Sociedad anónima, representación de la sociedad, directorio, presidente del directorio, apartamiento del objeto social, mandato comercial, tercero de buena fe, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Julio S.A. c/ José Antonio Bonadero   P.V.E. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-05-09

1- El sentido que inspira la norma del art. 58, L.S., es el de proteger a los terceros frente a la apariencia de regularidad que ostenta la actuación del representante, no el de "alterar" los mecanismos naturales a través de los cuales se debe formar y manifestar la voluntad de la persona jurídica. Tan es así que, aún cuando la sociedad deba responder ante los terceros por los actos llevados a cabo por quien tiene el uso de la firma social, internamente permanece intacto su derecho a deslindar responsabilidades sobre quien actuó en violación a su sistema orgánico (art. cit., "in fine"). 2- El otorgamiento de poderes de representación, siendo por naturaleza un típico acto de administración, debe ser decidido por el directorio de la sociedad, por ser éste el órgano al que la ley asigna el desempeño de tal función (arg. art. 255, L.S.). El texto de la ley es sumamente elocuente y no deja margen para oposiciones: la administración está a cargo del directorio. La conclusión precedentemente expuesta también encuentra apoyatura en la norma que señala al directorio como el órgano social autorizado a delegar funciones ejecutivas de la administración (art. 270, L.S.), pues éstas presentan con la específica función de representación una vinculación de género a especie. 3- Si la naturaleza administrativa del acto de apoderamiento es un motivo más que suficiente para sustentar la tesis de que la decisión de otorgarlo compete al directorio, existe otro argumento de carácter dirimente que la torna absolutamente incontestable. En efecto, enderezando el análisis hacia el objeto propio del acto en cuestión, es dable concluir no sólo que su conferimiento debe ser decidido por el directorio sino, fundamentalmente, que esta facultad no puede ser ejercida en forma unívoca por el representante de la sociedad, al menos actuando conforme los lineamientos regulares de sus funciones típicas. Queda claro entonces que la decisión atinente al otorgamiento de poderes para representar a una sociedad anónima atañe exclusivamente a su directorio, y no a su presidente. 4- Lo dispuesto en el art. 1924, Cód. Civil, no altera las conclusiones expuestas, por cuanto el sentido que inspira esta norma se justifica en el ámbito de la representación voluntaria o convencional, pero no encuentra cabida en materia de representación societaria, instituto éste que, atento su génesis legal y su carácter orgánico, se rige por normas especiales. 5- La sola circunstancia de que el directorio no se haya expedido previamente sobre el punto no basta per se para descalificar el mandato otorgado por quien ejerce su presidencia, pues de arribarse a la conclusión de que el acto engasta en las previsiones del art. 58, L.S., el mismo gozaría ope legis de plena validez y eficacia frente a terceros, siempre -por supuesto- que se verifiquen los demás extremos que condicionan la operatividad de esa norma en la hipótesis concreta. En principio y por aplicación del citado art. 58, L.S., el ente social queda obligado por el contrato de mandato celebrado por su órgano ejecutivo, vinculación ésta que se extiende hacia todos los actos que ejecute el mandatario al amparo de tal delegación y que involucre a terceros ajenos al mentado negocio jurídico. La creciente necesidad de agilizar la intervención de las personas jurídicas en el tráfico mercantil ha llevado a que, con invocación del comentado art. 58, L.S., el presidente de la sociedad anónima asuma un rol preeminentemente activo en la toma de decisiones y consecuente materialización de innumerables actos de gestión ordinaria, arrogándose "ipso facto" facultades que exceden con crece la mera función representativa que la ley le encomienda. Sin perjuicio de que el precepto legal -según su recta hermenéutica- no se erija en "fuente" de atribuciones ajenas a la mera función de representación, tanto los terceros como las propias sociedades asumen a diario como "legítima" aquella expansión funcional operada en los hechos (sin correlato en el derecho), convalidando tácita y permanentemente la actuación discrecional e inconsulta del representante social. Esa pasividad también se verifica, en la generalidad de los casos, frente a la actuación de los representantes convencionales designados por aquel funcionario. Estas conductas -más allá de la equívoca convicción en que se puedan sustentar- son totalmente válidas y encuentran justificación en el objetivo compartido de privilegiar el principio de celeridad por sobre cualquier otro aspecto. La consagración legislativa de la teoría de la apariencia redunda -por lo general- no sólo en beneficio de los terceros, cuya seguridad negocial reposa en la obligatoriedad que dispone el art. 58 sino, también de las mismísimas sociedades, que ven allanadas las trabas burocráticas. 6- Dado que el art. 58, L.S., no es más que una particularizada manifestación de la teoría de la apariencia, su aplicación se halla condicionada también por la verificación de los requisitos generales inherentes a esta última, a saber: a) una situación de hecho que, por su notoriedad, sea objetivamente idónea para llevar a engaño a los terceros acerca del estado real de aquélla -la apariencia-, y b) buena fe del tercero, consistente en no haber conocido o podido conocer la verdadera situación, obrando con la debida diligencia. Toda relación jurídica que un tercero de buena fe entable con un mandatario designado por el Presidente del Directorio se considerará concluida con la sociedad misma, con abstracción de que esa delegación de facultades no haya sido previamente decidida por el directorio de la empresa. Por aplicación del art. 58, L.S., la sociedad deberá afrontar, frente a aquél, los compromisos asumidos por el apoderado, sin perjuicio de su derecho a deslindar responsabilidades en su seno interno. Con abstracción de la verdadera télesis del precepto y cualquiera sea el entendimiento que los operadores comerciales asignen íntimamente al art. 58, las consecuencias son siempre las mismas: la sociedad queda obligada frente a los terceros de buena fe por los actos realizados por su representante. Ante la concreta oposición del tercero, en ejercicio de sus legítimos derechos. Es imprescindible recordar que la citada norma adquiere operatividad ante el acaecimiento de una situación de "excepción", que se configura cuando la actuación externa del representante aparece disociada de la del órgano de administración. Independientemente de la habitualidad con que esa situación se verifique en la práctica comercial, ello no la priva de su carácter excepcional ni habilita a considerarla derogatoria de las reglas generales que rigen la regular actuación de cada órgano de la sociedad, exigiendo su armónica coordinación en estricta observancia de las respectivas competencias funcionales. Atento que -como ya se dijo- el art. 58 no hace más que asignar eficacia a los actos que ab origine no la poseen, por haber sido celebrados en violación al régimen interno de organización, los terceros no están obligados a ampararse en la protección que le brinda la norma. Por el contrario, conservan intacto su derecho a colocar la máxima diligencia asequible en la conducción de sus relaciones, exigiendo al representante que, previo a vincularse jurídicamente con él acredite estar actuando conforme a la voluntad emanada del órgano deliberativo. Este, a su turno, no está obligado a aportarle prueba de esos extremos pero, en consonancia, tampoco tiene derecho alguno a imponerle compulsivamente al tercero que, en tales condiciones, trabe con él una determinada relación sustancial o procesal, con el simple expediente de invocar la disposición contenida en el art. 58, L.S.. 7- Cuando el "tercero" (demandado) frente al cual se invoca el poder opone la defensa de falta de personería con basamento en la presunta violación del régimen social interno, revela que ese tercero sabía -o, al menos sospechaba- que el poder otorgado no era intrínsecamente eficaz, por no haber sido decidido por el órgano competente. Esta circunstancia, lleva a descartar de plano la hipótesis de que el demandado haya caído seducido por la apariencia de la representación invocada al interponerse la demanda. Es más, no sería desatinado afirmar que, al articular y fundar la excepción, el demandado vino virtualmente a "renunciar" a la previsión tuitiva del art. 58, L.S.. La conclusión fluye nítidamente: si el tercero no es de buena fe, la citada norma societaria no resulta de aplicación. Pero nótese que la ausencia de "buena fe" por parte del tercero, en principio, sólo podría ser puesta de resalto por la sociedad, ya que es ésta -en la generalidad de los casos- la única interesada en desconocer efecto vinculante a los actos celebrados por el falsus procurator. 8- Si el tercero, sucumbiendo a la apariencia, no indaga sobre la real existencia y alcance de los poderes que asisten a quien invoca frente a él la representación social, mal podría con posterioridad desconocer la validez de las relaciones jurídicas con él entabladas, escudado en la inexistencia de una decisión orgánica que, de haber obrado con la debida diligencia, estaba potencialmente habilitado a exigir en tiempo oportuno. El cuestionamiento tardío devendría palmariamente estéril para tal cometido y los efectos emergentes del acto serían igualmente obligatorios para ese tercero, pero no por aplicación del art. 58, L.S., sino de una teoría mucho más amplia, cual es la de los actos propios.