Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13


Reg.: A y S t 281 p 188/193. Santa Fe, 13 de marzo del año 2018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra el acuerdo 132 de fecha 1º de junio de 2016 dictado por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario en autos "PUCHE, Rodolfo Armando contra SOLARI, Jorge Raúl y otros sobre Cobro de Pesos (Expte 288/2015) CUIJ C.S.J.S.F. 21-00511097-9; y, CONSIDERANDO: 1. Surge de autos que la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario declaró desierto el recurso de nulidad y rechazó el de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de grado que, a su turno, hiciera lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva y rechazara la demanda de indemnización por despido indirecto con costas a la perdidosa. Contra el mencionado pronunciamiento plantea el compareciente recurso de inconstitucionalidad por considerar que el fallo aludido no satisface el derecho a la jurisdicción conforme las pautas del artículo 1ª inciso 3 de la Ley 7055. En ese sentido sostiene que el pronunciamiento no resuelve conforme los principios de la sana crítica, omite describir y tratar cuestiones de hecho y de derecho, incurre en arbitrariedad fáctica por inmotivación, apartamiento expreso de textos legales, autocontradicción e incongruencia y que resulta violatorio de los derechos de igualdad ante la ley, derecho de propiedad, defensa en juicio y debido proceso. A su criterio la resolución ha cuestionado la inteligencia de los artículos 14, 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución Provincial y los artículos 6, 8, 15 y 28 segundo párrafo de la Carta Magna Provincial. Agrega que -a su entender- lo antes manifestado resulta contrario a los derechos constitucionales enunciados como a las normas de esa índole que consagran la protección de trabajar y del trabajo de campo. Alega incongruencia por apartamiento de los términos de la litis -demanda y contestación- y por no considerar con criterio de razonabilidad las pruebas. Luego, bajo el título "ignorancia de los hechos, inmotivación, absurdidad, autocontradicción contrariedad con el ordenamiento y arbitrariedad fáctica" se introduce en los agravios constitucionales. Acusa al acuerdo nro 132 de haber soslayado los términos en los que había quedada trabada la litis. En ese sentido entiende que la demandada no invocó la existencia de un contrato de mandato ni otra figura del Código Civil que excluyera la relación laboral, por el contrario sostiene que la referida en su defensa invocó la existencia de trabajo agrario, tanto en el escrito mismo de responde como en los pliegos de posiciones. Expresa que la contestación de la demanda consolida el objeto del debate y los jueces no pueden apartarse de ello. Entiende que, en el pronunciamiento, los jueces se exceden del principio iura novit curia atento no ajustarse a lo referido por los propios litigantes. Incluso achaca al fallo de Cámara haberse remitido al Código Civil y Comercial que según dice entró en vigencia mucho después de la fecha de la demanda. Por ello acusa a la resolución de haber incurrido en el absurdo, adoptado una posición parcial y arbitraria, auxiliando a la demandada con argumentos fácticos y jurídicos que no fueron planteados en la instancia procesal oportuna y violar el principio de congruencia. De ello deriva la arbitrariedad normativa en virtud de que conforme el criterio del máximo Tribunal el pronunciamiento queda desprovisto de todo fundamento. Critica al fallo no haber aplicado la presunción contenida en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo por cuanto estima que la demandada no produjo prueba en contrario. Concluye que el fallo posee un fundamento sólo aparente con sustento en afirmaciones dogmáticas que lo descalifican como acto jurisdiccional válido y lo critica de absurdo por aplicar el Código Civil y Comercial por el hecho que el actor rendía cuentas. 2. La Sala por Acuerdo nro. 359 de fecha 26 de diciembre de 2016 denegó la concesión del remedio intentado por considerar que si bien cumplimenta los recaudos formales, la causal alegada como fundante de la instancia extraordinaria y la doctrina de la arbitrariedad no encuentran respaldo en las constancias del caso. Al respecto entendió que el planteo constituye una reiteración de postulaciones y defensas sin demostrar adecuadamente el gravamen concreto y matiz constitucional como así también en la consideración que el decisorio se encuentra debidamente fundado. En cuanto al encuadramiento en la figura del mandato consideró que corresponde a la calificación jurídica en base a las constancias y pruebas del caso, de la naturaleza de dicho vínculo en razón de un marco normativo diferente invocado por las partes lo cual constituye una facultad privativa del juzgador con apoyo en el principio iura novit curia, y que ello no varía los términos y alcances de la pretensión apartándose del principio de congruencia. Tal decisión motivó la presentación directa del compareciente ante esta sede. 3. La postulación del recurrente cuenta prima facie con suficiente asidero en las constancias de autos -con los principales a la vista- e importa, desde el punto de vista constitucional, articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción. Dicho ésto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. RESUELVE: Admitir la queja interpuesta. Ordenar la devolución al recurrente del depósito efectuado (art 8 ley 7055). Regístrese y hágase saber. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI(EN DISIDENCIA)-NETRI(EN DISIDENCIA)-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR NETRI Se adelanta que el recurso debe ser declarado inadmisible. En efecto, en la presente causa el Magistrado de primera instancia desestimó la demanda de rubros laborales, al descartar la existencia de una relación laboral. Frente a los recursos interpuestos por el actor perdidoso, la Cámara confirmó lo decidido. Finalmente, la Sala desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el accionante, lo que motivó su presentación directa ante esta Corte. Efectuada la reseña anterior, e ingresando al examen de la postulación extraordinaria intentada, se advierte liminarmente que la quejosa en su presentación directa de fojas 23/27 incumple la carga estipulada en el artículo 8 de la ley 7055. Al respecto, reiteradamente se ha sostenido que la fundamentación del recurso de queja debe ser autónoma, lo que supone hacerse cargo de rebatir las razones expuestas en el auto denegatorio. Y en el caso, la impugnante se conforma en realidad con efectuar postulaciones genéricas, sin cumplir con el recaudo mencionado. Por lo demás, tampoco pueden pasar desapercibidas las insuficiencias en el autoabasto del recurso de inconstitucionalidad local, deducido a fojas 6/10, en tanto la compareciente omite un detalle suficiente de la base fáctica y de los antecedentes relevantes del caso (art. 3, ley 7055). A lo que cabe agregar que tampoco demuestra un supuesto de falta de fundamentación en lo resuelto ni cómo sus agravios contra la sentencia adversa inferior no obtuvieron respuesta suficiente en la Alzada. Sobre ésto se advierte que la interesada critica sustancialmente que la Sala confirmara lo resuelto en primera instancia. Para sostener su postulación alega que el Sentenciante omitió aplicar la presunción establecida en la legislación laboral (art. 23, L.C.T.) y que alteró los términos en que quedó trabada la litis. Sin embargo, lo resuelto gira mayormente en torno a cuestiones fácticas y probatorias y a los extremos de la litis, lo que, por resultar materia propia de los jueces ordinarios de la causa, resulta ajeno a la órbita de recurso extraordinario -y por ende, de excepción- intentado. Y ello es así, sin que se demuestre un supuesto de falta de fundamentación en lo decidido. En ese sentido, se advierte que la Alzada juzgó que los agravios de la demandada no alcanzaban a desmerecer el fallo de grado. Amén de remarcar dicha carencia, confirmó lo resuelto en el entendimiento de que las constancias de la causa, e incluso las afirmaciones del propio demandante, demostraban en contrario de su pretensión. Para así decidir la Sala examinó las constancias de la causa y puso en evidencia defectos y omisiones en la postura del actor así como invocaciones propias que desmerecían su propio reclamo. Remarcó, en este orden, que el reclamante había dejado en una "nebulosa fáctica y jurídica" la identificación de la persona de su supuesto empleador, surgiendo de su propio relato situaciones confusas también en torno a otras circunstancias relevantes. A lo expuesto agregó que los hechos mismos relatados en su demanda, sostenidos a lo largo de todo el proceso e incluso reafirmados en su expresión de agravios, conducían a descartar cualquier carácter laboral. Al respecto, el Sentenciante refirió que no se encontraba discutido que la función del actor había consistido en administrar campos de propiedad de los accionados, girando la cuestión en torno a la naturaleza de dicho vínculo, cuyo carácter laboral había sido expresamente negado por los demandados. En este orden, la Sala refirió que no se había acreditado la subordinación típica de una relación laboral, tampoco la categoría desempeñada ni la jornada laboral, ni siquiera una remuneración como trabajador dependiente. Sobre esto señaló que el tema del supuesto salario había sido mencionado por el accionante en forma genérica y sin precisión alguna, sin aportar -ni siquiera ofrecer- prueba ninguna al respecto, limitándose a aducir que percibía "comisiones por la venta de ganado", lo que en las circunstancias del presente caso también diluía cualquier carácter laboral. En línea con lo anterior juzgó que las tareas desempeñadas se correspondían a la función de un verdadero administrador en una situación encuadrable en la figura del "contrato de mandato" regulado por la normativa civil. En especial, precisó que el encargo consistía en representar al accionado para la realización de "actos jurídicos y de naturaleza comercial" diversos; que el accionante incluso cumplía con las obligaciones propias de un mandatario, entre ellas las de rendir "todas las cuentas en el período de tiempo acordado"; y que las obligaciones a su cargo evidenciaban ser de resultado, ello "pues ante un resultado adverso (el actor) debía responder", lo cual también descartaba cualquier ajenidad en el riesgo empresario. Efectuada esta reseña, se advierte que las consideraciones expuestas por la Cámara, para confirmar lo decidido en primera instancia, no son suficientemente desmerecidas por la recurrente, en tanto sus cuestionamientos se diluyen al dejar incólume el núcleo sentencial de la Alzada antes expuesto cuando se juzgó que la relación habida quedaba enmarcada en un mandato civil. Para lo cual la Sala se atuvo a las pruebas producidas pero también a los propios reconocimientos que la actora misma había efectuado y mantenido a lo largo de todo el proceso. En punto a esto último no puede dejar de advertirse que el demandante recurrente relata que, además de facturar por sus servicios, revistió la calidad de "socio" de la empresa demandada, contando con la titularidad del 5% de las cuotas societarias, ey que incluso se desempeñaba para la misma en calidad de único "gerente" (fs. 7 y 803). En sintonía con ello, de la lectura del expediente principal puede advertirse que la mencionada sociedad tenía por objeto la comercialización de productos provenientes de la actividad agropecuaria y ganadera; que el ente habría contado con tan sólo dos socios, uno de los cuales era el accionante, teniendo éste último a cargo la "administración, dirección y representación" de la entidad; que se habría pactado, como ganancia de los asociados, la distribución de las utilidades que produjera la empresa; y que en caso de diferencia entre aquellos asociados, la cuestión debía ser resuelta mediante laudo inapelable y obligatorio de árbitros. Asimismo, se advierte que el domicilio social se habría encontrado constituido en el domicilio del propio actor; que éste último se indicaría a sí mismo como "de profesión comerciante" e inscripto en AFIP; y que incluso figuraría aportando, en dinero en efectivo, al aumento del capital social (fs. 461v./462, 480, 482/483, 485v./486, 488, 490 y 503/504). Tales circunstancias, en conexión con los argumentos expuestos por la Sala y dadas las carencias recursivas antes descriptas, también conspiran contra la postulación extraordinaria intentada. A lo que cabe agregar, finalmente, que si bien la recurrente invoca un supuesto de incongruencia en lo decidido -dice que la Cámara introdujo una defensa nunca alegada, esto es, el carácter civil del vínculo- lo cierto es que, amén de carecer dicho cuestionamiento de un desarrollo argumental suficiente, las constancias del expediente principal y en especial los escritos de contestación de demanda, que se tienen a la vista, desmerecen el planteo. Ello pues las accionadas oportunamente negaron expresamente cualquier vínculo laboral (cfr. fs. 17/18, 21/22 y 27/28). Es más, en el responde se adujo expresamente la calidad de autónomo del accionante y la condición de "socio gerente" de éste último respecto de la misma sociedad contra la que reclamaba; se alegó, incluso, que el actor comerciaba por su propia cuenta y con personal propio (cfr. f. 27). En punto a lo cual tampoco pueden pasar desapercibidas las confesiones del propio actor en torno a su actividad como agricultor autónomo en un campo familiar y en terrenos ajenos, con maquinarias y animales de su propiedad, contando incluso con registro de marca de ganado a su propio nombre en SENASA (fs. 46/47). Reconocimientos éstos que diluyen, aún más, su alegación de haber laborado en forma dependiente y exclusiva para los demandados, reforzando su carácter de empresario. Por todo lo expuesto, cabe referir que las deficiencias apuntadas al inicio obstan a la admisibilidad de esta presentación directa, al resultar privada de la fundamentación mínima tendente a demostrar la configuración de uno de los supuestos establecidos en la ley 7055. Y no obstante tales insuficiencias, de la lectura del memorial recursivo en su compulsa con la sentencia en revisión y con las constancias del expediente principal, no logra evidenciarse un supuesto que permita superar el obstáculo aludido. Siendo que las cuestiones juzgadas giran en torno a materias fácticas y probatorias que resultan propias de los jueces ordinarios de la causa y como tales a la órbita del remedio extraordinario -y por ende, de excepción- interpuesto. Y sin que tampoco se demuestre que las cuestiones hayan sido resueltas con carencia de fundamentación ni que pudieran exceder del ámbito reservado a los jueces ordinarios de la causa. Por lo cual, más allá de su menor o mayor grado de acierto, la conclusión a la que arribaron los Jueces podrá no ser compartida por la recurrente, pero en la medida que no se demuestre un apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional. Considero, en consecuencia, que el recurso debe ser declarado inadmisible. FDO.: GASTALDI-NETRI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)