marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, competencia por conexidad
Materia: PENAL
Carátula: Astorga, Dante Rene y Sosa, Mario Norberto s/ Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-02-25

Las normas sobre conexidad son de orden público y su observancia resulta insoslayable en base a consideraciones de mejor y más pronta administración de justicia, que han sido expresamente indicadas por la ley como pauta subsidiaria para los supuestos en que, ante un caso de conexión, no puedan aplicarse las reglas que la ley establece para determinar el tribunal competente, artículo 38, inciso 4º del Código Procesal Penal. Cuando se imputan varios delitos de acción pública a una misma persona en diversas causas, la conexidad se establece entre ellas en razón de lo dispuesto en el artículo 37, inciso 3º del Código Procesal Penal. Se sigue como efecto de ello la necesidad de que intervenga en todas las actuaciones un único tribunal y la ley no reconoce excepciones que autoricen a formular distingos basados en la edad del imputado al cometer los diferentes delitos que se le atribuyen. La circunstancia de que en ciertos supuestos de conexidad el artículo 39 del Código Procesal Penal autorice el desarrollo separado de los expedientes, no obsta a que las actuaciones deban tramitar ante un único tribunal.
Recurso de apelación (procesal), acción de amparo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Tambini, Micaela c/ GALENO S.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-30

El art. 15 de la ley 16.986 establece que el recurso de apelación debe ser interpuesto y fundado dentro de las cuarenta y ocho horas de notificada la resolución impugnada estableciendo así un plazo en horas, que se debe computar desde el momento mismo en el cual se practica la notificación, operando su vencimiento al terminar la última de las horas señaladas .
Prescripción de la acción penal, delito de acción privada, delito de acción pública, secuela de juicio, citación a juicio, falta de acción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PERRINO, Elizabeth Liliana. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-05

En el caso de delitos de acción privada, poseen entidad de secuela de juicio, la presentación de la querella, la audiencia de conciliación prevista en el art. 424 del C.P.P.N., así como el auto de citación a juicio que dispone el art. 428 del C.P.P.N., acto procesal que corresponde al momento que para los delitos de acción pública establece el art. 354 del C.P.P.N. (*).

Por tanto, debe confirmarse el auto que no hizo lugar a la excepción de falta de acción por prescripción de la acción.
Daños y perjuicios, responsabilidad de la Municipalidad, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, indemnización, daños al automotor, caída de árbol
Materia: CIVIL
Carátula: MORONO SILVIA G. c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-10

En función de la obligación de guarda, la Municipalidad responde por los daños que motivan la caída de los árboles plantados en la vía pública sobre los automóviles estacionados, lo cual no puede ser excusado sino probando que el hecho se produjo por fuerza mayor.

Siendo un servicio público a su cargo, el cuidado, mantenimiento y conservación de los árboles que circundan las calles y paseos de la ciudad, como guardián jurídico de ellos debe, si no media caso fortuito, responder por el daño ocasionado en caso de caer total o parcialmente sobre un automóvil estacionado junto a la acera, sin que sea menester indagar si el árbol estaba o no atacado de un vicio intrínseco capaz de determinar su desplome.
Contratos, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lemos, María Angélica y otro c/ Molina, Oscar s/ Daños y perjuicios Montania, Rosalina c/ Raymundo, Raúl Alberto s/ Modif. de contrato (art. 954 Código Civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-22|1995-02-28

En materia contractual -donde se aplica el art. 522 del Cód. Civil- el resarcimiento del daño moral debe ser interpretado con criterio restrictivo, para no atender a reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia jurídica, quedando a cargo de quien lo invoca la acreditación precisa del perjuicio que alega haber sufrido. Requiere la clara demostración de la existencia anímica, que no puede ni debe confundirse con las inquietudes propias de los pleitos o de los negocios.
Juicio de desalojo, prueba de la posesión, adquisición del dominio, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Moran, Pabla Clotilde c/ Folle, Hugo Alberto s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-08-01

Es procedente la demanda de desalojo, pues el demandado no acreditó tener la posesión del inmueble, sino que incurrió en contradicción con relación al tiempo de ocupación del inmueble, no existe prueba de una operación de compraventa por su parte, ni siquiera mínimamente fue probado el uso y/o el pago de los servicios, como así tampoco el pago de un solo impuesto o tasa que grave el bien, siendo que ello constituye una prueba privilegiada a la hora de juzgar la adquisición del dominio por usucapión.
Juicio ejecutivo, excepción de quita
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Costa, Beatriz E. c/ Ferreyra de Núñez, Livia y otros s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-26

La quita, para habilitar la excepción homónima, debe ser documentada (art. 542, inc. 8¦, Cód. Proc.), lo que implica que debe constar en instrumento emanado del acreedor donde haya una expresión de voluntad manifiesta y específica en tal sentido. La quita importa la renuncia parcial a un crédito y como tal no se presume, siendo de interpretación restrictiva los actos que induzcan a probarla (art. 874 Cód. Civ.). Cabe agregar que si bien no está sujeta a forma alguna, debe ir revestida de ella cuando la ley lo exige (art. 873 Cód. cit), lo que ocurre cuando intenta hacérsela valer en un juicio ejecutivo en que necesita de la forma escrita para ser admisible (art. 542, inc. 8, Cód. Proc.).
Indemnización por incapacidad, secuelas
Materia: CIVIL
Carátula: Leiva, Nancy Beatriz c/ Microomnibus Ciudad de Buenos Aires S.A.T.C.I. y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-28

En la indemnización por incapacidad psicofísica resulta esencial la existencia de una secuela irreversible, esto es la merma física y psíquica que impide a una persona desenvolverse con la plena capacidad que tenía con anterioridad al evento dañoso, ya que el fin de dicho rubro es indemnizar el detrimento patrimonial que la víctima experimentará durante el resto de su vida a causa de las secuelas remanentes, tanto sea en el ámbito laboral como en su vida de relación.
Retroactividad del acto administrativo, régimen de reconocimiento al mérito artístico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Macchi Falú, Gerardo Indalecio c/ Provincia de Salta s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2015-02-10

Corresponde conceder el beneficio al mérito artístico en forma retroactiva, desde la fecha de la imputación preventiva del gasto, y no desde la fecha del acto administrativo que lo otorgó, en tanto se advierte que la situación jurídica administrativa obtuvo dictamen favorable en el año 2000, pero recién se vio cristalizada en un instrumento legal dictado siete años después, comprobación que demuestra en el caso la concreta afectación del derecho de propiedad del actor, máxime cuando no surge menoscabo alguno a terceros ni al interés público.
Prueba, presupuesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TECNOCOCINA S.A. c/ EXPRESO SAN JORGE S.R.L. s/ Ordinario (LIBRO: S125 - 187)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-10-21

El solicitar un presupuesto no significa el reconocimiento de responsabilidad por el deterioro de un artefacto. El pedir un presupuesto no implica asumir un compromiso definitivo ni obligarse por tal acto. En conclusión dicho instrumento no evidencia el hacerse responsable por el daño sufrido en los artefactos.-
Medida cautelar innovativa, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Inversiones y Análisis SA c/ TGLT SA s/ medidas precautorias s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Si del relato de los hechos de la demanda resulta que la pretensión de la actora consiste en obtener autorización para consignar el precio de un inmueble en construcción, pactado en cuotas en el boleto de compraventa suscripto con la demandada, cuya obra fue parcialmente suspendida en virtud de la medida cautelar ordenada en un proceso de amparo iniciado por un tercero que tramita ante un Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, el juicio de amparo es un antecedente de este proceso, pero ello no implica que exista conexidad instrumental entre ambas causas, toda vez que difieren las cuestiones debatidas en una y otra: mientras el caso que tramita en el juzgado local trata sobre la validez del permiso para la construcción de una obra sobre la base de las disposiciones del Código de Planeamiento Urbano, esta acción, iniciada por la compradora contra la vendedora, persigue una solución para el depósito futuro de las cuotas pactadas en el boleto de compraventa ante la posibilidad de que la obra no se realice; en otras palabras, se trata de cuestiones derivadas del contrato que vincula a las partes. Lo que en definitiva se resuelva en el amparo tendrá consecuencias sobre el objeto de la compraventa, pero las cuestiones a dilucidar en uno y otro juicio no están vinculadas entre sí, por lo que no existen riesgos de pronunciamientos contradictorios. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Juicio político, trámites judiciales, Poder Judicial, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., A. Y OTROS c/ B., J. A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - INVESTIGACION (CSJ EXPTE NRO  73-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-06

El trámite del juicio político parte de la consagración del principio republicano de Gobierno (artículo 1ro Constitución Provincial) por el cual todos los funcionarios -por ende, los jueces- deben responder por los actos realizados en el desempeño de las funciones que le conciernen.
Prueba, facultades del juez, medidas para mejor proveer
Materia: PROCESAL
Carátula: Agropecuario Las Estacas S.A. y otro c/ Carabus, Jorge s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-06-07

Es unánime la nueva tendencia doctrinaria y jurisprudencial que establece que ya no es posible sostener que el juez no puede suplir el error, la omisión ni la inactividad de las partes. La facultad de los jueces y tribunales para ordenar las diligencias necesarias para la solución de la litis.

Por lo tanto, el recurso entablado contra la producción de una medida de prueba de carácter oficioso -basado en la supuesta sustitución de la contraria- es improcedente no sólo desde el punto de vista formal, sino también en consideración a su fondo.
Modalidades no promovidas, contrato de trabajo eventual
Materia: LABORAL
Carátula: M. M. M. c/ H. S.A. s/ Cobro de Pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-04

Conforme el art. 99 de la Ley de Contrato de Trabajo incumbe al empleador, y no al trabajador, demostrar que el contrato de trabajo inviste la modalidad de eventual.
Prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: Chazarreta, Osvaldo Abel c/ Comercial Santiago S.R.L. y/o resp. s/ Diferencia de sueldos, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-02-25

En el procedimiento laboral, aún mediando la dinámica actuación del Tribunal, la carga de la prueba sigue siendo más que un poder de probar, un riesgo de no hacerlo.
Daños y perjuicios, actos de servicio, accidente en acto de servicio
Materia: CIVIL
Carátula: FELICE, ANDRES c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-02

Demandados daños y perjuicios por quien mientras se encontraba cumpliendo el servicio militar obligatorio en una dependencia del Ejército sufriera lesiones por el accionar de otro conscripto, a la fecha del hecho menor de edad, quien debido a un manipuleo de una pistola produjo un disparo, corresponde admitir la pretensión resarcitoria con relación a este último, pero debe rechazarse con relación a su padre por aplicación del art. 1113 del C.Civil.

Habiéndose producido un desplazamiento legítimo de la guarda del hijo hacia la autoridad militar, bajo cuya vigilancia y autoridad se encontraba aquél, en razón de estar cumpliendo el servicio militar obligatorio, existe desplazamiento de la responsabilidad paterna, aún cuando este cumpliera funciones en el mismo lugar, si, fuera de la subordinación genérica debida en razón de las distintas jerarquías, éste no ejercía la vigilancia directa o inmediata, por no ser Jefe del hijo e existir autoridad superior. Debe igualmente rechazarse la demanda intentada contra el Ejército, si se le acordó un beneficio de por vida por considerarse que el accidente guarda relación con los actos de servicio, ya que si la ley militar así lo admite específicamente, la posterior reparación civil importaría acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria del daño producido.
Medidas cautelares, sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, directorio, voto acumulativo, elección de directores, impugnación de decisión asamblearia
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI,  SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

Resulta improcedente solicitar a titulo cautelar la suspensión de ciertas decisiones adoptadas en una asamblea de accionistas con base en que la reducción del número de integrantes del directorio a dos, impide la utilización del sistema de elección mediante el sistema de voto acumulativo. Ello pues, la decidida disminución en la impugnada reunión social no importa violación de la ley 19550 art. 263 en tanto impida a cierta minoría utilizar el mecanismo del voto acumulativo para la elección de los integrantes del órgano de administración de la sociedad. Si bien, para aplicar el sistema de elección establecido por dicha norma el número de candidatos a elegir no puede ser inferior a tres sin embargo, se advierte que el directorio pueda conformarse con "uno o mas directores" (LS art. 255). Por donde -en principio- la posibilidad de elección mediante el voto acumulativo no impone la necesidad de que el mentado órgano deba integrarse como mínimo por tres personas. (En el caso, no se acreditó que el estatuto hubiese establecido que el órgano administrador necesariamente deba integrarse al menos por tres personas).
Autonomía provincial, Poder Judicial Provincial, competencia provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: García, Ricardo Mario y otra c/ Buenos Aires Pcia. de s/ Indemnización de daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

El respeto de las autonomías provinciales exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que en lo sustancial versen sobre aspectos propios del derecho provincial o nacen de relaciones jurídicas que en esencia se encuentran regidas por tal derecho.
Cesión de créditos, entidades deportivas, integración de la litis, litisconsorcio necesario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CLUB ATLETICO NEWELLS OLD BOYS (CANOB) c/ ANDREUCHI, ANTONIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-21

Con relación a la supuesta cesión al demandado del crédito emergente de un contrato celebrado por la entidad actora con otra firma, la Alzada entendió que la discusión no se ubicaba en torno a la causa de la obligación sino que en verdad la pretensión se encaminaba a cuestionar la validez o sinceridad del acto de transmisión, con fundamento en el alegado exceso en las facultades de representación de las anteriores autoridades del Club, conocido por el cesionario; y en función de ello, y haciéndose eco de abundante doctrina y jurisprudencia, indicó que la falta de integración de la litis con los mandatarios de la entidad actora que habían otorgado el contrato cuestionado en representación de aquélla impedía el dictado de un pronunciamiento sobre el mérito de la pretensión, toda vez que al verificarse un supuesto de litisconsorcio necesario, la eficacia de la sentencia se hallaba subordinada a la circunstancia de que se demandara a todos los que habían participado en la celebración del acto; trasuntando la postulación del recurrente en una mera disconformidad con la solución propuesta por el Tribunal a quo sin sustancia constitucional. (De la disidencia de los Dres. Netri, Erbetta y Gastaldi)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, juicio, partes, principio de contradicción, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Wasserman, Julio y otros c/ Funes, Leticia s/ Cuestión a resolver: ¨En las demandas anticipadas de desalojo,  Corresponde imponer la totalidad de las costas al demandado que no  Contesta la demnada? (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 154-78)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1979-06-07

En nuestro derecho positivo se dan algunas hipótesis en que no sólo existen dos partes cuyos intereses se hallan en pugna, siendo manifiesta una verdadera colisión de intereses, a pesar de no mediar discusión entre las mismas. Estas hipótesis pueden ser referidas al "proceso en rebeldía", como asimismo al "proceso contra la persona incierta". La falta de controversia o contienda no desnaturaliza la función jurisdiccional, bastando la existencia de una contraposición de intereses (contraposición e incompatibilidad de intereses) para que tenga lugar la actuación de la ley en favor de una parte y frente o contra la otra. La falta de participación activa de una de las partes ("contumaz" y "persona incierta") no puede impedir por esa omisión, la actividad jurisdiccional frente o contra ella y por lo tanto el "vencimiento". (Del Voto del Dr. Elena). En el caso, la cuestión a resolver es: Si en demandas anticipadas de desalojo, corresponde imponer la totalidad de las costas al demandado que no contesta la demanda.
Gobierno provincial, facultades no delegadas, aplicación de la ley, facultades jurisdiccionales, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Crisman de Pérez, Teresa y otros c/ Benvenuto  S.A.C. e I. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

El ejercicio por las provincias de la facultad de organizar su administración de justicia es inconstitucional, si impide a los magistrados locales aplicar íntegramente la totalidad del orden jurídico del Estado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, proceso penal, prueba, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., F. M. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-03

Las genéricas alegaciones expuestas por el interesado en el memorial recursivo no traspasan el umbral de la mera discrepancia con la interpretación del derecho común y las normas procesales en juego realizada por el Magistrado al resolver sobre el rechazo de ciertas pruebas ofrecidas por su parte, cuestión ajena -en principio- al recurso de inconstitucionalidad. En efecto, se advierte del análisis del resolutorio atacado que la Alzada -al tratar los agravios defensivos en la instancia recursiva ordinaria- brindó argumentos suficientes para determinar que no correspondía admitir el ofrecimiento probatorio derivado de una actividad por considerar que había afectado el adecuado ejercicio del derecho de defensa. (Del voto del Dr. Falistocco)
Inimputabilidad, estado de inconsciencia, ebriedad, dosimetría alcohólica, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: VELIZ, Alberto s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-10

Los índices o cifras de alcoholemia aún siendo incuestionablemente valiosos no permiten por sí solos formar un juicio definitivo sobre la imputabilidad. Constituyen simples elementos de información junto a otras pruebas de la intensidad del trastorno: entre ellas la prueba testimonial que es sumamente importante, las declaraciones del procesado, la sintomatología objetiva exhibida en el momento del hecho y el tiempo de extracción del material, la constelación afectiva inmediatamente anterior, los informes sobre la personalidad biopsicológica, etc. Así planteado el problema se comprende hasta qué punto depende la solución de los elementos de prueba de que se dispone en el proceso. No existe ninguna regla válida de antemano.

El grado o intensidad de la perturbación resultará del examen crítico de los más diversos elementos procesales.-
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, contrato de trabajo, indemnización por despido, remuneración, pago de la remuneración, salarios adeudados, mora del empleador
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Campi, Miguel Angel y otro c/ Gómez Ferrán Interamericana  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó las demandas por cobro de salarios adeudados e indemnizaciones por despido, apoyándose en una afirmación meramente dogmática al juzgar que los recurrentes "obraron con apresuramiento al poner fin a la relación laboral y fundar en esa decisión la pretensión de ser indemnizados", desde que ello se contradice con la actitud de morosa reconocida a la empleadora en su deber de satisfacer puntualmente la contraprestación a su cargo y frente al nuevo incumplimiento en que se incurrió después del ofrecimiento referente a que tenían a su disposición los salarios.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, proceso penal, imputado, audiencia de conocimiento personal, defensa en juicio, derecho a ser oído
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: MENDOZA, JUAN EDUARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-27

El planteo impugnativo por la omisión de la realización de la audiencia de conocimiento personal en la Cámara -quien actuó como tribunal de alzada frente a la apelación deducida por la defensa contra la condena emanada en primera instancia-, en el modo en que ha sido expuesto, no resulta idóneo para operar la apertura de esta instancia de excepción, toda vez que habiendo realizado la audiencia de visu el juez que dictó la sentencia condenatoria en primera instancia, la finalidad del instituto en cuestión, esto es, garantizar un mínimo contacto directo e inmediato entre el imputado y los jueces de la causa, permitiendo que ejerza su derecho a ser oído por la autoridad jurisdiccional antes de que se dicte sentencia, luce satisfecho en momento oportuno. Por lo tanto, no existe cuestión aprehensible en el artículo 1 de la ley 7055 (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhiere el Dr. Spuler).