marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho colectivo del trabajo, negociación colectiva, convenios colectivos de trabajo, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: Villagomez, Alex Julio c/ Jiménez, Juan José y/o; La Esperanza Transporte Automotor de Pasajeros para el Turismo y/o y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-08

Para determinar el convenio colectivo aplicable, se debe considerar el ámbito personal de aplicación de convenio y la actividad principal que desarrolla el empleador máxime que en autos no se discutió la actividad principal de la empresa empleadora.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, cláusula penal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Proyectos Especiales Mar del Plata Sociedad del Estado c/ Seminara S.A.I.C.F. y otros s/ Cumplimiento de contrato. Cobro de multas. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-07

Se configura absurdo cuando, al morigerar el monto de una cláusula penal, no se establece fehacientemente cuál sería la desproporción frente al daño efectivamente infligido al reclamante.
Recurso extraordinario, resoluciones anteriores a la sentencia, proceso penal, auto de procesamiento, prisión preventiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Urizar, Miguel Indalecio s/ estafas reiteradas - Causa n° 68.283.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

El recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que confirmó el auto de procesamiento y declaró mal concedido el recurso en lo referente a la prisión preventiva decretada, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, recurso de queja (procesal), cesantía, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SOROUJON, MARIA EUGENIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-07

El recurso directo presentado ante esta Corte por la actora incumple con la exigencia establecida en el artículo 8 de la ley 7055, que le impone a la quejosa la carga de rebatir los fundamentos dados por la Cámara para denegar el remedio extraordinario intentado, quedando por tanto las argumentaciones expuestas por la Alzada en el auto denegatorio del remedio en pié, desde que el Tribunal afirmó especialmente que la recurrente no llegaba a convencer que el planteo identificado como infra petita -vinculado al reintegro de haberes por la prolongación indebida de la suspensión preventiva- revelara un supuesto de arbitrariedad, en la medida en que se recordara que el Tribunal había señalado -con cita del precedente Wertheimer- que agravios tales resultaban relacionados con la legitimidad de las medidas respectivas sin incidir en la legitimidad de la cesantía; respuesta esta que resulta suficiente en las circunstancias del caso, orientado a la declaración de ilegitimidad del acto de cesantía y al reintegro de los salarios caídos consecuencia de dicha declaración, resultando la reiteración de los cuestionamientos planteados por la recurrente tan solo la mera discrepancia de la actora con las conclusiones a las que arribó la Alzada en el caso, e insistiendo la quejosa en que la interpretación del A quo resultó irrazonable y que había prescindido de pruebas decisivas, pero no logrando con sus genéricas afirmaciones aportar argumentos suficientes para probar la configuración en el caso de algún supuesto de arbitrariedad que justifique la descalificación constitucional del auto denegatorio del remedio extraordinario local, quedando las causales enunciadas como mera disconformidad de la compareciente con lo resuelto en el caso. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 8
Violencia institucional, ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, principio de no discriminación, derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la Administración Nacional de la Seguridad Social en la causa Internas de la Unidad n° 31 SPF y otros s/ habeas corpus c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

El art. 6 de la ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres, define como violencia institucional a aquella realizada por las/los funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en dicha ley, en tanto que, el decreto reglamentario 1011/2010 de dicha norma estipula, en su art. 9°, inc. u, que, a los efectos de la ley que se reglamenta, de conformidad con lo establecido en el art. 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la condición de mujer privada de libertad no puede ser valorada para la denegación o pérdida de planes sociales, subsidios, servicios o cualquier otro beneficio acordado o al que tenga derecho a acceder, salvo disposición legal en contrario.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FRIGORIFICO YAGUANE S.A.-FLORES, HUMBERTO DANIEL. s/ Régimen Penal Tributario, incidente de exención de prisión de Humberto Daniel Flores.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-06

Las únicas circunstancias concretas para no hacer lugar a la excarcelación del imputado: lo informado por un funcionario policial de que aquél no vive o trabaje en el lugar y la incomparencia a las citaciones cursadas, son insuficientes como para presumir su intención de eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones, sobre todo frente a la inmediata presentación escrita fijando domicilio y la informaciones policiales dando cuenta de la entrega de notificaciones en un lugar de residencia con familiares, y más aún cuando la ley procesal contempla otras medidas para asegurar la comparencia del imputado (conf. Art. 310 del CPP) y las cauciones previstas para asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del tribunal (conf. Art. 320 del CPP) (Del voto del Dr Hendler, en disidencia).
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, libertad de expresión, interés público
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Prestofelippo, Eduardo Miguel c/  s/ 71 Ter - Hostigamiento Digital
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-27

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia recurrida, dado que las expresiones examinadas por el a quo sobre las que se sustenta la condena quedan amparadas por la garantía constitucional a la libertad de expresión. Algunas de ellas, concretamente la participación de la querellante en una representación teatral, que viene ridiculizada y hasta chocantemente presentada como parte de un estilo denostado en el discurso materia de autos, es un supuesto en el que la víctima se expuso a la atención pública voluntariamente. Aquellas expresiones que el tribunal a quo categorizó como contravención, tienen un tono que ha sido visto por los jueces como muy hiriente y hasta discriminatorio como mujer; sin embargo, no nos toca estimar cuál es el grado de violencia de la invectiva ni su mal gusto: es cuestión de hecho, ajena por ello a nuestra jurisdicción. Empero, esas expresiones vienen estrechamente vinculadas a una expresión tutelada. Mediante una descalificación grosera de la relación entre la denunciante y el Presidente, pone en tela de juicio la corrección con que este último dispone de los fondos públicos y la entereza de su carácter; pone a la víctima como inspiradora de esas disposiciones incorrectas y al Presidente como la parte débil de la relación de pareja que cedería a la influencia de la damnificada. Estos asuntos, a saber, centralmente el uso del dinero público y, aunque en medida menor, la debilidad de carácter del Presidente son de la especie que suscita legítimo interés en el público. No se ve cómo separar unas expresiones de otras, y, lo más importante, no las separó el a quo. Tampoco se advierte que vincular las expresiones peyorativas a la descalificación de la conducta pública del Presidente haya sido un mero subterfugio para poner artificialmente las invectivas o conceptos humillantes al abrigo de un derecho constitucional. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Homicidio calificado, homicidio criminis causa
Materia: PENAL
Carátula: BLANCO, Ernesto s/ HOMICIDIO EN OCASION DE ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-19

Si el homicidio se presentó de una manera incidental al robo, pero no para asegurar el resultado del apoderamiento ilegítimo ni para procurar impunidad, debe descartarse la figura prevista en el art. 80 inc. 7mo. del Código Penal.
Cosas principales, cosas accesorias, tarifa de servicio de telecomunicaciones
Materia: CIVIL
Carátula: F., C. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-26

La posesión de una cosa hace presumir la posesión de las cosas accesorias a ella, de modo que la posesión de la energía soporte hace presumir la posesión de la señal, y esto justifica que la provisión de la energía soporte junto a la señal decidan el valor del servicio.
Medidas cautelares contra el Estado, impugnación del decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, reforma laboral, medidas urgentes
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Poder Ejecutivo Nacional  s/ incidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-01-03

Corresponde suspender, en carácter cautelar, la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo, habida cuenta que los propios considerandos de la norma traducen, al menos en lo que respecta a la materia laboral, que no se evidenciaría objetivamente la necesidad de adoptar tan numerosas medidas y que, lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían que las que se alegan constituyan razones de urgencia para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo, máxime cuando varias de las normas que el Poder Ejecutivo pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como leyes antievasión.
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: Lanzos, Rubén Oscar s/ Defraudaciones reiteradas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14

Debe desestimarse la denuncia de violación del art. 252 -n.a.- del C.P.P. si el recurrente no evidencia que al optar por prueba testimonial desplazando la pericial el a quo haya transgredido norma legal alguna.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, prisión preventiva, excarcelación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Kohen, Roberto León s/ prisión preventiva - causa N. 5274.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-02

No es idóneo para superar el límite de la falta de sentencia definitiva el argumento de que no sea excarcelable el delito por el que se decretó la prisión preventiva.
Recurso extraordinario de nulidad, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Tronchet, Rubén José y otros s/ Infracción arts. 256 y 258 del Código Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-26

Es infundado el recurso extraordinario de nulidad si los temas propuestos no guardan relación con los puntuales supuestos que habilitarían la vía intentada (doct. art. 156 y 159, Const. prov. ).
Proceso penal, testigos
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CORDOBA, MIGUEL ANGEL s/ PRUEBA - TESTIMONIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1956-02-10

La naturaleza patológica de los imbéciles afecta fundamentalmente su capacidad para cumplir la función esencial del testigo, de ser el medio de que se vale el juez para dar fe acerca de los hechos cuestionados en el proceso. Fuente de fe que supone, lógicamente, una capacidad de percepción, comprensión , expresión y veracidad incompatible no sólo con la detención de las facultades propia de los imbéciles, sino especialmente con el restreñimiento egoístico que es propio de tales oligofrénicos,el que los vuelve mentirosos y malos y prontos a sostener cualquier mentira para obtener ventajas o escapar a castigos. A lo que se añade la susceptibilidad de esos deficientes mentales para sufrir los efectos de la actividad de particulares interesados o de una instrucción inexperta y obsesionada con determinada tesis, sirviendo así de base para denuncias o acusaciones inexactas.-
Delito político, competencia por conexidad
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: VENTURA, Giovanni s/ EXTRADICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-19

Hay delito conexo cuando se comete una infracción de derecho común, en el curso de un delito político, teniendo relación con ese acontecimiento, como por ejemplo el hecho de asaltar arsenales, oficinas del Estado, destrucción de propiedades públicas o privadas, muertes en combate de individuos del bando opuesto, etc.

Así la Corte Suprema ha admitido que constituyen delitos políticos los atentados contra la organización política y aquellos hechos comunes que guardan con el hecho principal una conexión de medio a fin, mas o menos necesaria.
Derecho procesal, procesos de ejecución, ejecución de sentencia, liquidación, moneda extranjera, banco central, mercado cambiario, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Kraus, Owen c/ Medanito SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-06

El CCCN 765 no resulta ser de orden público; pues: "...de haber sido ése el objetivo de política monetaria, mal podría haber adoptado el legislador un criterio diverso para con las obligaciones en moneda extranjera pactadas en los diferentes contratos nominados que canalizan la dinámica de los negocios vinculados" (Lorenzetti Ricardo, "Código Civil y Comercial Comentado", T. V, pp. 125 y ss.); pero este criterio se encuentra específicamente corroborado en el caso de las obligaciones negociables denominadas en moneda extranjera, pues el legislador se expresó con relación a la forma de pago mediante la ley de financiamiento productivo. En concreto, con la ley 27440: 145 (BO 11/05/18), se sustituyó la ley 23576: 4 de Obligaciones Negociables.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., M. c/  s/ DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL-APELACION DE SENTENCIA CONDENA PRISION EFECTIVA DE M. V.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-09

La impugnante insiste en cuestionar el valor probatorio asignado a la declaración en Cámara Gesell y a los diversos testimonios e informes ponderados, sosteniendo la ausencia de pruebas suficientes para el dictado de una condena e intentando restar peso convictivo a los elementos tenidos en cuenta por los Jueces de la causa, mas no logra persuadir a esta Corte de que el Tribunal al confirmar la condena del imputado, no hubiera brindado motivación bastante o hubiera incurrido en causales de arbitrariedad en la ponderación del material probatorio reunido y, en consecuencia, no resultan sus planteos idóneos para habilitar la presente instancia extraordinaria.
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calvo, Juan Carlos y otros c/ Microómnibus Primera Junta SA s/ Nulidad de asamblea
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

El plazo de caducidad se suspende cuando por circunstancias de hecho o de derecho las partes se hayan visto impedidas de activar el procedimiento, pues median las mismas circunstancias que para la suspensión de la prescripción prevé el art. 3980 del Código Civil.
Docentes, incompatibilidad de ejercicio, Constitución Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lobo, Vilma c/ Gobierno de la Provincia de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de anulación y plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-04-25

El régimen de incompatibilidades, respecto del ejercicio de la función docente, analizados a través de diversos cuerpos legales-Constitución provincial, estatuto docente, ley de jubilaciones y pensiones y convenio de transferencia de servicios educativos nacionales a la provincia-obedece a la misma ratio legis, en un caso la de establecer incompatibilidades horarias en beneficio de un desempeño más eficiente y responsable y al mismo tiempo determinar una política de empleo público que promueva al bienestar colectivo y evite la concentración patrimonial en grupos minoritarios.

La Constitución Provincial proscribe en forma coherente con la protección del derecho al trabajo, la concentración de funciones y salarios en cabeza de una sola persona, frente a lo que se hace insostenible alegaciones de parte en relación a supuestos derechos adquiridos que, aún en caso de duda deberían ceder ante el interés social protegido por la Carta Magna, no resultando de recibo el reclamo de la actora jubilada docente, que pretende su reincorporación al servicio activo en cargo de igual jerarquía al que desempeñaba.
Transacción, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Albertarrio Nancy c/ Córdoba Nélida Carmen y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-12

La terminación anormal del juicio, mediante el desistimiento consensuado de la acción y del derecho no obliga al abogado en la medida que no tuvo participación en los términos del pacto que significó, sin duda, concesiones recíprocas y que no puede alterar o disponer sobre el derecho adquirido por el profesional a percibir su crédito contra el demandado. A los efectos regulatorios aquél debe considerarse un tercero, con independencia de su cliente y frente a él deviene firme la sentencia que impone las costas a la demandada, sin perjuicio del derecho que tendrá ésta para repetirlas sobre la actora, conforme los términos de la transacción con ella convenida.-
Seguros, seguro colectivo, principios generales del Derecho, beneficiario del seguro, demanda laboral, declaración de inconstitucionalidad, aplicación de la ley, responsabilidad del empleador, indemnización, pago total, acción de repetición, asegurado, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Swiss Medical Art SA c/ Del Tejar Construcciones SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

El hecho de que en época pasada la ART no haya efectuado reclamos de recupero contra el asegurado no puede interpretarse como una trasgresión a los propios actos anteriores, pues los actuales son el resultado de un cambio de circunstancias, como lo es, obviamente, la presencia de una condenación solidaria antes inexistente. Asimismo, el hecho de que la aseguradora haya aumentado el valor de la alícuota no puede ser relacionado con una mayor cobertura que dejara indemne al asegurado de reparaciones fundadas en el derecho común, en tanto el citado aumento se efectuó después del accidente sufrido por el trabajador.
Competencia federal, bancos, Banco Nación, empleados de banco
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ HURTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-10

Todo hecho en el que es parte perjudicada el Banco de la Nación Argentina, es de competencia federal. No empece a ello la circunstancia de que eventualmente el menoscabo patrimonial sufrido por dicho Banco deba ser soportado por el personal responsable de acuerdo a las reglamentaciones de la referida institución.
Beneficios previsionales, modificación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bilbao, Francisco y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Ajuste jubilatorio e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-23

La modificación de derechos individuales por la sustitución de normas legales no puede ser aceptada como criterio absoluto, ni puede admitirse cuando la variante introducida importa la sustitución de su esencia transformándolo en un derecho distinto.

Así, se vulnera la propiedad garantizada por la Constitución provincial cuando, como en el caso del dec.ley 8800/77, se altera la proporcionalidad en la determinación del haber que fue prevista en el art.105 de la ley 8587 a cuyo amparo se adquirió el beneficio, con cualidad de una permanencia para cuya preservación se indicó el modo de obtener el haber aunque el cargo careciera de correlación presupuestaria propia.
Despido indirecto, indemnización, ley de empleo, plazo legal
Materia: LABORAL
Carátula: Figueroa, Juana Ramona c/ La Castiza y/o María Angela Suárez s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-09-22

Habiéndose concretado el autodespido cuando ya estaba satisfecho el depósito de los haberes reclamados y mucho antes de que se cumpliera el plazo del artículo 11 de la Ley de empleo, el autodespido fue prematuro y no permitió comprobar el cumplimiento o incumplimiento de la patronal, ni la prosecución del vínculo laboral tutelado por la ley. La intimación previa tiene por objeto posibilitar el saneamiento del mismo, por lo que estando cumplido parte de lo intimado; depósito de haberes, cabía la espera del cumplimiento del plazo legal.
Mandato, fiscal de Estado
Materia: LABORAL
Carátula: CORVALAN VICTOR ALDO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-06

Es improcedente el planteo efectuado por la actora sobre la falta de personería del Fiscal de Estado, quien no necesita demostrar en modo alguno poder o mandato, surgiendo éste de la propia Constitución de la Provincia, así como de la ley de organización, funciones y competencia de la Fiscalía de Estado -artículo 139 Constitución Provincial y ley Nº 7296- por lo que el poder o mandato tiene no sólo jerarquía normativa, sino rango constitucional, resultando inoficioso exigir documento alguno en este tema. Tampoco puede invocarse falta de acreditación de la "calidad" invocada, ya que se trata de funcionario público debidamente designado por decreto, oportunamente publicado en el Boletín Oficial.
Acción de amparo, derecho a la salud, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Pro Hogar del Discapacitado PROHODIS c/ EN - AFIP s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-21

No obstante que de los términos del art. 92 de la ley 11.683 parecería indicar que las únicas excepciones admitidas en la ejecución fiscal son las allí señaladas, la jurisprudencia y la doctrina han admitido excepciones implícitas como: inconstitucionalidad, (cfr. Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en pleno, sent. de fecha 11.06.08 en autos "Fisco Nacional (AFIP- DGI) c/ Las Higuerillas SRL", que declaró que en los procesos de ejecución fiscal tramitados según la ley 11.683, en los que se haya planteado temporáneamente como defensa o excepción la inconstitucionalidad del art. 92 con la modificación introducida por la ley 25.239, resulta apelable la sentencia de ejecución), pago parcial, incompetencia de jurisdicción, litispendencia y falta de legitimación pasiva (Giuliani Fonrouge, Carlos - Navarrini, Susana "Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social", p. 495).