marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de distribución, resolución del contrato, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Distri - Hur SA y otro c/ Pepsico de Argentina SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-25

Procede declarar improcedente la reconvención interpuesta por la demandada, en el marco de una acción por incumplimiento del contrato de distribución que unía a las partes. Ello por cuanto, sin perjuicio de que según los registros aportados por la reconviniente no fue posible obtenerse un resultado cierto acerca de algún saldo a su favor, lo cierto es que ella no incluyó ciertos créditos en su contra que correspondían a la reconvenida por ciertas devoluciones de mercaderías. Dicha omisión lleva a la conclusión de que es improcedente la reconvención en lo que a este aspecto respecta, toda vez que de los números que surgen de la documentación ponderada por el perito contador, se desprende un saldo favorable a la reconvenida que debe ser preferido por sobre el pretendido por la reconviniente. Así se juzga porque de ese peritaje contable surge que, en cambio, la actora incluyó no sólo la deuda que en la reconvención le fue reclamada, sino también los créditos que habían invocado a su favor, los que fueron debidamente probados en autos y, dicho resultado no fue cuestionado por la defensa, quien solo impugnó la aseveración del perito acerca de que la actora llevaba sus libros en legal forma, más no es estrictamente la llamada "prueba de libros" la que se examina en el caso, sino la realidad de los conceptos que fueron llevados a la aludida cuenta por las demandantes y que, en sí mismos, sólo merecieron las objeciones que en dicho voto fue rechazado (v. gr. que los remitos ponderados no servían de respaldo contable). Por tales razones, corresponde rechazar la reconvención deducida por la demandada y hacer prosperar el reclamo de la actora.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, elecciones, Estado Provincial, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: UNION CIVICA RADICAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ PROVINCIAS  -  AUTONOMIA  PROVINCIAL - CORTE SUPREMA - INTERPRETACION  DE  LA  LEY  -  JUECES  -  ELECCIONES   -  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  IMPROCEDENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-22

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que confirmó la decisión de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires que interpretó la ley 5109 en el sentido que para la determinación del cociente electoral no era necesario tomar en cuenta las fracciones decimales, pues se ha prescindido del propósito buscado por el legislador de fijar la representación de las listas sobre bases estrictamente matemáticas y proporcionales, y se le ha asignado una inteligencia cuyo texto no contempla, pues ninguna de sus disposiciones autoriza a prescindir de los decimales en la fijación del cociente.
Falsedad ideológica, instrumentos destinados a la falsificación, delito de peligro abstracto, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: Duarte, Juan y Motta, Walter s/ Causa 25.754
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-22

Probado el secuestro de títulos de propiedad automotor existentes sobre una mesa compartida por dos personas que arribaron juntas al lugar, la tenencia de tales documentos conocidamente destinadas a cometer falsificaciones recae sobre ambos aún cuando se ignore quien de ellos los detentaba.

Ello así, dado que estamos en presencia de una tenencia compartida en la medida que los dos sujetos los tenían a su disposición ya que, tratándose de un delito de peligro abstracto y de efectos permanentes, la acción típica supone su repetición en todos los instantes que dure dicha tenencia.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Russo, Angel y otra c/ C.de Delle Donne, E. s/ desalojo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1959-05-15

La decisión acerca del acierto o la conveniencia económico ­ social de las leyes de emergencia pertenece privativamente al Congreso. En esa materia, la misión de los jueces, como guardianes de la Constitución y de los derechos por ella reconocidos, no los autoriza a convertirse en árbitros de las cuestiones sociales ni a sustituirse al legislador en la función normativa que institucionalmente le corresponde. Si pretendieran fundar un pronunciamiento de inconstitucionalidad en razones ajenas a los requisitos de los que depende la validez de las leyes de emergencia ­y por cuyo intermedio se asegura la conciliación de los derechos de la sociedad con los del hombre­ penetrarían en un terreno del que han sido excluidos por obvias razones vinculadas con la forma de gobierno que la Constitución adopta (Voto de los Doctores Aristóbulo D. Aráoz de Lamadrid y Julio Oyhanarte).
Daños y perjuicios, divorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: V. de S., O. S. c/ S., J. A. s/ Divorcio vincular y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

Con respecto a los daños y perjuicios en el juicio de divorcio la cuestión visceral radica en que el comportamiento de cada uno no perjudique a los demás -o sea, el "alterum non laedere" del difundido brocárdico de ULPIANO, subyacente en el primer elemento material u objetivo de la responsabilidad civil, que es la antijuricidad-, pero de ello no ha de seguirse que en todos los casos el cónyuge culpable, por el solo hecho de ser tal, quede automática e inexcusablemente obligado a compensar en dinero al inocente.
Debido proceso, principio de contradicción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia de Misiones. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley e  Inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-03-22

La garantía constitucional de defensa en juicio, en su aspecto más primario, se traduce en el principio de contradicción o bilateralidad que supone, en sustancia, que las decisiones judiciales deben ser adoptadas previo traslado a la parte contra la cual se piden, es decir, dándole oportunidad de defensa.
Beneficios previsionales, servicios simultáneos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ardanaz Otaño, Susana Esther c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

Si no se acredita el cumplimiento del requisito de "paralelismo de cargos" -supuesto que no se presenta en el caso en tanto el cargo prestado en el Instituto Biológico corresponde a un período muy anterior en el tiempo a la percepción de las mejores remuneraciones tenidas en cuenta para liquidar el haber- no se configura la simultaneidad requerida por el art. 77 de la ley 8587. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, extinción por jubilación del trabajador, intimación a jubilarse, contratos de tracto sucesivo
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bergesio c/ Verónica s/ Laboral (Expte Nro. 281-01, Resolución Nro. 52, Tomo 20, Folio 231/235)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-05

Si el trabajador gestionó espontáneamente su jubilación, sin que el empleador haya formulado la intimación contemplada en el art. 252 de la L.C.T., estas circunstancias no franquean la interpretación según la cual al cumplirse la condición o el plazo, el contrato de trabajo se extingue. Acertadamente se ha dicho que será necesario un nuevo acto expreso o tácito, por el cual las partes ponen fin a la relación laboral, cesando recíprocamente en el cumplimiento de sus obligaciones, y dando certeza a la fecha del "cese". Pero aún en el supuesto de haberse formulado aquella intimación, si las partes prolongaran la relación más allá del plazo fijado y hasta su efectiva denuncia por cualquiera de ellas, eso, en principio, no afecta la situación desde el punto de vista indemnizatorio, pues en virtud de los arts. 91 y 252 de la L.C.T., el trabajador que contaba con los requisitos de la ley para jubilarse y fue intimado para ello, obtenido el beneficio o cumplido el plazo, carece de toda estabilidad. Esta solución, además de surgir de las normas laborales, tiene su correlato en el principio que emerge del art. 1622 del C. Civil, aplicable a los contracto de tracto sucesivo. Señala Salvat, refiriéndose al contrato de locación, que la tácita reconducción tenía el inconveniente de dar a la permanencia del locatario en el uso y goce de la cosa un alcance desmedido: no era lógico, por la simple continuación durante un breve plazo, inducir de ese hecho la voluntad de renovar el contrato por un plazo de duración más o menos largo....
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, prueba, apreciación de la prueba, testigos, testigo indirecto, divorcio, cónyuge culpable, tenencia de hijos menores
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BITTLESTON, MIGUEL RODRIGO c/ IRIS MARGARITA GOÑALONS DE BITTLESTON s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-15

Corresponde dejar sin efecto la sentencia si la sola alusión genérica de que se trataría de testimonios ex auditu, no parece suficiente para descalificarlos, en el caso dada la naturaleza de los hechos que se debaten -declaración de divorcio por culpa exclusiva de la esposa y tenencia de la hija menor al padre- y la articulación precisa que hiciera de ellos la demandada al reconvenir.
Quiebra, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Lanera Austral SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-25

En los supuestos de quiebra indirecta, a fin de regular los honorarios de los profesionales intervinientes no corresponde tomar como pauta el activo prudencialmente estimado sino el activo realizado (esta CNCom, esta Sala, 13/07/01 "Tobellino Tour SRL s/ quiebra"; ídem, 19/4/99 "F & M SA s/ quiebra"). De otro modo, se estaría considerando, decretada la quiebra y para la regulación de la etapa concursal, valores que carecen de toda vinculación real con la significación económica del activo realizado, generando créditos por honorarios que podrían resultar desproporcionados en relación con el producido de la realización de los bienes comprometidos en desmedro del resto de los acreedores. Se estima que la pauta aquí establecida, conforme a lo previsto por la LCQ 272, es la que mejor preserva el interés común de los acreedores y la unidad del proceso concursal (en igual sentido, esta Sala, 23/10/03 "Frigorífico Ganadero SA s/ quiebra"). Asimismo, cabe señalar que en los procesos falenciales deben fijarse emolumentos en las oportunidades previstas por la LCQ 265, y que en función de los principios de concurrencia y proporcionalidad esa fijación debe hacerse en forma conjunta para todos los funcionarios del concurso (arg. cfr. esta CNCom, esta Sala A, in re: "ERA SA s/ quiebra s/ incidente de realización de bienes (inmuebles Provincia de Córdoba)" del 13/12/12).
Prueba, apreciación de la prueba, recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Arnaldo Partia y Labid, Morcos en causa nro. 150/97 Bulacios, Gerónimo Meliton-Homicidio simple s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-09-16

Constituye doctrina reiterada de esta Corte de Justicia que la valoración equivocada, discutible, objetable o poco convincente de la prueba no constituye arbitrariedad que autorice la revisión, como asimismo que es el recurrente el que tiene que demostrar la arbitrariedad y no la Corte acreditar que no la hubo. Es decir, el Tribunal de casación no está para contestar preguntas del recurrente, como reiteradamente lo hace en el escrito impugnativo, como asimismo no debe probar que el fallo no adolece de vicio alguno, sino por el contrario es inmotivado o con motivación aparente o contradictoria, y no hacer preguntas para que las conteste este Tribunal.
Competencia de la Corte Suprema, cuestiones de competencia, falta de tribunal superior común, competencia federal, competencia ordinaria
Materia: PROCESAL
Carátula: José Mármol 824 (ocupantes de la finca) c/  s/ incidente de competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-12

Corresponde a la Corte Suprema resolver en el conflicto de competencia entre la justicia nacional ordinaria y la federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, suscitado en una causa instruida por infracción a la Ley 24.051, a raíz de un procedimiento policial en un depósito de mercancías en tránsito desde el cual emanaban olores tóxicos, dado que la cuestión debe ser interpretada a la luz de la doctrina sentada en la causa "Nisman"-sentencia del 20 de septiembre de 2016-, en punto a que no corresponde equiparar a los tribunales nacionales ordinarios con los tribunales federales que tuviesen asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En aquellos casos en los que no se verifica la existencia de un órgano superior común debe abandonarse el criterio que situaba a dichos supuestos en la excepción prevista en el citado art. 24, inciso 7 del decreto-ley 1285/58, ratificado por Ley 14.467, según el cual estos conflictos de competencia debían ser resueltos por la cámara de la que dependía el juez que primero hubiese conocido y, en consecuencia, los debe resolver la Corte.
Daños y perjuicios, indemnización por accidente de tránsito, prueba testimonial, declaración testimonial, declaración en sede penal, valor probatorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: OLIVERA PEREYRA, Bernabé c/ FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-08

Las declaraciones testimoniales y constancias del sumario penal carecen de eficacia probatoria en el ulterior juicio civil por indemnización de daños si no han sido reiteradas o ratificadas en éste con el debido contralor de las partes, principio que cede cuando actor y demandado hubiesen invocado aquellas constancias como evidencia de la responsabilidad que mutuamente se atribuyen, es decir, en el caso de que las partes coincidan en ofrecer como prueba la causa penal.-
Contaminación de aguas, vertimiento de desechos, competencia federal
Materia: MEDIO AMBIENTE-PROCESAL
Carátula: Fernández, Miguel Ángel c/  s/ infracción ley 24051
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-22

La exigencia de interjurisdiccionalidad del daño, aun cuando se tratara de residuos peligrosos, es un presupuesto inexorable para atribuir competencia federal.
Proceso penal, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ibañez, Silvana Elena s/ Recurso de Casación interpuesto por Silvana Elena Ibañez con el patrocinio de los Dres. Guillermo Narváez y Mario A. Nieva, en causa Nº 300/08 - Ibañez, Silvana Elena - Homicidio Triplemente Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-03-02

Tanto la doctrina jurídica como la judicial han puesto suficientemente de relieve que en todos los cuerpos legales la nulidad relativa es la regla y la absoluta la excepción (Clariá Olmedo, Jorge A., Tratado de derecho procesal penal, Ediar, Buenos Aires, 1964, t. IV, p. 221; art. 185 del C.P.P.).

Esta clasificación se relaciona, por un lado, con el régimen de declaración de la nulidad y, por el otro, con las posibilidades de subsanación de las partes de los actos defectuosos (CREUS, CARLOS, Invalidez de los actos procesales penales, Astrea, 2004, p. 51 y ss.).

Las nulidades absolutas deben ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso y no son subsanables (art. 186 y 190 del C.P.P.). Legalmente, son nulidades absolutas las previstas en los incisos 1° a 3° del artículo 186 del C.P.P., que impliquen violación de las normas constitucionales. En cambio, no lo son, y esa es la calificación de la ley, las que afectan garantías constitucionales disponibles, como es el caso relacionado con la intervención, asistencia y representación de los sujetos procesales no necesarios, como las partes civiles y el querellante particular (arts. 185 y 186, inciso 2° y 3º del C.P.P., por argumento a contrario).

En efecto, la nulidad, es la sanción procesal que determina la ineficacia de un acto procesal cumplido en forma defectuosa. Esta sanción implica la pérdida de todo efecto jurídico del acto así declarado, como de todos los actos consecutivos que de él dependan, y de actos anteriores o contemporáneos que tuvieren conexión con el anulado (art. 191 del C.P.P.).

Consecuentemente, la declaración de invalidez significa reconocer la ineficacia del acto afectado, privándolo de los efectos producidos y a producir.

Es por ello, que nuestra ley procesal ha regulado un sistema de conminación taxativa legal, previendo nulidades "específicas" y "genéricas", como así, las "absolutas", es decir, aquellas que pueden ser declaradas en cualquier estado o grado del proceso, de oficio y no son subsanables (art. 186 inc. 1º a 3º del C.P.P.); o "relativas", las que constituyen la regla y solamente son declaradas a petición de parte interesada que no la ocasione, tienen un término para hacerse valer y son subsanables (art. 187 -primera parte- del C.P.P.).
Ejecución fiscal, deudas impositivas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE MONTE QUEMADO c/ NORTE TELEVISORA CABLE COLOR s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-07

Debe presumirse que la constancia de deuda ha sido extraída de los libros fiscales si aquella consiste en un documento en el que un funcionario de alta jerarquía del ministerio respectivo, expresa que la deuda para con el fisco asciende a la fecha a la suma por la que después se deduce el apremio y cuyo detalle se consigna.
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Resero S.A. c/ Novales, Cirilo y otros s/ Ejecución y embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-02

Con referencia a la oportunidad para expedirse respecto de la viabilidad de la vía ejecutiva, el magistrado cuenta con dos oportunidades: la prevista por el art. 529 del CPC y al momento de dictar sentencia (art. 549 CPC). Por consiguiente, lo que no haya advertido o haya omitido al proveer la ejecución, bien puede decirlo al momento de resolver las excepciones articuladas por el accionado.

(Minoría u opinión personal)
Recurso de casación, admisibilidad formal
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

Los recursos de casación interpuestos son formalmente admisibles, pues están dirigidos contra una sentencia de carácter definitivo y se han invocado agravios fundados en la inobservancia de la ley sustantiva y procesal -art. 456 incs. 1° y 2° del Código Procesal Penal de la Nación-, de modo que el examen de la sentencia debe agotar la revisión de lo revisable, conforme doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en Casal.
Vicios del acto jurídico, subsanación del vicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Funes Sergio s/ Título Supletorio (LIBRO: A132 - 387)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-03-08

Si bien en el proceso civil, es viable autorizar al Juez a ordenar que se corrijan los defectos del acto antes de admitirlo, ello requiere norma expresa, la que no existe en la especia, es decir, que en le caso no se faculta al órgano jurisdiccional a emplazar para subsanar la falta. Es que la ausencia de un requisito de admisibilidad implica negativa de admisión, imponiendo una actividad positiva al juez que impida que el acto afectado de irrgularidad se introduzca entre la serie progresiva que integra el proceso. Con la inadmisibilidad se niega la instancia, vale decir el acto en sí y no su contenido: ella no elimina propiamente el acto, sólo impide su ingreso por ser irregular; de ello se deduce que si el sujeto le es posibible corregir su defecto, lo har{a admisible no obstante habérsele aplicado la sanción y pese al silencio de las leyes. La posibilidad y forma de la corrección varía según cual sea la causa provocadora de la inadmisibilidad, y en tratándose -como aquí acontece- de un vicio del acto por defecto de un requisito, podría complementárselo después de su inadmisión o reproducírselo con el agregado del requisito faltante, siempre que no hubiere operado la caducidad, es decir, siempre que no se hubiese vencido el plazo dentro del cual debía o podía ejecutarse el acto.
Responsabilidad médica, obligaciones del médico, deber de asistencia médica, obligaciones de medio, obligaciones de resultado
Materia: CIVIL
Carátula: ROQUE DE SUBIZA, MARCELA. c/ RAFFO EDGARDO Y OTRO. s/ INC. BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS S-COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-29

La falta de éxito en la prestación del servicio médico, no, necesariamente conduce a la obligación de resarcir al damnificado, pues el médico cumple, empleando la razonable diligencia que es dable requerir a quien se le confía la vida de un hombre o su curación. Esa es la obligación asumida, ya que el médico o el cirujano no pueden asegurar un tratamiento o una operación exitosa, sino únicamente utilizar las técnicas adecuadas para ello, a salvo, claro está, supuestos excepcionales, en que se ha aceptado la responsabilidad, frente a un mal resultado (conf. CNCiv. Sala E, L L. del 21-2-86, nro. 84.609 y E.D. del 3-4-86, nro. 39.281). Es que, por lo general el éxito final de un tratamiento o de una operación no dependen enteramente del profesional, sino que a veces se ve influenciado por factores ajenos a él, como ser el riesgo quirúrgico, el adelanto de la ciencia, u otras circunstancias imposibles de controlar (conf. doctrina del fallo cit).
Cheque sin fondos, interpelación
Materia: PENAL
Carátula: PANIZZA, Juan Carlos y otro s/ Infracción al artículo 302 del Código Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-04

Resulta bastante para configurar el delito previsto por el artículo 302 inciso 1ro. del C.P., la intimación de pago que, frente al hecho de hallarse deshabitado el domicilio especial constituido por la libradora en la entidad bancaria girada, se cursa al domicilio legal de la persona jurídica titular de la cuenta corriente de que se trata.-
Derechos reales, acciones reales
Materia: CIVIL
Carátula: Mansilla, Carlos Alberto c/ Gerez, Ilda s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-02

La acción real y el derecho real no son conceptos equivalentes y, por ello, es perfectamente posible el ejercicio de una acción real sin la titularidad actual de un derecho real, dado que la transmisión de las acciones reales es independiente de los derechos reales, que le sirven de base. Y si ésta es así debe entenderse que el vendedor no se reserva ningún derecho sobre la cosa y que se desprende y transmite al comprador todas las acciones que tenía respecto de ella. Resulta evidente que quien enajena una cosa que no entrega al adquirente, simultáneamente y necesariamente le transmite también el poder jurídico de reclamarla contra cualquiera.
Suspensión del juicio a prueba, daño resarcible, acción civil
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Calvo, Néstor s/ recurso de queja. Causa: 555
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

Si el damnificado de un delito no está de acuerdo con la reparación ofrecida por el imputado, en el caso de que el juicio se suspendiere a prueba tiene expedita la acción civil correspondiente.