Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-15


NEUQUEN, 15 de Mayo del año 2014 Y VISTOS:	En acuerdo estos autos caratulados "MARTINEZ JAVIER MILTON Y OTRO C/ INDUSTRIA ARG. DE RECICLADO S.A. Y OTRO S/ D. Y P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE" (Expte. EXP Nº 452210/2011) venidos en apelación del JUZGADO CIVIL 3 - NEUQUEN a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, CONSIDERANDO:

Vienen los presentes a estudio de esta Sala a efectos del tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 318/319, contra la resolución de fs. 314/315 que declara la caducidad de la instancia, así también contra los honorarios regulados en dicho decisorio, por elevados.

En sus agravios de fs. 331/333 sostiene la recurrente que el magistrado no consideró la "purga automática del plazo legal en atención a la petición de fs. 301 mediante la cual solicitaba se proveyera la prueba ofrecida. Agrega que el acuse de caducidad fue anoticiado a su parte con posterioridad al acto impulsorio. Seguidamente enumera otras presentaciones que entiende activaron el proceso, incluyendo la de fs. 281 donde se requirió la apertura a prueba y reconoce que debió decir que se ordenara la producción de la ofrecida. Luego hace mención a hechos de fuerza de mayor. Argumenta que procede la revocación del decisorio cuestionado, y así lo solicita, con expresa imposición de costas a la contraria.

Corrido el pertinente traslado, es contestado a fs. 337/340 peticionando su rechazo con costas a cargo de la apelante.

Entrando en el análisis del recurso traído a estudio cabe señalar que, en materia de caducidad de instancia, debe prevaler una interpretación de naturaleza restrictiva por las consecuencias que este instituto trae aparejado en el proceso.

Así lo ha entendido reiteradamente esta Alzada al expresar que siendo una medida excepcional, resulta necesario realizar un interpretación compatible con la subsistencia de los derechos que la propia ley protege y con el fundamento que regula este instituto, dentro del marco de facultades de dirección y de impulso del proceso que tiene el Juez.

En el mismo orden de ideas, se ha sostenido que para interrumpir el curso de la perención de la instancia basta el propósito del litigante de mantener vivo el proceso, materializado mediante una expresa y concreta actuación tendiente a lograr la prosecución de la relación procesal, independientemente de que efectivamente lo logre o no.

Analizadas las constancias de la causa en base a lo señalado precedentemente, se advierte que con posterioridad al acuse de la caducidad -escrito agregado a fs. 287/288, del 9 de agosto de 2013- pero con antelación a la notificación del traslado del mismo, a fs. 301 se presenta la actora -el 23 de agosto de 2013-, peticionando se provea la prueba ofrecida, lo cual es un acto netamente impulsorio que evidencia expresamente el propósito del litigante de mantener vivo el proceso. Ello así, la presentación del escrito de fs. 301 purga la caducidad, sin que exista la posibilidad de que medie el no consentimiento de la contraria como ocurriría, conforme lo prevé el art. 315 del ritual, cuando la actividad proviene de una oficiosa conducta del órgano (PI T°IV F°671/672 2010 SALA III).

Por otra parte no podemos dejar de señalar que existe otra circunstancia por demás importante, por la que no procedía declarar la perención de la instancia, cual es, que la actividad pendiente se encontraba a cargo del juzgado.

En efecto: a fs. 272 ante el requerimiento de la parte actora -fs. 271-, el magistrado decreta la apertura a prueba sin proveer los medios ofrecidos -ya que estamos ante un trámite sumario-, posteriormente, efectuadas las notificaciones a las partes del auto referido, ante una nueva presentación de la accionante a fs. 281, el juez lo remite al proveído de fs. 272, cuando debió deducirse que los obrados estaban en condiciones de despachar la prueba sin necesidad alguna de petición expresa de los litigantes.

La Sala I, en los autos caratulados "E.P.A.S. C/ GONZALEZ MANUEL S/ COBRO SUMARIO DE PESOS" (EXP Nº 418318/10) mediante voto disidente del Dr. Pascuarelli dijo:

"Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: "[...] en el caso, si bien ha transcurrido el plazo fijado por la norma legal citada, la acusación no puede prosperar. Contestado el traslado conferido a fs. 130 vta. la causa quedó en las condiciones enunciadas en el art. 359 del código citado, de modo que el Tribunal debió declarar la cuestión de puro derecho o abrir la causa a prueba, según correspondiese." "3°) Que mal puede sancionarse con el instituto de la caducidad a quien pudo considerarse desligada de la carga de instar el procedimiento, en la medida en que no resultaba necesaria petición ni presentación alguna para la prosecución del trámite. En efecto, tal como lo impone el artículo citado del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, corresponde que se declare la cuestión de puro derecho si puede ser resuelta como tal, o bien, si se han alegado hechos conducentes acerca de los cuales existe discrepancia entre las partes, aunque éstas no lo pidan, se abra la causa a prueba inmediatamente después de contestado el traslado de los documentos o de vencido el plazo para hacerlo (art. 359, código citado; y arg. C.59.XXVIII "COMFER c. Neuquén, Provincia del s/ inconstitucionalidad", pronunciamiento del 3 de diciembre de 1996)." "4°) Que no cabe extender al justiciable actividades que no le son exigibles en tanto la ley adjetiva no se las atribuye, sin riesgo de incurrir en una delegación no prevista legalmente" (FALLOS 327:440)".

Por todo lo expuesto, se impone revocar el decisorio del 314/315, dejando sin efecto los honorarios regulados en el mismo, deviniendo en consecuencia abstracto el tratamiento del recurso articulado contra los emolumentos.

Las costas de ambas instancias se impondrán en el orden causado, ante la inexistencia de jurisprudencia unánime sobre la cuestión (art. 68 -2do. ap. del CPCyC), debiendo continuarse con el trámite de autos.

Por ello, esta Sala III RESUELVE:

1.- Revocar la resolución de fs. 314/315 en los términos establecidos en los considerandos respectivos que integran la presente, debiendo, en la instancia de grado, continuar con el trámite de autos, conforme su estado.

2.- Costas de ambas instancias en el orden causado.

3.- Regístrese, notifíquese y vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA.