Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-07


"REBOT HELIO DANTE Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE MEDIDA CAUTELAR" , EXPTE: EXP 11881 / 0 Buenos Aires, 10 de abril de 2006. Y VISTOS: Estos autos, para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto a fs. 310 por el accionante y fundado a fs. 312/314 contra la resolución obrante a fs. 281/287 vta., mediante la cual la señora jueza de primera instancia no hizo lugar a la medida cautelar solicitada. La Sra. Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 319/320, propiciando que se confirme el pronunciamiento apelado. I. Los actores -Sres. Helio Rebot y Ariel Schiffrin- solicitaron, en su calidad de vecinos del Mercado de Hacienda de Liniers y de legisladores, el dictado de una medida cautelar autosatisfactiva a fin de que se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cumpla con lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº 622, en cuanto prohibe el ingreso de ganado en pie en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señalaron al respecto que el 14 de noviembre de 2002 fue sancionada a su vez la Ley Nº 932 a través de la cual se aprobó el acta convenio Nº 32 celebrada entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, el Jefe de Gobierno y el representante del Mercado de Liniers S.A. y por intermedio de la cual se concedió una prórroga por 2 años y con opción por otro año más para la entrada en vigencia de dicha prohibición. Expresaron que si bien el vencimiento de la referida prórroga ocurrió el 8 de septiembre de 2004, a la fecha de interposición de la acción los vecinos de la Ciudad no contaban aún con información sobre el cumplimiento de pautas totales o parciales. A fs. 281/287 vta. dictó sentencia la magistrada de grado y resolvió denegar la medida cautelar solicitada. Para así decidir, la jueza consideró que la medida requerida constituía una medida autosatisfactiva, para cuya procedencia resultaba imprescindible demostrar una fuerte probabilidad de que le asista razón a los accionantes, así como la urgencia del caso. La jueza expresó que, en su carácter de legisladores, los actores pudieron dar su opinión y votar al momento de sancionarse las normas que ahora cuestionan y que la esfera judicial no es el ámbito propicio para volver a debatir las cuestiones tratadas en el ámbito de la Legislatura y de la Comisión de Seguimiento del ex Mercado de Hacienda -órganos de los cuales ambos legisladores forman parte-. Asimismo, la sentenciante puso de resalto que no se había acreditado fehacientemente en autos cuáles eran los daños ambientales que las actividades desarrolladas en el Mercado de Liniers provocarían y que, en todo caso, la vía escogida por los actores no resultaba idónea para determinar las repercusiones sobre el medio ambiente que el tránsito de ganado en pie podría ocasionar. Ello así, por cuanto para ello resulta necesario realizar pruebas cuya complejidad excede el marco de conocimiento del proceso intentado. A fs. 312/314 los actores interpusieron recurso de apelación, el que motiva la intervención de esta Alzada. VOTO DEL DR. CARLOS F. BALBÍN: II. Con respecto a las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo la doctrina, la jurisprudencia y la legislación tradicionalmente han e xigido como recaudos de admisibilidad la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la no afectación del interés público, sin perjuicio de la complementaria fijación de una contracautela (esta Sala, in re "Rubiolo Adriana Delia y otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo", expte. nº 7; "Carrizo, Atanasio Ramón c/ G.C.B.A. s/ Medida cautelar, expte. nº 161/00; "Salariato, Osvaldo c/ G.C.B.A. s/ Impugnación de actos administrativos s/ Incidente de apelación-medida cautelar", expte. nº 1607/01, "Casa Abe S.A. c/ G.C.B.A. s/ Acción meramente declarativa-art. 277 CCAyT) s/ Incid. apelación contra resolución de fs. 108/9 y aclaratoria de fs. 119" expte. 271, entre muchos otros precedentes). Estos requisitos fueron receptados y regulados, con sus peculiaridades, en la ley procesal local. Así, el art. 177, CCAyT, establece que las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso. Por su parte, la referida previsión agrega que aquel que tuviera fundado motivo para temer que du rante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, este pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueran más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas III. Asimismo, el mencionado artículo 177 del CCAyT también admite expresamente el dictado de medidas cautelares de contenido positivo, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. No obstante, los recaudos que hacen a la admisibilidad de esta clase de medidas deben ser analizados con mayor prudencia, habida cuenta de que podrían configurar un anticipo de jurisdicción anterior al dictado del fallo final (CSJN, 10/12/1997, "Garré, Alfredo A. C/ Dirección General Impositiva", LL, 1999-E-940; esta Sala, autos "Triay, Roberto Oscar c/ GCBA s/ Amparo", del 24/11/00). De allí que se haya afirmado que "la aplicación de medidas cautelares innovativas, dados sus particular es efectos, debe juzgarse con criterio restrictivo y excepcional, determinando la concurrencia fáctica de los presupuestos a observar para el dictado de toda medida cautelar así como de uno que le es propio: la posibilidad de que se consume un perjuicio irreparable" (Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado, concordado y comentado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, t.V, pág. 108, nota 31). Ello, por cuanto la medida cautelar innovativa no persigue mantener el status existente sino, precisamente, alterar ese estado de hecho o de derecho vigente antes de su dictado. Por otra parte, tal como lo ha puntualizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las medidas precautorias que persiguen la modificación del estado de hecho o de derecho vigente al tiempo de su dictado -esto es, las medidas innovativas, como la solicitada en este caso- exigen una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que determinan su procedencia (Fallos, 316:1833). Así, toda vez que la medida req uerida por los actores en el sub examine reviste contenido positivo -por cuanto ésta significa alterar el estado de hecho existente-, la demostración de los extremos que demuestran su procedencia debe ser apreciada con especial prudencia. IV. Detallados en los considerandos previos el marco normativo y jurisprudencial que habrá de aplicarse en el sub lite a fin de analizar la procedencia de la medida solicitada por los actores y denegada por la magistrada de grado, cabe determinar a continuación si concurren los presupuestos que hacen procedente su dictado. En primer lugar, cabe recordar que tal como la doctrina y la jurisprudencia han señalado, los peticionantes debe probar el fumus bonis iuris, para lo cual deberán arrimar los elementos idóneos para producir convicción en el ánimo del tribunal sobre la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado como sustento de su pretensión (Martínez Botos, Raúl, Medidas cautelares, Universidad, Buenos Aires, 1996, pág. 41, y jurisprudencia allí citada). En efecto, como ya se ha sostenido anteriormente, los peticionantes de una medida cautelar no pueden quedar relevado del deber de comprobación de la verosimilitud de su derecho (in re, "Stagnaro, José c/ GCBA s/ Impugnación actos administrativos", EXP 176/0; "Calabretta, Alejandro Antonio c/ G.C.B.A. y otros s/ Amparo, Exp nº 8311/0; Martínez Botos, Raúl, Medidas cautelares, Universidad, Buenos Aires, 1996, pág. 41, y jurisprudencia allí citada). En el presente caso cabe adelantar que, a criterio del Tribunal, los accionantes no han logrado configurar un grado de convicción tal que amerite el dictado de una medida como la requerida. Ello así por cuanto éstos no han podido demostrar, con la provisoriedad que caracteriza a esta etapa cautelar, que el derecho invocado resulta verosímil. En efecto, los accionantes sustentan su pretensión en la existencia de una norma emanada de la Legislatura de la Ciudad -artículo 1º de la Ley Nº 622- que en forma expresa prohibe el ingreso de ganado en pie en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, salvo cuando se trate de exposiciones, ferias o actividades científicas, culturales o deportivas. Así, y toda vez que el plazo de prórroga respecto de dicha prohibición que ha instrumentado la Ley Nº 932 ya se encuentra vencido -ello ocurrió el 8 de septiembre de 2004-, los actores sostienen que su pretensión resulta procedente, en cuanto solamente persiguen a través de la presente acción que se ordene el cumplimiento de una ley vigente en el ámbito local. Ahora bien, con posterioridad al inicio de la presente acción, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 1826 (BOCBA Nº 2334 del 7 de diciembre de 2005), que en su artículo 4º establece: "dispónese la fecha del 8 de junio de 2006 para la entrada en vigencia efectiva del art. 1° de la Ley N° 622 referida a la prohibición de ingreso de ganado en pie a la Ciudad de Buenos Aires". Por su parte, la referida norma en su artículo 8º establece que "la fecha dispuesta por el art. 4° podrá ser prorrogada por ú nica vez por la Legislatura, por el plazo máximo de un año, previo dictamen de la Comisión de Seguimiento del ex Mercado Nacional de Hacienda creada por Ley N° 819, siempre que se comprueben fehacientemente acciones efectivas tendientes al traslado del mercado por parte de la empresa y de los organismos intervinientes". En consecuencia, la prohibición legal que los accionantes invocan como sustento de su pretensión aún no ha entrado en vigencia, circunstancia que, en consecuencia, resta verosimilitud al planteo cautelar formulado en esta instancia. V.- En segundo término, también corresponde señalar que tampoco se verifica en el sub lite el segundo de los requisitos previstos en el artículo 177 del CCAyT, esto es, el peligro en la demora. Este presupuesto se identifica con el riesgo probable de que la tutela jurídica definitiva que aquél aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en los hechos, realizarse, es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo fina l resulten prácticamente inoperantes (Palacio, Lino E., Derecho procesal civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, t. VIII, págs. 32 y 34; esta Sala, in re "Ortiz Célica y otros c/ GCBA s/Amparo s/Incidente de apelación", expte. nº 2779). En este aspecto cabe señalar que, tal como se ha señalado en el considerando anterior, toda vez que la prohibición de ingresar ganado vacuno en pie al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires no entraría en vigencia sino hasta el 8 de junio de 2006 -fecha que podría a su vez ser prorrogada por un año más si se verifican los presupuestos previstos en el artículo 5º de la Ley Nº 1826- el peligro en la demora que los accionantes invocan, sustentado en el inminente vencimiento del plazo de prórroga conferido originalmente por la Ley Nº 922 -ocurrido el 8 de septiembre de 2004- no reviste actualidad. VI.- Por su parte, teniendo en cuenta la naturaleza del planteo efectuado por los actores y toda vez que la sanción de la Ley Nº 1826 resultó posterior al inicio de la presente acción, c orresponde analizar si, en el sub examine, resulta procedente declarar la inconstitucionalidad de oficio de los artículos 4º y 8º de la Ley Nº 1826, en cuanto prorrogan el plazo de entrada en vigencia de la prohibición establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 622. A mi criterio tal declaración no resulta procedente en el sub exámine porque, más allá de mi opinión personal, no se verifican en el caso los presupuestos que ha exigido la Corte Suprema en los precedentes "Mill de Pereyra" y "Banco Comercial Finanzas" (Fallos 324:3219 y LL 2004-E-123, respectivamente) -y que ha repetido el Tribunal Superior de Justicia de la CABA en la causa "Comisión Municipal de la Vivienda c/ Saavedra, Felisa Alicia y otros s/ desalojo s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", sentencia del 20 de noviembre de 2002- para así decidir. VII.- Por las consideraciones que anteceden, el Tribunal considera que corresponde confirmar, en todas sus partes, el pronunciamiento apelado. VIII.- Finalmente, es necesario considerar que la pretensión esgrimida por la parte actora -más allá de cómo ha sido calificada jurídicamente- consiste en la aplicación de una prohibición de naturaleza legal. En tal contexto, y sin perjuicio de lo que se resuelve en esta etapa cautelar, corresponde que la causa sea remitida al juzgado de origen, con el propósito de que éste se expida en relación a su pretensión principal. En consecuencia, corresponde devolver los autos al juzgado de primera instancia a fin de que les imprima el trámite que prevé el Título VIII del CCAyT -procesos ordinarios contra las autoridades administrativas-. VOTO DEL DR. HORACIO G. A. CORTI: II.- Esta Sala ha señalado anteriormente que, para que exista crítica en el sentido exigido por el artículo 236 CCAyT, se requiere inevitablemente que exista una observa ción clara y explícita, con entidad tal que importe una refutación de los fundamentos contenidos en la decisión apelada. En efecto, deben señalarse en con creto las partes del pronunciamiento recurrido que se consideran equivo cadas, y demostrarse su ilegalidad, injusticia o arbi trariedad, así como el perjuicio cierto ocasionado al litigan te (esta Sala, in re "Schnidrig, Aldo Raúl c/ GCBA s/ Amparo"; "Sturba, Griselda c/ GCBA s/ Amparo", entre otros antecedentes). En relación a su naturaleza jurídica, señalan Fenochietto-Arazi (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, As trea, Bs. As., 1993, tº 1, p. 939, § 1; con cita de Carnelut ti, Sistema, III, p. 639) que la expresión de agravios " ...tiene la trascendencia de una demanda destinada a abrir la segunda instancia, pues sin expresión de agravios el tribunal se halla imposibilitado de entrar a verificar la justicia o injusticia del acto apelado ...sin ella en nuestra legislación no hay juicio de apelación". Los autores citados en primer término, agregan que "...el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que incumbe al ape lante de motivar y fundar su queja...", añadiendo luego que "El contenido u objeto de la impugnación lo constituye la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución; sea en la apreciación de los hechos o en la apli cación del derecho. Crítica razonada, que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implique el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equi vocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las dis tintas cuestiones resueltas" (op. cit., p. 940/1, § 2, "b"; esta Sala, in re "Mossuto , María Cecilia c/ G.C.B.A. y otros s/ otros procesos incidentales", EXP nº 11319/1). III. A la luz de lo expuesto, adelanto mi opinión en cuanto a que el memorial de los accionantes (fs. 312/314) no constituye una crítica concreta y razonada de lo resuelto por la señora jueza de primer grado. Así, en su sentencia el magistrado de grado expresó que, para acordar una medida autosatisfactiva resulta imprescindible tanto demostrar la existencia de una fuerte probabilidad de que le asista razón al solicitante, así como la urgencia que media en el caso. En este contexto, la magistrada consideró que no se configuraba en la especie el daño irreparable que justificaba el dictado de la medida y, asimismo, que ésta significaría avanzar sobre los derechos de terceros ajenos a la litis. En sentido concordante, la jueza expresó que el plazo previsto en la Ley Nº 932 no se encontraba aún cumplido al momento de iniciarse la acción y, a su vez, que los actores no habían acreditado haber realizado las gestiones correspondientes en su calidad de legisladores a fin de revertir el lento avance de las negociaciones vinculadas al traslado del mercado. Asimismo consideró que, en su calidad de diputados, los accionantes estaban en condiciones de poner en conocimiento de la legislatura local el eventual incumplimiento de la prohibición legal, de manera que no resultaba posible sustituir a través de la vía judicial cuestiones que deben tratarse en el seno de dicho cuerpo. Finalmente destacó que no se habían acreditado en autos cuáles eran los daños ambientales que las actividades desarrolladas en el Mercado de Li niers provocarían. Estos argumentos no han sido eficazmente rebatidos por la apelante. En efecto, frente a tales razonamientos, los accionantes efectúan consideraciones generales que, a mi juicio, no logran cuestionar eficazmente los argumentos que sustentan el contenido decisorio de la sentencia apelada. En efecto, los actores se han limitado a disentir con sus conclusiones y a reiterar planteos anteriores, pero sin desplegar un desarrollo crítico que ponga en evidencia los aspectos del decisorio recurrido que considera equivocados, en los términos de la doctrina y jurisprudencia antes citada. Es decir, los apelantes no ha explicado en forma satisfactoria porqué, a su criterio, la decisión de la magistrada de grado -consistente en considerar que la medida autosatisfactiva requerida es improcedente- y los argumentos que para así decidir ésta ha invocado resultan equivocados. Por todo ello, considero que el recurso de apelación interpuesto debe ser declarado desierto. VOTO DEL DR. ESTEBAN CENTANARO: I.- En pri mer lugar es necesario destacar que, a través de la medida autosatisfactiva interpuesta, los accionantes solicitan una condena de futuro, por cuanto su pretensión se dirige a obtener el cumplimiento de una prohibición legal que -como han adelantado mis colegas- aún no resulta exigible por imperio de lo establecido en los artículos 4 y 8 de la Ley Nº 1826. II.- Como ya he dicho en otra oportunidad, el juez tiene facultades para dictar una sentencia bajo condición suspensiva, es decir, una sentencia de futuro (doctr. del art. 688 del CPCCN) con fundamento en el principio de economía procesal (cf. Gastaldi, José María y Centanaro, Esteban, Excepción de incumplimiento contractual, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. Argentina, 1995, pág. 120 y ss.). En este aspecto es necesario destacar que la jurisprudencia lentamente fue abriendo camino a la recepción del instituto al permitir, basándose en un principio de economía procesal, una excepción a favor de las condenas de futuro, es decir, cuando no siendo todavía exigibles l as obligaciones, circunstancias de hecho -vgr. la conducta del deudor-, autorizan a suponer que no serán cumplidas sus obligaciones en el tiempo debido (cf. Centanaro Esteban, Estévez, Alberto, Condena de Futuro, Ed. Hammurabi, 1977, pág. 18 y ss.). III.- Ahora bien, por la propia naturaleza del instituto, que ha sido descripta en los considerandos precedentes, es evidente que las condenas de futuro sólo resultan procedentes en casos excepcionales, esto es, cuando el incumplimiento de la obligación aún no exigible resulta, a criterio del juez o del legislador, de indudable acaecimiento. Por su parte, las medidas cautelares han sido concebidas como un medio tendiente a impedir que el tiempo que insume el proceso torne ilusorio el eventual reconocimiento del derecho cuya protección jurisdiccional se pretende (artículo 177 del CCAyT). Entonces, todo aquel que tuviera fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, este pudiera sufrir un perjuicio inminente o irr eparable, puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueran más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas Así las cosas, teniendo en cuenta su naturaleza provisional y el acotado marco cognoscitivo y probatorio en el que tales medidas se desenvuelven, es evidente que no constituyen un medio idóneo para requerir una condena de futuro. En efecto, cuando la tutela jurisdiccional se persigue a través del dictado de una medida cautelar, el análisis que el juez realiza sobre las pretensiones de las partes es simplemente provisorio y, en consecuencia, inidóneo para solicitar, por su intermedio, un pronunciamiento sobre la eventual procedencia de una condena anticipada como la que aquí se requiere. IV.- Por todo ello, y teniendo en cuenta que de acuerdo a lo que se ha señalado supra la vía intentada no es idónea para satisfacer la pretensión esgrimida por la parte actora, coincido con el Dr. Balbín en cuanto a que la causa debe remitida al Juzgado de origen, con el propósito de que éste se expida en relación a su pretensión principal. A tal efecto, corresponde devolver los autos al Tribunal de grado a fin de que les imprima el trámite que prevé el Título VIII del CCAyT -procesos ordinarios contra las autoridades administrativas-. En mérito a las consideraciones vertidas, normas citadas, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal; el Tribunal RESUELVE: 1) rechazar en todas sus partes el recurso de apelación interpuesto por los accionantes; 2) devolver los autos al juzgado de primera instancia a fin de que les imprima el trámite que prevé el Título VIII del CCAyT -procesos ordinarios contra las autoridades administrativas-; 3) sin costas en la Alzada, atento a no haber mediado substanciación. Notifíquese a la señora Fiscal de Cámara y devuélvase. Encomiéndase al juzgado el cumplimiento de las restante notificaciones, conjuntamente con la providencia que haga saber la devolución de los autos.- Carlos F.

Balbín Horacio G. A. Corti Esteban Centanaro