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Jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, reforma de la constitución, grupos vulnerables, Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, discriminación de la mujer, obligaciones internacionales, derechos de la mujer, violencia de género
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Constructora Friedrich SRL y otros  c/  s/ infracción Ley 24769
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-04

A partir de la reforma constitucional de 1994 y con el otorgamiento de jerarquía constitucional a diversos instrumentos sobre derechos humanos, debe resaltarse la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer cuyo objeto primordial es erradicar cualquier tipo de discriminación, dado que su persistencia vulnera el principio de igualdad y el respeto a la dignidad humana, dificultando la participación del colectivo más numeroso que tienen todas las sociedades -Mujeres, niñas, adolescentes, ancianas-, a la participación en la vida del país, en igualdad de condiciones con los varones.
Prueba, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: BASO ROBERTO c/ MORGNI ROBERTO GUILLERMO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-03-16

Para que proceda la apertura de la prueba en segunda instancia, debe concurrir ciertos requisitos especiales como ser: 1) de un acontecimiento, dato o circunstancia con valor jurídico para el caso. 2) que tenga relación con la cuestión que se ventila. 3) que no importe variar la litis, por la alteración de sus elementos sujeto, objeto, causa. 4) que siendo anterior a la litis, haya sido ignorado antes y conocido posteriormente al período correspondiente a primera instancia para hacerlo, o resulte un hecho sobreviniente a tal plazo (Ramaciotti t. III p. 542/43). Con respecto a este último requisito, es necesario tener en mira el art. 176 del C.P.C. o sea que no haya sido posible ofrecer dicha prueba dentro del plazo de excepción que establece esta última norma (o sea dentro de los tres primeros días de la apertura a prueba).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derechos de las partes, proceso penal, debido proceso, derecho de peticionar, juicio previo
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Espósito, Miguel Angel s/ Recurso de hecho s/privación ilegal de la libertad reiterada en 73 oportunidades - Causa N° 2018
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-07

No se observa cual puede ser la base para otorgar distinto tratamiento a quien acude ante un tribunal peticionando el reconocimiento o la declaración de su derecho -así fuere el de obtener la imposición de una pena- y el de quien se opone a tal pretensión, puesto que la Carta Fundamental garantiza a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma, cualquiera que sea la naturaleza del procedimiento -civil o criminal- de que se trate.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, impulso procesal, elevación en apelación, segunda instancia, incidente de caducidad, caducidad de instancia, terminación del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: PERRONE, JOSEFINA BETSABE c/ GUTIERREZ, MARCELO DAVID s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-07-06

La circunstancia que la segunda instancia se abre a partir de la fecha de interposición del recurso de apelación ( art. 310 CPCC), y es carga que pesa sobre el recurrente realizar las diligencias procesales idóneas a fin de activar el juicio para que sea elevado al superior y procurar que se realicen los actor y los trámites necesarios que anteceden al dictado de la resolución (conf. CApelCC, Salta, Sala III, tomo 2000, fl.290, entre muchos otros).	Y, la confección de la cédula de notificación pendiente en autos, constituye una carga para el apelante; respecto ello, nuestro más alto Tribunal ha expresado entre otros conceptos que "si los impugnantes no presentaron la cédula para notificar la radicación de los autos ante el tribunal, es de su exclusiva responsabilidad, pues la carga de impulsar el proceso incumbe a la parte que interpuso el recurso" (CJS Tomo 117; 1002).
Relación de causalidad, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Lezcano, Daniela c/ GCBA s/ Daños y perjuicios (excepto res. médica) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

Es a la parte actora a quien le incumbe la carga de la prueba del hecho y que éste ocurrió como lo invoca, pues el daño tiene que ser consecuencia real y efectiva del hecho y no solamente posible. (Del voto en disidencia del juez José Osvaldo Casás, al que adhiere la jueza Ana María Conde)
Concursos, declaración de quiebra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: M.C.B.A. c/ Banco Avellaneda S.A. s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-12-10

Que todos los procesos patrimoniales continúen en forma autónoma, más allá de la firmeza de la quiebra significa tanto como negar el entero Derecho de Quiebras. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Locación, depósito judicial, obligaciones del locatario
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACROH ARG. S.A. c/ EXACTUS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/ CONTRATOS. LOCACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-05

La fórmula utilizada por el Código Civil: 1600 -"podrá ponerla (la cosa) en deposito judicial"- cesando así la responsabilidad del locatario, no debe llevar a considerar que el mentado depósito de la cosa es una facultad que aquél puede o no ejercer. Antes bien, es una carga legal cuyo cumplimiento es necesario para liberar su responsabilidad por los arriendos o rentas.
Recurso de casación, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Francia, Luisa C. de y Otros c/ Jerez, Dante Cirio y/u Otro y/o Q.R.R. s/ Interdicto de Retener la Posesión - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-12-15

En el recurso de casación, las cuestiones de hecho son de competencia exclusiva de los jueces de mérito, en cuya apreciación son soberanos. La regulación de honorarios pertenece al ámbito de los hechos, está reservada a los jueces de grado y resulta irrevisable en principio en casación, ya sea respecto de su cuantía como en relación a las bases adoptadas para fijarlas, salvo supuestos extremos de absurdo que justifiquen y demuestren claramente la negativa a la retribución del trabajo profesional o cuando los montos son desproporcionados con el valor del juicio y la naturaleza de la labor cumplida.
Recurso de apelación (procesal), facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Segundo, Carlos Adrián c/ Ingenio San Martín del Tabacal s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-06-27

El tribunal a quem debe ceñirse, si, a los puntos objetales, pero dentro de ellos tiene amplias facultades, iguales a las que sobre la materia tenía el a-quo. El Juez de la apelación puede utilizar distintos fundamentos de derecho de los invocados por las partes y por el juez de primera instancia.
Honorarios, cobrador fiscal, AFIP
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Redruello,  Jorge  Neris  Alejandro  y  otros c/ AFIP DGI-Disp.290/02 s/ proc de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-03

La reglamentación efectuada por medio de la disposición 290/02 de la Administración Federal de Ingresos Públicos no vulnera el derecho a los honorarios que les reconoce a los agentes fiscales el art. 98 de la ley 11.683.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, impuestos, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS (API) c/ ANTOLIN FERNANDEZ S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-12-07

Es inadmisible la queja interpuesta, desde que la postulación de la compareciente -arbitrariedad del pronunciamiento impugnado por apartamiento de la solución normativa prevista en la legislación común en lo que refiere a causales de interrupción y suspensión de la prescripción de las acciones para el cobro de los tributos locales- no logra desmerecer con sólidos argumentos la decisión a que arribara la Sala, que en nada luce contradictoria ni violatoria de la interpretación adoptada por el Alto Tribunal in re "Filcrosa" y su jurisprudencia consecuencial, evidenciando tan sólo el mero disenso de la impugnante con la interpretación que efectuaran los jueces de la causa, cuestión insusceptible de revisión por esta instancia. (Citas: CSJN Filcrosa, Fallos 326:3899)
Contrato de trabajo, buena fe contractual
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Larralde de López, Alicia y otros c/ Ferrosur S.A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

La buena fe debida, ingrediente de orden moral indispensable para el adecuado cumplimiento del derecho, reviste carácter esencial en las relaciones laborales porque es preciso tener presente que el contrato de trabajo no crea sólo derechos y obligaciones de orden exclusivamente patrimonial sino también una vinculación personal que al prolongarse en el tiempo necesita de la confianza y lealtad recíproca de las partes.
Concursos, actuaciones administrativas, aplicación de la ley, grupo económico, delegación de deudas, habilitación de instancia, instancia administrativa
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Obra Social del Personal de la Actividad Vitivinicola  c/ Estado Nacional Argentino  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-28

Corresponde admitir la demanda promovida por una obra social en reclamo de las deudas previsionales generadas por ciertas sociedades integrantes del Grupo Greco, cuyos pasivos fueron asumidos por el Estado Nacional mediante las leyes 22229, 22334 y el decreto nro. 1316/98, y en tanto las actuaciones administrativas promovidas a fin de cobrar estas acreencias concluyeron por caducidad.

Ello así, pues surge de la prueba colectada que un miembro ejecutivo de la Comisión Ad Hoc creada por el Ministerio de Economía para aprobar los pagos, reconoció la legitimidad de las deudas reclamadas por la obra social mediante un convenio de pago. Tales actuaciones fueron ratificadas por resolución de la referida comisión al instruir su ejecución (cfr. ley 19549: 19-a). Todo ello implica el reconocimiento de la obligación de pago por el Estado Nacional (CCIV 718).

En ese marco, cabe rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Estado Nacional en razón del plazo decenal del CCIV 4023, y de la ley 23660: 24, pues el CCCN 3989 establece que el reconocimiento que el deudor hace del derecho de aquel contra quien prescribía interrumpe el cómputo del plazo de prescripción. Y su aplicación analógica a las relaciones administrativas es admisible conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallos: 345:923, "Televisión Federal SA"; entre otros). Así, la celebración de los convenios en conjunción con las resoluciones de la Comisión Ad Hoc implicaron la interrupción de los plazos de prescripción respectivos.

De su lado, la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) prevé que las actuaciones practicadas con intervención de órgano competente suspenden los plazos legales y reglamentarios, inclusive los relativos a la prescripción; y que estos se reiniciaran a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de caducidad (ley 19549: 1, ap. e, núm. 9). Este efecto suspensivo ha sido calificado en la jurisprudencia como un "principio general del derecho administrativo" (CNCAF, Sala III, "Pescapuerta Argentina SA c/ SAGPyA - Disp 304/07", 13/04/10, en La Ley Online AR/JUR/14958/2010). Ello sucedió en la especie con la promoción de los respectivos reclamos administrativos.
Ejecución de sentencia, ampliación de la ejecución, ampliación posterior a la sentencia, vencimiento de nuevas cuotas
Materia: COMERCIAL
Carátula: LIBOVITZKY, BEATRIZ c/ BANCO HIPOTECARIO SA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-16

Una vez dictada la sentencia de remate, solo puede ser ampliada la ejecución respecto de las prestaciones de vencimiento posterior. Siguese de ello que el ligamen causal entre las distintas cuotas es esencial, porque el ordenamiento procesal solo autoriza ampliación de la ejecución en las obligaciones de tracto sucesivo, al producirse el vencimiento de nuevos plazos convenidos (esta sala, 29.2.96, "Colantore, Pablo c/ Feler, Fanny s/ Ejec."; Falcon, Enrique, "Código procesal civil y comercial de la nación", t. iii, p. 664 y ss.). Así cuando, como en el caso, se amplió la ejecución con posterioridad al dictado de la sentencia de trance y remate procurando extender sus efectos a cupones de intereses y capital vencidos con anterioridad a la interposición de la demanda, es claro que no se configura el supuesto especificamente contemplado por el cpr: 541, esto es que se trate de prestaciones de vencimiento posterior a la sentencia.
Recurso de inconstitucionalidad, desindexación, pago por consignación
Materia: PROCESAL
Carátula: Cosenza, Carlos Alberto c/ González, Ricardo y/u otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Daños y perjuicios (Expte. CSJ No.   292-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-20

Merece reproche el razonamiento del juzgador de baja instancia que discurrió por un andarivel distinto a los solicitado toda vez que no se circunscribió a juzgar el "thema decidendum", es decir, la apertura o no de la incidencia sino que, directamente, rechazó la pretensión desindexatoria por ausencia -a su juicio- de un requisito de admisibilidad de la misma: la consignación del pago del valor real y actual del bien comprometido. Sobre todo porque la postura adoptada se nutre en doctrina que resulta inaplicable al caso toda vez que contempla un supuesto distinto al acontecido en la especie:

pretensión desindexatoria decidida con posterioridad a la sentencia.
Jornada de trabajo, horas extra, prueba, confesión ficta
Materia: LABORAL
Carátula: MALLORQUIN, LEONARDO c/ CUEZUOL  S.R.L. s/ LEY 22259
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-13

La simple confesión ficta de las posiciones resulta insuficiente para tener por acreditadas las horas extras denunciadas como cumplidas en la demanda.
Autoridad administrativa, amparo colectivo, legitimación procesal, impugnación del acto administrativo, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Padec c/ c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ s/ Otras demandas contra la aut. administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-09

El control judicial de las cláusulas de los contratos de consumo, en este caso, de contratos bancarios, es particularmente relevante de cara a garantizar los derechos de los usuarios y consumidores que se encuentran en una situación de subordinación estructural (conf. art. 42 de la Constitución Nacional). (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, acción de amparo, interventor judicial, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en BARILA SANTIAGO c/ GCBA s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

Corresponde rechazar la queja porque no logra poner en crisis la resolución que denegó su recurso de inconstitucionalidad por no contener el planteo de una cuestión que suscite la competencia de este estrado. Para ello, el GCBA recurrente debió mostrar que la decisión que en último término cuestiona (que ordenó a que se proceda a la designación de un interventor, en los términos del art. 208 del CCAyT, a fin de contar con la información sobre las medidas concretas y positivas que progresivamente se fueran adoptando para dar estricto cumplimiento a la ley n° 1502 y a la ejecución de la sentencia dictada con motivo de la resolución de este Tribunal en autos "Barila, Santiago c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 6603/09, sentencia del 04/11/2009) había controvertido sea la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución Nacional o en la de la Ciudad, o la validez de una norma o acto bajo la pretensión de ser contrarios a tales constituciones, y que la decisión había recaído sobre esa materia (art. 27 de la ley n° 402). Sin embargo, los preceptos constitucionales que se afirman vulnerados, carecen de la relación directa y necesaria con la resolución de la causa, y la recurrente tampoco logra demostrar los extremos necesarios para fundar la denuncia de arbitrariedad de sentencia en la que centra su estrategia recursiva. Ello, pues se limita a exponer su discrepancia con lo resuelto, lo que resulta insuficiente para descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg. Voto coincidente del juez Santiago Otamendi).
Recurso de inconstitucionalidad, voto en disidencia, cuestión no constitucional, prueba, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL
Carátula: MATALON, RENE J. S. c/ DIAZ, MARIO Y OTRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-10

Aun cuando las constancias de autos podrían llegar a dar cuenta del emplazamiento de precarias viviendas habitadas por los demandados, así como del desarrollo de cierta actividad ganadera en el lugar, de ello no necesariamente se sigue que, durante los veinte años anteriores a la demanda, aquéllos hubiesen ocupado en su mayor extensión los terrenos en cuestión, con verdadero ánimo de dueños y con exclusión de terceros; puesto que, según puede extraerse de una comprensión global y entrecruzada de los distintos elementos reunidos en autos, se trataba de campos abiertos, sin deslinde o amojonamiento alguno -al menos hasta la instalación de un alambrado de reciente data-, donde campeaban o pastaban animales pertenecientes a distintos dueños, y en los cuales prácticamente no se habían realizado mejoras; no alcanzando tales extremos, entonces, a exhibirse como terminantes para conducir indefectiblemente a descartar la posibilidad de que la presencia de los accionados hubiese obedecido a la simple tolerancia de los sucesivos propietarios sin habilidad para generar una situación de posesión. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Falistocco y Erbetta)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, excusación, violencia moral, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, pautas orientadoras
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: T, A S Y D C, V M s/ EXCUSACION DE LA DRA. ELENA RAMON EN EXPTES. 661/03 "T., A.S. S/ DESOBEDIENCIA Y NRO. 1581/02" D.C., V.M. S/ FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PRIVADO Y ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA" (EXPTE: N 6 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-11

Conforme a lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, se define la violencia moral como "el estado de tensión dolorosa entre el deber de juzgar con imparcialidad, y la irritación provocada por el justiciable, que tienta a ser parcial", agregándose que la "moral del Juez le exige ser ecuánime -libre del despotismo propio o ajeno, pero esclavo de la ley- y, por otra parte, las circunstancias de la causa le ponen en la tentación de no serlo".(Del voto del Dr. Jukic).

En el caso la cuestión a resolver es: Extensión de la causal de excusación por violencia moral.
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: A., S.B. y otros c/ C., J. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-17

A los efectos de la fijación de la cuota alimentaria, no corresponde tener en cuenta una pauta ajena a dicha institución y genérica, como es el monto de la jubilación mínima.
Contravenciones, delito penal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S,Z. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 51 Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-03

Se ha intentado por vía doctrinaria distinguir los delitos de las contravenciones utilizando distintos criterios y tratando de establecer una diferencia ontológica entre ellos, aunque creo que dicha diferencia está marcada, más que nada, por el distinto origen legislativo, el ámbito de su aplicación y los diferentes bienes jurídicos que ambos protegen.

Los delitos son configurados por el Código Penal y su legislación corresponde al Congreso Nacional (art. 75 inc. 12), para ser aplicada en todo el territorio de la Nación. Por el contrario, las contravenciones reconocen su origen en los órganos legislativos locales y su aplicación se reduce, exclusivamente al ámbito local donde fueron dictadas.

Si bien la legislación penal y la contravencional protegen, ambas, el goce de bienes jurídicos, es indudable que en el caso de la contravención, la afectación de dichos bienes aparece como menos peligrosa para los derechos individuales, aunque más gravosa para la normal convivencia social (tal lo sostenido por los Dres. Dessanti y Lucangioli en su art. "Contravención - Distinción con el Delito"- Doctrina Judicial Nº 30 del 28/7/99).

El delito, por su gravedad, crea un estado de alarma social que engendra la necesidad de una reacción pública - igualmente grave - contra el atacante del bien jurídico protegido por la ley, mientras que la contravención apunta a conductas que implican un daño o peligro para bienes jurídicos que comprenden el interés general y que afectan la normal convivencia urbana.
Personal municipal, período de prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cornes, Augusto Horacio. c/ Municipalidad de San Isidro. s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

El cese del agente municipal producido durante el período de prueba constituye el ejercicio de una facultad que deriva de la de nombrar, pero su eficacia se encuentra supeditada a un doble condicionamiento: tanto la emisión del acto como su notificación deben producirse con antelación al cumplimiento del período de prueba.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, subrogancia del juez, reenvío, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: VEGA, EMILIO ALBERTO c/ BONORA, GUILLERMO JOSE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-EJECUTIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 532 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-08-20

El artículo 1 de la ley 7055 limita la apertura del recurso extraordinario local a los casos en que se impugnan "sentencias definitivas dictadas en juicio que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto; y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación", resultando ser posición pacíficamente aceptada, tanto por esta Corte como por el Máximo Tribunal, que corresponde atribuirles tal carácter cuando causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior. En el caso, la decisión que confirma la remisión a un tribunal para que la causa sea nuevamente tramitada y juzgada,carece del recaudo de definitividad , correspondiendo al recurrente demostrar la existencia de ese gravamen irreparable para sortear el recaudo señalado.