Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-08


Esquel, 8 de mayo de 2007.

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 383 por el apoderado del demandado contra la resolución registrada bajo el n° 430/06, dictada con fecha 18 de diciembre de 2006 y que obra a fs. 380/381 vta.; y CONSIDERANDO:

Que mediante la resolución atacada el Sr. Juez a quo rechaza la impugnación efectuada por el recurrente contra la liquidación presentada por el actor en virtud de considerar que, con la misma, se pretende revisar una pericia y modificarse los cálculos matemáticos llevados a cabo en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

En base a ello y en salvaguarda del principio de preclusión de los actos procesales, rechaza lo planteado y aprueba la liquidación practicada por ajustarse a los parámetros ordenados en la sentencia definitiva.

Obra a fs. 385/387 el escrito de expresión de agravios del cual se desprende que el recurrente se queja en razón de que la resolución "...no sólo se aparta injustificadamente del criterio unánime que al respecto existe en la Jurisprudencia de nuestros Tribunales -desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasando por los distintos Tribunales del país y hasta el mismo Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia del Chubut- sino porque, además, otorga al actor la posibilidad de enriquecerse indebidamente a través de un monto indemnizatorio abultado gracias al error de suma del perito actuante en autos; o sea que, como colocándose de espaldas a la verdad real, la Sentencia recurrida convalida increíblemente la injusticia de condenar a mi parte a pagar una suma mayor que la que surge de los fundamentos de los fallos dictados en autos". Cita jurisprudencia en apoyo de su postura, solicita la revocación de la resolución en crisis y hace reserva del Caso Federal.

Corrido traslado de dicha expresión de agravios, el apoderado del actor contesta a fs. 388/389 vta., atacando la misma por constituir "meras lamentaciones" que carecen "de los requisitos mínimos que la ley exige para poder acceder a la jurisdicción de la alzada" y, por otro lado, manifiesta que tampoco puede prosperar en razón de que como "...lo señala el "a quo", el impugnante no discute un error numérico en la planilla en traslado, sino que el ataque es nada menos que a la autoridad de la preclusión y a la cosa juzgada".

Solicita, en consecuencia, se desestime el recurso y se confirme la sentencia.

Que este Tribunal entiende que le asiste razón al recurrente, porque "Es jurisprudencia pacífica aquella que interpreta la recepción del `principio jurídico según el cual los errores aritméticos o de cálculo en que incurra una decisión, deben ser necesariamente rectificados por los jueces, sea a pedido de parte o de oficio, principio que se sustenta en el hecho de que el cumplimiento de una sentencia informada por vicios semejantes, lejos de preservar conspira y destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional´ (CSJN, 20/12/94, LL, 1995-B-249)". ("Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - Revisado, ordenado y comentado por Carlos Eduardo Fenochietto, pág. 217)".

Sobre el particular la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, ha dicho que: "Si bien la doctrina de la cosa juzgada o más precisamente de la preclusión procesal, genera tal fuerza que impide volver sobre una sentencia firme, dichos principios no pueden constituirse en obstáculo definitivo, que haga prevalecer un error en el contenido de aquella. Ello, en modo alguno, importa afectar la seguridad del tráfico jurídico, ni menoscabar la fuerza de la cosa juzgada, sino ejercer la facultad que confiere el art. 166, inc. 1 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, en cuanto establece que luego de dictada la sentencia, le corresponde al juez corregir los errores numéricos...aún durante el trámite de ejecución de sentencia". (SAIJ B0300383).

Que este Cuerpo entiende que la sentencia debe ser interpretada en su totalidad; es decir, también de acuerdo con lo que resulta de sus considerandos. En el caso de autos, el judicante manifiesta al fijar el monto en concepto de daños materiales -a fs. 219-, que no se apartará de dicha pericia en razón de no haber merecido la misma ningún tipo de observación por las partes, ni tampoco observar que en el traspaso de una de la sumas que integra dicho concepto, se desliza un error en más de $3.000, pero ello no autoriza al ganador a beneficiarse con las consecuencias de dicho error.

Sentado ello, corresponde revocar la resolución venida en recurso y hacer lugar a la impugnación de la liquidación obrante a fs. 316 efectuada por la parte demandada a fs. 319/320 vta., debiendo practicarse nueva liquidación ajustada al presente pronunciamiento.

Atento las disposiciones del art. 279 del CPCC, corresponde adecuar las costas y los honorarios fijados en la anterior instancia, imponiendo, en definitiva, las costas, en ambas instancias al actor (art. 68 CPCC).

Regular los emolumentos por la labor desarrollada en primera instancia, en la suma de $300 para el Dr. H A S y en la de $210 para el Dr. R L G, en base a las pautas arancelarias de los arts. 6, 7, 9, 19 y 33 Dec. Ley 2.200), y fijar los honorarios de los profesionales actuantes en esta Alzada, en la suma de $100 para el Dr. H A S y en la de $52,50 para el Dr. R L G (art. 14 Dec. Ley 2.200).

Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, -R E S U E L V E 1°) REVOCAR la resolución obrante a fs. 380/381 vta. y hacer lugar a la impugnación efectuada por la parte demandada a fs. 319/320 vta. contra la liquidación obrante a fs. 316, debiendo practicarse nueva liquidación ajustada al presente pronunciamiento.

2°) ADECUAR, conforme lo dispuesto por el art. 279 del CPCC, las costas y los honorarios fijados en la anterior instancia, imponiendo, en definitiva, las costas, en ambas instancias al actor (art. 68 CPCC).

3°) REGULAR los emolumentos por la labor desarrollada en primera instancia, en la suma de $300 para el Dr. H A S y en la de $210 para el Dr. R L G (arts. 6, 7, 9, 19 y 33 Dec. Ley 2.200).4°) FIJAR los honorarios de los profesionales actuantes en esta Alzada, en la suma de $100 para el Dr. H A S y en la de $52,50 para el Dr. R L G (art. 14 Dec. Ley 2.200).

5°) TENER presente la reserva del Caso Federal efectuada.

6°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente resolución es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley 1.130, texto según Ley 4.550) y encontrándose recusado el Dr. Benjamín Moisá.

JORGE LUIS FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASS REGISTRADA BAJO EL N° 84 DEL AÑO 2007. CONSTE. Carina Estefanía Secretaria.-