Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-10


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 70813 SALA V. AUTOS: "VELOSO JUAN RAMON C/ ESTRELLA FEDERAL SPI S.R.L. Y OTRO S/ DESPIDO" (JUZ-GADO Nro. 9).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 10 días del mes de julio de 2008, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el doctor OSCAR ZAS dijo:

La sentencia definitiva de fs. 791/797, que acoge favora-blemente las pretensiones indemnizatorias deducidas en el reclamo inicial, es apelada por las partes actora y codemandada Consolidar A.R.T. S.A. en los respectivos términos de fs. 820/824 y fs. 803/815.

Trataré en primer término los agravios vertidos por parte actora.

En el escrito inicial, el reclamante le imputó a la asegurado-ra responsabilidad civil, con sustento jurídico en las previsiones del art. 1074 del Código Civil, por entender que ésta habría omitido los deberes de seguridad a los que está obligada en los términos de la ley 24.557 (ver fs. 111 punto V).

Ahora bien, llega firme a la Alzada que la empleadora es responsable por el perjuicio sufrido por el trabajador, en función de lo dispuesto en los arts. 512 y 1109 del Código Civil puesto que ". es indudable que el accidente sino evitado pudo haberse atenuado en sus consecuencias si, atendiendo a las características de las tareas encomendadas, la empleadora hubiera provisto del elemento de protección que implica un chaleco antibalas (ver fs. 657, pto. 4). Que siendo ello así, teniendo en cuenta el carácter riesgoso de las tareas a desarrollar así como también del instrumento utilizado, y no estando demostrada en autos la culpa que pretende imputarle la demandada al actor en las circunstancias que dieron lugar al accidente, corresponde hacer lugar al reclamo de reparación del daño integral reclamado en autos al amparo de los arts. 512, 1109 y 1113 C. Civil ." (ver fs. 794).

En este punto cabe indicar que el magistrado de grado observó que ". no puede soslayarse que no obstante que la demandada también dijo que `El actor en particular, como todos los vigiladores dependientes de mi mandante, contaba en ese momento con el equipamiento necesario para el desempeño de sus tareas, que incluye esquivamiento de rojas, borceguíes y equipos de comunicación, etc., entre otros elementos", los testigos afirmaron que no se suministran chalecos antibalas, lo cual también fue corroborado en el peritaje técnico" (ver fs. 793).

Las conclusiones expuestas por el magistrado, que como ya dije llegan firmes a esta instancia, se sustentan en las manifestaciones del perito ingeniero quien da cuenta de que: ". la existencia de un chaleco antibala hubiera amortiguado o inclusive evitado la gravedad de la herida que sufrió el actor" (ver fs. 657).	El experto sostiene también que: ". no hemos obtenido pruebas fehacientes de la capacitación necesaria, que debería haber recibido el actor en su actividad de vigilador .". Informa, además, que ". el seguimiento realizado por la ART ha sido muy poco frecuente y solo se ha limitado al control de la documentación y a la visita de las oficinas de la empresa. No hay constancia de visitas a alguno de los objetivos de la empresa, que es donde realmente actividades del personal de vigilancia tienen tareas riesgosas. La verificación de las prácticas de tiro, el análisis del grado de capacitación de los vigiladores, el control de la rutina operativa en los objetivos, al análisis de riesgo específico del personal no consta que se haya realizado por parte de Consolidar ART (.) La documentación entregada por el perito, por parte de Consolidar ART no incluye ninguna recomendación específica relacionada con la utilización de armas de fuego (.)" (ver fs. 658).

El Estado Nacional ha delegado en las aseguradoras de riesgos del trabajo todo lo relativo al control y sujeción de los empleadores a las normas de higiene y seguridad, imponiéndoles a estos gestores privados del sistema diversas obligaciones de control y supervisión.

Desde esta perspectiva, se genera una ampliación de los sujetos responsables, de modo tal que deja de ser el empleador el único sujeto obligado en materia de prevención de riesgos laborales; por lo cual la omisión o cumplimiento deficiente de aquella función "cuasi-estatal", puede generar la responsabilidad de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, previa comprobación -claro está- de un nexo de causalidad adecuada con el daño sufrido por el trabajador.

Cabe destacar enfáticamente que uno de los objetivos esenciales de la ley sobre riesgos del trabajo es la reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos laborales (cfr. art. 1º, ap. 2, inc. a), ley 24.557).

En este marco, el sistema impone obligaciones concretas en cabeza de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

Así, el art. 4º, ap. 1º, ley 24.557 dispone en la parte pertinente que "...las ART están obligadas a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo¼A tal fin, y sin perjuicio de otras actuaciones establecidas legalmente...deberán asumir compromisos concretos de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo...".

Según el art. 31, ap. 1º de la ley citada, las A.R.T.:

"...a)Denunciarán ante la SRT los incumplimientos de sus afiliados de las normas de higiene y seguridad en el trabajo...".

"...c)Promoverán la prevención, informando a la Superin-tendencia de Riesgos del Trabajo acerca de los planes y programas exigidos a las empre-sas...".

Asimismo, los empleadores, en el marco del sistema, tendrán derecho a recibir de parte de las ART "...asesoramiento en materia de prevención de riesgos..." (cfr. art. 31, ap. 2º, a), lo que constituye correlativamente una obligación de dichos entes.

Por su parte, en virtud de lo dispuesto por el art. 18, dec. 170/96, las ART "...deberán brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados, en las siguientes materias: a)Determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los estableci-mientos del ámbito del contrato; b)Normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo; c)Selección de elementos de protección personal...".

La omisión es causal cuando la acción esperada hubiere probablemente evitado el resultado; en otros términos, la relación causal se establece juzgando la incidencia que el acto debido, de ser realizado, hubiera tenido con respecto al resultado o a su evitación (cfr. Lorenzetti, Ricardo L, "Notas sobre la responsabilidad civil por omisión", Zeus, t. 33-D, p. 55).

Desde el punto de vista de la relación de causalidad, ese no hacer viene a ser una condición apta o adecuada para que el desmedro se produzca. Prueba de lo expuesto es que de haberse observado el comportamiento positivo que las circunstancias exigían se podría haber interrumpido el proceso causal, evitándose el desenlace dañoso (Goldenberg, Isidoro H., "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 212; López Cabana, Roberto, "Poder de policía y responsabilidad del Estado", en Alterini, Atilio A. - López Cabana, R., "Responsabilidad Civil", Diké, Bogotá, 1995, p. 380).

El tema que nos ocupa está estrechamente vinculado con la dilucidación de la responsabilidad por omisiones del Estado en el ejercicio del poder de policía de actividades privadas.

La peculiaridad del caso es que -como ya fue adelantado "ut-supra"- ese poder de policía -en materia de higiene y seguridad y de prevención de riesgos laborales- es ejercido, por delegación estatal, por una entidad privada con fines de lucro.

Resulta pertinente, por ende, el conocimiento de los criterios imperantes en esa materia.

Así, se ha señalado, con criterio que comparto, que a tenor del art. 902 del C. Civ., cuando un ente especializado y con competencia suficiente toma conocimiento de la actividad de un particular que puede causar daño a terceros y omite tomar las medidas necesarias para evitar tal perjuicio, cuando su actuar le está impuesto objetivamente por la ley que previó tal situación, no puede caber duda alguna sobre la jerarquía causal de la omisión (cfr. Schiavo, Carlos A., "Responsabilidades emergentes de omisiones en el ejercicio de control de las actividades aseguradoras", Rev. Jurídica Argentina del Seguro, La Empresa y la Responsabilidad", año V, nº 17/20, p. 103, cit. por Kemelmajer de Carlucci, Aída, "La responsabilidad del Estado por omisión en la experien-cia jurisprudencial", en Bueres, Alberto J. - Kemelmajer de Carlucci, A (directores), "Responsabilidad por daños en el tercer milenio. Homenaje al Profesor Doctor Atilio Anibal Alterini", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 498 y nota 27).

Cabe reiterar que la causa adecuada del siniestro padecido por el actor fue la omisión de las medidas de seguridad y de prevención elementales a fin de evitar daños como los concretamente sufridos por el demandante en virtud de la manipulación de armas de fuego.

En este marco, el plexo normativo descripto "ut-supra" le imponía a Consolidar A.R.T. S.A. la obligación de denunciar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los incumplimientos de la empleadora del demandante y de ofrecer asistencia técnica a esta última en materia de selección de elementos de protección personal del trabajador, medidas legalmente exigibles a la aseguradora de riesgos del trabajo para prevenir eficazmente la ocurrencia de un accidente como el sufrido por el demandante.

En el presente caso, los incumplimientos por parte de Consolidar A.R.T. S.A. de deberes legales a su cargo guardan nexo de causalidad adecuada con los daños sufridos por el actor (cfr. arts. 901, 902, 904, 1.074 y ccds., C. Civ.).

El art. 901, C. Civ. establece:

"Las consecuencias de un hecho que acostumbre suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código `consecuencias inmediatas´. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman `consecuencias mediatas´. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman `consecuencias causales'."	El art. 902, C. Civ. dispone:

"Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos".

A su vez, el art. 904, C. Civ. reza:

"Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas".

Las consecuencias mediatas suscitan un mayor interés en este caso, porque son las que provienen de la vinculación del hecho del sujeto con otro acontecimiento. Este último, interpuesto entre el acontecimiento principal y la consecuen-cia, impone la responsabilidad, dentro de la teoría de la causalidad adecuada, si su autor debió preverlo, empleando la debida atención y conocimiento de las cosas (art. 904). Pero el juicio de la probabilidad de las consecuencias en abstracto debe llevarse a cabo teniendo en cuenta que el sujeto, por sus conocimientos, sus aptitudes o su actividad, poseía mayor idoneidad de previsión que un hombre medio.

El magistrado exime de responsabilidad civil a la asegura-dora en el entendimiento de que el tiempo transcurrido desde el ingreso del actor a su puesto de trabajo (1/8/02) y la fecha del infortunio (5/9/02) ". le impidió ejercer la supervisión .".

Estimo infundada tal conclusión del sentenciante anterior, pues entiendo que la aseguradora debe cumplir con los deberes de supervisión a los que alude el magistrado de grado desde el primer día en el que la empleadora contrató la póliza respectiva, pues el derecho de la A.R.T. para percibir la prima correspondiente al contrato de seguro comienza en dicho momento y la misma suerte temporal corren las obligaciones de la aseguradora generadas con motivo de la celebración del contrato aludido. De cualquier modo, aún prescindiendo de lo precedentemente expuesto cabe advertir que entre las fechas antes aludidas transcurrió más de un mes, lapso más que suficiente para que la aseguradora ejerza las funciones delegadas por el Estado Nacional, especialmente en el caso de autos donde el actor debía manipular armas de fuego.

Desde esta perspectiva, no cabe sino concluir que ha mediado un nexo de causalidad adecuado entre los daños sufridos por el actor y los incumplimientos de Consolidar A.R.T. S.A. más arriba descriptos.

De prosperar mi voto, auspicio revocar el pronunciamiento de grado en este tópico y condenar solidariamente a Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar al actor los importes de condena que en concepto de reparación integral se determinaron en la sentencia de grado (cfr. arts. 1.081 y 1.109, C. Civ.).

Lo precedentemente expuesto torna abstractos los agravios vertidos por la aseguradora coaccionada pues se sustentan exclusivamente en la condena establecida en la sentencia de grado con fundamento en las prestaciones debidas bajo el marco normativo de la ley 24.557.

Auspicio, por consiguiente, modificar el fallo anterior en este punto.

En virtud de lo expuesto, los restantes agravios vertidos por dicho codemandado devienen abstractos.

En atención a la modificación propuesta y a lo dispuesto en el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto lo resuelto en la sede de origen en materia de costas y regulaciones de honorarios y adecuarlos al nuevo resultado del litigio en lo que corresponde, deviniendo abstracto el tratamiento de los recursos interpuestos al respecto.

Las costas deben ser impuestas solidariamente a las codemandadas Estrella Federal SPI S.R.L. y Consolidar A.R.T. S.A. (art. 68 C.P.C.C.N.); regulando a tal fin los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 16%, de la codemandada Estrella Federal SPI S.R.L. en el 11%, de la codemandada Consolidar A.R.T. S.A. en el 13% y los de los peritos contador, médico e ingeniero en el 6%, 6% y 6% respectivamente, porcentajes todos a calcular sobre el monto definitivo de condena con más los intereses que se determinen en la oportunidad del art. 132 L.O. (conf. arts. 38 L.O. y. 1, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839/24.432 y dto. ley 16.638/57, como asimismo mérito e importancia de las labores desarrolladas y etapas procesales cumplidas en cada caso).

Las costas de alzada serán impuestas de igual modo que las de primera instancia (conf. art. 68 C.P.C.C.N.), regulando a tal fin los honorarios de la representación letrada de las partes actora y codemandada Consolidar A.R.T. S.A. en las respectivas proporciones de 30% y 25% de lo que les corresponda por las labores de 1ª instancia (conf. art. 14 de la ley de aranceles).

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

Sin que ello implique en modo alguno apartarme del criterio general -con las excepciones que puedan configurarse en casos puntuales- que he plasmado en otras causas en relación con la responsabilidad civil de las aseguradoras de riesgos de trabajo (entre varios otros pronunciamientos, en "Loto, Benigno c/ Constru-glass S.A. y otro s/ Accidente - Acción Civil", sentencia definitiva de esta Sala nº 69.610 del 17-5-2007), en este caso concreto ciertas particularidades de la causa me llevan a sumarme a la postura del Dr. Zas.

Ello así porque, por un lado, el argumento del magistrado de fs. 796 segundo párrafo no resulta atendible en mi opinión, desde que las obligaciones de las partes por el contrato de afiliación y las que legalmente han sido impuestas en su consecuencia, se tornan en principio exigibles desde el inicio mismo de la contratación.

Por otra parte no cabe soslayar en el sub examine las particula-ridades de la actividad de que se trata (vigilancia, con portación de armas de fuego de propiedad de la parte demandada empleadora); a ello se suma que, como se señala en el primer voto, llega firme en este caso la responsabilidad de la empleadora en el sentido de que las consecuencias del accidente bien habrían podido haberse atenuado si, atendiendo a las características de las tareas encomendadas, la parte patronal hubiera provisto el elemento de protección concreto constituido por el chaleco antibalas -reitero, el riesgo que se halla ínsito en el caso de funciones que se cumplen con manipulación de armas de fuego-; y también he tomado en cuenta lo que surge de la pericial de ingeniería a fs. 657 y, asimismo, la respuesta al punto 5 (ver fs. 657/658) referida a la escasez del seguimien-to de la ART que el primer voto transcribe, y también la del punto 6 de la foja 658 cit.

Es entonces por tales consideraciones puestas de relieve precedentemente, y sin que ello -repito- importe dejar de lado el criterio general antes indicado al que hice referencia en el primer párrafo de este voto -dejo sentado que, dada la naturaleza de las cuestiones de hecho y de derecho involucradas, la decisión sobre una eventual responsabilidad de las aseguradoras en el marco del derecho civil, en mi criterio debe realizarse puntualmente en cada caso y de acuerdo con sus propias circunstancias- que habré de sumarme a la propuesta del Dr. Zas en lo fundamental.

En todo lo demás, por análogos fundamentos a los que lucen en el voto que antecede, a ello adhiero.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBU-NAL RESUELVE: 1º) Modificar el fallo recurrido. 2º) Hacer extensiva la condena, en forma solidaria, a CONSOLIDAR A.R.T. S.A.. 3º) Imponer las costas en primera instancia solidariamente a cargo de las codemandadas Estrella Federal SPI S.R.L. y Consolidar A.R.T. S.A.. 4º) Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia previa y regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la forma indicada en el punto pertinente del primer voto. 5º) Imponer las costas de alzada y regular los respecti-vos honorarios en el modo que se indica en el punto pertinente del primer voto. Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Conste que la vocalía tercera se encuentra vacante (art. 109 RJN).

MMV.

Oscar Zas María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara