Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-12-20


AUTOS 117871 (C.C. - SALA IV - Nº 27) DEL Juzgado Contencioso Administrativo, CARATULADOS: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ Brkic Ariel Walter - Ejecución Fiscal Monitoria".- San Juan, a 20 días del mes de Diciembre de dos mil doce. - - - - - - - - - VISTO: Para resolver el recurso de apelación concedido al demandado a fs 157, contra la sentencia de fecha 04 de Mayo de dos mil doce obrante a fs 151/155 de estos autos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y CONSIDERANDO: En la sentencia apelada el Juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo resolvió: I) Rechazar el planteo de perención de instancia formulado por la parte demandada, con costas a su cargo (art. 67 del C.P.C.) II) Rechazar las excepciones de inhabilidad de título, espera, compromiso documentado, y pago opuestas por el ejecutado ARIEL WALTER BRKIC conforme los argumentos dados en la presente resolución; III) Mantener lo resuelto en el punto I) de la sentencia monitoria dictada a fs 10 y vta de autos, conforme establece el artículo 514 del C.P.C. IV) Regular los honorarios del Dr. Bruno Lanciani como apoderado de la parte ejecutante gananciosa en el 21% de la liquidación que oportunamente se practique; y a los Dres. Carlos Guillermo Infante y Gustavo A . Mulet, en forma conjunta como apoderados de la ejecutada excepcionante perdiosa en un 60% de lo que le corresponda al apoderado de la ejecutante (art. 190 ley 2150). V) Por la labor desarrollada en el incidente de perención de Instancia como apoderado de la ejecutante y ganancioso, se regula a favor del Dr. Bruno Lanciani la suma de Pesos Un mil ($1000); y a favor de los letrados de la incidentista perdiosa, Dres. Guillermo Infante y Gustavo Mulet, la suma de Pesos Setecientos ($700). Ambas regulaciones se calculan conforme las pautas establecidas en los arts. 215/216 y 188 de la ley 2150 atento que la cuestión en sí carece de contenido económico; y a la fecha de este resolutorio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contra dicha sentencia la actora interpuso recurso de apelación obrante a fs 56, expresando agravios a fs 158/163 de autos, replicados por la ejecutante a fs 174/178. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La sentencia apelada causa agravios al recurrente en cuanto rechaza la perención de instancia planteada afirmando que el juez a-quo yerra al considerar que, con el dictado de la sentencia monitoria culmina la instancia y por ende la demandada interviene por primera vez en la etapa de ejecución de sentencia conforme artículo 277 inc. 3° del C.P.C., pues conforme las normas del C.P.C. El demandado esta habilitado a oponerse a la sentencia monitoria por lo tanto también lo esta para plantear la perención de instancia conforme lo prevé el artículo 274 inc. 2° y 279 del C.P.C. , por lo que entiende que la primer presentación del demandado en el proceso montorio no se produce en la etapa de ejecución de sentencia; destacando asimismo que el artículo 279 del C.P.C. Legítima al demandado a solicitar la caducidad de instancia ya que éste es el natural interesado en provocar su extinción, reconociendo tal regla una excepción consistente en la posibilidad procesal otorgada al actor en plantear la perención contra la oposición que efectúa el demandado a la sentencia montoria; señala asimismo que esta facultad acordada al actor no debe implicar el desconocimiento de la legitimación del demandado para oponer la caducidad. Cita doctrina y jurisprudencia sobre su posición. - - - - - - - - - También le agravia la sentencia en cuanto, por aplicación del artículo 512 ap. 3° del C.P.C., el juez a-quo desestima parte de la prueba ofrecida por el ejecutado (confesional, pericial contable, e informativa) en atención a la índole de las defensas opuesta y la propia naturaleza del proceso ejecutivo, siendo que la norma citada por el a-quo determina que éste, por resolución fundada, podrá desestimar la prueba manifiestamente inadmisible, por lo que a tenor de lo establecido por los arts. 546 y 547 del C.P.C. corresponde revocar la decisión cuestionada y abrirse la causa a prueba y ordenar su producción, habida cuenta que con la prueba denegada se puede alcanzar la verdad jurídica objetiva. Asimismo expresa que el juez a-quo incurre en contradicción al denegar la prueba ofrecida por su parte, mientras que en ocasión de desestimar las defensas opuestas (espera, compromiso y pago documentado), manifiesta que el ejecutado no aportó documentación alguna para su sostén ya que ninguna de las constancias acompañadas aluden a pagos o compromisos documentados o esperas. Luego afirma que si tal prueba se encontraba en poder de un 3°- administración Pública-, el juez a-quo debió haber admitido tal prueba, en especial la informativa. Destacando que esta circunstancia pone en evidencia que la sentencia apelada vulnera el derecho de defensa de su parte, favoreciendo al accionante en detrimento del principio constitucional de igualdad ante la ley.- - - - - Asimismo se agravia el recurrente en cuanto considera que no se cumplió el requisito establecido por el artículo 92 del Código Tributario que estipula que el certificado de deuda debe estar debidamente firmado por el Director de Rentas y el Contador General de la Provincia, no reflejando la existencia de una franquicia Tributaria otorgada por ley de la Provincia de San Juan, por lo que los certificados en ejecución son inhábiles intrínsecamente y extrínsecamente. Señala que su parte estaba gozando de las franquicias Tributarias otorgadas por la ley 6896 conforme constancias obrantes en autos (fs. 14/114) por lo que la administración tenía pleno conocimiento de ello estando obligada, en consecuencia, a respetar el procedimiento administrativo establecido por los artículos 32 al 37 del Código Tributario. Señala asimismo que la actora debió intimar al contribuyente para ver si este hacía uso de la franquicia del mes de Noviembre de 2.005, antes de emitir el certificado, de lo contrario la administración esta cobrando a sabiendas un impuesto al que no tiene derecho a cobrar. Cita jurisprudencia en su apoyo. Expresa que tales falencias le han impedido ejercer su derecho de defensa. También manifiesta que su representada, con anterioridad a la emisión de los títulos ejecutivos, conformó dos planes de pago (aceptados por la DGR) , hecho que importa una espera o un compromiso documento por lo que solicita la revocación total del fallo recurrido debiendo admitirse la excepción de inhabilidad de título oportunamente planteada. Formula reserva Constitucional.- - - - - - - - - A fs 174/178 la actora replica la expresión de agravios cuyos argumentos, por razones de brevedad se dan por reproducidos . - - - - - A fs 190 obra certificado de autos a despacho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Expuestos sucintamente los antecedentes de la sentencia y de los agravios, corresponde al tribunal su estudio a fin de dictar la resolución que corresponda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En relación a la naturaleza jurídica del procedimiento monitorio, cuya perención se peticiona, cabe señalar que, en la exposición de motivos de la ley 8037 se expresa que: "En el Libro III, se ha incluido un tipo de procedimiento que es innovativo en materia procesal, y es tal vez la incorporación que más transforma el perfil de este código de procedimientos, nos referimos al proceso de estructura monitoria. Este procede en los supuestos expresamente mencionados en la normativa, con exigencias que hacen a la certidumbre del derecho, como es la presentación, para su admisión, de instrumento público o privado reconocido judicialmente, o con firma certificada por notario público. Con ello no se impide el contradictorio ni se vulnera el derecho de defensa en juicio, sino que se posterga la eventual oposición con posterioridad al dictado de la sentencia monitoria, donde el oponente tendrá la carga de la prueba, la que no podrá limitarse exclusivamente a la testimonial. "(PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL (P.L.P.) o Provincia de San Juan Norma: LEY 7962 Emisor: PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL (P.L.P.) Sumario: Código Procesal Civil, Comercial y de Minería -- Vigencia temporal -- Incorporación del art.809 a la ley 7942. Alcance: General Fecha de Sanción: 22/12/2008 La Leyonline). Sin lugar a dudas el legislador ha previsto, a través de la implementación de este tipo de procedimiento, que la intervención del demandado se produzca con posterioridad al dictado de la sentencia monitoria, es decir cuando la instancia ha concluido. Esta unilateralidad en que tramita el procedimiento monitorio esta orientado precisamente a evitar la perención de la instancia. La cuestión esta dada por la naturaleza misma del procedimiento monitorio, pues como lo afirma Morahan Mario: " Es que, si sostenemos que el sistema monitorio se inicia con la petición del acreedor y concluye directamente con el dictado de la sentencia monitoria; ateniéndonos entonces a la concepción clásica de que todo proceso de corte contencioso se inicia con la demanda y concluye con sentencia definitiva previa sustanciación y consecuente respeto al principio de bilateralidad, advertimos entonces en la especie y en forma liminar, la inexistencia de la mentada bilateralidad en la estructura monitoria. Es por ello que, en rigor, afirmamos que no estamos en presencia de un proceso en el sentido estricto de su definición. Dicha conclusión se refuerza aún mas a poco que advertimos que, de acuerdo al esquema monitorio, si al deudor le interesa oponerse, y pretende de esta manera ejercitar la garantía conferida por la Carta Magna de Defensa en Juicio, debe necesariamente promover el contradictorio, que se inicia propiamente con su oposición a la sentencia monitoria." (Voces: DERECHO COMPARADO ~ PROCESO MONITORIO ~ CELERIDAD PROCESAL ~ TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ~ DOCTRINA DE LA CORTE SUPREMA ~ DEBIDO PROCESO ~ PROVINCIA DE ENTRE RIOS ~ ECONOMÍA PROCESAL Título: La hora del procedimiento monitorio. La bienvenida implementación en la Provincia de Entre Ríos de una estructura procesal con siglos de vigencia. Autor: Morahan, Mariano - fuente La Leyonline).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cabe señalar que la facultad de oponerse a la sentencia monitoria no importa reconocer al demandado la posibilidad de solicitar la perención de la instancia, pues como bien se ha dicho, resulta indiscutible afirmar que con la sentencia monitoria concluye la instancia, tan es así que el artículo 279 del C.P.C. veda tal posibilidad al demandado, no obsta a tal razonamiento lo expresado por el último párrafo del artículo en mención que esta referido a los demás procesos judiciales con exclusión del procedimiento monitorio. Este razonamiento encuentra apoyo en la facultad acordada al actor, ante la oposición a la sentencia monitoria, de peticionar la caducidad de la incidencia planteada a los fines de consolidar la fuerza ejecutoria de la sentencia monitoria, es por ello que el artículo 282 inc. e) del C.P.C. Determina como efecto jurídico de la perención de instancia dar fuerza de cosa juzgada a la sentencia monitoria. "El apartado e) otorga la calidad de cosa juzgada a la sentencia monitoria .Esto es una consecuencia lógica, pues si la oposición a ella declina por perención, la sentencia monitoria, adquiere la cualidad de cosa juzgada, como también ocurrirá si no se plantea oposición a la misma" ("CÓDIGO PROCESAL CIVIL,COMERCIAL Y MINERÍA DE SAN JUAN" Jaime A Velert F. Roberto Pages Lloveras Gustavo A. Velert B T° 2 A Pag. 393 Ed NUEVO ENFOQUE). En atención a ello el planteo de perención de instancia no debe prosperar.- En relación al agravio referente a la denegación de la prueba de las excepciones planteadas por el ejecutado (confesional, pericial contable e informativa), cabe señalar que el juez -aquo a fs 155 de la sentencia ha fundamentado adecuadamente su rechazo al afirmar que las únicas defensas oponibles a la ejecución fiscal están previstas por el artículo 93 del Código Tributario pesando sobre el ejecutado la carga de acompañar, con el escrito, mediante el cual opone la excepción el documento probatorio del pago. En el caso de autos se estima que la juez a-quo ha satisfecho el recaudo establecido por el artículo 512 ap. 3° del C.P.C.; pues del análisis y resolución de cada una de las excepciones planteadas por el ejecutado se colige la impertinencia de la prueba ofrecida; sin perjuicio de ello se advierte que la recurrente en su expresión de agravios no indica en que modo le ha afectado a su parte la prueba denegada, insistiendo con algunas cuestiones oportunamente planteadas en la oposición a la sentencia monitoria, en este sentido la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Minería de San Juan Sala II ha dicho que: "Con la lectura del memorial de agravios bastaría para rechazar el recurso de apelación pues el mismo lejos de demostrar" ... el desacierto de la sentencia que se recurre e indicar de modo concreto los motivos que tienen para considerarla errónea, con argumentaciones que tengan virtualidad suficiente para destruir los argumentos desarrollados por el sentenciante y así producir convicción en el Tribunal de Alzada..." (L.A. -2003- T° III- F° 189/191 y 186/188 - 12/12/03), se limita a reiterar los argumentos argüidos al oponer las excepciones en la instancia anterior dejando la sentencia inalterable. No obstante ello y a mayor abundamiento cabe recordar que el título ejecutivo fiscal es el documento expedido unilateralmente por funcionarios competentes, con las formalidades que el ordenamiento jurídico establece, de donde la certificación de una deuda por los funcionarios autorizados da lugar a la procedencia de la ejecución de acuerdo con lo que determinan las leyes especiales en la materia. (CcivComyMineriaSanJuan SalaII) 12/12/2005 Provincia de San Juan c. Martinazzo, Valentín A. y otro Publicado en: La Ley Online; Cita Online: AR/JUR/5774/2005 ). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Similar circunstancia acontece en autos pues el planteo de inhabilidad extrínseca del título por falta de firma del Director de Rentas es improcedente ya que el artículo 92 del C.T. requiere firma indistinta y no conjunta. En relación al planteo de inhabilidad intrínseca del título por haberse incluido períodos sujetos a excención impositiva (Nov. 2005), se advierte que tal exención fue peticionada con posterioridad a la interposición de la acción ejecutiva conforme constancia obrante a fs 43, siendo improcedente por aplicación del artículo 93 inc. 4° del CT. En cuanto al incumplimiento del procedimiento establecido por los artículos 32 al 37 del Código Tributario cabe señalar que no es aplicable al caso, habida cuenta que tal procedimiento administrativo corresponde a la hipótesis de determinación de oficio de la base imponible por falta de presentación de la declaraciones juradas (art. 35 C.T.), sin perjuicio de ello se señala que la demandada fue previamente intimada al pago de la deuda ejecutada, mediante intimación n° 78 según constancia obrante a fs. 04 de autos, por lo que tal planteo deviene en inoficioso. En cuanto al uso de la franquicia establecida por la ley 6896 no es aplicable de oficio, tal como lo pretende el recurrente, sino que la misma es otorgada a solicitud del interesado y acreditando los requisitos que establece el artículo 6° del Decreto Provincial N° 1175/79 reglamentario de la ley 6896.- - - - - - - - - En cuanto al agravio fundado en que el ejecutado conformó dos planes de pago con anterioridad a la ejecución instada el autos y por ende procede hacer lugar a la excepción de espera o compromiso documentado, cabe señalar que el juez a-quo correctamente rechazó tal excepción ya que pesa sobre el demandado la carga de aportar la prueba en ocasión de plantear las excepciones; tal argumento esta respaldado por la norma contenida por el artículo 96 del Código Tributario. En consecuencia no se advierte contradicción en la sentencia, pues el juez a-quo desestimó la producción de la prueba inoficiosa y rechazó las excepciones, cuya prueba debía acompañar el ejecutado al formular la oposición a la sentencia monitoria. Corresponde señalar que las ejecuciones fiscales presentan especiales características diferenciales al resto de las ejecuciones tradicionales, así la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta brinda una minuciosa descripción de tal procedimiento afirmando que: "Conforme se ha señalado, el título ejecutivo fiscal debe contener un crédito, exigible al igual que los demás títulos ejecutivos, en el que conste la fecha de su emisión, el monto, nombre del acreedor y del deudor y demás recaudos que establezcan las leyes especiales que lo regulen y le otorguen naturaleza ejecutiva (CACC Salta, sala III, fallos año 2001, f° 963). También se ha dicho que la ejecución fiscal se encuentra prevista en los arts. 614 y 615 del CPCC, los que contemplan su procedencia, "por la vía judicial, cuando se persiga el cobro de impuestos, patentes, tasas, retribución de servicios o mejoras, multas adeudadas a la Administración pública... y en los demás casos que las leyes establecen". A su turno, se autorizan las excepciones contempladas en los arts. 554 y 555 inc. 1, al despacho de la ejecución fiscal, con la salvedad que "sólo podrán probarse por instrumentos público o privado o actuaciones judiciales". Por ende, las ejecuciones fiscales son procesos ejecutivos especialmente regulados. Atendiendo al origen y formación del título, responden a una naturaleza administrativa, ya que son creados por entidades públicas con el fin de perseguir gravámenes indispensables para su desenvolvimiento (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Comentado", t. 3, p. 377). Es decir que reconoce la ley el derecho a promover este particular juicio privilegiado. Considerando la función pública de los servicios prestados a la sociedad, siendo un rango distintivo del título fiscal el de su "unilateralidad", lo cual supone que en uso de las facultades reconocidas y dentro de su competencia, el funcionario expide el certificado de deuda representado por la forma escrita y conteniendo los presupuestos sustanciales del título ejecutivo, a saber: la individualización de la persona obligada (propietario del bien, usuario, contribuyente), monto en pesos, exigibilidad de la prestación y causa de ella. El certificado así extendido tiene el valor de un instrumento público (doctrina del art. 979 inc. 2 Cód. Civil) con las consecuencias jurídicas de impedir al accionado desconocer, en principio, sus constancias, aun cuando conviene subrayar que la expedición de la boleta de deuda no es discrecional por el agente, pues el acto debe encuadrarse dentro de los límites legales (Fenochietto-Arazi, ob. cit., p. 78). (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, sala IV (CCivyComSalta) (SalaIV); 28/06/2005; "Dirección Gral. de Rentas de la Provincia de Salta c. Fiat Uno S.A. de Ahorro" Publicado en: LLNOA2006 (abril), 347 Cita Online: AR/JUR/3381/2005).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En atención a lo expuesto los restantes agravios tampoco prosperan.- COSTAS: Atento el resultado del recurso y lo establecido por el artículo 66 del C.P.C. las costas, en esta instancia, se imponen a la demandada vencida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El presente fallo se expide con dos firmas en virtud de lo establecido por el art. 257 del C.P.C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por todo ello, SE RESUELVE: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha: 04 de Mayo de dos mil doce obrante a fs 151/155vta, la que es confirmada en todas sus partes por los fundamentos expuestos en los considerandos. II) Imponer las costas al apelante; III) Tener presente la reservas formuladas.- - - - - - - - - - Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FDO. DR. JUAN JESUS ROMERO Y DRA. ESTELA ZORRILLA. ANTE MI DR. OSCAR ROLANDO CABRERA - SECRETARIO.- PROT. DE AUTOS T°I FS. 43/48 AÑO 2012.