Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-07


ALEGRE, Daniel contra RIBADERO, Jorge A.

Reg.: A y S t 214 p 75-79.

En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ALEGRE, Daniel c. RIBADERO, Jorge A. -Cobro de Pesos- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro 96, Año 2005).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Spuler, Vigo, Netri y Gastaldi.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Mediante resolución registrada en A. y S. T. 204, pág. 240, esta Corte admitió la queja y, en consecuencia, concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Jorge A. Ribadero contra la sentencia de fs. 198/200 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, por las razones entonces expuestas (vide Expte. 316/2004, fs. 63/65).

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro razones para apartarme de aquella conclusión provisoria, en concordancia con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 248/249 v..

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. En la presente causa Daniel Mariano Alegre promovió demanda por cobro de pesos contra Jorge Alberto Ribadero y/o quien resulte legalmente responsable por la suma de pesos 14.685,10, pretendiendo "la cancelación de los siguientes rubros: 1) diferencias salariales; 2) sueldo anual complementario, diferencia y proporcional al período del preaviso; 3) vacaciones y diferencia; 4) ropa de trabajo; 5) días descontados; 6) diferencia integración mes de despido; 7) indemnización por preaviso; 8) indemnización por antigüedad" (fs. 3/8). Tramitada que fuera la causa, el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N 5 de la ciudad de Rosario hizo lugar parcialmente a la demanda condenando a Jorge Alberto Ribadero a pagar: a) las diferencias salariales entre la categoría de peón general y la de "gambucero-ayudante vendedor", incluyendo los adicionales del convenio colectivo de trabajo para la actividad gastronómica Nro. 125/90; b) el sueldo anual complementario correspondiente a los años 1996, 1997, primer semestre de 1998 y diferencias correspondientes al segundo semestre del mismo año; c) la diferencia por vacaciones no gozadas correspondientes al año 1998 -rechazando las referentes a los años 1997 y 1998-; d) las sumas descontadas por inasistencias injustificadas imputables al actor en el mes de diciembre de 1998; d) la suma de $ 100 en concepto de ropa de trabajo; y e) indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso y diferencia en liquidación de la integración de mes de despido.

Asimismo estableció un interés del 5% mensual "desde que es debido el capital, como adecuada compensación por el daño adicional que se originaría en caso de mora del deudor, en el marco de inestabilidad financiera actual, y ante la imposibilidad de su uso por el actor como consecuencia del incumplimiento de la demandada" (fs. 130/132 v.).

Contra tal pronunciamiento interpusieron ambas partes sendos recursos de apelación en forma parcial (vide fs. 134 y 138). A su turno, y por sentencia de fs. 198/200 v., la Alzada declaró desierto el recurso de apelación de la demandada e hizo lugar parcialmente al recurso de la actora "confirmando la sentencia venida en apelación excepto en los rubros diferencias salariales, vacaciones (no) gozadas y ropa de trabajo".

Para así resolver -y en lo que interesa al recurso sub examine- el Tribunal a quo consideró que no obstante que la demandada había interpuesto apelación "sobre siete -sic- ítems de la sentencia", "los agravios expresados (...) no refieren a la totalidad de los puntos recurridos, ya que se omite la queja por: SAC primer semestre 1998 y diferencias correspondientes al segundo semestre, diferencia en la liquidación de las vacaciones no gozadas año 1998, descuento por inasistencias del mes de diciembre de 1998, ropa de trabajo y diferencia en la liquidación de la integración mes de despido, por lo que no aparece cumplida la exigencia legal de expresar agravios sobre los puntos de la sentencia que fueron recurridos, como consecuencia de lo cual el recurso deberá ser declarado desierto (art. 109, 118 CPL y ccs.) ya que se ha impedido a la actora ejercer su derecho de tramitar el pronto pago sobre rubros que finalmente fueron consentidos".

2. Contra el decisorio de la Alzada dedujo Ribadero recurso de inconstitucionalidad (artículo 1, inciso 3º, ley 7.055), agraviándose en primer lugar de que aquélla ha omitido pronunciarse sobre cuestiones oportunamente propuestas, en cuanto "esta parte apeló la tasa de interés fijada por el juez a quo (recordamos un 5 % mensual, o sea, un 60 % anual), se expresaron agravios concretos referidos a este rubro, la Sala reconoce expresamente estos hechos y sin embargo omite su tratamiento", omisión que también se verifica respecto de las quejas vinculadas a las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso y vacaciones por los años 1996 y 1997. Expresó asimismo que el fallo carece de motivación suficiente, toda vez que "engloba como carentes de expresión de agravios a todos los rubros recurridos, no obstante reconocer expresamente que solo sobre cinco de los ocho rubros apelados no se expresaron agravios", y declara desierto el recurso a partir de una interpretación ritualista del artículo 118 del Código Procesal Laboral, que vulnera su derecho de su parte a la revisión del pronunciamiento en segunda instancia y desconoce los principios que rigen el examen de los escritos recursivos.

Expresó finalmente que la Sala incurre en reformatio in pejus (sic), toda vez que "en los agravios expresados por la actora relativos a los rubros diferencias salariales desde enero 1996 a julio de 1998 inclusive; el rechazo del rubro vacaciones años 1996 y 1997, y ropa de trabajo, la Sala resolvió modificar en perjuicio de su parte lo resuelto por el juez a quo", a pesar de que -salvo el último- ella no apeló tales rubros, y de que, en cuanto a la ropa de trabajo, al considerarse desierta la apelación el mismo había quedado consentido (fs. 204/218).

Evacuado que fuera el traslado respectivo (fs. 220/225) la Sala denegó la concesión del recurso por auto de fs. 228/230, accediendo el impugnante a la instancia extraordinaria por vía de queja, como se expresara al tratar la primera cuestión.

3. El examen de autos me convence de que la impugnación planteada merece favorable acogida, al constatar que en el caso el Tribunal a quo ha adoptado una solución que, con evidente rigorismo, omite dar adecuadas respuestas a concretos planteos conducentes llevados a su conocimiento por una de las partes, de suerte tal que lo resuelto satisface sólo de manera aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente aplicable a los hechos concretos de la causa, con grave menoscabo de la garantía de defensa en juicio de la parte vencida, obligando a hacer excepción al criterio -reiteradamente sustentado- conforme al cual las cuestiones relativas a la interpretación y aplicación de normas procesales, y a la apreciación de la suficiencia técnica de los recursos planteados constituyen por su naturaleza materia ajena a la instancia extraordinaria y reservada a los jueces de la causa.

Ello es así pues, aun cuando carezca de asidero el planteo vinculado con la violación al principio de congruencia (que el recurrente expone bajo la denominación de "prohibición de reformatio in pejus") ante el dato elemental de que lo decidido por la Alzada en los rubros invocados respondió a concretos agravios esgrimidos por la actora en su apelación (y que por tal motivo integraron la materia sometida a revisión en segunda instancia, siendo por lo demás indiferente que la demandada se haya abstenido de formular planteo alguno a su respecto), no puede desconocerse que en definitiva la respuesta de la Sala al desestimar la apelación planteada por Ribadero solo encuentra fundamento -aparente- en una hermenéutica apartada de las exigencias del debido proceso que, con olvido del "escrupuloso respeto que merece el derecho de defensa" (vide "Saucedo", R. A. y S., T. 110, pág. 141; "Vallejos", T. 112, pág. 90; "Templar", T. 164, pág. 1, entre muchos otros), omite absolutamente hacerse cargo del dato elemental de que, aun cuando el apelante no se haya agraviado concretamente respecto de algunos de los rubros cuya disconformidad anticipara a fs. 138, lo cierto es que sí lo hizo sobre otros que se vinculaban con la sustancia del litigio suscitado entre las partes, al cuestionar:

a) que se lo considerase continuador del negocio de venta de choripanes y sandwiches de propiedad de Alejandrino Lezcano en virtud de una alegada transferencia del negocio; b) que no se haya tenido por probada la causal de despido y, consecuentemente, que se lo haya condenado a pagar indemnizaciones correspondientes a un despido sin causa; y c) que se haya impuesto una irrazonable y exagerada tasa de interés en el fallo de baja instancia (vide fs. 170/184 v.).

En tales condiciones, no deja de lastimar la lógica y el buen sentido -afectando con ello al "recto entendimiento judicial" (vide Fallos, 301:290, 574; 306:1529)- que se haya tenido por operada la "deserción del recurso" en un caso en el cual el apelante efectivamente expresó agravios que alcanzaban de manera directa a los rubros con mayor significación económica (entre ellos, los elevados intereses fijados) -vide la liquidación presentada por la propia actora a fs. 143- y que solamente dejaban afuera los rubros "descuentos por inasistencias" (que el propio actor había estimado en $ 34 -fs. 7 v.-), "ropa de trabajo" (que el juez de baja instancia cuantificó en la suma de $ 100), SAC 1998 (que en la liquidación referida ut supra la actora estimara en un capital de $ 262,98), diferencia vacaciones 1998 (estimada en $ 75,86 en la misma liquidación) y diferencia integración mes de despido ($ 7 en la liquidación ya mencionada).

Y si bien es cierto que estos últimos rubros quedaban así consentidos, no lo es menos que el hecho de que la actora se haya visto privada de "tramitar el pronto pago" a su respecto -por montos que no podrían haber incluido los intereses, cuestionados por Ribadero- nunca podía, en las condiciones reseñadas, erigirse en razón suficiente para justificar la grave afectación del derecho de defensa de la demandada resultante de la frustración de su derecho de acceder a la segunda instancia, que -como es bien sabido- aunque por sí misma no sea requisito de naturaleza constitucional ni exigencia del debido proceso, salvo en materia criminal (vide Fallos, 203:215; 211:1534; 223:430; 289:95; 290:120; 298:252 y 676; 300:65; 305:535; 312:195), integra tal garantía "cuando está instituida por ley" (Fallos, 303:1929; 307:966), como lo ha dicho en claros términos el Alto Tribunal de la Nación al señalar que "la doble instancia judicial no tiene jerarquía constitucional, salvo cuando las leyes específicamente la establezcan" (Fallos, 318:1711 [1995], con cita de Fallos, 310:1424; Fallos, 323:2357, entre muchos otros) y que "si bien la Constitución Nacional no requiere la doble instancia judicial, la privación injustificada de la que instituyen las leyes es violatoria de la defensa" (Fallos, 232:664; vide, asimismo, R. A. y S., T. 39, pág. 335).

Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas (artículo 12, ley 7.055). Remitir la causa al tribunal que corresponda a los fines de que la misma sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas. Remitir la causa al tribunal que corresponda a los fines de que la misma sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)