Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-08-12


N°_816 En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los doce días del mes de agosto del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS y EDUARDO OMAR MOLINA, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente:

"SANDOVAL, J. C. EN AUTOS: "SANDOVAL, J. C. C/ CITIBANK N.A. ARGENTINA S/MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS" EXPTE. Nº 2104/02 S/ RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA", N° 52.284, año 2002, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 40/53 vta.

C U E S T I O N E S I.- ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 40/53 vta. por el Dr. J. C. Sandoval, contra la resolución dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 36/37 vta.

Concedido el mencionado recurso y elevada la causa, la misma tiene radicación a fs. 56 en esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra definitivamente a fs. 100 y vta. con los suscriptos.

A fs. 63/64 emite su dictamen N° 224/03 el Sr. Procurador General y a fs. 102 vta. se llama autos para sentencia, lo que deja la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- Siendo este Tribunal el juez de los recursos extraordinarios para ante él intentados, corresponde me expida previamente sobre la concurrencia de los extremos que hacen a la admisibilidad formal del que ahora considero.

En tal cometido, advierto que se encuentran reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir, la resolución reviste el carácter de definitiva y media oportuno planteo de la cuestión constitucional, circunstancia que habilita la consideración del recurso en su faz sustancial.

Señala el recurrente que las cuestiones planteadas ante la Cámara versaron sobre la inconstitucionalidad del artículo 5º de la Ley Provincial Nº 4182 y el apartamiento de la normativa aplicable al caso como así de las constancias de la causa.

Con relación al primer aspecto del debate, expone que tanto lo resuelto en primera instancia como el fallo de Alzada dieron operatividad a la Ley Provincial Nº 4182, contrariando así el derecho federal, toda vez que el art. 5º de la misma al reconocer un módulo de ajuste al valor de la moneda extranjera, otorga supremacía sobre lo normado por las Leyes Nº 23.928 y Nº 25.561 que prohiben acudir a índices o módulos de ajuste de cualquier tipo; en segundo término, porque el fallo le otorga superioridad jurídica al art. 35 de la Ley 4182 al señalar que la competencia exclusiva para las cuestiones que se susciten con motivo de su aplicación corresponde al Superior Tribunal de Justicia, cuando de acuerdo al ordenamiento constitucional no existe un control concentrado sino difuso, en el sentido de que cualquier juez de la república, de cualquier grado o fuero, puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos o actos de gobierno.

Que al remitirse la Cámara al texto del mentado art. 35 da por sentado que el STJCH tiene competencia exclusiva también en lo referente al control de constitucionalidad de la citada Ley Nº 4182, lo que constituye un mero capricho de las jueces, generando arbitrariedad.

Estima que la resolución contraria implícita al pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 5 de la Ley 4182 abre las puertas del recurso extraordinario, ya que conforma una cuestión constitucional delicada al establecer el predominio de una ley provincial sobre leyes y decretos federales, lo que afecta gravemente su derecho de defensa.

Prosigue aseverando que la sentencia de Alzada omite el tratamiento de la cuestión atinente a que la obligación tributaria estaba extinguida conforme a los efectos que provoca el pago de acuerdo a la normativa del Código Civil, omisión que responde a una maniobra elusiva, cual es su incompetencia dado que al referirse la temática a la "tasa de justicia", el caso debe derivarse al Superior Tribunal de Justicia.

Que la evasiva de la Cámara genera claramente una situación de denegación de justicia, que asimismo lesiona su derecho de propiedad al dejar susbsistente una exigencia injusta establecida en primera instancia.

Tras el análisis de los agravios sintetizados precedentemente, dejo desde ya anticipado mi voto en el sentido que debe tener acogida favorable el recurso incoado, en concordancia con el dictamen emitido por el Sr. Procurador General.

Ab initio cabe señalar que es criterio reiterado de este Tribunal, en concordancia con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que las resoluciones que declaran la improcedencia o inadmisibilidad de los recursos deducidos para ante los tribunales de la causa no justifican, en principio, atento la naturaleza fáctica y procesal de las cuestiones que plantean, el recurso extraordinario (Fallos 298:64; 300:1415; conf. Sent. Nº 352/95 y Nº 350/98, entre otras, de esta Sala) y que:

"La resolución denegatoria del recurso ante el tribunal de la causa, fundada en razones de índole procesal y de hecho que bastan para sustentarla es, no mediando arbitrariedad, insusceptible de revisión por vía del recurso extraordinario." (abril 20-942,La Ley 445-446, Nº 3585), regla ésta que tiene como fundamento el carácter procesal de la cuestión y que resulta de aplicación al remedio que nos ocupa por participar de las mismas razones (conf. Sent. Nº 20/94 y Nº 310/05, de esta Sala), salvo hipótesis de arbitrariedad o frustración de garantías constitucionales (LL, 54-318; 69-509; 72-652).

Analizada la resolución recurrida a la luz de la doctrina aludida, encuentro configurado en la especie el vicio atribuido por el quejoso al decisorio, toda vez que éste no aparece como una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, con grave afectación de las garantías constitucionales invocadas.

En efecto, surge de la compulsa de los antecedentes pertinentes que habiendo el actor depositado las sumas de $ 50 y de $2.331,43 (según surge de las respectivas boletas glosadas a fs. 58 y 97 del principal, "Expte. Nº 2104/02 "Sandoval, Juan Carlos c/ Citibank N.A. Argentina s/ Medidas Autosatisfactivas") en concepto de tasa de justicia, la magistrado interviniente fijó la suma de $ 2.857,72, en carácter de diferencia debida por dicho arancel, ordenando su depósito en el término de cinco días, bajo apercibimiento de proseguir conforme lo prescripto en el art. 24 de la Ley 4182 (confr. fs. 100); respecto de esta providencia, el Dr. Sandoval dedujo a fs. 102/107 vta. revocatoria con apelación en subsidio, cuya manifiesta improcedencia es declarada a fs. 108 por el a quo, aclarando a fs. 110 que es extensiva a la apelación subsidiaria, lo que suscitó a su vez la interposición del recurso de queja por apelación denegada, tramitado en el sublite.

Por su parte, la lectura de los considerandos del fallo recurrido informa de que los jueces de segunda instancia, en cometido de definir si el recurso fue bien o mal denegado, abordaron el examen de las constancias de la causa, advirtiendo liminarmente que la queja planteada remitía a un tema relacionado con la aplicación de la Ley Nº 4.182, seguido de lo cual sentaron que merced a lo prescripto en el art. 35 de dicho cuerpo legal y términos de una resolución emitida por el Alto Cuerpo (Nº 358/96), debía ser desestimada la pretensión de autos en el entendimiento que toda decisión referida a la interpretación del mencionado plexo legal ".no es susceptible de apelación al estar expresamente reglada entre sus disposiciones que toda controversia que se genere en torno a su aplicación debe ser resuelta por el Superior Tribunal de Justicia". (confr. fs. 37 del presente).

Acorde lo adelantado, el juicio emitido por el ad quem adolece del vicio denunciado, toda vez que al controvertir el recurrente el pago del monto que fue cuantificado en concepto de diferencia de tasa de justicia alegando -amén del efecto liberatorio del pago efectuado con anterioridad- la inconstitucionalidad de la normativa contenida en el art. 5º de la Ley 4.182, la conclusión arribada por la Alzada para denegar la apertura de la segunda instancia traduce una exégesis inadecuada del art. 35 de la misma, que priva a la problemática llevada a su conocimiento de un debido tratamiento.

Repárese que la articulación introducida por el actor, por tratarse de un planteo tendiente a descalificar la constitucionalidad del aludido art. 5º, queda marginado de la esfera de actuación deferida al Superior Tribunal de Justicia, en forma exclusiva y originaria, que refiere a una función de interpretación de la Ley de Tasas en los supuestos en que su aplicación suscite cuestión o controversia.

Corrobora esta aserción lo resuelto por el Alto Cuerpo en el sentido que "No se trata por consiguiente de una tarea de interpretación o mera aplicación de la ley a un supuesto que se reputa cuestionado, extremo habitual en orden a la disposición del art. 35º de la ya citada Ley. En el caso para avanzar en la consideración del planteamiento del presentante, procedería valorar la descalificación constitucional del articulado mencionado, extremo vedado en esta instancia meramente interpretativa.

Por tanto advertimos que, planteada la inconstitucionalidad ante la Juez de la causa y peticionado en concreto por el interesado la declaración por el Juez Natural .., erróneamente se elevó a este Superior Tribunal de Justicia dándosele el habitual trámite para las cuestiones vinculadas a la ya citada ley de tasas (art. 35º-Ley 4182 y Resol. 358/96 de este Tribunal" (conf. Res. Nº 107 del 24.03.03 en Expte. Nº 52.442/02), así como que ". la Juez libró la apreciación de tal planteo a la excluyente intervención de este Superior Tribunal de Justicia por aplicación de la preceptiva del art. 35º de la Ley 4.182.

No podemos en tal sentido más que ratificar lo ya reiteradamente afirmado, que tratándose esta intervención de carácter meramente interpretativo, le está vedado a este Alto Cuerpo analizar descalificaciones constitucionales como la intentada. Por tanto, la disconformidad planteada por el recurrente, deberá encontrar adecuado tratamiento ante la Juez de la causa." (conf. Res. Nº 624 del 01.12.03 en Expte. Nº 54.106/03).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que "Si bien las cuestiones de hecho, prueba y derecho común son, como principio, ajenas al recurso extraordinario, ello admite excepción cuando el apelante sostiene y demuestra que el tribunal de la causa, por una equivocada interpretación del texto legal aplicable, ha omitido tratar esas cuestiones, pese a que estaba autorizado expresamente para ello ." (Fallos 296:734), lo que mutatis mutandi resulta de aplicación al subjudice.

Al decir del Sr. Procurador General ". el fundamento de la Cámara que para desestimar el recurso de queja radica -en lo substancial- en que todo decisorio que refiera a la interpretación de lo normado por la ley 4.182, no es susceptible de apelación al estar expresamente reglada entre sus disposiciones que toda controversia que se genere en torno a su aplicación debe ser resuelto por el Superior Tribunal de Justicia, carece de asidero.

Ello así, en tanto las normas reglamentarias respectivas de modo alguno hacen recaer en el Alto Cuerpo el ejercicio de una actividad que, por aplicación de lo dispuesto en el inciso 1º) del art. 26 del Decreto-Ley Nº 1.407/62, le compete ejercer en virtud de apelación, puesto se ha puesto en debate la validez de la Ley 4.182 bajo la pretensión de ser violatoria de las garantías establecidas en la Constitución Nacional y la decisión resulta -en definitiva- favorables a la misma." Arribados a esta solución, aparece irrelevante el tratamiento de las restantes quejas esbozadas por el recurrente.

Por todo ello, deviniendo inexcusable la descalificación del fallo y dado que los agravios de arbitrariedad resultan atendibles por vía del recurso de inconstitucionalidad, por importar violación de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, cabe acoger favorablemente el presente recurso. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. EDUARDO OMAR MOLINA, DIJO:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 40/53 vta. por el Dr. Juan Carlos Sandoval, por derecho propio, contra la resolución dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 36/37 vta.

Como consecuencia de ello deben devolverse los autos a dicho Tribunal, para que la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento (art. 44 Dec. Ley 1407/62). ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. EDUARDO OMAR MOLINA, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del Dr. Ramón Rubén Ávalos respecto de la presente. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede firmando los señores magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, de lo que doy fe.

S E N T E N C I A N°_816_ RESISTENCIA, agosto 12 de 2004.

AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 40/53 vta. por el Dr. J. C. Sandoval, por derecho propio, y en su mérito declarar la nulidad de la resolución dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 36/37 vta.

II.- DEVOLVER los autos a dicho Tribunal, para que, la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento (art. 44 del Decreto-Ley 1407/62).

III.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación a la Sra. Presidente de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, de esta ciudad y remítase copia autenticada de la presente a la Sra. Presidente de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos conforme está ordenado en el punto II.