Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMUN
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-03-07


San Miguel de Tucumán, 07 de marzo de 2005.- AUTOS Y VISTOS: La causa caratulada "SUCESION TONETTI JOSE CLEMENTE C/ PAZ POSSE LTDA S.A. S/ ESCRITURACION (RAS- RECUS.S/CAUSA ACTOR-JUZG.ORIG.1°C.C.C.)" - Expte. n°: 1923/02, y CONSIDERANDO:

Que vienen estos autos a resolución del Tribunal, por el recurso de apelación interpuesto a fojas 93, por la parte demandada, en contra de la resolución de fecha 11 de agosto de 2.004 (fs. 89), por la que con las costas a su cargo, se desestima el incidente de nulidad que promoviera.

Que a fojas 95/101 expresa agravios el apelante, quejándose porque la sentencia omite apreciar la prueba producida respecto a los hechos alegados por las partes, como tampoco considera por separado las cuestiones propuestas, requisitos ambos que debe contener la sentencia por expreso mandato legal; tambien se agravia porque el resolutorio no considera toda las cuestiones planteadas, o lo hace de un modo parcial, o dogmático, indicando seguidamente los puntos expresos en que ello se produce.

Que los agravios son contestados por la contraria a fojas 103/104, con lo cual y obrando dictamen fiscal, los presentes autos han quedado en condiciones de ser resueltos.- Que al respecto, y siguiendo los argumentos y fundamentos de la Sra. Fiscal de Cámara que se comparten integramente, expuestos en su dictámen de fs. 117/118, resulta que de la compulsa de estas actuaciones y de la documentación acompañada -de la que la sentencia infiere el domicilio convencional y su validez- surge que el instrumento base de la demanda es un contrato de compraventa de inmueble celebrado por instrumento privado, cuyas firmas no están certificadas por Escribano Público.- Que siendo así, no resultan aplicables en la especie los principios enunciados por la Sra. Juez sentenciante. Es que cuando el domicilio contractual se fija por instrumento privado (como en este caso), no corresponde notificar allí hasta que no quede reconocida judicialmente la firma.- Que esta es la doctrina emergente de los arts. 1.012, 1.026 y 1.128 del Código Civil, por otra parte observada por la totalidad de los autores procesalistas (Rodríguez: "Nulidades Procesales", pág. 260; C. Nac. Civil -E- 21/03/78, J.A., 1978-III-síntesis; sala E, J.A. 1978-IV, etc.).- Que si bien podría afirmarse la validez del domicilio especial cuando emerge de un instrumento público, cuyo contenido hace plena fe, no cabe duda que cuando se trata de un documento privado, es recaudo esencial su reconocimiento judicial previo.- (Cf.: C. Doc. Y Loc., Sala IIa., "Garcia Fco. J. C/Blas Américo Nieto y O. S/Desalojo", sent. N° 177 del 09/09/92).- Que el Código Procesal en su art. 154, expresa que las notificaciones, en especial el traslado de la demanda, deben ser efectuadas en el domicilio de la accionada, indicando el art. 157 y sgtes. las modalidades a las que debe ajustarse tal acto.- Que si bien es cierto que en el instrumento base de esta acción se ha consignado como domicilio el lugar donde se practicaron las notificaciones al demandado, el incidentista ha negado que ese sea su domicilio social a dicha fecha, a lo que se agrega que el domicilio convencional sólo tendría vigencia en el supuesto de reconocerse el instrumento privado en que se lo constituyó.- Que por otra parte, siendo la accionada una sociedad, la notificación debe practicarse en el domicilio social, donde se presume que tiene su asiento la sociedad, aunque de hecho no fuera así, mientras no lo modifique, constituyendo otro domicilio, legalmente inscripto (art. 90 del C. Civil; art. 10 de la ley 19.550), incumbiendo a quien sostiene la existencia de un domicilio social no inscripto, la carga de probar tal extremo.

Que del informe practicado por el Registro Público de Comercio surge que la Sociedad cambió de denominación y fijó nuevo domicilio en el año 1984, mucho antes de que se le notificara la demanda, lo que ocurrió en el año 2002. Asimismo se constata que el domicilio social era conocido por el accionante, quien lo denunció al ofrecer la absolución de posiciones del representante de la sociedad, en el cuaderno de pruebas número dos traído a la vista.

Que con ello cabe concluir en que no existe en la especie un domicilio convencional constituido que legitime las notificaciones cursadas al accionado y que éste no fue citado en su domicilio social, el que conocía el accionante.- Que la demanda debe notificarse en el domicilio real del accionado. Ello se debe a la especial trascendencia que adquiere el primer acto de comunicación del juicio, ya que marca el nacimiento de la relación procesal. De ahí la importancia de este acto de comunicación y llamado al juicio del demandado. (Cf.: Chiovenda, citado por Eisner, Isidoro en "Planteos Procesales", p. 153; Rodríguez "Nulidades Procesales", p. 221; Palacio "Manual de Derecho Procesal Civil", 32; Fassi "C.P.C. anotado", T. I, p. 506). El principio de contradicción y la estructura bilateral del proceso se afirman sobre un mecanismo en virtud del cual ambos litigantes estén razonablemente en condiciones de tomar intervención. Y para ello debe procurarse que el "notificar" sea realmente "un hacer saber", un acto de conocimiento de la parte a quien va dirigida, por el cual se anoticia de la resolución judicial.- Que la importancia señalada en la notificación del traslado de la demanda motiva que la ley disponga que sea practicada, en principio, en el domicilio real y la rodea de formalidades específicas mediante las cuales la ley persigue que la cédula sea recibida personalmente por el accionado. (C.N.Civ. Sala A, ED, T. 43, p. 355). Lo que conforme se expuso anteriormente no se cumplió en autos.- Que al respecto, la jurisprudencia local de la Corte Suprema de Justicia local, ha sostenido: "Infringen los incisos 3 y 4 del art. 90 del Código Civil y arts. 5, 10 inc. 4 y 11 inc. 2 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y por ello son nulas, las notificaciones a una sociedad anónima que no fueron dirigidas al domicilio social inscripto en el Registro Público de Comercio, ni se practicaron en el domicilio de la sucursal en la que se efectuó el negocio jurídico" (Sentencia N° 615 del 20/08/2003, in re: "Veliz c/Vildoza s/Cobro Ejecutivo de Pesos).

Que por ello, al haberse practicado la notificación de la demanda en un domicilio distinto al real, se está en presencia de una nulidad manifiesta e insubsanable por afectar la garantía constitucional del debido proceso, en cuyo mérito corresponde nulificar las actuaciones así cumplidas por cuanto la comunicación, viciada de tal modo, equivale a la no notificación, es decir a la omisión de los actos que la ley impone para garantizar los derechos del demandado. La configuración de la irregularidad procesal señalada comporta un vicio que, por su naturaleza, no es susceptible de ser convalidado, por lo que queda aprehendido en la preceptiva de los art. 166, 2° párrafo y 167, 2° apartado del Digesto ritual. (Cf.: "Gay Esteban P.R. c/Coronel Fco. A. S/Daños y perjuicios", CCCC, Sala Ia., sent. N° 186 del 28/6/93).- Que en virtud de lo expuesto corresponde revocar la sentencia apelada y hacer lugar al incidente de nulidad deducido a fs. 57/64, aplicándose las costas de esa Instancia a la vencida por así establecerlo el art. 107 del CPCC.

Que las costas del presente recurso tambien cabe sean impuestas al recurrente vencido, por expreso imperativo legal (art. 108 del CPCC).- Por ello, el Tribunal RESUELVE:

I.- REVOCAR la resolución de fecha 11 de agosto de 2.004 (fs. 89) y en consecuencia HACER LUGAR al incidente de nulidad deducido por la parte demandada a fs. 57/64, declarándose inválida la notificación del traslado de la demanda de fecha 09 de Octubre de 2002, practicada a fs. 25, y la de los actos posteriores que sean su consecuencia.

II.- COSTAS: Como se consideran.- III.- HONORARIOS: Oportunamente.- HAGASE SABER.- RICARDO JORGE ROBINSON - MARTHA E. GONZALEZ DE PONSSA.