Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-20


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 20 de 2007.

El doctor Pirroni dijo:

I. La sentencia de fs. 257/258 ha sido recurrida por la demandada a fs. 262/264.

II. La accionada se agravia, en primer lugar, porque el a quo basa su condena en que la segunda intimación remitida a Gutiérrez para que se presentara a trabajar y receptada a nombre del destinatario no fue considerada con valor legal por no haber acreditado la demandada el domicilio del actor.

Al respecto, sostiene que si bien el actor desconoció el despacho, tal desconocimiento fue genérico y en su autenticidad pero ninguna manifestación efectuó respecto de que la dirección inserta en el mismo fuera incorrecta.

Ahora bien, quien elige un medio para efectuar una comunicación referida a la relación laboral (en el caso, carta documento) carga con los riesgos que ello implica, salvo que sea imputable al destinatario la causa que impide la efectividad del medio empleado. En tal sentido, se aprecia que la intimación referida en la queja se encuentra dirigida a Moreno 2472 de Capital Federal (ver fs. 126) y, tal como lo destaca el sentenciante de grado, no hay indicio alguno que permita tener por válida la remisión a dicho domicilio. Asimismo, pese a que dicho despacho fue entregado, de acuerdo a informado a fs. 139 no surge que la persona a quien se menciona como receptora (Leuz) fuese el actor o alguien que lo receptara a nombre del destinatario (como se alega en los agravios) y, por ende, no puede tenerse por notificado al Sr. Gutiérrez de la intimación allí contenida. Lo referido en los agravios respecto de la falta de desconocimiento del domicilio allí inserto carece de relevancia en la especie en tanto -reitero- no surge que la empleadora haya dirigido la intimación a un domicilio válido.

Sentado ello, cabe poner de manifiesto que no existe controversia en cuanto a que el peticionante intimó a la demandada reclamando, entre otras cosas, aclaren y fijen su situación laboral y que esta última no contestó (fs. 71, penúltimo párrafo), produciéndose el silencio contemplado en los términos del art. 57 de la LCT. Ello implica un accionar contrario al principio de buena fe que debe primar en toda relación laboral, a fin de evitar la incertidumbre del trabajador sobre circunstancias del contrato que creen, modifiquen o extingan derechos. Asimismo, lo que expresa el art. 57 LCT en cuanto al valor presuncional del silencio, hay que integrarlo con el art. 919 del C. Civil y considerar que el silencio observado por el empleador frente a la intimación del trabajador importa manifestación de voluntad "conforme a la interrogación..." porque había "una obligación de explicarse ante la ley". Y en este caso concreto tal situación constituye injuria suficiente en los términos del art. 242 de la LCT que autoriza al demandante a decidir la ruptura del vínculo, la cual se efectivizara a través del despacho que remitiera el 19 de abril de 2004 y que fuera recepcionado el 22 de abril siguiente (fs. 71vta.).

Frente a ello, carece de relevancia para valorar la justificación de la ruptura lo afirmado acerca de la intimación para que concurra a trabajar el 29 de marzo de 2004 y la prueba de la concurrencia del actor en dicha fecha o lo referido a la situación de la empresa que habría justificado las suspensiones dispuestas ya que el silencio de la empleadora frente al reclamo que efectuara a través de su despacho del 6 de abril de 2004 justificó el despido indirecto.

En consecuencia, no encuentro razones atendibles para apartarme del fallo en cuanto admite las indemnizaciones por despido.

III. También se alza la recurrente contra la condena al pago de la indemnización del art. 80 de la L.C.T., expresando que el actor no intimó su entrega dentro de las 48 horas tal como prevé la norma.

A fin de cumplir con los requisitos establecidos por el decreto 146/01, la actora debe requerir, una vez finalizada la relación laboral, la entrega de los certificados del art. 80 LCT dentro del plazo de dos días hábiles, pero tal intimación sólo puede cursarla una vez que el empleador se encuentre en mora respecto de su obligación de entregar los mismos, lo que según la reglamentación citada ocurre a los treinta días de extinguido el contrato, por cualquier causa. En el caso concreto, la actora expresó que intimó la entrega de certificado de trabajo el 20/5/04 (ver fs. 11). Sin perjuicio de que la demandada desconoció ese telegrama (fs. 72vta.) y no se probó su autenticidad, el mismo fue remitido cuando no se habían cumplido 30 días de la ruptura de la relación, lo que no cumple con la norma reseñada. Para más, esta Sala tiene dicho que no puede considerarse que las actuaciones ante el SECLO suplan la carga impuesta en cabeza del beneficiario de la multa. (Confr. esta Sala in re "Armesto, Salomé c. Rondo Diffusion SA y otro s/despido" S.D. 81.602 del 20/04/04).

En tales condiciones, considero que deberá deducirse del monto de condena el resarcimiento del art. 80 de la L.C.T.

IV. Otro agravio de la demandada se refiere a los rubros y montos por los que prospera el reclamo, destacando que en el fallo no se han no se han discriminado los mismos, impidiendo el adecuado control de la liquidación.

Sin embargo, de lo expresado en el segundo párrafo del considerando 5) surge una remisión de la liquidación practicada en el escrito inicial. Sentado ello, considero asiste razón a la recurrente en cuanto cuestiona que se haya tomado como base una remuneración de $ 500 pues de acuerdo a lo que surge de los registros contables de la empleadora, la remuneración asignada al actor ascendía a $ 490,74 (ver fs. 231, respuesta al punto 4) y ello no fue objeto de impugnación por parte de éste. En consecuencia, corresponde reliquidar los rubros de condena en base a esta última suma.

También encuentro atendible el agravio referido a la procedencia de los salarios de suspensión. Esta Sala tiene dicho que la carga de impugnar suspensiones como requisito para la percepción de los salarios caídos no queda limitada a las sanciones disciplinarias sino que se extiende a las suspensiones por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor pues el art. 223 de la L.C.T. es complementario del art. 222 de la ley citada que en su último párrafo efectúa la remisión pertinente (confr. autos "Penayo Petrona c. Marchella-Rosman-Rosman Soc. de Hecho s/despido" S.D. 58.151 del 18/3/90).

En el caso cabe tener en cuenta que al actor se le aplicaron dos suspensiones con vigencia entre el 1/2/04 y el 2/4/04, siendo notificado del último periodo el 1/3/04 (ver fs. 7 y 8) y las mismas no fueron impugnadas oportunamente dentro del plazo de 30 días, siendo su primera manifestación de rechazo a tal medida la que expresara en su despacho del 6/4/04. En virtud de ello, considero que no ha cumplido con la carga de impugnación antes señalada, por lo que no resulta viable su reclamo de los salarios caídos durante los meses de febrero y marzo de 2004, debiendo también revocarse el fallo en cuanto incluye en la liquidación de condena los salarios de suspensión.

No prosperará el embate dirigido contra la indemnización del art. 16 de la ley 25.561 pues ella también se aplica a los casos de despido indirecto (C.N.A.T., esta Sala, in re: "Godoy Barreto Fabio Alberto c. Coto C.I.C. S.A. s/despido", S.D. 82.213 del 13/12/04). En relación al planteo de inconstitucionalidad de este norma, cabe recordar que el análisis de la validez constitucional de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un Tribunal de Justicia y la CSJN ha resaltado que el control de constitucionalidad debe efectuarse con mesura y sólo puede ser declarada la invalidez de una norma ante un planteo de muy sólido fundamento, del cual resulte de manera clara la contradicción de la ley con la cláusula constitucional (Fallos 285:322; 288:325, 290:226). La declaración de inconstitucionalidad resulta ser la última ratio del orden jurídico a la que sólo es dable acudir cuando lo imponen insuperables razones para asegurar la supremacía de la Constitución (Fallos 295:850).

Pues bien, atento lo expresado ut-supra, es dable destacar que la circunstancia que el decreto 883/02 prorrogó entre otros la prohibición de despedir no acarrea su invalidez, toda vez que el Congreso Nacional en ejercicio de poderes constitucionales propios, en definitiva, no adoptó decisiones diferentes en los puntos de política económica involucrados sino más bien sancionó la Ley 25.972 (B.O. 17/12/2004) que dispuso prorrogar la suspensión de los despidos hasta que la tasa de desocupación elaborada por el INDEC resulte inferior al 10%, convalidando y aceptando la iniciativa adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional en materia que le había sido genéricamente delegada (confr. esta Sala, in re "Zenteno, Hugo Daniel c. Desler S.A. s/despido", S.D. 81.397 del 17/2/04).

De tal manera, cabe mantener la procedencia de esta indemnización.

La demandada también apela la condena al pago de la indemnización prevista por el art. 2º de la ley 25.323 y estimo que le asiste razón sobre el punto ante el incumplimiento del requisito de la intimación que exige la norma para la procedencia del incremento indemnizatorio. Se advierte que el actor intimó el pago de las indemnizaciones en el mismo telegrama en que se colocaba en situación de despido indirecto, el día 19/4/04. Así las cosas, al remitirse la intimación señalada, no había transcurrido el plazo previsto por el art. 128 de la L.C.T., plazo éste con el que cuenta el empleador para abonar las indemnizaciones derivadas del despido (art. 149 de la L.C.T., en el mismo sentido, esta Sala en autos "Ferrari Gastón c. Operadora de Estaciones de Servicio SA s/despido", SD Nro. 82.131 del 17/11/2004). En consecuencia, propondré descontar este rubro de la condena de autos.

V. Otro agravio se refiere a la observación del señor juez a quo acerca de que el certificado acompañado a fs. 30/32 no refleja la situación acaecida.

En el memorial recursivo, expresa la recurrente que esa certificación se confeccionó conforme las constancias de los libros y la realidad al mes de mayo, correspondiendo en el hipotético caso de que no se haga lugar a la modificación de la sentencia como se solicita, la entrega de un certificado ampliatorio.

Sobre el particular, tengo en cuenta que la intención del legislador al incorporar el último párrafo del art. 80 de la L.C.T. (art. 45 de la ley 25.345) fue colocar en cabeza del empleador la obligación de extender al dependiente la constancia del ingreso de los fondos de seguridad social y los sindicales o el certificado de trabajo conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancias de los salarios percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos previsionales. No se trata de un rigorismo formal sino de una aplicación estricta de la norma, donde la intención del legislador es precisamente que el empleador cumpla con todas las obligaciones que le competen, como obligado directo y como agente de retención de los fondos de seguridad social (ver, esta Sala en autos "Bravo Enrique Javier c. Super Pizzería Callao S.A. s/cobro de pesos", S.D. 80.501 del 24/3/03). Sentado ello, se aprecia que el instrumento aludido resulta incompleto en tanto no refleja, entre otras cosas, los rubros salariales cuya procedencia fue decretada en autos y que se mantienen tales como asignaciones dto. 1347/03, abril 04, SAC 2004 proporcional y Vacaciones 2004 proporcionales (no existe agravio concreto respecto de estos rubros), por lo que se impone la confección de una nueva certificación que, en el caso, también deberá ajustarse a lo que surge de la presente resolución por lo que, con el alcance indicado, procede mantener la condena a entregar nueva certificación.

VI. En síntesis, de acuerdo a la revocatoria parcial que propicio, corresponde calcular los rubros de condena en base a una remuneración mensual de $490,74, teniendo en cuenta los rubros reclamados en la liquidación de fs. 12 (apartado V. Liquidación), en los que no se incluirán los salarios de suspensión, art. 2º ley 25.323, art. 80 L.C.T. (que se propician dejar sin efecto a través del presente voto) y art. 132 bis L.C.T. (desestimado en primera instancia). Por ello, el actor le corresponde la siguiente liquidación:

Asignaciones Dto. 1347/03 de febrero a marzo/2004 $100, abril/04 e integración mes de despido $490,74, preaviso con SAC $531,63, indemnización por antigüedad $981,48, SAC 04 proporcional $162,93, vacaciones 2004 no gozadas $127,59 y art. 16 ley 25.561 $1.513,37, lo que hace un total de $3907,74, debiendo depositarse en la forma, plazo y con los accesorios dispuestos en origen.

VII. En materia de costas, cabe tener en cuenta que las normas procesales en materia laboral, deben ser interpretadas conforme a los principios esenciales del Derecho del Trabajo y, en especial, el protector del trabajador. De tal modo, la fijación de las costas debe realizarse con un criterio jurídico y en su distribución se deben aplicar los arts. 68 y 71 del C.P.C.C.N., teniendo en cuenta por cuanto progresa la demanda, pero apreciando, además, circunstancias tales como los fundamentos que tienen los planteos ofensivos y defensivos y la razón o sinrazón que tienen para litigar y cómo se desenvolvió el pleito.

Con tal base, considero que debe mantenerse la imposición a la demandada vencida en lo principal, criterio que se debe hacer extensivo a las de alzada.

Finalmente, los porcentajes de honorarios los encuentro acordes al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, al resultado del pleito y a lo normado por el art. 38 de la L.O. y disposiciones arancelarias de aplicación, por lo que deberán ser mantenidos pero calculándose sobre el nuevo monto de condena que resulte de los cálculos ordenados.

VIII. Por lo expuesto, propicio: 1º) revocar parcialmente la sentencia apelada, reduciendo el monto de condena a $3907,74 debiendo depositarse de acuerdo a lo expuesto precedentemente; 2º) con costas y honorarios en la forma dispuesta en el considerando VII; 3º) regular los honorarios de alzada de los profesionales de la actora y de la demandada, respectivamente, en el 27% y 26% de los que les correspondan por su actuación en la anterior etapa.

El doctor Vilela dijo:

Por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1º) revocar parcialmente la sentencia apelada, reduciendo el monto de condena a $3907,74 debiendo depositarse de acuerdo a lo expuesto precedentemente; 2º) con costas y honorarios en la forma dispuesta en el considerando VII; 3º) regular los honorarios de alzada de los profesionales de la actora y de la demandada, respectivamente, en el 27% y 26% de los que les correspondan por su actuación en la anterior etapa. -Oscar Norberto Pirroni. - Julio Vilela.