marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejercicio de la patria potestad, filiación extramatrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: G.M.M. Y OTRO s/ HOMOLOGACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-23

Dentro del derecho de familia, una norma es de orden público, cuando su fundamento trasciende el mero interés individual, de tal modo que su vigencia y aplicabilidad no cae bajo las facultades dispositivas de los particulares. En el caso en que los padres extramatrimoniales de dos menores piden homologación del convenio por el cual la tenencia de ellos se acuerda a la madre y "la patria potestad se ejercerá en forma compartida, presumiéndose que los actos realizados por uno de los padres cuenta con el consentimiento del otro, salvo en los supuestos contemplados en el art. 264 quater, o cuando mediare expresa oposición", acordando además un régimen de visitas amplio y libre en favor del padre, el acuerdo alcanzado por los progenitores no viola el interés que debe tenerse en cuenta prevalecientemente, o sea el de los menores, sino, al contrario, lo beneficia.

El legislador, debe establecer el principio general del sistema ejercicio conjunto y presunción de consentimiento de uno con los actos del otro- ha valuado lo que resulta más conveniente para el menor. Se han evitado las dificultades de un régimen donde todos los actos deban realizarse por ambos progenitores, lo que puede entorpecer la conducción de la vida y los intereses del hijo, y también los inconvenientes de un régimen de ejercicio indistinto, sin hacer excepciones para los actos de mayor trascendencia y sin posibilidad de oposición por parte del otro progenitor, y esta armonización de los dos sistemas, que ha logrado el legislador argentino, es el régimen de la ley.

Para evitar los inconvenientes prácticos que pueden derivarse de continuar imponiendo el ejercicio compartido cuando no conviven los progenitores, el art. 264 en sus inc. 2 y 5 concentra dicho ejercicio en el padre que tiene la guarda del menor; esta solución se inspiró en los inconvenientes que la experiencia había exhibido y la doctrina señalada bajo el régimen anterior, cuando atribuyéndose a la madre la guarda, el ejercicio de la patria potestad continuaba en cabeza del padre.
Prisión domiciliaria, debido proceso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Barboza, Cristóbal s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-24

Las connotaciones del caso no se ajustan a las situaciones de excepción previstas por los arts. 10 del CP y 33 y siguientes de la ley 24.660, y tornan inadecuada la medida y forma de cumplimiento de esa pena (prisión domiciliaria), sin embargo no corresponde avanzar al respecto en resguardo del debido proceso legal y de la reformatio in pejus. (Dra. Catucci -según su voto-).
Derecho civil, sucesiones, acción de partición, partición en especie
Materia: CIVIL
Carátula: Ferrari, Elba Celina, Sola, Humberto Marcelino y Sola, Antonio Alejandro c/  s/ sucesorio ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-03-13

Si bien la partición tiene por objeto poner fin a la comunidad hereditaria, nada impide que de ello pueda derivarse la constitución de un condominio (adjudicación de cuotas sobre un mismo bien a distintos coherederos).
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: HOYOS TOMAS c/ PROPIETARIOS DEL AUTOMOVIL RENAULT 12 B.2005451 Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

La carga de la prueba de negligencia o imprudencia de la víctima que fue atropellada por un vehículo incumbe al accionado. Ya por entenderse que se trata del daño causado con la cosa, art. 1113, 2do. párrafo, primera oración del C.Civil o en la inteligencia de que siendo, el automóvil una cosa riesgosa, es aplicable la segunda regla y que el dueño o guardián sólo puede excusar su responsabilidad objetiva acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder. A la aplicabilidad de esos regímenes debe añadirse la presunción de la culpa del chofer del automóvil que atropella a un peatón.
Daños y perjuicios, responsabilidad profesional
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Goltz, Dante Rogelio c/ Burgos, Fermín R. y otro s/ Ordinario por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-11

La culpa del profesional se regula por los principios generales, debiendo atender en especial a la previsibilidad de las consecuencias perjudiciales como base de la misma. Asimismo se debe tener en consideración el mayor deber de obrar con prudencia exigible a quien más conocimiento de las cosas posee y por tanto mayor capacidad de previsión le debe ser requerida.
Excarcelación, caución real, derechos y garantías constitucionales, libertad de circulación
Materia: PROCESAL
Carátula: GABRIELLI, ALBERTO s/ LIBERTAD BAJO CAUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-16

El interés de la sociedad, la necesidad de sancionar a todos los responsables y como consecuencia, la obligación de no aplicar penas a un inocente, son las máximas generales a cuya sujeción deberán imprescindiblemente someterse los jueces, so pena de que, la exclusión de cualquiera de ellas, convierta su veredicto en un funesto atentado.

El derecho del imputado a no ser arrestado antes de la condena, cuando semejante medida cautelar no es indispensable, puede sustituirse eficazmente por otra menos rigurosa, pero igualmente idónea como lo es la fianza, que suplanta la seguridad de la detención por la garantía que ofrece.

El interés del acusado de permanecer en libertad se encuentra expresamente garantizado por el art. 14 de la C.N., pero, por otro lado, la finalidad de afianzar la justicia requiere que ésta no sea burlada, debiendo ambos principios ser conciliados.

El fundamento del encarcelamiento preventivo es la necesidad de asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, y aquél rigor máximo deja de justificarse cuando estos objetivos pueden concretarse con medidas menos severas, como la fijación de una caución real.
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, traslado
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: G, E Y OTRO s/ PROCESAMIENTO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N° 26-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-17

La decisión de la Sala al considerar interruptivo el decreto de la Presidencia del 28-02-1991 que ordena correr traslado a los apelantes para expresar agravios no se conforma con los principios propios que la doctrina y la jurisprudencia ha acuñado en torno a los requisitos que ha de reunir un acto para surtir efecto interruptivo, ya que en la instancia impugnativa no hubo actos persecutorios ni se actualizó la pretensión punitiva del Estado, máxime si se repara, en que el Fiscal de Cámara en oportunidad de contestar el traslado que le había sido conferido, consideró que la prescripción de la acción se había operado y, de consiguiente, pidió el sobreseimiento del imputado.
Responsabilidad civil, prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sieben, María Marta y Otro c/ Jasan, Nilda Susana y Otros s/ D. y P. Responsab. Extracont. Estado
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-02-11

La determinación del inicio de la prescripción en materia de daños debe hacerse considerando que existen casos donde la víctima-acreedor no conoce de la existencia del daño aunque éste se encuentre ya configurado, incluso tampoco del acaecimiento del hecho dañoso, como cuando el hecho dañoso y el daño que éste habría provocado no acaecen en un momento único sino que se extienden en el tiempo, por lo que la fijar el punto de inicio del cómputo del plazo de prescripción resulta una tarea compleja y debe atender al momento en la parte actora haya tenido conocimiento de la existencia del daño o de la antijuridicidad de la conducta del dañador.
Acción de amparo, bien jurídico protegido, actos u omisiones de autoridades públicas, actos u omisiones de particulares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Loza, Pedro y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo (Expte CSJ Nº 454-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-10-29

El artículo 43 de la Constitución reformada no sólo confirió al amparo el carácter de derecho constitucional expreso -razón por la cual prevalece respecto de cualquier limitación o restricción contenida en leyes nacionales o provinciales- sino que también extendió, por un lado, su ámbito de admisibilidad a actos y omisiones provenientes de particulares y, por otro, amplió el tipo de derechos susceptibles de tutela a través de ese remedio, los que ahora no se circunscriben a los reconocidos por la Constitución, sino que también comprenden a los que se encuentran reconocidos por un tratado o una ley.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, excarcelación, revocación de la prisión preventiva, resolución denegatoria, extradición, secuestro extorsivo, falsificación de documentos
Materia: PROCESAL
Carátula: Carro Córdoba, Cristian Ramón c/  s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-28

Corresponde declarar inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por la defensa del detenido, contra la resolución que denegó la excarcelación y cese de prisión preventiva solicitadas en el marco del proceso seguido para extraditarlo a la República del Paraguay, en virtud del pedido efectuado por las autoridades judiciales del país vecino por la acusación que pesa sobre el encartado en orden a los delitos de secuestro extorsivo y falsificación de documento, habida cuenta que no ha sido demostrada la alegada vulneración al derecho de defensa en juicio, al derecho a ser oído ni a la garantía constitucional del debido proceso, a los efectos de ser considerados como una cuestión federal suficiente, debidamente fundada, que permita habilitar la competencia extraordinaria del Máximo Tribunal en los términos establecidos por el art. 14 de la Ley 48
Recurso de casación laboral, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: GIL DE GONZALEZ, NORMA BEATRIZ c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS s/ FALTA DE PREAVISO -CASACION- Quintana, Ancleto c/ Fernando Luis Rojo y/o resp. s/ Indemnización de enfermedad, accidente, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-21|1997-11-18

La Cámara es soberana en la valoración de la prueba y en la fijación de los hechos, en tanto respeten las reglas de la sana crítica racional, por cuanto el Recurso de Casación es improcedente cuando se alteran hechos, se discute la valoración de la prueba o se introducen nuevos elementos de juicio.
Sentencia definitiva, indemnización expropiatoria
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Kirgal Trading Company S.A. c/ GCBA s/ expropiación inversa - retrocesión s/recurso de apelación ordinario concedido y sus acumulados: exptes. nº 7760/10: Kirgal Trading Company S.A. s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Kirgal Trading Company S.A. c/GCBA s/expropiación inversa - retrocesión y nº 7768/10: GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Kirgal Trading Company S.A. c/GCBA s/expropiación inversa - retrocesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-13

La condena pecuniaria impuesta al GCBA por la Cámara de Apelaciones en carácter de indemnización expropiatoria constituye la sentencia definitiva dictada en una causa donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es parte. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhiere la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Fuerzas de seguridad, adicionales de remuneración, derecho al beneficio
Materia: PROCESAL
Carátula: Sequeira, Ricardo Alberto c/ Servicio Penitenciario Federal s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-19

La ratio legis del "Suplemento por Tiempo Mínimo Cumplido en el Grado" -creado por el decreto 1476/77- estriba en que los grados máximos del escalafón, no tienen posibilidad de continuar ascendiendo en la carrera penitenciaria, justamente por haber alcanzado la cúspide de dicha organización jerárquica. Es por ello, que de acuerdo a la normativa vigente, se redujo a 1 (un) año el tiempo de permanencia requerido, para estos grados en particular, a fin percibir el suplemento mencionado (cfr. Resolución N° 945/07-DN). Por lo que, si el actor se ha desempeñado en la máxima categoría reglamentaria como Inspector General -en el caso, por el plazo de 1 año y 8 meses-, corresponde considerar reunidos los requisitos exigidos para percibir el suplemento por tiempo mínimo cumplido en el grado. Pues, una interpretación contraria, podría llevar a admitir que determinado Personal Militar que ostente igual jerarquía y permanencia en el grado (1 año), llegara a percibir distintos haberes en pasividad, aun hallándose en igualdad de condiciones, violentando así uno de los principios rectores en materia previsional como lo él ya señalado "principio de proporcionalidad" que debe primar entre los haberes de actividad y de pasividad.
Medidas cautelares, salud del trabajador, establecimientos psiquiátricos, prevención de enfermedades, coronavirus, cuestión abstracta
Materia: LABORAL
Carátula: Veiga, Mariano Bernardo y otros c/ Provincia ART S.A. y otro s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-24

La sentencia hizo lugar a la medida cautelar impulsada por profesionales que se desempeñan en un establecimiento psiquiátrico, condenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que adopte las medidas de protección personal y entregue a los actores los equipos de protección personal necesarios para evitar el contagio del Coronavirus, y a la ART a arbitrar los medios para el mecanismo de prevención y control, debe ser confirmada porque, de acuerdo con el escrito presentado por el GCBA en donde expresa el cumplimiento de la medida cautelar, la cuestión a decidir devino abstracta.
Honorarios, recurso de reposición (procesal), nulidad del acto jurídico, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: LA GANADERA DE JESUS MARIA  S.A. c/ AGRONOROESTE ARG.  S.C.A. s/ EJECUTIVO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-05-31

Toda actuación profesional devenga honorarios (art. 14 Código Arancelario) con excepción de los supuestos previstos por el art. 43 de la Ley 7269. El pedido de nulidad de las actuaciones y los recursos de reposición y apelación en subsidio presentados por la demandada con el patrocinio del revisionista fueron las instancias necesarias para provocar el pronunciamiento ulterior en la alzada y que -en el caso- resultaron plenamente exitosos desde que el Tribunal a quo acogió la nulidad denunciada. Notoriamente, ambos escritos constituyeron actuación profesional en actos procesales eficaces, merecedores de cuantificación honoraria.-
Administración de vialidad provincial, multa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRANSPORTE MAXI SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 66-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-20

En el ámbito nacional, las infracciones referentes a cargas máximas trasmitidas a la calzada, estuvieron inicialmente tipificadas por la ley 13893. Posteriormente, y de acuerdo a lo dispuesto por el decreto ley 505-58, en su artículo 42, la facultad de establecer los límites máximos de cargas fue delegada a la Dirección Nacional de Vialidad. Por ello, resulta indudable que las normas que determinan el límite máximo en la red troncal nacional deben ser las que surgen de las disposiciones dictadas por dicho organismo. Sin embargo, en el convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe, aprobado por resolución 1985-85, se previó que Vialidad Santa Fe aplicara en todos los casos las disposiciones vigentes en su provincia relativas a pesos y dimensiones, imponiendo las sanciones que de acuerdo a las normas de aplicación correspondan y disponiendo de la totalidad del producido de las multas. De ello cabe inferir que si la Dirección Nacional de Vialidad se encuentra facultada legalmente para transferir la percepción del producido de las multas, no existe óbice para establecer que el monto de las sanciones para las infracciones en ese ámbito, pueda ser el que aplica en su jurisdicción Vialidad Santa Fe.
Actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, interpretación de sentencias
Materia: COMERCIAL
Carátula: Rivas, Luis Ricardo c/ Bonelli, Daniel Horacio s/ ejecución
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-28

Cuando, como en el caso, el demandante reclamó los honorarios que habría acordado con su ex-cliente en un pacto de cuota litis en el que se contempló la actuación en un juicio de rendición de cuentas, como así también se previó eventuales futuros juicios; en ese marco, resulta competente la justicia comercial en tanto solamente se reclaman los honorarios acordados en relación a ese juicio de rendición de cuentas. Por el que, según se desprendería del instrumento se habría pactado un específico porcentaje del beneficio económico. En este contexto, y en tanto la acción de rendición y la posterior quiebra del accionado tramitó en un juzgado comercial, a juicio del tribunal, aquí debe regir la regla de desplazamiento de la competencia establecida en el CPR 6-1° que se sustenta en razones de conexidad.
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Y.de M.Z.F. c/ M.C.S. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-18

La fijación de los alimentos es materia que queda supeditada al prudente arbitrio judicial y que no puede encasillarse en cálculos meramente aritméticos; ellos deben establecerse armonizando apropiadamente los factores que adquieren relieve en esta materia -capacidad económica del alimentante y derecho de la alimentada a mantener, en lo posible, un similar nivel de vida al que existió durante la convivencia- teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto conforme a las pruebas rendidas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal, convenio de divorcio, homologación judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio Funes 2951/85 c/ Avilés, José Luis s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-08-03

Lo convenido por los cónyuges, en virtud del acuerdo de adjudicación de bienes en el juicio de divorcio, mientras no sea homologado e inscripto en el Registro de la Propiedad, no es oponible a terceros en virtud de lo que sienta el art. 2505 del Código Civil. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia, competencia por el turno
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AYUCH, DANIEL c/ RUBEN NASSIF s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-20

La competencia en razón del turno (art. 40 L.O.T.) en caso de "decretos" atacados por vía de reposición o revocatoria (art. 238 y ss. del C.P.C.) acompañado por el recurso de apelación subsidiaria queda fijada por la fecha en que el juez de la causa deniega dicho embate ( con o sin fundamentos) y concede la apelación subsidiaria.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, sentencia definitiva, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C., C.A. de P. c/A. SA s/Medida Cautelar s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-07-05

"La declaración de inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto en el incidente principal deber ser confirmado, toda vez que este Tribunal considera que la resolución materia del recurso, por su naturaleza al estar enmarcada en el trámite de una medida cautelar no reviste el carácter de sentencia definitiva. Concepto este último que se funda más en el efecto de la resolución que en su contenido".
Honorarios, convenio de honorarios, desregulación económica
Materia: CIVIL
Carátula: Vignoni, Italo Francisco s/ Sucesión s/ Incidente s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-06-22

La ley Provincial Nro. 2541 de desregulación no deroga a la ley de aranceles (Nro. 2212), sino que por su art. 2 elimina el carácter de orden público que aquélla poseía, al resultar manifiestamente incompatible mantener este carácter de la Ley de Aranceles con los principios de desregulación a los que adhiere la primera. La Ley de Aranceles Nro. 2212 pasa a ser supletoria y no ya imperativa, por lo que serían válidas las convenciones de partes por las que se renuncien o reduzcan los aranceles dispuestos por dicha ley, y estas últimas serían perfectamente oponibles a la Caja Forense. La supletoriedad consiste en que, en principio, debe producirse una adecuación de los aportes a la Caja Forense al monto de los honorarios transados o acordados libremente por el profesional y su cliente o la contraparte. Sólo en el caso de inexistencia de convenio, el monto se efectivizará en base a las escalas arancelarias (ley supletoria).
Adicionales de remuneración, acción de amparo
Materia: CIVIL
Carátula: DANTE RAMON MARCOS c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-06-08

Si el contenido de lo demandado reconoce una base de orden exclusivamente patrimonial, más aún cuando se advierte que no se trata específicamente del salario -propiamente dicho- sino de adicionales de aquél, que exigen trámites de discusión más amplios para hacerlos efectivos, es suficiente para decidir la improcedencia del amparo.
Denegatoria del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente, acción de amparo, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruscio Víctor Domingo c/ Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la CABA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal ya que la decisión recurrida, en cuanto reguló los honorarios del abogado, se fundó en las constancias de la causa y en el ordenamiento local -ley n° 5134-, cuya validez constitucional no viene debatida. De ahí que no venga planteada una cuestión federal que corresponda a la CSJN tratar (cf. el art. 14 de la ley n° 48). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, defensa en juicio, prueba, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gaibisso, César A. y otros c/ Estado Nacional, M. de Justicia. s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

Procede la vía del amparo en aquellos casos en que dicha acción no ha reducido las posibilidades de defensa del interesado, en cuanto a la amplitud de debate y prueba referentes a las cuestiones planteadas y decididas, máxime cuando en las instancias de grado y ante la Corte las partes contaron con la efectiva oportunidad de formular las alegaciones pertinentes y obtener las medidas de prueba conducentes.
Contratos administrativos, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Belardinelli, Evelina Emma y otros c/ Municipalidad de Merlo s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

Cuando la materia pretendida constituye una pretensión de honorarios adicionales por trabajos no previstos en el contrato originario, el trámite debe encauzarse por la vía del reclamo administrativo, sin que pueda enervar su procedencia la falta de reserva oportuna en el momento de la percepción del crédito primitivo.