marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Habeas corpus, detención, tiempo de detención
Materia: PROCESAL
Carátula: Valdez Jorge Marcelo s/ Habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-09-02

De la plataforma fáctica que emerge de las actuaciones deviene que el detenido a la fecha no cuenta con sentencia firme y que ha transcurrido el plazo máximo de detención o prisión preventiva tolerado por la ley Nro. 24.390.

Sin embargo, la naturaleza del hecho que se enrostra al imputado (Robo Agravado), la gravedad de la infracción posibilita que este Tribunal esté autorizado a valorar la conveniencia de otorgar la libertad provisoria. Si bien la ley 24.390 fija los plazos para la procedencia de la libertad caucionada, de ello no se deriva que vulnere lo establecido por el art. 7 inc. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, puesto que la comisión no prohíbe que cada estado parte establezca plazos de duración de la detención sin juzgamiento, lo que no se admite es la aplicación de aquellos en forma automática sin valorar otras circunstancias. Resulta así que en el informe del caso Nro. 10.390 de la Republica Argentina la comisión expresó, que el Estado Parte, no esta obligado a fijar un plazo válido para todos los casos con independencia de sus circunstancias, quedando el concepto de plazo razonable sujeto a la apreciación de la gravedad de la infracción, en cuanto a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable.

Del informe de autos surge que por contingencias procesales (suspensión de audiencia por asueto, fijándose una nueva para fecha próxima), además la circunstancia de que ya existió sentencia, que fue anulada parcialmente, lo que motivó la continuidad de la prisión preventiva. Los plazos de detención no son irrazonables.

Por lo expuesto, se rechaza la acción de Hábeas Corpus.
Beneficio de litigar sin gastos, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bacigalupi, Juan y otro s/ Sucesión. Incidente de administración Vaisman, Claudio s/ Beneficio litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-04|1996-11-05

Al prescribir el art. 80 del C. Procesal la citación del litigante contrario o que haya de serlo, convierte al procedimiento en contradictorio, máxime cuando se ha entendido que dicha citación no es exclusivamente para la fiscalización de la prueba que se produzca por el solicitante de la franquicia, sino también que podrá acompañarse la prueba instrumental que se hallare en su poder u ofrecer la de informes con la sola salvedad que en ningún caso su diligenciamiento podrá postergar la resolución que deberá dictarse en la oportunidad del art. 81 del código citado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, resoluciones recurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: Registro Notarial n 100 Partido General Pueyrredón, titular: Figlas, Alfonso Oscar. Juz. Notarial de La PLata c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-12-26

La nueva interpretación en torno a la procedibilidad de la vía extraordinaria para la revisión de las cuestiones resueltas en torno al ejercicio de la función notarial -que deja de lado la anterior doctrina de la Corte- debe ser aplicada con moderación, evitando las consecuencias perniciosas de un brusco y sorpresivo criterio jurisprudencial que pudiera malograr los objetivos propuestos destinados a conceder plena efectividad al acceso a la jurisdicción.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuenta corriente bancaria, rendición de cuentas
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mur, Juana Gladys c/ Banco Litoral Cooperativo Ltdo. s/ Rendición. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad   (EXPTE CSJ Nº 622-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-14

Corresponde rechazar la queja si la actora no ha logrado persuadir al Tribunal de que la solución de la Sala genere los gravámenes constitucionales que invoca, ya que en definitiva aparece limitada al análisis de la pretensión de rendición de cuentas planteada. En cuanto a la improcedencia de esa pretensión, el criterio adoptado por el decisorio -improcedencia de la acción de rendición de cuentas general en la cuenta corriente bancaria- no importa una restricción arbitraria al amplio alcance que cabe reconocer al derecho a la información que le asiste el cuentacorrentista respecto del Banco, cuando se lo ejerce temporáneamente. (De la Ampliación de Fundamentos de los Dres. Iribarren y Falistocco)
Proceso penal, pericia caligráfica, jueces, facultades del juez, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., E. s/ Robo automotor (Expte Nº 17-99, Resolución Nº 27, Tomo 5, Folio 486)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-06

Evaluando la pericia efectuada por la prevención como un simple estudio técnico conforme a los principios de la sana crítica racional, no puedo compartir su afirmación relativa a que la letra escritural resulta atribuible al imputado, dado que de la lectura del estudio en cuestión resulta que aunque se formula una conclusión , se dice qué se estudió, y cómo se lo hizo, nada se aporta para fundamentar concretamente la conclusión lograda, la que consecuentemente resulta absolutamente carente de todo sustento específico que pueda judicialmente comprobarse para en su consecuencia decidirse acerca de su aceptación o rechazo. Ha de tenerse presente que un estudio técnico no consiste simplemente en la emisión de una conclusión, sino que ella debe ser la consecuencia de una tarea técnica pero razonada, cuyos pasos sean explicados en forma tal que pueda seguirlos el juez, verificándolos. Al igual que el perito propiamente dicho, el técnico no suple al Juez sino que debe acercarle a éste elementos de juicio y, en el caso, el denominado "Peritaje caligráfico" nada aporta en tal sentido. De lo antes expuesto cabe concluir en la carencia del estudio técnico caligráfico ordenado de toda fuerza convictiva.
Acción de amparo, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VELLA, LUIS JOSE c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA (I.S.S.P.) s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1993-10-19

El derecho de opción del agente para jubilarse con el haber de retiro de acuerdo al mayor cargo desempeñado, no puede verse desplazado por una interpretación del ente administrador que responde a una exégesis textual de la disposición legal sin tener en cuenta el texto de la legislación en la materia. una interpretación de dichas características cercena un derecho cierto e incontestable del amparista, de raigambre constitucional como lo es la jubilación, tornando viable el recurso de amparo.-
Indemnización por accidente de tránsito, fórmula Vuotto
Materia: CIVIL
Carátula: CASTELLAR RAMIRO MANUEL c/ CORBANI JORGE OSCAR Y OTRO s/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-02

Si bien la a quo no ha determinado concretamente cuál es el importe mensual en concepto de ingresos del actor que tomó en cuenta para determinar la indemnización, entiendo que éste se ubica en la suma de $ 15.495,00 mensuales.

Para arribar a esta suma considero el monto de las remuneraciones -docente y como enfermero- al momento del accidente -octubre de 2013-, y hago un prorrateo de la suma percibida por el actor por su desempeño para la Municipalidad de Neuquén durante el año calendario, lo que arroja un valor de $ 775,00 mensuales.

Luego, por aplicación de la fórmula Vuotto, arribo a una indemnización de $ 1.769.636,88, y por aplicación de la fórmula Méndez, a $ 3.799.114,73. El promedio de ambos resultados es de $ 2.784.385,81.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, sentencia definitiva, interpretación restrictiva, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Turimar S.A. (TF 7885 - I) c/ DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

El recurso ordinario de apelación por ante la Corte funciona restrictivamente, tan sólo respecto de sentencias definitivas, entendidas por tales a esos efectos las que ponen fin a la controversia o impiden su continuación, privando al interesado de los medios legales para la tutela de su derecho, regla a la que no hace excepción la circunstancia de invocarse un gravamen irreparable.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, enriquecimiento sin causa, honorarios, arquitectos, honorarios del arquitecto
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Finoli, Juan Carlos c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-18

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó a la municipalidad al pago de honorarios a un arquitecto no obstante que su proyecto fue rechazado, fundada en que al no haber devuelto la obra intelectual en tiempo oportuno se había enriquecido sin justa causa, ya que no se ha probado ni tal enriquecimiento de la demandada ni el empobrecimiento del actor.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba pericial
Materia: PENAL
Carátula: Dornelles, Wilson Gustavo s/ Violación - Privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

Es inatendible la denuncia de eventual quebrantamiento en lo referido al procedimiento de producción e incorporación de la prueba pericial regulado por otras disposiciones.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Carluccio, Alfredo c/ Matadero y Frigorífico Regional Azul SACI y C. s/ Indemnización por despido, etc. Saavedra, Walter c/ Editorial El Atlántico S.A.C.I.F. s/ Indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10|1989-11-28

La culpa laboral se informa de principios distintos de los que conforman la culpa penal, por lo que no tiene por que guardar siempre necesariamente obligada correspondencia.
Recurso de casación, simulación, cesión de derechos, instrumentos públicos, autenticidad, valor probatorio, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ANGELINI DE CARDINALI ADELA O ADELINA s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-15

Las normas contenidas en los artículos 993 y 994 del Código Civil, independientemente que integren parte de la ley sustantiva civil, establecen directivas de carácter procesal; y en cualquier caso, la actividad jurisdiccional cumplida de manera contraria a la establecida por una norma adjetiva, es censurable en casación a título de violación de las formas del procedimiento o de la sentencia.

Además, la circunstancia que se encuentre comprometido el mérito de cuestiones de orden fáctico, no limita la competencia de esta Sala por el motivo aludido, cuando el acabado juzgamiento de aquellas se relaciona con la hermenéutica de normas procesales respecto de las cuales el Tribunal Superior de Justicia es el juez supremo, lo cual lo habilita a controlar el cumplimiento adecuado de las mismas y decidir, en cada caso, si son potencialmente aptas para lograr el fin que con ellas se persigue.
Subasta, subasta de inmuebles, cesión de derechos
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO EXTERIOR  S.A. c/ FRIDSON CURTIEMBRES  S.A.I.C. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-24

Quien presenta cesión en su favor de los derechos del comprador de un inmueble en una subasta, debió instrumentar tal convenio mediante escritura pública o mediante presentación judicial ratificada ante el actuario como comprobación de autenticidad; ante la carencia de esta calidad de auténtica no procede apercibir al presunto cedente de tener por auténtica la cesión en caso de guardar silencio ante la intimación para que ratificase aquel instrumento jurídico.
Recurso de casación, expropiación, costas
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Estado Provincial c/ Vargas, José Roberto y Reyes, Ramón René s/ Expropiación - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-08

Se interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones Civil de Tercera Nominación, que resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el Estado Provincial, revocando la sentencia definitiva dictada por el juez de grado en lo referente a la superficie expropiada y los intereses a aplicar. Analizado el recurso en su aspecto formal surge de su lectura que la cuestión que se desea someter a conocimiento de este Tribunal está dirigida a cuestionar los valores establecidos en la indemnización a favor del expropiado por haber tenido como base para su determinación la pericia practicada en autos como medida para mejor proveer, la cual estableció un valor superior al determinado por el jurado de avaluación.

Es evidente que la cuestión expuesta en el memorial de agravios remite a cuestiones de hecho y prueba, como es lo relativo a la elección o selección de las pruebas, como también la determinación del monto de la indemnización, los cuales constituyen temas propios de los jueces de grado y ajenos a esta instancia extraordinaria, salvo que medien circunstancias excepcionales que autoricen a desplazar dicho principio, siendo preciso para ello la concurrencia de circunstancias extraordinarias demostradas a través de un discurso argumental que permita advertir un claro apartamiento de la normativa aplicable o bien un alejamiento de las leyes de la razón que conduzcan a una sentencia carente de fundamento lógico.

En el caso no se advierte que la sentencia adolezca de los vicios que se pretende endilgar puesto que según surge de autos, el Ad Quem elaboró sus conclusiones haciendo mérito de elementos de juicios que se encuentran individualizados, como es la prueba pericial; la circunstancia que se haya tenido preferencia por una probanza sobre otra no configura absurdo, como pretende el recurrente; tampoco surge que en su labor axiológica haya incurrido en incoherencias y ostensible arbitrariedad evidente que la invaliden.

A más de ello el memorial de agravios no logra demostrar tales extremos, deviniendo en un discurso argumental que solo trasunta una mera disconformidad con lo resuelto insuficiente para abrir la instancia de la casación conforme lo expuesto precedentemente, por lo que el recurso es irrevisable en esta instancia.

Por lo expuesto, corresponde declarar la inadmisibilidad formal del recurso de casación deducido, fijando las costas por el orden causado.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente
Materia: PROCESAL
Carátula: De Gandía, Beatriz Isabel c/ Buenos Aires, Provicia de s/ Indemnización por daño moral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Si bien en diversas oportunidades la Corte Suprema ha revisado su propia doctrina, siempre lo ha hecho sobre la base de admitir que la autoridad del precedente cede ante la comprobación del error o de la inconveniencia de las decisiones anteriores.
Elecciones gremiales, impugnación de la elección
Materia: LABORAL
Carátula: JUNTA  ELECTORAL  DEL  SINDICATO  DE VENDEDORES DE DIARIOS Y REVISTAS s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-08

El art. 15 del dec. reglamentario 467/88 faculta al Ministerio de Trabajo para expedirse, en lo que respecta a impugnaciones de los actos del proceso electivo, cuando la autoridad electoral no lo haga en un lapso prudencial. Pero carece de facultades para decidir acerca de la oficialización de listas en tanto de la norma no se desprende que la autoridad administrativa sea revisora de las decisiones de la junta electoral, por lo que deben efectuarse los cuestionamientos, por la vía judicial correspondiente.
Juicio ejecutivo, cheque de pago diferido, competencia, opción de competencia
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: HOECHST  ROUSSEL  VET  SA c/ VETERINARIA  GENERAL  PINTO  SA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-12

Si bien la ley 24452: 60 autoriza a optar entre dos jurisdicciones para la ejecución de cheques de pago diferido, ello es así cuando estos cheques son presentados a registro, pero cuando no concurre esta circunstancia, resulta competente el juez del lugar de la entidad girada.(En igual sentido: sala D, 23.2.01, "EL SOL DE GALICIA SA C/ LA BOUTIQUE DEL PAN SRL").
Partes del proceso, representación procesal, facultades del juez, intimación a acreditar personería
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Tercería de Mejor Derecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-10-01

Con el fin de evitar rigorismos formales que puedan afectar el derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N.), ante el incumplimiento de la obligación de agregar el poder que acredite la representación que se invoca (art. 46 C.P.C.C.N.), el juez debe hacer uso de las facultades que se le reconocen en el art. 34, inc. 5, ap. b) del C.P.C.C.N., y señalar la omisión e intimar a la parte a subsanarla en un plazo prudencial, antes de dar por decaído el derecho a realizar el acto defectuoso.
Partidos políticos, reconocimiento de partidos políticos, partidos políticos de distrito
Materia: ELECTORAL
Carátula: Confederación Demócrata Federal s/ Solicita reconocimiento - orden nacional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-09

Cabe rechazar la solicitud de reconocimiento de la personalidad jurídico- política de una confederación nacional integrada por partidos de distrito, pues el artículo 10 bis de la ley 23.298 establece que las confederaciones nacionales deben estar integradas por partidos de idéntico orden.
Robo, extorsión, concurso aparente de leyes, principio de especialidad, principio de subsidiariedad, interpretación de la ley, bien jurídico protegido, delito penal, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: C., C. s/ Robo (Expte Nº 128-93, Resolución Nº 70, Tomo 2, Folio 3)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-30

Aunque para un supuesto diferente, Zaffaroni dixit (Tratado T. IV, pag. 566) "En general, el criterio valorativo rector respecto de qué es lo subsidiado se extrae de la cuantía penal, que es indicadora del grado de afectación. Se entiende que el grado de afectación más intenso es el que está conminado con pena más grave y, por consiguiente, es el que desplaza a los menos graves. Por supuesto que en cada caso habrá que establecer antes que la escala penal no se halle alterada por alguna referencia a la culpabilidad" y este pensamiento puede trasladarse a una hipótesis como la actual, subrayándose que la presencia de la intimidación derivada del uso del arma que no era tal, importó una afectación más intensa de bienes jurídicos (no solo hubo un mínimo de violencia sobre la víctima, sino que a la misma se le añadió intencionalmente intimidación), reclamante de la figura que acuerda una mayor protección penal (concuerda con esta solución Johannes Wessels, al señalar que "Cuando hay unidad de leyes, la ley penal eliminada no aparece en el veredicto de culpabilidad. Pero la pena no debe quedar debajo del mínimo." Derecho Penal, Parte General, pag. 238, Depalma, 1980).
Empleados públicos, remuneración, adicional por tareas peligrosas, Administración Pública, pago indebido, igualdad ante la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Acuña, Mario Alberto y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 564 año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-20

El hecho de que la Administración, en algunos casos, hubiera abonado el suplemento por riesgo y tareas peligrosas se encuentra previsto en el artículo 60 del decreto-acuerdo 2695/83 sin que "prima facie" se hubieran cumplimentado los recaudos reglamentarios exigidos, no confiere por sí un derecho a la percepción del suplemento en cabeza de los actores. En este sentido debe tenerse en cuenta que lo resuelto por la Administración en casos distintos no vincula en principio al Tribunal, el que debe pronunciarse conforme a derecho respecto de la pretensión de los recurrentes; como así también que el principio constitucional de igualdad ante la ley impide argumentar a su favor una conducta -el reconocimiento y pago de un suplemento- contraria a la norma.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, procedimiento administrativo, caducidad, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: MILKAUT S.A. c/ MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-11

Cabe rechazar la queja interpuesta por cuanto la quejosa, con su desarrollo argumental, no logra demostrar a este Cuerpo que la Cámara resolviera de modo confuso, contradictorio, inmotivadamente o interpretara en forma equívoca el artículo 44 de la ley 10468 al sostener que dicha norma es clara y taxativa al prever que "el procedimiento administrativo, incluida la iniciación de la etapa ejecutoria, deber concluir en un plazo no mayor de ciento cincuenta... días hábiles a contar desde el acta de infracción o dictamen acusatorio", pues, de lo contrario -afirma- el empleador queda sujeto a un limbo jurídico o indefensión temporal. Y es sabido que la interpretación de una norma no autoriza la tacha de arbitrariedad si no excede el marco de posibilidades que ella brinda o si se formula una solución posible autorizada por la ley (Citas: CSJN: Aranda, Fallos 304:1826; Cunha, Fallos 304:948; 307:1803; 308:71; CSJStaFe: AyS T 104, p 180/187).
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, banco central
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Longobuco, Berta B. y otro c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

La obligación que como garante asume el Banco Central no deriva del contrato del depósito, sino de la ley, ya que ella ha sido impuesta con fines de regulación económica y no para asegurar el cobro por parte de un acreedor particular.
Medidas cautelares, educación superior, universidades, normalización universitaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Molina, José Luis c/ Mº de Educ. -Estado Nacional- s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-28

Debe confirmarse la sentencia que denegó la suspensión preventiva de los efectos del art. 79 de la ley nº 24.521 en tanto obliga la adecuación de los estatutos universitarios a dicha norma, y la suspensión de las deliberaciones de las asambleas universitarias que se encuentren funcionando al momento y las que hubieren sido convocadas, hasta tanto se reconozcan los derechos invocados a través de la declaración de nulidad y de inconstitucionalidad de las normas cuestionadas.