Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19


Reg.: A y S t 283 p 106/111.

Santa Fe, 19 de junio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el fiscal contra el acuerdo 70 del 22 de febrero de 2017, dictado por el Colegio de Jueces de Segunda Instancia en lo Penal de Rosario, en autos caratulados "P., J. D. - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'P., J. D. S/ ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO POR EL VÍNCULO Y ABUSO SEXUAL DOBLEMENTE AGRAVADO POR ACCESO CARNAL Y POR EL VÍNCULO' -(CUIJ 21-06002042-3)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511568-7); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisión del 22.02.2017, el Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia en lo Penal de Rosario dispuso invalidar el juicio celebrado en autos y la sentencia que fue su consecuencia, absolviendo de culpa y cargo a J. D. P., por los delitos de abuso sexual simple agravado por el vínculo y abuso sexual doblemente agravado por acceso carnal y por el vínculo en forma reiterada.

2. Contra dicha resolución, el fiscal interpone recurso de inconstitucionalidad (f. 13).

Postula que el voto mayoritario ha incurrido en invocación de prueba inexistente al analizar la entrevista en Cámara Gesell realizada a la menor L., ya que nunca se convirtió en prueba y fue sólo una "declaración previa". Agrega que en el mismo vicio incurre al analizar dos declaraciones prestadas ante el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que no fueron debidamente introducidas en el debate.

Señala que se ha prescindido de prueba decisiva, al no aceptar la evidencia que surge del anticipo jurisdiccional de la prueba constituido por la declaración en Cámara Gesell de la víctima, considerando que la misma había adquirido la mayoría de edad.

Sostiene en relación a ello, que la edad no es la única condición de vulnerabilidad a considerar; que no se acreditó de ninguna manera que la víctima estuviese hábil para declarar; que la petición de la declaración durante el juicio fue denegada en la etapa preliminar -avalada por la Cámara- y que el concepto de "víctima disponible" lo elabora a partir de testimonios de descargo -esposa e hijas del imputado- y una entrevista efectuada por el Ministerio Público de la Acusación sobre cuestiones accesorias.

Refiere que se ha incurrido en contradicción de los fundamentos normativos aplicables, vinculados a la Constitución nacional, provincial, instrumentos internacionales, y leyes nacionales y provinciales. Finalmente, señala falta de motivación suficiente y autocontradicción al referir a las "múltiples alternativas" de solución a la causa, puesto que ello mismo hubiera permitido que reenvíe el caso para que se realice un nuevo juicio con la declaración de la víctima o bien que se efectúe en segunda instancia.

3. El A quo, por auto de fecha 06.10.2017 resuelve denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad (f. 47).

Tal denegación motiva la presentación directa del recurrente ante esta Corte (f. 52).

4. De la lectura del memorial recursivo se advierte que la postulación de la impugnante cuenta -"prima facie"- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir la queja y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Disponer que por Presidencia se ordene la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda.

Regístrese y hágase saber.

FDO.:GUTIÉRREZ-ERBETTA (EN DISIDENCIA)-FALISTOCCO(EN DISIDENCIA)-GASTALDI(POR SUS FUNDAMENTOS)-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) FUNDAMENTOS DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI:

En el presente caso, celebrado el juicio oral y público, el Tribunal Pluripersonal consideró acreditada la culpabilidad de J. D. P. como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo (arts. 119, párrafos 1 y 4, inciso b, C.P.) y abuso sexual doblemente agravado por acceso carnal y el vínculo (art. 119, párrafo 3 y 4 b, C.P.) en concurso real (arts. 45 y 55, C.P.) y le impuso la pena de 11 años y 6 meses de prisión. Apelado el decisorio por la defensa técnica del justiciable, se imprimió trámite oral celebrándose la audiencia respectiva, invalidando el juicio celebrado en autos y absolviendo al justiciable (fs. 2/11v.). Para así decidirlo, el Tribunal revisor entendió como vicio absoluto la prescindencia del testimonio actual y reclamado de la víctima quien al momento del juicio oral ya era mayor de edad por lo que para dicho Tribunal contaba con condiciones legales y personales de hacerlo obligadamente (art.298, párrafo final), agregando que se expuso en la audiencia por la Defensa "las reiteradas concurrencias a la defensoría, la manifestación a sus familiares y finalmente declarando subrepticiamente en circunstancias que no fueron de adecuado contradictorio" (f. 6).

Contra dicha resolución, viene en recurso de inconstitucionalidad el Ministerio Público de la Acusación (M.P.A.) reprochando arbitrariedad por falta de motivación, autocontradicción, parcialización, apartamiento del debate del Juicio oral, con invocación de prueba inexistente, contradicción y prescindencia de prueba decisiva. Reprochando además que la Alzada prescindió de la valoración de la prueba legalmente obtenida y producida en el debate, desconociendo que denunciado el hecho en febrero de 2014 se peticionó como anticipo juridiccional de prueba la declaración de la víctima -en ese momento menor de edad-, por resolución del 21.05.2014 el doctor Negroni la admitió, y recurrida fue confirmada dicha resolución el 06.08.2014 por el doctor Prunotto, y producida finalmente la declaración en Cámara Gesell el 8.08.2014. Brindada la declaración como se dijo, luego la Defensa del justiciable en la etapa preliminar ofreció la declaración en juicio de la víctima, que fue rechazada con sustento en la existencia del anticipo de prueba concedido. Y ante este rechazo, la defensa volvió a recurrir, confirmando dicha resolución el doctor Carbone el 9.12.2009.

Y en este sentido explica el Ministerio Público de la Acusación, que la Alzada anuló el juicio oral (que tuvo por acreditado los abusos sexuales que padeció la víctima desde los 13 a los 17 años de edad). Nulidad que fue declarada, con ritualismo y sustento en una errónea interpretación de los alcances del concepto de "víctima disponible" para declarar en juicio (art. 298, C.P.P.). Desmarcando el caso del contexto de vulnerabilidad en el cual se encontraba la víctima, que sin contención familiar ni económica, "quedó de esa manera a merced de toda una familia que apoyaba al acusado, al patriarca", con claro sometimiento. Prescindiendo de cumplimentar las mandas legales y convencionales que tutelan este tipo de casos ("Ley de Protección Integral de las Mujeres", Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -C.E.D.A.W.- y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belem do Pará-). Que imponían la valoración de la prueba principal, "el testimonio de la víctima" legalmente producido como anticipo de prueba, que había quedado firme pese a todos los recursos defensivos. Testimonio de la víctima que fue apuntalado por la abundante prueba producida en el debate del juicio oral -ingresada por testigos y testigos expertos-. Para anular la Alzada con un ritualismo procesal que se desmarca no solo de las constancias inequívocas de autos sino de las mandas convencionales que tutelan a la víctima.

Conforme surge de lo reseñado, las postulaciones recursivas desarrolladas por el Ministerio Público de la Acusación, logran poner a consideración de esta Corte un supuesto de arbitraria y ritual anulación del Juicio Oral, haciendo prevalecer alcances de la normativa procesal (cfr. art. 298, C.P.P.) en desmedro de mandas legales y convencionales ("Ley de Protección Integral de las Mujeres", Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -C.E.D.A.W.- y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belem do Pará-) que tutelan a las mujeres víctimas de este tipo de delitos intrafamiliares atento el contexto de vulnerabilidad y sometimiento acreditado en juicio oral, prescindiendo de lo declarado por la víctima en el "anticipo de prueba" firme que fuera apuntalado por las demás pruebas producidas en juicio. Los reproches recursivos expuestos, desde una apreciación mínima y provisoria, guardan conexión con los antecedentes de la causa y cuentan "prima facie" con entidad constitucional como para operar la apertura de ésta instancia de excepción. Todo ello, sin que implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

FDO.: GASTALDI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES ERBETTA Y FALISTOCCO:

4. Cabe anticipar que esta impugnación no ha de prosperar, pues de los fundamentos del memorial recursivo y su liminar confrontación con la sentencia atacada, surge que pese a invocarse prescindencia de prueba decisiva; invocación de prueba inexistente; autocontradicción y arbitrariedad en el fallo del A quo, en sustancia, se discute la interpretación de normas de derecho procesal que efectuó el Tribunal en ejercicio de funciones propias, cuestiones ajenas al recurso extraordinario intentado.

La confrontación de los cuestionamientos esbozados por el fiscal con los argumentos vertidos por la Cámara para desecharlos evidencia que no asiste razón a la recurrente respecto a la configuración de los vicios que invoca.

En efecto, la síntesis de la solución del Tribunal radica en que "...El juicio celebrado no contó con el testimonio actual y reclamado de una víctima en condiciones legales de hacerlo obligadamente (art. 298, párrafo final) y personales de hacerlo, tal como se colige de las constancias de lo actuado en el juicio, exponiéndose en audiencia las reiteradas concurrencias a defensoría, la manifestación de familiares, y finalmente declarando subrepticiamente: circunstancias que no fueron objeto de adecuado contradictorio ni consideradas por los profusos protagonistas peritos y testigos expertos que informaron de esta manera parcialmente a un Tribunal que tampoco pudo contar con este elemento; de lo que no puede sino colegirse un fallo que claramente adoleció de un elemento estructurante de su capacidad convictiva" (f. 6).

Se advierte así que el fallo cuestionado argumentó el motivo por el que consideraba dirimente la declaración de la víctima y su necesidad -y posibilidad- de prestar declaración durante el juicio.

En este estado, cabe memorar que en el delicado equilibrio entre la protección a la no revictimización y el derecho de defensa del imputado, se ha advertido que los magistrados deben hacer prevalecer alguno de estos derechos, de acuerdo a las características de cada caso, procurando la menor afectación a los mismos (en similar sentido, voto del señor Ministro doctor Falistocco en "C.", A. y S. T. 262, pag. 129 y "L.", A. y. S. T. 267, pág. 447).

La argumentación brindada, en suma, se vincula a episodios concretos que fueron objeto de debate y por tanto, mal puede hablarse, como pretende la Fiscalía, de una prueba inexistente.

Cabe aclarar que la mayoría de edad no es el único elemento a considerar, en un contexto de posible abuso sexual, conforme se señalo oportunamente: "...la vulnerabilidad de las víctimas, puede venir definida desde muy diversos parámetros, entre los que se encuentra la violencia sexual, indudablemente" (C.S.J.S.F., "L.", 23.03.2016). Pero aún así, las consideraciones brindadas por la Sala, se reitera, no lucen como un absurdo fáctico y normativo aprehensible en esta instancia excepcional y en el contexto referenciado, estimo, la presente queja no es admisible.

5. Finalmente, y a manera de "obiter dictum", por la importancia adquirida a través de diversos instrumentos normativos nacionales e internacionales, cabe realizar una consideración sobre las repercusiones procesales que puede acarrear la consideración de la víctima o testigo vulnerable, que se vincula a la especial aflicción que porta por tal condición, ya sea intrínseca o derivada del presunto hecho delictivo.

Es evidente el conflicto con el derecho de defensa de contraexaminar a los testigos, a partir de la imposibilidad de brindar ese tipo de declaraciones en el debate.

Es por ello que, si la tecnología disponible lo permite -y estimo que es así- debería explorarse la posibilidad de que, en estos casos, pueda recepcionarse nueva declaración al testigo vulnerable, pero evitando confrontarlo -cara a cara- con su eventual agresor. En ese sentido, han sido prolíficas las experiencias en el sistema europeo sobre la utilización del sistema videoconferencia en tiempo real, en donde el equipo terapéutico es el nexo entre la víctima y lo que ocurre en la audiencia y las preguntas sólo llegan filtradas al testigo. Siempre y cuando, claro esta, está modalidad sea factible con dictamen de expertos que aseguren la posibilidad de reiterar el examen sobre el evento en cuestión.

Por lo expuesto, corresponde rechazar la queja interpuesta.

FDO.: ERBETTA-FALISTOCCO-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Colegio de Jueces de Segunda Instancia en lo penal de Rosario.