Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09


VOLTA, Juan Angel contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 197 p 366-377.

En la ciudad de Santa Fe, a los nueve días del mes de junio del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez y Mario Luis Netri, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "VOLTA, Juan Ángel contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. n 31 del año 1990), de conformidad con el acuerdo celebrado el día dos del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Netri dijo:

1. Juan Ángel Volta interpone -por apoderado- recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe tendente a obtener la anulación del decreto 4945, de fecha 20.11.1989, y, en consecuencia, se condene a la recurrida al pago de las diferencias remuneratorias adeudadas desde el 1.1.1980 hasta el 9.12.1987, con actualización por desvalorización monetaria e intereses desde que cada rubro se hizo exigible; con costas.

Relata que ingresó a trabajar en la Administración Pública provincial en 4.7.1955, en el Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Acción Social.

Cuenta que, prestando servicios en la farmacia del Hospital Cullen como auxiliar de farmacia, reclamó en 10.2.1984, la adecuación remuneratoria en relación con las funciones cumplidas, requiriendo igualdad de tratamiento con otros agentes que realizaban idénticas funciones pero con categorías superiores.

Comenta que por decreto 4921, de fecha 10.12.1987, se lo reubicó en la categoría 15 del Agrupamiento Hospitalario Asistencial, correspondiente al escalafón aprobado por decreto-acuerdo 2695/83.

Expresa que, por nota de fecha 5.1.1988, gestionó para que se ampliaran los alcances del decreto 4921/87, que sólo resolvió para el futuro, a las remuneraciones correspondientes al período comprendido entre el 1.1.1980 y el 9.12.1987, puesto que había sido objeto de una retrogradación en su carrera en ese período, por un error de encasillamiento reconocido expresamente en el decreto mencionado.

Dice que por decreto 4945, de fecha 20.11.1989 -notificado en 1.2.1990- se dispuso desestimar su pedido, señalándose en los considerandos que no obstante admitir que los encasillamientos habían sido incorrectos -y por ello se corregía su situación-, éstos fueron consentidos, sin que en las respectivas oportunidades de reubicaciones generales (decretos 791/80 y 2695/83) planteara su disidencia con los medios impugnatorios con que contaba, expresándose en el acto, finalmente, que lo abonado por la Administración ha producido efectos cancelatorios (art. 725 C.C.).

Considera que la Administración Pública por medio del decreto impugnado, reconoce el error de encasillamiento a partir del efectuado por mérito de lo dispuesto en el decreto 791/80 y con ello, que ha realizado durante todo el lapso funciones que en virtud de las disposiciones escalafonarias correspondían a niveles y categorías superiores a los efectivamente pagados.

Añade que se violan, entonces, con el decreto 4945/89, las pautas estatutarias y constitucionales que consagran el derecho a una retribución justa. Entiende que la Provincia pagó mal y no puede escudarse en formalismos que no cumplió, para negar el pago de una legítima acreencia.

Comenta que el derecho a percibir la retribución conforme a sus funciones, proviene, no del incorrecto encasillamiento de las planillas de sueldos, que en manera alguna son atacables por vía de los recursos administrativos, sino por ministerio de la ley, que ha sido incorrectamente aplicada por el Poder Ejecutivo en el caso concreto.

Asevera que tampoco es obstáculo para la procedencia de su reclamo, el pretendido efecto cancelatorio del pago realizado por la demandada, pues la irrenunciabilidad de los derechos laborales se opone a ello; y este principio ha recibido respaldo legislativo en los artículos 12, 13 y 260 de la Ley de Contrato de Trabajo, los que son aplicables analógicamente en razón de principios constitucionales que regulan el trabajo público y privado.

Concluye diciendo que se reclama el pago de las siguientes diferencias salariales: a) desde el 1.1.1980 hasta el 30.6.1983, las habidas entre el nivel 11 y el 9 del escalafón decreto-acuerdo 791/89; b) desde el 1.7.1983 hasta el 30.6.1984, las diferencias entre la categoría 8 en la que fue encasillado y la 14 del escalafón decreto-acuerdo 2695/83 (art. 131); c) desde el 1.7.1984 hasta el 9.12.1987, las diferencias entre las categorías 9 y 15 de dicho escalafón 2695/83, en mérito de la promoción a categoría 9 en lugar de 15.

Solicita, en suma, se haga lugar al recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad formal del recurso interpuesto (f. 12), comparece la Provincia (f. 17 ) y contesta la demanda (fs. 20/21 vto.).

En el escrito de responde niega que: el actor se encontrara al frente de la farmacia del Hospital Cullen; reclamara la adecuación remuneratoria en relación a las funciones cumplidas; requiriera igualdad de tratamiento; se lo retrogradara en su carrera; desarrollara funciones que corresponderían a niveles o categorías superiores; se violen pautas que garantizan el derecho a una retribución justa; la Provincia haya pagado mal; se aplicara incorrectamente la ley; se puedan aplicar disposiciones laborales de derecho privado; corresponda el pago de las diferencias salariales que reclama; proceda el recurso y el derecho invocado favorezca su tesis.

Sostiene que dada la automaticidad en la conversión de categorías a niveles -o viceversa- (art. 49, decreto 791/80 y art. 131, decreto 2695/83), el interesado se anoticia con el primer recibo de sueldo cobrado rigiendo las nuevas disposiciones para la categoría o nivel que se le ha asignado, por lo que en el caso -advierte- desde el momento en el cual comenzó la vigencia del decreto 791 (marzo de 1980) hasta el primer reclamo (febrero de 1984), transcurrieron casi cuatro años sin que el recurrente insinuara siquiera su disidencia con el encasillamiento.

Afirma, con cita de doctrina, que el acto administrativo consentido por los afectados no es susceptible de ser impugnado judicialmente por éstos, siendo inadmisible una demanda contenciosa posterior que procure obtener el reconocimiento de un derecho incompatible con lo dispuesto por una decisión cuya validez no puede ser revisada.

Señala que el procedimiento principia por actos automáticos de encasillamiento ordenados por el Poder Ejecutivo que se desarrollaron con el consentimiento de Volta; y luego, el agente solicita se revise la posibilidad de otorgarle alguna categoría más. Entiende que surge que en ningún caso el interesado reclamó efecto alguno de carácter retroactivo a la eventual promoción ni el pago de diferencias salariales siendo el reclamo de autos una pretensión novedosa en el procedimiento.

Añade que así lo entendió la Fiscalía de Estado, sosteniendo ésta que el trámite impreso a la gestión era equívoco toda vez que Volta había formulado un reclamo sobre una materia no propuesta, ni tratada, ni decidida con anterioridad y con esos alcances fue resuelto por el Poder Ejecutivo en el decreto 4945/89.

Remarca que el actor debió plantear revocatoria contra ese último acto a fin de agotar la instancia administrativa.

Colige, por tanto, en la inadmisibilidad de la demanda contenciosa fundada, tanto en lo atinente a la preclusión de la etapa procedimental hábil sin que se impugnaran los sucesivos encasillamientos, cuanto en la falta de ejercicio de la revocatoria contra el decreto 4945/89 que resolvía un reclamo sobre una materia no planteada con anterioridad.

Plantea, en el supuesto de entenderse procedente el pago de diferencias salariales, la defensa de prescripción liberatoria quinquenal (art. 4027, inc. 3, C.C.) de todas las cantidades reclamadas con anterioridad al 10.2.1984.

Solicita, en suma, se rechace la demanda, con costas.

Abierta la causa a prueba (f. 22) y producida la que consta en el expediente, informan las partes sobre el mérito de la misma (fs. 201/203 y 204/205 vto.). Dictada (f. 206) y consentida la providencia de autos, queda la presente causa en estado de ser resuelta.

3. Esta Corte ha resuelto invariablemente que el acogimiento del recurso en su aspecto formal hecho en la ocasión prevista por el artículo 25 de la ley 4106, no impide volver sobre la cuestión en el acuerdo definitivo (A. y S. T. 12-13, pág. 35; T. 14, pág. 372; T. 16, págs. 19, 30, 47, 290; T. 42, pág. 228; T. 44, pág. 84; T. 51, pág. 382; T. 56, pág. 177; T. 67, pág. 81; T. 105, p. 125; T. 171; T. 108, p. 466; T. 109, p. 259; T. 110, pág. 42; T. 123, pág. 416).

En el caso, la demandada sostiene que el recurso es inadmisible, por un lado, por falta de agotamiento de la vía administrativa previa, por la no interposición de revocatoria contra el decreto 4945/89 del Poder Ejecutivo que resolvía un reclamo sobre una materia no planteada con anterioridad, y por otro, por falta de impugnación de los sucesivos encasillamientos, los que, al ser consentidos por el actor, no son suceptibles de impugnación judicial.

3.1. Para decidir acerca del planteo de la recurrida respecto a la falta de revocatoria contra el decreto impugnado, es preciso detenerse en las constancias de los expedientes administrativos.

3.1.a. Surge de ellos que el 10.2.1984 el agente Volta presenta por nota al Ministro de Salud, Medio Ambiente y Acción Social de la Provincia, un pedido de asignación de mayor categoría por considerarse relegado en los ascensos, expediente que fue caratulado por la Administración: "solicita cambio de categoría" (carátula expte. adm. n 80896-84), solicitud que reitera en 18.5.1984 en otro similar cuyo extracto reza: "s/ cambio de categoría" (carátula expte. adm. n 82724-84).

El 11.11.1985, Volta se presenta ante el Jefe de Personal del Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Acción Social, en su carácter de empleado de la Farmacia del Hospital "Dr. J. M. Cullen", afirmando percibir la remuneración correpondiente a la categoría 9 y solicitando la elevación de la misma (expte. adm. "s/ revisión de categoría" n 95767-85).

Más adelante, iniciado el trámite administrativo, precisa unas vías alternativas por las cuales podría alcanzarse esa mayor categoría: ya a través de un correcto encasillamiento de las funciones, ya por medio de la promoción automática computándose todos los años que llevaba en la categoría de revista (f. 11, ídem).

Como consecuencia del mencionado trámite, la Dirección de Despacho del referido Ministerio estima que "...el recurrente tiene derecho a ser reubicado en la categoría 15 por el error mencionado e independientemente de toda otra consideración", expresando que "...a partir del 1.1.1980 fue incorrectamente encasillado en el "nivel 11" (equivalente a la categoría 8) en lugar del nivel 9 (correlativo de la categoría 12) que le correspondía. Es decir que la sucesión de incorrectos encasillamientos la desencadenó el hecho de haber sido mal encasillado al aplicarse el escalafón...; de no haber ocurrido ello, el nombrado hubiera accedido a la categoría 15 el 1.6.1984" (fs. 28/29).

El 13.5.1987, la Dirección de Asuntos Jurídicos dictamina que corresponde ubicar al agente en la categoría 15 (f. 31, ídem.); y el 10.12.1987, el Poder Ejecutivo -luego de expresar en los considerandos los errores de encasillamiento en los que se había incurrido en 1980 y en 1983- dicta el decreto 4921 por el que dispone reubicar en la categoría 15 del agrupamiento hospitalario asistencial, en el hospital "Dr. J. M. Cullen", a Juan Angel Volta.

El 6.1.1988, Volta se dirige al señor Ministro de Salud y Medio Ambiente solicitando la "ampliación" del decreto 4921/87 y el reconocimiento y pago de los haberes devengados, desde el 1.1.1980 en que fuera incorrectamente encasillado y hasta el 9.12.1987 en que cobró vigencia la reubicación dispuesta por el mismo (fs. 1 y 2, expte. adm. 119154), la que es rechazada por el Ministerio mediante resolución 1836 del 11.11.1988 por entender que debió plantearse recurso de revocatoria contra dicho acto (fs. 5/6, ídem.).

Contra esa resolución denegatoria, interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio, fundando la impugnación el 10.2.1989.

El 18.4.1989, el Ministro de Salud y Medio Ambiente deja sin efecto la resolución 1836/88 mediante la n 504, declarando la nulidad de lo actuado desde la foja 5 del expediente 119154 por entender que el petitorio de fojas 1 y 2 refiere a la ampliación del decreto 4921/87 y no a la interposición de los recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el mismo.

Finalmente, el Poder Ejecutivo desestima el reclamo deducido por el agente mediante decreto del 20.11.1989 número 4945, impugnado ahora en sede judicial.

3.1.b. En este punto, cabe hacer algunas consideraciones respecto del trámite que se siguió en sede administrativa para obtener el dictado del mencionado acto, ya que si bien es claro que un decreto dictado por el Poder Ejecutivo sólo produce agotamiento de la vía administrativa cuando resuelve un recurso de apelación (art. 53, decreto 10.204/58), en las particulares circunstancias del caso, y teniendo en cuenta sobre todo los propios dichos de la Administración conforme las constancias de autos, corresponde rechazar el planteo de inadmisibilidad que la misma postula.

En efecto, el Director General de Asuntos Jurídicos expresa en su dictamen que corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto y conceder la apelación.

En respuesta a una solicitud del señor Ministro de Salud de que amplíe los fundamentos de su opinión, el mencionado funcionario explica que la resolución 1836/88 debe dejarse sin efecto ya que el petitorio de fojas 1 y 2 refiere a un pedido de ampliación del decreto 4912/87, y no a la interposición de recursos contra éste, admitiendo que se viene tramitando de esa forma (conforme art. 42 y concordantes del decreto 10.204/58) por error desde foja 5. Como consecuencia de ello, agrega, debe anularse todo lo actuado desde la foja 5 en adelante y dar intervención al señor Fiscal de Estado por tratarse de un pedido de ampliación a la parte resolutiva de un decreto del Poder Ejecutivo.

De esta forma, la resolución 504/89 -antes mencionada- deja sin efecto la resolución 1836/88 que no hizo lugar a lo solicitado por el recurrente, y anula todo lo actuado desde foja 5 (49 de corrido), dándose intervención a la Dirección General de Asuntos Jurídicos -previa a la de Fiscalía de Estado-.

En su dictamen n 35.325, el Director de dicha oficina puntualiza: que adjetivamente el recurso interpuesto por Volta se ajusta a las disposiciones del decreto 10.204/58, razón por la cual lo encuentra formalmente procedente, agregando que no se guarda ni la forma ni el estilo en el trámite de las actuaciones; y sobre el fondo, que no le asiste razón a sus reclamos de que se le abonen diferencias salariales porque el fundamento de sus petitorios anteriores (para que "se contemple la posibilidad de que se le asigne una categoría más") nada tiene que ver con aquellos que motivan el presente dictamen (es decir, el error de encasillamiento de la Administración), no realizando en término los actos administrativos correspondientes y para lo cual habían transcurrido con exceso los plazos previstos. Aconseja, en definitiva, el rechazo de la pretensión del recurrente.

Por su parte, Fiscalía de Estado dictamina: que no puede entenderse el reclamo como revocatoria del decreto 4921/87 porque contiene un objeto pretenso novedoso y no integrante de la materia decidida por el Poder Ejecutivo en ese acto, es decir, que debió haber sido resuelto por el Ministerio.

No obstante ello, sostiene que, "atendiendo al principio de economía procedimental, al hecho de que el interesado expresó las razones en que fundamenta su reclamación y que al poder Ejecutivo competirá en definitiva la decisión", se expedirá sobre el mismo.

Respecto al fondo de la pretensión, entiende que debe rechazarse por cuanto no existe norma alguna que autorice la aplicación retroactiva del decreto que lo reubica en la categoría 15 (es decir, el 4921/87); y porque, si bien los encasillamientos de Volta fueron incorrectos, se desarrollaron con su consentimiento y sin que planteara su disidencia con los medios impugnativos que contaba, habiendo producido los pagos de la Administración, efecto cancelatorio (art. 725, C.C.).

En verdad, del análisis de los expedientes administrativos surge que la Administración admitió y dio trámite a los planteos efectuados por el agente y, en base a las actuaciones realizadas, el Poder Ejecutivo adoptó la decisión de rechazar el requerimiento de reconocimiento y pago de retroactividades.

Es más, en los considerandos del acto mencionado, la Administración entiende "Que sin perjuicio de lo expuesto, atendiendo al principio de economía procedimental, al hecho de que el interesado expresó las razones en que fundamenta su reclamación y que al Poder Ejecutivo competirá en definitiva la decisión, Fiscalía de Estado se expide sobre el aspecto substancial del tema de marras".

Con ello, no sólo salva la cuestión de interponer luego una nueva revocatoria -que, por otra parte, se traduciría en un excesivo alongamiento de los plazos-, sino que resuelve sobre el fondo de la pretensión, otorgando el efecto de agotar la instancia administrativa, entendiendo ésta como la oportunidad dada a la Administración de resolver sus cuestiones en su ámbito (criterio de "Escudero", A. y S. T. 120, pág. 32; "S.A.I.E.M.", A. y S. T. 69, pág. 14; cfr. "Mujica", A. y S. T. 152, pág. 104).

Es que, conforme surge de lo expuesto, el agente podía razonablemente presumir, según el tratamiento que dispensó a su petición la Administración, que la vía administrativa se encontraba suficientemente agotada con el dictado por parte del Poder Ejecutivo del decreto 4945/89 (criterio de "Arrighi", A. y S. T. 132, pág. 334).

Lo expuesto se compadece con el criterio reiterado de esta Corte, en sus distintas integraciones, respecto a que "Una decisión en otro sentido, atento a las particularidades de la causa, se tornaría en un excesivo rigor formal, que contraría el artículo 7, tercer párrafo, de la Constitución provincial que prevé el derecho de acceso a la jurisdicción, así como el principio de atenuación del rigor formal en favor del administrado" (ver "Raffin", A. y S. T. 175, pág. 190, y sus citas).

3.2. En lo atinente al otro cuestionamiento de la demandada a la admisibilidad del presente -consistente en que no se impugnaron por el agente los sucesivos encasillamientos-, basta para su desestimación en este nivel de análisis -y sin perjuicio de los fundamentos que se brindarán luego sobre el achacado "consentimiento"- con recordar la doctrina de este Tribunal consistente en que sólo el transcurso del plazo de prescripción -que en el caso se abordará en la siguiente cuestión- podría operar como óbice del reclamo (criterio de "Pedrazzi", A. y S. T. 180, pág. 40; "Orlando", A. y S. T. 119, pág. 186).

Voto pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi y Gutiérrez, y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri, y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Netri dijo:

1. Corresponde en primer lugar, precisar la pretensión del recurrente, la que -conforme se relató al tratar la cuestión anterior- consiste en obtener la declaración de nulidad del decreto 4945/89, y con ello, la condena de la demandada al pago de diferencias remuneratorias desde el 1 de enero de 1980 hasta el 9 de diciembre de 1987, con desvalorización monetaria e intereses desde que cada rubro se hizo exigible, con costas.

El actor funda dicha pretensión afirmando que su derecho surge del reconocimiento del error de encasillamiento a partir del decreto 791/80 efectuado por la propia Administración, la que admitió que durante todo ese tiempo (hasta el dictado del decreto 4945/89 que lo encasilla correctamente) realizó funciones que efectivamente correspondían a niveles y categorías superiores que le fueron abonados.

Agrega que, no obstante ello, su derecho a percibir la retribución conforme a sus funciones, proviene por ministerio de la ley que ha sido incorrectamente aplicada (en tanto el art. 49 del Escalafón 791/80 establece que: "la remuneración que corresponda a la naturaleza de la función en la que se desempeña, le será asignado un nivel, por el Poder Ejecutivo, siendo instrumento suficientemente válido para ello las planillas de sueldo correspondientes al mes de marzo de 1980"), y no del incorrecto encasillamiento de las planillas de sueldos.

Por otra parte sostiene que no es óbice para la procedencia de su reclamo, el pretendido efecto cancelatorio del pago realizado por la demandada, dada la irrenunciabilidad de los derechos laborales de reconocida aceptación doctrinaria y jurisprudencial.

En este punto es menester comenzar el análisis destacando que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, la Provincia efectivamente ha reconocido y manifestado que el agente Volta fue mal encasillado producto de un error en la aplicación de la normativa.

En efecto, el mismo decreto 4921/87 -cuya legitimidad no está cuestionada- que lo reencasilla de conformidad a los dictámenes previos, expresa en sus considerandos que "...al aplicarse entonces nuevo escalafón aprobado por Decreto-Acuerdo 791/80, a partir del 1 de enero de 1980, fue encasillado en el nivel 11 (equivalente a la categoría 8) en lugar del nivel 9 (correlativo de la categoría 12) que le correspondía y que lo hubiera mantenido en el nivel escalafonario alcanzado", y que "...si se considera que el mismo debía revistar en el nivel 9, su cargo -por aplicación de la misma escala- debió convertirse en categoría 14, de tal manera que a partir del 1 de junio de 1984 debió ser promovido a la categoría 15 en lugar de la 9 como aconteció".

Por su parte, el acto impugnado en esta sede -decreto 4945/89- reza "Que si bien se admite en los considerandos del mencionado acto que los encasillamientos de Volta fueron incorrectos y por ello se corrige su situación, lo veraz es que los mismos se desarrollaron con su consentimiento, sin que en las respectivas oportunidades de reubicaciones generales (Decretos nros. 791/80 y 2695/83) planteara su disidencia con los medios impugnatorios con que contaba". Del mismo se destaca que el propio Poder Ejecutivo entiende 'admitido' el error en el escalafonamiento, dejándose para un posterior análisis lo relativo al aludido consentimiento del actor.

En este sentido, también de los órganos consultivos de la Administración, en oportunidad de emitir dictámenes conducentes a instruir al órgano que en definitiva se expediría, surgen opiniones de idéntico tenor, a saber: "...a partir del 1 de enero de 1980, fue incorrectamente encasillado..." y que "...la sucesión de incorrectos encasillamientos la desencadenó el hecho de haber sido mal encasillado al aplicarse el escalafón aprobado por Decreto-Acuerdo 791/80; de no haber ocurrido ello, el nombrado hubiera accedido a la categoría 15 el 1 de junio de 1984..." (Dictamen de la Dirección General de Despacho del Ministerio de Salud; fs. 28 y 29, Expte. Adm. 95767-85).

Del mismo modo, a su tiempo la Dirección de Asuntos Jurídicos ratifica su anterior dictamen y aconseja elevar la categoría del agente, "...correspondiendo a nuestro juicio corregirla ubicándolo en la categoría 15" (f. 31, Expte. Adm. 95767-85).

De lo expuesto surge que, de conformidad a las normas vigentes, y siendo reconocidas las funciones cumplidas por el agente como pertenecientes a un nivel y categorías mayores de las percibidas, por una equivocada aplicación de la ley a la situación particular del actor la Administración incurrió en un error de encasillamiento respecto de aquél que, luego de haber sido expresamente reconocido, se subsana a través del dictado de un acto administrativo que así lo manifiesta y dispone en consecuencia (decreto 4921/87).

En suma, ningún obstáculo aparece -hasta aquí- a la pretensión de que se le reconozcan las retroactividades surgidas de la circunstancia de haber percibido (desde el 1.1.1980 y hasta el 10.12.1987 -fecha de dictado del acto de reencasillamiento, decreto 4921/87-) las remuneraciones correspondientes a un nivel y categorías menores de los que legalmente le hubieran correspondido.

2. Ahora bien, corresponde analizar el argumento de la Provincia tendiente a desestimar la pretensión del recurrente por considerar que éste consintió dicho error al haber percibido los haberes sin efectuar reserva alguna, dejando asimismo transcurrir los plazos establecidos para impugnar en las respectivas oportunidades de reubicaciones generales mediante los recursos administrativos con que contaba.

A este respecto hay que remarcar que, a la luz del criterio restrictivo de este Cuerpo en relación a cómo debe juzgarse en el marco del derecho previsional y la relación de empleo público una hipotética renuncia de derechos -con mayor razón si esta no es expresa-, no puede entenderse, como lo hace la demandada, que el actor haya renunciado a percibir las diferencias salariales originadas en la diferencia existente entre las sumas percibidas y las que le hubieran correspondido conforme al nivel y categoría en que hubiese debido revistar (criterio de "Varela", A. y S. T. 63, pág. 175; "Encontrela", A. y S. T. 75, pág. 322; y "Precerutti", A. y S. T. 157, pág. 397; entre otros).

No puede, por tanto, teniendo en cuenta la naturaleza del derecho en pugna, y en las especiales circunstancias del caso -en particular el reconocimiento expreso del error en su obrar por parte de la Administración-, entenderse convalidados los actos de encasillamiento, por haber percibido los haberes liquidados en su consecuencia sin efectuar cuestionamiento alguno, ni por la omisión de planteamiento de las vías impugnativas administrativas ("Precerutti", citado).

De ello se colige que, la mera percepción pacífica de los haberes liquidados no podría surtir, como lo sostiene la Provincia, efecto cancelatorio.

En tales condiciones, el agente, en cuanto pretende que se le abonen las diferencias remuneratorias que le correspondan retroactivamente, adeudadas desde el 1.1.1980 y hasta el 9.12.1987, con desvalorización monetaria e intereses desde que cada rubro se hizo exigible, lleva razón en su planteo.

En efecto, sus reencasillamientos se efectuaron en el marco de lo dispuesto por los decretos-acuerdo 791/80 y 2695/83 (sucesivos Escalafones para el personal de la Administración Pública provincial), instrumentos mediante los cuales se establecieron nuevos regímenes de encasillamiento del personal, dentro del cual revistaba el recurrente, estableciendo requisitos y condiciones al efecto, los que debieron ser aplicados respecto del agente Volta, correctamente.

Una vez admitido el error en la aplicación de la normativa respectiva por la misma Administración, ésta dicta el acto de reencasillamiento por el que restaura la situación del actor colocándolo en categoría 15, que era en la que hubiera debido revistar de haberse aplicado correctamente los decretos mencionados. Nada se dice en éste, en el sentido de otorgar el reconocimiento del pago respecto de los salarios percibidos por los períodos anteriores en los que estuvo mal encasillado, y eso es justamente lo que peticiona ante dicha autoridad, y reitera en esta sede.

3. En verdad, la Administración no obró acertadamente al denegar el pedido, ya que, si entendía vigentes los decretos mencionados a fin de efectuar dicho reencasillamiento -y, tal como se ha señalado, así fue-, no podía válidamente omitir su aplicación en cuanto a la fecha desde la cual regían, ni a las consecuencias económicas derivadas de ese encasillamiento.

En este sentido, tampoco asiste razón a la demandada cuando sostiene que se encuentra imposibilitada de aplicar los efectos del decreto 4921/87 retroactivamente por no existir norma alguna que así lo autorice, ya que al momento de ser aplicados los decretos 791/80 y 2695/83, el actor sí estaba en condiciones de ser reubicado, por lo que no se advierte la necesidad de autorizar mediante alguna otra norma, la aplicación de una que ya lo establecía de ese modo. El hecho de no haber sido aplicada correctamente a su debido tiempo, no puede ocasionar un perjuicio sobre el derecho que la misma concedió al agente desde su efectiva vigencia.

Por lo tanto, se reitera, el reconocimiento por la Administración de ese derecho, no podía sino efectuarse con el alcance con que había sido consagrado (cfr. "Precerutti", citado).

4. En definitiva, dicho error no puede influir negativamente respecto de la pretensión del recurrente toda vez que ni él, ni las autoridades administrativas, advirtieron la ilegalidad; antes bien, la consintieron, y sobre tal base, actuaron ("Mendoza", A. y S. T. 92, pág. 1). En la causa citada también se sostuvo que "la violación de la ley se sustancia en un contraste entre el acto y el derecho objetivo, siendo indiferente, a los fines de la invalidez, cualquiera haya sido el objeto del contraste. El acto siempre es inválido sea que la ley haya sido violada voluntariamente, sea que la violación se haya producido involuntariamente, por negligencia, ignorancia o por mala interpretación (op. cit. págs. 411/412; en el mismo sentido A. y S. T. 89, pág. 1)".

Consecuentemente, y si bien no es función de esta Corte substituir la actividad que le corresponde cumplir a otros órganos, dadas las especiales circunstancias del caso, de cuyas constancias inequívocamente surge que el actor debió en su oportunidad acceder a nivel y categorías superiores, se justifica que el Tribunal así lo reconozca y, en consecuencia, declare que aquél, en fecha 1.1.1980, tenía derecho a una categoría superior; y lo propio en 1.7.1983 y 1.7.1984. Lo declarado no implica más que reconocer que el agente a quien se lo encasilló equivocadamente, tiene derecho al reconocimiento de determinadas consecuencias que se habrían derivado a su favor si hubiese sido correcta y oportunamente encasillado, en este caso, diferencia de haberes (cfr. "Mendoza", citado y A. y S. T. 95, pág. 166).

Entenderlo de otra manera importaría consentir la contradicción sostenida por la demandada al admitir su error y a la vez hacer caer el perjuicio del mismo sobre los derechos del agente, postura alejada de una correcta interpretación y aplicación del derecho.

5. En este punto se hace menester analizar la cuestión relativa a la prescripción de los créditos reclamados, planteada por la demandada en autos.

En tal sentido, corresponde recordar que este Cuerpo, en el precedente "Leones" (registrado en A. y S. T. 186, pág. 69 y al cual corresponde remitir por razones de brevedad), concluyó, por mayoría, y si bien en el ámbito de su competencia prevista en el inciso 1) del artículo 93 de la Constitución provincial, que -en síntesis- en materia de prescripción de reclamos derivados de la relación de empleo público y ante la ausencia de norma en el derecho público local, ha de preferirse la integración analógica con normas del derecho laboral, concretamente, el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En consecuencia, el plazo de prescripción aplicable al caso es el de dos años previsto en la norma mencionada en último término, por lo cual corresponde hacer lugar a la excepción planteada por el referido lapso.

No obsta a lo recién expresado la invocación que realiza la demandada al oponer la defensa de prescripción de la norma que considera aplicable al caso (art. 4027, inc. 3) C.C.), ni la fecha a partir de la cual comienza a contar dicho plazo quinquenal (10.2.1989), puesto que remite al escrito de foja 7, expediente administrativo 131304, de fundamentación de la revocatoria, el cual -en razón de la brevedad, y por lo expuesto ut supra-, no posee el efecto interruptivo del primer reclamo (10.2.1984).

En efecto, el encuadre normativo que la accionada pretende (art. 4027, inc. 3) C.C.), y la interpretación que otorga a los hechos de la causa en función de aquél, por los que postula la prescripción de los períodos abarcados entre el 10.2.1989 y el 10.2.1984, no inhibe a este Tribunal de aplicar, en ejercicio de sus facultades y deberes de juzgamiento, la norma pertinente subsumiendo en ella los hechos que considere jurídicamente relevantes.

Así las cosas, el actor pretende el reconocimiento y pago de las diferencias salariales que se exponen: a) desde el 1.1.1980 hasta el 30.6.1983, las habidas entre el nivel 11 y el 9 del escalafón decreto-acuerdo 791/80; b) desde el 1.7.1983 hasta el 30.6.1984, las diferencias entre la categoría 8 en que fue encasillado y la 14 del escalafón decreto-acuerdo 2695/83; c) desde el 1.7.1984 hasta el 9.12.1987, las diferencias entre las categorías 9 y 15 de dicho escalafón, en mérito a la promoción a categoría 9 en lugar de 15.

De las tales, y conforme lo expuesto ut supra, se concluye que la procedencia del recurso sólo tiene un alcance parcial, limitado en el particular, al tiempo transcurrido hasta el reclamo efectuado en fecha 6.1.1988. Partiendo de ese momento, resulta que las diferencias pretendidas más allá del 6.1.1986 se consideran prescriptas, en virtud de la aplicación del período de prescripción de 2 años antes mencionado.

Así, corresponde el reconocimiento y pago de las diferencias salariales entre la categoría 9 y la 15, en el período comprendido entre el 6.1.1986 y el 9.12.1987; todo ello, debidamente actualizado al 31.3.1991 conforme a la escala salarial prevista en el decreto provincial 381/91 (criterio de "Cabrera", A. y S. T. 196, pág. 315), más intereses al 6% anual hasta idéntica fecha; de allí en más, se deberá computar la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91.

En cuanto a las costas, atento a la solución que se postula, habrán de imponerse conforme al éxito obtenido (art. 86, ley 4106). En las circunstancias del caso se estima justo que la demandada cargue con el 70% de ellas y el 30% restante a cargo del actor.

Por las razones expuestas, voto por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gastaldi y Gutiérrez, y el señor Ministro decano doctor Vigo, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Netri dijo:

Conforme el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar parcialmente procedente el recurso interpuesto y anular el acto administrativo impugnado -decreto 4945/89 del Poder Ejecutivo provincial-. Declarar el derecho del actor a percibir las diferencias salariales entre la categoría 9 y la 15, en el período comprendido entre el 6.1.1986 y el 9.12.1987; todo ello, debidamente actualizado al 31.3.1991 conforme a la escala salarial prevista en el decreto provincial 381/91, más intereses al 6% anual hasta idéntica fecha; de allí en más, se deberá computar la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91.

En cuanto a las costas, se estima justo que la demandada cargue con el 70% de ellas y el 30% restante a cargo del actor.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi y Gutiérrez, y el señor Ministro decano doctor Vigo, dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Declarar parcialmente procedente el recurso interpuesto anulando el decreto 4945, de fecha 20.11.1989, y, en consecuencia, condenar a la recurrida al pago de las diferencias salariales entre la categoría 9 y la 15, en el período comprendido entre el 6.1.1986 y el 9.12.1987; todo ello, debidamente actualizado al 31.3.1991 conforme a la escala salarial prevista en el decreto provincial 381/91, más intereses al 6% anual hasta idéntica fecha; de allí en más, se deberá computar la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91.

Costas, 70% a la demandada y el 30% restante a cargo del actor.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros, por ante mi, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)