Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-28


SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 28420 SALA V. AUTOS: "MINOTTI ALBERTO Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS" (JUZGADO Nº 20) En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 28 días del mes de febrero de 2012 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

I. Llegan los autos a conocimientos de esta instancia con motivo del recurso de apelación que interpuso el demandado a fs. 883/900, con réplica de fs. 904/919, contra la sentencia de fs. 876/879.

El Señor Fiscal General ante la C.N.A.T., se expidió a través del dictamen de fs. 926/vta.

II. Considerando que al recurrir la sentencia definitiva el demandado actualiza los agravios que invocó respecto de la resolución que (fs. 651) declaró la competencia material de este Fuero para entender en esta causa, el Tribunal anticipa que tendrá favorable recepción.

Ello es así, dado que estimo, no obstante el avanzado estado de tramitación de esta causa, que las específicas particularidades que ofrece el debate tornan razonable receptar la excepción de incompetencia material planteada por el demandado. En efecto, no ignoro la jurisprudencia que ha remarcado que en principio correspondería continuar con la sustanciación de las actuaciones a pesar de la incompe-tencia en función de razones de celeridad y economía procesal. Pero, a mi juicio, existe un obstáculo insalvable que me hace proponer indefectiblemente la carencia de aptitud para juzgar en este caso. En ese sentido resulta inprescindible examinar el origen de la acción como así también la relación de empleo público existente entre los litigantes. Y así lo digo porque el propio escrito de demanda surge que los actores han actuado como inspectores de control de ingresos y egresos de personas al país y lo han hecho vincula-dos con la Dirección Nacional de Migraciones. Este presupuesto con mas el reclamo de los actores referentes a incrementos salariales decretados por el PEN y el reconocimiento de ellos mismos de ser empleados públicos hace necesario -reitero- desplazar la competencia de este Fuero por cuanto la cuestión en debate no puede para nada quedar enmarcada en el diseño del art. 20 de la L.O.

Por ello, resuelvo revocar la resolución de fs. 651, declarar la incompetencia material de la Justicia Nacional del Trabajo, dejar sin efecto la sentencia de fs. 876/879 y remitir las actuaciones al Fuero en lo contencioso Administrativo Federal. Imponer las costas de alzada en el orden causado atento la naturaleza de la cuestión debatida en autos (artículo 68 del C.P.C.C.N.). Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de los actores, del demandado y del perito contador en las sumas actuales de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), PESOS OCHO MIL ($ 8.000) y PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) respectivamente.

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

La decisión de fs. 651 que no hizo lugar a la excepción opuesta a fs. 640 vta. y declaró la competencia de estos tribunales, resultó apelada por la Dirección Nacional de Migraciones a fs. 653/659, aunque el recurso se tuvo presente en los términos del art. 110 L.O. (fs. 660). A fs. 876/879 la jueza interviniente dictó sentencia definitiva.

La parte demandada actualizó su apelación a fs. 884/892 vta. Y, corrida vista al Ministerio Público, el Sr. Fiscal Gral. ante esta Cámara sugiere revocar aquel pronun-ciamiento (dictamen nº 53.800 obrante a fs. 926).

Considero suficientemente aclarado que los accionantes son empleados públicos dependientes del Estado Nacional (ver entre otras fs. 29 vta., 30 -primer y último párrafos-); y en consecuencia, estimo que la cuestión debe decidirse de conformidad con los argumentos vertidos por el Sr. Fiscal Gral. que comparto y que, en aras de la brevedad, doy aquí por reproducidos, incluso en cuanto se remiten a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre el alcance que cabe otorgar a la invocación de las convenciones colectivas ley 24.185. Ello conlleva la revocatoria de la decisión de fs. 651.

Destaco que en la sentencia dictada en el caso "Minotti, Alberto y otros c/ Estado Nacional Ministerio del Interior Dirección Nacional de Migraciones s/ diferencias de salarios", expte. nº 7.665/2005 (sentencia definitiva de esta Sala nº 71.971 del 30-11-2009) no fue tratada cuestión de competencia alguna, pues en el recurso que vino a consideración de este Tribunal, se discutía una cuestión de fondo, de modo que no hubo allí pronunciamiento alguno específico sobre el tópico que hoy motiva la intervención de este Tribunal.

No paso por alto la circunstancia procesal derivada de que, por imperio del art. 110 L.O. y lo decidido a fs. 660, la causa continuó adelante y se dictó sentencia sobre el fondo del asunto; pero ello por sí mismo no constituye a mi criterio razón suficiente como para resolver en distinta forma ya que, de así hacerlo, habría de admitirse también que resultaría insustancial actualizar los recursos respectivos en la oportunidad de apelar el fallo de fondo cuando se tratara de decisiones que declararon la competencia del Juzgado, ya que siempre y necesariamente en tales casos como el pleito siguió adelante debería soslayarse el tópico de la incompetencia ante lo avanzado del proceso, y confirmar derechamente lo resuelto, fuera o no competente la Justicia Nacional del Trabajo, conclusión que no me parece aceptable.

Precisamente, atendiendo a las situaciones que así pudieran producirse y las consecuencias disvaliosas que ello conlleva desde la óptica de la economía procesal, es que luego de la incorporación del Dr. Arias Gibert a esta Sala, resolví modificar mi anterior criterio a partir del caso "Ghioni, Pablo Daniel c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente - Acción Civil" (sentencia definitiva nº 73.102 del 29-4-2011) y consideré que debe asimilarse el caso de las resoluciones que declaran la competencia de este fuero -apeladas- al de las que deniegan citaciones de tercero y que se han considerando hace largo tiempo excepcionadas de lo dispuesto en el art. 110 cit.; para así decidir tuve en cuenta -entre otros argumentos- que la excepción de incompetencia es una de las pocas previstas como "de previo y especial pronunciamiento" en el art. 76 L.O., y que por ello y lo dispuesto en los arts. 67 L.O. y 4 C.P.C.C.N., se ratifica el carácter inaugural del instituto, pues se yergue así la competencia como una suerte de pórtico o portal, que es necesario atravesar en forma previa para adentrarse en el proceso mismo, lo cual torna aconsejable aceptar la apelación inmediata de los recursos que cuestionan decisiones mediante las cuales se declaró la competencia del Juzgado.

En el sub lite se decidió conforme dicho art. 110 L.O., pero lo cierto es que asistía derecho a la parte demandada -que apeló en su momento- a actualizar el recurso oportunamente interpuesto, de conformidad con lo que esa normativa y los arts. 117 y 118 L.O. prevén. Y es en consecuencia que debe resolverse.

Por lo expuesto, coincido con la propuesta del primer voto en tanto implica admitir la excepción de incompetencia opuesta, incluso en cuanto propicia la imposición de costas en el orden causado (art. 68 2ª parte C.P.C.C.N.) ante las circunstancias que han sido reseñadas más arriba; y, conforme lo dispuesto por el art. 38 L.O., me sumo a lo mocionado sobre la retribución de las labores correspondientes, con el alcance de lo aquí resuelto.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: I. Revocar la resolución de fs. 651, declarar la incompetencia material de la Justicia Nacional del Trabajo, dejar sin efecto la sentencia de fs. 876/879 y remitir las actuaciones al Fuero en lo contencioso Administrativo Federal. II) Declarar las costas de alzada en el orden causado atento la naturaleza de la cuestión debatida en autos. III) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de los actores, del demandado y del perito contador en las sumas de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), PESOS OCHO MIL ($ 8.000) y PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) respectivamente. IV) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que el Sr. Juez Oscar Zas no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345.

MLF Enrique Néstor Arias Gibert María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara