Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-25


Salta, 25 de febrero de 2005.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "ALE HNOS. S.R.L. VS. SOLALIGA, HUGO ALFREDO - QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO" (Expte Nº CJS 26.131/04), y _CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 48/52 y vta. el demandado interpone queja contra el pronunciamiento de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, cuya copia se agrega a fs. 44/45, que le denegó el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la sentencia co-rriente en copia a fs. 35/36 y vta.

Luego de relatar los antecedentes de la causa el impugnante sostiene que la sen-tencia de la alzada, confirmatoria de la anterior, es arbitraria, al prescindir de prueba decisi-va para la correcta resolución del litigio. Invoca la vulneración del derecho de defensa en juicio, el debido proceso y de lo normado por los arts. 14 bis, 18 y 31 de la Constitución Nacional; 46 de la Constitución Provincial; Ley 23.551 de Tutela Sindical y Ley 23.592 sobre no discriminación.

Expresa que el fallo no resulta una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, pues -afirma- el a quo resuelve confirmar la sentencia de primera instancia rechazando la prejudicialidad sin haber valora-do las pruebas producidas en la causa, como son las testimoniales de Liendro, Arroyo y Chocobar y cuyas declaraciones son contundentes en afirmar la imposibilidad en la comi-sión de amenazas de su parte, por no encontrarse en el lugar del hecho, en el horario en que se le imputa tal conducta.

No se valoró -agrega- la documental remitida por Lubricentro Samson que ratifica los dichos de los testigos de su parte, ni las hojas de ruta donde consta que a hs. 13:10 Sola-liga estaba en Chachapoyas; tampoco las contradicciones entre la denuncia de fs. 13 y la testimonial de Alfredo Ale respecto a los distintos horarios en que se cometió la supuesta amenaza.

Estima arbitrario considerar que su parte instigó a los trabajadores a dañar bienes de la empresa, luego de valorar sólo los dichos de Sotelo y Costas, personas cercanas a la empresa. Se omitió -alega- interrogar a los testigos ofrecidos por su parte sobre las otras dos causales de exclusión de tutela; y ante la supuesta instigación o daño debió haberse radicado denuncia penal.

Arguye que la prueba de la falta de un horario para entregar la recaudación se en-contraba en la planilla de diciembre/02 que omitió remitir la empresa, la cual no acreditó el horario en que las rendiciones debían efectuarse; y la tardanza de horas -dice- no puede dar lugar a la exclusión de la tutela. Alega que se excluyó la tutela por dos testimonios ofreci-dos por la actora, quienes refirieron que Solaliga instigó a dañar bienes, sin cumplir la Juez con su obligación de descubrir la verdad real.

2º) Que la queja carece de la debida fundamentación, al no haberse demostrado la inexactitud de las razones en las cuales se sustenta la denegatoria del recurso de inconstitu-cionalidad, centrados en que el apelante no ha planteado un caso constitucional, y que sus pretendidos agravios revelan sólo divergencias con la interpretación de cuestiones de he-cho, prueba y derecho común, que fueron tratadas con fundamentos bastantes excluyentes de la tacha de arbitrariedad (esta Corte, Tomo 43:991, 1195; 45:405; 55:583; 59:899; 73:865, entre muchos otros). La crítica que el impugnante efectúa del decisorio es inconsis-tente, en tanto no logra refutar válidamente las razones que lo fundamentan, habiendo reite-rado, además los argumentos expuestos en el recurso de inconstitucionalidad.

Ello así, y de conformidad con lo considerado por el tribunal a quo, no basta, para que se configure una situación de inconstitucionalidad, alegar la vulneración de derechos fundamentales, si no se prueba la afectación concreta de esos derechos (esta Corte, Tomo 52:881; 55:583; 58:1141; 66:389; 67:585).

En el caso, el apelante no logra rebatir los fundamentos de la sentencia de la alzada que -al confirmar la anterior- ha estimado fundada la desestimación de la prejudicialidad entre otras consideraciones, atendiendo a la naturaleza del proceso sumarísimo de exclusión de tutela sindical, destacando que la culpa laboral se informa en principios distintos a los de la culpa penal, por lo que no debe guardar siempre obligada correspondencia. De igual mo-do, cuando ha juzgado acreditada la verosimilitud de la entidad de los hechos invocados para la exclusión de la tutela, puntualizando, sobre la incitación al daño, que el apelante ha omitido referir a los dichos del testigo Costas valorados en la sentencia de primera instan-cia; y sobre la rendición de cuentas, que al contestar la demanda el recurrente refirió a pro-blemas familiares que no invocó al hacer el descargo, donde se limitó a afirmar que la en-trega había sido en tiempo y forma, caracteres que no tenía la efectuada a hs. 20:30, seis horas después de dejar el turno, cuando reconoció tácitamente que debía hacerse dentro de la media hora siguiente.

3º) Que, como lo ha señalado reiteradamente esta Corte, la correcta deducción del recurso extraordinario exige la crítica concreta de la sentencia impugnada desde el estricto punto de vista constitucional, para lo cual el apelante debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos en los que se sustenta el a quo para arribar a las conclusiones que lo agravian (CSJN, Fallos, 304:1127; esta Corte, Tomo 68:719). De ese modo, si el apelante no contro-vierte de manera eficaz la totalidad de los razonamientos en los que se apoya el fallo, es inconducente el tratamiento de los reparos formulados en la instancia extraordinaria (Tomo 59:1151; 60:233; 66:797; 76:165; 77:29).

Es menester precisar que la prescindencia, por parte del tribunal de segunda ins-tancia, de determinadas pruebas, no basta por sí misma para invalidar la sentencia, si ésta ha hecho mérito de otros elementos de prueba arrimados regularmente al proceso, y con suficiente trascendencia como para sustentar su decisión (esta Corte, Tomo 85:845; 88:511). En igual sentido, la circunstancia de acordar preferencia a determinados elementos probatorios no configura un caso de arbitrariedad, pues los jueces no están obligados a se-guir a las partes en todas sus argumentaciones, ni a ponderar una por una y exhaustivamen-te todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones (esta Corte, Tomo 83:283; 85:709).

4º) Que, por los motivos expuestos y, a mérito de que la alegada arbitrariedad re-sulta inidónea para demostrar la existencia de un "caso constitucional" y, por ende, para refutar la denegatoria de la apertura del recurso extraordinario, corresponde el rechazo de la queja.

Por ello;

_LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de queja interpuesto a fs. 48/52 y vta. de autos.

II. MANDAR se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas, Edgardo Vicente, María Cristina Garros Martínez, An-tonio Omar Silisque -Jueces de Corte-