Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-25


Salta, 25 de febrero de 2005.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "ATAHUALPA S.R.L. S/ CONCURSO PREVENTIVO (GRANDE) - QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO" (Ex-pte. Nº CJS 26.564/04), y _CONSIDERANDO:

1º) Que, a fs. 208/229, los Dres. Pedro Sánchez, Marcelo Saleme y Pablo Muiños, interponen queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en contra del pronuncia-miento de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, cuya copia se agrega a fs. 204/206.

Según los recurrentes, en su carácter de representantes de la fallida, solicitaron la declaración de la propia quiebra de su mandante, apremiada por el remate de importantes inmuebles de su patrimonio que iba a ser llevado a cabo por la AFIP-DGI, por deudas pos concursales, el que fue suspendido por la concesión de una medida cautelar que acompaña-ba el pedido de quiebra, con lo que han logrado la salvaguarda de los bienes. Sostienen además, que han perseguido la real determinación del pasivo falencial y la posibilidad de continuar con la actividad comercial para mantener incólume el valor de los activos intan-gibles, y han colaborado de manera permanente con la sindicatura.

De este modo, afirman que la gestión efectuada resultó muy beneficiosa para la masa, y se encuentra dentro de la esfera de competencia de la fallida, a quien jamás se le negó legitimación, resultando ilógico lo resuelto en la sentencia regulatoria de sus honora-rios, de hacer cargar con las costas a su mandante y desconocer el derecho de que sus hono-rarios sean incluidos en la regulación practicada a todos los profesionales intervinientes en la quiebra, prevista por el art. 265, inc. 4º de la Ley 24522, efectuada en la resolución de fs. 10640, que fue apelada por su parte.

Expresan que la condena en costas a la fallida, dispuesta en la mencionada regula-ción de honorarios que se les practicó en forma separada (fs. 10784), cuando el "a quo" ya había perdido competencia debido al recurso de apelación que dedujeron contra la resolu-ción antes mencionada -criterio apoyado por el dictamen fiscal de fs. 11638 que la senten-cia de manera arbitraria omite considerar-, torna ilusoria cualquier pretensión de cobro y no puede considerarse retribución ni honorarios.

Señalan que la sentencia de la Cámara, resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto por los Dres. Sánchez y Muiños en contra del auto regulatorio de honorarios de fs. 10640 y confirma el auto regulatorio de honorarios de fs. 10784, y en la posterior sen-tencia aclaratoria, de manera incongruente, también condena en costas al Dr. Saleme, no obstante no considerarlo como apelante. Según sostienen, dicho fallo es arbitrario porque desconoce el derecho de trabajar y obtener una justa retribución, vulnera los derechos de propiedad, de defensa en juicio y del debido proceso, omite aplicar normas regulatorias de honorarios impuestas legalmente, incurre en autocontradicción y en excesivo rigor formal al imponer las costas y contiene graves defectos de motivación.

En tal medida, afirman que la sentencia denegatoria del recurso es arbitraria e in-curre en dogmatismo al soslayar la actividad desplegada en representación de la fallida, con el argumento de que ésta carece de legitimación procesal, sin tener en cuenta las constan-cias del expediente y lo preceptuado en la ley, que supone la intervención del fallido y por ende incluye los honorarios de sus representantes en la misma regulación de los funciona-rios intervinientes. Agregan que se incurre en excesivo rigor formal en la imposición de costas, en autocontradicción al fundamentar que las costas fueron impuestas al Dr. Saleme por la íntima conexidad entre ambos recursos, y que se omite merituar el dictamen del Fis-cal de Cámara.

2º) Que la Cámara denegó el recurso de inconstitucionalidad luego de analizar puntualmente cada una de las cuestiones planteadas por los recurrentes argumentando, esencialmente, que no puede alegarse violación a derecho constitucional alguno, porque en el caso se han regulado los honorarios a los profesionales intervinientes a cargo de la falli-da, por las labores que se han cumplido en su favor, no advirtiéndose que dichas labores hayan beneficiado a la masa.

3º) Que interpuesta en término la presente queja, corresponde verificar si existe en el caso una cuestión constitucional que habilite el remedio intentado. Esta Corte, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema Nacional, ha sostenido, de manera invariable, que el recurso extraordinario, vía impugnaticia especial, está dirigido a un objetivo concreto y restringido: reparar agravios constitucionales, por eso, la existencia de una cuestión federal o constitucional resulta la base misma del recurso (CSJN, Fallos, 148:62; 306:1740; 307:129; esta Corte, Tomo 61:577; 68:657).

Siendo ello así, constituye una carga procesal de los recurrentes demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional (cfr. CSJN, Fallos, 300:443; 301:116, 303:2012; 306:947), extremo que no se satisface con la simple alegación de que el fallo cuestionado lesiona determinadas garantías de la Consti-tución, si el apelante no precisa, ni demuestra en concreto, cómo se ha efectivamente ope-rado tal violación en la sentencia impugnada. La mera reiteración de argumentos vertidos en etapas anteriores y resueltos con suficientes fundamentos de derecho, descarta la tacha de arbitrariedad.

Corresponde puntualizar que los recurrentes no han logrado rebatir los motivos en los cuales la Cámara sustenta la improcedencia de incluir sus honorarios como letrados de la fallida en la regulación de los funcionarios de la quiebra, ni se halla demostrada su argüi-da arbitrariedad. Los impugnantes podrán o no coincidir con el resultado al que arriba el decisorio, mas no se advierte la existencia de vicios graves en el pronunciamiento, consis-tente en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, o carencia absoluta de fun-damentación.

Al respecto, constituye una interpretación posible de la Cámara considerar, en el caso, que los honorarios de los letrados de la fallida no deben ser estimados como gastos de conservación y de justicia, para ser abonados por la masa y con preferencia, porque la cola-boración prestada por ellos a la sindicatura en cuanto a la composición del activo y del pa-sivo se efectuó en virtud de la expresa obligación impuesta por el art. 102 de la ley concur-sal, además de haber actuado los letrados en su propio interés a fin de poder hacer efectivos los honorarios regulados por las tareas llevadas a cabo en el concurso preventivo. También resulta un razonamiento posible del tribunal, haber estimado, de conformidad con las cons-tancias de la causa, que la tarea desarrollada por los recurrentes resultó inoficiosa, pues el pedido de quiebra de Atahualpa fue revocado, manteniéndose el solicitado anteriormente por el acreedor Torzalito S.R.L., desvirtuando el argumento de que la masa de acreedores se benefició con el pedido de quiebra solicitado por los recurrentes, porque se evitó el remate de importantes bienes de la empresa, señalando el tribunal que no obstante ello, de haberse llevado a cabo el remate, su producido debía ingresar a la quiebra, sea ésta pedida por la propia deudora o por un acreedor.

4º) Que cabe subrayar la excepcionalidad de la vía extraordinaria elegida, lo que determina que es inviable cuando se la dirige contra sentencias donde se resuelven cuestio-nes de hecho, prueba o derecho común, como que tampoco resulta procedente en los su-puestos de discrepancia con la valoración, interpretación y conclusiones efectuadas por los jueces de la causa, ya que el recurso de inconstitucionalidad ha sido instituido para atender los casos enumerados por los arts. 153, inc. III-a de la Constitución Provincial y 297 del Código Procesal Civil, o descalificar como actos jurisdiccionales válidos a las sentencias que presenten vicios de tal magnitud que conduzcan a catalogarlas de inconstitucionales, por arbitrarias, en el marco y bajo las estrictas pautas de la doctrina de la arbitrariedad (cf. esta Corte, Tomo 58:1141; 59: 553, 1183; 61:297; 69:765; 72:781, entre otros).

5º) Que como lo ha señalado la Corte Suprema Nacional, la interpretación de la ley de concursos y quiebras no constituye cuestión federal susceptible de llegar a conocimiento de la Corte Suprema por vía del art. 14 de la ley 48, salvo que se desconozca su validez constitucional o se haga primar sobre ella alguna norma local (CSJN, Fallos, 189:307; 319:3135).

En autos, el tribunal "a quo" rechazó el recurso de apelación ordinaria interpuesto, entendiendo que resulta improcedente considerar los honorarios de los recurrentes como acreencia a cargo de la quiebra, por estimar que no se trataban de honorarios referidos a actividades realizadas en servicio de los acreedores, al haber asumido la sindicatura las ta-reas de conservación, administración y liquidación de los bienes, en sustitución de la falli-da, en las actuaciones judiciales relacionadas con los bienes sujetos a desapoderamiento a partir de la declaración de quiebra, a la vez que analizó que sólo representaron a la fallida hasta abril de 2003, por cuanto a partir de allí asesoraron a los ex empleados de Atahualpa S.R.L. (acreedores de la misma) para la continuación de la empresa, con lo cual concluyó confirmando el criterio de la sentencia de primera instancia, sobre la improcedencia de in-cluir los honorarios de los letrados de la fallida dentro de la norma del art. 267 L.C.Q. pero, a su vez, reconocerles el derecho a percibir retribución por las tareas realizadas, a cargo de su mandante, y bajo las previsiones de la ley arancelaria local, de aplicación supletoria.

Tal evaluación era facultad del tribunal, no implicó violación de norma legal algu-na, y su valoración -en virtud de su carácter fáctico y procesal- es materia ajena a la vía extraordinaria.

6º) Que, resta destacar, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a esta Corte en una tercera instancia ordinaria sustituyendo a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que les son propias. Las resoluciones recurridas, para ser cuestiona-bles, deben prescindir inequívocamente de la solución prevista por la ley o adolecer de una manifiesta falta de fundamentación (CSJN, Fallos, 311:2187; esta Corte, Tomo 59:623; 61:71, entre muchos otros); situaciones que, en el caso no se presentan.

7º) Que, a mérito de lo expuesto, corresponde el rechazo de la queja deducida en autos.

Por ello;

_LA CORTE DE JUSTICIA, _RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de queja interpuesto a fs. 208/229 de autos.

II. MANDAR se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas, Edgardo Vicente, María Cristina Garros Martínez, An-tonio Omar Silisque -Jueces de Corte-