Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19


BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Reg.: A y S t 197 p 101-104. Santa Fe, 19 de mayo del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Banco Central de la República Argentina contra la resolución 84 del 22 de septiembre de 1998, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto -integrada- en autos "BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA -Revisión Expte. 2205/98 Relativo al Embargo y Secuestro de la Cartera Oport. Cedida por Autor. Estatutarias del Ex-B.I.D. al B.C.R.A. -Cuerpo de Fotocopias Pertenecientes al Incidente- (Expte. 292/98)" (Expte. C.S.J. n 274, año 1999); y, CONSIDERANDO:

1. La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral -integrada- de Venado Tuerto confirmó el fallo de primera instancia que había rechazado la revocatoria intentada contra el auto 1795/97 -el cual, a su turno, había concedido la medida cautelar solicitada por la Sindicatura actuante en la quiebra del ex-Banco Integrado Departamental, consistente en la intervención de la cartera de créditos cedida por éste al Banco Central de la República Argentina en garantía de la asistencia financiera otorgada oportunamente a la fallida-.

Contra aquél pronunciamiento deduce la Entidad Rectora recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Carta Magna provincial, como lesivo de derechos y garantías constitucionales. Invoca los artículos 16, 17 y 18 de la Ley Fundamental de la Nación.

Concretamente, le endilga al A quo incurrir en diversas causales de descalificantes, a saber:

a) Apartarse del régimen legal aplicable.

Sostiene que el Tribunal soslayó expresas normas federales (precisamente, la Ley de Entidades Financieras, sus modificatorias y la Carta Orgánica del B.C.R.A.) que garantizan a la Institución Rectora la conservación y resguardo de los créditos que gozan de privilegio especial.

Aduce que la Alzada prescindió de toda consideración respecto del mencionado linaje al confirmar el auto del Magistrado de primera instancia, el cual había otorgado prioridad a un derecho emanado de una resolución verificatoria en la órbita del proceso falencial por sobre aquellas disposiciones de jerarquía superior.

Asimismo, discrepa con la opinión del Judicante en tanto entendió que el decisorio dictado en un proceso de verificación de créditos reviste la calidad de una sentencia judicial dictada en un juicio plenario de conocimiento.

Al respecto, la quejosa arguye que el artículo 37 de la ley concursal es elocuente en lo relativo a los alcances de ese pronunciamiento, el cual -agrega- puede ser objeto de revisión; y pone de resalto que es en esa oportunidad cuando el incidentista puede ofrecer y producir la prueba que haga a su derecho, extremos vedados en el trámite previo.

El déficit axiológico lo centra la recurrente en que, a su juicio, lo decidido cercena el derecho invocado por el Banco Central con asiento en los preceptos mencionados, extremos cuya meritación resultaban suficientes para revocar la precautoria trabada.

b) Arbitrariedad en la ponderación de los requisitos de admisibilidad de la cautelar solicitada.

Tal reparo se vincula con la motivación esgrimida por el Sentenciante en torno a uno de los presupuestos necesarios para la admisión de dicha medida precautoria, cual es el peligro que entrañaría la demora en disponer la medida peticionada en salvaguarda del derecho invocado.

Sobre el particular manifiesta que el Judicante fundamentó su postura favorable al cumplimiento del mencionado recaudo en el desinterés del Banco Central en administrar la cartera cedida, así como en la omisión de rendir cuentas de su gestión. Alega la impugnante que el Sentenciante confundió el parámetro de análisis para determinar la configuración de aquel extremo.

En efecto, destaca que el artículo 17, inciso e) de la ley 24144 contempla la facultad de la Entidad Rectora de ceder, transferir o vender los créditos que hubiese adquirido de las entidades financieras afectadas de problemas de liquidez. Y, en base a ello, alega que optar por alguno de los mencionados procedimientos no descalifica la gestión de dicha cartera por un supuesto desinterés.

2. Por auto 68, del 19.05.1999, el Tribunal denegó la concesión del recurso por considerar, entre otras razones, que el decisorio impugnado carecía del requisito de definitividad previsto por el artículo 1 de la ley 7055.

3. En efecto -tal como lo sostiene el A quo- es requisito legal para que este recurso resulte admisible que el medio impugnatorio se dirija contra sentencia definitiva, dictada en juicio que no admita otro ulterior sobre el mismo objeto o contra auto interlocutorio que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación.

En ese sentido, resulta aplicable al sub lite la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que "...las resoluciones referentes a medidas cautelares, sea que las decreten, levanten o modifiquen, no constituyen sentencias definitivas en los términos del artículo 14 de la ley 48, salvo que medien agravios que por su magnitud y las circunstancias de hecho puedan ser irreparables..." (cfr. Fallos:205:1847).

La quejosa no obstante hacerse cargo del referido argumento del auto denegatorio no logra rebatirlo, lo cual sella la suerte adversa del recurso intentado (artículo 8, ley 7055).

Ello así por cuanto si bien aduce la existencia de un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior, el cual se vincularía con las irregularidades denunciadas en la causa penal en trámite por conductas cuestionables a la sindicatura actuante (amén de que ese argumento lo desarrolla recién en la qu En ese marco, merece destacarse que si bien este Cuerpo ha considerado admisible el recurso si la decisión puede causar gravamen irreparable, se trata de supuestos de excepción en los que el perjuicio no ha de poder ser aventado por medio jurisdiccional alguno sin irreparable detrimento del interés comprometido (A. y S., T. 43, pág. 277; T. 70, pág. 136).

Así entonces, es del caso señalar que la impugnante no demuestra que la medida dispuesta le ocasione un agravio que por su naturaleza permita soslayar -a la luz de la jurisprudencia de esta Corte- el recaudo de definitividad (A. y S., T. 59, pág. 18; T. 65, pág. 60; entre otros). Ello, tanto más cuando no rebate el argumento de la denegatoria relativo a que "...la resolución que dispone medidas cautelares es siempre provisoria, y debe ser modificada o suprimida atendiendo a la variación o insubsistencia de las circunstancias sobre cuya base se decretaron..."; así como que "...las resoluciones cautelares no surten efecto de cosa juzgada..." (f. 91 v.).

En ese sentido, patentizan aún más la ausencia de definitividad del decisorio atacado, los fundamentos expuestos por el propio Juez de baja instancia al admitir la medida precautoria solicitada por la Sindicatura, expresando que "...la duración en el tiempo de la presente cautelar quedará sujeta a la suerte que en definitiva tenga la revisión planteada..." (f. 2 v.) Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

rechazar la queja y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI (con ampliación de fundamentos)-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI:

Adhiero a la solución que propician mis colegas preopinantes al convalidar el criterio del auto denegatorio sustentado en la ausencia de definitividad de la resolución impugnada y creo conveniente destacar algunas aristas puntuales de la causa que coadyuvan en esa dirección.

Es cierto que la regla según la cual no son definitivas, a los fines del recurso extraordinario, las resoluciones dictadas en materia de medidas cautelares, admite excepción cuando concurren supuestos de gravámenes de imposible o insuficiente reparación ulterior. De ello dan cuenta numerosos precedentes tal como lo destaca el recurrente en su presentación directa y mis colegas en el presente pronunciamiento (cfr., además, Fallos: 308:90 y 144; 313:279; entre muchos otros).

Pero no es menos cierto que el desarrollo argumental del apelante sobre el tópico dista, y mucho, de perfilar un supuesto con entidad tal que permita subsumir la hipótesis de autos en alguna de aquellas excepciones.

Adviértase, en esta dirección, que frente a la concreta caracterización del A quo como resolución no definitiva a los fines del recurso previsto en la ley 7055 (v. f. 91 y vto.), el recurrente se limitar a transcribir una serie de criterios jurisprudenciales que no difieren de lo sostenido en los párrafos anteriores, pero sin conectar tales pautas con las circunstancias puntuales de esta causa, siendo desde luego insuficientes a tales efectos las alusiones a irregularidades denunciadas en una causa penal en trámite.

A ello se suma que, con arreglo a las propias afirmaciones del Banco Central, la cuestión controvertida se resumiría en un 25% de la cartera oportunamente cedida en garantía, toda vez que el quejoso manifestó expresamente que el 75% de la misma ya se encuentra en gestión de cobro judicial o extrajudicial y no puede soslayarse que el Magistrado de baja instancia consignó en el auto por el que despachó la cautelar que "debo destacar que la presente resolución no significa desplazar a los abogados del B.C.R.A. que estén interviniendo en los cobros, ya sea judiciales o extrajudiciales...los cuales deberán coordinar su tarea con el Interventor" (cfr. f. 2 vto., 7 y 57 entre otras).

Así delimitada la cuestión, se advierte que lejos de patentizarse un agravio de la índole que pretende el recurrente, en la especie resulta incluso dudoso que el ente rector ostente un perjuicio actual y concreto.

Por fuera de ello es dable acotar que el Magistrado de baja instancia, al despachar la cautelar, dejó expresamente aclarado que "Lo obtenido (refiere a los fondos provenientes de la gestión de la cartera) deberá ser depositado en una cuenta especial que al efecto deberá abrir la Sindicatura a nombre de este Juzgado y para estos autos, debiendo rendir cuentas la misma de su tarea en un término que sea acorde" (f. 2 vto.), decisión que, en principio, aparecería como suficiente resguardo de las vicisitudes por las que pueda atravesar el recurso de revisión en el que se discute el privilegio del Banco Central y aleja, aún más, la idea de un gravamen irreparable.

Así voto.

Fdo.:GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)