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Honorarios, regulación de honorarios, juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Canulo, José Antonio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Regulación  de honorarios - Recurso de Reposición (Expte. C.S.J. Nº 242 Año   1986)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-15

La cuantía del juicio para efectuar la regulación de honorarios por los trabajos profesionales en las causas susceptibles de apreciación pecuniaria es "la cantidad reclamada en la demanda o en la reconvención o la que resultare de la sentencia si fuera mayor", según lo establece el artículo 8 de la ley 6767. En el caso, tomando como cuantía del juicio los importes de las liquidaciones practicadas y aprobadas, y adicionándole los intereses correspondientes, de conformidad a lo dispuesto por el citado artículo 8 y siguiendo los lineamientos de lo expresado por la Corte local en la causa "Cena", los montos justipreciados encuadran perfectamente en lo establecido por la escala legal, por lo que cabe rechazar la revocatoria interpuesta contra el auto regulatorio.
Contienda negativa de competencia, emergencia sanitaria, coronavirus, política sanitaria, juzgado de garantías
Materia: PROCESAL-PENAL-SALUD PUBLICA
Carátula: N.N. c/  s/ incidente de incompetencia - Denunciante: Fernández, Jorge Abel
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-13

En el marco de un conflicto negativo de competencia entre un juzgado de garantías de la cuidad de Junín, Provincia de Buenos Aires, y el juzgado federal de la misma localidad, suscitado en una investigación penal referente a ciertas decisiones que habrían sido adoptadas por una autoridad local en ejercicio de sus funciones y que infringirían, a criterio del denunciante, las normas nacionales de política sanitaria relativa a la gestión de la pandemia del coronavirus, cabe determinar que resulta competente el juzgado de garantías, puesto que, a la luz de las constancias de la causa, no resulta posible apreciar la puesta en peligro de intereses nacionales o alguna otra circunstancia que haga surtir la jurisdicción federal, de naturaleza excepcional y restrictiva
Competencia, demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESTADO NACIONAL (SECRETARIA DE INTERESES MARITIMOS) c/ COOPERATIVA    MARPLATENSE    DE   PESCA  E  INDUSTRIALIZACION  LTDA. s/ DESALOJO - COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-18

Para fundar la competencia de los tribunales ha de estarse a los hechos en que se funda y al derecho que invoca la actora y si éste lo hace en artículos del Código civil, la competencia corresponde al fuero civil y comercial federal.
Proceso contravencional, prueba, declaración testimonial, autoridad de prevención, derechos y garantías constitucionales, testimonio incorporado por lectura, principio de oralidad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: N., R. M. s/ Artículo 75
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-22

Desde el inicio de la instrucción, los únicos elementos probatorios existentes son las declaraciones testimoniales de los agentes de prevención, dichas declaraciones, en el momento de ser prestadas en sede fiscal, fueron hechas sin la presencia del imputado ni de su defensor, lo cual constituye un impedimento para su posterior incorporación en la audiencia de debate mediante lectura, puesto que éste nunca tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa (garantía constitucional establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional, cuyo correlato procesal está expresado en la máxima nemo iudex sine actore).
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, separación de hecho, cómputo del plazo, interposición de la demanda
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., F.A. c/ S., A.N. s/ DIVORCIO ART. 214, INC.2º CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-14

Si al momento de interponerse la demanda de divorcio en los términos del art. 214, inc. 2° del Código Civil no han transcurrido los tres años que exige la norma, el juez al dictar sentencia haría lugar a una demanda que era improponible en su origen. Ello implicaría desnaturalizar las normas que rigen el principio dispositivo y el debido proceso legal permitiendo a una parte -el actor- desnaturalizar los presupuestos que integran recaudos de admisibilidad del derecho sustantivo por la sola intervención procesal, más tarde, de hechos modificativos sobrevenidos durante el lapso del proceso.
Accidente de tránsito, autopistas, prioridad de paso, rotonda
Materia: CIVIL
Carátula: V.D.A. c/ Perez Díaz Vicente s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2021-11-08

Corresponde rechazar la apelación y confirmar la sentencia de grado que rechazó la demanda atento a que no existe en la zona del accidente señalización y que el Conector Sur "15 de Febrero" no tiene el carácter de semi-autopista, en consecuencia la prioridad de paso la tenía el demandado por encontrarse circulando por la rotonda próximo a salir de ella y porque la actora recién estaba atravesando la primer mano de calle Cabot en sentido sur-norte.
Filiación extramatrimonial, reconocimiento de hijo extramatrimonial, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: O.G.T. c/ P.E.R. s/ FILIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-02

Corresponde tener por acreditada la paternidad atribuida al accionado si del propio reconocimiento de éste y de la prueba testifical se demuestra la existencia de terreno propicio para el acercamiento entre las partes con concreción de relaciones íntimas en la época de la concepción del menor, máxime si el accionado se negó a la prueba hematológica y no alegó imposibilidad de acceso carnal con la accionante al tiempo de la concepción ni la exceptio plurium concubentium, extremos éstos que, debía acreditar.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, bolsas de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-AGRARIO
Carátula: LUCERO, MARCELINO PEDRO c/ COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE MARIA SUSANA LTDA. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-03

Corresponde rechazar la queja desde que se encuentra suficientemente acreditada la vinculación permanente del actor con la Cooperativa demandada, aun cuando el acercamiento entre las partes de la relación laboral se hubiere producido por la intermediación de la bolsa de trabajo del Sindicato, pues la circunstancia de encontrarse inscripto en la referida bolsa no opera "per se" como elemento que permita desmoronar lo concluido por los judicantes en cuanto a que la relación laboral rural establecida -acreditada por la totalidad del plexo probatorio reunido en autos- había adquirido el carácter de permanente por su vocación de continuidad y perduración a lo largo de tantos años. En efecto, el derecho del trabajador permanente a desempeñarse en las labores cíclicas o estacionales propias de los no permanentes o a integrar equipos o cuadrillas formados a esos fines, no mengua su calidad de permanente ni las protecciones legales (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Spuler y Gutiérrez).
Confirmación de sentencia, personería gremial, asociaciones sindicales
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor  c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social  s/ otros reclamos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-05

La actora persigue la nulidad de la disposición 44/2018 en defensa de la personería gremial de SMATA que habría sido invadida por UOYEP al suscribir el CCT N° 751/2018. El Juez de grado rechazó su pretensión. La controversia se funda en un conflicto de encuadramiento sindical entre dos asociaciones con personería gremial, el cual se encuentra previsto en el art. 59 de la ley 23.551. El encuadramiento sindical ha sido definido como un conflicto de derecho entre dos o más asociaciones, que gira en torno a la capacidad que emana de sus respectivas personerías y que concierne a la representación de determinado grupo de trabajadores, que debe ser resuelto cotejando las decisiones administrativas que las acuerdan. Lo esencial reside en no perder de vista que el encuadramiento sindical hace a la precisión del interlocutor colectivo y que la decisión que pone fin a la controversia no debe tener otra consecuencia más que la de fijar qué asociación sindical será llamada, en lo sucesivo, a representar a los trabajadores de determinada actividad, oficio, empresa o establecimiento. Se trata de determinar si quienes se desempeñan en establecimientos en los que se fabrican y ensamblan autopartes -sean éstas de plástico o de cualquier otro material-se encuentran comprendidos en el ámbito de representatividad de (UOYEP-Unión Obreros y Empleados Plásticos) reconocido por la resolución ministerial que le otorgó la personería gremial, o si ello vulnera derechos emergentes de la personería gremial de SMATA. La entidad sindical actora no acreditó el agotamiento de la vía asociacional que prescribe el art. 59 ley 23.551, circunstancia que, indudablemente sella la suerte adversa del recurso. No surgen elementos para afirmar que el proceder administrativo, en uso de las potestades que le son privativas, presente una arbitrariedad o antijuridicidad ostensible que autorice a disponer la nulidad de un trámite de negociación colectiva que concluyó en la homologación de un convenio, en los términos de la ley 14.250. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., A. E. c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR USO DE ARMA DE FUEGO, LESIONES GRAVES AGRAVADAS POR USO DE ARMA DE FUEGO-APELACION DE SENTENCIA DECLARATIVA DE AUTORIA PENAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-18

Al estar involucrada la tutela efectiva de mandas constitucionales, y tal como ya se resolviera en el precedente "Villalba", corresponde hacer excepción al reenvío de la causa al tribunal subrogante para que sea nuevamente juzgada y, en cambio, utilizar la solución prevista legalmente para los casos de revocación de la sentencia con reenvío al mismo tribunal para que dicte una nueva conforme a la doctrina constitucional sentada por esta Corte. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Spuler y Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: Villalba, AyS T 294, p 1. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 12
Concursos, quiebra, honorarios, deberes del síndico del concurso, pretensión resarcitoria, proyecto de distribución, fondos del concurso, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CCR SA c/  s/ quiebra s/incidente de verificación de crédito fossati, guido angel damian y otro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-24

Corresponde revocar la decisión por medio de la cual el magistrado de grado denegó el pedido de regulación de honorarios efectuado, dejando establecido que la determinación de dichos emolumentos se efectuará en el proceso falencial y en la oportunidad prevista por la LCQ 265-3°. Sin perjuicio de que esta Sala comparte los fundamentos de la doctrina plenaria volcada in re "Cirugía Norte SRL s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Verificación por Dirección Nacional de Recaudación Previsional", lo cierto es que -en el caso-, más allá de que las costas deben ser soportadas la fallida, no se advierte óbice para admitir la regulación pedida. En efecto, la actuación que la sindicatura tuvo en autos no pudo ser valorada al momento de las regulaciones de honorarios efectuadas en los autos principales en oportunidad de la LCQ 265 en orden al proyecto de distribución final presentado y luego al complementario, puesto que la misma resultó posterior a la revisión por esta Sala de los honorarios fijados por la distribución complementaria (cfr. arg. esta Sala F, mutatis mutandi, "Grumer SRL s/ conc. Prev. s/ inc. de rev. por GCBA", del 10/12/18). Consecuentemente, a criterio de esta Sala y en este especial supuesto cabe admitir la regulación pedida por la sindicatura (cfr. arg. Esta Sala F, mutatis mutandi, "Grumer SRL s/ conc. prev. s/ inc. de rev. por GCBA", del 10/12/18), dejándose establecido que los honorarios que se regulen deberán ser tenidos en cuenta en el supuesto de que exista una nueva distribución complementaria en el marco de la quiebra.
Garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración, independencia del Poder Judicial, reforma de la constitución, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ ANSeS s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

La reforma de 1994 no sólo mantuvo la garantía de la intangibilidad de la remuneración de los jueces en los términos que fue concebida en el texto de 1853, sino que, además, reafirmó el propósito de asegurar su independencia, objetivo éste al que está orientada esa garantía, por lo que una interpretación armónica del texto constitucional tras la mencionada reforma conduce sin dudas, y con mayor fuerza aun, a sostener y ratificar el criterio que, en forma pacífica, adoptó la Corte Suprema (Voto de los Dres. Juan Carlos Poclava Lafuente y Jorge Ferro).
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, ley provincial, constitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ATE. San Juan, Secretario General Héctor Sánchez s/ juicio político - inconstitucionalidad. juicio político - inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

Carece de fundamentos el recurso extraordinario si no se ha impugnado la validez constitucional de las normas provinciales aplicadas, ni el fallo de la corte local revela arbitrariedad, ya que los agravios sólo constituyen la mera proposición de una interpretación diferente de la seguida por el a quo respecto de determinados preceptos de la legislación local.
Régimen de consolidación de deudas, honorarios del abogado, obligaciones accesorias, banco central, entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Cardinale, Miguel Angel c/ Banco Central de la República Argentina s/ demandas contra el BCRA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que, partiendo de la premisa -no declarada -de que el crédito por honorarios constituía un accesorio de la obligación cuyo cumplimiento se había demandado en el proceso, afirmó que el fondo para hacer efectiva la garantía establecida por el art. 56 de la ley 21.536 configuraba uno de los supuestos de excepción al régimen de la consolidación sancionado por la ley 23.982 (art.

1°, inc. b).
Competencia, medidas cautelares, recurso directo
Materia: PROCESAL
Carátula: "Metrogas SA c/ Resolución 1260/10 -ENARGAS (Expte. 16.154/10)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-23

Al ser esta Cámara el tribunal competente para entender en la acción judicial, de instancia originaria directa ante ella, que traduce el denominado "recurso" que prevé el art. 70 de la ley 24.076, le corresponde también a esta Sala entender en la medida precautoria que plantea la actora en el marco de esa acción principal que ante ella ha quedado radicada (art. 6, inc. 4 del C.P.C.C.N.) (Del voto del juez Buján, Cons. II).
Docentes, antigüedad, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BIASE, MARIELA FERNANDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-23

La Constitución no considera que establecer un mismo punto de partida es sinónimo de igualdad, sino que -por el contrario- el Estado debe tomar medidas de acción positivas e igualadoras a fin de cumplir con la manda establecida en el artículo 75, inciso 23 de la Carta Magna; y así, dado que los docentes del sector público ingresan conforme las pautas impuestas por la ley 8927 basadas en complejos y exigentes sistemas de prueba de la idoneidad (como son los concursos, base sobre la cual se constituyen los escalafones) y los del sector privado rigen su ingreso -mayormente- por la libre elección del propietario del establecimiento (sin otro mayor requisito que el título habilitante) según surge de la ley que los rige, esto es, la 6427 y demás normas que regulan el ingreso al sector educativo privado, el Ministerio de Educación le haría un flaco favor al derecho a la igualdad si no tendiera a reparar las diferencias propias del sistema. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional, artículo 75, artículo 23; Leyes 8927 y 6427. - Jurisprudencia Concordante con Burggi, AyS T 284, p 63/73, sumario J0044288 y Saez, AyS T 284, p 281/294, sumario J0044226.
Obligaciones condicionales, presupuestos de responsabilidad, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Limpiolux SA c/ Coto Centro Integral de Comercialización SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-25

La solidaridad nunca se presume y que la misma -para existir - debe surgir de manera expresa por acuerdo de partes o bien de la ley, situaciones ambas que no se configuran en autos. Por ende, no es posible crear la solidaridad a partir de un pronunciamiento judicial pues la solidaridad emana de la voluntad de las partes que han constituido la obligación con esas características o, de la ley.

Así, las resoluciones judiciales y las sentencias no hacen sino declarar la solidaridad cuando ella resulta, expresamente, de algunas de las fuentes mencionadas (CNCom, Sala B, in re "Herrera, Alejandra Edith c/ ITETE Instalaciones y Tendidos Telefónicos SA y otro s/ ordinario", 20-9-18; y sus citas).

De tal modo, no cabe mutar el régimen de responsabilidad autónoma vigente en cabeza de cada ente por las obligaciones asumidas individualmente (en igual sentido: CNCom, Sala B, in re "Vera, Azucena Beatriz c/ Servicios Multistore y otro s/ ordinario", 30-12-09; y sus citas).
Contrato de trabajo, ejercicio profesional, relación de dependencia, locación de servicios, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: LABORAL
Carátula: BARREYRO, SANTIAGO EDMUNDO c/ GALENO ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-22

El hecho que el trabajador presentara sus facturas por honorarios no altera la naturaleza jurídica de la relación que medió entre las partes, ni permite concluir que se trataba de una locación de servicios, puesto que no interesa la calificación que las partes involucradas den a la relación ni la forma en que llamen a la retribución por el servicio prestado, sino que lo relevante es la esencia de la vinculación que, en tanto traduzca una subordinación jurídica, es decir, una sujeción actual o potencial a directivas jerárquicas, importa una relación laboral de carácter dependiente.
Derecho administrativo, empleo público, diferencias salariales, docentes, adicionales de remuneración, declaración de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, procedencia del recurso, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Mazza, Roberto Horacio y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Cuando un pronunciamiento judicial viene a extender los rubros de la retribución por encima del modo en que fueron fijados por la autoridad política competente viene necesariamente a obrar contra la ejecución presupuestaria, razón por la cual es especialmente aconsejable obrar con la máxima prudencia cuando el fallo no corrige una injusticia en una situación individual, sino que viene a sentar un criterio que abarca una categoría general de situaciones. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, por remisión a los fundamentos brindados en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Ruiz, María Antonieta c/ GCBA s/ cobro de pesos'", expte. n° 3879/05, sentencia del 14 de septiembre del 2005).
Derecho contravencional, prescripción
Materia: CONTRAVENCIONAL-CIVIL
Carátula: NARVÁEZ, Hidalgo, Carlos M. - "Finca El Vergel" (Hoy Videla, Guillermo) s/ Infracción al art. 106 de la Ley Prov. Nº 7.819
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-26

El hecho se subsumió bajo la figura contravencional, de ahí que la acción prescriba a los dos (2) años desde la comisión de la falta. Cabe descartar la existencia de causales de interrupción de la prescripción ya que el encausado ha estado siempre a derecho. Las actuaciones se iniciaron a raíz del hecho ocurrido el 3/1/2010 y a la fecha de la interposición del planteo prescriptivo deducido por el imputado el 29/9/2014 ha transcurrido holgadamente el plazo de dos años que el C. de F. fija a los fines de tener por prescripta la acción contravencional.
Actos jurídicos, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramos, Roberto Martín c/ Bagnardi, Martín s/ Acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Las distinciones doctrinarias entre actos jurídicos nulos e inexistentes surgida como consecuencia de la reforma al art. 1.051 Ley 17.111), no logran desvirtuar el concepto de nulidad contenido en el Código Civil. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Locación de servicios, obligaciones intuitu personae, despachante de aduana, extinción del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: PALOMINO DE GERVASIO, ESTHER ANGELICA c/ SOCIEDAD MIXTA SIDERURGIA ARGENTINA (SOMISA) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-21

SOMISA tuvo especialmente en cuenta las condiciones personales del señor Gervasio para suscribir el contrato. Ello así, no sólo porque aquél revestía la calidad de despachante de aduana -indispensable para prestar los "servicios" o realizar la "obra" que, precisamente, constituía el objeto de las órdenes de compra-, sino también porque en forma expresa la primera de estas, a cuyas condiciones se sujetaron las posteriores que lo favorecieron, previó que los "servicios profesionales" serían "a cumplir por sí y por intermedio de todo el personal a sus órdenes que sea necesario".

Siendo aquí la característica principal el desempeño "por sí" de las actividades, con la posibilidad accesoria o secundaria de valerse del personal de su dependencia que fuera necesario para llevarlas a cabo.

Resultando imposible la recíproca, es decir que aquí "el orden de los factores alteraba el producto": si el designado en la orden de compra no se hubiere hallado habilitado para actuar "por sí", tampoco podía hacerlo el personal a sus órdenes. Con lo cual va dicho que el contrato celebrado lo fue "intuitu personae", como generalmente lo son los de locación de obra o de servicios, que tienen principalmente en cuenta las aptitudes personales del locador (cfr. Salvat, R.-Acuña Anzorena, A., "Tratado de Derecho Civil, Contratos", 4a. ed., T. II, N. 1202/1203). Y resulta claro para mi que, muerto el locador, sus herederas no podían desempeñar "por sí" el cometido pactado, toda vez que no reunían los requisitos exigidos por los arts. 36 y siguientes, Código Aduanero, careciendo de todo relieve la circunstancia de que pudieran contratar a un despachante inscripto para realizarlas. En tales condiciones, las actoras no pueden esgrimir a su favor la facultad que otorga a los herederos "del empresario" el art. 1141, del Código Civil (cfr. asimismo, sus arts. 626 y 1195), habiendo quedado disuelto el contrato por la muerte de éste (art. 1640 del mismo cuerpo legal.