Despido sin causa, defectos en la consideración de extremos conducentes, errónea apreciación de la prueba, enfermedades, notificación al empleador, certificado médico, indemnización agravada, aplicación de la ley laboral, reincorporación, multa, reclamo salarial, diferencias salariales, pago de la remuneración, certificado de servicios, intereses, tasas, mora, liquidación judicial
Materia: LABORAL
Carátula: PORCEL PABLO DIEGO c/ AZUL COMPUTACION Y OTROS s/ ORDINARIO - DESPIDO - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-02-17

Denuncia al Tribunal de Mérito por hacer lugar a la demanda promovida en concepto de indemnización por despido, según lo dispuesto en los arts. 209, 210 y 244 LCT. Entiende que el juzgador incurre en error de apreciación al reconocer la autenticidad y recepción del telegrama enviado por el actor, otorgando un alcance que no tiene de considerar ciertos los hechos allí consignados. Destaca que el trabajador estaba obligado a dar aviso de la enfermedad en el transcurso de la primera jornada en la que estuvo imposibilitado extremo que no quedó demostrado.

Indica que el actor fue emplazado bajo apercibimiento de condenarlo incurso en abandono de trabajo lo que fue efectivizado ante la falta de respuesta. Alega que no existe justificación alguna para sostener que la demandada podía hacer uso de las facultades del art. 209 LCT y mandar un médico a constatar la enfermedad.

Expresada la objeción, el Tribunal Superior desestima los motivos esgrimidos por el presentante porque no logra evidenciar el error jurídico, supuesto al resolver. La impugnación se basa en un análisis parcializado de los términos del decisorio. La Sala quo con sustento en la prueba rendida consideró sin causa ni fundamento el distracto dispuesto.

Declaró que las certificaciones médicas justificaban el retiro del trabajador y su posterior tratamiento mostraban su voluntad de continuar con el vínculo laboral. De ello derivó que aunque no pudo demostrar que dichas constancias fueran entregadas a la patronal, bien pudo ésta enviar un médico de control al domicilio a verificar el estado del actor. El presentante en su discurso desconoce que el Tribunal decidió que la empleadora pudo utilizar las facultades del art. 209 LCT porque se probó que para la fecha consignada el actor estaba enfermo.

En tales condiciones el cuestionamiento es infundado. La parte actora deduce agravio ante el decisorio de la Cámara a quo, que rechazó el reclamo de indemnización del art. 16, ley 25561 con sustento en que no era de aplicación al caso conforme la fecha de ingreso denunciada (16/07/03). Alega que no se valoró el texto del Dec. 2639 (ley 25972) en su integridad, y que se declaró improcedente el rubro en cuestión por entender que no integraba la litis.

El Dec. 2639/02 dispone especialmente que los empleadores quedarán exentos de la duplicación de la indemnización respecto de los nuevos trabajadores incorporados en relación de dependencia a partir del 1 de enero de 2003 siempre y cuando la incorporación de los mismos represente un aumento en la planilla total de trabajadores que poseía la empresa al 31 de diciembre de 2002. A juicio del Superior, el decisorio da cuenta de la existencia del vicio denunciado.

Observa que el Juzgador al resolver la inaplicabilidad del art. 16, ley 25.561 no advirtió que no se acercó ninguna prueba que demuestre, que el ingreso del actor a la empresa, importó un aumento en la plantilla de personal. En tales condiciones corresponde casar el pronunciamiento en el aspecto de que se trata (art. 104 CPT). Teniendo en cuenta que el objetivo de la multa en cuestión es ampliar la protección contra el despido arbitrario, corresponde mandar a pagar la indemnización del art. 16, ley 25.561.

No es admisible el planteo deducido por diferencias de haberes, al no evidenciar la violación a la ley que denuncia. La Juzgadora determinó procedente el reclamo de diferencias salariales resultantes por ocho horas de trabajo, contra media jornada que constaba en los recibos de haberes y que resultaban de la escala salarial vigente (CCT 130/75) proporcionada por la AGEC.

Estableció que a ellas deberían descontarse las cantidades que por adelanto figuraban en la pericia contable, porque de las testimoniales surgió que el actor percibía adelantos de los cuales firmaba recibo y no reconocerlos sería validar un enriquecimiento sin causa.

Frente a estas razones el impugnante estructura su denuncia desconociendo los hechos fijados, esto es, que se le asignó a las sumas percibidas como "adelantos" el carácter de remuneración. En tanto la discusión involucra cuestiones soberanas del Tribunal de mérito, y sus expresiones sólo trasuntan oponer un criterio distinto, el planteo resulta ajeno a esta instancia de excepción.

Tampoco se admite el agravio que manifiesta por el rechazo de la sanción (art. 80 LCT), pues la discusión acerca de la categoría del trabajador -cuestión zanjada por el a quo a su favor- y la determinación de que se confeccionen nuevamente las certificaciones de servicios, confirman la improcedencia de la sanción.

Asiste razón al recurrente por el agravio que formula en torno a la tasa a aplicar. El inferior dispuso que debe hacerse efectiva, dentro de los diez días de notificada la resolución aprobatoria de la liquidación. El compareciente alega que la mora de los rubros remuneratorios es a partir del cuarto día hábil y la de los indemnizatorios desde el mismo momento del distracto.

Al efecto, el Superior expresa: "Los intereses moratorios deben computarse desde el momento mismo en que hacía la obligación cuyo cumplimiento tardío constituye la causa de aquéllos. El deudor los debe sólo por no haber pagado en tiempo la obligación. El retraso en el pago ocasiona un daño que es compensado mediante un crédito por intereses y por tanto para que el perjuicio sea reparado, el cómputo debe incluir todo el tiempo en que el acreedor debió esperar la satisfacción de su crédito.

En el subexamen se advierte que el Sentenciante sin brindar razón alguna que los justifique se apartó de ese principio general. Debe por tanto, anularse el pronunciamiento en este aspecto (art. 105 CPT) y en consecuencia se dispone que los intereses mandados a pagar por el a quo se aplicarán a los créditos de condena desde que cada suma es debida hasta su efectivo pago.