Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-06-09


2º Instancia. - Santa Fe, junio 9 de 2008.

Cuestión: Después de transcurridos cinco años de su dictado, ¿el fallo pleno que no fuese expresamente modificado continúa siendo obligatorio?.

El Dr. Genesio dijo:

Se nos ha convocado para decidir, en defecto de caso concreto y en el marco de lo normado por el artículo 28 de la LOPJ, acerca de la vigencia y/u obligatoriedad de los fallos plenos luego del plazo de cinco años.

Me apresuro a señalar que esta Cámara no se ha expedido antes de ahora sobre esa cuestión, a diferencia de su par de la Segunda Circunscripción que sí lo ha hecho ora por la continuación de la obligatoriedad de todo fallo pleno que, transcurridos cinco años de su dictado, no fuese expresamente modificado (Acuerdo Pleno Nº 16/98 del 13 de febrero de 1998), ora porque la interpretación efectuada por un tribunal pleno sólo obliga por el lapso de cinco años (Acuerdo Pleno Nº 1/06 del 18 de mayo de 2006).

Como bien lo refiriera el colega Jorge W. Peyrano en ambos decisorios citados, un pronunciamiento del Tribunal Pleno no es otra cosa que la exposición de un criterio sectorial de la jurisprudencia del ramo que carece de la vigencia "sine die" que la ley otorga a lo dictado por Tribunal Plenario y que, a contrario de éste, la obligatoriedad de su acatamiento se asienta temporalmente en la letra expresa del art. 28 de la LOPJ, que la limita a cinco años y, por ende, insusceptible de convalidar una "cristalización jurisprudencial" coercitiva, no sólo para los jueces de la Cámara sino también para todos los jueces inferiores con idéntica competencia material.

A diferencia de otras interpretaciones que aportaron algunos miembros de la Cámara rosarina en aquellos ámbitos y de las que, seguramente, se escucharán -me anticipo- en el marco de este Pleno, encuentro de una claridad meridiana el último párrafo del artículo 28 del ordenamiento orgánico provincial en tanto limita la obligatoriedad de la interpretación al lapso de cinco años. Sencillamente, vencido ese plazo la jurisprudencia dictada por el Pleno ya no será obligatoria.

Según lo entiendo, resulta así evidente que las decisiones que adopten las Salas de esta Cámara sobre cuestiones interpretadas en Tribunal Pleno, luego de transcurridos cinco años desde su dictado, no podrían asentarse en la ultraactividad coercitiva de tal decisorio. Ello no impediría, es claro, que en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le competa cada Sala pueda decidir con base en los fundamentos que alentaron el fallo de la Cámara por entenderse que no han variado los principios allí sostenidos.

Me pronuncio así porque la interpretación efectuada por un Tribunal Pleno obliga sólo por el lapso de cinco años.

El Dr. Saux dijo:

La cuestión convocante a este Tribunal Pleno de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe es, precisamente, la interpretación que cabe asignarle al artículo 28 de la ley 10.160 (Orgánica de los Tribunales) en punto a si vencido el plazo de cinco años desde el dictado de un Tribunal Pleno, la doctrina judicial allí sentada mantiene vigencia en tanto no sea modificada por otro Pleno -o Plenario- ulterior, o si caduca automáticamente vencido dicho plazo legalmente contemplado en la norma de referencia.

Dos notas singularizantes creo que no son controvertibles en cuanto hacen al tema: por una parte, la poco clara redacción del precepto legal en cuestión, y por la otra -quizá como inexorable consecuencia de ello-, la existencia de propuestas hermenéuticas diversas y encontradas. Todo ello, sin dudas, determina la existencia de esta convocatoria.

En orden a lo primero, como oportunamente lo consignara un distinguido ex Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario (Dr. Adolfo Rouillon, vide su trabajo titulado "Sobre la vigencia temporal de los fallos plenos y plenarios", LL Litoral, 1997-107/108), el simple cotejo del texto del mencionado artículo 28 de la LOT -en tanto prevé que la doctrina judicial sentada en el Pleno obliga a los Vocales de la Cámara que lo expide y a los Jueces inferiores por un lapso de cinco años- con el del subsiguiente artículo 29 (que regula los Tribunales Plenarios, admitidamente de escasa operatividad en función de la paquidérmica tramitación que insumen al convocar la opinión de todos los Jueces de Cámara del fuero de la Provincia) pareciera evidenciar que lo que el legislador quiso decir es que la doctrina plenaria no puede ser modificada antes de los cinco años de expedida (criterio congruo con aquella trabajosa conformación de pareceres múltiples en asientos jurisdiccionales muy distantes), pudiendo sólo ser variada cumplido el quinquenio y por revisión pedida por simple mayoría de votos de todos los integrantes del Plenario; en tanto que la emanada del Pleno -de más acotada proyección geográfica, coincidente con el ámbito de competencia material de la Cámara que lo evacuara- puede ser alterada antes de esos cinco años por un Plenario. No es claro, ni en las palabras ni en el espíritu de la norma bajo télesis -y en ello coincidimos con Rouillon- que de allí deba derivarse inexorablemente la caducidad automática de su vigencia vinculante cumplidos esos cinco años.

En otras palabras: la doctrina plenaria es inamovible durante el quinquenio subsiguiente a su dictado, y cumplido él puede serlo por otro plenario convocado por simple mayoría de miembros; en tanto que la doctrina plena es modificable antes de ese lapso por un plenario, y después de él por otro pleno.

La cuestión es, entonces, si en tanto no exista ese otro pleno las proyecciones vinculantes subsisten o puede considerárselas desvaídas ope legis de modo automático.

Y aquí aparece el otro componente caracterizante de la cuestión en debate: la diversidad de interpretaciones. Más allá de la voz de la doctrina (para el caso, en pro de la subsistencia de la doctrina plenaria vide el ya mencionado trabajo de Adolfo Rouillon; en el enfoque contrapuesto ver las propuestas de Julio Chiappini tituladas "La perdurabilidad de los fallos plenarios" en JS 40-79 y "Un acuerdo de Cámara con posibles defecciones", en Zeus, tomo 104, revista nº 8.185 del 11.5.07), es relevante la mutación de criterio operada en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, la cual, mediante Acuerdo Pleno del 13.2.98 por mayoría de votos había declarado que después de transcurridos cinco años de la vigencia de la doctrina emanada de un pleno, si la misma no era expresamente modificada debía seguir siendo considerada obligatoria; en tanto que ocho años después (en 18.5.06), ante igual tema de convocatoria dijo también por mayoría de votos que tal obligatoriedad subsiste sólo por el quinquenio subsiguiente, operando la caducidad automática de su vigencia al cumplirse esos cinco años (consecuentemente con ello, en otro Pleno ulterior -del 23.3.07- la misma Cámara "renovó" los acuerdos plenos que habían quedado automáticamente sin vigencia a partir de aquel precedente, singularizándolos en sus contornos).

Los argumentos que los distinguidos colegas rosarinos han expuesto (en ambos decisorios, con mayorías y minorías alternadas, y con obvios cambios de integración de votantes) hablan de sus cualidades técnicas y jurídicas, y discurren desde lo gramatical a lo jusfilosófico, y desde lo lógico-argumental hasta lo sociológico. El contexto del debate evidencia algo que desde el comienzo de mi voto quiero resaltar: no estamos ante una norma clara, cuya interpretación textual sólo pueda obviarse mediante la descalificación constitucional (como alguna voz de doctrina admonitoriamente ha parecido señalarlo), sino ante un precepto que requiere y amerita el laboreo interpretativo judicial. Y es sabido entonces que no sólo desde la teoría general del derecho sino incluso a partir de la misma y añeja preceptiva jusprivatista velezana de los artículos 15 y 16 del Código Civil, los elementos integrativos de ese quehacer hermenéutico son múltiples y axiológicamente comprometidos.

Y puesto en tal designio, debo anticipar desde ya que consecuentemente con lo que he manifestado como Vocal de la Sala que integro en varios precedentes afines (vide entre otros "Juarez, Griselda s/ quiebra", 5.7.06, Protocolo Único, Tomo 3, Folio 266; "Leiva, Guadalupe s/ pedido de quiebra", 30.4.07, Tomo 4, Folio 317; "Rodolfo Donnet c/ Portmann, René s/ pedido de quiebra", 7.9.07, Tomo 5, Folio 50; etc.), entiendo que la fuerza vinculante de los tribunales plenos debe sobrevivir a los cinco años de su dictado, en tanto la misma no sea modificada por otro pronunciamiento de similar rango -o, eventualmente, por un plenario-.

Asumo que varias razones comulgan en dar sustento a tal postulación, siempre -lo reitero- a partir de la textura "abierta" de la norma del artículo 28 de la ley 10.160, que no sólo justifica sino que reclama una interpretación judicial valorativa, y que como tal aventa las críticas que algunas voces adversas a tal cometido han hecho argumentando arbitrariedades o designios judiciales superpuestos a la voluntad del legislador, que honestamente no comparto.

No es menor en su grado persuasivo el recurso analógico, previsto como herramienta hermenéutica por el artículo 16 del Código Civil. Para el caso, el artículo 303 del CPCyC de la Nación, regulando la obligatoriedad de los fallos plenarios (que en ese orden equivalen a nuestros plenos, en cuanto son los emanados de la Cámara del fuero integrada por todas sus Salas), determina que su fuerza vinculante para los propios vocales de la Cámara y para los jueces de primera instancia subsiste en tanto otro fallo plenario no lo sustituya, sin estar sujeto a plazos de eventual caducidad (que sí podría indirectamente inferirse como predicable para el recurso de inaplicabilidad de la ley del artículo 288 del mismo código ritual nacional), criterio que es compartido por calificada doctrina procesalista (vide Osvaldo A. Gozaíni, "Respuestas procesales", Segunda Parte, Editorial Ediar, Bs. As., 1999, pág. 426). La razón en la cual se asienta la persistencia de la doctrina plenaria no modificada gira en torno al resguardo del valor seguridad jurídica (ibidem, pág. 427; así como Cam. Apel. Civ. y Com. Santa Fe, Sala 1º, 7.9.07, "Rodolfo Donnet c/ Portmann, René s/ pedido de quiebra", Protocolo Único, Tomo 5, Folio 50).

Sin adentrarme en los meandros de si en el tema bajo tratamiento cabe una interpretación exegética o puramente gramatical, dogmática o teleológica -obviamente, la falta de claridad de la norma indefectiblemente abre las perspectivas del intérprete hacia ámbitos valorativos y lógicos-, es lo cierto que la caducidad automática de la vigencia de la doctrina emanada de un Tribunal Pleno aporta un alto margen de inseguridad a los operadores jurídicos, quienes deben estar atentos no sólo a plazos procesales en las causas propias, sino a tiempos de vigencia de estos modos indirectos de unificación de doctrina judicial (en ausencia de casación dentro de nuestra sistemática provincial).

No es un detalle menor -y vuelvo al recurso analógico "a pari"- recordar que la propia ley 10.160 Orgánica de Tribunales, al modificar el régimen del recurso de apelación extraordinaria primigeniamente normado en los artículos 564 a 566 del CPCyC en el ya añoso texto de la ley 5531, dejó sin efecto la previsión que contenía el artículo 566 inciso 1º de este último, en tanto establecía que la causal de procedencia relacionada a la violación de la doctrina legal se relacionaba con la interpretación que a la misma cuestión de derecho hubiera hecho "otro tribunal colegiado de segunda instancia de la provincia dentro de un plazo no mayor de cinco años", y en su lugar (ver artículo 42 inciso 4º de la ley 10.160), suprimió tal referencia temporal limitativa (ver, de mi autoría, comentario a los arts. 564 a 566 en la obra "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe - Análisis doctrinario y jurisprudencial", obra dirigida por J. Peyrano y coordinada por R. Vazquez Ferreyra, Editorial Juris, Rosario, 1997, Tomo 2, pág. 662). No se me ocurre otra razón -indagando la "ratio legis" del legislador de 1988, casualmente el mismo que redactara el precepto cuyos alcances aquí y ahora nos desvela- que evitar los conflictos, planteos, debates y controversias que implicaría computar la real vigencia de ese quinquenio y la determinación de su efectiva ineficacia, en la inteligencia, lógica, de que la doctrina plena o plenaria no importa una cristalización o anquilosamiento de un derecho vivo y mutante, siempre resguardado en su vitalidad a través de un eventual y nuevo decisorio vinculante que lo adapte a los nuevos tiempos cuando las circunstancias así lo hicieran necesario.

Hay incluso razones prácticas -no por ello desdeñables- que me mantienen en el punto de vista al cual he expuesto ya que adhiero. Tal como lo evidencia el decisorio -Tribunal Pleno- de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, de fecha 23.3.07 (el cual, consecuente con lo declarado por la mayoría de los Vocales de esa Cámara en Pleno del 18.5.06 que se expidiera por la caducidad automática quinquenal de la doctrina plena precedente, procedió a "renovar" o revitalizar en su vigencia todos aquellos temas en los cuales la Cámara se había expedido hasta entonces), el fenecimiento automático de la vigencia de la doctrina emanada de un pleno requeriría, para mantenerla, otro pleno que así lo declare. Lo riesgoso es el verdadero tembladeral que media entre el momento en el cual el primer quinquenio se vence y el otro en el cual la Cámara eventualmente revitaliza la doctrina vinculante que ya dejó de serlo, situación que generaría -con severas incertidumbres para los operadores jurídicos locales- que una doctrina judicial vinculante deje de serlo sin publicidad alguna que así lo evidencie (ya que no mediaría acto administrativo o judicial que lo declare, y que permita ser difundido), y transcurrido un tiempo vuelva eventualmente a revivir a partir de otro decisorio ulterior, para volver a vencerse y otra vez esperar el albur de su revitalización o descalificación subsiguiente, y así sine die.

Nada imagino más atentatorio contra la seguridad jurídica, la cual puede ser resguardada -sin riesgos ciertos de anquilosamientos dogmáticos, ya que siempre la propia Cámara, de oficio o a pedido de parte interesada, puede mutar el criterio de un pleno o dejarlo sin efecto, con toda la publicidad que es inherente a toda doctrina plena o plenaria- interpretando, como propicio, que los plenos mantienen su vigencia en tanto no sean revocados o modificados o sustituidos por otros.

Como consecuencia de estas sucintas digresiones, concluyo en que la respuesta que cabe conferir al interrogante que convoca a este Pleno es la afirmativa, vale decir, que la vigencia del fallo pleno que no fuese expresamente modificado subsiste más allá del plazo de cinco años, y lo hace "sine die" en tanto no sea alterada por otro decisorio de similar rango o por un Tribunal Plenario.

El Dr. Cordini dijo:

Ante la necesidad de expedirme respecto del tema cuya dilucidación motiva la conveniencia de convocar al Tribunal Pleno, conforme Acuerdo de esta Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción de fecha 27 de junio de 2007, encontrándome con opiniones divergentes al respecto emitidas por los colegas vocales de la Sala I que integro, y teniendo especialmente en consideración las opiniones diversas emitidas en oportunidad de tratar similar cuestión por los jueces que componen la Cámara de Apelaciones del fuero de la ciudad de Rosario, antecedente cuyo contenido no puede soslayarse atento el paralelismo de la situación planteada y el valor jurídico de las opiniones allí vertidas, estimo que no puede dejar de concluirse, como realidad que surge por sí misma, que la disposición del artículo 28 de la ley 10.160, vinculado con la vigencia y consecuente obligatoriedad de los fallos plenos transcurridos cinco años, no resulta absolutamente clara y precisa, como lo afirman quienes sostienen la inexorable y automática pérdida de vigencia.

Si así lo fuera, simplemente no sería necesaria esta convocatoria ni las anteriormente realizadas en la segunda circunscripción; es precisamente porque la norma da lugar a diferente interpretación que se requiere la opinión de este tribunal especialmente constituido.

Partiendo de esa realidad que lleva, por el hecho de la existencia de opiniones encontradas, a considerar la ausencia de una concepción absoluta y terminante del contenido de la norma, que de ser así tornaría innecesaria la constitución de un Tribunal Pleno para interpretarla, la posición que más se acerca al sentido lógico, a la base de sentido común que en lo sustancial informa y justifica el nacimiento y reconocimiento de la ley, es la que admite la permanencia de lo resuelto en Tribunal Pleno luego de transcurridos cinco años.

Como lo menciona en su voto el Dr. Saux, al que adhiero en su contenido y conclusiones, la vigencia del fallo pleno no modificado en forma expresa subsiste transcurrido ese lapso de tiempo y continúa siendo obligatorio para los restantes jueces del fuero de la circunscripción a la que pertenece la Cámara mientras no se vea modificado por otro Pleno o Plenario.

Los fundamentos de esta conclusión ya han sido expuestos por el Vocal a cuyo voto adhiero. Resumiendo, pronunciado el Tribunal Pleno, cuyo fin innecesario sería recordarlo, persigue unificar jurisprudencia o evitar fallos contradictorios, es decir evitar tanto a justiciables como a los magistrados del fuero el desgaste y la inseguridad que determinadas cuestiones provocan como consecuencia de las contradicciones presentes y futuras en las decisiones que se dicten; durante los cinco años siguientes al Pleno, lo decidido resulta obligatorio no pudiendo ser objeto de revisión salvo por fallo Plenario. Transcurrido ese período, se abre la posibilidad revisora que puede surgir por pedido de la simple mayoría de los jueces que conforman la Cámara por lo que, concluir que luego de los cinco años que menciona el artículo 28, el Pleno sigue siendo obligatorio no representa una afirmación excesiva o contraria a la disposición legal expresa; por el contrario, el objetivo final que persigue la disposición aludida, y que seguramente debió estar en el pensamiento legislativo, teniendo en cuenta precisamente el fin enunciado, no puede ser otro que mantener, mientras no exista modificación concreta, el principio de seguridad jurídica.

De no serlo, se pasaría automáticamente del orden a la confusión y reiteración de fallos contradictorios sobre una misma materia, como se puede advertir en esta sede respecto del Pleno "Camarassa", sin beneficio alguno para quienes buscan acceder a la justicia para solución de entuertos y no para peregrinar en callejones oscuros donde el derecho deja de ser prioritario.

De por sí es dificultoso dar a cada uno lo suyo en un mundo cada vez más complejo que permanentemente suma nuevos desafíos que a veces las leyes no alcanzan a regular debidamente, más aún, es usual advertir que en la actividad de quienes participan en la elaboración de éstas las enseñanzas de Montesquieu cuando refiere a las "cosas que deben ser observadas en la composición de las leyes" son ignoradas, recayendo sobre el Poder Judicial la facultad y el deber constitucional de aplicación e interpretación de dicho orden.

Se me representa en este momento, como digresión, la actitud de Javert enfrentada su vida limitada a la aplicación a ultranza de la orden emitida por un tribunal siguiendo pétreamente el dictado legal, con la realidad del conocimiento de los hechos y de la persona que obstinadamente acecha, que de golpe, brutalmente, se ve ante la necesidad de confesarse esto: "que la infalibilidad no es infalible, puede haber error en el dogma; no todo ha sido dicho, después que ha hablado un código; la sociedad no es perfecta; la autoridad está llena de vacilaciones; es posible un crujido en lo inmutable; los jueces son hombres, la ley puede equivocarse, y los tribunales errar. Es como ver una grieta en la inmensa bóveda del firmamento". No podemos los jueces, ante la necesidad de interpretar la norma que reitero, no es claramente determinante, abstenernos del fin que esta persigue y del resultado que apareja la postura contraria, opuesta al fin, renaciendo la confusión y contradicción jurisprudencial.

La posibilidad de que las Salas de una Cámara, vencido el Pleno, en uso de sus facultades y entendiendo que no han variado los principios sostenidos en su oportunidad, dicten un nuevo fallo, lo que sería según el concepto opuesto al que propiciamos obligatorio por cinco años, es decir con fecha cierta de vencimiento, no es útil, menos aún práctico y seguramente contrario a lo que el legislador tuvo en mente cuando dicta la norma. Con el transcurrir del tiempo y la existencia de nuevos pronunciamientos Plenos no es difícil imaginar que inevitablemente se generaría un caos jurisprudencial mayor al que la ley quiso evitar, no sería osado pensar que transcurridos cinco años del fallo que resolviera que ese límite marca la vigencia del Pleno, debería dictarse uno nuevo estableciendo igual resultado para luego poder decidir respecto de otras resoluciones de igual naturaleza ya vencidas, debiendo nuevamente resolver la Cámara del lugar al respecto para así mantener cierto orden y seguridad, situación que teniendo presente el fin que lleva al dictado de los artículos 28 y 29 se evita acudiendo a la interpretación que considero más lógica y útil para el sistema, los justiciables, los magistrados y especialmente para proteger la seguridad jurídica que es a lo que la disposición en análisis tuvo presente.

Por ello, así voto.

El Dr. Müller dijo:

Que convocado para decidir, en defecto de caso concreto y en el marco de lo normado por el artículo 28 de la ley 10.160, acerca de la vigencia y/u obligatoriedad de los fallos plenos luego del plazo de cinco años, adelanto que me pronunciaré en el sentido expuesto por el Dr. Genesio al sufragar esta cuestión.

En efecto, al embate crítico que se ha generado por el alcance y vigencia de los fallos de esta naturaleza, a la par que descansan en sostener que la obligatoriedad de esta jurisprudencia configura una expresa delegación de facultades legislativas en el Poder Judicial, y, por lo tanto, una transgresión al principio constitucional de la división de los poderes (Sartorio, "La Obligatoriedad de los fallos plenarios. Su inconstitucionalidad", LA LEY, 96-799); que el acuerdo pleno no se concilia con el instituto de la cosa juzgada, ante la posibilidad de extender erga omnes el efecto vinculante de la misma; que se desentiende de lo mutable que es la realidad, lo cual hoy resulta inconciliable con interpretaciones jurisdiccionales pétreas; que permite la desvirtuación de la ley como fuente a la par que quiebra la independencia de los jueces en la interpretación de la misma; que provoque situaciones paradojales, como que tiene un efecto vinculante, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en determinados supuestos no reclama para sus fallos; etc., nos está demostrando que a la par que la hospitalidad del Instituto cuando menos deviene excepcional; los efectos de su dictado requieren de una hermenéutica estricta y, en ese orden si a la tarea del legislador se le atribuye consecuencia y previsión, no encuentro aquí razones a la luz de lo expuesto que me permitan sostener que su vigencia pueda extenderse más allá del plazo legal establecido, como criterio de objetividad abstracta a seguir; dado que surtida eficazmente la seguridad jurídica en el tiempo propuesto, también la misma requiere que se reiteren las nuevas visiones que puedan suscitarse en torno a las nuevas realidades que puedan presentarse.

Voto en el sentido indicado.

El Dr. Drago dijo:

Sobre el tema convocante opino que conforme a la redacción clara del artículo 28 de la ley 10.160, la interpretación de un acuerdo pleno obliga tanto a los jueces de Cámara como a los jueces inferiores "por el lapso de cinco años" -textual-. Consecuentemente, después de vencido dicho plazo, desaparece la obligatoriedad. Estimo que sostener por vía de interpretación que subsiste la obligatoriedad del acuerdo pleno hasta que se modifique por otro acuerdo vinculante, importa hacer decir a la ley lo que la ley no dice, excediéndola. Tal extensión en el tiempo del acuerdo pleno, similarmente a una ley, importa atribuirse facultades de otro poder del Estado, no obstante la conveniencia práctica o de seguridad jurídica que podría asignarse a tal postura; además, nada impide la posibilidad revisora mediante una reforma legislativa posterior, si las personas con atribuciones para ello así lo deciden, incluso adoptando legislaciones de extraña jurisdicción.

Por ello, como así argumentaciones desarrolladas por los Vocales Dr. Genesio y Dr. Müller que me precedieron en el estudio del tema, que comparto, voto en el mismo sentido que ellos.

La Dra. De Césaris de Dos Santos Freire dijo:

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial que tengo el honor de integrar se ha autoconvocado para decidir si los fallos plenos continúan siendo obligatorios después de transcurridos cinco años de su dictado. Adelanto que comparto el criterio interpretativo expuesto por los Vocales que formaron mayoría en el Pleno de fecha 18/5/06 de la Cámara Civil y Comercial de Rosario al que alude el Dr. Genesio en su voto (el fallo está publicado en Zeus 101-J-539), y por lo tanto sumo mi voto a los emitidos por mis colegas de Sala -Dres. Drago y Müller- sin perjuicio de lo cual, a mayor abundamiento, me permito agregar las siguientes consideraciones.

La convocatoria de tres Tribunales Plenos en un plazo menor a diez (10) años en la Provincia de Santa Fe para decidir qué interpretación ha de darse al artículo 28 de la ley 10.160 en orden al plazo de vigencia (ésta en la ciudad de Santa Fe, y dos en Rosario que dieron como resultado el Acuerdo de fecha 13/2/1998 publicado en LLLitoral, 1998-372, y el ya referido del año próximo pasado) con los resultados conocidos, es reveladora de que el texto legal no es absolutamente claro y por ende es justo admitir que las dos posiciones en las que se han encolumnado los intérpretes no se sustentan, exclusivamente, en razones de orden práctico sino fundamentalmente en una diferente comprensión del significado y sentido de la norma en conflicto.

Considerando entonces que, a mi juicio, las dos posiciones que ya se han planteado en esta convocatoria se sustentan -en definitiva- en distintos métodos y técnicas de interpretación de la ley, expresaré mi opinión acudiendo a las directrices elaboradas en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido, el Máximo Tribunal ha dicho que el significado literal de las palabras es la primera fuente de interpretación de la ley y que, por ello, si bien los jueces están habilitados para utilizar diversas técnicas hermenéuticas, de ningún modo les está permitido alterar el significado específico de los términos empleados por el legislador (Fallos 295:376, 318:1012, 324:2603, 324:2780, entre muchos otros). Asimismo, ha señalado que la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen (Fallos 306:722, 307:518 y 324:2780, entre otros) y que, por ende, los términos empleados en la norma no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos (Fallos 200:165 y 324:2780).

Todo ello por cuanto "es principio del ordenamiento jurídico que rige en la República que tanto la organización social como la política y económica del país reposan en la ley; y si bien la exégesis de esta expresión no ha de caracterizarla como un concepto exclusivamente formal, debe estimarse como excluyente de la creación "ex nihilo" de la norma legal por parte de los órganos específicos de su aplicación. El ingente papel que en la elaboración del derecho incumbe a los jueces no llega hasta la facultad de instituir la ley misma. De ahí que el principio constitucional de separación de poderes no consiente a los jueces el poder de prescindir de lo dispuesto por la ley respecto del caso, so color de desacierto o injusticia" (Fallos 314:1849).

Sentado ello, y para mayor claridad en mi exposición, transcribiré parcialmente el artículo 28 de la ley 10.160, que en su último párrafo dispone: "La interpretación que se establezca mayoritariamente obliga a todos los jueces de la Cámara, aunque no hayan participado en la votación respectiva, y a los jueces inferiores con idéntica competencia material, por el lapso de cinco años. Dentro de él sólo puede ser revisada por una decisión del Tribunal Plenario en las condiciones previstas en el artículo siguiente".

El detenido análisis de la norma transcripta, me persuade de que el legislador descartó mantener "sine die" la vigencia de los fallos plenos pues los términos utilizados en la redacción sólo permiten sostener: a) que las interpretaciones de los Tribunales Plenos obligan por el plazo de cinco años; b) que durante ese lapso las decisiones sólo pueden ser revisadas por un Tribunal Plenario; y c) que expirado ese lapso el pleno pierde eficacia vinculante, o sea "deja de obligar".

Repárese que el legislador ha utilizado dos términos distintos -"obliga" y "revisada"- y ha diferenciado la regulación de la obligatoriedad de los fallos plenos de las previsiones en torno a la posibilidad de revisarlos. En efecto, la norma por un lado establece que las decisiones que se adopten obligan "por el lapso de cinco años", y por otro prevé la posibilidad de revisar las interpretaciones de los Tribunales Plenos mientras dure su vigencia, es decir, dentro de ese plazo de cinco años mediante la convocatoria a un Tribunal Plenario.

Ambas vicisitudes -la obligatoriedad, y la "revisabilidad"- están íntimamente relacionadas. Por un lado, mediante la expresión "obliga ... por el lapso de cinco años" se establece una limitación temporal al efecto vinculante de los fallos plenos, limitación que se ve corroborada por la ausencia de previsión alguna respecto de la posibilidad de revisarlos luego de transcurrido el plazo señalado. Por el otro, sólo corresponde hablar de revisión en los casos en que la decisión es todavía obligatoria, o dicho en otros términos, carece de todo sentido intentar revisar una decisión que ya no es obligatoria. Por ende, si sólo está prevista la revisión de los fallos plenos "dentro del plazo de cinco años", estimo no puede sino concluirse que vencido ese plazo tales decisiones no son obligatorias.

En refuerzo de esta conclusión, analizaré el artículo 29 de la ley 10.160, que respecto de los Tribunales Plenarios, dispuso que "La interpretación que se establezca mayoritariamente obliga a todos los jueces de todas las Cámaras aunque no hayan participado de la votación respectiva y a los jueces inferiores con idéntica competencia material. Tal interpretación sólo puede ser sometida a revisión a pedido de la simple mayoría de todos los jueces que la componen, después de cinco años de dictado el respectivo acuerdo".

En la norma transcripta, al igual que en el artículo 28, existe una clara diferenciación entre la obligatoriedad de las decisiones de un Tribunal Plenario y su "revisabilidad". Ahora bien, a diferencia del artículo 28, también se advierte que el fallo plenario "obliga" sin que exista referencia a ningún plazo de vigencia, y que la revisión se habilita sólo "después" de transcurridos cinco años del respectivo acuerdo.

Es decir que si bien ambos artículos ostentan prácticamente la misma estructura, son sumamente claras las diferencias en sus disposiciones. Por un lado, los fallos plenos obligan por cinco años, período durante el cual sólo pueden ser revisados por un plenario. En cambio, los fallos plenarios obligan sine die, y sólo pueden ser revisados por otro plenario luego de transcurridos cinco años de su dictado.

Un análisis teleológico de la norma conduce a idéntica conclusión. En efecto, el legislador provincial, al sancionar los artículos 28 y 29 de la ley 10.160, tuvo como objetivo "unificar la jurisprudencia y evitar fallos contradictorios" en toda la Provincia de Santa Fe a los efectos de alcanzar un mayor grado de seguridad jurídica. Por ello, si bien reguló los Tribunales Plenos, principalmente quiso incentivar la convocatoria de Tribunales Plenarios, otorgándole efectos diferenciados al establecer que aquéllos obligan sólo por cinco años y que éstos obligan sine die, precisamente porque los Tribunales Plenarios cumplen más acabadamente el objetivo que sustenta la incorporación de ambos institutos, pues los fallos plenos, al limitar sus efectos a una sola circunscripción judicial, no aseguran la unificación de la jurisprudencia en toda la Provincia. Por cierto que han existido y existen dificultades prácticas para convocar Tribunales Plenarios pero tales dificultades no son en modo alguno insalvables y menos aún podemos los jueces abogar por una interpretación de las normas en función de nuestras propias limitaciones operativas.

Por último y ya como epílogo de mi desarrollo argumental, entiendo necesario analizar la cuestión que nos convoca desde la perspectiva de la seguridad jurídica.

En ese sentido, los distinguidos Vocales que han postulado una interpretación contraria a la aquí expuesta han señalado que limitar la obligatoriedad de los fallos plenos genera un alto grado de inseguridad en los operadores jurídicos por cuanto éstos, a la hora de plantear sus pretensiones y defensas, deberán estar alertas respecto de los tiempos de vigencia de las interpretaciones efectuadas.

Por mi parte, entiendo que toda interpretación tendiente a maximizar la seguridad jurídica no puede de ningún modo hacerse a costa del propio texto de la ley, puesto que, como se ha señalado, ella constituye la primera fuente hermenéutica de interpretación, y su desconocimiento generará inevitablemente aún más inseguridad jurídica que la que se busca paliar. Pero por sobre todo considero que en aras de la seguridad jurídica no pueden propiciarse soluciones que, como efecto secundario, produzcan una suerte de "petrificación o cristalización" en desmedro del "criterio evolutivo" que requiere la interpretación de la ley ya que el propósito es regular situaciones genéricas y cambiantes (Kemelmajer de Carlucci, A., "Breves Reflexiones sobre la Interpretación de los Contratos y de la Ley", en RDPC 2006-3-28 y su remisión a Lorenzetti, R., "Tratado de los Contratos, Parte General", pág. 456, Rubinzal Culzoni, 2004; ver también Arazí-Rojas, "CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION", T. I, págs. 1062 y sigs., Rubinzal Culzoni Editores, 2007 y voto del Dr. Margariños, in re "Meneghini", 24/2/2000, Tribunal Oral en lo Criminal Nº 23 de la Capital Federal, publicado en LA LEY, 2000-B,576 y su remisión a la exposición del Diputado Gonnet en ocasión del debate previo a la sanción de la ley 7055 del 17/8/910 en la Cámara de Diputados de la Nación).

Mi última reflexión en torno a la seguridad jurídica, la hago apropiándome de las palabras de Recasens Siches, quien sabiamente dijo: "con relación concreta al Derecho, hallamos que al lado, o mejor dicho, enfrente del deseo de certeza y seguridad, actúan el deseo de cambio y el deseo de perfeccionamiento. Así, pues, inevitablemente hay y debe haber un margen de incertidumbre y de inseguridad en todo sistema jurídico, para que éste pueda irse adaptando a los cambios de la realidad social, y también para que pueda ir progresando en el sentido de un mayor acercamiento a las exigencias de la justicia", señalando también que, de todos modos, "el propósito de certeza y seguridad en determinados aspectos de las relaciones sociales sigue siendo el valor funcional del Derecho. Lo que sucede es que sería un error entender la certeza y seguridad en términos absolutos. En primer lugar, en la vida humana no hay ni puede haber nada absoluto. En segundo lugar, la estructura de la vida humana es siempre bipolar en todos sus aspectos, es decir, la vida humana se desenvuelve en cada uno de sus aspectos entre dos polos o extremos opuestos, así por ejemplo: soledad y compañía, individualidad y sociabilidad, orden y aventura, seguridad y cambio, etcétera. En tercer lugar, la seguridad, si bien es el valor funcional del Derecho, aquel valor que todo Derecho trata de cumplir por el mero hecho de su existencia, no es en modo alguno el valor supremo en el que el Derecho debe inspirarse; pues resulta evidente que los valores más altos hacia los que el Derecho debe tender son la justicia, y el séquito de valores por ésta implicados, tales como el bienestar social, etcétera" (Recasens Siches, "Nueva filosofía de la interpretación del derecho", Fondo de Cultura Económica, México, 1956, págs. 271-272).

Por todo ello, concluyo al igual que los Vocales Dres. Genesio, Müller y Drago, que transcurridos cinco años desde la emisión del fallo, la interpretación efectuada por un Tribunal Pleno deja de ser obligatoria.

Así voto.

La Dra. Miró Pla dijo:

Adhiero a la interpretación de los artículos 28 y 29 de la ley 10.160 que proponen los Dres. Saux y Cordini en sus respectivos votos, la cual deja sentado, concretamente, que la doctrina plenaria es inamovible durante el quinquenio subsiguiente a su dictado y, cumplido éste, puede ser revisada por otro plenario convocado por la simple mayoría de sus miembros. La doctrina plena, en cambio, es modificable antes del cumplimiento de ese plazo por un plenario, y vencido éste, por otro fallo pleno. Es cierto que el tema ha provocado encontradas controversias doctrinarias así como decisiones jurisprudenciales opuestas -como las que se individualizan en el voto del Dr. Saux- debido a que las normas sujetas a exégesis no son de aquellas que por su claridad, sólo admiten una interpretación literal. Comparto, pues, las razones y argumentos expuestos en los dos votos mencionados, las que, por su precisión y seriedad, así como por su tratamiento exhaustivo, entiendo que no requieren ampliación alguna; sólo agrego que la posible pérdida de fuerza moral del fallo pleno después de fenecido el plazo que, para justificar la necesidad de acotar la vigencia de su obligatoriedad, arguyen quienes sostienen esta postura (v. Peyrano M., en Peyrano J. y Eguren C., "Ley Orgánica del P. Judicial"), no conforma un argumento decisivo si se considera que las propias normas examinadas proveen los medios para resolver la situación asignando a los miembros de la Cámara tal responsabilidad.

Voto, pues, en el sentido expresado precedentemente.

La Dra. Aletti de Tarchini dijo:

Se somete a consideración de esta Cámara la cuestión relativa a si los fallos plenos a que refiere el artículo 28 de la ley 10.160 continúan siendo obligatorios una vez transcurridos los cinco años desde su dictado. En el tema adelanto mi adhesión a los exhaustivos argumentos expuestos por los señores Jueces de la Sala I de esta Cámara, Dres. Saux y Cordini y a la ampliación que de los mismos efectuara la Dra. Miró Pla que me precediera en la votación.

Para así expedirme interpreto que cuando la norma citada se está refiriendo al tiempo durante el cual la interpretación acordada por el Pleno mantiene su obligatoriedad específica, se vincula con su irrevisibilidad, salvo mediante un Tribunal Plenario, lo que no importa aceptar -porque la ley no lo dice- que caduque automáticamente al cabo del transcurso de los primeros cinco años. Por el contrario, y, sin dejar de ser obligatorios, es notorio que, según resulta del texto claro de la ley, el Cuerpo que lo dictara en su oportunidad -de darse las condiciones previstas- pueda propiciar su revisión. Una interpretación contraria patentizaría el contrasentido que pudiera exhibir la circunstancia de tratarse de una doctrina judicial pacífica y uniformemente aceptada, que, por el solo hecho de haber sido establecida cinco años atrás, debiera ser renovada al haber dejado de ser obligatoria, con las disvaliosas consecuencias que la convocatoria a un nuevo Tribunal Pleno, pudiera acarrear en la realización del valor certidumbre y de la seguridad jurídica, dentro de la naturaleza temporalmente dinámica de los procesos judiciales.

En consecuencia, y por lo expuesto, me pronuncio por la vigencia de los fallos plenos una vez transurridos los cinco años de su dictado, y hasta tanto no sean revisados.

La Dra. Echarte dijo:

Convocada para integrar sobre el tema conforme lo resuelto en el punto 3 del Acuerdo Ordinario de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del 27 de Junio del año próximo pasado para pronunciarse si transcurrido cinco años de su dictado, el fallo pleno que no fue expresamente modificado ¿continúa siendo obligatorio? El tema que nos convoca -respecto del cual se han vertido interesantes opiniones dentro de esta convocatoria como por la Cámara Civil y Comercial en Pleno de Rosario (v. Zeus, T. 101, J-539)-, alude en nuestro sistema judicial de origen latino dentro del cual la sentencia que pone fin al juicio sólo tiene efecto obligatorio frente al caso decidido, no extendiéndose la cosa juzgada más allá de los límites objetivos y subjetivos del caso litigioso y la interpretación general obligatoria sólo compete al Poder Legislativo, respondiendo su admisión a necesidad muy grande de unificar la jurisprudencia (v. Couture, "Estudios de Derecho Procesal Civil", T. I, págs. 97 y sgtes.), a lo que cabe preservar el valor de seguridad jurídica puesto en peligro también con los fallos contradictorios.

Entrando al tema de la convocatoria me adhiero, igualmente que mis colegas de Sala, a la opinión vertida por los Dres. Saux y Cordini enriquecida también por aquéllas, remitiéndome a sus argumentos, postulando también, como lo resume el primero de los nombrados, que la doctrina plenaria es inamovible durante el quinquenio subsiguiente a su dictado, cumplido el cual puede serlo por otro plenario convocado por simple mayoría de sus miembros, no operando transcurrido aquél su caducidad automática, lo que no significa su sacralización "sine die" oponiéndose a la mutabilidad de lo jurídico, toda vez que puede ser modificado antes de ese lapso por un plenario y transcurrido el mismo por otro pleno. Que entiendo tal conclusión ajustada a la doctrina que se extrae del artículo 28 de la ley 10.160 interpretado de acuerdo con los valores destacados.

De acuerdo al resultado de la votación, la CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL Nº 1, en Tribunal Pleno, RESUELVE: Establecer que "después de transcurridos cinco años de su dictado, el fallo pleno continúa siendo obligatorio en tanto no sea modificado por otro decisorio de igual rango o por un Tribunal Plenario". - Edgardo Ignacio Saux. - Juan Carlos Genesio. - Raúl Cordini. - Enrique Müller. - Armando Luis Drago. - María Cristina De Césaris de Dos Santos Freire. - Beatriz Miró Pla. - Estela Aletti de Tarchini. - Norah Echarte.