Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-03


Buenos Aires, 3 de mayo de 2001.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Seisdedos, Jorge Omar y otro c/ La Página S.A. y otro", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1) Que contra el pronunciamiento de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que, al confirmar el de primera instancia, declaró la caducidad de la instancia en las presentes actuaciones, los actores dedujeron el recurso extraordinario cuya desestimación dio motivo a la presente queja.

2) Que para adoptar esa decisión el a quo sostuvo que conforme con los arts. 24 y 25 del Código Civil, y 310, inc. segundo, y 311 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cómputo de los tres meses correspondientes al juicio sumario se iniciaba a la medianoche del último acto impulsorio que, en el caso, había sido efectuado el 8 de octubre de 1998. De tal modo, el plazo aludido había finalizado -descontando la feria judicial del mes de enero- en la medianoche del 8 de febrero de 1999.

3) Que, por otra parte, adujo que las cédulas acompañadas el 9 de febrero de 1999 no eran aptas para interrumpir el curso de la caducidad ya que el plazo se encontraba vencido, y a los fines de hacer valer esa presentación la parte debió haber arbitrado los medios para acreditar que aquélla se había efectuado dentro del plazo de gracia (por ejemplo, acompañando las cédulas con un escrito), circunstancia que no sólo no fue prevista, sino que ni siquiera había sido invocada por los recurrentes.

4) Que el caso en examen es de aquellos en que puede ocasionarse un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, pues la situación podría encuadrarse, a los efectos de la prescripción, en lo dispuesto por el art. 3987 del Código Civil, con lo cual los recurrentes perderían la posibilidad de reiterar eficazmente su reclamo en las instancias ordinarias (Fallos: 306:851).

5) Que, en cuanto al fondo del asunto, las críticas vinculadas al modo de computar los plazos de la caducidad, remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho común y procesal, propias del tribunal de la causa y ajenas -como regla y por su naturaleza- al remedio del art. 14 de la ley 48, máxime cuando la decisión se sustenta en argumentos suficientes que, más allá de su acierto o error, bastan para excluir la tacha de arbitrariedad invocada.

6) Que, en cambio, los agravios referentes a la negativa a asignar efectos interruptivos a las cédulas acompañadas el 9 de febrero de 1999, suscitan materia para abrir el recurso federal, habida cuenta de que la decisión apelada aparece teñida de un excesivo rigor formal pues al ignorarse con precisión el horario en que las cédulas fueron dejadas en el tribunal, la alzada debió haber privilegiado la solución que mantuviera con vida el proceso, máxime cuando esa decisión traía aparejada la prescripción de la acción y prescindía del criterio restrictivo que debe imperar en esta materia.

7) Que este Tribunal ha resuelto que la caducidad de la instancia sólo halla justificación en la necesidad de conferir un instrumento al Estado para evitar la indefinida prolongación de los juicios, pero no un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito o a prolongar las situaciones de conflicto (Fallos: 313:1156 y 319:1616) de manera que por ser dicho instituto un modo anormal de terminación del proceso, su aplicación debe adecuarse a ese carácter sin llevar con excesivo ritualismo el criterio que la preside más allá de su ámbito propio (Fallos: 297:10; 306:1693 y 319:1616).

8) Que, en consecuencia y con el alcance indicado, existe relación directa e inmediata entre lo resuelto y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas, por lo que la sentencia debe ser descalificada como acto jurisdiccional.

Por lo expresado y oído el Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la decisión apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito. Notifíquese y remítase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)- GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT.

ES COPIA DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

Que el recurso extraordinario cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal se desestima esta presentación directa y se da por perdido el depósito. Notifíquese y previa devolución de los autos principales, archívese. ANTONIO BOGGIANO.

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