marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Propiedad horizontal, asamblea de consorcistas, nulidad de asamblea de copropietarios, integración de la litis, administrador del consorcio
Materia: CIVIL
Carátula: BLANCO, FRANCISCO Y OTRO c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS OLAZABAL 5102/10 s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

La intervención de todos los otorgantes del acto cuya nulidad se demanda, tiende a permitir que se integre la litis con todos aquellos que intervinieron con el objeto de que pueda dictarse una sentencia válida y que surta efectos contra todos los participantes.

Si las cuestiones en que se funda el pedido de nulidad de Asamblea de copropietarios se limita a la forma en que debían computarse los votos de los copropietarios y a lo decidido por éstos mediante los votos emitidos, y si no se promovió acción contra los integrantes del Consorcio, sino sólo contra éste, no es necesario incluir en la litis a todos los partícipes en la Asamblea y el litigio puede decidirse con la intervención del representante del Consorcio, el Administrador, ya que los efectos de la nulidad no trascenderían a los copropietarios mas que en su condición de tales.
Quiebra, conclusión de la quiebra, homologación del acuerdo resolutorio, expensas comunes
Materia: COMERCIAL
Carátula: SASETRU s/ INC.    EJECUCION  PROMOVIDO  POR  CONSORCIO DE  CALLE  ESPAÑA  148.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-05

La conclusión de la quiebra con la homologación del acuerdo, devuelve a la insolvente la habilidad para contraer nuevas obligaciones, las que escapan a la quiebra concluida mediante acuerdo resolutorio (lc: 224, 1), por lo que las presuntas deudas por expensas comunes correspondientes a períodos posteriores a la homologación del concordato, deben ser reclamadas como si se lo hiciera respecto de una obligada in bonis.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, derecho a la privacidad
Materia: PENAL
Carátula: ORELLANA de BRAEKELEER, Carlos A. s/ tenencia de estupefacientes Causa nro. 26.689
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-18

La conducta del acusado no puede ser considerada amparada por el ámbito de privacidad protegido por el art. 19 de la Constitución Nacional, ya que al momento de su detención se encontraba en la vía pública y en compañía de terceros, por lo cual la tenencia del estupefaciente no parece inocua. Por lo tanto, resulta aplicable la figura prevista en el segundo párrafo del art. 14 de la ley 23.737.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dr. Gabriel Guillermo Cappelletti s/ Recurso de queja interpuesto en autos:Banco Nación Argentina c  /Nosetti de Romano, Mariana s/ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-21

Si bien la Suprema Corte ha dicho que 'resulta inapelable la restricción al derecho de apelar que prescribe el art. 150 del cód.

procesal civil a decisiones de naturaleza definitiva; tal circunstancia ha de demostrarse para justificar una excepción al precepto legal que rige en nuestro código de forma.-
Recurso extraordinario, depósito previo, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Morales, Alfredo Julio c/ Sevel Argentina S.A. s/ Enfermedad accidente Rozas, Hugo c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19|1988-09-06

El artículo 56 de la ley 7718 no autoriza distinción alguna respecto del depósito de las costas que integran la condena a los fines de la concesión de los recursos extraordinarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: Cledón, Armando José s/ Tentativa de homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-07-03

Es ineficaz el cuestionamiento a la habilidad del testigo si no demuestra la defensa que el juzgador haya transgredido las reglas de la sana crítica al resolver que la víctima no estaba inspirada en razones de interés, odio o ánimo vindicativo.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal), escrito deficiente, prueba, Administración Pública, obligaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Padro, Carlos; Páez, Hilario Raul; Sanabria, Ceferino; Frías, Danilo; Barco, Augusto José; Nichea, Pablo L.; Dusso, Carlos; Farioli, Ifrain; Lanches, Luis y Bugnon, D. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Revocatoria  (Expte. CSJ Nº 199-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-23

En general, no puede sostenerse que de la concreción de los apercibimientos previstos por el artículo 28 de la ley 4106 para la Administración renuente en el envío del expediente administrativo, se siga -automáticamente y en todos los casos- una decisión favorable a la admisibilidad del recurso, ya que tal consecuencia requiere que en la demanda se haya efectuado una exposición suficiente en cuanto a ese aspecto, es decir, que al menos, la Presidencia cuente con precisiones mínimas en las que pueda sustentar su decisión. Y ello no ocurre cuando en la demanda sólo se señala que se han interpuesto "los recursos de ley", los que "hasta el presente no se nos han contestado", y que se han interpuesto "prontos despachos", frente a lo cual el órgano jurisdiccional requirió de ambas partes los datos y constancias necesarios para poder resolver fundadamente acerca de la admisibilidad del recurso, obteniendo de tal forma los expedientes administrativos en base a los cuales pudo decidir la inadmisibilidad.
Tasa de justicia, Tribunal Fiscal de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Cresol  S.A.  (12304-I) s/ Res. Apel. del  D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-06

Este Tribunal ya tuvo oportunidad de señalar la distinta naturaleza que poseen la tasa de actuación judicial ante el Tribunal Fiscal de la Nación prevista en la Ley 22.610 y la tasa judicial por apelaciones deducidas ante esta Cámara.
Energía eléctrica, Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "ENRE-Resol  272/02 c/ Empresa Distribuidora y ComercializadoraNorte S.A. s/ Proceso de Ejecución".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-03

El ENRE integra como autoridad de aplicación de la ley 24.065 y como entidad autárquica al Estado Nacional (Cons. V).
Indemnización por despido, indemnización tarifada, estabilidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Rada Enrique Fernando y otros c/ Banco de Río Negro S.A. s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-11-16

En nuestro sistema jurídico laboral privado no existe un derecho a la permanencia (estabilidad) absoluta en el empleo, y por ende no puede inferirse ni avalarse la existencia de una "expectativa" que -en sus efectos prácticos- se identifica con aquella estabilidad, o la supone con visos de permanencia que resultan incompatibles con aquél aserto inicial. No existiendo legalmente una expectativa que vaya más allá de lo que la ley dispone (impropia y relativa), tampoco corresponde indemnizar esa expectativa superando la tarifa con que la misma ley la contempló; habida cuenta que los perjuicios que se derivan del hecho de verse la misma truncada ya se hallan previstos por la indemnización normada.(Minoría del Dr. Balladini).
Acción contencioso administrativa, resoluciones recurribles, acto administrativo, juicio, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Palavecino, Alberto Tomás c/ Tribunal de Cuentas s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nº   415-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-11-24

Si el acto administrativo impugnado por el actor mediante el recurso de ilegitimidad no se encuentra vigente al momento de dictarse el presente, ello torna inoficioso un pronunciamiento actual de la Corte al respecto, toda vez que el objeto litigioso ha desaparecido, y consecuentemente también ha desaparecido, de tal forma, la cuestión traída a conocimiento de ese Tribunal. Es que de acuerdo al régimen de recursos previstos en la ley 4106 el recurso de ilegitimidad tiene por fin, con relación al recurrente, hacer declarar la nulidad del acto de la Administración contra el cual se dirige y con ello asegurar la observancia de las normas jurídicas supuestamente violadas por aquél. En este contexto, el haber dejado sin efecto la subrogancia otorgada por las resoluciones impugnadas, conduce a concluir que se ha sustraído lo que, en rigor, justifica la competencia de la Corte como tribunal contencioso administrativo a través del recurso de ilegitimidad.
Daños y perjuicios, filiación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: P., M. D. c/ A., E. s/ Filiación e indemnización por daños y perjuicios D. M., R. c/ S., A. F. s/ Reclamación de estado de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28|1998-11-10

Del plexo normativo que contiene la Constitución Nacional surge una suerte de deber genérico para el Estado de facilitar los instrumentos y condiciones para que en su seno el medio familiar pueda mantenerse intangible y equilibrado, dotado de las mejores posibilidades para lograr la consecución de su fin primario: la continuidad del proceso de formación integral de su progenie y la inserción de la misma en el cuerpo social. (Minoría u opinión personal)
Actos incorporados por lectura, funcionarios públicos, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Charlin, José Antonio c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-06

Uno de los votos concurrentes destacó que la calidad de funcionario público del autor no cualifica especialmente un hecho que hubiere podido ser cometido por un particular, transformándolo en una especie de los denominados "delicta propia", sino que directamente el hecho merece ser considerado -y valorado para su imputación- como hecho funcionarial, esto es, no como hecho que reclama la intervención de un funcionario, sino como hecho de infracción a la institución funcionarial, y el otro voto concurrente expresó que, a fin de hacer lugar al agravio relativo al derecho al control de la prueba en caso de incorporación por lectura, es menester que la prueba cuya incorporación por lectura cuestiona la recurrente, se presente como única o como la base principal de la acusación y que la defensa no haya tenido oportunidad de realizar un útil y efectivo control de la prueba de cargo. Dres. Hornos, Gemignani -voto concurrente-, Borinsky -voto concurrente-.

Fuente del sumario: OFICIAL
Marcas, hechos nuevos
Materia: COMERCIAL
Carátula: VICTOR  MASSON  TRANSPORTES  CRUZ  DEL  SUR  SA c/ YPF s/ CESE DEOPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

El art. 366 del Código Procesal establece -en lo pertinente- que la resolución que rechaza el hecho nuevo será apelable con efecto diferido. A pesar de que en este caso el procedimiento no se ha adecuado a tal norma, la circunstancia de que el expediente ya se encuentre en esta instancia -con el recurso sustanciado- y razones de economía procesal, aconsejan ingresar al tratamiento de la cuestión (conf. esta Sala, causas 21.432/96 del 17.10.96, 1421/97 del 8.10.98, 14.418/04 del 24.2.09).
Recurso de apelación (procesal), plazos procesales, patrocinio letrado, defensor, designación de defensor
Materia: PROCESAL
Carátula: Lema, Héctor M. s/ Recursos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-15

La designación de un nuevo letrado defensor en modo alguno importa la concesión de un nuevo plazo para que la asistencia técnica plantee un recurso.
Locación, rescisión del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PASTOR DOMINGO CAYETANO c/ PERCO ALICIA BLANCA Y OTRO s/ DESALOJO Perco Alicia c/ Pastor  Domingo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19|1999-08-19

Si bien las turbaciones causadas por la autoridad pública, como por ejemplo la clausura de un local, o las derivaciones de la fuerza mayor son a cargo del locador (Arts. 1522, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530 y concs. Cód. Civ.), la continuación por la locataria de la ocupación del bien, hasta casi un año y medio posterior a la clausura, configura un ejercicio abusivo y disfuncional de su derecho a rescindir que, por esa razón, no puede merecer acogida (arts. 1198, 1071 Cód. Civil). Para que la rescisión operara sus efectos debió cesar en su estado de mora derivado de la omisión de restitución y de la continuidad de la ocupación, lo que obturó su derecho rescisorio contra el locador incumplidor (arts. 1204, 1522 y concs. Cód. Civil).
Recurso de casación, sentencia arbitraria, cesión del establecimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Cantos Alberto Daniel c/ El Molino Gastronomía S.R.L. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-05-14

No debe confundirse el hecho de que el dependiente conserva los derechos que le puedan corresponder conforme su antigüedad (por ejemplo, a los efectos de las vacaciones, o el lapso a considerar ante una eventual indemnización por antigüedad), con la fecha de ingreso en que cada patrono debe anotarlo en sus libros y en los recibos y que, justamente para que esos registros se ajusten a la verdad, ha de ser aquella en que realmente comenzó a trabajar para cada uno; el hecho de que una persona física o jurídica adquiera un establecimiento que venía siendo explotado por otra, o bien se le transfiera un contrato de trabajo que estaba a cargo (como empleador) de otra persona, le acarrea las consecuencias previstas por el art. 225 -o 229 en su caso- L.C.T., pero pasa a ser el empleador de ese dependiente desde el momento en que adquiere el establecimiento o se le transfiere el contrato de trabajo -con las consecuencias que la ley le asigne en relación a dicho contrato-, y los libros y recibos deben registrar esa realidad, más allá de que se le reconozcan al dependiente derechos en virtud de la antigüedad registrada para otro empleador.
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, Cámara de Apelaciones, proceso penal, etapas del proceso, instrucción, fallo plenario, imputado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Z., R. V. s/ Exacciones ilegales e incumplimiento deberes funcionario público-  Recurso de inconstitucionalidad (Expte.: C.S.J. Nro. 143 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-21

La doctrina sentada por la Corte local en modo alguno puede servir para sostener que los tribunales de alzada carezcan de atribuciones para convertir un fallo absolutorio en una sentencia condenatoria, a poco que se tenga en cuenta la diferencia que existe entre la actividad que le compete a cada una de las partes en la esfera del procedimiento instructorio con la que se lleva a cabo a partir de la formulación de la requisitoria de elevación a juicio, es decir cuando se ingresa a la etapa del juicio propiamente dicho. En este último supuesto -y aunque resulte de toda obviedad-, el imputado tiene la posibilidad de efectuar la correspondiente defensa (arts.

378 y s.s.), de ofrecer y producir la prueba que considera pertinente (arts. 385 y s.s.) y, por último, de contestar las formulaciones de las otras partes y efectuar las conclusiones (arts.

397 y s.s.).Todo este proceso, sucintamente descripto, aparece totalmente ajeno a la etapa instructoria y en modo alguno puede ser suplido, en el caso, por la intervención conferida por los artículos 440 y 441 del Código Procesal Penal, circunstancia que justifica que el tribunal de segunda instancia tenga un cúmulo de atribuciones que no tiene al resolver cuestiones propias de aquella etapa, como lo es: el procesamiento directo y el consecuente encuadramiento legal.
Derechos y garantías constitucionales, seguridad jurídica
Materia: FILOSOFIA
Carátula: Ingeniero Oscar Diez SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

El Derecho no ha nacido en la vida humana por virtud del deseo de rendir culto u homenaje a la idea de justicia, sino para colmar una ineludible urgencia de seguridad y de certeza en la vida social. La pregunta de por qué y para qué hacen Derecho los hombres no la encontramos contestada en la estructura de la idea de justicia, ni en el séquito de egregios valores que la acompañan como presupuestos por ella, sino en un valor subordinado -la seguridad- correspondiente a una perentoria necesidad humana. El hombre siente la urgencia de saber a qué atenerse en relación con los demás: de saber cómo se comportarán ellos con él, y qué es lo que él debe y puede hacer frente a ellos; y precisa no sólo saber a qué atenerse sobre lo que debe ocurrir, sino también saber que esto ocurrirá necesariamente; esto es, precisa de certeza sobre las relaciones sociales, pero además de la seguridad de que la regla se cumplirá, de que estará poderosamente garantizada. Y es al conjuro de tal necesidad de seguridad, de garantía irrefragable, que surge el Derecho. Esta es su motivación primaria, su más honda raíz en la vida humana. No hay derecho donde no hay orden cierto y seguridad. Es verdad que no basta con crear un orden cierto y seguro, pues éste debe ser, además, justo.

Pero no puede haber justicia cuando no hay seguridad. La seguridad es, pues, respecto de la justicia -y de los demás valores jurídicos por ella implicados- un valor inferior, pero cuya realización condiciona la posibilidad de cumplimiento de aquellos valores superiores. (Del Voto en Minoría del Dr. Ulla).
Aplicación de la ley, funcionarios de facto, proceso de reorganización nacional
Materia: CIVIL
Carátula: Sousa, Claudia Beatriz c/ A.N.Se.S. s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-05

La Ley 26.475 dispuso desde su vigencia la extinción de los beneficios obtenidos en virtud de regímenes especiales por aquellos funcionarios que se hubiesen desempeñado durante el llamado "Proceso de Reorganización Nacional", sin que ello signifique la imposibilidad de invocar los servicios para acceder eventualmente a una prestación de carácter general; por lo que no se advierte contradicción o colisión entre lo dispuesto por la norma en crisis y lo dispuesto por la Constitución Nacional, dado que la revocación del beneficio en los términos de la Ley 26.475, no priva al actor de los beneficios de la seguridad social, que puede solicitar conforme al régimen correspondiente. (Del voto de la mayoría, argumento de la Dra. Pérez Tognola. La Dra. Lucas votó en disidencia).
Recurso de casación, admisibilidad formal
Materia: PENAL
Carátula: Estrella, Luis Fernando; Menéndez, Luciano Benjamín; Vera, Domingo Benito s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

El recurso de casación es formalmente admisible, toda vez que la sentencia recurrida es de aquéllas consideradas definitivas -art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación-, las partes recurrentes se encuentran legitimadas para impugnarla -art. 459 del Código Procesal Penal de la Nación- y los planteos esgrimidos se enmarcan dentro de los motivos previstos por el art. 456, inciso 1 y 2 del citado código, habiéndose cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación -art. 463 del mencionado código ritual-.
Delitos cometidos por medio de la prensa, calumnias
Materia: PENAL
Carátula: Espinosa, Pedro Francisco c/ Herrera de Noble, Ernestina y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

Si - más allá de si el cable de una agencia noticiosa puede ser equiparado a fuente de información - el diario reprodujo en forma asertiva y como título de la noticia lo que en el texto del cable fue difundido - en modo potencial - como declaraciones del demandante, tal afirmación constituye una clara imputación delictiva, propia del periódico, que no ha sido demostrada.
Transporte de carga, transporte de carga por agua, mercadería de despacho directo forzoso, responsabilidad del transportador, entrega de la carga
Materia: NAVEGACION
Carátula: LA BUENOS AIRES CIA. DE SEGS. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. "RIO CINCEL" s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-29

No habiéndose acreditado que el consignatario -debidamente notificado- hubiera tenido impedimento administrativo alguno para proceder al retiro de la mercadería al costado del buque, lo que importa es el tratamiento que ha tenido la mercadería en su calificación. Si las anilinas, no incluidas en la nómina de despacho directo forzoso, fueron sujetas a dicho procedimiento -sin observación- por iniciativa del consignatario (el despachante de aduana actuó en su interés), no se puede pretender que el transportista haya debido efectuar una recalificación a los fines de establecer cómo debía actuar en su relación con aquél. Lo atinente al despacho a plaza de la mercadería transportada, sea vinculado a las tramitaciones administrativas y fiscales o a los medios materiales para retirarla del puerto, atañe como principio al consignatario, resultando ajeno al transportados quien, si se halla en la imposibilidad de efectuar la entrega, se encuentra facultado para pedir el almacenamiento en depósito de emergencia, trasladándose consecuentemente los riesgos a aquél.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Blanco, Rodolfo Rubén c/ Willmor SA s/ Indemnización incapacidad Asmit de Mottino, Mónica L. por sí y en representación de su hijo menor Jesús B. Mottino y Zoppi Marta E. en representación de sus hijos menores Carlos M. y María D. Mottino c/ Policía a de la Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por muerte Asmit de Mottino, Mónica L. por sí y en representación de su hijo menor Jesús B. Mottino y Zoppi Marta E. en representación de sus hijos menores Carlos M. y María D. Mottino c/ Policía a de la Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-02|2003-05-28

La doctrina jurisprudencial de la no declaración de oficio de inconstitucionalidad no se cambia ni es mutable como directriz jurídica que deba ajustarse al compás jurisdiccional sin límites, actitud aquélla que resulta ajena a las obligaciones que la función jurisdiccional que desempeña impone ejercerla con equilibrio y prudencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), escritos judiciales, expresión de agravios, error inexcusable, cargo
Materia: PROCESAL
Carátula: MOLINA  DI  PIETRO  HECTOR  DAMIAN c/ EDESUR  S.A. s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-15

La presentación en la secretaría de primera instancia de la pieza en la que se expresa agravios respecto de la sentencia definitiva constituye error inexcusable (artículo 124, "in fine", Código Procesal), careciendo de valor la fecha del cargo respectivo puesto en aquella dependencia, si al tiempo de llegar a la alzada el plazo para presentarlo ya había transcurrido (conf. esta Sala, doctr. de la causa 6827/93 del 22.5.97 y 2531/91 del 7.2.02).
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, cosa riesgosa, teoría de la aceptación del riesgo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alcazar de Yunes Adriana E. por sí y por su hijo menor c/ Transporte Automotores de Cuyo Coop. Ltda. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S141 - 139)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-03-13

La figura denominada aceptacion de riesgos, ha sido tratada por la doctrina la que entiende que la cuestión a dilucidar es si la asuncion de riesgos debe ser asimilada a la culpa como causal de exencion, o, en su caso si es un factor de inversión de la carga probatoria