marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño moral, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Ana en nombre y representación de sus hijos menores: Daniel Alberto Vallejos, Noelia Rocío Vallejos y Pedro Agustín Vallejos c/ Mozatti, Rodolfo y S.E.CH.E.E.P. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-04-04

La cuantificación del daño moral o extrapatrimonial queda librada al prudente arbitrio judicial conforme las circunstancias del caso (art.165 del CPCC) y quien no esté conforme con tal evaluación por poco fundada que parezca, debe allegar al Tribunal argumentos críticos suficientes, fundados concretamente en los antecedentes del proceso para demostrar la inexistencia de los padecimientos o la exhorbitancia de la indemnización cuestionada.
Extradición, doble incriminación, tipo penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Arla Pita, Tamara y otros s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-31

A los fines del juicio de doble punibilidad mientras por lo general el país requerido no tiene impedimento alguno para confrontar los hechos imputados con su propia ley penal, la dificultad aparece cuando se trata de calificar un aspecto del hecho con arreglo a un elemento normativo del tipo. El elemento normativo del tipo introduce una valoración o calificación jurídica respecto de elementos descriptivos que no la tenían, y se vincula íntimamente con el resto del ordenamiento jurídico al cual pertenece.
Recurso contencioso administrativo, recursos administrativos, informalismo a favor del administrado, prueba documental, fotocopia simple, apreciación de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AQUILINO, GLADYS DELIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 672 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30

No cabe hacer lugar al planteo de inadmisibilidad del recurso planteado por la Provincia demandada por no haber solicitado resolución del caso con anterioridad a la interposición del recurso jerárquico, desde que la actora acompañó a las actuaciones copia simple de su presentación en tal sentido y, si bien es cierto que las fotocopias simples carecen de valor probatorio como prueba instrumental - lo cual les quitaría fuerza convictiva-, tampoco es menos cierto que la Administración procedió a dar trámite al recurso jerárquico interpuesto sin que se advirtiera en momento alguno la ahora invocada ausencia de solicitud de resolución, instando el recurso impetrado solicitando diversos informes, produciéndose dictámenes de organismos de asesoramiento técnico y jurídico, sin efectuar ninguna observación formal.

En tales particulares condiciones, la defensa esgrimida por la Administración al contestar la demanda no se condice con la tramitación que ella misma imprimió a las actuaciones en sede administrativa y su eventual acogimiento consagraría una solución excesivamente formal, por lo que resulta aplicable el principio "in dubio pro actione".
Concubinato, sociedad de hecho
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: L., J. A. c/ A., J. J. s/ Disolución sociedad de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-22

La existencia de un concubinato no genera presunción alguna en orden a la existencia de una sociedad de hecho entre los concubinos.Es que lo contrario importaría una asimilación (y sólo en cierto beneficio) contraria a la esencia propia y legal del matrimonio.Se daría una suerte de sociedad conyugal, donde justamente faltan los cónyuges.
Excepción de incompetencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, competencia por la materia, cuestión federal, juicios en que es parte una provincia
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Trabajadores del Estado c/ Corrientes, Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

Corresponde rechazar la excepción de incompetencia si la demanda corresponde a la competencia originaria de la Corte ratione materiae, por ser parte de un estado provincial y tener el pleito un manifiesto contenido federal, siendo la misma improrrogable, privativa y excluyente de las jurisdicciones provinciales.
Procedencia del recurso, derechos de exportación
Materia: COMERCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: CATAJUY S.R.L c/ EN- DGA s/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-02

El juez de primera instancia rechazó la demanda entablada contra la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas a fin de obtener la repetición de las sumas de dinero reclamadas en concepto de derechos de exportación, con más los accesorios correspondientes. El Tribunal de Alzada hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionante, dejó sin efecto la sentencia apelada, declaró la nulidad del Decreto N° 793/18 y reconoció el derecho de la parte actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa. Para ello, consideró que la cuestión a resolver resultaba análoga a la examinada en los expedientes Nros. 51468/2019 "Gut Metal S.R.L c/ EN- AFIP s/ Dirección General de Aduanas", resolución del 5 de mayo de 2022; y 21909/2021 "Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo", sentencia del 24 de junio de 2022.
Honorarios, regulación de honorarios, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: "Bustos  Luis  Fernando c/ Estado Nacional (Estado Mayor Generaldel Ejército) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-19

A los fines de la regulación de honorarios y sin perjuicio de las pautas establecidas en la ley 21.839 (art. 6 y concordantes) los jueces, tanto en la instancia originaria como en la alzada, tienen facultades propias para considerar preponderantemente dichas pautas, incluso sin sujetarse estrictamente al monto de la demanda, de tal manera que el emolumento a percibir por el profesional interviniente refleje con equidad y justicia la labor realizada, evitando una arbitraria regulación que imposibilite una desproporción injustificada entre el trabajo efectuado y su remuneración, y que precisamente se trata de impedir con las facultades conferidas por el art. 13 de la ley 24.432, las cuales resultan de aplicación, según las particularidades de cada caso (esta Sala "Guillermo Decker SA c/ Fisco Nacional", del 29/8/00). (Cons. I).
Reordenamiento del sistema financiero, honorarios, administrador judicial, regulación de honorarios, emergencia económica, pesificación
Materia: PROCESAL-CIVIL-ECONOMIA
Carátula: DONATO, Vicent
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-20

Si los honorarios cuyo cobro se persigue, fueron regulados en moneda que tiene curso legal en el país durante la vigencia de la ley de convertibilidad derogada por la ley de emergencia 25.561, no puede pretender el interesado -en el caso un administrador judicial- su percepción en otra moneda que no sea la oportunamente determinada.

No obsta a lo expuesto la circunstancia de que se haya trabado embargo sobre una cuenta en dólares estadounidenses (art. 619 del Código Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, MARISA SOLEDAD Y BASUALDO, ALBERTO GUILLERMO c/ OBRA SOCIAL DE PERSONAL DE LA CONSTRUCCION (OSPECON) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-03-25

Si bien es cierto que resulta un criterio afincado en esta Corte que las decisiones sobre cuestiones de competencia no constituyen, en principio, sentencia definitiva, ni pueden ser equiparadas a tales toda vez que no ponen fin a la controversia ni impiden su ulterior tramitación, tal principio admite excepción cuando lo resuelto cause un gravamen irreparable o medie denegatoria del fuero federal o una efectiva privación de justicia, y esto es lo que acontece en el "sub júdice" dado que el criterio asumido por la Cámara, confirmatorio de la sentencia del Inferior -que a su turno rechazó el planteo de incompetencia efectuado por la obra social demandada, permitiría encuadrar el caso en una de las situaciones de excepción al haberse denegado el fuero federal invocado por la recurrente.
Remuneración, ley de orden público
Materia: LABORAL
Carátula: Cáceres, Héctor Francisco c/ D'Ambra, Enzo y/o Citrofiat y/o quien resulte responsable s/ Reclamo laboral Citrofiat y/o quien resulte responsable s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-20

La libertad de contratación en las relaciones de trabajo, tiene limitaciones legales contenidas en normas de orden público -no derogables por las partes contratantes- que prescriben que es obligación legal del empleador el pago de los mínimos remuneratorios que corresponden según categoría y convenio colectivo en el que se encuentre comprendido, no pudiendo estos ser disminuidos, presumiéndose por otra parte que el trabajo dependiente tiene carácter oneroso.
Juicio de apremio, inhabilidad de título
Materia: CIVIL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Sucesores de De Martino, Nicolas Carmelo s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-05-13

A partir de la ley 13.406 (modif. por las leyes 13.930 y 14.333), la excepción de inhabilidad de título debe ineludiblemente surgir del certificado base de la ejecución y referirse únicamente a las formas extrínsecas del mismo, pues se encuentra absolutamente vedado el análisis de planteos referidos al origen del crédito ejecutado, afirmación que no llega a ser conmovida por los antecedentes jurisprudenciales que intentaron flexibilizar esa regla, pues se dan de lleno con el valladar impuesto por la legislación vigente aplicable.
Acción de inconstitucionalidad, medida cautelar innovativa, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: SOSA EDUARDO EMILIO s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-11-20

No pronunciarse sobre la suspensión del acto que se impone a este Tribunal (art. 9 Ley 2404) y cumplir en consecuencia el mismo, provocaría la posibilidad de que se considerara un prejuzgamiento sobre la constitucionalidad de la demanda dado que la misma al disponer que se declare "... la no subsistencia del cargo..." importa no sólo la insubsistencia nominal del mismo, que surge evidentemente de la ley, sino también la insubsistencia funcional que es lo que se debate. VOTO: DRA. TELLA EN DISIDENCIA
Unificación de penas, sentencia arbitraria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Barca, Jorge Ramón ó Alvarez, Luis Andrés s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-16

La determinación de la pena por unificación según el art. 58 del C.P. -mensurando en atención a las pautas de los arts. 40 y 41 del C.P. y eligiendo entre una suma aritmética o una composicional a esos efectos-, es una atribución propia y exclusiva del tribunal de grado, que resulta insusceptible de ser revisada en casación, salvo supuestos de arbitrariedad o de absurdo notorio. (Voto del Dr. David).
Propiedad horizontal, partes comunes, partes privativas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martínez, Antonio Joaquín c/ Pachiani, Beatriz Susana s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

El art. 2 de la ley 13.512 procede a indicar por vía ejemplificativa cuales son los bienes que, además del suelo, deben estimarse comunes (no incluye a las ventanas de los departamentos).

Con la enumeración que el artículo contiene el legislador no ha podido perseguir otro objeto que reafirmar el concepto expuesto en la primera parte de la norma, donde declara comunes aquellos elementos del edificio que se hallen afectados a un destino común, o cuyo uso y goce pueda ser ejercido por más de un propietario.
Sentencia condenatoria, lavado de activos, comercialización ilegal de estupefacientes, tenencia de armas de guerra, tenencia de municiones de guerra, coautoría, concurso real, prisión, multa, inhabilitación absoluta, costas, atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Paez, Arcelia Verónica y Romero Salvatierra, Emilio s/contrabando de estupefacientes acumulada jurídicamente a la causa N° 2613 caratulada: Cooman, Vitorio Aristo; Trujillo Vera, Ricardo Elmer; Ollaguez Rengifo, Jade; Muñoz Avila, Lilly; Adrianzen Sandoval, José Alberto; imputado de identidad reservada con la letra "D", Ramírez Muñoz, Agueda Yorbelini; Mascaro Timana, Julia Eva; Huamanta Cordova, Alex; Derezin Okada, Eddy Gustavo; Toscano; Juan Carlos  c/  s/ contrabando de estupefacientes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-02

Procede condenar a Emilio Romero Salvatierra por su intervención como coautor del delito de tenencia de sustancia estupefaciente con fines de comercialización, coautor del delito de tenencia ilegal de dos armas de guerra y munición de guerra de uso prohibido y coautor del delito de lavado de activos todos ellos en concurso real -arts. 45 y 55 del CP, art. 5 inc. c) de la Ley 23.737 y el art. 303 inc. 4° del CP-, a la pena de cinco años y cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo, multa -art. 5to. C) Ley 23.737- la cual deberá ser abonada dentro de los diez días que adquiera firmeza el presente fallo -bajo apercibimiento de ejecución-, inhabilitación absoluta por el término de la condena para la administración de sus bienes, del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos y para el ejercicio de la patria potestad -art. 12 del CP- y al pago de las costas del juicio. Ha de precisarse que no median causales de justificación o inculpabilidad en orden al imputado, por lo que de conformidad con lo normado por el art. 431 bis punto 5 del CPPN y toda vez que necesariamente han sido tenidas en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes de los arts. 40 y 41 del CP, cabe imponer las penas allí fijadas. Al respecto vale decir que se tomaron como agravantes la gravedad de los delitos por los cuales fue encontrado culpable en función de la cantidad y la calidad de estupefaciente, armas y dinero del caso, la extensión del daño y peligro relativos a los bienes jurídicos afectados y la posibilidad de ganarse el sustento mediante una actividad lícita; como atenuantes la falta de antecedentes y la buena impresión recibida al momento de conocerlo personalmente.
Accidente de tránsito, daño, gastos de farmacia, gastos médicos
Materia: CIVIL
Carátula: NAVARRETE, Guillermo G. y Otros c/ Molina Héctor s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-09-25

Para determinar los gastos de farmacia y asistencia médica causados por un accidente de tránsito, no es indispensable la presentación de recibos y facturas, pero deben guardar relación con el daño sufrido.
Seguridad social, escalafón, Administración Pública, facultades reglamentarias
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: LLANO, SARA ELENA c/ Dirección Nacional de Recaudación Previsional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-04

Es atribución de la autoridad administrativa decidir la organización más adecuada para satisfacer las necesidades de cada época, ya sea por vía de crear nuevas estructuras o modificar las existentes, siendo lo importante la situación del agente al momento del cese, para que los elementos que constituyen su status jubilatorio no importen en los hechos una retrogradación por obra de modificaciones escalafonarias que alteren en pasividad el nivel jerárquico que se tuvo en cuenta al concederse el beneficio (cfr.

C.S.J.N., "Baglieto, Francisco E.", sent. del 11.6.85).
Deber de imparcialidad, recusación, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: San Martín, Sergio Adolfo y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-15

En tanto los hechos concretos que se les imputan a los justiciables en el principal remiten a diferentes víctimas que aquellas que fueron materia de juzgamiento en la causa en que emitieron sentencia condenatoria los jueces recusados, corresponde seguir el criterio de la CSJN en el precedente "Menéndez" (reg. 14.114, rta. el 9/11/2010). En lo relativo a la "animosidad manifiesta" aludida, los hechos invocados para sostenerla, aún de ser ciertos, no dan sustento a dicha causal de apartamiento, toda vez que sólo remiten a particulares circunstancias de la audiencia entonces desarrollada y que se vinculan con las facultades de dirección de aquella, propia del Tribunal (art. 370 del CPPN). El voto concurrente agregó que aún cuando en esta causa y en aquella ya resuelta por los jueces recusados se analice la responsabilidad de los aquí encausados por la comisión de delitos de lesa humanidad en el marco de la última dictadura, los hechos objeto de investigación serían distintos, al ser distintas las víctimas, por lo que su actuación no abriga temor de parcialidad alguno; y que la arbitrariedad alegada no es causal de recusación ni exterioriza de por sí enemistad, odio o animosidad.
Recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lanfranconi, Julio Roberto s/ Incidente de ejecución de Honorarios en autos: "Banco Provincia de  Buenos Aires c/ Batisti s/ Ejecución Fernandez, José Luis c/ Esteban, Rafael F. s/ Ejecución Rodero de Bruno Claudia c/ Bruno Daniel s/ Alimentos y Litis Expensas Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Chamar S.A s/ Ejecución Banco Edificadora de Olavarría c/ Corbellino Norberto s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-21|1995-05-18|1997-09-02|1997-06-05|1999-11-18

Constituye un presupuesto subjetivo de admisibilidad del recurso de apelación la legitimación de quien lo interpone, no encontrándose entre los legitimados los profesionales que asisten a los litigantes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción civil, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: SZLEGIEL CLARA c/ COHAN WAIMAN JOSE s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

En términos generales toda persona tiene la facultad de reclamar al estado el ejercicio de la jurisdicción para la protección jurídica de un derecho; pero es requisito esencial que en cada caso particular exista una legitimación para obrar en aquel que pretenda poner en movimiento tal actividad, la que estará dada por la titularidad de la relación jurídica substancial cuya existencia le cabrá probar.

Pero ese requisito por sí solo sería insuficiente si no va, a su vez, acompañado del interés propio y concreto del pretendiente en la cuestión que somete a decisión del órgano jurisdiccional, que se configurará con la necesidad o imprescindibilidad de satisfacer a través del proceso el derecho insatisfecho en el que ella se asienta.

Es por ello que , si bien nuestra legislación procesal no hace una referencia específica a ese interés, la jurisprudencia y la doctrina lo han considerado como un requisito de admisibilidad de las pretensiones, cuya ausencia puede declararse aún de oficio.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, prueba pericial
Materia: LABORAL
Carátula: Alarco, Epifanía c/ Ingeniero Augusto Spinazzola SEA s/ Indemnización por despido. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

La decisión que deja sin efecto la designación de perito en la causa no tiene carácter de sentencia definitiva en los términos del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que constituye una cuestión procesal anterior a la misma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sucesiones, investidura de la calidad de heredero, buena fe, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Kikel de Chiesa y otros c/ Mastromauro, José Américo s/ Petición de herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-24

Dado que la buena fe se presume cabe entonces a quienes alegan en el caso que la posesión de la herencia por el cónyuge supérstite no reviste tal carácter, acreditarlo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Principio de congruencia, declaración indagatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Can, Sami s/ Nulidad procesal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-05

A lo largo de la presente investigación no se ha visto afectado el principio de congruencia ni violado garantía constitucional alguna, al no haberse variado las circunstancias fácticas del hecho a dilucidar y que le fuera oportunamente informado en ocasión de su indagatoria.
Municipalidad, personal municipal, traslado, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PIRANI, HUGO CESAR c/ MUNICIPALIDAD DE CALCHAQUI s/ MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (CSJ EXPTE Nº   1304-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-21

La circunstancia de que la medida administrativa recurrida (traslado del actor) sea de carácter "provisorio" (como lo manifiesta la demandada), obsta -en principio- la procedencia de la cautelar solicitada.
Jurisdicción y competencia, ejecución de sentencia, honorarios del abogado, embargo, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Metalúrgica El Indio  S.A. c/ Mayor  S.A. s/ ordinario - Incidente de medidas precautorias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

El juez de la causa original es competente en la ejecución de los honorarios regulados por el juez que, por delegación de él, entendió en el trámite del embargo trabado sobre un bien ubicado en su jurisdicción.
Propiedad industrial, marcas, registro de marca, oposición al registro de marca, renovación de marca, falta de renovación de marca, uso de marca, falta de uso de marca, declaración de quiebra, desapoderamiento, bienes del fallido
Materia: COMERCIAL
Carátula: PEÑAFLOR SA c/ BODEGAS Y VIÑEDOS TALACASTO SA s/ QUIEBRA S/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-30

Resulta improcedente la pretensión por la cual se persigue que se declare infundada cierta oposición para registrar una marca, con base en el vencimiento del plazo de registración y la falta de renovación del registro de la marca del reclamado fallido, toda vez que la falta de uso y la caducidad de sus registros no obstan al reconocimiento de la cuestionada oposición de la defendida, cuando como en el caso- se verifica que: a) el ente societario defendido esta quebrado e integra el grupo económico "Greco" (anexo II, ley 22334), cuyo proceso falencial llevó a aplicar normas especiales (declarada la falencia de todo el grupo económico, se designó un interventor con amplias facultades -ley 22334, arts. 1 y 2- que actuó como síndico falencial -art. 4-, desplazando las normas ordinarias de la ley concursal, en razón de la especial gravitación institucional que el fenómeno provocó), b) a ello se adiciona el desapoderamiento, el cual, sumado al marco de actuación impuesto legalmente (ley 22334), razonablemente pudieron impedir el uso de las marcas y la renovación de los registros, porque si bien la ley exige su uso efectivo (conf. ley 22362, arts. 5 y 26), sin embargo, en la especie, existió fuerza mayor que torna inaplicable el principio general del art. 26 de la ley citada, excepción eficiente en la hipótesis y c) si está probado que el accionado obtuvo su registro y lo uso durante muchos años. Ello pues, el prestigio del signo asociado a sus productos, y el desempeño por el pretensor de actividad comercial en el mismo rubro, hacen menester reconocer que la marca del demandado es pública y notoria desde hace décadas, lo que, por su parte, es de conocimiento del accionante.