Recurso de casación, despido sin causa
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Olmos, Fabio Adrián c/ Yersiplast S.A. s/ Beneficios Laborales - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-04-16

La parte actora, por intermedio de apoderado, deduce recurso de casación en contra de la Sentencia Definitiva, emitida por la Cámara de Apelaciones, invocando las causales previstas en los incs. "a" y "c" del art. 298 del C.P.C.

Es del caso recordar que el actor inicia acción de daños y perjuicios en los términos de los arts. 1113 y 1109 del C.C. reclamando el resarcimiento del daño emergente, lucro cesante, daño moral como los rubros emergentes del despido sin justa causa dispuesto por la empleadora.

En primera instancia, al hacerse lugar a la demanda se condenó en forma solidaria a la empleadora y a la Compañía Aseguradora -ART- a abonar la suma de $60.750,00, en concepto de daño patrimonial y moral, condenando también a la empleadora por los rubros salariales y los derivados del despido sin causa dispuesto por ésta. Apelada la sentencia, el Tribunal Ad-quem por mayoría revoca aquel pronunciamiento en cuanto declara viable la acción resarcitoria, y ello en razón de no encontrar acreditados los presupuestos que deben darse para atribuir responsabilidad civil. En lo demás confirma el fallo del A-quo, en tanto se encuentra acreditado el despido sin causa dispuesto por la empleadora.

Cuando la A.R.T. codemandada contesta demanda insiste en su falta de legitimación pasiva por falta de cobertura, destacando que los reclamos fundados en el derecho civil no son riesgos cubiertos, dado que el contrato de afiliación que se concertó con la empleadora solo obliga al otorgamiento de las prestaciones que la ley de riesgo establece a la que las partes se someten rigurosamente, no siendo responsable por prestaciones que exceden dicho marco legal.

Desde otro ángulo, resalta las bondades del sistema creado por la ley 24.557, destacando la importancia que el mismo reconoce a la prevención de los riesgos tendiente a evitar la producción de daños.

Y es que, como bien remarca la aseguradora "el sistema implementado por la L.R.T. es eminentemente preventivo, en el cual la A.R.T. ostenta un rol protagónico que excede el mero aseguramiento y otorgamiento de las prestaciones.

No puede dejar de contemplarse que éstas desarrollan una actividad comercial y están cobrando una alícuota, que incluye brindar asesoramiento, capacitar al personal, controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y realizar los exámenes periódicos, entre otras obligaciones". (Schick Horacio, "Riesgos del Trabajo" paginas 161/164).

La cuestión, como podrá advertirse, finca en determinar si la ley de riesgo del trabajo les impuso deberes concretos a las A.R.T o si, en defecto de ello, éstas las han asumido contractualmente, pues para que la omisión que ocasiona perjuicio genere responsabilidad civil, es necesario que una disposición de la ley impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido (art. 1074, CC).

Habrá que evaluar entonces el alcance de los deberes de las ART con relación a las medidas de seguridad e higiene en el trabajo que la LRT y sus reglamentaciones ponen a su cargo, ello en el marco del objetivo primordial de prevenir los riesgos del trabajo, y sin desconocer por cierto que el deber de seguridad está a cargo del empleador.

Así, de la lectura de los arts. 4 y 31 de la LRT surge que el cumplimiento u observación de las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo estará a cargo del empleador; que a las ART solo se les impone la obligación de controlar el cumplimiento de aquellas normas y de denunciar ante SRT los incumplimientos de sus afiliados de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

En cumplimiento de dicho deber no cabe asignar a las aseguradoras la carga de vigilar diariamente y durante toda la jornada de trabajo todo lo que se hace en cada obra o tarea, es imposible e irracional como se afirma, exigirle a la ART una supervisión permanente del cumplimiento por parte del empleador de las normas de higiene y seguridad en todas y en cada una de las actividades que desarrolla, sino que una razonable supervisión en el cumplimiento de las exigencias de las normas pertinentes, bastaría para activar el rol que las ART tienen asignado.

Lo expuesto viene al caso, pues el actor al demandar estableció los fundamentos de la responsabilidad que le atribuía a su empleador en los términos del art. 1113 y 1109 del C.C. además de señalar que éste incumplía con las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo.

En consideración a ello, comparto el razonamiento seguido por el Camarista que formula disidencia, que no existe razón para poner a las A.R.T. al margen del régimen de responsabilidad previsto en el Código Civil cuando confluyen los presupuestos de la responsabilidad civil y ello más allá de las sanciones de multa que la ley de Riesgo del Trabajo prevea ante los incumplimientos de la aseguradora.

Con ello quiero decir que si el daño ha sido generado en el trabajo por el tipo de trabajo realizado, y si la antijuridicidad se da por el cumplimiento deficiente o el incumplimiento de los deberes que el empleador debió cumplir, al no brindar ningún medio de protección, ni entrenamiento previo, la conducta omisiva de la ART permitiendo el incumplimiento de aquel, como no controlando las condiciones de trabajo, o vigilando, asesorando, capacitando, denunciando los incumplimientos de las normas de seguridad, genera responsabilidad por el daño provocado al trabajador.

De allí, que la responsabilidad de las ART surja del incumplimiento de los deberes que la LRT y sus reglamentaciones ponen a su cargo (art. 31 de la LRT), siendo dichos incumplimientos legales y las conductas culposas las que han sido valoradas por el tribunal de primera instancia a los fines de establecer la responsabilidad solidaria, y que si bien no han sido objeto de una imputación en particular a la citada, no menos cierto es que han sido insinuados, siendo objeto del reclamo de indemnización por daños y perjuicios formulado.

En ese marco encuentro que las partes han podido desplegar la actividad defensiva y probatoria; y que la sentencia evaluó y merituó cuestiones de hecho que formaron parte de la estructura de la litis planteada desde un comienzo.

En conclusión, la responsabilidad solidaria en este caso de la empleadora y de la ART es consecuencia de la inobservancia de los deberes a su cargo, quienes omitieron cumplir las diligencias tendientes a prevenir el daño.

En tal sentido se afirma "que sin perjuicio de la existencia previa de un proceso causal que desencadene el daño, la falta de interposición del omitente para conjurarlo, cuando el ordenamiento se lo impone, tiene virtualidad suficiente para considerar que hay relación causal".(Bueres, Alberto J. y Highton, Elena I., Código Civil y normas complementarias, Análisis doctrinario y jurisprudencial, T. 3- A, páginas 61/62).

Y es que, como suele afirmarse el poder y deber de neutralizar peligros nocivos se perfila como factor de atribución del deber de reparar, cuando quien podía actuar ha mantenido inadmisible pasividad.

Corresponde, por lo tanto, hacer lugar al recurso de casación revocándose parcialmente la sentencia impugnada, y confirmar la sentencia de primera instancia que condenó a la empleadora y a la aseguradora por la reparación integral del daño en consonancia con lo previsto en los arts. 1109 y 1074 del C.C.