marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defensa del consumidor, asociaciones de consumidores, acción judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: MONACHESI CARLOS ALBERTO c/ CTI COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-28

Resulta improcedente otorgar a la acción aquí incoada el carácter de colectiva pues la promoción de acciones individuales respecto de la cuestión planteada se halla lejos de resultar inviable o de muy difícil concreción por los actores individuales involucrados -lo demuestra, claramente el número de acciones individuales aquí promovidas en subsidio-, y no se verifica que la naturaleza del derecho que se invoca afecte a un grupo tradicionalmente postergado o débilmente protegido pues aunque pueda revestir trascendencia social, no excede el interés de las partes involucradas. De ese modo, del objeto de la demanda no se extrae que la intención de los actores sea restringir o detener un hecho que esté provocando lesión a derechos individuales homogéneos del modo en que es requerido a este fin. Es decir, se están persiguiendo derechos patrimoniales individuales planteados como una acción conjunta, plurindividual, con una causa común, que pueden ser válidamente defendidos por cada individuo accionante. Supuesto que en nuestro código ritual se encuentra contemplado en el CPR 88, bajo la figura del litisconsorcio activo facultativo. En el litisconsorcio contemplado por dicha norma se está en presencia de una relación procesal única, con pluralidad de sujetos que actúan en forma autónoma, es decir, hay una unidad jurídica y autonomía de sujetos procesales, de tal manera que los actos de unos ni aprovechan ni perjudican a los otros, principio que podría ceder en los supuestos en que se trata del reconocimiento o desconocimiento de un hecho que no puede ser al propio tiempo exacto para uno e inexacto para el otro (véase Colombo-Kiper, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ", T. I, pág. 558). (En el caso, se reclama por la lesión a los derechos de una pluralidad de sujetos que se configuraría en torno a la cancelación unilateral de los pasajes adquiridos por los actores).
Multa administrativa, restitución de la multa, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: EMPRESA DE TRANSPORTES FOURNIER SA. s/ INFRACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-06-27

Cuando se revoque una sanción impuesta a una empresa, debe devolverse la multa por ella abonada en moneda actualizada (conforme Fallo CSJN. 'Valdez, José c/ Gobierno Nacional', del 23 de septiembre de 1976), aplicándose, por analogía, lo dispuesto por la Ley 21281 para la devolución de multas impuestas en el ámbito tributario.

(En igual sentido: Sala III, sentencia número 35046, 26 de mayo de 1977, 'Moretto, Carlos s/ Sumario').
Responsabilidad objetiva, legitimación pasiva
Materia: CIVIL
Carátula: Beatove, J. M. c/ Olguin, A. O. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2015-04-28

Debe rechazarse la demanda de daños y perjuicios interpuesta en los términos del art. 1113 del Código Civil por el titular de un automotor contra la persona a la que le atribuyó el rol de guardián del vehículo, pues las responsabilidades concurrentes de dueño y guardián de la cosa generadora del riesgo lo son ante el tercero víctima del hecho y no entre aquéllos, máxime cuando en el caso se hallan vinculados por un contrato que, en tanto habría concedido el uso gratuito del automotor, constituiría un comodato, supuesto este en que sobre el comodatario, cierto es, pesa la obligación de conservar la cosa en buen estado, mas respondiendo por los deterioros que la misma sufra sólo "por su culpa", según reza el art. 2266 ídem.
Testamentos, captación de la voluntad del testador, dispensa de la colación
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: V., M. c/ VILLAFAÑE, MARIA LAURA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-04-04

El causante está facultado para emplear su porción disponible, ya sea en beneficio de terceros incluidos sus herederos no forzosos, o de éstos últimos, pudiendo distribuirla entre todos o algunos de los herederos legitimarios o atribuirla íntegramente a uno de ellos, siendo indispensable la cláusula expresa de mejora en el testamento para beneficiar a uno o a algunos de los legitimarios; y es perfectamente posible que tal voluntad manifestada por el testador de mejorar a un heredero forzoso haya tenido expresión concreta en vida, mediante una donación efectuada al legitimario, hipótesis en que el coheredero donatario quedará dispensado de colacionar lo recibido, salvo en cuanto exceda la porción de libre disposición, ya que aquella donación vendría a ser una materialización del deseo, expresado al testar, de mejorar al coheredero; y precisamente allí radica el desenfoque normativo de la Alzada que amerita la descalificación del fallo, ya que de los términos del testamento surge inequívocamente la voluntad de la causante de mejorar con toda su porción de libre disposición a la coheredera demandada, entonces el valor del bien donado a esta última no ha de considerarse de entrada como un adelanto de su legítima, sino que debe imputarse en primer lugar a la porción disponible de la herencia y sólo deberá colacionarse el excedente -en caso de mediar alguno-.
Locación de inmuebles, continuación de la locación, muerte del locatario
Materia: CIVIL
Carátula: BISSO RIVAS, Alfredo Leonardo c/ TACACHO, Arnaldo Sergio s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-20

1- La condición de hijo de los locatarios no lo transforma a aquél en inquilino, menos aún si no convivió con sus progenitores en el inmueble locado, ni antes, ni después del fallecimiento de aquéllos, por lo cual no puede ser considerado continuador de la locación.-
Policía, personal policial, ascenso laboral, orden de mérito, antigüedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAR, RICARDO ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-03

No es válida la exclusión del puntaje obtenido en los cursos de perfeccionamiento o exámenes de idoneidad aunque fuera de año anterior a los que la ley fija como permanencia mínima en el grado, a los fines de determinar el orden de méritos para la propuesta de ascensos del personal superior de la Policía, ya que admitir esta posibilidad supondría excluir la evaluación de un aspecto trascendente para el ascenso del personal y en definitiva, consagrar un sistema de ascenso para el personal superior extraño al vigente, ya que, en la medida de aquella posibilidad, no se sustentaría exclusivamente en una rigurosa selección, sino también en la antigüedad calificada, sistema éste que, sólo en limitadas proporciones -según el grado-, la ley admite para el personal subalterno (artículo 99 de la ley 6769). La consecuencia de que computar dicho curso implique un elemento negativo para los ascensos es, en todo caso, resultado de la calificación obtenida y no del sistema de calificación.
Daños y perjuicios, costas al demandado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Guizzardi, Juan Carlos c/ Benito Roggio e Hijos SA s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-26

"... en materia indemnizatoria por vía de principio y para evitar que la restauración en lo posible de las cosas al estado anterior del daño no se vea disminuida por motivo alguno, las costas deben ser soportadas por la demandada aún cuando no se admita la procedencia de todos los rubros reclamados en la medida en que lo pretende la víctima".
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, litisconsorcio facultativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Tovani, Lucía Gladis c/ Fabrizio,    Daniel;   Municipalidad  de  Tigre;  Ejército  Argentino s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06

En el supuesto de litis consorcio facultativo son las pretensiones individuales las que deben alcanzar el mínimo legal exigido para la procedencia del recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema.
Actualización monetaria, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Margasin, Bernardo y otros c/ Linzoain, Guillermo Antonio s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

Sólo corresponde aplicar la doctrina de los propios actos, como obstáculo en la valorización de un crédito, cuando una persona -dentro de una relación jurídica- ha suscitado en otra con su conducta la confianza de que un derecho no será ejercitado o lo será en un determinado sentido, lo que hace que deba mantenerse necesariamente dicha confianza, desestimándose toda actuación incompatible con el sentido que objetivamente se deduzca de la conducta primera.
Acto administrativo, legalidad objetiva, doctrina de la arbitrariedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pedraja Larroza, Carlos A. y otros c/ Municipalidad de Presidente Perón s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-29

Un acto es ilegal cuando no concuerda con la norma jurídica que prescribe lo debido, importando violación del orden jurídico. La ilegalidad se configura, entonces, cuando el acto u omisión se hallan desprovistos de sustento normativo, prescindiendo lisa y llanamente de la ley. La arbitrariedad, por su parte, es la manifestación caprichosa sin principios jurídicos, involucrando los conceptos de irrazonabilidad e injusticia. Se exterioriza inclusive cuando aún apareciendo el acto o la omisión formalmente fundados en ley, esta es aplicada con error inexcusable, exceso ritual o autocontradicción, o bien las conductas cuestionadas derivan de la transgresión de las reglas del debido proceso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho procesal, partes del proceso, intervención de terceros, citación a juicio, improcedencia del recurso, medidas autosatisfactivas, agotamiento de la vía judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Biscayne Argentina SA c/ Radeljak, Patricio Ariel s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Procede confirmar la resolución por la cual se denegó la citación de tercero solicitada por la demandada. Ello por cuanto, el trámite asignado a la presente causa no ha sido cuestionado, ni lo ha sido la medida que, en calidad de "autosatisfactiva", fue ordenada en autos. En consecuencia dicha medida - consistente en requerir al apelante que pusiera a disposición de la actora cierta documentación- agotó el proceso, es decir, no se enderezó a los fines de resguardar la efectividad de ninguna sentencia futura, no existiendo por ende quicio procesal susceptible para admitir la incorporación de un tercero.
Caducidad de instancia, medidas para mejor proveer
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ESCALADA, RAUL EMILIO c/ FLORENCIO CARPINTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-12-23

Las medidas para mejor proveer son privativas del juzgado y, por su naturaleza, si bien puden ser materia de impulso procesal de parte, incumbe a los magistrados tanto disponerlas como activarlas en una suerte de responsabilidad común haciendo así efectivo el moderno principio procesal de las cargas probatorias dinámicas y la verdad jurídica objetiva. Por ello la demora que se haya producido en el cumplimiento de una medida para mejor proveer no puede justificar la declaración de perención de la instancia.
Mediación, habilitación de instancia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: DONNAMARIA, Dora Isabel c/ AZUL SATA y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-27

1- El requisito exigido por la ley 24.573 para iniciar la vía judicial queda debidamente cumplimentado con el instrumento suscripto por el mediador, donde se acredita que la mediación no continúa.

2- Debe considerarse habilitada la vía judicial, si el mediador informó que la mediación no continuaba por decisión de las partes, aun cuando del acta no surja que la notificación a los codemandados -respecto de quienes el juez de primera instancia insiste en conocer si fueron citados- contenga la expresión "no compareció el requerido notificado fehacientemente".
Sentencia, juicio
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Furgiuele, Pedro Mauricio y otro s/ presunta comisión de delito
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Los pronunciamientos judiciales deben atender a las circunstancias y marco normativo existente al tiempo de la decisión, aun cuando sea sobreviniente. Del voto de la juez Inés M. Weinberg.
Jueces, recusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Marcelo Castro Dassen c/ Héctor Vicente Camusso s/ Promueve Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-12-18

La enumeración de las causales de recusación cristalizadas en el art. 75 del Código de Procedimientos es taxativa y su interpretación restrictiva. Dicha opinión, encuentra su fundamento legal en el art.

74 del mismo Código al preceptuar que los jueces "solo podrán ser recusados por las causas enumeradas en esta Ley".
Accidentes de trabajo, ley vigente, aplicación errónea de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: ACEREDA, OLGA ESTER EN Jº 142.598/35.030 CEREDA, OLGA c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-INCIDENTE DE CASACION Expediente Nro. 79325 - PREVENCIÓN ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA. EN J: 28016 "ALBORNOZ M.F. c/ H.D.S. HECTOR SÁNCHEZ Y.P.F.S.A. Y OTR.- s/ ACC. INC. CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-03-16|2005-02-28

Aplicar los criterios del decreto nro. 1278/00 que ha entrado en vigencia el día 01 de Marzo de 2001 a un accidente de trabajo que ha ocurrido en el año 1998 implica y supone una aplicación retroactiva de la ley que está vedada por las normas de los arts. 2 y 3 del C.Civil y del propio texto del art. 19 del decreto citado que establece específicamente el momento de vigencia de la norma, incurriendo en una interpretación y aplicación errónea del art. 14 de la L. R. T. y del propio decreto 1278/00.
Cambio de calificación legal, Ministerio Público
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., L. s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-03-18

No mediando recurso fiscal no se puede hacer lugar a la pretensión del Ministerio Público en lo que hace a la modificación de la calificación legal de los hechos, ya que ello podría aparecer como una desviación al principio doctrinario que venda en ocasión del recurso la "reformatio in pejus".
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Romero, Luis R. s/ Inf. art. 66, ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-01

Son ajenos al recurso extraordinario de inconstitucionalidad los agravios relativos a la validez de ciertos procedimientos, fundados en el quebranto de normas de la Constitución nacional, ya que el remedio regulado en el art. 349 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- está previsto en función de la Constitución de la Provincia y es consecuencia del art. 161 inc. 1 de la misma.
Marcas, similitud gráfica, similitud fonética, marcas confundibles
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SA  LA  SIBILA c/ PURISSIMUS SA s/ cese de oposición al registrode marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-14

El elemento "PURISIMA" es el vocablo que sobresale nítidamente dentro del conjunto de la solicitante y es el que desempeñara más cabalmente la función marcaria atrayendo la atención de los compradores, toda vez que es un hecho de experiencia -al alcance de todos- que la mayoría de los consumidores no se fija en los nombres comerciales o societarios que cumplen un papel de segundo orden (conf. esta Sala, causa nº 5.663/98 del 30-10-01).

Consecuentemente, centrando la comparación de los signos en el vocablo de la marca opuesta (PURISSIMUS) en la expresión preponderante de la marca solicitada (PURISIMA) se advierte que son similares.
Ley de servicios de comunicación audiovisual, constitucionalidad, derecho de propiedad, derechos adquiridos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

Debe declararse la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, pues la asignación de licencias de radiodifusión es una decisión que tiene un impacto definitivo sobre el derecho a la libertad de expresión en su doble dimensión: el derecho de todos a expresarse libremente y el derecho del colectivo a recibir ideas y opiniones diversas, razón por la cual, ante esa trascendental importancia que reviste la asignación de una licencia, la misma debe estar rodeada de las mayores garantías posibles pues, en definitiva, de esa forma se previenen intervenciones o restricciones al ejercicio de la libre expresión (Del voto en disidencia parcial del Dr. Maqueda).
Prueba de informes, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Goicochea, Ignacio c/ López Seco s/ Acción repetición
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-04

Carece de eficacia la prueba informativa efectuada sin satisfacción de la exigencia del art. 394 del C.P.C. toda vez que el informe no emana de documentación archivo o asiento contable.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Fanelli, Adalberto c/ Pacha Kin S.R.L. y ot. s/ Indemnización por despido y preaviso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

El tribunal del trabajo que omite evaluar circunstancias debidamente acreditadas que hacen a la solución de la cuestión litigiosa incurre en un razonamiento gravemente errado, típicamente absurdo, que conduce a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (art. 44, inc. "e", dec.ley 7718/71).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, acordadas, igualdad ante la ley, adicional por dedicación exclusiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Martiré, Eduardo  F.A. c/ Poder Judicial de la Nación s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-04

Las condiciones impuestas por las acordadas 43/85 y 50/85 de la Corte Suprema tienden a hacer efectiva la garantía de la igualdad al admitir el beneficio acordado por la ley 23.199 en favor de quienes, pese a encontrarse en estado pasivo, demuestran estar en similar situación a la que se hallaban mientras ejercieron sus cargos, permitiendo una razonable aplicación de los principios que inspiran el derecho previsional.
Recurso extraordinario, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Granos de Salta S.A. c/ Dinar S.R.L. y/o Desimone, Andrés, Brunetti, Francisco s/ Recurso Extraordinario Federal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-10-23

Corresponde imponer las costas por el orden causado si no ha mediado contestación al traslado del recurso extraordinario que resultó denegado.
Procedimiento aduanero, tributos aduaneros, liquidación de impuestos, notificación, despachante de aduana, responsabilidad del despachante de aduana
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Sisteco S.A. (T.F. 7129-A) c/ A.N.A. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-21

El art. 786 del C.Aduanero resulta suficientemente claro en cuanto establece, que una vez "liquidados los tributos, el servicio aduanero debe notificar tal liquidación al deudor, garante o responsable de la obligación tributaria". Por su parte, el art. 1037 dispone -entre otros-, que "deberán ser notificados por algunos de los medios previstos en el art. 1013...", los actos enumerados en el art. 1053", el que en su inciso a) hace referencia a los actos por "los que se liquidaren tributos aduaneros en forma originaria o suplementaria...". La claridad en los términos de los mencionados artículos impide relevar al órgano aduanero de la obligación que impone el art. 786 de notificar al sujeto pasivo de la obligación tributaria la liquidación de los tributos, sin que pueda sostenerse que el acto fue cumplido, en el caso, en la persona del despachante de aduana, porque la representación que este ejerce se circunscribe a la realización de trámites y diligencias relativos a la importación, exportación, y demás operaciones aduaneras y no es admisible asignarle a esa representación un alcance tal que lo faculte a notificarse del acto que el art. 786 de la ley 22.415 manda notificar exclusivamente al deudor, garante o responsable de la obligación tributaria.
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, facultades jurisdiccionales, admisibilidad formal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Roldán, Mónica Alicia c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-20

La constatación de la concurrencia de los presupuestos constitucionales del amparo, para admitirlo o para rechazarlo, exige de los jueces un juicio equilibrado que tenga en cuenta, principalmente, si la tramitación de la demanda mediante otro tipo de proceso (con las medidas cautelares que en ellos puedan requerirse) puede llevar a frustrar (y no meramente demorar) la tutela judicial del derecho o interés sobre la base del cual se acciona. (Voto de los Dres. Julio B. J. Maier, Ana María Conde y José O. Casás).
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, alteración de la fachada, demolición de obra
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 3102/16/18 ESQUINA LAFINUR c/ VERFAILLIE DE BACLINI, Graciela Mónica y otro s/ CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO DE COPROPIEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-26

Aun cuando la obra realizada en el balcón de una de las unidades del consorcio no produzca daños graves, ni afecte la estabilidad y/o seguridad del edificio ni importe un aumento significativo de la superficie cubierta, corresponde ordenar su demolición si el panel de vidrio que cubre parcialmente el referido balcón altera o de alguna manera rompe la armonía de los restantes pisos del edificio -en tanto en el caso se trata del único balcón que se encuentra con este tipo de cerramiento- y además resulta evidente que el retiro del panel por parte de los copropietarios demandados no puede significarles una erogación excesiva ni les causa un daño irreparable en su patrimonio.
Accidente de tránsito, culpa de la víctima, motociclista
Materia: CIVIL
Carátula: Almada, Jesús Raúl y otro c/ Tomasini, Ricardo y otros s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-11

Corresponde responsabilizar totalmente por los daños derivados de un accidente de tránsito al conductor de una motocicleta que fue embestido por un automotor dado que, si bien el embistente venía circulando por la derecha y el motociclista lo hacía por una avenida, éste -quien llevaba a bordo dos acompañantes, una de ellas menor de edad, y, además, presentaba aliento etílico- debió haber detenido su marcha y permitir que el referido automóvil lograra finalizar el cruce de la intersección, habída cuenta que lo había iniciado con anterioridad.