Tribunal: CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-09


Buenos Aires, 9 de septiembre de 1999.

Y VISTOS: estos autos "Centro Médico Galileo SRL c/ Estado Nacional s/ Amparo Ley 16.986", y CONSIDERANDO:

1°) Que a fs. 183/195 vta. el fisco apela y funda su recurso deducido contra la resolución de fs. 117/121, por la que el señor juez de la anterior instancia, hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por los actores y declaró la ilegitimidad del artículo 1 inc. f) del decreto 1517/98.

El Estado Nacional funda su recurso argumentando la improcedencia formal de la vía elegida porque entiende que el amparo es un remedio excepcional en el que se encuentran considerablemente restringidas las posibilidades de las partes para lograr una defensa eficaz de sus derechos. Sostiene que el a quo no analizó convenientemente lo prescripto por el artículo 2 inc. d) de la ley 16.986, y argumenta sobre la improcedencia del amparo para cuestionar la interpretación y aplicación de normas tributarias porque -según sostiene-, en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio solve et repete y si el tributo está mal determinado o es inconstitucional se debe pagar y luego repetir, "porque todos están obligados a pagar impuestos antes de cuestionarlos judicialmente". Expresa que el acto impugnado no está afectado de arbitrariedad ni de ilegalidad manifiesta porque el decreto impugnado se dictó en ejercicio de atribuciones constitucionales de naturaleza colegislativa. Señala que la actora carece de agravio porque el IVA que deberá abonar será trasladado y que no adquiere ninguna otra obligación diferente de las otras que tiene como contribuyente de los restantes impuestos. Realiza una serie de consideraciones para afirmar que la promulgación parcial de la ley 25.063 no altera el espíritu y unidad del proyecto. 2°) Que a fs. 209/210 el señor Fiscal General remitiéndose a un dictamen anterior y con fundamentos en la sentencia de esta Sala obrante a fs. 101/102 de autos, propone se confirme la sentencia apelada.

3°) Que corresponde resolver en primer término el agravio del Estado Nacional sobre la viabilidad de la acción intentada, el que desde ya se adelanta, no puede prosperar. En efecto, sostiene el Estado Nacional que la vía del amparo no corresponde, en cuestiones de naturaleza tributaria porque debe primar el principio solve et repete, y porque de admitírsela todos los contribuyentes podrían promover amparos para paralizar la recaudación. Esa afirmación es incompatible con la acción de amparo reglada en la ley 16986 y en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que establece claramente que "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley" y agrega que "en el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva." La norma transcripta disipa cualquier duda relativa a la idoneidad del medio escogido por la actora para hacer valer sus derechos, por lo que el Estado Nacional no puede pretender que el contribuyente pague para posteriormente repetir lo abonado, porque es harto evidente que no es el "medio judicial más idóneo" porque frustraría la posibilidad de obtener en sede judicial una inmediata restitución del derecho que se entiende conculcado.

Que no tiene sustento alguno el argumento del recurrente en el sentido de que el acto impugnado no está afectado de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta porque -como se verá infra-, es manifiestamente inconstitucional pues viola el principio de legalidad. Por otra parte, no se ajusta a la realidad lo manifestado por el Estado Nacional en el sentido de que la cuestión controvertida necesita de una mayor amplitud de debate, porque se trata de una cuestión de puro derecho en la que las partes involucradas no cuestionan las circunstancias fácticas que originaron la causa. 4°) Que sentado lo que antecede el Tribunal resolverá el recurso deducido contra la resolución que declaró la ilegitimidad del artículo 1 inc. f) del decreto 1517/98. 5°) Que esta Sala en el Acuerdo del 24.8.99 al resolver los autos "Maximédica SA c/ EN-PEN M.E. y O.S.P. Dto 1517/98 s/Amparo Ley 16.986", señaló "que el Poder Ejecutivo de la Nación al promulgar mediante decreto 1517/98 el proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación, registrado como ley 25.063, modificatoria, entre otras, de la ley del impuesto al valor agregado (t.o. 1978 y modificatorias), observó el subinciso 'm' del tercer párrafo del inciso j) del artículo 1 del Título l." "Que por dicho subinciso m) del mencionado artículo, el Congreso de la Nación dispuso que tributaran la alícuota equivalente al 50% de la establecida en el primer párrafo del artículo 28 del gravamen 'los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica a que se refiere el primer párrafo del punto 7, del inciso h) del artículo 7`, que brinden o contraten las cooperativas, las entidades mutuales y los sistemas de medicina prepaga, que no resulten exentos conforme a lo dispuesto en dicha norma.

"Que el primer párrafo del inciso j), precedentemente, mencionado dispuso: 'Artículo 28. La alícuota del impuesto será del veintiuno porciento (21 %)' ". "Que el Presidente de la Nación en ejercicio de una atribución que la confiere la Constitución Nacional (art. 80), en lo que aquí interesa, vetó la ley 25.063, de modo parcial, observando el precitado subinciso 'm'." "Que la aludida observación, formulada por el Poder Ejecutivo de la Nación, no produjo, ni pudo producir alteración alguna en las restantes disposiciones de la ley 25.063, porque el contenido normativo del artículo observado es independiente del de las demás disposiciones de la ley." "Que por otra parte, la observación formulada no alteró el sentido y unidad de la ley 25.063' "Que, en este orden de ideas, cabe señalar que los mencionados poderes del estado coincidieron en considerar como materia imponible a los efectos del impuesto al valor agregado los ingresos referidos en el inciso'm' del artículo 1 de la ley." "Que la observación formulada por el Poder Ejecutivo de la Nación, se refirió a la alícuota del tributo, toda vez que consideró inconveniente la alícuota del 10,5 % fijada por el Congreso de la Nación y pretendió que aquella materia imponible estuviera sujeta a la alícuota general del gravamen." 7°) Que si bien se ve, en él caso particular al que se refieren los autos, ha mediado, por un lado una coincidencia entre el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo y, por otro, el ejercicio de una facultad por parte del Presidente de la Nación que no se ajusta a los principios de la Constitución Nacional." "Que en este sentido, no puede dejar de puntualizarse que el ejercicio de una atribución constitucional conferida a cualesquiera de los poderes del estado debe realizarse en los términos en que ha sido concedida y en ordenada armonía con los principios que sustentan las demás cláusulas de la Constitución Nacional." "Que, de tal modo, el veto del poder Ejecutivo de la Nación que al observar la alícuota del 10,5% pretende el incremento de ésta al entender que es aplicable la tasa general del 21% no se ajusta a aquella ordenada armonía, toda vez que el ejercicio de la atribución constitucional resultó incompatible con el principio de separación de poderes consagrado por la Constitución Nacional que reserva de modo exclusivo al Poder Legislativo el ejercicio del poder tributario (art. 17 de la Constitución), al tiempo que garantiza formalmente el derecho de propiedad de los contribuyentes." "8°) Que no puede sostenerse en contra de lo expuesto que el ejercicio del poder tributario está concedido al Congreso de la Nación solo en relación a la creación de tributos".

"Que dicho argumento, además de contradecir lo que la historia explica acerca del origen y desarrollo del principio, ignora que una 'contribución' (art. 17 de la Constitución Nacional), -término empleado por la Constitución Nacional-, es un tributo, y éste no es más que una obligación jurídica de carácter legal (art. cit. de la C.N.) de dar una suma de dinero." "Que al respecto, cabe recordar que el principio de legalidad de los tributos exige que la ley defina el hecho que la origina, los sujetos obligados, su monto y las exenciones." "Que en el indicado marco conceptual que brinda la Constitución Nacional no puede dudarse. La creación, modificación y supresión de los tributos sólo puede ser dispuesta por ley, porque la potestad para ello esta reservada al Congreso de la Nación, como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia, al resolver, entre otras, las causas, 'Peralta', 'Video Dreams' y 'Nobleza Picardo'." "9°) Que lo expuesto es suficiente para concluir que el Poder Ejecutivo de la Nación al ejercer la atribución de la observación, en el caso que se analiza, desconoció un principio constitucional porque indirectamente ha pretendido arrogarse la atribución Constitucional conferida a otro Poder del Estado y, consecuentemente, no ha respetado la adecuada armonía que el ejercicio de una atribución constitucional debe guardar con los fines y principios del ordenamiento." "10) Que no puede entenderse, que el ejercicio de la facultad de la observación, como se ha producido' en el punto examinado, conduzca a la conclusión de que no existe ley en relación a la materia observada, porque ello implica desconocer que el Congreso de la Nación y el Presidente de la Nación coincidieron en gravar la materia a que se refiere el subinciso "m" del inciso j) del articulo 1 de la ley, aun cuando, como quedó explicitado, no pudo el Poder Ejecutivo por la vía del veto parcial, elevar indirectamente la alícuota del tributo." 6°) Que aquellas conclusiones son suficientes para confirmar la sentencia apelada en cuanto hace lugar a la acción de amparo deducida, dejando constancia y aclarando que en relación a la materia aludida en el sub inciso "m" del inciso j) del artículo 1° de la ley 25.063, debe considerarse en vigencia la alícuota del 10,5% establecida por dicha ley y que resulta inaplicable, por inconstitucional, la alícuota del 21%. ASI SE RESUELVE.

7°) Con costas a cargo del Estado Nacional (art. 68 del C.P.C.C.N.)- ASI TAMBIEN SE RESUELVE. Regístrese, notifíquese y devuélvase.-