Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-13


AMERISO, José Luis contra SGROSSO, José Luis Reg.: A y S t 215 p 485-492.

En la ciudad de Santa Fe, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "AMERISO, José Luis contra SGROSSO, José Luis -Rendición de Cuentas-Sumarísimo sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro 130, Año 2005).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Vigo, Spuler, Gutiérrez y Gastaldi.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Vigo dijo: 1. En autos promovió el doctor José Luis Ameriso demanda por rendición de cuentas contra el doctor José Luis Sgrosso, fundándose en que éste, en su calidad de jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Sanatorio Parque S.A., había percibido sumas de dinero del referido sanatorio entre las que se incluían montos pertenecientes al actor por sus trabajos profesionales, y que el demandado no pagó puntual ni correctamente, negando todo tipo de información al respecto a pesar de las intimaciones cursadas oportunamente (fs. 4/9).

A fs. 54/63 el doctor José Luis Sgrosso contestó la demanda oponiéndose al progreso de la misma -con fundamento en que Ameriso arreglaba directamente sus cuentas con el Sanatorio Parque S.A., no habiendo ejercitado su parte ninguna clase de administración ni gestión de cobranza, y que la rendición reclamada se había cumplido con las cuentas entregadas en fecha 15 de agosto de 1997 al actor por dicho sanatorio, con las correcciones del Dr. Sgrosso-; asimismo, dedujo reconvención a fin de que el doctor Ameriso le rindiese cuenta "de la naturaleza y resultados económicos de las relaciones locativas de servicios profesionales" realizados en pacientes particulares de aquél "en similares condiciones de comunidad y responsabilidad", pacientes que fueron atendidos en el Sanatorio Parque y sobre cuyos pagos el doctor Sgrosso tenía una participación.

Contestada la reconvención -oponiéndose Ameriso a la misma por no fundarse la rendición de cuentas respectiva en un manejo de fondos ajenos, al tratarse de pacientes particulares de su parte con los cuales el doctor Sgrosso no tenía ninguna relación- (fs.

67/73), y tramitada que fuera la causa, finalmente el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N 9 de la ciudad de Rosario hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, condenó al doctor José Luis Sgrosso "a rendir cuentas al doctor José Luis Ameriso acerca de los importes liquidados por el Sanatorio Parque S.A. al demandado y que correspondían a trabajos profesionales del segundo nombrado, por el período comprendido entre el 01-08-92 y el 30-04-95, en el término de 30 días, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere se tendrán por exactas las que presente el actor dentro de los quince días siguientes (art. 527, 2ª. parte, C.P.C.y C.)"; asimismo, rechazó la reconvención deducida por Sgrosso y le impuso las costas (fs. 279/272 v.).

Apelado dicho decisorio, el mismo fue confirmado por la Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial mediante pronunciamiento de fs. 314/318 v.).

2. Contra el fallo de la Alzada dedujo el demandado recurso de inconstitucionalidad (artículo 1, inciso 3 , de la ley 7.055).

En su presentación se agravió, en primer lugar, de que el a quo -al concluir en que su parte no había satisfecho la obligación de rendir cuentas- expone una fundamentación solo aparente, que ignora la diferencia conceptual entre la rendición de cuentas y la mera información (adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos, 310:1903), y no tiene en cuenta que si lo que se demanda es la rendición instruida de la operatoria habida con los pacientes y sus obras sociales, sus gastos y resultados, "la gestión fue del sanatorio y la documentación se encuentra en poder del mismo, por lo que Sgrosso no debe ni podría rendirla", y que "si lo que se demanda es información sobre lo percibido por Sgrosso del Sanatorio, la misma ya está satisfecha con el trabajo entregado por Sgrosso y presentado a esta causa".

Expresó que, más allá de aquella calificación, la Sala se ha valido de una cuestión puramente semántica para rechazar la defensa de su parte sin atender a su sustancialidad, omitiendo considerar que Sgrosso efectivamente dio cuenta a Ameriso de cuánto había percibido, lo que era "lo más que podía hacer"; agregó que los sentenciantes incurren en dogmatismo al afirmar que no ha mediado rendición de cuentas del doctor Sgrosso que reúna las condiciones adecuadas sin dar razones de ello, y omitiendo ponderar que "la tarea que realizó el hoy demandado fue completa", pues "tiene la información completa del número de pacientes" y la "liquidación pormenorizada de las dos etapas comprendidas en la liquidación" (la del Sanatorio y la completada por Sgrosso), constando además "el total liquidado por el Sanatorio a Sgrosso ($ 268.526,67), las aplicaciones a pagos de terceros ($ 33.087,39), la participación de Sgrosso ($ 77.284,77), la deducción de los gastos personales de Ameriso ($ 4.552,81) y lo pagado a éste por aquél ($ 170.770,14) con el excedente resultante de $ 17.132,44", por lo que ninguna información falta.

Agregó que también se configura dicho dogmatismo cuando se afirma que "la información o rendición realizada 'no reúne las condiciones adecuadas'" sin indicar cuáles serían tales condiciones y por qué no estarían reunidas, siendo del caso que "la tarea realizada es suficientemente descriptiva y se encuentra en todas y cada una de sus cifras avalada por la documentación emanada del Sanatorio (...) y en todo caso debatir puntualmente en qué caso lo está y en cuál no es materia del ulterior trámite de impugnación de cuentas y no de éste".

Expresó que al sostener que las liquidaciones efectuadas por el Sanatorio Parque no podrían suplir la rendición de cuentas de su parte, la Sala marginó las defensas reiteradamente opuestas en el sentido de que el actor conocía todo lo que la institución había gestionado de los terceros y lo que Sgrosso había percibido de la misma para su distribución en el equipo de cirugía, tal como lo acreditan las declaraciones testimoniales del gerente general del sanatorio (fs. 113 v.) y de Elena María Quinteros (fs. 115), la primera de las cuales acredita que incluso Ameriso "revisó dicha documentación y discrepó con lo liquidado por el Sanatorio", no pudiendo desconocerse -agregó el recurrente- que "la percepción de tal contenido informativo de manos de un tercero no implica la satisfacción de su derecho", y que lo contrario implica que Ameriso pretende ejercitar abusivamente su derecho a la rendición de cuentas contra la prohibición del artículo 1071 del Código Civil.

Asimismo, y en cuanto se refiere al rechazo de la reconvención deducida, expresó que la Alzada omitió lisa y llanamente considerar prueba conducente demostrativa de que el doctor Sgrosso actuó en ocho intervenciones quirúrgicas, conforme el listado de pacientes suministrado por el Sanatorio -constando además que los honorarios profesionales fueron percibidos directamente por el doctor Ameriso-, e incurrió asimismo en una violación del artículo 1627 del Código Civil, desconociendo el derecho de los profesionales intervinientes a una remuneración por las tareas realizadas y consagrando así una manifiesta inequidad que viola el derecho de propiedad de su parte (fs. 320/330 v.).

Evacuado que fuera el traslado respectivo (fs. 334/341 v.), la Sala denegó la concesión del recurso interpuesto (fs. 347/349) accediendo el impugnante a la instancia extraordinaria por vía de queja (resolución registrada en A. y S., T. 203, pág. 62 -fs.

91/92, expte. 568/2003-).

3. En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 -efectuado con los principales a la vista- he de propiciar la rectificación del criterio que adoptara este Cuerpo al acoger el recurso de queja, toda vez que a pesar del matiz constitucional que el recurrente pretende conferirle a sus agravios, lo cierto es que los mismos carecen de virtualidad para hacer excepción al criterio conforme al cual las cuestiones relativas a la interpretación de normas de derecho común y a la valoración de extremos de hecho y prueba en principio no deparan materia idónea en orden al acceso a la vía intentada, que -como se ha destacado en reiteradas oportunidades- no constituye una tercera instancia ordinaria ante la cual pueden cuestionarse decisiones equivocadas o que estimen tales según el criterio de los impugnantes, ni tampoco tiene por objeto permitir la sustitución de los criterios adoptados por los juzgadores en el ejercicio de funciones privativas (cfr. R. A. y S., T. 54, pág. 382; T. 55, pág. 212; T. 59, pág. 319; T. 62, pág.

386; T. 64, pág. 259, etc.; en sentido concordante, Fallos, 297:29; 297:117; 297:291: 300:1039; 301:1062; 306:143; 307:234; 311:1950; 313:1222, entre otros), sino que sólo encuadra en aquellos casos en que media absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución prevista para los mismos, pues lo contrario importaría exceder la jurisdicción de esta Corte habilitándola a revisar todos los pronunciamientos de los tribunales inferiores con menoscabo de los límites funcionales e institucionales impuestos por la Constitución y las leyes (cfr. A. y S., T. 58, pág. 307; T. 59, pág. 319; T. 134, pág. 294; T. 141, pág. 330).

En el caso, conviene recordarlo, la Alzada confirmó el pronunciamiento de baja instancia atento considerar que no asistía razón a la apelante cuando sostenía que la obligación de rendir cuentas sólo pesaría sobre los comerciantes, toda vez que -conforme lo ha reconocido desde antiguo la doctrina- dicha obligación responde a un principio general del derecho (cuya inclusión en el Código de Comercio se explica por la ausencia de Código Civil al momento de su dictado) que abarca "un amplio espectro de situaciones" donde sólo se requiere "que exista una actuación que involucre el interés de un tercero", una "gestión de negocios ajenos, cualquiera que sea su carácter", aplicándose analógicamente a su respecto las reglas establecidas en el mandato, incluso si se trata de "la simple realización de tareas de 'cobranza', (que) también ha sido considerada susceptible de la obligación de rendir cuentas, enmarcándola en los términos del art. 1909 del Código Civil" (se omiten las citas efectuadas).

En ese orden destacó que "no posee importancia la determinación exacta de la calificación jurídica de los vínculos que unían al Dr. Sgrosso con el Dr. Ameriso, porque lo que interesa en el caso es que éste le había otorgado a aquél un mandato tácito para percibir y prorratear fondos líquidos ingresados al Sanatorio Parque y con destino a su Servicio de Cirugía Cardiovascular".

"En verdad -prosiguió- lo reclamado por la actora se encuentra acotado a la realización de las susodichas tareas de cobranza por parte de la quejosa. Obviamente, por más que dichas tareas sean simples, ello no releva al obligado de rendir cuentas como pareciera interpretar la recurrente; rendición que, por supuesto, debió ser efectuada en debida forma (es decir de manera descriptiva y adecuadamente documentada); del mismo modo que tampoco queda relevado el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas cuando se trata de 'erogaciones menores' o existiera un elevado número de negociaciones o éstas fueran muy complejas", siendo del caso que sobre el doctor Sgrosso pesaba la obligación de rendir las cuentas reclamadas "habida cuenta de su mandato que lo investía de la facultad de recibir del Sanatorio Parque retribuciones pagadas en favor de terceros".

Sostuvo igualmente que tampoco se hallaba configurado el vicio de incongruencia pues, por un lado, las calificaciones jurídicas propiciadas por el Juez de baja instancia (entre las que se cuenta el mandato) resultaban aceptables a tenor del principio "iura novit curia", "máxime cuando no precisa la quejosa en qué indefensión habría quedado sumida con motivo de la susodicha calificación jurídica", y por otro lado carecía de asidero la alegación de que el actor habría presentado una "segunda versión de la demanda" en su escrito de fs. 67/73 -en particular a fs. 69 v.-, pues "si se lee detenidamente la demanda de fs. 4/9 se llega a la conclusión de que en parte alguna de su texto se formulan reclamos al Dr. Sgrosso respecto de las liquidaciones administrativas sanatoriales que sirvieron de antecedente a la percepción y prorrateo de haberes líquidos que concretara la recurrente", arrojando "una adecuada interpretación contextual del escrito de demanda" la conclusión de que en el mismo "claramente se formuló un reclamo de rendición de cuentas 'acotada' a lo que han sido las tareas efectivamente cumplidas en el caso por la recurrente".

En cuanto a los puntos que habrían sido omitidos en el decisorio apelado, expresó: a) con relación al "pleno conocimiento por el actor de cuánto el Sanatorio Parque S.A. liquidó y pagó" y a la "permanente puesta a disposición de todos los interesados, incluido el actor, de las liquidaciones del Sanatorio", que de las declaraciones del testigo Jáuregui a fs. 113 v./114 "se infiere claramente que las liquidaciones administrativas sanatoriales invocadas fueron efectuadas por el Sanatorio Parque para ilustrar su gestión y no, obviamente, la del Dr. Sgrosso (que percibía y prorrateaba entre los miembros del Servicio de Cirugía Cardiovascular los haberes profesionales líquidos), por lo que mal pueden aquéllas suplir la rendición de cuentas de éste"; y b) en cuanto a que el iudex a quo no tuvo en cuenta que si lo que se requería era un simple informe sobre lo percibido por Sgrosso del Sanatorio Parque "el mismo -según la recurrente- había sido satisfecho con el resumen confeccionado por el demandado a partir de las liquidaciones de la institución que acompañamos a la contestación de demanda", que "debe subrayarse que la recurrente ha admitido que no constituye una 'rendición de cuentas' la 'información' producida por el Dr. Sgrosso en oportunidad de contestar la demanda (fs. 60)", agregándose que "la presentación de dicha información no fue acompañada de un sometimiento liso y llano a las pretensiones de la actora, sino que por el contrario la recurrente mantuvo una franca actividad litigiosa manteniendo planteos como, por ejemplo, el relacionado con el pretenso error en la legitimación pasiva escogida por la actora", por lo que en ningún caso "la presentación de dicha 'información' pudo satisfacer las pretensiones de la recurrente y ser valorada como un 'allanamiento', y que, además, para que la rendición de cuentas extrajudicial sea válida "debe reunir los mismos requisitos que la judicial (debe ser descriptiva, documentada, etc.)", siendo del caso que "no ha existido, ni preexistido, 'rendición de cuentas' alguna efectuada por el Dr. Sgrosso que reúna las condiciones adecuadas". Por ello -concluyó- "si la información proporcionada en su momento por el Dr.

Sgrosso no es una rendición de cuentas como él admite, se tiene que la parte recurrida carece de bases seguras para formular las impugnaciones del caso.

(...) Si se concediera valor de 'rendición de cuentas' a la referida 'presentación de cuentas' se estaría privando a quien reclama que se le rindan cuentas de aprovechar el mecanismo regulado por los mencionados artículos 527/530 CPC", olvidando la diferencia existente "entre rendir y presentar cuentas" (citándose in extenso en el punto a Siburu, Juan, "Comentario al Código de Comercio Argentino", Lajouane, Bs. As., 1905, t. 2, pág. 312).

Finalmente, y con relación al rechazo de la demanda reconvencional, señaló la Alzada que el reconviniente admite que le incumbe "la carga de probar el sustento fáctico de su reconvención", es decir, que pesa sobre él el onus probandi de demostrar la "base fáctica de su pretendido derecho a participar por los honorarios percibidos por el Dr. Ameriso de sus pacientes 'propios'", no surgiendo "prueba alguna producida en autos (de) que tal derecho exista", prueba necesaria ya que no puede aceptarse la argumentación de que la existencia de un equipo médico quirúrgico determine, automáticamente, que deban prorratearse los honorarios profesionales percibidos personalmente por uno de sus miembros, con lo que resulta "arreglado a Derecho la siguiente aseveración del a quo: 'no se ha acreditado en autos el manejo ni la administración de fondos ajenos, aunque lo fueren parcialmente, por parte del Dr. Ameriso".

Habiéndose cuestionado tales conclusiones con los argumentos reseñados ut supra, cabe señalar que -conforme se anticipara- los mismos no logran refutar el discurso justificatorio de la Alzada, advirtiéndose que las críticas propuestas en definitiva se limitan a traducir diferencias de criterio con los sentenciantes y a reiterar alegaciones formuladas en las instancias anteriores que fueron desechadas oportunamente con fundamentos suficientes de derecho común cuyo acierto o error no incumbe a esta Corte revisar (vide Fallos, 312:1859; 325:316, entre otros).

Dicho déficit recursivo se advierte a poco que se repare en la naturaleza de los agravios planteados, que ante todo no se hacen cargo de la verosimilitud de la conclusión de la Sala en cuanto a que sobre Sgrosso recaía la obligación de rendir cuentas a Ameriso por hallarse acreditada la concurrencia del presupuesto fundamental para que exista tal obligación, esto es, la gestión de negocios total o parcialmente ajenos ("la obligación de rendir cuentas pesa sobre toda persona que haya administrado bienes o gestionado intereses ajenos, con prescindencia de que las negociaciones comprendan también intereses propios del gestor o administrador" -Fallos, 322:2259-), aserto que halla asidero en la circunstancia -no discutida en autos- de que, como a su turno lo expresara el señor Juez de baja instancia, "el Dr. José Luis Sgrosso, en su carácter de jefe de servicio de cirugía cardiovascular del Sanatorio Parque S.A. percibía los pagos efectivizados por dicho nosocomio a causa de las tareas efectuadas por el mismo, y procedía a liquidar a sus integrantes, entre ellos al Dr. José Luis Ameriso, la parte que les correspondía" (fs. 271 v.), tesis que concuerda con las propias postulaciones de las partes -así se reconoce a fs. 59 que "las facturaciones del sanatorio se hacían a nombre del demandado y por ende se le abonaban a éste"- y con declaraciones de testigos -vide la declaración del señor gerente general del Sanatorio Parque, C.P.N. Jáuregui, quien frente a la pregunta de si dicho sanatorio "realizaba al Dr. Sgrosso todos los pagos relativos al nombrado Servicio de Cirugía Cardiovascular por las prestaciones médicas (cirugías) del nombrado y del Dr.

Ameriso" (fs. 110) manifestara que "efectivamente era el Dr. Sgrosso el que cobraba todo" (fs. 113 v.), o la del presidente del Sanatorio Parque cuando expresa que "el Dr. Sgrosso percibía los importes que le correspondían por sus propias operaciones (intervenciones quirúrgicas) y los que correspondían al Dr. Ameriso por sus intervenciones quirúrgicas" (fs. 135)-, a diferencia de lo que ocurre con relación al pretendido derecho del doctor Sgrosso a participar en las sumas de dinero pagadas por los "pacientes particulares" del doctor Ameriso, objeto de la reconvención que fuera desestimada en ambas instancias por considerarse no acreditada la relación jurídica sobre la cual se fundaría tal derecho, conclusión ésta que se asienta sobre una valoración posible de las constancias de la causa (pruebas y postulaciones de las partes) que tampoco alcanza a ser desvirtuada por el impugnante, quien se limita a insistir sobre las implicaciones de ciertas pruebas (entre las cuales se destaca la obrante a fs. 235) aunque sin hacerse cargo del argumento de la "falta de prueba" de su derecho a participar en el producido de la atención profesional de pacientes "particulares" del doctor Ameriso -prueba necesaria atento a la negativa expresa de éste en cuanto a que "se pactara que el 30 % del monto que percibiera el actor por honorarios y derechos generados por la atención de sus pacientes debía ser pagado a Sgrosso, ni que se pactara el 50 % por los pacientes del 'Parque Francia'" (contestación de la reconvención, a fs. 69; también fs. 72 v.)- omisión que no puede considerarse salvada por el recurso a una eventual violación del artículo 1627 del Código Civil, cuya invocación en esta instancia aparece -en las circunstancias del caso- como el fruto de una reflexión tardía que no puede variar la suerte de la impugnación extraordinaria (Fallos, 310:101; 311:371, 1989; 312:551; 315:739, 322:1926 y 2217; 327:3913, entre otros).

Y así como ninguna objeción constitucional merece la respuesta de la Sala en cuanto a la existencia de la obligación de rendir cuentas por parte de Sgrosso (primera etapa del proceso de rendición de cuentas -vide Fallos, 319:2063; 322:2263-), tampoco se advierte que pueda calificarse de arbitraria la conclusión de que el mismo Sgrosso no había cumplido en debida forma con tal deber, pues ella se justifica en la circunstancia de que las liquidaciones oportunamente acompañadas no alcanzaban para cumplir con la exigible rendición "instruida y documentada" de las cuentas, que no podría satisfacerse con un mero "cuadro" (como lo pretende el recurrente a fs. 324 v.), ni con un "resumen" sin documentación respaldatoria (como el mismo impugnante lo ha reconocido al expresar que "cierto es que esa suerte de resumen de las cuentas llevadas por el Sanatorio no podría considerarse técnicamente una 'rendición de cuentas'" (vide fs. 60; 287 v.), por lo que conserva plena validez la conclusión del a quo en el sentido de que "no ha existido, ni preexistido, 'rendición de cuentas' alguna efectuada por el Dr. Sgrosso que reúna las condiciones adecuadas", siendo la postulación contraria de la recurrente una nueva expresión de meras discrepancias o disconformidades sobre la interpretación de normas de derecho común y valoración de extremos probatorios, que sella la suerte adversa del recurso, pues resulta claro que la tacha de arbitrariedad no prospera cuando la sentencia se funda en argumentos que, aunque sean opinables, resultan suficientes para sustentarla (Fallos, 302:175;308:986, etc.).

Por ello, y no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 376/377 v., voto por la negativa.

A la misma cuestión el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y la señora Ministra doctora Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Vigo dijo: Atento al resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde expedirse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y la señora Ministra doctora Gastaldi expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas (artículo 12, ley 7.055).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y la señora Ministra doctora Gastaldi dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso, con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)