marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Relaciones de familia, menores, plan de parentalidad, abuelos
Materia: CIVIL
Carátula: NUÑEZ DE BENITEZ LADISLADA E. s/ REGIMEN DE VISITAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-08-06

El amor filial no puede ser superado por otro vínculo personal, dado los profundos valores y sentimientos que en él confluyen; por ello frente al pedido de visita de la abuela paterna -que en principio debe reputarse beneficiosa- debe respetarse la oposición de la madre. Nadie puede conocer mejor al hijo que la propia madre con quien convive, en su manera de ser, carácter y si es influenciable o no, por lo que la oposición de la madre debe ser considerada con suma atención y dejada de lado únicamente cuando se demuestre totalmente arbitraria o cuando pudieren detectarse motivos desechables, que no sean los que hacen al interés del menor. En caso de duda debe entenderse primordialmente al bien del menor, ya que la misma situación de conflicto puede incidir en forma inconveniente para él. La duda asimismo debe resolverse a favor de la opinión de la madre a quien como tal deben adjudicarse mayores facultades para captar la conveniencia en orden a la formación espiritual del hijo. Las ideas políticas no son materia justiciable, pero el juzgador no puede dejar de tener en cuenta las profundas diferencias ideológicas existentes entre la madre y abuela; no puede sino entenderse que ésta querrá hacer partícipe a su nieto de esas ideas. No se requiere la evidencia del perjuicio para el menor, ya que hablar de la facultad de oponerse de los padres,tutores etc.,se refiere a dos posibles perjuicios a la salud moral y física del menor, con lo que basta con una razonable posibilidad de una perturbación espiritual o en la formación moral que la madre intenta inculcar a su hijo para que se justifique la negativa. El menor goza en la actualidad de una tranquilidad espiritual y un equilibrio emocional que se traduce en un excelente rendimiento escolar. Ese estado de cosas merece ser preservado de la situación conflictiva en que ingresaría el menor dado las serias discrepancias existentes entre la madre y la abuela. Bajo el concepto de perjuicio para la salud moral -expresa Elías P. Guastavino- comentando el art.376 bis del C.C. se comprende no sólo aquello que sea inconveniente desde el punto de vista ético,sino también lo desaconsejable espiritual o psicológicamente, aunque carezca de inmediato sentido moral. Jurisprudencia anterior a la ley 21.040 ha aceptado posiciones fundadas en perturbaciones o interferencias en la educación o formación moral.(Régimen de Visitas en el Derecho de Familia en J.A, 1976- I. pág. 654 y sig.). Si el menor es de corta edad las influencias externas inciden con mayor fuerza,pero nada impediría que pasada esa etapa crítica pueda reconsiderarse la reclamación de la abuela a su pedido o que espontáneamente el menor formando sus propios criterios,consecuencia de una mayor madurez pueda querer mantener vínculos afectivos con sus abuelos paternos. (Del voto del Dr. Díaz Reyna por sus fundamentos).-
Derecho a la identidad de género, cambio de identidad registral, cambio de sexo, interés superior del niño
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: XXX c/  s/ autorización judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2022-02-08

Corresponde autorizar a un adolescente a cambiar su identidad de género, a pesar de no contar con el consentimiento de su madre, puesto que de su escucha se aprecia y se destaca que el mismo pudo manifestarse en forma categórica y determinante, ratificando su interés y deseo de obtener el cambio registral solicitado, pudiendo observarse que su decisión es el resultado de un proceso meditado de construcción de su identidad autopercibida.
Recurso de casación, interpelación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Aguas del Valle S.A. c/ Club Sportivo Villa Cubas s/ Ejecutivo s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-22

Conforme a las facultades conferidas por el Art. 292 del Código Procesal Civil, se intimó al recurrente, mediante decreto, debidamente notificado, para que en el término de cinco días cumpla con la integración del depósito judicial establecido por el Art. 300 del Código de rito, bajo los apercibimientos de declarar desierto el recurso.

Atento a ello, corresponde hacer efectivo el apercibimiento ordenado y, en consecuencia, declarar desierto el recurso intentado por la demandada, ya que existió un evidente incumplimiento de los requisitos formales exigidos por el Tribunal, cuya consecuencia es la declaración de deserción del recurso conforme a lo prescripto por el Art. 292 del CPC, con costas.
Ley penal más benigna, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: R., C. s/ Actuaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-10-27

Se apega a la constitución el modo en que el texto del Código Procesal Penal de sanción reciente ha previsto para la sucesión de leyes, de manera transitorio; para que el tránsito discurra sin sobresaltos....

Aunque no está dentro del marco de lo que aquí se discute, es posible que los plazos que indica el régimen instalado ahora puedan ser erguidos como un cartabón para medir el concepto de "..plazo razonable..."; pero el hito de inicio para computarlo será - y aquí la armonía- el momento de entrada en vigencia de ese nuevo orden.

Nada se derogará, pero la relación jurídica iniciada bajo otro régimen beneficiará a quienes, de ahora en más, padezcan de la dilación en la finalización de los procesos.
Incidentes, rechazo in límine
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Llamas de Ciapesoni c/ Municipalidad de San Fernando s/ Espropiación inversa - Inc.de liquidación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-15

Si no obstante la inadmisibilidad del artículo promovido, se le acuerda trámite, no hay obstáculo legal alguno que impida que el juzgador que hace un más detenido examen de la cuestión al momento de resolver la incidencia, rechace la pretensión incidental con argumentos que bien pudo haber utilizado para repeler la incidencia en el umbral. Por no disponer el rechazo in limine no se opera una suerte de preclusión que obstaculice al juez a decidir el rechazo del incidente en la oportunidad de su resolución. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Entes autárquicos, acto administrativo, impugnación del acto administrativo, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Elemec  S.A. c/ Dirección de la Energía de la Provincia de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-04

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda por falta de agotamiento de la vía administrativa toda vez que el acto administrativo resolvió negativamente el fondo del tópico discutido (la certificación o no en los términos requeridos por la recurrente) y fue adoptado -en el transcurso de un procedimiento recursivo- por el órgano superior de la entidad autárquica, por lo que no sólo se trata de un acto definitivo, sino que, además causa estado cumpliendo con los requisitos exigidos para impugnar judicialmente la actuación administrativa.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, elecciones provinciales, candidatos, gobernador, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Evolución Liberal y otro c/ San Juan, Provincia de  s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2023-05-09

Toda vez que es parte demandada una provincia y que el actor ha planteado de manera seria una cuestión federal predominante -solicitud para que se declare la inhabilitación a un ciudadano para ser candidato a gobernador-, el proceso corresponde a la competencia originaria de la Corte.

-En la misma fecha la Corte se pronunció en idéntico sentido en la causa CSJ 687/2023 "Partido por la Justicia Social c. Tucumán s/ amparo"
Sociedades comerciales, transformación de sociedades, inscripción registral, inscripción declarativa
Materia: COMERCIAL
Carátula: RACAN S.A. c/ ROHNER, Augusto Santiago y Otros s/ COBRO DE SUMAS  DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-07

La inscripción registral de las modificaciones societarias, tiene un carácter meramente declarativo, porque los actos jurídicos que las implementan generan sus efectos propios y la registración no es requisito de su validez, sino apenas de su oponibilidad para aquellos que desconocieron la transformación operada.-
Prueba, nulidad procesal, derechos y garantías constitucionales, querellante, instigación a cometer delitos, agente encubierto
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CUETO, Gabriela S. s/ NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-30

No vulnera ninguna garantía constitucional, la conducta del querellante que se presentó en un comercio abierto al público, donde le vendieron un producto falsificado, pues no se estimuló la realización de un delito y de esta manera tal comportamiento no puede asimilarse a la figura del agente encubierto ni tampoco a la del agente provocador.

Debe así entonces revocarse la nulidad de la prueba obtenida por la querella.
Competencia del tribunal de casación, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: "HITA IRIGOYEN, MARIO EDUARDO S/HOMICIDIO CULPOSO", Expte. Nº 2425 (H-684/11/TSJ) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2011-09-23

Por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el tribunal de casación se encuentra facultado para efectuar un examen ex novo de la causa puesto que el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aún en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación; es decir, aquello que exclusivamente ha ingresado en la percepción del tribunal.
Recurso de inconstitucionalidad, Constitución Nacional, Constitución Provincial, ley de emergencia, igualdad ante la ley, crédito laboral, juicios contra el Estado, ejecución de sentencia, intereses, Poder Judicial, control de razonabilidad, control de legitimidad, control de legalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Defilippi de Sirolesi, Elba Concepción c/ Superior Gobierno de la Provincia s/ Ordinario - Recurso de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-06-24

En virtud de lo dispuesto por el art. 11 y concordantes de la Ley 8.250 es opción del acreedor solicitar la suscripción de los títulos de consolidación provincial o bien impetrar el pago de la deuda en dinero efectivo. Si bien los artículos 10 y 13 de la Ley 8.250 hacen referencia al término de 16 años, debe interpretarse, contextualmente teniendo presente el resto del ordenamiento jurídico e incluso su articulado, que se trata de un "plazo máximo". Es decir que nada impide al Estado disponer su pago mucho antes de la fecha estipulada pudiendo prever tal aspecto mediante la modalidad establecida en el art. 7 y conc. de la citada ley.Es dable deducir que mediante la buena marcha de la Administración y la austeridad en el manejo de los fondos públicos, se irán superando las causas que dan origen a la emergencia, en cuyo caso podrá renacer mucho antes del plazo máximo de 16 años el derecho del acreedor al efectivo pago de la obligación. (VOTO DR. SESIN)
Convertibilidad, actualización monetaria, locación
Materia: CIVIL
Carátula: CARO, Román Alberto c/ FLORES, Máximo; STRIZIC, Adolfo M. s/ Preparación Vía Ejecutiva - Embargo Preventivo - Hoy Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-10-15

Si una ley de carácter imperativo, como es la de convertibilidad del austral, dispone que en ningún caso se admitirá la actualización moneraria, indexación de precios, variación de costos, cualquiera fuere su causa, con posterioridad al 1 de abril de 1991, está determinando que todo lo que exceda ese marco, es de ningún efecto.

Tales cláusulas se deben tener por no escritasLas partes se encuentran imposibilitadas de prever un aumento del precio de la locación en caso de desequilibrio de la moneda, por el art. 7 de la ley; a su vez el art. 10 expresamente deroga todas las normas legales o reglamentarias que establezcan o autoricen al indexación, lo que implica la abrogación del art. 3 de la ley 23091.El alquiler escalonado es contrario a la ley 23928 porque viola el principio establecido en el art. 7 dado que la finalidad que persigue la modificación del precio es adecuar el mismo al ritmo inflacionario.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torreiro, Diana L. c/ Altamura, Carlos S. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-24

El sobreseimiento provisional no es obstáculo para que en sede civil se pueda considerar la cuestión relativa a la culpabilidad (arts.

379, 381 CPCC., 1103, C.C.). Dicho sobreseimiento provisional deja el juicio abierto hasta la aparición de nuevos datos o comprobantes.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, prescripción adquisitiva, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: EUSEBI, HORACIO RUBEN c/ GOMEZ, MARIA DE IRIONDO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - USUCAPION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 348 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-23

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad planteado contra la decisión de la Sala que hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el Defensor de Ausentes rechazando la demanda de usucapión por considerar que no se encontraba probada la existencia de posesión única y exclusiva del inmueble por más de veinte años.

Es que, desde el momento en que se admite que el dominio pertenece a otras personas y no se invoca ni acompaña título o acto jurídico que determine la existencia de un derecho a poseer, el requerimiento de los veinte años para acceder al dominio resulta insoslayable, y si bien puede inferirse de las testimoniales (aunque como prueba indiciaria), que los titulares del dominio no han ejercido en forma efectiva la posesión sobre el inmueble permitiendo la ocupación y uso por parte de terceros, no existen datos claros, certeros y fehacientes del momento en que el actor inicia esa ocupación o la continúa pero con el ánimo de poseer para sí y que esa posesión se ejerció en forma continua y continúa siendo así.
Decomiso, ingreso de divisas, moneda extranjera, falsificación de moneda
Materia: PENAL
Carátula: Acosta Aguilera, Luz María y Guzmán Ramírez, Francisco Javier s/ s/ contrabando  e  infr. Arts. 278 inc. 3 y 277 inc. 3 apartado "b" del CP
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-27

Resulta procedente el decomiso de las divisas extranjeras legítimas ingresadas al país en forma oculta en los equipajes de los imputados -con excepción de los dólares estadounidenses declarados -, las cuales serán depositadas en la cuenta bancaria especial del Tesoro Nacional habilitada a dichos efectos.
Facultades de la administración, remoción de funcionarios públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Deassis Martín Enrique c/ Caja de Ret. Jub. y Pensiones de la Pol. Fed. Arg. s/ retiro militar y fuerzas de seguridad (A)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

La separación del agente mediante la debida aplicación de las normas estatutarias no puede calificarse de manifiestamente arbitraria si, además, su proceder fue susceptible, objetivamente, de justificar la desconfianza de sus superiores sobre la corrección con que prestó el servicio (Fallos 305:102). Cabe retener, asimismo, que en el ejercicio de esas facultades disciplinarías ha de reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de criterio en la apreciación de los distintos factores en juego (Fallos: 311:2128; esta Sala in re "Fuego, Carlos E. c/ Secretaría de Justicia", del 2/8/94.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, irretroactividad de la ley
Materia: AGRARIO
Carátula: VILLALBA, NOEMI LUJAN c/ TECNOSEEDS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-21

Si bien la recurrente entiende que la Cámara ha fallado con prescindencia de la normativa aplicable (ley 26727) que regula el trabajo agrario, y en lo que aquí es de interés, la calificación de trabajador agrario permanente con prestaciones discontinuas, nada refiere sobre la argumentación efectuada por el Tribunal en el sentido de que la ley 26727 comenzó a regir el 28.12.2011 y para que se configure dicha modalidad laboral requiere la contratación del trabajador por un mismo empleador en más de una ocasión -temporada- para la realización de actividades cíclicas que hacen al objeto propio del emprendimiento, y que en esa línea señaló que el tipo legal creado por la ley no existía antes de la campaña 2012, por lo que no pueden considerarse los períodos anteriores a su vigencia para la calificación del contrato de trabajo ya que se estaría aplicando la ley de un modo retroactivo inadmisible, desde que no puede considerarse como relación jurídica o situación jurídica preexistente a los períodos anteriores trabajados para el mismo empleador, ya que al no estar prevista la modalidad en el régimen anterior y en atención a las modalidades de trabajo agrario que éste preveía, al finalizar cada temporada se extinguía la relación laboral; y de aplicarse la ley como pretende el recurrente se estaría variando situaciones jurídicas legítimas consolidadas, reviviendo relaciones jurídicas ya extinguidas. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 22248 y 26727; Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 7.
Haber jubilatorio, reducción del beneficio, medidas cautelares, medida cautelar innovativa, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: URE, CARLOS ERNESTO c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-12

Una de las características de las medidas cautelares es la de su provisionalidad y que las decisiones adoptadas al respecto no causan estado. Por ello, el pedido del titular tendiente a lograr el dictado de una medida innovativa puede ser receptada cuando se advierte, prima facie, una modificación de la doctrina y jurisprudencia imperante y, en el caso, al margen de las decisiones adoptadas por el Tribunal en casos análogos (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 29.04.99, Anchorena, Tomás Joaquín) se yergue en beneficio del titular la doctrina emanada del Superior Tribunal de la Nación en el caso Craviotto, Gerardo y otros (sent. del 19.05.99) que avalaría, en principio, la legalidad de su pretensión y justificaría preservar su crédito alimentario y su situación previsional frente al accionar adverso del organismo actuante. En consecuencia, corresponde acoger favorablemente la medida cautelar solicitada y ordenar al organismo previsional que, en forma provisoria, proceda a liquidar al actor el haber de pasividad que le hubiese correspondido percibir conforme el régimen bajo el cual entró en pasividad. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia)
Subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, telecomunicaciones, comercialización
Materia: LABORAL
Carátula: Rey Lucía Belén c/ Sprayette SA y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-28

La actividad de los agentes de empresas de telefonía celular, cuyos trabajos y servicios coinciden con los que presta la codemandada Telecom Personal S.A., resulta alcanzada por las previsiones del art. 30 L.C.T., ya que se trata de los propios del establecimiento del contratista principal, que se efectúan fuera de dicho ámbito. Las tareas consistentes en la captación de usuarios de los servicios en cuestión, la suscripción con ellos de contratos de prestación, venta o comodato, de equipos telefónicos y sus accesorios, constituyen actividades típicas de los concedentes, sin que la institución de "agentes", o "agentes autorizados", implique la tercerización total de dicha actividad. Contratan, en definitiva, con dichos terceros, la prestación de servicios propios de su establecimiento y de ello resulta la aplicación del referido art. 30 L.C.T.
Escritos judiciales, firma
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA, Juan Domingo c/ GUGLIELMONE, Teresita del Carmen s/ Cobro de Pesos (Dif.de sueldos impagos y otros)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-09-27

La falta de firma de un escrito, aún cuando pueda atribuirse a un olvido, no autoriza a suspender ni a interrumpir un plazo perentorio. Así,se ha dicho que el escrito carente de firma del presentante es un acto jurídicamente inexistente y ajeno como tal a cualquier posibilidad de convalidación posterior.
Recurso de casación, error de prohibición
Materia: PROCESAL
Carátula: Nogar, Jorge s/ Art.281 del C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-10-15

Siguiendo esta línea argumental, la C.S. ha dicho: "No autoriza la procedencia del recurso extraordinario la alegación de un presunto error de prohibición que fuera tratado y desestimado por el tribunal, alegación mediante la cual el apelante no expresa sino su discrepancia en cuanto a la valoración y selección de la prueba realizada en la sentencia, lo cual conforme a reiterados fallos de la Corte Suprema no puede brindar sustento a la apelación del artículo 14 de la ley 48.

"Los hechos psíquicos son incensurables en casación, comprendiendo en esos hechos la estructuración subjetiva y objetiva, física y psíquica de lo sucedido" y "...Ello por cuanto en el curso del debate el tribunal de mérito recibe directamente la prueba -declaración del imputado, respuestas de los peritos, examen de los testigos, etc.- observando los rostros, escuchando las respuestas. Ello adopta singular relevancia en los casos como el presente, en los cuales la percepción de los dichos de los intervinientes (especialmente, de quien alega el error) implica el nudo central de la problemática. El tribunal ve y juzga a un hombre. (del voto del Dr.Carranza)
Apreciación de la prueba, testigos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fernández, Julia Irene Y Otros c/ Agrupación Ciclista Azuleña y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-02-27

En la tarea de seleccionar y valorar las pruebas a los fines de conferir a algunos testigos mayor valor que a otros, adquieren primacía aquellas declaraciones que guardan correspondencia con las comprobaciones objetivas de las pericias obrantes en la causa.
Obediencia jerárquica, prueba, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: VACA, REYNALDO c/ MEDIO AMBIENTE S.A s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-05-07

Sabido es que el empleado u obrero está obligado a obedecer al empleador o a quiens lo representen como uno de sus deberes elementales establecido en el artículo 86 de la Ley de Contrato de Trabajo, deber de obediencia que es en realidad la contrapartida del derecho de dirección del empleador, artículo 65 de la Ley de Contrato de Trabajo. La negativa a realizar las tareas debe examinarse en cada caso, no sólo en cuanto a la gravedad de la falta, sino también las razones de descargo en que el trabajador funda su desobediencia, valoración que debe realizarse a la luz de las pruebas rendidas en la causa. Si el dependiente no acreditó los motivos que expone como excusantes de su desobediencia, ésta puede importar injuria a los intereses del empleador.