Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-15


NEUQUEN, 15 de mayo de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "PAILLAQUEO AGUSTIN DEL CARMEN C/ I.A.P.S.E.R. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART", (Expte. Nº 443514/2011), venidos en apelación del JUZGADO LABORAL 4 - NEUQUEN a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Medori dijo:

I.- Que la parte demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia definitiva del 25 de noviembre del 2013 (fs. 151/161), expresando agravios a fs. 167/173.

Argumenta que el juez de grado incurre en arbitrariedad al dar por reconocido el accidente de trabajo por el cumplimiento de las prestaciones en contravención a lo dispuesto en el art. 22 del dec. 491/97, condenar al resarcimiento de enfermedad no contemplada en el baremo del dec. 659/96, y aplicar retroactivamente el dec. 1.694/09 y la ley 26.773, no habiendo el demandante formulado petición al respecto.

Apela honorarios por altos y solicita se revoque el fallo recurrido, rechazando la demanda en todas sus partes con costas.

Corrido el pertinente traslado la parte actora contesta a fs. 175/194.

Manifiesta que el evento dañoso fue comprobado en autos y que la aseguradora no ha justificado haberse acogido a la reserva administrativa referida, que la pericia se encuentra debidamente fundada, que se ha requerido la aplicación de la ley más favorable en los alegatos, siendo facultad de los jueces controlar la constitucionalidad de las normas y decir el derecho aplicable al caso, correspondiendo el rigor inmediato de la normativa en cuestión de conformidad a la corriente jurisprudencial mayoritaria.

Reserva el caso federal y solicita se rechace la apelación con costas.

II.- Entrando al estudio de la cuestión traída a entendimiento resulta que la decisión en crisis hace lugar a la demanda por prestación por incapacidad parcial y permanente atento la admisión tácita del accidente laboral y el dictamen de incapacidad establecido por el perito médico, determinando la indemnización correspondiente conforme la ley vigente al momento dada la falta de cancelación total de la reparación. Asimismo, destaca la insuficiencia del sistema tarifario anterior, el carácter de seguridad social de la LRT, y la interpretación y aplicación de la ley más benigna a la víctima, declarando de oficio la inconstitucionalidad del art. 7 párr. 5 de la ley 26.773. El monto indemnizatorio es fijado conforme fórmula del art. 14 ap. 2 de la LRT, con más el 20% del art. 3 de la ley 26.773 y actualización Ripte de los arts. 8 y 17 párr. 6 de la misma norma, devengando intereses desde la fecha del siniestro hasta el efectivo pago a tasa activa.

La referencia destinada a impugnar el reconocimiento tácito del accidente de trabajo denunciado, resulta novedosa y carente de sustento real teniendo en cuenta el desconocimiento meramente formal efectuado al contestar demanda (ver fs. 59) y la admisión de la falta de controversia al respecto (fs. 167 vta.), no habiendo oportunamente alegado el rechazo o el pedido de suspensión a que alude la normativa citada por la apelante (cfme. Art. 277 del CPCC).

El cuestionamiento del carácter de la patología padecida es contrariado por la ausencia de exámenes preocupacionales y periódicos que den cuenta de su prexistencia o generación lenta (fs. 116) y la pericia médica judicial que establece la lesión de desgarro y su relación causal con el evento dañoso, con descripción de la limitación funcional consecuente, los factores de ponderación y el porcentaje adicional por miembro hábil, fijando un porcentaje de incapacidad del 14,125% (fs. 125/126 y 133).

En tal sentido resultan incongruentes las motivaciones de la Comisión Médica que alude a que la RM puso en evidencia signos de patología crónica y la falta de lesiones de características agudas (fs. 12), dado que del propio informe si bien surge cambios degenerativos, también describe "signos de desgarro parcial del supraespinoso" y "tendinosis del tendón del infraespinoso" (fs. 11), de manera que no se explica el dictamen de enfermedad inculpable.

El decreto 659/96, capítulo osteoarticular, MIEMBRO SUPERIOR, prevé que en los casos de lesión anatómica y/o funcional del miembro más hábil se adicionará un 5% al porcentaje de incapacidad calculado, y para la limitación funcional del hombro, Abdo - Elevación, aducción, elevación anterior y posterior, y rotación interior y exterior, de acuerdo a los grados proporcionados por la facultativa, por sí solos alcanzan el 10% de incapacidad (fs. 125 vta.).

Es decir, que los agravios vertidos carecen de sustento probatorio y legal, ya que ninguna evidencia desvirtúa las conclusiones médicas de la pericia judicial realizada en autos y la evaluación de la discapacidad ha sido determinada dentro de los parámetros del baremo oficial, quedando descalificado una vez más el dictamen de la Comisión Médica N° 9.

Vale traer a colación, igualmente, que el Tribunal Superior de Justicia - Sala Civil - in re "SALINAS PEDRO EDUARDO C/ LIBERTY A.R.T. S. A. S/ INDEMNIZACIÓN INCAPACIDAD ABSOLUTA", Fecha: 19/09/2012, ha dicho que: "Siendo así, sostener que el baremo de incapacidades consagrado por el Decreto P.E.N. N° 659/96 es de aplicación exclusiva y excluyente, no parece razonable para fundar el rechazo de la demanda con el simple argumento de que el actor presenta otras patologías y secuelas incapacitantes que no se pueden encuadrar en la aludida norma reglamentaria, cuando ellas han sido constatadas por el perito médico especialista y guardan relación causal con el infortunio. La circunstancia de que la tabla no incluya las patologías padecidas por el trabajador, no puede ser óbice para denegar la reparación de las secuelas, pues es claro que ningún baremo puede encerrar todas las patologías que puedan sufrir todos los seres humanos. A su vez, podría suceder que por vía reglamentaria se trunquen los principios y valores explícitos de la ley (Art. 1) y que insuflan su espíritu, pues fácil sería contemplar un limitadísimo número de secuelas y, de tal modo, restringir las contingencias reparables. Cabe señalar que no se está en presencia de una enfermedad profesional, la que posee un régimen legal particular (Art. 6.2) que juzga resarcibles a aquellas que estén incluidas en un listado (Decreto N° 658/96) o sean incorporadas como consecuencia de cumplirse con el procedimiento allí previsto".

Por último, la impugnación de la normativa especial aplicada se basa fundamentalmente en el acuse de retroactividad y la falta de petición de parte, más deja firme y consentidos los fundamentos que hacen a la aplicación inmediata de la ley vigente al momento del dictado de sentencia, ley 26.773, y al decreto de inconstitucionalidad de oficio del art. 7 párr. 5 de la misma, limitándose a manifestar una disconformidad con el decisorio y omitiendo una crítica concreta y razonada de las razones de este (art. 265 del CPCC).

En relación a la apelación honoraria, de acuerdo a sus términos, y de conformidad a los trabajos efectuados y a la previsión de los arts. 6, 7, 8, 9, 10, 20 y 39 de la ley 1.594, la misma resulta improcedente, siendo adecuada la determinación de los emolumentos.

Por las razones expuestas, y en atención a los términos en que se planteó el recurso, propicio el rechazo de la apelación, confirmando el fallo recurrido en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas en la alzada a cargo de la recurrente vencida, a cuyo efecto deberán regularse los honorarios profesionales con ajuste al art. 15 de la ley arancelaria.

Tal mi voto.

El Dr. Fernando M. GHISINI, dijo:

Por compartir la línea argumental y solución propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala III RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 151/161, en todo lo que fuera materia de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida (art. 17 Ley 921).

3.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes e esta Alzada, en el 30% de lo establecido en el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA.