Tribunal: 2da CAMARA DE APEL. CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINAS 1ra CIRC
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-12-04


En la ciudad de San Luis, a cuatro días del mes de diciembre de dos mil ocho, en su Sala de Acuerdos, ante la presencia de los Señores Magistrados de la EXCMA. CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, MINAS Y LABORAL Nº 2 DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, Dr. CARLOS GUILLERMO MAQUEDA, Dra. GLORIA OLGA SOSA LAGO DE TARAZI y Dra. AMANDA ESTHER ETCHVERRY, fueron traídos para dictar sentencia los autos "Sánchez, Benjamín Y Otros C. Estirenos Dos En Uno Argentina S.A.", Expte. Nº 2170/S/2004.

Practicada la desinsaculación que determina el artículo ciento veinte de la ley dos mil setecientos cuarenta y dos y el artículo doscientos sesenta y ocho del Código Procesal Civil de la Provincia resultó de ello que los Señores Magistrados debían votar en el siguiente orden: 1º) Dr. CARLOS GUILLERMO MAQUEDA, 2º) GLORIA OLGA SOSA LAGO DE TARZI, y 3º) AMANDA ESTHER ETCHEVERRY.

Estudiados los presentes autos la Excma. Cámara se planteó las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es justa la sentencia apelada? SEGUNDA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en definitiva? A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL Dr. CARLOS GUILLERMO MAQUEDA, DIJO:

1.-Antecedentes de la causa traída en apelación.

Entre los meses de marzo y mayo de 2003, Benjamín Sánchez, Alberto Díaz y José Luis Miranda ingresaron a trabajar para la firma "Promon SH" que tenía a su cargo las tareas de mantenimiento en la planta industrial de "Estirenos Dos en Uno Argentina SA". Como consecuencia de los salarios adeudados y el impedimento para ingresar a su lugar de trabajo habitual, los actores, previa interpelación extrajudicial, comunicaron a su empleadora ("Pronom SH"), la rescisión unilateral del contrato de trabajo como consecuencia del incumplimiento injurioso de aquella. Luego de extinguido el vínculo laboral, los actores arribaron a un acuerdo conciliatorio con la empleadora, ante la autoridad administrativa, cuyas prestaciones emergentes del mismo no fueron cumplidas por "Pronom SH" motivando ello la promoción de la presente acción judicial que los actores iniciaron en contra, exclusivamente, de "Estirenos Dos en Uno Argentina SA" como responsable solidaria de las obligaciones laborales incumplidas por "Pronom SH".

Al contestar la demanda judicial, "Estirenos Dos en Uno Argentina SA" desconoció la relación laboral invocada por los actores y, consecuentemente, rechazó los reclamos indemnizatorios y salariales del inicio.

La sentencia dictada en primera instancia, hizo lugar parcialmente a la pretensión de la demanda y condenó a la demandada "Estirenos Dos en Uno Argentina SA" al pago de los siguientes rubros: salario del mes de setiembre/2003, sueldo anual complementario (primero y segundo semestre de 2003), vacaciones proporcionales del año 2003 y decreto 905/03 por los meses de mayo y junio de 2003 (v. fs. 142/143).

En cambio, la sentencia rechazó los rubros derivados del despido sin justa causa (v.g. preaviso, indemnización por antigüedad, integración del mes de despido, indemnización del art. 16 de la ley 25.561 y art. 2 de la ley 25.323) y también rechazó el reclamo por el pago del salario familiar y de la multa por la aplicación del art. 80 de la ley de contrato de trabajo.

Ambas partes apelaron la sentencia del inferior conforme las motivaciones contenidas en los respectivos memoriales recursivos agregados a fs. 182/184 (parte actora) y a fs. 191/192 (parte demandada).

En esta instancia, la parte actora se agravia porque considera que la juzgadora, no obstante admitir la existencia de la relación laboral entre las partes y la consecuente responsabilidad solidaria de la demandada, sin embargo, rechazó las pretensiones indemnizatorias derivadas del despido sin justa causa de los actores por considerar que los actores omitieron notificar el despido indirecto a la demandada (sólo lo hicieron con su empleadora principal "Promon SH") y, además, "Estirenos Dos en Uno Argentina SA" tampoco fue parte del acuerdo extrajudicial que los actores celebraron con "Promon SH" por ante la autoridad administrativa del Trabajo. También impugna el rechazo del reclamo por el pago del salario familiar adeudado a Sánchez y Miranda por la supuesta falta de acreditación de su derecho mediante la exhibición de las partidas de nacimiento de sus hijos respectivos. Los apelantes sostienen que la empleadora "Promon SH" reconoció dicha deuda en el acuerdo homologado por ante la autoridad administrativa. Del mismo modo, los actores se agravian por el rechazo de su pretensión para que se le impusiera la multa que prevé el art. 80 de la ley de contrato de trabajo como consecuencia del incumplimiento de la empleadora en la entrega del certificado de trabajo. Finalmente, los actores también impugnan la imposición proporcional de las costas del proceso.

La parte demandada, en cambio, se agravia porque en la sentencia se la condenó al pago de rubros salariales (v.g. salario del mes de septiembre de 2003, sueldo anual complementario proporcional del 1º y 2º semestre de 2003, vacaciones proporcionales 2003, decreto 905/03 por los meses de mayo y junio) sin reparar que los actores no pueden ejercitar una acción de responsabilidad subsidiaria cuando el obligado principal no ha sido traído a juicio, habida cuenta que tanto la directiva del art. 30 de la LCT como las pertinentes del derecho común exigen para que opere la solidaridad que previamente se determine la obligación en cabeza del responsable directo.

En tales términos planteadas las cuestiones que se traen a esta instancia de apelación, trataré, en primer término, la controversia relacionada con la responsabilidad solidaria de la demandada (que en esta instancia ya no se controvierte) y la procedencia de los reclamos por rubros indemnizatorios de los actores, derivados del despido sin justa causa que éstos invocaron en oportunidad de comunicarle a su empleadora ("Promon SH") la rescisión unilateral del vínculo contractual por causa del incumplimiento injurioso de ésta última.

2.-La responsabilidad solidaria del art. 30 de la LCT.

Tal como surge de los fundamentos del fallo en apelación, la juzgadora determinó la responsabilidad solidaria de "Estirenos Dos en Uno Argentina SA" con relación a las acreencias salariales e indemnizatorias reclamadas por los actores, pero supeditando los efectos de dicha solidaridad a la notificación tempestiva del despido indirecto y a la eventual participación de la demandada en el acuerdo conciliatorio que los actores celebraron con su empleadora "Promon SH".

Entonces, como los actores omitieron notificar tempestivamente, a la demandada "Estirenos Dos en Uno Argentina SA", el despido indirecto invocado por ellos para rescindir el vínculo contractual con "Promon SH" (sólo ésta última fue notificada del despido indirecto, v. fs. 127/129), la juzgadora entendió que los actores no podían hacer valer la responsabilidad solidaria de "Estirenos Dos en Uno Argentina SA" en lo concerniente a sus reclamos derivados del despido sin justa causa.

Como consecuencia de ello, la sentencia en apelación rechazó los reclamos por los siguientes rubros: indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, indemnización del art. 16 de la ley 25.561 y art. 2 de la ley 25.323.

De igual modo, y dado que los actores celebraron el acuerdo conciliatorio únicamente con su empleadora "Promon SH", el tribunal inferior consideró que a "Estirenos Dos en Uno Argentina SA", no obstante su condición de deudora solidaria, le eran inoponibles las convenciones contenidas en dicho acuerdo extrajudicial celebrado por ante la autoridad administrativa del trabajo.

Así, con dicho fundamento, la sentencia rechazó el reclamo por el pago del salario familiar adeudado ya que los actores Sánchez y Miranda no habían acreditado la procedencia de dicho reclamo con la presentación de las correspondientes partidas del Registro Civil, no obstante que, en el acuerdo transaccional, dicha acreencia había sido expresamente reconocida por la empleadora "Promon SH" al consentir la liquidación practicada en sede administrativa (v. documental reservada, expte. administrativo, fs. 23/24).

En este contexto, me pregunto si acaso se ajusta a derecho la sentencia en crisis que condicionó los efectos de la responsabilidad solidaria de la demandada "Estirenos Dos en Uno Argentina SA" a la notificación del despido indirecto de los actores y a la participación de dicha empresa en el acuerdo conciliatorio extrajudicial que los actores -como ya se dijo- celebraron únicamente con su empleadora "Promon SH"... ¿Es así? No lo creo.

Como lo explicaré a continuación, tengo para mí que la juzgadora ha realizado una aplicación equivocada del principio de solidaridad contenido en la normativa del art. 30 de la ley de contrato de trabajo cuya naturaleza y efectos, a la luz de la doctrina judicial más reciente, no pueden ser otros que aquellos que prescribe el art. 705 del Código Civil.

Se trata, en realidad, de una cuestión que hasta no hace mucho tiempo fue motivo de interpretaciones doctrinarias encontradas, en los juzgados nacionales, a las que puso fin el plenario de las cámaras nacionales de apelaciones del Trabajo en el caso "Ramírez, María Isidora", dictado el 3 de febrero de 2006.

Quizás un claro exponente de la doctrina imperante con anterioridad al plenario de "Ramírez, María Isidora" sea el pensamiento de Poclava Lafuente siguiendo la línea argumental de la Corte Suprema en "Rodríguez, Juan c. Cía. Embotelladota" (DT, 1993-754) y "Luna, Antonio c. Agencia Marítima Rigel S.A." (DT, 1993-1407).

Al pronunciarse en dichas causas, el máximo tribunal federal restringió la interpretación de este artículo señalando que no corresponde su aplicación cuando un empresario suministre a otro un producto determinado desligándose posteriormente de su procesamiento, elaboración y distribución, en tanto la protección de los derechos laborales no justifica que se pongan en tela de juicio otros derechos también garantizados constitucionalmente, aplicando en forma lata y desmesurada el art. 30 LCT.

Poclava Lafuente, entre otros, considera que la obligación emergente del art. 30 de la LCT, es mancomunada con solidaridad impropia, motivo por el cual considera que no puede condenarse a los eventuales deudores solidarios si no se condena al principal.

El criterio sentado por al Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Capital Federal en plenario 309 del 3/2/06 determina la aplicación del art. 705 del Código Civil en el ámbito de la responsabilidad solidaria contemplada en el art. 30 de la LCT en tanto en este tipo de relación existe un obligado principal, y uno solidario o vicario, de una deuda, que es única no permitiendo desdoblar el crédito.

Analizando los términos con los que la parte actora contestó los agravios de la demandada y también fundamentó sus propios agravios contra la sentencia del inferior, se concluye que los fundamentos de la actora siguen la línea de la doctrina reseñada precedentemente.

Sin embargo, ya dije que se trata de una doctrina que ha sido dejada de lado luego del plenario de las cámara de apelaciones nacionales del Trabajo, en el caso "Ramírez, María Isidora".

Entre otras cuestiones, en el plenario "Ramírez, María Isidora" (en febrero de 2006), se trató de establecer el alcance que debe otorgarse a la responsabilidad solidaria una vez admitida en los términos de la normativa del art. 30 de la LCT.

Según la doctrina obligatoria que se estampa en dicha sentencia, tal alcance no es otro que el que contiene el art. 705 del Código Civil ya que, de acuerdo con la interpretación de la mayoría de quienes intervinieron en el referido plenario, la ley laboral no ha modificado ni matizado el concepto que aprobó el codificador, sin que sea admisible distinción alguna a través de la noción de solidaridad propia e impropia.

En el ordenamiento jurídico nacional no existe tal diferencia y por lo tanto cuando el art. 30 dispone tal mecanismo lo hace en el sentido amplio y único del art. 705 del Código Civil.

De tal modo, y como consecuencia de ello, no resulta admisible desestimar una demanda cuando sólo ha sido dirigida - originalmente o por desistimiento posterior - contra el empresario principal sin incluir al empleador, o lo que es lo mismo, no se consideró en el criterio mayoritario de la Cámara en pleno que sea obligatorio instaurar un litisconsorcio pasivo para hacer efectiva la responsabilidad solidaria prevista en el art. 30 de la ley de contrato de trabajo.

Así pues, aplicando la doctrina plenaria reseñada precedentemente, es evidente que no pueden receptarse los agravios de la parte demandada fundados, precisamente, en los motivos que expresamente dicha doctrina ha descalificado.

Por el contrario, debe prosperar la pretensión recursiva de los actores ya que si bien es cierto que la juzgadora ha admitido implícitamente la legitimación pasiva de la demandada para estar en juicio no obstante que la empleadora de los actores (v.g. "Promon SH") no fue demandada, sin embargo, en la sentencia se ha limitado el alcance de la responsabilidad solidaria de la demandada dejando supeditados sus efectos normales (v.g. art. 705 del Código Civil), en lo concerniente a los reclamos derivados del despido sin justa causa, a la circunstancia de que los actores hubieren interpelado y comunicado tempestivamente la rescisión unilateral del vínculo por invocación del despido indirecto ante el incumplimiento contractual injurioso de la empleadora.

En el ámbito normativo de la ley fondal, sabido es que uno de los efectos necesarios (o principales) de la solidaridad pasiva consiste en el derecho al cobro de la totalidad del crédito por el acreedor común respecto de todos o cualquiera de los codeudores, y, como uno de los efectos secundarios, se destaca la constitución en mora de uno de los deudores solidarios propaga sus efectos a todos los demás conforme lo dispuesto en el art. 710, Código Civil (cfr. BELLUSCIO, Augusto C. - ZANNONI, Eduardo A., Código Civil, Editorial Astrea, tomo 3, pág. 324).

Consecuentemente con ello, tengo para mí que debe prosperar el reclamo de los actores por los rubros derivados del despido sin justa causa (v.g. preaviso, indemnización por antigüedad, integración del mes de despido, indemnización del art. 16 de la ley 25.561 y art. 2 de la ley 25.323) ya que la juzgadora ha limitado indebidamente el alcance y efecto de la responsabilidad solidaria de la demandada tal como lo prevé el art. 705 del Código Civil realizando, en todo caso, una interpretación arbitraria de la norma legal a la luz de la preceptiva constitucional vigente en el orden jurídico local (art. 59, Constitución de la Provincia).

Así pues, la legitimidad de la conducta de los actores al denunciar el contrato de trabajo, determina también la procedencia del reclamo por la indemnización por antigüedad (art. 245, LCT), la indemnización sustitutiva del preaviso (art. 232, LCT), la integración del mes de despido (art. 233, LCT), la indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.561 y el incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323.

Así también, considero equivocada la decisión de rechazar el reclamo por el salario familiar impago correspondiente a los actores Sánchez y Miranda, señalando para ello que a la demandada le eran inoponibles las convenciones que los actores y su empleadora ("Promon SH") celebraron por ante la autoridad administrativa y en donde la empleadora admitió tácitamente el reclamo de Sánchez y Miranda por el pago del salario familiar adeudado, al consentir tácitamente la liquidación en donde se habían calculado las acreencias por dicho rubro (v. expte. Administrativo, fs. 23/24).

El acuerdo alcanzado entre los actores y su empleadora fue homologado por la autoridad administrativa lo que hace que sus convenciones tengan la firmeza de la cosa juzgada.

Sin embargo, el carácter de cosa juzgada que reviste el acuerdo conciliatorio de las partes luego de haber sido homologado por la autoridad administrativa, es insuficiente para hacer oponibles sus efectos a los codeudores que no fueron parte en el juicio, ya que una aplicación literal de la norma del art. 715 del Código Civil, conduce a excluir del alcance de la responsabilidad solidaria a los acuerdos homologados con carácter de cosa juzgada si -como en el caso de autos- no se trata de una sentencia judicial sino de un acto administrativo.

Por otra parte, es necesario señalar que la instancia administrativa se sustanció, exclusivamente, con la participación de los actores y la empleadora de éstos ("Promon SH") y sin que, en momento alguno, se le diera intervención (ni antes o después) a la demandada en autos ("Estirenos Dos en Uno Argentina SA").

La interpretación literal que he realizado respecto de la norma del art. 715 es, además, un imperativo del art. 59 de la Constitución de la Provincia me impone la necesidad de interpretar la ley en la forma más favorable al trabajador.

En otro orden, considero que también resultan procedentes los reclamos iniciales de los actores en orden a las previsiones normativas contenidas en las leyes 25.561 (art. 16) y 25.323 (art. 2), toda vez que, conforme el desarrollo que precede, se encuentran acreditados, en la presente causa, la concurrencia de los presupuestos legales para su procedencia.

En efecto. Teniendo en cuenta la vigencia de las disposiciones de emergencia económica contenidas en el art. 16 de la ley 25.561, la ausencia de justa causa en el despido de los actores torna procedente la duplicación de la indemnización correspondiente por el despido inmotivado.

De igual modo, corresponde también que la demandada se haga cargo del pago, a los actores, del incremento indemnizatorio (v.g. 50%) previsto en el art. 2 de la ley 25.323 toda vez que la actitud renuente de la empleadora, ante la interpelación extrajudicial, motivó la promoción de la presente causa.

En síntesis, la sentencia en crisis reconoció la relación laboral entre las partes y la consecuente responsabilidad solidaria de la demandada en los términos del art. 30 de la ley de contrato de trabajo.

Ambas cuestiones no integran el objeto de la controversia que las partes trajeron en grado de apelación ante esta Cámara.

Por lo demás, en el desarrollo que precede ha quedado en evidencia que la juzgadora resolvió los reclamos de los actores sustentándose en criterios sobre el alcance de la responsabilidad solidaria extraños a la doctrina judicial derivada del fallo plenario en el caso "Ramírez, María Isidora", que si bien no resulta obligatoria para los tribunales locales, sin embargo, la autoridad de su doctrina y el imperativo constitucional (art. 59, Constitución de la Provincia) determinan su aplicación en el caso.

Finalmente, debe mantenerse lo resuelto en la instancia anterior con relación al reclamo indemnizatorio con sustento en el art. 80 de la ley de contrato de trabajo.

La ley 25.345 modificó el texto de este precepto incorporando un medio técnico de compulsión extrajudicial para procurar que el empleador cumpla con su deber de entregar las certificaciones previstas en la norma al cese del contrato.

A tal fin, en dicha normativa se ha previsto que, en tales casos, y más allá de que los jueces puedan imponer sanciones conminatorias al empresario para lograr vencer su negativa a entregar los certificados (v.g. astreintes), el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización de carácter económico equivalente a tres veces su salario normal y habitual, con el único requisito de que haya puesto en mora de modo fehaciente a su ex empleador una vez extinguido el contrato si éste no le entregó los certificados respectivos, otorgándole un plazo de dos días para hacerlo.

En este contexto, no resulta razonable que, en el marco de la responsabilidad solidaria que prevé el art. 30 de la LCT, se exija al deudor solidario el cumplimiento de exigencias que son propias y exclusivas del empleador ya que, aunque quisiera, la demandada no podría cumplir con la entrega del certificado de trabajo para cuya confección es necesario estar en posesión de los libros y demás documentación conteniendo los asientos correspondientes (indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de los servicios, constancia de los sueldos percibidos, constancia de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social, y constancia de la calificación profesional obtenida en el puesto o puestos de trabajo) y que, evidentemente, la demandada no puede tenerlos por causa de no haber sido ella el empleador de los actores.

Por ello, A LA PRIMERA CUESTIÓN, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A ESTA MISMA PRIMERA CUESTION, LA Dra. GLORIA OLGA SOSA LAGO DE TARAZI, dijo:

Que compartiendo las razones y fundamentos dados por el Dr. Carlos Guillermo Maqueda, vota en igual sentido que éste.

A ESTA MISMA PRIMERA CUESTION, LA Dra. AMANDA ESTHER ETCHVERRY, dijo:

Que compartiendo las razones y fundamentos dados por el Dr. Carlos Guillermo Maqueda, vota en igual sentido que éste.

A LA SEGUNDA CUESTION, EL Dr. CARLOS GUILLERMO MAQUEDA, dijo:

Que tal como he votado la cuestión anterior, propongo que se haga lugar, parcialmente, al recurso de apelación interpuesto, a fs. 145, por la parte actora y, en su mérito, se disponga integrar el punto 1º de la parte dispositiva con los siguientes rubros reclamados en la demanda, a saber: indemnización sustitutiva del preaviso (art. 245, LCT), indemnización por antigüedad (art. 241, LCT), integración del mes de despido; indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25561; e, incremento de la indemnización establecido en el art. 2 de la ley 25.323).

Se revoque el punto 3º de la parte dispositiva de la sentencia en cuanto al rechazo de los siguientes rubros: preaviso, indemnización por antigüedad, integración mes de despido, indemnización del art. 16 de la ley 25.561 e incremento del art. 2 de la ley 25.323.

Se revoque el punto 5º de la parte dispositiva de la sentencia recurrida y se impongan las costas en noventa y ocho por ciento (98%) a cargo de la parte demandada y en un dos por ciento (2%) a cargo de la parte actora, en ambas instancias (art. 104, CPL).

Se rechace el recurso de apelación interpuesto, a fs. 149, por la parte demandada. Con costas (art. 104, CPL).

A ESTA MISMA SEGUNDA CUESTION, LA Dra. GLORIA OLGA SOSA LAGO DE TARAZI, DIJO:

Que compartiendo las razones y fundamentos dados por el Dr. Carlos Guillermo Maqueda, vota en igual sentido que éste.

A ESTA MISMA SEGUNDA CUESTION, LA Dra. AMANDA ESTHER ETCHVERRY, dijo:

Que compartiendo las razones y fundamentos dados por el Dr. Carlos Guillermo Maqueda, vota en igual sentido que éste.

Con lo que se dio por terminado el acto disponiendo la sentencia que va a continuación. Firman los Señores Magistrados por ante mí que doy fe.- FDO. DRES. GLORIA O. SOSA LAGO DE TARAZI - CARLOS GUILLERMO MAQUEDA - AMANDA ESTHER ETCHEVERRY. SRIA. DRA. CORINA I. STAGNITTA DE GARRAZA.- SAN LUIS, diciembre cuatro de dos mil ocho.

Y VISTOS: En mérito al resultado obtenido en la votación que antecede, SE RESUELVE: HACER LUGAR, parcialmente, al recurso de apelación interpuesto, a fs. 145, por la parte actora y, en su mérito, INTEGRAR el punto 1º de la parte dispositiva con los siguientes rubros reclamados en la demanda, a saber: indemnización sustitutiva del preaviso (art. 245, LCT), indemnización por antigüedad (art. 241, LCT), integración del mes de despido; indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25561; e, incremento de la indemnización establecido en el art. 2 de la ley 25.323.

REVOCAR el punto 3º de la parte dispositiva de la sentencia en cuanto al rechazo de los siguientes rubros: preaviso, indemnización por antigüedad, integración mes de despido, indemnización del art. 16 de la ley 25.561 e incremento del art. 2 de la ley 25.323.

REVOCAR el punto 5º de la parte dispositiva de la sentencia recurrida e IMPONER las costas en un noventa y ocho por ciento (98%) a cargo de la parte demandada y en un dos por ciento (2%) a cargo de la parte actora, en ambas instancias (art. 104, CPL).

RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto, a fs. 149, por la parte demandada. Con costas (art. 104, CPL).

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE BAJEN.

FDO. DRES. GLORIA O. SOSA LAGO DE TARAZI - CARLOS GUILLERMO MAQUEDA - AMANDA ESTHER ETCHEVERRY. SRIA. DRA. CORINA I. STAGNITTA DE GARRAZA.-