marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción adquisitiva, accesión de posesiones
Materia: CIVIL
Carátula: MOYANO Emilio Raúl s/ Prescripción Adquisitiva - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-12-11

Para que la accesión de posesiones se opere, se requiere la existencia de un vínculo de derecho, de un título traslativo de dominio oneroso o gratuito que ligue al actor con el sucedido, porque, en su defecto, la condición de suceder invocada desaparece y sólo se tendrán dos posesiones distintas.

Para que la posesión del sucesor a título singular pueda unirse a la de aquel de quien la recibió es necesario que ninguna de las dos sea viciosa.

En cuanto a la carga probatoria se ha resuelto que: Quien pretenda unir a su propia posesión la ejercida por presuntos antecesores debe acreditar no solamente el hecho de la posesión suya y la de aquellos, sino el vínculo jurídico que permita establecer que entre uno y otro poseedor existió un lazo de sucesión de continuidad - por sucesión universal o singular - o, como dice la ley, que procedan la una de la otra.

Probada la posesión antigua y la actual existe una presunción hominis de que se ha poseído en el tiempo intermedio.

Si los accionantes por usucapión son cesionarios de la anterior poseedora del inmueble, debe examinarse necesariamente la prueba sobre la existencia de los actos posesorios realizados por la segunda y luego, por su causahabiente, pues la razón para explicar la accesión de posesiones previstas en el art. 4005 del C.C. - que son distintas y separables entre si - es la de que el autor traspasa a su sucesor a título singular los derechos y ventajas resultantes del estado de hecho de su posesión y así, mediante la accesión el prescribiente puede completar el tiempo requerido para la prescripción a su favor.
Responsabilidad internacional del Estado, Pacto de San José de Costa Rica, derecho a la libertad, libertad corporal, condiciones de detención, ausencia por desaparición forzada, Policía Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO-INTERNACIONAL PUBLICO-PENAL
Carátula: Caso Torres Millacura y Otros Vs. Argentina s/ Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-08-26

Corresponde declarar la responsabilidad internacional del Estado Argentino por violación a la libertad y seguridad personales -artículos 7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención Americana-, de quien aún se encuentra desaparecido y fue privado de su libertad por parte de la policía provincial sin dejar registro alguno y con sustento en una norma local que no establece causas concretas de detención lo que la convierte en imprevisible y arbitraria.
Demolición de obra, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Seleno S.R.L. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-24

Los actos administrativos que la parte actora viene impugnando no "disponen" la demolición de las obras en contravención (cf. el inciso b del artículo 6.3.1.2; ver el segundo párrafo), sino que exigen al propietario del inmueble a que en el plazo de treinta (30) días proceda a regularizar la situación de la finca; de modo que no le resultaba exigible a la Administración acreditar que se encontrara comprometida la seguridad, la salubridad o la estética edilicia. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano, al que adhieren los Sres. Jueces Alicia E. C. Ruiz y José O. Casás. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Derechos del niño, Convención de los derechos del niño, derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Policlínica Privada de Medicina y Cirugía S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ ASISTENCIA MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

El art. 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño -ratificada por la ley 23.849 - impone a los estados partes de ese tratado la obligación de reconocer a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social y de adoptar las medidas necesarias para lograr la plena realización de ese derecho.
Medidas cautelares, embargo preventivo, bienes embargables, televisión
Materia: CIVIL
Carátula: Inst.Propulsor del  Crédito Popular S.A. c/ Abdelcader s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-29

El televisor, por tratarse de un bien cuyo uso es no ineludible para el hogar y por cumplir una función principalmente de esparcimiento, es susceptible de embargo, no estando en consecuencia comprendido en la enumeración efectuada en el inciso 1 del art. 219 del Código Procesal. Para decidir acerca de la embargabilidad o no de dicho bien resulta necesario que su propietario alegue las razones que hacen del televisor una cosa indispensable, pesando sobre sí la carga de la prueba.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MANSILLA, DANIEL Y OTRO c/ GONZALEZ, JOSE C s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-03

El carácter de embistente del actor no implica necesariamente responsabilidad en el accidente, ya que la maniobra imprudente del demandado de estacionar en pleno circuito de la competencia es susceptible de convertirlo en sujeto activo del evento dañoso. Por otra parte la detención del automóvil obstruyendo el tránsito además de antirreglamentaria, genera la presunción de culpa de su conductor, cuanto más si el hecho en cuestión tuvo ocasión durante el desarrollo de una competencia deportiva en la cual los corredores deben contar con un mínimo de medidas de control de seguridad durante la competencia.
Fertilización asistida, obligaciones de la obra social
Materia: CIVIL
Carátula: G.,G.A. c/ SWISS MEDICAL S.A. s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Salta
Fecha: 2015-10-15

Debe concluirse que son tres en total los tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad a cargo de la obra social, según el texto del art. 8 del decreto 956/13, reglamentario de la ley 26.862, ya que si se hubiera querido equiparar la cobertura de ambos tratamientos (baja y alta complejidad) se habría establecido que se podrá acceder a "un máximo por año de cuatro tratamientos de baja complejidad y de tres de alta complejidad, con la salvedad respecto de estos últimos de que habrán de haber intervalos mínimos de tres meses entre cada uno de ellos", lo que, evidentemente, no ha sucedido.
Honorarios del abogado, costas, procedimiento administrativo, gratuidad del procedimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ballanti de Busalacchi, María Cecilia c/ Consejo Provincial de Educación s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-06-11

Es inobjetable el principio de la gratuidad del procedimiento administrativo, ergo, es cierto que en el marco limitadamente adjetivo, el instituto de costas, le es extraño. Pero quien ha visto lesionados sus derechos subjetivos por el quehacer ilícito de órganos administrativos, cuando éstos insisten durante el procedimiento administrativo en sostener la legalidad del obrar, y debe acudirse a pleito para obtener el reconocimiento del derecho lesionado, nada empece a considerar las erogaciones que debió afrontar por asistencia letrada, como perjuicio efectivo irrogado al particular por la ilicitud del acto, "que fue su causa", y en el que se ha insistido. La lesión al orden jurídico garantizado, en estos casos, está dada por el acto que se anula; y la garantía resulta de la aplicación de los arts. 505, 511, 519, 1068, 1109 y conc. CC.
Daños y perjuicios, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: ANTE, José Alberto c/ Maurin, Lucas s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-06-19

La "privación de uso" constituye daño indemnizable, pues, cabe presumir que quien lo tiene es para usarlo, sea para su trabajo, fuera por comodidad o esparcimiento, quedando librada a la valoración de la prueba que haga el juez la fijación del monto indemnizatorio.

Ahora, para fijar el monto del perjuicio sufrido debe tenerse en cuenta el tiempo real o probable de las reparaciones, pero no correspondería -como pretende la aseguradora recurrente- el rechazo de este rubro si no se encuentra acreditada la cantidad de días de eefectiva inmovilización del vehículo, pues bien pudo el primer sentenciante estimar un tiempo probable de reparación y la parte recurrente no acredita lo erróneo o irrazonable de dicha estimación ni del monto fijado, por lo que propongo el rechazo del agravio.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ejecución fiscal, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria, leyes, aplicación de la ley, aplicación temporal de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: XX s/ Abogados. Honorarios. Ejecuciones fiscales (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver es si el alcance de la expresión   "ejecuciones fiscales" de la ley 11257, comprende indistintamente a  las de origen provincial, municipal y comunal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-15

El artículo 7 de la ley 11.257, que modifica la ley 6767 agregando el inciso 5 a su artículo 7, importa una vigencia material y temporal limitada sólo a los procesos de ejecución fiscal abarcados por el régimen de regularización impositiva provincial comprendidos por dicha ley, circunscribiendo el alcance de la expresión "ejecuciones fiscales" exclusivamente a las provinciales y comprendiendo la regularización de honorarios de los profesionales de las dos partes.

(De la Disidencia del Dr. Peyrano)
Notificación por cédula, instrumentos públicos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sorayre Nélida del Carmen c/ Wainstein Juan Marcos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-15

La copia de la diligencia de notificación tiene igual eficacia y merece la misma fe de autenticidad que el original, desde que la ley prevé su expedición conjunta, prescribiendo el artículo 140 del CPCC, que se asiente la fecha y hora de la diligencia en la copia.
Proceso judicial, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, igualdad ante la ley
Materia: PENAL
Carátula: HISSE ENRIQUE BAHILL s.d. HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO e.p. SOSA RAMON OSVALDO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-12-02

La garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio exige se otorgue a los interesados en todo proceso ocasión adecuada para su audiencia y prueba en la forma y con las solemnidades dispuestas por las leyes procesales. Es así que, cuando la Constitución declara que la defensa en juicio es inviolable, quiere que las partes tengan seguridad en conocer la identidad de la contraria y el contenido de su pretensión, para que la producción de la prueba que hace a la justificación de su derecho, se encuentre durante todo el trámite del proceso en un pie de igualdad.
Trabajadores de la construcción, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ, OSCAR ALCIDES c/ PATERNO EXCAVACIONES SRL. Y FRANCISCO MAIESE s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-12-02

La intimación necesaria para motivar el reconocimiento de las indemnizaciones establecidas en la Ley 22250 -Personal de la Industria de la Construcción- exigen tanto en el caso del art.18 falta de la entrega de la libreta de aportes-, cuanto en el del art 19 -atraso en el pago de los haberes-, determinadas y mínimas condiciones que no aparecen cumplimentadas en los requerimientos formulados faltando en el primer caso el plazo de intimación y en el segundo la individualización de la deuda de suerte que el empleador no tenga duda de aquello que se le reclama, porque sólo así puede regularizar la situación, dar las explicaciones del caso o controvertir el reclamo.
Poder Judicial, caducidad de instancia, división de poderes, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gypobras  S.A. c/ E.N.  (Ministerio de Educación y Justicia) s/ Contrato de Obra Pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

La actuación del Poder Judicial en situaciones en las que se produjo la caducidad de la acción procesal administrativa violaría el principio de división de poderes y, por lógica consecuencia, se encontraría en colisión con el sistema que el legislador, interpretando la C.N. , estructuró para el funcionamiento de las instituciones en las forjadas. Es una de las características fundamentales que diferencian la caducidad de la acción contencioso administrativa y la prescripción: el especial mandato de no intervención dirigido al juez cuando aquélla ha operado.
Extinción del contrato de trabajo, salarios caídos, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: Ruminahuel, Abdón Malvino c/ Lacunza, Ernesto s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1973-05-24

"El derecho del trabajador a percibir los salarios y el aporte a los que el mismo se refiere aunque no cumpla tareas, puede quedar limitado en el tiempo por el propio interesado, al comunicar éste al empleador su voluntad de rescindir el contrato".
Sociedad conyugal, bienes de la sociedad conyugal, calificación de bienes, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: M., A.H. c/ M., H. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-30

1- El régimen patrimonial del matrimonio es de orden público, encontrándose sustraído de la voluntad de los cónyuges, sin que adquieran relevancia sus manifestaciones en cuanto al carácter de los bienes que integran la sociedad conyugal. Tal imposibilidad de alterar la calificación de los bienes es lo que la ley pretende para asegurar la incolumidad de los patrimonios y de allí que se facilite la prueba posterior.- 2- Las manifestaciones que el art. 1246 del Código Civil exige en la escritura pública respecto del origen de los fondos con que se adquiere el bien, y de como el dinero le pertenece al cónyuge que aporta los fondos, sólo son requeridas para la oponibilidad a terceros, sin que resulten indispensables entre los esposos, ya que, en tal supuesto, cabe toda clase de pruebas. Ello, lleva a concluir que la disposición legal no introduce una suerte de precalificación del bien a los efectos de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, sino que su finalidad se encuentra en la protección de los terceros.-
Deber de imparcialidad, sentencia condenatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bayo Hanzo, María Carolina s/ recusación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-30

La circunstancia de haber conocido durante el debate de otra causa, de los hechos por los que la imputada será sometida a juicio, por guardar éstos identidad, pronunciando una sentencia condenatoria respecto del imputado en la anterior, se yergue como suficiente razón para fundar la existencia de temor objetivo de parcialidad. (Dres. Diez Ojeda, Hornos, González Palazzo).
Reconocimiento en rueda de personas, fotografía
Materia: PENAL
Carátula: PETRAGLIA, Oscar A.-CASAZZOLA CAVERO, René B.-TISSERA, Ramón- LURBE,Ana María - MUñOZ, Eduardo Gabriel s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-05

Si por la conducta procesal asumida se hiciera imposible en los hechos sobrellevar el reconocimiento en rueda, nada obsta a que con las mismas formalidades legales (arts. 139/140 del C.P.P.), adaptadas a la variación material del acto, se practique un reconocimiento de los imputados por fotografías que se obtendrán de los mismos, personalmente, o de sus prontuarios.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, vehículo embistente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gómez, Eladio Gabriel c/ Basso, Roberto Luis s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-09

La calidad de vehículo embistente que corresponde al rodado de la accionada en modo alguno mejora la situación de la actora, ya que la presunción de culpa que pudiera inferirse de tal circunstancia se ve totalmente aventada por la infracción a la prohibición de acometer el cruce, por así impedirlo el semáforo, de una arteria que, por otra parte, era de mayor riesgo trasponer, por tratarse de una avenida diagonal, con gran tránsito vehicular (art. 902 del C.C).
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Conconi, Alfredo Horacio s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-03

Los agravios relacionados con la valoración de los hechos y de las pruebas resultan ajenos al recurso extraordinario de nulidad que ha sido instituído únicamente para resolver acerca de la validez o nulidad de la sentencia de los tribunales de grado cuando se alegue inobservancia de los arts. 156 o 159 de la Constitución de la Provincia.
Contrato de trabajo, violencia laboral, daño psíquico
Materia: LABORAL
Carátula: Iglesias Flavia Romina c/ Correo Andreani SA y otros s/ Despido. Accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-29

La actora se agravia porque la juez a quo no tuvo por demostrado en el caso el mobbing del que habría sido objeto por parte de su superior jerárquico. Obra en las actuaciones peritaje psicológico que determina en la trabajadora la presencia de daño psíquico compatible con el clima laboral en el que se desempeñó, que la incapacita en el 10% t.o. Sin embargo lo que la actora logró acreditar es la existencia de un clima hostil generalizado en el área y/o sector donde se desempeñó, que minó su salud ocasionándole la minusvalía detectada por el galeno. Comprobado que la incapacidad psicológica se debió a los malos tratos proferidos por un superior jerárquico, ello no implica per se acreditada la presencia del fin intencional que requiere el mobbing de destruirla psicológicamente, someterla, degradarla, y/o lograr su egreso de la empresa. No se infiere el elemento subjetivo perverso e intencional que permita sostener la existencia de este tipo de violencia laboral; en cambio lo que sí opera es la responsabilidad del empleador en los términos del art. 1109 Cod. Civil por no cumplir con su deber de garantizar condiciones de trabajo dignas ni la obligación legal en materia de higiene y seguridad del trabajo que le imponen los arts. 14 bis C.N., art. 75 L.C.T. y 4 ap. 1 de la ley 24.557 porque no se garantizó la indemnidad psicológica de su trabajadora, por lo que debe responder por la conducta asumida por su empleado jerárquico que implementó un clima laboral hostil que dañó a la actora, en tanto el empleador responde por los hechos de sus dependientes. Cabe hacer lugar al daño psíquico.
Recusación con causa, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Unión de Docentes de la Provincia c/ Gobierno de la Provincia de Misiones s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1991-02-14

Las causales de recusación con causa taxativamente enumeradas en el art. 17 del C.P.C. y C. son de interpretación restrictiva, por lo tanto el hecho que la motiva debe encuadrar concretamente en el tipo definido en cada inciso.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de apelación ord. denegado en/ Bank Boston NA c/ GCBA s/ repetición (art. 457 CCAYT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

Corresponde rechazar la queja por recurso ordinario de apelación denegado, si los argumentos brindados por el recurrente no son conducentes a los fines de analizar la procedencia del recurso ordinario denegado. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Daños y perjuicios, espectáculos públicos, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: BONIN,  Adriana Noemí c/ ALTO PALERMO SOCIEDAD ANÓNIMA s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-05

Ante un accidente ocurrido a la espectadora de un desfile realizado en un centro comercial a causa de la caída sufrida al ascender a las gradas, cabe analizar la responsabilidad contractual tanto del paseo de compras como del organizador y productor del evento y desde la faz extracontractual la que le incumbiría a la empresa propietaria de las gradas en las que se lesionó la víctima. En ambos supuestos de responsabilidad, ya sea porque la damnificada no pruebe que el daño fue a causa del desarrollo del espectáculo o de las cosas colocadas para brindarlo, o por el vicio o riesgo de la estructura de ascenso se fractura el nexo causal por la propia actuación de la víctima en el suceso.

No se puede presumir el riesgo o vicio de cosa ni que sea apta para potenciar el daño si no tuvo una participación activa en el accidente, máxime cuando se trata de cosas inertes cuya intervención causal es menor que si se tratara de cosas en movimiento. De modo que es a la víctima a quien en estos casos le incumbe probar la posición o comportamiento anormal de la cosa o su vicio para generar la responsabilidad de su dueño o guardián.

Si a través de una pericia se comprobó que las gradas móviles instaladas para el evento contaban con barandas laterales y alambres entre los escalones -es decir que no presentaban deficiencias técnicas de construcción ni defectos que provoquen caídas- y la víctima no indicó que se encontraran en mal estado, debe descartarse la acción causal por riesgo de la cosa que genere responsabilidad.

En lo que hace a al iluminación del lugar, si no se probó que la caída se produjo cuando se apagaron las luces ni que esto sucediera imprevistamente -si bien tampoco es habitual que exista una oscuridad tal que no se pueda visualizar la marcha lo cierto es que la espectadora en tal caso debió aguardar que las luces se reencendieran o mantenerse en la grada en la que se hallaba y no proseguir, máxime si se encontraba con niños y la propia interesada no transmitió un relato preciso de cómo cayó. La falta de prueba en un caso y la intervención de la víctima operan como eximentes de responsabilidad (art. 1111 del Código Civil).
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia penal, falsificación de documentos, cheque de viajero
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CONTIGLIOZZI, CARLO. s/ INFRACCION ART. 292 DEL CODIGO PENAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-16

Es competente la justicia provincial, y no la federal, para conocer con respecto a la presunta adulteración de cheques de viajero, pues dado el carácter privado de la compaÑía que los emitió no resulta aplicable el art. 286 del Código Penal. A ello no obsta que el conocimiento de la denunciada falsificación de pasaportes corresponda al fuero federal.
Concursos, acuerdo preventivo, rechazo del acuerdo preventivo, acreedores del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: IQSA SA s/ CONCURSO PREV. S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-30

Resulta improcedente que un acreedor se oponga a la decisión que desestimó la impugnación de un acuerdo, con base en la ocultación del activo, y exageración fraudulenta del pasivo cuando, -como en el caso-, se verifica que la valuación de los rodados, que conformaban el activo de la concursada y la que se atribuye a un crédito litigioso no necesariamente constituye "exageración fraudulenta" del activo ni del pasivo u ocultación patrimonial que amerite soslayar la voluntad expresada por la deudora y sus acreedores y no homologar su acuerdo. Por ende, para que procediere la impugnación, resultó necesario invocar, y luego probar, la existencia de ese fraude o del concreto ocultamiento, lo cual no ha ocurrido en la especie, puesto que solo se mencionaron algunos datos sin acreditar el supuesto fraude ni la gravitación de esos datos en la conformación del acuerdo.