marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Servicio público, médico de guardia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Urbano, Fernando Francisco c/ Sistema Provincial de Salud s/ Demanda Contencioso Administrativa-Indemnizacion por Daños yPerjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-12-03

Quien tiene derecho a reclamar por la arbitrariedad o irrazonabilidad en su ejercicio de organización de una guardia médica, es el destinatario.- Sólo los administrados a favor de quienes se estatuye el deber de protección de la salud, están munidos del poder de acción para hacer efectiva la responsabilidad que emane de los defectos organizacionales que conspiren contra su atención. Si la responsabilidad estatal -contractual o extracontractual- surge sólo con fundamento en la falta de servicio entendido como funcionamiento irregular o defectuoso de la función administrativa, que debe medirse de acuerdo a leyes y reglamentos que rigen el servicio y el daño causado al administrado.
Indemnización, incapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Roldan, Lucio c/ Abrate, Miguel Angel y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-03

Es erróneo limitar la indemnización a un discapacitado, al ingreso que percibía antes del hecho, ya que es justo interrogarse además sobre los costos de su rehabilitación, y las necesidades que engendra su nueva situación que a menudo no son tenidas en cuenta.

Partir solo de los ingresos, importa transferir al reclamante los costos de su incapacidad, que deberá soportar con un sueldo idéntico al que percibía antes de verse afectado por su detrimento físico o psíquico. (Minoría u opinión personal)
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA   ELECTRICA  Y  OTROS  SERVICIOS  DE  CONCORDIA  LIMITADA c/ CORPORACION INDUSTRIA PRODUCTOS OLEAGINOSOS S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-04

A los efectos de la declaración de caducidad de la segunda instancia, los únicos elementos objetivos que deciden la cuestión son, la legitimación del peticionante y el transcurso del plazo de caducidad.-
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, apreciación del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos franco, leonardo fabian sobre 92 - agravantes (conductas descriptas en los artículos 89 / 90 y 91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-09

En el caso, los jueces del a quo al tiempo que le asignan peso a la decisión voluntaria de la víctima de ir a la comisaría, valoran en sentido completamente contrario sus manifestaciones de no instar la acción, sin elementos concretos que permitan ponderar por qué la voluntad de la misma persona puede tenerse como válida en un tramo y no en el otro de la misma declaración. Eso deja a la afirmación desprovista de fundamento. Si bien es posible efectuar esa distinción sobre las manifestaciones de voluntad de una misma persona, la invocación del interés público debe fundarse siempre. Ello así, para que la decisión de apartarse de las manifestaciones de voluntad de la persona que ha sido victimizada para neutralizar la disposición de la acción que le es reconocida por la ley, sea un acto razonable. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Riglos, Norberto Fabián s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-17

Es inaudible en esta instancia extraordinaria el planteo referido a la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal por no haberse considerado como atenuante la recuperación de gran parte de los sustraído, si la cuestión no fue oportunamente llevada a conocimiento de la Cámara (art. 342 CPP - según ley 3589 y sus modif.).
Costas, allanamiento, filiación
Materia: PROCESAL
Carátula: M. M. C. Y OTRO c/ A. A. J. s/ FILIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-05

Para que en virtud del allanamiento proceda la excepción al principio general del art. 68 del Código Procesal, contenida en el art. 70 de dicho ordenamiento, aquél debe ser efectivo y además, no funciona la excepción cuando el accionado que se allanó "hubiere dado lugar a la reclamación". Ni uno ni otro aspecto de la excepción del art. 70 se hallan reunidos si después de 4 años de haber nacido el hijo del accionado, su madre se vio en la necesidad de demandar para que aquél quedara emplazado en el estado de hijo ya que no se produjo el reconocimiento voluntario que debía realizar en razón de ser el padre biológico de la criatura. De manera que fue éste, con su omisión de reconocimiento voluntario, el que dio lugar a la demanda, cuando ya no era razonable esperar que lo hiciere voluntariamente. Si al expresar su allanamiento no realizó a la vez el acto mediante el cual habría satisfecho su deber, conforme a la relación biológica paterno-filial, que era practicar expresamente el reconocimiento voluntario ante el Registro, para así emplazar a su hijo en el estado de tal, el allanamiento no fue efectivo como expresa el art. 70 del código citado para eximir de costas, por lo que corresponde imponerlas en ambas instancias al demandado.
Daño moral, determinación del monto
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martinez, Luis Alberto c/ Boccagni, Claudio Alejandro y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-12-12

La indemnización por daño moral no debe guardar necesariamente proporcionalidad con el daño material, pues su fijación como monto depende del hecho generador al prudente arbitrio judicial merituando las circunstancias que rodearon el hecho, edad y sexo de la víctima. A su vez debe evaluarse el dolor humano como agravio concreto a la persona, y más allá de que se entienda que lo padecido no es susceptible de ser enmendado, es lo cierto que la tarea del juez es realizar "la justicia humana" y con ello no hay enriquecimiento sin causa ni se pone en juego algún tipo de comercialización de los sentimientos. No hay "lucro", porque este concepto viene de sacar ganancia o provechos, y en estos supuestos de lo que se trata es de compensaciones ante un daño consumado; y un beneficio contrapuesto al daño, el único posible para que se procure la igualación de los efectos, dejando con ello en claro el carácter resarcitorio que se asigna al daño moral.
Cheque, contraorden indebida para el pago del cheque, fecha del título, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: Fontanes, Amalia Rosa s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-11

Si los cartulares fueron presentados al cobro con posterioridad a la fecha consignada en los mismos, asumen desde entonces la calidad de cheque, convirtiéndose por ende en una orden pura y simple de pago amparada legalmente sin que se trate en la especie de "cheques posdatados". Resulta indiferente si dichos documentos fueron entregados en garantía de cumplimiento de una obligación contraída, toda vez que, en el momento en que los poseedores de los mismos intentaron hacer efectivo su cobro, éstos habían adquirido la calidad de instrumento de pago, no alterándose en nada su naturaleza jurídica. Por lo demás, en modo alguno incide la circunstancia que la denuncia materializada por el imputado haya sido radicada con anterioridad a la fecha de emisión de los cartulares, pues lo que importa es que a la fecha de presentación al cobro éstos ya gozaban de protección legal. (Voto del Dr. Tragant).
Juicio ejecutivo, multa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mazza Julio César Vicente c/ Toledo Norberto s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

Corresponde aplicar multa al demandado que niega contenido y firma del pagaré que sirve de base a la ejecución, siendo que la pericia caligráfica correspondiente demostró lo contrario. Es que la negativa atañe a un acto propio acerca del cual no cabe invocar ignorancia, siendo calificable de maliciosa la actitud de quién cohíbe el derecho del adversario oponiendo una negación que debe ser superada con costos y tiempo a través de la mencionada prueba pericial. Abundando, no puede arribarse a distinta solución cuando el mismo Código Procesal (art.526) multa a quién desconoce indebidamente el documento en la preparación de la vía, constituyendo un contrasentido no adoptar similar criterio en la ejecución propiamente dicha.
Juicio ejecutivo, recurso de apelación (procesal), efecto diferido del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Chapur, Leopoldo E. c/ Las 4 Barras  S.A. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-08

Si bien el artículo 557 del Código Procesal dispone que las apelaciones en el juicio ejecutivo deben concederse con efecto diferido, con excepción de los que proceden contra la sentencia y la providencia que deniega la ejecución, la intervención de terceros es asunto que debe dilucidarse "in limine litis", ya que después de dictada la sentencia no cabría un pronunciamiento eficaz concederse el recurso con efecto inmediato.
Honorarios del abogado, derechos adquiridos, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Panamericana de  Plásticos  S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio deEconomía, Hacienda y Finanzas) y otro s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

En el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad que se los realiza, más allá de la época que se practique la regulación (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique S. Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Excarcelación, resolución denegatoria, estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LOZA, José, s/ Incidente de excarcelación Causa nro. 27.508
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-02

En la viabilidad de la petición de la excarcelación, debe atenderse la característica del ilícito -en el caso, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas- y muy especialmente en el estado en que transitan las actuaciones principales -el Sr. Agente Fiscal ha requerido la elevación a juicio-, circunstancias que conducen a presumir fundamentalmente que de otorgarse la libertad por esta vía, eludirá la acción de la justicia, tal como reza en el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Galvan, Antonio c/ Grafa S.A. s/ Preaviso, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-07-15

Para que el empleador pueda despedir al trabajador sin obligación de indemnizar, el acto debe reunir los requisitos de proporcionalidad entre la falta y la sanción-, causalidad y oportunidad o contemporaneidad entre la disposición patronal y la transgresión, y gravedad. La gravedad del incumplimiento contractual configurativo de injuria no requiere el carácter doloso del comportamiento, ni la efectiva producción de perjuicio alguno de la parte injuriada.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Franco, Jorge Alberto y otra c/ Mottin, Angel y otro s/ Daños y perjuicios. Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-20

La sola circunstancia de transitar por el costado derecho de la cinta asfáltica y en el mismo sentido del tránsito, no relevaba al conductor del deber de atención y prudencia en el manejo de una cosa peligrosa, ni tampoco se configura circunstancia fáctica alguna que haya imposibilitado u obstaculizado la visual de quien conducía para evitar el luctuoso accidente, de allí que este obrar reñido con lo que exigían las circunstancias de tiempo, modo y lugar, llevan a sostener que el conductor de la camioneta ha sido el único y exclusivo culpable en la producción del hecho ilícito (arts. 512 y 902 Cód. Civil; 64, 85. 86 ley 5800, a la sazón aplicable por la fecha de producción del hecho).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, contratos, nulidad del acto jurídico, prueba, carga de la prueba, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cincunegui, Miguel c/ Rossi, Irma y otro s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Cumplimiento de contrato (Expte. CSJ  Nº 1002-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-05

No cabe hacer lugar a la pretendida vulneración de las reglas sobre onus probandi, y a la alegada "desinterpretación" del artículo 473, 2º párrafo del Código Civil, cuando la respuesta brindada en el fallo se sustenta en una posición que no luce irrazonable, y que encuentra eco en diversos pronunciamientos de nuestros Tribunales los que -atendiendo a la finalidad de franca protección que el ordenamiento jurídico tiene en todo momento respecto de los incapaces, y al objetivo de evitar la impunidad de quienes actúan de mala fe- han entendido que el conocimiento por parte del demandado por nulidad del acto jurídico otorgado, del estado mental del contratante, soslaya en gran medida la exigencia probatoria de la publicidad de aquel estado, a los efectos de la anulación.
Honorarios, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE SAN JUAN S.A. c/ Cano Javier Evaristo y Otra s/ Ejecución Hipotecaria - II Cuerpo.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-04-11

En orden a honorarios de abogados y procuradores, nuestra ley sustantiva contiene dos preceptos distintos, que rigen dos situaciones diferentes, por un lado el caso de honorarios regulados y por el otro, el caso de honorarios pendientes de regulación.

El primero de los señalados cae bajo la previsión general del art. 4023 del C.Civil, que fija un plazo de diez años para la prescripción de los créditos, mientras que el segundo está regido por el art. 4032 inc. 1 del C.Civil.

Una vez regulado el honorario, lo que está sujeto a prescripción es la acción para reclamar su cobro, motivo por el cual en tal hipótesis corresponde aplicar la prescripción decenal de la actio judicati; lo que no ocurre cuando el crédito por honorarios es todavía ilíquido y pende de determinación, por no haberse efectuado la correspondiente regulación.

Para una corriente jurisprudencial, en cuanto a la oportunidad para oponer la prescripción, ésta debe oponerse cuando el profesional solicita que se regulen sus honorarios, a cuyo efecto se aducen razones de economía procesal, ya que diferir la discusión para el momento que se pretenda cobrarlos, su determinación sería inoficiosa, y también que una vez fijado su importe regiría la prescripción decenal, con lo que la norma carecería de aplicación practica.
Escrutinio electoral, error material
Materia: ELECTORAL
Carátula: PAARTIDO JUSTICIALISTA s/ RECTIFICACION DE COMPUTOS MUNICIPIO LORETO.....
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-07-04

Mientras el respectivo Cuerpo - en este caso el Consejo Municipal - no se halle constituido, es legítimo efectuar correcciones de errores materiales producidos en el cómputo del escrutinio, interpretación sustentada ante la falta de solución expresa de la ley, una exégesis razonable de sus fines y el respeto por la voluntad popular en la asignación de cargos electivos.
Juicio de desalojo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SYLVESTER PEÑALBA RAUL c/ EMILIO SILETTO Y OTRA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-07-04

si las costas motivadas en el desalojo del inmueble fueron impuestas al inquilino, es obligación que nace justamente por el incumplimiento contractual, por lo que queda comprendida dentro de la obligación solidariamente asumida por los garantes (art. 2005 concordando con los arts. 699 y sgtes. C.C.).

Los demandados se constituyeron en principales pagadores, esto es deudores solidarios con el inquilino, por las obligaciones nacidas de la locación, no importa cuando se ha reclamado el pago o cumplimiento de la deuda (en este caso de honorarios), sino si surgió o nació vigente la locación; es obvio que ello es así, pues de lo contrario, mal podía haberse demandado por desalojo.
Cuestiones procesales, interpretación de la ley, caducidad de instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: ECHAYRE DIEGO FABIAN c/ FCA AUTOMOBILES ARGENTINA SA Y OTRO s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-16

Corresponde revocar la resolución de grado mediante la cual la Sra. Juez a quo declaró oficiosamente la caducidad de la instancia. Ello así, pues si bien desde la última actuación y hasta la declaración de caducidad se advierte que no existieron actuaciones impulsorias por parte del accionante, sin embargo no puede perderse de vista que los autos fueron remitidos a otro juzgado. Y si bien no existe orden de remisión -lo que impide conocer los motivos por los cuales ella se dispuso-, según las constancias obrantes las actuaciones fueron devueltas luego de dos meses, plazo durante el que no puede computarse el curso de caducidad. Que el expediente se encuentre fuera de la Secretaría trae aparejada la suspensión del término de perención de la instancia, en tanto la actividad de la parte no puede ser legítimamente exigida por estar afectada de una imposibilidad legal o jurídica para formular actos impulsorios (CNCom, Sala B in re "Institución Financ. Ext. Intercontinental Bank (Urug) SA c/ EABSA SA s/ Ejecutivo" del 28/11/06).
Accidente ferroviario, responsabilidad objetiva, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Vivas Arnese, Antonella Florencia c/ Metrovías SA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-15

Estando acreditada la ocurrencia del siniestro está a cargo de la demanda demostrar algún eximente de la responsabilidad, conforme la inversión del onus probandi que rige en el caso, en virtud de la responsabilidad objetiva prevista en los arts. 1286 y 1757 del mencionado ordenamiento -extremo que no ocurrió en la especie-.
Tasa de justicia, repetición de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Vigas, Osvaldo c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-04-29

Desde que el monto que el Estado debe abonar en concepto de IVA por traslación del contribuyente legal integra el reclamado, no existe razón que justifique su exclusión para el cálculo de la tasa de justicia. El argumento de que por así considerarlo, se obligue a quien acciona a la "repetición de un tributo", carece de todo asidero conformando una argumentación falaz, no sólo porque se trata de tributos de causa disímil, si no porque de así estimarse, resultaría una exención no contemplada por la ley.

Véase que la tasa de justicia es aplicable en los juicios de repetición de impuestos, y hasta en las ejecuciones fiscales.
Competencia, prórroga de la competencia, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: L., G.J. c/ I.M.L.A. SA y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-27

"Si bien se reconoce en la doctrina la posibilidad de prórroga de la jurisdicción federal por parte del Estado Nacional o de alguna de sus entidades hacia la jurisdicción provincial o local cuando la competencia ha sido establecida por razón de las personas, en tal caso debe procederse con sumo cuidado, pues no obstante no haber derecho federal en juego, es evidente que en todo juicio de contenido económico fundado en normas de derecho privado, la sentencia que se dicte puede afectar o incidir en el patrimonio público nacional por lo que habrá intereses federales en disputa, los que en principio impedirán la prórroga de jurisdicción".
Recurso extraordinario, interposición del recurso, fundamentación del recurso, Tribunal Fiscal de la Nación, AFIP DGA, depreciación monetaria, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: BUNGE Y BORN S.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-29

No satisface el requisito de fundamentación autónoma exigido por la Corte el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que, al modificar el fallo del Tribunal Fiscal de la Nación, declaró que la actualización monetaria e intereses cuyo pago había intimado la Administración de Aduanas debían considerarse adeudados a partir de la vigencia de la resolución 521/79 de dicho organismo. Ello así, si se omite destacar de manera concreta y razonada el vínculo que existiría entre la solución consagrada por el a quo y las garantías constitucionales que menciona.
Concursos, efectos de la apertura, pronto pago, actividad comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: OBRA  SOCIAL  DEL  PERSONAL  DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO s/ CONC.PREV. S/ INC. DE VERIF. POR CONTESSO, MONICA ELISA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-21

Con relación al beneficio previsto por la L.C. art.16, que dispone que es con los fondos del resultado de la explotación que deberán ser atendidos los pronto pago otorgados, se considera que sólo puede estar referido a la identificación del resultado con beneficio, esto es ingreso menos costo. Dicho beneficio deberá ser estimado en orden al giro ordinario de la explotación de que se trate o a estados periódicos (semanales, quincenales, o mensuales según el caso), ya que admitir un criterio contrario implicaría soslayar la necesaria compatibilización con la necesidad de subvenir costos imprescindibles para mantener la actividad del concursado.
Confirmación de sentencia, daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: PINCHEIRA YANETH GUADALUPE c/ I.S.S.N. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-19

Corresponde confirmar la sentencia de grado que acoge la demanda de daños y perjuicios con fundamento en que tratándose de un accidente producido al caer la actora por una rampa dentro de las instalaciones de la demandada, resulta de aplicación la previsión del art. 1.113 del Cód. Civil, toda vez asumida la guarda sobre la cosa inerte que pudiera ser catalogada inclusive de riesgosa -la rampa-, se presume la obligación de resarcimiento de la demandada sobre el daño ocasionado a la actora que cayera hacia atrás por la misma. Frente a ello, estaba a cargo de la parte que detentaba el bien desvirtuar lo afirmado en el párrafo que antecede, y en su caso, la intervención de la conducta negligente o culposa de la víctima que desvinculara causalmente la condición de la cosa con el acaecimiento del daño, lo que no se hizo.
Inconstitucionalidad, ley de radiodifusión, emisoras de radio, gobierno nacional, facultades del gobierno nacional, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Dimensión Integral de Radiodifusión SRL. c/ San Luis, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 107 de la ley 22.285 si no se cuestionan las facultades del gobierno federal para regular lo atinente a la radiodifusión ni reivindica las que podrían corresponder a las provincias, y no se demuestra claramente en qué medida la ley cuestionada contraría la ley fundamental.
Daño resarcible, cuasidelitos, obligaciones divisibles, responsabilidad concurrente, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL
Carátula: TURELLO, ELSA c/ RAY S.A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

La obligación de resarcir el daño producido por un cuasidelito, del cual resultan varios responsables, es divisible por cuanto -por más que pudiera resultar solidaria, a raíz del título de la obligación-, su objeto es una materia eminentemente partible (conf.: art. 669 del Código Civil).

(Sumario confeccionado por el SAIJ)