Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-11-26


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Ciento sesenta y ocho.- San Fernando del Valle de Catamarca, 26 de noviembre de 2.009.

Y VISTOS:

Estos autos Corte N° 064/09: "ROMERO, María Azucena c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL - s/ Amparo", y CONSIDERANDO:

1- Que por la presente causa la Sra. María Azucena Romero, con patrocinio letrado, inicia acción de amparo en contra de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, con el objeto de que se declare la inaplicabilidad del Decreto del Poder Ejecutivo Municipal S. G. y C. Nº636/09, el que le fuera notificado con fecha 16/09/09, por considerar que el mismo afectaría derechos y garantías asegurados por la Constitución Nacional, Arts.14, 14 bis, 17, 75 inc.2 y ccs. Justifica la procedencia formal y temporal de la acción, y en cuanto a los antecedentes fácticos señala, que con fecha 10 de junio de 1992 se le habría otorgado autorización para instalar un kiosco en calle peatonal Rivadavia, dictándose la Resolución SOSP Nº98/92, aunque desde el año 1991 ocupaba dicho espacio dedicándose a la venta de flores. Que siempre cumplió con sus obligaciones fiscales y que no es cierto que se impida el paso de los servicios públicos, como señala el Decreto, por lo tanto considera que el mismo es nulo, al ser falsos los hechos invocados y considerados como antecedentes para su dictado. Solicita medida cautelar de no innovar, a los fines de que la Municipalidad se abstenga de efectuar cualquier tipo de medida en el comercio de su propiedad, hasta que se resuelva sobre el fondo de la cuestión o bien que se disponga una nueva ubicación del local. Ofrece prueba documental e informativa, peticionando en definitiva se haga lugar al presente recurso de amparo y a la tutela requerida. 2- Que sorteados los autos en Mesa de Entradas Única, pasan los mismos al Juzgado de Familia de Primera Nominación, y previo dictamen del Ministerio Público Fiscal, mediante Sentencia Interlocutoria Nº 245/09, se declara la incompetencia del Tribunal para entender en las presentes actuaciones, disponiendo su elevación a esta Corte de Justicia. Recibidos los mismos, a fs.49 se corre vista de la jurisdicción y competencia y, en su caso de la viabilidad formal de la acción y medida cautelar solicitadas al Ministerio Público. Incorporándose a fs.50 Dictamen Nº100, por el que propicia la inadmisibilidad de la excepcional tutela instada. Firme el llamado de autos para resolver -fs. 51- por lo que la causa se encuentra en estado de emitir pronunciamiento.

3- Que atento a la materia traída a resolver, este Tribunal resulta competente en virtud de lo establecido en el Art.204 de la Constitución Provincial y Art.1 de la Ley 4998, modificatoria del Art.4 de la Ley 4642, asimismo, conforme a jurisprudencia reiterada de esta Corte de Justicia a partir del caso "Altamirano". 4- Que en este estadio procesal corresponde merituar el preliminar juicio de admisibilidad del memorial de demanda, en cuanto a la satisfacción de los requisitos procesales extrínsecos de la excepcionalísima acción de amparo deducida. Que el Art.1 de la Ley de Amparo exige como condición de admisibilidad de la acción que el acto de autoridad pública lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos constitucionales alegados por el amparista. Conforme a tales directivas, quedan excluidas aquellas cuestiones en las que no surge con total nitidez la arbitrariedad o ilegalidad que se arguye, ya que los temas opinables o aquéllos requeridos de mayor debate y pruebas son ajenos a esta acción, que no tiene por finalidad alterar las instituciones vigentes, atento que sin duda, en el caso de autos, la Administración se encuentra facultada para fijar las pautas y condiciones para el otorgamiento de permisos o autorizaciones para la ocupación de la vía pública, dentro del marco legal que le es propio, ejerciendo atribuciones y deberes inherentes al poder de policía tendiente a la prosecución del bien común y el interés general de la comunidad que conforma el municipio.

En efecto, no surge del acto atacado -Decreto Nº636/09- la ilegalidad o arbitrariedad que se le atribuye, en tanto se desprende de los fundamentos del mismo y de la documental presentada, que al reglamentar la actividad de que se trata, la Administración Municipal autorizó en un primer momento (Resolución de fecha 08 de abril de 1991) de manera transitoria la colocación del puesto de venta de flores y plantas, posteriormente en el año 1992, por Resolución Nº98, se autorizó variar el rubro a venta de golosinas y revistas, de manera provisoria, quedando sujeta a la decisión final que tome el Departamento Ejecutivo Municipal, una vez concluido el proyecto total de Peatonal de calle Rivadavia, dejando expresamente establecido que la beneficiaria deberá proceder a la desocupación del mismo cuando el municipio lo considere necesario.

Que por lo tanto, las decisiones de la Administración, emitidas en ejercicio de atribuciones legales propias, cuentan con el debido respaldo legal o normativo y gozan de presunción de legitimidad y ejecutoriedad. Que entrar a indagar en este proceso excepcionalísimo y dentro del marco limitado de la acción de amparo el control de legalidad de las bases normativas y fácticas tenidas en cuenta para la toma de decisiones, encierra un complejo conflicto de intereses que, como cuestión jurídica opinable, excede el marco cognoscitivo de la acción, requiriendo mayor amplitud de debate dada la característica breve del trámite que tiene asignado esta acción urgente.

Asimismo, la disposición municipal constituye un acto de gobierno emanado del Órgano comunal, cuyo carácter discrecional, ajustado a criterios de razonabilidad y de interés general, en cuanto a su dictado, es facultativo de la Administración y su revisión judicial solamente sería admisible en el supuesto excepcional de evidente o notoria injusticia, pues de lo contrario implicaría vulnerar el equilibrio y la separación de Poderes del Estado. Tal como lo ha expresado este Alto Tribunal en autos Corte Nº98/03, "Gómez, Oscar y otros c/Municipalidad de S.F.V.Catamarca s/Acción de Amparo". Por último, cabe agregar que conforme al carácter y naturaleza precaria de la autorización para ocupación de la vía pública, que implica para la amparista conocer el carácter revocable del permiso otorgado, donde el derecho le había sido otorgado expresa y válidamente a título transitorio, por lo que los derechos constitucionales que denuncia como vulnerados por el acto de autoridad no se configuran como definitivos ni consolidados. Es que, por imperativo constitucional ningún derecho es absoluto sino que se encuentra condicionado a las leyes que reglamentan su ejercicio, principio dirimente de la cuestión traída a decisión de esta Corte de Justicia, (conf. S. I. Nº72/08, autos Corte Nº67/08 "Godoy, A.R. c/Munic. de S.F.V. Catamarca s/A. de Amparo). Tal aseveración lleva a la consideración que la ilegalidad atribuida a la decisión de revocar la autorización transitoria de ocupación de la vía pública sobre calle peatonal Rivadavia, no surge de modo claro y manifiesto, tal como lo requieren las normas de los Arts.1 y 6 inc. a) de la Ley 4642. Por lo que se impone el rechazo de la acción intentada. "Es que la ilegalidad debe aparecer de modo claro y manifiesto y no basta que el proceder denunciado entrañe la restricción de una garantía constitucional. Se requiere además que el acto carezca del mínimo respaldo normativo tolerable para subsistir como tal, como lo pregona doctrina autorizada; que haya surgido al margen del debido proceso legal que constituye el fundamento de validez de toda conducta jurídica."(conf. Morello, Augusto, Vallefín, Carlos en "El Amparo, régimen procesal", pág. 29). Por ello, oído el Ministerio Público Fiscal y lo prescripto por los Arts. 1, 2 inc. d) y 6 inc. a) de la Ley 4642. LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la acción de amparo interpuesta por ser manifiestamente inadmisible.

2) Imponer las costas a la accionante. 3) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).