marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: Sinski, Marcelo Julio c/ Transportes Pampeano S.A.C.I.I.F.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-21

La evidencia del riesgo en la actividad de trabajo puesta a consideración no justifica la negativa de la demandada, cuando un camión -máquina- puesto en movimiento, creó un peligro latente, un riesgo agravado en las circunstancias en su realización -conducción marcha atrás-. No hay razón por consiguiente ni a la exculpación ni a los interrogantes, hay actividad de riesgo por el ensamble de elementos mecánicos y conducta humana, por acción u omisión. Con todo, en razón de la acción, no apunta especialmente al ejecutor material, sino al titular de la actividad. Como dicen los autores, no está en juego la autoría del daño, sino la autoría del riesgo, por lo que la génesis de la imputación aunque con vista en el hecho reside en la esfera de responsabilidad.
Obras sociales, ANSSAL, seguros, competencia federal, competencia ordinaria
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: CENTRO DE BIOQUIMICOS IX DISTRITO c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MARITIMO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-07

La Anssal y los agentes del seguro estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción federal conforme a lo establecido en el art. 38 de la ley 23.661, salvo que optaren por la justicia ordinaria cuando fueren actoras.

Las prerrogativas de la citada ley se basan fundamentalmente en que en la actuación de las obras sociales se encuentra comprometido el interés de la Nación, dejando solamente que las propias obras sociales puedan optar por el sometimiento a la justicia ordinaria, pero únicamente en su calidad de actoras en el proceso. La obra social resulta demandada, por lo que se inhibe la posibilidad de actuación de la justicia ordinaria.
Competencia por el territorio, lugar del hecho, economía procesal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BRAÑA, J. A. s/ compet.-nulidad Causa nro. 27.258
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-04

Resulta de aplicación el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme al cual, ante la multiplicidad de lugares de ejecución del delito, resultan competentes los magistrados con jurisdicción en cada uno de aquellos donde se produjeron actos con relevancia típica y la elección del tribunal, que conocerá en la causa, debe hacerse atendiendo a las exigencias de una mejor economía procesal.
Derecho a la vida, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

El derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva y que, obviamente, resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional y las leyes. Es un derecho cuyo status se advierte al considerar que para ser titular de un derecho, primero hay que "ser"; por eso es el más fundamental de los derechos y es la manifestación de la autoposesión que la persona tiene sobre sí. (Doctrina: Herrera Jaramillo, F. J., "El Derecho a la Vida y el Aborto", EUNSA, Pamplona 1984 p 132; Lledo Yagüe, Francisco, "Fecundación Artificial y Derecho", Tecnos, Madrid 1988 p 83). (Del Voto del Dr. Vigo)
Rescisión del contrato administrativo, indemnización, reparación integral, daño emergente, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Echenique   y  Sánchez Galarce S.A. c/ Instituto de Vivienda del Ejército s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-24

Si al solicitar la indemnización correspondiente a la rescisión ilegítima del contrato, la contrademandante indicó expresamente que la pretensión incluía obtener la indemnización "integral" de los perjuicios, los eventuales defectos en la proposición del reclamo de daño emergente -reconocido en la sentencia recurrida- no obstaron al derecho de defensa de la apelante (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Representación procesal, gestor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sandoval, Norma Haide s/ Incidente de beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-15

La urgencia que justifica el régimen excepcional de representación provisional y condicionada, instituído por el art. 48 del ordenamiento procesal, ha de reconocer como fuente hechos o circunstancias que impidan la actuación directa de la parte o la presentación del documento que acredite la representación.
Confirmación de sentencia, concurso preventivo, desistimiento, publicación de edictos
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Moncy del Río, Ignacio c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

Corresponde confirmar la resolución del juez de grado que tuvo por desistido de su concurso preventivo al peticionante como consecuencia de no haber efectuado la publicación de edictos prevista en la LCQ 27. Ello así, pues el señor juez a quo dispuso en la resolución de apertura del concurso preventivo que: (i) la publicación de edictos se efectúe dentro de las 24 horas de aceptado el cargo por parte del síndico, en el Boletín Oficial y en un diario, por el término de cinco días; (ii) el concursado debía, dentro del quinto día desde la referida aceptación de cargo, presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de las publicaciones, y (iii) luego del quinto día posterior a la primera aparición, el deudor debía acreditar la efectiva publicación en ambos diarios. Todo ello, bajo apercibimiento de tener por desistido el pedido de concursamiento.
Incapacidad sobreviniente, menores, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: E. E. N. y otra por sí y en representación del menor E. D. E.  c/ Olivera Sandra H. y otro  s/ juicio ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-06-29

Con respecto a la incapacidad sobreviniente del menor, el certificado médico oficial da cuenta que el mismo registra visión disminuida, subnormal, con incapacidad parcial y permanente para las tareas habituales en un porcentaje estimado del 80%; debe agregarse a ello el daño padecido en el dedo índice de la mano izquierda producido también durante la internación en la unidad de terapia intensiva neonatal. En este punto cabe señalar, que un 80% de discapacidad está considerado como muy grave y conlleva en la práctica a que la persona tiene dependencia de otras en la realización de actividades normales de su día a día, no sólo en el aspecto laboral o profesional sino para hacer cualquier actividad fundamental.
Prácticas desleales, eximentes de responsabilidad del empleador, ley penal más benigna
Materia: LABORAL
Carátula: ASOCIACION  AGENTES  DE PROPAGANDA MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y OTRO c/ DOCTOR LAZAR Y COMPAÑIA SA. QUIMICA INDUSTRIAL s/ TRATO DISCRIMINATORIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-31

Dado que la norma que sanciona a los empleadores por prácticas desleales es de naturaleza penal, si la conducta tipificada como práctica desleal al momento de su configuración, dejó de ser penada con posterioridad, corresponde exonerar de responsabilidad al empleador.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, reincidencia, declaración de reincidencia, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: González, Juan Antonio s/ Robo. Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

La procedencia del recurso interpuesto por el señor Fiscal de Cámaras en cuanto a la declaración de reincidencia solicitada por el recurrente (art. 50, C.P.) posibilita modificar la valoración de las circunstancias agravantes efectuadas por la Cámara y tener a la reincidencia en tal carácter pues se encuentra expresamente prevista por el art. 41 del Código Penal. La mencionada modificación no implica incurrir en reformatio in pejus toda vez que se trata de un efecto necesario.
Recurso de casación penal, presunción de inocencia, sentencia, falta de motivación, in dubio pro reo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Parma, Roque Alberto s/ Recurso de Casación interpuesto en causa 175/05 Jiménez Daniel Edgardo y otros ss.as. Robo en Concurso Ideal, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-10-05

Sin perjuicio de las deficiencias formales de la expresión de agravios y analizado con detenimiento el fallo atacado, surge de modo evidente que el A quo, en la apreciación de la prueba no ha observado la aplicación de la ley sustantiva, ni las reglas de la sana crítica, razón por la cual, y a fin de evitar que un exceso ritual resulte incompatible con el debido proceso, corresponde entrar al fondo del asunto traído a decisión por el presente recurso de casación. En el caso se advierte una seria insuficiencia convictiva de la prueba de cargo que debió llevar al tribunal a dudar de la participación del recurrente en los hechos imputados. Entonces la sentencia que condenó al imputado como partícipe necesario de robo doblemente agravado por el uso de armas, por ser cometido en poblado y en banda y en concurso real, resulta violatoria de la garantía constitucional y supranacional de presunción de inocencia, que exige que la culpabilidad se pruebe más allá de cualquier duda razonable.

En consecuencia, no existe motivación suficiente en la sentencia en recurso puesto que se basa en afirmaciones sin sustento que no se compadecen con las constancias glosadas en la causa, razón por la cual corresponde hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto y absolver por el beneficio de la duda al encartado.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, trámites judiciales, medidas urgentes, síndico del concurso, crédito verificado, prueba, recurso de apelación (procesal)
Materia: COMERCIAL
Carátula: Méndez SA c/ Raul Alvarez SRL s/ Incidente de revisión. Quiebra. La cuestión a resolver es si resulta  necesaria la impugnación prevista por el artículo 36 de la ley   concursal para gozar de legitimación para promover el Recurso de   Revisión regulado por el artículo 38 (Expte. Nro. 5-88) -Tribunal pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-27

El juez concursal, urgido por la necesidad de determinar quienes entrarán a la junta de acreedores y constreñido por una tramitación ultra breve, puede marginar la consideración de argumentos de complicada elucidación y no admitir la producción de prueba compleja o lenta, decidiendo "provisoriamente" (al solo fin de la junta) la "admisibilidad-inadmisibilidad"; lo cual no obsta a que, de tal suerte, se difiera el análisis exhaustivo de argumentación y prueba a la etapa revisora. Allí, sin la aportación de argumentos o pruebas "nuevos", el recurrente por revisión bien puede pretender una "revisión", exhaustiva ahora, de sus defensas y pruebas sólo juzgadas "prima facie" o con un ligero matiz de provisoriedad antes de la junta. A la vez, en modo alguno se contradice, o incurre en incongruencia, el juez concursal que -en la revisión, sin urgencias y con miras a un pronunciamiento esta vez definitivo- revoca su anterior decisión de "admisibilidad- inadmisibilidad", gracias a una evaluación serena y detenida de argumentos o probanzas antes apreciados de otra manera. (Del Voto del Dr. Rouillon).
Contrato de trabajo, beneficios sociales, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Sosa Stella Maris c/ Segar Seguridad SRL s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-29

El art. 103 bis, párrafo primero e inciso b) de la LCT (texto según art. 1 de la ley 24.700) resulta inconstitucional por vulnerar el convenio 95 de la OIT, norma de jerarquía supralegal (conf. Art. 75, inc. 22, párr. 1, C.N.). Dicho convenio dispone que "el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por los servicios que haya prestado o deba prestar". Así, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo ha sostenido desde su reunión 65tion de 1995 que los beneficios sociales cualquiera sea el nombre que se les pueda dar son elementos de la remuneración en el sentido del art. 1 del Convenio 95 y por lo tanto debe recibir la protección que al salario el mismo otorga. A ello cabe agregar que el art. 103 bis, párrafo primero e inciso b) de la LCT es inconstitucional por violar los derechos a una retribución justa, a la protección contra el despido arbitrario y a las vacaciones pagadas (conf. Arts. 14 bis y 75, inc. 22, C.N. y convenio 52 de la OIT). (Del voto del Dr. Zas, en mayoría).
Empleados públicos, inembargabilidad del salario, declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: EMPRESUR S.A. c/ CONCHA JOSE ROBERTO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2004-06-14

Corresponde aplicar de oficio el régimen previsto en el Decreto-Ley 6754/43 en cuanto establece la inembargabilidad del salario del empleado público, aún cuando -como en el caso de autos- no hubiera sido requerido por la parte beneficiada por el régimen -demandado- en virtud de la declaración de orden público dispuesta en el Art. 16.-
Rebelión, delitos militares, motín
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recondo, Ricardo Gustavo s/ denuncia infr. art. 226 del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-17

El tipo penal del delito de atentado al orden constitucional (art. 226 del Código Penal) supone necesariamente, en el plano del tipo objetivo, los mismos elementos del delito de motín.
Abandono de trabajo, interpelación, despido
Materia: LABORAL
Carátula: CALLEJAS, Hilario c/ INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL TABACAL S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-08-20

El empleador tiene la carga de demostrar que efectuó la notificación en forma fehaciente al trabajador para que se reintegre al trabajo.

Si no produjo tal prueba ya que el destinatario del telegrama se encontraba ausente y no es factible determinar si el actor incumplió el deber de presentarse al trabajo, no puede configurarse la situación del abandono.Habiendo solicitado el trabajador, mediante telegrama, ampliación de su licencia, tomando conocimiento el empleador que aquel manifiesta expresamente su voluntad de mantener el vínculo laboral y no habiendo podido acreditar el abandono de trabajo por parte del actor, el despido como sanción resulta desproporcionado ante la ausencia de dos días del trabajador, fuera de los ya otorgados como licencia.
Obligaciones de dar cantidades de cosas, obligaciones de dar sumas de dinero, convertibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Instituto Provincial del Seguro y Empresas Reunidas Impregislo Dumes y Asociados para Yacireta Unión Transitoria de Empresas (UTE) s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-17

Antes de sancionarse la ley 23.928, ante el fenómeno inflacionario, la doctrina y la jurisprudencia optaron por ignorar la distinción ante obligaciones de valor y de dinero. Las últimas fueron tratadas como si fueran de valor, y para obviar el inconveniente de que el dinero no tiene valor en sí, se sostuvo que tenía un "valor adquisitivo". Esto es, servía como bien de cambio con cosas, bienes y servicios que sí tenían valor. Por lo tanto, para que el acreedor de suma de dinero recibiera "el mismo valor", el deudor debería entregarle, ya no la suma "nominal", sino una que tuviera el mismo "valor adquisitivo". Este "valor" se determinaba mediante índices que median las variaciones de precios de diversos bienes (precios al consumidor, precios mayoristas, etc.). Este modo de interpretar era equitativo cuando mediaba inflación, desatendía la distribución del codificador entre las obligaciones de valor y las de dinero, y el régimen "nominalista" establecido por Vélez Sarsfield para las segundas. La Ley 23.928 volvió al régimen del Código Civil y prohibió la utilización de índices de precios, ratificando el sistema nominalista en la deuda de dinero. (Dr. Diblasi: según su voto).
Seguros, tasa de justicia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Herrera, Saturnino Roberto c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ Cobro de seguro  CNAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-08

Relativamente a la acción vinculada con el seguro de vida estatuido por la Ley 13.003, corresponde considerar a las presentes actuaciones exentas del pago de la tasa de justicia en los términos del artículo 13, inciso e), de la Ley 23.898, habida cuenta de que en función del carácter obligatorio que reviste, las cuestiones atinentes a su existencia y operatividad, se encuentran indisolublemente vinculadas con la de la relación laboral que le dio origen.
Pago de tributos, valor probatorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Olmos, Argentino Rosemberg s/ Prescripción adquisitiva - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-04-16

Si se ofrece como elemento probatorio el pago de impuestos que gravan el inmueble, importará no tanto la regularidad de los pagos, sino la demostración de haberlo hecho antes de iniciar el trámite. El valor de esta prueba corresponde apreciarlo atendiendo a las circunstancias de oportunidad y forma en que dicho pago fue hecho y su relación con el mérito que ofrezcan las demás probanzas allegadas al juicio.
Derechos y garantías constitucionales, acción de amparo, derecho penal disciplinario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DAVID EMILIO s/ Amparo (LIBRO: A063 - 019)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-02-15

El ejercicio del derecho disciplinario en una corporacion debe entenderse que el interes que proteje es de naturaleza colectiva, institucional, ya que atiende a la conservacion de esas necesidades vitales y defensa interior que se impone a todo tipo grupal. Lo que esta en juego es la existencia y los intereses del grupo frente a los del individuo.-
Comisiones, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Gambino Rubén c/ Parque San Benito S.A. s/ Cobro de Pesos. APelación de Sentencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-05-07

Al tratarse de un item remuneratorio -comisiones- que surgiría de la voluntad de las partes del contrato, la prueba de tales rubros compete al actor. No resulta aplicable el art. 76 C.P.L. pues presupone la previa prueba del rubro remuneratorio para sólo después poner en cabeza del empleador la carga de la prueba del monto y pago del mismo.
Incumplimiento del contrato, seguros, averías, buques
Materia: CIVIL
Carátula: Pedro Moscuzza e Hijos S.A. c/ Mapfre Aconcagua Compañía de Seguros S.A. s/ Incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-27

La regla interpretativa por la que hay que regirse establece la preeminencia de la condición particular por sobre la general (Stiglitz Rubén S. - Compiani, María F. "En el Contrato de Seguro", LL 2015-F, 622; también disponible en La Ley On Line). Ello ha sido incorporado al actual Código Civil y Comercial de la Nación mediante el art. 986 que dispone: ". En caso de incompatibilidad entre cláusulas generales y particulares, prevalecen estas últimas". En función de tales premisas, y analizando el contrato de seguro celebrado entre la empresa "Pedro Moscuzza e Hijos S.A." y la aseguradora demandada "MAPFRE ACONCAGUA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.", observo entre las "Condiciones Particulares Datos Complementarios", se estableció como "Condiciones del Seguro" que en lo que respecta a "Casco y Maquinarias", cuya finalidad consiste en proteger al asegurado contra la pérdida del buque, la cobertura fue pactada mediante la "Fórmula Libre de Avería Particular".
Recurso de inconstitucionalidad, plazo, presentación extemporánea, recurso de queja (procesal), plazos procesales, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROMERO, MABEL c/ ARMENDARIZ, MARTINA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

Corresponde rechazar el recurso de queja, por cuanto surge evidente que entre la fecha de notificación de la sentencia a la apoderada de la demandante y la introducción de la pieza impugnatoria , transcurrió un término superior al previsto legalmente, sin que obste a esta conclusión la circunstancia de que la compareciente haya formulado un recurso de aclaratoria contra ese pronunciamiento, dado que el artículo 2 de la ley 7055 expresamente dispone que ni el recurso de aclaratoria de sentencia, ni otro alguno inadmisible que se dedujera contra ella, interrumpirá el plazo mencionado, debiendo recordarse que esta sede ha interpretado en ese sentido los alcances de la normativa aplicada, jurisprudencia que es conteste con la mantenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en relación al recurso extraordinario federal- en cuanto a que el término de interposición del mismo no se interrumpe ni se suspende por la deducción de otros recursos declarados improcedentes, o cuando la aclaratoria o reposición fue rechazada sin expresar ningún fundamento nuevo que pudiera integrar el fallo anterior. - CITAS: CSJN: Fallos: 316:779; 323:1280; Fallos: 311:1242; 318:1428; CSJStaFe: AyS, T 238, p 50; AyS, T 252, p 242. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 2. - Jurisprudencia vinculada: Avaro, AyS T 252, p 242/243, sumario J0039494.
Prueba testimonial, testigos, declaración testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GOMEZ, José Daniel y otro c/ FERROVIAS S.A.C. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29

La apreciación de los dichos de los testigos, requiere menor análisis y exposición que los necesarios para desecharlos, porque en definitiva, el juez está apoyado en la evidencia común de que los testigos generalmente no mienten, tanto por existir una punición legal (y antes que eso moral) para la mentira, cuanto por el método de interrogación judicial, según el cual se formulan sucesivas cuestiones, de modo tal que podrían poner de resalto la mendacidad en que hubiese incurrido el testigo o su falta de comprensión de los hechos.
Competencia, emergencia ocupacional
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Miguel Angel c/ Municipalidad de Gualeguaychú y/u otro s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-07-10

Las acciones derivadas de las relaciones que se establecen en virtud de los planes que instrumentan los programas de emergencia ocupacional que prevé la Ley Nacional de Empleo 24013, no son de competencia contencioso-administrativa sino de la justicia del fuero laboral, en tanto se deben resolver aplicando la normativa de dicha materia. La relación que unió al actor con la demandada fue por contratación directa y a través de la modalidad prevista en los arts. 43 a 46 de la ley citada, por lo que la resolución del caso deberá efectuarse mediante la aplicación de normas de derecho del trabajo, tal como la ley citada, lo que determina, en virtud de la doctrina del S.T.J.E.R. (Abeldaño c/Municipalidad de Concepción del Uruguay, 27/11/95, Bertoldi c/Instituto Fluvioportuario Provincial, 18/2/97) que sea la justicia laboral de la provincia la competente para resolver la contienda. Ello tanto con relación a los reclamos por conceptos laborales como los derivados del accidente de trabajo, sin perjuicio de que la eventual responsabilidad por incapacidad quede enmarcada en el seguro de responsabilidad civil contratado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con relación a los trabajadores comprendidos en los programas de empleo implementados de acuerdo a la normativa de la ley 24013.