marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ley de emergencia, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Asociación Bancaria Seccional Catamarca c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-05-09

Es doctrina pacífica de la CSJN, la que entiende que la garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal e igualitario a quienes se hallen en una razonable igualdad de circunstancias. La observancia de esta garantía y del principio de legalidad, no obsta a que el legislador contemple de manera distinta en el marco de una ley situaciones que considere diferentes, en la medida que tales criterios de distinción no sean arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase, o de ilegítima persecución. En efecto, en la ley de emergencia que se cuestiona rige dicho principio al establecerse una exclusión de su ámbito de aplicación, esto es grupo o sector de personas que perciban menos de $ 400 de salario y por ende son de escaso poder adquisitivo, estableciendo un aporte más alto para los que más ganan. Tal excepción no niega el principio de generalidad sino que lo integra con el principio de equidad que obliga a adecuar la generalidad del mandato a las condiciones particulares y objetivas que constituyen determinado con texto social, de igual modo que sobre similares cuestiones establecen como excepciones los textos constitucionales.

Ergo el amparo referido a esta cuestión debe rechazarse in limine.
Procedimiento laboral, ley supletoria
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Copa, Angel y Otros c/ Minera Tea S.A.M.I.C.A. y F. y Otro s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-08-24

Se incurriría en grave error al pretender introducir principios de procedimiento civil no contemplados o modificados por el laboral, ya que ello vulneraría disposiciones que corresponden a necesidades y disciplinas jurídicas distintas.
Recurso de casación, desagio, prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: LA PROVEEDORA INDUSTRIAL c/ MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-08-29

La actora no acreditó en autos que su sistema de variaciones de costos eliminara la posibilidad de introducir una espectativa inflacionaria en el precio, prescindiendo de toda prueba pericial específica a este tema- al respecto. Consecuentemente, no despega la existencia de una duda razonable en torno a la incorporación de una previsión inflacionaria en el precio del contrato acorde con la inestabilidad de la situación general del mercado tanto económico como financiero, ya sea al momento de formular su oferta como al tiempo de hacerse efectivos los compromisos económicos. Determinado de tal suerte este enmarcamiento jurídico, le correspondía al actor hacerse cargo de la afirmación del hecho y su prueba, espectativa que resultó incumplida.
Impuestos, recurso de apelación (procesal), Superior Tribunal de la Causa
Materia: PENAL
Carátula: LUTZKER, CLARA s/ Ley 11683, Recurso de queja por apelación denegada Causa Nro.  33042.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-19

Debe rechazarse el recurso de queja contra la resolución que no hace lugar a los recursos de nulidad y apelación interpuestos pues conforme al art. 78 de la ley 11683 (t.o. 1978), con las modificaciones de las leyes 23314, art. 20; 23905, art. 19 ap. 5, la resolución cuestionada es inapelable.
Venta de inmuebles fraccionados en lotes, ley de orden público, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: HARISMONTE S.C.A. c/ SANCHEZ ALICIO. s/ RESCISION DE BOLETO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-24

Las disposiciones de la ley 14.005 son de orden público (conf. C N.Civ. Sala B, E.D. 97-603; íd. c. 278.078 del 14-4-82; Sala C, E.D.

93-645; íd. c. 286.295 del 9-6-83; Sala E, c. 9.920 del 12-11-84) y por lo tanto pueden ser aplicadas de oficio por los jueces y sin que posea relevancia, por ende, la circunstancia de que el adquirente no las haya invocado.
Remuneración, uso de vivienda, muerte del trabajador, herederos
Materia: LABORAL
Carátula: EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS c/ CASTRO VIUDA DE PRADO, ELSA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

El Derecho del Trabajo admite la entrega de la casa habitación como una prestación complementaria integrante de la remuneración (artículo 105 LCT.) siendo ésta la contraprestación que recibe el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo (artículo 103 LCT.); pero al extinguirse el vínculo, ya no existe motivo para que el empleado, o sus sucesores (por aplicación del artículo 3270 Código Civil) sigan manteniendo en su poder la unidad habitacional entregada.
Contrato de trabajo, temeridad o malicia, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Villalba, Rafael Ernesto c/ O.I.T. Logística S.R.L.  y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-31

La aplicación de las sanciones previstas en el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, sólo proceden en casos extremos, cuando en el proceso se acredita que la contraparte se comportó con conciencia de su propia sin razón, incurriendo en un proceder malicioso y temerario. Tal conducta debe quedar perfectamente configurada, nacer de las propias actuaciones y dejar en el ánimo de quien debe aplicarlas el convencimiento absoluto de que se ha actuado con dolo o culpa grave en grado sumo. Ello es así, porque se encuentra en juego el principio constitucional de defensa en juicio.
Reglas de la sana crítica, sentencia, fundamentación de sentencias, prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: R, J L s/ HOMICIDIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 297-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-09-25

En un sistema de libre o sana crítica, el juez tiene libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común. Pero libre convicción no es un convencimiento íntimo o inmotivado sino un convencimiento lógico y motivado, racional y controlable, que se base en elementos probatorios objetivos de vida inocultable, que se reflejan en la conciencia del juzgador para dar origen al estado psíquico (duda, posibilidad, certeza) en que él se encuentra al dictar el proveído.
Concursos, sociedades mutuales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sociedad Italiana de Socorros Mutuos s/ Liquidación judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-07

En el caso de autos se declara de oficio la inconstitucionalidad del art.37 de la ley 20321, en cuanto considera no aplicable a las entidades mutuales las disposiciones de la ley 19551, por ser injusta y por estar en pugna con el art.16 de la C.N. y de la cláusula del preámbulo que ordena afianzar la justicia . En consecuencia devienen aplicables las disposiciones de los arts.33 a 41, 96 inc.1, 97, 110 a 118; 119 a 128,129, 130 a 146;147 a 163, 166 a 169, 197 a 211, 212 a 221, 260, 263 a 274 y 296 a 304 de la ley 19551, y todos aquellos arts. que adecuándose a la naturaleza de la sociedad y demás disposiciones de su estatuto legal particular , no impliquen que la entidad liquidada se encuentre en estado de concurso preventivo o definitivo.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, exceso de velocidad, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: LAGO, MATILDE GREGORIA c/ HOSPITAL REGIONAL ZAPALA Y OTROS s/ DA¥OS Y PERJUICIOS USO DE AUTOMOTOR SIN LESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-29

Cotejando ello con lo dispuesto por los arts. 41, 50, 51 y 64 Ley Nacional de Tránsito 24.449 y Decreto Reglamentario 779/1995, que establece la obligación de todo conductor de calcular al llegar a la intersección una velocidad de 25 o 30 km por hora, es que cabe imponer responsabilidad en el evento también al conductor del vehículo de la demandada.
Prescripción de la acción penal, recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mallmann, Carlos Alberto s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-20

Resulta arbitraria la sentencia de cámara que declaró mal concedido el recurso de apelación contra la providencia que sobreseyó al imputado por prescripción de la acción penal al sostener que el recurrente se limitó a cuestionar la calificación legal y no formuló cuestionamiento alguno en torno a la insubsistencia de la acción penal por violación del plazo razonable, dado que, el pronunciamiento del Juzgado instructor no incluyó, por un lado, la extinción de la acción penal por prescripción y, por el otro, la insubsistencia de dicha acción por haberse excedido la duración razonable del proceso, sino que se trató de una única decisión jurisdiccional, y no fue sino contra dicho decisorio que el señor Fiscal interpuso el recurso de apelación y dirigió sus agravios, en el cual dio cumplimiento al requisito de motivación que imponen los artículos 438 y 450 del CPPN
Reajuste jubilatorio, fallos de la Corte Suprema, calificación del trabajador, categoría equivalente, reescalafonamiento
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DEL VALLE ANDRADA, NEMESIO ISIDRO c/ I.M.P.S. s/ MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE LA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

Habiendo desaparecido la categoría profesional alcanzada al momento del cese, para proceder al reajuste del haber previsional corresponde aplicar la doctrina de la C.S.J.N. en los casos "Benzi, Rolando" (sent. del 13.08.85) y "Bisso, Victorio" (sent. del 10.12.85) donde se sostuvo que, a fin de otorgar una equivalente a la detentada al cese, correspondía ordenar al Instituto considerar la relación porcentual que el contenido económico de la categoría según la cual se liquidó el beneficio guardaba con respecto a la más alta del escalafón vigente a la época de la desvinculación laboral, y encuadrar el beneficio dentro de aquélla de tal suerte que mantenga actualmente la misma relación porcentual obtenida de la operación indicada.
Caducidad de instancia, segunda instancia, obligaciones del oficial primero
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTRYK, DAVID Y OTRO c/ CARRIL, CLAUDIO CESAR Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-19

A pesar de que constituye un deber del oficial primero del juzgado la remisión de los autos a la Cámara pesa sobre el apelante la carga del impulso procesal para que las actuaciones sean oportunamente elevadas.
Extradición, economía procesal, falta de arraigo, solidaridad internacional
Materia: PROCESAL - PENAL - INTERNACIONAL
Carátula: MERKIN, Samuel s/ extradición, Causa nro. 26.718
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-11

Admitir la extradición por las razones de economía procesal invocadas por el Sr. Juez a-quo implicaría aceptar el cercenamiento del derecho que le asiste al procesado por el sólo hecho de ser nacional argentino. Tampoco ofrecen resistencia los argumentos de solidaridad internacional y falta de arraigo que invoca el sentenciante. Justamente, la solidaridad internacional es la que da fundamento a la excepcional situación de juzgamiento en el país de un ciudadano que habría delinquido en otro. Por lo contrario tal solidaridad se vería afectada si, a más de no extraditarse, no se juzgara al requerido. (del voto del Dr. Cortelezzi).
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, secuestro de bienes, secuestro de mercadería
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P, D.R. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Incidente de devolución de efectos. Incidente de devolución de efectos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-23

No surge de la apelación origen de la presente, la existencia de un gravamen irreparable para el imputado que habilite la concesión de dicho recurso, entendiéndose aquel, como el perjuicio imposible de reparar durante el trámite del proceso o en la sentencia definitiva, razón por la cual el remedio procesal intentado carece de andamiento, siendo entonces su concesión errónea.

De las pruebas obrantes en la presente causa, no surge que la mercadería secuestrada sea de propiedad del encartado, toda vez que sólo se cuenta con su declaración, sin que tales dichos sean corroborados con ningún otro medio probatorio, tales como facturas y/o recibos que acrediten la propiedad aludida.

Así, mal puede existir invocación, y mucho menos, afectación, del principio constitucional de propiedad, toda vez que dicha propiedad no se halla acreditada, por lo que, en definitiva, no habremos de apartarnos del principio general de que toda cuestión pasible de ser resuelta en la audiencia de juicio, encontrará justamente allí su resolución.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, crédito verificado, honorarios, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la verificación  concursal -tempestiva y tardía- de créditos? ¿En la verificación   concursal -tempestiva y tardía- de créditos, corresponde regular   honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante? Auto sprint sobre  quiebra. Incidente verificación crédito. El presente pleno renueva   la cuestiones planteadas en el acuerdo número 30 del 12.6.1989   dictado por la misma cámara en pleno y en los mismos autos publicado  en JA 1989-III-517 Y LL 1989- C-585. (Expte. Nro. 128-87) -Tribunal   pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-27

A los fines regulatorios que se analizan, sólo cuentan dos conceptos:

monto pretendido ("insinuado") y monto judicialmente reconocido para concurrir ("verificado"). El problema es que ambos cuentan, y no uno u otro, desde que el artículo 287 de la ley 24522, al usar la conjunción copulativa "y", exige que el importe crediticio a tomar como base de cálculo de este honorario debe reunir las dos características: haber sido insinuado y haber sido verificado. Se advierte con facilidad que si ambos importes coinciden -por obtenerse verificación del exacto importe insinuado- no habrá dificultades. Sí las hay, en cambio, cuando es menor el importe verificado que el importe pretendido (mayor, claro está, no podría serlo pues ello importaría fallar ultra petita lo que está vedado conforme al principio de congruencia que, en este aspecto, también vincula al juez concursal). (De los Fundamentos del Dr. Rouillon).
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ventura de Veigas, J. y ots. c/ Segovia, Rubén y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-17

La operación interpretativa del derecho es un procedimiento mediante el cual se constatan los conceptos del sistema jurídico. Tal interpretación, obviamente, debe ser sistemática. Lo dicho no se modifica, por cierto, en los casos en que es la propia ley la que otorga amplios márgenes al intérprete. Cuestión distinta es la del modo en que el Juez afronte los casos en que el sistema jurídico parezca enfrentarse con la justicia o con la moral. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, empleo público, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia de Misiones. s/ Cuestión de Competencia Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-10-03

Tratándose de la impugnación de los actos administrativos dictados como consecuencia de una relación de empleo público, no es procedente la acción de amparo sino la acción contencioso-administrativa previo agotamiento de la vía administrativa.

Ninguno de estos pasos ha cumplido el recurrente, no dando explicación alguna de no haber utilizado los medios comunes de impugnación que la ley pone a su alcance, ni justificado, tampoco, la urgencia de la vía extraordiaria del amparo.
Hipoteca, principio de especialidad (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: TRUCHERO, ONIS c/ SAGITRA  S.A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-03

El código civil no brinda pauta de la cual pueda inferirse que la determinación del monto hipotecario en una suma de dinero, apunta exclusivamente a una cantidad de moneda nacional. La orientación que descarta que el crédito puede ser expresado en moneda que no sea de curso legal, es extraña a la normativa del Código, que trata como deudas dinerarias también a las contraídas en aquella moneda, art.

617, no siendo imprescindible estimar su valor en moneda de curso legal.
Demanda contra Estado extranjero, Estados extranjeros, inmunidad de jurisdicción, inmunidad de ejecución, juicio ejecutivo, embargo, sentencia de trance y remate
Materia: PROCESAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: O.S.N. c/ Embajada de la URSS -Representación Comercial de Rusia s/ ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-21

Una resolución que dispone un embargo no tiene, en la práctica, fuerza ejecutoria en sí misma hasta la efectiva traba de aquél, no obstante lo cual puede oponerse en tal supuesto la inmunidad de ejecución, pudiendo invocarse también la inmunidad en el supuesto de sentencias de remate, cuyo cumplimiento requiere ineludiblemente la traba de embargo (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, responsabilidad objetiva, peatón distraído
Materia: CIVIL
Carátula: Godoy, Amelia Teodora c/ Piano, Victorio s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-13

Las normas que regulan la circulación vehicular obligan a los conductores de los rodados a conservar en todo momento el dominio sobre sus máquinas (artículos 65 y 67 de la Ley 13.893), pues el peatón distraído y aún el imprudente, es un riesgo inherente al tránsito callejero, razón por la cual aquellos deben extremar las medidas para evitar accidentes y, en caso de que sucedan, aquella circunstancia no los libera de la presunción de culpa que sobre ellos pesa, debiendo destruirla mediante la prueba contundente que demuestra alguna de las eximentes de responsabilidad.
Recurso extraordinario, enfermedades, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: Trinidade, Hayde s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-27

No obstante que el pronunciamiento de este Tribunal por el que se rechazó el recurso de casación, se fundó en la no adecuación de la enfermedad padecida por la encartada, a los estándares previstos en el art. 33 de la Ley 24.660, la índole de los planteos efectuados por el recurrente autoriza la hipótesis de la existencia de una cuestión federal con entidad suficiente para habilitar la instancia extraordinaria. En consecuencia, habiéndose cumplido con las previsiones de los arts. 14 y 15 de la ley 48, corresponde admitir el recurso extraordinario deducido. (Voto de los Dres. Riggi, Ledesma y Tragant).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, jueces, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RUIZ, JUAN CARLOS c/  s/ PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO CALIFICADA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-17

No se advierte, dentro del control que debe realizar el juez, reglado en los artículos 339 a 345 del digesto procesal -ni de ninguna otra disposición del mismo-, que se encuentre comprendida la exigencia de solicitar a las partes el acompañamiento del legajo fiscal, ni que el mismo sea exhibido ante el órgano jurisdiccional como condición de admisibilidad del acuerdo abreviado, como pareció entenderlo la Jueza de grado al decir que previamente acompañen las partes el legajo fiscal y se proveerá, toda vez que dicha interpretación resulta incompatible con las propias pautas del sistema adversarial y acusatorio, comprometiendo el debido proceso y, tal como resalta la recurrente, implica una contaminación de la imparcialidad del Tribunal. (Del voto del Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículos 339 a 345
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ ALVARO ANTONIO c/ LA PLAZA BOUTIQUE S.H. Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-05-28

Negada la relación laboral por las accionadas y no probada la misma ni prestación de servicios, carece de entidad el silencio de las mismas a las intimaciones efectuadas. Debe en consecuencia rechazarse el agravio.
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Volonte, Arturo Carlos c/ Pastorino, Carlos A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

La carga de responder el emplazamiento tiene por finalidad obtener el reconocimiento o la negativa de los hechos involucrados por el accionado. Si alguna duda pudiera surgir de la valoración de la prueba, justo será entonces que las consecuencias las sufra quien no cumplió con un deber procesal de tanta trascendencia.-
Acción autónoma de nulidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: RANALLO, MAURICIO RAMON c/ SADESA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO DE NULIDAD POR COSA JUZGADA IRRITA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-01

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la facultad de ejercer una acción autónoma declarativa invalidatoria de la cosa juzgada que se considera írrita, sin que sea óbice para ello la falta de procedimiento ritual expresamente previsto, ya que esta circunstancia no puede resultar un obstáculo para que los tribunales tengan la facultad de comprobar, en un proceso de conocimiento de amplio debate y prueba, los defectos de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada que se impugnan.
Filiación extramatrimonial, reconocimiento de hijo extramatrimonial, posesión de estado, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: L. DE S.R. s/ ACCION DE FILIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-04

Para demostrar el parentesco de hermanos extramatrimoniales debe acreditarse el reconocimiento de los padres comunes, o las filiaciones respectivas, para lo cual es necesaria la prueba de la posesión de estado en el supuesto de haber fallecido los progenitores (art. 325 del Código Civil).

La posesión de estado consiste en el goce y ejercicio del título de estado de familia. La doctrina moderna ya no exige que para acreditarla se reúnan los tres elementos clásicos: nomen, tractus y fama, sino que ha llegado a permitir que se demuestre aún a falta de alguno de ellos, aunque prestigiando al tractus.

Las exigencias de unos y otros elementos deben ser sopesadas en cada caso según sus especiales circunstancias, debiendo apreciarse el conjunto de todos aquellos actos u omisiones detalles, actitudes y circunstancias que lleven al Juez a la convicción de que se gozó de la materia de tal estado.