Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-17


SARRICHIO, Vito Leonardo contra BERNAL, Juan Carlos y/u otro Reg.: A y S t 195 p 284-287. Santa Fe, 17 de marzo del año 2.004. VISTA: la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los demandados Juan Carlos Bernal y Ángel Fedor Faldutti contra la sentencia de Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, dictada el 19 de abril de 1995, en los autos "SARRICHIO, Vito Leonardo contra BERNAL, Juan Carlos y/u otro - indemnización de daños y perjuicios- (Expte. Nro. 31/94)" (Expte. C.S.J. Nro. 530, año 1995); y CONSIDERANDO:

1. Por acuerdo de fecha 19 de abril de 1995 la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad resolvió rechazar el recurso de apelación extraordinaria interpuesto por los accionados y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento alzado, el cual, a su turno, había hecho lugar parcialmente a la pretensión de la demandante.

Contra tal pronunciamiento interpusieron los perdidosos recurso de inconstitucionalidad, afirmando que el decisorio es sorpresivo y groseramente arbitrario, contradictorio e injusto, encuadrando en el caso previsto por el artículo 1, inciso 3, de la ley 7055.

Al aludir específicamente a los agravios constitucionales, señalaron, en primer lugar, que el fallo sub examine ha omitido considerar "cuestiones oportunamente planteadas" y "pruebas conducentes o decisivas", sin tratar, además, aspectos sustanciales para la correcta dilucidación del litigio. Se quejaron en particular de que el Tribunal no tuvo en cuenta el ofrecimiento de la prueba de absolución de posiciones, dando una total y absoluta validez a las pruebas presuncionales, por sobre la realidad de la causa.

En segundo lugar, arguyeron que el a quo calificó o interpretó la situación jurídica controvertida en una forma abiertamente antojadiza y contradictoria, en total pugna con los elementos de hecho que conforman la relación de las partes; agregaron que se ignoró que la demanda fue debidamente contestada, aplicándosele a la demandada los apercibimientos en la forma más cruel, sin tener en cuenta que el actor no probó nada e impulsó una demanda cuando estaba prescripta y perimida.

Por todo ello, concluyeron sosteniendo que en la sentencia de autos se dan los supuestos de arbitrariedad elaborados por la doctrina y la jurisprudencia. En tal sentencia -reiterando ideas- aseveraron que el decisorio incurre en afirmaciones dogmáticas, razonamiento defectuoso y exceso ritual manifiesto:

Las afirmaciones dogmáticas aparecen -a juicio de los ocurrentes- cuando el Tribunal admite la demanda entendiendo que se encontraba configurado el accidente de tránsito en la forma que la actora lo denuncia, llegando a tal decisión por aplicación del artículo 143 de la ley de rito, "cuando en realidad la contestación de la demanda existía, y se trató de un mero error formal (falta de firma del escrito original) del que tenía conocimiento el Tribunal Colegiado, incluso en la copia debidamente firmada y agregada en autos".

Además, dijeron, en referencia al codemandado Bernal, que el sentenciante "ignoró todas y cada una de las normas elementales de notificación, entendiendo por notificada sin copia y con aviso de retorno, situación que repugna al derecho procesal".

Insistieron en que hay vicio de razonamiento defectuoso por cuanto se ha prescindido de hechos relevantes de la causa, decisivos para su resolución. En particular, ello se configura al ignorarse la contestación de la demanda -"pese a concretarse en forma"- y la prueba confesional ofrecida por el codemandado Bernal -"por una supuesta extemporaneidad en su ofrecimiento"-.

Los juzgadores incurren en exceso ritual manifiesto -siempre según los quejosos-, al fundar su postura exclusivamente en la circunstancia de la incontestación de la demanda por falta de firma en el original.

2. Por resolución del día 8 de septiembre de 1995 la Sala denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad planteado, por entender que los argumentos por ella aportados para denegar la queja no fueron rebatidos mediante crítica valedera alguna y que, por ende, las discrepancias reseñadas, si bien en abstracto podían encuadrar en hipótesis de arbitrariedad, no guardaban conexión mínima con la realidad del caso; aclarando, asimismo, que habiendo expresado con seriedad el Tribunal las razones que determinaron su decisión, no puede descalificarse su fallo como acto judicial desde que la exigencia constitucional se encuentra cumplimentada y no resulta idónea la vía extraordinaria para reparar supuestos errores de apreciación en la interpretación del derecho. Tal denegatoria motivó la presentación directa de los comparecientes ante esta Corte .

3. Corresponde señalar que el remedio excepcional intentado no ha de prosperar, pues de la confrontación de los fundamentos del decisorio impugnado con los agravios esgrimidos en el recurso de inconstitucionalidad surge la mera disconformidad de quien se queja con la suerte adversa que corrieron sus planteos a la hora de resolver la Sala el rechazo del recurso de apelación extraordinaria deducido.

En efecto, la lectura del escrito recursivo revela que los quejosos intentan discutir los efectos de providencias judiciales concernientes a asuntos de procedimientos en las etapas del proceso, o cuestiones de índole procesal previas al fallo definitivo que, en principio y según consolidado criterio de esta Corte no son impugnables por la vía del recurso extraordinario (A. y S. T. 89, págs. 273/275) salvo, si lo resuelto importa agravio constitucional, si media manifiesta arbitrariedad o pueda generarse una restricción indebida del derecho de defensa y hacer que de ese modo se frustre el derecho constitucional del interesado (cfr. A. y S., T. 92, pág. 221; T. 95, pág. 400), circunstancias éstas cuya ocurrencia en la causa no se ha demostrado. Las constancias de autos revelan que el Tribunal a quo, al resolver el rechazo de la apelación extraordinaria, consideró la totalidad de los planteos puestos a su consideración, explicando debidamente el porqué de su desestimación. Así refirió al acuse de nulidad de la sentencia; al planteo de caducidad; a los agravios vinculados a que la notificación de la demanda fue efectuada por correo y sin acompañar copias; a las exigencias de la firma en el escrito de postulación y a la falta de boleta de iniciación de juicio y su relación con la prescripción; a los restantes planteos vinculados con errores de subsunción y de apreciación de pruebas y hechos, explicitando claramente los motivos de su rechazo.

Y, frente a los fundamentos brindados, tal como señaló la Sala en el auto denegatorio, lo argumentado por los recurrentes resulta insuficiente para lograr descalificarlos desde una óptica constitucional, por lo que dichas alegaciones -a pesar de invocarse diversos vicios, tales como: omisión de considerar cuestiones planteadas y pruebas decisivas; interpretar la situación jurídica controvertida de manera antojadiza, incurrir en afirmaciones dogmáticas, razonamiento defectuoso y exceso ritual manifiesto- no traspasan el límite de la mera discrepancia con lo resuelto por los jueces de la causa en ejercicio de funciones indudablemente propias, debiendo ser desestimadas a la luz de la ley que regula el remedio extraordinario local.

Solo resta agregar, que no debe olvidarse que no cabe proclamar un exceso ritual si los jueces apoyaron sus conclusiones en preceptos legales, no tachados de inconstitucionales y que se presumen sancionados precisamente en salvaguarda de los derechos fundamentales de los justiciables insertados en los mandatos de la Constitución nacional (cfr. A. y T. 97, pág. 156, por todos). Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta, declarando perdido para los recurrentes el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítase copia al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria) AMPLIACION DE FUNDAMENTOS DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FALISTOCCO:

Coincido con lo apuntado precedentemente, en el sentido de que los argumentos esbozados por los recurrentes resultan insuficientes para lograr descalificar constitucionalmente el decisorio atacado mediante el recurso extraordinario local.

En efecto, de una detenida lectura de la resolución impugnada se desprende que, en realidad, la Sala dio un acabado tratamiento a cada uno de los planteos esgrimidos por los quejosos, concluyendo finalmente en la improcedencia de la apelación extraordinaria deducida.

Así, en cuanto al aspecto relativo a la pretendida nulidad de la sentencia del Tribunal Colegiado por no pronunciarse sobre su pedido esbozado en la audiencia de vista de causa, es dable destacar que el Tribunal precisó que "...la crítica referida no merece atención alguna, desde que no existe quebrantamiento jurídico de las formas, cuando no consta en el acto lo que se dice haber realizado -acuse de nulidad- y que en la realidad del trámite nunca se concretó" (f. 223 vto.).

En otro orden merece destacarse que tampoco pueden prosperar los agravios de los impugnantes dirigidos a poner de relieve la omisión en que incurriera la Alzada de pronunciarse sobre sus pedidos de caducidad oportunamente impetrados, desde que se advierte que el Sentenciante desestimó los mismos precisando que "...los escritos donde se produjeron los pedidos de declaración de caducidad antes referido, merecieron las resoluciones de fs. 70/71 y fs. 84/85, ... por lo que la crítica realizada tampoco puede ser atendida, por la firmeza de tales pronunciamientos al ser consentidos por el recurrente" (f. 223 vto.).

Por último, cabe concluir que tampoco asiste razón al quejoso en cuanto aduce la arbitrariedad en que habría incurrido la Cámara al analizar "en forma antojadiza y contradictoria" la situación jurídica controvertida en relación al pedido de prescripción acaecida en el caso desde que, al respecto, se observa que la Alzada entendió que en autos "...el escrito de postulación fue firmado por uno de los apoderados de la parte actora y, la otra circunstancia apuntada -esto es, la falta de boleta de iniciación de juicio-, en modo alguno se constituye en un impedimento al promoverse la demanda (art. 3962 C. Civil) que conspire en contra de la interrupción de la prescripción, porque tal omisión fiscal desnuda un defecto formal, que no la priva a esta de su eficacia interruptiva (art. 3986 C. Civil)" (fs. 224/vto.).

En síntesis, y como se precisara, los planteos esgrimidos por las impugnantes (omisión de considerar cuestiones planteadas, interpretar la situación jurídica controvertida de manera antojadiza, incurrir en afirmaciones dogmáticas) se reducen a meros cuestionamientos que tan solo evidencian una discrepancia con el alcance asignado a las cuestiones sometidas al juzgamiento del Tribunal que éste resolvió con argumentos que en modo alguno pueden ser tildados de ilógicos o irracionales como para autorizar la apertura de esta instancia excepcional, correspondiendo, por ende, el rechazo de la queja impetrada.

Fdo.:FALISTOCCO-Fernández Riestra (Secretaria)