marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
DAÑOS Y PERJUICIOS, responsabilidad contractual, compraventa de automotores, defectos de fabricación, desvalorización del automotor, reparación de la cosa, interpelación, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vitco SA c/ Volkswagen Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-18

En síntesis, debió la actora interpelar, y omitido ello y en ausencia de mora, no puede predicarse la presencia de un incumplimiento, sin que sea óbice a ello la eventual demostración de la presencia de un daño, pues este último elemento no es suficiente por sí mismo para hacer jugar el régimen de la responsabilidad civil que, como es sabido, supone además de la presencia de un perjuicio, una inejecución imputable a título de dolo o culpa causalmente relacionada a aquél (conf. Bustamante Alsina, J., "Teoría general de la responsabilidad civil", Buenos Aires, 1983, p. 86, n° 170, y p. 113, n° 228).
Poder Judicial, facultades del Poder Judicial, limitaciones a los poderes públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T., S.L. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-15

"El acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse. Solo casos que trasciendan ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario, habilitan la intervención de los jueces".
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, jubilaciones, cómputo de servicios, trabajador autónomo
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Maidana, Fredeobinda c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-15

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que denegó el reconocimiento de los servicios autónomos denunciados (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

(Disidencias de los Dres. Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez y Julio S. Nazareno).
Personal de la Prefectura Naval, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Bustos, Luis Iván y otros c/ E.N, - P.N.A. s/ dif. salariales - cont. adm.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-13

Los suplementos establecidos por el decreto 2769/93 -modificatorio de la reglamentación relativa a los haberes del personal militar, con aplicación extensiva a la PNA, acorde lo reglamentado por Decreto Nº 1009/1974- no tienen carácter general, sino particular, pues su finalidad es compensar ciertos gastos efectuados por el personal militar en actividad, por lo que no corresponden a la totalidad del personal en actividad.
Honorarios del abogado, pronto pago, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: AGUIRRE, RICARDO ANTONIO c/ INGENIERO E OLIVA SAIC E I s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-05-26

Si existiera una deuda reconocida de origen laboral y liquidable por simples operaciones contables, el juez, a petición de parte ordenará su inmediato pago (artículo 121 del Código Procesal Laboral) y en defecto de éste prosigue el trámite de ejecución previsto en los artículos 122 y siguientes del Código Procesal Laboral, por lo cual el "trámite de pronto pago" consiste en un pedido de parte que no tiene los requisitos de una demanda y una liquidación de "simples operaciones contables". En el caso, el pedido de pronto pago fue proveído por el a quo poniendo de manifiesto la liquidación y mandando formar incidente por separado. La notificación del manifiesto de la liquidación implicó una intimación al pago puesto que oficiosamente el apoderado de la actora agregó su monto en la cédula con su firma, quedando el trámite del artículo 121 CPC concluido con la notificación a los domicilios reales y legales y en consecuencia expedita la vía de la ejecución. El trabajo posterior a la falta de pago corresponde regularse en el procedimiento para la ejecución de sentencia. Habiendo consistido el trabajo en un planteo sin contestación no puede interpretarse que existe un incidente en sentido estricto, sino en una labor de tipo incidental, por lo cual resulta erróneo aplicar el 30% sobre la base de la regulación del juicio completo, sino como actuación aislada (artículo 12, inciso 8 Ley 6767) lo que debe armonizarse con los artículos 4, 5, 6, 8, y concordantes conforme lo expresa la primera parte del artículo 8 Ley 6767. Resulta evidente que no se puede otorgar la escala completa a un trámite que se agota con un solo pedido por lo que debe armonizarse con el artículo 9 que divide el proceso en tres etapas siendo una de ellas la demanda y su contestación, pero la tercera parte de la escala no podrá ser inferior el monto fijo del artículo 12 inciso 8 de la ley arancelaria.
Cheque sin fondos, interpelación, domicilio especial, falta de entrega en destino, domicilio cerrado
Materia: PENAL
Carátula: COTTON, ROBERTO s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-20

1- No resulta admisible asignar al domicilio especial un alcance tal que torne indiferente la recepción de la notificación en destino. Y ello con mayor razón en sede penal donde el tipo determinado por el art.302 inc.1° del C.P. requiere "habérsele comunicado" al librador "la falta de pago". (Del voto del Dr. García Quiroga).- 2- Si el telegrama intimatorio no fue entregado en destino por "domicilio cerrado" sin que resulte de lo actuado que el fracaso de la diligencia se hubiera originado en alguna maniobra ardidosa del destinatario, no puede entenderse satisfecho el requisito de interpelación documentada a que alude el art. 302 inc. 1) del C.P.

no pudiendo aceptarse la postura del acusador particular quien sostiene que corresponde aplicar la presunción "iuris et de iure"prevista en el art. 90 del Código Civil dado que conforme al art.1° del Decr.- ley 4776/63 el domicilio que el titular de la cuenta corriente tiene registrado en el banco puede ser considerado como domicilio especial a todos los efectos legales. (Del voto del Dr. García Quiroga).- 3- La circunstancia de que el acusado tenga celebrado un contrato con el banco al que dirigió la orden de pago en el que fijó un determinado domicilio, sólo puede tener consecuencias en cuanto a las obligaciones civiles surgidas del acto jurídico de emisión del cheque tal como está previsto en los artículos 101 y 1199 del Código Civil y 1° del estatuto legal de los cheques (Decr.- ley 4776/63).

Pero en el caso se trata de si el comportamiento del firmante de la orden de pago incurre o no en el delito que la ley penal describe como dar un cheque sin proveer fondos y no pagarlo en determinado plazo de comunicado el rechazo. Y es evidente que ese comportamiento no puede incurrirse si no existe una comunicación, cualquiera sean las razones que hubieran frustrado el cumplimiento de tal requisito.

(Del voto del Dr.Hendler).
Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, concesión de servicio público, servicio de agua corriente, ingresos públicos, tasa municipal, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 306 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-25

No cabe hacer lugar al planteo impugnativo de la Municipalidad en torno a la exención de tributos municipales que el artículo 70 inciso "n" de la ley 11.220 autorizó a contemplar en el contrato de concesión por entenderla contraria al artículo 107 de la Constitución Provincial, desde que si bien es cierto que una jurisprudencia consolidada señala que las exenciones no pueden importar el desconocimiento o cercenamiento de potestades tributarias, respecto de aquellos tributos que no se constituyan en obstáculo con el propósito o finalidad perseguido, de ello no se infiere que la potestad de eximir contemplada en la ley exorbite de por sí el marco de las atribuciones del Poder Legislativo en tanto aparezcan rectamente dirigidas a la consecución de las finalidades perseguidas.

Esta potestad de eximir se ha entendido también desde antiguo como incluida dentro de la cláusula del "progreso", en tanto se ejercite razonablemente; y con particular referencia, incluso, a las potestades tributarias de los Municipios, se ha entendido que su ejercicio no conculca de por sí el artículo 123 de la Carta Fundamental de la Nación .

Y bien, no se advierte que la exención a la tasa municipal por ocupación del dominio público dispuesta en el ámbito de la regulación del servicio público de agua para toda la Provincia se revele en principio como desproporcionada con la finalidad perseguida, cual es la consecución del eficiente servicio en cuestión, y razonablemente enmarcado en el principio de uniformidad a que se alude en los antecedentes legislativos.

En efecto, allí se señaló que "con el objetivo de instaurar principios uniformes en todo el territorio provincial..., (se establece) un encuadre legal que favorecerá el desarrollo del sector en todo el ámbito provincial, cuyo objetivo fundamental es la rápida cobertura de lo s sectores más postergados".

Pues bien, para el logro de tal propósito de utilidad común, la exención dispuesta aparece como una legítima opción adecuada al logro de aquella finalidad; vale decir, el legislador provincial ha ejercido sus facultades en forma razonable, y no arbitraria o absurda, sin agravio al artículo 123 de la Carta Fundamental de la Nación.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, segunda instancia, sentencia, tribunal colegiado, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Movimientos de Suelos  S.A. c/ Momentos  SAAG  y otro. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

Corresponde admitir el recurso extraordinario fundado en que la sentencia de la Cámara es violatoria del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, al estar suscripta por sólo dos de los integrantes de la Sala, en virtud de la obligación que le cabe a la Corte de corregir la actuación de las Cámaras Nacionales de Apelaciones cuando aparezca realizada con transgresión de los principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, responsabilidad objetiva, guardián de la cosa, daño por vicio o riesgo de la cosa, relación de causalidad, cosa riesgosa, pozo sin protección, daño a un transeúnte
Materia: CIVIL
Carátula: MAZZUCCHELLI, ADRIAN A. c/ S.E.G.B.A. S.A. Y OTRO s/ RESPONSABILIDAD POR DAÑO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

La caída que originó los daños cuya indemnización se persigue, ocurrió como consecuencia del elemento potencialmente dañoso cual es el pozo excavado en la vía pública por la demandada, cubierto con maderas en mal estado. De manera tal, que se trató de una cosa ciertamente riesgosa en los términos del art. 1113, Código Civil.

Siguiendo la enumeración de los requisitos de la responsabilidad objetiva (Llambías, J. J., "Tratado, Obligaciones" IV-A, p. 614) Advierto que: 1) existió un defecto en la cosa que la tornó dañosa, pues el pozo generado por la accionada merece los siguientes reparos: no contó con la señalización adecuada. Además, los tablones de madera que fueron colocados en forma negligente sobre el orificio, tampoco presentan un resguardo eficaz para evitar el perjuicio que una obra de esa naturaleza es susceptible de generar, máxime por haber quedado demostrado que no se hallaban en buen estado de conservación; siendo susceptibles en consecuencia, de quebrarse o romperse ante el mínimo peso que pudiesen soportar. De lo que se sigue que la empresa prestataria de servicios involucrada en el ilícito, no ha ejercido la vigilancia y el control adecuados.

2) El perjuicio causado a la víctima, ha quedado demostrado. 3) La relación de causalidad entre la cosa y el menoscabo físico de que se queja el damnificado es presupuesto indispensable para que funcione la responsabilidad del imputado (Bustamante Alsina, J., "Responsabilidad Civil y otros estudios", T. II, p. 64 y ss.). 4) La empresa demandada fue quien realizó la excavación, por lo cual debe considerársela "dueña" del factor riesgoso productor del perjuicio.
Legítima defensa, legítima defensa de un tercero
Materia: PENAL
Carátula: C., A. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1981-03-04

Tanto en el caso de la legítima defensa propia cuanto en la justificante de la defensa de un tercero, deben reunirse las circunstancias que indica la citada norma del art. 34 inc. 6 en sus apartados a) y b), difiriendo el segundo caso en cuanto a la concurrencia de la circunstancia del inc. c), toda vez que aún mediando provocación suficiente de parte del agredido, el tercero defensor estará amparado por la justificante salvo cuando haya sido partícipe activo en la provocación. Centrado la atención en el primer sub-inciso indicado, corresponde dejar establecido que sin la concurrencia del elemento señalado por la ley penal como de agresión ilegítima, no podrá configurarse la causal de justificación por legítima defensa propia o de tercero.
Relación de dependencia, prueba, cumplimiento de órdenes e instrucciones, derechos del empleador, facultad de dirección
Materia: LABORAL
Carátula: Ramírez, Sandra Gabriela c/ Impresora Sur S.A. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-22

Ante el reconocimiento por el empleador que le impartía órdenes y directivas, cabe precisar que la nota de subordinación necesaria para configurar la relación de dependencia jurídico-personal del trabajador frente al empleador se forma por dos elementos, a saber: la dirección y la fiscalización.
Interdicto de recobrar, facultades del juez, interdicto de retener
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RUIZ, Víctor y Juan c/ RUIZ, Cruz s/ SUMARISIMO: Interdicto de retener la posesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-05-20

El juez puede juzgar como de manutención en la posesión el interdicto interpuesto como de recobrar, porque lo único que cambia es la rotulación del derecho. Conforme el principio iura novit curia el juzgador tiene no sólo la facultad sino el deber de discurrir los conflictos litigiosos, y resolver según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica, subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, como prescindencia de los fundamentos que enunian las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excepción de incumplimiento contractual, abandono de trabajo, pago de la remuneración, falta de pago
Materia: LABORAL
Carátula: MOLINA, CESAR c/ DOMINICI, CARMELO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-31

La negativa del empleador a reconocer la fecha cierta de ingreso del dependiente, el no exhibir los certificados de aportes y la mora en el pago de haberes, justifica la retención de tareas por parte del trabajador, arts. 1201 y 1204 del C.Civil. No resulta admisible en tales circunstancias el abandono de trabajo denunciado por el empleador como justa causa del despido.
Acto administrativo, razonabilidad del acto administrativo, Constitución Nacional
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Frigorífico Paso de Los Libres S.A. (T.F. 12.019-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

El principio de razonabilidad -derivado de los arts. 28 y 33 de nuestra Carta Magna- importa, dentro de nuestro sistema constitucional, la exclusión de toda arbitrariedad o irrazonabilidad, en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos. Ello quiere decir que existe un patrón, un criterio, un standard jurídico, que obliga a dar a la ley -y a los actos estatales de ella derivados inmediata o mediatamente- un contenido razonable, justo, valioso, de modo que alguien puede ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que la ley prohibe, siempre que el contenido de esa ley sea razonable, sea justo, sea válido (conf. Bidart Campos, "Derecho Constitucional", T.II págs. 118/119).
Prueba pericial, expropiación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Prov. de Buenos Aires c/ Gonzalez Gowland de Gaviña M. s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-15

Si se aprecia que los peritos son llamados a juicio, no ya para sostener o respaldar lo afirmado por la parte que ha impulsado su intervención, sino para ilustrar al juzgador, en virtud de su especializado conocimiento sobre la materia en que han de dictaminar, -debiéndose insistir en que la función, así descripta, no varía en modo alguno por la apunada circunstancia de tratarse de los llamados peritos de parte-, debe concluirse que en estos autos, como ocurre en innumerables supuestos, más que esclarecer con su versado criterio el espíritu del juez, en el análisis del tema que se trata, han introducido un factor más de desconcierto. Esto es así, pues no se colige como, si se supone que el experto parte de los datos objetivos que le ofrece su ciencia, o aquéllos que la ley les exige consultar (art. 12 de la ley 5708) -y éstos no varían según quien los compulse-, podrían arribar a resultados tan diversos. La única explicación posible es entender que han seleccionado los elementos que más favorecen la postulación de sus oferentes.
Vacaciones, omisión de solicitar vacaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Estepa Antonio c/ Edmundo Paztuszak s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-17

El 31 de diciembre del año en que debieron ser otorgadas las vacaciones correspondientes al año anterior, marca el comienzo de la cuenta regresiva que se detendrá una vez agotada la suma del período vacacional y los quince días de mínima anticipación con el que el empleador debe notificar su otorgamiento. A partir de esa fecha el trabajador puede asumir el descanso de modo unilateral, respetando los dos requisitos ya señalados del previo aviso al principal y del tope temporal que resultará el 1° de marzo para los años comunes y el 29 de febrero para los bisiestos... La falta del ejercicio oportuno de ésta facultad, tanto total como parcialmente, provoca la caducidad del derecho al goce de las vacaciones anuales.
Sentencia, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FERAUD, RAUL ARTURO s/ RECURSO DE CASACION PENAL - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1961-02-16

La absoluta equiparación entre "falta de motivación" de la sentencia y "motivación lógicamente viciada" o defectuosa, vulnera el concepto tradicional de la casación-que nació y se consolidó para asegurar la vigencia y la uniformidad del derecho en su práctica y realización - y afecta el sistema de enjuiciamiento en sus propias bases: se olvida que la valuación de la prueba y la comprobación (positiva o negativa) de los hechos es tarea exclusiva del tribunal del mérito y se dilata la competencia funcional del tribunal de casación. La subversión del orden jurídico-procesal no se justifica ni bajo el amparo del sentimiento de justicia porque en el proceso es injusto lo que no está acorde con el derecho, y es arbitrario abandonar los modos prácticos que él impone.-
Prueba pericial, carácter vinculante, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gudiño, Omar Alcides y otro c/ Ligotti, Omar y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

El apartamiento del Juez frente al dictamen pericial no es más que otra alternativa legal autorizada por el art. 474 del Código Procesal Civil y Comercial, pero la obligatoriedad de brindar razones suficientes para evitar que el apartamiento represente el ejercicio de su sola voluntad, constituye para el juzgador el límite a su ejercicio de ponderación de la prueba.
Procedimiento laboral, competencia laboral, juicios universales, competencia comercial, concurso preventivo, quiebra
Materia: LABORAL
Carátula: "Coronel,  Daniela c/ Medical  Park  S.A.  y otros s/ Despido"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-16

Como las modificaciones introducidas por la ley 26086 en los arts. 21, 132 y 133 de la ley 24522 son de aplicación inmediata, no hay dudas en cuanto a que los juicios laborales quedan exceptuados del desplazamiento de competencia que provoca el juicio universal, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito. En torno a la claúsula transitoria contenida en el art. 9 de la citada ley 26086 constituye una norma de orden público que rige aún en aquellos supuestos en que se hubiera afirmado la aptitud jurisdiccional del Fuero Comercial en una resolución pasada en autoridad de cosa juzgada, por lo que carecería de trascendencia la existencia de pronunciamientos firmes que hubiesen decidido la radicación de las causas con sustento en el texto originario de la ley 24522. (en igual sentido:Sala III, expte.24791/05, sent. 57037 16/05/06 "Alessandria, Esteban y otros c/ Transportes Automotores Luján S.A. y otros s/ Despido".
Regularización impositiva, repatriación de capitales, moneda extranjera, bienes en el exterior, impuesto a las ganancias, aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley, compensación tributaria, crédito fiscal, quebrantos impositivos, Régimen de conversión de quebrantos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Banco de Mendoza S.A. c/ Dirección General Impositiva. Sancor Seguros de Retiro S.A. c/ Dirección General Impositiva. s/ Reconocimiento de créditos fiscales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

La transformación de quebrantos impositivos en créditos fiscales, en la extensión que contempla la ley 24.073, está inequívocamente condicionada a la circunstancia de que el contribuyente tenga ganancias gravadas en los ejercicios posteriores contra las cuales poder imputar las pérdidas.
Empresas del Estado, Ferrocarriles Argentinos, intereses, tasas de interés, tasa promedio de caja de ahorro
Materia: LABORAL
Carátula: RICCI, PAULINO c/ E.F.A. s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-22

Si la empresa demandada, en el caso Ferrocarriles Argentinos, se halla comprendida en la normativa del art. 2 de la ley 23982, no corresponde aplicarle al crédito resultante del pleito, los intereses que expresa el art. 6 de la Resolución de esta Cámara 6/91, sino la tasa promedio de la Caja de Ahorro Común que publica el Banco Central de la República Argentina, art. 6 in fine de la mencionada ley, capitalizable mensualmente
Contrato de trabajo, prueba, acta policial
Materia: LABORAL
Carátula: FUEYO MIRYAM Y OTROS c/ GRANT SILVIA s/ DEMANDA LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-10-05

El acta policial, no puede considerarse prueba de existencia de contratos de trabajo, puesto que en cualquier contrato una de las partes, puede rescindirlo, por lo que tal circunstancia no determina la subordinación jurídica de una de las partes con relación a la otra. Con la obligación de responder por sus consecuencias, la rescisión de un contrato comercial es obviamente factible y ello no supone existencia de potestad disciplinaria en una de las partes o subordinación jurídica en la otra.
Suspensión del juicio a prueba, multa penal, pena accesoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Tortoriello de Boero, Mónica Alejandra s/ contrabando artículo 863 - Código Aduanero c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-28

La obligación del pago del mínimo de la multa del art. 76 bis del Código Penal comprende solo a las penas pecuniarias previstas en forma conjunta o alternativa pero no así a las accesorias toda vez que estas últimas requieren como presupuesto para su aplicación la condena del imputado mediante sentencia firme, situación que no se condice con la suspensión del juicio a prueba.