Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-04-23


SENT Nº 176	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintitrés (23) de Abril de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse -por encontrarse en uso de licencia el señor vocal René Mario Goane-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por los actores en autos: "Herrea Rubén Orlando y otro vs. Romano Julio Eladio s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 282/297 por los actores contra la sentencia de la Sala II de la Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción de fecha 10/5/2012 (fs. 274/279). El Tribunal concedió el recurso por resolución del 30/8/2012 (fs. 306), y del informe actuarial de fs. 313 surge que las partes no presentaron la memoria prevista en el art. 137 del CPL.

La sentencia rechazó la demanda y absolvió al demandado, impuso las costas por el orden causado y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

2. Los actores afirman que la sentencia impugnada "presenta vicios manifiestos de arbitrariedad (tanto normativa como fáctica) en tanto analiza, interpreta y aplica de una manera errónea el marco legal correspondiente al caso" y que es evidente la insuficiente, indebida y contradictoria valoración de los elementos de prueba colectados. Señalan que lo medular de la litis es la discusión sobre la existencia de la relación laboral, y que "la prueba mas importante y definitiva en este aspecto es la testimonial pues en situación de empleo en negro y precariedad registral es difícil encontrar documentos u otro medio probatorio que acredite la relación laboral".

Luego de reseñar las posturas doctrinarias y jurisprudenciales sobre la interpretación de la presunción contemplada por el art. 23 de la LCT, sostienen que en el caso han probado la prestación de servicios bajo relación de dependencia del demandado, por lo que éste tenía que probar que los hechos no eran los descriptos en la demanda y de esa manera aprovechar la última parte de la citada norma en cuanto establece: 'salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario'. Sin embargo -prosiguen- el demandado no hizo mucho, antes bien pretendió hacer creer que era un cañero chico y que poseía una empresa familiar donde él y sus hijos explotaban la tierra sin empleados; postura que "fue rebatida por la prueba informativa a la AFIP - ANSES donde se demuestra que los hijos del empleador en un caso trabajaban en blanco para otros empleadores, en otro tenían una pensión por incapacidad, y en el otro eran autónomos".

Alegan que la sentencia atacada realizó una ilegítima valoración de los elementos de prueba aportados por ambas partes, desestimando sin fundamento alguno las probanzas de los actores y centrándose en la versión del demandado, sin que éste produzca prueba alguna que avale sus endebles argumentaciones.

Aseveran que de la prueba instrumental producida por su parte surge su verdadera situación laboral y que, valorada con el resto del plexo probatorio, esta prueba sirve para poner de manifiesto la veracidad de lo expuesto en la demanda.

Denuncian errónea valoración de la prueba testimonial toda vez que los testigos dieron razón de sus dichos y expusieron los hechos de manera firme y sostenida, corroborando que su parte trabajó para el demandado. Sostienen que la sentencia no se apoya en la sana crítica, ya que los testigos fueron coincidentes en remarcar que los actores laboraron para el demandado desde junio de 2001 hasta principios del 2008 inclusive, y también mencionaron que los trabajos eran de temporada durante la zafra cañera de junio a principios de octubre. Añaden que los testigos fueron contundentes en relatar la forma en la que los accionantes llegaban a su lugar de trabajo, ya sea en caballo o en bicicleta, siendo transportados en la camioneta del actor, y por un tractor; que describen las fincas de Campo Volante como lugar de trabajo de los actores, ya que dicen ser vecinos del demandado y vivir en ese lugar; que se explayaron en el hecho de haber visto varias veces (mañana, tarde) a los accionantes prestando labores en las fincas del demandado; que uno de los testigos aseguró ver a los actores en una finca del demandado que colinda con el río ubicada en Campo Volante. Afirman que, a contrario de lo que interpreta la Cámara, los testigos no son imprecisos y señalan e identifican claramente haber visto a los actores prestar servicios en los fundos de propiedad del demandado, ubicados en Campo Volante.

Denuncian arbitrariedad en la valoración de la prueba confesional, toda vez que el Tribunal señaló al respecto que 'con esta prueba no se acreditan los fundamentos de la demanda', pese a que el demandado incurrió en una serie de contradicciones reprochables que evidencian mendacidad en sus afirmaciones. Explican que en el responde el demandado se presentó como un minifundista, monotributista pequeño, con poca actividad; sin embargo, en la absolución de posiciones reconoció ser propietario de un fundo en campo Volante de 12 has., y también explotar otro fundo inferior a 40 has. "Cuesta creer -prosiguen- que una persona que tenga camioneta, tractor, carros, 50 ha, etc, realice una cosecha cañera de más de 2.000.000 de kg. de caña (con la complejidad que ello implica), sin tener empleados".

En relación a la prueba informativa, expresan que llama la atención que la Cámara no haya valorado la situación de mendacidad del demandado cuando en su contestación de demanda afirmó que sus hijos trabajaban con él, lo cual es desvirtuado por el informe de la ANSES que indica que un hijo es pensionado por discapacidad, que el otro es trabajador autónomo y que ejerce el comercio en forma independiente de su padre y los otros hijos trabajaron para otros empleadores.

Alegan que en la valoración de la prueba de exhibición de documentación laboral y contable se vulneraron principios y derechos básicos de su parte, toda vez que al estar acreditado que trabajaron para el demandado, se hacía exigible la exhibición documental requerida, como no aconteció debió aplicarse las sanciones correspondientes.

Señalan que las normas que no fueron tenidas en cuenta por la Cámara son los artículos 9, 14, 23, 52, 55 y 63 de la LCT, 91 y 61 del CPT, 14 bis, 16, 17 y 18 de la CN.

Citan doctrina y jurisprudencia que entienden aplicable al caso, y proponen doctrina legal.

3. El pronunciamiento impugnado resumió la manera en que quedaron fijadas las posiciones de las partes y señaló que las cuestiones a resolver eran: 1) determinar la existencia o no de un contrato de trabajo de temporada entre los actores y el demandado, en los términos del art. 96 LCT y causal de despido; 2) defensa de falta de acción opuesta por la parte demandada; 3) procedencia o no de los rubros reclamados; 4) costas y 5) honorarios.

Con relación a la prueba instrumental, la Cámara afirmó que "se trata de un intercambio epistolar entre las partes, en las que fijan sus posiciones" y que evaluada dicha prueba "los actores no acreditan los fundamentos fácticos ni jurídicos de sus reclamos. No acreditan los actores la existencia de una relación laboral como trabajadores zafreros en fundos cañeros del demandado en las tareas que dicen cumplían. No se acredita relación de dependencia".

Sostuvo que los testimonios de Héctor Gustavo Otarola (fs. 72), Juana Edith Almaraz (fs. 73), Antonio Solano Almaraz (fs. 76) y Carlos Omar Cabral (fs. 77) eran imprecisos "por cuanto no indica ni identifica fundos cañeros cercos en que los actores supuestamente cumplían sus tareas, ni los meses del año en los que se realizó la cosecha, ni los años". Consideró "procedente la tacha por la imprecisión y generalidad, y falta de verosimilitud de los dichos de los testigos, tal como se analiza. Con esta prueba no se acredita la existencia de un contrato laboral de temporada, ni relación laboral de dependencia de los actores respecto del demandado como se pretende en la demanda".

Señaló que en la absolución de posiciones el demandado respondió a la posición 1 "si es verdad que era cañero, pero ya no lo es" y a la 3 que "si es verdad que es propietario de una finca de 12 has ubicada en Campo Volante", y que "las otras posiciones son contestadas en forma negativa", y concluyó que con dicha prueba "no se acreditan los fundamentos de la demanda". Asimismo, consideró el Tribunal que la prueba informativa dirigida a la ANSES sobre aportes y contribuciones del demandado era "inconducente para la resolución de esta litigio".

Sostuvo la Cámara que "los actores no acreditaron que hayan trabajado efectivamente en épocas de zafra desde el 20 de mayo de 2001 hasta el año 2008 en relación de dependencia de Romano Julio Eladio como relatan en la demanda y en los telegramas transcriptos, como tampoco justifican el supuesto despido indirecto por injurias graves".

Afirmó que "del análisis probatorio no se acreditan los hechos expuestos en la demanda, ni las tareas de hachadores, peladores, de apilar y descolar, quemar maloja, ni los horarios. No se acredita que los fundos cañeros mencionados en la demanda sean de propiedad o posesión del demandado donde supuestamente trabajaban los actores. Tampoco se acredita la existencia de caña de azúcar en los cercos que haya sido cosechada por los actores desde el año 2001 hasta 2008, en efecto no hay informes al respecto. No se acreditan las tareas que supuestamente realizaban los actores a tenor de los términos de la demanda, de hachar, pelar, apilar, descolar, quemar maloja, etc. en cada zafra desde el 20/05/2001 en cada uno de los fundos cañeros ya sea que las tareas se hubieran desarrollado por mes o por día, tampoco se determinó la cantidad de kilogramos de caña de azúcar que supuestamente se hayan cosechado. No se acredita que los actores hayan trabajado por días y/o a destajo". Concluyó el Tribunal que "no se acreditó que los actores hayan trabajado para el demandado bajo relación de dependencia en base a un contrato de temporada".

4. El recurso de casación es admisible toda vez que ha sido deducido en término, se dirige contra una sentencia definitiva, denuncia infracción normativa y arbitrariedad en la valoración de las pruebas de la causa, se basta a sí mismo, y no es necesario cumplir con el afianzamiento por ser la parte actora la que recurre, la que ha constituido domicilio en esta jurisdicción (conf. arts. 130/133 CPT). Corresponde, en consecuencia, abordar su procedencia.

5. Confrontados los argumentos expresados por los recurrentes con los fundamentos del pronunciamiento y los antecedentes del caso, se advierte que el recurso no puede prosperar.

La reseña de los fundamentos fácticos de la sentencia impugnada precedentemente realizada, evidencia que no asiste razón a los recurrentes cuando denuncian arbitrariedad en la valoración del material probatorio recolectado en autos. El fallo recurrido se apoya en una ponderación conjunta e integral de las pruebas producidas en el expediente, conforme a la cual concluyó que "no se acreditó que los actores hayan trabajado para el demandado bajo relación de dependencia en base a un contrato de temporada". En dicho procedimiento valorativo no se advierte un déficit en el razonamiento de la sentencia o un quebrantamiento de las reglas de la lógica que lleven a su invalidación.

En cuanto a que la prueba instrumental producida acredita su verdadera situación laboral, como se anticipara, el planteo no es viable.

El Tribunal consideró que la prueba en cuestión "se trata de un intercambio epistolar entre las partes, en las que fijan sus posiciones" y que evaluada dicha prueba "los actores no acreditan los fundamentos fácticos ni jurídicos de sus reclamos. No acreditan los actores la existencia de una relación laboral como trabajadores zafreros en fundos cañeros del demandado en las tareas que dicen cumplían. No se acredita relación de dependencia".

Las alegaciones de los recurrentes referidas a que las comunicaciones epistolares acreditan la fecha de ingreso, remuneración, salarios adeudados, falta de registración, en rigor de verdad, sólo constituyen meras apreciaciones subjetivas, desvinculadas de las constancias de la causa y, por ende, ineficaces para refutar las conclusiones de la Cámara sobre la ineptitud de tales comunicaciones para acreditar la relación laboral denunciada en la demanda. Tampoco explican de qué modo las circunstancias invocadas en los telegramas colacionados remitidos al demandado (cfr. fs. 9/10), serían demostrativas de la existencia de la relación laboral denunciada, desde que se tratan de manifestaciones unilaterales, expresamente negadas por el accionado (cfr. fs. 6/7).

En otras palabras, la crítica recursiva no alcanza a demostrar que la ponderación del Tribunal sobre el intercambio epistolar fuese absurdo o irrazonable, por lo que el planteo en examen debe ser desestimado.

Los cuestionamientos vinculados a la valoración de la prueba testimonial tampoco pueden prosperar.

La Cámara afirmó que el testimonio de Héctor Gustavo Otarola (fs. 72) "era impreciso por cuanto no indica ni identifica fundos cañeros, cercos en que los actores supuestamente cumplían sus tareas, ni los meses del año en los que se realizó la cosecha, ni los años". Sostuvo que el testimonio de Juana Edith Almaraz (fs. 73) "también es impreciso al no indicar los fundos cañeros o cercos donde supuestamente trabajaban los actores en tiempo de zafra". A idéntica conclusión arribó el Tribunal respecto de las declaraciones de Antonio Solano Almaraz (fs. 76) y Carlos Omar Cabral (fs. 77). Asimismo, consideró procedente la tacha formulada por el demandado "por la imprecisión y generalidad, y falta de verosimilitud de los dichos de los testigos, tal como se analiza. Con esta prueba no se acredita la existencia de un contrato laboral de temporada, ni relación laboral de dependencia de los actores respecto del demandado como se pretende en la demanda".

Las manifestaciones de los recurrentes en cuanto a que los testigos corroboraron que trabajaron para el demandado, solo expresan su particular interpretación de los dichos de los deponentes, contrario al del Tribunal, pero no logran revertir las conclusiones de la Cámara que admitió las tachas en base a la imprecisión de los testimonios y realizó una ponderación razonable e integral de las declaraciones testimoniales que se ajusta a las reglas de valoración de la prueba de la sana crítica (art. 40 CPCyC). Precisamente, el fallo consideró que los dichos de los testigos son imprecisos porque no indicaban ni identificaban los fundos cañeros en que los actores supuestamente cumplían sus tareas. Asimismo, juzgó que no se habían acreditado los hechos expuestos en la demanda, ni las tareas ni los horarios denunciados, ni que los fundos cañeros mencionados en la demanda sean de propiedad o posesión del demandado, ni que los actores hayan trabajado por días y/o a destajo; por lo que concluyó que "no se acreditó que los actores hayan trabajado para el demandado bajo relación de dependencia en base a un contrato de temporada".

Sobre las referidas apreciaciones del fallo, los recurrentes se limitan a afirmar que los testigos dieron razón de sus dichos y expusieron los hechos de manera firme y sostenida; sin embargo, tal afirmación resulta ineficaz para modificar la conclusión sentencial toda vez que se desentiende de las razones expuestas por el Tribunal y prescinde de las constancias de la causa. No cabe perder de vista que en la demanda los actores afirmaron que "el lugar de trabajo era: a) dos fincas de aproximadamente de 10 Ha. c/u, propiedad del demandado ubicada en la localidad de Pampa Mayo, Simoca. b) una finca de 12 Ha en Campo Volante. c) una finca en Campo Volante de aproximadamente 40 Ha. ubicada en las inmediaciones de la Esc. De Campo Volante; donde el demandado posee una grúa propia. d) una finca en Campo Volante de 8 Ha cercana a la Esc. de Campo Volante. e) una finca de 5 Ha situada en la localidad de Buena Vista. f) una finca de 10 Ha en Buena Vista, (paraje denominado Las Hijas) g) una finca de 5 Ha en Campo Volante en las adyacencias de una casa propiedad del demandado. h) una finca de 16 Ha en Campo Volante, colindante con el Río Seco" (cfr. fs. 12/16), y que, tal como afirmó la Cámara, ninguno de los testigos especificó en cuál de los fundos declarados en la demanda como lugar de trabajo vieron a los actores, ni corroboró el horario de trabajo denunciado por éstos.

Por lo demás, viene al caso tener presente lo expresado por esta Corte en la causa "Sicard, Raúl Enrique vs. Cianci, Miguel Ángel s/ Despido" (sentencia nº 642 del 08/08/2012) esta Corte ha dicho que "La subordinación ha sido tradicionalmente tratada como un concepto multifacético comprensivo de una dependencia jurídico-personal, una dependencia técnica y una dependencia económica; en el que la primera se manifiesta como la sujeción del trabajador al poder de dirección del empleador (artículos 65 y 66 de la LCT), el deber de aquél de cumplir con las órdenes o instrucciones que se le impartan (artículo 86 de la LCT) y la potestad disciplinaria del empleador (artículo 67 de la LCT); la segunda se relaciona con la facultad de organización de la empresa y se advierte en la potestad del empleador de establecer los procedimientos y las modalidades de ejecución de las tareas; y la tercera se encuentra ligada al trabajo por cuenta ajena, lo que implica que el trabajador no participa de los riesgos de la empresa en cuyo beneficio pone a disposición su fuerza de trabajo, no toma parte en las utilidades del negocio y sólo percibe una remuneración como contraprestación por haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador (cfr. Ojeda, Raúl Horacio -Coordinador-, "Ley de Contrato de Trabajo Comentada y Concordada", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011, pág. 250)"; asimismo, que "cuando se trata de dar por probado un hecho sólo mediante prueba de testigos, las declaraciones deben ser categóricas, amplias, sinceras, con razón de los dichos y no deben dejar duda. De allí que no puede otorgarse carácter definitorio a esa única prueba si no reúne estas condiciones (cfr. Falcón, Enrique M., 'Tratado de la Prueba', Editorial Astrea, Buenos Aires, 2009, pág. 653)" (CSJT, "Sicard, Raúl Enrique vs. Cianci, Miguel Ángel s/ Despido", sentencia nº 642 del 08/08/2012).

En síntesis, el planteo en examen sólo traduce la discrepancia de las recurrentes con el valor probatorio asignado a las referidas declaraciones testimoniales, pero de modo alguno evidencia que la referida ponderación no cuente con fundamentos suficientes que impidan la permanencia del fallo como acto jurisdiccional y determinen su invalidación.

En cuanto a la valoración que efectuó el Tribunal de la prueba de absolución de posiciones del demandado, el planteo también debe ser rechazado.

Contrariamente a lo que afirman los recurrentes, el Tribunal sí tuvo en cuenta las contestaciones del demandado. Al respecto, expresó que el absolvente respondió a la posición 1 "si es verdad que era cañero, pero ya no lo es" y a la 3 que "si es verdad que es propietario de una finca de 12 has ubicada en Campo Volante", y que "las otras posiciones son contestadas en forma negativa", por lo que consideró que con dicha prueba "no se acreditan los fundamentos de la demanda".

La argumentación desarrollada por los recurrentes se basa en la supuesta contradicción de las respuestas del demandado con la posición asumida en el responde. Así expresan: "Cuesta creer que una persona que tenga camioneta, tractor, carros, 50 ha, etc, realice una cosecha cañera de más de 2.000.000 de kg. de caña (con la complejidad que ello implica), sin tener empleados". Sin embargo, no han rebatido la apreciación del Tribunal referida a que "no se acredita que los fundos cañeros mencionados en la demanda sean de propiedad o posesión del demandado". De modo que nuevamente se advierte que los recurrentes solo proponen su particular interpretación de la declaración del demandado.

La crítica a la valoración de la prueba informativa es manifiestamente inviable desde que los recurrentes no explican mínimamente de qué modo las circunstancias relativas a la situación laboral de los hijos del demandado que constan en los informes de la ANSES serían idóneas para acreditar la existencia de la relación laboral denunciada por ellos en la demanda.

El agravio referido a la omisión de aplicación de las sanciones por falta de exhibición de la documentación laboral por parte del demandado tampoco puede prosperar en las concretas circunstancias del caso en el que la relación laboral denunciada en la demandada ha sido negada por la parte accionada.

Se debe tener presente que esta Corte tiene dicho que "la consagración de presunciones legales en contra del empleador cobran operatividad relativa recién a partir de la efectiva acreditación del hecho principal de la prestación de servicios laborales, pues la conducta omisiva y silente del demandado, en modo alguno eximen al accionante de la carga probatoria particular (CSJT, sent. 793 del 22/8/2008, 'Salcedo René César vs. Azucarera La Trinidad S.A. s/ Acción de reagravación y otros')" (CSJT, "Juárez, Julio Arnaldo vs. Torres Bugeau Adolfo y otros s/ Cobro de pesos" sentencia nº 16 del 17/02/2010). Y que "la presunción contenida en el artículo 55 de la ley de contrato de trabajo juega cuando se ha acreditado la relación laboral entre las partes, pero carece de eficacia para evidenciar la existencia misma de dicho vínculo" (cfr. CSJTuc., "Arias, Marcelo Claudio vs. Cooperativa 9 de Julio y otro s/ Despido", sentencia nº 599 del 27/6/2008).

En síntesis, la crítica de los recurrentes no logra conmover mínimamente la línea argumental del Tribunal en orden a la inexistencia de pruebas idóneas y suficientes que acrediten la relación laboral denunciada. Esta Corte, Sala en lo Contencioso Administrativo y Laboral, en diferentes composiciones a la actual, sostuvo que "la sola prestación de servicios en el marco de una determinada relación jurídica no autoriza, sin más, la aplicación de las presunciones establecidas en el art. 23 de la LCT, puesto que en cada caso se debe examinar si la prestación del servicio corresponde o no al ámbito laboral, ya que el solo hecho de que se acredite la prestación del servicio no significa que sin más deba presumírselo de carácter laboral (sent. n° 135, del 12/3/01; n° 465, del 06/6/02; n° 467, del 06/6/02; n° 907, del 17/11/03; n° 1035, del 26/12/03; n° 29, del 10/02/04; n° 227, del 29/3/05; n° 253, del 16/4/07; n° 482, del 11/6/07; n° 08, del 08/02/08; n° 223, del 01/4/08; n° 599, del 27/6/08; n° 898, del 08/9/08; entre otras).

Recientemente, en su actual integración la Sala Contencioso Administrativo y Laboral de esta Corte reiteró la referida interpretación. Señaló que "la prestación de servicios que genera la presunción, es la de servicios bajo la dependencia de otro, pues sólo éstos son los que se contemplan en la tipificación legal del contrato y de la relación de trabajo -artículos 21 y 22, LCT- y, por lo tanto, la carga de la prueba de la posición de dependencia o subordinación no resulta alterada por la presunción, sino que, por el contrario, de esa prueba depende que aquella entre a jugar. Consecuentemente, se sostuvo que en cada caso se debe examinar si la prestación corresponde o no al ámbito laboral, señalándose además que el solo hecho de que se acredite la prestación del servicio, no significa que sin más deba presumírselo de carácter laboral [cfr. precedentes antes citados]" (CSJT, "Molina Palazzo, Aída del Carmen vs. Colegio de Farmacéuticos de Tucumán s/ Cobro de pesos", sentencia nº 463 del 30/06/2010; "Sicard, Raúl Enrique vs. Cianci, Miguel Ángel s/ Despido", sentencia nº 642 del 08/08/2012).

A la luz de la doctrina precedentemente reseñada, no luce arbitraria la afirmación de la Cámara de que a los actores correspondía acreditar la relación de dependencia con el demandado y que el solo hecho de que se acredite la prestación del servicio, no significa que sin más deba presumírselo de carácter laboral.

En las concretas circunstancias del caso, los actores no alcanzan a demostrar un desacierto sentencial que descalifique al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido por arbitrariedad en la valoración del material probatorio recolectado en autos.

Tiene dicho este Tribunal que "El valor de las pruebas no está fijado ni determinado, y corresponde a su propia apreciación evaluarlas y determinar el grado de convencimiento que puedan producir, sin que tenga el deber de justificar porque da mayor o menor mérito a una prueba que a otra. Las reglas de la sana crítica no son normas jurídicas, sino simples preceptos de sentido común, cuya aplicación queda sometida a la prudencia, rectitud y sabiduría de los jueces; su infracción sólo puede invocarse por vía de casación en caso excepcional, al habérselas violentado hasta el absurdo; todo ello reiteramos, porque las reglas de la sana crítica no constituyen normas jurídicas sino de lógica, que sólo se infringen cuando se hace una valoración manifiestamente absurda, lo que no sucede con el fallo de la Cámara. La valoración del cuadro fáctico de la causa que realicen los tribunales de grado debe ser integral, correspondiendo que su merituación sea ajustada a las particularidades del litigio, cuando la actividad probatoria producida por el actor ha demostrado suficiencia" (CSJT, "Gómez Raúl Dermidio vs. Carrizo Hugo Rolando s/ Cobro de pesos", sentencia nº 796 del 18/10/2010).

La valoración del plexo probatorio no es más que un producto concreto de la conciencia de quien aprecia y juzga y por vía del recurso de casación no se puede provocar un nuevo reexamen crítico de los medios probatorios que dan base al pronunciamiento impugnado ni la revisión de los motivos que forman la convicción del Tribunal salvo que se invoque y demuestre que la decisión al respecto exhibe una desproporción grave, manifiesta, grosera, hasta el punto de convertir la sentencia respectiva en arbitraria (cfr. CSJT, "Herrera, Ramón Alberto s/ Prescripción adquisitiva", sentencia nº 869 del 01/11/2004; "Gómez, Osvaldo vs. Hoffman, Gaspar Francisco s/ Acción posesoria de recobrar la posesión", sentencia nº 852, del 25/10/2004; "Aranda, Patricia Cecilia vs. Sanatorio Pasquini S.R.L. s/ Cobros" sentencia nº 861, del 27/10/2004, entre otras).

Cabe concluir que en el caso, la Cámara ha dado razones suficientes para sostener el criterio adoptado que podrá no ser compartido por la parte recurrente, pero su mero disenso no autoriza a atribuir arbitrariedad a lo decidido. En otras palabras, lo resuelto cuenta con fundamentos bastantes, respaldados en las constancias de autos que conducen a desestimar la denuncia de arbitrariedad de los actores.

6. Visto el resultado arribado, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 49 CPL y 105 CPCyC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Adhiero al voto de la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, manifestando que siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la valoración por este Tribunal Cimero provincial de la ponderación que efectuara el tribunal de grado del material probatorio -ponderación ésta del A quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen deviene admisible y que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, vota en igual sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por los actores contra la sentencia de la Sala II de la Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción del 10 de mayo de 2012 (fs. 274/279).

II. COSTAS, como se consideran.

III. RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.