Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-03-01


RAWSON,01 de marzo de 2013.- ------ VISTOS: ------------------------ ------ Estos autos caratulados: "F. S.A. e H. S.A. c/ L. B., R. N. y L. B., J. N. s/ Ejecución Prendaria (Expte. 2844/12) s/ Incidente de Competencia Negativa" (Expte. N° 22.842-F-2012).-------------------- ------ DE LOS QUE RESULTA: --- ------ Llegan estos actuados a conocimiento del Superior Tribunal en Pleno ante el conflicto negativo de competencia suscitado entre la Jueza de Ejecución N° 2 de la ciudad de Trelew y el Juez de Ejecución N° 1 de Comodoro Rivadavia.-------- ------ La Magistrada de la ciudad de Trelew llegó a dicha conclusión al efectuar un análisis previo de la Ley de Defensa del Consumidor (en adelante LDC) y la jurisprudencia emanada del fallo plenario dictado en los autos: "Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ Competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores" (CNCom en pleno - Expte. S. 2093/09), de fecha 29 de Junio de dos mil once. Señala que el art. 15 de la LDC, sustituyó el texto del art. 36 de la Ley N° 24.240, y delimitó el ámbito de competencia al "tribunal correspondiente al domicilio del deudor".----------------- ------ Entendió que en nuestro ordenamiento jurídico el principio de abstracción cambiaria tiene exclusivo fundamento en el derecho común, pero que no prevalece sobre las leyes generales de carácter constitucional. Consideró que el tipo de operatoria objeto de autos, esto es una operación financiera para el consumo, estaba expresamente referida en el fallo reseñado y por ende, existía una prelación normativa de la LDC respecto de la norma procesal y cambiaria. Agregó que el carácter de orden público de aquélla, habilitaba la indagación causal del título para prevenir la vulneración de los derechos constitucionales reconocidos a la parte más endeble del contrato. Dijo que de esta manera se evitaba, asimismo, que el acreedor bancario o financiero persiguiera el cobro de la deuda en una circunscripción judicial ajena a la del domicilio real del usuario, además de restablecer el imperio de la regla de orden público, atributiva de competencia.------------ ------ Sostuvo que para que operase la posibilidad de anular una cláusula de prórroga de jurisdicción, debía constatarse la existencia de una relación de consumo en los términos de los arts. 1 y 2 de la LDC. Ello, en pos de asegurar la garantía del juez natural, la protección de la parte más débil de la relación, el principio de inmediación y acceso a la justicia e igualdad procesal.-------- ------ Refirió que en el caso de autos la actora perseguía el cobro de una deuda que los demandados contrajeron para comprar un bien de consumo, en el caso, un automóvil, por lo cual resultaban aplicables las normas protectoras de la LDC. De esta manera, y toda vez que los domicilios reales volcados en el contrato de prenda y los denunciados por la actora en el escrito de inicio resultaban foráneos a la jurisdicción de Trelew, declaró su incompetencia de oficio, y ordenó remitir la causa al Juez de Ejecución competente de la jurisdicción de Comodoro Rivadavia.------------------------------- ------ A fs. 27/28, el Sr. Juez titular del Juzgado de Ejecución N° 1 de dicha circunscripción judicial entendió que por aplicación del art. 4 del C.P.C.C., no procedía la declaración de incompetencia de oficio fundada en razón del territorio. Ello así, por tratarse de una cuestión de neto contenido patrimonial donde se ejecutaba una prenda como consecuencia del incumplimiento obligacional de los demandados.----- ------ Agregó que el juez actuante no podía rechazar liminarmente su competencia por propia iniciativa, sino que debía esperar el pedido expreso del demandado. Citó la postura del Dr. ROLINHO, titular del Juzgado de Ejecución N° 2 de Comodoro Rivadavia quien formulara incidentes similares por los mismos fundamentos. Adhirió también, a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: "Compañía Financiera Argentina c/ TOLEDO, Cristian A." (Conf.: Sentencia del 24/08/2010 publicada en "la Ley online cita AR/JUR/45124/2010/".--------------- ------ Por lo dicho, entendió que la declaración de incompetencia resultaba improcedente y elevó a este Superior Tribunal el incidente para su resolución.---------------------- ------ A fs. 35 emitió dictamen el Señor Procurador General quien consideró asimilable el caso a lo expresado en su Dictamen N° 116/12 P.G. donde expresó que debían aplicarse las normas protectorias del consumidor y del usuario, elevadas al rango constitucional desde 1994, las cuales poseían una clara finalidad tuitiva de la considerada parte débil de la relación. Añadió que tratándose de una financiación para comprar un automóvil 0 km, el caso se encontraba reglado por estas últimas normas y por ende, la tramitación del juicio en el lugar del domicilio de los deudores, implicaba facilitarles el acceso a la justicia y el ejercicio de su derecho de defensa. Consideró ajustada a derecho la decisión de la Sra. Jueza de Ejecución de Trelew y aconsejó asignar el caso al Juez del domicilio de los deudores.------------------------------- ------ CONSIDERANDO: ----------- ------ Como se infiere de las resultas que anteceden, se convoca al pleno de este Superior Tribunal en los términos del art. 179 inc. 1.2 de la Constitución Provincial, para resolver el conflicto de competencia territorial que se suscitó entre dos juzgados de ejecución de distinta circunscripción, que por dicha razón, carecen de un organismo jurisdiccional superior y común.----- ------ Mientras que el Juez de Ejecución de Comodoro Rivadavia interpreta que su par de la ciudad de Trelew no puede declararse incompetente de oficio para seguir interviniendo en la ejecución del contrato de prenda, por tratarse de una cuestión netamente patrimonial, la Jueza que previno, justifica su decisión al hacer prevalecer las normas tuitivas de la LDC.----------- ------ Esta problemática ya ha sido resuelta en un fallo reciente de este Tribunal, aunque referido a una cláusula de prórroga de jurisdicción inserta en un pagaré. Allí se sostuvo que: "En cuestiones de competencia la preceptiva procesal civil y los principios que orientan esa codificación no pueden ser soslayados, mas la normativa consumerista ha introducido su cuño en aras de fortalecer la protección de quien es considerado la parte más débil en una relación de consumo. Esto obliga, en casos como el sub lite, a verificar su aplicación y establecer el alcance de los preceptos en pugna, antes citados, tratando de arribar a una interpretación que los armonice e integre" (Confr.: STJCH, S.I. N° 57/SROE/2012).------------------------ ------ Este Tribunal advierte que con el dictado de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, modificada por Ley 26.361, y lo dispuesto por el artículo 42 de la Carta Magna Nacional, se perfiló un marco jurídico protectorio de los derechos de los usuarios de bienes y servicios, evidenciados a través de una relación de consumo o como consecuencia o en ocasión de ella. Este es el aspecto central sobre el cual ha girado el análisis jurisprudencial de los últimos fallos pronunciados en todo el país, y su relevancia es tal que si no se acredita dicha relación, no resultan aplicables aquellas normas, cuya finalidad es la de proteger a la parte más débil de la contratación, es decir, al consumidor.------------------ ------ Pero además, la propia LDC establece en el art. 65, el carácter de orden público de sus disposiciones. Es por este motivo que sus preceptos son irrenunciables, imperativos, y prevalecen sobre cualquier convención basada en la voluntad autónoma de las partes que se le oponga. Así lo ha entendido también nuestro Cimero Tribunal en el caso "E." cuando remarcó que: "El carácter público de la ley nacional de protección al consumidor (art. 65, ley 24.240 -ADLA, LIII -D, 4125-) no impide que las provincias e incluso las municipalidades, dentro de sus atribuciones naturales, dicten normas que tutelen los derechos de los usuarios y consumidores, en la medida que no los alteren, supriman o modifiquen en detrimento de lo regulado en la norma nacional" (Conf..: CSJN, Fallos, 330:2081, del dictamen del Procurado Fiscal subrogante que la Corte hace suyo) ----- ------ Es decir, las partes no pueden dejar de lado sus preceptos a voluntad aunque se trate de una relación regida por el derecho comercial donde se prioriza, precisamente, la autonomía de los contratantes. Tal como se dijo en la S.I. 57/SROE/12, estamos frente a una norma que debe ser aplicada de oficio por los jueces, aún cuando la parte interesada no lo hubiera solicitado. Es más, en dicho pronunciamiento se agregó que: "una cuestión es de orden público, cuando responde a un interés general, colectivo, por oposición a las cuestiones de orden privado, en las que sólo juega un interés particular" (Conf. Guillermo BORDA, "Tratado de Derecho Civil", Tomo I, pág. 65).---------------------- ------ Este criterio interpretativo también tiene respaldo normativo en la legislación de fondo ya que el art. 19 del Código Civil expresamente establece la irrenunciabilidad de las normas de orden público; y el art. 21 del mismo cuerpo legal señala que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres.----------------------------------- ------ Así, dado el régimen tuitivo de la materia bajo examen, en armonía con las normas de fondo antes enunciadas, es dable concluir que: "el consumidor no podrá renunciar -en principio- a los derechos que le acuerda la LDC, ni tampoco podrá acordar con el proveedor cláusulas contractuales que resulten contrarias a sus intereses. Si lo hiciera la imperatividad del sistema determina que la voluntad expresada por el consumidor en ese sentido quedaría relegada por encontrarse en franca contradicción con el ordenamiento" (Conf.: PICASSO- VAZQUEZ FERREYRA, "Ley de defensa del Consumidor", T| 1, pág. 769, Ed, La Ley, Año: 2009). Por su característica de orden público, el juez está llamado a aplicar sus preceptos de oficio, es decir, con prescindencia de los que las partes pudieron establecer por propia decisión.------------------------------------- ------ Ahora bien, en el marco de ejecuciones prendarias, ya antes de la reforma de la LDC, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció declarando la nulidad de las cláusulas de prórroga de jurisdicción -por aplicación del artículo 37 inciso b) de la Ley 24.240-, a pesar de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 12.962 (Conf.: CSJN, in re, "Plan Óvalo SA c/ GIMÉNEZ, Carmen s/ Ejecución Prendaria", 18/10/06; y "ESCOBAR, Aldo c/ Círculo de Inversores S.A. s/ Ordinario", 8/4/08).----------- ------ En el caso bajo examen la Sra. Jueza de Ejecución de la ciudad de Trelew entendió que la operación de autos se refería a una operación de crédito para consumo, documentada a través del Contrato de Prenda con Registro. El crédito o financiación para el consumo será "todo aquel que una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad u oficio, concede o se compromete a conceder a un consumidor bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier otro medio equivalente de financiación, para satisfacer necesidades personales" (Confr: PICASSO -VAZQUEZ FERRYRA, obra citada, T° I, año: 2009, pág. 413).----------------------- ------ Ha dicho la Corte que: ". si se trata de una ejecución prendaria iniciada como consecuencia del presunto incumplimiento de un contrato de compraventa de automotores y el acuerdo de voluntades se instrumentó en un formulario pre impreso -como ocurre en autos-, el mismo puede ser considerado como un contrato de adhesión con cláusulas generales predispuestas, entre las que se encuentra la prórroga de jurisdicción" (Conf.: CSJN, Fallos, 331-1:780, del dictamen del Sr. Procurador General).--------------------------------------- ------ En autos el contrato pre impreso de Prenda con Registro no contiene una cláusula de prórroga específica, es más el lugar donde debía consignarse el domicilio especial a los efectos del convenio, está en blanco. Pero el acreedor optó por ejecutarlo en el domicilio de pago de la obligación tal como lo prevé el art. 28 de la Ley N° 12.962. Si es viable anular una cláusula que expresamente dispone la prórroga de jurisdicción, evidentemente, esta decisión del acreedor habrá de ceder en pos de la protección específica de la LCD.------------------------------- ------ En el contrato que nos ocupa se advierte que el préstamo que se concede se garantiza con una prenda sobre un automóvil. Es práctica habitual que este tipo de contrataciones sean llevadas a cabo por las empresas concesionarias de automóviles, a través de un servicio de financiación que, en forma coetánea al negocio principal, garantiza la deuda generada por la venta del rodado. De esta manera se pretende asegurar la eficiencia del cobro del crédito. Señala al respecto Carlos A. Ghersi que "La realidad negocial indica que tenemos un contrato de compraventa "conexado" (sistema de contratos) con un contrato de financiamiento, al cual le anexamos la modalidad instrumental de los títulos abstractos". ("Un verdadero acierto de la Cámara Comercial. Principio que debería seguir la próxima unificación de derecho civil, comercial y del consumo", RCyS 2011-VIII,57). -------------------------- ------ La LDC está dirigida a proteger a determinados sectores de personas, sea por sus particulares características o bien por encontrarse en ciertas situaciones jurídicas en condiciones de desigualdad, o inferioridad. Adviértase que en los contratos de financiación para la adquisición de bienes o servicios, el consumidor acepta las condiciones que le marca el financista con una nula participación en la negociación o discusión de las cláusulas contractuales. Como ocurre en el presente, la prenda ya viene redactada en formularios pre impresos que se llenan con los datos identificatorios de las partes. Y como señala PICASSO - VAZQUEZ FERREYRA, en la obra antes citada, pág. 36, pocas personas se dan cuenta que la relación de crédito "ha sido pactada directamente con el comerciante como parte de la operación de compra, ignorando absolutamente de que la financiación obtenida lo ha sido a través de un mutuo financiero convenido con una entidad crediticia dentro de los términos que ignora supinamente.".-- ------ Por otra parte el contrato de prenda se inscribió en la oficina del Registro de la Propiedad Automotor de Comodoro Rivadavia, lugar donde quedaron constituidos los domicilios especiales de los deudores al no fijarse otro diferente. Estas circunstancias fácticas sumadas a las jurídicas que vienen de reseñarse, permiten inferir que el juez competente para entender en esta ejecución es el del lugar del domicilio del deudor o deudores, pues que de lo contrario se afectaría el derecho de defensa del usuario al someterlo a una jurisdicción diferente y lejana a la de su lugar de residencia en los términos del art. 36 de la LCD.-------------------------- ------ Así, frente a la colisión normativa existente entre el art. 28 de la Ley N° 12.962 y la LCD corresponde -como ya lo anticipáramos, indagar en la interpretación que las concilia, pues, como reiteradamente ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la inconsecuencia no se supone en el legislador. Por ello, señala el Alto Tribunal, "para interpretar la ley debe computarse la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando, como verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto." (CSJN, Fallos 320: 1962); y que "cuando la ley emplea determinados términos es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador cuidando de no alterar, y de buscar en definitiva por vía de la interpretación, el equilibrio del conjunto del sistema." (Fallos: 331:1234; este Tribunal, S.I. N° 57/SROE/12).------- ------ Siguiendo este hilo conductor se concluye que aunque la relación que vincule al ejecutante y ejecutado represente una cuestión de neto contenido patrimonial, la opción ejercida por el acreedor prendario debe ser examinada a la luz del microsistema de orden público y raigambre constitucional. Y este análisis debe ser efectuado de oficio por el juez, a quien le corresponde velar por la efectiva preeminencia del régimen tuitivo, irrenunciable e imperativo. Ergo, las reglas del rito, enmarcadas en la autonomía de la voluntad de las partes (art. 4 CPCC), deben ceder en el supuesto bajo examen, frente a la específica normativa consumerista que la desplaza, en aras de preservar la integridad, y coherencia del sistema normativo (Conf.: S.I. N| 57/SROE/12).--------------------------- ------ Así, en idéntico sentido a lo dictaminado por el Sr. Procurador General, la competencia para entender en estos autos corresponde al Señor Juez de Ejecución de la ciudad de Comodoro Rivadavia.---------- ------ Por ello el Superior Tribunal de Justicia en pleno:------------------- ------------------------------ R E S U E L V E -------------------------------- ------ 1°) DECLARAR la competencia del Juez de Ejecución N° 2 de la ciudad de Comodoro Rivadavia para seguir conociendo en los presentes.-------------------------------- ------ 2°) REMITIR las actuaciones al citado Juzgado, a sus efectos y copia de la presente al Juzgado de Ejecución N° 2 de la ciudad de Trelew.----------------------------------- ------ 3°) REGÍSTRESE y notifíquese.-------------------------------------- Fdo. Dr. Fernando S. L. ROYER-Dr. Alejandro J. PANIZZI-Dr. Daniel Luis CANEO-Dr. José Luis PASUTTI.----------------------------- RECIBIDA EN SECRETARIA EL 01 DE MARZO DEL AÑO 2.012	REGISTRADA BAJO S. I. N° 07 S.R.O.E/2013 CONSTE.