marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Terceros, citación por el demandado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: IALEGGIO, PEDRO Y OTROS. c/ PIPARO, LORENZO MIGUEL Y OTROS. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-05

Cuando el tercero es citado a juicio por el demandado -o por la aseguradora del demandado- no corresponde dictar condena contra él, desde que ninguna acción se le ha promovido. Su participación en el juicio, en estos supuestos tradicionalmente conocidos como "litis denuntiatio", es al solo efecto de preservar una eventual acción regresiva neutralizando el planteamiento de la excepción de negligente defensa. (Sala 2,1563,050883)
Asociaciones sindicales, inscripción del estatuto
Materia: LABORAL
Carátula: ASOCIACION PERSONAL DE LA ACTIVIDAD TURISTICA  R.A. s/ INSCRIPCION GREMIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-20

El art. 22 de la ley 23551 es imperativo para la autoridad de aplicación en tanto le impone cubiertos los recaudos legales establecidos en el art. 21 de dicha norma, la inscripción de los estatutos en el registro respectivo, cercenando toda facultad discrecional.
Igualdad ante la ley, tratados internacionales, aplicación de tratados internacionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barcena, Alicia Susana c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconsitucionalidad art. 18, dec. 7881/84
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-20

Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la Declaración Americana o el Pacto de San José de Costa Rica, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, han diseñado un conjunto de reglas enderezadas a eliminar todas las formas de discriminación y fomentar -en lo posible- la igualdad de derechos de hombres y mujeres. (Minoría u opinión personal)
Medidas cautelares, menores, personas con discapacidad, obras sociales
Materia: CIVIL
Carátula: PUYSSEGUR ARIEL ANSELMO MATIAS Y OTROS c/ OSDE s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-27

La conducta de la obra social consistente en brindar al menor las prestaciones requeridas con los profesionales de su cartilla (arts. 6 y 39 de la ley 24.901), desdibujan la verosimilitud del derecho. No existen elementos en el expediente que autoricen a concluir, sin mayor debate y prueba, que la intervención de las profesionales elegidas por los padres del menor sea imprescindible para la adecuada atención de su patología. Cabe destacar que tampoco se han aportado elementos que permitan sostener en este estado que los profesionales de la accionada no son idóneos para brindar la prestación requerida (doctr. Sala I, causa 601/05 del 22-3-05 y Sala II, causas 1.020/2003 del 3-4-03 y 788/08 del 24-6-10, entre otras). Las constancias hasta ahora aportadas no evidencian que la situación planteada en el sub lite conlleve un riesgo cierto para la salud del discapacitado, quien, para el caso, comenzó su tratamiento psicológico y psicopedagógico en diciembre del año pasado y su concurrencia al instituto "Canto a la Vida" con la asistencia de maestra integradora a principio del ciclo lectivo en curso, omitiéndose acreditar en la causa (siquiera sumariamente) la existencia de dificultades para afrontar la diferencia existente entre el costo de las prestaciones exigidas y los valores de reintegro ofrecidos por la obra social.
Fuerzas de seguridad, servicio penitenciario, servicio público, deficiencias en el servicio, responsabilidad de la provincia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORNEJO VDA. DE BICOCCIA IRMA c/ PCIA. DE MZA. s/ Ordinario Daños y Perj (LIBRO: S071 - 054)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-28

Las medidas de seguridad implicadas en el quehacer del estado provincial por medio de la Penitenciaria, importan la carga u obligación de prestar ese servicio público, comprometiendo la responsabilidad subsidiaria del estado frente a la irregular ejecución del servicio. Solo a condición de que esa carga sea adecuadamente cumplida, habrá de alcanzarse realmente la finalidad perseguida de lograr la "readaptación social" de los internos.

No existe pués contradicción entre la función de rehabilitación para su posterior reinserción en la sociedad y el eventual poder sancionatorio ante la inconducta de los internos, sino una función o carga asistencial única e indelegable por parte del estado, pese a las dificultades derivadas de la índole de la población internada, el espacio físico y las circunstancias del caso.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, características del hecho, tiempo de detención, elevación a juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: IBARRA, Raúl E. s/ excarcelación - causa 31.112
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-08

La amenaza de una pena severa, prisión o reclusión perpetua y reclusión por tiempo indeterminado, la escasa proporción del lapso sufrido en detención, menor a un cuarto del que exige el art. 13 del Código Penal, la gravedad y modalidad de los hechos investigados y la circunstancia de haberse requerido ya la elevación de la causa a juicio configuran las restricciones previstas por el Art. 319 del Código Procesal Penal de la Nación.
Concursos, liquidación y distribución, nulidad de la subasta, colación, vicios de la posesión
Materia: COMERCIAL
Carátula: ORTEGA,  RAMONA  RUFINA s/ QUIEBRA S/ INC. DE VENTA DEL INMUEBLEDE AV. PUEYRREDON 901/7 UF 3, 4, 5 Y 6.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-29

Del dictamen fiscal 90752:

Corresponde rechazar la nulidad de la subasta celebrada respecto de un inmueble de la fallida, planteada por los hijos de esta con fundamento en que el titulo mediante el cual la deudora ostenta el carácter de propietaria de ese bien adolece de vicios derivados de la sucesión de su esposo, pues existe otro inmueble que le fuera donado por este cuando los nulidicentes eran menores de edad, donación esa que por adolecer de ciertos defectos fue también atacada de nulidad solicitando la colación pertinente, debiendo en consecuencia formarse una nueva masa hereditaria con todos los bienes y una vez resuelta la cuestión recién podrá dilucidarse el verdadero activo que compone el patrimonio de la deudora; más, en tanto en nuestro derecho, la colación no consiste en restituir bienes o valores a la masa hereditaria como si se tratara de una condena a pagar una suma de dinero, sino que constituye una operación contable o aritmética a practicarse en oportunidad de la partición, asignando en esta al heredero donatario una porción menor de modo de equilibrar su partición en el haber con la de sus coherederos que reclaman la colación: es decir "tomando de menos"; y dado que la acción de colación no tiene por objeto revocar la adjudicación efectuada, manteniendo el beneficiario la propiedad del bien, debiendo traer a la sucesión solo el valor de aquel a la época de la apertura del sucesorio cabe desestimar lo peticionado, pues, el derecho de los nulidicentes se circunscribe a una posibilidad de reclamar un crédito en el marco de este proceso universal una vez reconocido su reclamo en sede civil.
Ejecución fiscal, resoluciones apelables, intimación de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: R. de queja:  F.N.  (D.G.I.) c/ Vila, Luis Narciso s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-24

El proveído que tuvo a la actora por presentada y por parte no proveyó la demanda interpuesta por entender que al convertir a la nueva moneda el monto reclamado resulta inexistente, resulta apelable, en tanto el artículo 34, inciso 11) pto. 2, Ley 23.658, sólo se refiere a la revocación del auto de intimación de pago y embargo, que aún no había sido dictado.
Orden de allanamiento, validez de los actos procesales
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CANTERO IZQUIERDO, JUAN s/ DELITO   CONTRA  LA  SEGURIDAD  COMUN  -  TENENCIA  DE  DOCUMENTO  DE  IDENTIDAD AJENO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-19

La validez de la orden de allanamiento cuestionada a consecuencia de los dichos del procesado ante las autoridades prevencionales, resulta ajena a la instancia extraordinaria en tanto versa sobre cuestiones de derecho común y prueba.
Ejecución de sentencia, Administración Nacional de la Seguridad Social, resoluciones, régimen de consolidación de deudas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GALARRAGA, RICARDO MARIO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

La Resolución Conjunta nº 681 y 518 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respectivamente, aclaró debidamente el tema en orden al pago de las sentencias adversas a la A.N.Se.S. correspondientes a retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones de régimen previsional público. Por un lado están las deudas consolidadas y pagaderas en bonos, las cuales se deberán afrontar conforme a las leyes 23.982 y 24.130; y por el otro se encuentran las deudas posteriores al dictado de dichas leyes, cuyo pago debería efectuarse en efectivo, quedando sometidas a las disposiciones de la ley 24.463.
Obligaciones en moneda extranjera, derechos del acreedor, mora del deudor, pesificación, moneda de curso legal, esfuerzo compartido
Materia: PROCESAL
Carátula: G. G., A. y Otra c/ C., A. y Otra s/ ORDINARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-28

La pesificación no implica una restricción absoluta de los derechos del acreedor ya que éste tiene la posibilidad de recuperar su acreencia en la moneda de curso legal, y más aún, de considerar sufrir un menoscabo que rompiese el sinalagma del contrato, beneficiando en exceso al deudor, podría pedir una distribución o reparación equitativa de las pérdidas.

Ahora bien: si se llegara a pesificar a razón de U$S1 = $1 como lo postula en primer término la aquí demandada, se perjudicaría inequitativamente al acreedor, favoreciéndose a la recurrente deudora de la prestación. Considero entonces que es menester recomponer la acreencia pero contemplando simultáneamente los intereses entrecruzados de acreedor y deudor, para alcanzar así una justa y equitativa conjugación del conflicto.
Principios procesales, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: P. N., B.E. c/ G., C. y/o q. rlte. resp. laboral de la agencia local de la empresa de transportes T. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-30

La manifestación tácita presupone uno de los denominados hechos concluyentes, por dar a entender la existencia de una determinada voluntad y son incompatibles con toda otra contraria: por ello el acto en cuestión ha de ser unívoco, pues no se lo puede interpretar diversamente. Sería en otro caso de aplicación la regla de que ´nadie puede válidamente ir contra sus propios actos.
Juicios contra el Estado, reclamo administrativo previo, derechos y garantías constitucionales, resolución ministerial, decreto de necesidad y urgencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMPOS, JOSE ALBERTO c/ CAJA NAC. DE AHORRO Y SEGURO EN LIQUIDACION - PEN s/ INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Reg. 13.152)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

Antes de entablar cualquier acción judicial en contra del Estado Nacional deberán ser transitadas las vías procedimentales administrativas como recaudo previo a la interposición de una demanda (art. 30 de la ley 19.549).

El reclamo administrativo es un remedio que se acuerda al particular, distinto, pero semejante al de los recursos.

En el caso de haberse formulado un reclamo administrativo previo, con petición de pronto despacho, cabe determinar a partir de cuándo se deben computar los términos establecidos en el art. 25 de la ley 19.549, esto es noventa días hábiles, para así poder establecer con certeza la caducidad o no de la demanda judicial interpuesta.

El Decreto Nro. 1207/03 por el que se ratifica la Resolución ME Nro. 354/03, que desestima toda reclamación administrativa efectuada, o a efectuarse, sustentada en los dispositivos legales contenidos en la ley 13.003 y en los arts. 153 a 156 de la ley 17.418 y clausura la vía administrativa articulada, no se condice con el sistema garantista que avala nuestro ordenamiento jurídico.

Admitir que a través de una resolución ministerial ratificada por un decreto de necesidad y urgencia, puedan afectarse derechos de índole constitucional, como el de acceso a la justicia y debido proceso, resulta un exceso que no puede avalarse en modo alguno.

El razonamiento inverso implica producir la clausura de procedimientos que aún no han sido entablados, y tenerlos por clausurados a la fecha del dictado de dicha resolución, implica un contrasentido con los demás recaudos previstos en la ley 19.549, la norma especifica de estas relaciones, que prevé, precisamente, el reclamo administrativo previo, como "conditio sine quanon" para la interposición de la demanda judicial (art. 30 de la ley 19.549).
Declaración de inconstitucionalidad, derecho de propiedad, competencia, principio de congruencia, ordenanzas municipales
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Frontera, Carlos Andrés c/ Municipalidad de Villa Mercedes s/ Dem. Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2009-09-29

En cuanto a la declaración de Inconstitucionalidad que pretende la parte actora vía expresión de agravios debe señalarse, que la acción de Inconstitucionalidad respecto de las Ordenanzas Municipales por afectación del derecho de propiedad, no se planteó oportunamente y tampoco se peticionó tal declaración de Inconstitucionalidad en la instancia respectiva.

Por lo tanto se estima que a la Cámara de apelaciones no le corresponde tratar una cuestión no planteada en la primera instancia, claramente excepcional y que tiene el carácter de ultima ratio, lo contrario afectaría el principio de congruencia. esto es así más allá de que a los jueces conforme a los arts 10 y 210 de la Constitución Provincial le incumba deber de declarar aún de oficio la Inconstitucionalidad de toda norma que consideren contraria a la Ley Suprema.
Daños y perjuicios, responsabilidad de los establecimientos educacionales, deber de vigilancia
Materia: CIVIL
Carátula: B. J. I. y Otro c/ P. A. y Otros s/ Med. Preliminares - Hoy Daños y Perjuicios - II Cpo.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-09-06

El criterio seguido para determinar cual es el momento a partir del cual finaliza el deber de vigilancia, también debe ser ponderado con suficiente flexibilidad en función de las circunstancias de cada caso en particular.

En principio, concluye cuando finaliza el horario de clase estipulado y el alumno sale del establecimiento, pero ello no obsta a que el mismo pueda ser prolongado, en el caso particular, cuando son las propias autoridades las que toman el riesgo de acercar al menor a su domicilio.

Extendiendo por lo tanto, su ámbito de control y su responsabilidad de guarda del menor durante dicho trayecto, más allá de que no hayan sido las productoras directas del daño, la responsabilidad objetiva que les cabe no se encuentra ligada a ningún factor de culpabilidad. De allí la responsabilidad de la Provincia de San Juan, por el hecho de sus agentes (art. 1113 del C.Civil).
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, gravamen irreparable, falta de agravio concreto
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SILVESTRONI, M. H. s/ rec. de queja, Causa nro. 27.100
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-03

La decisión que se ataca no es de aquellas susceptibles de ser recurridas por vía de apelación, ya que al margen de no declarárselo así expresamente ni tratarse de un interlocutorio, no causa gravamen irreparable al contener sólo una advertencia que no ha importado imposición de sanción alguna.
Sentencia condenatoria, amenazas calificadas, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Guillermo Alejandro c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-09

Resulta contradictorio tener por acreditadas las amenazas efectuadas por el imputado y, al mismo tiempo, definir la situación como "entrampe vincular", cuando se trata de una relación con su ex pareja, que aun ya disuelto el vínculo, recibe esas agresiones por parte del imputado. Bajo el eufemismo de "entrampe vincular" al que alude el a quo se esconde un claro caso de violencia de género conforme surge del art. 4, ley 26.845 (Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres), que establece que "Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal (.)" (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Rimondi)"
Recurso extraordinario, cuestión federal, cuestiones federales simples, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Dieser, María Graciela y Fraticelli, Carlos Andrés c/  s/ María Graciela y Fraticelli, Carlos Andrés s/ homicidio calificado por el vínculo y por alevosía
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-08

El recurso extraordinario es formalmente procedente si se dirige contra una sentencia definitiva emanada del superior tribunal de la causa y se alega, principalmente, la afectación del derecho de defensa y de ser juzgado por un tribunal imparcial, garantía reconocida como implícita de la forma republicana de gobierno y que comprende la de ser juzgado por los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa -art. 18 de la Constitución Nacional- y la decisión fue contraria al derecho federal invocado por el recurrente. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Pagaré no protestado, presentación al cobro
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montero Pedro c/ Wojcicki Silvestre s/ Ejecutivo Diaz de Mendez, Amelia c/ Starzynsky, Gustavo Luis s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10|1985-08-13

El protesto es un medio de acreditar la negativa de la aceptación o del pago a través de un acto auténtico; de allí que la claúsula que exime de él,tiene como adecuada interpretación el hacer presumir que la presentación para el cobro ha sido efectivamente realizada.
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, divorcio del 67 bis
Materia: CIVIL
Carátula: C. DE S.R.B.U. Y S.R.D.S. s/ DIVORCIO 67 BIS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-20

En los juicios de divorcio por presentación conjunta, en los que los cónyuges expresen que no habían adquirido ningún tipo de bienes durante la vigencia de la sociedad conyugal, no corresponde el pago de la tasa judicial (conf. C.N.Civ. Sala C, R. 281.701 del 1-7-82)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Federación  de  Cámaras  y  Centros  Comerciales  Zonales  de  la República Argentina s/ solicita urgente declaración de certeza.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Corresponde desestimar la presentación que no constituye acción o recurso alguno de los que habilitan la competencia originaria o apelada de la Corte (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).
Verificación tardía, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: JULIO  CAGGIANO  Y  OTROS  EN  AUTOS:  ALVAREZ  HNOS. S.A.I.C. E I. - CONCURSO PREVENTIVO (HOY QUIEBRA) s/ INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1982-04-15

Las costas en el incidente promovido en forma tardía para la verificación de un crédito, deben ser soportadas por el incidentista, que con su propia conducta ha provocado una tramitación que pudo ser evitada de haber procedido con las diligencias que la ley establece.
Mutuo comercial, perfeccionamiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE (HOY BANCO DE SANTA FE S.A.P.E.M.) c/ LAINATTI HNOS. S.A. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DEMANDA ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 638 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09

La simple entrega de una cosa a otro constituye por sí un mutuo, ni tampoco lo es la sola declaración de que se va a entregar una cosa en mutuo. En realidad se requieren ambas cosas: el consentimiento y la efectiva entrega y recepción de la cosa.
Superintendencia de Seguros de la Nación, seguros
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Reaseguradora Argentina  S.A. c/ Estado Nacional. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

La Superintendencia de Seguros de la Nación es una entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Economía, que tiene por función el control de los aseguradores en toda la República, en lo relacionado con su régimen económico y técnico, en salvaguarda, primordialmente, de la fe pública.
Intereses, intereses moratorios, tasas de interés, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: MADEO,  Alejandro  Martín c/ TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERALSAN MARTÍN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-07

En atención a la nueva doctrina fijada en materia de intereses moratorios se debe aplicar la tasa activa cartera general (préstamos)nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina sobre el capital de condena desde que se produjo cada perjuicio objeto de reparación (conf. plenario "Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transportes s/ daños y perjuicios", del 16/12/58)y hasta su efectivo pago.

(Sumario N°18691 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Subsistencia del contrato, extinción del contrato de trabajo, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: ASTESANO, DANIEL c/ SA OTTO SPULER s/ DESPIDO INDIRECTO     EXPTE NRO 88-92
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-30

El artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo obliga a la conservación del contrato de trabajo y a la continuidad de la relación, ha sido pensado como un medio protectorio para asegurar al trabajador estabilidad en el empleo. En el caso, el proceder del actor dándose por indirectamente despedido fue apresurado, ya que la Ley de Contrato de Trabajo pena el silencio del empleador como presunción en su contra sólo si se extendió por un lapso razonable que sólo funciona en las condiciones del artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, al haber respondido aquél dentro de los dos días y debido a la conducta subyacente en el marco administrativo (se atribuía al actor mal desempeño de funciones, sustanciándose un sumario). Ello lo obligaba a actuar con cuidado, diligencia y previsión (artículo 625 del Código Civil) el trabajador ante esa imputación debía primero demostrar su improcedencia y luego reclamar o disolver el contrato por incumplimiento de la prestación.