Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2011-01-31


Santa Rosa, 31 de enero de 2011.

VISTO: La presente causa nº01/11, caratulada: "Dr. OLIE, Andrés Aníbal S/ Recurso de Impugnación en causa nº 60/08"; y RESULTANDO:

Que según escrito obrante a fs. 2/3 del presente, el defensor oficial de Julio César Argüello -interno alojado en la U-4 del S.P.F., cumpliendo pena de prisión de cinco años cuyo vencimiento operará el día 25 de diciembre de 2012- solicita salida transitoria para el mismo, entendiendo que se han cumplido los requisitos previstos por el art. 17 de la ley 24.660.

Que, previo a ello, obra copia -a fs. 1 del presente- de un acta de notificación al interno de la calificación trimestral de conducta y concepto, expresando Argüello, al momento de firmar el acta, que apela.

Que, según resolución producida por el tribunal de ejecución, conforme lo que obra a fs. 790/791, en función de esos dos antecedentes arriba resumidos, no se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por el interno respecto de la calificación trimestral y tampoco se hace lugar al pedido de salida transitoria realizado por la defensa técnica de Argüello.

Que, notificado éste y el letrado defensor de la resolución en cuestión, interpone el funcionario defensor recurso de impugnación contra la denegatoria de la salida transitoria solicitada para Argüello, invocando una errónea aplicación de la ley sustantiva -art. 429.1 del Cód. Proc. Penal- por haberse mal aplicado normas relativas a la ejecución de la pena privativa de libertad.

Que, concedido que fuera el mismo por el tribunal a quo, fue mantenido por la defensa oficial, como así también tomó intervención el ministerio público fiscal, conforme constancias obrantes a fs. 21 y 19 vta., respectivamente.

Que impreso el trámite dispuesto a fs. 22, sin haber las partes formulado expresión en contrario alguna, y solicitado que fuera el cómputo de pena del condenado Argúello, ha quedado ésta, habilitada que fuera la feria judicial, en condiciones de ser resuelta, notificadas las partes de la identidad física de los jueces convocados para resolver; y CONSIDERANDO:

Que deducida así la impugnación contra la denegatoria de salida transitoria, entiendo que resulta admisible el tratamiento del remedio intentado, en cuanto puede considerarse -más allá del tiempo transcurrido entre lo peticionado, lo resuelto y lo aquí a decidir- que el rechazo a la petición inicial puede ser considerado como un gravamen de imposible reparación ulterior, superándose así la no previsión de este supuesto en la enumeración del art. 430 del Código formal.

Que de la atenta lectura de la resolución impugnada y de los argumentos utilizados por el letrado recurrente, conforme las constancias que se han incorporado a este incidente, entiendo que la resolución ahora recurrida resulta prematura, toda vez que -aún sin entrar a considerar, como lo hace el recurrente, si la salida transitoria puede efectivizarse antes de arribarse al período de prueba- se ha omitido contar, a los fines de resolver, con el requisito previsto en el art. 17.4 de la ley 24.660, esto es, la evaluación por parte del organismo técnico y del consejo correccional de la unidad carcelaria sobre el concepto favorable del interno y sobre el efecto beneficioso que la salida transitoria pueda suponer para el futuro personal del mismo, teniéndose en cuenta los motivos de las mismas, explicitados en el art. 16 de la ley arriba citada.

Que esta información -que significa prescindir de la óptica evaluativa de las personas que diariamente interactúan con el condenado y cuya opinión fundada es solicitada por mandato legal- debe ser observada previo al dictado de una resolución para que, luego de conocida la postura del servicio criminológico y el consejo correccional de la U-4 -de acuerdo a lo que dispone el art. 34.e del decreto reglamentario 396/99- pueda el tribunal de ejecución tomar decisión sobre la cuestión, incluso con las medidas que mejor estime proveer para revisar la decisión evaluativa de la administración penitenciaria, si es que las considera incompletas, insuficientes o inconducentes a los fines planteados en la petición inicial.

Que resolver la cuestión solicitada sin escuchar a las personas, incluso profesionales, directamente en contacto con el interno -tal como se prevé en la información a requerir para formar concepto que dispone el art. 60 del mencionado reglamento- no guarda relación con los requisitos previos exigidos por la ley 24660 para que sea procedente la salida transitoria solicitada.

Que no puede considerarse que se haya cumplimentado ello con haberse agregado a este incidente una simple planilla de contralor de oficina sobre el período en que el interno se encontraría en la progresividad del régimen.

Que tal vez la petición de salida transitoria haya sido planteada por la defensa sin reparar que lo que debía haber fundado -tampoco el tribunal de ejecución así lo indicó a los fines de garantizar adecuadamente el derecho de defensa y recurso del condenado- era el agravio del interno -graficado con la expresión "apelo" escrita bajo su firma al ser notificado de la calificación trimestral-, consistiendo éste en su desacuerdo con el puntaje en el rubro concepto -toda vez que no cabe presumir agravio alguno al puntaje máximo de conducta a él asignado-.

Que esta situación hubiera permitido -conocidos los antecedentes del legajo criminológico- ponderar si la decisión administrativa era razonable y acorde con la conducta intramuros del condenado, ejerciéndose así el control jurisdiccional de la ejecución de la pena privativa de libertad, y sin que ello suponga, como ha ocurrido en el presente, que se tome una resolución sobre salida transitoria prescindiéndose del informe calificador de las personas idóneas -por profesión, experiencia y actividad diaria- para así hacerlo, conforme lo manda el art. 17. 4 de la ley de ejecución de la pena privativa de libertad.

Que así se entiende que la resolución tomada por el tribunal de ejecución pierde virtualidad como acto jurídico válido, toda vez que se arribó a esa decisión prescindiéndose de un requisito fundamental, solicitado por la propia ley, omisión que debe ser corregida, debiéndose devolverse el presente al tribunal de origen para que, solicitado que fuera el informe necesario para resolver la cuestión planteada por la defensa, se dicte una nueva conforme a derecho.

Por ello, el Tribunal de Impugnación Penal en la conformación dispuesta a fs. 30, RESUELVE:

1.-) DECLARAR la NULIDAD, por falta de elementos legalmente requeridos para basar la fundamentación necesaria para resolver la cuestión planteada, de la resolución obrante a fs. 5/6 del presente -arts. 147, segundo párrafo y ccdts. del Cód. Proc. Penal- , haciendo devolución de éste al tribunal de origen para que, por donde corresponda, se dicte una nueva resolución conforme lo aquí señalado -arts. 17 y ccdts. de la ley nº 24.660-.

Notifíquese. Protocolícese. Líbrense, por Secretaría, las comunicaciones correspondientes. Cúmplase.

Dra. Verónica E. FANTINI Dr. Pablo Tomás BALAGUER