Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-14


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 73512 . SALA V. AUTOS: "AGUIRRE, WALTER CLAUDIO C/ AKAPOL S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE - ACCIÓN CIVIL" (JUZGADO Nº 43).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 14 días del mes de octubre de 2011 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

I) Contra la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda (fs. 501/11), se agravia la coaccionada Akapol S.A. (fs. 518/23 vta.), la codemandada Liberty ART S.A. (fs. 524/30) y la parte actora (fs. 536/37). La representación letrada del accionante - por propio derecho - cuestiona sus estipendios por considerarlos reducidos (fs. 538). El perito médico objeta también por bajos sus emolumentos (fs. 539). La codemandada Akapol S.A. contesta agravios a fs. 544/vta.; la ART hace lo propio a fs. 548/vta.; al igual que la parte actora que lo hace a fs. 550/51 vta. y a fs. 554/56.

II) La empleadora se agravia por cuanto la sentencia tiene en cuenta como causa de la incapacidad un hecho no probado y por haberse admitido la agregación de documental fuera de tiempo sin declaración de admisibilidad del hecho nuevo ni demostración de la veracidad del hecho alegado.

La ART aduce que se confunde la responsabilidad que atañe a su parte y que se realiza una condena civil sin atender a la existencia de un nexo causal adecuado y al error sobre el origen causal del daño.

Por su parte, el accionante se queja por haberse admitido una incapacidad inferior a la que resulta de las lesiones y por ende considera reducido el monto de condena aún tomando en cuenta la incapacidad determinada por el perito médico.

III) Por razón de mejor método he de analizar en primer término el agravio de la empleadora relativo a la falta de prueba del hecho y entiendo que le asiste razón, pues el testigo Gerardo Jardón (fs. 248/49) relata un evento ocurrido uno o dos años antes del hipotético siniestro laboral, mientras que el dicente Hugo Mendoza (fs. 251/53) nada dice al respecto.

Sobre el particular, debe señalarse - como lo hace notar - el apelante que la demanda tiene como presupuesto un hecho súbito y violento y no una enfermedad profesional, por lo que al no probarse el hecho antecedente la demanda debe ser rechazada.

Ello torna abstracto el tratamiento de los restantes agravios por encontrar-se vinculados necesariamente a lo resuelto precedentemente y lo dispuesto por el art. 279 CPCCN en materia de costas y honorarios.

IV) Las costas - en ambas instancias - deben pesar a cargo del accionante vencido (art. 68 CPCCN) a cuyo efecto propicio regular los estipendios de la representa-ción letrada del actor, los de su similar de Akapol S.A y su similar de Liberty ART S.A., así como los del perito médico, contador, ingeniero y calígrafo, teniendo en considera-ción las características del litigio, labores profesionales cumplidas y demás pautas arancelarias vigentes, en las sumas actuales de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($24.640); TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($33.600); VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($22.400); ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS ($11.200); ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS ($11.200); ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS ($11.200) y DOS MIL DOSCIENTOS CUAREN-TA PESOS ($2.240), respectivamente (arts. 38 LO, 6,7,9,19, 37 y 39 ley 21839 y 3º Dto ley 16638/57).

V) Por las labores cumplidas ante la alzada, propugno regular a la representación letrada del actor, su similar de la empleadora y similar de la ART, en el 25% y 35%, respectivamente, de lo que en definitiva les corresponda por sus trabajos en la sede anterior (art. 14 LA).

EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I.- Disiento de lo propuesto en el voto que antecede por los motivos que seguidamente expondré.

En el escrito de inicio el actor explica que ingresó a trabajar a las órdenes de la demandada en mayo de 1993 sano y en la plenitud de su potencia laborativa y que el día 15 de noviembre de 2.005 se hallaba realizando sus tareas habituales que consistí-an en "cargar bolsas de gran peso con la materia prima que ocupa la máquina consistente en trozos de metal sólido a granel denominados "tejos de aluminio". Señala que mientras estaba "haciendo tareas de rutina al levantar una de las bolsas de la materia prima mencionada, sintió un fuerte dolor en su espalda, indicio de una severa lesión en su columna vertebral". Agrega que fue socorrido por sus compañeros de trabajo. Imputó responsabilidad a la empleadora en su carácter de propietaria de la cosa riesgosa y también por haber adoptado una conducta negligente al haber obligado al trabajador a realizar trabajos en circunstancias de deficiente operatividad y sin haber tomado los recaudos básicos establecidos por la ley de seguridad e higiene en el trabajo (v. fs. 13 vta./14 vta.).

La empleadora niega que el actor haya sufrido un accidente de trabajo pero reconoce que "junto con otras labores a su cargo, debía el actor cargar el "bowl" de la prensa con tejos de aluminio que se encontraban dentro de bolsas" aunque señala que ello no implicaba cargar gran peso (v. fs. 82/86).

Coincido con la valoración efectuada por el sentenciante de la prueba testimonial rendida y que permite tener por acreditado que efectivamente el Sr. Aguirre sufrió un accidente de trabajo y que las tareas asignadas por el empleador implicaban la realización de esfuerzos pues debía cargar las bolsas con tejos.

Así, el testigo Jardon (fs. 248/249) -quien dijo desempeñarse para la demandada Akapol desde hace diez años y que continúa haciéndolo- presenció el accidente y describió en forma pormenorizada la mecánica del mismo y las circunstan-cias en que se produjo. Declaró que el día del accidente el actor estaba trabajando en horario de noche y que el testigo estaba presente en ese momento. Explicó que el actor fue a agarrar la bolsa con tejas "que está en una tarima a tres o cuatro metros de la máquina y el dicente estaba a cinco metros y vio que se le cayó la bolsa y fue y le llevó una silla ya que no se podía mover". Aclaró que las bolsas que cargan para la máquina pesan entre 20 y 25 kilos y que estas bolsas están en el piso en una tarima y que después se vuelcan en la máquina que está a un metro o metro veinte de altura. Explicó en forma pormenorizada la forma en que debe realizarse el trabajo.

Este testimonio resulta convictivo porque el testigo tuvo un conocimiento directo de los hechos sobre los cuales depone en tanto afirmó que presenció el momento en que el actor sufrió el accidente y relató en forma acabada cómo sucedió. La circuns-tancia de que no hubiera sido preciso en cuánto al año en que habría ocurrido no le quita -a mi entender- credibilidad porque detalló en forma precisa las restantes circunstancias de modo, tiempo y lugar -precisó que fue en el turno noche y la máquina en que ocurrió- en tanto nada permite inferir que hubiera mentido o que tuviera ánimo de perjudicar a la accionada. Por el contrario, afirmó que trabaja hace diez años en Akapol y que continua haciéndolo y resulta lógico que debido al transcurso del tiempo (el testigo declaró en noviembre de 2.008) no recordara con precisión el año en que habría sucedido el infortunio. Obsérvese, además, que dio detalles precisos de cómo se realiza el trabajo, del peso de las bolsas que debía trasladar el actor para el cumplimiento de sus tareas y que afirmó que asistió al Sr. Aguirre porque no se podía mover. Sumado a todo ello debe destacarse que la declaración no fue impugnada por la parte demandada.

Por su parte, la Clínica Privada Fátima S.A. informó que el Sr. Aguirre Walter Claudio fue atendido en guardia el 16/11/2005 por lumbalgia (v. fs. 226/229), lo que evidencia que recibió atención médica en forma coetánea con el suceso denunciado y corroborado por el testimonio analizado.

El testigo Mendoza (fs. 251/253) si bien dijo no saber si el actor sufrió un accidente de trabajo fue coincidente con Jardon al describir la modalidad implementada por la empresa para la realización del trabajo. Así, afirmó que trabaja desde el año 1984 y explicó que: "el proceso de carga de la máquina consiste en poner la bolsa con tejos en la tolva, que es una especie de embudo con un vibrador que alimenta el bol.que la bolsa la traen en un montacarga sobre una tarima.que la trae un operario..que la bolsa está entre tres o cinco metros de distancia a la tolva.que la bolsa la llevan alzada en los brazos hasta la máquina.que cada bolsa según el cálculo del dicente presa entre 18 y 20 kilos aproximadamente.que cuando cargan la máquina se hace cada veinticinco minutos, aproximadamente.que esta descarga se hace en forma manual, la van a buscar a la tarima y la cargan en la tolva que está a un metro veinte de altura".	A lo expuesto se suma el peritaje técnico que da cuenta de que el actor se desempeñaba como operario de producción en la operación de la prensa de extrusión de pomos de aluminio. Explicó el experto que: "Los tejos de aluminio se reciben en el sector en bolsas de rafia de 20 kg. cada una. Las bolsas son llevadas sobre un pallet al sector por un autoelevador, el que las coloca en las inmediaciones de la tolva de carga de la prensa". Aclaró que, entre las tareas de los maquinistas, se encuentra cargar la tolva de alimentación con los tejos de aluminio y que esa carga "se realiza con distinta frecuencia según sea el tamaño de pomos que se están produciendo. En general se cargan dos bolsas de 20 kg. cada una, con una frecuencia de 40 min. 50 min. o 1 ½ hora. El operario toma la bolsa de rafia que se encuentra sobre un pallet y la traslada entre 3 y 4 mts. para volcarla en la tolva de la prensa que se encuentra a una altura de aproximadamente 90 cm" (v. respuesta 1, fs. 349/vta.). Asimismo, el perito designado de oficio informó que: "No se registran evidencias de que se hayan realizado estudios ergonómicos del puesto de trabajo del actor según la Res. 295/03, ni que se le hayan informado los riesgos a los que se encontraba expuesto en relación a las tareas desarrolladas" (v. respuesta 4, fs. 350).

En este contexto propicio se confirme lo decidido en origen en cuanto tuvo por probado el acaecimiento del infortunio y el nexo de causalidad entre éste y la enfermedad que ostenta el Sr. Aguirre.

Al respecto es menester señalar la doctrina que emana del fallo plenario Nro. 266 recaído en autos "Pérez Martín I. C. Maprico S.A." donde se estableció que "en los límites de la responsabilidad por el art. 1113 del Código Civil, el daño causado por el esfuerzo desplegado por el trabajador para desplazar una cosa inerte, puede imputarse a riesgos de la cosa" y, en el caso, está probado que el actor se accidentó al levantar la bolsa con los tejos para recargar la máquina.	Aún cuando se hubiera acreditado el cumplimiento de las reglas de higiene y seguridad por parte de la empresa, el daño causado por las cosas que componen el ambiente laboral sería indemnizable, ya que estamos en presencia de un supuesto de responsabilidad objetiva fundada en el art. 1.113, Código Civil.

La solución brindada implica dar tratamiento a los restantes agravios vertidos por las partes.

II.- La accionada se queja por el porcentaje de incapacidad reconocido en la sentencia de grado. Sostiene que debe tenerse en cuenta lo informado por el perito médico a fs. 367/369. Solicita que en los términos del art. 122 L.O. se ordene al perito médico expedirse sobre los puntos peticionados a fs. 440/441. Señala, además, que resulta elevada la cuantificación dineraria por lo que solicita su reducción.	Por su parte el actor también cuestiona el porcentaje de incapacidad asignado en el decisorio de grado. Manifiesta que no debe ser inferior al 20% de la total obrera. Solicita, en consecuencia, se eleve el monto de condena.

El perito médico designado de oficio, luego del examen físico efectuado al actor y sobre la base de los estudios complementarios practicados, concluyó que el Sr. Aguirre padece de lumbociatalgia con alteraciones clínicas, radiográficas y/o electro-miográficas leves a moderadas y, estimó la incapacidad, en el 5% de la t.o. (v. dictamen, fs. 367/369).

Sin embargo, el actor denunció que desde el mo-mento de la primera revisación y hasta la presentación del informe, la salud del deman-dante se había deteriorado (v. fs. 376). Corrido traslado de esa presentación a la demandada y teniendo en cuenta las manifestaciones formuladas por ella a fs. 384/vta., el señor juez a quo resolvió correr traslado al perito médico (v. fs. 390) y esa decisión no fue impugnada por la demandada.

Así, el perito médico -al efecuar un nuevo examen físico al accionante- constató la existencia de "cicatriz quirúrgica sagital en región lumbosacra de 11 cm. de extensión, dolor lumbar, sin irradiación ciática, con limitación de la movilidad activa de la columna dorsolumbar, a saber: flexión: 70º, extensión: Oº, inclinaciones y rotaciones: en rangos fisiológicos" y concluyó que "presenta actualmente una hernia de disco operada y limitaciones funcionales" y estimó la incapacidad en el 10% de la total obrera (v. fs. 402/403). Estas conclusiones se basan en el examen físico efectuado al actor por parte del perito designado de oficio y no únicamente en los certificados adjuntados con posterioridad por lo que cabe otorgarle plena fuerza convictiva por la solidez científica de sus argumentaciones. No obstan a esta conclusión las manifestaciones formuladas a fs. 413/414 vta. pues lo cierto es que el perito médico constató en forma personal -al efectuar el examen físico del actor- que había sido operado por hernia de disco y no basa su dictamen en la documental acompañada por el actor. Las demás circunstancias alegadas sólo expresan discrepancias conceptuales que no logran conmover los argumen-tos esgrimidos por el experto (arts. 386 y 477 CPCCN y 155 L.O.).

Lo mismo sucede con las impugnaciones formuladas a fs. 418/ vta. y fs. 423/vta. que fueron contestadas por el experto a fs. 435/436.

Con respecto a la solicitud de dar un nuevo traslado al perito médico no lo estimo necesario en la especie, en tanto las conclusiones del experto no traslucen imprecisiones o dudas que requieran una nueva intervención (conf. art. 122 L.O).

En consecuencia, coincido con el porcentaje de incapacidad fijado en el decisorio de grado en el 10% de la total obrera pues es sabido que los "baremos" son solo indicativos y que en definitiva el órgano facultado legítimamente para determinar la existencia o no del grado incapacitante y su adecuación y medida es el jurisdiccional, a través de la interpretación de los arts. 386 y 477 del C.P.C.C.N.

III.- En cuanto al monto de condena, cabe señalar que para la cuantifica-ción del daño material no debe aplicarse fórmula alguna en consonancia con los términos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL" donde se sostuvo que: "El valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres" (A. 436. XL; Recurso de hecho: "Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL, del 8 de abril de 2008).

Con estos parámetros y teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la edad del actor a la fecha del accidente (31 años), el salario mensual que percibía conforme el detalle efectuado por el perito contador a fs. 288, las secuelas psicofísicas verificadas (10%), la perspectiva de ganancia de la que el trabajador se vio privado, así como las diversas circunstancias de índole económico-social, considero que el resarci-miento por daño material fijado en la sentencia de grado en la suma de $ 95.000 y que involucra el daño físico, el lucro cesante y la pérdida de chance es ajustado a derecho.

Toda vez que la acción instaurada involucra la petición de la reparación integral del perjuicio padecido por el reclamante, considero que debe confirmarse la condena por el resarcimiento del daño moral, según lo ha reconocido la jurisprudencia uniforme de los tribunales que se consolida a través de la doctrina legal de la sentencia plenaria Nro. 243 del 25/10/82 in re: "Vieites, Eliseo c/ Ford Motor Argentina S.A." en tanto es sabido que el daño moral no requiere prueba especial y que los jueces gozan de un amplio criterio para su determinación. Por lo que teniendo en cuenta la naturaleza de la dolencia y las circunstancias personales del actor, deviene adecuada la suma estimada en la instancia de grado por la indemnización por daño moral en $ 9.500.

IV.- Resta por analizar la apelación vertida por Liberty ART S.A. Cuestiona esta codemandada que se hubiera extendido la condena en forma solidaria.

Al respecto, considero que el Estado Nacional ha delegado en las aseguradoras de riesgos del trabajo todo lo relativo al control y sujeción de los emplea-dores a las normas de higiene y seguridad, imponiéndoles a estos gestores privados del sistema diversas obligaciones de control y supervisión.

Desde esta perspectiva, se genera una ampliación de los sujetos responsa-bles, de modo tal que deja de ser el empleador el único sujeto obligado en materia de prevención de riesgos laborales; por lo cual la omisión o cumplimiento deficiente de aquella función "cuasi-estatal", puede generar la responsabilidad de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, previa comprobación -claro está- de un nexo de causalidad adecuada con el daño sufrido por el trabajador.

Cabe destacar enfáticamente que uno de los objetivos esenciales de la ley sobre riesgos del trabajo es la reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos laborales (cfr. art. 1º, ap. 2, inc. a), ley 24.557).

En este marco, el sistema impone obligaciones concretas en cabeza de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

Así, el art. 4º, ap. 1º, ley 24.557 dispone en la parte pertinente que ".las ART están obligadas a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficaz-mente los riesgos del trabajo.A tal fin, y sin perjuicio de otras actuaciones establecidas legalmente.deberán asumir compromisos concretos de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo."	Según el art. 31, ap. 1º de la ley citada, las A.R.T.:

".a)Denunciarán ante la SRT los incumplimientos de sus afiliados de las normas de higiene y seguridad en el trabajo."	".c)Promoverán la prevención, informando a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acerca de los planes y programas exigidos a las empresas.".

Asimismo, los empleadores, en el marco del sistema, tendrán derecho a recibir de parte de las ART ".asesoramiento en materia de prevención de riesgos." (cfr. art. 31, ap. 2º, a), lo que constituye correlativamente una obligación de dichos entes.

Por su parte, en virtud de lo dispuesto por el art. 18, dec. 170/96, las ART ".deberán brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados, en las siguientes materias: a)Determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los establecimientos del ámbito del contrato; b)Normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo; c)Selección de elementos de protección personal."	La omisión es causal cuando la acción esperada hubiere probablemente evitado el resultado; en otros términos, la relación causal se establece juzgando la incidencia que el acto debido, de ser realizado, hubiera tenido con respecto al resultado o a su evitación (cfr. Lorenzetti, Ricardo L, "Notas sobre la responsabilidad civil por omisión", Zeus, t. 33-D, p. 55).

Desde el punto de vista de la relación de causalidad, ese no hacer viene a ser una condición apta o adecuada para que el desmedro se produzca. Prueba de lo expuesto es que de haberse observado el comportamiento positivo que las circunstancias exigían se podría haber interrumpido el proceso causal, evitándose el desenlace dañoso (Goldenberg, Isidoro H., "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 212; López Cabana, Roberto, "Poder de policía y responsabilidad del Estado", en Alterini, Atilio A. - López Cabana, R., "Responsabilidad Civil", Diké, Bogotá, 1995, p. 380).

El tema que nos ocupa está estrechamente vinculado con la dilucidación de la responsabilidad por omisiones del Estado en el ejercicio del poder de policía de actividades privadas.

La peculiaridad del caso es que -como ya fue adelantado "ut-supra"- ese poder de policía -en materia de higiene y seguridad y de prevención de riesgos laborales- es ejercido, por delegación estatal, por una entidad privada con fines de lucro.

Resulta pertinente, por ende, el conocimiento de los criterios imperantes en esa materia.

Así, se ha señalado, con criterio que comparto, que a tenor del art. 902 del C. Civ., cuando un ente especializado y con competencia suficiente toma conocimiento de la actividad de un particular que puede causar daño a terceros y omite tomar las medidas necesarias para evitar tal perjuicio, cuando su actuar le está impuesto objetiva-mente por la ley que previó tal situación, no puede caber duda alguna sobre la jerarquía causal de la omisión (cfr. Schiavo, Carlos A., "Responsabilidades emergentes de omisiones en el ejercicio de control de las actividades aseguradoras", Rev. Jurídica Argentina del Seguro, La Empresa y la Responsabilidad", año V, nº 17/20, p. 103, cit. por Kemelmajer de Carlucci, Aída, "La responsabilidad del Estado por omisión en la experiencia jurisprudencial", en Bueres, Alberto J. - Kemelmajer de Carlucci, A (directores), "Responsabilidad por daños en el tercer milenio. Homenaje al Profesor Doctor Atilio Anibal Alterini", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 498 y nota 27).

En sentido concordante con estas conclusiones, recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: " Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gula Oil Argentina S.A. y otro" (T. 205. XLIV del 31 de marzo de 2.009) ha sostenido que: " ..no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales. Tampoco las hay, dada la variedad de estos deberes, para que la aludida exención, satisfechos los mentados presupuestos, encuentre motivo en el solo hecho que las ART no pueden obligar a las empleadoras aseguradas a cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a éstas que ejecuten sus trabajos por no alcanzar ciertas condiciones de resguardo al no estar facultadas para sancionar ni para clausurar establecimientos. Esta postura, sin rebozos, conduciría a una exención general y permanente, por cuanto se funda en limitaciones no menos generales y permanentes. Asimismo, pasa por alto dos circunstancias. Por un lado, al hacer hincapié en lo que no les está permitido a las ART, soslaya aquello a lo que están obligadas: no se trata, para las aseguradoras, de sancionar incumplimientos o de imponer cumplimientos, sino de algo que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos como medio para que éstos, y los riesgos que le son anejos, puedan evitarse. Por el otro, olvida que no es propio de las ART permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de denunciar resulta una de sus funciones preventivas".	El perito técnico designado de oficio si bien constató que la ART realizó visitas al establecimiento y actividades de asesoramiento y control de cumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad (v. fs. 351 vta.) específicamente dio cuenta de que en la visita de fecha 15/7/2004 se solicitó que se evalúen, de acuerdo a la Res. 295, los trabajos que impliquen movimientos repetitivos y/o levantamiento de pesos. El perito concluyó al respecto que "esto indica que la ART relevó como posible riego el levanta-miento de pesos entre los que debería incluirse el levantamiento de bolsas de tejos de aluminio que realizaba el actor". A pesar de ello, el experto informó que: "De la documentación relevada no surge que exista alguna denuncia concreta realizada por Liberty ART respecto del riesgo antes aludido" (v. fs. 362).

En este marco, el plexo normativo descripto "ut-supra" le imponía a Liberty ART S.A. la obligación de denunciar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los incumplimientos detectados respecto al levamiento de peso por parte del personal de Akapol S.A., medida legalmente exigible a la aseguradora de riesgos del trabajo para prevenir eficazmente la ocurrencia de un accidente como el sufrido por el demandante.

Por ello, en el presente caso, los incumplimientos por parte de Liberty A.R.T. S.A. de deberes legales a su cargo guardan nexo de causalidad adecuada con los daños sufridos por Aguirre (cfr. arts. 901, 902, 904, 1.074 y ccds., C. Civ.).

El art. 901, C. Civ. establece:

"Las consecuencias de un hecho que acostumbre suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código `consecuencias inmediatas´. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un aconteci-miento distinto, se llaman `consecuencias mediatas´. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman `consecuencias causales´"	El art. 902, C. Civ. dispone:

"Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos".

A su vez, el art. 904, C. Civ. reza:

"Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas".

Las consecuencias mediatas suscitan un mayor interés en este caso, porque son las que provienen de la vinculación del hecho del sujeto con otro aconteci-miento. Este último, interpuesto entre el acontecimiento principal y la consecuencia, impone la responsabilidad, dentro de la teoría de la causalidad adecuada, si su autor debió preverlo, empleando la debida atención y conocimiento de las cosas (art. 904). Pero el juicio de la probabilidad de las consecuencias en abstracto debe llevarse a cabo teniendo en cuenta que el sujeto, por sus conocimientos, sus aptitudes o su actividad, poseía mayor idoneidad de previsión que un hombre medio.

Desde esta perspectiva, en virtud de los incumplimientos mencionados precedentemente, considero que ha mediado un nexo de causalidad adecuado entre los daños sufridos por el actor y los incumplimientos de Liberty ART S.A.

Por lo expuesto, sugiero confirmar el decisorio de grado también en este aspecto.

V.- Teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, tiempo, calidad y resultado de la tarea realizada, y el valor económico del litigio, estimo que los honorarios regulados al patrocinio y representación letrada de las codemandadas y a los peritos técnico, contador y calígrafo no resultan elevados en tanto los correspondientes a la representación letrada de la parte actora y al perito médico lucen adecuados (cfr. art. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839; arts. 3 inc. b) y g) y 12 dcto-ley 16.638/57).

En virtud del resultado obtenido en esta instancia, corresponde declarar las costas de alzada respecto de los honorarios de la representación letrada de la parte actora a cargo de las codemandadas en forma solidaria (cfr. art. 68 CPCCN), cada una cargo con los emolumentos de sus abogados. A su vez, corresponde regular a los letrados firmantes de los escritos de fs. 518/523 vta.- 544/vta.; fs. 524/530 vta.-548/vta. y fs. 536/537-550/551 vta.-554/556, por su actuación en la alzada, en el 25%, 25% y 30%, respectivamente, de lo que a cada uno le corresponda percibir por la labor desplegada en primera instancia (cfr. art. 14 ley 21.839).	LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

Adhiero al voto del Dr. Zas en la cuestión principal por análogos fundamentos a los que allí lucen.	En lo que respecta a la responsabilidad de la aseguradora de riesgos de trabajo, sin perjuicio de mi opinión personal al respecto, considero que es insoslayable tomar en cuenta la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en el caso "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A." (sentencia del 31-3-2009), donde la mayoría de los miembros del Alto Tribunal estableció que no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona del trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquel, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el incumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales (considerando 8º); previamente dicho fallo había dejado constancia de las obligaciones impuestas por la ley 23.557 a las A.R.T. que incluyen adoptar las medidas necesarias para prevenir eficazmente los riesgos (art. 4.1), incorporar en los contratos un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad (art. 4.2) así como controlar la ejecución de dicho plan y denunciar todo incumplimiento (y de las normas de higiene y seguridad) a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art. 4.4) entre otros deberes -considerando 5º voto de la mayoría-.

Puesto que, en forma reiterada he indicado que como principio general corresponde acatar las doctrinas emanadas del Máximo Tribunal, y dado que en este caso en base a ello se torna procedente la responsabilidad -en los términos de la ley civil- de la ART, habré de sumarme a la propuesta del distinguido colega preopinante en atención asimismo a lo que señala sobre el resultado de la pericial técnica y la ausencia de denuncias a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

En todo lo demás, por análogos fundamentos a los esgrimidos en el segundo voto, a ello adhiero.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios; 2°) Costas y honorarios de alzada conforme lo propuesto en el apartado V del segundo voto de este acuerdo; 3) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

MLF Enrique Néstor Arias Gibert Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara María C. García Margalejo Juez de Cámara