Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-11-30


En la Ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los TREINTA días del mes de Noviembre del año dos mil once, reunidos los Sres. Miembros de la Sala II de la Excma. Cámara Tercera de Apelaciones, a saber: Presidente el Dr. Edgardo Mario Cossy y Vocales Dres. Valentina Ramirez Amable y Roberto Croux, para conocer del recurso de apelación interpuesto en los autos: "Oubel José Manuel y otra c/ Balzano Italia y otro s/ ordinario", respecto de la sentencia de fs. 175/186. Que conforme al sorteo de ley efectuado a fs. 232, la votación tendrá lugar en el siguiente orden de votos: Dres. Ramirez Amable, Cossy y Croux.

Estudiados los autos, la Excma. Sala estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ Es justa la sentencia apelada ? A la cuestión planteada la Dra. Valentina Ramirez Amable dijo:

1.- Se originan las presentes en el accidente de tránsito producido en 31/12/1999 en la Ruta Provincial nº 11, a la altura de la localidad de Las Cuevas, oportunidad en la cual, colisionaron dos automotores -uno en el que iban los accionantes con sus 2 hijas y el otro, conducido por el co-demandado Balzano- hecho éste que causó la muerte de Paola Oubel, hija menor de edad de los actores. Refirieron los demandantes que, siendo aproximadamente las 10 horas del día 31 de diciembre de 1999, circulaban en su vehículo marca VW 1500, dominio UFG 538, en compañía de sus dos únicas hijas Paola y Nadia, por la Ruta provincial nº 11 y en dirección Paraná-Victoria. Al pasar por la zona de acceso a Doll-Las Cuevas, apareció el Sr. Italia Balzano en su vehículo pick-up Chevrolet, modelo 1966, Dominio VCW 843 quien detuvo la marcha al llegar a la Ruta Provincial nº 11 y de forma imprevista e irresponsable, no advirtiendo el tránsito automotor, reinició su marcha y tomó la mano de circulación de la ruta por la que venían los actores, obligando a Oubel a realizar una maniobra primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha -para evitar una colisión de frente-, la que ocasionó un derrape de su auto y posterior vuelco, con varios tumbos por la zona de banquina en forma de lomada. Atribuyeron responsabilidad a Balzano, por su actitud imprudente, pues ingresó a la ruta más importante -respecto de aquella por la que venía él circulando- sin prestar ni asumir el debido cuidado y atención a la circulación de los vehículos y menos al de los actores, a quienes no vio directamente ocupando la mano de tránsito de aquellos y obligándolos a hacer las maniobras de evitación de la colisión ya explicadas.

La demanda se entabló contra Italia Balzano, conductor y propietario del vehículo protagonista de la colisión y contra el Superior Gobierno de Entre Ríos, a quien los actores endilgaron responsabilidades varias, a saber: por la deficiente señalización de la ruta en el lugar del hecho, pues la curva existente carecía de cartel de reducción de velocidad y de marcas que indicaran el ingreso y salida de vehículos del camino que lleva a Las Cuevas. En segundo lugar, por las deficiencias de los servicios de policía y emergencia que se presentaron en el caso que, ante la discusión respecto de qué jurisdicción era la que debía entender en el accidente, demoraron excesivamente su arribo al lugar, al punto que fue por la asistencia de un médico particular que se encontraba en el lugar, que se decidió no esperar más y transportar a la accidentada en una camioneta particular hasta el Hospital San Martín de Paraná, donde falleció a los pocos días de ocurrido el hecho.

Reclamaron daño moral por el fallecimiento de la hija, de 19 años de edad, refiriendo que era estudiante de ciencias económicas, excelente hija y alumna. Dijeron además que la pérdida de su hija les ocasionaba la pérdida de una chance de ayuda económica futura, pues dada la excelencia de los estudios universitarios de ciencias económicas que cursaba aquella, era próxima la posibilidad de ser contadora pública nacional. Solicitaron se tuviese en cuenta, al momento de mensurar el daño, la fecha en que ocurrió el accidente -31 de diciembre- y el hecho que estaban bajo tratamiento psicológico, con motivo de la muerte de su hija Paola. Estimaron que el daño moral debía en el caso cuantificarse en una suma no inferior a $ 80.000 que era lo que reclamaban, aunque sujeta dicha estimación a lo que en forma razonable y adecuada se estimara judicialmente.

2.- El Estado provincial contestó la demanda y opuso excepciones de falta de legitimación pasiva, pues entendió que por la falta de señalamiento en la ruta, debió ser demandada la Dirección Provincial de Vialidad, ente descentralizado con personalidad propia para intervenir en autos. Asimismo, contestó la demanda, atribuyendo toda responsabilidad por el accidente al co-demandado conductor y dueño del vehículo, Sr. Balzano, sosteniendo que en el caso existía como causal eximente la conducta de un tercero -Balzano- por quien el Estado no debía responder, en tanto la ruta se encontraba en perfectas condiciones de transitabilidad. Respecto del accionar de la policía por el cual también se le atribuía responsabilidad, expresó que la policía se constituyó en el lugar a los 35 minutos de haber ocurrido el accidente, mientras que la joven víctima falleció un mes después en el Hospital San Martín -el 04/02/2000- (sic) en ocasión de estar practicándosele estudios de alta complejidad, por lo que el desempeño policial había sido correcto. Afirmó que tampoco existía relación de causalidad entre los hechos u omisiones endilgadas -presunto arribo tardío de la ambulancia, falta de señalización- y el daño -fallecimiento de la víctima-, pues la joven murió a causa de los golpes sufridos al ser despedida del auto, en tanto no llevaba colocado el cinturón de seguridad. En suma, consideró que la conducta del conductor Balzano fue la determinante de la causación del siniestro y no la señalización de la ruta -que sí existía- .

Cuestionó el monto del daño moral reclamado como así también la pérdida de chance que invocaron los actores de modo unificado, sosteniendo que no se aportaban pruebas de las condiciones de la víctima para justipreciar adecuadamente el daño moral y por otro lado, respecto de la supuesta pérdida de chance de ayuda económica, en tanto Paola no era la única hija de los actores por lo que el monto a tal efecto, también resultaba excesivo.

El co-demandado Balzano, contestó la demanda a fs. 26/9. Atribuyó culpa al actor Oubel, por circular en la emergencia a excesiva velocidad, lo que motivó que su parte detuviera la marcha antes de ingresar a la ruta. Sostuvo que fue Oubel, dada la velocidad que traía y su impericia demostrada al no disminuir velocidad al llegar a la curva y no saber resolverla, el único causante de la pérdida de estabilidad y posteriores vuelcos del vehículo.

Al contestar la excepción de falta de legitimación pasiva que opusiera el Estado, los demandantes solicitaron su rechazo y, asimismo, la citación como tercero obligado de la Dirección Provincial de Vialidad -fs. 33/4-. Mediante resolución obrante a fs. 36/7, se rechazó el pedido de citación de tercero y se dispuso no hacer lugar a la excepción como previa, difiriendo su tratamiento para el momento de dictarse sentencia. Dicho pronunciamiento fue consentido.

3.- La sentencia de fs. 175/186 admitió la demanda deducida contra Balzano y condenó a éste a abonar a cada uno de los actores la suma de $ 20.000 con sus intereses. Rechazó la demanda articulada contra el Estado Provincial.

Para así resolver, entendió el a-quo que cabía en el caso -tratándose de un accidente protagonizado por dos vehículos en movimiento- aplicar el art. 1113 2º parr, 2do apartado del Cód. Civil. En ocasión de examinar si se daban en el caso los recaudos de procedencia de la responsabilidad por riesgo creado -existencia del daño, nexo de causalidad, calidad de dueño o guardián de la cosa en cabeza del demandado- valoró especialmente la declaración de quien reputó único testigo presencial del hecho (Ramos), considerando que los restantes testigos, por no constar sus datos en el parte policial, resultaban de atendibilidad restringida, según jurisprudencia local que citó. Consideró además que las declaraciones del testigo presencial eran coincidentes, en términos generales, con las conclusiones de la pericia elaborada en sede civil a fs. 146 y que, de ese plexo probatorio, se podía concluir que el demandado se encontraba sobre la calzada de la ruta o bien que frenó bruscamente al arribar a la ruta con lo que sus ruedas quedaron apoyadas sobre el asfalto, invadiendo parte del carril de circulación por el que venía Oubel y que fue esa aparición sorpresiva la que motivó la maniobra del actor a fin de evitar colisionar, que terminó en los vuelcos que dió el auto en donde venía la joven fallecida. Entendió así que esa participación activa en el evento, aún sin contacto entre ambos vehículos, era suficiente para tener por acreditada la relación causal que exigía la norma del art. 1113 Cód.Civil. Desechó el argumento de Balzano referido a la excesiva velocidad que traía Oubel en la emergencia, pues conforme las pericias la velocidad de éste no era superior a la reglamentaria para el lugar -en zona rural, hasta 110 km/h, circulando Oubel a 101 km/h-.

Admitió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado provincial, respecto de la demanda deducida en su contra por falta de señalización de la ruta, en el entendimiento que tal reclamo debió dirigirse contra la Dirección Provincial de Vialidad, quien poseía personalidad jurídica propia para actuar como ente de derecho público y privado. Entendió que no cabía merituar la responsabilidad subsidiaria que al co-demandado podría endilgársele, justamente por no haberse trabado la litis con el sindicado como responsable principal -DPV-.

Para desestimar la demanda contra el Estado por las omisiones atribuidas a sus funcionarios en la prestación de los servicios policial y asistencial, consideró que si bien se encontraba demostrada la existencia de demoras en la asistencia, no sucedía lo mismo con la causa de esas demoras que bien podían obedecer a la distancia existente entre el lugar del hecho y el hospital a donde debía llevarse a la joven. Por ello, concluyó no se había acreditado en el juicio la existencia de nexo de causalidad entre las omisiones endilgadas a los agentes estatales intervinientes en el caso y la muerte de la joven.

Respecto de las sumas reclamadas, entendió que si bien los actores habían referido a la pérdida de chance económica, en rigor habían terminado reclamando sólo por daño moral, rubro que era diferente del primero y que, si bien el daño moral en caso de herederos forzosos era presumible re ipsa, para establecer la extensión del mismo y su cuantificación, cabía a los actores producir prueba al respecto, lo que no habían hecho, salvo acreditar la filiación, no habiéndose demostrado la invocada condición de estudiante universitaria de la víctima ni el tratamiento psicológico que dijeron estar realizado los actores. En suma, considerando que la víctima tenía 19 años, que convivía con sus padres, la fecha y condiciones del accidente y la conducta que adoptó Balzano en la emergencia quien, según dichos del testigo presencial, se alejó del lugar y debió serle requerido que volviese a ver lo sucedido, estimó justo cuantificar el daño moral en la suma de $ 20.000 para cada progenitor, más los intereses de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, excepción hecha del período entre marzo 2002 y junio 2003, en el que se devengaría la Tasa pasiva del BCRA, calculados desde el día del hecho y hasta el efectivo pago. Impuso las costas al vencido Balzano, y a los actores por la demanda rechazada contra el Estado Provincial.

4.- Ese pronunciamiento provocó la apelación de los actores y del demandado Balzano.

Los actores, se agraviaron del rechazo de la demanda contra el Estado provincial, sosteniendo que la responsabilidad estatal por el cuidado de las rutas era directa e independiente de la que cabía al ente estatal descentralizado encargado de su mantenimiento y cuidado y se configuraba por la falta de control del Estado de las actividades propias de la DPV, más allá que también poseía aquel responsabilidad directa por el cuidado, mantenimiento y seguridad de las rutas, máxime considerando la ausencia de carteles en el lugar del hecho, lo que dijeron, había sido acreditado en la causa y había sido una de las causas principales en la producción del accidente. De allí que la omisión estatal de supervisar lo actuado por la DPV, lo hacía incurrir en responsabilidad frente a los accionantes, fundado en lo normado por los arts. 1112 y 1113 Cód.Civil.

Se agraviaron también del hecho que en la sentencia se hubiese reputado no probado el nexo causal entre la falta de servicio policial y de salud pública y el daño ocasionado, sosteniendo que dicha conclusión carecía de sustento ya que era de conocimiento público y no requería prueba, que una ambulancia desde Diamante al lugar del hecho no podía demorar más de 30 minutos. Que en tal situación, habiendo quedado la víctima inconsciente luego del accidente, no cabían dudas que existía la posiblidad de obtener un mejor resultado en cuanto a la salud de la joven, si se hubiera contado con una asistencia inmediata y con la técnica médica adecuada a la situación. Que ese nexo de causalidad no requería más prueba que la de la demora en la prestación de los servicios y el posterior fallecimiento de la víctima, pues dicha demora probaba la negligencia o culpabilidad de los funcionarios públicos por los que el Estado debía responder.

Finalmente se agraviaron de las sumas condenadas, a las que cuestionaron por escasas, señalando que en la causa penal apiolada al expediente, se encontraban las constancias de la víctima referidas a sus condiciones personales (constancias de su carrera universitaria, certificadas por escribano público). Por ello, considerando tales elementos, sostuvieron que las sumas por daño moral debieron estimarse al menos en $ 40.000 para cada padre, que era lo que habían solicitado en la demanda.

El demandado Balzano, expresó agravios a fs. 209/213. Se quejó de la mecánica del accidente que el juez consideró probada y que hacía responsable únicamente a su parte del evento dañoso. En ese sentido, cuestionó la valoración de la prueba efectuada, a la que reputó efectuada de modo arbitrario haciendo especial mención del trato discriminatorio que el juez realizó respecto de los testigos presenciales, prefiriendo sólo a quien estaba consignado en el parte policial y desechando a aquellos que no estaban allí enunciados, entre ellos el Sr. Minetti, que declaró en sede penal desincriminando el accionar del Balzano y que había presenciado el hecho desde una mejor ubicación que el testigo elegido por el juez. Sostuvo que no cabía efectuar las diferencias de trato que hacía el a-quo pues, sin perjuicio de no haber sido consignado en el parte policial -lo que justificó en el hecho que al momento de llegar la policía al lugar este testigo no estaba allí por haber sido quien había ido a buscar el auxilio de la fuerza policial-, la declaración de este testigo se había prestado de modo espontáneo y cercano a la fecha del evento en la causa penal misma, de donde no correspondía considerarlo de atendibilidad restringida.

También impugnó la interpretación que de la pericial mecánica se había hecho en la sentencia, pues afirmó que de ella no surgía que Balzano hubiese ingresado a la ruta sino que aquel se encontraba detenido fuera de ella. Que tampoco se valoraron las otras declaraciones brindadas en sede penal que sostenían la versión de Balzano, en el sentido que su camioneta no ingresó al asfalto y se encontraba detenida antes de ingresar a la ruta.

Finalmente, se agravió de la nula incidencia causal que el juez otorgó a la conducta del accionante conductor del otro rodado pues, la velocidad con que circulaba en la zona de curvas y contracurvas y falta de control de su vehículo habían tenido sustancial participación en el accidente. Concluyó que, al menos el a-quo debió atribuirle corresponsabilidad a ambos conductores en el hecho ocurrido: a Balzano por haber frenado justo al borde de la ruta y a Oubel por circular desatento y a excesiva velocidad, propiciando una distribución de culpas (sic).

No se quejó de los montos condenados.

Sólo los actores contestaron los agravios vertidos por Balzano -cfr. fs. 215/216-.

5.- Cuestiones metodológicas aconsejan tratar primero la apelación del demandado Balzano, referida a la mecánica del accidente y a la atribución exclusiva de responsabilidad a su parte y luego considerar el recurso de la parte actora, referido a la desestimación de la demanda contra el Estado Provincial y a la cuantía de la indeminización fijada en la instancia anterior.

5 a).- En materia de accidentes de tránsito protagonizados por dos cosas riesgosas -dos automotores- deviene aplicable la norma del art. 1113 2º párr, 2º apartado del Cód. Civil. La intervención de dos cosas riesgosas en el accidente, no excluye ni neutraliza la aplicación de las presunciones establecidas en la norma citada sino que, en tal caso, las presunciones serán concurrentes o recíprocas, correspondiendo afrontar cada uno de los intervinientes los daños causados al otro, salvo prueba de la existencia de alguna de las circunstancias eximentes de dicha responsabilidad objetiva (cfr. esta Sala (cfr esta Sala in re: "Molina Strack Gabriel M. c/ Wolf Daniel O. -Sumario" expte 5619 del 31/07/2009; doctrina vinculante recaída in re: "Remises Alem c. Oris", 30/10/2001, Sala 2ª CyCom. del STJ).

Para la aplicación de la responsabilidad por riesgo, es menester la participación activa de una cosa calificada como riesgosa, debiendo entenderse que existe tal participación cuando la cosa es la causa del daño, y se trata de un vínculo de causalidad en el sentido preciso del término. La exigencia de intervención activa, no es sinónimo de contacto físico, entre la cosa que genera el daño y quien lo padece (cfr. Cámara Segunda de Pná, Sala II: "Sattler, Sergio Fabián c/Brandan, Cándido Rosa", 30/11/1995; "Dupertuis Omar E. C/Beisel Ernesto Omar - Sumario"27/02/2001). En consecuencia, la ausencia de contacto físico entre ambos rodados, resulta irrelevante a los fines de verificar la existencia de una relación causal -adecuada- entre el hecho y el daño a los fines de aplicar la responsabilidad objetiva consagrada en el art. 1113 2º párr, 2º apartado del Cód. Civil.

En el caso, no existió controversia en orden a que no se produjo entre ambos rodados contacto físico y en rigor, tampoco se ha discutido la participación activa del vehículo del demandado en el evento, aunque sí se ha controvertido a lo largo de todo el proceso, si el acercamiento a la ruta nº 11 desde un camino secundario por parte de Balzano y su intento de ingreso a la misma, ha sido o no imprudente o imperito. Sin embargo, por aplicación de la responsabilidad objetiva antes señalada, no cabía examinar la culpa de Balzano en el evento pues la ausencia de culpa no lo exime de responder.

La aplicación de la señalada responsabilidad indicaba que lo que debía verificarse, al no haber contrademandado el Sr. Balzano y haber reconocido la participación activa de su parte en el hecho, era la causal eximente de responsabilidad ensayada que, en tanto estamos analizando la responsabilidad por la muerte de una joven transportada en el vehículo de la parte actora, debe encuadrarse en la del hecho de un tercero -Balzano- por quien no debía responder el accionado. Así, esta eximente fue invocada por el demandado, mediante sus afirmaciones relativas a la excesiva velocidad que traía en la emergencia Oubel, conductor del vehículo en que circulaba la víctima y la consecuente falta de control de ese vehículo.

5. b).- En sus agravios, el accionado se ha quejado de la valoración de la prueba que efectuó el juez anterior, la que se anticipa, es correcta y ajustada a las reglas de la sana crítica consagradas en el art. 370 CPCC. En efecto, el ataque relacionado con la preponderancia de la declaración testimonial en que el juez fundó su razonamiento es inconsistente. Primero porque, tal como señaló el juzgador de primera instancia, el único testigo que declara en sede prevencional de modo espontáneo y sin ninguna vinculación con las partes es el Sr. Ramos, que circulaba por el lugar el día del accidente y que pudo claramente divisar las maniobras que precedieron al accidente fatal para la hija de los demandantes. En cambio, los restantes deponentes en sede penal y luego en esta sede, lo hicieron ya en sede de instrucción de la causa penal, no surgiendo ninguno de ellos de las actas labradas en sede prevencional, siendo de aplicación plena en este caso el criterio judicial que informa que, en tal situación, dichos testigos deben ponderarse como de atendibilidad restringida, debiendo darse prioridad a las pruebas objetivas, como la ubicación de los daños, entidad de los mismos, situación final de los rodados, etc. (cfr. Cám Segunda Pná, Sala II "Villanueva c. Portillo" 03/07/1998).

La justificación de quien se indica como testigo presencial del hecho -al igual que Ramos- respecto a la ausencia del mismo en el parte policial, tampoco es atendible pues, en sede penal -a fs. 132vta- el propio declarante indica que él arribó al lugar del accidente junto con la policía, circunstancia que quita toda seriedad a la excusa dada para no figurar en el indicado parte de la policía que relevó los datos del accidente.

Por lo demás, aún obviando la omisión de figurar el testigo en las actuaciones prevencionales, como indicó el juez, lo cierto es que Minetti además de ser conocido del demandado, resultó contradictorio en sus declaraciones cuando, primeramente en sede penal -fs. 131/133 de la causa que corre por cuerda- indicó que la camioneta del demandado no había ingresado a la ruta, mientras que en esta sede -fs. 110/112 - dijo que no pudo ver si la camioneta de Balzano había ingresado o no al asfalto luego de frenar, lo que resulta de toda lógica si vemos la posición que el mismo declarante señala tenía cuando escuchó el ruido de frenadas y prestó recién allí atención a lo que sucedía sobre la ruta -cfr croquis de fs. 3 del expte por cuerda, letra "M"-. Finalmente, para determinar si en la especie la conducta del conductor del vehículo en que circulaba la víctima, poseía virtualidad eximente de la responsabilidad objetiva atribuida a Balzano, el testigo de mención poco agregó, pues indicó que recién cuando escuchó las frenadas, prestó atención al accidente, por lo que sus afirmaciones referidas a la velocidad que llevaba el vehículo conducido por Oubel en la emergencia, constituyen meras deducciones carentes de valor probatorio.

Que el restante ataque que el apelante efectúa a la conclusión sentencial, es el relativo a la valoración de la pericial mecánica, donde se indica que por la ubicación de la frenada de la camioneta, la posibilidad de que, al menos una parte -la delantera- de la camioneta, quedase dentro del carril de circulación por donde transitaba Oubel y la velocidad que traída éste. La primera conclusión del perito, no ha merecido crítica idónea, más que la queja del apelante en esta instancia de apelación, emergente del confronte de esas conclusiones, con lo declarado por los testigos que achaca indebidamente desechados por el sentenciante, lo que vimos, deben considerarse de atendibilidad restringida. Por lo demás, el perito ha efectuado un razonamiento fundado y coherente con las restantes constancias obrantes en la causa por lo que a ellas cabe estar. A todo evento, el propio apelante reconoce de modo tácito la validez de estas conclusiones, al solicitar en sus agravios al menos la eximición parcial de responsabilidad en el hecho.

Respecto de la velocidad de aproximadamente 100 km/h que llevaba el auto del accionante, la misma fue indicada en la pericia y en la sentencia como reglamentaria para la zona por donde transitaba el actor -zona rural, máxima de 110 km/h, art. 51 Ley 24.449-. Y, si bien puede inclusive coincidirse con el apelante accionado que, dada la proximidad del cruce -en zona de curvas y contra curvas- a la que se acercaba el conductor del VW 1500, bien pudo éste haber circulado a una velocidad inferior, a fin de extremar los recaudos de circulación a velocidad precautoria -art. 50 Ley 24.449-, lo cierto es que tal apreciación resulta insuficiente a fin de atribuir a la velocidad del auto que manejaba Oubel alguna incidencia causal en la producción del accidente. Es que, conforme el curso normal y natural de las cosas, de no haber aparecido la camioneta del demandado de modo sorpresivo sobre el margen de la ruta al punto de invadir aunque sea sólo en parte el carril de circulación del actor, demostrando con ello algún intento de ingresar a ruta frente al automóvil de los actores, el accidente no hubiera ocurrido, pues no hubiera existido necesidad de realizar una maniobra de evitación -que tampoco fue discutida en las presentes- por parte de Oubel.

En suma, se concluye que con los elementos con que se constituyó el plexo probatorio en las presentes, no se ha podido acreditar interrupción del nexo causal que se atribuye al demandado por Balzano, por aplicación de la norma del art. 1113, 2º párr., 2º apartado del Cód.Civil, debiendo confirmarse en este punto la sentencia apelada.

6.- La queja del actor, respecto del rechazo de la demanda deducida contra el Estado Provincial también debe desestimarse. Es que, las alegaciones referidas a la responsabilidad directa del Estado por la omisión de control del ente descentralizado encargado del mantenimiento de rutas y caminos -DPV- no formó parte de los hechos litigiosos de autos al no haber sido invocado al demandar -momento en que quedó constituída la litiscontestatio de autos-. En efecto, en esa oportunidad los actores se limitaron a reclamar al Estado provincial por ser dueño de la ruta y responsable de su cuidado y mantenimiento, por lo que la responsabilidad por omisión ahora insinuada se encuentra vedada a este Tribunal, a consecuencia de lo dispuesto por el art. 269 CPCC.

Respecto de los agravios vertidos en orden al rechazo de la demanda contra el Estado por la falta de servicio, en esta Alzada los apelantes insisten sólo respecto de la falta de servicio de ambulancia, que arribó al lugar de modo tardío para auxiliar a su hija. Al respecto, debe señalarse que si bien la demora en acudir la ambulancia fue descripta por los testigos deponentes en autos y en sede penal, no han logrado demostrar en cambio los apelantes el desacierto de la conclusión sentencial en orden a que esa demora por sí sola no resulta demostrativa de un nexo de causalidad adecuado con la muerte de la joven, a fin de atribuir responsabilidad al Estado accionado. En efecto, ninguna prueba se rindió en las presentes al respecto, ni siquiera se cuenta con el testimonio de los médicos que auxiliaron a la joven en la emergencia, para valorar cual era su estado general -sólo indican los testigos que se encontraba inconsciente- y las posibilidades de mayor supervivencia en caso de haber sido atendida por el servicio de ambulancia en el lugar del hecho o bien de haber arribado unos momentos antes al hospital San Martín. Recuérdese que la joven no falleció en el lugar sino unos días después del hecho, estando ya hospitalizada.

La aludida falencia probatoria no puede sino redundar en perjuicio de los accionantes pues la prueba del nexo de causalidad, al estar controvertido el mismo por el Estado, como sucedió en este caso, pesaba estrictamente sobre los demandantes. En tal sentido se ha dicho que, para que opere la responsabilidad estatal por omisión ilegítima rigen los presupuestos derivados de responsabilidad extracontractual por lo cual, como en todo reclamo de indemnizatorio, no puede estar ausente el nexo causal entre daño y prescindencia estatal, de modo que las consecuencias dañosas puedan serle imputadas, debiendo responder si el perjuicio es consecuencia de la omisión en una relación causa a efecto sin elementos extraños que pudieran fracturar la vinculación causal y, en ese marco, quien reclame la indemnización debe probar, como principio, la relación causal (cfr. CCCLab Gualeguaychú, "Mansilla, S. G. y otros c. Coop. Consumo de electricidad de Gchú Ltda y otros", 26/02/2010, citado en:"Revista de Derecho de Daños, Responsabilidad del Estado, 2010-3, p. 700, Rubinzal-Culzoni editores).

Debe en consecuencia, desestimarse en este punto, el recurso de apelación de los actores.

7.- Resta considerar la queja de los accionantes en orden a las sumas que en concepto de daño moral fueran estimadas por el a-quo, las que han sido consideradas escasas. Si bien, tal como señalan los apelantes, las constancias de la carrera universitaria de la joven fallecida, debidamente certificadas por escribano público, fueron agregadas a la causa penal -cfr. fs. 227/231 del expte. que corre por cuerda- y no fueron impugnados de falsos dichos instrumentos, lo cierto es que para valorar la justicia de la estimación, no basta con la constatación de tal yerro en la apreciación del material probatorio por parte del juzgador.

Este tribunal ha sostenido que para acceder al aumento de un rubro indemnizatorio, no resulta válido partir de la premisa de que la suma estimada al demandar deba ser considerada -por ese único motivo- un piso mínimo a partir del cual, por el sólo hecho de no alcanzarse la misma con lo dado por el juez en la sentencia, deba considerarse baja la estimación pecuniaria hecha por el sentenciante (esta Sala in re "Wildner Marta Beatriz c/ Municipalidad de Paraná s/Sumario por daños y perjuicios", 30/11/2010, Nº 5598). Consecuentemente, para admitir la apelación y aumentar las sumas establecidas en la sentencia, habrá que merituar la justicia de los montos fijados en el pronunciamiento impugnado, en el caso, por daño moral por la pérdida de un hijo.

En autos, para arribar a la suma que en definitiva se fijó en la sentencia, el juez ponderó las circunstancias personales de la víctima, obviando sólo aquella relacionada con su carrera universitaria la cual, según se vio, había sido correctamente acreditada en juicio. Los restantes argumentos utilizados por la apelante para lograr el aumento del rubro -padecimientos espirituales sufridos por los actores, por la muerte de su hija, conducta del demandado en el accidente- fueron considerados por el juez no habiéndose demostrado, con la prueba producida en el expediente -aún computando la carrera universitaria de la víctima- que pudiera haberse arribado a una solución distinta que la dada por el sentenciante anterior en orden a la extensión de la indemnización acordada; máxime teniendo en cuenta que estamos en presencia de damnificados múltiples -ambos padres de la joven-.

Por tanto, la apelación en este punto ha de ser también desestimada.

8.- Existiendo vencimientos parciales y mutuos en la Alzada, se distribuyen las costas en el orden causado, art. 68 CPCC.

Los honorarios de Alzada se estiman de conformidad con lo dispuesto en el art. 64, es decir por lo que correspondería en primera instancia y de acuerdo al valor cuestionado en el recurso por cada uno de los apelantes. Así voto.- A la cuestión planteada el Dr. Edgardo Mario Cossy adhiere al voto que antecede por compartir sus fundamentos.

El Dr. Roberto Croux dijo:

En razón de existir coincidencia en los votos precedentes, me abstengo de votar en virtud de lo establecido en el art. 47 de la Ley 6.902, modificado por Ley Nº 9.234.

Con lo que no siendo para más, se da por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Valentina Ramirez Amable Edgardo Mario Cossy Roberto Croux Abstencion Ante mí:

Sandra Ciarrocca Secretaria de Cámara S E N T E N C I A :

Paraná, 30 de noviembre de 2011.

Y V I S T O S :

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se R E S U E L V E :

1º) Rechazar los recursos de apelación deducidos por la parte actora y el co-demandado Balzano y en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 175/186.

2º) Costas de Alzada por su orden, art. 68 CPCC.

3º) Regular honorarios de Alzada al letrado ... en la suma de Pesos Tres mil doscientos ($ 3.210,00), al letrado ... en la de Pesos: Dos mil ciento cincuenta ($ 2.150,00) y a los letrados ... y ... en la suma de Pesos: Dos mil cuatrocientos ($ 2.400,00) a cada uno, arts. 14, 31 y 64 ley 7046.

Regístrese, notifíquese y bajen.

Edgardo Mario Cossy Valentina Ramirez Amable Roberto Croux Abstencion