Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-02-16


SENT Nº 25 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciseis (16) de Febrero de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el representante legal de la concursada en autos: "Transporte Gaverante S.A. s/ Concurso preventivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación deducido a fs. 714/720 por el representante legal de la concursada en contra de la sentencia de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común, Sala III del 27/9/2007 (fs. 706/707).

II.- El recurrente relata los antecedentes de la causa y señala que existe una discordancia entre la propuesta conformada por los señores acreedores y la homologación efectuada por el Juzgado de primera instancia, que se circunscribe a un aspecto de la propuesta concordataria como lo es el régimen de administración.

Sostiene que como surge del pronunciamiento transcripto, mediante una clara exposición la Excma. Cámara distingue entre el holding o sostén del fallo y lo manifestado obiter dicta; que si bien exclusivamente debería atacar exclusivamente la base del razonamiento sentencial, efectua algunas manifestaciones a lo dicho obiter.

Fundamenta el recurso en que la sentencia impugnada constituye un supuesto de arbitrariedad manifiesta; que el pronunciamiento es auto-contradictorio; que de lo transcripto surge claramente que la Sentencia en recurso admite expresamente que conforme lo dispone el art. 59 LCQ, es apelable la resolución judicial que dispone el mantenimiento o no de la inhibición general de bienes del concursado; que la materia de la apelación es justamente si se mantienen, o no, las inhibiciones del concursado, luego de la homologación del acuerdo preventivo.

Refiere lo que expresamente dispone el art. 59 LCQ en cuanto a que la resolución es apelable; que debido a un error de la Sentencia de Primera instancia, se efectuó una suerte de confusión entre la homologación del acuerdo y el régimen de inhibiciones del concursado; que en efecto, avanzando el A-quo sobre materia relativa al mantenimiento de las inhibiciones durante la etapa de cumplimiento, ha modificado sustancialmente el régimen de administración contenido en el acuerdo preventivo.

Sostiene que si la concursada consiente de alguna manera la homologación con mantenimiento de las inhibiciones esto impedirá que al momento de que se dicte la resolución prevista en el art. 59 LCQ, se pueda liberar las mismas, de acuerdo a la propuesta concursal efectuada y conforme lo votaron los señores acreedores; que de esta manera, si bien formalmente se esta ante una sentencia que homologa el acuerdo preventivo esta sentencia ha invadido un ámbito de resolución propio del pronunciamiento judicial previsto por el art. 59 de la LCQ razón por la cual resulta apelable; que la apelabilidad de una sentencia esta dada por la trascendencia de la misma, no en virtud de una arbitraria decisión del legislador.

Expresa que si el legislador concursal ha considerado que la decisión judicial respecto de mantener o no las inhibiciones del deudor -por su transcendencia- debe ser apelable, es claro que una resolución que al mismo tiempo de homologar, decide sobre el mantenimiento de la inhibición de bienes, resulta comprendida en dicha regulación del legislador. Propone doctrina legal al respecto.

Sostiene que existe una errónea interpretación de una norma juridica y una alteración sustancial del proceso concursal; que mas allá de la arbitrariedad señalada, el principio de inapelabilidad debe ceder ante supuestos determinados, en los cuales la estructura procesal concursal se ha alterado; que es un criterio invariable en la jurisprudencia local y nacional que cuando se alteran los principios concursales, la regla genérica de la inapelabilidad debe ceder. Invoca y transcribe jurisprudencia Refiere que la sentencia homologatoria además de homologar el acuerdo preventivo ha avanzado en materia propia de la resolución prevista por el art. 59 de la LCQ; que de esta manera se ha alterado la estructura esencial del procedimiento concursal, lo que torna apelable la resolución en cuestión. Propone doctrina legal.

Expresa respecto a los argumentos accesorios del fallo que implican un serio avance del criterio del juzgador sobre la decisión del legislador en cuanto considera la Sentencia que existen principios índerogables del derecho concursal que impedirían que, durante la etapa de cumplimiento del acuerdo, (etapa extrajudicial por cierto) el concursado mantenga la libre administración y disposición de sus bienes.

Manifiesta que el art. 59 LCQ expresamente preve esa posibilidad; que la resolución del art. 59 LCQ se denomina de conclusión del concurso; que la última parte del mismo art. 59 LCQ contempla la resolución de declaración de cumplimiento del acuerdo que se efectuará luego de que el acuerdo preventivo se encuentre cumplido; que .ahora se está en la primera parte del art. 59 LCQ; que la ley 24522 tuvo en esta materia una innovación fundamental, puesto que delegó al ámbito extrajudicial todo lo relativo al cumplimiento del acuerdo concursal; que es justamente por eso que el art. 59 LCQ prevé la posibilidad de que el Juez levante las inhibiciones del concursado por tres causales: conformidad expresa de los acreedores, previsiones que el acuerdo previera al respecto y facultades que se hubieran otorgado al comité de acreedores como controlador del cumplimiento del acuerdo.

Refiere que si fuera correcto que el mantenimiento de las inhibiciones es una cuestión inderogable del derecho concursal, estaría equivocado el legislador; que claramente la división de poderes impide tal consideración de mérito u oportunidad de la decisión legislativa.

Expone como fundamento practico, el sentido empresario de su insistencia en mantener un régimen amplio y libre de disposición de bienes registrables; que como surge de autos la concursada es una empresa de logística, que para cumplir su actividad empresaria provee a fleteros (propietarios de camiones) de unidades para el traslado de mercadería, principalmente para el traslado de caña de azúcar; que estas unidades aptas para el traslado de caña de azúcar son acoplados y semi-acoplados que la concursada provee a los transportistas, organizando el sistema de transporte; que estos acoplados, bienes registrables, claramente y como es evidente, presentan valores relativamente bajos en relación al valor usual de un bien automotor registrable, lo que no obsta a su carácter registrable; que por la dinámica propia de la empresa los acoplados son rápidamente reemplazados por unidades nuevas, existiendo una transferencia de acoplados mucho mas usual de lo que se produce una transferencia usual de automotores de mayor valor; que es esta particularidad empresaria la que justificó que, oportunamente se efectuara como propuesta concordataria un régimen amplio de administración, con levantamiento de las inhibiciones.

III.- La sentencia impugnada sostiene que se advierte que la sentencia que homologa el acuerdo se encuentra abarcada en la norma del art. 273 inc. 3 de la LCQ, que consagra la inapelabilidad de las resoluciones; que son apelables las resoluciones que estiman o desestiman las impugnaciones formuladas al acuerdo (art. 51 LCQ), la resolución que ordena entregar un bien al acreedor fijando una caución, o la que dispone alguna forma de conservación, sea en poder del deudor o en depósito (art. 58), la que declara la conclusión del concurso, disponiendo el mantenimiento o no de la inhibición general de bienes que exceden los límites de dicha inhibición (art. 59 LCQ), la que decrete la nulidad del acuerdo con la consecuente declaración de quiebra (art. 61), la que decreta la quiebra como consecuencia del incumplimiento total o parcial del acuerdo (art. 63 LCQ), etc.; que en cambio, la sentencia homologatoria del acuerdo no es apelable (art. 273 inc. 3 LCQ); que de allí la apelación interpuesta debe rechazarse por inadmisible.

IV.- El recurso de casación ha sido concedido por auto del 05/3/2010 (fs. 126), correspondiendo en esta instancia el reexamen de su admisibilidad y en su caso, la procedencia del mismo. Ha sido deducido en término, acompaña depósito judicial, se basta a sí mismo en tanto se invocan cuestiones de derecho como la arbitrariedad en el razonamiento sentencial y definitividad de la sentencia recurrida.

Por lo señalado el recurso en examen deviene admisible y por lo tanto, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación presentada.

V.- De la confrontación del memorial casatorio de la concursada puesto en relación con los motivos sentenciales se advierte que el recurso ha de prosperar.

La regla de inapelabilidad consagrada en el art. 273 inc. 3 LCQ debe ser interpretada restrictivamente, procurando no afectar el principio superior de derecho de defensa en juicio y teniendo presente la finalidad de la misma que es la de evitar alteraciones en el desarrollo normal del proceso. Es decir que la inapelabilidad establecida por la norma (art. 273, inc. 3 Ley 24.522), debe entenderse referidas a las contingencias habituales y normales en el proceso. Si bien es cierto la norma citada por el inferior es terminante al expresar, como transcribimos anteriormente, "las resoluciones son inapelables", no es menos cierto que en la especie nos encontramos frente a una sentencia homologatoria en la que el Juez de primera instancia modifica el régimen de administración contenido en la propuesta aprobada por los acreedores. Concretamente no deniega la homologación del acuerdo (en cuyo caso debe declarar la quiebra) sino que dispone mantener la inhibición general de bienes de la concursada para disponer y gravar sus bienes registrables; dispone que la concursada no podrá realizar los actos prohibidos por el art. 16 de la LCyQ, observándose las disposiciones de la norma en cuanto a los actos sujetos a autorización, aplicándose en caso de incumplimiento el art. 17 de la LCyQ.

Tal decisión resulta a todas luces ajeno al trámite y contingencias habituales del proceso falencial, en tanto que de considerarse que la propuesta aprobada no contenía un adecuado régimen de administración pudo negar homologación al acuerdo y -en su caso-, declarar la quiebra, no obstante lo cual modificó el régimen de administración contenido en la propuesta aprobada por los acreedores y en tales términos, homologó el acuerdo. A ello cabe agregar que de extender al sub iudice el principio de inapelabilidad -que es de interpretación restrictiva-, podrá configurarse eventualmente una lesión al derecho de la libre defensa en juicio, lo que habilita y torna procedente la apertura del recurso por la posibilidad de una eventual conculcación a normas de mayor prelación jurídica.

Por tanto el recurso de apelación deducido por la concursada en contra de la sentencia homologatoria de primera instancia resulta admisible, conforme a la siguiente doctrina legal: "Es apelable la sentencia homologatoria del acuerdo preventivo cuando modifica los términos de la propuesta aprobada por los acreedores".

En consecuencia, deberán volver los autos a su origen a fin que por intermedio del Tribunal que corresponda se pronuncie sobre la apelación deducida por la concursada en contra de la sentencia del 09/8/2002.

Por consiguiente, corresponde dejar sin efecto la sentencia del 27/9/2007 (fs. 706/707) y dictar como sustitutiva, la siguiente: Declarar admisible el recurso de apelación deducido por la concursada en contra de la sentencia del 09/8/2002. Vuelvan los autos a resolución del Tribunal.

VI.- En cuanto a las costas, resulta equitativo distribuir las costas del presente recurso en el orden causado (arts. 105 inc. 1 CPCC) en razón que el error señalado de la sentencia impugnada no resulta imputable a las partes.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido a fs. 714/720 por el representante legal de la concursada en contra de la sentencia de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común, Sala III del 27/9/2007 (fs. 706/707). En consecuencia se CASA la misma de conformidad a la doctrina legal enunciada dictándose como sustitutiva la siguiente: "DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación deducido por la concursada en contra de la sentencia del 09/8/2002. Vuelvan los autos a resolución del Tribunal.

II.- COSTAS del recurso, conforme a lo considerado.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030575-02 .