marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Non bis in ídem, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: Z. V. R. Y OTROS c/  s/ LEGAJO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-19

La garantía del ne bis in idem no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente penado, sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra, mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho, agravio no redimible aún con el dictado de una ulterior sentencia absolutoria.
Locación de cosas, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL
Carátula: PAZO, ROSALIA c/ CLAVIJO, CARMEN GLORIA Y OTRA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

La doctrina más autorizada no ha dudado en delimitar los verdaderos alcances del art. 1614 del Código Civil al punto de calificar al lenguaje empleado y al término o adjetivo "solidarios", como "confuso", "vicioso". Según Lafaille la expresión está dirigida a destacar el deber de restituir que no constituye una obligación que pudiera cumplirse por partes, aunque no sería entonces una hipótesis de solidaridad sino de indivisibilidad (art. 667, Código Civil), desde que el acreedor no podría ser obligado a recibir sino la totalidad (art. 742). Para el segundo de los autores aquél término que califica de impropio, habría sido empleado por el legislador para referirse a los casos en que habiendo alquilado dos o más personas "conjuntamente", y no partes "distintas" o fraccionadas, una sola de ellas no estaría habilitada para actuar sin el consentimiento de los otros.

Salvat, a su vez, afirma que la disposición se refiere a los locatarios en el sentido de que lo son de la totalidad de la cosa, se hubieran o no contraído convencionalmente obligaciones solidarias.

Encarando el análisis a partir de cualquiera de los significados atribuidos, no correspondería forzar la interpretación de una norma para suponer de ahí en más solidaridad de todas las obligaciones derivadas del contrato de locación de cosas -que sólo podría derivar de convención de las partes o de la ley-, o la indivisibilidad de cualquiera de las prestaciones. Como tampoco cabría deducir, que la obligación del locador de garantizar a cada uno de los locatarios el uso y goce del bien, fuera correlativa en la especie del derecho de cualquiera de ellos para ejercer la facultad de optar por la prórroga del plazo, como si pudiera involucrar y beneficiar a los restantes. Desde esa perspectiva, la obligación parecería más bien como de las que en doctrina se califican como de "indivisibles irregulares" que imponen una actuación conjunta de todo el frente de acreedores o deudores.

La categoría de la indivisibilidad de las obligaciones puede derivar tanto de los caracteres ontológicos del objeto debido, cuanto de la voluntad de las partes que le otorguen una indivisibilidad funcional. Es cierto que por ejemplo, la obligación de dar cosas ciertas, al igual que la de "entregar" son indivisibles según lo prescriben los arts. 679 y 681 del Código Civil, pero no por ello revisten igual carácter las restantes asumidas en el contrato. De ahí que no se configure incongruencia alguna con relación a las conclusiones con base en la norma del art. 1564, que prescribe también para otro aspecto de la relación, cual es el abandono de la cosa por el locatario.-
Competencia penal, competencia contravencional y de faltas, legitimación procesal, asesor tutelar, juicio de desalojo, usurpación, niños, niñas y adolescentes, jurisprudencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Asesoría General Tutelar de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Zaragoza López, Elena s/ 181 INC.1 - Usurpación (despojo) - CP (P/ L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

Corresponde rechazar la queja deducida por la Asesoría Tutelar contra la resolución de la Cámara que denegó su recurso de inconstitucionalidad por considerar que carecía de legitimación para recurrir. Ello así, de conformidad con lo resuelto por el Tribunal in re "Ministerio Público -Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Navarro, Aldana Cristina y otros s/ art(s). 181, inc. 1, usurpación (despojo), CP (p/L 2303)'", expte. n° 9688/13, resolución del 20/11/2013. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).
Seguros, prima, ajuste de la prima, cláusulas leoninas
Materia: COMERCIAL
Carátula: HSBC  LA  BUENOS  AIRES  SEGUROS c/ CETEC  SUDAMERICANA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-29

La mayor o menor siniestralidad o, dicho de otro modo, el nivel o índice de siniestralidad, puede incidir -y de hecho incide- en el costo de la prima al momento de celebración del contrato, ya sea en función de evaluaciones genéricas de riesgo de la mutualidad o universo de asegurados o relativas al nivel individual de exposición al riego por parte del propio asegurado. Dentro de esta última alternativa, puede servir también incluso ese nivel de siniestralidad para abaratar la prima del seguro: es el caso del llamado "auto scoring". Pero lo que no es admisible es que esa mayor o menor siniestralidad incida en el costo del seguro luego de celebrado. De otro modo, se vería alterado el carácter aleatorio del contrato, haciendo recaer sobre el asegurado todo el peso del riesgo y liberando al asegurador de la función que le es propia y que da sentido a la actividad que encarna, cual es el de preservar a la masa de asegurados de las contingencias dañosas que pesan sobre ellos. Y ello es así con mayor razón en casos donde la pretensión económica de la aseguradora por este concepto, esto es, por ajuste derivado de la mayor siniestralidad, casi equipara, bajo el rótulo de un mero "plus" en la prima, un porcentaje cercano a la totalidad de lo percibido en concepto de indemnización en virtud del mismo contrato, lo cual no resulta razonable. Ello así, cabe declarar la nulidad absoluta de pleno derecho de la cláusula de "ajuste de prima por siniestralidad" en virtud de su carácter "abusivo", en cuanto establece un irrazonable ajuste de la prestación a cargo de la asegurada en beneficio de la aseguradora, que desnaturaliza el vínculo contractual y contraría el orden público, la moral y las buenas costumbres y la "buena fe".
Daños y perjuicios, culpa, daño material, daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARGUELLO LEONARDO RUBEN c/ ACOSTA FELIX JUAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - DENUNCIA IRREFLEXIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-11-17

El derecho a denunciar existe,mas en modo alguno puede considerárselo absoluto hasta el punto que comporte un bill de indemnidad para quien lo utiliza sin meditar, previamente, los alcances que tendrá la denuncia y la efectación que ella puede conllevar con relación a los legítimos derechos de los demás.

La actuación del denunciante es obviamente culposa pues fue improcedente y no midió las consecuencias de su proceder que lesión o concretamente al denunciado, obligándolo, en lo inmediato a la búsqueda de la asistencia letrada y provocándole también una lesión en su condición de ciudadano y mérito en la consideración que sus allegados le tenían.

La pretensión resarcitoria del denunciado encuentra su sostén en la conducta antijurídica culposa del denunciante derivada de un ilícito civil por el cometido-la denuncia irreflexiva -no importando que su proceder pudiese encontrar origen en la relación contractual que mantuvieron deviniendo diferencias, ellas encontraban el natural lugar para zanjarlas en el fuero civil, no siendo excusable su error de derecho que consistió en formular una denuncia en sede penal con evidente obrar injusto en tanto ella carecía de una razonable sustanciación hasta el punto que derivo en sobreseimiento que se encuentra firme.

La objeción a la procedencia del daño moral fundado en que no medió condena penal para el denunciado no es procedente, pues el daño lo sufrió por condena que pudo recaer y s i, mas bien por el padecimiento o notificación que significa el saberse injusta y antijurídicamente denunciado, conducido a los Tribunales y, de alguna forma también sometido a proceso, con el agregado que tales sufrimientos espirituales se incrementan en la medida que, naturalmente, tal hecho trasciende lo íntimo para convertirse, conforme a la prueba recepcionada, en algo que cobra estado público en los circuitos profesionales y sociales que el afectado frecuenta.
Seguros, seguro de responsabilidad civil, citación en garantía
Materia: COMERCIAL
Carátula: OJEA QUINTANA, MARTIN c/ MACESIL  S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-25

El hecho dañoso cubierto por el seguro de responsabilidad civil en cuyo mérito, en el caso, se formalizó la citación en garantía del art. 118 de la ley 17418- genera dos obligaciones: a) del demandado frente al actor; b) de la compaÑía aseguradora respecto del asegurado. Correlativamente, surgen a su vez dos créditos: uno, del damnificado contra el responsable asegurado y otro, de este último contra la aseguradora. Ello así, el damnificado tiene una acción contra el asegurador por vía de la citación en garantía, que debe ser ejercida en el juicio que sigue contra el asegurado; de acogerse la demanda, ambos -asegurador y asegurado- serán condenados.

Cuando en virtud del art. 118 de la ley 17418 el tercero damnificado accionado cita y vence, se encuentra ministerio legis con dos deudores de la misma prestación (en la medida del seguro):

el deudor originario (autor del daño) y el asegurador (deudor del responsable), respecto de los cuales tiene instauradas en "nombre propio" dos acciones: una, que está impulsada por un "derecho propio", co-titular del resarcimiento por los daños que se le han ocasionado; y otra, que está en funcionamiento en virtud del derecho que nace del privilegio que le confiere la propia ley (art. 118 cit , con el efecto de "incautarse" de la prestación del asegurador, evitando que ese bien (indemnización) pase al patrimonio y por el patrimonio del asegurado.

Tanto la acción que se ejercita contra el responsable del daño como la citación en garantía hecha al asegurador tienen, en la medida del seguro, un único objeto, que se reclama en virtud de aquellas dos vías y que por los efectos que produce respecto de las dos partes demandadas en el proceso hará cosa juzgada.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, liquidación de entidades financieras, órgano liquidador, legitimación procesal, emergencia económica, leyes, juicio, partes, doctrina de los actos propios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA - BANCO ARGENCOOP COOP. LTDO . s/ RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL- REVOCACION DE AUTORIZACION PARA FUNCIONAR - LIQUIDACION - HOY QUIEBRA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 468 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-01

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario de que si bien es cierto que en abstracto podría aparecer delineada una cuestión federal ( la legitimación del Banco Central para intervenir en una quiebra con carácter de órgano de aplicación de la legislación de emergencia), no puede soslayarse que la decisión de esta Corte -y la de la Sala- se sustentó en otro orden de consideraciones que la sostienen por sí misma y que son ajenas, por regla, a la instancia extraordinaria. Fue así que, previa valoración de la conducta del ente rector (quien inicialmente resistió su intervención y luego pretendió obtenerla vía impugnativa) dijo "La hermenéutica propiciada por el Tribunal, en definitiva, implica dar operatividad a la regla de que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, se enmarca en un ámbito exclusivo de los jueces de la causa como es el examen de los actos procesales desarrollados en autos y la determinación de sus consecuencias y no logra ser desvirtuada con los agravios esgrimidos, no apareciendo, por tanto, divorciada de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida", a lo que adunó que "...la Sala no marginó la calidad de órgano de aplicación de la normativa de emergencia que invocó la entidad rectora de la actividad financiera, antes bien, la consideró expresamente , pero el razonamiento de los Juzgadores tuvo primordialmente en cuenta otros aspectos -los atinentes a la conducta procesal del recurrente- que juzgó decisivos en la especie para negarle legitimación recursiva; máxime cuando el planteo del apelante, más allá de la imprecisión que denota, no logra convencer que su participación en la causa pueda encontrar respaldo en una analogía con la intervención que le cabe, en cuestiones de su competencia, al Ministerio Público". Es decir que la solución brindada al planteo del ente rector encontró un escollo inicial fincado en aspectos procesales que, vale reiterarlo, provenían de la conducta desplegada por el mismo y que a la sazón impedían ingresar al examen de su articulación. Siendo ello así y contando la decisión impugnada con fundamentos de derecho no federal que bastan para decidir la cuestión y la sostienen como un acto judicial válido, el recurso no habrá de concederse.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Quiñenao, Julio s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la violación del art. 286 del Código de Procedimiento Penal alegando la falta de un itinerario lógico en el razonamiento del tribunal, si el recurrente no logra evidenciar tal vicio.
Derechos y garantías constitucionales, estabilidad del empleado público, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: SCAPUZZI Mabel c/ M.C.B.A s/ RECLAMOS A LOS AGENTES MUNICIPALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-13

Para satisfacer la garantía constitucional de estabilidad del empleado público, cuando razones de orden administrativo imponen la privación de dicha estabilidad, resulta necesario un equitativo resarcimiento que contemple la cesación en el cargo y su proyección futura en el patrimonio del agente.-
Jurisdicción y competencia, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, Dirección General de Rentas, resoluciones
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: S.A.  Importadora  y  Exportadora  de  la Patagonia c/ Río Negro,Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-19

No es de la competencia originaria de la Corte Suprema la acción declarativa de certeza promovida contra una resolución de la Dirección General de Rentas provincial tanto por ser contraria a disposiciones de la Constitución Nacional como por resultar violatoria de la Constitución de la provincia y de su Código Fiscal, toda vez que la materia del pleito no es exclusivamente federal.
Recurso de revisión penal, recurso in forma pauperis, falta de notificación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Amato, Diego Marcos s/ recurso de revisión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-12

Si bien el recurso de revisión interpuesto in forma pauperis no se adecua estrictamente a ninguno de los incisos del art. 479 CPPN, corresponde hacer lugar al planteo atento la obligación de asegurar la revisión del fallo por un tribunal superior (art. 8.2.h CADH), ante la ausencia de notificación personal al imputado de la sentencia dictada.
Acción de inconstitucionalidad, acción meramente declarativa, ordenanzas municipales, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Minera Agua Rica L.L.C. Sucursal Argentina c/ Municipalidad de Andalgalá - Provincia de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-03-14

En el caso corresponde la aplicación de las normas de un proceso de conocimiento de los ya existentes en nuestro ordenamiento procesal, concretamente las previsiones normativas de la acción contencioso administrativo de plena jurisdicción, en tanto se trata de una acción generada por normas provinciales, todo a los fines de garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva al carecer de legislación adjetiva en la Provincia, y en cumplimiento de la manda constitucional de que los jueces deben arbitrar las normas necesarias a fin de poner en movimiento el procedimiento que garantice los derechos de los habitantes de la provincia (Art. 39 de la CP).
Honorarios del perito, crédito por honorarios, renuncia de derechos, mora, intereses moratorios, ley de consolidación de la deuda pública, régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: PARANA S.A. DE SEGUROS c/ CAP.Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. RIO TEUCO s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-02

El perito renunció a la porción de sus emolumentos que excedieran de $ 200, a tenor de lo dispuesto por el art. 4°, decreto 2140/91, a efectos de no tener que someter su percepción al trámite previsto por la ley de consolidación. La intención de renunciar no se presume, y la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva (art. 874, Código Civil). En tal sentido, resulta claro que el experto sólo resignó la porción de sus honorarios, actualización monetaria e intereses que superaran los $ 200 al 1.4.91, pero no lo hizo con los intereses que devengara dicha suma desde esa fecha en adelante, temperamento que es conteste con las disposiciones del decreto citado, que establece entre las exclusiones de la consolidación a las acreencias descriptas en los incisos b y siguientes del art. 7, ley 23.982 que no superen los A 2.000.000 a la fecha de corte (confr. art. 4, inc. c, decreto 2140/91), esto es, no incluye los intereses que arroje con posterioridad dicha cifra, solución que se compadece -asimismo-con el procedimiento fijado por el art. 18, incs. a1), a2), b1) y b2) del decreto citado. Finalmente, resta señalar que no existe razón para que la deuda reclamada, que como una deuda no consolidada reviste igual carácter que cualquier otra del Estado Nacional, no devengue intereses moratorios, por cuanto éstos sólo presuponen compensar al acreedor por la demora en el cobro de su crédito (esta Sala, causa 6736 del 9.11.94).
Consumidores, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: Juarez Muas, Derlin Marcio c/ Cencosud S.A. s/ acciones Ley Defensa del Consumidor
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2021-09-10

La obligación de seguridad, puede existir con independencia de la celebración de contrato alguno cuando pueda identificarse una relación de consumo. En este último supuesto, su estructura desborda su consideración como mero deber de protección, anexo a la prestación principal, para asumir el carácter de una obligación autónoma de fuente legal, derivada del principio informador emergente de la cláusula constitucional de protección de los consumidores. Por otra parte, la invocada gratuidad del aludido servicio de estacionamiento no puede ser alegada como argumento para sostener la inexistencia de la "obligación de resultado" de esta última consistente en custodiar el rodado que el cliente aparcó en su playa. Primero, porque, de lo contrario, tal servicio perdería en parte su sentido, desde que esa necesidad de custodia es uno de los intereses que normalmente procura satisfacer quien busca para su automóvil tal tipo de resguardo. Y segundo, porque los actos de quienes se dedican profesionalmente al comercio no se presumen gratuitos, lo cual obsta a suponer que, en esos casos, la inexistencia de canon importe ausencia de compensación.
Acción de amparo, rechazo in límine, derechos y garantías constitucionales, prueba, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bulacio, Miguel Angel c/ G:C.B.A: s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-20

No basta para tener por configurados los presupuestos de la acción de amparo que establece la Constitución la mención de derechos y garantías que supuestamente fueron agredidos sin respaldo probatorio alguno. Más aún, cuando como en el caso, no surge de la reglamentación impugnada palmaria ilegalidad o irrazonabilidad.
Verosimilitud del derecho invocado, sentencia definitiva, régimen jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Burgos, Marcos Rafael y otros c/ A.N.Se.S. s/ medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-11

Es principio uniformemente aceptado que corresponde a los jueces extremar la prudencia en el otorgamiento de medidas que configuren un anticipo de jurisdicción favorable acerca del fallo final de la causa, lo que exige examinar con mayor atención los recaudos que hacen a su admisibilidad (Fallos 316:1833). Ello resulta particularmente aplicable cuando no se advierte en el estado actual del proceso la verosimilitud del derecho invocado, la que podría resultar de un análisis más exhaustivo propio de la sentencia definitiva, máxime cuando -como en el caso de autos- se trata de la adhesión voluntaria a un régimen previsional especial que, como tal, exige el cumplimiento de requisitos propios, entre los que se encuentra la cancelación de la diferencia de aportes no ingresados a través de planes de pago, cuyo cumplimiento se pretende soslayar.
Competencia contencioso administrativa, concejo deliberante, falta de legitimación para obrar, declaración de oficio, recurso extraordinario, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Del Pino, Arnaldo José c/ Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción O Anulación  - Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-06-18

De la lectura del Recurso Extraordinario interpuesto se advierte que la recurrente sólo expresa su discrepancia con los fundamentos dados en el fallo de esta Corte que resolvió rechazar la acción Contencioso Administrativa de plena jurisdicción en base a que el Concejo Deliberante -demandado- carece de personalidad jurídica para estar en juicio, no siendo por tanto sujeto de derecho. Por ello no puede atribuirse arbitrariedad al mismo por la razón de haber actuado dentro de las facultades propias, o sea primigeniamente haber constatado si estaban cumplidos los requisitos de admisibilidad de la acción como paso previo a la consideración de la cuestión de fondo de la causa. En consecuencia, dada la irregularidad en los sujetos del proceso, es obvio que la causal de arbitrariedad invocada no tiene apoyatura jurídica, ello sin perjuicio de que la accionada haya comparecido a juicio, contestado demanda y no haya cuestionado falta de legitimación pasiva. Podría llegarse al absurdo -y aquí sí sería arbitrario- que un Tribunal, admitiendo la falta de legitimación pasiva por parte del demandado, vulnerando la defensa en juicio y el debido proceso legal, condene a quien no ha sido parte en el proceso. De ahí que al vulnerar principios constitucionales la misma debe ser efectuada de oficio por el Tribunal en cuanto hace a la correcta integración de la litis, con prescindencia que se haya cuestionado o no la legitimación procesal del demandado. En consecuencia, debe rechazarse el recurso extraordinario interpuesto, resultando absurda la pretensión del recurrente de que se le conceda el mismo por arbitrariedad.