marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia civil, simulación, herederos, contenido de la demanda, pronunciamiento inoficioso, donación, acción de reducción
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ascar, María Andrea c/ Ahibe, Rosa Argentina s/ ordinario simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-17

Para que proceda la acción de reducción es necesario establecer previamente si está o no afectada la legítima del heredero, lo cual a su vez impone la obligación correlativa de precisar el quantum, en la forma u modo determinados en el art. 3602 del CC, ya que la acción de reducción tiene como condición sine qua non a aquélla, y en consecuencia depende de la demostración de que el valor de lo donado excedió la porción disponible del donante, esto es, que la legitima se vió disminuida o anulada. Las normas ínsitas en los arts. 1931 y 3536 del CC, obligan a conocer previamente el monto de la legitima para establecer si la donación la afecta total o parcialmente. No existiendo dichos requisitos, falta el interés legítimo para obrar, fundamento y medida de toda acción judicial.
Municipalidad, autonomía municipal, Estado Provincial, facultades del gobierno provincial, facultades no delegadas
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ponce,  Carlos  Alberto c/ San  Luis,  Provincia  de s/ acción declarativa de certeza.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

La facultad provincial no delegada de regular las instituciones locales y regirse por ellas -en lo que al órgano encargado de convocar al acto eleccionario municipal se refiere- no se ha agotado en un único ejercicio que vede su ulterior modificación o reforma, más allá de que el posterior estatuto en cuanto a su contenido sea o no compatible con la previsión del art. 5 de la Constitución Nacional, sin que en este aspecto, se advierta la existencia de violación de la autonomía municipal (Disidencia parcial del Dr. Carlos S. Fayt).
Acción de amparo, Colegio Público de Abogados, libertad de circulación, medidas cautelares, emergencia sanitaria, coronavirus, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, omisión de pronunciamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ E.N. y otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-13

Dadas las características inusuales de la situación provocada a raíz de la pandemia, la repercusión social e institucional que ésta tiene y, en especial, el rol que en relación a la autorización de nuevas actividades le ha sido normativamente conferido al gobierno local en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, cabe exigir al GCBA que brinde formal respuesta al pedido formulado en tal sentido por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por cuanto en virtud de la normativa, la potestad para solicitar la aprobación de la autorización al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, le ha sido reconocida en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Jefe del Gobierno local, de modo que la simple ausencia de tratamiento por su parte obsta de por sí, sea procedente o no, a la obtención de aquélla exención.
Jubilaciones, liquidación judicial, actualización monetaria, impugnación de la liquidación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DADEA, ANA MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- IMPUGNACIO  N DE LIQUIDACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 399 AÑO 1987)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-30

Resulta improcedente la pretensión de apartarse del sistema de actualización legal por medio de coeficientes, introducida mediante la impugnación de la liquidación. En el caso, los cálculos efectuados por la actora en la impugnación no están dirigidos a rectificar la liquidación, sino - fundamentalmente- a reemplazar el sistema de actualización mediante coeficientes, por otro sistema consistente en la determinación de un nuevo haber base cada vez que se incrementen los sueldos de los activos, mediante la aplicación directa y constante del 82 % sobre dichos sueldos.
Regulación de honorarios, monto del juicio, base regulatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: E.F.O.I. S.A. c/ Provincia de Formosa s/ Acción Administrativa Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-02-29

El régimen de regulación de honorarios de la Provincia considera monto del proceso la suma que resultare de la SENTENCIA o transacción y establece también que cuando el honorario debiera regularse sin que se hubiera dictado SENTENCIA ni sobrevenido transacción, se considerará monto del proceso la mitad de la suma reclamada en la demanda y reconvención, cuando ésta se hubiera deducido, pero nada dice sobre la forma de determinar el monto del proceso en caso de rechazarse la demanda, no habiéndose deducido reconvención.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, accidente de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Colombo, J. Luis c/ Giusti, Luis Eduardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

Establecer si en un accidente de tránsito ha existido "culpa" del demandado o de la víctima y si existió o no preferencia de paso, es facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y su conclusión está exenta de revisión por vía de casación, salvo el supuesto excepcional de haberse alegado y puesto de manifiesto que se ha incurrido en absurdo en la valoración de la prueba.
Indemnización por despido, ley de empleo, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: COPPOLA, CARLOS c/ GEJINSA ARGENTINA SA Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-11

El nuevo régimen indemnizatorio previsto para aquellas contrataciones efectuadas con posterioridad a octubre de 1998 no puede, en términos generales descalificarse por insuficiente, cuando se sustenta en similares parámetros a los considerados en la totalidad de los sistemas que le precedieran (salario y antigüedad). Por otra parte no existe una norma legal que prohiba al legislador la consagración de nuevos métodos para determinar indemnizaciones tarifadas, como provenientes del despido arbitrario, ni modificar las ya existentes o crear topes reparatorios, mientras que su aplicación no sea en forma retroactiva.
Juicio ejecutivo, aplicación de la ley, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, caducidad de instancia
Materia: LABORAL
Carátula: ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL c/ SAVONE SA s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

Tratándose de un proceso ejecutivo ( se pretendía percibir compulsivamente créditos derivados de normas de la seguridad social), regulado por las disposiciones del CPCCN (arts 604 y 605), resultan aplicables los arts 310 y siguientes del cuerpo legal mencionado. En tal caso, no puede sostenerse válidamente que se haya aplicado una institución ajena a la letra y el espíritu de la ley 18.345.
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, impugnación del acto administrativo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en FLEETMAR SA y otros contra GCBA y otros sobre impugnación de actos administrativos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-26

Corresponde rechazar la queja toda vez que la resolución que en última instancia se ataca, al rechazar la excepción de cosa juzgada, no es la definitiva a la que se refiere el artículo 26 de la ley n° 402. Ello así, porque no pone fin al pleito sino, por el contrario, ordena su continuación. Por otra parte, tampoco el recurrente acreditó la existencia de un gravamen de imposible reparación ulterior. En efecto, no es cierto lo sostenido por el recurrente en cuanto a que no podría ser discutida la cuestión en una ulterior instancia, dado que los agravios contra el rechazo de la excepción de cosa juzgada respecto de la prescripción de los anticipos que habría sido resuelto en el juicio de ejecución fiscal, pueden ser replanteados al momento de cuestionar la sentencia definitiva, eventualmente, si esta le resulta desfavorable. (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Acción de amparo, medidas cautelares, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Espósito  de  Ríos  Inés  P. c/ Obra Social del Poder Judicial s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-01-10

En atención a que en el memorial se solicita, además de la revocación de la resolución, el dictado de la medida cautelar impetrada, el Tribunal se pronunciará sobre esa pretensión pues se trata de una cuestión para que se halla implícitamente habilitado (arg. art. 278 del Código Procesal), sin que ello afecte la garantía de la defensa en juicio en la medida en que es Alzada revisora de la primera instancia (cfr. Sala III, doctr. causa 6601/02 del 12/9/02 y Sala I, doctr. causa 2945/01 del 3/7/01). Las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar bienes o mantener situaciones de hecho para la seguridad de personas o la satisfacción de necesidades urgentes, como un anticipo, que puede o no ser definitivo, de la garantía jurisdiccional de la defensa de la persona y de los bienes, y para hacer eficaces las sentencias de los jueces (cfr. Sala I, causas 289/94 del 10.2.94, 39.380/95 del 19.3.96, 35.653/95 del 29.4.97 y 43.716/95 del 16.4.98). La fundabilidad de la pretensión cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino del análisis de su mera probabilidad acerca de la existencia del derecho invocado (cfr. Sala I, causa 6655 del 7.5.99, entre otras). Ello permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio concluyente y categórico de las distintas circunstancias de la relación jurídica involucrada (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 314:711), mediante una limitada y razonable aproximación al tema de fondo, concorde con el estrecho marco de conocimiento y la finalidad provisional que son propios de las medidas cautelares (cfr. Sala I, causa 9643/2001 del 14.12.01; Sala II, causas 19.392/95 del 30.5.95, 53.558/95 del 7.12.95 y 1555/98 del 22.10.98).
Derechos del consumidor, reclamo administrativo previo
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, César Matías Nicolas c/ Telecom Argentina S.A. y Arnet s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2014-08-08

La ley 24.240 se encarga de remarcar que la vía judicial es una alternativa siempre vigente para el consumidor, es que, no podría de ser de otra manera, toda vez que lo contrario importaría tanto como convalidar la renuncia a derechos constitucionales colocando al usuario en una situación de clara desventaja frente a cualquier ciudadano que, frente a un hecho similar, tiene a su alcance las acciones civiles contractuales y/o extracontractuales emergentes de las obligaciones que considere vulneradas.
Daños y perjuicios, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: PALANA Elsie c/ Godoy Maria Rosa s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-11-28

En el caso no cabe hacer responsable a la demandada por la pérdida de la chance reclamada. En efecto, si tenemos en cuenta que de acuerdo con lo informado por el Registro General Inmobiliario en abril de 2002 se transfirió por venta la unidad funcional de la actora, es claro que habiendo cambiado de tal forma las condiciones, la actora debió acreditar que luego de vender el inmueble se encontraba en situación de lograr un beneficio o una ganancia con un bien que había dejado de pertenecerle y que tenía un nuevo titular de dominio, esto es con un bien que era ajeno, lo que no hizo, no pudiendo por tanto sostenerse que se frustró una chance de alquilarlo luego del vencimiento del contrato de alquiler ocurrido en febrero de 2002.
Caducidad de instancia, reconvención
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRINCA SA c/ COTO CICSA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-21

El cpr: 318, en su segundo parrafo establece que la caducidad de la instancia principal comprende la reconvención. Esta solución es consecuencia de la indivisibilidad de la instancia. Así, la caducidad de la instancia arrastra la caducidad de la reconvención por lo que el demandado reconviniente se encuentra facultado a pedirla, aunque con ello extinga su propia acción. En este contexto, el cciv: 3987 expresamente establece que la interrupción de la prescripción causada por la demanda queda sin efecto al caducar la instancia que con ella se abre. Ello pues, la caducidad es supuesto equiparado por esa norma al desistimiento de la instancia, en el sentido de que su efecto es el de tener por no acaecida la interrupción de la prescripción producida por la demanda. Por tanto, el principio y regla fundamental al respecto es que la prescripción no corre mientras se mantiene abierta la instancia judicial y el efecto interruptivo de la gestión judicial se prolonga indefinidamente, sine die, todo el tiempo que dura el proceso, cualquiera sea el tiempo durante el cual haya estado paralizado el juicio y mientras no se declare la caducidad o la perención. Pero una vez declarada la caducidad de la instancia queda sin efecto la interrupción de prescripción que empezó al abrirse dicha instancia (cfr. rezzonico, Luis Maria, "estudio de las obligaciones en nuestro derecho civil", v. 2, p. 1146-7). Por ello, del juego armónico de las normas referidas se extrae que no puede tomarse a la reconvención opuesta en los autos perimidos como acto interruptivo del plazo de prescripción, ni a las actuaciones allí realizadas como suspensivas de dicho trámite.
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., H. F. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Homicidio  culposo (Expte.: C.S.J. Nro. 193 Año 2001
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-27

A fin de habilitar la instancia extraordinaria, la gravedad institucional requiere que el conflicto exceda el marco del interés meramente individual para afectar el de la comunidad, circunstancia que el recurrente debe demostrar configurada en la especie. (De la Disidencia del Dr. Spuler)
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, traslado, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alfirevic, Juanita Nélidas c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 666 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

Es improcedente el recurso contencioso administrativo desde que no se verifica en el caso un cambio de funciones substancialmente diverso a las que venía cumpliendo la actora, ni se han desconocido sus específicas capacidades técnicas, ni su nivel escalafonario o la inamovilidad en la residencia; tampoco, al momento de disponerse el traslado, se le ocasionó un perjuicio económico. Ello por cuanto el adicional "fondo estímulo", pretendido recién comenzó a devengarse para el personal con desempeño en la Dirección de Vivienda y Urbanismo casi dos años después de decidido el traslado cuya ilegitimidad se pretende; por lo que mal podría haber configurado un perjuicio económico susceptible de incidir en aquella época sobre la validez de la medida.
Jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio, leyes, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GRAFFIGNA, DOMINGO ALFONSO c/ PRONVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 268-82 BARRAGUIRRE, DIONISIO LUJAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 52-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-10-30|1987-11-18

El agravio del recurrente, referente a la inconstitucionalidad de la ley 8233 no puede tener favorable acogida, ya que dicha norma en sí misma no resulta inconstitucional, pues de haber optado el órgano competente por otras alternativas en ella contenidas, la violación de la movilidad no se hubiera producido.

En el caso, de haberse fijado el haber en 15 veces el de la jubilación ordinaria mínima (posibilidad máxima), hubieran resultado porcentajes que en todos los casos hubieran superado el 82%, y en algunos casos hubiera significado un porcentaje mayor al 90,33% que percibía el actor, sin objeción, hasta el dictado de los decretos aquí cuestionados.
Competencia federal, delitos federales, delitos comunes, competencia por conexidad, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CHECHIN, ENRIQUE ANTONIO s/ DENUNCIA POR ESTAFA BIGOLIO, GUILLERMO s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-10|1989-03-22

La mera conexidad existente entre delitos comunes y otros cuyo juzgamiento corresponde al fuero federal, no basta para atribuir a éste el conocimiento de infracciones que por razón de la materia o de las personas son ajenas a su competencia, ello así en tanto no sea manifiesta la conveniencia de juzgar en conjunto los delitos a que se refiere el sumario - violación de correspondencia y defraudación mediante los cheques así sustraídos - ya que la división de continencia de la causa conspira contra el principio de economía procesal.
Recibo, enmiendas
Materia: LABORAL
Carátula: Guy Luis Eduardo c/ Katich Juan Antonio s/ Cobro de Pesos (Salarios adeudados y Otros)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-08-29

En el caso la prueba rendida es escasa y no alcanza a enervar la capacidad probatoria del recibo; así como la pericia caligráfica no arrojó ningún resultado a favor de la postura del actor, tampoco incide mayormente que el recibo cuestionado se corresponda con un modelo diferente a los utilizados habitualmente por el demandado, ya que éste pudo utilizar cualquiera si se compadece con las exigencias que impone el art. 140 de la L.C.T. La tachadura debió haber sido salvada al final, pero por sí sola no autoriza la descalificación del documento pero con la negativa a exhibir la documentación laboral requerida, implican presunción desfavorable en contra del demandado.
Principios procesales, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: RUIZ DIAZ, ROGELIO VICENTE s/ ABUSO    DESHONESTO-TESTIGO   UNICO-'PRINCIPIO  IN  DUBBIO  PRO  REO'
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-11-07

Para que proceda la aplicación del principio "in dubbio pro reo" la duda beneficiante tiene que aparecer como la conclusión razonable del examen crítico de la prueba.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Homar, Guillermo David y otro c/ Perujo, Juan Abelardo y otro s/ Despido y salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-19

Corresponde admitir el recurso extraordinario de nulidad y dejar sin efecto el fallo que no consideró, ni aún implícitamente, una cuestión esencial.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, cónyuge inocente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sanchis Muñoz, José Ramón c/ Chocarro de Sanchis Muñoz, María Bertha. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que obvió toda fundamentación, limitándose a una nueva remisión al fallo de primera instancia, sin efectuar un examen, siquiera mínimo, de los agravios del recurrente en su memorial, dirigidos a cuestionar la declaración de inocencia de la cónyuge que había efectuado el tribunal inferior.
Prescripción de la acción penal, delitos de mayor gravedad, querellante, elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: Chammah, Sergio Mauricio y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-02

En el caso de autos, el a quo aplicó la nueva ley 25.990 y declaró la prescripción de la acción penal respecto de los imputados tomando como base la figura de insolvencia fraudulenta -art. 179, segundo párrafo del C.P.-, calificación legal escogida por el Ministerio Público Fiscal al requerir la elevación de la causa juicio, cuya pena máxima es de tres años de prisión. Sin embargo, en la resolución puesta en crisis no se consideró que la parte querellante en aquella oportunidad -art. 346 C.P.P.N.- y al ofrecer prueba de conformidad con lo dispuesto en el art. 354 del mismo cuerpo legal, entendió que la significación jurídica que corresponde darle a los hechos es la de defraudación, insolvencia fraudulenta y falsedad ideológica de documentos públicos -arts. 172, 173 incs. 7° y 11°, 179, 292, 300 y 301 C.P.-, cuya pena mayor asciende a los seis años de prisión. Si la parte querellante se encuentra legitimada para acusar y recurrir autónomamente en el juicio oral, se extrae como lógica consecuencia que también se halla habilitada para proponer una calificación de los hechos diferente a la escogida por la fiscalía al requerir la elevación de la causa a juicio.

(Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell).
Acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Thomann, Federico F. y otros c/ Municipalidad de Alte. Brown s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-07

Si la vigencia plena del principio de legalidad es erigida en pilar del Estado de derecho, resulta claro que toda hermenéutica que conspire contra la adecuación de la Administración a la ley ha de ser forzosamente disvaliosa. Por ello, limitar el acceso a la jurisdicción bajo el pretexto de inexistencia de los derechos subjetivos, mediante la invocación de precedentes jurisprudenciales -sin duda muy respetables- resultaría que diversas ilegalidades administrativas podrían quedar sin sanción, pese al perjuicio particularizado que originan al administrado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Actualización monetaria, índices de actualización, realidad económica
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Melgarejo, Roberto René c/ Chacar, Alberto César y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

El empleo de los índices oficiales sólo constituye un arbitrio tendiente a obtener un resultado que pondere objetivamente, en la mejor medida posible, una realidad económica. Empero, cuando el resultado al que se llega se vuelve objetivamente injusto, aquellos índices deben dejarse de lado en tanto dicha realidad debe prevalecer sobre abstractas fórmulas matemáticas.
Improcedencia del recurso, regulación de honorarios, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Tissera, Lionel Eduardo y Justo Luis Tissera - sociedad de hecho - quiebra - incidente de determinación de daños promovido por la síndico Dra. Graciela Cesar de Martinez c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2017-03-21

Cabe rechazar el recurso de apelación interpuesto por el letrado, y, en consecuencia, confirmar en todo cuanto ha sido materia de agravio el auto interlocutorio, pues va de suyo que de las condiciones procesales que dan cuenta el incidente no es semánticamente correcto hablar de costas por su orden en el caso de los estipendios del recurrente, por cuanto ni el mencionado letrado ni sus clientes ha tenido participación como parte y el concepto que gira en torno a costas por su orden, supone la carga de soportar estos accesorios sólo para quienes han sido "parte" de la causa, por tal razón y estando vedado en el caso el concepto estricto de costas, no existe otro artículo legal que la locación de servicios que media entre el cliente y su abogado para responsabilizar del pago de los emolumentos que le corresponde a este último, lo que es receptado por la ley arancelaria en cuanto incluye como obligados al pago de estos estipendios a los comitentes.