marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, asignaciones no remunerativas, principio de progresividad
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez, José Luis y Otros c/ Correo Oficial de la República Argentina s/ Diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-13

Las cláusulas convencionales pactadas por las partes en distintos acuerdos de incrementos salariales celebrados en el marco del C.C.T. 80/93 "E", aun cuando cuenten con homologación administrativa del Ministerio de Trabajo, no resultan válidas y de aplicación al caso por cuanto han previsto condiciones menos favorables a las que se derivan de la aplicación del régimen general del contrato de trabajo (art. 8 L.C.T.), lo que deja subsistente el derecho a reclamar por las sumas salariales insatisfechas. No obsta a esta conclusión, la alegada situación de crisis económica con impacto en el sector, pues ello integra el alea empresaria y resulta inoponible a los trabajadores.
Contratos de adhesión, abuso del derecho
Materia: COMERCIAL
Carátula: WATTMAN S.A.C.I. c/ EXIM S.R.L. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-04

El contrato celebrado mediante formulario no otorga al adherente la posibilidad real de modificar sus términos; precisamente, la característica de estos contratos es la ausencia de negociación la utilización de textos impresos, standard, genera el sentimiento de igualdad en el trato, fácilmente confundible con la justicia o el equilibrio contractual. Ello no invalida el contrato, en tanto el consentimiento no esté viciado o bien la desigualdad del poder de negociación no determine la inclusión de cláusulas materialmente abusivas. Claro que aquí lo inválido no será la cláusula opresiva, que se reputa generalmente como no escrita. Para apreciar el carácter abusivo, debe tomarse en cuenta la economía general del contrato. Cuando en su conjunto, el predisponente se ha asegurado la obtención de todo el lucro, desplazando sobre el adherente todo el riesgo -es decir, con sensible perjuicio a la relación de equivalencia- el comportamiento del predisponente se aparta de la buena fe. Ello unido al modo de contratación mediante condiciones preformuladas por quién obtiene las ventajas, permite hablar de abuso en el contenido de ciertas cláusulas que imponen al contratante un perjuicio excesivo y desconsiderado. Tal el caso en que se haya estipulado un resarcimiento exhorbitante para el supuesto de inejecución de sus obligaciones por parte del adherente. Sin necesidad de previsión legislativa específica y con base en el principio rector de la buena fe, el juzgador está facultado para anular la cláusula abusiva o morigerar la pena.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad, muerte del ama de casa, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Faiad de Viera, Juana c/ Alarcon, Juan C. s/ Daños y Perjuicios Díaz, Ceferino Antonio c/ Transporte Ideal San Justo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12|1996-07-15

Tiene un innegable valor económico la actividad doméstica que se cumple en interés propio y de los allegados convivientes, y representada tanto por los quehaceres materiales que suscita la atención del hogar, como por la organización y economía familiar y la educación y cuidado de los hijos. La actividad doméstica entraña un quehacer productivo, un trabajo como cualquier otro, instrumento de concreción de beneficios materiales y de significación económica, aunque no se remunere ni sea directamente traducible en un específico ingreso dinerario. La administración del hogar y la conducción de los múltiples aspectos cotidianos de la vida de los hijos tiene el valor de una verdadera empresa, cuyas ventajas (materiales y morales) son evidentes, así no se visualicen desde un punto de vista monetario directo.-
Nulidad procesal, agravio concreto
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D┤Angelo de Cademartori, Olga Zunilda c/ Cademartori, Julio Alberto s/ cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-18

Declarar la nulidad en razón de una omisión ya suplida, resulta un acto de neto contenido ritualista en cuanto, nulifica en el solo interés de la ley, en tanto no se señala ni se advierte agravio a los derechos de las partes ni a las garantías previstas en el cuerpo constitucional. El tema de las nulidades procesales, debe de enfocarse desde el interés social, ya que un criterio formalista no favorece en absoluto ninguna garantía, a la que en realidad entorpece. Así las nulidades procesales, además de ser declaración restrictiva y constituir un remedio extremo, sólo proceden cuando la violación de las formalidades que lo conforman, devienen en un perjuicio real y concreto para la parte que la invoca, pero no cuando se la postula en el solo interés de la ley o para satisfacer pruritos formales desprovistos de todo interés práctico (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia no vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva S.A.I.C.I. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Ejecutivo (Expte.: C.S.J. Nro. 35   Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-03

Si bien la Corte Suprema de Justicia Nacional sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellos. Por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (Constitución Nacional art. 116 y Ley 48, art. 14), y este deber de los tribunales no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de su jurisprudencia, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste; y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de la misma al resolver las causas sometidas a su juzgamiento, de suerte tal que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de esos precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen apartarse de la posición adoptada por el Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia. (Del Voto del Dr. Falistocco)
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: SOSA ADELISA DEL CARMEN c/ ZURITA PAULINA Y/O QUIEN RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-08-20

Probado el daño, el déficit probatorio acerca del monto de los distintos rubros del reclamo, no autoriza a los juzgadores a desestimar, sin más, la pretensión instaurada. Porque si la misma debía prosperar en lo principal, o sea en lo concerniente a la responsabilidad de accionada relativa al siniestro acaecido, la sentencia debió, ineluctablemente, fijar el importe pertinente. Al no actuar de este modo el sentenciante se apartó en manera inaceptable de su perentorio deber legal; y frente a tal clara infracción, queda sin respaldo su decisión definitiva.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal  S.A. c/ Provincia de Salta s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1967-11-08

Si bien no compete a la Corte Suprema resolver cuestiones de orden local, tal doctrina reconoce excepción cuando en el recurso extraordinario se alega la violación del principio de la separación de los poderes del Estado y de la norma en cuya virtud las provincias deben adecuar sus respectivas constituciones a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional.
Intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NUÑEZ DE GONZALEZ MARIA ESTELA Y OTROS c/ E.P.E.E.R ( EMPRESA PROVNCIAL DE LA ENERGIA DE ENTRE RIOS )Y O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-10-31

Al practicarse liquidación capitalizándose los intereses se ha violado lo dispuesto por el artículo 623 del Código Civil, por lo que ha existido un error in iudicando, que hace procedente el recurso de inaplicabilidad de ley.
Instrucción sumaria, derecho a conocer el hecho imputado, audiencia, falta de notificación, defensa en juicio, situación del imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: López, Pablo Sebastián s/ nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12

No se ha visto vulnerado el derecho de defensa del imputado por la ausencia de notificación a la defensa de la audiencia que en definitiva se cumplió. Al respecto se ha dicho "El derecho de defensa del imputado bajo el régimen del artículo 353 bis del CPP se satisface cuando aquel conoce fehacientemente que se halla sometido a proceso regulado por dicho normativa, esto es cuando se le comunica el hecho que se le atribuye, la prueba existente en su contra y la invitación a designar defensor de confianza (párr. 2º)" (Guillermo Rafael Navarro - Roberto Raúl Daray, Código Procesal Penal de la Nación, Análisis doctrinal y jurisprudencial, Ed. Hammurabi, 2004, Tomo II, pág. 968). (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apreciación de la prueba, quiebra
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: MUSSIO HNOS.  S.A. s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - SENTENCIAS ARBITRARIAS -  QUIEBRA - DEPOSITO - DEUDAS PREVISIONALES -  PAR  CONDITIO CREDITORUM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-25

Es descalificable el pronunciamiento que, invocando el inc. 3, del art. 184, de la ley 19.551, ha dejado de distinguir la posibilidad jurídica de la financiera y, principalmente, omitió valorar que las deudas tienen su origen en fecha anterior a la quiebra, así como el destino que seguiría la suma depositada en la hipótesis de una decisión judicial desfavorable para la reclamada sobre el fondo del asunto.
Personal de casas particulares, interpelación, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Contreras, Haydee Alberto c/ José Oscar Gómez y/o Ana Isabel Brocal y/o responsable s/ Diferencia de Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-04-30

Reconocida la relación laboral, alegado el despido verbal, alegación hecha treinta días después de la fecha invocada, negando éste y habiéndose por su parte alegado abandono de trabajo al contestar la demanda, es decir no habiendo contestado el telegrama intimatorio, corresponde tener por cierto el mismo, ya que la demandada no probó el abandono alegado, no importando que el reclamo se ha efectuado treinta días después, por lo que corresponde hacer lugar a la indemnización por preaviso ajustándola a cinco días de salario, como establece el decreto 326/56.
Fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, dictamen pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: Tejerina, Romina Anahí s/ homicidio calificado -causa N° 29/05-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-08

La mera inclinación dogmática hacia lo que presuntamente se desprendería del peritaje oficial no configura en modo alguno el cumplimiento de la debida fundamentación que debe contener una sentencia judicial (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y E. Raúl Zaffaroni).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Samudio,  Claudia  Teresita  y otros c/ Neuquén, Provincia del s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

La prórroga de la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema sólo es admisible -en los supuestos en que sólo surgiría en razón de las personas- en favor de la jurisdicción provincial o arbitral, si por ella optaren las partes expresa o tácitamente, pero no respecto de los tribunales inferiores de la Nación (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Hábeas corpus, Poder Legislativo Nacional, régimen disciplinario administrativo, poderes implícitos, delitos cometidos por medio de la prensa
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SOAJE PINTOS, JOSE MARIA s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-22

Corresponde que se de curso a la acción de habeas corpus, intentada por un periodista, al que el Honorable Senado de la Nación le impuso la sanción de arresto, por ser autor de una publicación que se consideró lesiva al honor de un senador nacional, pues no tratándose de un hecho ocurrido durante una sesión ni dentro de las dependencias del Congreso Nacional, tal conducta no estaría comprendida en los estrictos límites de las atribuciones disciplinarias del parlamento, sin perjuicio de que la publicación estimada ofensiva pudiera constituir un delito.

No existiendo norma legal ni reglamentaria que otorgue al Senado de la Nación la atribución de imponer sanciones, ni que éstas puedan ser restrictivas de la libertad, ni que establezcan el lugar de su ejecución, no cabe que el tribunal examine la cuestión relativa a su inconstitucionalidad, pues en el caso, aquella no deriva de la existencia de normas, sino de la aplicación de las inexistentes como si fueran válidas y vigentes.

Si bien tanto en la doctrina como en la jurisprudencia no faltaron opiniones que justificaron la facultad del Congreso de la Nación de imponer castigos, a falta de previsión legal, por estimarlos implícitos en el debido ejercicio de la actividad parlamentaria, lo cierto es que la existencia de penas y política de nuestra constitución, por lo que, la violación de sus principios no puede ser convalidada ni legitimada por su posible reiteración, pues los usos inconstitucionales aunque aparezcan justificados en decisiones de la Justicia, no derogan a la Constitución, la que si no puede ser modificada por la costumbre, menos puede serlo por una mala costumbre.

Frente a las claras disposiciones constitucionales no resulta razonable suponer que la no concedida facultad de imponer castigos pueda presumirse como una atribución implícita del Congreso, pues lo implícito es aquello que por obvio, el legislador considera sobreentendido y por una economía de lenguaje resuelve callarlo, silencio que no sólo resultaría incoherente en el tema que nos ocupa, sino que resultaría incoherente con las decisiones del propio congreso al incriminar y penar las ofensas previstas en los art.

109, 110 y 244 del CP por lo que, una sola de las cámaras no podría reasumir por un acto exclusivamente suyo, una facultad que ya quedó conferida al Poder Judicial, en virtud de una sanción legislativa a la que concurrieron las dos ramas del Congreso y el Poder Ejecutivo No hay poderes implícitos contra la libertad de una persona, haría falta una ley que diese a esos poderes o facultades el carácter de expresos... y determínase el alcance y extensión de la penalidad correspondiente a la naturaleza del acto reprimido y de su gravedad, aunque esa penalidad, revista las características de una corrección disciplinaria y no excluya la que impone el C.Penal cuando se trata de delitos previstos por él.
Daños y perjuicios, gastos de traslado, pautas
Materia: CIVIL
Carátula: Medawar, Sonia Mabel en nombre propio y en rep. de su hijo menor Victor Ernesto Caram Medawar c/ Ernesto Ramón Mancini s/ Indemnización Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-10-22

En lo relativo a los gastos de traslado procede el pago de una suma prudencial que cubra la utilización de distintos medios de transporte (inclusive taxímetros) aunque no se acredite fehacientemente su monto. La fijación de este item depende de los elementos de juicio obrantes en la causa, como ser lesiones sufridas, tiempo de curación, conclusiones médico-legales de la pericia, etc., y si bien no es necesaria la efectiva prueba de ellos, ya que esos gastos por su naturaleza no requieren en principio prueba documentada, su fijación debe hacerse prudencialmente y en concordancia con la constancias de la causa.
Acción de amparo, sanciones laborales, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: LUGONES GORRITI, DELFIN HUMBERTO c/ COSMEC LTDA. s/ ACCION DE AMPARO.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-09-25

La falta de previsión estatutaria no puede afectar potestades disciplinarias que emanan de las normas genéricas y de las que goza la demandada. Pero su aplicación debe ser absolutamente restrictiva cuando implica una repercusión negativa en el trabajo y obviamente en el aspecto económico, afectando derechos como el trabajar y el de propiedad, que gozan de tutela constitucional.-
Honorarios, transacción
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Varela, Mariano c/Varela, Federico s/Acción Revocatoria Concursal s/ Y su acumulada Nº 749
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-02-06

En un incidente de revisión en el cual las partes arribaron a un acuerdo, debe utilizarse como base para regular los emolumentos del síndico el monto del proceso que resulte de la transacción, y no el importe del crédito insinuado, pues conforme las directrices que emanan de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la conciliación que pone fin al pleito es oponible a los fines arancelarios a los profesionales que intervinieron en el proceso.
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ ANTELO, LUIS ADRIAN c/ ENDEMOL ARGENTINA S.A Y OTRO s/ ACCIDENTE-LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-11

La presunción del art. 23 de la L.C.T. opera igualmente aun cuando se utilicen, como en el caso, figuras no laborales, para caracterizar el contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio toda vez que, más allá de la apariencia que le haya dado la empleadora a la relación que uniera a las partes, en materia de derecho del trabajo lo que cuenta es la verdadera situación creada, sin que importe el nombre que las partes le hayan dado. Corresponde al juzgador determinar, en base a los hechos que considera probados, la naturaleza jurídica del vínculo, sin que la apariencia real disimule la realidad.
Acción meramente declarativa, Impuesto sobre los ingresos brutos, emergencia económica, entidades financieras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pesificación
Materia: ECONOMIA-CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Bank Boston National Association c/ GCBA - AGIP DGR - resol. 3065/08 (dto. 905/02) s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-12

Los actos tendientes al cobro del tributo a los ingresos brutos sobre los ingresos percibidos por la entrega de los bonos regulados por la normativa federal tienen entidad suficiente para sumir a la actora en un estado de incertidumbre acerca de la existencia, alcance o modalidades de la relación jurídica que liga a las partes en una controversia que es actual y concreta al momento de dictarse el fallo, pues mientras la autoridad fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pretende gravar con sustento en la normativa local el ingreso obtenido por la entrega de bonos sobre la base de considerarlo producto de la actividad habitual de intermediación financiera, la actora apoya su posición en normas federales que conciben a dicho ingreso como un resarcimiento otorgado, por única vez, por el Estado Nacional en razón de la emergencia pública declarada por la ley 25.561. -El juez Rosatti, en disidencia, consideró que el recurso era inadmisible (art.280 CPCCN)-
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CIVIL
Carátula: Galeano, Horacio Mario c/ Municipalidad de El Espinillo s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-09-13

Es procedente la acción de amparo deducida contra una municipalidad a fin de que se reincorpore al actor como empleado de la comuna, pues existe arbitrariedad e ilegalidad manifiesta en la ordenanza municipal cuestionada y esta es la vía idónea para lograr la protección de los derechos constitucionales lesionados -de trabajar y de estabilidad en el empleo público-; sin que sea óbice para su procedencia que la materia en cuestión aparezca comprendida en el ámbito propio de lo contencioso administrativo; en tanto su objetivo es la efectiva protección de derechos más que una ordenación de competencias.
Acción meramente declarativa, interés legítimo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bank Boston National Association c/ GCBA - AGIP DGR - resol. 3065/08 (dto. 905/02) s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-12

La procedencia de acción declarativa está sujeta a que la actividad administrativa afecte un interés legítimo, que el grado de afectación sea suficientemente directo, y que aquella actividad tenga concreción bastante. -El juez Rosatti, en disidencia, consideró que el recurso era inadmisible (art.280 CPCCN)-
Excepciones procesales, defecto legal
Materia: CIVIL
Carátula: SINSARS SACIFI c/ JALIFI ENRIQUE s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-24

La excepción de defecto legal tiende a lograr el efectivo cumplimiento de las formalidades prescriptas para la interposición de la demanda, de modo de permitir un eficaz ejercicio del derecho de defensa mencionado, tanto oponiéndose al oscuro libelo cuanto impidiendo el progreso de un acción que no esta fácticamente configurada como corresponde, o de una petición que carece del grado de determinación compatible con las exigencias impuestas al juez al resolverla.
Homicidio atenuado por emoción violenta
Materia: PENAL
Carátula: Durand, M.A. s/ Emoción Violenta
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

Debe descartarse una conmoción condicionante de la voluntad si el procesado describe las circunstancias inmediatamente previas a la incidencia, recuerda que se trabó a golpes de puño con el occiso en el interior de la habitación que ocupaban y que le pegó más de una vez con un caño de hierro, para luego dirigirse a la pileta en donde lavó la camisa y el arma homicida, lo que en manera alguna refleja una conducta desorganizada por efectos de una descarga adrenalítica típica de un estado emocional.

Lo que caracteriza la emoción violenta reflejada por el propio comportamiento del agente relacionado con las circunstancias que la condicionan, es un particular estado de ánimo, una alteración transitoria de la psiquis provocada por un impacto emocional suficientemente intenso como para alterar los signos de la conciencia e impedir la comprensión de los hechos, todo lo cual dependerá de las circunstancias que los rodean y la personalidad y educación del individuo.
Acta de secuestro, descripción incompleta, nulidad procesal, facultades de la autoridad de prevención, prueba documental, agregación de la prueba documental
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CUGUT, César O. s/ infrac. ley 23.737, Causa nro. 11.696
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

La circunstancia de que la documentación cuyo secuestro cuestiona la defensa, no figure en el acta respectiva no invalida automáticamente su obtención cuando no se advierten serias irregularidades o razonables dudas acerca del obrar del personal policial. Lo cierto es que tal documental se halla incorporada al proceso y el extremo relacionado con su asistencia no se encuentra controvertido ni se contrapone al resto la prueba colectada.