marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: TEJERINA  DE  PALADEA  ANA  ALICIA c/ CLI. MEDICA SRL Y OTROS s/ DAÑOS  Y  PERJUICIOS  y  acumulada CAUSA N° 3.494/92: TEJERINA DEPALADEA ANA ALICIA C/ CLI MEDICA SRL Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-21

Esta Sala ha decidido en forma reiterada distribuir las costas por su orden -en ambas instancias- en diferentes supuestos en los que existieron diferencias interpretativas (conf. causas 8908/03 del 9.6.05, 5664/04 del 9.8.05, 9137/03 del 25.8.05, 16.170/03 del 25.10.05, entre muchas otras), más aun cuando -como en el caso- se advierte que recién el 6.9.2002 la actora aceptó el cargo de curadora de su marido, y que el poder otorgado al abogado es anterior a esa fecha. En función de lo expuesto, la citada en garantía pudo considerarse con derecho a peticionar como lo hizo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, honorarios del abogado, derecho de propiedad, derecho a la justa retribución
Materia: PROCESAL
Carátula: HUMBERTO LUJAN GOMEZ c/ SUCESORES DE AMERICO SANTIAGO BENINI Y OTROS s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-04

Negar la aplicación de los arts. 6, inc. a), y 7 de la ley 21.839 que claramente aluden al monto del proceso cuando se trata de sumas de dinero o bienes susceptibles de apreciación pecuniaria- al caso en que se rechazó la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios respecto de una codemandada partiendo del absurdo de que una pretensión rechazada carece de monto, implica la negativa de la aplicación de las normas legales que rigen el caso sin dar razón plausible para ello, mediante una interpretación que las desvirtúa y hace inoperante, además de conducir al inicuo resultado de que los profesionales resulten retribuidos con una suma mucho menor cuando su cliente resulta vencedor en el pleito que cuando es derrotado, ya que en este caso los jueces no habrían podido eludir su obligación de efectuar la regulación de la escala legal con pretexto alguno.
Daños y perjuicios, indemnización, prueba pericial, dictamen pericial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salvador, Jorge c/ Sanatorio Panamericano s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

La personalidad y el estado psicológico de la víctima anteriores al hecho dañoso no pueden resultar en forma científicamente aceptable de una pericia, salvo que el perito explicite acabadamente las razones de su conclusión, según lo establece el art. 474 del CPCC, ya que las apreciaciones de la pericia psicológica no pueden en principio sino ser de carácter actual.
Indemnización por accidente de tránsito, responsabilidad solidaria, daños y perjuicios, muerte, concesión parcial del recurso, daño causado por animales
Materia: CIVIL
Carátula: Adami Nadia Marina y otro/a c/ Gómez José Miguel y otros s/ daños y perj.autom. c/les. o muerte (exc.estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-12-28

Cabe revocar parcialmente la sentencia apelada, haciendo responsable al conductor del vehículo que impactó contra un caballo en el 30 por ciento, en cuanto a que se trata de una responsabilidad objetiva ya que el tema es sobre terceros transportados (transporte benévolo) y por lo tanto se aplica la doctrina del riesgo creado emanada del art. 1113 2do. párr. del CC, y debe extenderse la responsabilidad al dueño o guardián del animal que se interpuso en la ruta el día del fatal accidente en el 70 por ciento, dado que el art. 1126 establece que no se salva la responsabilidad del dueño porque el animal hubiese estado bajo la guarda de sus dependientes, en concordancia con lo prescripto por el art. 1113 1er. párr. del CC. Para decidir así, se ha analizado la participación del automóvil, no hace falta mayor experiencia para saber que es normal y habitual que los automóviles circulen a velocidades que superan los 100 km./hora en las rutas, pero hacerlo acerca de 120 km./hora en una noche de intensa niebla, es una conducta imprudente porque no permite frenar a tiempo ante la aparición imprevista de algún obstáculo. Por otro lado, teniendo en cuenta que la presencia del caballo en la ruta fue sin duda la causa principal del accidente, se atribuye mayor porcentaje de responsabilidad al dueño o guardián del animal.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, nulidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coda, Antonio c/ Moss Rumbado, Eulalia s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

No es definitiva (art.278, C.P.C.) la decisión que rechaza un incidente de nulidad si no media indefensión, ni es impedido el ejercicio pleno de la defensa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos y garantías constitucionales, habeas corpus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., H.A. s/ Hábeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-30

"...El remedio procesal de hábeas corpus preventivo, que supone una "amenaza actual" a la privación o restricción de la libertad, no se configura con simples actos preparatorios, sino con la existencia de una orden o un procedimiento que disponga aquellas afectaciones y cuya ejecución sea inminente".
Contrato de trabajo, empleo público, estabilidad del empleado público
Materia: LABORAL
Carátula: PRACHT, ALEJANDRO c/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PéBLICOS (AFIP) s/ REINCORPORACIÓN
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-10

La estabilidad consagrada en el art. 14 bis de la C.N. en beneficio de los empleados públicos (nacionales, provinciales y municipales) es la llamada absoluta. Su violación acarrea la nulidad de la cesantía y la reincorporación forzosa del empleado, tal como ha sido reglamentada por los sucesivos estatutos de la función pública dictados por el Estado Nacional (dec. 16666/57, ley 22140 y la vigente ley 25164). Tal garantía tiene vigencia operativa, aún cuando no exista norma alguna que la reglamente. Los empleados públicos no dejarán de ser tales aunque pasen a regirse total o parcialmente por el derecho laboral privado, por lo que serán inválidos los convenios colectivos e inconstitucionales las leyes que dispongan que a aquéllos se les aplicará el régimen de estabilidad impropia vigente para los trabajadores privados. (Del voto del Dr. De la Fuente).
Nulidad procesal, legitimación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guimil, Oscar c/ Guzmán, Argentina Inocencia s/ Cumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

Las nulidades procesales únicamente pueden ser reclamadas por la parte que resulte afectada por el vicio u omisión, sin que pueda fundarse en circunstancias que hacen a otros sujetos procesales, puesto que su derecho de defensa no ha quedado menoscabado por ello.

Deviene así, condición esencial que quien requiere la declaración de nulidad, le cause un perjuicio y, por consiguiente tenga un interés tutelable.
Filiación, prueba, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: C.S.O. c/ M.A.M. s/ IMPUGNACION  DE PATERNIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-04-22

Los arts. 76 y 77 del C.C. establecen presunciones que admiten prueba en contrario,pero si quien impugna la paternidad matrimonial no ha acompañado elementos probatorios suficientes como para desvirtuarlas, no acreditando que el menor tuviera un período de gestación superior a los ciento ochenta días y tampoco imposibilidad física de cohabitar con su esposa a la época de la concepción,ni su esterilidad. Asimismo no demostró que existiera imposibilidad de tener relaciones sexuales con su cónyuge ni que ésta las hubiera tenido con otros hombres. Debe sumarse a esto el hecho que el accionante conoció el estado de embarazo de su esposa y actuó como padre.

Las presunciones sobre las que se asientan la paternidad del hijo (arts. 243, 258, 76 y 77 del C.C.) se mantienen intactas al no haber sido destruidas por prueba y hacen ceder, en su beneficio, las presunciones de orden procesal (por no haber contestado la demanda) y la establecida por la ley 23.511 (por no someterse a las pruebas biológicas).-
Cesión de derechos, actos jurídicos, boleto de compraventa, mala fe, presunciones, quiebra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Natilla, Victor Hugo en autos Nro. 259/91 - Banco de Catamarca s/ Quiebra de Empresa Pacheco Sociedad de hecho s/ TERCERIA DE DOMINIO - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-10-09

Si entre el primer cedente y cesionario existe un grado de parentesco, habida cuenta que la esposa de uno de los fallidos de la sociedad de hecho es hermana de la adquirente mediante cesión, es una circunstancia relevante para entender la falta de buena fe en el acto jurídico instrumentado en un boleto de compraventa, entendida la buena fe como diligencia, noción que se impone tanto al vendedor como al comprador, la que si bien se presume en los contratos, puede ser desvirtuada inclusive por presunciones y no sólo por el análisis del instrumento sino por la actitud de las partes pre y post celebración del acto. Y si de igual modo quedó demostrada la mala fe del actor como segundo cesionario al momento de la confección del instrumento base de la presente acción toda vez que el cúmulo de hechos presentados en la causa resultan múltiples, graves, precisos y concordantes, se integran un sinnúmero de presunciones que encuadran en las exigencias del art. 163 inc. 5 del C.P.C. que evidencian que la venta se encuentra viciada de mala fe, ergo deviene inoponible el boleto de compraventa que instrumenta la cesión a la quiebra, tomándose en cuenta que el requisito de la buena fe es exigido tanto por la ley de quiebras actual cuanto por la anterior, por lo que no hay conflicto de la aplicación de la ley en el tiempo.
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Abdat, Alberto c/ Del Rio, Jorge s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Si bien, los intereses punitorios son acumulables a los compensatorios, no ha de perderse de vista que poseen una finalidad sancionatoria "stricto sensu", a manera de pena resarcitoria por la renuencia del deudor a satisfacer sus obligaciones, piso de marcha fáctico que no se adecua en una indemnización de daños y perjuicios derivados de un accidente automovilístico (arts. 621 y 622, C.

Civil).
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Uhalde, Víctor Hugo; Hassell, Juan Carlos; Fernández, Mario Damián; Peressutti, Juan Carlos s/ Apremios ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

Resultan ajenos al recurso extraordinario de nulidad los planteos del recurrente vinculados a normas de la Constitución nacional, y a los arts. 9, 10, 20 y 22 - n.a.- de la Constitución provincial.
Nulidad de sentencia, violación de las formas procesales, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: BROZOSKI FABIAN R. Y OTRA c/ PESCASUR S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-04-21

Corresponde hacer lugar al recurso de casación intentado por la parte demandada, por quebrantamiento de formas sustanciales, decretando la nulidad de la resolución que ha omitido el tratamiento de los agravios planteados por la demandada, e incurrido en afirmaciones dogmáticas y contradictorias, como en el caso de autos en el que omitido el tratamiento de los agravios relativos al régimen de emergencia económica previsto en la ley Nro.25561 y el decreto 214/02; toda vez que, aunque la Alzada se haya referido en su sentencia interlocutoria a las normas mencionadas, lo hace superficialmente y sin adentrarse al tratamiento de la materia en la medida de los agravios.

Omite además toda referencia al agravio referido a tope contenido en el artículo 505 del Código Civil, e incurre en una afirmación dogmática que en modo alguno puede brindar sustento al decisorio en crisis, presuponer lo "debe haber entendido la magistrado de grado.".
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Perrín, Jorge Luis y otros c/ Ministerio del Interior Policía Fed. Arg. y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

Corresponde hacer lugar al daño moral como consecuencia del accidente si la menor lesionada experimentó escoreaciones en la ceja y mano derecha, y traumatismo de cráneo, sin incapacidad laborativa ni secuelas perceptibles. Sin embargo, cabe resaltar que si bien se presume que la mencionada tuvo que haber sufrido dolores como causa del accidente, lo cierto es que la percepción del daño moral no es la misma si se trata de una persona mayor que tiene plena conciencia de lo que acontece, o si se trata de una niña de tres meses.
Medidas cautelares, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: PROCESAL
Carátula: U.B.A. c/ P.E.N. -Dto. 290/95 s/ proceso de conocimiento -Incidente MEP
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-29

Si bien las medidas cautelares no proceden por vía de principio, contra los actos de los poderes públicos, en razón de la presunción de validez que ellos ostentan, tal doctrina cede en la medida que se los impugne sobre bases prima facie verosímiles (C.S.J.N., Fallos:

250:154; 251:336; 307:1702; causa A.229.XXVI, "Antonio González S.A.

c/ Mendoza, Provincia de s/ inconstitucionalidad", del 9712/93).
Acción de amparo, Derechos humanos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ, MONICA PATRICIA Y OTROS c/ SUMA s/ AMPARO (Reg. 13.122)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-05-31

La acción de amparo no tiene como finalidad obviar o urgir el trámite de los procedimientos administrativos, o judiciales, legal o reglamentariamente previstos para el logro del resultado que con él se procura, ni es apto para autorizar a los jueces a dirimir asuntos ajenos a la jurisdicción que por ley tienen conferida.

No basta pues que haya una vía procesal, de cualquier índole, para desestimar un pedido de amparo; hay que considerar si tal trámite es auténticamente operativo para enfrentar el acto lesivo.

El mero rechazo de una demanda de amparo por la simple razón de existir acciones judiciales y administrativas que contemplaran el problema litigioso, implicaría que todo amparo resultara prácticamente desechable.

Lo que debe determinarse, es si tales caminos son efectivamente útiles para lograr la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate.

En tal contexto debe considerarse la trascendencia de los derechos a la vida, a la salud y a la asistencia médica adecuada que se encuentran comprometidos.

Las referidas prerrogativas constituyen postulados básicos que corresponden a todo individuo por su mera condición de ser humano.

La doctrina ha llamado a las mencionadas facultades "derechos humanos", recogidos por nuestra Constitución Nacional, que son intrínsecamente universales, y corresponden a todos sin discriminación; esto último como corolario del principio de igualdad. La protección y promoción de estos derechos concierne tanto al ámbito nacional como provincial.
Delitos aduaneros, interpretación de la ley, pena accesoria, contrabando
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: Fly Machine S.R.L. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-30

Del ordenamiento aduanero (art. 1026) surge que las sanciones del art. 876, ap. 1, son accesorias de la pena privativa de la libertad, pues en materia de contrabando la sanción judicial a aplicar es independiente de la decisión del órgano administrativo (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
Instrumentos privados, fecha cierta, locación
Materia: CIVIL
Carátula: RICCIARDI RAUL c/ CHIAPETTA MARIA s/ HIPOTECARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

Discutido si el contrato de locación originario adquirió fecha cierta con el sellado fiscal del respectivo instrumento, cabe señalar que en el art. 1035 del Cód. Civil no aparece la inserción del sellado fiscal en el documento, como uno de los supuestos que le hace adquirir fecha cierta, solución que sí contenía expresamente el art. 748 inc. 4 del Esboco de Freitas, fuente directa indudable de nuestro art. 1035, según se desprende de su lectura. Pero de ello no se extrae que deba descartarse el supuesto, ni que la enumeración del art. 1035 sea limitativa. La doctrina vernácula se encuentra dividida sobre el punto, al igual que la jurisprudencia aunque con franco predominio de la tesis que se decide por el carácter meramente ejemplificativo de los supuestos previstos en el citado texto del Cód.. El art. 1034 del Cód. Civil sienta el principio que los instrumentos privados, aun después de reconocidos, no prueban contra terceros o contra los sucesores por título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos. Es decir que, salvo que el instrumento privado adquiera fecha cierta, es inoponible a los terceros y sucesores a título singular.Y el sentido de la normativa es que la enumeración del art. 1035 del Cód. Civil debe entenderse como enunciativa frente a aquellas circunstancias inequívocas que revelan la certeza moral de que el documento adquirió fecha cierta, no obstante que no se subsuman en uno de los supuestos de hecho mencionados en el precepto referido. No resulta argumento coadyuvante la omisión del supuesto del sellado fiscal que contenía la fuente, para excluirlo de su relevancia como generador de la fecha cierta, porque bien pudo tratarse de una inadvertencia del codificador, o porque consideró que los supuestos incluidos expresamente tenían carácter meramente ejemplificativo, máxime que la constancia fiscal determina que el documento no puede ser posterior a dicha fecha, salvo que se probare la adulteración de aquélla.
Recurso extraordinario, tribunal de alzada
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: D. GRAFFIGNA Y OTROS c/ ELVIRA ELSA BARASSI Y OTROS s/ DIVISION DE CONDOMINIO - SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-04

Si los agravios vertidos en el recurso extraordinario son análogos a los que contuvieran el local de inconstitucionalidad interpuesto contra la misma sentencia, y habiendo sido admitida la procedencia formal del recurso de inconstitucionalidad, aquellas objeciones aún deben ser objeto de consideración resolución por la Corte local, de modo que el remedio intentado contra lo resuelto por la Cámara se convierte en prematuro al no tratarse de una sentencia dictada por el tribunal superior de la causa.
Terceros, prueba, escritura pública
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez Ramón Nazario c/ DOMVIL S.A. y/o quien resulte responsable. s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-05-12

Si la demandada pretendía hacer valer su testimonio en el presente proceso debió hacerlo al deponer a través del procedimiento normado en los artículos 84 y ss. del Código Procesal Laboral lo que hubiera permitido al Juzgado y a la contraria -ejerciendo ésta su derecho de defensa- el adecuado contralor de tales probanzas -formular preguntas, etc.-, lo que en el caso no se ha posibilitado.
Daños y perjuicios, ruidos molestos, desvalorización del inmueble, facultades del juez, prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: LAGRESTA, Juan Carlos c/ ESTAMPADOS ROTATIVOS SA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-21

Si los demandantes conocían la categorización de la zona al adquirir sus propiedades -calificada como "UI", de predominante uso industrial-, como así también que eran vecinos de establecimientos industriales ya que existían antes de que se instalaran todos ellos y varios fueron a vivir con posterioridad al funcionamiento de la empresa demandada, se está frente a una circunstancia que el artículo 2618 del Código Civil también valora cuando establece que en la aplicación de ella, el juez debe contemporizar las exigencias de la producción y el respeto debido al uso regular de la propiedad, debiendo tener en cuenta "la prioridad en el uso".
Dirigente gremial, duración del mandato
Materia: LABORAL
Carátula: Aguero, Carlos Alberto y otro c/ Molinos Concepción S.A. s/ Diferencias indemnización, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Carece de relevancia que el empleador no objetara el acto eleccionario en el que se designó al actor -según las normas estatutarias- por un período superior al autorizado por la ley 22.105 si aquél no tuvo ningún reparo que formular a su designación en el cargo, en tanto el término del mandato -y consecuente protección en el empleo- hubiera mediado o no impugnación, está legalmente establecido en el art. 15 de la ley 22.105.
Acción de amparo, contrato de prestaciones médicas, medicina prepaga, portador de SIDA
Materia: PROCESAL
Carátula: LETICHEVSKY, SERGIO c/ NOVUS MEDICINA PRIVADA MEDICHECK SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-12

De conformidad con lo previsto por la cn 42 y 43, se declara formalmente admisible la acción de amparo, deducida por un paciente infectado por el virus "hiv" contra la sociedad de "medicina prepaga", con la que se halla vinculado desde hace varios años -1983 , pagando desde entonces puntualmente la prestación pecuniaria a su cargo como contraprestación del servicio médico dado por aquella, a fin de que esta lo asista en su enfermedad, producida por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ello así, en virtud de que no existen acciones suficientes, aptas, expresa y adecuadamente dispuestas para la obtención del objeto principal pretendido y rechazar liminarmente la vía intentada por el peticionante, enfermo de sida, podría ocasionar a este perjuicios extraordinarios, colocándolo en situación bien distinta a la del común de las personas que peticionan sin éxito el reconocimiento judicial de sus derechos, mediante procedimientos ordinarios, pues el transcurso de un cierto tiempo, derivado del trámite ordinario pertinente, podría provocar el agravamiento del pretensor o quizá su fallecimiento.
Derecho procesal, debido proceso, actos y diligencias procesales, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Presidente Jose Evaristo Uriburu 1262 SRL c/ Vazquez, Adolfo Guillermo y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-11

Resulta competente la justicia civil para entender en este proceso no sólo por la naturaleza de la pretensión sino también, porque se verifica un presupuesto de conexidad con varias causas radicadas en dicho fuero, en el que se solicita el resarcimiento de los daños como consecuencia del incumplimiento del convenio que uniera a las partes. Es que, en el caso, las partes celebraron un contrato de locación en relación a cierto inmueble y un mandato, por el cual se encomendó a la accionante la realización de una serie de gestiones y la concreción de mejoras en el predio para incorporar a la estación de servicio que allí funcionaba, el suministro y expendio de GNC, incluyendo un tendido de gas. Así, con independencia de la naturaleza del "convenio de contratación, reparación y contralor de obras civiles", existe una estrecha vinculación entre los procesos allí indicados.- En efecto, ambos juicios se relacionan con el mismo inmueble respecto del cual las partes han invocado, como fundamento de sus respectivos reclamos, los alcances y condiciones del mismo contrato, de modo que en ambos juicios se invocaron hechos relativos a distintos aspectos de un mismo conflicto. Se verifica pues, en la especie, la existencia de pretensiones conexas, las cuales no pueden ser sustanciadas separadamente sin riesgo de conducir al pronunciamiento de decisiones contradictorias (conf. Palacio L., "Derecho Procesal Civil", T° I, pág. 459).