Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-24


Buenos Aires, noviembre 24 de 2005.

La doctora Gramajo dijo:

I. Que a fs. 31/59vta. se interpone recurso por denegatoria tácita de una solicitud de repetición del impuesto a las ganancias por el período fiscal 1999, por un monto de $1.635.638,03, con más los respectivos intereses hasta el momento de su efectivo pago, cuya devolución fuera solicitada al organismo fiscal con fecha 29 de diciembre de 2000, atento tratarse de sumas ingresadas en forma voluntaria, cumpliendo así con el requisito de reclamo administrativo previo.

Explica que transcurridos más de 15 meses de aquella presentación sin que el ente fiscal se haya pronunciado, la vía ante este Tribunal se encuentra habilitada atento lo normado por el segundo párrafo del art. 81 de la ley de Procedimientos Fiscales.

En el relato de hechos señala que en el año 1993 y con motivo de lo dispuesto por el Título VI de la ley 24.073, la sociedad se presentó ante las autoridades fiscales para requerir la conversión a crédito fiscal del monto de sus quebrantos acumulados que tuvieran su origen en ejercicios cerrados hasta el 31 de marzo de 1991 y que no hubieran sido utilizados hasta el 31 de marzo de 1992. Agrega que luego de efectuar un conjunto de actividades de verificación y fiscalización, los funcionarios a cargo de la dependencia respectiva, reconocieron la existencia del quebranto aludido, conformándolo con fecha 7 de julio de 1998. El monto del quebranto reconocido -proveniente del ejercicio fiscal 1989- ascendía a la suma de $23.366.257,59.

Manifiesta que, como consecuencia de las modificaciones impuestas al régimen de reconocimiento por la ley 24.463, se requería además, acreditar que el contribuyente al que se le hubiere reconocido el quebranto, haya dispuesto de utilidades impositivas con las que dicho quebranto hubiera resultado compensable, ello a efectos de "convertir" el quebranto "conformado", en un crédito fiscal pagadero en Bonos de Consolidación. Ello motivó nuevas actuaciones de los funcionarios fiscales para corroborar el cumplimiento de tales requisitos. En el marco de dichas actuaciones los funcionarios fiscales pudieron corroborar que la empresa registró utilidades impositivas netas por los ejercicios fiscales 1992 y 1994, ganancias éstas que hubieran sido susceptibles de compensarse con el quebranto proveniente del ejercicio 1989. Ante ello, con fecha 1/12/99 el Departamento Devoluciones, dispuso mediante dos resoluciones individuales, conformar con carácter de deuda del Estado Nacional en los términos del art. 33 de la ley 24.073, la suma de $2.489.866,42 correspondientes a la compensación del quebranto con las utilidades del ejercicio 1992 y $2.174.385,10 correspondientes a la compensación del quebranto reconocido con las ganancias netas del ejercicio 1994, hasta el agotamiento de dicho quebranto, surgiendo de ello que el monto del quebranto reconocido en diciembre de 1999 ascendió a la suma de $4.673.251,52.

Agrega que con fecha 8/5/00 la sociedad había presentado la declaración jurada original correspondiente al período 1999 que arrojó un impuesto determinado de $37.197.914,82 y que precisamente en dicho ejercicio se produjo el reconocimiento formal del crédito fiscal proveniente de la conversión de los quebrantos, motivo por el cual el reconocimiento del crédito fiscal en cuestión, no se encuentra gravado en el impuesto a las ganancias, porque se trata de una suerte de devolución o reintegro no deducible en el gravamen en cuestión.

Señala que frente a la posición fiscal plasmada en el Dictamen 57/97 (DAT), la sociedad decidió incorporar como concepto gravado el monto del crédito fiscal reconocido (imputándolo al ejercicio fiscal 1999) e ingresar el impuesto respectivo sin que ello implicara consentir el infundado criterio fiscal de considerar renta gravada a las sumas en cuestión, sino tan solo la decisión del empresario prudente que, conociendo el criterio fiscal adverso a su postura, opta por ingresar el gravamen discutido para luego interponer una acción de repetición. Agrega que la posición sostenida por su parte se ha visto convalidada por jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal, como así también del propio organismo fiscal que reconoció en Actuaciones Nº 794/98, 794/98-A y 794/98-B de fecha 8/9/00, que en casos en los que los contribuyentes hubieran contado con ganancias susceptibles de compensar los quebrantos reconocidos en Bonos, no nos encontramos frente a un reconocimiento alcanzado por el impuesto, sino ante una restitución parcial del mayor impuesto a las ganancias que se debió soportar a consecuencia de la restricción al cómputo de los quebrantos, situación que no importa la existencia de ganancia gravada alguna, no obstante ello, las autoridades fiscales han optado por permanecer en silencio frente al justo reclamo de IBM Argentina S.A.

Continuando con el relato de hechos expresa que con fecha 7/6/00, la empresa procedió a rectificar la declaración jurada de ganancias por una razón de índole estrictamente formal, a fin de reimputar ciertos conceptos, sin que ello alterara la renta imponible total declarada ni el impuesto resultante, ni su forma de cancelación o ingreso, incluyendo como renta gravada un monto total de $4.673.251,52, que se corresponde con el valor nominal de los títulos reconocidos. Posteriormente la empresa procedió a rectificar esa declaración jurada del período 1999, eliminando la renta gravada relativa al reconocimiento de títulos del Estado, considerando el valor nominal de Bonos de Consolidación reconocidos, cuya recepción aún se encuentra pendiente. Sobre tales pautas el monto del ingreso exento asciende a la suma de $4.673.251,52, lo que ocasionó -frente al monto determinado en la declaración jurada original del gravamen- un ingreso en exceso de $1.635.638,03, monto cuya repetición se persigue en los presentes autos.

Sintetizando lo expresado en el relato de hechos, indica que la cuestión en debate en la presente causa, versa sobre la gravabilidad en el impuesto a las ganancias, de las sumas entregadas por el Estado Nacional en Bonos de Consolidación, a consecuencia del régimen de conversión de quebrantos impositivos en títulos de deuda, régimen que fuera establecido por la ley 24.073.

A continuación realiza una minuciosa descripción del mecanismo de compensación de quebrantos establecido por la ley del impuesto a las ganancias, así como de los alcances y consecuencias que sobre dicho mecanismo, establecieron las disposiciones del régimen de conversión a Bonos de Consolidación, ley 24.073 y su complementaria 24.463, régimen del que emerge el crédito cuyo tratamiento fiscal se encuentra en discusión.

Expresa que el Título VI de la ley 24.073 (arts. 31, primer párrafo, 32 y 33) estableció que todos los quebrantos a que se refiere el art. 19 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y modificaciones) que a la fecha de vigencia de dicha ley no resultaran compensables o no hubieran sido ya compensados con ganancias de ejercicios siguientes, cerrados hasta el 31 de marzo de 1992, serían transformados en créditos fiscales, para lo cual se actualizarían los montos hasta el 31 de marzo de 1991 y el 20% de dicho importe constituiría el monto del crédito fiscal, al que se consideraría deuda del Estado Nacional, que sería abonada mediante la entrega de Bonos de Cancelación de deudas en pesos -ley 23.982-. Agrega que la ley 24.463 modificó el art. 33 de la ley 24.073, aclarando que los créditos fiscales se considerarían deudas del Estado Nacional, a partir del ejercicio que hubieran correspondido su deducción de ganancias sujetas a impuesto y hasta el importe imputable a cada ejercicio y sus disposiciones no serían de aplicación a los contribuyentes que, al tiempo de sancionarse la ley -8/3/95-, ya hubiesen recibido los Bonos de Consolidación en el marco de los arts. 31 a 33 de la ley 24.073.

Así, dice, el mecanismo de compensación del art. 19 se mantuvo, es más era requisito -acreditar la posibilidad de compensación- para generar la conversión del quebranto en bonos. En síntesis, afirma, el contribuyente por una ventanilla ingresaba al fisco el mayor impuesto a las ganancias generado a consecuencia de la no imputación de los quebrantos anteriores al 31/3/91 y por otra se presentaba a que le entregaran -en base a la existencia de esa ganancia sobre la que tuvo que pagar mayor impuesto- los bonos resultantes de la conversión del quebranto no imputado.

Señala que en el caso de la recurrente, al conformarse el crédito fiscal en cuestión con fecha 1/12/99, su situación resultó comprendida entre la de aquellos contribuyentes a los que aplicaron las disposiciones de la ley 24.463, al no haber tenido conformado el crédito antes del 8/3/95, fecha de sanción de la ley que adecuara el régimen de conversión (conforme último párrafo del art. 33 de la ley 24.073, tras la reforma de la ley 24.463).

Agrega que, la repetición intentada es procedente, porque la principal razón de este crédito -reintegro parcial de un gasto no deducible (el impuesto a las ganancias)- no puede constituir un ingreso gravado, porque de no ser así, se estaría pretendiendo gravar la restitución de un gasto que no fue deducido en el ejercicio en que había sido originalmente incurrido.

Analiza a continuación el fallo de la Excma. Corte Suprema de la Nación recaído en la causa "Banco de Mendoza c. DGI", de fecha 8/5/01, para concluir que tal precedente ha despejado las dudas existentes en cuanto a la naturaleza del régimen que nos ocupa, pues ha desechado la posibilidad que el crédito se configure por la mera existencia de los quebrantos o la mera realización de determinados actos formales, tales como presentarse ante el organismo fiscal para solicitar la conversión, obtener la conformidad en cuanto a la existencia del quebranto, etc.). Todos esos hechos o actos son irrelevantes si el contribuyente no acredita que registra (en la cantidad de ejercicios posteriores a la generación del quebranto que impone la ley), utilidades impositivas con las que hubiera podido compensar los quebrantos, y además señala que ese requisito, en sustancia, no deviene de la modificación al texto de la ley 24.073 que impusiera la ley 24.463, sino que incluso se encontraba insito en la primera de las normas señaladas, toda vez que dicho régimen remitía a los quebrantos a que refiere el art. 19 de la ley del impuesto.

Seguidamente, cita en apoyo de su postura la sentencia de este Tribunal recaída en la causa "Bagley S.A s/ recurso de apelación" y el nuevo criterio técnico de la DGI plasmado por la Dirección de Asesoría Técnica del organismo, en las Actuaciones Nº 794/98, 794/A y 794/B.

Finalmente plantea la necesidad de reconocer el crédito de IBM Argentina SA contemplando la desvalorización monetaria, con fundamento a que en atención a las actuales condiciones de nuestra economía, al momento de evaluar la necesidad de reparar a un acreedor producto de un ingreso sin causa, tal "reparación" resulte incompleta o directamente ilusoria.

Funda su petición en los fenómenos económicos y financieros acaecidos con motivo del abandono del régimen de convertibilidad de la moneda nacional que ha generado el inicio de un proceso inflacionario, que podría ocasionar que las sumas consignados en el reclamo administrativo de repetición, de prosperar la presente acción, se convirtieran en meramente simbólicas al término del proceso.

Refiriéndose a las modificaciones introducidas al Régimen de Convertibilidad (ley 23.298) por la ley de Emergencia Pública (25.661), sostiene que del juego armónico de las disposiciones contenidas en los arts. 7º y 8º de la ley original de convertibilidad, y lo subsistente de ello en el marco de aquella ley reformada, surge que, sin perjuicio de la persistencia de restricciones para el establecimiento contractual, o, eventualmente, legal de cláusulas de indexación o de reconocimiento de la inflación o variación de niveles generales de precios, ello no alcanza a la facultad judicial de establecer dicho resarcimiento en las sentencias, señalando que una interpretación contraria a tal criterio importará, además de una errónea evaluación del juego normativo indicado, un claro cercenamiento de las garantías constitucionales que asisten a las personas, pues no sólo vulnera el derecho de propiedad sino (y con especial gravedad) el de acceso a la justicia, pues si las sentencias se convierten en meras declaraciones formales que no pueden trascender o impactar en el mundo real, quedaría sin acudir a la justicia a solicitar amparo o protección frente a la vulneración de derechos o el cercenamiento patrimonial.

Opone también la inconstitucionalidad de las normas que pudieran restringir la actualización de las sumas en juicio cuando, la fría aplicación de dichas disposiciones tornara ilusorios los derechos en pugna, reconociendo que si bien este Tribunal carece de facultades para expedirse respecto del tema, plantea la cuestión para una eventual profundización posterior. Seguidamente, realiza un análisis de las normas de la ley de convertibilidad y de diversos precedentes jurisprudenciales que considera aplicables al caso, para concluir de ello en que -a su juicio- en la actualidad no rigen prohibiciones para que los magistrados establezcan la necesidad de recomponen el capital de los créditos en disputa, haciendo expresa reserva de solicitar la aplicación y/o adherir a cualquier régimen legal que en el futuro contemple la repotenciación de créditos y deudas.

Ofrece prueba y formula reserva del caso federal.

II. Que a fs. 70/74 contesta el traslado del recurso la representación fiscal.

Manifiesta que con fecha 29/12/00 la recurrente interpuso reclamo de repetición conforme a lo dispuesto por el art. 81 de la ley 11.683, a fin de obtener el reintegro de la suma de $1.635.638,03, con más los intereses correspondientes, en concepto de impuesto a las ganancias, período fiscal 1999. Indica que iniciado el procedimiento de verificación a efectos de verificar la situación fiscal respecto de la suma reclamada y en la que la solicitante debía probar los requisitos establecidos en la ley de rito, la empresa interpone ante este Tribunal el recurso objeto de la presente litis. En función de los elementos recabados en la fiscalización efectuada, adelanta que no procede acceder al reclamo tal como fuere interpuesto.

Afirma que atento a lo normado por el art. 81 de la ley procedimental, debe darse la concurrencia de dos requisitos legales para acceder a lo peticionado. Uno, es el de probar el ingreso del monto reclamado y, en su caso, la procedencia del mismo, haciendo notar que aunque se hubiera probado el ingreso, el reclamante no ha cumplimentado efectivamente la prueba de la medida del impuesto supuestamente abonado en exceso.

Hace hincapié en que, las particularidades que presenta la liquidación del impuesto a las ganancias, que incluye conceptos que deben adicionarse, sustraerse, prorratearse, etc. no resulta posible afirmar que cada uno o más pagos que hacen al resultado que surge por aplicación de la alícuota del gravamen sobre la base imponible, pueda ser atribuido a determinado concepto, máxime cuando como en el caso, en que el mismo no surge de registraciones contables sino de un simple papel de trabajo, el que por no haber sido presentado ante el organismo al tiempo de presentar las correspondientes declaraciones juradas, o en su defecto como prueba del reclamo, carecen de validez suficiente por sí mismas, atento no encontrarse respaldadas con documentación, registro u otro elemento que brinde certeza a las partidas y cantidades o magnitudes que se compadezcan con las que en su oportunidad la conformaban, dado que, con las notas y presentaciones -en especial las de fecha 21/5/02 y 17/9/02-, no se observa que se haya probado en forma indubitable la acreditación en exceso peticionada, agregando que tampoco surge de sus presentaciones algún otro tipo de elemento que pruebe la composición y/o conformación de conceptos y montos al tiempo de presentar las respectivas declaraciones juradas, reconociendo que dentro de dichos conceptos, se observan algunos que a juzgar por la denominación consignada participan de la naturaleza del concepto reclamado (Bonos de quebranto impositivo 1998, Bono quebranto impositivo, Reconocimiento de ganancia, Bono quebranto impositivo).

Asimismo señala que se observan otros conceptos, con denominaciones que no precisan el concepto motivo del ajuste, e inclusive expresan una partida por impuesto diferido de más de un centenar de millones de pesos, en el que no se expone el método contable de los conceptos que lo integran, concluyendo de ello, que no surge de las presentaciones de la actora mayores datos o referencias o documentación de respaldo que sustenten cada uno de los ajustes de los papeles de trabajo mencionados.

Observa que, contablemente la actora ha reconocido una utilidad por más de $3.448.263 en el ejercicio comercial 1998, es decir, que ha reconocido su devengamiento en dicho período, conforme surge de los estados contables acompañados y que a juicio del contador certificante de dichos estados no ha merecido objeción alguna, pero indica que impositivamente la imputación de las ganancias y gastos para los indicados en el art. 49 de la ley de ganancias, se consideran del año fiscal en que termine el ejercicio anual en el cual se han devengado (inc. a] del art. 18 de la ley), correspondiendo en virtud de esta normativa que en dicho período 1998 la actora impute dicha utilidad, y no en el ejercicio siguiente, como manifiesta haber realizado. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.

Finalmente, reitera que la presentación ante este Tribunal realizada por la actora se basa exclusivamente sobre la consideración y desarrollo respecto de la no gravabilidad del crédito reconocido por el Estado, pero nada dice ni prueba respecto de la integración a la base imponible que manifiesta haber declarado en exceso, situación que a su juicio, amerita un profundo análisis de la contabilidad respaldatoria que avala su petición, el que no ha sido aportado por la reclamante y de la verificación efectuada por el organismo no ha surgido la prueba necesaria para acceder al reclamo, motivo por el que solicita su rechazo.

Se opone a la prueba ofrecida por la actora y formula reserva del caso federal.

III. A fs. 91 se intimó a la representación fiscal a efectos de que agregara a autos la certificación de los pagos cuya repetición se pretende en cumplimiento de lo normado por el art. 178 in fine de la ley procedimental, quien que a fs. 98 acompaña la constancia de pago del saldo de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, período 1999, indicando que ello no implica confirmar que dentro de los saldos de los montos imponibles sobre los cuales resulta el impuesto certificado, se encuentren comprendidos los importes objeto de la repetición intentada, los que en su caso resultarán de la verificación administrativa en trámite, o, eventualmente, de la pericia contable a realizarse en esta instancia.

Previo traslado a la actora de tal presentación, a fs. 107 se tuvo por certificados los pagos que se repiten y se abrió la causa a prueba, decretándose su clausura a fs. 180. A fs. 185 se elevaron los autos a la sala, disponiéndose la producción de los respectivos alegatos a fs. 194, encontrándose agregados a fs. 198/200 el del Fisco Nacional y a fs. 201 /211 el de la recurrente.

A fs. 217 se llamaron los autos para dictar sentencia.

IV. Que corresponde en esta instancia expedirse respecto del reclamo de repetición que por la suma de $1.635.638,03 en concepto de impuesto a las ganancias, período fiscal 1999 ingresados a su criterio en exceso, interpusiera la actora con fecha 29 de diciembre de 2000 ante el organismo fiscal, sin que hasta la fecha de inicio de los presentes autos haya emitido pronunciamiento alguno, motivo por el que, en el entendimiento de que se ha producido una denegatoria ficta de aquélla solicitud, ocurre ante este Tribunal atento lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 81 y el inc. d) del art. 159 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.).

Del relato de hechos precedentemente efectuado surge que, el origen de la suma que se pretende repetir responde a las siguientes circunstancias: 1) con fecha 8/5/00 la sociedad presentó la declaración jurada original por el impuesto y período en cuestión, la que arrojaba un impuesto determinado de $37.197.914,82, en la que incluyó como renta gravada la suma proveniente de los Bonos de Consolidación.- (a.a. fs. 19/20). Posteriormente, con fecha 7/6/00 procedió a rectificar dicha declaración jurada, mediante la presentación de la rectificativa Nº 1, en la que también, incluyó como renta gravada la suma proveniente de los Bonos de Consolidación, que respondían al crédito fiscal por la conversión de quebrantos impositivos, reconocido por el organismo fiscal con fecha 1/12/99, que considerados a su valor nominal ascendía a un monto de $4.673.251,52, rectificativa esta, en la que el impuesto determinado era el mismo que en la original, en razón de la reimputación de ciertos conceptos. (a.a. fs. 26/27).

Con posterioridad, la sociedad procede a presentar la declaración jurada rectificativa Nº 2 del período fiscal 1999, eliminando como renta gravada la suma indicada precedentemente, en el entendimiento que se trataba de un reintegro o devolución parcial del mayor impuesto a las ganancias que tuvo que ingresar en su momento con motivo de la restricción legal impuesta por la ley 24.073 y su modificatoria ley 24.463 a la compensación de quebrantos, la que arroja un impuesto determinado de $35.562.276,79. (a.a. fs. 28).

A esta altura viene al caso señalar que la precitada suma de $4.673.251,52 es la sumatoria de dos resoluciones del organismo fiscal -Nos. 69 y 70-, ambas de fecha 1 de diciembre de 1999, por las que se le reconoce a la sociedad con el carácter de deuda del Estado Nacional en los términos del art. 33 de la ley 24.073, modificada por el art. 30 de la ley 24.063, las sumas de $2.498.866,42 y $2.174.385,10, motivo por el cual su inclusión en el período fiscal 1999 es correcta, puesto que es el año en que se produce el reconocimiento de la deuda por parte del organismo fiscal. (a.a. fs. 30/33).

De la secuencia expuesta por ambos expertos en el Anexo C de la pericia contable, en la que se visualizan los montos incluidos por la sociedad en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias correspondientes al período 1999, se advierte claramente que tanto en la declaración original, como en la rectificativa Nº 1, el monto de $4.673.251,52 fue incluido como ganancia sujeta a impuesto, importe este que recién fue eliminado como ganancia en la rectificativa Nº 2, dando origen así al impuesto abonado en exceso que alcanza al monto de $1.635.638,03, cuya repetición se persigue en los presentes actuados. (fs. 147/149).

Que al respecto debe señalarse que ambos peritos no son concordantes en su opinión acerca de la inclusión del monto correspondiente a los bonos como ganancia gravada en la declaración jurada original del impuesto del año 1998 (cfr. fs. 171vta./173), pues mientras el perito propuesto por la actora sostiene que de acuerdo con el detalle inserto en la planilla denominada Anexo C, se aprecia que el importe de $4.673.251,16 (resultante de una acreditación por $4.890.251,16 disminuida en $217.000), se incorpora al balance fiscal como ganancia del ejercicio (vide fs. 147/150), el profesional designado a propuesta del F.N. disiente de esa afirmación sosteniendo que no existen constancias de ello y cita tres razones para fundar su postura.

La primera, es que el Anexo C se basa en simples papeles de trabajo que no figuran transcriptos a libros, lo que impediría confirmar la inclusión del importe entre las ganancias gravadas. La segunda es la discordancia existente entre los valores consignados en 1998 y los imputados en 1999, ya que mientras en el primero aparece como valor de mercado de los bonos $3.488.263, en el segundo, dicho valor es de $4.673.251,52 haciendo notar su extrañeza por el hecho de que, habiéndose devengado el reconocimiento de los bonos en 1999, el mismo ya estaba registrado contablemente en 1998. La tercer razón es la ausencia de prorrateo de los gastos deducibles entre ganancias gravadas y no gravadas, para determinar el importe sujeto a repetición.

Sobre el particular, cabe señalar que los ajustes post-balance que se practican para determinar el resultado impositivo sujeto a gravamen, mal pueden hallarse incorporados a los libros rubricados, toda vez que ellos son en sí mismos elementos contables que se adicionan a o eliminan de los resultados comerciales, precisamente para arribar a otro balance con efectos diferentes, el que por tal motivo no se inscribe en los libros, sino que se conserva en papeles de trabajo, que son precisamente los que los peritos analizaron. Por ello, se descarta la primera objeción.

La discordancia esgrimida como segunda razón se diluye, a poco que se advierta que cada una de las cifras consignadas corresponden a dos situaciones distintas relativas a los ejercicios en que se producen, primero el reconocimiento del quebranto impositivo (1998) y segundo, la conversión de los quebrantos reconocidos en crédito fiscal (1999), lo que implica la neutralización de saldos en 1998, según se consigna en el Anexo B, asiento D31 (fs. 140).

Finalmente, la tercera razón invocada por el perito del F.N. resulta improcedente, por cuanto intenta introducir una cuestión extraña y ajena a la presente litis.

V. Que corresponde entonces pronunciarse respecto de si debe considerarse como ganancia sujeta a impuesto el importe de los Bonos de Consolidación reconocidos por el organismo fiscal como deuda del Estado Nacional por sendas resoluciones de fecha 1 de diciembre de 1999.

Que el tema ya ha sido decidido por esta sala en la sentencia recaída con fecha 7 de septiembre de 2001 en la causa "Bagley S.A. s/ recurso de apelación" (Expte. Nº 18.825-I), en la que la cuestión de fondo era esencialmente idéntica a la que se debate en los presentes autos, motivo por el cual corresponde "brevitatis causae" remitirse a los fundamentos allí expuestos, para hacer lugar a la repetición intentada por la actora, debiendo adjuntarse al presente pronunciamiento fotocopia certificada de la aludida sentencia.

VI. Que en cuanto a los intereses que deberán liquidarse en el momento del pago de la suma cuya repetición se declara procedente, la actora introduce el planteo de que se contemple dentro de este rubro, el resarcimiento con motivo de la desvalorización monetaria ocurrida con motivo del abandono del régimen de la convertibilidad plasmado a través de las modificaciones introducidas a tal régimen por la ley 23.928 y por la de Emergencia Pública -ley 25.661-, a las que, por los motivos que expone, ataca de inconstitucionales, aunque reconoce las limitaciones que este Tribunal tiene para pronunciarse respecto de la validez constitucional de las leyes, no obstante lo cual, deja planteada la cuestión a efectos de que sea resuelta en instancias superiores.

La representación fiscal, en la contestación al recurso, ninguna referencia ni objeción plantea respecto del tema introducido en tales términos por la contraparte.

En primer término cabe señalar, aunque la actora lo reconoce, que el art. 185 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.) establece: "La sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese Tribunal de la Nación".

Por otra parte, a partir del 1 de abril de 1991 -mediante la ley 23.928- se dispuso la derogación de todo régimen de actualización o de repotenciación de deudas, de tal manera que en el caso, respecto de los intereses, solo cabe remitirse a lo dispuesto por el art. 179 de la ley procedimental, que para el caso de autos específicamente dispone que estos accesorios comenzarán a correr desde la fecha de la reclamación administrativa previa.

Por ello, y atento a lo resuelto por la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa "Dálmine Siderca SAIC", el 27/12/93 (Expte. Nº 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) la tasa a aplicar en la liquidación de intereses será la pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina.

Por todo lo hasta aquí expuesto voto por hacer lugar a la repetición intentada por la suma de $1.635.638,03, con más los respectivos intereses calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo previo (29/12/00), los que serán liquidados aplicando la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (cfr. sentencia plenaria de la causa Nº 6.031-I "Dálmine Siderca S.A.I.C. del 27/12/93) hasta la fecha de su efectivo pago. Las costas se imponen al Fisco Nacional.

El doctor Brodsky dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de la doctora Gramajo.

Que en virtud de la votación que antecede; se resuelve: Hacer lugar a la repetición intentada por la suma de $1.635.638,03, con más los respectivos intereses calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo previo (29/12/00), los que serán liquidados aplicando la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (cfr. sentencia plenaria de la causa Nº 6.031-I "Dálmine Siderca S.A.I.C. del 27/12/93) hasta la fecha de su efectivo pago. Las costas se imponen al Fisco Nacional.

Se hace constar que suscriben este pronunciamiento dos Vocales titulares de la sala D, de conformidad con lo previsto por el art. 184 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) por encontrarse en uso de licencia la titular de la 11º Nominación. - Sergio P. Brodsky. - Ethel E. Gramajo.