Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-12


Salta, 12 de marzo de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. vs. ISSA, José Gabriel y/o COSTA CONSTRUCCIONES DE JOSÉ G. ISSA - SUMARIO. Cobro de pesos" - Expte. Nº 385202/12 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 10º Nominación; Expte. Nº CAM - 410876/12 de Sala, y C O N S I D E R A N D O I) Vienen estos autos a la Alzada a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 345 contra la resolución de fs. 340 y vta. que reguló los honorarios del Dr. Luis Sacchetti en la suma de $ 81.589,48, por su labor en primera instancia. Al fundarlo (fs. 356/358), el recurrente afirma que se omitió aplicar la Acordada Nº 11.408 de la CJS, que actualizó la escala del art. 6 del decreto ley 324/63 con vigencia a partir del 1 de julio de 2013, que se reguló con porcentajes elevados y contrarios a lo dispuesto por la ley. Reconoce que la base de cálculo de $ 254.725,16 es acertada, pero critica el porcentaje del 17,4% en tanto el máximo, establecido por la Acordada, va del 14 al 16%. Considera que debe aplicarse el 14% y así se obtiene la suma de $34.401,52 y no la de $42.988,28. Estima los honorarios totales por la actuación del letrado en primera instancia en $ 48.162,13, por la excepción de incompetencia en $ 7.224,32 y por el recurso de revocatoria en $ 2.408,11. Critica que se haya aplicado el porcentaje del 18% para regular los honorarios por el embargo de fs. 50/51, ya que -a su criterio- el mismo debió ser rechazado in límine, porque el inmueble se encontraba amparado bajo el régimen del bien de familia. Expone que su mandante solicitó el levantamiento de la medida y que esta incidencia, aún no se encuentra resuelta. Concluye por ello, que debió aplicarse el 50% de la escala del artículo 6 y no el 30% establecido en la primera parte del art. 22 del decreto ley 324/63. Entiende que la suma total de honorarios que debe ser regulada es de $ 61.963, pues de ese modo se evita un cálculo desproporcionado y no se supera el porcentaje que establece el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, norma cuya aplicación debe efectuarse de oficio. Subsidiariamente plantea la ilegalidad del monto regulado, ya que los honorarios no pueden exceder el 25 % del monto de la sentencia. Formula reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso de apelación interpuesto por su mandante. Corrido traslado, el mismo fue contestado a fs. 360/362 vta., por el Dr. Luis Sacchetti quien, por los argumentos que allí expone, solicita el rechazo del recurso. A fs. 372/373 emite dictamen el Sr. Fiscal de Cámara Civil y Comercial, quien se expide por el rechazo del recurso, señala que corresponde aplicar la ley 8035 a todos los asuntos o procesos pendientes y que de ese modo se obtiene un monto mayor al de la resolución recurrida. Concluye por ello que debe mantenerse la regulación practicada, atento que está vedado reformar la sentencia en perjuicio de la parte apelante, cuando no ha mediado recurso de la contraria. II) Este Tribunal tiene dicho que es requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante, dejando sin réplica los fundamentos del fallo atacado (cf. CApelCCSalta, sala IV, t XXXI, fº 699, íd., t. XXXII, fº 85; íd., íd., fº 783, entre otras). El memorial en el cual el apelante examina los fundamentos de la resolución atacada, debe concretar los errores que a su juicio ella contiene y de los cuales derivan los agravios que reclama; no puede sostenerse en la disconformidad, por si sola, con sus fundamentos y resultado. En suma, los agravios no son una mera fórmula enderezada a hacer conocer al judicante el deseo de que se modifique la decisión, sino que debe demostrar la injusticia con fundamentación idónea (cf. Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", 1975, T. V., pág. 86; Podetti, "Tratado de los Recursos", Bs. As., 1958, pág. 163; Loutayf Ranea, Roberto, "El Recurso Ordinario de Apelación en el Proceso Civil", T. I, 1989, pág. 263 y 264; CApelCCSalta, sala IV, t. XXXVIII-I , fº 26; íd., t. XXXVII-I, fº 425). En este caso, el recurrente se limita a discrepar con el porcentaje utilizado por la Sra. Juez en grado para efectuar la tabulación, sin indicar los fundamentos por los que correspondería aplicar un menor. Ello en modo alguno, constituye la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considera equivocadas, en los términos exigidos por el art. 255 del CPCC, lo que amerita su deserción. Párrafo especial merece la errada referencia a la escala dispuesta por Acordada Nº 11408, pues a la fecha del dictado de la resolución en crisis ya había sido dictada la Acordada Nº 11958 (con vigencia a partir del 1/12/15). Respecto de la crítica vinculada con la aplicación del porcentaje del 18% para regular los honorarios por el embargo de fs. 50/51, con fundamento en que el mismo debió ser rechazado in límine, cabe precisar que el incidente de levantamiento de embargo interpuesto por el recurrente, según sus propios dichos, aún no ha sido resuelto. Por ello, tales alegaciones carecen de sustento para modificar la regulación. Por su parte, el supuesto agravio vinculado a la aplicación incorrecta de los porcentajes fijados por el art. 22 del decreto ley 324/63, -el recurrente alega que debió aplicarse el 50% de la escala y no el 30%, atento que existió controversia respecto de la medida cautelar- resulta inatendible, toda vez que la aplicación de un porcentaje menor no causa gravamen a su parte, quien no se encuentra legitimada para impugnar la resolución, en este punto. A mayor abundamiento, la fecha del dictado de la presente resolución, ha entrado en vigencia la ley provincial 8035 (BO Nº 20120), que regula el arancel y los honorarios de los abogados y procuradores. Tal como lo señala el Sr. Fiscal de Cámara en su dictamen, su aplicación da como resultado cifras superiores a las reguladas. III) Finalmente, respecto del agravio vinculado con la aplicación al caso del límite establecido por el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación -norma que reitera la disposición del artículo 505 del Código de Vélez-, la Corte de Justicia de Salta, citando un precedente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que el artículo 505 último párrafo del Código Civil sólo dispone la inoponibilidad al condenado en costas de lo que exceda del 25 % del monto de la sentencia (t. 84: 433). Es decir, no consagra una limitación a la regulación de honorarios por las tareas cumplidas en el proceso -que debe ser determinada en función de las pautas establecidas en las leyes arancelarias locales-, sino sólo a la responsabilidad del deudor en el pago de las costas. Tal dispositivo limita la responsabilidad del deudor frente a la obligación de reembolso de los gastos que ha debido afrontar el vencedor para defender su derecho. Pero no afecta la aplicación e interpretación de las normas que rigen el acto regulatorio, ni provoca reducción alguna en las regulaciones que se practiquen. En efecto, la norma sancionada no está referida a la cuantificación de los gastos y honorarios judiciales, sino a la responsabilidad del deudor por el pago de las costas. Resulta claro entonces, que el juez debe practicar la regulación de honorarios conforme a las leyes arancelarias o usos locales y es sólo al liquidar la deuda que, si el total de las costas supera el 25 % de la prestación que es objeto de la condena, computará el prorrateo necesario para ajustar la condenación en costas a ese límite (cfr. TSJ de Córdoba, in re "Montoya Jaramillo, Nelson c. Federación Agraria Arg. - Soc. Coop. de Seguros Ltda. - Ejecutivo especial - Recurso de inconstitucionalidad", citado por la Cámara 5ª de Apelaciones en lo Civil de Córdoba, "Blanco, Claudia M. c. Padilla, María Eugenia y otro s/ P.V.E. - Alquileres", 13/07/2015, La Ley online AR/JUR/29215/2015). En idéntico sentido se ha dicho que, del artículo en análisis no surge que el costo del proceso no pueda superar el 25 % del monto de la condena, sino que en forma expresa la ley admite esa posibilidad, aunque para esa eventualidad introduce la solución del prorrateo, el cual deberá efectuarse en la oportunidad procesal correspondiente, con el fin de que el condenado en costas sólo pague hasta el límite de la referencia (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación de Santiago del Estero, "Palavecino, Humberto Aníbal c. BBV Banco Francés", 30/09/2008, La Ley online AR/JUR//17431/2008).Es decir que una vez regulados los honorarios de todos los profesionales intervinientes -de conformidad a la ley arancelaria vigente- y firme la resolución que al efecto se dicte, el condenado en costas podrá solicitar la correspondiente reducción en la forma dispuesta en el citado artículo o, en su caso, invocar la norma en cuestión en el supuesto de ejecución (CApelCCSalta, sala V, t. XXXVII-I, fº 1553). Configura un requisito subjetivo de admisibilidad de todo recurso de apelación la circunstancia de que la resolución recurrida ocasione a quien interpone el recurso, un agravio o perjuicio directo y real, porque de lo contrario faltaría uno de los requisitos genéricos de los actos procesales de parte, cual es el interés (CApelCCSalta, sala I, fallos año 1998, fº 473). Es precisamente el interés lo que justifica la actuación ante la justicia. Es la medida de la acción y también de la apelación (CApelCCSalta, sala IV, t. XXIII, fº 863). Corolario de lo expuesto es que, al no existir en esta oportunidad procesal el agravio pretendido, el recurso tampoco puede prosperar en este punto (cfr. CApelCCSalta, sala IV, t, XXXIX-I, fº 707). IV) Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 345, con costas (arts. 67 y 68 del CPCC). Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación deducido a fs. 345. Con costas.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y vuelva a despacho. SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. VOCALES: JOSÉ GERARDO RUIZ MARÍA ISABEL ROMERO LORENZO SECRETARIA: GUADALUPE VILLAGRÁN- SALA IV, T. XL - I, Fº 86/88, 12/03/2018. EXPTE. N° CAM - 410876/12-