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Revocación de sentencia, sociedad de ahorro para fines determinados, plan de ahorro previo, compraventa de automotores, responsabilidad de la administradora del plan, rendición de cuentas
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Lloveras, Lisandro H. c/ Autoplan Círculo de Ahorro para fines determinados. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, luego de sostener que establecer si la administradora del plan de ahorro para la adquisición y adjudicación de automotores tiene la obligación de rendir cuentas depende de la conclusión del ciclo del negocio, omitió tratar este tema que, a su criterio, era el esencial para dilucidar los derechos en juego.
Comercialización ilegal de estupefacientes, concurrencia de agravantes, delitos contra la salud pública, tipo penal, coautoría, víctima menor de edad, establecimientos educacionales, suministro de estupefacientes, dolo
Materia: PENAL
Carátula: Farias, Matías Gabriel y Offidani Juan Pablo s/recurso de Casación interpuesto por Fiscal General; Farias, Matías Gabriel, Maciel, Alejandro Alberto y Offidani Juan Pablo s/recurso de Casación interpuesto por Particular Damnificado; Farias, Matías Gabriel y Offidani, Juan Pablo  c/  s/ recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-08-12

A los fines de la aplicación de la agravante contenida en el artículo 11, inciso a de la ley 23.737 -suministro de estupefacientes a un menor de edad- no resulta necesario establecer si se conoce con exactitud la edad de la persona menor -en el caso, los imputados realizaron la comercialización de los estupefacientes a la salida de un colegio, circunstancia incluso reconocida por uno de ellos-, siendo suficiente que quien ejecuta la acción típica se represente como posible o probable, que aquélla tenga menos de dieciocho años, y que pese a esa representación, no desista de su propósito delictivo.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, menores, restaurante con juegos, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: ROFFE, VANESA IRMA Y OTRO c/ SEDARQUI S.R.L. RESTAURANTE CASIMIRO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-05

El caso debe resolverse a la luz de lo establecido por el art. 1113, 2º párr., 2ª parte del Código Civil, por cuanto y dado que la propia actora ha reconocido que estaba en el establecimiento que explota la demandada almorzando con su hija menor, quien a su vez jugaba en la plaza de juegos anexa al restaurante, se está sin duda ante una hipótesis de responsabilidad contractual.

En algunos precedentes sobre este específico tema, cuando se trata de daños sufridos por niños en los denominados peloteros, se ha invocado el art. 1113 del Código Civil, sosteniendo que quien tiene el aprovechamiento económico de una cosa debe ser considerado como "dueño" en los términos de la norma.

Es decir que en esos pronunciamientos se ha enfocado la cuestión no por la naturaleza riesgosa o viciosa de las cosas, sino por obtener el dueño o guardián una ventaja patrimonial a través de su explotación. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Concurso preventivo, proceso de verificación, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAUCAN    S.A.    SOBRE QUIEBRA SOBRE INCIDENTE DE EJECUCION POR JOSE PEREZ BRENA s/ INCIDENTE DE EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-28

La modificación de la situación procesal de la deudora, entonces fallida y hoy concordataria, permite invocar ahora la doctrina plenaria "Pérez Lozano" (28.10.81) para requerir la indexación del crédito, verificado antes en forma nominal. Esta distinta situación fáctica aventa la ocurrencia de infracción a la cosa juzgada, que opera cuando existe decisión -o pudo ser requerida- en igual circunstancia material.
Competencia, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: EXPTE. N° 510-STJ-2.010 - JUEZ CIVIL Y COM. Nº 1 - IIIª CIRC. JUDICIAL DR. JUAN CARLOS SOSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-15

En los juicios ejecutivos, debe tomarse en cuenta a los efectos de determinar la competencia, el monto histórico, vale decir, el monto que figura en el pagaré traído a ejecución. Los intereses aplicables, costas y demás gastos serán determinados por el juez al sentenciar, según la evaluación del caso concreto. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Revocación de la sanción, habeas corpus, detenido, censura previa, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: LUGO, José de la Cruz s/ Apelación de sanción
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2011-05-26

Corresponde revocar la sanción impuesta a un interno por los improperios que escribiera en un escrito de habeas corpus dirigido a un juez, pues es improcedente calificar su conducta en el supuesto de "agresión" contemplado en el inciso "e" del art. 85 de la ley 24.660, puesto que se desvirtúa la sistematización del régimen previsto por el ordenamiento jurídico, incurriéndose en una suerte de censura previa, al limitar una manera de expresarse que puede ser la que permita al interno mejor narrar el hecho que denuncia.
Incompatibilidades del juez, carrera docente, gobierno de la universidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Acordada 21/96 - ejercicio de la docencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Corresponde autorizar a un magistrado para desarrollar actividades docentes en la Universidad Notarial Argentina, pero no su desempeño como directivo de esa institución, atento que los cargos directivos o de gobierno de los institutos universitarios, aparte de no estar comprendidos en la excepción - art. 9 del decreto ley 1285/58 -, pueden colocar al juez en situaciones que afecten, siquiera en el ánimo de los litigantes, a la serenidad y a la confianza que deben acompañarlo en el desempeño de sus funciones.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos ilícitos, responsabilidad del funcionario público
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Rivarola, Rogelio c/ Estado Nacional Argentino y/u otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-22

En el caso de los funcionarios públicos, la responsabilidad de la administración pública (latu sensu) que personifica el Estado, lo es más en función de una garantía a favor de los administrados, y sin perjuicio de las acciones recursorias que el estado tiene obligación de intentar contra el autor del ilícito, máxime cuando éste se debe no a una acción negligente u omisiva sino al dolo del dependiente.

Cuadrando recordar la distinción entre falta personal y falta de servicio ya que, si el acto dañoso es impersonal, si revela una administrador más o menos sujeto a error, el acto es una falta de servicio, si por el contrario, el acto dañoso revela al hombre con sus debilidades y pasiones y sus imprudencias, la falta es personal.
Recurso de casación, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa de Provisión para Transportistas 'Ushuaia' c/ Municipio de Ushuaia s/ Acción de Amparo - s/ Recurso de Queja por casación denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-12-06

La posibilidad de un debate posterior sobre la cuestión traída a conocimiento de los jueces en la vía del amparo sólo ocluirá el recurso de casación cuando la continuidad de la situación fáctica o jurídica invocada al accionar admite una razonable reparación en el proceso posterior. Acotando esta cuestión cabe señalar que no debe confundirse irreparabilidad con irresarcibilidad, en tanto todo gravamen extrapatrimonial admite un resarcimiento pecuniario por la vía de la indemnización por daño moral. Entonces, lo irreparable se vincula con la naturaleza del derecho en cuestión. El derecho al trabajo, y la acción que lo desarrolla, no puede ser limitado a una dimensión valorativa meramente patrimonial. Integra el concepto de dignidad de la persona humana, por tratarse de un derecho humano fundamental.
Pago, principio de integridad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bertie Ema s/ Incidente de cobro de diferencias de nuevas cuotas alimentarias en  Bertie c/ Morteo s/ divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-16

Siendo los intereses un "accesorio" del capital, no hay pago integro cuando se trata de deudas de dinero, si el deudor no los abona conjuntamente con ese capital. Y como el deudor no está obligado a recibir un pago parcial (art. 742 del C.Civil), puede rehusarlo porque la suma que se le pretende entregar no cubre la totalidad de la deuda. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Aceto, Miguel Angel s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que cuestiona el indicio invocado en función de dos testimonios y omite expresar de qué modo se habría violado la ley.
Contratos administrativos, efectos del contrato, autonomía de la voluntad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ I.B.M. Argentina S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

El principio de la autonomía de la voluntad de las partes se relativiza en el ámbito de los contratos administrativos, pues aquéllas están, de ordinario, subordinadas a una legalidad imperativa y, además, porque aun cuando en principio puede resultar indiferente a la ley el modo como los particulares arreglan sus propios negocios, no lo es la manera en que los funcionarios administran los negocios públicos (Disidencia parcial del Dr. Antonio Boggiano).
Derecho a ser oído, aplicación de la ley, derechos de la víctima, interés superior del niño
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación: "López, Víctor Antonio s/ art. 13944:1 LN 13.944 (Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar) p/ L 2303"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-13

El derecho a ser oído que le asiste al ofendido (arts. 8.1 CADH) abarca cuestiones relacionadas con el conflicto que revela el delito, su persistencia o su cese, e indudablemente el modo en que la víctima considere conveniente solucionarlo, por lo que, para fundar el rechazo a la mediación penal, el fiscal deberá demostrar razones suficientes, sean legales o vinculadas a la voluntad de la víctima o de inconveniencia desde el punto de vista de la prevención especial o de la persecución. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Extinción de la acción penal, declaración indagatoria, lesiones agravadas, concurso ideal, amenazas, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: L., L. E. c/  s/ prescripción-lesiones agravadas y amenazas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-05

Explicaron los vocales que la acción se encuentra extinguida pues desde el primer llamado a prestar declaración indagatoria (3-5-2016) transcurrió el máximo de la pena prevista para el delito imputado (lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso ideal con amenazas con arma -artículos 45, 54, 89 y 92 en función del 80 incisos 1° y 11°, y 149 bis, primer párrafo, segunda parte del Código Penal-) por el cual fuera procesado y, del informe de antecedentes no surge la comisión en ese lapso de delito alguno. Agregaron que el hecho I concurre en forma material con los demás atribuidos y que no asiste razón al fiscal en cuanto solicita la aplicación del Plenario CCC "Prinzo" pregonando que el hecho II, que tuvo lugar el 15/12/18 y por el que también se encuentra procesado, interrumpiría la prescripción del primero, pues ello violaría el principio de inocencia y el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Agregaron que la aplicación del fallo plenario ha sido rechazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos CSJN 322:717 y de ésta Sala, causa 5093/11 "D., M." del 23/8/17 y 29121/16 "P., E." del 8/11/17, entre otras). Finalmente resaltaron que la calificación de mayor gravedad pretendida por el MPF durante la audiencia oral al invocar el delito de coacción, resulta tardía y por ende fuera del límite del recurso.
Prescripción, Derecho administrativo
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Astuena, Norman Juan c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional). s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

EL instituto de la prescripción integra la vinculación de derecho que se establece entre la Administración y el administrado, regida por el Derecho Administrativo.
Derechos humanos, derechos personalísimos
Materia: CIVIL
Carátula: Bahamondez, Marcelo s/ medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

En las vísperas del tercer milenio los derechos que amparan la dignidad y la libertad se yerguen para prevalecer sobre el avance de ciertas formas de vida impuestas por la tecnología y cosmovisiones denominadas por un sustancial materialismo práctico. Además del señorío sobre las cosas que deriva de la propiedad o del contrato - derechos reales, derechos de crédito y de familia - , está el señorío del hombre a su vida, su cuerpo, su identidad, su honor, su intimidad, sus creencias trascendentes, es decir, los que configuran su realidad integral y su personalidad, que se proyecta al plano jurídico como transferencia de la persona humana.
Improcedencia del recurso, traslado, notificación, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Rojas, Noelia Carmen c/ Campos, José Enrique y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2022-04-08

Procede rechazar el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por el letrado de la citada en garantía, y disponer que se proceda a notificar -la liquidación de honorarios- al demandado en su domicilio real para que, en el plazo que fije el juez de grado, se presente por derecho propio y/o a través de apoderado y denuncie nuevo domicilio procesal, bajo apercibimiento de que si no lo hiciera en el plazo indicado se tendrá por constituido dicho domicilio en los estrados del tribunal, en donde le serán notificadas todas las vistas y traslados, que no correspondan notificar en el domicilio real -art. 45, Cód. Pcsal-, ello pues, atendiendo el lapso de tiempo transcurrido desde la última presentación del ejecutado por su propio derecho y la manifestación del ex letrado patrocinante en el sentido que perdió todo contacto con el accionado, por lo que resulta razonable considerar que el domicilio constituido al inicio de estas actuaciones, en la actualidad es inexistente. Debido a la potestad saneadora que consagra aquella norma procedimental y a efectos de garantizar en plenitud el debido proceso y el derecho de defensa, no sólo corresponde ordenar la notificación al accionado en su domicilio real, sino que además, simultáneamente debe dejarse sin efecto la providencia recurrida.
Estado Provincial, junta electoral, senadores provinciales, elecciones
Materia: POLITICO-ELECTORAL
Carátula: Presentación  efectuada  por  los apoderados del Frente Justicialista de la Unidad Popular s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

La Junta Electoral Provincial es la competente para resolver en cuanto al modo de computar los votos para senadores provinciales en las elecciones a las que concurrieron partidos nacionales.
Estados extranjeros, inmunidad de jurisdicción
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Maruba S.C.A. Empresa de Navegación Marítima c/ Itaipú s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

El reconocimiento a los estados extranjeros del privilegio de la inmunidad absoluta de jurisdicción, no encontraba su origen en el art. 24 del decreto ley 1285/58, sino en un principio de derecho internacional público que impedía que, en cualquier tipo de causas, un estado extranjero pudiera ser llevado sin su consentimiento ante los tribunales de otro país (Voto del Dr.

Enrique Santiago Petracchi).
Interés superior del niño, responsabilidad del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: A. ,H. J. c/ H. ,G. S. s/ Patria Potestad. Ejercicio.Sanciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

Al evaluar y determinar el interés superior de un niño debe tenerse en cuenta la obligación del Estado de asegurarle la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar (conf. O.N.U., Comité de los Derechos del Niño, Observación General 14, párr. 71). El bienestar del niño abarca sus necesidades materiales, físicas, educativas, culturales, espirituales y emocionales básicas, así como su necesidad de afecto, seguridad, pertenencia, estabilidad y proyección. (del voto del doctor Pettigiani)
Suspensión del juicio a prueba, personas jurídicas, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Villaverde, Carlos Alberto y Papelera Alamo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-30

No es posible aplicar a un ente de existencia ideal sanciones de índole penal como resultado ineludible de los principios que la rigen, por lo tanto no puede ser beneficiada con la suspensión del juicio a prueba. (Dres. Cabral, Figueroa y Gemignani).
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tocalini, J. M. y otros s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-10

La carga de acreditar la insuficiencia de recursos para hacer frente a las erogaciones del proceso para el cual se pide, recae sobre el solicitante del beneficio quedando su determinación librada a la apreciación judicial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de revisión (procesal), reincidencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: QUINTANA, Jose Carlos. s/ RECURSO DE REVISION - LEY 23.057
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1984-09-21

Adoptado el regimen de reincidencia real por ley 23.057 cuando de los antecedentes que registra el recurrente se desprende que tal reincidencia fue interrumpida por haber operado el término de de caducidad previsto por el art. 50 del CPE entre dos de las dos condenas y que los demás antecedentes computables no son suficientes para aplicar la accesoria del art. 52 del CPE, corresponde tenerla por no impuuesta.
Sucesiones, cargas de la sucesión, acervo sucesorio, autorización judicial, aceptación con beneficio de inventario, pérdida del beneficio de inventario, acreedores de la sucesión, facultades del acreedor
Materia: CIVIL
Carátula: EFIAD S.A. c/ LACAZA, Gastón s/ ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-23

La autorización judicial para la venta de bienes relictos no libera al heredero beneficiario del pago de las cargas que corresponden por la tramitación del sucesorio. Por el contrario, al ingresar el dinero obtenido de la venta a su patrimonio, con el que se confunde, trae aparejado el consiguiente derecho de los acreedores de ejecutar los bienes personales del heredero.-
Alegato, devolución del expediente, plazo perentorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Maderera Noroeste del Chubut Sociedad Anónima c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-10-25

Este Cuerpo ha adherido a la corriente hermenéutica que indica, que el artículo 482 CPCC es fatal; debe interpretarse estrictamente, ya que el artículo 124 tiene carácter excepcional, de tal suerte que la providencia que pone los autos para alegar, que es de plazo común, queda firme al tercer día de la última notificación a las 13,00 hs. De este modo, la parte primera en el orden tiene derecho de retirar el Expediente al día siguiente a las 7,00 hs., así como la que le sigue, a las 7,00 hs. del día en que su plazo comienza a contarse. Así, por cuanto "si bien es cierto que los plazos, como dice el artículo 24 CC no se cuentan de momento ni por horas, la entrega del Expediente es un acto que por su modalidad está condicionado al horario de funcionamiento de los juzgados...".
Costas, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLAGRA FEDERICO s/ QUIEBRA  PEDIDA  -  RECURSO  DE  APELACION  -  RECURSO  DE  NULIDAD -  REGULACION DE HONORARIOS - RECURSO DE ACLARATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-08-25

La supresión de las costas que establece el art. 103de la ley de aranceles 7269, se refiere a toda actuación destinada a la determinación de honorarios, concepto en el cual estan incluidos los recursos que se deduzcan contra la resolución regulatoria con la finalidad, legitima o no, de modificar y determinar definitivamente el honorario regulado. No es óbice para ello el hecho de que el recurrente haya sido vencido en la reposición, porque precisamente lo que dispone el art. 103 Es que en materia regulatoria el título de atribución de las costas es la culpa o la temeridad y no el mero vencimiento.
Estado Provincial, enólogos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Furlotti Angel Francisco c/ Gobierno Provincial s/ Contencioso Administrativo - Inconstitucionalidad (Libro: S065-137)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-07-23

La ley 2245 de la Provincia impone al industrial tomar un técnico en enología para dirigir su establecimiento-bodega. Al Químico Industrial no le está vedado actuar en el mismo establecimiento;

pero no puede desempeñarse como Director Técnico. De ello no se infiere violación al principio constitucional de la libertad de trabajo, por dos personas, en razón de conceptuárselas por su título llamadas a desempeñarlo. No existe violación a la libertad de trabajo cuando el Estado permite el desempeño profesional por unos y lo niega a otros.
Contratos, buena fe, juicio ordinario
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Vlaicevich, Jorge Marcelo c/ Verón, Marta y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-19

Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe (CCCN 961 y 1061) y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, de modo que más que al sentido literal de los vocablos empleados, debe atenderse la intención común de los contratantes, para lo cual es menester valorar las particulares circunstancias que rodearon a la estipulación (sus antecedentes y conductas sobrevinientes) en orden a reconstruir el contexto negocial que motivó la expresión de voluntad común en los términos que se pretenden desentrañar (CPR 386). Lo anterior requiere colocarse por encima del interés de cada una de ellas; porque la tarea no se agota en la fórmula escogida, sino que debe hacer mérito del comportamiento de las partes en su integridad (CPR 163-5°). Siendo el contrato la obra común de las partes, debe estarse a su voluntad, desentrañándosela de los términos usados, en cuanto no sean ambiguos ni se opongan a la naturaleza del acto que se dice celebrar, no debiendo el juzgador apartarse de sus cláusulas o recurrir a la aplicación de normas supletorias en su tarea de interpretación. Cuando el contrato está redactado en términos claros y precisos, no debe desvirtuarse lo declarado e instrumentado, so pretexto de que media disociación con la voluntad interna, si ésta no se patentizó con signos exteriores en la declaración de voluntad; pues lo contrario importaría sembrar la inseguridad jurídica en el ámbito contractual (CCCN 959 y 1061).