Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-03


Buenos Aires, 3 de septiembre de 2008 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La señora Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas (fs. 56) que rechazó in limine el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de la jueza de primera instancia, en copia a fs 13/15. Aquella presentación (fs. 46/48) se dirigía a obtener la revisión de la imposición al Consejo de la Magistratura del pago de los honorarios profesionales y gastos regulados a favor de la perito ambiental que intervino en el proceso seguido a Jorge Alberto Álvarez por infracción al art. 82 del CC, así como -en forma subsidiaria- el monto asignado a tal efecto.

2. En el recurso de inconstitucionalidad la recurrente afirmó, sintéticamente, que la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas que rechazó el recurso de apelación oportunamente interpuesto es arbitraria pues, en forma contradictoria, mantiene la imposición de una obligación al Consejo pero le niega legitimación para cuestionarla, vulnerando el derecho de defensa en juicio que le asiste (art. 18, CN y 13.3, CCABA) e impidiendo el ejercicio de las funciones que la Constitución local le ha otorgado (art. 116, CABA). A su criterio, la decisión afecta la división de poderes y, dentro de ésta, las atribuciones conferidas a cada organismo integrante del poder estatal, configurándose un caso de gravedad institucional.

La recurrente se agravia, a su vez, por la infundada imposición del pago de los honorarios en cuestión al Consejo cuando el Magistrado no se ha expedido todavía en orden a las costas generadas por el proceso, pues los autos no se encuentran en estado procesal para su determinación. Solicita entonces se revoque la sentencia apelada, concediéndose el recurso de apelación oportunamente interpuesto, haciéndose lugar al mismo (fs. 64/70).

3. Los jueces de la Sala I de la Cámara consideraron que la decisión en cuestión puede ser equiparada a una sentencia definitiva -en tanto, en lo atinente al monto que corresponde pagarle al perito ambiental y la persona obligada a dicho pago, no existe otra oportunidad útil para que la disconforme haga valer sus razones- y que, en razón de los fundamentos brindados por este Tribunal al resolver en un caso con las mismas características ("Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Cáceres, Gonzalo Javier s/ inf. art. 72, ley n° 10 -honorario de perito-'", expte. n° 5547/07, resolución del 12/3/2008) correspondía declarar admisible el remedio intentado (fs. 76/77). 4. En oportunidad de contestar la vista, dispuesta a fs. 80, el señor Fiscal General Adjunto consideró que la decisión impugnada es equiparable a un sentencia definitiva, toda vez que la situación cuestionada no podrá ser modificada en instancias judiciales posteriores y causa un gravamen irreparable, en la medida que importa la imposición de un detrimento patrimonial sin derecho de defensa previo o posterior al fallo. Afirmó que asiste razón a la parte recurrente, sintéticamente, pues con base en meras afirmaciones dogmáticas carentes de todo sustento normativo conducente, se ha cercenado el derecho al recurso y con ello el legítimo derecho de defensa que ampara en la cuestión al Consejo de la Magistratura local, en razón de los intereses pecuniarios que le compete administrar, de acuerdo al art. 116, inc. 6, CCABA y a la ley n° 31. Agregó, además, que la decisión que impuso el pago de los honorarios al Consejo carece de fundamentación mínima y por ello debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido. Solicitó, en consecuencia, que se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad y se declare la nulidad del auto cuya copia obra a fs. 13/15 para que se dicte una nueva resolución conforme a derecho, con intervención de la parte que resulte obligada al pago (fs. 82/84).

Fundamentos El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El recurso cumple con los requisitos formales de admisibilidad. Fue interpuesto dentro del plazo legal, ante el tribunal competente y se dirige a impugnar una resolución del superior tribunal de la causa que resulta equiparable a una sentencia definitiva (arts. 27 y 28, ley nº 402). Ello así, en tanto la decisión objetada imposibilita cualquier discusión posterior en torno al monto de los honorarios regulados a la perito ambiental, licenciada Alicia Raquel Beraja, en razón de su intervención en el proceso seguido a Jorge Álvarez en la causa n° 20892/07 (1142-C) caratulada "Álvarez, Jorge Alberto s/ inf. art. 82 -ruidos molestos- del CC", así como respecto a la imposición de su pago al Consejo de la Magistratura local (cf. doctrina de Fallos: 209:454; 320:2630 y 321:2263, entre otros).

Además, la recurrente ha logrado exponer en sus presentaciones una cuestión constitucional, toda vez que argumenta de manera suficiente que los jueces de la causa han impedido su intervención en una cuestión en la que su interés está determinado por las normas constitucionales que invoca (art. 116, CCABA), poniendo en juego el derecho de defensa en juicio que también le asiste (art. 18, CN y 13.3, CCBA).

2. La pretensión involucrada en estas actuaciones es sustancialmente similar a la resuelta con anterioridad por este Tribunal in re: "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Cáceres, Gonzalo Javier s/ inf. art. 72, ley n° 10 -honorarios de perito-'", expte. n° 5547, sentencia del 12/3/2008. Como en aquella oportunidad, vale señalar, en primer término, y para brindar un marco adecuado a los argumentos que desarrollaré a fin de resolver el recurso de inconstitucionalidad, que en nuestro sistema institucional resulta habitual que más de un órgano vea atribuida su actuación al GCBA y que esas actuaciones no se superpongan. A su turno, tales atribuciones provienen de la Constitución y/o la ley. En tal contexto, no es resorte propio del intérprete atribuir implícitamente al orden jurídico una solución según la cual la responsabilidad sobre partidas presupuestarias reside en un órgano y, al propio tiempo, la protección requerida por ellas es desplazada a la órbita de otro. De ello se sigue que si el Consejo de la Magistratura tiene la partida destinada a sufragar determinados gastos, en el asunto que nos ocupa causídicos, debe, al menos como principio, poder defenderla.

3. El Consejo de la Magistratura local se agravia en razón del perjuicio que le genera la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas en tanto decidió rechazar in limine el recurso de apelación que dirigió a impugnar la imposición del pago de los honorarios profesionales y gastos regulados a favor de la perito Beraja y, subsidiariamente, a reducir su monto. La negativa a conceder aquel recurso se respaldó en forma exclusiva en la siguiente afirmación: el Consejo de la Magistratura local carece de legitimación activa para impugnar la resolución que reguló los honorarios de la perito dado que no ostenta el carácter de parte en el proceso (fs. 56).

4. Ahora bien, asiste razón a la recurrente en cuanto a la cuestión que plantea para criticar la sentencia de la Cámara en su recurso de inconstitucionalidad.

No se ha desconocido en esta causa que el art. 116 de la CCABA asigna al Consejo de la Magistratura local diversas funciones, entre las que se encuentra la de "proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le asigne al Poder Judicial" (inc. 6); sin embargo, la irrazonable interpretación de la disposición constitucional efectuada por los jueces de la causa ha impedido de manera incorrecta al recurrente ejercitar sus competencias, toda vez que la vigencia de la manda constitucional citada, en mi concepto, conlleva también un reconocimiento elemental para que el Consejo cuente con las facultades instrumentales necesarias para cumplir de manera eficiente la tarea asignada -por la cual es responsable y de la que debe dar cuenta a la Legislatura en cada ejercicio-. Esto, claro está, dentro del marco legal vigente (art. 2°, inc. 6, ley n° 31, conforme texto art. 20 inc. d, ley n° 2.386 y leyes no 70 y anual de presupuesto).

A mayor abundamiento, en principio, no habría impedimentos para que el legislador distinguiera los recursos que le asigna al Poder Judicial -los cuales por manda constitucional corresponde administrar al Consejo- de aquellos que debería sufragar el Estado en cada causa, a los cuales podría asignárseles otro responsable; pero, mientras se estime que unos y otros gastos corresponden al Consejo -como lo hicieron los jueces de la causa-, no corresponde impedirle al órgano apuntado defender esos cometidos.

La decisión cuestionada, en cuanto circunscribe aquellas atribuciones que residen exclusivamente en cabeza del Consejo hasta el punto de considerarlo en este caso una suerte de tesorería del Poder Judicial que sólo debe limitarse a librar una orden de pago extendida por un juez, sin posibilidad de intervención y control en torno a las erogaciones que le han sido impuestas -a su criterio en forma arbitraria-, vulnera el ejercicio del derecho de defensa que le asiste y resiente el legítimo ejercicio de las funciones que el constituyente local le ha otorgado.

Se verifica entonces, en el caso, la existencia del interés directo del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires para impugnar la resolución que en copia se agregó a fs. 13/15, a través de un recurso que posibilite atender los agravios que manifiesta, generados por la imposición de la obligación de pagar honorarios regulados cuando en las actuaciones, que no han concluido todavía, no se ha resuelto en torno a las costas del proceso.

Así las cosas, habilitada la instancia judicial para el Consejo en el caso, a partir del reconocimiento de su legitimación procesal activa para discutir la imposición de la obligación en cuestión, corresponde que los jueces de la causa brinden respuesta fundada a sus planteos. 5. En consecuencia, la resolución de la Cámara que rechazó in limine el recurso de apelación interpuesto por el Consejo de la Magistratura (fs. 56) debe ser dejada sin efecto para dar lugar al tratamiento, por parte de los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones, de los agravios expuestos en el recurso de apelación.

A este respecto, conviene aclarar que, en este caso en particular, dado que el recurso de apelación interpuesto por el Consejo de la Magistratura local fue rechazado in limine, los jueces de la Cámara no dieron respuesta alguna a los agravios allí expuestos. Así las cosas, y teniendo en cuenta, además, que el recurso de apelación en cuestión no ha sido sustanciado, este Tribunal no se encuentra habilitado a pronunciarse respecto de la cuestión de fondo a la que se refiere el señor Fiscal General Adjunto a fs. 84/84vta., sin que esto implique de modo alguno dejar de lado las argumentaciones efectuadas al respecto in re "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Cáceres, Gonzalo Javier s/ inf. art. 72, ley n° 10 -honorarios de perito-'", expte. n° 5547, sentencia del 12/3/2008, precedente que, en este aspecto puntual -según lo expresado-, evidencia matices que lo diferencian del sub examine.

6. En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde: a) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la representante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) dejar sin efecto la sentencia puesta en crisis, que rechazo el recurso de apelación de fs. 46/48; y c) remitir las actuaciones a la Sala I de la Cámara Contravencional y de Faltas para que sustancie y resuelva el recurso de apelación interpuesto por la señora Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra la decisión de fecha 28 de diciembre de 2007 que, en copia, se agregó a fs. 13/15.

Así lo voto.

Los jueces Ana María Conde y Luis Francisco Lozano dijeron:

Adherimos al voto del señor juez de trámite, doctor José Osvaldo Casás.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

El recurso de inconstitucionalidad concedido por la Cámara a fs. 76/77 ha sido interpuesto en tiempo y forma. Asimismo, funda de modo adecuado al menos una cuestión constitucional: la arbitrariedad de la decisión que desconoció al Consejo de la Magistratura su carácter de parte para apelar la resolución que le impusiera el pago de los honorarios de la perito ambiental, en un proceso en el cual hasta entonces no había intervenido en modo alguno.

La imposición de una obligación al recurrente interfiere en el marco de sus atribuciones y competencias y genera en consecuencia, su derecho a ser oído con las debidas garantías. Dicho en otros términos, es a partir de la condena a sufragar los honorarios de la perito que el Consejo de la Magistratura resulta legitimado pasivo, puede constituirse en parte e intervenir útilmente en el proceso a fin de sostener su posición. Como lo enseña Palacio "los terceros cuya situación no encuadra en ninguna de las modalidades previstas por la ley, pero que sufren, no obstante, un perjuicio a raíz de una resolución judicial, se hallan habilitados para interponer el recurso de apelación..." (Palacio, Lino, Derecho Procesal Civil, t. IV, Abeledo Perrot, Bs. As., 1972, p. 84).

En estricto sentido, y en lo que hace a la condena por honorarios de la perito ambiental, el "vencido" es el Consejo de la Magistratura, que ha devenido deudor de una obligación dineraria por decisión judicial. De allí su justificado y legítimo interés en intervenir en el proceso por vía impugnativa, lo que no es ni más ni menos que hacer uso de una forma procesal que tiende a asegurar su derecho a ser oído.

La arbitrariedad de la resolución impugnada se configura en tanto priva al recurrente del debido proceso legal y del acceso a la justicia.

Por los fundamentos expuestos voto por hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, dejar sin efecto el auto de fs. 56 y ordenar que se trate debidamente el recurso de apelación del Consejo de la Magistratura por la sala que siga en orden de turno. Así voto.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, y por mayoría con respecto al punto 3, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

2. Dejar sin efecto la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de fecha 03/03/2008, agregada a fs. 56, que rechazó in limine el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

3. Remitir las actuaciones a la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas para que sustancie y resuelva el recurso de apelación agregado a fs. 46/48.

4. Mandar que se registre y se notifique.

El juez Julio B. J. Maier no suscribe esta resolución por estar en uso de licencia.