Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-04-26


L° de sentencias DEFINITIVAS N° LVII Causa N° 114420; Juz. N° 16 C. T. A. Y OTRA C/B. O. D. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)(SIN RESP.EST.) REG SENT: 27 Sala III	En la ciudad de La Plata, a los 26 días del mes de abril de dos mil doce, reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores María Cristina Mendivil y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "C. T., A. Y OTRA C/ B., O. D. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (causa 114.420), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Mendivil.

LA EXCELENTISIMA CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

1ra. ¿Se encuentra ajustado a derecho el decisorio dictado a fs. 256/262?	2da. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?	A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA MENDIVIL DIJO:

1) En el fallo citado el Sr. Juez de la anterior instancia rechazó la demanda indemnizatoria de daños y perjuicios promovida por A. C. T. y A. I. contra O. D. B. y S. B. R. Cooperativa Limitada, e impuso las costas a la accionante.

Contra esa forma de decidir apeló la actora a fs. 273, y expresó sus agravios a fs. 280/288.

Se disconforma la recurrente con el decisorio dictado pues sostiene que la absolución del acusado en sede penal se basó en el principio "in dubio por reo", no obstante lo cual el "iudex a quo" realizó una construcción "facilista e injusta" al acogerse al fallo absolutorio; que el Sr. Juez de la instancia anterior derivó la cuestión al campo de la responsabilidad subjetiva del art. 1109 del Código Civil; que la no culpa o responsabilidad del demandado es un hecho ajeno a la responsabilidad objetiva en base al riesgo creado; que el "iudex a quo" forzó al sentencia penal haciéndole decir lo que la misma no ha dicho.

Afirma que el automóvil del demandado transitaba entre 80 y 100km/h, dado que la velocidad mínima al inicio de la huella de frenado era de 74,20, huella que se prolongó por espacio de 30 metros, que el accidente tuvo lugar en cercanías de la senda peatonal, donde se emplazan comercios, escuela primaria y garitas de micros, por lo que no entiende cómo, ante tamaño cúmulo de probanzas el sentenciante anterior rechazó la demanda, la que solicita se revoque.

2) Entrando en la tarea revisora principio por señalar que las manifestaciones que trae la recurrente en su escrito de expresión de agravios no satisfacen adecuadamente los requerimientos de los artículos 260 y 261 del Código Procesal pues resultan insuficientes como crítica del fallo impugnado.

Sin perjuicio que los agravios referidos rozan de insuficiencia, a fin de mantener intacta, en la medida de lo posible, la garantía constitucional de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art. 18 C.N.; 15 C.P.B.A.; esta Sala causas B-80.228, RSD 84/95; B-78.321 del 27-5-94; e.o.), pasaré al análisis del recurso traído.

3) La causa penal.

El hecho por el que se acciona en el presente juicio civil motivó la formación de la causa penal nº xxxx/xxxx tramitada por ante el Juzgado Correccional nº 3 de La Plata, caratulada "B., O. D. s/ Homicidio Culposo- C. I. N. A.", cuyas constancias fueran ofrecidas como prueba instrumental por las partes y que corre agregada por cuerda a los presentes.

En el mencionado proceso el 20 de Octubre de 2008, la Sra. Juez Graciela María Buscarini dictó veredicto absolutorio a favor de B. O. D., por no resultar fehacientemente acreditado el hecho tratado en la primera cuestión, por el que se lo imputara como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo, acaecido el 5 de Marzo de 2005 en La Plata, en perjuicio de N. A. C. I.. Sostuvo que, aunque más no sea por el principio de la duda, no es posible tener por demostrado con certeza que O. D. B. violara un deber de cuidado ni aumentara el riesgo permitido, todo lo cual torna atípica la conducta desplegada.

En torno al tema en análisis, tal como lo señalara en otros términos el sentenciante de la anterior instancia, tiene dicho nuestra Suprema Corte de Justicia que en orden a lo prescripto por el art. 1103 del Código Civil, solamente cuando la absolución o el sobreseimiento criminal estuvieran basados en la inexistencia del hecho o en la no autoría del acusado y no en la falta o ausencia de responsabilidad, puede ser invocado en sede civil para impedir una condena que aparecería como escandalosa (conf. causas Ac. 40.464; Ac. 43.132; 48.181; Ac. 51.200; Ac. 64.160; Ac. 65.535; Ac. 62.745; Ac. 91.367, sent. del 12-V-2006). A lo que es dable agregar, como lo difunde el mismo Tribunal, la situación de la inexistencia de relación causal entre el hecho y el daño sufrido por la víctima (SCBA, Ac. 36.631 del 3-3-87; Ac. 61.975 del 31-3-98; Ac. 78.035 del 6-6-01; e.o).

Contrariamente, si la absolución se dictó por la falta de culpa del imputado, que pese a su autoría sobre el hecho llevó al tribunal absolverlo como delincuente, puede entrar a considerarse la culpabilidad del imputado (o su responsabilidad objetiva) desde el ángulo civil; criterio que ha llevado a la Suprema Corte de Justicia provincial a decir en muchas causas que "la responsabilidad penal y la civil no se confunden porque se aprecian con criterio distinto, pudiendo afirmarse la segunda aunque se haya establecido la inexistencia de la primera" (conf. SCBA, causas, Ac. 31.113; Ac. 26.176; Ac. 35.091; Ac. 34.484; del voto del Dr. de Lázzari en la causa Ac. 76.148, sent. del 16-IX-2003).

Ahora bien, ha dicho el Dr. Soria en su voto en la causa "P., M. E. c/ B., L. s/daños y perjuicios (Ac. 80093 del 21-12-2005), conforme lo sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la noción de "existencia del hecho principal" a que alude el art. 1103 del Código Civil se limita a las circunstancias fácticas atinentes a la materialidad de los hechos y a la autoría, sin comprender valoraciones subjetivas que hacen a la apreciación de la culpa" (conf. CSJN, "Fallos", 319:2336, consid. 6º; 316:2824 cit., disidencia de los doctores Barra y Petracchi, consid. 6º; CSJN, "L. viuda de H., A. c/ G., F. R. y otros", 16-10-01, L.48.XXXV, mayoría).

Agregando que "lo que limita al juez civil es el hecho principal como dato fáctico o, mejor aún, como suceso histórico, circunscripto a sus características de tiempo, forma y modo. Se trata de evitar el escándalo jurídico al que conllevarían sentencias contradictorias sobre la existencia de un mismo hecho, tal como fue la intención del legislador al incorporar la prohibición del art. 1103 del Código Civil, según se desprende de la nota a dicho precepto".

En otras palabras: sólo impedirá toda discusión en sede civil sobre la obligación resarcitoria, la sentencia penal absolutoria que se funde en que el hecho -que se señala como fuente de aquella- no existió; pero no la que, reconociendo la realidad histórica del mismo, haya basado la decisión absolutoria en la ausencia de otros requisitos necesarios para atribuir las consecuencias penales al autor de ese hecho (Creus, Carlos "Influencias del proceso penal sobre el proceso civil", p. 130, Rubinzal y Culzoni).

En tales condiciones, la sentencia absolutoria de la instancia punitiva que atendió a la falta certeza para endilgar culpa al encartado valorando para ello a su favor el principio "in dubio pro reo", no configura el supuesto de "inexistencia del hecho" que prevé el Código Civil en su art. 1103 como obstativo de revisión en la instancia civil.

Y si pudiera entenderse que la juez penal, aún reconociendo que el absuelto actuó, ha negado la existencia de nexo de causalidad entre su conducta y el resultado, situación que quedaría comprendida en lo que puede denominarse "inexistencia del hecho principal" (hubo un resultado, pero no un hecho que permitiera hacer incidir aquél sobre la persona del sindicado como agente), lo cierto es que lo ha hecho aplicando el beneficio de la duda.

En tal supuesto, la ausencia de certeza en el ámbito penal para emitir un juicio de condena sobre la configuración de un obrar imprudente o negligente, con los alcances requeridos por el art. 94 del Código Penal, queda circunscripta a ese ámbito. Esas apreciaciones que tienen un sentido y fin especial en el régimen penal no pueden ser trasladadas sin más al derecho privado (SCJBA, Ac. 80093, 21-12-2005, del voto del Dr. Soria.) Sin embargo, ha dicho además la Suprema Corte de Justicia Provincial en numerosos pronunciamientos que el "hecho principal" a que se refiere el art. 1103 del Código Civil no es el mero hecho del accidente sino también las circunstancias que lo rodearon, de ahí que si en sede penal se efectuó la descripción de las circunstancias fácticas en que se fundó la absolución o condena del imputado, dicha conclusión no puede reverse en sede civil (conf. causas Ac. 40.405, sent. del 4-VII-1989 en "Acuerdos y Sentencias", 1989-II-603; Ac. 42.786, sent. del 21-V-91 en "Acuerdos y Sentencias", 1991-I-761; Ac. 45.939, sent. del 7-IV-1992 en "Acuerdos y Sentencias", 1992-I-612; Ac. 47.797; Ac. 54.486, Ac. 55.129, Ac. 56.686; Ac. 68.729; Ac. 73.546, sent. del 31-V-2000; Ac. 91.367, sent. del 12-V-2006).

Con ese alcance, he de concluir que las actuaciones tramitadas no constituyen un obstáculo para que pueda dictarse sentencia civil que defina la culpa del demandado (Llambías "Cód. Civ. Anotado", TºII-B, pág. 408, nota 6 al art. 1103), para lo cual por un elemental principio de veracidad y lealtad, tales constancias deben aceptarse válidamente en este juicio civil (Conf. SCBA. 27443, DJBA. Tº118, pág. 73); a lo que cabe adunar que quien expresamente hubiera propuesto como prueba las actuaciones producidas en sede penal asume el riesgo que resulten desfavorables para sus intereses (Conf. SCBA., causa Ac. 28576 del 4/XI/80, en DJBA., Tº 120, pág. 97).

4) El riesgo de la cosa, el art. 1113 del Código Civil y la responsabilidad.

Ello sentado y siguiendo la doctrina de nuestro Tribunal Superior de la Provincia (art. 161 inc. 3ro. ap."a" de la Constitución de la Provincia), ha de decirse que la cuestión litigiosa traída a estos estrados se subsume dentro de la norma que consagra la llamada teoría del riesgo creado por las cosas y en tal caso, la culpa, la negligencia o la falta de previsión, no constituyen elementos exigidos por el artículo 1113 del Código Civil, para realizar la imputación: es que, aún cuando se probase la falta de culpa, ello carece de incidencia para levantar la responsabilidad, pues, lo que debe acreditarse, es la concurrencia de las circunstancias previstas en el "in fine" de la segunda parte, segundo párrafo de la norma del citado artículo, esto es, que la conducta de la víctima o de un tercero, interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño (SCBA. Ac.35.235, del 1-7-1986, Ac.37.535 del 9-8-1988, Ac.39.584 del 21-2-1989, Ac.40.464 del 13-6-1989, Ac.51.688 del 6-2-1996, Ac.59.283 del 15-10-1996, Ac.65.050 del 18-3-1997, Ac.65.779 del 13-5-1997, Ac.61.908 del 15-7-1997 e.o.). Doctrina, que se difunde -valga recordar- a partir del Acuerdo nro. 35.155 del 8 de abril de 1986 (autos "S. c/V."), que dice:"...cuando en la producción del daño interviene una cosa que presenta riesgo o vicio, el dueño o guardián responde de una manera objetiva y para poder liberarse total o parcialmente de esa responsabilidad debe acreditarse la concurrencia del supuesto previsto en la última parte del segundo párrafo del art. 1113 citado, esto es, que la actuación de la víctima (o de un tercero por quien no se deba responder) haya sido idónea para producir el evento dañoso, con independencia de que esa conducta configure o no culpa, interrumpiendo de tal manera el nexo causal entre el hecho y el daño. De modo que. "...para el factor de atribución de responsabilidad por el riesgo creado por las cosas, eminentemente objetivo y vacío de todo reparo moral, basta acreditar el daño sufrido y el nexo causal adecuado de tal daño con el riesgo o vicio de la cosa que lo provocó, para que el juicio de reproche se vuelque sobre el dueño o guardián de dicha cosa. Cabrá a éste si quiere sacudirse de sus espaldas tal reproche, acreditar acabadamente un obrar de la víctima o de un tercero que posean virtualidad interruptiva -total o parcial- de aquél nexo causal". (CC0103 LP 211370 RSD-91-92 S 21-4-92, Juez Roncoroni).

Si bien al conductor del automóvil le alcanza la objetiva imputación de responsabilidad consagrada por el art. 1113 del Código Civil por los daños causados, con las constancias obrantes en las actuaciones punitivas, y en particular con los hechos juzgados en su decisorio, me permito anticipar que el accionado ha de liberarse totalmente de responsabilidad pues ha quedado demostrado que el accionar de la víctima ha interrumpido el nexo causal que preside aquel juicio de reproche objetivo (art. 375 del C.P.C.C.).

Como se ha expuesto en los considerandos precedentes, el "hecho principal" a que se refiere el art. 1103 del Código Civil no es el mero hecho del accidente sino también las circunstancias que lo rodearon, y lo cierto es que en sede penal hubo determinado la Juez la mecánica del accidente, esto es el sentido de circulación que llevaban tanto el vehículo como la víctima, el carril por el que se desplazaba el automotor, el lugar por el que cruzaba la víctima, la velocidad del automóvil; así como el imprevisto cruce efectuado por el menor fuera de la senda peatonal, hechos éstos sobre los que no se puede volver.

La sentenciante de la causa penal tuvo por acreditado a fs. 287 vta. que el hecho acaeció el 5 de marzo de 2005, alrededor de las 18.30 hs., en la Ruta 36, sobre el carril que conduce el tránsito de La Plata hacia Buenos Aires, a la altura de la intersección de la calle 427, de la localidad de Melchor Romero, resultando el vehículo interviniente un automóvil Renault 9, dominio xxx-xxx, que presentaba un impacto frontal en zona media e izquierda con sentido de adelante hacia atrás, con rotura de parrilla, capot con hundimiento en zona inicial media y signos de limpieza en zona media del paño.

También valoró a fs. 292 vta. que con los testimonios recibidos en la audiencia oral, "no se ha podido determinar las condiciones de la zona, puntualmente la presencia o no de juncos de gran altura que impidieran la visual sobre la calle 427 como así la presencia o no de carteles indicadores". Agregó que "hubo contradicciones en el juicio entre los distintos deponentes que pudo obedecer al tiempo transcurrido y/o vivencias personales. Tampoco el extremo pudo ser precisado a través de los peritos planimétrico y fotógrafo y de la prueba incorporada por lectura. Pero más allá de éstas circunstancias controvertidas la aparición imprevista del menor emerge de los propios dichos de la testigo T. al afirmar que terminaba de advertir a sus primos que no cruzaran la Ruta mientras ella se cercioraba que no vinieran vehículos, momento en el cual el menor desapareció de su lado y fue atropellado. También sostuvo que no había otras personas cruzando la Ruta". La sentenciante en sede penal también tuvo en cuenta "la prioridad de paso de que goza el conductor que transita por una ruta, más aún tratándose de una zona con características de rural y de un día sábado en que la escuela de las inmediaciones no abre sus puertas".

Siguió diciendo: "Entonces, a mi modo de ver y conforme mi sincera convicción, la prueba reunida no me permite afirmar en forma indubitable que el conductor del Renault 9 no acatara la indicaciones de los carteles toda vez que su existencia se puso en duda y no pudo aclararse en el debate. Mas aún el perito ingeniero oficial señaló que los informes que brinda Vialidad resultan históricos, conforme a sus archivos, pero muchas veces no se condicen con la realidad, habida cuenta que pueden haber sido arrancados o estar tapados por pastizales. Asimismo, resulta importante agregar la ausencia de relevamientos de esos datos a través de las fotografías lo que hubieran permitido reunir evidencias en el punto. En cuanto al croquis de mano alzada de fs. 3, también me crea dudas porque además de no condecirse con la placa contenida en el sobre de fs. 40 que señala a la víctima en posición vertical en relación a la ruta, fue puesto en crisis por los testigos -T., C., R., S.- al sostener que el automóvil quedó parte sobre el asfalto protegiendo al menor, también a que la intersección con la Ruta 36 y posterior prolongación, la calle 426 no es recta y que el niño quedó antes de la línea peatonal".

"Pero más allá de esas oscuridades en la causa, no se ha podido acreditar que circulando B. a la velocidad precautoria indicada por el informe de fs. 131/132 el resultado no se habría producido, ello conforme los dichos concordantes de ambos peritos ingenieros especialistas en la materia".

"Tampoco se pudo probar debidamente que la aparición del menor, haya podido preverse y tratándose de una ruta los peatones deben ceder el paso a los vehículos a menos que atraviesen por zonas específicamente señalizadas que les habilite la prioridad de paso (art. 57 inc. 3 Código Tránsito). En el punto, probado está a través de los testimonios de N. N. T. y de A. V. C. que la aparición del niño fue en la intersección, es decir, antes de la senda peatonal".

Consideró que, "en esa línea no se ha demostrado fehacientemente que el imputado hubiera actuado imprudentemente en la ocasión y que su conducta haya sido violatoria de los deberes de cuidado que se invoca (arts. 46, 87, 77, 51 inc. 3 de la ley 11.430). Finalmente agregó que no le resultaba tampoco transgredida la regla del art. 77 de la misma normativa, al no observar, con la certeza que se exige a esta altura del proceso, que haya existido la vulneración a las mismas por parte del acusado toda vez que en zonas rurales la velocidad máxima es de 110 km/h 77 inc. 3 a) y en las semiurbanas lo es la de 80 km/h inc. 2 A) del mismo art. del C.T. y que a consecuencia de ello se produjera la muerte del menor".

Así las cosas ha de concluirse que conforme se ha determinado en la instancia punitiva, el hecho ocurrió en circunstancias en que el niño -víctima de autos- se encontraba cruzando la Ruta 36 a la altura de la intersección de la calle 427, de la localidad de Melchor Romero, zona con características de rural, un día sábado en que la escuela de las inmediaciones no abre sus puertas. Que dicho cruce lo efectuaba en compañía de la testigo T., quien afirmó que terminaba de advertir a sus primos que no cruzaran la Ruta mientras ella se cercioraba que no vinieran vehículos, momento en el cual el menor desapareció de su lado y fue atropellado. Y que la aparición imprevista del niño en la ruta fue en la intersección con la calle 427, es decir, antes de la senda peatonal.

A ello es dable agregar que aún cuando pudiera entenderse que la velocidad permitida en la ruta 36 a la altura de la calle 427 fuera de 60km/h, a tenor del informe de la Dirección de Vialidad obrante a fs. 131/132 de la causa penal, lo cierto es que el judicante anterior -tal como quedó dicho en sede penal- ha descartado la incidencia causal de la velocidad que llevaba el móvil del demandado -calculada en 74 km/h al inicio de la huella de frenado- en razón de que los expertos han declarado que toda velocidad superior a 45, 50 km/h en accidentes de este tipo produce la muerte o lesiones graves, concluyendo que no necesariamente la velocidad es la causa del hecho, y que la causa del accidente fue el cruce intempestivo del menor sobre la ruta (acreditado con los dichos de las testigos T. y C. en la sede represiva), el cual aparece suficientemente cerca del rodado como para no poder impedir el accidente y deja sin chance a su conductor (fs. 246 causa penal, fs. 169 y 260 de las presentes actuaciones). Argumentos que, por otra parte, no han sido cuestionados críticamente por el quejoso.

A mayor abundamiento a de verse que a fs. 291 de las actuaciones penales se ha referido la expresión de los expertos que allí han dictaminado en sentido que "la diferencia entre 60 o 74 Km/hs no tiene incidencia", que " para ello debería venir a menos de 40 Km/hs".

De la descripción fáctica efectuada en el fallo absolutorio se desprende que la conducta de la víctima ha interrumpido totalmente el nexo causal entre el hecho y el daño (arts. 1113, 2do. párrafo, 2do. ap. del Código Civil; 57 inc. 3° ley 11.430 vigente al tiempo del hecho; 384 del C.P.C.C.).

En efecto, la maniobra "imprevista e injustificada" del menor que se proyectó hacia la línea de marcha del automóvil, se erige en la exclusiva y excluyente causa del evento dañoso. Y como bien lo ha señalado el judicante anterior, si bien no cabe endilgar culpa o imprevisión a la conducta de un menor, dado que, con menos de diez años, las personas carecen de discernimiento (art. 921 del Código Civil), lo cierto es que basta con que esa forma de actuar pueda ser considerada como "hecho" productor del daño. El infortunio resultante tuvo lugar en razón de la ausencia o defecto de una vigilancia activa y responsable del niño por parte de quien debía cuidarlo, pues aquél se hallaba transitando por una zona de gran peligro para su corta edad, que requería la presencia de alguien responsable, capaz de protegerlo de sus acciones que lo colocaran en situación de daño.

Por las razones expuestas doy mi voto por la AFIRMATIVA.

Por los mismos fundamentos el doctor Sosa Aubone votó en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESA, LA DOCTORA MENDIVIL DIJO:

Logrado el necesario acuerdo de opiniones al votar y decidir la cuestión que antecede, corresponde: I) Confirmar el apelado decisorio de fs. 256/262 en todo cuanto fuera materia de recurso y agravio. II) Las costas de la alzada se imponen a la actora por resultar vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.). III) Las regulaciones de honorarios se practicarán una vez que se cuente con la de la precedente instancia (art. 31 de la ley 8904).

ASI LO VOTO.

En un todo de acuerdo el doctor Sosa Aubone adhirió al voto que antecede, con lo que se dió por terminado el acuerdo dictandose por el Tribunal la siguiente	S E N T E N C I A AUTOS Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

En el precedente Acuerdo ha quedado establecido que el apelado pronunciamiento es justo	(arts. 168	de la Constitución Provincial, 921,1103, 1109, 1113 del Cód Civ.; 260, 261 CPCC; 94 del Cód Penal; 46,51,57, 77, 87 inc 3 de la ley 11.430; 31 de decreto ley 8904/77 y doctrina y jurisprudencia citada.)	POR ELLO: corresponde: I) Confirmar el apelado decisorio de fs. 256/262 en todo cuanto fuera materia de recurso y agravio. II) Las costas de la alzada se imponen a la actora por resultar vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.). III) Las regulaciones de honorarios se practicarán una vez que se cuente con la de la precedente instancia (art. 31 de la ley 8904).Reg. Not. Dev