marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cosa juzgada, acuerdo de partes
Materia: LABORAL
Carátula: Schubert César Daniel c/ Horacio O. Albano Ing. y Construcciones SACIFI s/ Apelación de resolución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-11-17

El acuerdo en sede administrativa, aún homologado, no hace cosa juzgada con relación a un crédito no previsto en él.
Recursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DEFANT Guillermo c/ José SARABIA s/ Ejecución Honorarios (LIBRO: A074 - 125)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-10-05

No es apelable la resolución que rechaza el pedido de libramiento de cheque de la adquirente por subasta del inmueble embargado, con el objeto de hacer frente a los impuestos y tasas adeudados por el mismo.-
Concesión de servicio público, transporte de pasajeros
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Expreso Merlo Norte SA de Transporte c/ Municipalidad de Merlo s/ Inconstitucionalidad. Ordenanza 3449/89
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

La Ley provincial 7466 referida al transporte colectivo de pasajeros que se realiza dentro de los límites territoriales de cada partido de la provincia, tiene por clara finalidad, dentro de la concepción del servicio público municipal, satisfacer necesidades colectivas de la Provincia y sus distintas localidades contemplando un criterio de planificación de la materia que procure la mejor atención de la vinculación interior, las comunicaciones, el turismo, correo, etc. No se trata de un ordenamiento enderezado a reglar acerca de los intereses particulares de los concesionarios, ni tampoco una restricción al ejercicio de las atribuciones que al municipio corresponden.
Prueba confesional, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Juan c/ Vera, Eduardo s/ Cobro de salarios Colamarino, Miguel Angel c/ Benitento, Juan Domingo s/ Indemnización por despido Mierinhos, Luis A. c/ La Mónica S.R.L. s/ Indemnización por despido, etc. Peralta, Naldo Isidro y otro c/ Lipcovich, Sara Rosa y otros s/ Indemnización por despido, etc. Avila, Stella Maris c/ Telecom Stet-France telecon S.A. s/ Indemn. por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21|1991-04-16|2000-08-02|2001-09-28|2002-03-13

La absolución de posiciones prueba en contra pero no a favor del absolvente.
Requerimiento de sobreseimiento, agente fiscal, extinción de la acción penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal c/ Fernández, Pedro Ricardo s/ homicidio culposo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-27

El requerimiento de absolución por parte del fiscal del juicio no desapodera al tribunal del ejercicio de la jurisdicción, pues el pedido desincriminatorio por parte del acusador no se halla previsto como causal que determine el cese de la acción penal (art. 5 del Código Procesal Penal) (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Facultades del juez, facultades disciplinarias del juez, sanciones procesales
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Señores jueces de cámara integrantes de la Comisión de Informática  solicitan  formación  de  sumario  administrativo  por irregularidades  en  adjudicación  de  juicios  al Juzgado n. 35 del fuero. s/ Sumario administrativo. de Informática  solicitan  formación  de  sumario  administrativo  por irregularidades  en  adjudicación  de  juicios  al Juzgado n. 35 del fuero. s/ Sumario administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

El marco que corresponde al ejercicio del art. 18 del decreto ley 1285/58 lo constituyen los juicios o causas en que ocurren los hechos descriptos en la norma y en donde la dignidad personal de los magistrados, el buen orden procesal y el respeto al Poder Judicial exigen la actuación eficaz, decisiva y ejemplar de los jueces para conducir el proceso por su debido cauce.
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Coopropietarios Semar II c/ Malugnani C. o propietario s/ Ejecución de expensas comunes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-28

La propia naturaleza conservadora de las expensas comunes hace que deban primar sobre los impuestos -cualquiera sea la fecha en que los mismos se originaron-, ya que el conservador de la cosa -al decir del codificador- "ha trabajado en el interés de todos los acreedores anteriores" (conf. art. 3901 y nota del CCI).
Recurso de casación, fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba, presunciones hominis, tenencia precaria, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CARBALLO JULIO A. c/ NESTOR H. SOSA PADILLA s/ DESALOJO (TENENCIA PRECARIA) - RECURSO DE CASACIÓN"
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-07-30

Las argumentaciones directamente vinculadas a la apreciación de las pruebas y a la interpretación del onus probandi de la tenencia previa efectuado por el Tribunal, resultan extrañas al recurso de casación por vía del art. 383 inc. 1 del C.P.C.

El origen de la presunción hominis de precariedad en toda ocupación de la cosa sin un pago correlativo obedece a que es característica de la tenencia precaria dos hechos negativos (la ausencia de título y el no pago de precio por el uso), cuya prueba no puede exigirse al actor. En cambio, el demandado es quien debe contrarrestar la condición de precarista que se le imputa, acreditando hechos positivos opuestos (título a la tenencia o pago de precio).
Prescripción de la acción penal, sobreseimiento, procesado
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Contrabando Causa Nro. 36093.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

Corresponde revocar la resolución que extingue la acción penal por prescripción y sobresee en la misma en la que no hay personas procesadas, ya que el sobreseimiento debe necesariamente estar vinculado a una persona determinada. Esto es así por el carácter personal de la declaración de extinción de la acción penal. Además, ante el desconocimiento de los presuntos autores, cómplices y encubridores, no se advierte de que forma puede descartarse que el curso del plazo de la prescripción se haya suspendido o interrumpido, respecto de todos y cada uno de aquellos ya que, el Código Penal exige inexcusablemente referencias a personas determinadas. Más aún, establece que la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del delito.
Declaración de rebeldía, presunción legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Fajardo, Beatríz Graciela c/ Lavadero Imperio y-u Otro s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-10-03

Por el juego de los arts. 60 y 356 inc.1 CPC, la ley consagra una presunción favorable a la parte que se beneficia con la rebeldía de su contraria, "que sólo puede ser destruida por otras constancias del juicio que produzcan plena convicción en el juez acerca de la circunstancia de que los hechos no sucedieron en la forma en que fueron afirmados por aquélla". Pero hasta en la duda, la rebeldía declarada y firme constituye presunción de verdad de los hechos invocados por quien obtuvo la declaración.
Tercerías, tercería de mejor derecho, subasta de inmuebles, hipoteca
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO  SHAW    S.A.   C/DAMIN, CARLOS S/EJECUTIVO S/TERCERIA DE MEJOR DERECHO POR BANCO CASA COOP. LTDO. s/ TERCERIA DE MEJOR DERECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-18

Frente a la enajenación del bien sobre el que descansaba el privilegio real que poseía el acreedor, su derecho a ser pagado con preferencia se traslada al precio (arg. Cpc:588).
Sanciones conminatorias, astreintes
Materia: CIVIL
Carátula: LAS OPEÑAS S.A. c/ CONS. PROP. GUIDO 1948/52/58 s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

1- Las sanciones conminatorias se caracterizan por su provisoriedad y por no pasar en autoridad de cosa juzgada, circunstancias que les otorgan la movilidad suficiente que permite que se adecuen y fluctúen conforme cambia la resistencia del obligado en cumplir con el mandato judicial. Así, quien se hace acreedor de estas sanciones debe saber que la ley otorga un derecho definitivamente incorporado a su patrimonio. 2- Tanto el reajuste como el levantamiento de las astreintes deben ser ponderados con motivo y en ocasión del cumplimiento de la condena, merituando si la conminación resultó eficaz y el obligado acató lo mandado, toda vez que la magnitud de la multa resulta independiente de los daños que pueda haber causado la obligación principal.
Acción de amparo, caducidad, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: L.R., R.Y. c/ C., B. y Otra s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-12

Es posible ejercer la acción de amparo en todo momento mientras subsista la afectación, a menos que el interesado haya tenido conocimiento completo y acabado de la situación y del contenido de la voluntad de la contraparte, en cuyo caso esa será la oportunidad en que se iniciará el cómputo del plazo de caducidad, cuando existan elementos, analizados objetivamente, que permitan concluir razonablemente que el amparista adquirió la convicción sobre lo definitivo de la conducta de su oponente.
Tribunales arbitrales, contratos de utilización de buques, charteo de buque
Materia: PROCESAL
Carátula: SMIT  INTERNATIONAL  ARGENTINA SA c/ PUERTO MARIEL SA s/ TRIBUNALARBITRAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-01

La demandada notificó a su cocontratante su decisión de rescindir los contratos de charteo de los buques remolcadores "Dumar" y "Edimir", extremo que -pese a la oposición de la contraria- razonablemente conduciría a la extinción de la relación contractual. Por lo tanto, ya no se trata de arbitrar una disputa suscitada respecto de un incumplimiento parcial del contrato sino a los efectos jurídicos que produce la rescisión unilateral del mismo. El recurrente no se hizo cargo de que el Juez de la causa no negó la existencia, alcance y modalidad de su derecho a designar y constituir un tribunal arbitral, sino que, en rigor de verdad, lo supeditó hasta que se dirima -con carácter firme- la cuestión relativa a la vigencia de los contratos de charteo. Tal decisión respeta además el principio de economía procesal dado que evita que se sustancie un procedimiento de arbitral mientras ya tiene carácter litigioso judicial la rescisión del contrato. También evita que pudiera dictarse un pronunciamiento arbitral que contradiga una sentencia judicial, en el caso de que se resolvieran las peticiones cautelares deducidas ante los juzgados de primera instancia.
Poder Judicial, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ASOCIACION DE REPRODUCTORES ARG. DE CINE VIDEO PUB. c/ TELEFE  S.A. s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-13

El poder judicial de la nación conferido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los tribunales nacionales por los arts.

94, 100 y 101 CN se define, de acuerdo con invariable interpretación receptada por el Congreso argentino y por jurisprudencia del tribunal superior, y la doctrina constitucional de los Estados Unidos, como el que se ejercita en las causas de carácter contencioso a las que se refiere el art. 2 de la ley 27.
Publicaciones obscenas, revista obscena, concepto de obscenidad, pautas culturales, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: MUSOTTO, NESTOR. s/ PUBLICACIONES OBSCENAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-21

Si bien las grotescas poses de mujeres desnudas que se observan en la revista incautada representan un factor negativo para la moralidad y cultura de nuestro país, no puede establecerse si son obscenas, estarían en el límite, pues no se advierte ningún otro propósito que el mero exhibicionismo de las modelos.

El género libre de la revista en la que aparecieron con especial advertencia de que no era apta para menores de 18 años resulta acorde con la grave inmoralidad que ellas traslucen, pero aun poniendo de relieve esa circunstancia la determinación de lo obsceno en el sentido del artículo 128 del Código de fondo debe realizarse conforme la valoración propia de la época, ya que se trata de un concepto valorativo cultural dependiente de la sensibilidad media de la comunidad.
Fraude a la Administración Pública, ardid, idoneidad del ardid, funcionarios de la DGI
Materia: PENAL
Carátula: Lofredo, Félix Antonio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-06

La conducta del procesado superó el umbral mínimo requerido para engañar a la víctima, toda vez que tal como lo recalcó el tribunal, el imputado no es un empleado cualquiera, sino uno que se desempeña en la D.G.I. Considero que el Estado no obró con negligencia, como lo pretende el recurrente, sino que lo hizo como consecuencia del engaño provocado por aquél en su declaración mendaz y su posterior pedido de reiniciar el cobro del plus dinerario, que tuvo aptitud más que suficiente para hacerlo incurrir en un error, con el consiguiente perjuicio patrimonial. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Ledesma y Riggi).
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: VISTALLI, Carlos c/ ALVIT DE FONTANA, Mabel Luisa s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-30

Conforme con lo dispuesto por el art. 80 in fine, del Código Procesal, la intervención del litigante contrario en el beneficio de litigar sin gastos es al sólo efecto de fiscalizar la prueba rendida por el interesado.
Metrología, instrumentos de medición, multa administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: CIAGRO SANTA FE S.R.L. s/ LEY 19.511
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-06

La ley de metrología es clara en cuanto exige que todo instrumento de medición sea identificado en la forma que establece la reglamentación (art. 10 de la ley 19.511).

En el caso, la balanza verificada debió contar al momento de la inspección con la identificación exigida, con independencia de que ésta estuviera fuera de uso o que no se hubieren destacado errores en el pesaje.

Por consiguiente corresponde confirmar la multa aplicada por la autoridad competente, en virtud de haberse detectado que la balanza carecía de la identificación correspondiente. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Estafa, competencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: NUNZIANTE, GAETANO s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-14

A fin de resolver la cuestión es necesario precisar que el art. 173 del Código penal contempla la figura de la defraudación por retención indebida. Así también, en la época referida regía en materia previsional penal el art. 17 de la ley 17.250. Sin perjuicio de la relación de especialidad que pudiera hacer privar a una de estas normas sobre la otra, y de la necesidad de intimación del Estado para la configuración de la conducta acriminada por la segunda, resulta incuestionable que un tramo de dicha conducta estaría, en principio, aprehendida por el art. 8 de la ley 23.771. Por todo ello, corresponde que entienda en la causa la justicia federal.
Daños y perjuicios, culpa concurrente, daño por vicio o riesgo de la cosa, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: M. V., J.R. c/ C.O.P.I.J.S.U.D. Corp. Obispo Pte. de la Iglesia de Jes. y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-03

Corresponde disponer que la iglesia demandada responda únicamente por el 50% de los daños sufridos por un feligrés que cayó de una escalera de propiedad de la demandada - cuyo carácter de cosa riesgosa se encontraba probado dado el estado de deterioro evidente de la misma-, puesto que el actor no podía desconocer que la misma no estaba en buenas condiciones al momento de subirse y, por consiguiente, el hecho de la víctima constituyó una concausa adecuada de la producción del siniestro, habida cuenta que asumió una actitud temeraria al utilizar el elemento a sabiendas de su estado precario.
Daños y perjuicios, ENTEL, solicitada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENGOLINI, JORGE. c/ E.N.TEL. s/ COBRO DE PESOS. DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11

Corresponde declarar improcedente el reclamo por daños denunciados por el actor como derivados de la solicitada del entonces Presidente del Directorio de E.N.Tel., publicada en distintos diarios del país, cuya consideración se estima omitida.

Ello así, pues el contenido de dicha solicitada respondió, en efecto, a la obvia necesidad de brindar explicaciones a los usuarios a raíz de la denuncia pública que había realizado el Sindicato Buenos Aires de F.O.E.T.R.A. imputando al presidente de la empresa cierta pasividad, al no actuar frente a las irregularidades comprobadas en varias obras, y se refiere a las medidas tomadas por E.N.Tel. tanto en el aspecto penal como en el civil.
Locación, locación transitoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ianiro de Fraraccio, M. c/ Ferrante, Leonarda M. s/ Desalojo por falta de pago y vencimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

La ley 23091, se aplica a las consecuencias no cumplidas de los contratos locativos en curso, aún anteriores a su sanción.
Contrato de trabajo, contrato de trabajo a prueba, modificación del contrato de trabajo, contrato de trabajo por tiempo determinado, abuso del derecho, modalidades del contrato de trabajo
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: BONIFACIO, Tomás c/ CUSTODIAS INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

Resulta discordante desde el punto de vista jurídico que para contratar a un obrero se acuda a la figura del "período de prueba" y que a posteriori a ese mismo dependiente se lo contrate por tiempo determinado. Se configura en este caso una situación de abuso del régimen de modalidades contractuales, reñido con la finalidad objetiva que tuvo el legislador para autorizar la contratación por tiempo determinado (arts. 18, 90 y 95 LCT, arg. art. 1071 del C.

Civil).
Gratuidad del procedimiento, prueba, derechos del trabajador, cobro de sumas de dinero
Materia: PROCESAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Etchegoyen, Juan Manuel  c/ Muñiz, Facundo  s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-13

No corresponde otorgar el beneficio de gratuidad a quien no demostró la calidad de "trabajador" invocada. El art. 20 de la LCT resulta ser una particular reglamentación que el legislador nacional efectuó como lógica derivación del principio protectorio consagrado en el art. 14 bis de la C.N. Ahora bien, el citado texto constitucional tiene como claro propósito proteger a la persona que trabaja, y en especial a la que lo hace en relación de dependencia por su ínsita -y presumida iure et de iure- hiposuficiencia en relación a su contraparte contractual: el empleador. Dado ello, hacer extensiva la aplicación de estos preceptos a quien no demuestra poseer la calidad indispensable para ser cobijado por la tuición establecida me parece un desatino por dos importantes razones: 1) se incurre en un exceso interpretativo porque, más allá de las legítimas y altruistas intenciones del exégeta, se desoye la primera de las directrices hermeneúticas que indica que si la ley es clara debe estarse a sus justos términos ("in claris non fit interpretatio"); y 2) es principio básico de la hermenéutica atender en la interpretación de las leyes, al contexto general de ellas y a los fines que las informan, no debiendo prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Voto Ronconi, en adhesión a Stettler)
Administración Pública, facultades disciplinarias, empleados públicos, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PARERA, ROBERTO JORGE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-19

Corresponde aclarar algunas cuestiones que surgen en relación al aspecto punitivo o sancionatorio del poder disciplinario de la Administración Pública, con relación a sus dependientes. Desde el punto de vista de la estructura normativa, la pertenencia a una determinada institución (por ejemplo: la condición de empleado público, dependiente o funcionario, etc) es asumida por la ley penal como elemento del delito, por lo que el poder punitivo estatal encuentra su fundamento en el poder general de soberanía; en cambio, en las normas disciplinarias la pertenencia a la institución constituye el fundamento del poder especial y de la especial potestad punitiva, que está indisolublemente vinculadas a ella.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, derecho de propiedad, posesión, accidente de tránsito, automotores, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TOLEDO, RAMON ROLANDO. c/ RAUL OSCAR RODRIGUEZ Y OTRO. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-13

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que -al hacer lugar a la defensa de falta de acción y rechazar la demanda por cobro de los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito- se limitó a juzgar que, como mero usuario, el demandante tenía que haber demostrado el pago de los gastos de reparación, sin considerar el alcance de los derechos del poseedor no propietario del automóvil que sufrió los daños por culpa ya no discutida del conductor del otro vehículo. Ello así, pues si bien la propiedad del automotor no fue demostrada mediante la prueba del cumplimiento de los requisitos que establece el decreto-ley 6582/58 para la transferencia del dominio de los automotores, se invocó y demostró la existencia de un compromiso de venta, el pago total del precio pactado, y la entrega de la posesión al actor.
Prueba, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: UBAID JUAN c/ ELVA MINETTI DE TORRES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-02-15

Ninguna norma del Código de rito impone a los peritos que fijen fecha de iniciación de pericia, si las partes no hacen reserva respecto a su voluntad de asistir.

Mal puede aducirse indefensión si la parte fue notificada de la audiencia para designar perito y no acudió a la misma.

La nulidad de los actos procesales procede sólo cuando la ley prevé expresamente esa sanción o cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para obtención de su finalidad y siempre que de ello haya derivado perjuicio concreto.-
Despido con causa, acta notarial, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: ALBUQUERQUE, NANCY c/ A.Z. EDITORA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-07

El acta notarial no resulta idónea para tener por admitidos, por parte de la trabajadora, los hechos invocados por la accionada como justa causa de despido. De tal instrumento notarial sólo puede desprenderse que la demandada efectivamente imputó y calificó las circunstancias allí descriptas de la manera especificada. No resulta eficaz tal instrumento para presumir que la actora haya reconocido su contenido, sólo permite tener por cierto que la dependiente se encontraba presente al momento de su confección.