Insuficiencia del agravio, carga de la prueba, tráfico de estupefacientes, factores atributivos de responsabilidad, participación criminal, derechos y garantías constitucionales, disminución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Gómez González, Roberto Agustín y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-16

En cuanto al agravio vinculado con la alegada falta de fundamentación de la sentencia en lo que respecta a la responsabilidad del encausado en los sucesos acreditados, para demostrar que la sentencia resulta arbitraria no alcanza con sostener que "la orfandad probatoria en contra de mi asistido fue tan evidente", cuando en el fallo se ponderan numerosos y variados elementos de juicio. En ese marco, es deber de quien lo alega, cargar con la prueba de acreditarlo, extremo que no aconteció suficientemente en el sub examine. El argumento de la parte sosteniendo que la imputada carecía de disposición del material estupefaciente, toda vez que éste "se encontraba en el domicilio del organizador y no existen elementos probatorios que permitan vincular a mi defendida con ese domicilio, sea física o intelectualmente", no puede ser de recibo. La atribución de responsabilidad en estos casos, no depende de un comportamiento de propia mano sobre la droga que suponga un dominio fáctico originario. Basta con que esa actuación se integre de modo organizado en la disposición del estupefaciente, como aquí ha quedado demostrado, para que ese obrar constituya un riesgo jurídicamente inaceptable. El suceso delictivo se produjo en el contexto de una intervención organizada de sujetos, en la que cada uno de los causantes cumplió un rol y funciones previamente determinadas, dentro de un plan común. Ello conlleva a sostener que resulta indiferente quien detentaba la disposición material del estupefaciente, pues lo determinante es que el mismo, tal como se asentó en la sentencia bajo examen, estaba destinado a ser puesto en una cadena de tráfico -en el caso mediante su comercialización-. En este aspecto, dentro de la estructura de tráfico montada, la encausada se encargaba de los actos directos de comercialización. La incapacidad alegada, en relación al delito atribuido, ha sido adecuadamente considerada en el fallo, infiriendo que las características del comportamiento observado eran comprendidas en su contradicción normativa por la acusada. La comprobación de la sentencia es apta para tener por demostrada la finalidad de la encausada en cuanto a realizar una acción que se integra material y subjetivamente en una cadena de tráfico de estupefacientes. En esa línea, la señalada "ultraintención" con la que se suele identificar la estructura final de la tenencia de estupefacientes calificada, remite a una evaluación de indicadores que, a pesar de su naturaleza objetiva, son aptos para interpretar la relación subjetiva -en este caso teleológica- que caracteriza este tipo de injusto. Tampoco tendrá acogida favorable el planteo subsidiario formulado por la defensa en cuanto requiere que se le imponga una pena inferior al mínimo legal toda vez que no se advierte que, con la imposición de la pena mínima prevista para el delito enrostrado, se haya arribado a una pena cruel que implique una mortificación mayor que aquella que por su propia naturaleza la ley impone. Tampoco se evidencia una falta de correspondencia inconciliable entre los bienes jurídicos lesionados por el delito imputado y la intensidad o extensión de la privación de libertad impuesta como consecuencia de su comisión. Se destaca también que la sanción irrogada no implicó una respuesta punitiva irracional ni ha vulnerado los principios constitucionales de proporcionalidad y culpabilidad.