Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-12


Comodoro Rivadavia, doce de febrero de 2007.

VISTOS Y CONSIDERANDO Estos autos caratulados: "B. L., M. c/ C. A. M. y otro s/ ORDINARIO" Expte. N° 16.167/2006, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1, Sec N° 2 (Expte. N° 280/2005) por haber interpuesto la parte demandada recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria de fs.206 y vta. y, por haber apelado los Dres. J. R. H. y P. A. C., los honorarios regulados a fs. 206/ 206 vta., por altos y bajos.

Se agravia la demandada en su memorial de fs. 217/219vta., ante la falta de pronunciamiento sin fundamento alguno respecto de la excepción de arraigo interpuesta en subsidio por su parte. Solicita se haga lugar a la misma y se fije plazo y monto a caucionar, con costas. Afirma que la sentencia recurrida incurre en el defecto de citra petita.

Cita jurisprudencia que avala su postura. Reitera fundamentos esgrimidos en escritos anteriores. Se agravia además ante la imposición de costas a su parte. Hace reserva del caso federal.

A fs. 221, contesta el traslado la actora solicitando el rechazo del recurso de la contraria por los fundamentos que expone en su memoria.

En primer lugar corresponde señalar que por las facultades conferidas por el artículo 278 del CPr. a la Cámara, el tribunal podrá decidir sobre cuestiones omitidas en la sentencia de grado siempre que se solicite dicho pronunciamiento al expresar agravios. Siendo éste el supuesto de autos, es procedente introducirnos en el análisis de los agravios de la demandada apelante.

Seguidamente y aclarada la primer cuestión, cabe recordar que la finalidad de la institución del arraigo es proteger a los demandados ante los tribunales de la República, contra quienes pretendan -en caso de un resultado adverso-, eludir su responsabilidad respecto de las costas y honorarios del proceso en razón de no tener domicilio ni bienes en el país.

Del estudio del presente, surge que el actor se domicilia en el extranjero, más precisamente en España (fs. 35), requisito que por sí solo no habilita la excepción de arraigo por aplicación de las previsiones de la ley 23.502 que aprobó la Convención sobre Procedimiento Civil del 1º de marzo de 1954 adoptada por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que exime a los nacionales de los estados adherentes de la necesidad de arraigar, - la que conforme jurisprudencia predominante corresponde de oficio en virtud del principio de iura novit curia-(CSN. 15/05/2001. La Ley 2001-E,732). Destacase que España es uno de los países signatarios de la mencionada convención internacional.

A los efectos de la procedencia de la excepción que nos ocupa es menester la concurrencia a su vez, del otro requisito previsto por la norma procesal (art. 348 CPr), esto es, la carencia de bienes inmuebles en el país.

El actor al contestar el traslado de la excepción denuncia ser propietario del 50% del inmueble identificado como Lote .... de la Manzana ... de Comodoro Rivadavia, sito en calle ................... ...., bien inmueble que resulta ser objeto del presente litigio. En este sentido y reiterando que es necesario para la procedencia del instituto del arraigo la existencia de ambos supuestos (domicilio fuera del país y ausencia de bienes inmuebles dentro de él), se ha dicho que cuando se ha reconocido por el accionante estar domiciliado en el extranjero no obsta su admisión el hecho que posea bienes en el país si el bien inmueble denunciado como de su propiedad es precisamente el objeto del litigio (CNCiv. Sala C 17-4-97," J. N. c/ M. A.". CNCiv Sala M, 5-6-91. " C. C/ M. s/ División". ,entre otros. Citados en: Revista de Derecho Procesal. Defensas y excepciones Tomos 2003- I Y 2003-II. Págs. 280 y 307. Ed Rubinzal Culzoni).

Ahora bien a pesar de lo señalado precedentemente, este tribunal advierte que la presente demanda se manifiesta como consecuencia de las sentencias dictadas en los Exptes nos. 28/2006 y 30/2006 acordelados al presente y de la conducta de las partes en litigio denunciada en el presente.

Por ello y en consideración que la naturaleza del instituto que nos ocupa -arraigo- es de naturaleza cautelar cuyo fin consiste engarantizar la eventual responsabilidad del accionante ante un resultado adverso a su pretensión; dado que conforme se señalara el actor se ha visto en la necesidad de litigar ante tribunales extraños a su domicilio precisamente por la conducta de los demandados, admitir en el caso particular la excepción de arraigo resultaría contrario a toda administración de justicia y respeto por el derecho a la jurisdicción y defensa en juicio.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos se concluye en el rechazo de la excepción de arraigo pretendida por la demandada.

Con relación a la queja por la imposición de costas por el rechazo de la excepción de falta de acción en la sentencia de grado, se debe tener en cuenta que la demandada recurrente ha resultado vencida en la incidencia interpuesta y al respecto no ha formulado agravio alguno quedando consentida en dicho punto la resolución de grado, siendo de aplicación la regla general del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPr) solución adoptada por el juez de grado.

En contra de dicha imposición de costas, la apelante alega que la conducta de la actora de presentarse ha juicio exhibiendo sus dos apellidos -cuando en los litigios anteriores utilizó sólo uno de ellos-, fue la causa de las dudas invocadas por su parte además de tratarse de una persona que por largo tiempo se domicilia fuera del país. Motivos estos por los que su parte interpuso la excepción rechazada, debiendo por dichas razones cargar con las costas la actora.

Del análisis de las constancias de autos surge que el actor se presenta a juicio como M. B. L., es decir adjuntando a su nombre el apellido materno. De la documental adjunta por el mismo se observa que efectivamente en los anteriores litigios invocados como antecedentes, el actor figura como M. B.. A fs. 5/6 del presente surge que el poder para juicio acompañado es el mismo que figura a fs. 24/25 del Expte no. 30/2006 acordelado al presente, denunciándose en dichos instrumentos los datos personales del actor entre los que se detalla el mismo documento -cédula de identidad nº .......... de la provincia del Chubut-, poder que nunca fue objetado por la contraria.

De la prueba rendida con motivo de la excepción interpuesta, surge efectivamente que M. B. y M. B. L. se trata de la misma persona (fs. 172/177/179) y por ende del mismo litigante de las causas anteriores. De los antecedentes mencionados se evidencia que no nos encontramos ante un supuesto de excepción al principio general. Esto es así, pues como ambas partes reconocen, mantienen litigios entre ellas desde hace muchos años, con los mismos apoderados, hallándosevinculadas las causas entre sí.

Por ello, el hecho que el actor en el escrito de demanda haya adosado a su nombre el apellido materno, en virtud de los antecedentes incorporados a la causa y la vinculación existente entre unas y otras, carece de entidad suficiente como para inducir a duda sobre la identidad del titular del derecho como pretende la recurrente, por lo que se concluye en el rechazo de los agravios y que en la instancia primera se ha justificado la carga de las costas.

Respecto a la impugnación por propio derecho de los letrados de la demandada a la regulación de honorarios fijada a fs. 206 vta., surge que el presente se trata de una cuestión incidental habiendo el a-quo aplicado las pautas regulatorias del artículo 33 de la ley de aranceles, que establece precisamente los porcentajes a aplicar en casos como el que nos ocupa.

Dado que los letrados recurrentes no alcanzan a demostrar la sin razón de los porcentajes establecidos por el juzgador y encontrándose la regulación establecida dentro de los parámetros previstos por la ley de aranceles, se rechaza el recurso y se confirma la regulación impugnada.

Atento el modo como se resuelve la cuestión, las costas de la alzada se imponen al apelante vencido, por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCH). Se regulan los honorarios profesionales conforme la labor desarrollada, etapas cumplidas, éxito obtenido y demás pautas orientadoras de la ley 4335 t.o, (arts. 6, 7, 33, 14 y ss ley citada).

Por ello, la Sala A de la Cámara de apelaciones de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1º).- No hacer lugar al recurso interpuesto por la codemandada C. A. M. de fs. 209 y en consecuencia rechazar la excepción de arraigo interpuesta por la parte conforme los considerandos respectivos.

2º).- Confirmar el punto 2º) de la sentencia de fs. 206/206 vta.

3º).- Rechazar los recursos interpuestos a fs. 210/211/212 y confirmar la regulación de honorarios de fs. 206 vta.

4º).- Costas de la Alzada a la apelante vencida. Regular los honorarios profesionales correspondientes al Dr. E. V. en la suma de pesos doscientos ($200) y los de Dra. V. H. en la suma de pesos cien ($100).

5º).- Tener presente la reserva del caso federal de fs. 219 vta.

6º).- Regístrese, notifíquese y devuél-vase. La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse inhibida de actuar la Sra. Juez de Cámara, Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo: Fernando Nahuelanca -Presidente-; Julio Antonio Alexandre -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 08 DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS