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Prueba, incomparecencia del demandado, apertura a prueba, notificación automática, validez de los actos procesales, ofrecimiento de la prueba, prueba extemporánea, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: LEANKA SA c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP BQ PAVLOGRAD s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-07

Toda vez que la agencia marítima -debidamente citada-no compareció al juicio a fin de contestar la demanda, bien procedió el a quo al disponer la aplicación del art. 133 al auto de apertura a prueba (cfr. art. 41 de la Ley de rito), esto es, al tener a aquélla agencia notificada por ministerio de la ley. Y, desde que no se produjo en el expediente modificación posterior alguna, también es correcta la resolución apelada en cuanto denegó -por extemporáneo- el ofrecimiento de prueba concretado por el agente aduanero, notificado también como correspondía en los términos del ya aludido art. 133 del Código Procesal. A lo que cabe añadir, como extremo que no luce superfluo, que frente a la situación sub examen las resoluciones judiciales quedaran notificadas en todas las instancias los martes y viernes, o el siguiente hábil, si alguno fuese feriado (art. 133 cit.). Como es natural, la primera presentación que realizó el representante legal del buque (el ofrecimiento de prueba) no altera la solución que corresponde, desde que el cumplimiento del art. 40 no tiene la virtualidad de alterar situaciones alcanzadas por la preclusión.
Empleados públicos, personal suplente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nardini, Olga c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-30

La validez de designaciones transitorias para cubrir interinamente cargos, no se muestra dudosa en los casos en que la prestación del servicio debe continuar y no resulta de momento factible cumplir con los requisitos establecidos para el nombramiento de los funcionarios titulares. Cualquier restricción al respecto debe surgir de normas legales o reglamentarias, pues la competencia de los órganos administrativos debe reputarse implícitamente atribuida cuando sea menester para el cumplimiento eficaz de los cometidos funcionales.

Lo contrario importaría una solución innecesaria y descalificable por sus perniciosas consecuencias prácticas.
Derecho a la vida, métodos anticonceptivos, anticoncepción hormonal de emergencia, Constitución Provincial, concepción de la persona, derechos de las niñas, niños y adolescentes, relaciones de familia, Constitución Nacional, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., D. J. s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY 3999/05)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-01-28

[.] La sujeción a los tratados internacionales no admite dobleces ni aplicaciones con distorsión. El niño concebido tiene no solo el derecho a nacer, sino el derecho a tener una familia y realizarse en una sociedad. Por eso la Constitución de Río Negro, en sus arts. 31, 32 y 33 ha puesto énfasis sobre la familia como núcleo vital de la sociedad.

De allí que la tutela del Estado deba prolongarse luego del hecho desde la concepción, durante toda la gestación y después en todo el plano de realización, conforme el art. 75 inc 23 de la Constitución Nacional. Una píldora, cualquiera fuera su nombre, no puede vencer a un sistema jurídico que tiene como sustento los valores más altos de la sociedad, y la axiología jurídica integra el plexo de deberes que los magistrados nunca deben perder de vista.

Además, como ya hemos expresado, el niño desde su concepción conforma su identidad por el proceso natural que desde la genética se han ido incorporando al conocimiento científico, y están aprobados sin ninguna discusión a través de distintos mecanismos, pero fundamentalmente sobre el ADN, con lo cual es previsible que en el futuro tengamos mayor certeza y precisión respecto a esa persona única e irrepetible, que tiene el derecho natural del nacer.

La píldora abortiva cambia en 72 horas o menos la vida como si fuera un homicida anónimo NN, sin ningún acto registral. Es decir, que quita a la persona humana, su compromiso de vida y de coexistencia, sumado a la razón de ser madre.

La embrutece y la priva de razón y además termina causando y daño irreparable porque las consecuencias se proyectan en el tiempo, tanto en el plano físico como psíquico.
Acción de amparo, competencia, cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia, tribunal de alzada, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Martínez, María del Carmen y Otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-29

De acuerdo al artículo 174 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, es la Cámara que constituye alzada de los jueces entre los que se planteó el incidente sobre acumulación, la que debe resolver en definitiva el conflicto negativo de competencia-No obstante, según lo dispone la resolución 406/00 del Consejo de la Magistratura, corresponde a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario resolver sobre una contienda de ese tipo planteada en el marco de un amparo entre dos jueces de primera instancia en lo contravencional, si la Cámara Contravencional y de Faltas no tomó intervención antes del día 26 de octubre del año 2000. (Del voto de los Dres. Daniele, Centanaro y Russo).
Leyes, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alcácer, Miguel Angel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 243-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-03

El gobierno de facto dictó la ley 21476-76 que dispuso, en lo que interesa al caso, a) mantener en vigencia, con las limitaciones que estableció, las condiciones de trabajo estipuladas en las convenciones colectivas de trabajo, derogando normas legales, reglamentarias, estatutarias y convencionales con el contenido que determinó en el artículo 2; b) sin perjuicio de la inmediata aplicación de esa normativa, facultó al Poder Ejecutivo Nacional para proceder a revisar aquellas convenciones colectivas y laudos vigentes para los entes públicos, pudiendo eliminar o reformar "las cláusulas que hubiesen incorporado reglas generadoras de excesos o distorsiones...formulando además el nuevo texto ordenado de tales convenciones", con el valor y alcance que la ley 14250 otorga a los acuerdos de partes homologados por la autoridad de aplicación. Esta ley determinó que el convenio colectivo 36/75 -que en ese entonces regía para el personal de la Dirección Provincial de la Energía conforme a lo en su oportunidad dispuesto por el Poder Ejecutivo provincial- mantuviera su vigencia en cuanto a las condiciones de trabajo pero con las limitaciones que surgían del mencionado artículo 2, y a partir de la vigencia del decreto nacional 246/81, según el nuevo texto ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de las facultades concedidas por el artículo 5 de aquella ley, a que se hizo referencia en el inciso b) del párrafo precedente.
Juicio de desalojo, condominio, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Alpersztejn, Martha y otro c/ Zibelowsky, Estela y otro s/ Desalojo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-06

Tratándose de un desalojo en el cual accionan los cotitulares del inmueble contra quien lo ocupa, que resulta ser ex-cónyuge de uno de los titulares, si el inmueble no está íntegramente en cabeza de uno de los cónyuges la protección contenida en el art. 1277 del Código Civil no puede aplicarse respecto de una parte indivisa. Adoptar una tesitura distinta importaría tanto como incorporar a un tercero a una relación jurídica de la que es extraño, haciéndole asumir consecuencias que afectarían la relación de la que es titular; o sea que se desvirtuaría todo el sistema normativo establecido para el condominio, lo que es inadmisible.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), incapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NUÑEZ, DIEGO SEBASTIAN c/ EXPERTA ART S.A. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-30

La recurrente no trae razones de peso en orden a destruir la fundamentación de la Alzada a sus agravios, puesto que insiste con los mismos planteos -con una llamativa similitud- esgrimidos en su recurso de inconstitucionalidad, no permitiendo de tal modo que su labor impugnativa logre refutar lo aseverado por el a quo en el auto denegatorio respecto de su equivocación relacionada a una supuesta aplicación encubierta del decreto 1694/09 como asimismo de la disconformidad con la incapacidad incremental reconocida en la sentencia; razonamientos todos que permanecen incólume frente a las deficitarias reiteraciones de la recurrente y se traduce en un ineludible incumplimiento de la carga del artículo 8 de la ley 7055. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 8; Decreto 1694/09
Pericia médica, dictamen pericial, medidas para mejor proveer
Materia: PENAL
Carátula: ROCCHIA, ELVIO s/ PRUEBA PERITO - OMISION PRACTICADO CONJUNTO - NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-11

Es nulo el informe pericial ordenado como medida para mejor proveer, si no se realizó conjuntamente por la totalidad de los médicos designados.
Beneficios previsionales, beneficiarios previsionales, cónyuge supérstite
Materia: PROCESAL
Carátula: Celso de Estol, Elide Josefina Laura s/ Pensión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-03-11

No es inconstitucional el art. 38, inc. 1° de la ley 18.037 (t. o. 1976) en cuanto establece que el beneficio jubilatorio alcanzado por el causante únicamente podrá derivarse a sus parientes entre los que incluyó, defecto de expresión mediante, a la viuda o viudo, términos éstos que sólo comprenden al cónyuge supérstite de un matrimonio considerado válido por nuestro ordenamiento jurídico.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lucioni, Justo c/ Capdevila de Cazaban, Irma y otros s/ Daños y perjuicios Siri, José Pedro c/ Martínez, Carlos Antonio s/ Daños y perjuicios Raimundo de Curcovich, Elba c/ Ventades, Roberto s/ Daños y perjuicios Plus Ultra Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ Cutta de la Vega, Lidia Alicia y/o quien resulte propietario s/ Daños y perjuicios Jarvis Douglas c/ Municipalidad de General Pueyrredón - Federación Arg. Triatlón - Asociación Bancaria y/o responsable s/ Daños y perjuicios Cooperativa de Servicios Públicos del Partido de Ramallo Limitada c/ Acuña, Alfredo Andrés y otros s/ Daños y perjuicios Gómez, Valentina Rubeina y otros c/ Perelli, Angel Luis s/ Indemnización de daños y perjuicios Cordido, Atalival Augusto y otros c/ Benitez, Hipólito Alcides y otra s/ Daños y perjuicios Chiapolini, Mónica y otros c/ Scalzo, Sergio y otros s/ Daños y perjuicios Vera, Juan José y otro c/ Grasso, Carlos Ernesto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-05|1998-03-31|1988-06-14|1992-03-31|1996-07-02|1989-12-26|1991-11-26|1994-11-15|1999-12-29|2000-04-05

La infracción a las leyes de tránsito no implica necesariamente la culpa del infractor desde el punto de vista civil, y ello es así, porque siendo la ley 5800 un dispositivo de aplicación provincial, su interpretación no puede modificar normas de orden nacional como las del Código Civil.
Suspensión del juicio a prueba, daño resarcible
Materia: PENAL
Carátula: Calderaro, Ana María s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-02

La mera exigüidad del monto ofrecido no es una razón suficiente per se para considerar que no atiende las concretas posibilidades económicas del imputado, sino que para arribar a tal conclusión es menester efectuar una consideración global del encartado, la cual fue omitida, pues los informes socio-ambientales indicaban que la imputada hace años se encuentra desempleada, vive con sus hijos en un departamento alquilado del cual la están por desalojar por falta de pago y los ingresos del grupo familiar no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y atender sus graves dolencias de salud. (Dres. Diez Ojeda, González Palazzo y Hornos).
Accidente ferroviario, contrato de transporte, obligaciones del transportador, obligación de seguridad, responsabilidad del transportador
Materia: CIVIL
Carátula: TACA, DORA ESTHER c/ F.F.A.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

Si el accidente ocurrió cuando la víctima caminaba por el andén, acabando de descender del vagón en el que había viajado, es aplicable el art. 184 del Código de Comercio que regula las obligaciones y responsabilidades por el contrato de transporte, pues éste se considera con efectos, en ese aspecto, por gran parte de las opiniones, durante el descenso y mientras la persona se encuentra en los andenes, hasta la salida.

La empresa de ferrocarriles tiene a su cargo el cumplimiento del contrato, inclusive en el andén de las estaciones y hasta la salida de ese ámbito que le pertenece jurisdiccionalmente. El transportista tiene una obligación que se satisface llevando a destino sano y salvo al transportado, de modo que si esto no ocurre, a su cargo queda acreditar que los percances e inconvenientes se debieron a un evento para esa empresa incontrolable. Es más, se asume por la transportista una verdadera obligación de "seguridad" y cualquier menoscabo que el otro contratante sufra configura en principio, un incumplimiento de la debida prestación de transportar y da nacimiento a la responsabilidad, a menos que demuestre las eximentes que nacen de los arts. 184 del Código de Comercio y 65 de la vieja ley de ferrocarriles de 1891, N. 2.873.

La empresa de ferrocarriles, para eximirse invoca que el causante del accidente en el andén fue un pasajero que actuó con ilicitud al efectuar un acto de "raterismo" con tan graves consecuencias, no puede sostenerse que se trataba pura y simplemente de un tercero por completo ajeno a la empresa, puesto que ella debía vigilar a sus pasajeros cocontratantes, ordenarlos e impedir desmanes o actos perjudiciales de unos contra los otros.
Responsabilidad contractual, accidente en espectáculo deportivo, responsabilidad del organizador
Materia: CIVIL
Carátula: Zacarías, Claudio H. c/ Córdoba, Provincia de y otros s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Es de naturaleza contractual, en razón de la relación de dependencia existente, la responsabilidad del organizador respecto de los jugadores de su propio equipo.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, honorarios del abogado, regulación de honorarios, retroactividad de la ley, ley de accidentes de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Cejas, Gelis Crisanto c/ S.A.D.E. S.A. y otro. s/ Accidentes de trabajo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

Corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios de los abogados practicada aplicando el art. 17 de la ley 24.028 sin atender a que buena parte de los trabajos fueron cumplidos con anterioridad a esa ley y por ende, se encontraban regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron.
Delitos, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar
Materia: PENAL
Carátula: R., O. D. s/ Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (Expte. Nro. 554-00  Resolución Nro. 46, Tomo 41, Folio 80)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-22

La obligación de asistencia se refiere a la posición de garante del padre respecto de su hija y el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar consiste en sustraerse "a prestar los medios indispensables para la subsistencia". El tipo no contiene un requerimiento particular de malicia en el dolo que conforma su aspecto subjetivo. En tal aspecto se exige el conocimiento de la obligación de asistencia y la voluntad de omitir dentro de un delito de peligro abstracto. Dicho peligro no desaparece ni la obligación es eximida por el cálculo o siquiera el conocimiento de que otro las afrontará. Y el querer se manifiesta a partir de un deber de trabajar o conseguir los medios para asistir, por lo que la imposibilidad debe ser demostrada y no meramente alegada para que desaparezca dicho querer.
Juicio ejecutivo, excepción de pago parcial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Arrecifes Remolques SRL s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

No es admisible como excepción el pago parcial efectuado luego de promovido el juicio, aún cuando lo fuera antes de la interpelación judicial, si el demandado se hallaba en mora. Es que el pago parcial no purga la mora ni neutraliza sus efectos (arts.725 y 740 Código Civil).
Juicio correccional, homicidio culposo, condena de efectivo cumplimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gutiérrez, Mario Martín s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor M. Pinto en contra de Sentencia Nº 80/12, de Expte. Nº 001/07 - Gutiérrez, Mario Martín - Homicidio Culposo - Santa María
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-02-28

El Juzgado Correccional aplicó al imputado por homicidio culposo una pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, y una inhabilitación especial de ocho años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores (arts. 84 segundo párrafo, segundo supuesto; 45, 40, 41 y cctes. del CP y arts. 407, 409 apartado tercero y correlativos del CPP).

Contra el decisorio aludido, comparece el de asistente técnico del imputado G. e interpone recurso de casación.

La pretensión recursiva se dirige a cuestionar la errónea aplicación de las normas previstas en los arts. 40 y 41 C.P. para individualizar judicialmente la pena (art. 454 inc. 3º C.P.P.).

En relación a la jurisprudencia citada por el recurrente, ya me he expedido al respecto en causas "Oyola" y "Rivero" (S. nº 5, 04/07/2006 y S. nº 22, 11/11/2008) (con respecto a la prisión de cumplimiento efectivo). Allí sostuve que "en el caso del homicidio culposo también puede darse que se prive de la libertad cuando la incidencia de circunstancias agravantes y minorantes del comportamiento humano y que surgen de la plataforma fáctica demuestren que nos encontramos en presencia de una conducta totalmente reprochable, como ser conducir totalmente alcoholizado, drogado, que haya abandonado a la víctima, que haya dos víctimas fatales, picadas, conducir en autos sin frenos, con cubiertas lisas, el caso de una culpa con representación, etc.; es imposible detallar el casuismo.

En mi criterio, no basta que sólo uno de esos elementos provoque el accidente para que se lo deba privar de la libertad, sino una concurrencia de varios elementos; deben valorarse todas las pautas de los arts. 40 y 41 y haber una conjunción de elementos agravantes para imponer una pena privativa de la libertad".

En atención a lo examinado, como ya lo señalara, entiendo que en el caso de autos, la pena impuesta no se revela como injusta.

Por ello corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Moretta, Federico Emencio c/ Galdeano, José Emilio s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-03-11

Corresponde fijar indemnización por desvalorización del vehículo sí de la pericial surge que el automóvil después de la reparación ha quedado con defectos en la parte de chapa y partes vitales de su estructura.
Poder de policía, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, competencia provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-17

La facultad de las autoridades locales de ejercer el poder de policía en materia de salubridad, seguridad y moralidad se ejerce en todo el territorio de su jurisdicción, incluso en los establecimientos de utilidad nacional situados en las provincias y municipios (art. 75, inc. 30, CN). (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier, al que adhieren los Sres. Jueces Ana María Conde y José O. Casás. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario, facultades del juez, sanciones procesales, multa
Materia: CIVIL
Carátula: LLOYDS TSB BANK c/ PORTO ALEGRE DE COUTO s/ RECUSACION CON CAUSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-30

Lo atinente a la multa aplicada a la parte y su letrado, constituye una facultad privativa del Tribunal, a raíz de las comprobaciones efectuadas y de la conducta procesal observada por los sancionados, lo cual excluye su revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, salvo que se acredite que aquélla excede el límite fijado en la norma que la contempla o que la sanción importe un evidente exceso en el ejercicio de la función (en sentido coincidente, CSJN in re "Delgado, H. c/ Cía. de Ómnibus 25 de mayo", 291-265; 296-228; 276-311; 277-15; CNCiv. Sala C, R.361932 in re "Banca Nazionale del Lavoro SA c/ Borenholtz, B. s/ recusación", del 3/6/03; íd.íd. in re "Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Colbo SA s/ recusación", del 4/11/2004 antes citado).
Actos jurídicos, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramos, Roberto Martín c/ Bagnardi, Martín s/ Acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

En el supuesto del acto inexistente el tercero no puede ampararse en el art. 1.051 del Código Civil para repeler la acción reipersecutoria del propietario despojado, pues éste es merecedor de la tutela jurídica de su derecho por más respetable que puedan parecer la situación del adquirente de buena fe y las postulaciones de la doctrina de la apariencia jurídica.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, corredor, corredor no matriculado, matrícula profesional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Corporación de Rematadores y COrredores Inmobiliarios - Mutual s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-11

Corresponde rechazar la acción declarativa de inconstitucionalidad pues la parte actora no demostró que la transitoria y excepcional equiparación en el tratamiento jurídico establecida por el legislador local para obtener la matriculación en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios -mediante la ampliación del universo de potenciales aspirantes a obtenerla- pueda calificarse como arbitraria o infundada. (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y José O. Casás).
Deberes del juez, economía procesal, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: REBORI  AMELIA ISABEL c/ YAHOO DE ARGENTINA SRL Y OTRO s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-10

El art. 34, inc. 5, del Código Procesal establece que es deber de los jueces dirigir el procedimiento vigilando que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal. Resulta apropiado tener en cuenta que a raíz del precedente del Alto Tribunal invocado por el señor Juez Civil -en el que se decidió la competencia de este fuero cuando el objeto de la pretensión se encuentra dirigido a proteger el nombre y la imagen física de la accionante a la que se vincula con la difusión, utilización, promoción y comercialización de contenido pornográfico por medio de Internet- la Sala ha modificado la posición sustentada en el mencionado incidente, adecuándola -en atención a que las instancias ordinarias tienen el deber de conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte dictadas en casos similares- al criterio seguido por el Alto Tribunal en el tema (conf. esta Sala, causa 4909/06 del 10.7.07).