marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad de sentencia, abandono de trabajo, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: CASTRO, MARCOS ANGEL c/ LAS PIRAGUAS S.R.L. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-28

En el caso traído en casación, el Tribunal ciñó el análisis de la causa de ruptura de la relación de trabajo al supuesto de desvinculación alegado por la demandada, consistente en el abandono de trabajo, y omitió considerar la causal de despido invocada por el actor, esto es, que medió despido indirecto fundado en ciertos incumplimientos de la empleadora. La consideración de dicha cuestión resulta de fundamental importancia para la adecuada decisión del pleito, pues si -por vía de hipótesis- se admitiera probado el despido indirecto al que alude el actor, podría devenir de inoficioso tratamiento el análisis de conductas posteriores alegadas por la demandada como fundamento del supuesto de abandono de trabajo denunciado. Es que ? configurado el despido indirecto del trabajador mediante la comunicación pertinente al principal, resulta improcedente toda consideración de la conducta asumida posteriormente por éste invocando una rescisión por abandono de trabajo, en tanto se basa en la afirmación respecto de una relación contractual ya extinguida? (cfr. SCBA, Carzoglio, Carlos Alberto c/ Banco de La Pampa s/ Indemnización por antigüedad y otros? , 07/10/2009; ? Ziede, Jorge Daniel c/ F.A.C.A. s/ Indemnización por despido? , 12/9/1995; ? Sosa, María Silvia c/ Comunicaciones de Mercado de Cono Sur S.A. s/ Despido? , 27/11/1984).

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GOANE (CON SU VOTO) - SBDAR.
Tribunales militares, justicia militar, procedimiento en tiempo de paz de la justicia militar, delitos militares, delitos comunes cometidos en actos de servicio, recurso militar ante la justicia federal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CAPITAN JORGE SANTA ANA Y OTROS s/ COMPETENCIA MILITAR.   DELITOS COMUNES Y MILITARES.    RAZONABILIDAD  EN  LA  INTERPRETACION  Y  APLICACION  DE LA LEY.   ABANDONO DE PERSONAS Y ENCUBRIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-27

Uno de los fines sustanciales de la ley 23.049 ha sido el de restringir la competencia militar a los delitos de tal naturaleza, excluyendo de esa jurisdicción a los delitos comunes en tiempo de paz; como así también dotar al procedimiento de un recurso judicial amplio para la revisión de todas las sentencias que en materia de delitos se dicten en aquel ámbito.

Si tal ha sido la preocupación del legislador, sería irrazonable suponer que haya querido excluir la posibilidad de discutir ante los jueces nacionales las condenas pronunciadas por los tribunales militares respecto de delitos comunes, porque precisamente es en este tipo de hechos donde se ha cuestionado la competencia esencialmente administrativa.
Colación, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: GIANNONI VICTOR OSCAR Y OTROS c/ GIANNONI DE ZANNI GABRIELA JOSEFINA Y OTRO S/ COLACION s/ CUADERNILLO DE APELACION- CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-08-01

Si bien las normas de emergencia en vigencia admiten la posibilidad de utilizar el coeficiente de estabilización de referencia (CER), ello no resulta atendible en el caso en que deba colacionarse una seuma expresada en dólares, puesto que el Decreto 214/02 sólo lo considera aplicable a aquellas obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses que se convirtieran en pesos conforme a las pautas en él establecidas, como asimismo en la ley 25.561. Que todo lo expresado es ratificado por la Ley Nacional 25.713, en la que se establece la metodología de aplicación y las obligaciones para las cuales está habilitada su aplicación (las estipuladas en dólares convertidas a pesos), que no es lo que acontece en la especie, no correspondiendo por tal motivo en esta causa aplicar el coeficiente de actualización peticionado a los valores a colacionar, ni ningún otro que implique mecanismos indexatorios o de repotenciación, puesto que de otro modo se comprometería el orden público al violarse disposiciones de dicho carácter que no han sido cuestionadas por los operadores jurídicos intervinientes, no correspondiendo también por estos motivos acoger la actualización solicitada.
Honorarios, regulación de honorarios, recurso de apelación (procesal), costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIELMEC SA s/ PED. DE QUIEBRA: NOVAK, MARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-08

Las resoluciones dictadas por el tribunal en virtud de las apelaciones interpuestas contra regulaciones de honorarios no son susceptibles de llevar aparejadas imposiciones de costas, ya que por la propia naturaleza del tema recurrible y puesto que en las mismas no se resuelven artículos, el resultado no puede traducirse en vencimiento, requisito este que no configura sino el presupuesto mismo para que tal condenación sea factible.
Pago, CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Luengo, Raquel Patricia Pastor de y otro c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 176-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-05-24

El plazo de treinta días prescripto por el artículo 17 de la ley 9816 comienza a contarse desde la aprobación del ajuste, lo que requiere una resolución en tal sentido de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado. Conforme al funcionamiento del organismo, resulta que por vía de la operatoria que se denomina "ajuste" se contemplan los siniestros imputados, determinándose el monto de los seguros y los descuentos. Corresponde admitir que sin perjuicio del plazo de treinta días que corre desde la aprobación del ajuste -artículo 17 de la ley 9816- que permite constituir en mora al organismo respecto del pago del total del beneficio una vez que se aprobó el ajuste, la operatoria total de la Caja se halla condicionada a que dicha operatoria desde la resolución que acuerda el beneficio hasta la percepción del total del seguro, no pueda exceder de un término que se estima razonable establecerlo prudencialmente en cinco meses.
Daños y perjuicios, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pérez, Gustavo R. c/ Municipalidad de Pehuajó. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

El daño, para ser susceptible de indemnización, debe ser cierto respecto de su existencia y corresponde que sea acreditado por quien pretende su resarcimiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aplicación errónea de la ley, sentencia arbitraria, individualización de la pena, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: AYALA, Adrián Moisés s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Se verificó una errónea interpretación y aplicación del art. 431 bis, CPPN, si la magistrada interviniente no explicó adecuadamente por qué estaba facultada para incluir reglas de conducta que no fueron convenidas en el acuerdo celebrado entre las partes. No constituye suficiente fundamentación como para la exigida para integrar un aspecto determinante de la individualización de la pena, la referencia efectuada en orden a que dado que las partes no se habían expresado sobre las reglas de conducta, procedería a imponerlas conforme lo establece el art. 27bis y ss del C.P.; tampoco puede pasarse por alto que -en el caso- las partes llegaron a un acuerdo luego de que la defensa y el imputado consintieran dejar sin efecto una suspensión del juicio a prueba, pues el imputado no había podido cumplir las reglas de conducta que había asumido. De allí que resulte aún más relevante la falta de acuerdo expreso sobre el punto (voto del juez Sarrabaurouse)
Concursos, síndico del concurso, facultades del síndico del concurso, autorización judicial, gastos del concurso, asesoramiento profesional, abogados, honorarios del abogado
Materia: COMERCIAL
Carátula: FUNDACION  BANCO  PATRICIOS c/ EL MALECON DEL DIQUE SAY OTRO S/ ORDINARIO. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-10

Resulta procedente la autorización requerida por el síndico para la contratación de un abogado penalista con cargo a la masa concursal. Es que, en ciertos casos y por aplicación de reglas concursales específicas, el síndico podrá requerir que los emolumentos del prestador de servicios profesionales sean imputados a cargo del concurso (conf. arts. 258 in fine, 263 y 260, párr. 7°, LCQ). En tales casos, para autorizar dicha imputación, el juez del proceso falencial evaluará si la actuación profesional del abogado es necesaria y útil para el conjunto de acreedores. Dicho supuesto se configura en el caso, en donde, la sindicatura solicitó autorización judicial para contratar los servicios de un abogado penalista a fin de presentarse como querellante en la causa penal, y que los honorarios sean considerados gastos del concurso en los términos del artículo 240 LCQ. Ello así, en el caso, no puede obviarse que el pago del anticipo acordado con el letrado propuesto por el síndico solamente será abonado en el caso de que aquél sea aceptado como querellante en la causa penal conforme lo aclaró dicho funcionario en su memorial. De ello se sigue que la contratación de dicho letrado no generará costo alguno a la quiebra.
Daños y perjuicios, caballos de carrera, uso indebido de estupefacientes, entrenador deportivo, responsabilidad objetiva, sanciones civiles
Materia: CIVIL
Carátula: CERAGIOLI, Adriana Fenecia c/ ASOCIACION CIVIL JOCKEY CLUB s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-16

El hecho que una asociación hípica haya levantado la sanción disciplinaria impuesta al entrenador de un caballo de carrera -con motivo del hallazgo de una droga prohibida en la orina del animal-, al haberse dispuesto su sobreseimiento en sede penal, no demuestra arbitrariedad o error de aplicación de la sanción.

Ello por cuanto, la resolución dictada en la causa penal -en la cual se investiga la infracción a la ley de estupefacientes- en modo alguno condiciona la medida disciplinaria impuesta por la contravención al Reglamento de Carreras, cuya interpretación y aplicación es facultad de la Comisión de Carreras.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Ovelar, Virgilio. c/ Compañía Argentina de Construcciones Defar. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que se desentiende de los fundamentos del fallo basando su queja en afirmaciones surgidas de su propio criterio e introduciendo alegaciones que no han sido sometidas a conocimiento del tribunal del trabajo con el alcance que se le confiere en el recurso.
Contrato de trabajo, fraude laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Fariña  María  Elba  c.  Frutos  José  María  y  otros s. despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

La acción que realizaron los codemandados de "abrir y cerrar empresas en fraude a los acreedores" entraña un ilícito que califica como delito civil (art. 1072 CC) y, en este marco conceptual, se trate o no del ilícito descripto en concreto por el artículo 54 de la ley de Sociedades Comerciales, es un hecho que contraría el ordenamiento jurídico, ejecutado a sabiendas y con intención de dañar los intereses de otra persona. Así, el art. 1081 del Código Civil establece que la obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él como autores, consejeros o cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal.
Cheque sin fondos, elemento subjetivo, intención de pago
Materia: PENAL
Carátula: JABIF, ISAAC DAVID s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

El delito que se describe en el inc. 2 del Art. 302 del CP no se limita a aquellos casos en que la imposibilidad del pago proviene de la suspensión de la cuenta bancaria. Cualquiera sea el motivo de la imposibilidad, lo que importa es que ese motivo sea conocido por quien da o entrega el cheque y esa hipótesis no puede descartarse, en el caso, en que no se ha practicado la más mínima diligencia de averiguación.
Modificación de cuota alimentaria, prueba, mayoría de edad
Materia: CIVIL
Carátula: M. I. V. Y P. D. H. c/  s/ HOMOLOGACIÓN DE CONVENIO (CIVIL) (INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-08-05

No existe duda que la mayor edad de los menores hace presumir el aumento en sus gastos, en función del incremento de sus necesidades en materia de alimentación propiamente dicha, educación, vestimenta, esparcimiento, vida de relación, etc., lo cual no requiere de mayor actividad probatoria, como tampoco el verificado incremento del costo de vida, hecho éste de público y notorio conocimiento.
Pagaré, preparación de la vía ejecutiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: S., J.R. c/ P.A., P. s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-13

Nuestro máximo tribunal nacional ha dicho que no obstante la invalidez cambiaria de los pagarés por no hallarse satisfecho el recaudo previsto en el artículo 101, inc. 6º, del decreto-ley 5965/63, la preparación de la vía ejecutiva respecto del firmante como principal obligado, torna procedente la ejecución a su respecto si no opuso defensas que enerven la obligación de pagar la suma líquida exigible que en ellos se consigna.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, acción de amparo, bien jurídico protegido, Poder Judicial, jueces, remuneración, recurso contencioso administrativo, costas, costas en el orden causado
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Marini, Angel Dario c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo. Avocación (Expte. CSJ Nº 115-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-17

La complejidad de las cuestiones planteadas, como así también la inexistencia, al tiempo de articularse los planteos analizados, de precedentes de la Corte provincial en los que se haya debatido acerca de su competencia posible frente a amparos interpuestos con invocación de la garantía de intangibilidad, es suficiente a los fines de considerar que ha habido razón bastante, tanto para formular el pedido en examen como para oponerse a él, por lo que se impondrán en el orden causado -artículo 24, ley 11330-.
Partidos políticos, personalidad política, caducidad de la personalidad política
Materia: ELECTORAL
Carátula: Mariana Emilse Chiacchio Apoderada del Partido Movimiento Socialista de los Trabajadores distrito s/ petición sobre efecto Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-07

El partido sobre el que pesa una declaración de caducidad subsiste como persona jurídica de derecho privado, puesto que su existencia legal solo fenece con la extinción (art. 49 de la ley 23.298 y Fallos 2394/98, 2688/99 y sus citas, entre otros), de manera que la ejecución de la sentencia no lo priva de seguir desarrollando actividades.
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis, menores, convenio de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guacone Julio Rubén y otra c/ Budiño Néstor Eduardo y/o quien resulte propietario responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

Al margen de que se solicitara la efectivización del pacto cuando el pleito había concluido -lo que impediría su aprobación- en función de la oposición de la asesora de incapaces y el alcance de la decisión que ha abierto el análisis de la pertinencia de tal pacto con el profesional, la autorización judicial para con el acto es sólo viable si hay absoluta necesidad y ventaja evidente para el menor. De no darse esas concurrentes, el pacto no puede ser aprobado.-
Resoluciones equiparables a definitiva, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Basualdo, Gastón Maximiliano c/ GCBA s/ otras demandas contra la aut. administrativa contra la aut. administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-07

El decisorio impugnado por el actor -que confirmó la resolución de primera instancia que había declarado la caducidad de instancia en los términos del art. 266 del CCAyT- resulta equiparable a una sentencia definitiva por los efectos que produce en cabeza del recurrente. (Voto Dr. José O. Casás).
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cacciatore, Osvaldo Andrés s/ administración  fraudulenta  -incidente sobre nulidad de la acusación  fiscal - causa No. 20.511
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-26

Las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva.
Acción de amparo, plazos procesales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Oroquieta, Pedro c/ Dirección General de Intereses y Pesca Continental s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-10-12

Se parte de la presunción "juris et de jure" de que quien se vio privado de un derecho de jerarquía constitucional y ha sufrido un grave y manifiesto perjuicio por tal causa debe reclamar -por vía de este remedio- la normalización dentro del tiempo fijado por la norma procesal, es decir dentro de los diez -10- días de producida o conocida por el recurrente la decisión u omisión objeto del recurso, pues en caso contraria, mediaría un tácito consentimiento del acto u omisión de la autoridad pública. Es el indicado un plazo de caducidad que actúa de pleno derecho y de oficio, y que tiene por objeto acordar estabilidad a los actos estatales, quedando de tal forma consolidados si no se los ataca dentro del precitado término legal.
Acción de amparo, régimen disciplinario escolar, educación secundaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Challiol Verónica Roxana c/ Rodríguez Susana Elena y otra s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-08-05

Los directores de los establecimientos educativos deben dirigir su acción en la preservación de la formación del alumno, manteniéndolo en el sistema educativo y evitando su deserción o exclusión del mismo, adoptando las medidas para su oportuno egreso. Esa tarea impone a los rectores el ejercicio reiterado y paciente de la función persuasiva, siendo las sanciones una decisión extrema que exige acentuar la prudencia, ya que el principio de autoridad no se sustenta en el poder sancionatorio sino en los valores vinculados a la formación del docente, tanto más cuando éste ha arribado a la función directiva. Es relevante analizar el marco normativo que rige en materia de procedimientos disciplinarios para alumnos de establecimientos secundarios provinciales, esto es la Resolución 2201/95 CGE, la cual prevé una serie de formalidades mínimas que deberán rodear al procedimiento sancionatorio y también pretende enunciar la finalidad que su dictado persigue y brindar las pautas orientativas para las autoridades que deban aplicarlo. No sólo se ha omitido la observancia de la finalidad ciertamente loable que tuvo en cuenta la autoridad educativa provincial al dictar la misma, sino que ni siquiera se cumplieron las formalidades mínimas que la normativa impone. Por carecer el procedimiento seguido de un requisito esencial, cabe concluir que debe dejarse sin efecto la sanción aplicada en un trámite en el que se obvió el llamamiento a los titulares de la patria potestad sobre la afectada.
Contrato de trabajo, actividades laborales, aplicación de la ley laboral, crédito laboral, principios laborales, ley de contrato de trabajo, recurso de apelación (procesal), oportunidad procesal, renuncia al empleo, renuncia bajo presión, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ARGAÑARAZ, Iris Judith c/ FUNDACION EDUCATIVA SALTA Y/O RESPONSABLES s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-04-21

Ante la afirmación de la actora que renunció obligada por el temor de perder su trabajo, y que dicha renuncia se produjo nueve meses antes del cese, la jurisprudencia es terminante en el sentido que "...Si se alega que la renuncia al empleo fue un acto de voluntad viciado por la necesidad económica que atravesaba el trabajador, es razonable exigir que un nuevo acto de voluntad sea expresado tan pronto como el impedimento haya desaparecido..." (C.N.Trab., Sala VI, 12/11/76, "Carballo vs. Sucesión Jaime Kohen S.R.L.", L.T.T XXV-A-191, por ello se considera insólito que un trabajador renuncie con una anticipación de nueve meses aludiendo esa causal; no existe justificación lógica ni jurídica; por el contrario, choca con los principios de conservación del contrato y de irrenunciabilidad de derechos, establecidos por los arts. 10 y 12 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Recusación, resoluciones irrecurribles, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Báez, Lázaro Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-07

La resolución que decide acerca de recusaciones no constituye sentencia definitiva ni equiparable a tal, sin que se haya demostrado la existencia de cuestión federal.
Concurso preventivo, proceso de verificación, indicación de la causa, deuda previsional, determinación de deuda previsional
Materia: COMERCIAL
Carátula: TURISTIL SRL s/ QUIEBRA S/ INC. DE REVISION POR D.N.R.P.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

Si la determinación de oficio de las sumás supuestamente adeudadas por la fallida al organismo previsional se efectúo durante su estado concursal, debe darse acceso a la concursada y al síndico en la determinación de la deuda y la siguiente posibilidad de controlar el procedimiento y oponer las defensas pertinentes.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rosaenz, Alfredo David c/ Paz, José Luis y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

Si el actor ha demostrado hechos idóneos para fundar su demanda, es carga del demandado acreditar los hechos contrapuestos alegados y que le son favorables por ser impeditivos o extintivos o modificatorios.
Notificación del acto administrativo, notificación tácita, retrogradación
Materia: PROCESAL ADMINISTRATIVO
Carátula: LEIBASCHOFF, OSCAR c/ M.C.B.A s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-20

Si el agente administrativo conocía que había sido limitado y cambiado de funciones pero no el decreto por el cual se ordenó, ni su motivación y tampoco hay constancia de sumario alguno, no se dan las condiciones de notificación tácita. Tampoco es suficiente para acreditar el conocimiento del decreto las variaciones de los recibos de sueldos.
Honorarios, base
Materia: PROCESAL
Carátula: UNION OBRERA METALURGICA c/ COR ACERO  S.A. s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-30

El impugnante pretende incidir indebidamente, por una parte, su actuación como "abogado" -en cuyo desempeño aconsejo a su cliente arribar a un acuerdo a todas luces beneficioso para los intereses que defendía-y por otro su "propio interés". Es evidente que desde su optica le habría convenido seguir litigando y no llegar a una solución en la que la base regulatoria se vió considerablemente reducida. Pero esa es una alternativa que debe enfrentar quién ejerce la abogacía. Los abogados son requeridos por las personas físicas o jurídicas para que se las asesore o para que actúen por ellas.-