Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-16


"STREGA VIVIAN YANINA CONTRA GCBA S/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA (ART. 277 CCAyT)." , EXPTE: EXP 13267/0 En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Nélida Mabel Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo Ángel Russo, para conocer en el recurso de apelación judicial interpuesto por las partes contra la sentencia de primera instancia en autos "STREGA VIVIAN YANINA CONTRA GCBA S/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA (ART. 277 CCAyT)." , EXPTE: EXP 13267/0 y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Eduardo Ángel Russo, Dra. Nélida Mabel Daniele y Dr. Esteban Centanaro, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿se ajusta a derecho la resolución apelada? El Dr. Eduardo Ángel Russo dijo: ANTECEDENTES: Las presentes actuaciones se inician con la interposición de una acción meramente declarativa, mediante cual, la Sra. Vivian Yanina Strega manifestó ser escribana matriculada bajo el nº 4697 del Colegio de Escribanos de la Capital Federal y que con fecha 28/4/2000 y 23/7/2000 aprobó los exámenes de idoneidad previstos en las Resoluciones nº 2204/91 y 171/00, por lo que, desde el 12/7/2000 se encontraba en condiciones de ser adscripta a un registro notarial. Agregó que le resulta aplicable a estos efectos el art. 176 bis de la ley 404, modificada por ley 1339, teniendo derecho a que, una vez transcurrido el plazo allí establecido (cuatro años), se le otorgue la titularidad de un registro notarial a crearse. Manifestó que el art. 2 de la ley 1339, adjuntó un anexo con los notarios que podrán ejercer el derecho consagrado en el art. 1 del mismo cuerpo normativo y que, pese a encontrarse en las condiciones citadas en la ley de referencia, no fue incluida en el listado. E n este orden de ideas, declaró que desde el 26/1/2004 se encuentra en posesión del cargo de escribana adscripta a un registro notarial, por lo que, desde la fecha citada, comenzó a transcurrir el plazo de cuatro años contemplado en el art. 176 bis. Agregó que su incertidumbre deviene en la necesidad de establecer si el anexo de la ley 1339, modificatoria de la 404, es meramente ejemplificativo o taxativo. Por otro lado, dejó planteada la acción de inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 1339, por violar la garantía de igualdad, por privar al acceso al ejercicio de la profesión, por su arbitrariedad e irrazonabilidad, siendo violatorio de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. A fs. 26 contestó demanda la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en la que planteó que el art. 176 bis de manera alguna posee carácter taxativo, tal como le comunicara el Colegio de Escribanos con fecha 6/8/2004. Además sostuvo que todos aquellos que no hubiesen sido incluidos en la normativa, podrán solicitar su i nclusión realizando un sencillo trámite administrativo. A fs. 106 se encuentra glosada la sentencia de primera instancia, en la que el a quo hizo lugar a la demanda promovida por la escribana Strega, declarando que podrá ejercer el derecho establecido en el art. 176 bis, modificado por ley 1339, una vez cumplidos los requisitos allí establecidos. Condenó en costas a la demandada vencida. Para así decidir sostuvo que no puede considerarse que solo los notarios mencionados en el Anexo I pueden ejercer el derecho establecido en el art. 176 bis, puesto que si así fuese, se generaría una distinción irrazonable o un indebido privilegio de personas o grupo de personas, imponiendo excepciones a la garantía de igualdad. A fs. 114 apeló la sentencia de grado la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recurso que fue concedido a fs. 115 A fs. 122 expresó agravios la demandada, en el que manifestó que la única queja versaba sobre la imposición de costas a su parte, efectuada por la Sra. Juez de la anterior inst ancia. Agregó que, con los antecedentes por ella citados, teniendo en cuenta el espíritu normativo y la opinión del Colegio, quien se expidió a favor de la Sra. Strega, es improcedente la declaración de certeza. A fs. 125 contestó traslado la actora y a fs. 128 emitió dictamen la Sra. Fiscal ante la Cámara. A fs. 130 pasaron los presentes al acuerdo. CONSIDERANDO: 1. Que en primer lugar cabe recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean "conducentes" para la correcta composición del litigio (conf., ART. 310 CCAyT, C.S., Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230 entre otros). 2. Teniendo en cuenta los antecedentes detallados supra, resulta necesario determinar lo que reza el art. 277 del CCAyT acerca de la acción meramente declarativa: "Puede deducirse demanda que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa para hacer cesar un estado de i ncertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al/la actor/a y éste/a no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente". Esta acción permite la declaración de certeza jurídica, despejando así un estado de incertidumbre, obteniendo de esta manera el accionante, una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar aquel estado. Ha manifestado la doctrina que "[l]a Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que para su procedencia resulta suficiente la existencia de incertidumbre sobre la interpretación de una relación jurídica -que cause o pueda causar perjuicio- lo cual autoriza al titular de un interés jurídico a acudir a la justicia en procura de tal declaración. Más aún, dada su finalidad preventiva, no requiere la consumación del daño". (Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Comentado y concordado, Carlos F. Balbín, Ed. Lexis Nexis, p. 84). Por lo descripto anteriormente, no quedan lugar a dudas que la Sra. Strega, quien había rendido y aprobado los exámenes correspondientes y quien se encontraba en condiciones de ser adscripta a un registro notarial, se encontraba en un marco de incertidumbre al no encontrarse incluida en la Tabla I de la ley 1339, modificatoria de la ley 404, cuyo art. 176 bis detalla: "El escribano que a la fecha de publicación de la Ley N° 404, se desempeñaba como adscripto o se encontraba en condiciones de adscribirse a un registro notarial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de la Resolución N° 1.104/91 del Ministerio de Justicia de la Nación y permanece en sus funciones como tal, tendrá derecho, por esa sola circunstancia y sin necesidad de la evaluación del artículo 34 de la presente, a la titularidad de un registro que deberá crearse al efecto al alcanzar la antigüedad de cuatro (4) años en dicha función. El pedido de la titularidad, deberá efectuarse dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la presente o dentro del término de un año contado desde el cumplimiento del plazo de la antigüedad requerida, según corresponda." Es así, que ante la falta de claridad, en cuanto que el listado adjunto era de carácter taxativo o meramente ejemplificativo, la actora promovió una acción acorde a derecho. Asimismo, es de destacar tal como lo determinara la a quo, que pensar en la posibilidad de que la Tabla anexada a la ley 1339 sea taxativa, implicaría desobedecer al principio de igualdad consagrado en nuestra Carta Magna. 3. Aclarado lo anterior y en cuanto al agravio planteado por la demandada en tanto a la condena en costas determinada por la Sra. Juez de grado, disiento con la misma, teniendo en cuenta que, si bien la actora encontró satisfecha su pretensión, la demandada encontró suficiente fundamento para oponerse a la pretensión de la misma, destacando además que en este sub examine no existe una parte vencedora y otra vencida, siendo por lo tanto inaplicable el concepto d e derrota. Por lo expuesto considero que la imposición de las costas del presente deberán ser soportadas en el orden causado en ambas instancias. Por lo antedicho, este Tribunal por unanimidad RESUELVE: I. Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia, de acuerdo a lo dispuesto en el considerando 3 de los presentes considerandos. II. Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.