marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, robo, agravantes de la pena, robo con armas, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

Las figuras de agravamiento progresivo del robo, son inequívocamente demostrativas de que el código está cuantificando la intensidad de la intimidación y su efecto vulnerador de las defensas. No se aprecian en cambio, figuras progresivas que fragmenten y diferencien distintas intensidades del peligro para la víctima que todo robo con violencia física hacia las personas contiene en la figura básica. Podría decirse que lo que la ley contempla en estos casos es en realidad la mayor vulneración de las defensas del afectado, y no a distintas intensidades de intimidación, pero ello podría llevarnos a un círculo vicioso de causa-efecto. Si las circunstancias previstas por la ley provocan esa progresiva disminución de las posibilidades de defensa de la víctima, no lo hacen sólo como factores objetivos y externos, ajenos a la voluntad del damnificado, sino que actúan justamente operando sobre esa voluntad y condicionándola. El robo en despoblado -por ejemplo- no produce mayor indefensión solamente porque la lejanía de centros poblados impedirá que llegue a destino cualquier pedido de auxilio, y será improbable que este llegue solo y espontáneamente, sino también -y fundamentalmente- porque la víctima sabe eso, es consciente de la inutilidad de cualquier pedido de auxilio, y es justamente eso lo que la atemoriza e intimida, inclinándola a no intentar actitudes de resistencia. El grado o la intensidad del temor o intimidación, está en directa relación con las posibilidades de defensa, y consecuentemente mayor será la intimidación que sienta la víctima cuanto menor posibilidad de defenderse vea. (Del voto del Dr. Jukic). En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Daño moral, indemnización, denuncia
Materia: LABORAL
Carátula: AGUILERA, Reina beatriz c/ CHERESANSKI DE ZEITUNE, Beatriz Diana s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-05-12

El hecho de que la trabajadora haya sido procesada por la denuncia de un hecho criminal por parte de la empleadora, el que no le ha sido imputado directamente, no puede acarrearle responsabilidad a la denuciante en el orden laboral, atento a que pedir la averiguación de un delito es un derecho del ciudadano cuyo ejercicio, mientras no esté teñido de dolor o proposito de daño, no puede acarrear consecuencias indemnizatorias más allá de las comunes derivadas de la relación contractual.
Recursos, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Gabet, Tamara y otros c/ I.N.S.S.J. Y P. s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-24

El recurso de reposición procede únicamente contra los autos, es decir decisiones que resuelven un incidente o cuestión del proceso que no tiene carácter definitivo, luego si la resolución contra la que se interpone el mencionado recurso es una aclaratoria de sentencia y por tal, forma parte integrante de ella, no es susceptible del recurso de revocatoria (en sent. concordante CCIV, CAP. DIGLL XI - 803 N° 85).
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: G, E Y OTRO s/ PROCESAMIENTO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N° 26-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-17

En el derecho argentino actual constituye una "communis opinio", tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, que las condiciones que debe reunir un acto procesal para comportar secuela del juicio son:

a) ser suscriptos o producidos por aquellos a quienes la ley penal confía el ejercicio de la acción penal y/o la actualización de la pretensión punitiva del Estado y b) ser persecutorios, esto es, estar dirigidos contra una persona determinada con el objeto de actualizar la pretensión punitiva del Estado, mediante la aplicación de la pena prevista para el delito cometido.
Agravio concreto, deudas impositivas, principio de legalidad, evasión
Materia: PENAL
Carátula: Zimmermann, Raúl Alberto s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-14

Debe rechazarse el agravio relativo a la inexistencia de deuda tributaria si ésta, ante la irregularidad de la documentación contable -facturas apócrifas con compradores inexistentes y por montos irreales-, fue comprobada por funcionarios de la DGI y convalidada por el Tribunal Fiscal. No se afecta el principio de legalidad si no está en discusión el pago del IVA sino el de la alícuota del 10,5%, que se omitió mediante el ocultamiento de la realidad haciendo pasar las ventas como aquellas que no requieren su aporte. Sujeto obligado en los términos del art. 1° ley 24.769 es quien, al no atender lo previsto en la Resolución General AFIP 212/98, resultó responsable de la evasión que trató de ocultar con sus maniobras engañosas. La disidencia postuló declarar la prescripción de la acción penal pues, desde el último período fiscal en juego hasta el momento del dictado de la condena recurrida transcurrió el plazo legal sin que, durante dicho lapso, se haya producido el juicio y, en consecuencia, una sentencia de condena.
Pago, pago indebido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tirabasso, Carmen Lucrecia c/ Mirafiori S.R.L. y otros s/ Liquidacion de sociedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-02

Quien ha recibido un pago indebido debe restituir lo percibido (arts. 786 y 788, C.C.).
Recurso de casación, admisibilidad formal
Materia: PROCESAL
Carátula: Lucero, Crsitian Diego y Tolaba, José M. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-07-30

Si el agravio del recurrente tiene por objeto poner de manifiesto, mediante la debida argumentación, una errónea aplicación de la ley sustantiva que se habría producido al calificarse el hecho cometido, postulando que correspondía un encuadre más severo de acuerdo a una figura agravada, el discurso impugnaticio no transita por cuestiones de hecho o de prueba, respetando los límites de la casación como recurso de derecho, o lo que corresponde habilitar la continuidad del trámite del recurso deducido, declarándolo formalmente admisible.
Asociaciones sindicales, competencia, justicia nacional del trabajo, interpretación restrictiva
Materia: LABORAL
Carátula: Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate c/ Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina s/ Ley de Asoc. Sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-22

El art. 62 de la ley 23.551 debe ser interpretado con carácter restrictivo por tratarse de una excepción al principio de doble instancia, debido a que sólo se admite la competencia originaria de la CNAT en los conflictos de encuadramiento sindical en las acciones destinadas a conjurar la mora de la administración (inciso e), y en los recursos previstos para la hipótesis de resolución definitiva emergentes del Ministerio de Trabajo de la Nación o de la organización gremial de grado superior a la que alude el artículo 59 de la ley 23.551 (Del Dictamen FG N° 49.791 del 12/2/2010, Dr. Álvarez, al que adhiere la Sala).
Jubilaciones, haber jubilatorio, cargo
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ESPINDOLA, CARLOS ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 192-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-09-03

Esta Corte -con distinta integración- ha denegado el pedido de algunos jubilados de acceder a un nivel retributivo, teniendo en cuenta simplemente la denominación presupuestaria experimentada en ciertos cargos, cuando no se correspondían con las reales funciones que había cumplido en su momento.
Recusación con causa, idoneidad para la función, falta de idoneidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Corvalán Nanclares Pablo c/ Asosciación Mutural de Suboficiales y Agentes de la Policía de Mendoza s/ Ejecución Convenio (LIBRO: A138 - 008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-14

No es recusable el Juez por la sola circunstancia de denegar recursos, dictar medidas erradas o tener criterio equivocado, si no ha incurrido en nulidad declarada. No pueden aceptarse las causales de recusación, fundadas en vicios procesales o errores de hecho o de derecho, subsanables mediante los recursos previstos por la Ley...los desaciertos en que puedan incurrir los jueces en sus proveídos tienen los remedios recursivos establecidos en la Ley, con la debida garantía, para la defensa de los intereses en juego, y por sí mismos, no pueden provocar el apartamiento del magistrado de la cuasa. La Duda de la idoneidad subjetiva del juzgador, configurada por la pérdida de su condición fundamental de impar cialidad en ralación a los litigantes, asi mismo resulta insuficiente la existencia de criterios de interpretación legal distintos a los adoptados por el Juez recusado o la admisión, o el rechazo de peticiones cuando la decisión del magistrado se funda en derecho.
Indemnización por accidente de trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, inconstitucionalidad, reparación integral, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL
Carátula: SANTOS, ALICIA Y OTROS c/ TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. s/ ACCIDENTE ACCIÓN CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-05

Si bien en el derecho del trabajo es habitual la adopción de sistemas tarifarios, para ser constitucionalmente válidos, las pautas a utilizar deben ser razonables. En el caso de la LRT la mezquindad de las prestaciones dinerarias, inferiores a los sistemas de legislaciones precedentes, no favorece a las víctimas ni a sus derechohabientes. Para más, la limitación que establece el art. 39 de dicha normativa lisa y llanamente cancela el derecho de los damnificados a la reparación del daño así como a su integralidad aún en supuestos de responsabilidad extracontractual, resultando en consecuencia indisimulable la conculcación de las garantías constitucionales. (Del voto del Dr. Capón Filas, en mayoría).
Sentencia arbitraria, sentencia extra petita, sistema previsional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-26

La Cámara no ha resuelto el proceso "extra petita", pues la regularización de la situación previsional de los actores es una de las consecuencias naturales, lógicas, accesorias y necesarias que se derivan de la pretensión de la actora, que consiste en el reconocimiento del carácter de remunerativos de distintos rubros incluidos en la liquidación de su sueldo, así como la reliquidación de haberes devengados y la realización de las correspondientes actualizaciones.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, doctrina legal, adopción, jueces, competencia, competencia de menores, instrumentos públicos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R., M. J. s/ Adopción plena. Conflicto negativo de competencia. La cuestión a   resolver es: ¿Cuál es el concepto de "Menor en situación irregular"   a los fines de atribuir la competencia material al Tribunal   Colegiado de Familia o al juez de menores en orden a una adopción   plena? (-Tribunal pleno-) de Familia o al juez de menores en orden a una adopción   plena? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-11-30

Se fija como doctrina del Tribunal Pleno la siguiente: En los procesos de adopción y a los fines de atribuirse la competencia material entre el Tribunal Colegiado de Juicio Oral y el Juzgado de Menores (artículos 66 inciso 2 y 100, inciso 2.2.6 de la ley 10160), ha de estarse a las siguientes pautas: a) El concepto de "menor en situación irregular" (artículo 100, 2.1. de la ley 10160) es sólo objetivo y debe verificarse al momento de interposición de la demanda. b) No necesariamente es un menor "en situación irregular" el entregado en guarda por escritura pública en vistas a una adopción plena, ya que dicha contingencia no presupone un estado de abandono moral o material padecido por el menor y c) La adopción es un instituto del derecho de familia y por ende en caso de hesitación ha de estarse en pro de la competencia material del Tribunal Colegiado de Juicio Oral pertinente".
Ley convenio, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Trasportes Automotores Chevallier  S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-20

Las leyes-convenio son parte del derecho local, aunque con diversa jerarquía.
Materia: CIVIL
Carátula: GILABERT MARCELO SILVIO c/ C.I.M.S.A Y/O RESPONSABLE S/ COBRO DE PESOS s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-04-24

La prueba de presunciones debe fundarse en hechos reales y probados que revistan el carácter de graves, precisos y concordantes con relación a lo que se desea demostrar.
Jurisdicción y competencia, competencia originaria, competencia de la Corte Suprema, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, interpretación de normas y actos locales, registro de la propiedad inmueble, escritura pública, nulidad del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Alberto CAPURRO c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA  -  COMPETENCIA  ORIGINARIA  DE LA CORTE  SUPREMA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD - NULIDAD DE ACTOS   ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

Es ajena a la competencia originaria de la Corte, la demanda que persigue la nulidad de la inscripción de una escritura pública en el registro de la propiedad de una provincia, máxime si se cuestiona su validez con fundamentos en normas de carácter local (decreto-ley 11 643/63 y decreto 5479/65).
Juicios contra el Estado, ejecución de sentencia, régimen de consolidación de deudas, inembargabilidad de fondos
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, ROLANDO c/ EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA (E.L.M.A. S.A.) s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

La norma del art. 19 de la ley 24.624 ha de ceder, a las previsiones contrarias de la ley 23.982 cuando, como en el presente caso, se han cumplido los plazos y los pasos establecidos en la última norma citada, para la ejecutabilidad del crédito. Ello así, pues el legislador no ha entendido eximir a demandado alguno de la obligación de pago, sino diferir el mismo a una etapa posterior. Tal inteligencia, en modo alguno se contrapone al espíritu de la ley 24.624, de estar a las claras pautas que impone en el art. 20 y concordantes del plexo legal aludido, máxime, cuando no puede siquiera presumirse que haya sido intención del legislador eximir a un ente alcanzado por las normas en cuestión de su obligación de pago, sino simplemente facilitar los medios como para impedir un embargo que, prima facie, debe ser evitado dadas las claras e inequívocas circunstancias que el mismo acarrea, pero que ante las omisiones en que pueden incurrir los deudores, agotados los tiempos impuestos legalmente nada impide recurrir a la vía ejecutiva, único medio que posee el acreedor, para efectivizar en definitiva su acreencia.
Declaración indagatoria, interpelación
Materia: PENAL
Carátula: Angel, Luis Samuel s/ Robo y encubrimiento s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-09-26

La intimación, que es presupuesto de la defensa material, importa que el objeto de la imputación sea puesto en conocimiento de la persona contra la cual se dirige (art. 277 CPP), es decir, informarla de la hipótesis fáctica que se ha planteado como base del proceso. Dicha intimación se compone de la determinación del hecho que se le atribuye al imputado en la investigación y de la determinación de los elementos que fundamentan esa atribución. Exige que al imputado se le exprese qué es lo que como constitutivo del delito se le imputa, se le atribuye haber hecho. (En disidencia: García Osella).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Punta, Raúl O. c/ Ford Motor's Company Argentina s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20

Si la pérdida de confianza alegada para resolver el contrato de trabajo -en tanto la presunción que la sostenía fue abatida con el resultado del juicio penal donde el trabajador fue absuelto o sobreseído definitivamente de los delitos que se le imputaban- no reconoce ningún hecho que justifique el despido, éste deviene injurioso.
Interpretación de la ley, aplicación de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Dr.    Karl  Thomae  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung c/ Instituto     Nacional  de  la  Propiedad  Industrial  y otro s/ denegatoria de patente.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-13

En la interpretación de las leyes debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. Tal propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación, toda vez que ellos no deben prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma (Disidencia de los Dres.

Antonio Boggiano y Guillermo A. F. López).
Fuerzas Armadas, Poder Judicial, personal militar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gabetta, Angel Alberto c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-14

Las cuestiones atinentes al derecho de los militares a ser incluidos en los cuadros de ascensos son irrevisables por los jueces y ellas están reservadas a otras autoridades, en ejercicio de atribuciones privativas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: González, Angel Alberto y otros s/ Robo calificado. Resistencia a la autoridad. Abuso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

Es insuficiente el agravio en el que se afirma la existencia de una pretendida participación secundaria (art. 46, C.P.) sin impugnar -con fundamento legal- la manera en que se acreditó la coautoría del procesado.
Poder de policía municipal, facultades de la Municipalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marun José y otro c/ Nacif Roberto Juan y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

La magnitud que diferencia el uso razonable del local con el desmedido que dispusieron los tomadores del seguro la noche del derrumbe, que sobrepasaba a aquél en más de tres veces, muestra claramente el incremento de la probabilidad del daño, aspecto de especial interés en el ámbito de un contrato de las singularidades del considerado.
Actos jurídicos, validez del acto jurídico, eficacia del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lundbye de Pedersen c/ Suc. Lundbye de Herceg s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

Conforme el art.897 del Código Civil, los hechos se juzgan voluntarios si son ejercitados con discernimiento, intención y libertad. La voluntad imperfecta, incompleta o defectuosa o bien con un vicio de conformación es regulada por las distintas normas que atienden a cada uno de los elementos internos. La falta de alguno de ellos, importa la falta de voluntad en el acto y por ende su comprobación trae necesariamente su nulidad.
Proceso penal, instrucción, prueba testimonial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G., R. O. s/ Amenazas calificadas y daño (Expte. Nro. 1184-98, Resolución Nro. 58, Tomo  7, Folio 306)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-12

El art. 205 del C.P.P. se refiere a la obligatoriedad de la notificación a la defensa de la realización de actos definitivos e irreproductibles. No se equiparan, en modo alguno, a tales actos las testimoniales rendidas durante la instrucción que pueden ser producidas nuevamente en la etapa del juicio, máxime cuando no se advierte, ni se invoca por el agraviado, motivo alguno que haga temer dicha producción. Lo cierto es que no existe norma alguna del Código que establezca la obligación de notificar a la defensa de la realización de tales testimoniales. Nuestra ley no requiere que la asistencia letrada sea previamente comunicada de la decisión que ordena el acto, como tampoco lo dispone con relación al Ministerio Público. Por lo tanto, al no estar prevista en el Código vigente la notificación al defensor como requisito formal previo, al menos en la etapa instructoria -en contra de lo que ocurre con los actos irreproductibles- la falta de ella no puede constituir vicio procesal alguno que conlleve a la nulidad del acto.
Mora, constitución en mora, intimación de pago
Materia: CIVIL
Carátula: COOPERATIVA DE TAMBEROS LTDA c/ RAMOS, AROLDO s/ JUICIO ORDINARIO      EXPTE NRO 5-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-11-27

La intimación de pago efectuada por el acreedor para regularizar su situación morosa respecto del atraso en las cuotas mensuales, basta para constituir en mora al deudor, pues se configura en la especie, uno de aquellos supuestos en los que, aun cuando no se haya probado la convención del plazo, éste surge de la naturaleza y circunstancias de la obligación.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, límites del pronunciamiento, juicio sumario, agente fiscal, Ministerio Público, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CRISOSTOMO, GERONIMO MARIO c/ BUCHLLER, LUIS POR ESTAFA s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-14

La Corte de Justicia ha sostenido que "...En las actuaciones correspondientes al procedimiento sumario, la intervención del Fiscal Correccional que lo dirige tiene la entidad promotora suficiente y, en consecuencia, ante la procedencia de una excepción de las previstas en el art. 353 del C.P.P., no resulta necesario promover la participación del Agente Fiscal en el curso del incidente donde se determina la necesidad de proceder mediante instrucción formal; lo contrario implicaría consagrar un criterio marcadamente burocrático que atentaría contra los fines de celeridad y simplificación que orientan a la reciente reforma procesal.." (CJS N 27949/05, T. 103: 05/12,...".

No fue violada la regla impeditiva de la oficiosidad del juez ( net procedat judex ex officio), cuando la jurisdicción por parte del Sr. Juez de Instrucción Formal no se ejerció de oficio, sino que fue excitada por un órgano estatal distinto, conforme lo previsto por el citado art. 182 del C.P.P. que dispone: "Los funcionarios de la Policía comunicarán inmediatamente al juez competente o Fiscal Correccional que corresponda, de la concreta imputación vinculada a los hechos de delitos que llegaron a su conocimiento. El preventivo deberá contener un sucinto relato de las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución y sus presuntos autores o participes, si los hubiere....."..

Al respecto la Corte de Justicia ha precisado como regla general que: "Las nulidades procesales deben interpretarse restrictivamente reservándoselas como "ultima ratio" frente a la existencia de una efectiva indefensión. Requieren ellas un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adoptan en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, importan un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia." ( Expte. CJS Nº 17.138/99, del 09/04/02, L. 78: 271/278).