Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-15


Salta, 15 de Marzo de 2011.

AUTOS Y VISTO: Este Expte. Nº 25.892/09 de la Cámara de Acusación, Sala II, originario Nº21.741/07 del Juzgado Correccional y de Garantías de Tercera Nominación caratulado: "FLORES, CONSTANTINO POR LESIONES CULPOSAS A GUANCA YANINA", del Distrito Judicial del Centro; y, ______________________CONSIDERANDO El Dr. ENRIQUE GRANATA, dijo:

Que arriban los presentes obrados en virtud del recurso de apelación impetrado a fs.45/47 y vta. por la defensa técnica en contra del auto resolutivo de fs.43 y vta. punto I que no hace lugar al planteo de nulidad del decreto de fs.38. El recurso fue promovido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

Que el a-quo, frente al planteo de nulidad de fs.40/41, emite el decisorio apelado rechazando la nulidad articulada por entender que por el decreto de fs.38 se ordena en el primer párrafo la notificación a esa defensa en virtud de lo dispuesto por el art. 359 del C.P.P., otorgándole facultades de apelar el avocamiento o bien interponer excepciones o instar el sobreseimiento y recién en el segundo párrafo se cita a las partes a juicio, ofrecer prueba, pero claramente se dispone que ello acontecerá "una vez vencido el plazo previsto en el art. 359 del C.P.P.", con lo que entiende que de manera alguna se afectó el principio procesal de preclusión como tampoco se privó a la defensa de ejercer los derechos que se le reconocen. Además considera que "no se ha causado gravamen alguno por cuanto las posibilidades que prevé el Art. 358 y el Art. 359 han tenido su oportunidad para ser interpuestas por parte de la Defensa SIC".

Apela la defensa por considerar que el decisorio apelado causa gravamen irreparable pues vulnera la garantía del debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio. Lo primero por cuanto el a-quo "saltea" el procedimiento específicamente establecido para dar por concluída la etapa del procedimiento sumario (art. 359 del C.P.P.) y sin solución de continuidad, da inicio a la última y más trascendente etapa del proceso, cual es la de debate. Que la irregularidad procesal detectada constituye una clara afectación al principio procesal de preclusión y a la característica lineal del proceso penal dispuesta por el orden que le otorga el art. 359 y el art. 360 bis del C.P.P., este último incluído en Libro, Título y Capítulo distinto, ello por cuanto se ha adelantado una etapa procesal, sin haberse cumplido la que le precede o al menos esperar a que quedara firme y consentida, produciéndose una afectación real y cierta a la garantía constitucional del debido proceso legal, incurriéndose en consecuencia en una nulidad de tipo absoluta. La resolución del magistrado, entiende además la recurrente, pone en crisis la doctrina sentada por la Corte de Justicia de Salta en los precedentes que allí señala en los que se estableció que el procedimiento sumario se extiende hasta el decreto de citación a juicio, acto que da inicio a la etapa del juicio correccional (arts. 410 y 360 bis del C.P.P.). Lo segundo, en orden a la defensa en juicio, pone de resalto la prolongada demora del trámite de la causa (inicio del A.U. el 19/12/2005, requerimiento de juicio 31/03/2006, avocamiento el 30/10/2007 y en fecha 10/03/2009 decreto cuestionado) y la repentina celeridad y economía procesal que trae de la mano el decreto cuestionado, afectando el derecho material de defensa ante el notorio desequilibrio entre la parte acusadora, que ya pudo reunir oportunamente los elementos en virtud de los cuales sostuvo su postura requirente y esa defensa tres años después por un hecho ocurrido el 19/12/2005. Se agravia también por la actual aplicación de las normas de prescripción ya que si se toma como último acto interruptivo válido el requerimiento de juicio de fs. 21/23, la acción penal ya se encontraría prescripta, pero en cambio por obra y gracia del decreto de citación a juicio cuestionado, de conformidad a lo dispuesto por el art. 67 inc.d) del C.P. la acción penal revive hasta el día 10/03/2012. Solicita se revoque la resolución de fs.43 y se dicte la nulidad del decreto de fs. 38 punto II y se declare la prescripción de la acción penal en la presente causa dictándose el sobreseimiento de su asistido en los términos del art. 326 inc.1º del C.P.P..

Que remitidas las actuaciones para notificación de la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 52/54 se pronuncia compartiendo lo peticionado por la defensa y solicita se declare la nulidad parcial del decreto de fs. 38 punto II, por las razones que allí se invocan.

Que así planteada la cuestión a resolver, es del caso destacar que le asiste razón a la nulidicente y a la Sra. Fiscal de Cámara por lo que en ese sentido adelanto mi voto.

Al respecto debe señalarse que el Juez Correccional guarda competencia durante el curso del procedimiento sumario y después como tribunal unipersonal de sentencia precisamente en esas causas. Prueba de la afirmación antecedente puede certificarse con la correlación de los estadios procesales que adopta el código de forma local al implementar el procedimiento sumario por acta única (desde art. 351 hasta 359 inclusive), con anterioridad al Libro I destinado en su regulación a la construcción plenaria del juicio entre cuyas sub-especies ubicamos aquel que propicia la sentencia conclusiva correccional (desde art. 410 hasta el 416 inclusive).

Corrobora la precedente interpretación sistemática, la circunstancia que la ley de ritos en el art. 459 del C.P.P. con la reforma de la ley 7313 estatuye que el recurso también procederá contra las resoluciones de los Jueces Correccionales y de Garantías en el procedimiento sumario. A su vez, el concordante art. 24 inc. 1º otorga competencia a la Cámara de Acusación para conocer en apelaciones promovidas contra las resoluciones dictadas por los Jueces Correccionales y de Garantías en el procedimiento sumario. Cabría preguntarse entonces, si cuando el a-quo dicta el segundo párrafo del decreto de fs. 38, en qué momento procesal formaliza dicho pronunciamiento?. La respuesta guarda etiología con el núcleo de la incidencia nulificadora, pues el Juez parte de un trámite ordenatorio que se compadece en sus secuencias con el procedimiento sumario y sin que el mismo quede agotado por el principio preclusivo, adopta por otra parte medidas actuacionales propias ya de la etapa del juicio correccional como resulta ser la apertura a prueba y la citación de las partes al juicio.

En este extremo nuestro más Alto Tribunal, como bien lo destaca la apelante, ha distinguido perfectamente los sucesivos estadios por los que progresa el Procedimiento Sumario entre otros en Fallos 130:863, 130: 869/874 y 135:697/702, determinando que el procedimiento sumario se extiende hasta el decreto de citación a juicio, acto jurisdiccional que da inicio a la etapa del juicio correccional propiamente dicho (arts. 410 y 360 bis del C.P.P.). Tal es su importancia en el curso del proceso, que es uno de los taxativos actos con virtualidad para interrumpir el curso de la prescripción extintiva de la acción penal (art. 67 inc.d) del C.P.) pero además establece la diferencia entre las vías conducentes de impugnación para controvertir las decisiones dictadas sea por los jueces del procedimiento sumario, o bien por los jueces de sentencia correccional.

Si entendemos que el debido proceso legal constituye una secuencia o serie de actos y de etapas judiciales desenvueltos progresivamente, que se consideran una unidad a fin de obtener un pronunciamiento judicial que finalice el proceso o juicio, ha de admitirse que este método de proyectar el proceso como lo hizo el a-quo a través del decreto de fs. 38 en el cual se anticipan etapas sin estar precluidas las anteriores, en la práctica diaria podría suscitar serios inconvenientes tales como el plazo de iniciación de la prescripción y modificaciones en la competencia de esta Alzada.

Estas circunstancias ameritan a pronunciarme por la invalidez del segundo párrafo del decreto atacado, pues el mismo violenta la garantía constitucional del debido proceso prevista en el art. 18 de la C.N..

La apelante, además plantea la prescripción de la acción penal y el dictado del correspondiente auto de sobreseimiento por dicha causal con encuadre en el art. 326 inc.1º del C.P.P..

Pero, en este extremo cabe destacar que este Tribunal encontraría competencia para examinar el planteo de prescripción, exclusivamente por la vía de apelación (art. 339 del C.P.P.) garantizándose de esta manera la doble instancia cuando pueden mediar pronunciamientos definitivos durante la etapa del procedimiento sumario.

Tal criterio resulta compatible con el sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación según tiene dicho que " el examen de la subsistencia de la acción penal resulta previa a cualquier otra, por cuanto la prescripción en materia penal es de orden público y debe ser declarada de oficio, produciéndose de pleno derecho y debiendo ser resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo (del voto del Dr. Fayt en causa Podestá, Arturo y otros, 7/3/06, publicado en Sup. Penal 2006 - junio -, 52 - DJ 7/06/06, 419). En igual sentido lo ha hecho la Corte de Justicia local en causa c/ Peña, Mario Ernesto - Casación, Expte. Nº 20162/98 de Corte, en fecha 01/11/00 (L. 71 991/1000). Allí ha sostenido "La prescripción penal debe ser resuelta previamente a toda otra cuestión, dada su naturaleza jurídica, y la razón de orden público que la fundamenta, a lo que se suma la conveniencia - en su caso - de evitar la continuación de un juicio innecesario". Idéntico criterio se ha plasmado en los autos caratulados "Cardozo, Raúl Cesar - Queja por recurso de casación denegado" (Expte. Nº CJS 29.783/06).

Por todo ello, corresponde remitir estos autos al juzgado de origen para su pronunciamiento, previo trámite de ley, sobre si la acción penal se encuentra o no prescripta.

El Dr. LUIS FELIX COSTAS, dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, _________LA SALA II DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, ________________________RESUELVE:

I) DECLARAR la nulidad del segundo párrafo del proveído obrante a fs. 38 y de todos los actos consecutivos que de él dependan de conformidad a lo normado por los arts. 18 C.N. y 163 y 167 del C.P.P..

II) REMITIR estos autos al Juzgado en lo Correccional y de Garantías de 3ra. Nominación, a fin de que se pronuncie sobre la prescripción o no de la acción penal, previo trámite de ley.

III) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE.