marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, ley de empleo, retiro voluntario, seguro de desempleo
Materia: LABORAL
Carátula: GIL, JULIO c/ EFA s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-19

Las comunicaciones de la empresa relacionadas con el acceso a prestaciones por desempleo, constituyeron una ventaja ofrecida a los trabajadores para que aceptaran el retiro voluntario. Tales manifestaciones por parte de la principal, una vez aceptada la propuesta del retiro, devino en obligación de asegurar el efectivo ac- ceso de los trabajadores al régimen de la ley 24013 (arts. 11 y siguientes) con el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas a su cargo o a responder de las consecuencias económicas de una denegatoria administrativa motivada por su incumplimiento a la obligación de cotizar. (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernández de Morán, P. c/ Purichelli, E. s/ Desalojo y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

El valor del litigio en juicio por daños y perjuicios está representado por la suma que deberá abonar el demandado en tal concepto, actualizada a la fecha de interposición del recurso.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, valor del bien
Materia: CIVIL
Carátula: WAINSCHTOK VICTOR HUGO c/ PREVIA S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-13

Debe ser tenido como monto a los fines regulatorios el que resulta de la estimación efectuada por una de las partes respecto de la cual la otra ha guardado silencio, debiéndose considerar a éste como aceptación de la misma (conf. C.N.Civ. Sala G, E.D. 98-874, fallo 34.285; íd. R.279.648 del 3-3-82). Dicho monto será prudencialmente actualizado de acuerdo al tiempo transcurrido, desvalorización monetaria operada según los índices oficiales y realidad económica de que se trate.-
Responsabilidad de los establecimientos asistenciales, obligación de seguridad, responsabilidad objetiva, mala praxis
Materia: CIVIL
Carátula: Cacciato, Raúl Alberto y Cacciato, Natalia Elizabeth c/ Tomasetti, Juan Santiago; Instituto Médico del Norte S.A. y Sanatorio Quintar S.R.L. s/ ordinario por daños y perjuicios Tomasetti, Juan Santiago; Instituto Médico del Norte S.A. y Sanatorio Quintar S.R.L. s/ ordinario por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-11-20

Los sanatorios donde fue tratada una paciente que ingresó por una dolencia en su rodilla izquierda y que, finalmente, falleció a causa de un shock séptico con disfunción orgánica múltiple resultan responsables en su carácter de principales en relación a sus médicos dependientes en función de lo dispuesto por el art. 1113 del Cód. Civil, y por haberse acreditado déficits prestacionales en la atención dispensada, dado que el daño sufrido por la paciente no estaba justificado, lo que se traduce en un incumplimiento del deber de seguridad adecuada que lleva aparejado el contrato de prestación médica o sanitaria y que tiene como soporte jurídico y ético el principio de buena fe que implica el compromiso que asume la entidad asistencial de que el paciente no sufra daño por deficiencia de la prestación prometida.
Regímenes jubilatorios especiales, docentes, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Masi, Nilda Ethel c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

El desempeño en distintas ramas de la enseñanza el cargo de Profesor (que tanto en el escalafón de la Dirección de Enseñanza Media como Superior corresponde a la categoría XV), a tenor de lo establecido en la normativa aplicable no permite concluir que se trata del mismo cargo a partir del cual pueda sumarse la cantidad de horas cátedra desempeñadas a los efectos de la determinación del haber de pasividad.
Menores en situación de desamparo, estado de adoptabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: D. D. M. I. N.  L. S. c/ L. J. D. V. s/ ESPECIALES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-27

La Sra. Juez aquo analiza todas las oportunidades brindadas no sólo a la madre, sino a la familia ampliada de la niña, sin que hubiera por su parte el ofrecimiento de alternativas válidas para el egreso de la niña para integrarse a un núcleo de amor y de cuidado. También la sentencia ha analizado suficientemente que, para tomar la decisión cuya revisión nos ocupa, se ha priorizado brindar a la progenitora las herramientas para recuperar a su pequeña. Mas, a pesar de sus declamaciones, no hubo actos concretos que permitieran evaluar como positivo el retorno al hogar materno.

Así las cosas, ha transcurrido más de un año en que la niña, alojada en el Instituto, espera por una respuesta. Entendemos que la Sra. Juez ha actuado con la debida prudencia en cuanto a procurar que la niña vuelva con su madre o con los referentes de su familia biológica pero no pudo ser. La decisión no es una condena por la falta de recursos como expresa el defensor en sus agravios. No se trata de condenar a la pobreza. Cuando la Sra. Juez se refiere a entorno sociocultural, n o alude ni a la falta de educación (en el sentido de instrucción), ni a la falta de recursos económicos, en tanto ninguna de estas carencias es , por sí sola, impediente, sino de la falta de recursos internos para asumir tamaña responsabilidad. Es claro, en este punto que no puede la medre llevar adelante el cuidado de su pequeña, tampoco aquél puede ser brindado por su entorno familiar biológico. No la pueden cobijar. Más allá de las carencias materiales, los recursos afectivos de esta familia se presentan casi nulos. Como dijimos antes, lo cierto es que, desde el inicio de estos autos, se realizaron esfuerzos para restaurar o instaurar la responsabilidad materna, pero no se logró el objetivo buscado. La madre ha abdicado, en los hechos, de su función nutricia. No ha demostrado tener los recursos para asumir tan relevante rol. En este estado de cosas, no cabía otra decisión que la adoptada. En definitiva, entendemos, que la situación de desamparo de la niña, está sobradamente probada. No tiene la pequeña la posibilidad de encontrar abrigo y cuidado en su familia de origen. Las razones de esta imposibilidad están a la vista a lo largo de este expediente y de los diecisiete meses de su duración. Se trata de un a familia de alto grado de vulnerabilidad; tanto que no pudo responder a las medidas adoptadas desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Mientras tanto esta niña ".está expectante, desde el primer momento de su institucionalización en crear nuevas realidades, posibilidades de vida, crear valoraciones respecto de una realidad pasada y una que vive sólo circunstancialmente. ¿Sólo circunstancialmente?..." ("La niñez institucionalizada- El tiempo de la espera..." Clara A. Obligado - Revista Der.

de Familia - Ed. Abeledo Perrot - Septiembre 2012).
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad, cosa juzgada, recurso de revisión (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: De Gainza, Máximo Ezequiel s/ recurso de revisión - causa n° 46 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

Debe rechazarse el planteo de arbitrariedad si el a quo ha dado suficiente y fundada respuesta a los planteos del recurrente y, en tal tarea, ha resguardado el valor de la cosa juzgada, mediante una interpretación de las normas que reglan el recurso de revisión que resulta estrictamente adecuada a la doctrina procesalista nacional e italiana (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Competencia federal, derechos y garantías constitucionales, hábeas corpus, acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Momdjian, Diego Javier y otros c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-10

El principio que establece que la violación de las garantías constitucionales relativas a la propiedad, libertad y vida de los habitantes de la República no sujeta, por sí sola, las causas que de ella surjan, al fuero federal, rige tanto en juicios de hábeas corpus como de amparo y reconoce excepción cuando se invoque dicha violación por o contra una autoridad nacional.
Extradición, pedido de extradición, prueba documental, defraudación, delitos informáticos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lázzari, Derval c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

Es procedente el pedido de extradición por los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico, pues la inclusión de las declaraciones juradas en el marco del pedido de extradición encuadra en las previsiones del artículo 8, apartado 2°, inciso e del tratado bilateral que rige el trámite, aprobado por la ley 25.126, sin que constituya una exigencia convencional que el país requirente presente en respaldo de su contenido la instrumentación en copias de las pruebas documentales tales como imágenes de las últimas facturas, o e- mails, o alguna captura de pantalla, según pretende la parte recurrente.
Jueces, facultades instructorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramírez Maldonado, Víctor Pedro Luis. c/ Peralta, Eduardo. s/ Cuestión  de  Puro  Derecho. Demanda. Falta de Contestación. Relación  Laboral. Carga Probatoria.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-12-30

Las facultades instructorias del juez como director del proceso especialmente en materia laboral- le obligan a examinar detenidamente las particularidades del caso antes de declarar la cuestión de puro derecho, toda vez que la misma tiene efectos preclusivos en cuanto a los hechos en que se funda la demanda y posteriormente sólo cabe al juzgador determinar el real significado jurídico de éstos.
Recurso de inconstitucionalidad, competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia contencioso administrativa, gravedad institucional, empleados públicos, cesantía, daños y perjuicios, indemnización, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: GERBAUDO, JOSE LUIS c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ JUICIO ORDINARIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 266-86 MARECA, ANTONIO c/ BANCO PROVINCIAL Y-O CAMPANELLA, ANTONIO s/ JUICIO    ORDINARIO  DE  INDEMNIZACION  DE  DAÑOS  Y  PERJUICIOS.   QUEJA  POR   DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 171-87 CREMONA, LUIS ANTONIO c/ BANCO PROVINCIAL Y-O CAMPANELLA, ANTONIO s/ JUICIO    ORDINARIO  DE  INDEMNIZACION  DE  DAÑOS  Y  PERJUICIOS.   QUEJA  POR   DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 156-87 CENTURION, JOSE MARIA c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE Y-O CAMPANELLA s/ JUICIO   ORDINARIO  DE  INDEMNIZACION  DE  DAÑOS  Y  PERJUICIOS.   QUEJA  POR   DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 170-87 FARAH, ABDO TOMAS c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE Y-O CAMPANELLA, ANTONIO s/ JUICIO    ORDINARIO  DE  INDEMNIZACION  DE  DAÑOS  Y  PERJUICIOS.   QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 169-87 NEUWERTH, PLACIDO c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE Y-O CAMPANELLA, ANTONIO s/ JUICIO    ORDINARIO  DE  INDEMNIZACION  DE  DAÑOS  Y  PERJUICIOS.   QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 168-87 ZARATE, RESTITUTO c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE Y-O CAMPANELLA, ANTONIO s/ JUICIO    ORDINARIO  DE  INDEMNIZACION  DE  DAÑOS  Y  PERJUICIOS.   QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 157-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-06-17|1987-08-05|1987-08-05|1987-08-05|1987-08-05|1987-08-05|1987-08-05

Si bien es cierto que la Corte ha franqueado la instancia de excepción en casos en que estaba en juego su propia competencia, poniendo de resalto que conforme lo prevé el artículo 2 de la ley 4106, está facultado para decidir al respecto "de oficio inclusive", se trataba de casos en los que, en las instancias ordinarias se había debatido y resuelto acerca de la existencia o no, de materia contencioso administrativa, o en los que por sus especiales características configurativas a juicio del Tribunal, de gravedad institucional, tornaban relevante decidir ese aspecto. Pero tal criterio -facultad del Cuerpo para tutelar su propia competencia- no resulta aplicable cuando ésta no se ve afectada por lo resuelto por los jueces civiles.
Despido indirecto, conservación del empleo
Materia: LABORAL
Carátula: Barrientos, Claudio Paolo c/ Moyano, Sergio David s/ Proceso laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2013-10-09

Es injustificado el despido dispuesto por el trabajador luego de que el empleador le comunicara que "se retire a su casa", pues una conducta más razonable para un trabajador que se dice sorprendido e inmerso en incertidumbre podría haber sido, esperar que el patrón se calme, que supere su malestar o fastidio, o en su caso hablar con sus compañeros de trabajo para interiorizarse de lo que pudiese haber ocurrido, para luego aclarar el asunto o controversia, y no dirigirse a la Dirección de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y enviar un telegrama en el cual se aduce, entre otras cosas, la existencia de un supuesto despido verbal, máxime cuando el trabajador contestó al telegrama referido que se presente a prestar tareas.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, cuestión de derecho común
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Sedero de Carmona, Ruth. c/ Buenos Aires, Provincia de. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09

Se ha atribuido el carácter de "causa civil" (art. 101 de la Constitución Nacional) a los casos en los que su decisión tornaba sustancialmente aplicables disposiciones del derecho común, entendido como tal el que se relaciona con el régimen de legislación contenido en la facultad del art. 67, inc. 11 de la Constitución.
Contratos, efectos entre partes, incumplimiento del contrato, resolución del contrato, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: Lo Bruno SA c/ Tempur Sealy Argentina SRL y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-09

La finalidad de la cláusula penal está dada por facilitar el ejercicio de los derechos del acreedor, en cuanto lo exime de la prueba del daño experimentado y lo libera del arbitrio judicial acerca de la apreciación del mismo; igualmente resulta ventajosa para el deudor al limitar su responsabilidad al importe fijado, liberándolo de la contingencia de tener que hacer frente a una indemnización excesiva para sus posibilidades económicas (cfr. Llambías, Jorge J., Tratado de Derecho Civil, T. II-a, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 425 y ss.). Al no estar el acreedor obligado a probar que ha sufrido perjuicios ni el deudor poder eximirse demostrando la ausencia de menoscabo patrimonial, se configura el concepto de inmutabilidad de la cláusula penal por el cual una de las partes no puede argumentar útilmente que la pena es insuficiente ni la otra liberarse señalando que excede el efectivo daño irrogado (CNCom, Sala B, 30/07/20, "De Lucía, Alfonso Daniel c/ De Lucía, José y otro", y sus citas). Sin embargo, el CCCN 794 dispone que los jueces podrán reducir las penas cuando su monto, desproporcionado con la gravedad de las faltas que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuren un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. Ahora bien, hay que tener siempre presente que la facultad judicial de morigerar la cláusula penal es excepcional y debe ser ejercida con prudencia, justificándose sólo cuando ella es notoriamente abusiva o importa una lesión a la regla moral o significa una exacción exorbitante, pues el principio de inmutabilidad de la pena reposa en el acatamiento que merece la voluntad de los particulares en la definición de sus derechos respectivos (CNCom, Sala F 27/11/20, "Agrícola Ganadera San José SA c/ Marfrig Argentina SA y otro", y sus citas).
Empleados públicos, jubilaciones, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baldoni, Roberto Rodolfo s/ Demanda de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-03-20

Prosperando la acción de inconstitucionalidad referente a haberes en pasividad (declarada la inconstitucionalidad de los arts.76 y 96 de la ley 5425), corresponde revalorizar el capital adeudado por declinación del signo monetario desde que los créditos reconocidos se devengaron y hasta el efectivo pago, aplicándose el índice de precios al consumidor, nivel general, emanados del INDEC.
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo, círculo cerrado, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIRCULO CERRADO SA s/ DENUNCIA  DR.  RAIMUNDO  A. GRITTINI. INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-04

La aplicación de la resolución 8/82 a contratos celebrados con anterioridad a su vigencia, pero respecto de actos cumplidos o cuotas del sistema devengadas y pagadas con posterioridad a la vigencia de tal cuerpo reglamentario, ha sido juzgada valida y jurídicamente procedente.
Fundamentación de sentencias, demanda de escrituración, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: TARACHIAN CARMEN SOFIA c/ PEÑALOZA DE LOPEZ MARÍA ROSA s/ RECURSO DE APELACION - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-12-15

No se configura la tacha de inmotivación denunciada respecto de la sentencia que interpreta que el negocio celebrado entre las partes fue una cesión de derechos hereditarios y no una compraventa como pretende el recurrente, toda vez que los Vocales integrantes de la Cámara interviniente dieron suficientes y sobradas razones de hecho y de derecho para justificar la solución propiciada.

Tales argumentos, que revelan los motivos concluyentes de lo decidido respecto de la improcedencia de la demanda de escrituración impetrada, por no ser la vía idónea para solicitar el cumplimiento del contrato que vincula a las partes en conflicto -remitiéndolo al juicio sucesorio del causante-, no pueden objetarse bajo una pretendida omisión -en el iter lógico- del análisis de la naturaleza jurídica de la contratación, pues ello resulta francamente insostenible.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Rocha, Rigoberto G. c/ SOMISA Indemnización por antiguedad, etc. s/ Indemnización por antiguedad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-23

Deben anularse de oficio el veredicto y la sentencia del tribunal del trabajo si existe manifiesta contradicción entre ambas piezas procesales, anomalía que descalifica el pronunciamiento como acto judicial válido que, imposibilita el conocimiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, medida de no innovar, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Warroquiers, Juan Pedro y otros c/ Quintanilla de Madanes y otros s/ medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que, contradictoria en sus fundamentos, revocó la prohibición de innovar, desinterpretando el pronunciamiento anterior de la Corte y excediendo su jurisdicción; atento que la misma no se encuentra debidamente fundada ni es una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias probadas de la causa (Disidencia del Dr. Guillermo A. F. López).
Torturas, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Bettolli, José Tadeo Luis y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-10

Las torturas sufridas por perseguidos políticos entre septiembre de 1975 y finales del año 1977 constituyen delitos de lesa humanidad, ya que obedecieron a un contexto específico y se trata de actos atroces integrantes de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil por una organización del Estado. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Acción contencioso administrativa, rechazo de la demanda
Materia: PENAL
Carátula: MINERA DEL ALTIPLANO SA c/ PCIA. DE CATAMARCA - PODER EJECUTIVO, SECRETARÍA DEL ESTADO DEL AMBIENTE y DESARROLLO SUSTENTABLE s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2016-08-17

Debe rechazarse la acción contencioso administrativa interpuesta por Minera del Altiplano S.A., por que de las constancias de la causa, en particular de las visitas de obra, surge que las irregularidades y observaciones que la Administración le formula a la empresa que pueden estar volcados en conceptos genéricos, constituyen las faltas o incumplimientos de obligaciones, y si bien en ésta materia no se aplica la clásica tipicidad penal, lo cierto es que aquellos incumplimientos que fueron verificados, funcionan como presupuestos normativos de la sanción aplicada, la que de ningún modo es imponible a voluntad del funcionario competente. (Del voto del Dr. Cáceres).
Inapelabilidad en razón del monto, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALLE JUNCAL 1283 c/ PERZZO, Ernesto s/ ACCIONES DEL ART. 15 DE LA LEY 13.512
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-28

De acuerdo a la interpretación sistemática del artículo 242 del Código Procesal, la inapelabilidad allí dispuesta debe aplicarse tomando en cuenta el monto cuestionado en la incidencia y no el del proceso principal.-
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, sentencia, proceso penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Graf, Gastón Julián y otros c/  s/ defraudación a la administración publica y asociación ilícita-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-21

El Magistrado, luego de considerar insuficiente la negativa del Ministerio Público de la Acusación, decidió suspender el proceso a prueba en instancia de apelación sin aportar ninguna otra fundamentación, lo cual constituye una causal más de arbitrariedad, toda vez que el Judicante omitió la evaluación de los restantes requisitos de procedencia del instituto, y dispuso de manera automática su concesión con el sólo análisis de la razonabilidad de la oposición de la Actora penal, eludiendo el necesario abordaje de las demás condiciones de admisibilidad de la suspensión del juicio a prueba, por ejemplo la razonabilidad de la reparación económica propuesta, sin bilateralizar la cuestión de cuáles serían las reglas de conducta, ni el plazo por el cual se suspendería el proceso, decidiendo estos aspectos sin exponer motivación alguna y sin escuchar a las partes en relación a tales consecuencias, todo lo cual no puede ser convalidado en esta instancia. (Del voto del Dr. Erbetta. En disidencia: Dra. Gastaldi y Dres. Gutiérrez y Spuler)
Testigos, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: DUARTE, EDUARDO ANIBAL s/ FALSIFICACION MATERIAL INSTRUMENTO PUBLICO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-25

No se verifican impedimentos formales o sustanciales para que en autos preste declaración la Jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial donde se formalizó el convenio, siendo de aplicación el artículo 250 del Código Procesal Penal, que contempla el tratamiento especial para la declaración de testigos que ostentan los cargos que en el citado artículo se describen, tratamiento éste que, por otra parte, puede ser renunciado por parte del obligado a declarar.