Sentencia, prisión preventiva, sentencia definitiva, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: Martínez Minetti, Alfredo José y Otros - p.ss.aa. s/ defraudación calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-06-23

1- En relación al alcance que se le ebe otorgar al vocablo "sentencia definitiva" (art. 469 C.P.P.), este Tribunal ha reconocido esa jerarquía a aquéllas resoluciones que restringen la libertad personal del imputado atento al daño irreparable que las mismas pueden ocasionar (Voto por unanimidad).

Si se acusa la inobservancia de normas procesales sancionadas con nulidad, la función del Tribunal de casación constituye un verdadero examen fáctico, ya que actúa "como juez de hecho", a efectos de comprobar si es verdad que la actividad procesal no se ha desarrollado con las formas debidas, para lo cual puede recurrir a la comprobación de las circunstancias de la causa y aún puede producir una investigación para indagar el verdadero cumplimiento de las formas (Voto por unanimidad).

2- El inicio de un proceso penal, por sí mismo, somete al imputado a la restricción de derechos que le son impuestos a título de coerción personal, pero sin dudas siendo la libertad ambulatoria la que se encuentra en la cúspide valorativa, la privación cautelar de este derecho antes de la sentencia cuenta con legitimación constitucional bajo las siguientes condiciones y límites que se establecen, a fin de evitar que se vulnere arbitrariamente:

* El encarcelamiento cautelar no puede ser la regla general en relación a las personas que hayan de ser juzgadas.

* Puesto que no es la regla, la ley (constitución y leyes infraconstitucionales), debe prever anticipadamente los casos y las formas en que la privación de la libertadantes de la sentencia será procedente.

* Específicamente, en cuanto a los casos (o sus causas), se establece que deben existir elementos de convicción suficientes de participación en un hecho ilícito y que la privación de libertad sea absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación de la ley.

La ley de rito exige un permanente examen de la vigencia de las condiciones que determinaron el encarcelamiento preventivo en cada momento del proceso, teniendo en cuenta las particularidades del caso, las causas que llevaron a disponerla, las condiciones personales del imputado y su conducta procesal, para discernir su real necesidad y justificación. Así se permite al imputado provocar un nuevo análisis sobre la procedencia de la medida tendiente a demostrar que la privación de la libertad no es absolutamente indispensable para salvaguardar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley (arts. 42 C. Prov. Cba., y 269 C.P.P.Cba.).

III- Así como el pronóstico punitivo hipotético, tuvo siempre una función -derivada del principio de proporcionalidad y de su consecuencia la prohibición de exceso- en la procedencia de las medidas de coerción, por los mismos fundamentos, también la tuvo en la duración y cese específicamente de la prisión preventiva.

El pronóstico punitivo hipotético consistente en una predicción provisoria de pena efectiva tiene que tener sustento en la protección de los fines del proceso -asegurar la investigación y la actuación de la ley- a los cuales se les reconoce jerarquía suficiente para restringir la libertad del imputado durante el proceso. Las limitaciones a los derechos fundamentales, entre los que se encuentra la libertad, con motivo de otros interesesque tambiéncuentan con resguardo, encuentra sustento en otros textos de jerarquía constitucional federal. Ello así por cuanto, como todo derecho, no es absoluto (art. XXVIII, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre) se la subordina -implícitamente- a la existencia de garantías que aseguren la comparecencia del imputado durante el proceso y eventualmente para la ejecución de la pena, art. 9.3, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

La regla local consagra una presunción del legislador consistente en que el peligro para los fines del proceso existe toda vez que la amenaza penal exceda de cierto límite. La gravedad del pronóstico punitivo, refuerza el interés social en la sustanciación del proceso que se pretende asegurar a través de la presencia del imputado, pues si éste se ausenta aquél no puede continuar.

La peligrosidad procesal presumida no es absoluta, toda vez que es posible obtener el cese de la prisión preventiva cuando la privación de la libertad no fuere absolutamente indispensable para salvaguardar los fines del proceso, (artículo 283, 2, C.P.P.). En tal supuesto, por el consenso de los órganos tuteladores de todos los valores puestos en juego, nada autoriza a prolongar el encarcelamiento pues éste ha perdido su más decisivo fundamento: la indispensabilidad como cautela para asegurar la normal sustanciación del proceso.

La lectura del inc. 2 del art. 283 debe efectuarse en forma amplia -no literal- haciéndola aplicable no tan sólo para la etapa investigativa sino también para la etapa esencial del juicio, oportunidad en la que el consenso obviamente estará conformado por la opinión del representante del Ministerio Público (Fiscal de Cámara en el caso) así como por los integrantes del tribunal de juicio. Ello así, a fin de grantixzar la igualdad de trato entre los imputados cualquiera sea la etapa en que se encuentre el proceso.

IV- El principio constitucional de igualdad ante la ley (C.N., arts. 16, y 75 inc. 22; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 11; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 3 y 14.1; Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- art. 8.1.; C.Prov.Cba., art. 7) ha sido definido por la C.S.J.N., como "el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en ighuales circunstancias, de donde sesigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar la ley en los casos ocurrentes según las diferencias de ellos (Fallos 16:118; 124:122; 127:18 y 167; 150:122; 161:148; 183:95; 191:233; 211:589 entre otros). Entonces, dicho principio no puede ser esbozado en forma ilimitada o genérica, sino que para su aplicación resulta necesario tener presente un parámetro comparativo, cual no es otro que quien denuncia su violación se encuentre en igualdad de condiciones para con aquél o aquellos que han recibido un tratamiento diferente a su favor.

Toda desigualdad no constituye necesariamente una discriminación, siempre que la diferencia de tratamiento esté justificada legal y constitucionalmente y no sea desproporcionada con el fin que se persiga.

En la presente causa, con relación a todos los imputados respecto de los cuales se achaca la vulneración del principio desigualdad, se aprecian diferencias objetivamente comprobables que ameritaron el distinto tratamiento que no aparece así fruto de ninguna subjetividad del tribunal.