Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-16


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 16 días del mes de noviembre de 2009, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

Contra la sentencia de fs. 424/431 que hizo lugar a la demanda, apelan los accionados -en forma conjunta- a fs. 438/442, escrito que mereció réplica de la contraria a fs. 445/447, el letrado apoderado del actor a fs. 434 y la perita contadora a fs. 432.

I. La primera queja de los demandados está dirigida a cuestionar la decisión por la cual se "...consideró acreditado que el actor comenzó a trabajar en Julio de 2005 y que existió una transferencia del contrato laboral del actor a la sociedad Herboeste S.A..." (a fs. 438 in fine).

Las argumentaciones del memorial intentan demostrar la equivocada interpretación de los hechos efectuada por la magistrada de grado, y que en criterio de los quejosos parte del error de entender: 1) que el Sr. Héctor Hugo Pereira -quien admitió haber mantenido con el actor una relación laboral- no probó que efectivamente el accionante con fecha 31-8-2005 le remitió el telegrama renunciando a su empleo; según los apelantes esa conclusión no encuentra abono en los elementos de autos, ya que oportunamente no solo se acompañó la pieza postal respectiva -a fs. 138-, sino que se produjo la informativa correspondiente -a fs. 381/384 y 388/390-; 2) que dicho codemandado no probó "...el pertinente registro..."; sin embargo, los quejosos aducen que en el expediente se encuentran adjuntos los recibos de remuneraciones por los meses de julio y agosto de 2005, suscriptos de conformidad por el propio Sr. Romano; 3) que el actor ingresó a Herboeste S.A. en julio de 2005, siendo que en esa fecha en realidad trabajaba para el Sr. Pereira y la empresa aún no existía.

Con sustento en estos presupuestos es que los demandados concluyen que han producido prueba suficiente para demostrar que la relación laboral que unía al demandante con el Sr. Pereira se encontraba concluída por renuncia; y si a ello se suma que de la pericial contable se desprende que la fecha de ingreso del actor a Herboeste S.A. fue el 5 de septiembre de 2005 -coincidiendo con la fecha denunciada en el responde-, es decir "...un mes después de su desvinculación con el co demandado Sr. Pereira..." (ver a fs. 439), entienden que "...nunca podría considerarse válidamente que existió una transferencia de contrato de trabajo..." (a fs. 439 vta. primer párrafo).

Pero, en mi opinión, la queja no debería prosperar. Para así decidir tengo en cuenta por un lado, que algunas de las afirmaciones del memorial no encuentran abono en los elementos del expediente; y por otro, que los apelantes no advierten que han omitido controvertir determinados hechos o circunstancias que fueron analizados en forma puntual y específica por la magistrada de grado e invocados como fundamento de su solución y que, a más de que por la aludida omisión llegan firmes a esta instancia, desvirtúan los presupuestos invocados en sustento de la defensa de aquellos.

De conformidad con los términos en que quedó trabada la litis, no resulta cuestión controvertida que el inicio de la prestación del aquí reclamante, en 2005, lo fue bajo la dependencia del Sr. Pereira a título personal, y que después a partir del 5-9-2005 se trabajó para Herboeste S.A., que siguió con la misma explotación comercial que aquel demandado, y para la cual el Sr. Romano continuó desarrollando la misma actividad y en idénticas condiciones a las que venía cumpliendo.

Sí resulta, como se vio, cuestión controvertida la forma en que el actor pasó a desempeñarse para la persona jurídica, y si ese hecho genera o no responsabilidad del codemandado Pereira: en la demanda se adujo que se produjo una transferencia del contrato de trabajo sin solución de continuidad y sin reconocimiento de la antigüedad anterior (fs. 5 y vta.), mientras que el demandado Pereira afirma que su relación con el Sr. Romano finalizó con fecha 31 de agosto de 2005 cuando éste formuló su renuncia (fs. 145 y vta.), además de sostener que "...un mes después de su desvinculación..." (ver memorial de agravios fs. 439) comenzó su prestación con Herboeste; asimismo, remite a la informativa del Correo Argentino de fs. 381/384 y 388/390 para demostrar la autenticidad de aquel telegrama de fecha 31-8-2005 -a fs. 438 vta./439 del memorial-; y Herboeste S.A. por su parte, nada dice sobre la transferencia, centrando el inicio de la relación a partir del 5-9-2005 (a fs. 111).

Y en este aspecto, la defensa del accionado no puede válidamente ser recepcionada; digo ello porque aun cuando se le reconozca autenticidad a la pieza postal de fs. 138 -aunque lo cierto es que la informativa de fs. 381/384 y 388/390 no está referida a ese telegrama; sí hay un informe pero posterior a la sentencia, fs. 453- varias son las circunstancias que impiden reconocer que la relación laboral del accionante con el Sr. Pereira concluyó válidamente en agosto de 2005; así menciono: a) el hecho incuestionable al que se refiere la jueza de grado a fs. 427, tercer párrafo, en el sentido de que no hay prueba de que el Sr. Pereira haya satisfecho sus obligaciones de supuesto empleador; b) que en julio de 2005, "...el demandado a título personal, ya era Presidente de la sociedad demandada, la que se constituyó por instrumento privado el 16 de noviembre de 2004... (conf. actuación notarial fs. 77/9) y que el actor cumplía en Herboeste tareas propias de aquella..." -fundamento expresado también a fs. 427 mismo párrafo, y no cuestionado por los interesados-; c) la falta de exhibición de libros por parte del codemandado Sr. Pereira -fs. 427, segundo y cuarto párrafos-, pese a su reconocido carácter de empleador, hecho que también llega firme, con lo cual es innegable que no se encuentra demostrado "...el pertinente registro...". No paso por alto que en la apelación los demandados pretenden demostrar la debida registración con los recibos de fs. 135 y 136, pero sin perjuicio de señalar que dichos instrumentos fueron expresamente desconocidos por el actor (fs. 175) y no se produjo prueba idónea para demostrar la autenticidad de la firma del trabajador -con lo cual carecen de valor probatorio-, los quejosos no advierten que por sí solos son elementos insuficientes para probar el debido registro que exige la ley (conf. art. 52 L.C.T. y art. 7 L.N.E.); d) a lo que se suma la innegable prestación de servicios personales por parte del demandante a favor de Herboeste sin solución de continuidad -solo hubo en todo caso un lapsus interruptivo de escasos cuatro días desde su "desvinculación" del Sr. Pereira- desde su fecha original del ingreso para el Sr. Pereira y en idénticas labores y condiciones.

Las consideraciones expuestas, a más de que sellan la suerte negativa del agravio porque demuestran la inconsistencia de los planteos del memorial, convalidan la decisión de la jueza de considerar configurado el fraude invocado en la demanda y la condena solidaria de los demandados en virtud de ello y de la irregularidad de registro detectada respecto de Herboeste en lo que se refiere a la fecha de ingreso.

II. Se quejan también, porque se reconoció como base de cálculo de los rubros derivados a condena, el salario de $ 1.800 denunciado por el actor, sobre la base del testimonio de Fernández -insuficiente a criterio de los recurrentes- y soslayándose la prueba contable que acreditaría en forma fehaciente que su remuneración ascendía a $ 995,75.

Pero tampoco en este tópico considero procedente el agravio. En primer lugar, porque no encuentro reparos en los dichos del testigo que se menciona en la apelación -declaró a fs. 301/303-, ya que analizadas sus manifestaciones bajo la regla de la sana crítica (art. 386 C.P.C.C.N.) las aprecio serias y objetivas acerca de los hechos que relata y de los que ha tenido conocimiento de ello por su desempeño en la empresa accionada; de hecho no mereció impugnación por esta parte y no se trata de persona con pleitos pendientes contra alguna de las partes. Por otra parte, el testigo es claro al referir sobre la modalidad de pago implementada por la accionada, señalando que era práctica abonar parte de las remuneraciones por recibo y el resto "en negro", con lo cual avala la denuncia del inicio.

Los quejosos le objetan que, al indicar los importes remuneratorios, las sumas que menciona no coinciden con exactitud con el valor denunciado en la demanda, ya que el testigo dijo que el actor ganaba "...entre $ 1.300 - $ 1.400..." y el actor denuncia $ 1.800, pero ello no descalifica el mérito de su testimonio porque lo cierto es que este importe fue señalado en la demanda no como el salario constante sino como la mejor remuneración mensual, normal y habitual.

III. La propuesta de mi voto resuelve, entonces, la suerte negativa de los agravios por la procedencia del incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323 como así también, de las indemnizaciones de la Ley Nacional de Empleo. Sobre estas últimas sólo diré que, contrariamente a lo que se afirma a fs. 441 in fine, se encuentra debidamente acreditado el cumplimiento de la comunicación que exige el art. 11 incluso su inciso b) de la ley 24.013 (ver a fs. 309 y 311, e informe del Correo Argentino a fs. 317), con lo cual no existen impedimentos formales para su admisión.

Tampoco tendrá favorable acogida la queja por la indemnización del art. 80 L.C.T. porque, más allá de que la firma que consta en el instrumento de fs. 108 vta. se encuentra certificada en fecha muy posterior al distracto -y no se indica el día del acto-, en concordancia con la solución que aquí se adopta es claro que el instrumento de fs. 107/108 no refleja los datos verídicos de la relación en cuanto a fecha de ingreso y remuneración.

IV. A fs. 442 se apelan la forma en que fueron impuestas las costas y los honorarios por altos.

Los emolumentos reciben apelación además, por parte del letrado del accionante y de la perito contadora, por bajos.

En lo que respecta a las costas del juicio, si bien la demanda no progresó en forma íntegra, sí lo hizo sobre todas las cuestiones fundamentales (rubros derivados de despido y lo relativo al registro y al fraude habido en cuanto a la real continuación de la relación), a lo que se agrega que según criterio predominante en esta Cámara -al que me he plegado por razones de economía procesal- no es forzoso en este aspecto atenerse a criterios exclusivamente aritméticos; considerando la importancia de los rubros condenados, la solución dada a las cuestiones fundamentales debatidas y la forma de resolverse el litigio, considero que deben confirmarse las costas como fueron impuestas (art. 68 C.P.C.C.N.). Dado el resultado del recurso, las de 2º instancia deberían imponerse de igual forma.

En cuanto a los honorarios, teniendo en cuenta las tareas desarrolladas, su extensión, mérito e importancia y el valor económico del litigio, los porcentajes establecidos no son altos; dado que hubo alegato, y considerando el resultado del pleito, los de letrados de la parte actora lucen reducidos y propongo elevarlos al porcentual de 15%; los del perito no son tampoco bajos (arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 ley 21.839, 3 decreto-ley 16.638/57).

Por los trabajos de alzada propondré aplicar el porcentual mínimo del art. 14 L.A.

EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que fuera materia de recursos y agravios, en cuanto a costas y en lo que hace a honorarios de la perito y de letrados de la parte demandada. 2º) Elevar los estipendios de la representación letrada de la parte actora al 15% del monto definitivo de condena por capital e intereses. 3º) Imponer las costas de alzada a cargo de las demandadas y regular los honorarios de los Dres. J:C:A:y A. G.(en conjunto) y del Dr. R. N., en el 25% de lo que en definitiva se determine en la oportunidad del art. 132 L.O. en concepto de honorarios por trabajos de 1º instancia, a favor de los abogados de las partes demandada y actora, respectivamente. 4º) Reg., not. y dev..Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.. Conste que la vocalía tercera se encuentra vacante (art. 109 RJN).

MMV María C. García Margalejo Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara