Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-04


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de abril de 2006. Y VISTOS: Los autos del epígrafe, para resolver sobre los recursos de apelación interpuestos a fs. 216/24 por la parte demandada y a fs. 266/75 por el tercero -cuyos traslados fueron contestados por la parte actora a fs. 225/40 y 413/33-, contra la resolución de fs. 204/05; y CONSIDERANDO: 1. Que la señora Beatriz Tudanca inició la presente acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 449 - Código de Planeamiento Urbano - en cuanto incluye la cuadra de la calle El Salvador al 6000, entre Arévalo y Pasaje Convención, en el Distrito U 20, Zona 5 (Z5), por resultar violatoria de principios y garantías consagradas tanto en la Constitución de la Ciudad (arts. 10, 12, 18, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 49, 104 inc. 27º y cc), como la Constitución Nacional (art. 41 y cc). Asimismo, solicitó que como medida cautelar, se ordene a la parte demandada que "se limite a otorgar permisos exclusivamente para obras que impliquen construcciones encuadradas a las características constructivas de la zona U20 Z2b (Ley 449) en El Salvador al 6000 (entre Arévalo y Pasaje Convención), de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 1/28). 2. Que el señor juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar y, en consecuencia, ordenó a la parte demandada que se abstenga de otorgar permisos de obra respecto de la calle El Salvador al 6000 entre Arévalo y Pasaje Convención, a través de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro o el organismo que corresponda, hasta tanto resuelva en sentido diverso. Ello, previa caución juratoria (fs. 204/05). Para así decidir, consideró que la concesión por su parte de una medida cautelar idéntica en los autos "Mazzuco, Paula Virginia", Expte. Nº Exp 14.406/0, sumada a la nueva documentación agregada en estos actuados, autorizan a considerar satisfecha la pretensión cautelar de la amparista. En especial, hizo referencia a sendos inf ormes confeccionados por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (U.B.A.) -fs. 321/47- y otro de la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de Cultura del G.C.B.A. -fs. 315/19-, así como al dictamen de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, que resultan en general favorables a la pretensión de la demanda. 3. Que disconformes con lo resuelto apelaron la parte demandada y El Salvador 6052 Sociedad Anónima, admitida como tercero según surge de fs. 310. Dichos recursos fueron replicados por la parte actora. Por su parte, la señora Fiscal de Cámara propicia que se admitan los recursos de apelación interpuestos (fs. 439/40). 4. Que con respecto a las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo la doctrina, la jurisprudencia y la legislación tradicionalmente vigente han exigido como recaudos de admisibilidad la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la no afectación del interés público, sin perjuicio de la complementaria fijación de una contracautela. Est os requisitos fueron receptados y regulados, con sus particularidades, por la ley procesal local. Así, el art. 177, CCAyT, establece que las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión del acto administrativo impugnado, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción. El art. 177 agrega que aquel que tuviera fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, este pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas. 5. Que en primer término corresponde recordar que esta Sala -por mayoría- revocó el 24 de mayo ppdo. una medida cautelar idéntica a la presente dictada por el a quo en los ya referidos autos "Mazzucco". En tal oportunidad se valoró, ent re otros elementos, un informe de la Dirección General de Planeamiento Interpretativo del que resulta que la zonificación en cuestión se encuentra vigente desde el año 1980 cuando por Ord. 35.527 se incorporaron al Código de Planeamiento Urbano las normas de Desarrollo Urbanístico del Distrito U20 "Barrio Nuevo Colegiales", a la vez que destaca la inconveniencia de "desafectar parcelas y/o manzanas particulares sin el estudio previo de todo el Distrito, para poder lograr el equilibrio adecuado entre la distintas zonas que lo componen, respecto de las densidades, usos, alturas, características" y la necesidad de "un estudio pormenorizado que dé como resultado una normativa de contexto más abarcativo, que tome como unidad de análisis el área de pertenencia y la de su entorno, ya que con el paso del tiempo fue cambiando su fisonomía de acuerdo a la dinámica de las distintas actividades de la Ciudad". Sentado ello, cabe poner de resalto con la provisoriedad propia de la instancia cautelar, el Tribunal considera q ue -nuevamente- no se encuentran reunidos en autos los presupuestos mencionados con la intensidad necesaria para mantener la medida dispuesta en la instancia anterior. Ello así, pues -sin perjuicio de los informes técnicos agregados- los actores no han acreditado prima facie que el Código de Planeamiento Urbano adolezca, en cuanto al aspecto cuestionado, de una irrazonabilidad de una entidad tal que justifique la concesión de una protección cautelar en el marco de un proceso de amparo en el que se cuestiona una normativa vigente desde hace veinticinco años. Sobre todo si se considera que su elaboración responde a un complejo procedimiento técnico con la garantía de participación comunitaria, y es aprobado por la Legislatura mediante un mecanismo especial. En efecto, el Código de Planeamiento Urbano comprende la asignación del destino de cada metro cuadrado de la Ciudad, teniendo en cuenta sus características y previendo su desarrollo futuro, debiendo mantener siempre un delicado equilibrio entre la tensión ge nerada por intereses diversos, en aras del bienestar general y de crear las condiciones para un hábitat adecuado (esta Sala, Expte. Nº 240: "Comercio de Maderas S.A. y Denali S.A. contra GCBA sobre AMPARO [art. 14 C.C.A.B.A.]", 8 de noviembre de 2001). Tampoco puede dejar de señalarse que la versión vigente del Código de Planeamiento Urbano (ley 449) fue sancionado el 2 de agosto de 2000 mediante el procedimiento previsto en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad, de modo tal que fue sometido a la consideración y el escrutinio ciudadano mediante el instituto de la audiencia pública con carácter previo a su sanción definitiva. 6. Que en nada obsta a lo ya expresado el hecho de que exista un proyecto de reforma de la ley 449 en el sentido que propugna la demanda con aprobación inicial de la Legislatura (fs. 411/12), habida cuenta de que ello no evidencia necesariamente per se la inconstitucionalidad manifiesta de la norma vigente, sino tan sólo el iter de la preparación de la voluntad legislativa en el marco del regular funcionamiento de las instituciones. Por lo tanto, y dado que el derecho invocado por la parte actora no sería verosímil, la presencia de peligro en la demora no alcanza para mantener la medida cautelar dispuesta en la instancia anterior, lo que conduce a admitir los recursos de apelación y revocar la resolución dictada en primera instancia. Disidencia del Dr. Esteban Centanaro 1. Que la señora Beatriz Tudanca inició la presente acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 449 - Código de Planeamiento Urbano - en cuanto incluye la cuadra de la calle El Salvador al 6000, entre Arévalo y Pasaje Convención, en el Distrito U 20, Zona 5 (Z5), por resultar violatoria de principios y garantías consagradas tanto en la Constitución de la Ciudad (arts. 10, 12, 18, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 49, 104 inc. 27º y cc), como la Constitución Nacional (art. 41 y cc). Asimismo, solicitó que como medida cautelar, se ordene a la parte demandada que "se limite a otorgar permisos exclusivamente para obras que impliquen construcciones encuadradas a las características constructivas de la zona U20 Z2b (Ley 449) en El Salvador al 6000 (entre Arévalo y Pasaje Convención), de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 1/28). 2. Que el señor juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar y, en consecuencia, ordenó a la parte demandada que se abstenga de otorgar permisos de obra respecto de la calle El Salvador al 6000 entre Arévalo y Pasaje Convención, a través de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro o el organismo que corresponda, hasta tanto resuelva en sentido diverso. Ello, previa caución juratoria (fs. 204/05). Para así decidir, consideró que la concesión por su parte de una medida cautelar idéntica en los autos "Mazzuco, Paula Virginia", Expte. Nº Exp 14.406/0, sumada a la nueva documentación agregada en estos actuados, autorizan a considerar satisfecha la pretensión cautelar de la amparista. En especial, hizo re ferencia a sendos informes confeccionados por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (U.B.A.) -fs. 321/47- y otro de la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de Cultura del G.C.B.A. -fs. 315/19-, así como al dictamen de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, que resultan en general favorables a la pretensión de la demanda. 3. Que disconformes con lo resuelto apelaron la parte demandada y El Salvador 6052 Sociedad Anónima, admitida como tercero según surge de fs. 310. Dichos recursos fueron replicados por la parte actora. Por su parte, la señora Fiscal de Cámara propicia que se admitan los recursos de apelación interpuestos (fs. 439/40). 4. Que con respecto a las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo la doctrina, la jurisprudencia y la legislación tradicionalmente vigente han exigido como recaudos de admisibilidad la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la no afectación del interés público, sin perjuicio de la complementaria fijación de u na contracautela. Estos requisitos fueron receptados y regulados, con sus particularidades, por la ley procesal local. Así, el art. 177, CCAyT, establece que las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión del acto administrativo impugnado, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción. El art. 177 agrega que aquel que tuviera fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, este pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas. 5. Que con la provisoriedad inherente al instituto cautelar he de señalar que considero reunidos en el sub lite los extremos que acreditan la verosimilitud en el derecho exigidos por el rito para su concesión. Ello así por cuanto, se han agregado al legajo sendos informes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (ver fs. 119/46) y de la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad (ver fs. 114/17), además del dictamen de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura (fs. 73/75), que avalarían la pretensión de la actora. Por otra parte, la posibilidad cierta de que se otorguen permisos de obra durante el transcurso del proceso -que podrían conspirar contra la eficacia de una eventual sentencia favorable en el fondo de la cuestión- permiten tener por acreditado el peligro en la demora. Por todo ello, considero que debe concederse la medida precautoria solicitada, previa caución juratoria, por lo que corresponde confirmar lo resuelto en primera instancia, con costas a la vencida. Esteban Centanaro Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado la señora Fiscal de Cámara, el Tribunal, por mayoría, Resuelve: Revocar la resolució n apelada. Sin costas (art. 14, CCABA). Regístrese y notifíquese - a la citada funcionaria en su despacho-. Oportunamente, devuélvase. Esteban Centanaro N. Mabel Daniele (en disidencia) Eduardo Ángel Russo