Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-12-10


Trelew, diciembre 10 de 2004.

-----VISTO: El recurso de apelación interpuesto a fs. 58/59 por el Sr. Defensor Público, Dr. Carlos E. Bellorini, mantenido y renunciada la audiencia prevista por el art. 413 del C.P.P. a fs. 66, contra el auto de fs. 56/57,y-----------------------------------------------------------CONSIDERANDO:- ------------------------------------------------------------------------------- - I.- El auto de fs. 56/57 denegó la excarcelación a J. D. S. por aplicación de los arts. 284, incisos 1 y 2 y 286 S. apartado, 3er. Párrafo del C.P.P.).------------------------------------------------------------------------ -----------------------------II.- Sostiene el apelante que la nueva interlocutoria, al igual que la anterior, es nula porque también carece de fundamentos.---------------------------------------------------------------Entie nde que una sentencia es una pieza procesal donde el Magistrado efectúa una valoración sobre los hechos volcados en la causa y luego, siguiendo las reglas de la lógica, expresa las conclusiones a las que se arriba en uno y otro sentido.---------------------------------Señala que en el decisorio que apela no se menciona los elementos de prueba que fueron tenidos en consideración para arribar a la decisión de negar la libertad caucionada.------Advierte que está demostrado a lo largo de los autos principales el permanente sometimiento al accionar de la justicia por parte de su defendido, porque desde el día 13 de mayo hasta su detención, concurrió puntualmente a la carga impuesta.-------------------------Manifiesta que obtuvo trabajo, como lo acreditó en la audiencia que se llevó a cabo ante el Tribunal.----------------------------------------------------------------------- --------------------Expresa que recurrir una sentencia con ausencia de fundamento hace que quede limitada sus posibilidades recursivas.-------------------------------------------------------------------En tiende que la soltura es procedente porque su familia vivió y vive en Puerto Madryn y día a día sufre mayores privaciones y estigmatizaciones producto de esta actitud de pena anticipada y sentencia arbitraria. Cita jurisprudencia.---------------------------------------Concluye solicitando se declare la nulidad de la resolución recurrida y se disponga la libertad de su representado.------------------------------------------------------------------- -----------Al momento de mantener el recurso ratifica los agravios vertidos y renuncia expresamente, junto al imputado, a la audiencia prevista por el artículo 413 del C.P.P.----------III.- Ausente de toda fundamentación se encuentra el decisorio venido en apelación pues se limitó a efectuar una descripción de las actuaciones procesales cumplidas con citas doctrinales y jurisprudenciales sin valorar los elementos objetivos y subjetivos acumulados. Así, el decisorio omitió fundar y señalar correctamente cuáles son las circunstancias que le permitieron arribar al resultado final de abortar la posibilidad de otorgar la libertad ambulatoria solicitada. Por tal motivo, debe declararse nuevamente la nulidad del mismo (Constitución Provincial, art. 169; C.P.P., arts. 107, 150 primer párrafo, y concordantes).------------------------------------------------------------------ --------------Deberá asumir este Cuerpo la responsabilidad de decidir sobre la concesión o no de la libertad del peticionante. El valor libertad en juego no permite dilatar aún más la resolución del presente incidente que se inició el 13 de octubre de 2004, máxime teniendo en cuenta la nulidad decretada a fs. 43/44 mediante SIP Nº 134 de fecha 15 de noviembre de 2004. Es que, el Estado debe dar respuestas válidas y concretas a las pretensiones de las partes, sobretodo si se encuentra en juego un derecho de raigambre constitucional como lo es la libertad.----------------------------------------------------------------------- -------------Ya tiene dicho esta Sala en SIP Nº 073/04 que "la apelación devuelve al tribunal superior la plenitud de la jurisdicción y éste se encuentra frente a la reclamación en la misma posición que el inferior, es decir, que le corresponden iguales derechos y deberes(...)Cuando la apelante ataca al expresar agravios la totalidad de lo resuelto en la instancia anterior, pidiendo se lo revoque en forma completa, ello revierte al tribunal de alzada la totalidad de su jurisdicción, de modo que al analizar ampliamente los extremos debatidos en el caso, aquél ejerce en forma normal la competencia apelada" (CSJN, 8/3/77, Fallos, 297:130; Rep ED, 11-801, nº 34)".------------------------------------------Es evidente la reiterada falta de capacidad de motivación de sus decisiones puesta de manifiesto por la Conjuez de la causa, con la gravedad añadida de que antes justamente por un error procesal grosero de su parte, dispuso la libertad transitoria de S., cuando ameritaba la valoración de los elementos probatorios para poder , en principio, revocar un decisorio firme, y luego eventualmente demostrar que había alcanzado un grado de certeza negativa que le permitía sobreser al imputado. Sin embargo, nada de ello ocurrió. La juzgadora recurrió a un remedio procesal equivocado para otorgar la libertad y crear falsas expectativas con relación a la situación procesal del encartado.---------------------Cierto es que se trata de un hecho muy grave que ha sido de muy difícil investigación dado el temor de los testigos y la actitud reticente de algunos de ellos, pero es increíble que aún la investigación, respecto del peticionante, no haya concluido, o bien que de haberse delineado una hipótesis que involucrándolo habilite a mantenerlo bajo prisión preventiva mientras se investiga, no se esgrima como sustento de tal caución personal.---------La invocación de garantías constitucionales no puede servir nunca para consolidar excesos o detener medidas razonables fundadas supuestamente en la necesidad de salvaguardar el orden y el interés público, comprometido por hechos y actitudes de innegable gravedad. Máxime cuando se encuentra el proceso en estado de ser resuelto en juicio oral y público. De allí que la soltura prevista por normas procesales y constitucionales, no sería, en el caso concreto, una invitación al acusado para colocarse al margen de la ley, circunstancia que emerge del dato objetivo aportado a este incidente como es la comprobación fehaciente que S. en libertad se sometió acabadamente a la acción de la justicia.----------------------------------------------------------------------- -------------La práctica jurisprudencial ha demostrado que, por regla general, sólo se consideran los parámetros objetivos para conceder el pedido excarcelatorio, lo que desvirtúa sus fines declarados. Es así que se reduce el derecho a la libertad durante el proceso de todo imputado, a una presunción, que no admite prueba en contrario, de que todo individuo acusado de ciertos delitos intentará fugarse si es liberado.-------------------------------------------Ello no quiere decir otra cosa que toda persona gozará del derecho a la libertad hasta no tener sentencia firme, siempre y cuando sea acusada de delitos menores.----------------------Esta categoría de "delitos menores" es de advertir incluyen a las acciones que el legislador conmina sin penas de prisión o cuando ellas no superan determinado límite de años, sin tener en consideración el grado o proyección real de perjuicio social que ciertos delitos provocan, pero que no han sido sancionados con altas penas por la misma lógica del sistema. Concretamente nos referimos a los delitos económicos.-------------------------------"El monto de la pena de la futura e hipotética condena es fundamento válido para denegar la excarcelación si permite presumir que tras la soltura el imputado intentará eludir la acción de la justicia. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado la magnitud de la pena en expectativa como pauta fundante del encierro preventivo siendo que los pronunciamientos de este organismo internacional han sido evaluados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como guía para la interpretación de los Pactos Internacionales (C.C.C. Fed., Sala II, junio 4-998, "Green, Gustavo").---------------------------------------------------------------------- ---------------------------Cierto es que esta Sala al nulificar la resolución de la Conjuez que disponía el sobreseimiento de S. evaluó la posibilidad que, ante la posibilidad cierta de la aplicación de una condena de efectivo cumplimiento aquel podría eludir la acción de la justicia y justificó el mantenimiento de la preventiva por peligro de fuga. Pero cierto es también que de acuerdo a los datos objetivos emergentes de la causa, la conducta de S. en libertad se encaminó a obedecer las condiciones impuestas y denotó una voluntad de someterse al proceso, unido a ello su domicilio en la ciudad, su familia que lo habita y la concreta posiblidad de realizar un trabajo.------------------------------------------------Las distintas apelaciones, recusaciones y nulidades planteadas en el devenir de este proceso, no lo hacen un procedimiento normal. Sin embargo, estas vicisitudes no pueden ser invocadas en contra del imputado, desconociendo el contenido de los Tratados Internacionales incorporados recientemente a nuestra Carta Magna, en cuanto al plazo razonable que debe imperar en todo proceso penal.--------------------------------------------------La peligrosidad en punto a la no finalización del proceso fundada en peligro concreto de fuga, constitutiva de una de las causales restrictivas de la libertad en el presente proceso -respecto de S.-, debe entenderse como la probabilidad cierta de que el prevenido eluda la acción de la justicia, lo que no se da, se vuelve a reiterar, si el acusado, como en el caso, se presentó espontáneamente, residió con su familia en la ciudad, y consiguió un trabajo serio y concreto.------------------------------------------------------------------Es que todo aquello relacionado con la limitación de la libertad personal debe ser interpretado restrictivamente y para cada caso en particular, adecuándolo a las necesidades del proceso y su objetivo principal, cual es verificar los hechos y asegurar el descubrimiento de la verdad real como requisito previo a la actuación de la pretensión punitiva.----------------------------------------------------------------------- -----------------------------Es necesaria, se vuelve a reiterar, una delimitación rigurosa del término de la investigación, y es una necesidad legal, toda vez que proviene del principio constitucional de que los procesos deben acabar en un tiempo razonable (Artículos 8, inciso 1º de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y 14, inciso 3 c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). En nada empece la clausura de la instrucción y elevación a juicio de los actuados respecto de un imputado -como se señalara oportunamente en varias decisiones de esta Sala-, cuando la situación procesal de otros imputados aun no está resuelta.------------------------------------------------------------------El tiempo razonable en los procesos constituye una garantía esencial que no puede soslayarse en virtud de argumentos extraños a las circunstancias de la causa.---------------- -----"Quien lucha contra la criminalidad prematuramente, es decir, antes de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, por medio de la prisión preventiva, no respeta el principio de inocencia, le quita valor al procedimiento principal y lesiona a una persona sin fundamento jurídico" (Conf. Hassemer, Winfried, "Los presupuestos de la prisión preventiva", p. 119, en Crítica al Derecho Penal de hoy, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 1995).-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------La decisiones judiciales no deben dejar duda alguna en orden a la legitimidad de una medida de tanta intensidad. Cuando el caso ha estado sometido a la presión mediática durante la instrucción, la fundamentación de las medidas cautelares debe ser particularmente escrupulosa, y aventar toda suspicacia en cuanto a la influencia de la "gravedad y repercusión social del hecho" como base real de la decisión.-------------------------Así lo entendió este Cuerpo al pronunciarse oportunamente sobre la libertad de S.. Los esfuerzos argumentativos estuvieron dirigidos a no predecir con anticipación la imposición de una pena, sino a analizar con cuidado cuáles fueron las razones valederas que autorizaban a afirmar que existía la posibilidad cierta de que el nombrado impediría la realización del proceso penal, y por qué razón la detención era la única alternativa útil y proporcionada. Distinto debe ser el análisis en este estado del proceso, cuando el legitimado demostró acabadamente su intención de someterse al proceso.------------------------------------------------------------------------ ----------------------------Si la amenaza de una condena a pena de cumplimiento efectivo permite presumir que el imputado eludirá la acción de la justicia, justo será verificar, en cada caso concreto, si la inferencia es verdadera. Pues verdadero resulta en el caso, de acuerdo a la verificación de los extremos objetivos, el sometimiento del encartado al cumplimiento de las imposiciones judiciales.--------------------------------------------------------------------- -----------------------------Debe ponerse de resalto que ante un grosero error jurídico recuperó su libertad y no obstante ello realizó conductas encaminadas al cumplimiento de las condiciones ordenadas, dando muestra cabal de su intención de no eludir la hipotética aplicación del derecho sustantivo.--------------------------------------------------------------------- ------------------Si la ley procesal es el modo que adopta el ordenamiento jurídico, para averiguar la verdad real de los hechos sometidos a juzgamiento, parece una traición a este postulado constitucional, que precisamente cuando se debe resolver sobre la libertad personal se rehuya "atender a la verdad jurídica objetiva de los hechos que de alguna manera aparecen en la causa como de decisiva relevancia para la justa decisión" (Fallo Nº 2113, ED, 21/4/1989, Nº 7225, Síntesis de Jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Nación, Causa Nº 22.272).------------------------------------------------------------------------ ------------------------Todo lo que facilite la libertad del imputado tiene respaldo fundacional, concepto por cierto de enhiestos contornos, porque la institución debe ser de aplicación amplia en todos los casos que medien circunstancias que posibiliten la finalidad de la pena, sin recurrir a la prisión del procesado, en una prudente compaginación de las requisitorias de libertad con las demandas comunitarias de seguridad y de defensa contra el delito.-----------------------------Por ende, el instituto de la excarcelación y otros análogos tienen arraigo constitucional, porque la privación de libertad antes de la sentencia no debe mortificar -conforme a la aplicación del art. 18- más allá de lo que la seguridad exige.-----------------------No debe olvidarse, en definitiva, que un fin esencial, enunciado con firmeza y enfáticamente por el Preámbulo proclama "afianzar la justicia". Ese objetivo es primordial en materia de excarcelación por cuanto hace a una de las maneras de mantener en libertad a las personas, o hace cesar el efecto de la detención o la prisión preventiva, recuperando el valor esencial destacado por los autores al que tiende toda la Constitución Nacional.----------En virtud de lo expresado la Sala "B" de la Cámara de Apelación Instructoria del Noreste del Chubut,------------------------------------------------------------------------- -------------RESUELVE:--------------------------------------------------------- - -------------------------------1) DECLARAR la NULIDAD del auto de fs. 56/57 venido en apelación (Constitución Provincial, art. 169; C.P.P., arts. 107, 150 primer párrafo, y concordantes).------2) DISPONER la inmediata libertad de J. D. S., la que será efectivizada desde la sede del Juzgado de Instrucción nº 4, bajo las condiciones que la Sra. Juez de refuerzo considere adecuadas y bajo apercibimiento de revocarle el beneficio y previa certificación por Secretaría, de que no existen otros impedimentos legales que obsten a la obtención del beneficio.---------------------------------------------------------------------3 ) Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y devuélvase al Juzgado de origen a sus efectos.------------------------------------------------------------------------ ------------------------La presente se dicta con dos miembros por excusación del Dr. Hipólito Giménez (art. 8 de la Ley 1130).-------------------------------------------------------------------------- --------- SERGIO RUBEN LUCERO RAUL ADRIAN VERGARA ANTE MI: JOSE ALBERTO GARCIA REGISTRADA BAJO EL Nº 147 2004.SALA "B".SIP. CONSTE.-