marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de nulidad, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RIOMINSA S.A. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-02-27

La acción de nulidad no tiene término porque es imprescriptible.

Los actos nulos deben ser imprescriptibles por afectar al orden público, al ser productos del accionar administrativo en contra del "bloque de legalidad" a que esta sometida. Por lo demás, debe haber un trato de disfavor para esa clase actos respecto de los meramente anulables. Si bien es verdad que la imprescriptibilidad para accionar contra los actos afectado de nulidad absoluta implica una excepción a la firmeza de los actos administrativos, creemos que esta plenamente justificada.
Recurso extraordinario, principio de congruencia, tercera instancia, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Chavez de Illanes, Francisca y otro c/ Menachez, Juan y otros s/ Daños y Perjuicios-Sumario-Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-11-24

La exigencia de planteo oportuno y eficaz de la cuestión constitucional no se limita a una exigencia ritualista de la ley que regula la vía recursiva extraordinaria, sino que hace al principio de congruencia, pues la tercera instancia no puede entrar a considerar ni decidir sobre articulaciones de naturaleza constitucional que no hayan sido sometidas a las instancias de mérito, pues caso contrario estaría resolviendo en forma originaria tal planteo, desvirtuando la naturaleza de su jurisdicción.
Quiebra, fuero de atracción, asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA DE TRABAJO TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CUYO EN J: PALAZZO, JORGE VICTOR Y OTROS c/ COOPERATIVA DE TRABAJO TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CUYO s/ Ejecución Sentencia - Casación (LIBRO: S253 - 284)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-02-22

No opera el fuero de atracción de la quiebra de la aseguradora respecto a los procesos en los que fue citada en garantía, cuando existe sentencia condenatoria y el accionante desiste de ejecutarla contra ella.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Castagnola, Juan Luis s/ Hurto, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-22

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se cuestionan las circunstancias agravantes valoradas por el juzgador si tales argumentos no fueron sometidos a consideración de la Cámara mediante la expresión de agravios, siendo que las agravantes que se cuestionan habían sido meritados en la sentencia originaria por lo que tales agravios están excluidos de la competencia de esta Corte (art. 342, C.P.P. - según ley 3589 y sus modif.).
Concursos, honorarios, peritos, ley vigente, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ideas del Sur SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación de crédito por obra social de actores (osa)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-13

Con relación a las pautas para establecer la retribución de los peritos, se tiene dicho que "se aprecia erróneo el reenvío que este art. 61 efectúa, pues, como puede apreciarse, el art. 32 no alude a peritos, sino a una serie de auxiliares que normalmente no lo son, en el sentido de presentar un informe pericial, sino informes en general según la misión que el juez le haya encomendado" (Pesaresi, G., "Honorarios en la justicia nacional y federal. Ley 27423. Anotada, comentada y concordada", p. 765, Buenos Aires, 2018); por lo tanto, se descarta aplicar las alícuotas previstas en la normativa citada.

2 - Por otra parte, según lo previsto por la ley 27423: 21, el monto de los honorarios a regular a los referidos auxiliares no podrá ser inferior al 5% ni superior al 10% del monto del proceso, extremo que debe sujetarse empero a la adecuada proporcionalidad que deben mantener con los de los letrados intervinientes, cuya labor es sin duda más extensa, como lo señala el art. 478 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al cual remite la norma citada (Kielmanovich, J., "Honorarios Profesionales. Ley nacional 27423 y ley 14967 de la Provincia de Buenos Aires", págs. 36 y 37, Buenos Aires, 2018 y CNCom, Sala D, in re "Telepiú s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA", del 19/12/19, ídem "Ideas del Sur SA s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación de crédito por Massarelli, Gabriela Judith", del 26/11/19).

3 - Ahora bien, como la referida regulación debe respetar no solo el referido principio de concurrencia proporcional, que es la esencia de la regulación justa, sino también, una adecuada proporción con la labor realizada, los intereses en juego y las remuneraciones que se fijen en favor de los demás profesionales, es decir que, la retribución debe estimarse teniendo en cuenta las pautas que se encuentran previstas para los letrados en este tipo de incidentes (LCQ 287), en tanto, aplicar un criterio diferente, sujeto al mínimo arancelario que rige la actividad del auxiliar, implicaría una clara e inadecuada desproporción entre las tareas efectuadas por cada uno de los profesionales y la retribución que corresponde por las mismas (conf. arg. CNCom, Sala A, in re "Abasto Neumáticos SRL s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito por Michelin Argentina SA", del 02/05/19).
Excarcelación, eximición de prisión, resolución denegatoria, conducta del procesado
Materia: PENAL
Carátula: Bedoya Mario Alberto s/ Recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-30

Por su parte, el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación establece pautas que impedirían la concesión de la excarcelación o exención de prisión cuando no obstante verificarse la concurrencia de los recaudos objetivos previstos en los artículos 316 y 317, las particulares circunstancias del caso hicieran presumir que el imputado podría intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer el curso de la investigación, circunstancias que obedecen a datos de la realidad y que han sido contempladas expresamente por el legislador como causales que obstan justificadamente a la concesión del beneficio.	El fundamento de esta norma radica en que en aquellos casos en los que la liberación podría significar una frustración a los fines del proceso, debe hacerse prevalecer el interés general de la sociedad en la prevención y represión del delito (cfr. "Alessi, Eduardo Ati-lio José s/recurso extraordinario", Sala II, causa nº 4974, reg. nº 6599, rta. el 01/12/04).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, duda
Materia: PENAL
Carátula: Villarreal, Carlos Horacio s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

Es improcedente la solicitud de aplicación del art. 431 del Código de Procedimiento Penal, si no se advierte que concurra la situación de duda.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable, tutela sindical, empleo público, aplicación de la ley, despido indirecto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: XARAU, ALBERTO ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

El recurrente aduce sustancialmente que la decisión impugnada deviene arbitraria por cuanto el Tribunal a quo prescindió de la normativa aplicable al caso (ley 23551 y su decreto reglamentario) sin dar razón plausible para ello, y para avalar su postura, remitió a los fundamentos dados en el precedente "Garetto", en el cual se resolvió que la ley de Asociaciones Sindicales no distingue entre empleados públicos y dependientes privados, afirmando que la jurisprudencia admite la vigencia de la tutela sindical prevista en la ley 23551 en el ámbito del empleo público provincial y municipal; sin embargo, la sola remisión a los argumentos del precedente citado, sin dar mayores especificaciones relacionadas con el sub lite, no logra rebatir el criterio sustentado por la Cámara, por cuanto la cuestión debatida en aquéllos autos se centraba en la vigencia de las garantías necesarias para el cumplimiento de la gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad del empleo, se invocó la tutela sindical establecida en la ley 23551 y la omisión de la Administración de reclamar el desafuero; y en los presentes se discute, principalmente, la procedencia de la figura denominada despido indirecto en el ámbito del empleo público. - CITAS: CSJStaFe: Garetto, AyS T 206, p 133/140. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 23551
Verificación de créditos, dolo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Club Atlético Témperley s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-05

Alegar la existencia de error esencial sin intención dolosa, no permite revisar los efectos de la cosa juzgada de la decisión que verificó el crédito o el privilegio (art. 38, ley 19.551).
Municipalidad, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LEPPEZ, VICTORIO ROQUE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 180-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-23

Las administraciones municipales y comunales pueden otorgar compensaciones, subsidios e indemnizaciones por encima de los mínimos legales, si les resultara presupuestariamente posible y fuera compatible con la adecuada satisfacción de los intereses públicos que persiguen.
Régimen de consolidación de deudas, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Calderón, Ezequiel c/ Fisco Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-08-31

Si bien a partir del dictado de la ley 13.436 han quedado salvadas las objeciones constitucionales, la Suprema Corte frente a excepcionalísimas circunstancias de hecho, ha declarado que las leyes de consolidación de deudas provinciales resultan inconstitucionales o, cuanto menos, inaplicables.
Obstrucción de la vía pública, lesividad, bien jurídico protegido
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, G. s/ Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-21

En el caso sub examine, la conducta prohibida ser aquella que impida u obstaculice la circulación de personas o vehículos por la vía pública o espacios públicos, conforme a las estipulaciones del tipo previsto por el artículo 41 del Código Contravencional, y siempre que la conducta ilícita tenga entidad suficiente como para afectar al bien jurídico que dicha norma abriga, el cual es la libertad de circulación.

La medida de la afectación al bien jurídico es el dato que nos dar la posibilidad de la lesividad de la conducta; y paralelamente, ante su amenaza, menoscabo, desmedro o alteración, se producir una afectación en la convivencia segura y pacífica, fin este al que en última instancia alcanza a proteger el Código Contravencional.

La afectación referida puede verificarse a través de las pruebas recolectadas tanto durante la instrucción, como en la audiencia de debate, instituto éste que caracteriza a nuestro procedimiento acusatorio. Así, surge de las declaraciones de los testigos, al igual que del mismo reconocimiento efectuado por el acusado, la existencia de una cinta que obstaculizaba el paso de los peatones.

En nada obsta la vicisitud de que dicho tendido hubiese dejado libre o no un corredor (ya sea este de cuarenta, cincuenta o sesenta centímetros o un metro) puesto que la ocupación de la vía pública (a los efectos de la caracterización del tipo del artículo 41 del Código Contravencional) no debe ser total, ya que la norma no distingue grados de ocupación sino que se entiende que aquella conducta que impida o dificulte el libre tránsito, se encontraría adecuada en el tipo. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Recurso de casación laboral, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: LEDESMA MARIO EDGARDO c/ BANCO QUILMES S.A. s/ SUSPENSION INJUSTIFICADA, FALTA DE PREAVISO, ETC. -CASACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-21

En el ámbito laboral debe evitarse prudentemente la aplicación de la tasa activa, ya que puede contrariar el sistema, buscando de evitar la repotenciación y los consecuentes efectos inflacionarios que intenta reprimir el legislador. Por otro lado la tasa activa acoge en su composición (por estar destinada especialmente al mercado financiero) la incidencia propia de los costos y riesgos especiales de ese mercado.
Sobreseimiento, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Perna, Leonardo Emanuel y otros s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-22

El recurso de casación interpuesto contra la resolución que disponía el sobreseimiento de los imputados -por no constituir delito los hechos denunciados- se trataba de una de las de carácter definitivo; con fundamento suficiente habiéndose puntualizado los hechos relevantes de la causa, las normas que se entienden inobservadas así como la solución a la que se aspira. (Dres. Diez Ojeda, Hornos, González Palazzo).
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, ley federal, procedencia del recurso, facultades del juez, iura novit curia, límites del pronunciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Tobar, Leónidas c/ Estado Nacional -Ministerio de Defensa Contaduría General del Ejército - Ley 25.453 s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-22

En la tarea de esclarecer la inteligencia de normas federales, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por las de las partes.
Recurso de inconstitucionalidad, remuneración, antigüedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DI PIETRO, ALBERTO EDUARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-05-30

El planteo recursivo debe prosperar en tanto se configuran en el caso supuestos de arbitrariedad normativa por prescindencia del texto legal aplicable, invocación de regímenes normativos que no tienen relación con la causa y falta de suficiente fundamentación, que respalde la interpretación que de ellas efectuaran los Juzgadores para condenar a la demandada al pago de los emolumentos pretendidos en concepto de antigüedad por servicios prestados en la Armada Argentina por los que -interpretó la Cámara- debía la Caja provincial ser responsable de su reconocimiento y pago, siendo que la institución que recibió los aportes no está adherida al Instituto Nacional de Previsión Social, por lo que dichos aportes no son traspasables a organismos del Estado ni privados.
Agentes de propaganda médica, viáticos, reintegro de gastos de movilidad, carácter remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: OBRA  SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTIN c/ LABORATORIOS ANDROMACO  S.A. s/ COBRO DE APORTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

De la CCT 119/75 no surge claramente que haya sido intención de las partes suscriptoras atribuir carácter no remuneratorio a los gastos de movilidad, excepción que para entenderse abarcada por la doctrina del fallo plenario 247, debió formularse expresamente, máxime cuando en los artículos siguientes se contemplan otros reintegros, concepto que traduce la idea de devolver gastos efectivamente realizados. En consecuencia, los gastos de movilidad tienen carácter de sueldo y sobre ellos deben efectuarse aportes y contribuciones de obra social.
Administración fraudulenta, tipo penal, productor asesor de seguros, retención indebida, violación al deber de cuidado
Materia: PENAL
Carátula: SOLNIK, Javier I. s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

a) El tipo penal de la administración fraudulenta viene a nuestro Código Penal directamente del Código Penal Alemán, de modo que hay que remitirse a la doctrina elaborada en ese país para poder deslindar exactamente la figura penal en estudio. A fin de entender el problema hay que partir de la base que son dos los tipos penales que la norma contempla, tal como lo vió Binding , quien había sostenido la teoría del abuso y, por otra parte, la llamada teoría del quebrantamiento.

Así, la conducta de un productor independiente de seguros que recibió por parte de los damnificados dinero para asegurar sus bienes, incumpliendo entregar el mismo a la compañía, comprobándose, al ocurrir un siniestro, que la póliza no se había realizado en un primer hecho, y que aquélla se hallaba impaga en otro caso, queda atrapada por el art. 173, inc. 7°, C.P., ya que este tipo penal consiste en la violación al deber por parte de quien tiene a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de todo o parte del patrimonio ajeno, por lo que, siendo el deber del imputado entregar el dinero recibido de su mandante a la compañía de seguros, la violación de su obligación específica lo coloca en la posición de autor del delito de infidelidad patrimonial que trata de la relación, llamada interna, entre quien administra y el dueño del patrimonio lesionado.

No hay duda entonces que el procesado ha violado el deber de fidelidad, apropiándose de algo que debió entregar porque no era suyo, y ocupaba en ese momento el lugar de administrador con respecto a los bienes ajenos. No aparece dudoso, en referencia al tipo objetivo, en cuanto se le había dado el dinero para la póliza, y como es claro, debió, una vez recibidas las primas, entregarlas a su vez a la compañía aseguradora. No lo hizo, de modo que en ese aspecto el procesado realizó la acción contraria a la norma. Tampoco hay dudas sobre el dolo del autor, en cuanto se apropia del dinero que no le correspondía.

b) Cuando lo que se debe restituir es dinero, no se tipifica el art. 173, inc. 2°, C.P., pues para que pueda ser considerada esa figura, debe tratarse de un depósito regular.
Transmisión de enfermedades, abuso sexual, menores
Materia: PENAL
Carátula: SRA. ASESORA DE MENORES SUSTITUTA INICIA ACTUACIONES ADM. c/  s/ INFORME HOSPITAL SAN JOSE S/SITUACIÓN MENORES B.M. Y M.M. P. LIBRES ADM. c/  s/ INFORME HOSPITAL SAN JOSE S/SITUACIÓN MENORES B.M. Y M.M. P. LIBRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-06-03

La Sra. Asesora de Menores interviniente expone: "... que habiendo sido remitido informe clínico respecto de los Ser. C. B. y S. G., con resultado positivo de VDRL respecto del primero, siendo una obligación de este Ministerio Tutelar la prevención de toda circunstancia que pueda resultar perjudicial a la integridad física y la salud de los menores de autos, y ante la concreta situación de riesgo de los menores que aun residen en el domicilio, fundada además en primera instancia la peligrosidad y el riesgo (VDRL Positivo en el padrastro) que puede cernirse sobre la persona de los hijos y víctimas, sin perjuicio de tratarse de una medida de protección sujeta y supeditada a ulteriores diagnósticos pero que en la víspera y ante la gravedad de los hechos no admite demora no implicando de ningún modo lo solicitado la acusación o prejuzgamiento sobre tan graves hechos aquí ventilados y respecto de los menores U. C. B., E. G. B., J. R. L. y L. N. R. L., solicito a S.S. y salvo mejor criterio ordene PRECAUTORIAMENTE EXCLUIR DEL HOGAR Y PROHIBIR SU ACERCAMIENTO al Sr. C. D. B, bajo apercibimiento de desobediencia judicial".
Empleados públicos, Superintendencia de Seguros de la Nación, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: MALFETTANI, Alejandro c/ SSN SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-27

Si bien el art. 3 del CCT 11/75 incluye al personal de la superintendencia de Seguros de la Nación, para que tal manifestación de voluntad fuese oponible al ente, tendría éste que haber participado en la negociación colectiva ya sea por el sector patronal, una asociación profesional o un grupo de empleadores de la actividad. Como ello no sucedió, y tampoco hubo acto expreso que declarase la tutela de los agentes públicos bajo su éjida dentro del marco laboral (art. 2 inc a de la LCT), los dependientes del organismo demandado pertenecen al ámbito del empleo público y esta justicia laboral es incompetente.
Aplicación de la ley penal, irretroactividad
Materia: PENAL
Carátula: Fuentealba, Julio Orlando s/ Lesiones graves s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-08-10

Para garantizar la libertad del individuo frente a la creciente represión del Estado, el derecho penal ha consagrado tres reglas limitativas: la regla nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, la de la prohibición de la interpretación analógica de la ley penal, y la de la prohibición de la aplicación de la ley penal desfavorable en sentido retroactivo. Estas dos últimas son, en realidad, consecuencia de la primera. Los principios que informan esta reglas están entronizados en el art. 18 de la Constitución Nacional, que dispone:

"Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso". (En disidencia: Dr. García Osella).
Daño moral, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CHAVEZ DE FIGUEROA ELVIRA C. c/ CORPORACION DEL RIO DULCE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-12-04

Si bien en ciertos supuestos como en el caso de una incapacidad, el agravio moral se presume, no debe perderse de vista que todo daño, sea patrimonial o extrapatrimonial debe probarse ya que el mismo es excepcional y de aplicación restrictiva. (Minoría u opinión personal)
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, gastos de reparación del automotor, legitimación activa, conductor no titular, acumulación de procesos
Materia: CIVIL
Carátula: BELLUCI, NICOLAS R c/ POLLANO, EDGARDO C. Y OTROS s/ SUMARIO-ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-30

El usuario-tenedor que no ha realizado las reparaciones del automóvil dañado, está legitimado para accionar contra el responsable del accidente y reclamarle la indemnización pertinente, pues el daño irroga perjuicio a su derecho en la medida en que no puede usar de la cosa en toda su amplitud hasta tanto la misma no sea reparada. Ello sin perjuicio de señalar que en el supuesto de que el dueño en otro pleito reclamara los mismos daños, procede acumular las acciones. Y también es digno de destacar que aunque no se haya probado la calidad invocada, si se ha acreditado otra que da derecho a la indemnización, la acción debe proceder en la medida de los daños acreditados, ya que siempre hay que investigar cuál es de las muchas relaciones justiciables que se pueden dar en el proceso, la que legitima. (Conf. Belluscio, Código Civil Comentado, Anotado y Concordado, Ed. 1984, Comentarios al art. 1110, Págs. 381-388).
Empleados públicos, responsabilidad del funcionario público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Re, Luis Héctor c/ Municipalidad de Berisso s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-04-24

Probada la existencia de anomalías en la dependencia donde prestaba servicios el agente sancionado, no existe absurdo en la convicción de la autoridad administrativa sobre la existencia de su responsabilidad disciplinaria si, a pesar de no ser el funcionario jerárquicamente responsable del departamento, intervenía directamente en las tareas de recaudación y depósito con el superior jerárquico sobre quien también recayó la sanción expulsiva.