Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-30


Esquel, 30 de mayo del 2006.- -----------VISTO:--------------------------------------------------------------- ---------------------------El recurso de apelación interpuesto a fs. 1/9 y vta. por el Abogado Adjunto de la Defensoría Oficial Dr. Javier Ángel Allende, bajo la supervisión del Dr. Eduardo Marsal, defensores de J. A. M., contra el resolutorio de fs.10/13 y vta., que deniega el beneficio de excarcelación y;---------------------CONSIDERANDO:-------------------------------------------- ------------------ -----------1. Sostiene el apelante que conforme el régimen legal vigente el Sr. M. deberá ser puesto en libertad sin perjuicio de la prosecución de la causa. Cita normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Convención Interamericana de los Derechos Civiles y Políticos, de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial, afirmando que de la somera enunciación de las normas que realiza surge el andamiaje jurídico que regula la libertad personal de cualquier persona sometida a proceso en nuestro país y en nuestra provincia.---------------------------------------------------------------------- --------Se explaya respecto a la debida interpretación que debe darse a las normas jurídicas en su conjunto de modo sistemático y no contradictorio, lo que procura evitar el uso arbitrario y fragmentario de sus normas.------------------------------------Se refiere al caso concreto, sosteniendo - respecto al peligro de fuga - que el motivo dado por el Sr. Juez no está fundado en elementos objetivos de la causa que lo doten de razonalibilidad y que sustenten suficientemente la presunción de fuga que la norma refiere, solicitando se revoque el interlocutorio.------------Al referirse al entorpecimiento para la investigación, realiza un breve recuento de la prueba que se encuentra en los autos principales, diciendo que el Juez a quo expresó en el segundo párrafo de fs. 92, que el imputado podría intentar alterar o destruir elementos probatorios, pero que no manifestó qué elemento, documento o constancia podría alterar o destruir, como tampoco mencionó un elemento objetivo derivado de las constancias de la causa, que fundamenten una actitud anterior del encartado en ese sentido, no advirtiendo el apelante de qué manera el imputado podría frustrar la investigación.----------------------------Expresa asimismo que la afirmación respecto de la posible influencia en los testigos de las causas para que se comporten de manera reticente o informen falsamente, tiene la misma orfandad de fundamentación, pues no menciona un elemento objetivo derivado de las constancias de la causa que fundamenten una actitud anterior del encartado en ese sentido.--------------------------------------------------------Al analizar el apelante el principio de inocencia y su conculcación en concreto formula que el aquo para fundar la posible intimidación de los testigos, lo hizo en obvia conculcación del principio de inocencia.------------------------------ -----------Solicita que se sustituya la prisión preventiva actual por la condición al imputado de prohibición de acercamiento a los familiares de las víctimas y/o cualquiera de los testigos de cargo por sí o por terceros, bajo apercibimiento de revocación de su libertad provisoria.-------------------------------------------------------- -----------2. Resumidos así los agravios de la apelante, este Cuerpo encuentra pertinente remitirse al criterio sentado en autos: "C., M. A. - M., J. s/...Esquel" (Expte Nro 146/04, A.I.P. nro.62/04 CANO), según el cuál la cuestión de la procedencia o no del instituto de la excarcelación ha sido resuelta según lo que reza en los párrafos que siguen.------------------------- -----------Así, se ha dicho: "Por otro lado, analizadas las normas sobre excarcelación, se advierte que la situación del imputado no puede ser encuadrada en el inc. 1ro del art. 284 del C.P.P., por cuanto el máximo de la escala penal atribuida supera los cuatro años de prisión [actualmente tres años; Ley Provincial 5.403] de prisión. Es así que debe entonces acudirse al inciso 2do. del citado art. 284, el cual prevé que, aun cuando se supere el máximo de cuatro años, la excarcelación resulta procedente si prima facie procede condena de ejecución condicional".------------------------------------------------------------------- ----------------------------Tal como se ha dicho, en caso de recaer condena, la misma no podría ser condicional, por aplicación del art. 27 del Código Penal, lo que lleva a concluir que la excarcelación de M. no procede tampoco por aplicación del inciso 2do. del art. 284 (ni por aplicación de los incisos 3ro. a 8vo.).------------------------Asimismo, en los autos referenciados, se dijo: "En cuanto a las objeciones de índole constitucional por parte de la defensa del recurrente, debe recordarse que: "La finalidad que inspira a la Constitución argentina al organizar un gobierno constitucional es, como lo proclama enfática y categóricamente su preámbulo: asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Y ese propósito aparece trasuntado a través de todas y cada una de sus disposiciones. Claro está que se trata de la libertad jurídicoconstitucional, vale decir, de la libertad reconocida y garantizada por la Constitución, a la que ésta también limita para hacer posible su efectivo goce por todos los habitantes y el cumplimiento de los demás fines del Estado. O sea, que dentro del gobierno constitucional no se concibe la libertad absoluta o ilimitada, que, paradójicamente, implicaría libertad para unos y esclavitud para otros, ya que quienes gozaran de derechos sin restricción lo harían a costa de los derechos de sus semejantes" (LINARES QUINTANA, Segundo V., La Constitución interpretada, p. 187, Depalma, Bs. As., 1960).-------------------------------------------------------------------------- ------------------- -----------"Si bien es cierto que el destacado constitucionalista se refiere a la libertad desde un punto de vista "jurídicoconstitucional", debe tenerse en cuenta que las libertades en tal sentido no son otra cosa que los derechos constitucionales mismos, dentro de los cuales sin dudas se encuentra la "libertad física", garantizada efectivamente por las constituciones, tratados y pactos de jerarquía constitucional invocados por el apelante, cuya ponderación adquiere fundamental relevancia para la resolución de la cuestión traída a consideración de esta Alzada por vía de apelación".--------------------------------------------------------------------- -"En este orden de ideas, en el proceso penal entran en colisión los derechos del imputado, con los de la víctima y con los de la sociedad, los cuales de acuerdo a su jerarquía deben ser respetados de igual modo. En otras palabras, estamos ante un conflicto de intereses en el cual el derecho de uno encuentra su límite en el concurrente derecho del otro, individual o colectivamente (sociedad) considerado, pues como es sabido nadie goza de derechos absolutos, sino que el ejercicio de los mismos está regulado por leyes que norman las conductas humanas en su interferencia intersubjetiva (art. 14, Constitución Nacional). Desde esta perspectiva, por no serle ajena, debe ponderarse la "libertad física" al aplicarse la ley procesal penal".------------------------------------------------------------------------- "En la dirección apuntada un viejo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no ha perdido actualidad y cuya filosofía comparte este Tribunal, expresa: "Que corresponde, por último, puntualizar que si es dable reconocer raigambre constitucional al instituto de la excarcelación durante el proceso, no es menos cierto que también reviste ese origen su necesario presupuesto, o sea el instituto de la prisión preventiva, desde que el Art. 18 de la Carta Fundamental, autoriza el arresto en virtud de orden escrita de autoridad competente. El respeto debido a la libertad individual no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad a adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias no sólo para asegurar el éxito de la investigación sino también para garantizar, en casos graves, que no se siga delinquiendo y que no se frustre la ejecución de la eventual condena por la incomparecencia del reo. Se trata, en definitiva, de conciliar el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente. 'La idea de justicia -dijo esta Corte en Fallos: 272:188- impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el [del] individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro'" ("Todres, Isaac" - CSJN - Ortiz Basualdo, Chute, Risolía, Cabral, Argúas - 18/08/1971 - el Dial - AAF53).------------------------------------------------------------------------" Dentro de este contexto, a criterio de este Tribunal, los arts. 279, 284 y 286 del C.P.P., armoniosamente reglamentan el derecho constitucional a la libertad física del imputado frente a los concurrentes derechos de igual jerarquía normativa de los demás integrantes de la sociedad, entendiendo el legislador que el primero debe excepcionalmente ceder en las circunstancias descriptas por las referidas normas. Así, el art. 279 establece los presupuestos para la procedencia de la prisión preventiva, como medida cautelar y no como sanción; el art. 284 regula la excarcelación como un beneficio para el imputado ante la medida excepcional de la prisión preventiva; y, por último, el art. 286 prevé restricciones al beneficio excarcelatorio".---------------------------------------------------------------- -- -----------"Imperativo de la lógica normativa descripta es que, cuando no procede el beneficio excarcelatorio a tenor del art. 284, no cabe la valoración de las restricciones al mismo establecidas por los arts. 286 y siguientes, por la sencilla razón de que no existe qué restringir. Adviértase que, en el sistema procesal penal provincial, el "peligro de fuga" o el "peligro de entorpecimiento" de la investigación no son presupuestos de la prisión preventiva, sino restricciones a la excarcelación".----------------------------------------------------------------- ----------------- -----------"La interpretación propuesta, que estimamos coincidente con la del legislador -a quien no sería prudente atribuirle un despropósito-, en nada se contradice con las previsiones del art. 49 de la Constitución Provincial -ni con otras de la Constitución Nacional, incluidos los tratados y pactos a ella incorporados- en razón de que encuadra dentro de la amplísima fórmula "actuación de la ley" empleada por la norma".-------------------------------------------- --------Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut,------- ---------------------------R E S U E L V E------------------------------------- -----------1°) CONFIRMAR, en cuanto fue materia de recurso, la resolución de fs. 10/13 y vta. por las consideraciones vertidas precedentemente.------------------------------2°) PROTOCOLÍCESE, notifíquese y devuélvase.------------------------- -----------La presente se firma con el Tribunal integrado por la Sra. Juez Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes, Dra. Nelly garcía, por encontrarse vacantes dos vocalías y haber alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9, Ley Nº 1.130, texto según Ley Nº 4.550; Acordada STJ Nº 3.223/00).-------------------------------- BENJAMÍN MOISÁNELLY GARCIA (con su voto) VOTO de la Dra. Nelly García:

----------- La Dra. García dijo:--------------------------------------------------------------------------- Que en el caso de autos los agravios de la Defensa se resumen, en que no existen elementos objetivos que sustenten la presunción de fuga, y que tampoco existe la posibilidad de entorpecimiento, fundadas en constancias de la causa; que el a quo funda la denegatoria de la excarcelación en la posible intimidación de los testigos, en obvia conculcación del principio de inocencia.----------------Tengo en cuenta que, por auto obrante a fs. 10/13 vta. de este incidente, el Juez de Garantías Dr. Jorge Criado, ordenó el procesamiento con prisión preventiva de J. A. M., por considerar que existen elementos suficientes para tener por acreditado, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa, que es autor de los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso sexual gravemente ultrajante y robo calificado por el empleo de arma y por su comisión en lugar despoblado, hurto simple y lesiones graves todo en concurso real (arts. 45, 55, 142 inc 1º, 164, 166 inc 2º, 167 inc 1º, 119 2º párrafo, 162 y 90 del C. Penal), a su vez, funda la prisión preventiva, en el peligro de fuga, por considerar que es débil el arraigo del imputado, ya que fue aprehendido cuando pretendía ascender a un colectivo con destino hacia la costa, y la posibilidad de entorpecer la averiguación de la verdad, por su personalidad agresiva, advirtiendo la posibilidad de destruir o alterar elementos probatorios e influir o inducir a los testigos, principalmente a sus víctimas mujeres.-----------------------------------------------------A mi criterio, atento los nuevos paradigmas receptados por la jurisprudencia, acorde con la interpretación constitucional, la regla debe ser la libertad durante el proceso y la prisión como medida cautelar solamente debe ser aceptada para evitar los riesgos procesales, que el imputado se fugue frustrando la posibilidad de llevar a cabo el juicio o entorpezca la investigación, y no basta la mera presunción legal por el monto de la pena esperada, caso contrario sería una imposición de pena por adelantado en violación al debido proceso.

Entiendo, que se deben conjugar los requisitos para la procedencia de la prisión preventiva del art. 279 del C.P.P y los del art. 286 del C.P.P., para adecuarnos a la manda del art. 49 de la Constitución Provincial, art. 18, 75 inc 22 de la Constitución Nacional; art 7 y 8 de la C.A.D.H. y art. 9 y 14 del P.I.D.C. y P.

Al respecto, comparto el criterio establecido por la CNCP-Sala III en C. 5472 "M., A. M.. uisa s/recurso de casación e inconstitucionalidad" (eldial.com/nuevodial/050210-d.asp) voto de la Dra. Ángela Ester Ledesma:" Que la privación de la libertad "no debe ser la regla", constituye un principio expreso constitucionalizado (art. 9 inc 3º del PIDCP).

Alberto Bovino enseña que el carácter excepcional del encarcelamiento preventivo surge directamente de la combinación entre el derecho general a la libertad ambulatoria (art. 14 y 75 inc 22 de la C.N. y art. 8.2 CADH y 14.2 PIDCP) y la prohibición de aplicar una pena antes de obtener una sentencia condenatoria firme (principio de inocencia) -art. 18 y 75 inc 22 de la C.N. art. 9.1 del P.I.D.C.P. y art 7 CADH- (el encarcelamiento preventivo en los tratados de derechos humanos, publicado en Problemas del Derecho Procesal Penal contemporáneo, Editores del Puerto, Bs.As. 1998, pág. 14879).- Por su parte, Cafferata Nores señala que la privación de la libertad durante el proceso penal es una medida cautelar excepcional dirigida a neutralizar los graves peligros (por lo serio y lo probable) que se puedan cernir sobre el juicio previo, con riesgo de apartarlo de sus fines de afianzar la justicia.

Explicita que el texto constitucional establece en forma expresa que "el encarcelamiento durante el proceso "no debe ser la regla general" y que sólo tiende a asegurar la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y en su caso para la ejecución del fallo (art 9.3 PIDCP) (Proceso Penal y Derechos Humanos, CELS, Editores del Puerto, Bs. As. 2000, pág. 186...

En consecuencia, los jueces sólo podrán disponer una medida cautelar máxima -encarcelamiento- en la medida que hayan comprobado razones suficientes para justificar la presunción contraria al principio de permanencia en libertad...".

En primer lugar, considero que existe abundante prueba de cargo, la que ha sido reseñada y valorada por el a quo, para sostener la autoría de los delitos que se le reprochan, y atento la calificación dada a los mismos, tiene un amenaza de pena que supera ampliamente los tres años, requeridos para la condena condicional.

En principio, le creo a la víctima G. H. L., en el relato de los hechos efectuado en sede policial, ya que no surge ningún dato para sospechar de su credibilidad y refiere haber recibido constantes amenazas contra su vida y también contra sus familiares directos, a los que el imputado identificaba correctamente.

Que también, a la otra víctima M. V. M., la tenía atemorizada por sus amenazas, soportando agresiones físicas, hasta que se animó a denunciar ante la gravedad de la lesión, con fractura de tabique nasal.

Además considero, que M. en la ejecución de las acciones llevadas a cabo en este hecho, desplegó una excesiva violencia, que resultó innecesaria para obtener los fines que se había propuesto, y teniendo en cuenta que prueba, es la que se discute en el juicio y no las diligencias de la instrucción, llego a la conclusión de que existen indicios suficientes, de que puede entorpecer la averiguación de la verdad, influyendo sobre los testigos.

Asimismo, surge de su declaración como imputado de fs. 71/73 del principal, que anteriormente vivió en Tierra del Fuego y en Comodoro Rivadavia y que actualmente vive, con su madre y una hermana, en el Barrio *** casa nº ** de la ciudad de Esquel; teniendo en cuenta que no tiene trabajo estable, domicilio real propio y permanente, considero que tiene muchas facilidades para trasladarse de un lugar a otro sin dejar huellas, por lo que, a mi criterio, también existe la posibilidad concreta de peligro de fuga. Por lo expuesto voto por confirmar la prisión preventiva dispuesta.

NELLY GARCIA Ante mí. Norma Marrero. Secretaria REGISTRADO BAJO EL Nº 38/06 CANO. Conste.- Norma Marrero Secretaria