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Habilitación de instancia, reclamo administrativo previo, empresas del Estado, renuncia de derechos, interpretación restrictiva, renuncia a la prescripción, renuncia tácita, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: COMPAÑIA AZUCARERA CONCEPCION S.A. c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Por tratarse de una empresa del Estado, el reclamo administrativo no es requerido como una instancia previa que se debe cumplir inevitablemente para la habilitación de la instancia judicial. Luego, el hecho de que el Ferrocarril le imprimiera a dicho reclamo el procedimiento de la Ley 19.549 -que no pudo tener efecto suspensivo en razón de que ya se había pronunciado una vez la suspensión- no significó, clara y precisamente, una renuncia a la situación jurídica existente, máxime si se tiene en cuenta que no hay en aquéllas actuaciones consideración alguna en torno a la prescripción ni reconocimiento expreso o implícito de la deuda. Es apropiado añadir que la renuncia de derechos no se presume y que los actos que induzcan a probarla deben ser interpretados restrictivamente (art. 874, Código Civil), tanto más cuando se pretende la existencia de una renuncia implícita o tácita, en cuyo caso esta debe resultar de actos concretos e inequívocos que no dejen ningún margen de duda sobre el punto.
Tribunal colegiado, fundamentación de sentencias, voto de adhesión
Materia: PROCESAL
Carátula: Trujillo Nores, Juana s/ Sucesión ab intestato-Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2002-11-06

Resulta en verdad un exceso obligar a los jueces que intervienen en un tribunal colegiado a que, luego de haber acordado el sentido de la decisión y las razones que la justifican, expongan cada uno, por separado, los mismos motivos que han de derivar en el fallo. Ello puede ser fruto de la voluntad de los decidentes, quienes tienen la posibilidad de fundar su propio voto conforme al contenido que entienden más adecuado; pero, no cabe hesitar, no pueden verse precisados a realizar un ejercicio que sólo ha de servir para engrosar la sentencia.
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Grasso, Felix c/ Rocchi, Sandra y otro s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-08

Cuando se trata de un embargo, no preventivo, resulta innecesario el requisito de la contracautela. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Poder Judicial, independencia del Poder Judicial, autarquía judicial, división de poderes, Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rabinovich, Héctor c/ Videla, Horacio Germán y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-17

La posibilidad concedida por el art. 99 de la Constitución Nacional a la Corte Suprema de conferirse su reglamento interior y económico no puede entenderse como extendida al punto tal de considerar que en su ejercicio otro poder se vea afectado en una materia que fue reservada de manera exclusiva al Congreso de la Nación.
Inimputabilidad, pericia médica, trastorno psicopático
Materia: PENAL
Carátula: FRANZESE, C.F. s/ INIMPUTABILIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-28

Si bien en el dictamen médico se asentó un bloqueo emocional, con dificultad de adaptación afectiva social, con tendencias pasivas y esquizoides, cabe poner de resalto que ni siquiera se lo calificó como portador de una personalidad psicopática, por lo que esa mera tendencia de ningún modo tiene entidad para enervar su imputabilidad, sumado a que la normalidad de sus sensopercepciones, del contenido y curso de su pensamiento, de su inteligencia, así como de su madurez acorde con su edad biológica y la ausencia de enfermedad mental descartan la perturbación de su juicio.
Caducidad de instancia, Administración Nacional de la Seguridad Social, costas, costas en el orden causado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: SEVILLA, JULIO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

Corresponde revocar la imposición de costas a la A.N.Se.S., efectuada por el juez de grado, respecto del incidente de caducidad que fuera resuelto. Ello así por cuanto el art. 21 de la ley 24.463 dispone que en todos los casos las costas serán por su orden.
Astreintes, concesión errónea del recurso, inhabilidad de título
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G., S. M. c/ IOMA s/ AMPARO. RECURSO DE QUEJA POR DENEGACION DE REC. EXTR. (INAPL. DE LEY)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-29

No resulta definitiva la decisión que fija el monto de las astreintes, o la resolución de la alzada que declara mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra aquélla; como así tampoco la que confirma su imposición, o manda a llevar adelante la ejecución de estas sanciones pecuniarias, o no hace lugar a su levantamiento o dispone su cese, o no hace lugar al pedido de revisión de estas sanciones y establece su monto, o el pronunciamiento de Cámara que en un incidente de ejecución de astreintes rechaza la excepción de inhabilidad de título y manda llevar adelante la ejecución, o aquél referido a una nueva estimación de las astreintes, o el que revoca lo decidido en la materia, haciendo renacer el cómputo de las astreintes.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, aplicación de la ley, caducidad de instancia, costas, costas en el orden causado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BELLINI, CARLOS ALBERTO c/ HIJOS DE CARLOS BELLINI S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-08

Las tachas articuladas por el recurrente, a saber, violación del texto expreso de la ley, apartamiento de los hechos de la causa y carencia de motivación suficiente -por considerar que la Alzada arbitrariamente habría impuesto las costas de ambas instancias ordinarias del incidente de perención en el orden causado cuando, a su modo de ver, hubiese correspondido la condena a la demandada a raíz del rechazo de la caducidad incoada por ésta-, solo traducen su mera discrepancia con la solución que la Sala adoptó en el ejercicio de facultades propias, por entender que el caso resultaba alcanzado por el artículo 242 del Código Procesal previo a la reforma introducida por ley 13615, desde que no cabía su aplicación retroactiva; que aquella norma guardaba silencio sobre el procedimiento previo a la determinación del tributo y consiguiente inicio del plazo de perención breve; que tal vacío bien podía integrarse mediante las normas del Código Fiscal, de modo que cabía exigir la existencia de deuda tributaria determinada y mora del contribuyente como consecuencia del incumplimiento de la respectiva intimación al pago, extremos que -según indicó el Tribunal- no surgían cabalmente satisfechos en la especie; y que así, frente a la incertidumbre en torno al comienzo del curso de la caducidad, la cuestión debía resolverse a favor de la subsistencia del proceso en función del principio de interpretación restrictiva del instituto, de suerte que, en atención a tales particularidades, la Cámara juzgó pertinente imponer las costas de ambas instancias en el orden causado con arreglo al artículo 250 del Código Procesal, al ponderar que el asunto había tenido entidad para generar en la incidentista la convicción de que le asistía razón para litigar. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículos 250 y 251; Código Fiscal, artículos 291 y 294; Ley 13615.
Empleados públicos, personal contratado, personal transitorio, escalafón, categoría administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Amaya, Alberto Regalado c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 581 año 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-18

El escalafonamiento definitivo del personal transitorio o contratado según la ley 10.201, debió haberse dispuesto asignando a cada agente la categoría correspondiente a la función que efectivamente desempeñaba a la época -aproximada- en que se reunió la Comisión Paritaria provincial. Ello es así porque el incumplimiento de dicha Comisión no pudo excusar la inobservancia de dicha ley por parte del Poder Ejecutivo, quien debió efectuar el escalafonamiento definitivo de conformidad con dicha pauta legislativa. Pero ello no implica -como parece entenderlo el actor- la necesaria asignación de idéntica categoría a aquella en base a la cual se le liquidaban haberes mientras revistaba como contratado o transitorio, ya que ésa no fue la pauta tenida en cuenta por la ley de pase a planta permanente. Corolario de ello es que el actor, a la fecha que proyecta sus efectos el decreto 4963/89, tenía derecho a ser encasillado en la categoría correspondiente a las funciones que se encontraba desempeñando a la época -aproximada- en que se reunió la Comisión Paritaria provincial (27.2.1989).
Azúcar, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sucesión Emilia Namen de Chehuan c/ DNA. s/ restitución, asignación de cupos de azúcar y daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

La necesidad de superar una situación de excepción, por loable que sea el propósito perseguido, no puede justificar el apartamiento del régimen de la ley 21.360, ya que admitir tal criterio podría implicar la adopción de soluciones parciales o temporarias, contrapuestas y muchas veces indebidamente valoradas dentro del contexto general, máxime existiendo la posibilidad de modificar dicho régimen.
Acta de secuestro, apreciación de la prueba, prueba documental, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SAVE, Leonardo Miguel s/ inf. artículo 189 bis del C.P. Causa nro. 27.639
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-25

"Los vicios que afectan la validez de un acta y pueden motivar su anulación se ciñen a la observancia de ciertos requisitos formales. Cumplidas las exigencias previstas por la ley, el acta será válida; luego, su evaluación como medio probatorio deberá ser analizado en el estadio procesal que corresponda. En otras palabras, si la diligencia cuenta con la firma de los testigos actuantes, será eficaz y habrá de ser evaluada como prueba documental, sin perjuicio del valor probatorio que quepa asignarle a sus declaraciones, las que serán meritadas en atención a los hechos que presenciaron y evaluadas conforme las reglas de la sana crítica."
Derecho a la imagen, derecho a la intimidad, libertad de prensa, daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: TREJO ALCIRA RAMONA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-08-03

Si bien la libertad de expresión por medio de la prensa goza de linaje constitucional encontrándose protegida por el art. 14 de la Constitución Nacional, igual jerarquía tiene el derecho a la privacidad consagrado en el art. 19 de la Carta Magna, sin que para ello sea necesario un obrar culposo o doloso de los responsables de la publicación desde que se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva, que trasciende los factores subjetivos esto es, la intención de dañar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Privación de justicia, cuestiones de competencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Alonso, Jorge Francisco y otros s/ contrabando  de  estupefacientes  y  otros  delitos  -causa nx 3161-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

La privación de justicia puede deberse a situaciones de conflicto que equivalgan en esencia a cuestiones de competencia.
Competencia federal, entorpecimiento de comunicación telegráfica o telefónica
Materia: PENAL
Carátula: BIANCHI DE GORNADA, M. A. s/ ENTORPECIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-04

Para que hechos como el presente puedan resultar encuadrables en el art. 197 del C. Penal, debe estarse ante una interrupción o un entorpecimiento que se relacione con el servicio mismo no siendo suficiente para que se cumpla con los requisitos del tipo legal mencionado, la simple afectación singular de la línea correspondiente a una persona abonada al sistema telefónico ya sea que ella se produzca a través de la interrupción o del entorpecimiento de las comunicaciones. Un hecho como el de autos sólo ha de resultar atrapado por la norma penal citada, si sus efectos alcanzan a la consecuencia una situación que perjudique a la seguridad común, lo cual se desprende de la propia naturaleza del bien jurídico protegido.
Agravio concreto, calidad de parte, caducidad de instancia, terminación del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: CAJAL, Estela Bernis c/ CISNEROS, Claudio -SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-23

La caducidad de la instancia radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales. Como lo señala Guasp, "el fundamento de la caducidad de instancia puede apoyarse principalmente en dos motivos: uno, de orden subjetivo, que ve en la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, la razón íntima de la extinción y otro de orden objetivo que se fija por el contrario, en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, por el peligro que esto lleva consigo para la seguridad jurídica".- Desde el momento en que la actora abre la instancia, no existen circunstancias que liberen a las partes de la carga de impulsar el procedimiento, pues si se analiza la caducidad de la instancia desde un punto de vista objetivo, su fundamento radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales porque en la base de la institución prevalecen los valores de paz y seguridad jurídica.-
Accidentes de trabajo, insuficiencia del agravio
Materia: LABORAL
Carátula: Cicerone Ricardo Omar  c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Rios s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-16

La abogacía de la demandada no se hace cargo de refutar argumentos basales que sustentan la cuestión central del fallo de primera instancia. El memorial de agravios utiliza tres páginas completas para solo "pegar" la sentencia de la Jueza de grado, para luego, en breves pero infundados párrafos volcar una pocas consideraciones contrarias a algunos elegidos razonamientos que la magistrada habría hecho. Insisto: dejando incólumes los principales (Voto Ronconi, en adhesión a Stettler)
Despido, despido por falta o disminución de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: PLASCENCIA, Héctor Armando c/ EMPRESA SAPEZA S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1989-12-15

La falta de trabajo como causal de despido, debe referirse a una situación concreta ocurrida en la empresa, no bastando con la simple acreditación de una crisis de carácter general que pueda configurar un riesgo previsible en el giro normal de los negocios en épocas de aguda inflación.
Competencia federal, establecimiento de utilidad nacional, competencia provincial
Materia: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO
Carátula: ARENERA DE LA CRUZ Y ROZAS SA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N° 105-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-17

El criterio para excluir la jurisdicción o legislación provincial, en los términos del artículo 67 inciso 27 de la Constitución Nacional, debe circunscribirse en los casos en que su ejercicio interfiera en la satisfacción del propósito de utilidad nacional del establecimiento; y que resulta propio que el Congreso Nacional libere de gravámenes fiscales -sean nacionales, provinciales o comunales- toda vez que lo estime conveniente para el mejor desempeño y funcionamiento de un servicio de interés nacional, lo que resulta compatible con las atribuciones que consagran los incisos 16 y 27 del artículo 67 de la Constitución o que, en su defecto consienta la imposición local a ciertas empresas creadas específicamente para atender esos fines.
Recurso de casación, sentencia interlocutoria, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Veliz, Oscar Edmundo c/ Super El Renacimiento de M.F. Lauría y/o R.M. de Lauría s/ Haberes adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-04-25

A fin de delimitar la noción de arbitrariedad en relación a cuestiones de hecho y prueba como habilitantes del recurso de casación, esta Corte tiene dicho en forma pacífica y constante y como expresión de su doctrina legal que: "la arbitrariedad cuya enmienda por vía del recurso de casación la ley pretende, es la discordancia entre el contexto fáctico, lógico y jurídico sometido a decisión y ésta, resultante de un grosero y evidente apartamiento de esa realidad materia de la litis, de la interpretación y conclusión de la causa con violación sustancial de los principios lógico-jurídicos que deben informar el común razonamiento judicial, o de la aplicación de normas o doctrinas jurídicas o legales ajenas, si no contrarios a la cuestión debatida, y siempre, y en todo caso con la subyacente motivación no de dar satisfacción a la ley y a la justicia sino a la sua propria volunctate del juzgador".
Recurso de apelación (procesal), apelación en relación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C.E.S.O.P. c/ Chiozza Mario s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-01

Cuando el recurso de apelación contra sentencia definitiva es concedido en relación y no libremente como correspondía, el recurrente debe conseguir su revocatoria por la vía del memorial pertinente, careciendo de todo objeto el recurso de queja interpuesto para modificar la forma de concesión del referido recurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Resoluciones recurribles, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aguilar, Edgardo Salvador c/ Estado Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-08-30

Los recursos de gracia no constituyen medios de impugnación de necesaria interposición para arribar al agotamiento de la vía administrativa y la resolución que al efecto se dicte carece de relevancia jurídica a los fines del proceso contencioso administrativo que por tal razón se deduzca.
Administración Pública, acto administrativo, títulos ejecutivos, juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva S.A.I.C.I. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Ejecutivo (Expte.: C.S.J. Nro. 35   Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-03

Resulta ineludible para los jueces de la Sala la consideración del acto que invoca en su defensa la Administración ejecutada, dictado en ejercicio de sus potestades de autoanulación y que según las postulaciones de la recurrente habría anulado los actos administrativos generales dentro de los cuales estarían incluidos los que dieron origen a la suscripción de los pagarés ejecutados. El desconocimiento de tales actos por la vía de apelar al "argumento procesal" de las restricciones cognoscitivas vigentes en los juicios ejecutivos, aún entre obligados directos (insuficientemente contrarrestado por la alegación de una ulterior posibilidad de promover el juicio declarativo posterior a que se refiere el artículo 483 del código de rito), resulta inaceptable a la luz de la doctrina según la cual la defensa del derecho constitucional no puede ser desechada con base en razones de mero orden formal, ya que -de otro modo- los derechos o privilegios de esa naturaleza que pudieran asistir al recurrente se verían postergados en su reconocimiento sin base suficiente, doctrina que prevalece sobre el argumento de que el examen de la causa excedería el limitado ámbito del juicio ejecutivo. (Del Voto del Dr. Vigo)
Funcionarios públicos, defensa en juicio, diligencias preliminares
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: AADI CAPIF c/ Gómez, Fabián  Fabio F. s/ Cobro sumario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-09-29

Los Defensores Oficiales, son funcionarios públicos dependientes del Poder Judicial, cuya intervención procura resguardar la garantía constitucional de defensa en juicio y asegurar objetivamente la existencia de un verdadero proceso contencioso. Para el caso concreto de las diligencias preliminares, preparatorias o conservatorias, la ley admite la posibilidad de prescindir de la citación del demandado, sustituyéndola con la intervención del defensor oficial, en procura de garantizar la validez del procedimiento y la defensa en juicio, cuando resulta justificado que la demora que puede sufrir aquella es susceptible de frustrar el cumplimiento de la diligencia requerida. (p. 48, t.VI, Procesos de conocimiento, Derecho Procesal Civil, Palacio).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Villalva, Fernando G. s/ Homicidio en grado de tentativa en concurso real con hurto simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-03

Es ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa en el que cuestiona el testimonio base de la prueba compuesta que conformara el juzgador a fin de acreditar el dolo en el obrar del procesado, ya que no sólo no demuestra las supuestas contradicciones en que habría incurrido, sino que tampoco relaciona sus reclamos con el contenido de las normas sobre prueba testimonial -y de qué modo podrían resultar vulneradas-, ni evidencia porqué se habría transgredido el art. 150 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.-, al haber tenido el sentenciante al aludido testigo por hábil.
Lesiones culposas, acción dependiente de instancia privada, ampliación de la acusación, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CHIACCHIO, Carlos Alberto. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-07

"Si ha mediado una conducta culposa que produjo daño físico a más de una persona, es evidente que la instancia ejercida por uno de los damnificados en la forma prevista en el artículo 72, segundo párrafo, del Código Penal, resulta suficiente para la válida iniciación del proceso, pues no es razonable ni posible escindir la única acción de todas sus consecuencias".

Firme el auto de procesamiento decretado en orden al delito de lesiones culposas, si el agente fiscal solicitó se ampliara el auto de procesamiento por las lesiones ocasionadas al conductor del automóvil contra el cual colisionara el incuso, al resultar única la acción penal y haber sido impulsada por el resto de las personas damnificadas, se ha dado acabado cumplimiento a las exigencias previstas para el impulso de la acción dependiente de instancia privada, tornándola de tal modo en pública.

Por tanto, corresponde confirmar el auto apelado.