Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27


SENTENCIA DEFINITIVA N° 63900 SALA VI Expediente Nro.: 43.636/10 (Juzg. N°60) AUTOS: "REARTES ADRIAN JOSE C/ ABREA Y VAZQUEZ S.R.L. S/ JUICIO SUMARISIMO" Buenos Aires, 27 de ABRIL de 2012.

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda, apela la parte demandada tenor de su memorial de fs. 255 y fs. 280/285 que recibió réplica de su contraria a fs. 291/293.

A su vez, la representación letrada de la parte actora apela los honorarios que le fueron regulados, por considerarlos reducidos (conf. fs. 254).

La parte demandada se agravia porque en la instancia previa se declaró la nulidad del despido en el entendimiento de que el mismo resultó discriminatorio.

Considero que el agravio no puede tener favorable andamiento.

El actor fue despedido mediante misiva del 25.08.10 aduciendo como causal "reorganización operativa" y diversos incumplimientos laborales. Inicia esta acción con fundamento en que el despido resulta discriminatorio en los términos de la ley 23.592 ya que manifiesta haber sido delegado de SMATA durante el período que comprendido entre el 27.03.08 y el 27.03.10 y que al momento de la extinción se encontraba en el período de reserva del puesto contemplado en el art. 48 de la ley 23.551.

La parte demandada funda su apelación en la prueba informativa remitida a SMATA y sostiene que de lo respondido por ella se desprende que el actor no se desempeñó como delegado.

Cabe señalar que si bien la parte demandada en su contestación de demanda negó de manera genérica que el actor haya sido delegado gremial, de la misiva remitida al actor con fecha 9.09.10 (acompañada por ella a fs. 29) reconoce tal calidad, sólo que sostiene que su mandato se había extinguido hacía largo tiempo.

Por otra parte, de las declaraciones de los testigos propuestos por la parte actora Mollo (fs. 112/115), Lanza (fs. 132/135), Trujillo (fs. 136/137), Yubatti (fs. 150/152) y Bergamo (fs. 153/154) se desprende que el actor se desempeñó como delegado gremial en el período aludido anteriormente y no sólo ello sino que también luego del mismo siguió luchando activamente por los derechos de los trabajadores de la empresa, y ello también resulta de la misiva del 12.07.10 en la que el actor solicita a SMATA la convocatoria a elecciones, atento que los mandatos de los delegados de personal se encontraban vencidos (conf. fs. 31).

Por todo ello, siendo que el despido del actor fue durante el plazo de reserva del puesto dispuesto en el art. 48 de la ley 23.551 cabe confirmar lo decidido en cuanto a su nulidad.

En segundo lugar, la parte demandada se agravia porque se la condenó al pago de los salarios caídos desde el 25.08.10 hasta el momento de la sentencia y en este aspecto sostiene que la condena debió abarcar desde el despido y hasta el 4.03.11, fecha en que -según lo ordenado por este Tribunal a fs. 84/85 del incidente que corre por cuerda Nro. 46.203/10- lo reinstaló.

Considero que en este aspecto le asiste razón, sobre todo siendo que el actor en su contestación de agravios da cuenta de que fue reinstalado y que cobró los salarios en cuestión, por lo que decidir lo contrario implicaría un enriquecimiento sin causa.

Por ello, corresponde que prosperen los salarios caídos del actor desde el 25.08.10 hasta el 4.03.11 (o sea seis meses y siete días, teniendo en cuenta para su cálculo la remuneración establecida en grado de $4.144,98, que se encuentra firme) suma que asciende a $25.837,04.

Asimismo se agravia por el monto a que ascendió el daño moral solicitado.

En este aspecto considero que corresponde confirmar lo decidido en la instancia de grado, ya que dicha suma resulta equitativa, porque repara adecuadamente los padecimientos del actor.

Considero que los honorarios regulados a la perito contadora resultan adecuados, por lo que propongo su confirmatoria (conf. dec- ley 16.638/57).

Las costas de Alzada serán a cargo de la parte demandada, quien resultó vencida en lo sustancial (conf. art. 68, C.P.C.C.) a cuyo efecto se regulan los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada en el 25% de lo que les corresponde percibir por su actuación en primera instancia (conf. art. 14, ley 21.839).

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que, adhiere al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar el monto total de condena, el que ascenderá a la suma de $75.837,04; con más los intereses decididos en grado. 2) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo restante que decide. 3) Imponer las costas de Alzada a cargo de la parte demandada. 4) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada en el 25% de lo que les corresponde percibir por su actuación en primera instancia.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA	GRACIELA L. CRAIG	JUEZ DE CAMARA