Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-03


Causa Nº109-00/CC/2006 Caratulada: GOMEZ, Nicolás Matías s/ infr. Arts. 60 y 61 ley 1472 - Apelación.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de octubre del año dos mil seis, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial Marcela L. Millán, a fs. 77/83 de la presente, de la que, RESULTA:

Que la Sra. Defensora Oficial cotitular de la Defensoría de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 8 interpuso recurso de apelación (fs.77/83) contra la resolución de fs.74/74vta. en cuanto rechazó la solicitud de suspensión del proceso a prueba en favor de Nicolás Matías Gómez, lo que motivara la intervención de este Tribunal.

Oída la Sra. Fiscal de Cámara a fs.90/92, pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a dilucidar : ¿resulta admisible el recurso de apelación interpuesto, en su caso ¿resulta adecuado el resolutorio recurrido PRIMERA CUESTIÓN Admisibilidad del recurso de apelación 1. En primer término, cabe mencionar que el recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos correspondientes, y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

El Sr. Juez de grado resolvió con fecha 7 de julio de 2006 rechazar en un todo el planteo de la Sra. Defensora Oficial, resolución que fuera notificada a la defensa oficial el día 12 de julio del mismo año (fs. 75 vta.), quien interpuso el recurso de apelación el día 17 de julio ppdo. (fs. 77/83, a las 14:09 horas.), es decir, dentro del tercer día de notificada.

Por lo expuesto, corresponde entrar a analizar los agravios de la impugnante.

SEGUNDA CUESTION:

De los agravios 2. En lo relativo a la cuestión de fondo traída a estudio de esta Alzada, cabe analizar los agravios expresados por la Sra. Defensora Oficial en el recurso obrante a fs. 77/83, contra la resolución del a quo de fs.74.

No resulta ocioso señalar que el instituto de suspensión de proceso a prueba previsto en la norma contravencional supone un acuerdo entre imputado y Ministerio Público Fiscal (art. 45 C.C.), que debe ser resuelto por el órgano jurisdiccional, en el sentido de reafirmar la igualdad de armas entre las partes y la libre y voluntaria expresión de voluntad de éstas.

En efecto, El imputado, ... puede acordar con el Ministerio Público Fiscal.... El juez resuelve sobre el acuerdo..., es decir que la suspensión del proceso a prueba presupone un acuerdo entre las partes, en el que se debe plasmar el compromiso del imputado a cumplir durante el tiempo pactado con las reglas de conductas enumeradas en el art. 45 del CC, sin que ello implique ningún reconocimiento culpabilidad. En este acuerdo no participa el presunto damnificado ni tampoco se procura lograr la reparación del daño causado. Tampoco exige la norma la opinión del juez en orden a la razonabilidad o no del acuerdo. Este se debe limitar a homologarlo si no acredita la desigualdad de alguna de las partes en la negociación o coacción o amenaza.

En cambio, en la legislación penal de fondo, el instituto fue incorporado al Código Penal bajo el nombre de De la suspensión del juicio a prueba, tratándose de ...un supuesto de paralización temporal del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, que puede disponerse a pedido de la persona sometida a proceso penal, por el cual se impone a esta última el deber de cumplir con ciertas condiciones durante un período de tiempo, de modo tal que si el imputado cumple satisfactoriamente con ellas se extingue a la acción penal, mientras que el trámite procesal continúa su curso en caso de serio e injustificado incumplimiento de esas condiciones (Vitale, Gustavo L., Suspensión del proceso penal a prueba, Ed. Del Puerto, Bs. As., 1996 p. 25.). Este instituto requiere por parte del órgano jurisdiccional la verificación de los requisitos objetivos de admisibilidad, la decisión sobre la razonabilidad del ofrecimiento de reparación del daño y el consentimiento del Ministerio Público Fiscal.

3. En este contexto normativo debemos preguntarnos si la resolución del Sr. Juez de grado obrante a fojas 74/74vta, por la que rechaza la solicitud de suspensión del proceso a prueba, ocasiona un agravio a la defensa. Como mencionáramos, la intervención del juez presupone el acuerdo entre el imputado y el Ministerio Publico Fiscal, que es vinculante para él acorde al sistema acusatorio material que rige la materia contravencional ( art. 13, inc. 3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires), conservando únicamente la facultad de no aprobarlo cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza.

Trasladando estos conceptos al sub examen, el rechazo del pedido de suspensión del proceso a prueba, ha sido una decisión acertada por el a quo toda vez que no se han cumplimentado los requisitos legales del art. 45 del CC ya que no existió un acuerdo entre imputado y Ministerio Público Fiscal, que posibilitara un control de legalidad por parte del a quo (confr. Bermúdez, Francisco Javier s/Inf. art. 85 CC- s/apelación, causa Nº 9169-00-CC-2006).

Además de la inexistencia previa de acuerdo de partes, que requiere que la defensa técnica solicite el beneficio directamente al titular de la acción y no al órgano jurisdiccional, se advierte, tal como lo señala la Sra. Fiscal de Cámara en su dictamen de fs. 90/92, la ausencia de conformidad expresa del imputado al pedido de fs. 63, formulado, exclusivamente, por la Defensa Oficial.

Hemos de señalar que la petición debe formularla el imputado con fundamento en que él tiene derecho a que se determine su inocencia o culpabilidad, lo que impide la concesión del beneficio en caso en que no hubiera sido solicitado por aquél (Adolfo L. Tamini y Alejandro Freeland López Lecube, La probation. Comentarios a la ley 24316, La ley, 30/08/94.

En efecto, más allá que el pedido de suspensión del proceso a prueba, a nuestro entender no requiere un excesivo rigor formal, debe ser efectuado por el imputado y no por su letrado defensor únicamente.

Sin perjuicio de lo antedicho, toda vez que la ausencia de solicitud por parte del acusado Nicolás Matías Gómez es, en su caso, eventualmente subsanable; creemos que lo resuelto no causa agravio a la Defensa Oficial, ya que el rechazo por parte del juez a quo no implica afectación de las garantías constitucionales, en tanto es reproponible indefinidamente a lo largo del proceso, en la medida que se subsanen los defectos formales señalados.

El artículo 45 de la Ley 1412 no ha regulado específicamente la oportunidad procesal para realizar el acuerdo ni ha fijado un limite temporal para ello, y conforme lo establecido en el artículo 1º de la Ley de Procedimiento Contravencional Toda persona imputada como responsable de una contravención, puede ejercer los derechos que este código le acuerda, desde los actos iniciales y hasta la terminación de la causa.

Es por ello que debe entenderse, que el imputado puede solicitar la suspensión del proceso a prueba desde los propios actos de la instrucción hasta la terminación del proceso, motivo por el cual, ante la inexistencia de gravamen irreparable, el recurso debe ser declarado mal concedido.

4. Finalmente es necesario aclarar que, no asiste razón a la impugnante lo argumentado en cuanto a que el dictamen fiscal de fs. 65, no se encuentra debidamente fundado.

Conforme a lo normado en el artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación (de aplicación supletoria artículo 6º de la Ley 12) el dictamen del fiscal debe ser motivado : Los representantes del ministerio fiscal formularán, motivada y específicamente, sus requerimientos y conclusiones.... Al respecto Francisco J D´Albora explica que la forma republicana de gobierno (art. 1º CN) impone a todos los funcionarios -los fiscales lo son- expresar los fundamentos y razones de sus actividades, pues no hay otra forma de verificar si cumplen con la tarea y hacer efectiva su responsabilidad en caso contrario (Código Procesal Penal de la Nación, Editorial Abeledo Perrot, Año 1993, pág.92).

En este caso la Fiscal de grado ha motivado lo dictaminado a fs. 65, donde refirió que no comparte los términos esgrimidos por la defensa de Nicolás Matías Gómez... y que ...teniendo en cuenta que uno de los requisitos exigidos por el Art. 45 del Código contravencional para que prospere la suspensión del proceso a prueba es el acuerdo del fiscal.... La ausencia de la exigencia normativa del acuerdo entre partes no necesita mayor fundamentación para demostrar que la vía escogida por la Defensa en cuanto a presentarse directamente ante el órgano jurisdiccional no es la correcta conforme lo establece el art. 45 del CC.

5. En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR mal concedido el recurso interpuesto por el Representante del Ministerio Público de la Defensa a fs. 77/83.

Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y, oportunamente, remítase a la Secretaría General a los fines que corresponda.

Ante mí:

La Dra. Marta Paz dijo:

Y VISTOS.

La resolución de 1ª instancia que rechazó la suspensión de proceso a prueba en favor de Nicolás Matías Gómez (fs. 74 y vta.) El recurso de apelación interpuesto por la Defensora Oficial, cotitular de la Defensoría Contravencional y de Faltas Nº 8 (fs. 77/83).

La presentación de la Sra. Fiscal de Cámara (fs. 90/92).

CONSIDERANDO:

1. El recurso ha sido interpuesto por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo, en tiempo y forma, lo que lo torna formalmente admisible.

La decisión que deniega el beneficio de suspensión de juicio a prueba, implica para el imputado un gravamen de difícil o imposible reparación ulterior ya que lo coloca en la inminencia de un juicio oral (conf. arts. 6 ley 12 y 449 CPPN), por lo que es recurrible.

El Juez a quo ya fijó la audiencia de juicio (fs. 56) habiéndose dispuesto la producción de la prueba ofrecida por las partes, por lo que se advierte, por lo avanzado del proceso, que la defensa podría verse impedida de reiterar el pedido de suspensión del juicio a prueba; de lo que surge el agravio irreparable que tal situación le acarrea.

La Corte Suprema sostiene que existe gravamen irreparable en las decisiones que privan al interesado de utilizar, con eficacia, remedios legales posteriores para obtener la tutela de sus derechos. (Fallos 300:642; 306:1778; 307:549 y 1132; 308:1631; 312:772).

Asimismo considera la resolución que deniega la probation como equiparable a definitiva (L.L., del 28/IX/1998, F. 97.881; idem L.L., del 31/V/1999, reseña de fallos, nro. 41.520-S) y, como tal, comprendida en el art. 457 CPPN a la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba, razonando que la finalidad de quien la requiere no es la de obtener una sentencia absolutoria sino la de no continuar sometido a proceso mediante la extinción de la acción penal; de lo contrario se restringe el derecho del procesado de poner fin a la acción y evitar la imposición de una pena (E.D., T. 176, pág. 565, f. 48.544 o D.J., 1998-2, pág. 538, f. 13.015. (Francisco J. D´Albora (h), Derecho Procesal Penal de la Nación, Editorial Lexis Nexis. Abeledo - Perrot, T. II, pág. 624, Bs. As. 2005).

El Alto Tribunal concedió el recurso respecto del otorgamiento del instituto, señalando que se trataba de resolución equiparable a definitiva, puesto que la tutela de los derechos que se invocan no podría hacerse efectiva en una oportunidad procesal posterior. (Fallos 320:1919).

2. El consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal es una condición establecida legalmente para tornar procedente la suspensión del juicio en el caso del artículo 76 bis, 4º párrafo del Código Penal, tanto como en el art. 45 C.C.

Pero, como he sostenido anteriormente (v. mi voto en la causa nº 9169-00/CC-2006. Bermúdez, Francisco J. s/inf. art. 85 CC s/apelación) con su sola decisión el fiscal no puede, sin contralor alguno, decidir la suerte del proceso, por cuanto rige la carga de que motive las conclusiones de sus dictámenes sobre el particular (art. 69 del CPPN) y, sin duda alguna, la forma en que se expida está sujeta al control de logicidad y fundamentación.

Expresa D´Albora que: parece sensato desatender la oposición del fiscal si aparece como infundada o errónea (CCC, Sala VI, LL., del 22/VIII/1997, f. 95.817, L.L., del 30/IOV/1998, f. 97.066). Es que la forma en que se expide el representante del Ministerio Público está sujeta al control de legalidad y fundamentación; recién si supera estos recaudos deviene necesaria su expresa conformidad y su opinión adversa configura impedimento (CNCP, Sala I, L.L., del 29/V/1998, F. 97.209 o D.J., 1998-2. pág. 889, f. 13.152, E.D., T. 178, pág. 248, f. 48.693).

La Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, decidió que no liga al tribunal un dictamen que no cumpla con los requisitos para considerarlo acto procesal válido (D.J., 2001-2. pág. 240, f. 16.742, con disidencia del Dr. Hornos. (Francisco J. D´Albora, Código Procesal Penal de la Nación, Tº II, Ed. Lexis Nexis Abeledo - Perrot, pág. 622, Bs. As. 2005).

El mismo autor consigna que la Cámara Federal de General Roca declaró la inconstitucionalidad del cuarto párrafo del art. 76 bis, del Código Penal porque consideró que asignarle carácter vinculante al dictamen del fiscal importaba colocar un impedimento para el ejercicio de la jurisdicción, vulnerándose la garantía del debido proceso (L.L., SJP, del 30/VIII/2004, f. 107.974; con nota favorable de Palacio, Alcances de la intervención del Ministerio Público en la suspensión del juicio a prueba (D´Albora, ob. cit. pág. 622).

3. A partir de fs. 63 se producen actos procesales que están viciados de nulidad, y asimismo lo actuado por el Fiscal de 1ª Instancia, como la resolución del Juez de grado desestimatoria del pedido de suspensión de juicio a prueba, carecen de fundamento válido.

En este caso, la negativa del Fiscal no ha sido mínimamente fundada, se ha limitado a señalar que: esta representación del ministerio Público no comparte los términos esgrimidos por la defensa... (Fs. 65).

El Juez a quo rechazó el pedido sin esgrimir fundamento alguno al señalar que: En atención a lo manifestado por la Sra. Fiscal a fs. 65, corresponde no hacer lugar a la solicitud de la Defensa de fs. 63 (conf. art. 45, ley 1472) En efecto, el control de legalidad y razonabilidad efectuado por el Magistrado no ha existido en el caso, por lo que la resolución impugnada no resulta derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias probadas en la causa.

Por lo expuesto considero que es nula por infundada y no resulta vinculante la oposición de la fiscalía de fs. 65, encontrándose viciada también la resolución de fs. 74 y vta.

4 . Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, cabe observar que la petición de suspensión del juicio a prueba no fue efectuada por Nicolás Matías Gómez.

El pedido debió haber sido hecho por el imputado por lo que, al haberse incumplido los recaudos fijados en torno a la procedencia del instituto, no correspondía ordenar el traslado dispuesto a fs. 64.

Conforme la forma en que propugno resolver la defensa podría sanear el defecto que le atribuyo (de omisión de firma del imputado en el escrito de pedido de suspensión de juicio a prueba), efectuando presentación judicial en debida forma, la que para ser tal deberá ser hecha por el imputado.

5. Por todo lo expuesto y oída la Sra. Fiscal de Cámara, corresponde:

I.- DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado a partir de fs. 63 (arts. 123, 167, inc., 3º y 404 del CPPN).

Así lo voto.

Ante mí:

Endede 2006 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Conste.

Ende de 2006 remití la presente causa a la Secretaría General de Cámara. Conste.