Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-09-14


SENTENCIA NUMERO: TREINTA Y TRES En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los catorce días del mes de septiembre de dos mil diez, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, para entender en los Recursos de Casación deducidos en autos, Expte. Corte Nº 24/10, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Víctor García en representación Pedro Daniel Suárez contra de Sentencia Nº 02/10 recaída en Causa Expte. Nº 120/09 '1) Robles, Fabián Gustavo y otros- ss.as. Robo doblemente calificado, etc- Capital- Catamarca", y Nº 25/10, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Víctor García en representación de Fabián Gustavo Robles en contra de Sentencia Nº 02/10 recaída en causa Expte. Nº 120/09 '1) ROBLES, Fabián Gustavo y otros- ss.as. Robo Doblemente Calificado, etc.- Capital - Catamarca", contra la Sentencia Nº 02/10, dictada con fecha veintiséis de febrero de dos mil diez por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Son admisibles los recursos de casación interpuestos? ¿Se ha condenado a los imputados Fabián Gustavo Robles y Pedro Daniel Suárez por un hecho diverso de aquél por el cuál fueron acusados? 2º) ¿Es nulo el fallo impugnado por haber vulnerado el principio lógico de razón suficiente? 3º) ¿Es nula la sentencia en crisis por haber incurrido el a quo en doble valoración al motivar la pena impuesta? 4º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 24 del Expte. Nº 24/10, y 28 de Expte. Nº 25/10, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.- De la lectura de los escritos recursivos impetrados por la defensa técnica de los acusados Pedro Daniel Suárez y Fabián Gustavo Robles, se advierte que, si bien el recurrente, ha interpuesto recursos de casación independientes para cada uno de sus asistidos (Expte. Corte Nº 24/10 y Expte. Corte Nº 25/10), en las mencionadas vías intentadas se brindan idénticos fundamentos, lo que impone, por razones de economía procesal, que su tratamiento se efectúe en forma conjunta. Sentado lo anterior, cabe decir que los recursos de casación interpuestos en contra de la Sentencia Nº 02/10, dictada en los autos principales, reúnen los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P..- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia nº 02/10, del 26/02/10, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, por mayoría, resolvió: "...II) Declarar culpable a Fabián Gustavo Robles de condiciones personales relacionadas en la causa como coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de armas (art. 166 inc. 2º primer supuesto y párrafo segundo del mismo artículo del C. Penal (Hecho Nominado Primero), de abuso de armas (art. 104 del C. Penal) (Hecho Nominado Segundo) y resistencia a la autoridad (art. 239 del C. Penal) (Hecho Nominado Tercero) todo en concurso real (arts. 45 y 55 del C. Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de diecinueve años prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41, 41 bis (Hecho nominado Tercero) y 12 del C. Penal). Unificar la condena establecida en el párrafo anterior con la recaída en causa Nº 12.791/93 en Sentencia de fecha 14 de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve dictada por la Cámara en lo Criminal Nº 2 de la Ciudad de Salta por la que se lo condenara como autor del delito de Robo calificado por el uso de armas reiterado (tres Hechos), robo a mano armada en despoblado (tres Hechos) a cumplir la pena única de trece años de prisión. Imponiéndole en consecuencia como pena única la de treinta y dos años de prisión conforme lo estatuido por los arts. 58 y concordantes del C. Penal y arts. 407 y concordantes del C.P.P. con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal). Oportunamente se le concedió el beneficio de la libertad condicional, estableciéndose como fecha de cumplimiento de la condena el 18 de enero del año dos mil diez. Revocándose en consecuencia la libertad condicional oportunamente otorgada con relación a la condena anterior debiendo cumplir en prisión efectiva el tiempo en que permaneciera en libertad (arts. 15 y concordantes del C. Penal). Declarándoselo reincidente por tercera vez (Art. 50 del C. Penal). Con costas (Arts. 407 y 536 del C.P.P.). III) Declarar culpable a Pedro Daniel Suárez de condiciones personales relacionadas en la causa, como coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de armas (art. 166 inc. 2º primer supuesto y párrafo segundo del mismo artículo del C. Penal (Hecho Nominado Primero), de abuso de armas (art. 104 del C. Penal) (Hecho Nominado Segundo) y resistencia a la autoridad (art. 239 del C. Penal) (Hecho Nominado Tercero) todo en concurso real (arts. 45 y 55 del C. Penal) condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de dieciséis años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41, 41 bis y 12 del C. Penal). Con costas (arts. 407 y 536 del C.P.P.)".- II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Víctor García -en adelante el recurrente-, en su calidad de asistente técnico de los imputados, Fabián Gustavo Robles y Pedro Daniel Suárez, e interpone recursos de casación individualmente para cada uno de sus asistidos, invocando los motivos formales previstos en los incisos 2º y 4º del art. 454 del C.P.P.. En tal sentido asevera, con idénticos fundamentos en ambas presentaciones, que se ha inobservado la garantía de defensa en juicio, al tener por acreditado el Tribunal un hecho diverso del contenido en la acusación, vicio que acarrea la nulidad absoluta del fallo en cuestión. Desde otro ángulo, sostiene que no se han respetado los principios de la sana crítica racional en la valoración de la prueba incorporada en lo atinente a la participación de sus asistidos (408 inc. 3º). Por ello, postula la nulidad absoluta del debate y la sentencia, alegando que se ha violentado el derecho de defensa y el debido proceso legal.

Subsidiariamente, introduce como tercer agravio, la inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3º).- II. a. El recurrente comienza los fundamentos de sus agravios, denunciando que el hecho acreditado en la sentencia resulta diverso en aspectos fundamentales, con relación al intimado a sus defendidos en su declaración y el descripto en la elevación de la causa a juicio. Considera que se ha violado el principio de congruencia y por ende el derecho de defensa y el debido proceso legal (art. 18 C.N.), proponiendo la nulidad absoluta del fallo (art. 186 inc. 3º y 187, segundo párrafo del C.P.P.). Alega que al haber desvinculado de los hechos al tercer integrante, se ha variado el hecho en circunstancias fundamentales, modificando intrínsecamente la actuación individual, componiéndose la referida por despliegues comisivos que discrepan con la narración de la originaria acusación. Aclara que no se trata de que una mera desvinculación de un co-autor haya modificado el hecho, pues en la sentencia, expresamente se deja consignado que sólo dos personas fueron los coautores de los hechos, descartándose al tercero. Entiende que, por más que dicha conclusión haya favorecido a sus asistido respecto a la calificación legal impuesta; no obstante ello, Robles y Suárez se vieron privados de defenderse adecuadamente frente a una acusación que en diversidad de roles, le atribuía una participación distinta al acontecer fáctico que se tuvo por acreditado.

Expresa que en el sub-judice, tal perjuicio ha existido desde que recién ha sido conocido el hecho diverso a partir de la fundamentación de la sentencia, y dada la característica del hecho que se analiza, es de ver que la correcta especificación de esa circunstancia es sumamente trascendente a los efectos de ejercer la defensa en juicio, ya que la misma determina cómo, de qué manera y con quién se habría producido el "acuerdo", "la convergencia intencional" de actuar mancomunadamente, con el expreso ánimo de cooperación para la concreción de un delito determinado, tal como se materializó.

Reitera, que no se trata de un mero cambio de calificación legal que atenúa la actuación de los imputados, sino de una modificación, de una alteración de la base fáctica sobre la que se desarrolló el debate contenida en la acusación originaria. A continuación cita doctrina y propicia la nulidad del fallo.- II. b. De la reseña efectuada precedentemente, se advierte que los cuestionamientos ensayados por el recurrente se dirigen a denunciar que el a quo modificó en la sentencia, el hecho -refiriéndose puntualmente al Nominado Primero- por el cual los encartados Fabián Gustavo Robles y Pedro Daniel Suárez habían sido intimados y acusados, añadiéndole una circunstancia atenuante no contenida anteriormente (más precisamente, suprimiendo la agravante contenida en el art. 167 inc. 2° del C.P.), sobre la cual, asevera el casacionista, no giró la actividad defensiva. En concreto, el eje central de discusión, radica en analizar si efectivamente el tribunal ha condenado a los acusados, Robles y Suárez, por un hecho diverso al contenido en la acusación.

A fin de dar adecuada respuesta a lo aquí planteado, resulta de interés contrastar las partes pertinentes de los actos procesales de los cuales surgiría la vulneración denunciada. En lo que aquí interesa, el hecho por el cual los encartados Suárez y Robles fueron indagados y luego acusados -tanto en la requisitoria fiscal de citación a juicio como en el debate- fue consignado de la siguiente manera: "Hecho Nominado Primero: El día 08 de Junio de dos mil siete, en el horario comprendido entre las horas 11:30 y 12:00 aproximadamente de la mañana, Robles, Fabián Gustavo; Suárez Pedro Daniel y Perea, Jorge Eduardo, irrumpieron al inmueble sito en calle Ahumada y Barros Nº 60 que gira bajo la denominación Maxi Luz, portando armas de fuego (revólver, calibre 38, especial), siendo una de ellas marca "Taurus" y la otra marca "Colt", y es allí que uno de los sujetos ya aludidos procedió a tomar por el cuello a Sara Spinzi (quien se encontraba atendiendo el local), logrando que Spinzi quedara reducida y sentada en el suelo y apuntándole con un arma de fuego que asestó en el cuerpo de la víctima, manifestándole que: 'esto es un asalto', arrebatándole del cuello de la Sra. una cadena de oro con dije redondo que en el centro tiene un trébol; mientras que otro de los sujetos ya aludidos, procedió a cerrar la puerta del negocio. En ese momento ingresó, desde el fondo del local Reynaldo Vaca (dueño del local comercial) y al querer asistir a Spinzi, es agredido por uno de los sujetos ya a ludidos con la culata del arma de fuego (causándole lesiones), a la vez que le manifestaba que "se quedaran quietos, no griten, quédense callados", exigiéndole el lugar donde se encontraba la caja fuerte, procediendo a revisar el pantalón de Vaca, apoderándose ilegítimamente de la suma aproximada de $ 900 (discriminados en dos billetes de $ 100 y distintos billetes de $ 20, $ 10, $ 5 y $ 2 sin poder discriminar) y luego uno de los sujetos ya aludidos, se dirigió hasta la caja registradora y sustrajo la suma de $ 400 (dos billetes de 50 y los restantes de $ 20, 10, $ 5 y $ 2) para luego huir del lugar en el rodado marca Volkswagen, modelo Gol GL, 1.6, tipo sedán tres puertas, Dominio BUF-324, color verde oscuro, el cual se encontraba estacionado en Ahumada y Barros y Obispo Esquiú. Que el accionar de los encartados contó con la colaboración de Pérez Casanovas, quien los habría alojado en su domicilio sito en Barrio 100 Viviendas Sur, casa Nº 63, como así también, les habría proporcionado datos a los mencionados precedentemente, siendo su cooperación necesaria y sin la cual el hecho no se habría cometido".

Por su parte, en la sentencia, el a quo, a fin de dar cumplimiento a lo prescripto en el art. 403 del C.P.P., se remitió al hecho consignado en la requisitoria fiscal de citación a juicio de fs. 1561/1594 (Auto Interlocutorio Nº 141/08), el cual había sido transcripto al inicio de la sentencia antes de ingresar al tratamiento de la primera cuestión.

Dentro de la mencionada cuestión, como así también, en el tratamiento de la segunda, la mayoría del tribunal advirtió que la prueba reunida en autos permite sostener con el grado de certeza que el hecho existió tal como se encuentra redactado en el Auto Interlocutorio Nº 141/08 de fs. 1561/1594, con la salvedad de que las únicas personas que irrumpieron en el local comercial sito en calle Ahumada y Barros Nº 60 de esta ciudad Capital, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar narradas en la mencionada pieza procesal, fueron los acusados Fabián Gustavo Robles y Pedro Daniel Suárez, contando en la especie con la colaboración de Jorge Marcelo Pérez Casasnovas. En tal dirección, el a quo consideró que el accionar de los encartados debía subsumirse en la figura de robo calificado por el uso de armas, prevista en el art. 166 inc. 2º, primer supuesto y párrafo segundo del mismo artículo del C.P. Para ello, el tribunal no hizo más que hacer lugar a lo peticionado por el Fiscal de Cámara en los alegatos, considerando que la calificación jurídica atribuida al Hecho Nominado Primero debía modificarse en cuanto a la agravante contemplada en el art. 167 inc. 2º del C.P., al entender que no se había logrado acreditar con el grado de certeza requerido, la existencia del término "banda". En consonancia con lo expresado, el voto mayoritario aclaró que, de los testimonios de las víctimas y de los testigos presenciales del evento, se logró acreditar que fueron solo dos las personas que ingresaron al local comercial (Vacca, Spinza, Reales y Díaz, entre otros), existiendo dudas respecto de la presencia de una tercera persona que podría haberse encontrado en el asiento del conductor del vehículo utilizado.

Para hacer efectiva la garantía procesal constitucional de la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio (arts. 18, 75 inc. 22 C.N.; arts. XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 9 inc. 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; art. Const. Pcial. arts. 25, 27 y 31; y art. 1° C.P.P.), se hace necesario que, "entre la acusación intimada (originaria o ampliada) y la sentencia, debe mediar una correlación esencial sobre el hecho, la que impide condenar al acusado por uno diverso del que fuera objeto de la imputación formulada (ne est iudex ultra petita partium)" (Vélez Mariconde, Alfredo "Derecho Procesal Penal", T. II, p. 233, ed. 3ra., primera reimpresión, actualizada por los Dres. Manuel N. Ayán y José I. Cafferata Nores, Lerner, Córdoba 1982; cfr. Clariá Olmedo, Jorge Andrés "Tratado de Derecho Procesal Penal", T. I, p. 507, Ediar, Bs.As. 1960). Ello por cuanto, de nada valdría afirmar que no hay juicio sin acusación, al igual que ésta debe ser correctamente intimada, si no se suma la exigencia que el Juez únicamente puede condenar al acusado como culpable del hecho sobre el que versó la actividad defensiva. De no ser así, se impone la nulidad absoluta de la sentencia por cuanto se afecta la defensa del imputado en lo que hace a su intervención y asistencia en el proceso penal (art. 186 inc. 3° y 187 segundo párrafo del C.P.P.), en virtud que se coarta la defensa material y técnica, las que tuvieron como referencia para su desarrollo el hecho contenido en la acusación.

Lo dicho precedentemente impone aclarar, que no toda diferencia menoscaba esta facultad del imputado; sólo concurre tal perjuicio, cuando la diversidad le restringe o cercena la factibilidad de presentar pruebas defensivas (NUÑEZ, Ricardo C., "Código Procesal Penal", Lerner, Córdoba, 1986, nota 1° al art. 414, pág. 385). Consecuentemente, se ha dicho, en relación a la conexión existente entre intimación y la garantía de defensa en juicio, que "para que la defensa sea un elemento efectivo del proceso y el imputado pueda negar o explicar el hecho que se le atribuye, o afirmar alguna circunstancia que excluya o atenúe su responsabilidad, u ofrecer pruebas de descargo, o argumentar en sentido contrario a la imputación, es necesario que ésta sea intimada, es decir, puesta en conocimiento de la persona contra la cual se dirige" (Vélez Mariconde, Alfredo, "Derecho Procesal Penal", T. II, Marcos Lerner Editora Córdoba, p. 221).

Desde otro ángulo, también resulta de interés resaltar que, para la declaración de nulidad, no sólo es suficiente que esta sanción se encuentre conminada y que resguarde una garantía constitucional, sino que es necesario que con ella se beneficie aquél que lo pretende. Igualmente, se ha sostenido que ni la insubsanabilidad ni la oficiosidad con que la ley resguarda la situación del imputado en lo que respecta a las nulidades que le atañen en los términos del art. 186 inc. 3º del C.P.P., tienen por objetivo crear a su favor un sistema de nulidades puramente formales, al margen del principio del interés, en virtud del cual una nulidad sólo puede declararse cuando su declaración sea susceptible de beneficiar procesalmente a la parte en cuyo favor se hace. Ello en razón de que, nuestro sistema procesal no admite la declaración de nulidad de los actos procesales por la nulidad misma, sino sólo en cuanto lesiona el interés de las partes, para acoger sólo aquella que por su posible efecto corrector, tenga idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquél interés.

La reseña que antecede, impone dar respuesta negativa al presente agravio, por no haberse constatado afectación alguna al principio de congruencia. En el sub examine, se advierte de la lectura del Acta de Debate, que el Ministerio Público Fiscal, al momento de los alegatos, solicitó que no se aplicara al caso en cuestión, la agravante de robo en banda, en razón de no haberse acreditado certeramente la intervención de un tercer sujeto en el hecho endilgado a los acusados, argumentando que ello necesariamente conllevaba a la desaparición de la agravante contenida en el art. 167 inc. 2º del C.P.. Asimismo, corresponde poner de resalto, que la condena no ha implicado sorpresa alguna para los imputados, ni ha afectado el derecho de defensa de los mismos, puesto que ambos acusados pudieron expresarse en los alegatos al respecto. No obstante, de la lectura del Acta de Debate se infiere que la defensa ha omitido manifestarse en relación a este tema.

Además, tampoco se advierte que haya existido la invocada vulneración al principio de congruencia, dado que ambos imputados fueron defendidos por el delito de robo doblemente calificado por el uso de arma en poblado y en banda (arts. 45, 166 inc. 2º y 167 inc. 2º del C.P.) y se termina calificando el hecho como robo calificado por el uso de armas (art. 166 inc. 2º -primer supuesto y párrafo segundo del mismo artículo del C.P.), pues el cambio, no ha importado variación del sustento fáctico y la consideración jurídica dada al caso es menor, es decir, que se han beneficiado los imputados con una calificación atenuada en relación a la que se les había intimado primero, no advirtiendo en ello, lesión al interés de los recurrentes, desde que no expresó en qué hubiera consistido su defensa, para resistir la acusación que ahora cuestiona.

Tampoco puedo dejar de considerar la aseveración del recurrente cuando, al denunciar la violación del principio de congruencia, alega que recién ha sido conocido el hecho diverso a partir de la fundamentación de la sentencia. Esta argumentación tampoco resulta de recibo, puesto que, como se dijo, la atenuación cuestionada fue introducida en el debate por el Ministerio Público. Sumado a ello, observo que la defensa, también ha omitido demostrar concretamente en qué se afectó la garantía invocada, o la posibilidad de defenderse, probar y alegar sobre la acusación cuestionada.

En resumen, en este caso no se advierte que se haya violado el principio de la defensa en juicio, pues no hubo una condena sorpresiva sobre hechos y circunstancias de las que los procesados hayan podido defenderse debidamente (Fallos: 284:54; 298:104 y 304), ni una variación brusca del objeto del proceso. El juzgador ha actuado -más allá de las facultades expresamente reconocidas al tribunal de juicio por el art. 405 del C.P.P.- en base a lo expresamente requerido por el órgano acusador -Fiscal de Cámara- al momento de exponer sus alegatos. Consecuentemente, concordó -reitero- con lo peticionado por el Ministerio Público en cuanto a que la calificación jurídica atribuida al Hecho Nominado Primero debía modificarse en relación a la agravante prevista en el art. 167 inc. 2º del C.P..

Por lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

III. El segundo agravio introducido por el recurrente, radica en denunciar falta de fundamentación del fallo en cuestión. Afirma que los indicios seleccionados resultan equívocos para acreditar la participación de los imputados Suárez y Robles en los hechos endilgados. Destaca que lo que está en pugna con el principio de razón suficiente, no es la existencia de los hechos, sino la atribución de participación criminal a Fabián Gustavo Robles y a Pedro Daniel Suárez. Acto seguido, cita doctrina referente a la prueba indiciaria, como así, la parte que estima pertinente del voto en disidencia, para concluir que la sentencia atacada resulta arbitraria porque la selección de los indicios utilizados por la mayoría del tribunal para atribuir participación a sus defendidos, sólo conducen a una mera probabilidad, que no alcanza para llegar a la certeza. En esta dirección, el recurrente sostiene que los elementos indiciarios de cargo son: 1) relevamiento de huella dactilar en la manija del automóvil que se utilizó en los hechos delictivos (Suárez); 2) relevamiento de una huella dactilar en un CD y un proyectil (Robles). Mientras que las pruebas directas que desincriminan a sus asistidos son: 1) no son reconocidos por las víctimas del robo, ni por las víctimas del abuso de armas; tampoco por el personal policial que participó en la investigación; 2) son múltiples y contradictorios los testimonios, respecto al número, fisonomía y vestimenta de las personas que participaron en los hechos; 3) no se les secuestró elemento alguno que se los relacione con los hechos (armas, municiones, etc.); 4) la prueba de "guante de parafina" dio resultado negativo; 5) argumenta que ninguna prueba relaciona a Robles ni a Suárez con los restantes imputados.

Consecuentemente con lo sostenido, refiere que los indicios valorados por la mayoría del tribunal, en el mejor de los casos, pueden permitir conjeturar que, probablemente Robles y Suárez hayan intervenido en los hechos, pero la enunciación y meritación de cada elemento de juicio hecha en forma individual no permite arribar a un juicio de certeza donde la conclusión sobre la intervención de los encartados surja indubitable, pues cada probanza por sí no sustenta la intervención de los acusados. En razón de ello, sostiene que se ha inobservado el principio lógico de razón suficiente y que del cuadro probatorio analizado no pude derivarse necesariamente la forma de participación atribuida. Seguidamente, cita doctrina y alude al principio "in dubio pro reo". Expresa que la libre convicción no significa que el juez decida en forma arbitraria o caprichosa. Finaliza refiriéndose al fallo Matías Casal, poniendo de resalto que el Tribunal de Casación debe controlar lo resuelto tanto por motivos materiales como procesales, independientemente de cómo sean planteados.

III. a. Ingresando al tratamiento de la cuestión sometida a control, esta Corte, en numerosos precedentes (S. nº 3, 03/03/09; S. nº 1, 06/02/09; S. nº 2, 06/02/09; S. nº 22, 11/11/08, S. nº 8, 30/04/08, entre otros) dijo, que la obligación constitucional y legal de fundar la sentencia consiste en el deber de consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ella contiene, con base en la prueba reunida y de acuerdo al sistema de valoración admitido por la ley procesal, porque éste es el modo de posibilitar el contralor de las partes y del Tribunal de Casación.

El ordenamiento ritual (art. 403 C.P.P.), reglamentando expresas normas constitucionales (art. 18 C.N. y 210 Const. Prov.) y como garantía de justicia, exige la motivación adecuada de las resoluciones conforme a las reglas de la sana crítica racional, esto es, de la lógica, de la psicología y de la experiencia común en la valoración de la prueba (art. 408 inc. 3º C.P.P.).

Ahora bien, para que los vicios endilgados a la sentencia tengan entidad para conducir a la nulidad, deben relacionarse con pruebas valoradas en contra de las reglas de la sana crítica racional, u omitidas de ponderar que tengan valor decisivo, toda vez que estos defectos son los captados por la ley (art. 408 inc. 4° del C.P.P.). Consecuentemente la motivación debe ser derivada, es decir, debe respetar el principio de razón suficiente. La observancia de este principio en la fundamentación de una resolución jurisdiccional está sometida a diversos requisitos, según sea el grado de convencimiento requerido por el ordenamiento legal respectivo, para arribar a las conclusiones de hecho en que el fallo se asienta.

Así, el respeto al aludido principio lógico no estará sometido a las mismas exigencias cuando la ley se satisfaga con un mero juicio de probabilidad acerca de los extremos fácticos de la imputación delictiva, que cuando se requiere certeza acerca de la existencia de aquéllos. Esta última hipótesis, exigirá que la prueba en la que se basen las conclusiones a que se arribe en la sentencia, sólo pueden dar fundamento a esas conclusiones y no a otras; o expresado de otro modo, que aquellas deriven necesariamente de los elementos probatorios invocados en su sustento.

Asimismo, está fuera de discusión, que el grado de convencimiento exigido a los juzgadores, según la etapa del proceso de que se trate, puede obtenerse a partir de indicios. Sobre ello, esta Corte tiene dicho que no hay óbice para fundar una condena en prueba indirecta, en la medida en que los indicios meritados sean unívocos y no anfibológicos y a su vez sean valorados en conjunto y no en forma separada o fragmentaria (S. nº 26, 16/07/2010, "Reyes"; S. n° 26, 13/06/09, "Pérez"). En sentido similar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido que "cuando se trata de una prueba de presunciones ... es presupuesto de ella que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de prueba- y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean ambivalentes" (Fallos 311:948); "la confrontación crítica de todos los indicios resulta inexcusable para poder descartarlos, por lo que el argumento de la supuesta ambivalencia individual de cada uno de ellos constituye un fundamento sólo aparente que convierte en arbitraria a la sentencia portadora de este vicio" (C.S.J.N., "Fiscal c. Huerta Araya", 12/6/90, citado por Caubet, Amanda y Fernández Madrid, Javier, "La Constitución, su jurisprudencia y los tratados concordados", Errepar, 1995, n° 4840).

Lo arriba expuesto, congruentemente impone a quien impugna una sentencia fundada en prueba indiciaria, tomar razón de todos y cada uno de los elementos de juicio ponderados por el Tribunal, aprehendidos en su sentido de conjunto, para no desnaturalizar la esencia del razonamiento así estructurado. Es así entonces, que la fuerza convictiva de los indicios reside en su apreciación conjunta. Consecuentemente, cabe reflexionar que, si integrada ha de ser su consideración por parte del Tribunal, debe requerirse similar tratamiento por parte de quien pretende impugnar la conclusión que de aquéllos se ha derivado. Por ello es que se ha sostenido -reitero-, que cuando se trata de decisiones fundadas en prueba indiciaria, el cuestionamiento de su motivación requiere el análisis en conjunto de todos los indicios valorados y no en forma separada o fragmentaria.

Tal resguardo, es precisamente, el que ha sido obviado por el recurrente, en tanto su escrito impugnativo discurre en un análisis segmentado de la prueba valorada por el a quo, que no atiende al eslabonamiento de indicios a partir del cual se arribó a la certeza sobre la participación de los acusados Pedro Daniel Suárez y Fabián Gustavo Robles, en los delitos de robo calificado por el uso de armas, de abuso de armas y resistencia a la autoridad en concurso real.

Es que, la motivación del recurso se ha restringido a tomar cada una de las declaraciones meritadas y objetar su valor conviccional, o a escudriñar imprecisiones o defectos en los distintos relatos; como así, a sostener la falta de secuestro de elemento alguno que relacione a sus asistidos con los hechos, o que la prueba de parafina dio resultado negativo. Tal descalificación aparece infundada, en tanto prescinde del debido cotejo del contenido de cada testimonio con el resto del cuadro probatorio debidamente analizado por el tribunal de mérito.

Dicha fragmentación surge patente si se advierte que el impugnante luego de efectuar sus objeciones a cada elemento de juicio incriminante, sistemáticamente afirma la total ausencia de respaldo probatorio. Es más, cabe destacar aquí que el yerro señalado precedentemente ha sido cometido por el casacionista quien expresamente ha aseverado que la meritación de cada elemento de juicio hecha en forma individual no permite arribar a un juicio de certeza donde la conclusión sobre la intervención de los encartados surja indubitable, pues cada probanza por sí, no sustenta la intervención de los acusados.

Adviértase aquí, que el juzgador para arribar a su decisión condenatoria, ha considerado de manera integral una suma de elementos, obviados por el recurrente por resultar perjudicial para sus asistidos. Concretamente, de la lectura del fallo en crisis, se advierte que el voto mayoritario del tribunal tuvo en cuenta las siguientes probanzas para condenar a los imputados Fabián Gustavo Robles y Pedro Daniel Suárez, como coautores de los delitos de Robo Calificado por el uso de armas (Hecho Nominado Primero); Abuso de Armas (Hecho Nominado Segundo) y Resistencia a la autoridad (Hecho Nominado Tercero) en Concurso Real: A) La declaración testimonial de las víctimas, José Reynaldo Vacca y Sara Graciela Spinzi, quienes de manera coincidente describieron a los dos sujetos que ingresaron al local comercial; como así, la forma en que se desarrollaron los sucesos, la suma de dinero sustraída, el ingreso de la menor Reales al negocio cuando aún se encontraban los acusados en su interior; y la persecución efectuada por su vecino, Miguel Cardozo, quien siguió en su automóvil a los malvivientes, debiendo desistir cuando éstos comenzaron a efectuar varios disparos; no obstante ello -aclararon- logró tomar la chapa patente del vehículo en el que se conducían. Destáquese además, lo vertido por Vacca al referir que "el sujeto que estaba con su mujer también tenía un arma de fuego, señalando que el que lo sorprendió a él era alto y bien puesto, con tonada cordobesa, y el que estaba con su señora era de aproximadamente treinta años, petiso, entre un metro cincuenta y cinco o sesenta centímetros de altura, ... refiriendo finalmente que a raíz de las heridas sufridas, lo llevaron al hospital y le hicieron dos o tres puntos. B) Los testimonios brindados por Ana Cristina Bolillo, por Micaela Agustina Reales -menor que ingresa a la verdulería cuando se estaba cometiendo el hecho y huye avisando que le habían pegado y robado a Vacca- y por Graciela Díaz -quien expresó que al llegar a la verdulería observó las puertas entrecerradas y cuando se acercó una persona joven de sexo masculino, de unos cuarenta años, de cabello corto, de un metro setenta aproximadamente, tez mate, de contextura física delgada, la tomó del brazo izquierdo y le dijo "ENTRA HIJA DE PUTA", por lo que empezó a gritar, luego la tiró hacia dentro y la hizo caer de costado, lo que provocó que se golpeara la rodilla y la mano izquierda, observando a la Sra. Sara (Spinzi) tirada en el piso debajo de los estantes. Agregó que, al caerse, este sujeto salió corriendo, por lo que ella logró levantarse, salir y gritar a los vecinos que llamaran a la policía, retirándose posteriormente a su domicilio a donde llamó a la policía. C) En idéntica dirección, el a quo sostuvo que los referidos testimonios coinciden con lo constatado en el Acta de Procedimiento de fs. 2/4 vta. y en los Informes Técnicos Médicos de fs. 46/47 vta. y 126/126 vta.. D) Los testimonios de Miguel Ángel Cardozo y de su yerno, Luis Ovejero; quienes describieron a los acusados y la forma en que los persiguieron. Refirieron que en el auto de Cardozo -Volkswagen Gol gris- siguieron el vehículo de igual marca aunque unos modelos más viejos, de color verde, con vidrios polarizados, dominio BUF 324, tras ser advertidos por su vecina Cristina Bolillo de que habían asaltado a Vacca. Cardozo dijo que la persona que iba del lado del acompañante era la que vio salir del negocio de Vacca, y que este sujeto fue el que sacó un arma de fuego por la ventanilla y efectuó un disparo, por lo que hizo marcha atrás, escuchando luego dos disparos más -esto coincide plenamente con el relato de su yerno, quien además describió a dos de los sujetos-. Que luego los perdieron de vista por lo que decidió ir a la casa de su hija que vive en inmediaciones del lugar y dio aviso al Comando Radioeléctrico. E) El a quo destacó, que lo manifestado precedentemente, se encuentra plenamente corroborado por el Acta de Inspección Ocular Guiada de fs. 31/32 vta., donde se hizo expresa mención de los posibles impactos de proyectil que fueron encontrados en el domicilio sito en calle General Díaz Nº 996 de esta ciudad Capital, ambos muy cerca de la puerta de ingreso al inmueble -debajo de la ventana- y dos rebotes, uno en el capot del automóvil de propiedad de Cardozo y el restante, en el cordón cuneta Este de calle Gral. Díaz, próximo a la intersección con calle Ministro Dulce; y el Informe Técnico Balístico Nº 40/07 de fs. 267/269, el cual concluye que los impactos encontrados fueron provocados por proyectiles disparados por armas de fuego que por sus características corresponden a un calibre 38 Largo; como así, el Informe Nº 38/07 de fs. 307/312, el que a más de ratificar que las armas secuestradas presentan signos de haber sido disparadas, destaca que el revolver marca Taurus, calibre 38 special, presenta signos de haber disparado tres tiros en forma muy reciente, destacando que las tres vainas servidas "incriminadas", remitidas por la instrucción fueron percutadas por el revolver marca "Taurus" antes descripto. Que el proyectil de plomo desnudo "incriminado" remitido por la instrucción es del calibre 38 y fue disparado por el revólver marca "Taurus"; y que el automóvil marca Chevrolet, modelo Corsa, Dominio EHP-210, móvil policial, presenta un orificio de 10 milímetros de diámetro en la zona izquierda del paragolpe delantero, compatible con los causados por el disparo de armas de fuego calibre 9 mm o 38. F) Lo consignado en los referidos informes, coincide plenamente con lo relatado en debate por el Oficial Raúl Alejandro Soria, quien dijo que ese día prestaba servicios en la Comisaría Novena, encontrándose a cargo del móvil Charly 93, en compañía del chofer Agente Aldo Luna, en horas del mediodía comunicaron por el Comando Radioeléctrico de un asalto en jurisdicción de la Comisaría Quinta, y a los minutos moduló el móvil de la Comisaría Sexta del Oficial Mansilla que había interceptado un Volkswagen Gol, color verde, que se dio a la fuga por inmediaciones del Barrio Policial. Que a raíz de ello, se desplazó por Ahumada y Barros hacia el Norte y bajó por Gobernador Correa, observando al Vokswagen Gol, color verde, que circulaba a gran velocidad, y detrás de él dos móviles policiales, por lo que iniciaron la persecución con sirenas y balizas; bajaron por Correa, entraron en Barrio San Jorge, llegaron a Bonifacio Cobacho, ingresaron en Luis Franco y Santa Marta. Resaltó, que cuando llegaron a Barrio 20 de Mayo lo habían perdido de vista, y escucharon que el Oficial de la Comisaría Sexta pedía una ambulancia porque el móvil había colisionado. Que hicieron unas cuadras más hasta el barrio 100 Viviendas y vieron al Volkswagen Gol verde, ingresar a una calle que no tenía salida, observando -destacó el testigo- que dos sujetos descendieron del automóvil sin poder precisar si antes había descendido otro, arrojaron plata, por lo que le dieron al voz de alto, escapándose uno hacia el monte y el otro, "canoso", hacia el fondo de las casas del Barrio 100 Viviendas, al que alcanzó y redujo, entregándoselo a otro empleado policial motorista. Agregó, que al sujeto que aprehendió lo corrió aproximadamente cien metros, previo forcejeo no se opuso más y se tiró al piso sin poder identificarlo, aclarando con precisión que en ningún momento lo perdió de vista. G) El voto mayoritario del tribunal, puso de resalto que el testimonio de Soria es coincidente con lo declarado en debate por Félix Eduardo Aliendro, quien observó ese día al auto con los vidrios polarizados, Volkswagen Gol, a alta velocidad, en la esquina de su casa de Oeste a Este y por detrás venía la policía, por lo que le dijo a su señora que metiera los chicos adentro. El auto llegó a una calle con un fondo sin salida, dio la vuelta y volvió a subir, de la primera cuadra de su casa en la segunda dobló a la derecha y de ahí no los vio más. Resaltó, que se pararon en la esquina y vio que uno de los tipos iba caminando hacia su casa y la policía le dijo alto o disparo y que pusiera las manos arriba, por lo que éste colocó las manos en la nuca, lo hicieron arrodillar y luego lo esposaron y se lo llevaron. H) Asimismo, ponderó el testimonio vertido por Juan Domingo Casas, debidamente incorporado a debate (fs. 317/318), quién reconoció haber recibido de parte del oficial Soria al sospechoso aprehendido, al que describió de contextura física robusta, de un metro ochenta de estatura, de tez blanca, pelo corto negro, al que procedió a esposar para mayor seguridad. I) En idéntica dirección, el voto mayoritario del tribunal destacó que toda la prueba testimonial analizada, coincide con lo plasmado en las Actas de Procedimiento labradas a raíz de la persecución y posterior aprehensión de los sospechosos que descendieron del vehículo abandonado. De este modo, ponderó lo plasmado en el Acta de fs. 51/51vta., la que describe que del vehículo perseguido descendieron, por ambos lados del rodado, dos personas de sexo masculino, que una tomó para un descampado al que se lo perdió de vista y la otra, tomó hacia el Este por el fondo de las propiedades, por lo que el oficial Soria procedió a bordearlo por la veredas de las casas para perseguirlo, y a una distancia de diez metros le dio la voz de alto esgrimiendo su arma de fuego, arrojándose éste al suelo donde fue aprehendido por el nombrado haciendo uso de la fuerza pública en la medida de lo necesario. Posteriormente, fue entregado a otro personal policial, lográndose establecer que se trataba de Fabián Gustavo Robles. Sumado a ello, el tribunal también valoró lo constatado en las Actas de fs. 25/27 y 99/100, en donde se narra el rastrillaje efectuado a campo abierto en Barrio 100 Viviendas Sur, siguiendo unas huellas de zapatillas que culminaron con la aprehensión de Pedro Daniel Suárez, el cual se encontraba escondido detrás de un árbol -jarilla-. Lo referido desvirtúa las aseveraciones del recurrente al argumentar que Suárez no fue aprehendido inmediatamente de sucedidos los hechos, sino cuatro horas después. De las constancias analizadas, se advierte que ha quedado plenamente acreditado que el imputado de mención, al bajar del auto, y ante la persecución policial de la que era objeto, intentó fugarse introduciéndose en campo abierto con abundante y tupida vegetación, lo cual demandó que se pusiera en marcha todo un operativo de rastrillaje, el cual afortunadamente, luego de horas de trabajo arrojó resultado positivo (fs. 25/27 vta. y 99/100). J) Por último, el sentenciante destacó que del Informe Técnico Papiloscópico Nº 821/07 de fs. 386/389, se concluye que los rastros idóneos de origen dactilar revelados a la altura de la manija para abrir la puerta izquierda del automóvil Volkswagen Gol, dominio BUF 324, se corresponden con el dígito pulgar de la mano izquierda de Pedro Daniel Suárez; mientras que los rastros revelados de un CD que se encontraba en la guantera del vehículo de mención y en un cartucho calibre 38 que se encontraba en el interior de un alvéolo del tambor del revólver, que también estaba en el mencionado automotor, se corresponde con la impresión del dígito medio de la mano izquierda de Fabián Gustavo Robles.

El cúmulo de elementos detallados conforma la univocidad que se demanda a los indicios para sustentar válidamente la decisión incriminante del Tribunal de mérito, sorteando la motivación desagregada exhibida por el defensor. Es que éste, en el afán de puntualizar imprecisiones y contradicciones e infundir dudas acerca de los distintos testimonios, pierde la visión de conjunto señalada por el juzgador.

En definitiva, el razonamiento del Tribunal de juicio resulta lógicamente ajustado y su conclusión, no ha sido eficazmente conmovida por las críticas del impugnante, desde que pretende controvertirla, mediante una valoración aislada de los distintos elementos desconociendo la confluencia del conjunto, los que permiten derivar la aserción puesta en crisis, la cual no resulta violatoria del principio de razón suficiente. Esto es, que Suárez y Robles tuvieron participación activa en los hechos que se les atribuyen.

En consecuencia, voto negativamente a la presente cuestión.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

IV. Subsidiariamente, el recurrente esgrime como tercer agravio, el motivo sustancial previsto en el art. 454 inc. 3º del C.P.P.. Denuncia arbitrariedad de la sentencia, al considerar que la misma resulta absurda, en lo que respecta al monto de la condena de prisión que pesa sobre ambos imputados. Postula la nulidad del fallo, cuestiona la ausencia de razones suficientes y sostiene que las expuestas son erróneas. En definitiva, considera que es arbitraria la fundamentación, aseverando que cuando el juzgador sostiene la existencia de una "intensa violencia" -lesiones leves- ésta es absorbida por el tipo penal. Manifiesta también, que el a quo ha incurrido en doble valoración, al considerar para cuantificar la pena, circunstancias que ya se encuentran recepcionadas en los tipos penales atribuidos, tales como, intimidar con armas de fuego (en el robo calificado), efectuar disparos (en el abuso de armas) y desoír las órdenes de la autoridad (resistencia a la autoridad). Continúa sus embates, aunque ahora, refiriéndose puntualmente al imputado Suárez, alegando que es arbitraria la mensuración de la pena, en tanto ha considerado como agravante que Suárez, "... también en el año dos mil cuatro fue detenido durante diez meses por el delito de robo 'asalto en un colectivo' en la ciudad de Córdoba, lo que demuestra una dificultosa reinserción social", sin considerar que por ese hecho fue absuelto, por lo que -enfatiza- este imputado no tiene antecedentes penales computables, según lo informado por el Registro Nacional de Reincidencia. En consecuencia, el recurrente sostiene que si no se pueden tomar en contra de Suárez la imputación de hechos por los que ha sido absuelto, y si se suprimen las circunstancias que ha tenido en cuenta el Tribunal como agravantes (doble valoración), la condena a dieciséis años de prisión, resulta desproporcionada. Entiende que al estar ante una persona sin antecedentes computables, la escala penal parte de un mínimo de seis años y ocho meses. Finaliza diciendo, que la sentencia confundió discrecionalidad con razonabilidad, y al hacerlo, mutó a arbitrariedad.

Culmina su escrito, formulando expresa reserva del Caso Federal.- IV. a. Como puede apreciarse, el núcleo central de la cuestión a dilucidar, radica en analizar si los vicios de razonamiento apuntados, han incidido o no, en la correcta motivación del fallo en orden a la individualización judicial de la pena impuesta a los imputados Fabián Gustavo Robles y Pedro Daniel Suárez. Concretamente, el recurrente denuncia indebida fundamentación de la pena.

Respecto a ello y conforme lo sostenido por esta Corte en distintos precedentes (S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09, entre muchas otras), la facultad discrecional de fijar la pena es, en principio, exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

Bajo este estrecho margen de recurribilidad, relativo al común denominador de las potestades privativas del Tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva.

Así acotado, el control del ejercicio de estas facultades discrecionales se encuentra condicionado sólo a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable, y que la conclusión que se estime como razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa, extremo éste demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades.

En tal sintonía, también se ha destacado que la arbitrariedad no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo, no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida, en principio, a otro órgano judicial.

Igualmente, se ha señalado que "salvo en caso de ejercicio arbitrario, la individualización de la pena resulta ser un poder exclusivo y discrecional del tribunal de juicio, sin embargo, la mera enumeración de los criterios de que se sirvió para graduar la pena, sin expresar cómo esos criterios se tuvieron en cuenta, de qué forma se los hizo operar para actuar a favor o en contra del condenado, no se ha considerado suficiente para dar cumplimiento al art. 41 del Cód. Penal. No habría allí fundamentación de la pena impuesta" (BREGLIA ARIAS, Omar - GAUNA, Omar R., "Código Penal y leyes complementarias - Comentado, anotado y concordado", Astrea, 4ª edición actualizada, Buenos Aires, 2001, p. 356/357, art. 41 nota 1).

En idéntica dirección cabe afirmar que, si bien lo relativo a la aplicación de los arts. 40 y 41 es propio de los jueces de mérito, no puede haber arbitrariedad manifiesta, afirmaciones abstractas que no condicen con la causa, u omisión de las constancias atenuantes.

Finalmente, también debe advertirse, que una circunstancia fáctica que agrava la escala penal nunca puede valorarse doblemente, es decir, como calificante en el tipo penal y como agravante en la individualización judicial. Ello obedece a que su consideración más gravosa ya fue motivo de valoración por parte del legislador a los efectos de la estructuración del respectivo tipo penal y por ende, cometido el delito, su nueva selección por el juzgador a la hora de acrecentar la sanción importa una vulneración de la prohibición de la doble valoración, comprendida actualmente como un aspecto de la garantía del non bis in idem.

Un análisis de la cuestión traída a estudio me permite adelantar que el presente agravio no resulta de recibo. Como punto de partida, resalto que el recurrente, al referirse al Hecho Nominado Primero, entiende que el a quo ha ponderado como agravante, al momento de mensurar la pena, que el hecho se haya cometido con intensa violencia. Al respecto, cabe recordar el criterio sentado por esta Corte (S. nº 18, del 18/05/10, "Blasco y Salazar"), al sostener que la garantía del non bis in idem no impide valorar las circunstancias especiales que presenta cada caso en particular. La naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla, establecidos en el art. 41 del C.P. no son conceptos abstractos, sino que se refieren a la manera en que concretamente se ha desarrollado el hecho constitutivo del delito. Es que, el modo de ejecución es particular de cada ilícito y revela múltiples aspectos que pueden y deben ser valorados -ya sea como atenuante o agravante- al momento de cuantificar en la pena la intensidad del reproche penal dirigido contra el agente. A modo de ejemplo, en el antecedente mencionado, se dijo que puede pensarse en dos hechos calificados por la norma como robo simple pero que en uno de ellos los agentes ejercen una mínima violencia física sobre la víctima con el fin de vencer su resistencia -vgr.: un arrebato en el que la víctima es empujada o recibe un golpe produciéndole un raspón u otro tipo de lesión leve; mientras que en el otro caso, el desapoderamiento se comete ejerciendo una violencia física extrema para vencer la resistencia de la víctima mujer, de edad avanzada, para quitarle la cartera. Aún cuando ambos hechos constituyen técnicamente el delito de robo, parece claro que no pueden ser valorados de igual modo a los fines del reproche penal que se refleja en la imposición de una pena; el mayor ejercicio de violencia física contra la víctima da sustento a la aplicación de una pena más severa. Desde esta perspectiva, el tribunal consideró lo referido por el testigo José Reynaldo Vacca, víctima del hecho, quien se refirió al daño efectivamente sufrido. Así, relató que mientras preparaba un pedido en el fondo del negocio, vio los pies de su mujer y pensó que se había caído por lo que fue a socorrerla, que su esposa estaba en el suelo con su espalda hacia atrás, y un hombre la tenía de atrás, con uno de sus brazos rodeándole el cuello; este sujeto estaba medio inclinado hacia ella. Relató que el otro sujeto, que estaba al lado de la balanza, cuando él entra y quiere ayudar a su mujer, le pegó con un arma de fuego en la cabeza, lo lastimó y lo tiró al suelo; sangraba, por lo que luego del hecho lo llevaron al hospital en donde le hicieron dos o tres puntos. También puntualizó el referido testigo que desde el día del hecho, quedó muy mal y su señora traumada, que ella hasta el día de hoy está mal, quedaron mal. A más de ello, se debe tener en cuenta lo referido por Graciela Rosa Díaz -testimonio incorporado a debate (fs. 56/56 vta.) -quien relató que le llamó la atención que las puertas de vidrio repartido de la verdulería estuvieran entrecerradas, y que al acercarse, uno de los imputados la tomó del brazo izquierdo y la tiró hacia adentro diciéndole "entra hija de puta", que a raíz de ello se cayó de costado al piso -debajo de una estantería-, se golpeó la rodilla y la mano izquierda. De esta manera, el a quo puntualizó, refiriéndose al daño y peligro causados, que fueron tres las víctimas con lesiones, dos de ellas en su físico, mientras que la Sra. Spinzi tuvo que ser atendida por una profunda crisis de nervios que perdura aún en la actualidad, lo cual, incluso, no le permitió prestar declaración testimonial en debate, debiéndose incorporar su testimonio.

Igualmente, cabe rechazar el argumento de la defensa relativo a que el tribunal, en el Hecho Nominado Primero, haya valorado la intimidación con armas de fuego. Esta apreciación del recurrente está sacada de contexto y no resulta tal, puesto que un análisis integral de la tercera cuestión, permite apreciar con claridad que tal circunstancia ha sido ponderada a favor de los acusados, ya que, el a quo resaltó, que si bien los acusados intimidaron a sus víctimas con las armas que portaban, no obstante ello, puntualizó, que pese a poseer armas de fuego cargadas y con aptitud para el disparo, no las accionaron en ningún momento.

Tampoco pueden prosperar las consideraciones genéricas efectuadas por el quejoso al esgrimir vulneración al principio del non bis in idem, pretendiendo así descalificar los fundamentos brindados por el tribunal de mérito al momento de cuantificar la pena a imponer, no obstante ello no fundamenta en lo más mínimo en qué ha consistido dicho gravamen, limitándose sólo a decir que en el Hecho Nominado Segundo (Abuso de Armas) el a quo ponderó que se efectuaron disparos y que en el Hecho Nominado Tercero (Resistencia a la Autoridad), se desoyeron las órdenes de la autoridad, intentando así, derribar los argumentos brindados por la mayoría del tribunal. En primer lugar, destáquese que el a quo, en su análisis tendiente a graduar la pena a imponer a los acusados, no ha dividido los hechos en cuestión de manera tajante, sino que ha realizado una valoración conjunta de los medios, modos o formas utilizados para ejecutar el injusto. Siguiendo esta línea de razonamiento, se ha referido a la conducta anterior a la comisión del hecho asumida por ambos acusados, como así, la que le precedió. De esta manera, ponderó como agravante, que los imputados, luego de haber cometido el Hecho Nominado Primero, optaron por seguir delinquiendo, en un vehículo que ya tenían preparado -con vidrios polarizados- para la fuga. En igual sentido, valoró en contra de los acusados, sus conductas precedentes, resaltando que la única finalidad buscada por los nombrados en esta ciudad -resáltese que tanto Suárez como Robles, son oriundos de la provincia de Córdoba-, era la comisión de un delito contra la propiedad, para lo cual consiguieron el vehículo, las armas, vinieron los dos de la vecina provincia y contaron en esta con la colaboración de una persona oriunda de Catamarca, quien les brindó alojamiento en su domicilio momentos previos, sujeto éste que resultó co-imputado. De igual modo, el tribunal consideró que juega en contra de ambos imputados, sus edades y educación, ya que su madurez y el nivel de escolaridad alcanzados les permitieron apreciar los conocimientos necesarios para el accionar delictivo, los cuales son acordes para comprender perfectamente lo que estaban planeando y lo que hicieron; máxime -resaltó- si se tiene en cuenta lo informado en el examen psiquiátrico practicado a ambos acusados en donde se concluyó que pueden discernir lo que está bien, de lo que no lo está, y en consecuencia, dirigir sus acciones. A ello se suma, la ponderación de la extensión del daño efectivamente causado, en donde el Tribunal de grado resaltó que fueron tres las víctimas con lesiones, tal lo analizado ut supra -Hecho Nominado Primero-. Refiriéndose al Hecho Nominado Segundo, aludió que si bien el daño fue de menor cuantía -un roce de rebote de proyectil disparado por una de las armas de fuego que portaban en el capot del vehículo de Cardozo-, el peligro causado fue de gran entidad toda vez que se abrió fuego sin tener en cuenta que se encontraban en calles de la ciudad a horas del mediodía, poniendo de resalto que dos disparos de proyectiles dieron en la pared de una vivienda a escasos centímetros de la puerta de ingreso. Con respecto al Hecho Nominado Tercero, consideró mayor el daño causado, enfatizando que a consecuencia de su obstinada carrera para evitar sus detenciones y el levantamiento de polvo en suspensión producto de la excesiva velocidad con la que transitaban, contribuyó a que uno de los móviles policiales colisionara en contra de un poste de luz a escasos metros de donde fue aprehendido Robles, resultando sus tres ocupantes con lesiones de distinta consideración.

También ponderó negativamente que Robles tiene antecedentes penales, conforme surge de lo informado por Registro Nacional de Reincidencia, por delitos cometidos contra la propiedad (tres hechos de robo calificado por el uso de armas y tres hechos de robo a mano armada en despoblado), por los que fue condenado a sufrir la pena única de trece años de prisión (fs. 706/715), y que al momento de cometer los hechos en cuestión, se encontraba gozando del beneficio de la libertad condicional, lo que demuestra -enfatizó el a quo- que aún no se encuentra resocializado.

Párrafo aparte merece considerar las críticas efectuadas por el recurrente, al sostener que es arbitraria la mensuración de la pena impuesta al imputado Suárez, en tanto se ha considerado como agravante que, en el año dos mil cuatro fue detenido por diez meses por el delito de robo "asalto a un colectivo" en la ciudad de Córdoba, interpretando el sentenciante que ello demuestra una dificultosa reinserción social. En primer lugar, cabe destacar que el a quo, a más de lo analizado precedentemente con relación a ambos imputados, específicamente refiriéndose a Suárez, ponderó que éste se trasladó a Catamarca, desde la provincia de Córdoba, en un auto preparado, con vidrios polarizados, acompañado por otro sujeto -Robles- con numerosos antecedentes de delitos contra la propiedad, portando armas de fuego, con la única finalidad de cometer un delito contra la propiedad, para lo cual, como se dijo, contó con la colaboración de una persona oriunda de ésta ciudad. Ahora bien, el a quo al continuar con el análisis de las pautas fijadas por el art. 41 del C.P., al fundamentar respecto de la participación que le cupo al acusado en cuestión, destacó que la misma fue activa, por lo que debe tomarse como pauta negativa. En tal sentido, resaltó que el imputado, intimidó a sus víctimas con el arma que portaba en el Primer Hecho; efectuó disparos de arma de fuego en contra del vehículo de Cardozo en el Segundo y desoyó las órdenes dela fuerza policial en el Tercero, a punto tal que fue detenido varias horas después mientras permanecía oculto en un descampado aledaño. A lo que se suma, la contribución concreta que tuvo este sujeto en el ilícito, es decir, el rol que ha desempeñado, la influencia de su actuar en el logro del plan delictivo. Reitero que, tanto Robles como Suárez, planearon venir a esta ciudad desde la provincia de Córdoba a delinquir. Para ello -como se dijo-, ambos se transportaron en un vehículo con vidrios polarizados desde la vecina ciudad; portaron armas de fuego con la única finalidad de cometer un delito contra la propiedad, para lo cual, además, contaron con la colaboración de una persona oriunda de ésta ciudad. Igualmente, el sentenciante aludiendo a los motivos que lo llevaron a delinquir, estimó que deben ser tomados en su contra, aclarando que del legajo no se advierte circunstancia que manifieste un estado de miseria o dificultad para ganarse el sustento, por el contrario -enfatiza el juzgador-, el imputado de mención al momento de ser detenido tenía como fuente de trabajo la conducción de un remise que era de propiedad de su concubina.

En idéntico sentido, al momento de considerar sus costumbres, el tribunal entendió que le juegan en contra, constatándose del Informe Socio Ambiental (fs. 1374/1376), que pese a que Suárez ha tenido un grupo familiar constituido por padre -ya fallecido- y madre -que aún vive-, de clase social baja; logró contar con todas las necesidades básicas. Que a pesar de ello, siempre fue rebelde, abandonó sus estudios secundarios y fue internado en un Instituto de Menores durante un año y medio por el delito de homicidio. Que también en el año dos mil cuatro fue detenido durante diez meses por el delito de robo -"asalto a un colectivo"- en la ciudad de Córdoba, lo que demuestra una dificultosa reinserción social. Esto último, ha sido cuestionado por la defensa, quien sostiene que es arbitraria la mensuración de la pena, en tanto ha considerado como agravante antecedentes penales no computables, conforme surge del Registro Nacional de Reincidencia, exigiendo se le aplique a su asistido la pena de seis años y ocho meses de prisión.

En primer lugar debo decir, que esta Corte ha sostenido que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes, no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo (S. nº 22, 17/06/2010, "Silva"; S. nº 26, 23/12/08, "Mancini"), ni transgresión alguna a los arts. 40 y 41 del C.P.. Sumado a ello, cabe advertir que el a quo ha ponderado una serie de circunstancias agravantes que superan la estimación de la falta de antecedentes del causante. Es decir que, más allá que el juzgador haya ponderado en sentido negativo lo plasmado en la última parte del Informe Socio Ambiental, ello no merece ser motivo de sanción, porque resulta escaso el aporte que el elemento valorado puede hacer en la tarea de edificar una sanción razonable y compatible. En consecuencia, estimo ajustada a derecho la imposición de la pena atribuida, puesto que la misma ha sido fijada respetando los límites impuestos por la escala, con lo que el tramo de la queja que discute genéricamente el monto de la pena impuesto no puede tener acogida favorable. Por último, adviértase que, en autos, las expresiones utilizadas por el Tribunal de grado para sustentar la cuantificación de la condena impuesta a los imputados, satisfacen el requisito de motivación que exige la decisión atacada, fundando los motivos que se tuvieron en cuenta para graduar las penas, evaluándose correctamente las pautas de los arts. 40 y 41 del C.P..

En razón de lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Acumular el Expte. Corte Nº 24/10 y el Expte. Corte Nº 25/10. II) Declarar formalmente admisible los recursos de casación interpuestos ambos a fs. 1/11 vta., por el Dr. Víctor García, en su carácter de asistente técnico de los imputados Pedro Daniel Suárez y Fabián Gustavo Robles. III) No hacer lugar a los recursos de casación interpuestos. IV) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). V) Téngase presente la reserva del caso federal.- A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Cuarta Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Acumular el Expte. Corte Nº 24/10 y el Expte. Corte Nº 25/10.

2º) Declarar formalmente admisible los recursos de casación interpuestos ambos a fs. 1/11 vta., por el Dr. Víctor García, en su carácter de asistente técnico de los imputados Pedro Daniel Suárez y Fabián Gustavo Robles.

3º) No hacer lugar a los recursos de casación interpuestos.

4º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

5º) Téngase presente la reserva del caso federal.

6º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Amelia del Valle Sesto de Leiva. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.