Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2007-07-25


2º Instancia. - San Miguel de Tucumán, julio 25 de 2007.

RESULTA: Que a fs. 5/15 se apersona el letrado Luis Fernando Ruiz Torres, como apoderado de los Sres. CARLOS ALBERTO IBARRA, JULIO CÉSAR MONTEROS, JUAN CARLOS ORTIZ, VÍCTOR HUGO QUIROGA y MANUEL EMILIO VALLEJO, cuyos domicilios y demás condiciones personales constan en los poderes ad litem glosados a fs. 69/73.

Que entabla demanda en contra de la firma CERÁMICA INDUSTRIAL EL PARQUE S. R. L., domiciliada en calle ... de esta Ciudad, reclamando el pago de las sumas y rubros que se detallan en las planillas discriminatorias que se practican, con más sus intereses, gastos, actualización monetaria y costas; o lo que en más o en menos resultare de autos.

Y funda así su reclamo: Que los actores ingresaron a trabajar para la demandada en las siguientes fechas: C. A. Ibarra, 17/01/1983; J. C. Montero, 16/03/1.993; J. C. Ortiz, 17/01/1983; V. H. Quiroga, 1º/08/1993; y M. E. Vallejo, 16/03/1993. Todos ellos se desempeñaban laboralmente en el domicilio de ... de esta Ciudad, en la empresa de producción de materiales cerámicos y ladrillos de la accionada. Cumplían el horario laboral de Lunes a Viernes, de 8 a 12 y de 16 a 20 hs., y los Sábados de 8 a 12 hs. Sus mejores remuneraciones en el último año de trabajo figuran en las planillas discriminatorias ya citadas. Y que sus tareas consistían en todo lo atinente a la fabricación de materiales cerámicos y ladrillos: acarreo y corte de material, manejo y control de maquinarias y hornos, acondicionamiento y embalaje del producto, etc. Todos, a sus egresos, revistieron la categoría profesional de "Operarios".

Que la relación laboral marchaba en forma normal y armoniosa, hasta que en Octubre de 2.001 se producen los primeros atrasos en los pagos de los haberes, situación que persiste en los meses subsiguientes, lo que es tolerado por los operarios con el fin de preservar sus fuentes de trabajo.

El día 03/12/2.001 la accionada remite CDs a los actores, comunicándoles que procedería a la suspensión de la jornada laboral sin goce de sueldo por el término de 75 días corridos, a partir del 03/12/2.001 hasta el 15/02/2.002; y pretendía fundar la medida en "la grave situación económica financiera de la empresa y por razones de fuerza mayor ocasionada por el corte de suministro de gas natural. Les comunicaba que el reintegro al trabajo se produciría el día 16/02/2.002. Se adjuntan tales piezas postales.

Inmediatamente luego, los actores remiten TC a la Empresa, diciendo NO aceptar la medida de suspensión, y reclamando en el acto el pago de todos los salarios por el tiempo en que se extendiere la medida, considerando a la misma manifiestamente arbitraria, abusiva e ilegal pues: - Se excedió de los plazos autorizados por la LCT. -No se funda en justa causa atendible ni justificable, y tampoco se respetó el orden de antigüedad dentro de cada categoría y cargas familiares. Reservan sus derechos legales para accionar oportunamente. Se adjuntan esta piezas postales.

Estas últimas misivas obreras no merecieron responde patronal alguno, empero, se les impidió el acceso a sus lugares de trabajo durante todo el tiempo de tales ilegítimas "suspensiones"; y, llegado el día 16/02/2002, cuando los actores se presentaron a trabajar, se hallaron ante la negativa patronal de proporcionarles sus tareas normales y habituales o cualesquiera otras.

Luego de una espera prudencial, y ante el incumplimiento de las promesas patronales, los demandantes remiten T. C. intimando a la empleadora a aclarar su situación laboral en el plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de autodespido; ídem, a abonar los salarios impagos, inclusive los días de suspensión, reputada de improcedente e ilegal, como así también que la principal no siguió el procedimiento preventivo de crisis de empresa de la ley 24.013, también bajo apercibimiento de proceder al despido indirecto. Igualmente, a que, en idéntico término y bajo igual apercibimiento, se paguen los aportes previsionales, descontados oportunamente del salario, pues de lo contrario pondrase esta situación en conocimiento de los Organismos competentes, etc. (se adjuntan estas piezas postales).

Cumplido un plazo prudencial, y al no recibir contestación alguna de la Empresa, los actores proceden a hacer efectivo el apercibimiento citado, remitiendo nuevo TC, por el que proceden a su despido indirecto por culpa y responsabilidad exclusiva del patrono; e intiman a que en el término de 48 horas procedan al pago de las indemnizaciones y haberes adeudados; a efectuar los aportes previsionales y a poner a disposición de la parte los Certificados de Prestación de Servicios y de Remuneraciones. Se adjuntan estos TCs.

Invoca derecho. Hace extensas consideraciones sobre la ilegitimidad de la suspensión dispuesta por la empleadora, con cita de la normativa que estiman aplicable al respecto (LCT, arts. 67, 221 a 223 y ccs.; Ley 24.013, arts. 98 a 105) y jurisprudencia que consideran pertinente. Hace varias consideraciones sobre la legitimidad del despido indirecto; y del derecho al cobro de la indemnización del art. 16 Ley 25.561 y Dec. Regl. 262/02. Ofrece prueba documental y finaliza peticionando según es de estilo en estos casos.

Adjunta documentación original a fs. 74/79; y amplía demanda, incluyendo en el reclamo el rubro "Diferencias de Haberes", y en el caso del coactor Sr. Monteros, atento al cargo gremial que revestía, se peticiona la indemnización de la Ley 23.551. Practica planillas discriminatorias a fs. 76/78.

Igualmente, amplía nuevamente demanda a fs. 88/93, solicitando la indemnización del art. 2º Ley 25.323, y también la de la Ley 25.345, art. 43 (que agrega el art. 132 bis a la LCT); y su art. 45 (agrega un párrafo al art. 80 LCT). Se practican nuevas planillas de adeudos (fs. 91/93). Aclara que el co-actor Víctor Hugo Quiroga no fue suspendido por el demandado, pero igualmente no se le abonaron los haberes por el lapso descrito.

Que, corrido el traslado de la demanda, éste es evacuado a fs. 188/194 por el letrado Luis Marcelo Rojo, como apoderado general para juicios de la firma CERÁMICA INDUSTRIAL EL PARQUE S. R. L., conforme acredita con fotocopia de la escritura de poder, glosada a fs. 184 y vta.

Pide que los actores designen apoderado común (conf. art. 83 CPCC).

Opone Excepción de Falta de Acción: y la funda en el hecho que nunca hubo despido, sino autodespido injustificado; ello por cuanto los haberes impagos que se reclaman como supuesta causa de despido, se encontraban suspendidos en virtud del procedimiento de crisis incoado por su parte; luego, no existiendo derecho de fondo, no existe acción que justifique la procedencia del reclamo actoral.

Contestando demanda, niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocado por los actores, siempre que no sean objeto de un expreso reconocimiento aquí. Niega adeudar la suma reclamada en las planillas adjuntas, e impugna por inexactos y falsos los rubros y conceptos y los montos allí detallados; y que se impidiera a los demandantes el ingresar al trabajo o hubiera negativa a proporcionarles tareas habituales y normales el 16/02/02; o que se hayan presentado a retomar sus servicios. Niega que los operarios remitieran CDs con fecha 04/03/2002, negando su validez y autenticidad. Niega que asista a los citados el derecho a darse por despedidos indirectamente; o que no se les hiciera los aportes previsionales durante la relación laboral. Niega que su parte no entregara las Certificaciones de Servicio y de Cese correspondientes.

Como "verdad de los hechos", afirma que: los actores comenzaron a trabajar en las fechas consignadas en los recibos de sueldos, cumpliendo horario de 8 a 12 y de 14 a 18 hs. en el establecimiento comercial de la demandada. Que ésta desde el año 2000 atraviesa una difícil situación económica, al igual que otras empresas del medio, debido a la crisis económica a nivel nacional que es de público conocimiento. Así, y con el objeto de preservar la integridad de la fuente de trabajo, en fecha 15/06/2001 inicio por ante la SET el Procedimiento Preventivo de Crisis, en el Expte. 1148/184, CIP-01, conforme lo normado por los arts. 98 y ccs. de la Ley 24.013. No se obtuvo resolución sino hasta el día 22/11/2001, mediante un pronto despacho cursado a la SET a los efectos de su expedición. Destaca que, a la fecha del procedimiento de crisis citado y durante todo el período que duró el mismo, los actores estaban al día con sus sueldos. Indica que, durante el 2001, la empresa estuvo más de 90 días sin producir, debido al corte en el suministro de energía eléctrica por falta de pago, conforme se acredita con Acta de Constatación nº 158, de fecha 30/07/01, pasada por ante la Esc. M. H. Avila, y sin embargo el personal no fue suspendido, ni se le redujo horario, ni se le molestó en lo mínimo. Alude a una publicación del diario La Gaceta, emanada del propio estado provincial y adjuntada en el expte. adm. ya aludido, en Julio de 2.001, alusiva a la crisis del sector de la construcción, con especial referencia a la aquí demandada. Adjunta también, a los mismos fines, publicaciones del diario Ámbito Financiero (Septiembre de 2002); notas cursadas por la Caja Popular de Ahorros y por el Banco Empresario de Tucumán, intimando al pago de los créditos otorgados por dichas instituciones. Glosa otras intimaciones de pago recibidas por la Empresa demandada. Hace otras consideraciones al respecto.

Ante la situación de crisis descrita, se optó por la suspensión transitoria de todos los empleados, es decir, por una suspensión general, por lo que no era necesario comenzar por el personal de menor antigüedad, etc., ni por el personal exento por estar amparado por tutela gremial. Así, la causal de despido es infundada e improcedente, por cuanto la suspensión fue ajustada a derecho y era por tiempo determinado. En cuanto a la Ley 23.551, la misma determina que cuando no se trate de una suspensión general de actividades, se excluirá para la determinación del orden a los trabajadores amparados por la estabilidad gremial. Ídem, solicita el rechazo del reclamo fundado en el art. 16 de la Ley 25.561, pues no estamos ante un despido injustificado, sino ante autodespidos fundados en causal inadmisible, dado que la suspensión de trabajo fue fundada en un proceso de crisis ajustado a derecho y con un dictamen que así lo sustentaba.

Rechaza el rubro "diferencias de haberes", en la suma de $70 mensuales por cada actor, por cuanto la liquidación de los sueldos fue hecha en debida y legal forma, otorgándose, además, un 20% mensual más a cuenta de futuros aumentos, a partir de agosto de 1.995. Por ello, ante el supuesto de una sentencia contraria, se solicita que tales importes oblados a cuenta sean considerados e imputados en la planilla final.

En la demanda se reclama la indemnización de la Ley 23.551 a favor del co-actor Julio César Monteros, por haber sido supuestamente designado para el cargo de Revisor de Cuentas Titular. Pero he aquí que el citado nunca comunicó tal designación, por lo que su reclamo deviene en improcedente, por no haber cumplido lo prescripto por el art. 49 de dicha ley (ídem, por el art. 25 del Dto. Regl. 467/88, último párr.). Igualmente, por NO estar comprendido el trabajador en la preceptiva del art. 51, primera parte, de la misma ley, y ello atento que la suspensión dispuesta fue general. Hace otras consideraciones al respecto.

Sobre el "Cálculo Indemnizatorio" realizado en la demanda, formula expresa impugnación y observación a las "planillas de liquidación". Los actores toman como sueldo a sus efectos, rubros y sumas de dinero que no son computables a los fines indemnizatorios, como SAC y Asignaciones Familiares.

Pide aplicación de la "plus petición inexcusable" del art. 49 de la ley 6204 (2º parte). Ofrece como prueba y adjunta, documentación original, cumpliendo también al respecto la normativa del art. 61 CPL. Finaliza peticionando el rechazo de la demanda, con costas.

Que, corrido el traslado pertinente, la parte actora lo evacua a fs. 216/218. Y se opone al progreso de la Defensa de Fondo de Falta de Acción y a la aplicación del Instituto de Plus Petición Inexcusable, dando sus fundamentos.

Conste que: a fs. 278 corre un acuerdo celebrado entre el co-actor Manuel Emilio Vallejo y la Demandada, el que fuera Homologado por el A-quo mediante Interlocutoria nº 225/2.004, dictada en fecha 07/07/04 (fs. 282/283). Ídem, que a fs. 598/600, se glosa otro acuerdo celebrado entre el co-actor Carlos Alberto Ibarra y la Demandada, el que fuera Homologado por S. S. en fecha 21/03/2.006 (fs. 604). Ídem, que a fs. 607/610 el letrado Luis F. Ruiz Torres, agrega un PACTO DE CUOTA LITIS celebrado entre el mismo y el co-actor Carlos Alberto Ibarra.

Y se abre la causa a pruebas (fs. 221), produciéndose las que dice el Informe Actuarial de fs. 553; la Audiencia del Art. 69 CPL ocurre en debida forma pero sin resultado positivo alguno, a fs. 244. Alegan de bien probado ambas partes litigantes. Y se elevan estos autos -con su documentación original- a este Tribunal en lo Laboral (fs. 582 y ss.), proveyéndose lo pertinente a fs. 589, con lo que quedan los mismos en estado de dictarse la Sentencia de Instancia Única que es de rigor. Y:

CONSIDERANDO:

Voto del sr. vocal Dr. Clemente P. Martín:

Que en el conteste de demanda de autos (fs. 188/194) se reconoce claramente o no se niega lo siguiente: la real existencia de los nexos laborales invocados en la acción; la categoría profesional revestida por los demandantes y sus sendas fechas de ingreso ("Operarios" en todos los casos. Fechas de Ingreso: C. A. Ibarra: 17/01/1.983; J. C. Monteros: 16/03/93; J. C. Ortiz: 17/01/1.983; V. H. Quiroga: 1º/08/1.993; y M. E. Vallejo: 16/03/1.993). NO se desconoce la autenticidad de la documentación adjuntada con la acción (salvo la de las CDs de fecha 04/03/2.002) la existencia de sendas suspensiones impuestas por la principal y la de sendos despidos indirectos facturados por los accionantes. Por ello, debe tenerse por ciertos y reconocidos estos extremos de hecho, y por auténtica y recepcionada la instrumental de mención (con la salvedad ya hecha). Así queda propuesto.

Por lo demás, en el mismo responde resulta negarse enfáticamente o no admitirse lo siguiente: todo adeudo a favor de los actores (impugnándose los rubros o conceptos y los montos detallados en las "planillas" actorales); el haberse impedido a los demandantes el ingreso al trabajo y el proporcionarle tareas normales y habituales el 16/02/2.002, o que éstos se presentaran a retomar sus servicios. Se niega el no haber realizado los aportes previsionales pretendidos; o el no haberse entregado las Certificaciones de Trabajo y Cese de Servicios de ley. Se niega autenticidad y recepción a las CDs actorales de fecha 04/03/2.002. Así se considera.

Conste claramente lo siguiente: I) Que los co-demandantes Carlos Alberto Ibarra, ver fs. 598/600 y Homolog. a fs. 604; y Manuel Emilio Vallejo, ver fs. 278/9 y Homolog. a fs. 282/3; han llegado a sendos Acuerdos con la demandada, los que fueron debidamente homologados por el A-quo, poniendo fin a esta litis. II) En consecuencia, cabe el dictar Sentencia en autos, tan solo en relación a los restantes co-demandantes, es decir: JULIO CÉSAR MONTEROS, JUAN CARLOS ORTIZ, y VICTOR HUGO QUIROGA. Así queda considerado y propuesto. III) Que existe un Pacto de Cuota Litis celebrado entre el letrado L. F. Ruiz Torres y el co-actor Carlos Alberto Ibarra, lo que debe considerarse al regular los honorarios. IV) Por lo demás, el escrito de conteste de demanda cumple con las previsiones insertas en los arts. 60 y 61 CPL. Así queda considerado.

Luego, las cuestiones debatidas y que deben ser objeto de pronunciamiento en esta litis son las siguientes: 1) Nexos Laborales: Defensa de Fondo de Falta de Acción: su admisibilidad. Ídem - Plus Petición Inexcusable. Diferencias de Haberes - Abril/00 a Oct.Nov./01 (fs. 75 y ss.). Remuneraciones: su real nivel computable a sus fines; existencia de períodos impagos (Noviembre/ 2001 a Marzo e Integración de 2.002). Eventual procedencia de la Indemnización del Art. 16-Ley 25.561 y Dec. Regl. 262/02; y de la Indemnización del Art. 52 y ccs. Ley 23.551 (co-actor Sr. J. C. Monteros). Ídem, de la indemnización del art. 2º - Ley 25.323; y la del Art. 43 - Ley 25.345 (art. 132 bis LCT) y la del art. 45 - Ley 25.345 (añade párrafo al Art. 80 LCT) (fs. 88/93). Suspensiones sin goce de sueldo por 75 días corridos (03/12/2001 hasta el 15/02/2002): su existencia y legitimidad; adeudos al respecto. 2) Despidos Indirectos: sus fechas, causales invocadas y su acreditación. Si los tales son o no indemnizables. 3) Rubros y Montos Reclamados. Imposición de las Costas y regulación de los Honorarios pertinentes (Pacto de Cuota Litis). Paso a resolverlas.

A la Primera Cuestión:

Defensa de Fondo de Falta de Acción: fue opuesta en el conteste de demanda (P. II - fs. 188 vta./189) fundándosela en lo injustificado de los despidos indirectos pergeñados por los actores, invocando la causal de falta de pago de ciertos haberes, los que en realidad "estaban suspendidos" (sic).

En realidad, la "sine actione agit" del Derecho Romano (y la opuesta en autos) solo puede fundarse en la ausencia de titularidad de la relación jurídica sustancial por parte sea de los actores (no fueron empleados del accionado), sea del Demandado (nunca fue empleador de los accionantes). Nada importa al respecto el eventual triunfo o fracaso de la pretensión inserta en la demanda. Así, y habiendo reconocido expresamente la parte excepcionante la existencia de nexos laborales entre la misma y los actores, esta Defensa de Fondo no puede sino ser rechazada in limine. Así lo propongo.

Plus Petición Inexcusable: (Art. 49 CPL, Art. 111 CPCC, de aplicación supletoria en este Fuero Laboral). Invocada en el responde (P.VIII, fs. 193 vta.), fue repelida por la parte actora a fs. 216/217.

Al respecto, cabe el remitirnos a lo preceptuado por el art. 111 CPCC, cuyo 1º párr. prescribe que "la parte que hubiera incurrido en pluspetición inexcusable, será condenada en costas, si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia" (los subrayados son propios). Ahora bien, en el conteste de autos resulta negarse enfáticamente todo adeudo, es decir NO se da la "admisión" a la que la norma citada otorga el carácter de requisito sine qua non para la condenación en costas. O sea, que desde un principio el instituto procesal de mención -en su faz práctica- no puede jugar en esta litis. A mayor abundamiento, en la demanda de autos (y en sus ampliaciones) los actores piden la recepción de los rubros y montos que reclaman, o bien "lo que en más o en menos surja de las probanzas de autos"; igualmente, al reclamarse ciertos rubros (vgr.: "diferencias de haberes") se deja su cuantificación librada a una prueba pericial contable a producirse en la causa. Luego, "no se entenderá que hay pluspetición cuando el valor de la condena dependa ...de dictamen de peritos..." (art. 111 cit., 2º párr.). Así se considera y propicia.

Existencia y acreditación de un "Procedimiento Preventivo de Crisis" realizado por la Demandada (conf. arts. 98/105 Ley 24.013): la existencia de un tal es negada enfáticamente por la parte actora (en la demanda y en las CDs remitidas a la principal). Pero en el conteste de demanda de autos es afirmada rotundamente, como tramitado por Expte. Adm. (SET) nº 1148/184-CIP-01, iniciado el 15/06/2.001 y resuelto el 22/11/2001 (fs. 189 vta./190). Inclusive la Empresa adjunta con su responde -ver fotocopias simples a fs. 105/152- presuntas copias de tales actuados administrativos. Los originales NO fueron remitidos al Tribunal, ello pese a los intentos que revelan las gestiones realizadas a fs. 437/438 vta. y sus ccs. Por ello, no se tiene por auténtico lo glosado al respecto con el conteste de demanda, ni por realizado el "Procedimiento Preventivo" en cuestión. Así se considera y propicia.

En consecuencia, es de aplicación el art. 98 L.N.E., que impone que "con carácter previo a la comunicación ... suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas... deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis previsto en este capítulo."Luego, esta obligación está incumplida por la parte Demandada. Así se propicia.

A mayor abundamiento, aún de considerar auténticas o legítimas las actuaciones glosadas a fs. 105/152, ello por vía de hipótesis, vemos que la Empleadora estaría incursa en la preceptiva del art. 104 L. N. E., que dice que: "A partir de la notificación y hasta la conclusión del procedimiento de crisis, el empleador no podrá ejecutar las medidas objeto del procedimiento" (en el caso, imponer a los actores, por razones de fuerza mayor ocasionada por el corte de suministro de gas natural, la suspensión de la jornada laboral, sin goce de sueldo y por 75 días corridos a partir del 03/12/2001 hasta el 15/02/2002). "La violación de esta norma por parte del empleador determinará que los trabajadores afectados mantengan su relación de trabajo y deba pagárseles los salarios caídos." Así se considera.

Suspensiones por 75 días corridos (del 03/12/2001 al 15/02/2002) "por razones de fuerza mayor ocasionada por el corte de suministro de gas natural": Impuesta por medio de CD patronal, dirigida a los actores de autos Sres. MONTEROS y ORTIZ, pero no al Sr. Víctor Hugo Quiroga, según aclaración hecha por la parte a fs. 98, en donde se especifica también que, igualmente, al nombrado no se le abonaron los haberes por el lapso. La patronal pretendió fundarlas en "la grave situación económica financiera de la Empresa y por razones de fuerza mayor ocasionada por el corte de suministro de gas natural...".

Conste al respecto que: 1) Las CD patronales de fecha 03/12/01, imponiendo estas suspensiones fueron autenticadas por Correo Argentino, a fs. 303 y 318; ídem, Informe de fs. 297. Amén de ello, no fueron negadas en el conteste de demanda. 2) Que la medida patronal fue repelida por los trabajadores mencionados, alegando ser la tal arbitraria y abusiva e ilegal pues no respeta los plazos autorizados por la LCT; no se funda en justa causa atendible ni justificada; y porque no se respetó el orden de antigüedad dentro de cada categoría y cargas familiares. (Monteros: TCL del 05/12/01 y 16/01/02, copias auténticas a fs. 304 y 305) (Ortiz: del 05/12/01 y 22/12/01, copias auténticas a fs. 308/9). Así se considera.

Al respecto, cabe entender que se aplica el dispositivo del art. 221 LCT, que dispone (párr. 2º y 3º) que "...deberá comenzarse por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad. Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviere menos carga de familia, aunque con ello se alterase el orden de antigüedad." Por lo demás, la norma citada indica que tales suspensiones "podrán extenderse hasta un plazo máximo de setenta y cinco días en el término de un año, contado desde la primera suspensión cualquiera sea el motivo de ésta".

Ahora bien, el Demandado respetó el plazo máximo (75 días en el año aniversario, y no calendario). Pero no respetó el dispositivo restante, comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad, o por el que tuviere menos carga de familia. En consecuencia, poco importa al respecto y a los fines que aquí interesan, el que la Demandada acreditara o no que la medida que tomó fuese fundada en justa causa. Así se considera y propone.

Luego, si bien no cabe atenernos a lo normado por el art. 222 LCT (suspensiones que excedan el plazo fijado o, en conjunto, el de 90 días en un año), es decir, los trabajadores NO pueden darse válidamente por despedido, si debemos estarnos a lo preceptuado por el art. 223 LCT: "...el trabajador tendrá derecho a percibir la remuneración por todo el tiempo que estuviere suspendido, si hubiere impugnado la suspensión...". Y ello por cuanto, se lo reitera, los trabajadores de autos si impugnaron la medida patronal, conforme lo arriba analizado, medida ésta que el Empleador no debió tomar sin iniciar el "Procedimiento Preventivo de Crisis" de la Ley 24.013, conforme a lo ya también analizado. Y, en lo que hace al co-actor Sr. Quiroga, al no habérsele abonado los haberes pertinentes, corresponde le sean pagados. Así se propicia.

Indemnización del Art. 16 - Ley 25.561 y Dec. 262/02 - su eventual procedencia en esta litis: la tal es reclamada expresamente en el texto de la demanda (p. 3º - fs. 13/14), y al practicarse planillas liquidatorias a fs. 76/78. En el conteste de demanda (ver fs. 191 vta., "in fine" y fs.192) se alude algo "al pasar" a este rubro, entendiendo improcedente su reclamo en razón de lo infundado de los "autodespidos" actorales. Pero NO se objeta de inconstitucional la normativa citada, siendo entonces la oportunidad procesal de hacerlo.

En efecto, la Demandada esperó hasta la realización de la Pericial Contable de autos (CPA nº 4 - fs. 349 y ss.) y a la presentación del pertinente dictamen (fs. 367/380 y ccs.) en el cual se calcula y liquida este ítem, para recién - cuando impugna la labor del Perito, alegar la inconstitucionalidad de la Ley 25.561 y sus Decretos reglamentarios (ver fs. 385/391). Su planteo resulta ser, en consecuencia y conforme a reiterada jurisprudencia, totalmente extemporáneo y por ello queda rechazado. En consecuencia, procede la eventual recepción del rubro aquí tratado. Así se considera y propone.

"Tutela Gremial" del co-actor Julio C. Monteros (Ley 23.551, arts. 52 y ccs.): la indemnización pertinente es reclamada en la "ampliación de demanda" de fs. 74/79, en base a entender que el citado se desempeñaba en el cargo de Revisor de Cuentas Suplente en el Sindicato de Obreros Ceramistas de Tucumán", restándole a la fecha de producirse el distracto, 32 meses en el ejercicio de tal función. Y en el conteste de demanda (P. VI - fs. 192 vta. y ss.) se pide el rechazo del rubro, por entender que el Sr. Monteros nunca comunicó su designación al cargo gremial, por lo que no se cumplió con la preceptiva del art. 49 de la Ley citada; además, indica que -siendo la suspensión aplicada por la empresa de carácter general- no puede invocarse la "estabilidad en el empleo", conforme norma el art. 51, 1º parte, de la misma Ley.

En autos al respecto tenemos lo siguiente: Un "Acta de Posesión de Cargo" de fecha 11/08/2.000, en la que se registra al Sr. Julio César Monteros como designado para el cargo de "Revisor de Cuentas Titular" del Sindicato ya citado, con mandato por el término de 4 años, desde el 11/08/2.000 hasta el 11/08/2004. Ídem, una "Planilla Complementaria 5.118" de fecha 14/08/2.000, por la que el Sindicato comunica al Sr. Director Nacional de Asociaciones Sindicales la realización del acto eleccionario pertinente. Obra lo dicho en fotocopias simples adjuntadas con la demanda (fs. 67/68) y no desconocidas expresamente en el responde. Y conste expresamente que tales instrumentos resultan ser autenticados a través del Informe glosado a fs. 334/338 (CPA nº 3 - Informativa). Así se considera.

Cabe el destacar, empero, que NO se acreditó en forma alguna el que se comunicara al empleador, demandado en autos, tal designación, ello ni por el trabajador interesado (Sr. Monteros) ni por la Asociación Gremial respectiva. Y una acreditación tal era a cargo del citado co-actor, atento a la negativa contenida en el conteste de demanda. Así lo considero.

La Ley 23.551 (B. O. 22/4/88), establece en su art. 49 que, "para que surta efecto la garantía... se deberán observar los siguientes requisitos: a) Que la designación se haya efectuado cumpliendo con los recaudos legales; b) Que haya sido comunicada al empleador. La comunicación se probará mediante telegrama o carta documento u otra forma escrita." Ahora bien, se reitera que en esta litis no se acreditó en forma alguna la existencia de tal comunicación, razón por la cual (y ante el pertinente desconocimiento o negativa contenido en el conteste) cabe el concluir que el Sr. Monteros no estaba amparado por la "tutela gremial" que otorga la Ley citada, por lo que no procede el receptar el rubro indemnizatorio previsto en el art. 52 de la misma, el que en consecuencia queda rechazado "in limine". Así lo propongo.

Indemnización Art. 2º Ley 25.323 (B. O. 11/10/2.000): es reclamada -en relación a todos los co-demandantes- en la "ampliación de demanda" corriente a fs. 88/93). Cabe entender que el incremento en un 50% de los montos indemnizatorios previstos por la norma, proceden eventualmente en esta litis, ello por lo siguiente: a) El empleador fue intimado fehacientemente al abono respectivo, según requiere el dispositivo analizado, lo cual está acreditado en autos con los TCL remitidos por Monteros (copia aut. a fs. 307), Ortiz (copia aut. a fs. 311) y Quiroga (copia aut. a fs. 313). b) Este ítem es compatible y puede acumularse al previsto en el art. 16 Ley 25.561. Así se considera y propicia.

Indemnización del art. 43 -Ley 25.345 ( B. O 17/11/2.000- incorpora el art. 132 bis a la LCT): se aplica en el caso que el empleador hubiere retenido aportes del trabajador con destino a organismos de la seguridad social, o resultantes de la afiliación del mismo a asociaciones profesionales con personería gremial, o contribuciones o aportes periódicos a que estuviesen obligados los trabajadores según normas legales o derivadas de CCT, etc. Se trata del caso de omisión total o parcial del ingreso de fondos retenidos de la remuneración por el empleador -quien actúa como agente de retención- y siempre que dicho incumplimiento exista al momento del egreso del trabajador, cualquiera fuera la causa del distracto. Y, para que proceda la sanción conminatoria prevista en la norma, el trabajador afectado debe intimar previa y fehacientemente a su empleador para que cumpla con la obligación de ingresar los aportes, etc., dentro del plazo de 30 días corridos (art. 1º Dec. 146/01). Se destaca que esta sanción conminatoria resulta acumulable a las demás penas (pecuniarias o de otra índole) que pudieran corresponder si la conducta patronal encuadra en la tipificación de un delito penal. Fue reclamada en la "ampliación de demanda" glosada a fs. 88 y ss.

De autos resulta que: a) La intimación obrera al demandado, a efectuar los aportes previsionales oportunamente descontados de los salarios, fue hecha via TCL obrantes, en copias autenticadas, a fs. 319 y 307 (Monteros); 310/311 (Ortiz); y 312/313 (Quiroga). b) Que la Demandada estaba atrasada en el depósito de sus aportes previsionales resulta del Informe de la AFIP (fs. 344), ello puesto que los últimos aportes fueron por Agosto y Septiembre del 2.000 - y los distractos ocurrieron en Marzo del 2.002. Ídem, ver los Informes de fs. 439, CPD nº 2. Así se considera. c) En consecuencia, procede en el caso de autos la imposición de la "sanción conminatoria mensual" prevista por la norma glosada. Ergo, este rubro es receptable. Así se propicia.

Indemnización art. 45 Ley 25.345 (añade párrafo al art. 80 LCT):

Fue reclamada en la "ampliación de demanda" de fs. 88 y ss. La indemnización prevista en la norma juega para el caso en el que el empleador no hiciera entrega al dependiente de las certificaciones previstas en los párrafos 1º y 2º del art. 80 LCT, dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento formulado en forma fehaciente por el operario.

Y de autos resulta lo siguiente: a) Que Monteros (TCL fs. 307), Ortiz (TCL fs. 311) y Quiroga (TCL fs. 313) hicieron el requerimiento de ley al que alude la norma tratada. b) Que la Demandada no cumplió con la entrega de las "certificaciones" pertinentes. Lo dicho pese a lo afirmado en el responde de autos, y a la documental ("Recibos") glosados con el mismo en fotocopias simples corrientes a fs. 165/169, los que fueron objeto de una frustrada prueba de "Reconocimiento" ofrecida por la Empresa (CPD nº 3 - fs. 480/504). En consecuencia, no pueden tenerse por auténticos tales documentos. Así se considera.

En consecuencia, el rubro de mención es en principio, receptable. Así se propicia.

Remuneraciones Actorales - su Nivel, Diferencias impagas: Las remuneraciones percibidas por los Sres. Monteros, Ortiz y Quiroga resultan de lo siguiente: a) Recibos de Haberes adjuntados con la demanda (ver fs. 39/40; fs. 46/48 y fs. 53/54 respectivamente, y sus ccs.) y que no fueran desconocidos expresamente en el responde; ídem, fueron dados por auténticos en la Pericial Contable (fs. 376). Los tales registran pagos por quincenas, por horas trabajadas y ello correspondiente a los últimos meses del 2001 (excepto Dic./2001).

En la Pericial Contable de autos se informa (fs. 367/369) sobre el período Abril 2000 a Oct. - Nov./ 2.001: horas laboradas, valor salario hora, diferencias horas y el importe de diferencias. Y a fs. 371/374 - juntamente con el cálculo de rubros indemnizatorios - las "remuneraciones mensuales impagas" y "Diferenc. de haberes por dif. horas laboradas sobre 200 hs. mensuales". Se indica (fs. 376/378) que existen remuneraciones impagas a partir de Nov./ 2001, y se detallan también las remuneraciones correspondientes al período de suspensión (03/12/2.001 al 15/02/2.002 (se practican las planillas respectivas, para cada actor). Igualmente, se informa que "durante el período de 24 meses anteriores al inicio del presente juicio, en la mayoría de los meses los actores laboraron un cantidad menor a las 200 horas mensuales." La labor pericial fue objeto de impugnaciones por la parte Demandada (fs.384/391) y por la Actora (fs. 393/394), siendo todo ello adecuadamente contestado por el Perito a fs. 408/9 y a fs. 411/414, por lo que es procedente el rechazo de tales impugnaciones. Así lo propicio.

Al respecto, conviene el hacer estas precisiones: a) sobre las "Diferencias Salariales calculadas por un laboreo menor a 200 hs. por mes" , que a entender de este Vocal tales "diferencias" son improcedentes. Ello por cuanto norma alguna -legal o contenida en el CCT nº 150/75- autoriza a considerar que el empleador esté obligado a garantizar un laboreo mínimo mensual de 200 hs. Ello al menos para el caso de operarios jornalizados como son los actores mencionados (ver art. 25 y ccs.), siendo distinto el caso de haber sido los tales "personal mensualizado" (ver art. 26 del CCT). En consecuencia, este rubro puntual queda rechazado. Así se propicia. b) Asimismo, este Vocal entiende que es acertado el criterio adoptado por el Perito para el cálculo de haberes correspondientes a los meses no trabajados e impagos: en efecto, el nombrado estimó, atento a que la remuneración de los actores era variable, correspondía el hacer el cálculo respectivo determinando "un haber promedio que les hubiera correspondido percibir a los actores, en caso de haber trabajado dicho período."(fs. 411), es decir, los cálculos efectuados en el P. 2º de la Pericia (ver fs. 376/378); no siendo procedente el computar la mejor remuneración en el último año laborado, tal como pretende la parte actora en su "observación de pericia" de fs. 393. Así se propicia.

A la Segunda Cuestión:

Los distractos de autos obedecen a sendos despidos indirectos pergeñados por los actores Julio C. Monteros, Juan C. Ortiz y Víctor H. Quiroga, ello de la siguiente manera: A) Por TCL de fecha 04/03/2.002 (Monteros - fs. 319; Ortiz - fs. 310) y de fecha 12/03/2.002 (Quiroga - fs. 312), todos en copias autenticadas, se intimaba a la Demandada a que: 1- en el plazo de 48 horas aclarar la situación laboral, dado que luego de cumplido el plazo de la ilegítima suspensión por 75 días, la citada se ha negado a proporcionar las tareas normales y habituales cumplidas. Ello bajo apercibimiento de despido indirecto. 2- Intima a abonar los salarios impagos, inclusive los caídos por la suspensión ilegítima, bajo similar apercibimiento. 3- Intima a que en idéntico término y bajo el mismo apercibimiento, se paguen los aportes previsionales, los que fueron descontados oportunamente del salario.

Conste al respecto lo siguiente: a) que la principal adeudaba haberes a los trabajadores supra citados, ello por quincenas previas a la suspensión (Ortiz, Quiroga - Pericial Contable, fs. 377/378) y por las posteriores a dicha suspensión, pero previas a la respectiva intimación obrera (Ortiz, Monteros y Quiroga -Pericial Contable, fs. cit.). Ídem, los salarios caídos por las antedichas medidas patronales (claro está que esto último- lo atañente a las suspensiones declaradas ilegítimas ut supra, no autorizan por si solas un despido indirecto, conforme lo ya tratado). b) Tales remuneraciones están aún impagas, a estarnos a las constancias de autos y a la total falta de acreditación de su abono por la empleadora. Así se considera. c) Los aportes previsionales retenidos por la principal no fueron depositados (Informe AFIP, fs. 344; y lo supra tratado al respecto). Luego, estas dos causales invocadas para el desvínculo por los trabajadores, deben considerarse acreditadas en su existir. En efecto, la principal omitió el abonar las remuneraciones pertinentes a varias quincenas, lo que - dado el carácter alimentario que tiene el salario de un trabajador, constituye una causal suficiente en sí para justificar un autodespido. A ello debemos sumarle el incumplimiento patronal de efectuar los depósitos de los aportes previsionales retenidos. Así se propicia. d) En cuanto a la primera de las causales arriba glosada, débese tener por acreditado el que la patronal NO contestó la intimación obrera a aclarar la situación laboral y a proporcionar tareas normales y habituales desde el día 16/02/02. Pero es cierto que en el conteste de autos (ver fs. 189 y vta.) se niega se impidiera a los actores el ingreso al lugar de trabajo y a proporcionarles sus tareas normales y habituales; igualmente, se niega que los operarios se presentaran a retomar sus servicios, en su oportunidad. Atento a ello y al cuadro probatorio (muy deficiente al respecto) de autos, estimo que esta causal no está debidamente acreditada. Así se considera y propicia.

B) Ante el silencio guardado por el principal, los Actores remiten los TCL de fecha 14/03/2.002 (Monteros, fs. 307; Ortiz, fs. 311; y Quiroga, fs. 313, copias autenticadas), en los que, invocando tal incontestación a los requerimientos arriba glosados, se dan por injuriados y, haciendo efectivo el apercibimiento anterior, proceden a su despido indirecto por exclusiva culpa patronal; e intiman a que, en el término de 48 horas, se abonen las indemnizaciones correspondientes, los haberes adeudados, etc., bajo apercibimiento de iniciar las pertinentes acciones judiciales. Intiman además, a efectuar los aportes previsionales correspondientes y a poner a disposición obrera los Certificados de Servicios y Remuneraciones.

En consecuencia, y por lo analizado aquí, cabe el considerar que tales despidos indirectos son justificados, y otorgan a los dependientes los derechos indemnizatorios de ley. Así se propicia.

A la Tercera Cuestión:

Para resolverla he tenido en cuenta lo arriba merituado al tratar de las "Cuestiones" precedentes; las "planillas liquidatorias" insertas en la acción y sus ampliaciones (fs. 76/78; fs. 91/93 y ccs.); y, en especial, las liquidaciones practicadas en la Pericial Contable de autos, a fs. 371/2/374 y ccs. Y conste claramente que se opera exclusivamente en relación a los demandantes Sres. Julio C. Monteros, Juan C. Ortiz y Víctor H. Quiroga, según se considerara reiteradamente ut supra.

Se receptan los siguientes rubros: 1) Haberes Impagos-incluyendo los correspondientes a la suspensión ilegítima -calculados según dice el Perito Contador, fs. 376/378, bien revisados infra. 2) Indemnización por Antigüedad- calculados en Pericia, fs. cit. 3) Preaviso omitido y más SAC prop. - íd., fs. 376/8, bien revisados infra. 4) Mes de Despido Integrado (Marzo/ 2.002) íd., íd. 5) SAC prop. 1º sem./ 2.002. 6) Indemnización Art. 16 Ley 25.561. 6) Indemnización art. 2º Ley 25.323. Ídem. 7) Sanción Conminatoria art. 43 Ley 25.345 (art. 132 bis LCT) - ídem. 8) Indemnización art. 45 Ley 25.345 (último párr. art. 80 LCT). Idem. 9) Vacaciones no gozadas 2.001. Idem. 10) Vacaciones prop. 2.002. Idem. Así se propicia.

Por el contrario, se rechazan los siguientes rubros: 1) "Diferencias de Haberes por difer. horas laboradas sobre 200 hs. mensuales"; 2) Y, para el co-actor Sr. Monteros, el ítem "Indemnización art. 52 Ley 23.551". Todo ello según lo considerado.

INTERESES:

Los rubros que progresan devengarán intereses desde que son debidos hasta su efectivo pago conforme a la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en las causas "MEDINA, Hugo Rafael vs. SI.PRO.SA. s/ daños y perjuicios" (sentencia nº 24 del 8/02/05) y "MARTÍN, Ramón Eduardo y otros vs. AZUCARERA ARGENTINA C.E.I. Ingenio LA CORONA, s/ cobro de pesos", por ser obligatoria su observancia para los tribunales inferiores, al darse en autos una identidad fáctica respecto de los periodos de tiempo por los que cabe calcular intereses moratorios.

1) Monteros Julio CésarIngreso: 16/03/93Egreso: 14/03/021) Indemnización por Antigüedad315,70 x 9 años$ 2841,30 2) Indemnización Sustitutiva del Preaviso270,30 x 2 ms$ 540,60 Incidencia SAC$ 45,05$585,65 3) Integración Mes Despido270,30 / 30 x 15 ds$ 135,15 Incidencia SAC$ 11,26 $146,41 4) SAC prop.1ºsem/02270,30 / 12 x 2,5 ms. $ 56,31 5) Indemnización Art.16 Ley 255612841,30 + 585,65 + 146,41 $ 3.573,36 6) Indemnización Art.2 Ley 25.323(2841,30 + 540,60 + 135,15) x 50% $1.758,53 7) Sanción Conminatoria Art.43 Ley 25345270,30 x 62 ms. $ 16.758,60 8) Indemnización Art.45 Ley 25345315,70 x 3 ms. $947,10 9) Vacaciones No Gozadas/01270,30 / 25 x 21 ds. $227,05 10) Vacaciones prop/02270,30 / 25 x 3 ds. $ 32,44 Total $ al 14/03/02 $ 26.926,75 Interés Tasa Pasiva BCRA al 31/05/0726926,75 x 58,7337% $ 15.815,08 Total $ reexp.al 31/05/07 $ 42.741,83 11) Haberes Impagos% T.Pasiva% T.Pasiva dde.07/01/02$ InterésTotal $ reexp. PeríodoImporte al 06/01/02 al 31/05/07Tasa Pas al 31/05/07 dic-01 $270,30 0,1568 59,4270 $161,06 $431,36 ene-02 $270,30 59,1651 $159,92 $430,22 feb-02 $270,30 58,9045 $159,22 $429,52 15 ds.mar $135,15 58,7337 $ 79,38 $214,53 Total $ reexp.al 31/05/07 $1.505,63 Resumen Condena Sr. MonterosRubros Indemnizatorios $42.741,83 Haberes Impagos $1.505,63 Total $ al 31/05/07 $44.247,45 2) Ortiz Juan CarlosIngreso: 17/01/83Egreso: 14/03/021) Indemnización por Antigüedad391,69 x 19 años $7.442,11 2) Indemnización Sustitutiva del Preaviso373,30 x 2 ms. $746,60 Incidencia SAC$ 62,22 $808,82 3) Integración Mes Despido373,30 / 30 x 15 ds.

$186,65 Incidencia SAC $ 15,55 $202,20 4) SAC prop.1ºsem/02373,30 / 12 x 2,5 ms. $77,77 5) Indemnización Art.16 Ley 255617442,11 + 808,82 + 202,20 $8.453,13 6) Indemnización Art.2 Ley 25323(7442,11 + 746,60 + 186,65) x 50% $4.187,68 7) Sanción Conminatoria Art.43 Ley 25345373,30 x 62 ms. $23.144,60 8) Indemnización Art.45 Ley 25345391,69 x 3 ms. $ 1.175,07 9) Vacaciones No Gozadas/01373,30 / 25 x 28 ds. $418,10 10) Vacaciones prop/02373,30 / 25 x 6 ds. $ 89,59 Total $ al 14/03/02$ 45.999,07 Interés Tasa Pasiva BCRA al 31/05/0745999,07 x 58,7337% $27.016,96 Total $ reexp.al 31/05/07 $73.016,03 11) Haberes Impagos% T.Pasiva% T.Pasiva dde.07/01/02 $ Interés Total $ reexp. Período Importe al 06/01/02 al 31/05/07Tasa Pasiva al 31/05/07 2ºQ nov-01 $164,28 0,9832 59,4270 $99,24 $263,52 dic-01 $ 373,30 0,1568 59,4270 $ 222,43 $595,73 ene-02 $ 373,30 59,1651 $220,86 $594,16 feb-02 $ 373,30 58,9045 $ 219,89 $593,19 15 ds.mar-02 $ 186,65 58,7337 $ 109,63 $296,28 Total $ reexp.al 31/05/07 $ 2.342,88 Resumen Condena Sr. OrtizRubros Indemnizatorios $ 73.016,03 Haberes Impagos $ 2.342,88 Total $ al 31/05/07 $ 75.358,91 3) Quiroga Víctor HugoIngreso: 01/08/93Egreso: 14/03/021) Indemnización por Antigüedad345,33 x 9 años $ 3.107,97 2) Indemnización Sustitutiva del Preaviso322,89 x 2 ms. $ 645,78 Incidencia SAC $ 53,82 $699,60 3) Integración Mes Despido322,89 / 30 x 15 ds. $161,45 Incidencia SAC $ 13,45 $174,90 4) SAC prop.1ºsem/02322,89 / 12 x 2,5 ms $ 67,27 5) Indemnización Art.16 Ley 255613107,97 + 699,60 + 174,90 $ 3.982,46 6) Indemnización Art.2 Ley 25323(3107,97 + 645,78 + 161,45) x 50% $1.957,60 7) Sanción Conminatoria Art.43 Ley 25345322,89 x 62 ms. $ 20.019,18 8) Indemnización Art.45 Ley 25345345,33 x 3 ms. $ 1.035,99 9) Vacaciones No Gozadas/01322,89 / 25 x 21 ds. $271,23 10) Vacaciones prop/02322,89 / 25 x 3 ds. $ 38,75 Total $ al 14/03/02 $ 31.354,94 Interés Tasa Pasiva BCRA al 31/05/0731.354,94 x 58,7337% $ 18.415,92 Total $ reexp.al 31/05/07 $ 49.770,85 11) Haberes Impagos% T.Pasiva% T.Pasiva dde.07/01/02 $ Interés Total $ reexp. Período Importe al 06/01/02 al 31/05/07 Tasa Pasiva al 31/05/07 nov-01 $ 322,89 0,9832 59,4270 $ 195,06 $517,95 dic-01$ 322,89 0,156859,4270$ 192,39 $515,28 ene-02$ 322,89 59,1651$ 191,04 $513,93 feb-02$ 322,89 58,9045$ 190,20 $513,09 15 ds.mar-02$ 161,45 58,7337 $ 94,82 $256,27 Total $ reexp.al 31/05/07$ 2.316,51 Resumen Condena Sr. QuirogaRubros Indemnizatorios$ 49.770,85 Haberes Impagos$ 2.316,51 Total $ al 31/05/07$ 52.087,36 Resumen General1) Monteros Julio César $ 44.247,45 2) Ortiz Juan Carlos$ 75.358,91 3) Quiroga Víctor Hugo$ 52.087,36 $171.693,72 COSTAS:

Atento a lo considerado y al resultado de autos (progreso general de la demanda, son pocos los rubros rechazados) y no existiendo razón valedera para excusarla siquiera parcialmente al respecto, es acorde a derecho el imponerlas en su integridad a la parte demandada, perdidosa en la especie (conf. art. 106 del CPCC, de aplicación supletoria en el Fuero Laboral). Así se propicia.

HONORARIOS:

Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el artículo 46 inciso "b" de la ley Nº 6204.

Atento al resultado arribado en la litis y a la naturaleza de la misma, es de aplicación el artículo 50 inciso "a" de la citada ley, por lo que se toma como base regulatoria el monto condenado, el que según planilla precedente resulta al 31/05/07 la suma de $ 171.693,72.

Teniendo presente la base regulatoria, la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los artículos 15, 39, 43, 60 y concordantes de la ley Nº 5480 y 51 del C.P.T., se aplican los topes y demás pautas impuestas por la Ley Nº 24.432, ratificada por ley provincial Nº 6715.

Advierte igualmente el Sentenciante que la sumatoria de los honorarios impuestos a la parte condenada en costas, a partir de la aplicación de los porcentajes previstos por la ley arancelaria, exceden el 25% del monto de la sentencia, situación ésta que torna aplicable las disposiciones del art. 1 de la Ley 24.432 y art. 277 de la L.C.T. a los fines de su adecuación. En mérito a ello, se procede a prorratear los honorarios mediante la aplicación del coeficiente de reducción:

- Capital de condena: $ 171.693,72 - Tope 25% = $ 42.923,43 - Tope Ley / Suma total de honorarios = Coeficiente reducción 42.923,43 / 50.200 = 0,8550 % (coeficiente) Obtenido así el monto base para la regulación de los honorarios, como el coeficiente de reducción previsto en la Ley 24.432, se regulan los siguientes honorarios:

1) Al letrado L.F.R.T. por su actuación en el doble carácter por los actores en las tres etapas del proceso de conocimiento la suma de $ 31.600 (pesos treinta y un mil seiscientos), por la reserva hecha a fs. 230 la suma de $ 3.700 (pesos tres mil setecientos) y por las reservas hechas a fs. 282/283 y 604 (homologaciones de convenios), las sumas de $ 3.700 (pesos tres mil setecientos) y $ 3.100 (pesos tres mil cien) respectivamente.

2) Al letrado L.M.R. por su actuación en el doble carácter por la accionada durante el proceso de conocimiento la suma de $ 11.500 (pesos once mil quinientos) y por la reserva hecha a fs. 230 la suma de $ 1.100 (pesos un mil cien).

3) A la letrada L.F.M. por su actuación en el doble carácter por la accionada durante el proceso de conocimiento la suma de $ 11.500 (pesos once mil quinientos) y por la reserva hecha a fs. 604 la suma de $ 1100 (pesos un mil cien).

4) Al perito contador C.P.N. R.E.C. por el informe pericial rendido en autos la suma de $ 4.300 (pesos cuatro mil trescientos). ES MI VOTO.

Voto de la sra. vocal Dra. Silvia Eugenia Castillo:

Por compartir el criterio sustentado por el Sr. Vocal Preopinante me pronuncio en idéntico sentido. ES MI VOTO.

Por ello, esta Sala IVº de la Excma. Cámara del Trabajo, resuelve: I) NO HACER LUGAR A LA DEFENSA DE FONDO DE FALTA DE ACCION, interpuesta por la firma CERÁMICA INDUSTRIAL EL PARQUE S.R.L., conforme lo considerado.

II) HACER LUGAR PARCIALMENTE A LA DEMANDA entablada por los Sres. JULIO CÉSAR MONTEROS, JUAN CARLOS ORTIZ y VÍCTOR HUGO QUIROGA, en contra de la firma CERÁMICA INDUSTRIAL EL PARQUE S. R. L., y, en consecuencia, condenar a esta última a abonar en el término de DIEZ DIAS a los actores, SR. MONTEROS Julio César: $44.247,45 (pesos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y siete con cuarenta y cinco centavos); SR. ORTIZ Juan Carlos: $75.358,91 (pesos setenta y cinco mil trescientos cincuenta y ocho con noventa y un centavos) y SR. QUIROGA Víctor Hugo: $ 52.087,36 (pesos cincuenta y dos mil ochenta y siete con treinta y seis centavos), ya corregida al día 31/05/07, con más sus intereses hasta el efectivo pago, y ello por los rubros o conceptos declarados admisibles ut supra.

III) NO HACER LUGAR PARCIALMENTE A LA MISMA DEMANDA y en consecuencia, absolver a la accionada de toda obligación de pago por los rubros o conceptos de "Diferencias de Haberes" y de "Indemnización art. 52 Ley 23.551 (Monteros)", según lo ya merituado.

IV) COSTAS: a la parte demandada.

V) REGULAR HONORARIOS : 1) Al letrado L.F.R.T. la suma de $ 31.600 (pesos treinta y un mil seiscientos), por la reserva hecha a fs. 230 la suma de $ 3.700 (pesos tres mil setecientos) y por las reservas hechas a fs. 282/283 y 604 (homologaciones de convenios), las sumas de $ 3.700 (pesos tres mil setecientos) y $ 3.100 (pesos tres mil cien) respectivamente. 2) Al letrado L.M.R. la suma de $ 11.500 (pesos once mil quinientos) y por la reserva hecha a fs. 230 la suma de $ 1.100 (pesos un mil cien).3) A la letrada L.F.M. la suma de $ 11.500 (pesos once mil quinientos) y por la reserva hecha a fs. 604 la suma de $ 1.100 (pesos un mil cien).4) Al perito contador C.P.N. R.E.C. la suma de $ 4.300 (pesos cuatro mil trescientos).

VI) PRACTICAR Y REPONER PLANILLA FISCAL, en su oportunidad. - Clemente P. Martín. - Silvia Eugenia Castillo.