto reglamentario establece que: "A los efectos del artículo 33 (de la ley n° 24.660), se considerará enfermedad incurable en período terminal aquélla que, conforme los conocimientos científicos y los medios terapéuticos disponibles, no pueda interrumpirse o involucionar y de acuerdo a la experiencia clínica lleve al deceso del interno en un lapso aproximado de seis (6) meses. A tal fin, se aplicarán los criterios generales vigentes en las distintas especialidades médicas".

En el presente caso, surge del informe médico que la situación de la imputada no se encuentra comprendida en ninguna de las que establece el art. 33 de la ley 24.660.

En efecto, allí se afirmó que la imputada se encuentra "en buen estado general, normohidratada, clínica y hemodinámicamente compensada.con antecedentes de Hipertensión Arterial y Diabetes tipo II en tratamiento con Enalapril, Diuréticos e Hipoglucemiantes orales". (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Reajuste jubilatorio, medida cautelar innovativa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: COBELLO, EDUARDO JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/ Incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-19

Sin perjuicio de no ser la suscripta partidaria de hacer lugar a los pedidos de reajuste de haberes jubilatorios -con sustento en el precedente del Alto Tribunal "Badaro, Adolfo Valentín" (sent. del 26.11.07)- enmarcados dentro de peticiones cautelares innovativas, conforme lo sostenido al momento de pronunciarse en autos "Capa, Néstor Fernando" (sent. del 16.10.09), las particulares circunstancias de la presente causa, donde se acredita la avanzada edad del titular (93 años), permiten exceptuar dicho criterio y hacer lugar a la medida solicitada.
Habeas corpus, aplicación territorial de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ZAMORA, ALDO s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS S/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-11-08

El art. 1 de la ley nacional 23.098, prescribe que el Capítulo I - Disposiciones Generales referidas a su aplicación, jurisdicción, procedencia y personas facultadas para la denuncia - "tendrá vigencia en todo el territorio de la Nación, cualquiera sea el Tribunal que la aplique. Sin embargo, ello no obstará a la aplicación de las Constituciones de provincia o de leyes dictadas en su consecuencia, cuando se considere que las mismas otorgan más eficiente protección de los derechos a que se refiere esta ley".
Encubrimiento de contrabando, prueba, falta de prueba
Materia: PENAL
Carátula: BRASIL J. s/ Contrabando, Incidente de apelación del sobreseimiento definitivo  Causa 30929
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-11

1- La comisión del delito de encubrimiento de contrabando por parte del receptor de la mercadería supone que ésta hubiera sido, a su vez, objeto del delito de contrabando.- 2- El hallazgo de diversa mercadería en poder del procesado resulta justificable a la luz de sus explicaciones, si no fueron desmentidas durante la tramitación del sumario; dado que no tuvo razón para presuponer que los efectos que adquirió en distintas oportunidades a particulares o en comercios del ramo podían ser el resultado de un contrabando, más aún cuando según informó la Administración Nacional de Aduanas no se pudo establecer el origen extranjero de los referidos efectos.
Extradición, tipo penal, doble incriminación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Larrain Cruz, Carlos Alberto s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

La doble subsunción que exige la aplicación del principio de la doble incriminación no se realiza en un mismo plano, pues mientras que el examen de la adecuación del hecho a un tipo legal del país requirente se efectúa sobre la base de un hecho hipotético que el país requirente pretende probar, el examen de la adecuación del mismo hecho a un tipo legal del país requerido se efectúa sobre la base de que ese hecho, hipotéticamente, cayese bajo la ley del país requerido.
Proceso penal, recurso de revisión (procesal), interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cabrera,  Sergio  Daniel s/ p.s.a.  robo calificado - causa Nº18/98 - .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Si bien el art. 42 del Reglamento para la Justicia Nacional tuvo aplicación en el procedimiento escrito, la modificación en favor de la oralidad no debe alterar su ámbito de aplicabilidad en la medida en que ciertos lineamientos legislativos con respecto a la revisión de las decisiones judiciales han sido conservados en lo sustancial (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Sistema federal, emergencia sanitaria, coronavirus, Red Pública de Salud
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

La disposición contenida en el art. 3 del decreto 125/2021 no tiene la virtualidad necesaria para otorgar al "AMBA" el trato de región como sujeto constitucional del sistema federal argentino.
Cuestiones prejudiciales, sentencia absolutoria, responsabilidad objetiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cantero, Sixto y Cantero, Honoraria c/ Chamorro, Aldo y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios y Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-06-22

El hecho que el demandado haya sido absuelto en sede penal, lo que implica en nuestro ordenamiento absolución definitiva, no impidió que el magistrado interviniente examine y falle la cuestión civil, tal lo acontecido, por lo que a partir del rechazo del recurso extraordinario el reclamo quedó definitivamente concluido para los recurrentes, no pudiendo renovarse la discusión en sede civil.

El mismo apelante al citar doctrina reconoce la imposibilidad material de que la sentencia que decide el fondo del asunto, impida que se reproduzca o se renueve una misma demanda entre las partes idénticas. Aquí no se erró al elegir la acción (se demandó en sede penal), sino que se emitió efectuar el reclamo en subsidio en base a la responsabilidad objetiva, limitándose el Juez penal a resolver sobre la culpabilidad, base del debate, lo que no habilita a los demandantes a renovarlo. Su derecho ya concluyó porque la acción entablada en el Juzgado Correccional no fue rechazada por defecto de forma - a fuerza de ser reiterativa-, sino que por el contrario, se ingresó al fondo de la cuestión planteada, desestimándose el resarcimiento.

Dicho de otra manera, en el presente caso no juega la circunstancia que se haya dictado sentencia absolutoria en sede penal, por no ser el punto en discusión dado que el Juez del fuero consideró la cuestión de fondo conforme lo habilita el Código adjetivo de la materia (art.19).
Ministerio Público Fiscal, pena más grave, tenencia de estupefacientes, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: González, Federico Rolando c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-27

La disidencia parcial sostuvo que si el MPF fijó el alcance de la acusación -en tres años de prisión y multa de pesos tres mil-, por entender que la acción del encartado no encuadra en el tipo penal de transporte de estupefacientes, sino en el de tenencia simple conforme al art. 14 primer párrafo ley 23.737 -más allá de considerar que el transporte de estupefacientes consiste en transportar estupefacientes y no en transportar dicho material hasta su destino (sea éste final o intermedio)- ese límite no debió ser superado por el a quo, pues imponer una pena superior a la solicitada por el representante de la sociedad afecta al modelo de procedimiento contemplado en la CN, pues implicaría una violación al debido proceso legal y la garantía de defensa en juicio (art. 18), que no sólo resguarda la congruencia en un pronunciamiento jurisdiccional con la base fáctica que ha sido objeto de imputación, sino también, respecto al monto punitivo solicitado por el acusador demarcado en virtud de aquélla. (Dres. Gemignani -disidencia parcial-, Riggi y Mahiques).
Empleo público, concurso de cargos, ingreso a la función pública, idoneidad para la función, fallos de la Corte Suprema
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABRAL PABLO OCTAVIO c/ GCBA s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-29

El concepto de idoneidad como recaudo para los cargos públicos supone un conjunto de requisitos de distinta naturaleza que pueden ser estatuidos por ley o reglamento local. Sobre el punto, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la aptitud técnica, física y en particular la moral configuran exigencias de carácter genérico, en tanto otras -como por ejemplo la ciudadanía- lo son para determinadas funciones (Fallos: 321:194).
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Puertas, Marcelo Oscar s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-04

Es procedente el recurso extraordinario de nulidad si la Cámara estaba legalmente obligada a resolver las cuestiones esenciales referidas al cuerpo del delito y la autoría (arts. 156 Const.

Prov.,333 -n.a.- del C.P.P.y 10 inc. 1 ley 3560), habiéndose omitido ambas cuestiones.
Responsabilidad solidaria, Estado, personal penitenciario, actos ilícitos, daño
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Mir, Miguel Cristian Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-13

Resulta solidariamente responsable el Estado por el daño causado por hechos ilícitos de sus dependientes -en el caso, agentes del Servicio Penitenciario Federal-, en la medida en que se verifique una razonable relación entre las funciones (el servicio del cual el Estado resulta titular) y el daño causado. (Voto del Dr. Riggi).
Sociedades comerciales, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: COOPERAGRO LTDA. c/ AGROVITICOLA DOS PINOS COOP. LTDA. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-31

Al tercero, legitimado activo de la acción cambiaria, no le incumbe la carga de la prueba de su buena fe: es a la sociedad a la que en juicio le corresponde desvirtuar la presunción, incita en la norma, de que el tercero desconocía la situación de apariencia de que en general ella se funda, o sea, el conocimiento efectivo de que el acto infringe el régimen plural de representación. O sea que la ley trae aparejada una cuestión probatoria, cuya carga incumba exclusivamente a la sociedad, no bastando las meras presunciones. El conocimiento efectivo del tercero debe ser simultaneo o anterior a la suscripción de la obligación cambiaria.
Instrumentos públicos, certificación notarial, redargución de falsedad, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. c/ NACIF, MARIA L.T. DE s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-11

La certificación expedida por escribano de la autenticidad de los recibos puestos en su presencia, constituye un instrumento público que, respecto de la existencia material de los hechos que el oficial público ha enunciado como cumplidos por él mismo o pasados en su presencia, hace plena fe mientras no se arguya de falsedad por acción civil o penal; en tanto que respecto de los hechos cuya exactitud aquel funcionario comprueba, si bien tiene valor de prueba completa, es admisible la simple prueba en contrario. La actora ha negado la eficacia probatoria del instrumento público acompañado, al desconocer la autenticidad de los sellos bancarios insertos al dorso de los respectivos comprobantes; en consecuencia, es la misma actora quien debe incorporar al proceso los elementos necesarios para contrarrestar la prueba de su contraria.

La falta de confrontación de pruebas no puede ser atribuida a la accionada puesto que, estaba a cargo de la actora la producción de aquellas pruebas que le hubiesen interesado a fin de demostrar la ineficacia probatoria del instrumento público. (Del voto del Dr. Tazza).
Actuaciones administrativas, presunción de legitimidad, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Agencia  Marítima  Wouk  SRL c/ PNA -Disp. DPSJ JS1 13/05 (Expte.U-17261-C-B-02)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-10

Las actuaciones administrativas gozan de la presunción de legitimidad propia de los actos de los órganos del Estado y tienen -como principio- valor de prueba en juicio en tanto no sean desvirtuadas por prueba en contrario (Sala IV "Romera, Marcos c/ B.C.R.A. s/cobro de australes", 21/9/93) (Cons. 12°).
Libertad sindical, tratados internacionales, obligaciones internacionales, jerarquía constitucional
Materia: PENAL
Carátula: NUEVA ORGANIZACION DE TRABAJADORES ESTATALES c/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-24

A fin de estar en consonancia con las normas internacionales de rango constitucional que rigen el instituto de la libertad sindical, la legislación nacional no puede privar a las organizaciones sindicales que no hayan sido reconocidas como las más representativas de los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus miembros ni del derecho de organizar su gestión y su actividad.
Exportaciones, exportación para consumo, derechos de exportación, obligación tributaria, hecho imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: PRODUCTOS DE MAR  S.A. s/ APELACION ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-13

Es indudable que la definición dada por el art. 725 del Código Aduanero al supuesto de hecho objetivo de los derechos de exportación es amplia y abarca, alcanzándola en su descripción, a la salida de todo aquello que puede ser objeto de negociación. Pero ello no significa que necesariamente y por su propia naturaleza la extracción del territorio de la República de todos y cada uno de los objetos de nacimiento a la obligación tributaria, pues para ello se requiere la conjunción de los demás elementos configurativos del hecho imponible.
Empleados públicos, indemnización, remuneración, salarios caídos, reincorporación, prescindibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AVENDAÑO, ALDO JUAN Y SCHIAVI, OMAR JOSE ENRIQUE c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   IMPUGNACION A LA LIQUIDACION  PRESENTADA  POR  EL  CODEMANDANTE.    CSJ EXPTE NRO 201-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-11-07

El derecho a percibir el importe de los haberes caídos desde la cesantía, no integra la indemnización sustitutiva del reintegro al cargo, sino que es consecuencia de la anulación del acto que la dispuso, y el "estatuto y escalafón para el personal de municipalidades y comunas de la Provincia de Santa Fe" (ley 9286) establece el derecho a su cobro tanto si el empleado opta por el reintegro o por la indemnización que sustituye a éste.