Personal policial, interpretación restrictiva, fallos de la Corte Suprema
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Barrionuevo, Oscar Roberto c/ Estado Provincial (Policía de la Provincia) s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-02-03

Comparece el actor, por intermedio de letrado apoderado, interponiendo sendas acciones contencioso administrativo en contra del Estado Provincial, persiguiendo se declare la ilegitimidad del Decreto GyJ. Nº1181 de fecha 12/Agos/11, que le fuera notificado el 17/Agos/11, que rechaza el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución Interna JP Nº 142/10, dispone su retiro obligatorio de la Policía de la Provincia, por aplicación del Art.14, inc.g) de la Ley de Retiros y Pensiones Policiales Nº3137/76, modificada por la Ley 3577/80.

Asimismo solicita medida cautelar innovativa, a fin de que se ordene a la demandada la restitución de la totalidad de los haberes retenidos desde Setiembre del 2011 y el pago mensual de los mismos hasta que se dicte sentencia definitiva. Funda la tutela impetrada expresando que desde la notificación del Decreto que cuestiona y desde Set./11 se encuentra privado de sus haberes, debiendo subsistir de changas, ayuda de familiares y contraer deudas con elevados intereses.

Con respecto a la tutela cautelar impetrada tendiente a la suspensión del acto cuestionado, cuya nulidad por vicios en sus elementos esenciales se impetra, debe destacarse que -como lo señala el accionante- constituye doctrina uniforme de esta Corte de Justicia, expresada en numerosos y reiterados pronunciamientos, que la procedencia de las medidas cautelares contra leyes o actos administrativos debe juzgarse con criterio sumamente restrictivo en atención a la presunción de legitimidad y ejecutoriedad que ampara a los actos de los poderes públicos, por lo que sólo resultan admisibles cuando, además de la existencia de los requisitos legales comunes, verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela concurren requisitos específicos como daño irreparable, ilegalidad manifiesta e indudables razones de interés público.

En tal sentido la CSJN ha expresado que "la presunción de validez de los actos de los poderes públicos impide disponer por la vía de no innovar, la suspensión de la aplicación de leyes, decretos, reglamentos u ordenanzas... si no se justificare la irreparabilidad del daño" (Conf. CSJN 210:48; 195:383).- siguiendo tal tesitura y analizadas las constancias de autos en relación al requisito de verosimilitud del derecho, corresponde señalar que la suspensión del acto solicitada por vía cautelar, con fundamento en los vicios que afectan el acto impugnado, y que conforme argumenta el escrito de demanda constituye la materia sustancial de la litis, no exhibe la concurrencia fáctica de este presupuesto, pues el fumus boni iuris alegado por la parte como fundamento de la medida impetrada no alcanza a crear el grado de posibilidad o certeza necesario respecto al derecho cuya declaración se pretende mediante este excepcional adelanto jurisdiccional y tal circunstancia obsta a que se tenga por configurado en el marco propio de las medidas cautelares el presente requisito. Asimismo, la tipificación de los restantes requisitos enunciados en el considerando precedente no converge en autos a fin de acordar la excepcional tutela requerida. Y el hipotético daño que se ocasionaría, puede encontrar debido reparo en las vías procesales ordinarias.

Por ello, corresponde no hacer lugar a la tutela cautelar peticionada.