Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-06-03


AUTOS N° 86.626 (4° Juzgado Civil) (N° 10429-SALA III) "CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS C/ Perez Hugo Roberto y Otra -Cobro de Pesos".

///Juan, a 03 días de Mayo de dos mil once.

VISTO: Para resolver el recurso de apelación concedido a fs.72 al demandado, contra la resolución de fecha 13 de abril de 2010, obrante a fs. 64/65.

CONSIDERANDO: El Sr. Juez a-quo resolvió: "I) Hacer lugar al planteo de caducidad de instancia en la presente causa; II) Imponer las costas del presente incidente a la actora vencida y del proceso principal por el orden causado, regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en la forma expuesta en los considerandos precedentes".

Contra el punto II de esta sentencia se alza el demandado a fs.68,el recurso se le concede a fs. 72. Expresa agravios a fs.78/80, los que han sido respondidos a fs.85/87.El apelante formula reservas para interponer los recursos de la Ley 2275 y el Caso Federal de la Ley 48.

También había apelado la parte actora a fs. 66, el recurso se le concedió a fs. 67. A fs. 75 desiste del mismo y se lo tiene por tal a fs. 76.

La resolución apelada tiene su origen en el pedido de caducidad de la instancia articulado por el demandado a fs. 52, por haberse cumplido el plazo establecido en el art. 294, inc.1° del C.P.C. (ley 3738).

El punto II de la resolución apelada le causa, al demandado, los siguientes agravios:

Primero: El a-quo condena en costas, conforme a las disposiciones del nuevo Código procesal (ley 8037), cuando venía aplicando en la sentencia las normas del Código anterior (ley 3738).

Ello demuestra una interpretación inadecuada de lo dispuesto por el art. 793 de la ley N° 8037, norma que en su análisis correcto, lleva a la aplicación del art. 74 del anterior Código de forma, para determinar las costas del proceso.

Segundo: El sentenciante impuso, en el proceso principal, las costas en el orden causado, desconociendo lo ordenado por el art.74 del C.P.C. anterior, lo que lo perjudica patrimonialmente.

Al haber sido demandado en la causa, la actora lo obligó a intervenir profesionalmente, descuidando otros procesos, en defensa de sus intereses. La accionante, al dejar de vencer los plazos de la instancia y al desistir de la apelación, reconoce indirectamente la veracidad de las defensas opuestas. Por lo demás, ante la finalización anormal del proceso debió ser condenada en costas, por aplicación de la norma precitada, vigente en ese momento.

Tercero: El a-quo al regular sus honorarios determina, que en el principal le corresponde el 10% del monto demandado y en el incidente de caducidad el 2%, alejándose de las disposiciones de la ley N° 2150 (arts. 189 y 215).

En el proceso principal, no se han discriminado las actividades cumplidas en cuanto a la defensa opuesta.

Además de la contestación de la demanda interpuso, la excepción de prescripción y la inconstitucionalidad de una norma provincial (ley 6352).

En cuanto a la regulación en el incidente de caducidad de instancia, valen los mismos argumentos que se han expuesto anteriormente, dado que se señala un porcentaje de acuerdo a la regulación en el proceso principal, por lo tanto debe ser modificado el fallo en cuanto a esta regulación.

Como ya lo indicáramos, formula reservas de la cuestión constitucional nacional y provincial.

En respuesta a los agravios propuestos diremos: Primero: Sobre la interpretación de las leyes, debe considerarse la regla según la cual, debe primar la apreciación literal del texto y considerarse la intención del legislador.

La C.S.J.N. ha dicho que: "Su examen no se pude llevar a cabo sino "en el ámbito de las previsiones en ellas contenidas y en modo alguno sobre la base de los resultados obtenidos en su aplicación, pues ello importaría valorarlas en mérito a factores extraños" (Fallos 315-142; 212-64).

Es decir, que la norma primera de interpretación es la de atenerse a sus propias disposiciones, en todo cuanto se halle fundamentalmente contemplado por ella.

Asimismo, este Tribunal ha resuelto que:

"Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la función judicial interpretar las mismas indagando lo que ellas dicen jurídicamente. Para ello resulta indispensable recurrir a las demás normas que integran el ordenamiento jurídico, lo que no puede ser obviado por los magistrados con motivo de sus posibles imperfecciones técnicas, desde que no cabe prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma (Prot.de Sent.T°I-F°155/158-04).

Orgaz ha expresado que: "La interpretación literal sólo cabe en los textos simples y a la vez precisos, en los que los vocablos y giros están inobjetablemente usados y las situaciones hipotéticas son diáfanas ("Introducción al Derecho", pág.110).

El Código Civil, en su art.1º sienta el principio fundamental de la autoridad de la Ley, ésta es obligatoria, debe cumplirse.

Una vez publicada la norma entra en vigencia (art. 2º), dejando sin efecto a toda ley anterior sobre la misma materia, en lo que se contradice.

Conforme lo preceptuado por el Código citado, las leyes a partir de su entrada en vigencia deben aplicarse con la máxima extensión. No sólo a los hechos y relaciones futuras sino también, a los nacidos al amparo de la ley anterior y que se encuentren en plena vigencia al dictarse la nueva ley (art. 3º).

Al respecto este Tribunal ha resuelto que: "En el sistema actual del Código Civil el efecto inmediato de la nuevas leyes surge del art. 3º, aclarándose en el siguiente que se aplicarán "aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes" (Prto. de Autos:T° I-F°16/18-04).

Belluscio, sobre las relaciones existentes en el momento del cambio legislativo, sostiene que: "El sistema de efecto inmediato consiste en que la ley nueva toma la relación o situación jurídica en el estado en que se encontraba al tiempo de ser sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos, en tanto que los cumplidos se los considera regidos por la ley vigente al tiempo que se desarrollaron (Código Civil Comentado, Tº I, pág. 20/ 21).

Principios que se han de considerar para la interpretación de las normas procesales en cuestión.

El art. 793 (ley 8037), que trata de la vigencia temporal del nuevo Código procesal en su párrafo 2°, clara y expresamente establece que éste se aplicará a los juicios pendientes, salvo a los trámites, diligencias o plazos que hubieran tenido principio de ejecución o comenzado su trámite. A estos últimos, se les aplicarán las normas del Código procesal anterior (ley 3738).

Lo contrario implicaría retroactividad. Esto es si se aplicara a los efectos de situaciones o actuaciones en curso de desarrollo, prohibida por la legislación de fondo indicada precedentemente.

Al respecto Lino Palacio señaló que: "El límite a la aplicación inmediata esta dado por los actor procesales ya cumplidos y que han quedado firmes al amparo de la legislación anterior, pues allí entra a juzgar principios tales como el derecho de preclusión o bien el de cosa juzgada" (Derecho Procesal- T°I, pág.50).

El incidente de caducidad de instancia, que ha dado lugar al dictado de la resolución recurrida, fue interpuesto el 24/11/09 (fs.52), tramitado y resuelto según las disposiciones del Código procesal anterior.

En razón de que las costas del juicio son accesorias de la pretensión principal, se deben aplicar las disposiciones legales por las cuales se ha resuelto la cuestión debatida, o sea, las normas pertinentes contenidas en la ley N° 3738.

Segundo: En el nuevo Código procesal, la perención de instancia admitida las actuaciones cumplidas en el proceso principal, genera costas por el orden causado (art. 72), mientras que en el incidente, es de aplicación el principio general: "las partes vencidas deben pagar todos los gastos de la contraria" (arts.72, 67 y 66).

En el Código anterior, la imposición de costas, tanto del principal como del incidente, se rige por el principio general (arts. 74 y 75).

Este Tribunal ha dicho que:

"Imponer las costas al actor que deja caducar el proceso tiene por objeto no sólo impedir el ejercicio indiscriminado del derecho de acudir a la justicia, sino también evitar el injusto perjuicio económico que al demandado le causa aquella actuación (Prot. de Autos:T°II-F° 211/216-05).

Por los fundamentos expuestos, en este caso, tanto en el proceso principal como en el incidente de caducidad corresponde la aplicación del principio general contenido en el art.74 de la ley 3738, extensivo para los incidentes (art.75).

En consecuencia se deben admitir los agravios del apelante referidos a la legislación aplicable y por ende a la aplicación de costas al actor.

Tercero: En cuanto a los honorarios fijados en forma proporcional y objeto del recurso de la demandada; el Sr. Juez a-quo en los considerandos a los que remite en la parte resolutiva expresa: "regulando los honorarios del Dr. Hugo Roberto Pérez -en carácter demandado ganancioso- por el presente incidente en un 2 % y por el proceso principal en un 10 % de la liquidación que deberá presentar en los términos del art. 800, inc. 10º de la ley 8037 y del Dr. Néstor Adrián Suárez -como apoderado de la actora perdidosa- por el presente incidente en un 1,2 % y por el proceso principal en un 6 % de la liquidación que deberá presentar en los términos precedentemente expuestos." En cuanto a la proporción fijada por el aquo para la regulación de los honorarios a determinar, se advierte que en el fallo no se han discriminado las tareas cumplidas en el juicio principal, ni las normas de aplicación.

Sobre las normas de aplicación la Excma. Corte de Justicia de la Provincia ha dispuesto que: "En los casos en que una causa termina por perención de instancia no puede tener los mismos efectos que la sentencia definitiva, a los fines de la regulación de honorarios de los letrados, ya que no hay parte ganadora y parte perdedora, siendo entonces de aplicación el art. 191 inc. b) de la ley 2150 (J.S.J. - año l970.

Fº 66/69 fallo obligatorio, en virtud Ley 2275).

(PROT. DE AUTOS Tº II Fº 259/262 AÑO 2003).(Prot. de Autos Tº IV Fº 751/752 Año 2006 ).

Es decir que: "Resultan de aplicación los arts. 185, 189, 194, 215 y 216, en función del art. 191 inc. b ley 2150, por cuanto el juicio ha finalizado por caducidad de instancia.(PROT. DE AUTOS T° II F° 360 AÑO 2010 ).

(PROT. DE AUTOS Tº II Fº 208/209 AÑO 2004).

Además de las disposiciones contenidas en los arts. 13,14 y 15 de la Ley 24.432, a las que adhirió la provincia por la Ley 7.674 y que rige desde el 12 de enero del año 2006.

Respecto a la base regulatoria en los juicios que terminan por caducidad de la instancia tenemos dicho que: "En los procesos en que se ha pretendido el cobro de una suma dineraria, la cuantía del asunto que motivó el pleito resultará a los fines de la regulación de honorarios, de la liquidación que se practique del capital e intereses.

Es decir, que la base regulatoria comprende el capital y los intereses (Prot. de Autos: T° I-F° 168/172-2008; T° I-F° 59/60-2006; T° III F° 563/573-2005; entre varios); en igual sentido se han pronunciado, la Excma. Corte de Justicia (P.R.E.1982-II-275) y las otras Salas de esta Cámara de Apelaciones."(PROT. DE AUTOS T° II F° 307/313 AÑO 2010).

En el juicio principal se cumplió una etapa: Demanda y contestación, en la que el demandado opuso excepción de prescripción e inconstitucionalidad de la ley 6352; cuestiones cuyo tratamiento se difirió para el momento de citar sentencia. No se rindió prueba, por lo que es de aplicación el art.194 inc.a). De acuerdo a lo dispuesto por la norma legal precitada y los arts. 185 y 189 ibid. el porcentaje fijado 10% es decir un tercio del máximo de dicha escala, por lo que debe ser confirmado.

Dicho porcentaje, apelado sólo por bajo, debe aplicarse sobre la liquidación a practicarse según lo dispuesto por el art.191 inc.c) ibidem.

En cuanto al incidente de caducidad de instancia son de aplicación las disposiciones de los arts. 185, 187, 189,215 y 216 de la ley citada. Corresponde tomar la misma base, es decir el 50% de la suma reclamada en la demanda más los intereses. A dicha suma se le aplicará el 21% (art.189) y a su resultado el 20% (arts. 215 y 216), que importa el 4,2% del total de la liquidación.

Se admite así parcialmente el recurso en cuanto a los honorarios calculados.

En consecuencia, las costas también en el principal, como en el incidente de caducidad de instancia, se imponen a la actora vencida (arts. 74 y 75 del C.P.C.). Las de la alzada, atento el resultado del recurso también son a cargo de la parte actora.

Por todo ello, normas legales, doctrina y jurisprudencia citada;

SE RESUELVE:

Admitir parcialmente el recurso de apelación concedido a fs. 72 al demandado, contra la resolución de fecha 13 de abril de 2010, obrante a fs. 64/65. Revocar el punto II ) de la misma.

En su lugar: "Imponer las costas del proceso principal y del incidente de caducidad de instancia a la actora vencida. Confirmar el porcentaje del 10 % en el juicio principal y fijar el 4,2% en el incidente, a favor del Dr. Hugo Roberto Pérez, de la liquidación a practicarse según las pautas dadas en los considerandos precedentes. Las costas de la alzada se imponen a la actora vencida y se fijan en el 30% de las que resulten en primera instancia (art. 196 de la ley 2150).

Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.

FDO:DR. HUMBERTO CABALLERO, DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA Y MOISES MOYA.

ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI- SECRETARIA- PROT. DE SENT. T° II-F° 213/217 -2011- 10429