marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Insuficiencia del agravio, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Darhanpe, Victoria y otros c/ Municipalidad de La Plata s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-19

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que reitera argumentos expuestos en el recurso de apelación y se opone a la apreciación efectuada por la Cámara en base a consideraciones que se sustentan sólo en el propio criterio del recurrente y que no traducen más que meras discrepancias subjetivas.(doctora Kogan, mayoría)
Honorarios del abogado, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HUBER, Federico s/ REGULACION PROVISORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-05-30

Las cuestiones relativas a apelaciones de honorarios revisten naturaleza incidental y deben regularse conforme a lo dispuesto por los arts. 4 y 5 de la Ley de Aranceles, siendo la base regulatoria el monto de los honorarios, que es el interés de las partes en litigio.
Prueba pericial, producción de la prueba, prueba definitiva e irreproducible, recurso de nulidad
Materia: PENAL
Carátula: x c/ Defensor Oficial s/ Incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-07-27

Si no está en tela de juicio ni el uso del arma, ni la autoría, ni la causa de la muerte, la eventual irreproductibilidad de la llamada prueba de parafina y de la autopsia llevadas a cabo sobre el arma y el cuerpo de la víctima, no autorizan la declaración de nulidad, ya que sería una sanción por la sanción misma, sin trascendencia en orden al derecho de defensa.
Recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SANTILLAN, ALICIA VIVIANA c/ BAILETTI, SERGIO LUIS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CUADERNILLO APELACION ART. 120 C.P.C.y C.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-11-18

Si la sentenciante de grado, al resolver sobre un pedido de citación de tercero, se expide por la falta de responsabilidad de la empresa concesionaria del peaje de la ruta en la cual se produjo un accidente cuyos perjuicios se reclaman, al afirmar que no hubo incumplimiento de obligaciones por parte del concesionario, esto configura prejuzgamiento en los términos del art. 17 inc. 7) del C.P.C. y C., por lo que corresponde su apartamiento de la causa y la remisión de la misma al Juez que siga en orden de turno.
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Romanut, Amílcar B.E. c/ Indunor S.A. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-12-14

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que afirma que no hubo relación de dependencia. Ello así, ya que la actora no probó dicho carácter, dado que no se acreditó que la demandada dirigiera la obra, diera instrucciones, se hubiera cumplido horario; ello, a criterio de la apelante, no resultaba necesario por tratarse de un trabajador especializado, que realizaba su trabajo en la empresa, con máquinas de la misma, recibiendo instrucciones desde Buenos Aires a Italia.

Que como llevamos dicho dada la especialidad profesional del actor si bien la existencia o falta de subordinación en estos casos no suele resultar nítida, tampoco las circunstancias señaladas por el apelante son determinantes de su existencia o no. Por lo demás entiendo que en autos se probó la inexistencia de relación laboral de dependencia y por el contrario existencia de contrato de obra.
Síndico del concurso, remoción del síndico del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DESTEC S.A. s/ Concurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-27

El incumplimiento o la presentación defectuosa del informe torna inexcusable la remoción del síndico por falta grave, pero a condición de que ello obligase a prorrogar la audiencia, es decir, no por la simple demora sin más si por ejemplo, no obstó al examen e impugnación del documento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, sustitución del depósito
Materia: LABORAL
Carátula: Montiel Recalde, Susana c/ La Proveedora Industrial S.A. s/ Indemnización accidente de trabajo. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

Si bien el art. 56 de la ley 11.653 permite solicitar autorización para sustituir el depósito en dinero por su equivalente en títulos o valores de la Nación o de la Provincia, no libera al recurrente de la carga de efectuarlo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la orden del Tribunal que dictó el fallo impugnado y al tiempo de interponer los recursos, por lo que el depósito de Bonos de Consolidación de Deudas efectuado en el Banco de Boston, no cumple con tal formalidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Notificación por cédula, fijación en la puerta, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CAPASSO, Osvaldo. s/ NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-08

Si bien no corresponde como forma procesal, no es nula la acción del notificador que fijó la cédula en la puerta del domicilio cuando nadie respondía a los llamados del oficial, dada la ausencia de la persona a notificar o de las mencionadas en el art. 149, C.P.P.
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: SCHWAMMBERGER, JOSE s/ CANCELACION DE CIUDADANIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

El Tribunal de Alzada, como juez del recurso, tiene la facultad de revisar, aun de oficio, el recurso de apelación, tanto en cuanto a su procedencia, como a sus formas y trámite, a los fines de verificar -entre otros aspectos- la regularidad y validez de los actos procesales cumplidos a su respecto en la primera instancia.
Competencia federal, hidrocarburos, contaminación de aguas, estación de servicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Petrofer S.A. s/ infr. ley 24.051.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 58 de la ley 24.051, es competente la justicia federal para investigar la presunta contaminación de las aguas subterráneas existentes debajo de una estación de servicio.
Superior Tribunal de Justicia, recurso de queja (procesal), interposición del recurso, plazo, plazo de gracia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MUÐOZ, RODOLFO EDUARDO c/ LIRO S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-09-24

Este Tribunal tiene la facultad y, a la vez, el deber ineludible de controlar el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad del recurso, por lo que no parece razonable entender que al pronunciarse sobre la queja se vea limitado por los argumentos del auto denegatorio y los que a su vez exponga el quejoso, por el contrario, su examen ha de ser integral y si juzga incumplida alguna de las exigencias legales, debe rechazar la queja. Y en esa labor, en el caso se encuentra insatisfecha la exigencia que prevé el artículo 2 de la ley 7055 , ya que de la simple lectura de la reseña efectuada surge que, entre la fecha de notificación de la sentencia y la introducción de la pieza impugnatoria en el día de gracia pero a las 12.50 horas, es decir, fuera del horario de audiencia, transcurrió un término superior al previsto legalmente.
Contrato de trabajo, asignaciones familiares, obligaciones del trabajador, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Orellano, Mario Héctor c/ García, Inés s/ Haberes adeudados e Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-05

Con respecto a las asignaciones familiares durante la vigencia de la ley 22.161 y sus normas reglamentarias esta Cámara ha sostenido que debía presumirse a favor del trabajador que éste al inicio de la relación laboral denunció sus cargas de familia.

El régimen actual de la ley 24.714 y su reglamentación no ha introducido variaciones sustanciales, de manera que tal presunción continúa siendo aplicable. Se apoya la misma en lo que ocurre en la generalidad de los casos y en el propio esquema reglamentario de las asignaciones.
Adopción, condiciones del adoptante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: K., N. C. s/ Ley 10067 art. 10 inc. "b"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

Las personas encargadas de socializar al menor no sólo deben tener algo que transmitir y la responsabilidad de transmitirlo, sino también el poder para imponer la obediencia. Y la razón por la cual se concede ese poder a las personas mayores es obvia porque cuando comienza el proceso de socialización el infante no cuenta con ninguna persona menor que él, ni con la capacidad para asociarse con iguales. La socialización debe obrar, naturalmente desde los que tienen más elementos de cultura hacia los que tienen menos; debe avanzar del maduro al inmaduro. Y así el hecho de que los adultos a quienes se encomienda primero la tarea sean por lo general parientes -por ej. los padres- surge de la estrecha vinculación primitiva del niño con ellos en el sistema de la familia.
Lucro cesante, inundación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Masiero, Luis Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Recanati, Hugo O. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-04|1996-05-21

En juicios donde se reclaman daños y perjuicios por inundaciones, los intereses por lucro cesante, deben hacerse efectivos a partir de cada período anual.
Acción civil en el proceso penal, juicio abreviado
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA, MIGUEL ANGEL. s/ HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-07-02

Cuando el artículo 453 del CPPT expresa que "La acción civil sólo será resuelta en este proceso cuando medie acuerdo entre las partes en tal sentido, de modo expreso", no se debe concluir que la acción civil deberá necesariamente tramitarse en el fuero civil, no surge ello del texto de la norma, sino que solo se podrá interpretar que la acción civil no será resuelta en la sentencia que se pronuncie sobre el acuerdo celebrado en el marco del juicio breviado cuando el referido acuerdo no comprenda de modo expreso lo relativo a cómo se repararán los supuestos daños, sin que ello obste a que la acción civil pueda ser resuelta en la misma sede penal con posterioridad al pronunciamiento que resuelve el juicio abreviado. Es decir, que cuando la norma analizada refiere a "este proceso" se debe limitar el concepto de ese término al específico mecanismo previsto en la ley para el dictado del pronunciamiento del juicio abreviado y no a todo el proceso penal en el que se llevó a cabo el trámite del juicio abreviado.

A partir de allí, es claro que la ausencia de un acuerdo sobre reparación civil, no implica el automático desplazamiento de la competencia a sede civil, sino que solo importa la imposibilidad de que en el pronunciamiento que resuelve la responsabilidad penal mediante juicio abreviado, se resuelva también la acción civil, pero como señalamos anteriormente, la existencia de un acuerdo y una sentencia que resuelva la responsabilidad penal a partir del procedimiento de juicio abreviado, no obsta a que ese mismo tribunal, luego de resuelta la responsabilidad penal, culmine el trámite y se pronuncie sobre la responsabilidad en materia civil. La hermenéutica propuesta es la que mejor se compadece con los criterios de este Tribunal, en el sentido "de que las cuestiones de índole civil derivadas de la causa penal, son de competencia del juez penal" (conf. CSJT, sentencia nº 1127 de fecha 10 de diciembre de 2009), con la aplicación de la regla de la perpetuatio jurisdictionis y con el texto del artículo 26 del CPPT, en cuanto dispone que la acción resarcitoria podrá ser ejercida en el proceso penal -con la sola excepción de los procesos incoados ante los jueces de Menores-, sin que la absolución del acusado -con mayor razón la condena- ni la ulterior extinción de la pretensión penal impida que el tribunal de sede penal decida sobre la acción civil. En ese sentido, y refiriéndose a la acción civil en un proceso penal que se resuelve mediante juicio abreviado, se señaló que "En cuanto a la respuesta a la pretensión civil, a pesar de la divergencia de opiniones al respecto, entendemos que el tribunal sentenciador debe resolver la cuestión civil, tal como lo hiciera en un juicio común (art. 407, párrafo segundo, CPP)" (Gorkiewicz Moroni, Erica, "El juicio abreviado: su implementación en el nuevo Código Procesal Penal de Catamarca", publicado en LLNOA 2007 -junio- , 475).

DRES.: ESTOFAN - GANDUR - POSSE.
Resoluciones irrecurribles, improcedencia del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Diez, Hernán c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-28

Corresponde rechazar el recurso de queja deducido, por cuanto el pronunciamiento impugnado no se trata de una sentencia definitiva que con su dictado dirima la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación, ni ninguna de aquéllas que el propio art. 457 del citado código instrumental ha equiparado, taxativamente, a sentencia definitiva por sus efectos; no habiendo la defensa demostrado la existencia de un agravio federal que habilite la vía impugnativa o la verificación de un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento criticado que amerite la intervención de esta Cámara.
Decreto de necesidad y urgencia, facultades del Poder Ejecutivo, facultades del Poder Legislativo, ratificación del decreto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Maturo María Graciela c/ C.O.N.I.C.E.T. s/ amparo ley 16.986,
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-26

El Alto Tribunal, por el voto de la mayoría de sus miembros, en la causa "Rodriguez Jorge -Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación- s/ plantea cuestión de competencia" (R 420 XXXIII), del 17 de diciembre ppdo. respecto de los decretos de necesidad y urgencia, señaló que "...El contralor en sede parlamentaria previsto por el art. 99, inc. 3º, 4º párrafo de la Constitución Nacional, no se encuentra subordinado en su operatividad a la sanción de la ley especial contemplada en la última parte del precepto, ni a la creación de la Comisión Bicameral Permanente ya que, de lo contrario, la mera omisión legislativa importaría privar sine die al titular del Poder Ejecutivo Nacional de una facultad conferida por el constituyente..." (cons. 5º).
Daño moral, personas jurídicas
Materia: CIVIL
Carátula: CREDITO INTEGRAL  S.A. c/ EUGENIO  GRASSETTO   S.A.  Y COMPAÑIA SUD ARGENTINA DE CONSTRUCCIONES S.A. s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-17

El daño moral que pueden padecer las personas jurídicas se refiere a lesiones al prestigio, a la reputación, al buen nombre, a la probidad comercial, etc., que representa un modo de ser del honor, no en sentido subjetivo sino objetivo o colectivo. Dentro de ese concepto, no son pues computables las molestias o disgustos que hacen a la subjetividad de las personas físicas que se desempeñan como directores, gerentes o socios de una sociedad mercantil.

Solamente deben considerarse los inconvenientes en el desenvolvimiento del giro comercial empresarial, capaces de afectar al prestigio de la sociedad. (Conf. C. N.Civ. sala C, L. 285.950 "Inca S.R.L. c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" del 10/5/83). Tener que atender a su clientela en un ámbito inapropiado y con las demoras emergentes de la perdida o extravió de la documentación, debido a las filtraciones con carácter de inundación, provenientes de una unidad vecina, permite admitir el reclamo de daño moral debiéndose tener en cuenta, para la fijación de su monto, que eran apreciables por la clientela esas falencias en la presentación del local, y esos presumibles entorpecimientos en el desarrollo de los negocios que provenían de causas ajenas a la sociedad y no a la negligencia o incuria de sus administradores. La pérdida económica de esa irregular prestación del servicio que se pudiera haber derivado, ya no entra en el concepto de daño extrapatrimonial.

Las personas jurídicas carecen de bienes y derechos personalísimos que son extrapatrimoniales e innatos. Tanto los agrupados en integridad física (no son organismos vivos con similitud a la persona de existencia visible, art. 51 del Cód. Civil), como los relativos a la libertad y esfera espiritual (intimidad, imagen, honor, secreto). Es, por tanto, imposible un daño moral directo porque no tienen intereses extrapatrimoniales que puedan verse afectados. Ni en orden a las prestaciones de capital (Obligaciones de dar o hacer), ni por su fin. Esta idea, sin embargo, se ha visto controvertida solamente con respecto de dichos bienes: el honor. Si se trata de sociedades civiles o comerciales, no puede sufrir el honor subjetivo. Pero tampoco el honor objetivo o la honra, ni tan sólo en forma indirecta. Las prestaciones económicas de su capital o patrimonio -aportes- ajenas al carácter extrapatrimonial y su fin de lucro, demuestran que cuando se ataca al buen nombre de estas entidades queda deteriorado el crédito, sea comercial, sea social, asunto que repercute en la posibilidad de ganancia.

Estas en todo caso disminuirán, pero no se aprecia que a través de la disminución de las potencialidades gananciosas sea posible captar la herida a un bien extrapatrimonial. Es que por definición hay fines y objetivos de lucro. No hay famas honoríficas, no hay buen nombre al margen de un interés económico, a menos de referirse a las personas físicas que las constituyen.-
Recurso de casación, violación de las formas procesales
Materia: PENAL
Carátula: Olmedo Britez, Damián s/ Homicidio Simple reiterado reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-28

Por una u otra vía, la Corte de la Provincia ejerce la función de guardián máximo de la regularidad formal del juicio previo y actúa como custodio de las formas sustanciales de la sentencia. Los vicios procesales anteriores a ella quedan excluidos en principio de su control, pero al igual que en la casación de los códigos modernos, cuando ellos repercuten de manera decisiva en la sentencia su examen resulta inevitable.
Concursos, propuesta de acuerdo preventivo, categorías mínimas obligatorias, acreedores del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: CELU SERVICE SRL S/ CONCURSO PREVENTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-04

Cuando, como en el caso, al momento de formular la concursada la categorización de los acreedores, como en el curso del período de exclusividad, no existían reconocidos acreedores quirografarios laborales, lo que recién ocurrió al verificarse la acreencia de uno de ellos; tampoco al tiempo de emitirse el pronunciamiento de la LCQ 42 fue incorporada la categoría legal de "acreedores quirografarios laborales"; sobre este particular tópico se levantan distintas opiniones en doctrina. Hay quienes opinan que la categoría es legal y debe tenerse por conformada aún en ausencia de formulación por la deudora y otros que refuerzan su carácter facultativo (v. reseña de Rubín, Miguel Angel, "Categorización, propuestas de acuerdo preventivo y atribuciones del juez del concurso. Buscando soluciones para los problemas surgidos durante cinco años de aplicación de la ley 24522", LL 2000-E, 1015, cita on line: TR LALEY AR/DOC/7876/2001). En la especie, no parece objetable la falta de conformación de la categoría específica en la medida que ninguno de los acreedores privilegiados reconocidos había renunciado expresamente a su privilegio (LCQ 43). En el escenario particular aquí plasmado cabrá interpretar que la única propuesta dirigida a acreedores quirografarios resultaba comprensiva tanto de los quirógrafos comunes como de los quirógrafos laborales, como si fueran una sola clase (conf. CNCom, Sala D, 13/2/97, "Daly y Cía. SA s/ conc. prev. s/ inc. de apelación art. 250 promovido por la fallida", Base Jurisprudencia del Fuero, Doc. #000026080). Y ello no implica desconocer ni desmerecer el reconocimiento diferencial que corresponde a los acreedores laborales, sino que se pretende propiciar una solución que preserve valiosamente la conciliación de los intereses en pugna, en una plataforma fáctica de ribetes absolutamente ocasionales. Por otro lado, ha contribuido en el análisis la percepción del crédito quirografario laboral como "residual" económico; dicho esto tanto desde el punto de vista del propio acreedor laboral, como desde la perspectiva del pasivo concursal total en función de los privilegios acordados por la LCQ 241-2°, 242-1° y 246-1°. Consistentemente, dado que el tenor del cuestionamiento fiscal radicó en la falta de categorización autónoma materia ésta que presenta marcada opinabilidad, no existiendo objeción puntual en torno al contenido económico del ofrecimiento, habrá de considerarse sujetos a los acreedores quirografarios laborales a la propuesta formulada para la totalidad de quirógrafos.
Sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Jujuy Motos Sociedad de Hecho c/ Ugarte de López, Silvia Karina y López, Raúl Delfín s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte 7281/03 Ejecutivo. L.A. N 47 F 1834/1837 N 791 Silvia Karina y López, Raúl Delfín s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte 7281/03 Ejecutivo. L.A. N 47 F 1834/1837 N 791
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-10-29

Contraviene lo dispuesto en el art. 47 del Código Procesal Civil la decisión del a-quo que al modificar -acotando- el período durante el cual el capital reclamado devenga intereses, sobrepasó el límite de su competencia, expidiéndose sobre cuestión no llevada a su estudio y resolución por el apelante.
Certificado de trabajo, multa procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: RUIZ, VICTOR c/ SEMINARA EMPRESA CONSTRUCTORA  S.A. s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-24

Si la multa establecida por el juez a quo, 50% del salario mínimo diario vigente, según resol. del Cons. del SMV y M 1/90, resulta reducida, dicha suma puede elevarse teniendo en cuenta la capacidad de pago de la demandada y el objeto de la obligación cuyo cumplimiento se trata de asegurar, arts. 666 bis C.Civil y 37 CPCCN.
Procedencia del recurso, sentencia absolutoria, abuso sexual calificado por acceso carnal, apreciación de la prueba, perspectiva de género, declaración de la víctima, presunción de inocencia
Materia: PROCESAL-PENAL-DERECHOS HUMANOS-CONSTITUCIONAL
Carátula: Quiroga, Sergio Martín  c/  s/ Abuso sexual con acceso carnal
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2024-04-23

Corresponde casar la sentencia impugnada, absolver y disponer la libertad inmediata del imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, por falta de pruebas, pues si bien este tipo de casos deben estudiarse con perspectiva de género, no significa dejar de realizar un análisis intelectual destinado a establecer la eficacia en la convicción de los medios de prueba. En este delito de naturaleza sexual, la escasez de prueba científica es entendible por la privacidad en que usualmente se desarrolla el evento, lo que impone mayor atención a las pruebas indiciarias y colaterales necesarias para fundamentar una sentencia de condena; por eso la declaración de la víctima es de gran importancia para su cotejo con el resto de los elementos de valoración. Así las cosas, en función de lo manifestado por el recurrente, no surge destruido el principio constitucional de inocencia que emerge del art. 18 de la CN. (Del voto en disidencia del Dr. Eduardo Manuel Hang)