Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-26


Salta, 26 de abril de 2010.

AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados: "LAGORIA, JESÚS MIGUEL c. SALTA DEL TUCUMÁN S.A. y/o GARCÍA PINTO, RAYMUNDO - ORDINARIO", expte. nº 19831/09, originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 3, expte. nº 19831/08, para resolver las apelaciones interpuestas a fs. 158/62 y 164/66, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Figueroa, dijo: la sentencia de primera instancia, que hace lugar a la demanda interpuesta contra Salta del Tucumán S.A. y la rechaza respecto de Raymundo García Pinto, es apelada por ambas partes de la relación procesal; la actora por las razones expuestas a fs. 158/62 y la demandada por las que explica a 164 y sgtes., las que paso a analizar.

La apelación de la parte actora, está dirigida contra el punto II del fallo, interpretando incorrecta la decisión de rechazar la demanda interpuesta contra el codemandado García Pinto, que en su carácter de presidente de Salta del Tucumán, socio de la S.A. y esposo de su única consocia (y directora del establecimiento), actuó con pleno conocimiento de que el actor no se encontraba registrado en debida ni en ninguna forma, situación que avaló, en evidente fraude al orden público laboral, al sistema previsional y de seguridad social, al sistema de obra social y sindical, lesionando además el patrimonio y los derechos del trabajador.

Agrega, que la falta de registro de la relación laboral, justifica la extensión de responsabilidad, en virtud del juego armónico de los arts. 59 y 274 de la ley 19550, a los que la señora juez no dedicó un sólo párrafo; que para la contratación del actor y los demás profesores, se apelaba a contratos fraudulentos, cuyo único fin era evadir la ley y beneficiar a la sociedad demandada; que para la aplicación de la citada normativa no es precisa la prueba de la intencionalidad; que los administradores deben obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios y quienes faltaren a sus obligaciones son ilimitada y solidariamente responsables por los daños y perjuicios que resulten de su accionar o de sus omisiones y que el art. 59 mentado, crea un standard jurídico que nos lleva a integrarlo con el principio del art. 902 del Código Civil, que establece que es mayor la obligación resultante de las consecuencia posibles de los hechos, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y conocimiento de las cosas.

Finaliza este recurso, argumentando que al haber contratado personal y no registrarlo, o como mínimo haberlo consentido, produjo grave perjuicio al trabajador y a los organismos de la seguridad social y al sindicato, configurando un acto ilícito en los términos del art. 1066 CC, quebrantando lo exigible de un buen hombre de negocios; que al no haber registrado la relación a pesar de estar intimado, el empleador no realizó los aportes previsionales, sindicales ni de obra social, abonó salarios en forma clandestina y lo hizo por debajo de las escalas vigentes, configurando no sólo un incumplimiento legal, sino una actuación destinada a evadir la ley, laboral, impositiva, comercial, etc., configurando un ardid destinado a favorecer a la patronal en desmedro de los derechos de los trabajadores; que el art. 274 dispone la responsabilidad ilimitada y solidaria de los directores, hacia la sociedad, los accionistas y los terceros (trabajador), por mal desempeño del cargo, y el 279, que los terceros siempre conservan sus acciones individuales contra aquéllos; que nos encontramos en un caso de responsabilidad por el acto propio, porque si bien puede no haber actuado con dolo, sí lo hizo con culpa, por acción u omisión y que no se puede dejar de mencionar, la primordial relevancia que adquieren los arts. 62 y 63 LCT, en orden a los comportamientos exigibles a las partes y a la obligación de actuar de buena fe. Pide se revoque la sentencia y se haga lugar a la responsabilidad pedida respecto de Raymundo García Pinto, reservando recursos para una hipótesis adversa.

El recurso de la parte demandada, comienza sosteniendo que el fallo recaído no es derivación razonada del derecho vigente, prescinde de las constancias del expediente, omite la valoración de prueba esencial y se sustenta en la mera voluntad del juzgador, todo lo cual lo convierte en arbitrario y la lleva a formular reserva de la cuestión constitucional, para el caso que su recurso fuera rechazado. Analiza los dichos de algunos testigos (referidos a la modalidad de educación a distancia prestada por la demandada) y objeta la conclusión arribada, en el sentido de que no se verifican diferencias sustanciales con la prestación de un docente en un establecimiento común, argumentando que si bien los planes y contenidos de las materias que se brindan en una institución de educación presencial son coincidentes, de ahí en más las diferencias son notorias, al punto que la ley de educación 26026 tiene un apartado propio, destinado a la educación a distancia, que en el caso de autos se traducía en la falta de horarios de clase, en la virtualidad de clases o correcciones y la flexibilidad de los horarios para consulta, lo que se contradice con la afirmación de la señora juez, respecto de la carencia de diferencias sustanciales de los sistemas y prestaciones de uno y otro.

Prosigue, manifestando que no coincide con la juzgadora a quo, en cuanto a la existencia de una relación laboral de subordinación jurídica y económica, con recepción de órdenes e instrucciones e inserción dentro de una organización de trabajo ajena, enumera los elementos que sirven para distinguir la naturaleza civil o laboral de la prestación y agrega: que Lagoria no sólo prestaba servicios para la demandada sino también para otras entidades educativas (fs. 63 y sgte.); que si ello era así, no se explica de qué manera podría haber trabajado las ocho horas diarias que reclama, sin disminuir su asistencia a CEDSa como a otra institución, si fuera cierto que cumplía horarios; que de ninguna foja, surgen acreditadas las horas que el actor considera cumplidas, al no haber planillas, tarjetas de ingreso o salida o elementos similares; que tampoco podría imputarse a su parte la demostración, ya que por la naturaleza civil de la vinculación, el actor no tenía horarios fijos, que se establecían a voluntad y conforme la necesidad de los alumnos, para consultas o asesoramientos; que la presunción del art. 23 LCT debe entenderse limitada a servicios bajo relación de dependencia y, la del art. 55 de la misma norma, a los datos del art. 52, que no comprenden el horario de trabajo; que a tenor de su postura (que se trataba de un vínculo de naturaleza civil), su parte no podía tener registros contables ni similares respecto de una relación que era transitoria; que Lagoria comprometió su actividad, no una obra técnica, configurando una locación de servicios; que si el contrato de locación de servicio entre el profesor y la empresa no hubiera convenido plazo de duración ni reglamentación del trabajo de que se trata, cualquiera de las partes hubiera podido lícitamente y en cualquier momento concluir la relación contractual y discutir las consecuencias del distracto en los juzgados civiles; que el suceso fue traído ante estos tribunales por el demandante, cuando sabía que su vínculo era transitorio y para una determinada actividad y que las órdenes e instrucciones que dicen que recibía el actor, lo eran en el marco de las facultades propias de toda organización económica, las que se encuentran reconocidas en la LCT.

Continúa, sosteniendo que si bien a priori la aplicación de las facultades propias de la LCT podría dejar entrever una relación laboral indeterminada, tampoco puede desconocerse que si un trabajador independiente suma su trabajo a una organización económica en marcha, de carácter transitorio y excepcional, debe respetar las reglas dentro del servicio empresarial prestado, sin que ello implique un ejercicio directo sobre el actor, de las facultades otorgadas por la LCT al empleador; que para que exista relación dependiente, debe haber dependencia técnica, jurídica y económica y, en el caso, la primera no está clara (porque Lagoria sólo debía cumplir con su asistencia de manera virtual, casi sin control ni horarios, tomaba exámenes y evacuaba eventuales consultas y la presunta subordinación carecía de continuidad), la segunda tampoco (porque la demandada le pagaba por sus servicios educativos, que no eran su único medio de subsistencia) y sólo nos quedaría una difusa dependencia jurídica, donde CEDSa dirigía la conducta de los empleados hacia los objetivos de la empresa, planificación a la cual se sumó el demandante. Agrega, que tanto las capacitaciones gratuitas brindadas, como las obligaciones de formación vinculadas, no devienen de las facultades de dirección de CEDSa, sino de la ley 26026, no tenida en cuenta al sentenciar; que en cuanto a riesgo empresario, en modo alguno se lo carga sobre el actor, ya que su prestación era transitoria, de índole civil y ajena a los vaivenes económicos de la finanza empresarial de CEDSa; que en la locación de servicios no juega la presunción del art. 23 lCT, ya que las circunstancias, las relaciones o causas que lo motivan, acreditan que la relación no era laboral y en autos ha quedado demostrado que no hubo prestaciones laborales o de servicio en relación de subordinación o dependencia, tipificantes de un contrato de trabajo; que la sentencia valoró el tándem probatorio de la presunción del art. 23 y las testimoniales, con prescindencia de las otras producidas en autos, merituadas oportunamente, a fin de no violar el principio de congruencia; que éste, exige una rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, el objeto y la causa que individualizan a la pretensión y a la oposición y, habiendo quedado trabada la litis en los términos propuestos por las partes, la juzgadora no puede apartarse de los mismos; que la Corte Suprema señaló que la sentencia debe limitarse a lo que ha sido objeto de litigio entre las partes y el pronunciamiento que desconozca a acuerde derechos derechos no debatidos o valore subjetivamente las pruebas producidas, es como principio incompatible con las garantías de los arts. 13 y 17 de la C.N. y que en el caso, la sentencia transgredió tal principio, pues se apartó de las constancias y pruebas de la causa, omitiendo valorar los extremos esenciales de la misma y, la juzgadora a quo, no merituó las pruebas producidas, omitió algunas que son decisivas y puso énfasis en ciertas frases, sin valorar el contexto probatorio. Pide se revoque el punto I del fallo y se tenga presente la reserva de recursos, por existir cuestión federal suficiente.

Por razones de resultado, comienzo por el recurso de la parte deman dada. Con ser extenso, no logra en mi criterio llenar el requisito de constituir una crítica concreta y razonada del fallo, art. 255 CPCC, en vista de que, luego de formular una serie de consideraciones en torno de modalidades de la prestación, transitoriedad de la misma y diferencias con la educación presencial, a la hora de concretar su postura y aludir a la prueba de que intenta valerse, se limita a manifestaciones genéricas, vinculadas al principio de congruencia, a la necesidad de que la juzgadora se ciñera a los términos en que había quedado trabada la litis, a que un pronunciamiento que desconozca o acuerde derechos no debatidos o valore subjetivamente las pruebas producidas resulta incompatible con la garantía de los arts. 13 y 17 de la Constitución Nacional, concluyendo que "la sentencia ha transgredido tal principio, pues se ha apartado de las constancias y pruebas de la causa, omitiendo valorar los extremos esenciales de la misma. La Jueza no ha merituado las pruebas producidas, ha omitido algunas que son decisivas y ha puesto énfasis en ciertas frases, sin valorar el contexto probatorio". Todo ello, sin describir qué frases, qué prueba ni qué constancias, olvidando que el material sobre el que trabaja el tribunal de apelación es sólo el que los recurrentes proponen, que los agravios deben ser cuidadosa y detalladamente explicados, que es a cargo de la parte narrar de qué modo y con qué alcance entiende favorable determinada prueba y que a la alzada le está vedado formular conjeturas al respecto, sin grave menoscabo del derecho de defensa de la contraparte y de las reglas del debido proceso. No modifican mi punto de vista, las breves transcripciones de fs. 164, de los dichos de algunos testigos, que atribuyo más a una suerte de introducción al tema que a una objeción sistematizada y ordenada del análisis que S.S. formula entre 150 y 151 vta.

"El recurso de apelación, debe contener la crítica concreta y razonada del fallo, que demuestre que el mismo es erróneo, injusto o contrario a derecho, Las generalidades o apreciaciones personales no constituyen agravio, por no poner de manifiesto los presuntos errores de la sentencia", (Sala, autos Mamaní c. Gaverante S.A., 24/10/96, entre otros). En tales condiciones, voto por declarar desierto el recurso de la parte demandada, fs. 164/66, con costas, atento al responde de fs. 184/87. Teniendo presente la reserva formulada.

En cuanto al recurso de la parte actora, personalmente sostengo el criterio de que la ampliación de responsabilidad a los administradores debe ser restrictiva, reservarse para casos muy claros de fraude a la ley y resulta inaplicable a situaciones de mera falta de registro de la relación laboral. A partir de los autos Cuevas c. Droguería Inca (fallo del 16 de marzo pasado), la Sala, por mayoría de votos, fijó jurisprudencia en el sentido de "hacer extensiva la responsabilidad a los socios .......por haber omitido el registro de la relación laboral" y de que "la falta de registro de la relación, constituye una conducta prohibida que contraviene tanto la LCT cuanto la ley 24013, configurando un fraude en los términos del art. 14" de la citada en primer término. De ahí que, por razones de celeridad y economía procesal, vote por hacer lugar al recurso de la parte actora, revocar el punto II de la sentencia de primera instancia y hacer extensiva a Raymundo García Pinto la condena que se impone al punto I de aquélla. Costas de ambas instancias al demandado perdidoso, art. 67 CPCC, atento al responde de fs. 175 y sgtes. Teniendo presente la reserva formulada.

El Dr. Cabrera, adhiere al voto que antecede.

Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta, FALLA I) Haciendo lugar al recurso de la parte actora, revocando el punto II de fs. 154 y consecuentemente incluyendo a Raymundo García Pinto, en la condena del punto I, con costas a su cargo en ambas instancias.

II) Declarando desierto el recurso de la parte demandada, con costas.

III) Difiriendo la regulación de honorarios hasta que se practique la de 1ª Instancia, teniendo presente las reservas formuladas y mandando registrar, notificar, reponer y bajar los autos al Juzgado de orígen.