Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30


TRANGONI, Erasmo Severino contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 205 457-465.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "TRANGONI, Erasmo Severino contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. n 802, año 1994), de conformidad con el acuerdo celebrado el día veintidós del corriente mes y año. A la primera cuestión: -¿es admisible el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. Erasmo Severino Trangoni promueve -por apoderados- recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe tendente a obtener la reincorporación al último grado que desempeñaba (con reserva de los ascensos), salarios caídos con sus correspondientes intereses y vacaciones no gozadas, con costas.

Relata que el 16.3.1982, mediante decreto 617, se lo dejó cesante, y que por las mismas causas cabeza del sumario administrativo, se inició en su contra causa penal con la imputación de violación al artículo 12 inciso b), ley 8183, 9 parte, y artículo 30 incisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del decreto 1090/79 y n 014-1) y 2) del decreto 4673/80; ello a base de haber sido gestor de la propuesta al Ingeniero Colomer (directivo de la firma comercial Cabanellas y Cía.), en la que se solicitó que no se realizara la entrega de 510 bolsas de harina, no obstante lo cual se conformarían los remitos y facturas como si tal entrega se hubiera concretado.

Puntualiza que, el 15.12.1981, con calificación de "apto para permanecer en el cargo", se le informó que en razón de graves irregularidades cometidas durante su desempeño en el Instituto de Detención de Rosario (Unidad III), conforme surge del sumario instruido por resolución interna 135/81, y con motivo de haberse peticionado su cesantía a la superioridad, lo dejaron eliminado para el correspondiente ascenso por no haber cumplimentado el curso de capacitación en ese año.

Contra esa calificación, prosigue, interpuso revocatoria en fecha 11.1.1982, no habiendo sido nunca notificado de la cesantía, lo que configura una clara violación a los artículos 93 y 139 del decreto 1091/79, y el 21.5.1981 se dispuso su pase a retiro y/o disponibilidad (por resolución 145).

El actor razona que el sumario administrativo debe concatenarse con la causa penal, en la que los hechos y causas a investigar son exactamente los mismos cabeza del sumario administrativo, destacando que fue absuelto de culpa y cargo por el Juez penal el 15.5.1992, pronunciamiento que a su turno fue confirmado por la Cámara de Apelaciones, quedando firme y ejecutoriado.

Expresa que, en razón de dicha sentencia absolutoria, y teniendo en cuenta que los hechos y/o causas del sumario administrativo eran los mismos que los ventilados en sede penal, peticionó al Poder Ejecutivo provincial en fecha 11.1.1993, su reincorporación más el pago de los rubros ya señalados, petición que le fue denegada por resolución 209 del 30.5.1994.

Concluye diciendo que, contra dicha resolución interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, obteniendo por decreto del Gobernador 3260 del 3.11.1994, el rechazo del pedido de reincorporación y reclamo pecuniario formulados, quedando agotada de esta forma, a su entender, la instancia administrativa.

Solicita, en suma, se haga lugar al recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 53), comparece la demandada (f. 63) y contesta la demanda (fs. 66/67 vto.).

En su escrito de responde, luego de realizar una negativa genérica de lo afirmado en la demanda, alega que no puede prosperar la pretensión del actor por la corrección del procedimiento administrativo del que resultó la cesantía dispuesta por decreto 617/82, fundado en los artículos 12 inciso a), ley 8183, 9 del decreto 1090/79 y n 0-14, 1) y 2) del reglamento de servicio interno (decreto 4673/80).

Sostiene que el decreto 617/82 es uno de los antecedentes que se tomaron en consideración para el dictado del decreto 3260/94 por el cual se rechazó su pedido de reincorporación y reconocimiento salarial, dejando firme su criterio, porque si bien Trangoni fue absuelto por el principio del "in dubio pro reo" en una causa penal, y en otra sobreseído por prescripción de la acción penal, afirma que "las sentencias recaídas en sede jurisdiccional no condicionan las decisiones administrativas" salvo para agravar las sanciones administrativas (art. 5, decreto 1090/79).

Pone de resalto que la autonomía del procedimiento administrativo en relación al instado paralelamente en sede penal y la falta de razones para variar el criterio del decreto 617/82 hicieron aconsejable el rechazo de su pretensión.

Por otra parte, concluye diciendo que esta Corte ya se pronunció ante el cuestionamiento del mencionado decreto 617/82 en instancia promovida por el co-procesado del ahora actor y afectado por la misma sanción administrativa que éste, el ex-Adjutor Principal Vicente Justo Magni, declarando la improcedencia del recurso contencioso administrativo intentado por él (A. y. S. T. 57, pág. 487).

Solicita, en suma, se rechace el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a la parte actora.

3. Abierta la causa a prueba (f. 68) y producida la que consta en autos, informan las partes sobre su mérito (fs. 114/115 vto. y 116/117). Dictada (f. 118) y consentida la providencia de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

En primer término, es menester referir al problema de índole formal que acarrea la admisibilidad del recurso en estudio.

Sabido es que, de conformidad al inciso c) del artículo 12 de la ley 4106 y bajo el título de "excepciones al recurso de plena jurisdicción", se establece que el mismo "no procede contra los actos puramente discrecionales y de discrecionalidad técnica y contra las resoluciones de la administración que importen el ejercicio de facultades disciplinarias".

En ese cometido, corresponde analizar el tema sometido a decisión de esta Corte que refiere a otro de los tantos casos en que se propone la revisión de un acto de ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración Pública, lo cual determina la necesidad de examinar los alcances que, como órgano revisor, tiene este Tribunal frente al ejercicio, por parte de aquélla, de tal potestad.

Si bien, en principio, los actos que importan el ejercicio de facultades disciplinarias son excluidos del control de este Tribunal (art. 12, inc. c, ley 4106), tal exclusión no alcanza a los supuestos en que se invoque existencia de vicios de ilegitimidad por incompetencia o violación de formas sustanciales.

Asimismo, se ha señalado que "...aparte del contralor de la competencia y de las formas sustanciales -entre los que se incluye la expresión de los motivos que fundamentan la resolución de cesantía y la prueba de los supuestos básicos de ésta- pertenece al Tribunal verificar si los motivos son congruentes con el orden jurídico integral y están orientados al bien del servicio, y si la estimativa de aquellos supuestos no excede el alcance de la discrecionalidad incurriendo en arbitrariedad..." ("Ramos", A. y S. T. 23, pág. 206).

En la causa "Torres" (A. y S. T. 31, En definitiva, es criterio de esta Corte que la referida materia "le ha sido sustraída por la ley salvo que se alegue un vicio de ilegitimidad por incompetencia o violación de formas sustanciales (art. 12, inc. c, ley 4.106), sin perjuicio de verificar la presencia en el respectivo caso del presupuesto básico de la acción de la Administración Pública, cual es la realización del interés público (cfr. A. y S. T. 54, pág. 234; T. 66, pág. 148; T. 74, pág. 281; etc.) y el cumplimiento por la Administración del recaudo implícito de razonabilidad.

En el caso, el recurrente aduce que el procedimiento administrativo padeció de irregularidades que lo tornan nulo, al igual que a la sanción dictada como consecuencia del mismo, con particular afectación a su derecho de defensa.

La invocación de dichos aspectos, cuya efectiva configuración será objeto de consideración al analizarse la procedencia sustancial del recurso, torna admisible la impugnación en estudio.

En consecuencia, el recurso es admisible.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Netri, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 4. Queda planteada la cuestión con el pedido de la parte actora de que se revoque el decreto por el cual se la dejó cesante (617/82) reincorporándoselo al último grado en que revistaba, con reserva de los ascensos, salarios caídos con intereses, y vacaciones no gozadas, resistido por la Provincia sobre la base de que el procedimiento administrativo del que resultó su cesantía fue correcto, y que lo concluido en sede penal no condiciona dicha sanción.

4.a. De esta forma, corresponde el análisis de la cuestión, tratando en primer lugar, los agravios relativos al procedimiento administrativo, por violación al derecho de defensa.

Al respecto, adelanto que, según surge del examen de los antecedentes de la causa, y especialmente de la lectura del sumario administrativo, el proceso luce regular y ajustado a las normas de procedimiento que establece la legislación vigente, en el cual el agente tuvo amplia posibilidad de ejercitar su derecho de defensa, no pudiéndose comprobar los vicios alegados.

En el sub examine, el recurrente afirma en su escrito de demanda, no haber sido notificado de la cesantía "...configurando ese hecho una clara violación al art. 139 del decreto 1091/79, y con evidencia se ha quebrantado el art. 93 del decreto referenciado" (f. 45 vto. de autos).

Sobre el particular, es menester destacar la existencia en el expediente administrativo 317-M (f. 375) de constancia de la notificación que al recurrente le fuera efectuada en fecha 22.3.1982 del decreto 617/82 que lo cesanteaba, del cual se le entregó copia que recibió en disconformidad y reservando los derechos que correspondieran. Lo dicho al respecto, sumado a la falta de argumentación y prueba que sobre este aspecto pesan en cabeza del actor, torna evidente la falta de asidero de dicho planteo, impidiendo a este Tribunal declarar nulo el procedimiento administrativo disciplinario por violatorio del derecho de defensa.

En efecto, el artículo 93 del decreto 1091/79 (Reglamento Disciplinario del Servicio Penitenciario de la Provincia) dispone que "La resolución recaída será notificada al imputado dentro de los cinco días de ser dictada". En el caso, el decreto 617 que concluyó con el sumario administrativo seguido contra el actor declarándolo cesante por violación del artículo 12 inciso b) de la ley 8183, 9 parte general, artículo 30 incisos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del decreto 1090/79, y número 014-1) y 2) del decreto 4673/80, fue dictado el 16.3.1982, y notificado al recurrente el 22.3.1982, esto es, dentro de lo expresamente establecido por la norma.

Lo propio ocurrió con respecto al mencionado artículo 139 del decreto 1091/79, en tanto dispone que "Desde el momento en que se le notifica la resolución por la cual el Director General solicita la destitución, el responsable deja de percibir sus haberes y queda separado del ejercicio de sus funciones. La resolución se dictará una vez que se haya agregado al sumario la copia de la sentencia judicial". En el caso, el agente no ha demostrado de qué manera la preceptiva citada se encontraría violentada por el procedimiento seguido por la Administración, ni tampoco su aplicabilidad directa al caso.

Lo dicho basta a los efectos de desestimar el planteo del actor tendente a demostrar que el acto que lo cesanteó debe ser declarado nulo por este Tribunal, por no configurarse violación del derecho de defensa ni de las formas sustanciales del procedimiento llevado a cabo para su dictado.

A más de ello, no esboza ningún otro vicio en concreto que pudiera llegar a tornar nulo el trámite administrativo llevado a cabo como producto de las imputaciones que le fueran formuladas y, por ende, el acto que concluyó en su cesantía, basándose exclusivamente para fundar su pretensión, en el hecho de que el resultado favorable de la sentencia judicial obtenida en sede penal obliga a la Administración a dejar sin efecto aquella sanción.

4.b. Corresponde, pues, el análisis del argumento del actor que refiere a la vinculación entre la sanción administrativa (cesantía) y el resultado de las causas penales, relación que determinaría a su entender -sin duda, con error- la obligatoriedad respecto del acto de cesantía de anularse dado que en sede judicial (penal) no había sido condenado.

Adelanto que tampoco este planteo puede prosperar.

Cabe señalar, en primer lugar, que "ambas sanciones son independientes, autónomas entre sí. Tal es el principio. Como lo advirtió Geze, la represión disciplinaria de los agentes públicos que cometen faltas y la represión penal de los agentes públicos delincuentes son dos cosas distintas..." "...la absolución o sobreseimiento penal no siempre es un título suficiente para impedir la sanción administrativa, aun cuando ésta se imponga por hechos directamente vinculados a los que dieron lugar a la absolución o sobreseimiento penal. Hay circunstancias que resultan irrelevantes en la instancia penal, pero no en sede administrativa. Todo depende de las circunstancias del caso particular" (de Marienhoff; "Tratado de Derecho Administrativo", T. III-B, Bs. As., 1970, pág. 427; entre otros; citado en A. y S. T. 37, pág. 313).

Tales pautas son claramente aplicables al caso, y permiten concluir que la sanción administrativa no le fue impuesta a Trangoni por la comisión de un supuesto ilícito.

Ello así, ya que, confirmando el criterio recién expuesto, los artículos 5 y 6 del decreto 1090/79 establecen que "La sustanciación de sumarios administrativos por hechos que puedan configurar delitos y las sanciones que se apliquen en la esfera institucional son autónomas. El sobreseimiento o la absolución dictada en sede judicial, no obstan para que el agente pueda ser sancionado en la esfera institucional como medida correctiva o expulsiva".

La sanción impuesta en la faz administrativa, pendiente la causa penal, tiene carácter provisorio y puede ser sustituida por otra más grave luego del dictado de la sentencia definitiva. Ni aún la amnistía o indulto por el delito ni el perdón del particular damnificado, eximen de responsabilidad al personal penitenciario que se hubiera hecho acreedor a una sanción disciplinaria por ese mismo hecho.

En efecto, y de acuerdo a lo que concluye la Provincia demandada, en la parte dispositiva del acto expulsivo que sancionó al agente por encontrarlo incurso en graves faltas administrativas, sin perjuicio de la agravación según sea el fallo que recaiga en sede penal, se expresan las siguientes fundamentaciones, a saber: En el sumario se comprobó la intervención de Trangoni en un contrato de provisión de harina para la Unidad III en la que revistaba con el grado de Alcaide, y el artículo 12 inciso b) de la ley 8183 establece la prohibición de los agentes penitenciarios de recibir beneficios por transacciones, concesiones, franquicias, adjudicaciones y contratos otorgados por cualquier organismo público. Por su parte, el artículo 9 del decreto 1090/79 dispone que "constituye falta a la ética profesional toda infracción a las normas que regulan la conducta moral de los agentes en virtud de su estado penitenciario..."; y el 30 enuncia las causas de agravación de las sanciones, considerando comprendido al agente en las correspondientes al inciso 1) la naturaleza de la falta; 2) la trascendencia en perjuicio del Servicio; 3) la presencia de subalternos, internos o particulares al tiempo de cometerse; 4) la lesión al prestigio de la institución; 5) la jerarquía del agente imputado; y 7) la reincidencia.

Finalmente, se invoca el n 014-1) y 2) del decreto 4673/80, normas que hacen referencia a la responsabilidad de control y ejecución en el cumplimiento de sus obligaciones.

Por otra parte, ha de decirse que en la sentencia penal dictada en la causa seguida sobre la base de la imputación al actor del delito de malversación de caudales públicos por la sustracción de 510 bolsas de harina (figura tipificada en el art. 261 Cód. Penal), si bien fue absolutoria, no puso en discusión ni la existencia de los hechos ni la participación de Trangoni en ellos.

En efecto, en el mencionado pronunciamiento (ver. fs. 410/416, expte. adm.) se afirmó que "la materialidad del hecho y la participación de los procesados en esta causa, surgen plenamente acreditados con la denuncia de fs. 2/3 de Luis Alberto Moriondo, con las numerosas declaraciones recibidas en autos, con las constancias de las actuaciones administrativas agregadas a la causa y con los dichos de los propios encartados... A su turno, de los dichos de Trangoni, se desprende que siendo Jefe del Correccional el 2 de marzo de 1981, a solicitud de Magni, autorizó la salida de cuatro o cinco internos para trasladar una partida de harina al depósito de Miguel por no haber lugar en la unidad; también suscribió las facturas en ausencia del director, afirmando que lo hizo en confianza, ya que firmó último, y estima que no se trataba más que de un trabajo rutinario, desconociendo también el destino final de la referida partida de harina" (f. 410 vto./411, sentencia penal en copia en expte. adm.).

Dicha sentencia concluyó también que "ninguna duda cabe de que la harina no ingresó al penal el 2.3.1981, por haber sido desviada a un depósito particular, con la supuesta justificación de hallarse abarrotado el depósito del Instituto de Detención, y que tal hecho no está controvertido".

No obstante, también entendió que "no puede llegarse a una conclusión de que con grado de certeza Trangoni deba responder por malversación de caudales públicos porque en ese caso tuvo transitoriamente la responsabilidad de subrogar al director". Frente a dicha duda, afirmó, surgiría el remanente de la figura culposa del artículo 262 del Código Penal, pero a la fecha se encuentra prescripta la acción penal (f. 412, expte. citado).

Lo propio consideró el mismo Juez penal respecto del proceso (acumulado) iniciado por el desvío de las 510 bolsas de harina (también caratulado malversación de caudales públicos, art. 261, Cód. Penal), cuando sostuvo que la materialidad del hecho y la participación en el mismo se encontraban acreditadas, y que la maniobra pergeñada para evitar la entrega de las bolsas de harina al penal, por más chocante que resulte en la conducta de funcionarios públicos, no constituye delito por cuanto el desarrollo del "iter criminis" fue abortado por propia decisión de los involucrados, tratándose de actos preparatorios no llegando siquiera al grado de tentativa, por lo que no es punible.

Sobre el particular concluyó que "la intervención de Trangoni en dichas maniobras no estuvo revestida del dolo que requiere la figura penal; dicho margen de duda razonable torna aplicable el principio receptado en el artículo 5 del Código Procesal Penal". Sin perjuicio de ello, sostuvo que existiría un remanente culposo que daría lugar a la figura penal del artículo 262, por cuanto la actitud negligente dio lugar a la acción malversadora de otro, pero la acción penal emergente de dicho delito se halla prescripta.

Finalmente, absolvió de culpa y cargo a Trangoni de la imputación del delito de peculado (tres hechos) en concurso real (arts. 261 y 55 del Cód. Penal), por aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 del Código Procesal Penal.

Además, de las causales invocadas en el Y al igual que en el resto de las faltas imputadas e investigadas en el sumario administrativo respectivo, la conducta del agente en punto al incumplimiento del deber establecido en el artículo 014-1) y 2) del decreto 4673/80 (responsabilidad, control de ejecución y cumplimiento) y el respeto al artículo 9 (ética profesional) del decreto 1090/79, fue evaluada por la Administración de manera independiente, concluyendo en la violación de dichos artículos como causa del acto administrativo que dispuso su cesantía.

Así, en el decreto 617/82, el Gobernador de la Provincia consideró que Trangoni debía ser cesanteado "en razón de ser uno de los gestores de la propuesta efectuada al Ingeniero Lorenzo Pablo Colomar, directivo de la firma Cabanellas y Cía. S.A.C.I., en la que se solicitó no se realizara la entrega de 510 bolsas de harina, no obstante lo cual conformarían los remitos y facturas como si se hubiera concretado, hecho corroborado en base a las declaraciones de Colomar (fs. 41 a 43), la testimonial de fs. 30 a 32 del Subprefecto Angel Luis Tosolini, y lo relatado por el Ayudante de Segunda Néstor Franchín, en las diligencias preliminares (fs. 5 y 17 a 20)" (fs. 370/374, expte. adm.).

5. Es dable destacar que, por sentencia recaída en 1985 en el caso "Magni" (agente penitenciario cesanteado por el mismo decreto impugnado en autos, involucrado en los mismos hechos de referencia, a quien también absolvió el Juez penal -como a Trangoni- en el mismo proceso del actor), esta Corte rechazó el recurso contencioso administrativo planteado por él contra el decreto 617/82 que lo cesanteaba por entender que "...debe descartarse la existencia de desviación en el acto, ya que su finalidad se ajusta a los antecedentes, y demostrado el incumplimiento, por parte del dependiente, de alguno de los deberes a su cargo, la medida expulsiva aparece procurando restituir al servicio la eficacia comprometida por las omisiones observadas" (A. y S. T. 57, pág. 487).

A diferencia del sub examine, en el citado precedente se había recurrido en sede administrativa mediante los mecanismos impugnativos establecidos al efecto, empleando argumentaciones y fundamentos diversos a los del caso, obteniéndose una resolución denegatoria en el mismo año por decreto 2138/82 que rechazó la revocatoria. En el particular, ninguna constancia hay de que el actor hubiera utilizado la vía recursiva para cuestionar el acto expulsivo; antes bien, luego de once años de su dictado, se presenta ante la Administración pretendiendo la anulación del mismo con el único fundamento de la dependencia entre la sanción administrativa y la sentencia obtenida en sede penal, sobre lo que ya se ha explicado el criterio a seguir, el cual siendo unánime en doctrina, ha sido el fijado por la Corte nacional y seguido por esta en reiteradas oportunidades.

En síntesis, las afirmaciones vertidas en el escrito de demanda tendentes a remarcar la interdependencia y relación que debe existir entre la sanción administrativa y la sentencia penal absolutoria, sólo reflejan la disconformidad del recurrente con las conclusiones a las que se ha arribado en el procedimiento administrativo seguido, y, por supuesto, con la sanción aplicada, lo que torna infructuosa su pretensión de anulación del acto sobre estos fundamentos.

En resumen, la sanción aplicada al recurrente no aparece incongruente con relación al régimen legal vigente, ni viciada por incompetencia, exceso de poder o arbitrariedad de parte del Poder Ejecutivo. Corresponde, por tanto, en mi opinión, desestimar la pretensión del actor e imponerle las costas (artículo 84, ley 4106).

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Netri, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas al actor.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Netri, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Rechazar, el recurso interpuesto, con costas al actor.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)