marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Libertad sindical, fuerzas de seguridad, servicio penitenciario provincial, interpretación de la constitución, facultades reglamentarias
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Rearte, Adriana Sandra y otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-13

El derecho a la sindicalización de la fuerza de seguridad provincial surge directamente de la Constitución Nacional, por lo que no puede ser prohibido -sino tan solo pasible de reglamentación habilitante- por parte de la legislatura local (Disidencia del juez Rosatti).
Caducidad, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRARI, ALBERTO JULIO c/ COMUNA DE DIEGO DE ALVEAR s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (SOLICITUD  DE PERENCION DE INSTANCIA) (CSJ EXPTE N. 65-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-05

Es criterio jurisprudencial pacífico que la perención debe interpretarse restrictivamente. El principio rector en materia de caducidad manda que en caso de duda se opte por la vigencia o validez de determinados actos procedimentales, manteniendo consecuentemente vivo el proceso.
Concesión errónea del recurso, admisibilidad formal, recurso de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: STELLA, FRANCISCO MIGUEL c/ COOP. AGROP. UNION Y TRABAJO LTDA. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2015-03-05

Resulta mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, puesto que no reúne la totalidad de los requisitos establecidos en la Resolución Nº 1197/07 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y su Anexo, tales como la omisión de citar en la carátula los precedentes del Superior Tribunal de Justicia local y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a lo que debe adicionarse otro déficit que torna inadmisible el remedio en trato, cual es la errónea invocación de las normas que confieren jurisdicción a este Superior Tribunal de Justicia -art. 2° inciso j de la citada resolución-.
Beneficios previsionales, actualización monetaria, plazo, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: DIAZ, SILBESTRE DIONISIO s/ ACTUALIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-12

El plazo de noventa días hábiles administrativos fijados por el artículo 1 de la ley 21864 para diligenciar las peticiones formuladas por los interesados, sin que los entes de la seguridad social se vean obligados a actualizar el monto de las prestaciones, aparece como irrazonable en períodos caracterizados por una aguda depreciación monetaria, al disminuir notablemente el crédito de los beneficiarios. En orden a ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo citado por no constituir una reglamentación razonable de los derechos garantizados en los artículos 14, 16 y 17 de la constitución nacional y ordenar la actualización monetaria de los haberes, toda vez que mediante la misma no se modifica el "quantum" de lo debido, sino sólo se tiende a mantener su magnitud económica real, frente al envilecimiento del signo monetario.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Franco, Juan Ignacio c/ Mendoza Bento, Leonardo Jesús y otros s/ Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios Bello, Hernán c/ C.E.A.M.S.E. s/ Ejecución de honorarios Coca Cejas de Acha, Germana c/ Ferraris de Martínez, S. y otros s/ Daños y perjuicios Caballero, María Eva y otro c/ Suárez Padoani, Javier y o. s/ Daños y perjuicios Dowling, Tom Richard c/ Galeotti, José y otro s/ Liquidación de sociedad de hecho y rendición de cuentas Rodriguez, Carlos E. y otros c/ Cid de la Paz, Fernando y otro s/ Daños y perjuicios Martínez, Denis Darío c/ Fernández, Claudio Hermes s/ Daños y perjuicios Mieres de García, Margarita c/ Ardoino de García, Florida s/ Desalojo Carlos E. y otros c/ Cid de la Paz, Fernando y otro s/ Daños y perjuicios Martínez, Denis Darío c/ Fernández, Claudio Hermes s/ Daños y perjuicios Mieres de García, Margarita c/ Ardoino de García, Florida s/ Desalojo Carlos E. y otros c/ Cid de la Paz, Fernando y otro s/ Daños y perjuicios Martínez, Denis Darío c/ Fernández, Claudio Hermes s/ Daños y perjuicios Mieres de García, Margarita c/ Ardoino de García, Florida s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24|1999-04-13|2000-09-13|2002-02-19|2003-03-05|2004-03-01|2005-07-06|2007-09-19

Se entiende por absurdo al error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa.
Recurso extraordinario de nulidad, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Chazarreta, Gerardo J. s/ Inf. art. 96 inc. "f", dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-12

Es insuficiente el planteo según el cual el proceso contravencional infringe el art. 18 de la Constitución Nacional porque en él no hay plenario o juicio contradictorio si no se indica qué normas del Código de Faltas reguladoras del proceso resultan implicadas (pues es claro que el art. 34 de tal Código denunciado no regula el trámite) y no se demuestra el vicio invocado.
Juicio ejecutivo, ejecución fiscal, tasas de interés, tasa del 6% anual, mora
Materia: CIVIL
Carátula: O.S.N. c/ PROPIEDAD DE LA FINCA GRAL. CESAR DIAZ 3047. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-10

Por aplicación del plenario " O.S.N. c/ Corsiglia", del 15/5/86, corresponde limitar los intereses al 6% anual y los recargos, a partir del segundo mes de atraso, al 20% también anual, sobre el capital actualizado.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-10


Salta, 10 de febrero de 2014.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION (OSPECON) C/ ARA CONSULTORA S.R.L. S/ ORDINARIO", EXP 27736/11; originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 3, para resolver la apelación interpuesta a fs. 82/87, y _C O N S I D E R A N D O El Dr. Cabrera dijo: comparece la apelante a formular desistimiento del recurso de apelación y a peticionar la remisión de los autos al Juzgado de origen, toda vez que ha suscripto un acuerdo de pago de la deuda reclamada.

Conforme el decreto de fs. 93, punto II, la contraria no contestó el traslado conferido del recurso de apelación, por lo que se tuvo por decaído el derecho dejado de usar.

Por ello, cabe tener por desistido el recurso incoado a fs.82/87, con costas por su orden (art. 67, 2do. párr. CPCC).

El Dr. Figueroa dijo: que adhiere al voto precedente.

Por ello, La CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA I_ R E S U E L V E I.-) Tener por desistido el recurso de apelación interpuesto a fs. 82-87. Con costas por su orden._ II.-) Ordenar se copie, registre, notifique y bajar los autos al Juzgado de origen.
Pena, tratados internacionales, graduación de la pena
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: "GOMEZ, Francisco y otro s/ condena".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-14

Para establecer la pena a imponer se deberá partir de los hechos que se endilgan, en tanto como se reconoce casi unánimemente en la doctrina, el ilícito culpablemente cometido configura el criterio decisivo para la individualización de la pena (ver de la Sala I CCCF, causa "MIARA", reg. n° 710 del 28/8/98 y sus citas). Ello deriva necesariamente del principio de la culpabilidad por el hecho que rige en materia penal por imposición constitucional (art. 18 Constitución Nacional), pero también se desprende de la estructuración sistemática del ordenamiento penal argentino, organizado a partir de la existencia de marcos penales diferentes para cada delito, que señalan el valor relativo de cada norma comprometida (conf.

Dreherm, Uber Strafrahmen, publicado en FS Bruns Colonia, 1978, pág. 146). Es que si bien nuestro ordenamiento jurídico, en especial, a partir de la suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos, actualmente con rango constitucional, manda tomar en cuenta al fijar la pena, las consecuencias que ésta puede tener para la vida futura del autor desde el punto de vista de su reinserción social (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y artículo 5, punto 6, de la CADH), la consideración de tales necesidades ceden frente a hechos particularmente graves, en los cuales prevalece la necesidad de reafirmar la vigencia de la norma violada frente a la comunidad por medio de la sanción efectiva. Esto también es reconocido constitucionalmente frente a hechos que muestran un alto grado perjudicante y trascendente, en los cuales, incluso, resulta inadmisible el indulto -artículo 36 CN- (ver en igual sentido, causa "MIARA", citada más arriba). Serán parámetros de evaluación también, la extensión del daño causado, las especiales cualidades de las víctimas, las circunstancias que rodearon a la comisión de los hechos y las condiciones personales del autor (ver Ziffer, Patricia, "Lineamientos de la Determinación de la Pena", Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996, págs.

125 y sgtes.).
Costas al vencido, costas al demandante, juicio de desalojo, desocupación del inmueble, lanzamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA RIO NEGRO (SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO) c/ VICENTE ROBLES SAMCICIF y/o TERCEROS OCUPANTES s/ DESALOJO ADMINISTRATIVO CONDENA DE FUTURO s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-23

"En cambio las costas deben ser soportadas por el demandado, cuando a pesar de haberse allanado a la demanda fue necesario diligenciar el mandamiento de lanzamiento".
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios, boleto de compraventa, legitimación pasiva, cobro de expensas comunes, asamblea de consorcistas
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Merpa Construcciones  S.R.L. c/ Consorcio de Propietarios Asamblea 1546/1550 s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-20

Si el consorcio de copropietarios le reconoce legitimación para ser demandado por cobro de expensas al tenedor de un boleto de compraventa y que se encuentra en la posesión de unidad, aunque aún no se haya formalizado la escrituración, constituye un rigorismo excesivo privarlo de la facultad de participar en las asambleas y de ejercer todo otro derecho, como uno más de sus integrantes. Tal proceder del consorcio lo coloca en contradicción con sus propios actos.

Y es inadmisible ponerse en contradicción con una anterior actitud deliberada y jurídicamente relevante y plenamente eficaz.
Acusación fiscal, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Echeverry, Horacio Carlos - Echeverry, Jose Jorge s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-15

El escrito de Acusación Fiscal debe exteriorizar el ejercicio de la acción penal y por ende, debe contener en "conclusiones precisas y numeradas" los enunciados del art.221 en sus apartados 1 al 7 del Cód.de Proced. Penal. En cuanto trae en un primer punto, en vez de el "hecho punible que a juicio del acusador resulta del sumario" , una especie de glosa de la denuncia, por obra de tal peculiar relato fáctico resulta que "el hecho punible" por el que el Juez debe condenar o absolver para no violar el principio de congruencia, consiste, ni más ni menos, en la conducta del denunciante, y no, como debe suceder, en la conducta de los que mencionara como autores de las lesiones. Esto, por su manifiesta gravedad e imposibilidad de su remedio impone determinar la nulidad de oficio del escrito de acusación fiscal, el que por sus manifiestas falencias, no implica ejercicio de acción penal alguna y por lo tanto ha impedido la etapa de plenario, y, con esto, el juicio, propiamente dicho.
Firma, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Paiñenao, Ciriaco. c/ Elvio Taraborelli y Vicenta de Taraborelli. s/ Trabajador Agrario. Firma.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-08-07

El legislador sancionó el artículo 10 de la ley 22248 representándose perfectamente la posibilidad de que un trabajador de campo firme a pesar de no saber leer ni escribir. No obstante dicha falencia intelectual y la correlativa inseguridad respecto a si comprende o no qué es lo que está consintiendo, dicha ley no exige otros recaudos para aceptar la validez de los recibos.
Defensa del consumidor, multa administrativa, precio de venta al público
Materia: COMERCIAL
Carátula: El torito y/o Torres, Manuel Ramon s/ apelacion (ley pcial. nº 1480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-02-08

Corresponde revocar la sanción impuesta por la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario de la Provincia con fundamento en la infracción al artículo 7º de la Ley de Defensa al Consumidor que estaría configurada por la oferta de aceites a un precio superior al establecido en el Acuerdo de Precios celebrado por el gobierno con la industria aceitera, pues el comercio del apelante no es un supermercado ni un hipermercado y le resultan, por tanto, inexigibles sus normas.
Derecho laboral, empleador, facultades disciplinarias, trabajador, tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Sulfacid S.A. c/ Capodaqua, Alberto y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Medida   cautelar y exclusión de tutela sindical (Expte. CSJ Nº 671- 97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-07

Algunos tribunales entienden que la sentencia que se dicta en el juicio sumarísimo de exclusión de tutela sindical es definitiva, sin que por el análisis de los hechos que le sirven de fundamento se esté anticipando un pronunciamiento sobre la procedencia o no de la sanción que pueda imponerse a los trabajadores sin son excluidos, materia que, llegado el caso, debe ser resuelta en el juicio que pueda promoverse para atacar la eventual sanción. En dicho juicio posterior, deviene abstracta cualquier discusión en punto a la exclusión, pero no en cuanto a la justicia o no de la posible sanción.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, deserción del recurso, doble instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE RIO NEGRO c/ OCUPANTES s/ DESALOJO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-06

Se ha determinado que la aplicación del art. 265 del CPCyC. en los casos en que existe un escrito de expresión de agravios, debe realizarse con criterio restrictivo y ponderando claramente los efectos de la sanción de deserción que literalmente pone punto final al litigio.

Debe tenerse presente que la doble instancia es un mecanismo procesal del que sólo en casos extremos puede suprimirse una de sus partes. Así, conforme el criterio fijado por este Cuerpo y por la doctrina y jurisprudencia reinante sobre el tema entiendo que la decisión de declarar la deserción del recurso debe ser sumamente restrictiva.
Honorarios del perito, partes del proceso, obligaciones de las partes, derecho de propiedad, derechos adquiridos, aplicación temporal de la ley, irretroactividad de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: García, Jorge c/ Reynot Blanco, Salvador Carlos. s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-18

Las obligaciones de las partes respecto de los peritos no resultan alteradas por la modificación introducida al art. 77 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por la ley 24.432, si los trabajos realizados por los peritos fueron llevados a cabo íntegramente con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva previsión legal, por lo que mal puede ser aplicada sin afectar el derecho de propiedad.
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rudelli, Norberto c/ Trento, María L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-13

El reconocimiento y resarcimiento del agravio moral depende del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea menester otra precisión, pues no requiere prueba específica alguna- prueba "in re ipsa"- correspondiendo al responsable del hecho dañoso la carga de acreditar la efectiva existencia de una situación objetiva que descarte la posibilidad de su existencia.-
Requerimiento de elevación a juicio, celeridad procesal, principio de contradicción, deber de imparcialidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Blanc, María Virginia s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-11

La decisión de elevar a juicio una causa que tramitó ante el Ministerio Público y que carece de auto de procesamiento, no es contraria al C.P.P.N. ni desconoce derechos constitucionales, ya que, el art. 215 del CPPN en ningún momento exige el dictado de ese auto como requisito para la elevación a juicio en casos en que no exista prisión preventiva. De ese modo, también se garantizan la imparcialidad del juez y la celeridad procesal, pues en estos supuestos el control jurisdiccional de la instrucción está asegurado con la intervención del Juez -órgano ajeno a ella e imparcial- al momento de evaluar la posible remisión de la causa a juicio. En cuanto al derecho del imputado a fijar su situación procesal, esto es, delimitar el hecho que se le atribuye como así también las pruebas de cargo y la calificación provisoria, se encuentra asegurado con la descripción que se le hace previo a recibirle declaración indagatoria, así como en el requerimiento de elevación a juicio con el que se dará inicio al debate oral, que es donde se despliega el principio de contradicción y asegura al imputado todas la posibilidades de resistir la acusación. La actividad persecutoria previa al debate cuenta con suficientes controles jurisdiccionales pues cuando la instrucción ha sido delegada al MP (art. 196 del CPPN) el control sobre la pretensión punitiva ya la realiza el juez al aceptar o no recibirle declaración indagatoria al imputado, y no necesariamente al dictar el auto de procesamiento, como así también en la etapa en la que el fiscal requiere elevación a juicio, donde se analizan las excepciones que interpusiera la defensa. Además, el Juez es el encargado de los actos trascendentales de la investigación (art. 213 CPPN). El auto de procesamiento tampoco es requisito para el dictado de medidas cautelares diversas al encarcelamiento preventivo, que sí lo requiere, las cuales, de ser necesarias para la realización del juicio, pueden ser dictadas conforme al régimen general del C.P.C.C.N. Sin perjuicio de no existir obstáculo para su dictado una vez recibido un dictamen acusatorio y de que el art. 518 del CPPN prevé su dictado sin la existencia de dicho interlocutorio.
Honorarios del abogado, rechazo de la demanda, base regulatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Berg, Analía c/ Daconte, Néstor Omar s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-08-12

Habiendo litisconsorcio, activo o pasivo, el monto del juicio a los efectos de la regulación de honorarios estará en función del interés particular de cada uno. No necesariamente, la base regulatoria a tomar en cuenta para fijar los honorarios de todos los profesionales actuantes debe ser la misma. En tal sentido, la propia ley arancelaria establece expresamente que "cuando haya litisconsorcio la regulación se hará con relación al interés de cada litisconsorte" ( art. 21, 2do. párrafo, ley 8904). En este caso habiéndose rechazado la demanda con relación al patrocinado por el apelante, resulta de aplicación la normativa del art. 23, 2do. párrafo de la ley 8904, siendo entonces la base regulatoria a considerar para la regulación de sus honorarios, el importe de la demanda, sin intereses, al no estar contemplado el agregado de tales accesorios.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Blasco Sotero s/sucesión testamentaria c/ Casado de Basso, Susana M. y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-28

La interrupción de la prescripción produce sus efectos con respecto al pasado: borra el tiempo ya corrido de la prescripción, pero permite que ésta comience de nuevo su curso, como si no hubiese existido la prescripción anterior. La suspensión, por el contrario, sólo produce sus efectos para el porvenir: el tiempo anterior de la prescripción es conservado, puesto en reserva, para unirlo al que se irá al cesar la suspensión que impedía el curso de la prescripción arts. 3983 y 3998).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Declaración de inconstitucionalidad, Ley de Punto Final
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Leonelli, Angel Alberto y otros. s/ Pedido de inconstitucionalidad de la Ley 23.492
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-09

A quienes solicitan que la Corte declare la inconstitucionalidad de la ley 23.492, alegando las graves consecuencias que aquélla ocasionaría para el presente y el futuro del país, corresponde hacerles saber que deben formular el agravio que plantean en cada una de las causas en las que tengan derecho a intervenir.
Regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SINDICATURA BID COOP. LTDO. c/ BANCO RIO DE LA PLATA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-21

Respecto al pedido de aplicación de la escala arancelaria modificada por la ley 12851 con invocación del artículo 42 de este texto legal, esta Corte ha declarado la invalidez constitucional del precepto, por lo que ninguna conducencia tiene el planteo de los comparecientes, ni lo decidido en el fallo del A quo, máxime cuando los interesados ni siquiera se hacen cargo de la postura de este Tribunal ni intentan demostrar la concurrencia en el caso de razones que habiliten a apartarse de la doctrina constitucional referida.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, declaración de insania
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Granero, Norma s/ art. 482 (3r. párrafo) del Código Civil.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-10

Es improcedente la declaración de incompetencia, si no se ha configurado en el proceso una modificación de las circunstancias fácticas originariamente consideradas por el juez para admitir su jurisdicción en el proceso de insania, y las dificultades para continuar el trámite, genéricamente invocadas, no aparecen como suficiente argumento.
Prescripción, daños y perjuicios, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALVARES BENITO c/ JULIO CORTEZ BRITOS s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A074 - 157)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-05-28

La Corte Suprema de Justicia tiene dicho que cuando se trata de la prescripción extintiva de un derecho creditorio por perjuicios sufridos por el acreedor, el plazo debe computarse desde que ese derecho es exigible, lo que ocurre cuando queda abierta la acción por conocimiento del daño.-
Materia: LABORAL
Carátula: BARRIENTOS RAUL MARIO c/ ANATOL DRANNIKOV Y/U OTROS S/INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA MACHUCA LUIS ANGEL c/ TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A S/ PREAVISO s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA IBAÑEZ, MARIO Y OTROS c/ EMPRESA DE TRANSPORTES SAN LUIS -LINEA 3 S.R.L. DE HUGO CARLOS Y GERARDO ABDELSALIB s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC.-QUEJA POR CASACION DENEGADA.- GARACH AMELIA BEATRIZ c/ TRAPITO LIMPIO S/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC. s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-06-09|2007-06-12|2007-07-05|2007-03-07

El recurso directo o de queja por casación denegada es el remedio procesal tendiente a obtener que el Superior Tribunal de Justicia, tras revisar el juicio de admisibilidad efectuado por el órgano inferior, preliminarmente en orden a si el recurso fue bien o mal denegado, revoque la providencia denegatoria de la casación, la declare admisible y, eventualmente, disponga sustanciarla en la forma y efectos que correspondan.