Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-30


SENT Nº 622 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Treinta (30) de Agosto de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: ?Olmos Emilio Laudino vs. Minera Alumbrera Limited s/ Indemnizaciones?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- Minera Alumbrera Limited -parte demandada en autos- plantea recurso de casación en contra de la sentencia Nº 154 de la Excma. Cámara del Trabajo Sala IV de fecha 29 de octubre de 2009 obrante a fs. 362/368 vta. (cfr. fs. 377/383 vta.), que es concedido mediante Resolución del referido Tribunal del 23-02-2011 (cfr. fs. 409 y vta.).

Ninguna de las partes presentó la memoria facultativa a que alude el artículo 137 primera parte del Código Procesal del Trabajo (en adelante CPT), conforme surge del informe actuarial de fs. 416. II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar al tratamiento de esta cuestión.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 383 vta. y 396 y vta.); el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva en los términos del artículo 130 del CPT; se dio cumplimiento con el depósito establecido en el artículo 133 del mismo digesto de rito (cfr. fs. 385); el escrito se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho en tanto se alega, entre otros temas, el vicio de arbitrariedad en la ponderación del material fáctico obrante en la causa.

Ahora bien; siendo objeto propio del recurso extraordinario local la valoración, por este Tribunal Cimero local, de la ponderación del referido material -ponderación ésta del A quo que es ya una cuestión de derecho toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen resulta admisible y ello, per se, habilita la competencia de esta Corte Suprema de Justicia para adentrarse en la consideración de la procedencia del presente recurso.III.- La procedencia del recurso en examen ha sido objeto de un adecuado tratamiento en el dictamen del Ministerio Fiscal corriente a fs. 417/419, cuyos fundamentos esta Corte comparte (con excepción de lo considerado respecto de los Decretos Nº 1347/03 y 2005/2004 -punto IV.4 del dictamen-, ya que en esta cuestión infiero una conclusión diferente -véase infra parágrafo III.4. de este voto), con las siguientes aclaraciones y precisiones.III.1.- A lo dicho por el Ministerio Fiscal a raíz de la sanción consagrada en el artículo 2 de la Ley Nº 25.323, cabe añadir que el recurrente ha puesto especialmente énfasis en la ausencia de fundamentos, por parte del A quo, al momento de condenar a la demandada a satisfacer la suma que resulta de la precitada norma.

Así, a fs. 378 del escrito recursivo se consigna: ?Nótese, por otra parte, que los agravios de mi parte no se sustentan en una falsa o errónea apreciación de la prueba respecto a la verdadera naturaleza de las razones del distracto, esto es, si hubo o no razón plausible para disponerlo, y, por ende, si sus razones fueron meramente aparentes, maliciosas o arbitrarias (no en el sentido de 'sin justa causa', sino de abusiva), y sí en la ausencia total de razonamiento en tal sentido, de modo que en el caso no existe verdaderamente una sentencia fundada en ley?.Sobre el particular, resulta del caso recordar cómo ha sido redactada la norma en cuestión:

?Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley Nº 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley Nº 25.013, o las que en el futuro las reemplacen y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%. Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago?.

A la luz de este texto surge claro que la motivación que propone el recurrente sólo está establecido para el supuesto que el Tribunal considere que hubieron razones o causas que justifiquen la conducta del empleador, de tal suerte que si el incremento que prevé esta norma fue receptado en su totalidad por el órgano jurisdiccional, es porque entendió que ninguna causa de aquel tipo concurría en la especie; siempre, claro está, que se satisfagan los extremos a los que alude el Ministerio Fiscal en su dictamen de fs. 417 vta./418 y sin perjuicio, a todo evento, de lo que allí se considera.

III.2.- En lo que concierne a la constitucionalidad declarada por la Cámara de la Ley Nº 25.561 y sus Decretos de prórroga (Nros. 883/2002; 662/2003; 256/2003; 1351/2003; 369/2004 y 823/2004), estimo que los cuestionamientos esgrimidos en la presentación recursiva relativos a este tema, han sido adecuadamente respondidos por el Ministerio Fiscal en su dictamen (cfr. fs. 418 y vta.), sin perjuicio de insistir en que esta Corte Suprema provincial tiene jurisprudencia consolidada al respecto. A tal fin, basta con consultar el contenido de sentencias Nº 121, del 03-3-2006 (in re: ?Jiménez, José Ramón vs. José Minetti y Cía. SACI s/ despido ordinario?); 617, del 31-7-2006; 121, del 12-3-2007; 817, del 23-8-2007; 240, del 30-4-2008; 932, del 29-11-2010, entre otras).

Por consiguiente, corresponde desestimar también este agravio. III.3.- En orden al tópico vinculado a la inconstitucionalidad del Decreto Nº 2014/04, en concordancia con lo sostenido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala II, en los autos: ?Rodríguez, Esteban Carlos c. Casa Rubio S.A.?, sentencia del 21-11-2007, considero que el artículo 2º del Decreto Nº 2014/04 (en cuanto dispuso que ?A los efectos del cálculo de las sumas referidas el porcentaje adicional comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato?), contraría la segunda parte del artículo 4º de la Ley 25.972, que establece que ?En caso de producirse despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo nacional, por sobre la indemnización que les corresponda conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias?.

Ello es así porque, de este último texto trascripto, se desprende que el Poder Ejecutivo Nacional ha sido autorizado únicamente para fijar el porcentaje adicional, sin que dicha habilitación alcance a la base de cálculo que queda determinada por la ley, que no es otra que la indemnización por antigüedad del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante LCT).

Comparto el criterio del pronunciamiento, ut supra aludido, según el cual la coma inserta en el párrafo de marras delimita dos cuestiones: por un lado, la facultad delegada al Poder Ejecutivo Nacional de determinar el porcentaje y, por otro, la base de cálculo reglada por la ley y fuera de tal delegación.

Asimismo, también comparto la idea allí expresada de que con la introducción de la frase que expresamente refiere a la indemnización del artículo 245 de la LCT se procuró clarificar el punto y zanjar las diferencias interpretativas que había suscitado el artículo 4 del Decreto Nº 264/02 en su confrontación con la redacción del artículo 16 de la Ley Nº 25.561, en lo que concierne a los rubros que se duplicaban y sobre lo cual esta Corte ya había sentado opinión (CSJT: sentencia Nº 617 del 31-7-2008).

Con la aludida referencia, resulta razonable entender que el Legislador, con la Ley Nº 25.972 -artículo 4 segundo párrafo última parte- procuró poner término a la polémica desatada en torno a la locución ?indemnización que les correspondiese? contenida en el artículo 16 de la Ley Nº 25.561, dejando indubitablemente sentado que a partir de aquella ley el único resarcimiento computable era el del artículo 245 de la LCT.

Por lo demás, interesa poner de resalto que la vigencia del Decreto Nº 2014/04 fue corta toda vez que el propio Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 1433/05 y derogó a aquél (en fecha 23-11-2005 B.O.), sin repetir la redacción del artículo 2º de este último, superando definitivamente cualquier controversia al respecto.Acorde con el criterio precedentemente expuesto cfr.: CNT Sala IV, sentencia del 05-7-2007; Sala II, sentencia del 20-02-2008; Sala III, sentencia del 28-12-2007; Sala IV, sentencia del 26-02-2010.Por lo tanto, concluyo que resulta inconstitucional el artículo 2 del Decreto Nº 2014/04 por contrariar el mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley Nº 25.972, al hacer recaer el recargo del 80% sobre otros rubros distintos al específicamente mentado en aquella norma, cual es la indemnización por despido del artículo 245 de la LCT, pues con ello se conculcó gravemente el principio de división de poderes, la prelación jerárquica consagrada en el artículo 31 de la Constitución Nacional al igual que su artículo 99 inciso 2.

En este punto, me parece conveniente detenerme en los argumentos vertidos por la Sala a quo para denegar la pretensión de inconstitucionalidad del artículo 2º del Decreto Nº 2014/04.

En tal sentido la sentencia recurrida se refugió en lo expuesto por esta Corte en sentencia Nº 617, del 31-7-2008, pero a propósito del Decreto Nº 264/02, del 11-02-2002, aseverando que dicho decreto en ningún momento amplió los rubros indemnizatorios del artículo 16 de la Ley Nº 25.561 pudiéndose solamente afirmar que tenía un alcance aclaratorio, y que su artículo 4 preveía que la duplicación del artículo 16 de aquella ley alcanzaba a todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo (cfr. fs. 365). Y dicho esto, la Cámara remató su idea diciendo que resultaba extensivo este criterio -concebido con relación al Decreto Nº 264/02- al Decreto Nº 2.014/04, y como consecuencia de ello se pronunció por el rechazo del planteo de inconstitucionalidad respectivo (cfr. fs. 365).Desde mi óptica deviene no ajustado a derecho rechazar un planteo de inconstitucionalidad de una norma (Decreto Nº 2014/04, reglamentario de la Ley Nº 25.972) con sustento en argumentaciones esgrimidas con relación a otra normativa (Ley Nº 25.561, reglamentada por Decreto Nº 264/02).

En efecto; el artículo 16 de la Ley Nº 25.561 suspendió por 180 días los despidos sin causa justificada y estableció que ?en caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente?.

A su turno, el artículo 4 del Decreto Nº 264/02, reglamentario de esa disposición legal, aclaró que la duplicación comprendía ?todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo?.

Demás está decir que la ambigüedad de los términos utilizados por el legislador dio lugar a distintas interpretaciones, sobre lo que no corresponde detenerse en esta oportunidad, más allá de haber dejado explicitado ut supra la posición de este Tribunal Superior en el tema.

Sin embargo, el fallo del Tribunal de grado impugnado en casación no tuvo presente que el marco normativo había cambiado en virtud de la sanción de la Ley Nº 25.972, de la que resultaba -según se dijo- que su artículo 4 era más claro que el 16 de la Ley Nº 25.561, al identificar con mayor precisión el resarcimiento base, que era exclusivamente la indemnización por antigüedad del artículo 245 de la LCT, tal como lo sostuviera, entre otras, la Sala IV de la Cámara de Apelación Nacional del Trabajo en su sentencia del 31-8-2010, recaída en la causa: ?Fleitas, Diego Moisés c/ Edenor y otros s/ Despido?, en la cual se citó también a: CNAT, Sala I, 12/11/2007, S.D. 84.835, ?Muia, María Rosa y otro c/ Tigre, Sailing Club Asoc. Civil s/ despido?; íd. Sala II, 6-3-2008, S.D. 95.590, ?Arévalo, María c/ Frigorífico Rioplatense s/ despido?; íd. Sala III, 08-02-2007, ?Vázquez, Manuel A. c/ Siembra AFJP SA y otro?; íd. Sala V, 29-10-2007, S.D. 70.148, ?Dabalo, Elsa c/ MET AFJP SA s/ despido?; íd. Sala VI, 11-4-2008, S.D. 60.388, ?Larramendy, Juan c/ Ángel Estrada y Cía SA s/ ley 14546?; íd. Sala VIII 22-02-2008, S.D. 34.777, ?Díaz, Matilde c/ Decide SRL y otro s/ despido?; íd. Sala IX, 30-11-2007, S.D. 14.724, ?Discioscia, Nicolás c/ Jumbo Retail Argentina SA s/ despido?.

Por las razones explanadas precedentemente, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 2 del Decreto Nº 2014/04. III.4.

Respecto del planteo relativo a los Decretos Nº 1347/03 y 2005/2004, discrepo con el criterio, y consecuente conclusión que infiere el Sr. Ministro Fiscal (cfr. fs. 418 vta./419).

Por ende, propicio rechazar las impugnaciones esgrimidas sobre el particular en el escrito recursivo. Si bien es cierto que el Decreto Nº 1347/03 en su artículo 1 expresamente estableció el carácter de no remunerativo de la asignación de cincuenta pesos ($50) que previó -lo que fue ratificado por su artículo 3º-; si bien ello fue con posterioridad al despido del actor (acontecido en el mes de febrero de 2005) modificado por el artículo 6º del Decreto Nº 2005/2004 el cual asignó carácter remunerativo a dicha suma, aumentándola en diez pesos ($10) a partir del 31 de marzo de 2005; más cierto es aún que en la planilla de la sentencia en crisis no se incluyó el monto del Decreto en análisis como parte integrante de la remuneración del actor a los efectos de los cálculos correspondientes.

Ello así por cuanto de los recibos de sueldo corrientes a fs. 8/9 de autos se sigue que la suma de $2762,14 es la última y mejor remuneración del actor, y que el monto dinerario de aquel Decreto ($50) no se computó como remuneración en la planilla de marras -cfr. fs. 367-, atendiendo al hecho incontrovertible de que esta última suma, en los recibos de sueldo obrantes a fs. 8/15 de autos, no se contempló como remunerativa sino que figura en la columna de ?Haberes sin descuento? y no se incluye en el título ?Total Remunerativo?.

La certificación de servicios y remuneraciones de fs. 6 es también demostrativa de este aserto. De allí, entonces, que no exista ningún desarreglo jurídico en lo decidido por la Sala A quo sobre el particular, de tal modo que la suma de dos mil setecientos sesenta y dos pesos con catorce centavos ($2762,14) es la que corresponde jurídicamente tomar como remuneración del actor para los cálculos correspondientes.

Lo propio corresponde predicar con relación al otro Decreto (Nº 2005/2004). Es que, si bien también es verdad que por el artículo 1º de este Decreto se fijó una asignación ?no remunerativa? de cien pesos mensuales ($100) a partir del 1º de enero del año 2005 (la que fue incrementada a ciento veinte pesos ($120) confiriéndosele carácter ?remunerativo? a partir del 1º de octubre de 2005 por Decreto Nº 1295/2005 (B.O. del 25-10-2005); más verdadero es todavía que tampoco dicha suma se consideró como remuneración en los recibos de sueldo del actor, conforme surge de las constancias de fs. 8/9 (ni en la planilla del A quo cfr. fs. 367) de tal suerte que, asimismo, también con relación a este Decreto deviene no ajustada a derecho la impugnación del recurrente en cuanto persigue indebidamente que de la suma de $2762,14 se descuente el importe de $150, de tal modo que la remuneración que se compute sea equivalente a $2612,14 (cfr. fs. 382 vta.). III.5.- Por las razones expuestas hasta aquí, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación incoado por Minera Alumbrera Limited -parte demandada en autos- contra la sentencia Nº 154 de la Excma. Cámara del Trabajo Sala IV de fecha 29 de octubre de 2009 obrante a fs. 362/368 vta.

En consecuencia, CASAR parcialmente la sentencia en crisis dejando sin efecto parcialmente los puntos I (solamente en cuanto para el cálculo de la indemnización correspondiente al artículo 16 de las Leyes Nros. 25.561 y 25.972 se considera también al rubro indemnización sustitutiva de preaviso y en lo que se refiere a la planilla de condena que también se deja sin efecto); y en su totalidad los puntos III (imposición de costas) y IV (regulación de honorarios), conforme a la siguiente doctrina legal:

?Corresponde descalificar jurídicamente la sentencia que, en el caso, omite declarar inconstitucional el artículo 2º del Decreto Nº 2014/04?. DICTAR COMO SUSTITUTIVA:

?I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda promovida por Emilio Laudino Olmos contra Minera Alumbrera Limited por los rubros: indemnización por antigüedad, preaviso, integración mes de despido, artículo 2º de la Ley Nº 25.323, y el artículo 16 de la Ley Nº 25.561 (circunscripto únicamente al cálculo de la indemnización por antigüedad)?.

II.- DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD del tope establecido en el artículo 245 de la LCT y del artículo 2º del Decreto Nº 2014/04?.

DISPONER la remisión de estos al referido Tribunal a fin que practique nueva planilla, distribuya las costas y regule los honorarios profesionales.IV.- Atento a la conclusión que infiero para componer la controversia suscitada por las partes en autos, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen de la siguiente manera:

a la parte demandada, la totalidad de las propias y el 80 % de las de la parte actora; y a esta última, el 20% restante (cfr. artículos 49 del CPT y 108 del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo : Comparto y adhiero a la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de casación deducido por la demandada, expresada en el voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane toda vez que ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, denuncia arbitrariedad de sentencia por omisión del análisis de las constancias de la causa e infracción normativa, y se ha cumplido con el afianzamiento a fs. 385/386 (arts. 130/133 CPT).

Asimismo comparto y adhiero a los puntos dispositivos y sus fundamentos del referido voto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 417/419, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación planteado por la parte demandada contra la sentencia Nº 154 de la Excma. Cámara del Trabajo Sala IV de fecha 29 de octubre de 2009, glosada a fs. 362/368 vta. de autos.

En consecuencia, CASAR PARCIALMENTE dicha sentencia dejando sin efecto parcialmente los puntos I (solamente en cuanto para el cálculo de la indemnización correspondiente al artículo 16 de las Leyes Nros. 25.561 y 25.972 se considera también al rubro indemnización sustitutiva de preaviso y en lo que se refiere a la planilla de condena que también se deja sin efecto); y en su totalidad los puntos III (imposición de costas) y IV (regulación de honorarios), conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando. Dictar como sustitutiva, la siguiente:

?I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda promovida por Emilio Laudino Olmos contra Minera Alumbrera Limited por los rubros: indemnización por antigüedad, preaviso, integración mes de despido, artículo 2º de la Ley Nº 25.323, y artículo 16 de la Ley Nº 25.561 (circunscripto al cálculo únicamente de la indemnización por antigüedad)?.

II.- DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD del tope establecido en el artículo 245 de la LCT y del artículo 2º del Decreto Nº 2014/04?.

DISPONER la remisión de estos actuados al referido Tribunal a fin que practique nueva planilla, distribuya las costas y regule los honorarios profesionales.

DISPONER, que se protocolice el dictamen del Ministerio Fiscal obrante a fs. 417/419 adjunto a la presente sentencia; todo ello conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad .HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANECLAUDIA BEATRIZ SBDAR (con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.