Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-08


SENT Nro. 114 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 08 DE MARZO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el codemandado Tucumán Lawn Tennis Club en autos: "Pérez, Walter Horacio vs. Cano Alonso Pablo y otro s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por el apoderado del codemandado Tucumán Lawn Tennis Club contra la sentencia de fecha 16/4/2003 dictada por la Sala Ia. de la Cámara en lo Civil y Comercial Común (fs. 354/355), que fue concedido por resolución del 10/6/2003 (fs. 389).

El recurso de casación fue presentado en término, con boleta de depósito.

2.- El recurrente se agravia de la decisión que rechazó la excepción de prescripción opuesta por su parte. Relata que el 06/4/1995 el actor inició una medida de aseguramiento de prueba en relación al juicio que promovería contra Alonso Pablo Cano para reclamar indemnización por los daños que sufrió como consecuencia de un golpe que recibió durante un partido de rugby jugado el 28/8/1993. En esa medida el actor solicitó que se pida un informe a la Unión de Rugby de Tucumán. El juzgado ordenó la medida el 27/3/1996. La Unión de Rugby contestó el 20/9/1996 y la respuesta se agregó al expediente con fecha 26/9/1996. El recurrente señala que la siguiente actuación se efectuó el 29/9/1998 (fs. 40), cuando el actor amplió la demanda contra el Tucumán Lawn Tennis Club. Resalta que el 03/12/1998, más de cinco años después de sucedido el hecho que originó los daños, su parte tomó conocimiento de la intención del actor de promover una demanda en su contra.

El recurrente manifiesta que el fallo incurrió en error al rechazar el recurso de nulidad con el fundamento de que la resolución de fecha 06/4/2000 (fs. 97) ya había rechazado la nulidad (cfr. fs. 303 vta. y fs. 354 penúltimo párrafo). Sostiene que ello es inexacto, pues esa sentencia no desestimó la nulidad sino que la mandó sustanciar (cfr. fs. 97/98). Expone que esa resolución (fs. 97/98) hizo lugar parcialmente al recurso en el que el actor pidió que se rechace in limine el incidente de caducidad, y confirmó el resto del proveído apelado (fs. 47), que ordenaba dar traslado de la nulidad articulada. Afirma que por ese motivo era necesario que antes de resolver la prescripción se decida la nulidad.

Se agravia de que el Tribunal afirmó que la prescripción de la acción hace al derecho de fondo, olvidando que para mantener la acción se la debe ejercer tempestivamente mediante demanda conforme al art. 3986 del Código Civil. Expresa que su parte cuestionó que la medida de aseguramiento de prueba hubiera tenido efecto interruptivo, y que de haberlo tenido, el mismo se limitaba sólo a su formulación y no a todos los actos que demandara su sustanciación, ya que al no constituir una instancia según el anterior fallo de la Cámara, no estaba sujeta a caducidad (cfr. fs. 97 vta.), y por tanto cada uno de los actos de esa actuación jurisdiccional no podía tener valor interruptivo, especialmente en este caso en el que se tardó más de tres años y ocho meses en notificar a quienes serían sus oponentes. Expone que de ese modo se dejó librado al arbitrio del actor la extensión de la prescripción. Resalta que si el Código de fondo expresamente asigna a la caducidad el efecto de borrar los efectos de la demanda respecto a la prescripción, es porque no puede concederse ese beneficio a una demanda cuya sustanciación no está sujeta a secuencias y plazos, porque sus efectos interruptivos no pueden durar indefinidamente. Señala que si ese precepto se aplica a un proceso, mayor rigor debe observarse respecto de una medida de aseguramiento de prueba.

Señala que desde el pedido de aseguramiento de prueba hasta que se notificó a su parte pasaron más de tres años y ocho meses. Se agravia de que la Cámara haya considerado que todos los actos desarrollados manifiesten la voluntad del actor de mantener vivo su derecho, sin advertir que sólo los impulsivos sirven para ese fin. Destaca que al acto de darse por notificado del proveído de fecha 26/9/1996, -ocurrido el 30/9/1996 (cfr. fs. 40)-, se le asignó valor interruptivo, y que si no fuera de esa manera, tanto la demanda interpuesta el 29/9/1996 (fs. 5 del expte principal), como el escrito de la medida de aseguramiento de prueba de esa misma fecha en el que expresó que ampliaba el aseguramiento de prueba contra el Tucumán Lawn Tennis Club (cfr. fs. 40), habrían sido presentados estando vencido el plazo prescriptivo. Afirma que todo ello demuestra lo errado del criterio de otorgar efecto interruptivo de la prescripción por el lapso de un año y casi seis meses (06-4-95 al 30-9-96) a un aseguramiento de prueba en el que sólo se pedía un informe cuya produc ción no demandó más de 15 días corridos. De ello concluye que no puede desdeñarse la caducidad de instancia, es decir, el tiempo de tramitación, como un factor gravitante en la pérdida de los efectos interruptivos, conforme criterio del art. 3987 C.C. Manifiesta que en el mejor de los casos solamente el acto de solicitar la medida de aseguramiento de prueba podría tener efecto interruptivo, y no cada una de sus secuencias, como lo sostiene el fallo, pues aunque esas diligencias no constituyan instancia tampoco pueden quedar sujetas a la intemporalidad. Resalta que con el razonamiento de la Cámara se llega a la conclusión de que no hay instancia que pueda perimirse, pero sí hay instancia para interrumpir el curso de la prescripción, contradicción que produce su indefensión. Expresa que no es lógico que una actuación judicial que sólo pone en evidencia la voluntad de iniciar una demanda pueda tener un efecto interruptivo de la prescripción mayor que la misma demanda, porque ésta sí habría estado expuesta a la c aducidad de instancia.

Resalta que el art. 3986 C.C., -que establece que la prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor-, indica que se debe mencionar en el acto interruptivo contra quién será opuesto, pues no hay duda de que ese acto debe hacerse identificando a la persona del deudor. Critica por ello que la Cámara afirmara que la falta de mención del Tucumán Lawn Tennis Club en el pedido de aseguramiento de prueba en nada afecta la interrupción de la prescripción, porque ese tema hace al interés de la parte en el ejercicio de su derecho y no a la corrección del mismo. Por ello expresa que la medida quizá podría demostrar la voluntad de mantener el derecho en relación a Alonso Cano, pero no respecto de su parte.

Señala el error del Tribunal al considerar al aseguramiento de prueba como una medida preparatoria, e indica las diferencias entre ambas, de lo que deduce que tienen efectos diferentes en relación a la prescripción, porque hasta que las medidas preparatorias no están concluidas no se puede demandar, mientras que en los aseguramientos de prueba no existe ese impedimento, y por lo tanto el efecto interruptivo de la prescripción se debe limitar a su sola interposición.

Expresa que si se interrumpió la prescripción en relación a Alonso Cano, no puede extenderse esa interrupción a su parte, porque no hay entre ambos obligaciones solidarias sino concurrentes o in solidum porque no existe una misma causa legal para demandar. Por lo tanto, aunque la prescripción haya comenzado para ambos a la vez, nada tiene que ver la interrupción de la prescripción en relación a un deudor con la prescripción respecto del otro. Concluye afirmando que la medida de aseguramiento de prueba iniciada contra Alonso Cano sólo pudo haber interrumpido el curso de la prescripción contra él, pero no contra su representado. El recurrente propuso doctrina legal, y formuló reserva del caso federal.

3.- Se verifica que se encuentran cumplidos los requisitos formales de admisibilidad exigidos por los arts. 816 y ss. CPCC. Se impugna una sentencia que rechaza en forma definitiva una defensa sustancial propia de la sentencia de fondo, cual es la de prescripción, habiéndose resuelto la cuestión de modo negativo para el demandado que recurre. Desde tal perspectiva el recurso es admisible, toda vez que la decisión es definitiva, en tanto desestima una defensa sustancial sobre la que recae cosa juzgada porque no podrá ser planteada nuevamente (art. 813 CPCC, cfr. en igual sentido sentencia de esta Corte en "Gobierno de la Provincia vs. Compañía Argentina de Teléfonos S.A. s/ejecución fiscal", sent. 454 del 09/8/1994, considerando 3.3). Los agravios proponen una cuestión jurídica referida a la interpretación del artículo 3986 del Código Civil (art. 815 CPCC). Siendo admisible el recurso, se pasa a analizar su procedencia.

4.- Corresponde hacer lugar al agravio planteado por el apoderado del Tucumán Lawn Tennis Club referido a que se produjo la prescripción de la acción respecto a su parte porque la medida de aseguramiento de prueba iniciada el día 06/4/1995 no pudo tener efecto interruptivo en su contra si no fue mencionado en la misma.

Debe considerarse que el hecho que originó los daños que se reclaman se produjo el día 08/8/93 (cfr. fs. 33), y que la medida de aseguramiento de prueba fue presentada en sede judicial el día 6 de abril de 1995 (cfr. fs. 10). Cuando el día 29/9/98 el actor presentó el escrito en el que manifestó que ampliaba la medida de aseguramiento de prueba contra el Tucumán Lawn Tennis Club (cfr. fs. 40), ya había prescripto la acción en relación a este último, por haber transcurrido desde el 08/8/93, -día del hecho-, el plazo establecido para la prescripción liberatoria por el art. 4037 del Código Civil.

5.- Dejando de lado el análisis referido al cuestionamiento acerca de si la medida de aseguramiento de prueba pudo ser considerada "demanda" en los términos y con los efectos del art. 3986 C.C. -sobre lo cual no se emitirá decisión atento al modo en que se resuelve el presente recurso-, lo cierto es que la sola circunstancia de que no se mencionara al Tucumán Lawn Tennis Club como futuro demandado en la medida presentada el 06/4/95, determina que esa presentación judicial no tuvo efecto interruptivo respecto de éste.

Cabe señalar que el actor no necesitaba de la medida de aseguramiento de prueba para individualizar a quien demandaría ni la medida tenía tal finalidad, y que por el contrario, su conocimiento de los hechos le permitía saber contra quiénes debía dirigir su pretensión, por lo que cabe descartar en tal sentido de que hubiera existido un impedimento para que el accionante conociera los datos de quien demandaría, que justificara la omisión en mencionarlo en la medida de aseguramiento de prueba.

6.- El art. 3986 del Código Civil prescribe en su primer párrafo: "La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio". El término "demanda" que utiliza el art. 3986 del Código Civil a los efectos interruptivos del curso de la prescripción, no puede significar otra cosa que la expresa manifestación de voluntad del acreedor, mediante una pretensión de mantener vivo su derecho. Es una inequívoca interpelación del titular de derecho, como expresión de su intención de exigir el cumplimiento de la obligación que le es debida, que encuentra como contrapartida, el derecho del obligado a la liberación si su obligación se encontrare prescripta.

La demanda, en la acepción del art. 3986 del Código Civil, exige que se mencione y emplace a la parte demandada, lo que resulta de su texto al establecer que se trata de "demanda contra el poseedor o deudor". Si no se mencionara al demandado, la pretendida "demanda" constituiría en realidad un mero trámite unilateral con efectos oponibles a quien no fue oído. Expresa la doctrina que tal exigencia que impone nombrar al demandado resulta "una aplicación del standard abuso de derecho en relación al proceso, pues de otro modo, como sostiene Parrilli, se atribuiría al particular la posibilidad de burlar indefinidamente los plazos y hacer naufragar toda idea de prescripción, como lo advirtiera Vélez con cita a Aubry y Rau en nota al art. 3957". (cfr. Código Civil Anotado por Llambías y Méndez Costa, T. V-C p. 796, Edit. Abeledo-Perrot edición 2001).

En la obra citada se expresa que "para ser eficaz la acción debe dirigirse contra el verdadero obligado, resultando menester precisar debidamente a la persona contra quien se demanda" (cfr. Código Civil Anotado, de Llambías y Méndez Costa, T.V-C p. 801).

7.- Aplicando estos principios al caso, no pueden caber dudas de que a medida de aseguramiento de prueba que entabló el actor en fecha 06/4/1995 (cfr. fs. 10/11), no interrumpió el curso de la prescripción contra el Tucumán Lawn Tennis Club. Dicha pretensión no estuvo dirigida contra el Lawn Tennis Club, a pesar de haber conocido el actor que los daños que reclamaría se habían producido en un partido de rugby entre ese club y Lince Rugby Club. Refuerza tal concepto, la disposición del art. 221 CPCC que establece que el escrito en el que se solicitare el aseguramiento de las pruebas debe indicar el nombre y domicilio de la futura parte contraria.

8.- Por ello resulta acertado el agravio del recurrente de que la medida de aseguramiento de prueba en la que no se lo mencionó no tuvo el efecto de interrumpir la prescripción en su contra, y que la ampliación de la medida de aseguramiento de prueba mediante escrito de fecha 29/9/98 en la que se lo incluyó como futuro demandado (cfr. fs. 40 expte de la medida), al igual que la demanda iniciada contra el Tucumán Lawn Tennis en igual fecha (cfr. fs. 5 del juicio de daños) fueron presentadas cuando ya se había operado la prescripción de la acción a su respecto por haber transcurrido el término de prescripción de dos años a contar del hecho. Si no se mencionó como futuro demandado directa ni indirectamente al Tucumán Lawn Tennis Club en la medida de aseguramiento de prueba presentada el 06/4/1995, de ninguna manera puede afirmarse que ese escrito pudo tener efecto en relación a quien no fue mencionado, particularmente si se considera que no existe entre los codemandados vínculo de solidaridad, sino que se trata de obligaciones concurrentes o in solidum en relación al acreedor porque tienen causas diferentes, por lo que la interrupción en relación a un deudor no tiene efecto en relación al otro.

9.- Por lo expresado, corresponde hacer lugar al recurso y casar la sentencia impugnada en relación al recurso de apelación del demandado Tucumán Lawn Tennis Club en mérito a la siguiente doctrina legal: "Infringe el art. 3986 del Código Civil la sentencia que atribuye a una medida de aseguramiento de prueba el efecto de interrumpir la prescripción respecto de quien no fue mencionado en la misma como futuro demandado, pese a ser conocidos su persona y datos por quien pretendía accionar judicialmente". Por lo expuesto se deja sin efecto la sentencia de fecha 16/4/2003 (cfr. fs. 354/355), en relación al recurso del codemandado Tucumán Lawn Tennis Club y se dicta la siguiente sustitutiva de su parte resolutiva (fs. 355): I.- HACER LUGAR al recurso de apelación del demandado Tucumán Lawn Tennis Club contra la sentencia de fecha 29 de octubre de 2001 (fojas 289/290 vta.), y en consecuencia declarar prescripta la acción de daños contra el mismo, con costas de ambas instancias al vencido. II.- NO HACER LUGAR A LOS RECURSOS DE NULIDAD Y APELACION interpuestos por el codemandado Alonso Pablo Cano contra la sentencia del 29/10/2001 (fs. 297 y 308/310) y en consecuencia, confirmar la misma en cuanto fuera materia de recurso. COSTAS como se consideran. III.- DIFERIR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

Atento al modo de resolver y al fundamento de la decisión, no se tratan los restantes agravios.

10.- En cuanto a las costas del recurso de casación, dado el resultado, corresponde que se impongan a la parte actora (art. 106 CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el señor Ministro Fiscal a fs. 401/402, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación presentado por el apoderado del codemandado Tucumán Lawn Tennis Club contra la sentencia de fecha 16 de abril de 2003 (cfr. fs. 354/355), la que se casa y se deja sin efecto conforme a la doctrina legal expresada, dictándose la siguiente sustitutiva de su parte dispositiva: I.- HACER LUGAR al recurso de apelación del demandado Tucumán Lawn Tennis Club contra la sentencia de fecha 29 de octubre de 2001 (fojas 289/290 vta.), y en consecuencia declarar prescripta la acción de daños contra el mismo, con costas de ambas instancias al vencido. II.- NO HACER LUGAR A LOS RECURSOS DE NULIDAD Y APELACION interpuestos por el codemandado Alonso Pablo Cano contra la sentencia del 29/10/2001 (fs. 297 y 308/310) y en consecuencia, confirmar la misma en cuanto fuera materia de recurso. COSTAS como se consideran. III.- DIFERIR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

II.- COSTAS del recurso de casación a la parte actora.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA