Sentencia, falta de motivación, acto administrativo, presunción de legitimidad, empleo público, sanciones disciplinarias, cesantía, procedimiento administrativo, caducidad, sumario administrativo, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MORENO ENRIQUE FERNANDEZ c/ PROVINCIA DE CÓRDOBA s/ PLENA JURTISDICCIÓN- RECURSO DE CASCIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-03-14

Si bien es cierto que para el aquo fue determinante para declarar la nulidad de los actos administrativos enjuiciados por prejuiciosos vicios formales, la falta de remisión del sumario, es del caso que el sentenciante frente a la contingencia apuntada y pese a considerar las prescripciones del Art.18 inc "b" de la Ley 7182, asignó dogmáticamente valor trascendente a esos vicios formales argüidos en la demanda, sin confrontar graves alegaciones con la defensa de la accionada en la contestación de la demanda y sin valorar conjuntamente elemento de juicio alguno de los incorporados al proceso judicial.

Ello no confiere debida fundamentación al fallo conforme al imperativo constitucional del Art.155 de la Const. Prov. , pues en virtud de lo prescripto por expresas normas rituales, era posible analizar al menos los únicos elementos objetivos acreditados para derivar una decisión congruente con alegado y probado por las partes, máxime particularidades del caso, donde no está motivada la materialidad de los hechos y la participación del actor en ellos, que motivaron el sumario que terminó en una cesantía.

En ese marcos, la delimitación del análisis de la causa a las consecuencias procesales que en orden a la carga de la prueba se derivan por el extravío del sumario administrativo, importa omitir la consideración de las defensas opuestas por la demandada, quien negó la concreción de vicios formales en el trámite sumarial, y adjuntó algunos elementos de prueba, que no fueron valorados por el aquo, los que ha juicio de la accionada resultan indiciarios de la falta de sustento real de las deficiencias endilgadas a los actos enjuiciados.

Ello suscita en el fallo impugnado un vicio que torna procedente el agravo que le imputa falta de fundamentación.

Independientemente del extravío de las actuaciones sumariales, la genérica denuncia efectuada por el accionante sin efectuar en momento alguno una concreta restricción de su derecho de defensa, no alcanza para poner en tela de juicio la presunción de legitimidad de los actos administrativos pues constituye una alegación genérica y no circunstanciada de un vicio de nulidad absoluta (art. 104 Ley 6658) que no aparece con manifiesto, patente, ostensible o palmario , de modo que su comprobación no exija un esfuerzo dialéctico al ser perceptible a primera vista.

La presunción de legitimidad del acto administrativo es un juicio hipotético que puede ser destruido por la alegación y prueba en contrario.

Si la mera alegación de nulidad de los actos administrativos, adolece de tal grado de generalidad e indeterminación, ella no debe ser apreciada en forma desvinculada de la circunstancia que el actor al tiempo que aduce vicios formales en el trámite sumarial sin procurar demostrar una restricción concreta, real o efectiva a su derecho de defensa, simultáneamente no controvierte los hechos que constituyen el presupuesto fáctico de la razón administrativa.

La sanción penal o incluso contravencional no excluye al a disciplina, ni esta a las otras, pudiendo imponerse a las mismas o bien una de ellas por quien jurídicamente corresponda, pues tutelan órdenes jurídicos distintos y persiguen finalidades diferentes.

Como principio general, la sanción disciplinaria puede aplicarse en cualquier momento sin esperar la decisión penal o contravencional, cuando hubieren suficiente elementos de juicio para la determinación de la responsabilidad disciplinaria.

Incluso, la absolución judicial, la prescripción del delito o del perdón del particular damnificado, no eximen la aplicación de la sanción disciplinaria (conf. Art. 360 y 363 R.L.O.P. Decreto 1061A62 concordante con los arts. 3 y 4 del decreto 3727/90). No se cometió o no fue sólo cuando el juez penal o contravencional, afirme en su sentencia que el mismo hecho sobre el cual recae la sanción disciplinaria, no se cometió o no fue cometido por el imputado, es obligación de la Administración dejar sin efecto la sanción o medida aplicada.

El fundamento de la prejudicialidad penal radica en que la verdad siempre debe ser una sola, razón por lo cual lo resuelto administrativamente como pasible de sanción disciplinaria, debe ser coherente con lo resuelto en sede criminal, en resguardo de elementales principios de lógica jurídica.

La finalidad de los plazos en el proceso administrativo, no es la misma que en el derecho procesal, donde aquellos tienden a concretar la preclusión de las diferentes facetas del proceso. Esto es así, no sólo es así por los principios de colaboración y de verdad objetiva que nutren al procedimiento administrativo, sino también en mérito a otros principios fundamentales como son el informalismo y la eficacia, los cuales trasuntan un menor rigorismo en comparación con el derecho procesal.

Las normas que reglamentan el procedimiento administrativo suelen distinguir aquellos trámites actuados en el sólo interés particular de quien insta un procedimiento, que no trasciende la esfera de su propio interés, de aquellos otros en los que se encuentra en juego el interés público, siendo un principio de general consenso que estos últimos están exceptuados de la sanción procedimental de caducidad por vencimiento del os plazos legales, la que por tal razón, debe contar con expresa previsión legal.

Tratándose de un trámite sumarial actuado en el interés del orden público, comprometido en el regular acatamiento de las obligaciones estatuarias, que la ley policial pone a cargo de los agentes o funcionarios públicos en la medida que la reglamentación no prevea la sanción de caducidad del trámite sumarial a consecuencia del vencimiento de los plazos establecidos para su sustanciación, no puede tener acogimiento favorable una petición formulada en os de ese objetivo.

Mas ello no significa dejar librado a los agentes de la administración la tramitación sino que dice de actuaciones sumariales en las que se discuta en torno al amplio universo de presuntas faltas administrativas apacibles de imputación, pues tal situación sería distorsiva de la función correctiva que justifica el régimen disciplinarios.

El art.379 del Dec. 1061 62 prevé, los actos del procedimiento disciplinario interrumpen la prescripción de la acción , entendiéndose a esos efectos como actos del procedimiento disciplinario, todo trámite encaminado a señalar la existencia de una falta, aún cuando no se haya iniciado sumario o información administrativa.

El extravío del sumario administrativo no es óbice para determinar que han mediado actos de interruptivos del curso de la prescripción como es la puesta en situación de pasiva con motivo de la investigación administrativa y penal, que no ha sido controvertida por el interesado es esta causa, mediando al respecto su reconocimiento expreso.

Asimismo, los argumentos precedentemente expuestos para desestimar el planteo de caducidad del trámite sumarial son atinentes al de prescripción pues aquel supone la sustitución de actos procedimentales a los que los que la reglamentación asigna carácter interruptivo del curso de la prescripción de la acción.