Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-20


2a Instancia. áBuenos Aires, a los 20 días del mes de noviembre de 2009.

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia hizo lugar en lo sustancial a las pretensiones formuladas en la demanda. Para así decidir, la señora Jueza a quo hizo mérito de la situación de rebeldía en que se encuentra la sociedad demandada y de la presunción de veracidad que a ella aneja el artículo 71 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18345 que, con criterio que comparto, aplicó a los hechos verosímiles y razonables expuestos en la escrito inaugural. Ambas partes vienen en apelación.

II.- La demandada actualiza el recurso deducido a fs. 100/109 contra la resolución de fs. 84, que no admitió, por extemporáneo, el escrito de fs. 78/83, mediante el cuál la apelante intentó contestar la demanda. Notificado el traslado, a fs. 70, el 09.10.08, el plazo para la contestación vencía en las dos primeras horas del 24.10.08 (artículos 68 de la Ley 18.345 y 124 C.P.C.C.N.), y el escrito fue presentado el 27 del mismo mes. La apelante sostiene que la notificación tuvo lugar el 10.10.08, pero no ofrece elemento de juicio alguno que corrobore esa afirmación, con la que pretende contradecir el informe del oficial notificador de fs. 70 vta, que da cuenta de la realización del acto el 9. El recurso es improcedente, en cuanto pretende volver sobre una situación procesal consolidada, que ha dado lugar al dictado de cautelas cuya subsistencia no se advierte lesiva de un interés actual del apelante.

Respecto de la decisión de fondo, sostiene, con razón, el quejoso que el artículo 71 de la Ley 18345 no consagra una presunción de veracidad juris et de jure, tema sobre el que no existen opiniones divergentes. La sentenciante de grado lo ha aplicado con prudente criterio, ya que limitó su eficacia a los hechos verosímiles. No se ha producido prueba en contrario. Lo que no excluye que, respecto de cuestiones puntuales, sean admisibles agravios específicos. Tales los relacionados con las comisiones por ventas y por cobranzas, que el actor dijo, a fs.6 vta, que nunca se le abonaron, ni afirmó que su pago hubiera sido pactado. Se limitó a recordar el artículo 7º de la Ley 14546, que dispone que esa modalidad es la forma principal de remuneración de los sujetos del citado estatuto. El efecto de esa disposición es, conforme a la doctrina plenaria de esta Cámara, la atribución al viajante remunerado -como el actor- mediante sueldo fijo, de una acción tendiente a la conversión de ese sueldo en comisión. A falta de pacto sobre comisiones, éstas no son exigibles. No se registra afirmación alguna, eficaz en el marco del ya discutido del artículo 71 del ordenamiento procesal laboral, que conduzca a admitir la existencia de un crédito por viáticos. Tampoco tiene derecho el actor a la multa del artículo 80 L.C.T. Puestos a su disposición los certificados en la comunicación de despido, incluyó esa partida sin articulación en la liquidación, pero no reclamó las certificaciones mismas, lo que indica que las obtuvo en especie.

III.- Tiene razón el actor al cuestionar la omisión de condena al pago de la indemnización del artículo 14 de la Ley 14546 y de la remuneración de julio -no, por lo dicho, viáticos-, ya que fue despedido con efectos al 1 de agosto -por ello, tampoco corresponde pago alguno de este mes- y, durante julio, transcurrió el preaviso.

IV.- La mejor remuneración mensual, normal y habitual del actor fue, según los recibos que acompañó, de $ 1.998,98 (fs. 65). Para una antigüedad computable de dos años, tiene derecho a percibir: (a) indemnización por despido: $ 3.999.96; (b) indemnización sustitutiva del preaviso: $ 2.362,44; (c) indemnización por clientela: $ 1.590,06; (d) compensación por vacaciones no gozadas: $ 662.-; (f) artículo 2º Ley 25323: $ 3.118.-. El capital nominal asciende a $ 11.732,46. En un supuesto de vencimientos parciales y mutuos, las costas del proceso deben correr por el orden causado, ya que el actor tenía un derecho perfecto al cobro de las indemnizaciones por despido en la medida adecuada y fue obligado a litigar por ellas -más allá de la improcedencia de las demás pretensiones y su incontinencia estimativa. Estimo los honorarios de las representaciones letradas del actor y de la demandada, por la totalidad de los trabajos cumplidos en ambas instancias, en el 15% y 12%, respectivamente, de la suma de capital más intereses (artículos 71 y 279 C.P.C.C.N.; 6º, 7º, 14 y 19 de la Ley 21839).

LA DOCTORA GABRIELA A. VAZQUEZ DIJO:

I. Discrepo respetuosamente y en forma sólo parcial con la propuesta del distinguido colega doctor Juan Carlos E. Morando, por las razones que expondré en el considerando siguiente. Mi disidencia se refiere a lo propuesto en relación a las comisiones por ventas y por cobranzas y, como corolario, el quantum de las partidas diferidas a condena.

II. El agravio relacionado con la condena al pago de comisiones por ventas y cobranzas debe quedar al abrigo de revisión, incluida la razonable cuantificación efectuada en origen con amparo en el artículo 56 de la ley de contrato de trabajo.

Digo esto porque constituye preceptiva de orden público la que contiene el artículo 7º de la ley 14.546 en el sentido que la remuneración del viajante estará constituida, en todo o en parte, en base a comisión a porcentaje sobre el importe de las ventas efectuadas. Es decir la ley 14.546 instituye a la comisión sobre el precio de las mercaderías vendidas y sobre las cobranzas (artículo 8º) como la principal forma de retribución de un viajante, por lo que invocado en la demanda el valor promedio mensual de mercaderías vendidas y una comisión del 5%, para las ventas, y del 3%, para las cobranzas, corresponde estar a las admitidas por la sentenciante de grado por ser razonables (artículo 56 LCT) y porque las presunciones legales aplicables son iuris tamtum.

III.- Desde esta perspectiva de análisis, recomiendo se modifiquen los ítems diferidos a condena, se detraiga el relativo al artículo 80 de la L.C.T. y se agregue el referido a la indemnización del artículo 14 de la Ley 14546. Ello, en base a la cuantía salarial estimada en grado, que por las razones señaladas en el considerando segundo propongo se confirmen.

IV.- En definitiva, el actor resulta acreedor a $ 57.915.- ($ 68.415.- menos art. 80 LCT $ 12.600.- más art. 14 de la Ley 14546 $ 2.100.-) que acrecerá con los intereses previstos en origen.

V.- Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 279 del C.P.C.C.N., sugiero se impongan las costas de ambas instancias a la demandada vencida en lo sustancial (artículo 68 del C.P.C.C.N.) y se regulen los honorarios de los letrados del actor y de la demandada, en función de la importancia, mérito y extensión de sus trabajos, en el 14% y 7%, respectivamente, del capital e intereses de condena (artículos 6º, 7º, 14, 37 y 39 de la Ley 21839 y 38 de la L.O.).

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto de la doctora Gabriela A. Vázquez..- Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena, y fijar el capital nominal de condena en $ 57.915.-,que acrecerá con los intereses previstos en origen;

2)Dejar sin efecto el pronunciamiento sobre costas y honorarios;

3)Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida en lo sustancial;

4)Regular los honorarios de los letrados del actor y de la demandada, en función de la importancia, mérito y extensión de sus trabajos, en el 14% y 7%, respectivamente, del capital e intereses de condena (artículos 68 y 279 del C.P.C.C.N.).-JUAN CARLOS E. MORANDO GABRIELA A. VÁZQUEZ LUIS ALBERTO CATARDO á