Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-31


Reg.: A y S t 283 p 424/426.

Santa Fe, 31 de julio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Querellante contra el decreto del 18 de octubre de 2017 del Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, doctor Llaudet, en autos caratulados "LORENZO, PABLO ADRIÁN -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'LORENZO, PABLO ADRIÁN S/ DEFRAUDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA'- (EXPTE. 86/15)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511845-7); y, CONSIDERANDO:

1. Por decreto del 18 de octubre de 2017, el Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, doctor Llaudet, declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante contra la decisión del Juez de Primera Instancia que había dispuesto el archivo de la causa (f. 2). Ante ello, la interesada dedujo revocatoria (f. 3), la que fue rechazada por manifiestamente improcedente (f. 8). Solicitada aclaratoria por la interesada (f. 9), se hizo lugar a la misma (f. 10).

2. Contra estos pronunciamientos, la representación técnica del Querellante interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 11/19).

En primer lugar, explica que el auto impugnado es definitivo y hace imposible la continuación del proceso, impidiendo todo otro posterior sobre el mismo objeto.

Señala que la resolución que declaró mal concedida la apelación es "estructuralmente inválida" (f. 14), con base en que debería haber sido dictada por un tribunal de apelación pluripersonal y no unipersonal. Agrega que el espíritu de la ley 13018 propende a otorgar competencia al tribunal pluripersonal cuando se trata de sentencias definitivas y que el auto de archivo es equiparable a tal al producir un gravamen o agravio irreparable.

Por otro lado, plantea falta de fundamentación suficiente, en el entendimiento de que la exigencia constitucional del artículo 95 sumada a la condena del cómplice y las acusaciones formuladas con anterioridad por el Actor penal imponían un deber de motivación mayor que no fue cumplido, habiéndose limitado el Magistrado a rechazar las peticiones de su parte con simples adjetivaciones y sin dar razón alguna de sus dichos.

Como otra causal de descalificación, refiere invocación de normas no aplicables al caso. Expresa que tanto la Fiscal al pedir el archivo, como el Juez al disponerlo, aludieron a los artículos 7 y 8 de la ley 13004, mas el presupuesto de aplicación de éstos es la inacción del Querellante, lo que no ha ocurrido en el presente. Relata los diversos actos que realizó para impulsar la prosecución de la causa y concluye que ello demuestra el interés de su parte en la continuación.

Seguidamente, postula "proceder antifuncional y contradictorio del Ministerio Público Fiscal" (f. 17v.) y violación del derecho del Querellante al debido proceso. Manifiesta que el fiscal está obligado a promover la acción penal pública cuando existan suficientes indicios fácticos de la existencia de hechos punibles y, en consecuencia, el pedido de archivo efectuado resulta contrario a sus obligaciones funcionales.

Por último, considera que entender que una ley de transición habilita el archivo de una causa penal en las condiciones del presente es una interpretación netamente disvaliosa, perjudicial para las reglas del debido proceso y los derechos del Querellante.

3. El Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, doctor Llaudet, por auto 96, del 13 de marzo de 2018, deniega la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 29/32); lo que motiva la presentación directa de la impugnante ante esta Corte (fs. 34/42v.).

4. En primer término, cabe rechazar el planteo de invalidez traído por la compareciente con base en la integración unipersonal de la Alzada que interviniera en los presentes, en tanto la cuestión ya fue resuelta por este Tribunal (cfr. criterio de A. y S., T. 262, págs. 334 y 339) a cuyos fundamentos corresponde remitir.

5. Sentado ello, corresponde resaltar que el remedio impugnativo no puede prosperar, desde que la decisión cuestionada carece del recaudo de definitividad requerido por el artículo 1 de la ley 7055.

Es que, el referido canon limita la apertura del recurso extraordinario local a los casos en que se impugnan "sentencias definitivas dictadas en juicio que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación".

A su vez, es dable poner de relieve que resulta ser posición pacíficamente aceptada, tanto por esta Corte como por el más Alto Tribunal de la Nación, que corresponde atribuir tal carácter a las decisiones que si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (en tal sentido Fallos:308:1832; A. y S., T. 107, pág. 149; T. 120, pág. 309, entre otros).

Y considerando que el pronunciamiento que en virtud de la decisión del Juez de Cámara no será revisado consiste en el archivo de las actuaciones, la decisión cuestionada no puede constituirse en objeto procesal de esta vía de impugnación extraordinaria por no ser -tal como lo señalara el A quo al denegar la vía- una sentencia definitiva, ni auto interlocutorio con las características prescriptas en el aludido artículo 1 de la ley pertinente.

Y si bien en su presentación directa la interesada intenta rebatir lo expuesto, expresando que se trata de una sentencia definitiva, o en todo caso equiparable a tal porque genera a su parte un gravamen irreparable, lo cierto es que, pese a su empeño, no logra persuadir acerca de la configuración en el "sub judice" de algún supuesto que autorice excepcionalmente el apartamiento de las pautas sentadas "ut supra".

En efecto, el Tribunal expresó que el archivo no causa estado, pudiendo la investigación ser reabierta ante la aparición de un hecho nuevo o alguno existente al momento de aquél. Más aún, lo dicho se refuerza a poco que se tenga en cuenta lo manifestado asimismo por el Sentenciante en punto a que el Querellante puede ejercer la acción a través del proceso de querella solicitando el desarchivo de la causa, conforme lo prescripto por el inciso d del artículo 7 de la ley 13004.

En suma, y tal como se ha analizado, la presentante no logra en esta instancia demostrar la existencia en el "sub examine" de un supuesto de excepción que permita tener por superada la ausencia de un requisito ineludible a los fines de la apertura de esta vía extraordinaria, cual es, la definitividad de la sentencia que se recurre por inconstitucional, por lo que corresponde declarar inadmisible el remedio intentado.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA - GASTALDI - NETRI - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, doctor Llaudet.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia N° 3 de Rosario.