Sistema previsional, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOBO DE CABRERA PAULÍ, ELENA c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA. s/ AMPARO -  RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-05-05

La máxima aspiración de los sistemas previsionales es que la actualización de los haberes se realice de modo tal que le permita mantener el nivel de vida alcanzado durante su actividad laboral dentro de una razonable proporcionalidad. La Ley 8024 y aún la reglamentación impugnada, Decreto 1777, no sólo garantizan este anhelo sino que aún van más allá.

En efecto, postulan que el jubilado mantenga el mejor nivel de vida que tuvo en sus últimos años cuando sus salarios eran los más altos. Es decir que el sistema previsional de Córdoba sigue manteniendo el ochenta y dos por ciento móvil del mejor sueldo del activo, el que representa comparativamente un alto porcentaje pese a las dificultades financieras que acusa el sistema local.

Si bien el Decreto 1777 pone en evidencia dificultades financieras del sistema previsional local, sin embargo las soluciones aplicadas en el sub examine se ajustan a los pos5tulados constitucionales.

Viene en definitiva a corregir una deficiente interpretación del texto constitucional dejando sin efecto la reglamentación tácita desviada que "otorgaba operativamente un derecho subjetivo en base a una irregular interpretación del sistema normativo superior".

El incorrecto plus acordado, sólo pudo tener cobertura jurídica en la medida en que se lo enmarque en una "liberalidad o gracia" que pudo haber otorgado el Poder Ejecutivo valorando la oportunidad, mérito y conveniencia en un momento circunstancial determi nado.

Atento su naturaleza precaria y esencialmente revocable, es insusceptible de generar por sí derechos adquiridos, salvo en lo que respecta a los montos ya percibidos e incorporados al patrimonio. Empero, ajustarlos para el futuro como lo hizo el Decreto 1777, constituye un obrar que condice plenamente con el orden jurídico vigente.

Esta normativa provincial tiene un doble objetivo, entonces: a) corregir una disfunción, aplicada de un modo operativo generoso al dejar sin efecto una reglamentación tácita que inconstitucionalmente le creaba un falaz derecho subjetivo al plus que supera el real 82% móvil del sueldo "líquido" del activo; y b) dejar sin efecto "la liberalidad o gracia" por motivos de mérito que se inordinan en las razones financieras expresadas, a partir de la emisión de la nueva reglamentación.

El Decreto atacado no irroga agravio constitucional pues no existe un derecho adquirido al mantenimiento de reglamentaciones tácitas u operativas que no constituyen derivación razonada de la ley con ar reglo a la Constitución.

En definitiva, los principios establecidos por la Constitución Nacional, los tratados internaciones y la Constitución Provincial se encuentran asegurados en el decreto atacado, que sigue garantizando prestaciones móviles, proporcionales, sustitutivas e integrales, sin que haya producido deducción del ochenta y dos por ciento (82 %) establecido por la ley, sino que adecua su aplicación a su justa medida.