Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-09


Causa Nº 17605-00/CC/2006 caratulada "REICHERT, Ofelia Antolina interpone acción meramente declarativa s/ ley 451 - APELACION".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de noviembre de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS El recurso de apelación impetrado a fs. 25/27 por la Ofelia Antolina Reichert contra la decisión de fs. 20, punto II -suscripta por el Gabriel Eduardo Vega, interinamente a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 14- que dispone no hacer lugar a la acción meramente declarativa de certeza promovida, a contrario sensu de lo dispuesto en el art. 277 de la Ley 189;

Y CONSIDERANDO Corresponde señalar, previo a todo análisis, que habiendo sido correctamente concedido el remedio, y abierta consecuentemente la jurisdicción de esta Cámara, resulta necesario expedirnos en primer término sobre la competencia para intervenir en la acción que en este proceso se intenta dilucidar, pues si bien la temática fue controvertida en primera instancia y resuelta afirmativamente por el Juez sin que se dedujera recurso alguno, cabe su consideración oficiosa atento a la índole de la cuestión, frente a la expresa requisitoria del Sr. Fiscal de Cámara y en virtud de las consideraciones que a continuación se exponen.

Formulada la aclaración, adelantamos desde ahora nuestra coincidencia con la solución propugnada por el Ministerio Público en su dictamen de fs. 43/45, en cuanto sostiene que este fuero es incompetente para conocer en la pretensión incoada por la recurrente; en especial, en virtud de los argumentos vertidos en el acápite III de dicho escrito, que esta Sala comparte en la especie.

No obstante, efectuaremos algunas precisiones a en torno al punto. En primer lugar, la exclusiva competencia del fuero civil relativa a situaciones que surgen del régimen instituido por la ley 13.512 y sus complementarias viene dada por las disposiciones organizacionales del Decreto-Ley 1.285/58, estableciendo el art. 43 -en la redacción impresa por el art. 1º de la Ley 24.290- que los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil de la Capital Federal "conocerán en todas las cuestiones regidas por las leyes civiles cuyo conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces de otro fuero", conferimiento del que prescinde el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, toda vez que su artículo 5º inc. 13 asigna la competencia al juez civil del lugar en que se encuentre emplazada la unidad funcional de que se trate "cuando se ejercite la acción por cobro de expensas comunes de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal o cualquier otra acción derivada de la aplicación de ese régimen", afirmación que despeja toda duda acerca de la aptitud excluyente de conocimiento que cabe a los Magistrados de aquel fuero en la materia.

El proceso que la quejosa manifiesta seguirse en su contra constituye uno de los remedios previstos por el ordenamiento de fondo -la citada Ley 13.512- cuya finalidad es la de regular las relaciones entre los copropietarios u ocupantes de las unidades funcionales que componen el inmueble, en función de las particularidades propias del derecho real de propiedad horizontal. Es así que las restricciones y límites al dominio que supone su correcto ejercicio -v.g., las limitaciones impuestas por el art. 6º de la L.P.H.- "...desempeñan un papel importantísimo en el régimen de la propiedad horizontal y tienen que ser estrictamente observados, porque de ello depende en parte esencial el sistema, siendo uno de los motivos determinantes de la conjunción de voluntades al someterse al mismo" (síntesis de jurisprudencia publicada en J.A. 1994-IV, sumario Lexis nº 1/36291). En este orden de ideas, el artículo 15 de dicho cuerpo, que otorga al juez interviniente la facultad de imponer sanción de arresto de hasta 20 días al demandado por el quebrantamiento de aquellos límites, se proyecta sobre "...aspectos sancionatorios y procesales anejos a la violación de los deberes y convivencia y respeto mutuo que la ley y el reglamento imponen a los copropietarios" (Hum phreys, Ethel y Goldenberg, Alicia E.: Régimen de la Propiedad Horizontal. Buenos Aires, Ed. Lexis Nexis, 2004. Comentario al art. 15 de la ley 13.512) Causa Nº 17605-00/CC/2006. Sala II.

A tal punto quedan regidas por las disposiciones del derecho privado las relaciones jurídicas surgidas de este régimen, que la acción allí prevista posee un escueto margen subjetivo de legitimación activa, en tanto "...compete al administrador, en su carácter de representante legal del consorcio, y también a cualquier copropietario, con la salvedad de que el primero está facultado para accionar aun ante la ausencia de perjuicio, y el copropietario debe invocar un interés legítimo" (Cám. Nac. Civ., Sala L, "Marcalongo, Alicia v. Calvo, Marcelo", rta. el 19/12/1997); a diferencia de lo que ocurre con la violación al Régimen de Faltas, que tiene carácter público y se inicia de oficio o por denuncia de particulares o funcionarios públicos, negándose en ella el carácter de parte a los "particulares denunciantes" -art. 13 de la Ley 451-. Es por tales razones que la doctrina extiende la sustancia del derecho en tratamiento -de índole privada y naturaleza contractual- a las acciones previstas para la salvaguarda de su pleno ejercicio, dejando sentado que el medio de activación de la vía diseñada "..no es una denuncia penal, sino civil -es por ello que criticamos la expresión 'denuncia'- y el juez competente es también del fuero civil" -Humphreys y Goldenberg, op. cit.-. A estas consideraciones se aduna la unánime opinión en relación a que la aplicación de la pena de arresto por el Magistrado civil reviste carácter restrictivo -ver, al respecto, la sentencia de la Cám. Nac. Civ. , Sala B, in re "Arauz, Juan C. c/ Médicus SA de Asistencia Médica Científica" rta. el 30/11/1999-.

Sin perjuicio de que lo hasta aquí vertido bastaría per se para sustentar la incompetencia del fuero Contravencional y de Faltas para entender en la presente, cabe resaltar que la vía promovida, de inicio, carecía totalmente de andamiento por no encontrarse prevista a los fines pretendidos. En efecto, parece haber sido pasado enteramente por alto en la causa la circunstancia de que, más allá de la significación doctrinaria de la locución "acción meramente declarativa", la norma que la instaura en el marco del procedimiento contencioso administrativo y tributario refiere claramente su objeto: hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, es decir, de una vinculación entre dos sujetos presuntamente contenidos en la esfera de proyección del derecho objeto de la declaración. Este diseño logra su cabal sentido no bien se advierta que su gravitación en la legislación local se da en el ámbito de una concreta relación entre el poder administrador y el administrado cuyo primer requisito es la existencia de un estado de incertidumbre sobre la relación jurídica que vincule a terceros con la Ciudad, o con otra autoridad administrativa, en los términos del art. 1º del C.C.A y T.; esto es, co n la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada, los órganos legislativo y judicial de la Ciudad en ejercicio de la función administrativa y los entes públicos no estatales o privados en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por las leyes locales -conf. Balbín, Carlos F. (director): Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, Ed. Lexis Nexis, 2003-.

De manera tal que la pretensión de declaración de certeza respecto de si se encuentra o no prescripta la acción tendiente a reparar cuestiones surgidas del régimen de propiedad horizontal -que puede coronar en la imposición de una sanción por incumplimiento de normas de orden público inscriptas en el "reglamento de copropiedad"-, todo ello en el marco de un proceso civil, escapa de los presupuestos legalmente estatuidos para la viabilidad de la acción incoada -art. 277 C.C.A y T.-, y por tal razón es que la resolución obrante a fs. 20 no puede sostenerse como acto jurisdiccional válido en tanto aparece como la conclusión de un proceso sustanciado ante órganos y autoridades claramente incompetentes para expedirse sobre el thema decidendum. Es en virtud de ello que habrá de declararse la nulidad del decisorio en crisis en todas sus partes, y de lo actuado en su consecuencia.

Por las razones expuestas, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal, y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE I.- DECLARAR LA NULIDAD de la resolución de fs. 20/20vta. y de todo lo actuado en su consecuencia.

II.- DECLARAR LA INCOMPETENCIA DEL FUERO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS para entender en la presente acción iniciada por la Ofelia Antolina Reichert y en consecuencia, REMITIR las actuaciones a la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de que ésta determine el Juzgado que deba intervenir.

Causa Nº 17605-00/CC/2006. Sala II.

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente cúmplase con lo aquí ordenado, debiendo el Sr. Magistrado a quo practicar las notificaciones que correspondan.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.