marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajadores marítimos, multa laboral, empleo no registrado
Materia: PROCESAL-NAVEGACION
Carátula: Gauna, Edgardo Dionisio c/ Explotación Pesquera de La Patagonia SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-09

El recargo previsto en el artículo 2 de la Ley 25.323 se aplica a las indemnizaciones previstas para los trabajadores marítimos, sujetos de relaciones reguladas por el Libro III del Código de Comercio y por la Ley 20.094
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BENITEZ, HECTOR PEDRO c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-12-20

Corresponde rechazar la queja interpuesta por extemporánea, pues teniendo en cuenta que se impugna una resolución del Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal de la ciudad de Santa Fe, la que ha sido dictada en un juicio que ha tramitado íntegramente en la capital de esta provincia, la queja debió haber sido interpuesta, de acuerdo con el artículo 356 del Código Procesal Civil y Comercial -al que específicamente remite el artículo 8 de la ley 7055-, dentro del plazo de tres días; no obstante lo cual se advierte que entre la fecha de notificación de la resolución denegatoria del recurso de inconstitucionalidad y la fecha de presentación del recurso directo transcurrió un término notoriamente superior al previsto legalmente.
Policía, personal policial, aptitud psicofísica, empleados públicos, reincorporación, acto administrativo, nulidad del acto administrativo, jubilación por invalidez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TARSICIO, JOAQUIN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-07-04

Si la Administración demandada decidió la reincorporación del agente policial pero consideró luego que no era apto para reingresar ya que del examen médico practicado surgía poseer una "personalidad epileptoide con probabilidades de crisis histérico-convulsivas", no correspondía la anulación del decreto de reincorporación, sin más, sino en todo caso, el otorgamiento del retiro por invalidez conforme lo prescribe el artículo 16, inciso 9, de la ley 6830 de Retiros Policiales.
Lesiones gravísimas, prueba del dolo, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Solohaga, Lucio Reynaldo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Rolando F. Crook, en causa Nº 174/08: Solohaga, Lucio Reynaldo - Lesiones Gravísimas
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-10

La Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, integrada en Sala Unipersonal, en lo que aquí concierne, resolvió declarar culpable a LRS como autor penalmente responsable del delito de Lesiones gravísimas y lesiones leves en concurso ideal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de cuatro años de prisión y accesorias de ley, ordenando su inmediata detención y traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

El eje central de discusión radica en analizar si el a quo ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas. En particular, el recurrente acentúa sus críticas básicamente en aseverar que el dolo del acusado no se encuentra probado.

Corresponde considerar la crítica expuesta por el recurrente en relación a la ponderación del tribunal referida al hecho de que S, luego del evento criminoso que se le imputa, no se bajó de su automóvil. Concretamente, se agravia cuestionando de dónde saca el juez que no se bajó del vehículo, cuando se encuentra acreditado que apenas baja, recibe una trompada por parte de la víctima lo que, además, ha sido reconocido por este testigo -enfatiza el recurrente-.

El a quo, luego de haber visto y oído en audiencia de debate los testimonios brindados, entre otros, por la sumariante judicial, concluyó que los referidos testigos dan crédito de que el imputado no se bajó del vehículo para interesarse de las consecuencias de su accionar, entendiendo que tales testigos controvierten las aserciones del acusado, constituyendo ello otro indicio de mala justificación.

En este sentido, el tribunal también destacó que resultó llamativo que S, al hacer uso de la última palabra, haya destinado sus disculpas "a la familia del chico", pero nunca al damnificado directo -recuérdese que el comportamiento del acusado ocasionó en relación a la víctima C, la anulación funcional definitiva de sus miembros inferiores-.

De igual modo, el sentenciante puso de resalto que tampoco consta que S, con posterioridad al hecho -atendiendo a que ello fue uno de los principales esfuerzos argumentativos de la defensa-, se haya acercado, por sí o por terceros, a las víctimas a interesarse por su situación y, en la medida de lo posible, colaborar mínimamente en la reparación de los perjuicios ocurridos.

Es importante destacar aquí lo aclarado por el tribunal en cuanto puso de resalto que, si bien estas dos últimas apreciaciones no resultan gravitantes por sí, entremezcladas con otras probanzas de mayor convicción, van permitiendo deducir el elemento subjetivo propulsor de semejantes consecuencias lesivas -dolo-.

Por lo expuesto corresponde rechazar el recurso interpuesto.

(Del voto de los Dres. Cáceres y Cippitelli, por la mayoría)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: García, Ana Angélica s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Es insuficiente el agravio en el que utiliza el inadecuado método de apoyar su afirmación en presuntas manifestaciones que habría realizado el testigo en la audiencia de vista de causa de las que no existen constancias en el acta respectiva ni surge del resolutorio atacado.
Contrato de trabajo, empleo público, declaración jurada, incompatibilidad de cargos, buena fe, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: VIDAL  MANUEL  JOSE c/ P.A.M.I.  INSTITUTO  NACIONAL DE SERVICIOSSOCIALES       PARA      JUBILADOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-28

Según el art. 19 del dec. 8566/61, los agentes están "obligados a actualizar sus declaraciones juradas en cada oportunidad en que se produzcan variaciones en la situación de acumulación...modificaciones en la percepción de pasividades y en general cuando se altera alguna condición susceptible de hacer variar los antecedentes tenidos en cuenta para autorizar supuestos incompatibles". En este contexto, no sólo por la norma citada sino también por el principio de buena fe que debe regir en toda relación contractual, la actitud del trabajador que omitió anoticiar al instituto demandado acerca de la modificación en su situación y que continuó trabajando durante más de dos años, percibiendo su haber de retiro, detectándose ocasionalmente dicha situación de irregularidad (como consecuencia de un cruce de bases de datos efectuado por la S.I.G.E.N. comunicado a la demandada), genera una injuria de entidad suficiente para justificar su desvinculación por parte de la demandada ante esa conducta omisiva. (arts. 63, 242, 245 y cctes. LCT).
Estado, soberanía, interés público, empleo público
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

Se denomina "vicisitud de las situaciones jurídicas subjetivas" a los fenómenos vinculados a su desarrollo temporal, es decir, al nacimiento, modificación y extinción de las mismas. Las vicisitudes de modificación son muy frecuentes y dependen en gran parte de la posición de supremacía que en las relaciones publicísticas asume el Estado, el cual tiene la facultad de adaptar dicho contenido a las variables exigencias del interés público. En el empleo público las modificaciones derivan de las variaciones del estado jurídico de la persona comprendida en la relación.
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Malossi Aravena Jorge c/ Armando Héctor Valentín s/ Ordinario (LIBRO: A140 - 240)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-05-13

La víctima no podría ejercer la acción resarcitoria en sede civil, mientras se encontrara pendiente el juicio penal por cualquier causa, en donde había concretado como actor civil la demanda, mal puede pensarse en el comienzo de un nuevo plazo de prescripcion. Sería absuldo y contradictorio sostener que el nuevo día "a quo" del curso de la prescripción fuere anterior al momento en que el titular podría ejercitar su derecho.
Concurso preventivo, quiebra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Crubellati, Enrique s/ Incidente de inexistencia de acto jurídico procesal en autos  "Bortolot, Ana c/ Crubellati, Enrique. Ejecución" Cortada, Héctor Saúl s/ Incidente de revisión en autos 'Semillero El Ceibo. Concurso  preventivo. Incidente de impugnación de Mutual de Asociados y  Adherentes del Club Sport de Salto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31|2002-02-19

Es connatural a los modernos regímenes concursales -tal como se encontraba estructurada la ley 19.551, cuyos lineamientos básicos en el punto de análisis han sido seguidos por la ley 24.522 (conf.

arts. 20, 21 y 22)- tanto la defensa del orden público, cuanto la preservación del interés general. Ello así pues el área de protección excede el marco de la simple tutela del crédito, ya que no sólo ampara a éste en la medida que salvaguarda el interés común de todos los acreedores, mediante un proceso universal típico, en el que confluyen todas las expectativas singulares; sino que, ahondando la relación, la enmarca en el ámbito de la empresa, deslindando las consecuencias falimentarias, de manera tal que la escinde de sus titulares, permitiendo su permanencia en el mercado.
Regulación de honorarios, base regulatoria, legitimación activa, patrocinio letrado, abogado apoderado, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: RUSCIO VÍCTOR DOMINGO c/ COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CABA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-22

Si no hay regulación de honorarios por la actuación de la dirección letrada en primera instancia y las costas (tanto de esa instancia como de la apelación) fueron impuestas por su orden, corresponde que el Tribunal, de forma hipotética e instrumental, estime la base regulatoria. Es decir, deberá calcular los honorarios que tocarían a la representación letrada de la demandada por su actuación en primera instancia, para realizar las operaciones aritméticas y valoraciones que los artículos mencionados establecen, a partir de la suma que en tal concepto se determine. (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe).
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Santacroce, Esther Haydee c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

La finalidad de la ley 10.323 es la de lograr la radicación en esa zona que se detalla y para ello establece una asignación especial que debe ser tenida en cuenta a los efectos de la integración del haber de actividad y de pasividad, pero sólo en tanto los agentes y los jubilados y pensionados residan en la zona de referencia, tal como surge de los términos del artículo 8° de la ley 10.323, cuando, haciendo alusión a las personas comprendidas, dispone que el beneficio es único para ellos mientras residan en la zona comprendida pues cualquier cambio de domicilio temporario o permanente, provoca su automático cese.
Sentencia absolutoria, sentencia condenatoria, sobreseimiento
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: F., C.E. s/ Retención Indebida y Daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-04-03

No es lo mismo, dentro del plano material, que el proceso arribe a fallo, por condena o absolución, luego que las partes, en perfecta simetría, controlaron la incorporación del plexo probatorio y produjeron alegatos, que la decisión desincriminatoria asumida por el juez de Instrucción tomada acaso sin la plena participación de todos los interesados.
Sociedad cooperativa, depósito, daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Navarro, Lucas Martín c/ Betriu, Antonio y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-08

Los miembros del Consejo Administrativo son responsables pero no en función a la dirección de una sociedad complicada ni por cuestiones financieras, etc, son responsables porque no cuidaron el maíz ajeno como cuidan el propio. No es necesario tomar como estandard al "buen administrador" basta con referirnos al "buen chacarero".
Responsabilidad médica, historia clínica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: COTOS, ANTONIO c/ CENTRO ASISTENCIAL SINDICATO PERFUMISTAS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

La jurisprudencia ha destacado la relevancia de las constancias existentes en la historia clínica sobre la cual la ley 17.132 y su decreto reglamentario 6.216/67 imponen deberes a los directores de establecimientos asistenciales (arts. 40 y 41, inc.

1° respectivamente), así como que su ausencia y omisiones no pueden sino perjudicar a quienes tienen el deber de confeccionarla y de asentar en ella todos los pormenores necesarios según la ciencia médica.
Proceso judicial, aplicación de la ley, ley supletoria
Materia: PROCESAL
Carátula: "Moreyra  Jorge  Aníbal c/ Estado Nacional (E.M.G.E.) s/ Personalmilitar y civil de la FFAA yy de Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-14

La supletoriedad de las normas del Código Procesal no puede ser entendida como la aplicación de éstas en determinados supuestos, sino su inaplicabilidad cuando el hecho de la presencia del Estado en el proceso hace inadecuado la vigencia de algún instituto contemplado en el Código Procesal (Del voto en disidencia del juez Galli).
Demanda, traslado de la demanda, notificación, domicilio real
Materia: PROCESAL
Carátula: M., L. c/ E., D.J. s/ Incidente de Nulidad de Notificación en autos "E., D.J. c/ M. L. s/Divorcio"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-27

La notificación del traslado de la demanda, debe efectuarse en el domicilio real (art. 339 CPC y C), habiéndose admitido por vía jurisprudencial, para facilitar el normal desenvolvimiento del proceso y superar maniobras dilatorias, que la notificación de la demanda se realice en el domicilio denunciado por el actor, obviamente bajo responsabilidad del denunciante.
Defensa del consumidor, medidas cautelares, suspensión provisional de la ley, información al consumidor, declaración de inconstitucionalidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARREFOUR ARGENTINA SA c/ GCBA s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-26

En el caso, la concesión de la tutela anticipada -suspensión de la aplicación de la ley- estaría admitiendo, en principio, que la norma impugnada -art. 1, inc. g de la Ley Nro. 1207, incorporada por la Ley Nro. 1944- tiene visos de inconstitucionalidad y, como reiteradamente ha dicho la jurisprudencia, la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del ordenamiento jurídico, por lo que se deniega la medida cautelar solicitada.

Al respecto, vale recordar que "La declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados" (cf. CSJN, 20/12/2005, "Droguería del Sud S.A. c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", del dictamen del Procurador Fiscal subrogante que la Corte hace suyo).
Abandono de trabajo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: CHAPARRO ERNESTO EXEQUIEL c/ FERRER DE ARANGUREN NORMA E. Y/U OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-05-30

Al no haberse contestado la intimación de la empleadora y no haberse acreditado impedimento alguno justificable a su ausencia, es perfectamente válido el despido del actor por abandono de trabajo, sin que corresponda el pago de los meses de junio y julio, ya que si bien el hecho extintivo tiene fecha 1/8/92, el demandante no prestó servicios en dichos meses ni justificó sus inasistencias.
Recurso extraordinario, enjuiciamiento de magistrados
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Altamirano, Juan Carlos c/ Poder Ejecutivo Nacional (Mx de Defensa). s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

No procede que la Corte habilite la instancia extraordinaria respecto de los recursos interpuestos contra decisiones de órganos no judiciales, a menos que los agravios del apelante se funden en la falta o insuficiencia del indispensable control judicial o, en casos excepcionales, tales como el enjuiciamiento de magistrados, cuando el superior tribunal local ha quedado desintegrado en virtud de haber recaído pronunciamiento condenatorio.
Concurso preventivo, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: LEIN S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO-II CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-16

Las escalas previstas por los art. 290 Y 292 de la ley 24.522 para el supuesto de acuerdo homologados -del dos al ocho por ciento del activo prudencialmente estimado y no más del ocho por ciento del pasivo verificado previsto en los arts. 288 Y 289 de la ley 19.551 Y del uno y no más del cuatro por ciento teniendo en cuenta iguales bases previstas por el art. 266 de la ley 24.522-, son parcialmente compatibles por tener una porción común (del dos al cuatro por ciento), extremo que evitan de plano la posibilidad de violentar el derecho de defensa de las partes involucradas en el recurso.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CINGOLANI, OSVALDO c/ BOF, JORGE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-27

Si bien la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento - que desestima el planteo del archivo de las actuaciones por haber transcurrido el plazo previsto en el art. 115 de la Constitución Nacional - no reúne el carácter de definitiva pues no se ha expedido sobre el fondo del asunto, ni ha paralizado el proceso, por el contrario, persigue su continuación-, concurre en el caso un supuesto excepcional que hace admisible este recurso: una razón de oportunidad y utilidad.

Ello, teniendo en cuenta que se invoca una garantía establecida en la Constitución Nacional (derecho a ser juzgado en un plazo razonable) que el recurrente considera directamente operativa en el ámbito provincial, que tiene aptitud para gravitar sobre su derecho de defensa; por lo cual, ésta se presenta como la ocasión pertinente para determinar si rige el término de caducidad que invoca sobre el proceso al que se encuentra sometido, pues de lo contrario el interesado podría verse impedido de obtener tempestivamente la protección de la garantía cuya aplicación reclama.
Acción de amparo, receptoría de publicidad, exenciones impositivas, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: A. de R. De P. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. s/ Acción de Amparo Buenos Aires. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-01-28

Se yerra al considerar que el contrato que vincula a las receptorías con el medio gráfico es el de compraventa. En efecto, toda vez que este último no trasmite a aquéllas la propiedad de los espacios, no se encuentran reunidos los requisitos indispensables que exige esa modalidad contractual; de manera que no es posible considerarla como tal. Caso contrario, no se explicaría que el medio gráfico resulte el único responsable frente a terceros, en tanto editor, aún respecto de lo publicado en los espacios de los cuales se desprendió de la propiedad, y desobligue por completo a esos mismos efectos a quien es dueño de los espacios en cuestión.

La vinculación que existe entre las partes constituye un contrato innominado, integrado por múltiples acuerdos, condiciones generales, particulares y otras, que excede sobradamente el marco de una compraventa condicionada por el vendedor. No es exacto pretender que como las receptorías ostentan personalidad jurídica diferenciada de la del medio periodístico, no puede hablarse de una dependencia dentro del esquema organizativo de la empresa editorial. Lo contrario implica confundir dependencia jurídica con subordinación económica, técnica y/o funcional, que es propia en mayor o menor medida de las novedosas formas de comercialización a través de terceros, naturaleza ésta de la que participa el presente. No es posible compartir el criterio que las receptorías actúan por cuenta del medio en la locación de avisos y no por cuenta propia. Son ellas las que, ajustándose a las pautas impartidas (y esto es así por cuanto se trata de un típico contrato de adhesión), cierran las operaciones con los avisadores, emitiendo a tal fin sus propias facturas. La dependencia funcional de las receptorías respecto del medio editor, esto es en cuanto al soporte informático que vincula a las partes, a la existencia de una tarifa fija establecida por el medio gráfico que no puede ser modificada por las receptorías, a las condiciones sobre publicidad, entre otras, no las convierte en co-editoras, toda vez que está ausente en su actividad el elemento principal que caracteriza al editor, cual es el de asumir la responsabilidad frente a los terceros de la edición en cuestión.

Se colige que la actividad desarrollada por las receptorías de publicidad no se encuentra alcanzada por la exención prevista en el artículo 104 inciso 3 de la Ordenanza Fiscal (TO 1998).

Alcance éste que fuera conferido a la norma por el Decreto 98/99 (BO del 16/2/99), dictado por el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ejercicio de las atribuciones regulatorias que le otorgan los artículos 104 inciso 25 CCBA y 76 Ordenanza Fiscal. (Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira)
Asociaciones sindicales, medidas de fuerza
Materia: LABORAL
Carátula: Alpesca S.A. c/ Berón, Washington s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-08-01

La adopción de medidas de fuerza como tal es un derecho de los gremios representantes de los trabajadores, personalidad ésta que no cabe asignar a éstos individualmente ni aún a la comisión interna del personal.
Convenios colectivos de trabajo, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, PEDRO OSCAR Y OTROS c/ MOLINOS RIO DE LA PLATA s/ SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-29

La empresa que tiene dentro de su personal trabajadores que ejercen tareas contempladas en la convención colectiva referente a otra actividad, no tiene la obligación de aplicar dicha convención, si no estuvo representada por las entidades patronales que celebraron dichos convenios y su actividad principal no encuadra en el ámbito material de las mismas.