Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-03


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 03 días del mes de octubre del año dos mil once, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia de su titular, Dr. José Luis PASUTTI, y asistencia del Sr. Ministro Dr. Fernando Salvador ROYER para dictar sentencia en los autos caratulados: "M., J. J. y otros c/Provincia del Chubut s/Ejecución de sentencia" (Expte. N° 22.138-M-2010). Teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 182, de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas N° 3202/00 y 3204/00, corresponde el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. CANEO, ROYER y PASUTTI.- Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Apelación interpuesto? Y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la Primera cuestión el Dr. Royer dijo:

Vienen estos autos al conocimiento de esta Sala para tratar el Recurso de Apelación deducido por la Provincia del Chubut contra la Sentencia Interlocutoria N° 131/2010.

El precitado fue concedido con el dictado de la SI. N° 17/SROE/2011, cuyo testimonio obra agregado a fs. 155/157 de autos, mientras que la expresión de agravios obra a fs. 164/168.-- ANTECEDENTES: - A fs. 2/6 el apoderado de la actora en autos caratulados: "M, J. J. c/Provincia del Chubut s/Daños y perjuicios" (Expte. N° 2803/09) inició el procedimiento de ejecución de sentencia, practicó liquidación y solicitó que no se aplique la normativa atinente a la emergencia económica por expresa derogación de la misma, luego del dictado de la ley N° 5.258/05.

El Estado Provincial se presentó a fs. 59/74, invocó la vigencia del art. 98 de la Constitución Provincial, opuso excepciones de espera e inhabilidad de título y a su vez practicó liquidación.

Esa misma parte se presentó nuevamente a fs. 63/67 impugnando la liquidación practicada por la parte actora.-- La actora a fs. 70/74 contesta el traslado ordenado a fs. 69 en orden a las excepciones opuestas por la contraria.-- El Juez de Primera Instancia se pronuncia a fs. 77/80. Dispuso que el trámite de la ejecución se ajuste a las previsiones del art. 4º de la Ley I, N° 209, reglamentaria ésta del art. 98 de la Constitución Provincial. Aprobó la planilla de liquidación practicada por la ejecutada en lo atinente a capital de condena e intereses devengados en la suma de pesos: un millón quinientos ochenta y dos mil trescientos dieciocho con setenta y seis ctvos. ($ 1.582.318, 76).- Las costas de la incidencia las impuso al ejecutante y reguló honorarios de los letrados intervinientes. Dispuso además que el letrado de la parte actora cuantifique sus honorarios, declaró prematuro el tratamiento de las excepciones y tuvo presente la cuestión constitucional planteada por la actora.- SENTENCIA DE CÁMARA: - Apelada la decisión de primera instancia por el Dr. G. C. L. en representación de la actora y por derecho propio; la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia se pronunció a fs. 117/123. Allí resolvió hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto. Revocó el punto dos de la decisión primigenia y dispuso que en la instancia de grado la actora practique nueva liquidación actualizada conforme las pautas que ella señala. Confirmó los puntos 4 y 5 de la sentencia e impuso las costas de la instancia de grado a la demandada vencida, las de la Alzada en el orden causado.

Las Magistradas indican que se trata de la ejecución de sentencia recaída en los autos "M. J. J. y otro c/Provincia del Chubut s/Daños y Perjuicios" (Expte. de la Alzada N° 16.447/07), por la que se condenara a la demandada al pago de la suma de pesos: quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ($ 554.800) con más intereses calculados a la tasa activa del Banco Central de la República Argentina desde el 29/6/92 (fecha de producción del evento), por perjuicio material y moral como consecuencia de los daños sufridos por la muerte de su esposa y madre, de acuerdo a lo previsto por el art. 98 de la constitución Provincial y arts. 499, 502, y 503 del CPCC.- Señalan que la ejecutante practicó liquidación final por capital intereses y honorarios regulados, a fin de que una vez notificado el Poder Ejecutivo el mismo efectúe las previsiones presupuestarias para el año 2010 a fin de afrontar el pago de la condena; que esa misma parte invocó la Ley N° 5.258 que declaró a partir del 1º de julio del año 2005, el cese total del estado de emergencia en la provincia y también la Ley N° 4.154 que en su art. 21 inc "d" excluye de la emergencia los créditos por daños y perjuicios en la vida, cuerpo o salud.

Relatan también que la demandada informó que se incluyó en el presupuesto del año 2010 el importe de pesos dos millones ciento tres mil quinientos treinta y dos con cincuenta y cinco centavo ($ 2.103.532,55 ctvos.), según la liquidación practicada conforme la Ley II-49-, por la cual la provincia adhirió al régimen de consolidación de las deudas del Estado; que respecto de los honorarios de los letrados, la Provincia indicó que teniendo en cuenta que la demanda se interpuso el 6/10/99, el crédito por honorarios de la primera etapa se generó antes de la fecha de corte, así los intereses deben calcularse conforme la normativa de emergencia. Señalan las Magistradas que además la provincia cuestiona la fecha a partir de la cual el letrado -parte actora- liquida intereses y que debe ajustar ese ítem., desde que quedó firme la sentencia dictada por este Superior Tribunal (19/08/09).-- Tras la reseña, las Camaristas consideran que la cuestión central es establecer la recta interpretación de la normativa de emergencia económica y de consolidación. Recuerdan que ese régimen constituye un mecanismo de excepción concebido para paliar situaciones de emergencia en las que el Estado no puede hacer frente a su pasivo y procede a postergar a largo plazo el pago o a emitir títulos y colocarlos forzosamente en pago de dicha deuda. Que la Provincia adhirió a la Ley Nacional N° 25.344 mediante el dictado de la norma local N° 4.647, por la cual las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31/3/91 y anterior al 1/1/2000 se consolidaron. -- A resultas de ello -dicen- si tenemos en cuenta que la obligación del Estado Provincial tuvo origen cuando se produjo el hecho (29/6/92), ésta quedaría abarcada por el régimen de consolidación y devengaría un interés equivalente a la tasa promedio de caja de ahorro del BCRA. - Renglón seguido indican que en no pocas oportunidades, este Superior Tribunal se pronunció sobre la constitucionalidad del régimen de emergencia y que la consolidación de las deudas del Estado operaba de pleno derecho; pero que sin embargo esta doctrina de la Corte Provincial ha variado en los últimos años, conforme se desprende de los fallos "P., A. y Otros c/Provincia del Chubut s/Demanda Contenciosa Administrativa"; C., T. c/Provincia del Chubut s/Indemnización - Accidente de Trabajo"; "V., F. c/Provincia del Chubut s/Demanda Contenciosa Administrativa".- Consideran que este último fallo resulta decisivo para la resolución del "sub iudice", pues implicó la declaración por segunda vez consecutiva de la inconstitucionalidad sobreviniente de la ley N° 4647, con los alcances previstos por el art. 175 de la Constitución Provincial. Luego de efectuar el reproche que merece a su juicio el fallo del a quo quien omitiera ponderar y aplicar la reciente doctrina del Superior Tribunal en materia de consolidación de deudas y emergencia económica; concluyen que la cuestión de cual es la tasa de interés aplicable a la condena devenida abstracta, y ello precisamente porque con posterioridad a la sentencia que se recurre del día 25 de marzo de "2020", el 4 de junio del corriente fue publicada oficialmente la Sentencia Definitiva N° 01/SCA/2009, con lo cual y de acuerdo a lo previsto en el art. 175 de la Constitución Provincial, a partir del 5 de junio de 2010, la ley N° 4647 por la que el Estado Provincial adhiriera a la ley 25.344 y cuya aplicación se discute en autos, ha dejado de tener vigencia.-- Así pues la Alzada resuelve revocar la aprobación de la liquidación presentada por la Provincia del Chubut a fs. 56, y dispone que en la instancia de grado se practique nueva liquidación actualizada conforme las pautas de su pronunciamiento a fin de lograr la aprobación judicial de la misma.- EL RECURSO DE APELACIÓN -- En opinión de los apelantes, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ha faltado al principio de congruencia, por cuanto no efectuó un examen pormenorizado de la ley N° 5358.

Señalan que la Ley N° 4154, con sucesivas modificaciones, declaró el estado de emergencia económica de la Provincia, en tanto el título III, Capítulo I, referido a la situación de las obligaciones exigibles, estableció la suspensión de las ejecuciones de sentencias que condenasen al pago de una suma de dinero dictadas contra el Estado Provincial por el plazo de un año a partir de la fecha de vigencia de la presente ley. Con ello los recurrentes quieren significar la inexistencia de relación alguna entre la ley II-49 (antes Ley N° 4647) por la cual la Provincia adhirió al régimen de consolidación de deudas de la Nación con las leyes N° 5358 y N° 4154; que sendos conceptos responden a distintos motivos y por ende sus efectos son disímiles.-- Sostienen que el régimen de la consolidación apuntó principalmente a reglar las obligaciones que tuvieran su origen en hechos o actos ocurridos con anterioridad a una fecha determinada (fecha de corte) aún cuando se reconocieran administrativa o judicialmente con posterioridad a esa fecha (art. 13 ley N° 25.344). Aclaran que los efectos de la consolidación, tal como surge de la propia ley se expanden aún después de la fecha de corte, pues de lo contrario no tendría sentido la última parte del inciso "d" del art. 2 al decir que los créditos causados con posterioridad a la fecha de corte no son alcanzados por la consolidación dispuesta por la ley. - Tras aludir al art. 13 de la ley 25.344, al Dto. reglamentario N° 2140/01, consideran que las obligaciones con causa o título anterior a la fecha de corte, son "las que tuvieren origen en hechos o actos ocurridos con anterioridad a la fecha del corte, aún cuando se reconocieren con posterioridad a esa fecha y las que surgieren de instrumentos otorgados con anterioridad al de la fecha de corte". Así -expresan- la ley de consolidación no tiene en cuenta la fecha en que se dicta la sentencia condenando al pago de una suma de dinero, por el contrario, lo que incide es la fecha en que ocurrió el hecho, y si está comprendido entre la fecha inicial y la de corte, entonces estaremos ante un crédito consolidado, más allá de que el fallo que se dicte quedare firme en otro contexto económico y social. -- Es obvio, en opinión de los recurrentes, que la consolidación de pleno derecho establecida por la ley alcanza a la condena que surge de las presentes actuaciones y que de persistir alguna duda acerca de su procedencia, ésta queda disipada tras lo normado por el art. 3º in fine del Dto. reglamentario que establece que en tal caso ". se resolverá a favor de la consolidación", en el caso de que se siga el razonamiento, establecido en la ley 25.344, que remite a la ley N° 23.982 en sus términos y alcances.- Es objeto entonces de agravio, la fijación para el período posterior al hecho y a la sentencia de la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina, en contraposición a la dispuesta por la consolidación de la deuda pública vigente al momento de la sentencia y al que se practicó liquidación.-- Reiteran que la ley de emergencia económica no guarda ninguna relación con la de consolidación de la deuda pública salvo que para la sanción de ambas se tuvo en cuenta una situación económica desfavorable tanto para la Nación como para las Provincias, mas ello no permite afirmar tal como lo hizo la Cámara que la consolidación no es sino un acápite de la de emergencia.-- De primar el criterio del Tribunal de alzada consideran que el régimen de consolidación debiera aplicarse entonces hasta la fecha en que se decretó el cese del estado de emergencia, o en el mejor de los casos hasta la fecha en que se publicó en el B.O. del 4/06/10 la sentencia N° 01/SCA/2009, por cuanto según ese tribunal, ha sido a partir del 5 de junio de 2010, en que la ley de consolidación ha dejado de tener vigencia.- No obstante esa reflexión, los apelantes entienden que los efectos que la ley de consolidación ha generado -en base a que el hecho que diera origen al reclamo indemnizatorio ocurrió en el año 1992- no puede ser avasallado por una errónea y arbitraria interpretación de la ley N° 5358 que puso fin a la emergencia pero no a la consolidación.-- Agregan que la derogación de la emergencia económica sólo puede regir hacia el futuro y en modo alguno puede tener efecto retroactivo a tal punto de poder modificar una situación que ya estaba consolidada desde el momento mismo en que ocurrió el hecho del que derivó la obligación de indemnizar. Citan en su apoyo la previsión del art. 3 del Código Civil.

Entienden que se ha derogado una ley que se encontraba vigente al momento del hecho generador de la causa, al momento del dictado de la sentencia definitiva y al tiempo de practicarse la liquidación y que aplicar al caso las pautas que indica la Cámara, implica hacer una aplicación retroactiva de la ley habida cuenta que la que se encontraba vigente era la N° 4647 de consolidación de pasivos del Estado.

Por último señalan que de admitirse los intereses fijados en la alzada implicaría violar el principio de igualdad ante la ley en detrimento del resto de los acreedores del Estado Nacional.-- Efectúan reserva del Caso Federal y solicitan la íntegra revocación de la sentencia atacada.- A fs. 173/175 la actora contesta el traslado conferido, donde entiende que el recurso debe ser declarado desierto por tratarse de una mera discrepancia con los argumentos desarrollados por la Alzada.-- A fs. 180/181 obra dictamen del Sr. Procurador General Adjunto, quien opina en idéntica forma que la actora en orden a que se evidencia en el recurso deducido una mera discrepancia de criterios con la sentencia apelada. Afirma, además, que no obran en la presentación en análisis argumentos que tiendan a diferenciar este caso de los precedentes del Superior Tribunal y que resulta acertada la decisión de la Cámara en punto a la aplicación de los efectos derogatorios de la ley cuya aplicación pretende la demandada a las relaciones jurídicas vigentes al tiempo de la resolución. ANÁLISIS: -- Descriptos los antecedentes de la causa, los pronunciamientos dictados en ésta y el Recurso de Apelación deducido contra el fallo del Tribunal "a quo" es necesario analizar la primer cuestión planteada, esto es si el recurso es procesalmente idóneo.

Desde ese punto de vista advierto una pobreza argumental estéril en su cometido de refutar las conclusiones del Tribunal de Alzada.-- No puede desconocerse a la hora de intentar la impugnación, que es doctrina incólume e intacta del Superior Tribunal de Justicia y de esta Sala puntualmente, que la expresión de agravios es el acto procesal mediante el cual el recurrente fundamenta la apelación, refutando total o parcialmente las conclusiones establecidas en la sentencia. Por sus alcances importa una demanda tendiente a obtener la apertura de una instancia y sin ese memorial, el Tribunal se ve imposibilitado de entrar a verificar la justicia o la injusticia de la sentencia apelada y como su objeto lo constituye el ataque a la decisión del juez la doctrina la denomina "demanda de impugnación".- La expresión de agravios no es una simple fórmula vacua y carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga la crítica de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Lo concreto se refiere a lo preciso, determinado, debe decirse cual es el agravio, no es bastante la enumeración de éstos. Así no es suficiente la denuncia, la violación del principio de congruencia, si no se arrima material de juicio suficiente enderezado a su cabal demostración.-- En la presentación de fs.164/168, no se advierte, sino una vaga alusión a los fundamentos dirimentes, empero, ese atisbo, no alcanza la mínima suficiencia técnica con articulación razonada, fundada y objetiva sobre los eventuales yerros de la sentencia. Planteado así el recurso nada permite a este Tribunal siquiera comenzar a dilucidar acerca de la posible presencia de los vicios señalados.

Con la contundencia necesaria, sin dejar lugar a dudas las Juezas dejaron asentado que la cuestión de la tasa de interés aplicable a tener en cuenta en la liquidación, ha devenido abstracta y ello desde que la Ley N° 4647, cuya aplicación se discute en autos ha dejado de tener vigencia, por imperio del art. 175 de la Constitución Provincial a partir del día siguiente de la publicación de la Sentencia N° 01/SCA/09 en autos "V. F. c/Provincia del Chubut s/Demanda Contencioso Administrativa" (Expte N° 20.398-V-2006).-- Puntualmente, esta declaración que implica privar a los jueces de conocer en la cuestión por carencia sobrevenida de objeto o en otros términos por terminación anticipada del proceso por desaparición sobrevenida de interés o sobreseimiento de las actuaciones por pérdida del objeto, no fue materia de agravio preciso y concreto.-- En mi opinión y al margen considero que a la decisión le falta respaldo normativo, más allá de la referencia constitucional. Aludo al plexo procesal y me parece que la cita del art. 165 del CPCC, hubiese sido atinada aunque se trate de una sentencia interlocutoria, pues prevé que el fallo podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente controvertidos y probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.- Sin embargo ello no le quita en modo alguno mérito a la fundamentación y ese discurso substancial, como expresé, no fue materia de agravio.-- Los quejosos eludieron ese debate y volvieron a la carga con un tema, fenecido, perimido, o mejor dicho extinto en el mundo jurídico provincial, por desconocimiento del alcance de la declaración de inconstitucionalidad, cual fuera la vigencia de la ley N° 4647 que devino en las circunstancias actuales injustificada e irrazonable, mas ilegítima al imponer a los peticionantes un sacrificio patrimonial que ha dejado de tener razón de ser.-- Concretamente reeditaron en el caso concreto, la cuestión del tipo de tasa de interés y las fechas en que una u otra debían aplicarse, pero soslayaron que en aquellos asuntos que referencia y ya pasados por ante este Superior Tribunal en los cuales se declaró la inconstitucionalidad de aquella ley; también y como consecuencia lógica de ese primer decreto, se determinó que la tasa de interés aplicable será la Activa para préstamos personales del Banco del Chubut, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago. Esta es la realidad hoy en día en el mundo jurídico, por extinción de todo precepto que se le oponga y todo intento de reeditar la porfía sobre el punto es inocuo.- Infructuosamente se intento ocurrir al máximo Tribunal de la Nación en oportunidades preteridas, para debatir la materia en cuestión, mas lo axiomático es que no hay vuelta atrás, y todo intento de desandar el camino es a todas luces también extemporáneo. Nada justifica una solución distinta.- Por lo expuesto y dando respuesta a la segunda cuestión, voy a proponer al Acuerdo declarar desierto el Recurso de Apelación concedido a fs. 155/157 a los apoderados de la Provincia del Chubut contra la S.I. N° 131/2010 de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, habida cuenta que se constata un manifiesto incumplimiento de la carga de fundamentar el recurso intentado. ASÍ LO VOTO.- A la primera cuestión, dijo el Dr. PASUTTI:

1.- Referidos los antecedentes de la causa por el Ministro prevotante, sólo encuentro atinado reseñar que impetra la Provincia del Chubut recurso de apelación ordinaria tendiente a obtener la revisión de la sentencia opugnada. Considera que la decisión recurrida establece una tasa para el cálculo de los intereses sobre el capital de condena contrapuesto con la ley de consolidación de deuda pública vigente al momento de la sentencia y al que se practicó liquidación. En ese fallo, la Cámara de Apelaciones señaló a la recurrente, que a tenor del dictado de las sentencias definitivas Nº 05/SCA/08 y 01/SCA/09, y de la publicación de esta última en el boletín oficial, la cuestión debatida -relativa a la tasa de interés aplicable a la condena- devino abstracta. En ambos decisorios citados, dictados en competencia originaria por este Superior Tribunal se resolvió, como 2do. punto de la sentencia "Declarar la inconstitucionalidad sobreviviente de la Ley 4647, y determinar que la Tasa de interés aplicable será la Activa para Préstamos personales del Banco del Chubut S.A., desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago".

2.- Sentado ello, corresponde efectuar la valoración de la expresión de agravios a fin de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación deducido y habilitar un nuevo examen de la materia por este Tribunal.-- Conforme señala Osvaldo A. Gozaíni "Se llama recurso de apelación al acto procesal de impugnación por el cual la parte que se considera afectada por una decisión judicial, plantea ante un órgano jerárquicamente superior y competente la revisión de ese fallo, solicitando que lo revoque o modifique, total o parcialmente" (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, La Ley, Tomo II, pág. 23). Importa un nuevo examen de la cuestión, y no un nuevo juicio, pues el tribunal de apelación sólo puede fallar sobre lo que es materia del recurso (Hugo Alsina, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ed. Ediar, Tomo IV, pág. 207/208).- En oportunidad de emitir mi voto en primer término en la S.D. N° 10/SCA/10, cité a Eduardo SIRKIN cuando expresa que "la expresión de agravios es la fundamentación que se realiza, por medio de un escrito que debe atacar la sentencia definitiva dictada en un proceso ordinario intentando obtener de los magistrados de la Cámara el decreto de nulidad, o su revocación total o parcial en base a los fundamentos que allí sean vertidos y, por ende, posterior a la sentencia aludida. Debe constituir -indica el autor- una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada, a fin de demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. Es decir, habremos de "conmover los fundamentos del a-quo", "destrozar jurídicamente la sentencia"; "atacar las partes de la decisión recurrida que el apelante considere equivocadas...". Justifica su comentario con un fallo de la Cámara Nacional Civil "...para que exista expresión de agravios no bastan manifestaciones imprecisas, genéricas, razonamientos totalizadores, remisiones, ni, por supuesto, planteamiento de cuestiones ajenas. Se exige legalmente que se indiquen, patenticen, analicen parte por parte las consideraciones de la sentencia apelada. Por cierto, ello no significa ingresar en un ámbito de pétrea conceptualización, o de rigidez insalvable. En el fecundo cauce de la razonabilidad y sin caer en un desvanecedor ritualismo de exigencias, deben indicarse los equívocos que se estimen configurados según el análisis -que debe hacerse- de la sentencia apelada (Sala H, Sent. 28.06.01 in re "Britos..." en elDial -AAA4F)" ("El alegato y la expresión de agravios en los procesos ordinarios - Finalidades y diferencias" publicado el 06/08/2009 en elDial DC1165).- En ese orden, requiere el art. 268 del C.P.C.C. que la expresión de agravios contenga la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Lo concreto se dirige a lo preciso, indicado, específico (debe decirse cuál es el agravio). Lo razonado incumbe a los fundamentos, las bases, las sustentaciones (debe exponerse por qué se configura el agravio) (CNCiv., Sala H, 1991/08/28, "Latorre de Maggio de Maggi, Marta c. Perrino, Antonio B.", La Ley 1992-C, 443 -DJ, 1992-2-325, citados por O. A. Gozaíni, ob. cit., pág. 73).-- 3.- Concordante con lo expuesto, el cotejo de los fundamentos dados en la Sentencia apelada y los agravios traídos, me lleva a afirmar que tal carga ha sido incumplida. Como ya dije, en el sub lite la decisión recurrida se funda en que, luego del dictado de las sentencias mencionadas la cuestión atinente a la tasa de interés se tornó "abstracta". Cabe aquí mencionar, como lo expone Carlos J. Laplacette, que a modo de regla puede decirse que la jurisdicción, debidamente adquirida, puede reducirse si el caso deviene abstracto, porque (i) no hay una razonable expectativa de que la violación alegada se repita, y (ii) durante el proceso se producen acontecimientos o se dictan medidas que completa e irrevocablemente erradican los efectos de la presunta violación. Cuando ambas condiciones son satisfechas, el caso se convierte en abstracto, ya que ninguna de las partes tiene un interés jurídicamente reconocido en la determinación final de las cuestiones de hecho y de derecho debatidas. ("Exigencias temporales del caso judicial. La doctrina de los casos devenidos abstractos y posible correcciones", www.laleyonline.com.ar).-- Exponen E. Imaz y R. Rey que el "caso abstracto" se da "Allí donde no hay discusión real entre el actor y el demandado, ya porque el juicio es ficticio desde su comienzo, o porque a raíz de acontecimientos subsiguientes se ha extinguido la controversia o ha cesado de existir la causa de la acción; o donde las cuestiones a decidir son enteramente abstractas, o los sucesos ocurridos han tornado imposible para la Corte acordar una reparación efectiva, la causa debe ser considerada moot" ("El Recurso Extraordinario", 3° ed., Ed. Abeledo-Perrot, pág. 74/75). En tanto que para Néstor Pedro Sagüés, la "cuestión abstracta" puede ocurrir por tres motivos: a) cuando por el transcurso del tiempo el agravio ha desaparecido; b) cuando una nueva norma deroga la disposición que afectaba al demandante; y c) cuando el interés del recurrente ha sido satisfecho (Autor citado, "Recurso Extraordinario", Tº 1, pág. 507, Ed. Astrea, 3ª Ed., Bs. As., 2.002). - 4.- Por lo indicado, no le era admitido a la recurrente soslayar el ataque frontal de los aludidos fundamentos del decisorio apelado, donde los Camaristas expresaron la imposibilidad de pronunciarse sobre la cuestión ventilada en el pleito, al considerarse inhabilitados para ejercer su jurisdicción. Mas la quejosa hizo caso omiso a tal premisa. Afirmo esto pues no encuentro ningún argumento en la expresión de agravios que tienda a rebatir, en ataque frontal, directo, a tales sustentos del fallo opugnado. La recurrente se limita a desarrollar manifestaciones alusivas a las normas referidas a la declaración de emergencia económica y consolidación de deudas, y hace especial énfasis en la tasa de interés aplicable en dichas situaciones, mas no cuestiona la declaración de abstracción de la causa, que fue el sustento de la decisión de la Cámara de Apelaciones.-- En definitiva, surge del memorial su falta de aptitud, careciendo de la autosuficiencia requerida, por no existir un ataque frontal de los verdaderos fundamentos del fallo, inconmovible con las apreciaciones subjetivas del apelante, y por ello concuerdo con la propuesta formulada al Acuerdo por el Ministro Dr. Royer de declarar la deserción del recurso. ASÍ LO VOTO.-- A la segunda cuestión dijo el Dr. ROYER: -- Conforme he votado a la primera cuestión, propongo al Acuerdo declarar desierto el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la Provincia del Chubut contra la Sentencia Interlocutoria N° 131/2010 de la Cámara de Apelaciones, Sala "B", de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En cuanto a las costas, propongo imponerlas a la recurrente (art. 69 del C.P.C.C.). Asimismo, regular los honorarios del Dr. G. C. L., apoderado de la actora, en un 35% de lo regulado a esa parte en Primera Instancia, y los de los Dres. Sonia VILLA BILLONE, F. A. P., Diego Fernando RODRIGUEZ, letrados de la demandada, en el 25% de los que fueron establecidos en primera instancia a favor de su parte (conf. arts. 5, incs. "c" y "d" y 13 de la Ley XIII N° 4). Todos con más IVA si correspondiere y sin perjuicio de lo establecido en el 2 de la Ley XIII N° 4. ASÍ LO VOTO. -- A la misma cuestión el Dr. PASUTTI expresó :

Tal como voté a la Primera cuestión, concuerdo con la solución propiciada por el Dr. ROYER. ASÍ LO VOTO.

Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente: -- - S E N T E N C I A -- 1°) DECLARAR desierto el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la Provincia del Chubut contra la Sentencia Interlocutoria N° 131/2010 de la Cámara de Apelaciones, Sala "B", de la ciudad de Comodoro Rivadavia.- 2°) COSTAS en esta instancia a la recurrente (art. 69 del C.P.C.C.).- 3°) REGULAR los honorarios del Dr. G. C. L., apoderado de la actora, en un 35% de lo regulado a esa parte en Primera Instancia, y los de los Dres. S. V. B., F. A. P. y D. F. R., letrados de la demandada, en el 25% de los que fueron establecidos en primera instancia a favor de su parte (conf. arts. 5, incs. "c" y "d" y 13 de la Ley XIII N° 4). Todos con más IVA si correspondiere y sin perjuicio de lo establecido en el 2 de la Ley XIII N° 4.-- 4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase. - La presente sentencia se dicta por dos Miembros del Tribunal en virtud de encontrarse ausente, en uso de licencia, el Sr. Ministro Dr. Daniel Luis CANEO y haber concordado en la solución del caso sendos votantes (art. 28 Ley V Nº 3).-- Fdo. Dr. Fernando S. L. ROYER- Dr. José Luis PASUTTI.-- RECIBIDA EN SECRETARIA EL 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2.011 REGISTRADA BAJO EL N° 26 S.R.O.E. CONSTE.