Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-12


Reg.: A y S t 283 p 7/13.

Santa Fe, 12 de junio del año 2018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Santiago Miguel Serasio, contra el acuerdo N° 695, del 20 de septiembre de 2017, dictado por el Tribunal Oral del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial, integrado por el doctor Salvador y las doctoras Lurati y Depetris, en los autos caratulados "SERASIO, Santiago Miguel -Recurso de Inconstitucionalidad en carpeta judicial: Serasio, Santiago Miguel s/Homicidio culposo (CUIJ 21-07010593-1)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511726-4); y, CONSIDERANDO:

1. Por acuerdo N° 695, del 20 de septiembre de 2017, el Tribunal Oral del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial, integrado por el doctor Salvador y las doctoras Lurati y Depetris, confirmó la sentencia dictada por el magistrado de primera instancia que, a su turno, condenó a Santiago Miguel Serasio como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo (artículo 84 del Código Penal) a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento condicional (fs. 21/26).

2. Contra este pronunciamiento, la defensa de Serasio interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 41/52), por considerar que el mismo es arbitrario y afecta garantías constitucionales.

En primer lugar se agravia de lo decidido por la Alzada en orden al rechazo de la invalidación propuesta por la defensa en base al artículo 101 inciso 2 del Código Procesal Penal, pues -a su criterio- la exigencia de la calificación legal provisoria de los hechos incriminados es un derecho que tiene todo imputado, aun con anterioridad a la entrada en vigencia de la normativa referida, al encontrarse consagrado en la Constitución nacional a través de los tratados con igual jerarquía.

Añade que de esta manera el decisorio contradice los fundamentos normativos aplicables al caso, por prescindencia del texto legal.

En otro orden de consideraciones, afirma que nunca estuvo en discusión que fuera un solo animal el que intervino como agresor, mas el constatado por el Oficial Vignolo al llegar al lugar del hecho, no es el mismo que el informado por el Oficial Gauto, de propiedad de su pupilo.

Manifiesta que el fallo se opone y desconoce expresamente inequívocas constancias de autos, como el informe ocular y documental fotográfica y testimonial, a la par que incurre en autocontradicción al negar en primer lugar la existencia de dos toros en la investigación para luego a renglón seguido afirmar que hay dos animales.

Estima que es arbitraria la sentencia al sostener que solo uno es el agresor y que ese es de propiedad del imputado, pues se probó que dentro del proceso se hizo referencia a dos animales diferentes -uno negro y otro con manchas blancas- y que, por tanto, la conclusión a la que arriba el Tribunal adhiere al direccionamiento de la investigación pergeñada por los policías Blanco y Pereira.

Aduce que un análisis pormenorizado de la prueba demuestra que la afirmación de que el animal agresor es del imputado queda sustentada solo en el voluntarismo jurisdiccional, sin apoyatura probatoria.

Considera que no hay motivación mínima para afirmar que el toro negro habido en la inspección ocular y señalado por los testigos presenciales del hecho sea de propiedad del imputado.

En definitiva, concluye que lo expuesto evidencia la existencia de un vicio descalificador del acuerdo que configura una palmaria arbitrariedad, por un apartamiento inequívoco de la solución prevista en la ley, mediante una apreciación irrazonable y absurda, gravemente infiel y contraria a la norma aplicable.

3. El A quo, por auto N° 954, del 15 de diciembre de 2017, resuelve denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 34/37v.); lo que motiva la presentación directa de la interesada ante esta Corte (fs. 4/16).

4. Liminarmente ha de señalarse que aún de superarse el requisito de introducción y oportuno mantenimiento de la cuestión constitucional -reputado ausente por la Alzada en el auto denegatorio (f. 36)-, el presente recurso de queja no ha de prosperar por cuanto el recurrente no se hace cargo de los otros fundamentos adoptados por la Alzada para concluir que el recurso de inconstitucionalidad no cumple con el recaudo de autoabasto exigido por el artículo 3 de la ley 7055, en tanto "no hace más que realizar un análisis fragmentario y parcializado de los razonamientos expuestos por los Sentenciantes, y de los argumentos reseñados en el decisorio que se impugna" (f. 36v.), importando tales cuestionamientos una "reedición de agravios anteriores, genéricos y parcializados", los que quedan reducidos a una "mera expresión de agravios propia de una apelación ordinaria" (f. 37).

Como este Tribunal ha señalado repetidamente, conforme la mecánica de la ley 7055, el primer examen de admisibilidad lo efectúa el propio órgano que dictó la resolución impugnada y ante quien se interpone el recurso de inconstitucionalidad. Si no es franqueado ese primer contralor, la presentación directa ante la Corte tiene por carga el ataque de los argumentos relativos a la admisibilidad en que el tribunal a quo sustentó su denegatoria. No hacerlo implica dejar incumplida la carga procesal que impone fundar la queja en relación a los argumentos del auto denegatorio (artículo 8, ley 7055) (cfr. A. y S. T. 82, pág. 387; T. 92, pág. 156; entre otros).

En el caso, el quejoso no efectúa un relato claro, objetivo y circunstanciado de los hechos relevantes de la causa y de la totalidad de las pruebas producidas y valoradas por el Tribunal para arribar a la confirmación de la condena. Ello a fin de que sea posible advertir el vínculo que lo conecta con la cuestión constitucional que se peticiona revea la Corte, extremo que impide ingresar en el análisis del caso, tal como lo señala el a quo en el auto denegatorio.

Al respecto, debe destacarse que la exigencia legal de autoabastecimiento del escrito recursorio no consiste en un ocioso y vacío formulismo, sino que responde a la necesidad de que la Corte pueda comprender, con la mera lectura del memorial, cuál es la temática del pleito, los asuntos debatidos y el desarrollo del juicio y la conexión de todos los elementos con los preceptos constitucionales que se entienden comprometidos, a efectos de no distorsionar la índole extraordinaria de la impugnación (A. y S. T. 72, pág. 111; T. 100, pág. 449; T. 105, pág. 422; T. 147, pág. 173, entre otros).

Mas en supuestos como el presente, donde el recurrente se limita a efectuar alegaciones genéricas de afectación de garantías constitucionales -descontextualizadas de las concretas constancias del proceso y que en nada distan de ser una expresión de agravios ordinaria-, se impone la desestimación de la vía intentada.

Finalmente, resta señalar, que el intento del presentante de subsanar la deficiencia apuntada en el escrito del remedio directo (v. f. 6), no alcanza a lograr su cometido, resultando tardío, toda vez que -conforme lo ha sostenido reiteradamente este Cuerpo- la presentación de la queja no es el medio idóneo para mejorar el ineficaz planteo inicial o introducir argumentos no invocados por el recurrente en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad (A. y S. T. 97, pág. 156; T. 128, pág. 382, entre otros).

5. En definitiva, el compareciente no ha logrado demostrar una cuestión aprehensible en el artículo 1 de la ley 7055 en modo tal de conectarlo "prima facie" con la realidad del caso, por cuanto, con los defectos a los que se ha hecho referencia y los reproches genéricos de arbitrariedad y afectación de garantías constitucionales, no ha conseguido desmerecer los argumentos esgrimidos por la Cámara, sino que se ha limitado a expresar de esta forma su mero disenso -sin entidad constitucional- con lo resuelto.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA (en disidencia) - FALISTOCCO (por su fundamentos) - GASTALDI - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

FUNDAMENTOS DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FALISTOCCO:

1. Liminarmente se advierte que esta impugnación no ha de prosperar, pues de los fundamentos del memorial recursivo y su confrontación con la sentencia atacada, surge que pese a invocarse la presencia de arbitrariedad en el fallo del A quo, en sustancia, se discute la interpretación de los hechos y prueba que efectuó el Tribunal en ejercicio de funciones propias, cuestiones ajenas al recurso extraordinario intentado.

1.1. La recurrente alega en primer lugar, la afectación del derecho de defensa por no haber obtenido el imputado "la calificación legal provisoria de los hechos", debiéndose aplicar en el caso el artículo 101, inciso 2 del Código Procesal (ley 12734).

De la lectura de los fundamentos esbozados por la Alzada sobre este tópico, se advierte que los mismos lucen razonables y suficientes para desechar el agravio invocado. En efecto, amén de considerar la invalidación esgrimida desprovista de marco legal por la invocación de normativa no vigente al momento del hecho, argumentó también que "ningún perjuicio puede invocarse en la falta de expresión de la calificación legal sobre el hecho imputado; y ello así desde que (...) en sus tres declaraciones (fechas 21.09.09: 09.03.10 y 26.08.10) se consigna la calificación legal: Homicidio Culposo con su respectivo art., esto es 84 del CP, siendo que por lo demás el hecho imputado se atribuyó de manera clara y fue corroborado por la Requisitoria de Elevación a Juicio emitida por la Fiscalía -que la defensa contestó- por lo que ahora no puede pretenderse la invalidación con base en que no sabía el tipo penal en el que se fundaba la imputación en el proceso" (fs. 24/24v.).

Frente a este razonamiento, la interesada no efectúa un desarrollo suficiente de sus planteos, limitándose a esgrimir alegaciones genéricas en torno a garantías constitucionales afectadas, sin exponer un desarrollo argumental con precisiones concretas acerca de la relación existente entre las constancias de autos y la pretendida cuestión constitucional.

En efecto, sabido es que la mera alusión a normas y principios de raigambre constitucional no determina por sí misma la admisión del recurso de inconstitucionalidad provincial, siendo necesaria la demostración de la relación directa e inmediata entre el derecho o garantía invocado y lo ocurrido en la causa (A. y S., T. 99, pág. 393; T. 117, pág. 296; T. 138, pág. 433; T. 226, pág. 50).

La misma suerte ha de correr las postulaciones vinculadas con la arbitrariedad en la valoración de la prueba efectuada por el A quo.

Al respecto, de la compulsa de los cuestionamientos esgrimidos por la recurrente con los argumentos vertidos por la Cámara, surge que no asiste razón al quejoso en torno a la configuración de los vicios que alega. Por el contrario, se evidencia un mero disenso con el alcance que el A quo asignó a las pruebas reunidas para acreditar la responsabilidad penal del justiciable.

En ese sentido, los argumentos del Tribunal de segunda instancia versaron sobre la valoración de los testigos Oviedo, Romero y Tabares para determinar el peligro que representaba el animal que había traído el imputado y -según los dichos del matrimonio que cuidaba al vacuno- el mismo saltaba los alambres y debían tener recaudos para darles de comer porque a ellos intentaba agredirlos (f. 25).

Asimismo, los Magistrados señalaron que "los agentes del Samco local Cardinali y Contreras cuando llegaron al lugar vieron a Juan muy mal herido y el toro enfurecido a los pocos metros; mientras que Francischini y Daneluzzi -quienes a pedido de Serasio fueron los que retiraron el toro del lugar- expresaron que el animal responde a las mismas características fisionómicas que las aportadas por los testimonios anteriores considerados" y agregaron que "Norma del Valle Pettinari -nuera de la víctima- (...) expuso que se acercó al lugar acompañada de Peralta y cuando llegan ven al lesionado y al toro al cual lo referencian como negro; llaman al hijo de la víctima, luego llega la policía y después la ambulancia; pero además Pettinari dice claramente que vio como el toro embistió a la víctima, como lo da vuelta y en igual sentido se expresa Peralta." (f. 25).

En ese terreno, expresaron que "en la reconstrucción del hecho, quedó plasmado como Hugo Osvaldo Pettinari (fs. 183/187); Jorge Alberto Juan (fs. 187/189) y Norma del Valle Pettinari (fs. 190/194) ubian a Carla Vignolo y Manuel Peralta en el campo de Serasio, advirtiéndose que en ese momento en dicho campo no se encontraba ningún toro ya que el del imputado estaba en el campo de la víctima" concluyendo que "a los escasos momentos de haberse producido el suceso fatal, los testigos se ubicaban en el lote perteneciente al hoy inculpado, y obviamente el animal no estaba en ese lote porque ya había pasado al lote del vecino, donde precisamente se encontraba la víctima del luctuoso hecho" (f. 25v.).

Por último, y en orden a determinar la responsabilidad penal del imputado, como propietario del animal, la Alzada ha brindado fundamentación razonable y suficiente -doctrina mediante- para concluir en la violación al deber como dueño del campo y del vacuno; el cual se saltaba el alambrado al campo vecino y pese a los reiterados reclamos por parte de sus cuidadores, el imputado no modificó su accionar para evitar la causación de daños o lesiones a terceros.

Frente a estos argumentos, las postulaciones de la quejosa, en una reiteración de los agravios expuestos en las instancias anteriores, se esfuerzan por introducir una interpretación de los hechos diferente a la efectuada por los Magistrados, mas no logran persuadir a esta Corte que en la motivación ensayada por el A quo existan vicios que la descalifiquen desde la óptica constitucional.

Las explicaciones brindadas pueden o no ser compartidas por la recurrente, lo cierto es que satisfacen el recaudo de fundamentación suficiente, no advirtiéndose por tanto la configuración de causales de arbitrariedad que habiliten esta instancia de excepción.

Por ello, corresponde desestimar la queja interpuesta.

FDO.: FALISTOCCO - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ERBETTA:

Las postulaciones de la recurrente cuentan "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa e importan articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de arbitrariedad o violación de derechos constitucionales con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por tales razones, considero corresponde admitir la presente queja.

FDO.: ERBETTA - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Tribunal Oral del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial.