Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-05


SENT Nro. 569 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 05 DE AGOSTO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Brito, Ricardo vs. Adam's S.A. s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, Antonio Gandur y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala Ia, con fecha 31 de octubre de 2001 (fs. 369/372), la parte actora interpone recurso de casación, el que es concedido mediante auto del 1° de noviembre de 2002 (fs. 406). Consta en el informe actuarial de fs. 428, que ninguna de las partes presentó memorial facultativo.

2.- El fallo atacado no hace lugar a la demanda interpuesta, rechazando la totalidad de concepto y rubros, impone las costa al actor y regula honorarios a los profesionales actuantes.

Considera que el único punto controvertido es la causa de despido, en cuanto a su justificación, transcribiendo el despacho telegráfico que dispone la medida y su respuesta, abordando las pruebas en función de la imputación que se realiza al dependiente de deslealtad, el que arguye centralmente que era su hermano Carlos Brito, el que realizaba venta al menudeo de la empresa demandada, como único medio de vida.

Al analizar las pruebas considera preliminarmente probada la causal, resultando en su concepto irrelevantes los testimonios producidos por el actor, resultando intrascendente en concepto de la Sala la pericial producida.

Cuando de la demandada se trata examina las acreditaciones acerca de la existencia de operaciones que consisten en comprar por cuenta propia mercadería del mismo ramo que el empleador, conclusión a la que llega, en base a facturas emitidas por Golosinas NOA y Sudamericana Golosina de Hugo Sanmaniego, quien ha su vez había remitido un fax a Mirtha Paradiso, auditora de la demandada, agregando diversos testimonios, cuya tacha desestima, por la condición de necesarios, pese a su dependencia de la accionada.

Habiendo analizado la documental, consistente en facturas y cheques devueltos, explayándose en torno a la declaración del Supervisor de Ventas Minoristas, como asimismo en la de mencionada Mirtha Paradiso, y el Director General de Ventas de la Empresa.

En base a todo ello considera que hay una conducta del actor en flagrante confrontación con lo que dispone el art. 88 LCT, en cuanto al deber de no concurrencia, no relevándolo la circunstancia no acreditada de que las operaciones eran realizadas para su hermano, razones todas ellas suficientes, para determinar la gravedad de la injuria, como impeditiva de la prosecución del vínculo en los términos del art. 242 LCT.

3.- La expresión de agravios comienza con un relato de los antecedentes de la causa, y una pormenorizada exposición acerca del cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad, para plantear la existencia de infracciones de derecho desde el ámbito constitucional al procesal, desarrollando conceptos con citas diversas acerca de la doctrina de la arbitrariedad.

Postula que su representado no ha violado el deber de concurrencia, pues es necesario que se cause un perjuicio y exista una prohibición contractual expresa, omitiendo en su concepto la sentencia en crisis analizar dichos elementos y manejarse en base a presunciones prohibidas en el derecho laboral, para concluir el punto en torno a que resulta violatoria del art. 14 bis en cuanto garantía constitucional de permanencia en el empleo.

A continuación pregona la existencia de una errónea interpretación de la prueba, pues correspondía al empleador acreditar fehacientemente la existencia de la causal esto era probar la manifiesta intención de reventa por cuenta propia, sin conocimiento de la demandada y en abierta violación a las políticas de la compañía.

Luego de una cita jurisprudencial aborda cada una de las pruebas que la decisión refiere, crítica que va desde la interpretación del fax emitido por el mayorista Samaniego, no resultando las facturas mencionadas reveladoras de una conducta que afecte al empleador, considerando por lo demás insuficientemente infundado el rechazo de las tachas, y luego de algunas apreciaciones en torno a dichas declaraciones concluye que la adquisición al mayorista Nader, era para que su hermano las comercializara.

Considera que hay un análisis parcial de la prueba producida otorgando un alcance indebido y omitiendo el principio de la norma más favorable al trabajador.

Se explaya en citas acerca de la afectación que sufren las sentencias, transcurriendo imputaciones sobre transgresión a la sana crítica, arbitrariedad fáctica, situación que descalifica al fallo como actor jurisdiccional y contradicciones con la constancias de la causa.

Lo referido a las costas comienza con una consideración acerca de que las mismas deben ser modificadas, aun cuando no se acoja el recurso, culminando con una solicitud de revisar los honorarios regulados.

4.- Reexaminada la admisibilidad se advierte temporánea interposición contra una sentencia definitiva, salvo en los honorarios, e innecesariedad del afianzamiento por tratarse del actor, mas tanto el motivo casatorio (art. 131 inc. "a"), cuanto la suficiencia del planteo (art. 132 inc. "b"), será examinado particularmente en cada agravio.

4.1.- Este Tribunal ha dicho en forma monocorde que la justificación o no de la causa de despido ha sido considerada impropia de este ámbito, pues "constituye en principio una cuestión de orden fáctico y por ende reservada a los jueces de mérito, salvo que se invocare suficientemente el supuesto de sentencia arbitraria", ya que debe "determinarse por el juicio prudencial de los jueces de mérito; juicio éste no revisable, en principio, en la instancia extraordinaria casatoria, a menos que se invoque, suficientemente, la violación de las reglas de la prueba o el absurdo" (CSJTuc., sent. 26 del 13/2/2002).

Se intenta en autos una revisión del juicio valorativo de las pruebas de la causa efectuado por la Cámara, la que analiza detalladamente los elementos que forman su conclusión, pues el ataque no es sino una distinta interpretación, restando entidad a cuestiones absolutamente reconocidas como la efectiva existencia de facturas, o el reconocimiento expreso de que efectivamente las adquisiciones estaba pero el destinatario era su hermano.

No aparecen en este punto los agravios suficientes para demostrar la existencia de un despropósito en la interpretación, ni es la casación, solo destinada a asegurar la corrección jurídica del fallo impugnado a través de su control de legalidad el ámbito para que se discutan cuestiones interpretativas, cuando como se ha dicho, las mismas no es un despropósito, una arbitrariedad intolerable, o un grave atentado contra las leyes del raciocinio, lo que debe ser apreciado con criterio restrictivo.

Desde esa óptica, la insuficiencia del planteo está patente, pues si bien se lo pregona con abundantes citas doctrinarias y jurisprudenciales, en modo alguno se vincula adecuadamente ellas a la situación de autos.

La cuestión aparece sólo como una diferente manera de ver las situaciones comprobadas en lo documental, absolutamente reconocida y acreditada, sin observación alguna como la misma sentencia lo señala.

De ello surge que en modo alguno aparece fundamentada con suficiencia la desviación que permitiría convertir a una cuestión de hecho y prueba, como es la causal de despido, en materia extraordinaria, resultando así inadmisible el planteo.

4.2.- Igual suerte correrá lo referido a las costas, en razón de que por una parte no se modifica la decisión de fondo y que por la otra "es principio general receptado por esta Corte, que el modo de imposición de costas, configura una cuestión de hecho, librada al prudente arbitrio de los jueces de mérito, insusceptible de revisarse en vía casatoria. Sin perjuicio de ello, se ha dicho además, que tal principio cede en supuestos de arbitrariedad manifiesta o violación de los principios de la lógica", circunstancia esta última que no aparece siquiera planteada (CSJT sent. nro. 219 del 31/3/99).

4.3.- Con relación al agravio referido a la regulación de honorarios, este resulta igualmente inadmisible ya que no se ha acreditado haber planteado previamente revocatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 32 de la ley 5480, y 53 del CPTT.

5.- La cuestión de la aplicación del art. 9 de la LCT, es objetada desde que como dice textualmente el recurrente "el Juzgador analiza parcialmente la prueba producida, apartándose la misma en lo que favorece a mi parte...", considerando tal hecho como violación a la disposición aludida.

Ello debe rechazarse, desde que como ha dicho esta Corte, "El tema ha sido examinado en autos "Suasnabar, Jorge Raúl vs. Algodonera San Nicolás S.A. s/enfermedad accidente" (Sentencia 400 del 08/08/95) del que resulta bueno extraer dos citas muy precisas. Es así que Altamira Gigena en el comentario al artículo en cuestión dice: "No participamos de la posición doctrinaria que, en materia probatoria, admite el criterio de la duda en favor del trabajador en razón de la situación de inferioridad económica y hasta moral del empleado que se proyectaría aún en el proceso. Creemos que en éste existen reglas de juego que ponen a las partes en pie de igualdad y -con prescindencia del rol de empleador o empleado- no les impiden acreditar los hechos constitutivos, impeditivos o extintivos de sus respectivos créditos y obligaciones de acuerdo con las normas que establecen el efecto de la ley de fondo o adjetiva" (Ley de Contrato de Trabajo Comentada, pág. 117). También sobre este mismo aspecto e igualmente citado en los autos arriba referidos, comentando un fallo de la C.Nac. del Trabajo, Benito Pérez dice que si "la necesidad o tema de la prueba no ha demostrado la verdad legal de un hecho invocado por el trabajador, en defensa de su derecho, el juez no puede suplirla de oficio al decidir la litis, aduciendo el in dubio pro operario" (Trabajo y Seguridad año 1.973/74, pág. 57). De manera que el andamiaje jurisprudencial y doctrinario que sustenta la posición contraria a la propuesta por el recurrente, se agrega el hecho del examen particularizado de cada una de las pruebas, que harían aún para el caso de la admisión pacífica del juego presuncional propuesto, inaplicable dicho principio al caso" (CSJT sent. 793 del 31/10/96).

6.- También debe examinarse en cuanto a su procedencia a lo dispuesto por el art. 88 LCT, desde que la argumentación recursiva gira en torno a que su representado no ha violado dicha disposición, la que como dice Sardegna consagra la no concurrencia que " se vincula íntimamente con el deber de fidelidad y es una consecuencia del principio de buena fe", (Ley de Contrato de Trabajo, Comentada, Concordada y Anotada).

Se postula que para que se configure como causal es necesario que la negociación que efectúe el empleado cause un perjuicio, por una parte y por la otra que exista un prohibición contractual expresa, razones que omitidas por la sentencia, producen en su concepto una violación de la garantía constitucional que impide el despido arbitrario.

En primer lugar debemos advertir que se ha dicho que "existe causa para justificar el despido con fundamento en concurrencia desleal, cuando se acredita el desempeño de un trabajador de confianza en una actividad del mismo o similar ramo que el principal, o el ofrecimiento por cuenta propia o de un tercero de servicios que constituyen el objeto de la empresa, o supuestos que impliquen cualquier forma de captación de clientela en provecho propio o de un competidor" (C.Nac. Trabajo, Sala VII, 3/9/96, DT, 1997-A-536).

De manera que en una primera aproximación se trataría de un procedimiento valorativo cuya naturaleza fáctica, pareciera evidente, en cuanto se trata de encuadrar una conducta determinada acerca de si el dependiente ha infringido el deber de no concurrencia, mas la argumentación recursiva plantea cuestiones de interpretación legal, en cuanto a las exigencias del art. 88 LCT, que como se dijo deben abordarse.

Sobre el particular la CN Trabajo Sala II, ha dicho que "Para que se configure la concurrencia desleal deben darse los siguientes presupuestos: a) negociación por cuenta propia o ajena ; b) perjuicio real o potencial a los intereses de la empresa y c) falta de autorización del empleador" ( 26/10/82, DT, 1983-A, 119).

Ello determina que los argumentos no deban ser acogidos, desde que precisamente emerge claramente de las constancias de autos la existencia de negociaciones por cuenta propia o ajena, en este último caso el hermano del actor, según surge no sólo de las probanzas, sino también del expreso reconocimiento ante esa situación puntualmente invocada.

Referido a la necesidad del perjuicio es mayoritario el criterio de que el mismo sólo debe ser potencial, pues su inexistencia no incide en la calificación de injuriosa de la conducta del trabajador, por cuanto, la injuria no está constituida por él sino por la violación del deber de fidelidad, concretada como deber de no concurrencia.

Por último, en lo que a la autorización como exigencia legal aparece un intento de inversión por parte del presentante, alegando que lo expreso no debe ser aquella, sino la prohibición.

Sobre el particular se ha dicho que "la prueba de la autorización del empleador que prevé el art. 88 de la ley de contrato de trabajo, debe ser categórica y concluyente, ya que es el trabajador quien con su obrar contrario a los deberes de fidelidad y buena fe, ínsitos en toda vinculación laboral, altera y viola elementales principio del contrato de trabajo" (C.Trab. Río Cuarto 18/10/1983, LLC, 984-715).

Todo ello determina que el agravio es improcedente, por lo que en el recurso debe rechazarse en este aspecto.

6.- Las costas se imponen al vencido, por ser de ley expresa (art. 49 CPTT y 106 CPCCT).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y René Mario Goane, dijeron:

Estando conforme con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR PARCIALMENTE MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala Ia, con fecha 31 de octubre de 2001 (fs. 369/372), en lo que ha sido tratado como puntos "4.1", "4.2" y " 4.3." y NO HACER LUGAR, también parcialmente en lo que respecta al punto "5" de los considerandos.

II.- COSTAS, como se tratan.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO