Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-20


Autos n° 21.974 (50.929- Primer Juzgado Civil), caratulados: "ENERGÍA SAN JUAN SA C/ E.P.R.E. - Contencioso Administrativo" En la ciudad de San Juan, a 20 días del mes de agosto del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, DR. PASCUAL ALFERILLO y el señor Vocal, DR. GILBERTO RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo en estos autos n° 21.974 (50.929- Primer Juzgado Civil), caratulados: "ENERGÍA SAN JUAN SA C/ E.P.R.E. - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", originarios del Primer Juzgado Civil, sobre el recurso de apelación impetrado a fs. 592 por los Dres. Mariel Bonadé, Ricardo Alday, Ernesto Videla, Juan Pablo Riquelme y Fernando Vega, por derecho propio y a fs. 595 por los Dres. Silvia Andrada de Giampietro y Jorge Eduardo Maurín apoderados de la demandada contra la resolución de fecha 23 de octubre de 2014 obrante fs. 590/91.

El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El juez a quo en su resolutorio de fecha 23 de octubre de 2014, obrante a fs. 590/91, reguló honorarios profesionales a los abogados Mariel Bonade y Ricardo Alday en forma conjunta, atento al grado de participación que han tenido en el presente proceso (presentación de la demanda), en doble carácter y como apoderados de la parte actora gananciosa en la suma de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta con 14/100 ($ 54.380,14), al Dr. Ernesto Videla, teniendo en cuenta la labor desarrollada en autos (presentación de demanda-prueba y alegatos) en doble carácter y como apoderado de la parte actora gananciosa en la suma de Pesos Ochenta y Un Mil Quinientos Setenta con 21/100 ($ 81.570,21) y a los abogados Juan Pablo Riquelme y Fernando Vega en forma conjunta, teniendo en cuenta la labor desarrollada (prueba y alegatos), en doble carácter como apoderados de la parte actora gananciosa, en la suma de Pesos Ciento Ocho Mil Setecientos Sesenta con 28/100 ($ 108.760,28) todos ellos a la fecha en que se informa la base económica propuesta y aprobada, es decir al 14/08/2013.- No regular honorarios a los abogados Silvia Andrada de Giampietro y Jorge Diego Maurín, atento al modo en que fueron impuestas las costas de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 5558.

Por su parte, cuantificar los honorarios profesionales de los abogados Mariel Bonade, Ricardo Alday y Ernesto Videla, por la labor desarrollada (tres etapas) en doble carácter y en forma conjunta como apoderados de la parte actora - vencida - en la suma de Pesos Un Millón Veintisiete Mil Setecientos Ochenta y Cuatro con 89/100 (1.027.784,89), a los Abogados Juan Pablo Riquelme y Fernando Vega por la labor desarrollada (dos etapas), en doble carácter y en forma conjunta con los letrados mencionados anteriormente como apoderados de la parte actora, en la suma de Pesos Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Nueve con 93/100 (685.189,93); regular honorarios a los abogados Silvia Andrada de Giampietro y Jorge Diego Maurín, por la labor desarrollada en doble carácter y en forma conjunta como apoderados de la parte demandada -vencedora- en la suma de Pesos Un Millón Setecientos Doce Mil Novecientos Setenta y Cuatro con 83/100 ($ 1.712.974,83); a la perito contadora María Laura Gómez, en la suma de Pesos Ciento Sesenta y Tres Mil Ciento Cuarenta con 46/100 ($ 163.140,46), todos ellos a la fecha de la base económica denunciada, es decir al 14/08/2013" Contra el punto 1) de la resolución se alzan, a fs. 592, los letrados de la actora Mariel Bonadé, Ricardo Alday, Ernesto Videla, Juan Pablo Riquelme y Fernando Vega, por derecho propio quienes apelan el auto regulatorio, por ser bajos los honorarios allí fijados con relación al incidente procesal del que resultaron gananciosos, por haber aplicado casi el mínimo de la escala prevista por el art. 216 de la Ley 2150. (art. 41 ley 56-O) Estiman que debe aplicarse el máximo de la escala prevista en la norma toda vez que se vieron sometidos a la tramitación de todo un proceso, en el que se cumplieron todas las etapas, para culminar en una sentencia que declaró que la vía judicial no estaba habilitada. Opinan que tal pronunciamiento debió ser decretado en forma previa, sin sustanciación de todo el pleito, más aún que el trámite en rigor no es en estricto rigor un incidente.

Los abogados de la demandada apelan por altos los honorarios de los apoderados de la actora regulados en el punto 1) de la resolución atacada.

Atento los antecedentes de la causa, considero que el recurso interpuesto por la demandada debe prosperar, por cuanto los honorarios resultan excesivos.

En primer término por cuanto el incidente que dio motivo a la regulación de los honorarios de la actora en su carácter de vencedora, resulta de mero corte procesal y carente de contenido económico, por cuanto tuvo por finalidad obtener un pronunciamiento tendiente a declarar que se encontraba habilitada la vía judicial (cfr. resolución de la Corte de Justicia de fecha 30/09/09).

En segundo término, se debe tener presente que en autos se resolvió una cuestión contencioso administrativa y no un proceso concreto de cobro de pesos, razón por la cual la base regulatoria no tiene cuantía económica. Es decir, es de aplicación el art. 188 de la ley 2150 y no la base económica como referencia el a quo en la sentencia regulatoria cuestionada (art. 187 de la ley 2150). Estas normas no son compatibles entre sí, por cuanto una hace referencia a un juicio cuyo objeto es susceptible de apreciación económica y, en la otra, esa factibilidad no existe.(cfr. L. de Autos T° 186 F° 144/146, 6/05/2013) En este punto corresponde precisar que las partes intervinientes en los autos no cuestionaron en sus recursos de apelación por ante este Tribunal, la parte de la sentencia dictada en fecha 13 de diciembre de 2010, cuya copia obra a fs. 495/499, donde se determinó la fijación de los honorarios en porcentual y sobre la base regulatoria que se practique conforme art. 192, 197 de la ley 2150 aún cuando se trataba de un proceso contencioso administrativo en el cual se reclamaba la revocación de un acto administrativo (ver fs. 62). Esa circunstancia impidió a éste tribunal revisar el asunto y dejó firme, para el principal, ese método para regular los honorarios del principal.

Este tribunal sobre el punto ha sostenido en autos N° 17.824 (36.000 - 5º Civil) "Unilever De Argentina S.A. C/ Provincia de San Juan - Contencioso Administrativo", 20 setiembre 2004, (. de A. Tº 133, Fº 172/176) que "a los fines de precisar el criterio aplicable al presente caso, la invocación parcial, llevada a cabo por el recurrente, de la doctrina del fallo dictado por la Corte de Justicia de la Provincia en el caso Nº 2154/99 "Cía Argentina de Teléfonos c/ Municipalidad de San Juan - Contencioso Administrativo - Actuaciones a los fines de la regulación de honorarios - Inconstitucionalidad" (P.R.E., Sala 2ª, Tº II Fº 311- 24/08/2000). Este fallo es revocatorio de la sentencia dictada en fecha 3 de agosto de 1999 por este tribunal.

En esa sentencia, al contrario de lo que pretende el abogado recurrente, se desestimó la idea de darle contenido patrimonial por cuanto el objeto de la pretensión procesal de la actora se agotaba en obtener una declaración judicial de certeza respecto de su inclusión o exclusión en determinada categoría jurídica, esto es, la de encontrarse exenta de la tasa retributiva prevista en el art. 31 de la Ordenanza Municipal Nº 3107.

A partir de fijar el objeto del juicio dijo la Corte: "ese fue el objeto de la demanda, lo que en si mismo no tiene contenido económico, por mucha que sea la trascendencia económica indirecta que las partes le puedan atribuir en función de las consecuencias de ser la actora contribuyente, o por el contrario, encontrarse exenta del tributo municipal en cuestión. Pero una cosa es que la cuestión tenga contenido económico y otra muy distinta que tenga trascendencia económica mediata, por grande que ésta pueda ser. El pleito tiene contenido económico en los términos del art. 187 de la ley 2150 cuando la resolución que en él se dicta provoca consecuencias patrimoniales directas, vale decir cuando por imperio del pronunciamiento se reconoce un crédito a favor de una de las partes o, a la inversa, queda liberada de una concreta pretensión de contenido patrimonial, que puede constatarse y cuantificarse en la misma causa judicial. En el sub judice, el hecho de determinar judicialmente si la actora se encuentra encuadrada o excluida de un específico régimen jurídico -que era el concreto objeto de la demanda- no es en sí mismo susceptible de apreciación económica, aunque si lo puedan ser las consecuencias que derivan de ese encuadramiento o exclusión respecto del mentado régimen. En otras palabras, y acudiendo a la terminología que utiliza la ley de aranceles, el asunto que motivó el pleito no es susceptible de apreciación pecuniaria lo cual descarta la aplicación del art. 187 de la ley 2150, ello sin perjuicio de la trascendencia económica indirecta que pueda tener la cuestión, la cual deberá ser tenida en cuenta por el juez al momento de regular los honorarios, según prescribe el art. 188 inc. "c" ibídem...".

Este criterio de la Corte de Justicia antes trascripto fue aplicado en autos Nº 15.971 "Minera Valle del Cura c/ Municipalidad de Iglesia - Contencioso Administrativo - Sumario" (L. de A. Tº 108, Fº 8/14 10 agosto 2000) cuando se declaró la inconstitucionalidad, ineficacia y nulidad de las ordenanzas 144, 145 y 147 emanadas del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Iglesia, privándoles de efecto alguno, "es decir, se resolvió la cuestión contenciosa administrativa y no un proceso concreto de cobro de pesos de donde la base regulatoria no tiene cuantía económica, por lo cual es de aplicación el art. 188 de la ley 2150 y no el art. 187 como equivocadamente referencia en la parte in fine de fs. 365 vta. Estas normas no son compatibles entre sí, por cuanto una hace referencia a un juicio cuyo objeto es susceptible de apreciación económica y, en la otra, es factibilidad no existe. Sin perjuicio de ello, es mandato legal que debe ser tenido en cuenta a la hora de la meritación de los honorarios en su justa dimensión, la trascendencia moral y económica que tiene para los interesados la cuestión en debate (inc. c art. 188 Ley 2150), y es en ese objetivo que adquiere sentido e importancia la liquidación practicada..".

En autos, el actor a fs. 12 precisa el objeto de su demanda cuando reclama que se "revoque la resolución Nº 0474-DGR-98 emanada de la C.P.N. Dra. M. A. F. M., Directora de la Dirección General de Rentas, fechada el 14 de Abril de 1998, notificada el día 20 de abril de 1998...". Como se colige, la intención directa, inmediata deducida por la parte actora en juicio es lograr la revocación de la resolución antes mencionada. Va de suyo, que esta petición tiene trascendencia pues de su procedencia o no se derivarán consecuencias patrimoniales, pero ellas son mediatas o derivadas, por lo cual este proceso debe ser considerado sin contenido económico.

Lo expuesto, no implica desconocer que el mismo tiene importancia económica que debe ser tenida en cuenta especialmente al momento de ponderarse la cuantía de los honorarios por su actuación".

En igual sentido, este tribunal se expresó en autos Nº 19.039 (70.438 - 8º Civil) Caratulados "Coop. Eléctrica Agroindustrial y Servicios Ltda. de Caucete c/ E.P.R.E. - Contencioso Administrativo", 4 abril 2007, (L. de A. Tº 150, Fº 154/155) se dijo que "a fin de fijar la retribución del profesional en casos como el presente en los que no existe un monto debatido o lo que se llama contenido económico, deben ponderarse, con el objeto de compensar de modo adecuado la tarea desplegada, las distintas pautas contempladas por la ley de arancel en su art. 188.

En tal sentido sirven de base para la regulación: la prueba producida, la calidad del trabajo realizado, el éxito obtenido, la naturaleza de las acciones deducidas y su apreciación desde el punto de vista económico, la responsabilidad asumida y la jerarquía intelectual y moral del profesional, el valor, el mérito, la naturaleza, y la complejidad de los trabajos, su eficacia, responsabilidad que puede entrañar para el profesional, éxito y trascendencia a su respecto para éste y para el beneficiario, la celeridad en la tramitación de la causa y la influencia que tuvo el proceso para casos futuros".

Finalmente para completar la idea que justifica la decisión adoptada cabe transcribir el contenido de los autos Nº 18.755 (32.639 - 4º Civil) "Energía San Juan C/ E.P.R.E. - Club Amancay - Contencioso Administrativo - Sumario", 4 mayo 2007 (. de A. Tº 151, Fº 2/3), donde se dijo que "a fin de fijar la retribución de los profesionales en casos como el presente en los que no existe un monto debatido o lo que se llama contenido económico, deben ponderarse, con el objeto de compensar de modo adecuado la tarea desplegada, las distintas pautas contempladas por la ley de arancel en su art. 188.

En tal sentido sirven de base para la regulación: la prueba producida, la calidad del trabajo realizado, el éxito obtenido, la naturaleza de las acciones deducidas y su apreciación desde el punto de vista económico, la responsabilidad asumida y la jerarquía intelectual y moral del profesional, el valor, el mérito, la naturaleza, y la complejidad de los trabajos, su eficacia, responsabilidad que puede entrañar para el profesional, éxito y trascendencia a su respecto para éste y para el beneficiario, la celeridad en la tramitación de la causa y la influencia que tuvo el proceso para casos futuros.

La tarea efectivamente cumplida por los distintos profesionales en el presente proceso contencioso administrativo el valor de su actuación y el contenido normativo del art. 188 c.c y s.s. de la ley 2150, los honorarios fijados se muestran ajustados por lo que deben ser confirmados".

En función de ello, se ha sostenido en autos N° 20.203 (N° 19.070 - 3º Civil) "Paez, Santos Marino c/ García, Juan Antonio y otra - Escrituración", L. de A. T° 169, F° 153/154 - Fecha: 23/11/09 que "el art. 188 de la Ley 2150, que da las pautas para la regulación de trámites sin contenido patrimonial, vinculan el trabajo realizado, con la naturaleza, la complejidad del asunto o proceso, el resultado obtenido, la calidad, la eficiencia y la extensión del trabajo desarrollado, la relación de esta labor con el principio de celeridad procesal y la trascendencia jurídica, moral y económica que el asunto o proceso tuviera para casos futuros, para el cliente y para la situación económica de las partes". Los criterios antes transcriptos son de plena aplicación a la litis presentada en autos y venida en revisión a este tribunal donde se tiene en cuenta a la hora de la meritación de los honorarios en su justa dimensión, la trascendencia moral y económica que tiene para los interesados la cuestión en debate (inc.c art. 188 Ley 2150), y es allí que adquiere sentido e importancia la liquidación practicada, no como una pauta objetiva conforme lo establece el art. 189 de la ley arancelaria sino como un elemento más a considerar para fijar un emolumento apropiado a la relevancia de la actuación profesional.

En este sentido, corresponde se deje sin efecto la regulación practicada y se fijen en consecuencia los emolumentos correspondiente a la labor de los profesionales en el incidente referido conforme al criterio expuesto.

Siendo los honorarios la retribución de un servicio, su valor debe guardar correspondencia con la importancia, complejidad, eficacia de trabajo cumplido en base a considerar que se trató de un incidente procesal (conforme constancia de autos y ver fs. 590 vta.) En consecuencia de ello, corresponde regular los honorarios de los abogados de la actora, abogados Mariel Bonadé, Ricardo Alday, Ernesto Videla, Juan Pablo Riquelme y Fernando Vega, como ganadores del incidente, por su actuación conjunta en primera instancia (art. 186 Ley 2150), conforme el contenido del art. 188 de la Ley 2150, en la suma de pesos ciento setenta mil ($ 170.000).

Por los argumentos vertidos, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por los abogados de la actora.

En cuanto a los honorarios por su actuación en segunda instancia (fs. 470/473), teniendo en cuenta el resultado final del incidente definido por la Corte de Justicia, corresponde se fijen en el 50% de los regulados para la Primera Instancia, es decir, la suma pesos ochenta y cinco mil ($ 85.000).

El Dr. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en sentido concordante.

Por ello, SE RESUELVE:

1- Admitir el recurso de apelación interpuesto por la demandada, en consecuencia dejar sin efecto la regulación efectuada en el auto regulatorio de fs. 590/591 referida al trámite incidental y, en su lugar, fijar los emolumentos por la actuación en el referido incidente a favor de los abogados de la actora, Abogados Mariel Bonadé, Ricardo Alday, Ernesto Videla, Juan Pablo Riquelme y Fernando Vega, por sus actuaciones profesionales en el trámite incidental referido, en forma conjunta, en la suma de pesos ciento setenta mil ($ 170.000) a la fecha de la sentencia apelada. Se regulan los honorarios por su actuación en segunda instancia en el incidente, a los profesionales antes mencionados en la suma de pesos ochenta y cinco mil ($ 85.000).

2- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por los letrados de la actora.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° II-2015; F°27/32; FECHA:20 de agosto de 2015 DRES.ALFERILLO-RIVEROS