Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-08


Buenos Aires,	8	de abril de 2015 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. Como surge de la resolución anterior de este Tribunal (fs. 304/306), el titular de la Fiscalía de Cámara Norte interpuso recurso de queja (fs. 285/291) contra el pronunciamiento de la Sala II (fs. 77/79) que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad que había deducido, a su turno, contra la decisión de esa misma Sala que revocó la resolución de primera instancia y concedió la suspensión del proceso a prueba al Sr. Juan Carlos Espina por el tiempo y las condiciones que fijara la jueza de grado (fs. 59/62), a pesar de la oposición fiscal.

2. La fiscalía, en su recurso de inconstitucionalidad, afirmó que se encontraba legitimada para interponer el remedio procesal y expuso las razones por las que entendía que la decisión impugnada constituía un auto que por sus implicancias debía ser equiparado a una sentencia definitiva.

Por otra parte, señaló que los jueces de la Cámara con su decisión, basada en normas de carácter infraconstitucional que regulan la suspensión del juicio a prueba (arts. 76 bis y 76 ter, CP; y art. 205, CPPCABA), vulneraron el principio de legalidad, la garantía de imparcialidad, el sistema acusatorio, la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal y el derecho de acceso a la justicia (arts. 12.6, 13.3, 81.2, 106, 124 y 125, CCABA; arts. 18 y 120 CN; y arts. 8.1 y 25.1, CADH) (fs. 67 y 71).

3. En el recurso directo, el Sr. Fiscal ante la Cámara solicitó que se le diera efecto suspensivo a su queja (fs. 291, punto IX). El Fiscal General Adjunto, al tomar intervención en autos, sostuvo el recurso interpuesto, acompañó el pedido -que fue resuelto de modo favorable por este Tribunal, el día 10/09/14- y consideró que correspondía declarar la nulidad de la decisión recurrida y continuar con la tramitación del caso (fs. 295/299).

4. La jueza de trámite requirió a las instancias de mérito la remisión de los autos principales correspondientes a esta queja, diligencia que fue cumplida conforme surge de fs. 302/303.

Fundamentos La juez Inés M. Weinberg dijo:

Por las razones apuntadas en mi voto emitido en la resolución obrante a fs. 304/306, a las que me remito, corresponde: a) hacer lugar a los recursos de queja y de inconstitucionalidad planteados por el Ministerio Público Fiscal; b) revocar la resolución recurrida; y c) dejar sin efecto la suspensión del proceso a prueba dispuesta en autos y ordenar que continúe el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren, conforme la regulación aplicable y lo indicado en las consideraciones allí expuestas.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. Coincido, en lo esencial, con la solución que ha propuesto la colega preopinante, en cuanto a que la queja sub examine resulta procedente, pues se encuentran reunidos los requisitos formales exigibles (art. 33, ley nº 402), se objetó un pronunciamiento que -como se verá- resultaba equiparable a definitivo y se expone una crítica suficiente del auto denegatorio resuelto por el tribunal a quo. Ello es así, tanto en lo que respecta a la invocada ausencia de una decisión equiparable a definitiva (voto del juez Bacigalupo), como en cuanto a la falta de legitimación del Ministerio Público Fiscal para acudir ante este Tribunal (voto del juez Delgado).

A todo evento, la conclusión a la que aquí arribo me inhibe de atender la denuncia formulada por el recurrente, acerca de la "falta de mayoría" en el auto denegatorio obrante a fs. 77/79.

2. En primer lugar, cabe señalar que la cuestión que se discute en las presentes actuaciones se muestra sustancialmente análoga a la que ha sido resuelta -entre muchísimos otros- in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Legajo de juicio de Pascual Aguilera, Miguel Ángel s/ inf. art(s). 189 bis CP'", expte. nº 9145/12, resolución del 20/11/13.

Al respecto, en el mencionado precedente la mayoría de este Tribunal -con su actual integración- ha sentado doctrina acerca de la controversia aquí propuesta y ha fijado su posición sobre el punto de una forma que torna descalificable sin más lo resuelto, a contrario sensu, por el tribunal a quo. En efecto, aun dejando a un lado mi postura sobre la entidad de los motivos que pueden tener trascendencia para que la fiscalía se niegue a la aplicación del beneficio de la suspensión del juicio a prueba, el flagrante desconocimiento de la oposición del fiscal que habría tenido lugar en autos -que, incluso, se encontraba justificada concreta y razonablemente en las circunstancias de la causa, con arreglo a los matices que he remarcado en esta clase de asuntos (según mi voto in re "Benavidez", expte. nº 6454/09, resolución del 8/9/10)- conduciría, por razones de estricta economía procesal, a admitir la queja y el recurso de inconstitucionalidad.

A su turno, resulta forzoso concluir que la solución contraria adoptada por el tribunal a quo en el caso, que más allá de haber tomado conocimiento de la opinión de la mayoría de este Tribunal parece persistir con una postura que ya ha sido descalificada de manera reiterada, se muestra desprovista de apoyatura en nuevos argumentos que pretendan justificar adecuadamente el deliberado apartamiento de la jurisprudencia consolidada por esta instancia. En tales condiciones, esa resolución aparece infundada (Fallos 307:1094) y, por lo tanto, no se sostiene como acto jurisdiccional válido.

3. En segundo lugar, según mi propia comprensión del caso también resultaría admisible el recurso de inconstitucionalidad, con respecto al fondo de la cuestión, pues las mismas razones que expuse en el citado precedente "Benavidez" -y/o en las numerosas decisiones que en sentido concordante le sucedieron- me conducen a equiparar a definitiva la resolución objetada a través del recurso concedido por el tribunal a quo. Ello así, porque advierto que la Fiscalía de Cámara ha demostrado que tiene un interés razonable en que el proceso continúe y se sustancie el juicio.

En el caso, el fiscal de primera instancia que intervino en la audiencia se opuso al otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, sobre la base de las circunstancias particulares de la causa. Para sustentar su negativa, el fiscal de mérito indicó que "sin perjuicio de la incomparecencia del imputado [a esa audiencia, y] (.) tras haber conversado recientemente con la víctima de autos, se encontraba en condiciones de [oponerse] (.) férreamente a la concesión del beneficio". Ello así, pues: (i) en "primer lugar de la certificación del Registro de Reincidencia (.) [se desprendía que Espina se encontraba] gozando de similar beneficio (.) [en el marco de otro caso que tramita ante la Justicia nacional] por el delito de estafas reiteradas, razón por la cual (.) legalmente no puede ser sujeto del derecho, conforme lo normado por el art. 76 ter del Código Penal"; y (ii) por el "otro lado, conforme (.) [lo establecido] por el art. 205 (.) [del CPPCABA] se habrá de oponer (.) [en función de lo estipulado por el] art. 29 inc. 1 y 2 del Código Penal [relativas a la reparación de los perjuicios]" (fs. 239 y vuelta). Con posterioridad, sin que hubiese sido resuelta dicha cuestión inmediatamente y luego de que el imputado ofreciera por escrito las reglas de conducta que consideraba apropiadas (fs. 266/267), la jueza de grado interviniente le corrió un nuevo traslado a todos los sujetos involucrados, oponiéndose a la probation la Fiscalía (fs. 270), la denunciante (fs. 272/273) y también la integrante del Ministerio Público Tutelar que tomó intervención con respecto al hijo menor del imputado (fs. 277/279). La jueza, finalmente, consideró razonable esta oposición y rechazó la suspensión del juicio a prueba (fs. 4/5).

A su turno, el Fiscal de Cámara -al expedirse con relación al recurso de apelación de la defensa- indicó que la imputación radicó en que Espina habría "omitido aportar los medios indispensables para la subsistencia de su hijo (.), al no haber depositado la suma de dinero acordada en el proceso civil respectivo, ni [haber] contribuido de otro modo en relación con la salud, educación, esparcimiento y vivienda de su descendiente" (fs. 46). Asimismo, destacó (i) "que el representante del MPF basó su oposición en la necesidad de resolver el conflicto en juicio de acuerdo a los parámetros previstos en los incisos 1º y 2º del art. 29 CP, baremos que [corresponde tener presente] (.) de acuerdo a las circunstancias particulares del hecho punible requerido a juicio"; (ii) que la Fiscalía habría tenido en cuenta que Espina había gozado de otra probation en sede nacional, que finalmente fue revocada (a través de una decisión que no se encontraba firme) frente a posibles incumplimientos del compromiso impuesto en el marco de tal proceso penal; (iii) que "hasta el momento en que solicitó la suspensión [que fue rechazada por la jueza local, el imputado] (.) continuó negándose a abonar suma alguna de dinero para su hijo, lo que implica afirmar que (.) no ha[bría] cesado en la comisión del delito requerido a juicio. Ello sin perjuicio de que (.) [la imputación realizada en el caso se hubiera] ceñido, en respeto del principio de congruencia, (.) a un determinado margen" de tiempo; (iv) que la "actitud del imputado durante el transcurso del proceso evidencia con claridad que el conflicto no puede ser resuelto mediante la salida alternativa" al debate; (v) que la conducta de Espina se enmarcaría en un "contexto de violencia de género (.) en tanto la denominada 'violencia económica' generada por el imputado en contra de la denunciante (.) es una de la[s] manifestaciones" de ella; y, por fin, (vi) que la denunciante que resulta "también víctima del accionar del imputado (.) y la Asesoría Tutelar de Menores se opusieron a la" concesión de la probation (fs. 50 y vuelta). Similares consideraciones fueron realizadas por el Fiscal de Cámara en su recurso de inconstitucionalidad (fs. 70/71).

Ahora bien, cualquiera que sea el acierto o desacierto de la hipótesis de investigación seguida por el Ministerio Público Fiscal o de las estrategias probatorias que no pudo desplegar, como consecuencia de esta suspensión del juicio a prueba resuelta contra su expresa voluntad, lo cierto es que esos fundamentos pueden ser calificados como "opinables" de acuerdo a criterios particulares, pero no pueden ser tachados de insuficientes o desvinculados con este caso. Dicho de otra forma, la falta de fundamentación o motivación que los distinguidos integrantes de la Sala II le atribuyeron a la negativa del órgano acusador, en autos, no pasa de ser una particular forma de subrogar al Ministerio Público Fiscal en su función, constituyendo esa subrogación un desconocimiento del sistema acusatorio, del principio de imparcialidad y del debido proceso que simultáneamente le asiste a aquél, en el cumplimiento de las funciones que la ley y la CCABA le acuerdan.

La argumentación expuesta por el Ministerio Público Fiscal, por tanto, "sin más aditamentos, constituyen 'un obstáculo serio, razonado y suficiente' (.) para (.) otorgar el beneficio que se solicita, toda vez que importan una valoración procesal (.) de las características del delito (concreto) que aquí se le atribuye, valoración surgida a partir de un minucioso estudio del caso por parte del representante del Ministerio Público Fiscal" ("Toledo", expte. nº 6534/09, resolución del 28/10/09); minucioso estudio que aun en el supuesto de que finalmente resulte exagerado encuentra justificación en razones de oportunidad o conveniencia político-criminal que le concierne a la acusación evaluar y que -a esta altura- tendrá que ser validado (o no) por los jueces de la causa, al momento de dictar la decisión que se expida sobre su mérito.

4. Corresponde, entonces, admitir la queja y hacer lugar el recurso de inconstitucionalidad, revocar la resolución en crisis, en cuanto fue materia de agravio, y ordenar la continuación del trámite.	Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

La cuestión aquí debatida resulta sustancialmente análoga a la analizada por el Tribunal in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis, CP'", expte n° 6454/09, resolución del 08/09/2010. Consecuentemente, por las razones allí dadas -especialmente, en el punto 7 de mi voto- y las que desarrollé en "Porro Rey, Julio Félix s/ inf. art. 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 7909/11, resolución del 07/12/2011 -decisiones a las que me remito-, corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad interpuestos, revocar la sentencia impugnada y dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba, debiendo continuar el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren.

La forma en que se resuelve torna innecesario analizar el restante agravio que a fs. 286 vuelta/287 vuelta el recurrente desarrolla.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

La cuestión que se debate en esta causa resulta análoga a la resuelta por el Tribunal in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos Estigarribia, Federico Milcíades y otro s/ inf. art. 189 bis, CP'", expte. nº 6821/09, resolución del 13/10/2010. Esta circunstancia me releva de pronunciarme sobre el restante agravio que articula el representante del Ministerio Público Fiscal.

En consecuencia, me remito, en lo pertinente, a los argumentos y a la solución expresados en el precedente citado, del que se agregará copia para que forme parte de este pronunciamiento.

Por ello, corresponde hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad interpuestos, revocar la resolución de Cámara y dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja que interpusiera, oportunamente, el Ministerio Público Fiscal (fs. 285/291 vuelta) debe ser rechazada toda vez que no satisface la carga de fundamentación que prescribe el artículo 33 de la ley n° 402.

2. El recurso de inconstitucionalidad (fs.266/272) fue declarado inadmisible (fs. 278/280 vuelta) por el voto de la mayoría porque no se dirigía a impugnar una sentencia definitiva o pronunciamiento equiparable a tal.

En el recurso de queja la Fiscalía sostuvo como motivo principal de crítica al auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad intentado que aquella resolución no contaba con una mayoría válida al entender que no existían fundamentos concurrentes entre los jueces que sostuvieron la inadmisibilidad.

No obstante el esfuerzo argumentativo desplegado, de la lectura de la resolución impugnada se advierte que el Dr. Delgado comienza su voto con la adhesión expresa a los fundamentos expresados en el voto del Dr. Bacigalupo con respecto a la ausencia de sentencia definitiva o resolución equiparable a tal, para luego desarrollar sus propios argumentos para el rechazo del recurso intentando basados en la ausencia de legitimidad del Ministerio Público Fiscal para interponer el recurso intentado. En función de lo expuesto la alegada arbitrariedad por falta de mayoría no se ha acreditado en el caso que nos ocupa.

3. Por lo expuesto, voto por rechazar el recurso de queja.

Por ello, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de queja agregado a fs. 285/291.

2. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, cuya copia obra a fs. 65/71, revocar la resolución de Cámara del 14/11/13 y dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba, debiendo continuar el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren.

3. Agregar a este expediente copia de la resolución dictada por este Tribunal el día 13/10/10 en los autos "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos Estigarribia, Federico Milcíades y otro s/ inf. art. 189 bis, CP'", expte. nº 6821/09, como parte integrante del voto del juez José Osvaldo Casás.

4. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.