Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-13


DUBOIS, Ricardo Luis contra ALERTA MEDICA S.R.L. y otra Reg.: A y S t 215 p 493-497.

Santa Fe, 13 de setiembre del año 2006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por "Alerta Médica S.R.L." contra la resolución 221 del 1.12.2004 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, en autos "DUBOIS, Ricardo Luis contra ALERTA MÉDICA S.R.L. y otra -Cobro de Pesos- (Expte. 244/03)" (Expte. C.S.J. nro.

339, año 2005); y, CONSIDERANDO:

1. Contra la sentencia pronunciada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario que, en lo que resulta de interés en el sub examine, condenó a "Alerta Médica S.R.L." a abonar a la parte actora "...dentro del término de cinco días que la presente quede firme los rubros enumerados en la demanda ...", deduce la compareciente recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055.

En el memorial recursivo acusa al decisorio de prescindir de prueba decisiva y contradecir constancias de autos al admitir que "... no existe una prueba directa del acaecimiento del hecho tal como fue narrado como lo sería la absolución de posiciones o una testimonial, lo cierto es que el análisis contextual de las pruebas aportadas conduce sin hesitación a admitir la existencia del hecho súbito al que se le adjudican las consecuencias dañosas padecidas por el actor". Y tras enunciar las referidas pruebas contextuales (entre ellas, pagos realizados; testimonial de Revellino; denuncia policial efectuada por el accionante; certificado extendido por el Dr. Lardone; evolución quincenal de Unión Berkley; pericial médica), las tilda de insuficientes no sólo para probar el hecho súbito sino también para demostrar la incapacidad del actor para ejercer la profesión médica.

Destaca el yerro en que incurre la Alzada al afirmar que tal presunción no fue desvirtuada, desconociendo lo declarado por Dubois, quien al absolver posiciones reconoció que "En esta empresa (ECCO) me desempeño hasta la fecha realizando las mismas tareas que realicé durante mi tiempo de trabajo en Alerta Médica... (fs. 242 vta.)".

Alega que los sentenciantes fundan su decisión en pautas de excesiva amplitud, sustituyendo la normativa jurídica aplicable, por cuanto la relación habida entre las partes no reviste carácter laboral sino que encuadra en la figura civil de "locación de servicios", relación que fuera consentida por las partes.

A tal fin, reseña que Dubois practicó guardias médicas en ambulancias de su empresa desde el 1.6.1997 y que el mismo fue contratado como profesional médico bajo los alcances de la figura jurídica antes indicada.

Afirma que el fallo carece de motivación suficiente, apoyándose para así sostenerlo en que "la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en la que dos de sus vocales emiten su opinión y voto y el tercero invocando la coincidencia de aquellos expresa que se abstiene de opinar y emitir su voto fundado en lo dispuesto en el art. 55 de la ley 3480 es inconciliable con el sistema de organización judicial adoptado por la Constitución de la Provincia (art. 84) y por necesaria derivación con la disposición constitucional sobre "motivación" de las resoluciones judiciales (art. 95)".

Y en autos, concretamente, expresa que la doctora Rucci es la única vocal que ha fundado su voto, mientras el doctor Rodini se abstuvo de votar en las tres cuestiones, destacando no sólo la ambigüedad del voto del doctor Rodrigañez en la primer cuestión al votar por "la negativa", motivo por el que se interroga "¿si esto significa coincidencia con el primer voto que rechaza el recurso de nulidad interpuesto, o es una posición diferente?", sino también por cuanto el mencionado Vocal al tratar la cuestión IV.3.3. no emitió voto sino que se limitó a enunciar "visto el resultado obtenido al votarse las cuestiones anteriores, corresponde dictar pronunciamiento en la forma propuesta por la Dra. Rucci". La falta de motivación que exige la Carta Magna provincial, dice, apareja la nulidad del pronunciamiento.

La Sala a quo mediante auto 197 del 1.8.2005 denegó el remedio interpuesto, lo que motivó la presentación directa de la quejosa ante esta sede, en la que insiste en la arbitrariedad del decisorio y por ende en la concesión del recurso de inconstitucionalidad y acusa, además, la "extemporaneidad de la contestación del traslado por parte de la actora" (fs. 35/35vta.).

En cuanto a este último planteo, expresa que dedujo en tiempo y forma recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia 221 de fecha 1.12.2004 y, que atento lo previsto por el artículo 4 de la ley 7055 el apoderado del Dr. Dubois se notificó personalmente de la interposición del mencionado recurso el 27.12.2004 (f. 550 in fine) y contestó extemporáneamente el traslado el 9.5.2005. Considera que la Cámara, al desestimar el recurso, falló 'ultra petitas'.

2. En cuanto a la pretendida extemporaneidad en la contestación del traslado, tal como lo ha sostenido este Cuerpo -si bien, en anterior integración-, cabe señalar que la misma debió ser denunciada ante la Cámara por la vía recursiva pertinente (A. y S. T. 73, pág. 347).

Y en relación a los restantes reproches planteados, aún cuando se entendieran cumplidos los recaudos juzgados insatisfechos por la Sala en la denegatoria del recurso extraordinario (artículos 1 in fine y 3, ley 7055), los mismos no han de prosperar por cuanto evidencian el disenso de la compareciente con la valoración de los hechos, pruebas y aplicación del derecho común efectuado por los jueces de la causa en ejercicio de funciones propias, lo que resulta ajeno a esta instancia de excepción. Así, deviene insusceptible de erigirse como impugnación constitucional la invocada prescindencia de prueba decisiva y contradicción de las constancias de autos al denotar, dichas tachas el desacuerdo de la recurrente con lo resuelto por los sentenciantes, quienes no obstante admitir la inexistencia de prueba directa en la ocurrencia del accidente de trabajo alegado por Dubois, hicieron jugar la presunción de que el hecho súbito ocurrió como así sus consecuencias dañosas, apoyándose para ello en un cúmulo de indicios basados en hechos ciertos (en razón de encontrarse debidamente probados), presunción ésta que no fue desvirtuada.

El razonamiento seguido por la Sala evidencia, contrariamente a la genérica alegación efectuada por la quejosa, que la misma otorgó relevancia a tales indicios para juzgar acreditado el accidente y el daño sufrido por el actor, decisión que tornó procedente la pretensión indemnizatoria (por incapacidad ) reclamada por aquél.

Bajo la alegada sustitución de la normativa aplicable, la compareciente discrepa nuevamente con el órgano jurisdicente al otorgar operatividad a la presunción prevista en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo atento considerar perfiladas las características de subordinación jurídica (al analizar, fundamentalmente, la absolución de posición de la demandada de la que surge, entre otros elementos, los horarios cumplidos por el actor; organización empresarial; plan de trabajo fijado por la empresa) y de subordinación económica (al evaluar la remuneración fija percibida por Dubois, valor de las guardias médicas, liquidación mensual de la remuneración, ausencia de riesgo económico); precisando que en estos particulares supuestos, por tratarse de profesionales que prestan servicios, la subordinación técnica aparece diluida.

Tales ponderaciones condujeron a la Alzada a sostener que la relación habida entre las partes se encuentra regida por la normativa laboral por encontrarse acreditada la prestación de servicios y que la misma se efectuó en relación de dependencia, no habiendo demostrado la accionada que se hallase vinculada con el actor a raíz de la invocada locación de servicios.

Y la acusada ausencia de motivación suficiente (artículo 95, Constitución provincial) tampoco ha de merecer favorable acogida, pues tal como lo sostuvo la Alzada al denegar el recurso de inconstitucionalidad, la recurrente "...cita textos jurisprudenciales que versan sobre decisiones recaídas durante la vigencia de la ley 3480 sin referirlas al caso concreto ni especificar que impugna este fallo por haberse abstenido de votar el Dr. Rodini invocando el art. 26 de la LOT..." y, expresó que no advierte arbitrariedad en la decisión tomada "con el voto fundado de un Vocal, la adhesión de otro y la abstención por parte de un tercero, ya que la Sala ha resuelto como órgano colegiado no resultando necesario en nuestro sistema legal más que el voto concordante de dos jueces (art. 16, ley 10.160) y por lo demás el planteo de inconstitucionalidad de dicho art. 26 resulta extemporáneo, ya que se introduce recién al interponer la inconstitucionalidad, no aludiéndose a dicha cuestión al contestar agravios, por lo que la Sala no tuvo la oportunidad de evaluar la cuestión a la luz de los principios constitucionales que se dicen vulnerados" y que aún en la hipótesis de entender salvado este obstáculo, el recurso no tendría andamiento ya que, a más de hallarse comprendido el acuerdo dictado en la situación prevista por el artículo 26 de la ley 10160, reiteradamente la C.S.J. se ha pronunciado en el sentido que aún con dos votos pueden resolverse válidamente las causas en segunda instancia (in re "Solari")", remarcando la claridad en la respuesta dada por el Dr.

Rodrigañez, quien ante el interrogante "¿Es nula la sentencia apelada?", sostuvo: "Voto por la negativa", lo que implica el rechazo del recurso de nulidad, coincidente por otra parte con el voto emitido en primer término, adhiriendo además al voto precedente en cuanto a que se recepta la apelación por lo que la respuesta a la tercera cuestión (¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?) en la que el segundo Vocal opinante afirma que corresponde dictar pronunciamiento en la forma propuesta por la Dra. Rucci no implica falta de fundamentación de su voto sino total adhesión al anteriormente emitido, no advirtiendo cuál es el perjuicio que se ocasiona al recurrente.

Tal motivación no ha sido adecuadamente desvirtuada por la quejosa en su presentación directa, quedando de tal suerte incumplida la carga impuesta por el artículo 8 de la ley 7055.

La ausencia de cuestión constitucional torna inadmisible el recurso interpuesto.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUITÉRREZ-FALISTOCCO (ampliación de fundamentos)-NETRI-SPULER- Fernández Riestra (Secretaria) AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ROBERTO HÉCTOR FALISTOCCO: Adhiero a los fundamentos y a la solución propuesta por los señores Ministros preopinantes.

Sin perjuicio de ello, entiendo conveniente puntualizar que en el memorial introductor del remedio extraordinario se advierten deficiencias de fundamentación en el desarrollo de ciertos tópicos, acerca de los cuales, la recurrente tenía la obligación de expedirse para refutar la argumentación en que se sustentara el acuerdo impugnado.

En efecto, más allá de su acierto o error, el Tribunal a quo expresó en la sentencia atacada: "...Así tenemos conforme surge de la absolución de posiciones de la demandada, que el actor cumplía horarios fijos (rta. 3a., fs. 240) en una organización empresaria ajena, que poseía una clientela y la trataba de agrandar. (Expte. agregado por cuerda a los presentes, Nro. 459/00, a fs. 10 vta. y 11), que el actor cumplía órdenes, instrucciones y el plan de trabajo fijados por la empresa demandada (absolución de posiciones, rta. 4a., fs. 240), que el Dr. Dubois atendía pacientes de convenios entre la demandada y Obras sociales en sus domicilios particulares (rta. 7ma., fs. 240), dando idea todas estas circunstancias de la existencia de subordinación jurídica..."; "...Asimismo se advierte la subordinación económica si tenemos en cuenta que la remuneración percibida por el actor era fija (pos. 10a., donde el absolvente expresa que el Dr. Dubois cobraba por sus guardias sin tener en cuenta las atenciones que prestaba), siendo remunerado con el valor de la guardia médica (pos. 11a., fs. 240), que el valor de la guardia médica era de $ 90 (pos. 12da.) y que se le liquidaba la remuneración mensualmente (pos. 13a., fs.

240), de todo lo cual se advierte que a más de la existencia de subordinación jurídica el demandante no asumía ningún riesgo económico ya que recibía igual remuneración si atendía a pocos pacientes que si atendía a muchos, por lo que interpreto que existen claramente delineadas las características de la relación laboral..." (fs. 2vto./3).

Frente a ello, la impugnante señala -principalmente- que "...es claro que existió entre las partes una locación de servicios normada por las disposiciones del Código Civil, y como contrapartida, jamás se vinculó laboralmente con mi representada bajo el amparo de la L.C.T.

Así fueron las cosas en la realidad, y jurídicamente está más que avalado en el hecho de que realizaba prestaciones por tiempo que no reúne entidad para considerarla como relación de dependencia, sin las subordinaciones requeridas por la ley, sino de acuerdo a la prestación profesional a su propio criterio e idoneidad..." (f. 17), mas dichas alegaciones resultan genéricas e insuficientes para rebatir la motivación de la Sala transcripta "ut supra".

Es que, para decidir como lo hizo, la Alzada analizó la prueba rendida en autos -específicamente la absolución de posiciones de la demandada y el expediente agregado n 459/00-, mientras que -en su recurso extraordinario- la quejosa se limita a postular la existencia en el caso de una locación de servicios, en base a meras abstracciones y sin conectar sus conclusiones con la realidad del "sub lite", lo que impide el franqueamiento de la instancia de excepción.

FDO.: FALISTOCCO-Fernández Riestra (Secretaria)