Denegatoria del recurso, Ministerio Público Fiscal, confirmación de sentencia, arresto domiciliario, perspectiva de género, interés superior del niño, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodas, Silvina Úrsula c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-25

Corresponde, por mayoría, rechazar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, y confirmar la resolución recurrida -arresto domiciliario concedido-. Ello así, por cuanto el caso sometido a control jurisdiccional debe ser analizado bajo el paradigma de los derechos de género, donde frente a la vulnerabilidad sistémica de falta de sustento y nivel de vida adecuado la madre de familia habría violado la ley, imputada de ilícito, procesada, privada de su libertad y su hija de sólo 21 años tuvo que convertirse en adulta, poniéndose a la cabeza del cuidado de sus hermanas trasladándole la vulnerabilidad preexistente a su propia vida que recién comienza. El a quo advirtió que el conjunto de mujeres y niñas que convivían con Silvina Rodas sufren consecuencias negativas por el obrar de la madre adulta, que repercute en el desarrollo y vida diaria de todas ellas, por ello dispuso la prisión domiciliaria, que se está cumpliendo y que fue recurrida por el fiscal. Cuando uno de los poderes del Estado toma decisiones sobre los adultos, que afectan al interés superior del niño que tienen a su cargo, debe evaluarse prioritariamente las disposiciones convencionales e incumbe por mandato constitucional que el poder judicial al resolver realice el control de convencionalidad, se asegure el cumplimiento en éste caso de la "Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer" hacia las hijas, ya sea la mayor María porque ella tiene derecho a no padecer exclusiones basadas en su sexo, a la protección jurídica en igualdad con el hombre (su padre), al desarrollo, a modificar los patrones socio culturales, a educarse, entre otros (Artículos 1, 2 c) y d), 3, 5 y 10 CEDAW), como a sus tres hijas mujeres menores que no pueden ser criadas y educadas normalmente por una persona que aunque ponga el mayor esfuerzo no tiene la experiencia, idoneidad ni autoridad para afrontar tamaña responsabilidad. Para el caso puntual de las exigencias constitucionales referidas al interés superior de las niñas abordaré específicamente lo preceptuado por la "Convención sobre los Derechos del Niño", con jerarquía suprema conforme el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. El tribunal ponderó adecuadamente que, si bien las menores están debidamente cuidadas por Malena Daiana Alvarado, lo cierto es que la joven de 21 años además de estar estudiando y trabajando debe ocuparse de sus tres hermanas y del nieto de la encartada, él bebe T.V.A. (8 meses), razón por la cual el grupo familiar se verá beneficiado con la presencia de su madre en el domicilio en donde se encuentra viviendo. Sumado a ello, la imposibilidad de efectuar visitas presenciales debido a la pandemia es un factor que debe ser considerado a fin de resolver el presente caso. Sin perjuicio de que lo hasta aquí sostenido luce suficiente para la resolución del caso sometido a control jurisdiccional, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa 7537, "García Méndez, Emilio y otra" -02/12/2008-, sostuvo que los jueces deben dictar "...las decisiones que en el caso concreto sean requeridas para la salvaguarda de los derechos y libertades del menor y para la protección especial a que éste es acreedor, con arreglo a la Constitución Nacional y con los tratados internacionales que rigen la materia.", en consonancia con la OC 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde analiza la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, sentando el principio que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho pleno, merecedores de la aplicación de las normas convencionales y acreedores de protecciones especiales por su posición de desventaja, vulnerabilidad y por tener necesidades específicas en razón de la edad. Por las razones expuestas, y en estricto cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en tutelar el interés superior del niño con rango convencional y constitucional, la opinión que desde ese marco tenga para dar el/la Defensor/a Público/a de Menores e Incapaces respecto a una situación que involucre a un menor, es de vital importancia pues ello hace al respeto del debido proceso en el que el conflicto debe ser resuelto y al ejercicio del derecho de defensa de los intereses que le son propios.