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Recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, sanciones procesales, maniobras dilatorias, ética profesional
Materia: PROCESAL
Carátula: BIZABALA, SELVA NELIDA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-14

Al no haber cuestionamiento alguno a los considerandos que dieron sustento a lo decidido, resulta claro que las consideraciones que se efectúan en el memorial recursivo no se hacen cargo de los argumentos dados por el juzgador para fundar su decisión. De tal modo, debe concluirse que la presentación en cuestión no constituye una crítica concreta y razonada de la resolución apelada, correspondiendo en consecuencia considerar desierto el recurso deducido (arts. 265 y 266 C.P.C.C) y llamar la atención a los letrados que lo suscriben, toda vez que de ella se desprende la intención de efectuar una maniobra dilatoria del procedimiento, conducta reñida con la probidad y buena fe que deben caracterizar la conducta del abogado (cfr. art. 25 del Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Cap. Fed. -ley 23.187- y art. 37 del C.P.C.C.).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Barquini, Francisco Robustiano c/ Transportes Carlitos s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-09

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que partiendo de un punto de vista distinto y de otra perspectiva que el de la sentencia, no indica a la casación por que media error en el modo en que el tribunal de la causa ha resuelto la controversia dentro del marco de la interpretación legal, que no ha sido cuestionado sino parcialmente, soslayando la referencia a otros argumentos que siendo esenciales acordaron al fallo debido sustento jurídico.
Caducidad de instancia, actos consentidos, impulso procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Llanquetru, Forencio s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-05

El acuse de caducidad de la instancia debe formularse antes de consentir el interesado cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al transcurso del plazo legal. El consentimiento de tales actuaciones produce lo que técnicamente se denomina convalidación o purga de la caducidad. El acto de impulso del procedimiento cumplido con ulterioridad al vencimiento del plazo de caducidad de la instancia, consigue ese efecto, junto con el accesorio de interrumpir la perención, siempre que la actividad impulsora sea consentida. En esto reside, precisamente, su diferencia con los actos de impulso que se llevan a cabo antes del vencimiento del término de caducidad, porque, como es de toda evidencia, sólo éstos son demostrativos de una auténtica diligencia de los interesados en conducir el procedimiento hacia la sentencia, con la economía y celeridad propias del caso.
Acción de amparo, medidas cautelares, derecho a la salud
Materia: CIVIL
Carátula: De Sola, Estevan c/ Asociación Española de Socorros Mutuos s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-07-08

En suma, se encuentra garantizado el derecho a la salud del amparista, y no existe arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la conducta de la accionada, de atenerse a los términos contractuales, para cubrir parcialmente el costo de los medicamentos e insumos, por lo que estas razones bastan para revocar lo decidido en primer grado. Sólo me permito una reflexión final. La accionante, luego de reconocer el plexo normativo aplicable en la especie, lo califica de irrazonable, pero no desvirtúa su extensión, lo que avala el acogimiento de la apelación. Sin embargo destaca que desde el Ministerio de Salud de la Provincia (que no es parte en autos, por no haber sido demandado) sólo se le proveen dos frascos de insulina mensuales, siendo que el menor necesita tres y los insumos restantes. La contundencia de la respuesta de la Provincia, que dice cubrir las necesidades del amparista y el carácter de garante último de la salud de la población, justifican que se la exhorte para que siga cumpliendo en debida forma su obligación social, como se pregona en las normas locales sobre el punto. Sólo de ese modo se cumplirá con su obligación institucional y se afianzará la credibilidad de los ciudadanos en los órganos de gobierno.
Jubilaciones, haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DOLDAN, HIPOLITO LEANDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 522-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

Los sucesivos regímenes legales sobre movilidad jubilatoria son inconstitucionales en su aplicación al caso conforme surge de las pautas elaboradas por la jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia Provincial, cuando existe desproporción entre lo que efectivamente percibe el activo y lo que realmente percibe el pasivo en materia de haberes jubilatorios, lo que no puede exceder del 20%.
Violación, actos de fellatio
Materia: PENAL
Carátula: Videla, Hugo Luis s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-23

La fellatio in ore constituye una violación en los términos del art. 119 del C.P.; surge de los antecedentes parlamentarios que el texto de la ley 25.087 no obliga a la interpretación restrictiva que podía justificarse con la normativa anterior, sino a una extensiva pero ajustada al marco normativo (art. 18 de la C.N.). (Voto de la Dra. Catucci, adhieren según sus votos los Dres. Tragant y Riggi).
Amenazas, coacción
Materia: PENAL
Carátula: BRICHIETO, Cristina. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-13

Las frases intimidantes proferidas en un momento de ira o como consecuencia de un exabrupto no configura una amenaza típica.

Se debe tratar de una anuncio sobre un eventual daño sobre los bienes o intereses del sujeto pasivo, serio, posible, injusto y además futuro, con idoneidad para crear un estado de alarma o temor en quien es objeto de ellas.

El amedrentamiento, para encuadrar la conducta en el tipo en estudio, debe crear en la víctima una real sensación de temor por la reacción del autor y no la molestia resultado del comportamiento de la imputada.

Por ello, debe revocarse el procesamiento en orden al delito de coacción reiterada en dos ocasiones.
Tasa de justicia, homologación del acuerdo, debido proceso
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Valdez, Maximiliano y otro c/ Ruta 3 Automotores SA s/ ordinario s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-14

Procede revocar la resolución que le impuso a la accionada una multa por el presunto incumplimiento en el pago de la tasa de justicia. Ello por cuanto, de acuerdo con lo previsto por la ley 23898: 2 y 9, la tasa de justicia debe abonarse conforme a las sumas inicialmente reclamadas, sin que interese a los fines fiscales el resultado concreto del juicio. Ello así, en el caso, esta gabela no fue abonada al promoverse la demanda porque el actor fue eximido en los términos de la LDC 53. Y las partes celebraron un acuerdo el cual fue homologado por el juez. En ese convenio no se fijó ningún temperamento respecto de las costas a excepción de la obligación asumida por la demandada de abonar honorarios. La falta de una condena en costas es lo que obstaculiza la posibilidad de exigirle a la demandada el pago del tributo adeudado. Ocurre que los demandantes son quienes -en primer término- tienen a su cargo el pago de la tasa y, por otro lado, la ley 23898: 10 establece que la tasa de justicia integra las costas del juicio y deben soportarla las partes en la misma proporción en que dichas costas sean impuestas. Pero el silencio guardado en el acuerdo sobre la obligación fiscal no impide que posteriormente medie un pronunciamiento sobre las costas. En este contexto, juzga la Sala que no están dadas las condicionas para imponer la multa cuestionada.
Falta de legitimación para obrar, excepciones procesales, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE RIO NEGRO c/ L., H. O. y Otra s/ ORDINARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-05-04

En lo que aquí importa, ARAZI expresa que, la falta de legitimación sólo puede oponerse como excepción de previo y especial pronunciamiento cuando es manifiesta, lo que ocurre, en términos generales, cuando el juez se halla en condiciones de expedirse sin otro trámite que el traslado de la excepción a la parte actora sobre la base de los elementos de juicio inicialmente incorporados al proceso. En rigor, ello queda sujeto primero a la apreciación del demandado, quien por considerarla "no manifiesta" puede alegarla como defensa al contestar la demanda y, segundo, al criterio del juez, quien, a pesar de haberse articulado como excepción previa, puede postergar su tratamiento para el momento de la sentencia definitiva.
Deuda pública, obras sociales, convertibilidad, medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Teleco  S.A. c/ Obra  Social  del  Personal  de  la  Industria  del  Cuero  y  Afines s/ Incidente de ejecución de honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-02

El art. 1 del Dec. 863/92 dispone - en lo que aquí interesa - que se deberá aplicar el art. 4, Ley 23.982, a todas las causas iniciadas o que se inicien en el futuro, cualquiera sea el estado procesal en que se encuentren, incluidas las etapas de ejecución, si el objeto de las acciones fuera total o parcialmente el contemplado por el art. 1 de la ley 24.070. En caso de duda, se deberá estar a favor de las entidades, ordenándose el levantamiento de todas las medidas ejecutivas o cautelares dictadas en su contra. El objeto de la acción ejercitada es, al menos parcialmente, de los contemplados en el art. 1, ley 24.070, porque las facturas que aquí se reclama - excepto dos que constituyen menos de un 10% de lo peticionado - reconocen una causa o título anterior al 1/4/91 ya que, independientemente de la fecha de su vencimiento, el derecho al pago de los servicios que ellas documentan nació con la prestación de dichos servicios. Por consiguiente, corresponde levantar el embargo trabado pues las dos facturas antes individualizadas no caen en el supuesto aprehendido por el art. 1, ley 24.070, sin que a ese respecto quepa la menor duda, necesaria para que resulte aplicable la solución prevista en la última parte del art. 1, Dec. 863.
Retiro militar, defensa civil
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Peña, Luis c/ Estado Nacional (Estado Mayor General de la Armada) s/ haber de retiro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

Corresponde confirmar la sentencia que denegó el pedido del recurrente tendiente a que se le acuerde el beneficio establecido en el art. 77 de la ley 19.101 si para considerar al agente como integrante de la reserva no perteneciente al cuadro permanente de las Fuerzas Armadas es menester que la convocatoria haya sido realizada para prestar servicios militares y el decreto N. 807 del 23 de abril de 1982 sólo convocó a la prestación del servicio civil de defensa.
Escritos judiciales, firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ischioli, Luis Esteban c/ Brito de Jesús, Eleuterio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

Los escritos judiciales deben llevar la firma del peticionario para ser tales, sin que supla la omisión la circunstancia de que estén suscriptos por el letrado que para ese acto no ejerció ni invocó su mandato.
Ahorro obligatorio, delegación legislativa, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TESOR  S.R.L. s/ APELACION - CAPITALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01

La delegación impuesta por la ley 23.549 a favor de la autoridad administrativa no puede producir de por sí repara constitucional en la medida que esta se ejerza dentro de los límites previstos por la ley.
Poder Judicial, facultades del Poder Judicial, cuestión justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Casime, Carlos Alberto c/ Estado Nacional. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-20

No compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos.
Régimen de consolidación de deudas, emergencia económica, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PONS NICOLAS c/ BANCO DE MENDOZA s/ Ejecución de Honorarios (LIBRO: A075 - 125)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-06-20

La declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial nº 5812 encuentra su fundamento en la "inexistencia del estado de emergencia económica", como razón fundamental capaz de legitimar la limitación de las garantías individuales de origen constitucional que esa legislación consagra, así como en la vulneración del principio de "razonabilidad,igualdad y transitoriedad" que deben necesariamente tener esas normas afectando derechos adquiridos (sentencia firme) por el acreedor.Otro aspecto criticable de la normativa es que además de establecer un modo de pago de las sentencias contra el Estado, avanza estableciendo el carácter declarativo de la sentencia misma e impidiendo su ejecución o cobro por vías distintas de las reglamentadas. La normativa de la ley 5812 viola con ello el art. 42 del Cód.Civil y sobrepasa el límite de sus poderes reservados (art. 40 Const.de la Provincia)
Tutela, tutor especial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rivero y Hornos, Miguel Delio, Rivero y Hornos Ciblis, Miguel Delio s/ Sucesión testamentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-03

La tutela especial para la representación del menor durante el tiempo que dure el proceso, no puede considerarse suplida por la actuación del Ministerio de Menores, porque si bien su participación es necesaria (art. 59 del CCI) no importa, en principio, una verdadera representación del menor, ya que el Ministerio Público no actúa en su nombre y por su cuenta sino que desarrolla una función de asistencia del verdadero representante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Allanamiento domiciliario, consentimiento
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: VAZQUEZ CARLOS OSCAR P.S.A. HURTO SIMPLE s/ CASACION    PENAL  -  FUNDAMENTACION  -  PRINCIPIO  LOGICO  DE  RAZON  SUFICIENTE - ALLANAMIENTO DE DOMICILIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-05-15

Allanamiento supone la inexistencia de consentimiento por parte de la persona que tiene derecho a excluir a terceros del domicilio su actitud contraria, es decir su anuencia, significa una colaboración para el acto a cumplir que enerva el primer obstáculo jurídico consistente en la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio.Por eso es que si no se cuenta con la voluntad expresa o presunta de quien pueda consentir, ese obstáculo podrá ser superado unicamente, mediante la medida que se ha dado en llamar allanamiento de domicilio.
Presentación espontánea del imputado, declaración indagatoria, declaración espontánea
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: González, Osmar D. s/ Declaración espontánea.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

Hasta tanto el Juez no encuentre motivo bastante para sospechar que el imputado ha participado en la comisión de un delito y ordene recibirle declaración indagatoria, carece de imperium para citarlo a otro título, siendo un contrasentido la citación a tenor del art. 73 del C.P.P. hecha bajo apercibimiento de ser conducido pro la fuerza pública.

Del juego de los arts. 73, 184, penúltimo párrafo y 279 del C.P.P.

surge que se está regulando el derecho del imputado a presentarse espontáneamente y ser oído inmediatamente por el Juez acerca del hecho que se le imputa y de las pruebas que hacen a su derecho, no previéndose para esta declaración formalidad alguna, aunque sí debe estar rodeada de las garantías aludidas por el art. 72 del C.P.P.

y de la incoercibilidad del art. 18 de la C.N.

No debe declararse inválida la declaración obtenida a raíz de la presentación espontánea del imputado - art. 279 C.P.P. - que fue recibida en la forma prescripta para la indagatoria, si más allá de su errónea calificación jurídica se formalizó con todas las garantías previstas al efecto.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Carrin, Arturo c/ Micro Omnibus La Marplatense s/ Indemnización por enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-27

Debe anularse de oficio el fallo que impide a la Suprema Corte resolver si lo decidido por el tribunal del trabajo se ajusta a derecho. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, plazos procesales
Materia: CIVIL
Carátula: ACOSTA JORGE RUBEN Y SANCHEZ CANTERO TERESA ELIZABETH c/ COLEGIO HERMANO HERMAS DE BRUJIN Y ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE SGO. DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-10

La presentación de la acción de amparo dentro del plazo dispuesto por el inc. e del art. 2  de la ley 16.986, es una condición determinante para su admisibilidad.

Aquél es un plazo de caducidad, al que cabe atribuírle carácter perentorio, de conformidad con lo dispuesto por el art. 150 del C. Procesal de aplicación supletoria a la materia.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ PABLO ANTONIO s/ Concurso Preventivo (LIBRO: A073 - 045)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-12-16

No es apelable la resolución que se expide sobre la suficiencia del depósito en pago por un crédito, pero no decide sobre la conclusión del concurso.
Prueba confesional, valor probatorio, plena prueba
Materia: PENAL
Carátula: CANGALLO, J.C. s/ PRUEBA CONFESION - NECESIDAD COMPROBACION LEGAL HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-10

1) La CONFESION prueba el delito y la autoría de quien la formuló cuando la existencia del hecho queda "legalmente comprobada", circunstancia que no consiste en la "plena prueba" a que se refieren los arts. 306 y 349 del C.P.C. sino una prueba; en cualquier otra prueba que el código admita aunque por sí no sea completa, ya que lo que en definitiva requiere dicho precepto es que, junto con la confesión, se introduzcan otros elementos de juicio que, valorados en concordancia con ella, le brinden sustentación y le permitan constituirse en medio de juicio con categoría de prueba de certeza.

2) El propósito de la ley en lo que concierne al precepto del INC. 7 DEL ART. 316 DEL C.P.C. es que, además de lo que exprese un procesado autoinculpándose, medie otra prueba cualquiera de las reconocidas -otra confesión, indicios, un testimonio, etc.- que brinde un sustento a lo dicho por quien admita haber incurrido en una conducta trascendente y prohibida para que no se arribe a una condena que en exclusivo obedezca a la voluntad de quien pretenda padecerla.
Duda, instrucción, juicio oral, recurso de apelación (procesal), prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: CLEMENTE ARTURO RODOLFO s/ S.D.LESIONES GRAVES Y PORTACION ILEGAL DE  ARMAS DE FUEGO DE USO CIVIL EN CONC.IDEAL DE DELITO E.P. JIMENEZ JOSE GUILLERMO CASACION CRIMINAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-20

El estándar probatorio conforme al cual puede darse por superada en sentido incriminante la etapa de la investigación penal preparatoria es, tanto por ley como por lógica, de una exigencia menor al que se requiere para llegar válidamente a una sentencia condenatoria. De ello resulta que, antes del juicio, no es forzoso que toda debilidad inferencial implique 'duda' en sentido jurídico - procesal. Ello, en muchos casos, puede importar 'probabilidad', y conformar por consiguiente una base probatoria suficiente como para justificar la realización del juicio o la imposición de la prisión preventiva, según el caso. Es cierto que todo esto es muy obvio, pero no queda otro camino que recordarlo y enfatizarlo atento las múltiples ocasiones en las que estos principios elementales parecen ser olvidados por quienes legítimamente emplean el recurso de apelación para disentir con conclusiones de mérito a las que se arriba durante la investigación preliminar en esta clase de delitos.
Monto del juicio, honorarios, error de cálculo, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Brandariz, Rubén c/ E.N. s/ Cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-05

Advertido por la actora el error incurrido al estimar el monto del proceso a los fines regulatorios y, por consiguiente en la fijación de honorarios en forma definitiva, y en la medida en que no causa perjuicio a la parte demandada, corresponde modificar el pertinente sin que ello se traduzca en violación de la cosa juzgada en tanto este instituido buscar amparar, más que el texto formal del fallo, la solución real prevista por el Juez.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentos suficientes, ley previsional, interpretación de la ley, ordenanzas municipales, jerarquía de las leyes, reciprocidad jubilatoria
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SALDI, MIRTA MAGDALENA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-10-06

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que si bien la Municipalidad demandada alega la vulneración de normas constitucionales, no aporta argumentos en orden a justificar tal lesión, pues no se encuentra controvertido por el Tribunal a quo "la existencia de las potestades delegadas para regular un régimen previsional en el orden local" por parte del Municipio, pero señaló el Oficio que la legislación que dicte puede quedar excluida de su aplicación, cuando trate situaciones regidas por el régimen de reciprocidad jubilatoria, pues "no puede alterar en lo esencial y unilateralmente los términos de su adhesión al sistema nacional", lo que acontece si como en el caso, deben ponderarse servicios, remuneraciones o aportes comprendidos en organismos adheridos, fundamentos de los que no se hace debidamente cargo la impugnante en esta instancia extraordinaria.

En el caso, pretendiendo la actora reajuste en la determinación del haber base de su haber jubilatorio mediante el cómputo de los servicios simultáneos prestados en el ámbito provincial, la Cámara entiende que tal situación queda comprendida en las directivas dispuestas por el Decreto-ley 9316/46 (ratificado por ley 12.921) norma de seguridad social -que adquiere el carácter de condicionante en el caso-, dictada por el gobierno federal de conformidad a las atribuciones conferidas en la materia (artículo 75 inciso 12 Constitución nacional), la que prevalece sobre las normas provinciales (Fallos 307:293) sin que por ello vulnere los derechos conservados y reconocidos a las Provincias (art. 125 C.N.), cuya delegación de potestades invoca el Municipio.
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, cómputo del plazo, días inhábiles, feria judicial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Brave, Marcelo c/ Bustos, Jorge y otro s/ incidente de terceria de mejor derecho
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

El plazo de perención se computa desde la medianoche del día en el que se produjo el último acto impulsorio del procedimiento excluyéndose, por disposición legal y cuando corresponda, los días concernientes a las ferias judiciales (CPR 310 y 311; CNCom, Sala D in re "Plan Rombo SA de Ahorro p/f determinados c/ Risimini, María A. y otros s/ ejecución prendaria", del 30/04/03; conf. Colombo, Carlos - Kiper, Claudio, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y comentado", Buenos Aires, 2006, T° III, pág. 328; Palacio, Lino - Alvarado Velloso, Adolfo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente", Santa Fe, 1993, T° VII, 86).