Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-06-09


Córdoba, junio 9 de 2010.

1º ¿Es procedente el recurso interpuesto por la parte demandada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Rubio dijo:

1. Al recurrente le agravia la decisión de la quo en cuanto declaró ilegítimo -por extemporáneo- el despido patronal. Aduce errónea aplicación del art. 242 LCT, que le impone a los jueces la valoración prudencial de las causas del distracto. Explica que el Tribunal infundadamente señaló que la "Lotería de Córdoba" no constituye una autoridad de la administración pública y omitió valorar el expediente sumarial, donde constan elementos que evidencian que su parte extremó los cuidados en la rendición del erario. Afirma que la ley laboral no prevé un plazo cierto al cual debe sujetarse el empleador en el ejercicio de su potestad rescisoria y sin embargo se le endilga a su mandante una mora inexistente, ignorando estamentos jerárquicos de su administración. No se tuvo en cuenta la magnitud organizativa y operativa de control del juego en toda la Provincia y el proceso necesario para detectar irregularidades. Asimismo impugna el argumento de la a quo vinculado a que el incumplimiento del trabajador fue menor y no justificaba la decisión de la patronal, tornando inoperante el art. 64 LCT.

2. La Sentenciante entendió sin causa el distracto por falta de contemporaneidad entre los hechos que motivaron la injuria y la medida dispuesta, la que se concretó después de transcurrido más de un año, sin que la demandada justificara su inacción. Agregó que el plazo que transcurrió durante la tramitación del sumario no constituye tiempo útil descontable, ya que su realización es innecesaria y no aportó elemento alguno que sirviera para la resolución del conflicto (fs. 86). Luego, evaluó que los hechos comprobados carecían de entidad para justificar la medida adoptada.

3. El pronunciamiento revela que la conclusión a la que arribó el Tribunal contiene sólo fundamentación aparente. Es que la contemporaneidad exigida no supone inmediatez absoluta sino una razonable proximidad en el tiempo, la que puede variar según las circunstancias del caso. Además, hace al concepto del derecho de defensa pues, quien no es prontamente sancionado, puede alentar la expectativa de que la falta fue consentida. Sin embargo, de los antecedentes del proceso surge que la empleadora inició un sumario al actor por una serie de irregularidades detectadas en el manejo de la lotería; que lo notificó de los hechos atribuidos --con detalle de las circunstancias involucradas-, dando oportunidad del descargo en el que el dependiente reconoció la existencia de los hechos que se verificaron durante la auditoría efectuada en el año 2003. Sólo les restó relevancia asegurando que no perjudicaron a la institución, ni involucraron directamente su responsabilidad funcional. También surge que el Sr. Varela no cuestionó durante ese lapso el tiempo que insumió el trámite administrativo, lo que la conducta de la empleadora no alentaba dispensa o exoneración al agente. Menos aún, que se equipare a una manifestación de voluntad aquiescente que despoja la idea de injuria sobre la que se asienta el posterior despido.

Luego, la conclusión prescinde del contexto en que se produjeron los incumplimientos -los que fueron debidamente probados-, su real magnitud en relación a la jerarquía del dependiente y el perjuicio ocasionado a la institución crediticia. Y estas circunstancias diluyen la relevancia asignada por la Juzgadora a la pauta temporal, como principal argumento para enervar la justa causa de la ruptura contractual.

4. Por lo expuesto, corresponde anular el pronunciamiento (art. 105 CPT) y entrando al fondo del asunto, de conformidad con las razones dadas, rechazar la demanda que persigue las indemnizaciones por antigüedad (art. 245 LCT), omisión de preaviso e integración del mes de despido (arts. 232 y 233 ib) y los demás rubros derivados.

Voto por la afirmativa El doctor García Allocco dijo:

Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma.

La doctora Blanc de Arabel dijo:

Entiendo que el recurso debe declararse inadmisible pues el impugnante no logra evidenciar los vicios que imputa al razonamiento del Juzgador, el que expuso los argumentos que abonaron su decisión. Ya ha dicho esta Sala, reiteradamente, que determinar si las circunstancias del caso constituyen o no injuria en los términos del art. 242 LCT, involucra cuestiones de hecho y prueba, cuya fijación y análisis es facultad exclusiva de los Tribunales de mérito, no revisable a menos que se demuestre su ejercicio arbitrario. Esto no se advierte a través del discurso del casacionista, quien, a pesar de su denodado esfuerzo, se limita a proponer una diversa valoración de lo acontecido, pero que en modo alguno es eficaz para tildar de errónea a la efectuada por la Sentenciante. Es que, extensa y puntillosamente el presentante alude a elementos probatorios que, a su juicio, fueron erróneamente evaluados, pero sin demostrar su carácter dirimente a partir de las razones que contiene el pronunciamiento en el sentido de otorgar relevancia a otras circunstancias comprobadas en torno a la actuación funcional del empleado. Entonces, las inferencias subjetivas que el recurrente extrae del contexto probatorio, pretendiendo hacerlas prevalecer sobre estas conclusiones del Mérito, no son eficaces, se reitera, para evidenciar violación a principio lógico alguno. En definitiva, discrepa con el resultado adverso a su parte y dicha disconformidad no habilita la vía extraordinaria utilizada.

Voto, por la negativa.

2º cuestión.- El doctor Rubio dijo:

A mérito de la votación que antecede, por mayoría, corresponde admitir el recurso de casación interpuesto por la parte demandada. En consecuencia, rechazar la demanda en cuanto pretendía las indemnizaciones derivadas del despido y sus consecuentes. Costas por su orden atento la intervención excepcional de esta Sala en la materia de que se trata y la naturaleza del vicio verificado. Atento constancias de autos ordenar el reintegro del depósito del art. 80, ley 9.269. Los honorarios de los Dres. N. A. y O. A. C. L. serán regulados en un treinta por ciento de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 34, ley 8226, sobre lo que constituyó materia de impugnación (arts. 37, 38 y 104 íb.; 125, ley 9459), debiendo considerarse el art. 27 del CA.

El doctor García Allocco dijo:

Adhiero a la solución a la que se arriba en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo.

La doctora Blanc de Arabel dijo:

Comparto la decisión que propone el señor vocal doctor Rubio a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera.

Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral, resuelve: I. Admitir el recurso de casación interpuesto por la parte demandada y anular el pronunciamiento según se expresa. II. Rechazar la demanda en cuanto pretendía las indemnizaciones derivadas del despido y sus consecuentes. III. Costas por su orden. IV. Restituir el depósito de ley. V. Disponer que los honorarios de los Dres. N. A. y O. A. C. L. sean regulados por la Cámara a quo en un treinta por ciento de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 34, ley 8226, sobre lo que constituyó materia de discusión. Deberá considerarse el art. 27 del CA. VI. Protocolícese y bajen.- Luis E. Rubio.- Carlos F. García Allocco.- Mercedes Blanc de Arabel.