Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-30


Trelew, 30 de agosto de 2.006.- VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 116, contra la sentencia de fs. 112/115, concedido que fuera el mismo a fs. 120, fundado mediante el memorial de agravios de fs. 126/139, corrido traslado a la contraria a fs. 143.

Y CONSIDERANDO:- I.- No hace lugar el Sentenciante de Grado a las excepciones de inhabilidad de título fundada en la falta de legitimación pasiva, litispendencia e inhabilidad de título por falsa causa y a la suspensión del presente juicio, opuestas por A C S.A. Manda llevar adelante la presente ejecución promovida por el Banco del C S.A. hasta que la parte actora se haga íntegro pago del capital reclamado de $ 300.000, el que se actualizará conforme al CER y CVS de acuerdo a los decretos 762/02 y 1242/02, con más intereses compensatorios y punitorios pactados en el pagaré base de la presenta acción obrante a fs. 3/4 de autos, desde la fecha de la mora allí pactada, hasta su efectivo pago.- II.- Apela lo resuelto la ejecutada vencida. En su presentación de fs. 126/139 los letrados apoderados de la demandada puntualizan cuatro agravios. 1) Inhabilidad de título fundada en la falta de legitimación pasiva: sostienen que el correcto análisis e interpretación de las atestaciones de la escritura pública N° 300 lleva a concluir, inequívocamente, que ellas deben juzgarse insuficientes como para dar por investido, el 11 de junio de 2.001, al vice-presidente de A C S.A. de facultades para obligar cambiariamente a la sociedad librando el pagaré que se trajo a este juicio. Puntualizan que fueron planteadas al Juez de primera instancia circunstancias que hacen inconciliable la vinculación que el Banco ejecutante pretende a saber: que la escritura pública no acredita la habilitación del Cdr. G porque ella se firmó el 14/06/01 mientras que el título fue librado el 11/06/01, que el pagaré fue librado a la vista y la operación a la que se refiere la escritura es un préstamo con fecha de vencimiento establecida a los 120 días, que entre las atestaciones del escribano no se encuentra ninguna relativa a la suscripción del pagaré en su presencia ni a una autorización para la firma del pagaré ni antes ni después del acto y, que si se entendieran vinculados la escritura pública N° 300 y el pagaré deberá tenerse en cuenta que su representada jamás invistió de facultades al Cdr. G S J para la suscripción del pagaré de marras. Afirman que constituye una cuestión no controvertida que el vicepresidente de A C S.A. ni por el estatuto ni por la ley ni por un poder especial tenía facultades para librar el 11/06/01 un pagaré a favor del Banco del C S.A. Ello así, esgrimen que para que el libramiento del pagaré pudiera ser opuesto válidamente a la sociedad, era y es necesario un acto de ratificación expreso o tácito de A C S.A. (art. 1.930 y ssgts. C.C.), ratificación inexistente en la escritura N° 300, no habiendo la ejecutante agregado otro instrumento que la contenga. Puntualizan que contrariamente ha agregado la CD 031670147 pidiendo la ratificación y otra CD conteniendo el rechazo pleno de A C S.A. respecto de tal pedido. Afirman que jamás A C S.A. ratificó ni expresa ni tácitamente la creación y suscripción el 11 de junio de 2.001 de un pagaré a la vista por el Cdor. G S J. Sostienen que no es posible afirmar que el pagaré fue creado al momento de practicar la escritura, porque si así hubiera acontecido tal circunstancia debería haber sido relacionada en el texto de la escritura. Esgrimen que las atestaciones insertas en la escritura N° 300 son de tenor indeterminado e impreciso, no observando el escribano los recaudos que deben adoptar para suplir la transcripción íntegra de documentos. Invocan que no hay dudas que la cuestión debe zanjarse por las reglas del mandato especial y de acuerdo a ellas concluir que las constancias insertas en la escritura N° 300 no resultan de ningún modo demostrativas de la existencia de aquél mandato. Señalan la improcedencia de la aplicación de la teoría de la apariencia. Afirman que las constancias de la causa demuestran que el Banco conocía que el Cdor. G jamás tuvo facultades para la suscripción del pagaré de marras, al punto que buscó sorprender a A C S.A. remitiéndole una CD buscando la ratificación por la sociedad del acto realizado por su vicepresidente sin facultades para representarla. Puntualizan que durante el curso de la relación negocial su representada presentó el estatuto de la sociedad y las actas del Directorio, de las que se desprendía que el único autorizado para representar y obligar a la sociedad era su Presidente. Concluyen que la firma del Cdor. G que aparece en el pagaré en ejecución no obliga a la sociedad. Puntualizan que las expresiones contenidas en las negativas a), c) y e) de fs. 60vta. cubren hartamente el requisito de la negativa categórica de la deuda. 2) Litispendencia: señalan que el órgano jurisdiccional admite la existencia de los dos procesos -"Banco del C S.A. c/ A C s/ Ejecutivo" y "A c/ Banco del C s/ Revisión"- y su innegable vinculación. Invocan que siempre que se evidencia la posibilidad de fallos contradictorios aunque no concurra la triple identidad procede la excepción mediante la acumulación de procesos (art. 188, CPCC). Esgrimen que en el caso la posibilidad de escándalo jurídico es clara. Sostienen que la discusión de la causa como consecuencia de la admisión de la excepción no impide en modo alguno su tratamiento cuando las cuestiones articuladas son serias y ellas han sido puestas sobre el tapete mediante la promoción de un juicio ordinario antes de la promoción del ejecutivo máxime cuando, como en este caso, el ejecutante ha contestado la demanda de conocimiento. Reseñan la demanda promovida por su representada, su objeto, a fin de aportar claridad sobre la identidad entre el crédito que se invoca como base de esta ejecución y aquel cuya revisión su parte ha solicitado. Afirman que la discusión de la causa entre obligados directos es procedente, sobre todo, cuando como en este caso, ha sido la propia ejecutante la que ha incorporado los elementos para ingresar a su examen (art. 18, decreto-ley 5.985/63; art. 121, CCom). Interpretan que pueden oponerse defensas causales cuando los firmantes constituyen eslabones inmediatos en la cadena cambiaria. Invocan que la defensa en juicio se encuentra gravemente afectada en la medida que se someta al justiciable a la carga de tener que atender simultáneamente a dos contiendas, cuando, como en el caso, es posible que se acumulen los dos procesos y se resuelvan en una sentencia única. 3) Inhabilidad de título por falsa causa: señalan que el Juzgador no ha realizado ningún abordaje de las razones fundantes de la excepción, incurriendo de ese modo en un exceso ritual manifiesto incompatible con el adecuado servicio de justicia. Insisten en que el título de que se trata es inhábil porque la obligación contenida en el pagaré, por no evidenciar la auténtica realidad negocial subyacente, debe afirmarse fundada en una falsa causa. Afirman sabido que la obligación sin causa, fundada en una falsa causa o sobre una causa ilícita no puede tener ningún efecto (art. 500, C.C.). Puntualizan que toda la ampliación de la asistencia crediticia debía regirse por las condiciones originarias, esto es, la tasa libor mas tres puntos para los intereses y plazos de amortización en ocho años luego de un plazo de gracia de dos años. Califican de diáfano que lo que aparece consignado en el pagaré no se ajusta al negocio real. Reiteran que si se enfrentan, como en este caso, los obligados directos y la causa de la obligación aparece manifiesta, deben ceder los principios de autonomía y abstracción que caracterizan al pagaré y debe admitirse la defensa causal. Esgrimen que es necesario tener en cuenta que el propio Banco auspicia el debate causal y lo torna operativo porque invoca el negocio principal y trae documentación inherente. Destacan que los propios actos del Banco del C demuestran que no estamos ante una promesa de pago pura y simple, es decir, frente a un pagaré, por estar éste vinculado causalmente con un préstamo cuyas condiciones no son las que surgen del papel. Recuerdan que las normas procesales son instrumentales, no tienen un fin en sí mismas y no se agota en ellas el derecho y la justicia, no debiendo nunca entenderse de un modo que autorice desvirtuar o desnaturalizar las normas de fondo o sustanciales que le son preeminentes (arts. 31 y 75, inc. 12, C.N.). Citan postulados del derecho y la justicia consolidados a través del trabajo de la doctrina y la jurisprudencia. 4) Inhabilidad de título por falta de presentación al cobro: afirman que la pretensión del magistrado de que su parte deba probar que el Banco no presentó el pagaré es de imposible cumplimiento, sobre todo, cuando el Banco en su carta documento del 9/10/01, ni siquiera ha manifestado a quién y adónde exhibió el pagaré de marras. Puntualizan que el ejecutante en autos acompañó una CD de fecha 9/10/02 donde dice haber exhibido el pagaré con fecha 12/10/01 con resultado negativo, habiendo desconocido su parte la CD acompañada por la contraria por no constarle su autenticidad. Afirman que no obra en la causa un instrumento fehaciente que acredite que el ejecutante cumplió con la carga de presentar el pagaré para su cobro conforme lo exige la ley cambiaria. Califican de inconstitucional exigir la prueba de un hecho negativo, violatorio del debido proceso, la defensa en juicio, el derecho de propiedad y de la garantía de igualdad. Señalan que la falta de presentación perjudica la acción ejecutiva pues el título no es exigible (arts. 36, 49, 50, decreto ley 5.965/63). 5) Apertura a prueba: reseñan que el Juez omitió todo tratamiento de la petición subsidiaria introducida por su arte de apertura de la causa a prueba. Reeditan el planteo ante esta Cámara. 6) Mantienen y amplían reservas: amplían la reserva para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Peticionan se revoque el decisorio apelado con costas, se tenga presente la reserva de caso federal.- III.- 1) Inhabilidad de título fundada en la falta de legitimación pasiva: una primera regla en orden a establecer cuando se imputa al ente societario los actos cumplidos por sus órganos señala que ello será así cuando el acto de que se trate haya sido realizado por el órgano que, de acuerdo a la ley o el contrato social, sea competente para este tipo de actos, y en tanto ellos no resulten notoriamente extraños al objeto social (Lexis 14/43472).- - El 11/06/01 suscribe el pagaré cuya ejecución se persigue el Cr. J G S J en el carácter de Vicepresidente de A C S.A. (ver fs. 3).- La accionada es una persona jurídica y actúa a través de sus representantes orgánicos (arts. 35 y 36 CCiv. y 58 ley 19550); quienes no expresan su propia voluntad sino que son portadores de la voluntad del ente. De tal forma, la figura del órgano absorbe la del representante y el negocio se estipula -en forma directa- por el ente, a nombre propio. Y, si bien la representación en la sociedad anónima tiene un régimen legal (art. 268 LS.), incumbiendo ministerio legis al presidente la función representativa; en resguardo de la seguridad jurídica y la certeza de las transacciones la jurisprudencia y la doctrina han interpretado que el vicepresidente -que no resulta del texto legal sino de la práctica societaria- tiene idénticas facultades que el presidente y las puede ejercer indistintamente con éste (conf. C. Nac. Com., sala B, 30/7/1990, in re "L P Soc. de Hecho v. C S.A."; conf. Farina, Juan M., "Tratado de sociedades comerciales", t. II-B, Zeus, 1979, p. 333; Solari Costa, Osvaldo, "Delegación de facultades en la administración y representación de la sociedad", en "El directorio en las sociedades anónimas", 1999, Ed. Ad-Hoc, p. 133 y ss.; Zaldívar, Enrique y otros, "Cuadernos de derecho societario", t. III, 1978, Ed. Abeledo-Perrot, p. 536 y ss.) (C. Nac. Com., sala B, 04/10/2000, P C S.A. c/ H D S S.A., Lexis Nº 30002806).

"La figura del vicepresidente de la sociedad anónima no está formalmente prevista en la Ley de Sociedades Comerciales y deriva de válida práctica estatutaria, dado que la ley tampoco contiene disposición expresa en contrario. La jurisprudencia ha tenido oportunidad de referirse a aquélla para reputar imputable a la sociedad la actuación del vicepresidente por entender: que se debe presumir que si actuó era por haberse verificado una causal de impedimento del presidente a falta de prueba en contrario (C. Nac. Com., sala B, 4/8/82, "H, M D. v. G S.A.", idem 25/4/83, "T R B of C"); que la previsión de reemplazo en caso de "ausencia" constituye situación pura y simple, no condicionada a motivo determinado (idem, 23/9/79, "C. A M v. C O"); y que la violación de régimen de representación plural estatutario (firma del vice con otro director) no es invocable en materia de títulos-valores (idem, 5/9/84, "T, R v. B y Cía. S.A.") ... Es que, así como no se puede limitar estatutariamente las facultades representativas del presidente, sí se las puede extender a otros miembros del directorio con carácter alternativo, al no ser excluyentes" (C. Civ. y Com. Junín, 21/10/1995, "C, R A. c/ D S.A.", JA 1996-III-558, Lexis Nº 963183).

Ello así, se ha sostenido que debe entenderse que la firma del vicepresidente de la sociedad anónima demandada, estampada en el documento que se ejecuta, obliga a dicha persona jurídica, ya que es de presumir, ante la falta de prueba del recurrente, que dicho órgano actuó en ejercicio de la presidencia (Alberto Víctor Verón, "Sociedades comerciales", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1.987, t. 4, pág. 237).

Y, la ejecutada en autos no aportó su contrato social ni otros elementos que permitan determinar cuál era el límite de actuación del vicepresidente, ni acreditó que existiese mala fe por parte de la actora por tener conocimiento de que el vicepresidente de la firma accionada no estuviese habilitado para firmar el pagaré cuya ejecución se persigue, por lo que no puede mas que concluirse que su actuación la obligó.- Es que, cabe inferir -ante la falta de prueba que lo controvierta- que el vicepresidente actuó en ejercicio de la presidencia (C. Nac. Com., sala B, 5/9/1984, in re, "T, R v. B y Cía. S.A."; íd., 24/9/1986, in re, "R, R J. v. T V A S.A."; sala A, 25/10/1988, in re "L, R v. D I S.A.I.C."; C. Nac. Civ., sala E, 22/8/1984, in re "L, R v. A S.A. y otro") (C. Nac. Com., sala B, 04/10/2000, P C S.A. c/ H D S S.A., Lexis Nº 30002806; idem, C.N.Com., sala B, "H, M D. c/ G S.A.", L.L., 1983-D-247).- - Por lo demás, el representante obliga a la sociedad aun cuando el acto pueda ser irregular en cuanto a su generación o legitimación interna (art. 58 LS.; conf. Alegría, Héctor, "La representación societaria", Revista de Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, 1996, n. 6, p. 245 y ss.; Lexis N° 30002806).

Por otra parte, de las constancias obrantes en autos no puede mas que concluirse que la actuación del Cr. J G S J como representante de A C S.A. era habitual y pública (ver Anexo al Convenio de Concesión y Compromiso de Asistencia Crediticia del 14 de Octubre de 1.997, fs. 47/50 y Escritura Pública N° 300 de fs. 92/95), por lo que resulta razonable sostener que el Banco del C S.A. actuó en la certeza de encontrarse frente al representante orgánico de la accionada. Y, según el principio de la apariencia, la existencia y alcance de un acto debe juzgarse sobre la base de su manifestación exterior o forma externa con la cual sus autores lo han hecho conocido, de modo que produzca convicción respecto de su regularidad y realidad (conf. C. Nac. Com., sala C, 11/10/1982, in re "R P C. F v. C H"; sala B, voto del juez Butty, 30/6/1999, in re "K S.A. v. L P S.R.L."; ver mi voto, 17/12/1999, in re "G, A A. y otro v. A V S.A.", "Doctrina Societaria", Ed. Errepar, junio de 2000, t. XI, n. 151, p. 1091; entre otros).- No se contrapone con lo sostenido en el párrafo precedente la remisión de las cartas documentos que obran glosadas a fs. 96 y 98, las que son considerablemente posteriores a la suscripción del pagaré de marras y se refieren a actos celebrados por el vicepresidente de la sociedad distintos de la suscripción del pagaré en ejecución. - Si bien tres días posterior, mucho mas cercana es la comprobación de la personería efectuada por el escribano interviniente en la celebración de la escritura N° 300 (fs. 92/95), quien, en los términos del art. 1.003 del C.C. no se encontraba obligado a la transcripción en el cuerpo de la escritura de los documentos habilitantes, atestaciones que por otra parte no se invoca hayan sido impugnadas por la vía pertinente.

Es que, aún cuando dicho instrumento no baste por sí solo para acreditar la personería del presidente, la cercanía con el pagaré suscripto refuerza la aplicación del principio de la apariencia, la presencia de la certidumbre de que la entidad social ejecutada asumía la obligación fluyente de los términos del título.. La jurisprudencia, por aplicación de la ley societaria tiende a proteger a quienes conciertan con sociedades y a evitar el abuso de la tipología societaria cometido mediante la representación aparente (Francisco Magliardi, "Representación societaria en materia cambiaria", L.L. 1983-D-246 y ssgts.).

Ello así, ha de confirmarse el rechazo de la excepción de inhabilidad de título fundada en la falta de legitimación pasiva.

2) Litispendencia: en principio la excepción de litispendencia sólo es admisible cuando está fundada en la existencia de otro juicio ejecutivo, seguido entre las mismas partes y por el mismo título (esta Sala SIC 22/00, con cita de Fenochietto, Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de La Nación", Comentado y Concordado, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1983, T. 2, pág. 741; en igual sentido, CNCom., sala E, 08/03/06, "B Banco F S.A. c/ L S.R.L. y otro", DJ 02/08/06, 978, CNCom., sala B, 21/11/05, "A S S.C. c/ N T S.A. y otros", DJ 10/05/06, 126, CNCom., sala C, 18/11/03, "Banco C c/ B y A de P S.A. y otros", La Ley Online, entre muchos otros).

Es copiosa la jurisprudencia en torno a que el impedimento procesal de litispendencia en otro juzgado o tribunal competente, sólo puede prosperar cuando se lo funda en la existencia de otro juicio ejecutivo no concluido entre las mismas partes y en virtud del mismo título. Es decir, requiere que exista otro juicio ejecutivo (presupuesto) con el cual se produce la llamada concurrencia de las tres identidades (requisitos de admisibilidad), a saber: que aquél sea entre las mismas partes, por la misma deuda y por igual título, constituyendo un requisito esencial que la demanda ejecutiva haya sido notificada y que tramite ante otro juzgado o tribunal (esta Sala, SIC 22/00, con cita de Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial Prov. de Bs. As. y de La Nación", Comentados y Anotados, Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, T. VI-B, pág. 99 y ssgts.).

La excepción de litispendencia opuesta en el juicio ejecutivo (art. 544, inc. 3°, CPCC) tiene un ámbito restringido, debiendo examinarse la confluencia de identidad de objeto, sujeto y causa con mayor rigor que cuando se la opone como excepción previa en un proceso de conocimiento (art. 347, inc. 4°, CPCC) (CNCom., sala A, 22/05/02, "W, L c/ F S", DJ 18/09/02, 201 - DJ 2002-3, 201; ídem, CNCom., sala A, "B, P T C -C- L c/ Servicios A P", La Ley Online). - Autorizada doctrina ha entendido que si bien la teoría de la triple identidad ha sido superada por los conceptos de continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, conceptos éstos últimos que no pueden ser aplicados en materia de juicio ejecutivo, no se puede dejar de notar que en la mayoría de los casos la primera de las teorías es de utilidad para establecer la existencia de litispendencia, debiendo tratarse en principio de dos procesos de ejecución que coexistan. Ello no obstante podría darse la pendencia -excepcionalmente- entre una ejecución y un pago por consignación (Luis A. Rodríguez, "Tratado de la Ejecución", Ed. Universidad, Buenos Aires, 1985, T. II-B, pág. 636 y ssgts.).- - Ello se corresponde con la naturaleza del juicio ejecutivo, ya que la pretensión de que se examine un proceso de conocimiento -ordinario o plenario abreviado- presuntamente conexo con uno de ejecución sólo conduciría, bien que por vía elíptica, a analizar la causa de la obligación, lo que se encuentra vedado en esta clase de procesos, pues ordinizaría el juicio ejecutivo, desvirtuando su naturaleza de proceso sumario, además tornaría inoperante la única vía lícita para debatir la relación sustancial (Morello, Sosa, Berizonce, Op. Cit., pág. 100; ídem CNCom., sala E, 08/07/88, "Banco A S.A. c/ A, F y otro", L.L. 1990-A-275). - Por otra parte, la posibilidad de litispendencia debe ser considerada restrictivamente si se parte de la idea de que lo que se resuelve en la ejecución hace cosa juzgada meramente formal. Se ha indicado que toda vez que la sentencia dictada en juicio ejecutivo no causa instancia, siendo posible, por consiguiente, la modificación total o parcial del pronunciamiento que contenga mediante sentencia obtenida en juicio ordinario, no cabe argumentar que existe el peligro de escándalo jurídico motivado por posible pronunciamientos contradictorios (esta Sala, SIC 22/00; ídem, CNCom., sala A, 14/12/76, J.A., 1997-III, síntesis, CNCom., sala A, 30/06/88, L.L. 1989-A-190, Luis A. Rodríguez, Op. Cit. pág. 637). - En tal sentido, ha de confirmarse el rechazo de la excepción de litispendencia.- - 3) Inhabilidad de título por falsa causa: si bien nombrada como inhabilidad de título, la excepción opuesta refiere a la realidad negocial subyacente, al negocio causal, debate que la parte ejecutada entiende propiciado por el propio Banco ejecutante.- En el juicio ejecutivo el conocimiento se limita a la exégesis de las formas extrínsecas del título, razón por la cual es improcedente considerar defensas fundadas en aspectos causales (CNCom., sala D, 31/08/1995, "Banco de C A c/ C, M A.", L.L. 1997-E, 1038, 39.890-S).- - Son inadmisibles las defensas causales deducidas contra la acción cambiaria emergente de un pagaré por la vía del juicio ejecutivo, ya que la naturaleza de la acción, el carácter abstracto del título y las peculiaridades de la vía ejercida no se compadecen con esas defensas (CSJN, 12/10/1976, "Provincia de Neuquén c/ Faraday, S. A.", La Ley Online).- En los juicios ejecutivos no resultan admisibles las defensas causales, aún cuando aquéllos tengan por objeto la ejecución de un pagaré y se haya entablado entre las partes directas de la obligación sustancial pues, conforme lo establecido por el art. 544 del rito, la excepción de inhabilidad de título se limitará a las formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa, lo que excluye las defensas fundadas en la causa de la obligación (TSJCórdoba, sala civil y comercial, 28/08/2001, "A S. A. c/ G, A E. y otro", LLC 2002, 194).- La posibilidad de oponer en el juicio ejecutivo defensas causales cuando la ejecución se plantea entre obligados directos es, en principio, inaceptable por aplicación del art. 544, inc. 4°, del CPCC -que exige que las excepciones de falsedad material e inhabilidad de título sólo se funden en lo puramente externo- al cual debe ajustarse el proceso. Es que, en el juicio ejecutivo resulta inadmisible la discusión de cuestiones de naturaleza causal, pues la ley ha establecido taxativamente las excepciones admisibles como defensas y otorga la posibilidad de que tanto el actor como el demandado puedan promover juicio ordinario posterior, ejercitando la vía declarativa (CCivyCom. Santa Fe, sala I, 06/02/1998, "C O S. A. c/ Provincia de Santa Fe", LLLitoral, 1998-1-838). - Y, si bien la regla que limite el examen del título a sus formas extrínsecas no puede llevarse al extremo de atribuir una condena fundada en una deuda inexistente, cuando tal circunstancia resulta manifiesta de los obrados, pues lo contrario importaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de las garantías constitucionales (esta Sala, SIC 223/05), aún desde esa óptica la excepción opuesta resulta inadmisible ya que lejos se encuentra de ser manifiestamente inexistente la deuda cuya ejecución se persigue. - Sin duda, la posibilidad que deja abierta la sentencia ejecutiva del negocio causal subyacente en su faz contractual, confiere al demandado en juicio ejecutivo la posibilidad de promover la acción ordinaria con todas las garantías del proceso substancial, acción que en el supuesto de autos ya fue promovida con un contenido mucho mas amplio que el que forma parte del presente trámite.- - Por otra parte, el hecho del que el Banco del C S.A. haya ejercido la acción cambiaria y las expresas manifestaciones vertidas a fs. 104/vta. se oponen a la afirmación de la apelante de que es la propia ejecutante la que auspicia dicho debate causal.

Ello así, ha de confirmarse el rechazo de la excepción de inhabilidad de título por falsa causa.

4) Inhabilidad de título por falta de presentación al cobro: es razonable interpretar que la norma contenida en el art. 50, último párrafo, del decr. ley 5.965/63 debe ser considerada aplicable en los supuestos en los que el plazo del vencimiento fuera a un día fijo o a determinado tiempo de la fecha, no así en los pagarés a la vista o a determinado tiempo vista, toda vez que en éstos últimos, más allá de la cláusula sin protesto, la presentación al cobro es indispensable para establecer su vencimiento y por ende su exigibilidad, independientemente de la satisfacción del crédito contenido en el título.

De lo contrario, se corre el riesgo de someter al obligado cambiario a una prueba diabólica como lo es el hecho negativo de acreditar la no presentación a la vista, especialmente si el acreedor ejecutante se limita a afirmar la presentación al cobro sin especificar la fecha y el lugar en la que habría ocurrido, o cual habría sido la gestión mínimamente exigible a una entidad bancaria a fin de lograr la satisfacción del crédito cambiario.- En el particular supuesto bajo examen, la carta documento acompañada por la parte actora a fs. 4, dirigida a la demandada, en la que con claridad se lee un sello del Sector Cobranzas del Banco del C S.A., de fecha 09/10/02, y no la sola manifestación de la ejecutante de haber intimado a la demandada al pago de la deuda en la fecha individualizada, constituye una presunción a favor de la actora de que la ejecutada fue requerida de pago. - Contra dicha presunción, la que satisface la exigencia de la indicación de lugar y fecha de realización de la diligencia, de modo de permitir al obligado el ejercicio de derecho de defensa mediante la prueba específica de que en ese momento de tiempo y lugar nadie concurrió a presentarlo, ninguna prueba ofreció la ejecutada (ver fs. 67vta.) , por lo que desde tal momento (09/10/02) corresponde computar el comienzo de la mora.

Por otra parte, la jurisprudencia ha sostenido que el argumento expresado por el ejecutado con relación a la falta de presentación al cobro del pagaré librado a la vista, sin protesto y pagadero en el domicilio del actor, puede evidenciar que éste carecía de título para cobrar accesorios con anterioridad a la intimación de pago, pero no enerva la validez del título con relación al capital debido (CNCom., sala B, 08/09/03, "Z S c/ L SRL y otro", LL, 2.004-A-780).

En tal sentido, ha de confirmarse el rechazo de la excepción de inhabilidad de título por falta de presentación al cobro.

5) Apertura a prueba: el Juez de la instancia antecedente trató expresamente la solicitud de apertura a prueba denegándola por improcedente (ver fs. 115, 3er. y 4to. párrafo).

Y, la apertura a prueba de las excepciones en juicio ejecutivo es facultad privativa del juez, quien puede prescindir válidamente de esta etapa procesal cuando considere que los elementos obrantes en su poder son suficientes para resolverlas sin necesidad de recurrir a ese medio, pudiendo legalmente el 'a quo' desestimar las excepciones opuestas sin abrir la causa a prueba y sin afectar, en consecuencia, la regularidad del pronunciamiento (esta Sala, SIC 09/02.- Por otra parte, tratando la apelación bajo análisis de un recurso concedido en relación no rige la producción de prueba en la Alzada, sino que la misma se encuentran en principio vedada conforme lo dispone el art. 275 del rito, resultando además suficiente para decidir las excepciones deducidas los elementos obrantes en autos sin necesidad de recurrir a la apertura a prueba subsidiariamente ofrecida.- En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut RESUELVE: - CONFIRMAR el decisorio de fs. 112/115. - IMPONER las costas de Alzada a la parte apelante vencida (art. 558, CPCC), regulándose los honorarios correspondientes a los Dres. J R H, C A T y J F L, en conjunto, en mérito a la calidad, extensión, eficacia de la labor profesional cumplida y al resultado obtenido, en un 25 % de los que a favor de la representación letrada de la parte demandada fueron regulados por su actuación en la instancia antecedente (art. 14, ley 2.200 y modif.).

Tener presente las reservas formuladas.

La presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Raúl Adrián Vergara (art. 8 Ley 1130, To. Ley 1130).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL N° 120 DE 2.006 - SIC.- CONSTE.- c.

CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA