Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-31


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 99862 SALA II Expediente Nro.: 2.829/10 (Juzg. Nº66) AUTOS: "LOPEZ VANESA C/ AX MUSIC S.R.L. Y OTRO S/DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 31-10-11	, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación ambos codemandados, en los términos y con los alcances que explicita en sus expresiones de agravios (fs. 124/128 y fs. 129/130). A su vez, la sociedad codemandada critica la regulación de honorarios efectuada a la representación letrada de la parte actora por considerarla elevada; y, la representación letrada de dicha codemandada, por su propio derecho, cuestiona la regulación de honorarios efectuada en su favor, por baja.

Al fundamentar el recurso, la sociedad codemandada se agravia porque el a quo consideró que la accionante fue objeto de "un despido incausado"; porque la condenó a abonar el incremento del art. 2º de la ley 25.323; y, por la tasa de interés aplicada en el fallo recurrido. El codemandado Rubén Bondoni se agravia porque el sentenciante resolvió extenderle la condena en forma solidaria en los términos del art. 54 L.S.C. Por las razones que -sucintamente- se han reseñado, solicitan se modifique el pronunciamiento de grado de acuerdo con sus respectivas posiciones.

Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar en primer término los agravios expresados por la sociedad codemandada.

Se agravia Ax Music S.R.L. porque el Sr. Juez de la anterior instancia concluyó que la decisión resolutoria de la accionante resultó ajustada a derecho. Critica los fundamentos del fallo y dice que, a su juicio, no existen pruebas en la causa que demuestren los incumplimientos que le atribuye la accionante. Destaca que jamás existió negativa de tareas y que la empresa asumió el compromiso de abonar a todos los dependientes las indemnizaciones que les correspondían, tal como lo establece el art. 247 LCT.

Los términos en que fueran expuestos los agravios imponen memorar que la actora señaló en el escrito de demanda que ingresó a trabajar para la sociedad demandada el día 1 de abril de 2009, como camarera, y que percibía por ello un sueldo mensual de $ 1.700.- Afirmó que la relación laboral se mantuvo totalmente sin registrar y que el 7 de julio de 2009, cuando se presentó a trabajar, le fue negado el acceso, informándosele que el restaurante iba a cerrar sus puertas. Indicó que, frente a ello, intimó a la empleadora a fin de que le aclarase la situación laboral, ante la negativa impuesta y para que la registre legalmente de acuerdo a las reales circunstancias de la relación (ver fs. 5). La accionada contestó negando la fecha de ingreso, categoría laboral y salario invocado y le manifestó que era ella quien le había "vedado" la posibilidad de registrarla, por lo que la intimaba a que se presente del plazo de 24 horas, munida de su documento de identidad a fin de proceder a su alta temprana (ver fs. 8). Frente a la respuesta dada por la accionada que negaba la fecha de ingreso y el salario invocado y dado que el local que se encontraba cerrado, se consideró despedida mediante c.d. del 17/7/09 (ver fs. 10).

De acuerdo a las premisas expuestas, es claro que la accionante fue quien decidió resolver el vínculo laboral ante negativa de la demandada a registrar la relación laboral conforme la real fecha de ingreso y remuneración mensual.

Ahora bien, tal como lo señalara el Sr. Juez de la anterior instancia, la accionada reconoció expresamente en el responde que mantuvo la relación laboral sin registrar y sostuvo que no pudo regularizar el vínculo porque la accionante no había presentado la documentación necesaria (ver fs. 60 y vta.). Lo expuesto por la empleadora evidencia en forma inequívoca que el incumplimiento patronal ciertamente existía y revestía significativa gravedad porque es evidente que, al margen de que la empleadora no adecuó su comportamiento a lo establecido por los arts.52 y 79 de la LCT y 7 y subs. de la ley 24.013, su actitud ocasionaba un serio perjuicio a las expectativas de índole previsional del trabajador y al sistema de seguridad social. La justificación que intenta proporcionar la accionada referida a que no pudo regularizar el vínculo porque la accionante no había presentado la documentación necesaria es inadmisible y carente de todo sustento pues la obligación de registrar el vínculo recaía sobre la empleadora de conformidad con lo establecido por el art. 7 y subs de la Ley 24.013.

Cabe remarcar la inconsistencia y contradicción en la incurre la empleadora tanto en el responde, como en el memorial recursivo. En efecto, en el memorial recursivo señaló que el vínculo en realidad se extinguió en los términos del art. 247 LCT "por motivos suficientes y no imputables a mi representada" (ver fs. 125) mientras que en el responde, en primer lugar, efectuó manifestaciones acerca de "la crítica situación que atravesaba" para luego afirmar que "en medio de la gripe A" decidió discontinuar la explotación a fines de julio de ese año.

Evidentemente la postura asumida por la accionada -que reconoció que mantuvo la relación laboral en forma marginal- carece de todo sustento y fundamentación pues, como se vió, la resolución del vínculo laboral se produjo claramente por decisión de la dependiente frente a la negativa de la empleadora a reconocer la verdadera fecha de ingreso y remuneración.

Lo expuesto, a mi juicio, evidencia claramente que la empleadora se sustrajo injustificadamente a su deber esencial (arts.52, 62, 63 y 79 LCT y art.7 y subs. ley 24.013) por lo que, creo indudable que existía una injuria patronal que no admitía el mantenimiento del vínculo (art. 242 LCT). Desde esa perspectiva, concluyo que la decisión resolutoria adoptada por López17/7/09 (ver fs. 10) se basó en causa legítima; y, en esa inteligencia, he de propiciar se confirme lo decidido en la sede de grado anterior en este aspecto.

El segmento recursivo de la demandada dirigido a cuestionar el monto de la remuneración mensual que tuvo en cuenta el judicante -y sin que esto implique desmerecer en modo alguno la labor profesional del letrado que suscribe la presentación-, no cumplimenta el recaudo de admisibilidad formal previsto en el art. 116 de la L.O. porque se basa en consideraciones de carácter genérico que no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas. Creo conveniente recordar aquí que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, a través de argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, mediante la invocación de la prueba cuya valoración se considera desacertada o la puesta de manifiesto de la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (art.116 LO). A tal fin, se debe demostrar, punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en los que pudiera haber incurrido el juzgador y se deben indicar en forma precisa las pruebas y las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. esta Sala, in re: "Tapia, Román c/Pedelaborde, Roberto", S.D. Nº73117, del 30/03/94, entre otras).

En el caso de autos, la recurrente no explica cuál habría sido el error en el que incurrió el sentenciante al establecer el monto de la remuneración mensual; y, tampoco se hace cargo del eje fundamental de su conclusión cual fue la aplicación de la presunción establecida en el art. 55 de la LCT. A su vez, no indica en el memorial recursivo cuál sería la prueba que desvirtuaría el efecto propio de la presunción legal. Desde esta perspectiva, corresponde desestimar este aspecto de la pretensión recursiva.

El agravio de la accionada dirigido a cuestión la viabilización del incremento establecido en el art. 2º de la ley 25.323 -basado en que el despido careció de causa- deviene improcedente a la luz de la conclusión anteriormente expuesta.

Se agravia también la parte demandada por la tasa de interés dispuesta en la sentencia de grado, y cuestiona la aplicación del criterio sostenido por esta Cámara en el Acta 2357/02, por considerar que actualmente no se encuentran vigentes las mismas variables económicas. Aún reconociendo que hoy la situación económica general del país no es idéntica a la existente hace siete años atrás (a raíz del cambio del sistema de convertibilidad monetaria -ley 25.561-), y que -en términos generales- se observa cierta estabilidad en materia económica, lo cierto es que en el Acta 2357 se tomó en consideración una pauta de carácter eminentemente variable que, justamente, se encuentra destinada a conjurar las eventuales alteraciones en las variables que rigen la economía; y así se observa una modificación sustancial entre los valores vigentes en el año 2002 (en los que se llegó a un 5% de interés mensual en los meses de septiembre y octubre) y los que vienen informándose a través de la Prosecretaría General de la Cámara en forma prácticamente invariable desde hace más de dos años (una tasa mensual del 1,55% mensual). Frente a ello, y, en uso de las facultades conferidas por el art. 622 del Código Civil, al no advertir razones objetivas para apartarse del criterio invariablemente sostenido desde el dictado de la Resolución cuestionada, corresponde confirmar también en este aspecto la sentencia apelada.

Por lo demás, en cuanto al tratamiento de las apelaciones efectuadas en los términos del art. 110 LO que pretende la codemandada Ax Music SRL, cabe remarcar que no fueron debidamente fundadas en esta Alzada al momento procesal oportuno (cfr. art. 117 LO), por lo que llegan desiertas y su requerimiento debe ser desestimado (cfr. arts. 116 y 118 LO).

Se agravia el codemandado Bondoni porque el sentenciante decidió extenderle la condena en forma solidaria en los términos del art. 54 LSC. Critica los fundamentos del fallo y dice que no fue empleador de la actora y que no se dan ninguno de los requisitos previstos por la norma referida.

La actora manifestó en el escrito inicial que el codemandado Bondoni la contrató "creando una relación laboral clandestina siendo socio gerente de la empresa, con plena conciencia que lo hacía en absoluto fraude de la ley laboral" y que, por esa razón, formulaba el reclamo contra ambos codemandados ( ver fs. 9 vta.).

El Sr. Juez de la anterior instancia concluyó a fs. 117 vta. que "el mencionado Bondoni reconoce su carácter de socio gerente de la sociedad de responsabilidad limitada". Esta conclusión no fue objeto de crítica concreta y razonada por parte de dicho codemandado, por lo que arriba firme a esta Alzada y es irrevisable en esta instancia.

Sentado lo expuesto, cabe señalar que en numerosos pronunciamientos anteriores he remarcado que no resulta factible extender la responsabilidad de una persona jurídica a sus integrantes aplicando la "teoría de la penetración en la personalidad jurídica", cuando no se acredita que haya mediado un uso abusivo de la figura societaria; y también señalé que, con prescindencia de esa teoría, la extensión de responsabilidad a los directores, socios gerentes o administradores de una entidad podría resultar viable cuando éstos hayan incurrido en maniobras ilícitas tendientes a defraudar al trabajador o a terceros. En efecto, tal como lo expuse en mi trabajo "Aspectos procesales de la responsabilidad solidaria" (en Rev. de Derecho Laboral 2001-1, Ed.Rubinzal-Culzoni), los casos en los que la Ley de Sociedades Comerciales prevé la responsabilidad directa y personal de los directores o gerentes, no tienen relación directa con la doctrina del "disregard", sino con la comisión de ciertos ilícitos que van más allá del incumplimiento de obligaciones legales o contractuales y para cuya concreción se aprovecha la estructura societaria. En estos casos, el fin para el que fue constituida la sociedad es lícito pues su existencia ideal no fue planeada para encubrir una responsabilidad personal (de allí que no resulte viable descorrer el velo); pero, sus directivos, no sólo hacen que la entidad incumpla sus obligaciones sino que, además, incurren en actos o maniobras dirigidas a defraudar a terceros (trabajadores, sistema de seguridad social, etc.) o a burlar la ley. Cuando esto último ocurre, quienes ocupan cargos de dirección resultan directamente responsables, más allá de que también comprometen económicamente al ente. No es lo mismo omitir el pago del salario o no efectuar el depósito de los aportes y contribuciones en tiempo oportuno (que son típicos incumplimientos de índole contractual) que urdir maniobras tendientes a encubrir la relación laboral, o a disminuir la antigüedad real, o bien a ocultar toda o una parte de la remuneración porque, independientemente del incumplimiento que estos últimos actos suponen, configuran maniobras defraudatorias de las que resultan inmediata y directamente responsables las personas físicas que las pergeñan porque sus actos, más allá de constituir un ilícito delictual o cuasidelictual en el ámbito civil (conf.art.1.072 y subs.del Código Civil), podrían llegar a encuadrar, incluso, en tipificaciones propias del derecho punitorio (arg.arts.172 y 173 y conc. del C.P. y ley 23.771). Como ha señalado la doctrina especializada en la materia al analizar el contenido del art. 274 de la ley 19.550 -aplicable al gerente de una SRL por vía de lo dispuesto por el art.157, 3er.párrafo de la LS-, "la violación genérica de la ley, o los daños producidos por dolo, abuso de facultades o culpa grave y, en general, cualquier responsabilidad que cupiere frente a terceros, es siempre de tipo delictual o cuasidelictual" (Zaldívar, Enrique y otros en "Cuadernos de Derecho Societario", Vol.III, pág.526). Por tal razón, cuando una sociedad anónima o una de responsabilidad limitada realiza actos simulatorios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de trabajo o articula maniobras para desconocer una parte de la antigüedad o para ocultar una parte del salario, resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad a los administradores y directores por vía de lo dispuesto en los arts. 59 y 274 de la LS; cuya solución, reitero, se traslada a los gerentes de una SRL por vía del citado art.157 LS (arg.arts.1.072, 1.073 y 1.074 Código Civil).

En el caso de autos, estimo que se configura uno de los supuestos analizados porque, como surge de las circunstancias que se han tenido por acreditadas, la sociedad codemandada mantuvo sin registrar la relación laboral con la accionante. Además, la persona física codemandada integrante del órgano de dirección de dicha sociedad no ha dado en estos autos una explicación acerca de la razón en virtud de la cual se procedió de ese modo, como para evidenciar que se pudo haber incurrido en una equivocación que razonablemente justifique su actitud. Destaco que, en esta causa, no se verifica una relación que pueda considerarse transitando por las denominadas "zonas grises" del Derecho del Trabajo. Lo expuesto, me persuade que, el socio gerente de la sociedad comercial formalmente "empleadora", ha obrado con pleno conocimiento de que la relación laboral con la accionante se encontraba sin registrar y que ha tenido la deliberada intención de ocultar o encubrir la existencia de la relación. Todo ello a fin de violar la ley y de perjudicar a la actora y al sistema de seguridad social. Las circunstancias precedentemente reseñadas revelan que, en este caso, no se verifican los mismos presupuestos que consideró la Corte Suprema de Justicia de la Nación al pronunciarse en cuestiones que, si bien tienen puntos de contacto con la presente, no son iguales (C.S.J.N., 31-10-02, "Carballo, Atiliano c/ Kanmar SA (en liquidación) y otros"; y C.S.J.N., 3-4-03, P 1013 XXXVI, "Palomeque, Aldo c/ Benemeth SA y otro"). En efecto, del análisis precedentemente efectuado se desprende que, en el caso, no se ha prescindido de considerar que la personalidad jurídica diferenciada de la sociedad y de sus socios administradores constituye el eje sobre el cual se asienta la normativa sobre sociedades; y, es más, se ha señalado más arriba que aquí se plantea una situación diferente a la de los supuestos que tornarían procedente la aplicación de la teoría del disregard; y también se dijo que no es factible establecer la responsabilidad de los directores por meros incumplimientos contractuales de la sociedad. Pero en este caso, a diferencia de los considerados por la Corte, no propicio confirmar la extensión de la responsabilidad al gerente por aplicación de la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica ni del art.54 de la ley 19.550, sino por aplicación de las normas específicamente destinadas a regular la responsabilidad de los administradores, directores de SA y socios gerentes de las SRL como lo son los arts. 59, 157 y. 274 de la ley mencionada, frente a actos ilícitos de carácter delictual o cuasidelictual (arg.art. 1.072, 1.073 y 1.074 del Código Civil) que podrían llegar a encuadrar, incluso, en tipificaciones propias del derecho punitorio (arg.arts.172 y 173 y conc. del C.P. y ley 23.771).

En tales condiciones y a la luz de lo establecido por los ya citados arts. 59, 157 y 274 de la LS, -por aplicación del iura curia novit- estimo que la responsabilidad del ente societario fue correctamente extendida, en forma solidaria, a Rubén Bondoni y que, por lo tanto se debe confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto viabilizó la pretensión dirigida contra la persona física mencionada.

Con relación al agravio vertido en torno a las costas, se debe puntualizar que el pronunciamiento de origen se ha ceñido a aplicar la regla básica en la materia, derivada del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN), que ha recaído sobre los codemandados; y dado que no se advierten elementos que puedan justificar apartarse de tal directriz, estimo que corresponde mantener la solución que al respecto se adoptó en la instancia de grado anterior. Por otra parte y de acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, estimo que las costas de alzada deben ser impuestas a cargo de ambos codemandados en forma solidaria (art.68 CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo que los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora resultan elevados por lo que corresponde reducirlos al 15%. Por otra parte, considero que la regulación de honorarios efectuada a la representación y patrocinio letrado de la demandada Ax Music S.R.L. no es baja, por lo que propongo confirmarla.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la codemandada Ax Music SRL, del codemandado Rubén Bondoni y de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 25%, 25% y 30%, respectivamente, de lo que corresponde a cada una de ellas por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos. Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia dictada en la instancia de grado anterior en todo lo que fue materia de agravios; 2) Imponer las costas de la Alzada, a cargo de ambos codemandados en forma solidaria; 3) Reducir los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora al 15% y confirmar los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de la parte demandada por las tareas realizadas en la anterior instancia; 4) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la codemandada Ax Music SRL y del codemandado Rubén Bondoni, por los trabajos realizados en esta Alzada, en el 30%, 25% y 25%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza Miguel Ángel Pirolo Juez de Cámara Juez de Cámara