Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-03-12


SENT Nº 183	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Doce (12) de Marzo de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Correa, José Abelardo y otro vs. A.S.I.T. S.R.L. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala IVª de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 29 de noviembre de 2005 (fs. 152/156), la parte actora dedujo recurso de casación, que fue concedido por dicho Tribunal mediante resolución emitida en fecha 15 de septiembre de 2006 (fs. 175). Consta en informe actuarial de fs. 203 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 CPL.

2.- Por ser inherente a la competencia funcional de esta Corte la de revisar si el recurso de casación ha sido correctamente concedido, corresponde analizar la cuestión atinente a la admisibilidad del recurso. Así, se observa que la casación ha sido interpuesta tempestivamente, el recurso se dirige a atacar una sentencia definitiva, se invocan motivos jurídicos y el vicio de arbitrariedad de sentencia, el memorial de presentación se basta a sí mismo en cuanto a los fundamentos que lo sustentan, y no es exigible el afianzamiento al ser la parte actora quien recurre.

En consecuencia, habiéndose cumplido con los requisitos de admisibilidad de la casación previstos en los arts. 130 a 133 del CPL, corresponde abordar en esta instancia el análisis de procedencia de la vía recursiva intentada.

3.- La resolución impugnada en casación determinó que es justificado el despido por abandono de trabajo dispuesto por la demandada, por lo que dispuso el rechazo de la totalidad de los rubros indemnizatorios reclamados en la presente causa.

La Cámara puntualizó que los actores fueron notificados de la suspensión de sus contratos de trabajo por el término de 40 días contados a partir del 1º de septiembre de 2002, por lo que interpretó que el contrato se mantuvo suspendido hasta el 10 de octubre de ese año.

Seguidamente tuvo en cuenta que los actores fueron intimados a presentarse a sus tareas mediante cartas documentos que fueron recepcionadas por ellos cuando estaba ya vencido el término de suspensión, por lo que consideró que los mismos debieron presentarse a trabajar. Señaló que luego de la intimación existió un silencio entre las partes hasta que se produjo el despido dispuesto el 31/10/2002, por lo que consideró que es justificado el despido por abandono de trabajo decidido en esa fecha.

3.- Los actores se agravian de la validez que le asigna la Cámara a la intimación efectuada por la demandada a los actores, en los términos del art. 244 de la LCT, mientras se encontraba suspendida la relación laboral por decisión exclusiva de la empleadora.

Afirman que la intimación al trabajador a reintegrarse al trabajo, carece del sustrato fáctico que genera la necesidad de esta intimación, es decir la ausencia injustificada del trabajador. Exponen que al momento de efectuarse la intimación, los trabajadores no se encontraban inasistiendo a su trabajo por razones que le fueran imputables, sino por decisión exclusiva de la empleadora.

Sostienen que el propio fallo reconoce que la suspensión se proyectaba hasta el 10 de octubre de 2002, por lo que las intimaciones contienen la mendacidad de intimar a los trabajadores que no se encontraban violando el deber de asistencia; de allí concluye que las intimaciones efectuadas constituyen una actitud maliciosa y temeraria que aniquila la legitimidad del despido por abandono.

Finalizan su razonamiento señalando que para que se configure el abandono de trabajo, las ausencias al trabajo deben ser anteriores a la intimación y no posteriores a ella como mal lo interpreta la Cámara en su sentencia, por lo que interpretan que era absolutamente necesario una intimación efectuada por la empleadora referida exclusivamente al período posterior a la finalización de la suspensión por razones económicas.

Desde otra perspectiva, denuncian que el fallo ha omitido valorar dos pruebas que acreditan el ánimo de los actores de trabajar, como son la prueba testimonial de fs. 106/110 y la prueba confesional de fs. 116/119. Expresan que si la Cámara hubiera analizado estas pruebas, seguramente hubiera concluido en que los actores reclamaron en todo momento la provisión de tareas, esto es, antes y después de las intimaciones al reintegro.

5.- Los agravios esgrimidos en casación se dirigen a cuestionar la valoración de la causal de despido efectuada por la Cámara, en cuanto tuvo por configurado el abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la LCT.

Recordamos que, para que se configure el abandono de trabajo como causal extintiva sin consecuencias indemnizatorias para el empleador, la norma pertinente exige la concurrencia de una exigencia de tipo formal, que es la intimación previa al obrero a presentarse a trabajar para dar cumplimiento a la obligación principal asumida por éste al concretarse el contrato de empleo, y la convergencia de dos elementos: a) uno de tipo objetivo que radica en la no concurrencia al trabajo, y b) otro de tipo subjetivo, representado por la voluntad del empleado de no reintegrarse al empleo (Vázquez Vialard, Antonio y Ojeda Raúl Horacio, Ley de Contrato de Trabajo comentada, Tomo III, pág. 243).

Corresponde preliminarmente analizar las circunstancias relevantes de la causa a fin de determinar si se han cumplido los requisitos a los que se encuentra supeditada la configuración del abandono de trabajo prevista por el art. 244 de la LCT, focalizándonos principalmente en el análisis del requisito formal consistente en la previa constitución en mora mediante intimación fehaciente.

Según constancias documentadas de fs. 92 y 97, los actores fueron suspendidos por el término de cuarenta días corridos a partir del 1 de septiembre de 2002, invocando la empleadora la causal de fuerza mayor contemplada por el art. 221 de la LCT. En dicha comunicación, la empleadora aclaró que la decisión quedaría sin efecto inmediatamente en caso de registrarse otra solicitud de servicios antes de los 40 días señalados.

La suspensión fue ratificada en todos sus términos por la parte empleadora mediante cartas documento de fecha 25 de septiembre de 2002 (fs. 93 y 98) y del 2 de octubre de 2002 (fs. 94 y 101). En esta última carta documento, la demandada además requirió a los actores que se apersonen en el término de 24 horas hábiles para reintegrarse a sus labores habituales y aclarar cualquier duda relativa a las cuestiones que se plantean.

Mediante carta documento de fecha 8 de octubre de 2002, la firma empleadora ratificó las anteriores cartas documento y en especial la del día 2 de octubre de 2002, reiterando la intimación efectuada a los actores para que se apersonen en el término de 24 horas hábiles para reintegrarse a sus labores habituales y aclarar cualquier duda relativa a las cuestiones planteadas (ver fs. 99 y 100).

En fecha 31 de octubre de 2002, la demandada cursó una comunicación a los actores en donde manifestaba que hacía efectivo el apercibimiento contenido en la carta documento de fecha 8 de octubre de 2002, disponiendo además el despido de ambos trabajadores atento al excesivo tiempo transcurrido desde la remisión de la misma.

De la reseña precedentemente efectuada, se desprende que les asiste razón a los actores en el planteo referente a que la empleadora no cumplió con el requisito formal exigido por el art. 244 de la LCT, en cuanto exige la previa constitución en mora del trabajador mediante intimación fehaciente a fin de que se configure el abandono de trabajo.

En efecto, las intimaciones remitidas por la empleadora en fecha 8 de octubre de 2002, no acusan que los trabajadores hayan estado ausentes injustificadamente en sus trabajos, ni contienen apercibimiento alguno de que se los consideraría incursos en dicha causal extintiva conforme les era requerido.

Al respecto, calificada doctrina ha considerado que cuando el empleador intima en los términos del art. 244 de la LCT, dicha intimación debe contener tanto la intimación precisa a reintegrarse al puesto de trabajo, como el apercibimiento de extinguir el vínculo por abandono (Ackerman, Mario E., Tratado de Derecho del Trabajo, tomo IV, página 203).

Es preciso señalar que cuando la situación de hecho se presenta confusa, resulta imprescindible que la intimación al reintegro que se le envía al trabajador haga constar indubitablemente el apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo en caso de no cumplir con el reintegro a las labores que se le exige, lo cual se desprende del deber de obrar de buena fe al que se debe ajustar la conducta del empleador al momento de ejecutar y extinguir el contrato de trabajo (arts. 62 y 63 de la LCT). Es que las gravísimas consecuencias que se desprenden de la falta de reintegro al trabajo frente a la intimación cursada, hacen necesario que el trabajador tome conocimiento específico de las medidas que podría tomar el empleador en caso de que aquél persistiera en su incumplimiento o no intentara justificar las ausencias.

En las concretas circunstancias del caso, a la época en que fueron remitidas las intimaciones, los contratos de trabajo estaban suspendidos por decisión de la demandada, de donde se infiere que tales intimaciones o convocatorias a trabajar, pudieron responder a un simple llamamiento o levantamiento de la medida de suspensión como lo había anticipado, como posibilidad, la misma empresa en ocasión de notificar la suspensión en fecha 29 de agosto de 2002. Además se observan reiteradas manifestaciones postales de los actores, que evidencian su intención de mantener vivo el contrato de trabajo.

Atento a ello es que el incumplimiento de los actores a esa intimación o convocatoria, no habilita a considerar que incurrieron en abandono de trabajo, sin que previamente fueran colocados en mora de manera específica como lo dispone el art. 244 de la LCT. Más aún si se tiene en cuenta que durante el período de suspensión, los actores manifestaron su voluntad de continuar con el contrato de trabajo vigente con la demandada, según surge de los instrumentos agregados a fs. 86, 87, 89 y 90.

Si bien al comunicar el despido por abandono de trabajo, la demandada invocó la efectivización de un supuesto apercibimiento que aduce haber realizado anteriormente en las cartas documento del 8 de octubre de 2002 (fs. 96 y 102), dicho apercibimiento no consta verdaderamente en el texto de las mencionadas misivas, razón por la cual no puede tenerse por cumplido el requisito de la previa constitución en mora mediante intimación fehaciente exigido por el art. 244 de la LCT.

Consecuentemente, a la luz de las consideraciones efectuadas cabe concluir que resulta injustificado el despido por abandono de trabajo dispuesto por la empleadora mediante cartas documento de fecha 31 de octubre de 2002 (fs. 96 y 102).

En mérito a lo expuesto, corresponde CASAR parcialmente la sentencia impugnada en sus puntos II, III y IV resolutivos, conforme a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria, y por ende jurídicamente descalificable, la sentencia que tiene por configurada la causal extintiva del art. 244 de la LCT, en base a una intimación al reintegro que no contiene el apercibimiento de extinguir el vínculo laboral por abandono de trabajo, cuando las particulares circunstancias del caso hacen que ello sea exigible a la luz del deber de obrar de buena fe (arts. 62 y 63 CPL)", debiéndose remitir los autos a la Sala de la Excma. Cámara del Trabajo que por turno corresponda, a fin de que se pronuncie sobre los distintos rubros reclamados en la demanda vinculados con la causal de extinción de los contratos de trabajo y demás cuestiones conexas.

6.- Atento al resultado arribado, las costas de esta instancia deberán ser soportadas por la parte demandada vencida (arts. 49 CPL y 106 CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala IVª de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 29/11/2005 (fs. 152/156), y CASAR parcialmente la misma en sus puntos II, III y IV resolutivos en base a la doctrina legal expresada en los considerandos, debiéndose remitir los autos a la Sala de la Excma. Cámara del Trabajo que por turno corresponda, a fin de que emita pronunciamiento sobre los distintos rubros reclamados en la demanda vinculados con la causal de extinción de los contratos de trabajo y demás cuestiones conexas.

II.- COSTAS conforme se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.