marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios del abogado, recurso extraordinario federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tambone y Cía. Ingeniería S.R.L. c/ Municipalidad de Pehuajó s/ D.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

La regulación de honorarios por los recursos extraordinarios y quejas exitosas escapan a la competencia de la Suprema Corte, puesto que al tribunal de la causa le corresponde decidir sobre la admisibilidad del recurso y no pronunciarse sobre cuestiones que únicamente competen a la Corte Suprema, por hallarse vinculadas al juicio que ella debe efectuar sobre la procedencia del remedio federal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Indemnización por despido, falta de preaviso, aumento salarial
Materia: LABORAL
Carátula: BARBONA, SEBERIO Y OTROS c/ ACINDAR SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-23

La suma que corresponde abonar por causa del preaviso omitido no es una remuneración sino una indemnización, como expresamente lo establecía el anterior artículo 253 Ley de Contrato de Trabajo, y por tanto, aunque los aumentos puedan ser tomados en cuenta para liquidar esta última porque integrarían la 'remuneración que correspondería' -potencial- no pueden ser considerados para determinar la indemnización por despido, porque no integraron pretérito- la 'remuneración percibida'. (Conforme Plenario 219 'Pedraza c/ Ford Motor Argentina').
Rendición de cuentas, sociedad irregular, disolución de sociedades
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lamonaco, Ana María c/ Mucci, Plácido s/ Rendición de cuentas y entrega de administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

Para poner fin a un estado de incertidumbre jurídica, motivada por la situación anómala de la sociedad de hecho, la ley 19.550 prevé sólo la acción de disolución en los términos del art. 22 y ninguna otra antes de esa oportunidad. En consecuencia, la demanda por rendición de cuentas no sería procedente. La limitación surge del texto del art. 23 de la Ley de Sociedades que veda a los socios invocar derechos o defensas nacidas del contrato social, consagrando así el principio de inoponibilidad de éste entre los socios, de modo que éstos, hasta la disolución de la sociedad, no pueden solicitar judicialmente la protección de sus derechos, entre ellos exigirse rendición de cuentas o demandar la remoción del administrador.
Daños y perjuicios, contrato de obra pública
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Quilmes c/ Fundar S.A.C.I.F.I. y A. s/ Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

Si bien el decreto reglamentario de la ley de obras públicas dispone un procedimiento tendiente a establecer una valuación estimativa de los perjuicios irrogados mediante el dictado de la respectiva resolución e intimando al contratista el depósito de la suma adeudada bajo apercibimiento de sacar a subasta pública los materiales y equipos retenidos, lo cierto es que tal mecanismo contempla únicamente el supuesto en que la administración decidiera no proseguir con la obra, caso en el cual los perjuicios pueden ser efectiva y actualmente determinados, lo que no ocurre -si como en el caso- se ha decidido la continuación de la obra, en cuyo caso la frase final del apartado primero, art.62 del dec.5488, establece claramente que "la valuación de los perjuicios quedará diferida a la fecha de terminación".
Indemnización por accidente de trabajo, depósito en sede administrativa, retiro de fondos, acción civil por accidente de trabajo, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: CATALANO, JOSE c/ SUBTERRANEO DE BUENOS AIRES s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-09-29

La percepción sin reservas, en sede administrativa, de una suma de dinero en concepto de indemnización por incapacidad emergente de accidente de trabajo, con carácter previo a la promoción de demanda judicial por desvalorización monetaria, hace improcedente este último reclamo, ya que el cobro anterior hace desaparecer de la indemnización el carácter de "crédito laboral" pendiente, exigido por las leyes 20695, artículo 301 LCT. y artículo 276 LCT. (TO.

1976).
Jornada de trabajo, horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ocampo, Julio Rodrigo c/ Maderera La Forestal y-u Otro y-o Quien Resulte Responsable s/ Cobro de Haberes  Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-29

En los casos en que se reclama el pago de horas extras, pesa sobre el pretendiente la prueba precisa y concreta de su realización, pues en verdad, nada autoriza a presumirlo "a priori", de manera que a su respecto rigen las reglas generales del "onus probandi".
Prueba confesional, confesión extrajudicial
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Raúl Guillermo s/ Robo - Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-12

La mera afirmación del procesado sobre apremios ilegales supuestamente ejercidos en sus confesiones extrajudiciales integrantes de la prueba compuesta, pero no acreditados en el sumario instruido a sus efectos, son insuficientes para tener por inexistentes dichas confesiones.
Policía, personal policial, destitución, empleados públicos, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MONZON, LUIS ENRIQUE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 298-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-09-09

La ley del Personal Policial nro 6769, que en esencia es un estatuto regulador de derechos y deberes de dicho personal, llama "destitución" (artículo 123, 125 y concordantes) a la baja por sanción disciplinaria, es decir que cesando el agente por ser considerado responsable de una falta disciplinaria, e importando esa baja una sanción, la ley lo faculta a pedir la revisión, requiriéndose tan sólo que aporte pruebas destinadas a demostrar el error o injusticia de la medida.

En el caso, la aplicación de la llamada ley de seguridad nro 7854, y la concreta imputación de vinculación con elementos subversivos, implicó la atribución de inconducta al agente, siendo entonces la cesantía así dispuesta, asimilable a una medida disciplinaria. No es obstáculo entonces, la causal en que se fundó la Administración al disponer la baja, ya que si bien aquella decisión resultó de la aplicación de otro instrumento legal, y no del estatuto, de todos modos este mantuvo su vigencia como norma básica reguladora de la relación jurídica. Esto no implica desconocer que se vió afectada en algunos aspectos -estabilidad y resarcimiento- con el dictado de la ley de prescindibilidad nro 7859, pero ésta es ajena al caso.
Concurso preventivo, ejecución de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Complejo Agroindustrial San Juan S.A. s/ Concurso preventivo -Inc. De Revisión-
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-04-29

Resulta aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 54 LCQ, que Establece los requisitos que habilitan la exigibilidad de los honorarios y tal sentido dispone "Los honorarios a cargo del concurso (supuesto en examen) son exigibles a los noventa días contados a partir de la homologación" del acuerdo preventivo.

Aplicando esa norma al caso traído a conocimiento del Tribunal, se advierte que en autos ha sobrevenido un status jurídico análogo al acuerdo preventivo obtenido por la concursada, esto es, la aprobación del crowndown, consistente en un acuerdo con los acreedores ofrecido por un sujeto distinto a la concursada -ver obra citada página 213-, lo cual torna aplicable al caso la norma antes citada.
Ley de contrato de trabajo, jornada de trabajo, descanso semanal, reglamentación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de Arroyito s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

La Ley de Contrato de Trabajo diseña en su art. 204 un régimen diferenciado donde la regla general es el descanso sabático y dominical salvo en los casos de excepción contemplados en la misma ley para supuestos específicos y los que las leyes o reglamentaciones prevean, es decir que, en materia de excepciones, el art. 204 de la LCT remite a leyes y reglamentaciones vigentes, sin precisar su origen ni distinguir entre las normas locales que eran admitidas al momento de la sanción de la ley 20.744 o las establecidas con posterioridad (Voto de los jueces Maqueda y Rosatti).
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: San Julián, José E. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-10

Se encuentra razonablemente fundada la denegatoria de excarcelación si se imputan gravísimos delitos cuya pena claramente excede las previsiones del art. 316 CPPN, se ha dictado una condena -no firme- por imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, el magistrado instructor adujo que el imputado no informó la existencia de procesos en su contra, sin que las alegaciones de la defensa resulten convincentes para conmover el riesgo procesal de fuga afirmado por el a quo. El voto concurrente agregó que cuando se imputan delitos de lesa humanidad se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino, en cuanto debe garantizar el juzgamiento de tales hechos. (Dres. Riggi, Mitchell y Catucci -voto concurrente-).
Defectos del procedimiento, error judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Amarilla, Darío s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1987-07-17

Las conclusiones sobre los hechos del fallo a impugnar permanecen en principio firmes y solo serán revisables por este recurso si ellas mismas contuvieran infracción a la ley que los rige.

No se tratara en tal hipótesis de un error "in procedendo", sino de un error "in iudicando" en la aplicación de la ley al hecho valorado en la sentencia.
Recurso contencioso administrativo, demanda, contestación de la demanda, prueba, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - CIVIL
Carátula: SOTO, PEDRO ANTONIO c/ COMUNA DE FRAY LUIS BELTRAN s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 409-85 MAGNANI, ENZO EMILIO Y MOOL, GRACIELA DEL CARMEN c/ MUNICIPALIDAD DE CORONDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION OLIVA, LUCIA WELQUIS TABORDA DE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE CORONDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION SANTA CRUZ, GLADIS BILMA BLANCO DE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE CORONDA s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ Expte  N. 512-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-01|1992-05-20|1992-09-08|1992-09-16

La incontestación de la demanda en el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción surte el efecto del artículo 143 del Código Procesal Civil (artículo 23, ley 4106). Los hechos articulados por el actor en aquélla, son tenidos por ciertos sin perjuicio en contrario y de su evaluación conforme a derecho.
Recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, imputado, Ministerio Público Fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: MURRAY, PATRICIO c/  s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA BLANCA Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-28

En relación a la reprochada afectación de los principios de congruencia y acusatorio por parte de los Sentenciantes por apartarse en su decisión de un presunto acuerdo de partes respecto tanto del método composicional para la unificación de la pena como de la modalidad de su cumplimiento, la defensa no logra demostrar que los Juzgadores hubieran excedido los márgenes de razonabilidad tolerados al interpretar las expresiones del representante del Ministerio Público Fiscal como su falta de oposición u objeción a la posibilidad de que los Magistrados en su decisión tomen el alegado problema de salud del justiciable o que decidan aplicar el método compositivo de unificación de penas, dejando en manos de los Jueces la determinación de la posibilidad más conveniente, tanto respecto del método para la fijación de la pena como de su modalidad de ejecución. (De la disidencia de los Dres. Netri, Spuler y Falistocco)
Expresión de agravios, costas, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: DIALISIS MEDICA SA c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE MAESTRANZA s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-17

Aunque la demandada aluda a la imposición de costas, es indudable que su queja este dirigida a cuestionar, por altos, los honorarios regulados a los profesionales de la actora y al perito contador.

Para habilitar la instancia de revisión relativamente a ese tema no se requiere un desarrollo mayor y nunca lo ha exigido este Tribunal en situaciones análogas. Invariablemente se ha seguido un criterio de amplitud para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios, máxime en cuanto se relaciona con la aplicación de los aranceles profesionales.
Daños y perjuicios, Banco Nación, contratos administrativos, promesa de contrato, acto ad referendum, retractación de la oferta, resolución del contrato administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Herpazana S.R.L. c/ Banco de la Nación Argentina s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

Corresponde hacer lugar al reclamo de daños y perjuicios en el caso en que se configuró la hipótesis del art. 1204 del Código Civil, si el Banco de la Nación Argentina, al atenerse a los precios reformulados, en el preacuerdo sujeto a aprobación, para satisfacer la contraprestación por el servicio prestado por la actora, desconoció la retractación comunicada por ésta y los cánones concertados inicialmente, incumplió el compromiso que lo obligaba y, de este modo, habilitó la resolución del vínculo contractual decidida por aquélla tras haberlo intimado mediante carta documento (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Litisconsorcio, costas, obligaciones solidarias
Materia: PROCESAL
Carátula: TICAFIN  SA s/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE VERIFICACION -POR: PROFIMCIA. FINANC.-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-19

El Cpr: 75 prescribe que en los casos de litisconsorcio las costas se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria. Así, en principio el importe de la condena en costas se divide por el número de litisconsortes, y cada uno de ellos es individualmente responsable por el pago de la correspondiente fracción, siendo admisible la responsabilidad solidaria solamente en el supuesto de que también tenga ese carácter la derivada de la obligación controvertida en el proceso.
Recurso de apelación (procesal), recurso de nulidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Negrete, Orlando Z. y otros c/ Placenti, Roberto Omar y otros s/ Daños y Perjuicios Russo, Alberto Osvaldo c/ Agresti, Carlos Alfredo s/ Rescición de Contrato Devolución de Seña. Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-07|1991-12-12

El art. 253 del Código Procesal, al disponer que el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia, debe ser entendido como defecto de ésta misma en cuanto a las solemnidades prescriptas para dictarla, puesto que los errores "in iudicando" no son materia del recurso de nulidad, sino del de apelación.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, subrogancia del juez, reenvío, sentencia suficientemente fundada, pronunciamiento inoficioso, jurisdicción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RESNIK, JACOBO c/ ROSCIANI, EDUARDO NAZARENO s/ JUICIO EJECUTIVO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N°   411-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-15

Aunque se entendiese que la Sala se pronunció sobre aspectos que no fueron objeto del reenvío, al haber resuelto dichas cuestiones en igual sentido que el pronunciamiento anterior, los vicios de arbitrariedad invocados por el recurrente en ese aspecto debe desestimarse por falta de agravio.
Bienes inmuebles, afectación del inmueble (civil), embargo por deuda anterior
Materia: CIVIL
Carátula: C., M.A. c/ M., H.A. s/ Medida Cautelar (Embargo Preventivo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-16

Para determinar si un crédito es anterior o no a la afectación del inmueble en el régimen de bien de familia es menester tener presente la fecha del hecho o acto jurídico generador, sin importar la fecha del pronunciamiento que se limita a reconocer la obligación preexistente.
Honorarios, mora, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: LIPARELLI DE FERRER ESTHER c/ BACCARO, PABLO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-29

Corresponde actualizar el monto de los honorarios regulados desde la fecha en que se produce la mora del deudor y hasta la del efectivo pago. De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la ley 21.839, la mora en el cumplimiento de la obligación se produce por el solo transcurso del plazo de treinta días que fija la norma para su pago, o del que al efecto haya establecido el juez. Supuesto de mora automática contemplado por la ley (art. 509 del Código Civil). Habiéndose establecido que debían ser pagados en el plazo de diez días, es a partir de allí que debe computarse la desvalorización monetaria de conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la ley citada.

La actualización debe hacerse sobre la base de los índices correspondientes al mes anterior en el que la mora se produjo y el anterior al de aquel en que se practicó el pago parcial retirado por el acreedor.

La diferencia resultante debe actualizarse hasta la fecha en que sea pagada.

En el período transcurrido entre la regulación y el vencimiento del plazo fijado para el pago, no corresponde la actualización por no haber mediado mora del deudor.
Requisa personal, facultades de la autoridad de prevención, demora de documentos de personas sospechosas, identificación de las personas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Corituma Malache, José Luis s/ Procesamiento y embargo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

Considero que en este caso los policías no se encontraban facultados para pedirles los documentos a los acusados. Al respecto, cabe señalar que la facultad de la policía para identificar a las personas se encuentra reglamentada por la ley 23.950, la cual establece en su artículo 1° que "Fuera de los casos establecidos en el Código de Procedimientos en Materia Penal, no podrá detenerse a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer un hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese con noticia al juez con competencia en lo correccional en turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de diez horas [.]"(Del voto del Dr. Jorge L. Ballestero).
Pena, reincidencia, prisión preventiva, reincidencia real, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: O., D. S. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -PORTACION DE ARMA DE GUERRA SIN AUTORIZACION LEGAL PARA ELLO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 386 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-03

El sistema de reincidencia real es incompatible con el cómputo de la prisión preventiva a los efectos de la declaración de aquella. Una razón histórica así lo avala, en tanto ese fue el sentido y finalidad de la normativa y así surge de modo explícito en el debate parlamentario (vid., los argumentos del Senador De La Rúa, en el Diario de Sesiones del Senado de la Nación); otra dogmático-histórica lo corrobora al vincularse el sistema de la reincidencia real con la ineficacia de la pena cumplida y, finalmente, otra constitucional lo reafirma, en tanto la vigencia del principio de inocencia impide adjudicarle a un encierro preventivo -de difícil justificación- el carácter de pena a los efectos de una agravación de la respuesta punitiva. Del mismo modo, el cumplimiento parcial debe alcanzar una entidad suficiente para demostrar la ineficacia de la pena y su ejecución, resultando irrazonable una interpretación que adjudique dicho efecto a un cumplimiento temporalmente insuficiente y mínimo. Un tal criterio implicaría negar, por vía aplicativa, el sentido y fundamento del sistema legalmente consagrado. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Erbetta)
Derecho penal, Derecho procesal, recursos, recurso de apelación (procesal), etapas del proceso, legitimación procesal, auto de procesamiento, estelionato, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: M.P. c/ STRIZICH, Oscar José JUAN, Juan Francisco ROLDAN, Sergio JUAN, Daniel DE LA FUENTE, Marcelo s/ RECURSOS PROCESALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-02

Si se produce, la rescisión de la operación y la misma se hizo constar en el instrumento de venta, tal circunstancia no hace desaparecer la figura de la estafa, toda vez que se trata de un hecho posterior a su consumación. Por el contrario constituye una prueba más del perjuicio sufrido por el comprador al ver frustrada la transmisión de dominio, viéndose obligado a rescindir la operación para evitar un perjuicio mayor. Al respecto señala Soler que lo que consuma una estafa es el acto mismo de disposición patrimonial y no lo que puede ocurrir posteriormente. La estafa no es un delito de peligro ni de daño potencial, dice, como tampoco depende de ninguna condición independiente ajena y futura.(S. Soler, D. Penal Arg., tomo 2, pág. 221), la falta de diligencia del comprador en verificar las condiciones del dominio del automotor objeto de una operación comercial, no exime al vendedor de la obligación de hacer conocer y no ocultar los gravámenes que pesan sobre el bien vendido, máxime cuando en el boleto de compraventa expresamente se consigna que "los objetos de esta compra venta no reconocen prendas ni gravámenes de ninguna naturaleza".
Acción de amparo, doble instancia
Materia: CIVIL
Carátula: Stoppa, Carlos A. c/ Loma Negra C.I.A.S.A. s/ Recurso de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-19

La garantía de la doble instancia en la acción de amparo, se estatuye no sólo en garantía y beneficio del amparista, sino también de aquel respecto de cuyos actos u omisiones se dedujo el amparo, quien podría llegar a verse privado de dicho beneficio, lo cual afectaría la garantía de la defensa en juicio y debido proceso legal.
Recurso extraordinario, cuestión federal, recurso de queja (procesal), Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Magnin Lavisse, Alberto s/ enjuiciamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-18

No obsta al examen final sobre la subsistencia de los requisitos jurisdiccionales que la queja haya sido declarada formalmente admisible por contener prima facie agravios de naturaleza federal, ya que en oportunidad de analizar los planteos, la Corte Suprema debe resolver en plenitud si ellos han de ser revisados, o no, en la instancia extraordinaria.
Fuerzas Armadas, Estado militar, personal militar
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Zaratiegui, Horacio c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) s/ nulidad de decreto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-05

No son los jueces los que pueden evaluar las aptitudes adecuadas para una determinada situación de revista dentro de la institución, ni los encargados de sustituir el criterio de sus órganos propios integrados por sus mas altas jerarquías y establecidos con ese fin único y específico.