Contrato de servicios, prueba, defecto legal, defensa en juicio
Materia: CIVIL
Carátula: BOBATTO DIEGO OSCAR c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ ABREVIADO - COBRO DE PESOS EXPTE. 544542/36
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-10-13

Para la procedencia de la excepción de defecto legal, es necesario e imprescindible que los términos de la demanda coloquen al accionado en una situación de duda o incertidumbre, que le impida contestarla o ejercer en forma sus derechos. La falta de precisión en la forma de proponer la demanda resulta improcedente cuando la presentación realizada no le impide a la accionada una correcta defensa, por disponer de todos los medios necesarios a esos fines. Los vicios de la demanda deben ser de tal gravedad que resulte difícil conocer lo que se pretende, creando en la contraria una perplejidad que le impida ejercer su derecho de defensa. Si de la demanda resulta evidente el objeto y la finalidad perseguida, el defecto legal alegado no existe. En autos no existe el estado de indefensión. La suma reclamada por informes registrales, no le impedía a la demandada contestar la demanda. El error material en que pudo haber incurrido el actor, no constituyó un impedimento para que la entidad bancaria interpusiera su defensa más importante, cual es la referida a la falta de derecho del actor al cobro de cualquier suma y por cualquier concepto. 2- El vínculo jurídico que une a las partes ha quedado acreditado por el reconocimiento expreso de las mismas, debiendo tenerse por cierta la locación de servicios de que se trata, en base a los documentos obrantes en la causa. Para dilucidar si los gastos realizados en concepto de estudios de títulos (o verificaciones registrales) deben ser pagados por la demandada, debe interpretarse el contrato celebrado. Al respecto, es principio indiscutido que cuando los términos son claros y la voluntad de las partes se ha expresado en una forma concreta y precisa, cuando ésta surge fácilmente, no debe buscarse fuera de ellos la interpretación, ni puede exigirse que los jueces, sobre la base de presunciones no probadas, decidan de modo contrario al que emana de esa misma voluntad expresada claramente. Ahora bien, cuando la inteligencia del contrato no pueda extraerse de sus cláusulas, será necesario proceder a su interpretación, para establecer claramente las obligaciones asumidas y los efectos de las mismas. Advierte en este sentido que el Código Civil, consagra un principio general de alto valor ético: el de la buena fe. (art.1198 del Código Civil), al reconocer y admitir que los contratos no obligan sólo a lo que formalmente expresan, sino también a todas las consecuencias que hubieran sido virtualmente comprendidas en ellos. El juzgador, al interpretar los contratos, debe darle a los vocablos empleados el sentido usual, colocándose en el lugar de las partes, pensando conforme lo harían personas correctas, otorgando a las palabras y contratos sus efectos usuales y sus consecuencias virtuales. La "buena fe", impone el deber de no pretender más de lo que les es debido conforme con la honesta inteligencia de las cláusulas contractuales, y habida cuenta de su finalidad. A falta de reglas específicas, se aplican en forma subsidiaria las bases establecidas en el art.216 del Código de Comercio. Para desentrañar la intención común de las partes contratantes, es necesario ocurrir a la interpretación sistemática u orgánica del contrato, a la observación de los hechos simultáneos anteriores y posteriores al contrato, a los usos y costumbres y, principalmente, a la finalidad económica perseguida. Advierte que del contrato suscripto por las partes nada surge sobre los gastos a realizarse previos a la iniciación de los juicios. Por lo tanto, no tiene por qué ser a cargo del letrado. 3- De la prueba rendida, surge que los gastos por informes de dominio nunca fue afrontado y resuelto directamente por el Banco. Los testigos declaran que el tema se trató en la sección Asuntos Legales del Banco e incluso en reuniones del Directorio; admitiéndose al principio que el estudio de títulos los pagara el actor y que los gastos le serían reintegrados; habiéndose también evaluado la posibilidad de realizar una licitación para la realización de esta tarea. Los testimonios tienen que ser valorados a la luz de la sana crítica racional cuyas reglas son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En definitiva deduce que, a pesar de haber sido conversado el tema entre las partes, las mismas no llegaron a ninguna conclusión, máxime si se tiene en cuenta la revocación del poder otorgado al letrado, circunstancia ésta, precisamente, que no facilitó las cosas. De allí, pues, que le asiste la razón al señor Juez a quo cuando sostiene que lo único que se contrató de manera expresa fue la prestación de la labor profesional de abogado; estando fuera de la contratación la cuestión del aporte de dinero para la realización de la tarea de recupero del crédito fiscal; y siendo que el demandado fue el único beneficiario de éstos trabajos, el importe de los mismos se debe reintegrar al actor, ya que lo contrario implicaría un enriquecimiento indebido por parte de la entidad crediticia en desmedro de los intereses económicos y patrimoniales del letrado.