Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-11-06


SENTENCIA NUMERO: VEINTIDOS En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los seis días del mes de noviembre de dos mil nueve, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, Amelia del Valle Sesto de Leiva y José Ricardo Cáceres, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 27/09, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por los Dres. Pedro Justiniano Vélez y Jorge Rafael Bracamonte en causa nº 256/08 acumulada al Expte. Nro. 68/08, caratulado: "FRÍAS, Sebastián Domingo y Otros p.ss.aa. Robo Doblemente Calificado en calidad de Coautor, etc. - Capital", contra la Sentencia Nº 05/09 dictada con fecha once de marzo de dos mil nueve por la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la sentencia por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas?.

2º) Qué resolución corresponde dictar?.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 54, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: Primero: el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.- A la Primera Cuestión, Dr. el Cippitelli dijo:

I. Por sentencia nº 05/09, del 11/03/09, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, por unanimidad, en lo que aquí concierne, resolvió: "(...) 3) Declarar culpable a Sebastián Domingo Frías de datos personales ya mencionados en la causa como autor penalmente responsable del delito de Robo doblemente calificado en calidad de coautor por el que venía incriminado, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de diez años de prisión, declarándolo reincidente (arts. 166 inc. 2º, 167 inc. 2º, 12, 40, 41, 45 y 50 del CP). Con costas y accesorias legales (art. 537 del CPP)".- Contra el decisorio aludido comparecen los Dres. Pedro Justiniano Vélez y Jorge Rafael Bracamonte -en adelante, los recurrentes-, en su calidad de asistentes técnicos del imputado, Sebastián Domingo Frías, e interponen recurso de casación invocando el motivo formal previsto en el art. 454 inc. 2º del C.P.P..- II. Luego de fundar la impugnabilidad objetiva y subjetiva de su pretensión, los recurrentes dirigen su embate a cuestionar la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas. Afirman, que el tribunal llega a conclusiones erróneas e infundadas, que se basa en premisas falsas y que valora la prueba en forma parcializada. En primer lugar, critican que el juzgador haya ponderado como elemento de cargo, la fuga del imputado a otra provincia inmediatamente después de cometido el ilícito. Sostienen que Frías en ningún momento se fugó, aclaran que si lo que el tribunal entendió por fuga, es que su asistido no se presentó espontáneamente ante la justicia, debe tenerse en cuenta que no lo hizo y decidió irse a otra provincia, debido a la constante y permanente persecución policial y judicial de la que es objeto, lo que le costó estar privado de su libertad personal cerca de cuatro años por causas en las que finalmente fue absuelto. Justifican el accionar de su defendido alegando que cualquier ser humano, hubiese hecho lo mismo, al tomar conocimiento de que se pretendía someterlo a un proceso al que era ajeno. Consideran, que esto echa por tierra el argumento de que, por no haberse presentado ante la justicia al anoticiarse de que nuevamente se lo pretendía involucrar en un hecho criminoso, constituya un elemento en su contra.

Interpretan como antojadizo y arbitrario el análisis que hace el tribunal de los dichos de la coimputada, Gregoria Rosario Córdoba. Sostienen que Córdoba, en un primer momento involucra a Frías y luego, manifiesta que lo que anteriormente había dicho era falso. En esta dirección, aseveran que Gregoria Rosario Córdoba, Patricia Aramburu y Mariana Correa trataron de desviar la atención sindicando falsamente a Frías y contaron con la colaboración de la inoperancia policial, que con sus ansias de involucrar a Frías, no se percataron de que en los domicilios en donde se habían encontrado los elementos que se utilizaron para cometer el ilícito y parte del producido del mismo, eran habitados por personas que respondían al nombre que surgía del celular de Martínez -Sebastián-. Entienden que los argumentos dados por el a quo para dar por cierta la primera declaración y descreer de la segunda, carecen de peso. Afirman que, por el contrario, la concomitancia de la primera declaración con el hecho, lleva a pensar que se trataba de desviar la investigación, sumado al hecho de que, como lo manifestó Córdoba, se vio sometida a presiones por parte del personal policial, a quienes parece les interesaba más ligar a Frías con el hecho que descubrir a los verdaderos autores -rematan diciendo los recurrentes-. De igual modo, luego de hacer un parangón entre las dos declaraciones formuladas por la coimputada Córdoba, concluyen en que en ambas fue asistida por su defensora y contó con la presencia del Fiscal y Secretario actuante en ese momento, razón por la cual tildan de falsa y antojadiza la credibilidad que el a quo da a la primera declaración.

Desde otro ángulo, sostienen que es falsa la afirmación de que Frías tenía una relación cercana con Morales y su familia. Destacan que Frías había formado otra familia con Elba Rosa Bulacios con quién convivía -afirman- desde octubre de 2006 y con quién incluso había concebido una hija. Advierten que el tribunal incurre en el error de olvidar que a Sebastián Frías no se le secuestró ningún elemento vinculado con el hecho ilícito, sino que, precisamente a quien se le secuestró el producido del ilícito y los elementos utilizados para perpetrar el mismo fue a Gregoria Córdoba; a su hija, Patricia Aramburu, pareja de Sebastián Seco, y a la nuera de la primera, Mariana Correa, pareja de Sebastián Córdoba (hijo de Gregoria Córdoba). Concluyen preguntándose: ¿Por qué creer a quienes fueron sorprendidos con los elementos utilizados para cometer el ilícito y los frutos del mismo, que a su vez realizaron actos tendientes a hacer desaparecer las pruebas del delito, y a descreer de quién explicó y demostró acabadamente dónde estuvo y qué hizo el día del hecho y a quién nada se le secuestró?. Aseveran, que la única respuesta posible es que a Frías le jugó en contra el hecho de haber tenido dos procesos anteriores en los que fue absuelto.

Analizan los informes de fs. 1093/1098, como así, el de fs. 1564/1565 y concluyen que tanto Gregoria Córdoba, Patricia Aramburu, Mariana Correa y Emilia Morales, al momento del ilícito tenían una relación mucho más cercana con Sebastián Seco y con Sebastián Córdoba, que con Sebastián Frías, ex pareja de Morales, a quién abandonó con sus hijos, dejándola por otra mujer. Igualmente expresan que resulta poco creíble y contrario a las reglas de la experiencia y de la lógica, el hecho de que supuestamente las personaza que participaron en el hecho ilícito hayan llegado al domicilio de Córdoba improvisadamente y sin un acuerdo previo, con el producido del ilícito y con los elementos utilizados para cometerlo.

En idéntico sentido, los recurrentes cuestionan la valoración que el tribunal hace de los indicios, como así, la del testimonio brindado por Mariana Correa, emiten sus razonamientos y manifiestan que seguramente Correa y su pareja se encontraban involucradas en el hecho, aunque enfatizan que nunca se las investigó. Critican el fallo de arbitrario, absurdo e incongruente por haber absuelto a la imputada Córdoba por el beneficio de la duda. Aseveran que existen principios procesales y constitucionales que se aplicaron a favor de algunos imputados pero no a todos, ya que para Frías parece no existir el principio de inocencia o beneficio de la duda, pese a que existe certeza negativa en cuanto a su participación.

Enfatizan en que la sentencia es contradictoria, incongruente y arbitraria; que prácticamente con los mismos elementos de cargo (declaraciones de las implicadas Córdoba, Correa y Aramburu) se absolvió a Pablo Andrés Frías, violando de ese modo el principio de inocencia y el de igualdad ante la ley.

Señalan que el reconocimiento en rueda de personas efectuado por el Sr. Fernández a fs. 1260, el 26 de marzo de 2008, a un año y dos meses de ocurrido el hecho, adolece de serias falencias que le quitan virtualidad probatoria, por lo que acrecientan dudas sobre su veracidad y autenticidad. Resaltan que Fernández no deja en claro a cuál de las tres personas que habrían participado del hecho es a la que reconoce y vincula con Frías. Resaltan que en declaraciones anteriores el testigo manifiesta no haberles visto el rostro, por lo que mal puede reconocerse algo que no se conoció -rematan diciendo los recurrentes-. Advierten que de las cuatro víctimas, tres no reconocieron a Frías y que sólo una de ellas, de manera contradictoria y vaga dice reconocer a su defendido como uno de los autores del hecho. Sumado a ello, aclaran que no es cierto que sólo este reconocimiento difiere de otro anterior, sino que este reconocimiento, además, se contradice con todas y cada una de las declaraciones brindadas por Guillermo Daniel Fernández. De este modo, concluyen sosteniendo que no existe el grado de probabilidad necesario para lograr la certeza que se requiere para una sentencia condenatoria, donde no puede existir ningún tipo de duda con respecto a la participación del imputado.

Por otra parte, los recurrentes critican la valoración que el tribunal hace de los testimonios brindados por la actual pareja del imputado, Elba Rosa Bulacios; por su hermana, Viviana del Valle Frías (testigos de abono); por Julio Marcelo Cabrera, quien tiene una relación de pareja con la madre de Elba Rosa Bulacios; y por Débora Romina Cabrera, vecina de Elba Rosa Bulacios. Consideran que estos testimonios no tienen fisuras y se sorprenden con la interpretación del tribunal, quién, a entender de los recurrentes, tilda a aquellos de interesados e influenciados por circunstancias de índole familiar y amistosa. Agregan que mal puede pretenderse que Frías esté con desconocidos cada vez que se produce un hecho ilícito. Asimismo, dicen que el análisis que realiza el a quo en cuanto a que los testimonios no resultarían creíbles por el hecho del paso del tiempo, resulta claramente contradictorio con el que hace sobre los dichos del testigo Fernández, demostrando que no se examina con el mismo tamiz los dichos que perjudican a Frías con los que lo benefician. Sostienen que Frías fue condenado como autor de un delito en el cual no participó. Citan doctrina y jurisprudencia, y argumentan que la sentencia es arbitraria y caprichosa, toda vez que omite la consideración y valoración de los testimonios mencionados ut supra.

Peticionan que se case la sentencia y que se absuelva al imputado, Sebastián Domingo Frías. Finalizan, formulando expresa reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

III. Como puede apreciarse, el eje central de discusión radica en analizar si el a quo ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas.

Con respecto a las críticas formuladas, adelanto mi respuesta negativa a la pretensión deducida. Ello es así, por cuanto el decisorio objeto de embate resulta fundado conforme a derecho y sus conclusiones, fruto de una meritación integrada e interrelacionada de la prueba colectada, en modo alguno se ven conmovidas por el análisis fragmentario y parcializado efectuado por los recurrentes.

En primer lugar, debe advertirse que el tribunal de juicio no arriba a una conclusión dubitativa sino que, por el contrario, al analizar la primera cuestión -refiriéndose al hecho nominado primero-, y puntualmente al valorar la conducta del imputado Sebastián Domingo Frías, no sólo aclaró que a tales fines debe tomarse en cuenta la totalidad de la prueba común producida en juicio, sino que además, advirtió que la recíproca complementación de los elementos que la integran sindican irremediablemente al mencionado imputado. Es decir, que el tribunal concluyó, de modo firme y categórico, con el grado de certeza requerido en la pertinente etapa procesal que se encuentran reunidos y acreditados los extremos objetivos y subjetivos de la imputación delictiva.

En segundo término, es dable reparar que los camaristas han valorado prolija y minuciosamente los elementos colectados, haciendo hincapié en la credibilidad y solidez de los dichos de la coimputada Gregoria Rosario Córdoba; de los su hija, Patricia Aramburu y de los de Mariana Correa. De este modo, ponderó que la primera de las nombradas declaró al día siguiente del hecho (17/01/07), y mencionó a Sebastián Frías -ex pareja de su hermana- como uno de los que inmediatamente de ocurrido el hecho fue a su casa con parte de la "res furtiva" y cosas utilizadas para la perpetración del asalto a mano armada; ello constituye un importante medio de prueba -enfatizaron los jueces- por tener correlato con otros elementos incorporados al contradictorio. En igual sentido, resaltaron que la credibilidad de esta declaración radica justamente, no sólo por su concomitancia con el hecho, sino además, porque concuerda con los otros elementos recogidos.

Asimismo el a quo valoró lo declarado por la hija de Córdoba, Patricia Aramburu (testimonio debidamente incorporado a debate), quién coincidió con lo expresado por su madre. La referida testigo declaró a pocos días de cometido el hecho (24/01/07), apuntando a Sebastián Frías junto a otros sujetos más, como una de las personas que el 16 de Enero fue a la casa de su madre cargando bolsos, lo cual concuerda con lo referido por Córdoba. En idéntica dirección, ponderaron lo vertido por Mariana E. Correa (declaración que también fue introducida por su lectura al plenario), quien puntualmente dijo que el mismo día del hecho (16/01/07), siendo aproximadamente las 13:20 hs., llegó a su casa Emilia Morales (pareja de Sebastián Domingo Frías) llevando un bolso con ropa y pidiendo que se lo tuvieran ahí hasta que se fuera de viaje a las 16:00 hs.; que le pareció raro porque salió rápidamente sin dar explicaciones. También dijo que tenía conocimiento que a la fecha Emilia Morales y Sebastián Domingo Frías estaban juntos, que se habían reconciliado luego de una pelea anterior. Que luego del allanamiento que se realizó en su domicilio pudo ver que el bolso contenía ropa de policía, camisas, un chaleco, campera, dos pares de botas, dos armas y dos celulares. Con fecha 1º de febrero de 2007, amplió su declaración testimonial, expresando que luego del robo con arma de fuego a los funcionarios y empleados de la Municipalidad de Huillapima, tomó conocimiento por parte de su suegra -Gregoria Córdoba-, que "La Chancha" Frías había ingresado al domicilio de su suegra llevando en sus manos maletines y bolsos que contenían en su interior la plata que habían sustraído del personal de la Municipalidad de Huillapima, previo a ser empujada por Emilia Morales, quien convive en aparente matrimonio con "La Chancha" Frías.

De lo reseñado se desprende, más allá de las disquisiciones formuladas por los recurrentes -al tildar de arbitrario y antojadizo el análisis que formula el tribunal de los mencionados testimonios, aseverando que estas testigos sindicaron falsamente a Frías intentando desviar la investigación-, no obstante ello, estimo que tales argumentos no logran desestabilizar, en lo más mínimo, el razonamiento efectuado por el a quo. Digo ello, porque para descartar el cambio de declaración efectuado por Córdoba, el tribunal en primer lugar, tuvo en cuenta el momento de producción de este llamativo giro, el cual se efectuó justamente luego de la aprehensión de Frías. Destáquese aquí, que este imputado fue detenido recién a un año, dos meses y cinco días de ocurrido el hecho. Del mismo modo, el a quo recalcó la cercana relación que el imputado tenía con las personas que intentaron esconder los efectos sustraídos y los elementos utilizados para la ejecución del hecho. Así puso de resalto, que Córdoba es hermana de Emilia Morales, que ésta estaba en la casa de la primera cuando los malhechores llevaron el producto del ilícito, y que a su vez, Morales era la pareja del encartado, con quien tiene dos hijos menores.

Razonamiento que echa por tierra las afirmaciones de los recurrentes al referir que Frías no tenía relación cercana con Morales y su familia, intentando explicar que ya había formado otra familia con Rosa Elba Bulacios, manifestaciones éstas, que a mi entender, en nada descartan las asertivas apreciaciones formuladas por el tribunal.

En este orden de ideas, es pertinente señalar que si bien es cierto -como lo aseveran los impugnantes-, que a Sebastián Frías no se le secuestró ningún elemento vinculado con el hecho ilícito, resáltese en primer término que Frías huyó de la provincia, logrando ser detenido a más de un año de perpetrado el hecho. A su vez, repárese que los efectos sustraídos fueron encontrados en viviendas en donde ha quedado acreditado que todos sus propietarios tenían una cercana relación con el imputado, como así, que Córdoba y Aramburu señalaron categóricamente a Frías, como la persona que el mismo día del hecho llevó los mencionados elementos a su domicilio; y que Emilia Morales, pareja de Frías, también ese mismo día llevó a la casa de Correa un bolso que contenía ropa de policía, armas y celulares. Todo ello, no sólo concuerda con las declaraciones testimoniales pertinentes, sino que además, como bien lo señala el a quo, la fuerza probatoria de estos medios de prueba encuentra pleno sustento en la interrelación de los testimonios enunciados con las respectivas actas de allanamiento y secuestro de efectos sustraídos.

Con respecto a la supuesta interpretación de los testimonios que -según los recurrentes- avalarían la posición defensiva de Frías, de la lectura del decisorio impugnado surge claramente que el a quo se ocupó de meritar los mismos, dando serias y fundadas razones acerca de la ausencia de impacto de éstos en el plexo probatorio analizado, por cuanto o bien se sospechan mendaces o bien no permiten descartar absolutamente la participación del imputado Frías en el hecho investigado.

En tal sentido, sostienen los camaristas que: "Frente al material colectado, carecen de virtualidad suficiente para despegar a Sebastián Domingo Frías, los testimonios dados en juicio por su actual pareja Elba Rosa Bulacios, su hermana Viviana del Valle Frías (testigos de abono - art. 239 del CPP), Julio Marcelo Cabrera que tiene una relación de pareja con la madre de Elba R. Bulacios y Débora Romina Cabrera, amiga de ésta última. En efecto, la fuerza de los elementos de cargo, superan el vano intento de estos testigos por desligarlo de esta causa, los mismos deben refutarse a la luz de la prueba y normas como testimonios interesados e influenciados por circunstancias de índole familiar y de amistosos que tienden a deformar la esencia de sus relatos. Llama poderosamente la atención que teniendo un vínculo tan estrecho con el imputado, no hayan brindado testimonio apenas Frías se diera a la fuga y ahora, después de tanto tiempo, recuerden casi al milímetro circunstancias que atestigüen la presencia de Frías en la casa de su actual pareja al momento del hecho (...) Es decir, existen serias razones para pensar que las declaraciones de estos testigos fueron incentivadas por razones familiares y de amistad y desamoldadas por circunstancias que pudieron existir pero no en el momento que dicen haber estado con Frías".

Tampoco resultan de recibo las críticas formuladas por los recurrentes, con respecto a la valoración de cargo que el tribunal efectúa de la fuga a otra provincia del imputado, Sebastián Domingo Frías, inmediatamente después de cometido el ilícito. Los impugnantes reiteran que lo hizo porque siempre lo acusan injustamente por cualquier hecho. Los argumentos brindados no resisten el menor análisis ya que surge evidente que Frías con tal actitud pretendió sustraerse del accionar de la justicia. En efecto, la mala justificación del acusado debe ser tenida como un indicio de cargo. Justificar su huida a otra provincia inmediatamente después de sucedido el hecho so pretexto de que es permanente y constantemente perseguido por personal policial y judicial, resulta realmente muy poco creíble.

En idéntica dirección, adviértase que tampoco pueden prosperar las críticas que los recurrentes efectúan con respecto a la absolución de la imputada Córdoba y a la falta de investigación de la testigo Correa y su pareja. Recuérdese a los impuganantes que lo que se ataca a través del recurso intentado es la motivación de la sentencia con relación a su asistido, Frías, es decir, las razones que justifican el juicio lógico que ella contiene, con base en la prueba reunida y de acuerdo al sistema de valoración admitido por la ley procesal. En el caso bajo examen, ello constituye el límite del agravio, como así, la sentencia constituye el límite ineludible para esta Corte. Consecuentemente, las disconformidades señaladas de manera alguna pueden tener acogida favorable en esta instancia.

Desde otro ángulo la defensa de Frías cuestiona la valoración que el tribunal hace de los diferentes indicios, no obstante ello, sus críticas tampoco logran desestabilizar en lo más mínimo el razonamiento del a quo. En este sentido, advierto que el tribunal fue contundente al referirse a las distintas clases de indicios. Así, señaló que no caben dudas que existen indicios de presencia física del imputado Frías en el domicilio de Córdoba (al respecto destáquese, como se dijo, que tanto Córdoba como Aramburu declararon y señalaron a Frías como la persona que junto a otras llevó al domicilio de la primera el producido del ilícito); también señaló indicios de oportunidad temporal, cuando acude con los otros imputados a esa vivienda, inmediatamente después del ilícito; indicios de participación en el hecho, por las características de los efectos que portaban, como el dinero, teléfonos sustraídos, armas, uniformes, que dan cuenta las actas y fotografías pertinentes (resáltese aquí lo declarado por Mariana Correa, quien refirió que el mismo día del hecho, la pareja de Frías llevó un bolso a su casa, y que luego del allanamiento que se realizó en su casa pudo ver que el mismo contenía ropa de policía, camisas, un chaleco, campera, dos pares de botas, dos armas y dos celulares); indicios de personalidad con capacidad delictiva según se desprende de su intento de fuga -sin perjuicio de los antecedentes que no lo favorecen, aclaran los camaristas- unido a un móvil comprobado, el cual no era otro que la sustracción del dinero que portaban los funcionarios municipales; e indicios de mala justificación para justificar su fuga y falta de responsabilidad penal (ello se correlaciona con el análisis que efectúa el a quo al ponderar la fuga del imputado como elemento de cargo, allí destacó que "la fuga del imputado a otra provincia, inmediatamente después de sucedido el ilícito, sin dejar rastro alguno de su paradero, hasta que fue aprehendido, debe ser ponderado como un valioso elemento cargoso contra él, ello, no obstante que refiere que lo hizo porque siempre lo acusan injustificadamente por cualquier hecho".

Por ello, y luego de realizar un íntegro análisis del material probatorio debidamente incorporado, el tribunal concluyó que "existen elementos anteriores (relación amorosa entre el acusado y Emilia del Valle Morales, quien es una de las que recibe los efectos del delito); casi concomitantes al hecho (lugar donde se encontraron las cosas -vivienda de Córdoba, hermana de Morales) y posteriores (actitud del inculpado después del hecho al eludir la acción de la justicia) que entre sí guardan una estrecha relación para comprometer al acusado de un modo inequívoco y suficiente para declararlo responsable penalmente".

Por último, los recurrentes reprochan la virtualidad probatoria del reconocimiento en rueda de personas efectuado por el testigo Guillermo Daniel Fernández (fs. 1260/1260 vta.), señalan que aquél adolece de serias falencias. Con relación a esto debo decir, en primer lugar, que dicho acto procesal se cumplimentó con las formalidades prescriptas por los artículos 259/262 del C.P.P., y que fue practicado en presencia de quienes ahora recurren. Asimismo, un análisis integral de la causa me permite advertir que la defensa técnica del imputado Sebastián Domingo Frías, no sólo ha participado del medio de prueba que discute (26/03/08), asistiendo a su defendido, sino que además, no ha formulado a lo largo del proceso, hasta el dictado de la respectiva sentencia -casi un año más tarde (11/03/09)-, cuestionamiento alguno a la rueda de reconocimiento de persona que ahora tildan de falaz .

En lo que a este tópico se refiere cabe recordar lo sostenido por esta Corte en precedentes anteriores en donde se dijo que no existe declaración de nulidad por la nulidad misma, y menos aún, cuando las partes han consentido libremente los efectos del acto, el que además, se llevó a cabo de legal forma y con pleno respeto de los principios de contradicción y bilateralidad.

En igual sentido, los recurrentes señalan que el reconocimiento se contradice con todas y cada una de las declaraciones brindadas por Guillermo Daniel Fernández. Advierten que este medio de prueba debe valorarse en conjunción con las demás rendidas en la causa, fundamentalmente en consonancia con los testimonios brindados por el reconociente, por lo que no puede ser analizado en forma aislada y menos aún, arbitraria y antojadiza.

Este embate impone, en forma liminar, reiterar lo sostenido por esta Corte en fallos que anteceden, en donde se dijo que por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el tribunal de casación se encuentra facultado para efectuar un examen ex novo de la causa puesto que, el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aún en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación, es decir, aquello que exclusivamente ha ingresado en la percepción del tribunal.

Con relación a esto último, adviértase que los principios de inmediación y contradicción imponen que los órganos de prueba que hayan de producirse en el debate deban comparecer personalmente a fin de que, precisamente, tanto el tribunal como las partes tomen conocimiento directo de los mismos, de su impronta, semblante, actitudes, expresiones gestuales, forma de expresarse y demás circunstancias que sirven para evaluar su veracidad y eficacia, y por sobre todo ello, de interrogar directa y libremente a los testigos a fin de indagar sobre el verdadero conocimiento que de los hechos puedan tener.

En consonancia con lo expresado, resáltese que Fernández manifestó reconocer al sujeto que estaba al lado de Rodríguez, quién al momento del hecho, le pidió los celulares y refiriéndose a él -testigo- le dijo "gordo no me mires", de lo cual resulta fácil inferir que Fernández observó por un momento a Frías. A su vez, en debate expresó que a todos les obligaron a bajar la cabeza, que trató de ocultar su teléfono, pero uno de ellos le exigió que se lo entregara; que se considera una persona fisonomista, sólo de rostros; que en la rueda de reconocimiento se le refrescó la memoria y que recordó mejor debido al tiempo que pasó y porque recuperó la calma, aclarando, que al participar en el anterior todavía se encontraba bajo los efectos de los nervios y obnubilado por la característica y violencia del hecho.

El a quo, además de realizar un exhaustivo y pormenorizado análisis del material probatorio mencionado ut supra, a los fines de sostener con certeza la participación que le cupo al imputado en el hecho en cuestión, también ponderó el testimonio brindado en debate por Guillermo Daniel del Valle Fernández, interrelacionándolo con el reconocimiento de Sebastián Domingo Frías que efectúo el mencionado testigo (fs. 1260). Así, concluyó que existen elementos anteriores, concomitantes y posteriores al hecho que entre sí guardan una estrecha conexión para comprometer al acusado de modo inequívoco y suficientes para declararlo penalmente responsable.

En este orden de ideas, los camaristas puntualmente fundamentaron que el proceso psicológico recognoscitivo no es igual en todas las personas, depende de muchos factores, tales como las perturbaciones que indicó el testigo. Resáltese nuevamente aquí, que lo expresado por Fernández evidencia que vio al imputado Sebastián Domingo Frías (imagen que percibió antes del proceso) y que este último le dijo que no lo mirara y que bajara la cabeza, por lo que, no caben dudas de que esa imagen que impactó y quedó registrada en la mente del testigo, reflotó luego de un tiempo, recuperándola cuando logró la calma, como lo señala el tribunal. En consecuencia, esa imagen que ha sido percibida por la víctima previamente al proceso, sobrevino al momento del reconocimiento. Con respecto a este tema, estimo apropiado destacar que "son muchas las variables que influyen en la exactitud de los recuerdos que tiene un testigo presencial de un hecho. Es indudable, en este orden de cosas, que deben utilizarse, como dice la doctrina psicológica-científica, las tres clásicas del procesamiento de la información humana: codificación, almacenamiento y recuperación. Estas variables son difícilmente controlables por el juzgador, pero en la medida en que este control pueda llevarse a cabo, sólo quien bajo la inmediación y la contradicción puede ver, oír y percibir las reacciones de quienes declaran, constatando los datos que hayan de servir para determinar el grado de verdad a través de la verosimilitud, está en condiciones de fijar su credibilidad" (Ruiz Vadillo, Enrique; La actividad probatoria en el proceso español, en "Estudios de derecho procesal penal", Granada, Comares, 1995, p. 241).

Con base en todo lo expuesto, concluyo que el decisorio impugnado se encuentra debidamente fundado y que el cuadro convictivo meritado por el a quo nos lleva a sostener con grado de certeza la participación responsable del incoado Sebastián Domingo Frías en el hecho que se le endilga, razón por la cual los agravios aquí analizados deben ser rechazados.

Por ello, voto negativamente a la presente cuestión.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Luis Raúl Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: 1) No hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Pedro Justiniano Vélez y Jorge Rafael Bracamonte, asistentes técnicos del imputado, Sebastián Domingo Frías. 2) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). 3) Téngase presente la reserva del caso federal y la del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Luis Raúl Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) No hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Pedro Justiniano Vélez y Jorge Rafael Bracamonte, asistentes técnicos del imputado, Sebastián Domingo Frías.- 2º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).- 3º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada y la del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- 4º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- Amelia del V. Sesto de Leiva y José Ricardo Cáceres ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Conste.