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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, ofensas cometidas por medio de la prensa, injurias, exceptio veritatis
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Z., G. L. - G., E. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -QUERELLA POR INJURIAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 476 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-03-19

Es inadmisible el recurso se inconstitucionalidad desde que las críticas dirigidas al tramo sentencial que tuvo por no justificada la existencia de un "interés público" en juego, en rigor se circunscriben a una cuestión de interpretación de la norma contenida en el artículo 111 del Código Penal, a la cual intenta asignarle un alcance diferente al que le otorgara la Sala, mas sin lograr demostrar que ésta haya asignado una hermenéutica irrazonable del precepto aludido como para merecer reproche constitucional.

En el caso, frente a la solución brindada por el Tribunal respecto de que cabía confirmar la condena impuesta en primer grado de conocimiento por el delito tipificado en el artículo 110 del Código Penal por cuanto -básicamente- las expresiones dirigidas al querellante eran objetivamente injuriosas sin que se acreditara en el proceso la configuración de la "exceptio veritatis" (art. 111, C.P.), los recurrentes intentan oponer su particular enfoque del caso sosteniendo -en resumidas cuentas- que los términos no estaban dirigidos al accionante sino a los directivos de la entidad, que carecían de idoneidad para ser considerados lesivos al honor de las personas y que el "interés publico" tornaba aplicable la justificación de la conducta en el marco de la excepción propuesta.
Cuestiones de competencia, competencia por el territorio, consentimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: CONFINA SANTA FE S.A. c/ STADELMAN, MARGARITA SUSAN s/ CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 568 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-11

El artículo 2, in fine de la ley 10160 dispone que "salvo el caso de competencia por conexidad, la respectiva cuestión de incompetencia sólo puede promoverse por la vía que corresponde antes de haberse consentido la competencia que se reclama, después de ello, la incompetencia no es declarable de oficio".

En el sub lite, habiéndose consentido la competencia del Juzgado de Circuito conasiento en la ciudad de Santa Fe y conducido la causa al estadio de dictado de sentencia (avanzado trámite), resulta plenamente operativa la norma citada que veda al órgano jurisdiccional la posibilidad de declarar de oficio la incompetencia en ese estado, por más que la Ley de Tarjetas de Créditos adjudique la competencia territorial al juez del domicilio del titular en los supuestos en que se trata de dirimir controversias entre éste y el emisor.
Caducidad de instancia, vía recursiva
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ TODOHIDRO  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-11-15

Surge con evidencia la caducidad de la segunda instancia operada desde que concluyó el plazo de suspensión acordado hasta el acuse opuesto, por cuanto han transcurrido cuatro meses y dos días desde que se reanudaron los plazos suspendidos a pedido de parte, esto es, un término superior al de 3 meses establecido por el art. 288, inc.

2 del C.P.C.C., no siendo obstáculo a lo expuesto que en la providencia que acuerda el plazo de suspensión pedida improcedentemente también con posterioridad, se ordenara notificar la reanudación del plazo suspendido.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestiones de hecho y prueba, acción meramente declarativa, adquisición del dominio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CACERES, FERNANDO c/ NISTA, ROQUE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-06-27

Corresponde rechazar la queja, desde que las cuestiones analizadas carecen de virtualidad para hacer excepción al criterio conforme al cual las cuestiones relativas a la valoración de extremos de hecho y prueba y la interpretación de normas procesales, en principio, están reservadas a la decisión de los jueces de la causa y no deparan materia idónea en orden a lograr el acceso a la vía excepcional intentada.

En efecto, en la sentencia impugnada el Tribunal a quo hizo suyos los fundamentos del juez de baja instancia cuando -a su turno- consideró inadecuada la acción mere declarativa para declarar el derecho de propiedad invocado; destacando además que esa pretensión de tutela preventiva colisiona con la acción de prescripción adquisitiva iniciada por la apelada, en la que la recurrente dedujo su oposición y fue desestimada; por lo que la Sala concluyó que en rigor debió demandar por prescripción adquisitiva, puesto que la mere declarativa es una acción a la cual se puede recurrir si no se dispusiese de otro medio legal.
Prueba, desglose
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BARROSO DE CONTARDI MARIA c/ JORGE TEJERA BARACAT Y OTRO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S081 - 286)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-06-30

Existe un informe rectificatorio que fue gestionado en forma personal por el letrado de la actora con posterioridad a que los autos se pusieran en la oficina para alegar. No consta por obra o gestion de que dicho informe se incorporara al expte., pues no existe constancia alguna al respecto, ni de Mesa de Entradas, Secretaría o del Sr. Juez de la causa. Ante tal incorrecto proceder se debió ordenar su inmediato desglose.

Ese nuevo informe rectificatorio introducido de rondón en el expte., aunque no en la causa por las razones ya dichas, no puede ser valorado como nueva prueba porque en modo alguno lo es ni podría llegar a serlo.
Accidentes de trabajo, derecho de opción
Materia: LABORAL
Carátula: Cardelli, Hugo c/ Ente Administrador del Astillero Río Santiago s/ Accidente de trabajo Rodriguez, Héctor A. c/ Buenos Aires Catering SA s/ Indemnización por daños y perjuicios Romero, Enrique Alberto c/ Ignacio F. Kasserman S.A. s/ Daños y perjuicios perjuicios Romero, Enrique Alberto c/ Ignacio F. Kasserman S.A. s/ Daños y perjuicios perjuicios Romero, Enrique Alberto c/ Ignacio F. Kasserman S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06|2002-10-23|2002-02-19

La limitación prevista en la ley 24.557 tanto para el trabajador como para sus derechohabientes de acudir a la vía civil en aquellos casos que no están previstos como excepción, esto es, los supuestos de responsabilidad objetiva y subjetiva no proveniente de dolo, deriva en un distingo inaceptable entre aquellos y cualquier otro habitante de la Nación respecto de los terceros que lo dañan y perjudican.
Daño moral, indemnización, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: D. J. R. y Otros c/ D. C. B. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-03-16

Tampoco resulta procedente el agravio de la actora que impugna por bajo el cálculo en atención a lo decidido en otras causas". El daño moral es el dolor, molestia o demérito espiritual que sufre una persona a causa del hecho o acto lesivo, a diferencia del daño patrimonial, el resarcimiento no tiene una función de equivalencia sino de satisfacción pues procura "Permitir al dañado la adquisición de sensaciones placenteras tendientes a eliminar o atenuar aquellas dolorosas que el ilícito ha causado", su estimación dependerá de las circunstancias fácticas y cualquier pretensión de uniformidad resulta arbitraria ya que desconoce la naturaleza propia de este tipo de resarcimiento.

Si el recurrente entendió que el cálculo era bajo debió explicar cuáles parámetros fueron inadvertidos por el juzgador y no limitarse a lo que "frecuentemente se condena".

En concreto el recurrente debió haber expresado porqué entiende que el demérito sufrido es mayor al tenido en cuenta por el juzgador, no cabe acá tomar como ejemplo decisiones procedentes de España donde, en lo atinente al valor de las sentencias, se siguen criterios netamente racionalistas con una aspiración uniformadora de los fallos ejercida por el Tribunal Constitucional del Reino.

Nuestro sistema, por el contrario, está imbuido de los principios empiristas (máxime en aquellas provincias que no admiten los fallos plenarios) y las decisiones agotan su influencia en el caso pues se nutren exclusivamente de sus circunstancias sin perjuicio de la adhesión a la norma positiva, única de carácter general.
Pago de la remuneración, prueba del pago
Materia: PROCESAL
Carátula: BENCHIMOL, RAUL ALFREDO c/ SETTON, JOSE Y OTRA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16

En caso de controversia sobre el monto de las remuneraciones, la prueba contraria a lo reclamado en juicio corresponde al empleador demandado, sin perjuicio de la obligación del trabajador de probar el hecho que diera origen al crédito (conforme Sala VII, sentencia número 8022, 10 de mayo de 1985, 'Avellino, Sobrera de Tolosa c/ Calero Sánchez, Horacio s/ Cobro de Pesos').
Abuso sexual, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gelves, V. Á.  c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-04-27

La valoración de la prueba -más aún, la evaluación sobre la credibilidad de los testimonios- corresponde exclusivamente a los juzgadores; más allá de que ciertos testigos y peritos puedan o no aportar información de interés, o que las partes en pugna puedan realizar propuestas o señalamientos sobre el punto.
Seguridad social, Fuerzas Armadas, servicio penitenciario, haber de retiro, empleo público
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "BREUNING,   SILVIA   NOEMÍ c/ Servicio  Penitenciario  Federal s/ Amparos y sumarísimos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-25

En el fallo "Saralegui, Francisco c/ E.N. - P.E.N." (sent. del 14.02.06) -que al igual que el caso de autos, refiere a un retirado del Servicio Penitenciario Federal que cuestionaba la constitucionalidad del Dec. 894/01 y pedía que el Estado se abstenga de exigirle el cumplimento de la opción prevista en dicha norma- la C.S.J.N., conforme lo dictaminado por el Sr. Procurador General de la Nación a cuyo dictamen remite, sostuvo la razonabilidad del decreto cuestionado. (Del voto de la mayoría. El Dr. Chirinos votó en disidencia).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, proceso penal, instrucción, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: RUSSOMANO, PATRICIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-06-29

La irrazonabilidad en el plazo de tramitación de la causa que subyace en todo el planteo del recurrente no ostenta idoneidad suficiente como para superar la exigencia del art. 1 de la ley 7055.

En punto a ello, cierto es que interpretando el alcance de la garantía del debido proceso y de defensa en juicio la Corte nacional ha entendido que la extensión misma de un proceso más allá de todo parámetro de razonabilidad, configura gravamen irreparable. Así se advierte que dio por superada la ausencia de definitividad en los precedentes "Mattei" (Fallos:272:188), "Mozzatti" (Fallos:300:1102) y en "Podestá" (del 07.03.2006).

Pero ello no puede equipararse al caso por cuanto no se ha fundamentado en concreto -siendo carga de la recurrente- la coincidencia del caso con los supuestos que han abonado la excepcionalidad.
Corretaje, comisiones, corredor no matriculado
Materia: COMERCIAL
Carátula: CHAYA, Miguel R. c/ CAMACHO, Victor H. s/ SUMARIO: COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-04-08

La matriculación en el registro local que exige el artículo 89 del Código Civil es un requisito indispensable para que el corredor tenga derecho a cobrar comisión, según lo dispuesto en el último párrafo de la norma. La demanda no puede prosperar al cobro de comisión contra el comprador que al contestar la demanda negó que el demandante sea gestor de negocios ni titular de inmobiliaria, no habiendo acreditado el actor estar matriculado como corredor. No empece la solución el hecho que su comitente vendedora le haya pagado la comisión estipulada en el instrumento denominado autorización de venta.-
Falta de legitimación para obrar, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: QUIROGA REYES E. C c/ SAENZ ANGEL R. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-26

Cuando un sujeto alega y pretende la titularidad de un derecho frente a otro que es el sujeto pasivo-, se hace necesario indagar si entre uno y otro existe una relación jurídica sustancial que permita presumir el nexo de alteridad entre ambos sujetos, y entre la pretensión del supuesto titular del derecho invocado y la obligación que le quiere hacer cumplir al sujeto pasivo a favor de dicho derecho.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, Derecho laboral, despido indirecto, interpelación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OGOLMA, GUSTAVO ALBERTO c/ EL CENTINELA S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-02

Asiste razón a la recurrente en cuanto a la prescindencia que tuvo el Sentenciante respecto del defecto manifiesto que ostenta la imputación del actor al reclamar diferencias salariales adeudadas en función de las horas extras abonadas como normales y las no liquidadas, pues surge de la lectura de dicho reclamo telegráfico -al igual que del relato de la demanda- la omisión del trabajador de individualizar con precisión las razones fácticas que a su entender fundamentarían su pretensión (v.gr. la jornada y horario de trabajo que realizaba; la cantidad de horas extraordinarias que efectuaba por día, semana o mes; los días en que se efectuaban; la cantidad de horas no abonadas, las mal liquidadas; entre otras); y, frente a ello, el instituto legal en estudio, requería ser interpretado y aplicado razonablemente, atendiendo a sus fines sin incurrir en tortuosos rigorismos ni formulismos taxativos; teniéndose en cuenta también el conglobamiento normativo por instituciones que rige en el derecho del trabajo, como consecuencia del plexo normativo -legal, convencional y contractual- vigente y aplicable a cada caso en particular. (Del voto del Dr. Netri, que hace mayoría. En disidencia parcial: Dra .Gastaldi)
Recurso contencioso administrativo, competencia de la Corte Suprema, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SALVIA, FRANCISCO VICTOR Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 208- 89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-03-02

Lo decidido por esta Corte de oficio, sin sustanciación previa, no constituye un acto interlocutorio respecto del cual se ha agotado la jurisdicción de esta Corte y que por lo tanto sea irrevisible por aplicación del principio de irretractabilidad de las sentencias;

máxime si se tiene en cuenta que aun si por la naturaleza de lo resuelto hubiese debido sustanciarse, el remedio previsto en el artículo 344 del Código Procesal Civil y Comercial, comprende también la hipótesis en que la sustanciación fue indebidamente omitida.
Responsabilidad del Estado, error registral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Irisarri, Gilberto Vicente y ot. c/ Fisco de la Prov. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-29

Si la parte actora no probó que con motivo del erróneo informe registral -ulteriormente rectificado por el Registro de la Propiedad - se frustró la posibilidad de cobrar su crédito, el perjuicio no puede considerarse configurado.
Renuncia al empleo, acuerdo de partes
Materia: LABORAL
Carátula: GIMENEZ, JUAN c/ SNEN CHIN CHINO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-25

La renuncia negociada puede encuadrarse en el supuesto del artículo 241, último párrafo Ley de Contrato de Trabajo y considerarse válida si no encubre renuncia a derechos, máxime si, como en el caso, hasta significa un beneficio para el trabajador que, sabiéndose culpable de un delito, prefiere abandonar su empleo para no correr con las consecuencias penales de su acto.
Acción, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lopez Cabrera c/ Dirección Prov. de Hidráulica Prov. Bs.As. s/ D.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

La habilitación de la instancia contencioso administrativa por retardación contemplada por el art. 7º del C.P.C.A. exige que la demora en resolver se produzca cuando el asunto se encuentra en estado de dictar resolución definitiva o cuando el trámite se encuentra paralizado por inercia de la autoridad administrativa configurada por la omisión en dictar providencias de trámite, supuestos en los que si urgido el procedimiento por el interesado se produce una nueva demora, cabe presumir la existencia de una resolución denegatoria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excarcelación, trata de personas, participación necesaria, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Cardozo, José Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-11

Resulta ajustada a derecho la denegatoria de excarcelación si las decisiones concordantes del juez y la cámara a quo valoraron un conjunto de recaudos que rigen la materia y concluyeron que el procesado -imputado como partícipe necesario del delito de trata de personas- puede entorpecer la investigación y cabe la posibilidad de fuga, según los lineamientos de la doctrina plenaria "Díaz Bessone", ya que si bien se ha demostrado la existencia de arraigo, el encartado no ha acreditado eventuales ingresos o medios lícitos de vida, tiene antecedentes de condenas, una suspensión de juicio a prueba por abuso de armas y existen tres personas prófugas directamente vinculadas con la organización delictiva que se investiga. (Dres. Figueroa, Boico y Frontini).
Sentencia, actualización monetaria, índices de actualización
Materia: PROCESAL
Carátula: LUPPI DE CAMPOS c/ LAVAFRENT DE RUBEN s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-19

El hecho de que en la sentencia se señale un índice oficial de precios para actualizar las indemnizaciones acordadas a partir de la fecha en que fue dictada, no significa que este indicador haya sido utilizado para repotenciar los citados valores al momento del pronunciamiento, sobre todo cuando no se indica el procedimiento adoptado a ese fin y los jueces no se encuentran obligados a seguir un índice determinado para sus cálculos.
Juicio abreviado, audiencia de debate
Materia: PENAL
Carátula: Chevaller Uribe, Abraham c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-10

Las sentencias provenientes de un acuerdo de juicio abreviado deben ser analizadas conforme la posición de revisión clásica que existía en el marco del recurso de casación antes del fallo "Casal", se pueden cuestionar y revisar sólo el derecho y no los hechos, porque estos quedan excluidos de revisión por su aceptación de no llevar a cabo la audiencia de debate. En consecuencia, si existe jurisprudencia ante este tribunal que otorgue razón al agravio en la interpretación del derecho, o donde se plantee un tema novedoso, el recurso siempre es admisible, sin perjuicio de qué fue lo que se pactó, porque en el propio contexto de la regulación del art. 431 bis CPPN se establece en su apartado 6 que contra la sentencia será admisible el recurso de casación según las disposiciones comunes, derecho al que no se renuncia al celebrar el acuerdo , y éste sigue siendo el órgano que debe unificar la interpretación del derecho (voto del juez Bruzzone)
Pago, intereses, nulidad del acto jurídico, usura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. c/ FEDERICO GALDEANO s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S070 - 388)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-12-03

Adicionar una tasa del 10 porciento anual (mitad del compensatorio) en el convenio, por intereses punitorios, no contraría los principios de la moral, buenas costumbres y buena fe, y no implica un interés abusivo ni usurario.
Recurso de queja (procesal), queja por denegación del recurso extraordinario, notificación, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Astier, Matilde Yolanda c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

La lista de los expedientes en los cuales se había denegado el recurso extraordinario interpuesto, que la sala actuante envió al organismo administrativo y cuya copia la recurrente acompañó con la queja, configura un modo de comunicación más acorde con las disposiciones del ordenamiento procesal, en tanto no sólo contiene los recaudos intrínsecos de una cédula sino que proporciona a la recurrente la oportunidad de ejercer sus defensas con la amplitud que exige el debido proceso (Disidencia de los Dres. Julio S.

Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor).
Desindexación, cosa juzgada
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Empresa Tiro Federal S.R.L. E.A. Snchez José Alfredo c/ Caballero Juan Alberto y/o quien resulte responsable s/ Incidente de desindexación. Empresa Tiro Federal S.R.L. E.A. Sánchez José Alfredo c/ Caballero Juan Alberto y/o quien resulte responsable s/ Incidente de desindexación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-08-13|1996-08-13

La actualización que se trata de remediar mediante la ley 24283, es la ordenada en aquellas sentencias que establecen un mecanismo indexatorio a utilizarse al practicar liquidación y no la actualización efectuada por el sentenciante en su resolución, la cual, en su caso, puede ser modifica mediante la vía recursiva correspondiente. Por tanto si la sentencia recaída en la causa fue confirmada por la alzada, no puede revisarse por dicha vía, lo dispuesto sin afectar la cosa juzgada ni el derecho de propiedad de la accionante.
Desagio, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sincar S.A.C.I.C.I.A. y F. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16

La parte interesada en la devolución de los importes retenidos por la aplicación del denominado "desagio" debe acreditar en autos que el sistema de variaciones de precios pactado elimina la posibilidad de introducir una expectativa inflacionaria en el precio.