marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reynoso, E. R. c/ Celotto, A. R. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

No pueden controvertirse los dichos de los testigos presenciales con meras conjeturas y no se rebaten las circunstancias que hacen a su credibilidad, puesto que eran pasajeros del ómnibus, no les comprendía las generales de la ley, y no aparecía que hubieran traído a la causa representación equivocada de lo que apreciaran sus sentidos, o que fuera inverosímil o inspiradas por espúreas motivaciones (arts. 384 y 456 y su doctr. CPC).
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Manolidis, Marcelo Héctor s/ Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

Resulta innecesario pronunciarse sobre el planteo relativo a una presunción de autoría que el juzgador construye a partir de manifestaciones autoinculpatorias que el procesado habría realizado ante la autoridad policial interviniente, si el procesado reconoció en su indagatoria judicial haber efectuado tal admisión de culpabilidad ante la instrucción, por lo que el hecho fundante ha quedado acreditado conforme a derecho.
Prueba pericial, falta de prueba, in dubio pro reo, autopsia, prueba documental, historia clínica
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: ROLDAN, Jorge M. s/ Causa 26.742
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Conforma un cuadro de duda suficiente, para arribar a la absolución del imputado, el informe pericial que se basa fundamentalmente en la historia clínica y los asientos documentales hospitalarios de la víctima, pues los médicos han basado sus conclusiones en un plano puramente hipotético, de probabilidad, en tanto no pudo practicarse la autopsia para verificar, en los restos de la víctima, elementos de juicio que permitan confirmar esas hipótesis.
Contrabando, ley penal en blanco, ley extrapenal, tributos aduaneros, control aduanero, importaciones, exportaciones, servicio aduanero
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: Vigil, Constancio y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

El art. 864, inc. b del Código Aduanero constituye un claro ejemplo de ley penal en blanco, pues para que se tipifique la conducta que define en forma genérica como: "cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el control del servicio aduanero", resulta necesario integrar el tipo delictivo con las normas extrapenales que establecen los supuestos que regulan los gravámenes aduaneros, o fundan la existencia de restricciones o prohibiciones a la importación y exportación, recaudos que en forma excluyente corresponde controlar al servicio aduanero (Voto del Dr. Luis René Herrero).
Patentes, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, reivindicación del invento
Materia: COMERCIAL
Carátula: BAYER ANIMAL HEALTH GMBH c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ DENEGATORIA DE PATENTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-07

El I.N.P.I. tiene diversas oportunidades para profundizar el análisis de los distintos aspectos sustanciales del invento, y sin que ello además deba implicar menoscabo de derecho alguno, en la medida que las atribuciones allí conferidas se ejerzan en un marco de racionalidad y reiterando que se trata de cuestiones técnicas complejas cuya valoración primaria incumbe a la autoridad administrativa de aplicación (confr. arts. 27, 28, 56, etc. de la Ley de Patentes). Además de tener una participación de indudable proyección práctica en materia de ordenamiento, sistematización, verificación técnica, etc., el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial puede requerir también precisiones o aclaraciones o bien que se subsanen omisiones (art. 24 de la normativa legal antes mencionada), debiendo realizar un estudio preliminar de la documentación, como así también efectuar un examen de fondo para comprobar si la solicitud incurre o no en las prohibiciones de la Ley N° 24.481.
Alimentos, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C.de S.S. c/ S.F. s/ Alimentos - Litis expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

En el juicio de alimentos, las costas, en principio, deben ser aplicadas al alimentante a fin de no gravar la pensión fijada.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Manuel Arístides Coliboro c/ Sanatorio San Juan Bosco y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-09-28

Existen elementos de convicción suficientes para atribuir responsabilidad del daño al terapista interviniente, y considerando que en su intervención en la presente litis, no debió la demanda limitarse a alegar su no culpa, sino que debió probar el cumplimiento de conocimiento y técnicas correctas. Este reparto de la carga de la prueba, poniendo la demostración de ciertos hechos a cargo del profesional y de ciertos otros hechos a cargo del paciente, satisface imperativos de Justicia y se inscribe en la búsqueda de la verdad real, como quehacer compartido por la parte de una controversia cada uno trata de convencer al Juez sobre la verdad de lo que conoce, aprendiendo también lo relativo a la facilidad o dificultad de las pruebas.
Delito culposo, imprudencia
Materia: PENAL
Carátula: DEL BARRIO, Osvaldo Ismael s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-01

Configura una actitud notoriamente imprudente por el riesgo que entraña, disparar contra perros de caza persiguiendo una presa, cuando la visual se halla dificultada por obstáculos diversos y la índole de los animales tenidos en mira permitían pensar que se hallaban acompañados por sus dueños.-
Caducidad de instancia, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Palomeque, Benjamin c/ Cotter de Rodríguez, Estela s/ Daños y perjuicios Cossa de Desimone, Marta c/ Del Lago, Lujan s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16|1993-06-22

No teniendo carácter limitativo la enumeración del artº 315 del CPC, la legitimación para oponer la caducidad se extiende a la citada en garantía en un proceso por daños y perjuicios.
Sucesores, herederos concurrentes, locación de inmuebles, alquileres
Materia: CIVIL
Carátula: R., A. c/ M., B. s/ Incidente de Determinación de Canon Locativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-08

Es clásico el criterio jurisprudencial que acepta la compensación locativa o canon cuando uno de los propietarios herederos utiliza el inmueble de la herencia, excluyendo a los demás, por cuanto a partir de la transmisión -tal como se viene diciendo- todos tienen el derecho de aprovecharlo.
Accidente de tránsito, responsabilidad civil, sobreseimiento definitivo, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL
Carátula: Maistruarena, José Abel c/ Capaz, Sergio y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-06

La acción de daños y perjuicios incoada por un automovilista contra el conductor de un camión con el que colisionó sobre una ruta, es improcedente, pues en sede penal se dictó el sobreseimiento definitivo del demandado basado en el art. 323 inc. 4to. del CPPBA y en dicha sentencia se incursionó en el fondo del asunto y se concluyó con el grado de certeza necesario que el imputado no fue el autor del delito, al valorarse la pericia accidentológica que determinó el carácter de embestidor del accionante e invasor del carril contrario, sumado a la ausencia de otros elementos de prueba que responsabilicen al demandado.
Superior Tribunal de Justicia, recusación, excusación, tribunal de enjuiciamiento, derechos y garantías constitucionales, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PROCURADOR CORTE SUPREMA DE JUSTICIA s/ ELEVA DICTAMEN N° 12 DE FECHA 21.12.2012-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-07-29

Es cierto que la función que les cabe a los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en el marco del Tribunal de Enjuiciamiento de los magistrados judiciales es de carácter distinto al que les corresponde como miembros de la Corte Suprema de Justicia;

empero también es cierto que la intervención que le cabe en el recurso de inconstitucionalidad a los señores Ministros, como el mismo Tribunal de Enjuiciamiento lo aclaró al remitir la causa, es una función netamente jurisdiccional que enmarcó en el artículo 93 inciso 1ro. de la Constitución de Santa Fe, donde la imparcialidad es una de las exigencias de la garantía del debido proceso, debiendo considerarse ahora la imparcialidad objetiva, es decir que no podrá formar parte del tribunal quien haya intervenido anteriormente de cualquier modo, o en otra función o en otra instancia en la misma causa, resultando decisivo determinar si existen elementos que autoricen a abrigar dudas sobre la imparcialidad del juzgador.
Plan austral, desagio, escala de conversión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Spegazzini, Ricardo César c/ Ifona s/ cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-06

La aplicación de la escala de conversión prevista en el artículo 4 del decreto 1.096/85 es aplicable a las obligaciones a plazo cuyo curso comenzó con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto y venció después, siempre y cuando las expectativas inflacionarias estuvieren ciertamente implícitas al convenirse la relación creditoria, razón por la cual no cabe la aplicación indiscriminada de la escala de conversión en todos los supuestos, dado que la concreta existencia de una expectativa inflacionaria es un presupuesto fáctico que condiciona la aplicación del desagio y que deberá verificarse en cada caso.
Subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, concesión para la venta de automotores
Materia: LABORAL
Carátula: Zacaría Jerónimo c/ Autos Ciara SA y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-07

El contrato de concesión es una figura que permite vincular a dos empresarios, uno de los cuales -en el caso Ciara S.A.- se obliga a actuar en nombre y por cuenta propia frente a terceros -sus clientes- disponiendo de su organización para comercializar mercaderías provistas por la concedente -es decir Renault de Argentina S.A.- y, en su caso, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido. Se observa una fuerte subordinación económica de la empleadora con respecto a Renault Argentina S.A. que justifica la aplicación del art. 30 L.C.T., pues medió subcontratación de una actividad -la venta y la provisión de servicios a los compradores de vehículos- sin los cuales "Renault" no podría funcionar. La circunstancia de que la empleadora integre un grupo económico y venda vehículos de otras marcas no enerva tal conclusión por cuanto: a) sólo revela la fuerza económica del concesionario pues no se pactó la exclusividad en la materia; b) está probado que el actor vendió vehículos Renault; c) lo que existió fue un contrato de concesión que incluía el servicio mecánico de mantenimiento en forma inmediata.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Astrada, Adrián Alejandro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-06

Es insuficiente la denuncia de absurdo en la valoración del material probatorio, si los argumentos del recurrente no han sido relacionados con la violación de las normas legales pertinentes, por lo que sin demostrar transgresión alguna y omitiendo toda cita legal, el impugnante no hace sino expresar su desacuerdo con lo resuelto por el tribunal, técnica ineficaz para enervar lo decidido.
Escritos judiciales, firma de las partes, actuación por derecho propio, falta de firma, invalidez del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: F., N. K. y otros c/ P., H. C. y otros s/ alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-15

Debe reputarse inexistente el escrito que carece de la firma de la parte o de su apoderado, situación asimilable a la de la falsedad de la firma. Cuando el escrito carece de la firma de la parte, la presentación efectuada no constituye un acto jurídico atribuible a aquélla y no resulta susceptible de convalidación, confirmación o saneamiento.
Querellante, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL
Carátula: Recalde Spagnac, María Marta s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-25

Corresponde revocar el pronunciamiento que rechazó la solicitud de una letrada de ser tenida por parte querellante en el proceso si, sin perjuicio de considerar que la recurrente podría tener un interés legítimo, la imputación fue formulada sin determinación de los sujetos a los que iba dirigida, el a quo omitió analizar si podría existir un potencial perjuicio a su patrimonio pues no se ha pronunciado respecto a la percepción de posibles honorarios en su nombre y nada ha expresado respecto a la posible falsedad de un certificado de dominio en el que constaban el tomo y folio de quien lo suscribía con el suyo propio de la matrícula profesional del Departamento Judicial de San Isidro. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso, Fégoli).
Acción de amparo, obras sociales, opción de obra social, Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, facultades reglamentarias, control de razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gianattasio, Jorge Horacio c/ Obra social de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-28

La Ley Nro. 472 no desconoce el derecho de opción a favor de los afiliados de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (O.S.B.A.) toda vez que diferir en el tiempo el ejercicio de un derecho, de ninguna manera debe interpretarse como negación del mismo.

Procede verificar la constitucionalidad del artículo 37 de la Ley Nro. 472 a la luz de la Constitución local.

Lo que el parlamento local ha hecho no es más que ejercer las atribuciones que le confiere la Constitución local para hacer efectivo el ejercicio de un derecho, reglamentándolo.

En segundo término, deviene necesario determinar si la reglamentación -en concreto, el plazo de dos años y cinco meses por el cual se difiere el ejercicio del derecho de opción- es arbitraria o ilegítima, teniendo en cuenta que merecerá tal calificativo en el caso de que altere el derecho sobre el cual recaiga, violando el principio de razonabilidad que surge del artículo 28 de la Constitución Nacional.

La respuesta que se impone es a favor de su razonabilidad, ya que, la medida -diferir el ejercicio del derecho de opción- ha sido adoptada en el marco del Programa de Reconvención, Saneamiento Financiero y Fortalecimiento Institucional de la Obra Social y a los efectos de facilitar el mismo.

En cuanto al plazo determinado que previó el legislador se impone la misma conclusión atento las modificaciones que deben llevarse a cabo, dentro del mismo Programa, para compatibilizar los regímenes aplicables de manera previa a la integración.

De lo expuesto resulta que la reglamentación se muestra razonable en orden a las circunstancias sociales que motivaron su adopción, los fines perseguidos, el medio elegido para lograrlo y la duración del plazo que posterga el ejercicio del derecho de opción.
Superior Tribunal de Justicia, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., A.; P., J. M E I., D. G s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - PLANTEO DE RECUSACION DE MIEMBROS  DE LA CORTE - PLANTEO DE QUE SEA EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO EL  QUE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 316-95) Villar, Antonio; Peña, José M.; Imhoff, Danilo G. -Fiscales de Cámara Tribunales de Rosario elevan informe sobre investigación realizada en cumplimiento de lo dispuesto por acta acuerdo nº 24 de fecha 11.3.91 Juzgado de Instrucción Quinta Nominación. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ  Nº 801-93) Villar, Antonio; Peña, José M.; Imhoff, Danilo G. -Fiscales de Cámara Tribunales de Rosario elevan informe sobre investigación realizada en cumplimiento de lo dispuesto por acta acuerdo nº 24 de fecha 11-03-91 Juzgado de Instrucción 10ma. Nominación. s/ Recusación. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad  (Expte CSJ Nº 74-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27|1994-07-06|1994-07-06

Por imperativo constitucional, la Corte integrada, constituye un tribunal distinto de los que forman el complejo de los órganos jurisdiccionales ordinarios y de ella misma cuando actúa como tal, en el ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 92 (Superintendencia o Gobierno) y 93 (jurisdiccional) de la Constitución provincial. En otras palabras, desde el punto de vista orgánico, la Corte integrada, no forma parte del Poder Judicial por lo que debe caracterizársela como un órgano de naturaleza político jurídico. Tratase, en consecuencia, de una "justicia política" que tiene en mira la tutela de una recta Administración de Justicia que se vería seriamente dañada con la permanencia en sus cargos de quienes estuvieran incursos en alguna de las causales del artículo 7 de la ley 7050.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Salvatierra, Franklin c/ PA.CE.VI. S.A.I.C.I.F. s/ Enfermedad accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-06-28

Si al evacuar el traslado del planteo de inconstitucionalidad la accionada peticiona la citación en garantía de una cooperativa de seguros la que luego hace extensiva a una aseguradora aparece como prematuro, por no haberse integrado correctamente la litis, alterando el debido proceso y teniendo por efecto, que lo decidido no sea oponible a quienes van a tomar intervención en autos, por lo cual corresponde anular ex officio lo decidido a fin de permitir encausar el proceso en debida forma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Obras públicas, facultades discrecionales, razones de oportunidad, mérito o conveniencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Astilleros  Alianza    S.A.    de Construcciones Navales, Industrial, Comercial y Financiera c/ Estado Nacional (PEN.) s/ daños y perjuicios -(incidente).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-08

La realización de una obra pública configura el ejercicio de una actividad discrecional por parte de la administración, que se lleva a cabo en función del mérito, oportunidad y conveniencia de aquélla.
Delitos militares, delitos contra la disciplina
Materia: PENAL
Carátula: Presunta  comisión  de  infracciones  militares  (arts. 702 y 704 del Código de Justicia Militar) s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

La disciplina se halla íntimamente ligada a la vida militar, y el principio objetivo del derecho militar es el mantenimiento de ésta, mediante la cohesión y orden que debe existir entre los distintos grados de la escala jerárquica.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, robo con armas, delitos, tipo penal, concepto de arma
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

La cuestión a resolver plantea el alcance que ha de otorgarse al término "armas" en el contexto del art. 166, inc. 2do. C. Penal. Se trata, en consecuencia, de un problema de definición del concepto que reconduce, obviamente, al ámbito de interpretación de la ley penal.En este cometido, se impone partir del sentido gramatical del término "arma", que por lo demás, en razón de su modo de percepción, se inscribe entre los elementos descriptivos del tipo penal. (De la disidencia del Dr. Giménez). En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Diotto, Mario Aníbal c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-28

Si el interés previsto en el art. 622 del Cód. Civil tiende a resarcir al acreedor el daño patrimonial causado por la falta de cumplimiento oportuno de la obligación, no debe perderse de vista que necesariamente habrá que tener en cuenta cuál podría haber sido la inversión ordinaria al alcance del acreedor si hubiese recibido la acreencia en término. Desde este ángulo es indudable que cualquier institución bancaria la hubiese abonada única y exclusivamente la tasa "pasiva" vigente al momento de la inversión o sus sucesivas renovaciones. La aplicación de otra tasa alteraría inexorablemente el fin propuesto alterando esa finalidad.
Honorarios del abogado, convenio de honorarios, liquidación de la sociedad conyugal, convenio de partición de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: C. DE M.S. Y M.L. s/ DIVORCIO 67 BIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-13

La labor de los letrados concretada en la elaboración y presentación de un convenio por el cual las partes acuerdan el modo de liquidar y partir la sociedad conyugal, es una gestión profesional ajena a la desarrollada para obtener la sentencia de emplazamiento en el estado de divorciados, y tiene, en cambio, un contenido puramente patrimonial. Por ello al practicar regulación de honorarios de los profesionales que intervinieron en el convenio deben ser considerados como partidores siendo entonces de aplicación al art. 17 de la ley 21.839 (conf. C.N.Civ. Sala F, H, 5228 del 30-4 84; id, id, del 18-4-67, L.L. 127-1123, 23, s-15.552; id. del 17 4-79, L.L. 1979-c-490; id. Sala D, R. 254.482 del 22-3-79.

Sin embargo, la asimilación con el partidor no puede ser absoluta, ya que éste es un auxiliar externo del juez que actúa objetivamente, siendo su cometido proponer hijuelas de valor equivalente, en tanto que el letrado de una de los cónyuges tiene como objetivo proteger la participación de su patrocinado en la masa ganancial, lo que en la práctica puede redundar en un acuerdo de distribución que no se compone de hijuelas exactamente equivalentes. La regulación, sobre la base de la pauta señalada por el art. 17, no corresponde que sea hecha globalmente sobre la totalidad del haber ganancial para su posterior reducción a la mitad, sino que debe ser efectuada sobre el valor de los bienes que fueron adjudicados al esposo.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, prueba documental, historia clínica
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CRUZ, Mónica Liliana c/ HOSPITAL DURAND s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

La falta de datos en la historia clínica o la sospecha que ella ha sido confeccionada ex post facto y en miras al eventual juicio posterior, constituye una violación al deber de colaboración procesal y conduce a un análisis desfavorable de la conducta de los profesionales médicos, vale decir, representa una presunción en contra de estos profesionales.