Empleo público, acto administrativo, impugnación del acto administrativo, acción contencioso administrativa, daños y perjuicios, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sosa Héctor Humberto y Otros c/ Municipalidad de Salsacate s/ Accion de Plena Jurisdicción - Competencia contensiosa administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-11-29

1- La Ley 7182 constituye un cuerpo ordenado de disposiciones normativas, motivo por el cual resulta contrario a las exigencias de una sana hermenéutica independizar la actuación de cada uno de sus artículos, componentes de un mismo sistema, ateniéndose a su mera literalidad y soslayando de ese modo la necesidad de desentrañar su verdadero sentido jurídico integrador, propio de una interpretación racional, que contemple al conjunto de las disposiciones que integran el sistema. Apegarse a la literalidad de la primera parte del art. 38 que establece que el Tribunal no podrá hacer en su sentencia declaraciones sobre derechos reales, personales o de otra naturaleza sin tomar en cuenta la parte final del mismo párrafo que expresa que la limitación impuesta a la resolución lo es sin perjuicio de reconocer la situación jurídico-subjetiva y adoptar las medidas necesarias para su restablecimiento, llevaría al extremo de excluir de la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de pretensiones de contenido patrimonial.

2- La acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción, mediante la cual el administrado procura una reparación integral del derecho subjetivo de carácter administrativo vulnerado por la voluntad ilegítima de la Administración.

El derecho subjetivo administrativo lesionado, en el cual aparecen configurados los elementos esenciales de todo derecho, tiene un contenido patrimonial, constituyendo así una especie del derecho de propiedad, cuya reparación reclama el particular damnificado. El derecho subjetivo administrativo lesionado, en el cual aparecen configurados los elementos esenciales de todo derecho, tiene un contenido patrimonial, constituyendo así una especie del derecho de propiedad, cuya reparación reclama el particular damnificado. Por consiguiente, en el Código de la materia existe base legal para sostener válidamente la competencia de las Cámaras para pronunciarse respecto de una pretensión de contenido patrimonial, reclamada por el administrado simultáneamente con la ilegitimidad del acto administrativo lesivo de su derecho subjetivo.	3- La cuantificación de la indemnización debe ajustarse a lo alegado y probado sobre la materia, tal que podría ocurrir inclusive que no hubiese daño alguno a resarcir si, por ejemplo, en forma inmediata los actores iniciaron una nueva actividad productiva, con retribución igual o mayor a la que recibían como dependientes municipales. Si no existe prueba contundente que acredite la cuantificación del daño debe considerarse que los agentes al quedar separados de sus cargos y por ende relevados del deber de prestar servicios, recobraron la utilización del tiempo libre para dedicarlo al ejercicio de otra actividad, que les reportara ganancias. Constituye una regla de la experiencia -salvo casos excepcionales- que toda persona que ponga un razonable empeño en desarrollar una actividad remunerada, con o sin relación de dependencia, no pasa una cantidad considerable de años, sin lograr ingreso alguno. Los ilegítimamente cesanteados están obligados a comprometer un "razonable empeño" en desarrollar una actividad útil, sin que resulte admisible el abandono de todo esfuerzo laboral, a la espera de una pretendida indemnización. El daño emergente de esa inactividad negligente no tendría relación causal con la cesantía, lo que eximirá a la demandada de la obligación de indemnizarlo (art. 1111 C.C.). (Voto del Dr. Sesin y Ferrer por sus fundamentos).