Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMUN
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-04-28


En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, 28 de Abril de 2005, reunidos los Sres. Vocales de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial, Sala Ia., Dres. Augusto Fernando Avila y Carlos Miguel Ibañez -en sustitución de la Dra. María E. Frias de Sassi Colombres- y con el objeto de conocer y decidir el recurso interpuesto contra de la sentencia dictada en los autos caratulados "ROMANO DOMINGO ENRIQUE C/ BANCA NAZIONALE DEL LABORO S.A. S/ X* DAÑOS Y PERJUICIOS"- Expte. N°3247/00; y abierta la vista pública, el Tribunal se plantea la siguiente cuestión: ¿ESTA AJUSTADA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA? Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de la votación, el mismo dio el siguiente resultado: Dres. Augusto Fernando Avila y Carlos Miguel Ibañez.- El Sr. Vocal AUGUSTO FERNANDO AVILA, DIJO:

1.- El caso: En la causa del epígrafe la parte actora reclama la indemnización de los daños y perjuicios que, a su criterio, le ocasionó la conducta de la entidad bancaria al incluirlo indebidamente en la base de datos del B.C.R.A. con la calificación de deudor irrecuperable, circunstancia que habría motivado la frustración del otorgamiento de un crédito que estaba destinado a un emprendimiento comercial. Mediante sentencia de fecha 05/05/04 (fs. 112/114), el juez de primera instancia desestimó la demanda. Apela la parte actora.- 2.- Agravios: A fojas 122/140, la apelante presenta memorial centrando la crítica en los aspectos siguientes: luego de relatar cómo, a su criterio, se configura la plataforma fáctica de la cuestión litigiosa ventilada en la causa del epígrafe, manifiesta que el daño emergente se encuentra suficientemente probado en virtud de la ilegítima afectación de la que fue objeto el actor "lo que sin duda le ocasionó un daño económico evidente", por la imposibilidad de acceder a los créditos otorgados por la Caja S.A. en virtud del convenio celebrado con Scania S.A.. Añade que también fue acreditado el lucro cesante al haber quedado fuera del sistema financiero, sufriendo por ello un perjuicio vinculado con la rentabilidad que dejó de percibir. Sostiene que el daño moral se encuentra justificado y probado con las constancias obrantes en el amparo informativo ofrecido como prueba, pues debido al comportamiento negligente de la entidad bancaria se convirtió en "un verdadero paria del mercado", lanzándolo sin causa al "infierno de los morosos" lo que supone "una mortificación anímica y personal totalmente injusta". Cita jurisprudencia en abono a su postura. Respecto de la responsabilidad del demandado, dice que se trata de una entidad fuertemente institucionalizada y, del amparo informativo, surge que obró con negligencia e irresponsabilidad. Finalmente, realiza un desarrollo de la "teoría de la información asimétrica como elemento atributivo de responsabilidad" y menta una sentencia dictada en otra causa en la cuál, según el apelante, el juez se pronunció en forma distinta.- A fojas 147, la contraparte contesta el memorial de expresión de agravios, solicitando el rechazo de los mismos y la confirmación de la sentencia.- 3.- Como punto de partida en el análisis de las quejas diremos que, la parte actora -en juicios como el presente- tiene la carga de acreditar: a) el hecho, acto u omisión a cargo del demandado; b) el factor de atribución de responsabilidad por este hecho, acto u omisión, es decir el dolo, culpa o responsabilidad objetiva -en su caso- que le cabe; c) el daño producido, excepto en los supuestos de acreditación "in re ipsa"; y d) la relación de causalidad entre el daño y el hecho, acto u omisión atribuida al demandado. De lo expuesto, surge que constituye un elemento central en esta controversia, la acreditación del daño sufrido, por cuanto, si tal comprobación no existe, mal puede pretenderse una indemnización reparadora.- A la luz de lo precedentemente manifestado, diremos en referencia al rubro "Daño emergente" lo siguiente: en el escrito de demanda se cuantificó en $10.000, el perjuicio que el actor alega que experimentó y lo describe como imposibilidad de acceder al crédito bancario o privación de utilizar el convenio existente entre su empleadora -Scania- y La Caja S.A.. Ahora bien, este extremo fáctico no fue acreditado (ni los trámites iniciados para obtener un crédito por dicho monto en la mencionada institución en base al convenio referenciado por el actor, ni su posterior rechazo por figurar en condición de moroso en la base de datos del B.C.RA.). Cabe enfatizar que en este tipo de reclamación de daños, su existencia no surge evidente ni corresponde condenar al pago de indemnizaciones de esa índole en base meras conjeturas. Así se ha decidido que, tratándose de daño emergente o lucro cesante, sea que se accione por responsabilidad contractual o extracontractual, el perjuicio, para que sea resarcible, debe ser cierto y su prueba corre por cuenta del que lo reclama y debe hacerlo fehacientemente aportando a la causa la información necesaria para su determinación, sin que sea bastante la posibilidad de la existencia de un perjuicio, pues no corresponde acordar indemnizaciones en base a simples conjeturas." (CCCC, Sala IIa., Tucumán, in re: "Rodríguez, Mario Clemente y otros vs. Ramón Virgilio Coronel y otro s/ Daños y Perjuicios", sentencia n°.: 153 del 24/4/90 entre otros). En consecuencia, corresponde rechazar las quejas vertidas acerca del rechazo de este item.- En cuanto al rubro indemnizatorio "Lucro cesante", el apelante afirma que está vinculado con la rentabilidad que dejó de percibir al haber quedado fuera del sistema financiero. Ahora bien, de las constancias de autos se desprende que, contrariamente a lo sostenido genéricamente en el memorial de expresión de agravios, no se ha arrimado prueba alguna para acreditar el presupuesto fáctico del daño alegado, razón por la cual cabe desestimar los agravios vertidos en tal sentido. La sola pérdida de prestigio crediticio, no es suficiente para demostrar la privación de ganancias. Así se ha decidido que, "La pérdida de ganancias que entraña el lucro cesante es un hecho cuya prueba incumbe a quien lo invoca pues no puede ser concebido como un rubro dañoso hipotético o eventual. Es que aún cuando pudiera afirmarse que su acreditación no exija una prueba rigurosa, no es menos cierto que aquella debe ser arrimada a la causa, siquiera por el aporte de datos objetivos y convincentes extraídos de la realidad circundante (cfr. CNCiv., Sala H, 16/6/99, "Mahalla, Juan C. vs. Manuel Muñoz", LL 2000-B,877; Sala I, 22/4/99, "Ercolano, Marcelo vs. Carmelo Comandatore", LL 1999-F, 805; Sala K, 18/10/99, "Rodó Serrano, Carlos A. vs. Banco de la Provincia de Buenos Aires", JA 2000-II-471; Sala C, 6/8/98, "Epsztejn, Andrés vs. BEN S.R.L.", DJ 1999-3-412; Sala K, 15/9/98, Lobos, Abel vs. Mas Roca Hnos.", DJ 1999-2-697; Sala B, 24/2/97, "García Díaz, Teresa H. vs. Consorcio de Propietarios Avda. Gaona 2051", LL 1997-E, 879)". (C.S.J., Tucumán, in re:"López, Raúl Emilio vs. Sol San Javier S.A. s/ Daños y Perjuicios", sentencia n°.: 593 del 12/8/2003; idem, in re: " Moeykens, Patricia Beatriz vs. Telecom Argentina S.A. s/ Daños y Perjuicios", sentencia n°.: 296 del 12/5/2004).

En lo que respecta al item indemnizatorio "Daño moral", anticipando opinión, estima el jurisdicente que la queja debe receptarse, toda vez que la prolongada, infundada e injusta situación de incertidumbre y pérdida de prestigio crediticio de la parte actora, derivada del comportamiento de la entidad bancaria que, abdicando de su profesionalidad, suministró desacertada información de contenido patrimonial que motivó la calificación del accionante como deudor irrecuperable en una base de datos pública (B.C.R.A.) de la cuál se nutren otras bases de datos de contenido patrimonial, previsiblemente produjo en el actor una ilegítima afectación a su equilibrio espiritual que además trasunta en otros campos, como es el familiar, social, etc. y, aún cuando no se haya producido una prueba pericial psicológica o de otra índole para demostrar en forma contundente la existencia del daño moral, no es menos cierto que existe un contexto que permite suponer con grado de razonabilidad que la afectación espiritual existió. (en igual sentido esta Sala Ia., "Ildarráz, Eduardo Severo vs The First National Bank of Boston s/ Daños y Perjuicios", sentencia n°.: 366 del 19/8/2003).- En relación al tema en análisis, cabe señalar respecto a la responsabilidad derivada de brindar información desacertada y no enmendada en tiempo oportuno que, como se dijo estima este Tribunal que provoca un daño moral al afectado calificado públicamente como deudor incobrable, que el banco tiene lo que se denomina responsabilidad profesional, lo que implica un afinamiento del concepto de culpa que le es imputable. "El banco o entidad financiera vinculado al débito resarcitorio ve atraída su situación al campo de la responsabilidad profesional, con todo lo que ello implica. (Conf. II Encuentro de Abogados Civilistas, Santa Fe, 1988, Comisión nro. 2). Como reflexiona atinadamente Atilio Alterini, "...cualquiera sea el enfoque con que se analice la naturaleza jurídica de su quehacer...no podemos dejar de reconocer que la estructura empresaria de la actividad bancaria impide negar esa profesionalidad. La misma, como lo señalaran las III Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal de Junín, en 1988, implican que ello acarrea "superioridad técnica" para uno e "inferioridad jurídica" para el otro, al menos en tanto no se demuestre lo contrario. Esa profesionalidad del banquero o de la entidad que él representa implica un afinamiento del concepto de culpa que le es imputable (criterio de los arts. 902 y 909 Cód. Civ.), lo cual si bien no importa objetivizar responsabilidades, sí implica medir -en el caso concreto- la reprochabilidad subjetiva de manera acorde con los elementos, recursos, capacidades y obligaciones legales" (Cfr. Edgardo Ignacio Saux, Responsabilidad de la entidad financiera, en ob. Responsabilidad por daños en el tercer milenio (Homenaje a Atilio Alterini, Capítulo 12, Editorial Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997).- Para concluir y, a fin de determinar el monto indemnizatorio por daño moral, se tendrá en cuenta el prolongado tiempo en que figuró en los registros pertinentes la incorrecta información respecto del actor, a saber - cuanto menos - desde agosto de 1999 a diciembre de 2000 (ver fojas 7 y 36 de los autos caratulados: "Romano, Domingo Enrique vs Banca Nazionale del Lavoro S.A. s/ Amparo Informativo", que en este acto se tiene a la vista (fojas 157); la gravedad de la calificación ("5" = irrecuperable), como así también el hecho de que la información es pública. Todo ello, a criterio del suscripto afectó la honorabilidad, prestigio e imagen pública del afectado por la información errónea, en especial, si se tiene en cuenta que se trata de una persona en la plenitud de su capacidad laboral y que posee un grupo familiar (fojas 40) que, de un modo mediato también se vió afectado por el episodio dañoso. En base a estas consideraciones, resulta prudente y razonable establecer la indemnización por daño moral en la suma de $3.000 (pesos tres mil), con mas los intereses según la tasa pasiva provista por el Banco Central de la República Argentina, a calcularse desde el 1°/08/1999 (fecha del hecho dañoso, fojas 7 del amparo informativo) y hasta el mento del efectivo pago.- De todo lo expuesto se concluye que procede hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha 05 de mayo de 2004 (fs. 112/114) y, en consecuencia: Hacer lugar parcialmente a la demanda instaurada por Domingo Enrique Romano, en contra de la Banca Nazionale del Laboro S.A. y condenar a esta última a pagar al actor la suma de $3.000 en concepto de indemnización por daño moral, con mas los intereses computados en la forma antes considerada, importe que deberá ser abonado en el término de 10 días de quedar firme la presente resolución.- 4.- Atento al resultado obtenido y lo dispuesto en los artículos 106, 108 y 109 CPCCT., las costas de ambas instancias se imponen en la proporción siguiente: 70% a cargo de la parte actora y 30% a cargo de la parte demandada.- El Sr. Vocal CARLOS MIGUEL IBAÑEZ, DIJO:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el Sr. Vocal preopinante, se adhiere a los mismos, votando en igual sentido.- Y VISTOS: El resultado de la votación consignada precedentemente, se :

RESUELVE:

I - HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto, por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha 05 de mayo de 2004 (fojas 112/114) y, en consecuencia, se resuelve: HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda instaurada por Domingo Enrique Romano, en contra de la Banca Nazionale del Laboro S.A. y condenar a ésta última a pagar al actor la suma de $3.000 (Pesos tres mil), en concepto de indemnización por daño moral, con mas los intereses calculados según la tasa pasiva promedio provista por el Banco Central de la República Argentina, desde el 01/08/1999, hasta el momento del efectivo pago, importe que deberá ser abonado en el término de 10 días de quedar firme el presente fallo.-.

II - COSTAS de ambas instancias, como se consideran.- DIFERIR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- AUGUSTO FERNANDO AVILA - CARLOS MIGUEL IBAÑEZ.