marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Habeas corpus, derechos y garantías constitucionales, orden de autoridad competente, libertad corporal, fianza, caución real
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: EXPTE. Nro. 54969 - FAVOR DE LUIS SERRA s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-12-29

El recurso, la acción o el interdicto de hábeas corpus, tiene su razón de ser y su justificativo histórico en la amenaza a la libertad física, cuando no existe orden escrita emanada de autoridad competente.

Este concepto se ha extendido a otras situaciones donde existiendo orden de autoridad competente, se puede producir genéricamente una ilegítima agravación de la privación de la libertad o del cumplimiento de las condiciones penitenciarias.

En consecuencia, se trata de una institución elástica que adapta su finalidad al caso concreto y siempre tutelando la libertad física; puede operar como petición, interdicto, acción o recurso, sustituyendo en este último supuesto a cualquier apelación o recurso extraordinario. ( Voto Dr. Nanclares preopinante)
Proceso penal, sentencia condenatoria, derechos y garantías constitucionales, presunción de inocencia
Materia: PROCESAL
Carátula: C A., J. por homicidio - recurso de inconstitucionalidad penal c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-22

La incertidumbre no exige convicción sobre la inocencia del imputado, pues en materia criminal se debe aplicar en toda su extensión la máxima "onus probandi incumbit actori", exigiéndose al acusador una demostración plena y completa de la culpabilidad del acusado. En consecuencia, los acontecimientos pudieron ocurrir de cualquier otra manera, por lo que el manto de la duda vuelve a campear sobre la causa, lo que torna imposible en el presente caso arribar al estado de certeza necesario para condenar.

La condena penal exige un certero juicio de reproche, basado en la evidencia plena de una acción típicamente antijurídica y culpable. Esa certeza es un juicio espiritual puro, que importa la exclusión de todo elemento negativo por considerar que no merecen, racionalmente, ser tenidos en cuenta. En el caso, ello implica la fehaciente acreditación de la existencia de una conducta reprochable penalmente por parte del acusado, extremos de la acusación que no han podido demostrarse con la prueba agregada a la causa en grado de certeza, por lo que la duda impone un pronunciamiento absolutorio que mantenga el estado constitucional de inocencia, que no ha podido ser desvirtuado. (Del voto en mayoría de los Dres. Catalano, Posadas, Samsón, Vittar y la Dra. Bonari)
Excepciones procesales, litispendencia, partes del proceso, conexidad subjetiva, conexidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, ELENA c/ HIERRO PATAGONICO SIERRA GRANDE s/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-30

Cuando se habla de identidad de partes hay que entender las partes en el litigio y no en el proceso, pues a veces no coinciden ambas calidades, dándose el primer caso cuando es otra persona la que plantea la pretensión o ejerce los derechos de la que no interviene físicamente o en carácter formal, en cuyo caso lo que interesa primordialmente es la existencia de la conexión jurídica en la materia que constituye el objeto litigioso.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de La Matanza c/ Cascales, Amilcar s/ Ordinario. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-07

Es doctrina reiterada de esta Suprema Corte que, en principio, las decisiones que conceden o deniegan medidas cautelares no revisten carácter definitivo en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que no recaen sobre los puntos que han sido materia del litigio principal ni impiden su continuación. (Minoría u opinión personal)
Recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, recurso extraordinario, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Galluzzi, Carlos Alberto y otros s/ defraudación militar S/art. 445 bis del Código de Justicia Militar  - causa n° 56 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Corresponde desestimar la queja si el recurso extraordinario cuya denegación la motivó no cumple con el requisito de fundamentación autónoma.
Competencia por el territorio, divorcio, simulación, domicilio conyugal, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Oks, Sebastián Andrés c/ Oks, Carlos Hugo y otros s/ impugnación de paternindad y reclamación de filiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Carece de toda relevancia la manifestación de una de las partes, acerca de una suerte de "simulación" en que habrían incurrido con relación al domicilio que denunciaron como conyugal al promover la acción de divorcio, porque no le es dable invocar su propia torpeza ni volver sobre sus propios actos precedentes, con rele vancia jurídica y plenamente eficaces, en su exclusivo beneficio.
Queja por apelación denegada, monto mínimo
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARMANDO  J. RIOS SACIF c/ COOPERATIVA FRIGORIFICA LEANDRO N. ALEMS/ s/ EJECUCION PRENDARIA S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-17

Procede la queja por denegación de la apelación deducida con base en que el monto involucrado en el recurso no supera el mínimo que se requiere para la audibilidad de las apelaciones cuando, -como en el caso- se verifica que la resolución recurrida decidió que los gastos motivados en la ejecución en esta sede del bien pignorado situado en extraña jurisdicción debían ser solventados por el ejecutante, que ejercitó esa opción; toda vez que la cuantía de ese reclamo surgiría de los gastos originados en el traslado, y eventual guarda del bien gravado, y actualmente media imposibilidad de cuantificar ese rubro del reclamo, por lo que en la especie se justifica la excepción a la regla aludida (C.P.C.C. art. 242), sin que ello implique un juicio de valor sobre los argumentos invocados por el recurrente.
Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-31


Esquel, 31 de agosto de 2005.- -------VISTO:-- ------La incidencia planteada a fs. 52 del presente Cuaderno de Prueba de la Actora por la apoderada de la parte demandada, Dra. C. A. A., y---- ------CONSIDERANDO:-- ------Que la citada letrada se opone a la totalidad de las preguntas formuladas en los interrogatorios presentados por la actora y que obran a fs. 41, 43, 45, 47 y 49, en razón de haber sido confeccionados como "Pliego de Posiciones para audiencias de Prueba Confesional".------------ ------Solicita el rechazo de los mismos en razón de haber sido hechos en absoluta contradicción con lo establecido por el art. 443 del CPCC.-------------- ------Que corrido el pertinente traslado, la actora guarda silencio.------ ------Que para resolver la cuestión, este Cuerpo anticipa que comparte la corriente jurisprudencial que entiende que: "...el hecho de que las preguntas se hayan formulado en forma asertiva no es causa de invalidez del testimonio y sólo justifica que los dichos del testigo sean valorados con mayor rigor crítico" (LL, 1988-A, 504; cfr. COLOMBO, Carlos J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. III, p. 586, Abeledo - Perrot, Bs. As., 1969).---- ------Que si bien el art. 443 del CPCC establece que "no se formularán" las preguntas concebidas en términos afirmativos, la rigidez de tal disposición debe ser atemperada y compatibilizada, por razones de economía procesal, con las facultades otorgadas a los jueces por los arts. 36, inc. 2°), ap. b), 442 y 452 del CPCC, quienes se encuentran autorizados en aras del esclarecimiento de los hechos a interrogar libremente a los testigos, "respetando la sustancia de los interrogatorios propuestos" (art. 442).--------- ------Que, consecuentemente, siendo este Tribunal quien en definitiva valorará la prueba testimonial de autos (arts. 386 y 456, CPCC), corresponde no hacer lugar a lo requerido.-------- ------Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut:--------- ---R E S U E L V E------------- ------1°) NO HACER LUGAR a la oposición planteada a fs. 52, disponiendo que el Sr. Juez de Paz de Corcovado, al momento de tomar declaración a los testigos, adecue los interrogatorios a la forma de preguntas.-------- ------2°) IMPONER las costas por el orden causado en la presente incidencia, puesto que la incidentista pudo haberse creído con derecho a litigar (art. 69, in fine, CPCC).-------- ------3°) REGULAR honorarios a la Dra. C. A. A. en la suma de $50.-. (arts. 8 y 33 Dec. Ley 2.200).----------- ------4°) REGÍSTRESE y notifíquese.--------- BENJAMÍN MOISÁ CARLOS S. MARGARA RANDAL C. ROWLANDS REGISTRADA BAJO EL Nº 81 DEL AÑO 2005. CONSTE.-Irma Alicia Carbó-Secretaria.-
Representación procesal, personería, acreditación de la personería
Materia: PROCESAL
Carátula: Hidalgo Manuel Angel c/ Dpto. de Hidráulica s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-02-18

Conforme a lo dispuesto por el art. 46 del C.P.C. quien se presenta en juicio por un derecho que no sea propio, es decir, quien invoca la representación de una de las partes debe justificar su personería en su primera presentación. Si no se acompañan los instrumentos que acrediten dicha representación, o son ellos insuficientes o defectuosos, aún de oficio corresponde al juez controlar la presentación de dichos documentos, así como la suficiencia de los mismos, sin necesidad de esperar el planteamiento de la excepción por parte del contrincante.
Delito dependiente de instancia privada, denuncia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N. N. c/  s/ Privación ilegítima de la libertad, abuso sexual y coacción s/ Casación sexual y coacción s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-04-07

"En cuanto a la supuesta vulneración del artículo 72 del código de fondo, cabe puntualizar que la declaración testimonial, prestada por la denunciante ante la misma autoridad prevencional, resulta totalmente complementaria de la noticia criminis en tanto denota la inequivoca voluntad de que los hechos fuesen investigados.

Téngase en cuenta además el estado de conmoción psicológica por el que atravesaba la víctima lo cual explica la simplicidad de su primera declaración y su posterior complementación dando mayores detalles de lo sufrido. Debe tenerse en cuenta que la denuncia en los delitos de acción dependiente de instancia privada no requiere la observancia de solemnidades formales o ritualismos específicos; lo único que exige es una manifestación de voluntad, cualquiera sea su forma, enderezada a poner en movimiento la acción penal, que evidencie el propósito de remover el obstáculo que impedirá la investigación del delito.

En esencia basta el anoticiamiento del hecho ante la autoridad encargada de la investigación del delito. Analizando el contexto procesal actuado en la causa sería un total despropósito negar que la denunciante tuvo la voluntad indubitada y expresa de que los hechos sufridos dejasen de ser investigados. Esto lleva al rechazo del agravio sustentado en una falta o deficiente promoción de la acción".
Justicia municipal de faltas, revisión judicial, responsabilidad de las personas jurídicas, aplicación de la ley, interpretación sistemática
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L. 213 c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Justicia de Faltas Justicia de Faltas
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-07

La cuestión de la responsabilidad de las empresas por las faltas de sus dependientes ha sido ampliamente debatida, así el máximo tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha expresado: "...

La Ciudad de Buenos Aires - aún antes de la reforma de 1994 - poseía autonomía legislativa en materia de faltas locales, lo que significa la posibilidad de seguir una política distinta en la materia, lo que hizo, manteniendo -antes y después de la reforma aludida- el principio de responsabilidad de las personas jurídicas por las faltas de sus dependientes." y continua diciendo "... el orden jurídico de la Ciudad de Buenos Aires siempre atribuyó responsabilidad a las personas jurídicas por las faltas de sus agentes y lo hizo dentro del ámbito de su competencia legislativa, tanto antes como ahora."(TSJBA, causa SAO 61/99 "Transporte 22 de Setiembre S.A.C. s/ recurso de queja", de la ampliación de fundamentos de los Dres. Maier y Ruiz.)- Con respecto a la aplicación de la ley más benigna, motivo de agravio, el Tribunal Superior ha dicho en Causa SAO 61/99 caratulada "Transporte 22 de Setiembre S.A.C. s/ recurso de queja:", "... es verdad que a partir de la reforma constitucional de 1994 este principio ha cambiado su status normativo por la incorporación de convenciones internacionales de derechos humanos a la Constitución Nacional ( art. 75 inc. 22), lo cierto es que:

a) estos instrumentos sólo están pensados para la materia penal, nunca para las faltas administrativas y menos aún para los casos de multa a personas jurídicas por los hechos de sus dependientes....".
Impuesto a las actividades lucrativas, hecho imponible, tributos
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LTDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 242-81 COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA "LAS PAREJAS" LTDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 142-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-12-12|1986-04-08

La Constitución Provincial sólo impone una política de promoción tributaria a las cooperativas en los casos que establece, siendo facultativo del legislador disponerla en otros supuestos. Por ello, éste, que no quiso promover el cooperativismo en general pues incluyó a la actividad cooperativa como hecho imponible, bien pudo valerse de la exención impositiva para beneficiar a la actividad agropecuaria no sólo en los precisos casos en que el artículo 28 párrafo 5to de la Constitución Provincial lo impone, sino extendiéndola a las actividades que, previstas como fines sociales, coadyuven al desarrollo y perfeccionamiento de la actividad agropecuaria propiamente dicha, como son las orientadas a la "formación, desarrollo y estabilidad de la población rural por... el mejoramiento del nivel de vida de los pobladores", o "la provisión de elementos necesarios" para "el adelanto tecnológico" de dicha actividad también merecedores de protección constitucional (artículo 28 párrafo 2 y 4).
Sentencia arbitraria, deserción del recurso, obras sociales, Programa Médico Obligatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: D. B, A. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-12

Si la obra social demandada explicitó la normativa aplicable y sostuvo que ni por sus propias normas ni por las aplicables al Programa Médico Obligatorio resultaba admisible el planteo de la amparista, corresponde descalificar por arbitrario el fallo que declaró desierta la apelación pese a que contaba con argumentaciones fundadas que proporcionaban adecuado sustento a la pretensión recursiva y que, por lo mismo, debieron ser adecuadamente tratadas.

-Los jueces Highton de Nolasco y Rosatti, en disidencia, consideraron que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280 CPCCN)-.
Validez del acto administrativo, facultades de la administración, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia del Chubut c/ P. O. & G. S.A. y Otra s/ Acción de Lesividad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-07-05

El principio de legalidad se expresa en la atribución a la Administración de potestades; la legalidad otorga facultades de actuación definiendo sus límites: apodera, habilita. Y sin la potestad otorgada le está vedada toda acción. Pero existe una distinción capital en la forma en que la potestad -la atribución- se realiza. La ley puede determinar agotadoramente, todas y cada una de las condiciones de ejercicio de la potestad (lo cual es prácticamente imposible). O bien, otorgarla, establecer algunas condiciones, y dejar librado a la estimación subjetiva administrativa el resto de dichas condiciones, o la integración de los supuestos de hecho. Esta distinción no es otra que la que se da entre potestades regladas y discrecionales.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, concurso preventivo, jueces
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COMPLEJO TURISTICO PIEDRAS BLANCAS SRL s/ CONCURSO PREVENTIVO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 172-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-09-25

El agravio del quejoso -exceso ritual y violación del principio de igualdad, al haberse rechazado "in limine" el pedido de concurso preventivo por falta de acompañamiento de balances u otros estados contables, cuando ese requisito no es imprescindible-, carece de consistencia para sostener la queja interpuesta, si de la simple lectura de la resolución impugnada surge que el recurrente parcializa la cuestión, pues la letra del decisorio permite colegir que los juzgadores evaluaron, en ejercicio de funciones propias, y en especial, de las facultades instructorias otorgadas por el régimen concursal, "...la falta de aptitud funcional de la que actualmente es capaz la empresa...; y la falta de elementos de juicio que permitan concluir, con certeza, que el mantenimiento de la sociedad presentante en el circuito comercial representa una suerte de generación de bienes y de trabajo con sus efectos beneficiosos mediatos e inmediatos en la economía general.
Caducidad de instancia, sentencia definitiva, gravamen irreparable
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Gabriele, María Soledad c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto res. médica) s/recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-19

Si bien la declaración de caducidad de instancia no constituye técnicamente una "sentencia definitiva", la recurrente ha descripto adecuadamente el gravamen de imposible reparación ulterior que tornaría equiparable a definitiva a la decisión atacada pues, de tornarse firme la caducidad de instancia decretada en autos, la actora se vería imposibilitada de iniciar una nueva acción para reclamar los daños y perjuicios invocados, pues se encontraría cumplido el plazo de prescripción bienal previsto por el art. 4037 Cód. Civ. para la responsabilidad civil extracontractual. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces Luis F. Lozano y José O. Casás).
Contrato de suministros, ejecución del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Masalle, Juan José c/ Municipalidad de Ensenada s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-04-05

Corresponde el rechazo de la oposición formal deducida por la demandada, si el trámite impreso al procedimiento de cobro de un contrato de suministro, no evidenció una conducta diligente y eficaz de la Administración municipal encaminada a la emisión de una resolución expresa en los plazos fijados por el ordenamiento jurídico.(del voto del doctor Pettigiani)
Seguro de responsabilidad civil, responsabilidad del asegurador, denuncia del siniestro
Materia: CIVIL
Carátula: Riquelme Sandra Mariela c/ Sucesores de Alfonso Torralbo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2004-03-06

Tratándose de seguros por daños a terceros, a los fines de la responsabilidad de la aseguradora frente la victima, resulta indiferente si el tomador denuncio o no el siniestro.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cutillas, Gaspar c/ Clemente, Nelson Omar s/ Daños y perjuicios Diez, Carlos Valentín c/ Fernández de Bertora, Celia s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08|1993-06-08

En materia de apreciación de prueba y determinación de los hechos, los jueces de las instancias ordinarias ejercen facultades privativas que no admiten controversia en casación, salvo el supuesto excepcional de absurdo, es decir cuando ha existido un desvío notorio o patente de las leyes de la lógica, una grosera desinterpretación de alguna prueba, un error palmario y fundamental que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento.
Ejecución de sentencia, Estado Provincial, embargo, educación
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Kolomiejec, Carlos Enrique. s/ Ejecución de sentencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-02-29

Librado el mandamiento de pago, embargo y citación de venta y no habiendo el Consejo General de Educación expresado al tribunal que los bienes denunciados a embargo se encuentra afectados a la aducación o con un destino asignado a esos fines(conforme el art. 46 de la Constitución Provincial), corresponde trabar embargo sobre ellos, de manera provisoria, debiéndose intimar al Consejo para que en el término de cinco (5) días de recibido el oficio, manifieste expresamente si los bienes embargados están o no afectados en los términos del artículo de la constitución citado, carga procesal que se impone a la ejecutada, pues es ella quien cuenta con los elementos o recursos necesarios para demostrar si los bienes embargados se encuentran destinados a la educación por poseer las documentales que así lo acredite.-
Dirigente gremial, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: VILLAR ANDRES MARIA Y OTROS c/ INTEMEC S.A. s/ CUESTIONES NO ALEGADAS-DIRIGENTE GREMIAL-ANTIGUEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1990-02-09

Si al plantear la demanda no se invocó que los actores fueron contratados para prestar servicios en una obra que estuvo paralizada en su construcción y reactivada posteriormente por lo que los actores no pudieron tener a la fecha del acto eleccionario, la antiguedad de un año -hecho no alegado-, no puede considerárselo en este recurso ya que hacerlo implicaría violar el principio de congruencia.
Etapa probatoria, prueba, prueba pericial, pericia médica
Materia: PROCESAL
Carátula: ASIS   FRANCISCO  ANTONIO c/ ZABALZA  HUGO  DAVID  y  otros s/ responsabilidad médica.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-11

En cuanto al replanteo de la prueba pericial médica peticionada, que de acuerdo con lo previsto por los arts. 379 y 385 del Código Procesal, a los que remite el art. 260 del mismo cuerpo legal, el replanteo de pruebas en la alzada, y su consiguiente producción, sólo es admisible en los casos de probanzas incorrectamente denegadas o de negligencia o caducidades mal decretadas (conf. esta Sala, causas 21.958/95 del 19-4-01; 2060/97 del 9-9-99; 4414/98 del 10-10-98 y 6817/91 del 18-6-98, entre otras; Sala I, causas 2215 del 26-6-87; 5161 del 6-4-95; 9472 del 4-7-96 y 950/92 del 28-4-98, entre otras). Ello sentado, cabe señalar que ninguno de los supuestos La realización de un nuevo peritaje -que fuera requerido por la actora- es una prerrogativa a la cual puede acudir el juez de considerarlo necesario. En cambio, la argumentación ensayada por el accionante en apoyo de su pretensión exterioriza sus discrepancias con las conclusiones a las que se arribó en el dictamen, y enuncia las otras pruebas arrimadas que -a su juicio- lo desvirtuarían, las cuales no resultan idóneas, por sí solas para sustentar el replanteo impetrado. En efecto, estas críticas apuntan más a la evaluación a la que se refiere el art. 477 del código de rito, que a la necesidad de que la prueba se reitere.