marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Impuesto a las ganancias, exenciones impositivas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Jockey Club de Rosario c/ DGI. s/ impugnación judicial de acto administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Si la asociación obtiene recursos derivados de la realización de carreras hípicas, no corresponde considerarla incluida en la exención del inc. m) del art. 20 de la ley 20.628, pues le alcanza la previsión del 2 párrafo del inc. f).
Medidas cautelares, Estado Nacional, Estado Provincial, Salta
Materia: PROCESAL
Carátula: Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-19

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar y ordenar al Estado Nacional que remita a la provincia de Salta los fondos a que se refieren los arts. 14 y 15 de la ley 24.049, si de los antecedentes agregados a la causa surgen, suficientemente acreditados, los requisitos exigidos por los arts. 230, incs. 1° y 2° y 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Competencia por la materia, competencia comercial, revisión judicial de actos administrativos, Inspección General de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: INSPECCION  GENERAL  DE  JUSTICIA  DE  LA  NACION c/ LA PRIMERAALBORADA SA DE CAPITALIZACION Y AHORRO S/ s/ ROCESO DE EJECUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-17

La Inspección General de Justicia promueve ejecución judicial de un acto administrativo (Resolución IGJ Nº 287/01) contra La Primera Alborada S.A. de Capitalización y Ahorro para Fines Determinados. Manifiesta que mediante dicho acto se dispuso cancelar la autorización a la firma demandada para operar en la administración de sistemas y operatorias de captación de ahorro público, disponer la liquidación de sus operaciones, y la consiguiente disolución y liquidación de la sociedad, entre otras medidas. Funda su derecho en los arts. 9 y 14 de la ley 22.315, 52 y 60 del decreto 142.277/43, 12 de la ley 19.549 y en la resolución IGJ 287/01. La ley 22.315 en que funda el derecho la accionante -entre otras normas- dispone que las resoluciones de la IGJ son apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, cuando se refieran a comerciantes o sociedades comerciales (art. 16). Es decir que ha establecido un fuero específico para entender en cuestiones como la que aquí se ventila, lo que conduce a confirmar la decisión apelada.
Incidentes, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perrota, Pablo Martín y otros c/ Díaz Baliero, Humberto s/ Daños y perjuicios Tissone, Rubén O. y otro c/ Fodde, Omar y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-21|1994-03-24

En los incidentes, la vigencia del principio objetivo de la derrota se encuentra más acentuada, existiendo como única causa de eximición, que se trate de una cuestión dudosa de derecho (art. 69, primera parte, CPCC.).
Rescisión del contrato administrativo, rescisión por la administración, impugnación del acto administrativo, falta de impugnación, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESTADO NACIONAL (CDO. EN JEFE DEL EJERCITO) c/ KOERTING EMPRESA IND. Y COM.  S.R.L. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

Si la empresa demandada no impugnó en sede administrativa el acto rescisorio dispuesto por el órgano castrense, ni dijo de modo concreto y formal de nulidad en esta sede judicial ni reconvino en tal sentido, resulta improcedente tratar el reclamo de la recurrente referido a vicios o defectos del acto bajo análisis, ya que éste goza de uno de los caracteres de los actos administrativos cual es el de presunción de legitimidad.
Padecimientos mentales, prestación educativa
Materia: CIVIL
Carátula: V.G. c/ O.S.D.E. y Otro s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-09

G.V. de 11 años de edad es afiliada a OSDE, padece de retraso madurativo global (v. copia del certificado de discapacidad), y que requiere de educación común con integración (v. certificados médicos). La elección del "Colegio Armonía" no resulta antojadiza, en virtud de que así ha sido indicado por la profesional que asiste a la menor (neuróloga infantil) quien contraindicó el cambio de institución. OSDE se limitó a enumerar las escuelas dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que aceptaban proyecto de integración sin ofrecer detalles respecto de si cubren las necesidades de la hija de los actores ni si contaban con la vacante correspondiente para su desempeño escolar. Resulta pues, lesivo al derecho a la salud que la accionada niegue la cobertura de la prestación solicitada, e intente invertir la carga probatoria y colocarla en cabeza de la actora cuando dicho requisito no se encuentra impuesto por la ley 24.901, ni por Resolución 428/99 del Ministerio de Salud y Acción Social. En ese sentido, afirmar lo argüido por la demandada implicaría desconocer el espíritu que anima la ley 24.901, que contempla la posibilidad de brindar educación especial en institutos de escolaridad común y de carácter privado.
Personal militar en actividad, adicionales de remuneración, carácter remunerativo
Materia: LABORAL-MILITAR
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Sosa, Carla Elizabeth y otros c/ EN -M. Defensa- Ejército s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg. c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-21

Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda promovida por integrantes del personal en actividad del Ejército contra el Ministerio de Defensa y declaró el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos "por responsabilidad jerárquica" y "por administración del material" creados por el decreto 1305/12 y sus modificatorios, dado que los suplementos mencionados no reúnen en la práctica ninguna de las características mencionadas en el art. 57 de la ley 19.101 para ser considerados suplementos particulares, sino que comportan lisa y llanamente un aumento en la remuneración de la generalidad del personal militar en actividad. Las retribuciones así previstas no son meramente sumas accesorias o adicionales, sino que representan una parte sustancial de la remuneración, lo que, unido al carácter general con que fueron establecidas, conduce también a reconocerles características similares al concepto "sueldo".
Delitos contra la integridad sexual, guardador
Materia: PENAL
Carátula: MERCADO, ENZO GUSTAVO s/ ABUSO DESHONESTO - GUARDADOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-03-31

El encargado de educación o guarda puede reconocer su origen en la ley (por ej. el tutor) o en situaciones de hecho en las que una persona queda encargada de otra con prescindencia de que aquella tenga o no representantes legales (padres, curadores, tutores); así tiene la guarda quien asume voluntariamente sobre un menor abandonado, o sobre un insano, por su propia voluntad y sin intervención de autoridad alguna; basta que esa relación esté materialmente establecida, aún marginada de las disposiciones legales.

El encargado de la guarda de la víctima es también el que de modo regular (el simple encargo momentáneo de vigilancia no está comprendido) cuida la persona de aquella, atendiendo sus necesidades o ciertos aspectos de las mismas, aunque no conviva y se trate de un encargo que se desempeña con continuidad (por ej., el acompañante de un menor en un prolongado viaje al extranjero).
Recurso extraordinario de nulidad, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ganino de Di Cosmo, María Carmela c/ Berardi, Alfonso y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20

Tanto el an debeatur como el quantum debeatur constituyen cuestiones esenciales y deben estar fundadas en ley.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, empleados públicos, relación de dependencia, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Mendoza, Marcos Francisco c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Laboral (Expte Nro. 62-93) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-02

La Ordenanza 8527 -"Estatuto para el personal de la Administración Central Municipal y sus organismos autárquicos y/o descentralizados" - expresamente determinaba que éste no comprende al "personal de los Bancos Municipales y/o Comunales" (inciso g, artículo 2), al "personal comprendido en convenciones colectivas de trabajo" (inciso k), al "personal docente..." (inciso l). El personal del Instituto Frigorifico Municipal se encuentra inmerso en el Convenio Colectivo de Trabajo, por lo tanto las normas de la citada ordenanza no resultan de aplicación, ni en cuanto refieren al nombramiento de personal ni en cuanto a la disolución del vínculo laboral, rigiendo incluso, en relación a la retribución, no sólo el Convenio Colectivo de la Industria de la Carne, sino lo establecido por el artículo 11 de la Ordenanza 8645 sobre distribución de utilidades. Su aplicación deviene necesaria no por ser norma de orden público (porque el convenio de referencia no resulta ser en la especie fuente en sentido objetivo) sino porque el empleador ha incorporado las cláusulas normativas al contrato individual del empleado, y en tal carácter éste puede exigir su aplicación. (De los Fundamentos del Dr. Marin -En Disidencia-). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Es competente la Justicia del Trabajo para dilucidar los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes?
Competencia contencioso administrativa, acción de lesividad, reglas de la sana crítica, costas
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Estado Provincial s/ Acción de Lesividad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-26

Los representantes del Estado provincial impugnan la prueba ofrecida por a codemandada. En el sub lite se ha interpuesto acción de lesividad, persiguiendo se convalide judicialmente la nulidad resuelta en sede administrativa del Decreto PD Nº850/02.

Nuestro ordenamiento procesal exige que el objeto de la prueba sea pertinente o conducente a los fines de dirimir el conflicto que se plantea, puesto que la finalidad de la actividad probatoria es crear la convicción de la existencia o no de los hechos alegados por las partes.

Como es sabido, la pertinencia de la prueba significa que el medio probatorio sea adecuado para el fin propuesto en orden a la pretensión esgrimida, por lo que determinar a priori, si la misma es conducente o no para la determinación de las circunstancias fácticas invocadas como sustento de la defensa esgrimida contra actos del poder administrador, en esta etapa procesal, resulta prematuro.

Más aún si se advierte que la mera denuncia de defectos formales en su ofrecimiento, en nada entorpece su producción, por cuanto en su mayoría se trata de instrumentos o documentos cuya exhibición o reconocimiento de firma, obran en poder de la actora.

A su vez, cumplidas las etapas procesales pertinentes, podrá determinarse con ulterioridad según las reglas de la amplitud probatoria y de la sana critica, en la oportunidad prevista por la ley adjetiva, su pertinencia, condicionada al reconocimiento del derecho pretendido.

Sin perjuicio, de que oportunamente se tenga presente el desinterés de la parte acerca de determinada prueba.

Que conforme a ello, lo previsto por los Arts. 364, 377, 386, 69 -primera parte-, correlativos y concordantes del CPCC, de aplicación supletoria por imperio del Art.74 del CCA, corresponde no hacer lugar a la impugnación de pruebas, debiendo imponerse las costas a la parte actora.
Juicio ejecutivo, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO MESOPOTAMICO COOPERATIVO LIMITADO c/ JUAN CARLOS PERCARA Y OTRO s/ JUICIO EJECUTIVO-SENTENCIA INCONGRUENTE-NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-02-13

La sentencia de remate desestimó las excepciones opuestas condenando únicamente a uno de los demandados, omitiendo todo pronunciamiento respecto de la codemandada. Siendo la sentencia un acto esencialmente unitario, donde se resuelven todas las cuestiones planteadas -lo que no se excluye por la existencia del litisconsorte ,aparece la resolución recurrida incursa en nulidad declarable "ex officio" en cuanto viola el principio de congruencia y su igual dispositivo, presagiando el posible escándalo jurídico resultante de dictarse dos sentencias en el mismo juicio, sin que aparezcan configurados los supuestos excepcionales que, sin autorizar la doble resolución, hacen que ella aparezca como consecuencia natural de los hechos insumidos en la causa. Confrontar FASSI -CPCC-ANOTADO BS. AS.

1978 -II- 532, NOTAS 2 Y 3; MORELLO Y OTRO CEPCC ANOTADO, BS.AS., LA PLATA 1975-VOL.VI-I, PAG. 579; PALACIO-DERECHO PROCESAL BS.AS. 1987 VII- 507.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Carnero, Carlos Silvestre. c/ Benito Roggio e Hijos S.A. y otros. s/ Haberes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

La sola circunstancia de discrepar el apelante con las conclusiones de la sentencia no es útil para conmoverla ya que a fin de habilitar la instancia extraordinaria se debe además de citar las normas legales que se reputan violadas o erróneamente aplicadas, indicar a la casación por qué el encuadre es como se pretende y por qué se configura el error en el modo como el tribunal de la causa ha resuelto la controversia.
Contrato de seguridad privada, servicios de vigilancia, vigiladores, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alto Palermo Shopping S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en  Alto Palermo Shopping s/infr. art. 11.1.7, contratación de prestadores no habilitados L 451
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-08

No asiste razón a la parte recurrente en cuanto afirma que se la sanciona por el hecho de un tercero, pues la conducta ilícita que regula el art. 11.1.7. de la ley nº 451 es la contratación de personas, físicas o jurídicas, que presten los servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas o bienes que no cumplan con los requisitos exigidos por la normativa vigente, norma que le impone a quien decide contratar una persona que presta esa clase de servicios el deber de constatar que en el establecimiento donde va a ser recibido el servicio la empresa obligada a prestarlo afecta bienes y destaca dependientes a cuyo respecto se cumplen los requisitos exigidos por la "normativa vigente"; requisitos entre los que se encuentra el de que los "vigiladores" (cf. el decreto n° 446/06) hayan sido dados de alta ante la autoridad de aplicación (cf. la ley n° 1913 y el art. 20, inc. d, del decreto n° 446/06). (Voto en disidencia del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Medidas cautelares, medicina prepaga, contrato de prestaciones médicas
Materia: PROCESAL
Carátula: Callagio Laura Carolina c/ Galeno Argentina SA s/ incidente de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-19

Establecer si es posible desde el punto de vista médico tener menstruaciones durante el embarazo -como se desprende de los dichos de la peticionaria-, teniendo en cuenta la fecha probable del parto y la edad gestacional del feto verificada en las diferentes ecografías, es una cuestión que no puede ser dilucidada por el tribunal en este estado larval del pleito. Sólo al tiempo de la definitiva podrá decidirse si la actora falseó la información obrante en la declaración jurada, lo cual reviste singular importancia a la luz de las facultades rescisorias previstas en el art. 10 de la ley 26.682
Inconstitucionalidad, ley vigente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ENERGIA SAN JUAN S.A. c/ EPRE s/ Contencioso Administrativo En Civil
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-08-24

El control de constitucionalidad de una norma solo es practicable como última "ratio" del orden jurídico y, por ende, si existe una posibilidad de lograr una solución adecuada por otras razones ha de acudirse en primer término a dicha posibilidad.

La norma 7675 implica un menoscabo del derecho constitucional de propiedad porque la imposición de las costas implica una reparación de los gastos necesarios efectuados por la parte que ha resultado vencedora en el pleito para obtener el reconocimiento de su derecho, pues de otra forma los gastos se traducirían en definitiva en una disminución del derecho judicialmente declarado.

La aplicación de la disposición cuestionada implicaría la afectación al principio de seguridad jurídica porque se estaría aplicando a un proceso iniciado con anterioridad a la sanción de la norma lo que constituiría una aplicación retroactiva de la ley.
Prisión preventiva, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Reynal, Alejandro s/ Testimonio de prisión preventiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-08

El auto de prisión preventiva, sólo es susceptible de ser recurrido en cuanto a su mérito, es decir, respecto del cumplimiento en un caso concreto de las exigencias enumeradas por el artículo 366 del CPMP , no pudiendo sufrir impugnación en cuanto a la subordinación legal del hecho. Dicho extremo se reserva al ámbito del incidente en el cual se discute la libertad del procesado.
Acceso a la justicia, jueces, superintendencia, sanciones disciplinarias, abogados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BILLORDO, ROBERTO ERNESTO c/ CARIGNANO, MARIA DEL CARMEN Y OTROS s/ ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS     ASEGURAMIENTO DE BIENES     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 23-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-03-15

Hay derecho a la jurisdicción cada vez que el individuo por no poder satisfacer una pretensión jurídica en forma privada y por si sólo necesita acudir ante un órgano formalmente jurisdiccional, haya o no controversia con otro u otros sujetos; también lo hay contra el propio órgano jurisdiccional, cuando éste ejerciendo facultades disciplinarias, incurre en demasías o vulnera derechos inalienables de las personas.

De la ampliación de fundamentos del Dr Iturraspe.
Recurso de inconstitucionalidad, costas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SPAHN, RAUL ERNESTO c/ SADIR, CARLOS ALBERTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-30

Corresponde la anulación de la sentencia impugnada como acto jurisdiccional válido, desde que el cambio de la imposición causídica de primera instancia efectuada por la Cámara carece de todo sustento en las constancias de la causa y en el derecho aplicable. Ello así pues la revocación de las costas imponiéndolas en el orden causado con fundamento en el vencimiento recíproco, no se compadece con el carácter de vencida de la demandada en primera instancia. En efecto, la pretensión actoral fue acogida "in totum" en tanto sobre el rubro intereses los actores peticionaron la tasa convenida en el mutuo o la que se estimare razonablemente por el Sentenciante. Por lo tanto, el cambio de la tasa fijada en la Alzada no podía interpretarse desde la óptica constitucional como un vencimiento que tuviera entidad para habilitar el cambio en la distribución de los gastos causídicos, teniendo en cuenta la amplitud con que los ejecutantes formularon su pretensión respecto a los intereses, otorgando un alto grado de discrecionalidad judicial en su determinación, circunstancia que se patentiza con mayor vigor al tratarse de aquellos accesorios que deben aplicarse a deudas pesificadas.
Reajuste jubilatorio, competencia, competencia por el territorio, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: ACOSTA, Benito Carlos c/ E.N.-GN s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-23

La Justicia Federal de San Martín es incompetente para entender en la acción por reajuste de haberes, si el actor se encuentra en situación de retiro y la demandada tiene su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde deben cumplirse las obligaciones que se reclaman, pues en las acciones personales deber ser juez competente el del lugar que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecida conforme a los elementos aportados en el juicio.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, juicio de apremio, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. c/ CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-24

El remedio federal procede contra las decisiones que dirimen el pleito o le ponen fin de manera que la controversia que lo ha motivado no pueda suscitarse nuevamente salvo que los agravios que cause lo resuelto sean de imposible, insuficiente o tardia reparación ulterior. En consecuencia como regla no cabe reconocer carácter definitivo a las sentencias recaídas en juicios ejecutivos o de apremio ni a las que autorizan un nuevo pronunciamiento una vez llenados los requisitos que en ella se prevén.
Medidas cautelares, revocación de sentencia, facultades tributarias del GCBA, Impuesto sobre los ingresos brutos, peligro en la demora, Administración General de Puertos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por el GCBA en la causa Administración General de Puertos SE c/ GCBA s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-22

Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Administración General de Puertos a fin de que el GCBA se abstuviese de ejercer toda acción ejecutiva o cautelar o acto equivalente por el que pretendiese cobrar el impuesto a los ingresos brutos pues, en relación al requisito de peligro en la demora, no se han alegado, ni menos aún probado, los perjuicios concretos que el cobro del tributo tendría sobre la actividad de la empresa estatal.
Hábeas corpus, acción de amparo, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: Romano Vallejos, Diego Sebastián s/ ley 23.098
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-04-04

El hábeas corpus y las demandas de amparo no autorizan a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que les incumben, pues este tipo de procesos no están para reemplazar las instituciones procesales vigentes
Defensa del consumidor, daño moral, denuncia
Materia: CIVIL
Carátula: Litren Luís Nicolás c/ Cenocosud S.A (Easy) s/ Daños Y Perjuicios Inc. Contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-07-14

Corresponde condenar a un centro comercial a resarcir el daño moral causado a un consumidor que fue denunciado penalmente por aquél por un delito contra la propiedad, pues resulta indudable que el procedimiento seguido en el establecimiento y la instrucción de una causa por "averiguación de ilícito" a cargo de la Fiscalía y cuyo resultado ha sido el archivo por falta de pruebas y la entrega al denunciado con carácter definitivo del objeto secuestrado, desvirtuándose con ello la denuncia formalizada, ha lesionado al actor en su valores sustanciales, afectando su tranquilidad cotidiana con proyección en el ámbito familiar y social.