Administración Pública, facultades regladas, facultades discrecionales, revisión judicial de actos administrativos, control de legalidad, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, personas jurídicas, personería jurídica, personas jurídicas de carácter privado, asociaciones civiles, derechos y garantías constitucionales, derecho de asociación, Comunidad Homosexual Argentina
Materia: CIVIL
Carátula: COMUNIDAD HOMOSEXUAL ARGENTINA s/ RESOLUCION INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-12

El control judicial sobre la actividad administrativa pública difiere en su amplitud según se trate del ejercicio de facultades regladas o discrecionales. Tratándose de actos reglados comprende la verificación del cumplimiento de las condiciones de validez previstas concretamente por las normas que las regulan, mientras que, respecto de los actos discrecionales, fuera de los aspectos reglados que los contemplan y canalizan, dicho control no incluye la ponderación de la oportunidad y conveniencia de la medida adoptada por la administración pública, sino, tan sólo, el examen de su razonabilidad. (Fallos 298:223; 305:1489).

La ponderación del recaudo exigido por el art. 33 del Código Civil para la existencia de las asociaciones como personas jurídicas de carácter privado, de tener "por principal objeto el bien común", reviste el carácter de facultad discrecional de la Administración, habida cuenta la naturaleza de la materia y la ausencia de concretas especificaciones legales sobre el punto (confr. art. 10 inc. a y conc. de la ley 22.315 y su decreto reglamentario 1493/82). En consecuencia, sólo compete al Tribunal pronunciarse acerca de la razonabilidad de la decisión impugnada y no sobre su mérito y oportunidad, tópicos que escapan al control judicial. Sin sustituir en esto al poder administrador, debe ceñirse a examinar si media arbitrariedad en el acto, o sea si se aparta o carece de proporción con su finalidad y sólo se funda en la voluntad o el capricho del funcionario de quien proviene (Fallos 150:89; 247:121;288:323, etc).

El derecho de asociación que consagra el artículo 14 de la Ley Fundamental, como todos los derechos y garantías reconocidos por ésta, no es absoluto y está sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio (Fallos 286:187; 289:238; 296:372, etc.), entre ellas el Código Civil, en el cual, tratándose de asociaciones, sólo se acuerda el beneficio de la personería jurídica a las que cumplen determinados requisitos, entre otros tener "por principal objeto el bien común" (art. 33, 2do. párrafo, inc. 1), reservándose a las restantes la calidad de sujetos de derecho -bien que sin la plenitud de la capacidad-. Esta reglamentación del derecho de asociarse no ha sido tachada de inconstitucional, ni podría serlo con éxito, ya que se adecua plenamente al art. 28 de la Carta Magna.

La ley 23.592 no sanciona toda discriminación sino aquélla que en forma arbitraria impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. Esta discriminación supone, pues, la titularidad del derecho constitucional cuyo ejercicio se afecta con ella. El derecho de asociarse con fines útiles que garantiza el artículo 14 de la Constitución no incluye necesariamente el otorgamiento de personería jurídica y la autoridad de aplicación puede considerar razonablemente que no se cumple con las condiciones exigidas por la ley para su otorgamiento. Comunidad Homosexual Argentina s/Resolución Inspección General de Justicia.