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Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, selección de causas, daños y perjuicios, responsabilidad civil, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Alvarez, Cristian Daniel y otros c/ López, Juan Norberto y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que admitió la responsabilidad de los demandados y modificó la sentencia de primera instancia en lo atinente a la cuantía de la indemnización fijada en favor de los actores.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Quiroga, Adriana Edith c/ Bazán, Eufemio Enrique s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-06-24

La admisión del reclamo de la concubina se relaciona, en el caso concreto, con lo que se tuvo por acreditado: relación concubinaria estable, hijos en común, convivencia, asistencia económica brindada por la víctima. Esto no significa que pueda adoptarse el mismo criterio cuando se trata de relaciones pasajeras, breves o esporádicas.
Ejecución hipotecaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lucero, Blanca N. c/ Arévalo Escobar, Cecilia, s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-01

En la ejecución hipotecaria, el título hipotecario debe ir acompañado de los respectivos pagarés. Pero, ese principio dista de ser absoluto, pues el fundamento de tal exigencia -el peligro de una doble ejecución- en autos no se da, pues al contrario de lo que afirma la sentencia sobre lo incierto de su destino, es lo real y verdadero que la propia demandada reconoce que la actora los retiene. (Minoría u opinión personal)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jueces, facultades del juez, intereses, tasas de interés, recurso de inconstitucionalidad, realismo económico
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Flores, Roque c/ Frenar S.A. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Cobro de australes (Expte. CSJ Nº   831-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-13

Considerando el criterio rector según el cual el pronunciamiento debe atender a las circunstancias existentes al momento de adoptarse la decisión -aunque las mismas fueran sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (e, incluso al dictado del auto de concesión del mismo)- la existencia de caso constitucional podrá configurarse no por la índole de la materia -tasa de interés- que se pretenda traer a la Corte sino si se dan los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de inconstitucionalidad local. Desde esa óptica, habrá del juzgarse, en cada caso, si la sentencia impugnada satisface el derecho mínimo a la jurisdicción (artículo 1, inc. 3 de la ley 7055) y ostenta motivación suficiente (artículo 95 de la Constitución Provincial), sobreviniendo, en definitiva, la descalificación constitucional, frente a una respuesta jurídica que no exhiba un criterio de razonabilidad frente a la ponderación de la realidad económica y sol o se soporte en una arbitraria discrecionalidad judicial. De acuerdo a tales pautas, la aplicación al "sub judice", del promedio entre los promedios mensuales entre tasa activa y pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina no aparece irrazonable como para merecer reproche constitucional.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, reserva de la cuestión federal, omisión de cuestión esencial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Jara,  Mario Alberto c/ Instituto de Seguridad Social del Neuquén s/ acción procesal administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que prescindió por completo del tratamiento del art. 22 de la ley 1131 de la Provincia del Neuquén, si la cuestión había sido planteada expresamente por el recurrente en el escrito de contestación de la demanda y revestía suficiente relevancia para la solución del pleito, dado el contundente texto legal que supedita la inclusión del concepto reclamado a la efectiva realización de los correspondientes descuentos jubilatorios (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Carta documento, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Casanovas de Garino, Elvira c/ Rubio, Zulema s/ Desalojo por falta de po
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

Sea cual fuere la naturaleza jurídica que corresponda otorgar a la "carta documento", carece de significación su indagación si el aviso de recibo no cumple con los recaudos exigidos por la reglamentación, esto es, haber sido firmado por el destinatario o persona autorizada por éste y que el empleado que efectuó la entrega -además de asentar dicha autorización- certifique la recepción bajo su firma.
Terminación del proceso, incidentes, ejecución de sentencia, desistimiento, convenio extrajudicial, homologación judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: BLASCO, FABIAN c/ MANGHI, GUSTAVO s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-30

Cabe rechazar el reclamo efectuado por los accionantes, como "incidente de ejecución de sentencia", en reclamo de la diferencia entre la cotización del dólar en el tiempo de vencimiento de las ultimas cuotas, que según convenio debían pagar los accionados, y lo recibido en tal concepto, toda vez que, habiendo desistido de la acción y del derecho mediante escrito presentado con la conformidad de los codemandados, por haber llegado a un convenio -según constancias del expediente-, y no surgiendo de la providencia entonces dictada con arreglo a la previsión del CPCCN art. 162, que contempla el desistimiento del derecho reglado en el CPCCN art. 305, pronunciamiento explícito en orden a la homologación o no del referido convenio, cabe tener por concluidas las actuaciones, de manera que, la petición de los accionantes constituyó un intento de generar un incidente dentro de un procedimiento consumido, lo cual no halla amparo en nuestro ordenamiento positivo; además no operan en el caso ni siquiera motivos de economía procesal, pues la cuestión no es subsumible en el CPCCN art. 6 inc. 1 y 6, ni en ninguno de los restantes incisos de dicha regla adjetiva.
Competencia contencioso administrativa, acción meramente declarativa, costas al letrado
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Lencina de Córdoba, Ramona del Valle y Amallo de Ovejero, María Fanny c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción Declarativa de Certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-06

En el caso, la materia traída a conocimiento y decisión de este Máximo Tribunal Provincial, bajo el nomen iuris de acción declarativa de certeza, conforme a los hechos expuestos en la demanda, persigue que se declare la plena vigencia de un Decreto emitido por el Poder Ejecutivo Provincial. La inadmisibilidad formal de la acción instaurada se impone en orden a dos argumentos dirimentes.

En primer lugar, porque el efecto perseguido no se compadece con los presupuestos propios de la acción deducida, instituidos por el plexo normativo de aplicación, los que no pueden ser desconocidos por el letrado patrocinante por ser derecho vigente.

En segundo lugar, en autos Expte. Nº028/10, caratulados: "Velazco Elena Martha y otra c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción Declarativa de Certeza", ha recaído Sentencia Interlocutoria Nº123, de fecha 12/10/10, por la que se rechaza la acción declarativa de certeza interpuesta con idénticos fines por otros actores, pero con el mismo patrocinio letrado, la que se encuentra firme, consentida y por ende, pasada en autoridad de cosa juzgada. Conforme a lo expuesto, se reproducen in extenso los argumentos vertidos por este Tribunal en la citada causa, los que resultan de pleno conocimiento del letrado actuante, el que al instar otro proceso de idéntica naturaleza ha ocasionado un dispendio jurisdiccional inútil, por lo que corresponde que se le impongan las costas.
Daños y perjuicios, películas, exhibición condicionada, vía pública
Materia: CIVIL
Carátula: CASTINEIRA, Alisardo c/ JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-22

La exhibición de material pornográfico en un lugar de indiscriminado acceso al público, como lo es la vereda de una arteria de la ciudad, representa un peligro concreto de perturbación intelectual, afectiva, moral o que puedan considerarse ofensivos a las buenas costumbres de una persona razonable.- Corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad del art.

154 de la ordenanza municipal 39874 en cuanto prevé la destrucción del material secuestrado, si el mismo era de naturaleza pornográfica y se exhibía en un lugar de indiscriminado acceso al público.-
Marcas, marcas confundibles, similitud gráfica, similitud fonética, medicamentos, defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: LABORATORIO RAFFO SA c/ ARGENTIA SACIFI s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

Las marcas "Tacride" y "Thalcide" son confundibles, tanto desde el punto de vista gráfico, como fonético. Y como se trata de medicamentos, es especialmente importante evitar el peligro de confusión.
Empleados de banco, ley de emergencia económica
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Bancaria Seccional Catamarca c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-05-09

La relación sustancial entre los actores -empleados bancarios- y el estado Provincial es de naturaleza administrativa, regida por el derecho público provincial, sin que pueda ser desplazada porque dichosa trabajadores estén comprendidos en un convenio colectivo de trabajo con alcance nacional.

Ello así, tampoco la existencia de un convenio colectivo puede ser obstáculo para la aplicación de una ley de emergencia que abarca a todos los trabajadores del Estado Provincial sin excepciones de ninguna clase, independientemente de la forma en que se perciban los salarios de las modalidades en que la ejecución de las tareas estén determinadas por un convenio que rige toda la actividad en el orden nacional. Interpretar lo contrario significaría que la aplicación de un convenio nacional dejaría sin efecto la legislación y aún la misma Constitución provinciales; circunstancia que no pone en juego la prelación de las leyes -art.31 CN- toda vez que no pueden confundirse ni en su estructura ni en sus efectos una ley nacional con un convenio colectivo.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: MAIDANA, Diego c/ Dirección Provincial de Vialidad s/ Cobro de Pesos. Indems. y otros rubros.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-07-31

Conforme lo resuelto por esta Sala en autos "Quirós, Clemente c/ Dirección Provincial de Vialidad", confirmado por el S.T.J.E.R., así en fecha 28/12/88, es decir con posterioridad a la retroactividad fijada por lo ley 8160, se celebró el C.C.T. Nro. 55/89, abarcativo de los agentes viales de las provincias, o sea que los de esta provincia han quedado incluidos en dicho régimen y en consecuencia le son aplicables las disposiciones de la L.C.T. entre ellos el art. 212
Caducidad, plazo legal, acción de amparo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bullrich, Carlos y Otros c/ Servicoop s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-22

El plazo de caducidad tiene por objeto otorgar estabilidad a los actos tanto de los organismos estatales como provenientes de algún particular, lo que exige que su impugnación por el amparo se produzca en cierto tiempo, variable según la ley que lo reglamenta, presumiéndose que el devenir del plazo fijado los consolida dándoles fijeza, que equivale a resguardar el valor de la seguridad jurídica. Estos conceptos sobre la caducidad permanecen consagrados mayoritariamente aun luego de las reformas constitucionales.
Abuso sexual calificado, abuso deshonesto, fallos del Superior Tribunal, conducta del interno
Materia: PENAL
Carátula: J., M. S /ABUSO SEXUAL AGRAVADO (POR SER ENCARGADO DE LA EDUCACION) S/ CASACION (ex-29401/17) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-05-11

"El delito de abuso deshonesto previsto en la figura del art. 127 del código sustantivo no requiere exclusivamente tocamientos sobre las zonas púdicas, como pretende la defensa, sino que bastan contactos corporales del autor a la víctima con ánimo de desahogar un apetito de lujuria que es, precisamente, lo que ha quedado clara y plenamente demostrado en autos" (cf. CNCrim. Y Corree., Sala II, 03-09-91, "VEGA", LL 1992-A-393/394). (Voto de los Dres. Mansilla, Barotto, Apcarian y Dra. Zaratiegui por la mayoría)
Juicio político, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Martín, juez criminal doctor Sorondo s/ eleva  actuaciones relativas a la conducta del dr. Fernando Bulcourf.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Cuando se trata de un juicio político sólo patentes violaciones a aspectos esenciales del derecho de defensa podrían sustentar los agravios relativos a esta garantía.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, prestación de servicios, sociedad prestadora de servicios médicos, células madre, acción de responsabilidad
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Bruno, Marcela Paola y otro  c/ Matercell SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

Corresponde admitir la demanda de daños y perjuicios promovida por un matrimonio en representación propia y de su hijo, contra un biobanco privado, con motivo del incumplimiento del contrato de almacenamiento de "células madre" que vinculara a las partes, y en reclamo de indemnización por los daños causados. Ello así, pues resultó probada la falta de entrega del kit de recolección previsto contractualmente para el almacenamiento del material orgánico al momento del nacimiento del niño.
Servicio telefónico, indemnización, daño moral
Materia: PROCESAL
Carátula: PATRONE  AMERICO  ALBERTO  Y OTRO c/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.S/ s/ AÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-12

El estado que pudo generar en el ánimo de la coactora damnificada la prestación deficiente del servicio telefónico a lo largo de varios meses, posee la entidad necesaria como para configurar daño moral en los términos jurisprudenciales, habida cuenta la perturbación que es susceptible de generar tan prolongada deficiencia, alterando el desenvolvimiento normal de las actividades de la afectada; en este sentido, considero que en razón de la edad y del estado de salud la coactora (69 años al tiempo del hecho origen de este litigio, y constancias de "Antártida Instituto Médico" y del "Hospital Santa Lucía"), ella ha debido afrontar diversas alternativas que exceden la normal tolerancia que debe soportar el usuario del servicio público de telefonía ante el incumplimiento de la prestadora a cargo de aquél, de modo que concurren aquí circunstancias especiales que hacen procedente indemnizar el presente rubro (conf. esta Sala, causa del 15.10.98, E.D. t. 183, pág. 170; idem, Sala III, causa del 20.12.01, LL diario del 4.6.02, Fallo n° 103.827; entre otros).
Ley procesal, interpretación de la ley, juicio correccional, proceso penal, instrucción, imputado, detención, libertad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: B, R. A. y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Infracción  artículo 301 Código Penal. Incidente de recusación (Expte. CSJ Nº   694-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-27

El legislador santafesino ha establecido en los artículos 497 al 507 del Código Procesal Penal algunas particularidades para el proceso correccional que, como anticipa el título del Libro Cuarto se incluye entre los procesos especiales con algunas peculiaridades tanto con respecto al órgano de la jurisdicción -que investiga y juzga dentro de los límites subjetivos y objetivos que le fija el artículo 27-, cuanto en lo que atañe al trámite, que durante la instrucción presenta alguna mayor brevedad y simplicidad de rito, mientras que resulta distinto de la instrucción común cuando se ocupa del estado de libertad de la persona sometida a la causa penal (art. 497, en cuanto que "salvo que medien sospechas fundadas de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia, sea por sus antecedentes personales o por cualquier otras circunstancia grave, la autoridad preventora no procederá a su detención. Si se necesitase acreditar alguno de estos extremos, el imputado podría ser privado de su libertad por un plazo que no exceda de doce horas") .
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, honorarios, sentencia suficientemente fundada, ley arancelaria, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Jackson, María y otra c/ Jackson, Juan Carlos s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Rendición de cuentas. Reducción de   honorarios (Expte CSJ Nº 510-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-30

Sabido es que, en principio, lo relativo a los honorarios devengados en juicio como a la interpretación y aplicación de las normas arancelarias constituye materia ajena al remedio extraordinario, regla que admite excepción si la decisión regulatoria incurre en arbitrariedad -entre otros casos- cuando dicho pronunciamiento importa un palmario apartamiento de la solución normativa específicamente aplicable al caso, sin dar razones suficientes que lo justifiquen. Precisamente, en base a dicha proposición es que se exige que quien recurre, demuestre perfilado con suficiente claridad el agravio constitucional que la resolución sobre ese tema le causa. Y en modo alguno puede entenderse que lo haya logrado la impugnante habida cuenta que los reproches expuestos sólo permiten vislumbrar su oposición con el criterio que inspiró a la Sala en orden a resolver la temática llevada a sus estrados y, en base al cual, concluyó en que no cabía atenerse a la literalidad del artículo 28, inciso e), de la ley 6767 ya que, conforme los propósitos perseguidos por el legislador y atendiendo a otros principios rectores del ordenamiento jurídico, la situación que deparaba el sub judice no quedaba aprehendida en lo preceptuado por dicha normativa.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Solmi, Rubén V. - Solmi, Fernando A. s/ Incendio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21

La aplicación de la exención de pena excluye por fuerza un pronunciamiento condenatorio. No deja de constituir una contradicción insalvable por un lado condenar y por el otro declarar al reo eximido de pena. El fallo que así decide debe revocarse parcialmente, absolviendo al procesado.
Asociaciones sindicales, elecciones gremiales
Materia: LABORAL
Carátula: BATTAGLIA, AMILCAR c/ JUNTA    ELECTORAL  NACIONAL  DE  LA  ASOCIACION  DEL  MINISTERIO  DE ENSEANZA TECNICA s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-31

Dentro de la economía de la ley 23551, el control de los procesos electorales que se llevan a cabo en las asociaciones gremiales, está a cargo de la autoridad de aplicación, art. 56 inc. 4 por lo cual, aún acordando al art. 47 una interpretación tan amplia como la que se da para usarlo como instrumento para prácticamente todo, cabría admitir que la intervención de la justicia del trabajo por la va sumarísima, debe ser subsidiaria y, en cuanto a esa materia concreta, interpretada con criterio restrictivo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Ricardo Rubén s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

Es insuficiente la denuncia de violación de los arts. 251 a 253 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- si la defensa no intenta evidenciar de qué modo pudo infringir el a quo los artículos citados al resolver como lo hizo respecto de la prueba del cuerpo del delito.
Prescripción, demanda laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Medina, Roque c/ Pividori, Miguel Angel y/o contra quien o quienes resultEn responsables s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-11-22

Es improcedente la apelación de la demandada, quien se agravia porque la Juez a-quo considera interrumpida la acción de prescripción. Sostiene que cualquier presentación no interrumpe la prescripción,es menester que la misma ponga en mora al deudor y así afirma que la medida cautelar no suspende la prescripción. Ello así, ya que no asiste razón al apelante, por cuanto la interrupción de la prescripción deriva de la actividad del acreedor que alega la inacción, que es el presupuesto de ésta, previéndose como actos interruptivos la demanda entendida no sólo como el acto procesal con que se pone en ejercicio una pretensión, sino incluye también a aquella que exterioriza la voluntad del sujeto de ejercer el derecho que le asiste. Al respecto tiene dicho la Corte Suprema que "por demanda (art.3986 del Cód. Civ.) debe entenderse toda presentación judicial que traduzca la intención de mantener vivo el derecho de que se trate". En este sentido, se ha señalado por la jurisprudencia entre los casos interruptivos de la prescripción el pedido de medidas cautelares.
Acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROMERO, PACIFICO DE LAS MERCEDES Y OTROS s/ AMPARO - MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

La acción de amparo, no puede, en principio, actuar como una medida cautelar accesoria de un recurso administrativo o de una eventual demanda judicial. Si bien es cierto que este principio no es absoluto, y en algunas situaciones excepcionales puede acordarse a la acción de amparo ese limitado alcance no es lo menos que recientemente la Corte Suprema condicionó esa posibilidad al cumplimiento de dos requisitos de naturaleza diferente:

a.- Que se haya pedido a la Administración que suspenda la ejecución del acto y que tal requerimiento hubiere sido denegado.

b.- Que se pruebe que el perjuicio invocado no es susceptible de ser reparado por los cauces procesales ordinarios los cuales no pueden ser obviados frente a simples conjeturas sobre su posible fracaso.
Detención, abogados, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: PENAL
Carátula: Balbi, Oscar Hugo s/ Dcto. Ley 1285/58.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-27

La negativa de un abogado funcionario de la Dirección de Política Ambiental de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a suministrar telefónicamente información respecto de una clausura preventiva, solo podría dar lugar a ser comunicada a sus superiores jerárquicos y no a su arresto pues, si bien es cierto que es abogado la conducta que se le reprocha no es por su desempeño como tal, sino como titular de una dependencia comunal.

Tampoco resulta pasible de sanción quien niega brindar informes solicitados telefónicamente.
Estado de sitio, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, opción para salir del país, límites a la discrecionalidad, desviación de poder
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Celano, Marta Graciela c/ E.N.  (Ministerio del Interior) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-10

El rechazo en seis oportunidades mediante decreto del P.E.N.

del derecho para salir del país que establece el artículo 23 C.N.

constituye una clara extralimitación de las facultades que la C.N.

otorga al ejecutivo configurándose una desviación de poder que torna ilegítimo estos actos.