marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Habeas data, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Bisel SA.e/a: Romero Atilio José Rolendio c/ Veraz SA. y/o quien resulte responsable s/ Habeas data
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-12-23

La norma del art.12 de la ley 4360, en forma expresa contempla como decisiones susceptibles de apelación las sentencias, la resolución que declara improcedente la acción y las que disponen medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado.

Siendo así no existe asidero alguno para interpretar que solo son apelables la sentencia que admite la acción y la que la declara improcedente, porque ello contraviene el palmario significado lógico-jurídico del texto en cuestión. Con lo expuesto queda descartado el argumento de que la hipótesis de sentencia que declara abstracta la cuestión escapa a las previsiones legislativas y de que en virtud de ello, no resultan aplicables al recurso incoado las reglas específicas de la ley 4360. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Municipalidad, personal municipal, ausencias injustificadas, exoneración, sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oviedo, German c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 636-91) Ventura, Santos Luciano c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 535-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-12|1999-05-19

Si en el régimen de la Ley 9286, el artículo 65, en su cuarto apartado, exige que antes de aplicarse la sanción de suspensión, cuando medien las causales previstas en el artículo 62 incisos a) y b) se corra vista al imputado a efectos de que dentro de las setenta y dos (72) horas de la notificación, informe circunstanciadamente cómo se produjeron los hechos o las causas que lo motivaron, es lógico que tal regla sea tanto más exigible para el caso de una sanción expulsiva. Por lo tanto, el procedimiento sumarial no es imprescindible cuando se trata de la constatación objetiva de las inasistencias, bastando el descargo mediante el cual se ejerce el derecho de defensa, para dar ocasión a que se justifiquen aquéllas y, desde luego, a la producción y valoración de la prueba que ofrezca el empleado en su disculpa. En definitiva, no se exige un procedimiento complejo y de larga duración como el sumario, pero existe uno simple y breve; ya que con la vista se le brinda al imputado una razonable oportunidad de ser oído, conocer las actuaciones y ofrecer pruebas.
Propiedad intelectual, fraude a la propiedad intelectual, plagio, banco de datos, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: AXESOR. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

La ley 25.036, al modificar el art. 1 de la ley 11.723, incluyó a las compilaciones de datos y otros materiales. Con las expresiones "base de datos" y "banco de datos" se mencionan los depósitos electrónicos de datos y de información, que implican: una organización electrónica de datos y de información; un sistema de manejo de base de datos; un control que permite a los usuarios ingresar a él de acuerdo a sus derechos de acceso; una administración o manejo de los datos; un diseño de la base de datos y de su estructura, como la selección e implementación del software que permite operarlo (*).

Las bases de datos también son mencionadas en el decreto 165/1994 (art. 1°) y el Acuerdo ADPIC (art. 10°).

La selección y disposición de los datos debe derivar de una tarea intelectual; esto es a) que la actividad del compilador no sea meramente física, y b) que el resultado de la actividad intelectual sea original de quien se identifica como autor y no provenga de la copia (plagio) de otra compilación (**).

En consecuencia, si el imputado accedió a través de un sitio de consulta de internet al servicio brindado onerosamente por la empresa para copiar fraudulentamente y sin derechos, los datos exclusivos del programa para su comercialización como información financiera en otra página de internet, debe confirmarse su procesamiento en orden al delito previsto por los arts. 71 y 72 de la ley 11.723.
Empleo público, sanciones disciplinarias administrativas, ley penal más benigna, independencia del fuero penal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvarez, Rodolfo Andrés c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-28

El poder disciplinario, dentro de la órbita de la relación de empleo público, se desarrolla en una esfera distinta de la represión penal y por consecuencia la aplicación de la ley penal más benigna no es trasladable ni aplicable a las sanciones disciplinarias, y si bien no pueden desatenderse las consideraciones relacionadas con los principios que fundan las normas legislativas que determinan la prescripción extintiva de las acciones represivas, no puede obviarse la existencia de situaciones en las que la aplicación de esos principios redundaría en desmedro de valores fundamentales para la conservación del cuerpo social y su ordenamiento constitucional.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescindibilidad, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mengoni, María C. c/ Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-01

Reconocida la pretensión patrimonial prevista por el decreto ley 8961 computando la indemnización conforme a la última remuneración percibida por el agente, la misma es comprensiva de cualquier situación de revista que invista el causante, y constituye un adecuado resarcimiento por la ruptura inmotivada del vínculo laboral, con lo cual resulta improcedente adicionar otra indemnización. La compensación reconocida se compadece con las garantías constitucionales invocadas, toda vez que se hace efectiva una justa reparación patrimonial.
Concubinato, daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Finelli de Dettler, Esther c/ Ojeda, Osvaldo Oscar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-17

Corresponde exclusivamente que la víctima sea resarcida por el daño moral sufrido o en el supuesto de fallecimiento de la misma, sus herederos forzosos (art. 1078 del Cód. Civil) por lo que, no revistiendo la concubina esa calidad, no cabe otorgarle esa indemnización.
Recurso de apelación (procesal), monto mínimo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fandiño, Martín Alberto c/ Aerolíneas Argentinas S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-13

Corresponde declarar mal concedidos los recursos de apelación interpuestos ya que las sumas en litigio resultan inferiores a las previstas en el art. 242 del C.P.C.C.N., razón por la resulta improcedente la intervención de los tribunales de alzada cualquiera fuese la naturaleza de la cuestión planteada.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, incongruencia, exceso ritual manifiesto, prueba, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CATALANO, MARIA BELEN c/  s/ APELACION RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE ETICA DEL COLEGIO DE PSICOLOGOS RESOLUCION QUE APLICA SANCION DE APERCIBIMIENTO PUBLICO Y SUSPENSION DE MATRICULA (EN CARPETA JUDICIAL EMBON, MIRNA Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

Asiste razón a la recurrente en cuanto achaca a la Alzada arbitrariedad por autocontradicción en su desarrollo argumental y exceso ritual manifiesto, por cuanto la Alzada, al resolver como lo hizo, no sólo consideró como existente una renuncia tácita de los informes oportunamente ordenados sin tomar en cuenta que las partes tuvieron acceso y que oportunamente alegaron sobre los mismos, sino que para excluir la prueba en cuestión, entendió que la conclusión de la instrucción -y posterior vista a la profesional denunciada- debía ser luego de producida toda la prueba ordenada a fin de que esta última pueda revisar todo lo actuado y así ejercer debidamente su derecho de defensa en la etapa contradictoria, al controvertir toda la prueba producida; empero, esta circunstancia es reconocida con posterioridad en la resolución, al expresar que del contenido de su descargo y de su alegato final surge que la profesional revisó efectivamente todo lo actuado y contó efectivamente con patrocinio letrado. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhiere el Dr. Spuler)
Sentencia arbitraria, ejecución hipotecaria, bienes inmuebles, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruberto, Guillermo Miguel c/ Levame, Juan Carlos y otros. s/ ejecucion hipotecaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-31

Es arbitraria la sentencia que -al rechazar la ejecución hipotecaria- entendió que no se había estipulado la caducidad de los plazos en el caso de que se concretara la venta sin haberse acreditado previamente la condición de solvencia del adquirente, pues la alzada no realizó un examen apropiado de las cartas documento intercambiadas entre las partes, de las cuales surgía que el titular del crédito no había prestado su conformidad para la venta del inmueble y tampoco había aceptado la sustitución del deudor pues estimaba insuficiente la información que se le había suministrado sobre la referida solvencia económica.
Jueces, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: Medilewski, Jacobo Rubén c/ Szarfman, Isaac. s/ RECURSO DE HECHO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

Sin perjuicio de la opinión de las partes, el juez debe, como sujeto calificador e intérprete, examinar los hechos probados para determinar el alcance del acuerdo de partes y decidir, en consecuencia, la suerte de la demanda.
Impuestos, confiscatoriedad
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: López López, Luis y otro c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ eximición de inversiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Para que la confiscatoriedad exista debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital y a los efectos de su apreciación cuantitativa debe estarse al valor real del inmueble y no a su valuación fiscal y considerar la productividad posible del bien.
Accidentes de trabajo, accidente in itinere, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez, María Esther c/ Ministerio  de  Obras  y Servicios Públicos y/o Provincia de Formosa s/ Indemnización por muerte derivada de accidente de trabajo in itinere Servicios Públicos y/o Provincia de Formosa s/ Indemnización por muerte derivada de accidente de trabajo in itinere
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-20

En especial consideración a que el accidente in itinere no ocurre en el establecimiento de la empresa donde el principal puede ejercer la vigilancia, el control de su personal en forma directa, las pruebas deben ser concluyentes sin que permitan dudas sobre los requisitos señalados precedentemente. Asimismo la prueba debe ser apreciada con criterio estricto.
Extinción del contrato de trabajo, período de prueba, protección de la maternidad
Materia: LABORAL
Carátula: Giménez, Alicia Yolanda c/ Mañas, Raúl - Propietario de la Agencia de Quiniela Nro. 8 s/ Reclamo Laboral la Agencia de Quiniela Nro. 8 s/ Reclamo Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-08-24

Si bien la relación de la actora quedó enmarcada dentro del llamado periodo de prueba -art. 92 bis L.C.T.- y que como quedara dicho en su apartado 4 se dispone que cualquiera de las partes puede extinguir el vínculo durante el periodo de prueba sin expresión de causa y sin derecho a indemnización alguno con motivo de la extinción; pero merece destacarse que los arts. 177 y 178 de la L.C.T. tienen por objetivo evitar la discriminación de la trabajadora con motivo de su estado de gestación y constituye una protección a la maternidad y a la institución familiar, por lo que le reconoce el derecho a una reparación agravada -art. 182-. Que así también con relación a la mujer gestante se concreta el principio de la no discriminación consagrados por los arts. 16 de la Constitución Nacional, 17 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo y a partir de la reforma constitucional de 1994 los Pactos Internacionales que tienen rango constitucional, consagran la protección a la maternidad a la vez que condenan las prácticas discriminatorias en razón del estado de gravidez, antes y después del parto (Declaraciones de los Derechos y Deberes del Hombre-Bogotá 1948-Pacto de San José de Costa Rica -art. 24-). Es así que debe entenderse que cuando el art. 92 bis, apartado 4, dispone que se puede extinguir la relación sin expresión de causa y sin derecho a indemnización alguna con motivo de la extinción, sólo se refiere a aquellas reparaciones que tienen en cuenta el derecho a la estabilidad y no a aquellas otras que a la vez resarcen el daño que la cesantía injustificada produce al trabajador, persiguen desalentar prácticas discriminatorias.

Fundamento de la Dra. Elida C. de Niveyro.
Conflicto de poderes, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: O., C.J. y Otro s/ Tentativa de Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-05-14

Los conflictos de poderes o de competencias, abrazan las contiendas entre órganos (o autoridades) que ejercen las distintas funciones en las cuales se dispersa el poder político en su origen, sin sujeción a otro órgano igual o superior, a propósito de sus respectivas facultades, cuando una desconoce a la otra la que ésta estima que se le atribuye. Ambos incisos -art. 179, inc. 1.2 y 1.4-, son, en este orden y en consecuencia, complementarios.
Cancelación de la hipoteca, pesificación, coeficiente de estabilización de referencia, derechos del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: Milanesio, Osvaldo y Otro c/ Banco Hipotecario S.A. s/ Abreviado - Cancelación de Hipoteca
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-05-02

En la cancelación de la hipoteca se debe efectuar el cálculo de la deuda en función del CVS y no del CER -art. 2 inc. a) Ley 25.713 y art. 1 inc. a) del Decreto 762/02- atento a que la finca afectada por la garantía hipotecaria es la única vivienda, familiar y de ocupación permanente de propiedad del actor, tal como lo exige la Comunicación "B" 7572 BCRA, que autorizó la aplicación de la citada normativa, ello atendiendo además a que dicha interpretación es la más favorable al consumidor, como exige la legislación consumeril.
Quiebra, verificación de créditos, incidente de revisión, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Burmar S.A en Balcazar Olivera, Roberto, Quiebra s/ Verificación de crédito-Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-05-21

Quien se insinúa en el pasivo concursal tempestiva o tardíamente, debe indicar y probar la causa de su crédito, no puede admitirse una exégesis absolutamente literal y mecánica del texto del art. 33 de la L.C., según la cual dicha norma solo impone "indicar" la causa. La distinción entre una simple manifestación y la prueba de la misma, no tiene vigencia prácticamente en el derecho procesal, porque quien afirma un hecho debe probarlo para poder ser o ido en la jurisdicción. Si el acreedor debe indicar la causa, es obligatorio concluir que también debe acreditarla, siendo insuficiente una mera manifestación en ese sentido. De lo contrario, la directiva legal sería totalmente inoficiosa. la carga de expresar la causa conlleva la obligación de probarla, como dijo Montesi (cfr: "el problema de la causa translínea SA V. Electrodine S.A." R.D.C.O., 1981, p. 295. Ello es sin perjuicio de los deberes de investigación que le incumben al s indico con arreglo a los arts. 34 y 298 de la L.C, pero el onus probandi" de la causa siempre pesa fundamentalmente sobre el propio acreedor, lo que resulta muy lógico por ser el sujeto que se encuentra en mejores condiciones para suministrar los elementos y antecedentes necesarios en orden al cumplimiento de dicha carga procesal. (Voto del Dr. Gavier Tagle).
Patente del automotor, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: G. R., D. c/  s/ competencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-06

Explicaron Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López que el fiscal consideró que dicha conducta reunía los requisitos del verbo típico "alterar" previsto por el inciso 3º del artículo 289 del Código Penal y resaltaron que ".la chapa patente no sólo cumple una función relativa al registro de los automotores, sino además de identificación en la vía pública, no sólo por parte de las autoridades, sino también por parte de los particulares. En consecuencia la colocación de una cinta adhesiva negra en una de sus letras o números altera, aún cuando no fuera de carácter permanente, la credibilidad de la numeración individualizadora del automotor.."
Recurso de casación penal, inadmisibilidad del recurso, nulidad procesal
Materia: Procesal Penal
Carátula: M., J. A. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-07-18

"Las nulidades y sus efectos sólo deben declararse cuando, en el caso concreto, el agraviado tiene un interés jurídico en esa declaración".

"Las nulidades procesales no deben declararse sino en aquellos casos en que la omisión o vicio denunciados hayan ocasionado o podido ocasionar un perjuicio a quien dedujo la incidencia". "Para su procedencia formal, el recurso de casación debe bastarse a sí mismo, por lo que cuando se invoca un vicio que produciría la nulidad de la prueba recibida y merituada, debe razonarse concretamente cómo ese elemento de juicio, indebidamente valorado por el a-quo ha incidido decisivamente en la parte dispositiva de la resolución".
Banco Hipotecario Nacional, beneficios sociales, crédito hipotecario, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Diamante Diaz, Leopoldo Efraín y otros c/ Banco Hipotecario Nacional s/ Proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-08

Debe hacerse lugar a la pretensión de los actores sólo para que el Banco Hipotecario Nacional S.A., dentro del plazo de 90 días establezca la línea de créditos en las condiciones y para la categoría de personas que le manda la ley 20.965 en su art. 5º (conf. ley 24.855; dec. 924/97 y normas cc).
Tribunal de cuentas, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Echeverría Castor Joaquín y otro c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10

Resulta improcedente por extemporánea la demanda interpuesta una vez vencido el plazo especial de diez días previsto por el art. 26 de la Ley 4373 para impugnar los fallos del Tribunal de Cuentas, norma que rige para el caso por tratarse de una acción contra un fallo dictado por dicho órgano en relación a un ejercicio anterior al año 1990 (art. 46 ley 10.869, T.O. Ley 10.876). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, competencia federal, correo privado, violación de correspondencia, fallos de la Corte Suprema, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ROMAY, Manuel s/ CORREO PRIVADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-13

Si bien con anterioridad esta sustentó la competencia federal que se hacía extensiva aun a los supuestos de sustracción de correspondencia cuando una empresa privada era la prestataria del servicio, ha modificado su criterio a partir de los fallos dictados sobre el particular por la C.S.J.N. a fin de evitar el dispendio jurisdiccional la calidad de último intérprete normativo del Alto Tribunal. Por ello, debe intervenir la Justicia federal respecto de la correspondencia que habría sido substraída y despachada por intermedio del Correo Argentino, empresa con participación estatal mayoritaria.
Régimen de reparto, reajuste jubilatorio, régimen de capitalización
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cortés, José Raimundo c/ ANSES s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-12

El haber jubilatorio inicial del actor debe ser recalculado, considerando que los aportes efectuados al régimen de capitalización se deben computar como realizados al régimen previsional público (Ley 26.425, art. 3°), teniendo en cuenta la totalidad de los años de servicios con aportes prestados con posterioridad al 30 de junio de 1994. Además, el organismo previsional deberá abonar las diferencias correspondientes entre las sumas percibidas por el titular en concepto de renta vitalicia y las que hubiera percibido en concepto de Prestación Adicional por Permanencia, en proporción a la cantidad de años aportados al régimen de capitalización y, en el supuesto que existan diferencias a favor del actor, deberá abonársele el haber recalculado y el retroactivo de las sumas no prescriptas, habida cuenta que fue el propio Estado quien posibilitó la elección de un sistema que ofrecía preservar el contenido patrimonial de los haberes de pasividad y que, como quedó demostrado con la sanción de la Ley 26.425 que lo disolvió, no pudo cumplir el objetivo.
Impuestos, Municipalidad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Doménico y Cía. Sociedad Anónima Vinícola c/ Municipalidad de San Martín s/ Inconstitucionalidad (Libro: S060-442)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-05-08

La contribución exigida por una Municipalidad, en concepto de inspección sanitaria y control de bodega, pierde su característica de "retribución", asumiendo el genuino de un impuesto, contrario a la letra y al espíritu del art. 216 de la Constitución Provincial y al texto de su propia creación, si el servicio de inspección sanitaria no se ejercía.
Recurso de casación laboral, procedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: GORGONIO ISLA, FERNANDO c/ GRECOR S.R.L. s/ RECURSO DE CASACION - FUNDAMENTACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-08-18

La apertura formal del recurso de casación no impide a la sala laboral examinar nuevamente su admisibilidad, porque aquella decisión formulada prima facie no puede privarla de pronunciarse en la etapa final, en la que ejerce su m as plena jurisdicción y cuenta con mayor acopio de antecedentes, como los planteos aportados por la contraparte al respecto.

El recurso de casación, medio de impugnación extraordinario y de carácter formal, exige una correcta fundamentacion de los agravios que se vierten y un encuadramiento en las causales prescriptas por la ley, ya sea que se denuncie un vicio en la actividad del juez (art. 94 Ley 4.163) en razón de haberse quebrantado las formas y solemnidades, prescriptas para el procedimiento o la sentencia o violación de la ley y la doctrina legal porque la interpretación formulada -en lapso no mayor de tres años -influyente en forma decisiva sobre el pronunciamiento, sea contraria a la efectuada por otra C amara de Trabajo (art. 95 inc. 1ro. Ley 4.163).

El contenido del remedio articulado no puede mejorarse por el Tribunal, porque de ese modo se vulneraría el derecho de igualdad de las partes en el proceso y el principio de adquisición procesal de la contraria.