Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-14


SENT.DEF.Nº: 16172	EXPTE. Nº: 1.226/ 05 (23.266) JUZGADO Nº: 57	SALA X AUTOS: "RODRIGUEZ NORMA SILVIA C/ SERVILIMP HIGIENE AMBIENTAL S.A. S/ DESPIDO"	Buenos Aires, 14/07/2008	El Dr. DANIEL E. STORTINI, dijo:

I- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta alzada para resolver el recurso que contra la sentencia dictada en la anterior instancia interpuso la demandada a fs. 675/683.

En efecto, se agravia la parte por la valoración que efectuara la sentenciante de la prueba colectada en las presentes actuaciones, en mérito a la cual consideró que existió en el caso un ejercicio abusivo e irrazonable del "ius variandi" y en virtud de ello concluyó que la medida rescisoria por ella adoptada resultó injustificada.

Extiende su queja al progreso de las diferencias salariales por los descuentos efectuados y a la forma en que fueron impuestas las costas derivadas de la producción de la prueba pericial caligráfica.

Por último, apela los honorarios regulados a todos los profesionales intervinientes en autos, por estimarlos elevados.

A fs. 665/666 la representación letrada de la actora apela por reducidos los emolumentos que le fueran discernidos, haciendo lo propio el experto contable a fs. 667/671 y la perito calígrafa a fs. 685.

II- En cuanto a la cuestión principal sometida a revisión ante este Tribunal -que atañe al denunciado ejercicio abusivo e irrazonable del "ius variandi" y a la legitimidad de la decisión rupturista que asumiera la demandada-, un análisis de las constancias obrantes en la causa me conduce a proponer la ineficacia de la argumentación recursiva para revertir la solución adoptada.

A fin de fundar tal anticipo comenzaré por destacar que la norma que faculta al empleador a modificar las modalidades de trabajo impone para su ejercicio regular que los cambios no sólo no alteren modalidades esenciales del contrato de trabajo, ni causen perjuicio material o moral al trabajador, sino que también y fundamentalmente, que la medida impuesta resulte razonable (art. 66 L.C.T).	En efecto, la exigencia de razonabilidad en el ejercicio de la potestad del empleador de introducir cambios al contenido de la prestación de trabajo no puede ser realizada de manera discrecional, sino que debe adecuarse a la normativa contemplada en el citado artículo 65 de la L.C.T., en cuanto a que dicho cambio debe ser razonable y justificado en las necesidades funcionales de la empresa a fin de impedir el ejercicio arbitrario de dicha atribución por parte del empleador, ya sea por pura arbitrariedad o por maniobras persecutorias, sin que pueda aplicar sanciones disciplinarias a modo de uso del "ius variandi" (art. 69 idem).

En tal marco, entiendo que en el presente caso la decisión unilateral de la demandada de modificar el lugar y horario de trabajo de la dependiente no se adecuó a tales presupuestos, resultando abusiva y violatoria del principio de buena fe que debe regir en toda relación laboral (art. 63 de la L.C.T.).

Lo digo porque el requisito de "razonabilidad" no aparece cumplimentado, por cuanto en la comunicación -cuya copia luce glosada a fs. 13 y fs. 216- mediante la cual se le notificaba a la actora el nuevo objetivo asignado, la demandada no expresó claramente las "razones de servicio" que obligaban o justifican la modificación del destino y horario de trabajo de la actora, ni tampoco demostró por ningún medio idóneo tal necesidad.

En consecuencia, las razones inicialmente invocadas para motivar el cambio dispuesto ("razones de servicio") aparecen claramente insuficientes para justificar la alteración de un aspecto de la relación como lo es el lugar y horario de trabajo. Y digo inicialmente porque si bien esas fueron las razones alegadas en el despacho telegráfico, lo cierto es que en la contestación de demanda así como en el memorial de agravios la demandada intentó introducir una nueva motivación al cambio aludiendo a que "ante el disgusto demostrado respecto del comportamiento de la actora por parte de las autoridades del Hospital Austral, que era el destino que se le había designado a la actora, fue mi mandante conminado por aquéllas a reemplazarla", y a que "a raíz de la falta de contracción al trabajo de la actora y sus permanentes faltas disciplinarias, las autoridades del Hospital Austral la conminaron a reemplazarla", argumentación que no obstante no haberse demostrado en autos y resultar extemporánea, deviene por demás inatendible debido a que vulnera expresamente la disposición contenida en el artículo 69 de la L.C.T., según lo anteriormente expuesto.	Desde tal óptica, considero que no obstante haber aceptado la accionante -al suscribir la solicitud de empleo cuya copia obra a fs. 229 (ver pericia caligráfica de fs. 635/639)- "los destinos y turnos de trabajo que se me asignen conveniente a las necesidades de la Empresa, sea turno diurno, nocturno, mixto o rotativo", y que por ello la empresa demandada pudo considerarse facultada a tal cambio, entiendo el mismo no podía llevarse a cabo de manera arbitraria e irrazonable, ya que debía responder al fin común de la empresa expresamente manifestado, condición ésta que fuera omitida por la demandada, quien no se encuentra exceptuada de cumplir con las exigencias que la L.C.T. impone para el ejercicio de su poder de dirección (art. 66 y 68 L.C.T.).

En efecto, pese a que la importancia del lugar de trabajo como elemento esencial del contrato de trabajo pueda verse desdibujada en el "sub lite" por tratarse la empleadora de una empresa de limpieza, tal circunstancia no empece a que la modificación decidida deba obedecer a razones de índole funcional, pues de lo contrario la misma se traduce en una decisión discrecional de la empleadora en la cual el trabajador se encuentra sometido a la libre voluntad de aquél, tal como acontece en el caso de autos al no haberse acreditado la existencia de razón funcional alguna que justifique el cambio de lugar y horario de trabajo de la actora.

Por lo demás, considero que no resulta exacto lo alegado por la apelante en punto a que la actora no ha demostrado que la modificación le causara perjuicio alguno. En este aspecto comparto el argumento brindado por la sentenciante de grado respecto de que si bien durante el transcurso de la relación laboral la actora se desempeñó en diferentes lugares, lo cierto es que siempre laboró en horarios corridos, con lo cual, el cambio dispuesto le ocasionaba un concreto perjuicio moral y material a la trabajadora pues el mayor tiempo que le insumía el traslado a ambos establecimientos (uno sito en Capital Federal en el horario de 5.00 a 9.00 hs. de lunes a viernes, y el otro en San Martín, Provincia de Buenos Aires en el horario de 18.00 a 22.00 hs. de lunes a viernes y de 8.00 a 12 hs. los días sábados), y el consiguiente desmembramiento de sus horarios de descanso, provocaban una ostensible disminución del tiempo libre que tenía para dedicarse a la atención de su hogar y de su familia.

Por las razones expuestas, considero que la demandada incurrió en un uso excesivo del "ius variandi", circunstancia que en mi opinión sella en sentido adverso la suerte de este segmento de la queja, y me lleva a proponer la confirmación del decisorio apelado en el punto materia de agravios.

III- No obtendrá mejor suerte el disenso que procura revertir la condena al pago de las diferencias salariales por los descuentos efectuados a la trabajadora.

En orden a los descuentos por las suspensiones disciplinarias que le fueran aplicadas, llega firme a esta alzada -por no merecer cuestionamiento ni embate alguno de la apelante- el argumento brindado por la sentenciante de grado en punto a que tales sanciones disciplinarias han resultado infundadas (cfr. art. 218 de la L.C.T.), atento a que no se ha demostrado en autos que la actora haya desobedecido las órdenes de su superior y que lo haya agredido de palabra, con lo cual toda vez que las mismas han sido oportunamente impugnadas por aquélla, el reclamo de los salarios caídos resulta procedente (art. 223 L.C.T.).

En cuanto a los descuentos fundados en las ausencias de la trabajadora, considero que los testigos que aportara la parte actora se observan suficientemente objetivos y verosímiles como para justificar la trascendencia probatoria asignada en el fallo para tener por demostrado que la actora presentó a la demandada el certificado médico que acreditaba sus dolencias y justificaba sus ausencias. Lo cierto es que la queja carece de idoneidad suficiente para modificar tal solución, pues no se advierten expresados argumentos eficaces como para restarle valor probatorio a los dichos de tales testigos y justificar su descalificación, y en consecuencia, enervar la ponderación efectuada en el decisorio previo, en tal sentido.

Por lo demás, la actora ha acreditado en autos la autenticidad de los certificados médicos que acompañó en la demandada (ver prueba informativa de fs. 322/326 y fs. 439/440), y lo relevante es que la carta documento que la propia demandada remitiera a la actora con fecha 15/7/04 (ver fs. 219) se desprende que la misma tenía conocimiento del motivo de las inasistencias de aquélla, con lo cual bien puedo ejercer la facultad de control médico que le confiere el artículo 210 de la L.C.T., y constatar la veracidad en lo atinente a los problemas de salud de la actora.

En otros términos, la empleadora no adoptó ninguna conducta concreta que evidenciara un real interés en la constatación de las supuestas dolencias de la trabajadora. De allí que la alegación del carácter injustificado de tales ausencias carezca de la relevancia pretendida, pues -reitero- la propia apelante no arbitró en tiempo propio ninguno de los medios con los que contaba para esclarecer la cuestión.

En virtud de lo expuesto, voto por confirmar el decisorio de grado también en este aspecto.

IV- En cuanto a la queja que esgrime la demandada en torno a la forma en que fueron impuestas las costas derivadas de la realización de la pericia caligráfica, entiendo que la misma debe ser receptada ya que la parte cuya inconducta irrogó determinados gastos, debe hacerse responsable de ellos (conf. art. 68 del C.P.C.C.N.).

En el caso, la actora desconoció las firmas insertas en los documento de fs. 90, 96/97, 103, 108 y 111, obligando a que interviniera una perito calígrafa quien determinó que las autógrafas cuestionadas correspondían a la Sra. Rodríguez (ver pericia caligráfica de fs. 635/639), por lo que en mi opinión ésta debe soportar los gastos ocasionados por dicha pericia y así lo dejo propuesto.

V- En atención al mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas en la anterior instancia, evaluadas en el marco del valor del litigio y de conformidad con las pautas arancelarias previstas por el art. 38 de la L.O., el decreto-ley 16.638/57, y los arts. 6,7,8 y sig. ley 21.839 -modificada por ley 24.432-, soy de opinión que los emolumentos discernidos a todos los profesionales intervinientes en autos resultan adecuados, por lo que voto por su confirmación.

VI- Atento la forma en que propongo se resuelvan los agravios y la réplica de fs. 689/692, voto por imponer las costas de la alzada a la demandada vencida (art. 68 C.P.C.C.N.), y regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora y demandada, por su actuación en esta alzada, en el 25% para cada una de ellas, de lo que les corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

Por todo lo expuesto, de compartir mi voto, sugiero: 1) Modificar parcialmente la sentencia dictada en la anterior instancia, e imponer las costas derivadas de la intervención de la perito calígrafa a la actora; 2) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y fuera materia de apelación y agravios; 3) Imponer las costas de la alzada a la demandada; 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora y demandada, por su actuación en esta alzada, en el 25% para cada una de ellas, de lo que les corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia.

El Dr. GREGORIO CORACH, dijo:

Si bien coincido con lo decidido por mi distinguido colega preopinante Dr. Daniel E. Stortini respecto al fondo de la cuestión debo señalar, que aún considerando que una empresa de limpieza tenga a su favor una apreciación más elástica de las causas que puedan llevarla a decidir el cambio del lugar de trabajo de uno de sus dependientes, y que inclusive la convención colectiva aplicable al caso (CCT 144/90) faculte al empleador a introducir cambios no solo respecto al lugar de trabajo sino también en cuanto a la jornada laboral, lo cierto es que aún con esa laxitud debe demostrarse que alguna razón funcional medió en el cambio pues de otro modo no se cumpliría el requisito de los arts.66 y 68 de la LCT resultando una decisión discrecional del empleador en la cual el trabajador se encontraría sometido a la libre voluntad de aquél (ésta Sala X SD 13.393 del 22/2/05 in re: "García Gladys c/ E. Romano y Cia. S.A s/ despido entre otros). Dicho de otro modo, la mayor laxitud en el análisis de la facultad de utilizar el ius variandi en modo alguno implica soslayar absolutamente la exigencia de razonabilidad de la medida.	En el caso, tal como señaló el Dr. Stortini en su bien fundado voto, el requisito de la "razonabilidad" no aparece siquiera cumplimentado pues no surge de la comunicación mediante la cual se dispusiera la denuncia, cuáles habrían sido las "razones de servicios" invocadas que obligaban el cambio decidido, a lo que cabría agregar que tampoco resulta razonable que una dependiente que durante todo el curso de la relación laboral cumplió horarios corridos y en localidades del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, sea obligada a realizar un horario cortado (de 5 hs. a 9 hs. y de 18 hs. a 22 hs. de lunes a viernes) y además que deba trasladarse de un establecimiento situado en la Capital Federal a otro ubicado en la localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires (v. comunicación glosada a fs. 13 y fs.216).	Ello así, y con estas breves consideraciones, adhiero al voto del Dr. Daniel E. Stortini por compartir sus restantes fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia dictada en la anterior instancia, e imponer las costas derivadas de la intervención de la perito calígrafa a la actora; 2) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y fuera materia de apelación y agravios; 3) Imponer las costas de la alzada a la demandada; 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora y demandada, por su actuación en esta alzada, en el 25% para cada una de ellas, de lo que les corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia.

Se deja constancia que se encuentra vacante la tercer vocalía (art. 109 R.J.N.).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

ANTE MI.: