Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-12


San Miguel de Tucumán, 12 de Junio de 2013.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por la parte demandada en autos: "Provincia de Tucumán (Sec. de Estado de Trabajo) vs. Astorga Ceferino Alfonso s/ Ejecución Fiscal"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte demandada en estos autos en contra de la sentencia Nº 21 del 13 de febrero de 2013 expedida por la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones, Sala III. El pronunciamiento recurrido ha denegado el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia Nº 513 de fecha 16 de octubre de 2012 emitida por el mismo tribunal, que había resuelto declarar mal concedido por inadmisible un recurso de apelación interpuesto en contra de la providencia de fecha 19 de diciembre de 2011. La referida providencia, por su parte rechaza un recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el demandado.

II.- La resolución que deniega la casación ha rechazado el remedio intentado debido a que la sentencia en crisis no versa sobre la cuestión de fondo. Se limita a declarar mal concedido por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por no cumplir con las exigencias procesales. Para el fallo no hay decisión susceptible del recurso extraordinario local por no ser una sentencia definitiva a los fines de la casación. No se ha cumplido el requisito exigido por el art. 748 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (en adelante CPCCT).

III.- El recurrente considera que el fallo denegatorio de la casación es impugnable por arbitrario en la aplicación de las reglas de la sana crítica racional e infringe principios lógicos, reglas de la psicología y de la experiencia. Afirma que la sentencia es equiparable a definitiva, que afecta sus derechos constitucionales de defensa y de propiedad, socaba la estructura del proceso e incurre en exceso ritual. Agrega que se trata de un proceso llevado adelante por un juez recusado que ha dispuesto reponer tasas, negando y no proveyendo el expreso pedido de litigar sin gastos en infracción al art. 260 (CPCCT). En relación al fallo que declara mal concedido el recurso de apelación por inadmisible, acusa al mismo de exceso ritual innecesario, gravoso e inconstitucional. Considera que incurre en arbitrariedad fáctica que resalta por la falta de evaluación de los hechos existentes y desconocimiento del expediente y de la estrecha vinculación entre las normas procesales y constitucionales.

Por último, una presentación del recurrente realizada con posterioridad al dictamen del señor Ministro Fiscal, le atribuye al mismo una contradición, por afirmar en su punto I que se acreditó el depósito de Ley para terminar dictaminando que el recurso no puede prosperar porque en el memorial casatorio no se acompaña el depósito judicial exigido.

IV.- A fs. 41 y vta., obra dictamen del señor Ministro Fiscal que considera que el remedio intentado no puede prosperar porque en el memorial casatorio no se acompaña el depósito judicial exigido por el art. 752 (CPCCT), ni el otorgamiento del beneficio para litigar sin gastos. Sostiene además que la sentencia impugnada no resulta definitiva ni equiparable a tal ni se verifica la concurrencia del excepcional supuesto de gravedad institucional.

V.- En relación a la admisibilidad de la vía impugnativa directa se advierte que si bien el recurso (fs. 32/39), fue deducido en término con copias y el depósito de ley en el marco de lo dispuesto por el art. 755 (CPCCT), no cubre el requisito de fundarse y bastarse a sí mismo.

El escrito recursivo padece de insuficiencia técnica, por no exponer con claridad un argumento que exteriorice el desacierto de la idea dirimente que constituye la base lógica de la sentencia. Fundándose el fallo en el incumplimiento del recaudo de definitividad del pronunciamiento cuestionado en casación, exigido por el art. 748 inc. 1º (CPCCT), el recurrente no ha demostrado la pertinencia del reclamo intentado. Las manifestaciones contenidas en el escrito recursivo, consistentes en apreciaciones de hecho y consideraciones genéricas e imprecisas, no se bastan a sí mismas ni logran demostrar defecto en la valoración realizada por la Excma. Cámara.

Sin perjuicio de lo expuesto y en relación a la admisibilidad del remedio casatorio intentado, se advierte que, cuando el mismo fue incoado "en subsidio" en el marco de una "revocatoria in extremis", no se ha cumplido el depósito exigido por el art. 752 (CPCCT), ni se acreditó la excepción contemplada por el art. 753 (CPCCT). El beneficio para litigar sin gastos se rige por lo dispuesto en los arts. 261/269 del CPCCT y la Ley Nº 6.314. Quienes pretendan encuadrarse en el mismo deben ajustarse a sus normas reglamentarias en razón de lo dispuesto por el art. 14 de la Constitución Nacional (que estatuye que todos los derechos se ejercen conforme las leyes que los reglamenten). Habiendo sido solicitado en escrito presentado diciembre de 2010 (conforme presentación obrante a fs. 2/4), no se acreditó la resolución judicial pertinente que lo conceda, ni que la misma se encuentre con trámite pendiente cuya demora no sea imputable al solicitante.

Corresponde referirse al escrito presentado con posterioridad al dictamen del señor Ministro Fiscal (fs. 44 vta.) por el que el recurrente afirma haber realizado el depósito exigido por el art. 752 (CPCCT). Tal afirmación, o se refiere equivocadamente al depósito realizado por la queja interpuesta (cuya boleta obra a fs. 31) y no al de la casación, o no coincide con el cargo obrante en el escrito de la "revocatoria in extremis" en el cual se interpuso el "recurso casatorio en subsidio" (fs. 27 vta.). En ambos casos la manifestación deviene inmotivada.

Por último y sin perjuicio que no se ha precisado ni referenciado de manera adecuada la aducida recusación del juez en el escrito recursivo, es necesario destacar que un juez recusado tiene facultades para examinar la oportunidad de la recusación, la calidad de parte de quien la deduce, el pago de las obligaciones tributarias, presentación de copias, bonos, matrícula profesional, pudiendo desestimar la presentación efectuada si no concurren algunos de los requisitos que conciernen a la eficacia de las presentaciones judiciales. Sin el cumplimiento de las normas procesales y tributarias la recusación no puede tener efecto porque se trata de una cuestión previa.

Amén de lo expuesto, la cuestión planteada ha sido objeto de un adecuado tratamiento por parte del señor Ministro Fiscal en lo atinente a la falta de definitividad de la Sentencia que se pretende casar, en el marco de lo dispuesto por el art. 748 (CPCCT). Resulta adecuada la cita de la sentencia Nº 513 de fecha 16 de octubre de 2012 que declara mal concedido al recurso de apelación y que manifiesta que cuando la revocatoria con apelación en subsidio es denegada, la vía recursiva no es la apelación sino la queja por apelación denegada, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 705/706 (CPCCT).

En consecuencia el escrito recursivo no cubre el requisito de suficiencia por no contener referencias jurídicamente circunstanciadas y porque se basa en afirmaciones indeterminadas, lo que impide descalificar al fallo cuestionado como arbitrario o justificar la gravedad institucional invocada. En definitiva, los argumentos recursivos son insuficientes para demostrar la existencia de un déficit que descalifique el pronunciamiento que se intenta casar como acto jurisdiccional válido.

Atento a lo considerado y en virtud que no se han acreditado los extremos exigidos por el art. 755 (CPCCT) referidos a la autosuficiencia del escrito recursivo ni al cumplimiento del depósito exigido, ni por el art. 748 (CPCCT) en relación a la definitividad de la sentencia que se pretende casar, corresponde no hacer lugar al recurso de queja por casación denegada de conformidad a lo establecido por el art. 762 (CPCCT).

Por lo expuesto se.

R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesta por la parte demandada en estos autos en contra de la sentencia Nº 21 del 13 de febrero de 2013 expedida por la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones (Sala III).

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ Voto del señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán:

I.- Con relación a la admisibilidad de la Queja, el suscripto mantiene el criterio reiteradamente sustentado en anteriores pronunciamientos, entre ellos en sentencia Nº 556 de fecha 16/8/2011 recaída in re: "Capozzuco Carlos Angel Vs. Distribuidora Munich s/ Cobro de pesos", y más recientemente in re: "Luna, Sebastian Alfredo y otra vs. Colacioppo Mariel Teresa s/ Pago por consignación". Expte. D5009/06-Q1.

Es que, como allí se dijera, ante los términos de la sentencia denegatoria del recurso de casación, se hace necesario dejar debidamente sentado que la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia, y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tienen entidad suficiente para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJT, 27/4/2010, "Juárez Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 249; 28/10/2010, "Agudo Juan Ángel y otra vs. I.P.S.S.T. s/ Amparo", sentencia Nº 820; 28/10/2010, "Argañaraz César Mauricio vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I y F s/ Despido", sentencia Nº 822; 17/12/2010, "Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Amparo", sentencia Nº 997).

En efecto, tal como vengo sosteniendo desde la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, la ponderación que el Tribunal de casación hace de la valoración del material fáctico obrante en la causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio -ni "ajeno" ni "excepcional"- del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del órgano a quo (cfr. CSJT, 30/6/2010, "Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 487; 03/5/2011, "Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido", sentencia Nº 223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 227; 06/5/2011, "Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 237; 11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley International ART S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 252).

De lo expuesto, se desprende que si solo a ello se redujera la cuestión hoy sometida a examen, en principio correspondería hacer lugar a la queja, y avocarse al examen de la Casación denegada.

II.- Sin embargo, y tal como se pone de relieve en los considerandos precedentes, en la concreta especie bajo examen no comparecen otros recaudos de admisibilidad que son exigidos por la ley de manera autónoma. Ello torna inadmisible la vía intentada pues la mera alegación de arbitrariedad, no releva a la recurrente de la carga de cumplimentar todos los requisitos de admisibilidad exigidos por la ley.

III.- En consecuencia, y de conformidad con el art. 755 de CPCyC, corresponde desestimar el recurso intentado sin más trámite.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.