Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-09


//la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 9 días del mes de	abril de 2012, se reúne la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor Raúl R. Madueño como Presidente, y los doctores Luis María Cabral y Mariano H. Borinsky como Vocales, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa en esta causa N 15.694, caratulada: "Cardozo, Juan Marcos s/recurso de casación", de cuyas constancias RESULTA:

1 ) Que el Tribunal Oral en lo Criminal nº 6 de esta ciudad no hizo lugar a la excarcelación solicitada en favor de Juan Marcos Cardozo.

Contra esa resolución interpuso recurso de casación la defensa oficial (fs. 15/20), el que fue concedido a fs. 21/22.

2 ) Que, con sustento en ambos incisos del art. 456 del C.P.P.N., el recurrente entendió que la resolución dictada por el tribunal a quo resulta violatoria de las reglas establecidas en el art. 319 del C.P.P.N., como así también de la garantía constitucional de la libertad ambulatoria.

Explicó que "este proceso registrado bajo el nº 3807 ante el Tribunal Oral en lo Criminal nº6 se inició el 26 de mayo de 2011...Ante el Tribunal Oral en lo Criminal nº 29 tramitó la causa nº 3209, en la que con fecha 29 de abril de 2011 se dictó sentencia por la que se condenó a Cardozo o Gustavo Manuel Ortigoza a la pena de siete meses de prisión, de ejecución condicional, como autor responsable de los delitos de robo simple en grado de tentativa y hurto agravado cometido con escalamiento en grado de tentativa, hechos de los días 17 de abril de 2009 y 7 de noviembre de 2009.

Continuó diciendo que "Además, en el Tribunal Oral en lo Criminal nº 6 tramitó la causa nº 3751 en la que el 30 de mayo de 2011 se dictó sentencia por la que se condenó a Juan Marcelo Cardozo Armada (o Gustavo Manuel Ortigoza o Mendoza) como autor de una tentativa del delito de robo simple a la pena de seis meses de prisón, y a la pena única de un año de prisión en suspenso, comprensiva también de la dictada en el Tribunal Oral nº 29".

Entendió que "Resulta de la explicación precedente que los hechos motivo de las dos últimas causas estaban vinculados por concurso real de delitos, con lo que la pena impuesta el 30 de mayo de 2011 no es, como dice el fallo, una pena única, sino una única condena que fundió a la anterior, con lo que jurídicamente pasa a ser una sola. A su vez, como el hecho del último proceso data del 26 de mayo de 2011, es evidente que también media concurso real de delitos entre el que lo motiva y los demás, de forma tal que es aplicable el art. 55 del Código Penal, y queda habilitado también un pronunciamiento de condena de ejecución condicional, acorde al segundo párrafo del art. 26 del Código Penal".

Concluyó, "la postura que sostengo en este recurso no procura dar ventaja a quien cometió un nuevo delito, sino resolver la situación anómala violatoria de las reglas del concurso real, aún cuando de ellas derive una ventaja para el encausado".

3 ) Que, superada la etapa prevista en el art. 454 en función de lo dispuesto por el art. 465 bis del código ritual, oportunidad en la que defensa oficial agregó las breves notas que autoriza la mencionada norma, el Tribunal pasó a deliberar (art. 469 del C.P.P.N.). Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Luis María Cabral y en segundo y tercer lugar los doctores Mariano H. Borinsky y Raúl R. Madueño, respectivamente.

El doctor Luis María Cabral dijo:

I. Que el tribunal a quo para resolver de la manera en que lo hizo sostuvo que "si bien la escala penal prevista para el hecho imputado la habilitaría, lo cierto es que, en el entendimiento del Tribunal y contrariamente a lo que sostiene su defensa, la eventual pena única que pudiera imponerse en esta causa habrá de ser de efectivo cumplimiento".

Ello así pues, "la firmeza de aquella primera condena impuesta a Cardozo por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 29, en la causa 3209, ha operado con anterioridad a la comisión del hecho que ahora se imputa, por lo que no se advierte que, en este caso, sea factible la aplicación de la excepción a la que se refiere el artículo 26 del Código Penal".

Además, señaló que "Cardozo en ningún tramo de este proceso ha manifestado cuál era la dirección exacta de su lugar de residencia...tampoco ha informado los cambios en los sitios donde residió".	II. Que a Juan Marcos Cardozo se reprocha en autos la presunta comisión del delito de robo simple en grado de tentativa (arts. 42, 45 y 164 del Código Penal).	Nótese, que el primer supuesto del art. 316 del C.P.P.N. autoriza a eximir de prisión al imputado cuando el máximo del delito enrostrado no supera los ocho (8) años de pena privativa de la libertad, por lo que en la presente y habida cuenta de como se encuentran calificados los hechos investigados, Cardozo podría acceder a la excarcelación solicitada.

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto entiendo que debe rechazarse tal solicitud en virtud los motivos que a continuación expondré.

En primer lugar, quiero dejar asentado mi criterio en cuanto a que la sola mención de que la eventual pena sería a cumplir y en ningún caso correspondería la ejecución condicional, no permite una derivación inmediata de su intención de eludir la justicia. La norma del art. 319 obliga a considerar fundadamente la existencia de tal finalidad. Es necesario vincular causalmente la valoración del hecho y la personalidad del imputado con la intención de eludir la justicia, no ya en una convicción interna del juzgador, sino con una motivación objetiva.

Así pues, no puede soslayarse que como bien lo señala el Fiscal General en el dictamen obrante a fs. 4, el nombrado se ha identificado con pluralidad de nombres en los procesos donde se ha visto involucrado, y se lo ha declarado rebelde en este mismo proceso el 5 de septiembre de 2011 (ver nota actuarial de fs. 25).

Además, la viabilidad de su soltura sólo sería atendible si se hubiere demostrado que la prisión preventiva que sufre se hubiera prolongado más allá de las necesidades que el caso requiere. En la causa, no advierto una tramitación de duración excesiva. En tal sentido, obsérvese que Cardozo se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal II desde el 14 de noviembre del 2011.

En definitiva, y de conformidad con los lineamientos expuestos por este Tribunal en el Plenario n 13 "Díaz Bessone" de fecha 30/10/08, estimo que las condiciones personales del encartado permiten sostener que sólo la prisión preventiva habrá de preservar la acción de la justicia.

De lo expuesto surge el serio indicio de que el imputado, en caso de recuperar la libertad, intentará eludir la acción de la justicia (art. 319 del C.P.P.N.).

En suma, voto por el rechazo del recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, con costas.

El doctor Mariano H. Borinsky dijo:

I. Llegan las actuaciones a estudio de este Tribunal en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 15/20 vta. por la defensa oficial de Juan Marcos Cardozo, doctor Gustavo Martín Iglesias, contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal n 6 en cuanto había denegado la excarcelación a su asistido.

II. En primer lugar, cabe responder el agravio introducido en el marco de esta excarcelación por la defensa oficial de Cardozo referido a la posibilidad de que en el caso, de recaer sentencia condenatoria, ésta pueda ser dejada en suspenso.

La recurrente entiende que en virtud de que la condena única dictada el día 30 de mayo de 2011 por el Tribunal Oral en lo Criminal n 6 pasa a ser jurídicamente una sola -por lo que desaparece la condena anterior- y que ella (la condena única) recayó con posterioridad a la comisión del hecho investigado en estas actuaciones (26/5/11) media -a su criterio- un "...concurso real de delitos entre el que lo motiva y los demás, de forma tal que es aplicable el art. 55 del Código Penal, y queda habilitado también un pronunciamiento de condena de ejecución condicional..." (fs. 18). Ello lo deduce de la interpretación que a su criterio debe hacerse de los arts. 26, 55 y 58 del C.P., y lo introduce en este planteo excarcelatorio intentado que tal situación gravite a la hora de analizar la viabilidad de la soltura de su asistido.

Ahora bien, resulta útil recordar los fundamentos dados por el tribunal de origen. En primer lugar, entendió el a quo que "...si bien la escala prevista para el hecho imputado ( ) habilitaría [la condena en suspenso], lo cierto es que, en el entendimiento del Tribunal, y contrariamente a lo que sostiene su defensa, la eventual pena única que pudiera imponerse en esta causa habrá de ser de efectivo cumplimiento..." (fs. 5 vta.).

Señaló luego que "...la firmeza de aquella primera condena impuesta a Cardozo por el Tribunal Oral en lo Criminal n 29, en la causa N 3209, ha operado con anterioridad a la comisión del hecho que ahora se imputa, por lo que no se advierte que, en este caso, sea factible la aplicación de la excepción a la que se refiere el artículo 26 del Código Penal..." (fs. 5 vta.).

Agregaron los magistrados sentenciantes que "...para que resulte operativa la situación que explica la defensa, debe mediar entre los hechos un supuesto de concurso real que no se presenta en el caso en la relación del de autos y aquél por el que fue primeramente condenado..." (fs. 5 vta.).

Dijeron a su vez que "...los efectos de la pena impuesta con fecha 29 de abril del corriente año, no tienen, en el caso, los alcances que la defensa pretende, pues, más allá de la unificación luego operada, lo cierto es que en términos preventivos especiales, al momento de cometerse el suceso que ahora se juzga, tenía plena vigencia y efectos..." (fs. 5 vta./6).

Por otra parte, también expresaron que "...Cardozo en ningún tramo de este proceso ha manifestado cuál era la dirección exacta de su lugar de residencia..." (fs. 6).

Adunado a ello señalaron que "...el imputado ha señalado vagamente el nombre del club en que habitaba, por lo que se debieron realizar, por Secretaría, las diligencias del caso para dar, en primer lugar, con el sitio que mencionó y luego, con él. Por ello, y más allá de las constancias de sus presentaciones, aportada por la defensa, lo cierto es que Cardozo ha demostrado un total desinterés en el proceso en trámite que aquí se le sigue y tampoco ha informado los cambios en los sitios donde residió..." (fs. 6).

Estos argumentos, estimó el tribunal oral, "...justifican denegar el pedido de excarcelación realizado por la defensa del imputado, toda vez que resultan ser un claro indicador de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Por lo demás, se justifica mantener en detención a Juan Marcelo Cardozo, en virtud de la excepción a la que alude el artículo 319 del C.P.P.N., que admite la restricción de la libertad hasta la realización del juicio oral y público, a fin de garantizar su realización (arts. 319 y 280 'contrario sensu' del C.P.P.N.)..." (fs. 6).

Reseñado ello, adelanto que en el caso sub examine, contrariamente a lo sostenido por la defensa, a mi entender no existe la posibilidad que, de recaer sentencia condenatoria en estos actuados, ésta pueda ser dejada en suspenso conforme a los artículos 26 y 27 del Código Penal.

Para llegar a dicha conclusión, corresponde realizar una breve reseña de los antecedentes del encartado.

En punto a ello, conforme surge de las presentes actuaciones, Juan Marco Cardozo, el día 29 de abril de 2011, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal n 29 (en los autos n 3209) a 7 meses de prisión en suspenso, por ser autor responsable de los delitos de robo simple en grado de tentativa y hurto agravado cometido con escalamiento en grado de tentativa, hechos cometidos los días 17 de abril de 2009 y 7 de noviembre de 2009, respectivamente.

Por otra parte, en el Tribunal Oral en lo Criminal n 6 tramitó la causa n 3751 en la que con fecha 30 de mayo de 2011 se dictó sentencia condenatoria respecto de Juan Marcelo Cardozo Armada (o Gustavo Manuel Ortigoza o Mendoza), como autor de robo simple en grado de tentativa, a la pena de seis meses de prisión, y a la pena única de un año de prisión en suspenso, comprensiva también de la dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal n 29.

Por último, cabe apuntar que el hecho investigado en las presentes actuaciones habría sido cometido el día 26 de mayo del año pasado -luego de que adquiera firmeza la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal n 29-.

Ahora bien, como señala el a quo, para que resulte operativa la situación que explica la defensa lo cierto es que debe mediar un concurso real entre el hecho aquí investigado y los sucesos por los cuales fue condenado primeramente por el Tribunal Oral en lo Criminal N 29 (causa n 3209), lo que no se da en el presente caso en virtud de que aquél (el hecho por el cual en el marco de la presente incidencia se recurre la denegación de la excarcelación) fue cometido con posterioridad a que el fallo condenatorio aludido adquiera firmeza.	Cabe recordar que la "...hipótesis del texto vigente, al suprimir la limitación de su antecedente del proyecto de 1906 (que exigía que la segunda sentencia correspondiese a un hecho cometido antes de la primera sentencia), abarca las penas impuestas tanto por hechos anteriores como posteriores a la sentencia condenatoria que aún se esté cumpliendo. De allí que corresponda la unificación tratándose de concurso reales -en que hayan entendido distintos tribunales o en que hayan recaído dos o más condenaciones pronunciadas por un único tribunal-, pero que también corresponda proceder a la unificación en casos de delitos cometidos después de la condenación por la que aún se estuviera cumpliendo pena, con la diferencia de que cuando se unifican penas en este último supuesto, la pena total se produce como consecuencia de una mera unficación de penas, pero las condenas siguen conservando su pluralidad. Este fenómeno obedece a que el principio de la cosa juzgada cede en la medida necesaria para dar unidad al ejercicio del poder punitivo, pero en modo alguno se trata de hacer desaparecer la condenación anterior puesto que ésta, por ser anterior al segundo delito jamás podría haberlo contemplado, a diferencia de lo que sucede en el concurso real en donde de no obstar razones procesales la condena debía ser única..." (cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro "Derecho Penal. Parte General" 2 edición, página 1017).

Resulta útil señalar que "...en el concurso real se aplica una pena total, sea por una única condena (arts. 55, 56 y 57) o una condena unificada conforme a las mismas reglas (art. 58). Los casos en que alguno de los hechos es posterior a la condena anterior no constituyen propiamente concursos reales y, en tales hipótesis (entre otras, reincidencia), sólo se unifican las penas en una pena total, permaneciendo vigente y autónomas todas las condenaciones ( ) lo que tendrá importancia a los efectos de la posibilidad o imposibilidad de aplicación futura de una condena condicional (art. 27), de la declaración de reincidencia (art. 50), con todas sus consecuencias -v. gr., art. 14-, y de la eventual aplicación, en su caso, de la medida de reclusión accesoria por tiempo indeterminado del art. 52..." (cfr. Caramuti, Carlos S., comentario al artículo 58 del Código Penal, en "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", David Baigún y Eugenio R. Zaffaroni Directores; Buenos Aires, 2 edición, Hammurabi, 2007, Tomo 2B, página 48 -el resaltado me pertenece-).

Continúa diciendo el citado autor que "...en las hipótesis mixtas que mencionamos, se tratará de unificación de condenas respecto de los hechos anteriores a la primera y de simple unificación de penas respecto del o de los delitos posteriores a ella..." (Ibídem).	Entonces, el hecho objeto de ulterior juzgamiento que fue posterior a la condena anterior no pudo materialmente ser juzgado juntamente con el que fuera objeto de aquélla, por la sencilla razón de no existir a ese momento. De tal modo, el tribunal interviniente no incumplió, al no juzgarlo conjuntamente, ninguna obligación legal.	En cambio, en caso de ser anterior a ella el hecho juzgado luego de la sentencia condenatoria, las reglas del concurso real debieron ser aplicadas juzgando todos los hechos en un único proceso (Idem, página 57).

También debe aclararse que "...cuando se deja sin efecto la condena condicional anterior, ello no debe interpretarse como una revocación de la misma, ya que ésta se supedita al cumplimiento de la condición consistente en la comisión de un nuevo delito, que siempre debe ser posterior a la condena y, en los casos que estamos analizando, de unificación de condenas, el delito es anterior a ella. Es por eso que la condena única puede ser nuevamente impuesta en forma condicional..." (Idem, página 60 -el resaltado me pertenece-).

En el caso se da una hipótesis mixta. En efecto, media un concurso real entre determinados sucesos, que de hecho algunos fueron objeto de una condenación única, pero ello no ocurre entre el suceso aquí investigado (cometido el 26/5/11 -causa n 3807-) y los que motivaron la sentencia condenatoria del Tribunal Oral en lo Criminal n 29 (dictada el 29/4/11 -causa n 3209-) en virtud de que aquél fue cometido con posterioridad a la condena aludida, por lo que a partir de tal circunstancia no puede operar la situación que explica la defensa oficial en tanto permanece vigente y autónoma la condena anterior firme con relación al hecho investigado en la causa n 3807 a la que pertenece esta incidencia -supuesto de unificación de penas-. Ello tampoco se ve conmovido por la circunstancia de que el hecho que motivó las presentes actuaciones concurra realmente con el investigado en la causa n 3751 del Tribunal Oral en lo Criminal n 6.

Sobre la base de lo expuesto, resulta ajustado a derecho sostener que, de recaer condena en estas actuaciones, ésta no podrá ser dejada en suspenso en función de lo dispuesto en el artículo 27 del C.P., puesto que Cardozo habría cometido el suceso aquí investigado dentro de los cuatro años contados a partir de la fecha de la sentencia condenatoria firme dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal n 29 el día 29/4/11 (causa N 3209).

III. Sentado cuanto precede, y con relación a la viabilidad de la excarcelación peticionada, entiendo que las circunstancias apuntadas -tanto en la decisión recurrida como el voto que precede- referidas a la imposibilidad de una futura condena condicional, a lo que se agrega que Cardozo se ha identificado con pluridad de nombres en las causas donde se ha visto involucrado, también al desinterés por el proceso que éste ha demostrado (al haber señalado vagamente el nombre del club donde habitaba -resultando necesarias determinadas diligencias para dar con el lugar y con él- y al no haber informado los cambios de sitios donde residió), alcanzan para rechazar el beneficio solicitado, de conformidad con lo normado por los arts. 316, 317 y 319 del C.P.P.N., por lo que adhiero a la propuesta de rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de Juan Marcos Cardozo, pero sin costas (art. 531 in fine del C.P.P.N.).

El doctor Raul R. Madueño dijo:

Que adhiere al voto que lidera este acuerdo.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de Juan Marcelo Cardozo, con costas (arts. 454, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese y remítase al tribunal de procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Fdo. Raúl Madueño, Luis M. Cabral y Mariano H. Borinsky Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretario de Cámara.