marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Personal de vuelo, convenios colectivos de trabajo, diferencias salariales
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA, CARLOS ALBERTO c/ AEROLINEAS ARGENTINAS  S.E. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-31

Resulta procedente el reclamo de diferencias salariales emergentes del convenio suscripto entre la U.P.S.A. y Aerolíneas Argentinas pues el distracto se produjo cuando ya se encontraba agotado el plazo de suspensión de las cláusulas convencionales, previsto por el art. 1 de la ley 23126.
Delitos contra la humanidad, prisión domiciliaria, salud del imputado
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Etchecolatz, Miguel O. c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-28

El recurso de casación deducido contra la sentencia que confirmó el rechazo del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de un imputado por delitos de lesa humanidad debe ser rechazado por no contar con un informe actualizado del Cuerpo Médico Forense respecto al estado de salud del encartado y, en consecuencia debe estarse debo ceñirme a las conclusiones que surgen del practicado, teniendo en cuenta el último informe del Servicio Penitenciario Federal, que hace saber que está recibiendo la atención médica de acuerdo a su estado. (Del voto de la Dra. Figueroa, en disidencia)
Alimentos, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vázquez de Parillo, Stella Maris c/ Parillo, Luis s/ Incidente de ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

La inacción de la esposa alimentada no autoriza a declarar extinguido su derecho a reclamar el pago de las sumas devengadas y acumuladas en el tiempo.
Pagaré, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Bansud S. A. c/ Frittayon Hugo Ermando y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

La ley cambiaria argentina sólo permite establecer que la suma prometida en pago devengue intereses compensatorios en los pagarés de vencimientos relativos, esto es en aquéllos que han sido librado "a la vista" y "a cierto tiempo vista", con fundamento en que en dichos títulos el vencimiento no depende de la voluntad del suscriptor sino de la época en que el portador decida presentarlo a su cobro (arg. art. 5 ley cit.). Asimismo, el artículo citado precedentemente en su tercer párrafo determina que los intereses corren a partir de la fecha que lleva como de creación el pagaré, si es que en el título no se dispusiera lo contrario. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Vargas, Ramón Martín c/ Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

Incurre en absurdo con transgresión del art. 44 inc, "e" del dec.

ley 7718/71 y quebranta el principio de congruencia (art. 47, dec.ley cit. y 163 inc. 6, C.P.C.C.) el tribunal del trabajo que -luego de convalidar su actuación en el proceso- niega indebidamente en la sentencia la calidad de actor a uno de los litigantes, condición reconocida expresamente por la parte demandada, quien tampoco cuestionó su legitimación para accionar.
Concursos, fuero de atracción, prueba de informes, juicio por rendición de cuentas, INDER
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: La Agrícola Cía. de Seguros S.A. s/ liquidación s/ incidente de estado de cuenta del I.N.D.E.R.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

Si el original pedido de informes al INDER - tendiente a determinar la existencia de sumas debidas a la empresa en liquidación y establecer la composición del activo de la concursada - se transformó - al tener acogida favorable - en una pretensión de rendición de cuentas, que constituye una cuestión de naturaleza autónoma y no incidental del trámite del concurso, no procede aplicar el principio de accesoriedad o el del fuero de atracción regulado por el art. 136 de la ley 19.551, que sólo juega para el supuesto en que la fallida sea demandada.
Despido, defensa en juicio, declaración de inconstitucionalidad, fallos de la Corte Suprema, ley vigente
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Ayala, Margarita Beatriz  c/ Do Pico, Carola  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-19

Siempre que medie un conflicto entre particulares, la intervención de un órgano judicial es constitucionalmente ineludible. Así lo imponen los arts. 18 y 109 de la Constitución Nacional. Primero, porque la garantía de la defensa en un juicio supone, básicamente, que todos los habitantes tienen, en situaciones como las señaladas, el derecho de ocurrir ante algún órgano judicial a fin de obtener el amparo de los derechos que estimen amenazados o lesionados (CSJN 247-646 y otros). Segundo, porque al prohibir al representante del Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales, delimita el ejercicio del poder de dicho funcionario, e implícitamente, el de los funcionarios y organismos administrativos que de él dependen en el sentido de conocer y decidir el mencionado género de conflictos. Tal es la doctrina establecida por la CSJN en numerosos precedentes (Fallos 249-228; 250-472; 253-485; 255-354; 257-136, entre otros). Cabe criticar al sistema implementando por el art. 51 de la ley 26.844, en tanto el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo designado como órgano competente para la resolución de conflictos de este tipo, ello violenta los límites sustentados por la norma del art. 109 CN. Es necesario que los conflictos derivados de estas relaciones contractuales sean resueltos por tribunales especializados, independientes del Poder Ejecutivo. Ello con el fin de adecuar la legislación vigente a las disposiciones del artículo 16 del Convenio OIT N° 189 (ratificado por la República Argentina a través de la ley 26.921, B.O. 24.12.2013). El método de resolución de estos conflictos debe canalizarse mediante tribunales judiciales que se encuentran fuera de la órbita del poder administrador que garanticen los derechos de las trabajadoras dentro del marco legal impuesto por la ley 26.844, otorgando igualdad de condiciones a las trabajadoras de casas particulares respecto de los demás trabajadores, que no pierden su condición de tal por más que el otro sujeto cocontratante no ocupe el lugar de empresario o no se encuentre allí comprendido. Cabe declarar la inconstitucionalidad del art. 51 de la ley 26.884 y admitir la instancia jurisdiccional en el presente caso. (Del voto del Dr. De Vedia, en mayoría).
Obras sociales, afiliación a obras sociales, Seguro Nacional de Salud, Fondo Solidario de Redistribución
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Superintendencia de Servicios de Salud c/ O. S. Pers. Dirección Industria Privada del Petróleo s/ cobro de aportes o contribuciones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

Si la propia obra social reconoce la existencia de la categoría de afiliados voluntarios, no puede luego aducir la derogación de la resolución INOS 490/1990 a partir del decreto 576/1993 al único efecto de evadir su obligación de destinar al Fondo Solidario de Redistribución del Seguro Nacional de Salud -FRS- un porcentaje de las cuotas abonadas por aquéllos; más aún, cuando el decreto mencionado mantuvo la política de las leyes 23.660 y 23.661 y de sus predecesoras, según la cual un porcentaje de los fondos previstos para el sostenimiento de las obras sociales es destinado al FRS. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Subasta, nulidad de la subasta, publicación de edictos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Gonzalez Oscar s/ Incidente de nulidad de publicidad de subasta y acto de subasta
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-06-17

Si no se demuestra la influencia que en el resultado del remate puede tener la deficiencia de publicidad o el perjuicio causado al impugnante (arg.art. 169 del Cód.Proc.; Der.v.22 pág. 572 n°246 y pág. 575) la nulidad de subasta resulta improcedente.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, sistema de gobierno, sistema republicano
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramos, Juan José c/ LR3 Radio Belgrano y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Si bien en el régimen republicano de gobierno la libertad de expresión tiene un lugar eminente que obliga a particular cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Tribunal de impugnación penal, incidente de impugnación, sentencia absolutoria, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: AGUINAGA MARCELO RENATO S/TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE GUERRA c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-04-14

Tanto el Tribunal de Impugnación, por su rol de tribunal intermedio entre el Foro de Jueces y el Superior Tribunal, como este Cuerpo, por ser otro tribunal intermedio ante la Corte Suprema, tienen la obligación de atender a los puntos de interpretación constitucional que se deduzcan contra decisiones que no sean sentencia definitiva pero que puedan ocasionar un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior, de lo que, nuevamente, es dable colegir que la determinación de la posible competencia material de los órganos locales llamados a resolver debe determinarse en cada caso según un criterio de interpretación textual y sistemática de las normas involucradas, tal que lo decidido respecto de unas no se ponga en contradicción respecto de otras. (Voto del Dr. Barotto, Dr. Mansilla, Dr. Apcarian y Dra. Zaratiegui por la mayoría).
Derechos humanos, principio de progresividad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GANON, GABRIEL ELIAS HERIBERTO Y AMADEO, SEBASTIAN c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-21

Una vez alcanzado un determinado estándar garantizador no se puede restringir tal posición so pena de caer en una violación al principio de progresividad que implica, como pauta de interpretación, que se debe partir de la mejor situación a la que ha llegado el sistema jurídico. En la misma línea se ha dicho que el derecho internacional de los derechos humanos se infiltra en el derecho interno para coadyuvar a la optimización del sistema, de modo que siempre se busque los plus, o sea todo lo que en vez de aminorar al sistema lo hace más amplio, más pleno, más fecundo. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhiere el Dr. Netri) - CITAS: CSJStaFe: Scalcione, AyS T 271, p 239. - DOCTRINA: Alberto Binder, "Derecho Procesal Penal", Tomo I, Ed. Ad Hoc, 2013, pág. 179; Germán Bidart Campos, "La interpretación del sistema de los derechos humanos", Ed. Ediar, 1994, pág. 83.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto de la pena, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PENAL
Carátula: Caccaviello, Alejandro Vicente s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

El artículo 350 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) establece que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo procede en los casos en que la sentencia definitiva revoque una absolutoria o imponga pena superior a tres años de prisión supuestos que no son los de autos en que la Cámara condena al procesado a la pena de un año de prisión en suspenso y un año y seis meses de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores. Independientemente de la citada restricción procesal, este Tribunal debe revisar la sentencia impugnada por haberse planteado cuestiones de índole federal, reiteradamente se ha sostenido que la competencia de esta Corte para dictar sus sentencias definitivas no queda habilitada ante cualquier reclamo que las partes deseen someterle, sino que previamente es necesario que la misma se abra conforme a derecho. Las instancias existentes en el orden local, son las previstas en el derecho aplicable y no otras (así: recursos inadmisibles) que en cada proceso puedan imaginarse, con derogación de la ley respectiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Actos y diligencias procesales, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: V., H. E. y Otra c/ I.S.S. s/Acción de Amparo s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-16

"La preclusión cumple -en palabras de la Corte Suprema- una función reconocida en todas las etapas del proceso al consolidar los resultados de los distintos actos y permitir su avance sin retrocesos; ello ocurre a medida que las diversas cuestiones, tanto sustantivas como procesales, que se suscitan durante el trámite de la causa son resueltas y finiquitadas, y ella asegura la fijeza de los actos procesales cumplidos y el avance del juicio hasta su terminación".
Juicio, fiscal de Estado, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia de San Juan c/ Quiroga Ventura Francisco s/ Ejecutivo - Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-05-10

El Art. 1 de la ley 7093 dispone la suspensión de los procesos judiciales iniciados por Fiscalía de Estado, y luego de interponer una coma y la conjunción copulativa y, agrega en estado de ejecución de sentencia. Sólo cabe concluir de su análisis literal que además de los procesos iniciados, deben suspenderse también los que se encuentren en estado de ejecución de sentencia.

Se llega a la misma conclusión analizando la finalidad perseguida por la norma, tras indagar en la discusión parlamentaria. El proyecto de ley original aludía a la suspensión de los procesos judiciales iniciados por Fiscalía de Estado, en estado de ejecución de sentencia. La redacción era clara y no dejaba lugar a duda: sólo se suspendían los procesos que se encontraran en estado de ejecución de sentencia. En el tratamiento legislativo del proyecto se agregó la conjunción copulativa y, lo que marca un clara diferencia, porque se agregó a la suspensión de los iniciados, la suspensión de dictar ejecución de sentencia.

A esta seguidilla de desaciertos técnicos, jurídicos y gramaticales se agrega uno realmente sorprendente: no coincide el texto aprobado en la sesión referida, conforme la versión taquigráfica, con el texto que se publica en boletín oficial del día 24 de enero de 2001, y que, por razones legales, tiene fuerza de ley. En la publicación se cambia la frase aprobada por la Cámara de Diputados: y el dictado de ejecución de sentencia por uno distinto y en estado de ejecución de sentencia.

Ante la duda de interpretar una norma, el juez siempre debe inclinarse por aquella interpretación que preserve el derecho y no aquélla que lo haga perimir. Aplicando ese principio al presente caso, conforme lo que se lleva dicho, debe prevalecer la interpretación que favorece la preservación del proceso y del derecho y no aquélla que lo declara caduco.
Deberes del juez, temeridad o malicia, delito penal, acción pública, denuncia obligatoria, remisión del expediente, competencia criminal, competencia de instrucción
Materia: PROCESAL
Carátula: PELLEGRINI GUSTAVO c/ SALCEDO JORGE A s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-09

Si el demandante ocultó con anterioridad a la demanda, el haber recibido de su aseguradora la suma por reparación del vehículo dañado, dicho proceder tipifica una conducta temeraria y maliciosa descriptas por el art. 45 del Cód. Procesal. Puede encuadrar la conducta descripta un delito de acción pública, por lo que la causa debe remitirse a la Justicia Nacional en lo Criminal de Institución a sus efectos (art. 164 del Cód. de Procedimiento en lo Criminal).
Sentencia definitiva, acuerdo y voto individual, recurso extraordinario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Trujillo, César Enrique c/ Municipalidad de Tres Arroyos s/ Medida cautelar autónoma o anticipada.Recurso extraordinario de nulidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-11

Ya sea que se trate de una sentencia definitiva en sentido estricto o de una decisión equiparada a tal efecto, a los fines de los recursos extraordinarios, si la misma decide cuestiones esenciales, debe observar la forma del acuerdo y voto individual de los jueces (doctor GENOUD, sin disidencia).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, parte dispositiva, Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: DIESER, MARIA GRACIELA Y FRATICELLI, CARLOS ANDRES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

Asiste razón al señor Procurador General cuando argumenta:

"...La motivación es la base lógica de la sentencia y a la vez, el conducto para la impugnación, sirviendo entonces como un medio de control de su sentido jurídico. Mal podría desentrañarse el sentido jurídico de un fallo de Alzada cuando en vez de una línea argumental absoluta o al menos mayoritaria existieran tres enfoques que no coincidiesen en la sustancial, sino tan sólo en la decisión. Esos enfoques podrían llegar incluso a ser contradictorios. El tema entronca con el mismo derecho de defensa, ya que una sentencia con votos discordantes, provoca perplejidad al justiciable perdidoso, quien lejos de quedar persuadido por la motivación del fallo, no sabrá seguramente de qué defenderse...". En autos no sólo se dan las tres posturas disímiles, sino que además el cuarto voto es nulo, siendo su nulidad absoluta e insubsanable. (De la disidencia del Dr. Prunotto Laborde a la que adhiere el Dr. Roulet).
Expropiación irregular, honorarios del abogado, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: FLAVIA, José María y otros c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-31

Aún cuando pudiera considerarse que los honorarios regulados en un proceso de expropiación inversa son accesorios del crédito principal, por lo que siguen su suerte y al no hallarse consolidada la indemnización debida tampoco aquéllos deben tenerse por incluidos dentro de las prescripciones de la ley que rige esa materia, su cobro se encuentra alcanzado por la disposición contenida en el art. 22 de la ley 23.982.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, instrucción, prueba de cargo, apreciación de la prueba, juicio oral, instrucción suplementaria, ley procesal penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: N., D. S. y CH., M. M. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 242 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-17

No puede merecer favorable acogida el agravio del recurrente, Sr. Fiscal de Cámaras centrado en que se le privó de probar con grado de certeza la responsabilidad penal de los encartados, pues tal consideración supondría la demostración de la falta de motivación y arbitrariedad de la revocación del procesamiento, desestimando para ello la conducencia de las constancias de que hizo mérito el Tribunal, así como rebatir las razones que se brindaran para ello.

Así, en tren de dar respuesta a las alegaciones del impugnante en pro de demostrar afectación de posibilidades probatorias, cabe destacar que, tras el dictado del auto de procesamiento de los imputados y formulada la requisitoria de elevación a juicio, el Tribunal admitió la opción ejercida por los imputados de que la causa tramitara por juicio oral de instancia única y dispuso abrir la "instrucción suplementaria" a tenor de lo normado por el artículo 453 del digesto de forma para practicar diversas medidas -sin perjuicio de aquéllas que las partes pudieran también proponer para esta etapa- y, en esos términos, tanto el Fiscal de Cámaras como la defensa ofrecieron pruebas, las que fueron proveídas.

Posteriormente, el Tribunal estimó que con lo producido hasta la fecha se había agotado el propósito de la instrucción complementaria, y antes de ordenar la consecuente clausura de la aludida etapa, a fin de garantizar a las partes el ejercicio adecuado de su derecho de defensa en relación a las medidas incorporadas, resolvió "dar vista a las partes, por el plazo común de tres días, de todos los elementos incorporados en esta instrucción ampliatoria".

En esa oportunidad, el ahora recurrente -al igual que el defensor- hizo saber "que no considera oportuno proponer nuevas diligencias de prueba para la instrucción complementaria que se abriera en este proceso penal, como tampoco ofrecer nuevas pruebas para la audiencia del debate, ni ampliar las consideraciones y fundamentos de la requisitoria de elevación a juicio formulada oportunamente por la actora penal en baja instancia", fundamentos tenidos en cuenta por el Tribunal para formarse la convicción desincriminante que debía traducirse en la revocación del auto de procesamiento. (De la Disidencia de la Dra. Gastaldi)
Daños y perjuicios, carga de la prueba, denegatoria del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: García, Roberto César c/ Liga Concordiense de Fútbol s/ Ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-06-14

"En definitiva, éste no aportó -como era su carga- prueba alguna que demuestre el perjuicio experimentado, extremo cuya acreditación resulta una condición sine qua non para que prospere la acción resarcitoria entablada, más allá de si se encuentra o no comprobada la condición de propietario del automotor afectado que invoca, como tampoco de la vinculación causal entre el espectáculo deportivo en cuestión y la agresión patrimonial que denuncia ni la magnitud de la misma, es decir ninguno de los presupuestos configurativos de la responsabilidad civil por daños; lo cual conduce, inexorablemente, a desestimar el recurso interpuesto".
Defensa del consumidor, excepción de cosa juzgada, sentencia arbitraria, asociaciones de consumidores, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa ADECUA c/ Nuevo Banco de Santa Fe S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

Es arbitraria la sentencia que admitió la excepción de cosa juzgada en virtud de la existencia de una sentencia firme dictada en una causa iniciada anteriormente por otra asociación de consumidores, pues el a quo omitió considerar las particulares características de la acción iniciada que involucra contratos celebrados en períodos distintos a los reclamados en aquella causa, como así también que al momento de iniciar la acción la Corte ya había establecido que de acuerdo a las disposiciones del artículo 43 de la Constitución Nacional, las asociaciones de usuarios y consumidores se encuentran legitimadas para iniciar acciones colectivas relativas a derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, incluso de naturaleza patrimonial, siempre que demuestren: la existencia de un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos; que la pretensión esté concentrada en los efectos comunes para toda la clase involucrada y; que de no reconocerse la legitimación procesal podría comprometerse seriamente el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir.