marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jueces, juez de instrucción
Materia: PROCESAL
Carátula: Juez Correccional y de Menores Nº 1 -1ª Circ. Judicial -. s/ Eleva actuaciones.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-10-21

Si bien este Superior Tribunal de Justicia ha decidido, efectivamente, en varias causas, sobre cuestión similar a la que aquí se plantea, dichas decisiones no tienen carácter o alcance general, sino que están limitadas al caso en que se dictan, de manera que es incorrecto el procedimiento empleado por el Señor Juez de Menores, quien debió declarar su incompetencia expresamente si así lo entendía.

Esto, más allá de recordar que las doctrinas legales que establece el Superior Tribunal de Justicia a través de reiterados pronunciamientos, deben ser tenidas más que en cuenta por los Tribunales inferiores, para evitar el desgaste jurisdiccional que significa la resolución de innumerables casos como el que nos ocupa.

Yendo al fondo de la cuestión, la competencia en esta causa, pertenece al Juez Correccional y de Menores.-
Resolución del contrato, daños y perjuicios, contratos, pacto comisorio
Materia: CIVIL
Carátula: Vargas, Eduardo c/ Bravo, Virginia Inés y otro s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-04-26

Se desprende del artículo 1204 del Código Civil, que solo quedan firmes las prestaciones cumplidas, siempre y cuando resulten divisibles, equivalentes y recíprocamente cumplidas.(doctor Torres, sin disidencia)
Medidas cautelares, ordenanzas municipales, suspensión del acto administrativo, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: Méndez, Rubén c/  s/ conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-02-01

Procede hacer lugar a la medida cautelar solicitada respecto a la Ordenanza 103/2021 del Concejo Deliberante Municipal hasta que se resuelva la cuestión de fondo planteada en relación a la misma y, en su mérito, suspender su aplicación, pues si bien con arreglo a la conocida doctrina de esta Corte no proceden por vía de principio, las medidas cautelares contra actos administrativos o legislativos -tanto provinciales como municipales- habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, ello no es óbice para decretarlas cuando como en la especie sucede, se los impugna sobre bases "prima facie" verosímiles como contrarios a normas constitucionales o legales. De la misma manera, este Tribunal ha señalado que la naturaleza de las medidas cautelares como la solicitada excluye el juicio de verdad o certeza, en tanto su finalidad es solamente atender aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo agota su virtualidad.
Concurso preventivo, pedido de quiebra, obligaciones en moneda extranjera, conversión de la deuda, pago, moneda nacional
Materia: COMERCIAL
Carátula: KUMVICH, ANIBAL s/ QUIEBRA S/ LEGAJO CPR 250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-30

En caso de una deuda en moneda extranjera, aún cuando el acreedor peticionario de la quiebra hubiese convertido su crédito a moneda de curso legal en la república, el deudor no se halla en situación de indefensión a causa del presunto cambio de la contraprestación pactada, pues el cciv 619, reformado por la ley 23928, le brinda la posibilidad de liberarse o desobligarse mediante el pago en moneda extranjera, suministrándole certeza sobre la conducta cuya concreción se requiere a fin de desvirtuar la presunción de impotencia patrimonial, por lo que no habiendo el fallido satisfecho tal carga la quiebra está bien decretada.
Notificación, traslado de la demanda, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Nuñez María Liliana c/ Mochi César y Bereciartu Silvia s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-31

El marco normativo dentro del cual corresponde buscar la solución del presente recurso se encuentra dado por el "Reglamento para la Notificación Electrónica del Poder Judicial de Entre Ríos" (en adelante, RNE), aprobado por Acuerdo General Nº 15/18 del 29-05-2018; y por el "Reglamento Nº 1 de Presentaciones Electrónicas en el contexto de Pandemia y Emergencia Sanitaria Poder Judicial de Entre Ríos -Fueros no penales" -Anexo I al Acuerdo Especial del 27-04-2020. (en adelante, "Regl. Nº 1 de Presentaciones Electrónicas") Dicho ello, cabe señalar además que, las cuestiones referidas a la aplicación del nuevo sistema de notificaciones electrónicas, deben ser interpretadas con flexibilidad; no obstante lo cual, de la cronología de los hechos surge claramente que la contestación de demanda presentada por los demandados lo fue fuera de término; debiendo por tanto tenerse por incontestada la demanda. Es que, ya el pedido de vinculación al proceso por parte de la letrada de esa parte -al efecto de contestar la demanda-, fue extemporánea: el plazo para formular tal pedido era de 10 días desde la notificación del traslado de demanda (plazo para contestar la demanda) (Voto Welp. Adhesión Romero)
Recurso de apelación (procesal), oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Berrondo María Cristina c/ Mario Rolando Gochicoa s/ Cumplimiento de Contrato de Compraventa y Nulidad (Ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-20

Puede ocurrir y ocurre que la parte se extralimite en la finalidad de un traslado y aprovechela ocasión para insertar nuevas consideraciones sobre la cuestión de fondo que debieron formar parte de la anterior presentación exhumando una facultad precluída. La jurisprudencia está orientada en la dirección de que es preferible no devolver el escrito presentado en tales condiciones previa certificación de sus partes admisibles, ni tampoco mandar testar los párrafos ajenos al acto procesal cumplido. Frente a una deslealtad exteriorizada claramente, lo menos que debe hacer el juez será tener por inexistente, en el momento de sentenciar, las alegaciones que no corresponden a la oportunidad procesal.
Concurso preventivo, síndico del concurso, apercibimiento, deberes del síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: MODERN PLASTIC S.A. c/ BANCO FLORENCIA S.A. s/ QUIEBRA. INC. DE CONCURSO ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-07

Procede imponer la sanción de apercibimiento al síndico concursal cuando, -como en el caso-, surge que habiéndose ordenado la sustitución de un embargo ordenado sobre cierto bien inmueble, delegó la realización de la citada medida en el letrado peticionante de la misma. No empece lo expuesto que, en principio, la cautelar haya sido de interés del peticionario, toda vez que, a más de verificarse una excesiva demora en su cumplimiento, no medió presentación alguna por parte del funcionario concursal a efectos de intimar que se haga efectiva. De esa manera, quedó afectada la atención de la reserva de gastos que dispone la lc 244, que si resulta inherente a los intereses del concurso y, además, demorada la inscripción del bien en el registro pertinente a nombre del comprador, con la consiguiente dilación en los trámites de finalización de la quiebra.
Corredor, inscripción en la matrícula, poder de policía
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARANGUREN BERNARDO RAFAEL s/ SOLICITA  INSCRIPCION  EN  EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO - CORREDOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-05-10

La ley nacional, en la parte que reglamenta el ejercicio de la profesión de corredor, sólo lo hace en relación al poder de policía de la Nación y dentro de sus atribuciones, es decir, es evidente que no se trata de una norma de contenido sustancial, reservada al Congreso de la Nación,sino que dicha reglamentación se efectúa para la esfera de actuación en donde el poder de policía de la Nación debe desenvolverse.

Es bien sabido que al Gobierno Central no le ha sido delegado el ejercicio de esta facultades por las Provincias (art 104 y 68 inc. 11 Constitución Nacional), las que son resorte de ellas dentro de las esferas de su competencia, entre las que cuentan las atribuciones sobre los requisitos de la matrícula para el ejercicio de las profesiones liberales, lo que ha significado diversos pronunciamientos de la Corte Suprema, aunque si bien dentro de la esfera de los martilleros que, en definitiva no difiere en cuanto al contenido del asunto, de los corredores.

Por otra parte, es una exigencia ( no una ocurrencia) que responde a la mayor garantía de profesionalización, y que está dirigida a un conocimiento no basado en una prueba de idóneos, sino en la obtención de un título universitario de nivel terciario, creado con la seriedad que puede atribuírsele a una Universidad Nacional, que llena los requisitos que hacen también a los superiores intereses de la sociedad en cuanto a las limitaciones que impone (S.C. Bs. As. - oct. 29-975 - DJBA 107-181), y que, asegurando el bienestar general y el interés público, hace que quede la libertad individual supeditada al poder de policía. Este poder de policía, que queda sujeto a un razonable ejercicio de las facultades que limitan o restringen a los ciudadanos en sus libertades, debe ser iteramos, razonablemente necesario para asegurar el justo ejercicio de un derecho frente a los demás. Se evidencia el que el requisito universitario exigido,que no colisiona con la norma constitucional sino que la complementa, es razonable y adecuado a las necesidades de los tiempos por los cuales atravesamos,en donde la exigencia de una mayor profundización y especialización dentro de las funciones que ha de cometer quien aspira al ejercicio de la profesión que pretende efectuar, está aventando en la sociedad toda, una mayor expectativa no sólo de solvencia profesional, sino también del necesario respaldo moral a que la sociedad aspira.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, impulso procesal, prueba, producción de la prueba, Administración Pública, mora, interpelación, jubilaciones
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARTINEZ, LUIS FIDEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO DE CADUCIDAD DE INSTANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-10

Si la demora verificada en autos -referida a la producción de una prueba decisiva para la solución del litigio (en el caso, se trataba de un informe sobre las diferencias entre las remuneraciones correspondientes al cargo desempeñado por el recurrente y los haberes de pasividad percibidos por éste fue imputable a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, que denegó el derecho cuyo reconocimiento se pretende, no puede la demandada intentar beneficiarse con esa actitud, acusando la perención de la instancia por el transcurso del plazo legal, dado que ello implicaría (por parte de la Administración) invocar la propia desidia con perjuicio para el jubilado, quien reclamó insistentemente (en tres oportunidades) la realización de la diligencia probatoria en cuestión, produciéndose su inactividad a consecuencia de que, al reiterársele por tercera vez el pedido, la Caja contestó que procedería a diligenciar el oficio requerido en cuanto tuviese la información necesaria en su poder. Por ello, corresponde el rechazo del pedido de caducidad.
Viajantes de comercio, comisión por ventas, principio de irrenunciabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: BARREIX, LUIS c/ FRIGORIFICO MINGUILLON  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-31

El convenio celebrado entre las partes por el cual se pacta la reducción de la comisión sobre ventas es nulo, en tanto lo normado por el artículo 12 de la ley de contrato de trabajo adhiere virtualidad a lo dispuesto por el artículo 4 de la ley 14546, que prescribe la nulidad de la convención que reduzca beneficios consagrados en la misma.
Competencia contencioso administrativa, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, intervención estatal, decretos, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Liberman, Julio y otro c/ P.E.N. -Dto. 996/98; 197/97 y 925/96 y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-12

Es competente este fuero -y no la Justicia Federal de la Seguridad Social- en la demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los decretos 996/98, 197/97 y 925/96, por entender que vulneran los principios organizativos, económico financieros y de gobierno del PAMI, y donde se pide que el Poder Ejecutivo disponga la normalización de la institución en los términos de la ley 19.032.
Costas, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SALVATORE YOLANDA E. c/ VICENTE NORBERTO A. Y OTROS. s/ SUMARIO $110.400.000.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-27

En materia de daños y perjuicios -salvo supuestos de excepción-, el rechazo de alguno de los rubros solicitados no es por sí suficiente para prescindir del régimen que establece el art. 68 Del código procesal. (Sala 1,2089,270983)
Cuestiones de competencia, medida de no innovar, concursos
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Conflicto  entre el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial  N.  11  y el del Juzgado Instrucción N. 1 de Mendoza s/ Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

La medida de no innovar decretada por el magistrado provincial, que entendió que se trataba de valorar si los actos del propio administrador exceden el marco de sus atribuciones legales, y no existía conflicto con el juez nacional, ha obstaculizado el cumplimiento del mandato dispuesto por el órgano judicial nacional competente en el concurso de la empresa, para cuyo manejo dicho órgano nombró al aludido administrador, lo cual resulta inaceptable.
Marcas, registro de marca, oposición al registro de marca, marca registrada, uso de marca, pericia contable, marcas confundibles
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUMITONO RUBBER INDUSTRIES LTD. c/ INDUSTRIAS SPAR S.A. s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-23

Las marcas opuestas de la clase 12 tienen carácter defensivo para la demandada (conf. absolución de posiciones de fs. 69); mas cuadra advertir que esta parte tiene alrededor de setenta registros de su marca, correspondiente a numerosas clases, y que la palabra "Spar" forma parte principal de su nombre y rubro social, y a esto se añade -como consideración accesoria, ya que no cabe poner en duda la existencia de interés legítimo en el registro- que sobre la importancia de la demandante en el rubro neumáticos no hay mas referencias que la sugiere la incorporación de la palabra inglesa "rubber" ("de caucho o goma elástica; caucho, goma elástica;

fregador, frotador; estropajo, escofina; zapatos de goma") en su nombre social. Además, la demandada ha acreditado la singular importancia y difusión de su marca. La pericia contable tiene algún valor a este respecto y también los informes proporcionados por numerosas firmas -varias de significativa importancia- en tanto revelan la difusión de los productos de la actora, algunos de los cuales -se señala aquí un hecho que tiene carácter publico y notorio- y ha logrado la equivalencia y/o confusión entre marca y producto (el purificador de aire).
Domicilio de origen, domicilio constituido, declaración jurada impositiva, régimen tributario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: FISCO NACIONAL DGI c/ RESERO S.A s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

En materia fiscal, el domicilio de origen - real o legal- es el que los responsables consignan en las declaraciones juradas, previendo el art. 13 de la ley 11683 que la Dirección General solo quedará obligada a tener en cuenta el cambio de domicilio si la respectiva notificación hubiera sido hecha por el responsable en la forma que determine la reglamentación.
Despido, indemnización por despido, multa laboral, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: BUSQUIAZO, GUILLERMO ERNESTO c/ GATE GOURMET ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-09

Establece como doctrina plenaria que "para el cálculo del recargo dispuesto por el art. 16 de la ley 25.561 no corresponde incluir la sanción establecida por el art. 80 L.C.T. último párrafo (texto según art. 45 de la ley 25.345)
Facultades del Poder Legislativo, facultades tributarias
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Festival de Doma y Folklore c/ Estado Nacional s/ acción meramente declarativa de derecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-20

Los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas y ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones (Disidencia de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda).
Recurso de reposición (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: ALBA SARA Y OTROS c/ E.N. (M° de Defensa) s/ RETIRO MILITAR Y FUERZAS DE SEGURIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Las resoluciones de la Cámara son por regla, insusceptibles de reposición, remedio tan solo autorizado en esta instancia para las providencias simples.
Derechos reales, inmuebles rurales
Materia: CIVIL
Carátula: Caravaca Ortega, Francisco; Vázquez, Hector O y Herrera, Oscar E. c/ Cerratto, Exequiel; Ortega, Ricardo; Lazcano, Ramón; Lazcano, Gustavo y otros s/ Prescripción Veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-11-07

Los derechos de campo no constituyen derechos reales, en virtud de la asfixiante concepción que de ellos hace el Código Civil en el art. 2502.

En consecuencia, la inexistencia de consagración legislativa de los derechos y acciones de campo, permite aseverar que ellos, aunque se invoquen instrumentalmente, no constituyen derechos reales, ni aprovechan tampoco de sus prerrogativas.

En efecto, los derechos de campo sólo consisten en un mero derecho a la posesión -ius posidendi-, a entrar en un campo a ejercer la posesión materializándola con una ocupación efectiva, con la percepción de sus frutos etc. y no un derecho de posesión -ius posesionis.
Astreintes, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: BATTAGLIA RODOLFO PABLO c/ ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA (O.C.A.) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-08-18

La condena a la entrega del certificado de trabajo quedó firme, como considera el a-quo, y al no cumplir con la misma la demandada debe hacerse lugar a la intimación que se le efectuara sobre pago de las astreintes fijadas para el caso de incumplimiento de la sentencia, y ello a partir de que la condena quedó firme.
Impuesto a las ganancias, deducciones impositivas, carga de la prueba
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Gelblung Samuel (TF 22676-I) c/ DGI". s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

En lo referente a la carga probatoria, respecto a la deducción de gastos que tienen relación con la actividad, es el contribuyente quien deberá demostrar la veracidad de los gastos y su vinculación con las ganancias gravadas para que la AFIP no pueda impugnar las deducciones y no -como insiste el apelante la administración quien debe probar que cada uno de ellos no resultaba idóneo para conservar, obtener y mantener las ganancias. Es un indiscutido principio procesal -aplicable a todo litigio aún no judicial- que siempre es a cargo de quien afirma un hecho la prueba de su existencia cuando pretende fundar en él un derecho (Fallos: 217:635, entre otros muchos más; esta Sala, 13-9-2005, "Macnet S.A. -TF 14723-A- c/ D.G.A."; ídem V, 3-7-2007, "Relojes Irel S.R.L. -TF 18490-A- c/D.G.A.").
Alegato, defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Rivera, Benito. c/ Compañía Naviera Pérez Companc SC. s/ Alegato.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-09-10

La completa inserción de fojas cosidas al expediente, con el sobre conteniendo el alegato en una sola foliatura, es por sí solo suficiente obstáculo para garantizar que haya sido compulsado por los jueces y para asegurar que se haya respetado el derecho de defensa.
Establecimientos asistenciales, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajadores gastronómicos, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Ciancio, Sandra Cristina c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-13

La ley no excluye al Estado de la responsabilidad del art. 30 L.C.T.. Dicha norma no requiere que el responsable sea empleador del reclamante o de persona alguna: se limita a imponer al contratista principal el control del cumplimiento, por parte del subcontratista, de las normas laborales y de la seguridad social respecto de sus propios trabajadores y, para mejor garantizar este control y asegurar que su incumplimiento no redunde en perjuicio de los trabajadores privados empleados por un subcontratista eventualmente insolvente, extiende al principal responsabilidad solidaria por las deudas de este último. Así puede observarse que el Estado es doblemente responsable: porque la ley se lo impone y también porque forma parte de sus objetivos institucionales promover y asegurar, en cuanto de él dependa, el cumplimento de las leyes y la satisfacción puntual de los créditos. (En el caso, la sociedad demandada explotaba el servicio de comedor y nutrición del Hospital Moyano, dependiente este último del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a quien se demanda solidariamente en los términos del art. 30 L.C.T.). (Del voto del Dr. Guibourg, en mayoría).