Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-10-22


---- Trelew, 22 de Octubre de 2.008.- ---- VISTO:-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ---- Los recursos de apelación interpuestos a fs. 84 y 85 contra la resolución de fs. 81, concedidos a fs. 86, fundado que fuera el primero a fs. 87/89, y corrido traslado del mismo a la contraria a fs. 90.----------------------------------------------------------------------------- - ---- Y CONSIDERANDO:------------------------------------------------------------------- ----------------- ----I.- Mediante sentencia interlocutoria obrante a fs. 81 la jueza de grado declaró la incompetencia en razón de la materia del Juzgado a su cargo, e impuso las costas por su orden, con fundamento en que la jurisprudencia y doctrina no eran pacíficas sobre la cuestión resuelta, y que la parte actora pudo considerarse asistida de mejor derecho. Reguló los honorarios de los letrados de ambas partes.------------------------------------------- ----II.- A fs. 87/89 la demandada C. S.A., a través de su letrado apoderado Dr. L.- A. N., se agravia de dicha resolución, por cuanto pese a admitir la incompetencia, a partir de la excepción deducida por su parte, impone que las costas sean soportadas en el orden causado. Manifiesta que al contestar demanda interpuso excepción de incompetencia argumentado que por la cuestión traída a proceso correspondía intervenir a la justicia federal, atento que el art. 116 de la Constitución Nacional y art. 2 inc. 7º a 10º de la Ley 48 disponen que las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima son materia propia de la misma. Que en tal oportunidad citó precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y doctrina que avalaba la competencia federal en pretensiones laborales derivadas de la actividad marítima, como también en asuntos derivados del contrato de ajuste. Expresa que si bien la sentencia recurrida admite la incompetencia del Juzgado, omite referir que ello es a consecuencia de la excepción interpuesta por la demandada. Alega que conforme fue resuelta la cuestión las costas del proceso deben ser a cargo de la parte actora en virtud del principio de la derrota (art. 68 parr. 1º CPCC). Argumenta que si bien la doctrina admite que la existencia de doctrina y jurisprudencia contradictorias sobre el tema a decidir es uno de los criterios utilizados para hacer uso de la facultad que se otorga al juez en el art. 68 parr. 2º C.P.C.C., y la sentencia apelada hace uso de tal argumento, ninguna referencia se hace acerca de cuál sería la doctrina o el precedente jurisprudencial en virtud del cual la parte actora pudo considerarse con derecho a promover el proceso ante el juzgado a cargo del a quo. Agrega, con cita de distintos pronunciamientos, que ambas salas de esta Cámara de Apelaciones son coincidentes en atribuir competencia federal en los procesos como el de autos, y que la sentencia recurrida tampoco hace referencia a una doctrina distinta a la invocada al fundar la excepción de incompetencia. Sostiene que la existencia de una razón fundada para litigar no tiene autonomía para concretar la eximición de costas, y que siendo principio la improrrogabilidad de la competencia federal en razón de la materia hacia los tribunales de provincia, no existe una justificación para eximir de costas a la actora. Por último, expresa que la exención de costas en caso de allanamiento debe interpretarse con criterio estricto, dado su excepcionalidad respecto del principio objetivo del art. 68 CPCC. Cita doctrina y solicita se revoque la sentencia recurrida disponiendo que las costas sean soportadas por la actora.------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- ---- A fs. 85 el Dr. L. A. N. por derecho propio apela los honorarios regulados en la sentencia interlocutoria de fs. 81, por considerarlos bajos. -------------------------------- ---- III.- Nuestro Código Procesal en su art. 68 consagra como principio general en materia de costas el criterio objetivo de la derrota, lo que importa que las mismas se imponen al vencido sin que se efectúe valoración alguna respecto de su conducta.----------- Surge de la propia norma que este principio no es absoluto pues admite excepciones, en tanto el juez se encuentra facultado para eximir al perdedor en todo o en parte de las costas, "siempre que encuentre mérito para ello, expresándolo en la sentencia bajo pena de nulidad" (art. 68 ult. parr.CPCC).---------------------------------------------- Sin embargo, al revestir la exención de costas al perdidoso carácter excepcional, sólo cabe apartarse del principio general de la derrota cuando median razones muy fundadas, tal como lo vienen señalando la generalidad de los Tribunales (confr. CNCom. Sala A, 29/11/99 LL, 2000-A-623; CNCiv. Sala E, 27/08/98, LL, 1999-D-4, Sala H, 18/07/01, LL, 2002-A-543; entre otros).------------------------------------------------------------ ---- Este Cuerpo también se ha pronunciado en el mismo sentido, estableciendo que el apartamiento del principio objetivo del vencimiento y la consiguiente exención de costas al vencido, se justifica sobre la base de circunstancias objetivas, y muy fundadas, que tornen manifiestamente injusta su imposición al perdedor en el caso particular, y que la razón probable para litigar no constituye motivo suficiente para eximir del pago de las costas al litigante vencido, sino sólo en casos verdaderamente excepcionales (confr. esta Sala, S.I.C. 01/03, S.I.L. 21/03, S.I.C. 43/05).---------------------- ---- Atento los agravios oportunamente expuestos por el apelante, corresponde a este Cuerpo analizar si en el presente se justifica el apartamiento del principio general de la derrota que el decisorio recurrido resuelve en materia de costas, o dicho de otro modo, si se configuran realmente los motivos alegados por la jueza a quo para eximir de costas a la actora vencida.------------------------------------------------------------------------ -------- ---- Cabe considerar que en el sub exámine la jueza de grado declaró la incompetencia en razón de la materia, en un proceso de cobro de pesos de naturaleza laboral, derivado de la relación mantenida por el actor con la empresa C. S.A., por la cual -según surge del escrito de demanda- aquél habría cumplido tareas como marinero a bordo de distintos barcos pertenecientes a la demandada. Para así hacerlo, la a quo consideró que debía encuadrarse como materia laboral de jurisdicción marítima al contrato de ajuste que vinculara al accionante con la demandada, máxime teniendo en cuenta que se trataba de una relación subordinada de personal embarcado (Ley 20094) y que en cumplimiento del contrato celebrado con la accionada el actor había navegado aguas de distintas provincias. En consecuencia, con base en diversos pronunciamientos de esta CANE, que a su vez remitían a reiterada jurisprudencia de la Corte Nacional, entendió que correspondía la competencia federal para entender en esta causa.-------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- Para eximir de costas a la parte vencida, la sentenciante de grado invocó la inexistencia de doctrina y jurisprudencia pacífica sobre el tema ,y el hecho de que la actora pudo considerarse asistida de mejor derecho. Adelantamos que ninguna de estas circunstancias se encuentra debidamente justificada en el caso que nos ocupa.-------- Es que más allá de la supuesta divergencia doctrinaria y jurisprudencial a que el decisorio apelado alude -aunque sin explicar en qué consistiría la misma-, las dos Salas que componen esta Cámara de Apelaciones han venido estableciendo invariablemente, y en concordancia con el criterio de nuestro más Alto Tribunal Nacional, que los supuestos que justifican la competencia federal en los términos del art. 515 de la Ley 20.094 se configuran toda vez que el trabajador haya prestado servicios en una embarcación destinada a la navegación interprovincial (Sala A, S.I.L. 17/06, S.I.L. 32/06; esta Sala, S.I.L. 17/06, 25/06, 39/06, entre otras).----------------------------- En este sentido, se ha dicho que conforme lo dispone la norma mencionada, los tribunales federales son competentes para entender en las causas emergentes de la navegación interjurisdiccional, o que puedan considerarse conexas a ésta.---------------------- La Corte ha sostenido en reiterada jurisprudencia que corresponde incluir entre las causas que afectan la jurisdicción marítima de competencia federal las que pudieren tener lugar con fundamento en el contrato de trabajo y en relación a empresas y servicios empleados en comercio interpovincial e internacional por afectar intereses que exceden el ámbito local (confr. Fallos 295:235; 298:416; 299:105; 302:456; 306:298; 311:2736; 313:1467; 320:2250, cit. en voto del Sr. Procurador, C.C.J.N. 23/03/2004, elDial, AA 2076; 7/3/95, SAIJ Sumario A0031635, SAIJ; 21/10/97, Sumario A0048460).- ---- En igual sentido se ha dicho que "justificado que el demandante presta servicios como "marinero" en un buque destinado a la navegación interprovincial e internacional, la causa promovida por extinción del contrato de ajuste corresponde, en consecuencia, a la competencia de la justicia federal (art. 515 y 516, Ley 20.094)" (S.C.B.A., elDial-W16C).------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ---- La profusa jurisprudencia citada demuestra que la cuestión de la competencia en casos como el que nos ocupa no presenta mayores discrepancias en la actualidad, amén de que -como se dijo antes- ambas salas de este Tribunal exhiben absoluta coincidencia sobre el punto.-------------------------------------------------------------------------- ------ ---- Por lo expuesto no se advierte cuál sería el mejor derecho del que pudo considerarse asistida la actora. La situación fáctica sometida a proceso ante la justicia ordinaria tenía atribuida en razón de la materia una competencia específica, habida cuenta de la interjurisdiccionalidad de la actividad desplegada por la demandada que -más allá de la prueba cuya producción ordenara la jueza a quo previo a resolver sobre la competencia- surgía de la propia demanda, donde el actor relató que fue citado a embarcarse en el Puerto de Caleta Paula en Caleta Olivia, encontrándose el domicilio de la demandada en el P. I. P. de Puerto Madryn.------------------------ ----Tampoco puede atribuirse al allanamiento formulado por la actora a fs. 49 virtualidad suficiente para eximirla de las costas, toda vez que al interponer la demanda ante el juzgado laboral es evidente que el accionante dio lugar a la actuación de la contraria, que culminó con la declaración de incompetencia de la jueza de grado (art. 70 inc. 1º y ccs. del C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- ---------------------- ---- En suma, requiriendo la eximición de costas al perdidoso de elementos objetivos que así lo hagan concluir, se advierte que en autos los mismos no se encuentran presentes, por lo que habrá de revocarse la decisión apelada sobre el punto.-------------- ---- IV.- Resta analizar el recurso interpuesto a fs. 85 por el Dr. L. A. N., por estimar bajos los honorarios a su favor regulados a fs. 81.--------------------------------------- ---- El artículo 19 de la ley arancelaria establece que el monto del proceso será el que resultare de la sentencia. En el caso, como fuera señalado, la sentencia de primera instancia declara la incompetencia en razón de la materia del Juzgado de origen y ordena el archivo de las actuaciones una vez consentido lo resuelto, por lo que no se expide sobre la pretensión contenida en la demanda, por lo que corresponde atenerse al contenido del escrito inicial (esta Sala, SIC 87/99, SIL 18/04, 4/05, entre otras).------------- Cabe destacar que, conforme lo dispuesto por el art. 6°, inc. a) de la ley 2.200, una de las pautas que ha de tener en cuenta el Juzgador para establecer el monto de los honorarios es el monto del asunto o proceso, si fuere susceptible de apreciación pecuniaria, el que estará comprendido por el capital e intereses y demás accesorios.--------- Por imperio de la normativa arancelaria vigente comprenden los intereses el monto del proceso, puesto que es la misma ley la que lo establece, la normativa transcripta no permite abrigar duda en cuanto que el monto del litigio debe determinarse computando el accesorio intereses (esta Sala, SDC 01/01, entre otras).-------------------------------------------- Y, siendo la base regulatoria el monto del juicio, constituido por el total del contenido u objeto de la pretensión deducida en la demanda -incluidos los intereses pretendidos-, se carece actualmente de monto exacto del proceso, base a los fines regulatorios, correspondiendo en consecuencia efectuar la regulación en términos porcentuales (art. 47, ley 2.200).------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ---- Ello así, revisada por este Tribunal la regulación de honorarios resuelta, a la luz de la extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida por el letrado apelante, el tipo de proceso -sumario-, la etapa cumplida, el carácter de la intervención -letrado apoderado de la demandada ganadora- y el resultado obtenido, reducidos entiende este Cuerpo los estipendios a su favor fijados, correspondiendo elevar los mismos, para fijarlos en el 9,45 % del monto que resulte de la liquidación a practicarse de conformidad con lo señalado en los párrafos precedentes (arts. 6, 7, 9, 39, 47 y concs., ley 2.200 y modif.).------------------------------------------------------------------------ -------------------- ---- En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew RESUELVE:----------------------------------------------------------------------- ------------------- ---- I.- REVOCAR PARCIALMENTE el decisorio de fs. 81 para imponer las costas de primera instancia a la parte actora vencida (arts. 68, 69 y concs., CPCC).-------------------- ---- IMPONER las costas de alzada a la parte actora vencida (arts. 68, 69 y concs., CPCC), regulando los honorarios correspondientes al Dr. L. A. N., en mérito a la extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida ante este Tribunal y al resultado obtenido, en un 30 % de los que a su favor son establecidos por su actuación en primera instancia (arts. 14, ley 2.200 y modif.).--------------------------------------------------- ---- II.- REVOCAR los honorarios regulados a fs. 81 vta. a favor del Dr. L. A. N., para fijar los mismos en el 9,45 % del monto pretendido en la demanda -incluidos los intereses- (arts. 6, 7, 9, 39, 47 y concs., ley 2.200 y modif.).--------------------- ---- Sin costas de Alzada dado que en materia de honorarios los memoriales y sus contestaciones en principio no devengan costas.---------------------------------------------------- ---- La presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Raúl Adrián Vergara (art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550).------------------------------- ---- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-------------------------------------------------------------- REGISTRADA BAJO EL Nº 39 DE 2008 - SIL.- CONSTE.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA