marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obras sociales, contribuciones a obras sociales, medidas cautelares, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "OBRA   SOCIAL   DE   LA   ACTIVIDAD   DE   SEGUROS,  REASEGUROS,CAPITALIZACIÓN  Y  AHORRO  Y  PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA c/ E.N.Ministerio de Salud y Acción Social s/ Medidas cautelares".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-01

Se ajusta a derecho la decisión que desestimó la medida cautelar por la que se pretendía obtener la suspensión de los efectos de los decretos que establecieron la eliminación de la alícuota dispuesta por la ley 19.518, toda vez que la misma constituye un claro anticipo sobre el fondo de la cuestión que habría de resolverse en la acción principal. El acogimiento de la medida implicaría el análisis de una serie de decretos y de situaciones fácticas, con lo cual la materia de la medida se confunde con el objeto de la acción principal y, de hacerse lugar a aquella, nos hallaríamos frente a un anticipo de jurisdicción favorable a la actora, lesivo del derecho de defensa en juicio que asiste a la demandada. (Disidencia del Dr. Laclau).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, homicidio, robo, expresión de agravios
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Charruti Curbelo, Luis Eduardo s/ robo seguido de homicidio -causa Nx 18.093-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

Es descalificable la sentencia que, en el tratamiento de la cuestión relativa a la posible conexión ideológica entre el homicidio y robo, omitió la ponderación de todos aquellos elementos de juicio que el fiscal de cámara presentó en su expresión de agravios, recurriendo a la dogmática frase de que no se encontraban "argumentos que apuntalen la afirmación de que la muerte de la víctima estuviese decidida ab initio".
Prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Altamirano Noemí Isabel c/ Centro de Ortopedia y Traumatología Quilmes S.A. y otra. s/ Daños Y Perjuicio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-15

La prueba pericial oficial reviste mayor jerarquía que la mera confesión presumida y ha sido la demandante quién solicitara el apoyo técnico calificándolo de imparcial y correcto al estar garantizado por normas especificas y por medio de otras que amparan la actuación de los funcionarios judiciales.
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: LABORAL
Carátula: ORIETA JUAN CARLOS c/ POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/RECURSO DE AMPARO s/ APELACION LLUGDAR WALTER MARCELO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ AMPARO - CUADERNILLO DE APELACION LLUGDAR, WALTER MARCELO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ AMPARO-CUADERNILLO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-01-19|2007-07-27|2007-07-27

Al encontrarse el objeto del reclamo cautelar estrechamente vinculado con la pretensión de fondo de la demanda de amparo, su admisión conduciría inevitablemente a emitir un pronunciamiento sobre la cuestión sustancial, configurándose un adelanto del resultado final del proceso, con desborde del reducido marco de conocimiento que es propio de las cautelares.
Ejecución de honorarios, peritos
Materia: LABORAL
Carátula: Caffarena, Gustavo c/ FABA y otro s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-02-15

Si la pericial caligráfica fue ordenada de oficio por el Juzgado y benefició a la demandada al determinar que la firma inserta en los recibos por ella acompañados pertenecían al actor y el apoderado de la demandada solicitó la citación del perito para brindar explicaciones sobre su pericia, la prueba, aunque ordenada de oficio, benefició a la ejecutada, por lo que corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la excepción de falsedad de la ejecutoria opuesta por la accionada (Aplicación doctrina S.T.J. en autos: "Berón c/Transporte Mariano Moreno" y "Pérez Vicente c/Silvia Lema"). Tampoco resulta procedente la defensa articulada por la ejecutada en su escrito de contestación de agravios, en cuanto a que la ejecución no es procedente por no haberse intimado el cumplimiento a su parte, ya que el diligenciamiento de la cédula sirvió como suficiente requerimiento de pago.
Defensa en juicio, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Spaciuk S.A. c/ Poder Ejecutivo Provincial-Ministerio de Economía y Obras Públicas y Dirección General de Rentas de la Pcia. de Misiones s/ Demanda Contenciosa Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1999-03-17

Se menoscaba del derecho de defensa a quien se le ha privado del ejercicio del mismo, pero no al que tuvo oportunidad de actuar y ha omitido formular en tiempo oportuno sus pretensiones, al dejar vencer los plazos que disponía para accionar judicialmente.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, interpretación de normas y actos locales, revisión judicial de actos administrativos
Materia: PROCESAL
Carátula: Aero Falcon  S.A. c/ Formosa Provincia de s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-08

No es causa civil aquella en la cual, a pesar de demandarse restituciones, compensaciones o indemnizaciones de carácter civil, tiende al examen y revisión de actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias realizados dentro de las facultades propias conocidas por los arts. 104 y siguientes de la Constitución Nacional, ya que para resolver la demanda la Corte tendría que examinar los antecedentes del caso a la luz de la ley local y sus reglamentaciones, interpretándolas en su espíritu y en los efectos que la soberanía local ha querido darles, todo lo cual no es de su resorte.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Mazza, Pedro; Capdevila, Juan. Maciel, José; Falótico, Daniel; Marchetto, Antonio y ots. s/ Receptación sospechosa. Encubrimiento calificado; recurso de hecho Lamtzev, Demetrio s/ Desobediencia. Recurso de hecho González, Susana E.; Mendez, Floreal A.; Constantino, Carlos C.; Bonilla, Omar A. s/ Exacciones ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10|1993-12-21|1997-03-11

Las restricciones que contiene el art. 350 del Código de Procedimiento Penal para la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley no resultan inconstitucionales desde que el art. 149 inc. 4°, apartado a) de la Constitución provincial establece que el conocimiento y resolución de dicho recurso compete a este Tribunal "con las restricciones que las leyes de procedimiento establecen", por lo que las establecidas por el artículo primeramente citado se ajustan a las disposiciones constitucionales al respecto. Tales exigencias no vulneran tampoco ni el derecho a defensa, que ha podido ser ampliamente ejercido en la instancia ordinaria, ni el de igualdad ante la ley, desde que quedan comprendidos uniformemente todos aquéllos que se encuentran en las mismas condiciones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Régimen de consolidación de deudas, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dirección Nacional de Vialidad c/ Cervecería y Maltería Quilmes s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Los honorarios profesionales se encuentran alcanzados por la consolidación de la deuda pública dispuesta como principio por el art. 1° de la ley 23.982 (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Carlos S. Fayt).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lemole, Rodolfo Omar c/ Casar, Martha Beatriz s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Viola el principio de congruencia el fallo del juez que admite defensas planteadas en la expresión de agravios, ya que de esa forma altera los términos en que se trabó la relación procesal.
Seguros, interés asegurado, interés asegurado ilícito, infracciones administrativas
Materia: COMERCIAL
Carátula: AVICOLA PATAGONICA  S.A.C.I.A. c/ SUIZO-ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-27

El tribunal no puede declarar la ilicitud del interés asegurado con base en la afirmación de haber mediado delictuosidad si no dispone como pie para esta afirmación de una sentencia penal.

Por excepción podría emitir tal calificación aún sin mediar sentencia en lo criminal, si la acción punitiva se hubiera extinguido por alguna circunstancia subjetiva sin aptitud para derogar la criminalidad del acto (de lo cual es ejemplo típico la muerte del procesado).

Saliendo del terreno restringido de la delictuosidad criminal, no hay paralelismo mecánico entre ilicitud en sentido genérico -como infracción de alguna de entre las muchas reglas de derecho- e ilicitud del interés asegurado en el campo de la relación convencional de seguro. Si la ilicitud del interés asegurado ha de consistir necesariamente en una infracción de un sistema de conductas con relación a la disciplina policial del estado, cuyas transgresiones son reprimidas mediante la imposición de sanciones administrativas, tal situación impone demostrar que ello configura tanto una infracción administrativa cuanto un supuesto de ilicitud en el interés asegurado; porque sólo los delitos -en sentido amplio, pero preciso- implican lo segundo. La contradicción con el derecho administrativo no es un delito, y no hace ilícita toda la conducta del sujeto a cualquier otro efecto.

La ley 20.840 prevé penas corporales, y, por ende, supone aludir a delitos criminales; y la ley 19.798 prevé transgresiones sancionables administrativamente, cuya violación no deriva fatalmente en ilicitud en el contrato de seguro.
Recurso de casación, procedencia del recurso, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Feifer, Abram s/ recurso de queja. Causa: 398
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

Si no existe tacha de inconstitucionalidad sobre una norma que haya servido de apoyo o fundamento a la sentencia que puso fin al proceso, sino que se apunta a privar de validez a una disposición legal cuya operatividad puede surgir, justamente, a raíz del dictado de aquélla, la vía de casación elegida es apta.
Juicio ejecutivo, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Francés S.A. c/ Fernández, Juan Carlos y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-10-25

Es improcedente eliminar del proceso la documental -no desconocida su autenticidad- agregada por la actora en ocasión de contestar el conferido traslado de la excepción antes indicado. Rodríguez ("Tratado de la Ejecución", T.II-8, pág.750) establece que es carga del ejecutante contestar las excepciones y que debe hacerlo por escrito acompañando toda la prueba -instrumental- de que intente valerse. Bustos Berrondo ("Juicio Ejecutivo", pág.226) expresa que, aunque el texto legal no lo establece expresamente, resulta de los propios términos del articulado que el demandado al proponer las excepciones y el actor al contestarlas deberán acompañar la prueba instrumental de que dispongan y ofrecer toda la demás que haga al ejercicio de su defensa (artículos 528, 533 y concs. de Cód. Procesal Civil y Comercial). Palacio ("Derecho Procesal Civil", T.VII, pág.484) enseña que en oportunidad de contestar el traslado debe el ejecutante no sólo ofrecer sino también acompañar la documental o, en su caso, individualizarla en la forma prevista en la Ley adjetiva.
Facultades del Poder Judicial, facultades jurisdiccionales, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Makarski, Javier Martín c/ The Security Group S.A. y otro. s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

La magna labor de administrar justicia no se basa en la sola voluntad o en el derecho libremente aplicado, sino en leyes, ya que nadie está sobre ellas, siendo que nuestra Constitución estableció un Poder Judicial integrado por jueces que actúan conforme a reglas que la comunidad debe conocer, y a las que deben ajustarse para que las soluciones sean previsibles, todo lo cual esta Corte debe hacer respetar porque constituyen un elemento de la garantía constitucional del debido proceso (Disidencia del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, acción, opción
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez, Juan c/ Ingeniería y Construcciones S.A. s/ Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-08-11

El legislador consciente de la importancia del art. 17 de la Ley 9688, ha expresado su propósito en forma inequívoca y así tras declarar el derecho de opción entre la acción especial y la ordinaria ha sentado que, sin embargo, o sea pese a ser optativa, ambas acciones son excluyentes (Acciones optativas y acciones excluyentes en el campo del Derecho de Trabajo, por Mario Devech).

La acumulación de acciones resulta incompatible con el espíritu y letra de la ley, y siendo que cada acción tiene distintos requisitos de admisión y procedencia, que se traducen en diferentes cargas probatorias para cada parte, dicha acumulación no resulta admisible.
Ascenso policial, fallido
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: GOBIERNO DE MENDOZA Y OTS. c/ FRETTE ESTRADA ALEJANDRO MARCIAL s/ ACC. DE AMPARO S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2014-02-19

La restricción prevista en los artículos 3 y 4 de la ley 8131 de la provincia de Mendoza resulta inconstitucional, en tanto afecta el derecho del agente policial al ascenso en el ámbito de su carrera cuando se encuentra en situación falencial, pues resulta violatorio del derecho a trabajar, vinculado a la posibilidad de ascender en el cargo, involucrando la dignidad del trabajador y su posibilidad de progresar (del voto en disidencia del Dr. Palermo).
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chain, Jorge Omar c/ G.C.B.A. s/ Empleo público
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-19

Si bien la garantía de igualdad impone que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias (Fallos, 16:118; 123:106), tampoco impide "que el legislador contemple en forma diversa situaciones que considera diferentes, en tanto no establezca distinciones irrazonables e inspiradas en fines de ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de personas" (Fallos, 205:68; 237:334; 238:60; 298:197; 293:335; 301:381;

303:2021; 304:390; 305:823, entre otros).

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ha coincidido con esta línea jurisprudencial.

La violación del principio de igualdad sólo sucede cuando reciben tratamiento distinto personas que se encuentran en situaciones objetivamente iguales, o cuando se establecen normativamente diferencias que no se encuentran fundadas en criterios razonables, como cuando responden a propósitos persecutorios o de indebido privilegio de personas o grupos. En cambio, la garantía en cuestión no impide que se contemplen en forma diferente situaciones realmente distintas.
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Rosalía Villarroel de Guzmán - s/ Homicidio-Inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

Debe declararse en principio la nulidad de la concesión del recurso extraordinario basado en la arbitrariedad si no resulta debidamente fundada, al no dar satisfacción a los requisitos idóneos para la obtención de la finalidad a la que se hallaba destinada.
Trabajadores rurales, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: GIMENEZ, Jacinto c/ INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL TABACAL S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-08-24

No procede el reclamo por incapacidad absoluta y permanente que se funda en el art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo y, 71 y 76 de la ley 22248 por el hecho de que la Ley de Contrato de Trabajo contiene una exclusión explícita en su artículo 2º y donde a partir de la vigencia del R.N.T.A. se agregó que resulta inaplicable a los trabajadores agrarios. De ahí que resulte obvio que no es aplicable el art. 212.-
Reincidencia, reclusión accesoria por tiempo indeterminado, reincidencia múltiple, cómputo de la pena
Materia: PENAL
Carátula: RIQUEL, Juan Carlos s/ RECURSO DE REVISION. REINCIDENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

Tras la sanción de la ley 23057 sólo se computan a los fines de la reincidencia las condenas a penas privativas de libertad cumplidas total o parcialmente (art. 50) y a los efectos de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado la reincidencia debe ser múltiple, requiriéndose que el condenado haya cumplido por lo menos cuatro penas privativas de libertad (art. 52), cumplimiento que debe entenderse bajo régimen carcelario, según el texto y el espíritu de la ley. Y dado que el requirente, incluyendo la del presente proceso, sólo registra tres condenas en esas condiciones, si bien resulta reincidente no lo es en el grado requerido por el art. 52 para la procedencia de la accesoria en examen, razón por la cual el recurso de revisión también debe prosperar en este aspecto, por imperio de los arts. 551, inc. 4 y 2 del CPC.
Daño moral, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DE CRECENZIO LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-03-30

Para que proceda la recepción del daño moral resarcible se requiere la demostración de que el hecho ha ocasionado una lesión espiritual verdadera, un menoscabo en los bienes no patrimoniales que afecte la dignidad de la persona.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes
Materia: LABORAL
Carátula: RETAROLI DE FERNANDEZ, SILVIA c/ CRIS-MAR  S.R.L. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-13

La empleadora, en su calidad de persona jurídica, es responsable respecto a los actos de sus representantes legales y aún de sus empleados superiores, con base en lo que dispone el art. 1113 código civil, última parte. De manera entonces que debe abonar las indemnizaciones respectivas derivadas de la acción de un dependiente que, trasladando un arma perteneciente a uno de los patrones de la empresa, mató a un compañero al escapársele un tiro.
Concursos, pedido de quiebra, resoluciones judiciales, jueces, plazo, estado de insolvencia
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Residencia Alice SRL le pide la quiebra Provincia Aseguradora de Riesgos del trabajo c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

Procede confirmar la resolución que rechazó la defensa de incompetencia e intimó al accionado para que en el plazo de tres días desvirtúe la presunción de insolvencia, bajo apercibimiento de continuar con el trámite según lo dispuesto por la ley 24522 y decretar su quiebra. Ello pues, contrariamente a lo invocado, dicho plazo no se aprecia exiguo ni lo perjudica, si se tiene en cuenta que en autos la demandada ya fue emplazada en los términos de la LCQ 84, por lo que este nuevo plazo importó una nueva oportunidad para evitar el decreto de quiebra.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, robo con armas, arma descargada, simulada o defectuosa, delitos, tipo penal, agravantes de la pena, graduación de la pena, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

El Código Penal parifica las penalidades conminadas para las lesiones graves o gravísimas, producidas en ocasión del robo y aún las crimins causae y para el robo con armas. Ningún reparo puede ofrecer que el legislador haya impuesto penas severas equiparando los supuestos en que, en ocasión del robo o para perpetrarlo, se hayan lesionado bienes altamente jerarquizados o simplemente se los haya puesto en riesgo.

La presunción de legislador racional cedería no obstante cuando tan gravosa penalidad al menos respecto de la figura básica, cuyo mínimo se incrementa nada menos que sesenta veces quisiera hacerse extensible al simple supuesto en que la víctima sólo creyó encontrarse en peligro, sin estarlo, cediendo por ello su resistencia, lo que, por lo demás, es meramente presuntivo. No parece consultar ninguna pauta de razonabilidad que el legislador haya propiciado la aplicación de similar escala penal para el supuesto de quien se apodera ilegítimamente de cosas muebles ajenas intensificando ardidosamente la intimidación sobre el sujeto pasivo empleando un instrumento que carece de los atributos que lo hacen especialmente peligroso, de aquél que, para concretar su designio delictivo, con el arma empleada produce, por caso, la pérdida de un órgano en la víctima o, quizá, del simple transeúnte que quedó inmerso en el enfrentamiento. (De la disidencia del Dr. Giménez).

En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Faltas, régimen de faltas, caso concreto
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: VILLALBA AMARILLA, Gloria Bernardina s/ Obstrucción de procedimiento - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-16

En el caso, se condena a la infractora por encontrarla responsable de obstruir la inspección de los funcionarios administrativos en el inmueble de su propiedad, apareciendo insuficiente en la especie la actividad desplegada por la defensa a efectos de revertir la acusación.

La controversia propuesta se centró en el deslinde de la obligación de responder por parte de la infractora debido a que la frustración a la inspección devino del hecho de un tercero habitante de las unidades del inmueble, criterio errado de inicio en función de la manda del artículo 5 de la Ley Nro. 451.

En efecto, la doble negativa que motivó el labrado del acta configuró en la especie una acción desplegada "en nombre" o "bajo el amparo" de la incusa quien, cualquiera fuera el título en virtud del cual permitía o toleraba el uso y habitación de las unidades en que se dividía su inmueble -y como garante de la pacífica tenencia de las habitaciones del "hotel" que explotaba- no podía ignorar que cabía el ejercicio del derecho de exclusión a los ocupantes o inquilinos de la finca en cuestión como consecuencia del solo hecho de su legítima posesión, y en este sentido es que el "amparo" a que se refiere el citado artículo 5 de la Ley Nro. 451 resultaba en la especie también abarcativo de los actos tendientes a defenderla. Al efecto no obsta la alegada ausencia de directivas relacionadas con el eventual rechazo de funcionarios preventores, pues es precisamente la posición que la encausada ocupaba respecto de quienes allí moraban en forma temporal o permanente la que constituia tanto la fuente protectiva antedicha, como su correlativo y actual deber de afrontar las consecuencias jurídicas a ella atinentes.

Por ello, y toda vez que el franqueo definitivo de la entrada resultó posterior e independiente al hecho en juzgamiento, el deber de responder que pesa en cabeza de la imputada no aparece en modo alguno conmovido.