Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-12-01


Nº__290__/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los un días del mes de diciembre del año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, RAMÓN RUBÉN ÁVALOS y ALBERTO MARIO MODI, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: "Saavedra, Inocencio C/ Cooperativa Prestacion Servicios Publicos Contralmirante Gregorio Portillo Ltda. Y/O Quien Resulte Responsable Y/O Empleador S/ Haberes Adeudados", Nº 59/07-6-L, año 2014, venido en apelación extraordinaria en virtud de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos a fs. 420/432 vta., por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que obra a fs. 319/348.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos? 1º) Relato de la causa. Los remedios de marras se tuvieron por interpuestos a fs. 433, corriéndose el respectivo traslado, el que fue contestado por la contraria a fs. 438/441. Luego fueron concedidos a fs. 443/444, y seguidamente se radicó el expediente ante esta Sala Primera a fs. 452 y se llamó autos, quedando la causa en estado de resolver.

2º) Orden metodológico A los fines de la consideración de los recursos incoados, comenzaremos en orden a su jerarquía y efectos, por el de inconstitucionalidad.

3º) Recurso de inconstitucionalidad. Recaudos de admisibilidad. En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la viabilidad formal del remedio en trato, se constata que se encuentran reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir, sentencia definitiva y oportuno planteo de la cuestión constitucional, circunstancia que habilita ingresar a la faz sustancial del mismo.

4º) El caso. Inocencio Saavedra promovió demanda laboral reclamando, como consecuencia del despido injustificado que alegó, los rubros indemnizatorios pertinentes y además las diferencias de haberes provenientes de la distinta categoría, toda vez que se encontraba registrado como ayudante, mientras que desarrollaba tareas como maquinista especializado.

A su turno, la demandada arguyó que el actor figuraba registrado como ayudante en forma concordante a las funciones que cumplía y que la relación se extinguió porque éste extraía combustible del tractor o máquina que utilizaba sin permiso de la empleadora, lesionando los principios de lealtad y fidelidad e incurriendo en injuria que por su gravedad no consintió la continuación del vínculo.

5º) La sentencia de primera instancia. El juez a-quo consideró que no se probó la existencia de una causal eficiente y efectiva para extinguir el vínculo en los términos invocados por la accionada, de modo que resolvió hacer lugar parcialmente a la acción condenando a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Contralmirante Gregorio Antonio Portillo Ltda., a abonar al trabajador las indemnizaciones por despido y rubros derivados del mismo, por la suma de $37.557,25, con más intereses; y asimismo rechazó el rubro "diferencia de haberes".

6º) Ambas partes apelaron este fallo y la Cámara resolvió: a) revocar los rubros condenados derivados de la extinción contractual; b) admitir el reclamo por "diferencia de haberes" y por ende, modificar el monto de condena en la suma de $7.331,83, con más intereses adicionales determinados en un 2%, de acuerdo a las variaciones porcentuales mensuales y/o anuales del índice de precios al consumidor; todo lo cual provocó las quejas del recurrente.

7º) Los agravios extraordinarios. El impugnante ataca de arbitrario y dogmático el pronunciamiento cuestionado, por entender que las magistradas interpretan y aplican erróneamente la legislación aplicable al caso, aduciendo infracción a las normas constitucionales que garantizan la propiedad y la defensa en juicio.

8º) Los fundamentos de la sentencia de Alzada. En lo que aquí interesa, y en el marco del recurso de apelación interpuesto por el actor circunscripto al tema de las diferencias salariales, el Tribunal de Apelaciones consideró que: a) la prueba testimonial producida por ambas partes (fs. 109/110 vta., fs, 111 y vta., fs. 112 y vta., fs. 116/117, fs. 231 y vta., fs. 232/233, fs. 234 y vta., fs. 235 y vta.) corrobora los extremos relatados por el actor, en cuanto al tipo o característica de tareas que realizaba, vinculadas al manejo de maquinarias utilizadas por la cooperativa en la prestación y mantenimiento del servicio de provisión de agua potable, excediendo las propias de un mero ayudante; b) conforme el principio de primacía de la realidad el juzgador se encuentra facultado de prescindir del contenido de los recibos cuya firma se encuentra reconocida, atento a la errónea registración del trabajador, por tratarse de un derecho indisponible; c) no habiendo ninguna de las partes invocado específicamente el convenio referido a la actividad, en virtud de la potestad y criterio de esa Sala Tercera del Trabajo, le resulta aplicable el Convenio Colectivo Nº 462/06, que establece en el art. 16º, Anexo B, categoría 4ta., a los trabajadores que realizan tareas relativas a un oficio de "chofer" o "tractorista", las que efectivamente fueron acreditadas por el Sr. Saavedra; d) como tampoco se agregó escala salarial alguna por la demandada, atento lo prescripto por el art. 91 del Código Procesal Laboral, cabe estar al monto salarial denunciado en la demanda por el accionante y admitir lo reclamado en concepto de diferencias de haberes, por el período de 24 meses (de octubre de 2003 a septiembre de 2005); e) consecuentemente, adecuó los montos otorgados por S.A.C. (1ra. y 2da. cuota proporcional 2005) y vacaciones 2005 (por los días admitidos).

9º) La solución propiciada. La no arbitrariedad. Contra estos fundamentos, el recurrente se limita a calificar de arbitrario el fallo porque desecha sus agravios en base a meras afirmaciones dogmáticas (v. fs. 429 vta. punto IX), esbozando ligeras apreciaciones, sin indicar ni precisar aquélla sobre la cual pretende apoyar su postura, expresiones éstas endebles y precarias que evidencian la manifiesta insuficiencia técnica del recurso en estudio, ya que sólo transcribe citas doctrinarias y jurisprudenciales, pero no demuestra ni explica en qué consiste el vicio que denuncia.

Es que, dable es reparar que frente a la consistencia que exhibe el pronunciamiento atacado, donde se analizó y desarrolló en forma pormenorizada todo el material probatorio colectado, con indicación precisa de las motivaciones que conllevaron al ánimo de las camaristas a decidir en el sentido expuesto, conforme la normativa legal convencional aplicable según su razonable criterio (v. fs. 332 y vta.) y las comprobadas constancias de la causa, arribando a una conclusión fundada -que más allá de ser compartida o no-, merecía una impugnación concreta, puntual y determinada que se relacione con las cuestiones constitucionales planteadas, a fin de demostrar que las transgresiones o vicios constitucionales que alega son de tal magnitud que conlleven a la arbitrariedad de la resolución cuestionada, extremo que -en modo alguno-, se verifica en la especie.

Lo expuesto, basta para desestimar el recurso de inconstitucionalidad en trato.

10º) Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Recaudos de admisibilidad. Este remedio también ha sido interpuesto en término, por parte legitimada para recurrir, contra sentencia definitiva, por lo que se ingresa a su examen sustancial. Sin embargo, se adelanta la inadmisibilidad de la queja articulada, dada la manifiesta insuficiencia técnica del escrito que pretende sustentar la revisión casatoria.

11º) Ello así, pues el casacionista invoca que no se interpretó y aplicó correctamente el Convenio Colectivo que rige para el sub-lite, desde que insiste en sostener que resulta erróneo el establecido por el Tribunal de Apelaciones (C.C. Nº 462/06), debiendo observarse el C.C. Nº 160/75.

Esta circunstancia, determina la inoperancia técnica del remedio intentado, desde que -por un lado- la materia relativa a la interpretación y aplicación de normas convencionales se encuentra excluida de revisión por la vía intentada, toda vez que la finalidad de la casación es reparar la violación o errónea aplicación de la ley o doctrina legal o cuando ésta se haya aplicado falsa o erróneamente (art. 33 de la ley 6997), a fin de garantizar la uniformidad. No obstante que aquellos acuerdos celebrados entre trabajadores y empleadores de una actividad -tal el caso de autos- si bien obligan a las partes intervinientes, lo cierto es que no revisten carácter de ley emanada del Poder Legislativo a los fines de su revisión por el presente recurso, materia exclusiva de los jueces de la causa (confr. criterio de Sala en Sentencia Nº 72/13).

12º) Por otra parte, cabe señalar que la correcta técnica del recurso de inaplicabilidad de ley dirige su objeto hacia la determinación del derecho que sea aplicable en el caso, con independencia de los hechos y las pruebas, debiéndose rebatir adecuadamente los argumentos del juzgador a través de una crítica frontal y concreta, lo que requiere de una técnica procesal rigurosa, extremo que no se verifica en la especie.

En efecto, repárese que el quejoso no rebate ni critica todas las motivaciones que sirvieron de fundamento a la conclusión arribada por la Cámara, en el sentido que no habiendo ninguna de las parte invocado específicamente el convenio referido a la actividad, ni producido el informe correspondiente, en virtud de la potestad y criterio de esa Sala Tercera del Trabajo, se consideró aplicable el Convenio Colectivo Nº 462/06, que incluye en el art. 16º, Anexo B, categoría 4ta., a los trabajadores que realizan tareas relativas a un oficio de "chofer" o "tractorista", las que efectivamente fueron acreditadas por el Sr. Saavedra. Además, tampoco se agregó escala salarial alguna por la demandada, por lo que de consuno con el apercibimiento prescripto por el art. 91º del Código Procesal Laboral, cabe estar al monto salarial denunciado en la demanda por el accionante y admitir lo reclamado en concepto de diferencias de haberes, por el período de 24 meses (de octubre de 2003 a septiembre de 2005).

Lo expuesto pone de manifiesto el acorde razonamiento seguido por las magistradas de segundo grado dentro del marco jurídico y fáctico presentado en el sub-discussio, aspecto que no fue refutado suficientemente por el casacionista de marras.

Desde esta perspectiva se ha dicho: "Ni cumple con la carga procesal de rebatir todas las postulaciones y motivos del pronunciamiento, la parte que se limita a colocar a nivel de la tesis del fallo su personal comprensión del litigio". "O de nada vale que se brinden motivaciones jurídicas paralelas a las del fallo, si aquéllas en las que éste se asienta permanecen incólumes" (confr. jurisprudencia citada en Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Platense-Abeledo-Perrot, Buenos Aires, tomo III, pág. 625).

En consecuencia, procede el rechazo del remedio en trato.

13º) Costas. Las correspondientes a esta instancia, dado el resultado que propiciamos y lo normado por el art. 281º del nuevo Código Procesal Laboral de la provincia (Ley Nº 7434), deberán imponerse a la parte recurrente vencida.

14º) Honorarios. Los emolumentos de los profesionales intervinientes, deberán regularse teniendo en consideración el monto del capital condenado en sentencia de Alzada, en consonancia con el salario mínimo vital y móvil vigente en la provincia, aplicando las pautas previstas en los arts. 3, 5, 6, 7 y 11 de la ley Nº 2011 (t.o.) y modificatoria ley Nº 5532. Efectuados los pertinentes cálculos, los estimamos en las sumas que se consignan en la parte dispositiva.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA Nº__290__ I.- DESESTIMAR los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos a fs. 420/432 vta., por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que obra a fs. 319/348.

II.- IMPONER las costas de esta instancia a la parte recurrente vencida.

III.- REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente actuación extraordinaria, como sigue: a la abogada Soledad Rach (M.P. Nº 4639) en el carácter de patrocinante en la suma de . y como apoderada en la suma de . y para el abogado Sergio Rubens Kleisinger (M.P. Nº 3172) en el carácter de patrocinante en la suma de . y como apoderado en la suma de...

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico, a la señora Presidente de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, y al señor Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.

ALBERTO MARIO MODI-RAMÓN RUBÉN AVALOS,sec FERNANDO ADRIÁN HEÑIN