marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, régimen de consolidación de deudas, títulos de deuda pública, intereses
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GARRIDO, CLARA c/ A.N.Se.S. s/ Reajuste por movilidad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-23

No habiendo el a quo declarado la inconstitucionalidad de la Res. 378/04 del Ministerio de Economía y Producción -la que tampoco fue pedida por la accionante- corresponde revocar la decisión por la que, en atención a que el organismo pagó la deuda de Bonos Serie III mediante Bonos Serie IV, declaró inaplicable la referida resolución al caso. Ello así, toda vez que el Alto Tribunal, en un caso que contiene aristas similares al de autos (cfr. "Modarelli", sent. del 27.04.10), remitiéndose al dictamen fiscal, sostuvo que "el a quo se apartó de expresas disposiciones de carácter federal que regulan la tasa de interés que corresponde calcular durante el periodo que media entre la fecha de corte que fija la ley de consolidación para las deudas previsionales (31 de diciembre de 2001) y la fecha de emisión de los bonos cuarta serie con los cuales se cancelarán las acreencias del actor (14 de marzo de 2004) pues la Cámara, tras precisar las disposiciones que rigen el supuesto planteado en autos e incluso admitir su constitucionalidad con fundamento en que fueron dictadas por la situación de emergencia imperante, las dejó de lado para aplicar un criterio basado en que la novación sólo se produce con la entrega de los títulos sustitutivos de la obligación originaria y en que el interés fijado por la resolución 378/04 del Ministerio de Economía y Producción -por ser "sensiblemente menor" al establecido en la sentencia de primera instancia- no compensa al actor por la inflación desatada a partir de enero de 2002" y recordó que ". de conformidad con la ley 25.344, las obligaciones comprendidas en su ámbito se consolidan con los alcances y en los términos de la ley 23.982 después del reconocimiento firme, en sede administrativa o judicial (art. 13). En ese momento se produce la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios, razón por la cual sólo subsisten para el acreedor los derechos derivados de la consolidación que la misma ley establece, circunstancia que impone que el interesado se someta a las disposiciones de la ley y a los mecanismos administrativos previstos en ella y su reglamentación, a fin de percibir los créditos que le son reconocidos (Fallos: 322: 1341; 329:4309).
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Juan Xifra e Hijos S.A. c/ Piedrasecha S.R.L., Alfredo Alvarez y Adonino Alvarez Fernández s/ Cobro de australes Tonini, Victorio y otro c/ Ballarini, Juan José s/ Posesión veinteñal De Maio, Teresa y otro c/ De Maio, Donato s/ Ordinario Vicens, Hilda Marcelina c/ Savarin, Omar Alfredo s/ Nulidad. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-05|1993-11-23|1997-06-03|1996-04-09

El art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del "onus probandi", impone a una parte la obligación de acreditar hechos que correspondía a la otra. No lo infringe la decisión que estima no probadas las afirmaciones de algunos de los litigantes.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), daños y perjuicios, indemnización, pago, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SEGOVIA, RAMONA ANALIA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-09-15

La postulación del recurrente en cuanto a la imposición del plazo de cinco días para abonar la acreencia, lo que importaría un apartamiento del procedimiento de cobro de créditos contra el Estado previsto por la ley 12036-, cuenta prima facie con suficiente asidero en las constancias de autos y suponen articular con seriedad planteos que podrían configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de la instancia de excepción, dicho esto en una apreciación mínima y provisora, propia de este estadio y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 12036. - Jurisprudencia concordante con Plaza, AyS T 300, p 423, sumario J0046652
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, transferencia de competencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Este de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Sandoval Machuca, Max David s/ Presunta comisión de delito (competencia) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-17

En la actualidad, la investigación y el juzgamiento de los casos encuadrados en la figura contenida en el artículo 125 bis del Código Penal corresponde a la Justicia local; en consecuencia, corresponde declarar la competencia de la Ciudad para seguir interviniendo en las presentes actuaciones, máxime cuando éstas no se encuentran pendientes de resolución por ante los juzgados nacionales al momento de perfeccionarse la transferencia de competencias (conf. cláusula transitoria del Anexo de la ley n° 26702). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Vila, Juan Diego c/ Corte Suprema de Justicia de la Nación. s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-19

La sola circunstancia de que el juzgador deba extremar su investigación para conocer la ilegitimidad no cierra la vía excepcional del amparo; puede darse el caso de que la ilegitimidad no se muestre por sí misma como flagrante, pero surja de algún elemento de prueba compatible en su producción con el juicio sumario. Lo que importa es que, sea originariamente, en forma manifiesta y clara, sea posteriormente a través de una investigación prolija, la ilegitimidad resulte fehacientemente demostrada al momento de dictar sentencia.
Crímenes de lesa humanidad, cómputo privilegiado de la privación de libertad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Kalinec, Eduardo Emilio c/  s/ infracción agravada de los funcionarios públicos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-18

Cabe concluir que la ley 27.362 no es un intento genuino de aclarar una duda o algún concepto equívoco sino una manera de dar respuesta a una reacción social provocada por una decisión de la Corte. El intento de dar respuesta legislativa a una extendida reacción social a un fallo de esta Corte resulta comprensible, dada la función de todo poder legislativo de ser sensible a las convicciones y preferencias de sus representados; más ello no significa que sea posible concederle el carácter de verdaderamente interpretativa a una ley que no lo es, ni otorgarle a una ley el carácter de constitucionalmente válida cuando no lo tiene (Disidencia parcial del juez Rosenkrantz que remite a su voto en disidencia en el precedente "Hidalgo Garzón" (Fallos: 341:1768)).
Contrato de suministros, buena fe contractual
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Hotel Corrientes (Domingo Martín - Antonio Edgardo Messia) c/ GCBA (Subsecretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido" y su acumulado expte. n° 2565/03 "Hotel Corrientes (Domingo Martín - Antonio Edgardo Messia) c/ GCBA (Sub-secretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido Messia) c/ GCBA (Subsecretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido" y su acumulado expte. nº 2565/03 "Hotel Corrientes (Domingo Martín - Antonio Edgardo Messia) c/ GCBA (Sub-secretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-26

La afectación del principio de buena fe resulta de la circunstancia de que la Comuna, no obstante haber reconocido mediante decretos del ex Intendente el derecho de los actores al cobro de las sumas reclamadas (al menos, en parte), pretende posteriormente desconocerlo a partir de una interpretación incorrecta de los efectos de la verificación del crédito en sede administrativa.
Alimentos, compensación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Migliano Mónica c/ Farisano Nicolas s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

Al estar obligado el alimentante a abonar en dinero la cuota alimentaria provisional fijada en autos, no puede alterarla en forma unilateral pretendiendo su compensación con pagos que hizo a terceros en relación a rubros que la integran. Ello en virtud de lo dispuesto por los arts. 374 y 825 del Código Civil que extienden sus efectos a estos supuestos, de modo tal que esas erogaciones deben considerarse simples liberalidades. No obstante lo cual dicho principio cede excepcionalmente ante circunstancias que tornarían injusta esa solución, tal el caso en que el alimentante pagara al tercero para evitar un perjuicio cierto e inminente. (Minoría u opinión personal)
Prescripción, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Debarbora, Atilio s/ Daño - Amenazas graves - Abuso de armas Ferrero, Roberto Alejandro s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-07|1991-08-06

Debe declararse de oficio la prescripción de la acción penal si desde el llamamiento de autos ha transcurrido el término de ley y no concurren causales interruptivas (arts. 62 incs. 2 y 5 y 183, C.P.).
Responsabilidad solidaria, subcontratación laboral, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: PRIETO, ALEJANDRO c/ RV COMUNICACIONES SRL Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-30

La responsabilidad solidaria de quien contrata o subcontrata trabajo o servicios correspondientes a la actividad normal y específica del establecimiento de un tercero y extiende a todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, y ello ciertamente incluye el otorgamiento de los certificados previstos en el art. 80 de la LCT. La propia norma (art. 30 LCT) alude a la obligación, en cabeza de quienes contraten o subcontraten, de exigir a los contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social, como así también la circunstancia de que se extienda la solidaridad respecto de aquellas obligaciones contraidas con motivo del contrato de trabajo y la seguridad social.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: DESTIN ROSSI, JULIO ENRIQUE c/ GARCIA CASERTA, FRANCISCO JOSE Y OTRO s/ SUMARIO - DAÑO MORAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-16

El daño moral se configura cuando se lesionan los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o cuando se ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos, o cuando de una manera u otra se ha perturbado la tranquilidad o el ritmo de vida del damnificado. Dentro de la órbita de la responsabilidad extracontractual, la indemnización por este concepto se otorga -en principio- ante el solo pedido del perjudicado y en virtud de la acción antijurídica.-
Locación de servicios, director técnico de básquet, relación de dependencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CONFEDERACION ARGENTINA DE BASQUETBOL c/ D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-18

Surgiendo de las constancias de autos que respecto a la relación existente entre un técnico de la selección nacional de básquet y la Confederación Argentina de ese deporte, la justicia civil resolvió que la misma no era de carácter laboral, y que la cuestión debía resolverse considerando como locación de servicios al vínculo contractual existente entre las partes, por analogía, a idéntico resultado debe arribarse respecto al contrato de un técnico posterior y, asimismo, igual criterio corresponde aplicar con relación a los demás integrantes del cuerpo técnico.
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en GCBA c/ Ferrer Ivan Augusto s/ otros procesos incidentales ej. fisc. - ing.brutos convenio multilateral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-08

Corresponde rechazar la queja porque la decisión cuestionada, que rechazó la ejecución promovida por el GCBA, no es, por regla, la sentencia definitiva a que se refiere el art. 27 de la ley n° 402; y, la recurrente no se ocupa de indicar por qué cabría equipararla a una de esa especie. Tampoco muestra que la decisión cuestionada resulte insostenible, o que hubiera excedido el marco cognoscitivo propio de la especie de proceso en que se enmarcó la pretensión de cobro aquí perseguida. Finalmente, tampoco se hace cargo de que la Cámara entendió que, si bien la ejecución había sido iniciada con base en el art. 158 del CF (t.o. 2011), no surgía de la boleta de deuda ni de los expedientes administrativos que le habían servido de antecedentes, que se hubiera cumplido con el requisito de emplazamiento establecido en la norma. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, sentencia, ley procesal penal, reformatio in pejus, recurso de apelación (procesal), pretensión
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: L, J.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS SIN  NOMBRAMIENTO DE AUTORIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 460 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-07

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad desde que la hermenéutica propiciada por el Tribunal para ingresar en el ámbito cognoscitivo del fondo del asunto no ha sido criticada por la recurrente, en rigor de verdad, ni siquiera mencionada, por lo cual queda enhiesta, en pie.

Antes bien, la lacónica alusión de la apelante, en el sentido que la sentencia en crisis conculca el principio "tantum devolutum quantun apellatum" y menoscaba la garantía de defensa en juicio resulta a todas luces insuficiente para conmover la tesis propuesta.

Esta falencia de la impugnación conlleva necesariamente a concluir a que no se encuentra formulada una cuestión con jerarquía constitucional, advirtiéndose, por contrario, una insuficiente justificación de los agravios, careciendo de precisión alguna que no permite ciertamente comprenderlos, y si bien se aduce genéricamente arbitrariedad del decisorio, no se traslada concretamente ese concepto al fallo, empleando una crítica genérica que impide comprobar el nexo entre el vicio acusado y la norma constitucional supuestamente vulnerada como así también la decisividad del planteo para la solución de la litis.
Prescripción adquisitiva, oponibilidad a terceros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: HERRERA JUAN RAMÓN Y OTRA c/ SAN LUIS SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES Y/O SUS SUCESORES Y/O HEREDEROS Y OTROS s/ USUCAPIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-02-20

A efectos de la oponibilidad de la sentencia, como para que los anteriores poseedores puedan eventualmente cuestionar los derechos alegados por quien ejerce la acción de usucapión, o incluso puedan en su caso alegar que sí debieron ser demandados en esta controversia, basta con la notificación de la existencia del litigio con todos los datos relativos a la pretensión por él ejercida. Ese conocimiento, posibilita al interesado presentarse en calidad de tercero voluntario (u otra alternativa), garantizándole de modo adecuado el acceso a la justicia y la defensa en juicio.
Amparo por mora, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: ARGUERO FRAGUEYRO, ALFREDO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-05

La demora del organismo en resolver el reclamo de reajuste de haberes, como así también el pedido de pronto despacho, habilita a la parte, conforme los términos del art. 26, inc. e) de la Ley 24.463, a interponer un amparo por mora en la administración tendiente a obtener que el órgano judicial ordene a la administración que se expida sobre el pedido formulado, pero no a interponer una acción de amparo, dado el carácter de excepción de la misma.
Entidades financieras, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cía.Financiera SIC. S.A. s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-28

La presentación del B.C.R.A. pidiendo la quiebra de una entidad financiera que considera en cesación de pagos no la efectúa en ejercicio de facultades que corresponden a las autoridades estatutarias desplazadas, sino subrogándose en la actividad que corresponde a los acreedores (que éstos no pueden cumplir por imperativo de la propia L.E.F.). Consecuentemente, no debe decretarse la quiebra derechamente, sino que es menester la citación al deudor a dar explicaciones, siendo un trámite sustancial que impone el art.91 L.C., precepto aplicable conforme la remisión contenida en el art.50 inc.d) L.E.F. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jubilaciones, acción de amparo, amparo por mora, aplicación de la ley, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ruggia, Juan Oscar c/ ANSeS. s/ amparos sumarísimos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Es violatorio de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, el pronunciamiento que encuadró el reclamo del jubilado dentro de las reglas establecidas en la ley 16.986 para el amparo general, sin tomar en consideración la opción formulada por el actor en favor de la acción específica prevista en la ley nacional de procedimientos administrativos, para cuyo conocimiento la Cámara Federal de la Seguridad Social tenía asignada competencia exclusiva de acuerdo con lo dispuesto por el art. 8., inc. e), de la ley 23.473, modificada por ley 24.463, que regía a la fecha de la presentación judicial.
Jubilación ordinaria, régimen de capitalización, retiro programado, fianza, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Prieto, Carlos Alberto c/ A.N.S.E.S. s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-05

Tratándose de un beneficio de jubilación ordinaria liquidado bajo la modalidad de retiro programado y, como tal, alcanzado por la garantía a cargo del Estado Nacional extendida por el art. 2 de la ley 26.425 a los "afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización" sobre la percepción de "iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley", va de suyo que los aportes ingresados por el titular en la Cuenta de Capitalización Individual (presumiendo que fueron sólo obligatorios, pues no invocó, ni menos aún acreditó, la realización de "aportes volunta-rios" y/o "depósitos convenidos") produjeron el efecto legalmente previsto por la ley 24.241 (financiar las prestaciones a cargo del régimen de capitalización y mejorar su cuantía -cfr. arts. 39, 55, 56, 57 y concordantes de la referida ley-). Ello así, pues se vieron reflejados en el saldo de aquélla (tanto en valor cuota como en pesos) que, a su vez, sirvió de base de cálculo para la determinación inicial del haber de la prestación a cago, originariamente, de una administradora que, a partir del traspaso, de conformidad con lo dispuesto por el art.4 de la ley 26.425, viene siendo abonada por la A.N.Se.S. y cuyo importe debió ser "valorizado conforme el valor cuota más alto vigente el 01.01.08 y el 31.09.08.", sin perjuicio de tener "en lo sucesivo. la movilidad prevista en el art. 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias". En con-secuencia, deviene manifiestamente improcedente el reclamo del accionante que persigue la devolu-ción del saldo de su C.C.I. ya aplicado al otorgamiento de una prestación otrora del régimen de capitali-zación, sin renegar del derecho (irrenunciable por cierto) a continuar percibiendo de A.N.Se.S. el impor-te de la misma en el mejor valor y con la movilidad precedentemente indicada. En esas condiciones, ac-ceder a la pretensión esgrimida resultaría un privilegio inadmisible, pues conduciría a que el régimen de reparto afronte la obligación de pago impuesta, sin contar -como contrapartida- con los recursos legal-mente asignados para ello por la ley 26.425. (Del voto la mayoría, argumento del Dr. Fasciolo. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Emergencia económica, ejecución hipotecaria, sistema de refinanciación hipotecaria, declaración de inconstitucionalidad, derecho de propiedad, confiscatoriedad
Materia: CIVIL
Carátula: CALEN   SA c/ AGUILAR,  Raúl  Ernesto  y  otro s/ EJECUCIÓNHIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-09

1- Es procedente la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.798 (t.o. ley 25.908). Porque, si bien no se desconoce que el propósito del Sistema de Refinanciación Hipotecaria consistió en ofrecer una solución a quienes adquirieron inmuebles destinados a vivienda y no pudieron cancelar sus obligaciones -extremo que halla justificación en la protección que la ley fundamental le asigna (art. 14 bis de la Constitución Nacional)- y que el Código Civil le confiere a éste el derecho de "emplear los medios legales a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado" (art. 505, inc. 1), lo que unido a la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional)le asegura la intervención de un tribunal imparcial que satisfaga sus pretenciones. De tal forma, la protección que el legislador otorga a los deudores morosos no puede ir en desmedro del derecho de propiedad de los acreedores, ya que ambos preceptos deben ser compatibilizados.

2- Las condiciones que prevé la ley 25.798, pese a la reforma impuesta por la ley 25.908, son confiscatorias para el el acreedor, no sólo por la "pesificación" compulsiva del crédito que presupone, sino porque soslaya abiertamente el decaimiento o caducidad de los plazos, pactado en la mayoría de los casos a favor del acreedor (art. 16, incs. g y h), por la drástica reducción del monto de los intereses adeudados (inc. c)y por la variación sustancial de la forma de pago que le impone a aquél, así como por el límite máximo del crédito dinerario que establece según el valor del inmueble que sirve de garantía y es accesoria de aquél.

(Sumario N°17367 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°11/2007).
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Argumedo, Berta Magdalena c/ Estado Provincial s/ Demanda Contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-06-25

Aunque ese vicio hubiere existido y poseyera entidad para convertir en nulo -nulidad absoluta- o tornar anulable -nulidad relativa- el acto, lo cierto es que el mismo tiene vigencia y obligatoriedad hasta tanto su nulidad sea objeto de declaración formal por autoridad competente. La eventual existencia de tales supuestos vicios de ninguna manera puede serle imputable al Agente beneficiario con perjuicio del derecho subjetivo que, en su favor, emerge de dicho acto y que incorporó legítimamente a su patrimonio a partir de que se perfeccionara con su notificación, resultando acreedor de la remuneración pertinente, desde que -por su parte- ha cumplido con la especial prestación de servicios que le encomendara.