marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Indemnización por incapacidad, renta periódica
Materia: LABORAL
Carátula: LA CAJA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO A.R.T. S.A. c/ BARRAZA DARDO ALFONZO S/ PAGO POR CONSIGNACION s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-11-24

La aplicación del sistema de la ley de riesgos de trabajo establecido en el art. 15 apartado 2, 2 párrafo en este caso genera agravio constitucional y autoriza en consecuencia la revisión del mecanismo en ella previsto. Es que, lo que inequívocamente se encuentra en juego es la mecánica -del dispositivo legislativo- prevista para implementar la cobertura de la contingencia (en un sistema que aparece delineado en planos, etapas y dispositivos resarcitorios de regulada correspondencia a la hipótesis respectiva). Así cabe valorar que la renta a la que resultaría acreedor el beneficiario en tal particular diseño, no se revela como una respuesta idónea para dar protección específica y cualitativamente valorable en términos de protección integral al accidentado discapacitado, sino, muy por el contrario, conjugando su situación familiar, edad y estado de salud, permiten inferir que el importe que eventualmente le sería entregado en forma periódica, torna realmente carente de sentido un mecanismo que si bien aparece consagrado a efectos de brindar en caso de una familia obrera una permanencia de ingresos, perdurable durante el tiempo útil, en el caso tal situación aparece, por el contrario, totalmente desquiciada, porque su aplicación en la situación examinada no constituye una adecuada reparación, al postergar la percepción del resarcimiento en una renta que al afectado no le es útil, en principio, para conjurar su situación de necesidad.

Las prestaciones previstas como renta periódica, pueden desnaturalizar la finalidad para la cual fueron establecidas y a través de ello se configure en forma indirecta, pero significativa, una desprotección tal que torne a las normas aplicables, en contrarias por la inequidad de la solución, a las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional para la tutela de los trabajadores, y fundamentalmente, menoscaben las garantías emergentes de los tratados que el inc. 22 del art. 75 ha incorporado al contenido de la ley fundamental, con la amplitud suficiente como para que cada integrante de un cuerpo social pueda restaurar su dignidad y capacidad de desenvolvimiento ante cualquier tipo de situación que lesione sus derechos.
Trabajadores de la salud, médicos, médico de guardia, despido con causa, abandono de la guardia
Materia: LABORAL
Carátula: BELLINI, NORBERTO E. c/ SANATORIO LAVALLE SRL. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-25

El abandono de la guardia, por un médico que tiene la responsabilidad de los enfermos internados, sin causa alguna que lo justifique, constituye una falta grave que autoriza al empleador a disolver el contrato de trabajo (artículos 62, 63, 84, 85, 242 y concordantes LCT.).
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lara, Roberto del Carmen c/ Centol S.A. y otro s/ Daños y perjuicios. Beneficio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-15

Nuestro Código Civil adopta el sistema de la causalidad adecuada -arts. 901 a 906- que supone la confrontación entre un hecho y determinadas consecuencias, con el objeto de indagar si aquél ha sido eficiente o idóneo para producirlas. Y ante aquel suceso debe ser previsible, verosímil, normal, que las consecuencias acostumbren a suceder. Por tanto la relación causal se infiere a partir de las características del hecho fuente, en el sentido de si es o no idóneo para producir las consecuencias que el actor invoca: el juicio de causalidad adecuada se sustenta siempre en la valoración sobre la congruencia entre un suceso y los resultados que se le atribuyen.
Autonomía universitaria, ley reglamentaria, docentes, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: Universidad  Nacional de Córdoba (doctor Eduardo Humberto Staricco- rector) c/ Estado Nacional - declaración de inconstitucionalidad- sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

No puede estimarse contraria a la autonomía la circunstancia de que la ley que regula el sistema educativo, en ejercicio de una facultad que le es propia, adopte medidas temporales o transito rias que permitan la reorganización de los cuadros de profesores al nuevo régimen legal, a la vez que asegure la normalización definitiva de las instituciones universitarias.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: GRILLO, Genaro José c/ DIGLIANI, Angel s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-20

El resarcimiento de los daños y perjuicios originados por un acto ilícito tiene función compensadora o de equilibrio, es decir que tiende a colocar al patrimonio de la víctima en idéntica situación a la que tenía con anterioridad a la existencia del hecho censurable.
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MANLLA SALUSTRIANO c/ LO BRUNO S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-08-22

Los contratos de planes de ahorro para adquisición de automotores son contratos de adhesión por el cual el ahorro se capta con la finalidad de la adquisición de bienes en las condiciones del contrato. Representan en la actualidad uno de los ejes más importantes de la captación del ahorro público, y tienen una naturaleza jurídica compleja, ya que contienen elementos de distintos tipos contractuales, por lo que ha sido singularizado como contrato innominado por la jurisprudencia.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, medidas cautelares, resolución denegatoria, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Club Universitario de Buenos Aires c/ Municipalidad de Malvinas Argentinas. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO:REQUISITOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-28

El recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que denegó una medida cautelar, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48) (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Torres, Carlos Alberto s/ Injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

Es insuficiente el agravio que dirigido a demostrar que se probó "la verdad de las imputaciones" formuladas "para defender o garantizar un interés público actual" (arts. 111 inc. 1 y última parte, C.P.) invoca los inatingentes arts. 284 y 288 del C.P.P. y omite evidenciar, con expreso apoyo legal, de qué modo las constancias que menciona acreditarían dicha "verdad de las imputaciones".
Daños y perjuicios, indemnización, lucro cesante, contrato de transporte, pérdida de la mercadería, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Brizuela, Pedro Antonio c/ Sánchez, Antonio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-09-25

El pedido de lucro cesante por pérdida de la mercadería transportada no resulta de recibo. En efecto, la actora al iniciar su demanda por daños y perjuicios, invoca los arts. 1077, 1109 y 1113 del C.C. como fundamentos de su derecho. Empero, del relato de los hechos surge con claridad que la acción se enmarca, como bien lo ha entendido el A-quo, dentro de las normas del Código de Comercio, pues la base de la acción es el incumplimiento del contrato de transporte, siendo entonces aplicable la normativa comercial. Los arts. 172 y 179 del Código de Comercio eximen al transportista de responder por el lucro cesante, ya que el daño debe limitarse al que "sufren los efectos", por lo que la pretensión del actor debe desestimarse.

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación, condenando al demandado a pagar al actor la suma de pesos $ 2.500 en concepto de indemnización por el valor de las mercaderías no entregadas.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, depreciación monetaria, actualización monetaria, derecho de propiedad, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LANZILLOTTA DE MACHADO, MARIA TRANSITO c/ VARELA DE DEL VECCHIO, PETRONA s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 125-86 TRAID, CARLOS MANUEL c/ GALVAN, ANTONIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 226-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-08-28|1992-03-11

Al no acordar el a quo el ajuste por desvalorización monetaria, la suma estipulada por las partes más de nueve años atrás, resulta en su expresión nominal totalmente divorciada en su contenido económico, de los valores contemplados por los contratantes a la época del acuerdo de voluntades. Así visto, la sentencia podrá lucir como tal, sólo en apariencia, pues carecerá de la razonabilidad necesaria para justificarse como acto final de la actividad jurisdiccional y ésta en la medida que elude pautas de razonabilidad y justicia, conforme a las circunstancias del caso, no se adecua a la exigencia constitucional del debido proceso, en particular, en supuestos como el de autos, en que aparece lesionado el derecho de propiedad.
Juicio de apremio, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Quilmes c/ Sociedad Anónima Expreso Sudoeste s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26

Devienen improcedentes las consideraciones que realiza el excepcionante acerca de la cuantía o determinación efectuada por la Municipalidad respecto al gravamen reclamado, toda vez que, corresponde desestimar la excepción opuesta por la demandada al progreso de la ejecución fundándose en que el certificado de deuda presentado no reúne los elementos formales necesarios para considerarlo título hábil por haber sido expedido sobre la base de una deuda inexistente en su mayor parte, ya que ello implica un intento de discutir la causa de la obligación, cuyo tratamiento excede el limitado ámbito cognoscitivo de la ejecución.
Acción de amparo, acceso público a las sesiones legislativas, concejo deliberante
Materia: CIVIL
Carátula: Peloso, Gabriel Antonio c/ Municipalidad De Las Varillas s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-11-02

Es admisible la acción de amparo iniciada con el objeto de que se declare la inaplicabilidad de la modificación del Reglamento interno del Honorable Concejo Deliberante que limitó el acceso a las reuniones de Comisión de personas ajenas a ese Órgano pues, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva, tal Reglamento viola el art. 67 de la Carta Orgánica Municipal de Varillas que establece que "debe asegurarse la publicidad de las sesiones de comisión¨, cuyo fundamento es permitir que los ciudadanos y medios de prensa tengan acceso directo y conocimiento inmediato de los temas tratados en comisión, pero sin intervenir en las deliberaciones.
Obras públicas, acciones reales, acción reivindicatoria, Administración de Parques Nacionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bergadá Mujica, Héctor c/ Río Negro, Provincia de s/ reivindicación de inmueble.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-05

Corresponde rechazar la acción de reivindicación deducida contra la Administración de Parques Nacionales, si el propio actor admitió que el camino construido quedaba fuera de los límites contemplados en el art. 2 de la ley 23.251.
Libertad por falta de mérito, cauciones
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: T, F S s/ APELACION LIBERTAD PROVISIONAL CONCEDIDA      EXPTE NRO 60-92
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-07

Aunque el artículo 308 del Código Procesal Penal no cita en su texto el artículo 340 del mismo, el juez puede exigir caución real o personal en cuanto ellas resultan necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones enunciadas por el artículo 341 (al cual expresamente se remite aquella norma) y sólo le es posible disponer la forma de promesa jurada en los supuestos taxativamente enunciados por el artículo 339.
Cheque, girado, plazo, acción cambiaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: Dominguez, Irma c/ Sech S.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-03

La presentación del cheque al banco girado dentro del plazo de ley constituye no sólo condición para la satisfacción del importe por parte de la institución bancaria, sino también el presupuesto necesario para el ejercicio de la acción cambiaria que el tenedor tiene contra los obligados a sus resultas en defecto de pago. Por lo tanto, vencidos los términos establecidos por la ley para ello, el tenedor del cheque pierde tanto el derecho a reclamar su pago ante el banco como el de dirigirse para tal fin contra el librador.
Recurso de casación, revisión judicial
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE DE RECURSO DE CASACION - BRUNA ARIEL ALEJANDRO (IMP) - FUENZALIDA GLORIA CARMEN (DAM) s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-06

Todo condenado tiene derecho a recurrir la sentencia para que un tribunal superior revise integralmente los fundamentos del fallo incluidos los que hacen a la prueba del hecho, con el único límite de los que están íntimamente ligados a la inmediación real, conforme el alcance del nuevo recurso de casación surgido de la sentencia de la Corte Suprema en Casal y la jurisprudencia internacional.
Nulidad procesal, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: AG. CORDERO c/ CIRLAFIN S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-26

No es procesalmente exigible que se acredite el momento en el que el nulidicente tomó conocimiento del vicio, toda vez que ello no es recaudo de procedibilidad nulificatoria (Código Procesal 169 y sig).

Es carga del contrario arrimar prueba tendiente a demostrar lo contrario: el consentimiento tácito que torne impertinente la invalidez pretendida.
Contratos comerciales, contrato de turismo
Materia: COMERCIAL
Carátula: PLA CARDENAS, RAMON c/ ALL SEASON SRL s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-06

El contrato de viaje o de turismo, es aquel por el cual una parte, que es la organizadora, se obliga en nombre propio, mediante un precio global, a prestar un conjunto de servicios combinados de transporte, alojamiento independiente del transporte u otros servicios u operaciones similares entre transportistas (cfr. Conv. internac. de Bruselas: 1.2, aprobada por ley 19918); en cuanto a su naturaleza jurídica se ha dicho que se trata de una figura multiforme, dificil de encasillar; en algunas ocasiones, puede configurar una locación de obra; en otros, una de servicios, a veces ambas locaciones y, aún puede darse la figura del mandato o la simple intermediación que caracteriza la actuación del agente de comercio (cfr. Farina, J., "Contratos comerciales modernos", Bs. As., 1999, p. 738, n° 551); cuando el agente realiza la venta de pasajes con billetes de diferentes empresas de transporte, apareceria la figura del mandato; en tanto, cuando organiza viajes integrales, resaltan distintas relaciones juridicas, como la locación de obra, la locación de servicios, el mandato, etc. (cfr. Folchi, M. Cosentino, E. y otros, "Cuestiones actuales de derecho aeronautico", Bs. As., 1968, p. 31, ESPEC. p. 47).
Cuestiones de competencia, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Maxiconsumo S.A. c/ Banco Ciudad de Bs. As. s/ Daños y perjuicios (excepto resp. médica) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-08

Si se traslada al ámbito local el razonamiento realizado por la CSJN con relación al recurso ordinario de apelación en el ámbito federal (Fallos: 234:427, entre otros), es posible concebirlo como una vía para resguardar el patrimonio de la Ciudad. En este entendimiento, y teniendo en cuenta que en el art. 4° de la Carta Orgánica del Banco Ciudad de Buenos Aires -ley n° 1779- se dispone que "la Ciudad Autónoma de Buenos Aires responde por las operaciones que realice el Banco con arreglo a lo dispuesto en esta Carta Orgánica", no existen razones plausibles para excluir de la revisión de este Tribunal en tercera instancia ordinaria -excepcional- a aquellas causas en las que se ventilen asuntos de significativa cuantía en las que esté involucrado el Banco Ciudad. Más aún si se tiene en cuenta el principio económico de unidad de la hacienda estatal (doctrina de Fallos: 311:2688; 322:82; 323:3398; 327:3749, entre otros). (Del voto en disidencia del juez Santiago Otamendi).
Costas, acción, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: TOBARES, Juan Domingo c/ Provincia de San Juan s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-08-24

El hecho de que la acción no haya prosperado en toda su extensión, no justifica la liberación de costas a quien no se allanó ni parcialmente y obligó a litigar al acreedor para obtener el reconocimiento de su derecho.
Amparo ambiental, legitimación procesal, planeamiento urbano
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Vera, Gustavo Javier c/ GCBA y otros s/ amparo - genérico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

El artículo 14 de la Constitución local no legitima a cualquier habitante para denunciar el incumplimiento de las reglas previstas en el Código de Planeamiento Urbano, toda vez que ello supondría que cada permiso de obra está expuesto a que cualquier habitante de la Ciudad puede traer el control de legalidad del acto a la Justicia, lo que generaría una inseguridad extrema. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, pautas orientadoras, proceso penal, instrucción, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: SILVERO, HUGO IGNACIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-09-20

Corresponde rechazar la queja desde que el reproche del recurrente no gira en torno a la naturaleza del plazo que estipula el inciso e) del artículo 208 del Código Procesal Penal, sino que se dirige exclusivamente a cuestionar la interpretación que el Tribunal A quo efectuó en orden a la expresión "hubiere corrido el traslado previsto por el Artículo 369", pues mientras la Sala concluyó que correspondía confirmar la denegación del cese de encarcelamiento por considerar que el traslado fue corrido antes de que se cumpliera el plazo que prevé la norma, el recurrente aduce que aún dispuesto el decreto al que refiere el artículo 369 del Código Procesal Penal, se impone la soltura del encausado ante la ausencia de materialización del mismo. Aclarado ello, resulta atinada la referencia al antecedente "Asborno", toda vez que allí se resaltó el criterio afincado de este Tribunal -haciéndose eco de jurisprudencia de mayor jerarquía orgánica- en orden a que no es arbitraria la decisión si la inteligencia que se efectúa del texto legal no excede el marco de posibilidades que brindan las normas en juego ni traduce una apreciación irrazonable del tema propuesto.

Tampoco, si la elección en juego importa adoptar una solución posible, apoyándose en razones suficientes.- (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Gutiérrez) (Citas: CSJStaFe AyS T 216 p 158; T 100 p 251; T 104 p 20; T 171 p 368. CSJN Fallos:

304:948)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, actos y diligencias procesales, consentimiento, juicio, partes, doctrina de los actos propios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PUBLICAR S.A. c/ NORDELTA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO  POR EL BANCO FRANCES S.A. EN AUTOS "PUBLICAR S.A. CONTRA NORDELTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-14

Corresponde rechazar la queja interpuesta desde que, como señaló la Sala en el auto denegatorio -sin que sea eficazmente rebatido- el decisorio cuestionado posee fundamentación suficiente en cuanto juzgó que si el Banco recurrente " retuvo los dólares y los puso a disposición del Juzgado de Primera Instancia, pidió instrucciones para su venta en el mercado libre, para al cabo de varios meses después pesificar los fondos de modo inconsulto, sumado al hecho que consintió, por carencia de impugnación oportuna, la orden de restablecer a dólares los fondos depositados y sólo once meses después pretendió cuestionar la resolución ratificatoria de tal orden dada por el juez de primera instancia; todo ello hace que el recurrente esté incurso en autocontradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, jurídicamente relevante y eficaz...".
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, empleados públicos, sumario administrativo, vicios, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PANIAGUA, IRINEO RAMON Y MAGLIER, ANTONIO O c/ COMUNA DE GARABATO s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      EXPTE NRO 385-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-13

Es procedente la suspensión de la medida administrativa, aun cuando el recurrente no aporte los elementos demostrativos de que efectivamente está configurada la situación prevista en el artículo 30 de la ley 4106, si en el escrito recursorio sostiene que el sumario administrativo contiene vicios que han afectado su derecho de defensa, al extremo de impedir que declare y produzca prueba en tutela de su interés, desde que no fueron citados en debida forma para la declaración indagatoria de los presuntos imputados.
Responsabilidad del Estado, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Speranza, Rubén Omar c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-17

De la opinión del Comité se sigue que la obligación mínima del Estado en la realización plena y progresiva de los derechos consagrados en el PIDESC consiste en observar la prohibición de regresividad. La misma posibilita el goce y la exigibilidad de los derechos sociales, cuanto menos en el nivel que se hubiera alcanzado en un momento determinado. En el marco de un caso judicial, el test de regresividad debe contemplar, consecuentemente, la situación particular del afectado. El artículo 2 del PIDESC refleja el compromiso de los Estados de ".adoptar medidas (.) hasta el máximo de los recursos de que dispongan.". En el caso, el GCBA no ha demostrado que hubiera destinado el "máximo de los recursos" de que dispone al cumplimiento de las obligaciones reseñadas. El GCBA debió probar que ejecutó en su totalidad las partidas presupuestarias correspondientes a los programas de vivienda o bien que aquellas partidas ya habían sido asignadas o empleadas en cumplimiento del orden de prioridades que fija la Constitución; o acreditar que priorizó la atención de otras políticas públicas y dar razones suficientes para habilitar un juicio de ponderación entre unas y otras. Sólo en esas condiciones quedaría eximido de satisfacer la legítima pretensión de quien acciona (voto en disidencia de la Sra. Jueza Inés M. Weinberg).