Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-24


TRANSPORTE NUEVE DE JULIO SOCIEDAD ANONIMA contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 198 p 93-94. Santa Fe, 24 de junio del año 2.004.

VISTOS: los autos "TRANSPORTE NUEVE DE JULIO SOCIEDAD ANÓNIMA contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO -R.C.A.P.J.- (Expte. 530/90) sobre INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS" (Expte. C.S.J. nro. 571, año 2001);

y, CONSIDERANDO:

1. A fojas 64/65 el apoderado de la parte actora interpuso recurso de revocatoria contra el proveído de fecha 28.5.04 por el que se le requirió a la demandada que informe si las sumas adeudadas se encuentran presupuestadas para su cancelación en el presente período fiscal.

Tras relatar los antecedentes de la causa, aclaró que el 29.11.02 la accionada manifestó que la acreencia reclamada sería incorporada, durante el 2003, en el presupuesto para ser ejecutado en el 2004.

Afirmó que, resuelta la incidencia impugnativa planteada, se ha cumplido con el procedimiento de la ley 12036, restando tan solo el pago de los honorarios profesionales; por lo que, sin que la deudora formulara objeciones, el 28.5.04 peticionó nuevamente con fundamento en la ley de defensa en juicio del Estado y en los dichos de la contraria, se la intimara a abonar el monto de la liquidación, bajo apercibimientos de iniciar el apremio.

Adujo que tal requerimiento no fue proveído dictándose en cambio el decreto que ahora cuestiona, "el que sorprende al suscripto por diversas razones que lo hacen revocable, en salvaguarda del respeto a la Constitución y a las leyes, del principio de razonabilidad, de la garantía del debido proceso, del derecho de propiedad y de la seguridad jurídica." Mencionó que es la propia conducta procesal de la accionada lo que corrobora lo sostenido respecto de que ya la misma, en el mes de octubre de 2002, había tomado conocimiento fehaciente de la condena dictada en su contra y de que había dispuesto las medidas conducentes a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 12036.

Así, continuó diciendo que existiendo preclusión respecto de dicho trámite de inclusión presupuestaria nada añade al presente trámite el hecho de que la Municipalidad haya incluido o no en su presupuesto 2004 los honorarios, restando sólo su pago, que podrá perseguirlo incluso por vía de apremio.

Añadió que el decreto atacado crea una nueva etapa en el procedimiento de percepción de sus honorarios, formulando un pedido de informe a la deudora, lo que ya ha cumplimentado a foja 38 vuelta.

Aseveró que ese pedido de informe de ningún modo está previsto ni autorizado por la ley, resultando absolutamente inoficioso y arbitrario, a la par que provoca importantes dilaciones, las que se suman a las ya impuestas por el sistema legal, según el cual se crea "un irritante desigual tratamiento entre los profesionales, según a que parte estos representen." Reiteró que si fueron o no incluidos en el presupuesto 2004 resulta una cuestión fuera de debate por haber precluido y el no intimarla le abre una alternativa a nuevas discusiones, todo con fines dilatorios.

Consideró, sin perjuicio de todo lo expuesto, que la solicitud incluida en el decreto atacado deviene a todas luces innecesaria porque existe al respecto expresa manifestación de la deudora en autos.

Por último, solicitó que la revocatoria deducida se resuelva sin sustanciación y dejó planteado el recurso extraordinario federal.

2. Corresponde rechazar el recurso interpuesto.

En efecto, resulta suficiente para desestimar el remedio incoado el hecho evidente de que la manifestación de la demandada, de foja 38 vta., no implica una afirmación concreta y determinante de que el crédito reclamado en el presente incidente fue previsto para ser cancelado en el ejercicio presupuestario del corriente año.

Ello, por cuanto la accionada se limitó a expresar, de conformidad a la normativa aplicable -con la que están contestes las partes-, que la acreencia de marras sería incorporada en el presupuesto del año 2004; lo que, obviamente, no disipa las dudas de si fue o no incluida.

Solución que se refuerza si se considera que esa manifestación fue formulada en al año 2002, fecha en la cual evidentemente no se encontraba confeccionado el referido presupuesto.

3. Empero, y no obstante la solución dada, corresponde ampliar el decreto cuestionado en el sentido de que el plazo para producir el informe requerido será de cinco días y bajo los apercibimientos de ley; debiendo, además, manifestar la accionada la fecha de pago, acompañando la documental pertinente de conformidad al orden establecido en el artículo 9 de la ley 12.036.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la revocatoria interpuesta.

Ampliar el decreto cuestionado en el sentido de que también deberá informar la fecha de depósito, tal como se indica en el punto 3 de los considerandos que anteceden, todo dentro del plazo de cinco días y bajo apercibimientos de ley.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)