marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, imputado, detención, expediente, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: QUINTANA, MARIO JOSE c/  s/ PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE USO CIVIL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-09-19

No obstante lo señalado en torno a la falta de definitividad del decisorio impugnado, en tren de dar respuesta a las alegaciones de los recurrentes corresponde señalar que pese a la insistencia de éstos en afirmar que se encuentra en juego la libertad personal, no logran controvertir lo señalado por la Alzada, que al analizar la legalidad de la detención policial, partió de reconstruir históricamente el momento de la misma, diferenciando sus etapas e interpretando de manera minuciosa la normativa aplicable, para concluir en contrario a lo decidido en primera instancia, disponiendo en consecuencia el reenvío con el objeto de continuar el trámite de la medida cautelar peticionada por el Ministerio Público de la Acusación; y dichos argumentos pueden ser compartidos o no, pero no importan un supuesto de arbitrariedad al no demostrarse ni advertirse irrazonabilidad en la interpretación efectuada, ni que otra solución se hubiera impuesto forzosamente en la causa. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferrin, Dora Petrona c/ Degastaldi, Alicia B. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-07

Si bien la ley sustantiva deja en libertad a las partes para pactar los términos de la cláusula penal, autoriza a los jueces a reducir las penas cuando su monto fuera desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configurando un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor.-
Recurso de inconstitucionalidad, juicio oral, sentencia condenatoria, sentencia firme
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: N., A. E. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-21

Teniendo presente que -según surge del sistema informático de la Oficina de Gestión de la Primera Circunscripción Judicial- se han celebrado las audiencias de debate del juicio oral correspondiente, emitiendo el Tribunal sentencia condenatoria que, al ser apelada por la defensa técnica del imputado, fue confirmada por la Alzada, se advierte que las cuestiones que motivaran la interposición del presente recurso extraordinario -tal como fueran planteadas- carecen de interés actual, verificándose así la concurrencia de un obstáculo insalvable para el ejercicio de la jurisdicción por parte de este Tribunal; por lo que corresponde declarar que se ha operado en el presente caso la sustracción de la materia litigiosa impidiendo a la Corte pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso por falta de interés actual, lo cual no supone hacer propias las conclusiones expuestas en las instancias inferiores, ni formar opinión respecto de la eficacia de los cuestionamientos que con tal motivo la interesada hubiera podido oponer contra la sentencia definitiva. (Del voto de la Dra. Gastaldi)
Comunicación satelital, televisión, Internet, cuestiones de competencia, competencia federal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Directv Argentina S.A. y otros c/  s/ incidente de incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-01

La justicia federal deberá entender en la causa generada por la presentación judicial efectuada por dos empresas de televisión satelital y la Liga Nacional de Fútbol Profesional, quienes denunciaron que a través de una página de internet se podía acceder a contenidos audiovisuales pagos, sin la autorización de sus propietarios, generando un perjuicio económico. (Del dictamen de la Procuración General, al que adhiere la mayoría de la Corte)
Prueba pericial, impugnación de la pericia, valor probatorio, reglas de la sana crítica
Materia: CIVIL
Carátula: ANCHORENA DE SAIBENE Marta c/ CASA HENRI S.A s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-18

Aún cuando el dictamen pericial se encontrase impugnado y la fuerza probatoria del mismo deba ser ponderada en concordancia con las reglas legales de la sana crítica y los restantes antecedentes que obran en autos, esa misma sana crítica aconseja en principio, su aprobación en tanto tales cuestionamientos no aparezcan suficientemente fundados y no puedan oponérsela a dichas conclusiones argumentos de trascendencia que las desvirtúen.
Contratos, compraventa de automotores, círculo cerrado, entrega del bien, mora, herederos, incumplimiento del contrato, deber de información, falta de entrega del automotor, responsabilidad solidaria, responsabilidad de la administradora del plan, responsabilidad del fabricante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Del Leo, Lucía y otros c/ Volkswagen SA de Ahorro p/f determinados y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Corresponde admitir la demanda de incumplimiento contractual promovida por los herederos del suscriptor de un plan de ahorro contra la administradora del plan, la concesionaria y el fabricante automotriz, en reclamo del cumplimiento del contrato así como la entrega del rodado. Ello así, pues la propia administradora codemandada reconoció la adhesión al Plan, la notificación del fallecimiento, la vigencia del seguro de vida, los trámites internos y que la aseguradora le abonó la suma cancelatoria del Plan de Ahorro. Es decir, que se encontraban cumplidos todos los requisitos que tornaban procedente la adjudicación directa y entrega del rodado.
Recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: Verga de Cantarell, Nélida s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-05-14

Habiendo recurrido por la vía de la arbitrariedad, existe la necesidad de que el recurrente debe demostrarlo e invocarlo con precisión de manera específica y concreta. La necesidad de invocarlo y demostrarlo con meridiana claridad no es una exigencia formal, llega mucho más allá y se entronca con la esencia misma de las estructuras del andamiaje casatorio. El cumplimiento de las exigencias adjetivas y subjetivas hacen a la esencia del recurso y se fundamenta en la naturaleza excepcional y específica de este tipo de remedio.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, Convención sobre los derechos del niño, régimen penal de la minoridad
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Mendoza, Cesar Alberto y Otros c/ República Argentina s/ Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones #TIPO_TRIBUNAL: DH c/ República Argentina s/ Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones #TIPO_TRIBUNAL: DH c/ República Argentina s/ Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones Argentina s/ Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. s/ Penas de Privación Perpetua de la Libertad
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-05-14

La República Argentina ha violado los derechos a la integridad física, psíquica y moral y a la dignidad humana -artículos 5.1. y 5.2. de la Convención americana en relación con su artículo 1.1-, en perjuicio de las cinco personas que fueron sancionadas y condenadas con penas de prisión y reclusión perpetuas por delitos cometidos cuando aún eran menores de 18 años de edad pues, la prohibición de la tortura como forma de persecución y castigo, así como la de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, ha ido extendiéndose a otros campos como el de las sanciones estatales frente a la comisión de delitos, representando, la sanción de prisión perpetua junto a los castigos corporales y a la pena de muerte, penas consideradas radicalmente desproporcionadas y que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de las normas que prohíben la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Puertos, actividad portuaria, remolque asistencia
Materia: NAVEGACION
Carátula: Bus, José Ramón y otros c/ Cap. y/o Prop. y/o Arm. Bq. "Eugenio C" s/ Cobro salario de asistencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-29

El artículo 2.2.3. de las "Normas y régimen tarifario del servicio de remolque" para el Puerto de Buenos Aires se refiere a "Servicios regidos por tarifa horaria" y contempla los prestados a buques varados o con capacidad de maniobra restringida o anulada (apartado a). Y aunque estas normas no obstarían a que se considerara asistencia al auxilio a un buque varado o con dificultades de maniobra si se dieran las condiciones del artículo 376, Ley 20.094, son un elemento más que contribuye a la conclusión de que el remolque prestado a un buque varado o con dificultades de maniobra no en todos los casos alcanza a configurar una asistencia.
Derecho penal disciplinario, sanciones disciplinarias, principio de legalidad, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SCHRETER, MIGUEL A c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 423-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-04-17

La enumeración de penas del Estatuto de los Agentes Civiles de la Administración (ley 8525-79) debe considerarse taxativa porque también en el campo disciplinario rige el principio por el cual no son admisibles penas no previstas por la ley.
Contrato de trabajo, trabajador en condiciones de jubilarse, despido, interpelación, plazo, entrega del certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Gonzalez      Tizon      Luisa c/ PAMI s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-05

El término de un año otorgado por el art. 252 L.C.T. no comienza a correr si el principal no entregó la documentación necesaria actualizada a la fecha en que efectúa la intimación, puesto que de la norma se desprende que el plazo mencionado se cuenta desde la entrega efectiva de la documentación necesaria para el inicio de los trámites. Se trata de la entrega efectiva y no de la mera puesta a disposición.
Despido con causa, injuria laboral, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: C., L.A. c/ I., S.R.L. y/u Otros s/ Demanda Laboral -Indemnización por Despido-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-06-03

"Aun cuando no se comunique precisamente la causa del despido, éste, puede considerarse legítimo a condición de que se respeten los principios de buena fe de los contratantes y la finalidad del artículo 243 de la LCT. En el caso, inmediatamente después del despido por el cual se denunciaba la cesantía "con causa", se remitió otro aclarando cuál era el motivo del distracto. De ahí que el trabajador no se pueda aferrar a la ilegitimidad de la primera comunicación" . Es contraria a la buena fe que debe presidir las relaciones de trabajo la falta de especificación concreta de la conducta que se ha considerado injuriosa y justificativa del despido con causa. El primer precepto que debe ser aplicado en el supuesto de que una de las partes quisiera desligarse del compromiso que ha contraído con la otra, es, sin duda, el de la obligación de obrar de buena fe".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Valor, Víctor Hugo s/ Violación. Robo calificado. Privación ilegal de la libertad Amarilla, Estanislao Flavio o Portillo, Estanislao Flavio s/ Lesiones graves Morán, Omar Herminio s/ Violación Gallo, Aldo y otro s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27|1995-03-21|1996-05-28|1997-03-04

Es insuficiente el agravio en el que se impugna la incorporación como base de la prueba compuesta del testimonio de la víctima, si no lo acompaña el recurrente con la denuncia de transgresión de las normas procesales que regulan la prueba testimonial (art. 355, C.P.P.).
Acción civil por accidente de trabajo, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL
Carátula: Jampi Victor Eduardo c/ Pol Miguel Angel y otro s/ Accidente - Acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-19

La responsabilidad solidaria de la A.R.T. relacionada con el art. 1113 del Cód.Civil resulta de haber incumplido dicha parte la obligación de controlar el balancín en que se desempeñó el actor y de no haber hecho que se anulara el sistema de pedal, lo que era necesario para impedir que la máquina acentuara su peligrosidad y se convirtiera en un factor actual de riesgo. Por esta razón carece de relevancia que se haya capacitado al personal pues la responsabilidad no se origina en la ausencia de capacitación
Tributos, concesión de obra pública, interpretación de la ley, aplicación analógica de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Sehos S.A. c/ D.G.R. s/ Recurso de apelación judicial judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-27

En el caso, en el contrato suscripto entre la ex Municipalidad de Buenos Aires y la actora con el objeto de otorgar en concesión la construcción, conservación y explotación de una obra pública, se distingue claramente el concepto técnico de "obras" del de "mantenimiento". En su cláusula referida a obras a ejecutar y servicios a desarrollar, nuevamente se diferencian las "obras iniciales", las "obras complementarias" y los "servicios de mantenimiento y limpieza". Ello evidencia que la propia accionante ha entendido que se trata de actividades sustancialmente diferentes.

Asimismo, en el citado contrato las partes determinaron los documentos integrantes del contrato de concesión a los efectos de su aplicación e interpretación, enunciando a la Ley Nro. 17.520 sobre obras públicas realizadas por cobro de tarifas o peaje. Esta norma establece claramente en su artículo 1, luego de la reforma introducida por la Ley Nro. 23.696, una distinción entre la concesión para la construcción o explotación y la que se otorga para la reparación, conservación o mantenimiento de obras ya existentes. Esta interpretación se ve corroborada, de acuerdo a un criterio sistemático, por el artículo 9 de la Ordenanza Fiscal (t.o. por Decreto Nro. 324/98).

De acuerdo con Decreto Nro. 19.324/49, reglamentario de la Ley Nro. 13.064 de obras públicas -de aplicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nro. 70- los conceptos construcción y reparación se utilizan con significados diferentes y refieren a supuestos distintos. En sentido concordante, la Ley Nro. 17.520 sobre obras públicas realizadas por cobro de tarifas o peaje, distingue claramente entre ambos conceptos.

Toda vez que estas normas son de derecho público, no corresponde hacer una extensión analógica de las normas, conceptos o términos del derecho privado en los términos del artículo 9 de la Ordenanza Fiscal texto ordenado por Decreto Nro. 324/98, sino tan sólo una interpretación armónica de distintas fuentes normativas de derecho público, que integran un mismo ordenamiento y respecto de las cuales se aplican los mismos principios rectores.
Contratos bilaterales, obligaciones recíprocas, pacto comisorio
Materia: CIVIL
Carátula: PENTAMAR S.A. c/ ASTILLEROS Y FABRICAS NAVALES DEL ESTADO S.A. s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-21

De acuerdo con la redacción incorporada por la ley 17.711 -que es copia de la norma del art. 216 del Cod. de Comercio, según la modificación introducida por el decreto ley 4777/63-, el ámbito del pacto comisorio se puede considerar ampliado. En efecto, el concepto de prestaciones recíprocas es mas abarcador que el de obligaciones recíprocas, que caracteriza a los contratos bilaterales (art. 1138, Cod. Civil). Así, por ejemplo, un contrato real como el mutuo oneroso -que genera ventajas recíprocas- exterioriza prestaciones a cargo de los dos contratantes, aunque no haya obligaciones para ambos, pues su carácter real, la prestación a cargo del mutuante, que es constitutiva del contrato (art. 1141, del Código recién citado) y que, por lo tanto, no estaría precedida de ninguna obligación, podría ser considerada correspectiva de la obligación de restituir asumida por el mutuario (confr. arts. 2240 y 2242 del mismo código). En este ejemplo -que se menciona solo como hipótesis , si se admite la aplicación del pacto comisorio implícito, los bienes prestados, si el mutuario no cumple con la devolución en cuotas que se hubiere pactado; es decir, por la vía del pacto comisorio se podría poner en funcionamiento la caducidad de los plazos que, de ordinario, requiere que sea expresamente acordada. Esa ampliación del ámbito del pacto comisorio seria posible en virtud de que la reforma de los códigos civil y de comercio se inspiro en el modelo del código italiano de 1942, que introduce la categoría de las prestaciones correspectivas, que no tenía antecedentes en nuestro derecho.
Mandato, poder, sustitución del mandato, responsabilidad del mandatario
Materia: CIVIL
Carátula: ROUGES JORGE LUIS c/ HAGLESTROM ARNOLDO ALLAN ALFREDO s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-25

El Código Civil regula indistintamente el objeto del poder y del mandato; lo que no impide precisar que el primero, en tanto fuente de representación voluntaria, tiene como destinatarios a los terceros. A su vez, el mandato es un contrato que puede celebrarse expresa o tácitamente, y en principio no requiere formalidades.

Cuando es general, puede referirse a varios encargos expresamente descriptos, o a una función que implica varios encargos, como sucede con el poder general para pleitos, para cobranzas, para administrar bienes, o dirigir un establecimiento, que se refieren a la función del abogado, del cobrador, del administrador, del factor.

A su vez, el objeto para el cual ha sido otorgado el mandato, determina las facultades que se han conferido al mandatario, conforme a lo que es de uso y según las reglas de la buena fe.

Ello, aunque tales facultades no estén explícitamente mencionadas, y en cuanto sean necesarias para lograr la finalidad perseguida o sean inseparables de ésta. En tal sentido, el art. 1889 del C.C. es amplio al establecer que pueden ser objeto del mandato todos los actos lícitos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación o extinción de derechos.

Estos conceptos se aplican a la relación de submandato; que si bien encuentra límite en la relación base mandante-mandatario, no importa sustitución del segundo, como destacara reiteradamente el Tribunal a quo: se trata de una modificación subjetiva que no releva al sujeto pasivo de la obligación de cumplir el encargo. Por ello, en el subapoderamiento no existe típicamente una sucesión sino accesión; es una delegación no liberatoria; toda vez que el mandatario permanece obligado frente al mandante por los hechos del submandatario, de quien es garante.

Ello así, cuando existe representación, el sustituto es representante del principal dentro de los límites del poder original: la cooperación material es el encargo. En este caso no hay modificación subjetiva alguna en la parte contractual, pero existe una persona que colabora con la otra en el cumplimiento.

El mandatario es responsable por los actos de quien colabora con él: conserva la facultad de sustitución y el deber de vigilancia (art. 1925, C.C.). Esta sustitución puede ser total o parcial, y su fin práctico es facilitar la realización del encargo.
Resoluciones posteriores a la sentencia definitiva, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Vecinos de Allen c/ YSUR Energía Argentina S.R.L. y otros s/ acción colectiva ambiental (c) s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-10-01

Este Superior Tribunal de Justicia ha señalado que conforme al artículo 166 del rito que regula la actuación del juez posterior a la sentencia, pronunciada esta, concluye la competencia de aquel respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla. Claro está, con las salvedades que previene la propia norma corregir de oficio o a pedido de parte, errores materiales; disponer la traba de alguna medida cautelar; sustanciar los recursos, etc. (cf. STJRNS1: Se. 53/15 "SCAGLIONE"). (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Juicios contra el Estado, honorarios del abogado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Estado Nacional s/ cobro    de    australes  -  coparticipación  federal  de  impuestos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Corresponde intimar al Estado Nacional para que de cumplimiento a la condena al pago de honorarios del letrado, en la forma y plazos previstos en la ley 23.982 y sus decretos reglamentarios 1639/93, no obstante el acuerdo realizado entre el demandado y la provincia ya que otorgarle eficacia vinculante respecto de este importaría desconocer la aplicación al caso de normas expresas de derecho sustancial que no pueden ser olvidadas (arts. 851, 1195 y 1199 del Código Civil).
Veredicto, nulidad de oficio, sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Torre Francisco c/ Consorcio Propietarios Edificio 'Gulfi VIII' s/ Cobro de sueldos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08

Corresponde declarar la nulidad de oficio del veredicto y sentencia del tribunal del trabajo si la primera de las aludidas piezas procesales carece de los elementos de juicio necesarios para la decisión del litigio, a omitir no solo evaluar los distintos medios probatorios que debieron ser motivo de examen e interrelación sino también la exposición de conclusiones claras, resultando además autocontradictorio, impidiendo de ese modo a la Suprema Corte el ejercicio de su potestad revisora.
Ejecución fiscal, medidas cautelares, acto administrativo, presunción de legitimidad, interés público, verosimilitud del derecho invocado
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: G.C.B:A. c/ Ares, María F. s/ Ejecución fiscal Ticketek Argentina S.A. c/ G.C.B.A. s/ Impugnación de Actos Administrativos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-09|2001-07-17

En materia de reclamos y cobros fiscales, y tal como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los recaudos necesarios para la adopción de medidas cautelares deben apreciarse con mayor estrictez, por la presunción de legitimidad que tienen los actos de la Administración y la consideración del interés público involucrado.

En el caso, no existen elementos suficientes como para tener por acreditados -con la provisionalidad propia de este estadio de análisis- los requisitos de viabilidad de la medida requerida.

Ello así por cuanto la apelante, si bien ha alegado la arbitrariedad de la sanción recurrida, no indica cuáles son los hechos que permitan considerar prima facie que existe la suficiente verosimilitud en el derecho que invoca, sino que tan sólo argumenta discrepancias con la solución arribada por el organismo recaudador.

En el sub examine, no puede inferirse que el tiempo que insuma la tramitación normal de la causa torne ilusoria una sentencia a favor de la apelante, o que produzca un daño extremo no susceptible de reparación ulterior. No se advierte que se encuentre la recurrente en peligro de sufrir un daño inminente e irreparable por la demora, razón por la cual no pueden considerarse reunidos los requisitos para la procedencia de la medida intentada.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, impuestos, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Firestone de la Argentina SAIC. s/ recurso de apelación -IVA.- medida de no innovar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

Procede el recurso extraordinario, pese a que el debate verse sobre los arts 176 y 149 de la ley 11.683 que son normas federales de índole procesal, si lo decidido compromete instituciones básicas de la Nación, lo cual sucede cuando median cuestiones de gravedad institucional.