marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Administración fraudulenta, escribanos públicos, pena, graduación de la pena, inhabilitación especial, inhabilitación profesional
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: LOCATELLI DE VALDEZ, M. s/ PENA    INHABILITACION ESPECIAL    ESCRIBANIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-18

1) Para graduar la sanción a imponer a la procesada -escribana- en orden al delito de administración fraudulenta, tiénese en cuenta que cometió el delito en perjuicio de dos ancianas utilizando un poder que éstas le habían otorgado, afectando, así, la estabilidad emocional y la seguridad económica de aquéllas, en un momento de la vida en que ambos bienes son más necesarios.

2) No corresponde la imposición de la inhabilitación especial que establece el art. 20 bis C.P. para ejercer la actividad notarial, puesto que para la comisión del hecho delictuoso, la acusada no incurrió en abuso alguno en el desempeño de su actividad de escribana, puesto que recibir un poder general de administración y utilizarlo después de revocado para gravar el patrimonio de las víctimas, es un comportamiento que puede ser cometido por cualquier persona que gane la confianza de las víctimas, sin necesidad de que también tenga que revestir la calidad de escribana.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CANTERO CARLOS O. c/ MARCATELLI ABEL A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-09-06

El conductor tiene, obligación en principio, de ceder el paso a todo vehículo que se presente por su derecha, pero ello no es aplicable cuando ambos conductores circulando por la mano izquierda violaron la ley.
Homicidio calificado, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Liliana Graciela s/ Homicidio agravado por el vínculo y alevosía
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-09-03

Cabe rechazar el recurso de casación interpuesto por la esposa de un ex basquetbolista condenada por el homicidio calificado de su marido, al considerársela coautora del delito, por contratar un sicario para cometer el ilícito, pues el a quo ha efectuado un pormenorizado tratamiento de los indicios y las piezas reunidas, merituando integralmente y sin fisuras una constelación de piezas y diligencias incorporadas legítimamente al proceso en justificación de la solución condenatoria, entre ellas, la declaración testimonial de una compañera de trabajo de la imputada, quien en principio no habría dado la verdadera versión de los hechos por temor a la encartada, la cual le confesó el plan homicida, por estar cansada de las infidelidades de su esposo.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Novoa Héctor Hugo s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-22

Si bien el artículo 81 del CPCB. dispone que la circunstancia de contar el reclamante con lo necesario para su subsistencia no obsta la concesión de la franquicia, ello no lo releva de demostrar la insuficiencia de recursos para poder afrontar los gastos del juicio que pretende tramitar, presupuesto esencial para su procedencia.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Carga de la prueba, honorarios del abogado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Editorial Río Negro S.A c/ F., A. P. R. s/ sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-12-27

Si un abogado pretendiese ante su cliente la percepción de honorarios regulados en un juicio, bastará que éste acredite el hecho impeditivo que significa el haberlo contratado mediante alguna de las modalidades previstas en el transcripto art.2 de la ley arancelaria 21.839, pero contra la acreditación de ese tipo de vinculación puede no obstante el profesional alegar -y deberá probar, naturalmente- que el asunto en el que intervino es ajeno a aquellos por los cuales se lo contrató.
Acta de secuestro, nulidad procesal, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: BARTOLOZZI, JUAN CARLOS s/ ACTA   DE  SECUESTRO.  NULIDAD.  AUTORIDADES  DE  LA  POLICÍA  DE  LA  PROVINCIA   DE  BUENOS  AIRES  SIN  ORDEN  DE  ALLANAMIENTO  DE  JUEZ  COMPETENTE. NULIDAD. ACTA DE SECUESTRO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

"si bien son inválidas las actas de secuestro de los bienes sustraídos , efectuados por la policia de la prov. De bs. As. Con apartamientos de los recaudos mínimos que les conferirían plenitud probatoria, debe responsabilizarse al procesado por cuanto las deficiencias de las actas de incautación pueden anular las diligencias que instrumentan, pero no las otras pruebas que, independientemente de aquellas dan sustento al juicio de reproche".
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, competencia, empleados públicos, relación de dependencia, aplicación de la ley, Derecho laboral, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Mendoza, Marcos Francisco c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Laboral (Expte Nro. 62-93) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-02

Para que se opere el desplazamiento de la competencia en conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes -inclusive en la Ley de Contrato de Trabajo-, sería menester que el Instituto hubiera pactado con quien detente la representación gremial de sus dependientes una convención particular, o, en su defecto, que se hubiere dispuesto por acto expreso del empleador o su superioridad la inclusión de los contratos en algún convenio "de actividad".

Mientras ello no ocurra, no existen elementos -salvo los "contratados ad hoc"-, para sustraer al personal de su ámbito natural de encuadramiento en el derecho estatutario administrativo. (De los Fundamentos del Dr. Machado). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Es competente la Justicia del Trabajo para dilucidar los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes?
Secretaría de Industria, resoluciones, industria automotriz, prohibición de importaciones
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: Batistini, Eduardo Rubén c/ Secretaría de Industria y Comercio de la Nación s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

El prolongado tiempo que transcurrió desde que la prohibición que resulta del art. 9° del decreto 683/94 fue publicada en el Boletín Oficial hasta el momento en que ella se haría efectiva -según los términos fijados en ese mismo decreto -impide afirmar que la resolución 300 de la Secretaría de Industria sea opuesta a la ratio que inspira el beneficio previsto por el art. 618 del Código Aduanero, consistente en excluir de las prohibiciones de carácter económico a la mercadería que a la fecha de entrada en vigencia de la medida hubiese sido ya cargada en el medio de transporte y expedida con destino final al territorio aduanero, o se hallase en zona primaria aduanera.
Alimentos, convenio de alimentos, obligación alimentaria, incumplimiento de la obligación alimentaria, suspensión de juicios conexos, suspensión del régimen de visitas
Materia: CIVIL
Carátula: P. DE T. M.A Y L. J.L. s/ DIVORCIO 67 BIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-28

En aras de la seguridad que debe emanar de los convenios celebrados ante un órgano jurisdiccional o presentados al mismo y homologados, las partes deben sujetarse a ellos en los términos establecidos, por serles de cumplimiento obligatorio los arts. 499 y 500 del Código Procesal. De existir razones valederas para modificar o suspender la ejecución de los convenios, es sólo el juez o tribunal quien puede meritar tal alteración valorando las circunstancias en que se funde la denuncia que al efecto se le formule (conf. C.N.Civ. Sala B, E.D. del 12-7-82).

Podría eventualmente admitirse la suspensión de hecho de un régimen de visitas cuando su cumplimiento importe un peligro cierto o inminente para la salud física o psíquica de los hijos, con inmediata denuncia al juzgador para que se expida la respecto.

Si bien se ha considerado procedente la paralización de procesos conexos al de alimentos, en casos excepcionales, cuando el obligado no cumple con la prestación y como medio de coerción para que lo haga, ello ha sido analizando las particularidades de cada caso y según sus circunstancias (conf. C.N.Civ. Sala G, 279.775 del 3-3 82). No se da eso presupuesto si no existe proceso en trámite que paralizar a pedido de parte interesada, sino que la madre "per se" dispuso la suspensión de la ejecución del régimen de visitas acordado oportunamente y homologado por el juez.

Esa actitud de la madre de suspender el régimen de visita por no cumplir el padre con la prestación alimentaria, resulta carente de toda legitimidad pues, con ella, no se ha hecho otra cosa que arrogarse facultades privativas del juez sin el menor justificativo o atenuante que ampare su conducta.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Leyes, Myriam B. c/ Centro de Hemodiálisis Burzaco y otro s/ Despido y enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-24

Es técnicamente insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite evidenciar el vicio lógico que podría afectar el pronunciamiento del tribunal de grado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Mourelli, Delmiro s/ Hurto de ganado menor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-08

Son ajenos al recurso extraordinario de nulidad los planteos del recurrente que se internan en el terreno probatorio.
Quiebra, honorarios, base, concurso preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: VIGNOLO EDUARDO s/ CONCURSO PREVENTIVO - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-11-27

El juez debe estimar prudencialmente el monto del activo (art.

289 Ley 19551), al momento de la regulación y regular para todos los funcionarios y profesionales con derecho a remuneración entre el 2% y el 8%. Determinado el monto concreto de acuerdo con "los trabajos realizados y el tiempo de desempeño", si superara el 8% del pasivo actualizado a la misma fecha, debe ser reducido a esa cantidad.

Dicho de otro modo, no es que ese 8% del pasivo deba ser la regulación, solamente será la única alternativa posible cuando incluso el 2% sobre el activo supere el 8% del pasivo.
Juicio de apremio, costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: GHIOLDI, ALBERTO OSCAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- INCIDENTE DE APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 1676 AÑO 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-11

No puede ser acogido el pedido de imposición de costas a la demandada por el trámite del apremio en razón de que el hecho de no haber sido impuestas expresamente en la resolución que hizo lugar al apremio y no haberse deducido el remedio procesal pertinente en tiempo oportuno, implicó su reparto en el orden en que fueron causadas.
Competencia de la Corte Suprema, interpretación de leyes federales
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Espíndola, Juan Gabriel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

La Corte no se encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las partes o del tribunal, sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado según la interpretación que rectamente corresponda.
Derecho procesal, excepciones procesales, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Alomo, Darío Ricardo c/ Pedro Petinari e Hijo S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-29

La accionada objeta que el sentenciante de la anterior instancia haya diferido a condena una relevante porción de las partidas indemnizatorias y remunerativas procuradas al inicio, sin reparar en que el actor optó por insinuar tales acreencias en el marco del proceso concursal de dicha firma (cfr. trámite instituido por los artículos 21, 32 y cctes. de la ley 24.552). Señala que tal modo de resolver resultaría desacertado; pues prescinde flagrantemente de los efectos de cosa juzgada que dimanarían de ese decisorio. La resolución que declara verificado, admisible o inadmisible una determinada acreencia constituye un auténtico pronunciamiento de mérito, dictado en el marco de un proceso cognoscitivo pleno y tras lograr firmeza, adquiere fuerza material de cosa juzgada, únicamente revocable en caso de constatarse que ha mediado dolo (también denominada cosa juzgada fraudulenta). Una reedición de la controversia atingente a la verificabilidad -o no- del crédito en cuestión; trasunta, por ende, una etapa auténticamente sustancial del proceso, al perfeccionar el trámite originario y así garantir el absoluto respeto al debido proceso legal en los escenarios donde medie discordia sobre el veredicto jurisdiccional o los fundamentos que le brindan anclaje. Las acreencias objeto de las solicitudes de verificación requerimiento judicial homologable a la figura de la demanda, en tanto el pronunciamiento que aborda dichas pretensiones proyecta efectos de cosa juzgada respecto de los consejos reclamados, intangibilidad que veda duplicar idéntico reclamo ante el órgano jurisdiccional con competencia en materia laboral pues ello entrañaría una elíptica tentativa de reeditar una contienda. El respeto a las res iudicata (cosa juzgada) emerge como uno de los pilares sobre los que reposa nuestro régimen constitucional y no aparece susceptible de alteraciones, pues la inamovible estabilidad de las decisiones recaídas en el seno jurisdiccional constituye un presupuesto medular de la seguridad jurídica, al exhibir reflejos en los derechos de propiedad y defensa en juicio de los litigantes. Acerca de los alcances asignados a dicha institución, es del caso destacar que la cosa juzgada, en su faz material aprehende el "efecto normativo". Para que pueda operarse la cosa juzgada, resulta menester que haya mediado un pronunciamiento asertivo, concreto, de tenor positivo sobre la acreencia en cuestión, ora verificándola, ora declarándola admisible o inadmisible. La resolución dictada en sede comercial no exhibe referencia ni alusión alguna a los créditos "Integración mes de despido" (con la incidencia del sueldo anual complementario) ni "Adicional por asiduidad art. 19 inc. b"., luego acogidos por el judicante laboral de origen mediante el decisorio recurrido. Cabe desestimar los rubros alcanzados por el pronunciamiento verificatorio. (Del voto de la Dra. Hockl).
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bejarano, Elida Mabel y otra c/ Instituto Neurosiquiátrico Rosa y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-17

Teniendo en cuenta que la víctima falleció por las quemaduras que le provocó el incendio que se produjo en la clínica en donde se hallaba internada, encontrándose amarrada a una cama en razón del tipo de enfermedad que padecía, todo lo cual, sin duda, ha acrecentado el sufrimiento de las actoras, ya que no se trata de un fallecimiento común, sino de algo macabro que tiene que haberlas marcado para lo futuro; y que de acuerdo con la reforma introducida por la ley 17711 al art. 1078 del C. Civil, los jueces cuentan con amplias facultades para establecer la cuantía de la indemnización por el daño moral, la cual debe fijarse dentro del mayor grado de equidad posible, a fin de que no se convierta en un ejercicio abusivo del derecho o en una fuente indebida de enriquecimiento (art. 1071, C.C.), resulta justo fijar el importe de la indemnización en la suma de A 75.000.000 a favor de la cónyuge, A 45.000.000 a favor de la hija, a la fecha del fallo apelado (11/9/91).
Divorcio, injurias graves, adulterio, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: S. E. c/ S. de S. E. s/ Divorcio.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-28

Tanto en el régimen del Código Civil, tal como fue concebido por Vélez Sarsfield, como en el de la ley 2393 y en la ley 23.515 que derogara ésta última, existe una ausencia de norma concreta que regule el daño moral en lo que hace al divorcio, a diferencia de lo que ocurre con la nulidad de matrimonio.

Frente al cúmulo de opiniones doctrinarias desencontradas, es aplicable el criterio mayoritario que propicia la admisión del daño moral, en tanto los hechos por los cuales se decretó el divorcio constituyan verdaderos hechos ilícitos, por violar los deberes que la ley impone a los cónyuges siendo de aplicación los arts. 1109, 1077 y 1078 del Código Civil. El silencio que la ley guarda respecto del derecho del esposo que no dio motivo a la declaración del divorcio, no le impide a éste reclamar del culpable, por su conducta antijurídica, el resarcimiento de los daños y perjuicios ya sea materiales y/o morales que le haya provocado, pues le son aplicables las citadas normas generales, referidas al resarcimiento por hechos ilícitos, ya que para negar tal derecho al inocente, sería necesario un texto expreso en contrario.

Si a través de los hechos quedó demostrado que el marido menoscabó gravemente los derechos que el estado matrimonial atribuía a su cónyuge, en especial, el de fidelidad conyugal, pues mantuvo relaciones extramatrimoniales con una mujer poco mayor que sus hijas, con la que fue visto en actitudes indecorosas impropias de un hombre casado, que convive con ella y que de dicha unión ha nacido un hijo corresponde acceder al daño moral.
Incapacidad absoluta, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Bordegaray, Omar Domingo c/ Luis Lillo y Cía. S.A. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

La incapacidad laborativa prevista en el art. 212, párrafo cuatro de la Ley de Contrato de Trabajo es aquélla que impide al trabajador realizar las labores que anteriormente cumplía u otras adecuadas a su disminución laborativa, que no permita la prosecución del contrato de trabajo, lo cual no requiere que la minusvalía llegue al cien por ciento, aunque debe ser indubitable la demostración en juicio de su carácter de absoluta, en el sentido que el dependiente no puede continuar las tareas que venía desempeñando ni otras compatibles a su capacidad residual.
Despido indirecto, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Arce, Blanca Aurora c/ Durand, Myriam y otros o quienes resulten responsable s/ Reclamo Laboral resulten responsable s/ Reclamo Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-07-24

No puede considerarse válida la intimación que no cumple con los requisitos previstos en el art. 11 de la ley de empleo, pues si bien no son exigibles "ad solemnitaten" al configurar el trámite inicial un procedimiento que puede derivar en el pago por el empleador de una indemnización adicional a la que prevé la ley de contrato de trabajo, sus prescripciones deben ser debidamente cumplidas". Para que proceda la indemnización establecida en el art. 8 de la ley 24013, se requiere la intimación fehaciente al empleador, para que dentro de determinado plazo (30 días) cumpla con la obligación de registrar el empleo no regularizado. Al efecto el art. 11 del citado cuerpo legal establece que: "Las indemnizaciones previstas en los arts. 8, 9 y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo represente intime al empleador en forma fehaciente, a fin de que proceda la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones. Con la intimación el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa.
Pago, imputación de pago, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gómez,Arnoldo Osvaldo c/ Consignataria Spiazzi SRL s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-11-06

Quien invocó el cumplimiento debido de la obligación por pago total, no puede, en consecuencia, volver sobre sus pasos y alegar compensación. Hay clara violación de la doctrina de los propios actos, que no puede tener amparo judicial.
Juicio ejecutivo, excepción de compensación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Platense S.A. c/ Country S.A. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-01

El ordenamiento ritual establece expresamente que la excepción de compensación en el juicio ejecutivo debe apoyarse en un crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución (art. 542 inc.7 Cód. Procesal). El apelante en manera alguna se encarga de demostrar que los recibos acompañados revistan el carácter de títulos ejecutivos; en consecuencia, ello excluye la procedencia de la excepción de compensación.
Concesión de servicio público, distribución de energía eléctrica, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Angel  Estrada y Cía. S.A. c/ resol. 71/96 - Sec. Ener. y Puertos (Expte. N° 750- 002119/96). s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

Para delimitar el alcance de las facultades a que se refiere el art. 72 de la ley 24.065 es preciso computar la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y, especialmente, con los principios y garantías de la Constitución Nacional.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión, libertad de prensa, daños y perjuicios, delitos cometidos por medio de la prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rudaz Bissón, Juan Carlos c/ Editorial Chaco S.A. s/ indemnización de daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

El derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles.
Ley de emergencia, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, aplicación de la ley, esfuerzo compartido, pesificación
Materia: ECONOMIA
Carátula: S., H. O. c/ BOCCHI HOLDING B.V. y Otro s/ ORDINARIO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-31

Asiste cierta razón a la parte recurrente en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley vigente de orden público, ya que efectivamente procede la Ley 25820, con todos sus alcances, entre ellos los siguientes: Emergencia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria hasta el 31-12-04. Emergencia que, además fue prorrogada por la Ley 25972 hasta el 31-12-05.

Inclusión de todas las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 06-01-02 expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera. Sistema de conversión uno a uno, más coeficiente de referencia o variación establecidos o que se establezcan. Facultad de cualquiera de las partes de solicitar el reajuste equitativo del precio.

Instrucción a los jueces para mantener la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes, con invocación doctrinaria del art. 1198 del Código Civil y el principio del "esfuerzo compartido". El Superior Tribunal de Justicia ha tenido oportunidad de expresarse en tal sentido en "GARCIA GOMEZ ALONSO", Se. N* 80/04, posteriormente en "SANTINI", Se. N* 91/04, "KLEPPE", Se. N* 93/04, "MULLALY", Se. * 30/05, entre otras.