Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-04-21


Av. Bolivia Nº 4671 - Tercer Piso - 1 er Patio "A" - Salta .MDEL.1453304.

EXP. nº 24.092/09 Salta, 21 de abril de 2.017 AUTOS Y VISTOS: este expediente caratulado "AGUIRRE, FABIO ANTONIO ALEJANDRO c. FLORES, ROBERTO - ORDINARIO", EXP. nº 24.092/09, originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo nº 2, para resolver las apelaciones interpuestas a fs. 187/188 y a fs. 189/190 vta. y C O N S I D E R A N D O María de las Mercedes Domecq dijo:

La sentencia de primera instancia, por la que se hace lugar parcialmente a la demanda y se condena a Roberto Flores a pagar a Fabio Antonio Alejandro Aguirre la suma de $168.529,24 a febrero de 2.014, es objeto de las mentadas vías recursivas por parte del actor y del demandado, respectivamente, las que serán tratadas en sentido inverso.

RECURSO DE APELACIÓN DEL DEMANDADO I. El recurrente advierte que su parte sostuvo que el ingreso del actor bajo su dependencia fue el 2 de agosto de 2.004 y no la fecha invocada por la contraria y que ello fue acreditado con la documentación puesta a disposición del Juzgado oportunamente y con las constancias del expediente administrativo nº 74.201/04, en relación al cual advierte que las discrepancias en las fechas denunciadas en el mismo responden exclusivamente a declaraciones unilaterales del actor, pero no fueron avaladas por pruebas ciertas o indudables.

El testigo Lazarte no manifiesta, según el memorial, que el actor hubiera estado trabajando antes del 2.004, sino que expresa que siempre tuvo trato con los dueños del taller mecánico, mientras que de los dichos del señor Guaymás surge que reconoce haber visto al actor en el taller pero once años después de la fecha que se menciona en la demanda.

Que no se tuvo en cuenta que la falta de certeza en cuanto a la fecha de ingreso que se menciona en la sentencia es atribuible solo al actor (quien no pudo probar sus afirmaciones), toda vez que lo manifestado por su parte sí se encuentra debidamente probado: la fecha de ingreso que debió considerarse fue, en consecuencia, la de agosto de 2.004.

Sorprende al apelante que no se hayan tenido en cuenta las manifestaciones del testigo Wierna, ofrecido por su parte, quien reconoce haber concurrido habitualmente al taller y no haber visto jamás al actor.

Critica la condena a pagar diferencias salariales, agregando que ello se encuentra en relación con lo que se trató en el primer agravio y el adicional por antigüedad y no fue probado; que su reconocimiento constituye una "vulgar estafa" del actor, ya que podría haber percibido grandes sumas de dinero, ilegítimas, configurándose una maniobra delictiva en perjuicio de su parte.

Entiende, por otra parte, que el distracto reúne los elementos para su procedencia, ya que por medio de la testimonial del señor Guaymás está probada la negligencia del actor en el cumplimiento de las tareas a su cargo, lo que generó un perjuicio económico y puso en riesgo la vida de los ocupantes del vehículo reparado por Aguirre; que al momento de conocer el accidente generado por el error del actor, le remitió la carta documento que sirvió como fundamento de la decisión del Juzgado, pero se debe tener en cuenta que su parte estaba reuniendo los elementos necesarios para tomar una resolución disciplinaria, con lo cual concluye que el actor ya conocía la gravedad de su falta y la magnitud de la sanción que podía serle aplicada.

Cuestiona, finalmente, la planilla de liquidación por determinar -según el memorial- una suma de dinero arbitraria, condenando a su parte a pagar montos viciados en su origen.

El traslado ordenado a fs. 192, último párrafo, se contestó mediante la presentación de fs. 196/197, donde el actor sostiene que no se especificó cuál fue el error de la Juzgadora; que esta no se encuentra obligada a valorar toda la prueba rendida en autos; que valoró adecuadamente la declaración de los testigos Lazarte y Bernal, con así también la absolución de posiciones; que con las actuaciones administrativas quedó demostrado que, a la fecha allí consignada, el actor no se encontraba registrado y que por esa inspección el demandado procedió a cumplir con ello con fecha posterior; que la declaración del testigo Guaymás se contradice con la propia demandada; que las diferencias declaradas procedentes se relacionan con que las remuneraciones pagadas eran inferiores a la escala salarial vigente en cada período; que el distracto fue analizado por la Jueza de Grado considerando la conducta de las partes durante toda la etapa de la relación laboral, es decir, que registró al actor de manera defectuosa como resultado de la inspección realizada por la Dirección de Trabajo; que, frente al reclamo de aquel, decidió despedirlo invocando una causa no acreditada en autos; que, si el demandado entendía que la falta cometida ameritaba una sanción disciplinaria, pudo haber dispuesto la misma, dando cumplimiento a las intimaciones formuladas por su parte y que la conducta del empleador disponiendo el despido obedece a la remisión de su parte de un telegrama reclamando sus derechos.

II. El primer agravio del demandado cuestiona la conclusión a la que arribó la Sentenciante al determinar la fecha en que Fabio Antonio Alejandro Aguirre ingresó a trabajar bajo la dependencia de Roberto Flores: "a partir del año 1999".

Para llegar a ello, la Juzgadora valoró las constancias del expediente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social n° 74.201/04, reservado a fs. 44 de autos, las declaraciones testimoniales y la absolución de posiciones del demandado, advirtiendo que, en todo caso, la fecha que surge de la apreciación conjugada de esa prueba, es anterior a la reconocida por el demandado, esto es, el 2 de agosto de 2.004.Ante ello el recurrente insiste con que el ingreso se produjo en el año 2.004, tal como se desprende de la documentación que fue presentada en autos.

Entiendo, sin embargo, que se trata de un argumento solo aparente porque la eficacia del material probatorio se relativiza si arroja datos instrumentados en antecedentes escritos confeccionados por el mismo empleador y en cuya emisión no tiene intervención alguna el dependiente, a excepción de su firma cuando se encuentran ya completos e integrados.

Por ello considero que, si cualquiera de las partes reclama ante el Órgano Jurisdiccional la revisión de la falta de correspondencia entre lo que surge de lo consignado en documentos emanados una de ellas y la realidad, resulta menester iniciar el análisis partiendo de dos premisas: la duda respecto al contenido de lo escrito (máxime si quien lo denuncia es el trabajador, invocando la existencia de un fraude) y la ponderación de todo elemento de prueba producido por las partes para ratificarlo, en un caso, y para desvirtuarlo, en otro.

En otros términos: aunque en los recibos de haberes y el libro de registro único que fueron reservados a fs. 38, se consignó la fecha de inicio en agosto de 2.005, ello no basta para ceder frente al examen de la realidad, lo que es coincidente con el imperativo de supremacía de la misma (doctrina de Vázquez Vialard en "Ley de contrato de trabajo comentada y concordada" t. III, p, 31). __ Ante esa duda inicial del análisis, en general, el único medio con que podrá demostrarse cuestiones fácticas típicas, como la fecha de ingreso, será la testimonial, ya que resulta bastante complejo para el trabajador acceder o contar con documentación comercial del empleador de la que surjan, aun de manera tangencial, datos que ilustren sobre aquella.

A propósito de ello, advierto que no solamente Juan Carlos Lazarte en las respuestas a las preguntas 2° y 3° del pliego de fs. 117 (fs. 119 in fine) y en la última de fs. 119 vta., sino también Miguel Ángel Bernal en la 3° de fs. 123 vta. aseguran conocer que el señor Aguirre trabajaba en el taller del señor Flores desde los años 1.998 y 1.999, brindando referencias al respecto, como que "en el año 97 tenía un GOL y a partir del año 98, 99 iba al taller por el auto, porque ellos atendían eso." o "Más o menos me acuerdo por el mundial, y él compró una moto con el trabajo de ahí, él se compró una moto Honda, una blanquita.".Por otra parte: no encuentro, luego de la lectura íntegra de los dichos de Lazarte, dato alguno que me permita compartir lo que se advierte en relación a él en el memorial: la única referencia a la fecha de ingreso es la mencionada en el párrafo anterior.

En relación a la declaración de Luis Alberto Guaymás: la integridad de su relato se vincula con un desperfecto que habría advertido en un vehículo reparado por el actor, brindando detalles, entre otros, sobre cómo y dónde ocurrió lo que denomina "accidente" y quién había realizado el trabajo, pero ninguna mención formula a la fecha de ingreso del actor.

Es real que el testigo Walter Guillermo Wierna destaca que vio al actor desde mediados del 2.004, pero entiendo que el análisis de la actividad probatoria sería muy limitado si se concentrara exclusivamente en esta testimonial, único medio con el que, además de la cuestionada documental, el demandado buscó sustentar su posición defensiva.

El apelante no se hace cargo, por otra parte, del haz de indicios que, a mi parecer, proporciona lo actuado en el expediente administrativo n° 74.201/04: habiendo la Dirección General Provincial del Trabajo realizado el 17 de agosto de 2.004 una inspección en el local del demandado (sito en Catamarca n° 1.210 de esta Ciudad, coincidente con el mencionado a fs. 48 vta.), entre las personas indagadas se encontraba el actor, quien declaró ante los funcionarios haber ingresado en abril de 1.999 y no contar con recibo de haberes (fs. 3); junto a él, Santos y Tomás Principato formularon manifestaciones en similar sentido, como la fecha de ingreso en enero de 1.998 y en enero de 2.003, respectivamente.

Unos días después de la intervención de la autoridad administrativa, el hoy demandado hizo conocer a esta que "la situación actual se ha modificado en razón de haber formalizado relación laboral con las personas que se consignan en el Alta Temprana que en copia se acompaña." (fs. 4), presentando el correspondiente formulario (fs. 5) del que se desprende que el 19 de agosto de 2.004 se inscribió tanto a Fabio Aguirre, como a los otros dos trabajadores, declarando en todos los casos, como fecha de inicio el 2 de agosto de ese año.

La reacción del señor Flores ante la intimación formulada por la entonces Dirección de Trabajo es uno de los resultados que, sin duda, procuró el legislador con la sanción de la ley 6.291, pero implicó también el reconocimiento de que tenía personal sin registrar en los términos del art. 18 de la ley 24.013, lo que torna algo carente de verosimilitud que el ingreso del actor hubiera sido justamente un par de semanas antes de la inspección.

En fin: la interpretación conjugada de las declaraciones testimoniales, el incumplimiento observado por Roberto Flores respecto del actor y de otros trabajadores antes de su inscripción y la insuficiencia del agravio, me orientan a confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto a que el ingreso del actor ocurrió en el año 1.999.

Ello supone que también deberá confirmarse lo decidido respecto de las diferencias salariales, cuyo fundamento se vincula de manera inmediata con la antigüedad que Fabio Antonio Aguirre detentó el actor entre julio de 2.007 y junio de 2.009.

El segundo agravio es atinente a la extinción del vínculo: quiero ab initio hacer notar que del examen del iter epistolar remitido entre las partes surge que aquella se concretó no por despido indirecto, como lo sostiene la Señora Jueza de grado, sino por una decisión del empleador notificada al demandante mediante la carta documento n° 076383455 (fs. 22 de la documentación reservada a fs.38), donde le atribuye que ". a puesto en peligro la seguridad del cliente propietario del automóvil." patente DOH 984 ".al desprendérsele la rueda en plena ruta, consecuencia causada por su falta previsión y de los debidos cuidados que debió tomar en razón de su arte. Todo ello ha puesto en evidencia su negligencia en el obrar causando un perjuicio económico en el mencionado automotor, en la imagen y en la seriedad de la empresa en cuanto a las prestaciones que se realizan a los terceros, como así también a causado un perjuicio en el patrimonio de la misma en razón de que se asumió el pago y la reparación de los daños a dicho cliente.".

Entiendo, por lo tanto, que el análisis del despido debió versar sobre este hecho y no sobre los incumplimientos invocados en el telegrama n° 080375804 (su ejemplar obra a fs. 24 de la documentación ya individualizada), esto más allá de la proximidad cronológica entre estos y la imputación formulada al actor y de que el despido invocando la referida conducta pudo haber sido otra reacción del demandado originada, en este caso, en la molestia que le generó haber sido requerido formalmente por su dependiente.Determinado ello, destaco que del texto de la pieza postal referida en último término, no se advierte un dato que parece trascendental en orden a sustentar un extremo fáctico tan casuístico como lo es una conducta negligente, su resultado dañoso y la coyuntura que rodeó aquella: la identidad del sujeto inmediatamente dañado, esto es, el conductor o el propietario del automotor dominio DOH984.En otros términos: toda vez que no se indicó en la pieza postal extintiva el nombre de esa persona, lo que sí se advierte en la contestación de la demanda, donde se menciona por primera vez a Luis Guaymás (ver fs. 48 vta.), considero que la causal del despido, si bien no fue estrictamente modificada, sí fue dotada -en sede judicial y más de un año después de producido el despido- de una mayor precisión que se adecua con idoneidad a la fórmula sintáctica "con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato" (art. 243 de la ley de contrato de trabajo), con cuya inclusión el legislador procuró evitar que, en el marco de imprecisión que se genera a partir de la descripción vaga de un hecho, el motivo del despido pudiera ser alterado.

El no haber incluido en la pieza postal extintiva el nombre de quien conducía el vehículo comprometió, por lo tanto, la seriedad que debe caracterizar una decisión tan paradigmáticamente elocuente del poder de dirección y disciplinario con que cuenta el empleador, como lo es el despido, pero también permitió al demandado especular hasta la fecha en que cumplió con la carga procesal del art. 39 del C.P.L. con el nombre de quien sería el testigo del hecho atribuido al actor, recurso cuya importancia se acrecienta si tenemos en cuenta que ha sido este el único medio probatorio con el que Roberto Flores ha procurado acreditar aquel.

Lo referido me orienta a concluir, por una parte, que el despido careció de las formas ad solemnitatem previstas en el art. 243 de la ley de contrato de trabajo y que, por lo tanto, debe ser considerado como sin causa y, por otro, que la declaración del referido señor Guaymás no necesariamente contiene el relato de la materialidad fáctica imputada a Aguirre, lo que me permite concluir en el rechazo de -también- este aspecto de la apelación.

El agravio que se relaciona con la liquidación debe ser desestimado por carecer de toda fundamentación.

En fin: de prosperar mi voto, se desestimará la apelación del demandado y, en su mérito, se confirmará el punto I de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia, con costas a aquel por eficacia del principio objetivo de la derrota (art. 67 del C.P.C.C.).

RECURSO DE APELACIÓN DEL ACTOR I. Cuestiona el rechazo de la multa del art. 2 de la ley 25.323 y de la prevista en el art. 80 de la L.C.T.: al respecto afirma que la procedencia de la primera es consecuencia lógica del resto del fallo, puesto que concluye que la conducta del empleador de omitir cumplir con las intimaciones y de registrarlo falsamente dos días después de la inspección es injuriante para el actor y que el despido indirecto se ajusta a derecho.

Califica de arbitrario al fundamento, puesto que, a pesar de reconocer que el presupuesto de hecho que exige la norma se encuentra cumplido, se limita a señalar que "por las peculiaridades de la relación laboral y la causal de extinción el empleador pudo creerse con derecho a no pagar las indemnizaciones", sin explicitar cuáles son las mentadas peculiaridades y la causa a la que se refiere.

Advierte que la ley faculta a reducir el incremento indemnizatorio siempre que ello se decida de manera fundada, pero los argumentos de la Sentenciante son contradictorios, yendo contra el espíritu de la ley que es compeler al empleador a pagar en tiempo las indemnizaciones derivadas del despido y evitar, de esa forma, litigios.

Que cuando la ley se refiere a las causas que justifiquen la conducta del empleador no se refiere a las causas del despido, como lo interpreta equivocadamente la Sentenciante, sino a aquellas que justifiquen la conducta del empleador con relación a la omisión de pago: lo contrario se permitiría que este esgrima cualquier causa para eludir el pago del incremento.

En autos -agrega el recurrente- no existen causas que justifiquen la medida de la Jueza, ya que la conducta temeraria fue analizada junto al distracto y la fecha de ingreso, lo que evidencia que no existía ninguna causa razonable o legal para omitir el pago de las indemnizaciones.

Entiende, respecto al rechazo de la multa del 80 de la L.C.T., que es contradictorio si se tiene en cuenta que reconoce la fecha de ingreso y el rubro antigüedad: el certificado previsto en esa norma que el empleador puso a disposición de su parte carece de validez y de virtualidad jurídica, pues allí se consignan datos falsos respecto del tiempo de la prestación de los servicios, de la naturaleza de estos y de los aportes y contribuciones efectuados a los organismos de la seguridad social, impidiendo a su parte retirar el certificado. Formular reserva de lo los recursos de control constitucional local y federal.

El traslado que se ordenó a fs. 194 y fue notificado a fs. 200, no fue objeto de contestación, como surge de la providenciad de fs. 205.

II. El primer agravio critica el rechazo de la multa del art. 2 de la ley 25.323 advirtiendo la existencia de una contradicción entre los incumplimientos considerados por la Señora Jueza de grado para tener como válida la situación de despido indirecto en que se colocó el actor y el temperamento posterior de declarar improcedente la referida sanción patrimonial.

Según lo desarrollado al tratar el memorial del demandado, estoy postulando que la denuncia del contrato de trabajo fue a causa de una decisión de aquel y no de un incumplimiento suyo imputado por el accionante y seguido de su voluntad extintiva: por ello sugiero desestimar la argumentación vinculada con la falta de registración y de satisfacer los otros reclamos consignados en el telegrama nº 080375804, toda vez que ellos se inordinan con la premisa de un despido indirecto, el que -reitero- no se configuró. No obstante ello, entiendo que la situación de Roberto Flores no puede asimilarse a la hipótesis prevista en la norma, que remite al empleador que ha producido un despido injustificado y, pese a ello y luego de haber sido intimado en ese sentido, se abstiene de abonar las indemnizaciones correspondientes a ese ilícito contractual.

En efecto, lo que me lleva a confirmar la condena a pagar los créditos indemnizatorios es la circunstancia derivada de que la notificación del despido no satisface la necesidad de individualizar su causa con precisión tal que impida modificarla posteriormente, valoración esta que hago actualizando lo que prescribe el art. 242, segundo párrafo del C.P.C.C.: ello, desde mi análisis, permite justificar la omisión del señor Flores.

A lo expuesto quiero agregar que el mencionado art. 2 es una norma de textura abierta que otorga al titular de la jurisdicción cierta discrecionalidad que lo habilita a, ponderando las circunstancias de cada caso sometido a su conocimiento, hacer menos gravosa la aplicación de una multa civil que busca agredir el patrimonio del empleador.

Lo expuesto me permite sostener que el criterio de la Juzgadora es compartible.

En relación al segundo agravio: la redacción del art. 80 de la ley de contrato de trabajo, sufrió una importante modificación en el año 2.000, con la introducción del último apartado, por eficacia del art. 45 de la ley 25.345.

A causa de la referida modificación se impuso una sanción al empleador que no hiciere entrega de las constancias o del certificado previsto en los apartados segundo y tercero dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que al efecto le efectuara el trabajador.

Lo que se intentó con la modificación de la norma no fue que el trabajador obtenga un resarcimiento económico, sino castigar al empleador que no da cumplimiento a lo dispuesto en los apartados segundo y tercero, pues, por no haber sido extendida esa documentación, puede interpretarse -por derivación- que no se ha dado cumplimiento con las obligaciones fiscales enunciadas en el primer apartado de la norma.

En autos tenemos, por una parte, que el accionante reconoce que se cumplió con la entrega de la documentación aludida y, por otra, que al contestar la demanda, el accionado presentó el formulario PS.6.2 que se glosó a fs. 39/41 de la reserva de fs. 51, lo que me conduce a considerar que observó la obligación de hacer y, antes, la de pagar los aportes y contribuciones, aunque en el señalado formulario consta una fecha de ingreso que no coincide con la real y salarios inferiores a los que debió haber pagado, conforme su antigüedad.

Esa disociación no obsta, desde mi análisis, su voluntad positiva de cumplir con la entrega de la documentación: no puede considerarse válidamente, por lo tanto, que el demandado se encuentra en mora con el cumplimiento de en su obligación de hacer.

Lo explicitado me orienta a rechazar este agravio y a confirmar este aspecto de la sentencia de primera instancia (es esto el criterio de esta Sala en, por ejemplo, "Anachuri, Oscar Raúl y Zerbetto Kustner, Franklin Homero c. Miajiel, Ramón José - ordinario", expte. n° 21.538/08).

En fin: de prosperar mi voto, se rechazará la apelación del actor y, en su mérito, se confirmará el punto II de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia, con costas a aquel por eficacia del principio objetivo de la derrota (art. 67 del C.P.C.C.).

No obstante lo resuelto, entiendo que no debe eximirse al demandado de su obligación de confeccionar adecuadamente la certificación de servicios y remuneraciones, considerando los datos atinentes a la fecha de ingreso y diferencias salariales que surgen de la sentencia de primera instancia, que propicio confirmar: sugiero que, en consecuencia, se condene a Roberto Flores a entregar a Fabio Antonio Alejandro Aguirre el formulario PS.6.2 nuevamente confeccionado en el plazo de diez días de quedar firme esta sentencia, sin costas por ser un criterio propio del Tribunal (art. 67, segunda parte, del C.P.C.C.).

De acuerdo a lo determinado en la acordada nº 12.062, y conforme las pautas establecidas en los arts. 4, 7 y 13 del decreto ley 324/63 y modificatorias, propongo que los honorarios por la labor desarrollada en esta instancia se determinen en el 45% de lo que se regulase en primera, en relación a lo que ha sido materia de agravios.

La Dra. Mirta Inés Regina dijo: Adhiero al voto que antecede.- Por ello, SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO:

R E S U E L V E I. RECHAZAR la apelación del demandado y, en su mérito, confirmar el punto I de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia, con costas.

II. RECHAZAR la apelación del actor y, en su mérito, confirmará el punto II de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia, con costas.

III. CONDENAR a Roberto Flores a entregar, en el plazo de diez días luego de que este pronunciamiento quede firme, a Fabio Antonio Alejandro Aguirre el formulario PS.6.2 nuevamente confeccionado, debiendo considerarse los datos atinentes a la fecha de ingreso y diferencias salariales que surgen de la sentencia de primera instancia, sin costas.

IV. DETERMINAR los honorarios por la labor desarrollada en esta instancia en el 45% de lo que se regulase en primera.

V. TENER presente la reserva formulada a fs. 188.

VI. ORDENAR se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.

CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA. SALAII