Control de constitucionalidad, improcedencia del recurso, derechos y garantías constitucionales, ejecución de la pena, sistema acusatorio, readaptación del condenado, libertad condicional, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Pizarro Montenegro, Graciela Alejandra c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-13

Corresponde rechazar el recurso de casación de la defensa, en tanto el art. 14, según ley 27.375 supera el control de constitucionalidad y convencionalidad ya que no se observa una contradicción con principios de superior jerarquía; y no corresponde a esta judicatura cuestionar el mérito o conveniencia de decisiones que resultan propias del Poder Legislativo y ajenas a este ámbito en la medida que no se vulneran garantías constitucionales. La ley 27.375 ha establecido un sistema de ejecución de la pena privativa de la libertad diferenciado, el llamado "régimen preparatorio para la liberación" (art. 56 quater de la ley 24.660). La opinión favorable del Fiscal ante esta Cámara, aún desde la perspectiva de las reglas propias del sistema acusatorio, no puede ser determinante, cuando de lo que se trata es de analizar la constitucionalidad y legalidad normativa y, sus argumentos no encuentran fundamento definitorio sobre el tema. Esto es así, pues la función esencial de la jurisdicción es preservar la vigencia de la Constitución, el Derecho y las leyes, ingresando esa perspectiva en un ámbito donde la opinión del acusador público no se impone per se frente a la competencia que nuestra propia carta constitucional ha otorgado a la magistratura judicial. Por eso, lo postulado por el Fiscal, carece de la fuerza determinante que sí cabe asignar a las situaciones vinculadas, por ejemplo, con la disponibilidad de la acción, que expresan una decisión político criminal, por principio, bajo su ámbito funcional. Con relación al fin de reinserción social de las penas y la progresividad como medio a través del cual se alcanza ese fin, no se advierte que el instituto establecido en el art. 56 quater impida su conquista. En el caso del régimen preparatorio para la liberación, taxativamente se dispone que se accederá a él "previo informe de la dirección del establecimiento y de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social", lo que evidencia que el fin de readaptación social es asumido en la normativa. Este requisito, debe asumir la detención domiciliaria que goza Pizarro Montenegro, atento a que los informes deben ser realizados por quien tenga a cargo el control del instituto que se encuentra usufructuando. También incumbe desestimar el planteo relativo a que la restricción al acceso a la libertad condicional implica desligarse de la conducta de la condenada durante la ejecución de la pena. Esa consideración omite apreciar las regulaciones de la propia norma, pues en su misma sistemática establece que "siempre que el condenado hubiera observado con regularidad los reglamentos carcelarios y, previo informe de la dirección del establecimiento y de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social". Con respecto al agravio relativo a la violación del principio de igualdad, vale recordar que son procedentes tratos disímiles en situaciones que resultan distintas. Para evaluar si la norma resulta contraria al principio de igualdad ante la ley, corresponderá determinar cuáles fueron los parámetros utilizados por el legislador para establecer diferentes regímenes penitenciarios. Se observa que el criterio ha sido el delito por el que la persona resulta condenada, lo cual no luce arbitrario o indebido. Por otro lado, no hay violación al principio de proporcionalidad, pues la intensidad de la sanción penal establecida se corresponde con la condena firme, con el hecho cometido y con la culpabilidad de Pizarro Montenegro. Tampoco se observa conflicto con el principio de legalidad, pues se trata de una norma proveniente del Poder Legislativo que cumple con los requisitos de ser una ley escrita, previa, cierta y estricta y que fue debidamente interpretada por el tribunal de origen.