Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-21


AUTOS N° 20.079 (48.046 - 3° CIVIL) "SINDICATURA EX BID COOP. LTDO. C/ Carazo Pablo Eduardo - Prepara Vía Ejecutiva" L. DE A. T° 168, F° 169/172 SAN JUAN, 21 de octubre del año dos mil nueve.

VISTOS:

Para resolver en estos AUTOS N° 20.079 (48.046 - 3° CIVIL) caratulados: "SINDICATURA EX BID COOP. LTDO. C/ CARAZO PABLO EDUARDO - PREPARA VÍA EJECUTIVA", el recurso de apelación interpuesto a fs. 87 por la actora contra la resolución de fecha 01-04-08, dictada por el Tercer Juzgado Civil.

Y CONSIDERANDO:

El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. La apelación de la parte actora a fojas 87 tiende a revertir la declaración de caducidad de instancia resuelta por sentencia de fecha uno de abril de dos mil ocho. Cuando funda el recurso manifiesta que el fallo no acepta los argumentos legales y de hecho expuestos por su parte al contestar el incidente. De haberlo hecho, distinta hubiera sido la conclusión acerca de la caducidad que no se ha operado. Se agravia por cuanto el pronunciamiento se limita a explicar el instituto de la caducidad de instancia respecto de sus requisitos, pero alejado de las pautas que proporciona el expediente, "las que si bien menciona, no las valora en el real sentido, concluyendo que mi parte no ha impulsado la causa y por ende se ha producido la caducidad, cuando a nuestro criterio, las actuaciones del tribunal han sido consentidas por la demandada".

La misma jueza, en el considerando de su fallo alude a que el abandono de la instancia de un proceso abierto debe ser voluntario para que acaezca la caducidad, "y si analizamos todos los trámites que nuestra parte ha realizado veremos que jamás existió voluntad de abandono del proceso, sino todo lo contrario". También dice agraviarse por la imposición de costas.

2. La contestación de agravios comienza por señalar que el escrito de fundamentación no reúne los requisitos exigidos por el art. 265 para la expresión de agravios, por tanto solicitan se declare desierto el recurso. No obstante los demandados contestan en forma subsidiaria el recurso y manifiestan: Respecto al argumento de haber obviado el fallo los fundamentos de hecho y de derecho vertidos por el apelante en su escrito de fojas 77/79, no indica en su memorial en forma clara y concisa cuáles son esos argumentos no merituados por la sentenciadora. Resulta falaz insistir sobre el impulso procesal y el ánimo de mantener viva la instancia, de ahí que la sentencia del a quo ha concluido correctamente en afirmar: "..ha mediado inactividad procesal durante el plazo que establece el art. 294 inc. 1 del CPC; circunstancias que se constatan de las propias actuaciones habidas en el expediente; así entre el decreto de fecha 05 de junio de 2001, obrante a fs. 33 vta. y el siguiente decreto dictado en fecha 11 de febrero de 2005 obrante a fs. 35, han transcurrido aproximadamente 3 años y ocho meses. Entre estos actos procesales no existe ninguna actuación útil de parte de la actora tendiente a impulsar el procedimiento." 3. El proceso se inició con la preparación de la vía ejecutiva y la demanda fue dirigida contra el Sr. Pablo Eduardo Carazo quien había fallecido antes de promoverse la acción. Luego de confirmar el Registro de Juicios Universales en qué Juzgado tramitaba el sucesorio, surgió del informe del Registro de Declaratoria de Herederos que al causante le habían sucedido su esposa, Sra. Elena Beatriz Faella y sus hijos, Sres. Viviana Carina Carazo y Eduardo Javier Carazo. La sucesión procesal, a su vez sucesión universal mortis causa, implica la transmisión de todo el patrimonio de la persona fallecida en su integridad. Es decir que los actuales demandados están legitimados en calidad de sucesores universales del deudor A ellos fue transmitido dicho patrimonio con los derechos activos y pasivos componentes de la herencia (conf. arts. 3263, 3279, 3281 y cc. del C.C.) De ello no cabe la menor duda a la consulta de los instrumentos arrimados al proceso y el propio reconocimiento de los interesados. En este caso, la calidad de herederos forzosos los legitima a estar en juicio desde la misma muerte del causante puesto que, "cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero entra en posesión de la herencia desde el mismo día de la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces" (art. 3410, C.C.).

4. El anterior bosquejo nos pone en presencia de un litis consorcio pasivo necesario, bajo esta óptica ha de considerarse la caducidad de instancia aquí tratada, pues la actividad del actor respecto a uno de los litisconsortes demandados, interrumpe el plazo de caducidad, desde el momento que la sentencia solo puede pronunciarse útilmente en contra o a favor de todos los litisconsortes (art. 95, CPC). Veamos: La citación de los herederos declarados del demandado a juicio, cursada por cédulas de notificación configuran actos interruptivos de la perención porque son demostrativas de la intención de impulsar el procedimiento en procura de la sentencia. Bastaba que una de ellas, las glosadas a fojas 61, 64 y 65, fuera idónea para interrumpir el plazo y extender el efecto a los demás litisconsortes. Obviamente, por la naturaleza y alcances del litis consorcio pasivo necesario, ningún planteo de caducidad de instancia podría tener andamiaje antes de estar todos los demandados notificados, sin los cuales no era factible componer los sujetos procesales. A la espera de la integración de la litis el desarrollo del proceso quedaba suspendido por imperio de la ley, hasta que fueran citados todos los litigantes (conf. art. 95, 2da. parte, CPC). De modo que recién con la última notificación cursada el día 28 de Agosto de 2007 comenzaba a correr un nuevo plazo de perención, establecido en un año por el art. 294 del CPC. Cuando la Sra. Viviana Carina Carazo se hace parte y plantea la caducidad de instancia con fecha 03/09/2007, apenas habían transcurrido unos días desde el último impulso procesal idóneo. Adviértase, conforme a las razones apuntadas precedentemente, que el primer incidente de caducidad promovido por el Sr. Eduardo Javier Carazo resultaba improcedente sin estar previamente notificados todos los herederos, integrantes del litis consorcio pasivo necesario.

Por ello, propicio:

I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, declarando que de momento no ha operado la caducidad de instancia. En consecuencia, revocar en todas sus partes el fallo impugnado.

II) Adecuar las costas a este pronunciamiento (conf. art. 279, CPC). Imponerlas en ambas instancias a la parte demandada vencida (conf. arts. 74 y 542, CPC).

El Dr. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Ferreira Bustos.

El Dr. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, en disidencia dijo:

El tema venido a resolución del tribunal se plantea en la purga de la caducidad de instancia ya operada y no consentida por la parte contraria, puesto que en autos se verifica que entre la actuación de fs. 33 (fechada el 5 de junio 2001) y la siguiente foja que está fechada el 9 de febrero de 2005 se ha superado largamente el plazo previsto para la verificación de la caducidad.

A partir de ello y como la incidentista no ha consentido la caducidad sino por el contrario, se opone a la prosecución de la causa por extinción, estimo acertado el criterio expuesto por la sentencia de la instancia primera que hizo lugar a la caducidad.

Este criterio fue expuesto en disidencia en estos mismos autos en la sentencia fechada el día 23 de junio del presente año cuya copia obra agregada a fs. 105/113. En función de ello, voto por la confirmación de la sentencia recurrida que declara la caducidad de la instancia. Por ello, y la votación que antecede, EL TRIBUNAL POR MAYORÍA RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, declarando que de momento no ha operado la caducidad de instancia. En consecuencia, revocar en todas sus partes el fallo impugnado.

II) Adecuar las costas a este pronunciamiento (conf. art. 279, CPC). Imponerlas en ambas instancias a la parte demandada vencida (conf. arts. 74 y 542, CPC).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.