Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-28


Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

El Dr. Martín Irurzun dijo:

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal con motivo de las apelaciones interpuestas por el Dr. Mauricio A. J. Chelli, a fs. 968 en calidad de defensor de Guillermo Héctor FORMICA y por éste a fs. 971, ambos contra los puntos dispositivos I y II de la sentencia obrante a fs. 945/963 donde la Sra. Juez "a quo" CONDENO a Guillermo Héctor FORMICA por considerarlo autor del delito de estafa procesal y partícipe necesario del delito de falsificación de sellos, ambos en concurso real, a la pena de DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION, en suspenso y COSTAS (arts. 26, 29, inc. 3°, 45, 55, 172 y 288 del Código Penal y 144, primer párrafo del Código de Procedimientos en Materia Penal) -punto I-; e HIZO ACOGIDA FAVORABLE al reclamo de INDEMNIZACION solicitado por Francisco Modugno por la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) -Punto II-.

Tras su arribo a estos Estrados la querella y el asistente técnico del justiciable dieron cumplimiento con los memoriales previstos en el art. 519 del código ritual a fs. 990/991 y 992/999 respectivamente, postulando la parte agraviada la libre absolución de su ahijado procesal.

II. Las probanzas aportadas al legajo, me llevan a coincidir con el resultado condenatorio al que arribó la sentenciante, ya que demuestran plenamente la materialidad del evento analizado, la intervención del acusado en el mismo y su consecuente responsabilidad penal.

En efecto, se encuentra fehacientemente acreditado que Guillermo Héctor Fórmica mediante la presentación en juicio de un pagaré con datos mendaces intentó obtener un beneficio patrimonial en perjuicio de Francisco Modugno.

Ciertamente, el acusado entre el 21 de abril de 1988 y el 5 de mayo de ese año, completó el contenido de un formulario de pagaré previamente firmado por Francisco Modugno, expresando en dicho instrumento en el lugar que había quedado en blanco luego de la suscripción del deudor, que éste estaba obligado a abonarle la suma de diecinueve mil dólares estadounidenses (U$S 19.000) desde el 19 de junio de 1984 -lo que reforzó logrando la inserción en el cartular de matasellos fiscales con idéntica fecha-, buscando con tal cometido acreditar en sede comercial cuando presentara el mismo, que tal deuda era anterior a la inscripción que había hecho Modugno de un inmueble como bien de familia, cobrando lo que requería ilegítimamente tras la ejecución judicial de la propiedad, objetivo que consiguió parcialmente, ya que fue dictada en tal sentido una sentencia de remate del 50% del bien y se celebró un boleto de compraventa sobre dicha porción, tras la subasta correspondiente.

Sin embargo, no alcanzó a ser aprobada judicialmente esta última actuación, debido a la impugnación interpuesta por el ejecutado el 20 de abril de 1992 en los términos del art. 592 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, paralizándose seguidamente la ejecución al haber sido requeridas tales actuaciones "ad effectum videndi et probandi" en autos.

En primer término, lo expuesto halla adecuada corroboración en la versión de Francisco Modugno, quien reconoció su firma en el pagaré en estudio -que para este acto tengo a la vista-, mientras que la letra manuscrita con la cual fue llenado señaló que le pertenecía a Guillermo Fórmica, aceptando éste también que la misma se trataba de su escritura (ver denuncia de fs. 1/2 y declaraciones de fs. 7, 23, 227, 293, 355/356, 450/451 y 766/767).

Por otra parte, es dable tener en cuenta que de acuerdo a la respuesta del Departamento Sistematización de Datos del Registro de la Propiedad Inmueble glosada a fs. 235/236, Guillermo Fórmica el 6 de abril de 1988 solicitó un pedido de informes en los términos del art. 27 de la ley 17.801, en relación a la Matrícula 18-2721/2 correspondiente al inmueble ubicado en Córdoba 4352, 1° piso, unidad funcional N° 2 de esta Capital -propiedad de Modugno y su cónyuge- y con fecha 30 de mayo del mismo año, mediante su gestión, se procedió a tomar razón de su embargo preventivo decretado en los autos "FORMICA, GUILLERMO HECTOR c./MODUGNO, FRANCISCO s/Ejecutivo" del registro de la Secretaría N° 14 del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 7, mientras que según las constancias agregadas a fs. 154/155 del Expte. N° 51.367 del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 8, dicha vivienda se encontraba afectada desde el 10 de agosto de 1984 como bien de familia (Confr. Expte. citado y además fs. 697/698 del Expte. N° 54 339 del mismo Juzgado que corren por cuerda).

Asimismo, conviene valorar el peritaje scopométrico glosado a fs. 33/34, del que se desprende que las imposiciones en cuestión, en las que se lee "19 JUN84", fueron estampadas con un matasellos del rubro fiscales perteneciente a la Sucursal N° 53-B de E.N.Co.Tel., en tanto que tras los testimonios brindados por el Jefe de la Sección Central de Timbres del Correo Central de la ciudad de Buenos Aires, Juan José Barrios, por el Tenedor de Libros de la sucursal referida, Néstor Venancio Cesaro y por el Jefe de la misma, Osvaldo Néstor Costa -quien exhibió además durante su deposición el Libro de Registro de Valores Fiscales pertinente del cual se extrajeron por Secretaría las fotocopias agregadas a fs. 45/47-, se advierte que esa sede no había registrado que en la fecha citada se hubiesen vendido las diecisiete estampillas sobre las que se insertaron tales matasellos, sino que recién resultaron entregadas a la misma con ese objeto el 23 de marzo de 1988, siendo vendidas en definitiva el 21 de abril siguiente, esto es, quince días después de la fecha en la cual el acusado dio inicio a la gestión ante el Registro de la Propiedad Inmueble, que tendió a determinar en que estado se encontraba la propiedad de Modugno (ver fs. 48, 50, 219/220 e informe del Director Financiero de E.N.Co.Tel., Oscar Orlando Codutti de fs. 146 ratificado a fs. 156/161 y fs. cits. "Supra").

Finalmente, cabe mencionar que Guillermo Fórmica el 5 de mayo de 1988 comenzó un juicio ejecutivo en base a dicho documento contra su firmante y que con posterioridad a la sentencia de remate dictada el 14 de noviembre de ese año (ver fs. 30/32 del Expte. ejecutivo), continuó tramitando su ejecución hasta lograr la pública subasta del 50 % del bien sobre el cual pretendía un beneficio patrimonial (ver fs. 716/717, 729, 734/735 y 742/743 del mismo).

El precedente cuadro cargoso hecha por tierra la alegada ajenidad del justiciable en punto a la suerte que había corrido el pagaré en cuestión hasta el 30 de abril de 1988.

Nótese que el mismo acusado reconoció que el requerimiento que llevó a cabo ante el Registro de la Propiedad Inmueble, estuvo motivado en su necesidad de gestionar el cobro de la suma pactada en dicho instrumento.

Es que aún en el hipotético caso de que Américo Costa hubiese sido quien lo detentó desde un comienzo, como señaló la defensa, escapa a toda lógica que haya buscado por propia iniciativa reafirmar que la fecha de celebración de tal contrato fue el 19 de junio de 1984 y que lo haya hecho a través de sellos fiscales con fecha falsa; y más inconcebible todavía resulta, de ser así, que hubiese procurado tal maquinación recién a partir del 21 de abril de 1988, o sea, luego de que el acusado logró tener conocimiento del momento en el cual la propiedad del querellante había sido inscripta como bien de familia (ver fs. 214 y 235/236).

Por el contrario, esta circunstancia permite en realidad colegir que de haber intervenido Costa de algún modo en la operación, no pudo hacerlo sin la información que había recabado Fórmica sobre el estado de tal inmueble unos días antes, lo que lleva consecuentemente a concluir que éste nunca dejó de ser protagonista de la escena delictiva pergeñada.

Dicha consideración torna innecesario abordar el tratamiento de la confusión de datos que sufriera el enjuiciado por los dos accidentes cerebrales acaecidos en agosto de 1987 y en julio de 1988 y por los efectos colaterales que en su memoria produjera la medicación que se le suministrara durante su padecimiento, circunstancia que fuera esgrimida por la defensa en su nueva versión de los hechos traída a colación llamativamente al sumario luego del fallecimiento de Américo Costa (ver fs. 289/293, 450/451 y 432/433).

No obstante, diré al respecto que si bien podría ser creíble su relato en cuanto a que al tiempo de ser interrogado en autos a tenor del art. 236, segunda parte del libro ritual, se habría equivocado sobre la secuencia relativa al sellado postal del pagaré en estudio (ver fs. 23), es inaceptable en vista de los fundamentos sostenidos por el representante del Ministerio Público Fiscal y la Sra. Juez de la instancia anterior, que también se considere víctima de una confusión al tiempo de iniciar el proceso judicial que tendió al cobro aludido.

De estar a sus dichos habría que interpretar que durante el mes abril de 1988 a pesar de no contar con el pagaré en su poder, intentó negociar su cobro con Modugno extrajudicialmente y que el 5 de mayo siguiente -cinco días después de recibido de manos de Costa dicho instrumento con las estampillas y los sellos fiscales insertados- demandó formalmente a aquel su pago, y que más tarde, el 9 de agosto de ese año (ver fs. 16/18 del Expte. N° 51.367 ya citado) en la presentación que hiciera ante el Juez en lo Comercial, describió por error como Modugno se constituyó en su deudor por la suma de diecinueve mil dólares, sin recordar que el 19 de junio de 1984 no había visto sellado el documento, aunque en esa oportunidad, categóricamente, precisó que el querellante había ido presuroso a sellarlo volviendo alrededor de una hora más tarde con el mismo estampillado y sellado.

Como he venido expresando, la postura del encausado no resiste el menor análisis; máxime cuando el único beneficiario de la conducta en estudio sería Guillermo Fórmica, ya que aún en el caso de ser interpretado que Costa fue el verdadero acreedor del préstamo aludido, como el mismo acusado explicó a fs. 289/293, a partir del 30 de abril de 1988 había dejado de serlo, debido a que él ya le había abonado tal deuda, por lo que el descargo ejercido al respecto sólo debe ser tenido como un intento de librarse de su comprometida situación procesal.

Por lo demás, ni la prueba instrumental, ni las declaraciones e informes ofrecidos en el cuaderno promovido por la defensa, ni los peritajes de fs. 98/101, 103/104 y 198/199 mencionados por ésta, aportan elementos de relevancia que lleven a descalificar de algún modo la valoración del cuadro probatorio cargoso reseñado, ya que las primeras sólo tienden a afirmar desde cuando Fórmica y Modugno se conocían, la forma en que ambos laboraban, el procedimiento en general utilizado en los préstamos a través del acusado, la actividad de Américo Costa y la dolencia padecida por Fórmica, mientras que los estudios técnicos contrariamente a lo postulado, marcan la imposibilidad de determinar la fecha en que fue llenado el pagaré examinado.

III. El accionar precedentemente comprobado es constitutivo del delito de tentativa de estafa procesal (art. 42 y 172 del Código Penal), debiendo responder Guillermo Héctor Fórmica como autor del mismo (art. 45 del mismo cuerpo legal), por lo que propondré al Acuerdo la modificación de la significación jurídica asignada en la instancia anterior.

Para configurar esta adecuación típica tengo en cuenta en primer lugar que no es posible enmarcar en el art. 288 del libro sustantivo las impresiones efectuadas a través del matasellos perteneciente a la ex- Sucursal 53-B de E.N.Co.Tel. como lo hace la Sra. Juez "a quo", debido a que este instrumento a diferencia de los sellos oficiales previstos en dicha norma, no brindan autenticidad al documento donde fueron usados, caracterización que es exigida para dar por conformados los elementos objetivos de esta figura penal (ver Carlos Creus, Derecho penal, Parte especial, T° 2, 5ta. Edición actualizada, 1ra. Reimpresión, Ed. Astrea, 1996, pág. 390).

En este contexto cabe aclarar, que el sellado examinado en realidad lo que permite constatar es el cumplimiento impositivo relativo a este tipo de operaciones comerciales, de acuerdo a las previsiones del art. 17 de la ley de sellos N° 18.524, reglamentada mediante el art. 16 del decreto N° 2.156, por lo que en el mejor de los casos lo que podrá otorgársele es la utilidad de ser un medio de prueba que recaiga sobre la certeza de la fecha en la cual se haya celebrado un acto de esta naturaleza, como generalmente ocurre en contiendas de índole comercial, pero de ningún modo corresponde considerarlo un requisito de instrumentos como el ventilado en autos los que desde luego satisfacen su propia autonomía ejecutiva.

Va de suyo entonces que la caracterización evidenciada a través de la coincidencia de las fechas impresas por el sello postal y la manuscrita en el título de mentas, dentro del marco fáctico traído a conocimiento, ha tenido por función la concreta producción de un error en el Juez que finalmente intervino en la ejecución de éste, a los efectos de lograr la venta en pública subasta de la propiedad del querellante y cobrar en consecuencia la suma que reclamaba.

Por otra parte, diré que le asiste razón a la defensa en punto a que la estafa evaluada ha quedado en estado de conato, porque no alcanzó a haber desprendimiento patrimonial del inmueble que pretendió enajenarse con la presente maniobra.

Así Mariano Berges y Juan Giudice Bravo en su obra sobre este tópico, han discurrido que "...para que exista estafa procesal consumada es necesaria la existencia de una sentencia o acto dispositivo de propiedad firme. A partir de ello...se exigirá además actos ejecutorios posteriores a la sentencia para que se produzca el concreto y definitivo daño patrimonial...", agregando que "...La jurisprudencia ha dicho que si el remate judicial no llegó a aprobarse y la transferencia efectiva del dominio de la parte indivisa del inmueble no se concretó en legal forma, se trata de un delito de estafa procesal en grado de tentativa...-CCC, Sala II, 13-10-81, E. D. Tomo 97, pág. 432-". (La estafa procesal, Lema Editora S.R.L., 1993, pág. 151).

IV. En relación a la graduación de la pena a imponer y su modalidad ejecutiva, tengo en cuenta la naturaleza de la acción. En tal sentido el hecho fue ejecutado valiéndose por un lado de la vulnerable posición en la que había quedado el firmante del pagaré al haberlo suscripto sin que constase en él la fecha en que ello tenía lugar y con limitados medios de defensa frente a la acción judicial entablada, y por otro, el especial conocimiento de leyes de Fórmica, circunstancia que le posibilitaba aún más arribar al resultado fraudulento perseguido durante la tramitación de estos procedimientos con escaso corte contradictorio.

En segundo lugar, estimaré que su conducta ha quedado circunscripta en atención a la reseña que expresé en el capítulo que antecede, por un marco que genera un espectro punitivo de menor envergadura que el considerado por la Sra. Juez de grado.

Asimismo corresponde señalar que el acusado es una persona madura que ha formado de hecho su propio núcleo familiar fruto del cual posee tres hijos, que ha tenido hasta el momento de la causa estabilidad laboral como abogado, actividad que ha desarrollado desde los veinticuatro años y que carece de antecedentes condenatorios.

De todo lo expuesto y de las restantes pautas mensurativas previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, estimo apropiado al caso proponer al Acuerdo la reducción de la pena que le fuera impuesta en la instancia anterior a UN AÑO DE PRISION, cuyo cumplimiento estimo correcto sea dejado en suspenso -art. 26 del mismo libro-.

V. En otro orden de ideas, debo decir que la respuesta dada por la sentenciante a la pretensión civil instaurada en esta causa, carece de aquellos fundamentos que justifiquen válidamente la imposición de una indemnización de diez mil pesos, como así también la apoyatura legal de fondo y forma que le diera sustento y en defecto de ello, la aclaración de la razón por la que no aceptó que la misma se encontrara constituída por la suma de cincuenta mil pesos reclamada por el actor (ver fs. 482Vta.).

De este modo pareciera interpretarse de la lectura de la pieza criticada que ha fijado dicha indemnización en base al hecho que tuvo por comprobado en la presente causa, más no especifica de ser así, los motivos que la llevaron a interpretar concretamente el por qué de tal cantidad, en tanto que tampoco aclaró si la sanción fijada compensaba daño material o moral o en su caso ambos (art. 29, inc. 1° del Código Penal).

Por ende, impidiendo el pronunciamiento en cuestión el ejercicio del derecho de defensa en juicio al no haber satisfecho lo pautado en el inc. 2° del art. 496 del Código de Procedimientos en Materia Penal en función del inc. 5° del art. 163 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, propiciaré la nulidad parcial de la sentencia de fs. 945/963 en relación a la contienda civil planteada, correspondiendo que devueltas que sean estas actuaciones a la instancia anterior, se proceda a desinsacular a un nuevo magistrado a los efectos de que emita un pronunciamiento al respecto conforme a derecho (arts. 509 y 511 del Código de Procedimientos en Materia Penal y 169, segundo párrafo, 172 y 174 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

VI. Restando aún dictar resolución sobre la reparación civil, entiendo adecuado diferir la regulación de los emolumentos profesionales de los letrados que han intervenido en esta instancia, hasta tanto tenga lugar ello y se calculen los atinentes a la labor que desarrollaron en la anterior (arts. 6, 7, 14 y 15 de la ley 21.839), por lo que votaré en consecuencia.

VII. Por los motivos señalados en el capítulo precedente, siendo los honorarios parte de las costas (art. 146, inc. 2° del Código de Procedimientos en Materia Penal) y en tanto resta definir quién será el vencido en orden a la temática civil, no es posible emitir todavía un pronunciamiento en alguno de los sentidos previstos en el art. 144 del libro adjetivo o de las normas rituales que resulten eventualmente aplicables en forma supletoria, por lo que a la luz de lo pautado en el art. 696 del citado código, corresponderá revocar la sentencia en cuanto en ella se resolvió en el punto I, en los términos del inc. 3° del art. 496 del mismo libro, cuando resta un pronunciamiento de acuerdo al inc. 2° de tal artículo.

Por dicha razón, propiciaré diferir el tratamiento de las costas ante esta Alzada, hasta tanto se resuelvan las de primera instancia.

VIII. En atención al resultado aquí propuesto y sin perjuicio de las articulaciones que Francisco Modugno pudiere eventualmente interponer ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 8, Secretaría N° 16, en el proceso de ejecución registrado bajo el N° 54.339, y siendo necesario remediar la cuestión aquí suscitada en punto al delito ventilado en autos, lo que implica un eventual reexamen de las sentencias que dieron lugar a la subasta documentada a fs. 716/729 de citado expediente, pasadas en autoridad de cosa juzgada, por haber sido la consecuencia de maquinaciones fraudulentas (ver Colección de fallos de la C.S.J.N., T. 254:pág. 328, Considerando 13 -art. 241, inc. 3, 4 y 5 de la ley 50- y Lino Enrique Palacio, Tratado de Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, T° IV, Ed. 1992, pág. 174 y V, Ed. 1986, Capítulo IV. Revisión, págs. 324/338); estimo oportuno la remisión, mediante oficio de estilo al Sr. Magistrado que entiende en dicho proceso, de copias certificadas de las sentencias emitidas en primera y segunda instancia, a los efectos que correspondan.

Por todo lo expuesto, voto por: I.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto dispositivo I del fallo impugnado en cuanto CONDENA a GUILLERMO HECTOR FORMICA, MODIFICANDO la calificación legal por la de autor del delito de tentativa de estafa procesal y REDUCIENDO la pena a UN AÑO DE PRISION, en suspenso (arts. 26, 42, 44, 45 y 172 del Código Penal); II.- DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la sentencia revisada con el alcance determinado en el Considerando V del presente, DISPONIENDO que devueltas que sean estas actuaciones a su origen, la Sra. Juez "a quo" adopte los recaudos necesarios para que sea desinsaculado un nuevo Juez que pronuncie sentencia conforme a derecho sobre la contienda civil aquí suscitada; III- REVOCAR PARCIALMENTE el punto dispositivo I de la sentencia apelada en cuanto decide sobre el pago de las costas procesales POSTERGANDO resolver sobre las atinentes al trámite ante esta Alzada, hasta tanto se proceda al dictado de sentencia sobre el reclamo civil y se defina quien deberá soportar las que sean impuestas a raíz de ella en la instancia anterior; IV- DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales de los letrados que tuvieron intervención en el presente legajo ante esta Alzada, hasta tanto haya un pronunciamiento en el sentido expresado en el Considerando VII de este voto; V- DISPONER que se lleve a cabo el diligenciamiento reseñado en el Considerando VIII del presente.

El Dr. Horacio Cattani dijo: He de coincidir con la solución a la que arriba mi colega preopinante de confirmar la condena impuesta, pues estimo que se halla acreditada fehacientemente la participación del encausado así como también la consecuente responsabilidad penal que le cupo en los hechos en cuestión, mas habré de explayarme sobre la diferente significación jurídica que les atribuyo.

Previo a exponer las razones por las cuales considero que se hallan plenamente comprobados los elementos objetivos de la figura del artículo 288, inciso 2°, párrafo segundo, del mismo texto legal y donde deben enmarcarse las conductas de imposición de las estampillas y del sello verdadero con fecha falsa en el pagaré en cuestión, habré de dejar sentado que coincido con mi colega, por los fundamentos vertidos en su voto, en que el delito de estafa procesal (art. 172 del Código Penal) ha quedado en grado de conato.

En efecto, del análisis del suceso investigado surge con claridad que no se ha verificado el daño patrimonial que exige tal figura, y que concurren los elementos esenciales de la tentativa, el principio de ejecución del delito y el dolo por parte del autor.

En segundo lugar, conforme las probanzas acumuladas en la presente investigación y teniendo en cuenta los diversos tipos penales previstos en el artículo legal citado, debe especificarse que nos hallamos frente a la impresión fraudulenta de efectos timbrados que tienen por objeto el cobro de impuestos, por lo que no cabe descartar la tipicidad de tales hechos.

En mi opinión, a diferencia de la conducta que reprime al que falsificare "sellos oficiales" -inciso 1°-, que son los utilizados por la autoridad pública, el sello apositado y las estampillas se inscriben dentro del concepto genérico de "sello" a que alude el segundo párrafo del inciso 2° del artículo 288 del Código Penal (cfr. Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", T. V, p. 315, ed. Tea, 1973).

A su vez, si bien las estampillas y el sello utilizados en el caso que nos ocupa, no son de origen falso, habida cuenta que la impresión fraudulenta se encuentra equiparada a la falsificación mediante el mismo párrafo mencionado, estimo que es en este tipo penal donde debe subsumirse la conducta del encartado.

Por otro lado, y en cuanto a las reglas concursales a aplicar, entiendo que la falsificación no importó una conducta autónoma sino que fue parte del ardid utilizado para generar el error en el magistrado del Fuero Comercial y realizar la estafa procesal; por lo tanto, se trata de una única acción con encuadramiento en dos disposiciones legales que no se desplazan entre sí sino que concurren idealmente.

En este sentido, cabe destacar que el logro o la preparación del documento para producir un aparente estado verdadero, en relación al delito de estafa procesal, constituye uno de sus requisitos básicos y es el paso previo a su presentación ante la justicia, donde se completa el ardid (cfr. Rubianes, Carlos, "Consideraciones sobre la estafa procesal mediante documentos", J.A. jul-sept -1956 - III, pp. 12 a 18).

Por lo demás, considero que los restantes argumentos de la defensa han sido debidamente evaluados y contestados por la Sra. Juez "a quo", y en relación al monto y la forma de cumplimiento de la pena impuesta, por las consideraciones vertidas precedentemente, teniendo en cuenta la modificación del marco jurídico que tuviera en vista el magistrado de primera instancia, estimo apropiado proponer al acuerdo la reducción de la pena impuesta a un año y seis meses de prisión, de cumplimiento en suspenso.

Por último, coincido con lo expresado por el Dr. Irurzun en torno a que la sentenciante no menciona cuáles son los fundamentos que justifican la imposición de una indemnización de diez mil pesos, debiéndose declarar la nulidad parcial de la sentencia y proceder a desinsacular un nuevo magistrado a los efectos de que emita un nuevo pronunciamiento al respecto (arts. 509 y 511 del Código de Procedimientos en Materia Penal); y comparto, consecuentemente, lo dispuesto en relación a la regulación de los honorarios profesionales y las costas causídicas de ambas instancias.

El Dr. Eduardo Luraschi dijo que adhiere al voto del Dr. Horacio Cattani.

En mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto dispositivo I del fallo impugnado en cuanto CONDENA a GUILLERMO HECTOR FORMICA, MODIFICANDO la calificación legal por la de autor del delito de tentativa de estafa procesal y partícipe necesario del delito de impresión fraudulenta de sellos, ambos en concurso ideal, REDUCIENDO la pena a UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISION, en suspenso (arts. 26, 42, 44, 45, 54, 172 Y 288, inciso 2°, párrafo segundo del Código Penal).

II) DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la sentencia revisada con el alcance determinado en el Considerando V del primer voto, DISPONIENDO que devueltas que sean estas actuaciones a su origen, la Sra. Juez "a quo" adopte los recaudos necesarios para que sea desinsaculado un nuevo Juez que pronuncie sentencia conforme a derecho sobre la contienda civil aquí suscitada.

III) REVOCAR PARCIALMENTE el punto dispositivo I de la sentencia apelada en cuanto decide sobre el pago de las costas procesales POSTERGANDO resolver sobre las atinentes al trámite ante esta Alzada, hasta tanto se proceda al dictado de sentencia sobre el reclamo civil y se defina quien deberá soportar las que sean impuestas a raíz de ella en la instancia anterior.

IV) DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales de los letrados que tuvieron intervención en el presente legajo ante esta Alzada, hasta tanto haya un pronunciamiento en el sentido expresado en el Considerando VII del primer voto.

V) DISPONER que se lleve a cabo el diligenciamiento reseñado en el Considerando VIII del voto del Doctor Martín Irurzun.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse estas actuaciones junto con la documentación que corre por cuerda al juzgado de origen sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.