Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27


2º Instancia.- Mar del Plata, diciembre 27 de 2012.

1º ¿Es justa la sentencia apelada? 2º ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Monterisi dijo:

I. El Sr. Juez de Garantías a cargo del Juzgado departamental nro. 4 dictó sentencia a fs. 159/166 rechazando la acción de amparo con costas, por no haberse acreditado la concurrencia de un acto lesivo de derechos constitucionales, ilegal o arbitrario y por no resultar, en consecuencia, admisible la vía escogida.

Para así decidir, en primer lugar, sostuvo que la postura asumida por la demandada -que no admitió como asociado definitivo al amparista, Dr. C., por no haber acreditado el cumplimiento del reglamento de ingresos y un convenio celebrado- no lesionaba el derecho constitucional de trabajar que se denunciaba conculcado, en tanto había quedado demostrado que la posibilidad para desarrollar la actividad profesional no dependía de su incorporación a la entidad. Recordó que el actor ha venido trabajando en el Hospital Privado de Comunidad y en la Clínica Colón de esta ciudad sin formar parte del Centro Médico.

En segundo lugar, consideró que la actuación de la entidad no había sido arbitraria ni ilegítima, en la medida que no hubo un trato discriminatorio respecto del amparista, sino que se demostró el incumplimiento de éste a una cláusula del reglamento interno que le es exigible a cualquiera que pretende su ingreso. Sostuvo que el Centro Médico, en tanto asociación civil, puede fijar pautas para la admisión de todos aquellos que quieran asociarse. Adunó, por último, que no podía pasarse por alto el convenio que habían suscripto las partes el 22 de diciembre de 2010 en el que Dr. C. había sido admitido como socio provisorio y que sería definitivo su ingreso siempre que -dentro del plazo de un año- acreditase que el lugar principal de sus servicios fuere un centro asistencial que no tuviera intereses contrarios a los de la entidad, sus integrantes o las instituciones a las que se haya vinculado prestacionalmente.

Como consecuencia de lo expuesto, consideró que no resultaba admisible la vía de tutela escogida.

II. La sentencia viene a revisión a este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación deducido por el amparista con exposición de sus fundamentos a fs. 167/171. La réplica obra a fs.189/204.

III. Síntesis de los agravios.

En primer lugar sostiene que el a quo se ha equivocado al no calificar como discriminatorio al acto del Centro Médico.

Manifiesta que los requisitos que se le han impuesto distan de ser acordes con las normativas vigentes -que no menciona- de una institución cuyo norte debería ser el bien común. A su entender, es irregular someter la calidad de socio de un profesional a que no se halle vinculado en forma permanente y como lugar principal de prestación de servicios a una entidad que se encuentre en competencia con el Centro Médico o sus integrantes, cuando en la realidad lo que implica es negar el ingreso a otros profesionales sin atender su idoneidad.

Afirma que el trato discriminatorio también se ha evidenciado en permitirle el ingreso a otros médicos que trabajan en diferentes centros asistenciales de la ciudad y que se encuentran en una situación similar a la suya.

Sostiene, en segundo lugar, que es errado sustentar el obrar de la asociación en el acuerdo de diciembre de 2010 pues no se ha tenido en cuenta que no le quedaba a él otra opción que suscribirlo para regularizar la percepción de sus honorarios médicos, producto de su trabajo en la Clínica Colón.

Asevera que quedó probado que su trabajo de mayor jerarquía profesional se desarrolla en este centro asistencial, pues es jefe de Servicio, mientras que en el Hospital Privado de Comunidad se desempeña como cirujano cardiovascular de planta.

Aduce, también, que la decisión apelada desatiende la libre elección de los profesionales de la salud de los pacientes. Recuerda que la entidad demandada regula y distribuye los honorarios del contrato con IOMA, que es el 50% del volumen de trabajo de la Clínica Colón que, además, es la prestadora con mayor caudal de atención de afiliados a Sami y otros convenios como el de Banco Provincia. Por este motivo, alega que el acto cuestionado afecta gravemente su profesión de médico.

Al llegar a esta parcela, recuerda que los honorarios poseen un carácter alimentario.

IV. Consideración de los agravios.

Adelanto que el embate recursivo no conmueve la providencia principal atacada.

IV.1. El amparo configura un remedio tuitivo de los derechos individuales y una forma de preservar la supremacía constitucional.

No hay derecho que no tenga, directa o indirectamente, fundamento en la Constitución. El grado de cercanía o de lejanía respecto de ella es una pauta para evaluar la violación que se requiere para la procedencia de la acción de amparo. Ello así, pues los derechos constitucionales han ido encontrando las leyes que reglamentaron su ejercicio, por lo que resulta una ardua tarea precisar liminarmente si en un caso existe violación de la Constitución o sólo de la legalidad infraconstitucional, porque la una no excluye a la otra, ya que son dos calidades compatibles, aunque diferenciadas y de diversa jerarquía y perfil. Ello, sumado a lo previsto en los arts. 19 y 43 de la Ley Superior, resultan en la necesidad de interpretar la admisión de toda demanda de amparo con singular cautela (Morello-Vallefin, "El Amparo, Régimen Procesal", 4ta ed., Librería Editora Platense, Bs. As., 2000, págs. 24/26).

Morello enseñaba que para la tutela de los derechos constitucionales fundamentales no hay nada más idóneo, en principio, que el amparo, porque "el impacto de la reforma constitucional de 1994... fue de efectos copernicanos, ...el amparo, que se emplazaba como último remedio, ha pegado un brinco espectacular en su singular órbita, para hoy ser sin duda el primero de los mecanismos tuteladores de los derechos y garantías fundamentales" (Morello, Mario A., "El amparo después de la reforma constitucional", en RDPyC, Nº7, "Derecho privado en la reforma constitucional", Rubinzal Culzoni, pág. 226).

Ha sostenido la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que la sanción del nuevo texto constitucional legitima activamente al afectado, entendiéndose por tal a quien sea lesionado en forma directa o indirecta (refleja) en el disfrute de sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, los Tratados y Leyes, es decir, que tenga un interés jurídico suficiente (arg. jurisp. SCBA, Ac. 70117 del 23/12/2009, Ac. 91.806 del 19/3/2008, Ac. 68.080 del 8/7/2008, Ac. 65.100 del 10/10/2007, entre otros).

El art. 1 de la ley de amparo provincial 13.928 -t. o. ley 14.192 - declara que la acción será admisible en los supuestos y con los alcances del art. 20 ap. 2 de la Constitución Provincial, que expresa: "la garantía de amparo podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato o por particulares, cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión proveniente de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y colectivos. El amparo procederá ante cualquier juez siempre que no pudieren utilizarse, por la naturaleza del caso, los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable....". El canon 2 establece específicamente los supuestos de inadmisibilidad.

IV.2. A su vez, dado que el amparo es la garantía por excelencia de los derechos constitucionales frente a la amenaza o violación que proviene de un acto u omisión del estado o de un particular, el amparista tiene la carga de describir en su demanda los hechos que determinan el carácter manifiesto de la arbitrariedad o ilegalidad del acto que impugna (Sagüés Néstor, "Acción de Amparo", Astrea, Bs. As. 1995, pág. 396), porque desde siempre nuestro máximo intérprete constitucional ha supeditado su admisión a la circunstancia de que no medie la necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, ni de un amplio debate y prueba (CSJN, O.29.XXXVII, "Obra Social de Empleados de Tabaco de la República Argentina y otro c. Estado Nacional s. Amparo", sent. del 10-10-2002).

Los hechos entonces, deben ser verificables fácilmente, de lo contrario, la pretensión del actor quedaría subordinada a un procedimiento inconciliable con la naturaleza de la tutela solicitada. Tampoco puede perderse de vista, como expresaba Morello, que quien interpone el amparo debe "determinar, con cuidadosa preocupación la identidad y registro del derecho a tutelar por esa vía rápida y expedita: lo que significa que ha de tratarse de uno de los derechos (o libertades) fundamentales, los que se gradúan en un orden de jerarquía o valor que no los hace a todos homogéneos, ni de igual nivel" (Morello Augusto M., "Constitución y proceso", Abeledo Perrot, pág. 215).

IV.3. En este contexto, encuentro ajustada a derecho la decisión apelada.

Coincido con el colega de la instancia previa en cuanto a que no se hallan reunidos los requisitos que hagan procedente esta excepcional vía, en tanto no se ha demostrado que exista un derecho constitucional lesionado, restringido, alterado o amenazado por un acto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (arts. 43 de la CN y 20 inc. 2 de la CPBA) a) En lo concerniente al derecho de tal linaje que se pretende tutelar, el accionante no ha logrado explicitar de manera contundente, ni ha probado con la documental acompañada, que la decisión del Centro Médico afecte su derecho a trabajar.

En este punto también concuerdo con lo expresado por el sentenciador en cuanto a que no se ha impedido al Dr. C. desempeñar su tarea de médico cirujano durante varios años y en diferentes centros asistenciales de la ciudad, por el hecho de no estar asociado a la entidad demandada.

Al respecto, el apelante ha invocado que es necesario su ingreso para poder regularizar su trabajo y atender a todos aquellos pacientes que tienen coberturas sociales convenidas con dicho Centro y con cobro a través de su organización; afirmando que regula y distribuye los honorarios derivados del contrato suscripto con el IOMA, que constituye el 50% del laboreo de la Clínica Colon, donde es jefe de servicio de cirugía cardiovascular.

Sin embargo, no encuentro en estas actuaciones ningún elemento tendiente a demostrar que únicamente, a través del Centro Médico pueda ser prestador de IOMA (arts. 375 y 384 CPC).

Tampoco hay evidencia alguna acerca de que el volumen de prácticas de la Clínica Colon sea el que menciona en su escrito de inicio y que sólo asociándose a la entidad accionada pueda atender a los pacientes afiliados a esa obra social (art. cit.).

b) A su turno, tampoco observo que la decisión del Centro Médico sea manifiestamente arbitraria o ilegítima, ni que se haya demostrado que ésta importe un trato discriminatorio (art. 20, ap. 2 CPBA).

b.1. El Estatuto de la entidad y su reglamento de Ingreso y muy especialmente el convenio celebrado el 22 diciembre de 2010 (fs.86/87), que ha sido expresamente reconocido por ambas partes en oportunidad de admitir al Dr. C. como asociado provisorio, echan por tierra cualquier intento de calificar como manifiestamente arbitraria o ilegítima la postura de la demandada.

Una conducta desplegada acorde a reglas contenidas en un estatuto o en un convenio de partes no puede ser calificada, prima facie, de arbitraria o ilegítima pues aún en el caso de serlo, la ley exige -tal como lo tiene dicho el tribunal cimero bonaerense- que se manifieste de un modo patente, claro, ostensible o notorio (SCBA, Ac. 59168, 16/2/1999), que a todas luces no es el caso que se refleja en autos.

En cuanto a la reglamentación interna, más allá de que su redacción ha sido modificada en lo tocante a este punto, tanto en su versión anterior como en la actual, el espíritu de la norma estatutaria es claro: se busca condicionar la admisión del profesional a que no tenga el asiento principal de sus tareas profesionales en un establecimiento con intereses contrapuestos con el Centro Médico, sus asociados o las entidades a las que se haya vinculado prestacionalmente.

El Estatuto agregado a fs. 63-79 establece en su art. 7, parte final, que "Todas las categorías de socios serán objeto de regulación por medio de las reglamentaciones internas que dicte la entidad, las que serán de observancia obligatoria" (fs. 66).

El art. 31 al regular las funciones de la Comisión Directiva, establece: "a) Cumplir y hacer cumplir estos estatutos y las reglamentaciones internas que se dicten... c) Elaborar y aprobar las Reglamentaciones internas que rijan a la entidad ajustadas ellas a las mandas estatutarias y de ley", y, "Elevar a la Asamblea, para su aprobación, las reglamentaciones internas que dicte, como organismo directriz, así como las que emanen de otros órganos sociales" (fs. 69 vta. y 70).

El art. 36 enuncia cuáles son los órganos que integran la Comisión Directiva "para una mejor organización", y entre ellos, la Subcomisión Institucional es la encargada del control de ingreso y egreso de asociados (art. 41 inc. f).

En función de tales normas, se dictó el reglamento de fs. 80-81, aprobado el 21-12-2010, aplicable a toda solicitud de inscripción como socio, y que expresamente establece en su art. 1 que reglamenta los arts. 2, 6 y 7 del Estatuto del modo que ha sido señalado por el a quo.

Como cualquier asociación civil, el Centro Médico necesita contar con una ley interna que rija los deberes y derechos de los asociados. Los estatutos son, pues, el conjunto de estipulaciones destinadas a regular la organización y el funcionamiento de la asociación (arg. Art. 40 del Código Civil). No encuentro así, más que una decisión de los miembros sobre las que resulta inadecuado, en principio, inmiscuirse.

En lo atinente a la naturaleza del estatuto y las reglamentaciones dictadas en su consecuencia, Llambías los considera una norma jurídica secundaria, porque participando de la índole de la norma por su función y estructura, provienen inicialmente de la voluntad particular y son elevados al rango normativo por la autoridad pública competente. Por ello, concluye, constituyen una ley en sentido material, que tiene la característica de originarse en la voluntad de los particulares, siendo finalmente sancionada por la autoridad estatal (Llambías Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil. Parte general", Abeledo Perrot, Bs. As. 2010, Tomo II, pág. 102).

Rivera señala que el estatuto es la principal fuente de derechos y obligaciones de los miembros de una asociación, y que los tribunales nacionales sostienen que, cuando una persona ingresa a una, debe aceptar las cláusulas de los estatutos tal cual están redactadas, quedando así subordinada a dichas disposiciones y sin que éstas puedan modificarse a su respecto, "habida cuenta de que uno de los caracteres de aquéllos es su imperatividad. Del mismo modo resultan obligatorios los reglamentos internos, toda vez que al completar los estatutos cabe acordarles idéntico alcance legal" (Rivera Julio César, "Instituciones de Derecho Civil. Parte general", Abeledo Perrot, Bs. As. 2010, Tomo II, pág. 159, con cita en nota 7 de CNCiv. Sala E, en ED-117-560).

Por ende, la asociación puede reglamentar los requisitos necesarios para formar parte de ella, sin que existan limitaciones a esa facultad de establecer condiciones de ingreso, salvo por cuestiones de discriminación (art. 1 de la ley 23.592).

b.2. Pero donde la ausencia del requisito de arbitrariedad o ilegitimidad en el obrar del ente demandado es palmario, es en el convenio suscripto con el amparista el 22/12/2010 (fs. 86/87).

Allí expresamente aceptó tal condicionamiento o recaudo de ingreso al Centro Médico al declarar conocer, aceptar y respetar las mandas estatutarias y, especialmente, al asentir que debía acreditar antes del plazo de un año que el lugar de prestación principal de sus servicios no se halle en el Hospital Privado de Comunidad ni en ningún otro centro que esté en competencia directa o indirecta con la institución, sus integrantes y las entidades médico - sanatoriales a las que ella se haya vinculada (conf. art. 8 del Reglamento de ingresos).

Cabe mencionar que este proceder contradice la doctrina de los actos propios, que hace a la buena fe contractual y de estricta aplicación a la actividad que despliegan las partes en cuanto a que determinados comportamientos, incluso de abstención o por vía del silencio, generan el efecto de privar al sujeto del que provienen, del derecho a volver contra sus propios actos cuando éstos afectaren derechos o expectativas de otros sujetos de derecho que han sido generados por estos comportamiento (art. 1198 del Cód. Civil; SCBA Ac. 69.603, sent. del 2-II-2000; Ac. 78.497, sent. del 12-IX-2001; esa Sala Ac. 76.128, sent. del 15-V-2002; Díez Picazo Luis "La doctrina de los propios actos", pág. 142, Bosch, Barcelona, 1963; de los Mozos José Luis "El principio de buena fe", pág. 183-185, Bosch, Barcelona, 1965; Mossett Iturraspe Jorge "Justicia contractual", pág. 146, Ediar, Bs.As. 1977).

En concreto, la causa de la admisión provisoria y la fijación del plazo para adecuarse a esa exigencia fue, precisamente, el hecho de que el Dr. C. tenía concentrada su mayor faena profesional en tal centro asistencial.

Los argumentos del a quo han sido, a mi entender, concluyentes en este aspecto, señalando el carácter voluntario y vinculante de este acuerdo, al tiempo que las quejas apuntadas por el recurrente se encuentran en los limbos de la deserción (art. 260 del CPC).

El amparista ha pretendido justificarse sosteniendo que debió suscribir ese convenio para poder seguir trabajando, por encontrarse en un estado de necesidad.

Empero este planteo demuestra la improcedencia de la pretensión, desde que la discusión sobre la eficacia de un acto jurídico exige, por regla, de un juicio de conocimiento con mayor debate. Por el contrario, el amparo es una vía de excepción que -como tutela judicial diferenciada, al decir de Rosales Cuello- se justifica sólo en la medida que no exista otro canal de acceso a la jurisdicción para proteger derechos y garantías constitucionales (Rosales Cuello, Ramiro, "El derecho a un proceso breve y sencillo frente a situaciones de amparo en la provincia de Buenos Aires. Análisis del proceso de amparo en la provincia de Buenos Aires luego de la reforma de la ley 14.192", Abeledo Perrot nº AP/DOC/4071/2012).

En tal sentido, el mayor órgano de la judicatura argentina ha entendido, en el caso "Prodelco" (LA LEY, 1998-C, 574), que la nueva redacción del art. 43 de la Constitución Política no modificó la naturaleza del amparo, enfatizando que es un proceso utilizable en delicadas situaciones extremas en las que -por carecer de otras vías idóneas o aptas- peligra la salvaguarda de los derechos fundamentales (Fallos 252:154; 308:1222).

b.3. A su vez, tampoco encuentro demostrado que haya recibido un trato discriminatorio.

Tal como lo expusiera, siguiendo calificada doctrina autoral, en la sentencia dictada en la causa nro 143.790 -"Machinandiarena Hernández, Nicolás c/Telefónica de Argentina s/Reclamo contra actos de particulares", del 27/05/09- la discriminación ha sido conceptualizada, como todo "acto u omisión por el cual, sin un motivo o causa que sea racionalmente justificable, una persona recibe un trato desigual que le produce un perjuicio en la esfera de sus derechos o forma de vida" (Huerta Ochoa, Carla "La estructura jurídica del derecho a la no discriminación" en "Derecho a la no discriminación", Carlos de la Torre Martínez, coord., pág. 185, Consejo Nacional para prevenir la discriminación, Comisión de Derechos Humanos DF, México, UNAM, IIJ, 2006).

En suma, se consideran como rasgos definitorios de la discriminación: la diferencia de trato, frente a la norma estándar, en contra del sujeto discriminado; que pueden consistir en hacer distinciones, limitaciones, preferencias y exclusiones; siempre que tal exclusión generare un elemento en perjuicio para el discriminado; y tal diferencia de trato debe tener un específico resultado, del que ha sido medio esa diferenciación, y que consista en la creación de una situación discriminatoria objetiva que anule o perjudique para el discriminado el goce de determinados derechos, que menoscaben sus intereses o que grave las cargas (Alzaga Villamil, Oscar [Director]. Comentarios a la Constitución Española de 1978, Tomo II, págs. 262 y 262, Cortes Generales-Editoriales de Derecho Unidas, 1996).

Este derecho fundamental de toda persona a la no discriminación tiene su debido resguardo, en todo el esquema normativo, tanto en disposiciones universales -arts. 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-; regionales -arts. 11 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-; y domésticas -arts. 16 de la CN y 11 y 36 de la CPBA- que se complementan entre sí. Integrando, las cartas internacionales mencionadas, el bloque de constitucionalidad federal (art. 75, inc. 22 CN).

En el sub examine el galeno actor ha señalado que serían dos las causas por las cuales la decisión del Centro Médico sería discriminatoria: en primer lugar, la reglamentación no hace prevalecer la idoneidad del médico sino su pertenencia a determinados centros asistenciales; y en segundo lugar, en haberle permitido el ingreso a otros médicos pese a estar en una situación similar.

El primero de los motivos mencionados deviene irrevisable por la jurisdicción. Aún en el caso de ser cierta la afirmación del recurrente, la decisión de no preferir la excelencia académica o idoneidad profesional es privativa de los miembros que componen la entidad.

En cuanto al segundo de los motivos señalados, lo expuesto por el quejoso no ha pasado de ser sólo la invocación de un hecho que no ha sido probado, y por ende no brinda al juzgador el marco suficiente para analizarlo a la luz del artículo 16 de la Constitución Federal (art. 375 del CPCC).

La documental acompañada a fs.26/27, que da cuenta de otros médicos que aun laborando en el Hospital de la Comunidad fueron admitidos como asociados al Centro Médico, no demuestra que tengan allí el desarrollo principal de su profesión (art. 375 CPC).

Como adelantara, no se ha demostrado trato discriminatorio alguno en la persona del Dr. C..

V. En definitiva propongo al acuerdo la confirmación de la sentencia apelada pues no he encontrado en los argumentos expuestos por el apelante, ni en la prueba colectada, la afectación constitucional que se invocó ni la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en el obrar de la entidad demandada (arts. 43 CN; 20 ap. 2º CPBA; 1 ley 13.928; 375 y 384 CPC).

Así lo voto.

El doctor Méndez votó en el mismo sentido y por los mismos fundamentos.

2º cuestión.- El doctor Monterisi dijo:

Corresponde: 1º) Rechazar el recurso interpuesto a fs. 167/171; 2º) Imponer las costas al apelante en su calidad de vencido (art. 68 del CPC).

Así lo voto.

A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en el mismo sentido y por los mismos fundamentos.

Por los fundamentos expuestos en el presente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso interpuesto a fs. 167/171; II) Imponer las costas al apelante en su calidad de vencido (art. 68 del CPC), difiriéndose la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 dec. ley 8904). Notifíquese personalmente o por cédula con habilitación de días y horas inhábiles (arts. 135 inc. 12 y 153 cód. cit.). Oportunamente, devuélvase al juzgado de origen.- Ricardo D. Monterisi.- Alfredo E. Méndez.