marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Regímenes jubilatorios especiales, funcionarios judiciales, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vaccare, Horacio Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativAySu acumulada B. 54.323
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

Tanto el art. 1º como el 2º de la ley 10.839 se refieren sólo a los magistrados y funcionarios del Ministerio Público que hayan sido designados constitucionalmente, siendo la única designación de esa naturaleza la efectuada a propuesta del Poder Ejecutivo que ha contado con la aprobación del Poder Legislativo a través del "acuerdo del Senado", no pudiendo asimilarse a ésta la de secretarios y empleados que realizan la Suprema Corte y las Cámaras de Apelaciones.
Interpretación del contrato, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: S., J.J. c/ VW C. F. SA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-05

El standard jurídico de buena fe no se agota cuando el objetivo perseguido por las partes al contratar ha sido cumplido, ya que puede existir responsabilidad postcontractual cuando no se cumplen ciertos deberes correspondientes a esa etapa. Ello, por cuanto los deberes de comportamiento derivados de la buena fe tienden también a que, en el tiempo posterior al contrato, ninguna de las partes deba soportar situaciones desventajosas.
Procedimiento tributario, medidas cautelares, sentencia, cumplimiento imposible
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Tucumán, Provincia de c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ acción declarativa de certeza - incidente de  medida cautelar - IN1.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

La medida cautelar no puede ser admitida pues de concederse, se derivarían de ella los mismos efectos que los de la admisión de la pretensión planteada; y tal anticipación se manifiesta inaceptable al no advertirse, que el mantenimiento o alteración de la situación de hecho pueda influir en el dictado de la sentencia o convierta su ejecución en ineficaz o imposible.
Recurso de apelación (procesal), honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO REGIONAL DE CORDOBA SOC. COOP. LTDA. c/ FRANCISCO DI LORO E HIJOS S.A.I.C.I.F. s/ INCIDENTE  DE  REGULACION  DE  HONORARIOS - EJECUTIVO - SUSPENSION DE  TERMINOS JUDICIALES: RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-11-20

El art. 146 del CPC. dispone que los expedientes deben ser decretados en el día cuando sean proveídos de mero trámite, pero es evidente que frente al recargo de los tribunales, tales situaciones no se cumplen por lo que el pedido de suspensión de términos es a toda luces congruente con la imposibilidad presentada en forma material de poder efectuar la fundamentación del recurso en esa instancia, ante el solo hecho consumado de que el expediente no se prestaba porque se encontraba a despacho. No es de aplicación el art. 187 del CPC. frente a que esta norma está dirigida a la prueba en general, como tampoco lo relativo al art. 50 del mismo ordenamiento legal, que esta referido a determinar los días y horas hábiles, es decir los días y horas dentro de los cuales funcionan normalmente los tribunales provinciales, y no a la cuestión de la suspensión de los términos o plazos procesales que se encuentran determinados en los arts. 73 y sgtes del CPC. (Voto de los dres. Ortiz Araya y Fragueiro).-
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: GUZMAN RUIZ JOSE M. Y OTRO c/ RAMON EULOGIO VALDEZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-08-11

Existe culpa concurrente cuando el daño es resultado de la conducta de ambas partes, por haber sido cada una de ellas condición indispensable para que ocurriera, o sea que la culpa de la víctima y la del autor del hecho son factores concurrentes en su producción.
Procedimiento laboral, excepciones procesales, competencia por la materia, Dirección Nacional de Migraciones, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Galliano  Romina  Natalia  y  otros c/ Estado Nacional DireccióNacional de Migraciones s/ cobro de apor. o contrin.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-24

Dado que los propios actores reconocen su carácter de "inspectores de control de ingresos y egresos de personas del país en actividad en la Dirección Nacional de Migraciones", la relación de empleo público aparece inequívocamente configurada, circunstancia que desplaza las disposiciones del Derecho del Trabajo Privado y, por ende, la aptitud jurisdiccional del Fuero Laboral debe ser declinada ante lo previsto por el art. 20 de la ley 18.345. En este sentido, la invocación del CCT homologado por Decreto 66/99, no altera la conclusión adoptada, pues dicha convención colectiva se enmarca en el régimen de la ley 24.185, norma que en su artículo 19 expresamente dispone que "Los regímenes convencionales que se establezcan como consecuencia de esta ley se regirán por criterios de interpretación e integración de normas generales que rijan la materia, no resultando de automática aplicación las disposiciones de la ley 20.744"; y por lo tanto, no resulta aplicable la disposición del art. 2 inc. a) de la Ley de Contrato de Trabajo. (Del Dictamen de la Fiscal Adjunta "ad hoc", al que adhiere la Sala).
Prueba, grabaciones, competencia penal, teléfono
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL - PROCESAL
Carátula: M, B B Z DE Y OTROS s/ INFRACCION A LA LEY 6789.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 391-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-03-29

Corresponde rechazar la queja interpuesta si el recurrente, que consideraba que las grabaciones obtenidas por medio de intervenciones telefónicas son prueba ilícita, y que se opone tal medio de prueba a una garantía constitucional, no planteó él mismo la inconstitucionalidad de la preceptiva legal que prevé a aquélla como medio probatorio; más aun cuando no está demostrado prima facie, que el sub-judice esté configurado tal supuesto.
Daños y perjuicios, indemnización iure proprio
Materia: CIVIL
Carátula: SUCESION DE MANUEL ASTEDIO GALLO c/ BLANCA SALOMON s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-07-10

Las acciones de da/o, solo pueden ejercerse in iure propio y no in iure hereditatis, por la simple razón de que a la muerte del causante, esta acción no estaba en su patrimonio, por lo que mal puede transmitirla por vía de herencia.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Burgos, Enrique Ernesto s/ Violación calificada, robo agravado Ballesteros, Enrique Daniel; Décima, Agustín Humberto s/ Robo calificado Payong o Payon, Roque Luis s/ Robo agravado Figueroa, Ercio Rodolfo; Ruiz Guadalupe, Dante Rubén s/ Robo simple Ortiz, Oscar Antonio s/ Robo en grado de tentativa Godoy, Marcela Adriana s/ Robo Chara, Américo Lucio y otro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-21|1997-04-22|1998-03-10|1999-08-10|2000-04-12|2001-02-07|2000-12-13

Cuando hablamos de armas, no nos estamos refiriendo al arma de juguete, porque ésta no es un arma, sino un juguete, y en tal hipótesis por más que pueda existir una intimidación, no hay arma en la tipología del aludido precepto del ordenamiento penal. El mismo razonamiento es válido para cuando se apunta "con el dedo en el bolsillo" fingiendo un arma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sepulcros, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gorostiaga, Rosa Mercedes c/ Muncipalidad de La Plata. Cementerios s/ Daños y perjuicios Cementerios s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-07

Resulta competente la Suprema Corte para entender originaria y exclusivamente en las demandas en las que se persigue alguna reparación derivada del incumplimiento de contratos de concesión de sepultura.
Revocación de sentencia, excesos u omisiones en el pronunciamiento, debido proceso, defensa en juicio, reformatio in pejus
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Romano, Oscar s/ denuncia defraudación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-06

Es descalificable el pronunciamiento que omitió tratar los agravios de índole federal oportunamente introducidos - violación de la defensa en juicio, debido proceso y "reformatio in pejus" - invocando para ello las limitaciones contenidas en el art. 350 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Recurso de casación penal, admisibilidad del recurso, violación de las formas procesales
Materia: PENAL
Carátula: Rigonato Edgar Ernesto - Grunder Silvia Yolanda s/ Robo Agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-03-15

Es admisible el recurso de casación en favor de los condenados a pena de prisión en suspenso por el delito de robo agravado por el uso de llave verdadera sustraída (art. 167 inc. 4 en función del art. 163 inc. 3º del Código Penal), que se apoya en el art. 422 inc. 2° del C.P.P., al violar la regla de la sana crítica, toda vez que la valoración de la prueba no evidencia idoneidad para fundar el fallo condenatorio.
Juicio de desalojo, competencia civil y comercial federal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Muiños Feijoo, Camilo c/ Nextel Communications Argentina SRL s/ desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-23

Resulta competente para conocer en autos el fuero Civil y Comercial Federal, cuando -como en el caso- en la demanda no sólo se reclaman sumas de dinero sino la remoción de una antena de telecomunicación, lo cual hace que la pretensión exceda el marco de la relación comercial existente entre las partes y, por ello, involucre la interpretación de normas federales.
Impuesto de sellos, contrato de suministros, orden de compra
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Dalmine Siderca s/ Apelación - Impuesto de Sellos -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-26

La grababilidad de las órdenes de compra deviene procedente, pues como lo ha señalado la Sala IV de fuero "el impuesto de sellos grava la instrumentación de actos de contenido económico y no cabe duda que la orden de compra instrumenta el contrato de suministro concluido entre la actora e Y.P.F., sin que queda aducirse la circunstancia que dichas órdenes sean emitidas unilateralmente por Y P.F., y no lleva la firma de la actora, por cuanto, aún sí instrumentan el contrato concluido entre las partes según las leyes y usos vigentes para las contrataciones del licitante y sirve indudablemente para su prueba (art. 1180 y 1190 C.C.), resultando por sí mismo títulos suficientes para exigir su cumplimiento. Por ello dichos instrumentos se encuentran alcanzados por el impuesto de sellos en la medida de su sujeción.
Moneda, desagio
Materia: COMERCIAL
Carátula: COOOPERATIVA DE VILLA CRESPO  S.C.L. c/ INMOBILIARIA SUMTA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-12

Son presupuestos para la aplicación del "desagio" que la deuda sea anterior al 15-6-85; que su vencimiento opere con posterioridad a esta fecha y que su cuantificación contenga una previsión inflacionaria estimada con pautas vigentes antes del dictado del dec. 1096/85.
Comisiones, monto de la demanda, viajantes de comercio
Materia: LABORAL
Carátula: Culasso, Alberto Francisco c/ Frigorífico Larcher S.R.L. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-12-02

El juramento prestado por el viajante de comercio sobre una cantidad global debida por comisiones, no produce el efecto de invertir la carga de la prueba exigiéndose en todo caso la individualización de los negocios y de las bases tenidas en cuenta para determinar el monto reclamado. La parte que reclama esta obligada a facilitar dicho resultado denunciando los hechos que atañen a su derecho y resulta lógico que se obligue al corredor a explicar por que operaciones demanda un determinado monto, ya que ese es el fundamento del derecho a la comisión, se trata de datos que necesariamente obran en su poder y en el caso de no formularse tal exigencia se colocaría al principal en un verdadero estado de indefención, determinado por la imposibilidad de hacer la prueba negativa que supone la demostración de que el corredor no ha devengado la cantidad que denuncia. Mientras lo denunciado fueran negocios sobre los cuales corresponderá devengar comisión, las partes se encontrarían en situación de igualdad, pues el principal tendría la posibilidad de demostrar que un determinado pedido había sido rechazado, o que, eventualmente, había sido fraguado.
Instancia única, sentencia definitiva, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: GESTETNER S.A c/ CAP. Y OTROS BQ. RIO ESQUEL s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-09

La sentencia que pone fin a la cuestión en una instancia única goza también de la jerarquía constitucional de la cosa juzgada y tiene el mismo valor que un pronunciamiento que emana de una camara de apelaciones.
Cesión de derechos, notificación al deudor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: De la Canal Monica c/ Benito Gustavo s/ Ejecución de alquileres Esteban María Lucía c/ Martínez Laurentino s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-29|2000-05-02

Si bien es cierto que la notificación al deudor cedido se torna en un requisito esencial para la validez en cuanto a éste y a los terceros, residiendo su fundamento en la necesidad de establecer un sistema de publicidad a fin de que aquel sepa a quien debe pagar la deuda, dicha notificación puede ser realizada mediante cualquier medio, claro está que la misma debe ser suficientemente explícita como para que el deudor pueda individualizar su deuda y la persona del nuevo acreedor, a quien debe hacer el pago. (Minoría u opinión personal)
Relación de causalidad, tipo penal, lesiones graves, muerte de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: G., P. S. s/ Homicidio simple; C., H. s/Abuso de arma de fuego y portación de arma de fuego s/la debida autorización; C., D. O. (mp) s/Lesiones graves agrav. por el uso...  s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-09-14

La sola evaluación de la relación causal naturalística entre la acción del imputado y el resultado letal es insuficiente para fundar un juicio de reproche. El juicio es de imputación y trasciende la nuda consideración óntica de causa - efecto, y por ello es que sosteníamos supra que la causalidad no es más que un requisito del tipo sistemático y el primer nivel de la imputación mencionada. El juicio de causalidad desde el punto de vista normativo (de imputación) necesita de una segunda etapa, restrictiva de la primera, para determinar si el resultado producido cae dentro de la esfera jurídica de responsabilidad del autor.
Imputado, policía judicial
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MONTIEL, ESTANISLAO s/ IMPUTADO - POLICIA JUDICIAL - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1958-04-25

El interrogatorio sumario que en casos de urgencia puede hacerle la autoridad policial al detenido, no puede tener el mismo carácter y contenido de la declaración indagatoria reservada para el juez.

Aquel interrogatorio no puede tener el carácter de un acto de intimación al detenido del cargo que se le hace,para que lo explique, tal cual es, en esencia, la indagatoria (c.P.P., art.

248), porque el imputado tiene el derecho de que solo el juez le intime la acusación. Se trata, en verdad, de las preguntas breves, sin carácter intimatorio, que resulta necesario hacer al detenido sobre puntos que, sin pedirle una explicación sobre su responsabilidad en el hecho, sirve para ilustrar a los efectos de orientar o posibilitar la instrucción, fundada, en alguna medida, en elementos objetivos de sospecha. Sólo interpretando así la facultad de interrogar de la policía, se podrá darle un alcance y una efectividad que, sin confundirse formalmente con la indagatoria, no destruya de raíz todo el aparato de protección creado en favor del imputado por el art. 243 y sus correlativos del C.P.P..-
Propiedad intelectual, reproducción de fonogramas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aadi CAPIF. c/ Supramapa S.A. s/ Cobro de pesos Aadi CAPIF A.C.R. c/ Guimor SRL s/ Cobro de pesos Aadi CAPIF c/ Scarguar S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-09|1992-12-11|1987-06-23

El fonograma constituye una producción artística original, razón por la cual su propietario goza de la debida protección legal frente a los amplios términos en que aparece redactado en el artº 1 de la ley de Propiedad Intelectual y la decisión del Poder Ejecutivo de establecer aranceles por la utilización de discos fonográficos u otras reproducciones de fonogramas en ejecuciones públicas, no viola ni el texto ni el espíritu del artº 56 de la ley 11723.
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, intimación previa, carta documento
Materia: CIVIL
Carátula: JORGE ANA MARIA c/ ZARZO ANA MARIA s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-22

Se cumple con el requisito del reclamo previo previsto por el art. 5 de la ley 23091, enviando la carta documento a la dirección de la finca arrendada y designada por el locatario para recepcionar las intimaciones, aunque la misma no haya sido entregada por ausencia del locatario, ya que la ley no obliga al locador a realizar una búsqueda telegráfica para enterarlo de su obligación de pagar los alquileres, su incumplimiento y el monto de lo que debe.
Participación criminal, dolo
Materia: PENAL
Carátula: L., J. L. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-30

La dependencia del dolo del autor del hecho principal en la instigación o inducción como en la complicidad está impuesta por la propia naturaleza de éstas. La complicidad sólo es posible en relación con un hecho principal en el cual el autor tenga el dominio del hecho, lo que sin dolo no es posible.
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fundición Renacimiento c/ Alvarez, Herminio s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad -Cobro de   pesos - Daños y perjuicios (Expte.: C.S.J. Nro. 1684 año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-10

La gravedad institucional -cuya configuración autoriza excepcionalmente a obviar recaudos de admisibilidad- no constituye causal que, en forma autónoma, justifique la apertura del recurso de institucionalidad en nuestro ordenamiento local, sino que tutela el interés de la colectividad. Por ello no puede, en el caso, prosperar este agravio atento a que la quejosa no logra acreditar que se encuentre configurara la referida causal, habida cuenta que en la litis sólo están en debate intereses absolutamente privados, sin persuadir que lo resuelto por la Sala comprometa el interés general y tenga la virtualidad de trascender el interés particular del impugnante para comprometer el interés de la comunidad "en sus valores sustanciales y profundos", o que pueda llegar a involucrar a alguien más que a los sujetos intervinientes, sin que sea invocable una situación de esa naturaleza en pleitos entre particulares donde la decisión no supere lo que es materia propia de los jueces de la causa.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Mirta Graciela s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07

Es infundado el recurso de nulidad extraordinario fundado en que la Cámara habría omitido resolver las cuestiones esenciales referentes al cuerpo del delito y la autoría responsable si del fallo resulta que, respecto a la primera cuestión, se ha descripto el hecho y puntualizado los elementos probatorios atingentes, ubicándolos en la causa, determinando sus respectivas naturalezas probatorias y formulando las citas legales pertinentes y, al expresar que la "imputada está confesa" de haber realizado el hecho descripto al tratar la cuestión anterior, citando las fojas implicadas y la norma legal aplicable, resolvió la cuestión de la autoría responsable, con fundamento en ley.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, prueba crítica, daños y perjuicios, culpa, relación de causalidad, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: G, A J s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - HOMICIDIO CULPOSO (CSJ EXPTE N.  169-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-10

Si el A quo erigió en pivote de su razonamiento la existencia de culpa exclusiva de la victima -como argumento para no adentrarse en el análisis de la responsabilidad objetiva- resulta incuestionablemente censurable que se negara a analizar los agravios vertidos por la recurrente tendientes a demostrar el error en la apreciación del plexo probatorio en que se había incurrido en la sede de origen para dar por sentada esa premisa y que, de haberlas considerado, podrían haber hecho variar la suerte del pleito. El pronunciamiento presenta así un déficit de motivación que lo convierte en reprochable ante la exigencia de que las sentencias deben tener motivación suficiente y esa carencia de fundamento genera una transgresión constitucional que ha de ser reparada por vía del recurso de inconstitucionalidad.
Competencia, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: BOURLE, EDUARDO ALBERTO. c/ PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-01-11

Teniendo en cuenta que en la especie se persigue la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 8.552, no cabe sino concluir que, en razón de su objeto, el caso de autos no encuadra en el supuesto previsto por el artículo 4 del CPC, por lo que este Tribunal no resulta competente para entender originariamente en la presente causa.

Tal conclusión se explica porque la materia regulada por la norma legal impugnada como acto lesivo está referida a un instituto de indudable naturaleza administrativa como lo es la designación -en la especie: su ratificación- del interventor de un ente autárquico provincial (materia propia de la organización administrativa).

Siendo ello así, y dado que este Tribunal Superior de Justicia, en su anterior y actual composición, también ha sostenido en forma reiterada y uniforme que en todo juicio que tenga por objeto la actuación de un órgano estatal provincial en la esfera del derecho público corresponde, en principio -salvo mandato legal expreso en contrario-, entender al órgano judicial con competencia en lo contencioso administrativo (.), y estando a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Orgánica de Tribunales, es la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo la que resulta competente en razón de la materia para entender en el presente juicio.

DRES.: ESTOFAN - GANDUR.
Ampliación de la demanda, hechos nuevos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JUNTA NACIONAL DE GRANOS c/ CARLOS. A. RE. s/ JUNTA  NACIONAL  DE  GRANOS  - CERTIFICADOS, CARACTER - HECHO NUEVO -  REQUISITOS -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-08

La procedencia del hecho nuevo está condicionada a que el alegado tenga relación con la cuestión que se ventila en el proceso y que, además, sea susceptible de influir en su decisión, es decir, debe tratarse de un hecho conducente y encuadrado en los términos de la causa y el objeto de la pretensión deducida. En tal sentido, es necesario que su invocación sea adecuadamente fundada de modo que la conexión con la controversia que se ventila y la repercusión sobre su suerte de la circunstancia novedosa, queden "prima facie" de manifiesto.-