Tribunal: CAMARA DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-31


S. M. de Tucumán, octubre 31 de 2014 Sentencia 237 AUTOS Y VISTOS: Que vienen a conocimiento de éste Tribunal, para el dictado de sentencia definitiva los autos caratulados: Burgos Paz Marcelo Fabián vs. Gasnor S.A. s/ Indemnizaciones. Que se tramitaron por ante el Juzgado de Conciliación y Trámite de la VIa. Nominación, del que RESULTA:

Que a fs.7 de autos comparece el letrado José Lucas Mirande como apoderado ad-litem del señor BURGOS PAZ MARCELO FABIÁN de las condiciones personales que constan en instrumento de fs. 2.

Inicia demanda laboral en contra de Gasnor S.A. con domicilio en Avda. Avellaneda n° 295 - San Miguel - Tucumán.

Manifiesta que su mandante ingresó a trabajar en la empresa el día 06/04/1988 en dependencia de GAS DEL ESTADO, que en el período que va desde el año 1990 a 1992 ocupó el cargo de tesorero suplente y con la privatización fue trasladado a la oficina de Control de Cobranzas encargada de toda la región NOA (Tucumán; Salta; Santiago del Estero, Jujuy y también de las oficinas existentes en cada provincia, Concepción, Oran, etc.). Manifiesta que trabajó en dicha función hasta febrero del año 2000 cuando fue ascendido como encargado, cargo que dice haber ocupado hasta su despido.

Entre las funciones que realizaba estaba la de dar de alta a proveedores en el sistema comercial, emitir facturas de venta, otorgar permiso para ingresar a la consulta de proveedores por extranet, certificados de las ART para la sub gerencia de Tucumán, etc.

Expresa que desde el año 2002 fue electo por sus compañeros como representante de Mutual Gas ante Gasnor, institución que sin tener fines de lucro brindaba varios beneficios a los empleados de la firma (ofrecer viajes a distintos puntos del país o extranjero, cobertura de sepelio, seguro para automotores, compra de vestimenta, electrodomésticos, bienes muebles, etc) .

En relación a las últimas calificaciones que refiere haber obtenido como "asistente administrativo financiero" por los períodos que se extienden hasta el mes de Marzo de 2008 promediaron entre 7.60 a 9.10.

En el punto 3.d) DISCRIMINACION LABORAL: DESPIDO, sostiene que con el surgimiento del nuevo Sindicato: Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJ GAS), su situación personal dentro de la empresa varió drásticamente.

Expresa que el día 06-11-2008, recibió por correo electrónico una invitación de APJ GAS para asistir a una reunión informativa a realizarse el día 07-11-2008, y que al conocer al gremio por los beneficios que brindaba, decidió asistir.

Que parte del personal de Gasnor denominado "dentro de convenio" están afiliados al gremio denominado ATIGAS (Asociación de Trabajadores de la Industria de Gas) y que en su caso particular, por estar fuera de convenio, no tenía representación sindical.

Que se sintió motivado de participar en la nueva corriente sindical ya que estaba entre el grupo de empleados fuera de convenio y necesitaba una organización sindical que bregue por la defensa de sus derechos. Sostiene que al poco tiempo de haber tomado la decisión de formar parte del nuevo gremio se había convertido en su principal promotor y difusor dentro de la empresa, y que, pese al malestar que su actuar generaba en su empleadora consideró que el reconocimiento de sus derechos estaban por encima de sus sensaciones, las que evaluó como pasajeras.

Que en la reunión los puntos más importantes que se trataron fueron la de establecer de donde surgiría el representante de APJ GAS ante GASNOR, que también podían ser los denominados empleados fuera de convenio, y que por último se trató el tema de la necesidad de lograr la mayor cantidad de afiliados en un corto plazo, se convino que para lograr el objetivo era necesario un rol activo de los interesados.

Que en la referida reunión se postularon como candidatos a representantes de la APJ GAS a los Sres. Canceco Rubén, Niveiro José Luis, al Ingeniero Navarro Marcelo (no aceptó), y al actor, quien sostiene no haber aceptado por cuanto la mutual le irrogaba demasiada labor, pero que a pesar de ello asumió el compromiso de trabajar en forma activa por la nueva corriente sindical. Se estableció como fecha de votación el 05-12-2008. Expresa que terminada la reunión se retiró muy satisfecho y convencido de seguir ejerciendo un rol activo en favor de APJ GAS dentro de GASNOR a fin de lograr un número suficiente de afiliados para su funcionabilidad y que se dedicó a difundir dentro de la empresa, entre los empleados "fuera de convenio", sus inclusiones a la misma.

Que en fecha 18-11-2008, presentó a la APJ GAS la solicitud de afiliación y que como represalia el 21-11-2008 a hs. 17.20, después de 21 años de servicio, con antecedentes de ser un empleado ejemplar, lo citaron a una reunión en la oficina del Contador Arena donde se le comunicó que se lo despedía sin causa. Sostiene que ese día también fueron despedidos el Ingeniero Navarro Marcelo y Ladetto Juan, por similares motivos que su caso particular.

Expresa que el 23-12-2008, los empleados de Gasnor Canseco Rubén Rodolfo y Niveiro José Luis, denuncian ante la Dirección de Trabajo de nuestra provincia (Expte. nº 13538/18 Letra:EG08), que: "Analizadas y transmitidas las propuestas brindadas, se sumaron más compañeros y se afiliaron a la misma, con la sana intención de encontrar una institución que nos represente.Toda persona tiene el derecho de asociarse . para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden . sindical".Transcurridos los días posteriores y después de diversas formas de presiones y averiguaciones efectuadas, la empresa Gasnor SA, el día Viernes 21 de Noviembre de 2008, despidió a los compañeros Burgos Paz Marcelo Fabian; Navarro Marcelo Miguel y Ladetto Juan Alejandro, sin motivo ni causa y de manera intempestiva..por el accionar y método sistemático de amedrentamiento empleado por la empresa, y con el propósito de evitar futuras represalias que afecten a otros compañeros (y que de ocurrir tenga Ud. conocimiento), es que denunciamos la existencia de discriminación ideológica y violencia laboral en el seno de la empresa. Esto coarta la libertad de pensar y accionar. A pesar de continuar con este proceder, un grupo de empleados manifestó su repudio y procedió a la elección de los delegados gremiales.en los comicios convocados por la APJ GAS." Que el accionar denunciado demuestra una clara actitud de segregación y represalia hacia su persona quien se dispuso a organizarse sindicalmente para defender sus derechos afiliándose a la nueva organización sindical.

Manifiesta que aquella nota de adhesión implicó su pena de muerte laboral y que el tiempo demostró que la presión ejercida pulverizó la nueva corriente sindical, de la cual quedaron solo los delegados.

Expresa que el día 05-12-2008, se realizaron los comicios para la elección de autoridades del sindicato. Sostiene que Gasnor al solo efecto de generar un ambiente intimidatorio ordenó reforzar la seguridad privada de la empresa y requirieron la presencia de la Policía de Tucumán, quienes se apersonaron en un patrullero con varios efectivos, asimismo que debieron realizarse las elecciones en la vereda y no en el interior, por expresa prohibición de Gasnor.

Manifiesta que estos hechos fueron denunciados por el Secretario General de APJ GAS ante el Ministro de Trabajo, empleo y Seguridad Social Dr. Carlos A. Tomada -Expte. Nº 1311075, transcribe: "Rubén José RUIZ, en mi carácter de Secretario General y en representación de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines, Personería Gremial 397 . nos dirigimos al Señor Ministro a fin de denunciar el despido discriminatorio del compañero . Este acto intimidatorio se suma a los recientes despidos de los compañeros Marcelo Fabián Burgos . oportunamente denunciados a esta autoridad de aplicación- como represalia a su disposición de organizarse sindicalmente para defender sus derechos profesionales y a su afiliación a nuestra organización gremial. Estos despidos sin expresión de causa constituyen -ante todo- una violación de la formativa sobre la defensa del empleo vigente en la actual etapa de Emergencia Económica (ley 25.561, Art. 16 decretos PEN 264/02 y 265/02) y una afrenta a los esfuerzos que estamos realizando ..Los compañeros represaliados son técnicos calificados de trayectoria en la actividad gasífera, por lo que sus despidos- motivado por la discriminación gremial señalada, constituye también una expresión de subestimación que la empleadora practica por la calidad del servicio que está obligada a prestar".

Que en la denuncia se expresa "que el despido del actor tiene la evidente finalidad de impedir que siga ejerciendo sus derechos de libertad y democracia sindical, en particular el de la defensa de su puesto de trabajo, del valor de la remuneración y la libre elección de sus representantes." Que como consecuencia de la extinción de la relación laboral y sus motivaciones el día 30-01-09 el Secretario General de APJ GAS presenta una nota dirigida al Director General de Gasnor, en la cual establecía: "En este sentido, la APJ GAS sostiene que la actual política ejercida por Gasnor S.A. respecto al despido de personal.Esta afirmación está avalada por los recientes despidos discriminatorios de los compañeros Fabian BURGOS .que desempeñaban tareas calificadas en diversos sectores de la empresa .."Por otra parte, solicitamos a GASNOR S.A. que cese su política de obstaculización respecto a las comunicaciones electrónicas que la APJ GAS envía a los trabajadores/as y respete el derecho a libre comunicación que tenemos todas las organizaciones sindicales con nuestros representados" .

Manifiesta que en fecha 13-02-2009, delegados de APJ GAS presentan ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Tucumán una nota por mesa de entradas (Expte. Nº 1077/18 NyC.09) ampliando la denuncia que ya fuera efectuada en el Expte. nº 13538/18 EG08 presentado el 23/12/20008: "..ampliamos denuncia efectuada en el expediente de referencia solicitando la urgente e inmediata intervención de ese organismo en defensa y protección de las fuentes de trabajo. Por lo expuesto manifestamos que: "El 29 de Enero del presente año la Empresa despidió sin causa al compañero Jorge Ezequiel Soraire, que se suma a los de Marcelo Fabián BURGOS PAZ; Marcelo Miguel Navarro y Juan Alejandro Ladetto ocurridas el 21 de Noviembre de 2008 denunciadas oportunamente...Reiteramos la existencia de discriminación sindical, presión psicológica y violencia laboral en el seno de la empresa que pretende dirigir las representaciones sindicales a su antojo. Esto coarta la libertad de decidir y accionar. Queremos por su intermedio evitar que continúen con los despidos discriminatorios, por el solo hecho de organizarnos sindicalmente y elegir libremente nuestros representantes. Queremos poner en conocimiento el desconcierto y la desconfianza que nos invade..".

En definitiva, solicita que se declare nulo el despido y que se le abone los daños materiales y morales que el actuar ilegítimo de Gasnor le produjo.

Cita doctrina y jurisprudencia que considera avalan su posición de demanda.

Que a fs. 69, en cumplimiento con el requerimiento dado por la Juez de Conciliación y Trámite, establece: "La pretensión originaria encuentra su fundamento en el artículo 42 LCT en sentido que la nulidad decretada no afectará al trabajador, por ende de considerarse que le asiste derecho de incoar la presente acción, éste tendrá derecho a percibir las remuneraciones devengadas desde la fecha del despido (art. 260 LCT), y no percibidas, hasta la de su efectiva reincorporación, más intereses. La indemnización deberá calcularse desde el momento en que se ordene el reingreso del dependiente, previa deducción de las sumas que efectivamente percibió, que se hará en base a todos los salarios caídos desde el despido hasta la fecha de la sentencia que ordena su reincorporación.. dando cumplimiento con la orden emanada del Juzgado "incorporo" a la demanda originaria un cálculo alternativo del daño material sufrido, téngase presente que este reclamo solo será operativo en caso de que V.S. considere que a mi mandante, pese a la nulidad acontecida, no le asiste derecho a ser reinstalado en su puesto de trabajo y sea necesaria una cuantificación del daño, ante ello siguiendo prestigiosa doctrina jurisprudencial,. Lo cuantifica en la suma de $47.006,96 (13 sueldos). Continúa: Conforme se manifestara el daño moral no requiere de una prueba directa de su existencia y entidad, por lo que su determinación y cuantía forman parte del arbitrio judicial.Conforme se desprende del escrito de la demanda he solicitado que se cuantifique el mismo en un 10% del importe que se establezca como salarios caídos,...Lo cuantifica en la suma de $4.700,69.

A fs. 304, se apersona la letrada apoderada Mercedes Magdalena Courel por Gasnor S.A., conforme lo acredita con poder acompañado a fs. 72, quien solicita el rechazo de la demanda.

Niega la procedencia de la acción fundada en los hechos y derechos que fueron expuestos por el actor.

Niega en forma especial, que el actor deba ser reincorporado, que se le adeude salarios caídos, daño moral y que se deba descontar en concepto de daño material la suma abonada por indemnización.

Que haya ingresado a trabajar en Gas del Estado en la fecha que indica y que haya realizado las tareas denunciadas, sean tanto para Gas del Estado, como para Gasnor. Que haya cumplido tareas de técnico especializado o de contador, expresando que siempre fue un empleado administrativo.

Rechaza que con el surgimiento del nuevo sindicato APJ GAS la situación del actor "varía dramáticamente" o de cualquier forma, sea en su relación de trabajo o con sus superiores o funcionarios de cualquier Area Gerencial o de Sub-gerencia. Que como represalia a las supuestas actividades que el actor invoca desarrollaba dentro o para dicho sindicato y por su afiliación Gasnor lo discriminara o tuviera un trato discriminatorio. Niega que Burgos Paz fue despedido de Gasnor por las causas y motivos que indica en su demanda y que la reunión (por cierto inexistente) que indica del 21-11-98 se le comunicara su despido y que ello se hubiera efectuado por el contador Arena o cualquier otra persona. Niega que Gasnor despidiera a otro/otros empleados por encontrarse comprometidos o participaran de la nueva asociación sindical, ni que efectuara trato discriminatorio por tales razones. Niega que Gasnor hubiera adoptado acciones de segregación y represalia hacia el actor u otros y que ello se motivara por la afiliación a la nueva organización sindical. Que el accionante fue citado por Gasnor a una reunión el día 21-11-08, que la misma existiera, niega que se hubiera despedido al Ingeniero Marcelo Navarro y Ladetto Juan por haber estado comprometidos con la nueva asociación sindical. Que el contenido de la presentación del 23-12-08 ante la Dirección del Trabajo de la Provincia de Tucumán y las restantes presentaciones, en especial las denuncias que allí se formulan y hechos que se describen en contra de Gasnor respondan a la verdad. Que el Sindicato pudiera estar legitimado para realizar las denuncias y representar a trabajador alguno. Niega que pudiera haber existido un ánimo de Gasnor contra la gestación de la nueva corriente sindical y que la afiliación pudiera haber significado para el actor u otros compañeros su pena de muerte. Que las denuncias o presentaciones que se indican en la demanda constituyan pruebas de que el despido del actor fue discriminatorio. Niega que hubiese correspondido que se efectúen las elecciones de autoridades sindicales dentro de las instalaciones de la empresa, sostiene que adoptaron las medidas lógicas en aras de seguridad y funcionamiento normal de la misma. Niega que la denuncia que efectuara el Secretario General de la APJ GAS frente al ministerio en el expediente 1311075 responda a la realidad de los hechos. Niega veracidad a la denuncia realizada en fecha 13-02-09 en el expte. 1077/18 N y C 09, en especial que se hubiese despedido a Jorge Ezequiel Soraire, Marcelo Burgos Paz y Juan Alejandro Ladetto por discriminación, represalia o algún tipo de violencia laboral, y que ello respondiera a coartar la libertad de decidir y organizarse sindicalmente y elegir libremente sus representantes. Niega que sea procedente y conforme a derecho resolver la nulidad del despido producido en fecha 21-11-08. Que el verdadero motivo del despido del actor fuera ocultar intenciones discriminatorias. Que la decisión de Gasnor de despedir al actor no sea legítima y conforme a derecho, según la ley de Contrato de Trabajo y la C.N.. Niega valor a la jurisprudencia y normativa referida por el actor en sustento de su demanda.

Al establecer la verdad de los hechos la demandada reconoce en forma expresa que el actor ingresó a trabajar en fecha 06-04-88, los recibos de sueldos, la nota de fecha 17-07-06, acta de fecha 21-11-09, constancias de baja AFIP, certificación de servicios y remuneraciones, informe sobre gestión de desempeño desde 21-07-02 al 30-06-03 y desde el 30-06-00 hasta el 30-06-01.

Asimismo realiza un detalle pormenorizado de las tareas que desarrolló el actor mientras trabajó en Gasnor, desde el 06/04/88 al 28-02-02 Control de Cobranzas - Ayudante del Sector Recaudación; desde el 01-03-01 al 30-04-07 Auxiliar Administrativo Contable-Sector proveedores y desde el 01-05-07 al 30-11-08 Asistente Administrativo Contable-Area Administrativa Financiera.

Expresa que Gasnor decidió despedir al actor sin necesidad de invocar causa, acto que se materializó en fecha 21-11-08 a través de escritura Pública pasada ante el Escribano Fabián Navarro de Zavalía, decisión que fue aceptada por el actor en conformidad. Sostiene que tales circunstancias demuestran a las claras que el actor aceptó la finalización del vínculo laboral y que con la percepción de la indemnización ha conformado expresamente la disolución del vínculo y su plena validez a todos los efectos y los términos de la ley de contrato de trabajo. Considera que el iniciar la acción a casi dos años de haberse extinguido el vínculo, alegando con posterioridad la nulidad del acto de despido y reclamando daños materiales y morales, contraviene la teoría de los actos propios.

Manifiesta que el actor no desempeñaba ninguna actividad gremial, ni se encontraba afiliado al sindicato, que vigente el vínculo no presentó reclamo alguno ante su mandante ni organismos de aplicación y que antes de la finalización del vínculo Gasnor no recibió comunicación alguna de las supuestas actividades o participación del actor en el sindicato, sea por él o por miembros del gremio.

Que a la fecha de desvinculación no obraba en poder de la distribuidora notificación alguna de la afiliación del Sr. Marcelo Burgos Paz a la entidad gremial denominada APJ GAS, la única notificación presentada por APJ a Gasnor con el listado de sus afiliados es la de fecha 09-12-08 y en la misma no se menciona al actor. Que la APJ GAS menciona al Sr. Burgos Paz en comunicaciones y presentaciones posteriores al despido. Una de las presentaciones es la realizada por la entidad el 30-01-09 ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y que da lugar al expte. N° 1.311.075/09, donde en fecha 02-09-09 se resuelve "que el conflicto de autos, no está en juego el interés general de una categoría de trabajadores, sino el individual de cada uno de los trabajadores involucrados en el mismo. Así también indica que el sindicato no tiene representatividad".

Respecto a la APJ la demandada le desconoce y niega legitimidad, basándose en la existencia de otro sindicato que representa al personal superior y las cantidades necesarias para la representación, las que según sus dichos, no se cumplimentan, haciendo reserva de producir en la etapa probatoria los extremos aquí enunciados. Ante ello sostiene que no existen razones subjetivas ni de discriminación respecto del mencionado sindicato, ni de los trabajadores que participaron o participan en su formación, basando la posición de Gasnor en las cuestiones precedentemente mencionadas.

Expresa que de hacerse lugar a la demanda y receptar la posición de la misma se desvirtuaría la ley laboral al crearse una suerte de estabilidad absoluta, alterándose el sistema de estabilidad relativa. Sostiene que la aplicación de la ley 23592 es un instituto que introduce remedios extraños al sistema de estabilidad relativa adoptado por la ley laboral y receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sostiene que para declarar procedente la nulidad del despido se requiere una prueba muy convictiva y una apreciación muy exigente de los elementos acompañados. Expresa que el actor ha violado los principios de buena fe que debe existir también al momento de extinguir el vínculo, habiendo incurrido en argucias para obtener beneficios en su favor y que debió utilizar la vía procesal del amparo, lo que implica haber aceptado los términos y el encuadre legal de la extinción del vínculo. Ante ello sostiene que habiendo abonado las indemnizaciones tarifadas el actor no tiene derecho a reclamar daño material y moral.

Por último establece que la verdadera causa del despido está dada por las facultades que tiene Gasnor de organizar su empresa y eficientizar sus recursos y medios humanos y técnicos. En este sentido afirma que a principios del año 2008 se encomendó al estudio Marchese Grandi y Mesón que evaluara los procesos administrativos y que realizaran una propuesta de eficientización. Que dichas recomendaciones fueron aplicándose y entre las mismas se encontraba la de prescindir de varios empleados, entre ellos el actor, sostiene que el despido obedeció a la necesaria restructuración, lo que no implicaba conflicto individual con el actor, ni colectivo.

A fs. 376, se agrega acta de Audiencia del Art. 69 CPLT sin que las partes arriben a conciliación alguna.

A fs. 1012, se encuentra agregado informe Actuarial sobre las pruebas presentadas por las partes:

El actor ofreció 10 cuadernos de pruebas, siendo producidos los C.P.A. 1,2,3,5,8 y 9 (instrumentales, testimoniales, exhibición e informes), parcialmente producida el C.P.A. 4 (informes), no siendo producidas los C..P.A. 6, 7 y 10 (testimoniales y pericial contable).

La demandada ofreció siete cuadernos de pruebas, siendo producidos los C.P.D. 1,2,3,4,5 y 7 (instrumental, informes, testimonial y reconocimiento), no siendo producido el C.P.D. 6 (exhibición).

A fs. 989, se encuentra agregado alegato de la parte actora, a fs. 1001 se agrega alegato de la demandada Gasnor.

A fs. 1013, se elevan los autos a la Excma. Cámara Laboral Sala III para el dictado de sentencia definitiva.

A fs. 1021, se inhibe de seguir interviniendo en la causa el Vocal Raúl M. Díaz Richi.

A fs. 1025, se sortea Vocal preopinante saliendo designada la Dra. Poliche de Sobre Casas.

CONSIDERANDO:

VOTO DE LA SRA. VOCAL MARIA A. POLICHE DE SOBRE CASAS:

1- Conforme surge de los términos de la demanda y su responde no resulta materia controvertida entre las partes:

a) La existencia de la relación laboral:

Ingreso: 06/04/1988 (así lo reconoce la accionada a fs. 306 en el responde de la demanda).

Egreso: 21/11/2008 (Acta notarial n° 484 cuyo original se adjunta a la demanda y la copia reconocida expresamente obra a fs. 32).

b) La antigüedad computable a servicio del actor: 20 años, 7 meses y 15 días.

c) En relación a las tareas ejecutadas por el actor vigente el vínculo considero que solo debe merituarse la correspondiente al último período trabajado donde el actor manifiesta haber prestado servicios como "Asistente Administrativo Financiero" y la demandada lo denomina "Asistente administrativo contable-Area administrativa financiera". Del relato efectuado en la demanda como el correspondiente al responde no surgen diferencias que puedan tener alguna incidencia en el objeto litigioso, lo que queda firme, por no haber sido motivo de negativa, que el actor se encontraba "fuera de convenio".

d) La remuneración que percibía.

Por lo que, se tienen por ciertos y reconocidos dichos datos. Así lo declaro.

II- Que atento a los términos como quedó trabada la litis, los puntos litigiosos y sobre los que deberán recaer pronunciamiento, se circunscriben en:

1- Determinar si le asiste derecho al actor a reclamar la nulidad del despido que fuera notificado por Gasnor en fecha 21-11-08 (fs. 32).

2- Establecer, si se considera que dicho acto carece de validez, cuales son las consecuencias en orden a la prosecución del vínculo y los eventuales daños que deberá resarcir la empleadora al Sr. Burgos Paz por su conducta ilícita.

3- Cuantificación de los daños en caso de declararse procedente la demanda. Paso a considerarlos.

A LA PRIMERA CUESTION:

Constituyen puntos litigiosos y controvertidos entre los litigantes la nulidad del despido sin causa que la demandada comunicara al actor en fecha 21-11-08 y sus consecuencias. La resolución deberá recaer sobre los siguientes hechos:

Que con el surgimiento del nuevo Sindicato: Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJ GAS) la situación personal del accionante varió drásticamente; que en fecha 07-11-2008 se realizó una reunión informativa convocada por APJGAS, que traería aparejada serias implicancias entre la relación de Gasnor con el actor; que éste se había convertido en el principal promotor y difusor dentro de la empresa de la nueva corriente sindical, bregando que los empleados fuera de convenio se afilien a la APJGAS; que en la reunión de fecha 07-11-2008 se postularon como candidatos a representantes de la APJ GAS a los Sres. Canceco Rubén, Niveiro José Luis, al Ingeniero Navarro Marcelo y al actor (estos últimos no habrían aceptado); que en fecha 18-11-2008 el actor presentó a la APJ GAS la solicitud de afiliación y como represalia el 21-11-2008 a hs. 17.20 es despedido sin invocación de causa, siendo despedidos ese día los Sres. Navarro Marcelo y Ladetto Juan; que sus compañeros de trabajo y luego los representantes de la APJGAS realizaron numerosas denuncias ante organismos, provinciales, nacionales y ante la misma empresa; que la conducta de Gasnor implicó una actitud de segregación y represalia hacia el actor quien se dispuso a organizarse sindicalmente para defender sus derechos profesionales afiliándose a la nueva organización sindical; que el día 05-12-2008 se realizaron los comicios para la elección de autoridades del sindicato, donde, Gasnor protagonizó una serie de conductas ilícitas; en conclusión, que el despido no fue sin causa que lo justifique sino motivado en la actuación gremial del actor y su afiliación a la APJ GAS.

La posición de defensa de Gasnor (fs. 304 y c.c.), se la puede sintetizar:

Niegan que con el surgimiento del nuevo sindicato APJGAS la situación del actor haya variado y que por las actividades por éste ejercidas dentro o para dicho sindicato, se lo haya discriminado; que el actor hubiera sido despedido de Gasnor por las causas y motivos que indica en su demanda, en especial que despidieran a otro/otros empleados por encontrarse comprometidos o participaran de la nueva asociación sindical; que Gasnor hubiera adoptado acciones de segregación y represalia hacia el actor u otros y que ello se motivara por la afiliación a la nueva organización sindical; que se hubiera despedido al Ingeniero Marcelo Navarro y Ladetto Juan por haber estado comprometidos con la nueva asociación sindical; niegan los contenidos y valor de todas las denuncias que se realizaron ante la Dirección del Trabajo de la Provincia de Tucumán y el Ministerio de Trabajo de la Nación; que el verdadero motivo del despido del actor fuera ocultar intenciones discriminatorias; rechazan legitimación al actor de incoar la presente demanda ya que dejó transcurrir casi dos años desde que fue despedido; sostiene que el haber percibido la indemnización implicó un consentimiento tácito a la decisión de Gasnor, contraviniendo con su conducta la teoría de los actos propios; que en actor no desempeñaba ninguna actividad gremial, ni se encontraba afiliado al sindicato, que vigente el vínculo no presentó reclamo alguno, ni ante su mandante ni organismos de aplicación; que a la fecha de desvinculación no obraba en poder de la distribuidora notificación alguna de la afiliación del Sr. Marcelo Burgos Paz a la entidad gremial denominada APJ GAS; que la presentación realizada por el Gremio el 30-01-09 ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, obtuvo resolución favorable a su posición de defensa.

Expresa que hacerse lugar a la demanda y receptar la posición de la misma se desvirtuaría la ley laboral al crearse una suerte de estabilidad absoluta, alterándose el sistema de estabilidad relativa y que la aplicación de la ley 23592 es un instituto que introduce remedios extraños al sistema de estabilidad relativa adoptado por la ley laboral y receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por último manifiestan que la verdadera causa del despido está dada por las facultades que tiene Gasnor de organizar su empresa y eficientizar sus recursos y medios humanos y técnicos. Que el despido estuvo dado por una recomendación que hiciera el estudio Marchese-Grandi y Mesón, quienes fueron contratados para evaluar los procesos administrativos y realizara una propuesta de eficientización. Sostienen que el despido obedeció a la necesaria restructuración, motivada en parte por la crisis del sector, lo que no implicaba conflicto individual ni colectivo con el actor.

Paso a considerarlos:

En primer término se analizará la posición de defensa de Gasnor, por cuanto la recepción de la misma implicaría el rechazo de la demanda; se deberá establecer si quedó acreditado que el despido tuvo por causa "real" una motivación distinta y a su vez excluyente de la invocada en la demanda. Adelanto mi postura en considerar que la real causa del despido no obedeció a las alegadas razones de reestructuración internas consecuencia de las evaluaciones recomendadas, fundo mi voto:

En apoyo a su postura la parte demandada ofreció como testigos a la Sra. María Lourdes Cainzo (fs. 862), Claudio Ines Floriani (fs. 912), Agustín Héctor de la Vega Madueño (fs. 914) y Domingo Mario Marchese (fs. 975). Las testimoniales rendidas tuvieron por miras acreditar que el despido del Sr. Burgos Paz obedeció a razones de reestructuración de la empresa, por lo que, si bien no se invocó causa alguna en fecha 21-11-08, en realidad el motivo verdadero estaba dado por la supresión del cargo que ocupaba el actor.

Doy por acreditado que existió un informe que proponía una profunda reestructuración administrativa en Gasnor (fs. 324 a 363), como así también que las deposiciones brindadas ratifican en forma parcial el contenido del mismo y su aplicación; difiere ésta Sentenciante en ubicar el despido del actor entre los cambios propuestos y/o ejecutados.

Adquiere real importancia las testimoniales rendidas como así también las tachas formuladas por la parte actora, se puede visualizar de una forma clara que los deponentes intentaron adaptar, sin éxito, una situación de reestructuración interna con el destino del vínculo laboral del actor.

Testificaron, Sra. María Lourdes Cainzo (fs. 870 y s.s.), Claudia Inés Floriani (fs. 917 y s.s.), Agustín Héctor de la Vega Madueño (fs. 917 y s.s.) y Domingo Mario Marchese (fs. 978 y s.s.). Las tachas formuladas por el actor reflejan las siguientes inconsistencias (fs. 917 a 920), las más relevantes:

Fecha de implementación del informe: Floriani: "Los cambios fueron implementándose en forma progresiva, algunos estimo que en octubre del año 2008 otros en noviembre del año 2008 y otros durante el transcurso del año 2009 y continúan realizándose hasta la actualidad". De La Vega Madueño: "A partir de noviembre del año 2008". Cainzo: "5-Si , no recuerdo bien la fecha , creo que arrancó a mediados del año 2007, "b-El primer cambio fue a partir del 24-11-08 y no recuerdo si hubo otros cambios" y Marchese: "hemos constatado que algunas decisiones se fueron implementando durante el desarrollo de nuestra tarea".

Cambios producidos por el informe y personal desafectado: Floriani: "No tengo en este momento detalles del total del personal desvinculado, ni de las fechas; los cambios alcanzaron a personal de planta permanente y también a otros contratados para atender determinados proyectos, estimo que la reducción de personal puede haber sido más de seis personal, como consecuencia de este estudio en particular". De La Vega Madueño: "Lo que es la unidad de negocio Tucumán que está a mi cargo; la desvinculación que se registro en el área de administración y finanzas, fue la del Sr. Marcelo Burgos Paz, no teniendo reemplazo ese puesto, porque dejó de existir". Cainzo: "El primer cambio fue a partir del 24-11-08 ,y no recuerdo si hubo otros cambios".

Personal que trabajaba con el actor y personal que siguieron cumpliendo las funciones por este desarrolladas: Floriani: "Si conozco las tareas que realizaba el Sr. Burgos Paz, y quienes más las efectuaban, siendo algunos de planta permanente en distintas unidades de negocio, y otros contratados para determinados proyectos. Si conozco quienes fueron las personas que continuaron desempeñando las tareas que ejecutaba el actor, ellos son personas que ya la desempeñaban en forma parcial dentro de la administración central y que absorbieron las tareas del Sr. Burgos Paz, entre otros menciono al Sr. Fernando Sana, la Sra. Nelida Arce y a la Srta. Mariana Sosa". De La Vega Madueño: "Los compañeros que tenía en su entorno el actor era Sra. Gabriela Cervantes y la Sra. Silvia Meuli. Pasó a administración central las tareas que el desempeñaba, lugar donde se centralizaron las tareas equivalentes de otras provincias". Cainzo: "Había dos personas más que también estaba en la liquidación de proveedores, hacían las mismas funciones del actor; y el Sr. Burgos Paz no tenia personal a su cargo, todos dependían de mi; eso si él controlaba las tareas de estos chicos, pero todos tenían las mismas tareas. El área contable de administración central, pero quiero aclarar que ya dejo de pertenecer a mi área, y no se tomo personal para seguir con esa tareas". Marchese: "No recuerdo que personal continuo desarrollando las tareas del actor".

Momento en que tuvieron conocimiento que el actor sería despedido: Floriani: "No recuerdo quién específicamente me notificó, si puedo indicar que estaba al tanto que uno de los puestos que se eliminaría seria el del Sr. Burgos Paz, como consecuencia lógica del direccionamiento de actividades". De La Vega Madueño: "Eso vino de la gerencia de Recursos Humanos quién es la que tiene los instrumentos para su aplicación y no recuerdo la fecha, debe haber sido dos días antes del despido". Cainzo: "Si se desvinculo en noviembre del año 2008 yo fui notificada por el área de recursos humanos un rato antes del hecho, donde me informaban que esa persona se iba a desvincular de la empresa". Marchese: "Si trabajaba dentro del área de negocio de Tucumán, y se desvinculó durante el periodo que estábamos efectuando la tarea, ya que personal a mi cargo conocían personalmente al actor".

En relación a las causas que se tuvieron en cuenta al momento de despedir al actor los deponentes establecen: Floriani: "y la razones fue que se basaron en la reestructuración de funciones, que surgen del relevamiento y recomendaciones del estudio Marchesse". De La Vega Madueño: "Si se desempeñaba en Gasnor, se desvinculo vía despido sin causa, por reestructuración del área administrativo financiero". Cainzo: "la razón fue por los resultados del relevamiento que hizo el estudio Marchese, de la cual surgía que determinadas tareas se iban a modificar" y Marchese: No dice nada, pero establece que el actor fue despedido "durante el periodo que estábamos efectuando la tarea,..".

En relación a las personas que comunicaron la decisión de despedir al actor testifican: Floriani: "Entiendo que su jefe directo, y el subgerente de la unidad de negocios". De la Vega Madueño: "Eso vino de la gerencia de Recursos Humanos quién es la que tiene los instrumentos para su aplicación". Cainzo: "Estaba presente el subgerente de la unidad negocio de Tucumán Ing. Agustín de la Vega, la licenciada Ana Grandi y yo". La parte actora confronta los dichos del testigo con el acta de escritura n° 484, donde se establece: "...de quien ante mi comparece el Señor Daniel Oscar ARENA...y dice: Primero: Que concurre en representación de la empresa GASNOR S.A. en su carácter de Gerente de Personas y Organización, Segundo: Que en dicho carácter solicita.".

Del análisis de los dichos de los testigos surge en forma indubitable que los mismos incurrieron en inconsistencias tan severas que llevan al convencimiento de ésta Sentenciante que no dijeron la verdad con el fin de beneficiar a Gasnor. En primer término los cambios propuestos implicaban una profunda restructuración dentro de la organización de Gasnor, el relato que hacen los testigos -quienes eran empleados jerárquicos dentro de la empresa- de la fecha de implementación resultan llamativamente imprecisos, entiéndase que la supresión de un área por centralización operativa y/o la extinción de puestos de trabajo, son modificaciones estructurales que necesariamente debieron requerir una fecha cierta de notificación e implementación. De la declaración de la Sra. Cainzo, quien por ser Jefa de Administración y Finanzas de la Subgerencia de Tucumán era la persona de quien dependía directamente el actor, surgiría que el primer cambio fue a partir del 24-11-08, sin recordar si hubo otros, sitúa al despido del accionante en una fecha anterior a la reestructuración, también declara que el informe se comenzó a realizar a mediados del 2007, lo que difiere con la fecha señalada por los restantes testigos que la sindican como principios del 2008; tampoco recuerda si fue notificada, no conoce el informe final y que cuando la llaman un rato antes de despedir al actor entre las 15 o 16 hs., "le comentan que de ese informe surgían modificaciones en los procesos de toda el área" (fs. 862 vta. y 863), los hechos depuestos no surgen veraces.

También debe hacerse mérito sobre el "momento" que a los testigos le notificaron que el actor sería despedido, nuevamente me detengo en el análisis de la deposición de la Sra. Cainzo, quien manifiesta haber sido notificada "un rato antes" (pregunta 10), "entre las 15 o 16 hs." (aclaratoria E), de ser despedido. La afirmación de la deponente colisiona con la lógica, si se estaba por suprimir su área y con ello se debía despedir a uno o todos los integrantes de la misma ¿no se la consultó sobre el empleado que se debía despedir? ¿no sabía que su sector desaparecería? ¿porqué solo se despidió al actor?. En cualquier estructura por más desorganizada que sea una modificación de esta índole requiere un tiempo de adecuación, él área donde trabajaba la deponente estaba por desaparecer y se despedía al empleado más antiguo, ambos hechos refiere conocerlos "un rato antes" de efectivizarse el despido. Tampoco resultan veraces los dichos de la deponente, ni de los otros testigos.

La posición de defensa de Gasnor se basa en el hecho que la real causa del despido fue la reestructuración del área donde trabajaba el actor, los testigos en forma genérica indican que la decisión fue el resultado del informe, ahora bien, si el despido del actor obedeció al trabajo organizativo encomendado algún integrante de la empresa necesariamente debió ejecutar el mismo y decidir la suerte del contrato laboral del Sr. Burgos Paz y de los otros empleados, ese dato tan elemental no surge de ningún testimonio, tampoco del informe y no fue expresado al momento de contestarse la demanda. De toda la prueba aportada y de la versión de los hechos dada por Gasnor el único trabajador despedido como consecuencia de la reestructuración fue el Sr. Burgos Paz. También las deposiciones se contradicen con lo declarado por quien fue encargado de realizar el trabajo, Cdor. Marchese (fs. 975 vta), quien expresa: " y se desvinculó durante el periodo que estábamos efectuando la tarea, ya que personal a mi cargo conocían personalmente al actor.."; como fecha de finalización del trabajo la consigna como el 11-11-08. Si el actor se lo despidió mientras el informe se estaba realizando los testimonios brindados por los empleados de Gasnor son falsos o la fecha de conclusión del trabajo nunca pudo ser la señalada por el Cdor. Marchese. Debe resaltarse que no surge de los testimonios, ni de prueba alguna, que las causas de restructuración fueron notificadas al dependiente como fundamento de la extinción del vínculo.

Surge un hecho de los testimonios que a criterio de ésta Sentenciante es vital para analizar el valor de los mismos; cuando se le pregunta a la Ing. Floriani, quien revestía el cargo de Sub. Gerente de Procesos y Gestión (fs. 912 vta. y 913): "b) Para que diga el testigo, cuantos puestos de trabajo o funciones se reestructuraron indicando los empleados que fueron despedidos, las fechas de la resolución de los vínculos , y los nombres de las personas que siguen cumpliendo las funciones motivos de reestructuración", responde: "No tengo en este momento detalles del total del personal desvinculado, ni de las fechas; los cambios alcanzaron a personal de planta permanente y también a otros contratados para atender determinados proyectos, estimo que la reducción de personal puede haber sido más de seis personal, como consecuencia de este estudio en particular" . A su turno la misma pregunta se le formuló al Ing. Agustín de la Vega Madueño, quien revestía el cargo de Sub. Gerente de Unidad de Negocio de Tucumán (fs. 914 vta), depone: "Lo que es la unidad de negocio Tucumán que está a mi cargo; la desvinculación que se registro en el área de administración y finanzas fue la del Sr. Marcelo Burgos Paz, no teniendo reemplazo ese puesto, porque dejó de existir". Ambos personas fueron citados por la demandada para dar testimonio sobre la "real" causal de despido del actor; preguntados sobre las otras personas que fueron desvinculadas como consecuencia de la reestructuración recomendada no recuerdan ninguna, tampoco las fechas de las extinciones, ni los trabajadores que siguieron realizando las tareas de los cargos suprimidos, solo testificaron sobre el caso del actor; conforme se señaló, tampoco estos hechos surgen relatados al contestarse la demanda.

Las testimoniales rendidas no logran acreditar que el actor fue despedido por razones de reestructuración interna, los deponentes declararon de una forma intencional para favorecer a Gasnor, intentando utilizar un informe generado por un estudio contable externo como causal oculta de resolución del vínculo laboral con el Sr. Burgos Paz; en este sentido las contradicciones, falsedades e inconsistencias incurridas privan de todo valor a dichos testimonios. En razón de ello se recepta las tachas formuladas por el actor, tanto en su calidad personal, como en sus dichos a los deponentes Sra. Cainzo (fs. 870-872), Sra. Floriani y Sr. De la Vega Madueño (fs.917-920) y Sr. Marchese (fs. 978-979). Así lo resuelvo, impugnaciones que se dan por reproducidas por razones de brevedad.

Analizadas las probanzas por ésta Vocal surge que el actor luego de 20 años de prestar servicios es despedido -sin ser preavisado- el día 21 del mes de noviembre, sin expresarse causa alguna. Razones de buena fe contractual indican que si la verdadera causa fue la reestructuración del área donde trabajaba se debió detallar la misma con absoluta claridad, no porque existiera una obligación legal de hacerlo, sino que una razón objetiva de despido sirve al trabajador como antecedente para procurarse futuros trabajos. Lo real y como se analizará posteriormente el actor conjuntamente con los Sres. Marcelo Miguel Navarro y Juan Alejandro Ladetto fueron despedidos el mismo día por razones netamente discriminatorias.

A fs. 809, y s.s. obra agregado el Informe brindado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, prueba que fuera ofrecida por ambas partes, su contenido no tiene valor probatorio en relación a la acreditación de la causal de reestructuración como fundamento del despido del actor, la defensa realizada por el Dr. Juan José Etala (h) en representación de Gasnor, no incorpora ningún elemento válido con incidencia en la defensa aquí tratada, la propia denunciada refiere a la vía judicial como única alternativa o vía donde deben dirimirse las cuestiones atinentes a la nulidad del despido, no ante el Ministerio.

Esta Sentenciante vuelve a reiterar que de haber sido la causal del despido la reestructuración aconsejada, Gasnor al momento de contestar la demanda necesariamente debió proporcionar su versión precisa de los hechos (art. 60 CPL). La demandada en la instancia procesal oportuna no aportó ningún dato referido a dichos cambios, de sus referencias solo se extrae que el actor fue el único trabajador despedido y su cargo -presuntamente- el único suprimido.

Las pruebas y la posición fijada por Gasnor al contestar la demanda, llevan al convencimiento de la Sentenciante que el despido del actor no obedeció a la reestructuración del área donde trabajaba. Así lo declaro.

La parte actora fundamenta su demanda en el hecho que el despido notificado en fecha 21-11-08 a través de escritura n° 484, sería nulo, sostiene que la verdadera causal estaría dada por su participación y afiliación al gremio APJ GAS.

En apoyo a sus alegaciones presentó las siguientes pruebas:

Documentación acompañada con la demanda (C.P.A. n 2 fs.382), los mismos se los tiene por válidos por no haber sido motivo de negativa puntual por parte de la demandada en su responde (CSJTuc. Sent. N° 98 del 27/02/2006); las referencias a la no veracidad de los contenidos de las denuncias no son suficientes para desvirtuar el valor de los documentos donde constan las mismas, en consecuencia, quedó acreditado:

Que el actor se afilia a la APJGAS en fecha 18/11/08, (fs. 31).

Que es despedido sin invocación de causa por el Cdor. Daniel O. Arena en fecha 21-11-08, notificación cursada ante el escribano Fabián Navarro Zavalía (fs. 32) Que en fecha 23-12-08, (fs. 33 y 34), los Sres. Canseco y Niveiro denuncian en la Secretaría de Estado de Trabajo (Expte. 13538/18 L EGO8): "Transcurridos los días posteriores y después de diversas formas de presiones y averiguaciones efectuadas, la empresa Gasnor S.A., el día viernes 21 de noviembre de 2008, despidió a los compañeros Burgos Paz Marcelo Fabián, Navarro Marcelo Miguel y Ladetto Juan Alejandro, .. estos últimos por el solo hecho de haber concurrido a la mencionada reunión.Por el accionar y método sistemático de amedrentamiento empleado por la empresa y con el objeto de evitar futuras represalias que afecten a otros compañeros..es que denunciamos la existencia de discriminación ideológica, presión psicológica y violencia laboral.." Que en fecha 13-02-09, (fs. 35), los Sres. Canseco y Niveiro amplían la denuncia de fecha 23-12-08, donde expresan: "El día 29 de enero del presente la empresa despidió sin causa al compañero Jorge Ezequiel Soraire, que se suma a los de Marcelo Fabián Burgos Paz.Reiteramos la existencia de discriminación sindical..Esto coarta la libertad de decidir y accionar. Queremos por su intermedio evitar que continúen los despidos discriminatorios, por el solo hecho de organizarnos sindicalmente." Que en fecha 30-01-09, (fs. 36), el Secretario General de la APJ GAS Rubén José Ruiz, realiza una denuncia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad de la Nación: ".al fin de denunciar el despido discriminatorio del compañero Jorge Ezequiel Soraire.Este acto intimidatorio se suma a los recientes despidos de los compañeros Marcelo Fabián Burgos Paz..En síntesis, la APJ GAS denuncia que el presente despido discriminatorio -como los anteriores precedentemente descriptos- tiene la evidente finalidad de impedir que el compañero despedido siga ejerciendo sus derechos de libertad y democracia sindical".

Que en fecha 30-01-09, (fs. 37 y 38), el Secretario General de la APJ GAS Rubén José Ruiz, remite una nota al Director General de Gasnor, donde expresa: ".No escapa su comprensión que estamos viviendo un momento en el que tiene suma importancia respetar, no solo la continuidad laboral, las condiciones laborales y el ejercicio de la libertad y democracia sindical.Esta posición está avalada por los resientes despidos discriminatorios de los compañeros Fabián Burgos...".

Que el actor fue un buen empleado, conforme las evaluaciones de su desempeño, (fs. 55 a 66).

Que el actor fue designado Socio Colaborador de la Mutual Gas en fecha 04/03/02, documento acompañado por la demandada (fs. 153).

Prueba informativa (C.P.A. n 2 fs. 388) A fs. 413 y s.s. obra agregado el Informe brindado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, del cual se pueden extraer los siguientes hechos, a saber: a) Que el Sr. Rubén José Ruiz en fecha 30-01-09 denuncia la existencia de discriminación en el despido del actor (fs. 415, igual al escrito presentado con la demanda); b) Que en fecha 23-02-09 el Dr. Juan José Etala (h) en representación de Gasnor, fija posición: a) La primera parte de la exposición está dirigida a negarle representatividad a la APJ GAS; cuestiones que por ser ajenas a la presente litis no serán consideradas; b) En relación estricta al objeto litigioso, expresó " V- Pero respecto al cuestionamiento que efectúa la APJ respecto de los despidos discriminatorios efectuados por Gasnor, se señala ante todo, que éste no es el ámbito para determinar tal situación. Si un despido ha sido o no discriminatorio, cosa que niego enfáticamente, debe dirimirse en el ámbito de la justicia y aportarse las pruebas pertinentes de tal afirmación". Luego en la audiencia de fecha 02-03-09 (fs. 426), expresa: "Lo de discriminación es una afirmación carente de sustento y que no es el Ministerio de Trabajo sino, en todo caso la justicia competente de la Provincia en donde supuestamente ha sucedido el hecho, donde deberá dirimirse, pero se reitera que no ha existido despido discriminatorio alguno". Por último como elemento relevante se encuentra el dictamen de Asesoría Letrada quien resuelve que se estaría en presencia de conflictos individuales y no colectivos, por lo que, la entidad gremial no tiene representativad ante la denuncia efectuada (fs. 431 a 435).

Prueba testimonial (C.P.A. n° 5), se ofrecieron de testigos al Sr. Rubén Canseco, Sra. Nora Santillán y al Sr. José Niveiro, considerando ésta Vocalía que los testimonios brindados son vitales a los fines de establecer la verdad de los hechos acaecidos.

Testimonio de José Luís Niveiro (fs. 487):

El deponente manifiesta que ingresó a trabajar en Gasnor desde el 04-07-1978, al responder la pregunta 5) expresa que fue delegado sindical de la APJ-GAS desde el 05 del mes de diciembre del año 2008 hasta el 05 de diciembre del año 2010. Continúa: "6) Si Marcelo participó de la única reunión que se hizo en los primeros días del mes de Noviembre del año 2008, al poco tiempo lo despidieron. 7) En esa reunión se conversó de las ventajas de tener representación sindical los empleados fuera del convenio, ya que la negociación salarial fuera de convenio se realiza en forma personal con el jefe inmediato; y veíamos como conveniente poder hacerlo en forma grupal a través de un sindicato. En la misma reunión se decidió armar el sindicato y se manejaron nombres como postulados a delegados, entre los que estaba Rubén Canseco, Marcelo Navarro, Marcelo Burgos Paz y yo. Finalmente quedamos como únicos candidatos a delegados Rubén Canseco y yo, para presentarnos en las elecciones del 05 de diciembre del año 2008; a los pocos días de ésta reunión se notificó de esta situación a la empresa por carta documento". Cuando se le preguntó sobre si los empleados fuera de convenio tenían representación gremial, depuso: 8) No, desde que comenzó Gasnor a este momento los empleados fuera de convenio no tenían representación gremial y hoy actualmente no la tienen". Al responder la pregunta 9) manifestó que el actor se afilió. Al preguntársele sobre el rol que tuvo el actor, expresó: "10) Tuvo un rol militante muy activo tratando de incorporar compañeros a éste proyecto de ejercicio del derecho sindical". Sobre la actitud que tuvo Gasnor para la APJ GAS, depuso: "11) Gasnor nunca reconoció a APJ-GAS incluso después de las elecciones el gerente mandó un e-mail a todos los empleados desconociendo la APJ-GAS y al acto eleccionario, el ánimo de la empresa fue el mismo que en los comienzos de Gasnor en esa época la empresa me ofrece el cargo de jefatura del área de sistema, y el jefe de personal en esos momentos el Sr. José Luis Anglillante me llamó a su despacho y me condicionó la asunción de esa jefatura y por ende el trabajo a mi renuncia a la APJ-GAS de la que venía afiliado hace diez años, yo renuncié por miedo, no por convicción". En relación a la posición que asumió Gasnor luego de realizadas las elecciones, la confección por parte de ésta de una lista de los afiliados y la suerte de quienes se afiliaron, expresa: "12) Luego de las elecciones la empresa despidió a un grupo de empleados afiliados a la APJ-GAS y comenzó con las presiones directas hacia nuestros afiliados y delegados. 13) No me consta que haya habido una lista, pero si es evidente que hubo una presión directa hacia todos nuestros afiliados, que eran más de 20 en un comienzo, y a los pocos meses la desafiliación fue masiva. Estimo que nadie cambia tan rápido de opinión a menos que sea presionado". 14) Me remito a la respuesta de la pregunta anterior". Sobre los despidos de los empleados de Gasnor y sus motivos o causas, depuso: "15) La empresa despidió a Marcelo Burgos Paz, Marcelo Navarro, Juan Ladetto , antes de las elecciones, y a Luis Roldan y Jorge Soraire a los pocos meses de efectuadas las elecciones, los motivos fueron para mí la afiliación a la APJ-GAS. 16) La metodología utilizada fue muy perversa comenzando con despidos ejemplificadores, siguiendo con la amenaza directa a los afiliados; los afiliados nos venían a presentarnos la renuncia pidiéndonos perdón por esa decisión, incluso a los últimos cincos empleados afiliados, yo mismo le sugerí que renunciaran porque sentía que no tenía la capacidad para defenderlos, y veía el padecimiento de ese momento y que sigue hasta hoy de las familias de los compañeros despedidos, por querer ejercer un derecho legal al que Marcelo Burgos Paz y yo personalmente la trasmitíamos a los compañeros que iban a estar protegidos por la ley . 17) Fue un despido ejemplificador que se utilizó para que otros compañeros tengan miedo y se desafilien".

Testimonio del Sr. Rubén Canseco (fs. 488):

El deponente manifiesta que ingresó a trabajar en fecha Julio del año 1997. En relación a su participación en el sindicato expresa: "5) Fui electo delegado gremial en el ámbito de GASNOR el 05 del mes de diciembre del año 2008, cumplí el mandato el 05 de diciembre del año 2010". Sobre la participación del actor en la reunión del gremio y las decisiones que se tomaron, expresa: "6) Si participó a la única reunión que hubo y que fue de carácter informativa el día 07 de noviembre del año 2008. 7) Dicha reunión se realizó con la idea de organizarnos gremialmente y para que todos aquellos compañeros que trabajan en condiciones fuera de convenio, tuvieran una representación gremial. En relación a la representación sindical de los fuera de convenio, establece: "8) No tienen representación gremial, la idea era que la tuvieran; actualmente los que están fuera de convenio no tienen". Cuando se le preguntó sobre si el actor se afilió y cuál fue su participación, depuso: "9) Si se afilio, pero quiero acotar que luego de ésta reunión se convoca a elecciones de delegados gremial por APJ-GAS para el 05 del mes de diciembre el año 2008, mientras tanto se realizaban campaña para afiliación de las cuales el Sr. Burgos Paz era un activo militante para captar afiliados, y de hecho él y otros compañeros me entregaron sus fichas de afiliación las que yo mantenía a resguardo para ser presentadas oportunamente. Antes de las elecciones, para ser más preciso el 21-11-08 el Sr, Burgos Paz , Navarro Marcelo , Ladeto Juan que también habían asistidos a la reunión inicial fueron despedidos por la empresa. 10) El estaba en representación de Mutual Gas lo que tenía una tarea social importante en la empresa y su intención fue trabajar socialmente desde el gremio APJ-GAS. Asimismo se le preguntó sobre la actitud de Gasnor para con la APJ-GAS y el personal que se había afiliado, manifiesta: "11) Después de la elección APJ-GAS que tiene representación a nivel nacional comunica mediante cartas documentos a GASNOR, que confirmaba como delegado gremial a CANSECO RUBEN que es mi caso y JOSE NIVEIRO, y GASNOR comunica por e-mail a todo el personal que no reconocía a los mismos como tales, ni a APJ-GAS como gremio en el ámbito de GASNOR. 12) APJ-GAS envía el comunicado a GASNOR para que hiciera los descuentos o cuota sindical a todos los afiliados hasta el momento que era entre 20 a 23 personas más o menos; y que de hecho realizó los descuentos indicados hasta que fueron renunciando los compañeros por presiones de la firma". Sobre la existencia de la lista de afiliados y la suerte de los mismos, expresa "13) No me consta de la lista porque no la tuve en mis manos, pero si por comentarios se sabía que existía dicha lista. 14) Eran entre 20 a 23 afiliados más o menos, pero luego de los despidos de los antes mencionados, fue como la muestra que usó la empresa para que si no renunciaban correrían la misma suerte, estos comunicados fueron hechos por sus superiores o jefe inmediatos, con dichos tales como que cuiden sus puestos de trabajo y fíjense bien lo que hacen, y otras amenazas que para mi entender más que consejos eran amenazas reales, esto me entero por los dichos de los propios afiliados al ser yo el referente sindical a quiénes ellos habían votado . Por estos motivos se hicieron presentación en la Secretaria de Trabajo de la Provincia y ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, anticipando que podríamos sufrir más despidos de compañeros". Se le preguntó por la existencia de otros despidos por causa de la afiliación, por las presiones que ejercieron a los afiliados y sobre la causa que el deponente considera que se tuvo en cuenta al momento de despedir al actor, depuso: 15) Si otros despidos de afiliados de APJ-GAS es de Jorge Soraire a principios del año 2009, Luis Roldan posteriormente, los motivos fueron por la persecución que tuvieron al ser afiliados a APJ-GAS. 16) A mi entender por lo que me manifestaron los afiliados, que si no accedían a renunciar sufrirían las mismas consecuencias que Burgos Paz, Marcelo Navarro y otros, ya que ejercieron sobre los afiliados una gran presión emocional o violencia laboral, los que lo privó de tener un libre pensamiento y accionar. Por éste motivo yo mismo me encargué de sugerirle que renunciara al gremio para conservar su fuente de trabajo. En la actualidad somos dos los únicos afiliados y referentes del gremio. 17) No me cabe duda que fue por afiliarse a APJ-GAS , que es un gremio de representación Nacional, y que su despido fue un ejemplo para los demás compañeros para que tengan miedo y no se afilien mas".

Testimonio de Norma Edelma del Valle Santillán (fs. 490):

La deponente manifiesta que trabajó en GASNOR desde el 08 de mayo del año 1972 hasta el 30 de junio del año 2011. En relación a las razones por las cuales se afilió a la APJGAS, expresa: "5) En el año 2008 yo me re afilié a APJ-GAS , porque antes en el año 1993 fui presionada por la firma privatizadora GASNOR en la persona del jefe de personal en esos momentos Sr. José Luis Anglillante a que renuncie por ser personal fuera de convenio para ellos". En relación a la participación del actor en la nueva corriente sindical, expresa: "6) Si participó desde el primer momento, siendo un militante activo para resurgir la corriente sindical. Sobre la conducta de Gasnor para con los empleados que se afiliaron, depuso: "7) Cuando empezamos a afiliarnos a la APJ-GAS se despidió a tres compañeros que llenaron sus fichas, siendo el Sr. Burgos Paz uno de ellos; y nos empezaron a presionar que renunciáramos a la afiliación porque sino correríamos la misma suerte, esta persecución tuvo como resultado una cascadas de renuncias por los compañeros al miedo de perder su fuente laboral. En mi persona, ante la negativa de desafiliarme, fui presionada y perseguida laboralmente, siendo cambiada de mi puesto de trabajo, llegándome a obligarme a cumplir tareas de cajera a pesar de tener un cargo de supervisora; además en esos momentos ante cualquier novedad que había en el sector caja, empezaron a llegar memorandum solicitando explicaciones de mi accionar, habiéndome hecho llegar un llamado de atención por mi desempeño, que fue el único que tuve en mi trayectoria laboral de 39 años . La única forma que me sacaron de ese sector fue mediante diversas presentaciones por carta documento para defender mi derecho y volver a mi lugar habitual. No solo fui perseguida en el cargo, sino que económicamente, porque en el momento que había aumento para personal fuera de convenio, sugestivamente no llegaba dicho aumento como debía ser, sino que era mínimo de acuerdo al porcentual de calificación de personal que ellos manejaban". En relación a los problemas que el actor padeció por haberse afiliado a Gasnor, expresa: "8) Si, tuvo problemas, a la semana de su afiliación lo dejaron sin trabajo, con el pretexto que no cumplía con el perfil que la empresa solicitaba para el puesto que él cubría hace años, ya que él ingresó en el año 1987 aproximadamente, realizando tareas siempre en el sector contable". En relación a la suerte de los afiliados de la APJ GAS, manifiesta: "9) Con los despidos de los tres compañeros, se sembró el temor y presionaron a los demás compañeros; los que presentaron su renuncia; fui la única persona que quedó afiliada a APJ-GAS juntos a los dos delegados representantes que fueron el Sr. Canseco y Niveiro". En relación a si se despidieron a otros compañeros por la afiliación y sobre la causa del despido del actor, depuso: "10) Si, posteriormente se despidieron otros compañeros, entre ellos el Sr. Jorge Soraire, Luis Roldan . 11) El haber sido afiliado a la APJ-GAS, y haber bregado que los demás compañeros se sumen a la corriente sindical que defendida los derechos de los empleados que están fuera de convenio".

Estos testimonios fueron tachados por la demandada, en razón de sus personas y sus dichos. Al respecto cabe poner de resalto que el mérito y valoración de las pruebas testimoniales es facultad privativa de los jueces, considerando ésta Vocalía que las tachas formuladas por la accionada no logran desvirtuar, ni disminuir el determinante valor que tienen las deposiciones en el logro de llegar a la verdad objetiva, en efecto, salvo la Sra. Santillán los deponentes Niveiro y Canseco se encontraban bajo relación de dependencia de la demandada al momento de testificar en la presente causa, esta circunstancia habla de la calidad personal de los deponentes que -aun siendo empleados - relataron los hechos que llegaron a su conocimiento en función del lugar que ocuparon cuando se desató el conflicto por el resurgimiento del gremio APJ GAS.

En referencia a las palabras utilizados como "estimo", "es evidente", "bajo mi parecer", "para mí" (Niveiro), solo implican expresiones comunes en deposiciones como las presentes; o el hecho de tener una causa que se dirime diferencias (Canseco) o haber sido compañeros de trabajo con el actor (Santillán), no implica que la calidad personal de los testigos pueda ser cuestionada; asimismo los fundamentos dados por la demandada al tacharlos carecen de todo sustento y por ende no logran alterar la veracidad sobre los hechos depuestos.

Las declaraciones rendidas en autos por los testigos Niveiro, Canseco y Santillán, lucen coincidentes y brindan un panorama muy claro sobre los hechos acaecidos al momento que el gremio APJ GAS decidió resurgir en Gasnor; y en relación directa con el despido del Sr. Burgos Paz, como su caso particular, conjuntamente con los de otros empleados, fueron utilizados como una herramienta disuasiva a los fines de lograr que el gremio representado por los Sres. Niveiro y Canseco pudiera ejercer libremente la actividad sindical dentro de la empresa. Las declaraciones reflejan con tajante claridad los hechos ilícitos en que incurrió la empleadora para lograr su objetivo anti sindical, con consecuencias directas en el contrato de trabajo del Sr. Burgos Paz.

De las pruebas analizadas surge acabadamente acreditado que con el surgimiento del nuevo Sindicato "Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJ GAS)" la situación del actor, conjuntamente con la de otros empleados, sufrieron una drástica alteración, la actitud de Gasnor luego de la reunión informativa realizada el día 07-11-2008, fue la de obstaculizar el resurgimiento del gremio APJGAS, situación que se mantuvo luego de las elecciones realizadas el día 05-12-08. Se acreditó que la corriente sindical serviría para que los empleados "fuera de convenio" pudieran estar representados sindicalmente y defender, entre otros, el derecho a una remuneración digna. Entre los postulantes a ejercer cargos electivos se encontraba el actor, quien por estar en frente de la Mutual Gas no aceptó, pero a decir en la demanda "se convirtió en el principal promotor y difusor dentro de la empresa de la nueva corriente sindical"; ésta afirmación es avalada por los testimonios de Niveiro (fs. 487): "10. Tuvo un rol militante muy activo tratando de incorporar compañeros a éste proyecto de ejercicio del derecho sindical"; Canseco (fs. 488): "9..mientras tanto se realizaban campaña para afiliación de las cuales el Sr. Burgos Paz era un activo militante para captar afiliados" y Santillán (fs. 490 vta.): "11.y el haber bregado para que los demás compañeros se sumen a la corriente sindical que defendía los derechos de los empleados que están fuera de convenio". Es decir, aún cuando el actor no aceptó ser candidato actuó como si lo fuera, presentando su solicitud de afiliación el día 18-11-08, a los tres días el 21-11-08 conjuntamente con los empleados Marcelo Navarro y Ladetto Juan es despedido sin invocación de causa; igual suerte correría posteriormente el Sr. Soraire.

El análisis realizado en el párrafo que antecede nos ubica ante un empleado que en forma activa brega por la constitución de una entidad gremial que lo represente, esta circunstancia de exposición ante sus compañeros de trabajo, sumado a labor en la Mutual Gas, lleva al convencimiento de la Sentenciante que la conducta seguida por Gasnor al despedirlo tuvo un fin netamente aleccionador, cuyo único objetivo fue disolver -con notable éxito- la APJ GAS.

Quedó acreditado que el Sr. Burgos Paz y los otros compañeros fueron despedidos para aniquilar la resurgente corriente sindical, reitero los hechos depuestos: Niveiro (fs. 487) "12-.. y comenzó con las presiones directas hacia nuestros afiliados y delegados. 13- ., pero si es evidente que hubo una presión directa hacia todos nuestros afiliados, que eran más de 20 en un comienzo, y a los pocos meses la desafiliación fue masiva." "15- La empresa despidió a Marcelo Burgos Paz, ., los motivos fueron para mí la afiliación a la APJ-GAS". "16- La metodología utilizada fue muy perversa comenzando con despidos ejemplificadores, siguiendo con la amenaza directa a los afiliados; los afiliados nos venían a presentarnos la renuncia pidiéndonos perdón por esa decisión, incluso cuando a los últimos cincos empleados afiliados, yo mismo le sugerí que renunciaran porque sentía que no tenía la capacidad para defenderlos, y veía el padecimiento de ese momento y que sigue hasta hoy de las familias de los compañeros despedidos,.". "17-Fue un despido ejemplificador que se utilizó para que otros compañeros tengan miedo y se desafilien". Canseco (fs. 488): "12) APJ-GAS envía el comunicado a GASNOR para que hiciera los descuentos o cuota sindical a todos los afiliados hasta el momento que era entre 20 a 23 personas más o menos; y que de hecho realizó los descuentos indicados hasta que fueron renunciando los compañeros por presiones de la firma". "14) Eran entre 20 a 23 afiliados más o menos, pero luego de los despidos de los antes mencionados, fue como la muestra que usó la empresa para que si no renunciaban correrían la misma suerte, estos comunicados fueron hechos por sus superiores o jefe inmediatos, con dichos tales como que cuiden sus puestos de trabajo y fíjense bien lo que hacen, y otras amenazas que para mi entender más que consejos eran amenazas reales, esto me entero por los dichos de los propios afiliados al ser yo el referente sindical a quiénes ellos habían votado.". "16) A mi entender por lo que me manifestaron los afiliados, que si no accedían a renunciar sufrirían las mismas consecuencias que Burgos Paz, Marcelo Navarro y otros , ya que ejercieron sobre los afiliados una gran presión emocional o violencia laboral, los que lo privó de tener un libre pensamiento y accionar . Por éste motivo yo mismo me encargué de sugerirle que renunciaran al gremio para conservar su fuente de trabajo. En la actualidad somos dos los únicos afiliados y referentes del gremio. 17) No me cabe duda que fue por afiliarse a APJ-GAS ,., y que su despido fue un ejemplo para los demás compañeros para que tengan miedo y no se afilien mas". Santillán (fs. 490 vta.) "7) Cuando empezamos a afiliarnos a APJ-GAS se despidió a tres compañeros que llenaron sus fichas, siendo el Sr. Burgos Paz uno de ellos; y nos empezaron a presionar que renunciáramos a la afiliación porque sino correríamos la misma suerte, esta persecución tuvo como resultado una cascadas de renuncias por los compañeros al miedo de perder su fuente laboral.." "9) Con los despidos de los tres compañeros, se sembró el temor y presionaron a los demás compañeros; los que presentaron su renuncia; fui la única persona que quedó afiliada a APJ-GAS juntos a los dos delegados representantes que fueron el Sr. Canseco y Niveiro" "11) El haber sido afiliado a la APJ-GAS, y haber bregado que los demás compañeros se sumen a la corriente sindical que defendida los derechos de los empleados que están fuera de convenio".

Se transcribieron -nuevamente- las declaraciones de los testigos ofrecidos por la parte actora por cuanto revelan con notoria claridad la realidad de la causa de su despido; quedó probado de una manera determinante que el Sr. Burgos Paz fue desvinculado por haberse afiliado al gremio APJ GAS y por la actitud militante asumida desde la reunión acontecida el 07-11-08. Con posterioridad a su despido operado el día 21-11-08 su caso particular, con el de otros compañeros, sirvieron a Gasnor para coaccionar, amedrentar y/o aleccionar a los empleados fuera de convenio -afiliados o no- para que renuncien o no se afilien ya que podrían correr la suerte de los empleados despedidos; ésta actitud inaceptablemente discriminatoria persiguió como único objetivo que el gremio desapareciera, lo que aconteció. Surgen de los dichos de Niveiro y Santillán que Gasnor al momento de hacerse cargo de la distribución de gas había asumido conductas similares para con la APJ GAS, lo que constituye un antecedente grave en relación al respeto de sus trabajadores y sus derechos, actitud que con el tiempo volvió a repetirse. Nuevamente, la demandada despidió al actor en represalia por su participación sindical "de hecho" en procura del resurgimiento de la APJ GAS, luego, su caso particular sirvió para coaccionar a los empleados fuera de convenio para no alinearse o renunciar a su afiliación, ésta conducta vulnera la garantía del art.14 bis de la Constitución Nacional. Así lo declaro.

Esta Vocal tuvo a la vista la sentencia recaída en la Excma. Cámara del Trabajo de la Sala IV, en autos "Soraire Jorge Ezequiel c/ Gasnor S.A. s/Indemnizaciones". (Expte. n° 1676/09 de fecha diciembre 02 de 2013), donde se resolvió la reincorporación del actor, quien era compañero del Sr. Burgos Paz y sindicado como uno de las víctimas de la discriminación ejercida por Gasnor.

Entre las defensas asumidas por Gasnor se encuentra el hecho que el actor desde el despido dejó transcurrir el plazo de un año y medio para iniciar la presente demanda, situación que es propuesta como un plazo de caducidad de sus derechos. Entiende la Sentenciante que el único plazo que condiciona el ejercicio de la acción ordinaria de nulidad del despido está dado por el término común de prescripción establecido en el art. 256 de la L.C.T.. También debe resaltarse que si bien el actor no ejercitó en forma individual sus derechos por el transcurso del tiempo referenciado, los mismos fueron reclamados en reiteradas oportunidades, primero por sus compañeros de trabajo Sres. Canseco y Niveiro denuncia efectuada en fecha 23-12-08 (fs. 33 y 34) ante la Secretaría de Estado de Trabajo (Expte. 13538/18 L EGO8); ampliación de denuncia realizada en fecha 13-02-09 (fs. 35) por las mismas personas ya en carácter de representantes de la APJGAS; denuncia de fecha 30-01-09 (fs. 36) del Secretario General de la APJGAS Rubén José Ruiz, realiza ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad de la Nación y denuncia realizada en fecha 30-01-09 (fs. 37 y 38) por el Secretario General de la APJGAS Rubén José Ruiz ante el Director General de Gasnor. Estas actuaciones acreditan que la demandada fue notificada y compelida en reiteradas oportunidades para que cese la actitud discriminatoria asumida contra sus empleados, entre los que se encontraba el actor, la respuesta formal fue que estaban ante conflictos que debían dirimirse en la justicia ordinaria: ". Si un despido ha sido o no discriminatorio, cosa que niego enfáticamente, debe dirimirse en el ámbito de la justicia y aportarse las pruebas pertinentes de tal afirmación (fs. 413)", ahora, infringiendo su propia posición sostiene que dicha acción fue ejercida fuera de tiempo. La buena fe contractual que debió regir a las partes aún al momento de extinguir el vínculo indican que la conducta discriminatoria pudo ser dejada sin efecto y reincorporar a los trabajadores despedidos, lo cierto que la finalidad perseguida por la empleadora fue la de aniquilar a la APJ GAS a expensas de los vínculos individuales. Como se resolviera, no existe plazo -salvo el de la prescripción- que coarte el derecho a reclamar la nulidad de lo que en esencia constituye un avasallamiento a básicos derechos constitucionales, la ilegalidad de los actos no pueden ser purgados por presuntas demoras, ni condicionarse el resultado de un reclamo ejercido en tiempo legal al atraso en su presentación, el actuar ilícito implica en quien fue sujeto pasivo del mismo padeceres espirituales de desconocidas dimensiones. El actor fue despedido por su necesidad de ser representado sindicalmente en su trabajo, por intentar pertenecer, se lo despidió por actuar de "hecho" como representante sindical en procura del ejercicio libre de su trabajo, se lo despidió para utilizar su caso para coaccionar a otros trabajadores; el reconocimiento judicial de estos hechos discriminatorios no pueden ser liberados por presuntos plazos de caducidad, la gravedad del actuar de Gasnor merece ser sancionado, su único límite está dado por el plazo de prescripción. Así lo declaro.

Tampoco resulta una defensa valedera establecer que el actor tenía la vía del amparo a los fines de pedir la nulidad del despido y reintegración a su puesto de trabajo, entiende la Sentenciante que la acción ordinaria permitió el desarrollo de un proceso de cognición pleno en beneficio de la parte demandada, la pretensión en sentido contrario carece de todos sustento lógico-jurídico. Así lo declaro.

Atento a lo precedentemente analizado y valorado se concluye que la verdadera causa del despido del actor fue un acto reprochablemente discriminatorio y nulo; ante ello estableceré las consecuencias jurídicas que la conducta de Gansor produce en relación al contrato de trabajo que lo unía con el Sr. Burgos Paz.

La parte actora en fundamento de su acción realizó una extensa cita de casos jurisprudenciales cuya aplicación solicita ("Chiappara Mario Andrés vs. Trans American Air Lines S.A", "Alvarez Maximiliano y/o vs. Cencosud S.A. s/ Acción de Amparo", "Parra Vera, Máxima vs. San Timoteo S.A.", "Balaguer, Catalina T. vs. Pepsico de Argentina S.R.L.", "Méndez , Héctor Horacio vs. Carrefour Argentina S.A. s/ Despido", "Jiménez Hugo Oscar vs. Jockey Club s/ Despido", "Cáceres Orlando Nicolás vs. Hipódromo Argentino de Palermo s/ Juicio Sumarísimo", "Greppi Laura Karina vs. Telefonica de Argentina SA s/Despido", "Stafforini Marcelo vs. Poder Ejecutivo de la Nación" "Salvi, José F. vs. Spicer Ejes Pesados S.A", "Juárez, Juan P. vs. Farmacity S.A" y "Quispe Quispe, Néctar v. Compañía Argentina de la Indumentaria S.A"), sin desmerecer el valor de los fallos transcriptos ésta Sentenciante considerara que la diputa doctrinaria tuvo resolución por la EXCJN en autos "Alvarez Maximiliano y/o vs. Cencosud S.A. s/ Acción de Amparo", sentencia de fecha 07-12-10, cuya doctrina -por su similitud- se la considera aplicable al caso de autos.

El precedente "Alvarez" da por cerrado el debate en torno a la aplicación de la ley 23.592 a relaciones nacidas en el derecho laboral. Si bien la doctrina que surge de todos sus considerandos implica un avance significativo en torno a la lucha contra las conductas discriminatorias ejercidas por los empleadores ante sus dependientes, transcribiré solo alguna de ellas, en especial las que confrontan en forma directa la posición de defensa de Gasnor.

La demandada pretende: "Nuestra parte sostiene además que la aplicación de la ley 23592 es un instituto que introduce remedios extraños al criterio de estabilidad relativa..Es decir que en el ámbito laboral se deben aplicar las disposiciones específicas de la Ley de Contrato de Trabajo y aquellas vigentes en la materia específica laboral -sin hacer semejanzas o analogías a otros institutos extraños en la materia. En efecto el art. 1° de la ley 23592 excede el marco de la relación de trabajo.".

La doctrina sentada en "Álvarez": "6) Que este orden de ideas conduce, sin hesitación, a descartar de plano la pretendida inaplicabilidad de la Ley 23592 al ámbito del derecho individual del trabajo, por tres razones, además de la que será expresada en el considerando siguiente. Primeramente, nada hay en el texto de Ley ni en la finalidad que persigue que indique lo contrario. Seguidamente, "la proscripción de la discriminación no admite salvedades o ámbitos de tolerancia, que funcionarían como 'santuarios de infracciones': se reprueba en todos los casos" (Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes, cit., voto del juez García Ramírez, párr. 20). En tercer lugar, revista una circunstancia que hace a la norma por demás apropiada y necesaria en dicho ámbito. En efecto, la relación laboral, si algo muestra a los presentes efectos, es una especificidad que la distingue de manera patente de muchos otros vínculos jurídicos, puesto que la prestación de uno de los celebrantes, el trabajador, está constituida nada menos que por la actividad humana, la cual resulta, per se, inseparable de la persona humana y, por lo tanto, de su dignidad (Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A., Fallos: 332:2043, 2054). Ello explica que dignidad y trabajo se relacionen en términos "naturalmente entrañables" (Madorrán, Fallos: 330:1989, 2004), tal como, con claridad, lo destaca el art. 14 bis de la Constitución Nacional -"las Leyes asegurarán al trabajador: condiciones dignas [...] de labor"- y lo reitera el art. 7 del PIDESC, así como ya lo habían hecho, entre otros antecedentes, los arts. XIV y 23.3 de las recordadas Declaración Americana y Universal de 1948, y la Declaración de los Fines y Objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (1944, Declaración de Filadelfia), que asienta los principios que deben inspirar la política de sus Miembros: "todos los seres humanos [...] tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades" (II, a). Ello explica, al unísono, que garantizar la no discriminación configura para el Estado una "obligación fundamental mínima" y de cumplimiento "inmediato", cuya inobservancia, por acción u omisión, lo haría incurrir en un acto ilícito internacional (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general N 18. El Derecho al Trabajo, 2005, E/C.12/GC/18, párrs. 31 y 18), cuanto más que aquél ha asumido la obligación de "proteger" los derechos humanos, lo cual le exige la adopción de "medidas que impidan a terceros interferir en el disfrute del derecho al trabajo" (ídem, párr. 22).

Por lo demás, el decidido impulso hacia la progresividad en la plena efectividad de los derechos humanos que reconocen, propia de todos los textos internacionales antes aludidos y muy especialmente del PIDESC (art. 2.1), sumado al principio pro homine, connatural con estos documentos, determina que el intérprete deba escoger, si la norma lo posibilita, el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana (Cardozo, Fallos: 329:2265, 2272/2273, y Madorrán, cit., p. 2004). Y esta pauta se impone aun con mayor intensidad, cuando su aplicación no entrañe colisión alguna del derecho humano, así interpretado, con otros valores, principios, atribuciones o derechos constitucionales (Madorrán, cit., p. 2004). Ya el precedente Berçaitz, de 1974, tuvo oportunidad de censurar toda inteligencia restrictiva de los derechos humanos, puesto que contrariaba la jurisprudencia de la Corte, "concordante con la doctrina universal": el "principio de favorabilidad" (Fallos: 289:430, 437; asimismo: Fallos: 293:26, 27)".

Ante ello y en consonancia con la doctrina de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación declaro aplicable al caso de autos la Ley 23.592, por considerar que la conducta seguida por Gasnor al momento de despedir al actor Marcelo Burgos Paz ha violado el bien jurídico que sus preceptivas procura proteger. Así lo declaro.

Consecuencia del pedido de nulidad del despido el Sr. Burgos Paz solicita ser reincorporado al trabajo del cual fuera excluido de una forma discriminatoria; por su parte la demandada expresa que una decisión en éste sentido menoscaba la garantía constitucional que consagra la libertad de comercio e industria y de la organización de la empresa, el fallo cuya directriz sigo, en sus considerandos n° 7), 8) y 10), resuelve:

"7) Que en respuesta al supuesto de colisión que acaba de ser indicado, cabe juzgar que tampoco puede verse incompatibilidad alguna entre la reinstalación del trabajador víctima de un distracto discriminatorio y el derecho a contratar y ejercer toda industria lícita del art. 14 de la Constitución Nacional, que invoca el apelante con arreglo al caso De Luca, de 1969 (Fallos: 273:87). Esto es así, por muy variados motivos. En primer lugar, la ratio decidendi del precedente se circunscribe, sin dudas, a una cuestión distinta de la antedicha, como lo fue la relativa al art. 17 de la Constitución Nacional y el derecho de propiedad en su nexo con los "salarios" o "remuneraciones" materia de examen en esa oportunidad. En segundo término, el sub examine, contrariamente a De Luca, no pone en la liza un régimen general de estabilidad propia o absoluta como protección contra todo despido arbitrario, sino la reincorporación, para el litigo y en el litigio, derivada del singular motivo de ruptura del contrato de trabajo: la discriminación.

En todo caso, vale decir, al margen de lo que pudiera seguirse del antecedente citado, añádese a lo anterior, en tercer término, una consideración determinante: el marco normativo constitucional, en la actualidad, difiere del vigente para la época de De Luca. En efecto, es doctrina permanente de esta Corte que la Constitución Nacional debe ser entendida como una unidad, esto es, como un cuerpo que no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere, como un conjunto armónico en el que cada uno de sus preceptos ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de los demás (Galassi, Fallos: 310:2733, 2737, entre otros). Luego, dada la jerarquía constitucional que tienen los instrumentos internacionales de los que se ha hecho mérito, dicho cuerpo no es otro que el "bloque de constitucionalidad federal", comprensivo de aquéllos y de la Constitución Nacional (Dieser, Fallos: 329:3034), por manera que la mentada armonía habrá de ser establecida dentro de ese contexto. Así, además de cuanto ha sido expresado en los considerandos 3 a 6, cobra todo su sentido y significación otro esclarecimiento, ya alcanzado por el Tribunal en el caso Madorrán: la protección del "derecho a trabajar" previsto en el art. 6.1 del PIDESC, al incluir el derecho del empleado a no verse privado arbitrariamente de su empleo, "si bien no impone la reinstalación, tampoco la descarta" (cit., p. 2003; v. asimismo: Craven, Matthew, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Oxford, Clarendom, 1998, p. 223). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, intérprete autorizado del PIDESC en el plano universal (Torrillo, Fallos: 332:709, 713), ratifica esa doctrina: todas las víctimas de violaciones del derecho al trabajo, "tienen derecho a una reparación adecuada, que puede adoptar la forma de una restitución [...]" (Observación general N 18, cit., párr. 48; en igual sentido, del mismo Comité: Observación general N 16. La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales -artículo 3- del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2005, párr. 21). Corresponde agregar, aun cuando la República no ha ratificado el Convenio N 158 sobre la terminación de la relación de trabajo (OIT, 1982), que el mentado Comité no ha dejado de considerar que los alcances del derecho al trabajo del PIDESC son determinables a la luz del instrumento citado, al menos en cuanto "impone, en particular, la necesidad de ofrecer motivos válidos para el despido así como el derecho a recursos jurídicos y de otro tipo en caso de despido improcedente" (Observación general N 18, cit., párr. 11). Y, es de importancia subrayarlo, dicho Convenio, además de excluir los motivos discriminatorios como causa justificada para la terminación de la relación de trabajo (art. 5.d), prevé, dentro de la sección aludida anteriormente por el Comité, que los tribunales llamados a resolver sobre el carácter justificado o injustificado de dicha terminación puedan, en este último supuesto, "anular la terminación" y ordenar la "readmisión" del trabajador (art. 10).

A conclusiones análogas conduce el abanico de instrumentos internacionales que también enuncian y resguardan el "derecho a trabajar" (Declaración Universal de Derechos Humanos -art. 23.1-, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -art. XIV- y Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial -art. 5.e.i-), el cual debe ser considerado "inalienable de todo ser humano" en palabras expresas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11.1.a). No huelga observar que el citado Protocolo de San Salvador contempla a la "readmisión en el empleo" como una de las consecuencias admisibles para la legislación interna en casos de despido injustificado (art. 7.d).

Más todavía. El atinente a la relación de trabajo ha resultado, desde antiguo, uno de los ámbitos en los que esta Corte ha reconocido validez constitucional a una dilatada e intensa actividad legislativa protectoria del trabajador dependiente en su confrontación con el derecho de contratar y el derecho de propiedad del empleador. Así, en Rusich, Elvira c/ Cía. Introductora de Bs. As. (Fallos: 181:209), de 1938, al persistir en la línea que trazara tanto en Saltamartini c/ Compañía de Tranways "La Nacional", en cuanto a la imposición de la indemnización por despido y por falta de preaviso (Fallos: 176:22), cuanto en Quinteros, Leónidas S. c/ Cía. De Tranvías Anglo Argentina (Fallos: 179:79), desestimó que el pago de las vacaciones pudiera ser impugnado constitucionalmente con fundamento en que resultaba un salario sin contraprestación del trabajador, al paso que justificó, por obedecer al "ritmo universal de la justicia", otras normas protectoras de aquél que imponían al empleador obligaciones de naturaleza análoga a la anterior (Fallos: 181:209, 212/214; asimismo: Dordal, José c/ Calderón y Ropero, Fallos: 189:234; Vizzotti, Fallos: 327:3677, 3689, y Aquino, Fallos: 327:3753, 3770). Sobre bases análogas se emplaza con vigor la ratio decidendi de Prattico, Carmelo y otros c/ Basso y Cía.: "toda vez que la libertad de contratar del empleador entre en conflicto con la libertad contra la opresión del empleado u obrero, esta última debe prevalecer sobre aquélla, porque así lo requieren los principios que fundan un ordenamiento social justo. No otro es el sentido de la cláusula que los Constituyentes de 1957 agregaron a continuación del art. 14 de la Ley Fundamental" (Fallos: 246:345, 349, con cita de la sentencia West Coast Hotel Co. v. Parrish de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América). Y ello también condujo, en Roldán c/ Borrás, a rechazar las invocaciones del derecho de propiedad y la libertad de contratar formuladas para impugnar constitucionalmente las prestaciones impuestas al empleador en favor del empleado en razón de los hijos de éste, destacando el Tribunal que "el fundamento valorativo de la solución" reposaba "en inexcusables principios de justicia social (Fallos: 181:210; asimismo: Fallos: 189:234; 246:345 y otros) y en la ponderada estimación de las exigencias éticas y condiciones económico-sociales de la colectividad a la que se aplica" (Fallos: 250:46, 48/50).

Y, ciertamente, son el mencionado "ritmo universal de la justicia", la "ponderada estimación" de las "exigencias éticas" y "condiciones sociales", cuando no la "libertad contra la opresión" que ejerce la discriminación, los elementos que acreditan, desde hace ya tiempo, que el repudio a todas las formas de aquélla, y el emplazamiento de su prohibición en el elevado campo del jus cogens, resulta, lisa y llanamente, una reacción de la conciencia jurídica universal (opinio juris communis), lo cual, así como trasciende las fuentes formales del derecho de gentes, anima los procesos de elaboración de éste y condiciona su interpretación y aplicación.

8) Que la reinstalación, por lo demás, guarda singular coherencia con los principios que rigen a las instancias jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos, tendientes a la plena reparación (restitutio in integrum) de los daños irrogados, vgr., por un despido (v. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2-2-2001, Serie C N 72, párrs. 202/203 -y su cita- y 214.7, y "Madorrán", cit., p. 2005). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que enuncia, con carácter autónomo (esto es, no limitado a los derechos previstos en el Pacto), que "todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley" (art. 26), también requiere, por vía de su art. 2.3, que los Estados Partes otorguen una reparación a las personas que han visto violados sus derechos, la cual puede materializarse por vía de la "restitución" (Comité de Derechos Humanos, Observación general N 31. La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, 2004, párr. 16). El objetivo primario de las reparaciones (remedies) en materia de derechos humanos, es preciso destacarlo, debería ser la rectificación o restitución en lugar de la compensación; esta última sólo proporciona a la víctima algo equivalente a lo que fue perdido, mientras que las primeras reponen precisamente lo que le fue sacado o quitado. El intercambio de violaciones de derechos humanos con dinero, además, entraña un conflicto con el carácter inalienable de aquellos (aun cuando no puede ser descartado cuando la pérdida ha ocurrido y es irreparable) (Shelton, Dinah, Remedies in International Human Rights Law, Oxford University Press, 1999, ps. 43 y 55). En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas interpretó que el art. 6 de la Directiva 76/207/CEE (9-2-1976) -por la cual los Estados Miembros debían introducir en su ordenamiento jurídico las medidas necesarias para que cualquier persona que se considerara perjudicada por la no aplicación del principio de igualdad de trato pudiera hacer valer sus derechos por vía jurisdiccional- requería "medidas apropiadas para restablecer dicha igualdad cuando no ha sido respetada", las cuales debían "garantizar una protección jurisdiccional efectiva y eficaz y surtir un efecto disuasorio real frente al empresario". Así, apuntó, en el supuesto de un despido discriminatorio (art. 5.1 de la Directiva), una de las modalidades para restablecer la situación de igualdad se presentaba cuando la persona discriminada "recupera su puesto de trabajo" (Asunto C-271/91, M.H. Marshall c. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, sentencia del 2-8-1993, Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia. Parte I. Tribunal de Justicia, 1993-8, ps. 4407/4408, párrs. 24/25)...

10) Que los razonamientos expuestos hasta aquí también vuelven inatendible la defensa de la demandada relativa a que, de acuerdo con el precedente Figueroa, Oscar Félix y otro c/ Loma Negra Cía. SA, de 1984 (Fallos: 306:1208), la reinstalación del empleado conlleva una supresión de las facultades "discrecionales" del empleador de organización y dirección de la empresa e integración del personal. Con todo, cumple agregar que, a la luz de corpus iuris de los derechos humanos reiteradamente citado, el contenido y alcances de dichas facultades y de la discrecionalidad de su ejercicio, por más amplios que hipotéticamente fuesen, en ninguna circunstancia y lugar podrían dejar de estar limitados por el inquebrantable respeto de la dignidad del trabajador y el jus cogens que informa al principio de igualdad y prohibición de discriminación, según ha sido visto. Subordinar las exigencias fundamentales que de esto último se siguen a un ejercicio sin taludes ni medidas de los señalados poderes, resultaría desbaratar la natural jerarquía de los valores asentados por el bloque de constitucionalidad, máxime cuando la dignidad humana, además de todo cuanto ha sido dicho a su respecto, es el centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales de nuestro orden constitucional y del orden internacional adoptado (Aquino, cit., p. 3778, y Madorrán, cit., p. 2004). Incluso en el orden legal, el empleador, al ejercer dichas facultades, "siempre se cuidará de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo en la empresa y el respeto debido a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso del derecho" (LCT, art. 68, itálica agregada). Suele pasar inadvertido, en esta cuestión, que los poderes invocados, para ser válidos, por un lado, no pueden desentenderse de que "el trabajo debe ser una forma de realización y una oportunidad para que el trabajador desarrolle sus aptitudes, habilidades y potencialidades, y logre sus aspiraciones, en aras de alcanzar su desarrollo integral como ser humano" (Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes, cit., párr. 158), ni dejar de asumir, por el otro, como lo prevé la LCT, que "el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí", de manera que "sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta Ley" (art. 4). Y todo ello pesa sobre el empleador, pues así lo impone, además de lo expresado sobre el Drittwirkung o los efectos horizontales de los derechos humanos, el precepto de jerarquía constitucional, según el cual, los hombres "deben comportarse fraternalmente los unos con los otros" (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 1; asimismo: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, preámbulo, primer párrafo), lo cual supone, al menos, el cumplido respeto y realización de los derechos humanos en las relaciones laborales: la obligación de respeto y garantía de esos derechos, que normalmente tiene sus efectos en las relaciones entre los Estados y los individuos sometidos a su jurisdicción, "también proyecta sus efectos en las relaciones interindividuales", lo cual alcanza al "marco de la relación laboral privada, en la que el empleador debe respetar los derechos humanos de sus trabajadores" (Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes, cit., párr. 146; asimismo: párr. 151. "El jus cogens, al acarrear obligaciones erga omnes, las caracteriza como siendo dotadas de un carácter necesariamente objetivo, y por lo tanto abarcando a todos los destinatarios de las normas jurídicas (omnes), tanto a los integrantes de los órganos del poder público como a los particulares" -ídem, voto concurrente del juez Cançado Trindade, párr. 76; asimismo: párr. 77-). Después de todo, si la persona cuyos derechos y libertades hayan sido violados, tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, "aun" cuando la violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2.3.a; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25.1), a fortiori, dicho recurso también corresponde si la comisión proviene de personas privadas (Vasak, Karel, "Les principes fondamentaux d'interprétation et d'application des Droits de l'homme", en Boutros Boutros-Ghali Amicorum discipulorumque liber, Bruselas, Bruylant, 1998, p. 1425, a propósito de análoga norma -art. 13- contenida en la Convención Europea de Derechos Humanos). "Nada hay, ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución, que permita afirmar que la protección de los llamados 'derechos humanos' -porque son los derechos esenciales del hombre- esté circunscripta a los ataques que provengan sólo de la autoridad" (Kot, cit., p. 299).

La defensa en estudio, sustancialmente, parece responder a una concepción instrumental del trabajador, análoga a la que fue materia de terminante censura por esta Corte en el precedente Vizotti citado. Esto es así, pues admitir que los poderes del empleador determinen la medida y alcances de los derechos humanos del trabajador importaría, pura y simplemente, invertir la legalidad que nos rige como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones, derechos, libertades y garantías que adoptó a través de la Constitución Nacional. Por lo contrario, son dichos poderes los que habrán de adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad (cit., ps. 3691/3692). El éxito de una empresa, por cierto, de ningún modo podría hacerse depender, jurídicamente, de la subsistencia de un régimen inequitativo de despidos arbitrarios (Mata, José María c/ Ferretería Francesa, Fallos: 252:158, 163/164), puesto que tampoco es admisible la confrontación entre el derecho a no ser discriminado con otros derechos y libertades constitucionales de sustancia predominantemente económica, entre los cuales se hallan los invocados por la demandada. El ser humano es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su dignidad intrínseca e igual es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (doctrina de Reynoso, Nilda Noemí c/ I.N.S.S.J.P., Fallos: 329:1638; Mosqueda, Sergio c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Fallos: 329:4918, y Aquino, cit., p. 3766 y su cita)".

Las doctrinas del fallo que parcialmente fueron transcriptas y cuyos fundamentos (en su totalidad) comparto y doy aquí por reproducidos brevitatis causae, indican que la solución legislativa al caso de autos no es otra que el reintegro del Sr. Marcelo Fabián Burgos Paz a su puesto de trabajo o al que debiera ocupar si seguiría trabajando, reitero, el accionante acreditó la totalidad de los presupuestos fácticos que habilitan el encuadre del caso en la Ley antidiscriminatoria, quedando probada la vinculación entre la decisión de despedirlo con su filiación y participación sindical; resalto nuevamente, el actuar de Gasnor al utilizar el caso particular del actor como escarmiento y lograr con ello dar por tierra el resurgimiento de la APJ GAS, implica una conducta ilegítima que cercenó los más básicos derechos que debe gozar todo trabajador.

Al respecto es de recordar que una garantía constitucional no puede ser invocada para neutralizar otra de igual o superior relevancia y, en punto a ello, no albergo la menor duda que el respeto a la dignidad de las personas, que está ínsito en la Ley 23.592, no puede reputarse menor que las garantías que exige el desarrollo de la libre empresa, la promoción de la industria, el ejercicio del comercio, la productividad de la economía nacional y el progreso económico, que, de todas maneras, debe efectivizarse "con justicia social" (conf. arts. 14, 75 incs. 18, 19 y concs. Constitución Nacional). (CNTrab. Sala II, autos: Álvarez, Maximiliano y otros vs. Cencosud S.A. s. Acción de amparo, del 25/06/2007, del voto del Dr. Maza).

Por lo aquí analizado se resuelve declarar la nulidad del despido del Sr. Burgos Paz operado el día 21-11-08 y ordenar su reincorporación al puesto de trabajo que debería ocupar si no hubiese operado la resolución del vínculo. De haberse suprimido el cargo deberá seguir cumpliendo las funciones que realizaba en la nueva sección respetándose la categoría laboral que detentaba al momento de ser despedido. Para asegurar la manda judicial en la etapa de cumplimiento de sentencia se le notificará a Gasnor S.A. que de incumplir lo ordenado en el presente decisorio se le aplicará una sanción conminatoria de $500 diarios hasta la efectiva reincorporación del trabajador. ASI LO DECLARO.

A LA SEGUNDA CUESTION:

Resuelta la nulidad del despido operado el día 21-11-08, se deberá establecer si asiste derecho al actor a reclamar daños materiales y morales consecuencia de la conducta discriminatoria de la que fue objeto.

En la demanda el actor reclama el daño material consistente en todas las remuneraciones que debió percibir desde la resolución del vínculo hasta su efectiva reincorporación, importe al que se deberá restar lo percibido en concepto de indemnización, lo que será tomado a cuenta del total, expresa: ".en otros términos, al importe representativo de todos los salarios caídos desde el despido hasta la fecha de reincorporación deberá deducirse las sumas percibidas al momento de resolver el vínculo". Solicita se tome las remuneraciones vigentes a la fecha en que debió estar trabajando.

En relación al daño moral reclama el 10% del importe que se establezca de salarios caídos.

Esta pretensión fue ratificada (fs. 69), donde en cumplimiento con lo resuelto por la Jueza de Conciliación y Trámite (fs. 68), realiza una cuantificación alternativa, la misma en razón de lo resuelto su tratamiento resulta inoficioso.

La demandada en su responde establece (fs. 307): ".el actor percibe luego en tiempo y forma la liquidación final, los haberes y todo concepto devengado hasta la fecha de la desvinculación laboral, incluyendo las indemnizaciones de ley a tenor de la Ley de Contrato de Trabajo, suscribiendo los recibos respectivos sin reserva ni disconformidad alguna.Tales circunstancias demuestran a las claras que el actor la finalización del vínculo y la percepción de las indemnizaciones pertinentes en los términos de una desvinculación normal.." El ejercicio libre de una acción que procura declarar la nulidad del despido proveniente de un acto discriminatorio o las acciones tendientes a preservar derechos constitucionales no pueden estar condicionadas por conductas nacidas del propio quebranto normativo, en otros términos, la circunstancia de haber percibido el trabajador la indemnización proveniente de un acto nulo no puede liberar o dispensar al empleador de las consecuencias que generaron su ilícita conducta.

Reitero un pequeño fragmento del fallo de la Excma. Corte de la Nación en el precedente "Alvarez c. Cencosud S.A: "El ser humano es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su dignidad intrínseca e igual es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental".

Asimismo en el considerando 8), criterio ratificado en autos "Cejas, Adrián Enrique vs. Fate S.A. (Sent. De fecha 26/03/2013), resolvió: "El objetivo primario de las reparaciones (remedies) en materia de derechos humanos, es preciso destacarlo, debería ser la rectificación o restitución en lugar de la compensación; esta última sólo proporciona a la víctima algo equivalente a lo que fue perdido, mientras que las primeras reponen precisamente lo que le fue sacado o quitado". En éste precedente se confirma la decisión de la Excma. Cámara quien ordena el pago de la reparación material consistente en los salarios caídos desde el despido hasta la restitución en el puesto de trabajo, se resolvió: "Consecuentemente, corresponde mantener la decisión de nulificar los despidos y ordenar la reinstalación de los actores, así como también el pago de los salarios caídos, como derivación de lo resuelto en torno al acto extintivo que implica considerar la subsistencia del vínculo de trabajo y su presupuesto, la disposición generadora de los salarios, en los términos de lo normado en el art.103 de la L.C.T." (CNTrab. Sala II. Juicio: Álvarez Maximiliano y otros vs. Cencosud S.A. s/. Acción de amparo. Sent. 25/06/07).

En razón de lo considerado y siguiendo el criterio emanado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, resuelvo que Gasnor S.A. deberá abonar en concepto de daño material la suma que debió percibir por salarios desde la extinción del vínculo laboral 21-11-08, debiéndose computar éste rubro desde el 01-12-08 hasta la efectiva reincorporación. A estos efectos su cálculo y cuantía será determinada al momento de liquidar el presente rubro. Así lo declaro.

En relación al rubro "daño moral", siguiendo similar criterio al de la doctrina recaída en "Alvarez", se establece que más allá de la ilicitud del actuar de la demandada, que justifica la reparación en los términos del art.1078 del Código Civil, la compensación peticionada por la parte actora primero será imputable a "salarios caídos" y de existir remanente, a daño moral. En autos al no existir diferencia a favor del actor se tiene éste rubro por satisfecho, entendiendo ésta Preopinante que el resarcimiento del daño material (en parte ya percibido) resulta justo y comprensivo del padecimiento sufrido por el Sr. Burgos Paz como consecuencia del despido discriminatorio del que fue objeto. Así lo declaro.

A LA TERCERA CUESTION Conforme la posición precedentemente resuelta me aboco al tratamiento del progreso del rubro "daño material", estableciéndose las pautas para su determinación en base a las pruebas obrantes en autos y posiciones fijadas por las partes.

Como se refiriera la parte actora en concepto de daño material solicita el pago del equivalente a los salarios caídos, lo que piden sean calculados en base a los devengados por los períodos entre el despido y el efectivo reintegro, a dicha suma propone restar lo percibido.

Aún cuando la parte actora hiciera reserva de producir la pericial contable (fs. 771-771) considera ésta Preopinante que su producción en la presente instancia irrogará un tiempo innecesario a la luz de la naturaleza del reclamo y su posibilidad de darle una resolución adecuada en base a los instrumentos acompañados por la parte demandada (fs. 626 a 652).

Atento lo considerado y merituadas las probanzas rendidas en autos, teniendo en cuenta el carácter protectorio y tutelar que caracteriza la norma laboral y que debe contener toda decisión judicial en la aplicación de la misma, esta Vocalía entiende que a los fines de determinar la cuantía de la remuneración del actor por el período en que no prestó tareas efectivamente se seguirá el siguiente cálculo: Por el período que obran agregados los recibos de sueldos del trabajador Sr. Marquesto, Marcelo Alfio, quien revestía la misma categoría y similar antigüedad que el actor (aunque no exacta), sirven para establecer el salario devengado y no percibido desde el 12-08 hasta el 08-11 y posibilita tomar el último mes para realizar el cálculo provisorio; solo se nota una diferencia mensual de $59,63 a favor de Marquesto, importe que al momento de confeccionarse la planilla definitiva será descontado del total adeudado. Ante ello ésta Vocal resuelve que el Juez de Conciliación y Tramite del Trabajo, en la etapa de cumplimiento de sentencia, deberá intimar a Gasnor S.A. a los fines de acompañar los recibos del sueldos correspondientes al Sr. Marquesto Marcelo Alfio CUIL N° 20-20218481-3, desde el 09/11 hasta la fecha dispuesta como de reingreso del trabajador, a los fines de establecer las diferencias que pudieron haberse suscitado entre la planilla consignada como provisoria y la suma efectivamente devengada como salarios caídos, en especial por no conocerse los aumentos salariales, los bonos regulares y/o extraordinarios y el SAC s/ los mismos, siguiéndose posteriormente el trámite dado por el art. 147 C.P.L. Así lo declaro.

Realizado el cálculo, a la suma determinada se le deberá restar el importe de $83.166,23 que fuera abonado el día 28-11-08, compensándose en forma lineal el mismo con los salarios, SAC, premios y SAC s/ premios que fueron devengados a contar desde el 12-08 hasta cubrir el importe percibido.

Esta Vocal considera que la circunstancia de encontrarse el actor -al igual que el Sr. Marquesto- fuera de convenio, imposibilita establecer remuneraciones fijadas por categoría ni aumentos convenidos entre el gremio y la empresa. Surge de las constancias acompañadas los escasos aumentos salariales que tuvieron los empleados fuera de convenio en Gasnor, los mismos representan un indicio claro de la necesidad de representación sindical, derecho por el cual luchó el actor y fue despedido. Las pautas señaladas, con la provisionalidad transitoria resuelta, son a entendimiento de ésta Vocal un reflejo cercano al daño material sufrido por el actor Sr. Burgos Paz. En relación al daño moral, al no existir remanente, se tiene por satisfecho. ASI LO DECLARO.

INTERESES:

A los importes referidos se aplicará lo resuelto en la causa: "MEDINA Juan Antonio vs. Vicente TRAPANI S.A. s/ Cobros de Pesos", en Sentencia N° 126 del 26/07/2004, dictada por esta Excma. Cámara del Trabajo Sala VI, cuyos fundamentos son: Que ante la grave crisis económica por la que atraviesa el País y la emergencia en la que estamos sumidos, conciente de que el Juez no puede ser ajeno a su valoración por encontrarse justamente inserto protagónicamente en el contexto social en el que nos toca vivir a través de la resoluciones que dicta y los efectos que las mismas producen, más aún en el fuero laboral, se reexamina la metodología y criterio que se venían sustentando y aplicando al respecto del cálculo de intereses en las resoluciones definitivas dictadas, teniendo en cuenta la necesidad de establecer criterios de cálculo más acordes a la realidad socioeconómica y buscando preservar siempre la integridad del valor de los créditos laborales reclamados de naturaleza y carácter eminentemente alimentarios, por lo que se considera lo siguiente: a) Que se debe encontrar, por los motivos expuestos precedentemente, un procedimiento razonable y ajustado a dicho estado de emergencia que proteja a ambas partes en litigio de los profundos desequilibrios que se verifican como resultado de la crisis, y que de mantenerlos fomentarían el desempleo y el mantenimiento de la oferta de trabajo al margen de la legislación laboral vigente, con la consiguiente precarización del mercado de trabajo. b) Que el procedimiento adoptado pretende tener en consideración los puntos expuestos ut-supra, consistiendo el mismo en un "Mix" entre la tasa pasiva del BCRA (siguiendo el criterio sustentado por la C. S .J .T. en los autos "Navarro Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y Perjuicios-Sent. N° 756 del 25/10/1996) hasta el 06/01/2002, y la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde el 07/01/2002 hasta la fecha del efectivo pago del crédito laboral condenado. Corresponde señalar que se entiende por tasa activa la que percibe el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a 30 días vencida. Esta operación no cuenta con garantías prendarias ni hipotecarias. Debe entenderse que la diferencia o "spread" entre tasa activa y pasiva, que significativa, opera en el procedimiento elegido como factor de corrección en los cálculos de los créditos laborales, compensa de esta manera los desajustes producidos como consecuencia del estado de emergencia económica y social por la que atravesamos. Con éste procedimiento adoptado, esta Vocalía estima que se estaría razonablemente garantizado el mantenimiento del valor adquisitivo de los créditos laborales reclamados y por los que prospera la demanda, adecuando los mismos. Ya que de otra manera el simple paso del tiempo vulneraría y desvirtuaría los fundamentos jurídicos que amparan al trabajador frente al despido sin causa, llegándose al absurdo de que una metodología equivocada produciría efectos que podrían ser considerados contrarios a la legislación de fondo y al principio tuitivo y protectorio del derecho del trabajo, de raigambre constitucional, que reconoce también como fuente al derecho internacional. Verbigracia Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- "Protocolo de San Salvador"-, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convenciones de la OIT; conforme art. 75 inc. 22 de la CN.-Así lo declaro. El cambio de criterio en el procedimiento de cálculo de intereses de los créditos laborales, no altera en materia de regulación de honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes en el proceso, lo descripto por los arts. 50, 51 y 52 de la Ley 6204. Este criterio se sostiene con fundamentos sólidos en claras, reales y precisas razones económicas, de equidad y de justicia social contenidas en Tratados y Normas Internacionales de raigambre constitucional. Criterio éste ya aplicado en los Tribunales Nacionales del Trabajo: (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Acta 2357/2002- del 7/05/2002, publicado 7/06/2002, acuerdo plenario -Compendio de legislación laboral 2.008, pag. 741-); Cámara Federal de Tucumán autos: Ruiz Ernesto Raúl c/ Caja Complementaria para la actividad docente s/ Cobro de Pesos - Expte. N° 49.862 del 24/7/2007, Tribunal del Trabajo N° 5 Quilmes, departamento judicial Quilmes, entre otros. Así lo declaro.

PLANILLA DISCRIMINATORIA DE LA CONDENA:

Planilla realizada en base a los recibos obrantes fs. 626 a 652: 12/08: $3.923; 01/09: $3.838,79; 02/02: $3.966,89; 02/02: anticipo bono 2008: $1.500; 03/09: $3.957,95; 04/09: $4.008,22; 05/09: $4.038,84; 06/09: $4.092,84; 06/09 SAC 1er. $2.277,68; 07/09: $4.024,04; 08/09: $4.108,75; 08/09 Bono 2008: $3.692,98; 08/09 SAC Bono 2008: $307,62; 09/09: $4.155,09; 10/09: $4.108,75; 11/09: $4.185,02; 11/09 Bono extraordinario: $2.291,67; 11/09 SAC Bono extraordinario: $208,33; 12/09: $4.131,13; 12/09 SAC 2do.: $2.092,51; 01/10: $4.103,54; 02/10: $4.205,61; 03/10: $4.256,65; 04/10: $4.243,89; 05/10: $4.734,69; 06/10: $4.698,23; 06/10 SAC 1er. $2.530,52; 07/10: $4.638,73; 07/10 bono extraordinario: $1.858,14; 07/10 SAC bono extraordinario: $154,79; 08/10: $4.869,19; 09/10: $4.857,29; 10/10: $4.888,54; 11/10: $5.248,34; 12/10: $5.287,47; 12/10: SAC 2do. $2.643,74; 01/11: $5.192,28; 02/11: $5.166,61; 03/11: $5.297,80; 04/11: $5.297,80; 04/11: Bono 2010: $2.439,60; 04/11: SAC s/ Bono 2010: $203,23; 05/11: $5.544,59; 06/11: $5.532,69; 06/11 SAC 1er. $3.201,91; 07/11: $5.636,96 y 08/11: $6.119,84.

Planilla confeccionada con sueldo Agosto 2011 (fs. 652): 09/11: $6.119,84; 10/11: $6.119,84; 11/11: $6.119,84; 12/11: $6.119,84; 2do. SAC 12/11: $3.059,92; 01/12: $6.119,84; 02/12: $6.119,84; 03/12: $6.119,84; 04/12: $6.119,84; 05/12: $6.119,84; 06/12: $6.119,84; 1er. SAC 06/12: $3.059,92; 07/12: $6.119,84; 08/12: $6.119,84; 09/12: $6.119,84; 10/12: $6.119,84; 11/12: $6.119,84; 12/12: $6.119,84; 2do. SAC 12/12: $3.059,92; 01/13: $6.119,84; 02/13: $6.119,84; 03/13: $6.119,84; 04/13: $6.119,84; 05/13: $6.119,84; 06/13: $6.119,84; 1er. SAC 06/13: $3.059,92; 07/13: $6.119,84; 08/13: $6.119,84; 09/13: $6.119,84; 10/13: $6.119,84; 11/13: $6.119,84; 12/13: $6.119,84; 2do. SAC 12/13: $3.059,92; 01/14: $6.119,84; 02/14: $6.119,84; 03/14: $6.119,84; 04/14: $6.119,84; 05/14: $6.119,84; 06/14: $6.119,84; 1er. SAC 06/14: $3.059,92 y 07/14: $6.119,84 Al referido importe se le deberá restar la suma de $83.166,23 la que fuera abonada el día 28-11-08, este importe compensa en forma lineal la suma devengada hasta el 06/10, quedando un remanente a favor del actor que se compensará con el sueldo del 07/10: $4.638,73, adeudándose en consecuencia por el salario caído del mes 07/10 la suma de $2.891,28. ASÍ LO DECLARO.

Total de la planilla:

Actor: BURGOS PAZ MARCELO FABIANIngreso: 06/04/1988Egreso: 21/11/2008Antigüedad: 20 años, 7 meses, 15 ds CategorÍa: Asistente Administrativo FinancieroPlanilla de Capital e Intereses1- Daños materiales por salarios, SAC, premios e incidencia de SAC s/ premiosPeriodoImporte seg recibos 626/652% tasa activa al 30/09/14Interesesdic-08 3.923,00 111,44% 4.371,92 ene-09 3.838,79 109,89% 4.218,57 feb-09 3.966,89 108,50% 4.304,01 antic bono 2008 1.500,00 108,50% 1.627,47 mar-09 3.957,95 106,79% 4.226,83 abr-09 4.008,22 105,30% 4.220,46 may-09 4.038,84 103,69% 4.188,01 jun-09 4.092,84 102,20% 4.182,68 SAC 1sem-09 2.277,68 102,20% 2.327,68 jul-09 4.024,04 100,59% 4.047,91 ago-09 4.108,75 99,04% 4.069,44 Bono 2008 3.692,98 99,04% 3.657,65 inc SAC s/bono -2008 307,62 99,04% 304,68 sep-09 4.155,09 97,55% 4.053,08 oct-09 4.108,75 95,94% 3.942,07 nov-09 4.185,02 94,45% 3.952,54 bono extraord 2.291,67 94,45% 2.164,37 inc SAC s/bono extraord 208,33 94,45% 196,76 dic-09 4.131,13 92,84% 3.835,48 SAC 2sem-09 2.092,51 92,84% 1.942,76 ene-10 4.103,54 91,29% 3.746,26 feb-10 4.205,61 89,89% 3.780,56 mar-10 4.256,65 88,19% 3.754,08 abr-10 4.243,89 86,70% 3.679,24 may-10 4.734,69 85,09% 4.028,90 jun-10 4.698,23 83,60% 3.927,49 SAC 1sem-10 2.530,52 83,60% 2.115,39 jul-10 4.638,73 82,00% 3.803,54 bono extraord 1.858,14 82,00% 1.523,59 inc SAC s/bono extraord 154,79 82,00% 126,92 ago-10 4.869,19 80,44% 3.916,94 sep-10 4.857,29 78,95% 3.834,59 oct-10 4.888,54 77,34% 3.780,96 nov-10 5.248,34 75,85% 3.980,60 dic-10 5.287,47 74,24% 3.925,59 SAC 2sem-10 2.643,74 74,24% 1.962,80 ene-11 5.192,28 72,69% 3.774,44 feb-11 5.166,61 71,30% 3.683,71 mar-11 5.297,80 69,59% 3.686,91 abr-11 5.297,80 68,10% 3.607,54 Bono 2010 2.439,60 68,10% 1.661,25 inc SAC s/bono -2010 203,23 68,10% 138,39 may-11 5.544,59 66,49% 3.686,78 jun-11 5.532,69 65,00% 3.595,97 SAC 1sem-11 3.201,91 65,00% 2.081,08 jul-11 5.636,96 63,39% 3.573,45 ago-11 6.119,84 61,84% 3.784,71 sep-11 6.119,84 60,35% 3.693,02 oct-11 6.119,84 58,74% 3.595,00 nov-11 6.119,84 57,25% 3.503,30 dic-11 6.119,84 55,64% 3.405,28 SAC 2sem-11 3.059,92 55,64% 1.702,64 ene-12 6.119,84 54,09% 3.310,42 feb-12 6.119,84 52,65% 3.221,89 mar-12 6.119,84 50,99% 3.120,71 abr-12 6.119,84 49,50% 3.029,01 may-12 6.119,84 47,89% 2.930,99 jun-12 6.119,84 46,40% 2.839,30 SAC 1sem-12 3.059,92 46,40% 1.419,65 jul-12 6.119,84 44,79% 2.741,28 ago-12 6.119,84 43,24% 2.646,42 sep-12 6.119,84 41,75% 2.554,73 oct-12 6.119,84 40,14% 2.456,71 nov-12 6.119,84 38,65% 2.365,01 dic-12 6.119,84 37,04% 2.266,99 SAC 2sem-12 3.059,92 37,04% 1.133,50 ene-13 6.119,84 35,49% 2.172,13 feb-13 6.119,84 34,10% 2.086,76 mar-13 6.119,84 32,39% 1.982,42 abr-13 6.119,84 30,90% 1.890,72 may-13 6.119,84 29,29% 1.792,70 jun-13 6.119,84 27,80% 1.701,01 SAC 1sem-13 3.059,92 27,80% 850,50 jul-13 6.119,84 26,19% 1.602,99 ago-13 6.119,84 24,64% 1.508,13 sep-13 6.119,84 23,15% 1.416,44 oct-13 6.119,84 21,54% 1.318,42 nov-13 6.119,84 20,05% 1.226,72 dic-13 6.119,84 18,44% 1.128,70 SAC 2sem-13 3.059,92 18,44% 564,35 ene-14 6.119,84 16,89% 1.033,84 feb-14 6.119,84 14,52% 888,72 mar-14 6.119,84 12,26% 750,38 abr-14 6.119,84 10,28% 628,81 may-14 6.119,84 8,15% 498,86 jun-14 6.119,84 6,17% 377,29 SAC 1sem-13 3.059,92 6,17% 188,64 jul-14 6.119,84 4,04% 247,33 Total 410.316,69 228.787,76 Total capital + intereses al 30/09/14 639.104,45 Menos: suma abonada el 28/11/08 83.166,23 Intereses tasa activa BNA del 28/11/08 a 30/09/14113,19% 94.134,44 Total capital + intereses al 30/09/14 177.300,67 Saldo daño material (639.104,45 - 177.300,67) 461.803,78 Importe de la condena al 30/09/14 461.803,78 COSTAS:

Atento el resultado arribado, las costas se imponen en su integridad a la parte vencida demandada conforme Art. 105 del CPC y C (de aplicación supletoria en el fuero laboral). Así lo declaro.

HONORARIOS:

Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el art. 46 inc. "2" de la Ley 6.204.

Atento al resultado arribado en la litis y a la naturaleza de la misma es de aplicación el artículo 50 inc. 1) de la citada ley, por lo que se toma como base regulatoria el monto condenado, el que según planilla precedente resulta al 30/09/14, en la suma de $ 461.803,78.

Teniendo presente la base regulatoria, la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los artículos 14, 38, 42, 59 y concordantes de la Ley 5480 y 51 del C.P.T. con los topes y demás pautas impuestas por la ley 24.432 ratificada por la ley provincial 6715, se regulan los siguientes honorarios:

1).- Al letrado José Lucas Mirande, por su actuación como apoderado en doble carácter por el actor, en una etapa y media del proceso de conocimiento, se toma el 15 % de la base más el 55 % y por las etapas efectivamente cumplidas, resulta en la suma de $ 53.684 (pesos cincuenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro); y por su actuación el doble carácter de manera compartida en una etapa y media del proceso de conocimiento, se toma el 15 % de la base más el 55% por las etapas cumplidas y dividido en dos, resulta en la suma de $ 26.842 (pesos veintiséis mil ochocientos cuarenta y dos), por incidente de revocatoria resuelto a fs. 458, en la suma de $ 2.684 (pesos dos mil seiscientos ochenta y cuatro), y por incidente de oposición de pruebas resuelto a fs. 894/895, en la suma de $ 5.368 (pesos cinco mil trescientos sesenta y ocho).

2).- Al letrado Enrique Mirande, por su actuación el doble carácter de manera compartida por el actor, en una etapa y media del proceso de conocimiento, se toma el 15 % de la base más el 55% por las etapas cumplidas y dividido en dos, resulta en la suma de $ 26.842 (pesos veintiséis mil ochocientos cuarenta y dos), por incidente de revocatoria resuelto a fs. 601, en la suma de $ 2.684 (pesos dos mil seiscientos ochenta y cuatro).

3).- A la letrada Mercedes Magdalena Courel, por su actuación como apoderada de la parte demandada en las tres etapas del proceso de conocimiento, se toma el 8 % de la base más el 55%, lo que resulta en la suma de $ 57.263 (pesos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y tres), por incidente de revocatoria resuelto a fs. 458, en la suma de $ 11.452 (pesos once mil cuatrocientos cincuenta y dos), por incidente de revocatoria resuelto a fs. 601, en la suma de $ 11.452 (pesos once mil cuatrocientos cincuenta y dos) y por incidente de oposición de pruebas resuelto a fs. 894/895, en la suma de $ 5.726 (pesos cinco mil setecientos veintiséis). Así lo declaro.

VOTO DE LA SRA. VOCAL MARIA BEATRIZ BISDORFF:

Por compartir el criterio sustentado por la Sra. Vocal Preopinante, me pronuncio en idéntico sentido.- ES MI VOTO.- Por ello, ésta Excma. Cámara del Trabajo, Sala IIIa., integrada, RESUELVE:

I).- HACER LUGAR parcialmente a la demanda incoada por MARCELO FABIÁN BURGOS PAZ, en contra de GASNOR S.A. con domicilio en Av. Avellaneda Nº 295, de esta ciudad, por lo considerado. Como consecuencia: a) Se declara nulo el despido operado en fecha 21-11-08, condenando a la demandada a reincorporar al actor en el plazo de 10 días de ejecutoriada la presente, debiéndole proveer de un puesto similar al que detentaba al momento del despido. De haberse suprimido el cargo deberá seguir cumpliendo las funciones que realizaba en la nueva sección respetándose su categoría laboral. Para asegurar la manda judicial se le notificará a Gasnor S.A. que de incumplir lo ordenado en el presente decisorio se le aplicará una sanción conminatoria de $500 diarios hasta la efectiva reincorporación del trabajador. b) Se condena a la demandada al pago de la suma de $461.803,78 (pesos cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos tres con setenta y ocho centavos), en concepto de daños materiales por los salarios, SAC, premios y SAC s/premios que debió percibir como consecuencia del despido. c) El rubro daño moral se entiende satisfecho conforme la doctrina señalada. y c) Se intime a Gasnor S.A. a los fines de acompañar los recibos del sueldos correspondientes al Sr. Marquesto Marcelo Alfio, CUIL N° 20-20218481-3, desde el 09/11, hasta la fecha dispuesta como de reingreso del trabajador, siguiéndose posteriormente el trámite establecido en el Art. 147 C.P.L. II).- COSTAS: en la forma considerada. III).- HONORARIOS: 1).- Al letrado José Lucas Mirande, por su actuación como apoderado en doble carácter por el actor, en una etapa y media del proceso de conocimiento, se toma el 15 % de la base más el 55 % y por las etapas efectivamente cumplidas, resulta en la suma de $ 53.684 (pesos cincuenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro); y por su actuación el doble carácter de manera compartida en una etapa y media del proceso de conocimiento, se toma el 15 % de la base más el 55% por las etapas cumplidas y dividido en dos, resulta en la suma de $ 26.842 (pesos veintiséis mil ochocientos cuarenta y dos), por incidente de revocatoria resuelto a fs. 458, en la suma de $ 2.684 (pesos dos mil seiscientos ochenta y cuatro), y por incidente de oposición de pruebas resuelto a fs. 894/895, en la suma de $ 5.368 (pesos cinco mil trescientos sesenta y ocho).2).- Al letrado Enrique Mirande, por su actuación el doble carácter de manera compartida por el actor, en una etapa y media del proceso de conocimiento, se toma el 15 % de la base más el 55% por las etapas cumplidas y dividido en dos, resulta en la suma de $ 26.842 (pesos veintiséis mil ochocientos cuarenta y dos), por incidente de revocatoria resuelto a fs. 601, en la suma de $ 2.684 (pesos dos mil seiscientos ochenta y cuatro).3).- A la letrada Mercedes Magdalena Courel, por su actuación como apoderada de la parte demandada en las tres etapas del proceso de conocimiento, se toma el 8 % de la base más el 55%, lo que resulta en la suma de $ 57.263 (pesos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y tres), por incidente de revocatoria resuelto a fs. 458, en la suma de $ 11.452 (pesos once mil cuatrocientos cincuenta y dos), por incidente de revocatoria resuelto a fs. 601, en la suma de $ 11.452 (pesos once mil cuatrocientos cincuenta y dos) y por incidente de oposición de pruebas resuelto a fs. 894/895, en la suma de $ 5.726 (pesos cinco mil setecientos veintiséis).

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