Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-08


000187/2009 --- En la ciudad de Trelew, a los días de junio del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "G. D. A. c/ C. Vda de T., S. s/ Cobro de haberes e Indemnizacion de Ley" (Expte. 187 - Año 2009 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 264.-	A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	--- 1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por las partes actora y demandada a fs. 245 y 248, que fueran concedidos a fs. 246 y 251, respectivamente, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 238/243 que hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por A. G. D. y condenó a S. C. al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $4.627,15.-, con más sus intereses, en concepto de diferencias salariales, sueldo anual complementario, indemnización sustitutiva por falta de preaviso, mes de integración, e indemnización contemplada por el art. 16 de la ley 25.561, con imposición de costas a la vencida.-------	Los informes previstos por el art. 62 de la ley 69 lucen presentados a fs. 249/250 y vta. y 252/258 y vta., y solamente la parte actora contestó el traslado conferido a fs. 259 con la presentación de fs. 260/261.	Sostiene la actora que de los antecedentes obrantes en autos surge que se desempeñó en relación de dependencia trabajando de lunes a lunes desde las 21 hs. hasta las 13 hs. del día siguiente. Considera a ese respecto las declaraciones de P. T., J. C. B. y G. I. R.. El sentenciante desestimó el reclamo de horas extras por haber realizado una estimación sin mayores precisiones y por la falta de producción de la prueba pericial ofrecida y advierte que en demanda se realizó la determinación de horas extras al 50% y al 100%. Para su cuantificación no es necesario la producción de prueba pericial, sobre todo teniendo en cuenta que al tiempo de desistir de dicha medida se explicaron los motivos. Cita fallo sobre los medios probatorios para determinar el quantum de la remuneración. Considera arbitrario el pronunciamiento y la CANE ha dicho que al dependiente le basta con invocar el trabajo de horas extras, estando a cargo del empleador demostrar lo contrario, conforme fallo "P. c/L. C. S.". Por los motivos expuestos solicita se revoque el fallo de primera instancia en lo que es materia de agravio, con costas.	A su vez, la demandada cuestiona la calidad de empleador que le atribuye la sentencia ya que dejó de lado los dichos de los testigos aportados por su parte que merecen ser tenidos en cuenta. Destaca que el a quo sólo consideró el testimonio de R., sin siquiera hacer mención de de las declaraciones de T. y C.. Transcribe las respuestas de T. a la 5ª, 7ª y 10ª pregunta, de C. a la 2ª, y 9ª pregunta. En cuanto a R. manifestó que no vio durante el año 2005 a la Sra. G. trabajando y que desconocía quien acompañaba a la madre de la demandada. Y si bien dicho testigo vio a la Sra. G. en el exterior de la casa de la Sra. A. ello no demuestra que hubiere una relación laboral con la Sra. C.. No se puede sostener todo el resultado del fallo en el testimonio de una persona que eventualmente vio a la actora en la puerta de la casa de su madre. Es decir, no se hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, basándose en los dichos de un sólo testigo, cuando hay otros dos que han concurrido a la casa de la Sra. A. y no han visto en ninguna oportunidad a la actora, ni dentro ni fuera de la casa. Formula queja también ya que sólo se tuvo en consideración los testigos ofrecidos por la actora. Considera que T. no ofrece un testimonio concluyente sobre la relación laboral que unía a la actora con la Sra. C. ya que no queda en claro si alude en su declaración a la viuda del Sr. T. o bien a la hermana de éste. Por otra parte, respondió en forma ambigua cuando se le preguntó por el horario de trabajo ya que manifestó que le parecía que salía alrededor de la una. Tampoco recordó si la Sra. A. se movilizaba por sus propios medios, aludió al tipo de tareas por comentarios, no sabía cual era la remuneración pero suponía que si fue contratada por la señora de la farmacia 25 de mayo le pagaba, y al dar razón de sus dichos manifestó que fue a la casa de la señora y al no encontrarla el marido le dijo que trabajaba. Se trató de un testigo de oídas. Alude a la declaración de B. C. y aclara que la casa de la calle Roca no es de su propiedad y además no vivía allí. Rosas manifestó que la Sra. G. trabajaba para la mamá de la señora de la farmacia 25 de mayo, por lo que su relación lo era con la Sra. A., y que se lo contaron. V. G. expresó que tenía entendido que la Sra. G. fue contratada para cuidar a la abuela, sobre la remuneración contestó que no sabía el monto pero como fue contratada supone que le pagaría, y que lo sabía por comentarios, por lo que se trata de otro testigo de oídas. Efectúa cita de fallos y señala el nulo valor que tiene un testimonio de oídas. G. frecuentaba la casa de la madre de la accionada dos veces por semana y respondió que no le constaba que la Sra. G. trabajara para la Sra. C., y por otra parte afirmó que la Sra. A. generalmente dormía sola. S. manifestó que no le constaba que la Sra. G. trabajara para la Sra. A. y también que no le constaba que alguna persona ajena a la familia durmiera en la casa y permaneciera hasta las 13 hs. del día siguiente. Pera, quien realizaba trabajos de jardinería en la casa de la Sra. A. con una frecuencia cada 10 o 15 días, contestó que no le constaba que la Sra. G. trabajara para la Sra. A., ni que debiera ser alimentada o higienizada por otra persona, ni de que alguna persona ajena a la familia durmiera en la casa o permaneciera hasta las 13 hs. durante todos los días de la semana, y también que a veces dormían en la casa la hija o algún nieto. Considera relevante el relato que pueden suministrar testigos presenciales frente a la declaración del testigo de oídas. En síntesis, estima que la sentencia se funda para dar por existente la relación laboral en testimonios de oídas, descartando sin fundamento los testimonios brindados por personas que vivieron personalmente los hechos que relatan. Se agravia por el valor probatorio otorgado a la confesional de la actora ya que no puede ser interpretado fuera del contexto de las constancias de la causa. Aún teniendo las consecuencias que el juez pretende otorgarle no puede colegirse que la actora laborara la cantidad de horas mínimas requeridas por el decreto ley 326/56. Es decir, aunque se le diera a la confesional la significación probatoria que pretende equivocadamente, ésta no acredita los extremos indispensables para entender que estamos en presencia de una relación de empleo doméstico. Sostiene que no se probó que la demandada tuviera conocimiento de la actora, menos aún que hubiera relación laboral alguna. Para ello debió demostrarse que la actora cumplía un determinado horario de trabajo, ya que algunos testigos lo negaron y otros no pudieron asegurar haber visto a G. D. en el domicilio de la Sra. A.. No se demostró el horario de prestación de funciones, carga que le incumbía a la actora dadas las características del empleo doméstico que requiere probar la cantidad de horas y frecuencia que el decreto establece. Sostiene también que se omitió considerar la documental aportada por la actora -misivas de esa parte en las que sostiene diferentes fechas de ingreso- y también la testimonial ofrecida por la demandada ya que en este último aspecto no señala la razón por la cual desecha sus dichos, y en todo caso por qué entiende que los mismos resultan inverosímiles. En el hipotético caso que se confirme la sentencia, resulta arbitraria la forma de imposición de costas ya que se entabló demanda por $19.332,32.- y prosperó por $4.627,15.- Ni siquiera se expusieron los motivos para eximir a la actora de costas en la proporción en que no resultó vencedora. Cita fallos al respecto. Solicita se revoque la sentencia atacada en todas sus partes, con costas.	A su turno, la actora al contestar el traslado conferido de los agravios de su contraria manifiesta que no sólo existen como fundamento para tener por reconocida la existencia de la relación laboral la declaración de los testigos sino el propio reconocimiento de la accionada al producir la absolución de posiciones de la actora ya que al formular las posiciones expuso que había contratado a la actora para la realización de labores domésticas, el tiempo que desarrollaba las mismas, y la suma que le abonaba. En base a ello solicita el rechazo del agravio. Estima que resulta aplicable a la relación laboral acreditada el decreto 326/1956 en razón de haberse desarrollado aquella bajo los cánones del servicio doméstico. Alude a que los testimonios rendidos por la actora resultaron creíbles y existe en materia de valoración de la prueba el principio de la sana crítica. No puede considerarse arbitrario el pronunciamiento, siendo una derivación razonada del derecho vigente en lo que tiene que ver con la tipificación de la relación laboral y el reclamo formulado. En materia de costas el fallo hizo aplicación del art. 68 del C.P.C.C. por aplicación del principio objetivo de la derrota. Peticiona se tenga por contestado el traslado y el rechazo de los agravios expuestos por la accionada.	2. Toda vez que la demandada formula queja por atribuirle la sentencia de la anterior instancia la calidad de empleadora y ello se vincula al rechazo de la excepción de falta de legitimación opuesta por esa parte, corresponde ingresar en primer término al análisis de dicha cuestión.	Al respecto, el juzgador desestimó tal excepción teniendo en cuenta la prueba testimonial y también que de la prueba confesional de la actora, se pueden extraer conclusiones definitivas sobre la cuestión, pues la demandada ha dado por cierto los hechos afirmados por aquélla en la demanda al realizar su interrogatorio.-ver fs. 136-. Al respecto, cabe tener presente, que constituyendo cada posición la afirmación de un hecho por el ponente, en virtud del principio de adquisición procesal, la misma es susceptible de tener eficacia contra él. En efecto, la contestación del confesante se provoca mediante proposiciones afirmativas, proporcionando no sólo la declaración de ciencia del confesante, sino también la de quien provoca la confesión, ya que la formulación de las posiciones importa la referida afirmación de hechos por parte del ponente y su confesión por éste.- ver Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales", T. V-B, 54/55.-	En este aspecto, la apelante a fs. 256 vta. argumenta, a saber, que: a) "El valor de la confesional jamás puede ser interpretado fuera del contexto de las constancias de la causa"; b) "... en virtud de la misma no puede colegirse que la actora laborara la cantidad de horas mínimas requeridas por el Decreto ley 326/56" ya que "... la confesional de la actora ... no acreditaría los extremos indispensables para entender que estamos en presencia de una relación de empleo doméstico".	Y a los fines del análisis de la queja vertida respecto de la falta de legitimación pasiva corresponde centrarse exclusivamente en el primer argumento pues lo que debe determinarse es si existió o no una relación jurídica que ligara a la actora con la demandada.	Desde esta perspectiva, la manifestación efectuada en el sentido que la prueba confesional no puede interpretarse prescindiendo de las constancias de la causa es una apreciación personal carente de sustento jurídico, pues el juzgador tuvo en consideración básicamente el contenido de las posiciones que propusiera la parte demandada.	En ese direccionamiento, no puede considerarse agravios las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto o simples consideraciones subjetivas y digresiones inconducentes o que carezcan del debido sustento jurídico. Las apreciaciones personales, o las afirmaciones enfáticas que no son más que simples generalizaciones son insuficientes por sí solas para sustentar el agravio (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 354 y 355, y cita de fallos).	Es que, la fórmula normativa (art. 411, apartado segundo) traduce una de las manifestaciones del principio de adquisición procesal, por cuanto implicando cada posición la afirmación de un hecho por parte del ponente, es susceptible de tener eficacia probatoria contra él aún en el supuesto de que el absolvente se pronuncie en sentido negativo (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1972, T. IV, pág. 522).	Y en el caso de que se pronuncie el absolvente en sentido positivo cabe precisar que en las posiciones: quien las pone comienza por confesar él lo que es el contenido de la pregunta y el efecto es bilateral si el absolvente confiesa al contestarla (Colombo, "Código Procesal ...", Abeledo-Perrot, 1969, T. III, pág. 485).	En tal sentido, la demandada formuló las dos primeras posiciones afirmando que la actora "... estuvo trabajando para la Sra S. C. Vda. De T." y "... que desempeñaba tareas en la casa de la Sra. R. A. vda de C.", por lo que ante la respuesta positiva de la actora en ambos casos al manifestar que "si es cierto" (acta de fs. 136) quedaron reconocidos los hechos afirmados por el ponente con efecto bilateral en cuanto a que la accionante trabajó para la demandada en la casa de su madre.	Y las posiciones contienen una confesión del ponente. Es decir lo que éste afirma sobre el hecho a que se refiere la posición implica el reconocimiento de su veracidad. Si pide que su contraria jure si es cierto que es locatario, queda reconocido por el ponente que lo tiene por tal (Fassi, "Código Procesal ...", Astrea, 1980, T. II, pág. 261).	Con tales alcances, es evidente que el agravio carece de contenido, cuando como en el caso .d) Simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamentos a la oposición o formula apreciaciones subjetivas . h) No ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal ...", Astrea, 1983, T. 1, págs. 838/839). Y no constituye expresión de agravios idónea el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista (Palacio, ob. cit., 1975, T. V, pág. 267).	Por ello, la actora apelante incurrió en este tramo de la queja en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).	3. Respecto al encuadre efectuado por el juzgador en la normativa prevista en el Decreto Ley 326/56 (p. II de los considerandos, fs. 240/vta.), la demandada se agravia por considerar que la actora no acreditó que se desempeñara la cantidad de horas y la frecuencia que el citado ordenamiento establece.	En tal sentido, cabe precisar que la apertura de esta instancia por las apelaciones interpuestas permite ejercer la facultad de revisión con amplitud suficiente ante la plenitud de jurisdicción.	En virtud del recurso de apelación, el tribunal de alzada asume la plenitud de jurisdicción sobre aquellos puntos que han sido objeto de apelación; es decir, sus facultades para decidir la cuestión son tan amplias como las que tenía el tribunal en grado (Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1998, T. 1, par. 28, pág. 76).	El principio según el cual la jurisdicción del órgano "ad quem" se abre en función del alcance de la apelación, no obsta a que el mismo se pronuncie de conformidad con la regla "iura novit curia", es decir, que ha de realizar la calificación jurídica que corresponda de las pretensiones deducidas en el juicio, pues la misión de la justicia es aplicar el derecho independientemente de los planteos de las partes. En un orden de ideas similares se ha recalcado que el órgano "ad quem" no está limitado en su razonamiento por la argumentación del recurrente. Si bien debe ceñirse a los puntos objetados, al abordarlos tienen amplias facultades, iguales a las que sobre la materia tenía el "a quo". Incluso el juez de la apelación puede utilizar distintos fundamentos de derecho de los invocados por las partes y por el juez de primera instancia (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 420/421, respectivamente, y cita de fallos).---- O sea, el juez brinda la calificación jurídica correspondiente a la pretensión deducida con independencia del encuadre que hubieran efectuado las partes o el juez de la anterior instancia.	El iura novit curia consiste en que los jueces letrados aplican el derecho que se adapta a las peticiones efectuadas por las partes, aunque éstas denominen o califiquen mal el derecho y se funda en la presunción lógica sobre el conocimiento del derecho por parte del juez a quien corresponde calificar la esencia del pleito y aplicar la norma jurídica pertinente. Con arreglo a tales pautas, la calificación de la acción y la determinación de la norma o derecho aplicable es materia reservada al juez -iura novit curia-, quien puede y debe corregir cualquier error de las partes en punto a esta calificación o aplicar un precepto distinto al invocado. Conforme a la regla "iura novit curia" los jueces tienen no sólo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes, facultad que deriva de los principios esenciales que organizan la función jurisdiccional de la justicia. Surge así como misión que alcanza el nivel de deber, la de aplicar el derecho objetivo con independencia del invocado por las partes. Es decir, que si el tema planteado remite a consideraciones de orden jurídico inherentes al derecho vigente, su aplicación es deber irrenunciable de los jueces, careciendo de efectos vinculatorios la fundamentación jurídica argüida por los justiciables (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1984 y 1986, T. II-A, págs. 613/614, y T. II-C, págs. 73/74, y citas de pronunciamientos, respectivamente).	Ello significa que la parte suministra los elementos fácticos concretos y particulares que sirven de fundamento de la pretensión y el juez asume la facultad-deber de dirimir el conflicto subsumiendo los hechos invocados en la norma jurídica aplicable al caso.	En síntesis, en tanto el juez no altere los hechos suministrados por las partes "en la búsqueda del derecho todos los caminos se hallan abiertos ante él" (Couture, "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", Depalma, 3ra. ed., 1962, par. 181, pág. 286). El juez calificará la relación jurídica (material o procesal según el caso), con sujeción a los principios comunes que rigen su actividad en el proceso. Calificar la relación jurídica importa determinar la norma que la rige, porque la acción se individualiza por los hechos y son los hechos en realidad los que determinan la norma (Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", EDIAR, 2da. ed., 1957, T. II, par. 30/1. c), pág. 249).	Con tal alcance, la accionante en su escrito de demanda invocó los siguientes datos de hecho: "El horario de trabajo era de lunes a lunes desde las 21.00 horas hasta las 13.00 horas del día siguiente (acápite 2., fs. 33).	Y ante la negativa de la demandada respecto de la frecuencia diaria y horario alegado en demanda (ver p. II, fs. 38), tales datos fácticos resultaron controvertidos por lo que era carga de la accionante acreditar los mismos, conforme lo previsto por el art. 377 del C.P.C.C.	A su vez, para encuadrar la relación invocada dentro del régimen previsto por el decreto 326/56 debe señalarse que la misma debe cumplir las condiciones exigidas para la aplicación del estatuto especial, esto es, período no inferior a un mes, no menos de cuatro horas diarias y cuatro días semanales (art. 1° del dec. 326/56).	La norma, a nuestro juicio, no admite razonamiento equívoco; la conjunción disyuntiva que separa las hipótesis previstas corrobora la idea de independencia que ellas trasuntan (Vázquez Vialard, Director, "Tratado de Derecho del Trabajo", Astrea, 1985, T. 6, par. 1136, pág. 1151).	De tal modo, las tres condiciones previstas en el art. 1 del dec. ley 326/56, que excluyen su aplicación (tiempo inferior a un mes, 4 horas por día, y 4 días a la semana), son independientes; por consiguiente, cada una de ellas es suficiente para que el estatuto especial no se aplique (Krotoschin-Ratti, "Código del Trabajo Anotado", Depalma, 7ª ed. act., 1982, par. 1, pág. 774, nota nº 1).	Por ello, y desde que la conjunción "o" utilizada por el art. 1 del decreto 326/56 es disyuntiva, cada uno de los supuestos se aplica en forma independiente. De tal modo, basta que cualquiera de ellos no se cumpla para que la relación quede excluida del estatuto de los empleados del servicio doméstico.	Desde ya que teniendo en cuenta las posiciones de la parte demandada y efectos previstos por el art. 411, 2do. párrafo, del C.P.C.C., quedaron reconocidos los hechos afirmados por la ponente con efecto bilateral en cuanto a que: a) la accionante trabajó para la demandada en la casa de su madre; b) comenzó a trabajar a partir del mes de mayo de 2005; c) realizaba tareas de limpieza, cocina, y atención personal de la Sra. A. vda. De C.; y d) fue contratada personalmente por la Sra. S. C. (posiciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, y 5ª, y respuestas afirmativas, acta de fs. 136).	Y el análisis en conjunto de la prueba testimonial cumplida no permite acreditar que la Sra. A. fuera una persona impedida como se alegara en demanda ("... era persona avanzada en edad, a la cual había que dar de comer en la boca e higienizar", fs. 33).	Y la circunstancia que reconociera la ponente que la actora se ocupaba de la atención personal de su madre (4ª posición, acta de fs. 136) no permite concluir que se tratara de una enferma.	Y en cuanto a la impugnación de los dichos de G. formulada a fs. 153/vta., la misma es inaudible ya que sabido es que la tacha se circunscribe a la falta de idoneidad del testigo (Devis Echandia, "Teoría general de la prueba judicial", Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1979, T. II, par. 209, k), pág. 81, y par. 227, pág. 228) y no de sus dichos.

Asimismo, su relato en lo que hace a que la sra. A. no necesitaba asistencia (respuesta a la 5ª pregunta, fs. 143) fue corroborado por otros testimonios.	En tal sentido, pondero particularmente conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 45 de la ley 69) la declaración de Peral, quien hacía trabajos de jardinería en la casa con una frecuencia cada diez o quince días, y que expresó que se movilizaba sola y con ayuda de un trípode (respuestas a la 11ª, 12ª, 6ª, y 15ª pregunta, respectivamente, fs. 150/vta.).	A su vez, las declaraciones de G. y P. fueron corroboradas por T., auxiliar de enfermería que en ese carácter concurría a su domicilio, quien manifestó que las veces que le fue a tomar la presión no precisaba la ayuda de otra persona (respuesta a las generales de la ley y a la 10ª pregunta, fs. 158/vta.). También por S. (respuesta a la 6ª y 15ª pregunta, fs. 149/vta.).	Con ese alcance, debe ponderarse la prueba testimonial rendida en la causa a fin de establecer si resultó acreditada una frecuencia diaria y horario que permita incluir la relación habida dentro del Estatuto del Servicio Doméstico.	Así, T. brindó una serie de datos sin haber tenido un conocimiento directo de los mismos ya que lo sabe por haber ido a la casa de la actora y haberle dicho el marido que trabajaba y que llegaba siempre a la una (razón de sus dichos, fs. 142).	Rosas tomó conocimiento de los datos sobre los que declara ya que se lo contaron (razón de sus dichos, fs. 148 vta.).	V. G. en su declaración manifestó que lo sabía por ser vecina de la actora y haberla visto en el almacén del barrio y en ese lugar le comentaba que trabajaba (razón de sus dichos, fs. 178 vta.).	En tales condiciones, esos testimonios denotan claramente que el conocimiento no fue adquirido en forma directa al no caer bajo la percepción de sus sentidos.	Se tratan de los denominados testigos de referencia.	Así, los testigos de referencia son aquellos que no han apreciado el hecho a que se refiere la causa, sino que la versión que indican proviene de la referencia que han hecho otras personas (Falcón, "Código Procesal .", Abeledo-Perrot, 1984, T. III, "par. 426.9.9., pág. 299).	Y la declaración de un testigo de referencia carece de eficacia porque la relación de sujeto conocedor a objeto conocido no es directa (Fenochietto-Arazi, ob. cit., T. 2, pág. 439).	Quedan así descartados tales testimonios por tratarse de testigos de oídas.	En cuanto a R. lo supo por comentarios y por haber ido ocasionalmente (razón de sus dichos, fs. 200 vta.). En cuanto a lo primero se descarta su declaración, y con relación a su concurrencia lo cierto es que fue ocasionalmente alrededor de las 7 u 8 horas (respuesta a la 4ª pregunta y a la 1ª repregunta, fs. 200 y 200 vta., respectivamente), por lo que ese testimonio no permite determinar que cantidad de días trabajaba la actora por semana y tampoco cuantas horas, lo que así aprecio conforme a las reglas de la sana critica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.).	C. B. declaró sobre la época en que se inició la relación, tipo de tareas, horario, domicilio al que concurría la actora, atención por un enfermero. Sin embargo, a pesar de que manifestó que lo vio (razón de sus dichos, fs. 146) no brindó precisión alguna sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que le permitieron adquirir su conocimiento.	En tales condiciones, para la eficacia probatoria del testimonio es indispensable que contenga la llamada razón de sus dichos, es decir del fundamento de la ciencia del testigo. Puede decirse que en la exigencia de una adecuada y fehaciente razón de la ciencia de su dicho, tomada en un sentido amplio, se resumen todos los requisitos para la eficacia del testimonio; pero lo incluimos como uno especial, porque se trata, entendido en sentido estricto, de las explicaciones que el testigo debe dar, en el mismo acto o en una ampliación del testimonio, de la manera cómo pudo adquirir el conocimiento de los hechos y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tal hecho ocurrió. De manera que la razón de la ciencia del dicho debe contener las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que el testigo adquirió ese conocimiento, es decir: en que lugar conoció el hecho, cuando tuvo ese conocimiento y en que circunstancias lo adquirió (Devis Echandia, obra y tomo citado, par. 216, k), págs. 122/123).	Y tales requisitos se ven ausentes al dar la testigo C. B. razón de sus dichos.	Y desde que el juez apreciará en oportunidad de dictar sentencia definitiva, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones, al no haber brindado explicación alguna sobre las circunstancias por las cuales adquirió su conocimiento a pesar de su extensa declaración (respuestas a 18 preguntas), el testimonio prestado carece de credibilidad por lo que lo descarto, lo que así aprecio conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.).	Finalmente, las declaraciones de los testigos G. (fs. 143/vta.), S. (fs. 149/vta.), P. (fs. 150/vta.), T. (fs. 158/vta.), y C. (fs. 159/vta.), nada aportan acerca de la presencia de la actora en el domicilio de la Sra. A., por lo que se trata de prueba innocua en tal sentido.	Así, si los elementos de convicción traídos al proceso no aportaron datos positivos, la conclusión es que se trató de probanzas innocuas, las que fracasan en su finalidad de "crear el convencimiento del juez sobre la existencia de hechos de importancia para el proceso" (Chiovenda, "Principios .", T. II, n° 59, pág. 280, Ed. Reus, 1941).	En tales condiciones, a partir de la valoración realizada del cumplimiento de los requisitos, examen de los testigos y de sus declaraciones (Arazi, "La prueba en el proceso civil", Ediciones La Rocca, 1991, pág. 254) y después del examen de cada uno y del conjunto de los testimonios habidos (Devis Echandía, obra y tomo citado, 5a. edición, 1970, pág. 273), apreció en conjunto que las declaraciones habidas no permiten tener por acreditado que la actora desempeñara tareas durante al menos cuatro horas diarias y cuatro veces por semana.	Y es indispensable, pues, que se den todas las condiciones (del art. 1 del decreto-ley 326/56) para su aplicabilidad (conf. Tribunal del Trabajo N° 3 de Lomas de Zamora, febrero 28-989, "Abella, Rosa c. Biemmi, Susana B.", D.T. 1989-B, pág. 1370, último párrafo).	Por lo tanto, aquellos que no cumplen con esos requisitos en cuanto a la frecuencia de la prestación laboral (4 horas diarias y 4 días por semana), no están comprendidos dentro del régimen (Vázquez Vialard, "Situación jurídica del personal del servicio doméstico excluido del estatuto", D.T. 1973, par. II, pág. 167).	Así, no todas las relaciones de trabajo están amparadas por la legislación laboral y los vínculos excluidos expresamente del Estatuto del Servicio Doméstico están protegidos por la ley civil (C4a., Trab. Córdoba, junio 10-976, "Guevara, María Ester c. Liberato, Sorrentino", D.T. 1976-347).	En tales condiciones, ese déficit probatorio recae exclusivamente sobre la accionante, ya que esa parte tenía la carga de la prueba de los hechos alegados (horario y días trabajados) como para situar el reclamo dentro del régimen previsto por el dec. ley 326/56.	De tal modo, arribo a la conclusión de que la actora no acreditó que cumpliera tareas domésticas en el horario y días invocados en la demanda, por lo que las labores cumplidas no encuadran dentro del Estatuto del Servicio Doméstico por no cumplir las condiciones exigidas para su aplicación (no menos de cuatro horas diarias y cuatro días semanales, art. 1° del dec. 326/56).	Y ante la falta de cumplimiento de tales recaudos, la vinculación que une a las partes se rige por el derecho común, con exclusión de las normas del citado decreto, como también de la L.C.T., cuyas disposiciones no resultan aplicables ni siquiera por vía de analogía, y tal es el criterio de esta Cámara, por su Sala "A", c. 13.432, S.D.L. N° 94/98, ya referida, con cita de la CNAT., Sala III, D.T. 1984-B-1816; y por esta Sala "B", c. 13.692, S.D.L. N° 106/99, c. 16.077, S.D.L. 50/2000.	Toda vez que el trabajo doméstico prestado no se incluye en el régimen previsto por el estatuto especial del dec. ley 326/56, el mismo queda comprendido dentro de la locación de servicios contemplada en los arts. 1623 y sig. del Código Civil.	Así, al resultar inaplicable el estatuto de los empleados del servicio doméstico no puede acogerse el reclamo que la parte actora formulara sobre la base del citado estatuto especial.	Tales razones llevan a acoger el agravio y conducen a revocar el fallo en crisis para rechazar la demanda.	4. Las consideraciones vertidas al punto 3 que antecede tornan abstracto ingresar en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en lo que hace al agravio vertido por la desestimación del rubro horas extras, por no encuadrarse el reclamo ni en el decreto ley 326/56 ni en la ley de contrato de trabajo, como consecuencia de quedar comprendida la relación habida en el régimen de una locación de servicios (arts. 1623 y siguientes del Código Civil).	5. En consecuencia, propicio al Acuerdo revocar la sentencia venida en apelación para rechazar la demanda instaurada por A. G. D. contra S. C..	La revocatoria que se propicia lleva a adecuar las costas y honorarios regulados en la anterior instancia (art. 279 del C.P.C.C.) lo que hace innecesario ingresar en la queja de la demandada en materia de costas.	Tocante al régimen de imposición de costas, las mismas se imponen a la parte actora vencida en ambas instancias, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).	Asimismo, atendiendo al mérito, extensión y eficacia de los trabajos profesionales cumplidos en la anterior instancia, y con inclusión de las tareas desplegadas por la excepción de falta de legitimación pasiva, estimo prudente regular los honorarios del Dr. P. O. A., letrado apoderado de la parte actora, y de los Dres. G. R. N. y N. F. P., en forma conjunta, por la primera etapa del proceso, y de la Dra. S. V. B., desde fs. 64 y por la segunda parte del mismo, en su calidad de letrados patrocinantes de la parte demandada, en las sumas porcentuales equivalentes al 15,4%, 7%, y 7%, respectivamente, del monto reclamado con más sus intereses, conforme al criterio de esta sala "B" c. 16.600, S.D.C. 01/2002, y que siguiera posteriormente el suscripto en c. 19.511, S.I.L. 18/2004, c. 19.486, S.D.L. 29/2004, c. 19.508, S.D.L. 36/2004, c. 19.981, S.D.C. 37/2006, c. 20.977, S.I.C. 194/2006, y más recientemente en c. 22.564, S.D.L. 16/2008, accesorios a computarse hasta la fecha del presente pronunciamiento y de acuerdo a la tasa que utiliza el B. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales (arts. 6, 7, 9, 10, 33, 37, 39 y 47 de la ley 2200), con más el I.V.A. correspondiente.	Siguiendo las mismas pautas de apreciación y lo previsto por el art. 14 de la ley del arancel, estimo adecuado establecer los honorarios de los Dres. P. O. A. y S. B. V. B., letrados apoderado y patrocinante de las partes actora y demandada, por sus tareas de segunda instancia, en las sumas equivalentes al 3,85% y 4,9%, respectivamente, del ya referido monto del proceso, con más el I.V.A. correspondiente.	Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.	--- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:------- --- Han interpuesto sendos recursos de apelación tanto la parte actora (fs. 245) como la parte demandada (fs. 248) en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 238/243) por el cual se hiciera lugar parcialmente a la demanda incoada por la Sra. A. G. D., condenando a la Sra. S. C. vda. de T., al pago de la suma de $ 4.627,15 con más los accesorios que se indican, con costas.------ Los informes previstos por el art. 62 de la ley 69, lucen agregado a fs. 249/250 vta., el de la parte actora; y a fs. 252/258 vta., el correspondiente a la parte demandada.--------- Ordenado los respectivos traslado a la parte contraria (fs. 251 y 259), el mismo fue evacuado por la actora por escrito glosado a fs. 260/261, haciéndolo la parte demandada.----- I.- La reseña de los agravios ha sido realizada con suficiencia por el Dr. Vergara por lo que a ella me atendré a efectos de evitar repeticiones estériles. De todos modos si es útil individualizar los puntos sobre los cuales asientan los motivos de cuestionamientos las partes, a saber:-------- --- A) Agravios de la parte demandada: 1) Rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta; 2) valoración probatoria; 3) valor de la confesional; 4) derecho aplicable al caso; 5) imposición de costas.-------- B) Agravios de la parte actora: 6) Rechazo de las horas suplementarias.--------- II.- En los límites demarcados por los agravios individualizados precedentemente, ingresaré a su tratamiento en el mismo orden en el que fueran estos numerados, denominándolos de la manera predispuesta a efectos de viabilizar la mejor y más fácil ubicación en mi voto.---- A).-; 1).-; 2).-; y, 3) Rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva-valoración probatoria-valor de la confesional: Bien especificó el Dr. Vergara cuál fue en basamento probatorio determinante del veredicto desestimatorio de la defensa opuesta. Esto es, claramente se observa que lo central de la motivación del Sr. Juez a quo se ubica en la manera en que se formulara las posiciones para que la actora pudiera producir su confesional.- Habida cuenta de lo cual, bastará con poner en la palestra que en el pliego de posiciones presentado por la parte demandada excepcionante obrante a fs. 136, se propuso las siguientes: "A la primera:...que estuvo trabajando para la Sra. S. C. Vda de T...."; y, "A la quinta: si la Sra. S. C. la contrato personalmente..."(sic).-- Es sabido, toda vez que es norma escrita vigente, que cada posición importa, para el ponente, el reconocimiento del hecho al que refiere (Conf. arts. 411, 2do. párrafo del C.P.C.C., de aplic. al caso por vía del art. 45 de la ley 69).---------- Y tal consecuencia prevista por la norma de cita opera aún cuando el absolvente niegue la posición y con mayor razón cuando la admite. Para el ponente, reitero, constituye una afirmación confesoria debiendo ser apreciada de acuerdo con el alcance que fija el art. 423 del C.P.C.C. (de aplic. al caso por vía del art. 45 de la ley 69).-- Se ha dicho en el sentido expuesto que el art. 411, párrafo 2° del C.P.C.C., constituye un precepto imperativo del cual emerge la carga de poner posiciones de un modo coherente con la propia volición jurídica y de aceptar el efecto de lo afirmado en ellas, pero su asimilación con la confesión solo procede cuando se trata de la formulación de una posición cuyo significado no deje lugar a dudas. Y, en la especie, tengo para mi que no hay lugar a hesitación alguna, sobre todo por el modo en se formulara la posición quinta antes transcripta, que la misma es confesoria del hecho que afirma, cual es: que la demandada en autos, Sra. S. C., fue quien contrato a la actora en estos actuados.--------- Y ello descarta sin más, a mi juicio, la alegada falta de concurrencia del presupuesto de legitimación pasiva opuesta por la demandada toda vez que la postulación impugnaticia centrada en sostener que no se han tomado en cuenta los testimonios que se citan y evaluar desde una perspectiva subjetiva pero sin puntualizar en concreto y razonadamente en qué habría errado el judicante en su juicio, no provee de la indispensable materia de análisis con la cual éste tribunal de alzada pueda ejercer su facultad revisora.--------- En lo demás, en cuanto se persigue que se atienda a una valoración distinta y discrepante con la que realizara la sentenciante para motivar su veredicto, diré que ello no conforma el debido contenido crítico exigido por el Código del rito, en los términos exigidos por el art. 265 y 266 del C.P.C.C.--------- Es que no resulta suficiente para sustentar un recurso de apelación, el mero hecho de disentir con la interpretación dada por el juzgador, sin fundamentar la oposición o sin dar las bases jurídicas del distinto punto de vista, como igualmente manifestar la disconformidad con la decisión o considerarla equivocada o injusta (Conf. CNCiv., sala F, 31-8-87, L.L. 1989-A-380).---- En esta misma dirección cuadra subrayar que la función de la expresión de agravios es distinta de la del alegato de bien probado. La primera no está destinada a valorar la eficacia de la prueba incorporada sino a formular una crítica del razonamiento del juzgador. De tal manera, entonces, no se satisface adecuadamente la carga procesal en la que consiste formular técnicamente un agravio, con aquel escrito que ahonda en el análisis de las probanzas rendidas pero que no puntualiza equivocaciones en el razonamiento del juzgador.------- Por ello, corresponderá declarar desierto el recurso en tal porción. Así lo dejo propuesto al acuerdo (Conf. arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).---------- A).-; 4).- Derecho aplicable: Comparto "ab initio" con el Dr. Vergara, que planteado el específico cuestionamiento relativo al encuadre estatutario fijado por el juzgador, éste cuerpo revisor asume la plenitud de la jurisdicción en relación al tópico de suerte tal que, a partir de los hechos alegados por las partes y que conforman la materia del litigio, es viable que se ejerza la facultad de estimar el derecho de aplicación al caso en el marco del ejercicio del "iuria novit curia".-------- Es por ello que, independientemente del contenido argumental esgrimido en el agravio bajo análisis, teniendo como basamento determinante los hechos aportados por las partes y en consonancia con la prueba producida en autos, pasaré a evaluar cual es la norma de aplicación al supuesto.------- Principiaré por establecer que no puede ser confundido de modo alguno el servicio doméstico que se predica en demanda, a los efectos de encuadrar la relación en el estatuto especial de los trabajadores domésticos (Dcto. 326/56) con aquel que presta la cuidadora de un enfermo o con aquel que cumple una dama de compañía, figuras éstas en las cuales "prima facie" aparecen como más apropiadas para categorizar a las tareas que -se afirma- fueron comprometidas por la Sra. G. D. a la demandada.------ Ello así, toda vez que se afirmó en demanda que fue contratada para que, además de las tareas domésticas que describe y que afirmó haber realizado en el ámbito doméstico, principalmente cuidara de la Sra. R. A. Vda. de C., madre de la demandada, lo cual habría hechos hasta el momento en que acaeció su fallecimiento que se denuncia ocurrió el 28/12/2005.-- Esto es, estamos en presencia de la doble exigencia, espacial y funcional, que exige el art. 1° del estatuto del servicio doméstico para que el desempeño de tareas de tal naturaleza se sujeten a sus normas. Es que podría decirse que la norma citada privilegia el tipo de necesidades a satisfacer mediante el servicio, las que deben estar referidas a las propias del vivir y convivir bajo elementales condiciones de comodidad e higiene (en sentido amplio), pero acotándolas a la vez a que resulten del contexto hogareño. Sintetizando, ambas exigencias las tengo por ciertas, como ya lo dijera antes, por aplicación de los ya aludidos arts. 411 del C.P.C.C. y 45 de la ley 69.-- Empero es indispensable para habilitar el acceso a la esfera protectoria del Dcto. 326/56, además de las condiciones generales referidas precedentemente, que se verifique la afectación temporal requerida. Es que según el art. 1° de mentas no serán aplicables la normas del régimen especial aludido a quienes presten servicios "por tiempo inferior a un mes", "menos de cuatro horas por día" o que lo hagan "por menos de cuatro días a la semana para el mismo empleador". Dichos extremos, cuya concurrencia ha de requerirse acumulada y no alternativamente, constituyen de común la principal valla para la actuación del ámbito de protección pretendido en demanda y que fuera acogido favorablemente por el fallo apelado.---- Se ha dicho que el estatuto del servicio doméstico recepta la doctrina de la continuidad, conforme a la cual se ha entendido que no bastan las prestaciones de carácter eventual, esporádico o intermitente para alcanzar el tratamiento dispensado por ella. Discutible o no, el arbitrio legal parece fundarse en que por debajo de dichos umbrales de afectación temporal se evapora la idea de convivencia inherente a la institución, se debilita el aspecto personal del vínculo y su propia obligatoriedad recíproca y, en fin, se está ante una profesionalidad no exclusiva constitutiva de un mercado semejante al de las locaciones de servicios para clientes indefinidos (Conf. Ramírez Gronda, Juan D, "Régimien de los trabajadores del servicio doméstico" en Deveali, Mario (dir), "Tratado de Derecho del Trabajo", Ed. Fedye, año 1972, T. III, pág. 864).--- Es de tal manera que resulta indudable para mi, de la valoración global del plexo probatorio aportado por las partes y en particular teniendo en consideración el pliego de posiciones que fuera formulado por la parte demandada, la veracidad de los siguientes hechos, a saber: que la actora efectivamente desempeñó tareas en la casa de la Sra. R. A. vda. de C., que lo hizo a partir de mayo de 2005, que realizaba tareas de limpieza, de cocina y de atención personal de la Sra. R. A. C.. (ver: posiciones 2°; 3°; 4°; 8° del pliego obrante a fs. 136)(Conf. arts. 411 del C.P.C.C. y 45 de la ley 69).---- Ahora bien, lo dicho no alcanza de modo alguno para tener por satisfechos los requerimientos pre-indicados como contenido de la propiciada "continuidad" sistemática de los servicios domésticos que se hallan previstos por el estatuto para incluir o excluir a un trabajador que realice la prestación de tales servicios. Es que debe evaluarse que concurran también los presupuesto contemplados por el art. 1° "in fine"; y, a la inversa, que no se presenten los supuestos de exclusión previstos por el art. 2°, ambos del Dcto. Ley 326/56 y su reglamentación por Dcto. 7979/56.-------- Los testimonios prestados en autos en su evaluación global dan para concluir en que efectivamente la actora prestó tareas en el domicilio de la mencionada madre de la demandada en estos autos ya fallecida, pero de modo alguno aportan certezas sobre la asiduidad ni extensión horario con el que lo hacía. Repito, de la valoración de ellos no puede inferirse dato concreto alguno ni sobre el lapso horario con el que lo hiciera ni tampoco que prestara sus tareas por lo menos cuatro veces por semana.- En tren de ingresar a la verificación valorativa de los testimonios vertidos, desde un inicio descarto de plano que la Sra. A. Vda. de C. pudiera considerarse una enferma. Por caso, véase las respuestas dadas por los siguientes testigos: Sra. D. G. G. (ver: resp. a la 5ta. -fs. 143-). Debo hacer reparar que si bien este testimonio fue objeto de "tacha" por escrito obrante a fs. 153 y vta., con solo remitir a la lectura del mismo emana que tal impugnación es de sus dichos y no de su idoneidad subjetiva por lo que resulta la misma inaudible. Asimismo, en igual sentido han sido los dichos de la Sra. A. S. (ver: resp. a la 15° -fs. 149 vta.-); y, del Sr. L. O. P. (ver: resp. 6ta. y 15ta. -fs. 150-). Este último testigo torna, a mi ver, de particular importancia valorativa toda vez que manifestó desempeñarse como jardinero en el domicilio sito en X. que habitara la madre de la demandada y en el que denunciara la actora en autos haber prestado servicios domésticos. Igual trascendencia cabe otorgar a los dichos del Sr. M. T., quien era el enfermero que concurría a asistir a la Sra. A. Vda. de C., quien coincidentemente con los anteriores testigos ya citados ante la pregunta relativa a si la misma necesitaba ayuda de otra persona para realizar las tareas del hogar respondió que "...No, las veces que fui a tomar la presión, no."(sic)(ver: resp. a la 10ma. -fs. 158 vta.-).--------- No he considerado relevante evaluar mayormente las testimoniales prestadas por los testigos T. (fs. 141/142); V. (fs. 178 y vta.); y, R. (fs. 148 y vta.) toda vez que los mismos solo expresaron aquello que se les había contado. Es decir, se tratan de testigos de oídas. Preciso que entiendo por tal ha aquel declarante que refiere al hecho percibido a partir de la narración que oyó a otra persona y que declara de aquello que no percibiera por sí mismo sobre el hecho del que depone.---- En tal sentido se ha dicho con criterio que comparto que el testigo de oídas pierde su eficacia al no haber percibido el hecho directamente, pudiendo ser un elemento coadyuvante solo si, concurriendo con otros elementos probatorios corroborantes, alcanzan a revelarse con valor indiciario, lo cual como es de verse del mérito global de los elementos de prueba incorporados al proceso, en el caso no aconteció (Arts. 386 y 456 del C.P.C.C.)(Conf. CNCiv., Sala H, 24-5-91, J.A. 1991-I-sint.; id., SCJBA, 15-4-80, Rep. L.L. XL, J-Z, 1975, sum. 3; id. L.L., 1986-B-606, fallo 37.182-S).------ Es que, allende de su ancianidad y consiguientes achaques de la edad, como es de ver de lo apreciado precedentemente, una importante porción de los declarantes refirieron a la independencia y autonomía personal de la Sra. A. Vda. de C.. Es en tal sentido que me parece muy apropiada la distinción que se efectúa doctrinalmente entre el cuidado de un enfermo y el cuidado de un anciano. Ello por cuanto participo de la distinción consistente en que, básicamente, ni la ancianidad ni la infancia, pueden ser consideradas "enfermedad". Habida cuenta de lo cual, descarto que el presente caso sea de aquellos que pudieran insertarse en la puntual exclusión contemplada en el art. 2° del Dcto. 326/56.------ Por el contrario, de la apreciación de los testigos pre individualizados lo que no se ha podido constatar es la concurrencia de los extremos que ya he dicho que son acumulativos y que son los relativos a la extensión y asiduidad de la prestación. Es que, excluidos los testigos que he calificado "supra" como de "de oídas", ninguno de los demás testimonios depuestos en este proceso ha aportado corroboración a las afirmaciones de la actora en cuanto sostuvo en demanda que trabajaba desde las 21 horas y hasta las 13 del día siguiente y de lunes a lunes (Conf. arts. 386, 456 del C.P.C.C.; y 45 de la ley 69).------ Sobre el tópico, compartiré con el Dr. Vergara que no alcanza para alterar esta apreciación que vengo realizando con los dichos expuestos por la testigo C. B. (fs. 145/146), por cuanto si bien aporta datos que pudieran haber incidido en la presente causa, lo cierto es que al expresarse por la razón de sus dichos se limitó a señalar "por que lo vi" siendo ineficaz ello para explicar cómo habría adquirido conocimiento de los hechos sobre los que depusiera. Ello máxime cuando, por caso, indicó que trabajaba en la casa de la Sra. T. no explicándose cómo si ella cumplía trabajos domésticos en dicho domicilio luego se requiriera que a la noche la actora realizara las mismas tareas. Asimismo, no se explica cómo si la demandada se dedica a atender una farmacia como lo indicara en su respuesta 11ava., necesitando los cuidados que también aseguro que necesitaba la madre de la demandada quien vivía con ella (vide: resp. a la 12° y 13°). Por último, resulta cuanto menos sugestivo que asegurara que la actora no percibía ningún sueldo cuando, a la par, expusiera que cumplía un extenso horario de noche desempeñando tareas de limpieza y cuidados de la Sra. R. A. C... Esto es, en resumen, no proyectan mayor credibilidad sus dichos (Conf. arts. 386 y 456 del C.P.C.C., art. 45 de la ley 69).--------- Es por este camino argumental que propiciaré la admisión del presente agravio y, en consecuencia, propondré al acuerdo la revocación del fallo venido en apelación para rechazar la demanda interpuesta por la Sra. G. de D.. Así lo voto.---- B).-; 6).- Rechazo de las horas extraordinarias: La parte actora se alza en contra del fallo por la desestimación de la pretensión de pago de las horas suplementarias denunciadas por cumplidas en demanda.---------- Atento al modo en que se propicia concluir en el tratamiento de los agravios vertidos por la parte demandada, deviene evidente que el presente tornó en abstracto.------ Ello así, desde que excluido el supuesto bajo examen del ámbito de aplicación del Dcto. Ley 326/56, las prestaciones que pudiere haber realizado la actora deben ser atendidas según las consecuencias previstas por las normas del Derecho común dada la primaria exclusión contemplada en el art. 2 de la L.C.T..---------- En consecuencia, me eximiré de pronunciarme respecto al tópico. Así lo voto.-- III.- Conclusión:----- --- Por lo expuesto, corresponderá revocar la sentencia apelada para rechazar la demanda interpuesta por la Sra. A. G. D., con costas de ambas instancias a su cargo atento al vencimiento que por el presente resolutorio presenta en las mismas (Conf. arts. 59 de la ley 69 y 279 del C.P.C.C.).--------- Igualmente por la última norma citada procederá adecuar también a este nuevo pronunciamiento la regulación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en el anterior grado. A tal efectos apreciando la extensión, calidad y eficacia de los trabajos cumplidos en primera instancia por los Dres. P. O. A. - , letrado apoderado de la actora; y, los de los Dres. G. R. N. y N. F. P., letrados patrocinantes de la parte demandada, en forma conjunta, por la primera etapa del proceso; y, a la Dra. S. V. B., también letrada patrocinante de la parte demandada a partir de fs. 64 y por la segunda parte, en las correspondientes alícuotas, a saber: a la suma equivalente al 15,4%; al 7% y 7% respectivamente. En todos los casos, sobre el monto pretendido en demanda, esto es incluidos los accesorios indicados por el magistrado sufragante en primer término hasta la fecha de éste pronunciamiento, con más el I.V.A. pertinente (conf., mi voto en: S.D.C., sala B, N° 01/2002; CANE)(Conf. arts. 6, 7, 9, 10, 33, 37, 39, 47 de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).- En aplicación de idénticas pautas apreciativas y en atención a lo previsto por el art. 14 de la ley del arancel, estimo adecuado fijar los emolumentos de los Dres. P. O. A. - y S. B. V. B., por sus tareas de segunda instancias, en las sumas respectivas equivalentes al 3,85% y al 4,9% del aludido monto pretendido en demanda, con más el I.V.A. pertinente.----- Finalizo el tratamiento de la presente cuestión, pues, pronunciándome en ella por la NEGATIVA.----- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) revocar la sentencia venida en apelación para rechazar la demanda instaurada por A. G. D. contra S. C.; b) imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida; c) fijar, por adecuación al presente decisorio, los honorarios del Dr. P. O. A., de los Dres. G. R. N. y N. F. P., en forma conjunta, y de la Dra. S. V. B., por sus tareas de primera instancia, en las sumas porcentuales equivalentes al 15,4%, 7%, y 7%, respectivamente, del monto reclamado con más sus intereses a computarse hasta la fecha del presente pronunciamiento y de acuerdo a la tasa que utiliza el B. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales; d) regular los emolumentos de los Dres. P. O. A. y S. B. V. B., por los trabajos cumplidos en segunda instancia, en las sumas equivalentes al 3,85% y 4,9%, respectivamente, del ya referido monto del proceso; y e) declarar que los honorarios antedichos deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.	Así lo voto.	--- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:------	El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, por resultar el mismo fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado. ASI LO VOTO.------ --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal haberse logrado la mayoría (art. 9 ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar: --------- S E N T E N C I A: --------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:------- --- REVOCAR la sentencia venida en apelación para rechazar la demanda instaurada por A. G. D. contra S. C..----- IMPONER las costas de ambas instancias a la parte actora vencida.--- FIJAR, POR ADECUACION al presente decisorio, los honorarios del Dr. P. O. A., de los Dres. G. R. N. y N. F. P., en forma conjunta, y de la Dra. S. V. B., por sus tareas de primera instancia, en las sumas porcentuales equivalentes al 15,4%, 7%, y 7%, respectivamente, del monto reclamado con más sus intereses a computarse hasta la fecha del presente pronunciamiento y de acuerdo a la tasa que utiliza el B. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales.---------- REGULAR los emolumentos de los Dres. P. O. A. y S. B. V. B., por los trabajos cumplidos en segunda instancia, en las sumas equivalentes al 3,85% y 4,9%, respectivamente, del ya referido monto del proceso.--------- DECLARAR que los honorarios antedichos deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-------- --- REGISTRADA BAJO EL N°_________DEL AÑO 2009 - SDL - CONSTE.-- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA