Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-13


Causa Nº 14.519-01-CC/2006 (120/06) Recurso de Queja en autos "BALBÍN ALCANTARA, Giovana Esther s/ venta en la vía pública" // nos Aires, 13 de febrero de 2007.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la Causa Nº 14519-01- CC/2006, Recurso de Queja en autos "BALBÍN ALCANTARA, Giovana Esther s/ venta en la vía pública".

Y CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 1/ vta., obra copia del acta contravencional labrada con fecha 2 de mayo de 2006 a Giovanna Balbín Alcantara por la presunta comisión de la contravención prevista en el art. 83 CC.

II.- Que a fs. 2/3, se incorpora copia de la resolución dictada por el Controlador Administrativo, Jorge García Tuñon, de fecha 30/05/06, en la que se sanciona a la infractora por venta ambulante sin permiso, con multa de $50 y se ordena el decomiso de un (1) carrito parrilla de chapa con ruedas, una (1) bolsa plástica de color celeste conteniendo en su interior bolsas de papel color madera y tres (3) tortillas asadas.

III.- Que a fs. 4/5 consta copia del acta de audiencia celebrada con fecha 9 de noviembre de 2006 en la que el titular del Juzgado de Primera en lo Contravencional y de Faltas N° 27., siendo las 11.45, resuelve tener por desistida la solicitud de juzgamiento efectuada por incomparecencia injustificada de la imputada y declarar en estado de cosa juzgada lo resuelto por el Controlador Administrativo.

IV.- Que a fs. 6 obra una constancia que acredita que la infractora compareció a la audiencia a las 11:50 hs., oportunidad en la que se le notificó que se había tenido por desistida su solicitud de juzgamiento.

V.- Que a fs. 7/8 vta. la defensa oficial interpone recurso de reposición con apelación en subsidio. Entiende que las razones esgrimidas por su defendida resultan plenamente entendibles toda vez que la encartada vive en la localidad de Avellaneda y no conoce las calles de Capital. Solicita se deje sin efecto lo resuelto y se fije nueva audiencia, pues de lo contrario, se estaría afectando el derecho a revisar la condena admnistrativa en sede judicial. Por último, hace reserva de recurrir al Tribunal Superior de Justicia y ante la Corte de Justicia de la Nación.

VI. Que a fs. 9/vta. contesta vista la fiscal de grado, María Valeria Massaglia, manifestando que no se debe hacer lugar a lo peticionado.

VII.- Que a fs. 10/12 el Juez de grado resuelve rechazar los recursos de reposición y de apelación interpuesto subsidiariamente. Entiende que en materia de faltas, el recurso de reposición no se encuentra previsto y que de todas formas no corresponde hacer lugar al mismo habida cuenta de que las razones esgrimidas no justifican la incomparecencia de la Sra. Balbín Alcantara. Afirma que con fecha 18 de septiembre de 2006 la infractora se presentó en el Juzgado, extremo que resulta indicativo a la hora de ponderar el conocimiento previo que tenía acerca de la ubicación física de dicha dependencia. Respecto del recurso de apelación, expresa que no se dan los requisitos del art. 56 de la ley 1217, los que resultan indispensables para su procedencia, por lo que tampoco hace lugar al mismo.

VIII.- Que a fs. 13/16 la defensa interpone recurso de queja contra la decisión mencionada supra. Entiende que en el caso ha existido una clara inobservancia de las formas previstas para el trámite, más específicamente de lo dispuesto por el art. 42 de la ley 1217, que regula lo relativo al desistimiento de la solicitud de juzgamiento. Expresa que su defendida no ha incomparecido a la audiencia sino que ha llegado un tiempo después de la hora fijada para su inicio y que no debe ignorarse que al llegar la imputada, todavía se encontraba presente la Sra. Fiscal. Por ello, sostiene que la decisión del Sr. Juez no se ajusta al texto legal y que frustra indefectiblemente el derecho de su asistida de que la decisión administrativa sea revisada en sede judicial.

IX.- Que a fs. 18 se solicitan los autos principales al Juzgado Nro. 27, fecho lo cual pasan los autos a estudio del Tribunal.

En primer término, es dable afirmar que el recurso de queja resulta formalmente admisible (conforme art. 58 LPC); ello por cuanto el planteo ha sido interpuesto fundadamente y por escrito, dentro del plazo de tres (3) días de notificada la resolución del Sr. Juez de Grado que rechaza el recurso de apelación, y ante este Tribunal.

Asimismo, corresponde recordar que dado que el art. 56 de la Ley 1217 prevé sólo la apelación de sentencias definitivas, en el caso de resoluciones distintas de aquéllas el impugnante deberá demostrar que es equiparable a tal. Dicha revisión, en el marco de un procedimientos de faltas, es de carácter excepcional pues la norma de mención prevé supuestos específicos de procedencia, de lo contrario este Tribunal estaría exacerbando indebidamente su competencia En la presente causa, si bien el resolutorio de fecha 9 de noviembre de 2006 no es una sentencia definitiva, es equiparable a tal porque al decidir el desistimiento de la acción por parte de la ahora recurrente y declarar la cosa juzgada, ha asimilado sus efectos, pues le genera a la encartada un perjuicio de insusceptible reparación ulterior. En esta misma línea nos hemos pronunciado en las Causas 23914-00/CC/2006, "Giraldez, Enrique José s/estacionamiento reservado para carga y descarga -apelación", rta.20/10/06 y 141-01-CC/2006, "Incidente de apelación en incidente de nulidad en autos Casa de Estudios del Pueblo SRL s/falta de certificado de limpieza de tanque y otras", rta.19/12/06 Ahora bien, abocados al estudio de los agravios esgrimidos por el defensor se han advertido vicios sustanciales del procedimiento que determinarán la declaración de nulidad de los actos procesales defectuosos.

Así, de los autos principales surge que a fs. 64 el a quo convocó a las partes a audiencia de juicio a celebrarse el día 9 de noviembre de 2006 a las 11 horas, ordenando que se le hiciera saber a la presunta infractora que la presente convocatoria se realizaba bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de tener por desistida la solicitud de juzgamiento. Según surge de fs. 64vta, tanto la fiscal de grado como el defensor oficial fueron notificados personalmente, mientras que respecto de la infractora se libró despacho telegráfico.Sin embargo, dicho despacho fue enviado solo al domicilio real de la imputada.

El art. 31 de la ley de procedimiento de faltas dispone que "se consideran válidas las citaciones y notificaciones dirigidas al domicilio constituido del/la presunto infractor/a." Balbín Alcántara, constituyó domicilo legal a fs. 22 en la unidad 29 box 24 de la Unidad Administrativa de Control de Faltas, al notificarse de la sanción allí recaída y solicitar el pase a la justicia contravencional (tal como lo establecen los arts. 15 y 24 de la ley de rito).

Este domicilio no fue modificado cuando se presentó por primera vez en la sede del juzgado y solicitó ser asistida por el defensor oficial, ni tampoco hizo presentación alguna con posterioridad.

Lo expuesto precedentemente lleva a este Tribunal a declarar la nulidad absoluta de la audiencia obrante a fs. 81 y de todo lo obrado en su consecuencia, debido a la ausencia de notificación de la misma, al domicilio constituido en autos por la infractora.

Si bien es doctrina de esta Sala que la declaración de nulidad es de carácter excepcional, pues deben primar los principios de conservación y trascendencia de los actos realizados, ella debe ser declarada cuando se vea afectada alguna garantía constitucional, tal como ha sucedido en autos, pues la audiencia llevada a cabo a fs. 81 lo ha sido en violación al debido proceso y al derecho de defensa de la imputada, previstos constitucionalmente. Cabe recordar que el art. 13 inc. 3 in fine de la Constitución de la Ciudad, establece que "son nulos los actos que vulneren garantías procesales", y por su parte el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia (CSJN, Fallos 125:20; 127: 36; 189:34; 308:1557, entre otros) En este punto se ha expresado que "la falta de audiencia...o la inobservancia en ella de las reglas... conducen a la ineficacia absoluta de la resolución judicial en relación a la cual se concede el derecho de audiencia, cuando ella perjudica al imputado; ambos comportamientos lesionan el derecho a ser oído, como elemento fundamental del derecho de defensa..." (Maier, Julio B.J., "Derecho Procesal Penal.- I. Fundamentos", Ed. Del Puerto SRL, Bs. As., 1999, p.567).

En razón de lo afirmado, cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 13 inc. 3 in fine CCBA, corresponde declarar la nulidad del procedimiento, en virtud de que la audiencia ha sido llevada a cabo sin que la imputada hubiera sido notificada de su realización conforme lo prescribe la normativa aplicable al caso (art. 31 ley 1217), vulnerándose así su derecho de defensa y el debido proceso legal.

No obsta a lo expuesto la resolución obrante a fs. 60, donde el juez tiene presentada a la presunta infractora y por constituido el nuevo domicilio procesal, pues del escrito de fs. 38/48 surge que fue el defensor quien lo constituyó en Combate de los Pozos 155, 2do piso -sede de la Defensoría Nro. 1- y no su asistida. En tal sentido, es evidente que es la supuesta infractora quien debe efectuar la modificación del domicilio ya constituido, razón por la cual lo decidido en el punto II de fs. 60 carece de total asidero, máxime cuando aquélla ni siquiera había suscripto la presentación de fs. 38/48 ya citada. En efecto, la norma procesal es clara en cuanto a que es "el presunto infractor"el que constituye domicilio legal (arts. 15 y 24 ley 1217) y no el defensor oficial, sin perjuicio de las notificaciones que se le cursen a aquel en su público despacho.

Tampoco obsta a la declaración de nulidad que la convocatoria a la audiencia hubiera sido notificada a su domicilio real, pues la citación cursada a fs. 66 a la imputada (y notificada a fs. 74), ha sido incompleta, pues no se le comunicó que su incomparecencia injustificada implicaba el desistimiento previsto en el art. 42 ley 1217, pese a que el Juez había dispuesto: "Hágase saber a la presunta infractora que la presente convocatoria se realiza bajo apercibimiento, en caso incomparecencia injustificada, de tener por desistida la solicitud de juzgamiento" (fs.64).

Por ello, y para evitar casos como el presente, resguardaría mejor el derecho de defensa que, en la ocasión en que el supuesto infractor solicita la designación de defensor oficial, se le requiera nuevamente acerca de la constitución del domicilio, máxime en aquellos casos donde lo ha hecho en los estrados del Controlador Administrativo.

Finalmente corresponde señalar también que la intervención otorgada al defensor oficial por el Juzgado a fs. 35, en particular nombre y domicilio del letrado designado, nunca fue notificada a la encartada ni a su domicilio real ni al constituido.

Por la forma en que se resuelve, esta Alzada considera innecesario pronunciarse sobre el agravio referido a la interpretación realizada por el a quo del art. 42 de la ley 1217. Ello así, por cuanto si de la lectura del expediente se advierte la transgresión a una garantía constitucional de tal entidad que afecta la validez misma del proceso, debe ser atendida con antelación a cualquier otra cuestión que se hubiere planteado, y declarada por el Tribunal oficiosamente en cualquier estado y grado del proceso a fin de evitar la prosecución de un trámite irregular que ponga en riesgo la efectiva vigencia de principios consagrados en la Carta Magna.

Por los motivos expuestos el Tribunal, RESUELVE:

Declarar la nulidad de la audiencia obrante a fs. 81 de los autos principales y de todo lo actuado en consecuencia, debiendo el juez citar a una nueva conforme a derecho (art. 13 inc. 3 in fine CCBA).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente devuélvase al Juzgado de Primera Instancia, a sus efectos.

Ante mi