Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-08


En Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre de dos mil, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos seguidos por:

"Rodríguez Fernández Consuelo y otro c/ Citibank N.A. s/ sumario", en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden:

Doctores Caviglione Fraga, Monti, Di Tella.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs.52/59 ? El Señor Juez de Cámara Doctor Bindo Caviglione Fraga dice:

I.- A fs. 52/59 se presentó Consuelo Rodríguez Fernández y Jorge Puricelli promoviendo formal demanda contra Citibank N.A., tendiente a obtener resarcimiento por el agravio moral que dicha entidad provocó en ocasión de haber informado al Banco Central de la República Argentina (en adelante B.C.R.A.) calificándolos como "deudores de alto riesgo" a partir del mes de octubre de 1996 y como "deudores irrecuperables" desde el siguiente período mensual hasta junio de 1997. Alegaron que dichas calificaciones eran injustificadas porque el crédito prendario que tomaron de aquel banco ya se había abonado íntegramente.

Asimismo, solicitaron la publicación de la sentencia que se dictase, para salvaguardar su prestigio personal (cfr art. 1071 bis, Código Civil).

A fs. 104/105 se presentó la entidad bancaria accionada y solicitó el rechazo de la demanda, con costas. Adujo que si bien en octubre de 1996 fue cancelado el crédito prendario, lo cierto es que dicho crédito había vencido en octubre de 1995 sin que los actores hubiesen abonado en término. En virtud de ello, sostuvo que su inclusión como "deudores de alto riesgo" en la información que obligatoriamente debe suministrar al B.C.R.A. resultó correcta hasta la fecha de cancelación definitiva del crédito, esto es, en el mes de octubre de 1996. Agregó que, una vez cancelada esta deuda se informó inmediatamente tal circunstancia al B.C.R.A. y se produjo el cese de la información perjudicial.

Tramitada la etapa probatoria y agregados los alegatos de ambas partes se dictó sentencia a fs. 267/272 -cuya foliatura es enmendada en este mismo acto por contener un error numérico involuntario-, que acogió parcialmente la demanda instaurada. Para fallar de ese modo, el juzgador reparó en las constancias del peritaje contable realizado en la causa, mediante el cual pudo constatarse que si bien fue veraz la afirmación de la demandada, en cuanto a que su contraria no había terminado de abonar el crédito prendario en término convenido -pues su fecha de pago concluyó en octubre de 1995 mientras que la actora terminó de abonarlo en el mismo mes del siguiente año-, tal circunstancia obedeció a que el banco demandado y la actora incluyeron de común acuerdo una cuota adicional de intereses y gastos administrativos -cuota nro. 18- para responder a los intereses punitorios devengados como consecuencia de los atrasos que la actora registró en el pago de algunas de las diecisiete cuotas anteriores (v. fs.205). En ese contexto, mencionó que la calificación del banco podía reputarse correcta desde el punto de vista estrictamente formal, pues desde el vencimiento de la última cuota -nro. 17- hasta la cancelación de la cuota adicional por intereses convenida posteriormente -nro. 18- había transcurrido más de un año, lo cual autorizaba a calificarlos como "deudores de alto riesgo" y posteriormente "como deudores irrecuperables", según las pautas que surgen de la comunicación "A" 2216 del B.C.R.A. Sin embargo, consideró que tal accionar por parte del banco resultó irrazonable pues la deuda vigente a partir de octubre de 1995 era de escasa significación -se terminaron abonando cincuenta pesos ($50) en concepto de cuota nro. 18 por intereses punitorios- y no existía ninguna evidencia de que el banco hubiese intimado su pago. Agregó que la conducta seguida por el banco contenía un cuestionable apego formal a la letra de la disposición aludida y no a su finalidad, que es establecer la verdadera capacidad de pago de los deudores, razón por la cual, reputó que su accionar resultó antijurídico y pasible de causar un daño reparable. Seguido de ello, afirmó que la sola circunstancia de aparecer calificados erróneamente en los informes del B.C.R.A. era un hecho generador de agravio moral para los actores. Pero entendió que los continuos atrasos de los accionantes en el pago de las cuotas anteriores -hasta la nro. 17-, por lo menos hubiese merecido la calificación de "deudores de cumplimiento inadecuado", según los parámetros trazados en la circular precitada. Asimismo, reparó en el hecho de que los demandantes tampoco ignoraban que a lo largo de varios meses debieron intereses por pagos tardíos, en virtud de lo cual, estimó equitativo fijar un monto en concepto de daño moral equivalente a tres mil quinientos pesos ($3500) para cada uno de los accionantes.- II.- Contra dicha decisión se alzan ambas partes.

Los actores cuestionan la sentencia recurrida en lo atinente al monto del daño moral reconocido y solicitan su elevación por considerarlo exiguo. En apoyo de su postura, citan determinados informes emanados de diferentes entidades bancarias y del colegio donde concurrían sus hijos a tomar clases, mediante los cuales se acreditan los diferentes perjuicios personales y sociales que padecieron a raíz de la información cursada al Banco Central en forma injustificada. Por lo demás, ante el estado público que tomaron las informaciones referidas a su supuesta insolvencia, reiteran su petición de que la decisión que se dicte sea publicada (cfr. art. 1071 bis, Código Civil). Por último, solicitan la imposición de una multa por temeridad y malicia a su oponente ( cfr. art. 45 Código Procesal), pues reputan que su contraparte negó hechos que le resultaban conocidos para sostener su defensa.

La parte demandada, por su lado, contradice la atribución de responsabilidad efectuada en la sentencia. Advierte, en ese sentido, que la insignificancia de la deuda no tiene relevancia a los efectos de la calificación que debe remitir al Banco Central. Asimismo, remarcan que su entidad no debía intimar el cobro de los intereses incluidos en la cuota adicional nro. 18 como se sostuvo en la sentencia, pues frente al atraso verificado por los actores en el pago de las cuotas anteriores, aquellos eran exigibles desde la mora del deudor (cfr. art. 509, 1 párr., Código Civil). Por último, como argumento central, postula que la calificación efectuada por el banco estuvo "bien hecha" conforme lo sostenido por el sentenciante, circunstancia por la cual no se puede sostener que su accionar fue antijurídico, habida cuenta que se ciñó a lo normado por las disposiciones del B.C.R.A. . En segundo lugar, arguye la inexistencia de un agravio moral en perjuicio de los actores. En esa dirección, resalta que la coactora Fernández reconoció haber solicitado la apertura de una cuenta corriente en su entidad luego del acaecimiento de los hechos alegados en la demanda. Por tal motivo, sostienen que las afecciones personales aducidas deben reputarse inexistentes, pues resultaría inexplicable que una persona que fue víctima de daño moral vuelva a contratar con quien le ha inferido ese perjuicio. En igual sentido, dice que los actores se encontraban informados por otras tres entidades bancarias con similares calificaciones de insolvencia y que se encuentran actualmente inhabilitados para operar en cuenta corriente por librar cheques sin fondos, circunstancia que descarta la posibilidad de que hubiesen sido afectados en su fuero íntimo ante el informe de deuda emitido, pues ello no configuraría una circunstancia anormal para los demandantes. Por último, refieren que aún en el caso de entenderse que las molestias padecidas por los actores sean configurativas de un daño moral, igualmente cabe considerar que los montos reconocidos resultarían desproporcionados y excesivos.

III.- Por razones de mejor orden se examinará el recurso deducido por la parte demandada en lo referido al aspecto sustancial de la controversia, para luego analizar, de ser procedente, los agravios de ambas partes en cuanto al monto del resarcimiento.

En ese orden de ideas, cabe señalar que la operatoria de crédito prendario para la adquisición de un rodado en virtud de lo cual surgieron los inconvenientes que motivaron este litigio, fue pactada originariamente en diecisiete cuotas mensuales de dos mil cien pesos ($2100) cada una y cuyo pago nunca se retrasó por más de un mes salvo en la cuota nro. 10 (v. peritaje contable, cuadro de fs. 205 realizado sobre los libros del banco). Del mencionado contable surge que la actora terminó de abonar todas las cuotas pactadas el 13/10/95, sin que la demandada haya acompañado documentación por la que se acredite alguna reserva o salvedad ante la recepción de cada pago, ni tampoco que haya registro de ello en su contabilidad (v. fs. 205vta. pto. 5). Sin embargo -como se dijo anteriormente-, el banco decidió cobrar a la actora una 18va. cuota en concepto de intereses punitorios devengados en virtud de los pequeños períodos de mora registrados en el pago de la mayoría de las diecisiete cuotas anteriores (v. informe cit.).

En primer término corresponde remarcar que la mora se produce por el mero vencimiento de las obligaciones que tienen plazo convenido (cfr. art. 509, Código Civil) y, en este caso, las partes sólo acordaron la fecha de vencimiento de las primeras diecisiete cuotas estipuladas en el contrato, sin que la cuota adicional décimo octava haya tenido un vencimiento estipulado, por consiguiente, los argumentos recursivos que se refieren a que una interpelación no era necesaria para el cobro de ésta última cuota resultan erróneos, habida cuenta que esa innecesariedad de interpelación sólo pudo regir respecto de las cuotas anteriores. Así corresponde considerarlo, pues el banco decidió acumular los montos adeudados en concepto de intereses punitorios y englobarlos en una cuota adicional que no estaba prevista contractualmente, motivo por el cual resultaba necesaria la interpelación de los actores para constituirlos en mora (cfr. art. 509 cit. 2 párr.), requisito sin el cual su calificación como deudor fue injustificada. Tal circunstancia se ve agravada cuando se comprueba que, según surge de la contabilidad de la propia accionante, esa deuda por intereses se encontraba controvertida entre las partes, pues la liquidación primigenia elaborada por el banco fue rechazada por los actores (v. informe de fs. 220 donde la deuda ascendía a $623), y con posterioridad, luego de diversas tratativas, se arribó a un acuerdo por quinientos pesos (v. fs. 205vta punto 5). De ello se concluye que mientras la parte demandada negociaba con los actores el pago de esta deuda, a la vez, informaba al Banco Central respecto de un supuesto estado de morosidad de aquéllos, en infracción a la regla de buena fe en la ejecución de los contratos (cfr. art. 1198, Código Civil).

IV.- Por otro lado, es dable puntualizar que las calificaciones efectuadas por el banco demandado respecto de los actores como deudores "con alto riesgo de insolvencia" y luego como "irrecuperables" resultan incorrectas desde la óptica de la mentada comunicación A" 2261 del B.C.R.A., pues si bien es cierto que, en principio, quien incurre en atrasos de entre 180 días y un año es pasible de la primer calificación y quien excede el período anual es pasible de la segunda conforme la comunicación citada (v. fs.92, ap.d.4.b), cuadra efectuar algunas observaciones al respecto:

1) Con respecto a la primera calificación, el período de atraso que se cita en la circular es sólo un "indicador" para reputar que el deudor puede encontrarse dentro de este grupo de clientes, caracterizados por ser aquéllos cuyo flujo de fondos demuestra que es "altamente improbable que puedan atender a la totalidad de sus compromisos financieros" (pto.d.4., a fs. 91). Asimismo, la mencionada circular advierte, entre otras cosas, que los clientes de las entidades financieras deben ser calificados con base en una "evaluación de situación particular, de acuerdo a las condiciones objetivas y subjetivas de todos los riesgos asumidos por ellos". Y estipula que el criterio básico de evaluación esta basado "en la capacidad de repago del deudor en función del flujo financiero estimado y, sólo en segundo lugar, sobre la base de liquidación de activos del cliente (...) en condiciones de amortización que respondan a sus verdaderas necesidades y a las reales posibilidades de devolución" (v. enunciado y ptos. 1, 2,5 y 7 1.a). De las transcripciones efectuadas precedentemente se extrae que lo que el banco debía informar eran las condiciones en que se encontraba el actor para afrontar el pago de su deuda, no en base al tiempo de mora incurrido -que sólo es un indicador-, sino de un análisis verídico y particularizado del cliente, en el que se tuviera en cuenta sus posibilidades reales de devolución. Y si se repara en el hecho de que la deuda que se terminó abonando era sólo 500 pesos (v. fs. 205vta. p. 5), puede concluirse que el banco no cumplió con las reglas insertas en la circular y su proceder no se ajustó a la normativa específica. Máxime, si se tiene en cuenta que en la misma época en que el banco calificaba a los demandantes como "deudores con alto riesgo de insolvencia", les comunicaba la pre- aprobación de un crédito hipotecario por cincuenta mil dólares estadounidenses (v.fs.7) y aceptaba abrirles una cuenta corriente con giro al descubierto por ocho mil quinientos pesos ($8.500), lo cual ponía de manifiesto que la entidad demandada compartía la calificación que remitió al B.C.R.A.

2) Con respecto a la segunda calificación debe remarcarse que la parte demandada no menciona en su recurso ningún argumento tendiente a justificar la razón por la cual los actores continuaron incluidos en la base de datos de deudores de riesgo del B.C.R.A., con posterioridad a la fecha de pago de la 18va. cuota en octubre de 1996 y hasta el mismo mes del año siguiente (v. informe del Banco Central glosado a fs. 168/9). En forma contradictoria, la parte demandada sostuvo en su responde que una vez efectuado este último pago comunicó inmediatamente tal circunstancia a la entidad de control y se produjo el cese de esa información perjudicial (fs. 112), mas dicha información resulta inexacta según resulta del informe del Banco Central precitado. Además, esto corrobora nuevamente el incumplimiento de lo prescripto por la circular "A" 2261 en cuanto el banco no informó en forma mensual como reglamentariamente debía hacerlo (v. reconocimiento de fs. 109 e informe cit).

En virtud de los expuesto, el recurso en examen deberá ser desestimado.

V.- Corresponde abocarse al tratamiento del rubro indemnizatorio reclamado y, en tal sentido, mientras la parte demandada arguye la inexistencia de un agravio moral en perjuicio de los actores, con fundamento en los antecedentes de ambos pretensores, los actores plantean la exigüidad del monto reconocido en este concepto. En atención a ello, corresponde examinar ambos planteos en forma conjunta.

En esa dirección, cabe estimar que más allá de la afección sufrida por los actores en su actividad profesional como comerciantes - cuestión que no fue reclamada-, el descrédito personal ocasionado por la errónea e injustificada información difundida, los trámites y gestiones extrajudiciales y judiciales que debieron encarar para revertir esta situación, y el estado de incertidumbre generado durante los dos años en los cuales se prolongó este litigio, son suficientes motivos para estimar la existencia de padecimientos en la tranquilidad anímica de ambos demandantes. En tal sentido, debe repararse en el hecho que varias entidades bancarias solicitaron informes respecto de los actores (v. informes de fs. 223 y 224), quienes aparecieron en la base de datos de la organización Veraz (v. oficio de fs. 225) y que hasta el mes de octubre de 1997 no podían abonar las cuotas del colegio de sus hijos con tarjeta de crédito (v.fs. 179), lo cual demuestra el grado de desconfianza que adquirieron con relación a terceros, tanto en el aspecto profesional como social.

VI.- Sin perjuicio de lo señalado, cabe considerar que la cuantificación de este rubro indemnizatorio debe atender a las circunstancias personales de los damnificados. Y en esa dirección, no puede desconocerse que durante la época de la controversia los actores mantuvieron relaciones comerciales con la demandada mediante la apertura de una cuenta corriente en ella y, con posterioridad, tomaron un nuevo crédito, esta vez hipotecario, de la entidad demandada (v. copia de fs. 6/7 y reconocimiento de fs. 53vta.). Asimismo, si bien resultó posterior al período 1997, también debe repararse que el señor Jorge Puricelli se encuentra actualmente inhabilitado para operar con cuentas corrientes por librar cheques sin fondos y fue informado al B. C. R. A. con motivo del atraso de pagos por otras cinco entidades financieras, con una clasificación - en el caso del Banco Credicoop Cooperativo- similar a la efectuada por el Citibank N.A. En contraposición, su mujer, la co-actora Rodríguez Fernández, no presenta datos negativos en ese sentido (v. informe de fs.222/224 no controvertido por el banco). En consecuencia, si se tiene en cuenta las particularidades del caso y el impacto negativo que los hechos examinados pudieron tener en las afecciones personales o tranquilidad anímica de los actores según las características personales, cabe estimar conveniente mantener la indemnización dispuesta respecto del co-actor Puricelli y elevar a pesos diez mil ($10. 000), la indemnización correspondiente a la co- actora Rodríguez Fernández.

VII.- Por lo demás, en cuanto a la solicitud de publicación de la sentencia, es dable manifestar que los perjuicios inferidos se hallan suficientemente reparados mediante la indemnización reconocida, que debe reputarse íntegramente resarcitoria de los daños causados.

Asimismo, en cuanto a la multa solicitada (cfr. art. 45, Código Procesal), es del caso señalar que las argumentaciones por la emplazada en sus presentaciones judiciales, si bien pueden ser parcialmente contradictorias, no exceden lo que debe considerarse un ejercicio normal del derecho de defensa, motivo por el que no corresponde hacer lugar a la imposición de sanciones.

VIII.- En virtud de lo expuesto, voto por la confirmación de la sentencia apelada, con las modificaciones expresadas en el apartado VI. Las costas de alzada serán soportadas por el demandado vencido en atención al resultado de los recursos y a que el objeto de la demanda resulta ser un reclamo de daños y perjuicios, supuesto en el cual corresponde imponer los gastos causídicos al responsable, conforme el criterio asumido por esta Sala en autos "Enrique Zeni y Cía S. A. C. I. F. I. c/ Madelfor S. R. L. s/ ordinario", del 14/02/91.

Por análogas razones los Señores Jueces de Cámara Doctores José Luis Monti y Héctor M. Di Tella adhieren al voto anterior.

Con lo que termina este Acuerdo que firman los Señores Jueces de Cámara, Doctores H.M. Di Tella, B.B. Caviglione Fraga, J.L. Monti. Ante mi: Kölliker Frers.

Es copia del original que corre a fs. del libro nro. de Acuerdos de la Sala "C" de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal.

Buenos Aires, Septiembre 8 de 2000.- Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia objeto de recurso, con las modificaciones expresadas en el apartado VI. Las costas de alzada serán soportadas por el demandado