Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-02-03


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 3 días del mes de febrero del año dos mil cinco, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Silvia N. Alonso y señor Juez de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "R., S. E. c/ I. C. S.A. s/ DEMANDA LABORAL (Haberes e indemniz. de ley)", Expte. No. 14.416/04, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. No. 1550/02), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 732) y autos de fs. 736 y fs. 742, correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dr. Fernando Nahuelan-ca y Dra. Silvia N. Alonso de Ariet.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 687/709 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Vienen las presentes actuaciones por haber sido apelada a fs. 710 por la parte demandada la sentencia definitiva de fs. 687/709 vta., habiendo sido concedido el recurso a fs. 713 libremente y en ambos efectos.

El fallo cuestionado dispuso: 1) "Ha-ciendo lugar a la demanda y, en consecuencia, condenan-do a I. C. S.A. a abonar en el plazo de diez (10) días de quedar firme la presente a la Sra. S. E. R., la suma de pesos veinticuatro mil quinientos veintidós con noventa y dos centavos ($24.522,92), sumas todas que se incrementarán conforme lo dispuesto en el considerando III, debiendo tenerse presente lo dispuesto por el art. 2777LCT; 2) Condenando a la demandada a entregar en el plazo de diez (10) días de quedar firme la presente el certificado de trabajo y el certificado de aportes y remuneraciones, solicitados por la actora de acuerdo a los alcances que en definitiva se resuelven en el presente juicio, en un todo de acuerdo con lo estable-cido en el segundo párrafo del art. 80 de la LCT y lo dispuesto en el considerando IV. 3) Costas al demandado vencido...".

I.A) La parte apelante demandada expresa agravios, los que obran glosados a fs. 716/726 y que se basan en las siguientes temáticas: 1) fecha de ingreso; 2) procedencia de la indemnización especial por mater-nidad prevista en la ley de contrato de trabajo; 3) inclusión de la indemnización prevista en el art. 43 de la ley 12.908; 4) procedencia de la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323; procedencia de la indemnización especial del art. 80 LCT 6) proceden-cia de la doble indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.561 y 7) la tasa de interés fijada.

Entendiendo que en la estructura de la sentencia los resultandos (aplicable aquí a los agra-vios) tienen por finalidad la individualización de los sujetos de la pretensión y la relimitación del ámbito objetivo del litigio sobre el que recae el pronuncia-miento, incluyéndose así entre los elementos que la sentencia deberá contener "la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio (o de los agravios), siendo el estilo judicial agregar una breve relación de las vicisitudes del proceso, a cuyo efecto basta una mera remisión (conf. crit. Morello- Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.II-C, pág. 64; Cám. Nac. Com. Sala C, 03/11/80, entre otros) y advirtiendo que de las conclusiones en que la apelante sintetiza los argumentos de sus agravios son claros y concisos y teniendo presente el principio procesal de concentra-ción, he de transcribir los mismos sin perjuicio de tener en cuenta cada línea de pensamiento expuesto en el desarrollo que en cada uno de sus agravios ha realizado la apelante.

I.A-1) Centra el primer agravio la apelante demandada (fs. 716/718) en cuanto la a-quo consideró ingresada a la actora el 01/12/95 y recién registrada en 1996, sobre la exclusiva base de no haber realizado la demandada una negativa expresa a tal alegación expuesta en la demanda y conforme a ella considera procedente la indemnización prevista en el art. 1ero de la ley 25.323.

Destaca que la a-quo a fs. 694 concluye con grave error que la actora ingresó el 01/12/01 y luego a fs. 699 sostiene que ingresó el 01/12/95 y conforme a ello considera procedente la indemnización aquí cuestionada. Concluye que en virtud de dicho error debe revocarse la sentencia declarando improcedente la indemnización del art. 1 L.25.323.

I.A-2) El segundo agravio (fs. 718/721 vta. se basa en la decisión de la sentenciante en declarar procedente la indemnización especial por maternidad prevista en la ley de contrato de trabajo.

Expresa que el trato a la actora no fue disvaliosa sino que por el contrario tal como lo reconoce la a-quo a fs. 701 se la privilegió en rela-ción con el resto de los dependientes en función de su estado de embarazo y pese a no suspenderla ni incluirla en el procedimiento de crisis iniciado y tramitado ante la autoridad administrativa del trabajo (fs. 666 a 685) y los esfuerzos de la demandada de mantener la relación laboral y el pleno goce de haberes por su situación de embarazo, ésta por una mora en el pago de la licencia del año 2002 -por la que usufructuó vacaciones por un período no trabajado- que gozó íntegramente se conside-ró despedida, a ello también debe sumarse que pese a saber que la Agencia estaba cerrada y tener garantía de la demandada del pago de haberes y que en un futuro se le iba a asignar tareas, la actora forzaba telegráfica-mente que se le dieran tareas, cuando en realidad y pese al cierre provisorio -en aquel momento- de la agencia Comodoro Rivadavia, se le garantizaban sus haberes y la relación de dependencia.

Agrega que la buena fe de la demandada, resultó más que evidente y conforme lo actuado no se puede presumir que la ruptura de la relación laboral fuera una forma de violentar la estabilidad que le otorgaba la ley a la trabajadora embarazada, pues en este caso bien se podría haber alegado la causal de cierre de la sucursal e incluirla en el procedimiento preventivo de crisis y con ello evitar el pago de la indemnización especial ya que al prescindir de la totalidad de los trabajadores era evidente que no se discriminaba a la actora ni se encubría un despido por causa de maternidad.

I.A-3) El tercer agravio (fs. 721 vta./722 vta.) se basa en que pese a ni siquiera mencionar en el detalle de los rubros por los que procede la demanda y los conceptos por los que la misma prospera, al determinar la condena a favor de la actora, se incluye de la indemnización prevista en el art. 43 de la ley 12.908, en forma arbitraria e infun-dada, ya que el monto total por el que prospera la demanda es coincidente a la liquidación practicada por la actora a fs. 132/vta. que incluía este concepto.

Arguye que la propia a-quo tuvo por acreditado a fs. 694 vta que la actora efectuaba tareas de tipiadora, transcripción de comunicados en computa-dora, recepcionista, administración, telefonista y tareas varias, estas últimas relacionadas con quehace-res de limpieza y aún sirviendo café como lo refirieron los testigos. Sin perjuicio de ello y sin hacer refe-rencia al estatuto del periodista a fs. 704vta. en el considerando III la sentencia determina la procendencia de la indemnización prevista en la ley 12.908.

I.A-4) A fs. 722 vta./723 se agravia por haber determinado la jueza la procedencia de la indem-nización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, ya que entiende que no puede considerarse intimación válida la efectuada en el mismo telegrama que la trabajadora se considera despedida ya que a dicha fecha no existía deuda exigible (02/05/02), observando que del intercam-bio epistolar posterior a dicha fecha no existió intimación alguna por parte de la actora con lo cual no se acreditó el cumplimiento de uno de los requisitos esenciales de la norma para que determinara dicha indemnización especial, destacando que la actora en el telegrama del 02/05/02 hace reserva de ampliar el reclamo a la indemnización prevista en dicha ley pero pese a la reserva nunca realizó la intimación en los términos de dicha norma.

I.A-5) Su quinto agravio (fs. 723/724) se centra en cuanto la a-quo hizo lugar a la proceden-cia de la indemnización especial prevista en el art. 80 LCT.

Después de transcribir el entendimiento de la a-quo concreta que en el caso si bien existió impugnación por parte de la actora de la certificación de servicios del ANSES que tiene los requisitos del art. 80 de la LCT impugnación ésta obrante en el telegrama remitido el 02/08/02, nunca existió la intimación requerida tanto por el art. 80 LCT reformado por la ley 23.545 como por el Dto. 146/01. Analiza lo peticionado por la actora a fs. 132 vta. y 143 soste-niendo la no intimación fehaciente requerida por las normas que menciona.

I.A-6) A fs. 724/725 se agravia por la doble indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.561 otorgada por la sentenciante.

Reiterando conceptos anteriores sobre la bue-na fe de la empleadora hacia la actora concretamente aduce que fue evidente que dicha actitud de la emplea-dora basada en tener en cuenta la situación personal de la actora por lo cual le dio un tratamiento diferente y más beneficioso, son razones por las cuales no puede agravarse la situación de la demandada condenándola a una indemnización agravada, cuando las circunstancias objetiva y subjetiva del caso determinan que su obrar estaba ajustado a las previsiones de la ley y Dto. Reglamentario nro. 265/02.

I-A-7) Centra su séptimo agravio en la tasa de interés fijada por la a-quo.

I.B-1) El primer agravio expuesto por la apelante demandada se centra (fs. 716/718) sobre que a-quo hizo lugar a la fecha de ingreso aducida por la actora en virtud de aplicar lo prescripto por el art. 356 inc 1ero del CPCCH.

Del análisis pormenorizado y confrontan-do a las fechas denunciadas por la accionante como iniciada la relación laboral 01/12/95 y que aduce fuera registrada por la patronal el 06/12/96 (fs. 124 vta. escrito de demanda como que la demandada en su contes-tación de la acción (fs. 184 vta. pto. III, se limita a la negación expresa de indemnización especial de los arts. 1 y 2 de la Ley 25.323) así como el análisis que desarrolla la a-quo en el considerando 1ero. (fs. 692 donde menciona como fecha de registro (evidentemente por error de tipeo) el 08/12/98, estimando coincidente a los testigos que individualiza y amerita por ser contestes a fs. 694 vta que la relación laboral que unía a las partes se inició en diciembre del año 2001, concluyendo a fs. 699 que la fecha de ingreso de la actora fue el 1ero. de diciembre de 1995.

Las circunstancias apuntadas evidencian que la a-quo incurrió en un error en la determinación de fechas en la distintas transcripciones que efectuó a lo largo del desarrollo de su análisis, destacado ello no menos cierto es que de la valoración de las declara-ciones testimoniales prestadas por H. A. D. L. S. B. (fs. 397 contestación a la 1era. pregunta), J. N. L.(fs. 400, contestación 12da. pregunta) quienes eran compañeros de trabajo y cuyos testimonios no fueran impugnados por la accionada, advirtiendo asimismo que no sólo no compareció a las audiencias testimoniales sino que, conforme emerge de la absolución de posicio-nes de la actora celebrada a fs. 396, tampoco estuvo presente en dicha audiencia no habiendo dejado pliego de posiciones en tan fundamental prueba como es la última mencionada.

La realidad de las actuaciones probato-rias efectuadas precedentemente hacen caer las argumen-taciones por falta de sustentación que la apelante aduce a fs. 717 atento la coincidencia y falta de impugnación oportuna de las declaraciones testimoniales prestadas por los compañeros de trabajo de la accionan-te y en aplicación del principio de la primacía de la realidad que en el ámbito laboral prima sobre cualquier otra prueba documental al ser uno de los principios en lo que se basa el Derecho del Trabajo su autonomía, esto es, la no formalidad documental para acreditar los hechos a que el obrero hace referencia y acreditada que fuera la relación laboral -que en este caso no está negada- la inversión de la prueba a cargo del empleador (art. 23 LCT).

Entendiendo que, si bien la a-quo incurrió en errores de fechas durante su análisis, no menos cierto es que de la valoración efectuada tanto por la a-quo como por la suscripta emerge claramente la verdad material aducida por el apelante a fs. 717vta., esto es, que la actora ingresó a trabajar para la empleadora el día 01/12/95 siendo registrada recién al año siguiente de su real ingreso, razones todas éstas por las cuales corresponde no hacer lugar a los agra-vios y confirmar la procedencia de la indemnización prevista en el art. 1ero de la Ley 25.323 declarada por la a-quo en su sentencia.

I.B-2) El segundo agravio (fs. 718/721 vta.) se funda en que la a-quo declaró procedente la indemnización especial por maternidad prevista en la LCT.

Es entendimiento de la aquí votante que en los casos de despido indirecto tanto en el período de protección del embarazo y del parto, deben valorarse con cierta prudencia para preservar la buena fe de las partes (confr. crit. CNATr, Sala III, 30/06/77, "L.T", XXVI -A-433. citada por el Dr. Miguel A. Sardegna en su obra "Ley de Contrato de Trabajo", Edit. Universidad, págs.397 y 399, año 1995.

Dicha razón se basa en que el art. 181 de la LCT contempla el caso de emisión por parte del empleador de una declaración de voluntad rescisoria, cierta, precisa e inequívoca, cuando esa voluntad se exterioriza en el llamado "período de sospecha" entre a jugar la presunción legal, presunción que actúa cuando se prueba la exteriorización de la voluntad rescisoria -despido directo-; ahora bien, tratándose de una excepción al principio de la carga de la prueba, no es posible por vía analógica aplicar la presunción par-tiendo de un antecedente distinto como lo es el despido indirecto (conf. crit. CNATr, Sala II, 08/09/76, "l.T", XXVI-A-759 citado aut. Cit., ob.cit., pág. 396).

De la lectura de los argumentos expues-tos por la a-quo a fs. 699 la misma tuvo por extinguida la relación laboral existente entre las partes por ponerse en situación de despido indirecto la parte actora (considerando I, párr. 33ero., impuestas por el art. 63 de la LCT (considerando I, en especial párr. 33ero. a 46to.).

A esta altura del análisis es necesario aclarar que en el caso en estudio se dan dos situacio-nes distintas cuales son, la justeza o no del despido indirecto en que se situó la accionante y la proceden-cia o no de la temática planteada en este punto cual es si la accionada realizó intencionalmente la suspensión de las actividades en la sucursal que tenía en esta ciudad iniciando un procedimiento administrativo de crisis ante la Subsecretaría de Trabajo -Delegación Local- (fs. 444/450 - expdte. Nro. 457 del 22/03/02 caratulado: "I. C. s/ Solicita Procedimiento de Cri-sis") con el fin de liberarse de la indemnización especial que por el embarazo detentado por la accionan-te -nunca negado por la accionada- debía asumir como obligación si se daban las circunstancias legales.

Estimo importante para delimitar la intencionalidad de la empleadora el análisis de las constancias administrativas obrantes a fs. 451/681, expdte. admvo. nro. 0459 del 20/03/02 caratulado: "Acuerdo de partes entre los empleados e I. C. SA s/ Homologación" en el cual, después de la ratificación personal efectuada por los obreros (fs. 463), según resolución administrativa nro. 540 del 25/04/02 (fs. 466/468, 471/473) fuera acogido en forma favorable y debidamente cumplidos los pagos acordados conforme los recibos obrantes en las constancias de las fojas subsiguientes a las citadas (fs. 475/685).

Las actuaciones administrativas si bien no indican la presencia y/o acuerdo con la accionante sirve -a criterio de la suscripta- de suficiente evidencia que la situación de crisis económica alegada por la empleadora y que conforme a la época en que se suscita los hechos apuntados estuvieron dentro del contexto crítico económico social suscitado en nuestro país y si bien los obreros (11 -once-) arribaron a un acuerdo que no implicó renunciabilidad a sus derechos, evidencian una voluntad concurrente al mantenimiento del vínculo laboral entre las partes.

De la conjugación del art. 10 y 63 de la LCT -principio de conservación del contrato y principio de buena fe-, entendiendo en lo atinente al primer principio que la relación contractual exige que cada una de las partes haga lo necesario para que la misma se mantenga de modo que la resolución es excepcional y sólo procede en casos de gravedad (conf. crit. CNAtr, Sala III, 31/03/78, "L.T", 1976-112) y considerando en cuanto al segundo principio que el primer precepto que debe ser aplicado en el supuesto de que una de las partes quisiera desligarse del compromiso que ha contraído con la otra es, sin duda, el de la obligación de obrar de buena fe (conf. SCBA, 13/12/77, ac. 24.017, "E.D", 78-555).

De los telegramas enviados por la accionante a la demandada, conforme informativa de correo prestada a fs. 304/209 se observa que recién en la última comunicación telegráfica de fecha 02/05/02 (fs. 206) agrega la petición de la indemnización agravada del art. 178 de la LCT como un argumento más considerarse en situación de despido indirecto no habiéndolo hecho en ninguna de las otras comunicaciones (fs. 204/205/207/208, de fechas, 04/03, 14/03, 09/04, 22/02 todos del año 2002).

En atención a los principios laborales, criterios jurisprudenciales y análisis probatorio efectuado arribo a la conclusión que no se han dado en el presente caso las circunstancias tenidas en cuenta por el legislador al prever la indemnización basado en el embarazo de la actora, entendimientos ellos por los cuales cabe acoger los agravios de la apelante demanda-da y revocar la sentencia en este sentido.

I.B-3) Centra el agravio la apelante demandada (fs. 721vta./722vta.) en la determinación de la jueza de la procedencia de la indemnización prevista en el art. 43 de la Ley 12.908.

Para la decisión de la presente cuestión es menester considerar si la actora estaba encuadrada dentro del Estatuto del Periodista Profesional (B.O. 03/02/47) La actora, después de describir las tareas que realizaba (fs. 124vta) alude que se hallaba dentro de la categoría prevista en el art. 23 inc. h) de la Ley 12.908 (fs. 125), explicando a fs. 132 que en la liquidación practicada se ha calculado el preaviso aplicando el art. 43 inc. c) de la L.12.908 computando un total de cuatro (04) meses, lo cual no coincide con el cómputo que efectúa a fs. 132vta. pto. G) cuando multiplica el salario por la cantidad de seis (06) meses. En su contestación de demanda, la empleadora niega expresamente los asertos de la accionante (fs. 185 y 188) en cuanto a la aplicación del Estatuto previsto en la Ley 12.908 pero sin dar mayores expli-caciones sobre cuál era el encuadramiento convencional o estatutario que según su entender detentaba la actora.

La sentenciante concluye (fs. 699/vta.), después de detallar las actividades descrip-tas por la actora en la demanda, que ésta se hallaba encuadrada dentro de las previsiones del art. 23 inc. h) L. 12.908. Dicho entendimiento es correcto toda vez que las declaraciones testimoniales analizadas por la a-quo a fs. 694vta. fueron coincidentes en las tareas que realizaba la actora y que claramente se hallan encuadrada en las contempladas en el art. 23 inc. h) de la Ley 12.908, más aún si se tiene en cuenta el carác-ter de orden público dispuesto por el art. 81 de dicha ley.

Por las consideraciones expuestas arribo a la conclusión que deben desestimarse parcialmente los agravios y revocarse parcialmente la sentencia, ya que por el concepto discutido y conforme lo reconoce la propia actora a fs. 132 el salario de pesos cuatrocien-tos ocho con ochenta ($408,80) debe ser multiplicado por cuatro (04), lo que en definitiva la indemnización prevista por el art. 43 de la Ley 12.908 asciende a pesos un mil seiscientos treinta y cinco con veinte centavos ($1.635,20) y así lo declaro.

I.B-4) Se agravia (fs. 733vta./723) por haber hecho lugar la jueza a la indemnización del art. 2 de la Ley 25.323.

Teniendo presente que conforme lo decidido en el pto. I.B-1) del presente voto -fecha de ingreso- la demandada ha quedado incursa en la situa-ción prevista por el art. 1ero de la Ley 25.323 (B.O. 11/10/00), esto es, que al momento en que se produjo el despido indirecto la empleadora la había registrado de modo insuficiente.

Del mérito que se realiza de la línea argumental detallada y pormenorizada efectuada por la sentenciante (Considerando III, pto. 1 ap. B) - fs. 705/706 vta) se observa que la circunstancia apuntada ha sido especialmente tenida en cuenta por la misma sumado a que no existe prueba alguna en el presente caso que hayan sido abonadas las indemnizaciones previstas por los arts. 232,233 y 245 de la LCT (sínte-sis expuesta en el párr. 9no de dicho ap.b) - fs. 706) y que le es de aplicación a la empleadora la presunción prevista por el art. 57 de la LCT -en esta clase de indemnización que difiere de la indemnización por embarazo atento que son distintas las circunstancias tenidas en cuenta por el legislador- ante la falta de contestación de la última comunicación telegráfica remitida por la accionante.

Asimismo, evalúo que más allá de las actuaciones administrativas meditadas en este voto, la empleadora no arrimó en la etapa probatoria ni alegó en sus agravios elemento alguno por el cual pudiera considerarse la posibilidad de aplicar la excepción prevista en párr. 2do. del art. 2do de la Ley 25.323.

Por las consideraciones efectuadas precedentemente arribo a la conclusión que deben ser rechazados los agravios y confirmar la sentencia en este sentido.

I.B-5) A fs. 723/724 conforme el escrito de ampliación de demanda (fs. 143/vta. de fecha 05/08/00 -cargo firmado por prosecretaría del Juzgado a fs. 143vta- contestado por la demandada a fs. 190) pto. 5) lo que es sí suficiente intimación fehaciente para la demandada y teniendo en cuenta que su defensa se basa en la cuestionada fecha de ingreso que tuvo acogida favorable en este voto, siendo los argumentos dados en sus agravios alegaciones distintas a las vertidas en primera instancia las que por esa razón no pueden ser contempladas en esta instancia Ello es así ya que a la situación apuntada le corresponde aplicar el criterio doctrinario y jurisprudencial que, desde larga data, determina que la expresión de agravios sirve para delimitar las atribuciones de la alzada en el conocimiento del recurso, en correlación con el postulado de congruencia (art. 34 inc. 4to. C.P.C.C.Ch.), desde que las causas deben decidirse secundum allegata et probata. En consecuencia, no puede modificarse, en las quejas ante la alzada, lo que se afirma en la demanda o contesta-ción, ya que de acuerdo con la coordinación de los arts. 265, 271 -última parte- y 277 -primera parte- del ordenamiento procesal, el agravio no es un apartarse de lo invocado por las partes en sus acciones o respues-tas, sino precisamente la afirmación de ello y el consiguiente razonamiento -si cupiere- de lo injusto de la decisión recurrida (conf. Morello - Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.III, págs. 353/354; Cám. Nac. Esp.Civ. y Com., sala I, 18/06/79, BCNEC y C., 674, núm, 9792: ídem. Sala II, 08/06/84, DJ 1984, v.7, p.219).

Sobre el piso de marcha precedentemente expuesto, se ha de subrayar, a mayor abundamiento, que el ámbito de los tribunales de Alzada se encuentra en primer lugar limitado por el contenido de las cuestio-nes propuestas a la decisión del juez de primera instancia, siendo inadmisible la deducción de preten-siones u oposiciones ajenas a las que fueran objeto de debate en la instancia originaria, derivando dicha limitación del principio dispositivo, que confiere a los justiciables el señorío de la voluntad de fijar los límites del objeto litigioso, y excluye que los tribunales de justicia se pronuncien sobre cuestiones que no hayan sido planteadas oportunamente por las partes.

Si se admitiese que en la Alzada pudie-ran tratarse capítulos no esgrimidos en primera instan-cias, o fundados en hechos no articulados en ella, importaría alterar los términos en que quedó trabada la litis, con menoscabo del derecho de defensa y violación de una expresa prohibición legal (conf. aut. cit., ob. cit., Tomo cit. pág. 413/414; arg. crit. Cám. Nac. esp. civ. y com., Sala II, 08/06/84, DJ 1984, v.7, p.219; Cám. Nac. Civ., Sala C, 12/05/83, La Ley 1984, v. A, p. 489, 36.542 -S).

Son todas ellas razones por las cuales corresponde el rechazo de dichos agravios y confirmar la sentencia en este sentido al adecuarse lo vertido por la a-quo a fs. 767/vta. (considerando III, pto.d) párr. 1ero. y 2do. y considerando IV-fs. 708/vta.) de su decisión.

I.B-6) En lo atinente al agravio expues-to por la apelante a fs. 724/725 sobre la procedencia de la indemnización prevista en el art. 16 de la Ley nro. 25.561. Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario (B.O. 07/01/02), Dtos. Reglamentarios 50 (B.O. 09/01/00) y nro. 883/02 (B.O. 29/05/02 y coinci-diendo plenamente en el criterio jurisprudencial que determina que: "Cuando el legislador -como en el caso del artículo 16 de la Ley 25561- utiliza la expresión "despido", se debe asumir que lo ha hecho en el sentido técnico de denuncia del contrato de trabajo emanada del empleador, máxime en el contexto de una declarada intención de desalentar despidos en un marco de crisis económico-financiera. Es decir, de adoptar mecanismos tendientes a la absorción por los empresarios, hasta donde fuera posible, de las consecuencias de la crisis, manteniendo, también en lo posible, los ya altos índices de desempleo existente. Los despidos indirectos son, en el contexto indicado, indiferentes para el sistema normativo" (conf. expte. 12430/2003 S. 31969 - "M., C. R. c/ O. SA s/ LEY 25561" - CNTRAB - SALA VIII - 30/06/2004; elDial - AA2231), son entendimientos todos ellos por los cuales cabe acoger los agravios expuestos por la apelante demandada y revocar la sentencia en este sentido.

I.B-7) En lo atinente al agravio expre-sado por la apelante demandada a fs. 725/vta. en cuanto a la tasa de interés, esta Cámara de Apelaciones ha decidido en otros caso tales como por ejemplo en autos caratulados: "A. G., S. d. C. y Otra c/ F. A. y/u otros s/ DEMANDA LABORAL (Haberes e Indemnización por despi-do)", Expte. Nº14.088/2003 26 de mayo de 2004., reg. Sent. Int. Nro. 71/04 que cabe recordar, que para caso como el presente, el Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia en los autos: "S., C. c/ L. P. S.A. y/u otro s/ indem. por Acc. Trabajo", Expte. Nº 15.502-S-1996 y conforme con el art.622 CC., dejó a los Tribunales de la causa la fijación de las tasas de interés conforme a su razonable discreción.

Por ello que en ejercicio de la discre-cionalidad que gozan los jueces de acuerdo a la doctri-na sentada por el Superior Tribunal de Justicia que señaló como "razonable discreción de los jueces de la causa", sin reglas inexorables y siendo la aspiración llegar a soluciones justas en los casos concretos, procederá la tasa activa para las operaciones de descuento del Banco de la Nación Argentina, entidad asimismo tradicional referente en la materia, a fin de adecuarla a las circunstancias económicas que variaron en el transcurso del año 2002, índice que se aplicará, hasta el efectivo pago.

Ello así pues, resulta congruente establecer otra tasa activa que se adecue a las cir-cunstancias y variaciones del momento, y la necesidad de unificar índices de cálculo que simplifiquen y no resulten dispares ni variados al momento de efectuarse liquidaciones judiciales.

En conclusión, corresponde hacer lugar a los agravios expuestos por la apelante demandada y revocar la sentencia disponiendo que la tasa a aplicar-se al capital de condena será la de la tasa activa del Banco Nación Argentina para operaciones de descuentos, desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago.

En definitiva y conforme se ha decidido en el presente voto por que el capital de condena que la empleadora deberá abonar a la actora corresponde a la suma de pesos trece mil trescientos cuarenta y cuatro con cincuenta y cuatro centavos ($13.344,54) con más la tasa activa del Banco Nación Argentina para operaciones de descuentos, desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago.

I.C) Atento a cómo se han resuelto las cuestiones ha de aplicarse lo dispuesto por el art. 279 del CPCCH, razón por la cual se imponen las costas tanto de primera como de segunda instancia en un 80% a la demandada y en un 20% a la actora. Difiero para el momento del acuerdo la regulación los honorarios de los profesionales intervinientes la que se efectuará de conformidad a la labor desarrollada, el mérito y extensión de la misma, la trascendencia para las partes según las pautas del Dto. Ley Pcial Nro. 2000 y su modificatoria Ley Pcial 4335 art, 6, 7, 9, 14, 47 y ccdtes.).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el momento del acuerdo la siguiente:

1) Hacer lugar parcialmente a los agravios expuestos por la apelante demandada a fs. 716/726 y, en consecuencia, revocar parcialmente el pto. 1ero. de la sentencia de fs. 687/709vta, hacer lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, condenando a I. C. S.A. a abonar en el plazo de diez (10) días de quedar firme la presente a la Sra. S. E. R., la suma de pesos trece mil trescientos cuarenta y cuatro con cincuenta y cuatro centavos ($ 13.344,54) con más la tasa activa del Banco Nación Argentina para operaciones de descuentos, desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago, debiendo tenerse presente lo dispuesto por el art. 277 de la LCT.

2) Revocar el pto 3ero. de la sentencia de fs. 687/709 vta. imponiendo las costas tanto de primera como de segunda instancia en un 80% a la demandada y en un 20% a la actora. Diferir, para el momento del acuerdo, la regulación los honorarios de los profesionales intervinientes (Dto. Ley Pcial Nro. 2000 y su modificatoria Ley Pcial 4335 art, 6, 7, 9, 14, 47 y ccdtes.).

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en apelación por parte del demandado de la sentencia de fs 687/709 vta que hace lugar a la demanda y condena a I. C. S.A., a abonar en el plazo de diez días firme la presente, a la Sra. S. E. R., la suma de veinticuatro mil quinientos veintidós pesos con noventa y dos ctvos ($24.522,92), suma que se incremen-tará de acuerdo al considerando respectivo, condena a la entrega del certificado de trabajo y el certificado de aportes y remuneraciones, impone las costas al demandado y regula los honorarios.

A fs. 716/726 se agrega la expresión de agravios.

Los mismos reprochan la admisión de la fecha de ingreso de la actora en cuanto: dispone la indemnización especial prevista en la ley de contrato de trabajo; se incluye la indemnización prevista en el art. 43 de la ley 12908 y el art. 2 de la ley 25323. También se agravia en tanto y en cuanto la sentencia hace lugar a la indemnización especial del art. 80 de la LCT, en cuanto consideró procedente la doble indem-nización prevista en el art. 16 de la ley 25561 y a la tasa de interés que fijara la Sra Juez.

Y atento que la Sra. camarista preopi-nante ha hecho un relato circunstanciado de las razones en que funda sus quejas, evitaré repeticiones inútiles, sin que ello implique hacer referencia expresa cuando lo considere necesario, situación que no trae aparejada incumplimiento del art. 169 de la Const. Pcial.

Surge de la demanda que no hay acuerdo entre la fecha de ingreso que alega el actor, 1 de diciembre de 1995 y la que sostiene el demandado, diciembre de 1996.

En principio considero que el demandado ha hecho una negativa general en su responde, pero a fs 190, no cabe duda que ha negado la fecha que pretende la actora, al sostener con relación al reclamo de la entrega del certificado de trabajo y certificado de aportes y remuneraciones, que " .la misma (la actora) comenzó a prestar servicios el día 8 de diciembre de 1996".

Asimismo advierto que la Sra. Juez ha establecido diferentes fechas de inicio de la relación tal como lo señala el quejoso.

Del análisis de la prueba, surge que los recibos acompañados establecen como fecha de ingreso diciembre de 1996, la documental de fs 104, indica igual fecha y la misma es informada por la perito a fs 421.

El testigo H. A. D. L. S. B., a fs 397, declaró "conozco a la actora desde que ingresó .diciembre de 1995"; y a fs 400 J. L., afirmó que "aproximadamente fue fines de 1995".

Y sin perjuicio que las declaraciones aludidas no fueron impugnadas, he de propiciar que la fecha de ingreso de la actora sea modificada estable-ciéndose en diciembre de 1996.

El art. 140 de la ley de Contrato de trabajo, dispone entre otros requisitos qué debe contener el recibo de sueldo, en el inciso k) señala fecha de ingreso y los recibos presentados por la accionante, cumple con éste y los otros requisitos, entendiendo que las pruebas a las que he hecho referen-cia, reitero, recibos, informe del perito y documenta-ción de ANSES, son suficientes para desvirtuar las pretensiones de la actora.

Asimismo la aplicación del art. 142, so-bre la validez probatoria, es de aplicación cuando los recibos "no reúnan algunos de los requisitos consigna-dos.", que no es el caso de autos.

"Como dijimos en otro lugar: Desde lue-go, el enfoque propio de la ley laboral, no deja de plantear delicadas cuestiones de prevalencia de la prueba escrita o la testimonial" (Ley de Contrato de Trabajo Comentada cit., t.1, pág.346). El derecho común hace prevalecer, sin lugar a dudas, la prueba escrita (arts 1017, 1193, 993 y 996 del C.Civil); pero también le reconoce trascendencia al derecho laboral, según resulta de los arts 138 a 144. Y agregábamos: "De manera que, en principio, no debiera resultar decisiva la sola prueba testimonial, en cuanto la experiencia demuestra que, los testigos no sólo pueden equivocarse bastante fácilmente, sino dejarse influir por cualquier tipo de interés, simpatía, etc. En prueba compuesta con elementos testimoniales y de otro origen, normalmente deben revestir gran importancia los indicios, como fundamento de presunciones hominis que, a menudo, resultan más seguras y convincentes que los testimonios y la prueba documental misma (pág 344, "El Salario", Justo López).

En punto al segundo agravio, la Suprema Corte bonaerense, viene sosteniendo que "Desde que la finalidad de la ley es la protección de la maternidad, y no obstante la literalidad de los términos de los arts 177 y 178 de la LCT, es procedente también la indemnización especial prevista para la cesantía por causa de embarazo aún tratándose de despido indirecto. Si la injuria invocada por la empleada para rescindir el contrato de trabajo durante el plazo de protección legal por su estado de embarazo, ha sido de gravedad suficiente que requieren los términos de los arts 242 y 246 de la ley, que impiden la prosecución de la rela-ción, opera en su beneficio la presunción legal del art. 178 de la LCT." El Dr Guibourg en el "Nuevo régimen le-gal del trabajo femenino", LT, XXV-A-865/877, pág. 871, luego de afirmar que la rescisión unilateral del contrato, sin expresión de causa, cae dentro de la presunción del art. 178, acepta la posibilidad que el empleador demuestre la existencia de un motivo real, distinto del prohibido., esta "motivación intermedia" tiene que ser concluyentemente probada y el hecho esgrimido debe ser tal que, a la luz de las circunstan-cias del caso, pueda haber motivado razonablemente la decisión patronal, aunque ésta se demuestre luego errada".

Y en autos, si bien del "Acuerdo de par-tes entre los empleados e I. C. S.A. s/ Homologación" de fs 451/681 no surge que la actora haya acordado lo que se homologara, no existen indicios que puedan hacer presumir que la situación de crisis, fue denunciada con la intención, de perjudicar a la accionante. Es notorio que el empleador jamás desconoció la relación laboral.

Asimismo en casos como los analizados debe estarse también a la buena fe de las partes.

Además la presunción legal del art 178 LCT es como se sabe "juris tantum" y al admitir prueba en contrario queda en este caso acreditado la situación de la empresa con la presentación ante la Subsecretaría de Trabajo, solicitando la inclusión en el procedimien-to reglado por la ley 3319, y que culminara con la homologación del acuerdo de fs 466/468.

Ha de recordarse que largo ha sido el camino recorrido con relación al Trabajo de menores y mujeres, desde la ley 11317, hasta la ley 11726, para arribar a la Ley 12.383, para concluir con la 20744, quien en su art. 178, establece la presunción, salvo prueba en contrario, del despido por causa de embarazo.

Y sostengo que aquí, estamos en presen-cia de un caso de inaplicabilidad de la presunción, ya que se ha probado la causal.

En consecuencia la prueba reunida en au-tos admite concluir que el demandado acreditó los motivos por los que se crea tal situación.

Al respecto el doctor Horacio Héctor de la Fuente, integrante de la CNTrav, Sala VI, en fecha 10-6-2003, en disidencia, sostiene "considero que este rubro (indemnización por maternidad que se reclama) no puede prosperar por cuanto la presunción de que el despido obedece a razones de maternidad o embarazo (art 178LCT) ha quedado desvirtuado.".

Por lo expuesto, considero que la fina-lización de la relación laboral determinado por la actora, no obedeció a la causal de los arts 178 y 182 LCT que esgrimiera. Concluyo con cita de Krotoschin, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", vol. 1, pág. 425, Ed. Depalma, año 1981 "De poderse comprobar que el despido se debe a otras razones, el caso se resuelve conforme a las reglas que determinan las consecuencias, del despido por la razón alegada y probada (por ej. justa causa, falta de trabajo etc)".

Lo decisivo para resolver el tercer, agravio, indemnización prevista por el art. 43 de la ley 12908, es si concurrían las notas del artículo 2° de la Ley 12908 para calificar al actor como lo ha hecho la a quo, esto es, periodista.

Las testimoniales (fs 397 y 399) de quienes trabajaban con ella, detallan las tareas que realizaba, transcripción de comunicados en computadora, tipeadora, recepcionista tarea de todos los días y hasta el café nos hacía; pero más allá de no encontrar ninguna de ellas incursas en la enumerada en el art. 23 de la ley que se analiza, no concurren las notas que exige el art. 2 para ser periodista.

A mayor abundamiento la perito informa a fs 422 vta que en los libros que compulsa, figura como categoría laboral: tipiado, sin que ello fuera objeto de impugnación alguna.

Sostiene la apelante también la improce-dencia, en este supuesto, de las multas de la Ley 25323 y 25561 (cuarto y sexto agravio).

El objetivo perseguido es compeler al empleador a abonar en tiempo y forma las indemnizacio-nes por despido y evitar litigios. El requisito de procedencia es el no pago de la indemnización en tiempo oportuno y la existencia de un despido sin invocación de causa producido a partir del 20-10-2000, aunque se lo debe hacer extensivo a los casos de despido indirec-to con una causa justificada. Julio Armando Grisolía, "Derecho del Trabajo y la Seguridad Social", pág.573.

Al haber determinado que la fecha de inicio de la actividad laboral es la que figura en los recibos de sueldo, no resulta de aplicación el art. 1 de la ley 25323.

En el artículo 2° de la Ley 25323 se eleva en un 50% las indemnizaciones derivadas de la L.C.T, cuando el empleador ha sido fehacientemente intimado y no abonare las indemnizaciones de los arts 232, 233 y 245.

Y surge de las cartas documentos que habiendo sido intimado al pago de las indemnizaciones, (fs 151) que admitiera en la presente, el empleador no cumplió con el pago y lo obligó a iniciar acciones judiciales, en consecuencia, el rubro debe prosperar, en el porcentual que lo establece dicho artículo en su inciso 2do.; monto que se determinará por la secretaría del Juzgado laboral.

El recargo del artículo 16 de la Ley 25561 se vincula con la suspensión de los despidos carentes de justa causa. Esto es, de los actos extinti-vos del contrato de trabajo emanados del sujeto emplea-dor, destinatario de la prohibición y responsable de la sanción prevista como consecuencia de la realización del acto vedado, que es, no obstante la anunciada prohibición, eficaz. La denuncia del contrato por el trabajador, también denominada despido indirecto, es ajena al sistema. Aunque sea verdad, en general, que ciertos incumplimientos de obligaciones contractuales por parte del empleador podrían estar enderezadas a inducir al trabajador a considerarse despedido, para eludir la prohibición legal, de ello no resulta que, en cuanto presupuesto de hecho de la producción de un efecto jurídico que no sea el previsto por el artículo 246 L.C.T., se trate de situaciones asimilables, ya que el despido indirecto no aparece descripto en la norma en examen como tal presupuesto (hecho jurídico -artículos 896 y ss del Código Civil-, fattispecie, tatbestand, o la denominación que la mayor o menor compulsión a demostrar erudición sugiera), Expte. 13203/2003 S. 31998 - "S., D. S. c/ N. W. A. SA s/ despido" - CNTRAB - SALA VIII - 16/07/2004, razones suficientes y que al compartir me permiten la recepción del agravio.

Se agravia a fs 723/724 por haber admi-tido la sentencia la indemnización especial prevista en el art. 80 LCT.

No ha sido cuestionada la fecha de egre-so ni en la contestación de demanda, ni tampoco la que fijara la Sra. Juez, en coincidencia con la que deter-minara el actor, la que ha llegado firme a esta instan-cia.

Asimismo, observo que en la documenta-ción establece como fecha de iniciación de la tarea el 1 de diciembre de 1996, lo que difiere de la pretendida en la contestación de demanda y que fuera admitida. A partir de tal decisión las constancias de fs 138/ 141, no fueron entregadas en legal forma, correspondiendo admitir la indemnización que solicitara la actora, y que otorgara la sentenciante, pero al variar el monto indemnizatorio por despido, ante lo resuelto en otros items, por secretaría del Juzgado Laboral, se determi-nará la suma a indemnizar. "En cuanto a la indemniza-ción prevista por el art. 80 LCT, tiene dicho este tribunal que no se advierte óbice para conceder la misma, ante la falta de entrega de certificados de servicios y aportes, si el requerimiento fue notificado al demandado al corrérsele traslado de la demanda..." (C.Nac. Trab., Sala 3ª - R., R. R. V. S. S.A.) y la cita es de aplicación ante lo resuelto con relación a la documental de fs 138/141.

Por último, el agravio sobre la tasa de interés que aplicara el a-quo, será rechazada.

En la demanda se solicita se aplique in-tereses compensatorios conforme la tasa activa fijada por el Banco del C. S.A. para sus operaciones de redescuento bancario, con más su capitalización por igual período, desde la mora y hasta el 31 de enero de 2001 y a partir de allí lo que determine V.S. por las razones que alega, lo que reitera al efectuar la liquidación; la demandada al responder hace una negati-va general y puntual no advirtiendo que lo hubiese hecho con relación a la tasa.

Y más allá de la modificación de la tasa que viene propiciando esta alzada en recientes fallos, y la discrecionalidad que otorgan los altos cuerpos a la decisión del a-quo sobre los intereses, no permiten decidir en esta instancia sobre hechos no controverti-dos.

He venido sosteniendo con apoyo de doc-trina y jurisprudencia que la praxis judicial ha declarado que las negativas genéricas carecen de eficacia como impugnación concreta, asimismo los hechos no negados en la contestación no pueden ser motivo de agravios ante la alzada, ya que el demandado tiene la carga procesal de reconocer o negar categóricamente los hechos y los documentos a los que alude el art. 356 inc.1º del CPCCCH, los hechos traídos en sus agravios, y que no fueron introducidos en la contestación de la demanda, quedan marginados de las pretensiones deduci-das en juicio, máxime cuando consta en el escrito de demanda, reitero, que el actor solicitó a fs 113 los intereses a la tasa activa del Banco C. S.A, sin que tal petición fuese controvertida en autos. "Una de las garantías del debido proceso consiste, en el marco que tiene la judicatura para no introducir alegaciones o cuestiones de hecho sorpresivamente, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa; por ello, la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto las personas, objeto y causa, es ineludible exigencia de principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equili-brio procesal, toda vez que la litis fijó los límites de los poderes del juez". Asimismo he dicho, siguiendo las enseñanzas de José Acosta en "Procedimiento Civil y comercial en Segunda Instancia, T.I, pág. 210. Edit. Rubinzal Culzoni, que en la expresión de agravios, sea ilegítimo introducir cuestiones no debatidas en primera instancia, y hasta que se considera una deslealtad.

El justiciable que es demandado tiene el deber de expedirse expresa y categóricamente sobre ello, no bastando una cómoda negativa que, comúnmente, sólo tiende a poner a cargo de la contraparte la prueba de extremos y de situaciones que, por un elemental deber de lealtad y buena fe en el proceso, corresponde sean inicialmente expuestos por las partes con claridad y veracidad (Luis Muñoz, "Los procesos ordinario, sumario y sumarísimo", pág.301) no bastando la mera negativa de los hechos y las consecuencias jurídicas pretendidas por el actor, sino que el demandado debe abonar, mediante afirmaciones claras y precisas, eventualmente acreditadas, cual es el fundamento de la sinrazón de lo peticionado en la demanda.

Admito en consecuencia los agravios re-feridos a la fecha de ingreso, a las indemnizaciones de los arts, 178 y cc; la correspondiente a la ley 12908, y el recargo del art. 16 de la ley 25561.

Atento lo resuelto y de acuerdo a las consideraciones efectuadas, por secretaría del Juzgado laboral, deberán determinarse los montos indemnizato-rios.

Corresponde modificar las costas y los honorarios fijados en la instancia anterior según lo prescribe el art. 279 CPCCCh.

Las costas se distribuirán proporcional-mente, toda vez que se han desestimado rubros peticio-nados por el actor, pero no he de dejar de valorar que es el demandado quien obliga al actor a recurrir a la instancia judicial, con su actitud renuente a abonar lo que sabía le debía.

De allí que la proporción en que las fi-jara la Sra. juez prevotante, 80% a cargo de la demandada y 20% a cargo del actor me resultan ajustadas a derecho para ambas instancias.

En punto a los honorarios de ambas ins-tancias, que difiero para el momento del acuerdo, merituaré el resultado que se ha obtenido, el mérito de la labor profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada y demás pautas de los arts. 6, 7, 9, 19, 14 y 47 de la ley 2200 y su modificatoria.

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1)Hacer lugar parcialmente a los agra-vios y modificar parcialmente el punto 1) de la senten-cia de fs 687/709 vta; en consecuencia condenar a I. C. S.A. a abonar en el plazo que fijara la a-quo, a la Sra. S. E. R., la suma que resulte de la liquidación a realizarse por la Secretaría del Juzgado laboral, de acuerdo a los considerandos respectivos, más la tasa activa del Banco C. como lo dispusiera la juez de grado.

2) Confirmar el punto 2) de la senten-cia.

3) Costas de ambas instancias en 80% al demandado y 20% al actor.

4) Diferir la regulación de los honora-rios para el momento del acuerdo.

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Apela la demandada la sentencia defini-tiva nro.50/2002 del Juzgado letrado en lo laboral de la jurisdicción que hizo lugar a la demanda y condenó a I. C. SA a pagar a S. E. R. la suma de $24522,92, entrega de certificado de cesación de servicio, con más intereses y costas del proceso (fs. 687/709, fs.710).

En virtud que se encuentra reseñado por la primer votante el relato de los agravios me eximo de dicha labor, toda vez que la carga procesal se encuen-tra cumplimentada y la manda constitucional no está destinada a repeticiones disvaliosas.

1.- El primer agravio es la fecha de in-greso, que según el quejoso la Aquo consideró que fue el 1-12-95 no obstante reconocer en los considerandos que fue en diciembre del 2001 y reconocer esta demanda-da que fue en dic-1996. Las declaraciones testimoniales no dicen que hubiera iniciado la relación en la fecha señalada en la demanda, la certificación de aportes y recibos de haberes no fueron objetados, en el formula-rio del ANSES realizado por la actora (fs.102) da cuenta que fue en dic-96, la Jueza dio primacía a una falta de negativa expresa, optó por una formalidad ya que fue genérica la negativa, el fallo incurrió en gravedad ante la falta de búsqueda de la verdad mate-rial. Además y como consecuencia peticiona se determine la improcedencia de la indemnización de la ley 25323 (art.1).

En primer término he de señalar que la doctrina sostuvo "que aun cuando la demandada asuma una postura meramente pasiva al limitarse a negar los hechos invocados sin otras alegaciones -circunstancias que no se compadece con los principios procesales de buena fe y lealtad procesal-, la decisión debe basarse en la máxima aproximación a la verdad real de acuerdo con el principio de adquisición procesal, por lo que con independencia del origen o la parte que arrime el elemento probatorio, este adquiere plena eficacia (CNTrab. Sala II, 26-3-96, DJ 1996-2-918). No son necesarios términos sacramentales para contestar la demanda y las exigencias de la ley se ven cumplidas cuando del examen del conjunto del escrito respectivo se infiere que la intención ha sido formular una negativa o desconocimiento de los extremos invocados por el actor" (STJujuy, 25-3-96 LL 1998-D-860, cita Fassi, "Cod.Proc..", t.3, pág. 349/50, Ed.Astrea-02).

No asiste razón en este punto al recu-rrente, pues si bien la Aquo dejó sentada las omisiones incurridas al contestar demanda y hace interpretación restrictiva del art. 356 del ritual, obran en el expediente constancias arrimadas de las que se da cuenta en la sentencia, que sirvieron de sostén fáctico para tener por cierto, que la actora inició su relación de empleo con la accionada en fecha diciembre de 1995.

No obstante lo dicho, desde ya adelanto que no se comparte la valoración de las prueba que efectúo, por lo que prosperará el agravio desde esta óptica. Sólidos argumentos reiterativos de pronuncia-mientos jurisprudenciales del país e, incluso, de este mismo cuerpo. La presunción juris tantum que se des-prende de la demanda, se encuentra desvirtuada por los recibos de sueldo y la prueba pericial contable agrega-da, descartándose el testimonio brindado, y ante la ausencia de otras probanzas, debe concluirse que era el demandante el que debía acreditar la fecha de ingreso (Ntrab.Sala I 3-5-94 elDial-AT1156).

Obran en la causa los libros de ley y recibos de sueldo aportados por ambas partes que dan cuenta de la iniciación de la relación laboral en fecha 1/12/96, que no es tampoco la que dicen al contestar demanda (fs.196). Al respecto, el empleador a cumpli-mentado su carga procesal con los extremos que la ley impone, e incluso no pudiendo soslayarse en el análisis la conducta de la actora, que durante aproximadamente 7 años firmaba recibos en los consta la fecha de ingreso, sin haber exteriorizado conducta de disconformidad con una fecha ajustada a la real, y sobre todo cuando la diferencia es de un año con la pretendida, es cierta-mente significativo, oponiéndose a la de figuración en los recibos recién al fenecimiento del vinculo laboral, lo cual genera una presunción que no favorece a la actora en contexto referido (en idéntico sentido Ctrab.Sala1 27-6-95 elDial - AR380).

Los recibos de haberes acompañados por la trabajadora de la documentación reservada a fs. 286/311, dan cuenta de la fecha de ingreso, la demás documentación laboral acompañada como la declaración del seguro de vida fs. 269, además antecedentes labora-les fs.223, y la categoría laboral "tipeado", con lo que le comprenden las mismas apreciaciones vertidas precedentemente, a lo que agrego que cuando los compro-bantes de pago pudieron no haber observado los requisi-tos de forma y contenido previstos en el art.138 y siguientes de la LCT, que no es el caso ya que no se configuró ninguna irregularidad en los mismos y son coincidentes con la restante documentación laboral, el artículo 142 del mismo cuerpo legal, pone en cabeza de los jueces de grado, la competencia de valorar y apreciar la eficacia probatoria de los recibos de pago, lo que no se dio en la especie, en esas hipótesis se reduce a una cuestión de hecho y valoración de la prueba que en este caso, y con los requisitos legales cumplidos por la patronal, he de coincidir con la Dra. Reynoso en este punto y su apreciación sobre las declaraciones de los dos testimonios y la documental laboral acompañada, conforme las reglas de la sana critica, he de considerar que la relación laboral se inició en diciembre de 1996, modificando en este punto la sentencia, soslayando por otra parte la oscuridad que pesa sobre la misma en su análisis.

A mayor abundamiento cito jurisprudencia que comparto "Si el planteo de la fecha de ingreso no fue efectuado durante el término de la relación de trabajo, aceptando el trabajador la época del ingreso que figuraba en los recibos de haberes, sin observacio-nes, tal cuestionamiento o disconformidad, manifestado recién al terminar la relación contractual, obliga a una mayor exigencia probatoria, es decir, a una espe-cial severidad en la valoración de los elementos de juicio contrarios a los contenidos que figuran en el recibo" (CER Sala del Trabajo Concepción del Uruguay 4-10-91 elDial ATAF2).

También recepto el agravio respecto de la indemnización agravada impuesta por aplicación de la ley 25323, art.1ro., coincidiendo con la Dra. Reynoso.

2.- el segundo agravio lo constituye la indemnización por maternidad acordada en el instancia de grado. Atento que la ley 4550 modifica el art. 271 del CPCCCh (art.4), disponiendo que es suficiente a los efectos de adoptar decisión que el tribunal lo haga fundadamente, examinando las cuestiones de hecho y de derecho que le fueran al juez de primera instancia que hubieran sido materia de agravios, y por mayoría, "bastando para conformarla los votos en sentido coinci-dente de quienes se expidan en primero y segundo término", dejando a salvo la facultad del tercero de emitir su opinión; que resultando quien aquí vota precisamente sorteado en tercer orden, haciendo uso de esa facultad sobre aquellos temas que existe mayoría de votos coincidentes en su resolución, en la especie este segundo agravio, me abstengo de expedirse sobre el mismo.

3.- El tercer agravio es la inclusión en la condena de la indemnización prevista en el art.43 de la ley 12908 ya que admitió íntegramente la liquidación efectuada en la demanda.

Otorgó una indemnización prevista para periodistas profesionales, que deben obtener la matri-cula según el art.4 y art. 11 de esa ley.

Conforme la tarea que desarrolló no es-taba incluida ni realizaba ninguna de las funciones contempladas en el estatuto profesional modificado por ley 16792.

He de advertir que conforme surge de las declaraciones testimoniales, de los recibos de haberes mencionados, la actora desarrollaba tarea de tipear notas, de recepcionista, en lo que entiendo era, a mi modo de ver, una función meramente administrativa y no periodística, desplegada en una empresa periodística, por lo cual ha sido mal propuesto en la demanda el estatuto aplicable, el art.23 inc. d) de la ley 12908 tiene establecido que el redactor incluye apreciaciones subjetivas en las notas, lo cual no es el caso de la actora conforme las declaraciones testimoniales deta-lladas (fs.397, fs.3 99/400, fs.401), correspondiendo el previsto en el dto.13839/46. Toda vez que tipeaba las notas, según emerge también de los recibos de haberes, hacía tareas de recepción así como en el informe del perito sin impugnación se dejó sentado que la función realizada era de tipeado.

Comparto la doctrina y jurisprudencia que dice, "es misión de los jueces hacer aplicación del derecho objetivo con independencia de lo planteado por la partes (causas: Ford Motors Argentina SA c/Gobierno Nacional, JA: 23-1974, pág. 388, ídem Cía Swift de la Plata c/ Gobierno Nacional, JA 25-1975, p.264); y ya que en materia laboral, referí a la actividad del juez de la misma, sobre la que el Dr. Enrique M.Falcon comentando la ley de organización y procedimiento laboral nro.18345 anota: "el juzgador a quien somete un diferendo, no está circunscripto por las normas o procedimiento de cálculo que las partes estiman viables y por ende cuenta con plena facultad para interpretar las invocadas y que juzga aplicables, fijándose las bases de cálculo que de esta interpretación se deriven (CNT, Sala V, ED 63-333, nro.318)" (STJ sent.11/2000 autos "A., F. C. c/ S... ICSA y/u otros s/demanda laboral", expte. 16601-A-1998).

Al incoar demanda peticiono la actora la aplicación de las escalas salariales de convenio y estabilidad especial del periodista, lo que no fue adecuadamente atendido por la Aquo limitándose a hacer lugar al reclamo sin atender la oposición formulada por la demandada ni las correspondientes normas que regula-ba o debía hacerlo, la relación entre las partes. Dijo el Superior Tribunal de nuestra provincia en los autos citados precedentemente que el "Convenio Colectivo que es fuente de regulación del contrato que unió a las partes (art.1 de la LCT) es su ley, y tiene el juzgador la obligación de aplicarlo correctamente sin que aquellas se encuentren obligadas a probar su existencia o contenido pues basta la simple individualización. Con acierto expresaba Máximo Monsón, en su trabajo "La facultad de investigación de los jueces y la aplicación de las convenciones colectivas" DT 15-299, que por imperio legal, el juez debe conocer el derecho y éste no se reduce a aquel que tiene su origen en órganos parlamentarios, sino el constituido por el conjunto de normas que cualquiera sea el método de su formulación, regulan un orden indefinido e indeterminado de conduc-tas susceptibles de ser encuadradas en el marco de posibilidades que ofrecen las mismas. Agregaba el autor: "Tratándose de la investigación del derecho aplicable, las facultades del juez son absolutas y tanto que no estando ligado al derecho invocado por las partes, tiene el deber de investigar la norma que resuelva mejor la necesidades del caso y las exigencias de la justicia. En esta tarea, no puede ser excusa el que las partes no hubiesen llevado al juzgador el texto de la norma, pues dicha norma es "derecho" y como tal es ingrediente necesario para arribar al objetivo mismo de la función jurisdiccional que es la justa composi-ción de la litis, para usar la expresión de Carnelluti. El Estado, decía Liebman, no ha de contentarse con una sentencia cualquiera, sino que está interesado en el dictado de una sentencia justa, por la que debe presu-mirse que los órganos a los que confía la función de juzgar, son los mejores conocedores del derecho que deben aplicar"" (voto Dr. Royer).

La sentencia incurrió en el yerro en la interpretación de los hechos y pruebas y el derecho aplicable, por lo que ha de modificarse en esta instan-cia, acordándose las indemnizaciones establecidas en el Decreto ley 13839/46.

Para mayores precisiones he de recordar que "por aplicación del principio "iura novit curia" la facultad de calificar cual es la norma de derecho aplicable, en definitiva, queda reservada al juzgador (CNTrab. Sala VII 03-08-04, ídem SD36070 del 26-3-02, ídem SD 37528 del 13-5-04, elDial AA23A9).

Luego de producirse la prueba de los he-chos y de aplicar el derecho, la ley exige que el juez debe establecer el monto de lo debido, pudiendo conde-nar por mas o menos de lo reclamado (art.71 ley 69 ultra petita e infra petita).

Teniendo en consideración que el art.2 párrafo tercero del dto.13839/46 no es taxativo sino enunciativo, que he establecido que la actora se encuadra en dicho régimen, que es especial de aplica-ción, pues prevalece la norma más favorable por princi-pio del art.9 de la LCT, ese régimen específico sobre el general, que prevé una indemnización fija de 6 meses y un mes por cada año trabajado para el empleador debiendo tomarse como base el último sueldo devengado (en este sentido jurisprudencia de STJ Fallo 86199231, 1986-8-19, elDial-MZ2439, SCBA 9-10-90 elDial-W1022, CNTrab. Sala III13-6-00 elDial-AL50F). Verificados los montos que lucen a fs.132 no observados, si bien la liquidación se practicó en base a otra normativa, los mismos resultan coincidentes, por lo tanto ha de confirmarse en lo pertinente lo condenado.

4.- Cuarto agravio: la indemnización del art.2 de la ley 25323, se encuentran reunidos los requisitos esenciales para la procedencia y en el porcentaje determinado por la ley, lo que surge de autos y fue detallado por la segunda votante, coinci-diendo en consecuencia que no prospera el agravio y deberá determinarse por secretaria del Juzgado.

5.- Indemnización del art.80 LCT, según constancias de fs.138/141 hacen procedente la indemni-zación reclamada, adhiriendo a lo dispuesto por la Dra. Reynoso prevotante holgando ampliar los fundamentos brindados que hago propios.

6.- Considero la doble indemnización prevista en el art.16 de la ley 25561. Existiendo coincidencia sobre el punto entre las colegas prevotan-tes receptando el agravio, sin perjuicio de la facultad de abstención de emitir opinión conforme normativa ya invocada; me expido adhiriendo a lo dicho por las prevotantes, concordando en cuanto a que no se equipara el despido indirecto con el incausado dispuesto por el empleador, ya que ello escapa a la intencionalidad del legislador, que esta basada en la protección del trabajo impidiendo decisiones rescisorias y no la voluntariedad del dependiente, siguiendo el criterio de la Sala VIII de la CNTrab. (autos M., C. c/ O. SA s/ley 25561 del 30-6-2004).

7.- La tasa de interés. En recientes fa-llos de este Cuerpo -Sala A- (que comparto), del cotejo de informes del Banco C. S.A. y Nación han permitido comprobar que existen factores ajenos a la realidad económica normal que inciden en la determinación de los institución bancaria local que no deben ser trasladados a quien resultó perdedor del juicio, a lo que debe agregarse que "la determinación de soluciones para la fijación de los intereses resulta esencialmente provi-sional, pues responde a las fluctuaciones de la econo-mía de un país. Por ello las tasas de interés no permanecen estáticas, sino que con el transcurso del tiempo y por el empleo de distintos factores, varían de un modo considerable lo que puede en cualquier momento revisar los criterios establecidos para adoptarlos a nuevas realidades económicas" (Ariel Barbero "Intereses monetarios", pág.12, Ed. Astrea-2000, Dr. Julio Alexan-dre Sent. Def. 05/2004).

Además de lo expuesto, y que se trata de un criterio seguido con anterioridad, compartiendo lo dicho por la Dra. Melero que hago propio, modifico la sentencia en este punto.

8.- Por aplicación del art. 279 del CPCCCh tanto las costas como honorarios han de reade-cuarse cuando la sentencia de grado sufrió modifica-ción, en tal sentido observo que la actora para hacer valer sus derechos debió de recurrir a la justicia por lo que encuentro han de mantenerse a la vencida según el principio general de la derrota (art.68 del ritual), toda vez que los rubros que no han progresado han versado sobre cuestiones que son complejas y controver-siales tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Los honorarios profesionales han de readecuarse toda vez que hubo modificación en el importe base del cálculo difiriendo la regulación para el momento del Acuerdo.

9.- Las costas de la Alzada se imponen por orden causado (art.71 del CPCCCh), difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

En síntesis, sobre las cuestiones que me he expedido, propongo para el Acuerdo 1.- Receptar el agravio respecto de la fecha de ingreso y de la sanción contenida en el art.1 de la ley 25323.

2.- Receptar parcialmente el agravio respecto de la categoría laboral, en lo que respecta al no encuadre como periodista, modificando lo sentencia adecuándola al régimen que consideré aplicable, el de empleado administrativo de empresa periodística, con las indemnizaciones establecidas en la norma respecti-va, según considerando respectivo.

3.- Confirmar la sentencia respecto de la sanción prevista en el art.2 de la ley 25323, desestimando el agravio.

4.- Confirmar la sanción del art. 80 de la LCT, practicándose por Secretaría del juzgado la liquidación correspondiente.

5.- Modificar la sentencia en cuanto a la tasa de interés que corresponde la activa del Banco Nación Argentina.

6.- Confirmar la imposición de costas de la instancia de grado, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales para el Acuerdo.

7.- Costas de la Alzada por el orden causado, difiriendo la regulación de honorarios profe-sionales para el momento del Acuerdo.

A la primera cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

El presente acuerdo que integro por no haberse alcanzado mayoría en algunos de los ítems demandados, tiene por base la sentencia de fs. 687/709 vta, que hace lugar a la demanda interpuesta por la parte actora S. E. R., contra la parte demandada I. C. S.A. y condena a la demandada a pagar a la actora la suma de $24.522,92, con los complementos que prevé en el considerando III. Condena a la entrega de certifi-cado de trabajo y de aportes y contribuciones, conforme el art. 80 LCT. y lo dispuesto en el considerando IV. Impone costas al demandado y regula los honorarios de los profesionales intervinientes.

Los agravios de la parte demandada que obran a fs. 716/726, impugna en principio la concepción del fallo que recepta la fecha de ingreso a la relación laboral de la actora en 1/12/95, entendiendo que su parte no formuló oposición específica y con lo que ha hecho lugar a la indemnización del art.1 Ley 25323; opone el error en que incurre el fallo en sus conside-raciones en razón de los recibos salariales aportados, en concordancia con los certificados de aportes, nunca objetados por la actora, como el formulario de Anses, presentado por la propia actora a fs. 104. Cita juris-prudencia sobre la interpretación del fallo en cuanto ha entendido la ausencia de una negativa expresa a la fecha de ingreso. El 2do. agravio rechaza la proceden-cia de la indemnización por maternidad, que su parte no desconoció y para proteger los intereses de la depen-diente no procedió a suspenderla, en cambio se dio por despedida la actora por falta de pago de vacaciones del año 2002, en tanto el resto del personal se lo suspen-dió y se habilitó un procedimiento de crisis de la Ley 3319. Transcribe un párrafo del fallo y sostiene que del mismo puede extraerse que la situación de despido no fue querida por su parte; que las diferencias de trato consideradas en la sentencia no deben interpre-tarse como demérito, ya que su parte hizo tal diferen-cia por la situación de embarazo de la actora. Concluye que es evidente que la actora no integró el procedi-miento de arreglo y por otra parte la misma forzó la situación para no integrarlo, provocando el despido indirecto. Reitera que el despido no puede alegarse que obedeció a causa de embarazo. Determina los alcances del art. 178 LCT. Cita jurisprudencia interpretativa, transcribe doctrina y formula conclusiones. 3er. agravio. Impugna la aplicación del art.43 Ley 12.908, porque el fallo no expide fundamentos para su proceden-cia y la incluye en la indemnización, coincidente con la demanda. Explicita a fs.721/722 los argumentos al respecto, sosteniendo que la parte actora no acreditó la inscripción habilitante o la extensión del carnet que la acredite, que en consecuencia resulta infundada la reclamación. 4to. agravio. Se refiere a la aplica-ción del art. 2 Ley 25.323: Sostiene al respecto la inexistencia de intimación fehaciente, la que afirma debe producirse una vez que está en mora el empleador; relaciona que la actora se considera despedida el 2/5/2002 y el telegrama rescisorio es del 6/5/2002. Afirma que no puede considerarse intimación válida la efectuada en el mismo telegrama de despido indirecto. Opone que la accionante solo hace reserva de ampliar el petitorio de la Ley 25323 art.2. Respecto al 5to.agravio, transcribe en principio los fundamentos del fallo por el que concluye en la aplicación del art.80 LCT. Por el contrario a tales fundamentos, argumenta que la actora nunca formalizó la intimación requerida por dicha norma, reformada por la Ley 25345 y el Dec.146/2001. Rechaza en consecuencia la procedencia del rubro. 6to.agravio. Impugna en cuanto se declara procedente la doble indemnización del art.16 Ley 25.561, desde que las razones que importan la situación de despido no responden a una conducta empresarial caprichosa. Lo demuestra -dice- el procedimiento preventivo de crisis de la Ley 24.013, que si la actora no lo integró respondió a una actitud unilateral de ésta. Sostiene la existencia de buena fe de su parte. 7mo.agravio. Impugna la imposición de la tasa activa de interés, manifestando que la misma no refleja el costo del dinero, por las circunstancias propias del Banco del C. S.A., que explica. Peticiona la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina y finalmente, se adecuen los honorarios de 1ra. y 2da. Instancia.

Al examinar los agravios precedentes en función del juicio que viene a esta Alzada, se advierte respecto al primero una cuestión llamativa, que la actora S. E. R. afirma lisa y llanamente que ingresó a trabajar para la empleadora I. C. S.A., el 1/12/1995, pero paralelamente acompaña documentación que registra la relación laboral en 8/12/96. La insuficiencia expositiva resulta así evidente, porque se desentiende de numerosa documentación como son los recibos de haberes de fs. 8/71 (63 recibos de salario mensual), que acreditan la fecha de ingreso en 1/12/96.

La sentencia sin embargo, le opone la prueba testimonial (H. A. D. L. S. B. - fs. 397/398 - y J. N. L. - fs. 399/400), que el Cód. Civil rechaza por inoponible a los instrumentos privados reconocidos (art. 1017 CC.), por lo que carece de imponencia que los dichos no resulten impugnados. La validez probato-ria de los recibos de haberes que reúnen los requisitos del art. 140 LCT, que a la par resultan concordantes con la documentación laboral y previsional, supera el mero dicho de los testigos. Adviértase en todo caso y a mayor abundamiento, la prueba emitida por la propia actora a fs. 104/105, en formulario presentado a la Anses para la percepción de asignaciones familiares, en la que declara como fecha de ingreso a la relación laboral en 1/12/96, con carácter de declaración jurada.

Ante tal cuadro probatorio, la construc-ción formalista del fallo por una supuesta ausencia de negativa de la demandada a la fecha de ingreso afirmada al demandar y cuyos presupuestos extrema la sentencian-te a fs.692/694 -con cita del fallo del Excmo. S.T.J. en voto del Dr. Torrejón ajeno a los presentes presu-puestos- violenta la prueba instrumental directa en contrario y de mayor rango resultante de los recibos salariales y la declaración jurada de fs. 1240. Aún debe observar que si la demandada no ha negado en fórmula rutinaria la fecha de ingreso, llega el fallo a un exceso ritual si no advierte que a fs. 190, 4to.párr., descalifica la demandada las afirmaciones de la parte actora y afirma en razón de una certificación de servicios, que la actora ingreso a trabajar en 8 de diciembre de 1996.

Por lo expuesto, estimo como lo señalan en 2do. y 3er. voto que me preceden, que debe hacerse lugar al presente agravio de la demandada y en su consecuencia, revocarse la sentencia en cuanto concede la indemnización del art. 1 de la Ley 25.323.

2do. Agravio. La trama litigiosa en torno a la indemnización por maternidad, tiene en principio la CD de fecha 4/3/02 (fs.72), remitida por la parte actora a la demandada, en la que manifiesta que habiendo tomado conocimiento del cierre del local del diario y que se encuentra en uso de licencia por enfermedad por amenaza de parto prematuro (art.208 LCT) cursando el 5to. mes, intima se aclare su situación laboral, bajo apercibimiento de injuria y despido indirecto (art. 246 LCT.). Intima asimismo por salarios adeudados de los meses de dic/0l y ene/02. El 6/3/02, dos días después, vuelve a intimar manifestando que al concurrir a trabajar por Alta Médica, encontró la Suc. Comodoro Rivadavia, cerrada, con lo que vuelve a intimar para que se aclare su situación laboral, bajo apercibimiento de injuria y despido indirecto (art.246 LCT.). Intima pago de salarios de los meses dic/01, ene/02 y feb/02 (fs.73).

La demandada rechaza a fs.79 el TC. de fs.73 precedente. A fs.81 comunica a la actora que realizó el depósito de salarios y que a partir de la fecha (20/3/02), dispone de licencia anual reglamenta-ria. En 5/4/02 (fs.83), nuevamente la empleadora le hace saber a la empleada R. que continúa con la suspen-sión de actividades y teniendo en cuenta el estado de embarazo, concede licencia anual reglamentaria adelan-tada a partir del 6/5/02, hasta el 20/5/02.

A fs. 76, en 9/4/02, manifiesta la actora que sin perjuicio de la improcedencia del período de vacaciones otorgado en forma adelantada (art. 154 LCT. y teniendo presente el principio de continuidad del contrato de trabajo (art. 10 LCT), intima en plazo de 48 horas al pago de haberes mar/02 y el pago de licencia por vacaciones adelantado del 2002, bajo apercibimiento de injuria y despido indirecto, reclamando indemnizaciones de ley ante la reiterada actitud omisiva de dación de trabajo y al pago de la remuneración en tiempo y forma.

La demandada contesta a fs. 84, manifes-tando la disposición de pagar, impidiéndolo las difi-cultades económicas del país, promete el pago salarial para el día 19/5/02.

A fs.77, vuelve la actora con CD. de fecha 22/4/02, que habiendo vencido el período vacacio-nal año 2002 otorgado unilateralmente en fecha 5/4/02, intima que en plazo de 48 hs. proceda a la dación de trabajo, señalando lugar y fecha de presentación, bajo apercibimiento de injuria y despido indirecto (arts.78 y 246) y no habiendo abonado las vacaciones, ni el salario del mes de mar/02, ni vacaciones 2002 en el domicilio del letrado, opone similar apercibimiento.

La CD precedente es respondida por la demandada a fs.85, manifestando que los haberes se encuentran a disposición pero causas bancarias que afirma conoce la empleada impiden la transferencia. Respecto a la situación laboral, le comunica a la actora que por el momento está suspendida la actividad comercial del diario en la zona, que cuando se reanude, le será comunicado el lugar, día y hora para la presen-tación.

Atento la CD precedente, que la actora señala de fecha 25/4/02 (fs.78), contesta en 2/5/02, que no habiendo abonado haberes adeudados, omitiéndose la dación de trabajo incumpliéndose el deber de ocupa-ción (art.78 LCT.), se considera gravemente injuriada y en situación de despido indirecto. Intima en consecuen-cia el salario del mes de mar/02, vacaciones 2002, indemnización agravada del art. 178 y 182 LCT, la indemnización del art. 16 Ley 25.561, del art. 43 inc.c) Ley 12.908 y reserva el derecho de ampliar respecto al art.2 Ley 25.323 para el caso de no abonar-se la indemnización en término, intima asimismo en el plazo de 30 días a entregar certificado de trabajo y de aportes y remuneraciones, bajo apercibimiento del art. 80 LCT.

Del extenso intercambio intimatorio, queda en claro que la demandada conocía el estado de embarazo de la parte actora y ésta, había tomado conocimiento del cierre del local del diario, que reclamaba en consecuencia cumplir el deber de ocupación y el pago de haberes pendientes. A su vez la empleadora le informaba dificultades en el pago salarial y que mantenía la suspensión de las actividades, punto que en definitiva provoca la rescisión contractual en fecha 2 de mayo de 2002 por despido indirecto y reclamación, en lo que se viene tratando, de la indemnización agravada de los arts. 178 y 182 LCT.

Ya se encuentra anticipado en el presen-te acuerdo el enfoque de amplitud que se requiere para sopesar la indemnización por maternidad en este tipo de despido. El fallo formula en principio un extenso análisis evaluatorio del deber de protección, destacan-do que la indemnización agravada también procede en el caso de despido indirecto. Menoscaba luego que "si bien" la demandada cerró sus puertas y que "si bien" alegó que el cierre fuera temporal, emerge que la sucursal nunca volvió abrirse, existiendo a la vez un trato diferente, por la que se dejó afuera a la actora de las negociaciones con el resto de los empleados, acusando en consecuencia a la demandada por incumpli-miento de los arts. 62 y 63 LCT.

Las circunstancias puestas de tal modo, son impugnadas por la demandada apelante, oponiendo en cambio que las mismas circunstancias obedecieron a la situación de embarazo de la actora.

Las actuaciones realizadas por la demandada I. C. S.A. ante la Subsecretaría de Trabajo (fs. 451/473) -Delegación Comodoro Rivadavia- demues-tran la presentación de la empleadora manifestando que por la salida de la convertibilidad afectó los insumos provenientes del exterior duplicándolos (papel, pelícu-las, tinta) y que implicaba una situación de extrema gravedad económica. Once empleados manifestaron que no les constaba la situación de crisis, pero acordaron tiempos de suspensión de la actividad, plazos de pagos de salarios atrasados y el pago del 50% del salario bruto durante el plazo de suspensión y que quedaban vigentes los contratos de trabajo.

La autoridad administrativa laboral, por resoluciones de fs. 466/468 y fs. 471/473, homologó los acuerdos.

Los hechos señalados no permiten la hipótesis del fallo de fs. 699 vta., que el empleador pueda haber forzado la situación para encubrir el despido por maternidad. No conforma a la sana crítica que con tal finalidad la empresa local cierre la sucursal de un diario y suspenda la actividad, asumien-do un procedimiento de crisis con los empleados que acceden al convenio, ello, al margen que puede haber cumplido los recaudos exigidos por las leyes que regulan tales situaciones. Se explica por otra parte la falta de intervención de la actora cursando un embarazo con prevenciones de parto prematuro, pero fundamental-mente porque no resulta que la misma accione por no haber integrado el acuerdo ante la Delegación Regional del Trabajo de Comodoro Rivadavia. La derivación hacia la sanción por un obrar contrario a los arts. 62 y 63 LCT no se ajusta a derecho.

Esta Cámara sienta precedentes interpre-tativos en los autos caratulados: "B., L. P. c/ S. d. P. de G. del E. C. R. y Z. S. s/ demanda laboral (haberes e indemnizaciones de ley)", Expte. Nº 7829 año 1994, Sent. Def. 42/94, que la Sra. Juez debió consul-tar, desde que se destacaba el voto del Dr. Caneo cuando señalaba: "...que no existe discrepancia alguna de interpretación del art. 178 cuando el despido es directo, pero cuando es indirecto la doctrina no es pacífica "y en cuanto a esta hipótesis, deben valori-zarse las conductas con suficiente prudencia. En tales autos, el suscripto destacó el voto del Dr. Caneo y la importancia de la temática planteada en torno a los arts. 177 y 178 LCT y sin perjuicio de avanzar que no corresponde distinguir si se trata de despido directo o indirecto (Conf. "F., R. H. c/ R., R. y otro" - Cám. Nac. Trab., Sala V, feb. 28/1978, en TySS, año 1978, p.603 y ss.), con la opinión de Julio Martínez Vivot, condicionó que en los casos de despido indirecto en período de garantía pre y postparto, deben evaluarse las conductas con prudencia a los fines de la extensión indemnizatoria, si no se advierte en la demandada la pretensión de burlar la ley y que el punto quedaba descartado "cuando paralelamente la empleadora mante-nía un problema generalizado con muchos dependientes por el impago de salarios". Comenta al respecto el autor Krotoschin, como ya lo anticipa una de mis colegas ("Tratado Práctico de derecho del Trabajo", Vol. I, pág. 411, Ed. Depalma año 1978): "De poderse comprobar que el despido se debe a otras razones, el caso se resuelve conforme con las reglas que determinan las consecuencias del despido, justa causa, etc.".

No procede en consecuencia la indemniza-ción por maternidad de los arts. 178 y 182 LCT.

3er.Agravio. Ya se ha examinado el contenido argumental del presente agravio, con el que concluye la apelante que no es aplicable a la actora la indemnización del art.43 del Estatuto del Periodista Profesional, criticando en principio su falta de tratamiento, señala las actividades de estos como que no comprenden a la actora y que tampoco acreditó la condición con la matrícula o con el carnet habilitante.

La actora sostuvo la aplicación e indemnización del art. 43 Ley 16.792 a fs. 131/131vta.

Como lo observa la demandada, el fallo no formula consideraciones fundantes para la proceden-cia del rubro, con claro defecto de motivación, pero desde que el recurso comprende el de nulidad y como ésta debe ser subsanada en esta Instancia, resulta innecesaria la declaración nulificante.

La recurrente negó en oportunidad de contestar la demanda, que resulte de aplicación el Estatuto del Periodista de la Ley 12.908, sin otros aditamentos (fs. 188 vta., 1er.párr.).

La actora invocó la categoría art.23 inc.h de la Ley 12.908, que comprende las funciones de "Traductor, reportero gráfico, corrector de pruebas, archivero, encargado de realizar la tarea que indica su nombre. Dictafonista: encargado de recibir informacio-nes mediante el dictáfono".

El fallo le reconoce a fs. 694 vta. las tareas de tipiadora (dice "tipeadora"), de transcrip-ción de comunicados en computadora, recepcionista, administración, telefonista y tareas varias, "hasta el café nos hacía", dice el testigo S. B. a fs.397. De modo similar se expide el testigo L. a fs.399. La testigo A., describe las tareas de la actora como recepcionista, atención del teléfono, dactilógrafa, secretaria (fs.401vta.) y la testigo R., las explica como que "atendía el teléfono" y "tipeadora".

Si bien con lo expuesto queda esclareci-do que la actora en la función o tarea de tipiado (mecanografía), no se encontraba comprendida en el art.43 del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12908, ratif. por D.Ley 7618/44), la demandada se queda en la mera negativa frente demanda indemnizatoria fundada en dicha norma, cuando debía consecuentemente determinar entonces cuál era el régimen estatutario de la empleada (art.44 Ley 69).

La excelente fundamentación sobre el punto de la Dra. García Blanco, no deja más lugar para establecer -en efecto- la condición de empleada admi-nistrativa de la actora y comprendida en el estatuto de Empleados Administrativos de Empresas Periodísticas, Dec.Ley 13839/46. La tarea básica consignada a partir de los recibos de salarios conforma la amplitud prevista en el art. 2 del D.L. cit., prestación de servicios en forma regular, mediante una retribución pecuniaria en agencias de publicaciones diarias que "propalen" noticias de carácter periodístico.

Pero no obstante el encuadre laboral señalado, este D.L. 13839/46, art.33, otorga al emplea-do administrativo de la empresa periodística iguales montos indemnizatorios por despido sin culpa. Por ello, con la salvedad del régimen legal, proceden las liqui-daciones de fs.132 ap. a. -preaviso- por $1.635,20 y fs. 132vta., punto g. salario 6 meses, por la suma de $2.452,80.

4to. agravio. Deviene en el voto de las tres Magistradas anteriores en el presente acuerdo, la procedencia del presente agravio, revocando en cuanto se admite la indemnización del art. 2 Ley 25.323. Siendo mayoría, carece de virtualidad un nuevo pronun-ciamiento.

5to.agravio. Art.80 LCT. La demandada, al contestar la demanda sobre el artículo mencionado, solo hizo alusión que en las certificaciones respecti-vas resultaba correcta las fecha ingreso, 8/12/96, por lo que correspondía rechazar la demanda en esta parte (fs.190). Nada dice de la fecha de egreso, que es otro de los puntos observados en la sentencia como que resultan incorrectos en las anotaciones de los certifi-cados. Por ello, si bien se ha reconocido en este acuerdo el punto de partida de la relación laboral con fecha 8/12/96, se corrobora que la de egreso resulta defectuosa, incumplimiento que también comporta la imposición de la indemnización conforme con la senten-cia. Pero por otra parte, la recurrente no cuestiona al respecto en esta Alzada, oponiendo en cambio una nueva argumentación, que nunca existió la intimación requeri-da por el art.80 LCT., ref. por la Ley 25.345 y el dec. 146/2001. Este argumentos resulta improponible (art.277 CPCCCh.), pero a la vez, desoye otro fundamento de la sentencia en torno a la intimación, que la demandada apelante no contesta. Bien dice el fallo, que la procedencia de esta indemnización (la del art.80 LCT), queda supeditada a que el trabajador intime de modo fehaciente la entrega de los certificados. Bien que los certificados iniciales entregados por la empleadora solo resultaron impugnados por la actora, con esto sostiene I. C. S.A. no se cumplió una intimación, pero deja sin respuesta la puesta en mora que le asigna la demanda a fs.707vta. al finalizar el primer párrafo: "...atento la constitución en mora que se efectuara con el traslado de la demanda, sin que se cumpliera por la parte demandada con la requerida obligación en la debida forma, entiendo que en autos se ha constituido la situación prevista por la norma para viabilizar la indemnización establecida". Este punto no resulta contestado por la apelante, con lo que la insuficien-cia del agravio queda patentizada. En suma, opone un nuevo argumento y no responde en su integridad a las razones del fallo (arts.277 y 165 del CPCCCh.). La confirmación de la sentencia sobre el punto se ajusta a derecho.

6to. agravio. El argumento de la deman-dada apelante respecto a la doble indemnización previs-ta en el art.16 de la Ley 25.561 y condenada por el fallo, estriba en considerar que la empresa realizó el procedimiento preventivo de crisis, acreditando los extremos que la habilitaban tanto a despedir personal, como a resolver el despido en orden al 50% y que por otra parte, que la actora se apartó del procedimiento y utilizó el mecanismo de despido indirecto, previendo las consecuencias de la situación económica de la demandada.

Para acordar la indemnización, el fallo asimila para esta hipótesis el despido directo sin justa causa con la situación de despido indirecto con justa causa y concede por ello la indemnización dupli-cada, sin referencias al procedimiento de crisis que opone la demandada recurrente. Nada dice en consecuen-cia el agraviado de las razones del fallo y critica la postura de la actora que no se avino a tales procedi-mientos.

A poco que se revisen las actuaciones que invoca obrantes a fs. 447/685, no resulta de las mismas que se haya dado apertura al procedimiento de crisis, advertido como lo señala el asesor legal de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut, compartido por la Dirección General de la misma, de la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en los arts.2 y 3 de la Ley 3319 que debía acompañarse al escrito de inicio (fs. 449/449 vta.), del que toma conocimiento la demandada sin otras connotaciones (fs.450). Luego, las restantes actuaciones a partir de fs.452, dan lugar a convenios particularizados de la Empresa con los dependientes y que resultan homologa-dos, pero no constituyen el cumplimiento de un procedi-miento de crisis con lo que las homologaciones no tuvieron la eficacia prevista en el art.103 Ley 24.013 que obligaran a la parte actora, al punto que los dependientes manifestaron que resultaban ajenos a la situación financiera que la empleadora denuncia y que no les constaba la existencia de la causal invocada.

El presente sexto agravio debe en consecuencia rechazarse y confirmarse el fallo en cuanto da curso a la aplicación del art.16 Ley 25.561.

Advierto el fundado voto de la Dra. Melero sobre el punto, citando la jurisprudencia de Sala VIII de la Cám.Nac.Trabajo, como asimismo el de la Dra. Reynoso de Roberts, fundando con amplitud y cita de jurisprudencia que no se encuentra previsto el despido indirecto dentro de las previsiones de la norma. Como sucede en muchas materias de derecho, la jurisprudencia no resulta pacífica, como en el caso, donde se advierte que otras Salas de la Cámara Nacional de Trabajo en causas por despido indirecto, lo equiparan al despido sin causa a los fines de la duplicación. Frente a la también autorizada jurisprudencia de otras Salas del Tribunal especializado, cito la de la Sala III, causa Nº 31358/02 S.85.373 - "G., R. c/ G. C. S.A. s/despido", del 29/10/03, fundada en que el despido indirecto produce los mismos efectos que los derivados del despido decidido por el empleador, de conformidad con la Ley de Contrato de Trabajo, ya que la denuncia del contrato por parte del trabajador, tiene su origen en el obrar del principal, pues es el empleador el que incurre en un incumplimiento contractual de tal magni-tud que equivale a disponer la ruptura del vínculo (elDial.com.041217-a.asp); dentro de esta tesitura, la Sala IV, de la Cámara citada, fecha 31/3/04, autos "M., A. G. c/E. C. y otro s/despido" (elDial.com 041217-b-asp., agrega que: "...el art.246 de la LCT. dispone para el despido indirecto las mismas indemnizaciones que para el directo incausado, circunstancia que, a juicio de calificada doctrina ...importa considerar que ...la ley pone al trabajador que denuncia justificada-mente (por injuria del empleador)... en la misma posición en que aquél se encuentra en caso de despido arbitrario por su empleador... (ver Justo Lopez, Centeno, Fernández Madrid, Ley de Contrato de Trabajo - Comentada, T.II 1268)".

Los antecedentes jurisprudenciales, son aplicables plenamente a los presentes actuados, donde la demandada sufrió la falta de pago de haberes de días de marzo y abril de 2002, indebidas licencias por vacaciones adelantadas sin pago y reclamo infructuoso de la dación de trabajo.

En consecuencia, prospera la liquidación del punto e. de fs. 132vta. en la suma de $3.819,99 (art. 245 LCT.- 6 años y preaviso dos meses conforme nota aclaratoria).

7mo.agravio. La tasa de interés activa para las operaciones de descuento del Banco del C. SA., fueron expresamente solicitadas en la demanda y aplica-das por la sentencia como complemento de las indemniza-ciones a las que se hace lugar. La demandada I. C. S.A. no formuló referencia alguna al contestar la demanda sobre el punto, dejando asimismo en silencio la etapa de los alegatos, oportunidad que resultaba de la puesta de los autos a disposición de las partes por el término de tres días a fs. 686. La sentenciante no se vio así compelida a dirimir ninguno de los argumentos que ahora en esta Alzada opone la demandada a fs. 725/725 vta. Los agravios sobre el punto carecen en consecuencia de proponibilidad, por no haber sido materia controvertida conforme con el art. 277 CPCCCh, lo que así se declara y por lo que se rechaza el agravio, confirmándose la tasa establecida en la sentencia.

Resuelto el ámbito de los agravios, indemnizaciones que no prosperan, rubros que resultan observados y los que prosperan sin variantes, se esclarece siguiendo el orden de la liquidación de fs. 132/132 vta.: a. Liquidación final: prospera por la suma de $5.016,40; b. Haberes adeudados, por $899,35; e. Indemnización art. 16 Ley 25.561, por $3.819,99; g. Indemnización art.33 Ley 13839/46, por $2.452,80; h. Indemnización art.80 LCT. por $1.226,40. La demanda prospera en consecuencia por la suma de $13.414,94.

Las costas. Principios de larga data en la materia laboral, señalan que las costas integran la indemnización por lo que deben ser soportadas por quien resulta responsable de la reparación (Conf.S.T.J.Chubut en los autos caratulados: "V. T., V. c/P. de E. L. B.", Expte. Nº 13.707-V-1992) y solo corresponde una distri-bución proporcional en casos en que la demanda prospera por una suma ínfima (v.gr. S.T.J.Chubut, autos: "O., W. G. c/ O. E. A. S.A.", Expte. Nº 12.041-O-1988). No siendo éste el caso de autos, donde la demanda prospera por importante suma y resulta una reclamación de naturaleza resarcitoria, las costas de la primera instancia deben ser confirmadas, conforme con los arts. 59 Ley 69 y art. 68 CPCCCh, sin perjuicio con orden al art. 279 CPCCCh, de readecuarse la regulación de los honorarios, por el mérito de los trabajos, la compleji-dad de las cuestiones planteadas y su resultado (arts. 6, 7, 9 y concords. Ley 2200 de Aranceles y ref. Nº 4335.

Propongo para la primera instancia la regulación de los honorarios de los Dres. J. J. E. y M. E. F. V. R., en la suma de $4.000 y los del Dr. O. J. R. en la suma de $2.800; confirmar lo que se establece respecto a los de la Dra. C. A. S. y los correspondien-te a la perito contadora.

En la presente instancia, corresponde las costas por su orden, atendiendo que no se han producido trabajos de la parte actora (art.68, 2da. parte CPCCCh.). Propongo por las merituaciones prece-dentes y su resultado, los honorarios del Dr. O. J. R., en la suma de $980.

A la segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Voto:

1) Hacer lugar parcialmente a los agravios interpuestos por la parte demandada I. C. S.A., obrantes a fs. 716/726 y revocar la sentencia de fs. 687/709vta., en la forma que se expone a continua-ción.

2) Revocar el punto 1 de la parte resolutiva de la sentencia señalada precedentemente, haciendo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la parte actora S. E. R. y condenando a la parte demandada I. C. S.A., a pagar a la parte actora en plazo de 10 días la suma de $13.414,94 con más los intereses en la forma prevista en el fallo aludido.

3) Revocar parcialmente el punto 2. de dicha sentencia, conforme con las modificaciones resultantes de los considerandos respectivos.

4) Revocar parcialmente el punto 3 de la parte resolutiva del fallo, confirmando la imposición de las costas y proponiendo la regulación de los honorarios y pronunciamientos de conformidad con el considerando respectivo.

A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. La sentencia de fs. 687/709 que hizo lugar a la demanda instaurada por S. E. R. y condenó a I. C. S.A. a abonarle, en el término de diez días de quedar firme la misma, la cantidad de pesos veinticua-tro mil quinientos veintidós con noventa y dos centa-vos, con más los intereses fijados en el considerado respectivo, impuso las costas a las vencidas y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes; fue apelada por la parte demandada a fs. 710. El recurso fue concedido a fs. 713 y fundado a fs. 716/726.

2. No resultará necesario la referencia puntual al contenido y alcance de los agravios ni a los antecedentes de la causa; tales temas ya han sido afrontados por mis colegas preopinantes y la manda del artículo 169 de la Constitución provincial no exige la repetición de la fundamentación de los recursos en cada uno de los votos.

Hecha esta aclaración he de señalar que conforme lo señalado por mi colega preopinante he de centrar mi voto en el marco de las disidencias por materia que no han permitido la obtención de las mayorías necesarias para la formación de la voluntad colegiada.

En ese marco, he de puntualizar que en relación a la fecha de ingreso -materia del primer agravio- coinciden los Dres. Reynoso de Roberts, García Blanco y Nahuelanca, de modo tal que habiéndose logrado acuerdo no he de pronunciarme sobre el punto.

Idéntica postura he de adoptar en relación al segundo agravio -indemnización por materni-dad puesto que coinciden en la solución los votantes en primer, segundo y cuarto lugar.

En cuanto al tercer agravio, he de señalar que adhiero a la solución propuesta por los Dres. García Blanco y Nahuelanca. Es que, si bien es cierto que la actora no ha acreditado la realización de funciones contempladas en el estatuto del periodista profesional -ley 12908- no puede soslayarse que corres-ponde a los jueces el correcto encuadre de la actividad a los fines de la justa composición de la litis.

En este orden de ideas no puede sosla-yarse que la reclamante desempeñaba tareas para la demandada que es una empresa periodística, conforme lo previsto tanto por el Estatuto del Periodista Profesio-nal como el del Empleado Administrativo. Éstos no definen la empresa periodística pero dan las pautas esenciales de la actividad. Así, la noticia o informa-ción instrumentada de manera que su aparición se ajuste a una cierta periodicidad constituyen la característi-cas del quehacer periodístico y, desde ya tales presu-puesto concurren en la especie. Estos dos presupuestos (noticia y periodicidad) se dan de manera constante, en la especie, respecto de la demandada de modo tal que es válido conceptualizarla como una empresa periodística. En general una empresa periodística se divide en función de las distintas actividades que en ella se desarrollan: un sector periodístico, con un plantel de periodistas profesionales; el sector administrativo, definido por exclusión (quienes no son periodistas ni obreros gráficos) y un sector gráfico -que puede o no existir- dedicado a la preparación e impresión de las publicaciones. Conforme resulta de las constancias de la causa, la actora no puede ser considerada como periodista profesional puesto que las funciones por ella desempeñada no encuadran dentro de las previstas en el Estatuto del Periodista Profesional. Es que la pretendida inclusión en las previsiones del inciso "h" del artículo 23 de la ley 12908 no ha tenido correlato con los hechos probados de la causa. En efecto, los testimonios incorporados dan cuenta de la realización de tareas de recepción, atención de teléfono y en general tareas varias -testigos S. B., L. y A. de fs. 397, 399 y 401 vta., respectivamente-, las que, en definitiva, coinciden con las tareas denunciadas al promover la demanda -fs, 124 vta./125- que no son idóneas para encuadrar la actividad en la categoría laboral individualizada por la actora.

Ahora bien, desde ya tal conclusión no impide que el juzgador efectúe conforme los hechos probados de la causa el encuadre correspondiente. En este orden de ideas, y teniendo en cuenta la prestación de servicios de índole administrativo, en forma regu-lar, por parte de la Sra. S. E. R. para la demandada corresponde su inclusión dentro de las previsiones del Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas. Por ello y teniendo en cuenta lo normado por el artículo 33 del citado estatuto -decreto ley 13839/46-, proceden los montos liquidados a fs. 132 apartado a., atento la similitud de los regímenes indemnizatorios de los estatutos mencionados -$1635,20 en concepto de preaviso; $2.452,80 en concepto de salario 6 meses-.

En función de los fundamentos expuestos y conforme lo ya adelantado coincido con lo expresado por el tercer y cuarto votante.

En relación al cuarto agravio -procedencia de la multa prevista por el artículo 2 de la ley 25323- señalo que la mayoría lograda por las Dras. Melero, Reynoso de Roberts y García Blanco, permiten me abstenga de pronunciarme sobre el particu-lar.

Idéntica postura he de asumir en rela-ción al quinto agravio que versa sobre la procedencia de la indemnización del artículo 80 puesto que los cuatro votos que me anteceden ya se han pronunciado sobre su rechazo.

En cuanto al sexto agravio que versa sobre la duplicación de la doble indemnización prevista por el artículo 16 de la ley 25.561, señalo que si bien en los tres primeros votos se ha logrado la mayoría requerida, he de expedirme en el mismo sentido que lo ha hecho el Dr. Nahuelanca.

Es que no advierto motivo alguno que habilite apartarse de la duplicación establecida por la ley 25561 en los casos de despido indirecto; desde que este instituto produce idénticos efectos que los derivados del despido decidido directamente por el empleador tal como lo prevé la Ley de Contrato de Trabajo. Por lo demás, no puede soslayarse el contexto en el que fue dictado la ley Esto es, en el marco de una grave crisis socio-económica, y con la finalidad de tutelar especialmente el mantenimiento de los puestos de trabajo, reforzando la protección contra el despido arbitrario, constitucionalmente garantizada; por lo que, ante la eventual violación de la prohibición de despedir, sanciona la conducta empresarial con la duplicación de la indemnización. En dicho contexto, no se advierten razones para hacer lugar al recurso ya que la interpretación que se propicia contradice la finali-dad perseguida por el legislador (Conf. "C. L. D. c/M. SA y otros s/despido" - CNTRAB - SALA VI - 15/12/2003; elDial - AA266B).

Por todo lo manifestado, no cabe hacer distinciones entre la decisión rescisoria dispuesta directamente por el empresario y aquella en que el dependiente se ve obligado a ello con motivo de los incumplimientos en que incurriera su empleador. Incluso ha de verse que lo contrario, podría fomentar al empleador a "provocar" el despido, lo que resultaría menos oneroso, finalidad ésta última que no entra dentro de los objetivos de la norma mencionada.

Por ello, coincido con la solución que propone el Dr. Nahuelanca, esto es, el rechazo del agravio. El último agravio versa sobre la tasa de interés y corresponde me expida por no haberse logrado la mayoría. El demandado ha solicitado la modificación de la tasa de interés condenada -activa del Banco de la Provincia del C.- por la pasiva de la misma entidad o bien la activa de otra entidad de referencia.

En relación al tema de la tasa de interés en forma uniforme vengo sosteniendo que la tasa activa es la que respeta adecuadamente el carácter alimentario de los créditos laborales y que el incum-plimiento del deudor de éstos debe ser tratado con el máximo rigor por su carácter eminentemente asistencial.

Es que no puede perderse de vista que "el fundamento de la tasa de interés es la devolución que ha de hacer el deudor al acreedor del interés que éste pagó o habría pagado para obtener el capital del que se vio privado a causa de la mora en que aquel incurrió" (CNCiv., sala G, marzo 19-1984; ED, 110-616).

En definitiva, cualquiera otra tasa que se pretenda aplicar puede significar un desequilibrio en detrimento de los derechos del damnificado (acree-dor), quien seguramente vería como se privilegian las deudas originadas por otros créditos del empleador o por el movimiento empresarial, ya que a los demandados le resultarían más onerosas estas últimas. Es decir, no se puede propiciar que por aplicación de una tasa que éste sabe inferior a la de plaza puede llegar a manipu-lar en el tiempo el cumplimiento de la obligación. Va de suyo que ello conduciría a un resultado disvalioso y en este marco ha de ser rechazado el contenido sustan-cial del agravio.

En cuanto a la solicitud de modificación de la entidad de referencia, señalo el modo en que ha quedado constituida la relación procesal en autos impide su modificación desde que, como ha dicho mi colega preopinante, no ha sido observada en la etapa procesal oportuna su procedencia. Así, la actora expresamente solicitó la tasa condenada y al contestar la demanda tal extremo no mereció controversia. Por lo tanto las argumentaciones introducidas al expresar agravios son fruto de una reflexión tardía y por lo tanto no atendibles en esta instancia.

Por lo expuesto, concluyo que no es procedente la revisión solicitada, coincidiendo así con la solución propuesta por los Dres. Reynoso de Roberts y Nahuelanca.

3. La solución que propongo determina la aplicación del artículo 279 del ritual en orden a las costas y honorarios de primera instancia.

En cuanto a las costas, han de ser confirmadas las impuestas en la sentencia porque el reclamo sustancial es procedente.

Los honorarios de la instancia de grado han de ser fijado de conformidad con las pautas genera-les contenidas en el artículo 6 del régimen arancelario vigente (decreto 2200 modificado por ley 4335), difi-riendo su cuantificación para el momento del acuerdo.

Las costas de esta instancia han de ser aplicadas en el orden causado, atento la falta de contestación por parte de la actora. Los honorarios se regularán de conformidad con las previsiones de los artículos 6 y 14 de la ley arancelaria.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

Por lo expuesto, adhiero a la fórmula decisoria propuesta por el Dr. Nahuelanca.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con las disidencias apunta-das, la siguiente SENTENCIA:

1) Hacer lugar parcialmente a los agravios interpuestos por la parte demandada I. C. S.A., obrantes a fs. 716/726 y revocar la sentencia de fs. 687/709vta., en la forma que se expone a continua-ción.

2) Revocar el punto 1 de la parte resolutiva de la sentencia señalada precedentemente, haciendo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la parte actora S. E. R. y condenar a la parte demandada I. C. S.A., a pagar a la parte actora S. E. R., en plazo de 10 días, la suma de NUEVE MIL QUINIEN-TOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($9.594,95) con más los intereses en la forma prevista en el fallo aludido.

3) Revocar parcialmente el punto 2. de dicha sentencia, conforme con las modificaciones resultantes de los considerandos respectivos.

4) Revocar parcialmente el punto 3 de la parte resolutiva del fallo, confirmando la imposición de las costas, a cuyo fin se regulan los honorarios de los Dres. J. J. E. y M. E. F. V. R., conjuntamente, en la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($4.400) y los del Dr. O. J. R. en la suma de PESOS MIL SEISCIEN-TOS CINCUENTA ($1.650), de la Dra. C. A. S. en la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($1.650) y de la perito contadora M. F. G. P. en la suma de PESOS SEISCIENTOS ($600).

5) Costas de la Alzada por su orden. Regúlanse los honorarios del Dr. O. J. R., en la suma de PESOS MIL ($1.000). 6) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS (Presidente) NÉLIDA SUSANA MELERO (Juez de Cámara) GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO (Juez de Cámara) SILVIA N. ALONSO de ARIET (Juez de Cámara) FERNANDO NAHUELANCA (Juez de Cámara) REGISTRADA BAJO EL No. 02 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS