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Honorarios del abogado, regulación de honorarios, jubilaciones, pensiones
Materia: CIVIL
Carátula: FRENKEL, Martha Luz y Otro c/ VECCHI, Humberto s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-26

El límite de dos haberes mensuales que impone a los honorarios de abogados y procuradores por la gestión realizada ante las cajas de previsión el art. 5to. de la ley 17.040, así como el art. 3ro. de la ley 18.746 modificatorio de la anterior, abarca a toda la gestión para la obtención de un beneficio jubilatorio, sin perjuicio de que aquélla esté comprendida por uno o varios trámites o expedientes; lo relevante de la cuestión aquí planteada está dado por la prestación acordada y no por la cantidad de expedientes y/o trámites para lograr aquélla.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, AFIP DGI, clausura del establecimiento, prueba de descargo, audiencia, notificación, falta de notificación
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Xipon S.A s/ apelación ley 11.683.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

Es descalificable el pronunciamiento que confirmó una sanción de clausura impuesta por la DGI. sin que se hubiera celebrado la audiencia de descargo prevista en el art. 588 del Código de Procedimientos en Materia Penal, a la que la parte no concurrió por no haber sido notificada, ya que la cédula pertinente fue devuelta, sin que conste en la causa que se hubiera adoptado alguna medida para hacer efectiva la notificación.
Sociedades comerciales, nulidades societarias, objeto social ilícito, actos ilícitos, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: INSPECCION  GENERAL  DE  JUSTICIA  SOLICITUD  DE  INTERVENCION DE LAS SOCIEDADES FERNICOLA RADIOELECTRICA Y SU LIQUIDACION s/ SOCIEDADES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-27

Aún cuando los hechos ilícitos realizados por una sociedad hubiesen ocurrido con anterioridad a la sanción de la ley 19550,que establece que realizado el activo y cancelado el pasivo social el remanente se destinará al fomento de la educación. Parece indudable que los integrantes de las sociedades ilícitas no pueden participar de los fondos obtenidos por la liquidación: se trata de un principio general recibido por el CCIV 1659 y 1660. Ello así, ls 18, en cuanto vino tan solo a reglamentar el destino de esos importes, resulta de inmediata aplicación el supuesto, sin que ese criterio importe asignar a la norma un efecto retroactivo.
Retención indebida, falsificación de documentos, concurso de delitos
Materia: PENAL
Carátula: BENITEZ, HORACIO ALBERTO s/ DEFRAUDACION  -  FALSIFICACION PARA OCULTAR LA APROPIACION INDEBIDA -  INEXISTENCIA CONCURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-08-02

Cuando la falsificación es ejecutada para ocultar el delito de defraudación, de modo que ningún nuevo perjuicio se produce con ella, sólo se configura el delito de defraudación por apropiación indebida.
Jurisdicción y competencia, competencia por la materia, sucesiones, fuero de atracción, acciones personales, demanda, accidente de tránsito, daños y perjuicios, lesiones culposas, transporte de pasajeros, terceros, título de la posesión, dominio
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gustavo Oscar SERANTES c/ Rodolfo Omar RODRIGUEZ y otro s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA  -  SUCESION  -  FUERO  DE  ATRACCION  -  TRANSPORTE  DE PASAJEROS - DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTE DE TRANSITO  - CITACION DE TERCERO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

No obstante que el proceso de sucesión atrae al Juzgado donde tramita, todas las acciones personales que se deduzcan contra el causante, sea cual fuere la causa que determine esa jurisdicción, si la demanda se promueve por daños y perjuicios por lesiones contra el transportador responsable, conductor y dueño del colectivo -de conformidad con el art. 184 del Código de Comercio- y se cita en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires -en igual redacción al de la Nación- a quien resulta ser el titular del dominio del rodado- sin que su citación importe incorporarlo como sujeto pasivo de la pretensión-, no es competente para entender en la causa el juez del sucesorio.

Ello es así, pues al no tratarse de una acción deducida contra el causante, no cabe considerar a la demanda comprendida en el supuesto contemplado por el art. 3284, inc. 4, del Código Civil.
Sanciones procesales, temeridad o malicia
Materia: CIVIL
Carátula: VALEBELLA DE PUZZI, Adela c/ CONTRERAS, Rafael s/ SANCIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-22

La sola circunstancia que una parte resulte vencida en el juicio no autoriza a que se le apliquen las sanciones que prevé el art. 45 el ritual, pues la temeridad y la malicia, supone algo más que haber planteado cuestiones o deducido pretensiones que hayan resultado desestimadas.-
Honorarios del abogado, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sawczuk, Bladimiro s/ Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-03-26

La falta de determinación del acervo relicto, no constituye una causal de interrupción del término de prescripción. Ni siquiera de la suspensión del mismo. Por el contrario, se trata de una dificultad o imposibilidad de hecho (art. 3980 del Código Civil) que, en su caso autoriza la dispensa de la prescripción cumplida, siempre que el derecho se haga valer en el término de tres meses de cesado el inconveniente.
Doctrina de la arbitrariedad, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, resoluciones judiciales, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos "GM sobre 5 c - comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción /tenencia con fines de comercialización
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-18

Corresponde rechazar la queja toda vez que, para denegar la solicitud de prisión domiciliaria formulada por la actora, los magistrados del tribunal de alzada propusieron una determinada valoración de los elementos reunidos -entre otros, los informes médicos emitidos por personal del Servicio Penitenciario Federal-, a la luz de la normativa aplicable, y, a partir de ello, afirmaron que no se verificaban los presupuestos de procedencia de la prisión domiciliaria ni un riesgo indebido de contagio que obligase a la adopción de una medida alternativa al encierro penitenciario. En estas condiciones, la discusión que pretende traerse a conocimiento de este Tribunal no escapa del ámbito que, como regla, es propio de los jueces de mérito. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Daños y perjuicios, discriminación laboral, portador de SIDA, principio de no discriminación, inversión de la carga de la prueba
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: A., L. F. c/ Administrar Salud S.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-03

Corresponde condenar a la empresa por no contratar al actor, luego de efectuar varias entrevistas laborales, porque la decisión obedeció a un acto de discriminación debido a la condición de portador de VIH del actor. Advierte que uno de los problemas que presentan los actos de discriminación emanados de particulares se encuentra en la dificultad probatoria y refiere que, teniendo en cuenta que la no discriminación es un principio que emana de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales con similar jerarquía, cuando una persona invoca un supuesto de discriminación se invierte la carga de la prueba.
Cuestiones de competencia, competencia de menores
Materia: PROCESAL
Carátula: Señor Juez de Instrucción Dr. José A. Reyes -Apóstoles s/ Cuestión de Competencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-04-11

Considerar el art. 25 del C.P.C. aisladamente, conduce a restar validez a las normas contenidas en los art. 412 415. El primero refiere a la competencia en cuanto Juez Correccional y los dos últimos a su competencia en cuanto Juez de Menores, fundado en la especificidad de la materia, esta es la minoridad y la necesidad de tratamiento especializado por lo cual la competencia comprende la investigación y juzgamiento de todos los hechos imputados al menor, este es cualquiera fuera la gravedad del delito. Tratándose de hechos cometidos por menores que no hubiesen cumplido dieciocho años al tiempo de la comisión del ilícito, corresponde al Juez correccional y de Menores la investigación y juzgamiento.(Dra.

Catella: En disidencia).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pacheco, Mirta Ester c/ Bais, Luis s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-12-21

El beneficio de la duda no declara la inocencia del acusado como verdad, sino sobre la insuficiencia de pruebas para condenarlo. Esa absolución -que no niega la culpa del reo, sino que la dubita-, con mayor razón aún deja las manos libres al juzgador civil, que podrá incluso valorar otros medios probatorios complementarios, rendidos en su sede, a los fines de determinar la culpabilidad civil, toda vez que aquella declaración penal hace a un statu quo temporal, circunstancial -al momento de decidir- pero que puede ser integrado por otra vía. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Verificación de créditos, crédito por honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: C., E.J. s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-06-15

La eventual circunstancia de no encontrarse firme la imposición en costas y los honorarios regulados en el proceso en que éstos fueron generados, no es suficiente para obstaculizar la pretensión verificatoria, aún pendiente una impugnación. Si por el fuero de atracción el proceso ejecutivo recayó en el juez del concurso, no implica que no conserve su autonomía frente a éste a los fines de completar los trámites pendientes que le son inherentes, entre ellos la obtención de la firmeza respecto de la imposición de los gastos causídicos y los honorarios estimados.
Confirmación de sentencia, concurso preventivo, acuerdo preventivo, AFIP, crédito verificado, competencia por conexidad
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Engrama SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-12

Procede confirmar la resolución que rechazó el planteo de tener por cumplido el acuerdo preventivo; con base en que la concursada adeuda cuotas a la AFIP de los planes de facilidades de pago oportunamente suscriptos, merced a los cuales obtuvo la conformidad del organismo recaudador. Ello por cuanto, la propuesta presentada por la concursada para dicho organismo y la conformidad prestada por esta última no implicó en modo alguno su exclusión del acuerdo homologado, sino admitir que el concordato para esta acreedora consistía en el acogimiento a los planes de facilidades de pago previsto en la normativa específica. Entiende este Tribunal que no es posible dar por cumplido un acuerdo preventivo, en la medida en que existiere un crédito verificado comprendido en la propuesta homologada que no se encuentre abonado en su totalidad. El hecho de que el pago a la AFIP deba hacerse por un mecanismo diferenciado no significa que aquélla no resulte acreedora de la concursada, ni que su crédito se encuentre en la órbita "extraconcursal" que la deudora pretende. Véase que contrariamente a lo señalado por la apelante, ante la falta de pago, el reclamo pertinente será prima facie ventilado ante el juez concursal (conf. esta CNCom, Sala B, 24/06/10, "Hotelnet SRL s/ concurso preventivo").
Inadmisibilidad del recurso, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Fernando Hernán c/  s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-22

Es inadmisible el RE deducido contra el pronunciamiento que hizo lugar al recurso de casación interpuesto contra la resolución que -al declarar la insubsistencia de la acción penal por violación del plazo razonable- sobreseyó a los imputados, pues lo resuelto no constituye sentencia definitiva ni equiparable a tal, sin que se haya demostrado la existencia de cuestión federal ni la configuración de arbitrariedad. (Dres. Gemignani, Hornos y Borinsky).
Sentencia, doctrina de la arbitrariedad, debido proceso, violación
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Juan  Manuel  Eladio  Padrón  Moyano,  Gregorio  Gutierrez  y  Arturo Carmelo Iturbe Coronel s/ Tentativa    Imposible    de  Aborto  Consentido  seguido  de  Muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-05-10

La sentencia impugnada se ha dictado prescindiendo de la prueba rendida en autos, omitiendo considerar cuestiones fundamentales planteadas por la defensa y conducentes para la decisión del pleito, y aunque fundándose parcialmente en prueba rendida, la ha apreciado excediendo los límites de razonabilidad a que está sujeta su valoración, contrariando las reglas de la sana crítica. Todas ellas son causales de nulidad por violación de las normas del debido proceso impuesto por el art. 18 de la Constitución Nacional. A estas "causales de arbitrariedad", se agrega la de "prescindir del texto legal" en cuanto a la omisión de los arts. 358 inc. 7 y 495 del Código de Procedimientos en Materia Criminal.
Actualización monetaria, Ley de desindexación, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: JORGE Y DANIEL CARBONE SA c/ ELMA SA s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-17

Sobre el criterio adoptado para repotenciar un crédito, no gravita la circunstancia de que la parte no haya observado el peritaje (conf. esta sala, causa 1554, de 27.5.91 Y precedentes allí citados). Admitir lo contrario significaría prescindir de la valoración de la idoneidad de la prueba pericial que es inherente a la función judicial y prescindir de la sana crítica, regla a la que se debe recurrir para la apreciación de la eficacia de todas las pruebas (art. 386, Cód. Proc. Civil). Tampoco es un óbice el hecho de que pueda darse el supuesto de la ley 24.283. Si bien esta es obligatoria, no se trata de un precepto aplicable de oficio. La demandada hasta ahora no la invocó y la oportunidad de su invocación es -propiamente- la de la ejecución de la sentencia (esta sala, causa 6736/92, de 9.11.94). Ello exime al tribunal de analizar en este momento cual es el monto del crédito conforme con una adecuada repotenciación. En efecto, la citada ley parte de la base de que el "valor real y actual" de la prestación sea, al momento de su liquidación, menor que el importe que resulte de la aplicación de índices. Puede ocurrir entonces que ese valor real y actual sea mayor y que, en consecuencia, no se ponga en marcha el proceso desindexatorio que la ley preve. De allí que su invocación es facultativa para el deudor y, por lo tanto, interesa sobremanera que el tribunal defina ahora cual es, la correcta repotenciación del crédito.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, accidentes de trabajo, empleador, Derecho laboral, obligación de seguridad, cosa riesgosa
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Almara, Alejandro Francisco c/ Supercemento S.A.I.C. y/u otra s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Laboral   (Expte. CSJ Nº 561-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-17

El recurso de inconstitucionalidad reviste carácter excepcional y no resulta apto para corregir lo que el criterio del quejoso estime equivocado, por lo que, frente al razonamiento del Juzgador que, considerando el carácter riesgoso de las tareas desarrolladas en la industria de la construcción y de su potenciación en el supuesto de cosas inertes, adujo el incumplimiento de los deberes de seguridad a cargo del empleador (artículo 75, Ley de Contrato de Trabajo), del Código de Higiene y Seguridad de la Construcción, remarcando el estado de salud plena del actor al momento del ingreso, y poniendo de resalto que por los daños así derivados debía responder el dueño o guardián -al no haberse acreditado la culpa de la víctima-, devienen inconsistentes las tachas relativas a marginar la normativa aplicable, invertir el "onus probandi" y apartarse de los hechos comprobados en la causa alegados por el recurrente habida cuenta que en su formulación, a más de no hacerse cargo de las motivaciones expuestas, omite especificar de qué medios probatorios prescinde como que la postura volcada en el fallo ha privado del verdadero sentido y justificación a la prueba practicada, a la inteligencia que cabría acordar, lógica y razonablemente, a las previsiones legales, o toda circunstancia de peso en el proceso de forma tal que se haya desvirtuado su mérito, conforme a su real valor, al conjunto de las constancias obrantes en el "sub lite" y al derecho que las rige.
Sentencia definitiva, impedimento de contacto del menor con el padre no conviviente
Materia: CIVIL
Carátula: O.R.F. s/ Protección integral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2013-12-12

La decisión que desestima el régimen de contacto es por sus efectos equiparable a definitiva, por poder causar un agravio de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior.
Acción de amparo, derecho de réplica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sarotto, Aníbal José c/ Panadería Argentina s/ Amparo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-19

No procede el amparo requerido contra un órgano de difusión gremial, tendiente a que se lo condene a la publicación de la réplica a la carta que, a pedido de un tercero, se insertó en un ejemplar.

Aunque el derecho de réplica previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos llamada Pacto de San José de Costa Rica, al ser aprobada por Ley 23.054 integra el orden jurídico del país, mientras no se dicte la respectiva ley reglamentaria es un tratado vinculante en el orden internacional pero no es derecho positivo interno.

El derecho de responder publicaciones que contienen informaciones inexactas o agraviantes emitidas en perjuicio de las personas y, correlativamente, el deber del editor responsable del medio de difusión de publicar la rectificación o respuesta, existirá en la medida que la ley reconozca aquel derecho o imponga este deber. La operatividad del amparo exigiría que el editor obrando contra la ley - ilegalmente - o arbitrariamente, rehusase cumplir con su deber jurídico. Recién se podría discurrir acerca de si esa conducta ilegítima o arbitraria vulnera un derecho subjetivo de jerarquía constitucional. Pero mientras tal ley no exista, el editor está amparado por el principio de reserva contenido en el art. 19 de la Constitución Nacional, según el cual nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Recurso extraordinario deducido por el Dr. Juan Carlos ORTIZ ALMONACID s/ Causa nro. 26.558
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-13

La decisión que pretende recurrirse carece del carácter de sentencia definitiva o equiparable a tal en la medida en que aquello que se impugna no pone fin al proceso ni a la acción ni torna imposible la continuación de las actuaciones, siendo los agravios que se invocan susceptibles de hallar remedio durante el desarrollo de las instancias ordinarias e incluso eventualmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de conocer el recurso extraordinario federal que pueda deducirse contra la sentencia final a recaer en el pleito.
Corrupción, prostitución
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Nestor José s/ Corrupción  de  Menores  Reiteradas  en  Perjuicio  de  N.N.  y N.N.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-10-26

Promueve el que incita, impulsa, persuade, aconseja, convence u obliga al sujeto pasivo a ejercer, acentuar o sostener su prostitución, o de igual manera, brega porque se inicia o persevere en un proceso de corrupción, sea instigado, engañado, amenazado, etc. Facilita quien favorece, pone a disposición de la víctima la oportunidad o los medios, allana obstáculos y dificultades, posibilita que su prostitución o corrupción se logre, se mantenga o intensifique. (Dres. Breglia-Arias y Gauna, Código Penal Comentado, ed. 1994, p. 392 y siguientes).
Deuda previsional, facilidades de pago, realidad económica, caducidad del plan de facilidades de pago, abuso del derecho, pago extemporáneo, cómputo de intereses
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: JUAN JOSE YAPUR S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-28

La aplicación mecánica del derecho no puede llevar a conformar situaciones irritantes alejadas de la realidad socio económica.

Si la profusión de planes de pago ha sido una constancia en nuestro país, y abierta la administración a la hora de atraer al deudor -en muchos casos contumaz y remiso-, no parece ajustada a derecho una decisión que, frente a un error luego subsanado, declara concluido el plan de pagos y aplica una penalidad (multa). Así pues, sin perjuicio de los intereses moratorios que sean consecuencia de la cancelación fuera de término, la caducidad se convierte en una sanción extremadamente gravosa para el contribuyente, máxime cuando como en el caso, éste evidenció su voluntad de cumplir al salvar un pago mal efectuado (parcial) y continuar sin observaciones el cronograma de cancelación de deuda previsto, hasta casi la cancelación total.
Accidente de tránsito, mecánica del accidente, bocacalle, patrullero, motovehículo
Materia: CIVIL
Carátula: Abdala, Hector Emilio c/ Chiaraviglio Reimundi, Romeo y/u otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-12-04

Resulta ajustada a derecho la distribución de responsabilidad que le atribuye un 20% al conductor de la moto y un 80% al conductor del móvil policial que colisionaron, pues este último recién encendió la sirena al cruzar la intersección, demostrando su actitud negligente y si bien el motovehículo tenía prioridad de paso, no solo por circular por la derecha, sino también porque su paso estaba habilitado por el semáforo, ha contribuido a la producción del siniestro ya que la velocidad de la motocicleta fue de 46 km por hora y las huellas de frenada se encontraban a una distancia de 14 mts. al punto de colisión, pruebas estas que demuestran la imposibilidad del dominio de la moto.
Competencia del tribunal de casación, revisión judicial, principio de inmediación
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Osvaldo Arturo y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

Es deber del juez, como requisito de la racionalidad de la sentencia, proceder conforme a la sana crítica, aplicando un método racional en la reconstrucción de un hecho pasado, a fin de fundamentar la sentencia y permitir que su razonamiento sea reconocible.
Certificados de obra, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Peñal, Jorge Alberto c/ Muzzalupo, Aída Rosa s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

Tratándose de la ejecución de una obra pública municipal, debe tenerse por operada la mora para el deudor, desde el vencimiento de la publicación de edictos (arts. 45 y 46 de la Ordenanza General 165 /73).