Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-16


SENT Nro. 338 San Miguel de Tucumán, 16 DE MAYO de 2003.- Y VISTO: El planteo de per saltum efectuado por el abogado defensor del Sr. Daniel Fernando Castro en autos: "Castro, Daniel Fernando y otros s/Peculado. Incidente de competencia"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el planteo de "per saltum", articulado por el abogado Washington Héctor Navarro Dávila, en el carácter de defensor del Sr. Daniel Fernando Castro, a fin de que esta Corte Suprema de Justicia intervenga en la presente causa.

2.- Solicita el inmediato pronunciamiento del Tribunal en relación con la decisión del Sr. Juez en lo Penal de Instrucción de la IVa. Nominación, que lo apartó de la defensa del Sr. Castro haciendo aplicación del artículo 62, 2° parte CPP. Estima que el precepto de cita resulta inconstitucional por ser incompatible con las garantías de los artículos 18 CN, 22 CP, y 8, inc.2°, ap d) del Pacto de San José de Costa Rica. De ello hace derivar que el juez ha omitido realizar el control jurisdiccional de constitucionalidad establecido por el artículo 87 CPC, a la vez que ha incumplido lo preceptuado por el artículo 88 CPC, que impone la obligación de abstenerse de aplicar una norma legal cuando desvirtúe el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos o prive a los ciudadanos de las garantías aseguradas por la Constitución, configurándose así un supuesto de gravedad institucional que autoriza la utilización de la vía del artículo 107 CPC.

Señala que desde el año 1997 -y por las causas que refiere a fs. 13-, el Sr. Juez en lo Penal de Instrucción de la IVa. Nominación se vino excusando por razones de violencia moral en todas las causas en las que le tocó intervenir, sea como defensor y/o apoderado de la querella y actor civil. Observa que en una oportunidad recibió una cédula en su casillero de notificaciones en la causa "Bussi, Ricardo Argentino s/denuncia" en la que intervenía el citado Magistrado, aunque luego no se le permitió consultar el expediente aduciendo que no era parte.

Indica que en la causa "Darnay, Alberto s/denuncia", y ante las diferentes publicaciones que lo sindicaban como involucrado en el desvío de fondos de comedores infantiles, el Sr. Daniel Fernando Castro se presentó ante la justicia en forma espontánea, y en la primera oportunidad lo designó defensor, habiéndole otorgado la Fiscalía la correspondiente intervención de ley. Refiere que al tomar conocimiento de su intervención como letrado en la causa, el Sr. Juez de Instrucción de la IVa Nominación se excusó de continuar entendiendo en la misma, y pasó los autos al Juez de Instrucción de la Va. Nominación. Que formado el incidente respectivo, la Sala VIa. de la Cámara Penal resolvió que debía continuar interviniendo el primero de los magistrados mencionados, quien con fecha 14 de marzo dictó sentencia separándolo de la defensa, conforme a las disposiciones de los artículos 60 inciso 9 y 62 CPP. Que con fecha 27 de marzo Daniel Fernando Castro se presentó ante el Juzgado actuante y ratificó una vez más la designación de Washington Héctor Navarro Dávila como su único abogado de confianza, al tiempo que formuló recusación contra el magistrado por derecho propio. Y que por providencia del 28 de marzo, y sin que esté firme la resolución por la que se lo separó de la defensa, el Juez de Instrucción designó un defensor oficial para que represente al Sr. Castro, con lo que, a su criterio, se excedió en el cumplimiento de sus funciones de garante del debido proceso, transformándose en parte interesada, con la consecuente infracción a la garantía de imparcialidad.

Sobre esa base afirma que en el caso se encuentran agotados los mecanismos legales y procesales para una urgente solución, y que la demora ocasionará un mayor perjuicio al imputado, lo que torna procedente la utilización de la vía prevista en el artículo 107 CPC para obtener la declaración de inconstitucionalidad del artículo 62, 2° parte CPP.

En esa dirección observa que en materia penal deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa, y que quien se halla sometido a proceso debe ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, con el defensor de su confianza, requisito que no puede considerarse satisfecho con la intervención del defensor oficial. Añade que la garantía de la defensa en orden a la designación de un defensor de confianza del imputado, no reside en el conocimiento del defensor designado previo a la indagatoria sobre el hecho, sino en la adecuada información al imputado de la multiplicidad de facultades y derechos que regulan el caso, lo que posibilita que decida sobre su ejercicio en aquellos supuestos que no son de imposición obligatoria, como es el declarar acompañado de su defensor. Concluye destacando que existe un interés público en que se garantice y materialice la defensa en juicio de los derechos e intereses de las personas, por lo que solicita la intervención de la Corte Suprema de Justicia a fin de que declare la inconstitucionalidad del artículo 62 CPP.

3.- La presentación de fs. 12/17de autos, por la que se pretende obtener la intervención de esta Corte de Justicia por la vía excepcional prevista en el artículo 107 del Código Procesal Constitucional, resulta manifiestamente inadmisible.

El "per saltum" regulado en el artículo 107 de la Ley 6944 ha sido establecido para situaciones de interés constitucional o gravedad institucional que, a criterio de la Corte Suprema de Justicia, autoricen a prescindir de los requisitos de procedencia formal de los recursos respectivos a los efectos de un inmediato pronunciamiento, al no admitir la solución demora alguna. Se trata de un remedio de carácter excepcional, pues comporta la supresión de los procedimientos recursivos establecidos en el ordenamiento jurídico procesal, y para su procedencia no basta con la manifiesta evidencia de que las cuestiones planteadas revisten gravedad institucional e interés constitucional, sino que es preciso que sea contextualizado en el marco de la circunstancias implicadas.

En el caso el peticionante intenta valerse de la vía del "per saltum" para obtener la declaración de inconstitucionalidad del artículo 62, ap 2° CPP, que dispone que "Después que un juez haya empezado a conocer de causas en que no estaba impedido, no podrán intervenir en ella los abogados y procuradores cuya intervención pueda producir la separación del juez por cualquiera de las causas expresadas en este capítulo", con fundamento en que contraría la garantía de la defensa en juicio. La finalidad última del planteo está dirigida a enervar la decisión de un Juez de Instrucción que, apoyándose normativamente en los preceptos cuya declaración de invalidez se procura, apartó de la defensa al letrado designado defensor por el imputado.

Como se advierte, la resolución impugnada no reviste interés constitucional, ni se configura una hipótesis de gravedad institucional, extremos que autorizarían la intervención excepcional de esta Corte Suprema de Justicia, supuestos los restantes recaudos previstos en la norma procesal constitucional local de cita, de modo que surge evidente que la vía del artículo 107 CPC ha sido incorrectamente utilizada. Tampoco se advierte cuál es el perjuicio que la demora ocasionaría al imputado, y que justifique la supresión de las instancias o procedimientos recursivas de que dispone, toda vez que, como el propio recurrente lo indica, se ha asignado un defensor oficial para que represente al imputado, de modo que no se encuentra éste en estado de indefensión.

Los fundamentos expuestos permiten concluir que el pedido formulado no encuadra en el artículo 107 del CPC, a tenor del cual, y como quedó dicho, excepcionalmente cuando en un caso pendiente la resolución recaída revista interés constitucional o gravedad institucional, la Corte Suprema de Justicia está autorizada a prescindir de los requisitos de procedencia formal de los recursos respectivos, a los efectos de un inmediato pronunciamiento, si la solución no admite demora alguna, circunstancias que no concurren en la especie.

Por ello, y en concordancia con lo dictaminado por el Sr. Ministro Fiscal (fs. 19/20), corresponde desestimar el "per saltum" deducido por la defensa de Daniel Fernando Castro, por ser manifiestamente inadmisible.

R E S U E L V E :

DESESTIMAR el planteo efectuado por el abogado Washington Héctor Navarro Dávila, en el carácter de defensor del Sr. Daniel Fernando Castro a fs. 12/17 de autos.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA