marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tasa de justicia, ejecución fiscal, Seguridad social, deuda previsional, AFIP DGI
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) c/ Prosavic S.R.L.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

El hecho de que la ley 24.073 no haya derogado el párrafo que el art. 34 de la ley 23.966 incorporó al inc. f) del art. 13 de la ley 23.898 de Tasa de Justicia, conserva su sentido para la hipótesis de que la Dirección General Impositiva decida, por vías distintas de las del apremio, obtener el cobro de deudas previsionales.
Personal militar, adicionales de remuneración, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Acevedo Lelis y otro c/ Gendarmería Nacional s/ personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-14

El Fallo "Salas" de la C.S.J.N., fue esbozado a raíz de los diversos aumentos otorgados al personal militar en actividad por los decretos 1104/05 y siguientes -originariamente encubiertos como "sumas no remunerativas y no bonificables" del mismo modo que pretende hacerse ahora con el decreto 1307/12 y sus modif.-, que fueron finalmente declarados remunerativos y bonificables por dicho Tribunal y en virtud de ello trasladables al personal pasivo (Fallos: 334:275).
Personal municipal, supresión del cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cambiasso, Dora Miryam c/ Municipalidad de General Alvarado s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-09

Es ajustada a derecho la decisión de la autoridad administrativa que, al suprimir el cargo de director que ocupaba el agente -en el que había adquirido estabilidad a la luz de normas ya derogadas-, y teniendo en cuenta que el nuevo estatuto no ampara con dicha garantía a los puestos directivos, reubicó a aquél en el cargo jerárquico más alto- en el caso, Jefe de Departamento- de la carrera administrativa con estabilidad vigente a esa fecha.
Trabajadores de la construcción, registro de constructores, responsabilidad solidaria, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: ALBARRACION, JULIO c/ HAUBERT, CARLOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-07

Para que se cumpla el presupuesto establecido por el art 32, 2º párrafo de la ley 22.250 es necesario que el propietario de la obra ejecute obras de construcción en forma habitual, con características de profesionalidad y con fines de lucro, o bien que se trate de una empresa dedicada a la construcción de obras, que lucra con esa actividad. Corresponde dar preeminencia a los fines de la ley, al conjunto económico de todo el ordenamiento, evitando que la interpretación literal de los términos empleados conduzca a resultados adversos a los queridos por la norma.
Juicio ejecutivo, falsedad ideológica, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CITIBANK c/ BEAULIEU LAURA Y OTRO s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-10-14

Es ajeno al marco de conocimiento del juicio ejecutivo discutir la causa de la obligación, a fin de no desnaturalizar este tipo de proceso, en el que se pretende reparar prontamente una pretensión insatisfecha, sin perjuicio de discutir la pretensión misma en el respectivo juicio ordinario, si la ejecución es injusta, asegurando de tal suerte el efectivo ejercicio del derecho de defensa. Partiendo de esta premisa, no es factible en principio, invocando la excepción de inhabilidad, que sólo puede referirse a la materialidad del título, examinar su falsedad ideológica o intelectual, introduciéndose así al análisis de la causa. La falsedad ideológica es un problema causal y no formal, de modo que en principio es una materia que rebasa el marco de conocimiento del juicio ejecutivo, que está limitado al examen de las condiciones extrínsecas del título, y de la que no cabe apartarse sin riesgo de desnaturalizar esta clase de procesos. Pero si se está en presencia de una falsedad ideológica puesta de manifiesto por el propio ejecutante, quien ha confesado que la cantidad de dinero expresada en el título no coincide con el monto de la deuda que existía en la fecha que se consigna en el instrumento. Parece claro que en estas condiciones y en la medida de la falsedad la ejecución no resulta admisible, porque aunque tenga un título ejecutivo el acreedor no puede emplearlo legítimamente si el mismo reconoce que es parcialmente falso. Esta conclusión importa, desde luego, emitir un juicio en el aspecto causal, pero está justificado en la medida en que se puede llegar a ella sin abrir una discusión sobre los hechos, sin ordinarizar el proceso ejecutivo, que es lo que necesariamente se debe evitar. Ahora bien, en forma coherente con estas premisas, se debe entender que el certificado de deuda subsiste en todo aquello no comprendido en la falsedad confesada por el ejecutante. No siendo el caso de una falsedad material que pueda inutilizar el instrumento, éste conserva su eficacia como título, de suerte que la acción ejecutiva se debe reputar legítima, salvo en la parte en que la cifra consignada en el certificado resulta ser falsa.
Recurso de casación, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Medina, Cristian Javier s/ recurso de casación". Causa n. : 2414.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-25

El recurso de casación resulta inadmisible porque los recurrentes no han puesto en evidencia, en consonancia con el carácter sustancial del derecho fundamental consagrado por el art. 18 de la C.N., qué argumentos se habrían visto privados de exponer con capacidad potencial para modificar lo decidido sobre el punto que es motivo de protesta.
Despido, interpretación de escritos judiciales
Materia: LABORAL
Carátula: Splett, Oscar Alfredo c/ Técnica Digital S.R.L. y otro.  s/ despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

Los agravios que se dirigen a controvertir la interpretación de los escritos constitutivos del proceso resultan ajenos al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad.
Robo, daño moral, contrato de caja de seguridad
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Soto, Walter David s/ Materia a categorizar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-11-15

Es indudable la responsabilidad del condenado penalmente por robo a las cajas de seguridad del Banco para que afronte el pago de lo efectivamente sustraído más los intereses que correspondan desde la fecha de ese hecho hasta el presente (arts. 1077, 1079, 1093, 1096, 1102, 1109 y afines del Código Civil. Pero tal responsabilidad no puede extenderse al pago de otros rubros indemnizatorios que responden a la exclusiva responsabilidad de la entidad bancaria, a saber: el daño moral reclamado por los titulares de la caja de seguridad o los montos que en concepto de costas y honorarios fueran fijados en aquel reclamo. Todos estos rubros responden sustancialmente a la responsabilidad del Banco por las omisiones en el debido contralor de acceso a la caja constitutivas de negligencia (art. 1082 del Código Civil).(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Defensa del consumidor, bancos, litisconsorcio, cuestión de derecho público local, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores c/ c/ BBVA Banco Francés SA s/ s/ Ordinario s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-02

Corresponde declarar la competencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha sido incorporado a la litis como tercero obligado y litisconsorte en virtud de lo establecido en los artículos 1° y 2° del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y en el art. 42 de la ley n° 7 -Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad-. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi, al que adhiere la jueza Marcela De Langhe; y del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, competencia contencioso administrativa, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez de Aime, Diana Luz c/ Dipos Residual y/u otros s/ Avocación (Artículo 2, Ley 11330). Demanda laboral (Expte. CSJ Nº   586-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-09

Corresponde a la competencia contencioso administrativa de la Corte Provincial, el reconocimiento de derechos que derivan de la relación jurídica que vinculó al actor con la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, no siendo susceptible de ser encuadrado el caso en las exclusiones genéricamente previstas por la ley 11330 en su artículo 6, ni en ninguna otra norma específica.
Cheque, caducidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: WHIRPOOL ARGENTINA S.A. c/ FRAMET S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-26

El cómputo del plazo de caducidad, debe computarse desde la fecha asignada en el título. El cheque es un instrumento de pago, no de crédito, y tiene una vida efímera, limitada al término de presentación, que es de treinta días para los cheques librados en el país, y de sesenta para los emitidos desde el extranjero. (art. 25 de la ley 24452). Tiene, pues, importancia fundamental la fijación de la fecha de creación del instrumento, pues con referencia a ella se determina la capacidad del librador, el lapso de vida útil del cheque, y el comienzo del término de prescripción (en función de la fecha de vencimiento del título pág. 60 Nro.12). En consecuencia, no puede diferirse la fecha de creación del título valor a otros medios, que no sean los consignados en el mismo título, esto por varias razones, dada la abstracción, literalidad y completividad que los caracteriza. La creación del cheque, no es otra que la fecha en que fue librado, en razón que la fecha es uno de los enunciados esenciales que debe contener, y no puede referirse a la fecha del negocio jurídico que lo originó.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Crivaro, Rovenza c/ Clínica Privada "La Merced" y ot. s/ Daños y perjuicios y beneficio de litigar sin gastos Marson, Vidano c/ Paz, María Inés s/ Desalojo por vencimiento del plazo contractual Villanueva, Carlos c/ Bustos, Juan José s/ Cobro ordinario de pesos Ferrari, Luis c/ Greco, Felipe A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-22|1992-05-05|1991-10-15|2000-08-16

El art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial sólo se quebranta cuando el juzgador alterando las reglas del onus probandi ha impuesto a una parte la obligación de acreditar hechos que correspondía a la otra; teniendo los contendientes la carga de aportar las pruebas de sus afirmaciones o en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en su propio interés.
Suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación, debido proceso, igualdad ante la ley
Materia: PENAL
Carátula: Fernandez Ruben A. s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-30

Que el imputado puede pedir la suspensión del juicio a prueba siempre y cuando no se hubiera celebrado la audiencia prevista en los arts. 359 y sig., motivo por el cual la circunstancia de que hubiese fenecido el plazo previsto por el art. 354 CPPN en nada obsta a la aplicación del instituto. La previsión normativa de la pena accesoria de inhabilitación prevista en los arts. 863 a 865 y 876 CA no constituye óbice para la concesióndel beneficio. Los votos concurrentes señalaron que, sin perjuicio de sus respectivas posturas tanto con respecto de la improcedencia de la probation para los delitos reprimidos con pena conjunta de inhabilitación, como en lo atinente al límite temporal para solicitar la aplicación del instituto -fijación de la audiencia de debate-, al haberse resuelto aplicar -por la Sala con anterior integración- el beneficio al consorte de causa, no corresponde resolver lo contrario a fin de no afectar el debido proceso y el derecho de igualdad ante la ley.
Derecho a la información, funcionarios públicos, libertad de expresión, derecho al honor, derecho a la intimidad, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recursos de hecho deducidos por la demandada y por Julia Nelly Acher Mizraji (codemandada), en las causas Cancela, Omar Jesús c/ Artear S.A.I. y otros s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

Cuando las opiniones versan sobre materias de interés público o sobre la gestión de quienes desempeñan funciones públicas comprende el servicio de administrar justicia por parte de un juez nacional - , la tensión de los distintos derechos en juego - el de buscar, dar, recibir y difundir información y opiniones, y el derecho al honor, a la dignidad y a la intimidad de las personas debe resolverse en el sentido de un mayor sacrificio de quienes tienen en sus manos el manejo de la cosa pública (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Gustavo A. Bossert y del Dr. Enrique S. Petracchi).
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador, seguros, perfeccionamiento del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: Ticeira, Oscar Roberto c/ Polimec Argentina S.A. s/ Enfermedad accidente Encina de Monzón, Pilar c/ Complejo Textil Bernalesa S.R.L. s/ Enfermedad Accidente Lucero, Juan G. c/ Frigorífico Feber S.R.L. s/ Indemnización por incapacidad Monaldi, Paulina c/ Garrote, José María y otro s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-19|1988-05-31|1992-03-31|1990-05-22

Para responsabilizar al asegurador debe necesariamente acudirse a la fuente de la obligación que en el caso es el contrato de seguro instrumentado en la póliza, que se perfecciona desde que se ha celebrado el convenio y las partes quedan vinculadas y recíprocamente obligadas.
Intereses, gastos de reparación del automotor, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: MANDUCA Luis Humberto c/ Pintureria Córdoba S.R.L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-02-19

Los intereses legales correspondientes al resarcimiento por los gastos de arreglo del vehículo, deben ser liquidados desde la fecha en que tales gastos fueron pagados. Conceder intereses cuando no hubo pago sería autorizar un enriquecimiento sin causa de la actora.
Cesantía ilegítima, daño resarcible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Van de Velde, Mariano Andrés c/ Municipalidad de la Costa s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-15

Supuesta la existencia del daño, corresponde al agente cesanteado ilegítimamente la demostración de la magnitud del perjuicio.
Empleados públicos, reescalafonamiento, remuneración, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASEM, TERESITA Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 668 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19

No asiste razón a los actores -que invocan las previsiones del Acta 32, al único efecto de su pretensión de actualización de deudas con motivo de reencasillamientos funcionales conforme a la variación del costo de vida-, desde que la reunión de la Comisión Paritaria provincial que fuera plasmada en el Acta 32, fue celebrada con posterioridad al decreto del Poder Ejecutivo provincial de designación por traslado, revalorización de funciones o cambio de agrupamiento de los reclamantes, y tampoco podría la situación de los actores considerarse comprendida por las disposiciones de la referida Acta de Paritarias, o hacérsele extensivos los efectos en ella previstos, en virtud de que no se daban las condiciones establecidas para los reencasillamientos que en ella se establecían. Y no puede soslayarse que si bien el numeral 18 de la premencionada Acta Paritaria prevé el reconocimiento de la actualización conforme a los índices de costo de vida, lo circunscribe a las deudas emergentes de los compromisos asumidos a través del propio acta, sin que los accionantes hayan invocado y mucho menos probado ser alguno de los sujetos comprendidos o destinatarios de la paritaria, resultando a todas luces insuficiente la alegación que formulan en cuanto a que dicho precepto pasó a formar parte del derecho positivo provincial regulando todo tipo de situaciones, incluso las no comprendidas.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LAMONEGA JORGE ENRIQUE s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-03

Es característica de nuestro régimen federal que la declaración de derechos de la Constitución Nacional vincula estrictamente a los estados locales. Si las personas que creyeron lesionados en su perjuicio tales derechos no pudieran ocurrir ante los jueces para asegurar su protección, los principios, declaraciones y garantías que aquélla contiene, quedarían desprovistos de eficacia.
Medidas cautelares, resoluciones recurribles
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ZARATE, María Ester c/ AVICOLA SALTA S.A.I.C.A.F.I. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-12-13

Si el planteo gira en torno a la prioridad del primer embargante contemplada por el art. 218 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, queda habilitada la vía del recurso de apelación, en virtud del art. 59 inc. h) del Código Procesal Laboral que prevé, la apelabilidad de las resoluciones que decreten o denieguen medidas cautelares. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, tasa de justicia, reducción de tasa de justicia
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: SCHNITMAN, GUSTAVO s/ CONC. PREV. (LL 28.704, Fplicacion 107825).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-16

La directiva contenida en el penúltimo apartado -último párrafo de la ley 23898 art. 3 (disposición incorporada por la ley 25563 art. 13) alcanza también a los casos, en que, luego de entrar en vigencia, se tornó exigible el pago de la tasa de justicia -con independencia de la fecha en que se presentó la deudora en concurso-, en tanto prevé planes de "pago" de la tasa de justicia determinada.
Empleador, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Duckardt, José Fermín c/ Berdiñas, Enrique Horacio y otra s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29

Declarada la codemandada responsable solidaria de las obligaciones del principal en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo ninguna consideración puede apartar el cumplimiento pleno de la obligación de entregar los certificados a que se refiere el art.

80 de la Ley de Contrato de Trabajo (arg. art. 699, C.Civ.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Actos jurídicos, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quiroga, Silvia E. c/ Torquati, Pedro César y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-27

Para que un acto sea considerado inexistente debe estar despojado de algún requisito esencial, y por lo tanto indispensable, para su configuración jurídica. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sucesiones, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Falbo, Palermo Oscar s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-18

Como los bienes relictos pueden estar expuestos a riesgos de pérdida o deterioro, de acuerdo a su naturaleza, se hace necesario prever el dictado de medidas conservatorias tendientes precisamente a asegurar los bienes y documentación del causante, sin que ello implique consentimiento o prórroga de su competencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Carta de ciudadanía, competencia federal
Materia: CIVIL
Carátula: Huang, Ming Lin c/  s/ Solicitud de carta de ciudadanía
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-27

El art. 4 del decreto 3213/84 dispone que el extranjero que desee naturalizarse argentino deberá presentarse ante el juez federal con competencia en su domicilio. El art. 5, inciso 12, del Código Procesal, establece que en los procesos voluntarios será juez competente el del domicilio de la persona en cuyo interés se promuevan. Esa es la norma que determina la competencia en cuestiones de ciudadanía. Entiende la Sala que es acertada la presentación de esta nueva solicitud de carta de ciudadanía ante el juez que corresponde al domicilio actual del peticionario -sito en esta jurisdicción- y que -tal como advirtió el Sr. Fiscal General ante esta Cámara- el objeto de la solicitud anterior, que tramitó ante el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, quedó agotado con la resolución que concedió la nacionalidad argentina, y su posterior anulación por los motivos evidenciados en el escrito de inicio.
Renuncia al empleo, retiro voluntario
Materia: LABORAL
Carátula: LIFLAND, MOISES c/ ELMA SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-15

La instrumentación de un sistema de retiro voluntario configura una propuesta de negocio lícito, en relación con el cual la fuente normativa no es ya una norma de orden público sino un acuerdo pactado dentro del ámbito librado a la autonomía de la voluntad, que debe por lo tanto interpretarse "de buena fe" y de acuerdo con lo que verosimilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión.
Excarcelación, cauciones, sustitución de la caución, recurso de apelación (procesal), falta de agravio concreto, improcedencia del recurso, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Hoop, Erick G. s/ excarcelación-Causa 31.238
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-02

"El dispositivo de la resolución jurisdiccional debe ocasionarle un disfavor o una desventaja" -a la parte- "consistente en la decisión en sentido contrario a las aspiraciones de actuación de la ley expresada por la parte al formular la pretensión, en cuyo caso será preciso examinar la diferencia entre lo pretendido y lo resuelto, computando su repercusión dañosa sobre el derecho del recurrente".

Así, siendo que la caución personal escogida por el Juez es mas beneficiosa que la real, esta no le causa agravio alguno. Es más, si al beneficiario le resultara imposible conseguir un fiador podría depositar judicialmente la suma fijada en concepto de caución satisfaciendo la garantía impuesta.

No resulta procedente la petición de sustitución de caución cuando el solicitante deja librado al Juez la determinación del tipo de ella.
Obligaciones puras y simples, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Albarello, José Alberto c/ Electroluz Obras e Ingeniería S.A. s/ Cobro de pesos sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-10

En las obligaciones puras el incumplimiento material del deudor solo es jurídicamente relevante si promedia constitución en mora, o el incumplimiento de una obligación no supone necesariamente mora y el incumplimiento sin mora no es jurídicamente computable.