marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concurso preventivo, incidente de verificación
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: MANGIONE, MIGUEL ANGEL sobre INCIDENTE DE REVISIÓN en autos Mangione, Miguel Angel s/ concurso preventivo Expte. Nro. 20745/02
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-12-10

Es sabido que la etapa necesaria de verificación de los créditos se caracteriza por la celeridad y simplicidad de su trámite, ya que se pretende conocer -sin alternativas recursivas- quiénes tendrán derecho a participar en la negociación de la solución preventiva, mientras que la etapa eventual de la revisión cuenta con mayor amplitud de debate y de prueba.- En lo que respecta a los créditos o privilegios declarados admisibles por el juez (art. 36, párrafo 2 de la LCQ), cabe mencionar que la decisión es definitiva a los fines del cómputo en la evaluación de mayorías y base del acuerdo (art. 36, párrafo 3), pero puede ser revisada dentro de los veinte días siguientes a la fecha de la resolución.- De lo expuesto surge que esa sentencia de verificación es provisoria, habida cuenta de la posibilidad de su reexamen en el incidente de revisión, entendido éste, por algunos doctrinarios, como un "verdadero recurso de reposición que se articula ante el mismo juez que dicta la sentencia de admisibilidad o inadmisibilidad, a fin de que por contrario imperio repare o enmiende los agravios que aquélla ha inferido a los intereses de algunos de los interesados en su promoción".-
Materia: PENAL
Carátula: VILLALBA GREGORIO ENRIQUE S.D. ABUSO SEXUAL CON SOMETIMIENTO GRAVEMENTE ULTRAJANTE PARA LA VICTIMA E.P. DE CASTILLO SANTA ETELVINA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-02

La circunstancia de que el procesado tenga una personalidad anómala o bien una disminución leve del patrimonio intelectual, no implica que se trate de un inimputable en el sentido en que lo define la legislación Penal vigente.-
Contrato de trabajo, despido con causa, ausencias injustificadas
Materia: LABORAL
Carátula: Chiquichano, Delia Mabel c/ MODECRAFT S.A.C.I.F. s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-06-14

Sin develar previamente la incógnita de si la enfermedad existía, si era real o no, constituyó un apresuramiento despedir a la operaria mediante telegrama, pues en ese instante no se hallaba determinado aún si la inasistencia era justificada. Por más que tuviere la trabajadora malos antecedentes al respecto, ellos por sí solos no podían sustentar el distracto si no estaba comprobado un último hecho causa directa e inmediata de la decisión.
Jueces, jubilaciones
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CICCIARO, Eduardo Pascual c/ Estado Nacional -M° de Justicia- s/ VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-27

Debe confirmarse el rechazo de la demanda promovida mediante la que el actor reclamó su inclusión en el régimen previsto en el decreto 1770/91 y el pago de las sumas de dinero emergentes de su aplicación, por haberse desempeñado en el cargo de Prosecretario Jefe de la Procuración General de la Nación y de Auxiliar Superior en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Ejecución de sentencia, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fuentes, José Bartolomé c/ Martín Hnos. Sociedad de hecho y otros s/ Ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

La defensa de falta de legitimación pasiva, opuesta por el ejecutado por no haber sido sujeto condenado en el proceso ordinario precedente, puede y debe ser asimilada a la defensa de inhabilidad de título, la que en el proceso de ejecución de sentencia, va implícita en la falsedad de la ejecutoria (art. 504 inc. 1° C.P.C.), cuando como en la especie, se funda en el hecho de no estar obligados los ejecutados por la condena impuesta en el fallo.
Derecho administrativo, derechos de incidencia colectiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES DEPARTAMENTO ROSARIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SUMARIO LEY 10000- - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 176-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

La diversidad de opiniones en doctrina sobre el tema de intereses difusos es lógica consecuencia de la incertidumbre que se manifestó, y aún se exterioriza, respecto de la clasificación de estos intereses, pues, tal categoría, en algún momento, se intentó referirla a las figuras tradicionales, es decir, a los derechos subjetivos e intereses legítimos, fundamentalmente por la jurisprudencia italiana (los jueces administrativos se inclinaron por el interés legítimo; los civiles por el derecho subjetivo) contraponiéndosela a la tentativa de construirla como un "tertium genus", caracterizada por una especificación de relaciones entre sujetos y bienes. La Ley 10000 no se adscribió a la primera tendencia, tal como surge del Mensaje del Poder Ejecutivo.
Daños y perjuicios, reintegro de gastos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Jozsa Esteban c/ Alberto Escudero y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios y daño moral Jozsa Esteban c/ Alberto Escudero y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios y daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-09-30|1996-09-30

En lo que respecta a los gastos de reparación de un automotor, para su procedencia no es necesaria una prueba instrumental acabada del pago efectivo, cuando ella resulta como una consecuencia normal del ilícito y no es exagerada su ponderación, como que una vez verificado el daño debe tenerse por acreditado el perjuicio que se reclama aún cuando no se haya probado instrumentalmente la referida erogación en tanto la admisión del crédito, en juicios de esta naturaleza, puede fundarse en la experiencia común.
Prescripción adquisitiva, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Pobliti, Mónica Fernanda y otros c/ Valentini, Cyntia Natalí y otros s/ prescripción adquisitiva vicenal/Usucapión (expte 55.438) y su acumulada Valentini, Cintia Natalí y otra contra Pobliti, Mónica Fernanda y otros. Reivindicación (expte. n° 57.226). c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

Dada la trascendencia económico social del instituto de la usucapión, cabe tener en cuenta que la prueba de los hechos en los que se funda debe ser concluyente, y que la carga probatoria de la posesión recae sobre el actor, al que le resultan aplicables las reglas generales del onus probandi, en tanto la usucapión supone el apoderamiento de la cosa con ánimo de dueño; y mientras no se demuestre de algún modo que el bien es tenido animus rem sibi habendi los jueces deben considerar a quien lo ocupa como mero detentador, pues si así no fuera, todos los ocupantes y aún los tenedores a título precario, estarían en situación jurídica idéntica a la de los verdaderos poseedores (arts. 2352, 2373 y 2384, Cód. Civil).(doctor de Lázzari, mayoría)
Cesantía, acto administrativo ilegítimo
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Mamani, Manuela Fabriciana c/ Estado Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. N° B-232.947/10 (Sala II - Tribunal Contencioso Administrativo) s/Ordinario por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2014-03-21

La circunstancia de que el decreto de cesantía se encuentre firme y consentido no impide hacer lugar a la acción de daños y perjuicios promovida por el agente cesanteado, pues en las actuaciones posteriores seguidas ante el Tribunal de Cuentas se demostró que no correspondía a dicho agente la firma inserta en el cheque mediante el cual se desviaron fondos y que fue causa de la cesantía , de modo que queda evidenciada la irregularidad del trámite administrativo seguido dado que si se hubiera producido la prueba pericial solicitada oportunamente por el agente se hubiera evitado el decreto de cesantía que arrogó los perjuicios que ahora se reclaman.
Indemnización, daño moral, daño material, reincorporación, personal municipal, personal transitorio, revocación del acto administrativo nulo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Z. M. D c/ GCBA y otros s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-26

Al haberse declarado nulo el decreto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dejó sin efecto la designación de un trabajador como auxiliar de portería por no haberse realizado los exámenes preocupacionales de forma previa al inicio de la relación laboral, corresponde reconocerle al actor el derecho a percibir una indemnización en carácter de resarcimiento por el daño moral y material sufrido equivalente al 50% de los haberes que debió percibir en el ejercicio de sus funciones, calculados desde el momento en que dejó de percibir su remuneración debido al acto segregativo hasta el momento de su efectiva reincorporación.
Despido por maternidad, denuncia del embarazo
Materia: LABORAL
Carátula: ESPINOZA, LAURA ELENA c/ CASTELLANO DE STELLA, CARMEN s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-21

La carga notificatoria impuesta por el artículo 177 Ley de Contrato de Trabajo puede cumplirse con el mero anoticiamiento de la gravidez, a fin de que el principal realice la comprobación del hecho.
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo, motivación del acto administrativo, forma del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arroquy, Arturo Rodolfo c/ Provincia del Chubut s/ Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-05-16

Estas irregularidades del Acto Administrativo en la causa y en las formas -formación del mismo- aparejan su nulidad absoluta. Es que la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia del Chubut -que integró el bloque de legalidad- establece que los actos de administración son nulos de pleno derecho en los siguientes casos...

. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido para ello.
Liquidación judicial, error de cálculo, revisión de la liquidación, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: La Romería S.A. s/ concurso preventivo incidente de revisión promovido por la  concursada contra el crédito de Cattorini Hnos. S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

Los errores aritméticos o de cálculo en que incurre una decisión deben ser necesariamente rectificados por los jueces, sea a pedido de parte o de oficio (Disidencias de los Dres. Julio S.

Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor y del Dr. Guillermo A. F. López).
Pensiones, extinción del derecho de pensión, interpretación de la ley, separación de hecho, cónyuge separado, cónyuge culpable, prueba, presunciones, defensa en juicio, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ARIAS, ROSA ITALINA c/ A.N.Se.S. s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-30

La recta interpretación de la ley 17.562 impone al organismo previsional establecer si la peticionante fue culpable o no de la separación de hecho, en la medida que existan causas que justifiquen tal sospecha, mediante la fehaciente demostración de tal culpabilidad; pero nunca presumir la existencia de la misma y someterla a la exigencia de demostrar su inocencia, desde que tal procedimiento se encuentra reñido con las garantías constitucionales de la defensa en juicio -art. 18- y con el espíritu de la ley que intenta aplicarse.
Sucesión testamentaria, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gómez, Felipe s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-12

El escrito en el que se peticionó la declaración de validez del testamento y la confección de un inventario es de carácter común.- MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, excusación, violencia moral, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, pautas orientadoras, deberes del juez, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL
Carátula: T, A S Y D C, V M s/ EXCUSACION DE LA DRA. ELENA RAMON EN EXPTES. 661/03 "T., A.S. S/ DESOBEDIENCIA Y NRO. 1581/02" D.C., V.M. S/ FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PRIVADO Y ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA" (EXPTE: N 6 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-11

La posibilidad de conductas anómalas no puede obstar a que se preserve la imparcialidad, elemento esencial de la jurisdicción que le es requerida al juez funcionalmente como síntesis omnicomprensiva de todos los demás deberes. (De la disidencia del Dr. Giménez) En el caso la cuestión a resolver es: Extensión de la causal de excusación por violencia moral.
Extradición, competencia de la Corte Suprema, prescripción de la acción penal, cómputo del plazo, circunstancias sobrevinientes, edad del procesado, derecho extranjero, aplicación del derecho extranjero
Materia: PENAL
Carátula: Crousillat Carreño, José Francisco s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-18

Las decisiones de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento de resolver, aunque sean sobrevinientes a la interposición de la vía intentada, por lo que aparecen superadas las razones que movieron al a quo a considerar innecesario abordar la incidencia que en la prescripción de la acción penal extranjera podría tener la cláusula del art. 80 in fine del Código Penal peruano.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lieman S.A.C.I.F.I.A. c/ Paciencia, Bautista Alfredo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-29

Si los ejecutados no han negado categóricamente, en ningún momento, la autenticidad de las firmas que se les atribuyen, deben tenerse por reconocidos los instrumentos que las contienen (arg. arts. 918, 919, 1012, 1028, 1031 y concs. del C.Civil; arg. arts. 354 inc. 1º, 521 inc.2, 524, 525 y concs. del C.P.C.C.).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Desacato calificado, jueces, escritos judiciales, defensor
Materia: PENAL
Carátula: DI CECCO, OSCAR s/ DESACATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

Los escritos presentados en el curso normal de la causa por el abogado acusado, mientras ejerce el cargo de defensor de su cliente, mantenido en prisión preventiva, y para urgir el trámite probatorio, no constituyen desacato, aunque sí puedan señalarse en ellos diversas expresiones agresivas y fuera del debido estilo mensurado que debe guardarse para con el Juez, las que pueden ser sancionadas disciplinariamente por éste, como resguardador del debido proceso, pues pertenecen al ámbito reservado legalmente al cumplimiento del deber que impone el cargo de Defensor; deber que obliga a luchar contra las acciones u omisiones de los funcionarios intervinientes en el proceso, mediante disenso, oposición razonada y legalmente fundamentada, debate, cuestionamiento, etc., todo ello, por supuesto dentro del cauce normal y preestablecido por el procedimiento y en pro del cumplimiento de una función de orden público, cual es la de "impedir que la ignorancia o el egoísmo agravien injustificadamente la situación del procesado", y cuyos derechos protege.
Falsificación de documentos, prueba, idoneidad de la adulteración
Materia: PENAL
Carátula: LORENZO, JORGE MASCIA, MARTINO ANTONIO s/ TENTATIVA DE DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-28

La idoneidad de la adulteración de la póliza no es necesaria que sea corroborada por la observación de peritos o personas hábiles para descubrirlas, sin que basta que tenga aptitud para engañar al común de la gente o para poner en peligro el bien jurídico, para que quede consumado el delito.
Indemnización por despido, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: BRE, JACINTO ENRIQUE c/ SCHCOLNIK  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-17

El aguinaldo no integra el salario mensual y habitual, ya que se trata de un adicional que se paga semestralmente; y por ello no corresponde incluir su parte proporcional en el cálculo de la indemnización prevista por el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo.
Concursos, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SIND. SUPL. ALIAS S.A.I.C. EN J: BONATERRA JOSE s/ Quiebra Voluntaria Recurso Reposición - Casación (LIBRO: S256 - 476)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-06-21

No procede la caducidad de instancia cuando el proceso concursal fue suspendido por un acuerdo entre la sindicatura y el expediente al momento de interposición por la fallida del incidente, y sí al resolverse la cuestión.
Regulación de honorarios, procuradores, representación procesal, abogado no apoderado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAEZ ADOLFO EN J: BLASCO HERNAN c/ ANIBAL FORNES S.R.L. s/ Cambiaria (LIBRO: S274 - 280)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-09-25

Corresponde regular honorarios por la labor profesional cumplida por un Procurador Judicial (art. 37 Ley 3641), que actuó invocando una representación que no acreditó, siendo cada acto ratificado por la parte.-
Decreto de necesidad y urgencia, constitucionalidad, transporte de pasajeros, emergencia económica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Galeano, Isabelino c/ Rodríguez, Miguel s/ Daños y perjuicios perjuicios perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

El decreto 260/97 debe ser declarado inconstitucional, pues carece de uno de los requisitos indispensables para que pueda sostenerse la validez de un decreto de necesidad y urgencia, cual es la protección de los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos, ya que la situación de emergencia que atraviesan las empresas prestadoras del servicio público de pasajeros y sus aseguradoras no afecta al interés público, sino que es una crisis de exclusivo carácter sectorial, que puede ser conjurada a través de los resortes ordinarios de que dispone el Estado a tal efecto, sin llegar a un remedio sólo autorizado para situaciones que ponen en peligro la subsistencia misma de la organización estatal. En base a los requisitos que justifican el dictado de un decreto de necesidad y urgencia, cabe concluir que el decreto 260/97 carece de validez, pues se aparta, no sólo de la constante doctrina de la Corte, aún anterior a la inclusión de tales decretos en la Ley Fundamental, sino también de la propia letra del art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, razón por la cual corresponde declararlo inconstitucional. Sin que tal conclusión pueda verse modificada por el dictado del decreto 255/00 que prorroga el régimen del decreto 260/97; ya que aquél incurre en similares vicios que éste.
Sobreseimiento, Ministerio Público Fiscal, impulso procesal
Materia: PENAL
Carátula: Britos, Ester c/  s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-03

Si el proceso fue legalmente promovido por el Ministerio Público Fiscal según lo requiere el art. 180 del Código Procesal Penal de la Nación, y al cabo de la realización de una medida de prueba, el juez competente dictó un auto de sobreseimiento, que fue consentido por el Ministerio Público, y sólo impugnado por vía de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por la querella, cabe considerar que tal apelación constituía la vía de control de la decisión de la fiscalía de promover la desestimación, en la que debía cumplirse el trámite de los artículos 454 y 455 CPPN -según ley 23.984-, dando posibilidad de intervención del fiscal de cámara, para que se pronuncie sobre aquélla. Si la cámara opinara en contra de lo dictaminado por el agente fiscal de la instancia anterior, estaría satisfecho el presupuesto procesal de impulso o promoción de la acción y el proceso en condiciones de continuar. De lo contrario, si coincidiera con la petición de desestimación, la Cámara podría o bien confirmar la desestimación en caso de estar de acuerdo o, al contrario, si entendiese que la desestimación es infundada, debería declarar que no se puede proceder por falta de instancia de la fiscalía porque, en definitiva, el requerimiento de instrucción es un presupuesto procesal para el ejercicio de la jurisdicción. Según esta concepción, este modo de proceder salvaguarda la debida división entre las funciones requirentes y jurisdiccionales, porque de todas formas, aunque el fiscal de cámara requiriera la instrucción, subsistirá la jurisdicción que conserva el tribunal de apelación de confirmar la desestimación. Además constituye una vía apta de control que puede inferirse de la posibilidad de participación del Ministerio Público en el trámite de la apelación, para habilitar el control jerárquico interno y para asegurar al pretenso querellante una revisión por ese ministerio de los méritos de su pretensión (voto del juez García)
Jueces, facultades del juez, leyes, interpretación de la ley, liquidación judicial, desindexación, automotores, valor real, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Brufman, León c/ Jiménez, Antonio s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Cumplimiento de contrato (Expte CSJ Nº 1462-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-07

No puede considerarse que el Tribunal a-quo haya desinterpretado la ley 24283 al considerar que la misma no resultaba aplicable a la deuda dineraria reclamada, al entender que la condena originaria de dar parte de un auto se había mutado en dinero, juzgando inadmisible pretender un ajuste de la condena en función de las vicisitudes del mercado automotor, pues el mismo responde a parámetros distintos de los que inciden en la fluctuación de la moneda. En este sentido, no debe perderse de vista que la eventual distorsión de la condena debe medirse no con relación a la originaria sentencia declarativa que condenó a pagar una parte del auto, sino a aquella que convirtió la deuda en dinero, desvinculándose significativamente del valor del rodado.
Expropiación, demandado, allanamiento
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ CORNERO, RICARDO RAFAEL Y/O QUIEN RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION (EXPTE.: C.S.J. N 235 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-19

En autos "Provincia de Santa Fe c/ Bobbio (A. y S. T. 45, pág 217), este Tribunal señaló que, no mediando aceptación de parte del interesado, "el dinero no deja de pertenecer a la expropiante, y a ésta incumbe solicitar las medidas que en resguardo de su poder adquisitivo puedan corresponder".

Tal criterio, en su aplicación concreta al caso, implica que, habiendo percibido el expropiado la suma consignada en la demanda y producida la aceptación de la diferencia entre aquélla y la determinada en definitiva por la Junta de Valuación, el dinero depositado dejó de pertenecer a la expropiante, por lo que habiéndose satisfecho la exigencia constitucional y legal de la indemnización previa, sólo resta declarar la transferencia del bien expropiado a nombre de la expropiante, una vez acreditado el pago de los honorarios y aportes.
Procedimiento judicial de la seguridad social, competencia contencioso administrativa, caducidad de instancia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: REGOJO, ANTONIO HECTOR c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-23

No se extralimitó en su competencia el Juez Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal que declaró de oficio la perención de la instancia por haber transcurrido en exceso el plazo contemplado por el art. 310, inc. 2) del C.P.C.C., toda vez que al momento de hacerlo, y conforme los términos de la Acordada nº 45/96 de la C.S.J.N. y de la Resolución de la Cámara Federal de la Seguridad Social nº 18/96 dictada en base a aquélla, resultaban competentes dichos juzgados por cuanto la ley 24.655 no había entrado aún en vigencia. (Del voto del Dr. Laclau).