Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-07


SENT Nº 94	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Siete (07) de Marzo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y René Mario Goane -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán vs. Seoane Automotores S.R.L. s/ Cobro".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada (fs. 991/1004) contra la sentencia Nº 67 de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala I, dictada en fecha 21 de marzo de 2011 (fs. 982/985). La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia de fecha 2 de junio de 2011 (fs. 1014) del referido Tribunal de Alzada.

II.- En autos, la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán (en adelante, CPA) inicia juicio por cobro de pesos contra la firma Seoane Automotores S.R.L., por la suma de $ 632.971,46, "en mérito a sucesivas entregas de dinero efectuadas por la operatoria financiera de descuento de documentos -a cuenta de constitución de prendas, garantías que no fueron integradas por la demandada-.".

La sentencia de primera instancia -de fecha 17 de febrero de 2009- resuelve hacer lugar a la demanda incoada por la actora por la suma de $ 342.000, más intereses, gastos y costas, sobre la base de declarar resuelto el contrato de descuento de documentos (prendas) existentes entre las partes. Para ello, consideró que la relación que unía a las partes "fue una operación de descuento de documentos celebrada entre el actor como entidad financiera descontadora y la sociedad demandada como cliente descontatario", a partir de allí, entendió acreditada la entrega de dinero por el monto de $ 342.000, conforme a los recibos y demás documentación adjuntada por la actora, de los cuales surgiría -a criterio del fallo- que el dinero cuya restitución se reclama se entregó "a cuenta de prendas" y "a cuenta descuento de documentos" pero sin consignar precisiones sobre los mismos.

Por su parte, interpreta la sentencia de primera instancia, que la firma demandada no ha acreditado en autos que se hayan entregado al actor documentos específicamente imputados a las operaciones que se ventilan en este proceso. Y destaca la existencia de una relación comercial entre las partes que califica de "frecuente, fluida y canalizada en distintos contratos", por lo que afirma que la entrega de ciertos documentos a la actora (detallados con precisiones acerca del nombre de los deudores, el tipo, monto y fecha de vencimiento del documento, etc.), responden a operaciones distintas y ajenas a las ventiladas en este proceso. A partir de allí, y ante el incumplimiento que imputa a la accionada, considera que corresponde la aplicación del art. 1204 (pacto comisorio), y resuelve hacer lugar a la demanda.

Apelada la sentencia de primera instancia por la firma demandada (fs. 912) y expresados los agravios a fs. 924/932, la Excma Cámara Civil en Documentos y Locaciones -Sala I-, resuelve el recurso de apelación en fecha 21 de marzo de 2011 (fs. 982/985), rechazando el mismo y, en consecuencia, confirmando el pronunciamiento de primera instancia. Dicho fallo, luego de rechazar el recurso de nulidad, se aboca al análisis del recurso de apelación, al respecto, señala que pese al extenso desarrollo argumental, el recurso de apelación carece de adecuado sustento y resulta contradictorio en sus propios términos. Asimismo, destaca que el apelante coincide con el fallo en que se trata de un contrato de descuento de documentos y en toda la mecánica operativa del mismo. Por su parte, interpreta -el pronunciamiento de Cámara- que la aplicación del art. 1204 y no del art. 216 del Código de Comercio no influye en la decisión, pues ambos poseen igual redacción, por lo que afirma correctamente aplicado el instituto consagrado en las referidas normas, es decir, el pacto comisorio.

A su vez, señala que de conformidad al art. 34 del CPCCT, es el juez a quien corresponde aplicar el derecho y dar a la relación sustancial la calificación que corresponda, es por ello que interpreta correctamente analizada la pretensión deducida en la demanda como restitución del dinero entregado al demandado en el marco general del contrato comercial de descuento de documentos, por la operatoria especial de descuento de prendas cuya entrega no fue cumplida por el ejecutado.

En ese marco, la Cámara interpreta que ni de la prueba producida, ni de los argumentos desarrollados por la demandada, surgen elementos que logren destruir el hecho de que recibió dinero a cambio del descuento de prendas que nunca entregó a la Caja Popular de Ahorros. Para alcanzar esta decisión la Cámara señala que existieron entre las partes tres tipos de operaciones: a) operaciones de descuento de pagarés de terceros, b) operaciones de descuento de prendas y, c) operaciones de descuento de pagarés propios del accionado, sin embargo, destaca que en autos, sólo se reclamó por "el incumplimiento de la obligación de entregar las prendas", y a partir de allí, considera que, al no existir ningún elemento probatorio que acredite el cumplimiento de aquella obligación, debe interpretarse incumplida. A su vez, expresa que el análisis conjunto de las probanzas instrumentales y periciales, puede demostrar el cumplimiento de sus obligaciones respecto de otra u otras de las modalidades que asumía el convenio marco celebrado entre las partes, pero no de las reclamadas en autos, es decir, la entrega de los contratos prendarios.

También destaca el pronunciamiento de Cámara, que el cumplimiento de la obligación reclamada en autos, no surge de las constancias de esta causa ni de los autos "Seoane Automotores SRL vs. Caja Popular de Ahorros s/ Cumplimiento de la obligación de dar", cuyas constancias fueron arrimadas a esta litis en mérito a la medida para mejor proveer dispuesta por la Cámara, en tanto que la sentencia que surge de los referidos autos, especificó que los títulos a restituirle por parte de la Caja Popular de Ahorros son los que se encuentran consignados en un anexo, con excepción de los incluidos en la categoría "Varios" de dicho anexo, a partir de allí, la Cámara destaca que del referido listado surge que los documentos referidos en esa lista son pagarés librados por terceros, por la propia accionada o sus socios, y no las prendas que motivaron ésta demanda. Que a ello, agrega que del informe pericial producido en el cuaderno de prueba nº 3 del demandado surge que en el área de descuento de prenda no se cuenta con documentación suficiente para emitir dictamen, con lo que se advierte que la sentencia de primera instancia no se apartó de las conclusiones e informes del perito como lo argumenta el recurrente. Que, por el contrario, en base a la pericia efectuada en cuaderno de prueba de la actora nº 4 por el CPN Bustos (fs. 319), se concluyó acertadamente que la accionada no entregó a la actora las prendas descontadas por los montos por los que finalmente prospera la demanda.

Sobre las consideraciones reseñadas, la Cámara interpreta que Seoane Automotores S.R.L., incurrió en incumplimiento de ésta obligación particular aunque haya cumplido con las obligaciones derivadas de otras operatorias del contrato marco celebrado con la actora. Por lo expuesto, el pronunciamiento de Cámara, resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y dejar firme la sentencia de primera instancia que hace lugar a la demanda.

III.- Frente a la sentencia de Cámara, la firma demandada deduce recurso de casación (fs. 991/1004), invocando que la sentencia de fecha 21 de marzo de 2011 incurre en infracción a normas de derecho y una arbitraria valoración de los elementos probatorios. La parte recurrente, lleva a cabo un análisis de los antecedentes de la causa, realiza comentarios críticos sobre las sentencias de primera instancia y Cámara, y explica los motivos que justifican la admisibilidad del recurso, en especial, en lo referido a la causal de arbitrariedad en las sentencias, tema sobre el cual profundiza con citas doctrinarias y jurisprudenciales. Por su parte, se observa que la firma recurrente aduce que la sentencia impugnada prescinde de las constancias de autos como del ordenamiento jurídico aplicable al caso, y sobre esa base, expresa que se le imputa un incumplimiento contractual, que la recurrente afirma inexistente.

En cuanto al contenido concreto de los agravios, se observa que la recurrente afirma la existencia de una sorpresiva arbitrariedad incurrida por la Cámara cuando tiene por probada la entrega de dinero sin la correlativa entrega de los documentos, y además, limitándolo sólo a prendas cuando el actor no lo ha hecho en su demanda, a partir de allí, la firma recurrente interpreta que la Cámara al rechazar el recurso de apelación y tener por probado un incumplimiento de su parte, no sólo ha prescindido de las concretas constancias de autos, sino que ha soslayado el ordenamiento jurídico vigente aplicable al caso. En la misma lógica, la recurrente aduce que la sentencia de Cámara viola el principio de congruencia, sustenta dicha imputación en que la referida sentencia sostiene que la actora se limitó a demandar el incumplimiento de la obligación de entregar las prendas, cuando -a criterio de la recurrente- no fue así, por cuanto afirma que los recibos anexados a la demanda dan cuenta que el dinero entregado es a cambio de descuento de documentos y que, su entrega y pago, ha quedado suficientemente demostrado en autos, dado que -según la recurrente- la entrega de los documentos fue simultanea a la entrega del dinero.

En igual sentido, la recurrente expresa que entre las partes existió una compleja relación comercial, que involucraba, en lo que refiere a sus obligaciones, la entrega de documentos propios y de terceros; que todos fueron entregados y en exceso, por lo que en los autos "Seoane Automotores SRL vs. Caja Popular de Ahorros s/ Cumplimiento de la obligación de dar", se ordenó a la actora restituir los títulos entregados en demasía.

A partir de allí, la recurrente afirma que la Cámara no analizó los recibos que respaldarían el crédito reclamado en autos, toda vez que "la casi totalidad de ellos fueron imputados a descuentos de documentos y no a prendas como sostiene el Tribunal a fs. 984 vta. in fine", por lo que la recurrente, aduce la existencia de una violación a las reglas de la sana crítica y una "arbitrariedad sorpresiva".

Por otra parte, e identificado como segundo agravio, la recurrente afirma que la sentencia impugnada padece la ausencia de un análisis del ordenamiento jurídico aplicable a la actividad financiera que existió entre las partes, destaca la doctrina referida a las operaciones de descuento y las distintas definiciones sobre el mismo. Sobre esa plataforma, señala que el estado de deuda acompañado por la actora es incorrecto, por considerar que lo adeudado por el cliente eran prendas y no documentos, y que además, responden a operaciones anteriores a la recomendación del Comité de Créditos para operar "líneas descuento de prendas" y sin que exista resolución del Directorio que así lo facultara. Entiende la recurrente, que la sentencia de Cámara yerra en la calificación normativa, ya que consideró que estamos frente a una operatoria de descuento de documentos, pero omitió la esencial distinción entre el descuento cambiario y el descuento simple o no cambiario, alude a ellos y sus distingos e indica que si el tribunal formalizó la calificación de descuento de documentos como lo hizo y como reseñó el tribunal a-quo, la teoría normativa cae por su propio peso ya que incumple con todos los requisitos necesarios para su configuración como tal, fundamentalmente porque para su nacimiento y existencia es imprescindible que el cliente entregara al banco los títulos y documentos a descontar y el banco entregara el dinero o lo acreditara en cuenta; que en conclusión se ha incurrido en un erróneo encuadre normativo.

Cita las normas legales que reputa infringidas y, de conformidad a las consideraciones reseñadas, solicita se haga lugar al recurso tentado, propone doctrina legal y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, realiza reserva del caso federal.

IV.- Corrido el traslado de ley, la representación letrada de la parte actora solicita el rechazo del recurso de casación interpuesto, por las razones expuestas en su presentación de fs. 1007/1009. Por auto interlocutorio de fecha 2 de junio de 2011, la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones -Sala I-, concede el recurso de casación (fs. 1014), correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia.

V.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de presentación tempestiva, depósito de ley (fs. 990) y definitividad de la sentencia recurrida. Por su parte, los agravios invocan violación a normas jurídicas y se dirigen a impugnar la validez del pronunciamiento por violación a las reglas de la lógica y de la sana crítica racional al valorar las pruebas y fijar los hechos del proceso. Finalmente, los fundamentos recursivos se vinculan circunstanciadamente con los antecedentes de la causa; con lo cual se ven satisfechos los recaudos de admisibilidad previstos por la ley adjetiva.

VI.- En primer lugar, corresponde señalar que, de las constancias de la causa, se desprende que la relación comercial que unió a las partes del presente proceso fue intensa y duradera, e importó la existencia de permanentes operaciones que, como fuera analizado en las instancias anteriores, refieren a descuentos de documentos a nombre de terceros, de la propia demandada y de sus socios. Además, surge de las constancias de autos, que la entrega de dinero por parte de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán a favor de Seoane Automotores S.R.L. se realizaba a través de líneas de crédito, una de las cuales relativa a descuento de "Prendas con registro" (conf. fs. 34/35), éstos últimos títulos -regulados en la ley 12.962- resultan transferibles por endoso, de conformidad a lo establecido en el art. 24 de la referida ley.

Así, de las pruebas rendidas en la causa, pueden observarse distintas salidas de dinero desde la CPA a favor de la demandada y, a su vez, la entrega de diversos documentos comerciales recibidos por la CPA.

Sin embargo, aún en este contexto que describe diversas operaciones efectuadas entre las partes, resulta claro que la correcta identificación de lo reclamado por la actora en autos, consiste en las "sucesivas entregas de dinero efectuadas por la operatoria financiera de descuento de documentos -a cuenta de constitución de prendas, garantías que no fueron integradas por la demandada-." (fs. 46 vta.), es decir, se refiere sólo a la recuperación de los montos involucrados en las salidas de dinero descriptas en el "Estado de cuenta por deuda de la firma Seoane Automotores S.R.L." -acompañado por la actora a fs. 41-, con relación al mismo, se advierte que describe la existencia de diez operaciones que involucran salidas de dinero "a cuenta de prendas" desde la CPA y a favor de la firma demandada (en coincidencia con los términos de la demanda). Dicho instrumento, que se encuentra suscripto por su Gerente General, Gerente Departamental y su Contador General, posee un sensible valor probatorio, conforme lo interpretó la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando señaló que "las constancias de los libros y registros oficiales tienen valor de prueba en juicio" (CSJN, in re "Bravo Abel Antonio vs. Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ Despido" de fecha 07/9/1962 -Fallos 253:406-. En igual sentido, CSJN, Fallos 318:1632).

En efecto, y a pesar de lo expresado por la recurrente, el referido "Estado de deuda" refleja que las operaciones involucradas en autos responden a entregas de dinero a favor de la firma demandada "a cuenta de prendas", que ésta última debió entregar a la CPA. Además, en coincidencia con ello, en autos se encuentran agregados los recibos que respaldan las salidas de dinero involucradas en el "Estado de Deuda" de fs. 41, y especialmente, se destaca el análisis de la prueba pericial contable de fs. 319/323 (del perito Carlos Nicolás Bustos), de donde se desprende que las mencionadas salidas de dinero se encuentran debidamente respaldadas por la documentación contable de la Caja Popular de Ahorros y que responden a entregas de fondos a cuenta de contratos prendarios, de conformidad a la habilitación para operar en la línea de Descuento de Prendas con registro (fs. 34/35).

Tal extremo -consistente en que las operaciones reflejadas en el estado de cuenta de fs. 41 implicaron salidas de dinero a favor de la firma demandada a cuenta de contratos prendarios-, no fue desvirtuado por la parte demandada mediante elementos que refuten la información que surge de las constancias y registros oficiales, tampoco se encuentra en pugna con el informe pericial de fs. 522/547 (del perito Miguel Horacio Córdoba), toda vez que del mismo -conforme lo señala el fallo de Cámara- surge que ".En el área de descuento de prendas no se cuenta con documentación suficiente para emitir dictamen", por lo que, a diferencia de lo aducido por la recurrente, no se advierte en la sentencia impugnada contradicción, incongruencia ni se apartó de las conclusiones e informes del perito Córdoba.

Sobre ésta plataforma, y acreditada la entrega de dinero por parte de la CPA a cuenta de la entrega de contratos prendarios, resultaba a cargo de la parte demandada la prueba del pago, es decir, el cumplimiento de su obligación -entrega de los contratos prendarios-, es que conforme las reglas del onus probandi (art. 302 del CPCCT) cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, "por lo que al deudor que pretende su liberación le incumbe la prueba del pago (Llambías, Jorge J., 'Tratado de Derecho Civil - Obligaciones', T.II, Nº 1612)" (conf. CSJT, sentencia Nº 822 del 25/10/1999. En igual sentido, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, in re "C., A. L. c. Sofin Computación S.R.L.", 29/5/2006, DJ 29/11/2006, 974, AR/JUR/3596/2006, entre otros). Con relación a ello, se observa que la parte recurrente expresa que siempre entregó los documentos correspondientes en forma simultánea a la entrega del dinero, sin embargo -como lo señala el pronunciamiento de Cámara- no existe en la causa elemento alguno que acredite la entrega de los contratos prendarios comprometidos.

Sobre el particular, cabe destacar que, en la especie, la firma demandada no acompañó medio de prueba que acredite el cumplimiento de su obligación, consistente en entregar los contratos prendarios comprometidos en las operaciones reflejadas a fs. 41, y si bien la prueba del pago puede ser establecida con amplitud de medios, la misma debe valorarse con rigor, constituyendo el recibo de pago prueba completa en este sentido -idóneo para formar convicción sobre la existencia del acto extintivo que consta en él-, por lo que, ante su carencia, sólo cabe admitir el pago invocado, cuando el juez ha disipado cualquier duda posible, hallándose persuadido con plena convicción acerca de la existencia del citado acto extintivo (conf., Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, in re "Lulay Héctor C. c. Vinelli y otro", de fecha 03/9/2004, LA LEY 2005-A, 645, ED 213, 216, AR/JUR/3681/2004).

En la especie, a diferencia de lo expresado por la firma recurrente, se destacan las apreciaciones del perito Bustos cuando contesta la impugnación a fs. 335, donde señala (en su segunda respuesta) que "Es cierto que existe documentación respaldatoria de las salidas de dinero por el monto de $ 342.000 (pesos trescientos cuarenta y dos mil) como se indica con la descripción de todos y cada uno de los recibos descriptos detalladamente al responder la pregunta 1) a), es decir existen los recibos que respaldan las salidas de dinero, pero no existe la documentación que debería complementar las entregas de dinero descriptas en los recibos, es decir, los contratos de prendas y/o los documentos (pagarés) a cuenta de los cuales se entregó el dinero. Es decir que este perito sostiene que la entrega de dinero se efectuó mediante la simple firma de los recibos, sin que existan las pretendidas prendas y/o pagarés a cuenta de cuyo descuento se dieron los importes mencionados (documentación complementaria a los recibos) en definitiva la documentación sustentatoria de los pagos y no de la simple salida de dinero (los recibos)".

Cabe resaltar aquí, el sustancial y categórico valor de la prueba que deriva de los libros contables de la actora conforme el texto del art. 63 del Código de Comercio, en el sentido que hacen prueba a favor de sus dueños cuando su adversario no presenta asientos en contrario, correspondiendo destacar que éste argumento no ha sido objeto de refutación alguna por la firma demandada. Sobre el particular, se destaca la doctrina que emerge de distintos precedentes judiciales, en el sentido de que "El art. 63 del Cód. de Comercio es claro en cuanto determina que en el caso de pleito entre comerciantes por hechos de su comercio, los libros de comercio hacen prueba en favor de sus dueños cuando su adversario no presente asientos en contrario, efectuados en libros arreglados a derecho u otra prueba plena y concluyente" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, "La Holando-Sudamericana, Cía. de Seguros c. Mayvaz, S. A.", 31/8/1981, LA LEY 1982-A, 228, AR/JUR/911/1981. En igual sentido, CSJN, in re "Chávez, José L. vs. Remolcadores Unidos Argentinos S.A.", 24/6/1997). En la misma línea, se dijo que "cuando los libros de comercio son ofrecidos como prueba por la contraparte, ésta acepta someterse a las constancias de los libros del contrario, participa de esa prueba, se sujeta a su resultado y en consecuencia, debe producir prueba en contra de los asientos, siendo irrelevante la simple negativa. En tal sentido, la pericia contable del demandado no desvirtúa la existencia de los asientos y su documentación respaldatoria, sobre los cuales el Juzgador formó su convicción, apoyada en la pericial contable practicada a pedido del actor, de la cual el demandado no impugnó sus conclusiones" (conf. CSJT, sentencia Nº 1171 de fecha 13/11/2008).

Por su parte, y conforme lo señala el pronunciamiento de Cámara, si bien pueden existir elementos de prueba que acreditarían el cumplimiento de otras obligaciones en el contexto de operaciones llevadas a cabo en el contrato marco celebrado entre las partes, en el caso, sobre el ejecutado pesaba la carga de acompañar los documentos probatorios del pago consistente en la entrega de las prendas y, dicha imposición legal, no se ha cumplido en autos. Sobre el particular, la jurisprudencia es conteste en sostener que resulta necesario que el pago invocado se halle documentado en instrumento emanado del acreedor y del cual surja una referencia concreta y circunstanciada del crédito que se reclama, en el que conste una clara e inequívoca imputación del concepto y monto reclamado (CNCom., Sala C, ED, 97-523, N° 53; CNCom., Sala B, ED, 97-523, N° 52; CNCom., Sala B, 1981-A-326; CNCiv., Sala C, ED, 133-407). En efecto, ni de la prueba documental existente en autos ni de la prueba pericial de fs. 522/547, surge la relación de los pretensos pagos (o entregas de documentos) con la deuda reclamada aquí, y tampoco la correspondencia de las sumas allí consignadas con el monto de las operatorias reflejadas en el "Estado de Deuda" de fs. 41, por lo que se impone interpretar incumplida la obligación comprometida por la parte demandada, ejerciendo la facultad de resolver el contrato fundado en lo dispuesto en los arts. 1204 del Código Civil y 216 del Código de Comercio.

A su vez, cabe recordar aquí, que "-.conforme lo entienden la doctrina y la jurisprudencia absolutamente mayoritarias en materia comercial-, los pagarés prendarios carecen de autonomía como título ejecutivo a los fines de su cobro, en la medida en que no se acompañe a la ejecución el contrato de prenda al que acceden.(vide fallo del 14/9/2006 expedido en la causa 'Qüesta, Enrique Eusebio c/ Savino, Jorge Omar y otro s/ Ejecutivo', Protocolo Único de Sentencias, tomo 3, folio 381). Y la cuestión no pasa por una mera digresión académica o dogmática, sino que subyace en ella la necesidad de evitar eventuales hipótesis de ejecución autónoma de la prenda y de los pagarés que documentan la deuda garantizada con dicho derecho real -por su tenedor o por terceros endosatarios, incluso hasta de buena fe-, colocando al deudor ante el riesgo de tener que pagar dos veces la misma deuda y alentando eventuales maniobras especulativas que van mucho mas allá del espíritu que justificó la consagración legal de tales instrumentos cambiales, cual fue la de permitir documentar el pago en cuotas de obligaciones garantizadas con prenda" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Sala I, in re "Amoblar S.R.L. vs. Lapassini, Alejandro", de fecha 22/10/2008; La Ley Online AR/JUR/18069/2008). En igual sentido, se dijo que ".los pagarés prendarios tienen una relación subyacente en otro título de crédito -el certificado prendario-, por lo que su naturaleza impide que puedan ser ejecutados separadamente del contrato al cual acceden, careciendo por ende de fuerza ejecutiva por sí mismos, y no confiriendo por lo demás a su tenedor la calidad de titular del crédito separadamente del certificado al cual acceden..." (Osvaldo Gómez Leo y María del Carmen Coleman, "Nueva ley de prenda con registro", Depalma, Bs.As., 1996, pág. 71). De allí, que aún en el supuesto de que la firma demandada haya entregado diversos pagarés, ello no resulta suficiente, toda vez que la entrega de los contratos prendarios resultaba necesaria para la acreditación del cumplimiento de su obligación.

En efecto, se advierte que, a pesar de la imputación de la parte recurrente, no existe en el pronunciamiento impugnado prescindencia de las constancias de autos y del ordenamiento jurídico, por el contrario, el mismo presenta un razonamiento claro, completo y circunstanciado, apoyado en los elementos probatorios legalmente producidos en la causa y observando las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas a partir de un examen integral del cuadro probatorio. Todo ello, evidencia que las críticas del recurrente sólo trasuntan su discrepancia con las conclusiones del tribunal a quo, sin rebatir adecuadamente las premisas que sostienen la solución adoptada por la Cámara y sin que resulte suficiente la mera invocación de vicios de motivación.

Finalmente, se observa que las disquisiciones doctrinarias que realiza la parte recurrente sobre la naturaleza de las operaciones celebradas, la fecha de la resolución del Comité de Créditos de fs. 34/35 y la invocación de arbitrariedad en general, no logran conmover la solución adoptada por la sentencia de Cámara, la que se ajusta a derecho de conformidad a los fundamentos tratados precedentemente. En mérito a todo ello, corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la firma demandada.

VII.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, en atención al resultado a que se arriba, corresponde imponerlas a la parte recurrente vencida (art. 105 del CPCCT).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Compartimos íntegramente la exposición de los antecedentes del caso como la resolución del mismo, que expusiera el señor vocal preopinante doctor Antonio Gandur; más, consideramos necesario -concordando con la posición al respecto que asumiera en anteriores intervenciones- aclarar que el planteamiento de "arbitrariedad en la valoración de la prueba colectada" por las partes, da por cumplido el requisito legal que permite pasar al estudio de la procedencia del recurso extraordinario, por lo que corresponde se lo declare admisible.

En efecto, la ponderación que efectuará esta Corte de la valoración del cuadro probatorio de la causa realizado por el Tribunal de grado, resulta objeto propio del recurso extraordinario local por tratarse de una típica cuestión jurídica, cuál es la determinación de la existencia o no de error in iuris iudicando por parte del A quo.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de casación deducido por la firma Seoane Automotores S.R.L. contra la sentencia Nº 67 de la Sala I de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, dictada en fecha 21 de marzo de 2011 (fs. 982/985), conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN	(con su voto) ANTONIO GANDUR	RENÉ MARIO GOANE	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030837-03.