Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-30


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100355 SALA II Expediente Nro.: 19.955/10 (Juzgado Nº 73) AUTOS: "ESNAL, DANIELA ALEJANDRA C/ ORÍGENES SEGUROS DE RETIRO S.A. S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 30/03/2012 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de la instancia anterior que admitió parcialmente la demanda instaurada se alzan ambas partes a tenor de los memoriales que lucen a fs. 282/87 -actora- y fs. 292/303 -demandada, mereciendo sendas réplicas de las contrarias. A su vez, las recurrentes cuestionan la imposición de costas determinada en la anterior instancia, la parte demandada apela los honorarios regulados al perito contador y a la representación letrada de la parte actora, y la letrada de la parte actora critica los emolumentos fijados a su favor, por reputarlos insuficientes.

La judicante de grado entendió que, si bien no se discutía la celebración de un contrato a tiempo parcial en los términos del art. 92ter de la LCT (reputado fraudulento por la parte actora), la accionante no había demostrado trabajar la jornada invocada en el inicio (de doce horas diarias) para la demandada. Asimismo, consideró que por las características de la actividad, dicho horario no hubiera podido cumplirse y que, toda vez que la actora laboraba en forma simultánea para la aquí accionada y para Orígenes AFJP S.A., le hubiese correspondido percibir la mitad del salario correspondiente a un ejecutivo de cuentas Jr. Conforme el CCT 264/95 aplicable a la actividad de seguros. En consecuencia, admitió el reclamo de diferencias salariales pero no con el alcance pretendido sino que, al monto resultante de dividir por dos el salario convencional de la categoría, restó la suma de $114 abonada por tal concepto por la empleadora. Tal decisión es cuestionada por ambas partes, quienes se quejan, por distintos motivos, del quantum salarial tenido en cuenta por la sentenciante de grado.

La accionante sostiene que la demandada debía acreditar el cumplimiento de una jornada inferior de trabajo y que, al no haberlo logrado, y resultando operativa -a su entender- la presunción que emana del art. 55 de la LCT, debe considerarse que la actora prestó tareas en jornada completa para la aquí accionada y, en consecuencia, admitir el reclamo de diferencias salariales entre el salario convencional de la categoría -completo- y el abonado.

A su turno, la accionada se queja de la decisión adoptada por la Dra. Barrionuevo, sosteniendo que no se advierte sobre qué pruebas fundó su conclusión, que la prueba informativa dio cuneta de la prestación full time de la demandante para Orígenes AFJP S.A. (contra quien inició otro juicio), y que la actora consintió a lo largo de toda la relación laboral el sistema de contrato a tiempo parcial sin efectuar reclamo alguno, invocando al efecto la doctrina de los actos propios.

Liminarmente, se impone puntualizar que arriba firme a esta alzada que la actora prestó servicios simultáneamente para Orígenes Seguros de Retiro S.A. y para Orígenes AFJP S.A.

Como he sostenido en supuestos similares al presente, parece ser un fenómeno generalizado, dentro del ámbito de la actividad que nos convoca, el recurrir a contratos de trabajo a tiempo parcial a efectos de instrumentar relaciones particulares de trabajo respecto de aquéllas personas que en realidad integran un mismo y único equipo de trabajo que opera en forma indistinta y simultánea para diversas sociedades -entre sí vinculadas- y que, en los hechos, no han sido contratadas para prestar servicios en días y horarios delimitados, sino para promocionar y vender en forma simultánea y durante toda la jornada, los distintos productos y servicios comercializados por las empresas vinculadas.

En tal aspecto, se ha sostenido con criterio que la mayoría de las Salas de esta Cámara comparte, que si bien, desde el punto de vista del trabajador cotizante al sistema de la seguridad social, la situación se encontraría enmarcada en un supuesto de pluriempleo, puesto que conforme lo reconocieran las partes en conflicto, la actora ha prestado servicios en forma simultánea para las empresas mencionadas, ofertando alternativa, conjunta o subsidiariamente los productos y servicios comercializados por sus distintas empleadoras, tal circunstancia no puede válidamente erigir al "grupo" en sujeto de derecho, y mucho menos aparecer desplazando este último a la persona jurídica de existencia ideal -sujeto de derecho- que asumiera en forma expresa y documentada la calidad de empleadora (conf. entre otros, esta Sala in re "Ruso Viviana María C. c/ Siembra Seguros de Retiro S.A. s/despido", sent. 90956 del 30/9/2002; y con similar criterio, entre otros, Sala III, sent. 84.647 del 25/3/03, "Gil Aguer Ricardo c/ Previnter Cía. de Seg. de Retiro S.A. s/ diferencias de salarios"; Sala VII, Sent. 37178 del 9/12/03, "Bajo Gerardo y otros c/Previnter Cía de Seg. de Retiro S.A. y otros s/diferencias de salarios", Sala IX, sent. 12.124 del 30/12/04 "Fernández Neira, M. c/Siembra AFJP S.A. s/despido", Sala X "Vande Linde, Berta c/Consolidar Cía. de Seg. de Retiro S.A.", sent. 9571 del 31/5/01; Sala VI "Lavergne, Beatriz c/Siembra Seguros de Retiro S.A.", sent. 56.975 del 10/3/04; Fiscalía General Dictamen 38547 del 16/7/04 in re "Ruderman Ricardo c/Siembra Seguros de Retiro S.A. s/despido").

En efecto, más allá de las vinculaciones que existen entre las distintas sociedades, lo cierto es que Orígenes Seguros de Retiro S.A. asumió en forma expresa la titularidad del vínculo, quedando por determinar la índole y los alcances del mismo en función del modo en que se organizó la prestación, para lo cual deberá considerarse que, en la especie, la parte actora no ha entablado la acción en forma conjunta respecto de todas las sociedades que se beneficiaron de los servicios prestados a lo largo de la jornada que se alega como cumplida, lo que impone un tratamiento diferencial. No puede soslayarse que tal contratación se vio vinculada a la pertenencia de la actora al plantel de promotores y asesores de la AFJP, a punto tal que cumplía un mismo horario, sin advertirse pautas diferenciadoras entre los horarios y funciones correspondientes a la promoción y venta de los servicios de la demandada y los correspondientes a la AFJP.

En tal contexto, y al haber asumido en forma independiente cada una de las empresas, la titularidad de la relación en lo que a los servicios y productos a ella vinculados se refiere, fraccionando su responsabilidad en función de un horario claramente ficticio, cabría considerar la existencia de una contratación atípica puesto que no ha sido el horario cumplido, sino la diversidad de productos lo que justificó la fragmentación formal del contrato.	Sin embargo, aparece como irrazonable la vigencia de dos -o más- relaciones de trabajo distintas en una misma jornada y bajo idéntica dirección, por lo que cabe otorgar preeminencia a la realidad que se intentara regular, por sobre los medios legales artificiosamente adoptados. Al respecto, cabe puntualizar que, en forma concordante con lo que se viene sosteniendo, la Sra. Juez a quo sostuvo que el horario denunciado no podría haberse cumplido y esta conclusión no se ve rebatida en esta alzada.

En consecuencia, como lo sostuviera en casos análogos, correspondería abordar el análisis de la contienda que involucra al vínculo con sólo una de las sociedades involucradas, como propio de un aspecto o faceta de una relación de trabajo única.

En efecto, como lo sostuviera la Sala I in re "Bazán Edith c/ Banco de la Nación Argentina" (sent. 82937 del 4/3/05), "la sanción al fraude no puede consistir en la condena al pago a cada una de las empresas integrantes del grupo económico de un salario completo, que es el que se devenga por el cumplimiento de una jornada normal de trabajo", ya que el demandante no se ha desempeñado con esa extensión en forma exclusiva para cada una de las empleadoras (lo que por otra parte resultaría materialmente imposible), por lo que más allá de las graves irregularidades cometidas en la adopción de la figura contractual prevista en el art. 92 ter de la L.C.T., no se advierte como razonable o equitativo duplicar la remuneración del trabajador afectado a la tarea, debiendo en todo caso, denunciarse la maniobra ante las autoridades de control, a sus efectos" (con similar criterio esta Sala, sent. 93.554 del 13/6/05, "Morone, Silvina G. c/ Cabrera Mónica s/ despido", entre otors).

Ahora bien, en cuanto al modo de computar la incidencia de la labor correspondiente a la actividad desplegada para la demandada, en el contexto de una labor que exige cierta tarea de persuasión, la concertación de entrevistas, la presentación del producto, etc., todo lo cual naturalmente insume una mayor extensión horaria a la antojadizamente establecida por la accionada, se estima prudente asignar al desempeño efectuado en el marco del contrato que uniera a la actora con la aquí demandada, la mitad de la jornada laborada, y ello toda vez que, en la misma estructura y con idéntica extensión horaria, la demandante prestó servicios para las empresas del grupo sin que la demandada lograra demostrar objetivamente en la presente causa, una dedicación distinta o menor en lo que hace a los productos y servicios involucrados (con similar criterio, entre otros, esta Sala, sentencia 93.624 del 8/7/05 antes citada, sentencia 99466 del 03/08/11, sentencia 99.897 del 14/11/11, entre otras).

Ello así, teniendo en cuenta que no se ha cuestionado adecuadamente que la accionante prestara tareas durante la misma jornada a favor de dos empresas, la decisión adoptada en grado de asignar al desempeño efectuado en el marco del contrato que uniera a la actora con la aquí demandada el 50% de la remuneración correspondiente a un trabajador a jornada completa no luce reprochable, por lo que propongo su confirmación.

La accionada cuestiona la aplicación del CCT 264/95, señalando que debe aplicarse el convenio colectivo 283/97 que regula la actividad de las empresas "de seguros de vida y retiro". En tal marco, sostiene que no fue signataria del convenio cuya aplicación se decidiera en grado, que integró la unidad de negociación del CCT 283/97 y que la normativa cuya aplicación se decidiera en grado corresponde a una actividad totalmente ajena a la que le es propia, razones por las cuales no puede verse obligada por sus disposiciones.

En referencia al particular tema bajo análisis se expidió recientemente mi distinguido colega, el Dr. Miguel Angel Pirolo, con la adhesión del Dr. Miguel Angel Maza, en la causa "Fernández, Mirta Isabel c/ Siembra Seguros de Retiro S.A. s/ despido" (SD 100.298 del 26/03/12, del protocolo de esta Sala), de aristas sustancialmente análogas al presente, con criterio que -por las razones que se exponen- comparto.	Como se sostuvo en dicho precedente, las propias entidades representativas de los trabajadores y de las empresas dedicadas a la comercialización de seguros de vida y retiro, en ejercicio de la autonomía privada colectiva, pactaron la aplicabilidad de dicha convención respecto de las relaciones que mantiene con su personal una empresa que se dedica a la venta de seguros de retiro, como la demandada.

En efecto, de los considerandos de la Resolución de la Secretaría de Trabajo Nº 289/07 se desprende que mediante acuerdo celebrado en la presentación de fs. 1/12 del expte. Nº 207.209/07 (publicada en el Boletín Oficial nro. 31.148, del 4/5/07) se estableció que la Asociación de Seguros de Vida y Retiro de la República Argentina es continuadora de la Asociación de Seguros de Vida, que es la entidad que suscribió el CCT 283/97.

Además, en el considerando de la resolución Nº 1514/07 referida a la modificación de las escalas salariales que corresponden al CCT 283/97 se consigna expresamente "que a fs. 8/9 de las actuaciones en el Visto, tramita el Acuerdo celebrado entre la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina por el sector empleador y el Sindicato del Seguro de la República Argentina por el sector gremial, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo nro. 283/97 oportunamente suscriptos por estas mismas partes, conforme la Ley Nacional de Negociación Colectiva nro. 14.250"."el ámbito territorial y personal del mismo, se corresponde con la actividad desarrollada por la institución empresaria signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial". (ver www.laleyonline.com.ar; Publicado en Boletín Oficial, el 7/2/08).	A su vez, la Resolución S.T. nro. 299/09 relativa a las escalas salariales de ese mismo convenio colectivo en sus considerandos indica " que a fs. 18 del expediente nro. 1.307.376/08, obra la escala salarial pactada entre el Sindicato del Seguro de la República Argentina y la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina, en el marco del convenio colectivo de trabajo nro. 283/97, conforme lo dispuesto en la ley de negociación colectiva nro. 14.250".la escala precitada forma parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. Nª 111/09 y registrado bajo el nro. 118/09 conforme surge de fs. 34/36 y fs. 39, respectivamente". (ver www.laleyonline.com.ar; Publicado en Boletín Oficial, 2/10/2009)	Asimismo, la R.S.T. 1608/11 relacionada con las escalas del CCT 283/97 señala que "a fs. 17 del expediente nro. 1.456.301/11 obran las escalas salariales pactadas entre el Sindicato del Seguro de la República Argentina y la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina, en el marco del convenio colectivo de trabajo nro. 283/97, conforme lo dispuesto en la ley de negociación colectiva nro. 14.250"." las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. Nª 1250/11 y registrado bajo el nro. 1348/11 conforme surge de fs.28/30 y 33, respectivamente".(ver www.laleyonline.com.ar; Publicado en Boletín Oficial, 26/12/2011).

Como señaló el Dr. Pirolo, de los considerandos de las resoluciones precedentemente citadas y, en especial, del acuerdo mencionado en la Res. 289/07 a través de la cual se estableció que AVIRA es continuadora de AVIDA, surge inequívocamente que el CCT 283/97 fue celebrado por el Sindicato de Seguros de la República Argentina (que es la misma entidad que suscribió el CCT 264/95) en representación de los trabajadores con relación al personal que se desempeña en el ámbito de las empresas aseguradoras que comercializan seguros de vida y de retiro. En efecto, al suscribir el Sindicato de Seguro un convenio específicamente vinculado a las actividades de tales aseguradoras, es evidente que la propia entidad gremial que representa los intereses de los trabajadores del sector no consideró aplicable a estas empresas el CCT 264/95. La circunstancia de que la entidad representativa de los empleadores que suscribió originalmente el CCT (AVIDA) no incluyera en su denominación la consideración de los seguros de retiro no impide apreciar que, como surge de los textos de las resoluciones antes transcriptas, la entidad signataria de dicho convenio terminó ejerciendo la representatividad de las compañías de seguro de retiro luego de modificar su denominación por la de AVIRA y es ésta la que, en definitiva, convino con el sindicato del seguro la modificación de las escalas salariales correspondientes al CCT 283/97 antes descriptas.

Al igual que ocurrió en la causa "Fernández." las circunstancias puestas a consideración de esta Sala en una causa anterior pero dirigida contra otra empresa del mismo ramo (in re "Salvador, Aldana E. c/ Orígenes Seguros de Retiro S.A. s/despido", S.D. nro. 98.443 del 3/10/2010, del registro de esta Sala) difieren de las que se plantearon en el caso bajo análisis, puesto que en aquella ocasión no fue sometida a consideración del tribunal la modificación en la denominación de la entidad originalmente signataria que surge de la Res. S.T. Nº 289/07, ni la homologación que la autoridad de aplicación emitió con respecto a los acuerdos que celebró la Asociación de Seguros de Vida y Retiro de la República Argentina a la cual, tanto el Sindicato del sector, como la autoridad administrativa reconocieron el carácter de entidad signataria del CCT 283/97 (aún cuando al momento de su suscripción dicha entidad haya tenido una denominación diferente). Obsérvese que en la causa "Salvador.", no se planteó -como en este caso así como en el precedente "Fernánez."- la existencia de las resoluciones administrativas de cuyo dictado se desprende que hubo un acuerdo en virtud del cual AVIRA fue declarada continuadora de AVIDA y que la autoridad competente ha homologado acuerdos suscriptos en el marco de la CCT 283/97 en los cuales se reconoció a AVIRA la calidad de entidad signataria del referido convenio y representativa de los empleadores de la actividad.

Por todo ello, coincido con el criterio expuesto por mis colegas en el antecedente aludido en el sentido de que resulta evidente la aplicabilidad a las relaciones del citado CCT 283/97, por lo que cabe modificar este aspecto del decisorio de grado y recalcular las diferencias salariales y los rubros indemnizatorios determinados a favor de la actora, tomando en consideración la mitad del salario correspondiente a la categoría Agente comercial/ Promotores/ Telemarketers del CCT 283/97, es decir, $490 ($980 / 2).

Se agravia la accionante por cuanto la sentenciante de grado no hizo lugar a la indemnización reclamada con fundamento en el art. 1 de la ley 25.323 en el entendimiento de que no surgía acreditado en la causa la clandestinización total o parcial del contrato de trabajo. Sostiene la quejosa que, tal como se encuentra reconocido, la demandada abonó salarios en especie, a través de la entrega de acciones del Grupo Santander, que nunca registró. Agrega que -a su entender- se trata de un pago efectuado como incentivo al trabajo, por lo que obedece a la relación de trabajo que unió a las partes, y que fue efectuado por el accionista de la demandada, es decir, por "su dueño" (sic fs. 285vta.). En definitiva, arguye que se trata de una gratificación abonada como contraprestación por su trabajo, instrumentada a través de acciones, y abonada al margen de todo registro, por lo que le atribuye el carácter de remuneratoria y de clandestina y configurativa, por tanto, del supuesto que sanciona el art. 1º de la ley 25.323.

Al respecto, se impone puntualizar que la demandada sostuvo en el responde que, en el año 2007 y en ocasión de conmemorarse 150 años de existencia de la casa matriz, el Grupo Santander (accionista de Orígenes en ese momento) en España, decidió regalar a los 130.000 empleados de sociedades vinculadas con el Grupo alrededor del mundo, la cantidad de 100 acciones a cada uno de ellos. Así, concluyó que se trató de un incentivo otorgado por única vez y de manera extraordinaria por una persona que no era el empleador, sino una empresa vinculada.

Sobre el particular, he tenido oportunidad de expedirme en casos análogos en los que sostuve que la entrega de dichas acciones fue efectuada por una persona jurídica distinta de Orígenes Seguros de Retiro S.A. - empleadora de la pretensora-, lo que evidencia que el depósito de las mismas, aún tratándose de una empresa del Grupo, no lleva a concluir que el pago efectuado fue en contraprestación por el trabajo prestado a órdenes de la principal, circunstancia que impide considerar que ésta tenía la obligación de registrarlo, como pretende la quejosa (ver en este sentido in re "Fiocca Vernengo, María Elba Itatí c/ Orígenes Seguros de Retiro S.A. s/ Diferencias de Salarios", SD 99.361 del 28/06/11, "Chicote, María Eugenia c/ Orígenes AFJP S.A. s/ ley 25.323 art. 1º", SD 98942 del 22/02/10, del registro de esta Sala).

Por ello, propongo confirmar, también, este aspecto del decisorio recurrido.

La queja vertida por la accionante en torno a la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 no será acogida por cuanto, no obstante que le asiste razón en que las indemnizaciones derivadas del distracto no fueron abonadas en su totalidad, lo cierto es que el rubro fue rechazado por no haberse acreditado el cumplimiento de la intimación prevista en la norma y este extremo del decisorio de grado, no se encuentra cuestionado en esta alzada (art. 116 L.O.).

En cambio, le asiste razón a la accionante en que, en atención a la fecha del distracto, debe prosperar la indemnización reclamada en concepto de integración del mes de despido (conf. fs. 17).

En efecto, la judicante de grado expuso que, en atención a la falta de exhibición de los libros laborales al perito contador, cabía tener por cierto que la relación finalizó por despido incausado el 02/12/08, así como también que el monto de condena incluía "el recálculo de los rubros contemplados por los arts. 233. de la LCT", extremos ambos que arriban firmes a esta alzada.

Sin embargo, al momento de practicar la liquidación de las acreencias determinadas a favor del actor, se omitió incluir el referido rubro.

En tal contexto, y toda vez que no se aprecian constancias que den cuenta de su cancelación, propongo admitir el reclamo y condenar a la demandada a su pago por la suma de $495,44 (integración mes de despido -28 días- $457,33 + S.A.C. $38,11).

La queja vertida por la accionada en orden a la tasa de interés cuya aplicación se decidió en grado será desestimada.

En primer término se impone puntualizar que, de acuerdo a los términos del memorial según los cuales se critica la aplicación de la tasa de interés conf. Acta 2357 frente a la vigencia de la ley 25.561, el planteo debe ser analizado desde el punto de vista de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a partir del dictado de la ley 25.561 y en atención a las variables económicas vigentes en el país desde el mes enero del año 2002. Al respecto, reiteradamente he sostenido que tales circunstancias fueron las que justamente justificaron que, para el mismo período involucrado, se decidiera la fijación de una tasa de interés diferenciada de conformidad con lo resuelto por esta Cámara mediante Resolución de fecha 7/5/02 (Acta 2357), y que es la que cuestiona la recurrente.

Como también he expuesto en numerosas oportunidades, debe destacarse que la tasa de interés no sólo se encuentra destinada a sancionar la mora del deudor, sino que también posee naturaleza resarcitoria, pudiendo expresar por tanto la expectativa inflacionaria que en cada momento rija en el mercado.

En tal sentido, la Sala III de esta Cámara ha sostenido -con criterio que en términos generales este Tribunal comparte- que "el método de los intereses es una solución aproximada que no mide exactamente la variación de los precios sino el modo en que los actores económicos, en su conjunto, prevén la evolución futura de los precios, desde el momento en que los intereses se pactan. Pero hay que reconocer que tampoco la indexación es una solución precisa, porque depende de la evolución de la canasta de artículos seleccionada por el organismo encargado de confeccionar la estadística, sin considerar cómo la variación de todos los precios (esos y otros) ha de incidir en la capacidad adquisitva de un individuo determinado, habida cuenta de los hábitos de consumo del sujeto concreto" (CNAT Sala III, sent. 84233 del 7/11/02 "Méndez Gerardo c/Black Carvajal y Cía. S.A. s/despido").

En consecuencia, conforme lo precedentemente expuesto y lo dispuesto por esta Cámara, rige en la materia el Acta 2357 de la CNAT (así como de la Res. 8 del 30/05/02) que dispone la aplicación, a partir del 01/01/02, de un interés igual a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, resultando lo resuelto en grado, en mi opinión, conforme a derecho y no advirtiéndose que ello contraríe las disposiciones de la ley 25.561 ni implique la conculcación de norma constitucional alguna. Por ello, propiciaré confirmar también este aspecto de la resolución recurrida.

En el marco de las modificaciones propuestas en orden a la aplicación del CCT 238/97, el salario a la fecha del distracto de $490 ($980 / 2), y la admisión de la integración del mes de despido, corresponde practicar nueva liquidación de los rubros diferidos a condena, conforme el siguiente detalle:

a) Indemnización por antigüedad (dif.)	$1.128 b) Indemnización sustitutiva de preaviso (1período) + S.A.C. ) (dif.)	$470,33 c) integración mes de despido + S.A.C.	$495,44 d) S.A.C. proporcional 2º semestre/08 (dif.)	$188 e) vacaciones proporcionales/08 + S.A.C.	$297,26 f) Diferencias salariales (490 - 114 =376) x 13 meses	$4.888 Total	$7.466,73 Esta suma deberá ser abonada en el plazo y con los intereses dispuestos en grado que se han propuesto confirmar.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, por lo que devienen abstractos los recursos impetrados respecto de tales materias.

En orden a ello y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art. 68 del CPCCN, lo dispuesto en el art. 71 CPCCN y teniendo en cuenta que esta Sala ha sostenido invariablemente que "las costas no deben valorarse con un criterio aritmético sino jurídico" (cfr. SENT. Nº 80.678 del 25.3.97 in re "Ramírez, Víctor c/ ELMA S.A. s/despido"), estimo que las costas de ambas instancias deben ser distribuidas proporcionalmente en mérito a la suerte obtenida por cada una de las partes en sus pretensiones. Por ello, propongo sean impuestas en un 80% a la parte actora y en un 20% a la demandada.

A tal fin, ponderando el mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos, el nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto y el monto razonablemente involucrado en el litigio, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en $4.500 y $4.500 respectivamente, y los del perito contador en $2.400, a valores del presente pronunciamiento.

Con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada propongo que se regulen sus honorarios en el 25% para cada una de las sumas que les corresponda percibir, respectivamente, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Miguel Ángel Pirolo dijo: adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Modificar la sentencia de grado y reducir el monto de condena a la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($7.466,73), importe que deberá ser abonado en los plazos y con los accesorios fijados en el pronunciamiento de origen; 2°) Dejar sin efecto la distribución de las costas y las regulaciones de honorarios efectuadas en la anterior instancia; 3°) Imponer las costas de ambas instancias en un ochenta por ciento (80%) a la parte actora y en un veinte por ciento (20%) a la demandada; 4º) Regular los honorarios de primera instancia de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada y perito contador en $4.500, $4.500 y $2.400 respectivamente, a valores del presente pronunciamiento; 5º) Fijar los honorarios de Alzada de las partes actora y demandada en el veinticinco por ciento (25%) para cada una de lo que deban percibir respectivamente por sus trabajos en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-	Miguel Ángel Pirolo	Graciela A. González	Juez de cámara	Juez de cámara