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Recurso de casación, aplicación errónea de la ley
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Bertorello, Lisandro Mauricio c/ El Cerrito S.R.L. s/ Beneficios Laborales - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-05-14

La actora en autos principales interpone Recurso de Casación en contra de la Sentencia de Cámara, que haciendo lugar al Recurso de Apelación de la contraria, revocó la sentencia de primera instancia declarando asimismo que las partes en litigio no estuvieron unidas por una relación de carácter laboral, afirmando la recurrente que para así decidirlo la Cámara incurrió en los vicios contemplados por las tres causales del Art. 298 del C.P.C.C.

Respecto de la alegada incorrecta interpretación que habría realizado el Tribunal de segunda instancia en relación a los supuestos de hecho que previamente deben demostrarse para la configuración de la presunción contenida en el Art. 23 de la L.C.T, al exigir de quien alega, no sólo la prueba de la prestación de servicio, sino también el carácter subordinado de ésta, corresponde afirmar que se equivoca la recurrente al atribuir al fallo de Cámara el vicio de violación de la doctrina legal, porque no constituye doctrina legal cualquier precedente jurisprudencial por mas prestigioso que este fuera, sino el criterio sentado por este Tribunal en un tema específico, que por ende se torna obligatorio para los tribunales ordinarios del Poder Judicial de la Provincia. Por el contrario, en la sentencia en recurso se hace propio el criterio interpretativo sentado por éste Alto Tribunal, respetando así el principio de doctrina legal, aunque no se mencionen los autos o la autoría intelectual de la doctrina. Tal adecuación del tribunal de grado al criterio sustentado por ésta Corte de Justicia, también torna improponible el atribuido vicio de incorrecta interpretación de la ley, pues en su caso, la interpretación utilizada en la sentencia en recurso ha sido fijada por ésta Corte y constituye una de las exégesis razonables y legítimas al Art. 23 de la L.C.T y sostenida por doctrina jurisprudencia nacional, tal como aparece descripto extensamente por el Sr. Procurador General en su dictamen.

Bajo este criterio exegético, que fue obviado por la sentencia de primera instancia en el análisis de la controversia, es que la Cámara valora el material probatorio incorporado en autos, concluyendo que si bien no caben dudas sobre la prestación de servicios del actor, lo que no ha podido demostrarse es el segundo supuesto, esto es, la subordinación del actor a las directivas de la demandada, "una relación dirigida que implique dependencia laboral".

Todo ello lleva a la convicción de la acertada y coherente evaluación de las circunstancias de hecho y prueba, y su adecuada subsunción legal, por lo que tampoco se configura en el fallo en recurso el vicio de arbitrariedad que se le endilga.

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso deducido por improcedente.
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hernández, Alfredo N. y otro c/ Cirugía Llerena S.R.L. y otro. s/ Daños y perjuicios Emeri, Patricia Noemí c/ Empresa 'El Rápido Argentino Cía. de Microómnibus S. A.' y otro s/ Daños y perjuicios. Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-29|2002-02-19

Los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria, pues el dictamen se encuentra sujeto a la apreciación judicial. Inclusive, corresponde utilizar en su caso la facultad atribuida al órgano jurisdiccional por el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, reparación de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Rivas Ramos, Araceli Liset c/ Hewlett Packard Argentina SRL y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-24

No resulta procedente la demanda por daños entablada a causa de los defectos que presentó la computadora adquirida, toda vez que la reparación que efectuó la demandada resulto satisfactoria. Ello, ya que la vendedora se hizo cargo de su arreglo, cumpliendo así con la garantía legal que ella debía a su cliente en los términos de la ley 24240: 11. No aplica al caso el art. 10 bis del mencionado ordenamiento legal, toda vez que esa norma regula un supuesto diferente del que aquí se verificó, dado que, como surge de su texto expreso, las alternativas que allí se abren a la elección del consumidor, presuponen el incumplimiento del contrato por parte del proveedor. Ese incumplimiento no se había verificado al tiempo en que la actora pretendió hacer uso del derecho que invocó a que le fuera entregada una unidad no usada. El contrato respectivo estaba, en cambio, siendo cumplido por el proveedor, que se había encargado de reparar la unidad y había asumido las consecuencias de la garantía legal recién mencionada. En ese contexto, la cuestión quedó regida por lo dispuesto por el artículo 17 de la misma ley, que sólo otorga el derecho aquí pretendido al consumidor afectado cuando la reparación de que se trate no haya sido satisfactoria, esto es, no haya sido apta para colocar a la cosa reparada en condiciones óptimas para cumplir con el uso a que se encontraba destinada.
Mandato, rendición de cuentas, eximición de rendir cuentas, carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Buenos Aires, Provincia de c/ Estado Nacional s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

La eximición de rendir cuentas sólo trae aparejada la inversión de la carga de la prueba, ya que no será el mandatario el obligado a acreditar que cumplió con exactitud el mandato, sino que será el mandante quien, en caso de atribuirle responsabilidad, deberá probar el extremo que alega.
Recurso de inconstitucionalidad, Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, sufragio, leyes, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: G., O. R. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-10-10

Debe desestimarse la alegada nulidad de la sentencia por falta de motivación suficiente, al afirmar la defensa que los únicos fundamentos desarrollados en ella fueron los sostenidos por la Vocal preopinante, por haber expresado el Vocal con segundo voto que compartía sus razones y haberse abstenido de votar el tercer Vocal integrante de la Cámara -en virtud de la existencia de dos opiniones concordantes y por aplicación del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, desde que esta Corte ya ha avalado la constitucionalidad de la norma, e incluso descartado planteos del mismo tenor con posterioridad a la sanción de las leyes 12734 y 13018, concluyendo que ellas no imponían una solución distinta o contraria por no implicar la derogación tácita del precepto cuestionado. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren la Dra. Gastaldi y el Dr. Fiz) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 174, p 376 y T 274, p 398. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 26; Ley 12734 y Ley 13018
Hábeas corpus correctivo, nomen iuris
Materia: PENAL
Carátula: MERELES ALMIRÓN, Blas Ramón y otros c/  s/ Habeas Corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-13

El voto concurrente agregó que aun cuando en el caso de autos la discusión no se centra en la procedencia del hábeas corpus correctivo colectivo como instrumento para procurar la tutela de los derechos que se alegan afectados, resulta pertinente señalar que aun cuando la Constitución no menciona en forma expresa el hábeas corpus como instrumento deducible también en forma colectiva, debido a la condición de los sujetos afectados y a la categoría del derecho infringido, la defensa de derechos de incidencia colectiva debe tener lugar más allá del nomen juris específico de la acción intentada.Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos -según su voto-.

Fuente del sumario: OFICIAL
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio, juicio por delitos de acción privada, querella
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Dr. Beraldi s/ Inc. de Excepción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

El término secuela de juicio, significa un acto de mayor trascendencia que los normales del proceso, que permite apreciar un avance cualitativo en la adquisición del conocimiento de los hechos y que además demuestre de manera inequívoca la voluntad persecutoria estatal, siendo en los procesos de acción privada, naturalmente, a la querella a quien le corresponde el ejercicio de la acción, es decir que el acto que se repute interruptor ha de emanar en el subcaso, de quien detenta su ejercicio. Por ello, son constitutivos de secuela de juicio el traslado a la defensa y la presentación de la querella.
Recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dr. Gustavo Víctor Bergesio. s/ Causa nº169/93. "Ibañez, Juan Horacio. Violación agravada."
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1994-05-12

Un decisorio tiene motivación, si la libre convicción de la mayoría del Tribunal sobre cada una de las cuestiones planteadas para resolver respecto de la acusación penal, está explicitada en forma completa mediante elementos probatorios de valor decisivo que no sean contrarios a las reglas de la sana crítica racional,ni ilegales,ni contradictorios entre sí; esa libre convicción significa libertad de convencimiento con exclusión del arbitrario que es aquel que se da,cuando por ejem, de la prueba se extrae una conclusión que no surge indefectiblemente de la misma; en definitiva y teniendo siempre presente que la doctrina de la arbitrariedad no autoriza a la Suprema Corte a sustituir el criterio de los jueces de la causa respecto a la selección y valoración del material probatorio,la sentencia impugnada no encuadra en ninguna de las expresadas falencias, por lo tanto se resuelve no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, subasta de inmuebles, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Credicoop Coop. Ltdo. c/ Lozada, Omar Alejandro y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-17

1. Corresponde confirmar la resolución de grado que rechazó la pretensión del ejecutado para que se declare inejecutable su inmueble con fundamento en que se trataría de una vivienda familiar. Ello así, toda vez que en autos no se ha llevado a cabo aún la constatación por lo que también se desconoce el estado habitacional del inmueble a subastar y el carácter de sus ocupantes, por lo que mal puede presumirse que configura la vivienda familiar a la que refiere el art. 456 Código Civil y Comercial (T.O ley 26994). 2. No se soslaya que el ejecutado solicitó ciertas medidas de prueba a efectos de constatar tales extremos, empero ese Tribunal considera que en su carácter de deudor carece de legitimación para intentar ejercer la prerrogativa emanada del mentado art. 456 Código Civil y Comercial.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, ius variandi
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BERTOLACCI, PABLO SEBASTIAN c/ CHIQUINI, MARIO RENE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-08

Con respecto a la valoración del ius variandi, que la actora considera abusivo, desde el entendimiento de que cualquier modificación del recorrido implica una alteración sustancial del contrato de trabajo, debe resaltarse que permanece incólume lo afirmado por el Tribunal a quo en cuanto a que el accionante no ha logrado demostrar que el cambio de tareas que relata en su demanda -de chofer de logística, a chofer de cargas generales- le haya implicado algún perjuicio económico, derivado de una menor remuneración, y/o una prolongación de su jornada.
Proceso judicial, efectos de la sentencia penal en sede civil, efectos de la sentencia civil en sede penal, valor probatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Saucedo, Daniel c/ Lázaro, Víctor H. -E.N. (Mº del Interior-Policía Fed.) s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

Desde antiguo se sostuvo que "el sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria del procesado recaída en el juicio criminal, no hace cosa juzgada en el juicio civil, el primero en absoluto y la segunda respecto a la culpa del autor del hecho, en cuanto a su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados" (Cám. Civ.

en pleno, in re "Amoruso, Miguel S. y Otra c/ Casella, José L.", del 2/4/46, LL. 42-156), como, igualmente que "no hace mella para la culpa, en juicio civil, la absolución del acusado en lo penal" (C.N.Civ. en pleno, JA. 1959-II-179). La Corte Suprema, de su lado, también sostuvo en su momento que la influencia del sobreseimiento definitivo dictado en causa penal sobre la responsabilidad civil del agente, "sólo descarta la imputación de que el acusado ha procedido con culpa capaz de fundar su condenación criminal, pero no excluye que llevada la cuestión a los estrados de la justicia civil, pueda indagarse -en la medida en que la culpa civil es distinta en grado y naturaleza de la penal- si no se ha mediado de su parte una falta o culpa civil que lo responsabilice pecuniariamente" (Fallos: 192:207, 205:218, 254:356, 315:1324).
Contrato de trabajo, indemnización por despido, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Flores, Lorena Griselda c/ Hwan Kwak Young s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-20

El art. 4 de la ley 25.972. aclaró que el incremento de la indemnización dispuesto por el art. 16 de la ley 25.561 no resultaría aplicable a los empleadores respecto de los contratos celebrados en relación de dependencia, en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo, a partir del 1 de enero de 2003, siempre que éstos impliquen un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31 de diciembre de 2002.

De allí que si el empleador no pudo probar que la contratación de la actora aumentara su plantilla total de trabajadores al 31 de diciembre de 2002, deba pagar el incremento indemnizatorio del art. 16 ley 25.561
Locación, obligaciones del locatario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Kilstein de Kohan, María c/ Juambelz, Gonzalo y otros s/ Daños y perjuicios Aldigheri, Graciela Susana c/ Municipalidad de Gral. Viamonte s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-11|2000-06-22

Conforme a las características del contrato de locación, es obligación del locatario que se funda en su calidad de mero tenedor de una cosa ajena, el cuidado de la misma como lo hace normalmente su dueño, debido a su obligación de restituir al locador la cosa arrendada a la extinción del contrato, oportunidad en que debe entregarla en el mismo estado que la recibió, presumiéndose que el estado de la cosa recibida fue bueno si no se hace descripción de ella al ser entregada.
Compraventa inmobiliaria, prehorizontalidad, obligaciones del vendedor, subdivisión del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: SUAREZ JUANA ELVIRA c/ LURI S.C.A. Y OTRO s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-15

Cuando la compraventa tiene por objeto un departamento en un edificio que debe ser sometido al régimen de la Ley 13.512, los trámites necesarios para poner el objeto vendido en condiciones de ser entregado al comprador se encuentran a cargo del vendedor (conf.

Salas-Trigo Represas "Código Civil Comentado", T. 2, com. art.

1409, P. 173, N 3 A). Dicha conclusión no cede, aun cuando el comprador haya reconocido que él conjuntamente con otros adquirentes de unidades, designaron a un agrimensor para efectuar la subdivisión, afirmando que adoptaron esa actitud con el fin de facilitar el trámite; ni tampoco porque le hayan abonado a dicho profesional los honorarios y gastos. La obligación de realizar las diligencias para efectivizar la subdivisión está a cargo de quien aparece como propietario del bien prometido en venta; en cambio, la de abonar los gastos y honorarios puede o no estar a cargo del comprador.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Mercedes Benz Argentina SA (TF 13238-A) contra DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-07

La garantía constitucional de la defensa en juicio-la que como tal no se limita al ámbito judicial- exige que las atribuciones conferidas a las autoridades administrativas sean ejercidas razonablemente sin arbitrariedad, expresando los motivos concretos en que se fundamenten las respectivas resoluciones (Fallos: 288:439).
Excusación, violencia moral, parentesco, acta policial, prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: R., F. R. s/ Hurto calificado en tentativa y robo calificado - Excusación  (Resolución Nro. 51, Tomo 57, Folio 430)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-27

Si bien no surge con adecuada nitidez del acta en cuestión, el marco de actuación que en concreto tuvo el agente en las diversas secuencias que da cuenta el acta y que no ha sido citado dicho agente para ratificarla en el juicio (sólo se han ofrecido por la fiscalía a dos de los cuatro policías que aparecían como firmantes), la entidad probatoria que se advierte que se discute en el proceso en relación a la actuación policial en la que se habría operado la detención y el secuestro negados por el imputado, lleva a estimar que la consanguinidad del actuante con la esposa del magistrado y la convivencia de aquél en el mismo domicilio de éstos, constituye un contexto de relaciones en el que puede existir un interés en la validez de esa prueba, o que pueda el juez recibir una versión que considere con particular fuerza probatoria fuera del dato proveniente exclusivamente del proceso o que lo violente moralmente en punto a su libertad para efectuar las estimaciones probatorias, configurando además esa situación un extremo que lleve a sospechar respecto de la imparcialidad de la justicia. En consecuencia, este tribunal estima que se pone de manifiesto un caso de violencia moral del art. 51 C.P.P., que autoriza la separación del magistrado.
Cuestiones de competencia, competencia de la Corte Suprema, tribunal oral, competencia ordinaria, falta de tribunal superior común
Materia: PROCESAL
Carátula: Duhau, Veronica y otro c/  s/ incidente de incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-18

Ante la inexistencia de un órgano jurisdiccional que, en razón de la competencia funcional revisora que se le reconocía, se admitía como habilitado para entender en estos planteos - conflicto entre dos tribunales orales, uno nacional ordinario y el otro federal - como a la ausencia de un órgano superior jerárquico común para dirimir la contienda, corresponde abandonar el criterio que venía receptándose para decidir estos conflictos de competencia y disponer que, de ahora en más, es la Corte Suprema el tribunal que deberá entender en estos asuntos, de conformidad con lo dispuesto por el art. 24, inciso 7°, primera parte, del decreto-ley 1285/58
Hipoteca, principio de especialidad (procesal)
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Marnila SA c/  s/ incidente de revisión de crédito por la conc. al cred. del banco patagonia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-30

El Código Civil en distintas disposiciones consagraba expresamente el principio de especialidad conforme con el cual la hipoteca debe recaer sobre un inmueble cierto y determinado con garantía de una suma de dinero, también cierta y determinada.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: López, Juan Vicente c/ Carnero, Daniel y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

La violación de una norma de tránsito no se erige por sí en elemento causal o concausal de un daño, siendo necesario que quien la invoca pruebe que en el caso concreto ha estado dotada de ese carácter.

Como consecuencia, no basta invocar que por parte de la víctima hubo incumplimiento de una regla de tránsito, si no se justifica que tal violación ha incidido eficazmente en la producción del daño que se reclama (art. 1113, Cód. Civ.).
Jubilaciones, pensiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARCHI DE GATICA EMMA c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA. s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S243 - 416)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-22

La administración debe lograr la verdad material, principio y objetivo primordial del procedimiento que culmina en la decisión adecuada.
Honorarios del abogado, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bauza, Salvador Luis c/ Modulmar S.A. y Carlos Zubillaga s/ Cumplimiento de contrato, daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27

El art. 57 del decreto ley 8.904 no admite la interposición de recursos extraordinarios que, como en el caso, se refieran al monto de las regulaciones.
Jornada de trabajo, horas extra
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: SORIA GUSTAVO ADOLFO c/ APARISIO JOSE LUIS s/ JORNADA DE TRABAJO - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-07-26

Corresponde casar el pronunciamiento por haber mediado quebrantamiento formal (art. 94 LPT), si la a quo no tuvo por cumplida la carga probatoria del actor en cuanto a las horas extras reclamadas en demanda (cuatro por día), pese a que en la denuncia policial que la empleadora formulara en su contra, admitió que el accionante se desempeñaba de dieciocho a seis horas, circunstancia corroborada por la respectiva posición absuelta en la vista de la causa. No obsta a esa conclusión la extemporánea aclaración efectuada por la demandada en su confesional, acerca de que durante esas horas los choferes 'comen y descansan', defensa que debió ejercitarse en la etapa procesal oportuna. Además, aun en caso de considerársela como tal, no cumplió con la carga probatoria que le correspondía al respecto, ante la expresa confesión de su parte sobre el horario de trabajo. Debe admitirse el reclamo por horas extras en el numero peticionado en demanda, desde que con la prueba antes referida ha quedado acreditada su realización, ya que el convenio colectivo para los trabajadores del servicio de taxímetros del 19/5/75 establece una jornada de ocho horas continuadas. Para el respectivo cálculo, deberá tomarse en cuenta el monto de la retribución a que se refiere la demandada en su responde.
Daño moral, concubinato, aplicación de la ley, código civil, igualdad ante la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: Rodrigo Sandra E y otros -acumulación de causas- c/ Bustos Esteban y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-11-23

El art. 1078 del Código Civil deviene inaplicable por resultar lesivo de derechos fundamentales y garantías de raigambre constitucional, como lo son la protección integral de la familia y la igualdad ante la ley, en la certidumbre de que la muerte del compañero ha conculcado en la concubina un derecho proveniente de su emplazamiento existencial, suficientemente acreditado a partir de la relación estable y prolongada mantenida con aquél, y de la crianza de sus hijos.