Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21


CAUSA N° 437-00-CC/2005, caratulada "ESTADIO VELEZ SARSFIELD s/infr. Arts. 96, 98, 99, 101 y 102 ley 1472-apelación".

En la Ciudad de Buenos Aires a los 21 días del mes de Marzo de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Motiva la intervención de este estrado el recurso de apelación interpuesto a fs. 140/144 vta. por el cotitular de la Fiscalía de primera instancia N° 6, Aníbal Oscar Brunet, contra la sentencia glosada a fs. 133/138 en cuanto absuelve al CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD ASOCIACION CIVIL, representado por el Sr. Pedro Guillermo Pizzoglio, de las demás condiciones personales obrantes en autos, de la contravención prevista en el art. 96 del C.C. por el hecho sucedido el día 12 de marzo de 2005, aproximadamente a las 21:10 horas, en el estadio José Amalfitani, sito en Juan B. Justo 9200 de esta ciudad, sin costas (arts. 4 y 96 del Cód. Contravencional; arts. 6, 14 y 48 de la LPC; art. 402 del C.P.P.N.).

Escuchada en esta sede la Sra. Fiscal de Cámara, hace suyos los argumentos vertidos por su colega de primera instancia, los que da por reproducidos en honor a la brevedad, manteniendo la impugnación en función de las prescripciones del art. 22 inc. 1° de la ley 21 -ver fs.149-.

Cumplidos los plazos procesales de rigor, se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I.- El recurso de apelación articulado resulta formalmente procedente, toda vez que ha sido interpuesto en tiempo oportuno, por escrito fundado y contra una sentencia definitiva.

II.- Critica el Ministerio Público la interpretación que realiza el "a quo" del art. 43 de la LPC, en oportunidad de serle remitido el legajo para que se pronuncie en punto al acuerdo de juicio abreviado celebrado por las partes, en tanto se habría afectado el debido proceso, desvirtuado el principio acusatorio, afectado la defensa en juicio, haciendo caso omiso del principio de oralidad y de inmediatez. En tal sentido, sostiene que: "En mi opinión el Magistrado no puede dictar sentencia absolutoria cuando para ello le sea necesario e imprescindible valorar las pruebas colectadas o realizar una interpretación de la ley aplicable que exija un apartamiento de la literalidad del texto".

Sin embargo, como afirma el sentenciante, y tiene dicho la Sala, tal norma no excluye la posibilidad jurisdiccional de dictar un pronunciamiento absolutorio por cuanto, más allá de las objeciones constitucionales que ha merecido el instituto por parte de la doctrina y la jurisprudencia, admitida la posibilidad de dictar sentencia condenatoria sin debate, no puede excluirse la facutad de absolver en idénticas condiciones. Este criterio ha sido acogido en el cap. XIV de la ley 12, texto según modificaciones operadas por leyes 1287 y 1330 (conf. art. 60), haciéndose eco de la tendencia jurisprudencial actual dominante en la materia: "Si bien del art. 431 no surge la posibilidad de que el tribunal se encuentre habilitado para dictar sentencia absolutoria, pese al acuerdo de pena celebrado entre el Sr. Fiscal y el imputado, no le está vedado a éste absolver al imputado cuando aprecie que no existen en autos elementos de prueba suficiente para arribar a un pronunciamiento condenatorio, o los existentes produzcan un estado de perplejidad tal que impidan formar un seguro convencimiento en tal sentido (art. 3 del CPPN). La postura contraria violenta el principio de oficialidad que incluye el de indisponibilidad de la acción penal" (CNCP, Sala III, causa N° 4402, Reg. N° 766.03.3, "Ríos, Al cides Jabv vier s/Recurso de Casación", 17/12/03, con cita de Cafferata Nores, José Ignacio, "Cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal", 2° edición Causa N° 437-00-CC/2005. Sala II.

actualizada, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1998, pág. 167; D´Albora, Francisco, "Código Procesal Penal de la Nación", Lexis Nexis, Abeledo Perrot, 5° edición, Buenos Aires, 2002, pág. 930; Palacio, Lino Enrique, "L.L. 1997-D", pág. 587).

En el mismo sentido se sostuvo que: "La admisión del hecho y la calificación dada en el requerimiento fiscal de elevación a juicio no impide la absolución del imputado en el marco de un proceso penal tramitado bajo las previsiones del juicio abreviado (art. 431 bis del CPPN), pues corresponde al Tribunal de juicio decidir si se cometió o no el delito y si procede o no la imposición de pena" (TOC N° 7, 27/02/01, "Verón, Ernesto y otros", publicada en L.L., 2001-C, pág. 593); "El consenso de las partes en el juicio abreviado impide al Tribunal imponer una sanción superior a la estimada por la Fiscalía y aceptada por el causante y su defensa; pero no le veda reducirla cuando encontrare mérito suficiente, desde que puede llegar hasta la libre absolución del imputado, si correspondiere" (TOC Mar del Plata N° 1, causa 10, "Gómez, Ricardo y Herrera, Oscar s/Robo", 28/10/98).

En esa línea ya nos hemos pronunciado en las causas N° 356-00-CC/2004, rta. el 03/12/04; 283-00-CC/2004, rta. 22/10/04; 348-00-CC/2004, rta. el 30/11/04, entre otras.

En síntesis, si a través del instituto del juicio abreviado el juez puede condenar sin debate con más razón tendrá la potestad de absolver sin necesidad de llevar a cabo la audiencia de juicio prevista en el art. 46 de la ley 12.

III.- Ahora bien, sin perjuicio de lo que se lleva dicho, es importante resaltar que el art. 43 de la LPC establece que si el juez considera que para dictar sentencia se requiere un mejor conocimiento de los hechos, debe llamar a audiencia de juicio. De este modo, no compartimos el pronunciamiento absolutorio al que se ha arribado en el legajo.

Sucede que, a diferencia de lo que ocurría en los citados precedentes jurisprudenciales en que la cuestión a debatir remitía exclusivamente al análisis de la tipicidad de la conducta reprochada, en el caso de autos el Magistrado concluyó que el cuadro fáctico y jurídico no había quedado suficientemente probado, ya que entendió que si bien se encontraban corroboradas las circunstancias que rodearon la celebración del "Día de las Copas Internacionales de Fútbol" el día 12 de marzo de 2005, en el estadio del Club Vélez Sarsfield, como así también la reacción violenta de la parcialidad del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, no resultaba posible tener por debidamente acreditado, en cambio, que dichos sucesos fueran consecuencia de una omisión de adoptar racaudos de organización o de seguridad relativos al encuentro deportivo, por parte de los directivos del club imputado y, como consecuencia, la materialidad del hecho enrostrado.

Mas es lo cierto que la eventual ausencia, en el caso, de un cuadro cargoso suficiente para arribar a un pronunciamiento condenatorio no puede determinar el cierre anticipado del proceso cuando en la especie se advierte que el juicio de valoración relativo a la orfandad probatoria en que se sustenta el pronunciamiento, aparece como prematuro a la luz del ofrecimiento de prueba subsidiario que efectuara el Fiscal "para el caso que V.S. disponga de un mejor conocimiento" (item 6.-, fs. 124), ya que ello implicaría sustraer al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de acreditar los extremos fácticos de la imputación en la audiencia de juicio, y a la defensa, de repelerlos en su oportunidad.

Tal argumentación, vinculada a la sustancia del evento a reprochar, conforma una cuestión que amerita ser objeto de debate y discusión en la audiencia pertinente; pues es precisamente el juicio el escenario previsto por la normativa de forma para realizar el control de la prueba que se valorará en la Causa N° 437-00-CC/2005. Sala II.

sentencia. Esa comprobación "(...) es la principal razón de ser del debate oral y público, regulado por las leyes procesales penales modernas que reformaron el modelo inquisitivo, instituyéndolo como culminación del procedimiento y para que proporcione la base de la sentencia. Ese debate se cumple con la presencia ininterrumpida de todos los sujetos procesales (inmediación)... y en él son incorporados los únicos elementos de prueba idóneos para fundar la sentencia, forma de proceder que asegura el control probatorio por parte de todas las personas interesadas en la decisión; a él concurren el acusador y el acusado -también su defensor- con las mismas facultades, factor principal de la equiparación de posibilidades respecto del fallo. De ello resulta, también, que la investigación anterior (instrucción o procedimiento preliminar) y los medios de prueba que allí se realiza tienen sólo valor preparatorio, esto es, sirven para decidir acerca de si se enjuicia al imputado (acusación), mas no para fundar la sentencia" (Maier; Julio; Derecho Procesal Penal, tomo Iº,. Fundamentos, pág. 585).

En cuanto a la tacha nulificante que pretende el recurrente, en razón de entender que se ha vulnerado el principio acusatorio, cabe decir que no se advierte en la especie la lesión constitucional invocada que permita acoger la viabilidad de la sanción perseguida; por ello, y de conformidad con el requerimiento formulado por la Sra. Fiscal ante la instancia, oportunamente habrá de resolverse la revocatoria del auto apelado.

No obstante lo anterior y en lo que concierne a la continuación del trámite del legajo, sí corresponde apartar al Magistrado interviniente del conocimiento de la causa por verse afectado el principio de imparcialidad (art. 13 inc. 3° de la CCABA) al haber formulado opinión sobre el fondo de la cuestión, debiéndose proceder al sorteo de un nuevo juez.

Por ello y habiendo concluído el presente Acuerdo el Tribunal:

RESUELVE:

I.- REVOCAR la resolución glosada a fs.133/138 en cuanto absuelve al CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD ASOCIACION CIVIL, representado por el Sr. Pedro Guillermo Pizzoglio, de la contravención prevista en el art. 96 del C.C., por el hecho sucedido el día 12 de marzo de 2005, aproximadamente a las 21:10 horas, en el estadio José Amalfitani, sito en la Avenida Juan B. Justo 9200 de esta ciudad, sin costas (arts. 4 y 96 del Cód. Contrav.; arts. 6, 14 y 48 de la LPC; art. 402 del C.P.P.N.).

II.- APARTAR al Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Contravencional N° 6, Gonzalo Segundo Rua, del conocimiento de la presente causa y REMITIR las actuaciones a la Secretaría General a fin de que se proceda a desinsacular el nuevo Juzgado que deberá continuar con el trámite del legajo, y fecho, a devolver el presente a su juzgado de origen a efectos de que su titular tome razón de lo decidido y envíe las mismas al nuevo Tribunal (Acuerdo nº 10/2005).

Notifíquese mediante nota a la Sra. Fiscal de Cámara y por cédula a la defensa, y cúmplase con lo ordenado.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas