marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, principio de congruencia, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: AYBAR EUSEBIO ALONSO c/ ABRAHAM CAMILIO ELIAS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-12

Cabe considerar así que la decisión de la Cámara debe ser congruente (arts. 34, 272, 273 y 280 CPCC), esto es, resolver todas las cuestiones que le fueran sometidas por las partes. En la especie, al no pronunciarse expresamente sobre una cuestión propuesta por el demandado, cual es la insuficiencia del memorial de la recurrente para fundar el recurso, el tribunal de alzada ha incurrido en incongruencia por omisión (decisión citra petita), afectando no solo el principio de congruencia, sino también el de derecho de defensa, ambos de raíz constitucional (arts. 17 y 18 CN).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, independencia del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mill  de  Pereyra,  Rita  Aurora;  Otero, Raúl Ramón y Pisarello, Angel  Celso c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contenciosa administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Como cabeza de poder, la Corte tiene diversas funciones institucionales destacándose, entre otras, la de ejercer la jefatura de la justicia federal, y la de ser depositaria de la representación del Poder Judicial para la defensa de su independencia frente a las intromisiones de otros poderes del Estado, lo cual se funda en la necesidad de mantener la unidad y el orden indispensable del Poder Judicial y en su significación jerárquica (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Excarcelación, prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Casal Muñiz, Alfredo Javier A. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-19

Atento el carácter de condenado que reviste el encartado, toda vez que se le rechazó el recurso extraordinario contra la sentencia condenatoria, el instituto previsto en el art. 317 inc.

5° CPPN es improcedente. La disidencia sostuvo que el cómputo privilegiado de la ley 24.390 -vigente al momento de la comisión de los hechos-, conocido como "dos por uno", se debe aplicar al tiempo de detención sufrido desde enero 2010 hasta la firmeza de la sentencia condenatoria -febrero 2014-, por cuanto la detención que viene sufriendo el imputado responde a la prisión preventiva que se fue dictada en estos actuados.

(Dres. Borinsky -en disidencia-, Catucci y Riggi).
Contrato de seguridad privada, rescisión del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SERVI-CAN Seguridad Privada S.R.L. c/ La Jirafa Azul S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-19

Exteriorizada por el locador en forma tácita, inequívoca y en tiempo propio la facultad de opción que le confiriera el contrato y prorrogado de hecho y de derecho el mismo con actos concluyentes de ejecución referidos al nuevo tramo contractual por parte del locatario, su posterior manifestación de voluntad de declarar la caducidad del mismo tipifica esa causal de rescisión unilateral conocida como el desistimiento, renuncia, receso o abandono de una de las partes y que bien contempla entre otras- la norma del art. 1638 del CC referida al locatario de obra que, por extensión analógica, bien podemos aplicar a todo locatario de actividad.
Indemnización, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: SANCHEZ NORMA BEATRIZ c/ RIVEROS NANCY FAVIANA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-03

La sola privación de uso del automotor trae aparejado el derecho de ser indemnizado. "La sola privación del uso del vehículo acarrea perjuicios por ser un medio inestimable de trabajo. Es decir, existe un daño genérico que se presume y que en ausencia de prueba sobre un monto debe fijarse prudencialmente por el juez" (l.S.1978-I-120/123;

l.S. 1987-I-147/150; l.S. 1985-I-141/143; l.S. 1988-I-110/113).
Participación criminal, coautoría, robo calificado, uso de armas
Materia: PENAL
Carátula: Pérez Barriga, Betsabé Milagros y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-14

Teniendo en cuenta que la característica necesaria para tener por configurada la coautoría es la realización de la conducta reprochable de manera conjunta por parte de los intervinientes, que exista un codominio del hecho, debe modificarse la condena por robo agravado por el uso de armas respecto de la imputada si no se acreditó con certidumbre que hubiese conocido y consentido la utilización de un elemento punzante, que fuera extraído en forma repentina por uno de los consortes para repeler los actos de la víctima en oportunidad de que los delincuentes se habían apoderado de su mochila.
Divorcio, daño moral, daños y perjuicios, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Valentini Luis c/ Perez Olga E. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

En el reclamo de los daños derivados de los hechos que han sido causa del divorcio tramitado entre las partes, el plazo prescriptivo de dos años comienza a correr desde que la acción se encuentra firme, pues la prescripción entre cónyuges no corre mientras no se halle disuelto el matrimonio.
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa, videojuegos, lucro cesante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez José c/ Municipalidad de Almirante Brown s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

El rubro indemnización por lucro cesante tiene su origen en la indisponibilidad de las máquinas de video juegos que fueran secuestradas por el ente Municipal, secuestro que se produjo en virtud de que el actor carecía de la correspondiente habilitación, por lo cual no resulta viable la indemnización originada en la suspensión de una actividad que no se encuadra en la normativa comunal vigente. Resultando que los videos juegos se encuentran funcionando en contravención con disposiciones legales, con lo cual, producido su secuestro por la autoridad competente, el daño no se encuentra configurado.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Unión Cerealera Sociedad Anónima y Otros c/ Galicia Warrants S.A. y Otros s/ Incidente de Nulidad de Subasta
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-03-13

Es inoficioso pronunciarse respecto a una cuestión para evitar un futuro dispendio procesal.-
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lupo, Francisco y otra c/ Sachero, Lelia s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

Sin haber acreditado el daño, no puede ni siquiera pensarse en la pretensión resarcitoria: sin perjuicio, no hay responsabilidad por ausencia del "interés" que es la base de todas las acciones (art.

1067 C.C.). El art. 165 del CPCC, autoriza al Juez a fijar el importe del resarcimiento cuando no estuviera justificado su monto, pero nunca a tener por demostrado un perjuicio acerca del cual no se rindieron las pruebas pertinentes (art. 375 CPCC).
Competencia, competencia por el territorio, tratados internacionales, Estados extranjeros, inmunidad de jurisdicción, buques militares, capitán
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Compañia Arenera del Río Luján  SA c/ De Castro, Francisco y otros s/ Indemnización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

La resolución que admitió la inmunidad de jurisdicción planteada por el capitán de un buque de guerra extranjero no ha negado la validez de tratados internacionales ni ha omitido la aplicación de las reglas comunes de competencia territorial contenidas en los tratados de Derecho Procesal Internacional y de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 (arts. 1° y 38 respectivamente), por cuanto no se ha dirimido una cuestión de competencia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Saieg Susana E.N. c/ Vitor José J. y otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-05-07

La cuestión relativa a las costas se encuentra supeditada a la invocación de parte vencedora o a supuestos acreditados de inequidad en su determinación o distribución, constituyendo una carga procesal para el recurrente indicar con precisión la norma violada o erróneamente aplicada y, en su caso, la demostración, de acuerdo a las constancias del caso, del desacierto jurídico que le atribuye al veredicto, dando razones fundadas de tal aserto.
Compraventa, maquinarias agrícolas, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL
Carátula: Perusia Oscar Juan c/ Gsponer Delgio José s/ Ordinario - Cobro De Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-07-04

Debe confirmarse la sentencia que condenó al adquirente de una maquinaria agrícola a pagar el precio al vendedor, pues el demandado, luego de haber reconocido en la carta documento y en la contestación de demanda que le adquirió la maquinaria agrícola en cuestión al accionante y que la operación comercial se pactó con la modalidad de "Plan canje" (el precio de dicha maquinaria debía ser pagado con su equivalente en toneladas de soja), en su alegato modificó su estrategia defensiva y alegó que él adquirió esa maquinaria a otra firma interviniendo el accionante como comisionista intermediario y no como vendedor directo, argumento que, por aplicación de la teoría de los actos propios, debe ser rechazado de plano, por ser ajeno a la litis trabada en primera instancia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Arancibia, Honorio N. c/ Recria S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-06

Las conclusiones relativas a cuestiones de hecho e inclusive las circunstancias previas al despido, como la determinación de si se configura o no la nota de subordinación que exige el vínculo laboral corresponde -en principio- privativamente a los jueces de grado y resultan irrevisibles si no se demuestra que en su cometido axiológico aquéllos hubieran incurrido en error palmario y fundamental configurativo de absurdo.
Recurso extraordinario, privación de justicia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Erbetta, Miguel L.y otros c/ Superior Gobierno de la Prov. de E.R. y otra s/ Medida de prohibición  de innovar e innovar-Recurso de queja  Interpuesto por el Dr. Víctor H. Berta
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-07-03

Corresponde abordar en primer lugar la admisibilidad del recurso por denegación de justicia deducido y en tal sentido surge de la Constitución Provincial que el artículo 167 inciso 1) letra f) otorga jurisdicción originaria y exclusiva al Superior Tribunal de Justicia en los recursos por retardo o denegación de justicia interpuestos contra sus Salas, por lo que surge palmariamente demostrado que su presentación en una de sus Salas ha sido inidónea (Confr. C.S. Fallos 303:870), prueba de ello es que el memorial está dirigido al Superior Tribunal de Justicia. La decisión referente a este aspecto de la admisibilidad determina que la cuestión debe ser ventilada en la vía que corresponda y consecuentemente con ello deberá desglosarse el escrito de marras y devolvérselo al presentante sin más trámite.
Poder Judicial, garantías de los jueces, inamovilidad de los jueces, Constitución Nacional, reforma de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Iribarren, Casiano  Rafael c/ Santa  Fe,  Provincia de s/ accióndeclarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

Los arts. 2° y 3° de la ley 24.309, declarativa de la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional, no habilitaron la modifi cación de los alcances de la garantía de inamovilidad vitalicia consagrada en el art. 96 de la Constitución Nacional de 1853 (actual art. 110), en virtud de la cual los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Responsabilidad del Estado, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nolli de Godoy, Nilda Natalia y otro (En Rep.de su hija Natalia Antonella Godoy) c/ Sup. Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-06-20

Nos encontramos con que el Hospital "Felipe Heras" es un centro asistencial autárquico de autogestión, con personalidad jurídica propia, que lo habilita para ejercer por sí sus derechos y cumplir con sus obligaciones contando con un patrimonio propio como atributo inherente a su personalidad, tornando así de indudable aplicación a la especie lo resuelto por el tribunal en los autos "Spangaro, J.A. c/Estado de la Pcia. de Entre Ríos", 10.10.95, en el sentido de que frente a un supuesto de responsabilidad subsidiaria del Estado Provincial diferente a la solidaria que estructura el derecho común (artículo 1113 ccs. y ss. del Código Civil), no es posible acceder a su subsidiaria condena por cuanto no se puede establecer la responsabilidad extracontractual de quien no ha sido parte en el juicio, esto es, para nuestro caso, el "Hospital Felipe Heras".
Reformatio in pejus, graduación de la pena, pena accesoria
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, BLANCA MARGARITA s/ EXTORSION, EXTORSION EN GRADO DE TENTATIVA, APREMIOS ILEGALES, PROLONGACION INDEBIDA DE LA DETENCION E INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIA PUBLICA EN CONCURSO REAL ENTRE SI-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-06-03

En el marco de la instancia de revisión del fallo abierta sólo a pedido de la defensa, el proceder de la Cámara no habría sido correcto, toda vez que no habría estado habilitada a modificar la condena impuesta en perjuicio de la imputada, agregando a la pena de prisión, las de multa e inhabilitación, ya que de esa manera habría colocado a la acusada en una peor situación de la que surgía de la sentencia de grado -que había sido consentida por el actor penal y por tanto, quedado firme respecto de todo aquello que no constituyó materia del recurso de la defensa- apareciendo liminarmente comprometida la garantía que prohíbe la reformatio in pejus. No obsta a esta conclusión la circunstancia de que la pena de prisión hubiera sido modificada por la Alzada de cinco años de prisión efectiva a un año de ejecución condicional, por cuanto esa reducción se debió en rigor a que la Cámara revocó la condena por tres hechos manteniéndola sólo por otros dos, imponiendo el mínimo de prisión previsto por la escala penal aplicable -mínimo que también había sido escogido en su momento por el Juez de grado- (De la disidencia de los Dres. Erbetta y Gastaldi)
Títulos de crédito, cheque al portador, falta de nombre del beneficiario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INSUMOS AGRAVIOS S.R.L. c/ MANUEL ALONSO s/ Ejec - Camb (LIBRO: S071 - 183)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-30

El portador debe exigir del banco la expresa mención del motivo del rechazo y comprobar si la persona que suscribe la constancia está o no autorizada, para lo cual es necesario que su identificación surja del cheque. Su emisión afecta la validez de la constancia, y con ella la habilitación de las acciones del portador.
Sentencia, fundamentación de sentencias, jueces, deberes y facultades del juez, sobreseimiento provisional
Materia: PENAL
Carátula: N.N. c/ Denunciante: Enrique Zúcaro s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

La circunstancia de que en supuestos análogos el Juzgador haya advertido que las investigaciones fueran infructuosas, no puede llevar implícita la claudicación en la búsqueda de la verdad, pues le está vedado al Magistrado remitirse a otros procesos en los que se ventilen hechos del mismo tipo y modalidad.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, declaración de oficio, interrupción de la caducidad, cédula de notificación, traslado de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: CARGASACCHI, CARLOS ERNESTO c/ SILVERVER DANIEL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

El artículo 316 del código procesal establece que la caducidad de la instancia no puede ser declarada de oficio no obstante el vencimiento del plazo si cualquiera de las partes hubiese impulsado el procedimiento. Ello sin perjuicio, de la facultad que se acuerda no ya al juzgado sino a la parte demandada en el artículo 315 del mismo código (Conf. C.N.Civ. Sala g, r.282.656 del 3-8-82, e.D. 104 322; íd.R.1740 del 21-9-83; sala d, del 25-3-82, e.D. 104-322, 110) Si con anterioridad a la resolución que decretara de oficio la caducidad de la instancia, la accionante impulsó el procedimiento con una cédula que dejara en la secretaría pocos días antes, poniendo en conocimiento de los abogados de la demandada una intimación para que suministraran el domicilio real de ésta, requisito necesario para diligenciar la notificación del traslado de la demanda, ese acto tuvo efecto interruptivo.
Insuficiencia del agravio, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: López, Pedro Héctor c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-11

Corresponde rechazar el planteo de "bagatela" de la defensa toda vez que no logra demostrar el error de la sentencia, en torno a la acreditación de la concreta y significativa afectación del bien jurídico protegido tutelado que justifica el reproche penal, conforme a los hechos acreditados en el juicio, más precisamente por la cantidad de precursores químicos secuestrados y por el tipo de estupefaciente (clorhidrato de cocaína).
Recursos, rechazo del reclamo, certificado de discapacidad, sentencia condenatoria, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-DERECHOS HUMANOS-CIVIL
Carátula: G.C.B.A. s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Asesoría Tutelar N°3 contra G.C.B.A. y otros sobre Amparo - Salud- Otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-13

Corresponde rechazar la queja dirigida a cuestionar, en último término, la sentencia que condenó al G.C.B.A. a brindar a la actora asistencia material, técnica y económica a la actora. Si bien la recurrente insiste en señalar que la obligación de cobertura prestacional a la que fuera condenada debía ser puesta en cabeza del Estado Nacional, no se hace cargo de que la condena se basó primordialmente en un programa local de asistencia a las personas con discapacidad. Tampoco dirige esfuerzo argumental alguno para rebatir los concretos argumentos de la sentencia que se pretende poner en crisis: que no se habían controvertido los problemas de salud de la actora (trastorno mental grave, con deterioro del comportamiento de grado no especificado), la necesidad e importancia de la prestación requerida, ni que hubiera cesado el estado de necesidad valorado al momento de incorporarla al programa. (Del voto del juez Santiago Otamendi).

En el marco de un amparo tendiente a efectivizar el goce de la salud y el desarrollo de la vida independiente de una persona con discapacidad y de su hija menor de edad, corresponde rechazar los cuestionamientos del G.C.B.A. a la condena de la Cámara, con sustento en que la obligación de cobertura prestacional debía ser puesta en cabeza del Estado Nacional. Ello así, en tanto la sentencia en último término recurrida, que lo condenó a brindar al frente actor asistencia material, técnica y económica (cf. artículo 20, inciso 2 de la ley n° 4036 y las leyes n° 1265 y n° 1688), el subsidio patrimonial correspondiente a los beneficiarios del Programa Apoyo para la Vida Independiente para las Personal con Discapacidad y a mantener el servicio "Asistente Personal para Vida Independiente" se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal en autos "Y. E. G. E. y otros c/ Ministerio de Salud de la Nación y otros s/ amparo s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 16120/18, sentencia del 09-08-2019, según la cual las responsabilidades en materia de atención del derecho a la salud competen concurrentemente al Gobierno Nacional y al de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las acciones entre los dos gobiernos que puedan nacer por satisfacer uno de ellos las obligaciones asumidas expresamente por el otro. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Luis Francisco Lozano).
Beneficio de litigar sin gastos, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: BAEZ Soledad del Valle c/ Minas Argentinas S.A. y Vega Daniel s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-05-31

El beneficio provisional hasta que se dicte resolución de la solicitud, el cual permite que las presentaciones de ambas partes estén exentas del pago de impuestos y sellado de actuación, según autoriza el artículo 83 del C.P.C.C., en modo alguno autoriza a eximir del pago por las actuaciones realizadas con anterioridad a la presentación de la solicitud. (Voto en mayoría de los Dres. Pagés Lloveras y Sánchez)
Legitimación activa, jubilaciones, pensiones, docentes, movilidad del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEÑALOZA, Alejandro; DIP, Farid y otros c/ Consejo General de Educación y Caja de Previsión Social de la Provincia s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-02-05

Luego de sancionadas la Constitución Provincial de 1986 y la ley 6569, el ordenamiento procesal en materia contencioso administrativa vigente en la Provincia de Salta reconoce legitimación para demandar tanto al titular de un derecho subjetivo como de un interés legítimo. En esas condiciones, resulta indudable que los actores, jubilados del Consejo General de Educación, gozan de un interés genuino para demandar la nulidad de la resolución 568 emanada de dicho ente, toda vez que la decisión administrativa de excluir el suplemento adicional por apoyatura docente para calcular la determinación de los haberes jubilatorios proyecta sus efectos sobre una zona de interés protegida por la garantía constitucional de movilidad (artículo 39 de la Constitución Provincial) y regulada por la ley, lo cual confiere legitimación suficiente para promover la acción contencioso administrativa.
Inhabilidad de título, juicio de apremio, producción de la prueba, impugnación de deuda impositiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OBRA SOCIAL PERSONAL DE TURISMO HOTELERO Y GASTRONOMICO DE LA UTHGRA c/ Amores Perros S.A. s/ Ejecución Ley 23.660 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-02

Corresponde hacer lugar la a excepción de inhabilidad de título, si en esta clase de juicios no se hubiere cumplido con los trámites exigidos para el libramiento de una boleta de deuda o de otro título ejecutivo (C.S.J.N., Fallos 288:416, entre otros). De esa forma, se persigue evitar que, sobre la base de documentos expedidos en forma unilateral y bajo el amparo de reglas procesales estrictas, se deje indefenso al ejecutado. Máxime, si se advierte que el ejecutante no ha incumplido con el procedimiento bilateral previsto por la ley 23.660 y sus reglamentaciones, previo a la emisión del título que habilitara la vía de apremio, posibilitando de tal modo, al supuesto deudor, la impugnación de la deuda verificada, el ofrecimiento y producción de las pruebas que hicieran a su derecho y la obtención de una decisión fundada. (Disidencia de la Dra. Dorado).
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE RECURSO DE CASACION EN AUTOS N 3791 "QUERELLA CRIMINAL B.DE S. c/ P.DE M. Y OTROS" s/ RECURSO DE CASACION- EXPTE.N 10999/95
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-02-07

En los delitos de acción privada la querella es el acto que contiene la acusación que -si es admitida jurisdiccionalmente- abre el proceso. Para este Superior Tribunal el primer acto interruptivo de la prescripción es la presentación y admisión jurisdiccional de la querella, y la consecuente fijación de la audiencia de conciliación, al margen de que la misma se realice o no. A diferencia de la Excma.

Cámara que fija su criterio diciendo que en los delitos de acción privada el primer acto interruptivo de la prescripción es el decreto de citación a juicio.