Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-14


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Catorce (14) de Mayo de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Guil Robles Cristian Manuel vs. Lavarra Francisco Pedro s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- Cristian Manuel Guil Robles, parte actora en autos, plantea recurso de casación (cfr. fs. 474/479) contra la sentencia N° 184 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV de fecha 21 de diciembre de 2009 corriente a fs. 467/469 de autos que es concedido, mediante Resolución del referido Tribunal, del 13/4/2012 (cfr. fs. 501 y vta). Ninguna de las partes presentó la memoria facultativa que prevé, el artículo 137 primera parte del Código Procesal Laboral (en adelante CPL), conforme surge del informe actuarial de fs. 508.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, como Tribunal de Casación, la de revisar lo ajustado de la concesión, efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto dentro del plazo que consagra el artículo 132 del CPL (fs. 481 y vta. y 474/479); se dirige contra una sentencia definitiva con el alcance del artículo 130 del CPL; el afianzamiento previsto por el artículo 133 del CPL, no resulta exigido, al no haber sido condenado el recurrente (actor en autos) (cfr. artículo 133 del CPL, a contrario sensu); el escrito recursivo se basta, a sí mismo, en cuanto a sus fundamentos, fácticos y jurídicos, la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho, sustantivo y adjetivo, y arbitrariedad en la valoración de las pruebas obrantes en la causa.

Respecto a esto último es del caso aclarar que, la ponderación por parte de esta Corte de aquella valoración efectuada por el Tribunal de grado, la cual constituye cuestión de derecho pues consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de la causa, resulta objeto propio del recurso extraordinario local por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es, la determinación de la existencia de un error in iuris iudicando por parte del A quo.

Por lo señalado el recurso, en examen, es admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia jurisdiccional de este Tribunal Cimero local para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

III.- La parte recurrente, actora en autos, pone en entredicho la sentencia en examen por las razones que argumenta en una serie de agravios que serán escudriñados, en lo pertinente, confrontándolos con los fundamentos que sustentan a aquélla y, en su caso, con las probanzas obrantes en el sub examine.

IV.- ¿Asiste razón a Cristian Manuel Guil Robles, parte actora en autos, respecto a los agravios sobre los que basa su impugnación a la sentencia en crisis? IV. 1. Por razones de orden metodológico analizaré, en primer lugar, el agravio esgrimido en segundo término por la recurrente.

Sostiene la parte actora que, el Tribunal de Grado, realizó una arbitraria valoración de las pruebas obrantes en la causa al haber considerado relevante, para resolver la cuestión atinente a la fecha de ingreso del actor, la nota de impugnación presentada por el demandado con motivo de las declaraciones formuladas por el actor que constan en el acta de inspección realizada por la Secretaría de Estado de Trabajo y Empleo de la Provincia de Tucumán (en adelante, S.E.T. y E.) de fecha 15/3/2005. Según su criterio tal acta de inspección reviste el carácter de instrumento público y, su impugnación, debe ser hecha "por la vía y forma que corresponde". Agrega que de la prueba pericial contable realizada en autos y del informe de la AFIP, prueba que el Tribunal de mérito habría ignorado, surge que en fecha 15/3/2005, en oportunidad de efectuarse la inspección documentada en el acta de marras, el actor se encontraba trabajando sin el debido registro y que la empleadora le dio el alta ante los organismos respectivos recién en fecha 22/3/2005 y como consecuencia de la inspección antes referida.

Argumenta que la circunstancia que el A quo priorizara la nota de impugnación presentada, por el empleador, en el expediente administrativo de la S.E.T. y E. iniciado con el acta de inspección de fecha 15/3/2005, sobre la fecha en que el actor fue dado de "alta" ante la AFIP y la falta de contestación de la demanda, configura una errónea interpretación del artículo 9° de la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante, LCT) y del artículo 58 del CPL y trasluce, claramente, la arbitrariedad en que incurrió el Tribunal al valorar las probanzas de la causa. Aduce que la operación intelectual, desarrollada por la Cámara, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos que rigen aquella ponderación (cfr. fs. 476/477).

La sentencia en embate expresa que, si bien se encuentra suficientemente acreditada la existencia de relación laboral entre los litigantes, existe en autos prueba en contrario a lo afirmado por el actor en relación a la fecha de ingreso invocada en la demanda. Especifica que tal prueba en contrario está constituida por el acta de inspección de la S.E.T. y E. acompañada por la propia parte actora, y por una nota presentada por el empleador en el mismo expediente de la S.E.T. y E. impugnando la fecha declarada por el actor "que textualmente dice 'año 2004'". Y concluye: "La vaguedad de la fecha indicada involucra una fuerte presunción en contra de la sostenida en el escrito de demanda. Por ello, y no surgiendo de autos no obstante la incontestación, el ingreso pretendido (mayo de 1997, época en que tendría la edad de 14 años) me pronuncio por declarar que, el actor, ha ingresado en la fecha determinada en los recibos de haberes es decir 01.03.05." (cfr. fs. 467 vta. y 468).

En vistas a los agravios explanados por la recurrente considero pertinente precisar, en relación al acta de inspección de la S.E.T. y E. de fecha 15/3/2005, que el artículo 993 del Código Civil establece que el instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso, por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos, por él mismo, o que han pasado en su presencia. Tales hechos gozan de plena fe respecto de las partes, del oficial público, de los terceros, de los sucesores universales y singulares y del mismo Estado. Esta presunción de veracidad significa que el legislador sustrae, del juez, la comprobación de la certeza del hecho, mientras el documento no sea impugnado por acción de falsedad. Por lo tanto, su fuerza y eficacia probatoria, no puede desconocerse, por simple prueba en contrario. Ello, obviamente, sólo respecto a lo que el oficial público ha hecho, visto u oído por suceder en su presencia y en el ejercicio de sus funciones (cfr. Bueres, Alberto J. -Director-, Highton, Elena Coordinadora-, "Código Civil y Normas Complementarias. Análisis Doctrinario y Jurisprudencial", Editorial Hammurabi, Bs. As., 1.999, t. 2 C, pág. 57).

Sin embargo, la sinceridad o exactitud de las manifestaciones emanadas de las partes y plasmadas en los instrumentos públicos, no puede ser comprobada por el funcionario quien no puede, garantizar, la veracidad del contenido de las exposiciones que hacen los interesados sino que, solamente, puede dar fe de que tales manifestaciones fueron efectuadas. Por ello se ha sostenido que "En lo atinente a la verdad y sinceridad del negocio, el instrumento público se encuentra en un pie de igualdad con el documento privado, siendo las declaraciones, en aquel contenidas, dadas por válidas hasta la prueba en contrario, sin que sea necesaria la impugnación por falsedad." (cfr. Bueres, Alberto J. -Director-, Highton, Elena -Coordinadora-, Op. Cit., t. 2 C, pág. 58).

Atento a lo expuesto corresponde desestimar, el agravio esgrimido por la recurrente, respecto a que la nota de impugnación presentada por el empleador a propósito de las declaraciones efectuadas, por el actor, ante el funcionario de la S.E.T. y E. y que constan, en el acta de inspección, de fecha 15/3/2005 carece de virtualidad a tal fin y que, por lo tanto, resulta irrazonable la valoración efectuada por el A quo en torno a ella. Ello por cuanto mediante tal nota, que en copia auténtica tengo a la vista y obra glosada a fs. 20 de la actuaciones administrativas remitidas por la S.E.T. y E. y reservadas con la documentación original relativa a la presente litis, el empleador no pretendió argüir de falsa el acta de inspección del 15/3/2005 sino manifestar, la falta de veracidad del contenido de la expresión, que el actor efectuó ante el funcionario de la S.E.T. y E. Repárese que tal manifestación del trabajador constituyó una expresión unilateral, efectuada ante el funcionario de la S.E.T. y E., como también lo fue, luego, en fecha 21/3/2005, la manifestación formulada por el empleador, ante dicho organismo, mediante la referida nota. En definitiva, lo que goza de fe pública, es el hecho que en fecha 15/3/2005 el actor manifestó, ante el funcionario de la S.E.T. y E, que ingresó a trabajar bajo relación de dependencia del demandado en el año 2004; pero no que, real y efectivamente, su fecha de ingreso sea la denunciada en dicha oportunidad.

Por lo demás, el Tribunal de mérito, no desconoció que el actor se encontraba prestando servicios bajo relación de dependencia del demandado en fecha 15/3/2005, en oportunidad de efectuarse la inspección de la S.E.T. y E. documentada en el acta Nº 008859, cuya copia auténtica tengo a la vista, y rola a fs. 14 de las actuaciones administrativas remitidas por el mencionado organismo. Sin embargo entendió que existe, en autos, "una fuerte presunción en contra" del actor quien manifestó, ante el funcionario de la S.E.T. y E. en fecha 15/3/2005, que ingresó a trabajar en el año "2004" mientras que, en la demanda, afirmó haber ingresado en el mes de mayo de 1997. Considero que, tal razonamiento del A quo, en modo alguno luce irrazonable pues, la circunstancia apuntada, evidencia que, en algún momento, las manifestaciones del actor no fueron sinceras. Resulta, pues, inobjetable que el Tribunal entendiera que las constancias del acta de inspección de marras constituyen prueba en contrario respecto a la fecha de ingreso denunciada por el actor en la demanda. Desde esta perspectiva no se advierte la infracción al artículo 58 del CPL denunciada por la recurrente.

Repárese que el artículo 58 del CPL establece, en su segundo párrafo, que en caso de falta de contestación de la demanda se presumirán, como ciertos, los hechos invocados y como auténticos y recepcionados los documentos acompañados a la demanda, salvo prueba en contrario; y que, esta presunción, procederá si el trabajador acreditare la prestación de servicios.

Por otra parte el hecho que existan, en autos, constancias que refieran que el actor fue dado de "alta" ante la AFIP con posterioridad a la inspección efectuada por la S.E.T. y E. en fecha 15/3/2005 (cfr. prueba pericial contable, fs. 259 vta.), aunque consignando que su ingreso se produjo en fecha 01/3/2005, no es óbice para concluir como lo hizo el A quo. Y, en relación a este punto, es de destacar que la propia parte actora, al impugnar el informe pericial contable obrante a fs. 259/261, expresó que el señor Perito no debió considerar el "alta en AFIP", entre otros instrumentos, para la elaboración de su informe por cuanto se trata de documentación que no fue aportada en la etapa procesal oportuna por la parte demandada (cfr. fs. 265). En razón de ello, su pretensión de que la Cámara ponderara el informe pericial contable y el informe de AFIP de los que, según expresa la recurrente, surgiría claramente que al momento de la inspección efectuada por la S.E.T. y E. el actor se encontraba trabajando "en negro" al haber sido dado de "alta" en los organismos respectivos recién en fecha 22/3/2005 (cfr. fs. 476 vta.); resulta palmariamente contradictoria con la anterior posición asumida por su parte en relación a tales constancias.

Tampoco luce irrazonable que, el Tribunal de Grado, considerara en el fallo impugnado que, la "vaguedad" de las manifestaciones del actor ante el inspector de la S.E.T. y E., al indicar que ingresó en el año "2004" conduce a tener, por cierto, que ingresó en la fecha consignada en los recibos de haberes. Repárese que el actor, al denunciar su fecha de ingreso ante el funcionario de la S.E.T. y E., no precisó ni siquiera en qué mes del año 2004 lo habría hecho; lo que razonablemente obsta que se pudiera tener, por cierta, una fecha de ingreso determinada durante tal año.

En esta línea de razonamiento y teniendo en cuenta, las peculiares circunstancias y elementos fácticos de la causa, no considero irrazonable ni contrario a derecho que el Tribunal de Grado descartara la posibilidad de que, el actor, hubiera ingresado a trabajar bajo dependencia del demandado en la fecha denunciada en la demanda por existir, prueba en contrario; ni que descartara también la posibilidad de tener, por cierta, una fecha de ingreso determinada durante el año 2004 ante la imprecisión de la manifestación, efectuada por el actor en oportunidad de la inspección efectuada por la S.E.T. y E., ni que, finalmente, tuviera por cierto que el actor ingresó a prestar servicios, bajo relación de dependencia del demandado, en la fecha consignada en los recibos de haberes.

En relación a la pretendida aplicación, al sub examine, del artículo 9° de la LCT considero útil remarcar que, la aplicación de la regla in dubio pro operario, se encuentra restringida a aquellos casos en que surgen dudas, razonables e insuperable, respecto a la apreciación de las pruebas que no pueden ser salvadas pese al sincero esfuerzo del juzgador. Ello no ocurre en el fallo impugnado el cual no trasluce, dudas insuperables, por parte de la Cámara en relación a la apreciación del material probatorio; por lo que mal puede afirmar, la recurrente, que dicho Tribunal debió haber aplicado la regla emanada del artículo 9° de la LCT al ponderar las pruebas, obrantes en autos, respecto a la fecha de ingreso del actor.

A mayor abundamiento cabe recordar que, esta Corte, tiene dicho, en relación a la regla in dubio pro operario, que "...tal regla de valoración de la prueba y de la parte a la cual debe beneficiar la presunción legal, no son aplicables a los supuestos en donde, el Tribunal a quo, ha manifestado su convicción categórica, fundada en la valoración adecuada del material probatorio..." (cfr. CSJT sentencias Nº 58 de fecha 24/02/2010 "Córdoba, Elena del Rosario vs. Lee Soo San y otro s/ Cobro de pesos"; Nº 123 de fecha 04/4/2011 "Montel, Nelly Eugenia vs. La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales y otros s/ Indemnizaciones". En igual sentido sentencia Nº 172 de fecha 12/4/2011 "Colombres Garmendia de Cruz, Elena vs. Palomares, Viviana s/ Despido").

En virtud de las razones expuestas, el agravio bajo tratamiento, debe ser desestimado.

IV.2- Sostiene la recurrente que la agravia, la sentencia impugnada, al carecer de fundamentación suficiente. Aduce que, por tal motivo, el pronunciamiento en crisis infringe los artículos 18 de la Constitución Nacional, 28 de la Constitución provincial, y 34, 272, 273 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante, CPCC), por expresa remisión a, éstos, efectuada en el artículo 46 del CPL; y priva, a su parte, de la posibilidad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa al no haberse especificado las normas que se consideraron aplicables al caso. Confrontado tal agravio con el discurso que informa la sentencia en embate se advierte que, éste, debe prosperar parcialmente.

En efecto, resultan suficientes, a la luz de las disposiciones legales que la recurrente entiende infringidas, las razones expuestas por el Tribunal de grado para sustentar las conclusiones inferidas en torno a la existencia de relación laboral entre los litigantes, a la fecha de ingreso del actor, a las tareas cumplidas y a la fecha de extinción del vínculo laboral (cfr. fs. 467 vta. y 468).

En este orden de ideas, la Cámara expuso que, la existencia de relación laboral dependiente entre las partes, se encuentra acreditada mediante el Acta de Inspección de la S.E.T. y E. cuya copia obra a fs. 9 y mediante los recibos de haberes glosados a fs. 11/14. En cuanto a la fecha de ingreso del actor, los motivos expresados por el Tribunal para tener por cierto que fue el 01/3/2005 ya fueron reseñados en el apartado anterior, al que cabe efectuar pertinente remisión. Por último, respecto a las tareas cumplidas por el actor y la fecha de extinción del vínculo laboral, el A quo señaló que deben tenerse, por ciertas, las manifestaciones del actor ante la confesión ficta de la demandada derivada de la falta de contestación de la demanda y la prueba producida en autos.

Sin embargo nada expuso, la Cámara, respecto al modo de extinción del contrato de trabajo y, en relación a los rubros reclamados en la demanda, se limitó a expresar: "Atento al tiempo laborado (.) por el demandante y recibos obrantes en la causa presentados con la demanda, esta vocalía se pronuncia por la insuficiencia de su acreditación, no correspondiendo admitir la demanda incoada" (cfr. fs. 468).

Es preciso remarcar que, el artículo 265 inciso 5° del CPCC, de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto por el artículo 46 del CPL, prescribe que las sentencias definitivas, de primera instancia, deberán contener la consideración, por separado, de las cuestiones planteadas aunque, el juez, sólo está obligado a considerar aquéllas que, a su criterio, tengan relevancia en la solución a dar al asunto.

La propia sentencia impugnada señaló, a fs. 467, que la suma reclamada por el actor lo fue por los conceptos indicados en planilla obrante a fs. 18. Indudablemente la consideración relativa a la, procedencia o improcedencia, de aquellos conceptos o rubros constituye una cuestión relevante en la solución del caso.

Conforme constancias de autos, el actor, reclamó los siguientes rubros: indemnización por antigüedad; indemnización sustitutiva de preaviso; integración del mes de despido; diferencia de SAC correspondiente al primer semestre de 2005; diferencia de vacaciones período 2005; vacaciones años 2003 y 2004; SAC correspondiente al segundo semestre de 2003, y al primer y segundo semestre de 2004; sueldos adeudados por los períodos enero y febrero de 2005; diferencias de haberes desde septiembre de 2003 a diciembre de 2004 y diferencias de haberes de marzo y abril de 2005; indemnizaciones previstas por la Ley N° 25.561, y por los artículos 1 y 2 de la Ley N° 25.323; artículo 80 de la LCT; e indemnización prevista por el artículo 132 bis de la LCT (cfr. fs. 18 y vta.).

Las razones expuestas, por el Tribunal de Grado, relativas al lapso temporal de los servicios prestados, por el actor bajo relación de dependencia del demandado, pueden reputarse, suficientes, para rechazar los reclamos del actor en concepto de indemnización, por antigüedad, a tenor de lo dispuesto por los artículos 92 bis y 245 de la LCT; de integración del mes de despido ante el texto, expreso, del artículo 92 bis de la LCT; de indemnización prevista por la Ley Nº 25.561 y modificatorias, atento a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Nº 25.972 (B.O. 17-12-2004) y a la improcedencia, de la indemnización, prevista por el artículo 245 de la LCT; de indemnización prevista, por el artículo 1 de la Ley Nº 25.323, en virtud de lo dispuesto por dicha norma y la improcedencia de la indemnización prevista por el artículo 245 de la LCT; y en concepto de vacaciones correspondientes a los años 2003 y 2004, SAC correspondiente al segundo semestre de 2003 y al primer y segundo semestre de 2004, sueldos adeudados por los períodos enero y febrero de 2005, y diferencias de haberes desde septiembre de 2003 a diciembre de 2004. Pero, ciertamente, no lo son en relación al resto de los rubros reclamados como tampoco constituye suficiente motivación, para su rechazo, la mera referencia a "los recibos obrantes en la causa presentados con la demanda".

Siendo ello así concluyo que, el Tribunal de grado, rechazó la demanda incoada por el actor en contra del demandado en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso, diferencia de SAC correspondiente al primer semestre de 2005, diferencia de vacaciones período 2005, diferencias de haberes de marzo y abril de 2005, indemnización prevista por el artículo 2 de la Ley N° 25.323, artículo 80 de la LCT e indemnización prevista por el artículo 132 bis de la LCT, sin motivación suficiente y transgrediendo lo dispuesto por los artículos 34, 264 y 265 inciso 5 del CPCC, de aplicación supletoria en virtud de lo establecido por el artículo 46 del CPL, así como lo prescripto por los artículos 30 de la Constitución provincial y 18 de la Constitución nacional. En consecuencia, el fallo impugnado deviene nulo en relación al rechazo de la demanda por los conceptos aquí detallados, como así también respecto a lo resuelto en materia de costas y honorarios, dada la vinculación existe entre estas cuestiones.

V.- En mérito a las razones argumentadas en el parágrafo IV corresponde HACER LUGAR PARCIALMENTE, al recurso de casación, interpuesto por la parte actora contra la sentencia N° 184 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV de fecha 21 de diciembre de 2009 corriente a fs. 467/469 de autos. CASAR PARCIALMENTE, la sentencia impugnada, dejando sin efecto el punto I de su parte resolutiva en cuanto dispone no hacer lugar a la demanda promovida por el actor en contra del demandado en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso, diferencias de SAC 2005, diferencias de vacaciones 2005, diferencias de haberes correspondientes a marzo y abril de 2005, e indemnizaciones previstas por el artículo 2 de la Ley Nº 25.323 y por la Ley Nº 25.345, y absolver a la demandada por tales conceptos; así como los puntos II y III de la misma resolutiva; conforme a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y, por ende, nula, la sentencia que, sin motivación suficiente, rechaza determinados rubros reclamados en la demanda". Por consiguiente, deben remitirse estos actuados al referido Tribunal a fin que, por la Sala que corresponda, dicte en lo pertinente nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado, sin que lo dicho suponga adelantar opinión sobre el tema.

VI.- Atento a la conclusión que infiero, y a que el vicio que afecta parcialmente la sentencia impugnada proviene de la actividad del órgano jurisdiccional, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen por el orden causado (cfr. artículos 49 del CPL y 105 inciso 1º del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto el voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, puntos I, III, IV, IV.1, IV.2, V y VI.

El recurso de casación queda aprehendido entre los recursos extraordinarios, aquellos cuya admisibilidad se halla supeditada a la concurrencia de motivos o causales específicamente establecidas por la ley, y en los cuales, consecuentemente, las facultades del órgano competente para resolverlos están limitadas al conocimiento de determinados aspectos de la resolución impugnada. En la legislación argentina son recursos extraordinarios, en el orden nacional, el federal previsto por el art. 14 de la Ley Nº 48 y el de inaplicabilidad de la ley, y en el orden provincial, los de inconstitucionalidad y casación (este último en sus dos aspectos referidos a los errores de juicio y a los defectos procesales) (cfr. Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", Tomo V, pág. 36).

En el marco del alcance y finalidad de la vía extraordinaria local de la casación precedentemente recordada, la ley procesal laboral local dispone en su art. 131 que "el recurso de casación sólo podrá ser interpuesto por los siguientes motivos: 1. Por violación, inobservancia o errónea aplicación del derecho sustantivo o adjetivo. 2. Cuando la interpretación de la ley, realizada por la sentencia, resultara contradictoria con anteriores pronunciamientos de las Salas de las Cámaras de Trabajo dictadas en los cinco (5) años precedentes". Asimismo, consolidada jurisprudencia de esta Corte (de sus dos Salas) desde hace varias décadas admite de modo excepcional, como fundamento del recurso de casación, arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, supuesto que afecta las garantías constitucionales de los arts. 18 CN y 30 CP y que remite ineludiblemente a los hechos y pruebas que integran la referida plataforma fáctica (confr. Recientes fallos de este Tribunal, "G.N.C. Alberdi S.R.L. vs. García Miguel Rubén s/ Pago por consignación", sentencia Nº 05 del 14/02/2011; "Platas Robles Miguel Ángel vs. Marino Menéndez Ana Carolina s/ Acciones posesorias", sentencia Nº 253 del 11/5/2011 y "Orellana Vda. de Caña Ana María vs. Raskovsky Luis Raúl s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 824 del 28/10/2010, entre muchas otras). En efecto, no es posible para el tribunal que resuelve el recurso de casación, pronunciarse positiva o negativamente sobre el planteo de arbitrariedad en la valoración de la prueba si, a modo de ejemplo, se basa en que el fallo impugnado ha prescindido de una prueba relevante o, contrariamente, en que se funda en prueba irrelevante o bien, que valora irrazonablemente una prueba, y no examinara -en los dos primeros ejemplos- si la omitida o la considerada se trató o no, de una prueba relevante para la decisión del caso y -en el último- si las declaraciones de partes, o de terceros, o los términos del dictamen pericial, o de un documento han sido, o no, razonablemente interpretados por la Cámara.

Tanto cuando el recurso de casación se funda en violación, inobservancia o errónea aplicación del derecho sustantivo o adjetivo, como en el motivo jurisprudencialmente admitido de arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, debe cumplir las exigencias de oportunidad, definitividad del pronunciamiento, suficiencia de la impugnación y afianzamiento, establecidas en los arts. 132 y 133 del CPL. Todos los mencionados requisitos de admisibilidad son primero juzgados por la misma Cámara que dictó la sentencia impugnada (art. 136 del CPL) y, definitivamente por esta Corte en las actuaciones del recurso directo de queja por casación denegada deducido contra el pronunciamiento de la Cámara que declaró inadmisible el recurso de casación (art. 139 del CPL) o bien, cuando los autos principales son elevados porque el recurso ha sido concedido por el Tribunal de grado (art. 136 del CPL).

Efectuadas las precisiones precedentes (en igual sentido, los precedentes de esta Corte "Calderó, Leonor vs. Clínica Casa Grande SRL s/ Cobro de pesos" sentencia Nº 930 del 06/12/2011; "Catalán, Juan Héctor vs. S.E.T.I.A. s/ Cobro de pesos" sentencia Nº 932 del 06/12/2011; "Rubí, Carlos vs. Erogas SRL S/ Cobro de pesos" sentencia Nº 974 del 14/12/2011; "Rodríguez, Mónica vs. Rivadeneira, Juan René s/ Cobro de pesos" sentencia Nº 993 del 16/12/2011; "Tévez, Victoria vs. Barros Marta s/ Indemnización por despido" sentencia Nº 1021 del 21/12/2011; "Roldán, Gloria Elena vs. GNC Plus SRL s/ Despido" sentencia Nº 1035 del 28/12/2011; "Jiménez, Vanina vs. Sanatorio 9 de Julio S.A. s/ Cobro de pesos" sentencia Nº 74 del 29/02/2012; "Acuña, Gladys Graciela vs. Empresa de Distribución de Energía de Tucumán s/ Indemnizaciones" sentencia Nº 167 del 21/3/2012, "Sharruf, Estela María vs. Diócesis de la Santísima Concepción s/ Despido", sentencia Nº 1112 del 10/12/2012), cabe señalar que esta Corte coincide con el juicio positivo de admisibilidad del recurso efectuado por la Cámara. Ello así por cuanto fue interpuesto en término contra una sentencia definitiva, denuncia infracciones normativas, arbitrariedad en la apreciación de las pruebas de la causa y falta de fundamentación del pronunciamiento impugnado, y no es necesario cumplir con el afianzamiento por ser la parte actora la que recurre (arts. 130/133 CPT). Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia del recurso interpuesto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR, PARCIALMENTE, al recurso de casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia N° 184 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV de fecha 21 de diciembre de 2009, glosada a fs. 467/469 de autos. En consecuencia, CASAR PARCIALMENTE, dicha sentencia, dejando sin efecto el punto I de su parte resolutiva en cuanto dispone no hacer lugar a la demanda, promovida por el actor, en contra del demandado en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso, diferencias de SAC 2005, diferencias de vacaciones 2005, diferencias de haberes correspondientes a marzo y abril de 2005, e indemnizaciones previstas en el art. 2 de la Ley Nº 25.323 y en la Ley Nº 25.345 y ABSOLVER a la demandada por tales conceptos; así como los puntos II y III de la misma resolutiva, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando.- DISPONER la remisión, de los presentes actuados, al referido Tribunal a fin que, por la Sala que corresponda, dicte en lo pertinente nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.