marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, jubilación por edad avanzada, pensiones, compatibilidad previsional, aplicación de la ley, aplicación temporal de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VILLAMON, TEODORA ORFILIA c/ A.N.Se.S. s/ PENSION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-08

No le asiste razón a la apelante, quien sostiene que la condición de beneficiaria de una jubilación por edad avanzada otorgada bajo la vigencia de la ley 18.038, la excluye de la incompatibilidad prevista por el punto 4 del art. 34 bis de la ley 24.241 (agregado por el art. 3 de la ley 24.347), invocada por el organismo para denegarle la pensión solicitada. Ello es así por cuanto, para dilucidar la cuestión suscitada en torno al derecho a pensión, el análisis habrá de circunscribirse a la normativa aplicable al momento de ocurrir el fallecimiento del causante; y no a los alcances de aquella otra con que la demandante obtuvo el beneficio del que goza, por cuanto durante su vigencia (entiéndase la de la ley 18.038), aún no se había producido el hecho generador del beneficio (fallecimiento del causante), de modo que sólo puede hablarse propiamente de un derecho en expectativa y no de un derecho adquirido a la aplicación de aquél régimen legal, que quedaba condicionada a su subsistencia (cfr. art. 27, ley 18.037 y segundo párrafo del art. 161, ley 24.241).

(Disidencia del Dr. Fasciolo).
Poder Judicial, remuneración del juez, intangibilidad de la remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: Almeida Hansen, Jorge A. y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-28

Uno de los aspectos escenciales de la independencia del Poder Judicial consiste en el mantenimiento de una retribución inalterable de los jueces. En los tiempos actuales, ante la creciente inflación de los últimos a!os, ello significa que la remuneración debe mantener el mismo poder adquisitivo, el cual se mide en la actualidad por los índices que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), referentes al costo de la vida o precios al consumidor.
Honorarios del síndico del concurso, patrocinante, verificación de créditos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ESTESO ROBERTO EN J: D.N.R.P. EN J: FRIGORIFICO REGIONAL ANDINO S.A. s/ Incidente Revisión - Casación (LIBRO: S255 - 277)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-04-26

En el proceso verificatorio la regulación de honorarios del síndico y de su letrado triunfantes en la revisión, debe quedar limitada a la etapa del recurso de revisión, otorgándole el 30 del correspondiente a la totalidad del proceso. A dicho porcentaje corresponde aplicar el previsto para los incidentes en el art. 14 de la ley arancelaria local, de conformidad con lo dispuesto por el art. 309 bis de la ley 19.551, incorporado por la ley 24.432.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Urbano, Luis Alberto s/ Privación ilegal libertad. Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

Es insuficiente el agravio vinculado a la inversión de la carga de la prueba si el recurrente omite la cita de la norma procesal pertinente.
Control de constitucionalidad, pena privativa de la libertad, libertad condicional
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: GONZALEZ, GERARDO RAMON s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA) (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-17

El análisis de los agravios planteados obliga a concluir que la recurrente ha logrado introducir hipótesis que prima facie habilitan el franqueo de la instancia extraordinaria federal, toda vez que, teniendo en cuenta la necesidad de control de constitucionalidad y convencionalidad que corresponde efectuar a los jueces conforme el sistema de control difuso de constitucionalidad, la invocada inconstitucionalidad de la prohibición establecida en la segunda parte del artículo 14 del Código Penal fundada en la afectación a la finalidad resocializadora de la pena privativa de la libertad, a los principios de proporcionalidad de la pena y culpabilidad por el acto, en cuanto proscriben la imposición de una pena que exceda la gravedad del injusto y culpabilidad del autor en el hecho; y al principio de igualdad, encuentran sustento en las constancias de la causa. (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Estupefacientes, falsificación de instrumento privado, receta médica falsa, expendio de medicamentos, cuestiones de competencia, competencia por la materia, Salud pública, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "MOCIULSKY, Norberto N. s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-22

La inclusión del tipo penal del artículo 29 de la ley 23.737, ha venido a desplazar la aplicación del delito previsto por el art. 292 del C.P. en favor de esta figura, en razón de que la primera contempla un supuesto específico de falsedad documental al precisar el objeto ciñéndolo a las recetas médicas, dando lugar así a un caso de concurso aparente por especialidad al caracterizar más precisamente este tipo de hechos regulándolos de modo autónomo (ver Stratenwerth, Günter, "Derecho Penal, Parte General, I. El Hecho Punible", IV Edición, trad. de Manuel Cancio Meliá y Marcelo A. Sancinetti, pág. 541, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005).En tal sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que "...Del contexto de la ley 23.737 se infiere que el legislador decidió penalizar no sólo hechos relacionados con el comercio de estupefacientes -y a los que, en principio, apuntarían la mayoría de las conductas previstas- sino también aquellos otros en los que, por algún medio, se lesione o afecte la salud pública en general como consecuencia de una comercialización indiscriminada de medicamentos que pueda ponerla en peligro..." (Fallos 326:4.906).

Así las cosas y en virtud de ello, resulta competente esta justicia de excepción para que continúe interviniendo en la presente investigación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la ley en cuestión.
Confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio, estafa, defraudación, procesamiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Bilbao, M. A. y otros c/  s/ estafa (Causa Nº 21.288/2021)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-04

Defraudación mediante técnica de manipulación informática.

Procesamiento.

Agravio: Imputada que indica que sólo brindó los datos personales a su primo para la creación de la cuenta, que no sabe cómo utilizarla y no tiene conocimiento de los ingresos de dinero.

Elementos reunidos que son suficientes para agravar la situación procesal de la imputada y su participación, sin perjuicio del grado de intervención que eventualmente resulte del debate.

Confirmación.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, multa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-04

El pronunciamiento que aplica una multa diaria por el incumplimiento del GCBA en contestar un pedido de informes requerido por la parte actora, sanción que tuvo por finalidad conminar a quien debía informar al cumplimiento del requerimiento, en principio no es sentencia definitiva en los términos del art. 27 de la Ley n° 402, no obstante cabe equipararlo a tal, ya que el punto ha quedado definido con la decisión que rechazó los pedidos de cesación formulados por el GCBA, quien independientemente de la suerte que corra en el proceso principal, ya ha sido condenado al pago de una multa que es susceptible de ser ejecutada y el pronunciamiento que recaiga sobre el fondo del pleito no habrá de remediar el perjuicio ocasionado por la imposición de la multa. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier, al que adhiere la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz. En sentido concordante ver voto de los Jueces Luis F. Lozano, José O. Casás y Ana María Conde).
Lavado de activos, coautoría, bienes inmuebles, compraventa inmobiliaria, compra en comisión, delito precedente
Materia: PENAL
Carátula: Báez, Lázaro Antonio y otros  c/  s/ encubrimiento y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

También se determinó su carácter de coautor penalmente responsable por el delito de lavado de activos, por cuanto la maniobra reprochada se realizó con los fondos ilícitos que el propio acusado aportó y a través de quien en ese entonces se encontraba a cargo de la administración de los mismos, compró el campo en comisión, a efectos de que su real adquirente permaneciera oculto. Es decir, que el rol que tuvo éste en este hecho se encontró determinado por el aporte de fondos ilícitos para su canalización en el mercado a través de la compra de un bien inmueble, en cuya operación se lo mantuvo oculto para cortar los lazos de procedencia del dinero. De este modo, no queda ningún tipo de dudas respecto de su dominio sobre los acontecimientos en tanto fue quien decidió la realización del hecho ilícito y se benefició a través de su concreción.
Abuso sexual calificado por acceso carnal, corrupción calificada por relación de guarda o tutela, declaración testimonial, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Laura Cuevas, José Sandro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-30

La singularidad del testigo no obsta para sustentar la convicción suficiente en el juez si su sinceridad emana del relato y de las respuestas lógicas y coherentes ante un exhaustivo interrogatorio y si es evidente que la impresión subjetiva reposa también en elementos objetivos: la credibilidad del discurso y las contestaciones razonables al interrogatorio que puso a prueba su verosimilitud, máxime si la declaración de la víctima se encuentra avalada por los peritos del Cuerpo Médico Forense. Los innumerables abusos a los que fue sometida la niña entre sus nueve y sus quince años de edad, no sólo resultan prematuros, sino que también fueron hábiles para interferir en el normal desenvolvimiento de su sexualidad, distorsión que es la que justamente el art. 125 C.P. busca evitar. El monto de la pena requerida por la acusación no limita al tribunal. La disidencia parcial sostuvo que debe ajustarse el monto de la sanción impuesta a la requerida por el fiscal. El máximo de la pena de prisión temporal aplicable en función de la regla concursal prevista en el art. 55 C.P. con anterioridad a la vigencia de la ley 25.928 es de veinticinco años de prisión. La disidencia parcial consideró que en virtud de lo establecido por el art. 227 ter C.P., a la época de los hechos, el máximo de la pena de prisión temporal alcanzaba los treinta y siete años y seis meses de dicha especie de pena. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Fégoli y Madueño -en disidencia parcial-).
Concursos, tasa de justicia, grupo económico
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CROMOTECNIA INDUSTRIAS QUIMICAS s/ CONC. PREV. S/ INC. DE TASA DE JUSTICIA (ED, 21.10.97, F° 48250).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-08

1. En base a lo dispuesto por la ley 23898, el pasivo concursal es el parámetro para determinar la tasa de justicia en los concursos, sin que quepa hacer distingo alguno en caso de que dicho pasivo pudiese resultar coincidente en varios concursos, en tanto en todos ellos media un servicio de justicia que debe ser prestado en forma independiente. 2. El hecho de que los integrantes de un agrupamiento económico requieran en conjunto su concurso preventivo, según lo dispuesto por la ley 24522: 67, no resulta óbice para que el monto de la tasa de justicia se calcule en cada proceso sobre la base de todos los créditos verificados; sin que obste a ello, la circunstancia de que un mismo crédito pudiera haberse verificado en distintos concursos, ya que el servicio de justicia se brinda en relación a cada uno de los concursos (del fallo de primera instancia).
Acción de inconstitucionalidad, competencia excepcional, interpretación restrictiva, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FREIJO, JORGE HECTOR Y OTROS S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (Originarias) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-03-03

La acción de inconstitucionalidad prevista en el inc. 1° del art. 207 de la Constitución Provincial y reglamentada por los arts. 793 a 799 del Código Procesal Civil, que habilita la competencia originaria de este Cuerpo, ha sido diseñada con particularidades. Ello, atento el carácter restringido y excepcional de la intervención del Superior Tribunal de Justicia en instancia originaria y la extrema gravedad que significa la declaración de inconstitucionalidad de una norma. La acción prevista hace referencia a normas generales e impersonales, por oposición a las individuales o particulares destinadas a regir en casos determinados (cf. CAMPS, Carlos E., "CPCCPBA Anotado, Comentado y Concordado", Ed. LexisNexis Depalma, B.A., 2004). (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Inspección General de Justicia, sociedades comerciales, sociedad constituida en el extranjero, constitución de sociedades
Materia: COMERCIAL
Carátula: Inspección General de Justicia  c/ Veritran Holding LTD s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-29

Cabe revocar la decisión de la IGJ que rechazó la inscripción de una sociedad en los términos de la LGS 123 a los efectos de participar en una sociedad local. En el caso, la IGJ tuvo en consideración que ocho de los trece socios de esa sociedad eran argentinos y vivían acá; y, tras ponderar que la sociedad tenía por beneficiarios finales a las mismas personas que tenían esa calidad en la sociedad local en la que pretendía participar, estimó que debía ser encuadrada en la LGS 124. Ello por cuanto el bien jurídico tutelado por medio del citado art. 124 desaparece en el presente caso. Estamos ante una sociedad extranjera que pretende convertirse en "socia" de una local, es decir, desarrollar actividad habitual en el país, pero no en forma directa, sino por medio de esa otra sociedad. Es por ello el régimen reducido en exigencias porque ya tenemos en la participada una sociedad sometida a la ley nacional. Hay que tener presente que el art. 124 es una excepción al principio establecido en la LGS 118, cuya aplicación procede cuando se demuestra que, pese a haberse constituido en el extranjero, la sociedad tiene su sede aquí o desarrolla en el país su principal objeto, por lo que ninguna de las premisas tiene sentido frente a las sociedades que se inscriben en los términos del art. 123. Ello por cuanto no ejercen aquí esa actividad y porque, de todos modos, la aplicación de la LGS 124 a su respecto sería inocua, dado que, como surge de su texto, la consecuencia sería que la sociedad debería ser considerada "...como sociedad local..." a los efectos allí previstos, que ninguna incidencia tendrían en lo que aquí interesa, pues en nada alterarían la situación jurídica de esa socia "extranjera".
Concurso preventivo, pedido de quiebra, desistimiento del acreedor, notificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: EFISE  SRL s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR ROMERO, DOLORES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

Si el a quo íntimo al peticionante de la quiebra al cumplimiento de lo establecido por el dec. Ley 3003/56 "... bajo apercibimiento dispuesto por dicha norma legal ...", Y esa intimación no fue notificada mediante cédula (cual conceptualmente lo impone el CPR 135-6., Lc: 301), resulta improcedente tener por desistida la petición. Máxime, cuando -como en el caso- el peticionante incorporo el formulario requerido, al apelar.
Derecho a la salud, obras sociales, acción de amparo
Materia: LABORAL
Carátula: TEVELEVICH MARTIN c/ INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-06-09

El hecho de tratarse de un afiliado voluntario no modifica los fines y motivaciones que en su creación se han asignado a la obra social de la provincia, basados en la solidaridad y que exigen de ella un compromiso social, asegurando a sus beneficiarios la cobertura pactada.

La conducta asumida por IOSPER contraría tales criterios al negar la asistencia requerida para el tratamiento de una enfermedad que se ha tornado de gravedad tal, que lleva a quien la padece a la necesidad de someterse a hemodiálisis, por la aplicación de una carencia sumamente extensa en el tiempo como son los 730 días fijados. Tal accionar no resulta admisible en una entidad creada para preservar derechos sociales, totalmente diferentes a los rasgos mercantiles que pueden observarse en la actividad que asumen las empresas de medicina prepaga.
Cuenta corriente bancaria, mora, interpelación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Bisel c/ Gentilini s/ Ejecutivo (Expte Nro.  338-01, Resolución Nro.  37, Tomo 20, Folio  172/175)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-06

La mora de base legal del cuentacorrentista responsable del saldo deudor, requiere la comunicación del art. 793, párr. 1 del Cód. de Com. o la comunicación del art. 509, párr. 2 del Cód. Civil.
Contrato de trabajo, silencio del trabajador, consentimiento tácito, pago, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Yacante, Claudia Mabel c/ Choi Mi Sook. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-12-10

Frente a deudas salariales no puede invocarse consentimiento tácito porque el silencio del trabajador no implica renuncia de derecho (art. 58 de la LCT). Los pagos efectuados se consideran a cuenta (art. 260 LCT) y el transcurso del tiempo sólo influye en el plazo de la prescripción.
Divorcio, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: T., J. B. c/ T. de T., R. E. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Si los hechos que dan sustento a la demanda de divorcio constituyen "hechos continuos", o en otros términos, que se desarrollan sin solución de continuidad, corresponde juzgarlos conforme la ley vigente a la sentencia (art. 3, Cód. Civil).
Costas, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ferreri Ganadera S.A. s/ Su Quiebra-Incidente de verificación Prom. por Roa A.O.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-08-24

El beneficio de pobreza consagrado en los artículos 20 de la Ley de Contrato de Trabajo y 17 del Código ritual, no impide la imposición de costas al vencido, ya que los efectos del beneficio se proyectan de pleno derecho como una eximente de pago hasta que mejore su fortuna (dictamen fiscal).
Juicio ejecutivo, recursos
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MIGUEL ANGEL MOSELLO Y OTRO s/ JUICIO EJECUTIVO - RECURSOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-11-15

Tratándose de un sujeto pasivo en un juicio ejecutivo que interpone recursos de apelación y nulidad contra un proveimiento ordenatorio relativo al trámite del proceso,es preciso destacar que el tribunal no puede ponderar la mayor o menor irreparabilidad del gravamen que la providencia causa al interesado a los fines de decidir acerca de la admisibilidad formal de los recursos. La discrecionalidad judicial a que remite el art. 1240, inc. 2do. del C P.C. en la apreciación de la entidad del gravamen que surte una resolución incidental, no rige en estos casos porque lo ha proscripto directamente el propio legislador. En efecto, el art. 871 contiene una norma especial que desplaza la directiva general anotada y en cuya virtud los demandados en juicios ejecutivos en ningún caso pueden recurrir las resoluciones que se dicten en el curso del procedimiento, con abstracción de la magnitud del agravio que se les causa. Dicho en otra palabras, así como la ley instrumental confía al arbitrio judicial la determinación de la apelabilidad de las providencias incidentales en general (art. 1240, inc. 2do.), en materia de juicios ejecutivos por el contrario ha preferido privar al juez de tal atribución y prohibir derechamente los recursos (art. 871). Y es claro que en la adopción de este régimen recursivo diferenciado militan razones de política legislativa, vinculadas a la naturaleza sumaria que exhibe la vía ejecutiva, cuyo acierto incumbe sopesar al legislador en forma exclusiva.
Responsabilidad del asegurador, daños y perjuicios, establecimientos educacionales, doctrina de los actos propios, reconocimiento de las obligaciones
Materia: CIVIL
Carátula: Benitez, Matias Adrián c/ Escuela n° 8038 M. Bicecci
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-02-13

Por aplicación de la doctrina de los actos propios, la aseguradora citada en garantía debe responder en los términos y en la medida del seguro -art. 118 ley 17.418- por las lesiones que sufrió un alumno en un colegio al ser agredido por un compañero, pues si se hizo cargo del hecho, abonando los gastos médicos y guardó silencio frente a la denuncia efectuada por su asegurada, no puede luego invocar que el mismo no resulta cubierto en virtud de las cláusulas estipuladas en la póliza, procurando asi soslayar sus consecuencias, dado que todo ello constituye un elemento valioso que evidencia que la aseguradora era conocedora de las circunstancias que hoy pretende evadir en base al no seguro.
Honorarios, concursos, incidente de verificación, verificación tardía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.G.I. EN J: SIMER S.A. s/ Conc - Prev - inc - Verif - Tardia (LIBRO: A159 - 349)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-08-29

La sanción de la nueva ley de concursos, en vigencia desde el 18/8/95, aplicable a los juicios en trámite en materia de honorarios, por lo dispuesto en el art. 292 impone la modificación de los montos. El art. 287 de la citada ley, determina que en los incidentes de verificación tardía se aplican las disposiciones sobre incidentes de las leyes arancelarias locales, tomándose como monto al del crédito insinuado y verificado.

En el caso corresponde se aplique el art. 14 ley 3641, de cuyo porcentaje entre el 10 porciento y el 40 porciento de la escala del art. 2, se estima adecuado fijar el 30 porciento.
Técnicas de reproducción humana asistida, descarte de embriones, embriones no implantados, derechos del embrión, derecho a la vida
Materia: CIVIL
Carátula: R. G. A. y otro c/  s/ autorización
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-09

En el caso no se trata de desmerecer los motivos personales que han llevado a los peticionarios a manifestar que actualmente carecen de voluntad de formar una familia, que no desean donar los embriones y que únicamente pretenden interrumpir su crioconservación, ni tampoco de desconocer el costo anual que insumiría su mantenimiento, sino por el contrario, de adoptar una decisión que resulta acorde con la protección de la vida humana como un valor superior que entiendo debe ser reconocido en favor del embrión extracorpóreo y que la ausencia de una regulación específica que legisle en concreto su destino o utilización, sólo impone la adopción de un temperamento expectante, sin frustrar las posibilidades que ese ser vivo inicial puede tener, máxime cuando el invocado derecho a no conformar una familia no resultaría afectado, al no imponerse aquí la compulsiva implantación de los embriones de que se trata. (Del voto del Dr. Polo Olivera)