Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-15


SENT. DEF. N°: 19186	EXPTE. N°: 17.910/2010 (27701) JUZGADO N°: 20	SALA X AUTOS: "BRITOS ALMA LUZ C/ ROJO SANDRA ELIZABETH S/ DESPIDO".

Buenos Aires, 15/11/2011 El DR. GREGORIO CORACH dijo:

Llegan los presentes actuados a esta instancia a propósito de los agravios que, contra la sentencia de primera instancia, interpone la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 78/82 sin merecer réplica de su contraria.

Se agravia la demandante por cuanto la sentenciante "a quo" desestimó la acción incoada.

Adelanto que, por mi intermedio, la apelación deducida tendrá favorable recepción.

Llega firme a esta instancia que la demandada se encuentra incursa en la situación procesal prevista en el art. 71 de la LO por cuanto no ha contestado el traslado de la demanda ni ha comparecido a estar a derecho (ver fs. 55).

Cabe recordar que de conformidad con lo dispuesto por el citado plexo legal cabe presumir como ciertos los hechos afirmados en el libelo de demanda, salvo prueba en contrario.

Ello implica decir que, para que la presunción emergente de dicha norma quede desvirtuada o pierda operatividad se requiere que la parte que ha sido tendia por confesa pueda desvirtuar los hechos afirmados por su contraria -en la hipótesis, en el libelo de demanda- mediante cualquier medio probatorio.

En el caso concreto, -reitero- la parte demandada fue tenida por confesa al quedar incursa en la situación prevista en la normativa legal precitada, y lo cierto es que - a mi juicio- no obra en el proceso ninguna prueba tendiente a desvirtuar dicho status.

A ello, añado que los dichos del testigo Valenti corroboran la prestación de servicios por parte de la Sra. Britos en el domicilio del padre de la demandada y avalan la tesitura expuesta en el escrito introductorio. Nótese que el deponente declaró que: ".el testigo iba al domicilio de Aldo Rojo.desde el año 2005 a cumplir su función de auxiliar gerontológico, que a partir del 2007, que fue cuando la actora comenzó a ir al domicilio de Aldo Rojo, el testigo tuvo que variar sus tareas para que la actora realizara su trabajo de cuidado de anciano.no sabe cuáles eran las tareas que realizaba la actora porque el testigo iba de 16 a 18 horas.la actora trabajaba en forma permanente.dormía en ese domicilio.el testigo con el anciano cumplía sus funciones de auxiliar gerontológico que abarca desde prepararle comida hasta hacerle la cama y el aseo de la habitación.no sabe cuanto ganaba la actora .no sabe como se instrumentaba el pago.que durante los últimos dos años fuera de horario y días que el testigo cuidada a Aldo Rojo, la persona que lo cuidaba era la Sra. Alma Britos." y que ".anteriormente Delia hermana de Aldo Rojo era quien lo cuidaba, luego fue internada en un geriátrico en el 2007 y a partir de esa fecha Sandra contratara a Alma Britos.".

En casos similares al que aquí se trata he sostenido que el cuidado de enfermos y ancianos en el domicilio particular permite viabilizar los efectos de la presunción de carácter "iuris tantum" que prevé el art. 23 de la L.C.T. (ver SD 18.157 del 09/02/11 en autos: "Guerrero Eva Ofelia del Valle c/ Cordero Eduardo Alberto y otro s/ despido").

En efecto, respecto al encuadre jurídico de la relación habida entre las partes, tal como he tenido oportunidad de expedirme en el pasado en esta Sala con su anterior integración (ver SD 228 del 30/6/96 "Lopez Dionisia M. c/ Baumawohlspiner Nelida", SD 6529 del 28/6/99 "Baez Concepción c / Palacios Pilar s/ despido", SD 11531 del 13/03/03 "Lentes Nuñez Dolly Isabel c/ Gibaja Emilio Ariel s/ despido") -a mi ver- resultan aplicables las disposiciones emergentes de la Ley de Contrato de Trabajo a los trabajadores que -como la actora- sean exclusivamente contratados para el cuidado de enfermos, aún cuando ello no produjere lucro o beneficio económico por parte de quien lo contrata (conf. arts. 4 y 21 de la LCT).

En este contexto, y atendiendo a los hechos invocados y admitidos en el sub examine, resulta de plena aplicación lo normado por el art. 23 de la LCT, el que dice claramente que "el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio".

Resulta oportuno señalar que esta presunción ha sido consagrada legislativamente a fin de facilitar la prueba de la existencia del contrato de trabajo. El trabajador debe probar la prestación de los servicios para otro y a éste último le corresponderá acreditar que esos servicios no tipifican una relación laboral dependiente. La presunción legal responde a la naturaleza de las cosas y plasma el principio protectorio que rige en materia de derecho del trabajo (esta Sala X en autos "Retamar de Luque Angelia c/ Montisol Argentina SA s/ despido").

Sólo a mayor abundamiento, señalo que la Ley de Contrato de Trabajo no exige que el empleador sea titular de una organización de medios instrumentales destinados a la producción de bienes o a la prestación de servicios en los que el aporte personal del trabajador pueda subsumirse, sino que para que se configure el contrato de trabajo, resulta suficiente que una persona se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra física o jurídica y bajo la dependencia de ésta durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración (conf art. 21 LCT, esta Sala X en autos Lentes Nuñez Dolly Isabel c/ Gibaja Emilio Ariel s/ despido" SD 11531 del 13/03/03). En efecto, el art. 26 de la LCT, al definir el concepto de empleador, expresa que "se considera empleador a la persona física o conjunto de ellas, o jurídica que tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador", razón por la que no puede válidamente excluirse del ámbito de la LCT una relación contractual.

En definitiva, reconocida que fue la prestación de servicios y toda vez que la presunción emergente del art. 23 de la LCT no ha sido desvirtuada por prueba en contrario, considero que no cabe más que revocar lo decidido en grado y admitir la acción entablada.

Atento la falta de registración de la trabajadora, de conformidad con lo normado por los arts. 55 y 56 de la LCT, y toda vez que a mi juicio la liquidación efectuada por la accionante resulta ajustada a derecho si se tiene en cuenta el relato de la demanda y la situación en que se encuentra la demandada (art. 71 de la LO) sugiero diferir a condena la suma de $ 56.269,27 por los montos y rubros detallados a fs. 13vta. En efecto, atento la ausencia de registros que avalen su pago, deben diferirse la totalidad de los conceptos allí indicados. A dicho monto se aplicará la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según la plantilla que difundirá la Prosecretaría General de la Cámara desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago (Acta 2357/02 del 7/5/02 -modificada por la Resolución 8/2002 CNAT-).	En virtud de la modificación propuesta corresponde dejar sin efecto lo decidido en materia de costas y honorarios (art. 279 del CPCCN).

Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida en lo principal (art. 68 CPCCN), a cuyo efecto propongo regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 10% del monto total de condena incluido los intereses (conf. Art. 38 LO, ley 24432 y ley 21.839). Asimismo, estimo justo y equitativo de conformidad con las tareas realizadas en esta instancia y las pautas arancelarias vigentes, fijar los emolumentos del firmante de fs. 78/82 en el 25% de lo que le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior.

En definitiva, de prosperar mi voto correspondería: 1) Revocar el pronunciamiento de primera instancia, y en consecuencia, condenar a la demandada Rojo Sandra Elizabeth a abonar a la actora Britos Alma Luz dentro del quinto día de quedar firme la liquidación prevista en la etapa del art. 132 de la LO la suma de $ 56.269,27 (pesos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y nueve con veintisiete centavos), a la que se le aplicará la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según la plantilla que difundirá la Prosecretaría General de la Cámara desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, 2) Dejar sin efecto lo decidido en materia de costas y honorarios, 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida en lo principal (art. 68 CPCCN), 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 10% del monto total de condena incluido los intereses, 5) Fijar los emolumentos del firmante de fs. 78/82 en el 25% de lo que le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (conf. Art. 38 LO, ley 24432 y ley 21.839).

El DR. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) En orden a la cuestión suscitada en las presentes actuaciones relativa a la índole de la vinculación habida entre las partes disiento respetuosamente con la opinión vertida por mi colega preopinante.	Es que al respecto ya he tenido oportunidad de expedirme en un caso de aristas similares al presente -ver mi adhesión a los fundamentos del voto del Dr. Fernández Madrid y mi voto en la S.D. 59.163 del 28/9/06 en los autos "Cruz Mercedes c/Federico Salvador Jorge s/Despido" del registro de la Sala VI de esta Cámara, donde he sostenido que "el cuidado de enfermos en el domicilio particular imposibilita la operatividad de la presunción iuris tantum del artículo 23 L.C.T. a poco que se aprecie que tal presunción cede frente a las "circunstancias, relaciones o causas" que motivaron los servicios, máxime si se tiene presente que el demandado no conformaba una empresa productora de bienes o servicios (arg. arts. 5 y 23 L.C.T.)".

También señalé en esa oportunidad que "distinta sería la solución si se evidencia que el demandado tuviere como finalidad empresaria el cuidado de personas enfermas y lo hiciera con fines de lucro o -eventualmente- para satisfacer sentimientos altruistas, en cuyo caso podría darse una relación regida por la ley laboral, siempre y cuando concurran obviamente los caracteres esenciales que tipifican el contrato de trabajo (art. 21 L.C.T.)".

Tales fundamentos resultan plenamente proyectables al caso de autos, y me llevan a concluir que no resulta de aplicación el ordenamiento laboral, toda vez que el aquí demandado no encabezó una organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos (cfr. art. 5 de la L.C.T) ni una unidad técnica o de ejecución que pueda identificarse como un establecimiento (cfr. art. 6 de la ley citada). Queda ello sustentado en la afirmación que hiciera la propia actora en el inicio al señalar se ocupaba de la atención y cuidado de los padres del demandado.	De tal manera, resulta irrelevante la situación procesal en la que se encuentra incursa la demandada (art. 71 ya cit) pues en el caso resulta inaplicable la presunción del art 23 de la L.C.T. en tanto que las partes no se encontraron unidas en virtud de un contrato de trabajo enmarcado en el ámbito de la L.C.T..

En consecuencia, por las razones expuestas, sugiero confirmar el decisorio de grado en lo que fuera materia de agravios.

3º) En cuanto a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la actora considero que cabe confirmarlos en tanto que lejos de resultar reducidos (fs. 81vta), los encuentro acordes con el mérito, importancia y extensión de la labor profesional como así también el valor del litigio, razón por la cual postulo su confirmatoria (art.. 38 L.O. y art. 13. ley arancelaria).

Atento a la ausencia de réplica, voto por imponer las costas de la alzada en el orden causado (art. 68, segunda parte del C.P.C.C.N.), y regular los honorarios de la representación letrada de la actora, por su actuación en esta alzada, en el 25% de lo que le corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

Por todo lo expuesto, de compartir mi voto, sugiero: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de apelación y agravios; 2) Imponer las costas de la alzada en el orden causado; 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora por su actuación en esta alzada, en el 25% de lo que le corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia.	El DR. ENRIQUE R. BRANDOLINO:

Llamado a dirimir la discrepancia suscitada entre mis distinguidos colegas, adhiero a la solución propuesta por el Dr. Daniel E. Stortini, porque no está en tela de juicio la existencia de un vínculo entre las partes, sino si el mismo se inscribió en las previsiones contenidas en los arts. 4, 5, 21, 22, 25 y 26 LCT (to), y en este contexto es que se advierte, conforme se explicitó en el escrito de inicio que las labores que desarrolló la accionante (cuidado de un anciano enfermo, a quien debía suministrarle los remedios y asistirlos en su higiene y alimentación), no encuadra la relación dentro del ámbito laboral, pues no puede considerarse a la demandada como titular de una organización de medios instrumentales destinados a la producción de bienes, ni a la prestación de servicios, en las que el aporte personal de la actora pudiera subsumirse, lo que torna inaplicable al caso la ley de contrato de trabajo.

En esta inteligencia, y acudiendo incluso a lo resuelto en su oportunidad por la Excma. Corte de Suprema de Justicia de la Nación en autos "Mastrotefano de González Mir, Marta D. c/ Roemmers de Nocorrea, Hildegar y otros" (del 30/09/03), las condiciones del vínculo denunciado excluyen su encuadre en el ámbito laboral, debiendo dirimirse la controversia de conformidad con el régimen jurídico específico a que se halla sujeta, por lo que propicio, al igual que el Dr. Stortini; confirmar la sentencia recurrida.

Por lo que resulta del acuerdo que precede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de apelación y agravios; 2) Imponer las costas de la alzada en el orden causado; 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora por su actuación en esta alzada, en el 25% de lo que le corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia, 4) Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

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