marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Leyes, interpretación de la ley, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Pappalardo, Luciano c/ Estado Nacional (Mrio.de Defensa) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

Tratándose de una cuestión previsional, se impone interpretar las disposiciones en juego conforme a la finalidad esencial que con ellas se persigue, cual es la de cubrir riesgos de subsistencia.
Carga de la prueba, principios procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: IGUAZU CIA DE SEGS SA c/ AGP s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-08

Es principio procesal de la prueba que deba ser proporcionada principalmente por los litigantes, en tanto que lo contrario significa liberarlos de una obligación que les es imperativa e inherente a su propio interés, cuando no ineludiblemente necesaria para vencer; lo contrario, esto es aguardar que sea alcanzada por el tribunal, importaría, destruir el principio de igualdad entre ellas, en tales condiciones, cuando no se dispone de medios suficientes acerca de los hechos controvertidos, el juzgador debe acudir al principio que indica que es al actor a quien le incumbe la prueba del hecho constitutivo del derecho cuyo reconocimiento pretende, bastándole al demandado adoptar una actitud expectante con solo desconocerlo.
Pericia psicológica, pericia psiquiátrica, oposición del imputado, declaración autoincriminante
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: F. d. A., L. A. c/  s/ oposición a la realización de un examen psicológico y psiquiátrico
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

Debe revocarse el auto que rechazó la oposición formulada por el imputado, a la realización de un examen psicológico y psiquiátrico, puesto que la realización de dicha pericia, al mediar una oposición expresa y fundada por parte de su asistencia técnica, vulnera el principio de no autoincriminación consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional. Si bien resulta una facultad discrecional del juez ordenar su realización, la medida tiene un límite en los derechos constitucionales aludidos y el imputado no se encuentra obligado a colaborar en ella contra su voluntad, puesto que lo contrario traduciría avalar una compulsión física o moral para obtener declaraciones, lo que se encuentra vedado.
Costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrer, Mateo Abd on. c/ Parra, Julio y Merino, Ernesto. s/ Sumario.    Casación.   Costas.  Honorarios-Modificación  de  Oficio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-04-27

Si bien el artículo 71 del CPC (vencimiento parcial y mutuo) indica que la medida para distribuir las costas es la prudencia judicial, no es menos cierto que esa discrecionalidad no puede ignorar alguna forma de proporcionalidad equitativa. Esto es más grave cuando esa distribución ignora el exito o fracaso de cada litigante, invirtiendo en las costas el resultado de la cuestión de fondo, asignando a quien fue exitoso en mayor medida la más pesada de las cargas.
Procedimiento judicial de la seguridad social, limitación de recursos económicos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: CIAMPAGNA, RODOLFO NICOLAS c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-11

La "defensa de limitación de recursos" entraña una suerte de excepción de "arraigo" al revés. En lugar de evitar que la insolvencia del actor le permitiese evadir su responsabilidad "inherente a la demanda" si perdiese el juicio (art. 348 C.P.C.C.), apunta exactamente a lo contrario, es decir, a legalizar la insolvencia del demandado para eludir la condena si el juicio resultare favorable al accionante (ley 24.463, art. 16). (Del voto del Dr. Herrero).
Actualización monetaria, oportunidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Meriggi Orlando José c/ Finocchiaro Daniel Rosario y otro s/ Cobro ejecutivo de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-09

Si bien es cierto que la aplicación de la ley desindexatoria puede ser introducida en cualquier estadio del juicio anterior a la consolidación de que habla el único artículo de dicha normativa, lo que eventualmente puede significar hasta el momento del pago, también lo es a condición de que no haya operado la preclusión a su respecto. Y ello ocurre cuando, como en el caso de autos, se admiten las pautas de actualización previstas en la sentencia cuando ya se encontraba vigente la nueva ley (publicada en el B. O. el 21/12/93), es decir que no se solicitó la desindexación cuando pudo haberse hecho.
Regulación de honorarios, falta de regulación, prescripción bienal, prescripción decenal
Materia: PROCESAL
Carátula: FEDERACION PROVINCIAL DE ASOCIACIONES CIVILES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIO NEGRO c/ PROVINCIA DE RIO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-04-20

"En materia de prescripción de honorarios profesionales de abogados corresponde distinguir entre el derecho a percibirlos - cuando ya han sido regulados - en el que se aplica la prescripción decenal prevista por el art. 4023 del Cód. Civil, y el derecho a que se regulen - haya o no condenación en costas - en el que rige el plazo bienal que establece el art. 4032 inc. 1 del Cód. Civil".
Acto administrativo, competencia originaria, Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALARCON OMAR c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-11-28

El acto administrativo del ente autárquico tiene la virtualidad de ser un acto definitivo en tanto emanado de autoridad administrativa con competencia originaria para decidir cambios de funciones a sus agentes, y por ende técnicamente no está sujeto a la aprobación del Poder Ejecutivo.-
Prescripción, prescripción bienal, prescripción decenal, nulidad del acto jurídico, vicios de la voluntad, donación
Materia: CIVIL
Carátula: Carcamo, María Luisa c/ Schaefer, Gustavo Carlos s/ Revocación de Donaciones
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-31

El art. 4030 del Código Civil no comprende todas las acciones de nulidad de los actos jurídicos, tal como se desprende del segundo párrafo del art. 4023, sino tan sólo respecto de aquéllos en que existe un vicio de la voluntad comprobado, y, por tanto, resulta inaplicable a la acción de nulidad de la donación en base al art.

1800 del Código Civil. Entonces la prescripción aplicable es la decenal u ordinaria contenida en el art. 4023.
Accidentes de trabajo, empleo no registrado, eximentes de responsabilidad
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: ROJAS, Angel Luis c/ Samana Wasi  S.A. y Otra s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-09-10

Para que la compañía aseguradora de riesgos del trabajo deba responder extracontractualmente (responsabilidad civil) por un accidente de trabajo, es menester que quien pretende tal extensión de responsabilidad alegue y pruebe que ha existido un nexo de "causalidad adecuada" (cfr. arg. Art. 901 y sgts. del Código Civil), basado en el incumplimiento de un deber legal de vigilancia o previsión y que de ello se derive la producción del daño que se pretende resarcir (cfr. Art. 1074 Código Civil), deberes que de manera alguna pudo cumplir la apelante, como bien lo afirma en su memorial, por cuanto la relación laboral del actor con su empleadora, era clandestina.

En ese orden de ideas, si bien las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Busto", "Galván" y "Soria" son señeras en torno a la responsabilidad civil de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo sobre la base del artículo 1074 del Código Civil e independientemente del otorgamiento de las prestaciones de la LRT, configurando un nuevo hito en el debate doctrinario y jurisprudencial, considero que no aplican en los casos de trabajadores en negro, por cuanto por esta misma circunstancia, como dije, se vieron imposibilitadas de dar cumplimiento con su deber legal de vigilancia y previsión respecto de los mismos. Por ello, no es posible inferir que en el sub-discussio subyazca de una manera clara, la posibilidad de responsabilizar a la Aseguradora de Riesgo del Trabajo por cuanto, como dije, no existe un nexo de causalidad adecuada entre la omisión y el infortunio laboral, ya que ni siquiera tenía conocimiento de la existencia de la relación laboral del actor en el momento en que éste acaeció.

Si bien es preciso dejar en claro que las ART, no pueden limitarse a la percepción de las cuotas y al otorgamiento de las prestaciones del sistema, sino que deben desarrollar un auténtico rol preventivo, controlador y supervisor de la higiene y seguridad en los lugares de trabajo y también capacitador del personal asegurado, ello se torna de imposible cumplimiento en los casos de relaciones laborales clandestinas.

Se arribo a tal conclusión sin dejar de señalar que las ART, no son sólo compañías aseguradoras, sino que la LRT las obliga además, a adoptar expresos deberes de contralor del cumplimiento, por parte de las empleadoras afiliadas a cada ART, de las normas de prevención y seguridad que la propia ley 24.557 y la Ley de Higiene y Seguridad disponen. Las ART tienen el deber legal de controlar, en una suerte de delegación del poder de policía del trabajo.
Acción de amparo, daños y perjuicios, demanda, plazo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: RONCA HECTOR c/ TELECOM ARGENTINA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-05-06

Conforme al art. 2 in. "e", de la ley 4915, la acción de amparo no será admisible cuando "la demanda no hubiese sido presentada dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse", tal disposición no puede regir cuando el proceder que se ataca no lesivo de derechos o garantías constitucionales no está destinado a consumarse o anotarse en un cierto momento sino que, por el contrario, puede conformar una situación continuada o con reiteración intermitente y temporal. (del voto en disidencia de la Dra. Zavala de González).
Accidente de tránsito, culpa civil, carga de la prueba, responsabilidad del conductor, semáforo, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL
Carátula: CAVALLI, MARIA ANGELA AURORA c/ MASALA, ANTONIO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-21

Si los codemandados se atribuyen recíprocamente la responsabilidad por los daños ocasionados al vehículo del actor, es de aplicación, para regir las relaciones entre ambos, lo dispuesto por el art. 1109 del C.C. y por lo tanto corresponde a cada uno de ellos arrimar a la causa los elementos de prueba idóneos para acreditar los presupuestos de hecho que invocan. En consecuencia, existiendo semáforos en la intersección donde se produjo el hecho, por lo cual lo sustancial es determinar quien violó las indicaciones de aquél, relativizándose las presunciones que surgen de la localización de los daños y de la prioridad de paso y si ninguno aportó a la causa prueba que permita sustentar su versión y determinarse con certeza suficiente el grado de responsabilidad de cada uno de los demandados, deben responder ambos en igual proporción y en forma solidaria ante el actor.
Letra de cambio, aceptación de la letra de cambio, legitimación pasiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: YOO IN SIK c/ RADZINSKY MARCELO GABRIEL Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-24

Es costumbre de larga data utilizar la mención "Buenos Aires" como fórmula para indicar a la Ciudad de Buenos Aires como el lugar de creación de un pagaré. Su importancia radica en que el lugar de creación es lo que determina al juez competente cuando el título carece de la indicación de lugar de pago. Por ello, la propia ley establece la regla de interpretación para subsanar la falta de indicación del lugar de pago y del domicilio del librador. Véase la contundencia con la cual el decreto ley 5965/63, en la última parte de su art. 102, dice. De modo que toda esta cuestión se diluye con la correcta indicación del lugar de creación del título, que sí es un requisito dispositivo en el pagaré en tanto su omisión invalidaría el documento como tal. El cumplimiento de dicho recaudo se satisface con la sola indicación de la ciudad de creación -que en el sub-lite se indicó la leyenda "Buenos Aires" que refiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- pues el decreto ley 5965/63 no exige la indicación de una dirección precisa. Nótese que el término "lugar" no es sinónimo de "domicilio". Por ello el referido cuerpo legal, en su art. 41, contempla la hipótesis de la presentación al cobro de la letra de cambio en la que no se indicó la dirección precisa a la cual dirigirse estableciendo para esos casos los lugares en los cuales debiera formalizarse la presentación. Esa norma permite deducir que la ley admite que falte la dirección en el título (v. Legón, Fernando; "La Letra de Cambio y Pagaré", pág. 48, año 1977).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, régimen disciplinario administrativo, pérdida del expediente, solicitud de búsqueda, sanciones disciplinarias administrativas, suspensión del agente
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Avocación - Orsi, Hernán.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

Corresponde dejar sin efecto la sanción de cesantía e imponer una suspensión al no surgir con claridad suficiente que la pérdida de un expediente y del escrito de búsqueda pueda ser atribuída al recurrente, ya que la custodia de los expedientes y documentos es responsabilidad del jefe de la oficina donde estuvieren (art. 68 R.J.N.), y -para dictar la sanción- sólo se tuvo en cuenta el informe del secretario, prosecretario y del agente sancionado y no se adoptaron otros recaudos que demostraran que había sido el único responable de lo sucedido (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor).
Propiedad horizontal, asamblea de consorcistas
Materia: CIVIL
Carátula: ROLON FLORENCIA c/ CONSORCIO JOSE E. URIBURU 1917 s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-28

Si el reglamento de copropiedad de un edificio en propiedad horizontal dispone que las resoluciones tomadas por la asamblea de copropietarios, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, son obligatorias para todos los propietarios y de ejecución inmediata, sin prejuicio de los derechos y acciones que puedan asistir a los disidentes o ausentes, la impugnación notarial de la asamblea no tiene efecto suspensivo y tampoco lo tiene la acción judicial. De no ser así, el consorcio no podría funcionar pues bastaría una impugnación o una demanda judicial para impedir el cumplimiento inmediato de lo resuelto en la asamblea.
Confirmación del acto jurídico, acción de nulidad, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: Botana, Helvio Ildefonso y otros c/ CADEPSA. y otros s/ nulidad de actos jurídicos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

Entre la confirmación de los actos jurídicos y la prescriptibilidad de la acción de nulidad hay una correlación estrecha, ya que la confirmación y la prescripción extintiva dependen de la voluntad de la parte damnificada, pues si ésta deja correr el tiempo sin pedir la declaración de nulidad, se presume que tiene la voluntad de sanearlo.
Recurso de casación, cosa riesgosa, responsabilidad objetiva, culpa de la víctima, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Nahuelpe, Juan c/ Empresa Servoil  S.A. s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-06-04

Reconocido el accidente o el "golpe", funciona automáticamente la responsabilidad objetiva, por el riesgo creado, y a partir de esa situación, como ocurre en autos, debe la demandada demostrar con certeza sin margen apreciable de dudas la culpa de la víctima, o de un tercero por quien no debe responder.

La Excma. Cámara de Apelaciones desinterpreta la normativa legal al no separar y distinguir entre nexo de causalidad y culpa de la víctima, apareciendo el primer concepto reconocido en la causa, mientras que el segundo término no ha sido suficientemente probado.

Por tanto, corresponde cesar el fallo atacado y consecuentemente tener por acreditada la responsabilidad civil de la Empresa demandada por el daño ocasionado (art. 1.113 del Código Civil).
Donación, revocación de la donación, enajenación de la cosa legada, daños y perjuicios, daño al interés positivo
Materia: CIVIL
Carátula: OGER, Liliana Noemí c/ GUILLAMET CHARGUE, Guillermo y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

Revocada en términos abusivos la donación de un inmueble que, "a posteriori", fue enajenado a terceros, formulado sobre el punto un reclamo indemnizatorio, debe ser admitido el daño al interés positivo que podían razonablemente esperar el donatario como resultado de la donación, toda vez que lo que opera "ex nunc" es la revocación de aquélla, produciéndose los efectos indemnizatorios por sucedáneo a que se refiere el artículo 1057 del Código Civil y en tanto queda en pie la liberalidad. De allí que el accionante había incorporado a su patrimonio un bien del que legítimamente podía esperar ventajas, es decir, los frutos, cuya cuantía es posible determinarla en función de lo dispuesto por el artículo 165 del Código Procesal, en la misma forma que cabe disponer que se establezca el valor real y actual del inmueble, esto es, que también deberá establecerse el valor locativo, con alcance indemnizatorio, comprendido entre la fecha de la revocación, hasta la transmisión del inmueble a terceros.-
Allanamiento, exención de costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mendieta, José Lorenzo c/ Villamayor de Mendieta, Delia Efigenia y otros s/ Desalojo Efigenia y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-12-10

Para que el allanamiento sea causa eficaz de exención de la obligación de las costas, no sólo deber oportuno, sino que es menester que reúna los requisitos de real, incondicionado, total y efectivo para terminar con el pleito. El allanamiento por si solo no conduce a la eximición de costas, ya que deben distinguirse los requisitos, que aquél ha de reunir, de las condiciones que deben acompañarlo para que exima de cargar con tal obligación. A esos efectos, se ha dicho, que el único recaudo que ha de tener un acto procesal para que pueda ser considerado allanamiento, es que no deje lugar a dudas de que quien lo formula ha querido someterse a la pretensión de la parte contraria; los demás requisitos se refieren a las condiciones que ha de reunir para que el allanado se le exima del pago de las costas, no debiendo confundirse el derecho a la posibilidad de ejercer la facultad de allanarse, la cual puede hacerse en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia; con la forma o modo de soportar las costas mediando allanamiento o en qué circunstancias el ejercicio de esta facultad justifica el apartamiento del principio general que impera en la materia.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TORBOLI, SILVINA c/ FEDERACION PATRONAL DE SEGUROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-26

La compareciente no logra con su argumentación recursiva demostrar que la Sala haya dejado de lado las formas previstas en la ley ritual al conformar sus votos, de modo que su decisión carezca de la fundamentación suficiente, ni viola el artículo 95 de la Constitución provincial la sentencia en la que los vocales adhieren de manera explícita e inequívoca a la motivación expuesta por el preopinante, desde que esa norma no exige fundamentación autónoma, interpretación que fue consagrada de modo expreso en el artículo 26 de la ley 10160. CITAS: CSJStaFe: AyS, T 54, p 443; T 100, p. 457; T 302, p 69. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución de la Provincia de Santa Fe, artículo 95; Ley 10160, artículo 26
Daños y perjuicios, filiación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: P., M. D. c/ A., E. s/ Filiación e indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

La omisión paterna de reconocimiento no constituye por sí sola una ilicitud en nuestro ordenamiento jurídico. (Minoría u opinión personal)
Contratos, contrato por terceros, ratificación del acto jurídico, ejecución del contrato, vicios del acto jurídico, Municipalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Municipalidad de Guardia Mitre c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso administrativo s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-12-30

El art. 1161 del Código Civil in fine, establece que "el contrato valdrá si el tercero -en el caso la Municipalidad de Guardia Mitre- lo ratificase expresamente o ejecutase el contrato", de lo que se deduce que el contrato celebrado sin autorización ni representación de la persona que se trate, valdrá, si el interesado lo ratificase expresa o tácitamente, siendo la ratificación el acto jurídico por el cual una persona aprueba lo actuado por otra en su nombre a posteriori de esa actuación, a efectos de convalidar los vicios y defectos que el acto jurídico pudiera tener.
Cómputo de servicios, prueba, procedimiento laboral, entrega de la documentación, prueba insuficiente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LEGUIZAMON, TOMAS HUMBERTO DEL ROSARIO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-17

La documentación relacionada a una causa laboral donde se demandara al supuesto empleador resulta insuficiente para acreditar la prestación de servicios, si no consta ni el reconocimiento del contrato de trabajo por el demandado ni por sentencia judicial;

máxime si el expediente concluyó con motivo de una conciliación entre el titular y una persona jurídica distinta del supuesto dador de tareas. (Disidencia del Dr. Fernández).
Accidente de tránsito, responsabilidad civil, tránsito automotor, prioridad de paso, responsabilidad del conductor, camioneros, daños y perjuicios, indemnización, incapacidad sobreviniente, daño físico, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Marcilla, Marcelo Oscar. c/ Avila, Manuel Gerardo y otro. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-10

En lo que se refiere al porcentaje de incapacidad, toda vez que si era necesaria una operación y la posterior rehabilitación y no realizó ello pese a que podía hacerlo en el Hospital Público, como informa el perito médico y como consecuencia de ello pudo disminuirse los efectos del accidente, dicha negligencia no puede serle imputada al causante del hecho, toda vez que se trata de una consecuencia mediata que no pudo ser prevista por el culpable del hecho (artículos 901, 903 y 904 del Código Civil) y por las que no debe responder.

En tal sentido y si bien el perito no pudo determinar en cuanto hubiese disminuido el porcentaje de incapacidad, estimo como justo y equitativo fijar el mismo en un 20%.