Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-11-21


Autos N° 4.881 (J.P.L.G.S.J., Rawson, N° 2/14), caratulados: "OSMAN, Jorge Alberto c/ Banco de San Juan S.A. - Daños y Perjuicios".

- San Juan, veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. - - Y Vistos: - - Para resolver acerca de los recursos de apelación interpuestos a fs. 225 y vta. por el actor, quien interviene en causa propia, y a fs. 228 por la parte demandada, que actúa por medio de apoderado, contra la sentencia glosada a fs. 211/224 del expediente y la aclaratoria de fs. 226 y vta.

- Tales recursos fueron concedidos sin efecto suspensivo, conforme a lo dispuesto por el art. 451, inc. 6º, del C.P.C., por providencia de fs. 229. - - Y Considerando: - I. La sentencia cuestionada: - - Que mediante la sentencia impugnada y su aclaratoria el a quo hizo lugar a la demanda, condenando al Banco de San Juan S.A. a abonar al actor en el término de quince (15) días de quedar firme o consentida la resolución, la suma de un mil pesos ($ 1.000) con más sus intereses legales, según tasa activa del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) aplicables desde el día en que se produjo la consecuencia dañosa. Impuso las costas a la accionada vencida, difiriendo la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes. - - Para un mejor orden expositivo, advertimos que trataremos primero el recurso deducido por el accionante dada su eventual incidencia sobre la apelación de la demandada. - II. Apelación de la parte actora: - - 1. Contra dicho pronunciamiento se alzó el apelante, quien fundó el recurso con el memorial obrante a fs. 232/239 vta. En tal pieza, en síntesis, manifestó:

· Que le agravia el monto indemnizatorio fijado por el a quo de un mil pesos ($ 1.000), ya que es ínfimo e insignificante a la hora de "magnificar" (sic, fs. 232) el grado de incumplimiento de la demandada. Agrega que la circunstancia de que le den la razón en la sentencia pero que valoricen el daño moral en el monto establecido resulta arbitrario, más cuando no se explica cómo se llega a esa cifra.

· Que el Juzgador omitió valorar adecuadamente la relación contractual denunciada en autos, pues no ponderó el gran desequilibrio económico existente entre un usuario obligado por las normas públicas a operar con el Banco contratado como agente financiero del Estado Provincial, y por otro lado la entidad financiera que maneja las Cajas de Ahorro Sueldo de aproximadamente treinta y cinco mil (35.000) empleados públicos.

- · Que el agravio se configura al no dar razón jurídica que explique la falta de aplicación de la doctrina y la jurisprudencia que en forma mayoritaria han tratado el tema de la reparación plena, doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (C.S.J.N.). - · Que respecto al daño moral la finalidad de su reparación apunta a compensar la lesión de bienes extrapatrimoniales, tales como el derecho al bienestar o a vivir con plenitud en todos los ámbitos -familiar, amistoso o afectivo- y supone la privación o disminución de la paz, la tranquilidad de espíritu o la integridad física; es decir, que tiene naturaleza resarcitoria y no punitiva. Cita doctrina y jurisprudencia. - · Que quedó probada documentalmente la indisponibilidad de los fondos que tenía acreditados en la Caja de Ahorro Sueldo abierta a propósito de la relación de empleo público que mantiene con el Estado Provincial. - · Que al tratarse de una Caja de Ahorro Sueldo se configura un contrato bancario en el que la entidad financiera es proveedora del servicio y el cliente es la persona física que utiliza tal servicio. Se trata de una relación de consumo y por ello existe un deber de seguridad a cargo del Banco para con su cliente.

· Que también quedó acreditado con las declaraciones de los testigos Sres. Leonardo Rodolfo Ferrer y Julio Alberto Vergara, el reproche verbal que le hizo al personal de Fiscalía de Estado, admitiendo que fue en forma excesiva e infundada en la creencia de que el error era responsabilidad de quienes efectúan la liquidación de salarios en dicho organismo. Agrega que ello lo afectó anímicamente y menoscabó su imagen ante sus compañeros de trabajo.

· Que le causa agravio que el a quo le niegue la aplicación de la sanción disuasiva o daño punitivo previsto por el art. 52, bis, de la Ley Nac. N° 24.240 [incorporado por el art. 25 de la Ley Nac. Nº 26.361], en contra del Banco de San Juan S.A. · Que la parte demandada ha demostrado un desprecio respecto de la relación de consumo mantenida con la totalidad de los empleados públicos provinciales, ya que sin informar o publicitar sobre la indisponibilidad transitoria de fondos sólo procedió a comunicar a la Red Link acerca de su decisión, afectando los derechos patrimoniales y el ejercicio regular del derecho de propiedad de los empleados públicos.

· Que ha quedado acreditado en autos que el Banco no ha tenido en cuenta ni resguardado el equilibrio de las prestaciones de las partes en la relación de consumo, ni ha evitado el ejercicio abusivo del derecho unilateral, razón por la cual considera que debió aplicarse la multa civil. Señala que el a quo olvida dar razones de la no aplicación del art. 52, bis, de la Ley Nac. Nº 24.240, por lo que su decisión se convierte en arbitraria.

- 2. A fs. 240 se dispuso correr el pertinente traslado del memorial a la accionada, quien lo contesta con el escrito de fs. 241/252, particularmente en el apartado III, solicitando el rechazo del recurso interpuesto por el actor, con costas. En el mismo libelo funda la apelación articulada por su parte, concretamente en el apartado II.

- 3. A fs. 270 vta. se materializó la elevación del expediente a la Cámara. Ya en este ámbito, a fs. 271 se determinó que en la causa intervendrían los -en ese momento- dos únicos integrantes naturales del Tribunal, haciéndose saber a las partes dicha circunstancia, mediante las cédulas agregadas a fs. 272 y vta. y 273 y vta.

- Por providencia de fs. 274 se ordenó informar a las partes el nombramiento del nuevo magistrado integrante de la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada, Dr. Juan Luis Romero, decreto que se encuentra firme y consentido, tal como surge de las constancias obrantes a fs. 275 y vta. y 276 y vta. - - Seguidamente se ordenó a fs. 277 el pase de los autos a resolver, previo sorteo, situación también notificada debidamente a las partes (ver fs. 278 y vta. y 279 y vta.). - - Posteriormente, se procedió al sorteo y a la adjudicación a estudio de la causa en el orden dispuesto a fs. 280. - - III. La resolución del recurso del actor: - - Conforme a las particularidades de la causa, las constancias del expediente que hemos examinado y de acuerdo con el contenido de los agravios formulados por el accionante, adelantamos nuestro criterio favorable a la pretensión que obra en el recurso. Ello, en función de las pruebas y de las circunstancias jurídicas y fácticas de la totalidad del contexto del presente juicio de daños y perjuicios y de las consideraciones que pasamos a exponer.

- 1. En primer lugar, el análisis debe centrarse en verificar cuál es la relación que une al actor con la entidad bancaria.

- De la documental acompañada por el accionante [que hemos tenido a la vista] surge que el Dr. Jorge Alberto Osman es agente dependiente de Fiscalía de Estado de la Provincia de San Juan (ver copia de fs. 12 y contestación del oficio de fs. 73/74) y titular de la cuenta Nº 860521/2-018 abierta en el Banco de San Juan S.A. Ello, conforme a lo dispuesto por las Leyes Prov. Nos 552-A [antes Nº 6.753] y 930-A [antes Nº 7.786], los Decretos Acuerdo Nos 0055/1996, 0064/1996 y 0048/2000, y los Decretos Nos 1.815-MHF-2007 y 0496-MHF-2013, y en el marco del Contrato de Vinculación celebrado entre la Provincia de San Juan y el Banco de San Juan S.A., tal como consta en el informe y la documental acompañados por la Directora de Coordinación Administrativa del Ministerio de Hacienda y Finanzas (ver fs. 104/129).

- En el referido Contrato de Vinculación obrante a fs. 114/125, el Banco accede a prestar sus servicios como Agente Financiero y Caja Obligada del Estado Provincial. En el art. 3, inc. e, se obliga a efectuar la apertura y el mantenimiento de las cuentas bancarias a los agentes de la Administración Pública Provincial y pensionados que así lo requieran, y abonar los sueldos y todo rubro o beneficio de igual carácter, a través de la acreditación de las remuneraciones en dichas cuentas individuales de titularidad de los mismos (fs. 115). En el art. 4, respecto a las modalidades de la prestación, el Banco se compromete a hacerlo en la forma que corresponda, ajustándose a las normas de buena práctica bancaria, a las necesidades de la Provincia y a las disposiciones del B.C.R.A. A tal efecto, el Banco deberá adoptar todos los recaudos necesarios con tal finalidad subrayado propio (ver fs. 116).

- Vemos que el actor percibe forzosamente sus haberes mediante la intermediación bancaria. Consecuentemente, no podemos dejar de recurrir al plexo normativo que tuitivamente regula las aristas fácticas y jurídicas aplicables al sub examine. - - El art. 124 de la Ley de Contrato de Trabajo (L.C.T.) modificado por la Ley Nac. Nº 26.590 [B.O. de 05-05-2010], incorpora un párrafo que se intercala entre el primero y el segundo anteriores. Dicha norma es la primera del Título IV, Capítulo IV, que tiene como tema la tutela y el pago de la remuneración; precisa que la cuenta bancaria a nombre del trabajador tendrá el nombre de Cuenta Sueldo, y bajo ningún concepto podrá tener límites de extracción ni costo alguno para el trabajador, en cuanto a su constitución, mantenimiento o retiro de fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad extractiva empleada. - - El art. 2 de la Resolución Nº 653-MTE y SS-2010 [B.O. de 24-06-2010] establece que la Cuenta Sueldo también podrá utilizarse para operar a través de tarjeta de débito, realizar consultas de saldos, etc. - - 2. Especificado el carácter de la cuenta sueldo corresponde determinar si efectivamente hubo una indisponibilidad de los fondos depositados en la cuenta cuyo titular es el Dr. Jorge Alberto Osman, teniendo en consideración la naturaleza de aquéllos -depósito de haberes- y la relación entre la entidad bancaria y el actor; y de este modo verificar la existencia de daño moral y, en su caso, su cuantificación.

- - Analizando la prueba documental aportada por la propia demandada y reservada en un sobre marrón, con cargo del Juzgado de fecha 29 de abril de 2014 a las 08:00 hs. [que hemos tenido a la vista], surge del Informe detallado de operación de acred. haberes extraordinarios de Osman, Jorge, Cuenta Nº 018-860521-2, la descripción relacionada con el aporte extraordinario para un grupo de empleados públicos por pedido expreso de la Administración Pública, durante el 27 de diciembre de 2013 a las 16:12 hs., efectuado en Modo contingencia, consignándose el pago extraordinario de un mil ochocientos pesos ($ 1.800). Posteriormente, y previo al refreís de link, atento a que no se debía afectar la disponibilidad del usuario por ese monto (por descuentos eventuales por débitos automáticos, cuotas de préstamos, pagos de tarjeta de crédito, etc.), se generó un proceso especial de bloqueo de fondos informándose a las 23:45 hs. a la Red Link. Este bloqueo determinó que se mostrara de forma errónea un saldo negativo de un mil ciento veintiún pesos con setenta y dos centavos (- $ 1.121,72), compuesto por el saldo existente en la cuenta de seiscientos setenta y ocho pesos con veintiocho centavos ($ 678,28) menos el bloqueo de un mil ochocientos pesos ($ 1.800). Finalizados los procesos nocturnos, los que se vieron demorados por la operatoria especial de pagos extraordinarios, quedó disponible recién a las 11:35 hs. del sábado 28 de diciembre de ese año, el saldo de dos mil cuatrocientos setenta y ocho pesos con veintiocho centavos ($ 2.478,28). Adjunta documentación como prueba de sus afirmaciones y la enumera.

- En la contestación del oficio que hiciera el Tesorero General de la Provincia, quien depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas -obrante a fs. 187-, se informa que para la liquidación y pago de la "Ayuda Extraordinaria de carácter económico", otorgada por el Decreto Acuerdo Nº 0025/2013, se siguió el procedimiento utilizado para el pago de haberes, y considerando la naturaleza paliativa de tal ayuda extraordinaria y al solo fin de no desvirtuar su razón de ser, se le requirió al "Banco de San Juan S.A." que hiciera sus mejores esfuerzos, arbitrando los medios necesarios para evitar descuentos que pudieran afectar la suma de referencia ($ 1.800).

- A fs. 183/185 vta. corre glosada el acta de la audiencia testimonial del Sr. Sergio Rafael Isaguirre, Jefe del Área de Desarrollo de la Gerencia de Sistema, quien manifiesta (respondiendo al interrogatorio de la demandada) que en diciembre de 2013 se recibieron los archivos para acreditar en forma extraordinaria una suma determinada y que no debían ser afectados por débitos de ningún tipo por el término de cinco (5) días (respuesta a la 8va pregunta). Admitió que el procedimiento de "Refresh" [explicado al responder a la 14a pregunta] se demoró hasta aproximadamente el mediodía del sábado 28 de diciembre (respuesta a la 16ta); y reconoció la demora producto de la gran cantidad de procesos y espera de archivos de acreditaciones (respuesta a la 17ma pregunta); agregando que la operatoria utilizada generó un monto de indisponibilidad de la cuenta durante el proceso de "Batch", explicado por el deponente al responder a la duodécima pregunta (respuesta a la 19na). - - A su turno, el actor procedió a repreguntar al testigo, quien al responder a la 5a repregunta en referencia al saldo negativo que mostraba su Caja de Ahorro, que se refleja en la documental obrante a fs. 9/10, afirma que si el saldo disponible en la cuenta es cero o menor a cero no podrá efectuar retiro [de dinero] por el mecanismo de cajero o débito de compras. Al contestar la 10ma repregunta dijo que posteriormente a ese primer proceso de acreditaciones especiales se trabajó sobre el programa que genera la indisponibilidad de fondos mejorándolo, lo que permite que en caso de indisponibilidad se afecte hasta el monto que corresponde tal como pasó con los procesos especiales de acreditación de fines de enero y febrero de 2014.

- A fs. 169 y vta. comparece el C.P.N. Leonardo Rodolfo Ferrer, quien liquida y paga los sueldos del personal de Fiscalía de Estado, reconociendo que el Dr. Jorge Alberto Osman efectuó un reclamo verbal por la falta de acreditación en su "Cuenta Sueldo" de la suma extraordinaria de un mil ochocientos pesos ($ 1.800) ya que quiso hacer una compra y no pudo concretarla (rpta. a la 4a pregunta); agregó que fue enojado porque no pudo hacer uso de la disponibilidad del dinero (rpta. a la 5a pregunta). También aclaró que dos agentes de Fiscalía se vieron afectados de manera similar y que les explicó que se había cumplido con las acreditaciones (rpta. a la 7a pregunta).

- Posteriormente, a fs. 170, comparece el Sr. Julio Alberto Vergara, empleado administrativo de Fiscalía de Estado, quien manifiesta que el lunes 30 de diciembre, a primera hora, el Dr. Osman llegó bastante ofuscado porque no le habían acreditado la suma fija en su cuenta, originándose una discusión porque había personas a las que les habían acreditado y a él no. Aclara que después se detectó que había sido una cuestión de horas la falta de acreditación por parte del banco (rpta. a la 4a pregunta). Al responder a la 5a pregunta manifiesta que [el actor] estaba ofuscado y enojado porque quiso hacer una compra en un negocio y quedó mal en ese comercio. - - Con la testimonial obrante a fs. 175 y la documental que adjunta la Sra. Gabriela Alejandra Correa Reina en su carácter de gerente de la "Boutique del Coiffeur S.R.L.", queda probada la compra efectuada el 28 de diciembre de 2013, que fue pagada en efectivo. - - 3. Como vemos, de la prueba rendida en autos por ambas partes se comprueba la existencia de la indisponibilidad temporaria de los fondos de la "Cuenta Sueldo" del actor, sin aviso ni comunicación o publicidad previos de ningún tipo.

- En el sub examine, dicha indisponibilidad no sólo afectó la suma extraordinaria otorgada, sino también el saldo de sus haberes que tenía depositados el actor al día viernes 27 de diciembre de 2013, que ascendía -como ya dijimos- a seiscientos setenta y ocho pesos con veintiocho centavos ($ 678,28), tal como se observa en el resumen semestral de su cuenta, particularmente a fs. 31, última línea.

- En la relación que vincula al prestador del servicio bancario y al usuario del mismo, se encuentran dos sujetos que, una vez comparados en cuanto a su profesionalismo y deber de cuidado, no guardan un nexo de igualdad toda vez que el primero se encuentra en una posición de superioridad técnica frente al segundo. - - La tarea bancaria es considerada como el máximo exponente profesional de la actividad comercial y su responsabilidad debe medirse conforme a las pautas de mayor cuidado establecidas en el art. 902 del Código Civil -C.C.- (vigente a ese tiempo). Un banco es un comerciante con alto grado de especialización, con obvia superioridad técnica sobre el accionante, lo que le obliga a obrar con prudencia y acabado conocimiento de su actividad profesional. - - Estas entidades tienen un mayor poder económico y se encuentran dotadas de suficiente e idóneo personal e infraestructura técnica conforme a las exigencias de su labor, ya que revisten un carácter altamente profesional. Tal condición las responsabiliza de manera especial, en tanto la superioridad técnica que detentan les impone -como mencionáramos- el deber de obrar con mayor prudencia y pleno conocimiento de la actividad y les exige una diligencia acorde con su objeto y con la organización adecuada para desarrollar su giro.

- Resulta oportuno señalar que el proveedor de bienes o servicios -en estos tiempos- no puede alegar el desconocimiento de errores o defectos, ni escudarse en su falta de intención maliciosa. - - Ante la situación descripta en los apartados anteriores son esperables el desconcierto y la incertidumbre que manifiestó haber sentido el actor cuando efectuó las dos consultas de su "Cuenta Sueldo" y que arrojaban un saldo negativo de un mil ciento veintiún pesos con setenta y dos centavos (-$ 1.121,72). A fin de comprender su angustia, debemos recordar que el 28 de diciembre de 2013 cuando pretendió retirar dinero de su cuenta, era un día sábado y los bancos no atendían al público, por lo que el actor no tuvo posibilidad de acudir a la entidad financiera a tratar de solucionar el problema o aclarar tal situación. - - A ello debemos sumar el carácter extraordinario de la retribución, la que se dispuso en consideración de la difícil situación económica financiera imperante, tal como se señala en el último considerando del Decreto Acuerdo Nº 0025 (ver específicamente fs. 40), de 16 de diciembre de 2013 (B.O. de 03-01-2014). - - Por lo tanto, si el hecho es susceptible de afectar injustamente la paz y la tranquilidad anímica del actor, produciendo pesadumbre, desasosiego y de alterar su estabilidad emocional, es evidente que ello produce un cambio disvalioso en el bienestar de una persona que justifica su reparación. - - La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expresado en diversos pronunciamientos vinculados con infortunios resueltos en el contexto indemnizatorio del C.C. anterior, y ha sostenido que en lo concerniente a la fijación del daño moral, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos, 321:1117; 323:3614; 325:1156 y 334:376, entre otros). - - En un reciente fallo, y mutatis mutandis, este Máximo Tribunal ha reiterado que el dolor humano es apreciable y la tarea del Juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de gestionarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido (Recurso de Hecho, "Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART S.A. y otros s/ Accidente - Incons. y Cas.", C.S.J.N., 85/2014 [50/0] /CS1. 10-08-2017).

- En la evaluación del perjuicio moral cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida.

- Cabe recordar que por daño moral reiteradamente se entiende todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra y como tal debe ser indemnizado (S.C.B.A., L58812, 25-03-1997, "Obregón", D.J.B.A. 152, 274-284; L65757, 23-02-2000, "Villagrán", D.J.B.A. 158, 85; L68063, 21-06-2000, "Montovio, Luis P. c/ Ormas S.A.I.C.I. s/ Indemnización Daños y Perjuicios"). Más explícitamente se afirma que el daño moral constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, es su alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona sobre el cual los demás no pueden avanzar; de manera que todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra configura un daño moral (S.C.B.A., Ac. L55728, 19-09-1995, "Toledo", A. y S., 1995-III, 635; Ac. 53110, 20-09-1994; "Colman", D.J.B.A., 147-299, Jurisprudencia Argentina, 1995-III-183, A. y S., 1994-III-737; entre muchos otros). - - Ninguno de estos aspectos ha sido debidamente considerado por el a quo al cuantificar el daño extrapatrimonial con relación al caso examinado, ya que no debemos dejar de ponderar, como anticipábamos, la posición de superioridad técnica y económica de la entidad bancaria frente al cliente cautivo que percibe sus haberes en la misma y los momentos de zozobra soportados al verse impedido de extraer y utilizar su dinero, en fecha cercana a la festividad de Año Nuevo o del comienzo de sus vacaciones ante la feria judicial. Sin poder exigir de la entidad bancaria respuesta o solución alguna. - - La situación vivida le generó perturbaciones y sinsabores que exceden la normal tolerancia que la vida en sociedad impone. - - Teniendo en cuenta las consideraciones vertidas, consideramos que le asiste razón al recurrente cuando se agravia por la cuantificación del daño moral que realizara el a quo en la suma de un mil pesos ($ 1.000), más cuando en los considerandos los establece en cinco mil pesos ($ 5.000) [ver párrafo 10º de fs. 222], lo que motivó el dictado de la aclaratoria de fs. 226 y vta.

- En definitiva, el daño moral puede medirse en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozos, satisfacciones, distracciones o esparcimientos que mitiguen el daño extrapatrimonial.

- En consecuencia, estimamos adecuado establecer como daño moral la suma de seis mil pesos ($ 6.000) con más los intereses legales según tasa activa desde la fecha en que el evento dañoso se produjo y hasta su total pago. Dicho monto atiende a las circunstancias del caso, a la par que tiene aptitud para otorgar satisfacciones sustitutivas y compensatorias del padecimiento espiritual del actor. - - 4. En lo relativo al "daño punitivo" y dejando de lado las discrepancias doctrinarias referidas a su denominación, ya que algunos autores señalan que hubiera sido preferible utilizar las expresiones "sanción punitiva" o "multa civil", entendemos que el mismo resulta procedente en este caso. - - Cabe recordar que al establecerse dicha figura el legislador procuró "desbaratar la perversa ecuación que aconseja dejar que se produzca un perjuicio pues en sí resulta más económico repararlo en casos singulares que prevenirlo para la generalidad" -cursivas añadidas- (cfr. Fundamentos del Proyecto de la Ley Nac. Nº 26.361 -B.O. de 07-04-2008- y dictamen de comisiones).

- Tal legítima intención nos instruye sobre la función disuasiva que tal multa persigue en la actitud de los proveedores, con vistas a que en el futuro y teniendo en miras la pena recibida, recalculen sus costos operativos poniendo mayor acento en evitar los daños que en tolerarlos apostando a que no recaerán sobre ellos sino sobre los consumidores; en otras palabras, se procura desalentar una injusta conducta del poderoso -jurídica y económicamente- sobre el más débil y vulnerable, el consumidor. - Poniendo el acento en ese aspecto, la doctrina argentina define a los daños punitivos como sanciones civiles extra-reparatorias que se imponen con el objeto de sancionar al demandado, previniendo a éste y tal vez a terceros de incurrir en conductas similares en el futuro (Frúgoli, Martín A., "Función preventiva en los Daños Punitivos", Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, www.derechouns.com.ar).

- A pesar de lo afirmado por el "Banco de San Juan S.A.", existió una lesión a intereses extrapatrimoniales del actor, tal como lo expusiéramos. Es que el Banco, dentro de las condiciones del "Contrato de Vinculación" (ver fs. 114/125), accede a prestar sus servicios como Agente Financiero y Caja Obligada del Estado Provincial. Como ya lo dijimos, en el art. 4, respecto a las modalidades de la prestación, el Banco se compromete a hacerlo en la forma que corresponda, ajustándose a las normas de buena práctica bancaria, a las necesidades de la Provincia y a las disposiciones del B.C.R.A. A tal efecto, el Banco deberá adoptar todos los recaudos necesarios con tal finalidad (ver fs. 116). Más aún, en el art. 12, inc. "d", la entidad financiera se compromete a implementar los mecanismos necesarios a efectos de lograr una mejora permanente en el nivel de disponibilidad de los cajeros automáticos de la red, en relación con el servicio de pago de haberes a través de la misma. - - Incluso en el Decreto Acuerdo Nº 0025/2013, considerando la naturaleza paliativa de la ayuda extraordinaria que instrumenta y al solo fin de no desvirtuar su razón de ser, se le requirió al "Banco de San Juan S.A." que hiciera sus mejores esfuerzos, arbitrando los medios necesarios para evitar descuentos que pudieran afectar la suma de referencia ($ 1.800).

- La entidad bancaria no sólo bloqueó y estableció durante un lapso de tiempo la indisponibilidad de la suma extraordinaria sino también incluyó el saldo existente en la cuenta del actor. - - En breve racconto enunciativo, se observa que las normas tuitivas de los consumidores fueron plasmadas en el año 1993 con la sanción de la "Ley de Defensa del Consumidor" Nº 24.240 [en adelante, L.D.C.]. Luego, recibieron cobertura constitucional al sancionarse las modificaciones a nuestra Carta Magna en el año 1994, oportunidad en la que se incorporó un Capítulo Segundo a la Primera Parte, denominado "Nuevos derechos y garantías", incluyéndose explícitamente los derechos de usuarios y consumidores en el art. 42 e incluso también una vertiente colectiva del proceso constitucional de amparo en el art. 43, 2° párrafo, que engloba a los usuarios y consumidores como legitimados activos. Posteriormente, se sancionó la aludida Ley Nac. Nº 26.361 que la modificó y sustituyó parcialmente.

- La Constitución de la Provincia de San Juan, por su parte, en el Capítulo IV, "Derechos, Libertades y Garantías Sociales", art. 69, se refiere a la Defensa de los Consumidores y en cuanto a la normatividad legislativa -también en repaso enunciativo- se sancionó la Ley Prov. N° 655-D de Defensa del Consumidor (adhesión a la Ley Nac. N° 24.240) y la Ley Prov. N° 898-D, "Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios", que en su art. 1 dispone que el mismo tiene por objeto establecer las reglas de las políticas públicas y los mecanismos administrativos y judiciales, para la efectiva implementación en el ámbito provincial: a) de los derechos de los consumidores y usuarios, reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de San Juan; y b) de las normas y protección consagradas en la citada Ley Prov.

N° 655-D y disposiciones complementarias, sin perjuicio de las competencias concurrentes de la autoridad de aplicación.

- Ese movimiento constitucional e infraconstitucional, tanto en el marco nacional como en el provincial, denota la preocupación por implementar normas, valores y principios que de manera adecuada y suficiente resguarden jurídica y axiológicamente los derechos, el bienestar, la salud y -entre otras cosas- la dignidad de los consumidores. - El ya mencionado art. 52, bis, de la L.D.C. nacional contempla el "daño punitivo" y expresa: Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47, inciso "b", de esta ley.

- La doctrina especializada destaca que el daño punitivo en la L.D.C. consiste en un adicional que puede concederse al perjudicado por encima de la indemnización de los daños y perjuicios que pudiera corresponder.

- Desde esta perspectiva, no cabe duda que la finalidad o móvil del instituto es de carácter sancionatorio, pues procura castigar determinadas conductas que lesionan al interés comunitario y que deben ser reprochadas por el derecho.

- En igual sentido, se ha expresado que era necesaria la recepción normativa de la institución, pues, en muchos casos, la equidad y la seguridad no se satisfacen con el solo resarcimiento del daño y, por ende, se precisa una reacción más vigorosa ante conductas nocivas que lastiman el sentimiento de justicia (cfr. Zavala de González, Matilde y González Zavala, Rodolfo Martín, "Indemnización punitiva", Foro de Córdoba, N° 38, 1997, pág. 74).

- No podemos soslayar que hay posiciones encontradas en la doctrina. Así, se afirma que el texto legal carece de una "tipicidad" que defina los elementos concretos de aplicación de la pena y, consecuentemente, la "apertura de la norma" ha aparejado un debate doctrinario y jurisprudencial. - - En esta línea, parte de la doctrina ve con disfavor al instituto por ser ajeno a nuestra tradición jurídica, y entiende que requiere necesariamente para su aplicación la existencia de daño; además de una conducta reprochable a título de dolo o culpa grave, y afirma que esta previsión debería encontrarse incorporada al texto legal de manera expresa.

- Sin embargo, de la lectura de la norma se sigue que la primera constatación que se deriva de ella es que la procedencia de la multa civil requiere, en principio, como único presupuesto que el proveedor no cumpla las obligaciones legales o contractuales con el consumidor. En función de ello, estimamos que ante la claridad de la disposición no corresponde exigir otros requisitos que el legislador no contempló, ni importarlos de la legislación extranjera.

- La doctrina nacional señala a modo de síntesis cuáles son los requisitos que deberán reunirse a los fines de poder aplicar la multa civil: a) El proveedor deberá haber incumplido sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor; b) la parte perjudicada debe solicitar su aplicación; c) la graduación de la sanción se realizará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso; d) la pena es independiente de otras indemnizaciones que pudieran corresponder; e) responden por la multa civil de manera solidaria todos los integrantes de la cadena de comercialización y distribución, sin perjuicio de las acciones de regreso que correspondan; y f) se fija un tope de cinco millones de pesos [$ 5.000.000] (Mosset Iturraspe y Wajntraub, Javier H., "Ley de Defensa del Consumidor - Ley 24.240", Rubinzal-Culzoni, 2010, pág. 281).

- - En esta tesitura, resulta adecuado señalar que los recaudos enumerados deben articularse adecuadamente en cada caso concreto. Justamente tal actitud despectiva hacia las consecuencias respecto del consumidor y sus derechos, se advierte en lo actuado por la demandada no sólo en forma previa al proceso, sino también durante él. - - El régimen tuitivo del consumo presenta aristas particulares que deben tenerse en cuenta al momento de resolver las controversias. Asimismo, es fundamental considerar los principios que rigen el derecho del consumo, y que son ajenos al régimen general, tales como la interpretación más favorable al consumidor y la protección de este último como la parte más débil de la relación jurídica.

- - En nuestro derecho, y como advertíamos, el "daño punitivo" tiene reconocimiento legal en la L.D.C.; de modo que la causa fuente de la obligación de abonar dicha "multa civil" nace tanto del hecho ilícito (cuyo destino la norma expresamente concede al consumidor), como de la ley.

- Acerca de su cuantificación, consideramos adecuado el importe que el propio apelante requiere por ese concepto al ampliar la demanda (ver escrito de fs. 15/17 vta.), es decir, la suma de cuatro mil pesos ($ 4.000), con más los intereses legales según tasa activa desde la fecha en que el evento dañoso se produjo y hasta su efectivo pago. - - IV. Apelación de la parte demandada:

- Contra el pronunciamiento de fs. 211/224 se alzó la accionada, quien fundó el recurso con el memorial obrante a fs. 241/252; donde principalmente sostuvo la inexistencia en el caso examinado del "daño moral" que -en su opinión- no surgiría de la prueba producida en las actuaciones.

- Atento al carácter excluyente de la solución que precedentemente se fundamentó y adoptó y por razones de economía procesal, carece de relevancia y resulta inocuo efectuar la reseña del memorial de agravios y de su contestación. - - En efecto, la admisión del recurso articulado por el actor supone necesariamente el rechazo de la impugnación deducida por la demandada contra la sentencia de fs. 211/224. - V. Costas:

- Dado el modo como se resuelve, las costas de la Alzada deben imponerse a la demandada (cfr. arts. 66, párrafo 1°, ssgts. y ccds. del C.P.C.).

- VI. Recapitulación: - - En conclusión, y de conformidad con los considerandos precedentes, corresponde admitir el recurso de apelación deducido por el demandante a fs. 225 y vta., lo que implica rechazar el recurso de la accionada de fs. 228, y en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 211/224 y la aclaratoria de fs. 226 y vta., cuya parte dispositiva quedará redactada del siguiente modo: "I) Hacer lugar a la acción de daños y perjuicios y, en consecuencia, condenar a la accionada, "Banco de San Juan S.A.", a pagar al actor en concepto de daño moral la suma de seis mil pesos ($ 6.000), con más los intereses legales según tasa activa desde la fecha en que el evento dañoso se produjo y hasta su total pago; y por daño punitivo la cantidad de cuatro mil pesos ($ 4.000), con más los intereses legales según tasa activa desde la fecha en que el evento dañoso se produjo y hasta su efectivo pago. II) Imponer las costas a cargo de la demandada vencida. III) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para su oportunidad". - - Por lo expuesto, normas legales, doctrina y jurisprudencia citadas, Se Resuelve: - - 1. Admitir el recurso de apelación deducido por el demandante a fs. 225 y vta., lo que supone desestimar el recurso de la demandada de fs. 228, y en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 211/224 y la aclaratoria de fs. 226 y vta., cuya parte dispositiva quedará redactada del siguiente modo: "I) Hacer lugar a la acción de daños y perjuicios y, en consecuencia, condenar a la accionada, "Banco de San Juan S.A.", a pagar al actor en concepto de daño moral la suma de seis mil pesos ($ 6.000), con más los intereses legales según tasa activa desde la fecha en que el evento dañoso se produjo y hasta su total pago; y por daño punitivo la cantidad de cuatro mil pesos ($ 4.000), con más los intereses legales según tasa activa desde la fecha en que el evento dañoso se produjo y hasta su efectivo pago. II) Imponer las costas a cargo de la demandada vencida. III) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para su oportunidad". - - 2. Imponer las costas de la Alzada a cargo de la accionada.

- 3. Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y bajen, previa reposición de sellado si así correspondiere.

Fdo: MARÍA ESTHELA TONELLI-PRESIDENTA; VÍCTOR BAZÁB-VOCAL; JUAN LUIS ROMERO-VOCAL. P. de S. N° 15, FS. 190/204