Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-09-24


///MA, 24 de septiembre de 2013.- VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "TELLEZ, MARIA S. C/ VIA BARILOCHE S.A. S/ SUMARIO (l) M 1829/10 S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte. N° 26509/13-STJ), puestas a despacho para resolver, y- - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSIDERANDO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El señor Juez doctor Sergio Mario BAROTTO dijo: - - - - - - - - -----1.- Mediante la sentencia obrante a fs. 131/138, la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a Vía Bariloche S.A. a abonarle a la actora la suma liquidada al efecto en concepto de indemnización por despido sin causa y multa del art. 2 de la Ley 25323, con costas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Para así decidir, con base en la apreciación de la prueba y el análisis de los hechos a la luz de los arts. 10, 62, 63 y, en especial, 243 de la L.C.T., el a quo entendió que el hecho denunciado por la demandada había existido; concretamente, que la actora había viajado junto con Diego Martínez -su pareja y empleado de boletería de la empresa- sin boleto a Neuquén, luego de que este reservara y bloqueara los pasajes. Expresó que ambos habían viajado sin pagar y sin los boletos de cortesía que la empresa otorga gratis a sus empleados, y que esa situación se había ocultado a los choferes, a quienes se les había exhibido el pasaje de vuelta con el argumento de que el de ida ya estaba guardado en la valija que estaba en la bodega del micro. No obstante, la Cámara tuvo por establecido que la maniobra engañosa que había motivado el despido por pérdida de confianza había sido realizada por Martínez y no por la actora, pues no existía prueba de que ella hubiese tenido conocimiento, participación o complicidad en el hecho. Por tal razón, consideró que el despido había sido sin causa respecto de ella y que, en caso de considerarse la existencia de duda // ///-2- suficiente sobre el hecho, debía aplicarse el art. 9 de la L.C.T.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En otro orden, estimó procedente la indemnización del art. 2 de la Ley 25323, teniendo en cuenta que la decisión acerca de que el despido había sido sin causa era retroactiva al momento del distracto y que la actora había debido iniciar la acción judicial para el cobro de sus indemnizaciones, previa intimación a su pago en forma fehaciente.- - - - - - - - - - - -----Sin perjuicio de lo anterior, la Cámara rechazó las pretensiones indemnizatorias fundadas en los arts. 178 y 182 de la L.C.T., en razón de que la actora no acreditó que hubiera comunicado -de manera verbal o por algún medio fehaciente- su estado de embarazo, al igual que las de los arts. 208 y 213 de la L.C.T., por considerar que el despido fue notificado con anterioridad a que ella comunicara su licencia médica.- - - - - -----Con referencia a las costas, sostuvo que atento a las particularidades del juicio era justo que estuvieran a cargo de la demandada que, con el despido, había motivado el reclamo de autos, sumado a que existían elementos para que la actora entendiera que tenía derecho a reclamar como lo hizo.- - - - - -----2.- Contra ese decisorio, la parte demandada dedujo el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 153/158. Como motivos de agravio manifiesta que la sentencia recurrida valora arbitraria y absurdamente los hechos probados en autos, toda vez que -según afirma- la actora sí conocía, sí participó y sí fue complice de la maniobra grave y perjudicial para la empleadora, y también para los conductores, quienes fueron expuestos a sus propios despidos por trasladar pasajeros sin boleto en el servicio a su cargo. Por tal razón, entiende que el despido debía considerarse debidamente fundado en justa causa por pérdida total de confianza.- - - - - - - - - - - - - -----Seguidamente sostiene que la sentencia también es absurda por cuanto condena sin fundamento alguno por conceptos y /// ///-3- montos claramente improcedentes. Así, refiere que en la liquidación practicada en la demanda por un total de $89.243,22, la misma parte actora dedujo la suma de $5.050,00, pues reconoció que dicho importe ya había sido abonado en concepto de liquidación final, lo cual además surge acreditado con el correspondiente recibo de haberes agregado al legajo de la actora anexado al responde de demanda.- - - - - - - - - - - -----Asimismo, solicita que se revoque y se deje sin efecto la aplicación de la multa o indemnización especial prevista por el art. 2 de la Ley 25323, toda vez que -señala- su parte no obligó a la actora a tener que litigar para percibir sus eventuales acreencias. Por último, manifiesta que las costas debieron ser impuestas íntegramente -o, al menos, de manera proporcional- a la actora, conforme con el resultado del juicio, que prosperó solamente en un tercio del total reclamado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Corrido el traslado respectivo, la impugnación fue debidamente sustanciada a tenor del responde que obra glosado a fs. 162/165 vlta. y declarada admisible por el Tribunal de grado a fs. 167.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----3.- Ingresando en el análisis de la impugnación deducida, comienzo señalando que este Superior Tribunal de Justicia ha dicho reiteradamente que la valoración de la injuria constituye una temática sustancialmente ajena a la casación. Ello es así por cuanto todo lo atinente a la injuria remite a una típica cuestión de hecho y prueba, no solo en cuanto a la valoración del motivo indicado, sino también a la apreciación de si tal motivo es de aquellos que consienten, o no, la prosecución del vínculo laboral. No puede perderse de vista que valorar la injuria conduce a reeditar los hechos y los medios probatorios, y a adentrarse en el estudio de las conductas de las partes previas al distracto en el preciso contexto histórico en que aquellas se desarrollaron, además de analizar la mayor o /// ///-4- menor buena fe de las partes, principio inherente al ámbito de las relaciones del trabajo. Todo ello es materia reservada a los jueces de grado y solo la extraordinaria hipótesis de arbitrariedad podría justificar la intervención excepcional de este Cuerpo (STJRN in re: "LOBO", Se. N° 13 del 27.02.09; "BARRIO", Se. Nº 32 del 11.03.10; "LÓPEZ", Se. N° 13 del 07.05.13, entre otras).- - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En el caso concreto, el a-quo analizó los hechos y las pruebas a efectos de determinar si se hallaba, o no, debidamente configurada la causal de despido invocada por la demandada -pérdida de confianza-. En tal sentido, si bien tuvo por probado la existencia del hecho atribuido a la actora -haber viajado desde Bariloche a Neuquén sin haber pagado pasaje ni haber obtenido el boleto de cortesía que la empresa pone a disposición de sus empleados-, estimó no probado que ella hubiera tenido alguna participación en la maniobra urdida con ese fin, que adjudicó a su pareja, también empleado -en su caso, de boletería- de la empresa.- - - - - - - - - - - - - - - -----Determinar el acierto o error de lo fallado por la Cámara conduce irremediablemente al análisis de cuestiones de hecho y prueba ajenas a esta etapa casatoria. Todo ello queda en el margen de la razonable discreción de los jueces de grado que, en el ordenamiento procesal local, valoran "en conciencia" las pruebas y los hechos (art. 53 de la Ley P Nº 1504), lo que impide la casación si no se demuestra la falta de razonabilidad o la ilogicidad en lo resuelto.- - - - - - - - - - - - - - - - -----En este sentido conviene recordar que, como principio general, los jueces laborales son soberanos en la apreciación de las pruebas, tarea en la que solo están limitados por la prudencia jurídica y en la que pueden, según su arbitrio, escoger los elementos de juicio prefiriendo unos y desechando otros. Poseen, por tanto, la facultad de seleccionar las pruebas y atribuirles la jerarquía que en cada caso les /// ///-5- corresponda, sin olvidar que la regla de apreciar es valorar, ponderar y comparar para decidir (conf. STJRN in re: "IURI", Se. N° 79 del 17.06.10, entre otros).- - - - - - - - - -----Si bien es cierto que la doctrina de este Cuerpo admite excepcionalmente la posibilidad de revisar en casación tópicos de esa naturaleza cuando se demuestre -prima facie- la concurrencia de un eventual supuesto de absurdo notorio o arbitrariedad, también lo es que tales excepcionales anomalías no pueden fundarse en la disconformidad del recurrente con la tesis del Tribunal de grado, lo que de ningún modo habilita la extraordinaria vía intentada.- - - - - - - - - - - - - - - - - -----Tal como ha dicho la Corte, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impida considerar el pronunciamiento de los jueces del proceso como la "sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (conf. doctrina de Fallos: 311:786; 312:696; 314:458; 324:1378, entre muchos otros), nada de lo cual se advierte en el presente caso.- - - - -----Para concluir, cabe recordar que no es potestad de este Superior Tribunal terciar como juzgador de una nueva instancia en la valoración de las cuestiones de hecho y prueba que rodean el sub lite, máxime teniendo en consideración que la regla del in dubio pro operario que ya estaba contenida en el art. 9 de la L.C.T. ha sido reforzada por medio de la ley 26428, que vino a extender ese concepto -hasta entonces referido a la interpretación de las normas- a la apreciación de las pruebas aportadas en los procesos laborales (conf. STJRN in re: "VARGAS", Se. Nº 72 del 07.09.11).- - - - - - - - - - - - - - - -----4.- En cambio, adelanto mi criterio favorable al acogimiento del agravio referido a la aplicación del recargo // ///-6- indemnizatorio del art. 2 de la Ley 25323.- - - - - - - -----Sea que -a juicio de la Cámara- no haya podido acreditarse el hecho invocado como justa causa para despedir, o que, en todo caso, la suerte del litigio haya quedado determinada por la aplicación del principio in dubio pro operario del art. 9 de la L.C.T., lo cierto es que no caben dudas de que ha mediado una controversia seria y fundada sobre la causal de despido o, al menos, lo suficientemente plausible como para distinguir este caso de aquellos otros en los que el empleador no paga la indemnización pese a haber despedido sin invocación de causa o con invocación de una razón improcedente o manifiestamente inverosímil. Más aun teniendo en cuenta que, en el caso particular en examen, la pretensión indemnizatoria por despido traía consigo el recargo del art. 182 de la L.C.T., previsto para los casos en que el despido de la trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo (art. 178), el cual resultó denegado por la Cámara.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Si no fuera posible distinguir ninguna situación, y el solo hecho de que prosperaran las indemnizaciones derivadas del despido se convirtiera en motivo suficiente para acarrear automáticamente -como un todo inescindible- el agravamiento del art. 2 de la Ley 25323, entonces se llegaría a un resultado que consagraría una modificación de la tarifa legal del despido, lo que no se condice con la finalidad que inspira la norma, que no ha sido otra que desalentar las conductas obstruccionistas o meramente dilatorias de los empleadores que se traducen en la reticencia a abonar aquello que deben, pero no castigar aquellos otros supuestos en los que no se advierte que la resistencia opuesta por la accionada haya superado el límite del legítimo ejercicio del derecho de defensa en juicio (doctr. de este STJ in re: "ORTIZ", Se. Nº 92 del 13.09.06; "OVALLE SILVA", Se. Nº 117 del 27.11.06).- - - - - - - - - - - - - - - -----En igual sentido se ha afirmado que si se prescindiera /// ///-7- de toda valoración para la aplicación de la indemnización del art. 2 de la Ley 25323 "se produciría una clara limitación del derecho de defensa en juicio para el empleador, quien, frente al riesgo de que se incrementen las indemnizaciones, debería abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces, pese a que estos son los únicos que pueden pronunciarse válidamente sobre el tema" (CNTrab., Sala 3ª, "Aca, Adrián R. v. Don Battaglia SRL", 21/06/02, en "Manual de Jurisprudencia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social" supervisado por Julio Armando Grisolía, 2005, LexisNexis, pág. 343. En igual sentido, CNTrab., Sala 3ª, "Martínez, María J. v. Kapelusz Editora S.A.", 18/06/02, op. cit., pág. 342).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En tales condiciones, se estima conveniente declarar bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y resolver en el mismo acto, abreviando así el nuevo llamado al Acuerdo del art. 292 últ. parte del CPCCm. En ese orden de ideas, este Cuerpo ha destacado especialmente el artículo de doctrina de Augusto Morello "Crisis y futuro de la casación" (publicado en La Ley del 16 de mayo de 2008) en el que expresa: "El rol actual de la Casación es multifacético y constantemente debe adaptarse a nuevas exigencias de gente urgida por las definiciones justas y definitivas (sin sucesivos recursos y controles interiores y externos, transnacionales). Que logren... resultados útiles en el tiempo oportuno. No satisface ni el reenvío ni lo circular o retardatario (ida y vuelta en la intervención del control de diversas instancias y nuevas sentencias). El interés directo de las partes es finiquitar el litigio".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En suma, por las razones hasta aquí expuestas habré de propiciar que se revoque la aplicación del recargo indemnizatorio del art. 2 de la Ley 25323, pues su imposición, tal como ha sido discernida en el caso particular en examen, // ///-8- constituye -a mi juicio- un ejercicio disfuncional de las prerrogativas y de las facultades valorativas y sancionatorias de que se halla investido el Tribunal de mérito.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----5.- El recurrente también alega que, en caso de confirmarse la sentencia recurrida en cuanto considera sin causa el despido, deberá deducirse del capital de condena la suma de $ 5050 ya percibida por la actora y deberán calcularse nuevamente los intereses sobre le nuevo saldo nominal del monto de condena corregido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----De la atenta lectura de las constancias de la causa se advierte que, al liquidar el monto de condena (fs. 137), la Cámara de grado omitió descontar las sumas que la propia parte actora denunció haber percibido de la demandada (fs. 93). En consecuencia, respecto de dicho agravio y al igual que en el punto anterior, corresponde declarar bien concedido el recurso y, atento a la índole de la cuestión, expedirse directamente sobre el fondo (conf. doctr. de este STJ in re: "QUESADA", Se. N° 105 del 30.03.04; "ARGAÑARAZ", Se. N° 4 del 15.02.06; "GIANELLO", Se. Nº 4 del 06.02.07). En tal sentido, habrán de remitirse las actuaciones al Tribunal de origen para que proceda a practicar una nueva liquidación en la que deberá descontarse el pago parcial realizado y adecuar las regulaciones de honorarios de la primera instancia en función de la solución que se le imprime al asunto.- - - - - - - - - - -----6.- Por último, con relación al agravio referido a las costas, este Cuerpo viene sosteniendo que todas aquellas cuestiones vinculadas con la imposición de costas constituyen materia propia de los jueces de grado y absolutamente ajenas a esta instancia extraordinaria. Ello es así ya que los Tribunales de mérito son los que se encuentran en mejores condiciones para evaluar el desarrollo de todo el proceso en su conjunto y luego determinar a quién corresponde soportarlas./// ///-9- No obstante, a la par del principio genérico del vencimiento (arts. 23 de la Ley P Nº 1504 y 68 del CPCCm), se ha dejado debidamente a salvo que, dadas las particularidades del proceso laboral, no pueden aplicarse criterios rígidamente matemáticos, sino más bien un juicio de ponderación final sobre el resultado del pleito, para los fines de la imposición de las costas (doctr. de este STJRN in re: "CRISANTI", Se. Nº 93 del 14-09-06). En esa dirección, se fue perfilando la doctrina de este Cuerpo en el sentido de imponer las costas al demandado perdidoso, salvo que se trate de rubros manifiestamente improcedentes, o cuando se litigue con grave desconocimiento del derecho, situación que no se advierte configurada en el caso de autos (doctr. STJRN in re: "BICHARA", Se. Nº 18 del 25.03.09). MI VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Los señores Jueces doctores Ricardo A. APCARIÁN, Liliana Laura PICCININI y Adriana Cecilia ZARATIEGUI dijeron:- - - - - - - - -----Adherimos a los fundamentos del colega que nos precede y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - El señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA dijo:- - - - - - - - - -----Atento a la coincidencia de los votos precedentes, ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 39 de la L.O.).- - - - - - - - -----Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:

Primero: Declarar parcialmente inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada a fs. 153/158 en lo atinente a los agravios dirigidos a cuestionar la procedencia de las indemnizaciones derivadas del despido y la imposición de las costas. Con costas (art. 68 del CPCCm).- - - Segundo: Declarar parcialmente bien concedido y, en el mismo acto, hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada a fs. 153/158, revocar la aplicación del recargo indemnizatorio del art. 2 de la Ley /// ///-10- 25323 y ordenar que se proceda a descontar del monto de condena las sumas de la liquidación final ya abonada. Con costas (art. 68 del CPCCm).- - - - - - - - - - - - - - - - - - Tercero: Remitir las actuaciones a la Cámara de grado con el fin de que proceda a efectuar la liquidación que corresponda y a adecuar las regulaciones de honorarios de la primera instancia en función de la solución que se le imprime al asunto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuarto: Por su actuación en esta instancia, regular los honorarios profesionales de los letrados Sebastian MARZORATTI y Alejandro Sebastian QUIROGA BETANCOR -en conjunto- en el 30% de los que les correspondan en la instancia de origen calculados en función de las sumas involucradas en la impugnación rechazada en el punto primero, y los del doctor Carlos D. RINALDIS en el 25% calculados de igual forma (arts. 15 y ccdtes. de la Ley G N° 2212). Notifíquese a la Caja Forense y cúmplase con la ley 869.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quinto: Regular los honorarios profesionales del doctor Carlos D. RINALDIS en el 30% de los que le correspondieren en la instancia de origen calculados en función de las sumas involucradas en la impugnación acogida en el punto segundo, y los de los letrados Sebastian MARZORATTI y Alejandro Sebastian QUIROGA BETANCOR -en conjunto- en el 25% calculados de igual forma (arts. 15 y ccdtes. de la Ley G N°2212). Notifíquese a la Caja Forense y cúmplase con la ley 869 .- - - - - - - - - - - Sexto: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.- - SERGIO M. BAROTTO -Juez- RICARDO A. APCARIAN -Juez- LILIANA LAURA PICCININI -Jueza- ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI -Jueza- ENRIQUE J. MANSILLA -Juez en abstención- ANTE MI: GUSTAVO GUERRA LABAYEN -Secretario- TOMO: II SENTENCIA: 45 FOLIO N°: 303 a 312 SECRETARIA: 3