Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 249/256.

En la ciudad de Santa Fe, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, María Angélica Gastaldi y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "BERSEZIO Pedro Felipe Antonio -Apelación municipal- (Expte. 21-00653133-1) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (Concedido por el Juzgado)" (Expte. C.U.I.J. 21-00653133-1). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia ¿que resolución corresponde dictar?. Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Gutiérrez, Gastaldi y Erbetta.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

I. Por resolución de fecha 10.10.2014, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Faltas (Secretaría Primera) de esta ciudad resolvió confirmar la resolución nro. 249 de fecha 19.2.2014, por la que, a su turno, el Juez Municipal de Faltas nro. 1 de Santa Fe rechazó el descargo formulado por el recurrente respecto de las actas de infracción nro. 20132000141228 y 20132000141248, por medio de las cuales se le imputaba haber excedido la velocidad permitida en las Avenidas Blas Parera y Leandro Alem -respectivamente-, condenándolo en consecuencia a pagar en concepto de multa la suma de $ 1.250 (mil doscientos cincuenta pesos).

Contra aquella resolución interpone el impugnante recurso de inconstitucionalidad invocando los tres incisos del artículo 1 de la ley 7055, ya que -según afirma- "al resolver, se colocaron normas inferiores por encima de las contenidas en las Constituciones Provincial y Nacional, se priorizaron las primeras, contrariando las garantías consagradas en las últimas y se vulneró el derecho a la jurisdicción contenido en el artículo 7 de la Constitución Provincial".

Asimismo, postula que "la sentencia viola los artículos 17, 18 y 123 de la Constitución Nacional, 7, 9, 15, 95 y 106 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe y artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 C.N.)".

En tren de desarrollar esos agravios, sostiene en primer lugar que la sentencia impugnada viola el derecho de defensa en juicio, ya que optó por aplicar una norma municipal que lo vulnera, en lugar de aplicar la normativa provincial que lo protege. Ello, en referencia al artículo 13 del decreto provincial 82/2005, que establece un plazo de caducidad de las facultades de juzgamiento de los órganos municipales de noventa días corridos desde el día de la constatación de la infracción; y, en similar sentido, el artículo 8 de la Resolución de la Subsecretaría de la Agencia Provincial de Seguridad Vial contenida en el Expediente nro. 00101-0194362-7, caratulado "Agencia Provincial de Seguridad Vial aprueba modelo de convenio APSV-Gendarmería Nacional-Municipios y Comunas y modifica decreto provincial nro. 082/05".

Argumenta que la preterición de esas normas redunda en una lesión a su derecho de defensa, por cuanto en el caso, en que la constatación se produjo el 1.8.2013 y la iniciación del procedimiento contravencional el 27.11.2013, dado el "extensísimo lapso transcurrido -ciento dieciocho días-", le resulta "imposible acreditar de manera fehaciente los lugares en los cuales se encontraba y las actividades que estaba realizando en aquellos momentos, por lo que se le torna dificultoso recordar eventos de la vida diaria transcurridos tanto tiempo atrás, y por ende le resulta imposible elaborar y articular con precisión una defensa ante las acusaciones del Municipio".

Explica que, tras haber solicitado en el escrito de expresión de agravios que se declarase la caducidad del procedimiento, la sentencia del a quo omitió el debido tratamiento de la problemática planteada, limitándose a mencionar al respecto, de una manera no muy clara, que el artículo 13 del decreto 82/05 había sido derogado por la ley 13.133, siendo que su artículo 58 estableció que "las disposiciones ... del decreto provincial nro. 082/05 ... se mantendrán vigentes en todo aquello que no se oponga a la presente ley y hasta tanto se dicte la reglamentación de la misma", y que en la nueva ley no se había incluido norma específica alguna que hubiera regulado el tema de manera diferente. Tampoco se pronunció la a quo -agrega- sobre el invocado artículo 8 de la Resolución de la Subsecretaría de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Concluye en cuanto a este aspecto que el Juez de Distrito en lo Penal de Faltas se abstuvo de aplicar la norma que protegía el derecho de defensa consagrado por las Constituciones Nacional y Provincial, aplicando en su lugar normativa violatoria de la mencionada prerrogativa, sin fundamento válido alguno.

En segundo lugar, postula que en el caso se ha vulnerado el régimen municipal previsto en la Constitución Provincial, cuyo carácter autárquico destaca. Ello, por cuanto el Juez se limitó a aplicar normativa municipal contradictoria de las Constituciones nacional y provincial, del Pacto de San José de Costa Rica y de la ley nacional 24.449. Agrega que, en vez de expedirse sobre los límites a los poderes de los municipios, el Juez se explayó en demasía acerca de la competencia de éstos en materia de tránsito, sea para legislar, juzgar, sancionar e instalar cinemómetros, tanto dentro de los límites de su territorio como en rutas nacionales. Alega no haber desconocido dichas facultades municipales, sino sólo haber pretendido que el Municipio actuara conforme a derecho, respetando sus derechos constitucionales.

Expresa que el fundamento del Magistrado para desconocer las garantías reconocidas a los ciudadanos en los ordenamientos nacionales y provinciales, radica en el hecho de que las leyes provinciales 11.583 y 13.133, de adhesión a la ley nacional 24.449, reconocen la jurisdicción municipal cuando "invitan a las municipalidades y comunas de la Provincia a adherir a sus términos"; y que, como el municipio santafesino nunca adhirió expresamente, la regulación sobre el tema corresponde al poder de policía local. Con ello -sostiene- incurre en dos "gravísimos errores de interpretación del derecho vigente": el primero, asignar al principio de autonomía municipal un alcance que está lejos de tener en la legislación de nuestra provincia; y el segundo, soslayar que la Municipalidad de Santa Fe adhirió expresamente a la ley provincial nro. 13.133 y, por ende, a la ley nacional 24.449, mediante el Convenio suscripto con la Provincia de Santa Fe celebrado el 13.12.2012 (Agencia Provincial de Seguridad Vial - Municipalidad de Santa Fe) registrado el 28.12.2012; lo cual, por lo demás, se reconoce expresamente en la sentencia recurrida. De todo ello extrae la aplicación indubitable de la normativa nacional y provincial en el presente caso.

En tercer lugar, plantea que el decisorio es arbitrario, adolece de falta de fundamentación, contradice jurisprudencia aplicable y vulnera el artículo 95 de la Constitución Provincial.

Ello, por haber hecho caso omiso de lo dispuesto en el artículo 70 de la ley nacional de tránsito -que establece las reglas que deben observar las autoridades pertinentes en materia de comprobación de faltas-, sosteniendo para tal fin que "en el moderno sistema santafesino la máquina actúa con autonomía en el acto de verificación, prescinde del funcionario, a quien reemplaza".

Al respecto, sostiene que dicha teoría resulta fulminada por la ley provincial 13.169, artículo 130; y respecto del artículo 131, señalado por el juez a quo como una excepción a la obligación del funcionario de detener el vehículo y cumplir con los deberes impuestos por la ley nacional -siendo que la disposición sólo exime al funcionario de la obligación de entregar "copia del acta"-, postula que de ser así el legislador lo habría establecido en forma expresa, ya que negaría un derecho garantido por la ley 24.449. Por lo cual, el Juez hizo una interpretación extensiva de la norma, de la manera más perjudicial a la observancia de un derecho del ciudadano de jerarquía constitucional.

Afirma que la interpretación antes reseñada se encuentra consagrada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, en la causa "Raschetti, Germán A. c. Comuna de Sanford", Expte. Nro. 148, año 2006, en que "se ponderó especialmente ... que adolecía de nulidad el acta de comprobación de la infracción, dado que el inspector municipal, a quien correspondía constatar la infracción, detener el venículo, identificarse indicando la dependencia a la cual pertenece e identificar al conductor, no intervino en la constatación de la presunta infracción, sino que se limitó a rubricar la fotografía extraída a través de mecanismos técnicos días después de obtenida ésta, desoyendo de tal forma lo impuesto por el artículo 70 de la ley nacional de tránsito, así como los artículos 69 y 71 del mismo cuerpo normativo, en tanto constituyen complemento necesario. En ellos se determinan específicas limitaciones al actuar administrativo y se establecen deberes a cargo de los funcionarios encargados de las tareas de constatación y de juzgamiento de las distintas infracciones que puedan detectarse".

Por el contrario, en la sentencia impugnada -sostiene- el juez a quo desconoció esta jurisprudencia y la surgida con posterioridad en igual sentido, sin emitir fundamento alguno que justifique su apartamiento de la misma.

En cuarto lugar, plantea que se ha violado el derecho a la jurisdicción, dado que la sentencia en crisis carece de desarrollos argumentales suficientemente claros y precisos, que den una respuesta adecuada a sus planteos.

En quinto lugar, se agravia de la violación del derecho de propiedad, toda vez que se le impone la obligación de abonar una suma de dinero en virtud de actos administrativos nulos.

En sexto lugar, postula la inconstitucionalidad del sistema de responsabilidad objetiva consagrado en la sentencia. Aduce que, al aplicar el artículo 10 de la ordenanza 7881, desvirtúa lo previsto en el artículo 75 de la ley nacional de tránsito en materia de responsabilidad. Expresa que el citado artículo impone una presunción de comisión de la infracción en el propietario del vehículo, en aquellos casos en que resulta imposible identificar al conductor infractor -es decir, sanciona a aquellos presuntos infractores que se niegan a identificarse o se dan a la fuga-, pero de ninguna manera pretende universalizar dicha presunción a todos los ciudadanos. Sostiene que la interpretación contraria va en contra del articulado de la misma ley y lleva a consagrar el principio de responsabilidad objetiva en materia de contravenciones, lo cual deriva en su "manifesta inconstitucionalidad". Y que, como se menciona en la sentencia en recurso, en el actual sistema de fotomulta, se persigue desde el principio al titular registral, recayendo sobre el mismo la presución de responsabilidad. Concluye que debe declararse inconstitucional este sistema implementado por el Municipio y que deriva en una errónea interpretación de las normas sobre responsabilidad inserta en la legislación de tránsito.

Afirma que la actuación de los funcionarios municipales actuantes en el presente caso no satisface siquiera mínimamente los recaudos legales para la comprobación de una supuesta contravención, en virtud de la abstención de la identificación del funcionario labrante ante el contraventor, no señalizarse quién es la persona que conducía el rodado y el carácter en que lo hacía. Es decir, todo aquello que es habitual en un procedimiento contravencional, al que repugna el anonimato y la comprobación solapada; todo lo cual pone de relieve que más que el interés de la seguridad y la finalidad de sembrar en los automovilistas pautas de conducta de respeto a los derechos de los demás, el móvil perseguido es meramente recaudatorio o fiscalista.

Remarca que en el actual procedimiento lo único que se realiza es la supuesta "comprobación" de una velocidad excesiva, sin interesar para nada la identidad del infractor, las circunstancias del caso, el estado del conductor, o las atinentes al vehículo en que transitaba.

Por lo cual -concluye- debe desecharse la posibilidad de que las "actas con las fotografías" que le fueran remitidas, satisfagan los recaudos y garantías mínimas de validez, y cumplimenten adecuadamente la finalidad regulatoria de la ley. El uso de instrumentos mecánicos o electrónicos podrá admitirse agregándose como indicio probatorio para merituar la existencia de la supuesta vulneración mormativa, pero de ningún modo es admisible que esta última, tomada subrepticiamente, suplante al sumario contravencional.

2. Corrido y evacuado el traslado correspondiente a la Municipalidad (v. fs. 104/111), el Magistrado interviniente concedió el remedio extraordinario intentado por entender que "se dan en autos los extremos del artículo 1 de la ley 7055 por cuanto se encuentran reunidos: los presupuestos que hacen a la admisibilidad y a la vez, el mismo resulta procedente, por cuanto la inteligencia respecto de la aplicación del orden jerárquico de normas que las partes invocan, en que se funda el pronunciamiento cuestionado, de asistir razón al impugnante constituiría arbitrariedad por apartamiento de correcta interpretación del plexo normativo que rige el caso, por apartamiento de la ley o por gravedad institucional" (fs. 113/114).

II. Liminarmente debe dejarse aclarado que, tal como surge de la resolución que concede el recurso de inconstitucionalidad, éste lo fue únicamente por el agravio vinculado a la "inteligencia respecto de la aplicación del orden jerárquico de normas que las partes invocan", ya que "de asistir razón al impugnante constituiría arbitrariedad por apartamiento de la correcta interpretación del plexo normativo que rige el caso, por apartamiento de la ley o por gravedad institucional".

Por lo que los restantes agravios, referidos a la vulneración del régimen municipal, falta de fundamentación, contradicción de jurisprudencia aplicable, vicios de los actos de constatación de las infracciones, violación del derecho de propiedad e inconstitucionalidad del "sistema de respondabilidad objetiva", no son materia del presente recurso de inconstitucionalidad, en virtud de que la jurisdicción de esta Corte ha quedado abierta, en principio, en la medida en que fue otorgada por la instancia inferior; y, por lo demás, el recurrente no ha deducido la pertinente queja, circunstancia que limita, como se dijo, a examinar la cuestión por el cual fue concedido (crit. Fallos: 313:1202, 1391, entre muchos otros).

Con la aclaración precedente, el nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, me conduce a propiciar la rectificación del criterio sustentado por el Juez de Distrito en lo Penal de Faltas en oportunidad de conceder el recurso de inconstitucionalidad, no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 125/131), toda vez que las argumentaciones vertidas por el recurrente, en las especiales circunstancias del caso, resultan inadmisibles en orden a lograr la apertura de esa instancia de excepción.

Ello es así, pues los agravios esgrimidos traducen una mera discrepancia con las razones de derecho que fundan el fallo, cuya evaluación es materia privativa de los jueces de la causa y, por ende, ajena su revisión, en principio, por esta vía extraordinaria, al ser la doctrina de la arbitrariedad de aplicación restrictiva, no apta para cubrir esas meras diferencias de las partes respecto a lo resuelto.

En esa línea, y relacionado con la aplicabilidad de la ley 24449, que según el recurrente rige el caso por haber contado con adhesión por parte de la Provincia de Santa Fe, y por lo tanto con vigencia en el ámbito municipal, no deja de ser una mera discrepancia con lo sostenido por el Juez, quien entendió al rechazar el recurso de apelación que el citado régimen jurídico no rige en el caso al no mediar adhesión por parte del Municipio local a dicha norma.

Es decir que el sentenciante, con criterio coincidente al del Máximo Tribunal Nacional, y de esta Corte local, "analizó que la Ley Nacional de Tránsito 24449, en atención a lo dispuesto por el artículo 1°, resulta aplicable en jurisdicción de las provincias y municipios siempre y cuando medie adhesión por parte de ellas, y concluyó que la Municipalidad de Santa Fe no se ha adherido a la misma, como consecuencia, no tiene vigencia en el caso (crit. CSJN, "Trobiani, Ariel c/ Municipalidad de Monte Leña s/ demanda inhibitoria"; CSJP, "Abad, Gabriel Oscar -Apelación Municipal- s/ Recurso de Inconstitucionalidad", A. y S. T. 265, p. 444). Frente a tal razonamiento, el recurrente se limitó a expresar afirmaciones en contrario genéricas, sin desvirtuar por ello la conclusión alcanzada en la sentencia, y menos convencer que era aplicable al caso la caducidad contemplada en la Ley Nacional de Tránsito cuya vigencia dependía de la adhesión por parte del Municipio recurrido.

Habiendo el Juzgador dado las razones que justificaron la confirmación de la condena impuesta al recurrente conforme a una ponderación posible de las constancias del proceso y no demostrando el impugnante que tales argumentos fueran en modo alguno consecuencia de su sola arbitraria voluntad, no cabe apartarse del principio de que resulta excluida esta instancia de excepción cuando los jueces han optado simplemente por una solución dentro del marco de posibilidades y del contexto fáctico y procesal del caso, por lo que no merece descalificación con arreglo a los principios vigentes en materia de arbitrariedad de sentencias en tanto -mas allá del menor o mayor grado de acierto- tiene sustento en una exégesis posible de los preceptos en juego y no aparece como absurda, puramente subjetiva o ilógica y coincide con respuestas brindadas por la jurisprudencia y la doctrina a temas polémicos (cfr. criterio de C.S.J.N. Fallos: 247:100; 270:124; 302:836, entre otros).

En razón de lo expuesto, los argumentos del impugnante no logran persuadir de que la solución escogida hubiese desbordado las posibilidades hermenéuticas aceptables desde el plano constitucional que ofrecía la normativa en cuestión, ni que se hubiese incurrido en apartamiento de la solución que se imponía en el caso, ni de las exigencias de prudencia y fundamentación racional que orientan la labor de adjudicación judicial. No se aportan entonces, razones suficientes que permitan concluir que el fallo impugnado exhiba un déficit en este punto que habilite la descalificación a la luz del artículo 95 de la Constitución provincial.

En suma, los embates a la sentencia impugnada carecen de la entidad suficiente para revertir la mera disconformidad con lo decidido por el juez de la causa en una cuestión que le es propia.

En el caso no puede considerarse demostrada la configuración de un supuesto que amerite excepcionar la mentada directiva ya que todo el esfuerzo argumentativo radica en volver a insistir en la vigencia en el ámbito de la Municipalidad de Santa Fe de la Ley Nacional de Tránsito 24449, mas sin demostrar -a tenor de las particularidades del presente y de los argumentos expuestos por el a aquo- la existencia de fundamentos suficientes para invalidar dicho razonamiento.

Por las razones expuestas, voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Erbetta expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior no corresponde pronunciarse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Erbetta expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Erbetta, dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas a la vencida.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-GASTALDI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Faltas de Santa Fe, Secretaría Primera.