Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-13


C A S A C I Ó N	San Miguel de Tucumán,13 de Agosto de 2004.-	Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana, con más la integración del doctor René Mario Goane -por no existir votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de la imputada y el patrocinante del tercero civilmente responsable, en contra de la sentencia dictada por el Sr. Juez Correccional de la Ia. Nominación, del 16/4/2003 (fs. 436/442 vta.), que es concedido por el referido Juez mediante auto del 07/5/2003 (cfr. fs. 454/455). En esta sede, no se presentó memoria sobre el remedio casatorio, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por el rechazo del recurso intentado (cfr. fs. 464/465).

Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito, Antonio Gandur y René Mario Goane. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 445/452 por el letrado apoderado de Nora Gómez de Almaraz y Héctor Antonio Almaraz, contra la sentencia del 16/4/2003 dictada por el Sr. Juez Penal en lo Correccional de la Ia. Nominación.

Atribuye arbitrariedad al decisorio, por decidir en contra del derecho vigente y omitir la consideración de pruebas relevantes, en violación a las reglas de la sana crítica; lo cual implica violación de las garantías consagradas en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Cuestiona el monto indemnizatorio resultante de la planilla complementaria de la sentencia, que arriba a un total de $209.801,37 por la incapacidad laboral parcial y permanente del 35%, sufrida por un trabajador no calificado; aunque sus representados sólo deban abonar el 60% del total, por haberse determinado culpa concurrente de la víctima en un 40%.

De una parte, alega que la indemnización establecida por incapacidad temporal (150 días) se superpone con la fijada a título de lucro cesante, por lo cual constituye un pago sin causa.

En cuanto al segundo de estos rubros, considera que la determinación del a quo es incongruente y carece de fundamentación, dado que tuvo en cuenta la estimación del médico forense anterior a la sentencia, sin considerar que el mismo facultativo valoró que tal incapacidad podía disminuir en el futuro, si se hacía rehabilitación o cirugía (fs. 437 vta.).

A su entender, ello ha acontecido en el sublite, toda vez que los testimonios rendidos en autos dan cuenta de que la víctima continúa realizando las mismas tareas laborales desempeñadas previo al accidente; sin que exista prueba del lucro cesante invocado.

Cuestiona el método lineal aplicado en la instancia de mérito para cuantificar el lucro cesante; que para la víctima significa percibir anticipadamente montos a devengarse durante 47 años hacia el futuro.

Señala que el mismo capital, depositado en cualquier institución bancaria, generará una renta muy superior a la pérdida salarial total; por lo que la mayoría de los Tribunales del país rechazan la aplicación del método impugnado. Igualmente, impugna el reconocimiento de indemnización a título de pérdida en el haber jubilatorio futuro; toda vez que si se considera el salario mínimo que la sentencia reconoce a favor de la víctima, tal eventual beneficio no habrá de variar por la disminución de su capacidad laboral.

Le agravia la admisión extra petita del rubro "pérdida de chance", que no fue reclamado por el actor civil, y además se superpone con la reparación del lucro cesante ordenada en el mismo pronunciamiento.

De otra parte, considera arbitraria la resolución, en cuanto manda pagar intereses desde la fecha del hecho, desconociendo que la indemnización fijada anticipa y comprende el pago de ganancias que el actor debía percibir durante 55 años, hasta cumplir 73 años de edad.

Concluye que en autos se ha violado la normativa contenida en los arts. 40 y 273 del CPCC, art. 1069 del Cód. Civil y art. 28 de la Constitución de la Provincia, y propone doctrina legal acorde a los agravios expuestos precedentemente.

2.- La vía extraordinaria local ha sido concedida por auto del 07/5/2003 (fs. 454/455); correspondiendo al Tribunal, en esta instancia procesal, efectuar el análisis de admisibilidad y procedencia de la impugnación.

Según emerge de la sentencia en recurso, en oportunidad de tratar la cuestión civil el Sr. Juez a quo estimó clara la existencia de culpa concurrente, y asignó un 60% de responsabilidad a la demandada Gómez de Almaraz -extensiva al propietario de la camioneta, Juan Héctor Almaraz-; y el 40% restante a la víctima Varas.

En la planilla complementaria se consideran, como antecedentes relevantes para la cuantificación del daño, que al momento del hecho (10/6/97) el damnificado tenía 18 años de edad, y estuvo incapacitado laboralmente durante 150 días.

El sentenciante tomó como remuneración básica la suma de $ 250 mensuales reclamada por el actor civil; estimándola razonable de acuerdo al tipo y características del trabajo que realizaba Varas al momento del hecho. Seguidamente, estableció la procedencia y cuantificación de los diferentes rubros indemnizatorios reconocidos a favor del actor civil.

Los agravios sustentados en la existencia y grado de incapacidad del actor remiten a cuestiones de hecho ajenas a la instancia casatoria. Los fundamentos expresados por el recurrente muestran que se intenta obtener la revisión de aspectos fácticos del juzgamiento, toda vez que se cuestiona la apreciación de la prueba rendida en autos; en particular, testimoniales y examen médico.

El recurrente atribuye arbitrariedad al decisorio, en tanto hipótesis que excepcionalmente habilita la instancia reclamada en relación a cuestiones de hecho. Tal déficit no surge prima facie del decisorio, que cuenta con elementos bastantes para sustentarlo en relación a este agravio.

Al respecto, cabe advertir que si bien la estimación del médico forense es anterior a la sentencia, no se ha producido en el plenario prueba idónea para desvirtuar sus conclusiones; y ello tampoco resulta de lo declarado por el profesional en la audiencia de debate (fs. 437 vta.).

El hecho de que la incapacidad pueda disminuir en el futuro, si se hace rehabilitación o cirugía, no impide al magistrado valorar el informe médico, conjuntamente con las restantes pruebas producidas en autos; agregándose que siendo aquélla parcial, la realización de tareas laborales es insuficiente, por sí sola, para negar la disminución en la capacidad laboral.

Es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, que la determinación de los hechos y la valoración de la prueba corresponden a los jueces de mérito, y la casación no constituye un medio ordinario para reexaminar todas sus decisiones; pues la pretensión de una nueva valoración de la prueba se halla al margen de los motivos legales de la casación.

En relación a este agravio, la conclusión del Juez a quo se asienta en circunstancias fácticas que se corresponden con los antecedentes de la causa; y lo planteado remite a típicas cuestiones de hecho insusceptibles de revisión en esta instancia extraordinaria local. Los supuestos excepcionales de absurdo o arbitrariedad no se verifican en el sublite; pues contando el pronunciamiento con fundamentos bastantes para sustentarlo, la consideración en torno a la incapacidad parcial resultante del siniestro no muestra quebrantamiento de las reglas de la lógica o de la sana crítica racional.

3.- El recurrente cuestiona además diversos rubros y montos indemnizatorios reconocidos en el pronunciamiento.

La suma admitida a título de indemnización por lucro cesante resulta de los cálculos realizados en la planilla complementaria de fs. 442. Sobre la base de la remuneración mínima considerada, y aplicando el porcentaje de incapacidad admitido, el magistrado computó 46 años y 4 meses, equivalentes al período de vida útil de la víctima hasta la edad de obtener el beneficio jubilatorio; con lo cual arriba a la suma de $48.650.

Con similar criterio, tomó en cuenta la disminución futura de sus haberes previsionales, para el período comprendido entre los 65 y hasta los 73 años de edad; ítem que arroja la suma de $5.040.

Sobre la totalidad de los rubros receptados, el Juez a quo aplicó intereses calculados desde la fecha del hecho (10/6/97) y hasta el dictado de la sentencia; procedimiento que significó elevar en más del doble los montos resarcitorios establecidos.

3.1.- En relación a la aplicación del método lineal -tanto para el período de vida útil como para el de pasividad-, el agravio debe ser parcialmente admitido.

Ha señalado esta Corte Suprema de Justicia, que la indemnización por incapacidad sobreviniente procura el resarcimiento de aquellos daños que tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona afectada, la cual incide en todas las actividades. Toda disminución vital importa afectación de la energía generadora de las actividades del sujeto, razón por la cual la cuestión no queda reducida a un cálculo matemático e hipotético de la disminución de los ingresos.

Por ello, la determinación de la valoración económica de la incapacidad, al depender de circunstancias de hecho variables en cada caso y libradas a la prudente apreciación judicial, ha de atender a las condiciones particulares del damnificado y al modo en que el infortunio habrá de influir negativamente en todas las posibilidades de su vida futura, además de la específica disminución de las aptitudes de trabajo (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 1093 del 19/12/2000, autos "Gareca, Cristian Nicolás s/homicidio por culpa o imprudencia y lesiones por culpa o imprudencia").

Conforme a la doctrina establecida por esta Sala Civil y Penal en el precedente antes citado, el denominado daño patrimonial indirecto no debe establecerse en base a criterios matemáticos sino cualitativos, atendiendo a todas las circunstancias del daño, que exceden el porcentaje de incapacidad establecido en la instancia de mérito (35%).

La posible disminución de ingresos como consecuencia de dicha incapacidad parcial, es un elemento más a ponderar, pero no resulta dirimente en este tópico, pues ignora que la condena implica la percepción actual del total indemnizatorio, y no a lo largo de meses y años.

El procedimiento adoptado de algún modo cristaliza una disminución futura constante de ingresos durante un período por demás extenso, a partir de la premisa de que tales ingresos habrían de ser también estables, de no haber sucedido el evento dañoso.

Si bien en el sublite se ha tomado como base la remuneración básica reclamada por el actor, ello no excluye atender en su integridad las condiciones personales de la víctima, su estado familiar, edad y demás circunstancias particulares.

Como se expresara en el pronunciamiento citado, del 19/12/2000, es precisamente la evaluación conjunta de todos esos aspectos en correlación inescindible con el daño causado a la persona, la que conduce a estimar, para el sublite, que la cifra reconocida en la sentencia es excesiva, por la modalidad en que ha sido calculada.

Se advierte que, a más de superponer el período de curación con el computado para el lucro cesante, según denuncia el recurrente, ha sido incluida una etapa posterior a la edad para alcanzar los beneficios de la jubilación, sin explicitar las razones que sustentan la adopción de tales pautas de cálculo.

A ello se añade el indebido cálculo de intereses sobre montos que, en su mayoría, responden a pérdidas futuras aún no devengadas; lo que llevó a la suma total de $125.000, representativa del 60% de los daños causados, según el porcentaje de responsabilidad asignada a los demandados civiles.

3.2- Igualmente, asiste razón al impugnante, en cuanto le agravia la procedencia del rubro pérdida de chance, establecida por el a quo con mención a lo dispuesto por el art. 29 del CP.

El criterio adoptado se sustentó en motivaciones aparentes, pues no contiene otro fundamento que la voluntad del Tribunal; debiendo recordarse que el prudente arbitrio judicial es el eje del camino estimatorio del monto del resarcimiento.

A más de no haber sido reclamado por la víctima (cfr. demanda de fs. 267/268), este rubro se superpone con el lucro cesante también receptado; toda vez que el sentenciante omite explicitar debidamente las razones por las cuales ha sido admitido.

La existencia del daño y su cuantía han sido hechos controvertidos entre las partes, por lo que la validez del temperamento que el Tribunal adopte al respecto se relaciona directamente con la suficiencia de los fundamentos que lo sostienen.

En el caso, la sentencia impugnada se limita a expresar que fija el monto de pérdida de chance en ejercicio de las facultades del art. 29, Cód. Penal, teniendo en cuenta "las condiciones personales de la víctima, en cuanto a su potencialidad para el futuro, de obtener mejoras laborales que redundarían en un mayor ingreso"; rubro que valoró en la suma de $6.000 (cfr. fs. 442).

Esta Corte Suprema de Justicia ha señalado las claras diferencias conceptuales entre lucro cesante y chance: en el primero, se pierden ganancias como beneficios materiales, en tanto que en el caso de la chance el objeto es la pérdida es la oportunidad misma de obtener esas ganancias o beneficios.

En ambos casos hay un juicio de probabilidad, pero en la chance las ventajas se miran de modo mediato, porque no se analiza la mutilación de ellas, sino la ocasión de lograrlas.

Es así que mientras en el lucro cesante el sujeto se encontraba ya, o se habría encontrado con la probabilidad más adelante, de acceder a las ventajas económicas de que se trata, en el esquema de la chance, la víctima sólo cuenta con un determinado contexto idóneo en cuyo desenvolvimiento es probable que habría llegado a la situación instrumentalmente apta de consecución de los lucros o beneficios.

La chance perdida importa una probabilidad suficiente o mínima de lograr los beneficios en caso de que la oportunidad no se hubiera malogrado -que por lo tanto resulta indemnizable- por el hecho dañoso acontecido". (cfr. CSJTuc., sentencia del 23/10/98 en autos "Filippini, Víctor Hugo vs. Leonardo Oscar Amas y otro s/daños y perjuicios").

La admisión de este rubro, que no ha integrado la litis, de ningún modo puede verse habilitada por vía de las facultades mencionadas en el art. 29, CP.

Es principio en la materia que compete a los jueces de grado calificar jurídicamente las situaciones fácticas, y ello como un deber jurisdiccional, cual es el de aplicar el derecho que corresponda a la solución del caso justiciable.

El límite de juzgamiento está perimetrado por los hechos alegados o controvertidos, pudiendo por lo tanto prescindir de las normas jurídicas invocadas por las partes o suplir las omisiones en que éstas hayan incurrido, siempre que ello no implique alterar los elementos de la pretensión del actor o de la oposición del demandado (cfr. CSJTuc., autos "Valdez, Manuel O. vs. León Alperovich SACIFI s/cobro de australes", sentencia del 08/02/96).

Si bien la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis es materia privativa de los jueces de mérito, tal principio reconoce excepción cuando el razonamiento sentencial resulta violatorio de las leyes de la lógica y por ende arbitrario.

En el punto en discusión, la pretensión ejercida por el actor civil se limitó al reclamo de indemnización por lucro cesante y daño moral, conforme a las pautas y circunstancias de hecho expuestas al concretar su demanda. Tales presupuestos fácticos ingresan al cuadro de hechos y pruebas sobre los que se apoya la acción indemnizatoria; y para decidir su procedencia es menester atenerse al contenido de la pretensión.

4.- Dentro de la doctrina de la arbitrariedad, esta Corte tiene establecido que constituye un supuesto de pronunciamiento que incurre en dicho vicio aquél en que la operación intelectual desarrollada en la sentencia carece de bases aceptables.

Se incurre de tal modo en violación de las normas de los arts. 33 y 40 del CPCC, de aplicación supletoria al procedimiento penal (art. 4, CPP), y art. 28 de la Constitución de la Provincia, en tanto las cuestiones planteadas han sido tratadas de manera dogmática y aparente, por lo que el pronunciamiento deviene arbitrario.

Al respecto, es criterio jurisprudencial consolidado que debe dejarse sin efecto la sentencia determinativa del monto de la indemnización, si la suma fijada traduce un resultado irrazonable, contrario a las reglas de la lógica y de la experiencia, importando dicho resultado un apartamiento de la realidad económica, sin proporción con el daño resarcible (CSJNac., "Maldonado, J.R. vs. Valle, Héctor y otro", del 7/9/93).

A mérito de lo considerado, procede hacer lugar parcialmente al recurso en examen, conforme a la siguiente doctrina legal, ya establecida en la sentencia del 19/12/2000: "La indemnización del lucro cesante derivado de la incapacidad física causada a una persona en un accidente de tránsito no debe ser establecida con cálculos exclusivamente matemáticos";

y "La normativa contenida en el art. 29 del Cód. Penal, no autoriza a los jueces a disponer el pago indemnizaciones por rubros no reclamados por el actor civil al concretar su demanda".

Se dejan sin efecto, por las razones expuestas, los rubros 2, 3 y 4 de la planilla de fs. 442, que respectivamente determinan la reparación a título de lucro cesante por el período de vida útil; período de pasividad y pérdida de chance. En su lugar, se estima equitativo fijar como indemnización por las pérdidas futuras resultantes de la incapacidad ocasionada la suma de $30.000, estimada a la fecha de la presente sentencia.

Conforme a lo dispuesto en la instancia de mérito, los codemandados civiles deberán hacerse cargo del 60% de la misma, en proporción a la culpa atribuida; es decir, la suma de $18.000.

A dicha cifra se agregan, en la misma proporción, el resarcimiento del daño moral -no impugnado en esta sede-, y el monto reconocido por 150 días de incapacidad ($20.000 y $1.500 respectivamente).

En consecuencia, quedan a cargo de los accionados las sumas de $12.000 y $900, equivalentes al 60% de cada una de aquéllas.

5.- El acogimiento del recurso de casación en lo atinente a la determinación del lucro cesante, da respuesta al agravio de los demandados civiles sobre el cálculo de intereses.

Su cuestionamiento se fundó en que la indemnización establecida por el Juez a quo empleando el método lineal, era comprensiva de ganancias que el actor debía percibir durante 55 años; por lo que no debían calcularse intereses sobre ingresos futuros. Y de acuerdo al criterio aplicado en la presente sentencia, la reparación es establecida a la fecha de emitir pronunciamiento, en base a las pautas mencionadas en los considerandos precedentes, que excluyen el mero cálculo matemático de ganancias futuras frustradas adoptado en la instancia de mérito.

En consecuencia, la suma así admitida también devenga intereses desde la fecha del hecho y hasta su efectivo pago; toda vez que aquéllos responden exclusivamente a la falta de percepción de la indemnización, que es debida desde la fecha del evento dañoso.

Tratándose de perjuicios causados en un suceso que tuvo lugar el 10/6/97, el tiempo transcurrido da lugar a un lógico incremento derivado del cómputo de los intereses admitidos (cfr. CSJTuc., sentencia del 06/6/2001 en autos "Agüero, Clara Haidee vs. Rubén Américo Boss y otro s/daños y perjuicios").

Por lo considerado, la suma total de los distintos rubros indemnizatorios admitidos a favor del actor civil ($30.900; cfr. consid. 4 de la presente sentencia) devenga el interés fijado por el a quo; esto es, aplicando la tasa pasiva que publica el BCRA, desde la fecha del hecho (10/6/97) y hasta su efectivo pago.

Para el cálculo de intereses, corresponde fijar la siguiente doctrina legal: "Resulta arreglado a derecho liquidar los intereses por el monto condenado, de la siguiente forma: desde que son debidos hasta el 06/01/2002, por el procedimiento establecido en el precedente contenido en sentencia N° 756 del 25-10-96 (in re: Navarro, Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios.

Impugnación de planilla"). A partir del 07/01/2002 mediante el procedimiento indicado por el Comunicado "A" N°14.290 del BCRA, y su reglamentario "B" N° 5014, hasta su efectivo pago".

En recientes pronunciamientos, esta Corte Suprema de Justicia ha destacado que las significativas alteraciones económicas acaecidas durante el año 2001, justifican una variación del criterio adoptado en la referida sentencia. Señaló que la fuerte expectativa de la salida del plan de convertibilidad produjo un masivo retiro de fondos depositados en el sistema financiero, que desembocó en el llamado "corralito", en el mes de diciembre de 2001.

Que este factor alteró el comportamiento de los valores ofrecidos por los Bancos, llevando los intereses pasivos a valores inusuales en una época de alta recesión y deflación. Por tanto, mantener a ultranza el criterio del precedente "Navarro", implicaría producir un enriquecimiento sin causa para el acreedor, que sin razón jurídica alguna y por el sólo hecho de aplicarse tasas de interés con componentes extraños y distorsivos, se vería indebidamente beneficiado con un procedimiento que alteraría sustancialmente el sentido y alcance de los intereses moratorios que prevé el art. 622 del Cód. Civil, por cuanto la resta de los valores de la serie de tasas, devino en un sistema distorsionado que, al calcular los intereses, se torna cada vez más gravoso sin justificación real alguna (cfr. CSJTuc., sentencias números 443, del 15/6/2004; 469 de 28/6/2004 y 473, del 29/6/2004).

En cuanto a las costas del recurso de casación, atento a su progreso parcial, y no siendo imputable a la recurrida el exceso resuelto en la instancia de mérito, se imponen por el orden causado (art. 551 y cc., CPP).

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, vota en igual sentido.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Adhiero al voto del Dr. Héctor Eduardo Aréa Maidana, con excepción de lo referido al modo de calcular los intereses (cfr. considerando 5 y última parte del punto I de la parte dispositiva), sobre lo cual me pronuncio porque la liquidación se efectúe de acuerdo a la metodología que recomendó el Banco Central de la República Argentina en el Comunicado 14.290 del 5 de agosto de 1991, en el que difundió una serie estadística de la tasa pasiva promedio de interés para ser utilizada por los jueces con el fin previsto en el art. 622 del Código Civil.

La tasa pasiva promedio refleja la capitalización de la tasa diaria equivalente a la tasa de interés efectiva mensual promedio ponderada de los depósitos en caja de ahorro común y a plazo fijo, correspondiente al segundo día hábil anterior a la fecha informada, según la encuesta que diariamente elabora la institución bancaria.

Las ponderaciones surgen de los montos de los saldos de depósitos en caja de ahorro y de las operaciones concertadas en el día para los depósitos a plazo fijo en distintas entidades crediticias.

En Comunicado 14.290 dictado por el Banco Central de la República Argentina el 5 de agosto de 1991, recomienda calcular los intereses con la siguiente fórmula: i = [(100+tm : 100+ to) -1)] . 100, donde tm es el valor de la serie correspondiente al día hasta el cual se devengan los intereses; to es el valor de la serie correspondiente al día anterior a partir del cual se devengan los intereses.

La serie se confecciona con intereses que se capitalizan diariamente, por lo que hay que dividir y no restar, como lo recomienda el comunicado 14.290. Habiéndose elaborado el sistema de índices para obtener la tasa de interés de un período determinado en función de una expresión algebraica en la que se deben dividir los índices, no hay motivo para apartarse de la misma, por lo que corresponde efectuar los cálculos para obtener los intereses de tasa pasiva aplicando esa fórmula.

El Banco Central expresó que resulta erróneo el método de resta para el cálculo del interés devengado con posterioridad al 1/4/91, como lo reconoció en nota aclaratoria de los Comunicados 14.290 y Comunicado B 4635.

Por último, cabe agregar que el marco normativo que motivó que el BCRA elaborara la serie estadística vinculada a la tasa de interés, -art. 8 del decreto 529/91 y art. 10 del decreto 941/91- no fue derogado ni objeto de reforma por la ley 25.561 ni demás legislación concordante y relativa a la emergencia económica, a pesar de los cambios operados en el país en este aspecto, habiendo sido, además, reiterada su aplicación en el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en pleno, sentencia de fecha 23/03/2004 en juicio "Alaniz, Ramona E. y otro c. Transportes 123 SACI interno 200", publicado en LA LEY 25/03/2004, pg. 7, manteniendo la doctrina del fallo plenario dictado el 2 de agosto de 1993 en los autos "Vázquez, Claudia Angélica c. Bilbao, Walter y otros s/daños y perjuicios".

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, en cuanto a las cuestiones propuestas, vota en idéntico sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 445/452 por el letrado apoderado de Nora Gómez de Almaraz y Héctor Antonio Almaraz, contra la sentencia del 16/4/2003 dictada por el Sr. Juez Penal en lo Correccional de la Ia. Nominación, conforme a las doctrinas legales enunciadas en los considerandos de la presente resolución.

Se dejan sin efecto los puntos 2, 3 y 4 calculados en la planilla complementaria de fs. 442 vta., fijando la indemnización por lucro cesante en la suma de $30.000 a la fecha de la presente sentencia. En consecuencia, se revoca parcialmente el ap. II de la dispositiva, y en sustitución:

"IIº) HACER LUGAR parcialmente a la demanda civil en un 60 % por culpa concurrente interpuesta por René Reinaldo Varas, condenando a los demandados civiles NORA GÓMEZ DE ALMARAZ y JUAN HÉCTOR ALMARAZ a pagar al actor civil, en el término de 10 días de quedar firme este pronunciamiento, la suma de $18.000 por lucro cesante calculada a la fecha de la presente sentencia.

Igualmente, deberán abonar las sumas de $900 por el período de curación por incapacidad, y $12.000 en concepto de daño moral, equivalentes al 60% del total establecido para cada uno de estos rubros, con más la tasa pasiva promedio de interés del BCRA, a calcularse desde la fecha del hecho (10/6/97) y hasta su efectivo pago.

Para su cálculo, se empleará el sistema de resta de las tasas diarias establecido por este Tribunal en la sentencia del 25/10/96 (causa "Navarro, Lidia Orlanda vs.Provincia de Tucumán s/daños y perjuicios"), hasta el 06/01/2002.

A partir del 07/01/2002 y hasta el efectivo pago, mediante el procedimiento indicado por el comunicado "A" Nº 14.290 del BCRA, su reglamentario "B" N° 5014, hasta su efectivo pago".

II.- DECLARAR inadmisible, en lo restante, el recurso interpuesto por los codemandados civiles.

III.-COSTAS del recurso de casación, como se consideran.

IV.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR (en disidencia parcial) ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA RENÉ MARIO GOANE