marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Comuna, personal no permanente, prueba, presunciones, personal de gabinete
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barone, Adolfo Osvaldo c/ Comuna de Murphy s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 259-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-17

No corresponde hacer lugar al recurso interpuesto -para que se reconozca el carácter de agente de planta permanente del actor-, si los indicios que surgen de las declaraciones prestadas por personal de la Comuna con varios años de antigüedad -que coincidentemente niegan haber recibido órdenes del recurrente y desconocen si se desempeñó en el cargo al que pretende ser restituido-, corroboran la hipótesis de que no se trataba de un cargo perteneciente a la planta de personal permanente, sino -antes bien- de funciones correspondientes al personal de gabinete.
Pena única, reclusión accesoria por tiempo indeterminado
Materia: PENAL
Carátula: Pacheco, Federico Santiago s/ Recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

Que la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado provenga de las sentencias unificadas y no de la unificadora es irrelevante, pues precisamente de eso se trata: de recoger en una sola condena las plurales cuya independencia podría dañar el sistema de los arts.

54 a 57 del C.P., textos legales que incluyen la eventual aplicación de la reclusión del art. 52 en razón de la apuntada índole accesoria de ésta.
Trabajadores gastronómicos, laudo gastronómico, IVA
Materia: LABORAL
Carátula: PINO, JOSE Y OTRO c/ LAFAYETTE HOTEL SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-03-27

El impuesto al valor agregado no puede ser tenido en cuenta para determinar el monto del laudo gastronómico ya que no integra 'los importes totales facturados' en concepto de servicios de alojamiento, bebidas, comidas y extras relacionados con los mismos, sino que se trata de pagos efectuados a terceros (fisco) por cuenta del cliente por conceptos totalmente ajenos a la explotación hotelera gastronómica (artículo 21 Convenio Colectivo 174/75 y 7 y 40 del laudo de la Secretaría de Trabajo y Previsión del 4 de septiembre de 1945).
Falsedad ideológica, decretos, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Stancanelli, Néstor Edgardo y otro s/ Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario  público s/ Incidente de apelación de Yoma, Emir Fuad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-20

No resulta jurídicamente posible la imputación de falsedad ideológica a decretos del Poder Ejecutivo, ya que no es comprensible que la mencionada figura delictiva la constituyan decretos del presidente de la República, que son órdenes dictadas en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución, pues el art. 293 del Código Penal reprime, como delito contra la fe pública, la inserción en un instrumento público de declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, mientras que el decreto no está destinado a demostrar nada más que la existencia de la orden misma.(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Privatizaciones, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, representación de la sociedad, deuda pública, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LAMY, JORGE HECTOR Y OTROS c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. 'INGENIERO HUERGO' s/ COBRO DE ASISTENCIA Y SALVAMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-20

Del responde a la medida dictada no surge que se haya satisfecho el requisito impuesto por el artículo 2, inciso 1, del decreto 546/93, esto es, la oportuna elevación, en el plazo fijado por la norma, del informe detallado de las causas judiciales en curso. Tampoco se puede inferir que, en el término de quince días contados desde la fecha de la publicación del referido decreto (5.4.93), se haya observado el otro presupuesto que contempla el aludido precepto: poner a disposición del Estado Nacional la representación de YPF S.A. en cada uno de los procedimientos judiciales, por cuanto no se advierte, para esa época, intervención alguna del Estado Nacional -sea judicial o extrajudicial- referida a esta causa. Y tampoco se demostró el cumplimiento por la demandada de lo estatuido por el articulo 3 del mencionado decreto 546/93.

Empero, toda vez que el Estado Nacional no ha asumido la deuda que motivó el sub lite, en los términos del artículo 9, ley 24.145, el régimen de la ley 23.982 escapa obviamente a las previsiones del caso. Por último, el articulo 9, ley 24.145, en nada excusa la omisión de Y.P.F. S.A. en el cumplimiento de los mencionados recaudos formales, por cuanto la falta de decisión firme a la fecha del plazo indicado en el art. 2, Ap. 1, del decreto 546/93, no era óbice para informar detalladamente sobre las causas judiciales en trámite para esa época.
Daño moral, discriminación
Materia: CIVIL
Carátula: Jafella Jazmin Azul  c/ Parque de Agua Termas de Cacheuta  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-02-15

Corresponde la procedencia del daño moral si el impedimento de ingreso a la piscina se fundó en un acto discriminatorio, al ser una acción antijurídica lesiva del derecho a la dignidad y a la consideración social, debe tenerse por acreditado in re ipsa el perjuicio extrapatrimonial.
Impuesto a la transmisión gratuita de bienes, sucesiones, lugar de pago, crédito hipotecario
Materia: CIVIL
Carátula: MERLO DE DESSEIN CARMEN s/ SUCESION - BIENES - IMPUESTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1919-05-20

La situación de los bienes, sean muebles o inmuebles, determina el lugar del pago del impuesto de la ley Nro. 8890, y tratándose de un crédito hipotecario, el lugar de su situación es aquél en que se hace efectivo.
Costas, costas al vencido, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio de propietarios edificio Don Daniel c/ Martin, Timoteo s/ Cobro ejecutivo de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

El principio objetivo de la derrota resulta plenamente aplicabe si se hizo lugar a la ampliación de la demanda (art. 539 CPC) -en tanto la accionante efectuó la reserva correspondiente en la demanda inicial- pues no se trata de una nueva deuda sino de nuevas cuotas de una misma obligación correspondiente a expensas del edificio de propiedad horizontal. De ello se extrae el carácter indiscutible de perdidoso que ha de asignarse al ejecutado.-
Competencia federal, competencia provincial, lugar del hecho, competencia nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Comisaría 27° s/ Investigación muertes asfixia por inmersión s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-06-15

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Río Gallegos, Santa Cruz (in re "SUAREZ MAGNE", Int. 19484 del 22-07-93 sostuvo): "No basta para atraer el fuero federal el solo hecho de que el delito se haya cometido en lugares cuya jurisdicción esté reservada exclusivamente al gobierno nacional, sino que es necesario que tal delito afecte intereses federales o la prestación de servicios del establecimiento nacional. Y resulta exacto que tal doctrina es la que mantiene la Corte Suprema en su actual integración. Cualesquiera, pues, sea la postura doctrinaria de los integrantes de esta Cámara, dada la jurisprudencia del más alto Tribunal del país que sería en definitiva quien debiera resolver en caso de plantearse un conflicto de competencia, resolver por esta Cámara la incompetencia de la Justicia Provincial, implicaría un dispendio jurisdiccional injustificado y demora inevitable de hecho en causa en que existe persona privada de su libertad. Por ello considera que debe resolverse mantener tal competencia". (Voto del Dr. Sodero Nievas).
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZUÑIGA LUIS c/ R. ESTEBAN s/ Daños Perjuicios (LIBRO: S065 - 001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-06-01

Pérdida de conocimiento, dolores derivados de tracciones, curaciones y colocación de yeso, importan un cúmulo de padecimientos y angustias, con motivo del hecho ilícito, que configuran el daño moral.
Acto administrativo, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALZUGARAY, LUIS MIGUEL ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   JUBILACION.     CSJ EXPTE NRO 142-82 MUSSO, SANTIAGO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 146-82 BRUNETTI, LUIS SABINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 175-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-09-11|1985-09-11|1987-07-29

El acto administrativo final es el resultado de un procedimiento administrativo -entendido como serie de actos o de operaciones temporal y funcionalmente vinculados en relación a un único efecto práctico, como cauce formal de una serie de actos en que se concreta la actividad administrativa para la realización de un fin- que tiende no sólo a garantizar la legalidad en el accionar de la Administración, sino que procura también la protección de los administrados.
Demanda, diferencias salariales
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Claudio Javier c/ Atahualpa S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-04-06

Un reclamo de salarios impagos no se puede convertir en uno de diferencias salariales por el hecho de aparecer prueba que acredita que se abonaba, pero en menos medida de lo que se reclamaba, la demanda de diferencias no puede mudar a una por falta de pago, no contenida en el escrito donde se acciona, por mucho que ello pudiera surgir, eventualmente de la lectura conjetural de la planilla. Cosa que está vedada a los jueces y que afecta la garantía de la defensa en juicio.
Sentencia definitiva, acción de amparo, privación de justicia, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: SA Importadora y Exportadora de la Patagonia s/ queja por recurso de inconstitucionalidad dnegado por recurso de inconstitucionalidad dnegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-12

Cabe equiparar el pronunciamiento de la Cámara a "sentencia definitiva" cuando se ha ordinarizado la acción de amparo, para evitar que desproporcionadas dilaciones importen denegar a la accionante su reclamo de justicia, obligándola, tal vez, a clonar tantas demandas de repetición como períodos fiscales con saldo tributario a su favor queden involucrados en el conflicto, con el esfuerzo procesal y dispendio jurisdiccional que ello irrogaría, renunciando aquí a impartir justicia sin frustrar ritualmente la aplicación del derecho. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Tasa de justicia, costas en el orden causado, partes del proceso, pago
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL DGI c/ ESTABLECIMIENTO GRAFICO VULCANO SA s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Las expresiones "costas por su orden", "costas en el orden causado", "sin costas", o "eximición (o exención) de costas", tienen un significado similar y sus efectos son que no se libera al vencido de la totalidad de las costas, sino solo de las correspondientes al vencedor. Es decir, debe soportar las propias y la mitad de las comunes, o sea las ocasionadas por la actividad conjunta de ambos litigantes o la actividad oficiosa del órgano jurisdiccional. Y toda vez que la condena en costas comprende todos los gastos ocasionados por la sustanciación del proceso y abarca la tasa de justicia (cfr.

art. 10, Primer párrafo, ley 23.898), la declaración de costas en el orden causado implica que la demandada deberá integrar la proporción a su cargo. No constituye un óbice el estado procesal de las actuaciones "favorable" a la ejecutada, según su alegación, puesto que ella prestó expresa conformidad al pedido de distribución de costas efectuado por su contraria, con las consecuencias que de ello derivan. En suma, no le es dable invocar su propia torpeza ni volver sobre sus propios actos precedentes, con relevancia jurídica y plenamente eficaces, en su exclusivo beneficio (cfr. Cs.; Doctr. Fallos: 313:1684), resultando de aplicación lo preceptuado por el art. 10, Ley de tasas judiciales, que en su tercer párrafo dice: "si las costas se hubieran impuesto en el orden causado, la parte no exenta pagara la mitad de la tasa", por lo que corresponde confirmar la resolución apelada.
Trabajador autónomo, régimen de capitalización, jubilación por invalidez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Acosta, Rubén Alcides c/ A.N.S.E.S. s/ Prestaciones varias Acosta, Rubén Alcides c/ A.N.S.E.S. s/ Prestaciones varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-31|2010-05-31

De la interpretación armónica de los arts. 11, 18 y 39 de la ley 24.241 (modif. por leyes 26.222 y 26.425) surge que el régimen público se financiaba -en el caso de los trabajadores dependientes- con los aportes personales (11%) y, en caso que estuvieran en el régimen de capitalización, con las contribuciones a car-go del empleador (16%). Por su parte, en el caso de los trabajadores autónomos -en ambos regímenes- debían aportar al régimen público 16 puntos de los 27 establecidos en el art. 11 de la referida ley 24.241. De ello se desprende la improcedencia del argumento utilizado por el organismo en cuanto a que el titular -beneficiario de un retiro definitivo por invalidez otorgado mediante el sistema de capitali-zación a través de una renta vitalicia- no resultaría merecedor de la bonificación por zona austral en ra-zón de su falta de aporte al fondo común de jubilaciones y pensiones, por cuanto tal aporte sí tuvo lugar. Sin perjuicio de ello, se impone puntualizar que dicha consideración no resulta relevante a la hora de resolver la temática sometida a estudio, toda vez de conforme lo dispuesto por el art. 1 de la ley 19.485, resulta claro que la bonificación en cuestión se abona a aquellas personas que perciben prestaciones no contributivas, lo cual refleja que su falta de contribución al fondo estatal no resulta óbice a la hora de abonar tal beneficio, toda vez que su implementación es de carácter universal para toda aquellas personas que residan en los territorios que menciona la norma. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Divorcio, ley vigente
Materia: CIVIL
Carátula: R. ,M. A. c/ R. ,G. M. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-22

La disolución del vínculo matrimonial no se produce al momento en que tienen lugar los hechos configurativos de las causales que contemplaba el derogado Código Civil, ni cuando así es reclamado ante los estrados judiciales. El propio régimen anterior establecía en su art. 213 que tal extinción acaecía "por la sentencia de divorcio vincular" (inc. 3). En forma análoga, el art. 435 inc. c del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que el matrimonio se disuelve por divorcio declarado judicialmente. Por tanto, no mediando sentencia firme de divorcio -de un lado- la extinción del vínculo matrimonial y -del otro- la constitución del nuevo estado jurídico de divorciado, deben juzgarse por el régimen ahora vigente (art. 7, C.C. y C.N.) que elimina las causales y régimen de culpabilidad.(del voto del doctor Soria) Fuente del sumario: OFICIAL
Recurso contencioso administrativo, demanda, pretensión, prueba, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZABALA, BERNABE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 263-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-11

Si en el trámite substanciado ante la Corte provincial, el contradictorio no ha sufrido menoscabo y el debido proceso tampoco, toda vez que la cuestión fue oportunamente introducida en la litis y pudo ser objeto de prueba y posterior alegación, el Tribunal puede pronunciarse a su respecto sin lesionar el derecho de defensa de la contraparte.
Contrato de trabajo, omisión de retener o percibir aportes, presidente del directorio, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Mercorillo Victor Omar c/ SADYE S.A. y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-20

Ante la situación de no habérsele exhibido al perito contador los pertinentes comprobantes de aportes a la Seguridad Social del actor, cabe concluir que tales retenciones no fueron depositadas, por lo que corresponde condenar solidariamente a los Presidentes de la S.A. (art. 274 L.S.) pues de esta forma, ya sea por incumplimiento de obligaciones "in diligendo" o "in vigilando" de parte de los mentados se ha defraudado, no sólo al trabajador sino también al sistema de seguridad social al burlarse de la ley de la materia.
Facultades de la administración, facultades regladas, facultades discrecionales, nulidad del acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marenco, Guillermo Julio c/ Estado Nacional - Min. de Acción Social y Salud Pública s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Siempre existen límites jurídicos a las facultades discrecionales de la administración, y el juez para determinar si estos límites han sido violados o no, debe necesariamente revisar el acto; estos límites a la discrecionalidad se diferencian de las facultades regladas en que constituyen por lo general limitaciones más o menos elásticas, vagas, imprecisas, necesitadas de una investigación de hecho en el caso concreto a fin de determinar su transgresión; siendo los de razonabilidad, desviación de poder y buena fe, los límites mínimos a los que se encuentra sometida la actividad discrecional. La transgresión de ellos, entonces, conlleva también a la nulidad del acto administrativo correspondiente. (Del voto del juez Buján, cons. IV.4).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia de primera instancia, Derecho laboral, relación de dependencia, procedimiento laboral, demanda, pretensión
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Cavallero, Gabriela M. c/ Pritulak, Susana G. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro   pesos laborales (Expte CSJ Nº 308-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-06

No se configura el vicio de autocontradicción sustentado por el recurrente para operar la apertura del recurso de inconstitucionalidad toda vez que no se ha demostrado que el fallo impugnado pueda resultar absurdo y arbitrario al considerar que la actora, por una parte realizara en el establecimiento tareas como cosmetóloga por cuenta propia, alternando ello en jornada parcial con episodios mas bien circunstanciales de colaboración en la actividad principal-peluquería- que tuvieron lugar en defecto de la posibilidad de trabajar en lo suyo, ya que ambas actividades no resultan incompatibles, como tampoco que sea incongruente que si se demandó pretendiendo que existía una dedicación intensiva en las tareas de peluquería, se haya admitido tan sólo- teniendo en cuenta la evolución de la prueba rendida- el desempeño de las mismas en forma part time.
Accidente de tránsito, contrato de transporte, obligaciones del transportador
Materia: CIVIL
Carátula: TEJADA Marta Emerita c/ Herrera Pacheco Nestor y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-04-22

La obligación resarcitoria que establece el art. 184 del Cód. de Com., con o sin culpa del transportador, con las solas eximientes que ella determina, constituye una responsabilidad ex lege, de naturaleza objetiva, impuesta por el legislador por razones de política en materia de transportes, para inducir a las empresas a extremar las precauciones respecto de la buena calidad, perfecto estado y funcionamiento del material, la capacitación y buen desempeño de su personal, y el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos y, por otra parte, en amparo de las posibles víctimas, para quienes el resarcimiento resultaría ilusorio en la mayoría de los casos, si tuviera que probar la culpa del transportador.

La empresa de transporte se compromete a llevar sano y salvo al pasajero al lugar de destino, obligándose a brindarle (no sólo durante el trayecto, sino también en el ascenso y descenso del vehículo) las seguridades necesarias para que no sufra en su integridad personal. Si así no lo hizo debe responder por los daños y perjuicios que haya sufrido aquél, reparación que debe ser integral, de acuerdo con lo establecido en el art. 184 del Cód. de Com.

La culpa del pasajero, no puede ser alegada por la empresa porteadora como eximente de la responsabilidad aduciendo que el pasajero viajó en condiciones o en forma peligrosa, dado que éste debe viajar en las condiciones en que le prestan el servicio, por las exigencias actuales de transporte.

Es obligación de una empresa de servicio de público de transporte cuidar que los pasajeros no viajen en condiciones antirreglamentarias, siendo responsable por los accidentes producidos por las violaciones de las normas pertinentes. Por lo tanto no es dable culpar a los pasajeros cuando el evento se produce mientras permanecen en el estribo del vehículo.
Recurso de casación, asegurador por riesgos del trabajo, opción
Materia: CIVIL
Carátula: FREGOTTI LUIS RAFAEL c/ EMPRESA    COMPAÑIA    NAVIERA  PEREZ  COMPANC S.A.C.F.I.M.F.A. s/ LABORAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-09-28

Una vez ejercitada la opción que acuerda el art. 17 de la Ley 9688, nada impide al trabajador que retire la suma depositada en sede administrativa, depósito al que no alcanzan los términos del art. 742 del Código Civil por haber sido efectuado a consecuencia de un dispositivo legal que establece un procedimiento para el pago de las indemnizaciones por accidente de trabajo en sede administrativa, habiéndose el accidente avenido a ello, resultando en consecuencia de aplicación el art. 260 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Recurso de casación penal, cuestiones de hecho y prueba, fundamentación de sentencias, procedencia del recurso, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RECART, JOSE OSVALDO s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 427
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-07

A este tribunal de casación penal no le es posible revisar el valor de los elementos de juicio a través de los cuales el tribunal de mérito arriba a una conclusión de hecho, no obstante lo cual, esta cámara sí tiene la facultad -y el deber- de controlar que las conclusiones que se extraen a partir de ellos sean el colofón de un razonamiento válido, sujeto a leyes lógicas básicas que excluyan la posibilidad de arbitrariedad. (Voto de la Dra. Durañona y Vedia -en minoría-).
Usurpación de inmueble, despojo, juicio de desalojo
Materia: PENAL
Carátula: GUZZETTI, EDUARDO s/ USURPACION. DESALOJO DEL INMUEBLE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-10

El conocimiento de situaciones referentes a la desocupación de un inmueble escapa a las facultades legales que asisten a los jueces penales , aún cuando por vía de excepción y mediando auto firme de cautela personal en orden a las previsiones del art. 181 C.P. se haya reconocido a tales magistrados la potestad de llevar adelante el desalojo del inmueble objeto de despojo.

La ampliación de hacer uso de dicha facultad a situaciones que no se ajusten estrictamente a la reseñada implica invadir materia jurisdiccional atribuida a otros fueros, puesto que a disposición del afectado se encuentran acciones específicamente destinadas al fin que busca, de trámite sumarísimo por cuyo motivo se revoca el auto que dispone la desocupación de la finca.