Automotores, responsabilidad civil, daño por vicio o riesgo de la cosa, prueba
Materia: PENAL - PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BAIADERA, FLORINDO VICTOR s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-12-28

Según la teoría de los actos propios a nadie le es lícito ir contra sus propios actos cuando éstos son expresión del consentimiento de quien los ejecuta y obedecen al designio de crear, modificar, extinguir relaciones de derecho, es decir, cuando se trata de actos jurídicos que causan estado definiendo en una forma inalterable la posición jurídica de su autor. Si, en el caso, el imputado dijo ser el propietario del automóvil en la etapa prevencional y luego se desdijo, lo que permitiría pensar en la vulneración de la teoría de los actos propios, sin embargo, el reconocimiento en esa etapa tenía por finalidad la recuperación del bien y alegándose la titularidad de la propiedad, el imputado fue reconocido en su derecho a tenerlo, más allá de que en realidad fuera propietario y lo obtuvo en calidad de depositario judicial, pero tal situación no era definitiva a fin de crear, constituir o modificar derechos y consecuentemente, no podría ser el presupuesto adverso a su situación posterior (es decir cuando negó que se hubiere acreditado la calidad de propietario), hábil para vulnerar la teoría de los actos propios y por ello no la violó. En el sub-examen no se desconoció la naturaleza privada y disponible del ejercicio de la acción civil en el proceso penal y el principio iura novit curia al negarse la acreditación de propietario por parte del imputado a pesar de que éste (hasta ese momento, sólo penalmente imputado) admitió implícitamente esa calidad al recibir el automóvil en depósito judicial por ser propietario, pues quienes alegaron la calidad discutida en cabeza del imputado fueron, precisamente, quienes ahora son recurrente y el principio inconcuso de quien alega debe probar, imponía a los actores demostrar ese extremo de la demanda mediante la prueba que la ley designa. Precisamente, el Juez aplicó el principio iura novit curia y respetó la disponibilidad de la acción civil, pues bastó que le dijeran los hechos: el demandado civil debe responder porque tiene el dominio del automóvil dañador y el Juez, dijo el derecho: Pruébese esa calidad por quien la alega, según las reglas de la prueba documental. En consecuencia, al momento de la traba de la litis, esto es donde se definía la calidad de propietario o no y su consecuente responsabilidad, el demandado civil desconoció esa calidad por considerar que no estaba probada (otra cosa era que el Jefe Letrado de Sumario interviniente dispusiera la entrega del bien mediante la mostración de una copia simple del certificado del automotor y así lo efectuara el jefe de dependencia). Es que a esa fecha no se definía derecho alguno de la litis, cual era si el demandado civil debía o no responder por el daño resarcible ex-delito en calidad de propietario, pero sólo en esa calidad y no en otra, porque penalmente resultó absuelto (de modo que como imputado penal no respondía) y no fue demandado a otro título. Además en la instancia de constitución el demandado civil no fue requerido sino como imputado, esto es, si bien no hubo oposición, ésta hubiese resultado inocua desde que el actor civil no se constituyó atribuyéndole la calidad de propietario al demandado civil, sino sólo lo fue a título de autor del hecho delictivo, lo que luego no pudo ser acreditado Tampoco altera la situación, la citación en garantía de la aseguradora y su no oposición a esa citación porque la oposición de Ésta sobre un aspecto de esta índole no hubiere consolidado la situación del demandado civil sino, en todo caso, la imposibilidad de que luego, en la sentencia, se le extendieran sus efectos a la empresa aseguradora. En síntesis son distintos intereses. La cuestión hubiese cambiado por cierto, en relación al demandado civil si en la instancia de constitución hubiésele reclamado como propietario y aquél no se hubiese opuesto, pues aunque luego pudiese discutirlo nuevamente en el debate, su comportamiento respecto de la prueba hubiese variado sustancialmente. Tampoco cuenta y no se han argüido de falsas por omisión, en el acta de debate, ni cumplementariamente en la sentencia, la existencia del ofrecimiento de la prueba que según el art. 222 C.P.C , debe aportarse para probar, mediante copia, la calidad de propietario que sólo la inscripción en el registro de esa índole otorga, tampoco dicen haberlo hecho los recurrentes sino que querían servirse de una prueba ineficaz que, el entonces imputado en sede prevencional, aportó para que le devolvieran un automóvil que supuestamente es de su propiedad.