Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-29


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 29 de 2005.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 560/578? El doctor Sala dijo:

1. La sentencia de primera instancia -a cuyos resultandos cuadra remitirse en orden a la reseña de la cuestión litigiosa-, hizo lugar a la demanda y condenó a Bankboston National Association a pagar a IPH S.A. la suma de $50.000, a Juan José Percossi la suma de $30.000 y a Nelly Dora Murchio la suma de $20.000, con más los intereses que fijó en el considerando 12. Para así decidir, comenzó por establecer que las partes estaban contestes en la celebración entre ellas de contratos de cuenta corriente bancaria, en el cierre de una de ellas por error, en el rechazo de cheques, en que la sociedad y uno de los co-actores fueron inhabilitados bancariamente, y en la posterior reapertura de la cuenta y levantamiento de la inhabilitación. Sostuvo que en la especie se trata de un caso de responsabilidad contractual por existir dos contratos de cuenta corriente, uno respecto de la sociedad y otro respecto de las personas físicas. Luego verificó los presupuestos de responsabilidad, considerando por separado la situación de cada uno de los accionantes respecto de los daños.

Así, en cuanto a la sociedad admitió el reclamo como pérdida parcial de imagen y pérdida de chance crediticia y en relación a las personas físicas, hizo lugar a la indemnización por daño moral, cuantificando en las sumas supra indicadas y fijando la mora al día de la demanda. Finalmente, impuso las costas a la vencida.

El veredicto fue apelado por IPH S.A. a fs. 579, por los restantes actores a fs. 581 y por la demandada a fs. 584. Esta última mantuvo su recurso en la alzada mediante la expresión de agravios de fs. 608/611, respondida a fs. 616/618. Los actores lo fundaron con la presentación de fs. 612/614, contestada a fs. 619/621.

2.I. La accionada se queja de los rubros admitidos: (a) En cuanto a la sociedad, sostiene que no hay prueba de que haya sufrido daños patrimoniales y, de admitirse, no podría cuantificarse en la suma reclamada cuando uno de los rubros integrantes del pedido -daño moral- fue desestimado; (b) En relación a las personas físicas, por haberse admitido el daño moral reclamado sin existir prueba que lo acredite, destacando que en materia contractual el daño moral debe ser probado y es de admisión restrictiva. Su segundo y último agravio se centra en la actualización del monto de condena en función de la desvalorización monetaria. Por otra parte, al no ser una obligación contraída en moneda extranjera, no existe motivo alguno que justifique su indexación.

II. Se agravian Percossi y Murchio del monto de condena a su favor, impetrando se eleve a $50.000 para cada uno. Finalmente se quejan los tres co-actores por la tasa establecida por el a quo (pasiva) adicionada a un método de ajuste conforme un índice, por no recomponer la compensación de la privación del dinero durante el lapso comprendido entre la fecha de los hechos -1999- y el presente; por ello solicita que se aplique la tasa activa.

3. Previo a considerar los agravios introducidos, y para un mejor análisis de la cuestión traída a conocimiento de esta alzada, corresponde precisar algunos hechos incontrovertidos:

(a) Que la sociedad actora es titular de la cuenta corriente 041-3121/01 y las personas físicas son co-titulares de la cuenta corriente 494/0249/07;

(b) Que por un error, se cerró la cuenta de la empresa en lugar de la cuenta personal de un empleado de la sociedad actora;

(c) Que el 25/11/98 fue rechazado un cheque por "cuenta cerrada", y ante la falta de pago de la multa, se informó al B.C.R.A. la inhabilitación tanto de la empresa como de su presidente Percossi;

(d) Que con fecha 28/12/98 IPH S.A. promovió acción contra la demandada en los términos del art. 62 de la ley 24.452, solicitando la revocación de una multa por $100, se ordene la reapertura de la cuenta corriente bancaria, la comunicación al B.C.R.A. de tal medida y la inmediata baja de las eventuales inclusiones de IPH S.A. en registros públicos o privados en los que se hubiera registrado que su parte hubiera librado un cheque con cuenta cerrada;

(e) Que el 8/1/99 la entidad reabre la cuenta;

(f) Que el 5/4/99 el Bankboston entregó notas para proveedores y clientes de la actora dando cuenta que la circunstancia apuntada obedeció a un error;

(g) Que dos cheques de fecha 6/4/99 y 27/4/99, de la cuenta personal de los co-actores fueron rechazados por "suspensión del servicio de pago";

(h) Que con fecha 28/4/99, la accionada contesta demanda en la causa supra indicada, allanándose incondicionalmente al reclamo de la actora;

(i) Que el 8/10/99 se dictó sentencia en el expediente sobre recurso ley 24.452, ordenando que se notifique al B.C.R.A. para que deje sin efecto la inhabilitación, y que se expida certificado para ser presentado ante las entidades que hubieran emitido informes respecto de la inhabilitación de IPH.

4. Esbozados estos antecedentes, cuadra señalar que el yerro admitido por la demandada no se compadece con el profesionalismo que es exigible a los bancos, ya que con una mínima diligencia esta situación podría haber sido evitada. En numerosos pronunciamientos como juez de primera instancia destaqué que al ser los banqueros comerciantes profesionales está agravada su responsabilidad ya que usualmente tienen superioridad en diversos órdenes respecto de la otra parte (art. 512, 902 a 909, Cód. Civil). De manera que el quiebre de esta conducta produce efectos sobre todo el sistema por la pérdida de confianza (sentencia dictada por el suscripto el 21/06/01 en la causa "Kohl, Carina Gabriela c. Citibank N.A. s/ordinario", con remisión a los fundamentos del fallo de la sala B de este Tribunal en la causa "Davagnino, María Rosa c. Citibank N.A. s/ordinario" del 7/03/01 y precedentes allí indicados; esta sala, 11/11/04, "Quiros Emilsen Beatriz c. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ordinario" -LA LEY, 2005-B, 737-).

Dada la conclusión precedente, es inexorable atribuir responsabilidad al banco por haber informado al B.C.R.A. una equivocada valoración de la sociedad actora y del co-actor Percossi.

Esa responsabilidad es extracontractual ya que resulta extraña al ámbito específico de la vinculación comercial que mantuvieron las partes. La errónea comunicación del banco, no configura un incumplimiento contractual; sino, antes bien, un obrar antijurídico ajeno a la relación derivada del contrato que unía a las partes. En esta inteligencia, corresponde encuadrar la actuación del banco dentro del ámbito de la responsabilidad aquiliana (art. 1109, Cód. Civil).

5. Ello sentado, corresponde ahora indagar en conjunto las críticas a la valoración de la prueba efectuada por el juez de grado en lo atinente a la admisión de los rubros indemnizatorios.

I. De la prueba informativa rendida en el expediente fluye que:

(a) el Banco Provincia de Buenos Aires a fs. 285 y 466 informa que la sociedad actora posee una cuenta corriente cuya apertura fue realizada el 22/9/98;

(b) que IPH S.A. no registra antecedentes de morosidad o incumplimiento (v. Employs S.A. fs. 287; Ferretería Industrial Brown fs. 347; Sartor S.A. fs. 392; I.M.S.A. S.A. fs. 405; Roble Blanco S.A. fs. 456), como antecedente negativo registra su inclusión como inhabilitado por el B.C.R.A. por el libramiento de cheque por cuenta cerrada en el año 1999 (v. Acindar fs. 315; José Moscuzza y Cía. S.A.C.I. fs. 447/448), oportunidad en la que se dispuso un temporario límite a las ventas de crédito (v. Diammet S.A. fs. 335; Arvion S.A. fs. 349 -repetida fs. 400-; Prolek S.A. fs. 351; CWA S.A. fs. 385/286; Aristóbulo Gómez Ruperez S.A. fs. 396);

(c) Citibank informa que la sociedad actora posee dos cuentas corrientes activas desde el 1.12.99, y no existe en el legajo o carpeta de la firma nota proveniente del Bankboston informando el error cometido al cerrar la cuenta 041-3121-01, durante el primer semestre de 1999 (v. fs. 294, 450 y 452);

(d) Fidelitas informa a fs. 298/309 que los co-actores Percossi y Murchio no registran antecedentes en su base de datos, y que IPH registraba una situación 3 ante el B.C.R.A. en octubre de 2001 por deuda financiera con el Scotiabank Quilmes S.A.;

(e) Que registra como antecedente negativo un débito automático rechazado por Visa S.A. en mayo de 1999 (v. Sarthou Guardería Náutica fs. 394);

(f) Veraz informa que la Sra. Murchio no registra inhabilitación alguna, que el Sr. Percossi tuvo una inhabilitación para operar en cuenta corriente de fecha 3/1999, que IPH S.A. también registró inhabilitación con fecha 30/3/99, luego informada con la expresa mención de rehabilitado el 26/4/99, y dada de baja la citada inhabilitación el 21/10/99 a solicitud del Juzgado Comercial 9 (v. fs. 398, 402/403 y 497/498);

(g) el B.C.R.A. informa que el cheque que originó la inhabilitación por la causal "no pago de multa" y posterior "cese de inhabilitación por no pago de multa" Comunicación "A" 2480/03 con fecha 26/4/99 fue dado de baja por Bankboston N.A. de acuerdo con el procedimiento estipulado en la comunicación "B" 6262. Posteriormente a raíz del oficio librado por el Juzgado en el expediente sobre recurso ley 24.452, se procedió a cumplir la orden impartida con fecha 12/1/00 dando de baja en la Base de datos de cuentacorrentistas inhabilitados los datos identificatorios de la firma citada que figuraban con la causal "cese de inhabilitación por no pago de multa Comunicación "A" 2480/03". Además, no está difundiendo datos correspondientes a Nelly D. Murchio, y con relación a Percossi y Murchio se informa que los antecedentes contenidos en la base de cuentacorrentistas inhabilitados que operaba el Banco Central, con las inhabilitaciones vigentes al 3.4.01 fueron volcados a un archivo informático (v. fs. 444 y 508/509). Por otro lado, de las planillas adjuntas figura IPH S.A. en situación 2 en agosto y septiembre de 2001 y en situación 3 en octubre del mismo año, informado por el Scotiabank Quilmes S.A. (v. fs. 518);

(h) a fs. 478 el Scotiabank Quilmes informa que IPH S.A. tuvo varias cuentas en dicha entidad, y que la firma registró un atraso con calificación 3 en Veraz, el cual fue regularizado inmediatamente por el cliente;

(i) el BBVA Banco Francés informa que no registra antecedentes de morosidad de la firma, como tampoco la notificación emitida por Bankboston N.A. (v. fs. 495);

(j) la Asociación Civil Colegio Villa Devoto informa que la familia Percossi no registra morosidad, y que la copia del recibo nº 32897 emitido el 8/4/99 es copia del original y corresponde al reintegro del débito efectuado por el Bankboston N.A. de $ 10 + IVA por el rechazo del cheque nº ...; el origen corresponde al rechazo del cheque mencionado por cuenta cerrada por el B.C.R.A. y suspensión servicio de pago (v. fs. 389);

(k) Nosis informa que IPH S.A. registró calificación 3 en octubre de 2001 por el Scotiabank Quilmes (v. fs. 416/338).

II. Las manifestaciones de los testigos fueron concordantes en cuanto a las angustias e inconvenientes padecidos por los co-actores Percossi y Murchio (v. Granda, respuesta a pregunta 4ta. fs. 459/460; Pérez respuesta a pregunta 4ta. fs. 462/463; y Wasinski respuesta a preguntas 2da. y 3ra. fs. 465).

6.I. Daños a IPH S.A.: De la prueba hasta aquí analizada, encuentro que el actuar del banco demandado le ha ocasionado perjuicios a la sociedad actora al haber estado erróneamente incluida en la base de datos del B.C.R.A., información luego receptada y difundida por Veraz generando por sí sola un perjuicio que debe ser reparado. Destaco a todo evento que este daño a la imagen, no se asimila al daño moral que pueden sufrir las personas físicas, pues como ha sostenido el máximo Tribunal, su capacidad jurídica está limitada por el principio de especialidad -arts. 35 del Código Civil, y 2 de la ley 19.550-, y su finalidad propia es la obtención de ganancias -art. 1º, ley citada-, por lo que todo aquello que pueda afectar su prestigio o su buen nombre comercial, o bien redunda en la disminución de sus beneficios o bien carece de trascendencia a los fines indemnizatorios, dado que se trata de entes que no son susceptibles de sufrir padecimientos espirituales (conf. C.S.J., 22/03/90, "Kasdorf S.A. c. Provincia de Jujuy y otro"; doctrina reiterada en fallo "De la Matta, Manuel H. y otro c. Gas del Estado y otros", del 3/11/92). Las personas jurídicas o de existencia ideal pueden ser sujetos pasivos de perjuicios indirectos si son vulnerados sus derechos extrapatrimoniales como el buen nombre, la probidad comercial y su buena reputación, si repercuten desfavorablemente en el patrimonio (cfr. Jorge Bustamante Alsina, "Las personas jurídicas no son sujetos de daño moral", publicado en ED el 12/7/90). Así, el yerro de la entidad provocó un daño a la imagen comercial de la firma, dado que los hechos descriptos al principio de este apartado pudieron crear dudas en los agentes del mercado acerca de la solvencia de la sociedad actora (en igual sentido, sala C, 30/9/03, "Martínez Hermanos S.R.L. c. Banco Francés S.A. s/ordinario", fallo publicado en ED del 19/02/04; esta sala, 22/3/05, "Construcsur S.R.L. c. Banco Río de la Plata S.A. s/ordinario").

Así, de la prueba colectada fluye que la empresa tuvo un límite temporario a las ventas de crédito (v. apartado 5.I., sub b), lo que sumado a la envergadura de la operatoria mercantil de la sociedad actora (v. informes de Acindar fs. 315; Diammet S.A. fs. 335; Arvion S.A. fs. 349 y fs. 400; Prolek S.A. fs. 351; CWA S.A. fs. 386/387; Sartor S.A. fs. 392; Aristóbulo Gómez Ruperez S.A. fs. 396; I.M.S.A. fs. 405/406; José Moscuzza y Cía. S.A.C.I. fs. 447/448; y Roble Blanco S.A. fs. 456 no impugnados), sin dudas afectó su reputación y nombre comercial. A ello se le suma la suspensión de servicios de pago de cheques dispuesta por el BBVA Banco Francés y por el Citibank N.A. (v. copias a fs. 17 y 17 bis -esta última reconocida por la entidad a fs. 468-).

Añádese a ello lo expuesto por el sentenciante en el considerando 10mo. (fs. 474/476), argumentos que fueron soslayados por el banco y avalan la solución propiciada.

Por todo ello, considero que la suma fijada por el a quo, con arreglo a lo dispuesto por el art. 165 del Cód. Procesal, resulta a mi criterio adecuada para resarcir en forma prudencial y equitativa el daño en examen. Propicio, en consecuencia, rechazar los agravios formulados por la demandada.

II. Daño moral de los co-actores Murchio y Percossi: El daño en examen no tiene carácter sancionatorio o ejemplar sino exclusivamente resarcitorio, de modo que hay que centrarse en el damnificado en las lesiones padecidas por éste para determinar el "cuantum". Se ha puntualizado que: "... la magnitud de la reparación del daño moral no depende de la calidad de entidad financiera del demandado; pues atento el carácter resarcitorio de este rubro, el análisis no debe centrarse en la persona que obró de manera antijurídica sino en la víctima, a fin de evaluar las consecuencias que sobre el ánimo de la misma produjo el hecho ilícito (v. esta sala "Alvarez, Jorge O. c. Banco Roberts S.A.", del 15/12/99; JA, 2000-III, 503)..." (sic. esta sala, voto del juez Ramírez en la causa "Aragone, Roberto Jorge c. Banco Francés del Río de la Plata S.A. s/ordinario", del 19/4/04).

En consecuencia, endilgada la responsabilidad extracontractual de la demandada, cabe aplicar la doctrina elaborada entorno al art. 1078 del Cód. Civil -norma a la que remite el citado art. 1109 al final del primer párrafo-, según la cual, la sola realización del hecho dañoso lleva a presumir a la existencia de la lesión de los sentimientos del damnificado. Salvo, claro está, que la deudora destruya la presunción mediante prueba en contrario (v. Llambías, "Código Civil Anotado", t. II-B, ed. 1992, ps. 328/329, pto. 7); lo que no ha ocurrido en la especie..." (sic. del voto del Dr. Ramírez, preopinante en la causa "Alvarez, Jorge Oscar c. Banco Roberts S.A. s/Ordinario", del 15/12/99, al cual adhirieron los restantes integrantes del Tribunal; en similar línea conceptual, esta sala "in re": "Domínguez Raúl Alberto y otro c. ABN Amro Bank N.V. sucursal argentina s/sumario" del 27/9/01; "Manzur, S.O. c. Banco Liniers Sudamericano", del 18/3/02; "Goncalves Roberto Oscar c. Banco Caja de Ahorro s/sumario", del 21/8/02; "Rodríguez Olegario Fernando c. Citibank N.A. y otro s/sumario", del 10/9/02; "Rosas, Luis Pascual c. Citibank N.A. s/ordinario", del 12/3/03; "Terzi, Marcelo Carlos c. Citibank N.A. s/ordinario", del 4/6/03; entre otros pronunciamientos).

En cuanto a Percossi, estimo que la sola circunstancia de haber sido erróneamente incluido en el listado de deudores del Veraz (cfr. apartado 5to.), constituye un perjuicio que debe ser reparado, ya que no existía causa alguna para proceder de tal manera. Juzgo entonces que esta situación le produjo aflicciones en sus sentimientos espirituales, tranquilidad anímica; además de las posibles consecuencias sociales y profesionales de tener que dar explicaciones sobre su solvencia crediticia a proveedores y clientes.

En relación a Murchio, el rechazo del cheque librado por ella para el pago de la escuela sin duda repercutió desfavorablemente en su ánimo y tranquilidad.

Empero, la prueba producida por los pretensores impide elevar el monto fijado por el sentenciante. Destaco como factores adicionales ponderados que: (a) no existen otros medios de convicción que permitan otorgar mayor extensión al resarcimiento (vgr. pericial psicológica); (b) que los co-actores Percossi y Murchio no registran antecedentes en la base de datos de Fidelitas; y (c) que no fue probado que el débito automático rechazado por Visa S.A. en mayo de 1999, informado por Sarthou Guardería Náutica, tenga relación con la errónea calificación que tuvo el Sr. Percossi.

Por el contrario, considero que el monto otorgado a la Sra. Murchio debe reducirse. Ello así, teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en el párrafo anterior y principalmente porque no fue inhabilitada en la base de datos del B.C.R.A., siendo la única causa de sus afecciones el rechazo del cheque para el pago del colegio en la cuenta corriente que era co-titular junto a su esposo.

En suma, estimo prudente mantener el monto fijado por el a quo en relación al Sr. Percossi y reducir la indemnización por daño moral para la Sra. Murchio en la suma de pesos cinco mil ($5000) -art. 165, Cód. Procesal-.

7. Finalmente, ambas partes se agravian de la tasa de interés que aplica el a quo.

Lo expuesto por los recurrentes, al fundamentar sus respectivos recursos, no cumplen con las precisiones del art. 265 del Cód. Procesal al no contener una crítica concreta y razonada del veredicto impugnado. Es necesario referir los errores del fallo objetado y en qué omisiones ha incurrido el juzgador, dando los fundamentos de tales postulaciones que autoricen a obtener una conclusión diversa.

"... A su vez, deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho en que se basó el pronunciamiento, expresando las circunstancias fácticas y las razones jurídicas en virtud de las cuales se tachan de erróneas las soluciones de la sentencia (puede verse, entre otras, este Tribunal, sala A, 14/2/85, "Pacenza S.A. c. Pérez Larumbre, Oscar F." -LA LEY, 1985-C, 102-)..." (esta sala, 19/8/87, "La Catalina S.C.A. c. La Austral Cía. Seg. S.A. s/ordinario"; en igual sentido, esta sala, 25/11/04, "Inversora Norte S.A. s/quiebra c. Matassa Carlos Jorge y otro s/ordinario"; ídem, 17/12/04, "Kusa Impex S.R.L. c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/sumario"; ídem, 17/5/05, "Cherren Alberto Luís c. BBVA Banco Francés y otro s/ordinario").

Las mencionadas presentaciones, no contienen los recaudos aludidos, por lo que conceptúo que los agravios en el punto deben estimarse desiertos (art. 265 y 266, Cód. Procesal).

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: 1) Estimar parcialmente los agravios de la demandada, solamente en cuanto al monto otorgado por indemnización por daño moral a la Sra. Murchio, el que se reduce a la suma de pesos cinco mil ($5000); y 2) Imponer las costas de esta alzada a la parte demandada, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68, Cód. Procesal).

El doctor Arecha dijo:

Comparto los fundamentos vertidos por el juez preopinante por lo que adhiero a la solución por él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve: 1) Estimar parcialmente los agravios de la demandada, solamente en cuanto al monto otorgado por indemnización por daño moral a la Sra. Murchio, el que se reduce a la suma de pesos cinco mil ($5000); y 2) Imponer las costas de esta alzada a la parte demandada, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68, Cód. Procesal).

El doctor Ramírez no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109, R.J.N.). - Angel O. Sala. - Martín Arecha.