Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-06-15


Autos Nº 5.761 (2º J.P.L.G.S.J., Capital, Nº 510/16), caratulados: "DÍAZ, Sonia G. c/ Moreno, José Ricardo - Ejecutivo".

--------- San Juan, 15 de junio de dos mil dieciocho.--- --------- Y Vistos: --------------------------------------------- --------- Para resolver en estas actuaciones el recurso de apelación deducido subsidiariamente al de reposición in extremis a fs. 26/27 vta. por la actora, quien actúa por derecho propio y con patrocinio letrado, contra el decreto de 23 y vta. ----------------------------------------------------- --------- Tal recurso fue concedido con efecto suspensivo mediante la resolución de fs. 28 y vta. ----------------------- --------- Y Considerando: ------------------------------------ --------- I. Que en el decreto impugnado se dispuso reformular la planilla practicada debiéndose aplicar la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuentos comerciales; todo ello, conforme lo establece la sentencia monitoria recaída en autos, obrante a fs. 6 y vta. ------------------------------------------ --------- II.1. Contra dicha resolución se alzó la accionante con la presentación obrante a fs. 26/27 vta., donde fundamentó la reposición in extremis, la que debe tomarse como sustento del recurso de apelación, pues dicho escrito será considerado como memorial al no haber prosperado aquel remedio procesal (ver decreto de Presidencia de fs. 37). En tal pieza la recurrente, en síntesis, sostuvo: -------- Que le agravia la decisión de la Inferior respecto de considerar al título como un pagaré 'a la vista' y que la fecha inserta en la parte superior derecha -fuera del pagaré- carece de relevancia jurídica. Entiende que se trata de un error evidente porque en su texto dice que el '30 de diciembre de 2013 pagaré sin protesto' por lo que no tenía que presentarlo al cobro. Agrega que el deudor no opuso excepción alguna, por lo que no existiría causa que fundamente lo resuelto. -------------------------------- Que, sin perjuicio de ello, aun en el caso de que sólo se hubiera consignado la fecha de vencimiento en la parte superior derecha del pagaré, la misma es válida conforme con una jurisprudencia que menciona. ---------- --------- 2. En el proveído de fs. 31 se dispuso correr el pertinente traslado del memorial al demandado, quien no lo contestó a pesar de estar notificado conforme las constancias de fs. 33 y vta. ----------------------------------- --------- 3. Mediante la providencia de fs. 35 la Jueza ordenó la elevación del expediente a la Alzada, lo que se materializó a fs. 36. Recibido el mismo y de acuerdo con el informe de fs. 37, por Presidencia se decidió remitirlo al Juzgado de origen a los fines de que se sustanciara el recurso y se dispusiera correr un nuevo traslado al ejecutado, pero del escrito obrante a fs. 26/27 vta., y se adjuntara la documentación original acompañada por la actora. Cumplido lo cual, se reenviaron a la Cámara (ver decreto de fs. 54, certificado de fs. 55 y cargo de recepción obrante en idéntico folio). ------------------------------------- --------- Nuevamente en este ámbito apelatorio, a fs. 56 se hizo saber la integración del Tribunal que intervendría en la resolución del recurso intentado, comunicando a las partes dicha circunstancia mediante las cédulas agregadas a fs. 57 y vta. y 58 y vta. ---------------------------------------------- --------- A fs. 61 se dictó el llamamiento de autos, providencia que se encuentra firme y consentida tal como surge de las constancias obrantes a fs. 62 y vta. y 63 y vta.

--------- Seguidamente se certificó el pase de autos para su adjudicación (fs. 65). A fs. 67, en el orden secuencial correspondiente, se giró el expediente a la primera votante.

--------- III.1. En primer lugar, no puede ocultarse que se está en presencia de un caso con aristas singulares, que impone una respuesta jurisdiccional que no sea el resultado de un mero análisis lineal, sino que exige una tarea argumentativa suplementaria, lo cual requerirá una respuesta especial para el caso, en uso de las facultades de este Tribunal estimuladas por el recurso articulado ---------- --------- 2. Al respecto cabe señalar que la cuestión a dilucidar puede sintetizarse preguntándonos si la Jueza de primera instancia que dio curso a la ejecución tiene la facultad de volver a examinar el título y los presupuestos procesales, aun en el caso de no haberse opuesto la correspondiente excepción y si la Alzada puede declarar de oficio la inhabilidad del título con motivo de la apelación de la sentencia. Tales interrogantes son contestados afirmativamente tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. ------------------------------------------------- --------- La habilidad del título es cuestión que el magistrado puede controlar aun de oficio antes de dictar sentencia, sin que obste a ello la circunstancia de no haberse advertido debidamente los defectos que autoricen esa declaración al tiempo de despacharse la ejecución. ----- --------- En el juicio ejecutivo clásico el juez tiene la obligación primordial de analizar la ejecutoriedad del instrumento con que se lo promueve y ello puede y debe hacerlo en dos oportunidades: en primer término, antes de suscribir el auto de solvendo [orden de librar mandamiento de intimación de pago y citación para oponer excepciones] y, en segundo lugar, al dictar la sentencia de remate. El tribunal de alzada, por su parte, tiene la misma potestad y asume el mismo deber cuando conoce de la sentencia por vía de apelación. ----------------------------------------------- --------- Es indudable que la decisión de librar el mandamiento dictada por el magistrado al iniciarse el juicio, no reviste carácter definitivo y él puede examinarlo nuevamente en la sentencia. Y no podría ser de otra manera ya que al acordarse la apelación, aun cuando no se hayan opuesto excepciones, es incuestionable que la Alzada tiene facultades para examinar si el título reúne las condiciones exigidas por la ley. El examen debe limitarse a las formas externas del título sin entrar a considerar defensas que las partes pueden o no oponer. ---------------- --------- Ésta es la posición unánime de la doctrina. Así, se ha sostenido -con apoyo jurisprudencial- que el juez, presentado el ejecutante, debe hacer un examen cuidadoso del documento. Dicho examen tiene por objeto determinar dos cosas: 1) si el instrumento tiene las cualidades necesarias para proceder a la ejecución; 2) si el título que representa es ejecutivo. El examen del título ejecutivo corresponde al juez y puede practicarse en la segunda instancia, aun en defecto de excepción opuesta (Falcón, Enrique M., "Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial", 2a reimpres. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2013, T° V, n° 27, pág. 304). --------------- --------- En similar sentido, y mutatis mutandis, se afirma que el juzgador deba examinar 'cuidadosamente' la bondad ejecutiva del título que se trae como base de la ejecución. Este procedimiento sumario, de defensas muy limitadas y taxativas para esgrimirlas el deudor, exige, entonces, que su beneficiario acredite, in limine, ser merecedor de ese trato privilegiado. Media, pues, un doble examen del juzgador, en forma sucesiva, y en definitiva contemplado por la ley: al dictar el auto de solvendo [despachar el mandamiento de intimación de pago y embargo] y al pronunciar la sentencia, en cuya oportunidad puede el magistrado aun de oficio -cuando el ejecutado no haya opuesto la excepción normada en el art. 542, inc. 4º, del C.P.B.A. art. 507, inc. 4º, del C.P.C. de San Juan- hacer la declaración de inhabilidad (Morello, Augusto M.; Sosa, Gualberto L. y Berizonce, Roberto O., "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Editora Platense - Abeledo-Perrot, 2ª edición reelab. y ampl., Buenos Aires, 1994, Tº VI-A, págs. 294/295). --------------------------------------------------- --------- Por su parte, Palacio manifiesta que el juez, de acuerdo con los términos del art. 531 del C.P.C.C.N., debe denegar la ejecución si comprueba que el título invocado por el actor no es de los que el código u otras leyes consideran como ejecutivos, o que es inhábil en razón de no documentar la existencia de una obligación en dinero, líquida y exigible, o que alguna de las partes carece de legitimación procesal. Ese examen, por lo demás, no reviste carácter definitivo ni genera en consecuencia preclusión alguna, pues puede volver a efectuarse, aunque el ejecutado no haya opuesto excepciones, en oportunidad de dictarse la sentencia, cabiendo incluso la posibilidad de que la inhabilidad del título sea declarada de oficio por el tribunal de alzada, con motivo del recurso interpuesto contra dicha sentencia (Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3ª reimpresión, 1990, Tº VII, n° 1069, ap. b, pág. 391). -------------------------------------------------- --------- Se advierte que el examen que realiza el juez al promoverse la ejecución, está encaminado a establecer si el título presentado tiene aptitud para fundar la acción ejecutiva y si se reúnen los presupuestos procesales: competencia, legitimación procesal, etc. En consecuencia, es la determinación prima facie del presupuesto de ejecutividad, lo que no importa prejuzgamiento y tampoco hace cosa juzgada. El auto que dispone librar el mandamiento de embargo no es más que un acto procesal de sustanciación, necesario para la formación del proceso, careciendo, en consecuencia, de los efectos propios de la sentencia, que, en definitiva, es la que decidirá sobre la admisibilidad o el rechazo de la acción (cfr. Ravelli, Carlos H., "Juicio Ejecutivo. La segunda oportunidad para examinar la eficacia del título ejecutivo", La Ley, 1982-C-346, Cita Online: AR/DOC/454/2001). ---------- --------- En el actual proceso monitorio, el art. 493 del C.P.C. establece que el Juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución, y si hallare que es de los comprendidos en los arts. 486 y 487, y que se encuentran cumplidos los presupuestos procesales, dictará sentencia monitoria mandando llevar adelante la ejecución. Es decir, que si no hay oposición por la parte demandada dicha sentencia adquiere firmeza procesal y la oportunidad de revisión se limita a esa primera oportunidad. Situación distinta de la que produce si la parte ejecutada deduce alguna excepción de las previstas en el ordenamiento procesal donde, además de la primera valoración, volverá a analizar el título que se pretende ejecutar. ------------------- --------- En mérito a las conclusiones doctrinarias y jurisprudenciales ut supra relacionadas, debe destacarse que la Cámara tiene la potestad y el deber de efectuar el análisis de la validez del título cuando conoce una resolución por vía de apelación, sin que corresponda limitar sus atribuciones a los supuestos de haberse opuesto excepciones, porque resulta indiferente que la falta de idoneidad la dicte la Jueza de primera instancia o el Tribunal de Apelación, dado que la obligación no es exclusiva de aquélla sino extensiva a la segunda instancia. --------------- --------- En este punto concluimos que la facultad de examinar el instrumento y la concurrencia de los presupuestos procesales al dictar sentencia, no pueden quedar excluidos en virtud de no haberse opuesto excepciones, porque siendo los mismos los presupuestos de ejecutividad, dicha facultad no puede supeditarse a la actitud procesal de los litigantes, cuyo silencio no debe ser considerado como consentimiento o aceptación. ------------- --------- Es que el examen del título ejecutivo puede practicarse en la Alzada, aun en defecto de excepción opuesta (Cám. Civ. Com. de Rosario, Sala III, 26-02-1996, "Boin, Pedro c/ Segarra, Diego", citado en Amadeo, José Luis, "Juicio Ejecutivo - Análisis jurisprudencial", Rubinzal-Culzoni, 1ª edición, Santa Fe, 2004, pág. 22). -- --------- 3. Aclarada la cuestión de las facultades de este Tribunal de analizar la habilidad del título y recordando que las particularidades que presenta el caso examinado hacen necesaria una respuesta especial, conforme las constancias obrantes en el expediente ya que el tema no puede resolverse de manera lineal, se advierte que el instrumento ejecutado no puede ser considerado pagaré y procedería a su respecto la excepción de inhabilidad. Ello es así pues el art. 102 del Decreto-Ley N° 5.965/63 en adelante L.C.A., dispone que el título al cual le falte alguno de los requisitos indicados en el art. 101 no será válido como pagaré, y entre esos requisitos se encuentra la indicación del lugar en que el título ha sido firmado. --------------------------------------- --------- En el sub examine el documento ejecutado carece de la expresión del lugar y fecha de emisión del instrumento caratular, es decir, no cumplimenta la totalidad de los requisitos extrínsecos esenciales que exige la ley cambiaria, sin que dicha omisión pueda ser subsanada por el lugar o domicilio que aparezca al lado del nombre o de la firma del suscriptor. La doctrina y la jurisprudencia son unánimes en este sentido, pues la ley es perfectamente clara respecto del punto. -------------------------------------- --------- Gómez Leo sostiene que conforme a la ley vigente el pagaré que carezca de especial indicación de dónde fue creado o librado, no vale como tal por falta de un requisito extrínseco esencial, que no puede ser suplido por aplicación analógica del art. 2°, párr. 4°, L.C.A., para la letra de cambio (Gómez Leo, Osvaldo R., "El pagaré - Estudio Integral. Doctrina. Jurisprudencia", Ed. Depalma, Buenos Aires, 1988, pág. 63). Cabe señalar como dato ilustrativo, que el art. 101 del referido Decreto-Ley N° 5.965/63 fue posteriormente modificado por las Leyes Nac. Nos 27.264, art. 52 [B.O. 01-08-2016] y 27.440, art. 196 [B.O. 11-05-2018]; sin embargo, el original inc. 6º del art. 101 y actual inc. 'f', no sufrió ningún cambio ni variación. -------------------------------------------- --------- Así, la presencia de defectos formales -que apuntan a la no concurrencia de los recaudos previstos respecto del pagaré- frustra la existencia del título cambiario (arts. 2 y 102, L.C.A.) y pone en serio cuestionamiento su habilidad ejecutiva. Es que el cumplimiento de los recaudos legales de los arts. 1 y 101, ibid., no es realmente una cuestión de forma, ya que se trata de exigencias de contenido de la declaración cambiaria de creación del instrumento, consideradas por el legislador como fundamentales para su identificación como título con valor cambiario. ------------------------------------------------ --------- Debe someterse al instrumento base de la ejecución a un análisis objetivo y enmarcado en el plexo de atribuciones legalmente conferido al sentenciante, para determinar si el mismo reúne o no los requisitos exigidos normativamente para ser canalizado -válidamente y con éxito- a través de la vía ejecutiva (ver ejemplificativamente en tal sentido lo decidido en Cám. Apel. Civ. Com., Rosario, Sala IV, 14-11-1980, 'Pérez, Hugo J. c/ Viviani de Abascal, Clyde N.', SP La Ley, 981-392 [585-SP]; Cám. Nac. Civ., Sala B, 28-05-1993, 'Obras Sanitarias de la Nación c/ del Carril de Velarde, María L. y otro', La Ley, 1994-E-708, J. Agrup., caso 10.061; ídem, sala A, 16-11-1993, 'Vegnaduzzi, Ana M. y otros c/ Abas, Raquel', La Ley, 1994-A-105). -------------------------- --------- La falencia en cuanto a la indicación acerca del lugar en que fue firmado, conspira contra la fuerza ejecutiva del pagaré, pues éste es un título en el que la forma -tal la indicación del lugar de creación- reemplaza a la sustancia y posee carácter constitutivo, por lo que su falta lo lleva a la categoría de simple documento quirografario probatorio (Cám. Civ. Com. Laboral y Paz Letrada, Curuzú Cuatiá, 11-03-1998, Aguas de Corrientes S.A. c/ Dufourt, Reynaldo, Rep. La Ley, LIX, J-Z, pág. 1799, nº 18). ------------------- --------- Es que la L.C.A. establece con claridad que el título al cual le falte alguno de los requisitos exigidos, sin que se operen las suplencias previstas, no tiene valor como letra o pagaré (arts. 1, 2, 101 y 102, ibid.). De ahí que el derecho cambiario sea calificado como esencialmente formal, asumiendo la forma carácter constitutivo. La eficacia de las obligaciones contenidas en el título dependen y están íntimamente vinculadas a la observancia de las formas impuestas por la ley (cfr. Bergel, Salvador D. y Paolantonio, Martín E., "Acciones y excepciones cambiarias", Buenos Aires, Depalma, 1992, Tº I, pág. 290). -------------------------------------------------------- --------- En igual sentido, hay abundante jurisprudencia que avala esa posición. Así, se ha decidido que el documento que no contiene lugar de creación -art. 101, inc. 4º, L.C.A.- queda invalidado como pagaré, conforme a lo dispuesto en el art. 102 de dicha normativa (Cám. Nac. Com., Sala A, La Ley, 1975-A-672; Cám. 2ª C.C. Córdoba, Rep. La Ley, Tº XXXV-1037); si el título acompañado por el accionante carece de la indicación del lugar y fecha de su libramiento, exigida por el art. 101, inc. 6º, del Decreto-Ley N° 5.965/63, de acuerdo con lo estipulado por el artículo siguiente del mismo decreto, no resulta válido como pagaré (Cám. Nac. Com., Sala B, 28-11-1975, La Ley, 1976-D-654). --------------------- --------- Ésta es la posición que reiteradamente viene sosteniendo esta Cámara de Apelaciones de Paz Letrada (entre varios otros, "Rochetti, Héctor Aldo c/ Salinas, Arsenio y otro - Ejecutivo", P. de A., T° 25, Fos 146/149, 09-08-2002; Autos N° 3.612, caratulados: "Soria, Ernesto Omar c/ Chatard, Sebastián - Ejecutivo", P. de A., N° 65, Fos 39/41, 26-06-2009; Autos Nº 4.453, caratulados: "Llosa, Cecilia Eva c/ Huerta, Alfredo - Ejecutivo", 25-06-2013, P. de A., Tº 83, 2013, Fos 24/29). No obstante ello, las ya señaladas particularidades de la causa y razones de economía procesal nos llevan a admitir una posición procesalmente más flexible de la interpretación sobre el contenido de la caratular -cuestión primariamente de derecho sustancial- y la admisión de la fuerza ejecutiva del documento cambiariamente nulo -tema primordialmente de derecho procesal-. ------------------------------------------------------- --------- Tal postura se ve avalada en el caso bajo examen por el reconocimiento tácito de la existencia de la deuda por el silencio del propio ejecutado frente a reiteradas notificaciones cursadas en el domicilio denunciado en el pagaré (ver mandamiento de fs. 7 y vta., infra; cédulas de fs. 33 y vta.; 43 y vta., recibida por una persona con el mismo apellido del demandado; 57 y vta. y 62 y vta.), y el embargo practicado sobre los haberes que éste percibe como empleado del Ministerio de Educación de la Provincia.- --------- 4. Sentado lo anterior, cabe señalar que parte de la jurisprudencia -a cuyas conclusiones adheriremos para este caso en particular y por los motivos ya reseñados- estima que para permitir la ejecución de pagarés formalmente inválidos hay que distinguir entre las nociones de título valor cambiario (regulado por el ordenamiento sustancial) y título de naturaleza ejecutiva (reglamentado por el ordenamiento procesal). En esos casos, la habilidad ejecutiva del título formalmente viciado derivaría de su subsunción en el art. 486, inc. 2º, del C.P.C. De esta manera operaría como un documento quirografario continente de un compromiso de dar sumas de dinero. Razones de economía procesal y la aplicación del principio iura novit curia sustentarían esta conclusión acerca de la viabilidad ejecutiva del pagaré nulo. -------------------------- --------- Frente a esta situación y al resultar nulo como pagaré el título que se ejecuta, carece de relevancia que esté eximido de ser presentado al cobro por la inclusión de la cláusula 'sin protesto' y menos aún que tenga valor y vigencia la supuesta cláusula de intereses incluida de forma manuscrita. ----------------------------------------------------- --------- En función de ello, consideramos adecuado que los intereses corran a partir de la notificación al ejecutado del mandamiento y sentencia monitoria y tal como lo especifica la Ley Prov. Nº 9-O, en su art. 1, los intereses que se devenguen en juicios tramitados ante los tribunales ordinarios de la Provincia, serán determinados de acuerdo con el tipo de interés vigente para las operaciones comunes de descuento que establezca el Banco de la Nación Argentina en su sucursal San Juan. --------------------------- --------- IV. Por ello, en uso de la jurisdicción del Tribunal estimulada por el recurso de apelación examinado y para construir una solución que conduzca a preservar el proceso ejecutivo a pesar de declarar la inhabilidad sustancial del pagaré ejecutado y considerar que el título se encuadra en el art. 486, inc. 2º, primera parte, del C.P.C., corresponde reestructurar el pronunciamiento de primera instancia de fs. 23 y vta. De resultas de ello, quedará redactado como sigue: "1) Declarar la inhabilidad sustancial del pagaré obrante en copia a fs. 1 y considerar que se ejecuta un instrumento privado en los términos el art. 486, inc. 2º, primera parte, del C.P.C. 2) Ordenar se practique planilla de liquidación actualizando el capital desde la fecha de notificación del mandamiento de intimación de pago, citación para oponer excepciones y sentencia monitoria, de acuerdo con la tasa de interés vigente para las operaciones comunes de descuento que establezca el Banco de la Nación Argentina en su sucursal San Juan. 3) Aplicar igual tasa de interés a los depósitos efectuados por el Ministerio de Educación, desde la fecha en que ingresaron al Juzgado". ------------------------------------------------------- --------- En lo que se refiere a las costas de la segunda instancia, entendemos que atento a las particularidades de la causa, la índole de la cuestión analizada, el modo como ésta se resuelve y que la solución a la que se arriba fue decisión de este Tribunal en uso de la jurisdicción estimulada por la concesión del recurso de apelación, resulta adecuado que aquéllas sean soportadas en el orden causado (cfr. mutatis mutandis, arts. 66, 2° párr., y ccds. del C.P.C.); dejándose debida constancia de que no existe actividad computable a los efectos regulatorios de honorarios por parte de letrado alguno del demandado. ---- --------- Por lo expuesto, normas legales, doctrina y jurisprudencia citadas, la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada Resuelve: --------------------------------------- --------- I) En función de lo determinado en el considerando pertinente, la parte resolutiva de la resolución de fs. 23 y vta. queda configurada del siguiente modo: "1) Declarar la inhabilidad sustancial del pagaré obrante en copia a fs. 1 y considerar que se ejecuta un instrumento privado en los términos el art. 486, inc. 2º, primera parte, del C.P.C. 2) Ordenar se practique planilla de liquidación actualizando el capital desde la fecha de notificación del mandamiento de intimación de pago, citación para oponer excepciones y sentencia monitoria, de acuerdo con la tasa de interés vigente para las operaciones comunes de descuento que establezca el Banco de la Nación Argentina en su sucursal San Juan. 3) Aplicar igual tasa de interés a los depósitos efectuados por el Ministerio de Educación, desde la fecha en que ingresaron al Juzgado". -------------------- --------- II) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado, dejándose debida constancia de que no existe actividad computable a los efectos regulatorios de honorarios por parte de letrado alguno del demandado. ------------------------------------- --------- III) Protocolícese, notifíquese, agréguese copia autorizada a los autos y bajen, previa reposición de sellado si correspondiere. ----------------- Fdo: VÍCTOR BAZÁN - PRESIDENTE; MARÍA ESTHELA TONELLI-VOCAL.- P. de A. N° 99, fs.47/55.