Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-02-25


SCOPONI, Rubén contra BERLOCCHI, Sergio Reg.: A y S t 195 p 52-56. Santa Fe, 25 de febrero del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra las resoluciones 149 y 48 dictadas en fecha 31 de mayo de 2002 por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de la ciudad de Rosario en autos "SCOPONI, Rubén contra BERLOCCHI, Sergio -Daños y Perjuicios- (Expte. 52/02)" (Expte. C.S.J. nro. 247, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de autos, que contra la resolución nro. 179 de fecha 24 de mayo de 2001 dictada por el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual n 6 de Rosario, -que, a su turno rechazó la demanda de daños y perjuicios incoada contra Sergio Berlocchi y otros- interpuso la actora recurso de apelación extraordinaria, el que fue concedido por la causal prevista en el inciso 4 del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y rechazado por las restantes causales enunciadas (inc. 2 y 3, art. 42, ley 10160). La Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, mediante resolución nro. 48 de fecha 31 de mayo de 2002 declaró inadmisible el remedio intentado -por la causal por la que había sido concedido (art. 42, inc. 4, L.O.P.J.)-, y por resolución nro. 149 de la misma fecha, rechazó el recurso directo interpuesto oportunamente por las causales restantes.

Contra dichos pronunciamientos interpuso la actora perdidosa su recurso de inconstitucionalidad, tachándolos de arbitrarios, como así también lesivos de derechos y garantías de raigambre constitucional.

En la pieza recursiva, enderezó su impugnación dirigiendo sus reproches contra ambos acuerdos, con fundamento en que las causales de arbitrariedad y violación de derechos constitucionales postuladas resultarían idénticas y relacionadas entre sí al tratarse de la misma cuestión en expedientes acumulados.

Invocó los siguientes vicios descalificantes: a) omisión de una cuestión decisiva para la solución del litigio, b) conclusión en base a prueba inexistente, c) tratamiento desigual y d) autocontradicción.

Bajo el primero de los acápites, señaló que la Sala -al igual que el Tribunal Colegiado- aceptó hacer el análisis del hecho al momento de la colisión con total abstracción de los momentos previos que -a su entender - fueron determinantes para producir el accidente, marginando así elementos probatorios decisivos como lo fueron la velocidad excesiva que venía desarrollando el colectivo y la actitud temeraria de su conductor al emprender el cruce. Así dijo, que los Sentenciantes admitieron sin más la premisa sobre la cual se sustentó el pronunciamiento del Tribunal Colegiado cual fue considerar que por la diferencia de porte de los vehículos y la posición final de ellos al momento de la colisión, el ómnibus no desarrollaba gran velocidad, y que por otra parte las huellas de frenada verificadas evidenciaban que comenzó la maniobra bastante antes de llegar a la intersección.

Continuó diciendo que si la Sala hubiera observado que en la pericia técnica se explicó que el colectivo iba como mínimo a 50 km/h, que la velocidad de 20,22 km/h fue determinada al momento del impacto, y que dejó una huella de bloque de unos siete metros, hubiera aceptado con toda seguridad -en un juicio de razonabilidad- que el colectivo, de haber circulado a velocidad reglamentaria, al frenar, hubiera podido detener su unidad sin producir la colisión.

En ese orden de ideas achacó a la Sala haber fallado en base a una afirmación dogmática, arribando a una "conclusión absurda" al justificar al demandado por haber realizado una maniobra de emergencia, sin considerar que la conducta del chofer del ómnibus configuró un comportamiento absolutamente idóneo para producir el daño por el cual se reclama, y cuya génesis debía evaluarse en la actitud previa del chofer, que se originó cuando circulando por la cuadra a velocidad superior a la exigida, no alcanzó ni con una maniobra de frenado y con suficiente tiempo y espacio, evitar la embestida.

Por otra parte, indicó que la sentencia impugnada conculcó la igualdad de las partes en el proceso, al dar un tratamiento diferente al conductor del automóvil respecto del chofer del micro, presumiendo una velocidad previa superior por parte del actor en base a prueba inexistente, puesto que no existieron de su parte huellas de frenada previas al impacto.

Expresó, además que al resolver la admisibilidad de la impugnación, el Tribunal soslayó estos "hechos relevantes", pese a realizar una interpretación semántica del término, y se limitó a tener por acreditada la culpa de la víctima, dejando de lado la prueba de la conducta infractora del colectivero.

Por último reputó de autocontradictorio el razonamiento de los Sentenciantes, entendiendo que "...si el A quo hubiera fallado el caso ajustándose estrictamente a la doctrina aquí cuestionada, le hubiera bastado verificar el que ómnibus a quien le asistía la prioridad, no desarrollaba una velocidad antirreglamentaria...", por lo que -dijo- sostener que un vehículo que circula a 50 km/h y está arribando a un cruce de arterias no debe frenar locamente para detener la marcha, implica incurrir en franca autocontradicción.

2. Por auto nro. 249 de fecha 21 de agosto de 2002, la Sala denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad en el entendimiento que las causales de arbitrariedad invocadas por el recurrente giraron en torno a la velocidad desplegada por el ómnibus - tema que no fue materia de juzgamiento por parte del Tribunal en el análisis de admisibilidad del recurso-; y que los fundamentos esgrimidos al resolver la apelación extraordinaria concedida por el Tribunal Colegiado y la presentación directa de la quejosa, no fueron objeto de reproche en el memorial en examen, ya que ese juicio de admisibilidad no fue ni mínimamente cuestionado por la recurrente (fs. 38/40).

Ante tal denegatoria, la perdidosa ocurrió en forma directa ante esta sede (fs.43/52).

3. En primer término es menester reducir el planteo recursivo a su ámbito preciso.

Desde luego, a los fines del análisis de admisibilidad que compete efectuar a esta Corte, el objeto recursorio lo constituyen los decisorios de la Alzada, por lo que las tachas esgrimidas por el impugnante contra el fallo inferior, han de ponderarse al sólo efecto de juzgar si el pronunciamiento de la Sala que -en el marco de la apelación extraordinaria- no las consideó idóneas para lograr la apertura de la instancia, es inconstitucional a la luz de la ley 7055.

En la presente queja la recurrente formula su planteo recursivo con la previa aclaración de que las tachas de arbitrariedad que invoca las esgrime en forma conjunta contra el pronunciamiento denegatorio del recurso directo y contra aquél que declaró inadmible la apelación extraordinaria concedida oportunamente por el Tribunal Colegiado, puesto que -a su entender- ambos padecían de idénticos vicios descalificantes por tratarse de una única cuestión propuesta en expedientes acumulados.

Sin embargo, la verificación de la arbitrariedad que endilga a la Sala, exige insoslayablemente formular una distinción en orden a los fundamentos otorgados por los Sentenciantes al juzgar sobre la admisibilidad de la causal prevista en el inc. 4, art. 42, ley 10160, y aquellos brindados en sustento del rechazo de la queja.

En efecto, al resolver acerca del recurso de apelación extraordinaria por la causal concedida por el Tribunal Colegiado, el A quo, principió su razonamiento indicando que el calificativo de "relevante" con que la norma (art. 42, inc. 4, L.O.P.J.) describe el "apartamiento que a idéntica cuestión de derecho haya dado una Sala de la Cámara de Apelación de la respectiva Circunscripción Judicial", apunta a la "decisividad" que tal apartamiento ha tenido en la suerte de la causa. Sobre esta base, indicó que "...contratriamente a lo sostenido por el Tribunal Colegiado, de los fundamentos vertidos en la sentencia impugnada, no surge que la 'prioridad de paso' que asistía al colectivo haya revestido tal decisividad, pues, (...) tal extremo fue uno de los ponderados para tener acreditada la culpa de la víctima...", a lo que agregó que "... el Tribunal también ponderó la conducta del automovilista quien no obstante ver el ómnibus (...), inició temerariamente el cruce con obvia impericia en el manejo de su rodado; y por otro lado, el A quo también tuvo en cuenta que, quien tenía la prioridad de paso, frenó a los efectos de evitar la colisión..." (fs. 8/8v.).

Valorando estos extremos, la Sala concluyó que la decisión a la que habían arribado los Sentenciantes de grado no se habría visto modificada por la aplicación de la tesis según la cual la prioridad de paso solamente juega cuando ambos automotores llegan a la bocacalle en forma simultánea (criterio sustentado por dicho órgano in re "Pedemonte"), pues en el caso habían mediado otras circunstancias de hecho -irrevisables por la Alzada- que hubieran conducido a igual resultado. Frente a dicha respuesta jurisdiccional, la quejosa no se hace cargo del alcance dado por el Tribunal a quo a aquella expresión "apartamiento relevante" a fin de demostrar que de no existir tal apartamiento del criterio fijado respecto de la prioridad de paso, la solución hubiera implicado un resultado distinto al que arribaran los Sentenciantes. Por el contrario, la impugnante pretende descalificarla aduciendo circunstancias fácticas -excesiva velocidad del colectivo y temeraria actitud del su conductor al emprender el cruce- que sólo dejan traslucir su disconformidad con el resultado del pleito, pero que en modo alguno logran acreditar que en dicha tarea la Sala -más allá de su acierto o error- hubiera arribado a una conclusión absurda o irracional o excedido el marco de sus atribuciones de modo que el pronunciamiento merezca reproche constitucional que lo invalide como acto judicial.

Por otra parte, entrando al análisis de los reproches que la recurrente, en forma concreta, dirige contra la sentencia por la desestimación de cada uno de los ítems que, en la queja por apelación extraordinaria tuvieron como soporte la "omisión de tratamiento de una cuestión decisiva para la suerte del litigio", o "prescindencia de prueba decisiva", resulta evidente que dichos reparos atañen claramente a la disconformidad de la quejosa con la ponderación realizada por el Tribunal respecto de cuestiones relativas a la mecánica del siniestro, -especialmente en relación a la velocidad desplegada por uno y otro rodado, la conducta del chofer del micro deducida del frenado violento, y los dichos del testigo Rosembaun-, temas éstos que -conforme afirma el A quo- tuvieron suficiente tratamiento en la sentencia dictada por el Inferior. En efecto, adviértase que la Sala -al adentrarse en la cuestión- señaló expresamente que "...el Colegiado expresó que 'los distintos elementos probatorios tomados en cuenta a efectos de decidir el pleito se compatibilizan adecuadamente y si alguna constancia probatoria prevalece en detrimento de otra, ello no es sino dentro del legítimo marco del ejercicio de la función jurisdiccional, con la sola condición de que ese proceder se encuentre suficientemente fundado y motivado, lo cual....el fallo reúne acabadamente'..." a lo que agregó "...también fundadamente el Tribunal Colegiado expresó las razones que lo llevaban a apartarse de lo dictaminado por el perito respecto de la velocidad del ómnibus, lo cual evidencia que no ha mediado el alegado apartamiento de las constancias de autos, sino, a lo sumo una ponderación diversa a la pretendida por la recurrente sobre un extremo fáctico que también se instala en la órbita del C.P.C.C, 560,7 ..."(f.4v.).

De tal modo, los planteos de la impugnante carecen de consistencia en orden a demostrar la configuración del pretendido vicio imputado, traduciendo tan sólo el cuestionamiento a la labor jurisdiccional cumplida por los jueces de grado en ejercicio de funciones propias y sobre materia ajena al contenido del recurso de inconstitucionalidad.

Análogas consideraciones pueden efectuarse respecto del resto de las causales de arbitrariedad invocadas -conclusión en base a prueba inexistente, tratamiento desigual y autocontradicción-, que no hacen más que cobijar parecidos y entrecruzados reproches, todos reveladores de una disímil óptica en la ponderación de las constancias de autos que hiciera el Tribunal al fallar la causa tal como lo hizo.

4. De lo expuesto se colige que el esfuerzo desplegado por el quejoso revela por sí solo el ámbito estrictamente ordinario de su postulación, sin que pueda avizorarse mínimamente un palmario defecto de juzgamiento que permita tener por configurado un vicio que descalifique constitucionalmente el decisorio impugnado.

Si aceptamos que para resguardar la instancia única de los juicios tramitados ante el Tribunal Colegiado, el artículo 560 inciso 7, del Código Procesal Civil y Comercial consagra que la "decisión será irrecurrible respecto de las cuestiones de hecho", todo el sistema debe respetar esa premisa en orden a la apelación extraordinaria, salvo que por ausencia de motivación fáctica, resulten violadas las formas sustanciales de la decisión, circunstancia que en modo alguno se encuentra configurada en autos.

Y, por cierto, el recurso de inconstitucionalidad que no funciona para el debate de los hechos -excepto en los extraordinarios supuestos donde esté conculcado el derecho a la jurisdicción- no puede servir como válvula de escape para superar el estricto ámbito de impugnación previsto en los artículos 564 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber, y oportunamente remítanse copias al Tribunal de orígen.

Fdo.:FALISTOCCO-GUTIERREZ-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)