Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-10


TS07D44936	SENTENCIA DEFINITIVA Nº 44936 CAUSA Nº: 31.067/09 - SALA VII - JUZGADO Nº: 58 En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre de 2012, para dictar sentencia en los autos: "OYARZABAL, Pablo Eduardo C/ Pan American Energy LLC y otro S/ Despido" se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I. La sentencia de primera instancia que tuvo por justificado el despido directo del actor viene apelada por todas las partes.

Asimismo hay recurso del perito contador, calígrafo y de los Dres. Dragan Gigena y Gioffré, por sí, quienes estiman exiguos los honorarios que se les ha regulado, mientras que la parte actora cuestiona la totalidad de los emolumentos porque los aprecia elevados (ver fojas 483, 485, 491 y 501 vta.).

II. Cabe memorar que el actor, quien se desempeñaba como operador de sistemas, fue despedido por su empleadora, la codemandada "World Wide Works It Solutions S.R.L." el día 12/03/2009 invocando la misma varias causales de injuria laboral (no entrega ni informe de estado del proyecto "Modificaciones de novedades del Portal", retiro del token (nota: dispositivo de seguridad que permite al usuario acceder a un ID que es utilizado para ingresar a la red, existiendo sólo un token para cada red) perteneciente a un cliente de la empresa el día 11/03/09 y conexión del mismo recién a las 11:00 AM sin explicación convincente sobre lo que ocupara su tiempo entre el ingreso y el inicio de sus tareas, haberse negado a programar en otro lenguaje que no fuese Java firmando el 3/03 a desgano el apercibimiento que se le aplicara, al día 12/03/09 no haber acompañado los certificados de los exámenes que adujo haber rendido durante el año 2008, como tampoco el certificado por una materia rendida el día 13/02/09, siendo reiterativo en el incumplimiento del horario de ingreso, haber extraviado el token lo que ocasionó la pérdida del cliente respectivo y perjuicio a la imagen de la empresa, todas causales que, a juicio de la accionada, fueron demostrativas de la falta de concentración al trabajo y que generó la pérdida de confianza tal que impide la prosecución del vínculo laboral (ver teleg, transcripto a fs. 6 del inicio).

III. En grado la Sra. Jueza consideró que, en el caso, los incumplimientos endilgados al actor fueron acreditados y constituyeron sustento válido de la pérdida de confianza que invocó la accionada para decidir el despido, conclusión que motiva el recurso de la parte actora a fojas 493/501.

Aduce que la accionada decidió despedirlo sin ninguna sanción previa, que para que se configure el supuesto del art. 242 L.C.T. es necesario la acumulación de sanciones que permitan tener por acreditado su mal desempeño. Considera que la prueba sustanciada no fue interpretada armónicamente para lo cual exhibe una especiosa argumentación con el objeto de desbaratar la ponderación que se hizo en el fallo de la prueba de testigos y que, en mi opinión, no logra el resultado que persigue (arts. 90 L.O., 116 L.O. y 386 del Cód. Procesal, "primacía de la realidad").

En efecto, el apelante focaliza su crítica en la circunstancia de que los testigos Buchniv (fs. 287/9) y Fernández (fs. 333/34) son empleados jerárquicos de la empresa, circunstancia que en su opinión tacharía de parcialidad los testimonios que la jueza junto con los demás ponderó para tener por comprobadas las injurias invocadas en la comunicación rescisoria, lo cual constituye una afirmación subjetiva del apelante habida cuenta que no se aprecia que en el decisorio se haya vulnerado el proceso formativo de la prueba en cuestión.

De la lectura de las declaraciones sustanciadas en la litis puedo inferir que la sentenciante ha tenido bien en cuenta los aspectos esenciales del contenido de la misma en tanto resulta verosímil el hecho y la forma en que los testigos dijeron como llegaron a su conocimiento los hechos que declaran y que dieron noticia cierta que las dilaciones del actor en el proyecto de trabajo "Novedades de Portal" que se le había encomendado hizo que la empleadora perdiera al cliente habida cuenta que Oyarzábal se comprometió a realizarlo en tres días y superados ampliamente no presentó la tarea que se le encomendó (ver Buchniv y Fernández). Esto que se destaca no lo desbarata el recurrente quien pretende demeritar los testimonios sobre la base de que son dependientes jerárquicos de la empresa y/o que el actor no recibía órdenes de Fernández por cuanto resultan ser apreciaciones subjetivas que no atacan lo sustancial de los testimonios cual lo es que el trabajo no lo presentó, esto es la falta de cumplimiento total de la tarea que se le encomendara y por la que se comprometió y máxime cuando no resulta ser exacto que no se hubiera convenido un plazo de entrega habida cuenta la constancia de mail que enviara el actor a su superior Buchniv donde puede leerse ".tres días sería suficiente para la implementación, y medio día para testear" y que no lo enerva el desconocimiento genérico que efectuara en su ocasión en tanto, como se dijo, encuentra correlato con el resto de la prueba y máxime cuando también aportan dato cierto respecto del resto de las conductas endilgadas al actor (ver fs. 62, fs. 80, art. 386 del Cód. Procesal). Así, de la prueba de testigos también se puede comprobar la pérdida del cliente (Telenexo) al no contar con el proyecto comprometido debido a dilaciones que provenían de Oyarzábal (ver también dichos de Ayala a fs. 338/9 quien incluso afirmó presenciar los sistemáticos llamados de atención que recibía el actor).

Destaco además que el apelante deja incólume el resultado del peritaje caligráfico que dio cuenta que las firmas desconocidas en los documentos presentados por la accionada son de puño y letra del actor, entre los cuales se encuentra la nota que la empresa le enviara a Oyarzábal por medio de la cual se le anoticiaba el trabajo de que él como programador debía realizar; lo que permite inferir -en el contexto probatorio- de cierta elasticidad que el propio trabajador se autoimponía para brindar la prestación por la cual fue contratado, circunstancia que, a mi juicio, se muestra reñida con los deberes de conducta que dimanan de lo previsto en los arts. 62 y 63 L.C.T. (ver peritaje a fs. 406/409 y fs. 474, arts. 116 L.O. y 386 del Cód. Procesal).

En lo atinente al extravío del "token" tampoco veo que el apelante logre torcer a su favor lo ya decidido en grado, porque focaliza su agravio en circunstancias temporales en punto a cuándo los testigos Fernández y Sapena se anoticiaron de la pérdida de dicha herramienta de trabajo por cuanto lo concreto es que todos los deponentes (ver también Ayala y Buchniv) dieron noticia cierta de que el extravío del mismo implicó la pérdida del cliente debiendo asumir la accionada el costo del perjuicio que ello ocasionó, máxime cuando el actor admitió que dejaba habitualmente el token detrás del teclado y ".un día desapareció." (sic) circunstancia que también riñe con lo preceptuado en los arts. 62 y 63 L.C.T. (ver inicio a fs. 7 vta., "propriam torpitudem alegans non est audiendus"). Traduzco: "Nadie puede alegar su propia torpeza".

En cuanto al agravio que ensaya porque se le endilgaron también reiteradas llegadas tarde tampoco encuentro que logre desbaratar lo ya resuelto en grado porque soslaya nuevamente el resultado del peritaje caligráfico que dio cuenta de la autenticidad de la firma del actor en el registro de asistencias que presentó la demandada y que Oyarzábal desconociera, lo que confirma la sistemática irregularidad en que éste incurría en el horario de ingreso a su trabajo. Concretamente, deja así incólume que, del período 7/08/08 al 10/11/08 llegaba entre veinte minutos y una hora y media tarde recibiendo una sanción por haber incurrido en un patrón de llegadas tarde injustificadas y frecuentes que repetía mes a mes y máxime cuando consintió la sanción (ver fs. 474/75, doc. fs.61 arts. 116 L.O. y 386 del Cód. Procesal).

Por otro lado la remisión que hace de los dichos de los testigos Silva (fs. 293/94) y Fabregat (fs. 276/779 propuestos por su parte no logra cambiar lo comprobado respecto del incumplimiento incurrido en el desempeño de su labor dado que corroboran el método de control horario que había en la empresa en tanto mas allá de las calificaciones personales y/o subjetivas que hacen del sistema y/o del ambiente laboral lo concreto es que da cuenta de la existencia de un libro de asistencias que debían firmar. Agrego además que, la calificación de un ambiente de trabajo hostil que brindan estos testimonios y de los cuales se hace hincapié en el memorial de recurso como para nacer sospecha de que se "fraguó" (sic) una justa causa para despedir al actor (ver fs. 500 pto. XI) resulta inoperante por extemporàneao, en el caso, se trató de un despido directo con invocación de varias causales de injuria y, por otro lado, sabido es que no resulta tarea del testigo calificar hechos o conductas, tarea de ponderación reservada para el juez que entienda en la Litis (arts. 90 y 386 ya cit y arts. 34 inc 4º), 277 C.P.C.C.N.).

Tampoco tiene andamiento el agravio que exhibe por la valoración hecha en grado de las inasistencias injustificadas porque soslaya el comprobado hecho de que, en primer término, el certificado médico que presentara al reintegrarse a su labor el día 5/01/09 (por haber guardado reposo por 72 hs por haberse lesionado su pie derecho) era apócrifo o dado de favor ya que el mismo está suscripto por un especialista en terapia intensiva (Dr. Roger) y se consigna el nombre y matrícula de otro profesional (Dr. Pereyra Duarte), circunstancia que empece a tener por justificada la inasistencia incurrida (ver fundamentos a fojas 476, arts. 116 L.O. y 386 del Cód. Procesal).

A ello se suma que los certificados que presentara en su ocasión para justificar sus inasistencias por exámenes poseen la fecha de emisión adulterada comprobándose que en algunas ocasiones Oyarzábal no se presentó a rendir examen pese a haber solicitado el día y en otras no existían mesas de examen para esos días (ver informativa a la Universidad de La Plata y fundamentos a fs. 476, arts. 116 L.O. y 386 antes cit.).

Lo señalado no es desbaratado por el mero disenso del recurrente en punto a que no se puede sancionar al actor por los errores administrativos de la Universidad y/o que las faltas incurridas no serían contemporáneas a la fecha del despido y que la adulteración de las fechas tendría que exigirse explicaciones a quien suscribe los instrumentos pero de ninguna manera al actor (.), supuesto que en mi opinión no encuentra asidero jurídico alguno que lo avale máxime cuando nuevamente el apelante intenta torcer el curso del análisis a un supuesto hostigamiento de la empresa hacia el actor, hipótesis de conflicto que no es la de la traba de la Litis (arts. 34 inc. 4) y 277 del Cód. Procesal, arts. 116 y 386 ya cit.).

Memoro aquí que, cuando son varias las causales de notificación del despido, la acreditación de alguna de ellas, que tenga bastante entidad como injuria -como ocurrió en el presente caso- resulta suficiente para justificar la rescisión (en igual sentido, ver esta Sala in re "Cubo, Julieta y otros C/ FST S.A. y o. S/ Despido", S.D. nro.: 41.399 del 28/11/2008).

A ello se suma que se trata de un trabajador con poco más de un año de antigüedad y que la accionada demostró que incurrió en más de una de las conductas que se le endilgaron para tener por configurada la pérdida de confianza que habilite el despido del caso.

Dicho instituto jurídico constituye un factor subjetivo que justifica la ruptura de la relación y que deriva necesariamente de un hecho y/o hechos objetivos de por sí injuriantes, es decir que, si las expectativas acerca de una conducta legal acorde con el deber de fidelidad creadas con el devenir del vínculo, se ven frustradas a raíz de un suceso que lleva a la convicción de que el trabajador ya no es confiable pues cabe esperar la reiteración de conductas similares, se configura una justa causal de despido (ver en similar sentido mi voto in re "Darino, Antonio Horacio C/ Banco de la Pampa S.A. S/ Despido", S.D. nro.: 37.586 del 28/05/2004, entre otros).

En el caso, las conductas incurridas por el actor y que hallo acreditadas implicaron la inobservancia de su parte de las obligaciones que resultan del contrato de trabajo y que, en mi opinión, fueron de una magnitud tal que por su gravedad no consintió la prosecución del vínculo (arts. 62, 63 y 242 L.C.t. y 386 del Cód. Procesal).

Por consecuencia, el recurso intentado por el accionante -quien extemporáneamente además adujo que en realidad se lo despidió porque la demandada estaría disconforme con su trabajo focalizando su crítica sólo en cuatro aspectos de las ocho causales de injuria que se invocaron para despedirlo-, resulta inidóneo con miras al fin que se propuso, sugiero sin mas confirmar la sentencia atacada en este aspecto.

IV. RECURSO DE "World Wide Works It Solutions S.R.L." (fojas 487/490).

Discrepa con la parte del fallo que tuvo por demostrada la existencia de pagos fuera del recibo legal, circunstancia que la Sra. Juez "a-quo" validó con base en los dichos de los testigos propuestos por el accionante y dos vídeos de prueba acercado por el actor, haciendo aclaración la jueza que ello no desvirtuaba los incumplimientos del accionante y que justificaron su despido directo. Por esta circunstancia consideró no obstante que, en el caso, correspondía efectuar en su ocasión por Secretaría la comunicación a la Afip conforme lo dispuesto en el art. 132 L.O. (Texto Ley 25.345).

Frente a ello destaca, por las razones que exhibe, que dicha prueba habría sido preparada por el actor en connivencia con los mencionados testigos.

El examen minucioso de estas constancias probatorias me forma convicción de que le asiste razón a la accionada (arts. 90 L.O. y 386 del Cód. Procesal).

En efecto, tal como lo destaca, los testimonios de Buitrago Velásquez, Silva y Fabregat no resultan coincidentes con el resto de los testimonios brindados en la causa y que resultan concordantes en que la empresa abonaba a sus empleados mediante cuenta sueldo bancaria y que en el caso puntual del Sr. Oyarzábal éste percibía entre $4.000 y $4.500, (ver Buchniv, Sapena y Fernández).

Así el primero de los nombrados afirmó que percibían mediante cuenta sueldo bancaria sus haberes mientras que el testimonio de Fabregat, a mi juicio, adolece de varias contradicciones y expresiones que no forman convicción en punto a la veracidad de sus dichos habida cuenta lo ya expresado en los considerandos precedentes y, en el tema puntual de pagos fuera del recibo, afirma que no sabe cuánto ganaba el actor sólo que le pagaba una Sra. Stella para luego aseverar que todos cobraban ".una parte en blanco y otra en negro." (sic), hipótesis que se contradice con Velásquez que dio cuenta del pago bancario. Por otro lado, afirman que veían al actor salir de la oficina ".contando la plata en negro." (sic), circunstancia que quita veracidad a su afirmación de que no sabía cuánto ganaba el actor como también la pretendida validez del accionante respecto de un vídeo donde estaría registrado el momento en que percibía dinero "en mano y/o en negro"; aspecto probatorio éste último que en la causa se pretendió validar con base también en los dichos del testigo Silva y que al aquí judicante no le forma convicción seria de que ello fuera así (art. 386 del Cód. Procesal y 90 L.O.).

En efecto, si el actor tenía que ingresar a una oficina para percibir el cobro de su salario "en negro" ello no encuentra correlato con lo relatado por Silva respecto de los vídeos donde afirmó que algunas veces bajaban a pagarles y ahí es donde observó cómo le abonaban al actor. Es decir, no queda en claro si cobraban parte de su salario "en negro" dentro de una oficina de la administración de la empresa o que bajaban a pagarles a todos en conjunto bajo dicha modalidad. A ello se suma que Silva afirma que el actor ganaba $5.500 -es decir $1.100 "en negro"- (sic), cuando en el inicio el accionante no detalló cuánto era lo que supuestamente le abonaban fuera del recibo de ley; máxime cuando de los vídeos en cuestión no es posible inferir que el dinero que en cámara cuenta el accionante como percibido fuera del recibo de ley le haya sido entregado por la nombrada Sra. Stella y/u otra persona de la administración de la empleadora.

Por consecuencia, a mi juicio, al contrario de lo apreciado por la Sra. Juez "a-quo" las pruebas del caso no resultan convincentes como para tener por demostrado que al Sr. Oyarzábal le abonaban parte de su salario fuera de registro legal.

Sugiero así modificar el fallo en este punto y dejar sin efecto la comunicación a la Afip dispuesta en grado.

Corolario de todo lo expuesto es que deviene abstracta la queja que esgrime el actor en punto a los incrementos indemnizatorios que pretende con fundamento en los arts. 1º y 2º Ley 25.323 y art. 45 Ley 25.345 (ver fs. 501 pto. XII.).

V. Los honorarios regulados en la primera instancia, con base en el mérito y extensión de la labor desplegada por los profesionales intervinientes, a mi juicio, lucen equitativos, por lo que sugiero su confirmación (art. 38 L.O. y demás normas del arancel vigentes).

VI. De tener adhesión este voto, las costas de segunda instancia, se imponen a la parte actora (art. 68 del Cód. Procesal), y sugiero regular los honorarios por la actuación en esta etapa, para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 25% y los de la parte demandada en el 30%, respectivamente, de lo que en definitiva les correspondiere por la actuación que les cupo en la primera instancia (art. 14 Ley del arancel).

LA DOCTORA BEATRIZ INÉS FONTANA DIJO: Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS: no vota (art. 125 de la ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada dejando sin efecto la comunicación a la Afip (cfme. Art. 132 L.O., texto Ley 25.345) conforme lo ya explicitado en el considerando IV. del compartido primer voto. 2) Confirmar el fallo en lo demás que decide. 3) Costas de alzada a la parte actora. 4) Regular los honorarios por la actuación en segunda instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) y los de la parte demandada en el 30% (TREINTA POR CIENTO), respectivamente, de lo que en definitiva les correspondiere por la actuación que les cupo en la primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.