Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-06


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100.232 SALA II Expediente Nro.: 7.886/08 (Juzg. Nº 63) AUTOS: "FERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL C/ LA MEDALLA EMPRESA DE SERVICIOS S.R.L. Y OTRO S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 6 de marzo de 2012, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de la instancia anterior se alzan las partes demandada Autopistas Urbanas S.A. y actora, a tenor de los respectivos memoriales obrantes a fs. 390/397 y 378/387. También apela la representación y patrocinio letrado de la parte actora y el perito contador sus honorarios, por considerarlos reducidos (fs. 377 y 389, repectivamente).

Por su parte, a fs. 444/448 la parte demandante introduce un hecho nuevo relativo al dictado de una sentencia de primera instancia del titular del Juzgado del Fuero Nº 23, en los autos "Gómez, Teresita Isabel c/ La Medalla Empresa de Servicios S.R.L. y otro s/ despido" (fs. 434/442).

Previo a todo, corresponde dar tratamiento al hecho nuevo presentado por la parte actora y, al respecto, debe recordarse que la figura del "hecho nuevo" tiende a preservar el principio de seguridad jurídica autorizando que cuando un hecho, o algún documento, conducente para resolver la cuestión sometida a juzgamiento llegase a conocimiento de alguna de las partes, con posterioridad a la traba de la litis, ésta pueda incorporarlo al proceso.

Desde esta perspectiva, la pretensión de la accionante tendiente a incorporar una sentencia dictada en una causa similar contra la misma demandada, resulta inadmisible, en tanto no satisface los requisitos establecidos en los arts. 78 de la L.O. y 365 CPCCN. En efecto, no revisten el carácter de hecho nuevo las pruebas rendidas en otra causa o la sentencia que en ésta recayera, aunque los hechos debatidos en ambas causas, sean análogos.

Como ya sostuviera esta Sala en la causa "Albella, Jorge Vicente c/ Muresco S.A. s/ diferencia de salarios" (S.I. 57851 del 23/6/09), "no constituye técnicamente un hecho o documento nuevo la sentencia dictada respecto de reclamos similares en función de la prueba producida en esos autos, dado que el Tribunal está llamado a conocer en esta causa conforme las cuestiones concretamente ventiladas en este proceso y la prueba rendida bajo el control de las partes y letrados intervinientes en esos actuados (arg. arts. 78 L.O. y 365 CPCCN)".

En definitiva, corresponde desestimar la introducción del precedente jurisprudencial acompañado como "hecho nuevo".

En cuanto al fondo de la cuestión debatida en esta alzada, cabe destacar que la sentenciante de grado condenó en forma solidaria a la codemandada Autopistas Urbanas S.A. en los términos del art. 30 de la L.C.T., por considerar que, si bien las tareas de limpieza desarrolladas por la accionante no eran servicios normales y específicos de la actividad de aquélla, la limpieza de las estaciones de peaje deviene en necesaria para el desarrollo de la actividad de la empresa, reputando a la misma como imprescindible, para que ésta pueda llevar adelante su función.

Sostuvo la actora en el inicio haber sido contratada por La Medalla Empresa de Servicios S.R.L. para prestar servicios de maestranza en las estaciones de peaje de Autopistas del Buen Ayre S.A., primero y, durante los dos últimos años, para Autopistas Urbanas S.A.. Refirió que sus tareas consistían en la limpieza de baños, cocina, oficinas, cabinas de peaje, siendo dichas empresas los únicos y exclusivos lugares de trabajo durante toda su vinculación laboral. Manifestó, como fundamento de su pretensión, además de mencionar el Plenario "Ramírez, María c/ Russo Comunicaciones e Insumos S.A. s/ despido", que "la solidaridad de las codemandadas está dada toda vez que resulta indispensable y esencial para el funcionamiento de cualquier establecimiento, la limpieza. porque el servicio de limpieza de La Medalla S.R.L. se encontraba destinado a su normal desenvolvimiento, donde la limpieza forma parte de la totalidad de la organización y contribuye al logro del resultado final" (ver fs. 10/vta. del libelo inicial).

Como reiteradamente he sostenido, para establecer la responsabilidad que el art. 30 de la L.C.T. le atribuye a quien contrata o subcontrata servicios que hacen a la actividad normal, específica y propia de su establecimiento no basta con analizar el objeto descripto en el estatuto de las sociedades comerciales ni con definir el aspecto central o medular del proceso productivo de la contratante principal porque no siempre tales datos permiten discernir qué aspectos o facetas integran el "establecimiento" entendido éste en los términos del art. 6 de la L.C.T., es decir como "la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa".

Cabe precisar que no se trata de un supuesto que presuma la existencia de fraude en la contratación y siempre requiere la participación de por lo menos dos empresas distintas, por lo que queda fuera del dispositivo legal en cuestión la mera provisión de mano de obra (prevista específicamente en los arts. 14 y 29 de la L.C.T). Desde tal perspectiva se ha considerado que toda empresa puede adoptar el procedimiento que considere apropiado para realizar sus negocios, pudiendo asumir sólo algunas actividades del proceso productivo, destinando otras a terceros, lo que queda dentro del legítimo ámbito de su libertad, lo que no la exime de responsabilidad si la tercerización de servicios involucra aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento, en tanto se trata de una imputación objetiva de responsabilidad.

Desde tal perspectiva, para definir el ámbito de aplicación del art. 30 LCT antes mencionado debe considerarse que una actividad resulta inescindible de la principal si integra la definición del producto (bien o servicio) ofrecido o esperado por los destinatarios, según las expectativas del mercado o que se trata de aspectos o facetas de la misma actividad que se desarrolla en el establecimiento principal (conf. esta Sala in re "Barrios Villalba, Carmen R. c/Sodexho Argentina S.A. y otro s/despido", sentencia 95381 del 9/11/07). También cabe reputar actividad normal, específica y propia a aquélla que resulta indispensable para la operatoria de la principal en sus aspectos medulares (conf. Rainolter, M- García Vior, A en Solidaridad laboral en la tercerización, Ed. Astrea, Bs. As. 2008, págs. 150 y ss). Desde tal directriz, para analizar la atribución de responsabilidad prevista en el art. 30 de la L.C.T., debe tenerse en cuenta no sólo el modo en que se estructura la actividad de la prestataria, sino la índole de la actividad por la que se reconoce a la usuaria en el mercado (con igual criterio, esta Sala in re "Francese, Pablo Emmanuel c/ Servicemaster y otro s/despido", sent. 94730 del 13/2/07).

De las pruebas colectadas en la causa se extrae que Autopistas Urbanas S.A. contrató, mediante llamado a licitación pública, los servicios de La Medalla Empresa de Servicios S.R.L. (ver fs. 294/297) para la prestación del servicio de limpieza integral de las diversas dependencias y edificios de AUSA, entendiéndose por tales "todos los edificios, oficinas, depósitos, vías de peaje, cabinas, isletas, halls, pasillos, palieres, escaleras, veredas, accesos, playas de estacionamiento, sanitarios, cocinas, offices, frentes, marquesinas, cielorrasos, columnas o cualquier otro lugar que, aunque no se mencione en forma expresa, forme parte integrante de los edificios y demás lugares cuya limpieza se contrata" (fs. 299).

Las declaraciones testimoniales rendidas en la causa por Rosales (fs. 172/177), Lobo (fs. 266/267) y Gómez (fs. 269/270), todos ellos propuestos por la parte actora, así como los ofrecidos por la demandada, Sacco (fs. 207/210), De Gregorio (fs. 253/254), López (fs. 262/265) y Vigo (fs. 271/272), fueron contestes al señalar que la actora realizaba tareas de limpieza en edificios y oficinas (incluyendo ello sectores administrativos, vestuarios, baños y áreas de descanso del personal), amén de haber referido algunos de ellos que también se ocupaba de la limpieza del área de las cabinas de peaje.

Sin perjuicio de señalar que la parte actora no invocó en el inicio, que Autopistas Urbanas S.A. hubiera cedido total o parcialmente el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, supuesto contemplado en la primera parte del art. 30 de la L.C.T., corresponde destacar que si bien del estatuto social de Autopistas Urbanas S.A. se desprende que dicha empresa tiene por objeto la conservación y explotación de las autopistas allí mencionadas (ver punto B.2. de la pericial contable de fs. 319), lo cierto es que tal como se advierte, tanto de las declaraciones testimoniales como del contrato suscripto entre AUSA y La Medalla Empresa de Servicios S.R.L., los servicios de limpieza contratados se prestaban en sectores propios y exclusivos del personal de Autopistas Urbanas S.A., siendo de destacar que, como informó el perito contador, la empresa posee personal propio para la limpieza de la traza de la autopista, es decir, del espacio exclusivo de circulación vehicular.

En base a lo expuesto, se impone considerar que la actividad desarrollada por La Medalla Empresa de Servicios S.R.L. no resulta integrativa de la que caracteriza a Autopistas Urbanas S.A. en el mercado y tampoco satisface en forma directa sus fines empresarios que, igualmente pueden verse satisfechos sin la concurrencia de aquellos servicios, todo lo cual me lleva a propiciar se revoque este aspecto de la sentencia recurrida y se rechace la condena solidaria de Autopistas Urbanas S.A.

Tal decisión me lleva a declarar abstracto el tratamiento de los restantes agravios vertidos por la mencionada codemandada en su escrito recursivo.

Iguales fundamentos me llevan a desestimar el agravio que esgrime la parte actora con relación a la aplicación en autos de las disposiciones del CCT 130/75, que la quejosa pretende se aplique a la relación de autos, toda vez que era la convención aplicable a todos los trabajadores de Autopistas Urbanas S.A. Digo esto por cuanto, como quedó precedentemente expuesto, dicha empresa no fue la empleadora de la accionante -no resultando siquiera responsable en los términos del art. 30 de la L.C.T.- por lo que ninguna razón media para que a ésta se le aplique el convenio colectivo aplicable a los trabajadores de aquélla.

Desde tal perspectiva, corresponde desestimar los agravios vertidos con relación al salario tomado en consideración por la Sra. Juez a quo, así como respecto de la desestimación de los conceptos presentismo, ropa de trabajo y viáticos, todos reclamos fundados en el mencionado convenio colectivo.

Igual suerte correrá el agravio vertido, con idéntico fundamento, respecto de la indemnización prevista en el art. 1 de la ley 25.323, toda vez que no se acreditó en la causa que el contrato de trabajo de Fernández se encontrara deficientemente registrado.

También será desestimado el agravio vertido con relación a las horas extras, toda vez que, tal como concluyó la sentenciante de grado en decisión que no fue debidamente rebatida ante esta alzada (art. 116 L.O.), no existe ningún elemento probatorio en la causa que permita demostrar la existencia de trabajo más allá de la jornada legal permitida.

Cabe señalar que no modifica lo expuesto, la circunstancia apuntada por la recurrente con relación a la falta de exhibición de tarjetas o planillas laborales, pues su ausencia no prueba en modo alguno que las horas extra se hayan trabajado en forma efectiva, ya que la falta del registro también puede obedecer a la inexistencia de trabajo en tiempo suplementario. En otras palabras, sólo cuando se compruebe el trabajo en tiempo extra puede considerarse que el empleador tenía la obligación de asentar el exceso en sus registros y lo cierto es que en esta causa, el único testigo que declaró acerca del horario de trabajo de la actora (Rosales, aportado por la propia accionante), sostuvo que el mismo se extendía de lunes a sábado de 6,00 a 14,00 horas, de lo que se extrae que no superaba el máximo legal permitido.

Consecuentemente, corresponde desestimar también este segmento recursivo.

Por último, también será rechazada la queja relativa a las asignaciones no remunerativas, toda vez que, tal como entendió la judicante a quo la parte actora no efectuó argumentación alguna en el libelo inicial a fin de fundar su reclamo. Sólo incluyó en la liquidación practicada a fs. 44 vta./45 distintos conceptos requiriendo "montos no remunerativos dctos PEN años 2005 y 2006", "sumas dctos. PEN 1347/2003" y "dectos. 2005/2004, 1273/02, 2641/02 y 905/03", pero sin efectuar manifestación alguna relativa a los períodos reclamados, circunstancia que impone concluir que no se dio cumplimiento con la exigencia legal prevista en el art. 65 de la L.O. Al respecto, ha destacado la jurisprudencia que la demanda debe contener la cosa pretendida, individualizada con precisión sin que la liquidación sustituya esta carga legal, ya que la enunciación de una cantidad correspondiente a un concepto determinado carece de sentido si no tiene sustento en un relato circunstanciado de todos los antecedentes fácticos y que la sola inclusión de un rubro en la liquidación practicada al demandar no es apta para tener por planteada concretamente la acción a que él se refiere, por lo que en tal caso no cabe pronunciar condena sobre ese rubro (ver Ley de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, comentada, anotada y concordada, Director Amadeo Allocati, Coordinador Miguel Ángel Pirolo, Tomo 2, pág. 14 y sus citas, 2da. edición).

Consecuentemente, propicio confirmar también dicho segmento recursivo.

El nuevo resultado del litigio respecto de la codemandada Autopistas Urbanas S.A. impone dejar sin efecto la distribución de costas y regulaciones de honorarios dispuestas en la sentencia de grado a su respecto (art. 279 CPCCN) y proceder a su determinación en forma originaria.

De tal modo, propongo imponer las costas de ambas instancias correspondientes a la actuación de Autopistas Urbanas S.A. en el orden causado, toda vez que las particularidades de autos pudieron llevar a la actora a considerarse con mejor derecho para litigar en esta causa contra la mencionada codemandada (art. 68 2º párrafo del CPCCN). Asimismo, tomando en consideración el mérito y extensión de la labor desarrollada, el valor económico del litigio y las pautas arancelarias de aplicación, propongo regular los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la codemandada Autopistas Urbanas en el 15% del monto reclamado con más sus accesorios legales.

Teniendo en cuenta tales parámetros, estimo que los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, por los trabajos efectuados en la anterior instancia, resultan adecuados, mientras que los fijados para el perito contador, aparecen reducidos, por lo que propongo elevarlos al 7% del monto de condena, con más accesorios legales.

Asimismo, propongo que los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 376/387 y 390/397, por su actuación en la alzada, se fijen en el 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en origen (art. 14 ley 21.839).

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere a las conclusiones de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.	Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de la instancia anterior y rechazar la demanda intentada por MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ contra AUTOPISTAS URBANAS S.A. en todas sus partes; 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios fijados en la anterior instancia respecto de dicha codemandada; 3) Imponer las costas de ambas instancias con relación a la actuación de Autopistas Urbanas en el orden causado; 4) Regular los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de dicha codemandada en el 15% del monto de condena con más sus intereses y elevar los honorarios fijados en primera instancia al perito contador en el 7% del monto de condena con más intereses; 5) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 376/387 y 390/397, por su actuación en la alzada, en el 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en origen.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza Graciela A. González	Juez de Cámara Juez de Cámara