marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Duración de la instrucción, prórroga de la instrucción, plazo perentorio
Materia: PENAL
Carátula: ROCCA, O.V. s/ SUMARIO - DURACION - QUEJA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-08-22

I.- Es indudable el derecho del imputado a obtener con la celeridad del caso la sentencia que defina su situación en el proceso, mas de ello no se sigue que una demora en el órgano deba asumir, al margen de la ley sustantiva, significación extintiva respecto de la persecución.

II.- Los arts. 442 y 699 C.P.C. no instituyen términos perentorios, toda vez que, la perentoriedad debe resultar expresamente de la ley;

trátase en uno y otro caso de plazos a los que la doctrina ha caracterizado como meramente ordenatorios o conminatorios cuya singularidad estriba en su virtual prorrogabilidad.

III.- La propia legislación procesal penal indica claramente la legítima posibilidad de que los sumarios criminales duren más de un mes sin que quepa sanción alguna para el juez instructor salvo, claro está, los supuestos previstos por el art. C.P.C.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: GOPP c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal y otro s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-13

Hay falta de legitimación para obrar cuando el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el proceso (Palacio, "La excepción de falta manifiesta de legitimación para obrar", Revista Arg. de Derecho Procesal, 1968, N° 1 pág. 78 cit. en Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. II, pág. 210).
Queja por apelación denegada, monto de la demanda, pesificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: SFORZIN,  ANTONIO  JUAN c/ SORIA,  SELVA GLADYS s/ EJECUTIVO S/QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-27

Resulta improcedente fundamentar la denegación de una apelación en la insuficiencia de la cuantía del capital de u$s 2000 reclamado en la demanda (C.P.C.C. art 242) cuando, -como en el caso-, preexiste el cuestionamiento sobre la equivalencia entre el valor de un peso y de un dólar estadounidenses, y el reclamo de la cotización real de la divisa en el mercado cambiario (u$s 2000 equivalente a $ 7160, según manifestación vertida). De modo pues, que dicho planteo vedó el empleo de la norma adjetiva mentada para negar la segunda instancia, pues la aplicación de esa regla supone "pesificar" 1 a 1, que es lo objetado por el ejecutante.

(en la especie, se hizo lugar a la queja deducida por el ejecutante).
Medidas cautelares, bloqueo de sitios de Internet
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: G. P., Y. Y. c/ Google Inc. y Otro s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-20

El peticionario de la medida cautelar tiene el deber de individualizar las direcciones de los sitios cuyo acceso a través del buscador pretende bloquear, entendiendo que la solución contraria tiene por consecuencia que el alcance de la medida cautelar dificulte su eficaz cumplimiento y sea susceptible de afectar los derechos de terceros.
Reconocimiento en rueda de personas, prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Robo calificado reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-04

Si bien desde el punto de vista literal la declaración del testigo se supone previa al reconocimiento del procesado en rueda de personas( arts. 130 y 131, del C.P.P.), del sistema legal no resulta que la inversión temporal deba sancionarse con la caída del reconocimiento (art. 248 C.P.P.).
Honorarios, regulación de honorarios, embargo, ejecución de sentencia, Estado Provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Dresdner   Forfaitierungs   Aktiengesellschaft c/ San  Luis,Provincia  de s/ cobro de sumas de dinero -incidente de ejecuciónde honorarios Dres. Cangueiro y Ferrari- IN8.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Si a pesar del tiempo transcurrido desde el dictado del pronunciamiento que reguló los honorarios que se ejecutan, la demandada no denunció haber realizado la previsión presupuestaria correspondiente, y teniendo en cuenta que el embargo constituye un trámite procesal insoslayable del procedimiento de ejecución de sentencia (art. 502 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y que lo dispuesto en el art. 1° de la ley 25.973 no significa una suerte de autorización al Estado provincial para no cumplir las sentencias judiciales, pues ello importaría colocarlo fuera del orden jurídico, corresponde desestimar el pedido de levantamiento de embargo y llevar adelante la ejecución.
Tratados internacionales, menores, bien jurídico protegido, deberes y facultades del juez, Derechos humanos
Materia: CIVIL
Carátula: MORENO SERGIO ANDRES E IVANA SOLEDAD BONDI s/ GUARDA JUDICIAL CON FINES DE ADOPCION-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-03-05

Las opiniones consultivas emanadas de la C.I.D.H., recomiendan especialmente que si bien la carencia de recursos materiales no puede ser el único fundamento de la decisión judicial o administrativa que autorice la separación del niño o niña de su familia biológica, se debe cuidar que en la adopción de las medidas que promueven la protección de éstos, en definitiva los vulnere, por lo que se debe considerar el consentimiento del niño y de su grupo familiar debiéndose evitar las intervenciones ilegítimas del Estado, a fin de que se prevean prestaciones positivas que le permitan disfrutar efectivamente sus derechos.
Acuerdo del fiscal, flagrancia, Ministerio Público Fiscal, recurso de casación penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C/ BERENGUER Juan Eduardo c/  s/ Infracción a los Arts. 205 y 239 en el marco del Decreto 297/2020, en Perjuicio de la Salud Pública s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2020-09-28

No resulta legítimo, por carecer además de todo sustento legal, que el Ministerio Público Fiscal pueda negarse a acordar la suspensión del juicio a prueba sin expresar las razones de su desaprobación, y que ello obligue a una decisión negativa del magistrado (.) para que la oposición del fiscal sea vinculante en el proceso de flagrancia debe ser necesariamente fundada (cfr. artículo 76 bis, cuarto párrafo, del CP y Doctrina Plenaria de la Corte, según Fallo "Molini", año 2.010, folio 45) (.) la posibilidad de acordar medidas alternativas deberá ser siempre motivada y fundadamente, siendo la jurisdicción garante de la legalidad del procedimiento
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MAIDANA ANIBAL CELESTINO c/ PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ SUMARIO POR COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-28

Cuando el actor ha tenido razones fundadas para litigar, aunque haya omitido formular adecuadamente su reclamo, no corresponde aplicar con rigidez el principio objetivo del vencimiento emergente del artículo 65 del Código Procesal Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, derivación no razonada del derecho vigente, Derecho contravencional y de faltas, revisión judicial, prescripción, prescripción de la pena, Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: PAOLICELLI, PABLO DAMIAN OSCAR c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-09-13

Corresponde declarar procedente el recurso interpuesto toda vez que, habiendo sanción, la prescripción de la acción no pudo haber operado y tampoco pudo prescribir la pena, atento que dicha sanción administrativa no ha quedado firme al ser recurrida por la vía prevista en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, si bien es cierto que la prescripción de la pena se computa desde el dictado de la sentencia definitiva, también lo es que tal definitividad no puede sino ser entendida -al menos en supuestos como el de autos- en términos de firmeza, pues entender lo contrario implicaría tanto como poner en cabeza del Poder Judicial no sólo el impulso de un proceso en el que se ejerce una jurisdicción meramente revisora, sino las responsabilidades propias de los supuestos en los que el juez (judicial) titulariza potestad sancionatoria, lo que resulta por completo extraño al caso en el que tal potestad es de indudable titularidad de la Administración Pública. (Del voto del Dr. Lisa. En disidencia: Dres. Erbetta, Gastaldi y Netri)
Beneficios previsionales, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asua de Irigaray, María Inés c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-29

La protección que la Constitución acuerda a los derechos adquiridos implica que, si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todas las condiciones sustanciales y los requerimientos formales previstos por la ley para ser titular de un derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido, de manera que la situación jurídica creada por la ley se transforma en una situación concreta e individual en cabeza del sujeto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, seguros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Andraiz, Elba Elisa c/ Federación Patronal C.S.L. s/ Cumplimiento contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

La interpretación del sentido, alcance y consecuencias jurídicas de las cláusulas del contrato de seguro constituye materia propia de las instancias ordinarias y son temas ajenos al ámbito de la casación, salvo que se demuestre acabadamente que se ha incurrido en absurdo.
Quiebra, extensión de la quiebra, terceros, responsabilidad civil
Materia: COMERCIAL
Carátula: DEFER SOCIEDAD ANONIMA s/ QUIEBRA. INCIDENTE DE EXTENSIÓN DE QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-13

El presupuesto fáctico de la acción de responsabilidad esta constituido por una conducta dolosa que produzca o facilite, permita o agrave el estado de impotencia patrimonial; mientras que la extensión del estado concursal surge de la realización de actos en interés personal y la disposición de bienes como propios en perjuicio de los acreedores y bajo la apariencia de la actuación societaria (ley de concursos: 165 y 166). Síguese de ello que la extensión falencial tiende a sancionar el aprovechamiento de las formas societarias mediante su utilización antifuncional en tanto que la acción de responsabilidad procura reparar los perjuicios ocasionados por la conducta dolosa de los administradores aún cuando no se configure un uso abusivo de las formas societarias.

La existencia de una sentencia estimatoria por responsabilidad (ley de concursos: 166) no conlleva per se a la extensión falencial de los condenados pues los presupuestos de ambas acciones no guardan necesaria identidad.
Expropiación, indemnización expropiatoria, avenimiento (administrativo)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: POLO, FERNANDO FRANCISCO c/ PROVINCIA DE FORMOSA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-08-27

Surge claro que el artículo16 de la Ley provincial 490 que habilita el 10% automático del precio de los inmuebles expropiados está dado para favorecer la etapa de Avenimiento expropiatorio extrajudicial, pero no habilita a su aplicación automática en sede judicial cuando los daños no están probados.

Es así que si el expropiado consideraba que la suma acordada no era suficiente debía rechazar el avenimiento e iniciar la acción judicial para determinar el precio, y/o en su caso peticionar y acreditar los daños que indica el art. 11 de la ley de expropiación, situación ausente en el sub lite.
Encargados de casas de renta, despido sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: DE ANGELIS, MARIO SIMONE c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE LA CALLE AMENABAR 2051 s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-26

El despido incausado y su comunicación durante el 'período de prueba' (artículo 6 de la ley 12981) no está sujeto a forma alguna, pero incumbe al empleador la carga de probar que ese despido, acto ciertamente recepticio, ha llegado a conocimiento del trabajador antes del vencimiento del plazo de sesenta días contado desde la iniciación de la relación de trabajo (conforme 'Encargados y ayudantes de casas de departamentos' en Tratado de Derecho del Trabajo dirigido por Vázquez Vialard).
Recurso de queja (procesal), depósito, persona jurídica pública no estatal
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado", en: "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277, CCAyT) recurso de inconstitucionalidad denegado", en: "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277, CCAyT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-19

La expresión utilizada en el art. 16 de la ley 472 en cuanto exime de "todo impuesto" a los actos y contratos de la O.S.B.A. en esta jurisdicción -fundamento de la exención al pago del depósito pretendida por la actora-, debe ser interpretada con un alcance amplio, comprensivo del depósito judicial previsto como recaudo de admisibilidad de los recursos de queja planteados ante este Tribunal.
Velocidad reglamentaria, velocidad precautoria
Materia: CIVIL
Carátula: C., E.Al c/ M., R.G. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-13

La velocidad apropiada que debe llevar un vehículo no es siempre aquella establecida en los códigos sino la que, en disímiles condiciones nos permite maniobrar con eficacia y mantener el control del vehículo.
Simple damnificado, medidas cautelares
Materia: PENAL
Carátula: Fistanich, Mónica del Luján s/ Les. culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

Es presupuesto sine qua non para la procedencia del embargo previsto en el inc. 2 del art. 87 C.P.P., el decreto de detención del imputado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, pericia mecánica, apreciación del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ODI, GLADYS BEATRIZ c/ GONZALEZ, HUGO ALEJANDRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-09-14

La crítica sobre la valoración de la pericial mecánica -tal como fueron expuestos en el memorial del recurso de inconstitucionalidad- sólo revelan la disconformidad de los comparecientes con los fundamentos vertidos por la Alzada al emitir su pronunciamiento, en tanto se advierte que toda la argumentación desarrollada, pese al matiz constitucional que se le pretende otorgar, se limita a reiterar agravios sobre cuestiones que podrán no conformarlos pero en la medida que no se verifique la concurrencia de un apartamiento del sistema constitucional no pueden ser descalificadas como actos jurisdiccionales. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Netri y Erbetta y la Dra. Gastaldi)
Despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Isoardi, Analía Verónica  c/ Zara Argentina S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-27

Para una válida ruptura del vínculo laboral es requisito necesario que la intimación previa contenga la afirmación de hechos (u omisiones) que configuren incumplimientos, y el apercibimiento bajo el cual se efectúa el emplazamiento. Esta obligación incumbe tanto al trabajador como al empleador, pues deben conocer cuál es la determinación que adoptará el uno o el otro, en el marco del deber genérico de obrar de buena fe. La denuncia de la relación de trabajo está sujeta a formas específicas cuando se invoca una causa justa. El art. 243 de la LCT así lo dispone al ordenar que la misma debe realizarse por escrito y con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda - esto es, la "injuria" en el concepto del art. 242-. El incumplimiento claramente expuesto por el denunciante, generará o excluirá el derecho del trabajador a ser indemnizado y no puede alterarse. Ello así, pues no basta para exorbitar el sistema marcadamente formal del art. 243, la aparente intención del denunciante, en el caso del trabajador, de extinguir la relación, por incumplimiento del denunciado.
Jurisprudencia aplicable, recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, inhabilidad de título, excepción de pago, CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Caja Complementaria de Prev. para la Actividad Docente c/ Universidad de Buenos Aires s/ ejecución ley 22804 y concordantes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-24

Conforme reiterada jurisprudencia del Tribunal, el recurso ordinario de apelación en tercera instancia solo procede respecto de una sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación directa o indirectamente reviste el carácter de parte y siempre que se demuestre que "el valor disputado en último término" o "monto del agravio" -sin sus accesorios- excede el mínimo legal a la fecha de su interposición, conforme los términos del artículo 24, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de la Corte Suprema.
Suspensión del juicio a prueba, acusación fiscal, vista al fiscal, falta de vista al fiscal, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Dadin, Oscar G. y otros s/ Cohecho y defraudación. Causa 25982
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-15

Si el Ministerio Público Fiscal formuló acusación cuando aún no había sido sancionada la ley 24316 que incorpora al instituto de la "probation" es nulo el fallo dictado sin la vista previa al Fiscal prevista por el art. 76 bis, párrafo 4 del Código Penal requerida expresamente por la defensa.
Recurso de casación, actor civil, oposición a la participación, improcedencia del recurso
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Racca, Sergio Miguel s/ Homicidio Culposo- Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-08-18

El casacionista, apoderado especial del civilmente responsable, en la etapa del juicio, planteó ante el Tribunal de mérito su oposición a la participación del actor civil por entender que éste en presentación constitutiva acaecida en la etapa instructoria omitió demandar -en el sentido de concreción definitiva de su pretensión reparatoria-, lo que recién materializó en el período de citación a juicio.

Esta queja que fue resuelta desfavorablemente por el a quo en la sentencia es en esencia su reclamo en esta sede casatoria.

En nuestro sistema instrumental, si la instancia constitutiva del titular de la acción civil ha sido proveída en el período instructorio, el citado en esa etapa procesal como civilmente responsable, debe oponerse en el término perentorio de tres días a contar desde su notificación o presentación o de seis días si es citado o interviene con posterioridad (C.P.P. art. 85).

Como en el subexamen, la constitución del actor civil y la citación y presentación del civilmente responsable operaron ante el Juez de Instrucción, es claro que la oposición de este último realizada con posterioridad al plazo impuesto por el art. 81 del C.P.P., ya en la etapa de juicio deviene extemporánea.

Podemos decir que la constitución del instante ya había adquirido firmeza y por contrapartida su derecho a oponerse ya había caducado.
Prueba testimonial, testigos, abstención de declarar, parentesco
Materia: PENAL
Carátula: O.M.A. p.s.a. s/ violación calificada, etc. - Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-06-20

1- El fundamento constitucional del art. 40 de la Const. Provincial, que establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes más próximos, defiende la solidaridad o cohesión familiar del grupo. Por ello, cuando uno de sus miembros la destruye no parece que opere dicha cláusula, pues cuando la víctima es el hijo o el nieto parece absurdo pretender seguir protegiendo el núcleo familiar.

Sin embargo, cuando pudiere entenderse que aún en aquellos casos la cohesión familiar se mantiene, si quienes prestan declaración son los denunciantes, tal condición resulta incompatible con la facultad de abstención, pues el denunciante no testifica sino que imputa, y su declaración en el proceso ingresa como unidad, por lo que no puede abstenerse con posterioridad pues ya renunció oportunamente a aquel privilegio. Por consiguiente, no debe hacérsele conocer un derecho que ya no tiene.

2- En relación con las declaraciones prestadas por el menor ofendido por el delito pariente próximo del imputado y su facultad de abstención, resulta evidente que quien no tiene capacidad para formular una denuncia, por idénticos fundamentos, tampoco cuenta con aptitud como para poder ponderar correctamente la conveniencia en la realización o abstención de un acto jurídico, así como la significación valorativa relacionada con la cohesión familiar. Tal decisión, deberá llevarse a cabo a través de sus representantes legales quienes ejercen los derechos y facultades que legalmente les competen.

3- Habiendo denunciado la madre de la víctima los hechos objeto del proceso cometidos por el esposo en perjuicio de su hijo menor de edad, y expresado su voluntad concreta de salvar el obstáculo de procedibilidad de la acción en su carácter de representante legal de la víctima, no resultan vulneratorias de las garantías constitucionales y legales denunciadas (Const. Prov., 40; CPP, 227, 3er. párrafo), las exposiciones prestadas por una víctima de entre once y doce años de edad, sin hábersele hecho conocer la facultad de abstenerse impuesta bajo pena de nulidad, en virtud de su falta de competencia o capacidad para ejercer dicha facultad.
Enfermedad accidente, incapacidad permanente, junta médica, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez, Emiliano Gaspar c/ Dirección Provincial de Vialidad s/ Indemnización por enfermedad-accidente Vialidad s/ Indemnización por enfermedad-accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-02-23

Se tuvo por probado que el actor, durante los años 1985 y 1986 padecía las enfermedades invocadas en la demanda, pero no existe constancia alguna de que el reclamante haya conocido que eran invalidantes ni que le generaban una incapacidad permanente antes de la junta médica efectuada ante la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia el día 7 de setiembre de 1990. En consecuencia, la acción debe regirse por la ley vigente a esa fecha y en virtud de que la ley 23643 comenzó a regir el día 16 de noviembre de 1988 y la ley 24028 el día 26 de diciembre de 1991, las normas allí insertas en la ley 23643 regirán el análisis de la presente acción.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, tasas de interés, tasa promedio de caja de ahorro, capitalización de intereses, ley de consolidación de la deuda pública
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANATORIO COLEGIALES SA. c/ OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-05

A pesar de que las partes hayan pactado en su oportunidad la tasa de interés aplicable, por tratarse de un supuesto alcanzado por la ley 23.982, corresponde aplicar a las obligaciones consolidadas, un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina capitalizable mensualmente, conforme lo previsto en el art. 6 de la citada ley.