Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-08-13


Expte. Nº 6077/13 "SANSÓ Juan Manuel c/ Cámara de Diputados de la Provincia - Amparo - Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a trece ( 13 ) días del mes de agosto del año dos mil trece, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la resolución dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha veintiséis de abril del año dos mil trece, en autos Nº 11284 - 130148 caratulados: "Sansó Juan Manuel c/ Cámara de Diputados de la Provincia - Amparo"; procedieron a considerar como única cuestión, la siguiente: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?--------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJO:--------------------------------------------------- --- La resolución impugnada rechaza el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia de primera instancia que a su tiempo rechazó la acción de amparo. Para así decidir, el a quo tuvo en consideración que la Cámara de Diputados carece de legitimación pasiva porque también carece de personalidad jurídica para estar en juicio, y que, en tanto se impugnaba un acto administrativo emanado del Poder Legislativo, debió demandarse necesariamente a la Provincia de San Juan en la persona del Gobernador. Agregó que el juez se encuentra facultado para analizar la legitimación pasiva, sin que a ello obste el hecho de que haya comparecido a juicio Fiscalía de Estado y no haya cuestionado lo atinente a la legitimación.--------- --- El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en el artículo 11 inc. 3° de la ley 2275 y motivado en que el pronunciamiento recurrido viola el derecho de defensa del actor.---------------------------------------------- --- Sostiene la recurrente que la sentencia de alzada incurre en arbitrariedad al considerar que la participación de Fiscalía de Estado en el proceso -luego de que el juez de primera instancia requiriera informe circunstanciado- no subsana la ausencia de legitimación pasiva inicial. Afirma que aunque el gobernador es el mandatario legal de la Provincia, ello no quita que pueda ser demandado cualquiera de los poderes u órganos de poder y cualquier repartición estatal, sólo que en tales casos la representación legal está a cargo del Poder Ejecutivo. Dice que "No se trata pues de una cuestión de legitimación, sino de una cuestión de representación", y que en el caso, siendo que el acto impugnado es de la Cámara de Diputados, es ésta el sujeto pasivo de la relación, por ser el emisor.-------- --- Agrega que, de todos modos, el Estado Provincial se presentó en el expediente y contestó demanda; que la consideración del a quo según la cual la integración de la litis con el Estado Provincial "se torna vacua y no resulta suficiente para subsanar el error inicial" carece de todo asidero y resulta meramente voluntarista y dogmática, pues las formas procesales tienden a garantizar el derecho de defensa en juicio de los litigantes, y en tal carácter, como formas instrumentales que son, no existen errores insusceptibles de ser subsanados, todo lo contrario, las irregularidades y los vicios son siempre confirmables y las nulidades que puedan generarse son relativas. Concluye la recurrente sosteniendo que la sentencia impugnada incurre en un rigorismo formal inadmisible cuando el pretendido legitimado se presentó y contestó demanda, dándose la adecuada integración de la litis, que mediante tal rigorismo formal se impide al actor acceder a la jurisdicción, y que por tal vía formalista se omite tratar la impugnación de un acto que se reputa contradictorio con la Constitución.-------------- --- Reseñados así los antecedentes del caso, he de ingresar al examen de la procedencia sustancial del recurso traído, anticipando que por las consideraciones que seguidamente he de exponer, corresponde hacer lugar al recurso y en consecuencia anular la resolución impugnada.---------------------------------------------- --- Examinando las constancias de la causa, surge que el juez de primera instancia rechazó in limine la acción de amparo por considerar que la demanda había sido dirigida contra la Cámara de Diputados y no contra el Estado Provincial, que era en realidad el legitimado pasivo. Apelada dicha resolución, el tribunal de alzada ordenó se sustanciara aquella acción; a consecuencia de ello el juez de primera instancia dispuso requerir a la Provincia de San Juan el informe previsto en el artículo 574 del CPC. Tal resolución fue notificada mediante cédula dirigida al señor Fiscal de Estado de la Provincia, Dr. Guillermo De Sanctis en el domicilio del Organismo Constitucional, compareciendo inicialmente el Dr. Alfredo Castillo en su calidad de miembro del Consejo Asesor a cargo de Fiscalía de Estado, conjuntamente con el Dr. Marcelo Saffe Spesia, actuando este último mediante carta poder que le fuera otorgada para representar en juicio a la Provincia de San Juan (fs. 159/161).---------- --- Seguidamente los letrados que sucesivamente tomaron intervención en representación de la Provincia de San Juan, formularon peticiones y promovieron diversas incidencias y, finalmente (a fs. 230/245), presentaron el informe circunstanciado que fuera requerido por el juez de primera instancia.------------------------------ --- En dicha presentación los representantes del Estado Provincial alegaron que la cuestión no era judiciable; que el diputado Sansó carecía de legitimación activa para interponer la acción de amparo; que la acción de amparo no resultaba la vía procesal idónea para examinar la cuestión propuesta ni reunía los requisitos de admisibilidad, ni tampoco los de procedencia sustancial de la acción. Agregaron la prueba documental a que referían en el desarrollo argumental del informe. En tal oportunidad, los letrados apoderados por Fiscalía de Estado -que, como ya dije, intervinieron en representación de la Provincia de San Juan- no cuestionaron la regularidad del procedimiento, ni tampoco alegaron que al haberse omitido notificar la demanda al Gobernador de la Provincia se hubiere afectado el derecho de defensa en juicio del Estado Provincial.---------------------------------- --- Cabe a esta altura señalar que aunque el actor interpuso la acción de amparo contra la "Cámara de Diputados", al momento de despacharla, el juez de primera instancia dispuso, mediante providencia de fecha 23 de enero de 2012: "Atento lo ordenado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil se ordena: (.)"Requiérase a la Provincia de San Juan informe circunstanciado, acerca de antecedentes y fundamentos de las omisiones señaladas, el que deberá ser evacuado dentro del plazo de siete días de notificada y de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 574 del CPC ley 8236".------ --- Resulta así evidente que aunque el amparista había inicialmente dirigido la acción de amparo contra la Cámara de Diputados, al proveerla, el juez de primera instancia modificó de oficio la identidad de la parte demandada, disponiendo que el "Informe del accionado" previsto por el artículo 574 del CPC debía ser evacuado por la Provincia de San Juan, lo que así ordenó. De tal suerte la litis se integró con el Estado Provincial al que -precisamente en la resolución del a quo- se considera único legitimado pasivo de la acción de amparo interpuesta.-------------------------------------------- --- Esta mutación que por imperio del órgano jurisdiccional se produjo en cuanto a la identidad de la parte demandada, tiene sustento normativo en las facultades que la ley ritual reconoce al juez. En tal sentido, el artículo 33 inciso 5° del CPC (t.o. ley 8037) otorga al juzgador el rol de director del proceso, dotándolo genéricamente de amplias facultades o atribuciones para conducir y ordenar la causa, controlando la regularidad de los actos procesales. Más precisamente en el apartado "b" de aquel inciso se dispone que antes de dar trámite a cualquier petición, el juez debe señalar los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen, o disponer de oficio toda diligencia que fuera necesaria para evitar nulidades, y en el artículo 570 segundo párrafo que: "El juez debe proveer de inmediato las medidas necesarias para subsanar los defectos formales".---- --- Como puede verse, las disposiciones citadas contienen una función preventiva que tiende a evitar dilaciones y a procurar la eficiencia y eficacia del proceso (art. 33, inc. 5°, apartado 'f'). Esta facultad-deber de conducción se relaciona también con el principio de economía procesal, pues al encauzar la controversia, el magistrado evita cualquier desgaste jurisdiccional inconveniente o innecesario y, de tal suerte, disminuye las costas y evita la irrazonable prolongación del proceso. Todo ello ha venido a ser reforzado por el legislador, en el nuevo Código de Procedimiento Civil, al consagrar como regla interpretativa para la tramitación de las causas que "El Tribunal tendrá en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales" (art. 791, primer párrafo del CPC, t.o. ley 8037).----------------- --- Así entonces, la consideración que se expone en el fallo recurrido, según la cual ". el juez carece de facultades para redirigir la acción contra un sujeto distinto no demandado, ni tan siquiera mencionado en el escrito de demanda (cfr. Art. 33 y 35 del CPC)", resulta infundada, dogmática y sin otro sustento que la sola aserción de los jueces que suscriben el pronunciamiento.

--- Por otro lado, dejando al margen lo relativo a las facultades con que cuenta el juez para subsanar deficiencias de la demanda y eventualmente integrar la litis con quien resulta ser el legitimado pasivo de la acción, lo cierto es que en el caso, al momento de proveer la demanda y requerir el "Informe del accionado" a que alude el artículo 574 del CPC, éste le fue requerido a la Provincia de San Juan, la cual, como ya se vio, fue notificada al Fiscal de Estado, a quien precisamente se deben notificar las demandas dirigidas contra aquélla (art. 303 CPC). A ello se agrega que, en todo caso, el Estado Provincial ha ejercido con la mayor amplitud su derecho de defensa, y sin que -como ya dijera arriba- sus representantes judiciales objetaran en modo alguno la regularidad del procedimiento.-------- --- Así entonces, de las constancias de la causa surge, en primer lugar que el proceso ha sido regularmente trabado, en tanto el juez de la causa, ejerciendo facultades que le confiere el código ritual, dispuso al proveer la demanda que el informe circunstanciado a que refiere el artículo 574 del CPC fuera requerido a la Provincia de San Juan. Por otro lado, de las mismas constancias surge también que el proceso ha sido regularmente tramitado con la intervención del Fiscal de Estado, que es el representante en juicio del Estado Provincial.---------- --- En las condiciones descriptas, la resolución venida en recurso resulta irrazonable. Las normas que en la resolución del a quo se citan, no dan asidero a la conclusión que adopta, por el contrario la contradicen, circunstancia que priva de sustento al fallo recurrido y lo descalifica como acto judicial.---------------------- --- Por lo que llevo dicho he de propiciar con mi voto se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido, se anule la sentencia recurrida y se reenvíe la causa para que, por quien corresponda, se dicte nuevo fallo con arreglo al presente, con costas a la parte recurrida.---------------------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON:------------------------ --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:----------------------------------- --- I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, anular la resolución recurrida y devolver la causa al tribunal de origen para que, previo conocimiento, la remita al que deba entender a fin de que dicte nuevo fallo con arreglo al presente.---------- --- II) Imponer las costas a la parte recurrida.-------- --- III) Ordenar que se protocolice la presente y se agregue copia al expediente y a los autos principales. Notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres.: Carlos Eduardo Balaguer, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.

Ef-6077 E.B.T.

PRE S2ª 2013-III-423