Intereses, RIPTE, incapacidad laboral, indemnización
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Bogado, Amalio Rafael c/ Provincia ART. S.A.  s/ accidente -ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-14

El decreto N° 669/2019 modificó el régimen de intereses dispuesto en el art. 12 de la ley 24.557 y estableció la aplicación de la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en la que deba ponerse la indemnización a disposición de la parte acreedora, por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación. En la fecha del dictado del decreto de mención, la aplicación de sus disposiciones morigeraba el monto de las prestaciones, en tanto que la tasa de interés dispuesta según la redacción originaria del art. 11 de la ley 27.348 superaba la variación de los salarios. Sin embargo, ello no ocurre en la actualidad -y en la generalidad de los casos-puesto que la aplicación del índice RIPTE arroja resultados notablemente superiores. En el caso la aplicación del decreto N° 669/2019 resulta más favorable al trabajador, de modo que en el caso corresponde decidir que se apliquen sus disposiciones, en tanto que también se advierte que, frente a los ajustes y variaciones económicas y financieras que surgen de los datos del INDEC, la tasa prevista en la ley 27.348, en el particular caso, no compensa en forma suficiente la variación de los precios internos y la privación del capital que sufrió el damnificado desde el origen de la deuda, en tanto que ni siquiera absorbe la pérdida del valor de la moneda, circunstancia que obliga a acudir a los remedios que brinda el ordenamiento vigente a fin de resarcir al acreedor laboral de los daños derivados de la mora así como también para mantener en lo posible el valor de la indemnización frente al deterioro del signo monetario provocado por la grave inflación que aqueja la economía del país. Y si bien podría sostenerse, válidamente, que el DNU 669/19 no podría superar el test de constitucionalidad enfocado en la concurrencia de razones de necesidad y urgencia que justificaran la imposibilidad de alcanzar los resultados perseguidos por intermedio del ejercicio de la función legislativa del Congreso de la Nación y en tanto que no se adviertan configurados los presupuestos referidos a la imposibilidad de seguir el trámite ordinario en forma inmediata, lo cierto es que el art. 11 de la ley 24.557, en su inciso 3°, delega en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de mejorar las prestaciones dinerarias razón por la cual la referida norma tiene validez como decreto delegado en la media que mejora las prestaciones reconocidas en la ley. El art. 3° del decreto 669/2019 establece que "Las modificaciones dispuestas en la presente norma se aplicarán en todos los casos independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante" de modo que en tanto el decreto citado refiere al art. 12 de la ley 24.557, con la modificación introducida por el art. 11 de la ley 27.348 resulta de aplicación a todos los supuestos contemplados en dicha normativa, esto es a partir de la vigencia de la referida ley 27.348. No corresponde aplicar lo dispuesto en la Resolución N° 1039/19 de la SRT a los efectos de cuantificar la suma diferida a condena dado que dicha norma contraria el texto y el espíritu del decreto 669/19 habida cuenta que alude a una sola variación del índice RIPTE en el período comprendido desde la fecha del siniestro y hasta la fecha en que deba ponerse a disposición la indemnización y no así a una descomposición de las variaciones de cada uno de los períodos y su adición en forma simple. Por otra parte la aplicación de la Resolución N° 1039/19 con el mecanismo que prevé lleva a una licuación del crédito lo cual implicaría un evidente exceso reglamentario.