Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-04


2º Instancia.- Buenos Aires, febrero 4 de 2005.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 521/533? El doctor Di Tella dijo:

Dora Beatriz Blazquiz promueve formal demanda a fs. 67/70 contra Círculo de Inversores Sociedad Anónima de Ahorro para Fines Determinados a fin de que se le entregue un automotor Fiat Duna C.L. 1.6 o bien el valor de dicha unidad que calcula en once mil ochocientos cuarenta y cinco pesos ($11.845). Pretende también que se la indemnice por privación de uso del vehículo con el monto de tres mil quinientos pesos ($3.500) y repare el daño moral que dice haber soportado, el que calcula en un mil quinientos pesos ($1.500). Basa su pretensión en el contrato suscripto de ahorro previo el 12 de marzo de 1992 con la demandada (fs. 52/54). Relata que luego de haber pagado la cuota nº 40, decidió cancelar el saldo restante, por lo cual le fue adjudicado el automotor. Por otro lado manifiesta que luego de varios reclamos infructuosos para obtener la entrega del rodado es que decide recurrir a la vía judicial.

Círculo de Inversores S.A. de Ahorro Para Fines Determinados a fs. 89/93 contesta la demanda incoada en su contra solicitando su rechazo, con costas. Niega los hechos invocados en su contra y la documentación que no fuese de su expreso reconocimiento. Sin embargo, no desconoce el contrato invocado por la actora y reconoce haber intervenido como administradora de los fondos aportados por ella junto con otros suscriptores adherentes, para la constitución del fondo común. Indica que la unidad fue puesta a disposición de la actora en la concesionaria indicada "ut supra", la cual pretendió constituir una prenda flotante sobre el rodado a favor de Citibank N.A.. Peticiona la citación de Alejandro F. González S.A. y del banco mencionado como terceros obligados en los términos del art. 94 del Código Procesal. Esta petición es acogida favorablemente a fs. 97/99.

Citibank N.A. se presenta a fs. 123/137, solicitando el rechazo de la acción, con costas. Realiza una negativa pormenorizada de los hechos alegados en la demanda y relata que con motivo una línea crediticia otorgada a la accionada, constituyó una garantía flotante sobre determinados vehículos de propiedad de Alejandro F. González S.A., y tras sucesivas refinanciaciones, se suscribió un contrato de prenda flotante que gravó diversos automotores de propiedad de la concesionaria y los que adquiriese en su reemplazo garantizando un crédito de U$S 650.000. Por otro lado afirma que el 26 de agosto de 1996 se constituyó en la mencionada concesionaria a fin de constatar la existencia de los vehículos prendados, hallando 4 vehículos de los 139. Asimismo dice que promovió una ejecución contra la obligada y sus fiadores. Agrega que ignoraba que tales bienes no pertenecían al prendatario y por ello es un tercero de buena fe y dice que dado que adquirió su derecho por título oneroso la garantía le es oponible a la fábrica automotriz, a C.I.S.A., a la actora, y a cualquier tercero. También dice no tener la posesión del vehículo en cuestión. Solicita la citación de Alejandro F. González S.A. y Sevel Argentina S.A., petición que es aceptada por auto de fs. 145 vta.

Sevel Argentina a fs. 162/164 contesta la citación que le fuera efectuada solicitando su rechazo "in limine" y adhiriendo a todo lo expresado por Círculo de Inversores S.A. al contestar la demanda. Por otro lado, dice que la sentencia que eventualmente se dicte no le será oponible dado que no fue demandada y no puede obligarse al actor a dirigir su acción contra ella. Asimismo sostiene que dada la negligencia de Citibank N.A. al intentar prendar bienes ajenos sin tomar la mínima precaución de corroborar la procedencia y titularidad de los bienes, dicha entidad es la única responsable.

Luego de los avatares procesales de que da cuenta el auto de fs. 244, se presenta el síndico de la quiebra de Alejandro F. González S.A., reconociendo como válidas las pretensiones esgrimidas por la accionante. Sin perjuicio de lo cual destaca que el automotor reclamado no se encuentra en poder de la fallida y que para el caso que eventualmente se le reclamase un crédito dinerario, la accionada deberá recurrir al proceso de verificación a fin de que se le reconozca en la quiebra de la citada.

Tramitada la etapa probatoria, el juez a quo dictó sentencia a fs. 521/533 haciendo lugar a la demanda, condena que hace extensiva a Sevel Argentina S.A. y a Alejandro F. González S.A., y con respecto a Citibank N.A. decide que su pronunciamiento lo alcanzará como a las otras partes pero que no le será ejecutable por los fundamentos que señala. Este fallo es apelado por Blazquiz (fs. 534) y -conjuntamente- por Sevel y por Círculo de Inversores (fs. 548), expresando agravios la primera a fs. 572/576 y las segundas a fs. 563/565 y fs.566/570, respectivamente. Estos escritos fueron replicados a fs. 583/585, fs. 587/588, fs. 590/597, fs. 599/604, fs. 606/688 y fs. 611/614.

Los antecedentes de la causa y la fundamentación jurídica dada por las partes han sido correctamente explicitados por el Juez de la anterior instancia en los resultandos del fallo apelado, a los que me remito, dándolos por reproducidos a los fines de este pronunciamiento.

II.- Del análisis del contenido de los escritos de agravios presentados según se señaló precedentemente, surge que las mentadas sociedades enderezan sus quejas a impugnar la procedencia de las condenas dictadas en su contra por el magistrado a quo, mientras que la actora reclama se haga lugar a la indemnización de varios rubros demandados y se determine la forma de cumplimiento de la sentencia apelada.

En razón de lo señalado anteriormente, procederé a pronunciarme en primer término sobre los agravios de las sociedades mencionadas, por hacer a la forma en que se ha trabado la litis y a la procedencia de lo sustancialmente decidido en la sentencia, y -posteriormente- con respecto de los expresados por la accionante.

III.- La codemandada Sevel comienza impugnando el origen y procedimiento seguido en autos para provocar su intervención como tercera en los términos del art. 94 del Código Procesal, citación peticionada por Citibank N.A. -también tercera en el juicio- y que fuera dispuesta a fs. 145vta., decisión que fue consentida por los restantes litigantes. El fundamento de esta defensa es que sólo las partes están legitimadas para provocar la participación de personas ajenas a la contienda entablada, limitación que surgiría expresamente de lo dispuesto por la citada norma legal.

Sin embargo esta argumentación de la apelante no se compadece con su actitud seguida durante la tramitación de todo este pleito. En efecto, si bien al contestar a fs.162/164 la citación que le fuera cursada Sevel planteó este cuestionamiento (ap.II.2, 3 y 4), aunque subsidiariamente respondió a la acción intentada por la actora (ap.III), lo cierto es que ello no provocó ninguna tramitación en particular, habiéndose limitado el magistrado a quo a tenerla por parte y por contestada la demanda (ver fs.165), decisión que no fue objeto de impugnación alguna de su lado.

Esta actitud de la apelante, en el sentido de intervenir plenamente en la tramitación del juicio, es reiterada al asistir a la audiencia convocada de acuerdo con lo preceptuado por el art. 360 del Cód. Procesal (fs. 289/290) y al consentir el auto mediante el cual se proveyeron la medidas de pruebas por ella ofrecidas al replicar la demanda en subsidio (fs. 291/293 ap.6), continuando toda la tramitación de este litigio sin que Sevel reclamara pronunciamiento concreto sobre su situación procesal a la luz del planteamiento que efectuara en su primera presentación en estas actuaciones.

Consecuentemente, su pretendida reiteración en esta alzada en ocasión de sostener la apelación interpuesta contra la sentencia que decide sobre el fondo de la cuestión litigiosa, de esta primigenia impugnación aparece como un intento sorpresivo de retrotraer su situación procesal a etapas ya precluidas sólo basadas en objeciones formales, pues sus defensas sustanciales fueron -como ya se señaló- materia de la etapa probatoria y de la decisión tomada en la sentencia recurrida.

También cabe señalar que no se invoca ningún perjuicio concreto que las deficiencias procesales indicadas pudiesen haberle causado.

Por ello, estimo que este aspecto de los agravios de Sevel S.A. debe ser desestimado.

IV.- La queja de esta apelante con respecto al fondo de la cuestión resuelta en la sentencia de la anterior instancia no está dirigida a desvirtuar los fundamentos desarrollados en ella respecto a su responsabilidad en relación del incumplimiento que originara la demanda promovida por Blazquiz. Con su impugnación intenta discutir la posibilidad que ante los defectos de que adolece su citación como tercero, lo que ya ha sido analizado precedentemente, pueda haber sido objeto de condena expresa (ver fs. 564vta.ap.8), aunque también sostiene que en razón que aún no ha recaído decisión definitiva en la tercería de dominio que interpusiera en los autos "Citibank N.A. c. Alejandro F. González S.A. s/ejecutivo", en trámite ante el mismo Juzgado y Secretaría, sosteniendo al respecto que en ese juicio se discute la titularidad del dominio de ciertos rodados entre los que se encontraría el que le correspondería a la aquí actora en virtud de la condena dispuesta y que, por otra parte, también podría probarse en esas actuaciones una maniobra delictuosa cometida en la constitución de una prenda flotante a favor de la mencionada entidad bancaria.

Planteadas así las cosas, las argumentaciones de Sevel resultan a mi entender desubicadas porque lo que se decida en la tercería de marras no obstará en definitiva sobre la suerte de este litigio. Los alcances de lo resuelto en la sentencia en revisión se concretan a que la demandada -Círculo de Inversores S.A.- y las terceras citadas -Alejandro F. González S.A. y Sevel Argentina S.A.- deben entregar un automotor -en principio sólo identificado por su marca y modelo correspondiente al año en que se dé cumplimiento a su entrega (ver fs. 532 ap. III.1 y 2), o sea un objeto extraño al que se dilucida en el otro litigio.

Por otra parte, el meollo de lo discutido en la tercería de referencia, cuyas fotocopias certificadas tengo a la vista (ver fs. 642vta.), hace al sistema de financiación prendaria al que recurrió la concesionaria de la aquí recurrente -Alejandro F. González S.A., hoy en quiebra- como así también a los alcances jurídicos del sistema de comercialización de los productos fabricados por ésta, tanto en las relaciones entre sí como con respecto a terceros que aportaban a la financiación de esa actividad o sea una cuestión ajena a la ventilada en este juicio.

Tampoco obsta -evidentemente- a esta altura de la tramitación de este litigio, que en la tercería de dominio presuntamente estaría incluido el automotor que habría sido el adjudicado a la actora, dado que la condena prevista en la sentencia en examen consiste en la entrega de una cosa incierta determinada sólo por su especie (Salvat "Tratado de derecho civil. Obligaciones", 3a.ed. nº 398 p. 167; Garo "Derecho Comercial. Compraventas", t. I nº 60 y siguientes p. 64; etc.) por lo que la primitiva determinación del rodado ha quedado superada por los alcances de la decisión del juez a quo, y para el caso que su satisfacción no fuera posible deberá aplicarse lo preceptuado por el art. 515 del Cód. Procesal.

En consecuencia, no siendo impedimento la tramitación de la mentada tercería con respecto al dictado de la sentencia de autos, estimo que este aspecto de los agravios de esta apelante deberá ser rechazado.

V.- Círculo de Inversores se agravia, como ya se señaló, a fs.566/570. En ese escrito construye todo el andamiaje de su impugnación en considerar que no puede extendérsele la responsabilidad por el incumplimiento incurrido por Alejandro F. González S.A. frente a la actora, no teniendo en cuenta que ella debe surgir de las obligaciones que asumiera en el contrato de ahorro previo que suscribiera con Blazquiz. También alega la existencia de fuerza mayor.

Los agravios así fundamentados resultan desubicados toda vez que en la sentencia apelada se decide su condena en base a lo preceptuado por el art. 1º de la Resolución 8/1982 de la Inspección General de Justicia, en tanto esta norma dispone extender la responsabilidad de los entes como la apelante para cubrir la correspondiente a las concesionarias y agentes de las empresas fabricantes o importadoras de los bienes comprendidos en los contratos con ella formalizados por compradores de los bienes a adjudicar.

Esta disposición reglamentaria, cuya legitimidad y aplicabilidad a casos como el presente no es objetada por la recurrente, es base suficiente para la procedencia de la condena dispuesta en la anterior instancia.

A ello cabe agregar que en el escrito de agravios no formula una crítica válida al rechazo de la invocada conducta dolosa atribuida a la mencionada concesionaria y la existencia de fuerza mayor eximente, circunstancias que dados los amplios y claros términos de la disposición reglamentaria citada no la eximen a la sociedad de responder ante la adquirente del automotor de las obligaciones asumidas por la intermediaria en su comercialización.

Por ello, estimo que con el escrito de fs. 566/570 no se ha dado cumplimiento a la carga establecida por el art. 265 del Cód. Procesal toda vez que no consiste en una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia apelada y que -en consecuencia- deberá decretarse la deserción de la apelación concedida a Círculo de Inversores S.A.

VI.- Entrando ahora a pronunciarme sobre los agravios desarrollados por la actora a fs. 572/576 cabe adelantar que el primero de ellos (fs. 572 ap. I.a) resulta desubicado dado que la apelante no se hace cargo de lo preceptuado por el art. 515 de la ley ritual en tanto establece las consecuencias patrimoniales para el caso en que una condena a entregar cosas se hiciese de cumplimiento imposible. Norma que resultaría operante en este litigio si se diese el presupuesto indicado.

En razón de ello no corresponde pronunciamiento expreso a su respecto.

VII.- Otro de los contenidos de la impugnación de Blazquiz es la negativa del juez a quo de otorgarle una reparación por la privación del uso del automotor adquirido debido al incumplimiento contractual de la parte demandada al no entregárselo oportunamente.

Al respecto hay que señalar que el juez sentenciante reconoce la procedencia del reclamo, aunque no otorga la indemnización pretendida al considerar que no se habría probado concretamente el daño sufrido. El aspecto sustancial de esta decisión o sea el derecho de la actora a que se le repare este perjuicio no fue materia de agravios concretos de parte de la demandada y de Sevel, por lo que debe considerárselo firme, correspondiendo analizar lo expuesto por la accionante a fs. 573 ap. I. b.

Si bien esta última parte produjo escasas probanzas en sostén de su posición, puede valorarse que la declaración que obra a fs.347/348 resulta suficiente para acreditar la existencia de un perjuicio concreto sufrido por Blazquiz debido al incumplimiento incurrido por sus contrarias. El testigo afirma que aquélla colaboraba en las tareas contables que efectuaba su esposo en cierta empresa de un familiar del deponente, donde éste trabajaba (resp. a la 2a. preg.), que para movilizarse en razón de ellas debió utilizar "taxis y remises" luego que vendiera el automotor que tenía para adquirir uno nuevo (resp. a la 3a. preg.), que la falta de un automotor propio afectaba anímicamente a la actora (resp. a la 4a. preg.).

No obsta a la valoración de los dichos de este testigo la circunstancia de ser el único deponente aportado por la parte interesada. En la actualidad, la evolución del criterio jurisprudencial y doctrinario sobre esta cuestión procesal es reiterada en el sentido de admitir y ameritar la declaración testimonial única toda vez que excluir su eficacia implicaría una limitación a la libre valoración que, a la luz de lo preceptuado por el art.386 del Código Procesal, debe efectuar el Juez de la credibilidad que le merezca ese testimonio (Cám.Com. esta sala, 9/X/1996, en "Liñeira Luis Alberto c. Tintorería Industrial San Pedro S.A. y otro" y jurisprudencia allí citada). La evolución sobre esta materia ha dejado de lado la restricción "testis unus, testi nullus", puesto que carece de justificación cierta, dado que un solo testigo puede ser suficientemente apto e -inclusive- que haya sido la única persona que haya presenciado el hecho atinente al litigio (Falcón "Código Procesal Civil y Comercial comentado", Buenos Aires, 1984, t.III nº 430 p. 310).

En virtud de lo analizado precedentemente y de lo que surge de las demás constancias de autos, corresponde que el Tribunal en ejercicio de la facultad que le acuerda el art. 165 del código de forma precise el monto de este rubro indemnizatorio, toda vez que si bien se ha determinado la existencia del perjuicio no se han aportado elementos concretos que permitan comprobar su cuantía.

En ese orden de cosas, estimo prudencialmente esa reparación en la suma de dos mil pesos ($ 2.000.-), la que se fija a la fecha de la demanda o sea al día 12 de marzo de 1997 (fs.70vta.), suma que devengará intereses a partir de esa fecha a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento.

VIII.- Otro de los reclamos de la actora es su pretensión que se le conceda una indemnización por el daño moral que dice haber sufrido a raíz de la conducta seguida por sus oponentes en sus relaciones contractuales, reclamo que fue rechazado por el primer sentenciante.

En el caso de autos nos encontramos con el pedido de que se indemnice el daño moral que dice haber sufrido Blazquiz por incumplimiento contractual incurrido por sus contrarias, perjuicio que debió ser probado en forma concreta por quien lo pretende, lo que se encuentra claramente justificado en razón de que los incumplimientos que provocan este tipo de responsabilidad afectan intereses privados, estableciéndose de esa forma una notoria diferencia con los casos de responsabilidad extra-contractual que dan fundamento a la diversidad de los respectivos regímenes (CNCom., esta sala, 6/VII/1994, en "Girgenti Carlos c. Empresa Constructora Constantino S.R.L." y jurisprudencia allí citada, ver La Ley, 1995-D, 375, ED, del 23/III/1995 fallo nº 46.298).

La actora no ha cumplido con esa carga probatoria, porque la mera invocación de una limitada afirmación del un único testigo, sin ninguna clase de precisiones que la apoyen, no puede ser sustento valedero para este reclamo, tal como lo pone de manifiesto el Juez a quo.

En razón de ello considero que este agravio no puede prosperar.

IX.- En lo referente a la forma en que se dispuso en la sentencia en examen la distribución de las costas sólo se agravia expresamente Sevel Argentina S.A. (ver fs.565 ap.9), aunque en esa oportunidad no formula una crítica concreta y razonada de los fundamentos expuestos en el mentado fallo para disponer que las costas a su respecto sean distribuidas en el orden causado. En ese acto se limita a repetir el fundamento de fondo con el que pretendió el rechazo "in totum" de la condena dictada en su contra.

Cabe entonces, por aplicación de lo preceptuado por el art. 265 del cuerpo legal precitado, considerar desierto este aspecto de la impugnación de la menciona litigante.

X.- Por todo ello, voto porque se declare desierto el recurso concedido a Círculo de Inversores S.A., se confirme la sentencia de fs. 521/533 en lo principal que decide y se la modifique con los alcances previsto en el ap. VII.

Las costas de esta instancia, en virtud del principio establecido por el art. 68 del mismo cuerpo legal, deberán ser pagadas por la parte demandada. Las correspondientes al recurso de Sevel Argentina S.A., dado su resultado negativo, deberán ser abonadas por esta apelante.

Por análogas razones los doctores Monti y Caviglione Fraga adhieren al voto anterior.

Por los fundamentos del acuerdo que antecede, se declara desierto el recurso concedido a Círculo de Inversores S.A., se confirma la sentencia en lo principal que decide con las modificaciones que surgen del ap.VII. Las costas de esta Alzada serán abonadas por la demandada. Las correspondientes a los recursos interpuestos por Círculo de Inversores S.A. y por Sevel Argentina S.A. deberán ser pagadas por estas apelantes.- Héctor M. Di Tella.- José L. Monti.- Bindo B. Caviglione Fraga.