marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
División de poderes, competencia, control de constitucionalidad, cuestión política
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PICHETTO, MIGUEL ANGEL s/ MANDAMIENTO DE PROHIBICION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-04-16

Todos los poderes del Estado poseen lo que se llama "zona de reserva", es decir, aquellas que constituyen un cúmulo de competencias privativas, no invadibles por los restantes poderes.

Pero dentro de esa "zona de reserva" es válido distinguir una subzona dentro de la cual se toman decisiones que no trascienden afuera del órgano de poder en cuestión. Esas decisiones, obviamente, no proceden de poderes discrecionales, pero aún así están exentas de control judicial, pues son "internas" de cada poder; el límite, en este caso sería la arbitrariedad manifiesta de la medida.-
Excusación, excusación por enemistad
Materia: PROCESAL
Carátula: Busleiman, Oscar y otros s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-11-01

El hecho de que sea el juez quien invoque la causal del inc. 10º del art. 31 de la L.O.P.J. (enemistad) por la vía de la excusación, no exime al Tribunal, de inspeccionar la concurrencia o no de idénticos recaudos exigidos a los litigantes.
Procedimiento laboral, ley supletoria
Materia: LABORAL
Carátula: Velazquez, Felipe Neri c/ A.T.E. - Asociación de Trabajadores del Estado s/ Recurso de Amparo Judicial Trabajadores del Estado s/ Recurso de Amparo Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1991-10-18

La utilización supletoria de normas del código de procedimientos civiles que está autorizada en sede laboral, "en cuanto concuerdan" con el sistema de la ley de procedimientos laboral, es no sólo el de la oralidad, sino el de la instancia única, y los únicos recursos que contra las decisiones del Tribunal del Trabajo pueden plantearse, son los mencionados en el art. 75 del C.P.L.. Por vía supletoria no puede hablarse de doble instancia, ni de recursos de apelación, porque se conspira contra el sistema judicial instrumentado en la Provincia, sistema que queda a salvo inclusive en la ley nacional que establece el amparo sindical. (Disidencia del Dr. Ariel Coll).
Excarcelación, criterio de razonabilidad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LUIZ DUTRA, WASHINGTON s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-30

La procedencia de lo dispuesto por el inciso 6 del art. 379 del C P.M.P. en función de lo normado por el art. 701 del mismo ordenamiento, no resulta de aplicación automática, sino que atiende a un criterio de razonabilidad.
Robo con armas, robo calificado, medios de prueba, telefonía celular, derecho a la intimidad
Materia: PENAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: F. c/ Almonte Sánchez Luciano Emanuel, Luna Medina Carlos Roque, Medina Roberto Mauro, Luna Amaya Lucas Enzo, Coria Muratore Luciano Andrés, Weiss Alonso Alejandro Exequiel s/ Robo agravado por el uso de arma de fuego P/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-03-29

Establecer cuándo es legítimo obtener información vinculada a las comunicaciones que se encuentran almacenadas en los teléfonos móviles requiere de una justificación específica. Por un lado, es necesario analizar, cuándo existen buenas razones para considerar legítima la obtención de este tipo de información en el marco de un proceso judicial. Una persona acusada está obligada a soportar la injerencia estatal en su intimidad sólo cuando se le han ofrecido buenas razones para ello. Esto ocurre cuando una persona se encuentra sometida a un proceso en el que existen importantes elementos de sospecha de su intervención en el hecho, y la investigación requiere ineludiblemente de la búsqueda de pruebas en lugares que requieren la interferencia en el ámbito de su vida privada. Las razones que se expongan para justificar una injerencia en su intimidad también deben ser oponibles a la comunidad: a la ciudadanía se le deben ofrecer motivos bien fundados para que comprenda por qué este tipo de medidas son importantes y necesarias para la preservación del Estado de Derecho. (Voto en Disidencia Dr. Palermo)
Recurso de casación penal, prisión domiciliaria, procesado, menores, Convención de los derechos del niño
Materia: PENAL
Carátula: Benítez, Dolores Verónica s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-13

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto contra la decisión que no hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria de la procesada en autos, ya que su situación no encuadra en las previsiones del art. 33 de la ley 24.660 ni se advierte tampoco que lo decidido en la instancia anterior implique una conculcación a la Convención de los Derechos del Niño (art. 75 inc. 22 de la C.N.) que amerite apartarse del marco normativo que el legislador previó para la procedencia del instituto. Por otra parte, y más allá de las lógicas consecuencias para todo menor cuyos padres se encuentren privados de su libertad, tampoco se advierte una colisión entre la decisión que se impugna y el interés superior del niño que informa la Convención invocada. Además, surge de autos que la abuela materna expresó su intención de hacerse cargo de los menores y contar con los medios económicos para proveer a su manutención y que dicha situación fue oportunamente consentida por la procesada, sin que se adviertan, ni se hayan aportado argumentos con entidad suficiente que de momento justifiquen modificar lo decidido. (Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Catucci y Rodríguez Basavilbaso).
Competencia por el territorio, acción de repetición
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: ANSES c/ Ubertalli Carbonino, Tomás Ezequiel s/ Repetición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-20

La parte actora promueve demanda a fin de obtener la repetición de las sumas que habría percibido indebidamente el accionado, que gozaba del beneficio de pensión por hijo menor de edad -tras el fallecimiento de su progenitora-, y que habría continuado persiguiendo a pesar de haber alcanzado la mayoría de edad. Al tratarse de una obligación de carácter personal, el art. 5, inc. 3, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que el fuero principal está determinado por el lugar en que debe cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido, conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, intereses moratorios, anatocismo
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: OLIVERA, MIGUEL ANGEL c/ SUPERMERCADO SAN JORGE S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-31

Resulta reprochable la decisión de la Sala al establecer que se capitalicen los intereses cada cuatro meses pues, si bien los Sentenciantes invocan el inciso b) del artículo 770 del Código Civil y Comercial (que establece la prohibición del anatocismo a excepción de que la obligación se demande judicialmente, en cuyo caso la acumulación opera desde la fecha de notificación de la demanda) considerando que la norma no establece la frecuencia de la misma para ese supuesto, teniendo presente que el legislador fija un límite temporal de seis meses para las convenciones particulares que dispongan la capitalización anticipada de intereses con la finalidad de evitar situaciones abusivas (inciso a), no sería razonable que el Juzgador dispusiera un término inferior al mínimo allí fijado, que fue establecido con la clara intención de evitar la usura o el enriquecimiento indebido del acreedor.
Violación, agravantes de la pena, menores, guarda del menor
Materia: PENAL
Carátula: P., P. s/ Violación calificada (Expte Nº105-95, Resolución Nº8, Tomo 3,  Folio 406)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-03-12

La disposición del art. 122 del C. Penal no alude "al guardador" de la víctima -en referencia al concepto legal de guardador como persona a quien el ordenamiento jurídico ha encomendado tal función- sino meramente al "encargado de la educación o guarda", aludiendo así a una situación de puro hecho conforme a la cual el autor de la agresión sexual detenta alguna de esas situaciones.
Convenios colectivos de trabajo, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Casuso, Gustavo Alfredo y otros c/ Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21

La convención colectiva reconoce hoy una estructura muy compleja, en razón de sus múltiples finalidades, que no se agotan, como es obvio, en la función normativa.
Demanda laboral, demanda defectuosa, facultades de las partes
Materia: LABORAL
Carátula: RIGONI, ITALICO ROBERTO c/ SANTORO HNOS. S.R.L. s/ INDEMNIZACION - DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-02-16

A semejanza del instituto de la caducidad de instancia, el cumplimiento extemporáneo del requerimiento a corregir defectos de la demanda -artículo 61 del Código Procesal Laboral- pero anterior a que el juez efectivice el apercibimiento allí contenido, cancela la facultad de éste de fulminar la instancia, sin que la perentoriedad de los términos pueda convertirse en un escollo, porque en ese caso ellos no impiden, aún vencidos, la sobrevivencia del proceso. (Voto de la mayoría). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño punitivo, derechos del consumidor, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: COLAZO MIGUEL ÁNGEL c/ CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. Y G. s/ ABREVIADO - OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-04-30

Cabe imponer la multa por daño punitivo a la empresa productora de una bebida en cuyo interior se encontró un cuerpo extraño, pues si bien no cabe estrictamente atribuir a la demandada culpa grave y menos dolo en la elaboración de un producto vicioso, resulta de marcada gravedad que una botella de gaseosa de primera marca, cerrada de fábrica, contenga un elemento extraño en su interior, en clara violación a los postulados generales protectorios que establece el régimen de orden público de la ley 24.240, de raigambre constitucional (art. 42 de la CN).
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Préstamos S.A. c/ Dierramat S.R.L. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

El tribunal de apelación no tiene la función de contralor o de revisión de todo lo actuado en la instancia de origen, sino que trabaja sobre los puntos que le han sido sometidos a través de los agravios del apelante. De ahí, que todo lo que no es objeto de agravio concreto y haya sido motivo de decisión del "a quo", en virtud de la vigencia del principio dispositivo, gana firmeza y constituye un ámbito que no alcanza la jurisdicción de la Cámara de Apelación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa inmobiliaria, venta de inmuebles fraccionados en lotes, escrituración
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ CANEDA CONSTANTINO ROBERTO c/ FERNANDEZ ALFREDO H s/ RESCISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-24

Cuando el art. 1 de la ley 14.005 establece que debe cumplirse con las exigencias de dicha ley si "la escritura traslativa de dominio no se otorgue de inmediato", está imponiendo un criterio bien concreto y circunscripto, que aparecería trastrocado si se admitiera que encuadra dentro de esa exoneración, un convenio que difiere la concreción de ese acto a un plazo de ciento ochenta días de firmado el boleto. Sólo cuando no se estipule una modalidad de apreciable extensión, podría interpretarse que el vínculo no se encuentra alcanzado por la normativa legal que consagra la ley 14.005, lo cual queda reservado a hipótesis donde la exigibilidad de la obligación escrituraria sea realmente "inmediata" y no a supuestos en que se encontraba aplazada por un término de seis meses desde la concertación del negocio (conf. C.N.Civ. Sala C, 18/9/80, "Sosa, Esteban c/ Lydin S.C.A. ").
Competencia ordinaria, competencia penal, juez previniente, privación ilegal de la libertad
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAN CARLOS DILLON. s/ DENUNCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-13

Corresponde atribuir el conocimiento de la causa en la que se investiga la privación ilegal de la libertad de una persona a la justicia ordinaria -que previno en ella-, toda vez que por ley 23 077, publicada en el Boletín Oficial el 27 de agosto de 1984, se derogó la ley del gobierno defacto N. 22.928 que, en ciertas circunstancias, atribuía competencia federal para hechos análogos y de lo actuado no surge, por ahora, que en el suceso haya intervenido personal militar de las fuerzas armadas o personal de las fuerzas de seguridad, policial o penitenciario bajo control operacional de aquéllas (artículo 10 de la ley 23.049) (Disidencia del Dr. José Severo Caballero).
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, recusación, recusación por prejuzgamiento, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Agrimbau Morr, Mario Daniel c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Bs. As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-28

En estos autos, la recusante se limita a manifestar que la resolución adversa de la medida cautelar solicitada equivalió a un prejuzgamiento, más no explica el razonamiento que la lleva a concluir de tal modo.

Para desechar el planteo así formulado, basta con recordar que prejuzgar es anticipar el resultado del proceso mediante la emisión de opiniones intempestivas respecto de cuestiones pendientes y futuras que aún no se hallan en estado de ser resueltas.

La causal invocada se configura cuando el juez formula, con anticipación al momento de la sentencia, una declaración en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso, o bien cuando sus expresiones permiten deducir su actuación futura por haber anticipado su criterio, de manera tal que las partes alcanzan el conocimiento de la solución que dará al litigio por una vía que no es la prevista por la ley en garantía de los derechos comprometidos (Fallos: 313:1277).

No se configura la causal invocada cuando el juez o tribunal se halla en la necesidad de emitir opinión acerca de algún punto relacionado con la materia controvertida, lo que ocurre en el caso, en el que la Señora Juez de grado limitó su decisión al rechazo de la medida cautelar solicitada.
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/Concurso civil preventivo s/ Incautación-conservación y administración de los bienes s/ Incidente  de ejecución c/ Luchina, Aquiles Ricardo y Aseguradora de Crédito y  Garantía S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-28

Es principio recibido que la excepción de falsedad se refiere a los elementos formales que presenta el título por considerarse que es contrario a la realidad, con el alcance que para que haya efectivamente adulteración es necesario que las modificaciones introducidas en el texto tengan trascendencia jurídica a aquél a quien se opone, o lo que es más relevante, la falta de correspondencia de firmas con la ejecutada. De tal modo, si se hizo mérito de la argüida falsedad, se esteriliza la construcción recursiva de la actora sobre una eventual teoría de la apariencia, toda vez que los pródromos de la prealudida falsedad quedaron dilucidados y si la prueba específica a tal fin caligráfica-, demostró, sin impugnación alguna: doct. arts. 918, 919 Cód. Civil, la no pertenencia de las rúbricas del documento base del proceso a la ejecutada, constituiría un exceso ritual manifiesto mensurar en un juicio compulsorio aspectos ajenos a una pretensa obligación que se desvaneció "in situ" (arts. 1012, 1031, 1033 del Cód. Civil; 161, 163 inc. 6, 542 inc. 4, 549 y concds. del Cód. Proc.).
Trabajadores de la salud, médicos, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, relación de dependencia, exclusividad
Materia: LABORAL
Carátula: TEODORI, RUBEN EDGARDO Y OTROS c/ INSTITUTO  NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-29

Que no se les prohiba a los médicos la atención de pacientes particulares durante el horario asignado como de atención a los afiliados del PAMI, en modo alguno evidencia la existencia de una relación autónoma, en tanto el reconocimiento de aquellos pacientes no excluye la obligación de cumplir con el cupo correspondiente.
Recurso de reconsideración, revisión judicial de actos administrativos
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Gianoli, Graciela Ernestina Elida c/ E.N.  (Honorable Senado de la Nación) s/ Empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-20

Es innecesario interponer el recurso de reconsideración contra el decreto que impuso la baja de la actora, porque la resolución emanó de la autoridad máxima del organismo demandado (el Presidente del Senado) y el recurso es optativo para el particular.
Recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, plazos procesales, proceso contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: N., P. J. s/ Artículo 47
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-07

La norma del artículo 439 del Código Procesal Penal de la Nación no resulta aplicable al procedimiento contravencional, toda vez que responde a singularidades propias de aquél. Dicho artículo establece que la adhesión al recurso concedido a otra parte, debe efectuarse en el término fijado por el artículo 451 del citado Código para el emplazamiento de los interesados a efectos de que comparezcan ante el tribunal de alzada a mantener el recurso.

Esto es incompatible con el procedimiento delineado en el Capítulo XII del Código Contravencional, conforme al cual el recurso de apelación debe interponerse ante el juez que dictó la resolución en escrito fundado, sin que exista carga procesal de comparecer para mantener el recurso ante la Cámara.

De todas maneras, queda resguardado el derecho de defensa de la parte que no apeló con la concesión de un plazo para contestar los agravios del apelante, según lo dispone el artículo 51 de la Ley de Procedimiento Contravencional.
Recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, resolución denegatoria, sentencia condenatoria, competencia contravencional, leyes, juegos electrónicos
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: A., V. H. R. D . s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -INFRACCION  CODIGO DE FALTAS ART. 61 C F (EXPTE.: C.S.J. NRO. 115 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-16

Corresponde rechazar la queja desde que no se han rebatido las razones por las cuales el A quo rechazó el remedio intentado al examinar su admisibilidad, soslayando enderezar una crítica eficaz tendente a refutar las consideraciones en base a las cuales la Sala entendió que no se había logrado perfilar un caso constitucional.

En el caso, la Alzada confirmó la decisión del juzgado de faltas -de imponer una pena de diez días de arresto de cumplimiento condicional y ordenar el cese inmediato y el retiro de las máquinas de video póquer- articulando un razonamiento que el recurrente atacó por estimar que vulneraba el principio de la cosa juzgada y el derecho de propiedad, invocando una resolución de amparo firme dictada por un Juzgado Penal, así como en el hecho de que la conducta sancionada se había iniciado con anterioridad al dictado del decreto 3382/95.

Sin embargo, la Sala advirtió -en la oportunidad prevista en el artículo 6 de la ley 7055- que "la existencia de cosa juzgada ... es errónea, por cuanto la resolución referida tiene basamento en una norma distinta de la vigente al momento del hecho que hoy se imputa".

Y con relación al supuesto error incurrido al haberse sostenido que el funcionamiento de las máquinas o su instalación era ulterior al dictado del decreto 3382/95, el A quo señaló que ello aparecía absoluta y totalmente carente de sustento atento el reconocimiento que el mismo efectúa respecto al funcionamiento de la sala de video juegos, con posterioridad a la vigencia de la normativa citada, en franca violación de la misma.
Embargo de buque, locación de buque, demandado, ELMA
Materia: CIVIL
Carátula: LA BUENOS AIRES CIA.ARG.SEGS.  S.A. c/ CAP Y/O ARM.BQ.DR. JUAN B.ALBERDI s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-01-03

Al margen de lo relativo a quien ostente actualmente la propiedad del buque, comporta un claro obstáculo a la procedencia de la medida solicitada la circunstancia de que llevaría por consecuencia la de impedir a la demandada ELMA, la utilización de la nave, cuanto menos en su denunciada condición de locataria, no obstante asistirla, correlativamente, el derecho de cancelar la deuda en cuya virtud aquélla se dispondría.
Delitos contra la humanidad, cómputo privilegiado de la privación de libertad, ley penal más benigna
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Luis Muiña en la causa Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro c/  s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-03

En relación a los delitos de lesa humanidad, la Corte ha señalado que no hay posibilidad de amnistía, ni de indulto, ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional. En consecuencia, la ejecución de la pena, es, claramente, parte del concepto descripto y una interpretación de la ley penal más benigna (en el caso la Ley 24390, derogada) no puede llevar a una frustración de la finalidad persecutoria en este campo. (Del voto en disidencia del Dr. Lorenzetti)
Caducidad de instancia, plazo, desistimiento tácito de la acción
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PIÑEL, SUSANA MARÍA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-28

El Juez en una materia tan delicada como la previsional no puede ni debe presumir de oficio el abandono voluntario o renuncia de la instancia. Por ello, una decisión que implique desligarse del proceso debe subordinarse a que esa presunción adquiera veracidad y certeza, llevándolo al convencimiento de que la conducta omisita del litigante implica un desistimiento tácito del mismo, obstaculizando la marcha regular de la causa e impidiendo al Tribunal abocarse a su definición normal. Ese desinterés sólo se hará palpable, con escaso o nulo margen de duda, ante el incumplimiento de la intimación que a dichos fines debe realizársele. Por ello, surgiendo de las constancias de autos que entre el último acto impulsorio y el dictado de la resolución que declaró la caducidad de la instancia había transcurrido en exceso el plazo previsto por el art. 310 del C.P.C.C. (en el caso, más de un año y medio), corresponde confirma la decisión de la anterior instancia.
Nulidad procesal, instrucción, requerimiento de instrucción
Materia: PENAL
Carátula: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONOMICO N° 2 s/ Denuncia, Régimen Penal Tributario Causa 33
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-10

1- Debe declararse la nulidad de todo lo actuado en la causa instruida por iniciativa del propio Juez quien no contando con requerimiento fiscal de instrucción (como señala el Código Procesal Penal (Ley 23984)) recibió declaración de un testigo resolviendo un sobreseimiento al considerar que no se habría cometido el hecho investigado.- 2- Iniciada así la instrucción se transgrede el principio "ne procedat iudex ex officio" que consagran los Arts. 188 y 195 del Cód. cit. y que está impuesto por la inviolabilidad de la defensa (1).