Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29


SENTENCIA DEFINITIVA N°: 100209	SALA II EXPTE. Nº 16.510/2007	(JUZGADO Nº 28) AUTOS: "PERALTA, JUAN FRANCISCO C/ FERREIRO, SANDRA EDITH Y OTRO S/ 22.250 " VISTOS Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, 29 de febrero de 2012 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a conti-nuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente al reclamo incoado (fs. 185/6 vta.) se alzan la codemandada Ferreiro y la citada como tercero Provincia ART S.A., a mérito de los memoriales obrantes a fs. 193/4 vta. y fs. 188/9 vta., replicados a fs. 206.	La coaccionada Ferreiro se queja por la forma en la que han sido impuestas las costas del proceso y por la tasa de interés aplicada al monto de conde-na.

A su turno, Provincia ART S.A., tercera citada por la demandada Ferreiro, solicita que se declare nula la sentencia de grado alegando que su parte se ha presentado en el juicio y ha ejercido su defensa respecto de lo reclamado por las partes, esto es diferencias entre las prestaciones dinerarias a su cargo por incapacidad laboral tempo-ral, obteniendo éxito con ello dado que dicha cuestión fue rechazada. En ese contexto sostiene que en modo alguno puede ser alcanzada por los efectos de la condena ni ser responsabilizada de algo que es absolutamente ajeno a ella como entregar la libreta de fondo de desempleo al trabajador o pagar multa (ley 22.250) y mucho menos a entregar el certificado de trabajo (art. 80 de la LCT), por cuanto ello implicaría no solo afectar el principio de congruencia sino también el derecho de defensa en juicio de su parte.

Asimismo, a fs. 194 vta./5 se presenta el coaccionado Miranda peticionando el cese de la rebeldía por las cuestiones que expone a la par que se queja del progreso parcial de la acción.

II.	Respecto de la nulidad de sentencia interpuesta por Pro-vincia ART S.A. se requirió la opinión del Ministerio Público (fs. 212) quien se expide a tenor del dictamen obrante a fs. 213.

III.	Liminarmente y por razones de mejor método me abocaré a tratar los argumentos que esgrime el coaccionado Miranda en su presentación de fs. 194 vta. los que, anticipo, no tendrán favorable andamiento en mi voto.

Es que más allá de que en su presentación Miranda no invoca fundamento fáctico o jurídico alguno que avale la presentación del escrito que acom-paña a fs. 191/ vta., lo cierto es que arriba firme a esta instancia que dicho coaccionado quedó incurso en la situación de rebeldía que prevé el art. 71 de la L.O. (cfr. fs. 40) y esa circunstan-cia sella definitivamente la suerte adversa de su planteo en este sentido.

Por lo demás la queja que versa sobre el fondo del asunto no cubre ni mínimamente el requisito de admisibilidad formal que establece el art. 116 de la L.O. dado que sus expresiones no distan de constituir meras discrepancias dogmáticas del ape-lante.

En consecuencia, voto por desestimar lo peticionado a fs. 194 vta, lo que así dejo propuesto.

IV.	Corresponde ahora tratar la nulidad de sentencia articula-da por la tercera citada Provincia ART S.A. que, anticipo, no tendrá favorable recepción.

Ello así por cuanto la ley 18.345 en su art. 115, siguiendo la doctrina prevaleciente en relación al denominado recurso de nulidad, ha restringido sus al-cances, excluyendo la posibilidad de que éste pueda versar sobre otros aspectos que no sean los defectos de forma de la sentencia o resolución apelada, con lo cual cualquier tipo de anomalía que se le atribuya y que no corresponda a esa hipótesis legal, debe ser considerada a través del recurso de apelación (conf. esta Sala in re "González, Vicente c/Cervecería y Maltería Quilmes S.A. s/Accidente", sent. 67.527 del 14/11/90).

Consecuentemente, el planteo deducido por la tercera ci-tada será tratado mediante el recurso de apelación, con lo cual corresponde rechazar el pedido de nulidad articulado.

V.	Sentado lo anterior me abocaré al análisis de la queja es-grimida Provincia ART S.A. y sobre el punto coincido con el Ministerio Público en que la re-forma introducida por la ley 25488 al art. 96 del CPCCN no posee el alcance atribuido en la sentencia atacada por cuanto la posibilidad eventual de una condena no convierte al tercero ci-tado en demandado o accionado, ni es automática sino que se requieren una serie de exigen-cias que, sólo de materializarse, justificarían la inclusión en la condena.

La responsabilidad del tercero citado -en este caso Pro-vincia ART S.A., - eventualmente podría haberse establecido en caso de que revistiera el ca-rácter de demandada en autos pues, de lo contrario, debería abordarse el tratamiento de una cuestión que no forma parte de los términos en los cuales quedó trabada la litis - ni, por tanto, del objeto del litigio- con el consiguiente apartamiento que ello implicaría del principio de congruencia (conf. arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 CPCC).

Por otra parte, la circunstancia de que en algunos supues-tos -que no coinciden con el de estos autos- la resolución pueda llegar a considerarse "ejecuta-ble" contra el tercero, no permite tener por desvirtuado el principio básico de este instituto se-gún el cual no es factible extender la "condena" a un tercero pues ello implicaría fallar "extra petita" y un claro apartamiento del principio de congruencia y de la doctrina emanada de nues-tro más Alto Tribunal (conf. C.S.J.N., 12-2-88, "Discarn SA c/Prov. de Bs. As., en D.T. XLIX, B, pág. 1123).

En el caso de autos la ahora recurrente no ha sido de-mandada sino que fue la codemandada Ferreiro quien requirió su citación como tercero y la parte actora formuló oportuna oposición (fs. 41 vta. punto VI) razón por la cual, a influjo de lo expuesto, no corresponde que la condena recaiga en Provincia ART S.A.

Por otra parte tampoco habría razón alguna para extender la condena a la aseguradora en la medida que dicha citación se vincula al pago de rubros que fueron desestimados en el pronunciamiento atacado y que arriban firmes a esta sede (cfr. fs. 185 vta. punto b).	En consecuencia, voto por admitir la queja de la tercera citada y, en consecuencia, modificar el fallo apelado en cuanto a este aspecto, lo que así dejo propuesto.

VI.	En la sentencia de grado se estableció la aplicación de la tasa activa para operaciones de préstamos utilizada por el Banco de la Nación Argentina desde que cada suma es debida y asimismo se previó que, "desde el momento que venza el plazo para cumplir con la intimación del art. 132 de la LO y hasta el efectivo pago, se aplicará el doble de la tasa mencionada, sobre el nuevo monto del crédito emergente de la liquidación judicial, según el art. 623 del Código Civil" (cfr. considerando f. de fs. 186).

Contra tal decisión se alza la coaccionada Ferreiro y al res-pecto tal como lo ha señalado mi distinguido colega el Dr. Miguel Ángel Pirolo in re "Zilli Osvaldo Mario c/ Norte Indumentaria S.A. y Otro s/ despido", voto al cual adherí (cfr. sent. 95740 del 15/5/08, del Registro de esta Sala) resulta oportuno analizar en forma discriminada: a) la cuestión relativa a la capitalización de intereses que implica el establecimiento de un nueva base de cálculo con posterioridad a que venza el plazo para cumplir con la condena; y b) el cuestionamiento que concretamente se efectúa en relación a la fijación de una tasa equivalente al doble de la prevista para el período anterior a la liquidación del art. 132 L.O.

En lo que hace al primer aspecto, se impone señalar que el art. 623 del Código Civil establece que no se deben intereses de los intereses, sino por con-vención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes; o cuando, liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el juez mandase pagar la suma que resultare y el deudor fuese moroso en hacerlo. De acuerdo con lo previsto en la nor-ma transcripta, es posible acumular intereses al capital para calcular luego intereses sobre los que ya fueron acumulados, cuando existiere liquidación judicial firme de capital e intereses y el deudor fuere moroso (con idéntico criterio, ver esta Sala in re "González, Elsa N. c/Arcos Dorados S.A.", sentencia 94711 del 5/2/07), por lo que al no cuestionar la demandada la inte-ligencia de la norma aplicada, de prosperar mi voto, corresponde confirmar en tal aspecto la decisión atacada.

En cambio, no se comparte la decisión adoptada en la ins-tancia anterior en cuanto a la determinación de una tasa de interés diferenciada equivalente al doble de la que el fallo ordena a aplicar sobre el capital de condena porque, por el modo en que se ha dispuesto, se asimila a una sanción adicional (ajena a la mora en sí) que se emparenta con las establecidas en distintas normas de índole procesal para los supuestos en que se haya demostrado una actitud temeraria o maliciosa (conf. arg. art. 45 CPCCN).

La previsión contenida en el art. 623 del Código Civil auto-riza que en la sentencia se establezca la capitalización de intereses como modo de compeler al pago de la deuda liquidada judicialmente, pero no autoriza a disponer otra sanción adicional. En el sub lite, no se advierte justificación para disponer en la sentencia una sanción adicional mediante el establecimiento de una tasa de interés diferenciada equivalente al doble de la pre-vista en el Acta 2357 de esta Cámara para ser calculada sobre el monto total de la liquidación practicada (capital más intereses).

En todo caso, el juez cuenta con facultades para decidir, según las circunstancias de la lid, en la etapa ejecutoria las eventuales contingencias que en tal ocasión se pudieran producir, por lo que sin que lo expuesto implique expedirme sobre cues-tiones que podrían hipotéticamente presentarse en el futuro, considero que no corresponde en esta etapa del proceso fijar en forma indirecta mayores sanciones a las que autoriza la norma de fondo antes aludida (en sentido análogo, cfr. in re "Palazzo, Griselda Jacqueline c/ Delicia Felipe Fort S.A. s/ Despido", sent. 97685 del 25/02/10, "Artuso, María Lorena c/ Ratibel, Pa-blo Fernando s/Despido", sent. 97257 del 16/10/09, ambas del Registro de esta Sala, entre otras).

Por estas razones, de prosperar mi voto, correspondería modificar la sentencia de grado y disponer que los intereses se calcularán desde que cada cré-dito es debido y hasta su efectivo pago conforme lo dispuesto en el Acta 2357 de la CNAT (art. 623 Cód. Civil), sin perjuicio de las decisiones que el Sr. Juez de primera instancia pueda disponer en la etapa de ejecución en caso de incumplimiento.

VII.	La codemandada Ferreiro critica la imposición de las costas del proceso y sobre este punto considero que le asiste razón puesto que las circunstan-cias del caso permiten afirmar la existencia de vencimientos parciales y mutuos, lo cual impone realizar una distribución de las costas del proceso de acuerdo a lo que establece el art. 71 de la L.O.

Sin embargo, en atención a los términos esgrimidos por la coaccionada en el memorial considero conveniente efectuar una aclaración. Si bien la norma ritual señalada dispone que en los casos de vencimientos parciales y mutuos la distribución de las costas debe estimarse en proporción a los respectivos vencimientos, ello no implica la exacta correspondencia aritmética sino una razonable comparación conceptual. Ello desde que en la distribución de las costas no debe prevalecer un criterio aritmético sino jurídico atendiendo a las pretensiones de las partes y a los rubros que resultaron procedentes, como así también a los fundamentos que tienen los planteos ofensivos y defensivos de las partes.

Desde esta perspectiva, considero que es de justicia dis-tributiva imponer las costas de ambas instancias en un 80% a cargo de las codemandadas en forma solidaria y en un 20% al actor (conf. arts. 68 2do. párrafo y 71 del CPCCN).

Las costas de ambas instancias por la citación como ter-cero de Provincia ART S.A. serán exclusivamente a cargo de la codemandada Ferreiro (cfr. fs. 36 punto V., cfr. art. 68 del CPCCN).

A tal fin propongo regular los honorarios de la represen-tación y patrocinio letrado de las partes actora, y de codemandadas en forma conjunta y terce-ra citada Provincia ART S.A. en el 25% para cada una de ellas de lo que, en definitiva, les co-rresponda percibir por su desempeño en origen (art. 14 ley 21.839).

La Dra. Graciela A. González dijo: Adhiero a las conclusiones del voto del voto precedente por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia atacada y en consecuencia dejar sin efecto la condena contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.; 2) Modifi-car los intereses dispuestos en el fallo apelado los cuales se calcularán desde que cada crédito es debido y hasta su efectivo pago conforme lo dispuesto en el Acta 2357 de la CNAT (art. 623 Cód. Civil), sin perjuicio de las decisiones que el Sr. Juez de primera instancia pueda disponer en la etapa de ejecución en caso de incumplimiento; 3) Imponer las costas de ambas instancias en un ochenta por ciento (80%) a cargo de los code-mandados en forma solidaria y en un veinte por ciento (20%) a cargo del actor; 4) Im-poner las costas de ambas instancias por la citación como tercero de Provincia ART S.A. a cargo de la codemandada Ferreiro; 5)Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, codemandados en su conjunto y tercera citada, por las labores desplegadas ante esta instancia en el veinticinco por ciento (25%) para cada una de ellas de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por su desempeño en origen;

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González	Miguel Ángel Maza	Juez de Cámara	Juez de Cámara