Cohecho, extorsión, amenazas, funcionarios judiciales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " LEON, Ariel y otros s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11

Al igual que lo que ocurre en los delitos de coacción o amenaza, para que se configure el delito de extorsión se requiere que el sujeto activo haya amenazado o intimidado a la víctima con la producción de un mal daño u ofensa a causar por él. En palabras de Molinario: "La producción del mal debe depender de la acción del sujeto amenazador, por lo menos en alguna medida. Si así no fuera, el anuncio sería de males que sucederán con independencia de la intervención del sujeto. Y en ese caso su acción no sería considerada jamás una amenaza, pues no basta anunciar males, sino que deben anunciarse males futuros y cuya efectivación dependa de quien los anuncia." (Molinario, Alfredo, Los delitos, Tomo II, Ed. tea, Bs. As., 1996, pág. 28 y 289; en igual sentido, Núñez, Ricardo, "Tratado de Derecho Penal", Tomo V Parte Especial, ed. Lerner, Buenos Aires 1978, pág. 256).

Entonces, esta hipótesis queda desplazada, si los sujetos activos no estaban amenazando a la víctima sino proponiendo un negocio ilícito que consistía en beneficiarlo indebidamente, para lo cual le brindarían información de un sumario judicial que lo involucraría y, según decían, armarían informes y pericias que, en principio, le permitiría liberarse de la causa penal. Aunque hayan efectuado referencias a una posible detención y otros perjuicios, esto sólo ocurriría eventualmente por el curso del proceso y, por eso mismo, ellos ofrecían su intervención para evitarlo ilícitamente Ello ocurre, además , si se da el caso de numerosos contactos entre los imputados y el denunciante, el hecho de que los encuentros se realizaron en un local de propiedad de éste último y, sobre todo, el tenor de la conversaciones mantenidas entre ellos no permiten inferir que los sujetos hayan tenido el ánimo de intimidar o amenazar, sino, antes bien, que de lo que se trataba era de cerrar un acuerdo espurio.Precisamente, es esto último lo que inclina por analizar el hecho desde la órbita de aquellas figuras que ponen en peligro el normal funcionamiento de la Administración Pública, pues ese es el bien jurídico que aquí se ha podido ver afectado.

En este sentido, el encuadre jurídico correcto es el del delito de tráfico de influencia agravado previsto en el segundo párrafo del artículo 256 bis del Código Penal, que no requiere ninguna cualidad especial del sujeto activo. En definitiva, la conducta típica que consiste en solicitar dinero para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público prima facie demostrada, consistente en un pedido dinerario a quien se encontraba siendo investigado en una causa penal era precisamente para influir ante aquellos empleados o funcionarios del juzgado con poder de incidencia en su favor. Al mismo tiempo, la influencia indebida a la que se refiere el tipo penal supone o consiste en la posibilidad de una interferencia en el proceso de decisión del funcionario público, la que, por otro lado, debe ser real y comprobable (al respecto, Carlos Creus y Jorge E. Buompadre, Derecho penal, parte especial, Tomo 2, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2007, pág. 301). Cabe aclarar en este punto que, conforme se desprende del debate parlamentario que precedió a la sanción del delito, no se requiere ninguna relación en particular entre el sujeto activo y el funcionario (por ejemplo, de jerarquía o parentesco), sino sólo la posibilidad de influenciarlo de un modo indebido cualidad que posee quien por trabajar en el juzgado ante el que se desarrollaba la investigación tenía la posibilidad cierta de incidir directa o indirectamente en el proceso de toma de decisiones del juez.