Beneficio de litigar sin gastos, suspensión del juicio principal, caducidad de instancia, interpretación de la ley, aplicación de la ley, sentencias contradictorias, recursos, admisibilidad formal, plazo legal, métodos alternativos de solución de conflictos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GODOY EDUARDO Y OTROS s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - CUESTION DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-02-16

Cuestiona la recurrente el decisorio que declara la perención de la instancia para el beneficio de litigar sin gastos que promovieran los accionantes del juicio principal. Motiva su agravio atribuyendo al juzgador errónea interpretación de los arts. 2 y 8 de la ley de Mediación 8858, y que determinó la no aplicación del art. 340, 1° par., del C. de P.C.

El impugnante fundamenta su derecho en la disposición ritual (inc. 3ro., del art. 383 C.P.C.) y a fin de demostrar la diversidad jurisprudencial existente en la materia, cita resolución dictada en sede civil. El Superior declara admisible formalmente la casación interpuesta. La Sala considera en base a los pronunciamientos que se confrontan los diferentes significados jurídicos, y por lo que existe decisiones antagónicas, adoptadas en fuero civil, justifica su intervención a fin de uniformar criterios.

Subraya que los fallos versan coincidentemente sobre la situación de un beneficio de litigar sin gastos cuyo proceso principal se suspende en razón de ser sometido a mediación. En el plano jurídico, la a quo entendió que, en esas condiciones, la suspensión del principal no alcanza al beneficio, pudiendo perfectamente perimir si se mantiene paralizado durante el plazo de la ley. En un sentido contrario, también se ha resuelto que la suspensión que afecta el pleito central se extiende al procedimiento de pobreza, el que, por ende, no queda expuesto al riesgo de extinguirse anticipadamente por caducidad.

Planteada la cuestión, se trata de dilucidar si estas actuaciones son susceptibles o no de perimir cuando el juicio principal en función del cual aquél se promovió, es enviado al organismo correspondiente a los fines de la mediación prevista en la ley 8858, con la consiguiente suspensión que se genera sobre el trámite de este procedimiento principal.

Entiende el Alto Cuerpo que en el supuesto que se examina el instituto de la perención de la instancia actúa normalmente, al paso que no se advierten motivos que lleven a considerar que el procedimiento en cuestión se suspende y queda excluido de la posibilidad de caducar.

Sostiene el Tribunal que los plazos de caducidad de instancia se suspenden cuando la parte se encuentra frente a la imposibilidad de impulsar el procedimiento, de suerte que la ausencia de actividad procesal no obedece a una omisión voluntaria de ella, quien pudiendo actuar deja de hacerlo, sino que por el contrario se debe a la presencia de un obstáculo insuperable que se ha impuesto a su voluntad impidiéndole proseguir con el ejercicio de la acción.

En todo caso lo importante es el impedimento de actuación que se le crea a la parte, lo que basta para desencadenar la suspensión del curso de la perención (art. 340, 1er. Párrafo, C.P.C.C.). En el supuesto de autos, se trata de establecer si el precepto del art. 8 de la ley 8858 que prescribe la suspensión del juicio que es remitido a mediación, o en su caso el proveído que dispone in concreto tal paralización y el consiguiente envío, es susceptible de ser interpretado en forma amplia y extensiva de modo que el beneficio de litigar sin gastos quede igualmente comprendido e n esa consecuencia jurídica.

Al respecto entiende que la circunstancia de que la causa principal sea remitida al Centro de Mediación, si bien conlleva un obstáculo a la prosecución del desenvolvimiento de ella, en cambio no comporta un impedimento de actuación en el ámbito específico del beneficio de litigar sin gastos que libere a la parte de proseguir su trámite, quien al contrario puede continuar gestionándolo sin ninguna clase de inconvenientes hasta obtener la providencia correspondiente.

Es indudable que el beneficio no es un incidente suspensivo de la causa a la cual se refiere, pues ésta puede proseguir su curso normalmente según las circunstancias que se le vayan presentando, mientras que aquél se sustanciará en forma independiente y en pieza separada y distinta del expediente principal.

De aquí, entonces, que la carta de pobreza importa un procedimiento incidental que reviste un relevante grado de autonomía frente al litigio central, por cuyo motivo la circunstancia de que éste último se paralice a los fines de ser sometido a la instancia de mediación no ejerce ningún influjo sobre ella, la que se mantendrá radicada ante el juez de la causa y podrá seguir tramitándose regularmente según su estado y en la pieza que le es propia.

El sistema de mediación es de carácter voluntario y está condicionado al previo acuerdo de las partes de acudir a este método alternativo de solucionar el conflicto que las enfrenta, al tiempo que únicamente de manera excepcional y extraordinaria se impone ella obligatoriamente a los litigantes, quienes deberán pasar por este medio no adversarial de solución de controversias sólo en los supuestos previstos por la ley, uno de los cuales se verifica en el supuesto sobre el que se discurre.

En la hipótesis de mediación obligatoria, destaca y no implica la compulsividad para las partes. Tal obligatoriedad se agota sólo en el señalamiento de una audiencia especial en la cual un mediador informará a los litigantes acerca de las ventajas que acarrea la mediación y los invitará a que ellas mismas encuentren la solución a la disputa.

Por consiguiente no se justifica entender que un incidente no suspensivo del litigio principal, como es la declaratoria de pobreza, se paralice a la espera del resultado final de aquella vía de excepción.

No es posible deducir que la paralización que sobreviene en la causa central comprometa igualmente a la carta de pobreza si de conformidad a los principios y reglas generales, no hay razón para eximir a los peticionantes de la carga de impulso que les incumbe a fin de hacer progresar el beneficio y conseguir la providencia que le ponga término. En estas condiciones la declaratoria de pobreza sigue siendo pasible de extinguirse anticipadamente.

Por las consideraciones efectuadas, la Sala concluye de que la premisa de derecho del auto interlocutorio impugnado, es correcta. Convalida así, la no aplicación en el supuesto de autos de la norma del art. 340 1° par. CPC. Ordena en definitiva rechazar el recurso de casación.