Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-13


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 15 de 2010.

Y Vistos; Considerando:

I- La actora interpuso recurso de apelación por ilegitimidad y arbitrariedad en los términos del art. 105 del Código Aduanero contra la resolución 304/2010 del Ministro de Economía de la Nación, órgano que rechazó la impugnación oportunamente deducida contra la resolución 235/08, dictada por la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas de la DGA, que sancionó a ACEGAME SA con la suspensión del registro de importadores y exportadores por el término de ocho (8) días.

En punto a la sanción impuesta la recurrente alega: a) desproporcionalidad e irrazonabilidad de la pena; b) incorrecta apreciación de la conducta atribuida; c) incorrecta aplicación infraccional; d) falta de causa para iniciar el sumario; e) doble juzgamiento por parte de la administración e inexistencia de daño real o potencial.

Previo a todo trámite e inaudita parte, la actora requiere el dictado de una medida de no innovar a fin de que no se la suspenda del registro de importadores/exportadores hasta tanto no quede confirmada la sanción. Para ello alega la inconstitucionalidad del art. 105 del C.A. en cuanto el recurso de apelación de la medida ante esta Cámara sólo tiene efecto devolutivo, lo que provoca la aplicación efectiva de la sanción y sus consecuencias dañosas, que no pueden ser compensadas en caso de que se revoque la resolución del Sr. Ministro.

Agrega que en el caso ello no sólo tornaría ilusoria la interposición del remedio intentado sino que se generaría un daño inminente para la empresa de imposible reparación ulterior. En efecto, en caso de no accederse a la medida, aduce, sus operaciones se verían paralizadas y ACEGAME SA tendría su planta paralizada, con la consecuente afectación para su economía y el personal empleado. Tal circunstancia se ve agravada actualmente en tanto a los ocho (8) días de suspensión previstos en la resolución aquí impugnada se deben sumar otros diecinueve (19) días impuestos en los sumarios acompañados en copia al escrito de inicio.

II- A fin de adentrarse en el conocimiento de la medida pretendida cabe recordar que la procedencia de las decisiones cautelares se halla condicionada, de conformidad con las directivas previstas en el art. 230 del CPCC, a la configuración en el caso de: a) la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien las solicita (fumus bonis iuris); b) el peligro en la demora que exige la probabilidad de que la tutela jurídica que, eventualmente, la actora aguarda del pronunciamiento de fondo no pueda en los hechos realizarse, esto es que a raíz del transcurso del tiempo los efectos del fallo resulten prácticamente inoperantes o se presente durante el proceso un daño de imposible o muy dificultosa reparación; c) por último es menester que se fije una contracautela suficiente para afrontar los eventuales perjuicios que la medida pudiere ocasionar a la contraria de haber sido solicitada sin sustento jurídico.

III- El art. 105 del Código Aduanero fija el mecanismo de impugnación de las sanciones como la aquí analizada. Así, pues, establece que: "...1. Dentro de los diez (10) días de notificada la resolución confirmatoria, el interesado podrá interponer recurso de apelación al solo efecto devolutivo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso administrativo de la Capital Federal, fundado en razones de ilegitimidad o arbitrariedad. La Secretaría de Estado de Hacienda o, en su caso, la Administración Nacional de Aduanas elevará las actuaciones dentro de los cinco (5) días, previa extracción de las copias necesarias para proceder a la inmediata ejecución de la resolución recurrida. 2. Recibidas las actuaciones, el tribunal dictará la providencia de autos para resolver y, una vez consentida, dispondrá de un plazo de sesenta (60) días para dictar sentencia".

IV- Teniendo en cuenta la solicitud de la actora, quien aduce en sustento de la medida pretendida la inconstitucionalidad del efecto devolutivo prevista en la norma citada, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia ha admitido desde tiempo atrás la validez constitucional de la exigencia del pago previo de multas aplicadas con motivo de infracciones a normas referidas al poder de policía (en materias tales como salubridad, derechos laborales y control del sistema financiero) y como requisito de la intervención judicial, sin perjuicio de lo cual ha sostenido que configuran excepciones a ese principio aquellos casos en los que tal requisito legal, por su desproporcionada magnitud en relación a la concreta capacidad económica del apelante, tornara ilusorio el derecho que le acuerda el legislador en razón del importante desapoderamiento de bienes que podría significar el cumplimiento de aquélla condición (Fallos 247:181, 261:101, 303: 1776, 308:90 y 312:2490).

El Alto Tribunal ha sostenido respecto a la interpretación del principio del solve et repete, en cuanto al pago de multas, y su posible colisión con lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos que: "El alcance que cabe otorgar a lo dispuesto en el art. 8º inc. 1 de la Convención... -con jerarquía constitucional por imperio del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional- ...es equivalente, en relación con aquel principio [en cuanto señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter], a las excepciones que contemplan situaciones concretas de los particulares a fin de evitar que ese pago previo se traduzca, a causa de la falta comprobada e inculpable de los medios pertinentes para, enfrentar la erogación, en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio" (C.S. in re "Agropecuaria Ayui S.A." del 30/6/99).

Por otro lado, la Corte Suprema declaró inconstitucional el procedimiento de aplicación de clausura de establecimientos por la Administración, cuando la decisión no era susceptible de ser impugnada judicialmente con efecto suspensivo (Fallos 284:150 y 321:1043).

El Máximo Tribunal sostuvo en la causa "Lapiduz" -sentenciada el 28/4/98- que la validez de los procedimientos administrativos de referencia se encuentra supeditada, como principio, a que las leyes dejen abierta la posibilidad de una revisión judicial ulterior (Fallos 247:646 y 253:485). Máxime tratándose de la aplicación de sanciones penales (Fallos 255:354 y 267:97), pues sólo así quedan debidamente a salvo pautas esenciales de la constitución. Por ello, no cabe hablar de juicio -en particular aquel al que alude el art. 18 de la CN- si el trámite ante el órgano administrativo no se integra con la instancia judicial correspondiente; ni de juicio previo, si esta instancia no ha concluido y la sanción, en consecuencia, no es resultado de actuaciones producidas dentro de la misma (ver consid. 11 y 12).

V- Dentro del limitado marco cognoscitivo que ofrece la etapa cautelar aquí transitada se advierte, prima facie, que la sanción que motiva las presentes, esto es la suspensión del registro de importadores / exportadores, se asimila en sus características a la decisión que dispone la clausura de establecimientos. Por consiguiente, el Tribunal entiende preliminarmente aplicables las conclusiones vertidas por la Corte Suprema en el último supuesto.

Esto se debe a que con independencia del análisis referido a la naturaleza jurídica de la infracción cabe detenerse en las consecuencias prácticas que presenta la ejecución de las distintas sanciones.

En efecto, mientras que aquéllas multas que se traducen en el pago de una suma de dinero pueden ser, en caso de una decisión que declare la nulidad del acto sancionatorio, repetidas con relativa facilidad, en los casos de suspensiones o clausuras la medida genera una concreta paralización de la actividad del sancionado y la eventual reparación que podría obtener este último ante un pronunciamiento judicial favorable incorpora una nueva pretensión jurídica, de índole indemnizatoria, con el consecuente dispendio jurisdiccional que ello provoca.

En función de ello, en caso de no accederse a la cautelar pedida se configuraría un estado de cosas difícilmente reversibles, en razón del tipo de sanción impuesta, donde no sólo debe valorarse la eventual afectación al interés económico de la empresa sino también los perjuicios que la paralización de sus actividades puede generar en el personal de la planta.

VI- Por consiguiente, efectuada una prudente valoración de la situación descripta y atendiendo a la jurisprudencia del Alto Tribunal, corresponde acordar la medida solicitada en tanto la verosimilitud en el derecho se corrobora por el agravio constitucional que, en principio, se proyecta sobre la actora en virtud de la situación de hecho descripta.

Por otro lado, el peligro en la demora se verifica con virtualidad suficiente en la medida en que, por el efecto devolutivo que se prevé para el recurso aquí articulado, la sanción puede ser efectivizada por el demandado sin más trámite.

Por lo expuesto, se ordena con carácter de medida cautelar la suspensión de los efectos de la resolución ME 304/2010, en cuanto confirma la resolución de la DGA 235/08 (SDG OAM), hasta tanto recaiga sentencia de fondo en las presentes. A tal fin se fija una caución juratoria, que deberá prestar la actora, teniendo en cuenta el alcance temporal de la medida y la naturaleza de la sanción impugnada.

Regístrese, notifíquese a la interesada por cédula y a la demandada mediante oficio de estilo, cuya confección queda a cargo de la primera. -Jorge Esteban Argento. - Carlos Manuel Grecco. - Sergio Gustavo Fernández .