Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-05


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los cinco días del mes de abril del año dos mil trece, se reunieron en Acuerdo los Miembros de la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada por los señores Ministros Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y Daniel Luis Caneo, presidida por el primero de los nombrados para dictar sentencia en la causa caratulada "C., J. O. y Otro p.s.a. Robo con arma s/ Impugnación" (Expediente N° 22152 - Folio 14 - Año 2010 - Letra "C").

El orden para la emisión de los votos, según el sorteo practicado en la hoja 310, fue el siguiente: Panizzi, Pfleger y Caneo.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. La cuestión traída a esta Sala concierne a la sentencia número 80 del año 2010, emitida por el Tribunal Colegiado de la ciudad de Puerto Madryn. En dicho pronunciamiento, se absolvió a J. O. C., como autor material y responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, agravado por la participación de un menor, en carácter de autor (artículos 165, 41 quáter y 45 del Código Penal). II. Contra esa decisión, la Fiscala General, Dra. Mabel Estela Covi, promovió impugnación extraordinaria (folios 239/247 vuelta).

III. Los hechos que fueron materia de acusación por parte del Ministerio Público Fiscal, se describieron de la siguiente manera: El día 30/04/2009 a las 18:30 horas aproximadamente, llegan en una moto J. O. C. y F. I. V., quien conducía la misma, al local comercial que gira bajo la razón social de "T. y D. V." sito en Avda. J. M. Nro. **** de esta ciudad. Mientras V. permanece afuera, esperando en la moto, C., vestido con un buzo de color negro, en la parte de arriba un buzo de color gris y gorra visera color beige, ingresa al comercio referido, en el que se encontraba la menor Talía S., a quien apunta con un arma de fuego y le dice "dame la plata, dame todo lo de la caja", la menor le dice que no tenían plata, entonces C. manotea la caja tomando algunos billetes. En ese momento el padre de la menor, V. C. escucha desde una dependencia interior lo que estaba sucediendo, se dirige al local, observa a C. apuntando con un arma a su hija y comienza a forcejear con C., circunstancias en las cuales, C., le efectúa un disparo que impacta contra la humanidad del señor V. C. Ante ello, la señora M. V., madre de la menor, comienza a forcejear con C., tomándolo del cabello y sacándole la gorra de color beige que llevaba puesta, la que cae al piso, ante lo cual C. sale portando el arma de fuego, se sube a la moto en la que lo esperaba V., la Sra. V., sale, les pega un grito, V. se da vuelta, la mira y sale con la moto a gran velocidad, dándose a la fuga en dirección a las *** viviendas, logrando apoderarse de la suma aproximada de veinte pesos en cambio. Que como consecuencia de la herida de arma de fuego que recibiera el Sr. V. C., el día 14 de mayo del corriente año se produce el deceso del mismo en el nosocomio de esta ciudad.

IV. En su presentación la representante del Ministerio Público Fiscal repasó los antecedentes del caso y describió el hecho de la acusación y alegó a favor de su propósito.

Luego, atacó la declaración de nulidad del segundo recorrido fotográfico realizado en la causa.

Explicó que a poco de sucedido el hecho, se practicó un primer muestreo fotográfico con la señora M. V., quien identificó a M. A. como uno de los autores; que luego de averiguaciones, se determinó que A. se encontraba en la localidad de Camarones; que, más tarde, en la Brigada de Investigaciones se recibió una información anónima que sindicaba al "M." C. y a "F." V. como los presuntos autores; que, a las 21:40 horas, se realizó un segundo recorrido fotográfico, donde la señora V. identificó a los imputados.

La impugnante se expidió acerca de la validez de la segunda diligencia. Aclaró que en el primer muestreo la víctima se hallaba muy nerviosa y pendiente de la evolución de su marido. También puso de resalto que en ningún momento del debate se demostró que la individualización efectuada por la propia víctima hubiera sido orientada en una dirección determinada.

Sostuvo, a continuación, que necesariamente debía llevarse adelante la segunda medida desde que si M. V. había identificado a A. en el primer recorrido, no podía llevarse a cabo la rueda sobre C. ni tampoco sobre V., quienes habían sido sindicados por un llamado anónimo.

Agregó que durante la audiencia preliminar el defensor no objetó la validez del recorrido, sino que esta cuestión la introdujo en los alegatos.

En otro tramo de su impugnación, se agravió de la declaración de invalidez de la pericia de ADN en contra de J. C.

Arguyó que el planteo introducido por la defensa en los alegatos, en orden a la ausencia de una constancia que acreditara que se le hubieran tomado muestras de material genético a C., resultaba extemporáneo pues correspondía tratarlo en la audiencia preliminar.

A continuación, se quejó de que los sentenciadores hicieran prevalecer el testimonio de J. M. R. por sobre las declaraciones brindadas por el personal policial. Sostuvo que mientras los efectivos de la Brigada de Investigaciones afirmaron que al momento de detener a C., éste se endilgó el evento, el testigo de actuación M. R. declaró que los policías le pegaban en el estómago al imputado. Se opuso a que esta circunstancia le quitara espontaneidad a la confesión del imputado. Advirtió que no existió un solo certificado médico que corroborara las lesiones ni una sola denuncia por vejaciones. Destacó que ni siquiera en la audiencia de control de detención C. mencionó los supuestos golpes que le habrían inflingido.

Más adelante, la acusadora pública dijo que la sentencia cuestionada absolvía al imputado, no obstante la existencia de un ADN que identificó el perfil del acusado en un 99,99 por ciento y pese a que la víctima lo reconociera en el recorrido fotográfico.

Sobre el final, adujo que constituyó un abuso de facultades por parte de la defensa, que efectuó los planteos de nulidad al tiempo de los alegatos, cuando ya el Ministerio Público Fiscal no podía repreguntar ni incorporar pruebas.

Por último, solicitó que se revocara la resolución atacada y efectuó la reserva de acudir por ante los estrados de la Corte Federal.

V. El artículo 378, inciso 2º del Código Procesal Penal habilita al Fiscal a impugnar la sentencia absolutoria cuando hubiere requerido una pena superior a los tres años de privación de la libertad.

En el caso, como la titular de la vindicta pública encuadró la conducta desplegada por el imputado en la figura del homicidio en ocasión de robo, en calidad de autor, más la agravante del artículo 41 bis del Código Penal, la sanción privativa de la libertad que corresponde para la calificación escogida, supera el límite objetivo dispuesto por el ritual.

VI. Resuelto el aspecto formal de la impugnación, creo preciso adelantar que cuando el recurso es impulsado por el titular de la vindicta pública o privada contra un decisorio que desvincula o mejora la situación del atribuido, es preciso obrar con cautela y suma estrictez.

En el sub exámine, los magistardos absolvieron al imputado J. O. C. luego de declarar la nulidad del segundo recorrido fotográfico practicado por la testigo M. V. e invalidar los elementos probatorios que se derivaron de aquel muestreo. Los jueces, además, consideraron que la prueba alternativa que quedaba en pie, no alcanzaba para acreditar con el grado de certeza que requería una sentencia la autoría de C.

En lo medular, el Juez Granda, luego de analizar las circunstancias que derivaron en el segundo muestreo fotográfico, expresó que éste se había desarrollado en franca violación a las reglas de los artículos 210 y 211 del Código Procesal Penal, toda vez que existía una información que sindicaba al imputado como autor del hecho. Ese dato -a su entender- imponía el deber de respetar todas las formalidades rituales.

A su turno, la Jueza Asaro, también se pronunció a favor de la nulidad del segundo recorrido fotográfico ya que los presuntos autores se hallaban individualizados. Apuntó que correspondía llevar a cabo aquel acto asegurando el control de las partes.

Por último, el doctor Yangüela, arribó a la misma solución que sus colegas, al resolver que en la diligencia se había violado la garantía constitucional de la defensa en juicio.

Luego de este breve repaso de las conclusiones de los sentenciadores, juzgo que éstos han cimentado su decisión de declarar la nulidad del recorrido fotográfico, no sólo en las normas rituales sino también, en la doctrina y jurisprudencia más destacadas. Tuvieron en cuenta, además, el resultado negativo respecto del imputado C. de la rueda de reconocimiento de personas de la que participaron la señora V. y su hija T. V.

Es que el muestreo fotográfico llevado a cabo en sede policial, constituye una medida de investigación practicada por los agentes de seguridad, tendiente a identificar a los sospechosos, a quienes se desconoce absolutamente. Si, por el contrario, aquéllos se hallan individualizados, como ocurrió en el caso, no procede el recorrido.

Así las cosas, tal como lo declararon los jueces de grado, la segunda diligencia practicada por la policía, que se efectuó cuando se conocía la identidad de los presuntos autores, desatendió la manda de los artículos 210 y 211, que impone el contralor de la defensa. Esta circunstancia determinó la nulidad de la medida.

En mérito de lo expuesto, propicio el rechazo del agravio así planteado.

VII. Las cuestiones atinentes a la prueba de ADN y a la presunta confesión del imputado al tiempo de su detención, también recibieron un adecuado tratamiento por parte de los magistrados del mérito.

Con relación a la prueba de ADN del imputado C., los sentenciadores, luego de advertir que correspondía declarar su nulidad por constituir una derivación del recorrido fotográfico invalidado, analizaron el contexto de irregularidades que se verificaron en la diligencia.

Así, advirtieron que el Ministerio Público Fiscal omitió acompañar el acta que documentaría la toma de muestras al imputado y las circunstancias en las que se practicó tal acto. Asimismo, resaltaron que en el debate el doctor N., único testigo interrogado sobre el particular, manifestó que no recordaba haber intervenido en tal diligencia.

Los jueces señalaron que esa anomalía impedía atribuirle pleno valor convincente a la pericia practicada por el doctor B., ya que no existía ninguna constancia que acreditara que las muestras examinadas pertenecían al incuso, ni tampoco se documentó la preservación de la cadena de custodia.

En lo que a la presunta confesión del atribuido respecta, también aprobaré el análisis efectuado por los sentenciadores.

Los magistrados se apoyaron en la versión brindada por el testigo de actuación, quien manifestó no haber escuchado a C. admitir su participación en el evento. Además valoraron el dato aportado por el declarante en punto a que al tiempo de llevar adelante la orden de detención, los policías le pegaron al incuso en el estómago.

Aquellas circunstancias apuntadas impidieron que los jueces tuvieran por acreditada la presunta confesión y, a todo evento, que la consideraran espontánea.

Así, juzgo que los jueces reflexionaron acerca de cada uno de los elementos probatorios acompañados, su contexto de producción y las explicaciones brindadas por la representante de la vindicta pública y luego de tal análisis, decidieron concienzudamente desecharlos como prueba de cargo.

VIII. En orden al agravio relacionado con la extemporaneidad de los planteos de nulidad introducidos, juzgo que por tratarse de nulidades absolutas, éstas pueden decretarse en cualquier etapa del proceso, ya que entrañan la violación de garantías esenciales del imputado, que impiden su subsanación.

IX. Por lo expuesto, intereso a mis distinguidos colegas para que rechacen la impugnación extraordinaria articulada y, consiguientemente, confirmen el pronunciamiento cuestionado y la absolución del atribuido.

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I.- Prólogo- La sentencia	Llegó el caso a los Estrados de esta Sala por obra de la impugnación extraordinaria deducida por el Ministerio Fiscal (ver las hojas 239/247 vta.) en desmedro de la sentencia del Tribunal de Juicio de Puerto Madryn, emitida el 15 de Octubre de 2010 y registrada con el número 80/10.

En ella se absolvió a J. O. C. como autor material y responsable de delito de Homicidio en ocasión de Robo, agravado por la participación de un menor en carácter de autor (arts. 165, 41 quater y 45 del Código Penal), por el hecho ocurrido en la ciudad de asiento, el día 30 de abril de 2009, en perjuicio de quien en vida fuera C. V.

II. Algunas cuestiones preliminares En numerosas ocasiones he puesto de manifiesto el sentido y alcance del recurso extraordinario del Ministerio Público Fiscal contra un fallo absolutorio.

A esos antecedentes me remito, y señalo, como puerto de inicio el caso "Provincia del Chubut c/ K., D. E. (imputado) - Estado Provincial (agraviado) - Lago Puelo" (Expte. 21.165 - Folio 45 - T° II -Año 2007) en el que cité jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos de América como relevante por la simetría de los sistemas procesales aplicables.

Esto implica sintetizar la idea en estos términos: no se desconoce la capacidad de la acusación de impugnar una decisión adversa, pero los motivos han de ser "extraordinarios", entendiéndose por tal apegados al estricto marco que lo autoriza. Ello se traduce, en lo que atañe a las formas, en la ausencia de fundamentos en la sentencia, en su basamento discursivo ilegal o en la construcción que omite, es ilógica o contradictoria; en otras palabras, en la negación de los estándares mínimos de una sentencia.

Ya lo señalaba Jorge A. Claria Olmedo cuando enunciaba las cuestiones de hecho que quedan excluidas del control de la casación a saber: 1. la valoración de las circunstancias que se refieran a agravantes y atenuantes genéricos de la pena, 2. la conclusión apoyada en el principio "in dubio pro reo" no extensible por cierto a la interpretación de la ley, c. todo lo referido, en general, al análisis crítico de los elementos probatorios introducidos al debate y a la determinación de los hechos que sirven de base al pronunciamiento de mérito. (Derecho Procesal Penal Ed. Marcos Lerner, T III, página 286 parágrafo 844) En lo sustancial, el ámbito recursivo extraordinario queda ceñido a cuestiones de derecho, al error en la aplicación del derecho, que ha justificado, por negación, la sentencia dictada.

Se mantienen alejados, así, los agravios que sólo se direccionen a excitar el control de la aplicación de las reglas de la sana crítica racional en la determinación del valor conviccional de la prueba.

III. La solución del asunto.

Aun cuando soy de opinión que no es el segundo recorrido fotográfico una prueba ilegal susceptible de extirparse del proceso, como se ha afirmado, mi tesis arribará al mismo sitio que la ponencia que ha sostenido mi colega.

Es que aun cuando no pretenda contribuir desde aquí a la dogmática procesal, entiendo, como he entendido, que ningún sistema de investigación (y no con ello se pierde de vista la adecuación de los medios a los fines, propia del Estado de Derecho) impone rigores insuperables a la pesquisa inmediata a la comisión de un hecho delictual.

El único vallado para esa actividad, dinámica de por sí, es el respeto por la dignidad humana en general, y por los concretos derechos de eventuales imputados, en particular.

Hay un "no salirse de las reglas" cuya explicación pareciera holgada, salvo por la recurrencia de "pre juicios" generados por nuestro pasado cribado de graves abusos.

Pero no me detendré en ello. Sería agregar más tinta a las ya nutridas páginas que han colmado artículos, libros y digestos, construyendo sobre el tema con profundidad y enjundia.

La pregunta es, entonces, si resulta tolerable al sistema fundante el recorrido fotográfico que ejecuta la policía, o, un poco más allá, la exhibición, por los investigadores, de la fotografía de "sospechable" en ese marco (y lo distingo del "sospechoso", como categoría)	Desde la norma que se aplica no observo- prima facie- que pueda formularse óbice alguno.

El Código Procesal Penal de esta Provincia, art. 120, faculta a la Policía (inciso 7°) a ".practicar las diligencias orientadas a la individualización física de los autores y partícipes del hecho punible, con los límites establecidos en este Código.".

Se colige pues que el "paseo visual" de la víctima o del testigo sobre una panoplia de rostros que están en los archivos de la policía no implica "per se" quiebre alguno en el complejo legal.

Puede discutirse si esto influirá o no en el proceso evocativo del protagonista, si resulta más razonable el "retrato hablado" que el muestreo, si ese muestreo es sobre ciertas personas y no otras, pero lo cierto es que ocurrida la noticia de algún dato que permita develar una identidad (la del autor, en este análisis), la prescripción legal no implica veda en la medida en que de ella no resulte una grosera y ostensible influencia sobre el actor ni provoque, en los que pesquisan, ideas prepósteras (invertidas) que se traduzcan en buscar la prueba que incrimine al indicado, y no aquella que descifre al hecho y su autor.

No estoy de acuerdo con que el recorrido tenga necesariamente por fin último buscar una morfología (un parecido); eso es un resultado eventual de la exhibición, que tiene por presupuesto la narración de quien ha visto directa o inmediatamente un rostro. De allí que los límites que a la convicción conduce el muestreo son cortos. Sus fronteras están demarcadas por la realización de las identificaciones que él mismo regula: el reconocimiento en rueda y el reconocimiento fotográfico, que son prueba y pueden, como ha ocurrido, hacerse valer en el debate.

La policía, así, no puede producir prueba reservada exclusivamente a la jurisdicción.

De ello deduzco que la muestra de imágenes una o varias, que no es prueba sino acto pre- procesal, tiene el vuelo corto de la mera indicación que cae cuando es contradicha o está en el mundo del juicio sin sostén alguno.

Si un llamado anónimo (insuficiente por si mismo) señala a una persona o varias y la policía somete a la víctima a un recorrido, no veo la trasgresión, a menos que el que reconoce sea influenciado malamente por la autoridad pública.

Se me ocurre difícil pensar en la justificación de una coerción física-cualquiera- sobre el "sospechable", a partir de un mero anónimo; y de hecho la sumisión a un acto procesal como objeto de prueba lo es, sin fuerte razón.

Pero en el caso no ha de pensarse más allá de ésto como la afirmación acerca de una manera de ver las cosas, pues el fracaso de la rueda de reconocimiento sobre el imputado hace cesar cualquier discusión sobre su valor, que es cero.

Si los jueces se preguntaron: ". puede adquirirse alguna certeza de ese segundo recorrido fotográfico realizado por V. el 30 de Abril?...", la negación se encuentra presente empero la perspectiva diferente. Ergo la solución es correcta.

Otro elemento de cargo que se desechó en forma atinada, previa declaración de nulidad, fue la prueba de ADN realizada sobre la muestra extraída presuntamente de C.

Dos razones se invocaron para nulificarla: 1. la doctrina del "fruto del árbol venenoso", por haber derivado del recorrido fotográfico nulificado, y 2. la irregular incorporación al proceso, ya que no existió acta que avalara dicho acto, y el Médico sindicado como actuante en dicha diligencia, el doctor N., al deponer, no recordó haber realizado tal acto.

Si bien he tomado posición en torno del recorrido fotográfico, encuentro razón en la desconsideración basada en la manera en que la prueba se produjo.

No es una cuestión menor, todo lo contrario, el hecho que no existe registro que ligue la muestra 1 del test con C., el presunto donante.

Por lo que se echa de ver la cadena de seguridad ha sido quebrada de manera grosera, no existe, y por ende impide la adjudicación y puesta en valor de la muestra.

Los Magistrados también se explayaron sobre las restantes pruebas que comprometían al incuso y explicaron, en cada caso, las razones que impedían su utilización en el juicio.

La mentada confesión espontánea a los efectivos policiales que participaron en su detención fue excluida porque un testigo de cargo declaró que no escuchó tales expresiones auto incriminantes, y solo vio cuando los policías golpeaban a un hombre en el estómago, y que por la forma en que lo hacían le impedía pensar que se tratara de una mujer.

Esa mera indicación, que no es desdeñable en un contexto seguro, pierde fuerza y es razonable que no se tome en consideración a la hora de valorar el plexo.

Juzgo que mediante un adecuado tratamiento, la "a-quo" consideró otros elementos como las características físicas del empapelado, los dichos del coimputado y el reconocimiento de propiedad de la gorra secuestrada en el lugar de los hechos, brindando, en sus argumentos, razones atendibles de por qué no fueron útiles para forjar un estado de certeza respecto de la autoría adjudicada.

Ello es correcto y está vedado aquí revisarlo. Como lo decía al principio, solo cuando resulte evidente una grotesca exposición justificativa tiene competencia la Sala para ingresar en el terreno propuesto por el Ministerio Público.

IV. Epílogo Así las cosas asiento en que debe rechazarse la impugnación extraordinaria del Ministerio Público Fiscal, y confirmarse la sentencia en crisis, con costas.

Así me expido y voto.

El Juez Daniel Luis Caneo dijo:

I. Las relaciones formuladas por mis distinguidos colegas de Sala me eximen de recrear los antecedentes del caso.

Los comentarios sobre la sentencia y la impugnación extraordinaria deducida han sido vertidos de manera completa y constituiría un desatino volver sobre ellos al solo fin de engrosar con palabras mi voto.

De modo entonces que andaré sobre él sin más prólogo.

II. La cuestión resulta revisable pues la sentencia absolutoria es de aquellas resoluciones impugnables en los términos del art. 373 del C.P.P. y la invocación realizada por quien la ha impugnado se sostiene en el inciso 3° del precepto que se trata.

Por lo demás, coincido con los Jueces que han emitido su voto en punto a la legitimación subjetiva y objetiva del Ministerio Público para introducir el recurso.

Por otro lado el art. 378 inc. 2° del C.P.P. estatuye a favor del titular de la acción la capacidad de impugnar las decisiones judiciales, en particular la sentencia absolutoria, ".si hubiere requerido una pena superior a los tres años de privación de libertad .".

En el presente caso la pretensión punitiva ha sido superior al límite indicado, ya que encuadró el hecho investigado en la figura descripta en el art. 165 del C.P.

III. Salvado este necesario aspecto me dedicaré a los agravios, límite infranqueable de la inspección no ordinaria.

Teniendo en cuenta la absolución dictada a favor del imputado, habrá de aplicarse la doctrina legal sentada por esta Sala en cuanto a la observancia estricta de los límites fijados por el ordenamiento adjetivo para este tipo de revisión.

IV. El Tribunal de Juicio de la ciudad de Puerto Madryn absolvió a J. O. C. del delito de homicidio en ocasión de robo, agravado por la participación de un menor en carácter de autor.

La sentencia analizó en primer término lo atinente a la materialidad del hecho, lo cual no ofreció inconveniente alguno.

Luego, al abordar el tema de la autoría, se analizó el plexo probatorio existente en contra de J. O. C.

Los tres jueces pusieron especial interés en los recorridos fotográficos practicados en sede policial, ya que a partir de ellos se compiló material probatorio y se sometió al imputado al proceso.

No creo necesario reiterar los argumentos dados por el a-quo al declarar la ilegitimidad de la medida de prueba dispuesta en sede policial, merced a la prolija enunciación realizada por el doctor Panizzi.

Igualmente adelanto que adhiero al criterio sustentado por mi colega del segundo voto respecto a la legalidad del muestreo fotográfico realizado en segundo término.

El Código Procesal Penal faculta a la policía a realizar todas aquellas diligencias orientadas a la individualización de los autores del hecho.

El recorrido fotográfico es una medida que realiza la prevención cuando se desconocen los datos del autor. En el presente caso existió un llamado anónimo que sindicó a C. y, no obstante esta información, se decidió la exhibición del álbum a la víctima. Esta circunstancia no acarrea per se la nulidad, y, en todo caso, serán los jueces quienes decidan el valor probatorio que le darán a este acto.

En cuanto a la prueba de ADN, el a-quo analizó la nulidad cuestionada. Sostuvo que si bien esta prueba resultaba nula por aplicación de la doctrina del "fruto del árbol venenoso" -por haber derivado del recorrido fotográfico declarado nulo-, lo que realmente nulificaba la medida era la omisión por parte de la Fiscalía de presentar el acta en donde conste la extracción de muestras al imputado.

De esta manera no se tiene por válida la pericia de ADN en contra de C.

Respecto a la confesión del encausado, vuelvo a coincidir con los jueces de mérito en la decisión tomada. La declaración del testigo de actuación que niega haberlo escuchado adjudicándose el hecho y que dijo haber observado cuando personal policial lo golpeo, son más que suficientes para descartar esta manifestación del plexo probatorio incorporado. V. Así las cosas no encuentro en la protesta ningún motivo que autorice modificar el criterio sustentado por el Tribunal.

Los temas que trajo el Ministerio Público Fiscal a esta instancia han sido debidamente analizados en la anterior etapa.

Además, el razonamiento intelectual volcado en el fallo es correcto, y se evaluaron los elementos probatorios incorporados al debate, los que consideraron insuficientes para llegar a la certeza que exige una sentencia condenatoria.	Siendo ello así, entiendo que el recurso interpuesto por la Fiscalía es inadmisible y corresponde confirmar la sentencia en crisis.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--------------- S E N T E N C I A --------------- 1º) Rechazar la impugnación extraordinaria articulada por la Fiscala General de Puerto Madryn a fojas 239/247 vta.

2º) Confirmar la sentencia del Tribunal Colegiado de Puerto Madryn, protocolizada bajo el número 80/2010 (hojas 222/237).

3º) La presente es firmada por dos Miembros por encontrarse ausente, en uso de licencia, el doctor Alejandro J. Panizzi.

4°) Protocolícese y notifíquese.- Fdo. Jorge Pfleger-Daniel Luis Caneo-Ante mí: José A. Ferreyra Secretario. Registrada bajo el n° 08 del año 2013. Conste.