Procedencia del recurso, sobreseimiento, gravamen irreparable, cuestión federal, economía procesal, exceso ritual manifiesto, juicio oral, sentencia arbitraria, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vanoli Long Biocca, Alejandro y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-13

Si bien la decisión cuestionada -rechazo del sobreseimiento- no se encuentra contemplada entre aquellas previstas en el art. 457 del CPPN corresponde hacer excepción al aludido principio en los casos en los cuales su aplicación podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior y siempre que se invoque en los planteos recursivos una cuestión federal o la arbitrariedad del pronunciamiento (Fallos: 328:1108). En ese sentido, el asunto sometido a estudio de esta Cámara constituye una de esas excepciones puesto que la resolución recurrida restringe el derecho de las personas procesadas a poner fin a la acción y, además, al alegar las defensas la arbitrariedad de la decisión y la no justiciabilidad del caso, con sustento en la doctrina del máximo Tribunal al respecto, se encuentran involucradas cuestiones de naturaleza federal que habilitan la intervención de este tribunal intermedio (Fallos: 328:1108).

El art. 361 del ritual establece una vía excepcional de extinción del proceso en la etapa de juicio y antes del debate, que encuentra su justificación en circunstancias novedosas que, por su evidencia, no dejan margen de duda y revierten la necesidad de realizar el debate oral. Del análisis del precepto referido en el párrafo que antecede, a la luz del principio de economía procesal y del correspondiente derecho con que cuentan las personas imputadas a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción que comporta el enjuiciamiento penal, se desprende que los supuestos comprendidos por la norma en trato no constituyen una fórmula cerrada y que el sobreseimiento procederá siempre que, como se dijo, se verifique un motivo "evidente" que haya surgido de "nuevas pruebas" producidas en la etapa de instrucción suplementaria y que torne innecesaria la realización del debate. Esta posibilidad prevista por el art. 361 del CPPN se presenta en nuestro ordenamiento procesal como una alternativa que sirve para evitar la realización de juicios innecesarios y el consecuente desgaste jurisdiccional que tal actividad implica. En este sentido, aquí se adoptará, conforme parte de la doctrina lo sostiene, una lectura flexible de la norma que permita, en hipótesis excepcionales, apartarse del texto literal de la normativa procesal para preservar los derechos de las personas imputadas y evitar, de ese modo, incurrir en un ritualismo excesivo. Trasladadas las consideraciones antes efectuadas al caso sometido a revisión, se advierte que el voto que conformó mayoría no se adentró en la valoración de los argumentos vertidos por las partes en el entendimiento de que "(l)os extremos referidos en el laborioso planteo defensista y en el igualmente profundo análisis efectuado en el dictamen fiscal, versan sobre cuestiones de hecho y prueba que cuyo análisis es propio de la etapa de debate oral y público; debiendo ser esa la oportunidad en que sean ventilados, con la amplitud propia de dicha etapa procesal.". Sin embargo, en la resolución impugnada no se indicó qué elementos contrapuestos existen que den consistencia al contradictorio y justifiquen, en última instancia, transitar un debate oral. Por otro lado, tampoco se dio respuesta a lo postulado acerca de que el presente caso se trata de una decisión política no susceptible de ser revisada judicialmente y no se advierte cómo la necesidad de reproducir la prueba en la audiencia que aduce el a quo justifica la falta de tratamiento de esta cuestión.

Así, la pretensión del tribunal de diferir el análisis a la realización del debate oral y público en un proceso de las características del presente, cuando el nuevo dato incorporado podría ser determinante en la solución del caso, contradice el principio de economía procesal y atenta contra una correcta administración de justicia.

Lo precedentemente manifestado evidencia que la decisión recurrida no constituye una derivación razonada de la cuestión planteada relevante para la solución del caso y del derecho vigente, por lo que se verifica un supuesto de arbitrariedad que la priva de efectos e impone su anulación.

No es posible atribuir responsabilidad penal respecto de ningún resultado, ocasionado por un accionar legítimo y conforme a derecho. Tal valla, en el caso de autos, sella la suerte de la cuestión sometida a estudio por cuanto la suscripción de los contratos futuros celebrados por el BCRA aparecía dentro de las facultades y límites impuestos por la Carta Orgánica de esa entidad, sin trasgresión a lo dispuesto por su art. 18, inc. a, sino que se habría desarrollado en el marco legalmente previsto a la luz de los fines de estabilidad monetaria y financiera, entre otras funciones ya mencionadas.

En definitiva, al haberse realizado la operatoria cuestionada dentro del ámbito de las competencias del Banco Central, los hechos del presente proceso no cumplen con los requisitos de tipicidad correspondientes, circunstancia que impone analizar el asunto a la luz del art. 336, inc. 3 del CPPN. Ello, sin dejar de mencionar que las partes impugnadoras -en su gran mayoría-, además, han postulado la ausencia de perjuicio para el erario.

La maniobra que se imputa en autos, en definitiva, materializó la política monetaria que se pretendió llevar a cabo durante el período analizado y constituye, entonces, una cuestión política cuyo acierto o desacierto se encuentra detraída del control jurisdiccional, al menos de aquel que a esta Cámara compete. Por lo tanto, del examen de la maniobra por la cual se requirió la elevación a juicio de las actuaciones juntamente con el peritaje contable incorporado durante la etapa de instrucción suplementaria se concluye que aquélla no puede ser objetivamente imputada al tipo penal en cuestión por haber sido desarrollada en el marco normativo que regula la actuación del BCRA y que, además, su oportunidad, mérito o conveniencia se encuentra detraído del control jurisdiccional que esta Cámara de Casación se encuentra habilitada a ejercer. Por todo lo expuesto corresponde casar la resolución recurrida y dictar el sobreseimiento de los encausados en orden a los hechos por los cuales fueron requeridos a juicio en el marco de la causa CFP 12152/2015, debiendo en la instancia proveerse lo que corresponda en cuanto a las medidas cautelares que se hubiesen dispuesto en autos, y dejar sentado que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado las personas antes mencionadas, sin costas en la instancia (arts. 336, inc. 3, 361, 441, 456, inc. 1, 470, 530 y 531 del CPPN).