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Proceso contravencional, notificación, vista de las actuaciones, remisión del expediente, notificación en la oficina judicial
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: T, C. H. G. s/ Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06

De la normativa contravencional vigente no surge que la notificación de la fecha de fijación de la audiencia de juicio deba realizarse con arreglo al sistema estatuido para el instituto de las vistas, esto es con entrega del expediente al interesado.

En efecto, no resulta de aplicación el artículo 156 del Código Procesal Penal de la Nación, atento que dicha normativa regula la forma en que ser n conferidas las vistas siendo éstas, según el artículo 155 de ese mismo plexo normativo, ordenadas sólo cuando la ley lo disponga. Sin embargo, con relación al artículo 45 de la Ley Nro. 12 en particular, se desprende de su texto que no ha sido el régimen de las vistas el previsto a los fines de notificar la fijación de la fecha de la audiencia de juicio por parte del Juzgador interviniente.

Por el contrario, la norma contravencional aludida, que refiere al mecanismo de la notificación, remite necesariamente a las disposiciones contenidas en los artículos 12 y 13 de la Ley Nro. 12, de los que no surge la adopción del régimen invocado por el recurrente. En consecuencia, carece también de fundamento la aplicación en forma supletoria de los artículos 144 y 146 del Código Procesal Penal de la Nación y 135 inciso 18 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, puesto que, en el caso, del análisis de la documentación agregada a estas actuaciones se advierte que la notificación practicada se ha realizado al domicilio constituido que, en este caso coincide con el domicilio de la Defensoría, es decir se ha notificado al Defensor Oficial en su respectiva oficina, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Contravencional. (Del voto de la Dra. Robledo)
Regímenes jubilatorios especiales, martillero, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martínez, Roberto Máximo c/ Caja de Prev. para Martilleros y Corredores Públicos de la Prov. de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

El ejercicio continuo y permanente de la profesión a partir del año 1966 -de vigencia de la ley 7614- se prueba por los asientos en los libros de la Caja del monto de aportes efectuados en virtud de las operaciones realizadas por el afiliado independientemente del aporte de la contribución mínima mensual.
Indemnización, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: CORBALAN DE MÓTTOLA MARTA DEL CARMEN c/ DIVI Y CIA. S.C. S/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-20

Debe rechazarse el rubro de Horas Extras reclamadas por la actora, atento que no ha cumplido con la carga probatoria que pesa sobre la misma,cual es la de probar de manera fehaciente, categórica y concluyente que efectivamente ha prestado sus servicios en horas que superen o excedan la jornada normal de trabajo. No cumple con dicho requisito las manifestaciones del testigo empleado de la demandada que aseguró que en la sección en la que prestaba sus servicios la actora no se cumplía con el horario de salida, el que se excedía en una o dos horas normalmente. Ello podría dar cuenta de una modalidad de trabajo en general, pero no del cumplimiento de horas suplementarias específicamente por parte de la actora. No se acredita fehacientemente tampoco ni con exactitud la cantidad de horas laboradas en forma extra, cuantos días al mes, durante qué tiempo se prestaron las mismas, etc, lo que autoriza el rechazo del rubro en cuestión.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, ejecución hipotecaria, hipoteca abierta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: YPF S.A. c/ VIGNATTI, ORLANDO MARI s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-10

Si bien tiene dicho esta Corte que cierto sector de la doctrina y de la jurisprudencia postula que la hipoteca abierta no es ejecutable mediante un juicio hipotecario por entender que el certificado de saldo deudor no es título ejecutivo, también existen posturas que sostienen que en rigor el título que se ejecuta en estos casos es propiamente la escritura pública que instrumenta la hipoteca y no el certificado contable, el cual solo concreta la deuda de la cual la hipoteca es accesoria, de acuerdo con la forma que las partes acordaron para su determinación; no resultando, por tanto, irrazonable ni caprichosa la interpretación que admite que la certificación contable expedida en tales términos sobre la base de la contabilidad de la actora sea suficiente para completar el título con la deuda líquida y exigible. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 243, p 390/393; T 165, p 473/477; T 175, p 2/95.
Daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LEIVA, JORGE M. Y OTRA c/ SERVICIOS ELECTRICOS SANJUANINOS Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-03-30

La proximidad de la línea telefónica a una eléctrica, implica el deber del propietario de la primera de extremar la vigilancia para que su línea no pueda erigirse en portadora de aquel flujo y producir dañosa terceros. Por lo cual, ante la descarga eléctrica producida por la red telefónica, si bien será responsable en mayor grado el propietario de la línea eléctrica, también emergerá la responsabilidad de aquella por el vicio de la cosa.
Medida de no innovar, acto administrativo, Estado Provincial, proceso judicial
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional. s/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

La presunción de validez de los actos de los poderes públicos -de la autoridad nacional, en el caso- torna improcedente la medida de no innovar solicitada, máxime si no se advierte que, de llevarlos a cabo, se ocasione un perjuicio irreparable a los derechos que invoca la provincia actora.
Jubilaciones, pensiones, otorgamiento del beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hulgich, Esteban Tomás c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

La resolución que reconoce un derecho desde la fecha en que se obtuvo el reconocimiento de servicios en el orden nacional no se compadece con el principio que acuerda mero efecto declarativo a los actos que acuerdan beneficios previsionales.
Comisión Técnica de Salto Grande, interpretación de tratados internacionales, inmunidad de jurisdicción, privación de justicia, derecho de los tratados, principios del derecho internacional público
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: CABRERA, WASHINGTON JULIO EFRAIN c/ C/ COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-05

La cláusula 4a. del acuerdo de sede suscripto el 15 de abril de 1977 entre el Gobierno de la República Argentina y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande -aprobado por ley 21.756- al establecer una exención no sólo ante los tribunales argentinos sino también ante los de cualquier otro Estado y aun tribunales internacionales, con completa privación de justicia y negación al derecho a la jurisdicción, vulneró normas imperativas de derecho internacional general, padeciendo del vicio de nulidad ab initio conforme el art. 53 de la Convención de Viena de 1969, susceptible por su carácter absoluto y dada la índole laboral del juicio de ser declarada por la Corte aun sin petición de parte (art. 1047 del Cód.

Civil y doctrina del Tribunal) sin perjuicio de cuál sea el encuadramiento definitivo de la relación jurídica que medió entre las partes.
Suspensión de la prescripción, renuncia del patrocinante
Materia: PROCESAL
Carátula: ALVAREZ, Francisco Ceferino c/ CISNEROS, Oscar Armando s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-30

El art. 3980 del Código Civil no contempla el impedimento cuya duración queda librada a la simple voluntad o desidia del propietario o acreedor contra quien va corriendo la prescripción, sino aquel que resulte imprevisible o insuperable, cuya apreciación debe ser juzgada con el mismo criterio que se utiliza para tener por configurada la fuerza mayor. No reviste tal carácter la dificultad alegada por el interesado, ante la renuncia del letrado actuante, en encontrar un profesional de confianza que lo represente.-
Exenciones impositivas, tasas, Obras Sanitarias de la Nación
Materia: CIVIL
Carátula: O.S.N. c/ PROPIEDAD DE LA FINCA AYACUCHO 132 s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-13

En materia de interpretación de las normas, constituye una regla fundamental procurar el cumplimiento de la voluntad del legislador, para lo cual deben computarse la totalidad de sus preceptos y aún prescindiendo de las posibles imperfecciones técnicas de sus instrumentaciones (conf. C.S.J.N. 15/475, E.D. 62-129).

La ley 20.324 tuvo como finalidad no sólo dar a la empresa Obras Sanitarias de la Nación una organización nueva, sino también permitir que el desarrollo de sus actividades se haga en base a recursos genuinos (conf. arts. 19 inc.1, 69 y concordantes), salvo las extraordinarias específicamente previstas (arts. 19 inc. 2 y concordantes -con los alcances de los arts. 47 y 67), puesto que hasta el mismo Estado se encuentra obligado al pago de los servicios (conf. art. 36).

Si bien es cierto que las sucesivas leyes orgánicas de los partidos políticos determinaron su exención del pago de impuestos, tasas y contribuciones de mejoras nacionales (conf. cfr. art. 57 ley 16.652;

art. 45 ley 19.102; ley 21.018 que derogó la anterior y dejó vigente nuevamente la primera; art. 55 ley 22.627 y art. 45 ley 23.298), no lo es menos que una norma particular como el art. 71 de la Ley Orgánica de O.S.N. (T.O. ley 20.324) dispuso expresamente la derogación de toda ley o decreto que estableciere directa o indirectamente, exenciones o rebajas en el pago de los servicios de los que es prestataria.
Honorarios del contador, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aronovich, Graciela L. s/ Empresa Hotelera Americana SA. Determ. y cobro de hon. Rec. de queja Ballini, Claudia Analí y otros c/ Sucesores de Súarez Vallejo, Jorge Enrique y otra s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21|2000-05-31

El artículo 187 de la ley 10.620 -que pretende otorgar un recurso irrestricto ante este Tribunal- intenta autorizar el análisis de un decisorio que no integra la enumeración contenida en el art. 161 incisos 1 y 3 de la Constitución de la Provincia, desde que la materia regulatoria no constituye la "cuestión" decidida en los términos de dicho precepto porque no recae sobre el asunto principal materia del litigio, ni su objeto ha formado parte de la "litis" ni pone fin a la controversia principal y por ello, al extender el reconocimiento de la Suprema Corte a resoluciones de otro tipo, altera la competencia constitucionalmente establecida y no debe ser aplicado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, leyes, interpretación de la ley, conservación del empleo, trabajador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Battista, German Francisco c/ Transportadores Rurales Argentinos De Carreras s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-21

Los reparos esgrimidos por la quejosa no lucen idóneos para desvirtuar los fundamentos dados por el Tribunal para revocar el fallo alzado y hacer lugar parcialmente a la demanda, desde que entendió que al no encontrarse discutidos los hechos, la cuestión a resolver radicaba en determinar los alcances del artículo 215 de la Ley de Contrato de Trabajo y -luego de analizar las disposiciones constitucionales que garantizan las condiciones de igualdad para el acceso a los cargos públicos por sistema democrático- resaltó que dicho artículo no impone al empleado la obligación o carga de comunicar a la patronal su voluntad de reservar su trabajo, por lo que tal extremo no puede serle exigido, y con base en tales consideraciones, sostuvo que resultaba exorbitante pedir al operario que ante cada renovación de su mandato haga saber a la empleadora el ejercicio de un derecho para el cual la ley no exige ninguna manifestación. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 215.
Libertad de cultos, objeción de conciencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

La libertad religiosa incluye la posibilidad de ejercer la llamada "objeción de conciencia", que halla sustento en los arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional entendida como el derecho a no cumplir una norma u orden de la autoridad que violente las convicciones íntimas de una persona, siempre que dicho incumplimiento no afecte significativamente los derechos de terceros u otros aspectos del bien común (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Caso fortuito, fuerza mayor, daños y perjuicios, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bori, Manuel c/ Asociación Civil Club Campos de Golf Las Praderas de Luján s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-19

Si al contraer la obligación el deudor sabía que el acontecimiento irresistible podía o debía acontecer según el curso ordinario y normal de las cosas, entonces su responsabilidad se mantiene no obstante la fuerza irresistible.-
Ejecución fiscal, intimación de pago, domicilio
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CAUCETE c/ Impresora Internacional de Valores S.A.I.C. s/ Ejecución Fiscal (en Cont. Adm.)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-12-03

La intimación de pago debe hacerse en el domicilio real del ejecutado, salvo que el título ejecutivo sea un instrumento público en el que el deudor haya fijado un domicilio especial, en cuyo caso ese domicilio es válido para intimar el pago y citar a oponer excepciones.

Si se desconoce el domicilio del deudor procede la citación por edictos y posterior nombramiento del defensor oficial (art. 351,inc. 2° párr 3°).

En ausencia del demandado debe dejarse el aviso del artículo 339 párrafo 2° del C.P.C.N., a efectos de que la intimación de pagos se realice, en cuanto sea posible, con la intervención personal del requerido, brindándole así a éste un auténtico conocimiento de la existencia de la ejecución y la acabada oportunidad de ejercer sus derechos.
Acciones posesorias, acción de despojo, clandestinidad
Materia: CIVIL
Carátula: M., V. c/ A. SAIC y/u Otro s/ Interdicto de Recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-26

La desposesión es clandestina cuando los actos mediante los cuales se verifica son ocultos o se realizan en ausencia del poseedor o adoptando precauciones para sustraerla al conocimiento de la persona que tiene derecho a oponerse (arg. art. 2369 del Cód. Civ).
Expropiación irregular, posesión, leyes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUIRRE, HECTOR MARIO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ EXPROPIACION INVERSA (INCIDENTE DE OPOSICION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-03-26

Si bien no se advierte que el sujeto expropiante haya tomado posesión del bien a expropiar temporalmente, en las singulares circunstancias de la causa, en que la sanción de la ley que declaró de interés general los bienes de los expropiados otorgó continuidad a la explotación de la actividad que venían desarrollando los empleados del establecimiento mediante un acuerdo con los propietarios, situación ésta que provocó una afectación en el ejercicio de los derechos de los titulares de los bienes en cuestión, al prolongar en el tiempo su plena disposición; máxime teniendo presente la actitud del Poder Legislativo de prorrogar aquella norma mediante ley 13282, ya que no puede razonablemente presumirse que el legislador prorrogue la vigencia de una ley sin que esta última haya tenido principio de ejecución. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 13102 y 13282.
Principio de no devolución, daño irreparable, protección a la familia, Convención sobre los derechos del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de los Derechos del Niño - K. Y. M. Vs. Dinamarca - Mutilación genital femenina - Expulsión de menores refugiados - Protección especial por edad y género c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2018-01-25

Conforme estableció el Comité en su observación general No 6, los Estados Parte en la Convención no devolverán a un niño a un país en el que haya motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño irreparable, obligación de no devolución que resulta aplicable con independencia de que las violaciones graves de los derechos garantizados por la Norma Convencional sean imputables a actores no estatales, o sean una consecuencia indirecta de la acción o inacción del Estado, debiendo considerarse especialmente al efectuarse la evaluación del riesgo, la edad y el género.
Crímenes de lesa humanidad, graduación de la pena, agravantes de la pena, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: AZAR, Musa y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-02

El voto concurrente recordó la exigencia de tomar en cuenta la calidad de crímenes contra la humanidad que revistieron los hechos juzgados al momento de graduar la respuesta punitiva no puede reducirse al acto puramente formal de incluirlo entre las circunstancias agravantes, en efecto, la clasificación de un hecho como perteneciente a esa aberrante categoría de crímenes internacionales entraña mucho más que una simple etiqueta taxonómica: en ella se juega, ni más ni menos, la expresión de repudio más enfático respecto de hechos que proyectan sus alcances lesivos más allá de las víctimas directas hasta alcanzar a la humanidad toda, que fueron cometidos como parte de un proyecto finamente orquestado desde el mismo Estado y dirigido -precisamente- contra quienes debían ser sujetos de su protección; que utilizó recursos virtualmente ilimitados no solamente para perpetrarlos, sino para ocultar su comisión y, aun descubiertos, garantizar su impunidad y de al lí que la importancia de esta agravante no puede ser infravalorada, máxime cuando la infracción de ese imperativo puede comprometer la obligación de perseguir, investigar y sancionar toda violación de derechos humanos -tal y como fuera asumida por el Estado argentino- y cuya violación, merced de la imposición de penas desproporcionadamente bajas a sus responsables con relación a la magnitud de los ilícitos, puede sujetarlo a responsabilidad internacional.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Ministerio Público, fiscales, fiscal de Cámara, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. De inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es:   ¿la falta de mantenimiento de la acusación en la alzada por parte   del Ministerio Público Fiscal, coincidiendo con la instancia   absolutoria solicitada por la Defensa, impone al Tribunal la   aceptación de las pretensiones de los sujetos procesales, impidiendo  fallar distinto a dichas peticiones?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

El momento preclusivo para el ejercicio de los poderes de disposición del Ministerio Fiscal lo fija la sentencia definitiva. En este sentido, el Código Procesal Penal, al regular a las partes en el proceso, refiere al fiscal y al Fiscal de Cámaras, debiendo este último proseguir la intervención que los fiscales hayan tenido en primera instancia -art. 65 inc. 1ro-, a lo que cabría agregarse con similares facultades adecuadas a la actual instancia procesal que transita ahora la causa. Mientras no se opera el referido momento preclusivo, y volviendo sobre los desarrollos anteriores, puede válidamente, el Ministerio Fiscal, instar una postulación absolutoria. (De la Disidencia del Dr. Giménez)
Juicio ejecutivo, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Santis José María c/ Montequin Alberto s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-14

Cuando se transita el proceso de ejecución de sentencia, por expresa disposición del art.500 del CPCC que remite a las normas que regulan el embargo de bienes en el proceso ejecutivo, el Juez puede, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, disponer una medida distinta de la solicitada o bien limitarla teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intenta ejecutar (art.204 CPCC). Atenta esa facultad, es irrelevante que el caso planteado no encuentre cobijo en lo normado por el art.2º de la ley 9511, punto en que el recurrente y el juzgador concuerda desde que la limitación del embargo encuentra sustento suficiente en las previsiones del citado art.204 CPCC. Habida cuenta de ello y siendo que del bruto percibido por el ejecutado como fletero, cerca de un sesenta (60) por ciento lo insumen los gastos de explotación y que aún de considerarse incluidos en ellos la amortización del vehículo, la suma restante está afectada a sufragar los alimentos propios y de los alimentados, aparece como razonable expresión de dicha facultad judicial limitar el embargo al veinticinco (25) por ciento de las entradas brutas que perciba el ejecutado. Por tal motivo, se confirma la resolución apelada con costas a la ejecutante (art.69 CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fuerzas de seguridad, retiro policial, baja policial, accidente en acto de servicio, baja por incapacidad, haber de retiro, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Boubeta Jorge Horacio c/ E.N. -Mº del Interior- Policia Fed. Arg. -Caja de Ret.Jub. y Pens. PFA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-04

Contrariamente a lo pretendido por el recurrente no puede interpretarse que la ley 20.774 otorgó a quienes pasan a retiro por inutilización, en y por actos de servicio, dos grados más; por encima del ya reconocido por la ley 16.443; sino que la norma en cuestión reconoce como tope máximo dos grados más. Ello implica sencillamente que no se le deben sumar al grado ya reconocido por la ley 16.443 dos más hasta alcanzar un máximo de tres, sino que se está fijando un límite de dos grados. (Consid. VIII). (El recurrente pretende la aplicación del art. 98, inc. a) de la ley 21.965, o sea, el total de las remuneraciones del grado inmediato superior, a más de la aplicación de las leyes 16.443 y 20.774).