Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-05


//n la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de febrero del año dos mil trece, reunidos los integrantes de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por la doctora Liliana E. Catucci como presidente, y los doctores Eduardo R. Riggi y Mariano H. Borinsky como vocales, asistidos por el Prosecretario de Cámara, doctor Walter Daniel Magnone, con el objeto de dictar sentencia en la causa nro. 15.866 del registro de esta Sala, caratulada: "Fernández Balcarce, Sara s/recurso de casación". Representando al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé, y a la defensa de Sara Fernández Balcarce, la Defensora Pública Oficial Ad Hoc, doctora Mariana Grasso. Habiéndose efectuado el sorteo para que los jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: Borinsky, Riggi y Catucci.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

PRIMERO:

I) Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto a fs. 450/460, por la Defensora Pública Oficial de la anterior instancia, doctora Irma Rosa Iglesias contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 9, de esta ciudad, en el que falló: I) Imponer a Sara Fernández Balcarce la pena de un año de prisión, en virtud de la condena aplicada por el Tribunal Oral en lo Criminal nº6 en la presente causa, por ser autora penalmente responsable del delito de estafa (arts. 27, 40, 41, 45, y 172 del Código penal y 403 y 531 del C.P.P.N.). II) Imponer a Sara Fernández Balcarce la pena única de un año y dos meses de prisión, comprensiva de la impuesta en el punto I; y de la pena de once meses de prisión de ejecución condicional, impuesta el 28 de abril de 2003, en la causa nro. 1183 del Tribunal Oral en lo Criminal nº 26, como autora penalmente responsable del delito de defraudación por retención indebida en concurso real con el delito de estelionato, cuya condicionalidad se revoca, debiendo estar a las costas discernidas en cada proceso (arts. 29, inc. 3º, 55 y 58 CP).

II. El tribunal de mérito concedió el recurso a fs. 465/466/vta., y la defensa lo mantuvo a fs. 473.

III. La recurrente sustentó la procedencia de la vía recursiva con invocación en la causal establecida en el inc. 1º del art. 456 del C.P.P.N.. En tal sentido sostuvo que la pena impuesta carece de fundamentación en lo que hace a las pautas objetivas como a las subjetivas, siendo que los jueces se limitaron a realizar una genérica enumeración de diversas circunstancias.

Sostuvo que teniendo en cuenta la escala penal establecida para el delito que se le atribuyó a su asistida, era viable la imposición de una pena de seis meses de prisión, que podría haber sido sustituida por tareas comunitarias -art. 50 de la ley 24.660 en función del artículo 35, inc. "f" del mismo cuerpo normativo-).

Indicó que la circunstancia de que el Tribunal Oral en lo Criminal 26 le haya aplicado una pena de 11 meses de prisión, no significaba un obstáculo para que los jueces al momento de imponer pena total, impongan una inferior.

Por otra parte, refirió que en el fallo se observa que el a quo no efectuó una correcta ponderación de las circunstancias atenuantes contempladas en los arts. 40 y 41 del C.P.

En definitiva, peticionó que se atienda su planteo, y por consiguiente se le imponga, a su asistida, una pena nueva, o bien, que se acuda al procedimiento de reenvío establecido en el art. 471 del C.P.P.N..

Finalmente, hizo reserva del caso federal.

IV. En la etapa procesal prevista en el art. 465, y en la oportunidad del art. 466 C.P.P.N., la doctora Mariana Grasso brindó las razones por las que considera que corresponde hacer lugar al recurso de casación.

V. A fs. 481 se dejó constancia de haberse superado la etapa prevista en el artículo 468 del C.P.P.N..

SEGUNDO:

Liminarmente, corresponde recordar que el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 6, condenó a Sara Fernández Balcarce a la pena de un año y seis meses de prisión y costas, por considerarla autora penalmente responsable del delito de estafa (arts. 29, inc. 3º, 45 y 172 del Código Penal y 403, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Asimismo, se resolvió UNIFICAR esa pena con la de once meses de prisión en suspenso -cuya condicionalidad revocó-, que le había sido impuesta el 28 de abril de 2003 por el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 26 de esta ciudad en la causa nº 1183, y en definitiva condenó a Sara Fernández Balcarce a la pena única de dos años de prisión (art. 27 y 58 del C.P.).

Contra la referida sentencia la defensa interpuso el remedio casatotio, interviniendo esta Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, la que anuló parcialmente la sentencia recurrida, sólo en lo concerniente a la pena impuesta y dispuso la intervención de otro tribunal para que realice la nueva determinación de la pena.

Finalmente, las actuaciones quedaron radicadas en el Tribunal en lo Criminal nro. 9, que le impuso a Sara Fernández Balcarce la pena de un año de prisión, la condenó a la pena única de un año y dos meses, y le revocó la condicionalidad.

El recurso deducido por la defensa contra esa resolución provoca la intervención de esta Sala.

TERCERO:

1) La defensa de Sara Fernández Balcarce adujo arbitrariedad por falta de fundamentación del quantum de la pena. Por ello, es necesario examinar si la sentencia traída a revisión constituye un acto jurisdiccional válido derivado del análisis lógico y razonado de las constancias allegadas al sumario en observancia al principio de la sana crítica racional (art. 398 del CPPN) o, por el contrario, si representa una conclusión desprovista de fundamentación o con motivación insuficiente o contradictoria (art. 404, inc. 2, del CPPN), tal como afirma la recurrente.

Al respecto cabe recordar que, según los principios constitucionales que rigen la materia y las pautas mensurativas establecidas en los arts. 40 y 41 del CP, no se pueden definir dogmáticamente de modo de llegar a un criterio totalmente objetivo y casi mecánico, sino que tal ponderación debe ser realizada en base a variables que no pueden ser matemáticamente tabuladas ".desde que nos hallamos ante un derecho penal de acto, que incluye un juicio de reprobación jurídica, sin contar con que el fondo de la tarea judicial, al menos en su modelo ideal, impone al juez el dificilísimo esfuerzo humano, que en modo alguno puede ser suplido por una cuantificación determinada" (cfr. Eugenio R. Zaffaroni, "Tratado de Derecho penal", Ediar, Buenos Aires, T. V, pág. 271).

Sentado ello, de la lectura de la resolución cuestionada, se observa que los sentenciantes para fijar la pena de un año de prisión le otorgaron relevancia a "la extensión del perjuicio producido imputable de modo objetivo al fraude, y también, que no se hubieron demostrado especiales necesidades de subsistencia que pudiesen explicar una capacidad debilitada de adecuación a la prohibición, o en otros términos, una resistencia disminuida al impulso delictivo".

En ese aspecto, el tribunal agregó que del informe socio ambiental se desprendía que Sara Fernández Balcarce contaba con recursos económicos suficientes para afrontar las necesidades básicas, ya que se desempeñaba como gerente de una sociedad agrícola-ganadera.

En ese mismo recorrido los jueces también consideraron que la capacidad de la nombrada se encontraba dentro de la normalidad para comprender la criminalidad del acto.

Así, resulta dable advertir que en la sentencia criticada se valoraron adecuadamente las circunstancias atenuantes y agravantes tenidas en cuenta para fijar la sanción, motivo por el cual considero que los jueces han valorado suficientemente las específicas pautas de dosimetría estipuladas en los arts. 40 y 41 del CP. Ello, toda vez que los sentenciantes identificaron ".cuáles son los criterios decisivos para agravar o atenuar las penas según el grupo de delitos de que se trate y su forma concreta de comisión" (cfr. Patricia S. Ziffer "Lineamientos de la determinación de la pena", Ad-Hoc, Bs. As. 2005, 1° reimpresión, 2° edición inalterada, pág.131).

Al respecto, cabe recordar que "ilícito y culpabilidad son conceptos graduables, y el paso decisivo de la determinación de la pena es definir su gravedad. Para esto es imprescindible recurrir a las circunstancias que fundamentan la punibilidad y establecer su grado" (cfr. Patricia S. Ziffer, op. cit., pág.107). Por consiguiente, no resulta improcedente que los sentenciantes valoren -como lo hicieron en el decisorio atacado- cuestiones que exceden a las que son inherentes a los tipos penales en juego, y se vinculan directamente con las características de los hechos particulares que son materia de juzgamiento. Categoría en la que se encuentran comprendidas pautas tales como las circunstancias en las que se cometieron los hechos, la extensión del daño ocasionado, las razones que llevaron a delinquir, los cuales configuran elementos de juicio que pueden ser tomados en cuenta para definir el quantum de la pena que correspondía imponerle a la causante.

Así, a partir de la escala punitiva aplicable al ilícito que se le endilga a Sara Fernández Balcarce y los parámetros de los arts. 40 y 41 del C.P., encuentro ajustado a derecho y a las constancias de la causa -definitorias del grado de culpabilidad de la imputada por el hecho concreto- la condena de un año de prisión, que el a quo le impuso por ser autora penalmente responsable del delito de estafa (arts. 27, 40, 41, 45 y 172 del Código Penal).

2) A la misma conclusión cabe arribar respecto a la pena única de un año y dos meses de prisión que se le impuso a Sara Fernández Balcarce, comprensiva de la referida anteriormente y de la pena de once meses de prisión de ejecución condicional, impuesta el 28 de abril de 2003, en la causa nº 1183 del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 26 de esta ciudad, como autora del delito de defraudación por retención indebida en concurso real con el delito de estelionato.

Ello así, pues para así decidir, el tribunal tuvo una valoración negativa del hecho de que ambos sucesos delictivos hayan constituido defraudaciones en los términos de los arts. 172 y 173, inc. 2º del Código Penal.

Además ponderó que las conductas fraudulentas trajeron aparejado "un perjuicio de cierta consideración" para las víctimas.

El fallo también tuvo en cuenta el grado de preparación de los hechos, el similar mudus operandi, que "indican una cierta especificidad que permite descartar la existencia de menores necesidades preventivas".

Finalmente, el a quo consideró necesario imponerle una pena sensiblemente inferior a la que le hubiera correspondido en caso de aplicarse el método aritmético, con el objeto de permitirle que acceda a la libertad en el tiempo más próximo posible.

Así, no se advierte arbitrariedad en torno a las pautas utilizadas por el a quo a la hora de fijar el monto de la pena única, en tanto se desprenden del modo en que Sara Fernández se organizó para realizar las conductas delictivas, los daños que le trajeron aparejados a las víctimas, y de la innecesariedad de aplicar en el caso concreto el método aritmético.

Consecuentemente, la resolución recurrida cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre otros).

En razón de lo expuesto propicio al Acuerdo rechazar el recurso de casación deducido por la defensa de Sara Fernández Balcarce, con costas (arts. 471 "a contrario sensu", 530 y 531 del C.P.P.N.).

Tal es mi voto.

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

Por compartir los fundamentos, adherimos a la propuesta formulada por el distinguido colega preopinante, y en consecuencia, emitimos nuestro voto en idéntico sentido.

La señora juez doctora Liliana E. Catucci dijo:

Esta Cámara ha declarado que lo relativo a la aplicación de las reglas de los arts. 40 y 41 del C.P. es materia propia de los jueces de mérito, quienes a ese respecto ejercen poderes discrecionales (Sala I, "Chociananowicz, Víctor M. S/ recurso de casación", causa n° 73, reg. N° 99, rta. el 15 de diciembre de 1993), en la causa "Silva, Gerardo s/ recurso de casación", reg. N° 463, rta. el 4 de mayo de 1995, admitió una excepción al principio general en aquellos casos en los que se ha incurrido en una arbitrariedad manifiestamente violatoria de la garantía de la defensa en juicio.

Controlada la fundamentación de la pena recurrida, se advierte tal como surge del voto que lidera la votación que se ha efectuado un examen pormenorizado de las circunstancias agravantes y atenuantes que operan en la elección del monto sancionatorio, con ajuste a las pautas que impone considerar el art. 41 del Código Penal.

También se hizo mérito de las condiciones personales de la encartada.

El juego de atenuantes y agravantes evaluados en su conjunto muestra que se lo ha escogido razonadamente y que de ningún modo es excesivo, por lo que la pena única de prisión impuesta a la justiciable por el tribunal de mérito no resulta cuestionable.

En tales condiciones, adhiero a la conclusión del voto del doctor Borinsky.

Tal es mi voto.

Por ello, en mérito al resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal, RESUELVE:

RECHAZAR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la defensa de Sara Fernández Balcarce, con costas (arts. 471 "a contrario sensu", 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones al Tribunal de origen sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

Fdo: Dres. Eduardo R. Riggi - Liliana E. Catucci - Mariano H. Borinsky. Ante mi: Walter Daniel Magnone. Prosecretario de Cámara.