marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos administrativos, interpretación del contrato, forma del contrato, prueba del contrato, enriquecimiento sin causa
Materia: PROCESAL
Carátula: C., H. c/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. ROCA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-06

El S.T.J. tiene dicho en "VISOR CONSULTORA", según voto del suscripto" . de las constancias obrantes en la presente causa surge que, en la contratación invocada . no se observaron los procedimientos pertinentes . la prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada a la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado.- Cuando la legislación aplicable exige una forma específica para la conclusión de un determinado contrato, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia ..- Esta condición que se impone ante las modalidades propias del derecho administrativo, concuerda con el principio general también vigente en derecho privado en cuanto establece que los contratos que tengan una forma determinada por las leyes no se juzgaran probados sino en la forma prescripta (arts. 975 y 1191 del Código Civil) .

Es dable señalar que tampoco podría - como lo hizo el "a quo" - fundar la decisión condenatoria en los principios del enriquecimiento sin causa, so pena de violar el principio de congruencia.- Ello en razón de que si bien la actora al deducir la demanda, fundó - a todo evento - la acción promovida en el "enriquecimiento indebido" . omitió mantener y desarrollar tales argumentaciones .".
Jueces, jubilaciones, decretos
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CICCIARO, Eduardo Pascual c/ Estado Nacional -M° de Justicia- s/ VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-27

Resulta inequívoco que el decreto 1770/91 no alcanza a cualquier funcionario judicial sino sólo a aquéllos equiparados legal o reglamentariamente a los jueces nacionales, en jerarquía o retribución, condición que no se cumple respecto de quienes ostentaban en el período fijado en el mencionado decreto, las categorías de Prosecretario Jefe o Auxiliar Superior.
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, abuso de armas
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA S/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Silva Trejo, Diego Emiliano Sobre 104 - abuso de armas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-01

Corresponde rechazar la queja ya que la recurrente no logra articular un caso constitucional tal como lo exige el artículo 27 de la ley n° 402 para habilitar esta instancia de excepción. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Sentencia definitiva, gravamen irreparable
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ HECTOR ORLANDO Y OTROS c/ ENTE RESIDUAL CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA PERSONAL DEL EX BANCO PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-12-19

La resolución que decide la declaración de incompetencia de un tribunal en razón de la materia, no reviste el carácter de definitiva o equiparable a tal, ya que dicha decición no causa un gravamen irreparable o de imposible reparación ulterior, ello debido a que los recurrentes aún cuentan con otra vía para solucionar sus agravios.-
Recurso de inconstitucionalidad, Colegio Público de Abogados, potestad disciplinaria, abogados, sanciones disciplinarias, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL
Carátula: M., R. Y P., J. F. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA). DENUNCIA FORMULADA  POR LOS COLEGIADOS DRES. IGNACIO FLORENTINO LOZA Y EUGENIA VICTORIA  DELPORTE (CSJ EXPTE Nº 317-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-18

No cumplimentó la exigencia constitucional establecida en el artículo 95 de la Constitución Provincial, resguardando de ese modo, el derecho constitucional de defensa según el alcance que el mismo tiene, la Sala actuante del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados que le impuso al recurrente la sanción de apercibimiento público sin expresar inequívocamente cuál era a su criterio la conducta incriminable y motivar, suficientemente, la sanción que entendía aplicable, lo cual torna innecesario el tratamiento de los restantes agravios del recurrente, siendo suficiente a los efectos de declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.
Intereses moratorios, cómputo de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hernández Ortensio c/ Luis Mario Abraham s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S139 - 063)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-07-26

La aplicación de la tasa de interés que contemplan las ya citadas leyes provinciales Nºs. 3.939 y 4.087, no dependen, en principio, de la fecha a la que se ha estimado el monto indemnizatorio o producido el perjuicio, sino exclusivamente si al importe resarcitorio se ha llegado a través de la aplicación de cualquier sistema de actualización monetaria o no. Frente a un capital actualizado por desvalorización monetaria por aplicación de cualquier índice (mayorista, minorista, construcción, etc.) que contemple los efectos nefastos producidos por la inflación sufrida en nuestro País, corresponde la aplicación del
Propiedad horizontal, expensas comunes, intereses, convertibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. ALVEAR 1981/99 c/ S.I.G.A. s/ EJECUCION DE EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-24

En materia de expensas comunes adeudadas, la tasa de interés admitida incluidos los intereses compensatorios y punitorios, no puede exceder dos veces y media la tasa pasiva promedio, mencionada en el art. 10 del decreto 941/91
Aduanas, obligaciones del transportador, responsabilidad del transportador
Materia: ADUANERO
Carátula: "Agencia Marítima Rio Parana S.A. (TF 14.358-A) c/ D.G.A".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-27

El agente de transporte, como representante del capitan, propietario o armador del buque a todos los efectos y responsabilidades del viaje que realice la nave (art. 193, ley 10.094 y Fallos: 196:406; 232:35; 255:227 y 307:374) no se libera de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato de transporte y de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato de transporte de la carga que el buque lleva, hasta el momento en que lo descarga y hace entrega de ella, en el caso, al encargado del depósito (art. 200 del Código Aduanero).
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva, homologación del convenio colectivo
Materia: CIVIL
Carátula: ISAME, DANIEL S/RECURSO DIRECTO POR RECURSO DE CASACION DENEGADO EN AUTOS: DIAZ FELIX ENRIQUE c/ ISAME, DANIEL Y/O OTRO s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-30

Si el fallo recurrido versa sobre el rechazo de la homologacion de un convenio celebrado en autos, no reviste la nota de definitividad de un decisorio a los fines de habilitar la vía de la casación.-
Tarifa de servicios públicos, servicio público, Transporte
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-21

Si bien el a quo tuvo por acreditado que el Estado Nacional fijó la tarifa del servicio público que prestaba la actora para los períodos controvertidos y que esa tarifa no era establecida en base a las estructuras de costos de las empresas prestatarias de ese servicio, lo cierto es que la actora no ha demostrado haber realizado acción alguna para que esa tarifa contemple, también, la incidencia del ISIB, como, por ejemplo, impugnar la resolución de la Secretaría de Transporte que dispuso la tarifa, es decir, no ha acreditado que el traslado del costo tributario local le haya sido denegado. (Voto en disidencia del Sr. Luis F. Lozano).
Mercadería aduanera, pérdida parcial de mercaderías, carta de rectificación, descarga, presunción juris et de jure
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Agencia marítima Río Paraná S.A. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-10

En el caso de mercadería faltante a la descarga, la decisión acerca de las consecuencias de orden tributario que derivan de la presunción contenida en el segundo apartado del art. 142 del Código Aduanero no puede obviar la limitación temporal contenida en la norma.
Juicio de apremio, costas, síndico del concurso
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: LOPEZ, JOAQUIN c/ USENKY, ERNESTO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-09-06

La presente queja no puede tener favorable acogida pues, si bien el quejoso insiste con su postura en torno a que inició apremio contra quien correspondía (el síndico condenado en costas en la sentencia de los autos principales), soslaya la respuesta brindada por la Cámara, que para admitir la falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado, interpretó que la expresión "con costas a la sindicatura" no importaba ni debía entenderse como la imposición de los gastos causídicos en forma personal al síndico interviniente, sino que es la masa concursal la que debía cubrir las costas devengadas en el incidente de caducidad de la acción de revocatoria concursal planteada, ya que la legitimación del síndico para ejercer la acción no lo coloca en condición de parte en el proceso, actuando sólo el concurso como órgano y parte actora.
Estafa procesal, tentativa, uso de documento adulterado, juicio de desalojo, falsificación de documentos, protocolización, falsedad ideológica
Materia: PENAL
Carátula: NOZIGLIA, J. s/ ESTAFA  PROCESAL  - FALSIFICACION - USO DOCUMENTO PRIVADO - ESCRITURA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-30

1) Constituye el delito de tentativa de estafa procesal mediante uso de documento privado adulterado, la acción de los procesados que introdujeron en un juicio civil pruebas falsas en apoyo de la demanda, con innegable perjuicio patrimonial para los intereses del actor -propietario del inmueble motivante del juicio de desahucio-, siendo la víctima del fraude el juez y la ofendida por la defraudación la persona afectada por la sentencia fundada en los elementos espurios.

2) La protocolización de instrumentos privados falsificados o adulterados, no puede catalogarse como falsificación ideológica de documentos públicos, pues el delito de falsedad ideológica en escrituras públicas se da cuando las atestaciones revertidas recaen sobre cuestiones que la escritura está destinada a probar en su carácter de tal, como la instrumentación por el notario de un acto jurídico pasado en su protocolo.

En la protocolización de instrumentos privados el escribano no contrae responsabilidad por la integridad material o el contenido intelectual del documento, que no pierde su condición de privado por la registración notarial a los fines de darle fecha cierta.
Tráfico de estupefacientes, descripción de los hechos
Materia: PENAL
Carátula: Liendo Roca, Arturo Eduardo y sus acumuladas c/  s/ Recurso de casación Vedia, Carlos Fortunato; Chialva, Georgina Lucrecia; Volpe, Jorge Rodolfo; Hamwee, David c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-03|2016-10-03

El instituto de la "entrega vigilada" fue traído a nuestro ordenamiento interno por la ley 24.424 mediante la cual se incorporó a la ley de estupefaciente y psicofármacos (art. 33 ley 23.737) el procedimiento mediante el cual el juez de la causa puede autorizar a la autoridad de prevención a que postergue la detención de personas o el secuestro de estupefacientes cuando se estime que la ejecución inmediata de aquellas medidas puede comprometer el éxito de una investigación. Bajo esos términos se advierte como totalmente válido que un juez pueda suspender la interceptación en territorio argentino de un cargamento de droga y permitir luego su salida del país, si tuviese la certeza de que la entrega será vigilada en el país de destino.

La defensa en su impugnación parece exigirle al juez instructor que dé una descripción de los hechos con el grado de certeza y de especificidad que es requerido para fundar una sentencia condenatoria. Los recurrentes no demuestran en su impugnación, ni tampoco surge del desarrollo del proceso, que perjuicio concreto le causó, o pudo haberle causado a su asistida la descripción de los hechos efectuada por el magistrado instructor en esta etapa. En ese contexto, no se advierte, a pesar de los esfuerzos de los impugnantes, que a partir de la descripción de los hechos efectuada en la declaración indagatoria se hayan visto limitadas, si quiera mínimamente, sus posibilidades de ejercer de modo acabado y eficaz el derecho de defensa en juicio contenido en el art. 18 CN, desde que le fue informado en que consistían los hechos que se le estaban imputando.
Sucesión testamentaria, nulidad de testamento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cuneo de Ginocchio, Paula c/ Díaz de Barragan, Ofelia y otros s/ Nulidad de testamento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-09

La ley presume que toda persona está en su sano juicio mientras no se pruebe lo contrario, correspondiendo por ende al que solicita la nulidad del testamento con sustento en la mencionada situación de incapacidad, probar que el testador no se hallaba en su completa razón al tiempo de hacer sus disposiciones (art. 316 de la ley 340).
Caducidad de instancia, beneficio de litigar sin gastos, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARAUJO DE MUÑOZ MARGARITA s/ Beneficio Litigar sin Gastos (LIBRO: A072 - 177)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-07-26

Procede la perención del Beneficio de Litigar sin Gastos, ya que la mayor o menor litigiosidad de la instancia no influye a los objetos de declararla cuando ha existido inactividad imputable para quien tenía sobre sí la carga de instarlo. Y el demandado en el juicio principal está plenamente legitimado para solicitarla, ya que no solo es parte formal de este proceso previo (beneficio), sino interesado personal por tener un interés patrimonial comprometido.
Trabajadores rurales, convenios de corresponsabilidad gremial, aportes previsionales, tambos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: EL CANDIL S.A. c/ D.G.I. s/ TRABAJADORES RURALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

Calificada la explotación agrícola-ganadera mixta, el procedimiento a seguir se encuentra en la Res. 439/75 S.E.S.S., mediante la cual se aprueban normas complementarias para la aplicación del convenio de corresponsabilidad gremial aprobado por Res. 3029/74 M.B.S., careciendo de relevancia la distinción sobre el carácter de principal o accesoria de la actividad tambera, puesto que el art. 3 de la referida Res. 3029/74 establece que queda excluido el personal de tambos del régimen de retención tarifada fijado por el convenio de corresponsabilidad, por lo cual le es aplicable el régimen de aportes y contribuciones establecido por la ley 18.037.
Promoción industrial, industria automotriz, tasas, ley derogada
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Estado Nacional - Ministerio de Economía - Secretaría de Industria c/ Saab Scania Argentina SA. s/ PROMOCION INDUSTRIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Si ni en la ley 21.932, ni en su reglamentación, se estableció la tasa que contemplaba el decreto - ley 8655/63, no corresponde aceptar su subsistencia, resultando indiferente al efecto que esta última norma nunca fue objeto de derogación expresa (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano y Guillermo A. F.

López).
Competencia, concursos, fallido, bienes del fallido, ejecución hipotecaria, fuero de atracción, competencia comercial
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Eandi, Nélida Haydée c/ Auad, Domingo Lorenzo s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

Si bien el inmueble objeto de ejecución hipotecaria, corresponde a una obligación contraída con posterioridad al decreto de quiebra, es de propiedad del fallido y configura parte de su activo, por lo queda sometido al trámite previsto en los arts. 203 y siguientes de la Ley de Concursos. Pero, para evitar intereses contrapuestos (tales como los del acreedor hipotecario y los de los acreedores de la quiebra) es conveniente que sea el tribunal que entiende en el juicio universal el competente para intervenir en la ejecución especial del bien o en la continuación del proceso hipotecario, si así lo dispone el juez del concurso.
Cuestiones de competencia, competencia federal, ejercicio profesional, colegio profesional, Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL - CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CONSEJO PROFESIONAL DE MEDICOS VETERINARIOS c/ PIZZI, JUAN CARLOS s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-08

Es ajena al conocimiento de la justicia federal la causa en que el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios pretende el cobro por vía ejecutiva de la cuota anual no abonada por un profesional matriculado. Ello así, pues la competencia del mencionado fuero por razón de las personas comprende aquellas causas en que la Nación o un recaudador de sus rentas sea parte (arts. 100 de la Constitución Nacional y 2, inc. 6, de la ley 48), lo que no ocurre en el caso, en el que tampoco juega la expresa atribución de competencia a dichos tribunales que se contempla en el art. 5 de la ley 18.942.
Oportunidad procesal, buena fe procesal, probidad, prueba documental, defensa en juicio, actos y diligencias procesales, lealtad procesal, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Preferencial S.A.  c/ López Roberto Fabián s/ Cobro Ejecutivo. Expte. N° 4641/21
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-05-24

La exigencia de incorporación inicial de toda la prueba documental tiene por finalidad evitar a las partes sorpresas procesales, o sea, la desventaja de ignorar la existencia de algún documento que puede ser fundamental para su defensa en el juicio, encontrando su fundamento en elementales razones de lealtad, probidad y buena fe procesal, cuya efectividad no se concilia con la posibilidad de diferir la agregación de elementos de juicio que preexisten a los actos de constitución del proceso.
Recusación, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: Soto Dávila, Carlos Vicente c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-21

Por regla general, la resolución que decide acerca de recusaciones no constituye una resolución susceptible de ser impugnada ante la instancia de casación, pues no se trata de la sentencia definitiva de la causa, ni tampoco de alguna que el art. 457 CPPN equipara a ella, en tanto el rechazo de la recusación de un juez no pone fin a la acción, ni a la pena, ni hace imposible la continuación de las actuaciones, ni tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena, sin que en el caso se encuentre debidamente fundada una cuestión federal. Dr. Hornos.
Contratos de adhesión, contratos de consumo, cláusulas leoninas, defensa del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: DECOVI s/ Amparo Colectivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-01

Conforme al análisis realizado por Juan Farina, el artículo 37 de la Ley Nro. 24240, si bien se aplica a las cláusulas abusivas, no se limita a ellas, pues se refiere a cinco cuestiones distintas íntimamente conectadas: a) ineficacia de pleno derecho de las cláusulas abusivas; b) reglas sobre interpretación de los contratos; c) comportamiento abusivo del empresario (o proveedor); d) derecho del consumidor a demandar la nulidad (o ineficacia), y e) consecuencias de la nulidad parcial del contrato.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MASTRIACOVO, JOSE MARIA c/ IACOMINI, RICARDO ALBERTO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-22

La decisión cuestionada -resolución de la Sala que rechazó la petición del actor de integrar dicho Tribunal con cinco jueces para conocer y decidir sobre los recursos de apelación que aquél interpusiera contra las regulaciones correspondientes a los curiales de los demandados- no puede constituirse en objeto procesal de la presente impugnación extraordinaria, toda vez que constituye una resolución ordenatoria del procedimiento que no reviste en sí misma el carácter de definitiva, como tampoco los efectos que pueda proyectar sobre el proceso la tornan equiparable a tal; y el compareciente no logra demostrar la concurrencia de irreparabilidad del gravamen, que eventualmente pueda autorizar el franqueamiento de la vía de excepción. - CITAS: CSJN: Fallos 308:1832; CSJStaFe: AyS T 229, p 273/276; T 70, p 136; T 92, p 416; T 97, p 197; T 107, p 149; T 120, p 309 y 320; T 191, p 218 y 340. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1; Ley 10160, artículo 27.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ JULIO RENE c/ NURAGHE S.R.L. O S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-11-29

Cuando los planteos esgrimidos atañen a cuestiones específicas que hacen a la ejecución de sentencia propiamente dicha, corresponde el rechazo del recurso por tratarse de sentencia no definitiva.
Leyes, interpretación de la ley, honorarios del abogado, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pujal Carlos Evaristo c/ Yasin Alberto D. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-28

La ley 23982 regula materia referida a la moneda de curso legal, propia del Congreso Nacional (art. 67 Const. Nac.) y de lo cual es un tópico el recaudo de su estabilización y para nada dice relación a las prescripciones de la ley provincial que establece los aranceles de los abogados. El que sea ésta la que prevea que las retribuciones allí previstas se satisfacerán con moneda de tal curso indica por sí mismo el orden lógico y axiológico que tienen las cosas sobre las que acá se trata. Ello así, en tanto la virtualidad de la ley preexistía al momento en que se requirió la regulación de los honorarios y en el que se practicaron efectivamente, no pudo dejar de articularse la cuestión -inconstitucionalidad de la Ley 23294- en la primera instancia donde la misma hubiera debido sustanciarse con los obligados al pago de que se trata. (MINORIA U OPINION PERSONAL)