Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13


Reg.: A y S t 281 p 153/157. Santa Fe, 13 de marzo del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Marcela Arévalo y Ana Felice, contra la resolución 580 del 7 de julio de 2017, del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Primera Circunscripción Judicial, en autos "AREVALO, MARCELA LILIANA Y FELICE, ANA ISABEL -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'AREVALO, MARCELA LILIANA (1); FELICE, ANA ISABEL (2); CORREA, MIGUEL ANGEL (3); GARCIA, LUCILA (4) S/ ESTAFAS REITERADAS-APELACIÓN' (CUIJ 21-06577670-4)" (EXPTE. C.S.J CUIJ N°: 21-00511654-3); y, CONSIDERANDO: 1. Por resolución 580 de fecha 7 de julio de 2017, el Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Primera Circunscripción Judicial, confirmó el decisorio de grado apelado en cuanto dispusiera mantener la prisión preventiva ordenada respecto de Marcela Liliana Arévalo y Ana Isabel Felice; y rechazar los planteos formulados en los términos del artículo 225 del Código Procesal Penal (fs. 5/18). Asimismo, por auto 618 del 28 de julio de 2017, el mismo Tribunal rechazó el recurso de aclaratoria deducido contra dicho decisorio (fs. 19/20v.). 2. Contra esas resoluciones, la defensa técnica de Marcela Liliana Arévalo y Ana Isabel Felice interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 23/29). Como sustento del recurso, se invoca ausencia de fundamentación en las resoluciones impugnadas e impedimento del ejercicio del derecho de defensa en juicio, con afectación a los principios de "igualdad ante la ley" y "debido proceso legal" (f. 23). Alega omisión de pronunciamiento respecto de agravios oportunamente introducidos, relacionados al "peligro de fuga" o al "entorpecimiento probatorio" para el mantenimiento de la medida de coerción personal. Refiere a que la litis se ha "...circunscripto a lo estrictamente técnico, dogmático y su alcance...". Y que dicha situación "...no fue reflejada en la parte resolutiva, quedando huérfana la decisión, produciendo distintos perjuicios que serán mencionados..." (f. 23v.). Expresa que se soslayó dar tratamiento al "...planteo sobre tipicidad conglobante efectuada por esta defensa ni sobre la falta de responsabilidad penal por la imputada Felice"; con afectación de la situación procesal de la imputada Marcela Arévalo ante la inexistencia delictiva. Insiste en que la Alzada no se habría pronunciado en relación a diferentes "supuestos fácticos" que influirían en el decisorio que confirmó la resolución de grado (f. 24). Aduce afectación a la garantía de "defensa en juicio" al decir que se "...negó el derecho a defenderse en juicio de la imputada Arévalo ignorando arts 114 y ss del CPP, interrumpiéndola y cuando el Dr Risso Patrón intentó advertirle sobre un asunto que debía aclarar lo interrumpió y le llamó la atención"; produciéndose con ello "...un perjuicio irreparable..." (fs. 25/v.). Se agravia de que habiendo señalado "argucias" por parte del representante del Ministerio Público Fiscal, la Alzada hubiera omitido tratar tales agravios y en contrario a ello ordenara dar vista al Colegio de Abogados sin expedirse "...sobre las mentiras del fiscal" (f. 25v.). Alega desconsideración de las circunstancias que sobrevinieron al primigenio dictado de prisión preventiva para las imputadas, expresando que "...hubo un cambio significativo en los elementos probatorios que esgrimió oportunamente la fiscalía para solicitar la privación de la libertad de nuestras pupilas". Y de que se tuviera en cuenta, para demostrar la existencia delictiva, un video que captaba el momento en que la imputada Ana Felice realizaba una extracción bancaria; por cuanto la nombrada habría efectuado, con posterioridad, un depósito dinerario aún mayor y con el fin de afrontar sus obligaciones (fs. 26/v.). Se queja de que el A quo, para confirmar la decisión de grado, hubiera valorado la ampliación de la imputación por hechos nuevos. Por cuanto ello importaría violación a la "...seguridad jurídica..." y "... al derecho de defensa y al debido proceso legal" (fs. 28/v.). 3. La Alzada, por resolución 319 del 26 de octubre de 2017, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con fundamento en que el mismo se sustentaba en el disenso de la recurrente con lo decidido sin constituir cuestión constitucional (fs. 53/61); lo que motiva la presentación directa ante esta Sede (fs. 72/82). 4. Cabe anticipar que la impugnación no ha de prosperar. En tal sentido, cabe señalar que, invariablemente, las resoluciones como la aquí en tratamiento se han entendido como de carácter procesal; aunque admitiendo que, por excepción, podrían constituir objeto de la impugnación extraordinaria, en razón de que, al restringirse la libertad con anterioridad al fallo final, le ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior (cfr. A. y S., T. 83, pág. 284; T. 86, pág. 6; T. 92, pág. 254; T. 104, pág. 20; T. 130, pág. 243; T. 133, pág. 473; T. 137, pág. 204; T. 150, pág. 236; T. 151, pág. 248; T. 212, pág. 456, entre otros; Fallos: 307:549; 310:1835; 311:652; y 667, entre otros). Empero, de tener por superado tal extremo formal, la postulación de la recurrente no ha de tener favorable acogida, por cuanto del desarrollo de los agravios en su confrontación con los fundamentos de la resolución impugnada, surge que los mismos denotan mera disconformidad con lo resuelto por el Juzgador en ejercicio de funciones propias; ámbito que resulta extraño al remedio deducido. En efecto, las alegaciones de la defensa giran en torno a la interpretación que de los hechos se hiciera con el fin de determinar si resultaba posible modificar la situación cautelar de las imputadas (quienes cumplían prisión preventiva), cuestión que atañe sin duda a aspectos vinculados con la interpretación de pruebas y de derecho procesal. Lo que -como ya se sabe- constituye, por vía de principio, facultad que se encuentra reservada a los jueces de la causa y, por ende, no resulta susceptible de revisión por la vía excepcional impetrada, a menos que se demuestre arbitrariedad, es decir, una exégesis irrazonable de las pertinentes disposiciones; circunstancia que en modo alguno la impugnante logra demostrar que haya acontecido en la especie. En el caso en examen no se demuestra ni se advierte que la Alzada hubiese vulnerado garantías constitucionales o que optara por un criterio arbitrario por haber desbordado las posibilidades interpretativas que ofrecía la normativa en juego conforme las constancias de autos. Por cuanto, se desprende del decisorio impugnado que el Juez, para confirmar la resolución de grado, señaló que aún cuando el planteo originario de la defensa, en pretensión de la revisión a que refiere el artículo 225 del Código Procesal Penal, se había basado en la existencia de "nuevos planteos", los mismos no habían sido expresados al momento de formalizar aquélla (fs. 16v./17). Y en respuesta a los agravios apelatorios relativos a que se habría inobservado la existencia de hechos nuevos que ameritaban la revisión pretendida, se señaló que "No se observa en el caso que se hayan aportado nuevos elementos de prueba o hechos sobrevinientes que habiliten a revisar precisamente la cautelar respecto de Arévalo y Felice". Abundando en que "...no constituyen hechos sobrevinientes de carácter probatorio que modifiquen situación alguna, las manifestaciones que se han hecho tanto en el escrito de apelación interpuesto...como al momento del uso de la palabra por parte de los defensores...", considerando, en contrario a ello, que se trataba de detalles fácticos que no era posible evaluar en esa instancia (f. 17). Y concluyendo en que subsistían "...las circunstancias que hicieron que se disponga la prisión preventiva de la Sra Arévalo y la prisión domiciliaria de la Sra Felice..." (f. 17v.). Y frente a esas argumentaciones, la recurrente se conforma con genéricas referencias a que se habría omitido dar tratamiento a sus planteos o en que se habrían soslayado circunstancias sobrevinientes al dictado de la prisión preventiva de sus defendidas, en un intento de reeditar un debate sobre cuestiones que ya recibieran tratamiento y respuesta por parte de la Alzada. La que proporcionó, en su decisorio confirmatorio, motivaciones que pueden ser compartidas o no; mas frente a las cuales, la impugnante demuestra tan sólo discrepancia con lo decidido, permaneciendo, por ello, incólume el razonamiento sentencial, al no demostrarse ni advertirse un supuesto de irrazonabilidad, ni que otra solución se impusiera necesariamente en la causa. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.. GUTIÉRREZ-ERBETTA (EN DISIDENCIA)-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ERBETTA: 4. En primer lugar, cabe señalar que si bien la resolución atacada no es -atento a su naturaleza- sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, puede constituirse excepcionalmente en objeto procesal de la impugnación extraordinaria pues, en tanto impide la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior y requiere tutela inmediata (conforme criterio de A. y S., T. 190, pág. 12; T. 216, págs. 158 y 306; T. 220, págs. 156 y 170; T. 222, págs. 212 y 350, en el mismo sentido, Fallos:307:549; 314:791; 328:1108; 330:1465; entre otros). 5. Sentado ello, se advierte que las postulaciones de la recurrente importan -"prima facie"- articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria, ello en función de las especiales particularidades vinculadas a la morigeración del encarcelamiento preventivo en la presente causa. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. Por lo expuesto, entiendo corresponde admitir la queja interpuesta y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad. FDO.: ERBETTA-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial.