Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de nov iembrede 2009, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN CARLOS MORANDO DIJO:

La situación de hecho descripta por la sentenciante de grado que desestimó el beneficio de litigar sin gastos, que se ajusta a la prueba producida, no permite dictar un pronunciamiento diferente en el marco del artículo 78 CPCCN. El propio apelante, en la demanda, invoca el artículo 20 LCT que, al establecer para todas las causas laborales el beneficio de litigar sin gastos a favor del trabajador y, a mayor abundamiento, la intangibilidad de la vivienda familiar frente a la eventual ejecución de un pronunciamiento sobre costas, torna sobreabundante la concesión de un beneficio como el solicitado.

Los artículos 20 LCT y 41 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18345 establecen el beneficio de gratuidad fiscal en los procedimientos judiciales o administrativos de naturaleza laboral, pero dicha exención no alcanza al pago de las costas judiciales cuando el trabajador es vencido en el juicio. Dicho criterio ha sido sostenido tradicionalmente por el Ministerio Público en dictámenes que fueron compartidos por esta Sala, al sostener que "...el beneficio de gratuidad establecido por el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo destinado a no trabar por razones patrimoniales el acceso pleno a la jurisdicción, implica desde una perspectiva protectora la imposibilidad de gravar el ejercicio de las acciones judiciales o de las peticiones administrativas, pero de ninguna manera puede interpretarse que impide la condena en costas o que desplaza las disposiciones de los artículos 68 y cctes. del CPCCN. A su vez, el artículo 41 debe considerarse en relación a los gastos que demanda la promoción del juicio, pero no impide la declaración de costas a cargo del trabajador que litigó sin razón valedera" (dictamen 24477 del 25.03.98 en "Leonardo, Mario c. Schiavi, Susana Inés (s. Sucesión) s. Despido"; dictamen 23438 del 02.10.97 en "Marquez, Marino c. Entel y otros s. Acc. Ley 9688).

Por lo expuesto, propongo se confirme la sentencia de fs. 39.

LA DOCTORA GABRIELA A. VÁQUEZ DIJO:

I. Discrepo respetuosamente con la propuesta del distinguido colega doctor Juan Carlos E. Morando, quien postula confirmar el rechazo del beneficio de litigar sin gastos pretendido por el demandante.

En efecto, lo dispuesto por el artículo 20 de la ley de contrato de trabajo, en cuanto al beneficio de gratuidad del trabajador o sus derechohabientes en los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de las normas laborales y a que su vivienda no puede ser afectada al pago de costas en caso alguno, no libera al trabajador del pago de los gastos causídicos en caso de rechazo de la demanda. Ello es así, porque tales ventajas, que constituyen derivaciones adjetivas del principio protectorio (artículo 14 bis CN), no son equivalentes en el ordenamiento ritual nacional, al beneficio de litigar sin gastos que regula el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su artículo 78 y sigs. Por ello, estimo que el hecho de que el actor cuente con los señalados auxilios procesales no torna insustancial su pretensión incidental.

II. Con esa mirada inicial, recuerdo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el legislador ha omitido referencias tasadas sobre el concepto de pobreza, pues, por ser contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos por resolver, por lo que, en cada situación concreta, el tribunal debe efectuar un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos o la imposibilidad de obtenerlos de quien invoque el incidente para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión (Fallos 326:4319).

Luego, no se debate que la posibilidad de obtener el beneficio de litigar sin gastos no se agota en quien es indigente o pobre de solemnidad, como lo destacó con acierto la señora Fiscal Haydee Mongiat a fojas 38. De allí que puede abarcar a todo aquel que demuestre que no está en condiciones de sostener los gastos del proceso y el pago de los honorarios, sin comprometer los medios de su propia subsistencia.

En ese orden de pensamiento, debo resaltar que la procedencia del beneficio debe juzgarse en relación directa con la importancia económica del juicio puesto que el instituto está destinado a asegurar dos garantías constitucionales, la de igualdad ante la ley - artículo 16 de la CN - y la de defensa en juicio - artículo 18 CN- (Conf. CS, Fallos 329:2240) y esta última se vería frustrada si no se contara con los medios necesarios para afrontar los gastos que el proceso pudiere llegar a comportar, desde que debe asegurarse el acceso a la administración de justicia no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecue a la situación económica de los contendientes (Conf. CS, Fallos 328:4822).

Por ultimo, como lo ha afirmado la doctrina jurisprudencial que comparto, la ponderación de las probanzas arrimadas para obtener el beneficio de litigar sin gastos ha de efectuase con un criterio proclive a su concesión, pues una interpretación estricta equivaldría a una frustración a priori de las aspiraciones de justicia del interesado (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 8-7-2003, en autos "Videla, Lidia J. c/ Nippon Trucks S.A. LL Gran Cuyo 2003, diciembre, Pág. 840; DJ 2004-1, 460), criterio amplio que corresponde acentuar cuando se está ante una reclamación de estirpe laboral.

III. En el sub judice, el actor manifestó que está desocupado, que se sostiene por la ayuda familiar y que no dispone de ninguna fuente de ingresos. De la prueba producida surge que no registra actividad remunerada (ANSES fs. 24); que no registra propiedad de automotores (fs. 22) y que sólo es copropietario del inmueble situado en Díaz Vélez 5224/28 un porcentual indiviso (50%), el que coincide con el domicilio real que denunció en el escrito introductoria.

Las demandadas, a quienes se les confirió el traslado que ordena el artículo 81 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, guardaron silencio y no controvirtieron los dichos del actor.

Con esta plataforma fáctica, debe admitirse el beneficio de litigar sin gastos porque resulta verosímil que el demandante carece, en la actualidad, de medios suficientes para soportar con su patrimonio, en su conformación actual, los eventuales gastos causídicos que pueden llegar a generarse en el presente juicio. Por cierto, sin perjuicio de la provisionalidad de la exención y de que ésta constituye una franquicia que se acuerda con los alcances del artículo 84 CPCCN y que puede cesar si la peticionante mejora su fortuna.

IV. Las costas de ambas instancias deben imponerse en el orden causado. Ello porque la demandada guardó silencio al traslado que le corrió del memorial de agravios y no formuló contradicción (artículo 68 segundo párrafo del CPCCN).

V. Por lo expuesto, propongo en este voto que: (a) se revoque lo resuelto a fojas 39, se conceda al actor el beneficio de litigar sin gastos en los términos solicitados y (b) se impongan las costas de ambas instancias en el orden causado.

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Que, efectuando un nuevo análisis de la cuestión, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto de la doctora Gabriela A. Vázquez.

Por ello el TRIBUNAL RESUELVE:

1)Revocar lo resuelto a fojas 39;

2)Conceder al actor el beneficio de litigar sin gastos en los términos solicitados;

3)Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- ls/gav JUAN CARLOS E. MORANDO GABRIELA A. VÁZQUEZ LUIS ALBERTO CATARDO JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA Ante mí:

ALICIA E. MESERI SECRETARIA