marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Transporte de carga por agua, despacho de buques, notificación
Materia: PROCESAL-NAVEGACION-COMERCIAL
Carátula: ANTORCHA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. GLACIAR VIEDMA Y OTRO s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29

Acatar en este juicio lo decidido por la Corte Suprema con respecto a la interpretación del art. 264 de la ley de navegación, no significa que comparta los fundamentos de ese tribunal, ni que la doctrina plenaria de esta cámara en la causa "La Buenos Aires c/Buque Esther Schulte de 21.9.92, adolezca de una injustificada rigidez como se dice en el considerando 8 del fallo de la corte.

Pero precisamente porque esa doctrina plenaria se debe ajustar a las circunstancias de cada caso, aun después de ella hemos aceptado la eficacia de notificaciones que carecían de esos requisitos de precisión del día, hora y lugar de la descarga, cuando, de todos modos, se satisfacían los fines que inspiraron al citado art. 264. Y es por ello que en virtud de la jurisprudencia de esta Sala, el rechazo de la demanda del consignatario, en este caso de su aseguradora, cabe porque, como lo recuerda la misma Corte Suprema en el segundo párrafo a retirar la mercadería al costado del buque, no porque se hubiera omitido una notificación en forma, sino porque no contaba con los documentos originales de embarque. Es decir, cualquiera que hubiere sido la imperfección en el tenor de la notificación enviada por la armadora, la consignataria no hubiera podido retirar la mercadería por motivos a ella imputables y es por esa razón que los riesgos consecuentes le deben ser atribuidos.
Prueba pericial, pedido de explicaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Galante, Fernando Félix c/ Municipalidad de Junín s/ Indemnización por accidente de trabajo Quiróz, Ramón Federico c/ Aldo Ginzo y Cía. s/ Indemnización por accidente de trabajo Besada, José c/ SOMISA s/ Indemnización enfermedad-accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02|1988-02-16|1992-09-15

La pericia médica se integra con las declaraciones verbales del experto expuestas en la vista de causa.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Solis, Juan Bautista s/ Robo y robo agravado por homicidio en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal alegando que las atenuantes valoradas no fueron realmente justipreciadas para la disminución de la pena, si la defensa no demuestra que conforme ellas la pena haya debido ser menor.
Fundamentación insuficiente, acción meramente declarativa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Coney, Néstor Oscar s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-11

La sentencia carece de motivación si en ella se han elaborado proposiciones y conclusiones en contravención con el principio lógico de razón suficiente, pues se ha partido de circunstancias ciertas, pero sobre la base de ellas se ha fundado una conclusión conjetural, no derivada necesariamente de aquéllas, ya que admiten otras interpretaciones. Es así que si entre el indicio y la conclusión no existe una relación necesaria sino meramente contingente, el decisivo razonamiento de la sentencia impugnada carece de posibilidad de sustentar válidamente la declaración de certeza que requiere todo pronunciamiento condenatorio.
Reforma de la constitución, ley derogada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Francica Francisco (ex feria julio 14/98) c/ Metrogas S.A. s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-30

Las leyes anteriores a una reforma constitucional no son automáticamente derogadas por ella en tanto no sean contradictorias sus disposiciones (Fallos: 223:156; 232:387; 253:469; 266: 314).

(Consid. 4º).
Obligaciones del empleador, entrega del certificado de trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: F., E. A. c/ D. A. L. S. A. s/ DEMANDA LABORAL (Indemnización y cert. de servicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-10

"La indemnización del art. 80 de la LCT no se encuadra en esa descripción (se refiere a la doble indemnización), pues no constituye un resarcimiento derivado de la denuncia inmotivada del contrato, sino que reconoce una causa totalmente distinta: El incumplimiento del empleador a la obligación de extender el certificado de trabajo o la constancia documentada de aportes.

Esta última obligación no se genera solo en los casos de despido sin causa justificada, ya que a) el empleador debe entregar el certificado de trabajo cuando el contrato "se extinguiere por cualquier causa" y b) la constancia de aportes puede ser exigible aun "durante el tiempo de la obligación".

De ahí que el trabajador puede hacerse acreedor a la indemnización prevista en la ultima parte del citado art. 80 incluso en supuestos de extinción no alcanzados por el art. 16 de la ley 25561 (v.gr., en caso de renuncia del trabajador o de despido con justa causa) y hasta en contratos de trabajo vigentes (si el empleador no entrega al trabajador la constancia de aportes mediando "causa razonable" que la hicieren exigible)".
Desacato, cuerpo del delito
Materia: PENAL
Carátula: Conde Mario Oscar s/ Lesiones leves y daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15

El cuerpo del delito del desacato reclama, para su completividad, que se encuentre determinada claramente la "provocación a duelo", la "amenaza", la "injuria" o la "ofensa", siendo necesario que las expresiones verbales proferidas o las actitudes adoptadas por el sujeto activo sean explicitadas tal cual han ocurrido y no haciéndose referencia a ellas, de la misma manera como las describe el tipo penal o aludiéndose genéricamente a "insultos". Para que se configure el delito de injuria la persona afectada debe describir crudamente la conducta que lo ha tenido por destinatario, más no catalogar a ésta, dado que tal tarea es de orden jurisdiccional.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, prescripción, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, ley nacional, jerarquía administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COMISION DE FOMENTO DE SANTA ISABEL c/ LITORAL GAS S.A. Y OTRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 342  AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-11-13

Si bien lo atinente al régimen de prescripción aplicable es materia propia de los jueces de la causa y, como tal, exenta en principio de revisión constitucional y que, además, la respuesta jurisdiccional brindada por el a quo coincide con las consideraciones de esta Corte vertidas in re "Comuna de Recreo contra Santirocco Ana María sobre Apremio", la posición enfáticamente sustentada en recientes precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga a abordar el agravio desde una nueva perspectiva.

En efecto, el Alto Tribunal nacional en el caso "Recurso de hecho deducido por Abel Alexis Latendorf (síndico) en la causa Filcrosa S.A. s/ Quiebra s/ Incidente de Verificación de Municipalidad de Avellaneda" (del 30.9.2003), por mayoría, y refiriéndose a normas que regulaban la prescripción de tasas municipales, otorgó preeminencia a las disposiciones del Código Civil derivadas del artículo 75 inciso 12, entendiendo que como consecuencia de la delegación allí contenida "la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la legislación nacional, por lo que no cabe a las provincias -ni a los municipios- dictar leyes incompatibles con lo que los códigos de fondo establecen al respecto ya que, al haber atribuido a la Nación la facultad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan" (considerando 9 del voto de la mayoría).
Caución real, falta de prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Peralta, Fernando Sergio c/ Smieth, Héctor Osvaldo y otros s/ Medida cautelares de la  DNPI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-10

Si bien los demandados no han intentado acreditar aquellos perjuicios, ni siquiera de manera preliminar, tal circunstancia no constituye un óbice para que el Tribunal los aprecie de manera prudencial habida cuenta de que si ello es factible hacerlo en la sentencia definitiva, con mayor razón debe acudirse a esas facultades cuando se trata de establecer el monto de una caución en el marco de un proceso cautelar, toda vez que no es necesario requerir entonces una certeza incontrastable, sino, simplemente, la mera posibilidad de que el daño se produzca.
Producción de la prueba, prueba anticipada, defensa en juicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Tel Telecomunicaciones SA c/ Telefónica de Argentina SA s/ ordinario.  c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-27

Cabe rechazar el pedido de producción de prueba informática anticipada, cuando tal diligencia tiende a preconstituir prueba a fin de consolidar la posición de la parte actora, lo cual puede afectar el derecho de defensa en juicio de la parte demandada, extremo que no se vería sorteado por la citación contemplada en el último párrafo del CPR 327, en atención a la limitación de tal actuación, si se contempla que la accionada ni siquiera conoce el contenido de la demanda. Y cuando no se advierten acreditados los requisitos necesarios para admitir la medida pretendida -pericial informática-, la que sólo sería procedente en situaciones de suma gravedad, pues no es suficiente a esos fines la sola invocación de la posibilidad de que la demandada pueda llegar a modificar la prueba en su beneficio o que la espera hasta el período probatorio implique ponerlos sobre aviso y darles más tiempo para obrar de dicho modo, sin constancias u otros indicios que permitan inferir que ello pudiera suceder realmente (esta CNCom, esta Sala A, 20/02/07, "Groisman Débora Fernanda c/ Camare SRL y Otros s/ diligencia preliminar").
Competencia previsional, anticipos previsionales, cobro de sumas de dinero
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: "Mº  Relaciones  Exteriores  Comercio Internacional Culto c/ FerroCarlos Aldemar s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-24

Es competente la Justicia Federal de la Seguridad Social para entender en el cobro de pesos pretendido por la actora con motivo del anticipo de jubilación que le habría otorgado al demandado en los términos del art. 79 de la ley 20.957 hasta que el beneficio jubilatorio le fue concedido, porque las sumas reclamadas por la actora, en principio, guardarían una estrecha vinculación con la jubilación que en definitiva se le otorgó al demandado y que posee naturaleza previsional.
Simulación, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: PERRONE LUIS c/ PERRONE, FRANCISCO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-14

Si bien la carga de la prueba recae sobre quien alega la simulación art. 377 C.Procesal, le cabe al accionado por simulación el deber moral de aportar los elementos tendientes a demostrar la seriedad del acto, más aún cuando éste pretende la escrituración del negocio cuestionado.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Corazza, Juan s/ Sucesión testamentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-08

El principio de congruencia reviste en nuestro ordenamiento jurídico jerarquía constitucional, pues afectan las garantías reconocidas por los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional los pronunciamientos judiciales que desconocen o acuerdan derechos que no han sido objeto de litigio entre las partes o exceden el límite cuantitativo fijado en la demanda.
Sentencia, ejecución de sentencia, contenido de la sentencia, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIDARTE EDUARDO DANIEL c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ALLUB RICARDO F. Y PEREYRA TERESA DEL V. c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-REC.CONTENC.ADMINIST.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-07-31|2013-09-09

Cuando el cumplimiento de una sentencia afecta gravemente un interés público, la administración, como órgano responsable de gestionar ese interés, puede -en algunos casos y de manera fundada- suspender su ejecución o sustituir la condena por un resarcimiento patrimonial. La facultad de la Administración Pública de postergar o de sustituir un mandato judicial por una indemnización no es una atribución de carácter político o de gobierno. Tampoco una facultad, según la cual pueda modificar las sentencias de condena dictadas en su contra, por otras que discrecionalmente estime más apropiadas. La administración no sustituye ni modifica la declaración de derecho contenida en la sentencia. No sanea el acto declarado ilegítimo, sino que se produce una transformación del mandato contenido en la sentencia de condena, por otro que, respetando la incolumidad patrimonial del beneficiario, no afecte o lesione el interés público.
Docentes, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Matera Durán, Blanca c/ A.N.S.E.S. y otro s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-10

Tratándose de una jubilación ordinaria de docente provincial (en el caso, de San Luis) cesada con poste-rioridad al traspaso de los afiliados activos al ámbito nacional, es válido afirmar que quien demanda quedó incluida en el régimen previsional especial creado para esa actividad por la ley 24.016, que en el art. 4 dispone que "el haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal docente será equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual del cargo u horas que tuviera asignado al momento del cese, o bien a la remuneración actualizada del cargo de la mayor jerarquía que hubiere desempeñado por su carrera docente por un lapso no inferior a 24 meses, ya sea como titular, interino o suplente .", aún cuando limitó esa cuantía al 70% sólo "por excepción y por el lapso de 5 años, a partir de la promulgación ." (cfr. doctrina sentada por la C.S.J.N. a propósito de otro régimen transferido -se trataba del dispuesto por el Dec. 1044/83 para funcionarios de la ex Municipalidad de la Ciudad de Bue-nos Aires- in re "Arrúes, Abraham David Segismundo", sent. del 30.05.06).
Estafa, fraude
Materia: PENAL
Carátula: GRASSINO HUGO ALBERTO Y OTRO s/ ASOCIACION ILICITA - ESTAFA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-06-03

No se requieren despliegues, ni trampas astutamente urdidas para que el fraude se tenga por consumado. Sólo basta que se utilicen medios singulares, hábil y mañosamente urdidos, en forma tal de generar errores determinantes de disposiciones patrimoniales perjudiciales en las víctimas. El tipo legal del art. 172 C.P. se estructura sobre la base de lo que el sujeto hace y no por lo que la víctima deja de hacer.-
Sentencia condenatoria, prisión, lesiones leves, coacción, concurso real, apreciación de la prueba, WhatsApp, hostigamiento o maltrato, daño psíquico
Materia: PENAL
Carátula: Pioli Patricio Amalio. Coacción y Lesiones Leves Calificadas en Concurso Real c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2021-06-07

Corresponde condenar al imputado a la pena de prisión de cinco (5) años de cumplimiento efectivo, a cumplir en las instalaciones del Servicio Penitenciario Provincial, por ser considerado autor penalmente responsable y culpable de los delitos de coacción y lesiones leves calificadas en concurso real -arts. 89, 92, 149 bis segundo párr. y 55 del CP-, pues valorando las pruebas recibidas en el debate se encuentra probada la materialidad de los hechos endilgados, con la certeza que se requiere en esta instancia. Se trata de una situación de agresiones verbales y publicaciones de fotos íntimas en un grupo de WhatsApp desde donde se difundieron ampliamente. Cabe indicar que los sistemas mensajería instantánea entre personas, como WhatsApp, se han configurado como un método probatorio por excelencia para acreditar hechos que las partes hayan afirmado como fundamento de sus derechos. Por esta razón, los diálogos, audios, imágenes o videos que se comparten en tales conversaciones se han convertido en una importante fuente de prueba que puede ser introducido al juicio a través de los diversos medios de prueba consagrados en la normativa ritual. La doctrina define técnicamente a las capturas de pantalla, como aquella imagen digital de lo que debería ser visible en un monitor de computadora, televisión u otro dispositivo de salida visual.

Toda la violencia y hostigamiento hacia la víctima concomitantes y posteriores a la situación coactiva experimentada, provocaron en ella un daño psicológico, un daño o quiebre en su salud mental desvalimiento y sensación de encontrarse en situación de peligro real, perdiendo la confianza y seguridad en sí misma.
Expropiación, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fiscalía de Estado c/ Bea, Enrique s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

No resulta ajustada a derecho la decisión que afirma que no está sancionada con nulidad la pericia que no satisface las exigencias del art. 12 de la ley 5.708. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Conflicto de poderes, conflicto interno municipal, desviación de poder
Materia: ADMINISTRATIVO-POLITICO-PROCESAL
Carátula: Soria, Adolfo Omar - Presidente del Concejo Deliberante de Huillapima c/ Concejo Deliberante de Huillapima s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-09-03

Esta Corte de manera uniforme ha conceptuado al conflicto de poderes, precisando, en relación a uno de los supuestos- conflicto interno municipal-, que éste se configura no sólo cuando la contienda se plantea entre el Poder Ejecutivo Municipal y el Cuerpo Deliberativo, sino también cuando se produce en el seno de este último, siempre que la existencia del diferendo sea irreversible en su propio ámbito y imposibilitando el normal funcionamiento del Cuerpo. En esta materia la Corte interviene ejerciendo una especie de contralor extraordinario y excepcional tendiente, básicamente, a verificar la legalidad y constitucionalidad del procedimiento seguido para determinados actos por parte del Concejo, verbigracia: si se obtuvo la mayoría necesaria para la decisión, si se respetó la defensa en juicio y el debido proceso etc., pero no para revisar la cuestión de fondo, analizando si los motivos y argumentos de la decisión son correctos, ya que de ningún modo se pretende sustituir el criterio de los concejales por el criterio de la Corte. Únicamente puede surgir la facultad de la Corte para rever una medida, cuando se haya producido una flagrante y grosera arbitrariedad, violándose el límite de la interpretación razonable en donde los miembros del Concejo Deliberante hubieran incurrido en desviación de poder.
Personal municipal, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tidone, Leda Diana c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-18

Cuando el Departamento Ejecutivo reglamenta el pago del adicional por título, excluyendo de su pago a quienes hubiesen sido designados en razón del título que los habilite para la función, revela que no se ha sujetado a las exigencias de rango constitucional que establecen la jerarquía normativa e imponen, por consecuencia, la articulación entre la ley y el reglamento teniendo en cuenta la coherencia normativa en virtud de la cual la ley precede al reglamento y no puede ser derogada por éste, ya que el reglamento de ejecución no puede establecer, como en el caso, una limitación que no surge del texto reglamentado.
Usurpación de inmueble, error de tipo, delito culposo
Materia: PENAL
Carátula: BECERRA, DANIEL H. s/ USURPACION - TIPICIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-27

Como la forma imprudente o negligente no está prevista para la usurpación, al existir un error de tipo excusable - que excluye el dolo, dejando subsistente la culpa -, por falta del aspecto subjetivo, la conducta del encausado es atípica.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, juicios contra el Estado, sistema previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Córdoba, provincia de c/ Estado Nacional s/ cumplimiento de convenio y cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-14

Corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema la causa en la que la Provincia de Córdoba promueve demanda contra el Estado Nacional, a fin de obtener el cumplimiento del Convenio 80/09, denominado "Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba para los Ejercicios 2010-2011", suscripto el 18 de diciembre de 2009 y aprobado por la ley provincial 9721, así como el pago de una suma de dinero en concepto de capital adeudado con sus intereses ya que es la única forma de conciliar la prerrogativa de la provincia a esta competencia (art. 117 de la Constitución Nacional) con el derecho al fuero federal que tiene el Estado Nacional (art. 116).

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Empleados públicos, descentralización hospitalaria, incapacidad permanente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: POZO RAQUEL (EXPTE. N°  85.989) c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA s/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2008-05-07

A los fines del art. 49 de la ley 5811, corresponde verificar si se encuentran cumplidos los requisitos exigidos por la norma, esto es: a) no es exigible que se concluya el "período de reserva de empleo"; b) incapacidad absoluta y permanente; c) acto administrativo pertinente de cesación de funciones del agente. En consecuencia, verificados los mismos, corresponde el pago de la indemnización prevista, con más sus intereses legales desde la fecha de su devengamiento y hasta su efectivo pago.
Daños y perjuicios, consecuencias remotas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MORATELLO JUAN c/ LUIS AREBALO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S084 - 182)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-02

La circunstancia de carecer el actor de los medios necesarios para hacer frente al pago de los arreglos, en forma inmediata, es en principio, una consecuencia dañosa por la que el accionado no debe responder.