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Prueba, libre convicción
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MANTTA, JOSE EVARISTO s/ PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1967-05-11

El principio "testis unus, testis nulllus", que inspiró a la vieja legislación procesal y mediante el cual el dicho de un solo testigo no era prueba para tener por acreditado un hecho, ha sido superado y dejado a un lado en la nueva legislación; la cual, como es de conocimiento general, ha desechado el sistema de las pruebas legales para adoptar, en su reemplazo, el sistema de la sana crítica o el de la libre convicción.

El cambio operado en el sistema procesal -tanto civil como penal- ha tenido por objetivo o finalidad procurar que la justicia cumpla, de manera más efectiva, su misión esencial; que no es otra, en definitiva, que la de establecer la verdad de los hechos sometidos a proceso.

Sobre el sistema de rigorismo legal, el Código de Procedimiento, art. 426 "in fine", consagra el principio de la libre convicción La libre convicción no puede significar que el juez decida en forma arbitraria o caprichosa.-
Ejecución de la pena, salidas transitorias, libertad condicional
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: ARAUJO, GUSTAVO MARCELO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA) INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-09-29

Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, desde que concurre un obstáculo insalvable para el ejercicio de la jurisdicción por parte de esta Corte, cuál es la falta de perjuicio concreto, efectivo actual e irreparable por otras vías jurídicas, ya que, teniendo presente que el impugnante pretendía a través del presente que se le concedieran salidas transitorias, las que -en rigor- importan una mayor restricción a la privación de la libertad que la que determina el instituto de la libertad condicional obtenida posteriormente, la cuestión aquí debatida ha perdido interés jurídico actual, dada la sustracción de la materia litigiosa, demostrándose en consecuencia la inoficiosidad del dictado de una sentencia de mérito, lo cual no supone que este Tribunal haga propias las conclusiones expuestas en las instancias inferiores.
Improcedencia del recurso, Ministerio Público Fiscal, prisión domiciliaria, salud del imputado
Materia: PENAL
Carátula: SALINAS, Bernardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-02

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia que resolvió mantener la prisión domiciliaria del imputado toda vez que la situación del mismo no solo encuadra específicamente en la causal prevista por el inciso d) del art. 32 de la ley 24.660, sino que los elementos valorados hasta aquí permiten conceptuar que elementales razones humanitarias que inspiran dicho instituto y la finalidad de salvaguardar el inalienable derecho a la salud, justifican -en el caso concreto- mantener el arresto domiciliario del procesado.
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, intereses, Unidad de valor adquisitivo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: COSTA, LUIS c/ Estado Nacional - M° de Trabajo s/ Amparos y sumarísimos c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-11

La no fijación de intereses compromete la garantía de propiedad al disminuir el poder adquisitivo del crédito que se demanda, desvirtuando su finalidad alimentaria, con desmedro también del principio de movilidad de las prestaciones que consagra el art. 14 bis de la C.N. (cfr. C.S.J.N., sent. del 30.07.85, "Kundt Cor- tez, Carlos Federico"). (En sim. Sentido Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I, exp. 13611/1997 en autos "Klein, Guillermo Gustavo c/ A.N.Se.S. s/ Dependientes: Otras Prestaciones", sent. def. 130361, de fecha 06.10.09, Publicado en el Boletín de Jurisprudencia de la C.F.S.S. N° 51.), Por tanto, a las sumas devengadas, se aplicará de la Tasa Pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.
Expropiación, declaración de utilidad pública
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Faut, Pedro y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-24

Pretender la consideración de comportamientos de la Administración Pública anteriores al dictado del acto que afectó al bien a expropiación para establecer la fecha de desposesión excede el marco expropiatorio, constituyendo tal planteo materia propia de un reclamo de daños y perjuicios.
Regímenes jubilatorios especiales, contadores públicos, aplicación de la ley, cancelación de la matrícula
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvarez, José Manuel c/ Caja de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

El art. 56 del dec. ley 9963 no transgrede principio alguno de la legislación nacional pertinente (art. 1 Const. Prov.), en tanto no se ocupa de regular el trabajo fuera del ámbito bonaerense (arts. 3, 24 y 32, in fine, Const. Prov.), ni enerve el derecho de propiedad pues está razonablemente fundada en principios de la materia (art.9 Const. Prov.), y es igualitaria respecto de quienes se hallan en situaciones equiparables (art. 10, Const. Prov.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, medida de no innovar, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GARCIA, Haymes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

La medida de no innovar, debido al carácter excepcional que reviste, requiere para su procedencia, que con anterioridad se dicte el auto previsto por el art. 306, C.P.P.
Cobro de sumas de dinero, transporte de pasajeros, tasa municipal, orden público, facultades jurisdiccionales, improrrogabilidad de la competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rotonda Group S.A C/ Empresa San José S.A s/ cobro de pesos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-08

El art. 338 CPCC flexibiliza la noción de improrrogabilidad y el orden público en función de la necesidad de que los procesos avancen y no se reediten cuestiones en desmedro de la tutela judicial efectiva, principio éste o derecho fundamental que impone revisar conceptos creados para paradigmas anteriores a su consagración constitucional. A su vez, existe un principio procesal en materia de competencia que justifica excepcionar la improrrogabilidad que es el de la "duda razonable", el cual antes estaba en el art. 474 CPCC reformado en el año 2008, y que se eliminó al derogarse el proceso sumario.
Responsabilidad objetiva, personalidad de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Martínez, Yolanda Isabel s/ infracción dec. ley 8031 Código de Faltas Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-04

En un estado de derecho respetuoso de las garantías de los ciudadanos, el principio de personalidad de las penas no permite responsabilizar a una persona por delitos ajenos, y a su vez se corresponde con la necesidad de destruir la presunción de inocencia, mediante pruebas concretas que demuestren la realización material del hecho imputado.
Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento, trámites judiciales, leyes, aplicación supletoria de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: M. A., J. O. s/ SU PRESENTACION. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 185-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-08-25

El procedimiento que lleva adelante el Tribunal de Enjuiciamiento no es un proceso penal, circunstancia que determina, consecuentemente, que no le pueden ser aplicadas a pies juntillas las normas de éste, tal como algunas veces se pretende por los enjuiciados y sus defensores. Esta conclusión surge de modo claro y preciso del artículo 19 de la ley 7050, en cuanto dispone que "para el procedimiento regirán supletoriamente las normas de los códigos procesales locales, que el Tribunal podrá adaptar a la índole de este juicio". De este dispositivo es dable extraer dos conclusiones:

a) que pueden aplicarse tanto normas del Código Procesal Civil y Comercial como del Procesal Penal, aplicación que deberá decidir a qué norma procesal ha de recurrir para resolver adecuadamente el problema planteado; y b) no es necesario aplicar literalmente la disposición procesal a la que se recurra en un caso concreto toda vez que el Tribunal la puede "adaptar a la índole de este juicio" que, innegablemente, es político.
Encubrimiento real con receptación de cosas de procedencia sospechosa, automotor sustraído, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: CALDERON, DIEGO s/ RECEPTACION COSA DE PROCEDENCIA SOSPECHOSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-25

Configura el delito de receptación de cosa de procedencia sospechosa, el accionar del procesado a quien se encontró en su poder un automóvil que previamente había sido robado, no existiendo dudas de que el procesado recibió la cosa sospechando de su origen.

En este sentido el puente que el auto tenía es un elemento que lleva a que el procesado se haya representado el origen de la cosa, añadiéndose el intento de huida, que como indicio junto a la prueba colectada sirve para llegar a la solución condenatoria.

La sospecha surge en el caso de las condiciones de la operación, de la calidad de las personas de las cuales recibe la cosa, de la naturaleza de los objetos, que sumadas dan el elemento subjetivo requerido por la figura del art. 278 C.P.
Proceso contravencional, nulidad procesal, oportunidad procesal, autoridad de prevención, facultades de la autoridad de prevención, igualdad ante la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: DELGADINO, Jorge Luis s/ s/ art. 83, Ley 1472- Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23

Las nulidades que se relacionen con la actuación prevencional y los posibles excesos, y que requieran de valoración de prueba, deben ser objeto de discusión y prueba en el momento procesal oportuno -a saber durante el debate- a fin de no afectar el principio de igualdad de las partes.
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, cesantía, exoneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rotela, Yohana Antonela s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Rotela, Yohana Antonela  c/ GCBA s/ recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (art. 464 y 465 cayt)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-22

Corresponde rechazar los recursos de queja del GCBA y de la parte actora, dirigidos a cuestionar -en último término- la sentencia de la Cámara que resolvió hacer lugar parcialmente al recurso directo de revisión; y declarar la nulidad de la resolución que había dispuesto la cesantía de la actora -auxiliar de portería dependiente del Ministerio de Educación e Innovación del GCBA- por haber incurrido en ausencias injustificadas, con sustento en que no había contado con las herramientas adecuadas para comprender la gravedad de la situación en la que se hallaba involucrada, en atención a su condición de hipoacúsica y la falta de intervención del COPIDIS. Los recursos directos no acreditan la existencia de una cuestión constitucional (art. 113.3 de la CCABA) o federal (Fallos: 311:2478) toda vez que la decisión cuestionada encontró apoyo en la valoración de los hechos, la prueba producida en autos, y en la interpretación de normas de jerarquía inferior a la Constitución. Estas materias son, por regla, ajenas a los recursos intentados, y las partes recurrentes no muestran que el fallo consagre una solución insostenible. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Verificación de créditos, crédito fiscal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Incidente de revisión en autos "El Halcón S.A.T. s/Concurso  Preventivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

Lo que el letrado del fisco peticionó, es la verificación de su crédito fiscal y si bien el concurso no es una ejecución fiscal, no se entiende que otra documentación más que la certificación de deuda expedida por la Dirección Provincial de Rentas (formularios R-120, R-120A y Anexo II), debió haber agregado al efecto (art. 32 ley 24.522), para justificar la causa de la obligación.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, competencia
Materia: Procesal Civil
Carátula: Cárdenas Rivas, José Ernesto c/ Alpesca S. A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-03-16

Cuando la presentación contiene una crítica completa y razonada del fallo en recurso, describiendo con argumentos serios el alcance de la impugnación y sus motivos; exponiendo con claridad y precisión los pretendidos errores "in iudicando" que se adjudican a la sentencia, lo que mueve a este Tribunal, en este caso en particular, en valoración liminar, y pese a alguna deficiencia técnica observada, a admitir -por excepción- y sin que ello implique prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión, el recurso en cuestión.
Declaración indagatoria, nulidad procesal, declaración de oficio, defensor, entrevista previa con el defensor, garantías procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Carlos L. y otros s/ Declaración Indagatoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

Debe declararse de oficio la nulidad de las declaraciones indagatorias en las que, a las constancias obrantes en actas de que los imputados fueron entrevistados por la defensora oficial, no se sumó ninguna atestación directa de la funcionaria, antes o después de dicha diligencia, ya que la certeza instrumental no puede ceder a la mera creencia de que los actos procesales se desarrollaron con regularidad, cuando sólo las solemnidad legalmente impuesta puede garantizar el impecable arribo a decisiones jurisdiccionales trascendentales.
Seguros, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, Carlos Tomas Oscar y otros c/ Cabrera, Sergio Andrés y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-18

Si el asegurador no requiere la información complementaria a la denuncia que prevée el art. 46 de la ley 17.418 en sus incisos 2 y 3, necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo, entre lo cual bien pudo indagar acerca de la existencia de tramitación de actuaciones penales, el plazo de 30 días para expedirse debe computarse desde la fecha que tomó conocimiento del siniestro.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, honorarios, base regulatoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GORKIN, MARIO Y OTROS c/ MORINI, HUGO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DEMANDA ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 558 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-14

Corresponde rechazar la queja interpuesta contra la resolución que redujo los honorarios de los recurrentes desde que la Alzada -en oportunidad de resolver la impugnación- se ajustó a lo reglado en la ley arancelaria local, particularmente al artículo 8, al Acuerdo Pleno nro. 1 de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario y a las singulares circunstancias fácticas que rodearon el caso, sin que los quejosos lograran rebatir los argumentos vertidos, entre ellos, los referidos a la cuantificación de la pretensión efectuada por la demandante en los términos del artículo 1069 del Código Civil, en el marco de una demanda de daños y perjuicios.".
Martillero, leyes, constitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas c/ Interquímica S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecución   Fisacl. Honorarios Martillero (Expte CSJ Nº 1222-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-22

No vulnera normas de jerarquía constitucional la sentencia a quo, que ha entendido que el tope que fija el artículo 89 de la ley 7547 responde al criterio de proporcionalidad que debe mediar entre el honorario de un auxiliar de la justicia, el martillero, y el del letrado que defiende al interés jurídico de la parte actora a lo largo de toda la instancia y no puede sostenerse que ello quebrante la norma constitucional que protege la justa retribución de la labor profesional y la propiedad privada puesto que los derechos constitucionales están sometidos a las leyes que reglamentan su ejercicio, y en este caso cumple tal función dicho artículo 89, según el cual la comisión y/u honorario del martillero no puede exceder el 60% de los que se regulan al letrado de la actora.
Privilegios especiales (comercial), warrant, gastos del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: NAVILANDIA s/ CONCURSO S/ INC. DE REV. PROM. POR GALICIA WARRANTS SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-30

Del dictamen fiscal 82373: aun cuando se trate de crédito garantizado con warrants, si el mismo deriva de un gasto producido después de la presentación en concurso no corresponde reconocerle el privilegio especial establecido en la LC 241 art.4° y Ley 9643, art.

22, pues se encuentra comprendido en la categoría de gastos previsto en la LC 240.
Locación de obra, responsabilidad contractual, responsabilidad del empresario, vicio oculto, daños y perjuicios, caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: Porcel Horacio Oscar c/ Petersen Thiele s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-28

El art. 1647 bis del Cód. Civ. rige la responsabilidad contractual del locador, en general, para cualquier clase de obras. Esta responsabilidad general es un elemento natural que emerge del contrato de obra por su propia onerosidad dada en beneficio del comitente y de carácter patrimonial, por lo que no es de orden público y puede ser objeto de una convención especial válida, que la amplíe, restrinja, excuse o se renuncie;

anticipada, concomitantemente o posteriormente a la celebración del acto o de la entrega de la cosa (Conf. Mario A. Piantoni, Contratos Civiles). Al no estar en juego intereses superiores (ley imperativa, derecho indisponible) o valores jurídicos especialmente protegidos, la caducidad del derecho del dueño de la obra a reclamar por los vicios que pudiere presentar el trabajo no puede ser decretada de oficio, requiriéndose que se la haga valer por el interesado como defensa a la admisibilidad del derecho que se reclama.

La recepción definitiva libera al empresario de la responsabilidad que emerge de los vicios aparentes, de los cuales el comitente tiene la carga de quejarse en el momento de la entrega, no bastando su mera reserva genérica por vicios que pudieran existir (Cód.Civ. Anotado LLambías Alterini). Esta liberación de responsabilidad del empresario no rige cuando las diferencias no pudieron ser advertidas en el momento de la entrega, o los vicios eran ocultos. Como no se puede dar conformidad a algo que no se conoce, el carácter oculto de los vicios autoriza al comitente a reclamar por ellos una vez exteriorizados. Vicios ocultos son los que aparecen después de concluida la obra, por lo que no es dable presumir la renuncia a un reclamo que no existe, o en su caso la dispensa debe ser expresa.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, aclaratoria (procesal), costas, falta de interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: B., L. C. c/ LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES s/ RECURSO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-29

Si el recurrente, advirtiendo la omisión de pronunciamiento de la Cámara sobre las costas, pretendía una decisión expresa sobre ese extremo, debió plantear la correspondiente aclaratoria. La no utilización de la vía prevista en el art. 166, inc. 2 última parte del CPCyC., pesa sobre él como una chance perdida sin cuyo oportuno ejercicio no cabe traer el caso a la sede extraordinaria...
Tasas, Obras Sanitarias de la Nación, prescripción, prescripción tributaria, prescripción quinquenal
Materia: TRIBUTARIO - CIVIL
Carátula: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION c/ CASTIGLIONI Y OTRO s/ IMPUESTO- TASAS.    PRESCRIPCION.    O.S.N.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

Para establecer el término de prescripción aplicable a la acción emergente de la facultad para cobrar la tasa establecida en los arts 4to., inc. h), y 19, inc. a), de la ley orgánica de Obras Sanitarias de la Nación, cuyo monto es fijado por el Poder Ejecutivo a propuesta de dicha entidad, con el fin de que se retribuya la prestación del respectivo servicio, resulta aplicable el término quinquenal previsto en el art. 4027, inc. 3ro., del Código Civil que se refiere a todo lo que deba pagarse por años o plazos periódicos más breves. Ello es así, pues si bien el derecho privado ha perdido la preminencia que antes tenía sobre el derecho tributario, por los conceptos, principios, institutos y métodos con que éste cuenta, no por eso esta disciplina está al margen de la unidad general del derecho, ni es incompatible con los principios del derecho privado y en especial del derecho civil, generalmente con vigencia en todo el orden jurídico, y tal solución concuerda con diversas normas impositivas.
Acción de amparo, existencia de otras vías, competencia contencioso administrativa, cámara contencioso administrativa, recurso contencioso administrativo, antigüedad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mosqueda, Marcela Cecilia c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-14

Es sabido que la petición de inconstitucionalidad no desplaza de por sí la concurrencia de materia contencioso administrativa ni la competencia de los tribunales a los que la Constitución y la ley les han confiado el conocimiento de dicha materia; ni mucho menos aun exime a los jueces del control de los requisitos de admisibilidad del amparo, el cual -en estos supuestos- debe efectuarse con especial estrictez conforme a los lineamientos trazados por esta Corte in re "Bacchetta" y su jurisprudencia consecuencial; además, en tren de examinar si concurren en la especie los recaudos formales de la acción intentada, se advierte que las razones invocadas en la demanda son insuficientes a los fines de demostrar por qué excepcional razón la disposición impugnada producía un daño concreto y grave que sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo ni, por ende, por qué motivo -en las circunstancias del caso- el acceso a la jurisdicción en lo contencioso administrativo podía acarrearle un perjuicio irreparable, lo cual no puede entenderse satisfecho cuando, en rigor, tampoco menciona el gravamen que presumiblemente le ocasionaría el cumplimiento de las disposiciones ministeriales, habiéndose limitado a señalar que las bases fijadas para este concurso le impedían el ingreso a la docencia pública como titular, y el tránsito por la vía administrativa establecida por la propia reglamentación no impide la ejecución del acto impugnado, de lo que la actora pretende desprender la inidoneidad de toda otra vía, por lo que todas las genéricas afirmaciones efectuadas por la amparista y receptadas por los Sentenciantes, lejos están de acreditar que el proceso contencioso administrativo no resultaba idóneo para canalizar la pretensión, sobre todo si se atiende al amplio espectro que en materia de tutela cautelar posibilita el artículo 14 de la ley 11330. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren el Dr. Erbetta y la Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJN: Ballesteros, Fallos 317:1128; CSJStaFe: Bacchetta, AyS T 132, p 67; Haquín, T 162, p 361; Andreoli, T 163, p 71; Aguirre, T 206, p 230. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330, artículo 14.