Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-19


Salta, 19 de Febrero de 2016.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "INCIDENTE DE SEMILIBERTAD DEL INTERNO PENADO CARRIZO, RICARDO ANGEL - APELACIONES EJECUCION", Expte. Nº 909/15 del Juzgado de Ejecución y Detenidos 1ª Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº E01 909/15 de la Sala II del Tribunal de Impugnación y, CONSIDERANDO 1) Que las presentes actuaciones llegan a conocimiento de este Tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 33/35 vta. por el Sr. Defensor Oficial Penal de la Unidad de Defensa Pública Nº 3, Dr. Eduardo Raúl Sángari, en ejercicio de la asistencia técnica de Ricardo Ángel Carrizo, contra el auto dictado a fs. 29/31, mediante el cual se dispuso denegar el beneficio de semilibertad peticionado a favor del nombrado.

2) Correspondiendo efectuar el control de los recaudos de orden formal a los que la ley subordina la admisibilidad del recurso indicado (Art. 527 del C.P.P.), se determina que en la presentación mencionada estos fueron observados, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión planteada.

3) En el auto impugnado el A-quo entendió, en resumidas cuentas, que el beneficio solicitado es improcedente al resultar desfavorables las opiniones del Gabinete Técnico Criminológico, el Consejo Correccional y del Director de la Unidad Penitenciaria, no observando de este modo el requisito exigido por el art. 17 inc. 4° en función del art. 23, ambos de la Ley N° 24.660; y, por otra parte, que no ofrecía garantías válidas de reforma para el cumplimiento de las normas que se imponen junto a la concesión del instituto.

Asimismo se valoró que el penado integra un grupo de riesgo por factores personales, tales como la reincidencia y su dificultad para aprender de la experiencia, presentando avances y retrocesos en el régimen progresivo de la pena.

4) El recurrente sustancialmente se agravia afirmando que el concepto no favorable del organismo técnico-criminológico no impedía la concesión de la semilibertad, conforme al principio de judicialización de la ejecución de la pena, ya que al resolverse de ese modo se supeditó exclusivamente la suerte del beneficio a los dictámenes de la autoridad administrativa.

Refiere, por otro lado, que al sustentarse la denegatoria en los distintos rasgos psicológicos del condenado, no se tuvo en cuenta que los caracteres de la personalidad devienen inmutables en todo ser humano.

Agrega que los supuestos comportamientos rebeldes de su defendido contrastan con las constancias de autos, según las cuales en el último trimestre el mismo fue calificado con "conducta ejemplar 10" y "concepto muy bueno 8". Señala que en el resolutorio se le exige al nombrado un juicio crítico y reflexivo de su conducta respecto de hechos ya juzgados al indicarse el reconocimiento parcial de su responsabilidad en el delito por el cual fuera condenado como otro motivo del rechazo . Por último, efectúa citas tanto del informe social como del psicológico que estima favorables al interno, por lo que solicita se revoque la decisión apelada. 5) Por su parte el Ministerio Público Fiscal a fs. 37 se pronuncia por el rechazo del recurso, remitiéndose a los fundamentos desarrollados en el dictamen formulado a fs. 28 y vta.

6) Conformadas del modo descripto las cuestiones traídas en conocimiento como principal objeción deducida por el impugnante sobresale la naturaleza de las opiniones del Organismo Técnico-Criminológico y del Consejo Correccional de la unidad carcelaria las que, según su mirada, padecerían de una defectuosa motivación al no adecuarse a las circunstancias tanto objetivas como subjetivas presentes en el proceso, por lo que deberían obviarse.

Atento a ello, deviene menester subrayar que los dictámenes referidos, por disposición del Art. 17, apartado IV de la Ley Nº 24.660, se erigen en presupuestos de viabilidad ineludibles para el otorgamiento del régimen de semilibertad pretendido por la defensa.

En concordancia con otro precedente análogo resuelto por esta Vocalía (Causa Nº E01-6885/3, Fallo: 297, 897/899) corresponde poner de manifiesto que, con abstracción de su carácter imperativo, la relevancia y utilidad de la información aportada por los profesionales del Servicio Penitenciario para la adopción de decisiones -como la aquí descalificada- radica en el trato constante de los nombrados con el interno, a quien valoran desde diferentes ámbitos, tanto conductual como psicológico y psiquiátrico, abordajes eminentemente científicos y por ello, ajenos a todo hombre de derecho, de ineludible ponderación jurisdiccional, vista la fórmula no facultativa empleada por la normativa aplicable, cuando en el Art. 17, 1º párrafo, textualmente emplea la expresión gramatical "se requiere" (el remarcado me pertenece), no dejando margen de discrecionalidad para que el resolvente se aparte de los requisitos enunciados.

Ahora bien, aclarada la trascendencia de este requisito, corresponde indagar el contenido de los informes en cuestión frente a la deficiente fundamentación alegada por la defensa técnica. En este sentido, si motivar conlleva explicitar las razones para tomar una decisión determinada, en el contexto situacional de Carrizo, el cual fue evaluado a lo largo de toda su historia como penado y no limitado a su estadía en los últimos tres meses, no obstante los avances parciales logrados, prevalecieron las cualidades negativas (antecedentes de fuga, rasgos de impulsividad y agresividad, etc.) las cuales se volcaron en las conclusiones del Departamento Técnico Criminológico (fs. 21), órgano que al dar su pronóstico sugirió, coincidentemente con el Consejo Correccional (fs. 22/23), que el recluso continúe transitando el período de prueba dentro de la U.C. Nº 6, a los fines de su consolidación, por lo que en definitiva no se visualiza el vicio o defecto atribuido. Al respecto, no puede olvidarse que las penas privativas de libertad tienen como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados, a la que debe tender armónicamente todo el sistema estatal.

En consecuencia el inferior en grado por estrictas razones de orden legal y pragmático, no podía prescindir de las opiniones vertidas, en las que confluían simultáneamente por un lado, los conocimientos teóricos propios de las disciplinas pertinentes, enriquecidas con la experiencia obtenida por los especialistas como resultado del seguimiento respecto a la historia intramuros del penado, tendiente a aportar mayor claridad al magistrado a los fines de arribar a un decisorio prudente y razonable frente a un tema tan delicado como lo es el egreso parcialmente anticipado, atento a la alta taza de recaída en el delito que informan las estadísticas criminales, hipótesis que en la especie adquiere mayor grado de verosimilitud si se recuerda la condición de reincidente por segunda vez del peticionante.

Amen de lo expresado, retrotrayéndome a un estadio anterior en el itinerario que desembocó en el auto impugnado, sobresale la resolución desfavorable emanada del Director de la Unidad Carcelaria Nº 6 (fs. 25 y vta.), la cual debe ser interpretada como otro recaudo de tipo implícito, que debe concurrir, para el otorgamiento de la semilibertad, el que también fuera evaluado por el Sr. Juez.

La dogmática, comentando el Art. 15, nos enseña en relación a este tópico que la concesión de esta modalidad del período de prueba, que caracteriza al régimen progresivo imperante en el tratamiento penitenciario consiste en un acto complejo que requiere en primer lugar una propuesta del director del penal y, posteriormente, la decisión final de la autoridad judicial (Carlos Enrique Edwards, "Ejecución de la pena privativa de libertad", Editorial Astrea, Buenos Aires, 2007, Pág. 43).

Como otro obstáculo más para que el Sr. Juez de Ejecución ordenara la incorporación de Carrizo al régimen de semilibertad, se evidencia la ausencia de una fuente de trabajo cierta, extremo que se encuentra estrechamente vinculado con la naturaleza jurídica del instituto escudriñado, el cual radica esencialmente en acordar un beneficio en miras a favorecer la gradual inserción laboral del penado -propósito que se desprende del Art. 23 de la Ley Nº 24.660-, destino laboral que en ninguna de las piezas analizadas fue precisado. Es decir que frente a este déficit, la solicitud no podía prosperar, exigencia estatuida literalmente en el precitado Art. 23 "in fine" de la Ley Nº 24.660, cuando en su parte pertinente reza: "...Para ello deberá tener asegurada una adecuada ocupación y reunir los requisitos del art. 17...".

Por todo lo expuesto y normas legales citadas el recurso impetrado no puede prosperar, por resultar razonable lo decidido por el judicante.

En mérito a ello y normas legales citadas, El Vocal 2 Sala II del Tribunal de Impugnación RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 33/35 vta. y, en su mérito, CONFIRMAR el auto resolutivo glosado a fs. 29/31, por el que se dispusiera denegar el beneficio de semilibertad peticionado a favor del penado Ricardo Ángel Carrizo.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y bajen, oportunamente, los autos al Juzgado de origen.