Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-06


En Buenos Aires, a los seis días del mes de septiembre de 1999, reúnense los señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal -en la que se halla vacante la vocalía 10-, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa "TIEBOUT, Juan Carlos c/ APARICIO, Jorge Humberto y otro s/ sumario", registro 85.363/97, procedente del Juzgado 4 del fuero (Secretaría 8), donde está identificada como expediente 69.166 . El señor Juez Cuartero dice:

1. a) En su demanda (fs. 112), el propietario de un garaje reclamó el pago de los alquileres mensuales que -sostuvo- le eran debidos por la guarda de cierto automóvil, a cuyo respecto expuso ejercer derecho de retención. La pretensión fue dirigida contra: a) Luis Frank, usuario del vehículo y quien había celebrado con el actor el contrato de garaje, y b) Jorge Humberto Aparicio, propietario de ese rodado según el informe registral de fs. 6/7.

1. b) Los demandados fueron citados a este proceso mediante cédulas de fs. 122 y 129 -diligenciadas bajo responsabilidad de la parte actora, con arreglo a lo expresamente autorizado en fs. 115-, y no comparecieron. Por tal motivo, en fs. 128 y 134 fueron declarados rebeldes. Notificadas esas providencias (fs. 130 y 136), la causa fue declarada como de puro derecho y llamado "autos para sentencia" (fs. 138).

1. c) La sentencia definitiva de primera instancia dictada en fs. 141 juzgó que el silencio de los demandados permitía tener por ciertos los hechos relatados y la documentación invocada en el escrito de demanda, hechos y documentos que acreditaban la existencia de un contrato de garaje celebrado por Frank y el incumplimiento del mismo por parte de este codemandado; consecuentemente, Frank fue condenado a pagar los alquileres por él prometidos y debidos, con más sus accesorios civiles y procesales. Respecto de Aparicio -el propietario del vehículo-, la sentencia advirtió que él "no se encuentra ligado contractualmente con la actora" (fs. 142). Dada esa circunstancia -y en atención a que aún en el proceso en rebeldía la sentencia debe dictarse según el mérito de la causa-, fue juzgado que ese codemandado "no puede ser condenado a pagar por el incumplimiento de una obligación que no asumió" (fs. 143). Por ello, Aparicio fue absuelto de la demanda, con costas a la actora en tanto que vencida en su acción contra el nombrado.

1. d) El actor apeló de esa decisión absolutoria -y de la consecuente imposición de costas-, recurso mantenido con la incontestada expresión de agravios de fs. 154. Luego de cierto trámite que no interesa referir aquí, en fs. 172 fue llamado "autos para sentencia", lo cual habilita a formular la presente.

2. Según mi juicio, las argumentaciones del recurrente no aciertan en la solución del caso, ni conmueven los fundamentos de la sentencia apelada. En primer lugar, es exacto que -como lo dijo la sentencia- aún en la situación procesal de rebeldía, la sentencia debe ser dictada "según el mérito de la causa" (cpr 60, párrafo 3º), lo cual supone que la rebeldía no conduce a la mecánica admisión de la demanda y condenación del demandado. En segundo lugar, es inequívoco que en el caso, el propietario del automotor no tiene relación contractual alguna con el garajista, de modo que no pesa sobre aquél obligación alguna de fuente convencional. En tercer lugar, no parece que pueda presumirse un "consentimiento tácito o expreso" (sic, fs. 155) del contrato de garaje por parte de Aparicio. En efecto: en autos no existe elemento alguno del que resulte una aceptación manifestada por Aparicio verbalmente, o por escrito, o por signos inequívocos -expresiones reveladoras del consentimiento expreso, según términos del cciv 1145-. Tampoco existe hecho o acto alguno del propietario que presuponga su aceptación del contrato o que autorice a presumir esa aceptación: el actor no ha relatado ningún hecho o acto de Aparicio que revele su consentimiento tácito en los términos del mencionado cciv 1145. Desde este enfoque, puede pensarse que si bien Aparicio consintió que Frank usase su automóvil, pudo no aceptar -o, cuanto menos, no necesariamente hubo de aceptar- que éste generase su responsabilidad como propietario por el costo de la guarda de ese vehículo en un garaje. Esta misma perspectiva del asunto, permite descartar que Aparicio haya dado mandato para que Frank contratase la guarda del vehículo de aquél en el garaje del actor: no sólo no hay "hechos positivos del mandante" en los términos del cciv 1874, sino que tampoco se ha probado que el propietario haya conocido y consentido -con su inacción o silencio- que Frank había celebrado ese contrato; contrato que, por lo demás, tampoco fue hecho en nombre del propietario. En cuarto lugar, el señor Juez de primera instancia no decretó medida cautelar alguna en este proceso; de todos modos, aun cuando la hubiese dictado (lo cual -acepto como hipótesis cuyo acierto no es menester examinar aquí- pudo haber ocurrido en un incidente por separado), el juicio de verosimilitud propio de una decisión de esa especie bien puede ser sustancialmente distinto del juicio de certeza necesario para emitir la sentencia definitiva: es obvio que la traba de una medida cautelar no conduce necesariamente a la admisión de la pretensión en la sentencia definitiva. En quinto lugar, que el magistrado a quo haya conocido que el demandante ejercía derecho de retención sobre el rodado, nada significa: ninguna cuestión se planteó al respecto, de modo que no cupo al órgano jurisdiccional emitir juicio alguno sobre el tema.

3. a) Ahora bien: más allá de la argumentación expuesta en esta instancia por el actor, su recurso habilita a esta Sala para conocer en la cuestión litigiosa y, conforme con el principio iura novit curia, para resolverla con arreglo al derecho aplicable. Sobre el punto, es sabido que según el cpr 163: 6º -al que remite, en lo pertinente, el cpr 164- la sentencia definitiva debe resolver las pretensiones deducidas en el juicio, "calificadas según correspondiere por ley". La ley provee una norma -o, más exactamente, un sistema constituido por tres congruentes normas- cuya interpretación y aplicación resuelve el caso con precisión y - por cierto- con justicia.

3. b) La primera norma que interesa en el caso es la del cciv 2197; si bien la misma está literalmente referida al contrato de depósito voluntario, pacíficas doctrina y jurisprudencia han considerado que la regulación legal de ese contrato es aplicable al contrato de garaje -en lo pertinente y en tanto se adecue a las características de este contrato legalmente no tipificado-. Pues bien: según el mencionado cciv 2197, "El depósito no puede ser hecho sino por el propietario de la cosa, o por otro con su consentimiento expreso o tácito." Descartado el consentimiento expreso o tácito de Aparicio - tema a cuyo respecto remito a lo dicho en el punto 2 de esta ponencia-, resulta que Frank no podría haber celebrado con el actor el contrato de garaje que, sin embargo, efectivamente celebró y aprovechó. Me apresuro en agregar que no cabe reprochar al garajista haber obrado en la circunstancia con ligereza o torpeza, puesto que "El depositario no puede exigir que el depositante pruebe ser suya la cosa depositada" (cciv 2215). No se me oculta que esa previsión del cciv 2215 -cuyo texto es más amplio que el arriba transcripto- parece referirse concreta y especialmente a la exigencia del depositario al tiempo en que el depositante le requiere la devolución de la cosa. Empero, la existencia de esa regla revela claramente que no era necesario que al tiempo de perfeccionarse el depósito, el depositario exigiese al depositante la prueba del dominio de la cosa que éste entregaba: de haber sido impuesta al depositario esa inicial averiguación sobre la propiedad de la cosa, la norma del cciv 2215 no tendría sentido racional (pues el depositario ya debería estar en conocimiento de ese dato). A mayor abundamiento, agrego que es notorio que al celebrar un contrato de garaje, el garajista no exige ni solicita que su cliente pruebe el dominio del automotor que le es dejado en guarda y custodia.

3. c) De la aplicación de la norma del cciv 2197, se seguiría que Frank no pudo celebrar el contrato de autos, por lo cual éste sería nulo. Es sabido que ello no es así: el cciv 2198 establece que "El depósito hecho por el poseedor de la cosa, es válido entre el depositante y el depositario." Nótese que el artículo habla del "poseedor". Desde luego, el propietario que tiene materialmente la cosa es su "poseedor", de modo que desde este primer enfoque, la norma no parece agregar nada a la anterior; pero también quien robó la cosa es poseedor de ella, aunque -claro- de mala fe. Entonces, pese a lo que resulta del cciv 2197 -en el sentido de que sólo el propietario de una cosa puede depositarla- el artículo 2198 establece que también el no propietario, y aún el poseedor de mala fe, celebra válidamente un depósito entre él y el depositario. Y si se acepta la validez del depósito hecho por el poseedor de mala fe - poseedor que se sabe no propietario-, también cabe aceptar la del depósito hecho por el tenedor de la cosa -obviamente: no propietario ni poseedor de ella, puesto que el tenedor reconoce en otro la propiedad de la cosa tenida-. Respecto de este art. 2198 ha sido dicho que: "El texto emplea la palabra "poseedor". No interesa que sea o no un poseedor legítimo. En las relaciones internas [en las relaciones entre el depositante y el depositario, se entiende en el contexto], el depósito hecho por un no propietario es válido. Aún más: la palabra "poseedor" debe ser entendida en sentido amplísimo, abarcando no sólo la posesión o la cuasiposesión, sino también la tenencia. El depósito hecho por un locatario es válido inter partes, pero el locatario es sólo un tenedor. Cualquier señorío fáctico es suficiente. Incluso el ladrón deposita válidamente, pues el régimen especial del art. 2215 no implica nulidad. Tal no la implica, que si el dueño no reclama, "el depositario debe entregar el depósito al depositante" (López de Zavalía, "Teoría de los Contratos", tº 4, pág. 428, Zavalía, Buenos Aires, 1993). 3. d) Definidas "las relaciones internas" en el depósito hecho por quien no es propietario de la cosa (esto es: las relaciones entre el depositante y el depositario), el Código Civil se ocupa de parte de las "relaciones externas" (es decir: las del depositario con el propietario no depositante) en su art. 2199, y ésta es la tercera norma que interesa y sobre la que recae un particular interés para la solución del presente caso.

3. d. 1) Esa regla dispone que "La persona que ha recibido en depósito una cosa como propia del depositante, sabiendo que no le correspondía, no puede ejercer contra el propietario ninguna acción por el depósito, ni puede retener la cosa depositada...". Esa previsión merece dos iniciales comentarios: Primero: ha sido dicho que la locución "sabiendo que no le correspondía"-colocada en cursiva en la transcripción anterior- "abraza tanto el no corresponder al depositario, como el no corresponder al depositante, concertar el contrato (López de Zavalía, obra citada, pág. 430). Empero, por tres motivos, no parece que ello sea así: a) el depositante no propietario siempre conoce o debe conocer que conforme con el cciv 2197, él no puede realizar el depósito; dado ello, no tiene sentido que la norma se refiera a él, b) el sujeto de la oración es "La persona que ha recibido en depósito una cosa", de modo que si la norma habla de él, la locución en cuestión ha de estar necesariamente referida a él, y c) el destinatario de la prohibición de exigencia dirigida contra el propietario es el depositario, de modo que lo único que interesa es el conocimiento de este depositario respecto de la calidad de no propietario del depositante.

Segundo: al depositario que conoce que el depositante no puede celebrar ese contrato, la norma niega "acción por el depósito"; es decir, aquél carece de la actio depositi contraria, pero según algunos autores tiene la actio negotiorum gestorum contraria (Machado, "Exposición y Comentario...", tº VI, pág. 35, Librería e Imprenta Europea, Buenos Aires, 1920; Salvat, "Tratado - Fuentes de las Obligaciones", tº 2, pág. 437, Editorial La Ley, Buenos Aires, 1946). Agrego que en contra de esa tesis, López de Zavalía (obra citada, pág. 431) sostiene que ese depositario no tiene ninguna acción contra el propietario: ni la derivada de la gestión de negocios, y ni siquiera la actio de in rem verso. Ello no parece ser así, puesto que el cciv 2199 niega al depositario solamente la acción por el depósito, y desde luego no lo son las acciones derivadas de la gestión de negocios y del enriquecimiento indebido.

3. d. 2) Más allá de esas disquisiciones doctrinarias, vuelvo al texto del cciv 2199: "La persona que ha recibido en depósito una cosa como propia del depositante, sabiendo que no le correspondía, no puede ejercer contra el propietario ninguna acción por el depósito, ni puede retener la cosa depositada..." Pues bien: si se interpreta a contrario sensu esa previsión legal, se llega a la conclusión de que el depositario puede ejercer acción por el depósito contra el propietario cuando aquél ignora que la cosa no le correspondía al depositante. Desde luego, no se me oculta que la interpretación a contrario sensu es "peligrosa", en el sentido de que puede llevar a conclusiones erróneas; pero en el caso no parece ser así. En efecto: cuando el depositario si conoce que el depositante no puede celebrar el contrato y aún así acepta recibir la cosa y perfecciona ese contrato, también acepta no tener acción contra el propietario de esa cosa, y asimismo acepta no poder ejercer derecho de retención sobre ella -tal como expresamente lo dispone el cciv 2199, norma que el depositario conoce o debe conocer-. Diferentemente, cuando el depositario no conoce que la persona que le entrega la cosa no es su propietario, no puede sostenerse que acepte liberar al verdadero propietario, a cuya cosa sirve, ni tampoco puede suponerse que acepte no ejercer derecho de retención sobre la cosa objeto de su servicio. Por cierto, en una u otra circunstancia, el depositario presta un servicio a la cosa que tiene en guarda y custodia; pero en el primer caso acepta que el propietario no responda por ese servicio y que la cosa no sea objeto de retención, en tanto que en la segunda hipótesis -que es la de autos- no acepta nada de ello. Permítaseme un razonamiento por analogía. Según el cciv 3886, el posadero tiene el privilegio del locador. Conforme con el cciv 3883, los créditos del locador tienen privilegio sobre todos los muebles que se hallen en el inmueble objeto de locación aunque no pertenezcan al locatario. No ignoro las diferencias conceptuales -pero tampoco las similitudes- entre los privilegios y el derecho de retención, ni se me oculta que el depósito en posadas es "necesario" -aunque en el caso esto no interesa, dada la previsión del cciv 2239-; empero, el razonamiento ensayado es útil para demostrar que no es insólito que una cosa que no es de propiedad del deudor responda por las deudas de ese deudor, o de alguna manera esté afectada por las deudas de quien no es su propietario. Y ello es razonable y justo: ni el posadero ni el garajista exigen al pasajero o al usuario del vehículo que demuestren la propiedad de las cosas que introducen en uno u otro establecimiento comercial; por otra parte, tanto el posadero cuanto el garajista prestan un servicio de guarda de la cosa, servicio que desde luego beneficia al usuario depositante, pero también al propietario no depositante.

3. e) En conclusión: las consideraciones precedentemente expuestas - particularmente: la interpretación a contrario sensu del cciv 2199- me llevan a juzgar que el garajista que ignora que el vehículo dejado a su guardia y custodia no es del usuario depositante de ese vehículo, tiene acción por el depósito contra el propietario no contratante. Más concretamente y en referencia al presente caso: Tiebout tendría acción contra Aparicio por cobro de los precios del garaje si aquel no hubiese sabido que Aparicio -y no Frank- era el propietario del vehículo. Obviamente, la siguiente cuestión por examinar es si el actor de autos tenía o no conocimiento de la situación dominial de ese rodado. Antes de analizar ese tema, deseo agregar que la conclusión antes expuesta será válida sólo si no se demostrase que el usuario y el garajista convinieron un precio absurdo y abusivo, con la intención de aquél de perjudicar al propietario: de darse esta hipótesis, la solución del caso transitará por otros cauces que aquí no se presentan y a cuyo respecto, por tanto, nada dirá esta ponencia.

4. Dos elementos crean en este Juez de Cámara adecuada y suficiente convicción en el sentido de que el demandante ignoraba que Aparicio era el titular del rodado que guardó en su garaje. En primer lugar, la regla del quod plerumque accidit. En efecto: es notorio que, según el común acontecer de las cosas, los empresarios de garaje no solicitan ni exigen que sus clientes demuestren su propiedad de los vehículos que dejan en el establecimiento de que se trate. Entonces, cabe presumir razonablemente que Tiebout ignoraba que Frank no era propietario del automóvil en cuestión, y que lo era Aparicio. Agrego que ningún elemento de este proceso conspira contra el valor convictivo que resulta de esta presunción. En segundo lugar, en tanto que el contrato de garaje principió el 15.4.93, y la deuda por ese contrato se generó a partir del mes de mayo de 1994 -según relato contenido en la demanda, no contradicho por los demandados-, el actor solicitó informes sobre el dominio al Registro de la Propiedad del Automotor el 21.11.96, tal como resulta del certificado de fs. 6. De ello puede inferirse que el demandante conoció el estado de dominio del rodado a partir de la fecha de ese informe registral, lo cual revela que tanto al tiempo del perfeccionamiento del contrato, cuanto al de su posterior cumplimiento por su parte e incumplimiento de Frank, el garajista ignoraba que el usuario depositante no era su dueño. Es aplicable al caso, pues, la interpretación del cciv 2199 que he expuesto y desarrollado en 3.d./e. de esta ponencia.

5. Por tanto, he de proponer al acuerdo revocar en lo apelado la sentencia producida en fs. 141, admitir la pretensión de cobro deducida en autos respecto de Jorge Humberto Aparicio y extender a éste la condenación impuesta a su litisconsorte Luis Frank, incluida la condena al pago de intereses y de las costas generadas tanto en la primera, cuanto en la segunda instancia -pues aún aquí y más allá del contenido conceptual de su expresión de agravios, el acreedor ha obtenido pleno éxito en su pretensión-. Como corolario de las precedentes consideraciones, propongo al acuerdo: a) revocar en lo apelado la sentencia dictada en fs. 141, b) hacer extensiva al codemandado Jorge Humberto Aparicio la condena impuesta a Luis Frank por capital, intereses y costas, y c) imponer al codemandado Aparicio las costas generadas en esta instancia. Así voto.

El señor Juez Rotman adhiere al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan: (a) revocar en lo apelado la sentencia de fs. 141/3, con el efecto de hacer extensiva al codemandado Jorge Humberto Aparicio la condena impuesta a Luis Frank por capital, intereses y costas; (b) imponer al codemandado Aparicio las costas generadas en segunda instancia, y (c) diferir la consideración de los honorarios hasta ser regulados los correspondientes a la primera instancia.

FDO.: Dr. Cuartero - Dr. Rotman