Tribunal: JUZGADO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-02-28


1º Instancia.- Resistencia, febrero 28 de 2000.

Considerando: I. Que la cuestión fue planteada en los términos que anteceden conforme constancias de la causa, cabe liminarmente analizar los presupuestos que hacen a la admisibilidad formal de esta acción, dados los cuestionamientos efectuados al respecto por la accionada.

En tal sentido, debo dejar aclarado, que el análisis de ello, corresponde realizarlo -por imperativo legal- conforme los requisitos contenidos en la Constitución Nacional (art. 43).

Desde tales parámetros cabe precisar si resulta la vía del amparo, la más idónea, ante la existencia de otro medio judicial: tal como lo aduce la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Al respecto y genéricamente, bien se sabe que la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de las controversias; y su exclusión por la existencia de otra vía judicial no puede ser fundada a través de una apreciación ritual, ya que el instituto en análisis, tiene por objeto una efectiva protección de derechos, más que una ordenación o resguardo de competencia.

Aclarado ello, el tema de la existencia de otra vía judicial, debe constituir una derivación razonada del derecho, con relación a las circunstancias de la causa.

En tal sentido, no puedo soslayar que diversos tratados internacionales, incorporados a nuestro orden constitucional por vía del art. 75 inc. 22 de la Carta Magna, imponen el deber legal de proporcionar a los habitantes del territorio nacional, la posibilidad de ocurrir ante los tribunales, para hacer valer sus derechos por vía de un procedimiento sencillo y breve, por el cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad, que violen algunos de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.

El recurso sencillo y rápido a que aluden las convenciones internacionales, depende en gran medida de que, a través del derecho procesal vigente pueda orquestarse la debida protección perseguida (Gozaíni, Osvaldo A., "Características de los recursos en el juicio de amparo", LA LEY, 1994-D, 919).

En ese orden de ideas, cabe entonces colocarse en el lugar de los contribuyentes obligados a la incorporación del equipamiento denominado: Controlador Fiscal, y preguntarse objetivamente desde allí, si la común y notoria dilación en el trámite de los pleitos sustanciados ante los órganos jurisdiccionales nacionales, permitirían al justiciable contar con otra vía expedita, más rápida y efectiva que la del amparo, para lograr el cese de la disvaliosa conducta que se imputa a la accionada. En la actual situación, y más aún, considerando específicamente que la falta de utilización del equipo en cuestión, configura -tal como se consigna en la resolución objetada- el incumplimiento de sus disposiciones, y acarrea en los hechos, las sanciones que ella prevé (multa y clausura); la respuesta es obviamente negativa.

Es que, a poco que se ahonde en el análisis de la cuestión, atendiendo los derechos de los contribuyentes y el daño que se le podría ocasionar, surge en forma clara y contundente, la existencia de sobrados elementos de juicio que ameritan la habilitación de la vía incoada, por ser el medio más idóneo para resolver sobre la materialidad del derecho que se denuncia conculcado, en tiempo oportuno y sin peligro de su vulneración irreparable.

Por ello, en el presente, y pese a existir otra vía, su existencia no podría cerrar indefectiblemente la viabilidad del amparo, cuya aplicación debo admitir en el caso concreto, atendiendo a los derechos afectados, y a la inminencia del daño que presuntamente puede ocasionársele a los contribuyentes, dada la obligatoriedad impuesta en el uso, y los vencimientos operados para su incorporación.

Así, a la luz de las normas constitucionales, la mera existencia de otro proceso judicial que permita eventualmente obtener la protección de los derechos, no obsta por sí sólo, a la admisibilidad formal de la acción de amparo, siendo ésta no sólo una vía procedimental, sino una garantía tendiente a asegurar el rápido y efectivo acceso a la jurisdicción; y que hoy, por un excesivo ritualismo formal, sea denegada; conculcaría seria y definitivamente, la garantía constitucional por excelencia, cual es el amparo.

Desde otro ángulo, y continuando con el tratamiento de las objeciones formales deducidas por la accionada, debo destacar que, si bien el art. 2º inc. c) de la ley 16.986, establece que la acción de amparo no será admisible cuando la intervención judicial comprometiera el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado; lo cierto es que la aplicación lisa y llana del precepto, conllevaría a la imposibilidad de atacar las actividades del Estado, a través de esta vía.

Así entonces, el argumento utilizado por la Administración federal de Ingresos Públicos -en lo que a ello concierne- implicaría que nunca sería procedente el amparo, cuando la materia subyacente del caso, refiere a actos por ella realizados.

Concretamente, el pretexto aducido en tal sentido para invalidar la acción intentada, no resulta determinante como para acoger -sin más- la objeción formal en análisis.

Por otra parte, y continuando con los obstáculos formales esgrimidos como tal, resta sólo aclarar que el texto del art. 43 de la Constitución Nacional, permite al juez declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto lesivo. Por lo que, la claridad y contundencia de lo así estipulado, torna innecesario mayores comentarios.

Más aún cuando la doctrina autorizada tiene dicho que: "eso importa invalidar la prohibición que contenía el art. 2º inc. d) -"in fine"- de la ley 16.986" (Sagüés, Néstor, "Derecho Procesal Constitucional. Acción de amparo", p. 672, Ed. Astrea, 4º ed. amp.).

Así pues, el supuesto impedimento formal invocado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, no puede llevar a descartar la vía intentada.

II. Que superados así los escollos formales deducidos, corresponde el análisis sustancial de la cuestión objeto de autos. No sin antes destacar que el exceso de la competencia esgrimida por la accionada y que pretende ser endilgada, no es tal. Ello así, desde que el control judicial de los actos administrativos constituye la garantía que asegura al particular, el resguardo de sus derechos e intereses jurídicamente protegidos, a la vez que preserva la juricidad de la actividad administrativa y la seguridad jurídica.

Que, reconociendo entonces que los actos discrecionales no son totalmente inmunes al control de los jueces; cuadra resaltar, en lo que a ello concierne, y parafraseando a Germán Bidart Campos que: "todo es justiciable, lo cual significa que el ojo del juzgador abarca la integridad de la materia administrativa, a efectos de averiguar si en el contenido total de su ejercicio aparece alguna arbitrariedad o alguna sin razón. Una vez ejercido el control con esa vastedad, el juez dice: esto que controlo es una materia donde el Poder Administrador, puede moverse con arbitrio amplio (no con arbitrariedad, que arbitrio y arbitrariedad no son la misma cosa); por eso dejo en pie lo que el poder Administrador razonablemente ha resuelto; esto otro que también controlo es una materia done el arbitrio del Poder Administrador, ha ido demasiado lejos, ha rozado la arbitrariedad, y por eso dejo sin efecto lo que el Poder Administrador ha hecho" (Aut. citado en "¿Materias no justiciables en la Administración?", Ed. 78, p. 703 y sigtes.).

Más aún, para aseverar el criterio que antecede, y compartido plenamente por este juzgador, en franca contradicción con el esbozado por la accionada al expresar que no resulta admisible dentro de nuestro régimen constitucional que los órganos judiciales tengan facultades para conocer y juzgar la actividad administrativa, es que corresponde traer a colación lo siguiente: "...la discrecionalidad entendida como la libertad que dispone el órgano administrativo para elegir entre uno u otro curso de acción, para hacer una cosa u otra, o hacerla de una u otra manera, encuentra su límite jurídico en la razonabilidad y en este marco es que puede y debe ser controlada jurisdiccionalmente. La irrazonabilidad y la arbitrariedad vician el objeto y la voluntad del acto, y si ello acontece la decisión discrecional será ilegítima (conf. Drouer, José Roberto, "Derecho Administrativo", t., I, p. 543).

Sentado lo cual, corresponde me adentre en considerar el reclamo objeto de autos.

Así, surge liminarmente el primer interrogante: el uso obligatorio de los controladores fiscales impuestos en la resolución atacada ¿es el medio idóneo para la atención de los fines que se propone proteger?, o dicho de otro modo: ¿tal obligación resulta proporcionalmente adecuada con la finalidad perseguida? Y precisamente, la proporcionalidad indicada como condición o límite del acto administrativo, no es sino la aplicación del principio general del derecho, como es, el de la razonabilidad, que el art. 28 de nuestra Constitución Nacional prescribe para hacer admisible toda fuerza normativa.

Sobre el particular debo aclarar que por "razonabilidad" en sentido estricto, sólo se entiende el fundamento de verdad o justicia; por lo que, un acto puede tener fundamento de existencia, en cuanto se dictó y por el hecho de estar vigente; fundamento de esencia, en cuanto se apoya en normas jurídicas, y fundamento de razonabilidad en cuanto es justo (conf. Linares, Juan F., "Razonabilidad de las leyes", p. 108, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1970).

Siguiendo esta línea argumental, surge manifiesta la irrazonabilidad de la res. general 4109/96 (texto modif. por res. general 259/98), consistente en la imposición de uso de los llamados controladores fiscales; desde que, la falta de proporción entre el medio empleado y el fin perseguido, no hace mérito de las consecuencias restrictivas de los derechos de raigambre constitucional; ni por apelar a una medida menos gravosa -para los derechos comprometidos de los contribuyentes-, y eficaz al mismo tiempo, para lograr el fin pretendido -por la Administración Federal de Ingresos Públicos-.

Arribo a tal conclusión, basado en primer término en que el hecho de no emitir facturas o documentos equivalentes mediante el instrumento conocido como "controlador fiscal", se vería plenamente cubierto por la emisión de comprobantes que cumplen a la perfección los requisitos contemplados en las distintas resoluciones reglamentarias que dictó al efecto, el organismo fiscal. Al respecto, y aclarando que no es mi intención, entorpecer el control del ente recaudador; desde que, la actividad fiscalizadora constituye un factor relevante en relación con la evasión fiscal; concluyo simplemente que el bien jurídico protegido y subyacente en la norma que determina el uso de los controladores fiscales, no se puede ver vulnerado, toda vez que la posibilidad de fiscalizar la actividad impositiva del comercio resulta cierta y posible, conforme la emisión de comprobantes ya previstos en el ordenamiento.

En segundo lugar, porque si bien la ley 11.683 en su art. 33 concede al ente recaudador las facultades allí consignadas; lo cierto y determinante en la especie, es que la exigencia prevista originariamente en dicha norma (segundo párrafo) se ve hoy excedida ampliamente, con la imposición del uso del controlador fiscal.

En efecto, la obligación primigenia de otorgar comprobantes, establecidas por esa ley; reglamentada luego a través de sucesivas y numerosas resoluciones del ente recaudador, si bien facilita la tarea de la Administración Federal de Ingresos Públicos, crea sin embargo a los particulares una serie indefinida de obligaciones que resultan difícil de ser cumplimentadas y más aún devienen altamente onerosas.

Es que, no puedo soslayar aquí, dos circunstancias que adquieren en su análisis, singular significancia; a la hora de decidir.

Así, primeramente, tomo en cuenta el devenir fáctico creado a partir de las distintas resoluciones dictadas, en relación a las obligaciones formales en materia de emisión de comprobantes, y que la amparista lo relata con total claridad y contundencia; razón por la cual a ello me remito. Lo que conlleva indiscutidamente al desorden administrativo que no puede terminar en perjuicio del contribuyente, y menos aún librado a los avatares de los sucesivos cambios de criterio de la Administración Pública, que obviamente conspiran contra la propia seguridad jurídica.

En efecto, las continuas marchas y contramarchas de la Administración, para imponer requisitos formales en la materia de que se trata, tiene un límite de razonabilidad que debe ser reconocido.

Es que, la resolución cuestionada impone una nueva obligación, que excede tales límites; en tanto y en cuanto se le exige al contribuyente una nueva formalidad, que a estar de las circunstancias de autos, resultaría materialmente imposible de ser cumplimentada; y porque básicamente, la autoridad puede controlar las operaciones realizadas, con las facturas y/o comprobantes previstos por la res. general 3419 (Dirección General Impositiva).

Desde tales parámetros, he de referirme también, a la particular situación económico-social de esta provincia, ya que precisamente, ella incide directamente en la realidad que me toca hoy juzgar.

En tal sentido, cabe reseñar que, el espíritu de preservar la venta pública a fin de evitar la evasión, no puede ir en contra de los escuálidos bolsillos del contribuyente de esta provincia, para imponerle -una vez más-, nuevos requisitos formales para la emisión de comprobantes.

En ese orden de ideas la resentida economía provincial, ampliamente conocida por los medios de difusión, que indefectiblemente destacan altos números de desocupación, de analfabetismo, de endeudamiento público, etc.; y más aún, el conocimiento directo e indirecto que en mi labor jurisdiccional detento, me obligan hoy a destacar que verdaderamente imponer a los comerciantes (que aún mantienen sus puertas abiertas), un gasto más (considerable por cierto), a costa de su bolsillo, resulta totalmente contrario a la realidad actual que se vive.

Tal imposición sobrepasa ampliamente, el límite de lo razonable.

Lo dicho, cobra mayor entidad tratándose como se trata de la conculcación de derechos y garantías de raigambre constitucional, y que fueron harto elocuentemente explicitados en el escrito inicial.

Por otra parte, y ya desde otro ángulo, habiendo la demandada aducido la inexistencia del perjuicio actual e inminente que contiene el art. 43 de la Constitución Nacional, debo remitirme a la doctrina autorizada que dice: "...el amparo podrá jugar en tanto la acción, por acto o amenaza mantenga su presencia, y ésta pueda ser removida, superada o dejada si efecto, neutralizada o aventada por la intervención del poder jurisdiccional; no constituiría en cambio, una vía practicable, si esa presencia feneció, sin que aparezca como amenaza inminente para el futuro (Adolfo A. Rivas, "El amparo", ps. 74/75, segunda ed., Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1990).

He de concluir por tanto y juntamente con el citado jurista, que lo expuesto es claramente indicativo de que el amparo no tiene finalidad restrictiva en sí misma, sino en la medida en que subsista la resolución aquí atacada, de manera tal que siga incidiendo sobre el derecho de los agraviados. Y en la especie, mal puedo aseverar que la denunciada restricción de garantías constitucionales ha cesado, sino por el contrario, la res. 4104 y su modificatoria 259/98 mantienen su plena vigencia; de forma tal que la actualidad e inminencia se halle acreditada.

En definitiva, la conducta plasmada por la Administración, en las resoluciones cuestionadas, que imponen el uso del controlador fiscal, deviene manifiestamente arbitraria e irrazonable, ya que no luce como la adecuada y necesaria para el fin perseguido por ella, ante la realidad que me toca hoy juzgar.

Es que si bien en otras provincias con mayor capacidad económica y social, resultarían hasta razonables las resoluciones que imponen ese deber formal, en esta provincia no. Así, entre la especial situación fáctica existente (elevados índices de desempleo, de pobreza, sobrecarga impositiva, etc.) que la doy por probada como materialmente verdadera, y las resoluciones del ente fiscal, técnicamente jurídica, pero indudablemente arbitraria, sólo puede prevalecer "lo verdadero" por una estricta razón de justicia.

Por lo demás, y si bien la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional, ella es admisible cuando se produce un perjuicio concreto y manifiesto al derecho que le asiste a la actora de la presente.

En efecto, al dirigirse el control de constitucionalidad, a la valoración de la razonabilidad de las normas, y siendo que todo acto legislativo irrazonable o arbitrario deviene defectuoso y es inconstitucional (Bidart Campos, "Manual de Derecho Constitucional Argentino", ps. 68 y 199); es evidente que la restricción causada a los asociados de la actora, y que motivara el planteo de autos, origina la necesaria declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones del caso.

Por lo que resuelvo: 1. declarar en la presente, la inconstitucionalidad de la res. general (Dirección General Impositiva) 4104 (texto sustituido por la res. general 259/98). 2. Hacer lugar a la acción de amparo impetrada. Consecuentemente, ordenar a la Administración federal de Ingresos Públicos que deberá abstenerse de aplicar a los socios de la actora, e individualizados en los listados obrantes a fs. 3/13 y 68/90 del expte. Nº 295/99 agregado por cuerda al presente, las consecuencias previstas en esas resoluciones, ante la falta de utilización del equipo electrónico denominado controlador fiscal. 3. Costas a cargo de la demandada.- Carlos R. Skidelsky.