marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Violencia de género, Derechos humanos
Materia: PENAL
Carátula: ESCUDERO, Carlos Rubén; y GALLO, Franco Domingo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-09

La cuestión a estudio debe también ser examinada a través del nuevo paradigma de los derechos humanos en materia de género y los entandares internacionales que rigen en la materia, pues el presente caso se vincula íntimamente con una de las temáticas más preocupantes del universo de los derechos humanos, cual es la violencia de género.
Indemnización por muerte, legitimación activa, cónyuge supérstite, hijos, presunciones, subsistencia de la viuda e hijos menores
Materia: CIVIL
Carátula: GOLDENTUL DE GRINBERG BEATRIZ D c/ OLIVIER, MARIA C s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-09

El art. 1084 del C. Civil establece una presunción de daño en favor de la viuda e hijos de la víctima de un hecho dañoso.
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Altamirano, Raimundo c/ Daniel Alejandro Artigas y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-04-25

El efecto interruptivo de la demanda se prolonga todo el tiempo que dure el proceso aunque haya sido tramitado con lentitud, en tanto no se declare la caducidad o perención de la instancia, y las actuaciones hayan estado paralizadas por un lapso superior al plazo señalado para la prescripción o la declaración de aquélla.
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, medidas provisionales, daño irreparable
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Pacheco Teruel y otros s/ Resolución de la  Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitud de medidas provisionales respecto de honduras
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-02-13

Ante una solicitud de medidas provisionales, la Corte Interamericana no puede considerar el fondo de ningún argumento, excepto aquellos que no se encuentren estrictamente relacionados con la extrema gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a las personas, pues, cualquier otro asunto debe ser puesto en conocimiento de la Corte en el marco de un caso contencioso.
Pacto de San José de Costa Rica, doble instancia
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Prestimonaco, Cristian Alberto s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-15

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al efectuar el control de constitucionalidad del art. 27 del decreto-ley 1285 del 4/2/58, se pronunció en favor de la obligatoriedad -que acordaba esa norma- a los fallos plenarios de las cámaras de apelaciones. Si bien el citado decreto hoy se encuentra derogado, los términos de sus arts.27 y 28 han sido transpolados casi literalmente a los arts. 10 y 11 de la ley 24.050. Ello sin perjuicio de que -como también lo ha dicho el Alto Tribunal- las partes a través de las vías procesales pertinentes aportando nuevos argumentos puedan cuestionar el acierto de la interpretación efectuada.
Excarcelación, pena agotada, sentencia no firme, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RUVIERA, CARLOS A. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-29

Por aplicación analógica de lo normado por el art. 504 del C.P.M P., debe concederse la excarcelación al procesado, condenado por sentencia no firme, que agotó en detención la pena impuesta.
Compraventa de buque, actuaciones administrativas, protocolización, Impuesto de sellos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PESQUERIA DALIA  S.A. s/ RECURSO DE APELACION- IMPUESTO DE SELLOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-21

La escritura pública por la que se protocolizan actuaciones administrativas en virtud de los cuales un buque adquirido con anterioridad en el exterior tomo la Bandera Nacional, no resulta alcanzada por el Impuesto de Sellos en mérito a lo que prescribe el art. 16 inc. g. Ley de Sellos - (Fallo Plenario Parquera Mayorazgo S A.M.C.I. s-apelación - impuesto de sellos.

La pretensión tendiente a obtener la devolución de la suma ingresada por los conceptos reclamados con más su actualizaciones ajena a la presente vía recursiva y deberá canalizarse a través de la posterior que corresponda.
Recurso de casación, insuficiencia del agravio, doctrina de la arbitrariedad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bustamante Juan Pablo y otros s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. José Leonardo Berber, en contra de Sentencia Nº 18/2011 recaída en causa Expte. Nº 31/10 acum. 225/09 y 37/10, caratulada: 1) Bustamante Juan Pablo y otros ss.as. Robo, etc. Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-29

La Cámara en lo Criminal, por mayoría, declaró culpable al imputado como autor del delito de robo (arts. 164 y 45 del C. Penal), hecho comprendido en el Requerimiento Fiscal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de tres años de prisión. Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

El recurrente asevera que el relato de los hechos efectuado por el imputado no ha podido ser desvirtuado por la sentencia, embate que no puede prosperar.

Pese al esfuerzo argumental esgrimido por la defensa, éste ha quedado desvirtuado con el pormenorizado análisis conjunto efectuado por el tribunal de todas las constancias presentadas en la causa, material probatorio que resulta suficiente para dar fundamento a las conclusiones alcanzadas y consecuentemente acreditar la existencia de la responsabilidad del imputado en el hecho endilgado.

Sentado lo anterior, evoco que la crítica de los elementos de prueba es un acto complejo, que impone no sólo el examen interno de éstos y el contenido y fiabilidad de la información que los respectivos elementos ofrecen, sino también su confrontación conjunta, de modo que pueda formularse un juicio de certeza o falta de certeza sobre el hecho que es objeto de la acusación.

Sobre el punto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que los jueces incurren en arbitrariedad "cuando consideran los testimonios en forma fragmentaria y aisladamente [...] en especial cuando se ha prescindido de una visión de conjunto y de la necesaria correlación de los testimonios entre sí, y de ellos con otros elementos indiciarios" y que "es arbitraria la sentencia en la cual la interpretación de la prueba se limita a un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa; pero no los integra ni armoniza debidamente en su conjunto, defecto que lleva a desvirtuar la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos medios probatorios" (Fallos: 308:640. "Zarabozo").

En suma, considero que el fallo de marras, a diferencia de lo postulado por el recurrente, ha fundado debidamente la conclusión incriminatoria aquí objetada, con adecuado respeto a las reglas de la sana crítica racional (arts. 18 C.N.; 142 y 408 inc. 3º -a contrario sensu- del C.P.P.).

Por lo expuesto corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto por este agravio.
Competencia electoral, elecciones partidarias, voto en blanco
Materia: ELECTORAL
Carátula: Apoderados Alianza Grande s/ interponen recurso de apelación resolución J.E. U.C.R. 027/10 - comicios internos 06-06-10
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-28

El "thema decidendum" se ciñe a determinar si los votos en blanco deben ser computados en el escrutinio definitivo para el reparto de los cargos partidarios disputados en los comicios internos. Corresponde, por lo tanto, entender en la cuestión planteada, en atención a la doctrina sentada en los Fallos CNE 397/87; 1068/91 y 2584/99.
Asociaciones sindicales, conflicto intersindical
Materia: LABORAL
Carátula: Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social s/ acción ordinaria de nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-30

Los conflictos de encuadramiento sindical trasuntan una controversia intersindical de derecho en el que necesariamente deben intervenir las asociaciones profesionales en disputa, que gira en torno a la aptitud representativa que emana de sus respectivas personerías. Este tipo de contienda por imperativo legal debe ser resuelta de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 59 de la ley 23.551, que requiere agotar la vía asociacional y cuya revisión judicial queda sujeta a la competencia exclusiva de la Cámara. Dado que la entidad reclamante no planteó la disputa, en cuanto a la representatividad de los trabajadores de las dos empresas mencionadas en autos, en los términos precedentemente expuestos, sino que interpuso una acción de nulidad con relación a una resolución dictada en el marco de un conflicto en el que no fue parte, corresponde desestimar lo pretendido (conf. Dictamen FG N° 46.948 del 23/9/2008, Dr. Álvarez).
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, responsabilidad contractual del Estado, responsabilidad extracontractual del Estado, licitación pública
Materia: COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GARLOMAR  S.R.L. c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ACCION SOCIAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

El deber del Estado de resarcir el daño causado juega, tanto cuanto media incumplimiento, por causa imputable a él, de las obligaciones específicas que el contrato pone a cargo de la Administración, como cuando la ecuación o equilibrio económico financiero del contrato sufre alteración por el "hecho del príncipe". En función de la evolución operada en el tema de la responsabilidad del Estado se ha llegado a admitirla tanto en la esfera contractual cuanto en la extracontractual, en el ámbito del derecho público o del privado e inclusive con referencia a ciertos actos lícitos, aunque éstos provinieren de su actividad legislativa.

En autos, el Estado está obligado a enjugar los daños que hubiere causado, sobre todo atendiendo a que cabe atribuir carácter culposo a su incumplimiento ya que el organismo licitante procedió con ligereza al estimar en aproximadamente 200 las personas que consumirían las raciones e indujo a equivocación a los oferentes que resultaron adjudicatarios de la concesión.
Recurso de casación, sentencia arbitraria, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, salario básico, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: CARRIZO JORGE ANTONIO Y OTROS c/ VAZQUEZ JULIO Y/O PROP. s/ DIFERENCIAS DE HABERES, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-24

Los agravios sustentados en la doctrina de la arbitrariedad, suscitan cuestión suficiente para su consideración por la vía casatoria, toda vez que, con menoscabo de garantías de raigambre constitucional, la decisión impugnada traduce una comprensión inadecuada de las circunstancias especiales del caso, lo que conduce a producir efectos distorsivos de la ley, que se proyectan en la determinación del salario, privando de real significado económico al crédito de los actores. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Alimentos, cónyuge inocente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TOSO ARMANDO c/ BERON EVA IRIS s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-12-12

La conclusión arribada en la sentencia,en cuanto a que resulta conducta contradictoria de la recurrente al plantear que la separación se produce ante Defensoría para neutralizar la causal de adulterio puesto que si se conviene que la separación ante dicho organismo,se realiza de común acuerdo es obvio que la esposa no ha hecho abandono voluntario y malicioso del hogar conyugal;también en cuanto considera que no desvirtuadas las pruebas fehacientes que produce la reconviniente y que la a-quo considera relevante para acoger su pretensión queda ausente de fundamento jurídico la crítica respecto a la fijación de una cuota alimentaria a favor de la cónyuge inocente,dispuesta en función del artículo 207 del Código Civil y de las costas impuestas en virtud del principio rector del artículo 65 del Código procesal Civil y Comercial.
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis, transacción, menores
Materia: PROCESAL
Carátula: VEIGA, Silvia Haydée c/ FORCONI, Dora Elsa y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-18

La naturaleza misma del pacto de cuota litis no se compatibiliza con el estado procesal de actuaciones en las que se ha homologado un convenio transaccional en favor de un menor de edad.

Es que, en tal estadio procesal, el reconocimiento de la prestación que el convenio estipula respecto del profesional, implicaría una nueva finalidad, pues su concesión no estaría sujeta a una futura alternativa de ganar o perder el juicio, o sea que el profesional deba asumir los gastos causídicos frente a esta última contingencia.

Los convenios de la naturaleza del apuntado sólo tienen sentido estando pendiente la litis, resultando nulos en cuanto al menor se refiere.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cena, Florentino c/ Boneau o Boineau, José María s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ordinario (Expte. CSJ No. 444-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-07-29

La reconstrucción de un expediente judicial atañe a una cuestión procesal insusceptible de consideración por vía del remedio intentado.
Accidente de tránsito, presunción de culpa, riesgo recíproco
Materia: CIVIL
Carátula: CARNIGLIA, LUIS CESAR c/ ETAPSA  S.A. s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-10

En los supuestos de colisión de automotores no se neutralizan las presunciones de riesgo que genera cada una de esas máquinas (art.

1113, parág. 2, sup. 2 del Código Civil).

Por el contrario si éstas guardan relación de equivalencia, las sobredichas presunciones se mantienen intactas y toca a cada parte que desee hacerlo -o que se crea con derecho de hacerlo- el demostrar las eximentes de responsabilidad que tenga a la mano.

Este es el criterio recientemente propugnado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-
Contratos, fideicomiso, fideicomiso de garantía, finalidad del acto administrativo, juicio ordinario, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: CRIADO, JUAN MANUEL WILSON C/ OPERACIONES MAYORISTAS DE CREDITOS SA Y OTROS S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-10

De la ley 24441: 7 parecen desprenderse varias cuestiones, que merecen ser atendidas: i) el fiduciario tiene la obligación de rendir cuentas, por su calidad de mandatario a título de confianza y por la transmisión de bienes efectuada por el fiduciante; ii) la rendición de cuentas la puede pedir el beneficiario (por su propia calidad), pero también el fiduciante (por haber sido quien encomendó la administración; gestión y mandato) y en caso de existir, por el fideicomisario (en función de su derecho en expectativa al remanente de bienes); iii) todo fiduciario debe llevar una contabilidad regular sobre cada fideicomiso que administre; iv) la periodicidad máxima de la rendición de cuentas deberá ser anual -legal-, pero nada impide rendiciones en menor plazo -convencional-; v) es prohibida la dispensa de rendir cuentas. Por otro lado, por cuenta debe entenderse la descripción gráfica de los diversos hechos y resultados pecuniarios relativos a una determinada operación. Por su parte, la rendición de cuentas, en general, se refiere a la obligación que contrae quien ha realizado actos por cuenta o en interés de otros y en cuya virtud debe suministrarle un detalle concreto y documentado de las operaciones realizadas, estableciendo eventualmente el saldo acreedor o deudor resultante. En definitiva, la rendición de cuentas constituye la forma legal prevista por nuestro Código de Comercio para acreditar la adecuada gestión de bienes ajenos.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, habeas corpus, coronavirus, pena, prisión domiciliaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALARCON, DIEGO EXEQUIEL c/  s/ DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD ROBO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-03

Corresponde declarar procedente el presente recurso, desde que el Tribunal dispuso la prisión domiciliaria del imputado por el solo hecho de que el interno estaba incluido en la nómina de los grupos de riesgo elaborada por el Servicio Penitenciario provincial en razón de la pandemia por Covid-19, por padecer de una enfermedad preexistente -asma-, sumado a ciertas condiciones del lugar donde se encontraba alojado cumpliendo condena; y se advierte que la Magistrada soslayó en su análisis la ponderación de modo integral de los extremos que la normativa aplicable exige para estos supuestos, cuando dispone que el juez podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria al interno enfermo, cuando la privación de la libertad en al establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 10, inciso a); Ley 24660, artículo 32, inciso a)
Seguro aeronáutico, aeronave en vuelo, averías, siniestro, daño por vicio o riesgo de la cosa, prueba pericial, perito de oficio, perito ingeniero, perito de parte, perito liquidador, dictamen pericial
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: LAWSA S.A c/ SUD AMERICA CIA DE SEGUROS DE VIDA Y PATRIMONIALES S.A s/ SEGURO AERONAUTICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

El perito de oficio, ingeniero aeronáutico e ingeniero mecánico aeronáutico, tras efectuar las consultas que estimó pertinentes, precisó que debíase descartar como causa del hecho fallas de operación o del material, defectos de mantenimiento, desgaste, vicio propio de la cosa, desperfectos funcionales mecánicos o eléctricos, atribuyendo el siniestro a tensiones provocadas por sucesos exteriores a la aeronave: fuerzas aerodinámicas originadas por el viento relativo de la masa de aire y fenómenos meteorológicos y, si bien el dictamen no abundó en especificaciones técnicas sobre el punto, la opinión proviene de un ingeniero en la materia que aportó la peritación luego de realizar diversas consultas. La demandada debió, si juzgaba necesarias mayores precisiones, recabar al perito las explicaciones del caso, como lo autoriza el art. 473 del Código procesal, pero no las pidió y, además, formuló alguna impugnación extemporáneamente y que fue desglosada de los autos, aunque reiteradas en el alegato. Así las cosas, el tribunal carece de una exposición técnica que demuestre que el dictamen adolece de inexactitudes por haber prescindido de ponderar determinados aspectos propios de la estructura de la aeronave, de manera que no hay razón para apartarse de sus conclusiones (art. 386 y 477 del Código de forma). El informe, en el que se apoya la recurrente no proviene de un "consultor técnico" sino que es la opinión de un verificador designado -antes del presente juicio- por la compañía de seguros; informe que dista mucho de ser "exhaustivo" y de poseer "solidos fundamentos", toda vez que -en definitiva- se reduce a afirmar que la avería no revela indicios de que haya sido causado por hecho accidental, sino que resulta de vicio propio de la cosa, es decir, tratase de la formulación de un juicio que no da razón técnica alguna que le otorgue sustento. Mas aun; en el "informe preliminar" quien lo suscribe -que no parece tener titulo universitario como el que posee el perito designado de oficio- plantea una serie de supuestas hipótesis sobre la causa del daño (falla espontanea, producto de vicio propio, montaje inadecuado del parabrisas, defectos en el funcionamiento del sistema de calefacción), pero no explica los fundamentos en que apoya esa opinión, como no sea la mera aserción de que "las averías no revelan indicio alguno de que hayan sido causadas por un hecho accidental". Cabe agregar que configurando la prueba pericial el medio idóneo para definir el punto en discusión, la informativa no puede -como regla- prevalecer sobre ella ni suplirla.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, falta de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: E. M.  c/ C. D. B. A. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2022-12-12

La relación de trabajo invocada no ha sido acreditada a lo largo del proceso. No hay una sola prueba en ese sentido más allá de las propias manifestaciones del actor. Existe una orfandad probatoria absoluta en esa dirección. Va de suyo entonces, que la demanda no puede prosperar ya que no se acreditó un presupuesto esencial como lo es la efectiva prestación de tareas en el lugar señalado en la demanda y a órdenes de la emplazada. Por último, no puedo dejar de señalar que de las publicaciones que el propio actor hiciera en sus cuentas de las redes sociales surge que en el período que dice haber trabajado para la demandada publicó en su perfil de las redes referenciadas que se había desempeñado (en el mismo lapso) como técnico de servicios en otras empresas.
Extravío del cheque, juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: U., A.M. c/ G., A.G. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-24

Si bien el art. 5 de la ley 24.452 legitima el rechazo de cheques por el girado ante la denuncia de su extravío o sustracción, tal circunstancia no constituye impedimento legal al progreso de la ejecución judicial, pues admitir lo contrario sería privar a tales cheques de un efecto propio de los títulos de crédito, cual es su aptitud ejecutiva.

La denuncia de extravío de los cheques ejecutados efectuada en sede penal no obsta al progreso de su ejecución, pues la sentencia dictada en un juicio ejecutivo es revisable, según lo prevé el art. 553 CPCC.
Enfermedad accidente, incapacidad, acción, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA JUAN JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LABOULAYE s/ INDEMNIZACION    -    RECURSO  DE  CASACION  -  ENFERMEDAD  ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-05-12

En casos de enfermedades accidente y habiéndose verificado actuaciones en sede previsional,la mencionada condición queda determinada con el reconocimiento por la junta médica que otorgó a la incapacidad derivada de la patología detectada el carácter definitivo y que sirvió de sustento al acto administrativo por el cual el organismo competente concedió al discapacitado la jubilación definitiva.

El otorgamiento del beneficio previsional en forma "provisoria" con posibilidad de recuperación en un plazo determinado, no hace nacer el derecho a reclamar una indemnización como la pretendida,de conformidad con lo normado por los arts. 8 y 2 ley 9688. Si a ese momento el trabajador no tenía acción, tampoco puede afirmarse que a partir de entonces tuvo conocimiento cierto y preciso de su disminución o mejor, que esta fue "determinada", como lo exige el art. 258 ley 20744; no nació allí el plazo de prescripción, sino sólo cuando se notificó el otorgamiento por el organismo previsional del beneficio en forma "permanente".

En el caso, de acuerdo con el art. 8 ley 9688, no puede comenzar a correr el término prescriptivo, porque la incapacidad determinada al actor no revestía el carácter de"permanente"que la ley pone como condición para que el daño producido sea reparable,en tanto iniciados los trámites de la jubilación, la junta médica asignó una incapacidad de carácter "provisional" por veinticuatro meses, porque se entendió que existía "posibilidad de recuperación en dicho término" y con ese carácter se otorgó el beneficio previsional por el lapso mencionado y conforme con los arts. 16 inc. d, 22 y 25 1ra.

parte ley 5846.