Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-05


Salta, 05 de Febrero de 2016.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "RECURSO DE APELACION PRESENTADO POR EL DR. TESEYRA, FERNANDO- ACCIONES DE REVISION", Expte. Nº C06 106031/12 del Juzgado de Garantías de 6ª Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº C02 106031/12 de la Sala II del Tribunal de Impugnación y, CONSIDERANDO El Dr. Edgardo F. Albarracín dijo:

1) Que ingresan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal Ad-quem en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 01/02 vta. por el Dr. José Fernando Teseyra, apoderado de la parte constituida como Querellante Conjunto y Actor Civil, contra el auto dictado en fecha 03/10/13, rolante a fs. 07/08 del Incidente Nº C06 106031/12, mediante el cual se dispuso denegar la medida cautelar de embargo preventivo sobre los fondos que la Compañía Aseguradora Federación Patronal Seguros S.A. tuviere depositados en cualquier entidad del sistema bancario argentino, de conformidad a lo normado por los Arts. 202 del C.P.C. y C. y 402 del C.P.P., solicitando se haga lugar a la medida cautelar señalada.

Realizado el pertinente control se verifica que el recurso fue deducido en legal tiempo y forma resultando, en consecuencia, admisible por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

2) Para decidir como lo hizo la Sra. Juez Garante entendió, resumidamente, que de las constancias de la causa no se podía inferir la falta de solvencia patrimonial de la empresa de seguros, teniendo en cuenta para ello la autorización que le concediera el órgano administrativo competente, por lo que no consideró configurado el "peligro en la demora", requisito exigido por ley para la procedencia del embargo pretendido, citando en su apoyo jurisprudencia.

3) El presentante por su parte sostiene, principalmente, como agravios que no se han valorado distintas cuestiones, como por ejemplo: a) la insolvencia del imputado Giménez para hacer frente a la totalidad de los montos embargados, por lo que solicitó la ampliación de la medida a la citada en garantía; b) que el monto a embargar se extendería en este caso sólo hasta el máximo de la cobertura descripta en la póliza respectiva; c) que la aseguradora carece de presencia y de bienes inmuebles pasibles de ejecución forzada en la provincia de Salta y, d) el principio constitucional que postula a favor de toda víctima, la reparación integral por los daños sufridos injustamente.

Añade que resulta un exceso ritual manifiesto y una fundamentación tan sólo aparente, presumir la solvencia de la aseguradora sin admitir prueba en contrario, invocando un precedente jurisprudencial que avalaría su petición.

4) Que así planteada la materia a resolver, se puede advertir que las alegaciones agraviantes formuladas por el recurrente, no son más que en definitiva, una propuesta de revisión "ex novo" del plexo convictivo conformado en autos, ya que contrariamente a lo manifestado por el mismo, no se han incorporado elementos probatorios de peso que conduzcan a demostrar un déficit económico concreto en el patrimonio de la Compañía Aseguradora Federación Patronal Seguros S.A. que torne ilusorio el crédito pretendido por los actores.

En efecto, de los puntos indicados por el apelante de ninguna manera se puede extraer una conclusión distinta, y mucho menos por la sola circunstancia de que la empresa aseguradora no tenga constituido domicilio ni registrado bienes raíces en esta provincia, al ser lógicamente una persona jurídica con asiento en otra jurisdicción, pudiendo su capital estar integrado de otra forma.

A mayor abundamiento, el quejoso únicamente hace referencia a un riesgo genérico de insolvencia, al no haber acercado información objetivamente verificable que permita presumir un estado económico comprometido de la aseguradora, requisito que debe exigirse ineludiblemente para la emisión de diligencias precautorias, como la solicitada.

Adoptar una solución opuesta, dejando de lado la interpretación restrictiva que debe imperar en esta materia, se traduciría en una seria perturbación al normal funcionamiento de cualquiera de estos entes, con inequívocos perjuicios no sólo para el conjunto de asegurados contratantes, sino también para los terceros damnificados fundamentalmente, por el desamparo que ello importaría, pronóstico receptado por la jurisprudencia, al sostener que: "...la traba de medidas cautelares sobre las cuentas corrientes del asegurador produce enormes problemas desde que a través de ellas se afecta las disponibilidades corrientes..., y aquellas que se disponen para la atención de los siniestros..." (C. Civil y Comercial de Bell Ville, Ibarra, Juan y otros c. Rodríguez Ramón y otros, 23/05/2005, LLC 2005-933; AR/JUR/2114/2005).

5) En otro orden, asiste razón a la A-quo cuando como fundamento de la denegatoria cuestionada, trae a colación la autorización extendida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, autoridad de control que les exige a todas las empresas del rubro determinados recaudos, como por ejemplo, cumplir con capitales mínimos, balances trimestrales, contexto que otorga previsibilidad y seguridad jurídica a todo el mercado asegurativo y principalmente confianza a la sociedad.

Asimismo, en lo atinente a la cita jurisprudencial consignada en el libelo apelativo, corresponde dejar sentado, que las opiniones o criterios vertidos en otras causas no obligan al suscripto a adherirse a éstos, máxime teniendo en cuenta que toda respuesta jurisdiccional se circunscribe a las particularidades objetivas y subjetivas que se configuran en cada proceso, no obstante lo cual, de la compulsa del precedente invocado (Expte. Nº I01 22363/06 de la Ex Cámara de Acusación, Sala III), se confirma que lo allí resuelto, giró en torno a una reducción del importe de un embargo anteriormente ordenado, al haber excedido el magistrado de primera instancia claramente, el límite fijado por el capital asegurado, situación que difiere sustancialmente con la cuestión tratada en el sub examine.

En definitiva, no encontrándose acreditado con el grado de probabilidad sustancial el peligro en la demora requerido para la procedencia de toda medida cautelar, el recurso articulado no debe prosperar. Así voto.

El Dr. Abel Fleming dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, LA SALA II DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACION, RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 01/02 vta. de este Incidente.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y bajen, oportunamente, los autos al Juzgado de origen.