marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, responsabilidad contractual
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: PANIAGUA, OSVALDO RUBEN c/ LOPEZ, DEMESIO; ESTEBLER, CARLOS Y SERVICIOS VIALES S.A s/ QUEJA POR DENEGACIO DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 563 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-11-13

Corresponde desestimar la alegada incongruencia del fallo, desde que conforme se desprende de las constancias de la causa siempre estuvo en discusión la naturaleza de la relación entre las partes: por un lado el conductor del automóvil que sufre las consecuencias dañosas de un accidente en una ruta concesionada, y por otro la empresa que la explota y administra, encontrando la Cámara que de ese contexto nace para ésta en forma tácita una obligación de seguridad por los daños que en el tránsito y circulación de la ruta pueda sufrir el usuario.

Y de este razonamiento no se infiere una alteración de la litis trabada en autos, en tanto los elementos tenidos en cuenta en la sentencia corresponden a los hechos que siempre se debatieron: la pretensión por el actor de extender la responsabilidad civil a la concesionaria del peaje sobre la ruta nacional , y la obligación de vigilancia y mantenimiento de la misma; y la invocación por la accionada de que su mandante no tiene responsabilidad ni contractual ni extracontractual frente al actor, alegando que no es el titular de la guarda de los animales ni que le corresponde la vigilancia de los mismos, y que hubo culpa del conductor en la producción del accidente.
Sociedades comerciales, representación legal
Materia: COMERCIAL
Carátula: V.D., R.J. c/ J.N. SA s/ Prepara Vía Ejectiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-30

Salvo la actuación directa del órgano societario, la sociedad no puede actuar en juicio por un apoderado que no sea procurador.

Las facultades otorgadas por el representante de una sociedad referidas a la administración, no justifican la aplicación de la excepción contenida en el art. 15 de la ley 10996 para actuar en juicio, dado que, -de admitirse- equivaldría a soslayar su cumplimiento, ante la imposibilidad d el mandatario de actuar en juicio por no estar inscripto en la matrícula de procuradores.
Homologación judicial, aumento de cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: V. C. R. c/ V. M. J. s/ EJECUCION PACTO DE CONVIVENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-31

[.] sin perjuicio de la fecha en que se celebrara el acuerdo acompañado, lo cierto es que el mismo no ha sido homologado judicialmente, por lo que mal podría peticionarse un aumento de la prestación alimentaria. En consecuencia, en atención a lo que pretende la actora en este punto [.]), deberá interponer la acción pertinente (conf. Arts. 661 y cc. del CCyC, 638 y siguientes del CPCC), compartiendo en tal sentido la opinión de la Sra. Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente.
Honorarios del abogado, tasas de interés, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Bogado, Juan Carlos c/ Tar For S.A. y otro s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-04-18

En los supuestos de honorarios no es facultad de los Jueces fijar la tasa de interés aplicable, toda vez que ella está expresamente dispuesta en la ley específica (art. 37 ley 307)
Confirmación de sentencia, responsabilidad del asegurador, productor asesor de seguros, principio de apariencia, póliza, doctrina de los actos propios, buena fe contractual
Materia: COMERCIAL
Carátula: NORTEÑO SRL C/ SANCOR COOP. DE SEGUROS LTDA. Y OTROS S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-08

Procede confirmar la resolución que condenó a la compañía aseguradora demandada y absolvió al productor de seguros codemandado. Ello por cuanto, si bien no se desconoce en el caso, que la aseguradora no registró el pago de la póliza en sus libros contables así como tampoco que no convalidó dicha póliza elevada por su productora, mas lo cierto y dirimente es que aún en el supuesto en que la susodicha productora efectivamente no hubiera tenido facultades para efectuar la contratación aludida, lo neurálgico es que ello no necesariamente libera a la demandada de responsabilidad frente a la sociedad accionante en virtud de la llamada "teoría de la apariencia". A más, en la especie, su comportamiento en este terreno se muestra contradictorio con su conducta anterior desplegada durante la vigencia del contrato, en clara infracción a la regla que veda fundar un derecho o prerrogativa en un comportamiento contradictorio o incoherente ("venire contra factum proprium non valet"). En efecto, la conducta asumida por la aseguradora en punto a alegar que la actuación de la productora no la obligaba de modo alguno aparece como francamente contradictoria con la que exhibiera anteriormente, cuando aceptó que las contrataciones de los seguros solicitados por la actora se acordaran y se pagaran por intermedio de aquélla, aceptando incluso un siniestro anterior que fue abonado conforme surge del registro contable de la propia demandada. Síguese de ello, que con tal proceder soslayó la doctrina "de los propios actos", que halla sustento en el principio de la buena fe (CCIV 1198), fundamental del sistema legal argentino, con el efecto de impedir que alguien pueda volver contra sus propios actos y pretender desconocer su propio obrar.
Recurso extraordinario, resoluciones anteriores a la sentencia, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/ SOMISA Sociedad Mixta Siderurgia Argentina s/ medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

Las resoluciones referentes a medidas cautelares, no constituyen sentencia definitiva o equiparables a ésta, a los fines de habilitar la instancia extraordinaria.
Daños y perjuicios, transporte benévolo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Momeño Elba Isaura y otro c/ Cisilino Carlos y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-09

La responsabilidad civil derivada del transporte benévolo, no puede encuadrarse en la normativa del art. 1109 del C.C. -analizando por ende, la culpa en que puede haberse incurrido- sino que el supuesto queda aprehendido en lo normado por el art. 1113 2da. parte 2do. párr. del C.C., ya que lo único que puede enervar esta responsabilidad es la culpa de la víctima o la de un tercero por el cual no debe responder.
Acción meramente declarativa, notariado, registro notarial, plazo, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barbero, Carolina c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Acción Meramente Declarativa Acción Meramente Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-28

El artículo 176 de la Ley Nro. 404 dispone que podrán requerir el otorgamiento de la titularidad del registro notarial, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigencia de la ley, los escribanos a quienes alude la norma. De lo dicho se desprende que el plazo fijado se refiere a la solicitud de titularización y, en consecuencia, el artículo no estableció un plazo de caducidad para la deducción de acciones declarativas, toda vez que no reguló este supuesto.
Diligencias preliminares, recurso extraordinario, resoluciones recurribles
Materia: LABORAL
Carátula: Bonvin Raul A. c/ Agostini Adolfo M. y/u otro s/ Diligencias preliminares
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-12-03

El artículo 315 tercer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial establece que sólo será apelable la resolución que denegare las diligencias preliminares solicitadas, por lo que la resolución que dispone un nuevo requerimiento de la documentación cuya presentación fuera ordenada antes, siendo una consecuencia directa de la que hizo lugar a la producción de las mismas, ha de mantener la regla de la inapelabilidad mencionada, sin entrar a evaluar la eficacia probatoria que podrá otorgarse a la documentación que no fue presentada al primer requerimiento en caso que la demandada lo haga ahora, puesto que ello será materia a decidir en la etapa procesal oportuna del juicio de conocimiento en que la misma se pretenda hacer valer. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, honorarios, regulación de honorarios, aplicación de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRANCO, LUIS ALFREDO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-06-18

La Sala revocó la resolución de baja instancia y dispuso que el cálculo de los honorarios se hiciera diferenciando las etapas de desarrollo de la labor profesional, aplicando la ley vigente al momento de efectuar los trabajos; frente a lo cual la recurrente se limita a reiterar planteos ya vertidos al interponer el recurso de inconstitucionalidad, que se centran en que como la conclusión del proceso se produjo bajo la vigencia de la ley 12851, la regulación de los honorarios del mismo debía ampararse en es norma; mas sin invocar razones de peso a fin de neutralizar la fundamentación de los Jueces, que señalaron que el quejoso había soslayado la doctrina emanada de la Corte nacional in re "Francisco Costa", en virtud del cual en materia de honorarios profesionales se impone indagar en cada caso el momento o época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que lo engendró y sirvió de fundamento de la obligación, y que tal circunstancia será la que determine la normativa aplicable; y en lo que respecta a los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación, que sólo agrega un reconocimiento y cuantificación de un derecho preexistente. - CITAS: CSJN: Francisco Costa, Fallos 319:1915; CSJStaFe: Jobson, AyS T 258, p 286. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 12851
Acción de amparo, prueba, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., M. M. E. c/Ministerio de Salud s/acción de amparo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-08-10

Para la admisión del remedio excepcional del amparo es indispensable que quien solicita esa clase de tutela potenciada, demuestre, en debida forma, la inexistencia de otras vías idóneas para la protección del derecho que se dice lesionado o que la remisión a ellos produzca un gravamen insusceptible de ulterior reparación. Repárese además que la Carta Fundamental en su artículo 43 dice: Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo.
Constitución Nacional, acción de amparo, bien jurídico protegido, tratados internacionales, decreto de necesidad y urgencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

Para determinar cuáles son los derechos y garantías reconocidos por un tratado o una ley, que estarían sujetos al amparo conforme el artículo 43 de la Constitución Nacional, se deben tener en cuenta que debe tratarse de un tratado en general, es decir, de uno que se refiera a Derechos Humanos no encuadrado en las previsiones del artículo 75 inciso 22, 2do y 3er párrafo, dado que con éstos no se presentan problemas, o sea, de los que el Congreso aprueba con mayoría simple y que, en consecuencia, tienen jerarquía infraconstitucional, pero supralegal. La ley debe ser formal, pero de contenido materialmente constitucional, razón por la que deben excluirse las que no tengan ese contenido y otros actos normativos de inferior jerarquía (por ejemplo, reglamentos del Poder Ejecutivo, artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional), aunque, en principio, podrían incluirse los actos de eficacia equiparada a la ley formal, como los decretos de necesidad y urgencia (artículo 99, inciso 3, tercer párrafo de la Constitución Nacional).(Del voto del Dr. Ulla).
Oposición del fiscal, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: Sihuin Valverde, Fortunato Jesús. s/ infr. art. 149 bis, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-31

La decisión resistida ha equiparado de manera dogmática la alegada falta de fundamentación de la oposición del Ministerio Público Fiscal -ausencia de oposición-, con un consentimiento (art. 76 bis, cuarto párrafo, CP) que de manera implícita se le atribuye al Sr.

Fiscal para dar andamiento, derechamente, a la suspensión del juicio solicitada por el imputado. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Estado Provincial, emergencia previsional, deuda previsional, jubilaciones, edad avanzada, sentencia, ejecución de sentencia, cumplimiento imposible
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: VEGA MILESI, FRANCISCO RAFAEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 755-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-30

Corresponde razonablemente concluir que en el sub judice se dan circunstancias análogas a las juzgadas por el Alto Tribunal en la causa "Iachemet", si de conformidad al artículo 4 de la ley 11373 de emergencia previsional, y al Decreto Nº 1413/96, el actor percibiría en efectivo, en el lapso de nueve meses, sólo un 3,57% de su acreencia; meritándose también la avanzada edad del actor -quien cumplió los 85 años de edad-, a lo que se suma el delicado estado de salud en que se encontraría de conformidad a las constancias obrantes en autos, no cuestionadas por la demandada. En tales condiciones, se torna verdaderamente incierto que el actor pueda, de aplicarse estrictamente la ley 11373 a su respecto, percibir la totalidad del crédito que le reconoció el pronunciamiento judicial, pasado en autoridad de cosa juzgada, pues, si bien es cierto que la señora Iachemet tenía 92 años de edad, no parece razonable sostener que ese número de años de vida sea el que, siempre y en todos los casos, debe tenerse en cuenta para dilucidar aspectos como el que ahora se examina. Debe tenerse en cuenta es la relación que tiene el factor edad con las posibilidades reales y concretas que prevé el ordenamiento para alcanzar la satisfacción del respectivo crédito.
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coccaro, Angel y otros c/ Goya, Néstor Osvaldo y otra s/ Ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-16

El memorial de agravios debe bastarse a si mismo, resultando insuficiente cuando se remite a otras piezas del proceso. Es que la invocación de escritos anteriores no es sostén eficaz del recurso.

De tal modo, no puede atenderse a lo que se dijo antes si al expresarse los agravios no se lo detalla junto con la correspondiente crítica de lo decidido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Horacio Laitta c/ Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-03-31

Este cuerpo posee en grado de exclusividad la facultad para interpretar y aplicar el derecho procesal que le asiste, no pudiéndosele imponer - remisión de autos mediante y posterior diligenciamiento - una jurisdicción y competencia que en forma originaria y en única instancia le difiere el art. 130 inc. 2 de la Constitución Provincial al Tribunal Superior de Justicia, aunque medie la declaración de incompetencia del órgano inferior, sin perjuicio de los derechos de las partes a peticionar lo que crean conveniente para la mejor defensa de sus intereses.
Daños y perjuicios, mora automática
Materia: CIVIL
Carátula: T., C. A. c/ V., E. Á. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-30

En materia indemnizatoria la mora opera automáticamente por lo que los intereses deben computarse desde la fecha del acaecimiento del hecho dañoso, que es cuando la víctima adquiere derecho al resarcimiento (doct. art. 509 del Código Civil y nota del codificador; art. 1109, 1er. apartado, 2do. párrafo).
Contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: TULA, MARIA RAQUEL c/ SANTOS DE SING, NORA ESTER s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-05-20

El trabajador debe acreditar, a los fines de la existencia de un Contrato de Trabajo, que prestó servicios en relación de dependencia. No es suficiente que la actora pruebe la prestación de algunos servicios, diferentes entre sí y en distintos horarios, de los que no surge que fueran dependientes. Es necesaria la prueba inequívoca de la relación laboral.
Sociedad en comandita simple, responsabilidad del socio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scrocchi, José María c/ Scrocchi, Ernesto Amilcar s/ Simulación y colación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

El administrador y único socio comanditado, no puede invocar que ignoraba la necesidad de contar con un "registro" de las acciones, libro de actas de las asambleas (arts. 73, 213, 238 y 316 de la ley 19550) y/o documentación fehaciente de la sociedad cuya carencia a él solo es imputable, y que hubieran podido corroborar la legitimidad de la posesión de buena fe. De allí que la simple tenencia de los títulos por parte de aquél, cuando se ha cuestionado la legitimidad de esa tenencia y aparecen en la causa numerosos hechos y circunstancias probados que tornar verosímil esa imputación, por lo menos no resulta suficiente apoyo para obtener una decisión jurisdiccional que le transforme en titular de los derechos que la condición de accionista comanditario de la sociedad implica.
Acciones de filiación, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Abella, José Paulo s/ FILIACION-RECONSTRUCCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-06-30

Analizando las probanzas arribadas a la causa, como así también la conducta desplegada por la parte demandada -presunto padre- de oponerse a la realización de la prueba pericial ofrecida por la actora -prueba biológica-, con la expresa manifestación de que no se le extraerá ningún elemento para análisis, se puede concluir que los dichos de los diferentes testigos resultan indicativos de la existencia de la posesión de estado, como por ejemplo, la forma en que el demandado trataba al niño, las visitas realizadas a la casa donde se encontraba la madre, etc. Así, si se llevan estos hechos y se los confronta con aquello de que el padre que niega su paternidad no debe limitarse a negar sino que debe aportar las pruebas que desbaraten las presunciones y acreditaciones que sirvan al ahora accionante, se debe concluir que le asiste razón a la parte recurrente. Además, este cuadro de situaciones se completa con el expreso reconocimiento de la parte cuando contestó la demanda de que pudo haber tenido relación con la madre del niño actor.
Transporte de carga, lista de empaque, prueba documental, valor probatorio, presunciones
Materia: PROCESAL - NAVEGACION
Carátula: SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. "ARIES" s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-18

Este Tribunal ha reconocido valor probatorio a la lista de empaque cuando sus datos se complementan sin contradicción con los otros documentos cuya autenticidad haya sido aceptada (v.gr.

conocimiento, nota de carga revisada) o deba admitirse en virtud de la participación en ellos de las autoridades públicas (factura que cuenta con la correspondiente visación consular y a la que se refiere el conocimiento), y parciales de importación remitidos por la Aduana, desde que las múltiples coincidencias que en ellos pueden advertirse -vinculadas aquí con el nombre del destinatario, número de cajas, naturaleza de su contenido y peso de la partida- permiten extraer las presunciones del art. 163, inc. 5, del Código Procesal y llevan, por consiguiente, a admitir la idoneidad de la lista de empaque como elemento probatorio, no obstante que no se la haya autenticado directamente.
Sucesiones, cesión de derechos hereditarios
Materia: CIVIL
Carátula: COLOMBINI, MODESTO c/ BOTBOL, RODOLFO ISAAC Y OTROS s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-17

La cesión de derechos hereditarios transmite los derechos y cargas de la herencia, pero no la calidad de heredero la cesión, están autorizados a accionar contra los herederos, a quienes no les está permitido descargarse de sus obligaciones, salvo conformidad de aquéllos, haciéndose mención que para el deudor primitivo -el heredero cedente- queda exonerado, es necesaria la expresa intención del acreedor de liberarlo: art. 814 del Código Civil.
Derechos y garantías constitucionales, reformatio in pejus, reincidencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: MELIAN, AMILCAR HUGO s/ FALSIFICACION DE DOC. PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-10

No viola el principio de la "reformatio in pejus" la declaración de reincidencia de esta instancia ante el olvido del "a quo", que omite toda decisión al respecto en la parte resolutiva, pues no depende de la decisión de los jueces la condición de reincidente de una persona, sino la existencia de una situación objetivamente considerada por la norma en que el caso opera de pleno derecho, aun sin necesidad de una declaración expresa en tal sentido.
Procedimiento administrativo, cómputo de servicios, prueba, certificado de trabajo, debido proceso adjetivo, derecho a ofrecer y producir prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BUSTAMANTE, FROILAN EUGENIO c/ A.N.Se.S. s/ SERVICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

Habiendo presentado la demandante los certificados de servicios y de cese de tareas, la reticencia del supuesto empleador a concurrir a la citación cursada no es motivo suficiente para resolver su desconocimiento sin haber intimado previamente a la reclamante a que ofreciera la totalidad de la prueba de que dispusiere para corroborar su aserto. En consecuencia, debe concluirse que la tramitación administrativa vulneró la garantía al debido proceso adjetivo, lo que incluye el derecho de los interesados a ser oídos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada, aspecto éste último que involucra que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes a la solución del caso. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: Gutiérrez, Julio César s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06

Cuando el art. 34 inc. 6º letra a) del Código Penal contempla la "agresión ilegítima" se refiere a una conducta antijurídica, actual o potencial, que ocasiona peligro de daño para un derecho. Tal peligro es el suficiente riesgo de daño -para un bien jurídico- como para hacer racionalmente necesaria la defensa. Debe entonces tratarse de una agresión peligrosa para la integridad de un derecho.

No es contradictorio referirse a una agresión futura como causante de peligro, pues es obvio que la inexistencia fáctica actual de la agresión futura no obsta la consideración jurídica de su potencial aparición. Así como el cuadro de hecho peligroso propio de una agresión actual podría consistir -por ejemplo- en que el atacante arrojara puñaladas al agredido, la situación fáctica peligrosa correspondiente a una agresión futura podría estar dada -también por ejemplo- en que quien luego fuera a agredir anunciara a su futura víctima, desde unos metros de distancia, que ha resuelto matarla y que para ello utilizara el arma que tiene entre sus ropas. Para habilitar la conducta defensiva se requiere un elemento presente -el peligro de que una agresión ilegítima dañe un derecho- que, a su vez, se refiere a una circunstancia futura -la producción del daño.