Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29


TS07I33226 PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nro. 33226 CAUSA Nro.3.885/2.011 -SALA VII-JUZG. Nro. 33 Autos: "GUERRERO, HORACIO ALBERTO C/ SEALED AIR ARGENTINA S.A. S/ INCIDENTE DE BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS" Buenos Aires, 29 de febrero de 2.012.

VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 98/103vta., que mereciera la réplica de fs. 110/115.

CONSIDERANDO:

I) En primera instancia (fs. 96/97) se hizo lugar al pedido formulado por el accionante de que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos, decisión que apela la demandada.

II) La concesión del beneficio importa la exención total o parcial del pago de las costas o gastos judiciales hasta que quien lo peticiona mejore de fortuna (art. 84 CPCCN) y -en virtud de las consecuencias que su otorgamiento importa y por aplicación del principio de igualdad ante la ley- la interpretación de las normas que lo acuerdan debe hacerse restrictivamente.

Sin perjuicio de ello, lo cierto es que -como indica la Sra. jueza a quo-, su otorgamiento queda librado al prudente arbitrio judicial según las circunstancias fácticas del caso (esta Sala en "Becerra, Ana Cecilia y otros c/ Alpargatas S.A. y otro s/ despido" SI. 25.898 del 6 de octubre de 2004, entre otras).

III) La recurrente considera que la contraria no habría dado cumplimiento a los recaudos legales necesarios para la concesión del mismo. Arguye que no habría acreditado el actor la carencia de recursos. Critica la valoración de los testigos Elida Rodríguez de Olivera, Alberto Raulcon Crets y de José María Bao. Aduce que habrían indicado que el actor trabajaba de obrero, por lo que tenía la posibilidad de ganarse su sustento; que los hijos del actor eran dos personas mayores de edad que trabajaban y que era propietario de un automóvil Fiat Siena. Que en la contestación de oficio agregada a fs. 18/21 el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires habría informado que el actor sería titular de cuatro propiedades, tres de ellas ubicadas en el partido de Suipacha, Provincia de Buenos Aires, y la cuarta ubicada en el Partido de Morón de la misma provincia. IV) Respecto de los testigos, cuyas declaraciones impugnó, arguye que la testigo Elida Rodríguez de Olivera (fs. 47/48) refirió que el actor era una persona humilde, con una casa como la de la testigo.

Sostiene "que no se trata de un vivienda del todo humilde", porque ".se trataría de una casa de ladrillos a la vista, jardín adelante, garage al costado, dos ventanales, techo de teja, detalles que no evidencian un estado de necesidad que justifique la concesión de la carta de pobreza".

Tal descripción se ajusta a la de miles de viviendas que existen en barrios de la clase trabajadora del conurbano bonaerense. Mal puede predicarse de la misma que se ajuste a lo que pudiera calificarse de vivienda suntuosa.

Por otro lado no está de más recordar que surge del informe de fs. 20, que el actor es propietario solamente del 45% de dicha propiedad.

Lo que dice la testigo es que ".el actor es sencillamente humilde, que tiene una casa como la de la testigo. que su actividad es la misma de siempre, que es obrero. un humilde trabajador. que la familia del actor está compuesta por su esposa y un hijo y una hija. que la edad de los hijos del actor uno es de 35 años. y de la otra 33 años. no sabe a qué se dedican los hijos. que viven con el actor. que el actor posee un automóvil viejito, que no sabe de qué año es, que la testigo cree que la mujer del actor es ama de casa.".

Como señaló la Sra. juez a quo, dicha declaración, emanada de una vecina del trabajador, luce debidamente circunstanciada, basada en hechos conocidos de un modo personal y concordantes en lo general con los dichos de los demás testigos (arts. 90 de la ley 18.345 y 386 del CPCCN).

Por ello no alcanza a enervar su valor convictivo la crítica que le formula la demandada, como tampoco lo hizo -señaló la judicante- la impugnación que oportunamente dedujo. Lo mismo puede afirmarse de los reparos que formula a las declaraciones de Alberto Raúl Crets (fs. 51/52) y José María Bao (fs. 49/50), ambos también vecinos del actor.

Este último describe la casa del actor como de planta baja solamente, compuesta por dos habitaciones, living, cocina y baño, por lo cual -pensando que conviven cuatro personas mayores de edad- luce un tanto exiguo y difícilmente pudiera pensarse que una persona con un pasar económico desahogado sostuviera en el tiempo tal situación. Ambos refieren que la esposa del actor es ama de casa, que sus hijos son mayores de edad, Bao dice que el reclamante es operario y Crets que vive de su trabajo para la demandada.

Si bien Bao manifiesta que tiene un auto marca Fiat Siena, la testigo Elida Rodríguez de Olivera indicó ".que el actor posee un automóvil viejito, que no sabe de qué año es.", y parece olvidar la recurrente que dicho tipo de vehículo no solo se cotizan por la marca -que en el caso del Fiat Siena no puede calificarse de lujosa- sino también por el año de fabricación.

También indicaron que los hijos del actor son mayores de edad, ambos transitando la cuarta década de su vida aproximadamente, por lo que mal puede pretenderse que se computen sus sueldos a los efectos de evaluar el estado económico del accionante. V) En cuanto a la afirmación de que de la contestación del oficio agregada a fs. 18/21 surgiría que el actor sería titular de cuatro propiedades, tres ubicadas en el partido de Suipacha y uno en el de Morón, PBA, corresponde hacer notar que -conforme surge de fs. 19- el actor es propietario del 1% (uno por ciento) de dos propiedades en la provincia de Buenos Aires y del 45% de la propiedad donde vive, por lo que la temeraria afirmación del apelante resulta inexacta y, además, analizada en detalle, pierde mucho del efectismo que la recurrente pretendió al formularla.

Pareciera olvidar dicha parte que, como señaló la jueza "El objeto de la actividad probatoria desarrollada en el incidente de otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos, consiste en arrimar elementos que permitan al juzgador formar convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener o no los recursos. La peculiar naturaleza del extremo a demostrar impone que la valoración de las pruebas rendidas, realizadas conforme a las reglas de la sana crítica, no atienda a un grado absoluto de certeza, sino a la posibilidad en rigor próxima de que el caso encuadre en el supuesto que autoriza el otorgamiento del beneficio." y que ".para otorgar el beneficio de litigar sin gastos no resulta exigible la demostración de un estado de indigencia sino la acreditación de carencia de recursos suficientes para subvenir los gastos del proceso. no conspira contra el otorgamiento del beneficio el hecho de que los hijos del actor sean mayores de edad y cuenten con recursos propios, cualquiera sean estos, ya que no surge de autos que aquellos asistan materialmente al actor y, por otra parte, lo que debe merituarse a los fines perseguidos son las posibilidades económicas del 'peticionario del beneficio' de hacer frente a las erogaciones propias del juicio". Vale decir que del accionante, de profesión operario, que ni siquiera es propietario de la totalidad del inmueble que es su casa habitación, con una esposa ama de casa de casi sesenta años de edad, no puede predicarse -pese a tener un auto "viejito", para usar las palabras de la testigo Rodríguez de Olivera- que posea ingresos que le permitan, eventualmente, solventar los gastos que le pudiera irrogar el presente pleito.

El Tribunal comparte el criterio de la sentenciante respecto a que la prueba resulta suficiente para tener por demostrado que carece en la actualidad de los recursos necesarios para afrontar una posible condena en costas, teniendo en cuenta su profesión de operario.

Por ello y valorada la prueba testimonial este Tribunal no encuentra justificativo para alterar lo decidido en la instancia anterior.

IV) Las costas de alzada irrogadas por el presente incidente corresponde imponerlas a la demandada (art. 68 CPCCN) y diferir la regulación de honorarios para la etapa de definitiva.

Por todo lo expuesto el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la resolución de fs. 96/97. 2) Declarar las costas de alzada irrogadas por el presente incidente, a cargo de la demandada. 3) Diferir la regulación de honorarios para la etapa de definitiva.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.