marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Letra de cambio, pagaré, pago, presentación al cobro, prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Trust de Negocios SA c/ Favot SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-20

Las obligaciones cambiarias han sido denominadas "querables" en razón de que el acreedor debe constituirse en el lugar de pago establecido o en el domicilio del deudor (dec. ley 5965/63: 40, 41, 103 y cctes.), y requerir el pago y éste debe pagar contra la certeza de la presentación del título. Se ha señalado en doctrina que si la mora en materia civil y comercial puede resultar en ciertos casos de la "intimación", en las obligaciones cambiarias el medio que la ley determina como idóneo a ese fin, lo constituye "la presentación" del instrumento, requisito necesario e ineludible, único contra el cual el deudor debe pagar. La presentación debe ser realizada mediante la exhibición material del título en el término prescripto por la ley, tanto como condición para exigir el pago como para accionar en caso de rehusarse éste, y como condición para la constitución en mora del deudor, ya que si el acreedor no cumple con el acto de cooperación que consiste en la referida presentación de la letra de cambio o el pagaré, el deudor no se encuentra en condiciones de cumplir su obligación, por ignorar quién es el portador legitimado del título para exigir dicho pago. El portador, dado el carácter que tiene la presentación del documento, no puede ser dispensado de esa carga de ninguna manera, ni aún mediante la cláusula "sin protesto" (art. 50 y 57), (Williams, T. II p. 372), (véanse votos de los Dres. Morandi y Williams en plenario de esta Cámara dictadi in re: "Kairus Jose c/ Romero Héctor y otro" del 17/6/81 ED 332 y sig.).
Nombre, inscripción de nombre, nombre extranjero
Materia: CIVIL
Carátula: G.C.O Y OTRA s/ APELACION RESOLUCION- REGISTRO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-13

Corresponde confirmar la resolución del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas si el prenombre que se quiere imponer "Zaolt" es extranjero, no tiene su equivalente en el idioma nacional, ni ha sido castellanizado por su uso. Además, suscita equívocos respecto del sexo de la persona, situación que se ve agravada porque el pronombre referido debe adicionarse a un apellido que comúnmente en nuestro medio se utiliza en el primer sentido, por lo que la inscripción del pronombre aludido contraviene las prohibiciones contenidas en los incisos 1 "in fine" y 2 del art.

3ro. de la ley 18.248.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, dominio público, ríos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA, AGRICOLA E INDUSTRIAL c/ ESTADO PROVINCIAL (JUJUY) s/ IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO EXTRAORDINARIO - SENTENCIAS ARBITRARIAS -  AGUAS - VERTIENTES - BIENES PUBLICOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-24

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que dejó sin efecto el decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy que no había reconocido el carácter privado de las aguas de las vertientes de "El Tajamar". Ello es así, pues lo resuelto acerca de la inteligencia que cabe asignar a los arts.

2340, inc. 3, 2350 y 2637 del Código Civil, remite al examen de cuestiones de derecho común irrevisables en la instancia extraordinaria, no obstante la tacha de arbitrariedad invocada, ya que la sentencia expone argumentos suficientes de esa naturaleza que, no obstante ser opinable la interpretación realizada, bastan para sustentarla e impiden su descalificación como acto judicial.
Delitos contra la propiedad, usurpación de inmueble, tenencia simple
Materia: PENAL
Carátula: M., C.W. s/ Usurpación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-04-02

El artículo 181 inc. 1 del C.P. establece que habrá usurpación cuando el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. En primer término resulta necesario atender el bien jurídico protegido de esta figura, que consiste en el uso y goce pacífico de un bien inmueble por el hecho de posesión o tenencia, o el ejercicio de la facultad de ocupación de un inmueble otorgada por un derecho real. Ahora bien, en el ámbito penal el tenedor que interesa es quien por sí o por medio de un representante, tiene efectivamente la cosa, por ello lo que se ampara no es el derecho sino esencialmente el hecho de la tenencia.
Quiebra, síndico del concurso, honorarios
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Igea, Juan José S.A. s/ Quiebra. Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-11-07

Una cosa es que el artículo 264 coloque a la preferencia de los acreedores del concurso por debajo del privilegio especial, y otra muy distinta es que dicho acreedor privilegiado no deba contribuir al pago de los honorarios del síndico y su asesor (regulados conforme artículo 289 y ss.), en la medida en que dicho acreedor se haya visto beneficiado por la actividad que éstos desarrollaron a través de diligencias relativas al bien afectado al privilegio, cuando el monto liquidado en el concurso especial no alcanza para pagar la aludida proporción.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, restitución internacional de menores, interés del menor, duración del proceso
Materia: PROCESAL - CIVIL - INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Andreasen, Lía Alexandra s/ exhorto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que exhibe falta de ponderación del factor tiempo en relación con la estabilidad psíquica y emotiva de la menor al no medir prudencialmente las consecuencias nocivas que la restitución podría acarrear a la niña cuando ha sido radicalmente modificada la situación anterior, o sea el pretenso statu quo.
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sosa Pons, Leticia Martha c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-25

Si el juez de primera instancia declaró la inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 24.463 para el caso de que su aplicación provocara una merma superior al 15% respecto de los haberes calculados y, ordenó que el haber así redeterminado deberá tener en cuenta el límite que impide todo reconocimiento de un monto mensual del beneficio que supere el haber de actividad (cfr. CJN in re "Villanustre, Raúl Félix", de fecha 17.12.91 y "Mantegazza, Ángel Alfredo", de fecha 14.11.06), dicha decisión debe interpretarse en dirección a que la referencia al fallo "Villanustre" efectuada por el sentenciante alude al necesario carácter sustitutivo del haber de pasividad con relación al de actividad.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, proceso penal, situación del imputado, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: G., E. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 6 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-06-17

Las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso penal -típicamente las que rechazan la prescripción de la acción- no son sentencia definitiva ni equiparables.

En el caso, el impugnante no ha logrado demostrar un supuesto que permita excepcionar la aplicación de la regla aludida, pues si bien se hace referencia a una supuesta prolongación irrazonable en el trámite de la causa, no ha acompañado los antecedentes mínimos necesarios para fundamentarlo, resultando insuficiente la mera mención del tiempo transcurrido entre la supuesta fecha del hecho endilgado y la formulación del pedido de prescripción, dato aislado que no informa siquiera cuándo se inició el proceso y del que, en general, no puede inferirse una prolongación injustificada en los términos de la doctrina desarrollada por el más alto Tribunal nacional.
Acción de amparo, honorarios, honorarios del abogado, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: BUGALLO  MARGARITA  NELLY c/ INSTITUTO  NAC.  DE  SEG.  SOC. DEJUBILADOS Y PENSIONADOS s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-05

La acción de amparo cuando afecta el derecho a la salud, carece de contenido económico, por cuanto es el remedio expedito para restaurar el derecho o garantía constitucional presuntivamente conculcado (conf. Serrantes Peña- Palma- Serrantes Peña "Aranceles de Honorarios para Abogados y Procuradores" pág.146/147, Depalma, 3ª. ed. act., 1987). De ahí que la regulación de honorarios deba ajustarse a las pautas de valoración profesional contenidas en los incs. b a f del art. 6 de la ley 21.839 (texto según ley 24.432), pues la primera, "el monto del juicio", no se da en éstos, puesto que lo que el amparo persigue, es el reconocimiento de los mencionados derechos y garantías que protege nuestra Carta Magna. Sin embargo, corresponde tomar en cuenta en el caso el beneficio obtenido por la persona amparada, sin perjuicio de estimar la calidad y eficacia de la actuación profesional (conf. Serrantes Peña Palma Serrantes Peña, op. cit.).
Simulación, monto del juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ CARLSSON A. c/ BERGUES MIGUEL s/ SIMULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-09-22

Cuando en la causa se prueba que hubo acto simulado, el monto del juicio es el del valor real del bien objeto de la simulación;

opuestamente, cuando no se acredita que haya habido tal simulación, el valor del juicio es el precio del bien que se consigna en la escritura; en consecuencia, el interés del actor en el juicio de simulación nunca debe tenerse en cuenta a tales efectos, siempre que ese interés nada tiene que ver con el juicio de simulación en sí mismo.
Competencia en razón del monto, depreciación monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ABRAHAN RAUL c/ GLADYS FIOCHETTA DE LABORDE s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: A108 - 369)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-10-17

El pedido de actualización monetaria integra el monto de la demanda y debe tenerse en cuenta para la determinación cuantitativa de la competencia.- ACLARATORIA: Declarada procedente la excepción de incompetencia, corresponde disponer el archivo de la causa.-
Subasta, nulidad de la subasta
Materia: PROCESAL
Carátula: H.S.B.C. BANK ARGENTINA S.AA. c/ SEMA S.R.L. y Otros s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-03-08

Siendo el remate judicial de naturaleza procesal, en razón de constituir uno de los eslabones del juicio ejecutivo, el pedido de su nulidad debe apreciarse restrictivamente al igual que las demás nulidades procesales.

Cabe destacar que, en una subasta judicial no son los derechos ni la conducta del acreedor los que deben primar, sino los del tercero adquirente, cuya buena fe se presume y que compra dentro del marco de seriedad y garantía de legalidad que tal acto de venta lleva ínsito. (art. 1051 del Código Civil).
Objeto del proceso, terminación del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Boyas S.R.L. s/ Interdicto de Recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-03-20

La ausencia de una figura que contemple la pretensión extrajudicialmente satisfecha, no debe impedir que se declare extinguido el proceso, pues si el interés es la medida de todas las acciones, indudable es que la pretensión ha perdido su causa o justificación objetiva, al desaparecer uno de sus requisitos esenciales, tornando inútil la propuesta procesal.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramos, Julio Armando c/ Cruz, Horacio Santos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-01

Si no existe prueba alguna que corrobore la entrega de la guarda del vehículo, antes de la vigencia del art. 27 según ley 22.977, la denuncia efectuada al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor no resulta eficaz, por ser posterior al suceso que provocó daños en el rodado de la parte demandante.
Alimentos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERRARESE DE ANZORENA CLYDE c/ HECTOR ANZORENA s/ Alimentos (LIBRO: A072 - 469)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-05-20

"... doctrinaria como jurisprudencialmente se sostiene, que la mera invocacion de falta de recursos alegada por el alimentante, no puede relevarlo, sin mas de su obligacion, ya que le corresponde arbitrar los medios para la satisfaccion de los deberes que provienen del matrimonio y nacimiento de los hijos. El padre se encuentra constrenido a trabajar, de modo de procurarse los recursos necesarios y, sobre dicha base, corresponde fijar la cuota.-
Circunstancias extraordinarias de atenuación, violencia de género, homicidio calificado por el vínculo
Materia: PENAL
Carátula: López, Susana Beatriz
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-09

La imputada por el homicidio de su cónyuge deberá responder punitivamente en los límites previstos en la última parte del art. 80 del Código Penal, en tanto se advierte la existencia de un trastorno mental transitorio incompleto, pues debe tenerse en cuenta que los aspectos fácticos del suceso criminal en correlato con su situación de convivencia preexistente con el sujeto pasivo que luego ultimó, de conjunto integran las circunstancias extraordinarias de atenuación de su conducta (del voto en disidencia del Dr. Fernández).
Accidente de tránsito, vehículo detenido, presunción de culpa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Abutti, Gabriel Oscar c/ Echeverría, Adolfo José y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-11-21

Acreditada la detención del camión y no demostrado que ello obedeció a razones de fuerza mayor, debe hacerse responsable de las consecuencias que ha generado su actitud, en condiciones sumamente riesgosas para la transitabilidad de una ruta nacional.-El artículo 77 de la ley 13.893 prohibe estacionar dentro de la franja pavimentada, debiendo hacerse en la banquina, salvo inmovilización por fuerza mayor contemplada en el artículo 74 inciso b); por ende, es responsable el conductor que infringe esa norma...".
Movilidad del haber jubilatorio, índices de actualización, pago, pago extemporáneo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SZCZUPAK, Sofía Rebeca c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-16

Para asegurarse que la movilidad del haber, resultante de aplicar un índice promedio obtenido entre los de salarios de peón industrial y de costo de vida, preserven al beneficiario un nivel de vida acorde con el alcanzado en el último período de su actividad, la aplicación del índice referido deberá hacerse en forma mensual (habida cuenta que el I.N.D.E.C. las confecciona y publica con esa frecuencia) a fin de lograr la mayor inmediatéz posible entre el período que éste represente y el momento de realizar el cálculo del importe que corresponda actualizar sin perjuicio de recurrir a la ficción jurídica de su empleo retroactivo, y de esa forma evitar que el tiempo que demore la realización de los cálculos conviertan el pago en extemporáneo y ello derive en una interminable sucesión de actualizaciones. (del voto del Dr. Fasciolo).
Seguros, interpretación del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hernández, J. c/ Prev. Ayuda Mutuo Soc. Coop. de Seg. Ltda. s/ Incumplimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-04

Son aplicables el art. 1147 del C.Civil y el art. 53 de la ley de Seguros cuando las partes han celebrado un contrato "consensual" (art. 4° de la misma ley), en el que ha mediado la intervención de un agente, en el caso "productor" y por ende es de los denominados "entre ausentes".- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos civiles, emergencia económica, contratos bancarios, depósito en moneda extranjera, reprogramación de los depósitos
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CONSORCIO  DE PROPIETARIOS RIVER OAKS c/ PODER EJECUTIVO NACIONALS/ s/ MPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-15

Cabe admitir la acción entablada por el cliente de un banco en reclamo de la diferencia resultante, entre la suma de dinero retirada en pesos -a relación u$s 1 = $ 1,40-, y la que hubiese correspondido según el valor de la moneda del dólar estadounidense en el mercado libre de cambio, sin que el Banco pueda oponer al progreso de la acción el sometimiento voluntario del accionante al régimen pesificador de depósitos, la ausencia de reserva para accionar judicialmente por el reintegro de la diferencia de cambio y la aplicabilidad de la teoría de los actos propios; ello así pues, en primer lugar, para que esta teoría pueda ser aplicada es necesario que el acto al cual se le pretende atribuir determinadas consecuencias jurídicas haya sido ejercido con discernimiento, intención y libertad, ya que de existir algún vicio no cabría aplicarla (Cód. civil arts. 897 y 900) y, en el caso, resulta evidente, que el retiro de los fondos a razón de $ 1,40 por cada dólar no fue una decisión voluntaria y, si bien es carga del peticionante probar los hechos en que funda su pretensión, los condicionantes de su decisión, cuando estos hechos son notorios están exentos de prueba y, -en el caso- son las mismas normas que impusieron la denominada pesificación las que describen perfectamente el estado en que se encontraba cualquier acreedor que se sometía al régimen de reprogramación de depósitos establecido en el decreto 214/02 art. 2, por lo que se encuentra exento de prueba; a ello debe sumarse la edad del reclamante, considerada por la comunicación "A" 3467 del Banco Central como elemento excluyente de la reprogramación, pues, si bien dicha norma fue posterior al retiro de los fondos, su emisión reconoce las especiales necesidades que las personas de avanzada edad tenían en recuperar o disponer en forma inmediata de su patrimonio; finalmente, la inexistencia de la referida reserva, nada modifica al respecto, pues, no existió sometimiento voluntario del accionante al régimen de reprogramación de depósitos, toda vez que dicha reserva no constituyó un requisito indispensable para que el accionante pudiera disponer de sus fondos, como consecuencia del estado de necesidad que lo afectaba; ello así, en tanto no realizó un acto voluntario, pues la única opción que tenía para disponer en forma inmediata de sus fondos consistía en el mecanismo previsto por el decreto 214/02 art. 2, no procede la aplicación de la denominada teoría de los actos propios.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: Grau, Héctor Eduardo s/ Infracción art. 302 inc. 2 del Código Penal (dos hechos)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-26

Corresponde declarar la nulidad del fallo si el sentenciante, al referirse a la materialidad ilícita del hecho bajo juzgamiento, se limitó a coincidir con lo resuelto por el juez de primera instancia y la defensa -oportunamente- habría planteado cuestiones relacionadas con aspectos del extremo impugnado del hecho en cuestión, por lo que la Cámara estaba obligada a tratar dichos planteos desde que, tratándose de un recurso en relación, debe entenderse por motivos de agravio los formulados en primera instancia (art. 342, C.P.P. - según ley 3589 y sus modif.).
Abuso sexual, víctima del delito, víctima menor de edad, deberes del juez
Materia: PENAL
Carátula: Gallo López, Javier s/ causa Nº 2222.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-07

Teniendo en cuenta que se encuentra en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tiene una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización y que la vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal -y donde se destacan, entre otras víctimas, las menores de edad y las que padecieron delitos sexuales- los jueces deben adoptar en estos casos las medidas que resulten adecuadas para moderar los efectos negativos del delito (victimización primaria) y también deben procurar que el daño sufrido no se vea incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria); en todas las fases del procedimiento penal, deben proteger la integridad física y psicológica de la víctima (Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
Daños y perjuicios, indemnización, gastos médicos, honorarios fuera de obra social
Materia: CIVIL
Carátula: BONETTI, Roberto Aníbal c/ GIROLA, Hilario s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-23

Disidencia del Dr. López Aramburu:No obstante que la Obra Social pueda encontrarse legitimada para reclamar a los demandados los gastos en que incurriera en la atención médica de la víctima, en la medida en que la entidad no se haya hecho parte en la causa, ni reclamado a nombre propio en tiempo oportuno -sin acreditar, tampoco, cuál es el monto de la suma invertida en la atención del accionante-, veda la procedencia del reclamo formulado por éste.-
Administración Pública, personería jurídica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Anna, Hugo Orlando c/ Sistema Provincial de Salud -SIPROSALUD- s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-02-21

La personalidad jurídica, en tanto atributo de los sujetos de derecho, pertenece en principio al Estado, comunidad jurídica por excelencia y antonomasia, y deriva directamente del orden jurídico sobre el cual asienta. La Administración centralizada, carece entonces "per se" de tal atributo, que se subsume en el que conviene al Estado.
Recurso extraordinario, honorarios, regulación de honorarios, resolución denegatoria, sentencia definitiva, resoluciones equiparables a definitiva, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Sevel   Argentina   S.A.  (TF  12.399-I) c/ Dirección  General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

El recurso extraordinario contra la sentencia que dejó sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48) (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Daños y perjuicios, indemnización, pérdida de la chance, estados contables, teoría de la frustración, vehículos, responsabilidad del fabricante, responsabilidad del vendedor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Montonati, Marcelo Maximiliano  c/ Volkswagen Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-09

Ello así, pues el actor puso a la venta su rodado (conf. informe de Mercado Libre) y tramitó ante la AFIP el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) de cuya lectura resulta el nombre del adquirente interesado y el valor de la transferencia. Todo indica pues, que la frustración de la operación a causa del error contenido en la documentación registral, dio nacimiento a un daño cierto en el patrimonio del actor que se tradujo en la pérdida de la chance de vender o ceder el automotor en esa oportunidad y en cualquier otra futura hasta tanto la demandada rectifique tal documentación.