marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrabando, carga, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: EXIMCAR S.R.L. s/ Contrabando Causa Nro. 36442.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

Debe ser revocado el sobreseimiento dictado fundado en que el hecho investigado no constituye delito pues la declaración de valores de los productos importados en forma considerablemente inferior a los precios declarados por el exportador, hace presumir una maniobra ardiosa tendiente a someter a la mercadería a un tratamiento aduanero distinto al que corresponde, por lo cual es imprescindible ahondar la investigación para conocer el verdadero valor pagado por el importador. (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).
Inadmisibilidad del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Portillo, Edgar Alexis c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-15

El voto concurrente destacó que no se ha demostrado la existencia de cuestión federal y, asimismo, se halla garantizado el derecho a la doble instancia en cuanto recayeron pronunciamientos concordantes del juez instructor y la cámara respectiva. Dres. Hornos, Figueroa -voto concurrente-.
Acciones societarias, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Presidente S.R.L. (s/q) c/ Rivera, Rafael y otros s/ Restitución de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

No obsta a que la acción fuera promovida por la sindicatura para que sea aplicable la prescripción prevista en el art. 848 inc. 1 del Código de Comercio, desde que la misma se desentiende de la calidad o naturaleza de las personas o entes sobre las que se hiciere valer dado que encuentra su fundamento en la naturaleza especial de los actos y negocios de que tales acciones derivan. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, fundamentos insuficientes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Petrocelli, Jorge Alfredo c/ Bearzotti, Fernando y otra s/ Recurso Extraordinario- Queja por denegación del Recurso de  Inconstitucionalidad - Cobro de pesos (Expte.: C.S.J. Nro. 498 Año  2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-15

Debe denegarse la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si el recurrente en el memorial introductorio reitera las alegaciones sostenidas en la pieza en que dedujo la impugnación extraordinaria local -cuestionamientos en torno a que se había tenido por acreditada la calidad de corredor inmobiliario del actor y que se estimó probada su intermediación, generadora del derecho al cobro- pero sin lograr fundar eficazmente los vicios que le atribuye al fallo de la Corte local. Asimismo, reedita los argumentos que vertiera al introducir los "hechos nuevos" ante el Alto Cuerpo local, intentando -sin éxito- dotarlos de un cariz constitucional a fin de lograr la apertura de la instancia de excepción. En suma, no median en el escrito de interposición del recurso federal razones de entidad suficiente para invalidar el pronunciamiento que justifiquen, por ello, la habilitación de la instancia extraordinaria.
Locación, precio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Olveira, Ana María c/ Alvarez, Mónica Patricia s/ Ejec. alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-21

La cantidad precisa equivalente a los impuestos y servicios de un bien inmueble, con fechas fijas y ciertas de vencimiento -no adeudadas a la fecha del contrato- es una suma determinada de dinero que importa un precio parcial que integra el total a que el locatario se obligó a pagar por el uso y goce de la misma, más allá de que en el contrato respectivo se los haya indicado separadamente (art. 1493 del Cód. Civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Orquín, Enrique Gabriel s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-06

Debe anularse de oficio la sentencia de Cámara que tiene por probada la responsabilidad del procesado sin hacer referencia a norma legal alguna que avale su decisión, limitándose a una afirmación dogmática carente de contenido, tornando así imposible toda crítica razonada y obstaculizando la interposición del recurso de inaplicabilidad de ley y su debido conocimiento por esta Corte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excusación, trámites judiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Riso, Antonino s/ sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-03

Cuando no existe en la localidad número suficiente de jueces o funcionarios sustitutos para integrar un tribunal, razones de economía y celeridad procesal aconsejan recurrir a aquellos provenientes del mismo fuero del tribunal más próximo, a fin de evitar el oneroso desplazamiento de los litigantes y testigos (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tenencia de hijos menores, tenencia compartida de hijos menores
Materia: CIVIL
Carátula: R.F.J. c/ M.O. de R.B. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-06

La tenencia compartida debe ser una solución excepcional, dado que significa someter a los hijos menores a dos regímenes de vida distintos y en forma alternativa, con posibles incidencias en su educación y futura formación lo que -en principio- se muestra como conveniente si existen profundos resentimientos entre ambos progenitores, e incluso sus respectivos núcleos familiares. Debe primar, entonces el bienestar los menores, y mantener la situación de hecho existente, más todavía si se advierte que desde la separación la madre se ocupa de todo lo relativo a la educación de sus hijos.-
Recurso de casación, vivienda única, bienes inembargables, protección de la vivienda, economía procesal, celeridad procesal, emergencia económica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Quintero, Marina del Valle c/ Jaime, Estela Mónica s/ estatutos especiales - recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-11-14

En torno al decisorio del Inferior que hizo lugar al planteo de inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda única, recurre la resolución tras considerar errónea la aplicación del artículo 1, Ley 8067 en lo que respecta a la automática inscripción de la vivienda como bien de familia. El Máximo Tribunal de la Provincia, expuso: Desde la consagración del régimen de la vivienda única en la Carta Magna Local (artículo 58) y su posterior reglamentación (Ley 8.067), la cuestión relativa a la constitucionalidad de estas normas motivó una nutrida discusión dogmática, sin soluciones pacíficas en el ámbito de la jurisprudencia. Los últimos argumentos esgrimidos en la materia, ponen su atención en la situación de emergencia económica existente en el Estado Nacional y los Estados Provinciales que generó la sanción de numerosas leyes para suspender la ejecución de subastas de vivienda. Se destacó la naturaleza de derecho social de la "vivienda única", garantizado por normas supranacionales, federales y locales, en función de las cuales, la protección dada por el artículo 58 de la Constitución Provincial deviene consistente con la incorporada por el artículo 14 bis de la Carta Magna: defensa del bien de familia. En ese marco no podría sostenerse que la Constitución local otorga una protección mayor a la que establece el artículo 38, ley 14.394 para cumplir con la manda constitucional - inembargabilidad e inejecutabilidad. También se comparó el artículo 35 de la ley nacional de Bien de Familia con la ley provincial 8.067 de "Vivienda Única" para establecer las diferencias entre ellas. No obstante estas razones, la CSJN decidió ratificar la declaración de inconstitucionalidad del art. 58, in fine, de la Constitución de la Provincia de Córdoba y de la ley reglamentaria 8067, que ya había pronunciado anteriormente con otra integración, apuntando que este Cuerpo provincial no habría aportado nuevos elementos relevantes que permitieran apartarse de los argumentos esgrimidos por la Corte en la causa: "BANCO DEL SUQUÍA SA C/ JUAN CARLOS TOMASSINI..." (Fallos 325:428) Teniendo en cuenta este dato de la realidad jurídica y en función de lo que indican los principios procesales de economía y celeridad, corresponde aceptar los fundamentos y solución del máximo Tribunal de la Nación y adecuar la decisión de la controversia a los precedentes mencionados. Quedan aseguradas así dos directivas que presiden las disposiciones de este Cuerpo: la función unificadora que le corresponde en materia de interpretación de la ley y evitar un inútil desgaste jurisdiccional. Corresponde acoger la casación deducida y revocar la resolución cuestionada.
Daños y perjuicios, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez, Salvador c/ Mansilla, Francisco s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1976-03-16

Respecto de la oportunidad en que deben correr los intereses no comparto el criterio sustentado por los colegas propiciando por mi parte que ellos sean aplicados a partir de la fecha del desembolso, es decir desde la fecha en que los daños fueron efectivamente abonados por el damnificado en aquellos gastos que existan constancias fehacientes de pago y a partir de la fecha en que el deudor fue constituido en mora -extrajudicial o por la notificación de la demanda-, para los restantes cuyo desembolso no está acreditado.
Prueba testimonial, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: LEDESMA, Elba H s/ Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

Es prudente atribuirle carácter meramente indiciario a la deposición de la denunciante que ha sido víctima del hecho, cuando su presentación como particular damnificada revelaría un cierto interés en el resultado del proceso.-
Seguros, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sauvanet, Alfredo Leandro c/ Szabo, José Samuel y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

Si el automotor asegurado en la oportunidad del siniestro era conducido por un menor de 13 años de edad, inhabilitado para conducir automotores de conformidad con el art. 43 incs. 1 y 3 de la ley 5.800 (hoy art. 34 de la ley 11.430) no se trata de un supuesto de culpa grave sino de falta de cobertura, lo que significa que se trata de un riesgo diverso del previsto en la póliza, es decir, de aquél sobre cuya base se efectuó el contrato.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, ley penal, graduación de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MORGAN, CARLOS ALBERTO c/  s/ ASOCIACION ILICITA, ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-15

En relación a las postulaciones vinculadas con la pena impuesta, la recurrente no alcanza a descalificar desde la óptica constitucional la motivación ensayada por la Alzada al convalidar su individualización, toda vez que de las razones expuestas surge que la cuestión apunta a discutir la interpretación efectuada por el A quo de las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal tenidas en cuenta para graduar la sanción, asunto que en la medida que fue decidido con suficientes fundamentos dentro de los límites establecidos por las leyes respectivas, por opinables que resulten, no habilita la apertura de esta instancia de excepción. - CITAS: CSJN: Fallos 312:551; 315;807 y 324:4170; CSJStaFe: AyS T 204, p 131.
Contrabando, cuerpo del delito, devolución de objetos secuestrados, devolución del automotor, competencia en lo penal económico, facultades de la DGA, facultades jurisdiccionales
Materia: PENAL
Carátula: ALEJANDRO, HECTOR s/ Contrabando, incidente de entrega de automotor Causa 30943
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-06

1- Aún cuando el vehículo cuya restitución se solicita resulta elemento integrante del cuerpo del delito investigado, pudiendo resultar necesario a efectos de ahondar la investigación o efectuar pericias sobre el mismo, aún cuando dichas diligencias se hayan cumplido, el Juez en lo Penal Económico no puede por sí solo disponer el destino final del bien, sino que a lo sumo debe limitarse a declarar que no existe impedimento para su entrega, desde que la jurisdicción es compartida con la autoridad administrativa (Administración Nacional de Aduanas) que goza de competencia originaria, claro está que con la correspondiente revisión judicial prevista en la misma ley, para aplicar las penas establecidas en el art. 876 del Código Aduanero, en materia de infracciones aduaneras que pudieran resultar y el pago de derechos, independientemente de la existencia o no del delito de contrabando (art. 876, art. 1026, art. 1085 y concordantes del Código Aduanero, Ley 22415). (Del voto del Dr. Repetto).- 2- Si la petición de entrega del vehículo efectuada por el procesado de quien se sospecha haber obrado como testaferro para la importación con franquicia se funda en argumentos de descargo respecto del hecho (de los que únicamente cabe hacer mérito para la decisión definitiva de la causa) y no a las razones de cautela en que se fundamenta la incautación del mismo dispuesta por el Juez "a quo", no corresponde hacer lugar a su restitución (Del voto del Dr.

Hendler)
Poder Ejecutivo Provincial, emplazamiento, responsabilidad del Estado, personas privadas de la libertad, salud mental, asistencia psicológica
Materia: PROCESAL
Carátula: Inc. de ejecución de pena S., C. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-20

Por otra parte, también acuerdo con que se determine que el tribunal de ejecución penal convoque y emplace a los organismos de la Administración (Poder Ejecutivo) en sentido similar sentido al expuesto en la Se. 90/07.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, calidad de parte, actos y diligencias procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ten, Luis Américo y otros c/ Municipalidad de Salta s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-05-24

Invoca el artículo 153 de la Constitución Provincial que prevé la competencia originaria de la Corte de Justicia para declarar la inconstitucionalidad de ordenanzas y el artículo 704 del código procesal civil y comercial de la Provincia y sostiene que esa es la vía idónea que permite un amplio margen de debate y prueba que garantiza el derecho de defensa de las partes y da mayor margen de conocimiento para el sentenciante. Sobre la intervención de la Dirección de Catastro y Topografía, como la del Área de Planificación Urbana Municipal, dice que era innecesaria para el caso porque no se modificaba en ningún punto el entramado urbano, ni compromete el resto de la trama de las arterias de la ciudad.

En cuanto a la participación de los vecinos, reconoce que se omitió la consulta formal, pero afirma que en los hechos la participación de los vecinos de la Avenida, como del resto de los ciudadanos se cumplió sobradamente.

En ese sentido menciona que el debate público que suscitó la iniciativa disparó el interés de todos los medios de comunicación, radiales, televisivos y diarios en sus versiones de papel o digital, como la celebración de audiencias públicas y debates con reconocidos historiadores y personalidades de la cultura, tanto en el Concejo Deliberante como en otros ámbitos y foros de la ciudad, por lo que la cuestión fue receptada por los vecinos frentistas y no frentistas, y su opinión y discusión, fue conocida por los Concejales.

De allí concluye que la declaración de nulidad sería un exceso de rigorismo formal y su incumplimiento no ha tenido influencia en el dictado de la ley en sentido material.
Prescripción, cómputo del plazo, interrupción de la prescripción, asignación de causa, interposición de la demanda, feria judicial
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Coccia de Negri c/ Olivera s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-11

Tiene efecto interruptivo de la prescripción de la acción, la presentación que, aunque no tenga el carácter de demanda en sentido estricto, origina la puesta en marcha de la actividad jurisdiccional sin que tenga incidencia el resultado adverso, si con ella el actor demuestra su intención de hacer valer su derecho; es decir, que no permanece inactivo o silencioso.

La presentación de la demanda ante el Centro de Informática implica por parte de la accionante una manifestación de voluntad exteriorizada suficiente para desvirtuar la presunción de abandono de un derecho.

El feriado judicial establecido para el Centro de Informática Judicial en atención a la unificación de la Justicia Especial y la Justicia Civil constituye un suceso excepcional susceptible de impedir el ejercicio de la acción dentro del término que acuerda la ley para hacerlo.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, pagaré, mora, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA, ANDRES c/ BUSI DE ORELLANA, MARIA M. Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-09

La previsión del CPR.: 520 permite acordar fuerza ejecutiva a aquellos títulos que sin estar sujetos a una reglamentación especial (como el caso del pagaré) expresen una obligación líquida de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables. Dichos extremos se encuentran reunidos cuando en el mismo instrumento está prevista la forma de liquidar en moneda de curso legal la cantidad de bonos externos a que se obliga a pagar el accionado. Por tanto, si bien no es un pagaré, resulta título ejecutivo en su carácter de simple quirógrafo, lo que lleva a afirmar que el mismo no puede ser considerado como título de presentación.

La mora, en la especie, se rige por lo dispuesto por el CCIV. 509, de donde se sigue que la falta de concurrencia del actor al domicilio del deudor a efectos de percibir el pago es un extremo cuya existencia debe ser acreditada por el ejecutado por tratarse de un supuesto de mora accipiendi. Si no se satisface tal carga probatoria, a los efectos de la mora deberá estarse a la fecha de vencimiento del título.
Procedimiento administrativo, excepción de incompetencia, planteo oportuno, objeto de la demanda, excepción de prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sosa, Jorge Guillermo c/ Municipalidad de Valle Viejo s/ Acción de Nulidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-15

Comparecen las apoderadas de la parte demandada y oponen excepción de incompetencia como artículo de previo y especial pronunciamiento, fundándola en que el Decreto 009/04 por el que se dejó sin efecto la designación del actor -como jefe de departamento- no fue impugnado en sede administrativa, encontrándose firme y consentido.

Asimismo, en relación a la solicitud de pago del adicional por jerarquía y función por los períodos comprendidos desde el mes de diciembre del año 2003 al 12 de enero de 2004, señalan que el actor interpuso pronto despacho en el año 2004, pretendiendo su impugnación judicial transcurridos más de tres años desde que habilitó competencia, por lo que consideran caducas ambas pretensiones.

Ahora bien, el objeto principal de la presente acción contencioso administrativa de nulidad y plena jurisdicción es que se revoque el Decreto Nº095/07, emanado del Departamento Ejecutivo que rechaza el recurso de revocatoria interpuesto, confirmando en todas sus partes el Decreto Nº007/07 que dispone la cesantía del actor, quien pretende, además, su inmediato reintegro y pago de haberes perdidos. Conforme a las constancias obrantes en autos, la acción ha sido deducida en tiempo hábil, dado que el agotamiento de la vía administrativa previa culmina con la notificación de fecha 16/05/2007, interponiéndose la demanda, según cargo de recepción obrante, dentro del plazo previsto en el Art.7 del CCA.

En consecuencia, corresponde rechazar la excepción de incompetencia deducida, sin perjuicio del tratamiento, en su oportuno momento, de las peticiones subsidiarias y de la excepción de prescripción, las que corresponde se tengan presentes para el momento de decidir en definitiva.
Impuestos, facultades tributarias, gobierno nacional, gobierno provincial, Municipalidad, facultades concurrentes, impuesto a las ganancias, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Plata Remolques S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-30

Aun cuando se considere que existe yuxtaposición entre el impuesto a las ganancias y el impuesto a los ingresos brutos, tal superposición no entraña, por sí misma, una violación constitucional (Disidencia de los Dres. Antonio Boggiano, Carlos S. Fayt y Ricardo Levene hh.!).
Cantidad de estupefacientes, secuestro de estupefacientes, allanamiento domiciliario, denuncia anónima, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: TORRES, Darío Fernando e IGLESIAS ORTIZ, Sergio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

En el caso particular de Darío Fernando Torres, el a quo ponderó el tipo y cantidad de sustancia incautada en el domicilio del nombrado, que resultó ser sustancia vegetal verde parduzca repartida en un envoltorio de 70,07 grs.; otro de 392,41 grs., uno con 13,17 grs. y un último con 13,57 grs. de cannabis sativa, equivalentes a un total de 2123,84 dosis umbrales, conforme las pericias agregadas al expediente; y sustancia pulvurulenta blanquecina distribuida en un envoltorio con un peso aproximado total de un 1 gr., un envoltorio de 0,9 grs.; y otro de 1,2 grs. con resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Asimismo, semillas pertenecientes a la especie vegetal cannabis sativa y 8 plantines que arrojaron resultado positivo para cannabis sativa, junto con 3 balanzas y dinero en efectivo. Además del estupefaciente secuestrado, se ponderaron los testimonios brindados por el personal policial que tuvo participación en el allanamiento. Sumado a ello, el panel fotográfico de fs. 119/132; el croquis de fs. 139, la denuncia anónima, los diálogos que surgen de la pericia informática y todas las notas preventivas que presentó el personal policial designado para efectuar las tareas de investigación luego de recibida la denuncia anónima, que daban cuenta de los movimientos que efectuaban los imputados y en los que se fundó luego la orden de allanamiento. Que en el caso de Sergio Luis Iglesias Ortiz, se tuvo en consideración que el día de julio de 2017 al momento de practicarse el allanamiento en su domicilio de la calle Darwin nro. 1447 de la ciudad de Río Grande, tenía en su poder 117,8 dosis de cocaína fraccionada en 22 envoltorios pequeños de un peso aproximado de 0.70 grs. cada uno y un peso total de 16,08 gramos, de los que se descartó al advertir la presencia policial, sumado a los testimonios y los resultados de las tareas investigativas previas.
Juicio de apremio, plan de pagos, excepción de espera
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS c/ ESTABLECIMIENTOS SANTA ELENA S.A.A.C. s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-02-14

La conducta desplegada por el Fisco se encuentran reñidas con la buena fe que debe animar todos los actos de la Administración Pública, donde a diferencia de un excesivo ritualismo, el principio de formalismo moderado (informalismo) garantiza un procedimiento administrativo dinámico, generador de una actividad realmente útil para el interés general, permitiendo al administrado confiar en que la Administración no va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso concreto persiga, caso contrario se afectaría el patrimonio del contribuyente con entidad de vulnerar sus derechos de propiedad y de debido proceso amparados por la C.N.