Tribunal: CAMARA DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2009-12-09


2º instancia. - Mendoza, diciembre 9 de 2009.

Resulta: 1) Que a fs. 18/27 vta., se presenta el Dr. Roberto G. Villegas, en representación del Sr. Eduardo Claudio Farias, promoviendo demanda en contra de "Jumbo Retail Argentina S.A. - Jumbo Mendoza -" a quien le reclama la suma de $34.478,04, o lo que en mas o en menos resulte de la prueba a rendirse en la causa, con más sus intereses legales, y las costas del juicio.

Señala que su mandante ingresó a trabajar para la demandada en fecha 12 de noviembre de 2.001, desarrollando tareas de Repositor, encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, desarrollando sus actividades con dedicación, contracción y sobre todo con responsabilidad.

Que la relación laboral nunca se enmarcó dentro de las normativas legales vigentes, debido a las constantes irregularidades cometidas por la empleadora y que iban en desmedro de los intereses del trabajador, como ser las constantes persecuciones laborales, o la asignación de tareas que no le correspondían y para las cuales no estaba capacitado, como por ejemplo el manejo de un autoelevador, o las constantes sanciones disciplinarias que se le aplicaban, las que a su entender resultaban arbitrarias y abusivas, y que lo llevaron a iniciar una demanda de apelación de suspensiones, como consecuencia de que se le imputaba que había tomado una lata de energizante speed, y por haber atropellado el día 16 de marzo de 2.006 a su superior Distefano, suspendiéndolo desde el día 18 al 29 de marzo de 2.006, que con posterioridad recibe otra carta documento donde le imputan llegadas tardes los días 11 y 21 de febrero suspendiéndolo un día, que esas sanciones fueron apeladas por el actor.

Que en fecha 06 de octubre de 2.006 la demandada envía una carta documento notificándole que el período de descanso anual que le correspondía, de 21 días, comenzaba el día 19 de marzo de 2.007 hasta el día 08 de abril de 2.007 inclusive, debiéndose reintegrar el día 09 de abril de 2.007, en su horario habitual.

Agrega que el día 10 de enero de 2.007 se le comunicó que por ausencia injustificada el día 26 de diciembre de 2.006, y llegada tarde el día 27 de diciembre de 2.006 (01 minuto), y el 28 de diciembre de 2.006 (01 minuto), se lo suspende los días 11 a 16 de enero de 2.001 inclusive.

Que el actor rechazó las causales de suspensión por considerarlas injustificadas, arbitrarias y por no ajustarse a los hechos ni al derecho, exigiendo que se dejara sin efecto la misma, caso contrario accionaría el cobro de los días caídos.

Que el 23 de enero, la demandada rechazó ese telegrama, insistiendo en la sanción se había aplicado conforme a derecho.

Que sorpresivamente, el día 20 de marzo recibió una intimación de la demandada para que en el plazo de 48 hs. reanudara sus tareas, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo.

Y que el día 26 de marzo la empleadora le comunicó, que no habiéndose presentado a trabajar y ante el silencio de su apercibimiento, se rescindía el contrato de trabajo a partir del día 26 de marzo de 2.007, por abandono de trabajo.

Califica la conducta de la demandada de violatoria de los deberes de buena fe y de continuidad laboral.

Agrega que el actor remitió, el 28 de marzo de 2.007, un telegrama rechazando la carta documento del 20 de marzo, por la cual se la emplazaba a presentarse a trabajar, señalando que se encontraba gozando de su período de descanso anual, calificando dicha conducta de persecutoria, por las distintas sanciones aplicadas, y enumerando los actos que consideraba como demostrativos de esa conducta, por lo que informaba que se sentía gravemente injuriado y despedido sin justa causa, emplazando para que se le abonaran las indemnizaciones de ley, y se le entregara la certificación de servicios y aportes que contempla el art. 45 de la Ley 25.345, art. 2 Ley 25.323, y 16 de la Ley 25.561.

Que el 28 de marzo recibió otra carta documento por la cual la empleadora le comunicaba que dejaba sin efecto las cartas documentos de fechas 20 y 26 de marzo, que como se encontraba gozando de licencia por vacaciones debía reincorporarse a sus tareas normales y habituales el 09 de abril.

Que el 05 de abril el actor remitió otro telegrama rechazando por improcedente, falaces, malintencionadas y carentes de todo sustento jurídico y legal sus cartas documento, que refleja su política persecutoria y discriminatoria con su parte.

Explicita los conceptos de discriminación, y mobbing, para solicitar su aplicación en ésta causa.

Formula liquidación de lo que reclama, ofrece pruebas y funda en derecho su pretensión. Plantea la inconstitucionalidad de la Ley 7198.

2) Corrido el traslado de ley, comparece el Dr. M.N., en representación de Jumbo Retail Argentina S.A., contestando la demanda instaurada en su contra.

En primer lugar efectúa una negativa de todos y cada uno de los hechos y derechos expuestos en la demanda, que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte.

Reconoce que el actor trabajó para su mandante, que en un principio lo hizo en Cencosud S.A. (Easy), y que posteriormente estuvo en Jumbo Retail S.A.

Expresa que el actor, bajo la figura de acoso laboral o mobbing, pretende determinar que es procedente el despido indirecto.

Niega que el trabajador haya sido víctima de persecución o ataques a su persona por parte de las autoridades de la empresa. Sostiene que las sanciones impuestas han tenido causa justificada y fueron aceptadas por el empleado, lo que no implica que haya sido víctima de una persecución por parte de la empresa.

Argumenta que con fecha 06 de octubre de 2.006 su mandante le comunicó al Sr. Farias que sus vacaciones anuales comenzarían el día 19 de marzo de 2.007, y que debía reintegrarse a sus tareas el día 09 de abril de 2.007.

Que sin embargo, por error, su mandante con fecha 20 de marzo de 2.007, remitió carta documento al actor intimándolo a presentarse a trabajar, cuando éste se encontraba en uso de licencia por vacaciones. Destaca que la firma tiene más de 1.000 empleados en la Provincia y que por ello existe la posibilidad de cometerse un error.

Dice que el actor no contestó la intimación remitida erróneamente remitida por la empresa, ni siquiera se presenta en la empresa para aclarar su situación, lo que a su entender pone de manifiesto la mala fe del trabajador, puesto que su parte hubiera podido rectificar su error, como lo hizo el 28 de marzo, dejando sin efecto su decisión, expresándole que debía reincorporarse a sus tareas el 09 de abril.

Que no obstante que ello se le explicó al actor, éste decidió darse por despedido alegando exclusiva culpa de su mandante alegando razones persecutorias y hostiles.

Agrega que lo cierto y concreto es que el actor no tuvo intenciones de continuar con la vinculación laboral, dándose por despedido, basando dicha decisión en hechos totalmente infundados, cuando la voluntad de la empresa fue subsanar el error cometido.

Contesta la inconstitucionalidad planteada por la contraria respecto de la Ley 7198.

Impugna la liquidación presentada por el actor, y también ofrece pruebas.

3) A fs. 60/61 vta. la parte actora contesta el traslado prescripto por el art. 47 del C.P.L.

4) A fs. 65 se admiten las pruebas ofrecidas por las partes, y una vez rendidas las mismas se realiza la audiencia de vista de causa de que da cuenta el acta de fs. 105, quedando los autos en estado de resolver, y Considerando: De conformidad con lo dispuesto por el art. 69 del C.P.L., las cuestiones a resolver son las siguientes: 1) Existencia de la relación laboral; 2) Hechos que justifican la procedencia de los rubros reclamados; 3) Costas.

1) Primera Cuestión: La relación laboral esgrimida por el demandante, como base de sus reclamos remuneratorios e indemnizatorios, ha sido expresamente reconocida por la accionada. Vinculación que además corroboran la certificación de servicios y remuneraciones ANSES, formulario PS.6.2. acompañado a fs. 3/6, y las comunicaciones efectuadas entre las partes (fs. 7/17). Con lo que se lleva expuesto alcanza para dar respuesta afirmativa a la primera cuestión. Entre las partes de éste proceso existió práctica laboral en dependencia remunerada y con continuidad, lo que me permite encuadrar la situación como contrato de trabajo en los términos del art. 21 y cc. de la L.C.T.; lo que a la vez determina la competencia de este Tribunal para entender en el conflicto planteado, constituido al efecto en Sala Unipersonal de acuerdo por lo establecido por el art. 1º del C.P.L., reformado.

2º) Sentado precedentemente la existencia de relación laboral entre las partes, en las condiciones relatadas en la demanda, resta por examinar las pretensiones deducidas en autos.

a) En primer lugar se reclaman los rubros indemnizatorios. Al respecto deben analizarse primero las normas legales aplicables, luego las pruebas rendidas, para determinar si el despido ha sido o no causado.

Al respecto el artículo 242 de la L.C.T., autoriza a las partes a "hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación".

La justa causa o injuria es un motivo legal de denuncia consistente en el incumplimiento de deberes contractuales propios de la relación de trabajo.

La última parte del artículo mencionado establece que la valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la ley y las modalidades y circunstancias personales en cada caso.

Es esencial para determinar la gravedad de la injuria, la existencia de una violación (grave) de un deber contractual de prestación o de conducta, el carácter personal y comunitario de la relación de trabajo, determina un régimen peculiar de los deberes de prestación, en orden a su violación, y son motivo de resolución de la relación por causa de dicha violación.

En el caso traído a resolver, el actor fue despedido de su trabajo con la siguiente imputación: "ante silencio... y no habiéndose presentado a trabajar y ante silencio a nuestro apercibimiento, contrato de trabajo rescindido por su abandono a partir del día 26/03/2.007 (telegrama fs. 15).

Ello se debió a que en fecha se lo había emplazado a presentarse a reanudar sus tareas, bajo apercibimiento de considerarse abandono de trabajo (telegrama de fs. 14).

El trabajador rechazó por improcedente, falaz mal intencionada y carente de todo sustento la carta documento recibida por la cual se lo emplazaba a presentarse a trabajar, señalando que se encontraba gozando de su período de licencia anual, calificando esa conducta de llamativa y persecutoria en razón de que tuvo que recurrir a instancias judiciales apelando las suspensiones que en forma injustificada y sistemática han vulnerado el principio de la continuidad laboral, y su derecho como trabajador, produciendo una desigualdad con el resto de los empleados, lo que imposibilitaba la continuidad de la relación laboral, considerándose gravemente injuriado y despedido sin justa causa, emplazando a que se le abonaran las indemnizaciones de ley por despido sin causa y que se le hiciere entrega de la certificación de servicios y aportes que contempla el art. 80 de la L.C.T., y bajo apercibimiento de solicitar las multas del art. 45 de la ley 25.345, art. 2 de la Ley 25.323, y 16 de la Ley 25.561.

Posteriormente la empresa demandada, mediante carta documento, informó al actor que dejaba sin efecto las comunicaciones realizadas, y que como se encontraba gozando de licencia por vacaciones, debía reincorporarse a sus tareas normales y habituales el 09 de abril de 2.007.

El actor, contestó ratificando que por la actitud persecutoria en su contra adoptada por la empresa, ratificaba su decisión rescisoria. (fs. 9).

Estimo que de las pruebas rendidas en la causa, es evidente que la empleadora había adoptado una actitud persecutoria y hostil hacia el Sr. Farías, lo que queda demostrado con las comunicaciones de sanciones, ya que se le impusieron seis días de suspensión por llegar, un minuto tarde los días 27 y 28 de diciembre de 2.006, cuando al resto del personal no era sancionado por ese motivo, como lo expresó el testigo Adrián Fernando Pamelín, el que señaló que a los compañeros de trabajo les llamó la atención que a Farías lo sancionaran por llegar un minuto tarde, que él nunca lo suspendieron por igual motivo.

También explicó que lo sancionaron por mal manejo del autoelevador, que para conducirlo tenían que tener carnet, y el actor no lo tenía.

Agregó que escuchó al Jefe directo del actor (Sr. Horacio Distefano) que se dirigía a él de mal modo, con alto tono de voz, que había diferencia con el resto del personal. Que incluso en algunos almuerzos Farías no participaba.

Y si la empleadora iba a tomar la sanción más grave que prevee la ley, es decir la disolución del vínculo laboral, no arbitró los mínimos recaudos para verificar si podía hacerlo, contrariando de ese modo lo dispuesto por el art. 63 de la L.C.T., que obliga a las partes, de la relación de trabajo, a obrar de buena fe, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato. Y si bien la demandada pretendió enmendar su error, comunicándole al Sr. Farías que al terminar el período de licencia debía presentarse a trabajar; éste ya se había considerado injuriado y despedido.

Pero la conducta de la accionada no resulta válida a tenor de lo dispuesto por el art. 234 de la L.C.T., puesto que el despido no puede ser retractado, salvo acuerdo de partes, que en éste caso no se produjo.

Entonces, nos encontramos en el presente caso con un despido directo, dispuesto por la empleadora, y uno indirecto decidido por el trabajador.

Y si bien la accionada pretende imputar al actor que no se presentó en la empresa para aclarar su situación, es ella la que debe asumir la responsabilidad de su conducta, y por lo tanto, al calificarse el despido de injustificado, le debe abonar las indemnizaciones dispuestas por los arts. 232 indemnización por omisión de preaviso, 245 de la L.C.T. indemnización por despido incausado.de la L.C.T.

b) Al calificarse el despido de injustificado, también se impone al demandado el pago de la multa sanción contemplada en el art. 16 de la Ley 25.561.

c) Además, como el actor emplazó a su empleadora para que le abonara los rubros indemnizatorios (fs. 9), y al no percibirlos se vio obligado a iniciar acciones legales, también corresponde aplicar la multa prevista en el art. 2 de la Ley 25.323, por no existir causas que justificara la conducta del empleador.

Se aclara que de acuerdo a los términos del art. 2 de la Ley 25.323, la indemnización de los arts. 232, 233 y 245 L.C.T. serán incrementadas en un 50%, por lo que el importe correcto por éste rubro se fija en la suma de $6.760,40.

d) Por último se reclama en la demanda por mobbing laboral la suma de $4.056,24.

Al respecto define el término mobbing como el encadenamiento sobre un período de tiempo bastante corto de intentos o acciones hostiles consumadas, expresadas o manifestadas por una o varias personas hacia una tercera: el objetivo.

Explica el desarrollo de cada una de las fases del mismo, y los tipos de situaciones que se producen, como así, sus consecuencias, y la forma de reparación.

Sobre éste tema el Dr. Santiago Rubinstein señala que la jurisprudencia laboral aporta muchísimos casos que destacan el hostigamiento al trabajador con el objetivo de obtener su renuncia a la relación de trabajo, que es un verdadero acoso psicológico.

Dice que los arts. 17, 66, 68, 81 y concordantes de la L.C.T.; arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional y art. 1 de la Ley 23.592, tienen el propósito de velar y hacer respetar no solamente los derechos básicos de los trabajadores, sino también su dignidad. Agrega que el mobbing es un proceso que lamentablemente se quiere imponer en las relaciones laborales y que pretende establecer comportamientos agresivos, vejatorios y arbitrarios para prescindir de un trabajador de la empresa.

Destaca que el maltrato y el acoso en la empresa, constituye un comportamiento antisocial, y que generalmente le resulta difícil al trabajador accionar contra la empresa por acoso psicológico, por insuficiencia en ciertas normas laborales, por la dificultad en la obtención de elementos probatorios, porque determinada jurisprudencia no recepta como daño el acoso psicológico, y por último por el temor que tiene el trabajador de perder el empleo. (El hostigamiento al trabajador como acoso psicológico. El "mobbing", D.T. pág. 1.630/1.632).

Pero la indemnización corresponderá "cuando aparezcan síntomas y/o signos de compromiso físico o psíquico". (Mariano N. Castex - "Daño Psíquico y otros temas forenses", ps. 52/53, Ed. Tekné, Bs. As. 1.997). Es decir el presupuesto para la procedencia de un resarcimiento por éste concepto es la existencia de consecuencias físicas o psíquicas, que en el presente caso no han sido mencionadas o acreditadas, lo que lleva a desestimar la pretensión concretada respecto de éste rubro por considerar que no existen circunstancias que habiliten, en éste caso, a otorgar una reparación por una suma superior a la tarifa que establece la ley laboral.

En definitiva, se admite en forma parcial el reclamo del actor por la suma de $27.041,60.

Se toma como base para efectuar los cálculos el salario denunciado en la demanda que no ha sido discutido por la contraria, y como esa suma está referida a la fecha del distracto (28/03/07) se le deben aplicar intereses, los que se calculan a la tasa activa, de acuerdo con lo resuelto por el Superior Tribunal de la Provincia en el plenario "Aguirre..." con lo que se arriba a la fecha a la de $40.621,89. (Ref: capital $27.041,60 + Int. 50,22% = $13.580,29).

3º) Tercera Cuestión: Las costas de éste proceso, de acuerdo a la solución arribada, deben ser soportadas por las partes de acuerdo a sus respectivos vencimientos. (arts. 31 C.P.L. y 35, 36 C.P.C.). Al solo efecto regulatorio se fija la suma por la que se rechaza la demanda en $6.093,28. (Ref: capital $4.056,24 + Int. 50,22% = $2.037,04).

Por lo expuesto, y lo dispuesto por las normas legales citadas, en definitiva, resuelvo: 1) Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida en autos por Eduardo Claudio Farias en contra de "Jumbo Retail Argentina S.A. - Jumbo Mendoza -", en consecuencia condeno a la demandada a que le abone al actor la suma de pesos cuarenta mil seiscientos veintiuno con ochenta y nueve centavos ($40.621,89), calculada a la fecha de ésta sentencia, en el término de cinco (5) días de quedar firme y ejecutoriada la presente, bajo apercibimiento de ley.

2) Costas por ello a la demandada en su condición de vencida.

3) Regular los honorarios profesionales de los Dres. M.Q. en la suma de pesos un mil seiscientos veinticuatro con ochenta y siete centavos ($1.624,87); R. G. V. en la de pesos cuatro mil sesenta y dos con dieciocho centavos ($4.062,18); M.Ch. en la de pesos un mil ciento treinta y siete con cuarenta y un centavos ($1.137,41); M.N. en la de pesos quinientos sesenta y ocho con setenta centavos ($568,70); N.G. en la de pesos dos mil doscientos setenta y cuatro con ochenta y dos centavos ($2.274,82), en lo que se admite el reclamo del actor.

4) Rechazar el reclamo del actor por el rubro mobbing laboral.

5) Regular los honorarios profesionales de los Dres. M. A. CH. en la suma de pesos doscientos cuarenta y tres con setenta y tres centavos ($243,73); M. A. N. en la de pesos ciento veintiuno con ochenta y seis centavos ($121,86); N.G. en la de pesos cuatrocientos ochenta y siete con cuarenta y seis centavos ($487,46); M.Q. en la de pesos ciento setenta con sesenta y un centavos ($170,61), y R.V. en la de pesos cuatrocientos veintiseis con cincuenta y dos centavos ($426,52), en cuanto se rechaza la pretensión del actor.

5) Emplazar a las partes, según corresponda, para que en el término de diez (10) días, abonen el aporte de la ley 5059; en el de treinta (30) días, la tasa de justicia pertinente, y cumplan con lo dispuesto por el art. 96 inc. g. de la ley 4976, todo ello bajo apercibimiento de ley. Notifíquese a la Dirección General de Rentas y Caja Forense por cédula. - Pedro M. Aldunate.