Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-07


LEON, Perpetua Angela CASTILLO de contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 203 p 363-365.

En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil cuatro se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "LEON, Perpetua Angela CASTILLO de contra PROVINCIA DE SANTA FE -Recurso Contencioso Administrativo- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 548, Año 2003).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?, y TERCERA: en consecuencia, qué resolución corresponde dictar. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores Vigo, Gutiérrez, Spuler, Netri, Gastaldi y Falistocco. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Vigo dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 193, pág. 463, esta Corte admitió la queja y, en consecuencia, concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la decisión de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 1, por las razones entonces expuestas.

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro razones para apartarme de aquella conclusión provisoria, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 91/92 v..

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler, Netri, Gastaldi y el señor Presidente doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Vigo dijo: 1. En autos, y mediante resolución de fs. 51/52 v., el Tribunal a quo declaró la caducidad de la instancia en la presente causa, acogiendo por esa vía el pedido formulado por la Provincia de Santa Fe a fs. 38/39.

Para así resolver consideró la Cámara que "desde el 03.11.99 (f. 16) y el 10.04.00 (f. 20 vto.), transcurrió el plazo establecido en el artículo 30 de la ley 11.330, sin que la recurrente instara el curso del proceso", debiendo desestimarse la argumentación de la actora -en el sentido de que se habría configurado la convalidación de instancia pues la Provincia no denunció la caducidad al comparecer a estar a derecho- toda vez que "al respecto este Tribunal tiene definido que la demandada no tiene la carga de denunciar la caducidad al comparecer a estar a derecho, en el entendimiento que la citación genera exclusivamente la de comparecer", y que en el caso "anoticiada la demandada de 2. Contra tal pronunciamiento interpuso la actora recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 , de la ley 7.055, agraviándose en su presentación de que la Cámara no ha considerado uno de los principales argumentos expuestos por su parte al oponerse al pedido de caducidad, referido al criterio contrario que sobre la misma materia sostiene la Cámara de lo Contencioso Administrativo N 2, criterio que el Tribunal debió tener en cuenta pues la contradicción resultante provoca inseguridad jurídica y desigualdad de trato. Sostuvo asimismo que el decisorio efectúa una simple y errónea remisión a fallos que no son aplicables al caso, arribando en definitiva a una solución injusta, que no considera la conducta de la Provincia y que lesiona el "derecho constitucional a la seguridad social" (fs. 64/66 v.).

Evacuado que fuera el traslado respectivo (fs. 70/76 v.), la Cámara denegó la concesión del remedio mediante auto de fs. 81/85 v., accediendo la impugnante a la instancia extraordinaria por vía de queja, como se expresara al tratar la primera cuestión.

3. La lectura del expediente permite constatar que, en lo que interesa para el sub judice -y mientras la causa tramitaba ante esta Corte, previo a su remisión a la Cámara respectiva (verificada en fecha 11 de septiembre de 2001, a fs. 23)-, se solicitó por Presidencia a la Administración la remisión de las actuaciones que dieron origen al recurso (decreto de fecha 8 de octubre de 1999, a fs. 15; oficio nro. 2579 del 3 de noviembre del mismo año, a fs. 16), actuación que -como a su turno lo dijera el a quo- fue seguida por la remisión de los expedientes requeridos por nota nro. 2000-00117-C recibida por la Corte en fecha 10 de abril de 2000 (fs. 20/v.).

Planteada ulteriormente la caducidad por la Provincia, tal pedido fue acogido por el Oficio, según se expresara ut supra.

Habiéndose cuestionado la decisión del a quo con los argumentos reseñados -algunos de los cuales, conviene destacarlo, resultan más propios del recurso de casación- no puede escapar al juicio de este Cuerpo que el caso a decidir se encuentra sometido a las reglas de la ley 11.330, y en particular, a su artículo 13, conforme al cual "(...) si requerido, en cualquier caso, el envío del expediente, éste no fuera remitido en el plazo fijado, el Tribunal procederá de inmediato y sin más trámite a entender en el recurso tomando como base la exposición del recurrente (...)", norma ésta que introduce una mención -la destacada en cursiva- ausente en el artículo 28 de la antes vigente ley 4.106.

En tales condiciones, y considerando asimismo -por elementales razones de economía procesal- el criterio sustentado en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Lapaz Ojeda, Roberto y otros" (del 5 de octubre de 2004) -donde incluso se efectúan alusiones a mayor abundamiento al régimen de la ley 11.330-, no cabe sino concluir en que la respuesta jurisdiccional -en la medida que pone en cabeza del actor una carga impulsoria inexistente- no satisface las exigencias de fundamentación derivadas del ordenamiento constitucional, por lo que corresponde dejar sin efecto la decisión impugnada y reenviar la causa a la instancia ordinaria a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler, Netri, Gastaldi y el señor Presidente doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-el señor Ministro doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas (art. 12, ley 7.055) . Disponer la remisión de los autos al Tribunal que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler, Netri, Gastaldi y el señor Presidente doctor Falistocco dijeron que la resolución que se debía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo y así votaron.

En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas. Disponer la remisión de los autos al Tribunal que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)