marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo de temporada, rescisión del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: Zamora, Iris Nelly c/ Fili, Vicente s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-04-24

En el contrato de trabajo de temporada, el trabajador adquiere los derechos que la Ley de Contrato de Trabajo asigna a los trabajadores permanentes de prestación continua a partir de su contratación en la primera temporada, siempre que responda a necesidades también permanentes de la empresa, de conformidad al 2º párrafo del artículo 97 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es obligación del dependiente manifestar su disposición de desempeñarse en la temporada inmediata antes de su iniciación. La actora en autos no acreditó haber cumplido dicha obligación, sin embargo se apersonó y prestó servicios en los meses de inicio de la nueva temporada. En tal caso, el silencio de la trabajadora no puede equipararse a la voluntad de rescisión que pretende la demandada, sino por el contrario existe voluntad de reanudación del trabajo, tanto por parte de la actora como de la empleadora, que abonó esos meses, según dan cuenta los recibos acompañados. La voluntad rescisoria del empleador de no consentir una nueva temporada debió ser comunicada a la empleada y consentida por ésta. No basta la invocación de razones humanitarias que permitieron el trabajo en el período cuestionado. el proceder de la patronal de rescindir el vínculo deviene ante tempus, por cuanto el dependiente estaba prestando servicios.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: TIGLIO, Eduardo Marcelo s/ Lesiones Culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-06

Su condición de víctima y denunciante no le resta habilidad al declarante por cuanto en sus exposiciones se limitó a efectuar referencias objetivas del hecho en su desarrollo (arts. 149 seg.par., 150 prim. par., 251, 253 y 254).
Divorcio del 67 bis, disolución de la sociedad conyugal, efecto retroactivo
Materia: CIVIL
Carátula: I. DE B.Z.M. y B.N.M. s/ DIVORCIO 67 BIS INC. 260 C.P.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09

Tratándose de un divorcio tramitado por el procedimiento del art. 67 bis, de la ley 2393, la disolución de la sociedad conyugal debe tenerse por operada el día de presentación de ambos cónyuges solicitándolo.

Entre los efectos de la separación de hecho y sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 1306 del Código Civil, no está la disolución de la sociedad conyugal, que continúa en vigencia, con prescindencia de que los esposos, vivan separados o no. La única incidencia que tiene sobre el régimen de los bienes ese estado de separación de hecho es que el cónyuge culpable, cuando se operare la disolución de la sociedad conyugal, no podría participar de los bienes que, con posterioridad a la separación de hecho, aumentaron el patrimonio del no culpable.
Nulidad procesal, instrucción de oficio, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: PEON, HORACIO s/ denuncia Causa Nro. 33064.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-25

Si bien debe estimarse viciado de nulidad lo actuado (incluso el sobreseimiento) en una causa iniciada "en virtud de un desprendimiento" de otra causa (por estar en abierta transgresión al art. 195 del C.P.P. vigente en ese entonces (ley 23984)) puesto que no concurre ninguno de los supuestos que autorizan a iniciar la instrucción, es deber del tribunal proceder a subsanar los vicios incurridos (Cf. art. 168 del código citado) para lo cual resulta necesario remitirse a las manifestaciones de voluntad del Ministerio Público en el sentido de requerir la instrucción.- Siendo éstas insuficientes para proseguir el trámite desde que no reúnen el recaudo sustancial de relacionar circunstanciadamente el hecho que se trataría de averiguar (Cf. art. 188, inc. 2, del citado código) corresponde revocar el sobreseimiento a fin de que el Juez "a quo" confiera nueva vista al agente fiscal a los fines previstos en los art. 180 y 188 del Código Procesal Penal, proveyendo luego en consecuencia.
Procedimiento laboral, contenido de la demanda, defensa en juicio, recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Baiz, Hugo Eusebio y/u otros c/ Edesa S.A. y/o S.I.N. S.A. - Sociedad Integrada del Norte S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-06-25

Si bien lo atinente a la determinación del alcance de las peticiones de las partes está en principio reservada a los jueces de la causa, corresponde hacer excepción a esta regla cuando el pronunciamiento contradice en forma abierta o manifiesta otras constancias del expediente de manera que tal contradicción -que también puede asumir la forma de una omisión- tenga incidencia sobre el resultado del pleito.

Por lo tanto, incurre en un excesivo rigor ritual la sentencia que confirmó el rechazo del pedido de diferencias salariales por entender que no se expusieron las tareas de los actores, los haberes percibidos y su correlato con las categorías reclamadas, pero omitió analizar el contenido de las planillas acompañadas como parte integrante de la demanda en las que se detallan los datos personales de los actores, cargo, categoría, función y jerarquía, haberes percibidos y diferencias salariales por aplicación del C.C.T.
Deberes y facultades del juez, interpretación de tratados internacionales, jerarquía de los Tratados Internacionales, República Argentina, estado parte, responsabilidad internacional del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa N° 1174-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-07

Corresponde a la Corte Suprema velar porque los tribunales argentinos cumplan con los estándares a los que está sometida la tarea judicial de acuerdo con los instrumentos internacionales aprobados por el país, de modo tal que sus fallos puedan resistir el desafío de su impugnación ante instancias competentes para fijar la responsabilidad del Estado argentino (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay).
Sociedad conyugal, gestión de bienes, disposición de bienes, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: P., M. E. L. c/ F, J.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-29

El requisito exigido por el art. 1277 del Código Civil para los bienes que lo requieren, entre los cuales se encuentran incluidos los automotores, no es de carácter formal ya que tiene como fundamento o finalidad la protección de los derechos patrimoniales de la sociedad conyugal (conf. CNCiv. Sala B, febrero 25-1982, "B., E.B.L. R." ED 102-284). Así, el acto concluido sin ese requisito es nulo o anulable cuando lo peticiona el cónyuge cuyo consentimiento fuera omitido por violación de una incapacidad para contratar, según que la incapacidad fuera conocida o no al tiempo de celebrarse el contrato (arts. 18, 1160, 1043, 1045 del Código Civil) (Conf.

Guaglianoni, Régimen Patrimonial de matrimonio, T.II, N° 321, pág. 387; Zannoni, Derecho de familia, T.I, pto.412, pág. 605).
Facilitación culposa de contrabando por funcionario aduanero, violación al deber de cuidado, importaciones, aplicación temporal de la ley, prueba
Materia: PENAL
Carátula: LOUSSINIAN, EDUARDO s/ Contrabando Causa 30141
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-06

1- El cúmulo de tareas no alcanza a justificar la transgresión de un deber de cuidado como el que incumbe al funcionario encargado de verificar la corrección de los despachos de importación que se hacían con el beneficio de una licencia arancelaria ya utilizada.

(Del voto del Dr. Hendler).- 2- La transgresión de un deber de cuidado permite imputar la comisión de delito castigado en la forma culposa, conforme al art.

868 del Código Aduanero pero resulta inaplicable a hechos ocurridos antes de que entrara en vigencia. (Del voto del Dr. Hendler).- 3- Si la sospecha de la actividad culposa del procesado se trata de una inferencia, es decir y en la terminología de la ley procesal, una presunción, eso es insuficiente como prueba plena por su carácter singular y equívoco. En el caso, cabe advertir además la incoherencia de la participación en la maniobra cuando no existe vinculación alguna del funcionario con los beneficiarios, si ninguna prueba directa no indiciaria se aportó, que de siquiera pista de tal vinculación.
Honorarios del abogado, sucesiones, prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: LOZANO, Carlina Clotilde s/ SUCESIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-20

1- El plazo de prescripción de dos años que establece el art. 4032, inc.1° del Código Civil para el cobro de honorarios profesionales en una sucesión, comienza a correr desde que cesó la actuación profesional o desde que el proceso concluyó con las inscripciones de los bienes. 2- De modo que si uno de los inmuebles no fue inscripto, la labor profesional no había concluido, a lo que se suma que el interesado recién la da por terminada con posterioridad siendo desde esta oportunidad en la que comienza el cómputo del plazo de prescripción.
Auto de falta de mérito, falta de fundamentación, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: BRIZUELA, Catalina Candelaria s/ Incidente de apelación del auto de falta de mérito de Causa nro. 11.724
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

El Sr. Fiscal de Cámara, al expresar agravios advirtió sobre la falta de fundamentación del decisorio respecto de una persona. En tal sentido, atendiendo al contenido de dicha resolución, resulta que la decisión a que alude el artículo 309 del ritual debe dictarse mediante auto -en los términos del artículo 122- y que éste por mandato del artículo 123 del mismo cuerpo legal, deberá ser motivado bajo pena de nulidad, lo que así se dispone.
Honorarios, regulación de honorarios, prescripción, aplicación de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MARTIN, JULIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 300 AÑO 1988)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-22

Es jurisprudencia de este Tribunal en materia de prescripción de honorarios que tanto el derecho a regularlos como a cobrarlos caen en la órbita del artículo 4023 del Código Civil, quedando reservado la previsión del inciso 1) del artículo 4032 de ese ordenamiento para los supuestos de la acción del profesional contra su cliente. Y no justifica un viraje en la doctrina seguida por esta Corte -si bien consagrada con distinta integración a la actual- la jurisprudencia elaborada por el Máximo Tribunal de la Nación, desde que sus antecedentes son oscilantes sin marcar un rumbo definido en la cuestión. En definitiva, la ausencia de una doctrina consolidada de la Corte Federal en el tema de autos y el matiz interpretativo que ha dado a la cuestión, permiten sostener que no es de aplicación la paladina jurisprudencia de ese Tribunal acerca del sometimiento obligatorio a sus fallos, por lo cual no se advierten razones de peso que permitan variar la interpretación asignada por este Órgano a las normas involucradas. (del voto en disidencia del Dr. Falistocco).
Pago, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lamaison, Jorge Walter c/ Beneitez, Miguel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05

El hecho de encontrarse la factura en poder de una de las partes torna presumible que fue ella quien realizó el pago del importe allí indicado.-
Excarcelación, peligrosidad del imputado, circunstancias que impiden la excarcelación, presunción de inocencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Naveda, Laura Gema s/ Incidente de Excarcelación de Naveda, Laura Gema por Violación de Domicilio, en perjuicio de Orlando Daniel Olivera
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-11-14

Restringir la libertad ambulatoria del inculpado con fundamento en su supuesta peligrosidad moral, implica, sin más, la consagración de una concepción ajena al instituto, repugnando a nuestro ordenamiento constitucional liberal, que se sustenta en dos principios fundamentales, como lo son el de inocencia y el de igualdad ante la ley.

La denegatoria de la excarcelación fundada en el criterio de peligrosidad moral del imputado, no encuentra legitimación alguna en nuestro ordenamiento vigente, por cuanto éste recepta el principio de la peligrosidad procesal, entendida como la posibilidad de que el imputado en libertad pueda entorpecer u obstaculizar el normal desarrollo del proceso o eludir la acción de la Justicia.

Por lo tanto, si la peligrosidad se funda en los criterios de penalidad contenidos en los art. 40 y 41 del Código Penal, que deben ser ponderados al momento del dictado de la sentencia definitiva, evidentemente se estará afectando el principio de inocencia y del debido proceso.
Acción de amparo, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: ARABIA DE BRIZ, LILIANA c/ SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA (S.P.E.P.) s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-08-13

El Superior Tribunal de Justicia es incompetente para intervenir originariamente en acciones de amparo cuando la cuestión objeto del mismo no se refiere a las materias propias, reservadas por la Constitución de la Provincia a su jurisdicción originaria.
Delitos contra el honor, calumnias, injurias, sujeto pasivo, falta de individualización
Materia: PENAL
Carátula: VERBITSKY, H. s/ CALUMNIAS E INJURIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-20

Debe arribarse a la absolución de los querellados por el delito de calumnias e injurias cuando no existe una individualización concreta y directa de quien resulta ser sujeto pasivo del delito contra el honor, máxime cuando se trata de una nota periodística donde se alude a un cabo retirado de la Policía Federal, se acreditó en la causa la existencia de una persona con igual cargo y nombre y el querellante no pertenece a dicha fuerza de seguridad.
Empleados públicos, concursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pignataro, Liliana Beatriz c/ Municipalidad de Gral.Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa Parodi de Seni, Elida Elena c/ Municipalidad de Lanús s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20|2003-10-22

Cuando la Administración Pública convoca a un concurso con el objeto de seleccionar al personal más idóneo para el ejercicio de ciertas funciones públicas y fija las pautas que lo deben regir, se opera una autolimitación en punto a las facultades que posee para el nombramiento de su personal, siendo evidentes que aquéllas obligan tanto a la Administración como a quienes se presentan a él.
Jubilaciones, pensiones, servicios simultáneos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Valero, Nelly Beatriz c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-20

La limitación del cómputo de los servicios reconocidos en el ámbito nacional a aquéllos prestados hasta la fecha del cese provincial devela una interpretación restrictiva y parcializada de las normas legales aplicables, habiéndose prescindido de las disposiciones del sistema de reciprocidad jubilatoria -al que la provincia se encuentra adherida-, con evidente menoscabo de garantías constitucionales (arts. 14 bis, 16 y 17  de la Constitución nacional). (Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, recusación con causa, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: PROCESAL
Carátula: :BATTISTELLI, ALBERTO ENRIQUE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO  POR GLADIS TERESA ECHEVARNE EN AUTOS "BATTISTELLI, ALBERTO ENRIQUE -QUIEBRA-RECURSO DE REVISION CREDITO ECHEVARNE, GLADIS TERESA-" (EXPTE.: C.S.J. NRO. 769 AÑO 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06

Carece de idoneidad a efectos de la apertura de la queja la tacha esgrimida por la compareciente, quien aduce la nulidad de la resolución por haber sido rechazada la recusación con expresión de causa y por no haber ordenado la elevación de los autos a la Cámara para que resuelva, desde que la aplicación e interpretación que realizó la Sala del artículo 17 inciso 5) del Código Procesal Civil y Comercial -aplicable supletoriamente al trámite falencial- respeta los lineamientos sentados por este Cuerpo -si bien con distinta integración- en los precedentes "Banco del Interior y Buenos Aires S.A." y "Marchetti". (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco)
Constitución Nacional, gobierno de facto, ratificación de actos de gobierno, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gaggiamo, Héctor José Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso contenciosoadministrativo de plena jurisdicción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

Si la Nación está regida por la Constitución, no hay mas ley que la sancionada y promulgada de acuerdo a sus disposiciones. Los actos de contenido legislativo emanados de otra fuente son nulos tanto si provienen de un poder constitucional diferente como de un poder de facto.
Plan para la vivienda, normas operativas, deberes de la administración, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M, M. M. c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-13

El derecho a la vivienda forma parte del ordenamiento constitucional argentino; que en el curso de dicha historia jurídica fue, primero, incorporado a la Constitución Nacional y, ya avanzado el siglo veinte, reconocido en la Constitución de la Ciudad; que dicho derecho se enmarca en los conceptos de bienestar general y justicia social, y que el hecho de ser calificado de social no mengua su carácter primigenio de derecho, semejante en estructura y régimen jurídico a los restantes de la Constitución.

Por el contrario, según expone la propia Corte Suprema, hay que extremar el cuidado interpretativo a la hora de analizar un derecho social en la medida en que hay que favorecer la concreción real de la justicia social.

Asimismo, en cuanto derecho genuinamente operativo, él tiene como contrapartida lógica la existencia de deberes estatales, tanto positivos (acciones) como negativos (abstenciones), que pueden ser de carácter legal como administrativo.

Todo este marco jurídico fue luego reforzado, y no limitado, por la creciente relevancia del derecho internacional de los derechos humanos, que tiene un punto de inflexión al adquirir jerarquía constitucional a través de la reforma de 1994.

En cuanto al orden de prelación de la normas de dicho sistema hay que tener en cuenta que en todo debate interpretativo debe primar la norma, nacional o internacional, que ofrece la mayor garantía al derecho involucrado.

Puede observarse que el criterio nacional (in dubio pro justitia socialis) y el criterio internacional (el principio pro homine) conducen a la misma solución.
Compraventa de automotores, responsabilidad solidaria, responsabilidad del fabricante, responsabilidad del vendedor, garantía al consumidor, privación del uso del automotor, desvalorización del automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: HELBLING, CARLOS MARCELO c/ SEVITAR SACIFI Y OTRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-28

Si del peritaje mecánico resulta que la imprevista apertura del capot del vehículo del accionante, impactando contra el parabrisas, mientras circulaba por una ruta, se debió a la debilidad o endeblez de la pieza de fábrica que efectuaba el mecanismo de cierre de aquel, la reparación debió haber sido efectuada por el concesionario que vendió el rodado o por el fabricante, en atención a ser uno de los supuestos comprendidos en la obligación de garantía acordada al usuario; ante la negativa de ambas a asumir tal obligación de garantía de la que son solidariamente responsables, en su condición de vendedora y distribuidora del vehículo, deberán reintegrar al usuario los gastos de reparación -en el caso, $2450, conforme lo peticionado (C.P.C.C. art 163-6º)-, así como los restantes perjuicios inferidos al consumidor por el riesgo o vicio de la cosa enajenada, como en el caso son la pérdida del valor venal -en el caso, $1500 (C.P.C.C. art. 165-3 parte), o la privación de uso del rodado, desestimado en el caso por no haber sido acreditados (cfr. Ley 24240 art. 11, 13 y 40, texto según ley 24999, de defensa del consumidor).
Prescripción adquisitiva, falta de pago, impuestos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MONDRE Daniel c/ Fernandez Carlos U. y Otros s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-11-28

No obstante que el inciso c, decreto-ley 5756/58, establece que será "especialmente considerado" el pago, por parte del poseedor, de impuestos o tasas que gravan el inmueble, ello no impide declarar operada la usucapión aun faltando la demostración de ese extremo si la prueba restante es terminantemente asertiva.
Recurso de reposición (procesal), recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ O. C. I. c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Con arreglo a la doctrina sentada por este Tribunal, sus resoluciones adoptadas con los votos suficientes requeridos por el art. 25, párr. 1°, de la ley 7, no son susceptibles -por regla- de reconsideración, reposición o revocatoria, sobre todo ante la inexistencia en la ley 402 de algún recurso contra sus decisiones. (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, José Osvaldo Casás, Ana María Conde e Inés M. Weinberg).
Competencia, cuestiones de competencia, competencia nacional, competencia federal, desobediencia a un funcionario público, jueces
Materia: PENAL
Carátula: TABOAS HNOS.  S.R.L. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-05-12

La posible desobediencia a un Juez Civil y Comercial Federal es un delito común que, en principio, es de competencia de la Justicia ordinaria de esta Capital, porque a diferencia de la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal, -cuya competencia se extiende fuera de los límites territoriales de la Capital (Fallos C.S.J.N., 269:

403)-, los demás jueces nacionales que integran los fueros federal y ordinario de la Capital tienen limitado al territorio de esta ciudad el ejercicio de la función jurisdiccional, ya que son autoridades nacionales locales.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, presunciones, daños y perjuicios, establecimientos asistenciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Lapido,  Eduardo  Rubén c/ Sanatorio Privado Figueroa Paredes yotros. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-05

Es arbitrario el pronunciamiento que -al atribuir responsabilidad a un sanatorio por haber atendido a un enfermo de características graves careciendo de infraestructura adecuada- ponderó la pericial médica de modo parcializado e insuficiente, fallando sobre la base de presunciones que traslucen sólo una apariencia probatoria, ya que carecen de una relación de causalidad suficiente, pues ninguna se apoya en la demostración de que las consecuencias postoperatorias, pudieran ser el resultado cierto de hechos atribuidos a los demandados.
Prescripción, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Villa Gesell c/ Castellanos, Juan s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

En la ejecución de deudas que tiene su origen en un acto de la Municipalidad, deben aplicarse las normas pertinentes contenidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, norma de derecho administrativo local, que no puede ser desplazada por otras de carácter general. O sea el art. 278 de dicho ordenamiento por sobre el 4027 del C.C.