Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-17


SENT Nº 574 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diecisiete (17) de Agosto de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: ?Valdez Luciano vs. Robledo Luis Genaro s/ Cobro de pesos?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 402/414 por la parte actora, por intermedio de letrada apoderada, contra la sentencia del 19/12/2010 (fs. 383/390) de la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo.

El recurso fue concedido por resolución de fecha 28/12/2010 (fs. 421) y del informe actuarial de fs. 431 surge que las partes no presentaron la memoria prevista en el art. 137 del CPT.

El pronunciamiento recurrido dispuso admitir parcialmente la demanda interpuesta en autos, condenando al demandado Luis Genaro Robledo al pago de la suma total de $63.097,27 (pesos sesenta y tres mil noventa y siete con veintisiete centavos) en concepto de diferencias salariales, salarios impagos (3 días mayo/99), diferencias de indemnización por despido, por preaviso omitido, diferencia SAC 2do semestre/97, SAC 1° y 2° 1998, y proporcional 1er. semestre 1999, diferencias vacaciones proporcionales/99, e integración mes despido, y a hacer entrega del certificado de trabajo en los términos del art. 80 de la LCT, dentro del plazo de 10 días de quedar firme dicha resolución. Se rechazó la demanda respecto de Marcelo Eugenio Robledo.

2.- El recurrente se agravia de que la Cámara haya rechazado el reclamo indemnizatorio formulado con fundamento en los arts. 9 y 15 de la Ley Nº 24.013 por entender que si bien el trabajador intimó con fecha 11/5/99 su registración laboral, no acreditó haber observado la previsión del art. 11 inc. b de la Ley Nº 24.013 que impone la obligación de remitir a la AFIP, copia del mencionado requerimiento.

Advierte que conforme las constancias de la causa, el distracto se produjo el 03/5/99, cuando la norma que imponía aquella formalidad legal no se encontraba vigente pues recién con el dictado de la ley antievasión (B.O. del 17/11/2000), se modificó el art. 11 de la Ley Nº 24.013 al que se refiere el pronunciamiento impugnado. Insiste en que el requisito adicional de remitir a la AFIP copia del requerimiento formulado a la empleadora, impuesto como condición para la procedencia de las indemnizaciones reclamadas con fundamento en los arts. 8, 9 y 10 de la LNE, no era un recaudo formal exigible a su parte pues la norma en cuestión entró en vigencia un año y medio después de la extinción de la relación laboral.

Afirma que el criterio adoptado por el tribunal de grado supone violentar el principio rector establecido en el art. 2 del Cód. Civil, referido a la vigencia de la ley en relación al tiempo.

Cuestiona, por otra parte, que la Cámara haya rechazado el rubro ?horas extras? reclamado en la demanda ?por no estar discriminado su cumplimiento y no ser susceptible de ser acreditado mediante presunciones legales??.

Alega que ?lo resuelto implica la no aplicación e inobservancia de expresas disposiciones contenidas en el ítem 4.2.3 del CC 40/89? y advierte que conforme la citada dispositiva, ?queda convenido expresamente que la retribución por kilometraje se deberá pagar en todos los casos en función de los kilómetros recorridos por el conductor, aunque no hubiere trabajado horas extraordinarias en el período de que se trate?.

Sostiene que el tribunal ha aplicado un criterio jurisprudencial sentado en relación a las horas extras del art. 201 de la LCT que de ningún modo es aplicable al caso que nos ocupa pues ?en atención a las peculiaridades del transporte de larga distancia?, existe una regulación propia y diferenciada.

Explica que un chofer sujeto a convenio percibe como remuneración, su sueldo básico (ítem 6.1.1 inc. a), un adicional en concepto de horas extraordinarias por kilometraje recorrido ?con total y absoluta independencia de si dicho kilometraje se recorrió en horario normal o en horas extras? (ítem 4.2.3), viáticos (ítem 4.2.4), permanencia fuera de la residencia habitual (ítem 4.2.5) y control de descarga (ítem 4.2.6).

Se agravia asimismo de que la Cámara haya entendido que ?no existen pruebas que comprometan al codemandado Marcelo Robledo respecto de las pretensiones del actor? y que ?ante la orfandad probatoria? correspondía rechazar la demanda incoada en su contra. Afirma que la Cámara omite valorar prueba relevante aportada a la causa y que este déficit vicia al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

Señala que el propio accionado Luis Genaro Robledo, en el escrito de contestación de demanda, ?al hacer referencia a la forma en que dio inicio a su actividad empresarial?, manifestó: ?comenzamos con mi hijo Marcelo Robledo a realizar paralelamente viajes con transporte de carga en el mes de febrero de 1995, actividad que fue incrementándose con el correr de los meses, oportunidad en que ingresó a trabajar con nosotros, como chofer, el señor Gustavo Valdez, hermano del actor de autos?quien nos presentó a su hermano (Luciano) que, por estar desempleado en ese momento, lo acompañaba en algunos de sus viajes, ganándose poco a poco nuestra confianza, lo que derivó que en contadas oportunidades realizara?viajes, cuando por razones de enfermedad de su hermano Gustavo, no podía cumplir éste con los compromisos asumidos?.

Expresa que el tercero citado, Marcelo Robledo, ?en ningún momento negó los dichos de su padre, limitándose tan sólo a pretender que se le imprima un alcance distinto al que en realidad por su propio peso las palabras tienen?.

Cuestiona que la Cámara pase por alto la incomparencia de Marcelo Robledo a la audiencia de absolución de posiciones (fs. 255), en virtud de la cual debía tenérselo por confeso (art. 331 del CPCC). Afirma que se ha omitido merituar ?lo informado por la AFIP a fs. 283 en el sentido de que Luis Genaro Robledo forma parte conjuntamente con su hijo Marcelo Robledo de la razón social ´Robledo Hnos. S.R.L.´?.

Menciona que la sentencia ?tampoco hace referencia ni considera el incumplimiento a la intimación efectuada para que exhiba la documentación laboral contable?.

Considera que el tribunal de grado incurre en una valoración ?parcial y retaceada? que distorsiona el marco de realidad del giro comercial y la relación de empleo de autos. Invoca la doctrina de la arbitrariedad y con cita de precedentes jurisprudenciales que estima de aplicación al caso, pide se declare la nulidad del pronunciamiento impugnado.

Sostiene que el recurso interpuesto ?debe ser acogido, so riesgo de darse en la especie, una situación írrita a los principios constitucionales de defensa e igualdad en juicio?.

De conformidad a las alegaciones precedentemente reseñadas, propone doctrina legal, pide se admita la procedencia del recurso de casación interpuesto y, ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

3.- El recurso ha sido deducido en término contra una sentencia definitiva, el requisito del afianzamiento impuesto por el art. 133 del CPT no resulta exigible en tanto es el actor quien recurre y la impugnación se funda en la infracción de normas de derecho y en la doctrina de la arbitrariedad (arts. 130/132 del CPT).

Superado el examen de admisibilidad, corresponde abordar la procedencia del recurso interpuesto.

4.1.- Asiste razón al recurrente en tanto la razón expuesta por la Cámara para rechazar el reclamo fundado en los arts. 9 y 15 de la Ley N° 24.013, no se ajusta a la normativa legal aplicable al caso.

El art. 9 de la Ley Nº 24.013 establece que ?el empleador que consignare en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real, abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente?.

Por su parte, el art. 15 de la mencionada Ley de Empleo dispone que ?si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los dos (2) años desde que se le hubiere cursado de modo justificado la intimación prevista en el artículo 11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido?.

El art. 11 de la Ley N° 24.013 fue reformado por el art. 47 Ley N° 25.345 (el B.O. del 17/11/2000) y en su nuevo texto dice: "Las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo representen cumplimente en forma fehaciente las siguientes acciones: a. intime al empleador a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones y b. proceda de inmediato y, en todo caso, no después de las 24 horas hábiles siguientes, a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior...?.

Es oportuno destacar que la omisión de este último recaudo (remitir a la AFIP copia del requerimiento cursado al empleador), tal como surge del pronunciamiento impugnado, es la que motiva el rechazo de la pretensión esgrimida por el actor, con fundamento en los arts. 9 y 15 de la Ley N° 24.013.

Sin embargo, se advierte que el derecho del accionante a reclamar la aplicación de la sanción prevista en el art. 9 de la Ley N° 24.013, es de causa anterior a la fecha en que se reforma el art. 11 de la citada ley.

De ello se sigue que la imposición de formalidades que condicionan la procedencia de dicho reclamo por parte de la Cámara, con sustento en una normativa legal inaplicable al caso, priva de respaldo legal al pronunciamiento impugnado.

Por otra parte, respecto de la sanción peticionada con fundamento en el art. 15, el criterio conforme al cual la falta de comunicación a la AFIP de la intimación cursada al empleador impide acoger la aplicación de la multa solicitada, constituye una afirmación apartada de la normativa citada por el propio tribunal de grado.

En efecto, la sanción del aludido art. 15 no está comprendida en la enumeración introducida por el art. 47 de la Ley 25.345 (B.O. 17/11/2000) que reformara el art. 11 la Ley N° 24.013 o Ley Nacional de Empleo.

Cabe destacar que el citado art. 11 conforme el texto ordenado por la Ley N° 25.345) impone el cumplimiento de los recaudos formales antes mencionados (intimación al empleador para que proceda a la debida registración e inmediata remisión a la AFIP de una copia de tal requerimiento) como requisitos de procedencia de ?las indemnizaciones previstas en los artículos 8°, 9° y 10°? sin que pueda hacerse extensiva esta imposición legal a la multa establecida en el art. 15, que prevé la duplicación de la indemnización allí establecida siempre que el trabajador acredite haber cursado la intimación a su empleador.

La interpretación precedentemente desarrollada ha sido expuesta por esta Corte (CSJT, sent. 379 del 05/5/2006, "Rodríguez, Elba Beatriz vs. Sindicato de A.T.S.A. s/Cobro de pesos") siguiendo el criterio de nuestro más Alto Tribunal Nacional (CS, sent. del 31/5/2005, "Di Mauro, José S. c. Ferrocarriles Metropolitanos S.A. E.L. y otro", DJ 14/09/2005, 103).

Este Tribunal ha señalado, asimismo, que ?las indemnizaciones contempladas en los arts. 9 y 15 de la Ley N° 24.013, obedecen a supuestos diferentes pues mientras el art. 9 sanciona la defectuosa registración del empleo, el art. 15 tiene el propósito de disuadir al empleador de reaccionar ante la intimación cursada por el trabajador en los términos del art. 11, sea disponiendo el despido directo del trabajador o bien, poniéndolo en situación de despido indirecto? (CSJT, sent. 261 del 14/4/2005, "Cancellieri, Ángel Marcelo vs. Indesmar S.A. s/Cobro de pesos").

Atento a las formalidades impuestas por el art. 9 y su complementario, el art. 11 de la Ley N° 24.013, correspondía constatar la oportuna intimación del trabajador y la conducta reticente del empleador para cumplir con la debida registración, para así pronunciarse sobre la procedencia del reclamo formulado.

Esto último, en tanto el art. 11, 2do. párrafo in fine de la LNE vigente a esa fecha (similar al 3er. párrafo del art. 11 luego reformado), establecía ?si el empleador diera total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de los treinta (30) días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas?).

Este juicio valorativo no ha sido realizado por el tribunal de única instancia que, como se dijo, justificó el rechazo del rubro en la inobservancia de un recaudo formal impuesto por una ley que no resultaba aplicable al caso.

En mérito a lo considerado, corresponde HACER LUGAR al recurso interpuesto y, por ende, CASAR parcialmente el punto I resolutivo en tanto dispone absolver a la parte demandada del reclamo formulado con fundamento en el art. 9 de la Ley N° 24.013, en base a la siguiente doctrina legal: ?Si la reclamación de la aplicación de la sanción prevista en el art. 9 de la Ley Nº 24.013 por registración defectuosa se efectuó antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 25.345 (B.O. 17/11/2000), no resulta exigible la remisión de la copia del referido requerimiento a la AFIP dentro de las 24 horas hábiles siguientes, desde que tal exigencia ha sido introducida al art. 11 de la Ley Nacional de Empleo por la ley citada?.

Los autos deberán ser remitidos a la Excma. Cámara a fin de que la Sala que por turno corresponda, analice la procedencia del rubro reclamado con fundamento en el art. 9 de la Ley N° 24.013.

En relación a la sanción peticionada con fundamento en el art. 15 de la Ley N° 24.013, el tribunal de grado también debió constatar la oportuna intimación del trabajador y el despido incausado o la situación de despido indirecto generada por el empleador dentro del plazo legalmente establecido, para así juzgar la procedencia de la mencionada pretensión.

Este juicio valorativo fue omitido por el tribunal de única instancia que, como se dijo, justificó el rechazo del rubro en la inobservancia de un recaudo formal ajeno a la preceptiva legal aplicable al caso.

Corresponde por lo antes expresado, HACER LUGAR al recurso interpuesto y CASAR parcialmente el punto I resolutivo en tanto dispone absolver a la parte demandada del reclamo formulado con fundamento en el art. 15 de la Ley N° 24.013, en base a la siguiente doctrina legal: ?La procedencia de la sanción establecida en el art. 15 de la Ley N° 24.013 no está condicionada al cumplimiento del recaudo que impone comunicar de inmediato a la AFIP la intimación cursada al empleador a efectos de que se cumpla con la debida registración del trabajador?.

Los autos deberán ser remitidos a la Excma. Cámara a fin de que la Sala que por turno corresponda, analice la procedencia del rubro reclamado con fundamento en el art. 15 de la Ley N° 24.013.

4.2.- Debe admitirse asimismo el agravio conforme al cual la Cámara aplica un criterio jurisprudencial de esta Corte, sentado en relación a las horas extras reguladas por el art. 201 de la LCT, que de ningún modo es aplicable al caso, apartándose de expresas disposiciones legales contenidas en el ítem 4.2.3 del Convenio Colectivo 40/89.

Este Tribunal ha tenido oportunidad de señalar que el convenio colectivo de la actividad 40/89, en su ítem 4.2.2, establece que: ?Los choferes que trabajan en el transporte de larga distancia, percibirán en todos los casos las mensualizaciones establecidas en la Primera Categoría de la Presente Convención Colectiva de Trabajo? y que el ítem 4.2.3 destaca que ?atento las peculiaridades del transporte de larga distancia, los choferes de dicha categoría percibirán además de las retribuciones ordinarias que se establecen en la Primera Categoría de la Convención Colectiva, una suma fija por kilómetro recorrido compensándose con este importe, horas extraordinarias?; retribución que se abonará conjuntamente con las mensualizaciones, destacando que estos adicionales ?se deberán pagar en función de los kilómetros recorridos aunque no hubieren trabajado horas extraordinarias en el período que se trata? (CSJT, sent. 1033 del 30/10/2006, "Gramajo, Osvaldo Rubén vs. Expreso Bisonte S.R.L. s/Cobro de pesos").

No se encuentra controvertida la aplicación al caso, del convenio colectivo 40/1989. Como se ha destacado, esta regulación particular atiende a las peculiaridades del transporte de larga distancia (punto 4.2.3) al reconocer a los choferes de dicha categoría, el derecho a percibir un adicional por ?horas extraordinarias por kilómetros recorridos? que debe ser abonado juntamente con el sueldo mensual (CSJT, sent. 1227 del 22/12/2006, "Bustamante, Oscar Demetrio vs. Mudanzas S.R.L. s/Cobro de pesos").

Resulta por ello aplicable el criterio conforme al cual "al encontrarse incorporado al salario el rubro horas extras y viáticos, aunque no hubiere horas extraordinarias o gastos de viático, la doctrina que consagra que las horas extras son prestaciones excepcionales cuyo cumplimiento debe acreditarse, cede ante el categórico texto del convenio colectivo citado, con fuerza legal para quienes intervienen en la actividad" (CSJT, sent. 247 del 23/4/2004, "Vega, Carlos Dante vs. Expreso Bisonte SRL s/Cobros"; sent. 1058 del 17/12/2000, ?Fontana, José Pacífico vs. Ernesto R. Antúnez s/Cobro de pesos?).

De lo expuesto se sigue que el argumento de la Cámara, referido a que la falta de acreditación de las horas extras trabajadas y el carácter riguroso de la valoración de este extremo determina el rechazo del reclamo con fundamento en el punto 4.2.3 del CC 40/89, no justifica lo decidido en relación a este aspecto de la pretensión.

El criterio jurisprudencial citado por el tribunal de grado resulta inaplicable al caso pues está referido a un supuesto de hecho distinto (reclamo por horas extras conforme el art. 201 de la LCT) que motivara el establecimiento de una pauta de interpretación particular, en función del carácter excepcional de tal rubro salarial; extremo que no es de autos, donde, como se dijo, el adicional reclamado forma parte de las remuneraciones normales de los trabajadores de la actividad (CC 40/89, ítem 4.2.3).

Oportuno es recordar que ?los beneficios emergentes de los convenios colectivos de trabajo deben aplicarse cuando las circunstancias fácticas estén aprehendidas en la normativa particular aplicable? (CSJT, sent. 247 del 23/4/2004, "Vega, Carlos Dante vs. Expreso Bisonte SRL s/Cobros"; sent. 730 del 22/12/1995, ?Cancino, Antonio M. vs. Guido, José María, Guido, Eugenio J., Guido, Jorge M Heladería Piombino s/Cobro?), por lo que el apartamiento de la preceptiva legal priva de legitimidad al pronunciamiento en cuestión.

Corresponde, por tanto, HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto, CASAR parcialmente el punto I resolutivo en tanto dispone absolver a la parte demandada del reclamo formulado con fundamento en el punto 4.2.3 del Convenio Colectivo 40/89, de conformidad a la siguiente doctrina legal: ?Cuando se reclama el pago del adicional por kilómetro recorrido compensatorio de horas extraordinarias (punto 4.2.3 del CC 40/89) no se exige la acreditación de la efectiva prestación de servicios en horarios extendido?.

Atento a que el pronunciamiento acerca de la procedencia del rubro requiere la ponderación de los presupuestos que le son propios (conf. ítem 4.2.3 del CC 40/89), que debe ser realizado por los jueces de única instancia, corresponde remitir la causa a la Excma. Cámara a fin de que la Sala que por turno intervenga, se pronuncie sobre el punto conforme lo considerado.

4.3.- Debe ser rechazado el agravio referido a la valoración parcial y retaceada de las pruebas aportadas a la causa en relación a la relación laboral que el actor denuncia como existente respecto de los señores Luis Genaro Robledo y su hijo Marcelo E. Robledo.

Los dichos del accionado Luis Genaro Robledo en el escrito de contestación de demanda (fs. 46/48), referidos al inicio a su actividad empresarial, y las alusiones a su hijo Marcelo Robledo, no alcanzan para sostener la calidad de empleador de este último, tal como pretende el recurrente. Tampoco resulta eficaz la alegación según la cual el tercero citado ?en ningún momento negó los dichos de su padre?.

De la presentación de fs. 77/80 surge que Marcelo Robledo se opuso a la integración de litis peticionada por el actor a fs. 65/70, señalando que su padre ?Luis Genaro Robledo jamás habló de una sociedad de hecho o sociedad familiar? y aclaró que ?siempre trabajó a las órdenes de aquél y no como socio?.

Insistió en que no formaba parte de ninguna sociedad de hecho con su padre, ni de empresa familiar alguna ?como alegremente pretende el actor?, advirtiendo que el trabajador no podía ignorar que se trataba de una empresa unipersonal pues ello constaba en los recibos de sueldo entregados al personal.

El argumento referido a que la incomparencia de Marcelo Robledo a la audiencia de fecha 08/5/2003 (fs. 255) imponía tenerlo por confeso de hechos contenidos en las posiciones del pliego respectivo (art. 331 del CPCC), no puede ser admitido pues conforme reiterada doctrina de esta Corte, "la confesión ficta del art. 331 del CPCC no tiene valor absoluto y debe ser valorada en función a las probanzas obrante en la causa" (CSJT, sent. 1231 del 22/12/2006, ?Salinas, Miguel Ángel vs. Tucma S.R.L. s/Cobros?).

La Cámara consideró que la prueba aportada al proceso no permitía tener por configurada la relación de empleo respecto del señor Marcelo E. Robledo y rechazó, por tanto, la acción interpuesta en relación al mismo.

Señaló que conforme el informe de la DGR (fs. 135), éste se encuentra inscripto desde el año 1992 en una actividad distinta a la que requería los servicios del actor; y que conforme otro informe de la AFIP (fs. 137), desde 1999 la actividad declarada es ?servicios de asesoramiento y dirección empresarial?, ajena también al accionante.

La crítica a la ponderación de estos elementos probatorios y a la conclusión sentencial sobre el punto no logra ser enervada con las alegaciones propuestas en esta instancia.

El informe de la AFIP de fs. 283, que el recurrente denuncia omitido por el tribunal de grado, según el cual Marcelo Eugenio Robledo integra con su padre Luis Genaro Robledo la razón social Robledo Hnos. S.R.L., no alcanza para acreditar la condición de empleador de aquél.

Por un lado, el citado informe no da cuenta de la fecha de constitución de la aludida sociedad y, como es evidente, la presente acción no ha sido dirigida contra la persona jurídica a la que se refiere la instrumental remitida por el organismo fiscal.

El recurrente cuestiona que la Cámara no haya mencionado el incumplimiento de Marcelo E. Robledo a la intimación efectuada para que exhiba la documentación laboral contable.

Sin embargo, la sentencia hace constar que ?no corresponde aplicar el apercibimiento del art. 61 y 91 del CPL (CPA Nº 10 exhibición) porque no se acreditó la relación laboral con el actor?; criterio que guarda relación con el juicio ponderativo del tribunal antes mencionado.

La Cámara justificó lo resuelto con fundamentos suficientes, que cuentan con apoyatura en los antecedentes y constancias de la causa. Ello excluye la configuración del vicio de arbitrariedad denunciado y determina el rechazo del recurso en relación al punto.

5.- Atento a lo resuelto en la instancia, se estima prudencial imponer las costas en el orden causado (art. 49 del CPT y art. 105 inc. 1 del CPCC).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar sin perjuicio de dejar expresamente consignado lo siguiente:

Siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la valoración por este Tribunal Cimero provincial de la ponderación del referido material -ponderación ésta del A quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presentencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen deviene admisible y que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

Viene al caso destacar, además, que uno de los objetos propios del recurso de casación es la de ponderar la juridicidad de la valoración que el Tribunal de grado realizó del material fáctico, mas no esta última la cual es privativa de los tribunales de grado.

De allí que, constatado por esta Corte el vicio de arbitrariedad en la ponderación del material fáctico, se invalida la sentencia en crisis y se reenvía los autos al Tribunal A quo a fin de que, con la integración que corresponda, proceda a valorar nuevamente el material fáctico obrante en autos.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 19/12/2010 (fs. 383/390) de la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo, en relación al planteo analizado en el punto 4.1, consecuentemente, CASAR PARCIALMENTE la misma, respecto de la procedencia del reclamo fundado en los arts. 9 y 15 de la Ley N° 24.013 en base a la doctrina legal expresada en los considerandos y REMITIR de los autos a la Excma. Cámara a fin de que emita nuevo fallo sobre el punto.

II.- HACER LUGAR recurso de casación indicado en el punto resolutivo anterior, en relación al agravio analizado en el punto 4.2; consecuentemente, CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida respecto del reclamo fundado en el ítem 4.2.3 del CC 40/89 (compensación por horas extraordinarias) en base a la doctrina legal expuesta en los considerandos y REMITIR los autos a la Excma. Cámara a fin de que emita nuevo fallo sobre el punto.

III.- NO HACER LUGAR al recurso mencionado en los dos puntos dispositivos anteriores, en relación al agravio analizado en el punto 4.3 de los considerandos.

IV.- COSTAS, conforme se consideran.

V.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANECLAUDIA BEATRIZ SBDAR (con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.