Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-17


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100.150 SALA II Expediente Nro.: 24.570/09 (Juzgado Nº 49) AUTOS: "MÉNDEZ, GRACIELA BEATRIZ C/ ORÍGENES AFJP S.A. S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	17/02/2012 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continua-ción.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de primera instancia que ad-mitió en lo principal la demanda instaurada se alza la parte demandada a tenor del memorial que luce a fs. 253/68, mereciendo réplica de la contraria. Asimismo, el perito contador cuestiona los emolumentos fijados a su favor, por reputarlos insuficientes.	La parte demandada se agravia por la recepción de los reclamos efectuados con fundamento en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, por la tasa de interés cuya aplicación se dispuso, por la imposición de costas y la regulación de honorarios.	Delimitados, de este modo, los temas sometidos a revisión de este Tribunal, razones de orden metodológico imponen dar tratamiento, en primer lugar, a los reparos recursivos de la parte demandada referidos a la fecha de comienzo de la vinculación laboral.

La demandada se agravia por cuanto la senten-ciante de grado consideró que la trabajadora había ingresado el 26/06/07 y no el 16/07/07 como figura registrada.

En forma preliminar, creo necesario puntualizar que la actora adujo haber ingresado el 26/06/07, mediante un "fraudulento" contrato de beca, cuando en realidad el mismo encubría la existencia de un contrato de trabajo, en tanto se trató de una capacitación propia de cualquier empresa relacionada con la explicación de las tareas a desarrollar y los productos a comercializar, y no se respe-taba la finalidad de la beca que es la de la formación educativa.	A su turno, la demandada expuso que durante el lapso transcurrido entre el 26/06/07 y el 16/07/07 las partes habían estado unidas por un contrato de beca celebrado con la finalidad de que la "becaria" adquiriera informa-ción y capacitación sobre la normativa que regula las actividades de comercialización y promoción de servicios, afiliación o traspaso al régimen de capitalización establecido por la ley 24.241, en procura de asimilar los aspectos prácticos y conocimientos teóricos de las mismas, con el consecuente beneficio profesional futuro, todo ello de acuerdo a lo dispuesto por la Res. SAFJP 422/96. Alegó que la empresa no utiliza formas contractuales fraudulentas sino que, al contrario, cuando el puesto de trabajo requiere de una formación, la persona ingresa como empleado y es capacitada con posterioridad al registro como trabajador dependiente. Expresó que así fue que, finali-zada la beca, se le ofreció a la actora ingresar a trabajar bajo relación de dependencia en calidad de vendedora bajo el marco de la ley 24.241.

En cuanto a la cuestión sometida a decisión con-sidero que, en el particular caso bajo análisis, no se aprecian evidencias de que durante el lapso que va desde el 26/06/07 hasta el 16/07/07, se haya implementado una mo-dalidad dirigida a la formación y capacitación profesional de la accionante ni el modo en el que se habría llevado a cabo o el tiempo y recursos invertidos en ello.

En este sentido, cabe memorar que no basta que las partes hayan suscripto un instrumento en el cual se califica a la relación como "beca", sino que es necesario acreditar que estaban reunidos en el caso los presupues-tos objetivos que la doctrina y jurisprudencia nacional exigen para su configuración (conf. art. 377 CPCCN); y este extremo no ha sido demostrado.

Como lo explica la representación letrada de la propia demandada, el objeto esencial de la relación de beca, está constituido por la capacitación y formación del becario (ver fs.54.), por lo que, de acuerdo al desarrollo argumental efectuado por mi distinguido colega, el Dr. Miguel Angel Pirolo in re "Basterrica, Mónica Cristina c/ Orígenes AFJP S.A. s/ despido" (SD 96587 del 15/4/09 del protocolo de esta Sala, con la adhesión del Dr. Miguel Angel Maza), a través de las circunstancias en la cuales se llevó a cabo su actividad, debe quedar cla-ramente patentizado que los servicios que desarrolló Méndez se ejecutaron en función de esa finalidad; y no al revés. Es decir que si la prestación de servicios del supuesto becario constituye el objeto principal de su contratación, aún cuando esa actividad le resulte educativa o formativa (como, en realidad, ocurre con cualquier actividad labo-ral), no podrá aceptarse que se trate de una "beca" sólo por esta última circunstancia porque, como se explicara en el precedente mencionado, la configuración del vínculo especial requiere que la actividad desplegada por el becario sea secundaria y que sólo se lleve a cabo en función y como accesoria de su propia formación y no para benefi-ciar al que se la otorga (con idéntico criterio ver in re "Marina, Alcira Teresa c/ Orí-genes AFJP S.A. s/ despido", SD 98631 del 22/10/10, del registro de esta Sala).

En autos, no existe elemento de juicio alguno que evidencie la supuesta finalidad formativa de la relación, ni que la empresa de-mandada se haya sujetado a un régimen aprobado por la autoridad de aplicación que garantice el cumplimiento de ese objetivo, es decir, que la vinculación haya tenido como finalidad esencial la formación de la supuesta becaria.

Asimismo cabe señalar, de acuerdo a los linea-mientos expuestos en los precedentes mencionados, que si bien es lícito y hasta pro-vechoso que las empresas ofrezcan cursos de capacitación laboral o sometan a los as-pirantes a un cargo a ciertas pruebas de selección -sin quedar por ello obligadas en los términos de un contrato de trabajo-, en el caso, no es posible distinguir las prácticas de "entrenamiento" de la prestación de servicios propia de un contrato laboral, porque la demandada, a través de la prueba producida, no ha logrado demostrar el alcance y características del entrenamiento recibido. Se ha sostenido que, en este aspecto "es preciso distinguir la capacitación genérica del entrenamiento que corresponde a la ac-tividad empresarial individual, sólo aprovechable por ésta y encarado en función de las propias necesidades empresarias. Por ello, si en el caso la beca fue sólo la capaci-tación indispensable que la accionada debía brindarle a la trabajadora y las tareas rea-lizadas durante los "entrenamientos" redundaron en beneficio de la actividad de la ac-cionada, no cabe sino concluir que ello constituyó la prestación de servicios a la que hace referencia el art. 22 de la LCT" (conf. CNAT Sala III Expte n° 10141 sent. 87427 29/12/05 "Montes, Ana c/ Previsol AFJP SA s/ diferencias de salarios", con similar criterio, entre otros CNAT, Sala VI, sent. 50143 6/11/98 "Capitán, Ana c/ Ac-tiva AFJP SA s/ despido" y CNAT, Sala X, sent. 552 31/10/96 "Goncalves, Juan c/ Activa AFJP s/ despido").

Por lo expuesto, y aún cuando el contrato de beca en cuestión goza de aparente respaldo en la resolución invocada por la accionada, lo cierto es que, como expuso la judicante de grado, el mismo no tuvo otra finalidad que capacitar a la trabajadora para desempeñarse en el cargo para el que fue contratada, cuestión que debió transitar el período previsto por el art. 92 bis de la LCT.

En consecuencia, propongo confirmar el deciso-rio de grado en cuanto concluye que el contrato laboral que unió a las partes tuvo su inicio el 26/06/07 y determina, por tanto, la procedencia de la multa prevista en el art. 1º de la ley 25.323, cuestión que constituyera el sexto agravio vertido por la accionada cuya suerte desfavorable se encuentra sellada, en virtud de lo resuelto precedentemen-te.

La demandada se agravia por cuanto la senten-ciante de grado tuvo por acreditada la existencia de diferencias salariales	por comisiones y rebajas de comisiones y, consiguientemente, de las respectivas diferencias indemnizatorias. Afirma que la actora no brindó información alguna acerca de las operaciones sobre las que existirían diferencias y que el rubro fue admitido sobre la base de la presunción que emana del art. 55 de la LCT, cuya aplicación critica. Agrega que no se advierte prueba de qué comisiones no se le habrían pagado y que no existió un ejercicio abusivo del ius variandi en las modificaciones de las comisiones sino que las mismas fueron acordadas libremente por las partes, sin vulnerar los mí-nimos inderogables constitutivos del orden público laboral.

Analizado el memorial recursivo cabe poner de resalto que el mismo no puede ser encuadrado en los términos del art. 116 de la L.O., toda vez que las manifestaciones allí esgrimidas no constituyen una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se afirman equivocadas.

Al respecto, forzoso resulta puntualizar que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, expresando argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el deci-sorio, invocando aquella prueba cuya valoración se considera desacertada o poniendo de manifiesto la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la contro-versia (art. 116 L.O.), debiéndose demostrar, punto por punto, la existencia de errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el juzgador y la indicación pre-cisa de las pruebas y de las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. C.N.A.T. ésta Sala in re "Tapia, Román S. C/ Pedelaborde Roberto", S.D. Nº 73117 del 30/03/94, entre otras).

Enseña Carlos J. Colombo que la expresión de agravios, establece el alcance concreto del recurso y fija la materia reexaminable por el ad quem en las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que sean cuestionadas (conf. arg. art. 271 Y 277 CPCCN). Su blanco es la sentencia respecto de la cual debe formularse una crítica frontal, concreta y argumentada tratando de demostrar los errores que se atribuyen al a quo en el ámbito en que se hayan cometido. En tal sentido, dicho tratadista enfatiza que, de la misma manera que la sentencia, la expresión de agravios que ha de controvertirla debe observar a su turno los principios de plenitud y congruencia (conf. Colombo Carlos J. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -anotado y comentado- Abeledo-Perrot, Bs. As. 1975, T. I, págs. 445 y stes.).

Ninguno de tales principios ha sido respetado en el escrito recursivo de la parte demandada puesto que el apelante no controvierte los fundamentos expuestos por la Dra. Sayago en su sentencia ni efectúa una exposición argumentativa que permita considerar equivocado lo resuelto.

En efecto, la sentenciante de grado expuso en la sentencia en crisis que las declaraciones concordantes y convictivas de los testigos Crea (fs. 39), Sosa (fs. 141) y Vitullo (fs. 149) daban cuenta del cambio peyorativo que existía en los ingresos debido a las variaciones en las escalas de comisiones. Afirmó también la magistrado de la anterior instancia que aún cuando dichas modifi-caciones hubiesen sido confirmadas por la actora, las mismas no podían constituir óbice para admitir el reclamo pues el "consentimiento" debía ser analizado en el marco de subordinación propio de la relación laboral que unió a las partes y, especialmente, teniendo en cuenta que la rebaja no había traído aparejada ninguna ventaja a favor de la accionante de la que pudiera inferirse la tácita conformidad alegada por la ac-cionada. Comparto lo expuesto en este sentido por la Dra. Sayago pues la modifica-ción peyorativa del salario de la trabajadora a cambio de nada no permite verificar que las partes hubiesen arribado a un verdadero "acuerdo" de novación contractual.

En lo atinente a la prueba testimonial, tampoco encuentro acertados los argumentos recursivos de la apelante, pues el hecho de que los testigos Sosa y Vitullo tuvieran juicio pendiente al momento de la declaración no les resta, en el caso, fuerza probatoria a sus dichos. Por el contrario, sus testimonios -reseñados en su parte pertinente en el decisorio apelado- resultan suficientemente convictivos porque los deponentes tuvieron un conocimiento directo de los hechos sobre los que se expidieron y dieron razón de sus dichos en tanto, no les resta valor probatorio la circunstancia de que tuvieran juicio pendiente con la demandada pues, reiteradamente he sostenido que en el sistema de apreciación de la prueba testimonial que resulta de los arts. 90 de la ley 18345 in fine y 386 CPCCN, la circunstancia de que el testigo tenga juicio pendiente no lo excluye de valor probatorio (esta Sala SD Nro. 72.253 in re: "De Luca, Josefina c/ Entel"). Ello en tanto es sabido que en nuestro derecho adjetivo no existen tachas absolutas por lo que deben ponderarse con criterio sumamente estricto, y en principio cabe acordar eficacia a una declaración efectuada en tales condiciones, cuando aparezca corroborada por otros elementos probatorios (cfr. Hernando Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial", T. II, págs. 247 y ss., Edición 1981), lo que acontece en el sub lite en que las declaraciones aludidas encuentran correlato en la de la testigo Crea.

Por otro lado, del informe pericial contable tam-bién surge la modificación en el esquema de comisiones y la introducción de la figura del "rotador" así como que no le habían otorgado la documentación relativa a las co-misiones y premios (ver fs. 180/85). A ello se suma que la propia demandada recono-ció en el responde que el pago de la comisión se sujetaba a la aprobación por parte de la SAFJP y del ingreso del primer aporte, requisito este último que contraría la doctri-na plenaria recaída en autos "Aguirre, Olga Magdalena c/ Consolidar AFJP S.A. s/ Dif. de Salarios" (pl. Nº 317).

Ello así, si bien en otros casos de aristas similares sostuve que si no se determinaba el detalle de operaciones y el modo en que se habrían generado las diferencias por comisiones reclamadas la demanda -como en el presente caso- no cumplía con los recaudos exigidos por el art. 65 de la L.O. y propicié rechazar el reclamo (entre otros, en la causa "Marina. antes citada") , lo cierto es que en este caso concreto los términos de los agravios vertidos por la accionada -teniendo en cuenta los de la demanda y los de la sentencia- impiden, en mi opinión, revocar lo resuelto en grado por cuanto no se han atacado adecuadamente los fundamentos que llevaron a la sentenciante a decidir del modo con el que la demandada disiente. Además, creo conveniente destacar que la propia demandada ha admitido haber efectuado modificaciones de los esquemas comisionales que intentó justificar bajo pretexto de que habrían sido "acordados" con la trabajadora, intentada justificación que sólo puede interpretarse en el marco de un perjuicio para la dependiente pues de otro modo no tendría sentido la insistencia en demostrar la legitimidad de un cambio irrelevante o beneficioso. Por último, no puedo dejar se señalar que los montos recla-mados por este concepto no se advierten desproporcionados a la luz de lo previsto por los arts. 56 de la L.O. y 56 de la LCT.

Por todo lo expuesto, propongo confirmar lo re-suelto en grado en cuanto admite las diferencias salariales analizadas.

Igual suerte correrá la queja de la accionada en orden a la determinación de la base de cálculo a los fines del art. 245 de la LCT. En efecto, la accionada cuestiona la suma ponderada por la Sra. Juez a quo y expone que no se explica de dónde surgiría tal porcentaje ni el fundamento jurídico o fáctico que justificaría la procedencia de tal reclamo, al tiempo que afirma que se habrían incluido rubros no normales y habituales.

Como expuse anteriormente, la judicante de gra-do ponderó distintos elementos de juicio -enumerados al tratar el agravio anterior- por el que decidió admitir las diferencias salariales reclamadas y computarlas a los fines de calcular los rubros indemnizatorios. Al no haberse atacado los fundamentos que llevaron a la Sra. Juez a quo a decidir de tal modo, propuse confirmar la admisión de las diferencias salariales. Corolario de ello es que dichas diferencias debieron formar parte de la remuneración devengada a ponderar al momento de calcular la indem-nización por antigüedad y, por tanto, la confirmatoria de las diferencias salariales im-plica, también, la de las diferencias indemnizatorias en tanto los términos de los agra-vios impiden, también en este aspecto, modificar lo resuelto en la anterior instancia.

El cuestionamiento efectuado por la demandada en orden a la tasa de interés cuya aplicación se decidió en grado también será deses-timado.

En primer término se impone puntualizar que, de acuerdo a los términos del memorial según los cuales se critica la aplicación de la tasa de interés conf. Acta 2357, entiendo que el planteo debe ser analizado desde el punto de vista de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a partir del dictado de la ley 25.561 y en atención a las variables económicas vigentes en el país desde el mes enero del año 2002. Al respecto, reiteradamente he sostenido que tales circunstancias fueron las que precisamente justificaron que, para el mismo período involucrado, se decidiera la fijación de una tasa de interés diferenciada de conformidad con lo resuelto por esta Cámara mediante Resolución de fecha 7/5/02 (Acta 2357), y que es la que cuestiona la recurrente.

Como también he expuesto en numerosas opor-tunidades, debe destacarse que la tasa de interés no sólo se encuentra destinada a sancionar la mora del deudor, sino que también posee naturaleza resarcitoria, pudiendo expresar por tanto la expectativa inflacionaria que en cada momento rija en el mercado.

En tal sentido, la Sala III de esta Cámara ha sos-tenido -con criterio que en términos generales este Tribunal comparte- que "el método de los intereses es una solución aproximada que no mide exactamente la variación de los precios sino el modo en que los actores económicos, en su conjunto, prevén la evolución futura de los precios, desde el momento en que los intereses se pactan. Pero hay que reconocer que tampoco la indexación es una solución precisa, porque de-pende de la evolución de la canasta de artículos seleccionada por el organismo en-cargado de confeccionar la estadística, sin considerar cómo la variación de todos los precios (esos y otros) ha de incidir en la capacidad adquisitva de un individuo de-terminado, habida cuenta de los hábitos de consumo del sujeto concreto" (CNAT Sala III, sent. 84233 del 7/11/02 "Méndez Gerardo c/ Black Carvajal y Cía. S.A. s/despido").

En consecuencia, conforme lo precedentemente expuesto y lo dispuesto por esta Cámara, rige en la materia el Acta 2357 de la CNAT (así como de la Res. 8 del 30/05/02) que dispone la aplicación, a partir del 01/01/02, de un interés igual a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, resultando lo resuelto en grado, en mi opinión, conforme a derecho. Por ello, propiciaré confirmar también este aspecto de la resolución recu-rrida.

La queja vertida por la demandada en orden a la imposición de costas será desestimada por cuanto lo decidido en tal aspecto en la sentencia de grado se ajusta a lo dispuesto por el art. 68 del CPCCN, rector en la ma-teria.

Resta por señalar, en relación a la apelación de-ducida por la accionada a fs.268 y por el perito contador a fs. 271 en torno de la regulación de honorarios dispuesta en origen que, habida cuenta de las labores realiza-das, el valor económico del pleito y las pautas arancelarias que emergen de los arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 de la ley 21.839 y dec. 16.638/57, los honorarios regulados a fa-vor de la representación y patrocinio letrado de la parte actora no resultan, a mi juicio, elevados, mientras que los regulados al perito contador lucen adecuados a las pautas señaladas, por lo que propongo su confirmación.

Para concluir, voto por imponer las costas de al-zada a la demandada, vencida en la contienda (conf. art. 68 CPCCN).

Finalmente, en atención al mérito y extensión de las labores desarrolladas en esta instancia, propongo que se regulen los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25% para cada una de las respectivas sumas que les corresponda percibir por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

Miguel Ángel Pirolo dijo: adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Confirmar la sen-tencia de grado en todo lo que fue materia de recurso y agravios; 2°) Imponer las costas de alzada a la demandada; 3º) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada por los trabajos de Alzada en el veinticinco por ciento (25%) para cada una de las respectivas sumas que deban percibir por sus trabajos en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-	Miguel Ángel Pirolo	Graciela A. González mff	Juez de cámara	Juez de cámara