Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-08-08


Salta, agosto 8 de 2006.

Los doctores Silisque, Garros Martínez y Posadas, dijeron:

1º) Que la intervención de esta Corte ha sido requerida para que ejerciendo las atribuciones que le confieren los arts. 153 ap. II inc. b de la Constitución de la Provincia y 40 del C.P.P., dirima la contienda planteada entre el Juzgado de Ejecución de los Distritos Judiciales del Centro y Sur, y el Juez de la Cámara de Orán que ejerce las funciones de ejecución en los Distritos Judiciales del Norte, que se declaran contradictoriamente incompetentes.

El Juez de Ejecución de los Distritos Judiciales del Centro y Sur, a fs. 111 y vta. se declaró incompetente tomando en cuenta las disposiciones del art. 550 del Código Procesal Penal, según ley 7313.

Por su parte, el Juez de Cámara que ejerce las funciones de ejecución en los Distritos del Norte, Dr. Edgardo Laurenci, a fs. 116/118, sostiene que el artículo últimamente mencionado sólo le atribuye competencia respecto de los detenidos en unidades penitenciarias del Distrito Judicial del Norte que se hallaren alojados en ellas, salvo de aquéllos que hayan sido trasladados en forma temporaria, respecto de quienes el Juez de Ejecución de los Distritos del Centro y del Sur continúa siendo el juez natural. Asimismo sostiene que a partir de la entrada en vigencia de la ley 7263 sólo cabe hablar de traslados temporarios.

Además hace referencia a que el señor Juez de Ejecución de Sentencia ordena el traslado del interno Pedro Cuellar de manera definitiva y que el magistrado al declararse incompetente a posteriori de que el penado solicitara su beneficio de libertad condicional, lo perjudica con su accionar, impidiéndole gozar del mencionado beneficio.

2º) Que en su dictamen de fs. 122 y vta., el Sr. Procurador General de la Provincia opina que la cuestión debe resolverse teniendo en cuenta que el interno Cuellar se encuentra alojado desde el 14 de noviembre de 2005 en la Unidad Carcelaria Nº 3 de Orán, y que debe intervenir el Juzgado de Ejecución del Distrito Judicial del Norte.

3º) Que tal como esta Corte lo ha dicho en reiterados precedentes, a fin de establecer la competencia territorial de los Jueces de Ejecución debe tenerse en cuenta el lugar en que se encuentra alojado el penado, salvo que ésta se trate de una circunstancia que obedezca a razones de orden transitorio (esta Corte 98:611, 615, 651, 655, entre otros).

4º) Que el principio de inmediación exige que el seguimiento de la situación de los penados quede a cargo de los magistrados que se encuentran en mejores condiciones de cumplirlo, en función de la cercanía del lugar de residencia o alojamiento del interesado y el del asiento del tribunal. Siendo ello así, deben extremarse los recaudos para establecer claramente la competencia en la función de contralor de la pena, pues de otro modo se generaría una indebida delegación de funciones, afectándose, además, la estricta delimitación de las responsabilidades de los respectivos magistrados.

5º) Que en el cuarto párrafo del art. 550 del C.P.P. se dispone "En los casos en que haya necesidad de traslados temporarios de detenidos...". Al respecto es menester señalar que la norma precisa de un modo contundente al tipo de traslado al que se refiere "el temporario", de allí fácil resulta colegir que existe otro tipo de traslado, pues si así no fuera resultaría inexplicable que el legislador haya calificado al traslado que genera un régimen especial de atención del detenido. En efecto, si el legislador no hubiera querido ceñir el régimen especial que diseña para los casos de traslados temporarios, hubiera resultado suficiente indicar tan sólo traslados, o sea que resulta obvio que la norma distingue este tipo de traslado de otro.

6º) Que respecto a la manifestación de que el Juez interviniente al declararse incompetente perjudica al penado, cabe recordar que en todo planteo de cuestiones de competencia el tribunal que hubiere prevenido, continuará interviniendo en la causa y elevará copia certificada de las actuaciones conforme lo dispone la Acordada nº 9422 apartado 4to. del Anexo II de las Disposiciones Reglamentarias. En consecuencia, no se verifica el perjuicio al que se hace referencia.

7º) Que en el presente caso, la ubicación asignada al interno en dependencias penitenciarias del Distrito del Norte, reviste carácter estable en tanto se encuentra allí sin que se haya previsto un necesario desplazamiento hacia el Distrito del Centro, y por razones de acompañamiento familiar y estabilidad emocional (ver fs. 38, 91 y 94), lo que implica que de no mediar circunstancias aleatorias Pedro Cuellar terminaría de cumplir su sanción en el lugar en que actualmente se encuentra, más aún considerando que el interno se encuentra en condiciones de acceder al beneficio de libertad condicional; todo lo cual determina la intervención del Juez de Cámara a cargo de la función de ejecución en el Distrito Judicial del Norte.

8º) Que el sostenimiento de este criterio se encuentra avalado por razones de índole constitucional, pues con él se preserva el derecho de acceso a la jurisdicción, que se cumple más acabadamente disponiendo la intervención del magistrado que se encuentra en mejores condiciones de proveer al control de ejecución de la pena. Esta Corte, en su condición de tribunal de garantías constitucionales no puede dejar de ponderar la incidencia negativa que en orden a la consecución del derecho a la tutela judicial efectiva tendría la admisión de un amplio régimen de excepción a la regla de que el magistrado más próximo es el que debe resolver las cuestiones relativas a la situación del penado.

9º) Que, por otro lado, aquel derecho debe ser estrictamente resguardado, sin discriminación alguna, a fin de no producir afectaciones a la garantía de igualdad, lo que implica que el desplazamiento de competencia sólo quede sin efecto, en circunstancias que razonablemente lo desaconsejen y que generen una situación diferente, como es la de transitoriedad de los cambios de alojamientos.

En consecuencia corresponde puntualizar que la invocación del principio del juez natural que se efectúa a fs. 117 vta., aparece como manifiestamente impropia, en tanto sólo se relaciona con una supuesta derivación del art. 550 del C. P.P., que impediría una adecuada atención de los derechos de los internos y su trato igualitario, en función de la fecha de entrada en vigencia de la ley 7313.

10) Que cabe entonces concluir disponiendo la intervención del Juzgado de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial del Norte.

La doctora Ayala dijo:

1º) Que, analizada la presente causa y profundizado el tema central traído a decisión de este tribunal, ante los numerosos planteos de competencia realizados a partir de la entrada en vigencia de la ley 7313, me lleva a tomar una posición diferente en orden a la interpretación del art. 550 del C.P.P., por lo que me permito disentir con el criterio sustentado por mis distinguidos colegas que se plasma en el voto de la mayoría.

2º) Que, a modo de introducción, conviene recordar sucintamente las facultades que posee el Juez de Ejecución las que, según la doctrina que sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("in re": "Maldonado, Marta y otros - C.N. Casación Penal" (DJ, 1994-2, 242), "Luce como más orgánico y sistemático interpretar que corresponde al juez de ejecución la totalidad de la actividad posterior a la aprobación del cómputo de la pena, como clara doctrina plenaria que evitaría errores o futuros conflictos interpretativos".

En dicho fallo nuestro más Alto Tribunal Nacional realiza una enumeración de las funciones del Juez de Ejecución, entre las cuales le concede competencia, para realizar, "La tramitación incidental de la cesación o modificación de las penas en los supuestos de la ley penal más benigna u otra razón legal"(pudiéndose interpretar que el otorgamiento de un traslado implica una modificación de la pena, ya que en este caso se modifican las condiciones de su cumplimiento).

En tal sentido se señala que: "Puede afirmarse entonces que el ordenamiento procesal ha instituido un magistrado, que constituye el órgano judicial con competencia en una nueva rama del derecho, el penal ejecutivo que es aplicable a partir del momento en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada, como asimismo la orientación post-penitenciaria de los liberados que comprende -al decir de calificada doctrina-, las normas jurídicas que contemplan -entre otras- las condiciones de la ejecución, la extensión del vínculo punitivo, los sujetos y el objeto de la ejecución, la tutela de los derechos y los intereses de los condenados, las finalidades de la ejecución y las modalidades para realizarla; quedando claro que el núcleo central y formativo de su objeto es la ejecución de la pena privativa de la libertad" (conf. Chichizola, Mario, "La regulación jurídica de la ejecución penal" en Revista Penal y Penitenciaria, T. XXIV, año 1961/62, p. 24. En igual sentido y con referencia al juez de Vigilancia en España, Gómez De Llanos, Fernando, "El proceso penal", p. 406, Gijón, 1992). 3º) Que, lo dicho precedentemente, encuentra asidero legal en el art. 29 del C.P.P., complementado con el art. 550, párr. 4to. del código citado. Este último precepto -estimo- contiene dos partes que deben conjugarse armónicamente a fin de evitar contiendas de competencia como la que hoy nos convoca.

La primera parte se refiere a detenidos alojados en las unidades penitenciarias ubicadas en el Distrito Judicial del Norte, que pasarán a la Cámara del Crimen de ese Distrito. Si nos atenemos a la literalidad de este párrafo pareciera que cualquier detenido que llegue a estar alojado con cierta permanencia, a partir de la vigencia de la ley 7313, deberá pasar al Juez de Cámara a cargo de la función de ejecución de aquél Distrito, produciéndose un desplazamiento de la competencia.

La norma de mención se complementa con la segunda parte que establece el temperamento a seguir ante la necesidad de traslados temporarios de detenidos, supuesto en el que el Juez natural podrá requerir que la atención de las cuestiones que se susciten, se lleve a cabo por el Juez de Ejecución con competencia en el lugar.

Ahora bien, dable es tener presente que es regla en la interpretación de las leyes el dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de modo que se compadezcan con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (CSJN, Fallos, 301:1149; 302:973 y 312:1036, entre muchos otros).

También la Corte ha dicho que la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de los términos de la ley que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente para evitar la frustración de los objetivos de la norma (Fallos, 290:56; 302:93 y 307:1018).

Así las cosas, no puede dejarse de advertir que la norma en cuestión (art. 550 cuarto párrafo del CPP modificado por ley 7313/04) forma parte del artículo titulado "causas pendientes".

4º) Que la interpretación del art. 550 del C.P.P. en el párrafo que nos ocupa establece claramente que hay un juez natural que entiende en el proceso de ejecución de la pena, el que no puede declararse incompetente cuando el detenido es trasladado a otro Distrito con cierta permanencia, por entender que el detenido fue trasladado con carácter definitivo.

Esta es, en definitiva, la situación que se observa en estos obrados, ya que a fs. 94, el Sr. Juez de Ejecución de Sentencias de los Distritos Centro y Sur sugiere el traslado definitivo del Interno Penado a la Unidad Carcelaria Nº 3 del S.P.P.S. -Orán-, a fin de valorar acompañamiento familiar y asignarle allí actividades laborales, ingresando el interno a dicho establecimiento el 14/11/05 (fs. 100), a fs. 96 vta. el Juez solicita a la Dirección de la Unidad Carcelaria Nº 1 que informe si el traslado del penado es transitorio o definitivo; siendo informado por el Director del Régimen Correccional de que tal traslado es definitivo (fs. 98); concluye declarándose nuevamente incompetente mediante resolución de fecha 15/03/06, a fs. 111, por entender que el traslado del penado tiene carácter definitivo, y argumentando que conforme a lo establecido en el art. 550 del C.P.P. cuando el interno es trasladado en forma definitiva a la Jurisdicción del Distrito Norte, corresponde a ésta realizar el control de la Ejecución de la Pena.

5º) Que, en el presente caso, el Procurador de la Provincia entiende que habría cierta estabilidad en el alojamiento del Interno y en consecuencia, sería competente el Juez de Ejecución del Distrito Norte. Sin embargo de las constancias de autos surge que Cuellar se encontraba cumpliendo la pena en esta Ciudad, bajo la jurisdicción del Juez de Ejecución de los Distritos Centro y Sur. Dable es hacer notar que la ley 7263, en su art. 17, 2º párr., atribuye a la Cámara del Crimen de Orán la función de Juzgado de Ejecución, y el art. 550 del C.P.P. con la reforma introducida por la ley 7313, determina que: "Las causas que se tramitan ante el Juzgado de Ejecución por detenidos alojados en las unidades penitenciarias ubicadas en el distrito judicial del Norte pasarán a la Cámara del Crimen de ese Distrito", de lo que se deriva que lo es en carácter definitivo y que rige a partir de que dicha Ley entró en vigencia (23/09/04). De allí en más, todos los traslados de penados entre ambos Juzgados, Centro y Distrito Judicial Norte, cualquiera fueren las razones que lo motiven, son de carácter temporáneo; al admitir lo contrario, nos estaríamos atribuyendo facultades legislativas. Al agregar: "Traslado Definitivo" al art. 550 del C.P.P. de la ley mencionada, lo que es a todas luces inadmisible.

Obsérvese que, al admitirse la posición contraria a la que postulo, se deja en manos de la autoridad penitenciaria (a quien se requiere respecto al carácter definitivo o no del traslado) para modificar la competencia, establecida por ley.

Así, soy de la idea que en la legislación actual no se prevé el traslado definitivo, sino tan sólo el traslado temporario y lo dispuesto en el art. 550, 4to. párr. in fine del C.P.P., contempla expresamente la situación del penado trasladado por el juez natural a otra unidad carcelaria ubicada en otra Circunscripción Judicial. Cualquiera sea el "caso de necesidad" que lo motive el penado no sale de la órbita de competencia del juez natural, tampoco queda huérfano en el control judicial de la ejecución de la pena privativa de la libertad (arts. 3º y 4º, ley 24660), ya que la "atención de las cuestiones que se susciten se llevará a cabo por el juez con competencia en el lugar". La norma expresamente lo establece, por lo que, en modo alguno dicho juez (natural) puede declararse incompetente ante tal situación.

6º) Que, siendo ello así, debo concluir, que el Juez de Ejecución del Distrito del Centro y Sur es el competente, para intervenir en el control de la pena del penado interno Cuellar, y que si el mismo se encuentra trasladado a otro Distrito, dicho traslado no puede considerarse definitivo, y deberá procederse conforme lo establece el art. 550, 4to. párr. in fine del C.P.P. Teniendo presente que todo traslado es esencialmente revocable -por el juez que lo ha concedido-, es a todas luces evidente que es él quien mantiene la competencia originaria, la cual sólo puede delegarla al Juez de Ejecución Norte, para que éste -por el principio de inmediación, fundamento del art. 550- actúe en consecuencia de la delegación realizada.

Además, y para concluir, al establecerse la competencia del Juez de Ejecución Distrito Centro y Sur, se preserva el principio del juez natural consagrado en el art. 1º del C.P.P., art. 20 de la Constitución Provincial, art. 18 de la Constitución Nacional y las normativas supranacionales incorporadas a nivel constitucional (art. 75 inc. 22 de la C.N.).

Por lo que resulta de la votación que antecede;

La Corte de Justicia, resuelve: I. Declarar la competencia del Juez de Cámara en lo Criminal de Orán a cargo de las funciones de ejecución en el Distrito Judicial del Norte, para intervenir en la presente causa. II. Mandar se registre, notifique y, oportunamente, bajen los autos. - Guillermo A. Posadas. - María C. Garros Martínez. - Antonio O. Silisque. - María Rosa Ayala.