Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-22


SENT Nro. 1025 San Miguel de Tucumán, 22 DE DICIEMBRE de 2003.- Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el artículo 14 de la ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación deducido por la demandada en autos: "Banco Roberts S.A. vs. Jorge Luis Rougés s/Cobro ejecutivo cta. cte. 11.850/97"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de esta Excma. Corte Suprema de Justicia del 12/9/2003 que no hace lugar al recurso de queja por casación denegada interpuesto por aquélla contra la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones del 01/7/2003.

II.- El recurrente, esencialmente, basa su apelación a la instancia extraordinaria federal en la violación de la defensa en juicio y del texto del art. 537 procesal, por la falta de apertura a prueba, afectándose la estructura esencial del proceso (art. 167 3° párr.) produciendo la nulidad absoluta.

Sostiene que el Poder Judicial no tiene facultad discrecional para decidir si puede o no abrir a prueba la causa y toda creación pretoriana altera el esquema de división de poderes que tiene la República los que se sienten menoscabados (arts. 1 y 5 CN). Que el órgano jurisdiccional no puede opinar de antemano que no resulta eficiente para resolver la causa el expediente de prueba anticipada, produciendo grave menoscabo a la defensa y al debido proceso. Que se ha citado la ley nro. 24.240 de Defensa del Consumidor consagrado por el art. 42 de la Constitución y cuyo artículo 65 establece que sus disposiciones son de orden público. Por ello, entiende que la declaración de inexistencia de gravedad institucional carece de eficacia por lo que impugna el fallo en el punto.

Expone nuevamente las circunstancias del caso y los agravios que emergen de la solución dada a la cuestión (que el Banco no tiene libros ni asientos contables, que la CSJN dijo que no es contraria a la prohibición del inc. 4 del art. 544 CPCCN discutir la legitimidad de la causa si tal exigencia formal no se compadece con el trámite inusual del proceso y la actora consintió la apertura a prueba de las excepciones opuestas por el demandado; alude al sistema protector de derecho público que asigna importancia prioritaria al consumidor financiero; etc.). Señala los principios generales del derecho de la buena fe lealtad, enriquecimiento sin causa y abuso de derecho que deben obligatoriamente tener en cuenta los Sres. Magistrados. Menciona que los artículos 34/36 de la LDC, así como los arts. 43 y sgtes. del C. de Comercio fortalecen la protección del consumidor financiero, sistema legal que se completa con las normas emitidas por el BCRA de orden público obligatorias para el Banco y para el consumidor. Que en el juicio se comprobó que ni el BCRA ni el Banco cumplieron con estas obligaciones de orden público dispuestas por el Congreso de la Nación. Expresa que lo que está en juego es la existencia del contrato invocado y si un contrato nulo que no tiene respaldo contable obligatorio puede emitir título válido; que no se refiere a la causa de la obligación sino a que no tiene título hábil para ejecutar porque no debía existir cuenta corriente en esa fecha ya que el contrato había dejado de existir o estaba resuelto. Que nadie puede autogenerar un crédito sin control.

Que afecta la estructura esencial del proceso que el juicio de prueba anticipada que fue ofrecido en cuatro juicios -que menciona-, fuera aceptada en dos de ellos denegándola en otros dos, lo que trae consigo la nulidad; que no existe prohibición procesal ni tampoco una orden terminante de impedir este tipo de prueba de verdadera conexión e importancia en la cuestión a decidir. Que en los juicios en que se la ordenó producir, su contenido fue dejado de lado por el órgano jurisdiccional, no mereciendo la más mínima consideración por lo que se lo deja en indefensión al no conocer los motivos para presentar los agravios pertinentes lo que puede llegar a implicar la privación de justicia, que adquiere jerarquía constitucional.

Sostiene que el Banco ha preferido entrar en la comisión de figuras dolosas (negativa reiterada a obedecer las órdenes judiciales) que proporcionar la información veraz que exigen los arts. 42 CN y 4 LDC.

Efectúa numerosas consideraciones respecto a las circunstancias de la causa, ya alegadas con anterioridad; cita jurisprudencia en su apoyo y concluye que se ha visto privado de una prueba lícita, permitida por el procedimiento y por la alteración al sistema legal constitucional.

Ofrece el relato de la causa y sostiene que el fallo objeto del recurso efectúa un somero estudio de los antecedentes pero no hace mención a que en la prueba anticipada no se pudo completar el material probatorio por los delitos cometidos por el Banco; que no tomaron conocimiento que existen varias violaciones a la Ley de Habeas Data; que como no le dieron importancia a las repetidas contestaciones del Banco de que no podían responder al pedido de informes no se pudo verificar que existiendo tal situación mal podría emitir título ejecutivo válido sobre saldo deudor en el año 1997 si no están los libros. Afirma que no comparte el criterio del fallo en el sentido de que no advierte gravedad institucional pues lo resuelto no configura indefensión para el recurrente que podrá entablar posteriormente la acción ordinaria, lo que olvida que el sistema de protección está consagrado en el art. 42 de la CN, así como que discrepa también con que no se advierta una irrazonable aplicación de las normas procesales que subvierta sustancialmente la estructura procesal, no estando comprometida la defensa en juicio ni se produce gravamen irreparable, pues privar a un ciudadano de la producción de una prueba ofrecida -dice- es la más seria violación a la defensa; que si se violenta una ley de orden público la cuestión tien e trascendencia institucional, que también la tiene el hecho de que quedará sin explicar cómo por la literalidad y autonomía del título puede prevalecer la posición de un Banco que confesó que no tiene los libros. Hace reserva penal y civil de lo previsto en los arts. 506 y 521 -inejecución dolosa de la obligación-. Detalla los derechos fundamentales que cree violentados y solicita se conceda el recurso tentado.

Corrido el traslado de ley, la actora contesta los agravios según los términos vertidos en su memorial que corre glosado a fs. 51/53.

III.- En orden al juicio de admisibilidad que compete efectuar a este Tribunal en ejercicio de la competencia otorgada por el art. 257 CPN, cabe efectuar algunas consideraciones generales a fin de analizar, en la especie, si procede admitir el recurso interpuesto.

Liminarmente cabe expresar que entre los requisitos exigidos para interposición del recurso extraordinario, se encuentra el carácter definitivo que debe revestir el pronunciamiento impugnado. Esta vía excepcional se habilita para revisar sentencias definitivas propiamente dichas y resoluciones equiparadas a las sentencias definitivas a los fines de dicho recurso (v. gr: sentencias interlocutorias que impiden la continuación del proceso; sentencias no definitivas en sentido preciso y sentencias interlocutorias que causen agravio de imposible o insuficiente reparación posterior o contengan gravedad institucional), emanada de quien oficie como tribunal final, en su sede, de tales pronunciamientos. (cfr. Sagüés Néstor P. "Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario", t.1 Astrea, 1.989, pág. 327).

El fallo aquí impugnado, si bien emana del Superior Tribunal de la causa, no es el pronunciamiento definitivo que puso fin al proceso. En efecto, la sentencia que por esta vía se recurre no se considera definitiva atento a que de igual modo se estimó al fallo impugnado en casación, circunstancia en que esta Corte Suprema se expidió pronunciándose por la falta de equiparación a definitiva de aquél, puesto que con tal decisorio no se concluye el pleito; ni se hace imposible su continuación; ni se infiere al recurrente un gravamen de imposible o insuficiente reparación en el mismo proceso o en otro posterior; ni existe gravedad institucional.

Los artículos 813 y 814 procesales y el art. 14 de la ley 48 expresamente indican como requisito de admisibilidad de los recursos de casación y extraordinario que la sentencia impugnada sea definitiva. Está claro que la que nos convoca a su estudio, no lo es por lo que el Tribunal observa, en este punto, la norma. De otra parte, la Corte, decidiendo en el sentido en que se hizo, está siguiendo también los precedentes jurisprudenciales de la CSJN y los suyos propios, que se han pronunciando en el sentido de que, en caso de no revestir carácter definitivo la sentencia recurrida, sólo es posible la apertura de la vía extraordinaria en los casos en que el pronunciamiento pueda equipararse a tal, sea porque ponen fin al pleito o hacen imposible su continuación, sea porque cause un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, prive al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (Fallos: 303:633 con cita de Fallos: 245:204; 266:47; 300:852). En la especie, el fallo en crisis no ha puesto fin al litigio ni hace imposible su continuación. Ello es así, toda vez que la resolución impugnada de segunda instancia ha confirmado la decisión del Juzgado de la innecesariedad de la apertura a prueba de la causa por ser los medios ofrecidos inconducentes para la resolución de la misma declarando la cuestión de puro derecho y ordenando pasen los autos a resolver, de modo tal que el mismo tiene la posibilidad de proseguir, en todas sus instancias, hasta su conclusión normal: esto es, el dictado de sentencia de grado sobre la cuestión del debate de fondo. En este sentido, este Tribunal Superior, refiriéndose al requisito de sentencia definitiva, tiene dicho que en el concepto autónomo del recurso extraordina rio federal, una sentencia es definitiva cuando es conclusiva, es decir que excluye la posibilidad de un proceso o una etapa procesal posterior, lo que significa que, poniendo fin al proceso prive definitivamente al interesado de otros medios legales a obtener la tutela de sus derechos; y descarta, por ende, la hipótesis de un estudio posterior, ya sea por etapa procesal en el mismo juicio, o por un juicio posterior (sent. nro. 981, del 05/12/1997; sent. nro.495, del 30/6/1998). En el caso presente media la posibilidad de que la solución definitiva de la causa haga innecesaria la intervención de la Corte de la Nación.

Por otra parte, se manifestó ya, y se reafirma en el presente, que en el sub lite no se observa gravedad institucional que pueda equiparar el pronunciamiento impugnado a sentencia definitiva. Aludimos a que no se ven violadas ni afectadas en forma directa garantías constitucionales, ni se observa que el caso trascienda el mero interés de las partes; no afecta los intereses de la comunidad ni la buena marcha de las instituciones. A este respecto, el recurrente se limita a reiterar los argumentos vertidos con anterioridad, sin aportar los nuevos de forma tal que muevan a este Tribunal a considerar esta cuestión de modo diverso al que se hizo.

Por lo expuesto, el recurso extraordinario deducido contra el fallo que no hace lugar a la queja por denegación de la casación impetrada por no atacar una sentencia definitiva ni equiparable a tal deviene inadmisible ante al ausencia de la definitividad del decisorio impugnado, requisito éste autónomo que no se satisface ni se suple con la mera existencia de cuestión federal, ni por alegación de arbitrariedad (Fallos: 252:141; 267:484; 269:148; 298: 95; 308:1202; y CSJTuc., sent. nro. 227 del 10/4/96; sent.nro. 625, del 24/10/99; sent. nro. 677, del 8/9/99; sent. nro. 723, del 21/9/99) puesto que el rechazo de la instancia extraordinaria deriva no de la materia en juego, sino -esencialmente- por lo prematuro del recurso extraordinario (CSJTuc., sent.nro. 510 "Montero Edgar Julio vs. Robert Bosch Argentina S.A. s/Accidente de trabajo", sent. nro.495, del 30/6/98).

IV.- A lo expuesto cabe añadir que el recurso extraordinario de la ley 48 es un remedio procesal a través del cual la Corte Suprema en función revisora de las sentencias pronunciadas por los jueces y tribunales inferiores (nacionales y provinciales), asegura la primacía de la Constitución Nacional sobre normas o actos emanados de autoridades nacionales o locales. Intimamente vinculada con tal finalidad se encuentra la de preservar la supremacía de los poderes del gobierno de la Nación sobre los de las provincias en tanto los primeros sean ejercidos dentro de los límites impuestos por el texto constitucional (cf.: Palacio, Lino, "El recurso extraordinario federal. Teoría y Técnica", Abeledo-Perrot, 1992, pág. 15).

Entre los requisitos objetivos del recurso extraordinario federal se encuentra el hecho de que la resolución impugnada sea contraria al derecho federal. En razón de que la finalidad esencial de este remedio extraordinario reside en asegurar la supremacía de la Constitución Nacional, de los tratados y de las leyes nacionales, configura un requisito de admisibilidad que la resolución impugnada contraríe el derecho fundado en alguna de las normas integrantes de los referidos ordenamientos. Debe mediar, como consecuencia, una resolución contraria al derecho federal invocado en el proceso por cualquiera de las partes.

En el caso, no existe agravio federal, toda vez que las cuestiones debatidas y resueltas en el juicio son de derecho procesal, en cuyo caso, no resulta admisible el recurso extraordinario (CSJNac., 301-380) salvo hipótesis excepcionales que no se contemplan en el caso sub-examine.

El cumplimiento del requisito de definitividad del fallo impugnado, en orden a la habilitación de la instancia casatoria es cuestión de índole procesal; la resolución impugnada encuentra fundamentos en preceptos de naturaleza eminentemente procesal y local por lo que falta en el caso el requisito de la "relación directa e inmediata" que concurre cuando la solución que deba acordarse a la causa dependa, necesariamente, de la interpretación que se asigne a las cláusulas constitucionales o normas o actos federales cuestionados en aquélla (Fallos: 125:292; 127:314; etc.). Es decir que la decisión del juicio debe depender necesariamente de la dilucidación de la cuestión federal (Fallos: 187:624; 190:368; etc.). De ello se sigue que no basta la mera invocación formulada por el recurrente de la violación de normas constitucionales, para que se cumpla el requisito de la existencia de la cuestión federal (CSJTuc., in re: "Peñaloza Julio Orlando y otro vs. Adriana E.F. de Zerdán de Michel y otros s/Daños y perjuicios", del 22/9/95; "Villagrán, R.T. s/Conc. prev., Inc. p/por Alpargatas S.A. s/verificación tardía", del 30/3/95; "Banco Roberts S.A. vs. Zelarayán, Julio Jesús A. y otro s/Embargo preventivo y cobro ejecutivo de australes", sent. nro. 462 del 12/6/97, entre otros).

V.- En definitiva, el escrito recursivo no logra desvirtuar el aserto en relación a la falta de definitividad de la sentencia en crisis ni demuestra suficientemente el directo apartamiento normativo sentencial en relación a las normas constitucionales citadas.

Por los fundamentos expuestos y conforme lo dictaminado por el Ministerio Fiscal (fs. 55) corresponde denegar, con costas al recurrente, el recurso extraordinario interpuesto.

Por ello, se R E S U E L V E :

I.- DENEGAR el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de esta Excma. Corte Suprema de Justicia del 12/9/2003, con costas (art. 106 y 108 CPCCT).

II- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA