Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-25


SENTENCIA NUMERO: SIETE En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil nueve, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros, doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, Amelia del Valle Sesto de Leiva y José Ricardo Cáceres, para en-tender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 47/08, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Víctor Gar-cía en contra de la Sentencia Nº 14/08 recaída en Expte. Nº 224/07.- 1) GUZMÁN, Jorge Ariel y 2) CANATA, Claudio Oscar ss.aa. 1) Hurto Agra-vado por el uso de llave falsa; 1) 2) Tenencia de Arma de Fuego de Uso Civil - Cap. Catamarca", contra la Sentencia Nº CATORCE/08 dictada con fecha veintiséis de junio de dos mil ocho por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿El fallo en crisis ha aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas y a consecuencia de ello, ha incu-rrido en error al aplicar los arts.. 45 y 189 bis del Código Penal?.

2º) En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar?.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 20, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: Primero: el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Sentencia Nº CATORCE/08, del veintiseis de junio de dos mil ocho, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, en lo que aquí interesa, resolvió: "...II) Declarar culpable a Claudio Oscar Canata de condi-ciones personales relacionadas en la causa como coautor penalmente responsa-ble del delito de tenencia de arma de fuego de uso civil (Hecho Nominado Se-gundo) (arts. 45 y 189 bis inc. 2º del C. Penal) condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de seis meses de prisión en suspenso y al pago de una multa de pesos mil ($ 1.000) (arts. 40, 41 y 26 del C. Penal). Imponiéndole por el térmi-no de dos años conforme a las prescripciones del art. 27 bis. del C. Penal las siguientes reglas de conducta: a) Fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Justicia (Ex Patronato de Liberados), ante quien deberá presentar-se todos los meses, organismo este que tendrá a su cargo verificar el cumpli-miento de las condiciones impuestas en el presente resolutorio, b) Abstenerse de concurrir a lugares de dudosa moralidad y de usar estupefacientes y de abu-sar de bebidas alcohólicas. Todo bajo los apercibimientos previstos en la últi-ma parte del art. 27 bis citado del C. Penal. Debiendo una vez firme la presente Sentencia, labrarse la pertinente acta de compromiso por Secretaría. Con cos-tas, (arts. 407, 536 y concordantes del C.P.P.)".- II. Contra esta decisión recurre en casación el Dr. Víctor Gar-cía, en su calidad de defensor del coimputado Claudio Oscar Canata, invocan-do, en primer lugar, el motivo sustancial previsto en el art. 454 inc. 1º del C.P.P.. Consecuentemente, denuncia la errónea aplicación de los arts. 45 y 189 bis, inc. 2º del C.P., pues entiende que su asistido no participó en el hecho que se le endilga.

En este sentido, sostiene que si bien es cierto que el arma se encontró en el interior del habitáculo del automotor, asevera que no se ha po-dido acreditar con el grado de certeza, que efectivamente Canata hubiera cono-cido la presencia del arma en dicho lugar, es decir, no ha participado en los hechos consumativos del delito. Manifiesta que no existe elemento de prueba alguno que correctamente analizado -salvo que se parcialice en su merituación, aclara- nos permita arribar a la conclusión de la mayoría. Asevera que no se puede afirmar que el arma en cuestión fue colocada por alguno de los acusados y que ella se encontraba a disposición de los mismos, por ser incierto el modo de llegada a ese sitio. En tal dirección, considera que no cabe otra solución que la absolución de su asistido.

A continuación, el quejoso esgrime como segunda materia de embate, la prevista en el inc. 2do. del art. 454 del C.P.P.. Concretamente, se agravia al sostener que el juzgador ha aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas. Luego de citar a Jauchen, reitera que el tribunal ha efectuado una merituación parcial de los elementos probato-rios. Al respecto expresa que del Acta Inicial de Actuaciones surge la existen-cia de un llamado telefónico sobre la presencia de un automotor marca Peugeot 504 blanco, sin señalarse si era taxi, remis o un auto particular, pese a ello se comienza una persecución por la sola circunstancia -resalta- de no haberse de-tenido ante el cambio de luces del móvil policial. Critica que no se haya utili-zado otra modalidad para detener el vehículo como, balizas policiales o la sire-na del móvil. Aclara que el cambio de luces no fue interpretado por los particu-lares como debería haber sido. En igual dirección, recalca que Canata se baja del vehículo ante el requerimiento policial, luego de ser cruzado con el móvil, pudiendo haber continuado la fuga. Continuando con sus fundamentos impug-naticios, el recurrente advierte que en aquella oportunidad el personal policial se introduce en el automotor y observa la presencia del arma debajo del asiento del acompañante, precisando que Canata se bajó primero y luego el pasajero (actas de fs. 100/101 y 104/104 vta.). Cuestiona que tal proceder basta a los sentenciantes para sostener que Canata es co-autor de tenencia de arma de fue-go de uso civil. Se pregunta el quejoso, si por manejar el vehículo debió haber visto en dónde estaba el arma?. Del mismo modo, señala que el fallo nada dice respecto a que la tiquetera se encontraba funcionando marcando el viaje, resal-ta que se controló el monto registrado aunque no el tiempo del viaje. Critica la interpretación de que el vehículo no trabajó en aquella oportunidad por un in-forme de la empresa Viaje Bien, pero -advierte- si se observa el acta de secues-tro del automotor (fs. 100/101 y 104 vta.), en ningún momento se consigna que en el interior del rodado existiera la radio que habilita la comunicación con la base, por la simple razón de que dicha radio se encontraba en otro vehículo, tal lo señalado por Canata en su declaración. Ello se refuerza -señala el quejoso- en el acta de entrega de secuestro, de donde se advierte que no se entrega radio alguna al propietario del vehículo. Asimismo, el impugnante critica el informe de fs. 117/117 vta, al referir que Ávila no señaló que el vehículo -de su pro-piedad, pero estaba a nombre de otra persona-, ese día no trabajó, sino que es todo lo contrario, puesto que no existía denuncia por robo de la unidad, con lo cual dicho vehículo fue facilitado para trabajar como siempre lo hacía. Agravia también al casacionista el hecho de que el resolutorio atacado nada diga de la falta de huellas de Canata y Guzmán en el arma.

Culmina su libelo solicitando la resolución en crisis y se ab-suelva a su asistido por el beneficio de la duda, todo ello haciendo expresa re-serva del caso federal.- III. Como aclaración preliminar debo decir que por una cues-tión metodológica considero oportuno invertir el orden dado por el quejoso al tratamiento de los agravios por él impetrados, por entender que del análisis del segundo, esto es, si resulta o no procedente el cuestionamiento referido a la errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las prue-bas, dependerá en consecuencia, el acogimiento o no del planteo sustantivo propuesto, consistente en, la errónea aplicación de los arts. 45 y 189 bis, inc. 2º del C.P..

En consecuencia, el núcleo central de la cuestión a dilucidar radica en examinar si el a quo ha aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, y en su caso, si resulta o no procedente la absolución de Canata, por no haberse demostrado con la certeza requerida en el criticado estadio procesal, su participación en el hecho en cuestión.

Como ya lo ha sostenido esta Corte en numerosos precedentes, en forma liminar debo decir, que la obligación constitucional y legal de fundar la sentencia consiste en el deber de consignar por escrito las razones que justi-fican el juicio lógico que ella contiene, con base en la prueba reunida y de acuerdo al sistema de valoración admitido por la ley procesal, porque éste es el modo de posibilitar el contralor de las partes y del Tribunal de Casación.

El ordenamiento ritual (art. 403 C.P.P.), reglamentando expre-sas normas constitucionales (art. 18 C.N. y 210 Const. Prov.) y como garantía de justicia, exige la motivación adecuada de las resoluciones conforme a las reglas de la sana crítica racional, esto es, de la lógica, de la psicología y de la experiencia común en la valoración de la prueba (art. 408 inc. 3º C.P.P.).

De tal modo, la fundamentación configura una operación lógi-ca fundada en la certeza, ya que la libre convicción debe apoyarse en un con-vencimiento sometido a dichas pautas y estructurado sobre la base de elemen-tos probatorios legalmente admisibles (Cfr. Núñez, Ricardo, "Código Procesal Penal, Anotado", nota 1, al art. 130, 2ª ed. Marcos Lerner, 1986, p. 123).

En esta dirección, Vélez Mariconde sostuvo, entre otros, que el sistema de valoración de la libre convicción "consiste en que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos... ni determina abs-tractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad (en princi-pio, todo se puede probar y por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común" (Derecho Procesal Penal, T. I, Marcos Lerner, Córdoba, p. 361 y sgts.).

En consonancia con lo expresado, y siguiendo lo sostenido por esta Corte en precedentes anteriores, cabe reiterar que por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el tribunal de casación se encuentra facultado para efectuar un examen ex novo de la causa puesto que, el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aun en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación.

Ahora bien, para que los vicios endilgados a la sentencia ten-gan entidad para conducir a la nulidad, deben relacionarse con pruebas valora-das en contra de las reglas de la sana crítica racional, u omitidas de ponderar que tengan valor decisivo, toda vez que estos defectos son los captados por la ley (art. 408 inc. 4° del C.P.P.). A fines de examinar si los agravios del impug-nante se relacionan con pruebas valoradas y omitidas de valor decisivo, se im-pone reparar en la fundamentación probatoria de la sentencia. A tales efectos, deben analizarse -con los límites señalados-, los elementos que tuvo en cuenta el juzgador al momento de construir el razonamiento puesto en crisis.

De una atenta lectura del fallo atacado, se extrae que el senten-ciante dio por cierta la participación atribuida en grado de co-autor a Claudio Oscar Canata por la comisión del delito de Tenencia de Arma de Fuego de Uso Civil - Hecho Nominado Segundo - (arts. 45 y 189 bis inc. 2º del C.P.).

A tales fines el a quo destacó que ha quedado acreditado a tra-vés del Acta de Procedimiento obrante a fs. 100/101 y del Acta Inicial de Ac-tuaciones de fs. 104/104 vta. que los acusados -Canata y Guzmán-, al ser divi-sados por el móvil policial, el que les hizo suficientes señas de luces para que se detuvieran, intentaron emprender la huída. Destáquese en tal sentido lo plasmado en el Acta de Procedimiento en donde se constata que cuando la au-toridad policial mediante el juego de luces les solicita que se detengan, los im-putados empezaron a mirar hacia atrás, realizando ademanes dentro del rodado, mirando el móvil en forma reiterada y acelerando su marcha, razón por la cual se procedió a interceptarlos en Avda. México, esquina Plaza Altos de Choya. Allí se les pidió que descendieran del automóvil, y que se identificaran a lo que respondieron no querer hacerlo, al mismo tiempo que demostraban estar muy nerviosos. Esto también desvirtúa las críticas del quejoso en cuanto a la forma en que se les advirtió que se detuvieran, más allá que tal disconformidad en nada incide respecto al análisis del presente, no obstante ello, cabe destacar que ha quedado comprobado que no sólo advirtieron la presencia policial y se dieron cuenta del mensaje a través de las señas de luces efectuadas, sino que además, intentaron darse a la fuga acelerando el vehículo, razón por la cual debieron ser interceptados por la autoridad policial. En idéntica dirección, cabe destacar que tampoco surge de las referidas actas -como lo afirma reiterada-mente el recurrente-, que Canata se haya bajado primero y mucho menos que los uniformados hayan tenido que introducirse al vehículo para encontrar el arma debajo del asiento. Tales afirmaciones del impugnante se rebaten no sólo con las constancias introducidas en las respectivas actas de fs. 100/101 y 104/104 vta., de donde surge que ambos imputados descendieron del vehículo bastantes nerviosos, previo haber intentado darse a la fuga en el automotor que conducía Canata. A ello se añade, que la presencia del arma en el interior del automotor -Peugeot 504 conducido por Canata- fue divisada por los policías al encontrarse abierta la puerta del conductor, allí observaron que desde el medio del asiento del acompañante sobresalía algo parecido a la culata de un revólver, lo cual además se aprecia claramente en las placas fotográficas obrantes a fs. 190. En la mencionada línea de razonamiento, el tribunal consideró que tam-bién se ha acreditado a través de las actas respectivas y de las fotografías glo-sadas a la causa, que el arma era visible a simple vista y que de una correcta interpretación de ambos documentos se deduce que fue divisada fácilmente por el personal policial al abrirse la puerta del conductor del vehículo. Asimismo, refirió en cuanto a las explicaciones -reiteradas ahora por el casacionista- que pretendió dar Canata, en el sentido de que ese día utilizó el automóvil para tra-bajar como remis llevando otros pasajeros incluso afirmando que "ese día antes de Guzmán se subió alguien en el asiento del acompañante, está seguro", tra-tando de justificar la presencia de dicha arma, tal excusa -resaltó el juzgador- se ve totalmente desvirtuada tanto por la constancia obrante en el Acta Inicial de Actuaciones de fs. 104 vta. -"...se comunican telefónicamente con la Em-presa de Remises Viaje Bien... siendo atendido por el Sr. Marcelo Domín-guez... quien nos informa que el auto en cuestión, es de propiedad de un Sr. de apellido Ávila... aportando además que el remis no trabajó en base en el día de la fecha o sea que no lo tenían registrado trabajando..."-, como así, por el In-forme de dicha empresa (fs. 271) el cual constata que: "1. El automóvil 'Peu-geot 504', color blanco, dominio AYH-700, propiedad de la Sra. Patricia Avi-la, pertenece a la flota de remises Viajebien. 2. Dicho automóvil el día 14 de Abril de 2007 no prestó servicio en nuestra empresa según nuestros registros".

En concordancia con lo examinado, el a quo también ponderó el testimonio de fecha 15 de abril de 2007, brindado por José Mariano Ávila -éste aclaró que el vehículo que manejaba Canata le pertenece, más allá de que por cuestiones personales la titularidad del mismo figura a nombre de su her-mana, Patricia del Valle Ávila-, manifestando: "respecto al hecho que se inves-tiga puedo decir que me entero de lo sucedido en el día de la fecha, vía telefó-nica, ya que me encontraba en la Provincia de Santiago del Estero por razones de trabajo, llamándome mi esposa Mónica Martínez la que me comenta lo ocu-rrido". Adviértase al respecto que Avila tampoco manifestó en su declaración (fs. 117/117 vta.) que autorizaba a Canata a trabajar el vehículo en forma inde-pendiente, es decir desvinculado de la empresa de remises Viaje Bien. En este orden de ideas, el tribunal concluyó que el vehículo que conducía Canata es evidente que no trabajó ese día, quedando totalmente desvirtuados los dichos del imputado.

Asimismo, luego de analizar el material probatorio reseñado, el que además fue debidamente incorporado al debate contando con la plena anuencia de las partes, el juzgador, resaltó que resulta evidente que ambos acu-sados no podían desconocer la presencia del arma en el habitáculo del automó-vil ya que se encontraba a la vista y no pudo ser puesta en ese lugar por otra persona, puesto que ha quedado comprobado que ese día el vehículo no traba-jó. Concluyendo del material probatorio examinado, que evidentemente el re-vólver fue puesto ahí por los acusados Guzmán y Canata.

Por último, cabe decir que adversamente a lo sostenido por el recurrente, el tribunal ponderó que en nada desvirtúa su conclusión, el resulta-do negativo en cuanto a las huellas dactilares de que da cuenta el Informe Téc-nico Papiloscópico de fs. 169, en el sentido de que sólo se pudieron revelar manchas.

En consonancia con lo examinado, no logro advertir la arbitra-riedad denunciada, estimando que la apreciación probatoria efectuada por el tribunal de juicio muestra la idoneidad suficiente para sustentar la conclusión adoptada. Digo ello, porque el juzgador, luego de efectuar un exhaustivo exa-men crítico de la prueba arribó a la conclusión apodíctica de que ha quedado acreditado con la certeza que requiere este estadio procesal, que resulta impo-sible que Canata no haya conocido la existencia del arma, concluyendo en tal sentido, reitero, que el revólver indudablemente fue puesto allí por los acusa-dos.

Del análisis que antecede se advierte claramente que el planteo sustancial esgrimido por el recurrente, ha quedado sin sustento. No obstante ello, resáltese lo examinado por el a quo en lo atinente a la presente cuestión. En efecto, el tribunal encuadró la conducta de los acusados -Canata y Guz-mán- en la figura de tenencia de arma de uso civil (art. 189 bis, inc. 2º del C.P.). A tal fin consideró el Informe Técnico Balístico obrante a fs. 157/159, realizado por licenciado en criminalística, Sub. Comisario Orlando Antonio Quevedo, en donde se constata que "El arma remitida y su cartuchería son cla-sificadas por la ley como 'De Uso Civil`". Del mismo modo recalcó que ha quedado acreditado a través del Informe del Registro Provincial de Armas de fs. 168 que dicho revólver se encuentra registrado a nombre de Manuel Vicente Rodríguez. Asimismo, destacó que tales afirmaciones encuentran sustento en la declaración testimonial de la viuda de Rodríguez -titular del arma-, Miriam Elisabet Solohaga quién manifestó que su marido era el propietario del arma de fuego tipo revolver calibre 32 largo, marca Pucara, Registro Nº 16818, que tenía autorización expedida por la policía de la provincia. Que su marido falle-ció el 10 de marzo de 2006, que conservó el arma por seguridad, aclarando que se la sustrajeron de su domicilio hace aproximadamente siete meses, fecha en la que realizó la respectiva denuncia ante la Unidad Judicial Sexta. Estas afir-maciones -resaltó el juzgador-, se corroboran con la respectivas copias de la partida de defunción (fs. 182/182 vta.) y del carnet del registro del arma (fs. 183), como así, con la copia certificada del Expte. Prevencional Letra "S" Nº 030/06, de fs. 246/259, por el cual se acredita la denuncia efectuada por Mi-riam Elisabet Solohaga de la sustracción del revólver mencionado y de las ac-tuaciones labradas en consecuencia.

De tal manera el sentenciante, asertivamente concluyó que la conducta desplegada en el ilícito por los acusados Jorge Ariel Guzmán y Clau-dio Oscar Canata, al haberse acreditado la tenencia de un arma de fuego de uso civil cargada apta para el disparo (fs.157/159), sin la debida autorización legal (resaltó que en el caso en estudio dicha arma era de origen ilegal), sobre la que tenían la libre disposición, debe ser encuadrada en el art. 189 bis, inc. 2º del C.P., esto es, en el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil. Conse-cuentemente con el análisis efectuado, el tribunal agregó que ambos acusados deben responder en carácter de coautores ya que el arma de fuego se encontra-ba en el automóvil en el que iban ambos, pues ambos dominaban el hecho y poseían la tenencia compartida de aquélla.

En tal razonamiento, cabe destacar que los coautores no son sólo quienes realizan la acción consumativa del delito (con actos parificados o heterogéneos significativos de la división de trabajo), sino también quienes toman parte en su ejecución a través de una acción no consumativa, pero coad-yuvante y convergente con ella.

En este aspecto y en base a una interpretación sistemática, se ha afirmado que un acto es ejecutivo "cuando, conforme al sistema del art. 42, ha habido al menos un comienzo de ejecución.. En esos actos debe tomar parte el coautor..." (DE LA RUA, Jorge, "Código Penal Argentino -Parte General-", Depalma, 2° edición, 1997, nota 184, pág. 855). Revisten tal naturaleza enton-ces, aquellos que aunque no sean directa e inmediatamente consumativos de la acción punible, impliquen ya que el autor ha comenzado las acciones idóneas, que en el caso concreto significan el comienzo de la realización directa de sus miras. En atención a lo precedentemente expuesto, es el tipo penal del delito de que se trate, el que dirime la cuestión, ubicando a quien ejecuta actos idóneos para realizar la conducta allí descripta en la categoría de coautor.

En este sentido, en cuanto al alcance de la intervención en la ejecución que determina la coautoría, con acierto se aclara que desde que la ley alude a "los que tomasen parte en la ejecución del hecho" (art. 45, C.P.), no es suficiente el "acuerdo" ni el mero "aporte" a actos ejecutivos cumplidos por otro: la conducta del coautor debe integrar la acción típica, concretarse en hechos que propendan a la realización del tipo, evaluación ésta que depende, en la generalidad de los casos, de una apreciación particular de las circunstan-cias de cada hecho (De la Rua, ob.cit., notas 184 a 186, ps. 855/856).

En razón de lo expuesto, y en atención a las circunstancias par-ticulares del caso sujeto a examen debidamente analizadas ut supra, cabe con-cluir que indudablemente ha quedado fehacientemente demostrado que el arma se encontraba en un lugar visible para ambos acusados, que ambos se pusieron nerviosos ante la presencia del móvil policial, que intentaron darse a la fuga al advertir que la policía les hacía señas para que frenaran, todo lo cual denota que efectivamente ambos imputados conocían la existencia del arma de fuego de uso civil dentro del vehículo conducido por Canata.

Por ello, entiendo que Claudio Oscar Canata tomó parte en la ejecución del hecho y que su comportamiento ha sido correctamente encuadra-do como coautor, resultando la solución del Tribunal ajustada a derecho. Así voto.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones nece-sarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. José Ricardo Cáceres, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en conse-cuencia, de igual forma.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar las cuestiones precedentes y atento la votación que antecede, corresponde: I) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por los Dr. Víctor García, en su carácter de defensor del imputado Claudio Oscar Canata. II) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). III) Téngase presente la reserva del caso federal.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones nece-sarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. José Ricardo Cáceres por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en conse-cuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Dr. Víctor García, defensor del imputado Claudio Oscar Canata.

2º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

3º) Téngase presente la reserva del caso federal.

4º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen es tos obrados a origen a sus efectos.- FDO.: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- Amelia del Valle Sesto de Leiva - José Ricardo Cáceres - Ante mi: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secreta-ría a mi cargo. Doy fe.