Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL, COMERCIAL, MINAS PAZ Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-09-04


Fojas: 313 En la Ciudad de Mendoza a cuatro días del mes de setiembre del año dos mil seis, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Primera Cámara Civil de Apelaciones, Dra. Ana María Viotti, Dr. Ricardo Catapano y Dr. Alfonso Boulin trajeron a deliberación para resolver en definitiva los autos N° 38.441/119.228 caratulados "Espeche, Ramón Oscar c/Villafañe, Duillo E. y Gardella, Graciela A. p/su hijo menor P/Daños y perjuicios", originarios del Sexto Juzgado de Paz Letrado de la Primera Circunscripción Judicial, venido al Tribunal en virtud del recurso de apelación planteado a fojas 291 y en contra de la sentencia de fojas 282/284.

De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la Constitución Provincial, planteáronse las siguientes cuestiones a resolver:

1ª Cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada? 2ª Cuestión: Costas.

Practicado el sorteo de ley arrojó el siguiente orden de votación: Dres. Catapano Mosso, Boulin y Viotti.

Sobre la primera cuestión el Dr. Ricardo Catapano Mosso dijo:

I.- Que en oportunidad de fundar recurso a fojas 299/301 la Dra. Alejandra Natalia Lanci, por la citada en garantía Río Uruguay Cooperativa de Seguros Ltda.., se queja de que la sentencia apelada le haya otorgado participación exclusiva y excluyente en la producción del evento dañoso; sostiene que su parte ha acreditado fehacientemente la eximente de responsabilidad prevista en el art. 1.113 del Código Civil.

Señala que al contestar la demanda, impugnó el fallo vial por no haberse efectuado una correcta aplicación del derecho, pues se invocó como base de la sanción la norma contenida en el art. 50 inc. b) de la Ley de Tránsito, cuan-do debió haber aplicado a dicha situación la excepción contenida en el punto 7 subpunto b) del art. 50 de la ley; que ninguna referencia a dicha impugnación efectuó la juez en su sentencia; que ninguna consideración formuló la juez a quo sobre la circunstancia de que la calle por la que circulaba la actora terminada en "T" de la arteria Río Diamante, siendo esta última por la que marchaba la demandada.

Sostiene que la juez a quo no valoró la prueba pericial mecánica rendida en autos; que el experto sostuvo que la calle Tandil termina o muere en su sentido Norte Sur en la encrucijada que forma con la calle Río Diamante, formando una "T" y que si la conductora del Corsa intentaba girar hacia el Este (hacia la izquierda, como la propia actora declaró) necesariamente debía cruzar el carril Este - Oeste de calle Río Diamante para realizar dicha maniobra; agrega que la colisión se produjo en el centro de la calzada sobre calle río Diamante y cuando el vehículo de la actora se disponía a girar hacia el Este.

En subsidio, para el caso de supuesto de que se considere que ha mediado culpa de la demandada o participación causal del riesgo o vicio del automotor por ella conducido, se declare la concurrencia de estos factores con la culpa de la actora, quien participó en un grado mayor en la producción de los daños cuya indemnización aquí se pretende.

II.- Que a fojas 302 la Cámara dispone correr traslado a la contraria de la expresión de agravios, por el plazo de ley (Art. 136 del C.P.C.), providencia que se notifica a fojas 303.

A fojas 306/307 comparece la Dra. Arabela Gherzi, por la actora y contesta el traslado conferido, solicitando, por las razones allí expuestas, el rechazo del recurso de apelación intentado.

III.- Que a fojas 311 se llama autos para sentencia, practicándose a fojas 312 el pertinente sorteo de la causa.

Este Tribunal participa del criterio de que cuando un automóvil interviene en una colisión, sea con un peatón, ciclista, motociclista u otro automotor, la determinación de responsabilidad encuadra en el artículo 1.113 del Có-digo Civil, que consagra una presunción de responsabilidad del propietario o guardián por la sola creación de riesgo.

Esta presunción de responsabilidad basándose en el riesgo creado, es susceptible de ser destruida total o parcialmente, mediante la justificación de alguna de las eximentes que el propio artículo 1.113 del Código Civil enumera, a las que la doctrina ha agregado el caso fortuito ajeno a la cosa.

La causal eximente de responsabilidad se funda exclusivamente en la causa generadora del daño, por lo que para su exclusión, es necesario probar que la conducta (comportamiento o accionar) de la víctima o de un tercero, constituye la causa del daño, ya que lo que interesa, es la idoneidad de la actuación de la víctima o de un tercero para producir el evento dañoso y como factor interruptivo total o parcialmente de la relación de causalidad.

Se admite la exclusión parcial de la responsabilidad del dueño o guardián, en la medida en que la conducta de la víctima (o de un tercero), ha generado causal o concausalmente el evento dañoso.

El vínculo de causalidad, exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción y omisión y el daño, éste debe haber sido causado u ocasionado por aquél. Para establecer la causa del daño, es necesario hacer un juicio de probabilidad, determinando que se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción y omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (art. 901 del Código Civil).

Si la conducta de la víctima ha concurrido con la actuación de las cosas riesgosas en la producción de su propio daño como concausa, desplaza proporcionalmente la responsabilidad del dueño o guardián de aquéllas, o sea que debe verificarse si esta conducta interrumpió el nexo causal entre el hecho y el daño, ya sea de manera total o parcial, con aptitud eficiente como para impedir en la medida que sea, la consumación de la responsabilidad objetiva del dueño o guardián. Ello significa, que el juez para determinar la relación causal adecuada contenida en el artículo 906 del Código Civil, debe formular ex post facto, un juicio de probabilidad o pronóstico objetivo del resultado dañoso, según el curso ordinario de las cosas y la experiencia de vida, para verificar si ese daño era previsible (Compagnucci de Caso Rubén, "Responsabilidad Civil y relación de causalidad", en "Seguros y Responsabilidad Civil", Tº 5, Bs. As., Astrea, 1.984, p. 30, Goldemberg Isidoro, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, Bs., As., Astrea, 1.984, p. 229).

Probado, entonces, el factor objetivo de atribución, debe pasarse a examinar las circunstancias subjetivas que figuran como causales liberatorias, cuando el riesgo de la cosa es el productor del daño. Esa causa ajena, exonera de responsabilidad al dueño o guardián de la cosa, según el grado de incidencia participativa en el evento dañoso. Pero surge la duda sobre el parámetro a utilizar para delinear los límites entre el hecho liberatorio total y el liberatorio parcial de la presunción de responsabilidad. Es casi imposible trazar una línea demarcatoria de la graduación de la causa ajena cuando concurre el riesgo, y más aun cuando esa incidencia proviene del hecho de la propia víctima.

La Corte Federal ha resuelto que para que: "la culpa de la víctima tenga aptitud para cortar el nexo de causalidad entre el hecho y el perjuicio, debe aparecer como la única causa del daño y revestir las características de la imprevisibilidad e irresistibilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor, lo que no obsta a la eximición parcial del dueño o guardián, si el hecho reconoce dos causa: la culpa de la víctima y la del responsable del riesgo, por lo que procede una división o distribución de la responsabilidad en función de concurrencia de culpas que autoriza el artículo 1.113, 2ª parte in fine del Código Civil, (L.L. 1.987 A 333).

El criterio para interpretar la concurrencia y la acreditación de las eximentes, debe ser restrictivo, por lo que la prueba liberatoria, tiene que ser fehaciente e indubitable, certera y sin margen apreciable de dudas o estados de incertidumbre, ya que la norma con finalidad social típica, ha creado factores de atribución que deben cesar sólo en casos excepcionales (Mosset Iturraspe, Jorge, "Las eximentes en los accidentes de automotores", en "Responsabilidad Civil en materia de accidentes de automotores", Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1.985, pág. 175).

Con la teoría del riesgo, el Juez al resolver, no debe tomar el expediente buscando culpas para condenar, sino que partiendo de la base de qué daño debe ser reparado, tiene que asumir con toda conciencia, que sólo rechazará total o parcialmente la demanda, si encuentra causas ajenas al demandado.

El Tribunal debe verificar, si se reúnen los requisitos de la responsabilidad por riesgo de la cosa: existencia de daño, nexo de causalidad, calidad de dueño o guardián del demandado. Comprobados estos requisitos, resulta necesario reflexionar sobre las causales de eximición. En suma, lo subjetivo (culpa de la víctima o de un tercero), sólo interesa como eximente de responsabilidad, y no como factor de atribución.

Cuando en el proceso surge con claridad la culpa de alguno de los protagonistas en la colisión, o de un tercero extraño, la solución no es dudosa. Si el perjuicio deriva de una conducta reprochable del conductor demandado, su responsabilidad es indudable, inclusive a la luz de los más estrictos principios subjetivistas (art. 1.109 del Código Civil), si en cambio aparece con evidencia, que el daño proviene de la culpa de quien acciona, ninguna responsabilidad cabe, ni siquiera a título de riesgo creado (arts. 1.111, 1.113 del Código Civil).

La trascendencia práctica de la adhesión a este sistema, surge cuando opera una causa desconocida en la actualización del factor riesgo, como cuando no está debidamente esclarecida la culpabilidad de nadie, supuesto en que la demanda se acoge.

Ante una causa desconocida, no se sabe si ella ha consistido en la culpa del demandado, de modo que falta el fundamento subjetivo de quienes aplican el artículo 1.109 del Código Civil, pero en la responsabilidad objetiva (art. 1.113 del Código Civil), esa incertidumbre, deja en pie la relación causal "aparente" entre el riesgo y el daño que es la base de la imputación resarcitoria, la cual se mantiene de no ponerse de relieve una causa "ajena" al peligro. (Zavala de González, Matilde, "Responsabilidad por riesgo", Buenos Aires, Hammurabi, 1.997, pág. 78 y sgtes.) IV.- Que el recurso de apelación deducido a fojas 291 debe ser admitido; la juez a quo acogió la demanda teniendo en cuenta básicamente la prioridad de paso que, según su criterio, le asistía a la actora.

Ahora bien, conforme al acta por accidente de tránsito, obrante a fojas 3 del sumario vial que se tiene a la vista, el Sr. Diego Villafañe circulaba por Calle Río Diamante del Barrio Municipal de Las Heras con dirección Oeste y al llegar a la esquina de Calle Tandil colisiona con el vehículo conducido por la Sra. Liliana Carina Espeche, que se dirigía con dirección sur.

Del croquis surge que la calle Tandil desemboca en calle Río Diamante, lo que se corrobora con el informe pericial obrante a fojas 234/235 y en particular a fojas 245 en el que el perito responde a las observaciones formuladas por la demandada a fojas 242.

Dadas estas circunstancias fácticas, no puede predicarse que la conductora del vehículo tuviera prioridad alguna emergente del hecho de circular por la derecha; en este sentido, debe aclarar que la norma de la Ley de Tránsito que consagra la prioridad derecha, va más allá de una mera presunción, haciendo directamente responsable a quien viole la prioridad de paso del vehículo que aparece por la derecha. Es un precepto imperativo, del que sólo es posible apartarse cuando muy graves razones así lo aconsejan, para lo cual se requiere una prueba precisa, concreta e indubitable. Ello significa que quien llega a una bocacalle, sin prioridad de paso, debe extremar las precauciones, disminuyendo la velocidad y quedando a la expectativa, para que quien aparezca por allí con derecho prioritario, goce de paso libre. Corresponde a quien viene por la izquierda, destruir la presunción, demostrando que había llegado antes al cruce, ganando el derecho de iniciar el mismo.

Precisamente, el respeto a la preferencia de paso del automotor que circula por la derecha constituye una manera de contribuir a combatir los accidentes y no puede ser desvirtuado, si la ventaja con que el conductor llegó a la intersección fue escasa, ya que es obligación de quien se aproxime al cruce por la izquierda, cerciorarse de que no viene ningún vehículo con preferencia de paso próximo a iniciar el cruce. Si todo conductor tuviera en cuenta seriamente esta sencilla regla de manejo establecida en la legislación de tránsito, no habría prácticamente colisiones en las bocacalles.

Si el automotor que aparece por la izquierda continuó avanzando, no obstante presentarse otro a su derecha, que necesariamente debió advertir, si reduce la velocidad al llegar al cruce, y luego colisiona con éste, quiere decir que no disponía de prioridad de paso y, por lo tanto, infringió la regla de la ley de tránsito.

Jorge Mosset Iturraspe afirma que en los accidentes en las encrucijadas o bocacalles entre dos vehículos, colisionan dos principios: el primero otorga prioridad al conductor del vehículo que avanza por la derecha, y el segundo que califica de culposa la conducta del conductor que con su vehículo embiste a otro. Este segundo, del cual se desprende la presunción de culpabilidad aludida, tiene el efecto práctico, la consecuencia fáctica, de provocar el adelantamiento de quien avanza por la izquierda.

En lugar de aminorar la marcha o detenerse, el conductor que debe ceder el paso, acelera en la esquina o encrucijada y de este modo pretende "pasar primero", obligando a quien avanza por la derecha a aminorar la marcha o detenerse, y en caso de colisión, se beneficia con la presunción referida. De donde se concluye que una regla jurídica máxima, como la de preferencia en el paso aparece "borrada" por un comportamiento de hecho ventajero y oportunista. En conclusión, será preferente, quien aparezca por la derecha y no, quien llegue primero al cruce. Esta es la llamada preferencia de derecho, porque no se deriva de los hechos (anticipación de un coche respecto de otro), sino que proviene de una norma legislativa. ("Accidentes de tránsito", publicado en la Revista de Derecho de Daños, Tº1, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Ed., 1.998, pág.197) En definitiva, la correcta interpretación de la ley de tránsito en materia de choques en las encrucijadas, veda inquirir acerca de cuál de los vehículos ingresó primero al cruce, porque lo usual, es que la diferencia entre ambos, sea despreciable, menor al segundo y fundamentalmente, porque lo que la ley reprocha a quien circula por la izquierda es, justamente, haber ingresado primero en lugar de ceder el paso al rodado que es atisbado desde la derecha. (En este sentido, puede verse el fallo de esta Cámara del 14/02/2.005, expte. Nº 79.324/37.092, "Morales, Gabriela Adriana c/Autotransportes El Trapiche S.R.L. P/D. y P.", y citas jurisprudenciales allí indicadas) No puede soslayarse que, sobre la prioridad de la derecha, la Corte Provincial ha dicho: "El legislador de Mendoza, se inclinó, por la corriente juris-prudencial que priorizó la regla derecha antes que izquierda, considerándola regla de oro de la circulación, en la que la prioridad es absoluta; no se pierde, por ej., por la sola circunstancia de haber llegado primero a la intersección.

La excepción legal a favor de la arteria de "mayor jerarquía" exige reglamentación del Poder Ejecutivo, careciéndose hasta hoy de tal normativa. Aún cuando se estime que la reglamentación no es necesaria, la mayor jerarquía no puede fundarse en datos subjetivos ni en una sola pauta, cual es que en una arteria circulan más vehículos que en otra. Por el contrario, exige de datos certeros, especialmente si emanan del poder administrador, ej. Señal de "pare" colocada sobre la calle que debe ceder el paso al vehículo que aparece a la izquierda.

La mayor jerarquía debe surgir patente, indubitable, manifiesta aún para personas que llegan por primera vez a la ciudad de Mendoza". (Fallo del 09-12-2004, SCJM, Sala I, expediente N° 78535, "Vargas, Hugo A. en Jº 147.590 Vargas, Hugo Armando Peralta Reynaud, Eugenio Juan Francisco Daños y Perjuicios, Casación", LS 344 - 246) La ley Provincial en el art. 50 es clara al consagrar la prioridad de paso; así, indica que el conductor de un automotor que llegue a una bocacalle o encrucijada debe, en todos los casos, ceder el paso a todo vehículo que se presente por una vía pública situada a su derecha, resultando esta prioridad absoluta, salvo que se configure algunas de las excepciones previstas por el mismo dispositivo legal.

En el caso, la actora circulaba por una calle que desembocaba en otra ("T"); la mecánica del accidente indica que efectivamente circulaba por la calle ubicada a la derecha, lo que no implica que pudiera invocar la prioridad emergente del art. 50 de la ley 6.082, pues, precisamente, lo que el legislador pretende al consagrar esta prioridad es que el conductor del vehículo puede conducirse en la vía pública sin tener que estar frenando en todas las esquinas para asegurarse de que no venga ningún vehículo y luego, retomar la marcha.

Atendiendo a que la calle Tandil termina en calle Río Diamante, mal puede pretenderse la aplicación al caso de la prioridad emergente de quien circula por la derecha, pues quien circula por una vía que desemboca en otra (sin que dichas arterias se crucen) debe girar hacia la izquierda o hacia la derecha, y en ambos casos, debe ingresar en la otra calle extremando la prudencia y verificando que pueda hacerlo sin poner en riesgo a otros vehículos que circulen por la misma.

Pero, básicamente, a tenor de lo dispuesto por el art. 50 inc. 7, b) de la ley 6.082, la prioridad de la derecha se pierde cuando "se haya detenido la marcha o se vaya a girar"; por esta última circunstancia, la actora no gozaba, en modo alguno, de prioridad de paso.

A ello se agrega que quien gira a la izquierda en una calle de doble mano debe extremar las precauciones, pues realiza una maniobra que altera el desarrollo normal del tránsito; en este orden de ideas, no puede soslayarse, al propio tiempo, que la ley de Tránsito Provincial exige el cumplimiento, por parte del conductor del ómnibus, antes de girar a la izquierda, de los requisitos fijados por el art. 52, o sea:

a) advertencia de la maniobra con suficiente antelación mediante la señal luminosa; b) circulación desde treinta metros antes del costado más próximo al giro a efectuar; c) reducción paulatina de la velocidad, girando a una marcha moderada; d) reforzamiento con la señal manual, cuando el giro se realice para ingresar en una vía de poca importancia, o en un predio frentista. (Sentencia del 28-07-2004, Suprema Corte de Justicia de Mendoza, expediente N° 78787, "Acevedo, Héctor H. y ot. en J° 148.578/7024 Acevedo, H. H y ots. c/Palacio, Emilio R. D. Y P. S/ Inc. Cas.", LS 339 - 097) En autos, la actora, que no gozaba de la prioridad de la derecha, no verificó que no viniera ningún vehículo por calle Río Diamante, emprendiendo el giro hacia la izquierda por esta última calle, lo que implica, desde el punto de vista normativo, la configuración de la eximente "hecho de la víctima" que exime, en virtud de las circunstancias expuestas, totalmente de responsabilidad, a tenor de lo dispuesto por el art. 1.113 2° párrafo 2° parte del Código Civil.

VII.- En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fojas 291, debiendo revocarse el apartado I, III y IV de la sentencia de fojas 282/284.

Sobre la primera cuestión, los Dres. Boulin y Viotti adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión el Dr. Ricardo Catapano Mosso dijo:

Las costas deben imponerse a la parte recurrida que resulta vencida. (Arts. 35 y 36 C.P.C.). Así voto.

Sobre la segunda cuestión los Dres. Boulin y Viotti adhieren al voto precedente.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia, la que en su parte resolutiva dice así:

SENTENCIA:

Mendoza, 7 de setiembre de 2.006.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:

I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fojas 291, y en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia de fojas 282/284 que queda redactada en las partes pertinentes del siguiente modo:

"1° Rechazar la demanda promovida a fojas 9/12 por Ramón Oscar Espeche en contra de los Sres. Duillo E. Villafañe y Graciela Fardella por su hijo menor Diego Federico Villafañe Gardella." "2° Imponer las costas a la parte actora vencida en los autos N° 119.228 caratulados "Espeche, Ramón O. c/Villafañe, Duillo E. p/D. y P." y a la parte actora vencida en los autos N° 164.721 caratulados "Villafañe, Duillo E. c/Espeche, Liliana p/D. y P." "4° Regular los honorarios profesionales de los Dres. LEANDRO NICOLÁS LANCI y HUGO NICOLÁS LANCI en conjunto en la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 80/100 ($ 326,80), ALEJANDRA NATALIA LANCI en la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES CON 40/100 ($ 163,40), ARABELA GHERZI en la suma de PESOS CIENTO CATORCE CON 38/100 ($ 114,38), GRACIELA GHERZI en la suma de PESOS CIENTO CATORCE CON 38/100 ($114,38), RAÚL MONTOYA en la suma de PESOS CIENTO CATORCE CON 38/100 ($114,38) y HORACIO SÁNCHEZ en la suma de PESOS CIENTO CATORCE CON 38/100 ($114,38), sin perjuicio de los complementarios que pudieran corresponder. (Art. 13 y 19 de la Ley 3.641)" II.- Imponer las costas de alzada a la parte recurrida que resulta vencida. (Arts. 35 y 36 del C.P.C.) III.- Regular los honorarios profesionales de los Dres. LEANDRO NICOLÁS LANCI en la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 08/100 ($ 196,08), ALEJANDRA NATALIA LANCI en la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO CON 82/100 ($ 58,82), ARABELA GHERZI en la suma de PESOS VEINTISIETE CON 45/100 ($ 27,45) y HORACIO SÁNCHEZ en la suma de PESOS NOVENTA Y UNO CON 50/100 ($ 91,50), sin perjuicio de los complementarios que pudieran corresponder. (Arts. 2, 3, 4, 31 y concs. de la ley 3.641).

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