Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-04-16


Salta, 16 de abril de 2018.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "Vacaflor, Estela Carmen vs. Samer S.A.; Fadua S.A. - sumarísimo: Defensa del Consumidor"; Expte. Nº 25112/16 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 1ª Nominación del Distrito Judicial del Norte - Tartagal; Expte. Nº 606803/17 de Sala, y C O N S I D E R A N D O La doctora María Isabel Romero dijo:

I) El Dr. Facundo Sagárnaga, en representación de la señora Estela Carmen Vacaflor demandó por acción sumarísima en los términos de la ley de defensa del consumidor a las empresas Samer S.A. y Fadua S.A., solicitando la resolución del contrato de compra venta celebrado entre las partes, o en su defecto, la entrega de un automóvil 0 km. marca CHERY Tiggo, modelo nuevo al momento de la efectiva entrega, con más los accesorios necesarios para lograr la inscripción dominial del mismo y los gastos relativos a impuestos. En cualquiera de ambos casos, con más una indemnización por daños y perjuicios estimada en la suma de $82.250 con más los intereses, actualización, costos y costas. Tramitado el proceso con la intervención de las demandadas y producida la prueba, se dicta sentencia a fs. 107/110, la que dispone hacer lugar parcialmente a la demanda, ordenando a las empresas condenadas a restituir a la actora, contra entrega del automotor que la misma posee, una nueva unidad marca CHERY, modelo Tiggo 2.0 confort 2017 en el plazo de diez días, con más la suma de $30.000, en concepto de daño moral, con costas. Los rubros daño punitivo y privación de uso fueron rechazados.

Disconformes, las partes deducen recurso de apelación, la actora lo hace a fs. 112, y las demandadas a fs. 116.

Al fundar el recurso la actora (fs. 120/123 vta.) manifiesta, que incurre en un yerro la señora Jueza al sostener que deben darse todas las condiciones que enumera para hacer lugar al daño punitivo solicitado. Señala que la sentencia resulta contradictoria puesto que a la hora de hacer valer la resolución contractual y el daño moral reclamado, efectúa consideraciones que, entiende, debieron ser tenidas en cuenta al momento de valorar la procedencia del rubro en cuestión. Señala que el argumento respecto de que las demandadas efectuaron las reparaciones solicitadas es falso, y en el caso de que fuera cierto, dice, se trata de un razonamiento equivocado. Refiere que resulta igual o peor efectuar reparaciones infructuosas que no hacerlo, en tanto, agrega, se irrogan mayores desgastes y padecimientos al usuario. Indica que no ha sido tenido en consideración el trato indigno y las practicas abusivas de los proveedores, las que entiende probadas por las declaraciones testimoniales y el informe estadístico remitido por la Secretaría de Defensa del Consumidor.

Cuestiona el rechazo del rubro privación de uso por haber considerado la señora magistrada que hubo orfandad probatoria de su parte. Afirma, que quedó probado en autos que la actora llevó por lo menos tres veces el vehículo para su reparación en la sucursal de Tartagal, y otras veces que no tenía turno. Señala que debe considerarse la distancia que separa entre el lugar del taller con el de su residencia, como así también, el uso que le da a la camioneta y la importancia que reviste su utilidad, lo que dice, quedó acreditado en autos. Pide costas.

El Dr. Claudio López Blumberg, en el carácter de apoderado de ambas firmas demandadas (cfr. copia de poderes de fs. 38/39 y 41/42 vta.), contesta el memorial conforme surge de constancias de fs. 125/127 vta. Expresa, que la parte actora incurre en una equívoca interpretación del daño punitivo al pretender su procedencia, sin que se encuentren reunidos los requisitos considerados por la doctrina y jurisprudencia como necesarios para fundar la condena por ese rubro. Que no existió conducta maliciosa o dolosa por parte de sus mandatarias, y que de la prueba informativa rendida en autos surge que el proceder general de las empresas ha sido correcto y respetuoso de la ley y los consumidores. Respecto del rubro privación de uso, señala que su acreditación constituye una carga del actor, y que de manera equivocada pretende hacer una interpretación extensiva del principio "in dubio pro consumidor" a toda alegación sea judicial o extrajudicial que el consumidor realice. Solicita su rechazo con costas.

A fs. 133/138 y vta. obra memorial de agravio de las accionadas. Sostienen que la condena por la que se le ordena entregar un nuevo vehículo 0 km modelo 2017 se sustenta en una motivación aparente, que adolece de una razonable fundamentación, viciando el fallo de arbitrariedad. No comprende en qué hechos o elementos de prueba motiva la señora jueza tener por configurado que el automóvil es impropio para su destino y que en base a ello las condene. Aclara que no hubo modificación unilateral del precio de venta. Refiere que el único hecho constatado en el proceso es que no sube un levanta vidrios. Cuestiona el diligenciamiento de la inspección ocular, y que en ella se sustente todo el razonamiento fáctico y jurídico para fundamentar el fallo. Indica que no es razonable condenar el reemplazo de un automóvil por una falla que no lo inhabilita para su uso. Alega, que no se ha meritado la declaración testimonial del Sr. Irades en lo atinente a la restricción de las importaciones y que la actora no prestó la necesaria colaboración para realizar la reparación del vehículo cuando se contaba con el repuesto apropiado. Razona que la situación debatida se rige por el art. 17 de la Ley 24.240, la que se aplica en casos que la reparación sea insatisfactoria por no cumplir la cosa las condiciones de uso al que esta destinado, lo que entiende, no ocurre en el caso. Destaca, que en aún en el supuesto de corresponder la entrega de otro vehículo, el mismo debe tratarse de un modelo/año 2014, que es igual al que se quiere remplazar.

Impugna la condena por daño moral, por considerar que carece de fundamentación fáctica y legal, en tanto, las cuestiones derivadas de una avería, forman parte de las vicisitudes propias de la relación contractual. Señala que la condena no puede fundarse en lo que la actora pudo haber sentido sino, en lo que resulte probado.

Dice que la sentencia se limita a ordenar la entrega de un automóvil nuevo y omite referir a las obligaciones accesorias con que debe cumplir la actora al momento de devolver el vehículo que actualmente posee, por lo que solicita, le sean impuestas en caso de que la sentencia resulte confirmada. Hace reserva del caso constitucional y federal. Pide costas.

A fs. 141/144 vta. contestó el traslado del memorial la parte actora, solicitando se lo declare desierto, por carecer de una crítica concreta y razonada del fallo. Seguidamente rebate cada uno de los agravios sostenidos en el memorial, y a los que cabe remitirse en honor a la brevedad.

El Sr. Fiscal de Cámara, emite dictamen a fs. 159/162, pronunciándose por el rechazo de ambos recursos.

Por providencia firme de fs. 163 se llaman autos para sentencia, por lo que la causa queda en estado de resolver.

II) De los términos expuestos en la demanda surge, que la actora dedujo acción resolutoria conforme lo previsto por el art. 17 de la Ley de Defensa del Consumidor -en adelante, LDC-. En tal sentido, manifiesta que adquirió un vehículo 0 km., marca Chery, Modelo Tiggo, dominio OWM333, mediante la compra que efectuara en la concesionaria Fadua S.A., sucursal de Tartagal. Que apenas se hizo efectiva la entrega, notaron desperfectos en la camioneta, tales como, problemas con el levantavidrios eléctrico de la puerta trasera izquierda y delantera derecha; ruidos para abrir y cerrar las puertas y ruidos en los frenos. Señala que pese a los reclamos efectuados, no obtuvieron una reparación satisfactoria por parte de las accionadas, debiendo iniciar los reclamos extrajudiciales hasta intentar el proceso de conciliación por ante la Secretaría de Defensa del Consumidor. Que como consecuencia de toda esa situación, es que solicitó se tenga por resuelto el contrato celebrado (inc. b del art. 17) o en su defecto, se sustituya el vehículo adquirido por un 0 km. de idénticas características (inc. a del art. 17). En cualquier caso, con más los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual, por los rubros daño moral, daño punitivo y privación de uso.

III) Por una cuestión de orden lógico, corresponde examinar en primer lugar los recursos deducidos por las demandadas, en cuanto plantean su disconformidad con el punto central objeto del decisorio en crisis, es decir, con la condena a remplazar el vehículo adquirido por la actora y el daño moral admitido.

1. Ante el planteo de deserción del recurso por la parte actora, cabe pronunciarse respecto de su suficiencia. Es criterio reiterado de esta Sala, que al efectuarse el mérito de la consideración de la suficiencia o no de la expresión de agravios, debe seguirse un criterio amplio sobre su admisibilidad, ya que es éste el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional, a fin de no limitar la más amplia y completa controversia de los derechos de los litigantes, ya que un mero defecto técnico podría conducir a injustas soluciones en perjuicio de los litigantes quienes recurren en procura de justicia, buscando ser oídos y que se les brinde la posibilidad de ejercer así su legítimo derecho de defensa en juicio (CSJN, Fallos, 306:474 y CJSalta, Tomo 44:1109, CApelCCSalta, sala IV, t. XXXIX -I, fº 301; id., id., fº 381, entre otros). En tal inteligencia, cabe analizar los agravios formulados por las apelantes.

2. Sostienen las demandadas recurrentes, que en el caso bajo examen no se dan los presupuestos dispuestos por el inc. a) del artículo apartado 17 de LDC en tanto, los desperfectos que señala la actora no impiden que el vehículo cumpla con su finalidad.

La señora jueza "a quo", concluyó, que las empresas demandadas son responsables por los vicios en el vehículo conforme lo señalado por la actora. Para así decidir, valoró las ordenes de reparación acompañadas por aquellas y el acta de inspección ocular realizada por la señora secretaria del juzgado donde se constató, desperfectos en el vehículo. (cfr. punto 4, fs. 108 vta.) La LDC prevé un sistema legal de garantía que, a lo largo de sus distintos articulados, establece las obligaciones a cargo de los proveedores de bienes no consumibles. Para el caso de bienes nuevos, el plazo de garantía se extiende por el término de 6 meses y comprende aun aquellos vicios o defectos que hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando éstos afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento (art. 11). Al mismo tiempo, se dispone que los fabricantes, importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el artículo anterior, deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos (art. 12).

Es decir, que cualquier desperfecto que se hubiere constatado dentro del período de garantía -en el caso, 6 meses por tratarse de la adquisición de un vehículo 0km.-, queda comprendido por la garantía legal dispuesta y que corresponde a las empresas accionadas, dar cumplimiento al servicio técnico correspondiente.

De la compulsa de autos, surge que la actora reclama desperfectos de diferente índole en la camioneta. Relata que tuvieron problemas con la luz de posición de la óptica derecha -el que fue solucionado por la concesionaria-, con los levanta vidrios eléctricos de la puerta trasera izquierda y puerta delantera derecha, y ruidos para abrir y cerrar las puertas, percibiendo problemas con los burletes y bisagras de las mismas (cfr. fs. 27 vta.). Por su parte, las accionadas acompañaron constancias del servicio técnico ofrecido en dos oportunidades, una de ella donde se efectuó una reparación -cfr. fs. 57- y la otra, donde se dejó constancia que el rodillo que traslada el cristal de la puerta posterior izquierda, estaba roto -cfr. fs. 58-.

De la prueba rendida en autos, se advierte que, respecto del defecto en el levanta vidrios de la puerta del acompañante, éste fue puesto de manifiesto en las declaraciones testimoniales del Sr. Lucio González y Daniel Enrique Padilla -cfr. respuesta séptima de fs. 71 y 72 respectivamente-. La declaración del señor Oscar Humberto Irades da cuenta del mismo desperfecto en la puerta trasera izquierda -cfr. fs. 74 y vta. En cuanto a la prueba de inspección ocular realizada a instancia de la actora, -realizada por la señora secretaria del Juzgado cfr. fs. 89, 91 y 92-, si bien les asiste razón a las recurrentes, respecto que la misma se llevó a cabo sin mediar comunicación anticipada a su parte del día y hora de producción-, y por lo tanto, no tuvieron oportunidad de participar en el control de dicha prueba, (art. 480 del CPCC), no surge, sin embargo, presentación alguna de las demandadas con posterioridad, en la que se haya cuestionado la medida, resultando el agravio en tal sentido, inoportuno en la instancia de la alzada. En cuanto al aporte que surge de dicha prueba, la señora secretaria constató que los vidrios de las puertas delanteras funcionan con normalidad, y que en el caso de los levanta vidrios traseros, el izquierdo funciona con normalidad al levantarlo y al bajarlo se traba a la mitad y baja despacio, mientras que el derecho, no se levanta una vez accionado el levanta vidrio. En relación a las puertas, las mismas suenan al abrirlas y cerrarlas, y en el caso de la delantera izquierda tiene la moldura inferior despegada. La falla en los frenos no pudo ser comprobada por carecer la funcionaria actuante de conocimientos en mecánica -cfr. acta de fs. 92-.

Lo primero que cabe advertir, es que hay divergencias entre las fallas alegadas por la actora y las constatadas en el acta. Así, mientras en la demanda se hace referencia al levanta vidrios de la puerta acompañante, -lo que coincide con las declaraciones testimoniales ya referidas-, en la inspección surge que funciona con normalidad. Luego, el levanta vidrios trasero derecho no responde al levantarlo, cuando en principio sólo funcionaba mal el izquierdo. No obstante ello, se pudo comprobar que la camioneta presenta anomalías en el funcionamiento de tal mecanismo, y ruidos al manipular las puertas, los que constituyen desperfectos que las accionadas no han logrado probar que obedezcan a un mal uso de los mismos.

El micro sistema de responsabilidad en materia de consumo se ha ido estructurando sobre parámetros objetivos, de manera que, puesta la obligación sobre las accionadas de proveer un adecuado servicio técnico y de suministrar los repuestos necesarios, -máxime durante la vigencia del periodo de garantía- cabe a éstas probar la imposibilidad de cumplir adecuadamente por causas que no le son imputables. En atención al reclamo por el levanta vidrios, sostienen que la demora en la reparación no les resulta atribuible por cuanto, la primera vez el repuesto llegó equivocado -es decir no apto para esa unidad vehicular- y, con posterioridad, la demora se produjo a consecuencia de las limitaciones en las importaciones, siendo que cuando estuvo disponible, la actora no concurrió para su reemplazo En este sentido, las alegaciones efectuadas pero no acreditadas, resultan insuficientes para eximirlas. En efecto, se ha dicho que la falta del repuesto, -que fue indudablemente la causa eficiente de la demora en dar a la actora una pronta solución-, evidenció por si misma el incumplimiento de la garantía posventa, ya que es notorio que la adecuada ejecución de ésta última exigía de parte del fabricante y el concesionario, que hubieran estado a disposición del adquirente garantido, en forma inmediata, todos los repuestos y materiales necesarios para hacer efectiva, en el menor tiempo posible, la reparación garantizada (Revista de Derecho Privado y Comunitario, "Consumidores", Edit. Rubinzal, Culzoni, Buenos Aires, 2009-1, pág. 146 y jurisprudencia allí cit.). Tampoco suministraron las accionadas prueba alguna que confirmara la voluntad de efectuar la reparación, señalando a partir de qué momento el repuesto estuvo disponible para su reemplazo y que esto, le fuera oportunamente comunicado a la actora, máxime si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde la compra -en tanto la misma alega que a una semana de la adquisición advierte el desperfecto del levanta vidrios- hasta las intimaciones extrajudiciales cursadas (cfr. fs. 19 y 20).

Ahora bien, cabe examinar si el deficitario servicio de reparación, resulta de envergadura suficiente para que opere el derecho de elección dispuesto por la norma (art. 17) y en su caso, si la decisión del fallo -sustitución del vehículo por otro, modelo 2017- es excesiva como sostienen las demandadas recurrentes.

El supuesto fáctico contemplado por la norma establece que, cuando la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que esta destinada, el consumidor se encuentra facultado de elegir entre, solicitar la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características (inc. a); devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales (inc. b); o bien, obtener una quita proporcional del precio abonado (inc. c). La disposición bajo análisis, ha sido precisada -en cuanto a sus términos y alcances- por el decreto reglamentario 1798/94. Así, define que por "condiciones óptimas" se entiende aquellas que son necesarias para un uso normal, mediante un trato adecuado y siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por el fabricante. En el caso de optar por la sustitución se establece que, con carácter previo, si la cosa estuviera compuesta por conjuntos, subconjuntos y/o diversas piezas, el responsable de la garantía podrá reemplazar los que fueran defectuosos. La sustitución de partes de la cosa podrá ser viable siempre que no se alteren las cualidades generales de la misma y ésta vuelva a ser idónea para el uso al cual está destinada. La sustitución de la cosa por otra de "idénticas características" deberá realizarse considerando el período de uso y el estado general de la que se reemplaza, como así también la cantidad y calidad de las reparaciones amparadas por la garantía que debieron efectuársele. Igual criterio se seguirá para evaluar el precio actual en plaza de la cosa, cuando el consumidor optare por el derecho que le otorga el inciso b (reglamentación art. 17).

En el sub lite, los desperfectos que surgen acreditados en la causa - levanta vidrios de las puertas traseras y ruidos al abrir y cerrar las mismas- no afectan el uso del destino que tiene el vehículo, sino que se tratan de anomalías en piezas que menoscaban las condiciones óptimas que debe reunir el rodado tratándose de un 0 km. Esta circunstancia impone analizar la elección de la actora, no solo desde la previsión normativa que otorga dicha facultad -art. 17 de LDC-, sino en el marco de un ejercicio razonable del derecho, de manera que, no se desnaturalice el sentido del supuesto de hecho que la norma tiende a considerar.

Los contratos -en este caso, de consumo- deben interpretarse conforme el principio de la buena fe (art. 9 del CCCN). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el principio de la "buena fe" informa todo el ordenamiento jurídico tanto público como privado al enraizarlo en las más sólidas tradiciones éticas y sociales de nuestra cultura (CSJN, 18/7/2002, "Activar SA y Otros vs. Energía Eléctrica S.E., en "La Buena fe como pauta de interpretación de los contratos" Dra. Liliana María Rosa Garrido, CApelCCSalta, sala IV, t. XXXIX-S, fº 162). De tal manera, es debido apreciar si una pretensión que se alega sustentada en normas de la ley 24.240, no violenta aquella otra que veda el ejercicio antifuncional de los derechos (art. 1071 del CC y receptado por el art. 10 del nuevo CCCN).

La facultad resolutoria del contrato cuya pretensión intenta la actora, en cualquiera de las alternativas propuestas (sustitución del rodado o devolución del dinero pactado) importa consecuencias de notable envergadura, por lo que corresponde examinar la ecuanimidad o proporcionalidad con el incumplimiento que se tiene por acreditado. En tal sentido, se sostuvo que de acuerdo con los principios de la buena fe y el abuso del derecho, para tornar procedente la aplicación del pacto comisorio es menester que el incumplimiento tenga la entidad suficiente para decir que sea grave y referido a una obligación esencial (Revista de Derecho Privado y Comunitario, "Abuso del derecho", Ed. Rubinzal - Culzoni, Buenos Aires, 1998, pág. 244 y jurisprudencia allí cit.).

La buena fe y el abuso del derecho son parámetros a considerar en la valoración que se sigue. Al respecto, Marisa Herrera, en su comentario al art. 10 del CCCN, evoca a Mosset Iturraspe, quien al referirse a la buena fe, consideró, que en la búsqueda de una solución más justa para el caso concreto, desde el marco de los textos legales, cuando los hubiere, y más allá de dicho marco, frente al absurdo o la injusticia notoria, pero siempre cumpliendo el rol de integrar la norma, encontramos la buena fe de la concepción solidarista. El juez moderno tiene una tarea 'cada vez más complicada', pues debe partir de una 'cuidadosa evaluación de los valores e intereses antagónicos que se hallan en juego', y para ello debe percibir con claridad 'los problemas de la sociedad contemporánea', y que ésta constituye un principio general del derecho al ser, en palabras de Alexy, un "mandato de optimización" que cumple numerosas funciones, como ser: regla de interpretación, fuente de derechos, correctiva del ejercicio de los derechos y eximente de responsabilidad ("Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", tomo I, Ed. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Buenos Aires, Infojus 2015, pág. 35).

En cuanto al abuso del derecho, el art. 10 del CCCN establece que la ley no ampara su ejercicio, considerándolo como aquel que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Ambos supuestos, que aluden a conceptos que deben ser objeto de interpretación en cada caso concreto, deben ser valorados en forma dinámica, pues la determinación de lo que es o no abusivo no puede quedar cristalizada al tiempo de la sanción de la norma (Marisa Herrera, ob. cit. comentario al artículo, pág. 37). Entre las directivas que se han utilizado para caracterizar al abuso, se tiene, entre otras, si el acreedor ha escogido el camino más gravoso para el deudor, y en este sentido se sostuvo que, una de las notas que contribuyen a configurar más claramente el abuso del derecho es, que el acreedor, pudiendo elegir entre dos vías o procedimientos para hacer efectivo su crédito, opta por el más oneroso y perjudicial para el deudor (Kemelmajer de Carlucci en "Principios y tendencias en torno al abuso del derecho en Argentina", Revista de Derecho Privado y Comunitario, "Abuso del derecho", Ed. Rubinzal - Culzoni, Buenos Aires, 1998, pág. 215 y ss). Sobre esta base, y teniendo en consideración la norma reglamentaria del artículo en discusión, es posible interpretar si a la plataforma fáctica del caso planteado le resulta aplicable la previsión legal (art. 2 del CCCN).

Se encuentra acreditado en autos -como ya se dijo- el incumplimiento por parte de las accionadas en su deber de prestar un adecuado servicio técnico a la actora, como así también, los desperfectos ya puntualizados en el vehículo. Ahora bien, del análisis de las alternativas propuestas por la norma y su reglamentación surgen otras -distintas a la intentada- que resultan menos gravosas, tal como la posibilidad de reclamar la reparación o sustitución de las piezas deficitarias, o bien en su defecto, demandar la reducción del precio pactado. Así se sostuvo que, para que proceda la resolución de un contrato, el incumplimiento contractual debe ser importante, de forma tal, que en el caso de haberlo previsto, la parte afectada no hubiera celebrado el contrato en las mismas condiciones, o que, la cuestión que originó el reclamo no tenía gravedad para considerar que el vehículo resultara impropio para su destino, y que en todo caso hubiera procedido la acción de reducción del precio pero no la redhibitoria (Carlos Ghersi, Celia Weingarten "Tratado Jurisprudencial y Doctrinario Defensa del Consumidor", ed. La ley, Buenos Aires 2011, Tomo I, pág. 401, jurisprudencia allí cit.). Pese a que los desperfectos señalados afectan el confort y el pleno goce de un vehículo nuevo, la ausencia de gravedad en las fallas acreditadas, en tanto no afectan el uso principal del bien en cuestión, vuelven la pretensión resolutoria intentada desproporcionada en relación al incumplimiento de las accionadas. En efecto, cabiendo la posibilidad de reparar las piezas defectuosas o su reposición, exigir la sustitución por un vehículo nuevo o la devolución del dinero pagado, aparecen como pretensiones excesivas.

En cuanto a la divergencia de las posiciones asumidas respecto al modelo del rodado, cabe advertir, que las partes bien pueden haber pactado la adquisición del un 0 km, lo que no obsta se trate de un modelo anterior a la fecha del contrato. De esta manera, en la factura Nº 00001008 -documentación aportada por la actora a fs. 15, cuyo original se tiene a la vista y se encuentra reservado por secretaría- se describe en detalle las cualidades y características de la camioneta vendida, donde se consigna "año 2014", por lo que no puede la actora alegar desconocimiento o error en lo que compraba. Tampoco se ha acreditado un ardid o engaño al respecto.

No resulta procedente, entonces, admitir cualquiera de las modalidades solicitadas para la resolución del contrato celebrado, ni se puede en consecuencia, mantener la condena que ordena sustituir el vehículo objeto de la disputa -modelo 2014- por la entrega de otro nuevo -modelo 2017-, en tanto ello importaría convalidar el ejercicio abusivo del derecho por la parte actora, con lo que la demanda, en este punto, no puede prosperar.

3. En cuanto a la procedencia de la condena por daño moral, se agravian las demandas de la falta de sustento en base a elementos probatorios y el monto por el que prospera.

La jurisprudencia entiende por daño moral la lesión a los sentimientos y afecciones legítimas de una persona, cuando de una manera u otra se ha perturbado la tranquilidad y ritmo normal de vida del damnificado (cf. CNCiv. Sala "D" en E.D. 61-779; íd. Sala F en E.D. 69-377). Es doctrina de esta Sala, que la finalidad de la indemnización es procurar restablecer, tan exactamente como sea posible, el equilibrio destruido por el hecho ilícito, para colocar así a la víctima en la misma o parecida situación patrimonial en la que se hubiese hallado si aquél no hubiese sucedido. El principio general es que el responsable debe resarcir todo el daño ocasionado con el acto ilícito (cf. CCCom. de Lomas de Zamora, Sala I, 2-11-2004, el Dial 18-11-2004). Se trata en definitiva, de indemnizar "todo" el daño causado pero no más: "en la tarea de fijar el alcance y cuantía de la indemnización, lo que se procura es de no trasponer o fugarse de la equidad y justicia, acotada, por un lado, por el principio de reparación integral y plena; y por otro, por el que impide lucrar con el daño sufrido (cf. CCCom. de Lomas de Zamora, Sala I, 24-2-2004, cit. en Revista de Derecho de Daños, "Daños a las personas en la Provincia de Buenos Aires", Ed. Rubinzal; CApelCCSalta, sala IV, t. XXXVI-S, fº 198).

El ordenamiento jurídico que regula el derecho de consumo parte de considerar que, en la realidad existe desigualdad entre las partes contratantes y en virtud de ello, dispone presupuestos legales a fin de lograr equilibrar la posición entre ellas. En el caso que nos ocupa, surge inmediatamente que la posición del actor-consumidor no es la misma que la de la demandada- proveedora, en cuanto a la habitualidad en la contratación comercial que los vincula. Primera cuestión ésta, que nos permite reflexionar sobre cómo incide en uno y otro contratante, el criterio sostenido por la jurisprudencia señalada respecto de cómo debe interpretarse "las inquietudes propias del mundo de los negocios" a los fines de servir como excluyente del daño moral, advirtiéndose a priori, que no es una vara prudente y equitativa en los contratos de consumo. Ello así, debe atenderse la desigualdad técnica de las partes, la que busca equilibrar la ley poniendo en cabeza del proveedor obligaciones específicas a su cargo. En el caso, -y como fuera señalado en el acápite que antecede-, el servicio técnico prestado por las accionadas fue deficiente, originando en consecuencia, que la actora deba concurrir y reclamar en distintas oportunidades para lograr su cumplimiento, agotando inclusive instancias conciliadoras previas al juicio que aquí se sigue. Toda esta perturbación, sobrepasa las vicisitudes propias de un negocio comercial, provocando malestar e intranquilidad que merece ser reparado.

Confirmada la procedencia de la indemnización por daño moral, cabe atender el agravio respecto al monto de la condena. La sentencia en crisis condenó por daño moral la suma de $ 30.000, tal como había sido peticionado por la actora. Considerando los argumentos expuestos para tratar la resolución del contrato pretendida, -donde se dijo que no estaban dadas las condiciones para que el mismo prospere en razón de la entidad del incumplimiento por parte de las accionadas-, el monto de la condena por daño moral admitido en el fallo luce excesivo, a tenor de las molestias ocasionadas por ese incumplimiento.

En precedentes de esta Sala se dijo, que se ha reflexionado largamente sobre las dificultades para la fijación del importe de la indemnización por daño moral, de difícil determinación y distante de cánones objetivos, reservados a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas y a los padecimientos experimentados por el damnificado. Sin perjuicio de ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha procurado fijar algunas pautas orientadoras que indican que si bien queda conferido a los magistrados un significativo cometido, no autoriza ello a prescindir de uno de los requisitos de validez de los actos judiciales, cual es su fundamentación, lo que impone al tribunal el deber de examinar las pretensiones deducidas y verificar si se han producido los perjuicios que se reclaman, evitando cuidadosamente no otorgar reparaciones que puedan derivar en soluciones manifiestamente irrazonables (cf. López Mesa-Trigo Represas, Tratado de la Responsabilidad Civil. Cuantificación del Daño, p. 505 y ss., con cita de fallos). Empeño éste, que ha motivado cuidadosos postulados sobre el tema, aunque reconociendo que hasta ahora la determinación del monto resarcitorio del daño moral es de solución aleatoria y subjetiva, en ausencia de un criterio regulador (cf. Matilde Zavala de González, "Cuánto por Daño Moral", en La Ley, t. 1998-E, p. 1057; Compagnucci de Caso, La Indemnización del Daño Moral, en Revista de Derecho de Daños, 2013-3, p. 27, ed. Rubinzal Culzoni; CApelCCSalta, sala IV, t. XXXVIII-S, fº 304).

El caso en examen no escapa a esas dificultades, y debe ponderarse entonces el tiempo que ha insumido para la actora obtener el reconocimiento por parte de las accionadas de las deficiencias en el rodado, todo lo que sin duda alguna -como se dijo- generó malestar, incomodidad e inconvenientes en el disfrute del vehículo. Con tales antecedentes, en ausencia de pautas objetivas, con valoración de las circunstancias expresadas y en uso de las atribuciones que acuerda el art. 165 del CPCC, cabe modificar el monto reconocido en concepto de daño moral a la reclamante por la suma de $ 10.000. Por lo expuesto, cabe hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por las demandadas.

IV) Corresponde atender los agravios expuestos por la actora para fundar su recurso.

Cuestiona la recurrente, el rechazo de los rubros indemnizatorios por daño punitivo y privación de uso. Para decidir en tal sentido, la magistrada consideró que, en cuanto al primero de ellos no estaban dados los requisitos para su procedencia y en el otro caso, no estuvo acreditado el daño. En ambos casos se comparte la solución propiciada, por los fundamentos que se pasan a exponer. 1. El daño punitivo ha sido definido como las sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que estén destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro (cf. Pizarro, Ramón D., " Derecho de Daños", Ed. La Rocca, Buenos Airs, 1.993, p. 291; CApelCCSalta, sala IV, t. XXXVIII-S, fº 304; id., t. XXXVIII-S fº 98).

Tiene dicho esta Sala en otros precedentes que, en punto al instituto en cuestión, cabe determinar cuáles son los presupuestos que deben requerirse como necesarios para autorizar a conceder una indemnización adicional por dicho concepto. En este sentido, cabe señalarse el consenso dominante sobre la materia, tanto en el derecho comparado como en nuestra doctrina, de que las indemnizaciones o daños punitivos únicamente proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado, o por la obtención de enriquecimientos derivados del ilícito, o en ciertos casos, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia un menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva (cfr. Trigo Represas, Félix, "La Responsabilidad civil en la nueva ley de defensa del consumidor", La Ley On Line, Stiglizt Rubén-Pizarro Ramón "Reformas a la ley de defensa del consumidor", La Ley, 2009-B, 949, CApelCCSalta, sala IV, t. XXXIX-S, fº 131).

Sobre la base de todo lo hasta aquí expresado, debe concluirse pues, que la interpretación del art. 52 de la LDC es de carácter restrictiva, y procede únicamente frente a la existencia de un grave reproche en el accionar del responsable del daño, debiendo haberse verificado que ha actuado con dolo o culpa grave, o con un deliberado designio de anteponer los propios intereses y/o el propio beneficio, manteniéndose indiferente, de modo consciente, frente a los derechos de los clientes o agentes gravemente perjudicados.

En el caso que nos concierne, comparto la apreciación efectuada por la magistrada, en cuanto no se han verificado las circunstancias excepcionales que autorizan a la fijación del daño punitivo pretendido, es decir, no se ha acreditado, la existencia del tipo de conducta que resulta exigible. Si bien, le cabe un reproche jurídico a las accionadas en cuanto a la deficiencia en el servicio técnico prestado, ello no resulta suficiente para la procedencia del daño punitivo pretendido. En cuanto al argumento que esgrime la actora, respecto de los antecedentes de incumplimiento por parte de las accionadas, que entiende acreditado con la prueba informativa agregada fs. 77/78 -informe estadístico remitido por la Secretaria de Defensa del Consumidor-, cabe decir que los datos allí aportados resultan irrelevantes para condenar en sede civil por el caso particular que se sigue, toda vez que la multa bajo examen atiende a la gravedad de la conducta señalada en el caso concreto donde se pretende su aplicación.

En este sentido sostuvo el más Alto Tribunal de la Provincia, que no es arbitraria la sentencia que al resolver el rechazo del daño punitivo, realizó un pormenorizado análisis del instituto considerando que, de ninguna manera la ley se limitó a sumar el daño punitivo como un demérito mas a los perjuicios reclamables de acuerdo al sistema de responsabilidad vigente, sino que tiene una naturaleza propia, eminentemente sancionatoria, y es allí, donde deben buscarse las condiciones de su procedencia (CJS, t. 183:191).

2. En cuanto al rubro privación de uso desestimado, cabe recordar que, la sola privación del uso de un automotor ha sido reconocida por doctrina y jurisprudencia como productora de daños y en esa condición, fuente de resarcimiento; y ello es así en virtud de que la cosa tiene por finalidad, sea el esparcimiento o su utilización como medio de producción de otros bienes que inciden frente a su supresión en forma negativa en el patrimonio de la víctima (Daray, Hernán, "Accidentes de Tránsito", segunda edición actualizada y ampliada, tomo 2, Ed. Astrea, 1989, pág. 81, nº 22, jurisprudencia cit., CApelCCSalta, sala IV, t. XXVIII, fº 583). Sostiene la actora que el vehículo ingresó al taller en cinco oportunidades en los cuales éste permaneció desde primeras horas de la mañana hasta las últimas horas de la jornada, obligándolos a trasladarse desde la ciudad de Aguaray hasta Tartagal en remís motivo por el cuál, reclama la suma de $ 2.250 -cfr. fs. 31-. Sin embargo, según surge de las constancias obrantes en autos, hubo dos ingresos al servicio técnico -cfr. fs. 56 y 58-, y la actora no probó que en tales oportunidades se hubiera visto privada del rodado durante toda la jornada como alega. La procedencia del rubro que se intenta, procura compensar el perjuicio provocado con la indisponibilidad temporaria del vehículo, lo que requiere, al menos, de la acreditación de dicha privación por un período que justifique su resarcimiento, lo que no ha sido acreditado en autos.

Las reglas sobre la carga de la prueba, revisten importancia práctica ante la ausencia o insuficiencia de elementos probatorios susceptibles de fundar la convicción judicial en un caso concreto, indicando por un lado al juez cual debe ser el contenido de la sentencia cuando concurren aquellas circunstancias y previniendo por otro lado a las partes acerca del riesgo que se exponen en el supuesto de omitir el cumplimiento de la respectiva carga (Rosemberg, La carga de la prueba, pág. 49; Couture, Fundamentos, pág. 242, citados por Palacio Derecho Procesal Civil, t. IV, cuarta reimpresión, pág. 363). La carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis (José V. Acosta "Visión Jurisprudencial de la Prueba Civil", t. I, pág. 129/130, editorial Rubinzal- Culzoni; CApelCCSalta, sala IV, t. XXXV-S, fº 11). Con ello, la conclusión a la que arriba la magistrada no resulta arbitraria, en tanto su convicción quedó formada respecto de la prueba ofrecida, -o en este caso- de la falta de la misma (doc. art. 386 del CPCC), por lo que el agravio debe ser desestimado.

V) Por los fundamentos expuestos, corresponde no hacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora a fs. 112, y hacer lugar parcialmente al recurso deducido por las acciondas a fs. 116. En su mérito, revocar parcialmente el punto I) de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 107/110, rechazar la acción de resolución del contrato de compraventa respecto de la camioneta marca CHERY, modelo Tiggo 2.0, y hacer lugar parcialmente al reclamo del daño moral, condenando a las empresas demandadas a abonar solidariamente la suma de $ 10.000, confirmando el rechazo de los rubros por daño punitivo y privación de uso.

Respecto de las costas, las mismas deberán distribuirse en un 80% a cargo de la parte actora y en un 20 % a cargo de las demandadas, en virtud del rechazo de la resolución pretendida y haber progresado parcialmente la indemnización reclamada (art. 71 del CPCC).

VI) En cuanto a las costas de esta instancia, se decide imponer las mismas, respecto del recurso articulado por la actora, a ésta por resultar vencida (art. 67, 1ra. parte del CPCC); y del recurso deducido por las accionadas, se distribuyen en un 80 % a cargo de la actora y en un 20% a cargo de las demandadas, puesto que se ha modificado lo resuelto respecto de la resolución del contrato y el monto por el que prospera la condena por daño moral ha sido morigerado (art. 71 del CPCC).

VII) Teniendo en cuenta el resultado de los recursos interpuestos, y que los honorarios de los profesionales intervinientes, por su labor desarrollada en la alzada deben cuantificarse en la oportunidad prevista en el capítulo II de la Acordada 12.062, cabe estimar los honorarios tanto para el letrado de la parte actora como el de las demandadas, en un 40% del monto que les corresponda por los honorarios en la instancia de grado por su intervención en la cuestión principal y teniendo en cuenta el interés defendido en cada recurso (art. 2 de la Acordada señalada).

El doctor José Gerardo Ruiz adhiere al voto que antecede.

Por ello, y el acuerdo que antecede, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación deducido por la actora a fs. 112. Con costas. II) HACE LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación deducido por las demandadas a fs. 116, y en su mérito, REVOCA parcialmente el punto I) de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 107/110, el que quedará en los términos siguientes: I) RECHAZAR la acción de resolución del contrato de compraventa respecto de la camioneta marca CHERY, modelo Tiggo 2.0, y HACER LUGAR PARCIALMENTE al reclamo del daño moral, condenando a las empresas demandadas SAMER S.A. y FADUA S.A. a abonar solidariamente la suma de $ 10.000, y rechazar los rubros por daño punitivo y privación de uso. Con costas en un 80% a cargo de la actora y un 20% a cargo de la parte demandada.

III) Las costas de esta instancia por el recurso de apelación de fs. 116 se imponen en un 80% a cargo de la actora y en un 20% a cargo de las demandadas.

IV) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. SALA CUARTA. VOCALES: MARÍA ISABEL ROMERO LORENZO - JOSÉ GERARDO RUÍZ. SECRETARIA: MARÍA GUADALUPE VILLAGRÁN. SALA IV T. XL-S. Fº 49/58. 16/04/18.