Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-18


Salta, 18 de Marzo de 2011.

AUTOS Y VISTO: Esta Causa Nº I01 28608/10 de la Cámara de Acusación, Sala II, Caratulado "INCIDENTE DE RECUSACION INTERPUESTO POR EL DR. LUIS GIACOSA EN REPRESENTACION DE MENDEZ, JORGE FEDERICO BENJAMIN EN EXPTE. Nº C02.-200/10 DEL JUZGADO CORRECCIONAL Y DE GARANTIAS Nº 7", y, ______________________CONSIDERANDO El Dr. LUIS FÉLIX COSTAS dijo:

Que a fs. 1/2 vta. comparece el Dr. Luis Rodolfo Giacosa y recusa a la Sra. Juez Correccional y de Garantías de 7º Nom. en virtud de la causal de enemistad manifiesta prevista por el art. 51 inc. 11 del C.P.P., sin perjuicio del planteo de reposición con casación en subsidio deducido contra el decreto sin sustanciación que tiene por extemporáneo el recurso de revocatoria interpuesto pidiendo la suspensión de la audiencia fijada para el día 02/03/10.

En su presentación el recusante observa el sentimiento de animosidad puesto de manifiesto por el Tribunal respecto las pretensiones formalizadas en representación de la asistencia profesional que presta al Sr. Jorge Federico Benjamín Méndez. En orden los antecedentes, advierte que esa sensacion inamistosa de la Juzgadora, queda exteriorizado a partir de la denegatoria del recurso planteado por extemporaneidad, sin tener en cuenta en el cómputo del término para decidir de esa manera, el feriado establecido para facilitar que todos los habitantes del país participen del censo nacional.

Estima además que es un tema de significativa importancia a los fines del debido proceso tener presente que para iniciar una querella criminal por calumnias, debe mediar como requisito previo el dictado de un auto de sobreseimiento firme. Presupuesto ausente en el caso que se dirime en los autos principales y que afecta la procedibilidad de la acción privada. Frente a los déficit apuntados, colige entonces que se esta afectando el derecho de defensa, colocando a su asistido en la situación de ser juzgado por un Tribunal que no reviste el carácter de órgano imparcial, violándose así la garantía mínima que sustenta el servicio de administrar Justicia.

En tal sentido, trae en cita que: "...el articulo 8.1 de la Convención Americana, la C.I.D.H. ha afirmado en ocasiones anteriores que la "imparcialidad supone que el Tribunal o Juez no tiene opiniones preconcebidas sobre el caso sub-judice (...) Si la imparcialidad personal de un tribunal o juez se presume hasta prueba en contrario, la apreciación objetiva consiste en determinar si independientemente de la conducta personal del Juez ciertos hechos que pueden ser verificados autorizan a sospechar sobre su imparcialidad" (conf. Informe, caso 11.355, Guy Malary vs. Haití, 27/12/02).

Agrega el quejoso, que la presencia de una garantía fundacional insoslayable como lo es el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías, por un tribunal imparcial en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella (arts. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18, 33 y 75 inc. 22º de la Constitución Nacional), impone la respuesta afirmativa a la encuesta planteada. "El elemento definitorio para considerar que se ha respetado el principio de imparcialidad es que quien deba realizar el juicio de culpabilidad definitivo no haya anteriormente tomado decisiones que impliquen un juicio preparatorio sobre esa declaración de culpabilidad...existen sospechas de parcialidad, en tanto este hubiera tomado determinadas decisiones durante el procedimiento previo que hubieran podido significar una aproximación a la comprobación de culpabilidad".(CSJN Fallos 327:5863).

Reseña que en este camino, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señala que en materia de imparcialidad judicial lo decisivo es establecer, si, desde el punto de vista de las circunstancias externas (objetivas), existen elementos que autoricen a abrigar dudas con relación a la imparcialidad con que debe desempeñarse un juez, con prescindencia de que es lo que pensaba en su fuero interno, siguiendo el adagio "no solo debe hacerse justicia, sino parecer que se hace"("Justice must not only be done: it must also be seen to be done", conf. Casos "Delcourt vs. Bélgica, 17/01/70, Serie A, nro. 11, Párr. 31; "De Cubre Vs. Bélgica", 26/10/84, serie A, nro. 86, Párr. 24, del considerando 27; "Quiroga, Edgardo Oscar s/Causa nro. 4302 resuelta el 23 de Diciembre de 2004 (CSJN)).

II) A fs. 3 la Sra. Juez produce el respectivo informe de conteste que prevé el art. 59 del C.P.P. en el cual niega la causal de enemistad manifiesta atribuida, por considerar que el proceso se viene desarrollando normalmente cumplimentando todas la exigencias y respetando todas la garantías de un debido proceso. Considera que el hecho de haber computado el término de la presentación del Recurso de Reposición ante un ferido inusual como fue el día del Censo nacional no implica de su parte animosidad o "enemistada manifiesta", sino simplemente que se incurrió en un error involuntario, susceptible de resultar subsanado si se lo hubiera señalado. Concluye rechazando la causal invocada por no existir ningún tipo de enemistad con el querellado y solicita la ratificación de su intervención en la causa, estimando que la garantía de imparcialidad respecto las partes permanece inalterable.

III) Si bien la imparcialidad del Tribunal siempre fue considerada una garantía implícita, los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional a su mismo nivel (art. 75 inc. 22 C.N.) le han dado carácter expreso. Así tal cual expresa la recusante, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece con claridad en su articulo 8.1 que toda persona, frente a una "querella penal formulada contra ella", tiene derecho a un juez o tribunal "independiente e imparcial". Por su parte el art. 10 de la declaración Universal de los Derechos Humanos estatuye que las personas guardan derecho a que el exámen de cualquier acusación formulada contra ellas en materia penal sea realizada por un tribunal independiente e imparcial. Incluso la nota de independencia actualmente queda impresa en el texto del art. 114, inc. 6º de la C.N.. Por cierto la imparcialidad así entendida, supone la independencia del Tribunal respecto de cualquier tipo de presión o poder político o social impidiendo toda influencia que intente desequilibrar los platillos de la balanza representativos del concepto justicia o en otros términos que el juez debe tener plena libertad para decidir el conflicto estando sometido solo al mandato de la ley aplicable y la de los extremos fácticos según los hechos comprobados con la prueba arrimada a la causa.

Emerge entonces que la imparcialidad radica en la condición del juz-gador como tercero desinteresado (independiente, neutral), es decir, no erigirse en parte, ni tener prejuicios a favor o en contra los intereses del acusador ni del acusado, ni comprometido con situaciones de índole personal vinculable con algunas de las partes.

Es así que como en cualquier otro proceso, en el penal la imparcialidad del juez reviste característica ineludible para el desarrollo de la función encomendada. De ahí que la ley procura evitar toda situación que pueda desmerecerla o aun que permita plantear duda sobre ella, mediante la regulación del procedimiento de separación del magistrado. Dicha separación puede verificarse a instamiento de alguna de las partes y el instituto en tal hipótesis es reconocido como instancia de recusación observando como condición sine quad non la concurrencia de alguno de los motivos expresamente reconocidos en la ley procesal. Pues bien, el art. 51 inc. 11º estatuye como causal de inhabilidad cuando el juez mantuviera amistad intima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados, involucrando en este último concepto la condición de representantes defensores o mandatarios del imputado. Es claro, que la ley procesal limita la posibilidad de esta separación invocable bajo la causal de enemistad a la originada con anterioridad al proceso. Alcance que en principio excluye aquellas hipótesis estimables de aversión surgentes a consecuencia de las resoluciones adoptadas en el curso del proceso.

En realidad el análisis de la enemistad es aquella que debe surgir de hechos graves y conocidos con vocación para demostrar que el juez se siente enemigo o mantiene resentimiento hacia quien lo recusa, sin comprender la hipótesis de error en el procedimiento en el que pueda haberse incurrido en el tramite de sustanciación del proceso por parte del magistrado. (Ed. Tomo 171, Pág. 121, Fallo Nº 47.688).

En consecuencia, se descartan como reveladores de enemistad todos aquellos actos procesales considerados contrarios a derecho por el recusante, ya que esta causal de apartamiento no puede encontrar origen en las medidas o actitudes derivadas de la actividad procesal (Cámara Nacional CP, Sala I, l.l., Fallo del 30/03/98, F. 96.888- DJ, 1998- 1, Pág. 1060, Fallo 12.806) Ello es así, porque los errores in iudicando en que pudiera haber incurrido un magistrado durante el desarrollo de la causa o al momento de las decisiones adoptadas no configura fundamento suficiente para lograr la separación de aquel respecto el conocimiento de la causa, pues tal cometido no habilita su recusación en los términos del art. 51 inc. 11º del C.P.P., dado el especial carácter del instituto que no debe ser utilizado como vía recursiva propia, desde que el ordenamiento prevé los canales adecuados para impugnar cualquier error incurrido.

En tal sentido, la doctrina jurisprudencial con reiteración uniforme ha decidido que: "...el eventual desacierto de las decisiones judiciales, el pronunciamiento injusto, la circunstancia de haber suscripto el magistrado resoluciones desfavorables para el recusante, aunque4 se las califique de arbitrarias, no constituyen por si motivo de recusación por la causal de enemistad, odio o resentimiento (D.J. 15/11/2006, 834 Causa Super Canal Holding S.A. s/Con. Prev. - Incidente de Recusación con causa). Máxime cuando tal cual acontece en el sub-judice, la Sra. Juez Excusante reconoce el equivoco, involuntario en la situación de no computar un día inhábil dentro del término para declarar extemporáneo el recurso de revocatoria interpuesto. En consecuencia precisamente el Juez A-quo deja abierta las vías útiles para enmendar el error que cuestiona la defensa técnica.

El Dr. ENRIQUE GRANATA dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, _________LA SALA II DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, ________________________RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR a la recusación deducida a fs. 1/2.

______II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente BAJEN los autos al Juzgado de origen.