Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-03-28


AUTOS Nº 10753 - "ARGUMOSA Julio Aníbal c/ Prevención A.R.T. Sociedad Anónima s/ Apelación de Sentencia" // la ciudad de San Juan, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Miguel Ernesto Novoa, Lucía Daroni de Pontoriero y Julio Rolando Coll, bajo la presidencia a cargo del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 10753, caratulados "ARGUMOSA JULIO ANIBAL C/ PREVENCION ART SOCIEDAD ANONIMA S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que por sentencia dictada a fs. 286/304 por el Sr. Juez del Cuarto Juzgado Laboral se decidió admitir la demanda deducida en autos, y condenar a la demandada a abonar al actor la suma que surja de la liquidación que al efecto se practique, con más intereses y costas.

Contra tal fallo se alza la demandada, quien deduce recurso de apelación a fs. 311. A fs. 313/316 expresa agravios, los que son respondidos por la contraria a fs. 321/325. A fs. 333 consta la participación de Fiscalía de Cámara; a fs. 339 se llama autos a resolver, y a fs. 340 se practica el sorteo para la emisión de los votos de los Sres. Camaristas, el que arrojó el siguiente resultado: 1)- Dra. Daroni; Dr. Novoa y 3)- Dr. Coll.

A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la demandada? Segunda cuestión: Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. LUCÍA E. DARONI DE PONTORIERO DIJO:

I- Por la sentencia recurrida se consideró que resulta procedente la reparación civil reclamada en autos contra la ART demandada, en tanto la misma ha concurrido con el empleador en la causación del daño con la omisión de conductas impuestas legalmente. Para así concluir, sostuvo: 1)- Que en autos se reclama con sustento en lo dispuesto por el art. 1074 del CCiv., por la reparación de daños y perjuicios que dice haber sufrido como consecuencia de la enfermedad profesional que padece por causa de las tareas que desarrollaba para la demandada. 2)- Que a la actora le incumbe probar los hechos constitutivos en los que fundamenta su pretensión; en tanto es carga de la demandada, acreditar los hechos impeditivos o extintivos, sin perjuicio de la aplicación de la Teoría dinámica de las pruebas. 3)- Que, luego de invocar el fallo "Torrillo" de la CSJN, y de transcribir las declaraciones testimoniales brindadas en la causa, expresa que de las mismas se desprende claramente que el actor desde su ingreso y mientras duró la relación laboral efectuaba las tareas típicas de un chofer de colectivos de corta distancia; las que consistían en manejar, expedir boletos, dar vueltos, controlar la unidad, entre otras. Que tales labores las efectuaba desde su ingreso en asientos comunes y sin suspensión. Que recién aproximadamente en el año 2004 comenzaron a venir las unidades con asientos ergonómicos y con suspensión. Afirmando que las declaraciones aparecen sinceras y con razón de sus dichos. 4)- Que de las conclusiones de la pericial médica surge que "el actor presenta hernia de disco operada a nivel L4-L5 (aminectomia) con secuelas clínicas y electromiográficas moderadas, que tienen relación directa con un accidente de trabajo y espóndiloartrosis postraumática de columna provocada por vibraciones de cuerpo entero"; presentando una incapacidad del 28% de la total obrera. 5)- Que luego de transcribir el informe del perito en Higiene y Seguridad, y de desestimar las impugnaciones formuladas por la demandada respecto a ambas periciales, concluye que el Sr. Argumosa padece una incapacidad permanente parcial y definitiva del 28% de la total obrera, conforme tabla de baremo decreto 659/96, y que la misma tiene relación directa con el trabajo de chofer de ómnibus que efectuaba el actor para la firma de Transportes de pasajeros "El Triunfo SA", en razón de las vibraciones que absorbía, posturas que debía mantener para efectuar el trabajo y el tiempo que llevó efectuando la misma labor. Considera que ha resultado suficiente la prueba rendida para acreditar que la actividad desarrollada por el actor durante más de veinte años, en forma ininterrumpida, es la que ha producido en gran medida, las lesiones en la columna del actor, las que se han manifestado con posterioridad al accidente laboral que el actor sufrió. Expresa asimismo que conforme informe del perito en Higiene y Seguridad y constancias documentales ninguna acción surge acreditada por la ART respecto a medidas de prevención, como tampoco requirió el suministro de asientos de trabajo ergonómicos y de elementos de protección que seguramente hubieran evitado total o parcialmente las patologías físicas constatadas. Que media una vinculación directa entre el incumplimiento de los deberes profesionales de la ART y la actividad dañosa en base a un juicio racional de probabilidad, según el cual si la aseguradora hubiese hecho lo que las normas le imponen y lo que se comprometió al afiliar al empleador, es muy probable que la dolencia no se hubiera desarrollado. Que no acreditó que hubiera efectuado controles de higiene y seguridad, no aportó documentación que acredite las medidas de control técnico sobre riesgos potenciales dentro del establecimiento, o que efectuara el control de entrega de elementos de seguridad, o realizara estudios ergonómicos del puesto de trabajo o implementara un plan de mejoramiento. 6)- Que finalmente cabe declarar procedente en concepto de reparación del daño con sustento en el derecho común, la suma de $ 782.934,03, con más intereses desde la fecha de determinación de la incapacidad (Oct./12).

II- Contra lo resuelto se alza la demandada en su recurso. Expresa la misma que le causa agravios que se condene a su parte a abonar una indemnización sin sustento fáctico ni legal. Que según surge del fallo, el Juez tiene por probado que los colectivos de corta distancia son generadores del agente de riesgo denominado "vibraciones de cuerpo entero". Que las mismas eran transmitidas al actor, quien debía soportarlas ya que los asientos para conductores hasta el año 2004 eran del tipo esterillados, que luego fueron los denominados "ergonómicos". Lo que le causó una incapacidad del 28% de la TO, achacándole a su parte que no cumplió con las obligaciones a su cargo. Que sin embargo, del relato del actor surge que en el año 1999 tuvo un accidente de tránsito que le causó problemas lumbares; que luego en el 2002 fue intervenido quirúrgicamente, hizo rehabilitación y continuó trabajando un año después. Que el A quo ha omitido considerar que su parte comenzó a prestar cobertura recién en el año 2004, conforme constancia de fs. 43, por lo que a ese momento no sólo el daño ya había acontecido, ya estaba consolidado y el actor tenía pleno conocimiento del mismo, sino que además, de las propias conclusiones del juez surge que la instalación de los "asientos ergonómicos" en las unidades ocurrió en el mismo año 2004. Por lo que, si las vibraciones de cuerpo entero como agente de riesgo eran transmitidas por los asientos fijos sin amortiguación, todo ello debió suceder antes del año 2004, en que se instalaron los asientos ergonómicos; afirmando que de las testimoniales no surge queja alguna de los choferes sobre los nuevos asientos. Destaca que el actor ya estaba operado y con limitaciones desde el año 2002, y continuó conduciendo sin mayores complicaciones ni nuevos siniestros ni denuncias hasta el año 2012 en que promueve la demanda. Que yerra también el Juez al establecer la fecha de primera manifestación invalidante en Octubre/12, pues tal como el mismo actor lo invoca, la misma fue en el año 1999 (accidente de tránsito), y luego en el año 2002 cuando se sometió a operaciones y rehabilitación. Señala además que en el mes de Oct/12 la demanda ya se había promovido y estaba sin contestar; que no existe ninguna RMN alguna en esa fecha. Que es un yerro del sentenciante, pues la primera manifestación invalidante es la que determina qué aseguradora es la responsable, tal como se sostuvo al contestar la demanda; lo que haría responsable a Liberty ART (hoy Swiss Medical Group), según informe de fs. 41/42. Que tampoco ha tenido en cuenta el sentenciante que durante el tiempo transcurrido entre el año 2004 y 2012 no hubo denuncia alguna, no intervino CM, no hubo comunicaciones ni a la patronal ni a la ART, ni siquiera hay estudios médicos en ese lapso, ni siquiera se invocan en la demanda. Por lo que durante el tiempo de la cobertura de su mandante no hubo ni siquiera un sólo hecho dañoso, por acción o por omisión, pues de lo contrario el actor así lo hubiese denunciado, lo que tampoco surge de la testimonial. Que no se dan por tanto los presupuestos de la acción civil. Destaca asimismo, que el principal responsable de las obligaciones de la seguridad para con los trabajadores es el propio empleador, que ni siquiera fue demandado. Concluye entonces, en que los daños en la columna del actor que el Juez tiene probados, tienen un origen anterior al año 2004, con lo que la condena dispuesta resulta carente de sentido. Finalmente pone de manifiesto que en sólo un par de palabras desestimó las impugnaciones a las periciales médicas y de Seguridad e Higiene. Solicita se haga lugar a la apelación y se revoque la sentencia. Apela en segundo lugar, la imposición de costas a su parte.

III- Por su parte la contraria responde a los agravios, y se opone a su procedencia, manifestando que los mismos sólo importan una discrepancia subjetiva, solicitando se confirme el fallo.

IV- Expuestos sucintamente los antecedentes del recurso en estudio, corresponde abocarse a su análisis y resolución.

Cabe recordar primeramente, que no puede desconocerse que el régimen de responsabilidad civil se diferencia del laboral, no sólo por su ámbito y principios de aplicación e interpretación sino también por su fundamento y finalidad. Por tal razón, es que cuando se ejercita la acción de derecho común, debe aplicarse el régimen indemnizatorio previsto en el código civil. Y ello es así por cuanto, como lo afirmó el Dr. Lorenzetti al emitir su voto en el fallo "Galván c/ Electroquímica Arg. SA y otro" SCJN 2007, pueden claramente distinguirse entre las pretensiones con finalidad resarcitoria de daños, aquella que fundada en el sistema de riesgos del trabajo tiene una lógica legislativa transaccional, puesto que facilita la acción al establecer presunciones de autoría y causalidad, pero limita la indemnización a los fines de facilitar la asegurabilidad; de aquélla que prevé la reparación plena, pero sometida a las exigencias de prueba de los presupuestos de procedencia civil, esto es, el acto ilícito, la imputación, y el nexo causal con el daño. Nexo causal, que a diferencia de lo sostenido por el sentenciante, no advierto acreditado suficientemente en la causa por un doble orden de razones, tal como infra lo expongo, asistiendo razón a la recurrente en cuanto así lo invoca en su recurso.

En primer lugar, por cuanto tal como el quejoso lo expone en su primer punto, el sentenciante sostiene -en una conclusión apartada de las constancias de la causa- que la primera manifestación invalidante del actor data del año 2012, fecha de la RMN -según menciona-, sin embargo, aún cuando expresa al demandar que ha sufrido una grave afección en su columna vertebral siendo la causa los politraumatismos ocasionados a consecuencia de su actividad como chofer de colectivos, de los hechos allí denunciados surge que las molestias comenzaron mucho tiempo antes, incluso que existió un hecho traumático que en el año 1999 le produjo daños en su columna, con lo que ya no podría hablarse de que su primera manifestación invalidante lo fue recién en el año 2012. En efecto, relata el actor que debido a que los asientos no fueron ergonómicos y a las vibraciones de la unidad, es que comienza a sentir lumbalgias, que con el correr del tiempo se fueron acentuando, sobre todo cuando tuvo un accidente de tránsito en el año 1999. Que desde ese tiempo siente un dolor agudo en la zona lumbar con irradiación hacia la región posterior del muslo derecho y en pierna derecha, con parastesia en región anterolateral de dicho miembro y a veces en el dorso del pie derecho. Que en el año 2002 consulta con el neurocirujano Dr. Cocco, quien le indica una RMN de columna lumbosacra, en la que ya surgen, según el propio actor lo relata: disminución en la altura con signos degenerativos del disco intervertebral L1-L2, L3-L4, y L4-L5. A nivel L1-L2 se observa un mínimo ánulo protuyente con una protusión localizada posterior, infraforaminal derecho correspondiendo a una hernia discal. A nivel L3-L4 se observa ánulo protuyente con una protusión infraforaminal izquierda. A nivel L4-L5 signos degenerativos discales, con un ánulo protuyente que ocupa el espacio epidural anterior. Y que luego fue intervenido quirúrgicamente en el año 2002. Vale decir, desde el año 1999 ya se advierten indudablemente las primeras manifestaciones invalidantes del accionante y su consolidación luego de la cirugía.

Con lo que asiste razón al quejoso cuando plantea que no cabe responsabilizar a su parte civilmente por cuanto a la fecha de tales primeras manifestaciones invalidantes y su consolidación aún no había suscripto con el empleador ningún contrato de afiliación, por lo que tampoco pudo haber incurrido en omisión alguna que causara el daño. Tal afirmación surge acreditada con el informe obrante a fs. 43/44 acompañado por la demandada, que da cuenta de que recién ello acaece en Marzo del año 2004. Con lo que, a aquéllas fechas era otra la ART que tenía a su cargo la prevención de los riesgos en la empresa empleadora, y a quien en todo caso se debió reclamar por los daños que dice le causó la omisión de cumplimiento de las normas de higiene en el trabajo; e incluso la eventual reparación sistémica y sus agravamientos.

Y en segundo lugar, pues -sin perjuicio de lo expuesto precedentemente- aún si consideráramos que nada tuvo que ver en las dolencias por las que hoy reclama aquél accidente de tránsito en el año 1999 ni la operación quirúrgica padecida, tampoco considero acreditado en autos nexo causal alguno entre los daños que invoca y la conducta omisiva que imputa a la demandada, que la torne responsable civilmente ante el accionante. Ello, pues tal como también pone de manifiesto la recurrente, en el fallo se tiene por reconocido según surge de la prueba colectada, que a partir del año 2004 los colectivos ya contaban con asientos ergonómicos que amortiguaban las vibraciones producidas por la unidad, por lo que, aún considerando que el actor hubiese padecido una enfermedad profesional por causa de los politraumatismos ocasionados a consecuencia de su actividad como chofer de colectivos, como lo invoca e incluso puede desprenderse de las pericias realizadas en autos, difícilmente se podría imputar civilmente a la ART demandada por omisión en su obligación de prevenir, pues no se advierte la existencia de nexo causal adecuado alguno entre una omisión concreta y de gravedad en que podría haber incurrido la misma y la enfermedad profesional denunciada. tal como infra se expone. Por otra parte, la demandada ha acompañado constancias de diversas recomendaciones aportadas a la empresa en cumplimiento de su deber de prevención, como igualmente de la verificación de su cumplimiento, identificación de riesgos, entregas de elementos de seguridad y de material instructivo, todo lo que consta entre fs. 48/78.

Cabe señalar que si bien en el fallo "Torrillo" (del 31/03/09) el Superior tribunal de Justicia de la Nación dejó en claro que en el objetivo de prevención de la Ley de Riesgos las ART tienen "una activa participación", que incluye la obligación de "adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, como así también, que no existe razón alguna para poner a éstas al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Cód.Civ. por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, también dejó en claro que ello siempre lo será para los casos en que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito, la imputación, cuanto el nexo causal adecuado entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales. Nexo causal que no considero acreditado en la causa y en este punto también asiste razón a la recurrente.

Es que como se advierte del relato del actor, y del fallo cuestionado, el nexo causal entre la dolencia del trabajador y la conducta omisiva de la ART estaría dado por la falta de elementos de protección contra las vibraciones de la unidad; más como se dijo previamente, al contar desde el año 2004 las mismas con asientos ergonómicos en fecha en que coincide con la afiliación de la empresa a la ART demandada, ya no podría aquélla ser la causa adecuada de tal dolencia, pues sería el elemento de protección adecuado ante tal agente. Y con respecto a la repetición de movimientos o de posturas que debía mantener para efectuar el trabajo, más el largo tiempo durante el cual lo hizo, según lo expone el sentenciante como agentes también causantes del daño, no ha habido imputación directa respecto a qué conducta omisiva podría achacarse a la demandada que fuera idónea para responsabilizarla civilmente por el daño que denuncia el dependiente. Resultando insuficiente invocar incumplimientos genéricos, principalmente por cuanto se trata de responsabilizar a la misma civilmente, y como se dijo ya, para ello es necesario la comprobación no sólo de una conducta antijurídica, sino también la existencia de un nexo causal adecuado o condición relevante del resultado dañoso que se invoca sufrido por el actor.

Cabe destacar asimismo, que si bien en el caso "Torrillo" antes mencionado se condenó civilmente a la ART demandada, se tuvieron en cuenta una serie de incumplimientos concretos en que había incurrido la misma e incluso se había comprobado que el lugar de tareas en que se desempeñaba en actor era un "ámbito con claros signos de riesgos" que carecía "de medios susceptibles de contrarrestar una situación de emergencia". Aspectos que tampoco se han acreditado en autos.

De acuerdo a lo expuesto, propicio el acogimiento del recurso, y la consiguiente revocación del fallo en examen, disponiéndose el rechazo de la reparación civil pretendida en autos contra la ART demandada.

Asimismo, y por aplicación del art. 264 del CPC corresponde modificar las costas de primera instancia, las que considero deben imponerse al accionante, atento disposición del art. 125 del CPL; e invertir los porcentajes de regulación fijados a los apoderados de ambas partes en el fallo que se impugna.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. LUCÍA E. DARONI DE PONTORIERO DIJO:

En cuanto a las costas de alzada, las mismas se imponen de igual forma que las de primera; regulándose los honorarios de los Dres. Nicolás Guillermo De Miguel y Cecilia Yornet, ambos en doble carácter, en el 35% y 30% respectivamente, de lo regulado a cada uno en la instancia anterior; art. 21 ley 56-O.

LOS DRES. MIGUEL ERNESTO NOVOA Y JULIO ROLANDO COLL DIJERON:

Que por sus fundamentos, se adhieren al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I)- Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la demandada, y revocar la sentencia de primera instancia, tal como se expone al tratar la primera cuestión.

II)- Imponer las costas y regular honorarios de ambas instancias en la forma dispuesta al tratar la segunda cuestión.

III)- Tener presente las reservas de derecho formuladas.

IV) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.-