marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cómputo privilegiado de la privación de libertad, actuación de oficio, rectificación del error
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ARIAS, ANDRES s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 1232
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-23

Modificar los errores en el cómputo de la prisión preventiva es obligación, practicable aún de oficio por el tribunal que los advierta -medie o no recurso de parte acusadora-, porque esa modificación no altera la cosa juzgada sino que tiende a preservarla.
Daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sechi, Antonio c/ El Rápido Argentino s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-21

El daño psíquico tiene entidad conceptual diversa al daño moral y a la indemnización de la incapacidad laboral, aunque -sin lugar a dudas- el mismo proyecte sus efectos lesivos sobre el plano espiritual y patrimonial de la víctima.
Adolescentes, Comité de los Derechos del Niño, obligaciones internacionales, estadísticas, políticas públicas, disociación de datos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de los derechos del Niño  - Observación General No 20 - Efectividad de los derechos del adolescente c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2016-12-06

Si bien la adolescencia es un periodo de la vida caracterizado por crecientes oportunidades, capacidades, energía y creatividad, presenta también una significativa vulnerabilidad, por lo que el Comité de los Derechos del Niño recuerda a los Estados que deben invertir en todas las medidas que sean necesarias para que puedan disfrutar efectivamente de sus derechos, indicando que la mayoría de los países no presentan datos desagregados por edad, sexo y discapacidad que permitan orientar las políticas, identificar lagunas y apoyar la asignación de recursos auténticamente apropiados a esa etapa vital.
Contratos, resoluciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GIMENEZ, INOCENCIO Y OTROS c/ HEREDIA, DONALD ALCIDES s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-04

La operatividad de la facultad resolutoria no se traduce en una mera mecánica sino que tras ella actúa la conducta de las partes; y si nada reprochable existe en el deudor de la prestación sustentante de la resolución, ésta no puede suceder. De tal modo, de la concurrencia o de un obrar culposo dependerá la subsistencia del negocio.
Prescindibilidad, cesantía encubierta, aplicación de la ley laboral, despido por maternidad
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ, MAGDALENA GLORIA c/ ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-29

Toda vez que la finalidad de la ley 21274 era 'la necesidad de producir un real y concreto proceso depurativo de la Administración Pública, sin connotaciones partidistas o sectoriales' (artículo 3) y que la protección de la maternidad fue calificada por la CSJN.

como derecho humano esencial (Fallos: 268:162), la prescindibilidad de la trabajadora que había notificado y acreditado en forma su embarazo, dictada años después de la sanción de aquella ley, constituye una cesantía encubierta cuyos efectos patrimoniales deben regirse por las normas de la LCT. (to.).
Procedimiento administrativo, caducidad
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: DURUSSEL DE FERNANDEZ, GRACIELA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 28-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-06-13

El decreto 10204-58, dictado en ejercicio de una potestad reglamentaria cuya reserva al poder ejecutivo reconoce base constitucional, completa el plexo normativo de las actuaciones administrativas y en ausencia de una norma específica para seguir el procedimiento normado en el decreto 1409-52, es soberano en el ámbito administrativo y, por tanto, aplicable también en tal procedimiento.

En el caso, ante el silencio del decreto 1409-52 respecto a la caducidad de instancia, es aplicable el decreto 10204-58.
Ejecución fiscal, mandato, funcionarios públicos, excepciones procesales, falta de personería
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Sistema Unico de Seguridad Social c/ Noel y Cía. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-11

Durante el plazo en que se estructura el propio Sistema Unico de Seguridad Social dispuso "ratificar hasta tanto se apruebe la estructura del SUSS la totalidad de los mandatos y poderes conferidos a los profesionales de los entes disueltos". Atenta la naturaleza de la persona ejecutante, no cabe admitir la excepción de falta de personería alegando la caducidad del mandato invocado en razón del cambio de estructura jurídica en el propio organismo recaudador (antes Dirección Nacional de Recaudación Previsional, después Sistema Unico de Seguridad Social y actualmente Administración Nacional de Seguridad Social) puesto que en la materia debe privar la doctrina de la continuidad de los mandatos en la función pública, salvo en el supuesto de revocación expresa (conf. Fenochietto, C. E. - Arazi, R., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado", t. 2, pág. 227 y cita de jurisprudencia en la Nota 9).
Intereses, intereses convencionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giménez Zapiola Viviendas S. A. c/ Gil, Carlos Alberto s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-28

Si bien en principio, cabe estar a los intereses y forma de actualización estipulados en el título ejecutivo, conforme lo resuelto por esta Cámara en fallo plenario, el tribunal podrá morigerar los mismos, debiendo para ello analizar cada caso particular y valorar las características propias de cada supuesto, e incluso de oficio anular cláusulas que estipulen intereses contrarios -por su monto- a la moral y buenas costumbres, y también a reducir la tasa de interés a sus justos límites o morigerar la cuantía de la cláusula penal sustentado en el aditamento efectuado por la ley 17711 al art.656 del C.C. Excede el límite impuesto por los principios morales ínsitos en nuestra legislación los intereses fijados en un mutuo hipotecario en dieciocho por ciento de compensatorios y dos por ciento mensual de punitorios, más la actualización de capital según las circulares 202 y 687 del Banco Central, corresponde su reducción en el diez por ciento anual los compensatorios y seis por ciento anual los punitorios, los que se consideran compatibles con la equidad, la moral y las buenas costumbres. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Subcontratación laboral, empresas de servicios eventuales, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: GALARZA, SILVIA c/ HARRODS LTDA. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-19

Resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 LCT, la codemandada Harrods, con relación al empleador que poseía un local en sus instalaciones, pues la actividad normal y específica de Harrods es vender cosas, concepto amplio del que no cabe excluir paraguas, bolsos, pañuelos y otros artículos vendidos por la demandada.
Vicios del acto administrativo, debido proceso adjetivo, saneamiento del vicio, defensa en juicio
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de la Provincia de Formosa Sociedad de Economía Mixta, en liquidación. c/ Dirección General Impositiva s/ impugnación de la resolución 604/99 (DV RRRE)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-16

La eventual restricción de la defensa en el procedimiento administrativo es subsanable en el trámite judicial subsiguiente.
Medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hudson SRL c/ Frassanito, Antonio s/ Cumplimiento de contrato, daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

Es requisito esencial que la sustitución de una medida precautoria sea hecha por otra de igual o mayor jerarquía, y que al mismo tiempo no disminuya la garantía que representa. Así entonces, se perfila la inviabilidad de querer apontocar la solicitud de sustitución de la inhibición con la garantía en la que residenció el recurrente sus honorarios devengados en autos, pues con ello se produce una virtual confusión de aseguramientos y enlaza, en la suerte del que él posee, al crédito que originó la resistida inhibición,contraviniendo la autonomía legal que exhiben ambas retribuciones arancelarias, aún no firmes y que constituyen, por ende, postulaciones litigiosas con su natural carga de expectativa, lo que desalienta el pretenso vínculo o ligazón que, en la faz accesoria de las medidas cautelares, pretende el quejoso. Máxime si se repara que los titulares de los créditos -ya garantizados con sendas medidas precautorias- son diferentes, pues el crédito contra el apelante reconoce como titular al letrado de la actora, mientras que el que enarbola el perito, de ningún modo tiene como obligados al citado profesional (doctr. arts.

505 del C. Civil; 195, 202, 203 y concds. del Cód. Procesal).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, rubros indemnizatorios, daño moral, indemnización, intereses, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CIVIL
Carátula: T., D. V. y otros c/ M., J. O. y otros s/ ordinario s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-02-21

Donde no le asiste razón a los recurrentes es cuando alegan que la Cámara incurre en error y arbitrariedad al fijar en el rubro de daño moral intereses del 8% desde la fecha de acaecimiento del hecho hasta la sentencia. Ello así pues no se advierte que la Cámara haya resuelto en contradicción de la doctrina legal de este Superior Tribunal de Justicia, que establece: "Cuando las sumas de condena representan obligaciones de valor cuantificadas al momento de la sentencia, no existe ningún impedimento de aplicar a las mismas una tasa pura de interés, desde el momento en que el perjuicio se produjo y hasta la fecha de la sentencia de Primera Instancia; ya que la misma está destinada a retribuir el uso del capital. Así se ha sostenido que: "Los intereses de una indemnización de daños deberán computarse desde la producción del perjuicio hasta el pronunciamiento apelado a una tasa del 8% anual, como tasa pura, dado que resulta suficientemente compensatoria ante una deuda de valor fijada a valores actuales, y desde entonces hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina." (CNACiv. Sala I, 27/06/2014). (STJRNS1 Se. 100/16 "T., L. M."). (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia).
Excesos u omisiones en el pronunciamiento, defensa en juicio, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) c/ GCBA s/ incidente de apelación - otros procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Si el seguimiento de la sentencia pronunciada en un litigio de tipo estructural se lleva adelante ante la Cámara, el proceso ejecutivo mutará de uno llevado ante un juez unipersonal y doble instancia a otro que se sustancia ante un tribunal colegiado de instancia única, privando a la parte condenada de los recursos que el Código de Procedimientos le concede, lo que constituye una clara afectación a sus derechos constitucionales al debido proceso (proceso legal) y a la defensa en juicio (art. 13, CCBA y 18, CN), y una inobservancia de las reglas procesales que le confieren competencia al juzgado de primera instancia -y no a la Cámara, salvo por vía de apelación- para llevar adelante la ejecución de la sentencia de fondo (arts. 149, inc. 7 y 394, CCAyT). (Del voto de los jueces De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Acu$a, Margarita Olga Caussat de s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

La jurisdicción de apelación de los tribunales de alzada está limitada por la extensión de los recursos concedidos para ante ellos y su extralimitación importa un agravio a las garantías de la defensa en juicio y de la propiedad.
Tasas de interés, tasa pasiva, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramos, Silvia Del Carmen c/ Cacace, Bruno Roberto s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-02-02

La Ley 7198 de Mendoza que fija una tasa de interés pasiva a utilizar ante la inexistencia de convenio entre las partes y a falta de una disposición nacional o de normativa especial local resulta inconstitucional pues la misma no cumple con la función resarcitoria que deben tener los intereses moratorios, conforme Plenario Aguirre del Superior Tribunal de Justicia Provincial.
Costas, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: "Lacasa   de   Paz  María  Elena c/ Estado Nacional s/ Juicios de Conocimientos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-16

Si bien por principio general, las costas surgidas del trámite de ejecución de sentencia deben ser soportadas por la parte vencida en el pleito, por cuanto se generaron en actuaciones de la contraria destinadas a obtener el íntegro cumplimiento de la sentencia aludida (arts. 68 y 77 del C.P.C.C.N.), lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido (a partir del precedente de Fallos 324: 1139) que la excepción dispuesta por el art. 21 de la ley 24.463 debe ser interpretada en el sentido amplio que resulta de sus términos y comprensiva de la diversidad de procesos y jurisdicciones en que debe actuar la ANSeS (aun en las ejecuciones de sentencia), en el entendimiento de que cuando el legislador ha querido estabecer una excepción a las disposiciones contenidas en la ley de solidaridad previsional lo ha hecho de modo expreso (Cons. 9).
Derecho procesal, medidas cautelares, medida cautelar innovativa, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Gabrielich, Silvia Eliana c/ Banco Santander Río SA s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-13

Procede confirmar la resolución que concedió la medida cautelar solicitada tendiente a que la entidad bancaria en lo sucesivo se abstenga de realizar descuentos sobre las cuentas que posee la accionante en dicha institución bancaria, siempre que los débitos tengan origen en cierto préstamo personal. Ello por cuanto, en el caso, la actora promovió un proceso cuyo objeto consiste en solicitar la nulidad del préstamo personal pre aprobado y las transferencias realizadas sin su consentimiento, restitución de sumas abonadas y/o transferidas otorgados por la entidad bancaria demandada, sin ninguna intervención y solicitud de su parte que tuvieron como causa, un supuesto ílicito ("phishing"), a través de la red social twitter; y ciertamente resultan elementos de suficiente tenor para avalar la versión de los hechos apuntada por la accionante. Ello claro está, dentro del marco cautelar propuesto, sin que importe adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión. Así, en tanto es deber de la judicatura el evitar la consumación de un daño mayor, en una operatoria amparada por una legislación de orden público, tal la ley 24240 (arg. LDC 65, CCCN 10 parte 3°, 960, 1710/11, 1082, 1388 último párrafo; mutatis mutandi, esta Sala, 1/9/16, "Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina -ADECUA- c/ Banco Hipotecario SA s/ ordinario s/ inc. de medida cautelar" Exp. COM N° 39804/2010/1). Conteste con ello tampoco habrá de exigirse prestación de contracautela alguna. Esta Sala ha extendido el alcance del CPR 200-2° a procesos donde no fue concedido el beneficio de litigar sin gastos en razón de circunstancias especiales (v. "Di Meo Marta Graciela c/ Lauro Lonzarich Fernando s/ ordinario" del 28/10/10). Particularidad que también cabe dar por acaecida en el caso, a poco que se recale en la interpretación amplia que este Tribunal formula de la LDC 53 y la innecesariedad de transitar la vía del CPR 78 (conf. "Proconsumer c/ Corefin SA y ot. s/ beneficio de litigar sin gastos" del 22/11/02, íd. "Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa c/ Hexagon Bank Argentina SA s/ beneficio de litigar sin gastos" del 30/11/10, íd. "Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banco Macro SA s/ sumarísimo" del 17/3/11; íd. "Asociación Proconsumer c/ Cencosud SA s/ ordinario" del 27/09/11, entre muchos otros).
Cesantía ilegítima, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Correa Oscar Mario c/ Pcia de Bs As (Poder Ejecutivo) s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-18

La indemnización emergente del acto de cesantía ilegítimo constituye una derivación directa de la lesión al derecho administrativo al empleo garantizado por la estabilidad.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, agravio concreto, Ministerio Público Fiscal, delegación de la investigación, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: CERVANTES RODOLFO s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-10-21

En un anterior voto emitido en Causa Penal G01-104.401/13 del Juzgado de Garantías 7ma Nominación este Tribunal de Impugnación sostuvo que "... la Averiguación Preliminar que regula el Art. 241 del CPP " resulta un estadio de exploración de carácter autónomo del Ministerio Público Fiscal que se encuentra inserto dentro del procedimiento penal.

La finalidad que persigue dicha etapa es la determinación de las circunstancias de lugar, tiempo y modo de un hecho y la individualización de los presuntos autores de ese hecho".

La etapa inicial del procedimiento penal- entendida como averiguación preliminar- se encuentra exclusivamente en cabeza del Fiscal Penal quien procedimentalmente se halla facultado para arbitrar diligencias de búsqueda y pesquisa para determinar una aproximación valorativa fáctica y subjetiva del conflicto que le fuera impuesto en forma directa, por denuncia o por medio de actuaciones de prevención".

No debe perderse de perspectiva que en su actuación autónoma los representantes del Ministerio Público Fiscal legalmente están llamados a ajustar sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal y por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y la Constitución de la Provincia de Salta (Art. 77 del CPP) y deben procurar resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible... dando preferencia a la solución que mejor se adecue al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social (Art. 79 del CPP)".
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, obras sociales, prestaciones de la obra social
Materia: LABORAL
Carátula: Bulacio, María Antonio y otros c/ Admnistradora SanatorialMetropolitana S.A.  y otros s/ Cobro de
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-04

El art. 30 LCT no está dirigido a conjurar eventuales fraudes laborales, porque ello está previsto en el art. 14 de dicha norma, y la previsión legal se proyecta aunque no se produzca una actitud exlusiva de la ley laboral o se interpongan sujetos insolventes. De modo que en realidad el objetivo perseguido es que quien cede o subcontrata aspectos inherentes a la actividad normal y específica propia del establecimiento controlen el cumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social de éstos. Pero ello no conlleva que esa responsabilidad atribuida por una posible omisión "in vigilando" pueda extenderse sin más a una obra social que contrata con una prestadora de salud que a su vez no sólo da cobertura a los afiliados de aquella sino la brinda a otras obras sociales o pacientes.
Acción de amparo, demanda, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DECIMA DE ARGAÑARAZ ARMINDA JUSTINIANA c/ DIRECCION DE NIVEL PRIMARIO Y/U OTRO s/ ACCION DE AMPARO POR MORA-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-06

No puede iniciarse la acción de amparo después de un largo tiempo de inactividad puesto que, el amparo es un juicio sumarísimo que excepcionalmente se abre en los supuestos en que existen vías legales ordinarias, cuando la demora de éstas acarrea un daño grave e irreparable. Ello es así porque el amparo no puede consistir en el carril al que se recurre para salvar la propia negligencia cuando el supuesto agraviado fue remiso en solicitar la reparación.
Recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: AUTINO ANDREA DEL VALLE Y OTRO c/ DORCASBERRO MARIO RODOLFO Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-04-19

Resulta errónea la vía elegida por no estar planteándose una cuestión constitucional, existe -por obvias razones-, otro requisito que no se presenta cumplido en autos, cual es que la cuestión constitucional debió someterse a los tribunales ordinarios antes de la sentencia.

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora debe ser rechazado por falta de encuadramiento de la causal invocada dentro de los parámetros legales invocados y falta de adecuada fundamentación, y en consecuencia, confirmar la sentencia, en lo que fuera materia de agravios, con costas al vencido (art. 68 CPC y C) y teniéndose presente la reserva del caso federal.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Suárez Mason, Carlos G. y otros s/ homicidio, privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

El art. 16 de la Constitución Nacional no resulta conculcado por el hecho de que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, en tanto la discriminación aun cuando su fundamento sea opinable- no se arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de personas.
Juicio ejecutivo, cuestiones prejudiciales, indicación de procedencia, excepciones procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Rio de La Plata S.A. c/ Tomba Carlos Antonio y otros s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-07-03

El sub examine no está contenido en ninguna de las excepciones expuestas, por lo que la mentada prejudicialidad es improcedente. En el marco de un proceso ejecutivo, las únicas excepciones al principio de la improcedencia de la prejudicialidad y que por tanto permiten que pueda ordenarse la suspención, son las siguientes: que el proceso civil se dirima frente a los mismos sujetos que intervienen en el proceso penal, o sea, el actor en el juicio ejecutivo es el imputado en sede penal y no un tercero; exista un auto de procesamiento o prisión preventiva o prueba pericial que acredita la falsedad de la instrumental acompañada.
Depósito irregular, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MONTINI A. RAMON c/ GALINDO ANTONIO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-03

No es procedente la actualización monetaria de la suma depositada a reintegrar, cuando para el depositante no existía sorpresa ni imprevisibilidad consecuente -la inflación era fenómeno recurrente al hacerse el depósito y durante el tiempo que duró el mismo- ni imposibilidad de obrar en defensa de los intereses propios, pues además de poder acudir al expediente previsto por la Carta del Banco depositario (art. 6to. del texto ordenado según decreto-ley 9434/79) bien pudo retirar el dinero depositado (de estimarse insuficientes los intereses que pudieron devengarse) ya que el mismo siempre estuvo a su disposición en tanto no fueron aceptados, por insuficientes, por la actora.