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Recurso de casación penal, aplicación errónea de la ley, violación de las formas procesales, fundamentación del recurso, fundamentación errónea, iura novit curia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RUIZ, PEDRO ANTONIO s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 900
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-06

Si el recurrente invoca reiteradamente la cita legal del primer inciso del artículo 456 del digesto rituario, mientras el planteo se dirige a cuestionar la actuación del tribunal de juicio atendiendo la inteligencia otorgada a la norma contenida en el artículo 316 del rito. Como se observa, lejos se está de reclamar la correcta interpretación de una ley de fondo, y este yerro conceptual -que va más allá de la incorrección en la invocación de una cita legal- no puede ser superado por la labor de esta cámara, habida cuenta el modo limitado en que opera en este ámbito el principio "iura novit curia". (Voto del Dr. Casanovas)
Quiebra, publicación de edictos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Aimar, Luis Rubén y otro s/ Solicita incidente de remoción de síndico en quiebra Luis Aimar Demaría S.A
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-09-02

El art. 97, LC encomienda la publicación de edictos al secretario, habiéndose ellos publicados tanto en el boletín oficial como en el diario "la reforma". La publicación en otras jurisdicciones está limitada a los casos en que el fallido tenga allí establecimiento o se domicilien en el lugar socios solidarios (art. 97, lc). Está claro, por lo demás, que la publicación "sin necesidad de previo pago" no rige con respecto a diarios privados, para los cuales "no existe carga pública para cumplir". Es por ello que sólo cabe realizarla en tales medios cuando "existieren fondos suficientes en el expediente", lo que no se demostró que sucediera en autos.
Certificados de obra, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones La Plata S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-19

El art. 57 inc. 2.3 del dec. 1329/78 habilita la introducción de reparos formulados contra la liquidación practicada por la repartición sólo en el caso de haberse disconformado previamente al firmar la misma. Dicho dispositivo legal establece la exigencia de consignar en primer término la disconformidad con la liquidación, para abrir paso luego a la fundamentación de la misma, con lo que el incumplimiento de cualquiera de ambas instancias importa consentir la liquidación practicada.
Menor procesado, pena
Materia: PENAL
Carátula: Villalba, Miguel Angel s/ Homicidio  (art.  84  C.P.)  y  Lesiones  culposas (art. 94 C.P.) en  perjuicio de Eliana Alejandra Vera y Otros - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-09-26

Corresponde sea casada la sentencia cuando en forma genérica y no circunstanciada expresa que ha tenido en cuenta alguna de las pautas enumeradas en el artículo 4º de la ley 22.278, sin explicar como aquellas influyeron en su decisión. La necesidad de imponer una sanción es una conclusión a la que solo puede arribarse mediante el análisis y fundamentación integral de los recaudos que la ley determina.
Compraventa inmobiliaria, escrituración, condena a escriturar, firma del juez
Materia: CIVIL
Carátula: COZES DE FRANCINO AMALIA c/ RODRIGUEZ CONDE MANUEL s/ ESCRITURACION - CONDENA A ESCRITURAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1951-10-03

En el supuesto de que, en juicio ordinario por escrituración de compraventa voluntaria de un bien inmueble, proceda la condena a escriturar, puede el juez firmar la escritura, si no lo hace el obligado.
Contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Núñez, Neri c/ Benítez, Santiago y/o quien resulte responsable s/ Reclamo laboral responsable s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-17

Si el trabajo dependiente "es un tipo de actividad dirigida, organizada y financiada por otra persona" y si de un análisis objetivo de la relación no se acredita la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos (art.5 L.C.T.) aunque sea de pequeña dimensión ni la prestación de servicios personal relacionada con los fines de esa empresa, cual es el caso de autos, debe concluirse necesariamente en que no ha existido contrato de trabajo y en consecuencia rechazarse las pretensiones sustentadas en estos hechos.
Jurisdicción y competencia, competencia por el territorio, lugar del hecho, defraudación, cheque sin fondos
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: INCIDENTE  DE COMPETENCIA ENTABLADO ENTRE EL JUEZ EN LO PENAL A CARGO DEL JUZGADO NRO. 5 DE SAN ISIDRO s/ DENUNCIA  -  JURISDICCION  Y  COMPETENCIA  -  CHEQUE SIN PROVISION DE  FONDOS - ESTAFA - DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

Si los dichos del denunciante permiten afirmar, en la medida necesaria para fijar la competencia, que las entregas de los cheques postdatados en pago de bienes, constituyeron prima facie el ardid determinante del acto de disposición de aquél, corresponde investigar el presunto delito de estafa al juez del lugar donde aquellas conductas se llevaron a cabo.
Proceso contravencional, recurso de apelación (procesal), nulidad procesal, nulidad de sentencia, sentencia arbitraria, apartamiento del juez, remisión del expediente, principio de inmediación, debate
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: QUINTANA, José Mario Pablo (Bar James) s/ Infr. art. 82 ley 1472 - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-10

En el caso, al resultar arbitraria la sentencia recurrida, por no ser una derivación razonada del derecho vigente, corresponde declarar su nulidad y que se proceda al sorteo de un nuevo juez de primera instancia a fin de que, previa celebración de un nuevo debate, dicte sentencia de acuerdo a derecho Dos derivaciones directas del principio de inmediación determinan la necesidad de reeditar el juicio: las reglas llamadas "identidad física del juzgador" y "concentración de los actos del debate y la sentencia".

En virtud de la primera se sostiene que la sentencia sólo puede ser dictada por los mismos jueces que intervinieron en el debate desde el comienzo hasta el fin, que oyeron al acusado, que recibieron la prueba (conf. Vélez Mariconde, "Derecho Procesal Penal, 3a. Ed. Córdoba, 1982, t. I., págs. 428 y sgtes.).

La segunda de las formas o reglas referidas designa un límite temporal para la tarea del juzgador que asegura que la sentencia se dicte inmediatamente después de que sea examinada la prueba que ha de darle fundamento y de la discusión de las partes (conf. Vélez Mariconde, ob. cit., pág. 430).

Sentado ello, el principio de inmediación otorga verdadero sentido a la relación de continuidad entre el debate y la sentencia, razón por la cual la etapa de debate no se encuentra realmente precluída cuando la sentencia presenta vicios que hacen a cuestiones verificadas durante el debate, es decir con la valoración de las pruebas durante aquél producidas.

Explica Roxin en ese sentido que, en caso de absolución en la instancia de mérito, no es posible que el tribunal de casación dicte una condena. La sentencia absolutoria no ofrece garantías acerca de que estén presentes las comprobaciones necesarias y suficientes como para que el tribunal de casación pueda condenar (cf. § 267, v). Existe el peligro de que el tribunal de casación funde su fallo en comprobaciones efectuadas incorrectamente o con lesiones a la ley procesal. Agrega que se debe aceptar una lesión al art. 101, I, 2, GG, cuando el tribunal de casación mismo establece las comprobaciones necesarias para la declaración de culpabilidad a través de la propia valoración de los resultados probatorios. Si el tribunal inferior ha sobreseído el procedimiento, el tribunal de casación debería, también aquí, prescindir de pronunciar por sí mismo un fallo condenatorio (confr. Roxin, Claus, "Derecho Procesal Penal", Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2000, pág. 485/486).
Derecho penal, responsabilidad penal, responsabilidad de las personas jurídicas
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: CASINO PUERTO MADERO (responsable) s/ Infr. Art. 60 Ley 1472. Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-31

El innegable rango constitucional del principio de culpabilidad importa sostener que las personas jurídicas carecen de capacidad de culpabilidad, ya que el hecho de afirmar la culpabilidad de un sujeto lleva aparejado un juicio de reproche, dado que sólo se afirma que un sujeto es culpable de haber realizado un hecho injusto cuando "merece" ser penado, porque pudiendo haber actuado conforme a derecho, no lo hizo, merecimiento que de ningún modo puede ser imputado a la persona jurídica sino únicamente a las personas físicas. Entendida la culpabilidad como juicio de reproche, con una estructura similar a la culpabilidad ética, no puede dirigirse a la persona jurídica (confr. Bajo Fernandez/Perez Manzano/Suarez Gonzalez "Manual de derecho Penal Parte especial (Delitos patrimoniales y económicos)" 2ª edición, 1993, pag. 573/574).

(Del voto en disidencia de la Dra. Manes).
Cheque sin fondos, protesto, vencimiento del plazo
Materia: PENAL
Carátula: GALIANO RATTO, J.M. s/ CHEQUE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1959-06-26

La circunstancia de que el protesto del cheque haya ocurrido después del vencimiento del plazo establecido por la ley de comercio, obsta a la configuración del delito previsto por el art. 302 C. Penal y los plazos son los establecidos por los arts. 813 y 815 del Cód. de Comercio, vale decir, dentro de los treinta días de recibido el cheque, si fueren girados sobre bancos situados en el mismo lugar y dentro de dos meses de su fecha si fueren girados desde otro punto.

NOTA: Ver Dec.-Ley 4776/63 art. 25 (Bol. Of. 19/6/63) y art. 10 de la ley 16.648.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gil, Omar Amilcar c/ Capitanio, Orlando Oscar s/ Cobro ejecutivo-embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-05

El fallo penal que decreta la prescripción de la acción no constituye cuestión prejudicial que impida el dictado de sentencia que se pronuncia sobre la responsabilidad civil y valore las pruebas producidas en aquellas actuaciones.
Enfermedad profesional, prueba, debido proceso, defensa en juicio, derechos del trabajador, caducidad
Materia: LABORAL
Carátula: De Manterola Maximiliano c/ Prevencion ART.S.A. s/ enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-08

Resulta de capital importancia el hecho de que se está transformando el recurso judicial del artículo 2do. de la Ley 27348, en una acción laboral ordinaria, tal como la prevista por el art. 5 de nuestra ley provincial 10.532, lo que implica la posibilidad de ampliar la alegación de los hechos, el debate y las pruebas acerca de cuanta cuestión deseen plantear los interesados, asegurando en su máxima expresión el derecho de defensa y la garantía del debido proceso, y todo ello es fundamental para la garantía de los derechos del trabajador, siendo solamente cuestionable en mi opinión, el exiguo plazo de caducidad que la normativa provincial establece -15 días, pues dicho plazo de caducidad -que recuerdo extingue el derecho de fondo-, no debería ser establecida por leyes provinciales, pues los Estados locales no tienen facultades para restringir el ejercicio de los derechos sustanciales cuya regulación, según se sabe corresponde con exclusividad a la Nación desde su nacimiento hasta su extinción" (art.75 inc.12, CN) (Voto Romero, en disidencia)
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GOMEZ ZANNI, OSCAR c/ I.O.S.E.P. Y/U OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-06-15

Discutir el criterio judicial sin fundamentar claramente la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no es expresar agravios. El memorial de agravios debe constituir una pieza en que el recurrente efectúe un ordenado y claro detalle de cada uno de los errores en que a su entender haya incurrido el pronunciamiento. Su objeto es rebatir la decisión del juez con la que resuelve el pleito, analizando críticamente sus fundamentos a fin de poner en evidencia su desacierto o incongruencia con los hechos probados en el juicio y el derecho aplicable a los mismos.

(Minoría u opinión personal)
Contratos civiles, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mutto Quiroga, Eduardo Daniel y otro c/ Corica, Juan Carlos s/ Cobro de honorarios e indemnización por resolución de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

El principio que sienta el art. 1193 del CC sólo es absoluto, indeclinable e irrenunciable cuando se pretende probar el contrato mismo, pero no cuando lo que se intenta acreditar son hechos que, exteriorizando la actuación de las partes descubren que ha mediado el acuerdo de voluntades que la ley exige para que el contrato exista y que el caso encuadra en alguna de las excepciones a que se refiere el art. 1191 CC pues en tales supuestos todas las pruebas son admisibles.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, impulso procesal, elevación en apelación, segunda instancia, incidente de caducidad, caducidad de instancia, terminación del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNCIPALIDAD DE EL GALPON c/ CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE CAZA Y PESCA EL CHAJA s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-25

La segunda instancia se abre a partir de la fecha de interposición del recurso de apelación (art. 310 CPCC), y es carga que pesa sobre el recurrente realizar las diligencias procesales idóneas a fin de activar el juicio para que sea elevado al superior y procurar que se realicen los actos y los trámites necesarios que anteceden al dictado de la resolución (conf. CApelCC, Salta, Sala III, tomo 2000, fl.290, entre muchos otros).

Así, la confección de la cédula de notificación pendiente en autos, constituye una carga para el apelante; respecto ello, nuestro más alto Tribunal ha expresado entre otros conceptos que "si los impugnantes no presentaron la cédula para notificar la radicación de los autos ante el tribunal, es de su exclusiva responsabilidad, pues la carga de impulsar el proceso incumbe a la parte que interpuso el recurso" (CJS Tomo 117; 1002).
Inmuebles del dominio privado del Estado, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Choulet Alicia y Ot. c/ Instituto de la Vivienda s/ Pago por consignación- Cuestión de competencia art.6 C.C.A
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Siendo el vínculo que se establece entre la Administración y los adjudicatarios de inmuebles fiscales de indudable naturaleza administrativa, los conflictos que puedan suscitarse en el marco de esa relación son de competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte, pues la índole de los derechos afectados en tales situaciones determina que se trate de casos contencioso administrativos. No obsta a tal conclusión que entre las mismas partes esté tramitando un juicio de desalojo ante la justicia ordinaria, pues tal circunstancia no afecta la competencia originaria de esta Corte, que no comprende a los supuestos en los que la autoridad administrativa asume el rol de accionante frente a un particular. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Educación privada, docentes, obras sociales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Obra Social de Docentes Particulares (OSDOP) c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-17

Cabe declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4º de la ley 3341- según el texto que le otorgó el art. 16 de la ley provincial 3932, pues al permitir que los docentes que prestan servicios en establecimientos educativos de gestión privada local se incorporen como beneficiarios del Instituto de Obra Social de la Provincia violan lo dispuesto por las leyes nacional 23.660 y 23.661, manteniendo dicho personal un vínculo laboral de empleo privado ajeno por completo a las características del empleo público, sin que obste a dicha solución la circunstancia de que la afiliación de los docentes privados no resulte compulsiva u obligatoria en el marco de la previsión legal que se impugna.
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, inmunidad de jurisdicción, Constitución Nacional
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Dibur, José Nicasio. c/ Ricardo  Francisco  Molinas  por injurias - art. 110 del Código Penal s/ Querella por injurias - Artículo 110 del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-14

Son aplicables los arts. 45, 51 y 52 de la Constitución Nacional respecto del Fiscal General de Investigaciones Administrativas, lo que significa dotarlo de inmunidad procesal, vale decir, una sustracción temporaria de la ley procesal común, que sólo tiene el alcance de un impedimento que posterga el juicio hasta que se haya producido la destitución.
Obligaciones, moneda extranjera
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lugones, Néstor c/ Delmonte, Roberto s/ C.de Australes-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-20

Teniendo en cuenta que la designación de moneda extranjera en el contrato lo ha sido como un modo de establecer una cláusula de estabilización de la prestación dineraria, resultan aplicables las reglas de los arts.616 y siguientes del Código Civil.
Daño, antijuridicidad, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Asinpat SRL c/ Municipalidad de Trelew s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-09

En presencia del daño, el interprete tiene que preguntarse si medió antijuridicidad, relación causal y un factor de atribución.

Estas últimas reflexiones importan descartar, absolutamente una supuesta sinonimia entre daño y antijuridicidad. La antijuridicidad es un presupuesto de la responsabilidad civil, que es concurrente pero distinto al daño.
Proceso penal, reincidencia, declaración de oficio, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Guía, Oscar Alfredo s/ infr. art. 189 bis C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

La reincidencia puede ser declarada aun de oficio, pero siempre y cuando se haya introducido el tema en cuestión durante el proceso de manera tal de permitir su debate por parte de la defensa del condenado (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Antonio Boggiano).
Tasa de justicia, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Uriburu de Pérez, Lucrecia Elsa c/ Beltrán Cuevas, Gabriel Eduardo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-17

La tasa de justicia debe abonarse conforme a la pretensión deducida, sin que interese, a los fines fiscales el resultado concreto del juicio. Si en la demanda se pretende el cobro de una suma de dinero con más el incremento por depreciación monetaria, la tasa debe calcularse según el monto estimado de la deuda reajustada, pues ésta es la sustancia económica de la pretensión. Ello es así puesto que dicha carga legal responde a la retribución de un servicio público, como lo es la actividad jurisdiccional, necesaria frente a la pretensión deducida. Sobre quien demanda pesa la carga de precisar el monto de lo reclamado, por lo que si se reclama el reajuste por depreciación monetaria, la actualización debe ser estimada, y sobre ese monto liquidarse la tasa de justicia, sin perjuicio del resultado a que se llegue en la sentencia definitiva.
Registro de marca, marca registrada, marcas confundibles, revocación de sentencia, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: QUIMICA MONTPELLIER S.A. c/ CUMBERLAND S.A. s/ CESE DE OPOSCION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

La relativa equivalencia de razones en uno y otro sentido configuran lo que en la lógica se denomina "duda", "duda reflexiva";

situación esta que define la litis en favor de la marca registrada, de conformidad con nutrida y antigua jurisprudencia. Por ello voto por la revocación de la sentencia apelada y el rechazo de la demanda. Mas dados los motivos que me llevan a propiciar la solución que antecede, considero justo que las costas de ambas instancias sean impuestas por su orden (CPC art. 68 2da. parte).
Allanamiento domiciliario, habitación de hotel, hurto de automotor, prueba, presunciones, falta de prueba
Materia: PENAL
Carátula: ALFONZO, GERARDO s/ ALLANAMIENTO - DECLARACION INDAGATORIA - MENDACIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-30

Dado que la ley provincial 3589, en su art. 197 - texto ordenado aprobado por Decreto 1174/86- dispone que no considera domicilio a los fines de la entrada y eventual registro domiciliario a "los hoteles, clubes, tabernas", exclúyese la posibilidad de tener en cuenta o no, si medió orden de allanamiento, o si en su caso se prestó o no consentimiento o no se puso de manifiesto oposición expresa para el ingreso a la pieza del hotel, siendo en consecuencia válida el acta de secuestro.

2) Corresponde absolver al procesado por el delito de hurto de automotor, pues no obstante el secuestro en poder de aquél del vehículo sustraído horas antes en una calle pública, no puede vinculárselo con la acción del apoderamiento o con cualquier otra de matiz delictuosa, pues aunque se tenga la convicción de que no fue veraz en sus explicaciones, esa mendacidad sólo podría rebatirse con presunciones cargosas si éstas cumpliesen las condiciones del art.

358 C.P.C., no siendo válido esgrimir como prueba cabal del delito la inconsistencia de un descargo que pudo obedecer a propósitos extrapenales (por ej.: ocultar la identificación del amigo que le habría prestado el automóvil, para no comprometerlo).
Infracciones laborales, multa administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: TUBAL  S.R.L. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-26

El carácter formal de las infracciones a las leyes del trabajo, en las que no se tiene en cuenta la intención culpable, sino la existencia de un hecho antijurídico exterior en el momento de la constatación, torna irrelevante, a los fines del levantamiento de la multa pretendido por la sumariada que con posterioridad la empresa solucionara sus incumplimientos, y en todo caso, si lo pudo hacer después de la inspección bien podría haber efectuado tales mejoras con anterioridad.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: TOLABA, MARIO MARCELO c/ SERRUDO, ALBERTO PEDRO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-24

La resolución apelada ha sido dictada por el Sr. Juez Correccional y de Garantías en el carácter de juez de sentencia en el marco del juicio de querella, por lo que no deviene revisable por este Tribunal de Alzada.

En efecto, el art. 24 inc. 1 del C.P.P., al fijar la competencia de esta Cámara de Acusación, establece que conocerá de los recursos deducidos contra las resoluciones dictadas por los Sres. "Jueces Correccionales y de Garantías en el procedimiento sumario". Norma que guarda congruencia con el art. 459 in fine, en cuanto estatuye que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones de los "Jueces Correccionales y de Garantías en el procedimiento sumario".