Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-12-19


L. DE S. Tº 99, Fº 50/58 En la ciudad de San Juan, a 19 días del mes de diciembre del año dos mil siete, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, y los señores Vocales DRES. GILBERTO A. RIVEROS y PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 19.218 (58.812 - 4º CIVIL) caratulados "CALIVAR, JUAN RAMÓN C/BOLAÑOS DE NOGUERA, JAIME ALFREDO - DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO", dictada en fecha octubre del año dos mil seis, obrante a fs. 147-150, de estos autos originarios del Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El A quo, en su sentencia dictada en fecha de octubre de 2006 que fuera protocolizada el día 30 del mismo mes y años, cuya copia obra agregada a fs. 147/150, encontró fundamento suficiente para hacer lugar parcialmente a la pretensión promovida a fs. 01/06 vta. por el señor Juan Ramón Calivar contra la señora Hilda Elena Bolaños de Noguera y Sr. Jaime A. Noguera (en su carácter de titular registral del automóvil) para que abonen la suma de $ 1.699 con más los intereses legales hasta su efectivo pago.

Contra ese decisorio, la parte demandada interpuso recurso de apelación a fs. 152, el cual es concedido libremente y con efecto suspensivo. Elevado a este tribunal, el recurrente a fs. 176 comparece y expresa agravios.

En esa presentación, en el punto III. A, sostiene que es incorrecto el encuadramiento del caso en la doctrina del riesgo creado, dado que la conclusión del A quo no deriva del derecho vigente que correspondía aplicar (art. 1113, 2do. párrafo, 2 parte C.C.) omitiendo hacerlo respecto del que sí resultaba aplicable (art. 1109 C.C.) que conlleva a una resolución diferente de la causa.

Tilda al fallo incurso en una evidente mezquindad en la argumentación, que no satisface, ni mínimamente, el deber jurisdiccional de fundar adecuadamente un fallo definitivo, aseverando que el caso ha sido mal encuadrado en el riesgo creado y, por ese camino, mal resuelto.

Luego de recordar los postulados de la teoría del riesgo en la responsabilidad civil indica que el sentenciante, mediante la referencia que efectúa relativa a la aplicación de dicho factor de atribución, ha entendido que la responsabilidad de la demandada surge de aplicarle al accidente del subjudice, el art. 11113, 2do. párrafo 2º parte C.C., en tanto cabe interpretar que habría intervenido en el evento dañoso el automotor de la accionada (Fiat Uno) como cosa riesgosa generadora del perjuicio.

El error del Inferior consiste en que no advierte que no existe conforme las particulares circunstancias del caso, que luego reseñaremos, "cosa riesgosa" que amerite responsabilizar a la parte demandada aplicando el régimen de responsabilidad objetiva por el riesgo creado del art. 1113 C.C., tal como incorrectamente se hace en la sentencia.

El fallo apelado, continúa la recurrente, condena a la accionada por la participación en el evento dañoso de su automotor Fiat Uno, pero según las propias consideraciones del juzgador dicho automotor de la demandada estaba estacionado al momento de producirse el hecho del cual resulta el daño. Y el automóvil estacionado no es cosa riesgosa según lo entienden por unanimidad toda la doctrina y jurisprudencia especializada. Critica que el Juez ha omitido tener en cuenta tal relevante y decisiva circunstancia del caso concreto que a la postre determina que el supuesto perjuicio no ha sido causado por el riesgo de la cosa.

En los párrafos siguientes trascribe citas de doctrina relacionada con la calificación del automóvil en movimiento como cosa riesgosa.

Es por ello que indica que para que se configure la responsabilidad objetiva por el "riesgo" de la cosa debe existir necesariamente la introducción o creación de riesgo para terceros, mediante la cosa de la que deriva daño.

El criterio de la doctrina es claro, continúa el apelante, las cosas son riesgosas en tanto y en cuento "crean o introducen" peligro para terceros, algunas por sí, otras lo crean o introducen cuando se utilizan en su forma normal y ordinaria.

El caso debió se encuadrado, reclama, en el art. 1109 del Código Civil que regula la responsabilidad por el hecho culposo de otro y consecuentemente, no encontrándose acreditada la culpa de la demandada, correspondía rechazar la demanda. El caso se enmarca en el ámbito del art. 1109 del C.C. porque en el evento dañoso ha participado la codemandada mediante una actuación directa de su persona, ocupando la cosa con la que impacta el actor (puerta del automotor) un papel meramente instrumental y no causal en el suceso. La codemandada es la que somete a su entera voluntad o designio, la participación de la cosa. Entiende que se equipara al daño causado por el peatón que manipula un bastón, el niño que tira una piedra, es decir, todos aquellos casos en donde la cosa, en tanto manejada y gobernada enteramente por el agente que interviene en el hecho perjudicial actúa pasivamente en el suceso, resultando tales casos alcanzados por el art. 1109 C.C.

En el punto B. se agravia por la admisión arbitraria de los perjuicios por los que prospera la demanda. En ese sentido en el punto 1. le causa perjuicio el monto definido bajo el título daño emergente pues el sentenciante no acierta porque en primer lugar el A quo ha omitido dar respuesta al planteo de indefensión de su parte dado que el actor incumplió con explicar los hechos en que se funda.

En segundo lugar, dice que se equivoca cuando se fundamenta en un presupuesto que no tiene fecha, ni firma de nadie, ni relación alguna con el vehículo del actor y la aludida colisión, resultando a la postre un documento sin valor alguno, inexistente a tenor de lo previsto por el art. 1012 del C.C.

En tercer lugar sostiene que no advierte que el reclamo de tal daño emergente consistió en las erogaciones que debió efectuar para el arreglo del vehículo hecho que resultando su prueba extremadamente fácil y accesible para el actor no fue ni mínimamente acreditado conforme su carga procesal. En consecuencia corresponde revocar la admisión del rubro rechazándolo.

En el apartado 2. entiende que el inferior incurre en un exceso irrazonable al fijar el monto del daño moral, pues si bien menciona la edad, el nivel socio económico y los padecimientos sufridos entiende que tales padecimientos no han sido examinados adecuadamente conforme el análisis completo de las constancias de la causa. De la prueba aportada se advierte que el actor no padeció ningún contratiempo de orden médico asistencial ni económico. Y que habiendo sido asistido íntegramente por la aseguradora de riesgos, se reintegró sin ninguna incapacidad antes de los dos meses del accidente y continuó trabajando.

En el punto IV mantiene cuestión constitucional y caso federal.

Corrido traslado a la contraria, ésta se presenta a fs. 186, y en función de los argumentos que vierte solicita se ratifique la sentencia dictada en la Primera Instancia y formula reserva para el hipotético caso de sentencia adversa.

Planteado de este modo el recurso y atendiendo a los antecedentes de la causa, los agravios vertidos por la demandada se focalizan en cuestionar el encuadre normativo del factor de atribución definido por el A quo como objetivo basado en el art. 1113 del C.C., reclamando que debió ser de aplicación el art. 1109 del C.C. Para argumentar ello, básicamente, cuestiona que se le haya dado carácter de cosa riesgosa al automóvil detenido.

Ahora bien, ingresando al análisis del fallo no se puede dejar de coincidir con los calificativos dados por el recurrente respecto de la evidente mezquindad argumental del mismo que lo coloca en el borde de su invalidez como acto jurisdiccional.

Evidentemente, la complejidad del tema imponía definir previamente algunos detalles o al menos trascribir literalmente el pensamiento de los autores que sustentan la posición que se adoptó para dar la oportunidad de que la parte en disconformidad pueda tener consideraciones claras y precisas para refutar.

En ese sentido, el primer punto que debió definir el A quo está relacionado con la "cosa" riesgosa que causó el daño. La pregunta inevitable en este punto del razonamiento es: ¿fue el automóvil o la puerta de un automóvil?	El recurrente arma su arsenal argumental sobre la base de estimar equivocadamente, que es el automóvil en su totalidad la "cosa" que había recibido la calificación de riesgosa. Pero en realidad, la "cosa" que generó riesgo para terceros (entre ellos el actor) es la puerta de un automóvil estacionado que se abre (o que estaba abierta y en proceso de ser cerrada), por cuanto ese accionar interfiere en los espacios destinados para la libre circulación de los vehículos generando peligro para la integridad de los mismos y sus conductores.

Comprendido este primer aspecto técnico no definido por el A quo expresamente, omisión que da oportunidad a la recurrente para hacer una larga exposición respecto de que un automóvil estacionado no es cosa riesgosa pero sin hacer una defensa o referencia respecto de que la "cosa" que estaba en movimiento (abriéndose, estando abierta o cerrándose) y con ello generando riesgo, era la puerta del automotor. Esta falta del recurrente lo torna incumplidor de la obligación procesal de formular una crítica concreta y razonada de la sentencia impuesta por el art. 265 del C.P.C.

A partir de esta definición no cabe lugar a hesitación de que el choque fue entre dos cosas riesgosas. Por un lado, la puerta abierta de un automotor estacionado. Y, por el otro, la motocicleta en la que se conducía el actor.

Es por ello que el A quo, realiza dos pasos en su razonamiento: primero: llega a la conclusión de que no puede definir culpas y, a partir de ello, aplica el principio de la concurrencia o acumulación de los riesgos cuyas principales consecuencia, las describe la Dra. Kemelmajer de Carlucci en el trabajo, citado en el fallo puesto en crisis, denominado "¿puede resucitar la teoría de la compensación de los riesgos", en libro "Accidentes de tránsito I", Revista de Derecho de Daños Nº 1, Rubinzal-Culzoni, pág. 47 siguiendo el pensamiento de Jorge M. Galdós y Ramón Daniel Pizarro, cuando las sintetiza: "a) Cada una de los sindicados como responsables debe reparar el daño causado a otro, salvo que acredite algunas de las eximentes del art. 1113. En consecuencia, cada uno reparará al otro los daños causados si no se ha logrado determinar cuál fue la mecánica del accidente; en otros términos, si la causa permaneció ignorada. b) La prueba del hecho de la víctima, de un tercero o el caso fortuito ajeno al riesgo de la cosa tiene relevancia para eximir de responsabilidad inicialmente atribuida. La imputación se realiza, en cambio, con total abstracción de la idea de reproche subjetivo, idea que no descarta que en el caso concreto pueda haber mediado culpa".

Es decir, a partir del encuadre dado a la litis, se estimó que como el choque fue entre cosas riesgosas, no se aplicó la teoría de la neutralización, sino la más moderna y, de aplicación casi general en la jurisprudencia, de la concurrencia o acumulación de los riesgos. Por ello, como dice la profesora de mención siguiendo a Sagarna, el juez "no debe tomar el expediente buscando culpas para condenar sino que, partiendo de la base de que el daño debe ser reparado, tiene que asumir, con toda conciencia, que sólo rechazará total o parcialmente la demanda si encuentra causas ajenas al demandado. El tribunal debe verificar si se reúnen los requisitos de la responsabilidad por riesgo de la cosa: existencia del daño, nexo de causalidad, calidad de dueño o guardián del demandado. Comprobados estos requisitos, resta reflexionar sobre las causales de eximición. En suma, lo subjetivo (culpa de la víctima o de un tercero) sólo debe interesar como eximente de responsabilidad y no como factor de atribución..." (pág. 62).

Como se colige del pensamiento trascripto, de plena aplicación al caso, el recurrente en su alocución de agravios debió demostrar la culpa del motociclista en la producción del choque, dado que no es suficiente para liberarse de responsabilidad demostrar su diligencia o no culpa.

El demandado recurrente, apegado a la concepción de la neutralización de los riesgos, reclama que se debió acreditar la culpa de la señora Bolaños de Noguera, quien accionaba la puerta del vehículo de conformidad ordena el art. 1109 del C.C. Y, como consecuencia de ello, hacer extensiva la responsabilidad al dueño del automotor por aplicación del art. 1113 del C.C..

Para marcar la improcedencia de la postura del recurrente basta recordar el trabajo del Dr. Ramón Daniel Pizarro denominado "Accidentes con cosas riesgosas - La mutación interpretativa del art. 1113 del Código Civil" publicado en Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº 15", "Accidentes", Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 106, donde sostiene que "cuando la ley Argentina hace alusión a los daños causados por el riesgo de la cosa, comprende con singular amplitud dos grandes categorías, a la que hoy agregamos una tercera: 1) Los daños causados por las cosas que son, por su propia naturaleza, riesgosa o peligrosa, es decir cuando conforme a su estado natural, pueden causar un peligro a terceros. 2) Los daños causados por el riesgo de la actividad desarrollada mediante la utilización o empleo de una cosa que, no siendo peligrosa o riesgosa por naturaleza, ve potenciada esa aptitud para generar daños por la propia conducta del responsable que multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de dañosidad. 3) Los daños causados por actividades riesgosas, sin intervención de cosas....".

La puerta de un automóvil estacionado, per se, no es una cosa peligrosa pero su utilización (abriéndola, manteniendo abierta o en proceso de cierre), sin lugar a duda, genera un riesgo por su potencialidad para causar daño a terceros en circulación por las calles. Es decir, entendemos que cuadra colocar los antecedentes fácticos de esta litis en la segunda hipótesis antes referenciada.

Finalmente, para cerrar esta parte de las consideraciones cabe trascribir la aseveración de Pizarro, pág. 109, cuando analizando el art. 1113 del Código Civil dice que "la esencia de la responsabilidad que consagra dicha norma está en el riesgo creado más que en el hecho de provenir éste de una cosa....".

El fenómeno de mutación interpretativa del art. 1113 del Código Civil, sostiene como conclusión el autor de cita (pág. 112), tiene repercusión en numerosos aspectos, como es por ejemplo que en el ámbito de los accidentes de tránsito, la responsabilidad del conductor del automotor cae inexorablemente bajo la órbita del art. 1113 del Código Civil.

Es decir, interpretando esas palabras, cuando se produce daño con una cosa riesgosa (por naturaleza o por su utilización) no es aplicable al sujeto que la acciona el factor de atribución subjetivo del art. 1109 del C.C., sino el objetivo del art. 1113 del mismo código.

Traducido ello al caso, el factor de atribución imputable jurídicamente a la señora que accionaba la puerta del automotor estacionado que causó el daño al motociclista es el art. 1113 del C.C., con la conocida inversión de la carga probatoria.	Esta interpretación encuentra aval en la doctrina jurisprudencial la cual ha juzgado que "acreditada la intervención conductor del vehículo accionando con nexo causal eficiente respecto del daño infligido al actor - al caer de su bicicleta cuando intentó sobrepasar al rodado que se encontraba detenido, con la puerta abierta - , no resulta útil para aquél probar su falta de culpa, sino que, en el marco de la responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa -art. 1113, párr. 2°, ap. 2° del Cód. Civil-, es la demandada quien en su carácter de dueña o guardián debe probar -lo que no ocurre en el caso- la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder para eximirse de responsabilidad...". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala M, 16/08/2005, "Hernández, Benjamín Adrián c. Oliwer, Eduardo", ED 215, 352).

En igual sentido, otro tribunal ha sostenido que "cabe responsabilizar al demandado por las lesiones que sufrió un ciclista cuando impactó con la puerta trasera del automóvil de aquél, que se encontraba detenido en una avenida de importante tránsito, pues, resulta notoriamente imprudente el proceder del acompañante del accionado, quien no debió abrir la puerta sobre el carril que permitía el paso de los vehículos sin asegurarse que podía hacerlo sin crear riesgos ni afectar la fluidez del tránsito". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala I, 07/11/2006, "Lezcano, Jorge A. c. Santucho, Carlos D. y otro", DJ 21/02/2007, 395).

En cuanto a los agravios vertidos contra la cuantificación de los daños, se debe tener presente que el sistema legal argentino ha consagrado para el ámbito civil la ponderación judicial de los mismos que tiene como premisa su realización prudente y razonada.

En ese sentido, se puede observar como una de las hipótesis posibles de trabajo que se le pueden presentar al juez que las partes hayan acreditado el daño pero no su cuantía, en cuyo caso el arbitrio judicial actuará a plenitud.

Va de suyo que ambas partes intervinientes en la litis tienen la posibilidad de arrimar al proceso probanzas sobre la cuantificación que correspondería dar a los daños acreditados, razón por la cual si la demandada no hace uso de su facultad procesal no puede argumentar que está en indefensión o que se le ha vulnerado su derecho de defensa.

Fijadas las pautas que se tienen en cuenta para meritar si son justas las compensaciones acordadas por la Primera Instancia que cuestiona la demandada, se verifica que por daños materiales se acordó la suma de $ 199,10 cuando se reclamaban $ 500. Es decir, el A quo ponderó la escasa prueba aportada y definió razonablemente la cuantía en función de los elementos de convicción que tenía a su alcance.

En cuanto al daño moral que fija el A quo en la suma de $ 1.000, se cuestiona que el mismo no se encuentra acreditado, pero se debe verificar que el fallo remite al contenido del sumario penal, informe pericial de fs. 117/120 donde se hace referencia que el paciente presenta su dedo índice de la mano izquierda una actitud visiosa de flexión interfalangica proximal con extensión limitada, como secuela de una fractura medio diafisiaria de primera falange que sufriera en el accidente que se trata, esta fue tratada quirúrgicamente colocándosele material de osteosintesis, el que luego fuera retirado cuando se logra la consolidación de la fractura....".

Como se colige se ha acreditado que el actor padeció físicamente menoscabo que le causaron dolores, inseguridades, etc. que se constituyen en la base sobre la cual se concede el daño moral.

Va de suyo que la circunstancia que la empresa aseguradora de riesgo de trabajo (ART) haya solventado los gastos y por lo tanto, el A quo haya estimado que no corresponde indemnizar los gastos médicos y asistenciales, no obsta a la procedencia del daño moral en sede civil conforme es doctrina de la Corte Federal fijada en fecha 21/09/2004, en el caso "Aquino Isaccio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688".	En función de las razones expuestas, propongo al Tribunal la desestimación del recurso de apelación intentado por la demandada, con costas (art. 74 C.P.C.).

El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: desestimar el recurso de apelación intentado por la demandada, con costas (art. 74 C.P.C.).

Los DRES. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS y GILBERTO A. RIVEROS, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Desestimar el recurso de apelación intentado por la demandada, con costas (art. 74 C.P.C.).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.