Clausura de la instrucción, vista al fiscal, sobreseimiento, elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: Incidente  de  nulidad  por  inconstitucionalidad  en autos: Fretes, Hernán Urso s/ Homicidio-art. 84 C.P. autos: Fretes, Hernán Urso s/ Homicidio-art. 84 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-03-20

Avanzada la etapa instructoria, y en sus postrimerías, el art. 313 del C.P.P., dispone que el Juez, cuando hubiera dispuesto el procesamiento del imputado y estimare completa la instrucción correrá vista al Agente Fiscal, quien podrá proponer diligencias, si las estimare necesarias, o solicitar el sobreseimiento del imputado o bien elevar la causa a Juicio (art. 314 del C.P.P.). En este último caso, el requerimiento de elevación debe contener los requisitos establecidos en la última parte del art. 314, es decir, desde el punto de vista subjetivo, debe individualizar al imputado; como objetivo material, debe establecer la relación completa, clara, circunstanciada y específica de los hechos sobre los cuales versa; desde el punto de vista lógico, la motivación, o sea el fundamento por el cual sostiene que la Causa debe ingresar en la segunda etapa del proceso; y por último, el pedido de elevación a Juicio, sin que sea necesario el "quantum" punitivo, reservado para la etapa final del Debate. Todo ello sustentado en motivos "provisionales", en tanto y en cuanto, los hechos que configuran su objeto deben probarse en el juicio. Según la normativa expuesta, el Agente Fiscal puede formular un requerimiento no acusatorio, peticionando el sobreseimiento. Pero no resulta vinculante para el órgano jurisdiccional, previendo un contralor que no vulnera el principio "ne procedat iudex ex officio". Así, como ya se explicara "ut supra", cuando el Juez instructor no estuviere de acuerdo en el sobreseimiento solicitado por el Agente Fiscal elevará la Causa a Juicio por decisión propia (art. 315 "in fine"); otras legislaciones contemplan soluciones diferentes, pero todas precisan la ausencia de caracter obligatorio del pedido de sobreseimiento fiscal (son los casos de Córdoba, Corrientes y la Nación). Como se advierte, se trata pues de una excepción al principio de "indivisibilidad funcional", al decir de Clariá Olmedo, que no ofrece objeciones en tanto y en cuanto no se afecte la defensa del imputado. Nuestros legisladores provinciales respetaron la postura del autor del anteproyecto quien, en su exposición de motivos expresó (siguiendo a Carnelutti, y conteste con los sistemas legislativos de Alemania, Francia y Austria): que debe primar el contralor jurisdiccional, criterio que aparece razonable a la luz de la política procesal adoptada según lo expresado "ut supra" sobre la cuestión. La adopción de esta postura de ninguna manera significa subestimar la condición de los Fiscales o considerarlos con minusvalía, como pareciera presentarlo el Tribunal Nacional Oral Criminal Nro. 2 (02/12/96), en la causa "Prestera, Oscar E. y otro", habida cuenta que corresponde "ab initio" descartar todo control funcional atento a la independencia que goza el Ministerio Público, pero ello no significa que no puede ser objeto de un control de legalidad, como el que se encuentran sometidos los Magistrados (a través de la acción recursiva) y en general todos los funcionarios públicos, porque ello hace al principio republicano de gobierno, máxime en nuestra Provincia, en la que por imperio constitucional (art. 30 de la Carta Magna) ninguna autoridad tiene facultades extraordinarias. El contralor elegido por nuestra legislación, conforme lo ya explicado, y para el tema que nos ocupa, es de naturaleza jurisdiccional, por la política procesal adoptada, que en modo alguno interfiere en la labor de los Fiscales, en tanto y en cuanto se les otorgue a los mismos la intervención que exige la ley.