Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-05


ROMAN, Héctor Raúl contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 215 p 433-434. Santa Fe, 5 de setiembre del año 2006.

VISTOS: los autos "ROMAN, Héctor Raúl contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 119, año 1994); y, CONSIDERANDO: 1. Sucintamente expresados los hechos que motivan la presente incidencia resultan los siguientes.

A foja 149 la parte actora sostuvo que, al haber sido intimado en su domicilio real al pago de los honorarios y aportes correspondientes a las letradas intervinientes por la demandada, advirtió la existencia de un error en la base tomada en cuenta para el cálculo de los emolumentos.

Destacó que de conformidad al inciso 3 del artículo 62 del Código de rito logar se debió efectuar la notificación en su domicilio real del primer decreto que se dicte con posterioridad a la paralización por más de seis meses, y que, sin dársele intervención se pretende fijar un contenido económico al caso cuando no existe.

Afirmó que no pidió el pago de retroactivos salariales sino sólo el reencasillamiento a futuro, de allí que la base estimada no tiene relación con el objeto del pleito y reiteró que por haber sido efectuada dicha estimación sin su participación existe un error material en la misma, lo que torna nula la propia regulación.

Corrido traslado, las apoderadas de la parte accionada solicitaron el rechazo de la nulidad interpuesta (f. 152), y habiendo evacuado la Caja Forense la vista corrida al efecto (f. 155), queda la causa en condiciones de ser resuelta.

2. Habrá de rechazarse la nulidad impetrada.

Como lo sostienen las impugnadas, el auto regulatorio de los honorarios (f. 142) se encuentra firme, tal como se observa de las constancias del caso (ver particularmente notificación cursada a foja 143) y ello resulta suficiente a los fines de rechazar el recurso articulado.

Efectivamente, el artículo 108 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (aplic. supl., art. 23, ley 4106), "las providencias y resoluciones judiciales de que no se hubiere interpuesto recurso dentro del término legal quedarán firmes y ejecutoriadas, sin necesidad de declaración alguna".

Se refuerza lo expuesto apenas se observe que el esquema elaborado por el nulisdicente parte de una premisa equivocada.

Para ello, y como reiteradamente lo ha sostenido este Tribunal (por todos A. y S., T. 180, pág. 253) debe señalarse que, si bien el justiprecio de los honorarios fue efectuado teniendo en cuenta la base estimada por su contraria y de allí la mención que se hace en los considerandos respectivos al artículo 27 de la ley de aranceles, resulta decisivo valorar que esta norma legal (vgr. ley nro.

6767) autoriza a los profesionales a estimar sus honorarios, lo que implica un análisis de la cuantía (artículo 4 -inciso a- y 27), pero no prevé una necesaria incidencia previa con participación de las partes, estando suficientemente tutelado el derecho constitucional de defensa con la posibilidad -y carga- de fijar el monto reclamado, y de ser oída y producir pruebas al interponer revocatoria.

Con esa inteligencia, de ninguna manera puede alegarse falta de intervención en la fijación del contenido económico del presente proceso en razón de que, al notificarse la regulación de los emolumentos profesionales, el impugnante pudo alegar todas aquellas cuestiones que hacían a su postura y que, como se observa, recién trae en esta oportunidad, por lo que su planteo resulta, en definitiva, el fruto de una reflexión tardía que no puede ser admitida.

Ello no se ve conmovido -ni tampoco se modificaría la solución de la presente incidencia- por el argumento basado en lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 62 del Código de rito local por cuanto esa norma, al contemplar el supuesto del expediente "que haya estado paralizado por más de seis meses", no puede abarcar casos como el de la especie en donde la causa ya se encontraba fenecida por sentencia firme.

En consecuencia, en autos, sin lugar a dudas, no se ha producido violación alguna de la ley como para merecer la sanción de nulidad solicitada y, por ello, los argumentos dados en el presente decisorio resultan suficientes a los fines de desestimar la postulación esgrimida.

Por todo lo expuesto, y lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 4106, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar, con costas, la nulidad deducida por la actora.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)