marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara electoral, sentencias de segunda instancia, obligatoriedad del precedente
Materia: ELECTORAL-PROCESAL
Carátula: Monner Sanz, Ricardo s/ Accion de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-25

La legitimidad del sistema democrático se sustenta en la necesidad de reglas claras e interpretaciones uniformes por parte de los diferentes jueces de grado, y es a través de los pronunciamientos de este Tribunal que se alcanza dicho cometido. En efecto, siendo esta Cámara la autoridad superior en la materia, sus fallos constituyen los antecedentes a ser considerados como principios rectores en el comportamiento electoral. Por ello, y dada la importancia del objeto de la materia es que el legislador atribuyó a sus resoluciones fuerza de fallos plenarios. La utilidad y necesidad de un tribunal cuya finalidad primaria sea la de evitar el dictado de sentencias contradictorias y el consecuente escándalo jurídico que de ello se deriva, reviste singular significación en la materia de la que esta Cámara es autoridad superior (cf. art. 5°, ley N° 19.108) donde el valor "seguridad jurídica" adquiere, en la mayoría de los casos, una preponderancia determinante.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Central de la República Argentina c/ Banco Argencoop Coop. Ltdo. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Recurso  directo - Revocación de autorización para funcionar - Liquidación  (Hoy quiebra) (Expte.: C.S.J. Nro. 468 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-28

No puede prosperar el agravio del apelante -que se queja por la imposición de costas contenida en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad-, basado en la argumentación de que la interposición de la impugnación extraordinaria no importa abrir un proceso contencioso toda vez que el destinatario, en lo que hace a la admisibilidad, no es la contraparte sino el propio tribunal, desde que dicho fundamento encuentra su óbice en la propia ley reglamentaria del recurso de inconstitucionalidad (arts. 4 y 6, ley 7055).
Concursos, plazo, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: Clínica Espora SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-02

Corresponde rechazar el planteo de prescripción propuesto por la concursada toda vez que las actuaciones administrativas, como principio, resultan susceptibles de incidir en el curso del plazo de prescripción, más aun, cuando dicha actuación administrativa fue impulsada por la propia deudora, en tanto importó en los hechos un reconocimiento de deuda susceptible de producir tal efecto (arg. CCIV 3989 y CCCN 2545). Asimismo, es claro que tal efecto debe entenderse vigente durante todo el tiempo que duró aquella actuación administrativa, cuya finalidad era, precisamente, hacer frente a la cancelación de la deuda referida mediante la posibilidad de su reincorporación al plan. A partir de la notificación del rechazo de aquella pretensión (en rigor, a partir de la notificación del rechazo del recurso de apelación contra aquélla), debe ser computado el plazo liberatorio de que se trata, que, aun cuando se admitiera que es quinquenal, de todos modos, no se encontraría consumido.
Prueba, valor probatorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Molfino Hnos. S.A. c/ Nelly Fortini de Vega s/ Ordinario. Molfino Hnos. S.A. c/ Nelly Fortini de Vega s/ Ordinario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-06-28|1996-06-28

De conformidad con las previsiones del art.63, párraf. segundo del Código de Comercio, los asientos de los libros probar n contra los comerciantes a quienes pertenezcan, aunque no estuvieron en forma, sin admitírseles prueba en contrario.
Doble instancia, sentencia, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: García Castillo, Alejandro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18

Corresponde declarar erróneamente concedido el recurso de casación deducido contra la sentencia confirmatoria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que declaró la inimputabilidad del encartado; el sobreseimiento y la aplicación de medidas de seguridad, toda vez que del examen de la resolución puesta en crisis se advierte que el recurrente ya recibió, por parte de la cámara, el doble conforme respecto de los puntos llevados a esa instancia, no advirtiéndose en el presente un caso de arbitrariedad que justifique la intervención de esta Cámara. La disidencia sostuvo que el recurso era formalmente admisible (Gemignani- Borinsky- Hornos -en disidencia-).
Jubilaciones, pensiones, acumulación de beneficios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rebay, Héctor Alberto s/ ESTADO  NACIONAL  (POLICIA  FED. ARG. CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y  PENSIONES)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-25

No debe ser tan estricta la inteligencia en punto a la naturaleza "sustitutiva" cuando se trata de único beneficio, que cuando se trata de una acumulación de beneficios, la mera ecuación matemática no tiene por qué ser la pauta necesaria y lógica del tratamiento de su cálculo y bien puede en cambio el legislador que posibilita esa acumulación, imaginar otro porcentaje para fijar en definitiva el límite.
Ejecución hipotecaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pulitta José Roberto c/ Maldonado Héctor s/ Ejecución Hipotecaria (LIBRO: S143 - 010)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-07-01

Ante el pacto expreso sobre la facultad del acreedor de ejecutar toda la deuda impaga, antes del vencimiento y no pago de uno de los documentos hipotecarios.
Rechazo de la demanda, Ministerio de Economía, Superintendencia de Seguros de la Nación, declaración de inconstitucionalidad, adicionales de remuneración
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Battaglia, Olga y otros c/ E.N.  (Ministerio de Economía) s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Debe rechazarse la demanda interpuesta contra el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Seguros de la Nación por la cual los actores pretendieron la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 2192/86 que les había impedido percibir el fondo de estímulo previsto en el art. 81, incs. b) y e) de la Ley 20.091, cuyo cobro reclamaron.
Seguro de vida voluntario, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: González, Mirta Lidia y otros c/ ESEBA S.A. s/ Cobro de seguro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-12-23

Si la acción por cobro del seguro nace del propio contrato resulta de aplicación el plazo de prescripción de un año contado desde que la obligación es exigible (art. 58, ley 17.418).
Acción de amparo, derecho a la salud, salud mental
Materia: CIVIL
Carátula: Forster, Silvia Elena c/ Cemic s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-30

También resulta aplicable al sublime la ley 26.657 referida al "Derecho a la Protección de la Salud Mental" que establece la obligación de los efectores de salud de brindar a las personas con discapacidad mental "la atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de la salud" (arts. 6 y 7). En su art. 11 se establece que: ".se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como: consultas ambulatorias; servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta institucional; atención domiciliaria supervisada.". Ese régimen jurídico particular sumado a la enfermedad ("Trastorno Bipolar") y al tratamiento prescripto es lo que permite tener por configurada la arbitrariedad de la demandada, quien niega su obligación de brindar la cobertura de acompañante terapéutico requerido por la actora.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Bagala, Héctor c/ Empresa Transportadora Cuenca S.A.C.I.F.I.A. s/ Indemnización por incapacidad absoluta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

Es deber de los magistrados laborales contribuir al esclarecimiento de los hechos en uso de las facultades investigativas que el procedimiento específico les confiere.
Empleador, obligaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Tapia, Raúl Luciano c/ Cometarsa S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo Carrara, Secundino c/ Cometarsa S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo Rial, Osvaldo Jorge c/ Dálmine Siderca S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-05|1988-07-05|1993-03-12

La Ley de Contrato de Trabajo veda expresamente al empleador el ejercicio de toda forma de abuso del derecho y le impone por el contrario el respeto debido a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales.
Personal policial, accidentes de trabajo, leyes, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barbona, Andrés Avelino c/ Provincia del Chaco s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-07-17

La aplicación de la Ley 9688 al personal Policial de la Provincia del Chaco es procedente, por cuanto así lo ha establecido el Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia en numerosos casos, aunque con otra integración, expidiéndose en sentido favorable a su aplicación con prescindencia de la ley 1134 de facto, y de la ley 892/58, llamada Ley del Personal Policial.
Despido, injuria laboral, prueba, obligaciones del trabajador, deber de colaboración
Materia: LABORAL
Carátula: B., R.A. c/ S. I. L. A. SA s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-21

La violación al deber de diligencia y colaboración a cargo del trabajador previsto en la LCT importan un hecho injurioso, que según las características justifica el despido, aunque de él no se siga un daño cierto susceptible de apreciación pecuniaria, tales como la realización de tareas manifiestamente defectuosas o equivocadas, no es menos cierto que debe acreditarse tal circunstancia.
Notificación del acto administrativo, días hábiles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PARODI, FERNANDO ALFREDO s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

Las horas y días hábiles administrativos son aquellos de funcionamiento de la administración (art. 1Ro. Inc. d) ley 19.549).

Por aplicación de este principio en las notificaciones hechas por el correo son hábiles las del funcionamiento de éste -que es el órgano administrativo encargado de su diligenciamiento-.
Comodato, extinción del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Marino, María Isaura c/ Quesada, Norma s/ Desalojo por vencimiento de comodato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-19

Lo que el citado artículo 2283 establece, en definitiva, es un plazo resolutorio incierto, que se cumple cuando el servicio que debe prestar la cosa fuese hecho (arts. 2271 y 2283), o cuando su beneficiario decide no hacerlo o se torna de imposible realización arts. 537, 541 y 620 Cód. Civ.). Ello es así porque en este supuesto el servicio es conceptuado por las partes como algo que necesariamente debe suceder (art. 568 Cód. Civ.). El mejoramiento de fortuna del comodatario, en cambio, no constituye un hecho que necesariamente deberá acaecer, deviniendo de tal modo en el mejor de los casos en condición y no en plazo (art. 569 Cód. Civ.). Con ello, la no existencia de un plazo cierto ni incierto, hace que nos encontremos frente a un préstamo precario y no ante un comodato para un fin determinado (art. 2285 Cód. Civ.).
Daños y perjuicios, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ingrassia, Mabel B. c/ Cossa, Osvaldo A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-03

La accionante hizo realizar y abonó oportunamente, conforme lo presupuestado, las reparaciones requeridas por su vehículo a causa del ilícito, y los importes erogados en dicha oportunidad han sido considerados en la experticia mecánica como ajustados a los valores promedios de plaza la a fecha de emisión del presupuesto. El crédito que se reclama, ya no es el de un valor a determinarse en la sentencia, sino el de una suma de dinero determinada, justificada en su cuantía y expuesta al deterioro causado por el proceso inflacionario, que amerita, por ello, su recomposición por medio del reajuste indexatorio; (al menos hasta el 31 de marzo de 1991) (art.

740 del Cód. Civil).
Indemnización por despido, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: BARRIONUEVO, LUIS ALFREDO c/ BAUEN  S.A.C.I.C. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-17

La reparación por daño moral sólo procede excepcionalmente cuando la actitud del empleador en el curso de la relación y en la disolución del vínculo va más allá del ámbito contractual, pues los daños producidos por el distracto encuentran adecuada compensación en el sistema legal de tarifa establecida en la ley de contrato de trabajo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, ley procesal, interpretación sistemática
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: Después de transcurridos cinco años, ¿Es   obligatorio el fallo pleno (artículo 28 de la ley 10160) No   modificado expresamente? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-13

En lo que hace a la vigencia de los fallos plenos, una interpretación literal del artículo 28 de la Ley 10160, pareciera llevar a concluir que la misma sería indefectiblemente de cinco años, al decir que el fallo pleno "obliga" por ese lapso, porque si transcurrido el mismo deja de ser obligatorio, es porque ya no rige.

En cambio, los plenarios subsistirían luego de los cinco años, en tanto el artículo 29 dispone -tras referirse solo a su obligatoriedad- que pueden ser sometidos a revisión después de cinco años, es decir que mientras no fuesen revisados, seguirían vigentes.

Sin embargo, una comprensión armónica e integral de las dos disposiciones, superadora del mero texto legal, debe tener en cuenta fundamentalmente que el propósito de ambos pronunciamientos es el mismo, y que lo único que los diferencia es a instancia de quien puede convocarse su dictado, y el ámbito de su aplicación, que resulta del tribunal que los dicta, debe conducir a entender que el lapso de cinco años se circunscribe en los fallos plenos, al igual que los plenarios, al tema de su irrevisabilidad y no al de su vigencia, por lo que, en tanto no se disponga su revisión después de transcurridos cinco años siguen subsistiendo. (Del Voto del Dr.

Serralunga).
Notificación, domicilio real
Materia: LABORAL
Carátula: López, Alcides Alberto c/ García, Luis Horacio y Otro y/o Propietario del Establecimiento Rural "La Regina" s/ Laboral-Inc. de Nulidad de Notificación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-08-25

En un acto de tanta trascendencia como es el traslado de la demanda y donde está en juego nada más y nada menos que la garantía del derecho de defensa, se exige extremar el cumplimiento de las formalidades legales.
División de condominio, contribución de mejoras, empresa privada, tercería de mejor derecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CASINA LOPEZ DEL CERRO c/ MONICA D. CRAVERO s/ TERCERIA DE MEJOR DERECHO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-08

El crédito fiscal tiene una situación preeminente con relación a otros créditos, debiéndose recordar que los privilegios consisten en el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia de otro (art. 3875 C.C.).

El art. 3879 C.C. asigna privilegio general sobre todos los bienes del deudor, a los créditos del fisco y municipalidades por impuestos públicos, directos o indirectos.

Si bien la norma habla de "impuestos" solamente, se debe entender incluidos a más de los impuestos, las tasas por servicios y la contribución por mejoras, debido a la naturaleza de cada una de ellas.

En consecuencia, los créditos del estado nacional o provincial o de las municipalidades por impuestos tasas o contribución por mejoras, gozan de los privilegios del art. 3879 C.C. aún cuando el titular de la contribución por mejoras sea una empresa particular.

Por lo dicho tiene, prioridad por privilegio todas esas contribuciones, con excepción de los gastos de justicia efectuados en la etapa de ejecución de sentencia porque los trabajos e incidentes durante la tramitación de la división del condominio son de interés particular de las partes, no así los destinados en la ejecución, al logro del capital del bien que se realiza.-
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, morosidad del proceso, plazo, justicia, seguridad jurídica
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Memoli c/ República Argentina s/ Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-08-22

La Comisión Interamericana debe garantizar en todo momento un cumplimiento razonable de los plazos en la tramitación de sus procesos, lo que no significa que dentro de ciertos límites de temporalidad y razonabilidad algunas omisiones o retrasos vinculados al curso de sus procedimientos, no puedan ser dispensados si se conserva un adecuado equilibrio entre la justicia y la seguridad jurídica.
Demencia sobreviniente, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: Godoy, Ramon (sus herederos) c/ Pando, Juan Antonio s/ nulidad de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1869-06-01

Si contra esas presunciones, existe el testimonio de diez testigos sobre la cordura del presunto loco, el valor dado a las opiniones del mismo por los que sostienen la demencia, las obligaciones contraídas por aquél y tenidas por válidas, el no haberse pedido nombramiento de curador, el haber sido el escribano otorgante de una de sus obligaciones, uno de los interesados en sostener la locura, el haberse presentado aquél en juicio sin curador, y aceptado por el juez y sus acreedores la cesión de sus bienes, la positiva declaración de la esposa sobre su cordura en el tiempo del contrato, y el silencio de otro de los interesados que, siendo acreedor aceptó la cesión, debe decidirse que no existía la demencia en el tiempo del contrato.
Intereses, tasas de interés, convertibilidad, facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HUAQUINCHAY VIUDA DE MASS, TERESA JESUS c/ CANTERAS Y CALERAS EL REFUGIO S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-09-28

Si bien los decretos reglamentarios 529/91 art. 8 Y 941/01 establecen que el juez podrá aplicar la tasa de interés pasiva promedio que publique el b.C.R.A. como forma de mantener incólume el capital, se advierte que no es la única que se adecua al texto y propósito de la ley 23928 también resulta compatible con dicha ley la tasa pasiva que abonan los bancos oficiales por depósitos a 30 dÍas, la que supera a la tasa promedio del b.C.R.A., Constituyendo una alternativa para los jueces.(del voto en disidencia del Dr.

Medina)
Procedencia del recurso, recurso de queja (procesal), monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Israel Silicaro, Osvaldo Juan c/ Brites, Rosa Iris s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-06-29

Debe rechazarse la queja (art. 292, CPCC) cuando no se configura ninguno de los casos de excepción que permiten a esta Suprema Corte, excepcionalmente, dispensar la exigencia procesal respecto del monto mínimo requerido por el artículo 278 del C.P.C.C.
Concurso preventivo, verificación tardía, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: Incidente Nº 25 - Incidentista: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/  s/ Incidente de verificación de crédito
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Corresponde que en el marco de un incidente de verificación tardía incoado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el cual este opuso la operatividad de normas previstas en el Código Fiscal que regulan el instituto de la prescripción liberatoria y refirió que dicho plazo había sido interrumpido por el inicio de las actuaciones administrativas, admite la prescripción en los términos del art. 56 de la LC opuesta por la concursada, toda vez que la legislación tributaria resulta aplicable en conflictos suscitados por el incidentista con sus contribuyentes, pero de ningún modo puede considerarse operativa cuando ese reclamo se presenta dentro del marco de un proceso universal regido por una ley especial mediante la cual establece un plazo específico para la prescripción liberatoria.
Caja Nacional de Ahorro y Seguro, bienes muebles, embargo preventivo, bienes inembargables
Materia: PROCESAL
Carátula: COPPOLA, Beatriz Irene y otro c/ LUCENA, Carlos Fabién y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-26

Los bienes muebles de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en liquidación) no se encuentran alcanzados por la inembargabilidad dispuesta por el art. 19 de la ley 24.624, pues no están comprendidos en la detallada enumeración allí efectuada ni pueden considerarse "un medio de pago".
Pagaré, pagaré no protestado, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: L. TSB B. plc c/ C., A. O. y otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-05

"El plazo de prescripción de tres años de un pagaré librado sin protesto y a la vista corre desde que fue presentado al pago , y la circunstancia de que las partes hubiesen ampliado el término para la presentación o puesta a la vista del pagaré, no incide en el plazo de prescripción (arts. 36 y 96 decreto ley 5965/1963. Ello es así, ya que conforme el juego de los arts. 36, 50 y 96 del dec. 5965/1963, el acreedor debe presentar el título para su pago aunque se tratare de abonos parciales".
Derecho de gentes, Constitución Nacional, derecho internacional público, REPÚBLICA ARGENTINA, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, derecho internacional humanitario, obligaciones internacionales, ius cogens
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Villamil, Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-28

La especial atención dada al derecho de gentes por la Constitución Nacional de 1853 no puede asimilarse a una mera remisión a un sistema codificado de leyes con sus correspondientes sanciones, pues ello importaría trasladar ponderaciones y métodos de interpretación propios del derecho interno que son inaplicables a un sistema internacional de protección de los derechos humanos, considerando que la admisión de la existencia de los delitos relacionados con el derecho de gentes dependía del consenso de las naciones civilizadas, sin perjuicio, claro está, de las facultades de los diversos estados nacionales de establecer y definir los delitos castigados por aquel derecho (Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Aplicación de la ley, procedencia del recurso, argumentos de las partes
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: PANAMER SA c/ GCBA s/ otras demandas contra autoridad administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-02

La ley adjetiva no pone como requisito de procedencia de la queja que ésta venga acompañada de determinadas copias de las actuaciones principales (cf. el art. 32 de la ley n° 402). En su economía, es el recurrente quien decide cómo demostrar que su recurso ha sido mal denegado por el tribunal a quo y, por ende, qué copias son necesarias a esos fines y el tribunal se encuentra facultado para solicitar las copias que considere pertinentes a fin de recabar los elementos necesarios para formar su convicción. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).