Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-16


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 16 días del mes de abril del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "PROVINCIA DEL CHUBUT c/ Y... S.A. s/ EJECUCIÓN FISCAL", expte. nro. 15.953/06, venidos del Juzgado de Ejecución nro. 1 (expte. nro. 672/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 844), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 801/812 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que las presentes actuaciones iniciadas por la Pcia. del Chubut tienen como objeto la ejecución fiscal, contra Y... S.A., con fundamento en certificado de deuda N°04/2005 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut, por un monto de $843.825,47.

Librado mandamiento de intimación de pago, el demandado contesta demanda, oponen excepción de inhabilidad de título, falta de legitimación activa, incompetencia y prescripción, nulidad de la ejecución, inconstitucionalidad del art. 38 de la ley 3270 de la Provincia, ofrece pruebas y hace reserva del caso federal.

Contestado el traslado por la actora sobre las excepciones y documental, resueltas las incidencias respecto a las pruebas, la competencia, la demandada apela lo decidido sobre esto último. Recurso que es conferido en carácter diferido.

Se abre la causa a prueba, se producen las mismas, las partes alegan y a fs 801/812 se rechaza la solicitud de nulidad y las excepciones planteadas. Se manda a llevar la ejecución adelante hasta que el demandado Y... S.A. haga al actor Provincia del Chubut, íntegro pago de la suma reclamada de $843.825,47. Se hace saber a la demandada que firme la presente deberá integrar la tasa de justicia. Impone las costas a la demandada vencida y regula los honorarios. A fs 816 los demandados apelan la sentencia y a fs 818/833 se agrega la expresión de agravios.

Comienza exponiendo los antecedentes, para luego referirse a la nulidad de la ejecución rechazada por el sentenciante.

Sostiene que la Administración ha emitido un título ejecutivo sin que se haya resuelto un recurso administrativo expresamente previsto en el ordenamiento provincial, motivo por el que corresponde declarar la nulidad.

A contrario de lo que sostiene la sentencia, la nulidad también se aplica cuando esta nulidad está contenida en el título base, de acuerdo al art 545 CPCCCh Considera que lo único que meritua es la existencia del dictamen 217/03 que considera firme la Resolución 2076/03 y que en función de ello se habría emitido el título base de la ejecución, pero no considera la Ley 920 que como ella lo expone, establece que interpuesto el recurso directo o de queja si el mismo no fuera procedente así deberá declararse expresamente devolviéndose los autos al inferior, lo que en el caso nunca sucedió, por lo que hasta tanto ello ocurra, el recurso directo interpuesto en contra de la denegatoria del recurso jerárquico contra la Resolución 1736/03 impedía el libramiento de la boleta de deuda.

Sobre el rechazo de la excepción de in-habilidad de título, indica que Y... fundó adecuadamente las razones por las que aún dentro del limitado ámbito cognoscitivo que rodea a los procesos de ejecución deben considerarse las defensas vinculadas con el fondo del asunto cuando lo que se acredita es la inexistencia de la deuda. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de al Nación.

Respecto de la inexistencia de la deuda considera que el a-quo avanza sobre las cuestiones de fondo en un infundado, parcial y arbitrario análisis de las normas involucradas, la ley 18608 y del decreto 736/70 y del decreto 2636/90.

Agrega que hace una simple mención a la ley provincial 3270, y con ello pretende justificar el supuesto derecho del actor a reclamar. Manifiesta que dichas normas establecen la realización de acuerdos para lograr entre Nación y Provincias una adecuada coordinación de funciones en materia de policía del trabajo, pero de ninguna manera importa que a partir del mismo la provincia pasara a asumir funciones que la ley no le otorga. Reitera que el Poder de Policía del trabajo, en el caso de la actividad que desarrolla Y... en la provincia del Chubut, le corresponde a la Nación.

Menciona el art. 124 de la Constitución Nacional, y sostiene que se ha dejado en cabeza de la provincia el dominio de los hidrocarburos pero ha mantenido la Nación la jurisdicción sobre los mismos.

Efectúa un resumen histórico e insiste que la actividad que desarrollan se cumple bajo la exclusiva jurisdicción de la Nación, por lo que resulta de aplicación el art. 2° de la ley 18608. Se trata, agrega, de una actividad vinculada con el comercio internacional e interprovincial.

Y que el decreto 736/70 reglamentario de esta ley 18608, específicamente anuncia a la actividad hidrocarburífera (extracción y refinería) como sujeta a jurisdicción nacional por su estrecha vinculación al comercio internacional e interprovincial. Cita fallo de la Corte Suprema "Antonio Gallassi".

Señala que la totalidad de la actividad de Y... se sustenta prácticamente en concesiones de explotación de hidrocarburos otorgados por el Estado Nacional entre otras por las leyes 17319 y 24145, los decretos del Poder ejecutivo nacional 1243/91, 2178/91, 214/94 1252/00 y las decisiones administrativas 105/96 y 224/01. Por esta razón, la provincia carece de potestades sobre la actividad de Y... para ejecutar la policía de trabajo. Agrega que la regulación legal descripta fue plasmada en el acuerdo entre Nación y la provincia del Chubut, decreto 2636 que refleja fielmente los condicionantes legales que tiene la provincia para el ejercicio del poder de policía laboral sobre la actividad que cumple Y..., estableciendo limitaciones que son las contempladas en los art. 1, 2 y 3 de la ley 18608 y el decreto reglamentario 736/70.

Reitera que la falta de competencia de parte de la provincia para ejercitar su poder de policía respecto de la actividad de Y..., surge claramente de la letra de la ley, del decreto reglamentario y del acuerdo, resultando infundada la postura de la sentencia en cuanto a que para determinar la inexistencia de la deuda reclamada hace falta la realización de medidas impropias de este tipo de procesos.

El art. 2 de la ley 3270, dice, clara-mente acepta sin contrapartida la existencia de limita-ciones.

Argumenta que se trata de una empresa con sede fuera de la Provincia, siendo considerada una empresa internacional, quedando la frase inconclusa.

Menciona la doctrina de la Corte del caso Antonio Galassi y sostiene que el convenio suscripto por la Pcia. de Bs As con el Estado Nacional que menciona el fallo contiene los mismos lineamientos que el convenio suscripto por la Pcia del Chubut aprobado por el decreto 2636/90.

Y en base a ello no resulta justificada la decisión de la sentencia de considerar la alegada inexistencia de la deuda planteada bajo el argumento de que ello excedería el marco de cognición restringida que rige en los procesos ejecutivos.

Con relación a la inconstitucionalidad y falta de legitimación pasiva que fueran rechazadas, no justifica la decisión el supuesto hecho que no se planteó las defensas en una vía ordinaria y ello por dos razones, una que no se ha cerrado la instancia administrativa por falta de resolución del recurso directo interpuesto contra la resolución 1736/03, por lo que mal podría recurrirse a la vía contenciosa administrativa y la otra porque nada impide plantear en esta ejecución fiscal las cuestiones de orden constitucional que suscite la pretensión de la provincia.

Se refiere a la negativa de la sentencia de abordar la alegada falta de competencia por parte de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, sin advertir que lo pretendido era demostrar que sin competencia por parte de la autoridad provincial no es posible el cobro de la tasa.

Define la tasa con cita de doctrina y jurisprudencia de la Corte e insiste en que la provin-cia no puede prestar ningún tipo de servicio vinculado con el ejercicio del poder de policía laboral, por ende el pago de la tasa resulta improcedente.

Indica que aún cuando la provincia tu-viera la intención de prestar los servicios no podría hacerlo por carecer de potestad legal. Y respecto de la base de imposición, afirma la manifiesta irrazonabili-dad de tomar las remuneraciones abonadas al personal como medida de la base imponible de la tasa que se le exige a Y... como empleador ya que el costo de ejercitar la policía del trabajo y la capacitación laboral no podrían guardar proporción alguna con el importe de esa masa salarial.

Indica que mediante el acta anexa al Pacto Federal del Trabajo, de fecha 5-8-98 la Pcia del Chubut, adhirió a la Ley 25212, cuyo anexo I, art. 4 prevé los fondos con los cuales se llevará a cabo dicho Pacto, en consecuencia, la tasa del art. 38 de la Ley 3270 ha quedado tácitamente derogada.

Pretender cobrar la tasa, dice, viola el principio de legalidad, el principio de no confiscato-riedad, el derecho de propiedad y la afectación a la garantía de razonabilidad.

Sobre la excepción de prescripción, sos-tiene que efectivamente como lo alude en la sentencia, en materia tributaria debe aplicarse la normativa específica por sobre la general, por cuanto la ley especial posee prevalencia por sobre la norma general, pero lo que la sentencia ha omitido mencionar, es que la prevalencia en función de la especialidad se aplica en la medida que se trate de normas de igual rango, pero es distinto en el caso de normas locales, pues ellas no pueden apartarse de las normas superiores. Cita doctrina y jurisprudencia.

Pasa luego a fundar nuevamente la excep-ción de prescripción y comienza aludiendo a la pres-cripción bienal del art. 256 de la LCT y entiende que toda norma relativa al derecho del trabajo que imponga una obligación prescribe a los dos años, si bien el art. 11 de la ley 25212 se refiere a las acciones emergentes de las infracciones previstas en la ley cabe considerar incluida la tasa prevista por la ley provin-cial. La tasa, sostiene, es accesoria de la legislación laboral, por lo tanto no puede ser contraria o ir más allá de lo que por competencia exclusiva de la Nación sanciona el Congreso como ley sustantiva.

En subsidio sostiene la aplicación del art. 4027 del inc. 3º del CC y no del código Fiscal, con fundamento en los arts 31 y 75 inc. 12, 126 de la CN, en lo límites que tienen las provincias y en la postura jurisprudencial sentada por la Corte Nacional.

Mantiene la reserva del caso federal.

A fs 835/837 se agrega la contestación de los agravios.

En primer término he de destacar que la competencia del Juzgado letrado de primera instancia de Ejecución, decidida por el sentenciante a fs 170/174 ha devenido firme.

El demandado a fs 175 apela tal resolución, la misma es concedida en relación y con efecto diferido (art. 247 del CPCCCh).

Al respecto el artículo de mención dispone que la apelación en efecto diferido se fundará, en los procesos de ejecución juntamente con la interposi-ción del recurso contra la sentencia.

De la lectura de los agravios, no surge fundamento alguno sobre la decisión apelada; más, a fs 818 dice que viene a fundar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 06-06-2006.

Introduciéndome puntualmente en los agravios, se debe tener presente que de acuerdo a su naturaleza, la ejecución fiscal nace en torno a la necesidad de la rápida satisfacción de las rentas públicas y la presunción de legitimidad que acompaña a las liquidaciones de deuda expedidas por funcionarios públicos y se estructura un proceso de ejecución destinado a que el fisco u otros organismos de la administración perciban cantidades dinerarias que le adeudan, y en búsqueda de un mínimo de equilibrio se contempla una restringida faz de conocimiento, fuertemente simplificada con relación a los procesos plenarios, en aras, precisamente, de agotar la coacción de la manera más acelerada posible (Cfr. Peretti y Tessone, "La ejecución fiscal.", Bs.As. 1997, p.17).

En punto a la causa de la obligación, en la ejecución fiscal no es susceptible el cuestionamien-to respecto a ella (art 605 CPCCCh y su remisión al art 544) encontrándose limitado el examen del título ejecutivo a sus formas extrínsecas; sin embargo es conteste la doctrina y jurisprudencia que podría llegar admitirse el planteo en el supuesto que estuviera demostrado en forma manifiesta la inexistencia de la deuda.

La defensa de inhabilidad de título, inicialmente sólo puede ser fundada en las formas extrínsecas de la boleta de deuda, relativas a su encuadre en la enumeración legal, a la liquidez y a la exigibilidad de la deuda y a la titularidad activa y pasiva de los sujetos involucrados en la relación procesal (conf. Alsina H. "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil", Tº V, pág. 284; Podetti, J.R. "Tratado de las Ejecuciones", pág. 207, nro. 112), quedando excluida del conocimiento judicial la causa de la obligación, respecto a la cual en especial referencia al caso que nos ocupa, hállase incluido lo relativo a la determinación de la deuda (conf. Juz. Nac. Cont. Adm. Fed. nº 2 in re: "Fisco Nacional -D.G.I. c/ V. S.A. s/ ejecución fiscal" del 8/5/98).

Obviamente, tal limitación no podría llevar a admitir una condena fundada en una deuda inexistente -como reiteradamente lo ha admitido la jurisprudencia- aunque para ello se requiere que dicha inexistencia resulte visiblemente manifiesta (conf. C.S.J.N., Fallos: 278:346; 294:420; 295:338); cita del Juz. Nac. Cont. Adm. Fed. nº 9 in re "Fisco Nacional (D.G.I.) c/ D. S.A. s/ ejecución fiscal" del 26/6/98).

Corresponde recordar que "El certificado de deuda es título ejecutivo hábil cuando reúne los requisitos extrínsecos que lo habilitan como tal, vale decir, lugar, fecha, firma del funcionario competente (...). En tales condiciones posee fuerza ejecutiva, se basta a sí mismo y se encuentra oportunamente integra-do, puesto que al fin de formarlo lo ha precedido de un procedimiento administrativo del cual es su culminación y en donde surge en forma concreta la existencia de la suma reclamada" (CNCont. Adm. Fed., Sala I, 9-9-1992, "E. c/ A. C. de H. s/ ejecución fiscal", citado por la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario, Sala II, expte EJF 118246 "G.C.B.A. c/ C. A. M. s/ ejecución fiscal", 26/4/01).

Que la sola presentación de la boleta de deuda habilita la vía ejecutiva; ello, por supuesto, siempre que se reúnan los requisitos indispensables que hacen a su validez extrínseca (conf. CNac. Cont. Adm. Fed. Sala II in re "Gobierno Nacional [D.G.I.] c/ P. T. S.C.A. s/ ejecución fiscal", del 28/12/79).

Y atento lo que vengo señalando he de tratar ambas quejas en forma conjunta, toda vez que las excepciones de nulidad de la ejecución e inhabilidad de título, se basan en iguales fundamentos, no haber concluido el trámite administrativo y ello porque más allá de las excepciones enumeradas en el art. 61 del C.F., la doctrina y jurisprudencia han aceptado que existen otras defensas, basándose para ello en lo previsto en el art. 605 del CPCCCh, cuando establece que la ejecución fiscal se regirá por las reglas impuestas por la ley que específicamente regule la materia impositiva, de allí que se han declarado admisibles defensas no enunciadas expresamente en el artículo de mención y el mismo código en el art. 63, establece que serán de aplicación en la sustanciación del juicio las normas establecidas en el Código Procesal y Comercial de la Provincia del Chubut. El quejoso insiste en que interpuso el recurso directo que prevé la ley 920 contra la resolución 1736/03, y que no se procedió como la ley lo indica, es decir devolverlo al inferior si no resulta procedente, entendiendo que ello impedía el libramiento de la boleta de deuda.

Y observo, como también lo hiciera el sentenciante de grado, y más allá de valorar la documentación de fs 185/783 en fotocopia, no objetada por la demandada, que el expediente administrativo 1-456-02 se inicia con la autorización por parte de la Subsecretaría de Trabajo de la Pcia del Chubut de inspección integral de acuerdo a lo estipulado en la ley 3270, capítulo VI, artículo 29, a la razón social Y... S.A., sita en Comodoro Rivadavia.

Mediante dicha inspección se requiere a la empresa que en el término de 72 hs presente ante el Departamento de Policía del Trabajo, las boletas de aportes a la tasa Fondo Especial de Policía de Trabajo y Capacitación Laboral desde octubre de 1984 a enero de 2002.

Plantea la empresa nulidad de la notifi-cación, y la prescripción por el período de cinco años a partir de la notificación, suspendiendo el inspector los plazos a efectos de dar traslado del presente requerimiento a la sede central, elevándose las actuaciones al Jefe de Dpto a fin que se instruya el procedimiento a seguir. Corrida la vista a la asesoría letrada, dictamina sobre el rechazo de la nulidad de la notificación, aconsejando tener presente el planteo de prescripción para el momento del dictado de la resolu-ción, agregando que no corresponde la suspensión en razón de la distancia.

Por resolución 549/02 D.R.C.R., se de-clara inadmisible el planteo de nulidad y se otorgan cinco días hábiles de plazo a partir de la notificación a fin de dar cumplimiento a lo solicitado el 21 de marzo de 2002 por acta Nº 000574.

Notificado de la resolución 549/02 el 7 de mayo de 2002, se otorga mediante notificación 3 días hábiles a fin que acredite el pago de la tasa del fondo especial de policía.

No presentada la documentación requerida, se procede con el trámite peticionándose la lista de personas que trabajan en relación de dependencia con la empresa, y se realiza la liquidación la que es agregada a fs 661/662, pasando al Dpto. de Policía de Trabajo, de allí al Dpto. de Fiscalización, a la Sede Central.

El 17 de marzo de 2003 el Dpto. de Policía del Trabajo y Capacitación Laboral, Subsecretaría de Trabajo, acompaña liquidación con los correspondientes vencimientos y ordena el pase a la Asesoría letrada.

Mediante resolución 834/03 se dispone la apertura del sumario, a fin que la empleadora Y... S.A. comparezca ante la Subsecretaría, efectúe el descargo y produzca prueba con relación al incumplimiento de los arts 45 y 31 y concordantes de la ley 3270, se ordena correr traslado de la liquidación de deuda y fijan audiencia a sus efectos.

En dicha audiencia se presenta el apoderado de Y... S.A. y acompaña memorial, en el que plan-tean la nulidad de la resolución 834/03, atento que la liquidación se realiza desde fecha distinta a la que correspondía. Agrega que el art. 31 no resulta aplicable en virtud de lo establecido por la ley 25250 y el Pacto Federal de Trabajo, y en base a lo expuesto el art. 45, tampoco resulta aplicable, ya que este remite al procedimiento instituido por los arts 29 y 31 de la ley 3270. Se queja por no surgir de la planilla qué interés se aplicó.

Se refiere a la falta de competencia de la policía del Trabajo de la autoridad provincial laboral, inconstitucionalidad del art. 38 de la ley 3270 del Provincia del Chubut y opone excepción de prescripción.

A fs 695/700 se agrega el dictamen del asesor legal y a fs 701 y vta se agrega la resolución 1159/03, que rechaza los planteos de inconstitucionalidad, incompetencia y prescripción, y rectifica la resolución apelada mandando a efectuar nueva liquidación.

Se fija nueva fecha de audiencia a fin que se formule descargo sobre la nueva liquidación.

En la audiencia solicita el apoderado de Y..., se archiven las actuaciones. Sostiene que la resolución 834/03, carece de fundamentación y la resolución 835 adolece de los mismos vicios y reitera iguales argumentos respecto al art. 38 de la ley 3270.

Vuelve a plantear la inconstitucionali-dad de dicho artículo y subsidiariamente la prescrip-ción.

Tales cuestionamientos son rechazados por Resol. 1728/03, donde se ordena proceder a la clausura del sumario dispuesto mediante Resol. 834/03.

Resolución que es notificada el 10 de julio de 2003.

Y por Resolución 1736 se determina que el monto de la deuda asciende a $757.602,65 por incumplimiento de la Tasa Especial Policía del Trabajo y Capacitación, impone una multa según lo previsto en los arts 31, inc. k, aptdo. 2do y 46 de la ley provincial 3270, equivalente al 10% del salario mínimo vital y móvil sobre el promedio de 280 empleados, ascendiendo la multa a $4800, suma que debe ser depositada dentro del quinto día de notificada.

Determina que dicha resolución es definitiva en vía administrativa y que el administrado cuenta con el recurso de apelación, previo pago de la multa, el que debe interponerse en el plazo de 3 días.

En plazo legal Y... S.A. interpone recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, contra ambas resoluciones 1728 y 1736 del año 2003, con fundamento en que adolece de nulidad absoluta por errónea aplicación de la ley en tanto hace una determinación de deuda por períodos anteriores a la vigencia de las leyes 25212 y 25250 y por carecer de documentación, incurre en infracción al ordenamiento jurídico por inconstitucionalidad del art. 38 de la ley 3270, exige el cumplimiento de una obligación prescripta y la inaplicabilidad del art. 31 inc. L y Ll de la ley 3270 y hacen reserva de inconstitucionalidad.

El recurso de reconsideración es rechazado y se declara inadmisible el recurso jerárquico en subsidio, mediante resoluciones 1752 y 2076.

Previos trámites de los que dan cuenta las actividades a partir de fs 762 se expide el certificado de deuda y que de acuerdo al art. 46 de la ley 3270, sirve de suficiente título para el cobro judicial por vía de apremio.

Y reitero lo dicho al inicio, no advierto que a partir de lo resuelto por el organismo a fs 759, y notificado Y... S.A. a fs 761 con fecha 30 de septiembre de 2003, la ejecutada haya interpuesto el recurso que, sin prueba alguna, insiste a partir de la presentación de fs 116/139 y que reitera en la expresión de agravios.

La ley 920 aplicada para el procedimiento administrativo no está en discusión. Dispone en el art. 114 que si la autoridad que produjo el acto no hiciere lugar al recurso jerárquico interpuesto, el interesado podrá recurrir directamente ante el superior dentro de los tres días, pidiendo que se le conceda el mismo lo que no surge del expediente analizado, pues si bien sostuvo que "es intención de mi representado agotar la vía recursiva", tal intención no se plasmó en la realidad, motivo más suficiente para rechazar los agravios, pues admitida la existencia de la deuda, la nulidad corre igual suerte.

En autos la Provincia del Chubut, con fundamento en el título agregado pretende la ejecución fiscal del mismo con basamento en una norma provincial y tal pretensión es lo que entiende la quejosa debe desestimarse por considerar que no está facultado para el dictado de normas que son propias de la Nación.

Ante ello es que determinaré si esta ley 3270, específicamente su artículo 38, así como los actos de las autoridades provinciales que se cuestionan invaden un ámbito de competencia que es propio a la Nación en materia de hidrocarburos, o si tal conducta afecta lo dispuesto en un acuerdo firmado entre varias provincias, entre las que se encuentra la provincia actora.

De acuerdo a lo que dispone la ley 3270, cuyo único artículo cuestionado es el 38, se crea la Subsecretaría de Trabajo la que dependerá en lo administrativo del Ministerio de Gobierno y Justicia, teniendo autonomía funcional, disponiendo que tendrá la intervención en las cuestiones que se relacionen con el trabajo en todas sus formas, y en especial en pleno en el poder de policía laboral, y aplicar sanciones entre otras razones, por el incumplimiento de los actos y/o resoluciones que se dicten.

Asimismo crea en el ámbito de dicha subsecretaría un fondo especial policial del trabajo y capacitación laboral, el que se integra con los importes que se recauden con la tasa establecida, lo que efectúa en el artículo cuestionado.

El art. 135 del Capítulo II, Facultades, Atribuciones y Deberes que corresponden al Poder Legislativo, enumera la Constitución Provincial, en el punto 2. "Dictar la legislación tributaria creando impuestos, tasas y contribuciones, cuyo monto fija.

Sostiene la quejosa que el certificado de deuda que sirve de base a la ejecución promovida ante los tribunales provinciales es inhábil en razón de haber sido expedido por la autoridad provincial, incompetente para hacerlo, y que la deuda cuyo pago se le demanda no se encuentra firme atento a no darse respuesta a un recurso directo interpuesto y sobre el que ya me expedí.

La cuestión planteada se refiere a la percepción de uno de los recursos financieros previstos en los arts. 99 de la Constitución de la Provincia, que establece que el Estado ejerce el dominio originario y eminente sobre los recursos naturales renovables y no renovables, migratorios o no, que se encuentran en su territorio y su mar. Promueve el aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar el desarrollo, conservación, restauración o sustitución" y en el art. 102 "El Estado promueve la explotación y aprovechamiento de los recursos minerales, incluidos los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, minerales nucleares, existentes en el territorio, ejerciendo su fiscalización y percibiendo el canon y regalías". La ley establece la autoridad de aplicación.

La Suprema Corte ha sostenido que el art. 124 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, establece que los recursos naturales existentes en el territorio de cada provincia pertenecen al dominio "originario" (es decir, ab initio) y exclusivo de ésta. En consecuencia, corresponde partir de la premisa de que el título que sirve de base a la ejecución promovida ante los tribunales provinciales (fundado, en el caso de autos en la ley provincial, art. 38 3270), fue expedido a resultas de los actos administrativos dictados por la autoridad local en el procedimiento de determinación de oficio del importe del tributo de cuya ejecución se trata que, evidentemente, es reclamado por la provincia a título de derecho propio mediante una acción autorizada por el ordenamiento local.

Que al respecto cabe tener presente la regla según la cual no corresponde que esta Corte asuma competencia en la causa promovida por una provincia por cobro de tributos o gravámenes o derechos reclamados con arreglo a la ley local, pues la recaudación de sus rentas es función que le incumbe al Estado provincial. Sobre el particular, el principio es que los tribunales nacionales no pueden resolver sobre la validez o inconstitucionalidad de tributos locales cuyo cobro se persigue en juicio de apremio seguido ante la justicia provincial. "Tecpetrol S.A. s/ inhibitoria en los autos caratulados: "Pcia del Neuquén c/ Tecpetrol S.A. s/ cobro ejecutivo", CSJN, 17-5-2005.

Es un principio de Derecho Constitucional que la policía de las provincias está a cargo de sus gobiernos locales. El artículo 121 de la Constitución Nacional en cuanto establece que las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal, puede compendiarse en estos términos: "a) Las provincias conservan después de la adopción de la Constitución, todos los poderes que tenían antes y con la misma extensión, a menos de contenerse en la Constitución alguna disposición expresa que restrinja o prohíba su ejercicio; b) Los actos provinciales no pueden ser invalidados sino cuando: b') la Constitución concede al gobierno federal un poder exclusivo en términos expresos; b'') el ejercicio de idénticos poderes ha sido prohibido a las provincias; b''') hay incompatibilidad absoluta y directa en el ejercicio de los mismos por parte de las provincias". Cita del fallo.

A fin de fundar la inexistencia de la deuda hace mención, el quejoso a la ley 18068 y al decreto reglamentario en sus inc. 2do y 3ero, así como al acuerdo 2636/90. Y que se trata de una empresa con sede social fuera de la provincia y que al tener dependencias en otras provincias y en el exterior se trata de una empresa internacional.

La ley 18608, "Autoridad Nacional del Trabajo, relimitación de la competencia, del 6 de febrero de 1970 y su decreto reglamentario 736/70, del 6 de febrero de 1970, establece que las empresas que actúen en virtud de concesiones otorgadas por el gobierno nacional o realicen labores para el mismo como consecuencia de contratos administrativos celebrados con dicho gobierno, estarán bajo la supervisión y policía del trabajo nacional, pero en la misma se deja a salvo el pago de las tasas por retribución de servicios, ya sean debidos a las provincias o los municipios, así como el ejercicio del poder de policía provincial mediante la firma de acuerdos o bien determinando que los gobiernos provinciales dictarán sus normas correspondientes ajustándose a los principios establecidos por la ley.

A lo que cabe agregar, y que transcribiré para concluir con el tema, las enseñanzas del Dr Antonio Vázquez Vialard en "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", Tomo 2, 9 edición actualizada y ampliada, Astrea, pág. 280 y sgtes, el legislador creó un nuevo mecanismo, a fin que mediante un control ágil y eficiente a cargo de agencias especializadas de la administración pública, pudieran actuar de oficio y con cierta inmediación. Para ello encomendó al Poder Ejecutivo la creación de la Policía del Trabajo. En el caso no se trata sólo del control de ciertos actos que tradicionalmente estuvieron a cargo de aquel, como los de seguridad, moralidad, higiene, sino del cumplimiento de obligaciones impuestas por una relación comprendida dentro del marco del derecho privado. Para lograr el objetivo, se instrumentó un procedimiento de vigilancia y sancionatorio, con la correspondiente revisión a nivel judicial que se encomendó al Poder Ejecutivo. Desde el punto de vista doctrinal se discute si esa función, así asignada, en lo concerniente a su faz represiva (multa), corresponde a una de carácter administrativo, incluida dentro de lo que algunos autores designan "zona de reserva" establecida por la Constitución Nacional a favor de aquel poder, o es más bien de carácter jurisdiccional, delegada por el legislador (no por aquella), en una primera instancia al órgano administrativo y sujeta a revisión judicial Y luego de señalar que con este objeto se fueron creando en las distintas jurisdicciones, departamentos de trabajo a los que se encomendó la tarea de ejercer el control en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo y, llegado el caso, la aplicación de sanciones, y de historiar los antecedentes, en cuanto es de interés para dar respuesta a las quejas, señala el autor citado que con la sanción de la ley 18608 actualmente derogada por la ley 25250 se inicia un cuarto período en el proceso de desarrollo de las políticas de atribución de la competencia en materia de policía de trabajo al gobierno federal o provincial. La norma se ajustaba -en lo fundamental- a una interpretación ortodoxa en la materia de policía de trabajo al gobierno federal o provincial, de acuerdo con la doctrina prevalente y la jurisprudencia de la Corte Suprema. No obstante, el decreto 736/70, al que la ley remitía para determinar las "actividades que por sus características estén vinculadas al comercio interprovincial o internacional", dado su carácter amplio, extiende en la práctica al ámbito de atribución de la administración federal laboral.

Pero más allá de lo que dispuso el decreto 111/73 del PE, las leyes 20524 y la vigente 22520, modificada por la 23.023, a partir de 1984, varias provincias crearon organismos para ejercer la función de policía laboral en sus respectivas jurisdicciones (en la mayor parte de los casos a través de una secretaría o subsecretaría de Trabajo). Actualmente, la referida función es ejercida por el órgano local.

En nuestra provincia la ley 3270 de creación de la Subsecretaría de Trabajo establece las funciones de la misma y en el art. 2º) inc. a) dispone "el pleno ejercicio del poder de policía laboral en todo el ámbito del territorio provincial".

Y agrega el ilustre jurista, cualquiera sea el carácter que se asigne a la policía de trabajo, administrativo o jurisdiccional, encomendado por la ley al Poder Ejecutivo, su ejercicio corresponde al gobierno local, toda vez que integra el ámbito del derecho público no delegado por las provincias y por que corresponde a una función propia de aplicación de la norma, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 75 inc. 12 de la CN y facultad de los estados locales. Debe tenerse en cuenta que cuando el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional establece los diferentes códigos que constituyen el derecho material o de fondo, señala pautas de distribución de competencias entre Nación y provincias en orden al derecho común, que debe regirse por lo dispuesto en los arts. 121 y 126 de la C. N., donde la legislación nacional es la excepción y la local es la regla, debiendo respetarse las autonomías legislativas reconocidas. Siguiendo igual criterio la Constitución Provincial, que declara la autonomía de los estados municipales y sus atribuciones en materia tributaria (artículos 225 y ss Constitución Provincial).

La autonomía del derecho tributario se concreta en la fijación de los alcances de los institutos que, establecidos en otras ramas del derecho, son adaptados y regulados en virtud de los fines propios del recurso tributario y a tal fin se indican en la generalidad de los casos las reglas interpretativas que rigen los supuestos aplicables.

Asimismo, luego de los acuerdos firmados por las provincias y la Nación (Acuerdo de Reafirmación Federal, suscripto en Luján Pcia de Buenos Aires, en mayo de 1990) que tenían como finalidad "afianzar y promover el funcionamiento autónomo de las administraciones provinciales en el ejercicio pleno del poder de policía del trabajo, convenios ratificados por los decretos 2636/90 y 2256/93, se reconocía en el art. 1º, a cada gobierno provincial, el ejercicio, por medio de sus organismos competentes, las funciones inherentes al área administrativa laboral, en todos los casos en que su intervención esté determinada por leyes nacionales o provinciales, sin más limitaciones que las que reconocen en el acuerdo, impuestas por la atención de aquellos asuntos que en razón de la materia o persona, excedan la competencia local".

Y en autos las medidas adoptadas surgen de leyes dictadas por el gobierno de la provincia del Chubut, dentro de su competencia, relacionadas como en el presente caso al ejercicio de la inspección de trabajo y aplicación de multas (arts 1, 7, 28, 27, 31 y 38 de la le ley 3270/89).

Criterios todos confirmados por el Pacto Federal de Trabajo, suscripto en julio de 1998 por la Nación y todas las provincias, el que fue ratificado por nuestra provincia.

Debe decirse que en materia de tributos, su legislación atento el tipo de naturaleza de que se trata, se encuentra directamente relacionada con el sostenimiento básico del Estado, sus funciones y el cumplimento de sus deberes.

En el sistema constitucional federal una legislación tributaria previsible y efectivamente autónoma, requiere que los estados locales tengan la facultad de crear y establecer sus propias instituciones, entre ellas los mecanismos y modos de recaudación de sus recursos, ya que dejar librado al legislador federal esta facultad, implica dejar librado a las decisiones de un poder ajeno el sistema de recaudación local. Razones todas por las que se rechazan los agravios de fs 821 vta/829.

Con relación a la prescripción articula-da, entiendo que la regulación de la prescripción no puede considerarse en forma separada de la legislación que regula la materia tributaria, dado que atento el tipo de naturaleza de que se trata, se encuentra directamente relacionada con el sostenimiento básico del Estado, sus funciones y el cumplimento de sus deberes, tal como lo señalara el sentenciante de grado.

Asimismo, la prescripción liberatoria disminuye la incertidumbre del sistema jurídico, fijando con certeza el tiempo en el que puede ser reclamado el cumplimiento de la obligación y habilitando al deudor a oponer la defensa respectiva en su caso.

No guarda coherencia con el sistema constitucional, que se reconozca a una unidad federal autónoma el derecho a darse sus propias instituciones y a regirse por ellas (p.ej. el sistema tributario local) y simultáneamente se someta a regulación externa (federal) una pieza clave de esas mismas instituciones (la extinción de la obligación tributaria por prescripción en el sistema tributario local). Una política tributaria previsible y efectivamente autónoma, requiere que los estados locales sean los que deban decidir en qué plazos y bajo qué circunstancias prescribe una obligación tributaria, ya que dejar librado al legislador federal la modificación de los plazos de prescripción, implica dejar librado a las decisiones de un poder ajeno el sistema de recaudación local (SI nº 26/05 de esta Cámara, conf. TS Ciudad Autónoma de Buenos Aires; "S. I. de B. en Buenos Aires s/ queja por rec. Inconst. Denegada en: S.. I.. de B. en Buenos Aires c/ Dirección General de Catastro" 17-11-03).

El poder tributario tiene clara definición favorable a partir de la normativa constitucional, y tanto la Nación, como las provincias y municipios, tienen poder originario o inherente por ser connatural al Estado en cualquiera de sus manifestaciones.

La Provincia puede establecer en definitiva válidamente el sistema prescriptivo de los tribu-tos de su competencia y corresponde en consecuencia confirmar el criterio sentado en la sentencia de primera instancia con apoyo jurisprudencial, toda vez que resulta de toda lógica jurídica que la facultad de imponer contribuciones conlleven el ejercicio de todas las facultades del modo de percibirlas, en tanto se trata de materia de derecho público, no comprendida en la delegación de facultades a la Nación para la legis-lación del derecho privado. La determinación de los plazos por las provincias o los municipios no afecta a la prescripción como instituto general del derecho, que en sus elemen-tos esenciales se mantiene intacta, al regularse únicamente aquellos aspectos vinculados a la actividad tributaria estatal específica y necesariamente previstos en el marco de la autonomía propia del derecho tributario y por ello comprendidas en sus respectivas competencias.

Debe tenerse en cuenta que cuando el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional establece los diferentes códigos que constituyen el derecho material o de fondo, señala pautas de distribución de competencias entre Nación y provincias en orden al derecho común, que debe regirse por lo dispuesto en los arts. 121 y 126 de la C. N., donde la legislación nacional es la excepción y la local es la regla, debiendo respetarse las autonomías legislativas reconocidas.

En este aspecto es claro que el precedente de la Corte ("Filcrosa..."), reconoce las autonomías provinciales en materia tributaria. Si esta potestad existe, es lógico concluir que la misma debe manifestarse en toda su extensión y en tal caso comprender aspectos tales como los plazos relativos a su ejercicio, dado que el art. 75, inc. 12 de la CN, no encomienda al Congreso la regulación exclusiva de la institución de la prescripción y sus plazos, sino que le atribuye el poder de legislación sobre las relaciones civiles de derecho privado, aún cuando intervenga el Estado, todo ello sin alterar las jurisdicciones locales.

La autonomía del derecho tributario se concreta en la fijación de los alcances de los institutos que, establecidos en otras ramas del derecho, son adaptados y regulados en virtud de los fines propios del recurso tributario y a tal fin se indican en la generalidad de los casos las reglas interpretativas que rigen los supuestos aplicables. Así cuando la ley tributaria utiliza conceptos del derecho privado sin darles un contenido particular ni alterar sus alcances, debe considerarse el significado que corresponda a la rama de origen. Si el legislador pretende otorgarle a un concepto de otra rama del derecho un significado distinto debe incorporar esa alteración en la norma legal.

Por otra parte, tampoco se ha acreditado que el plazo de diez años previsto resulte irrazonable o arbitrario frente al plazo invocado del Código Civil y por ello no se advierte que vulnere garantías constitucionales, fundamento determinante de la impugnación con base constitucional (v. García Belsunce: "La autonomía del derecho tributario frente a la legislación tributaria provincial; Periódico Económico Tributario del 28/02/04, p.1), liderando la tesis ecléctica que acuerda a la provincia la facultad de crear el impuesto y prever plazos de prescripción, siempre que se ejerza constitucionalmente, es decir razonablemente.

Sin desconocer la tesis que niega tal posibilidad, me inclino por aquella que acuerda a las provincias dicha facultad, posición liberada por la Corte Suprema de la Pcia de Bs As, en el ámbito doctri-nal por Spota entre otros y en la provincia, Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción del Noroeste.

En consecuencia y por lo expuesto corresponde confirmar el resolutorio apelado, con costas de la Alzada a la demandada vencida, regulando los honorarios de profesionales intervinientes de conformi-dad con la actividad desarrollada, resultado obtenido, mérito de la labor profesional y demás pautas de la ley arancelaria.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Confirmar la resolución de fs 801/812 vta.

2) Costas de la Alzada a cargo de la de-mandada vencida.

3) Diferir la regulación de los honorarios profesionales para el momento del acuerdo.4) Tener presente la reserva del Caso Federal.

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente juicio de apremio por apelación deducida por la parte demandada Y... S.A. contra la sentencia que hizo lugar a la ejecución fiscal mandando llevar adelante la misma hasta el íntegro pago de $843.825,47 a la Provincia del Chubut con más intereses y costas. Previamente fueron desestimadas las excepciones de inhabilidad de título, falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva incompetencia el pedido de nulidad de la ejecución, y de inconstitucionalidad del art. 38 de la ley 3270 y la excepción de prescripción.

Habiendo la Sra. Camarista efectuado la reseña de los agravios de la parte demandada apelante, me eximo de ejecutar por tratarse de una reiteración innecesaria por estar cumplimentada la disposición procesal (art.163 de CPCCCh) y no estar contemplada en la manda constitucional (art. 169).

Análisis de las cuestiones:

1.- Con relación a la excepción de in-competencia, señalo que el código ritual establece que los fundamentos sostén del recurso cuando éste es de efecto diferido serán acompañados con la interposición del recurso, siendo un plazo común (arts. 244 y 247 del CPCCCh, ver Santiago Fassi, César "Cod. Proc. comentado...", T.2, pág. 308, Ed. Astrea-89). Advierto que fue a fs. 175 apelada la resolución de fs. 170/4 que desestimó la excepción de incompetencia concedida a fs. 184 con efecto diferido, que en el momento de apelar la sentencia no se acompañó memorial alguno (fs. 816) por lo que torna la cuestión ajena al conocimiento en esta Alzada. Dijo la doctrina "cuando la resolución cuya apelación debe concederse con efecto diferido ha sido dictada con anterioridad a la sentencia de remate, la fundamentación debe hacerse conjuntamente con la interposición del recurso contra la sentencia -Hitters "Técnica de los recursos ordinarios", pág. 137-; los recursos con efecto diferido, dice Palacios, deben fundarse en el acto mediante el cual se interpone el recurso de apelación contra la sentencia de remate, y resolverse conjuntamente con los agravios expresados contra dicha sentencia.

O sea, se fundamentan en el momento de interponer el recurso contra la sentencia definitiva, aquellos que ya estuvieran concedidos con efecto diferido (Roberto G.Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", pág. 107, Ed. Astrea-89). Situación que no se dio en el caso.

Además de lo dicho, de la lectura del memorial de agravios no surgen expresadas quejas respecto de dicha cuestión, con lo que convertiría en doblemente inadmisible abordar el tema de la competencia en esta instancia.

2.- Seguidamente corresponde el trata-miento del planteo de nulidad de la ejecución. Teniendo en cuenta que la ejecución se origina con una certificación de la deuda por la administración que el código de procedimiento es supletorio de modo que tanto notificaciones como intimaciones deben ajustarse a lo prescripto en la ley que da las facultades a la administración para la emisión del documento, por ello se entiende que la regulación estará sujeta a lo que dispongan las leyes que crean el título ejecutable (ver en ese sentido Falcón, Enrique "Cód. Proc...", t.3, pág. 852/3, Ed. Abeledo Perrot-89). Advierto que no está contemplada en la ley 3270 ni tampoco fue planteada así por el recurrente, sino que sostuvo una nulidad de ejecución, que tampoco se encuentra en el capítulo respectivo del código de forma (art.604 y ss).

En cumplimiento de lo dicho precedentemente, la nulidad de la ejecución interpuesta con el alcance de las prescripciones del art. 545 del código ritual deviene inadmisible.

Al planteo originario del demandado, la no resolución del recurso directo interpuesto contra la resolución 1736/03. El juez Aquo entiende que no surge que se haya interpuesto recurso directo contra la resolución mencionada, ni tampoco los previstos en la ley 3270.

Al expresar agravios hace hincapié en la factibilidad de interponer la excepción motivada en la confección del título insistiendo en el encuadre dado por el sentenciante pero nada dice sobre argumentos de desestimación estructurados en la ley 3270.

El agravio no puede ser atendido en mérito a que aducida una alteración en el título base de la ejecución y según la doctrina en la materia "la nulidad contemplada en la norma es respecto del procedimiento del juicio ejecutivo y no del título y debe referirse a nulidades anteriores o contemporáneas con la intimación de pago" (Fassi, Santiago "Cód. Proc. Com...", t.3, pág. 1039, Ed. Astrea-2002). Siguiendo al autor citado, agrego que "Es de primordial importancia tener en cuenta que la nulidad de ejecución que norman las leyes procesales, es la del procedimiento de la ejecución y no la del título ejecutivo, o sea que el cuidado de las formas no se refiere a las circunstancias que puedan enervar la eficacia del titulo" (autor y obra citada, invoca a Colombo, Cód.Procesal, IV, pág. 167).

Estos conceptos doctrinarios que invoco y respaldan la decisión de la instancia de grado llevan a desestimar la queja en este punto.

3.- Seguidamente procede el tratamiento de la excepción de inhabilidad de título también desestimada en la instancia de grado.

La jurisprudencia y la doctrina siguiendo la letra de la ley admite que la excepción debe estarse a las formas extrínsecas del instrumento, obviamente administrativo por tratarse de una ejecución fiscal.

Tiene dicho la jurisprudencia que "El Código Tributario en el Título VI -que trata de la Ejecución Fiscal- Boleta de Deuda, el art.157, expresa "Los créditos tributarios se harán efectivos de acuerdo al procedimiento establecido en este Código. A este efecto, constituye título suficiente la boleta de deuda expedida por la autoridad de aplicación". Es decir que este documento constituye la base del procedimiento de cobro compulsivo. A continuación en dicho art. se han cuidado de fijar las circunstancias o recaudos básicos que debe reunir la "boleta de deuda", suscrita por el director general o los funcionarios en quien se delegue tales funciones debiendo contener además otros requisitos que enumera en 8 incisos. Al tratar las excepciones al art. 160 enumera en 5 incisos las únicas admisibles; en el inciso "b", autoriza la de "Inhabilidad por vicio formal del título". Vale decir que en la ejecución fiscal se admite la excepción de inhabilidad de título, pero basada exclusivamente en vicios de forma de la boleta. Sólo procede en el caso de existir vicios "extrínsecos" en la boleta de deuda que sirve de base para la ejecución. Se refiere específicamente a los recaudos básicos que enumera el art. 157 ya analizado, a los vicios o circunstancias exteriores del título de la ejecución. De tal manera que quedan excluidas de las defensas oponibles aquellos aspectos que no hacen a la mera forma de la documentación, sino, a cuestiones sustanciales sobre el origen de la obligación o impugnaciones basadas en la inobservancia de trámites administrativos. De conformidad a lo expuesto, la excepción de marras solamente está autorizada por vicios formales del título (boleta de deuda). ("GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN - DIRECCION GENERAL DE RENTAS c/ C. A. S. J. S.A. s/ EJECUCION FISCAL (SALA IIA.)" - CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 2 - 07/03/1995Citar: elDial - BB1BA2).

Si bien es cierto que es admisible la excepción estructurada sobre la base de las formas extrínsecas del título, no es menos cierto que general-mente se está frente a la forma de una boleta de deuda emitida por un funcionario público y sus formas varían considerablemente, habida cuenta el carácter provincial, local del derecho administrativo, de los distintos entes facultados a su emisión, y en tal sentido el máximo tribunal del país ha dicho, "El art. 92 de la Ley 11683 no establece cuáles son los requisitos básicos que debe reunir la boleta de deuda. Pese a que el punto no se encuentra explícitamente regulado en la ley, esta Corte ha tenido oportunidad de señalar que resulta necesario que los títulos ejecutivos sean expedidos en forma que permita identificar con nitidez las circunstancias que justifican el reclamo, y que cuenten con un grado de determinación suficiente de manera de que la ejecutada no quede colocada en estado de indefensión" (F 312 XXXIV R H - "Fisco Nacional (Adm. Fed. de Ingresos Públicos - Direc. Gral Imp.) c/ Paredes, Julio César s/ ejecución fiscal" - CSJN - 24/08/2000 -Citar: elDial - AA6C6).

Esas formas han sido cumplimentadas en el presente caso, se atribuyen a períodos determinados, fue emitida por el funcionario público correspondiente. Y más aun, habiéndose admitido la prueba como ocurrió en la especie, no obstante la restricción impuesta por el tipo o clase de procedimiento, emerge que quedó firme en la instancia donde conforme el tipo de infracción atribuida debió haberse instando la vía recursiva pertinente y no como pretende el apelante la aplicación de la ley general de procedimiento administrativo provincial, que solo puede aplicarse analógicamente, o cuando se remite expresamente por la norma procedimental que rige al ente o por ausencia de previsión lo que no se da en la especie.

Por otra parte, de los pasos seguidos en el expediente administrativo acompañado surge que la boleta de deuda pertinente se emitió cumpliendo todos los recaudos establecidos en la ley 3270, que el demandado tuvo derecho de defensa y que fueron atendidos sus planteos, aun desestimados, y renueva los argumentos en esta sede judicial lo que implica una discrepancia sin el aporte de una crítica con los alcances del art. 265 del CPCCCh no obstante y por el criterio amplio seguido por esta Alzada, la queja es materia de tratamiento.

Se encuentra incorporado en autos foto-copia no desconocida por las partes del expediente de la Secretaria de trabajo nro. 1-456-02, en el mismo la autoridad administrativa intimó el cumplimiento de lo prescripto en la ley de creación del ente y la contribución exigida con el pago de los salarios, confiriéndose la pertinente notificación (resolución nro. 549/03), cumplimenta la hoy demandada apelante con el agregado de los elementos documentales que hacen a los operarios sus salarios y el ente administrativo efectúa la determinación de la deuda sobre la base de la falta de constatación del cumplimiento de pago de la contribución establecida en el art. 38 de la ley 3270 (fs. 661/2). Se corrieron los traslados pertinentes (art. 45 y 31 de la ley mencionada), efectuó el descargo, concluyéndose el trámite con la resolución administrativa nro. 1728/03 que dispuso la clausura del sumario, se destilaron las defensas opuestas -inconstitucionalidad, prescripción e incompetencia- procediéndose a la determinación de la deuda por resolución 1736 incumplimiento de la tasa especial de policía de trabajo del art. 31, inc. k, ap. 2do. y 46 ley 3270, se tuvo en cuenta para establecer el monto los empleados denunciados, es notificada. La ley contempla su propia vía recursiva previo pago de la deuda estimada, Y... S.A. planteó recurso de reconsideración y jerárquico que fue desestimado, sin perjuicio de lo cuestionable de la aplicación al caso del Dto. 920, aun en la hipótesis de su admisibilidad, el propio quejoso dejó pasar los tiempos para atacar la decisión de desestimación del jerárquico, pues no se alzó, en el plazo de 3 días no recurrió ante el superior para que conceda el recurso desestimado (art. 114), quedando firme la decisión y siguiendo por el propio principio de ejecutabilidad de los actos administrativos el trámite, confeccionándose en consecuencia la boleta de deuda que es el título ejecutivo base de la presente vía de apremio. Con lo dicho deviene innecesario remarcar que el recurso al que hace invocación el recurrente no fue acreditado, sin dejar de recordar que la excepción de inhabilidad debe ser desestimada por cuanto escapa como se dijera el inicio del presente considerando a las pautas contenidas para la viabilidad en el trámite de ejecución fiscal.

3.- Con relación al planteo de inconstitucionalidad, comparto las manifestaciones del Aquo y las citas jurisprudenciales del máximo tribunal del país, en punto a que no corresponde el tratamiento de la cuestión en el estrecho marco cognoscitivo el juicio de apremio, excediéndose a mi modo de ver cualquier tratamiento toda vez que puede ser ventilada en un juicio ordinario posterior.

Con mayor razón si se tiene en consideración que la ley 3270 y el art. 38 y correlativos, cuestionados se encuentran vigentes desde enero de 1989, no puede hablarse de situaciones de emergencia, sorpresivas, sobrevinientes, ni imprevisibles, menos aun cuando el apelante reitera los argumentos dados en las instancias anteriores sin rebatir la decisión en lo pertinente, como para viabilizar el tratamiento de la cuestión de inconstitucionalidad (ley 3270 publicada en B.O el 19 de enero de 1989). Dijo la doctrina "Sea que prospere o que se rechace la ejecución fiscal, queda expedita para el ejecutado o el ejecutante la pretensión de conocimiento que acuerda el CPC art. 553 y normas concordantes "(conforme Lino E.Palacios y Adolfo Alvarado Velloso Código Procesal Civil,...", Tomo 10, pág. 280, Ed. Rubinzal Culzoni-98).

3.- Prescripción. Por último, la empresa ejecutada planteó la presente excepción, y corresponde su tratamiento. Hay conceptos volcados por el magistrado de grado que corresponde dejar sentado su procedencia. Tales como la inclusión de la excepción en la nomina legal, el carácter de prevalencia de la norma administrativa -derecho público local- sobre la general y aplicó al caso lo dispuesto en el art. 64 del código fiscal de la Pcia. del Chubut.

Considera el recurrente que corresponde el plazo bienal por tratarse de cuestiones laborales y subsidiariamente quinquenal en virtud de lo normado por el art. 4027, inc.3 del Código Civil, el planteo fue desestimado por los conceptos volcados precedentemente y consecuente conclusión a través de una elaboración intelectual que se esta frente a las atribuciones fiscales de la provincia y corresponde aplicar el código fiscal, arts. 64 y 65 que establecen los diez años. Concuerdo con el razonamiento, y puntualizo que el art. 64 involucra tanto impuestos como tasas y contribuciones, "prescribe por el transcurso de 10 años la acción para el cobro judicial de los impuestos, tasas y contribuciones, y sus accesorios y multas por infracciones fiscales" (Decreto nro. 1113-01). Por supuesto que el art. 1 deja sentado la aplicación del código para las obligaciones fiscales, sean impuestos, tasas o contribuciones que establezca la provincia.

Descarto la aplicación subsidiaria de la prescripción bianual por cuanto las obligaciones derivadas del contrato laboral son las regidas por la prescripción del art. 256 de la LCT precisamente por la naturaleza jurídica diversa en que tienen su origen, una está destinada al amparo del trabajador, mientras que la otra, la del art. 38 de la ley 3270 es de origen tributario.

Por estos motivos confirmo el fallo ve-nido en crisis.

Las costas de la Alzada se imponen a la recurrente vencida conforme principio objetivo de la derrota (art.68 CPCCCh), difiriendo la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes al momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por ello propongo en lo que fue materia de apelación:

1.- Confirmar la sentencia venida en crisis según considerando respectivo.

2.- Costas a la recurrente vencida, difiriendo la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes al momento del Acuerdo.

3.- Tener presente la reserva del caso federal.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que, a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quienes votan precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a las mismas me remito.

I.A) Advierto que ha llegado firme a mi consideración por la mayoría lograda por mis colegas preopinantes, las temáticas planteadas por la apelante demanda a fs. 818/833.

La circunstancia apuntada hace que no me aboque a la emisión de mi voto, ya que resulta suficiente para adoptar decisión los votos coincidentes de quienes me precedieron, máxime cuando el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia ha admitido en sentencia de 01/06/98, mediante voto del Dr. Torrejón, que "La circunstancia que un magistrado haya tratado con mayor relevancia en su voto no significa discordancia, pues los jueces son libres de decidir los elementos que forman la convicción, siempre que se ajusten a los criterios de valoración de las pruebas, establecido en el orden procesal, y a todo evento llegan por distintos caminos a idéntica conclusión, formando así la mayoría legal suficiente para justificar el fallo".

Asimismo, ha establecido dicho Alto Tribunal Provincial que: "La necesidad de coincidencia en la solución de cada uno de los puntos o capítulos que integran la litis, no significan sin más que sea exigible la existencia de fundamentos iguales, cada juez puede dar sus fundamentos aunque no sean los mismos o difieran de los dados por los otros porque si fuera necesaria la coincidencia de fundamentos, la exigencia de votos individuales resultaría un requisito sin sentido, pues no sería otra cosa que exigir una reiteración de argumentos para establecer si existe mayoría definitiva en aquellos supuestos en que los votos se apoyan en fundamentos distintos" (conf. crit. STJCH, S.I nro. 88/S.R.E/04; S.D. nro. 45/S.R.E/95; 26/S.R.E/99; S.I nro. 124/S.R.E./06).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con las fórmulas postula-torias de las Dras. Marta Susana Reynoso de Roberts y Graciela Mercedes García Blanco de Bellver y considerar que esta parte del voto no está comprendida en la manda constitucional del art. 169 CPCCh, a la misma me adhiero.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1) Confirmar la sentencia de fs. 801/812 vta. venida en crisis, según considerandos respectivos.

2) Costas a la recurrente vencida, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de la Dra. I. A. M. en la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS ($13.500) y de los Dres. M. H. P. D. y G. A., conjuntamente, en la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500).

3) Tener presente la reserva del caso federal.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Presidente MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara NÉLIDA SUSANA MELERO - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 19 DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS