Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05


A C U E R D O En la ciudad de La Plata, a 5 de marzo dos mil tres, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Pettigiani, de Lázzari, Roncoroni, Soria, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa Ac. 81.770, "Vázquez de Parillo, Stella Maris contra Parillo, Luis. Incidente de ejecución".

A N T E C E D E N T E S La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confirmó la sentencia apelada, que a su turno rechazó la excepción de prescripción opuesta por el ejecutado (ver fs. 107).

Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente C U E S T I O N ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? V O T A C I O N A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

1. La Cámara departamental confirmó la sentencia apelada, que había rechazado la excepción de prescripción opuesta por el ejecutado (ver fs. 107).

Para arribar a dicha conclusión sostuvo que, a pesar de las discusiones doctrinarias sobre el plazo de prescripción aplicable al caso, sólo se pierde por la regulada en el art. 4027 del Código Civil (ver fs. 106).

2. Contra esta decisión se alza la parte ejecutada mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 111/116 por el cual denuncia la violación de los arts. 1071 y 4023 del Código Civil (ver fs. 111).

Sostiene que la Cámara de Apelación ha omitido considerar los argumentos y citas legales expuestos por su parte y que fundan de modo meridianamente claro la prescripción de la acción nacida de la sentencia.

Agrega a ello que la resolución recurrida en ningún caso se refiere a la prescripción de la actio iudicati, razón por la cual cabe presumir -dice- que en el mismo no se ha considerado tal situación, dejando sin resolver un planteo esencial sometido a su conocimiento en abierta y clara colisión con las normas que conforman el plexo normativo que integra la materia a partir de la malinterpretación del art. 4023 del Código Civil (ver fs. 115).

Culmina sus agravios sosteniendo que, sobre el tema de la caducidad del derecho a reclamar las cuotas atrasadas, también ha mediado omisión por parte del a quo cuando -dado el planteo- debió abordarlo (ver fs. 115/116).

3. El recurso no puede prosperar.

Liminarmente diré que el tema de la prescripción de la actio iudicati, a contrario de lo sostenido por el recurrente, ha sido tratada por la alzada (y si el recurrente aduce la omisión de una cuestión esencial debió acudir por el carril del recurso extraordinario de nulidad).

En efecto, a fs. 105 vta./106 advierte el magistrado preopinante que la resolución de primera instancia si bien no abordó en forma específica la argumentación que el quejoso invocó en sustento de su derecho, de la misma surge que el a quo aún reconociendo la existencia de una corriente diversa, concluyó en que no existe norma que, ante la inactividad de la alimentaria luego del reconocimiento de su derecho plasmado en la sentencia, autorice a declarar extinguido el derecho a cobrar las cuotas devengadas y acumuladas en el tiempo.

En el caso de autos el juez de la instancia de origen resolvió desestimar la excepción de prescripción opuesta a fs. 35/39 por el accionado, sobre el pago de los alimentos atrasados reclamados por la actora Vázquez de Parillo -en nombre de sus hijos Sabrina Lorena y Pablo Luis, ver fs. 7 del juicio por alimentos- por los últimos cinco años, en atención a no encontrarse cumplido el plazo previsto -y aplicable al caso- por el art. 4027 del Código Civil (ver fs. 45/45 vta.).

Tiene dicho esta Corte -tal como lo sostuvo el sentenciante de primera instancia- que los alimentos atrasados sólo se pierden por prescripción (conf. Ac. 62.119, sent. del 4-VI-1996, "D.J.B.A.", 151-87) y dicho plazo no es otro que el específicamente establecido por el art. 4027 inc. 1º del Código Civil de cinco años, siendo éste el período reclamado por la alimentada (ver fs. 8 vta.), resultando en consecuencia correcta la solución brindada por dicho magistrado y confirmada por la alzada.

Señalo, además, que se ha sostenido la aplicación del plazo quinquenal en atención a la especificidad del art. 4027 y claridad de sus términos, que no distingue en cuanto a las pensiones atrasadas a las que alude, quedando entonces comprendidas las que fueron fijadas en sentencia (conf. Llambías, Tratado. Obligaciones. t. III, p. 389, citado por Bossert, Gustavo A. en "Régimen jurídico de los alimentos", pág. 480).

El tema de la caducidad de las cuotas atrasadas merece correr igual suerte que el agravio anterior, ya que ha sostenido esta Corte -en antiguo voto del doctor Baños- que la inacción de la esposa alimentada no autoriza a declarar extinguido su derecho a reclamar el pago de las sumas devengadas y acumuladas en el tiempo (conf. Ac. 18.633, sent. del 27-VII-1972), agregando dicho precedente que una decisión contraria pugnaría con lo dispuesto por el art. 4027 inc. 1º del Código Civil, según el cual -como lo sostuve en párrafo anterior- la obligación de pagar los atrasos de pensiones alimenticias se prescribe por cinco años (conf. "Acuerdos y Sentencias", 1962-III-291).

Aduno a ello -apoyando dicha solución- que en actual precedente se sostuvo que respecto de las deudas por alimentos debidos por padres a hijos no rige la regla que establece la caducidad de las pensiones alimentarias no reclamadas (conf. Ac. 67.275, sent. del 10-XI-1998), como tampoco se aplica la caducidad a los beneficiarios menores de edad (conf. Bossert, Gustavo A. en "Régimen jurídico de los alimentos", pág. 469).

En consecuencia, no habiéndose acreditado la violación a las normas denunciadas por el recurrente (conf. art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial), voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Pettigiani, de Lázzari, Roncoroni y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (art. 289, C.P.C.C.).

El depósito previo de $ 2500, efectuado a fs. 110, queda perdido para el recurrente (art. 294, C.P.C.C.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto Resol. 870/2002).

Notifíquese y devuélvase.