Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2006-07-05


Córdoba, julio 5 de 2006.

1º ¿Es nula la resolución impugnada? 2º ¿Qué solución corresponde dictar? 1º cuestión. - La doctora Tarditti dijo:

I. Por A.I. 20, del 5 de octubre de 2004, la Cámara del Crimen de Décima Nominación rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada J. B. R. (fs. 32/34), confirmando el A.I. 78 de fecha 24/8/04 dictado por el Juez de Control, Menores y Faltas de Villa Carlos Paz, por el cual el magistrado rechazó el incidente de recusación formulado por la imputada en contra del Fiscal de Instrucción G. M., por manifiestamente improcedente (fs. 13 y vta.).

Contra dicha resolución recurrió en casación el doctor M. O. P., en su carácter de defensor de J. B. R., impugnación que fue acogida por Sentencia 49, del 7 de junio de 2005, en la cual se dispuso anular el auto interlocutorio recurrido y reenviar las actuaciones al Tribunal de Origen, para que dictara nuevo pronunciamiento conforme a derecho.

En razón de dicho reenvío, la Cámara de Acusación de esta Ciudad volvió a expedirse sobre el punto, por Auto 251, del 2 de diciembre de 2005, en el que resuelve "confirmar el A.I. 78 de fecha 24/08/04, dictado por el Juez de Control, Menores y Faltas de la ciudad de Villa Carlos Paz, en cuanto ha sido objeto de recurso, esto es, el incidente de recusación planteado y bajar las actuaciones a los fines de que proceda conforme lo expresado en el considerando precedente, con costas (arts. 550 y 551 C.P.P.)..." (fs. 96).

II. Frente a esta nueva convalidación, la defensa de la imputada R. vuelve a recurrir en casación, invocando ambos motivos previstos en el art. 468 del C.P.P. (fs. 1/7).

1. Agravio deducido bajo el motivo sustancial (art. 468 inc. 1, C.P.P.): el impugnante denuncia la errónea inobservancia de la ley sustantiva, naturaleza ésta que atribuye al art. 60 inc. 12 del Código ritual, en tanto tiene un efecto sustancial o de fondo en su aplicación al caso o cuestión justiciable. Expone que el meollo de dicha hipótesis de recusación finca en considerar la existencia de circunstancias que afectaren la imparcialidad del magistrado (fs. 3 vta./4).

1.a) En primer lugar, explica que en los presentes, la encartada se ha constituido en querellante particular contra el Fiscal que instruye una causa en su contra, hecho que no permite sostener que dicho funcionario será imparcial (fs. 4).

Apunta que no resulta creíble, según la experiencia común, que un representante del Ministerio Público pueda ser ecuánime cuando dirige una investigación penal contra la misma persona que lo ha acusado de incurrir en un delito en ejercicio de sus funciones; tan es así que esa situación se encuentra contemplada como motivo de apartamiento en el inciso 7 del art. 60. Como en el caso esta circunstancia se ha dado con posterioridad al comienzo del proceso, esta causal no es aplicable y la cuestión deriva a la fórmula genérica del inciso 12 (fs. 4).

El razonamiento de la a quo resulta erróneo -refiere el quejoso- ya que las constancias de la causa indican que la imputada no ha sido reconocida como querellante "con sólo adosar a la denuncia el correspondiente escrito de constitución en querellante", sino que ello fue fruto de una ardua disputa judicial que concluyera con resoluciones del Tribunal de Alzada (A.I. 8, del 4/4/05), situación que desmiente la presunta ligereza o facilidad para constituirse en querellante, que insinúan los Vocales de la Mayoría (fs. 4 y vta.).

Recuerda además que en el sub examine, existe un plus dado por las declaraciones periodísticas del Fiscal de Instrucción, que evidencian una actitud parcial violatoria del art. 18 de la C.N. y 8.1. de la C.A.DD.HH. (fs. 4 vta.).

1.b) En segundo término y sobre este preciso extremo, el defensor reitera lo ya expresado en su impugnación anterior, en cuanto a que la imputada, ex vocal de Cámara en lo Penal, hoy jubilada, ha sido comparada con Luzi, una persona famosa por hechos aberrantes en esta Provincia, de enorme repercusión pública, que debió ser -por primera vez en el Poder Judicial- custodiado por fuerzas especiales equipadas con armas para combatir terroristas y que protagonizó una fuga de gran notoriedad (fs. 5).

Esta analogía entre dicho sujeto y la imputada, no puede ser considerada sólo como "inapropiada para los miembros del Poder Judicial" o un "mero alarde de supuestas condiciones personales...", sino que corrobora la animosidad del Instructor para con la doctora R. Si en sus dichos aquél calificó a ésta como más peligrosa que el mencionado Luzi, no puede ser considerado imparcial por ningún Tribunal sin que ello importe una errónea aplicación de la ley (fs. 5 y vta.).

1.c) Concluye que los dichos periodísticos del Fiscal, unidos a la calidad de querellante que la imputada tiene en su contra, acreditan -objetivamente- que no puede ser considerado un funcionario imparcial (fs. 5 vta.).

2. Agravio deducido a través del motivo formal (art. 468 inc. 2, C.P.P.): bajo dicha rúbrica, el quejoso reprocha la ausencia de motivación legal del decisorio (fs. 5 vta.).

2.a) Explica que las causales de inhibición (art. 60, C.P.P.), no constituyen un sistema cerrado, limitado, sino que habilita a las partes invocar otras causales también indicativas del riesgo de parcialidad. En el caso, la hipótesis genérica alberga aquellas otras circunstancias que demostraren tal afectación (fs. 6).

"Imparcialidad" significa falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de personas o cosas, que permite juzgar con rectitud. De los hechos referidos, no puede deducirse que el doctor M. actuará sin "prevención contra la imputada". La ha comparado reputándola más peligrosa que un notorio delincuente, es actualmente acusado por ella que se ha constituido como querellante particular en contra suyo, circunstancias éstas que no permiten sostener que el Fiscal vaya a ser imparcial en su actuación (fs. 6 y vta.).

2.b) Asimismo, agrega que la resolución en crisis inobserva el principio de razón suficiente. Si éste requiere que "la prueba en que se basen las conclusiones a que se arribe sólo puedan dar fundamento a dichas conclusiones y no a otras", realizando la exclusión mental hipotética se obtiene que "si M. no hubiera declarado que no me tembló la mano con la jueza R., menos voy a temerle a Luzi" (fs. 27 vta.) o la actora no hubiese sido reconocida como querellante contra M., no existen dudas que las constancias de autos llevarían a concluir que M. es imparcial, porque esas constancias de autos pueden considerarse fundantes de la conclusión, de tal forma que ella sea excluyente de toda otra. Mientras que si consideramos ahora la situación inversa -la que tenemos- que M. sí declaró que "no me tembló la mano con la jueza R., menos voy a temerle a Luzi" (fs. 27 vta.) y la actora sí ha sido reconocida como querellante contra M., entonces esas constancias de autos no pueden concluir en que M. es imparcial, porque no resultan "fundantes de la conclusión, de tal forma que ella sea excluyente de toda otra..." (fs. 6 vta.).

Concluye que de tal manera queda evidenciada la ausencia de razón suficiente del auto interlocutorio cuestionado, el que deviene nulo por dicha razón (fs. 6 vta.).

III. En lo que aquí interesa, corresponde efectuar una breve reseña.

1. En la primera resolución de la Cámara de Acusación, se desechó la configuración de la causal del art. 60 inc. 12 del C.P.P., con base en que "dado el carácter incipiente de dichos procesos investigativos, a la fecha no se encuentran corroborados con el grado de probabilidad requerido los extremos invocados por la denunciante, y por ende no existen -en los motivos esgrimidos- visos de interés o animosidad del Representante del Ministerio Público, que comprometa su imparcialidad ni que afecte la garantía del debido proceso y derecho de defensa en juicio consagrado en la Constitución Nacional (art. 18 C.N.), como para hacer lugar en esta instancia a la recusación interpuesta. No obstante lo cual, si el transcurso de la investigación de dichos procesos revelare con grado de probabilidad la afectación del debido proceso y derecho de defensa en juicio, ello merecería un nuevo planteamiento, análisis y posterior resolución..." (fs. 34 vta.).

Encontrándose la impugnación ya a estudio en esta Sede, el defensor acompañó copia del A.I. 5, de fecha 18/2/05, dictado por el Juzgado de Control en lo Penal Económico en los autos "Antecedentes remitidos por Cámara 10 en lo Criminal en autos 'R., J. p.s.a. de arma de guerra, etc. - Recurso de Apelación'", a raíz del cual se resolvió admitir a J. B. R. como querellante particular con relación a los delitos de daño y hurto contenidos en los arts. 183 y 162 del C.P., a la vez que se negó similar petición respecto de los hechos calificados como abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (arts. 248 y 249, C.P.). Tiempo después, el quejoso agregó copia de la resolución recaída en la instancia de apelación por él deducida contra la denegatoria anterior, en la que por A.I. 8, del 4/4/05, la Cámara 3º del Crimen de esta Ciudad revocó parcialmente la decisión impugnada, en cuanto rechazó la constitución en querellante particular por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (arts. 248 y 249, C.P.).

En tal estado de cosas, esta Sala sostuvo -en primer término- que el razonamiento de la a quo había omitido considerar "las declaraciones periodísticas del Fiscal de Instrucción ante el matutino La Voz del Interior (20/9/04), según las cuales aquél había expresado que 'no me tembló la mano con la jueza R., menos voy a temerle a Luzi' (fs. 27 vta.)" (fs. 64 y vta.).

Y en segundo lugar, atento al carácter provisorio que la propia Cámara de Acusación acordó a su decisión, se estimó que "la constitución de la imputada como querellante particular en la causa en la que se investiga la actuación del recusado constituye un hecho que exige ser ponderado por la Cámara -tal como ella misma lo había anticipado- a los fines de verificar la configuración de la causal genérica del inciso 12 del art. 60" (fs. 66).

Se concluyó, en consecuencia que ambos extremos -la constitución de J. R. como querellante particular y la omisión del Tribunal de Apelación de considerar dichos del funcionario ante la prensa- ameritaban que la a quo se pronunciara nuevamente sobre la materia traída a estudio.

2. Al responder al reenvío dispuesto, la Cámara de Acusación sostuvo -por Mayoría- el rechazo de la recusación deducida.

En lo atinente a las denuncias formuladas en contra del Fiscal M., apuntó que "estas denuncias han sido realizadas con posterioridad a que se iniciara proceso en contra de la nombrada y, por ende, no tienen el carácter excusante previsto en la norma del art. 60 inc. 7 del C.P.P., en función del art. 78 del mismo cuerpo legal... Como se advierte, las denuncias realizadas por la imputada en contra del Fiscal de Instrucción y la constitución en querellante, son posteriores al inicio del proceso seguido en su contra por lo que la norma no alcanza a dicha situación..." (fs. 94).

Por otra parte, al analizar las expresiones del funcionario ante la prensa, concluyó que el léxico utilizado, "si bien inapropiado para los miembros del Poder Judicial, pone de manifiesto un alarde de supuestas condiciones personales que implícitamente se autoatribuye, en orden a que su actuación no se ve afectada por la importancia de los imputados, pero en manera alguna constituyen una comparación entre las personas aludidas, como pretende inferir la defensa" (fs. 94 vta.).

Finalmente, concluyó que la causal genérica del inciso 12 no era de aplicación toda vez que "ni las expresiones periodísticas del recusado, ni el constituirse la imputada en querellante particular en el proceso penal después de iniciado el proceso ponen en riesgo tal extremo, teniendo especialmente en cuenta, en este último caso, que en los procesos investigativos antes mencionados, a la fecha no se encuentran corroborados con el grado de probabilidad requerido los extremos invocados por la denunciante, y por ende no se manifiestan -en los motivos esgrimidos- visos de interés o animosidad del Representante del Ministerio Público, que comprometa su imparcialidad ni que afecte la garantía del debido proceso y derecho de defensa en juicio consagrado en la Constitución Nacional (art. 18 C.N.), que sean pertinentes para hacer lugar en esta instancia a la recusación interpuesta..." (fs. 95).

IV. Adelanto opinión favorable al recurrente y paso a exponer las razones que sustentan tal decisión.

1. En forma liminar, cabe recordar que a raíz del oportuno acogimiento -por parte del Tribunal de Apelación- del planteo de inconstitucionalidad del art. 68 in fine, del Código ritual, se encuentra satisfecha la impugnabilidad objetiva de la presente resolución (T.S.J., Sala Penal, S. 49, 7/6/05, "R.").

2. En segundo término, debe repararse en que el impugnante ha presentado idéntico agravio bajo ambos motivos de casación (art. 468 incs. 1 y 2, C.P.P.). Sin embargo, involucrando la sustancia de su queja la fundamentación lógica del decisorio, la crítica sólo tiene cabida bajo la hipótesis formal (art. 468 inc. 2, C.P.P.), óptica a partir de la cual será tratada.

3. Fundamentar o motivar las resoluciones judiciales significa consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen (T.S.J., Sala Penal, "Feraud", S. 1, 16/2/61). Dicho recaudo -ha acotado la Sala- no se cumplimenta cuando se consigna una motivación que resulta sólo aparente, esto es, cuando se limita a efectuar una mera enunciación descriptiva de los elementos o pautas a valorar sin conjugarlos luego para la concreta solución del caso (T.S.J., Sala Penal, S. 84, 15/6/99, "Canutto"; S. 125, 30/11/04, "Pérez"; S. 141, 15/12/05; "Barrera"; confr. Núñez, Ricardo C. "Código Procesal Penal de la Pcia. de Cba.", anotado, p. 392, nota 7 al art. 417 inc. 4).

En tal defecto ha incurrido la a quo en relación a la incidencia de la constitución en querellante particular de quien aquí resulta imputada, en contra de su Instructor. Un sencillo cotejo de la argumentación de la primera y segunda resolución -cuando ésta fue objeto de un reenvío especialmente dispuesto para que se considerara dicha circunstancia- permite apreciar que la respuesta brindada coincide en modo casi textual.

Es que luego de afirmar que "ni las expresiones periodísticas del recusado, ni el constituirse la imputada en querellante particular en el proceso penal después de iniciado el proceso ponen en riesgo tal extremo" se provee -como único sustento de tal atestación- que "en los procesos investigativos antes mencionados, a la fecha no se encuentran corroborados con el grado de probabilidad requerido los extremos invocados por la denunciante, y por ende no se manifiestan -en los motivos esgrimidos- visos de interés o animosidad del Representante del Ministerio Público, que comprometa su imparcialidad ni que afecte la garantía del debido proceso y derecho de defensa en juicio consagrado en la Constitución Nacional (art. 18 C.N.), que sean pertinentes para hacer lugar en esta instancia a la recusación interpuesta..." (fs. 95).

Esta fórmula, como he dicho, reproduce en forma casi idéntica a la expuesta en la resolución donde lisa y llanamente se había omitido el tratamiento de la cuestión. Es fácil advertir, entonces, que la circunstancia que debió integrarse al razonamiento no ha sido efectivamente ponderada y que su inclusión en la argumentación es sólo aparente.

4. El vicio ameritaría un nuevo reenvío de la cuestión para que el Tribunal de Apelación la examine efectivamente. Sin embargo, tratándose de una causa en trámite que lleva largo tiempo paralizada en virtud de las sucesivas impugnaciones deducidas, estimo prudente no dilatar más la solución de la presente cuestión y -sin más- pronunciarme sobre el fondo.

4.a) A través de la recusación y excusación de magistrados y funcionarios, la ley pone a resguardo la garantía del juez imparcial o de la objetividad del integrante del Ministerio Público en el caso concreto (art. 75 inc. 22 C.N., en función de arts. 8.1 C.A.D.H.; 10, D.U.D.H., 14.1 P.I.D.C.P.; Maier, Julio B. J., "Derecho Procesal Penal", Editores del Puerto, Bs. As., 2003, t. II - Parte General: "Sujetos Procesales", p. 554; Vázquez Rossi, Jorge E., "Derecho Procesal Penal", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, t. II, p. 161; D'Albora, Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación", Abeledo-Perrot, Bs. As., 2005, 7º ed., t. I, p. 142; conf., C.S.J.N., "Fayt c. Estado Nacional", 14/07/99, cit. en Cafferata Nores, José I. -Tarditti, Aída, "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba -Comentado", Mediterránea, Córdoba, 2003, t. 1, p. 223, nota 433).

Con acierto afirma Jorge Vázquez Rossi: "se trata de asegurar a las partes las condiciones de un juzgamiento del que estén ausentes motivos que funden sospecha en orden a que el tratamiento de las personas y cuestiones se encuentre de algún modo condicionado por afectos, circunstancias de interés, vinculaciones o actuaciones anteriores o concomitantes que influyan sobre las decisiones..." (ob. cit., ps. 153/154). En palabras de Julio Maier, las diversas causales de exclusión confluyen en una misma razón genérica, esto es, "el temor de parcialidad en el juez investido para juzgar".

Ahora bien; para que proceda el apartamiento del magistrado o funcionario, no ha de requerirse certeza sobre el trato inequitativo, sino que ha de bastar la sospecha del mismo, en función de la sí efectiva acreditación de la circunstancia objetiva contemplada por el legislador. "La sospecha y no la seguridad de que ello sucede conforme a la situación especial del juez frente al caso -situación que sí debe ser conocida perfectamente- es aquello que funda la exclusión. De tal manera, el temor de parcialidad es un motivo genérico de exclusión de un juez, siempre que quien lo esgrima, alguien interesado en el procedimiento y su solución, demuestre la situación especial en la cual se halla el juez y su relación con la sospecha de parcialidad..." (Maier, ob. cit., p. 559).

4.b) La suficiencia de la sospecha para hacer operativa la exclusión no ofrece mayores dificultades cuando se trata de las causales expresamente delineadas en la ley. Así, vgr., ante la mera constatación del parentesco, de la emisión de un pronunciamiento previo o de la existencia de un litigio pendiente con alguna de las partes, procederá el apartamiento.

La cuestión adquiere complejidad, en cambio, si la hipótesis que se examina es la contenida en el inciso 12 del art. 60 del Código ritual, que impone la recusación o inhibición cuando en defecto de las causales anteriores, "mediaren otras circunstancias que, por su gravedad, afectaren su imparcialidad", fórmula que provee una significativa apertura al sistema y así permite "superar las 'lagunas axiológicas' que el propio ordenamiento procesal contiene en su catálogo" (Maier, ob. cit., p. 559).

En el ámbito de dicha causal genérica, a falta de una expresa previsión de la situación objetiva que genere desconfianza, habrá de efectuarse una cuidadosa ponderación a los efectos de establecer si dicha circunstancia, objetivamente considerada, permite sostener una sospecha razonable acerca de la parcialidad del juez o funcionario. Y será entonces la valoración en abstracto de la situación y no su efectiva incidencia en el devenir del proceso lo que impondrá la exclusión. Es que aguardar una concreta y tangible afectación a raíz de la actuación interesada resta eficacia a la garantía constitucional y por ello la sola acreditación de extremos objetivos que den base a razonables conjeturas sobre el proceder del magistrado -o en el sub examine, del miembro del Ministerio Público Fiscal- resulta suficiente para relevarlo de intervenir en dicha causa.

4.c) En tal marco hermenéutico, estimo que en el presente caso procede la recusación.

La imputada se ha constituido en querellante particular contra el Fiscal de Instrucción, adquiriendo así el carácter de acusadora privada de quien es, a su vez, acusador público suyo. Esta reciprocidad, a la sazón, no se verifica respecto de causas desvinculadas entre sí, sino que -muy por el contrario- la actuación que la encartada ha denunciado como delictiva por parte del Fiscal es -precisamente- la actividad desplegada por éste en la investigación dirigida contra aquélla. De ello es sencillo colegir la estrecha conexión que exhiben ambos procesos; basta ejemplificar con que parte de la prueba que los informa es común.

Cabe agregar un dato más: en el caso bajo análisis la calidad de querellante particular de la doctora J. R. no ha sido producto de una sencilla presentación, sino que ante la inicial denegatoria de la Juez de Control en lo Penal Económico de esta Ciudad respecto de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (precisamente, las figuras en directa relación con la actuación estrictamente funcional del doctor M.), la imputada debió insistir en apelación obteniendo un pronunciamiento favorable (fs. 47/52 y 55/58).

Y si a ello se agrega que el mismo funcionario, como con acierto ha sostenido la Cámara a quo, ha incurrido en expresiones ante la prensa que desbordaban su función, es razonable sostener que -sin que ello importe pronunciarse sobre una efectiva parcialidad del Fiscal- su actuación no se encuentra despojada de toda conjetura.

En otros términos, e insisto, obviando toda consideración de una concreta animosidad del recusado, no puede sostenerse indubitable el desempeño de quien se encuentra sindicado por la comisión de delitos por quien no se contentó con denunciarlo sino que se constituyó como acusador privado, respecto de hechos inescindiblemente ligados a aquéllos que debe investigar y en relación a los cuales -además- ha emitido desafortunadas expresiones ante los medios de comunicación. Y dado tal marco de circunstancias, apreciadas en abstracto, no ha de esperarse a que concretamente se adviertan "visos de interés o animosidad del representante del Ministerio Público".

Estas particularísimas circunstancias que exhibe el presente caso, sólo en su consideración conjunta resultan indiciarias de una situación objetiva que puede poner en riesgo la ecuanimidad del Instructor y ello ha de aventar la preocupación del Tribunal de Apelación acerca de que se propicie a los sometidos a proceso "burlar la normativa con sólo adosar a la denuncia el correspondiente escrito de constitución en querellante".

Voto, pues, afirmativamente.

La doctora Cafure de Battistelli dijo:

La doctora Tarditti da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La doctora Blanc G. de Arabel dijo:

La doctora Tarditti da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

2º cuestión. - La doctora Tarditti dijo:

I. Atento al resultado de la votación que antecede, corresponde hacer lugar al recurso deducido y en consecuencia, revocar la resolución impugnada en cuanto rechazó la apelación deducida por la defensa.

II. Sin costas, atento al éxito obtenido en esta Sede (CPP, arts. 550/551).

Así voto.

La doctora Cafure de Battistelli dijo:

La doctora Tarditti da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La doctora Blanc G. de Arabel dijo:

La doctora Tarditti da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal resuelve: I. Hacer lugar al recurso deducido por el doctor M. O. P., en su condición de defensor de la imputada J. B. R. y en consecuencia, revocar el Auto 251, del 2 de diciembre de 2005, dictado por la Cámara de Acusación de esta Ciudad, en cuanto confirmó el A.I. 78 de fecha 24/08/04, dictado por el Juez de Control, Menores y Faltas de la ciudad de Villa Carlos Paz. II. Sin costas (CPP, arts. 550/551). -María E. Cafure de Battistelli. - Aída L. T. Tarditti. - María de las M. Blanc de Arabel.