Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-08


Buenos Aires,	08	de abril de 2015 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

1. Marcela Noemí Sánchez de Bustamante, por derecho propio, promovió acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) con el objeto de que se ". ordene a la autoridad administrativa demandada que [le] garantice el acceso a una vivienda adecuada según los estándares que emanan de los tratados de derechos humanos" (fs. 1/21 de los autos principales, a los que corresponderá la foliatura que en lo sucesivo se mencione, excepto indicación expresa).

La sentencia de primera instancia -en lo que aquí corresponde relevar- hizo lugar a la acción y ordenó al GCBA que incorporase a la amparista ". en el plan habitacional previsto por el decreto 690-GCBA-2006 (modificado por decretos 960-GCBA-2008 y 167-GCBA-2011), o en su defecto cualquier otro plan o medida concreta que garantice efectivamente su derecho a la vivienda." (fs. 187/190 vuelta).

2. El GCBA (fs. 192/205) y la actora (fs. 207/214) apelaron y expresaron sus agravios. La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó el recurso de apelación interpuesto por el GCBA e hizo lugar parcialmente al recurso de la amparista (fs. 257/257 vuelta).

Para así decidir -y en lo que aquí corresponde destacar respecto de la queja ventilada por el GCBA-, los jueces ponderaron que, de conformidad con las constancias obrantes en la causa, ". la actora, de 54 años, padece una enfermedad pulmonar obstructiva (confr. certificado de discapacidad a fs. 24). [y] no cuenta con recursos económicos suficientes." (fs. 257); señalaron, además, que las circunstancias del caso resultaban análogas a las analizadas en la causa "Benítez" a cuyos términos se remitieron agregando copia de esta sentencia.

3. El GCBA (fs. 264/278) y la actora (fs. 280/299) interpusieron sendos recursos de inconstitucionalidad.

La demandada manifestó que el pronunciamiento lesionó sus derechos de defensa y de propiedad, y su garantía al debido proceso. Se agravió por cuanto la sentencia atacada: (a) importó una interpretación elusiva de la ley al no contemplar la existencia de limitaciones presupuestarias, (b) invadió la zona de reserva de los restantes poderes, y (c) era arbitraria. Alegó que el caso, por la forma en que había sido resuelto, revestía gravedad institucional.

La Sala I de la CCAyT denegó los recursos intentados. Los magistrados entendieron -sustancialmente y en lo que importa al planteo del GCBA- que la recurrente no había logrado configurar un caso constitucional pues, sin perjuicio de verificarse una deficiente fundamentación en su presentación, sus agravios remitían exclusivamente a analizar cuestiones de hecho y prueba sobre la interpretación de normas infraconstitucionales aplicables al caso -leyes nº 3706 y nº 4036, decreto nº 690/06 y sus modificatorios- (fs. 342/345).

4. El GCBA se alzó en queja. Manifestó que ". el recurso de inconstitucionalidad debió haber sido concedido por la Alzada, por haber demostrado la Ciudad, que existía un genuino caso constitucional" -con cita de los casos "Alba Quintana", expte. nº 6754/09, "K.M.P", expte. nº 9205/12, Orol", expte. nº 9768/13 y "Veiga Da Costa", expte. nº 10229/13-.

Destacó que su parte en modo alguno omitió prestar asistencia habitacional de conformidad con lo establecido por la normativa vigente, que sus recursos eran limitados y que el amparo no resultaba ser la vía para cuestionar la forma en que las autoridades de aplicación ejecutaban los programas bajo análisis.

Afirmó también que la Cámara dictó una sentencia prescindiendo de la norma constitucional aplicable (art. 14 de la CCABA) y reiteró básicamente lo manifestado en su recurso de inconstitucionalidad (fs. 2/10 vuelta de la queja).

5. La Fiscalía General propició hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia recurrida y reenviar las actuaciones a la Cámara a fin de que se dicte un nuevo fallo conforme a derecho (fs. 104/122 de la queja).

Fundamentos:

Los jueces Luis Francisco Lozano, Ana María Conde y José Osvaldo Casás dijeron:

1. La Cámara hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora ".en los términos expuestos en el considerando VI del voto de la jueza Mariana Diaz y el considerando XX y XXIII del voto del juez Carlos F. Balbín en los autos 'Benítez, Ramón Antonio contra GCBA y otros sobre Amparo (art. 14 CCABA)', Expte. N° EXP 45787/0" (cf. fs. 257 vta. de los autos principales).

El GCBA sostiene que el ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que entendió el a quo, no le da a las personas que están en la situación en la que se encuentra la parte actora (cf. el punto 3 de este voto) un derecho a recibir más de lo que acuerda el decreto 690/06 (y sus modificatorios). En particular, manifiesta que el derecho a una vivienda digna está adecuadamente reglamentado para el caso de la amparista en el mencionado decreto.

Por su parte, la actora más allá de los motivos formales que apunta que a su entender deberían llevar a declarar inadmisible el recurso del GCBA, sostiene que las leyes n° 3706 y n° 4036 le acuerdan a su asistida el derecho que la Cámara le reconoció. Además, manifiesta que a la luz de esta normativa y de la jurisprudencia dictada por el TSJ, la sentencia cuestionada no puede ser interpretada en la forma en que el GCBA pretende (cf. fs. 310/331 de los autos principales).

2. En ese contexto, tal como a continuación se explicará, corresponde que la queja sea rechazada con relación a los agravios dirigidos a cuestionar la obligación de asistencia a favor de una persona en las condiciones de la parte actora. En cambio, prospera respecto de los agravios dirigidos a cuestionar la solución a la que arribó la Cámara, esto es, condenar al GCBA a que otorgue un derecho más amplio que el reconocido en el decreto nº 690/06 para una persona que sufre una discapacidad.

3. En el sub examine no se encuentra controvertido que la parte actora (i) inició estas actuaciones con el objeto de que se condenara al GCBA a que le garantizara su derecho a una vivienda digna; y (ii) que padece una discapacidad (cf. fs. 257 de los autos principales), circunstancia que le impide superar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra y que está en situación de calle (cf. la ley nº 3.706). Finalmente, tampoco es materia de discusión la vinculación, o anclaje, que tiene el accionante con la Ciudad.

4. En ese marco, el GCBA no muestra que el derecho que el a quo le reconoció a la parte actora no pueda encontrar apoyo en los arts. 23 y 25 inc. 3 de la ley n° 4036 citada por la Cámara. Dicho en otros términos, si el GCBA pretendía tachar de arbitraria la sentencia de la Cámara debió, cuanto menos, hacerse cargo del texto de la ley n° 4036; lo cual no ha hecho.

5. Ahora bien, asiste razón al Gobierno recurrente en cuanto sostiene que los jueces han conculcado la división de poderes al condenarlo a brindar una prestación sin haberle dado primeramente una ocasión para que dijera cómo se va a atender el derecho que le asiste a la accionante.

Toda vez que la solución para atender el mencionado derecho depende del ejercicio de funciones administrativas, las que no han sido ejercidas en el caso, corresponde condenar al GCBA a que presente una propuesta para atender el derecho a la vivienda a la parte actora (cf. el inc. 3° del art. 25 de la ley n° 4036). La solución deberá tener en cuenta la situación de hecho constatada en estas actuaciones. Dicha cuestión deberá tramitar, como toda ejecución de sentencia, ante la primera instancia.

Finalmente, vale destacar que la obligación aquí impuesta subsiste mientras perduren los extremos, legales y de hecho, en que ella encuentra apoyo.

Por los motivos expuestos y los argumentos del voto de la mayoría in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: K.M.P c/ GCBA y otros s/amparo (art. 14 CCABA)", expte. n° 9205/ 12, sentencia del 21 de marzo de 2014, al que nos remitimos en lo pertinente y que deberán ser incorporados mediante agregado de copia de esa decisión a este expediente, votamos por hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso de inconstitucionalidad del GCBA; revocar la sentencia de fs. 257/257 vta. de los autos principales; y condenar al CGBA a que presente, en el plazo que indique el juez de grado, una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas, en los términos de esta sentencia, a su situación de discapacidad.

La juez Inés M. Weinberg dijo:

La queja deducida por el GCBA ha sido interpuesta en tiempo y forma -art. 33 de la ley 402- sin embargo, no puede prosperar y debe ser rechazada.

Los agravios expuestos, tal como han sido planteados, no alcanzan a formular una crítica concreta, suficiente y fundada para rebatir lo resuelto por la Cámara al decidir el rechazo del recurso; ello así, toda vez que: (a) invocan genéricamente una garantía constitucional afectada -el artículo 14 de la CCABA por la falta de acto lesivo- que no logra conectarse adecuadamente con lo resuelto y las razones expuestas que dan fundamento a la sentencia que ataca, (b) invocan la afectación del debido proceso sin indicar cuáles fueron concretamente las medidas de pruebas de las que se vio privada, así como tampoco referencia su eventual incidencia con relación a lo decidido, (c) hacen caso omiso sobre las apreciaciones de hecho acreditadas en la causa que sustentan lo resuelto en virtud de lo establecido por la ley 4036, norma que tampoco ataca en su anclaje constitucional, y (d) no explicitan ni fundan adecuadamente en donde radica la arbitrariedad de lo decidido, así como tampoco por qué lo resuelto reviste gravedad institucional.

Entiendo aplicable mutatis mutandi la doctrina de la CSJN en lo concerniente a los fundamentos que deben expresar las quejas por recursos denegados -v. Fallos 287:237; 298:84; 302:183; 311:133, 2338 entre otros-.

Debe recordarse también aquí que la tacha de arbitrariedad "no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se consideran tales, sino que atiende sólo a los supuestos y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, quedan descalificados como actos judiciales" -conf. Fallos 235:654; 244:384; 248:129, 528 y 584; 294:376 entre otros-.

Finalmente, la referencia a la doctrina de la "gravedad institucional" invocada no aparece respaldada con un fundamento apto para demostrar de qué manera la decisión recaída en el caso efectivamente incidiría sobre los intereses de la comunidad o los principios institucionales básicos de la Constitución Nacional -conf. Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240 y sus citas-.

Sobre tales premisas, debe concluirse que el tribunal a quo arribó a una solución jurídicamente posible, con fundamentos y base suficientes, no logrando los agravios vertidos evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación en el pronunciamiento atacado que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Por todo lo expuesto oída la Fiscalía General corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por el GCBA.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja del GCBA ha sido interpuesta en tiempo y forma por parte legitimada -art. 33 de la ley n° 402-. Sin embargo, no puede prosperar ya que carece de una crítica suficiente de las razones por las que la Cámara del fuero no admitió el recurso de inconstitucionalidad que aquélla viene a defender.

2. Al denegar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, los magistrados indicaron que éste no había planteado adecuadamente un caso constitucional. Explicaron:

(i) que el recurrente no había relacionado los preceptos constitucionales invocados con los términos de la sentencia impugnada; y	(ii) que las cuestiones objeto de tratamiento en el decisorio atacado versaron sobre extremos de hecho, prueba y derecho infraconstitucional.

Por lo demás, los camaristas descartaron la existencia de un supuesto de arbitrariedad o gravedad institucional.

3. En su recurso directo, la Ciudad no consigue poner en crisis la decisión interlocutoria que declaró inadmisible el remedio extraordinario que aquél pretende sostener. Es que allí se limita a reiterar los agravios que expusiera en su recurso de inconstitucionalidad, sin hacerse cargo de los defectos de fundamentación que individualizaron los jueces de la Sala interviniente, y aunque reseña algunos de los argumentos del auto denegatorio, no los articula con los términos de su presentación.

4. Por las razones expuestas, corresponde rechazar la queja intentada. Así lo voto.

Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir parcialmente la queja y, con el mismo alcance, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Revocar la sentencia de fs. 257/257 vuelta de los autos principales y condenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que presente, en el plazo que indique el juez de grado, una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas, en los términos de esta sentencia, a su situación de discapacidad.

3. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictada por el Tribunal en los autos "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: K.M.P c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. nº 9205/12, el 21 de marzo de 2014.

4. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto anterior, se agregue la queja al principal y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.