Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Salta
Fecha: 2012-05-28


2º Instancia.- Salta, mayo 28 de 2012.

Considerando: I. Vienen estas actuaciones en virtud de la impugnación de referencia efectuada contra el decisorio de fs. 120/121 por el que se mandó librar orden de pago a favor de los Dres. S. U. O. y M. T. C. por las sumas de $ 711,99 y $ 1.661,31 respectivamente, en concepto de honorarios por su labor desarrollada exclusivamente en la etapa de ejecución de sentencia del presente proceso; se ordenó librar orden de pago a favor de la Municipalidad de la Ciudad de Salta por la suma de $ 4.007,21, en concepto de impuesto al automotor y plan caduco adeudado por el vehículo dominio HGB-336 subastado en autos; se dispuso librar orden de pago a favor del Banco de la Nación Argentina, sucursal Salta por la suma de $ 1.392,96 en concepto de gastos de subasta, conforme rendición de cuentas de fs. 94 y se mandó librar orden de pago a favor de la parte actora por la suma de $ 13.265,81 en concepto de pago a cuenta del crédito prendario reclamado en autos. II. A fs. 123 el apoderado de la parte accionante interpuso el referido recurso de apelación aclarando que éste se limitaba a controvertir el pto. II de la resolución atacada en cuanto otorgó privilegio al crédito de la Municipalidad de Salta por deudas posteriores a la constitución del crédito prendario del Banco de la Nación Argentina, y al pto. IV, por cuanto concedió privilegio al crédito de esa entidad frente a los honorarios regulados a fs. 104 por la primera etapa del juicio. Por otra parte resignó la preferencia determinada en el pto. I del decisorio en cuestión y la que eventualmente se determine conforme a lo planteado en relación al cuestionado pto. IV, a favor de la actora. III. A fs. 127 se agravió el apelante de la resolución impugnada por cuanto el fallo reconoció preferencia al crédito de la Municipalidad de la ciudad de Salta respecto de los honorarios de los letrados de la actora por la etapa inicial del presente juicio, luego sobre los gastos de subasta efectuados por su parte y finalmente respecto al crédito prendario del Banco de la Nación Argentina. Manifestó en este sentido que para así decidir el a quo indicó que diversas leyes han establecido la exigencia del certificado de libre deuda como requisito indispensable para otorgar la escritura traslativa de dominio, de donde resulta que no se puede hacer ninguna enajenación sin pagar previamente el impuesto por servicios municipales, señalando que si ha de venderse el bien para que los acreedores se cobren habrá de satisfacer ante todo ese crédito que traba la transmisión del dominio. Sobre el particular expuso el recurrente que tanto el privilegio como el orden de preferencia solo pueden nacer de la ley y que ambos son de interpretación restrictiva. Asimismo destacó que tratándose la presente de una ejecución de una prenda con registro, resulta de aplicación la ley 12962 (t.o. Decreto-Ley 15.348, conf. Dcto. 897/95). Precisó que la normativa de mención concede al acreedor el beneficio de su propia escala de privilegios sobre el producido del bien gravado, la que se encuentra establecida en el art. 43 de la referida ley y surge como consecuencia inmediata del privilegio especial que consagra el art. 3 de aquel ordenamiento, así como de las particulares circunstancias que rodean el contrato prendario. Citó doctrina y el texto del mentado art. 43. En este orden de ideas aseguró que detrás de los gastos de justicia, que comprenden los casos de privilegio general del inc. 1 del art. 3879 del Código Civil y del especial del art. 3900 del mismo cuerpo legal, y de los gastos de conservación del art. 3892 del código de fondo, aparece en segundo orden, el pago de impuestos fiscales que gravan el bien prendado. Es decir, explicó, que el Fisco tiene preferencia sobre el acreedor prendario cuando se trata de un impuesto que pesa sobre la cosa gravada. Dicho lo anterior señaló que habiendo la propia ley civil distinguido entre "créditos del fisco" y "de las municipalidades" (arts 3879 inc. 2 y 3880 del Código Civil), no corresponde sino entender que la expresión "créditos fiscales" contenida en el inc. 2 del art. 43 de la ley de prendas solo comprende las nacionales y provinciales, debiendo excluirse los municipales. Sobre el punto manifestó que al revestir los privilegios carácter excepcional y ser de interpretación restrictiva, no pueden ser aplicados por analogía. Finalmente propuso el siguiente orden de preferencias: 1) honorarios de los letrados de la parte actora por la etapa de ejecución de sentencia (tal como ha sido decidido y conforme al inc. 1 del art. 43 del Decreto-Ley 15348 "gastos de justicia"); 2) honorarios de los letrados de la parte actora por la primera etapa del presente juicio (según lo establecido por el inc. 1 del mentado art. 43 "gastos de justicia"), ya que no se trata de subasta de tercero sino de la propia ejecución, por lo que el total de honorarios tiene privilegio frente al crédito prendario; 3) gastos de subasta efectuados por el Banco de la Nación Argentina (inc. 1 del citado art. 43 "gastos de justicia") y 4) pago a cuenta del crédito prendario reclamado en autos (inc. 4 de la norma de mención). Hizo reserva del caso federal. IV. A fs. 138 se tiene por decaído el derecho que le asistía a la Municipalidad de Salta para contestar el traslado conferido. V. Pues bien; en primer lugar y con carácter previo ha de tenerse presente que los privilegios no pueden ser ni más ni menos de los que resulten de la ley, es decir son de carácter taxativos. Así lo ha estipulado el art. 3876 del Código Civil en su parte pertinente al decir que "El privilegio no puede resultar, sino de una disposición de la ley. El deudor no puede crear privilegio a favor de ninguno de los acreedores". La citada norma descansa en el principio de la paridad entre los acreedores de un mismo deudor, por lo que "las excepciones a esa regla las debe consagrar el legislador: los privilegios son de carácter legal y ello constituye uno de sus caracteres esenciales" (Bueres, Alberto J. - Highton, Elena I., "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Hammurabi, Buenos Aires, 2005, 6B, 1era. ed., pág. 227). "Deriva del origen legal de los privilegios y de la circunstancia de que constituyen excepciones al principio de paridad de los acreedores, otra característica de ellos, cual es la de que las normas que los regulan, (...) deben ser interpretadas restrictivamente: cualquier duda sobre la existencia, alcance o rango del privilegio debe ser decidida en su contra (esto es que debe concluirse en la negación del privilegio y en la disminución de su extensión o rango" (Bueres, Alberto J. - Highton, Elena I., op. cit., págs. 229/230). A lo expuesto y en cuanto se trata de la ejecución de una prenda con registro, cabe añadir que "el sistema de la prenda registrada dada su naturaleza de garantía real, y al implicar la apertura de un concurso especial con los bienes que comprende, otorga al acreedor el beneficio de su propia escala de privilegios sobre el producido del bien gravado, privilegios que se subordinan a lo determinado por la norma del art. 43 [del Decreto - Ley 15348/46]" (confr. Muguillo, Roberto A., "Prenda con registro", Astrea, Buenos Aires 2001, 3era ed. actualizada y ampliada, pág. 283, Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Morón, sala I, sent. del 12/09/02). Se trata de la aplicación del régimen especial por sobre el establecido con carácter general, según el mandato del antiguo principio lex specialis derogant generali o specialia generalibus derogant, que así lo ordena. VI. Entrando en el tratamiento de la cuestión planteada se tiene que el citado art. 43 prescribe "En el caso de venta de los bienes afectados, sea por mutuo convenio o ejecución judicial, su producto será liquidado en el orden y con las preferencias siguientes: 1º) Pago de los gastos de justicia y conservación de los bienes prendados, incluso sueldos y salarios de acuerdo con el Código Civil. Inclúyese en los gastos de conservación el precio de locación necesario para la producción y mantenimiento del objeto prendado durante la vigencia de la prenda; 2º) Pago de los impuestos fiscales que gravan los bienes dados en prenda; 3º) Pago del arrendamiento del predio si el deudor no fuera el propietario del mismo, en los términos del artículo 42. Si el arrendamiento se hubiera estipulado en especie, el locador tendrá derecho a que le sean entregados en esa forma; 4º) Pago del capital e intereses adeudados del préstamo garantizado; 5º) Pago de los salarios, sueldos y gastos de recolección, trilla y desgranado que se adeuden con anterioridad al contrato, siempre que el Código Civil le reconozca privilegio. Los créditos del inciso 1º) gozan de igual privilegio y serán prorrateados en caso de insuficiencia del producto de la venta. Será nula cualquier estipulación incorporada al contrato prendario con la finalidad de establecer que la cosa prendada pueda liquidarse en forma distinta a la establecida en este decreto, sin perjuicio de que después de vencida la obligación prendaria, las partes acuerden la forma de liquidación que más les convenga, salvo lo dispuesto en el artículo 39" (el énfasis se ha añadido). 1. a) Ahora bien; la primera cuestión a dilucidar reside en el alcance que posee el inc. 1 de la norma transcripta, pues entiende el apelante que tantos los honorarios de los letrados de la entidad ejecutante correspondientes a la primera y a la segunda etapa del juicio integran los denominados "gastos de justicia"; al tiempo que ubica al crédito por los gastos de la subasta reconocidos a la entidad financiera de autos con antelación al de la Municipalidad de la ciudad de Salta y al prendario. Sobre el punto corresponde señalar que el supuesto atinente a los "gastos de justicia" contenido en el mentado inc. 1 del art. 43 se corresponde con los previstos en el inc. 1 del art. 3879 y en el art. 3900 del Código Civil, extendiéndose el privilegio sobre éstos a los créditos en cuyo interés se devengaron (art. 3900, Cód. Civil). El fundamento de la distinción acordada por la ley radica "en el beneficio directo e inmediato que representan para el acreedor a quien se oponen, provecho que consiste en poner los bienes del deudor a su disposición para el cobro de su crédito, lo que de no mediar los trabajos y diligencias que originaron los gastos, debió haber logrado el acreedor por su cuenta. Es decir, que es requisito de la actuación del privilegio del gasto de justicia la utilidad para el crédito frente al cual se lo hace valer, por lo que no juega respecto de créditos que ningún beneficio han recibido con tales gastos" (Bueres, Alberto J. - Highton, Elena I., op. cit., pág. 302). Sobre esto último, se trata de evitar un enriquecimiento sin causa, lo que acontece cuando el crédito en cuestión no ha representado ninguna utilidad para los acreedores a quienes se intenta oponer la preferencia (CNCiv., sala E, sent. del 13/05/85, ED, 116-625, LA LEY, 1986-A- 624). "Así, el privilegio que asiste a los gastos de justicia debe ser necesariamente meritado en relación al espectro de acreedores que han beneficiado, pudiendo funcionar como privilegio general si la utilidad es aprovechada por todos los acreedores, o como especial si la gestión es útil con respecto a uno o varios, en cuyo caso existe con relación a éstos" (Bueres, Alberto J. - Highton, Elena I., op. cit., pág. 245). b). Desde la perspectiva suministrada por los principios antes referidos, tomando debida razón de las circunstancias que particularizan el caso y respecto de la labor desarrollada por los letrados de la actora, se tiene que resultan quirografarios los gastos efectuados desde el inicio del proceso y hasta la sentencia de trance y remate, en tanto beneficia al acreedor particular, mientras que revisten el carácter de privilegiados los honorarios desde dicha etapa, toda vez que benefician a la generalidad de los acreedores (C1ºCiv. y Com. Mar del Plata, sala II, sent. del 15/05/2003, LLBA, 2003-1260). En el mismo orden de ideas se ha dicho que "los honorarios para llegar a la propia sentencia y reconocimiento del derecho, se anteponen sólo a los acreedores que resultan vencedores en cada juicio. Pese a ello, en cada juicio el abogado percibe antes que su cliente estos gastos y honorarios (Bueres, Alberto J. - Highton, Elena I., op. cit., pág.303). Al tiempo que se ha sostenido que "unicamente los honorarios posteriores a la sentencia de remate son en rigor, gastos hechos en interés común de los acreedores (art. 3879, Cód. Civil), desde que los cumplidos con antelación al susodicho estadio lo fueron en el privado del ejecutante (Cifuentes, Santos - Cifuentes, Santos E., "Código Civil comentado y anotado", La Ley, Buenos Aires, 2007, IV, pág. 517). En idéntico sentido se ha puesto de relieve que gozan de privilegio los honorarios regulados al letrado del ejecutante, por los trámites de ejecución de sentencia, porque esa labor es la que posibilitó la liquidación del bien (CCiv. y Com. de Córdoba, 2da Nom., sent. del 18/05/1996, LA LEY, 1996-833). Los gastos de justicia generados con anterioridad a la liquidación del bien del deudor y hasta la sentencia de remate carecen de privilegio frente al tercer acreedor, pues en nada lo aprovechan ya que la sentencia de remate no constituye título a su favor (CCiv. y Com. Rosario, sala II, sent. del 30/03/2001, LL Litoral, 2011-1109). Sobre tales bases la pretensión del apelante en torno a la inclusión de los honorarios de los letrados de la parte actora en el segundo lugar del orden de preferencia no ha de prosperar. c). Por el contrario, cabe acoger el pedido de anteponer los gastos realizados por el Banco de la Nación Argentina en virtud de la subasta, pues se trata de erogaciones que redundan en beneficio de los demás acreedores -Municipalidad de la ciudad de Salta- y que resultaron indispensables para obtener la liquidación del bien en cuestión. 2. En lo atinente al orden de privilegio que debe asignársele al crédito de la Municipalidad de la ciudad de Salta en concepto de impuesto al automotor y plan caduco, resultan desacertados los argumentos vertidos por el recurrente en torno a la inteligencia que cabe asignársele a la fórmula "impuestos fiscales" contenida en el inc. 2 del art. 43 del Decreto-Ley 15348/46. En cuanto aquí interesa señalar, se trata de una fórmula genérica que encuentra idéntico fundamento al que sustenta la establecida en los arts. 3879 inc. 2 y 3880 del Código Civil en términos comprensivos de los impuestos que perciben los municipios. En efecto y como se observará, las consideraciones vertidas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en pleno (causa "Servicios Eficientes SA c/Yabra, Roberto I.", sent. del 18/02/99, LA LEY, 1999-B, 384), que fueron replicadas recientemente por el voto mayoritario de este Tribunal en el precedente "Banco de la Nación Argentina c/Galli Víctor Manuel y Heguy de Galli Julia Pilar", sent. del 13/03/12), en juicios sobre ejecución hipotecaria, son, en el aspecto sub examine, eminentemente aplicables al instituto de la prenda con registro que aquí se ventilan. Allí se expuso que "...los informes previstos en el art. 576, inc. 1º del CPCyCN, a requerir antes de ordenarse la subasta, y que se refieren a la deuda por impuestos, tasas y contribuciones, tienen por objeto determinar eventualmente el importe de las deudas, que en su caso, han de hacerse efectivas sobre el precio de adquisición del inmueble, puesto que el posible comprador debe contar con la información de los impuestos y tasas adeudados con anterioridad a la compra, para deslindar su posición respecto de ellos...y esto se liga a la cuestión de los privilegios, ya que la subasta judicial importa, en definitiva, la liquidación de todos los créditos que pesan sobre los bienes, que automáticamente quedan transferidos sobre el precio de adquisición en el remate efectuado con citación de los acreedores, configurándose una subrogación real (...) puesto que en el momento de la realización del bien afectado, el asiento del privilegio se traslada al producido pecuniario del mismo bien (...). Ello es así, desde que vendido judicialmente un bien, se produce una suerte de concurso, donde todos los acreedores (...) concurren a cobrar sus acreencias sobre el precio obtenido (arts. 581 in fine y 584 in fine, del CPCyCN) en el orden de preferencia que, a tal efecto, les ha concedido la ley a cada uno de ellos". En la resolución antes citada también se puso de relieve que "en sentido concordante, en las II Jornadas Mendocinas de Derecho Civil, organizadas por la Universidad de Mendoza, se declaró que "el privilegio de los créditos del Fisco se traslada al precio que sustituye la cosa y, salvo norma expresa, el adquirente en subasta judicial no responde por las deudas anteriores a su posesión, sin perjuicio de la responsabilidad personal del ejecutado". "El comprador, pues, debe recibir el bien adquirido libre de todo gravamen, con los impuestos y tasas pagados hasta el día de entrega, y con los documentos necesarios para las inscripciones administrativas que fueren necesarias por la naturaleza del bien" (Highton, Elena, "Juicio Hipotecario", Hammurabi, Buenos Aires, 1997, II, pág. 424). Pues, si los adquirentes en subasta (que no son litigantes y no tienen otra expectativa que adquirir un bien) debieran soportar cargas de extensión difícilmente imaginables, se los estaría condenando al pago de lo que no son deudores, sin que (por no ser partes en el proceso) puedan ejercer defensa alguna, entre ellas, la prescripción, si correspondiere, ni cuestionar por excesivas, en su caso, las multas, los recargos e intereses, violándose el derecho consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional (confr. los citados precedentes "Servicios Eficientes SA" y "Banco de la Nación Argentina c/Galli Víctor Manuel y Heguy de Galli Julia Pilar"). A lo expuesto cabe añadir los mandatos hermenéuticos que nuestro Máximo Tribunal ha sentado, de los cuales se destacan para la aplicación al caso los que establecen que "las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, de la manera que mejor se compadezcan y armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías constitucionales" (Fallos: 315:428; 324:2153; 328:118, entre muchos otros, el añadido no pertenece al original) y los que disponen que "es misión de la hermenéutica superar las antinomias, evitando criterios distintos o contradictorios en situaciones semejantes y buscando la armonía en la legislación, en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso (Fallos: 318:1054, entre otros). Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que la postura que se propicia es la asumida por reconocidos doctrinarios al sostener que el impuesto a los automotores se debe hacer efectivo sobre el producido del automóvil subastado (Gómez Leo - Coleman, "Nueva ley de prenda con registro (decreto 897/95) comentado y anotado", Depalma, Buenos Aires, 1996, pág. 123 y Amadeo, Jorge Luis, "La prenda con registro", Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1978, pág. 153), habrá de rechazarse la pretensión del impugnante que se opone a la preferencia que posee el crédito de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Por el modo en que la cuestión ha sido resuelta -reconocimiento de la preferencia del crédito de Banco de la Nación Argentina por los gastos efectuados por la subasta y rechazo de las restantes pretensiones del apelante- y no habiendo mediando contestación del traslado conferido a la Municipalidad de la Ciudad de Salta, las costas se imponen por el orden causado (art. 71 del CPCCN). El doctor Roberto G. Loutayf Ranea, dijo: I) En mi voto en los autos caratulados "Quintana, Gerardo vs. Banco de la Nación Argentina, s/Daños y Perjuicios" (Expediente nº 3-385/07 del Juzgado Federal de 1º Instancia º 2, y nº 245/10 de la Cámara Federal de Apelaciones) sentencia del 23-2-2011, he destacado que de conformidad al art. 590 del CPCCN, tienen preferencia absoluta de pago las "costas de la ejecución", lo que coincide con la regla contenida en los arts. 3879 inc. 1º y 3.900 del Código Civil. Ahora bien, para ser calificado como gasto de justicia, el respectivo crédito debe reunir los siguientes requisitos: a) corresponder a un trabajo o gasto necesario para obtener el cuidado o la realización del bien de que se trata; b) provenir de un gasto efectuado en interés común de los acreedores; c) surgir en conexión con el aparato judicial; y d) tener por finalidad el realizar los bienes del deudor o preparar esa realización (Llambías: "Obligaciones", Buenos Aires, Perrot, tomo I, 1978, pág. 652; Salas: "Código Civil Anotado", Buenos Aires, Depalma, tomo III, 1991, pág. 249-250); es decir, deben tratarse de gastos de justicia hechos en el interés común de los acreedores, quedando comprendidos, en general, los honorarios y gastos de cualquier perito o auxiliar de la justicia cuya intervención resultare indispensable para posibilitar la realización de los bienes embargados (Palacio: "Derecho Procesal Civil", Buenos Aires, Abeledo-Perrot, tomo VII, 1982, pág. 677). El fundamento del privilegio otorgado a los gastos de justicia se encuentra en el hecho que los demás acreedores no hubieran podido liberarse de efectuarlos para hacer efectivo su crédito (Salas: "Código Civil Anotado", Buenos Aires, Depalma, tomo III, 1991, pág. 250), por lo que solamente gozan de él en la medida que tales erogaciones resulten indispensables a dicho fin. Por ello, el privilegio sólo alcanza a los aranceles posteriores a la sentencia de remate que benefician a todos los acreedores (CNCiv., Sala A, E.D. 49-249). En otras palabras, si bien puede entenderse que el privilegio que surge de los arts. 3879 inc. 1º y 3.900 del Código Civil es el más general que pueda caber, la nota del art. 3879 señala el alcance preciso de lo que debe entenderse por gastos de justicia, esto es los hechos en beneficio común de los acreedores. En tal sentido, se resolvió que el privilegio del acreedor hipotecario cede ante los gastos de justicia necesarios para la venta del inmueble, como lo son los gastos y honorarios hechos y devengados con ese fin (CNCiv., Sala A, J.A. 1967-I-5-S-25) y que el principio de que los gastos de justicia son preferidos a todos los créditos en el interés de los cuales se han causado, no tienen excepción: son preferidos a todos los créditos y basta que hayan sido útiles frente al acreedor a quien se opongan (Elena I. Highton: "Derechos Reales", v. 8, "Privilegios y Derecho de Retención", Buenos Aires, Edit. Ariel, 1981, pág. 48-49). Más específicamente, se ha señalado que, de conformidad al art. 3.900 del Código Civil, el privilegio del gasto de justicia es de primer orden, siempre que se trate de un gasto que beneficie al acreedor; o sea que los gastos y honorarios correspondientes a la realización de la subasta son privilegiados frente a todos los acreedores que pretendan cobrar sobre el precio obtenido del inmueble (Highton: "Cuestiones de Privilegios en el Juicio Ejecutivo, con especial referencia al privilegio del Fisco", E.D. 114-962, ap. VI, a) (CApel.Civ.Com. Salta, Sala III, 23-2-99, "Banco vs. Guzmán", Protocolo año 1999, pág. 127; Id. Id., 25-11-04, Expte. Nº 10.995, "Banco vs. Mocagno", Protocolo año 2004). Al respecto, puntualiza Cordeiro Álvarez ("Tratado de los Privilegios", pág. 522) que los gastos de justicia, más que un verdadero privilegio son, como lo expresa el codificador en la nota al art. 3879 del Código Civil, gastos hechos en beneficio de todos los acreedores los que por esta razón no pueden, de manera alguna dejar de pagarlos. Pero, por el contrario, y como principio general, no son privilegiados frente a todos, sino frente al respectivo acreedor, los gastos necesarios para llegar al reconocimiento de su derecho; sólo benefician a determinado acreedor esos gastos, entre los que pueden incluirse: gastos para llegar a la propia sentencia, tasa de justicia, gasto de embargo, etc. Por tal motivo, los honorarios de los letrados del actor por su actuación en el proceso principal gozan de preferencia respecto de la acreencia reconocida a su poderdante, dado que sólo a éste han beneficiado en tanto han constituido gastos necesarios para llevar al reconocimiento de su derecho, y por lo tanto sólo a él deben relegar; por ello, y dado que el privilegio va adosado al crédito y se antepone al mismo, el invocado por los profesionales disminuirá el crédito del cliente en la medida que no alcance el precio para pagar a todos los acreedores (Highton, Helena: "Cuestión de privilegios en el juicio ejecutivo con especial referencia al privilegio del fisco", E.D. 114-962, ap. III, a y VI, a; CNCom., Sala E, 21-9-90, LA LEY, 1991-A-302; CApel.Civ.Com. Salta, Sala III, Protocolo año 1998, pág. 663-664; CApel.Civ.Com., Salta, Sala III, 23-2-99, "Banco vs. Guzmán", Protocolo año 1999, pág. 127). Es decir, conforme se ha señalado, los gastos de justicia que sólo han beneficiado a determinados acreedores se anteponen a los acreedores que resulten vencedores en cada juicio, y por tal motivo, el abogado percibe antes que su cliente estos gastos y honorarios, lo que obedece a que el gasto de justicia va como adosado al crédito y se antepone al mismo, a cuyo acreedor ha beneficiado (Higthon, Elena I.: "Juicio Hipotecario", Buenos Aires, Hammurabi, tomo 3, 1996, pág. 117). El criterio expuesto resulta también aplicable a la preferencia que da el art. 43 inc. 1º de la Ley de Prendas con Registro (Decreto Ley 15.348/46) a los "gastos de justicia" (conf. Muguillo, Roberto A.: "Prenda con registro", Buenos Aires, Astrea, 2001, págs. 283 y ss.). Por lo expuesto, coincido con el voto que antecede en que resulta improcedente la pretensión del apelante de incluir en la preferencia de los gastos de justicia a los honorarios de los profesionales que intervinieron en la primera etapa del juicio ejecutivo. II) Con relación al privilegio que debe asignársele al crédito de la Municipalidad de la Ciudad de Salta en concepto de impuesto al automotor y plan caduco, coincido también con la solución brindada en el voto que antecede. En el precedente de esta Cámara que en el mismo se cita ("Banco de la Nación Argentina vs. Galli, Víctor Manuel y Heguy de Galli, Julia Pilar", sent. del 13-3-12), si bien he señalado que sólo los créditos por impuestos, tasas y contribuciones de mejoras "anteriores a la inscripción de la hipoteca" tienen privilegio sobre el crédito del acreedor hipotecario, y que a partir de ese momento éste último crédito tiene prioridad frente a los tributos fiscales, ello ha sido en base a interpretar los artículos 3918, 3934, 3937 y cc. del Código Civil. Pero en el caso de las prendas con registro, el art. 43 in c. 2º de la ley respectiva en forma clara dispone que tienen preferencia en el pago "los impuestos fiscales que gravan los bienes dados en prenda", texto que no admite la distinción señalada con relación a la hipoteca. Por lo expuesto, entonces, también coincido con la solución propuesta en el voto que antecede, al que me adhiero.

Por lo que se resuelve: I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido a fs. 123 y fundado a fs. 127/128 vta., reconociendo la preferencia que posee el crédito del Banco de la Nación Argentina por los gastos efectuados por la subasta respecto del que ostenta la Municipalidad de la Ciudad de Salta en concepto de impuesto automotor y plan caduco y rechazando las restantes pretensiones invocadas. II. IMPONER las costas por el orden causado. III. Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.- Luis R. Rabbi-Baldi Cabanillas.- Roberto G. Loutayf Ranea.- Jorge L. Villada.