marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Absurdo, apreciación de la prueba, accidentes de trabajo, culpa de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: M., C. B. y otros c/ Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-11-23

Efectúa una absurda valoración de la prueba el sentenciante que exonera de responsabilidad a la empresa de tendido eléctrico por el accidente que causó la muerte del albañil que trabajaba en los techos, cuando omite la apreciación de elementos que claramente la señalan como tal y a la vez se basa en suposiciones y supuestos inconducentes para decidir la culpa de la víctima (art. 1113, código Civil).(doctora Kogan, mayoría)
Principio de congruencia, requerimiento de elevación a juicio, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Hohberg, Jorge Alberto recurso de casación - reg. 1343/17 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-08

No se configura violación al principio de congruencia por haber modificado el Fiscal durante los alegatos la calificación legal que había sentado en el requerimiento de elevación a juicio, ya que la calificación legal de la conducta es provisoria hasta el dictado de la sentencia, pues tal posibilidad de dar al hecho una asignación jurídica distinta a la contenida en el auto de remisión a juicio o en el requerimiento fiscal está contemplada en el art. 401 CPPN, y forma parte de las facultades que tiene asignadas el Tribunal.
Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ortiz Almonacid, Juan Carlos s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

La interpretación del instrumento político que nos rige no debe hacerse poniendo frente a frente las facultades enumeradas por él para que se destruyan recíprocamente, sino armonizándolas dentro del espíritu general que le dio vida (Voto del Dr. Gustavo A.

Bossert).
Entidades financieras, acuerdo preventivo extrajudicial, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Hipotecario S.A. s/ acuerdo preventivo extrajudicial.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-22

Si la ley 21.526 (y sus modif.) estableció para las entidades financieras un acotado elenco de remedios preventivos a los que pueden acudir para solucionar sus crisis económicas, y les vedó la posibilidad de solicitar la formación de su concurso preventivo (art. 50), la concertación de un acuerdo preventivo extrajudicial -y su posterior homologación-, implicaría un modo de solución de dichas crisis, al margen de la intervención que en el esquema ideado por la ley de entidades financieras, se le ha dado al Banco Central de la República Argentina, y de los procedimientos allí establecidos.
Quiebra, pedido de quiebra, prueba sumaria del crédito, mutuo comercial, instrumentos privados
Materia: COMERCIAL
Carátula: LAGO HERMOSO  SA s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR CORRETAJES  SA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-19

No procede rechazar in limine la petición de quiebra efectuada por el cesionario de un crédito, a título oneroso, originado en un contrato de mutuo dinerario, por un monto determinado y prima facie exigible a tenor del vencimiento establecido en dicho instrumento, contra quien afianzó las obligaciones del mutuario, siendo dicha documentación (documentos privados no reconocidos en juicio), suficiente a los fines de la LC: 90.
Contratos administrativos, contrato de suministros, mora, desagio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FUSCA ALBERTO RAMON Y OTRO c/ M.C.B.A. s/ COBRO DE PESOS - CONTRATO DE SUMINISTRO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

En el contrato de suministro la Administración goza del privilegio consistente en la decisión unilateral, previa y ejecutiva, que la autoriza a intervenir en la ejecución del contrato, pudiendo imponer sanciones pecuniarias, y el co-contratante debe cumplir la prestación a su cargo, a cambio de una remuneración que debe cubrir los gastos y amortizaciones, más una utilidad normal y razonable.

Por eso es que resultan aplicables las leyes 21.391 y concordantes, para la actualización de las remuneraciones convenidas, en razón de las alteraciones de los valores que ocasiona la permanente inflación que, desde largo tiempo atrás, aqueja a nuestro país; asimismo, es práctica usual incorporar a tales contratos cláusulas de ajuste para paliar el perjuicio que el deterioro monetario causa a los co contratantes.

Lo que genera el derecho al reajuste de la remuneración del co contratante no es la mora de la administración, sino la propia naturaleza de aquélla, la cual está regida por el Derecho Público y garantizada por el principio general de la "intangibilidad de la remuneración". La deuda de la administración en tales contratos consiste, por ende, en un "quid", no en un "quantum", lo cual es característica de las deudas denominadas de valor, por esa razón no corresponde su desagio.

Si las obligaciones que se reclaman son "de valor" no corresponde su desagio.
Obstrucción de la vía pública, competencia contravencional, concurso entre delito y contravención, contrabando, competencia en lo penal económico, infracciones aduaneras
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L, S. D. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

En el caso, las mercaderías en venta, aparentemente habrían ingresado al país violando las reglamentaciones aduaneras, pero de este supuesto a llegar a la afirmación que estamos en presencia de una sola acción no resulta ni claro, ni tampoco simple así determinarlo. Si el delito de contrabando hubiera existido, no se materializa en el lugar y momento en que se vulnera el artículo 41 del Código Contravencional, sino en un momento distinto y a través de otra acción consistente en evadir de los controles administrativos la mercadería que se ingresa desde otro país (artículo 864 Código Aduanero), ya sea mediante ardid o engaño, ocultamiento, disimulo o desvío de dicha mercadería en la búsqueda del objetivo precisado anteriormente.

Se puede considerar que el llamado contrabando, en su interpretación como delito, es un hecho que puede disociarse de la ocupación de la vía pública, como así mismo determinarse que el Fuero para entender en el primero es el Penal Económico y en el segundo caso, el Contravencional, resultando así inaplicable a esta cuestión el artículo 28 del Código Contravencional. Del voto del Dr. Ventureira
Municipalidad, beneficios previsionales, retroactividad de la ley, movilidad del haber jubilatorio, derechos adquiridos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "LUPPI, SUSANA NOEMÍ c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes - Medida cautelar".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-09

El legislador podrá hacer que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existente; los jueces, investigando la intención de aquél podrán, a su vez, atribuir a la ley ese mismo efecto. Pero ni el legislador ni el juez pueden, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior. En ese caso, el principio de no retroactividad deja de ser una simple norma legal para confundirse con el principio de constitucionalidad de la inviolabilidad de la propiedad (Fallos 138:47; 152:268; 155:156; 167:5; 172:21, entre otros). De ello se sigue que la doctrina que sostiene que no existe derecho adquirido frente a la mutación de la legislación previsional, alcanza sólo a las personas que aún se encuentran en actividad, pero no a los que ya han cesado en la prestación de sus servicios al momento de entrar en vigencia una nueva ley y menos aún, a aquellos que ya se encuentran percibiendo un beneficio. (Disidencia de Dr. Herrero).
Recursos, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: M. c/ C.A. S.A.I. s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-03-27

La normativa ritual exige que la crítica dirigida a la sentencia sea además de razonada, concreta, lo cual requiere ineludiblemente precisar punto por punto los errores y omisiones -tanto fácticos como jurídicos- que se atribuyen al fallo en crisis, con el objetivo de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal.
Dominio, transmisión del dominio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: POGONZA DE ALVAREZ, BERSABE s/ TERCERIA DE DOMINIO  en autos:FISCO DE LA PCIA. C/ ALVAREZ RAMON  ROSA S/EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-09-05

Tratándose de automóviles y ganados, no basta la posesión, porque la transmisión está sujeta a formalidades de títulos y registros y nadie es propietario legal sin llenar tales formalidades.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, resolución denegatoria, jueces, prejuzgamiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., R. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ROBO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 70 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20

Corresponde rechazar la queja desde que el recurrente no logra desvirtuar los fundamentos expuestos por la Sala en el auto denegatorio para considerar no configurado el prejuzgamiento imputado. En efecto, dicho Tribunal afirmó que el prejuzgamiento no se presenta cuando el o los magistrados han expuesto opiniones en la pertinente oportunidad procesal acerca de puntos sometidos a su examen y ante el ineludible deber legal de pronunciarse que existe en ejercicio de su competencia material y funcional, y que la defensa sostiene la parcialidad presunta de la Sala sin puntualizar cómo y cuando ella se concretó; aludiendo a la garantía del juez natural. Frente a ello, el compareciente se limita a afirmar que el "juez natural" es el órgano subrogante al cuestionado, mas sin lograr demostrar que los sentenciantes hayan incurrido en el vicio endilgado, dado que la sola transcripción de partes de las resoluciones jurisdiccionales dictadas en la causa resulta insuficiente para demostrar cómo en ellas se plasmó un adelanto de opinión del juicio de certeza que conlleva la sentencia definitiva.
Honorarios, incidentes, desplazamiento de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Urquiola Serrano, Enrique y otro c/ Frassia, Norma Susana s/ homologación de acuerdo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-09

Mas allá de los defectos técnicos que exhibe el recurso extraordinario deducido contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que decreta la intervención de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal que ya había desestimado el incidente de honorarios, el temperamento del a quo de desprenderse de la competencia asumida- sin reparos de las partes- por el juez anterior, conlleva a una declinación extemporánea de competencia que no debe aceptarse, solución que se compadece no sólo con una aplicación armónica de los arts. 4º, 10 y 352 del CPCCN, sino con el criterio sentado en los precedentes que desautorizan los desplazamientos de competencia dispuestos oficiosamente por las Cámaras, en detrimento de los principios cardinales de seguridad y economía procesal. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Daños y perjuicios, indemnización, lucro cesante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fiandor, Roberto Daniel c/ Fortaleza Coop. de Seguros Ltda. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-09

Resultando aplicable el art. 520 del Código Civil, es lógico concluir que la responsabilidad de la demandada debe limitarse a las consecuencias inmediatas y necesarias (art. 901, C. Civil). Por consiguiente, el lucro cesante reclamado por la pérdida del empleo es una consecuencia mediata porque deriva de la conexión del hecho originario con otro acontecimiento distinto, no asociado necesariamente al primero (arts. 520 y 901, Código Civil).
Contratos, rescisión del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jacobsen, Luis Miguel c/ Azconegui, Néstor R. y Otro s/ Indemnización por daños y perjuicios Indemnización por daños y perjuicios Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-17

Si en el caso, por efecto de la rescisión que dejó a salvo el acuerdo respecto de las hectáreas destinadas a girasol hasta su cosecha, se extinguió parcialmente el contrato de arrendamiento, no puede sostenerse con fundamento cierto que la prórroga de la competencia pactada en el contrato haya quedado extinguida también, pues la rescisión que se opera en los contratos de tracto sucesivo o de ejecución continuada, no comporta un nuevo contrato, ni un acto jurídico distinto del que se extingue.
Accidentes de trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, competencia, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Oviedo Ruben O. c/ D.A.S Y/U OTRO s/ Incapacidad - Apelación - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-04-10

La Sala Laboral ya ha decidido reiteradamente cuestiones de competencia vinculadas a la LRT. Todas esas causas tenían en común que, al menos, uno de los aspectos involucrados en la controversia en torno a la responsabilidad, quedaba situado temporalmente fuera del nuevo marco normativo, ya sea en razón de la fecha de la demanda, del accidente súbito, del distracto, del hecho generador del daño, su consolidación, de la denuncia, entre otros.

En el caso aunque se señala que tales factores acaecieron durante la vigencia de la nueva ley, el criterio expresado y la conclusión a la que se arribara en las causas anteriores debe mantenerse. Y es así porque la pretensión deducida, que es la que fija la competencia en razón de los hechos invocados y el derecho cuya aplicación se pretende, determina que la competencia corresponde y debe ser retenida por el fuero del trabajo.

La argumentación y pronunciamiento definitivo en torno al derecho del actor a percibir una reparación más allá del sistema indemnizatorio previsto en la nueva ley, la falta de acción, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la normativa cuestionada, constituye una atribución exclusiva del Juez de mérito que en ejercicio de facultades específicas e indelegables, deberá ser ejercida al penetrar en el fondo del pleito. La resolución respecto de la excepción de incompetencia es ajena a lo anterior y nada anuncia acerca de la procedencia sustancial de lo demandado ni tampoco opinión alguna acerca del derecho que oportunamente declare aplicable el Tribunal de sentencia.
Insuficiencia del agravio, crítica concreta y razonada, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MORINIGO OCAMPO BLANCA SUNI c/ ANSES s/ PENSIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-08

El memorial recursivo no cumple el requisito de suficiente fundamentación, si no efectúa una crítica precisa y concreta de la resolución apelada, en orden a las ar-gumentaciones de hecho y de derecho que sustentan la resolución recurrida. Por lo tanto, si no se ha logrado demostrar que la decisión incurriera en error en la aplica-ción de normas, inaplicabilidad de ley o doctrina legal, como así tampoco arbitrarie-dad, irrazonabilidad o indefensión, resulta la presentación recursiva una mera dis-crepancia con lo decidido.
Menor procesado, robo con armas, tentativa, prueba, improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Benvenuto, Diego Fabián y Guerrero, Leonardo Adrián s/tentativa de robo agravado por la utilización de un arma y por la intervención de un menor de 18 años c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

Toda vez que el juez de grado tuvo por acreditada la intervención en uno de los hechos de un menor de por entonces 15 años de edad, cuestión que no fue controvertida, es claro que conforme la descripción del suceso atribuido al imputado, el menor "intervino" en el hecho en los términos exigidos por la ley. Ello resulta suficiente entonces para rechazar la pretensión del recurrente quien más allá de su alegación al respecto, tampoco ha demostrado que su defendido no conociese la minoridad del sujeto, con la eventual incidencia que ello podría tener para una vulneración del principio de culpabilidad (voto del juez Huarte Petite)
Impuestos, responsabilidad solidaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Club  San  Lorenzo   (TF  15.012-I  y  AC  15013-I) c/ D.G.I."
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

Toda vez que en el sub examine hubo una única resolución que determinó la obligación impositiva del deudor principal y del solidario y sin embargo en el mismo acto se dispuso hacerle saber al deudor solidario que si el deudor principal del tributo no cumple con la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal, deberá dar cumplimiento al mismo de ese modo, la determinación efectuada se condicionó en la misma resolución la verificación del incumplimiento por parte del deudor principal, supuesto éste que importa el hecho habilitante para la determinación relativa al deudor solidario. En consecuencia, independientemente de haberse efectuado la determinación de la deuda en el mismo acto, la previsión que aclara la necesidad de verificar el incumplimiento del deudor principal, difiere el efecto del acto respecto del deudor solidario y de esa manera separa los momentos en que se tornan eficaces sus disposiciones respecto de cada uno (Cons. VIII).
Resolución del contrato, daño al interés negativo, daño al interés positivo
Materia: CIVIL
Carátula: Safenraiter, Juan Ramón c/ Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia y-u otro s/ Resolución de Contrato y Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-05-31

Puesto que en la especie el demandante se inclinó por la resolución del contrato, sólo correspondería resarcirle los 'daños al interés negativo o de confianza' que acreditare haber sufrido, mas no el lucro cesante consistente en las cuotas de precio que habrían de devengarse hasta la finalización de la relación, porque ello importaría satisfacer su 'interés de cumplimiento' indemnizarle el 'daño al interés positivo', colocarlo en la situación patrimonial de que gozaría si la convención se hubiere cumplido en vez de resuelto.

Cuando la resolución del contrato ha extinguido la obligación que allí tenía su fuente, no hay ya perpetuación posible que haga exigible la prestación debida u otra indemnizatoria equivalente, porque no se trata ya de cambiar el objeto de la obligación, sino del fenecimiento de ella.
Contrato de trabajo, aportes y contribuciones previsionales, aportes sindicales, Unión del Personal Civil de la Nación
Materia: LABORAL
Carátula: Unión  del  Personal  Civil  de  la  Nación  U.P.C.N. c/ EstadoNacional  Presidencia  de la Nación Sec. de Prog. P/ la prev. d/lDrogadicción  y la lucha contra el narcotráfico s/ cobro de apor.o contri.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-27

El art. 103 del C.C.T. para la Administración Pública, que fuera homologado mediante decreto 66/1999 establece cuál es la base salarial sobre la que habrá de calcularse el aporte solidario prometido por el Estado (el total de la remuneración bruta mensual, normal, habitual y permanente de los agentes involucrados en el ámbito del presente convenio general y durante la vigencia del mismo). Por otro lado, si las partes suscriptoras del convenio colectivo hubieran querido -por hipótesis- que el aporte solidario se calculara sobre la base del total de la masa salarial bruta, mensual, normal, habitual y permanente, tal circunstancia debiera haber sido expresamente consignada con el texto del convenio; por el contrario, el art. 103 estableció que la contribución patronal en examen se calculara sobre el total de la remuneración bruta mensual, normal, habitual y permanente de los agentes involucrados en el ámbito del presente convenio general y durante la vigencia del mismo. La textual alusión a "la remuneración...de los agentes" despeja cualquier interpretación contraria, y por lo tanto resulta razonable y acorde a los términos de la norma convencional considerar que los caracteres de la remuneración que servirá de base para el cálculo del aporte solidario deben verificarse en relación a los trabajadores individualmente considerados y no respecto de la masa salarial que en forma genérica e indiscriminada abona mensualmente la demandada.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, Superior Tribunal de Justicia, competencia contencioso administrativa, relación de dependencia, empleo público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Van Lacke, Ricardo c/ Banco de Santa Fe SA s/ Recurso Extraordinario interpuesto por la demandada para ante la   Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recurso de   Inconstitucionalidad. Cobro de pesos laborales (Expte. CSJ N.878-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-04

La competencia de la Corte local no resulta convocada en casos en que la controversia recae sobre aspectos que hacen al desenvolvimiento normal de la relación de empleo. Razones técnicas -por un lado- y las vinculadas al control de otro poder del Estado que actúa en ejercicio de potestades públicas y titularizando a los intereses públicos -por el otro- son los motivos que básicamente justifican la intervención de la Corte como tribunal contencioso administrativo (siempre conforme a la ley, según la Constitución provincial). Pues bien, en el caso, aun cuando al actor (empleado del Banco Provincial de Santa Fe SA) se lo considerara agente público, su pretensión de percibir la gratificación especial por jubilación como la indemnización prevista por el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo no compromete ninguno de esos motivos recién expresados, los que no aparecen con una incidencia que justifique, en verdad, habilitar dicha jurisdicción. Ello resta sustancialidad a los agravios vertidos por el Banco recurrente, que insistiendo con su discurso impugnativo centrado en tratar de demostrar la existencia de un vínculo de empleo público, ataca el criterio que -siguiendo una línea jurisprudencial sobre dicha temática-, ha adoptado la Corte, por cuanto pese al esfuerzo recursivo la impugnante no consigue persuadir que la hermenéutica asignada a la normativa aplicable exceda los márgenes de razonabilidad y logicidad tolerados de modo que haya desbordado las posibilidades interpretativas aceptables desde el punto de vista constitucional.
Recurso de apelación (procesal), ejecución fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL c/ FLORES, ALFREDO RAUL s/ EJECUCION FISCAL (Reg. 13.045)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-05-14

Ante la circunstancia de que el decisorio impugnado resulte inapelable, en virtud del art. 92 de la ley 11.683, debe tenerse presente la intención del legislador en tal sentido.

La primera regla de interpretación de las leyes es darle pleno efecto a la intención del legislador, y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley, pues los jueces no deben sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como este la concibió.

La multiplicidad de instancias no es una condición cuya ausencia vulnere, per se, el derecho de defensa en juicio ya que subsisten en la especie otras vías revisoras para obtener el reconocimiento del derecho invocado, motivo por el cual la restricción a la apelabilidad de la sentencia de ejecución fiscal establecida por el art. 92 de la ley 11.683 no se evidencia como lesiva de las garantías constitucionales de la demandada.