Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-11-30


BLACONA, Alberto Luis contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 211 p 53-57.

Santa Fe, 30 de noviembre del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia nro. 12, del 4 de marzo de 2004, dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 2 de la ciudad de Rosario, en los autos caratulados: "BLACONA, Alberto Luis contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO sobre Recurso Contencioso Administrativo (Expte. C.C.A. 2, nro. 594/01)" (Expte. C.S.J. nro. 290, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Que según las constancias de autos por sentencia nro. 12, del 4.3.2004, la Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 2 de la ciudad de Rosario, resolvió declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas.

Contra ese pronunciamiento, el actor deduce recurso de inconstitucionalidad invocando que se lesionan los derechos de movilidad de la prestación jubilatoria, de propiedad, así como el principio de igual remuneración por igual tarea (arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional, y art. 7, apartado "a", sub apartado "i" del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Funda el recurso en la causal prevista en el artículo 1, inc. 3 de la ley 7055.

Sostiene que la arbitrariedad que se presenta en el decisorio es un vicio que priva al fallo de las condiciones mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución local.

Endilga la existencia de arbitrariedad normativa por falta de fundamentación e interpretación desnaturalizadora, prescindente e injusta de la ley; y arbitrariedad fáctica por prescindencia de prueba decisiva y contradicción con inequívocas constancias de autos.

Bajo el primero de los acápites explica que la sentencia se aparta, mediante una interpretación desnaturalizadora, de la ley 9286 (Estatuto del Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe) y de la ordenanza 3844/77, desvirtuando sus preceptos de una manera que equivale a la prescindencia del texto legal.

Afirma que ello es así, porque el fallo de la Cámara considera correcto que el haber inicial se haya calculado teniendo en cuenta el cargo que detentaba el actor al momento del cese, es decir el cargo de Sub Director en disponibilidad.

Señala que tal interpretación colisiona con el segundo párrafo del artículo 17 de la ley 9286 que, según dice, establece para el personal declarado en disponibilidad el mantenimiento de la categoría de revista y su nivel jerárquico; en ese sentido entiende que habiendo acreditado que antes ser declarado en disponibilidad ocupó el cargo de "Sub Director de Electricidad y Mecánica de la Secretaría de Servicios Públicos" (hoy denominado "Sub Director de Alumbrado Público") este es el cargo que debe tenerse en cuenta para calcular el haber inicial.

Achaca que en la sentencia existe otra interpretación normativa arbitraria, que se da -según su criterio- cuando la Cámara prescinde del régimen de movilidad de la ordenanza 3844/77, estableciendo un requisito no exigido en la misma, al concluir que no corresponde el reajuste porque el suplemento reclamado no fue percibido en actividad.

En sustento de su postura dice que el artículo 27 de la ordenanza 3844/77 estipula que: "El haber mensual de la jubilación ordinaria o por invalidez se determinará de acuerdo con el siguiente procedimiento: a) Será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) móvil de la remuneración mensual sujeta asignado (sic) al cargo de que fuera titular efectivo el afiliado a la fecha de su cesación de servicio, siempre que tuviera una antigüedad de dos años en el mismo...".

Entiende que no trasladar a los pasivos todo aumento o suplemento que se reconozca al personal en actividad, viola el sistema de movilidad jubilatoria, basado en el mantenimiento del 82 % del haber, con relación al sueldo que percibe el activo que se desempeña en la categoría que antes pertenecía al jubilado.

Acusa que la sentencia formula una cita parcializada y errónea de la causa "Vazzano"de la Corte provincial; en tal sentido el quejoso interpreta que a diferencia de lo sostenido por la Cámara, la misma resulta aplicable al caso en razón de que el actor en dicho antecedente tampoco cobró en actividad el suplemento que le fue reconocido por la Corte.

Cerrando el capítulo dedicado a la arbitrariedad normativa, le endilga a la sentencia arribar a una solución injusta respecto de la interpretación y aplicación del artículo 4 de "la ordenanza 4589/88", modificatoria del artículo 73 de la ordenanza 3574/84.

Dice que ello ocurre porque el Tribunal concluye -en base a dicho artículo-, que no le asiste razón pues nunca se le otorgó el suplemento por resolución fundada, ni lo reclamó; sin contemplar que en el mismo año de entrada en vigencia del suplemento, el recurrente fue pasado a disponibilidad y que esta situación era óbice no sólo para que se lo reconociera, sino también para que pudiera reclamarlo.

Por último en el marco de la arbitrariedad fáctica, sostiene que el vicio se halla configurado porque la Sala resuelve el caso prescindiendo de prueba decisiva y, por ende, en franca contradicción con inequívocas constancias de autos.

En esa dirección, señala que el Tribunal se aparta de las probanzas de autos referidas a que estuvo en disponibilidad desde el año 1989 hasta el momento del cese; que antes de aquella situación se desempeñaba como Sub Director de Electricidad y Mecánica de la Secretaría de Servicios Públicos, y que dicho cargo "hoy" se denomina Sub Director de Alumbrado Público.

Por decisorio del 29 de junio de 2004 la Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 2 resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 29/32), lo que motivó la presentación directa del recurrente ante esta Corte (fs. 34/41).

2. Si bien el recurrente acusa arbitrariedad y lesión a principios constitucionales, del desarrollo de los agravios vertidos en el memorial introductorio en su confrontación con los fundamentos de la sentencia atacada, se desprende que las tachas articuladas -interpretación arbitraria, desnaturalizadora, prescindente e injusta de las normas aplicables; prescindencia de prueba decisiva y contradicción con inequívocas constancias de la causa- carecen de asidero y no alcanzan a demostrar la configuración de los pretendidos vicios imputados, traduciendo tan sólo el cuestionamiento del impugnante a la labor jurisdiccional cumplida por la Sala en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión, en ejercicio de funciones propias, lo que resulta ajeno al remedio extraordinario intentado.

En efecto, los planteos reseñados -tal como lo destacó la Cámara en el auto denegatorio- trasuntan nada más que su disconformidad para con el criterio adoptado por el a quo en cuanto a declarar improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto, intentando hacer prevalecer su propio enfoque acerca de la solución que hubiese correspondido al caso -opuesto a la de los juzgadores- asentado en su particular apreciación de los hechos y el derecho aplicable, e insistiendo en que conforme al cargo desempeñado en actividad, se debió computar el adicional pretendido para reajustar su haber jubilatorio.

Corresponde señalar que carece de asidero la supuesta arbitrariedad en que habría incurrido la Cámara, efectuando una interpretación desnaturalizadora y prescindente de preceptos de la ley 9286, y de la ordenanza 3844/77.

En tal sentido, es dable apreciar que la Cámara -a la luz de las constancias de la causa y de las normas en juego- determinó que le asiste razón a la Administración en cuanto considera que la situación de revista del actor al momento del cese era la de Sub Director General, categoría 22; y de allí "que a los fines de la movilidad, que le corresponde en su haber jubilatorio en relación al cargo activo al momento del cese, el mismo debe tener en cuenta la función de Sub Director General, categoría 22, con los adicionales y suplementos que para dicha situación de revista le correspondían".

Estimando dicho encuadre -que, se adelanta, no luce arbitrario- el a quo concluyó que, el recurrente no tiene derecho a que se ajuste su haber jubilatorio en base a lo que percibe actualmente por el adicional pretendido quién desempeña el cargo de Sub Director de Alumbrado Público, pues dicho cargo no era desempeñado por el actor al momento del cese y no percibía dicho adicional pese a encontrarse en vigencia. Y además, "porque no ha demostrado, en su caso y para así peticionarlo, que el cargo de Sub Director de Electricidad y Mecánica resulte idéntico en sus funciones al cargo de Sub Director de Alumbrado Público conforme a la reestructuración administrativa dispuesta; y que le hubiera correspondido de no efectuarse la reestructuración el adicional que ahora pretende, resultando por el contrario demostrativo de lo inverso la circunstancia de que estando en actividad nunca reclamó el otorgamiento de ese adicional".

Se advierte que la Sala también consideró que "aunque por hipótesis se aceptara que el cese fue en el cargo de Sub Director de Electricidad y Mecánica, y que dicho cargo tiene idénticas funciones a las del actual Sub Director de Alumbrado Público, aún así el recurso no podría prosperar".

En ese orden el Tribunal, teniendo presente las ordenanzas que establecen el adicional solicitado y las pruebas de autos, destacó que el recurrente no ha acreditado que el cargo de Sub Director de Electricidad y Mecánica importó la realización de las funciones contempladas en dichas normas; ni que exista el decreto que autorice el pago del adicional "exigido imperativamente por el artículo 4 de la ordenanza 4549/88".

Y, según puede extraerse del razonamiento seguido por el sentenciante, ello resultó óbice para que le fuera reconocido el adicional, pues para otorgar particularmente el rubro, necesariamente debía tenerse en cuenta la asignación a una persona del cometido de las funciones previstas en la ordenanza, independientemente de determinado cargo.

Frente a dicha línea argumental, las razones traídas por el quejoso en sustento de los vicios denunciados no logran acreditar que los miembros del Tribunal hubiesen en modo alguno marginado las normas en juego; antes bien sólo evidencian la intención de imponer su propio enfoque del caso, reiterando los mismos argumentos que expuso al interponer la demanda, y que fueran objeto de análisis y de rechazo por el juzgador en el decisorio puesto en crisis. Situación que deja traslucir que el recurrente intenta renovar en esta sede el debate en una suerte de tercera instancia ordinaria, mas olvidando que ello no tiene cabida, dado que el cometido de la Corte es efectuar el control de adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional, analizando el grado de acierto o error que tienen sus fallos (cfr. criterio de A. y S. T. 69, pág. 278; T. 93, pág. 193; A. y S. T. 106, pág. 176, etc.).

Lo anteriormente expuesto alcanza también para restarle sustancia constitucional al planteo del quejoso en cuanto endilga a la sentencia arbitrariedad por prescindir del régimen de movilidad de la ordenanza 3844/77 al crear un requisito que la misma no establece, consistente en exigir que se le hubiera reconocido en actividad el suplemento que reclama; ya que, la Cámara consideró no solo el hecho de que el suplemento no fue percibido en actividad -como parece entenderlo el impugnante- sino, tal como se ha visto, otras circunstancias; sin que se advierta en la tarea realizada por el Tribunal una exégesis irrazonable de las disposiciones en juego que implique la configuración de la causal constitucional denunciada.

Asimismo, corresponde destacar que aparece claramente infundada y debe desestimarse la acusación vinculada a que la Cámara realiza una cita parcializada del fallo "Vazzano" de la Corte provincial, efectuando una apreciación errónea de los hechos y antecedentes de ese caso, el cual -a su criterio- resulta totalmente aplicable al "sub lite", dado que en dicho precedente la Corte (para reconocer un suplemento) no tuvo en cuenta la falta de percepción en actividad, sino que haya desempeñado el cargo que hace al adicional.

En efecto, de la simple lectura del fallo impugnado surge que el sentenciante en ningún momento realizó mención alguna del precedente señalado por el recurrente; por lo demás, la solución que brinda la Cámara no resulta conmovida con la invocación de aquel precedente, habida cuenta que no logra demostrar la identidad en el presente caso, con las circunstancias fácticas tenidas en cuenta por la Corte en aquella decisión.

Ello así, también carece de asidero la supuesta arbitrariedad en la interpretación y aplicación que habría efectuado la Cámara con relación al artículo 4 de la ordenanza 4549/88, modificatoria del artículo 73 de la ordenanza 3574/84; desde que más allá de que el planteo entraña indudablemente una cuestión de índole hermenéutica que por su propia naturaleza exorbita el ámbito del presente recurso, lo cierto es que el discurso argumentativo expuesto por el compareciente -centrado en que la Cámara no tuvo en cuenta que en el mismo año de entrada en vigencia del suplemento, el recurrente fue pasado a disponibilidad y que esta situación era óbice no sólo para que se lo reconociera, sino también para que pudiera reclamarlo- revela un análisis incompleto del fallo cuestionado, lo que resulta sin lugar a dudas insuficiente a la hora de pretender su descalificación constitucional.

De tal manera lo alegado por el quejoso no trasunta más que la proposición de imponer su propio criterio respecto a la solución del caso, sin que consiga convencer que en el "sub lite" haya un motivo excepcional que autorice la apertura de esta instancia.

Por último, en otro orden de ideas, el compareciente no alcanza a persuadir que la Cámara haya omitido valorar prueba decisiva desde que una atenta lectura del decisorio cuestionado permite apreciar que la prueba que se dice preterida no es tal, dado que ha sido efectivamente considerada. Ello permite afirmar que, en realidad lo que propone el quejoso es una distinta apreciación de ésta, asentada en su personal visión del caso, lo que no depara caso constitucional que legitime la apertura del recurso extraordinario intentado.

Conclusión de lo expuesto es que el tema pasa, no obstante la invocación de violación de derechos de raigambre constitucional, por la disconformidad del compareciente con la solución alcanzada por la Sala, mas sin acreditar que la respuesta brindada por los sentenciantes -aunque no lo conforme- se aparte de las exigencias legales y constitucionales.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)