Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-07


Nro. de Sentencia: 006 COMODORO RIVADAVIA, siete de febrero de 2006.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "R. A. D. P.S.A. ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN GRADO DE TENTATIVA", Expediente Nro. 15.499 año 2006, venidos del Juzgado de Instrucción N° 1 (Expediente Nro. 6127 año 2005).- Que llegan los presentes autos a conocimiento de la Sala "A" de esta Cámara de Apelaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto a fojas 33/34 vta., por la señora Defensora Pública en representación del inculpado D. A. R., contra la resolución de fojas 30/31, que el procesamiento y la prisión preventiva del nombrado.- Que si bien la defensa apelante en el escrito de interposición hace mención a que la apelación esta dirigida al procesamiento y prisión preventiva de su defendido, de la lectura del mismo se desprende que su agravio es dirigido exclusivamente a la decisión del a-quo de mantener al mismo privado de su libertad. Sostiene que el magistrado, ha arribado a tal conclusión valorando especialmente las características del hecho imputado y que, en caso de recaer condena, la misma sería de cumplimiento efectivo por no cumplirse los requisitos objetivos y subjetivos del art. 26 del CP.. Ello, dado que el mínimo de la pena que se imputa es el máximo posible para otorgar la libertad condicional. Sin embargo y de acuerdo a los antecedentes que informa la actuaria y la calificación atribuída, en el caso hipotético de recaer condena se encontrarían reunidos los requisitos de condicionalidad del art. 26 del Código Penal, toda vez que registra la causa Nro. 71/03 en la que se ha dispuesto la suspensión de juicio a prueba por un año y por ante el Juzgado Contravencional de Menores registra dos causas en estado de instrucción. Alega que se sigue con las presunciones "juris et de jure" basadas con exclusividad en las escalas penales aplicables, omitiendo que son inconstitucionales, por contrarias a la presunción de inocencia. Indica que las circunstancias subjetivas del art. 26 del Código Penal, atañen a la pena, en tanto y en cuanto se trata de extremos demostrativos de "...la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad" del condenado (art. Art. 26 cit), que, justamente por ser tal cosa, no pueden invocarse en relación con un instituto de naturaleza procesal como la prisión preventiva. Finalmente propugna se haga lugar a lo peticionado revocando la resolución motivo del recurso y se ordene la libertad de su defendido.- El tribunal inferior, al igual que esta Cámara en anteriores pronunciamientos, adhirió a la tesis que asigna a la pauta seleccionada por el legislador el carácter de presunción iure et de iure o de mandato legal vinculante para los jueces. Sin embargo, tal interpretación fue puesta en crisis por el Superior Tribunal de Justicia que expresamente ha sostenido, en el fallo citado por la recurrente que: "... si la prisión preventiva procede en tanto ella sea absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación de la ley (Constitución provincial artículo 49), no puede justificarse el encierro del imputado de Asociación Ilícita en Concurso real con Estafa (C.P., artículos 210, 172, 45 y 55) con el argumento ... que `la condena ha de exceder los tres años con lo que no corresponderá el suspenso de la pena´. Una razón así no predica necesariamente peligro de fuga o entorpecimiento (CPP., artículo 286), y es inepta, por lo tanto, para desconocer la libertad personal constitucionalmente garantizada a favor del procesado" (conf.: "Recurso de queja en autos: "A., J. S/Estafa-expte. Nº 19951-año 2005- Nº 14989/04 de esta Sala A).- Este criterio y el deber de fundar, con sustento en las específicas circunstancias fácticas del caso fue ya decidido, también, en las causas: "S., L. E. s/ excarcelación", Expte nº 19.693 -S- 2004, Expte. nº de la Sala "B" de esta Cámara "A., F. O. s/ excarcelación ", Expte. nº 19.605 -A- 2004, Cámara de Apelaciones del Noreste, Sala "A" y, en todas se nulificaron los pronunciamientos por falta de fundamentación suficiente.- En orden a la doctrina que dimana de estos precedentes no podemos soslayar el inexcusable deber moral de seguimiento. No desconocemos que dentro de nuestro ordenamiento no existe un deber legal del juez de instancias inferiores de mantener los principios interpretativos sustentadas por los superiores. Sin embargo, no puede desconocerse la fuerza moralmente vinculante de estos fallos (cf. Alvarado Velloso, "El juez. Sus deberes y facultades", Ed. Depalma, Bs. As. 1982, p. 307; Ferraris, Enrique A. "¿Deber moral o deber legal? Acerca de la obligatoriedad de la jurisprudencia de los tribunales superiores", LL 1994 -C-942). Máxime, en supuestos como el que nos ocupa, cuando se ha declarado la nulidad por falta de motivación de los pronunciamientos basados exclusivamente en la expectativa de pena para fundar ora la prisión preventiva ora la excarcelación porque tal extremo que nos remite en nuestro régimen constitucional a las previsiones de los artículos 168 y 169.- Concluyendo y tal como ya lo dijéramos en anterior pronunciamiento, del precedente del Superior Tribunal de Justicia transcripto resulta que el coartamiento de la libertad solo puede fundarse en la incidencia que en el proceso pueda tener el mantenimiento de la ambulación del imputado y que las escales penales en abstracto son insuficientes para justificar, en concreto, dicho extremo. Así, las previsiones de los incisos 1º y 2º del artículo 284 del CPP , en las que el el juez de grado funda la resolución impugnada, no constituyen, conforme lo resuelto por el Superior Tribunal, una presunción de derecho -iure et de iure- de que intentará fugarse o entorpecer la acción de la justicia. (cfr. S.I. nº 29/05 y 30/05 de esta Cámara de Apelaciones, Sala "A").- Atendiendo entonces a tal criterio rector que exige que en todos los casos en que se de tratamiento a una excarcelación o se dicte una prisión preventiva, se verifiquen la concurrencia de otras circunstancias que, acompañando a la amenaza de pena como regla limitadora de la libertad durante el proceso, permitan fundar los peligros procesales, corresponde su análisis en el caso.- En este orden de ideas, adelantamos nuestra opinión en el sentido que, en el sub-examine, ha de ser confirmado el dictado de la prisión preventiva porque el análisis en conjunto de la totalidad de los elementos subjetivos sumados a la gravedad de la pena -objetivo- que se aplicaría al imputado y que ésta no sería pasible de ejecución condicional permiten inferir la existencia de riesgos de proceso, concretamente de fuga.- Así, en orden a las condiciones personales no podemos dejar de observar que no se ha logrado acreditar ni una ocupación ni un domicilio estable, y no existen vínculos familiares en la ciudad que permitan presumir la permanencia en el lugar (fs. 20/21).- Las condiciones personales del imputado ut supra mencionadas sumadas a la objetiva y provisional valoración de los hechos que se le imputan -conforme análisis efectuado en la sentencia de grado que no ha podido ser desvirtuado por la recurrente- hacen presumir que intentará de ser puesto en libertad, eludir la acción de la justicia.- Por los motivos aquí expuestos, co-rresponde la confirmación del fallo, sin perjuicio de recomendar al Sr. Juez actuante la debida fundamenta-ción de los casos de privación de libertad con orden a los fundamentos expuestos.- Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia:

R E S U E L V E:

1).- Confirmar la resolución de fojas 30/31., que ordena el procesamiento y la prisión preventiva de D. A. R., cuyos demás datos filiatorios obran en autos, como supuesto autor culpable del delito de robo agravado por el empleo de arma en grado de tentativa (arts. 166 inc. 2° y 42 del Código Penal) y traba embargo sobre sus bienes.- 2).- Recomendar al Señor Juez actuante conforme el considerando respectivo.- 3).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- SILVIA ALONSO DE ARIET - Presidente FERNANDO NAHUELANCA - Juez de Cámara JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL NRO. 6 AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS