marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INC. DE SUSPENSION DE LA ACCION CIVIL EN AUTOS:INC.DE REGULACION DE HONORARIOS EN AUTOS:DORREGO CONCEPCION c/ GUILLERMO BELTRAN Y OTROS s/ ORDINARIO"EXPTE. N13928/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-11-28

El Tribunal de segunda instancia pudo válidamente en el ejercicio de la competencia positiva juzgar sobre el tema sometido a su decisión - la condenación en costas- con las mismas potestades del a quo acerca del derecho: con total independencia, con prescindencia, o en contra, inclusive, del derecho o argumentaciones de derecho invocado por las partes.
Competencia federal, Cámara de Apelaciones, sanciones procesales, plenario en el procedimiento militar, dirección de las sesiones, expulsión del recinto
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: AUGUSTO CONTE MAC DONELL s/ AUTORIDAD DISCIPLINARIA DE LOS JUECES DURANTE EL PROCESO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-27

La medida adoptada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal respecto del apelante -a quien se le prohibió asistir en lo sucesivo a las audiencias que se lleven a cabo en la causa Nro. 13-84- configura el ejercicio de una facultad privativa de todo tribunal de justicia, como lo es la de adoptar los recaudos pertinentes para el mantenimiento del órden y compostura del público e impedir que se perturbe o amenace perturbar la regularidad del trámite, cuya revisión es ajena a la vía establecida en el art. 14 de la ley 48; máxime cuando en el caso dicha facultad se encuentra prevista en el ordenamiento legal aplicable (art. 414 del Código de Justicia Militar), y ha sido razonablemente reglamentada por el a quo (art. 10 de la acordada Nro. 18-84 y punto I, apartado f, de la acordada Nro. 14-85).
Responsabilidad solidaria, grupo económico, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Martinelli Massa, María Rosario  c/ Radiodifusora del Plata S.A. y otros S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-12

Corresponde que en el marco de un reclamo por despido se condene en forma solidaria a tres empresas codemandadas en los términos del art. 31 de la LCT, toda vez que se encuentran reunidos los presupuestos previstos por la norma citada en tanto que las empresas involucradas se encuentran relacionadas en la administración de la firma empleadora y las maniobras fraudulentas se verifican por irregularidades laborales.
Caducidad de instancia, notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA c/ FACHINETTI SANTIAGO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-22

La norma imperante en nuestro ordenamiento en materia de purga de la perención, en cuya virtud el acto de impulso cumplido después de vencido el plazo legal reanima sin más la instancia, se funda en la circunstancia que la declaración de caducidad se supedita a la voluntad de la parte interesada (art. 339).

Es por ello que el solo acto de impulso practicado una vez transcurrido el término de la ley basta para purgar la instancia en trance de caducar, pues el hecho de que el litigante no haya manifestado su voluntad de acusar la perención significa inversamente que en forma tácita consiente la prosecución del trámite del juicio, y faltando la petición de la parte interesada la perención de la instancia no puede declararse.

Pero siendo éste el motivo por el cual la purga de la instancia opera de este modo en nuestro ordenamiento, es evidente que ya no puede operar de la misma manera cuando la parte interesada en pedir la perención está impedida de expresar su voluntad en tal sentido, lo que sucede típicamente cuando ignora la existencia de la demanda entablada en su contra por no habérsele dirigido el emplazamiento pertinente.

Es claro que en tal situación, la ignorancia inculpable en que se encuentra acerca de la demanda promovida le impide accionar para que se declare la perención de la instancia, y por eso su inactividad no puede interpretarse como un consentimiento a la reanudación del procedimiento detenido y derivar de allí que la instancia ha quedado subsanada.

Recién con la notificación del emplazamiento el accionado toma conocimiento de la existencia de la demanda y de la parálisis en que estuvo inmerso el procedimiento, y por consiguiente esa es la primera oportunidad que se le presenta para expresar su voluntad en orden a la caducidad de la instancia abierta en su contra.

De allí que en tan especial situación no se justifica aplicar el régimen de purga de la instancia establecido por nuestra ley y en cambio resulte aplicable una pauta jurídica similar a la establecida en el C. de P.C. de la Nación, esto es que el demandado puede oponer la perención de la instancia por vía de excepción frente al acto de impulso procesal cumplido después de vencido el plazo establecido por la ley.
Procedencia del recurso, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, robo en poblado y en banda, menores, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Ajata, Julio Cesar y otros s/ robo con armas c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-17

Se han excedido los límites de lo que podría considerarse "plazo razonable", si de las constancias surge que las actuaciones se iniciaron en 2009 en orden al delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda y con la intervención de una persona menor de edad, en grado de tentativa y que el proceso transcurrió con normalidad hasta que la defensa presentó una solicitud de suspensión de juicio a prueba en septiembre de 2010, momento a partir del cual prácticamente y durante nueve años ha permanecido casi completamente paralizado sin que ello pueda ser explicado por una complejidad tal que lo amerite, ni por un accionar dilatorio por parte del imputado, quien ha comparecido a las citaciones que le fueron cursadas y no ha efectuado planteos inconsistentes, pues únicamente se limitó a recurrir la resolución en crisis. Ante este panorama, si bien la acción penal no se encontraría prescripta conforme lo normado por los arts. 62, inc. 2, y 67 del Código Penal, corresponde declararla extinguida en virtud de haberse tornado irrazonable el tiempo de trámite que lleva el expediente, en clara violación a las garantías constitucionales de defensa en juicio y de ser juzgado en un plazo razonable, que incluyen el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve a la situación de incertidumbre y restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal (voto del juez Huarte Petite al que adhirió el juez Jantus)
Falsificación de instrumento público, credenciales falsas
Materia: PENAL
Carátula: ALARCON, JUAN s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27

Las credenciales emitidas por funcionarios del Ministerio de Justicia son documentos públicos, pues emanan de funcionarios con esa calidad y dan lugar a la identificación funcional que con la credencial se pretende.

En todas las credenciales acreditantes de una función pública, las falsificaciones constituyen un documento identificador del agente como tal y esto lo habilita a todas las funciones de su competencia, pudiendo citarse, por vía de ejemplo, el de acceso a dependencias administrativas, a expedientes de ese carácter, pedido de colaboración a la autoridad pública con determinados fines y otras muchas hipótesis imaginables, con lo cual se revela el carácter de instrumentos públicos de las credenciales del Ministerio de Justicia, y la potencialidad perjudicial de su falsificación.
Acción reivindicatoria, monto del juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SALONICA S.A. COM. IND. Y AGROP. c/ PENIDA, LUCIANO Y/U OTROS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-17

La pretensión de restitución lleva ínsita la de que el recupero de la cosa sea acompañado de todos sus accesorios (arts. 575, 2315, 2588 y 2589 CC), por lo tanto, el monto del juicio en el proceso de reivindicación debe incluir el valor de las mejoras introducidas por el ocupante.
Desacato, calumnias, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: SOFOVICH, GERARDO A. s/ DESACATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-19

La calumnia proferida contra un funcionario público, no constituye desacato.
Concursos, recurso de apelación (procesal), costas, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cormar SRL s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-16

Habiéndose resuelto por mayoría aceptar la apelabilidad del auto que desestima un pedido de quiebra instaurado por el acreedor, (exp.

96130, Sala 2° Reg. 127-S plenario), la suerte seguida por lo accesorio en el principal -costas por el resultado del pedido de quiebra- deviene apelable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Testigos, valor probatorio
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Domingo,  Elías José (queja en: Domingo, Elías José c/Domingo, Hiza). s/ Testigo. Eficacia Probatoria.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-04-29

La circunstancia de que uno de los testigos esté comprendido por las generales de la ley, no basta para descartar su aporte en la dilucidación de los hechos en cuanto la ley no impide estos testimonios relativizando sólo la magnitud probatoria de su aporte dentro del cuadro de la sana crítica judicial.
Indemnización por accidente de trabajo, opción del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Irch, Roberto Francisco c/ Graziano, José M.P. y-o Estab. Maderero Graziano s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-02-26

No todo "accidente de trabajo" amerita la reclamación por la vía de la acción civil, ya que un infortunio cuya reparación puede llegar a obtenerse mediante la reclamación regulada en la ley específica, puede no ser reconocido si se ejerce la acción, toda vez que los presupuestos resultan distintos, como así la carga de la prueba en cabeza de quien alega el hecho dañoso.
Contrato de trabajo, trabajadores marítimos, indemnización por despido, contrato de ajuste
Materia: LABORAL
Carátula: Chejolan Oscar Aníbal c/ Fénix Internancional S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-04

En el cálculo de la indemnización por antigüedad del trabajador marítimo debe contabilizarse el "adicional por rescisión del contrato de ajuste" que prevé el art. 12 del CCT 370/71, pues resulta accesoria de dicha indemnización que prevé el art. 9 del convenio citado. Cabe precisar que para la determinación del quantum de este rubro no corresponde la aplicación de ningún tope, en tanto ello no es contemplado por la norma que lo instituye, aunque por iguales razones tampoco resulta factible utilizar como parámetro la mejor remuneración mensual, normal y habitual, siendo adecuado tomar como pauta el promedio salarial que determina la pericia contable.
Menores, pena
Materia: PENAL
Carátula: SILVA CESAR s/ ART.442 DEL C.P.P. CAPITAL." EXPTE. N11049/95
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-12-20

Si bien es criterio sustentado reiteradamente por este Tribunal, el de evitar en lo posible la imposición de sanción penal a los menores incursos en accionar delictivo, tal regla admite excepciones en los casos en que la extrema gravedad del acto o las circunstancias personales negativas del menor y fundamentalmente su obstinación y contumacia puesta de manifiesto durante el período de observación tutelar de parte del Juzgado revelando el fracaso de las medidas tuitivas que le fueron impuestas y eliminando toda posibilidad de reencausamiento social"
Constitución Nacional, Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, reglamentación de la ley, decreto reglamentario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barrose, Luis Alejandro c/ Ministerio del Interior - art. 3° ley 24.043 -. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

No vulneran el principio establecido en el art. 99, inc. 2°, de la Constitución Nacional, los reglamentos que se expidan para la mejor ejecución de las leyes, cuando la norma de grado inferior mantenga inalterables los fines y el sentido con que la ley haya sido sancionada.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Onega, Argentino s/ Infracción art. 302 del Código Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad fundado en la violación al art. 156 de la Constitución provincial, si la cuestión que se dice preterida fue considerada y resuelta por el Tribunal -incluyendo una remisión parcial a la sentencia originaria.
Deberes del juez, investigación del hecho
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Club de Caza de Tandil s/ Infracción ley 22.421 (art. 25)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-23

Las investigaciones criminales deben abarcar la totalidad de las implicancias y consecuencias de la conducta denunciada y no acotarlas al análisis de un único tipo penal.
Facultades del juez, interpretación de la ley, interpretación literal
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Croci,  Rubén Alberto y otros s/ infrac. a la ley 23.737 -causa Nro. 32/97-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

Numerosos y cotidianos son los supuestos en que resulta necesario que el juez se aparte de las palabras de la ley, para aplicar la norma con auténtico sentido de justicia y recto juicio prudencial en los casos concretos, toda vez que estos son particulares y contingentes, y por su indeterminación y multiplicidad no son siempre susceptibles de ser abarcados en su totalidad cuantitativa ni en su tipicidad cualitativa por la previsión del legislador.
Reclamación de la filiación, prueba de la filiación, prueba biológica
Materia: CIVIL
Carátula: G., R. A. c/ K., R. J. s/ Filiación artículo 255 del Código Civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-15

No existiendo ninguna razón que justifique la negativa a que se produzca prueba biológica destinada a demostrar la existencia de incompatibilidad en los grupos sanguíneos de las partes, cabe presumir la verosimilidad de la tesis contraria a la que sostiene la injustificada negativa.
Medidas cautelares, embargo, asegurador, bienes embargables, contracautela
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: I.B.M. ARGENTINA  S.A. c/ LA GREMIAL ECONOMICA CIA. ARG. DE SEGUROS  S.A. s/ EMBARGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

La sola circunstancia de ser la demandada una cía. de seguros y como tal sujeta al contralor de la Superintendencia de seguros de la nación carece de entidad para colocarla en la situación de privilegio que pretende irrogarse de ser su patrimonio inembargable por su carácter excepcional, la norma del cpr:200, que en determinados supuestos exime a ciertos sujetos de otorgar contracautela, es insusceptible de ser extendida analógicamente a situaciones en las que no se trata ya de prestación de contracautela, sino precisamente de la legitimación de un sujeto demandado para ser pasible de una medida precautoria cuando están satisfechos los recaudos del cpr:209.
Prescripción, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramírez, Dionisio Desiderio c/ Cappelletti, Ricardo Alberto y otro s/ Resarcimiento de daños y perjuicios y reparación daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

Es cierto que la dispensa de la prescripción debe ser encarada con criterio restrictivo, pero es sustancial aplicar ese enfoque a la prescripción misma, quedando incólume así el principio de conservación de los actos y negocios jurídicos, con jerarquía de principio general del derecho, debiendo, ante la duda, resolverse en favor de la subsistencia del derecho.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la materia, acción de amparo, bancos, entidades financieras, bonos externos, depósito a plazo fijo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Uriarte, Fernando Carlos c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

Es una causa especialmente regida por la Constitución (art. 2 , inc. 1 de la ley 48) que hace surtir la competencia federal ratione materiae, si en su demanda de amparo el actor no se limita a sostener que con los reintegros en bonex de los depósitos a plazo fijo de los que era titular se ha violado la garantía de la inviolabilidad de la propiedad (art. 17 de la Constitución Nacional) sino que también alega que esas medidas tuvieron origen en normas federales que habrían violado el art. 29 de aquélla en tanto importaron conceder facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo.
Confirmación de sentencia, transferencia del contrato comercial, diferencias salariales
Materia: LABORAL
Carátula: Cari, María Eugenia c/ Obra Social del Personal de Seguridad Comercial Industrial e Investigaciones Privadas s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-11

La actora accedió a la cesión de su contrato en virtud de la cual fue asignada a prestar servicios a la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial Industrial e Investigaciones Privadas y mantuvo las condiciones de trabajo en lo referente a antigüedad, salario, lugar de trabajo y solvencia, de conformidad con lo normado por el art. 229 de la LCT que aceptó en forma expresa y por escrito, mediando su consentimiento respecto de la cesión realizada. Reclama diferencias salariales que el magistrado de grado rechazó. Toda vez que se produjo la transformación subjetiva de la relación de trabajo con total conformidad por parte de la actora que conservó todos los derechos adquiridos, cabe destacar que la base remuneratoria tampoco fue desnaturalizada, por lo cual corresponde tener por cierto que el contrato fue cedido ponderando en el plano salarial el básico contemplado por la CCT 700 vigente hasta entonces, lo que implica que ante la inexistencia de un cambio peyorativo en la cuantificación salarial, por lo cual cualquier adicional que se aplique en el futuro, lo será sobre el básico mencionado al momento de celebrarse la cesión. Por ello, las diferencias por encuadramiento convencional devienen inatendibles en la medida en que la base salarial aplicable a partir de la cesión, ya estaba cuantificada sobre un salario mayor que fue absorbido conjuntamente con las diferencias en cierne (cfr. art. 229. LCT). Cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Acto administrativo, estabilidad del acto administrativo, régimen jubilatorio, cobro de retroactivo, suspensión del pago, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: VIEYRA, ROGELIO DOMINGO c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

Teniendo presente que el acto administrativo regular del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor de los administrados no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado (art. 18, ley 19.549), corresponde confirmar el fallo que hizo lugar a la acción de amparo por considerar arbitraria la resolución administrativa que declaró la suspensión del pago de haberes jubilatorios adeudados, aplicando retroactivamente el Dec. 1054/96. La supuesta falta de fondos previsionales para cumplir con dicho pago no resulta una excusa razonable, pues al Estado le compete organizar sus recursos para satisfacer en tiempo y forma los compromisos asumidos con los particulares.
Acción de amparo, cobro de sumas de dinero
Materia: CONSTITUCIONAL PROCESAL
Carátula: BUGAESKY, BERNARDO Y OTRO c/ B.C.R.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-12

Resulta improcedente la sumarísima acción de amparo cuando lo que se persigue a su través es un cobro de pesos, pues lo contrario significaría desvirtuar la acción y la virtual desaparición de los otros tipos de procesos.
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ANTIVERO LUIS ALBERTO c/ SILVA FELICIANO EUSEBIO s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-05-04

La perención de la segunda instancia corre desde el auto que concede el recurso de apelación, siendo indeferente la notificación de ese decreto. Es carga del apelante activar el procedimiento para que el expediente vaya a la Alzada, y debe notificar el auto de concesión de la apelación.
Código aduanero, ley aduanera, jurisdicción, jurisdicción administrativa, pena privativa de la libertad, sanciones aduaneras
Materia: TRIBUTARIO - PENAL
Carátula: Martínez, Osvaldo Urbano s/ infr. ley 22.415.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

El art. 1026 del Código Aduanero -ley 22.415 -, que mantuvo el criterio de la doble jurisdicción en materia de delitos aduaneros sentado en la Ley de Aduanas -ley 21.898 -, otorga jurisdicción a la autoridad judicial para la aplicación de las penas privativas de la libertad, mientras que la autoridad aduanera le confía la aplicación de las penas fiscales accesorias previstas en el art. 876, ap. 1, en sus incisos a), b), c) y g).
Recurso de inconstitucionalidad, usurpación, juicio de desalojo, situación de vulnerabilidad, ley procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: KOTOFF, NORMA BEATRIZ Y BURGOS, MARCELO c/  s/ USURPACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-09-13

Corresponde declarar admisible el recurso interpuesto pues, si bien la última parte del artículo 207 del Código Procesal Penal establece la irrecurribilidad de las medidas cautelares de cesación del estado antijurídico, cuando se trata de desalojo de inmuebles de personas en situación de vulnerabilidad social y económica -como en el presente- ha de ser interpretada considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional involucrados, para obtener un resultado adecuado y compatible con las mandas de los artículos 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (De la disidencia del Dr. Falistocco)
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ventura, Rubén Julio Omar c/ Marzano, Cosme y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

Si bien es cierto que la carga de elevar el expediente a la Alzada recae sobre el Oficial 1º del Juzgado, no lo es menos que, el silencio guardado por los recurrentes ante la intimación efectuada a fin de que manifestaran si deseaban mantener los recursos interpuestos, exterioriza un desinterés manifiesto de parte de éstos, que autoriza la declaración de caducidad de la instancia (art. 919, C. Civil; art. 310 inc. 3º, C.P.C.C.).
Accidentes de trabajo, incapacidad, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Gallegillo, Gladys del Socorro c/ Municipalidad de la ciudad de San Juan s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-17

Siendo más favorable al trabajador la prescripción de la acción que determina la LCT. ella corre a partir del momento en que se practica la determinacion de la incapacidad o a partir del fallecimiento de la víctima.