Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-26


SENT Nº 608 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiséis (26) de Agosto de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el actor en autos: ?Fara Germán Sebastián vs. Le Parc S.R.L. (Hotelería) s/ Cobro de pesos?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1. Contra la sentencia de la Sala III de }{la Cámara del Trabajo de fecha 19 de octubre de 2010 (fs. 211/213 vta.), el actor interpone recurso de casación que fue concedido por resolución del 28/3/2011 (fs. 249). Según informe actuarial de fs. 256, ninguna de las partes ha presentado el memorial previsto en el art. 137 del CPL.

2. La sentencia rechazó la demanda, impuso las costas al actor y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

Afirmó la Cámara que ?constituyen hechos admitidos y por ende exentos de prueba: a) la existencia de la relación laboral del actor Germán Sebastián Fara, con la firma demandada Le Parc SRL (Hotelería) con domicilio en Avda. Soldati n° 330 de esta ciudad capital; b) la fecha de ingreso el 01/6/2000, la antigüedad reconocida de seis (6) años, las tareas de ayudante de cocina y la categoría profesional 4 del actor, la remuneración mensual de $ 1.061,37 y la jornada laboral diaria de ocho (8) horas; c) la disolución de la relación laboral el 23/01/2006, por despido directo sin expresión de justa causa; d) la autenticidad y recepción de las piezas postales intercambiadas por los litigantes?, y que el hecho controvertido y de justificación necesaria sobre el cual debía pronunciarse era la procedencia de los rubros e importes reclamados.

Sostuvo el Tribunal que ?en el caso, está demostrado que la empleadora cumplió con el pago de las remuneraciones del Sr. Fara mediante el depósito de $ 15.320,29 en la cuenta caja de ahorros n° 4030682-7-089-9 del Banco de Galicia y Buenos Aires SA (fs. 144/5, 150/156), cuya titularidad pertenece al actor. Por ello el pago de ese importe está debidamente probado con el informe bancario remitido por la entidad bancaria (fs. 144/5 y fs. 150/156).

En consecuencia, y pese a que la demandada no acompañó en la causa recibos firmados por el actor que acreditan el pago de esa suma de dinero, corresponde tener por probado que la demandada pagó válidamente, y el actor recibió de conformidad, la suma total de $ 15.320,29, la que debe ser imputada a los rubros remuneratorios e indemnizatorios que el actor reclama en la demanda.

En efecto, si bien el Sr. Germán Fara tenía derecho a los conceptos de indemnizaciones por despido, preaviso, SAC s/preaviso, integración del mes de despido, SAC s/integración del mes de despido, e indemnización del art. 16 Ley 25561, por estar acreditado el despido directo incausado (arts. 121, 123, 232, 233 y 245 de la LCT), sin embargo, carece de acción para reclamar su pago por estar probado que la demandada depositó en la cuenta sueldo del actor la suma total de $ 15.320,29, imputada a estos conceptos?.

3. Luego de un pormenorizado relato de los antecedentes de la causa, el recurrente afirma que la sentencia impugnada se aparta de manera ostensible de la norma sustancial aplicable al caso concreto y de las constancias de autos en lo que se refiere a la prueba de los rubros pretendidos en la demanda, y que presenta una fundamentación aparente.

Sostiene que el Tribunal confunde lo que es el medio de pago de las remuneraciones o el medio de prueba del pago de las remuneraciones, con el instrumento a través del cual debe formalizarse el pago.

Expresa que el salario del trabajador se puede liquidar en dinero o en especie (art. 107 LCT), o mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial (art. 124 LCT) y que el trabajador puede demandar que se le abone en efectivo (art. 124 in fine LCT).

Añade que, en lo que se refiere al medio a través del cual puede acreditarse el pago, en principio puede ser cualquier medio de prueba y que cuando el empleador utiliza como medio de pago una cuenta bancaria, el art. 125 de la LCT dispone que ?la documentación obrante en el banco o la constancia que éste entregare al empleador constituirá prueba suficiente del hecho de pago?.

Interpreta que la frase 'constituirá prueba suficiente del hecho del pago' debe leerse 'constituirá prueba suficiente de la existencia de tal medio de pago' por cuanto la aludida documentación bancaria da cuenta de la existencia de un medio de pago (cfr. art. 124 de la LCT) y no constituye el instrumento legal de pago (cfr. art. 138 de la LCT).

Explica que el art. 138 de la LCT prevé sólo una forma en que debe instrumentarse todo pago de salarios u otra forma de remuneración, que es la del recibo firmado por el trabajador, y en el caso de que el trabajador no supiera firmar, bastará la inserción de la impresión digital (doctrina del art. 59 de la LCT), y que la LCT estipula una serie de recaudos que debe contener el recibo firmado por el trabajador a los efectos de que tenga validez cancelatoria, recaudos que están previstos en los arts. 139, 140, 141 y 149 de la LCT.

Afirma que ?el Tribunal partió de premisas erróneas (confundir lo que es un medio de pago, con lo que es un medio de prueba de un medio de pago, o con lo que constituye un instrumento legal de pago de remuneraciones e indemnizaciones), lo que lo llevó a una conclusión también errónea, cual otra que el determinar la existencia de un instrumento legal de pago, cuando tal instrumentación luce por su ausencia, por cuanto no existe documentación alguna agregada a la causa que se ajuste a los requisitos previstos en los arts. 139 y 140, para tener por cancelados los rubros remuneratorios e indemnizatorios reclamados?.

El actor cuestiona la afirmación del Tribunal de que si bien tenía derecho a los conceptos reclamados por estar acreditado el despido incausado, sin embargo carecía de acción para reclamar su pago por estar probado que la demandada depositó en la cuenta sueldo del actor la suma de $15.320,29, imputada a esos conceptos. Manifiesta que la sola lectura de los considerandos de la sentencia le permite sostener que la Cámara no consideró cada rubro incluido en la demanda para tener por cancelados los créditos reclamados, limitándose a sostener en forma genérica y vaga que los rubros depositados se corresponden con los reclamados.

Agrega que ello no es correcto pues la simple comparación entre el monto reclamado, de $22.841,29, y el monto depositado, $15.320,29, permite notar el equívoco del Tribunal.

Destaca que no se ha acompañado el instrumento legal de pago de ninguno de los rubros reclamados en la demanda y tampoco se ha acreditado en alguna forma que el monto depositado en su cuenta sueldo pudiera imputarse a aquellos desde que de los informes bancarios agregados a fs. 144/145 y 150/156 no se desprende a que rubro corresponde asignar los montos que supuestamente se acreditaron en su cuenta sueldo.

Señala que en el mencionado informe -fs. 156- constan distintas transferencias de una cuenta a otra, pero no se dice a qué rubro cabe imputarlas pues se consigna genéricamente 'haberes', 'subsidio vacac.' y 'sueldo anual complementario'.

Explica que no existe el rubro 'subsidio vacaciones', sino 'vacaciones proporcionales', y que lo mismo cabe decir del concepto 'sueldo anual complementario' ya que éste sólo corresponde cuando está vigente la relación laboral y no cuando ésta se ha extinguido, supuesto en que corresponde el rubro 'SAC proporcional'.

Respecto del rubro del art. 2 de la ley 25.323, manifiesta el recurrente que desde la instancia administrativa la parte demandada se ha negado a reconocer el derecho de su parte a percibir los rubros reclamados lo cual ha llevado a que tenga que entablar demanda a efectos de obtener su pago, circunstancia demostrativa de que el criterio del Tribunal no parece acertado ni se ajusta a las constancias de autos.

Finalmente cita doctrina y jurisprudencia que entiende aplicable al caso y propone doctrina legal.

4. El recurso de casación ha sido interpuesto tempestivamente contra una sentencia definitiva, se funda en infracción normativa y en la doctrina de la arbitrariedad y siendo actor el recurrente, no es necesario cumplir con el afianzamiento, por lo que corresponde declarar admisible el recurso y abordar su procedencia.

5. El actor inició demanda contra la firma comercial LE PARC SRL (Hotelería), reclamando indemnización por despido, preaviso, SAC s/preaviso, integración del mes de despido, SAC s/ integración del mes de despido, vacaciones, SAC s/vacaciones, indemnización del art. 16 ley 25.561 y art. 2 ley 25.323.

Sostuvo que el 23/01/06 la empleadora lo despidió sin expresión de causa y que, pese a poner a su disposición la liquidación final, nada percibió. Refirió que en audiencia laboral ante la Secretaría de Estado de Trabajo, la empresa demandada afirmó haber pagado los rubros indemnizatorios mediante depósito bancario en la cuenta sueldo del actor n° 4186-1-089-1, sin acreditar con recibo alguno ese pago (fs. 6/13).

En su responde, la demandada reconoció la relación laboral con el actor, la antigüedad, las tareas desempeñadas, la remuneración, la jornada laboral y el despido incausado dispuesto por su parte en fecha 23/01/06.

Afirmó que entre los días 18 y 23 de enero de 2006 depositó la suma de $15.320,29 en la cuenta sueldo del actor del Banco de Galicia y Buenos Aires, por los rubros e importes que en concepto de liquidación final le correspondían percibir; que el actor dispuso de los fondos depositados y recibió la certificación del art. 80 LCT y se negó afirmar los recibos de haberes (fs. 58/60).

La Cámara sostuvo que ?el expte. nº 5538/181 letra F año 2006 (fs. 29) tramitado ante la SET acredita lo siguiente: a) la denuncia laboral del actor en contra de su empleadora Le Parc SRL y el reclamo del dependiente tendiente a obtener el pago de las diferencias de las indemnizaciones legales, beneficios reglamentarios y convencionales y la entrega de la certificación de servicios; b) la negativa de la empleadora a reconocer estas diferencias, invocando el depósito bancario en la cuenta sueldo del actor de la suma de $15.320,29, y la entrega de esa certificación; c) el reconocimiento del actor de haber recibido el certificado de trabajo?. Consideró que ?el informe remitido por el Banco de Galicia y Buenos Aires SA (fs. 144/145, 150/156), no observado por los litigantes, acredita que: a) la firma comercial Le Parc SA es titular de la cuenta corriente n° 4186-1-089-1, mientras el Sr. Germán Sebastián Fara es titular de la cuenta caja de ahorro n° 4030682-7-089-9; b) se registran débitos de la cuenta corriente de Le Parc SRL a favor de la caja de ahorros del actor en fechas 19/01/06 y 24/01/06; c) las sumas ingresadas en la cuenta caja de ahorros del actor son de $ 5.500 por acreditación de haberes (19/01/06), $ 891,45 por vacaciones (19/01/06), $ 600,22 por acreditación de haberes (24/01/06), $ 8.276,59 por acreditación de haberes (24/01/06), y $ 52,03 por sueldo anual complementario (24/01/06), que totalizan la suma de $ 15.320,29; d) esos importes fueron extraídos en fechas 23/01/06 ($ 4.730), 25/01/06 ($ 70), 31/01/06 ($ 10), 15/01/06 ($ 500), 09/03/06 ($ 1.000), 10/03/06 ($ 500), 13/03/06 ($ 70), 17/03/06 ($ 7.000), 21/03/06 ($ 20), 27/03/06 ($ 530), 31/03/06 ($ 210), 03/04/06 ($ 500), 12/04/06 ($ 120)? (fs. 212).

Afirmó el Tribunal que ?la plataforma fáctica acreditada en la causa permite concluir lo siguiente. En primer término, existe coincidencia entre los litigantes respecto de la existencia de un contrato de trabajo que los vinculó, así como el despido directo sin expresión de causa dispuesto por la empleadora y comunicado al actor el 23/01/06.

En segundo término, está demostrado el depósito de $15.320,29 realizado por la demandada Le Parc SRL en la cuenta caja de ahorro n° 4030682-7-089-9 de titularidad del Sr. Germán Sebastián Fara, por los conceptos de acreditación de haberes, vacaciones y sueldo anual complementario.

En tercer término, pese a lo sostenido en la demanda, están debidamente probadas las extracciones de esos importes de la cuenta sueldo del actor. Ello surge de los informes remitidos por el Banco de Galicia y Buenos Aires SA (fs. 144/5, 150/156), -única prueba al respecto-, que no fueron observados por los litigantes.

En cuarto término, respecto a la ineficacia alegada del depósito bancario de $ 15.320,29, en la cuenta sueldo del dependiente para acreditar el pago de las indemnizaciones, frente a la inexistencia de recibos firmados, cabe señalar que son de aplicación los arts. 124 y 125 de la LCT.

El primero de estos preceptos exige para que sea válido el pago de los haberes, que el pago sea en efectivo, cheque a la orden del trabajador y la acreditación en cuenta abierta a nombre del dependiente en entidad bancaria oficial.

Con fundamento en este artículo y en uso de las facultades conferidas, la resolución n° 360/01 dispone que los empleadores deben abonar las remuneraciones en dinero de su personal permanente y contratado bajo cualquiera de las modalidades previstas en la legislación vigente, en cuentas bancarias abiertas a nombre de cada trabajador (art. 1, resolución n° 360/01).

El art. 125 LCT determina que la documentación obrante en el banco o la constancia que éste entregue al empleador constituye prueba suficiente del hecho del pago? (fs. 212 y vta.).

Consideró que ?en el caso, está demostrado que la empleadora cumplió con el pago de las remuneraciones del Sr. Fara mediante el depósito de $ 15.320,29 en la cuenta caja de ahorros n° 4030682-7-089-9 del Banco de Galicia y Buenos Aires SA (fs. 144/5, 150/156), cuya titularidad pertenece al actor.

Por ello el pago de ese importe está debidamente probado con el informe bancario remitido por la entidad bancaria (fs. 144/5 y fs. 150/156)? En consecuencia, y pese a que la demandada no acompañó en la causa recibos firmados por el actor que acreditan el pago de esa suma de dinero, corresponde tener por probado que la demandada pagó válidamente, y el actor recibió de conformidad, la suma total de $ 15.320,29, la que debe ser imputada a los rubros remuneratorios e indemnizatorios que el actor reclama en la demanda? (fs. 212 vta.).

Confrontado el planteo recursivo con los argumentos del pronunciamiento, ambos precedentemente reseñados, se advierte que no le asiste razón al recurrente.

El art. 125, bajo el título ?Constancias bancarias. Prueba de pago?, dispone: ?La documentación obrante en el banco o la constancia que éste entregare al empleador constituirá prueba suficiente del hecho del pago?.

Señala Carlos Alberto Etala que ?el pago de la remuneración en efectivo se prueba mediante el respectivo recibo firmado por el trabajador [art. 138, LCT].

Pero cuando el pago se efectúa mediante cheque a la orden del trabajador o por acreditación en cuenta abierta a nombre del trabajador en entidad bancaria habilitada, tal como lo autoriza el art. 124 de la LCT, la prueba del pago también puede realizarse por medio de la documentación obrante en el banco o con la documentación idónea que el banco entregue al empleador.

Lo dispuesto en este artículo no elimina la obligación patronal de otorgar al trabajador el recibo de pago, con las enunciaciones del art. 140 de la LCT? (Contrato de Trabajo, T. I, Astrea, Bs. As., 2010, pág. 389). En sentido análogo, afirma Miguel Ángel Sardegna que ?la prueba del pago de la remuneración es el recibo que suscribe el trabajador de acuerdo a las pautas y recaudos que enuncia el art. 140.

Ésta es la comprobación original e insustituible cuando se trata de pagos en efectivo o en cheque a la orden del trabajador, mas hemos visto en el artículo anterior que el salario también puede cumplimentarse acreditando el importe correspondiente en cuenta bancaria o similar; en esos casos la constancia que el banco entregue al empleador y hasta la misma documentación obrante en el banco sobre la operación efectuada constituyen la prueba del cumplimiento de la obligación patronal? (Ley de Contrato de Trabajo, Editorial Universidad, Bs. As, 2007, pág. 338).

En el marco interpretativo de las disposiciones legales aplicables (arts. 124, 125, 138, 139, 140 y cc. de la LCT) precedentemente referenciado, lo decidido por el Tribunal en orden a la acreditación del pago alegado por la demandada con el informe bancario de fs. 144/145 y 150/156 luce fundado en una razonable y suficiente valoración del material probatorio de la causa y en las normas que rigen el caso.

En la misma línea del pronunciamiento del Tribunal de única instancia, la Sala 10ª de la Cámara Nacional del Trabajo ha dicho que ?la resolución 360/2001 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos [publicada en fecha 16/7/2001] impone a los empleadores la obligatoriedad de abonar las remuneraciones de todo su personal, a través de cuentas abiertas en entidades bancarias a nombre de cada trabajador [conf. arts. 1 y 2 resolución 360/2001].

Desde esta perspectiva, encuentro que la prueba oficiaria producida a fs. 313 da debida cuenta de que el mismo día en que se produjo el despido del trabajador se registró en la cuenta bancaria abierta a su nombre la acreditación de la suma de $ 1122,88, lo que revela que el empleador procedió de tal forma a abonar la liquidación final conforme le notificara al trabajador mediante la comunicación rupturista que obra glosada a fs. 51.

No empece a dicha solución la ausencia de recibos de pago por tales conceptos, siendo que, como ya dijera, la demandada dio cabal cumplimiento con la resolución dictada por el Ministerio de Trabajo, en tanto procedió a efectuar el pertinente depósito en la cuenta cuya titularidad detenta el actor.

A ello se añade que la hipótesis esgrimida por el recurrente en el sentido de que Martínez no cobró la suma allí depositada por su empleadora, amén de resultar falaz [puesto que del oficio contestado por la compañía financiera se desprende que la cuenta a nombre del actor se encuentra con saldo cero] luce inadmisible, toda vez que mal pueden imputársele a la demandada las consecuencias derivadas de la omisión en que incurriera el demandante al no concurrir a retirar la suma depositada en su cuenta? (?Martínez, Carlos O. vs. Sulimp S.A.?, 10/09/2004, RDLSS 2004-21-1604, LexisNexis online, Lexis nº 40010455).

Asimismo sostuvo la Sala II de la Cámara Nacional del Trabajo que ?si bien, en el caso, el recibo no fue firmado por el trabajador, la institución bancaria informó oportunamente la existencia de una cuenta sueldo a nombre del accionante, así como también acompañó el resumen de cuenta del cual se extrae la suma depositada por la demandada por ?acreditación de haberes?.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 124 de la LCT, las remuneraciones en dinero podrán abonarse mediante la acreditación en cuenta abierta a nombre del trabajador en entidad bancaria, y el art. 125 del citado cuerpo legal expresamente establece que ?la documentación obrante en el banco o la constancia que este entregare al empleador constituirá prueba suficiente del hecho del pago? (?Caserta, Gabriela c/ Industrial & Financial Systems Argentina SA s/ despido?, 14/3/2007).

En el caso el Tribunal determinó fundadamente, en base a un análisis integral y razonado de las pruebas producidas por las partes, que la demandada había abonado los rubros indemnizatorios reclamados mediante la acreditación en la cuenta sueldo del trabajador de la suma de $15.320,29, y que estaban probadas las extracciones de la referida cuenta de conformidad a lo dispuesto por los arts. 124 y 125 de la LCT. Puntualmente, el pronunciamiento indicó las constancias del informe remitido por el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (fs. 144/145 y 150/156), concernientes a las distintas sumas ingresadas en la cuenta del actor -que totalizan $15.320,29- y a los importes extraídos de dicha cuenta.

En cuanto a que el fallo no consideró cada rubro incluido en la demanda para tener por cancelados los créditos reclamados, limitándose a sostener en forma genérica y vaga que los rubros depositados se corresponden con los reclamados, cabe señalar que el Tribunal consideró que ?si bien el Sr. Germán Fara tenía derecho a los conceptos de indemnizaciones por despido, preaviso, SAC s/preaviso, integración del mes de despido, SAC s/integración del mes de despido, e indemnización del art. 16 ley 25561, por estar acreditado el despido directo incausado (arts. 121, 123, 232, 233 y 245 de la LCT), sin embargo, carece de acción para reclamar su pago por estar probado que la demandada depositó en la cuenta sueldo del actor la suma total de $ 15.320,29, imputada a estos conceptos. De igual manera, el actor no tiene derecho a los rubros vacaciones y SAC s/vacaciones al estar demostrado su pago, según informe bancario (fs. 145).

En cuanto a la indemnización del art. 2 ley 25323, corresponde rechazar su procedencia y estimo equitativo eximir a la demandada su pago, porque la empleadora al haber pagado la suma de $ 15.320,29 tuvo razones para considerar justificada su negativa a abonar las indemnizaciones reclamadas por el actor. Así lo propicio en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 2, segundo párrafo de la ley 25.323? (fs. 212 vta./213).

La sola lectura del pronunciamiento evidencia que el Tribunal se pronunció respecto de los rubros indemnizatorios que le correspondían percibir al actor como consecuencia del despido injustificado dispuesto por el empleador de conformidad a los arts. 121, 123, 232, 233 y 245 de la LCT.

En efecto, la Cámara analizó las pruebas pertinentes de la causa, en particular el informe del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., y concluyó que tales rubros indemnizatorios habían sido abonados al igual que los conceptos vacaciones y SAC; conclusión que no luce irrazonable ni infundada si se tiene en cuenta -como sostuvo el Tribunal- que en el referido informe bancario (fs. 145) consta que entre el 19/01/2006 y el 24/01/2006 se efectuaron acreditamientos de ?haberes? por $5.500, $600,22 y $8.276,59; que el 19/01/2006 y el 24/01/2006 se acreditaron en la cuenta del actor las cantidades de $891,45 y $52,03, en concepto de ?subsidio vacac.? y ?sueldo anual complementario?, respectivamente; que estos depósitos totalizan la suma de $15.320,29; como también que, en la liquidación final que acompañó la demandada constan liquidados los rubros sueldo $600, 22 (fs. 45), aguinaldo $52,03 (fs. 46), indem. p/antigüedad $6.368,22, indemniz. vacac. no gozadas $42,45, indemniz. p/preaviso $2.122,74, integr. mes despido $353,80, indemn. ley 25972 antig. $4.889,38 (fs. 47), indemniz. vacac. no gozadas $891,45 (fs. 48) por un total de $15.320,29.

Con relación a la falta de correspondencia entre el monto reclamado en la demanda, de $22.841,29 (conf. planilla de fs. 6/7) y el monto abonado, $15.320,29, denunciada por el recurrente, corresponde precisar que tal diferencia deriva del rechazo de la indemnización del art. 2 ley 25.323 -cuantificada por el trabajador en la cantidad de $4.965,50- y de la diferencia del cálculo efectuado por ambas partes de la indemnización del art. 16 de la ley 25.561.

Se debe tener presente que por este último concepto el actor reclamó el 80% adicional sobre los montos indemnizatorios -$7.944,80-, con fundamento en las disposiciones de la ley 25.972 y el decreto 2014/2004, y que la demandada liquidó dicho recargo indemnizatorio de acuerdo a lo previsto por el decreto 1433/2005, vigente a la época del despido, disposición reglamentaria de la ley 25.972 que fijó en el 50% el recargo indemnizatorio (art. 1°), derogó el decreto 2014 (art. 2°) y dispuso que entraría en vigencia ?a partir del 1° de diciembre de 2005? (art. 3°).

Tampoco puede prosperar el cuestionamiento referido a que no surge del informe bancario a qué rubro cabe imputar las transferencias de una cuenta a otra pues se consigna genéricamente 'haberes', subsidio vacac.' y 'sueldo anual complementario', si se tiene en cuenta que la Cámara tuvo por probado que la empleadora había depositado en la cuenta del trabajador la suma de $15.320,29 (cfr. informe bancario de fs. 145/ y 150/151), señalando que dicha suma ?debe ser imputada a los rubros indemnizatorios que el actor reclama en la demanda? (fs. 212 vta.), y que en la planilla que el actor presentó con la demanda (fs. 6/7), los distintos rubros indemnizatorios reclamados -descontando los montos correspondientes a la indemnización art. 2 ley 25.323 y la diferencia por indemnización art. 16 ley 25.561 pretendidos- totalizan la suma de $14.820,37, mientras que lo depositado por la demandada asciende a $15.320,29.

Lo precedentemente apuntado respecto de la falta de correspondencia entre los montos depositados y los rubros indicados en la planilla de demanda tornan inviables las objeciones referidas a las imprecisiones invocadas por el recurrente de los rubros, respecto de los cuales corresponde imputar las transferencias bancarias.

Por todo lo expuesto se concluye en que la solución a la que arribó la Cámara se basa en los hechos alegados por las partes en los escritos constitutivos del proceso -que son los que delimitan la materia litigiosa- y en un examen integral, razonado y fundado de las pruebas producidas en autos, todo con apoyatura en las disposiciones legales que rigen el caso. Al respecto, esta Corte tiene dicho que ?la sentencia constituye una unidad lógico-jurídica cuya dispositiva debe ser la conclusión final y necesaria por derivación razonada del examen de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación.

No es, pues, sólo el imperio del tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances de la sentencia [cfr. CS, sentencia del 06/4/93 en autos "Amaya, Mario A.", LL 1994-B, 168; "Perrotta, Luis c. Pensa, Eduardo F. y otros", sentencia del 26/4/94, LL 1995-A, 495]? (CSJT, ?Sisnero Alberto vs. Luque Emilio Salvador s/ Despido?, sentencia n° 494 del 10/6/2008).

A la luz de todo lo hasta aquí considerado con relación a los rubros derivados del despido sin causa del actor, el agravio referido a la sanción prevista por el art. 2º de la ley 25.323 también debe ser desestimado.

Consecuentemente, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora, con costas (arts. 49 CPTT y 105 CPCyC).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara del Trabajo del 19 de octubre de 2010 (fs. 211/213 vta.).

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento respecto de los honorarios profesionales para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANECLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA