marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Plazos procesales, cómputo del plazo, asueto judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: De Genaro, Gloria c/ Piccoli, Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-04

La forma equivocada y parcial en que fue transcripta en los periódicos el sumario de la acordada 71-91 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decretó asueto judicial para los días 24 y 31 de diciembre de 1991, pudo razonablemente provocar en el entendimiento del demandado una equivocación acerca del verdadero alcance de la medida llevándolo a contestar la demanda descontando esos dos días del plazo. No se trataba de un asueto administrativo, como se publicó sino judicial, por lo que, en atención a que de otro modo se vería conculcado el derecho a contestar la demanda, debido a las serias dudas que surgen deben descontarse para el cómputo del término los días decretados asueto judicial por el Alto Tribunal.

Acordada 71-91 Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: PENAL
Carátula: MARISCOTTI, Rubén Darío s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

El requisito de la llegada simultánea a una bocacalle no está impuesto por la ley con los rigores que pretenden los que hacen de la cuestión un problema de medidas. De ser así la norma se eclipsaría en la negación de su finalidad, porque la posición de los vehículos en la bocacalle o encrucijada pasa a ser una contingencia que depende de un golpe de acelerador con el que, automotores que tienen una gran capacidad de reacción, varían sustancialmente su posición. La operancia de la norma está lejos de ser una regla de cortesía. La obligación está impuesta en favor del ordenamiento del tránsito y es particular y esencialmente útil en ciudades tableros, conflictuadas por el número de vehículos y la densidad del tránsito.

En tal sentido establece un principio que debe funcionar sin excepciones.-
Aplicación de la ley, aplicación temporal de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: DOMINGUEZ JUAN ANTONIO c/ COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SEGUI LTDA. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-08-03

Si bien es a-quo no aplicó la ley 24.283, al dictar la resolución atacada, ello es correcto en tanto la ley 24.283 fue sancionada por el Senado el 24 de noviembre de 1.993 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 17 de diciembre de 1.993 mediante decreto 2585/93. Se publicó en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 1.993 y en consecuencia de acuerdo con el artículo 2º del Código Civil rige desde el 30 de diciembre de 1.993.
Aplicación analógica de la ley, derecho público, derecho privado
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Premoldeadora Patagónica S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa y de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-12-24

La Corte Nacional admite la extensión de la aplicación de normas de derecho privado al campo del derecho público "con las discriminaciones impuestas por la naturaleza propia de lo que constituye sustancia de esta última disciplina".
Simulación, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Buffarini Elida Angélica c/ Turina Carlos Ernesto s/ Ordinario - Acción de Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-12-03

El petium stupri no puede ser ponderado como argumento serio si se observa que la relación de hecho tenía una antigüedad de cuatro años y cuando se efectúa la permuta de los inmuebles, adquiriéndose el de calle Ramírez en el año 1989, ya habían alcanzado los diez años de convivencia y nacido una hija; por lo demás, tampoco el previo matrimonio que celebrara puede ser tenido como causa simulandi, dada la separación anterior y falta de atribución de culpabilidad. Vale acotar que, entre partes, si no existe contradocumento y la prueba es equívoca, no procede admitir la simulación. No puede ignorarse que es pacífica la doctrina judicial que exige una prueba inequívoca que lleve a la convicción acerca de la simulación del acto y en caso de duda, debe estarse por su validez.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Camillo, Catalina c/ A.N.Se.S. y otro s/ pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-27

Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto, toda vez que se encuentran en juego la interpretación y alcances de normas vinculadas al otorgamiento del beneficio de pensión pretendido y, si bien la decisión se apoya en cuestiones de hecho y prueba y, derecho común, lo cierto es que es susceptible de ser calificada como definitiva en virtud de que los agravios planteados no son aptos de reparación ulterior por lo tanto se estima procedente la concesión del remedio en los términos del art. 14 de la ley 48
Obesidad, acción de amparo, obligaciones de la obra social, cobertura médica
Materia: CIVIL
Carátula: García, Ivana R c/ C.S Salud S.A s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-05-07

Toda vez que el amparista pudo acreditar la necesidad de la cirugía bariátrica solicitada y el cumplimiento de los recaudos exigidos por el Resolución nro.742/09 del Ministerio de Salud de la Nación, la obra social accionada debe cubrir el costo del tratamiento quirúrgico con el prestador elegido por el peticionante y no por uno de la cartilla que aquella tiene, pues tratándose de un tratamiento en curso, el cambio de equipo multidisciplinario podría generar inconvenientes en el desarrollo del mismo y ocasionar efectos no deseados en el estado de salud del peticionante, mas aun si dicha pretensión efectuada por la prestadora de salud fue de modo generalizado sin un fundamento atendible.
Poder de policía, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Ozuna, Héctor Martín y otro c/ Propietario Circo Dallas y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

Sería absurdo pretender que el poder de policía es una herramienta legal en virtud de la cual se puede demandar al Estado por los daños que ocasionan los particulares que incumplen aquellas normas básicas tendientes a preservar la seguridad común (Disidencia del Dr. Adolfo R. Vázquez).
Empleados públicos, asignación de funciones, remuneración, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SNEIDE, NELLY AZUCENA SOSA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 222-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-04

La decisión de la Administración de afectar los servicios de una agente dependiente de la Dirección General de Estadísticas al ámbito de la Dirección General de Contaduría de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, no implica el sometimiento de ésta a un régimen remunerativo distinto al que tenía -régimen remunerativo propio de los agentes que cumplen las tareas específicas de esa Caja- ni la asignación de funciones que merezcan una mejor retribución.
Sentencia firme, recurso de inconstitucionalidad, recurso extraordinario federal, fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: Moreno, Rodrigo Félix s/ inf. art. 56 CC- Apelación - Prescripción de la acción
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-18

No corresponde considerar como sentencia firme lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal en el plenario "Agüero Irma D. s/Recurso de casación" del 12/06/2002 que sienta como doctrina plenaria que se considerará firme la sentencia cuando sea declarado inadmisible el Recurso Extraordinario Federal.

En efecto es importante tener en cuenta que las sentencias dictadas por dicha Cámara únicamente son recurribles a través del remedio procesal mencionado. En cambio, atento a que en la Ciudad, previo a la interposición del recurso federal en cuestión, se preveé un recurso de inconstitucionalidad local no resultan asimilables ambas situaciones.
Juicio oral, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Gil, Miguel Angel s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-20

No debe confundirse entre la prueba de la existencia de confesión extrajudicial y su valor probatorio. En el marco legal del art. 286 del Código de Procedimiento Penal, corresponde a los jueces del proceso oral valorar el mérito probatorio de los testimonios recibidos en audiencia y cuya incorporación, a propuesta de las partes, fue admitida por el tribunal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cesación de pagos, hechos reveladores, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: Manufacturas Químicas San Juan S.A. s/ Quiebra Solicitada por Bayer Argentina S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2000-02-28

Aún cuando se admita que los hechos invocados por el actor son reveladores de la cesación de pagos de la deudora, no puede concluirse sin más, que el Juez debe ineludiblemente pronunciar tan grave resolución. Está facultado para sopesar otros elementos y si de ellos surge la convicción contraria, válidamente puede denegar la petición
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, medidas para mejor proveer
Materia: LABORAL
Carátula: Ali, Elda y ot. c/ EICA S.A. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-01

Si bien los jueces laborales en virtud de lo dispuesto por el art. 12 de la ley 11653 tienen amplias facultades instructorias y de investigación, de ello no puede inferirse que las partes estén relevadas de demostrar los extremos en que fundan sus pretensiones ya que son las que tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés.
Retiro policial, permanencia en el cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Acevedo, Felipe Rodolfo c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Prov. de Bs.As s/ Demanda Contencioso Administrativa Manqui, Martin c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-07-30|1985-08-13

La disposición contenida en el art. 27 del dec.ley 9538/80 que toma como base de determinación del haber previsional el último sueldo o asignación correspondiente al grado de que era titular el afiliado a la fecha de cesación de servicios, resulta excluida en el presente en atención a la legislación previsional que lo ampara, toda vez que el actor obtuvo su jubilación bajo la vigencia de la ley 5425, cuyo sistema para la determinación del beneficio jubilatorio lo es con base en un porcentaje '...de la remuneración mensual asignada al cargo de que era titular el afiliado a la fecha de cesar en el servicio...'(art. 44, ley 5425 t.o. 1964). De tal modo, amparado por el sistema introducido a partir de la ley 6003 (B.O. 19/1/59), que autorizó el reajuste de las prestaciones de conformidad con las modificaciones que se produjeren en las remuneraciones del personal en actividad (art. 37, tercer párrafo), su situación no pudo ser resuelta por la Caja demandada mediante la invocación de una norma legal que no la regía.
Derecho bancario, Economía y finanzas, bancos, responsabilidad del banco, tarjeta de crédito, inexistencia de deuda, error como vicio de la voluntad, entidades financieras
Materia: BANCARIO-CIVIL
Carátula: Aza, Favio Gabriel c/ Banco Santander Rio SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-30

Ante el reconocimiento del error asumido por el banco demandado quien habilitó una tarjeta de crédito que no fue contratada por el demandante y fue incorporado en las bases de datos como deudor moroso, nada impide que en estas actuaciones se ordene alguna medida idónea para poner en conocimiento a las entidades lo relativo a la inexistencia de la deuda por tarjeta de crédito que reclamó en su oportunidad el banco accionado y por la cual ésta informó incorrectamente al Banco Central. Ello permitirá que las entidades referidas procedan a corregir la información que publican si es que ésta contempla erróneamente la deuda inexistente mencionada. A tal fin, procede disponer el libramiento de los oficios pertinentes.
Estado Provincial, deuda pública, pagaré, acción cambiaria, competencia, competencia civil y comercial, derecho público
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Ingeniero Oscar Diéz SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

Si la "relación de derecho" existente entre las partes y susceptible de ser ventilada en el juicio, es una relación cambiaria, suscitada a partir del libramiento por parte de la Provincia de un pagaré, y que se resuelve directamente por normas del derecho común y procesal, sin que sea indispensable -ni mucho menos- entrar en el análisis de las normas de derecho público, no corresponde entrar a indagar las causas de su libramiento en virtud del tipo de instrumentos de que se trata; son los principios y normas que lo rigen, sus caracteres de abstracción, autonomía y literalidad -que impiden entrar a considerar la causa de la obligación- lo que determina, en atención a la legislación aplicable que sean los jueces con competencia en lo civil y comercial quienes deban intervenir. (Del Voto en Minoría del Dr. Ulla).
Sentencia, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PARTIDO LIBERAL Y AUTONOMISTA s/ CONFLICTO DE PODERES Y ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD.DECRETO N  1935/96" EXPTE.N 13.214/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-09-01

No existe causa judiciable al no concretarse el requisito del interés concreto, del agravio personal o directo para proponer el control constitucional. La emisión de declaraciones de inconstitucionalidad, o de constitucionalidad, cuando falta interés concreto en quien acciona, se equipara al caso de las consultas y de las cuestiones teóricas, detraídas del Poder Judicial.-
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, sentencia definitiva, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Meschini, Mariano José y otros c/ Banco Hipotecario Nacional s/ incidente  de  apelación.  art.  250  del  Código  Procesal Civil y Comercial de la Nación. Nacional s/ incidente  de  apelación.  art.  250  del  Código  Procesal Civil y  Comercial de la Nación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-28

El recurso ordinario de apelación para ante la Corte Suprema funciona restrictivamente, tan solo respecto de las sentencias definitivas, entendidas por tales a esos efectos las que ponen fin a la controversia o impiden su continuación, privando al interesado de los medios legales para la tutela de su derecho.
Competencia criminal, improrrogabilidad de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SILVESTRE JUVENAL CARRASCO s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-06-19

La jurisdicción criminal es siempre improrrogable, esto es, forzosa, proveniente de la ley misma, y que no puede bajo ningún concepto nacer de sumisión expresa o tácita de las personas que intervienen en el procedimiento en concepto de actores o de reos.
Robo calificado, armas, prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: Hansen, Jorge Ricardo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

Si los testigos declararon que sus asaltantes empuñaban revólveres o armas de fuego debe entenderse lo que claramente resulta de ello y no suponer que, además, quisieron decir que también sabían que aquello que los sujetos empuñaban estaba en condiciones de arrojar proyectiles en ese momento. Ello es contrario a la sana crítica y violatorio de los arts. 248 y 250 inc. 2º (n.a) del Código de Procedimiento Penal ya que del contexto del relato resulta la imposibilidad de que los declarantes así lo supieran pues ello no pudo "caer directamente bajo la acción de sus sentidos".
Conflicto de poderes, medida cautelar genérica, juicio político
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-24

En tanto resulta posible resguardar simultáneamente la posibilidad de dictar una sentencia útil, y preservar la oportunidad de oír al cuerpo con el que el Jefe de Gobierno ha trabado el conflicto, es oportuno no omitir el traslado previsto en el artículo 14 de la ley 402. El criterio adoptado amerita, asimismo, la circunstancia de que la suspensión que se dispone no frustra ni interfiere significativamente, en razón de su brevedad, la actuación que la CCBA encomienda a la Sala Acusadora de la Legislatura de la Ciudad.
Acto administrativo, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RIVERO OLGA TOMASA Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ PLENA JURISDICCION - RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-04-19

No se ajusta a derecho el fallo que declaró ilegítimos los actos administrativos impugnados, sobre la base de sostener que los actores, ex-personal de la D.A.S. transferidos a la Dirección de Transporte de la Provincia, detentan el derecho subjetivo de carácter administrativo a que se les extienda el restablecimiento de la vigencia del nivel remunerativo dispuesta por el Decreto Número 1263/2000.

Ello así, pues la decisión de política remuneratoria establecida en dicho Decreto del Poder Ejecutivo Provincial, que alcanzaba a determinados agrupamientos de empleados públicos provinciales, con el objeto de restablecer la vigencia del nivel remunerativo, tuvo en miras un logro concreto cual fue la armonización de los estándares de eficiencia alcanzados por determinados sectores de la Administración.

Tal medida no puede ser extendida por vía de interpretación a favor de otros agentes no comprendidos en el citado decreto, tal como acontece en el caso de los actores, pues el Decreto 1263/2000 no puede constituirse en la fuente jurídica de un derecho subjetivo de carácter administrativo que los habilite a exigir a la Administración el reconocimiento de una mejora salarial que ha sido establecida para un ámbito subjetivo de vigencia en el que no están incluidos de forma expresa ni razonablemente implícita los demandantes, quienes consintieron su incorporación al ámbito subjetivo de vigencia de la Ley 7233, motivo por el cual la relación de sujeción especial que los vincula activamente con la Administración demandada, se rige por las disposiciones de la Ley citada y por la política remuneratoria aplicada para ese sector y no por el Decreto 1263/2000 que ha explicitado con precisión que la decisión contenida en este último tiene vigencia para los agentes de los cuerpos artísticos y músicos, gráficos y personal dependiente del Boletín Oficial de la Provincia, personal de la Dirección Provincial de Aeronáutica, de la Dirección Provincial de Vialidad y del ex personal de la Dirección Provincial de Hidráulica que integra la actual Dirección de Agua y Saneamiento.
Cambio de calificación legal, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: W., F.A. s/ Homicidio Simple y Lesiones Graves - Trelew
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-12

"El cambio de calificación en nada afecta al debido proceso ni a la defensa en juicio, toda vez que al momento de ser llamado a declarar como imputado será impuesto del hecho tal como ahora -con otra calificación- se tiene en cuenta. No se ha alterado la base fáctica, por lo tanto el cambio deviene ajustado y no afecta garantía alguna".
Concursos, homologación del acuerdo
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALPARGATAS S.A.I.C. s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-29

1. Resulta procedente la pretensión de las deudoras concursadas de considerar cumplido el acuerdo preventivo con la puesta a disposición de los acreedores de las obligaciones negociables, de las acciones y del dinero en efectivo ofrecidos en la propuesta de acuerdo preventivo oportunamente homologada. Ello así, pues de acuerdo a un criterio armónico, cabe interpretar que cuando las concursadas hicieron mención a que con la entrega de las obligaciones negóciales y/o las nuevas acciones y/o el pago quedaban habilitadas para solicitar la "finalización del proceso" se referían a la posibilidad de pedir la declaración de "cumplimiento" ante la comprobación de dichos extremos. 2. Asimismo, la oportuna homologación del concordato que contenía esta cláusula impediría modificar en la actualidad sus alcances y también volver a discutir sobre la posible sospecha de un "concilium fraudes" o que se haya tratado de un supuesto que pueda reputarse como abusivo o en fraude a la ley. 3. En último lugar, cabe señalar que el propio comité definitivo de acreedores reconoció que tal forma de cumplimiento había sido convenida en el acuerdo y que en ese sentido otorgaba su conformidad para que ello sea declarado judicialmente. Ante ello y atendiendo el espíritu que orientó al legislador de 1995, que se basó sobre la idea de concederle a los acreedores relevante injerencia en los trámites y decisiones en el concurso preventivo y en la quiebra, no se advierte razón para apartarse de la voluntad libremente expresada por los acreedores, en última instancia principales afectados de aceptar tal condición y las inherentes consecuencias, aun riesgosas, que ello podría implicar en el futuro.
Sistema previsional, acción de reintegro
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Galiano, Prudencio c/ IN.S.S.Se.P. s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-06-23

Es procedente la acción contencioso administrativa interpuesta contra el IN.S.S.Se.P. reclamando reintegro por reconocimiento en el sistema de Alta Complejidad, a lo que el IN.S.S.Se.P. en la Res.

N.467/94 y luego ratificada por Resol. N.0056/94, rechaza la pretensión del accionante, con el sólo fundamento de que no corresponde el reconocimiento de Alta Complejidad en razón de estar capitado al I.O.M.A.. Ello así, ya que la determinación de si una afección o cirugía es o no de Alta Complejidad se trata de una actividad discrecional de la Administración, esto exige que se hagan conocer en forma detallada las razones y fundamentos que indujeron a ésta al dictado de su decisión, siendo además necesario que esa decisión se funde en hechos exactos y reales y cuente además con un correcto encuadre normativo. Puede una prestación corresponder al sistema de Alta Complejidad y el afiliado pertenecer a un sistema convenido por su residencia en otra Provincia, en tanto se trata de dos situaciones diferentes, reguladas también en forma diferente.

Prueba de ello resulta el descuento que sufriera en sus haberes jubilatorios, de un porcentaje a imputarse al Fondo de Alta Complejidad, a pesar de pertenecer al sistema de conveniados en jurisdicción de otra Provincia. Es que debe distinguirse la relación jurídica existente entre el ente previsional y el afiliado, de la otra relación jurídica entre el IN.S.S.Se.P. y la entidad prestadora del servicio de otra Provincia, en este caso I.O.M.A.. De la primera surge el derecho del afiliado a recibir la prestación bajo el sistema implementado por el IN.S.S.Se.P., comprensiva del Fondo de Obra Social y del Fondo de Alta Complejidad. Con respecto a la segunda; la entidad previsional, con la finalidad de cumplir las prestaciones debidas al afiliado domiciliado en una jurisdicción distinta de la de esta Provincia, ha celebrado un convenio con el I.O.M.A.; éste, si bien se instrumenta en beneficio del afiliado domiciliado en otra jurisdicción, sus cláusulas le son inoponibles por cuanto no ha tenido ninguna participación en tal convenio.