marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguridad social, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "TOLEDO, MIGUEL ÁNGEL c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-05

La solución a la que arribó la C.S.J.N. en los autos "Badaro, Adolfo Valentín" (sent. del 26.11.07), ha de aplicarse, conforme se desprende de sus considerandos, a aquellos beneficios cuyo haber excede el monto de $ 1.000, puesto que los beneficios inferiores a esa cantidad fueron reajustados durante el lapso en cuestión, subsanando la merma sufrida en ellos -cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 10.12.07, "Rodríguez, Martha Eloisa"-. (Disidencia del Dr. Laclau).
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nielsen, Ricardo Ernesto c/ Aguilar, Héctor Eduardo y Ot. s/ Ejecución de Alquileres Ot. s/ Ejecución de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Corresponde considerar como parte del precio de la locación los importes de los impuestos, servicios, expensas, etc. que de acuerdo a lo convenido en el pertinente contrato deban ser pagados por el locatario ( art. 1197, C.Civil).Tales montos deben acreditarse con los instrumentos de los cuales surja la deuda (ej. facturas, liquidaciones, recibos, etc.).
Nulidad procesal, testimonio incorporado por lectura, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Pla, Carlos Esteban y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-02

La solicitud de nulidad fundada en la incorporación de las declaraciones efectuadas por testigos de otras causas que habrían sido trasladadas a ésta, que no fueron ofrecidos en la citación a juicio, resulta inadmisible, pues no se señala en qué medida se afectó el derecho de defensa del imputado sino porque dicho momento procesal no es el único oportuno para solicitar la citación de un testigo
Indemnización por accidente de trabajo, iura novit curia, citación en garantía, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: GUTIERREZ, FRANCISCO c/ PROSPERO VITALE S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-10

En base al principio "iura novit curia", el juzgador debe aplicar la ley correspondiente a los hechos alegados y probados, por lo que si al trabajador lo afectaba una enfermedad profesional, contingencia prevista por la ley 24557, aunque no hubiese realizado los trámites administrativos establecidos por la ley citada,y hubiera accionado por la ley común corresponde la condena a la ART citada como tercero, hasta el límite de la cobertura. Esto es así porque el accionante no pudo seguir dos trámites al mismo tiempo y, para más, el principio de defensa en juicio de las partes se halla salvaguardado en cuanto la incapacidad del trabajador fue determinada por un perito de oficio y se ha dado vista a la aseguradora quien efectuó las impugnaciones que consideró pertinentes.
Materia: CIVIL
Carátula: SALTO DE GOMEZ IRENE M. c/ OLLER LOPEZ CRISTOBAL Y OTRO S/ DIFERENCIAS DE SUELDOS s/ CUADERNILLO DE RECUSACION CON EXPRESION DE CAUSA-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-14

La temeridad y la malicia requieren inexorablemente, para su configuración, la presencia del elemento subjetivo y que, no obstante la diferencia de concepto que existe entre ambas, tienen un común denominador: la mala fe de quien las realiza.
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, responsabilidad solidaria, reglamentación de la ley, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: CHAPO, LEONARDO GUSTAVO c/ PESAL S.A. y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-16

La exigencia del decreto 146/01 no es inconstitucional, porque, lejos de someter la aplicación de la Ley 25345 a un requisito restrictivo, permite, mediante una simple manifestación documentada, otorgar certeza a la exigibilidad de los certificados y aventar las innumerables cuestiones que podrían ser planteadas, de buena o mala fe, sin ese recaudo. El hecho de haberse extendido la responsabilidad en los términos del artículo 30 LCT a AMX S.A. no la convierte en empleadora. Aquélla se encuentra excluída pues carece de elementos necesarios para su confección.
Instrucción, facultades del fiscal, sobreseimiento, elevación en consulta, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ALIFANO, Roberto. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-08

Si el representante del Ministerrio Público Fiscal solicitó el sobreseimiento parcial del imputado por considerar que uno de los hechos que se le atribuyen es atípico, el juez de grado tiene la única posibilidad de realizar un análisis formal, tanto de la responsabilidad como de la legalidad de dicho dictamen, y si el pedido desvinculatorio supera dicho exámen, éste resulta vinculante para el juez de la causa.

Por el contrario, si el juez de grado entiende que el dictamen fiscal no reúne los requisitos de razonabilidad y legalidad mencionados, se encuentra facultado para disponer la nulidad de dicho acto, mas sin reasumir la investigación por carecer de impulso fiscal, ni elevar las actuaciones "en consulta analógica del art. 348 del C.P.P.N.", al no encontrarse dicha posibilidad prevista en la legislación aplicable al caso (*).
Aclaratoria (procesal), improcedencia del recurso, resoluciones anteriores a la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: MEDICI ABILIO DARDO c/ KETER RICARDO ARIEL s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-25

En el caso, el solicitante parece requerir se aclaren conceptos oscuros en la sentencia cuando pide se explique porqué se considera firme una providencia o porqué se ha considerado no definitiva la sentencia de Cámara y, en este sentido, cómo seguiría el procedimiento (si primero se efectúa la remisión o se resuelven las excepciones deducidas de su parte). Como bien se advierte tales cuestiones no ameritan aclaración conceptual alguna.

En el segundo caso, por cuanto -y aquí también- basta con seguir las normas procesales pertinentes del juicio de desalojo para que el demandado tenga por aclarado aquello que le parece oscuro, no siendo ésta la vía ni la instancia procesal adecuada para explicitar el sentido en que continuará el procedimiento.

Es decir entonces, que la pretendida omisión u oscuridad no es tal (presentándose, en cambio, como una discrepancia con el carácter no definitivo de la sentencia), toda vez que, de haberse efectuado una lectura y comprensión global de las normas procesales vigentes, la parte demandada no habría tenido inconveniente alguno en la captación intelectiva del significado de lo expuesto en la sentencia.
Acción de amparo, garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Jáuregui, Hugo René Mario y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Los efectos generales causados por la inflación no son ajenos a los jueces, que tienen el deber de asumirlos solidariamente mientras su independencia, asegurada por el artículo 96 de la Constitución Nacional, no se vea menoscabada, será la magnitud notable y el ostensible deterioro sufrido por las remuneraciones de los magistrados que en cada caso acontezca, en su proyección en la relación de desempeño de la función judicial, la que justificará la procedencia del amparo.
Renta vitalicia previsional, reajuste jubilatorio, prescripción, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GAYOSO,  JULIO CÉSAR c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio deEconomía y otros".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-30

A las obligaciones previstas en la póliza en que se instrumentó el contrato de renta vitalicia previsional que vinculó a las partes le es aplicable el plazo de prescripción contemplado en el art. 58 de la ley 17.418. Ello así, pues cuando la ley habla de imprescriptibilidad se refiere claramente al derecho a la jubilación o pensión -status jubilatorio-; mientras que en el régimen de reparto se aplica el art. 82 de la ley 18.037 en materia de diferencias devengables con posterioridad a la obtención del derecho, en capitalización devienen aplicables las normas del derecho común. (Disidencia del Dr. Poclava Lafuente).
Acto administrativo, notificación del acto administrativo, eficacia del acto administrativo, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Von Der Becke, Edmundo c/ E.N.  (Ministerio de Economía) s/ Ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-16

"La notificación constituye una condición jurídica que hace a la eficacia del acto, y no forma parte de él, revistiendo una doble importancia, cual es por un lado de constituir un requisito ineludible que torna al acto eficaz, y por el otro la de actuar como presupuesto para que transcurran los plazos de impugnación del acto notificado.
Inhabilitación para conducir, extinción de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Cabello Sebastián s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-03

La pena de inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos por diez años impuesta a quien fue condenado por embestir fatalmente a una mujer y a su hija cuando corría picadas callejeras, debe considerarse extinguida por haber sido cumplida, pues a consecuencia de lo informado por la Dirección General de Educación Vial y Licencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires surge que desde el 10 de septiembre de 1999 el imputado se comprometió a no conducir, data a partir de la cual, a la fecha, se torna inoperante cualquier interpretación jurídica que avance sobre los derechos del justiciable, con soporte en las constancias de comunicación no obrantes en el expediente, o a las irregularidades observables en torno de la forma de control y de contar los plazos de esa medida.
Nulidad del acto jurídico, declaración de oficio, presupuesto
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: NICOLAI CARLOS J. c/ SILVIA PAZ Y OTROS s/ ORDINARIO - NULIDAD - DECLARACION DE OFICIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-10-29

Si la resolución (auto o sentencia) padece un ostensible vicio formal que compromete su validez, que surge al cotejar el último renglón de una foja con el primer renglón de su reverso, por obvia consecuencia se trata de un error involuntario de carácter mecánico, deslizado al imprimir la resolución, falta un pasaje de los considerandos; lo cual, en cuanto viene prácticamente a mutilar la motivación vertida en respaldo de la decisión adoptada, deja a la providencia carente de una fundamentación suficiente y adecuada.

Defecto que, por expresa disposición del art. 147 del C.P.C., reglamentario del imperativo constitucional contenido en el art. 155 de la Carta Magna local, conlleva a la nulidad del pronunciamiento.

La nulidad es susceptible de declararse de oficio por el Tribunal cuando concurran los dos presupuestos negativos que condicionan el ejercicio de esa atribución en los términos del art. 365 ter, in fine. De un lado el vicio manifiesto y del otro, que el mismo se encuentre consentido.-
Sentencia, cosa juzgada, error judicial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Balda, Miguel Angel c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

El único remedio para evitar la eterna incertidumbre que generaría la revisión sucesiva de las sentencias para escapar al peligro del error es la reafirmación del principio que atribuye el carácter de verdad legal al pronunciamiento pasado en autoridad de cosa juzgada, que veda - por ende - revisarlo cuando adquirió ese carácter.
Sentencia arbitraria, declaración indagatoria, menores
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: H., A. O. c/  s/ infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

La decisión que dispuso el llamado a prestar declaración indagatoria a un menor de 15 años de edad en razón de la aparente necesidad de que el menor aportase algún dato relevante para la investigación es arbitraria, pues resulta cuanto menos injustificada la hipótesis de que el avance de un proceso dependa centralmente del conjetural aporte que podría surgir de los dichos del adolescente y en segundo lugar si esto pudiera ser presentado de ese modo, no aparecería como una decisión ética valorable que el Estado persiga instrumentalizar a un sujeto al que expresamente preserva de su sistema represivo, reconociéndolo como merecedor de especial protección en razón de su condición, apelando a una medida que no contempla el régimen legal específico y frente a la expresa negativa de sus representantes legales
Recurso extraordinario, plazo, suspensión del proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Psevoznik, Ricardo y otros s/ infr.  ley N 20.771 e infr. art. 189 del Código Penal -Causa N 31.385
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

Atento a que el recurso de hecho se tramita ante la Corte Suprema, toda cuestión relativa a la suspensión del término para deducirlo deberá ser resuelta por el tribunal.
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZINO VICENTE M. c/ AUSTRAL QUIMICA S.R.L. Y OTROS s/ DESALOJO Y COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-10

La base económica para la regulación de los honorarios, está determinada por el valor cuestionado en la apelación que se resuelve y no por el monto total apelado; para tal base debe aplicarse luego la pauta resultante del artículo 70 de la Ley Arancelaria.
IVA, obras sobre inmuebles
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Saneamiento y Urbanización S.A. c/ D.G.I. (TF 14163-I).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Los agravios del Fisco Nacional relativos a que el relleno sanitario constituye una obra sobre inmueble de tercero, alcanzado por el art. 3º inc. a), ley 23.349 ya fueron analizados y desestimados por este Tribunal en causa de igual carátula (nº 10.562/95 del registro de este Cámara y nº 13.263-I, del Tribunal Fiscal), en la que se debatieron idénticas premisas de hecho; fallo confirmado por la Corte Suprema el 10 de febrero del año en curso, en el que asimismo se ponderaron los mismos supuestos de hecho;

correspondiendo por tanto remitirse a los fundamentos de ambos fallos brevitatis causae (vide especialmente consid. nos. 7º al 11º del fallo de la Corte Suprema).
Accidente de tránsito, seguros, cobertura
Materia: CIVIL
Carátula: LAPLAGNE Alfredo Mario c/ Agrello Yolanda s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-09-15

Si bien es cierto que el art. 68 de la ley de Tránsito impone el deber a todo conductor de vehículo de transitar con el seguro para cubrir todo daño que pueda producirse a terceros transportados o no, no es lógico pensar que la omisión de estar asegurado sea la causa del daño, ya que esa conducta antirreglamentaria no se encuentra dotada de virtualidad suficiente para producir el efecto que sobrevino.

Es decir, que no puede calificarse a la incuria de circular sin seguro como causa adecuada para originar un resultado dañoso. Así es porque como es sabido, la omisión es causal cuando la acción esperada hubiera probablemente evitado el resultado, en otros términos, la relación causal se establece juzgando la incidencia que el acto debido, de ser realizado, hubiera tenido con respecto al resultado o su evitación, de lo que se deduce que el hecho de circular con o sin cobertura de seguro no tiene ninguna gravitación en la producción del accidente.
Concursos, pedido de quiebra, trámites judiciales, prueba sumaria del crédito, procedencia del recurso, sentencia
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Leon Ayala, Mariano Gabriel le pide la quiebra Soria, Lucas Ariel Horacio c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-11

Corresponde revocar la resolución que desestimó el presente pedido de quiebra, con fundamento en la falta de acreditación de la insuficiencia patrimonial del demandado de quiebra en el juicio laboral. Ello así, pues de los antecedentes obrantes en la causa laboral promovida con motivo en el despido del trabajador, recibidos ad effectum videndi et probandi, se constata que las entidades financieras requeridas a través del Banco Central de la República Argentina no informaron la existencia de cuentas del demandado sobre las cuales trabar embargo. A ello, cabe agregar que el recurrente solicitó copias certificadas para peticionar la quiebra, lo que importó el abandono de la vía individual por la colectiva.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, contratos
Materia: PROCESAL
Carátula: SADAIC c/ BALBIN, ALDO A. s/ SUMARIO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-07-31

Tanto la determinación de la existencia de un contrato como la interpretación de sus cláusulas es una cuestión de hecho y como tal privativa del mérito.
Honorarios del abogado, ley arancelaria, pacto fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferré, Manuel c/ Anitua, Héctor Oscar y Otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-15

La Ley 3925 de adhesión al Pacto Fiscal deroga el carácter de orden público de la Ley 2200 y propicia medidas tendientes a una reforma en las pautas a considerar a los fines regulatorios. La importancia de esta reforma es tal que libera a los jueces de la obligatoriedad de seguir la normativa arancelaria provincial actual y establecer en consecuencia otras pautas quedando habilitado a tal efecto procesalmente por el artículo 34 y ccss. del C.P.C.Ch. y por el juego armónico del artículo 505 del Código Civil.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público, fiscales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

La probation no es un mero beneficio que pueden administrar a su antojo los fiscales, también significa algún derecho a obtenerla por parte del acusado, e implica la tutela de intereses no sólo concernientes al Ministerio Público. En consecuencia lo más lógico y coherente, el resultado interpretativo más útil y dikelógico, consiste en no sustraer el conflicto suscitado por el disenso del fiscal al principio universal de la intangibilidad jurisdiccional.

(Del Voto del Dr. Ríos -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?; y, ¨es exigible para todos los casos de concesión de tal beneficio el consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal?
Despido con causa, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: PATANCHON CARLOS ALBERTO c/ BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. s/INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-14

La causal de pérdida de confianza como justificativo de la ruptura de la relación laboral, deriva por lo general de un hecho con aptitud suficiente para causar injuria a la empleadora, que le haga imposible continuar con el vínculo que la ligaba al trabajador por ya no ser éste confiable para la consecución de sus fines. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Menor procesado, instrucción sumaria, detención, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: D., C.G. y otros. s/ TRAMITE 353 Bis C.P.P.N.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-08

Si la instrucción sumaria exige la libertad del imputado como garantía de su libre defensa, improcedente es la aplicación del trámite del art. 353 bis, C.P.P., al menor sometido a internación, pues implica la restricción al derecho de la libre locomoción.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, acusación fiscal, Ministerio Público, fiscales, fiscal de Cámara
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. De inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es:   ¿la falta de mantenimiento de la acusación en la alzada por parte   del Ministerio Público Fiscal, coincidiendo con la instancia   absolutoria solicitada por la Defensa, impone al Tribunal la   aceptación de las pretensiones de los sujetos procesales, impidiendo  fallar distinto a dichas peticiones?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

En la pauta estructural del proceso penal santafesino, con el ya clásico: acción, defensa y sentencia, cobra primordial significancia la acusación fiscal, con la excepción en los procesos por delitos de acción de ejercicio privado. Si la acción la lleva adelante durante todo el proceso el Fiscal, es al Fiscal de Cámara en la Alzada a quien le cabe tal responsabilidad y si éste no mantiene la acusación y coincide con la pretensión absolutoria de la defensa, el respeto al contradictorio impide al Tribunal fallar distinto a las contestes peticiones. (De la Disidencia del Dr.

Pangia)
Sentencia arbitraria, daños y perjuicios, tribunal colegiado, policía federal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la Caja de Seguros S.A. en la causa Flamenco, Néstor Atilio c/ Policía Federal Argentina y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-02

Debe dejarse sin efecto, por ausencia de mayoría real, la sentencia en la cual para admitir la pretensión indemnizatoria, dos de los jueces -disintiendo entre ellos sobre la distribución de la responsabilidad- entendieron que el caso debía tratarse como una acción de daños y perjuicios contra el tercero dueño de la cosa que ocasionó el daño, resultando indiferente la relación que unía al actor con la Policía Federal Argentina, mientras que los otros dos magistrados enfocaron el examen justamente en las normas que regulan el vínculo del actor con la demandada, para determinar de qué manera ellas se aplican a la particular situación que en el caso se plantea y el restante magistrado rechazó la acción haciendo mérito de la normativa específica que regula la actividad de la Policía Federal; todo lo cual coloca al litigante en estado de indefensión al tener que construir el eje argumental -mayoritario- de una sentencia que carece de tal referencia.