marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obligaciones internacionales, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú S/ Solicitud de medidas provisionales c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-05-07

Corresponde a los Estados cumplir con el deber de adoptar las medidas de seguridad que fueren necesarias a fin de proteger a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, deber que se torna aún más evidente e imperioso, respecto de quienes estén vinculados en procesos ante los órganos de supervisión de la Convención Americana.
Contrato de trabajo, empleo público, personal contratado
Materia: LABORAL
Carátula: Semino  Maria  Soledad c/ Estado Nacional Ministerio del InteriorPrefectura        Naval        Argentina s/ despido"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-19

Existe una vía jurídicamente adecuada para reparar los perjuicios que experimentan los empleados contratados a soslayo de las previsiones de la regulación de las relaciones de empleo público, frente a su exclusión de la carrera administrativa -presupuesto de la estabilidad- y fuera de las excepciones previstas por el art. 9 de la ley 25.164 y los decretos 1481/01 y 1421/02, como ocurre en el caso de la trabajadora que prestó servicios de gastronomía y se desempeñó como nutricionista en el ámbito del Instituto de Formación de la Prefectura Naval Argentina. Resulta lícito el recurso a la analogía, y no por vedarlo la doctrina de la Corte Federal en la causa "Leroux de Emede, Patricia v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (Fallos: 314:376) con las normas de la L.C.T., sino con otras de derecho administrativo, en el caso, la del art. 11 de la ley 25.164, que prevé una indemnización por cese de un mes de remuneración por año de servicio o fracción mayor de tres meses.

No son aplicables, ni directamente ni por remisión otras normas de naturaleza laboral.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Lara, Demófila del Rosario c/ La Buenos Aires Cía. Argentina de Seguros S.A. s/ Diferencia de indemnización por incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

Si el trabajador accidentado no estaba conforme con el monto de la condena fijado en la sentencia dictada en el juicio seguido contra el principal, debió recurrir tal decisión pero no puede pretender una indemnización mayor en juicio posterior incoado contra la compañía de seguros.
Régimen de faltas, principio de congruencia
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: ESSO PETROLERA S.R.L. s/ falta de instalación eléctrica y otras- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-12

En el caso la Sra. Juez de grado condenó a la impugnante, por no tener rejillas perimetrales, conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.14 de la Ley Nro. 451. Dicha norma se trata de "un tipo infraccional que podríamos caracterizar como abierto (causa Nº 267-00-CC/2005 "Teb SRL, s/Falta de permiso de cartel", del 16/9/2005) es decir que reclama que otra norma -en este caso el Código de Edificación- determine la conducta exigible." (Causa nº92-00-CC/2006 "Famá, Guillermo Pablo s /falta de atención permanente de persona responsable y otras- Apelación", rta.4/04/2006).

En este sentido, la Judicante entendió que la sanción genérica del artículo supra mencionado debía complementarse con los artículos. 7.7.2.1 y 7.7.3.2, apartado b) del Código de Edificación, así como el artículo 10.7, puntos a) y b), Capítulo V del anexo IV del decreto 1102/04, reglamentario del decreto P.E.N 2407/83.

Así, y a diferencia de lo que sostiene la defensa, el artículo. 7.7.3.2 del Código de Edificación establece las condiciones que debe tener una estación de servicio "en todo momento", lo que incluye también las particularidades del decreto P.E.N 2407/83 y su reglamentación (decreto 1104/04, anexo IV, que respecto del art.10.7 de dicho decreto señala la necesidad de una rejilla perimetral y si ésta descarga a un interceptor-separador), por lo que no se trata de dos supuestos distintos sino de un supuesto (el regulado en los artículos. 7.7.2.1 y 7.7.3.2 del Código de Edificación, con la especificidad aplicada al caso del artículo 10.7 del decreto P.E.N 2407/83 y el decreto reglamentario 1104/04.

Así, y como bien lo describió la jueza de grado, la necesidad de contar las estaciones de servicio con rejillas perimetrales conforme los artículos. 7.7.2.1 y 7.7.3.2 del Código de Edificación, de ninguna manera se contrapone con lo dispuesto en el decreto P.E.N 2407/83 y el decreto reglamentario 1104/04, por lo que no se configura la violación al principio de congruencia alegada por la defensa, pues las especifidades de ambos decretos solo delimitan aún mas en el caso concreto, la conducta tipificada en el artículo. 7.7.3.2 que determina que el solado "deberá estar íntegramente provisto de desagües pluviales reglamentarios y canaleta cubierta con rejas en la línea municipal coincidiendo con los accesos".

Por ello tanto la alegada violación al principio de congruencia como el planteo de atipicidad, deberán ser rechazados pues en todo momento se mantuvo el hecho endilgado (no poseer rejillas perimetrales) y su tipificación legal. La mayor determinación provista por los decretos 2407/83 y 1104/04 citados no vulneran el derecho de defensa, sino que por el contrario contribuyen a su vigencia, pues delimitan aún mas la conducta reprochada.
Estafa, usurpación de títulos u honores, concurso ideal, abogados, abogado falso
Materia: PENAL
Carátula: TARRAGONA, R. N. s/ ESTAFA. USURPACION DE TITULOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-01

1) Configura el delito de estafa la acción del procesado que obtuvo dinero de la víctima, en la creencia ésta que era abogado, ya que le otorgaba recibos para gastos de juicio en un papel membretado de estudio jurídico en el que aparecía impreso su nombre. Y si bien ésto no significa autotitularse abogado, lo cierto es que genera un equívoco.

El ardid no necesariamente consiste en su variante de calidad simulada en ostentar un título, sino que basta con crear una situación en que la calidad se descuenta por usual.

2) No media en el caso un concurso ideal con el delito de usurpación de títulos, ya que el procesado no se abrogó un título, sino que creó o se valió de un equívoco que llevó a la víctima a creer que era abogado.
Incidentes, facultades del juez, apertura a prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Heredia, José Raúl y Otro s/ Solicita Embargo Preventivo en "Inglys de Oroquieta, M. Pilar  c-Mendez, Norma B. S-Interdicto de Recobrar"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-24

Recibir el incidente a prueba constituye una facultad del juzgador, que ante la existencia de hechos controvertidos podrá abrir la causa a prueba.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, honorarios, aplicación de la ley, ley arancelaria, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MORASSI, RAQUEL LUCIA c/ BESSO, CARLOS ANTONIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-06-21

Si bien las regulaciones de honorarios devengados en las instancias ordinarias constituyen materia ajena al recurso extraordinario, cabe hacer excepción a dicha regla cuando quien recurre demuestra perfilado con suficiente claridad el agravio que la decisión sobre ese tema le causa, por afectar derechos o garantías constitucionales, o por un apartamiento de la solución normativa prevista para el caso, o por no reunir el decisorio que se impugna las condiciones mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción; y esto es lo que acontece en la especie pues, pese a que el debate y lo fallado discurrió sobre la validez constitucional del artículo 32 de la ley 6767 modificada por la ley 12851, la anulación del pronunciamiento alzado deriva de la derecha aplicación en el sub lite de la jurisprudencia vertida por esta Corte en "Ferrando", doctrina constitucional de obligatorio acatamiento para los jueces inferiores, de la que deriva la inaplicabilidad de las nuevas pautas arancelarias de la ley 12851 en casos como el presente, en el cual toda la actividad profesional se desarrolló íntegramente con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa arancelaria. - CITAS: CSJN: Fallos 310:566; 308:881; 304:501; 283:22; 270:388; CSJStaFe: AyS T 123, p 84; T 159, p 133; T 190, p 92; T 208, p 422; Ferrando, AyS T 235, p 242. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767, artículo 32; Ley 12851.
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, actos jurisdiccionales, lenguaje común
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Tecno Sudamericana SA c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-19

Durante los períodos fiscales involucrados la normativa vigente no contuvo una definición de "consumidor final", concepto que recién alcanzó recepción en el derecho local al sancionarse la Ley no. 150, correspondiente al texto ordenado para el año 1999 del Código Fiscal, ni tampoco se la puede encontrar en las transcripciones realizadas del Pacto Federal de 1993.

De tal manera, más allá de que pueda discutirse el alcance otorgado al concepto de "consumidor final" en la interpretación efectuada en la sentencia del tribunal a quo, no cabe descalificarla por apartamiento palmario de la solución normativa, por cuanto la labor hermenéutica realizada se sostiene, al menos, a través de la significación de los conceptos que nos brinda el lenguaje común, no advirtiéndose, tampoco, una ponderación inadecuada de los extremos de hecho en vista de los presupuestos fácticos acreditados en la causa que permitieron a la Cámara descartar la procedencia en el caso de la exención o minoración, respectivamente, por lo que lo resuelto, más allá de su acierto o error, no puede ser descalificado como acto jurisdiccional válido. (Voto del Dr. José O. Casás).
Sociedad conyugal, calificación de bienes, bienes gananciales, presunciones, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: D. DE P.G.M. c/ P.R.A. s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

El art. 1271 del Código Civil establece el carácter de ganancialidad de los bienes existentes a la disolución de la sociedad conyugal, salvo prueba en contrario que demuestre que pertenecían a alguno de los cónyuges cuando se celebró el matrimonio o que los adquirió por herencia legado o donación.

LA carga de la prueba tendiente a desvirtuar esa presunción legal, está a cargo de quien sostiene que los bienes le pertenecen (conf. Belluscio, "Manual de Derecho de Familia", t. II, p.67 nro. 354; Borda, "Tratado de Derecho Civil, Familia", t. I, 250, nro. 344; Zannoni, "Derecho de Familia", t.I, p.517, nro.357).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Oliveros, Alejandro M. s/ Homicidio culposo. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-17

El recurso extraordinario planteado no es admisible ni como recurso de inaplicabilidad de ley, ya que el mismo sólo procede contra las sentencias definitivas que impongan pena superior a tres años de prisión o revoquen una absolutoria 8art. 350 del Código de Procedimiento penal - según ley 3589 y modif.-), supuesto que no es el del caso en examen, ni como recurso extraordinario de nulidad desde que los agravios a que se refieren en el escrito recursivo son errores de juzgamiento, propios del de inaplicabilidad de ley cuya deducción no está habilitada en autos en virtud de la limitación legal (art. 350 del C.P.P. citado). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, vista al fiscal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Pusso, Carlos E. s/ Prescripción de la Acción Penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-27

Las vistas al fiscal que no constituyan la actuación que abre el plenario y los peritajes practicados, no son secuela de juicio porque no reúnen las condiciones de actos de impulso del proceso aptos para interrumpir la prescripción al no implicar un control valorativo del órgano jurisdiccional que hagan progresar el trámite.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), salarios caídos, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PINES, EDMUNDO ANTONIO RICARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-16

Más allá de la extemporaneidad del recurso interpuesto, tampoco podría tener favorable acogida el presente remedio extraordinario en punto a la limitación temporal del reconocimiento del derecho postulado, puesto que los reproches del impugnante soslayan las especialísimas circunstancias del caso -particularmente signado por el transcurso de un lapso superior a los veinte años de suspensión preventiva- que justificaban apartarse del precedente "Tenaglia" de la Corte local, toda vez que de las circunstancias fácticas -a las que remitió el voto que hizo mayoría- surgía, entre otras cuestiones, que transcurrieron aproximadamente diez años sin actividad ni en sede administrativa ni en sede judicial (refiere a la penal) por parte del actor, lo que -por otra parte- torna cuanto menos llamativo el planteo referido a una injustificada e inusitada demora en el trámite del proceso, cuyo impulso no corresponde al Tribunal, el que además dictó sentencia al año siguiente de que se llamaran los autos para ello y previa integración en razón de la excusación de uno de sus miembros. - CITAS: CSJStaFe: Tenaglia, AyS T 252, p 216/231.
Sobreseimiento provisional, sobreseimiento definitivo, secreto del sumario, publicidad de los actos de gobierno
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GOLDEMBERG ELENTER, S. s/ Causa 25.471
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16

a) Si bien en principio el sumario es secreto, el tiempo transcurrido y la falta de procesamiento de persona alguna habilita que se interprete que la resolución que sobresee provisionalmente haya adquirido alcance o carácter definitivo o equiparable, al no advertirse interés público en continuar con el secreto instaurado por la ley, pudiendo equipararse así, a las resoluciones aludidas en los arts. 63, inc. c) y 103 de los reglamentos para la Justicia Nacional y para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional.

b) La publicidad de los actos de gobierno representa más que una pretensión a la información, uno de los elementos constitutivos o configurantes del sistema establecido por nuestra Constitución Nacional, determinando la ley los casos y oportunidades en que aquél deber del Estado será limitado o suspendido, pero jamás impedido.
Concursos, ejecución hipotecaria, subasta
Materia: COMERCIAL
Carátula: Soldimar  S.A. s/ concurso preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

El juez que interviene en el concurso preventivo de la demandada en una ejecución hipotecaria, que hizo uso de la facultad que le confiere el art. 25 de la ley 19.551, y suspendió la venta ordenada por el juez de la ejecución, puede suspenderla nuevamente fundado en que el crédito del acreedor hipotecario fue declarado inadmisible y hasta tanto se dicte resolución definitiva en el incidente de revisión.
Daños y perjuicios, falta de prueba, apreciación de la prueba, libre convicción, reglas de la sana crítica
Materia: COMERCIAL
Carátula: LIOI, JOSE LUIS c/ CENTRO ODONTOLOGICO METROPOLITANO SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-23

Resulta improcedente la acción deducida pues la prueba genérica es insuficiente para acreditar el hecho concreto, máxime, cuando como en el caso- aquella prueba genérica llevaría a considerar "posible" que se haya realizado el hecho concreto de que se trate.

Admitir "la posibilidad" de la ocurrencia del hecho no es suficiente para tener por probada la real y efectiva producción de ese hecho, pues entre la posibilidad de que suceda o haya sucedido un hecho y la real ocurrencia de ese hecho, media una distancia que ninguna prueba en autos logro superar.
Aportes a obras sociales, aplicación analógica de la ley, Instituto de Obra Social del Ejército
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Brondino, Juan E. y otros c/ Estado Nacional s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-09

No resulta atinada la pretensión de aplicar al Instituto de Obra Social del Ejército (I.O.S.E.), por vía de analogía, las previsiones de la ley 23.660 en cuanto a los porcentajes de aportes máximos que resultan exigibles a sus afiliados si dicha obra social, en tanto no ha manifestado su voluntad de adherir al régimen de la citada ley, se halla expresamente excluida de sus disposiciones y cuenta con una regulación propia que, entre otros aspectos, dedicó un apartado específico al modo en que deben efectuarse los aportes correspondientes.
Concursos, clausura preventiva, clausura del procedimiento, clausura por falta de activo, impedimentos impedientes, capital ingreso base, fondos del concurso, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Detel SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-25

Procede confirmar la resolución que desestimó la oposición del fallido respecto del pedido de la sindicatura de que se clausure el procedimiento por falta de activos. Ello por cuanto, si bien, en principio, la existencia de un crédito insoluto a favor de la fallida no sería un obstáculo para la clausura del procedimiento siempre y cuando la acreencia sea manifiestamente inferior a los gastos del proceso de quiebra o bien que sea calificada como incobrable (v. "D y S SA s/ quiebra", del 30/06/15); en el caso el hecho que el cierto juicio ejecutivo en el que la quiebra es actor, lleva 20 años de trámite sin siquiera contar con sentencia de trance y remate es una fuerte evidencia de la incobrabilidad del crédito o, cuanto menos, de la poca expectativa de que ello ocurra en el breve plazo.
Sentencia arbitraria, audiencia pública, daño ambiental, desmonte de bosque nativo
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Mamani, Agustín Pío y otros c/ Estado Provincial - Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales y la Empresa CRAM S.A. s/ recurso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-05

Corresponde descalificar la sentencia si los motivos expuestos en ella están dirigidos exclusivamente a refutar las consideraciones que sirvieron de sustento al pronunciamiento de primera instancia y resultan ajenos al principal argumento de la demanda para solicitar la nulidad de los actos administrativos que aprobaron los desmontes, que está referido a la nula implementación de algún mecanismo de participación de la comunidad afectada (Disidencia parcial del Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz).
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aidar, Camil E. y otros c/ Alonso, Adrián A.y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

La prueba apropiada para acreditar, en el caso, la calidad de 'promotor de clínicas médicas' era la prueba informativa, que debió requerirse a los sanatorios, clínicas y demás establecimientos asistenciales, en cuya promoción se habría desempeñado el reclamante.-
Allanamiento domiciliario, domicilio
Materia: PENAL
Carátula: Distacio, Daniel Adolfo s/ Robo calificado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

Es improcedente el agravio dirigido a impugnar la diligencia de secuestro alegando que no existió consentimiento del procesado para el allanamiento del domicilio, si del acta de la diligencia en cuestión se desprende -contrariamente a lo afirmado por la defensa- que el imputado lo consintió. Sin perjuicio de ello, habiéndose practicado en un hotel es de aplicación el art. 197 del Código de Procedimiento Penal, no revistiendo entonces el lugar de allanamiento el carácter de "domicilio".
Empleados públicos, licencia por enfermedad, causas de justificación, prueba, certificado médico, Municipalidad, personal municipal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FASANO, ARMANDO LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nº. 497 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-07

Con referencia a la pretensión de justificar las inasistencias por razones de salud con certificados médicos particulares, ya se ha dicho que no son idóneos, en principio, para suplir el trámite que ineludiblemente debe cumplir el agente cuando se trata de licencias por enfermedad. Es que, aceptar la simple presentación de certificados médicos particulares -sin intervención de los órganos administrativos competentes- implicaría, poco menos que investir al agente de una potestad -otorgamiento o concesión de licencias- cuyo ejercicio naturalmente le corresponde a la Administración mediante sus órganos específicos. Los certificados de médicos particulares sólo son admisibles en los casos en que no hay control médico oficial, pero en tal caso debe agregarse a ellos constancia de autoridad nacional, provincial, municipal o policial, que acredite la presencia del agente y la inexistencia de médico oficial en el lugar (art. 15, inc. k de la ley 9256). En el caso, más allá que los certificados médicos acompañados carecen de dicha necesaria constancia, no pueden ser aceptados atento la probada existencia de un Servicio Médico oficial en la Municipalidad donde el empleado prestaba servicios. (Voto del Dr. Gutiérrez al que Adhiere la Mayoría. En Disidencia los Dres. Vigo y Falistocco)
Competencia por el territorio, adopción, guarda del menor, citación de la madre, restitución de menores
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sosa, Ana Belén s/ guardia judicial n° 6960/97.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Compete al juez del lugar en que la madre biológica, en presencia del Ministerio Pupilar, libremente entregó la menor en adopción y, luego prestó consentimiento para la guarda, seguir entendiendo en las posteriores cuestiones suscitadas tal como el arrepentimiento de la madre de sangre, y consecuentemente, la procedencia de la continuación de la guarda y restitución de la niña.
Interpelación, rescisión del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: García Inocencio c/ Hugo Perotti y/u otra y/o quien resulte responsable s/ Sueldos, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-08-17

Para que se configure la injuria y el trabajador pueda disolver el contrato por tal motivo resulta requisito necesario e indispensable la previa intimación al pago del crédito bajo el correspondiente apercibimiento y por el plazo del art.57 de la ley 20744, exigencia impuesta desde la buena fe. En definitiva, no es la mora en el pago de las remuneraciones la que autoriza la rescisión del contrato de trabajo, sino el carácter injuriosas de la negativa del empleador de cumplir con su obligación o el atraso de la misma una vez intimado su cumplimiento por el dependiente.