Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-06-29


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 29 días del mes de junio del año dos mil once, reunido en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia, en pleno, con la Presidencia de su titular Dr. Jorge PFLEGER y asistencia de los Dres. José Luis PASUTTI, Alejandro Javier PANIZZI, Raúl Adrián VERGARA y Carlos Alberto VELAZQUEZ para dictar sentencia en los autos caratulados "S. S.A.C.I. c/ Provincia del Chubut s/ Acción Declarativa de Certeza" (Expte. Nº 21.367-S-2.008) y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 507 y lo dispuesto a fs. 511 y 514, de conformidad con lo establecido en las Acordadas Nº 3.202, 3.204 y Acuerdos Plenarios Nº 3.613/07 y 3.941/11, encontrándose ausente, en uso de licencia, el Dr. Fernando S. L. ROYER, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. PANIZZI, PASUTTI, VERGARA, VELAZQUEZ y PFLEGER.- Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la demanda declarativa de inconstitucionalidad intentada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.--- A la primera cuestión el Dr. PANIZZI dijo: ----- ANTECEDENTES: - I.- A fs. 246/268 vta., se presentó el Dr. C. A. T. en carácter de gestor de la empresa S. S.A.C.I. y promovió Acción Declarativa de Certeza contra la Provincia del Chubut en los términos del art. 322 del C.P.C.C., a los efectos de establecer la situación jurídica de la actora respecto de su posición jurídica frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Ley Provincial N° 5.450, Libro II, Parte Especial, Título II, Texto ordenado 2.006 y sus modificaciones y complementarias). La incertidumbre estaría dada por el dictado de un acto administrativo de alcance particular que ordenó rectificar los formularios CM 03 de los períodos 06/2.006 a 12/2.006 y 01/2.007 a 05/2.007 del referido impuesto, por la actividad de "Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p.", que dejó sin efecto la exención dispuesta por la Ley Provincial N° 3.926 y otorgada en cumplimiento del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de fecha 12/03/1.993.

Planteó la inconstitucionalidad de la Ley N° 5.450, art. 115, punto 15 y de todas las normas que derivaren de la misma, hasta el acto administrativo N° 183/DCM de fecha 27/06/2.007, que se sustentó en la primera de las normas indicadas, por violación de las disposiciones constitucionales, las que citó.

Hizo referencia a los motivos por los cuales justificó la competencia federal, toda vez que la Provincia del Chubut vulneró normas de la Carta Magna. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.---- En los hechos indicó que S. S.A.C.I. era contribuyente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos inscripta al convenio Multilateral, y que su actividad la desarrollaba, totalmente, en el Parque Industrial de Trelew, pese a tener su inscripción en Capital Federal. Relató los procesos que se llevaban a cabo en sus instalaciones (tintorería, estampado y acabado de tejidos de punto, laboratorio de colores y control de calidad de productos, contando con hilandería de algodón peinado por anillos, cuyo proceso es casi todo robotizado). Refirió los lugares de comercialización de las telas fabricadas, los cuales se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.- Señaló que para unificar los impuestos en todo el país y favorecer las exportaciones, el Poder Ejecutivo Nacional acordó con varias provincias el Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento, de fecha 12/08/1.993 mediante Decreto Nacional N° 1.807/93. Las provincias, al adherir, debían disminuir o derogar los impuestos locales, y el Gobierno Nacional las beneficiaría con la suspensión de la retención de los montos excedentes de la Coparticipación Federal por arriba del mínimo establecido como garantía en el Pacto Federal anterior del 12/08/92.

En lo referido a los Ingresos Brutos, se acordó la exención inmediata para las actividades primarias y una sustitución a mediano plazo, para el impuesto a las ventas en la etapa minorista. El Estado Nacional asumía acompañar las medidas con la disminución de la incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral. Por su parte el Pacto Federal Fiscal del 12/08/93 (inc. 4) disponía la exención de las actividades como la producción primaria, entre otras.-- Refirió que la Provincia del Chubut adhirió al pacto Federal mediante Decreto Provincial N° 378/1.994. Así, a partir del 01/01/1.994 y con la entrada en vigencia de la Ley Provincial N° 3.926, dispuso la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para empresas que tuvieran su planta industrial en el ámbito provincial, con el requisito de presentar ante la dirección General de Rentas, el certificado de inscripción ante el Registro Permanente de Industrias, por ante la Dirección de Comercio e Industria provincial.-- Explicó que la Resolución N° 176/95 prorrogó su vigencia, por lo que no necesitaba renovarse la exención. Agregó que las leyes dictadas posteriormente, (N° 4.403, 4.458, 4.485, 4.501 y 4.571), lo dejaron sin efecto a partir de 1.998, con excepción de las industrias textil y pesquera que desarrollaran sus actividades en plantas en tierra.- Indicó que en 2.006 se dictó la Ley N° 5.450 que derogó las exenciones previstas por la Ley N° 3.926 donde se mantenía el beneficio para las empresas textiles pero que, además de estar ubicadas en tierra, constituyeran su domicilio real en la provincia, incrementando además, el valor de la alícuota si se efectuaran ventas a consumidores finales.- Fue por ello que la Dirección General de Rentas intimó a la presentante a rectificar los formularios de las declaraciones juradas del impuesto, por aplicación de las nuevas disposiciones del Código Fiscal.-- En el acápite siguiente, refirió los fundamentos que consideró apropiados para la procedencia de la acción, conforme los recaudos del art. 322 del C.P.C.C. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema en sustento de sus argumentos. Solicitó que se diera a la acción, el trámite sumarísimo.

Peticionó que se declarara la inconstitucionalidad e ilegalidad de la Ley Provincial N° 5.450, art. 115, punto 15, y de todas las normas derivadas hasta el acto administrativo de alcance particular, Intimación N° 183/07DCM.--- Apuntó que la inconstitucionalidad de la norma, estaba dada porque creó un privilegio para eximir del impuesto a los Ingresos Brutos a los que efectúen la producción en la provincia pero que, además, fijaran su domicilio real o sede principal de su administración en el mismo ámbito. Ello desvirtuó el compromiso asumido por el Pacto Federal de 1.993, y así, atenta contra el art. 75, inc. 13 de la C.N. y complementarios 9, 10, 11, 12, 121, 126 y concordantes.

Calificó de írrito y caprichoso el privilegio en la medida que se distorsionaba el comercio interjurisdiccional. La exención se fundaba entonces, por razones de vecindad y no por el lugar efectivo donde se desarrollaba la actividad productiva. Transcribió citas doctrinarias y jurisprudenciales referidas a la potestad del Estado Nacional en esta materia, que entendió aplicables.--- Señaló la inconstitucionalidad de la norma provincial, por vulnerar el Régimen Federal de Coparticipación del 12/08/93, al establecer una disposición unilateral y arbitraria por no tener la actora su domicilio en la provincia, soslayando la finalidad del pacto federal de limitar el impuesto sobre los ingresos brutos para la industria primaria y reemplazarlo por uno general al consumo que garantizara la neutralidad tributaria y la competitividad de la economía.-- Indicó que la acción intentada buscaba proteger el derecho de propiedad de la actora por ser menoscabado ante la incertidumbre del accionar provincial. Analizó los alcances de la C.N., de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otras disposiciones que consideró aplicables al caso de autos.--- Desarrolló los fundamentos de la efectiva tutela judicial del derecho de propiedad a través de la acción intentada, invocando jurisprudencia que definió adecuada a la litis.----- Solicitó medida cautelar para que la Dirección de Rentas no aplicara sanciones efectivas contra la actora o intimara el pago del impuesto, intereses y recargos por aplicación de lo normado por el art. 115, punto 15 de la Ley N° 5.054.- Ofreció prueba, formuló reserva del caso federal y efectuó petitorio de estilo.- El Juzgado Federal se declaró incompetente para entender en el juicio (Fs. 271) y elevó el expediente a la Corte Suprema, la cual declaró la causa como ajena a su competencia originaria y remitió la misma, a este Superior Tribunal (fs. 281), cuyo avocamiento se produjo a fs. 299 y vta.

A fs. 314/322 vta., se dispuso hacer lugar a la medida cautelar peticionada, con caución personal del letrado apoderado de la actora, como contracautela, la cual fue reemplazada (a petición de parte) por bienes de la poderdante, dados a embargo (fs. 372/374 vta.).----- Corrido traslado de la demanda, contestó la Provincia del Chubut a fs. 399/404 vta.-- Formuló negativa genérica. Bajo el título de "Breve reseña de los antecedentes normativos", reconoció a la actora como inscripta en el Convenio Multilateral sobre los Ingresos Brutos. Señaló que la provincia había adherido al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, por Decreto N° 378/94. Luego se produjo el dictado de la Ley N° 3.296 sobre exenciones impositivas del tributo en cuestión. En 1.998 se sancionó la Ley N° 4.403 que mantuvo la exención del impuesto para la industria textil. Con la sanción de la Ley N° 4.450, se derogó el tributo para las empresas que no tuvieran constituido su domicilio real ni tuvieran la sede administrativa principal, dentro del ámbito provincial. Por este motivo, intimó a la actora a rectificar las declaraciones juradas respecto del referido gravamen.----- Consideró que la intimación cursada lo fue con sujeción a la normativa constitucional y por ende, mal podía tildársela de contraria a ella, cuando, además, fue dictada dentro del marco de las facultades tributarias provinciales.

Agregó que la exención impositiva a favor de la actora, hallaba su fundamento en los arts. 121 y siguientes de la C.N., y en los arts. 12, 14, 83, 93, 94, 135 inc. 2° de la C.P.

Reiteró que la exención se fundó en razones de fomento para el "desarrollo y radicación de industrias y la economía local" en ejercicio de facultades no delegadas en la Nación. Enumeró las facultades del gobierno provincial fundadas en la normativa constitucional provincial y que la Ley XXIV N° 38, fue dictada por la Legislatura del Chubut, en pleno uso de su facultad de establecer el ordenamiento tributario local.--- Añadió que la adhesión al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento no significó la renuncia a sus potestades tributarias, so pena de nulidad absoluta e insubsanable por aplicación de lo dispuesto por el art. 12 de la C.P. Citó jurisprudencia que consideró relevante. Fundó su derecho y formuló petitorio de estilo.---- A fs. 407 se dispuso la apertura a prueba de autos, la cual se ofreció y produjo por la actora, exclusivamente. Los alegatos se presentaron por ambas partes a fs. 496/499 vta (actora) y 501/502 vta. (demandada).- El Señor Procurador General emitió dictamen a fs. 505 y vta. Allí, tras considerar el supuesto como análogo al analizado mediante Dictamen N° 83/2.010, suscintamente, consideró que los pactos de armonización tributaria de carácter intrafederal, no impedían el ejercicio de las provincias de las facultades no delegadas en el Gobierno Federal y que ello no violaba las previsiones de dichos pactos. Propuso el rechazo de la acción. ANÁLISIS:

I) Los antecedentes del caso son similares a los resueltos recientemente en los autos caratulados: "G. A. S.A. c/ CHUBUT, PROVINCIA DE s/ Acción Declarativa de Certeza" (Expte. Nº 21.302-G-2.008), en adelante "G. S.A.", tal como se desprende de la lectura de las resultas referidas supra.

En estos actuados, la acción declarativa de certeza fue promovida por los apoderados de la empresa S. S.A.C.I. -doctores C. A. T.- ante el Juzgado Federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Rawson (hoja 267 vta.).- En concordancia con el dictamen del fiscal (hoja 270), el Juez, doctor Hugo SASTRE, resolvió que el trámite no resultaba de la competencia del Tribunal a su cargo, se inhibió de oficio y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (resolución de la hoja 271).

El máximo Tribunal argentino -de conformidad con el dictamen del Ministerio Público Fiscal de la Nación, cosido en las hojas 280, resolvió declarar que la causa era ajena a su competencia y la remitió a este Superior Tribunal de Justicia, para que decidamos "... lo concerniente al tribunal que entenderá en la causa con arreglo a las disposiciones locales de aplicación...".-- II) Como también refiriera en la causa indicada al inicio, el Artículo 179, determina la competencia del Superior Tribunal, que conoce y resuelve, originaria y exclusivamente, en pleno, "De las acciones declarativas de inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, cartas orgánicas y ordenanzas municipales, que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controviertan en caso concreto por parte interesada" (inciso 1. 1).- III) La pretensión de la demanda es que se haga cesar el desconcierto que al reclamante le provoca la situación que describió, sobre la base del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Procura, en subsidio, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 115, punto 15 y de sus normas derivadas hasta el acto administrativo de alcance particular, intimación Nº 183/07 DCM.

Adujo el demandante, a favor de su propósito, que la norma transgrede el artículo 75, inciso 13 de la Constitución de la Confederación Argentina y sus normas complementarias y concordantes (artículos 9, 10, 11, 12, 121 y 126 del Estatuto del Pueblo de la Nación Argentina), además de disposiciones de derecho "intrafederal" -Pacto Federal para el Empleo la Producción y el Crecimiento, al que adhirió la Provincia del Chubut e integra el Régimen Federal de Coparticipación.--- Dijo que ello le provoca una lesión a sus derechos de propiedad y de comercio y a la garantía de igualdad (artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional) y que "... no existe otra vía..." que la acción declarativa de certeza "... para hacer cesar el estado de incertidumbre..." que lo aqueja.---- IV) Es preciso dejar en claro que la norma cuya inconstitucionalidad se pretende no es la que se cita en la demanda, el inciso 15 del artículo 115 de la Ley Nº 5450, sino que, a partir de la compilación del Digesto Jurídico de la Provincia del Chubut, se denomina inciso 15 del artículo 138 de la Ley XXIV-38-ANEXO-A.-- La distinción es válida.

V) Como anoté en el considerando I, la Corte Suprema de Justicia de la Nación remitió a este Superior Tribunal de Justicia para que se determine qué juzgado es competente para conocer de la acción, no para que se radique aquí la causa -cuya trámite corresponde a un órgano inferior- para su substanciación.

Aun cuando la demanda contenga subsidiariamente un planteo de inconstitucionalidad, no es ésta una de las acciones que se incluyen en el artículo 179, 1. 1 de la Constitución de la Provincia del Chubut.

Como dije en "G. S.A.", se trata de una demanda por la que se procura obtener una sentencia meramente declarativa para hacer cesar una perplejidad sobre una cuestión impositiva, reglada expresamente por el artículo 325 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chubut, cuya competencia corresponde exclusivamente al Juez de primera instancia, no al Superior Tribunal de Justicia, por lo que corresponde que éste se inhiba de oficio (artículos 4º, 5º y 322 del código citado).--- El hecho de que el peticionario incluyera en su pretensión una cuestión constitucional al objetar la ley XXIV-38, no dota de competencia a este Superior Tribunal de Justicia ya que el resguardo del principio contenido en el artículo 31 de la Constitución de la República Argentina está asignado a todos los jueces del Poder Judicial, cuya función principal es, precisamente, interpretar y aplicar las Constituciones Nacional y Provincial y las leyes que juraron cumplir.--- Dicho de otro modo, la inclusión de una cuestión constitucional en el marco de una acción declarativa de certeza no convierte a la acción en la prevista en el inciso 1.1. del artículo 179 de la Constitución de los ciudadanos de la Provincia del Chubut.

Es que el ejercicio del control difuso de constitucionalidad el Superior Tribunal de Justicia lo comparte con todos los tribunales Provinciales. De manera que, en este caso, no compete a este Cuerpo asumir la inspección de constitucionalidad para suplantarlo por un régimen en el cual las partes sorteen las instancias regulares desconociendo la competencia del órgano que debe ejercerla.---- La pretensión principal de la demanda, al igual que en "G. S.A.", es desbaratar la incertidumbre del demandante, no declarar la inconstitucionalidad de la norma impugnada, por lo que debe someterse a la competencia de los jueces de grado.---- VI) Si el Superior Tribunal de Justicia asumiera la competencia para conocer en esta lite, se vulneraría el principio de doble instancia -el doble tránsito procesal- que consiste en que las partes podrán acudir ante un tribunal de apelación cuando la petición sea rechazada por un tribunal de grado.-- Por otro lado, este Superior Tribunal de Justicia repudió su propia avocación per saltum de resoluciones o sentencias, soslayando instancias intermedias por razón de haberse erradicado ese instituto de la legislación procesal chubutense (Ver Sentencia Nº 012 del 6 de septiembre de 2.007 y ley Nº 5.012).---- Con estas razones, propicio al pleno que este Superior Tribunal de Justicia se declare incompetente para conocer en esta lite. ASÍ VOTO.--- A la primera cuestión el Dr. José Luis PASUTTI dijo: -- I.- Conforme se desprende de los antecedentes reseñados, S. S.A.C.I. se presenta ante este Tribunal a los efectos de promover Acción Declarativa de Certeza contra la Provincia del Chubut, para clarificar su posición jurídica frente al pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Ley Provincial N° 5.450, Libro II, Parte Especial, Título II, Texto ordenado 2.006 y sus modificaciones y complementarias). Esta situación de inseguridad la atribuye al dictado de un acto administrativo de alcance particular que ordenó rectificar los formularios CM 03 de los períodos 06/2.006 a 12/2.006 y 01/2.007 a 05/2.007 del referido impuesto, por la actividad de "Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p.". Esta disposición neutralizó la exención dispuesta por la Ley Provincial N° 3.926, otorgada en cumplimiento del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de fecha 12/03/1.993.

En virtud de estos fundamentos, solicitan se declare la inconstitucionalidad de la Ley N° 5.450, art. 115, punto 15 y de todas las normas que derivaren de la misma, hasta el acto administrativo N° 183/DCM de fecha 27/06/2.007, que sirvió de apoyo a la primera de las normas indicadas, en violación del art. 75, inc. 13 de la C.N. y normas complementarias y concordantes.-- Por su parte, el gobierno provincial entiende que la fijación de dicho tributo se encuentra comprendido dentro de las facultades no delegadas a Nación, y por ende, puede aplicarlo en su jurisdicción dada la naturaleza específica que gobierna el concepto territorial que domina al Ingreso Bruto.

Planteado así el conflicto, analizaré, en primer lugar, cuál es la normativa actualmente vigente en la materia, sin dejar de tener muy en cuenta, los orígenes y fundamentos que motivaron, la celebración de los Convenios Multilaterales y del Pacto Federal que detentan un papel de suma relevancia en la dilucidación del caso que nos ocupa.---- Recordaré lo expresado en mi voto en la causa ya nombrada por el Sr. Ministro preopinante, "G. S.A.", y así comenzaré por referirme al Pacto Federal (Decreto N° 1.807/93), que firmaron el Gobierno Nacional y las provincias para adoptar "políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales", conforme se desprende del punto PRIMERO del Anexo del mismo. En pos de tal objetivo, las provincias asumieron el compromiso de derogar en sus jurisdicciones, los impuestos de sellos a toda operación financiera y de seguros institucionalizada, destinada a los sectores agropecuario, industrial, minero y de la construcción, para ir abarcando, después el resto de las operaciones y sectores establecidos, programa que se debía completar el 30/06/95 como parte del proyecto "Argentina en crecimiento 1.993-1.995".

También se debía derogar el impuesto a los ingresos brutos que gravaran, entre otras actividades, la primaria y la producción de bienes (industria manufacturera).----- La importancia de establecer de manera definitiva la exención del impuesto que nos ocupa, se remonta, entonces, a la celebración de este Pacto Federal denominado para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, que fuera suscripto con fecha 12 de agosto de 1.993. Distintas provincias adhirieron al mismo, entre ellas, la nuestra. La metodología de aceptación, se plasmó mediante la sanción de la Ley Provincial N° 3.925 y se completó con la siguiente (Nº 3.926) que derogó, en su artículo cuarto, el referido tributo.

Así, se celebró una norma convenio entre la Nación y las Provincias, para establecer pautas políticas tendientes a favorecer el crecimiento económico general del país, implementando la reducción y anulación de ciertos gravámenes, con el objeto principal de disminuir los costos de los productos amparados bajo esta modalidad y tornarlos competitivos, incluso a nivel internacional.

Como contraprestación, las provincias debían dejar sin efecto, específicamente, la percepción de los impuestos de sellos y de los ingresos brutos que pesaran sobre la producción primaria, la industria manufacturera, las operaciones financieras y cambiarias, la construcción de inmuebles y otros previstos sobre determinados bienes, con el compromiso de ir progresivamente, eliminando el tributo de los ingresos brutos de la casi totalidad de actividades productivas para reemplazarlo por uno destinado al consumo que permitiera la posibilidad cierta de una efectiva competitividad en el desarrollo del campo económico.----- Por su parte, la obligación del Estado Nacional consistía, según los términos del convenio, en eliminar el impuesto a los activos, reducir paulatinamente el monto de los aportes patronales sobre los salarios en una proporción diferencial según la ubicación de las empresas, asumir el déficit de las Cajas de Jubilaciones Provinciales y coparticipar los impuestos nacionales que excedieran el tope previsto en la suma de pesos setecientos veinticinco millones ($ 725.000.000) en un primer paso para llegar a la suma de pesos setecientos cuarenta millones ($ 740.000.000), desde el día 1 de enero de 1.994 (Punto SEGUNDO del referido Anexo I).- En los hechos que se sucedieron después de la firma el convenio, lo primero que se dejaron sin efecto por parte del gobierno nacional, fueron las retenciones de los montos excedentes de coparticipación federal por encima de un mínimo para cubrir las pérdidas que pudieran suscitarse en la recaudación Provincial, provocadas, precisamente, por la supresión de impuestos y exenciones a las que los gobiernos Provinciales se habían obligado a llevar adelante.

El primer tema que se presenta es saber la fuerza obligatoria de los pactos de este tipo. Toda vez que no existe regulación normativa específica (sólo algunos anteproyectos de ley), se debe recurrir a la doctrina, jurisprudencia y, asimismo, a las disposiciones del Derecho Interno e Internacional, incluso los usos y costumbres.

La Corte Suprema de Justicia ha dicho que: "El nuevo rango asignado a la coparticipación federal de impuestos por la Convención Constituyente de 1.994 y el amplio tratamiento que la Ley Fundamental le dedica después de la reforma, conduce a la conclusión de que la afectación del sistema establecido involucra, en principio, una cuestión constitucional" (Fallos, 324:4.226).

Agregó en el mismo Fallo, que la gestación institucional de los tratados o leyes-convenio celebrados entre las provincias y el gobierno nacional, los coloca en un rango normativo específico dentro del derecho federal. Ello implica que no puede ser derogado en forma unilateral por cualquiera de las partes.-- Los pactos federales constituyen manifestaciones positivas del llamado federalismo de concertación, tendiente a establecer, mediante el acuerdo concurrente del Estado Nacional y de las provincias, un programa destinado a adoptar una política uniforme en beneficio de los intereses nacionales y locales (Fallos, 322:1781).- Ello no debe interpretarse como una limitación a los derechos Provinciales, pues como lo ha sostenido el Cimero Tribunal, este último se constituye en fuero natural de las provincias argentinas (Fallos, 180:176; 315:1892; 316:965).-- Por otra parte, lejos de suprimir la voluntad de lo gobiernos locales, concilia las diversas necesidades, y busca equilibrar la disparidad de producción, población e intereses, de cada una de ellas, "... y la creación de un órgano para esa conciliación, para la protección y estímulo de los intereses locales, cuyo conjunto se confunde con la Nación misma", consagrando el Principio de "hacer un solo país para un solo pueblo" (Fallos, 324:4241).----- En doctrina se considera que los pactos interjurisdiccionales, sobre todo los que versan sobre aspectos económicos, buscan la realización de valores utilitarios: "1) realizar una acción conjunta en los problemas de interés común; 2) conjugar, ante la insuficiencia de medios, los elementos propios con los de otros gobiernos; 3) exhibir mayor eficiencia, que en la hipótesis de actuar las partes por separado o aisladamente, para satisfacer las necesidades y requerimientos comunitarios; 4) mantener la identidad corporativa de las unidades participantes y permitir a sus funcionarios retener un mayor control sobre las competencias que se articulen cooperativamente; 5) lograr economías financieras; 6) conciliar los intereses "rivales y opuestos" que anidan en el sistema federal; 7) centralizar o descentralizar el aparato gubernamental...." (Conf.: Horacio Daniel PIOMBO, "Teoría General y Derecho de los Tratados Interjurisdiccionales Internos", Ed. Depalma, Año 1.994, págs. 82/83).

Pero, a su vez, dichos tratados apuntan a ejecutar los valores que anidan en nuestra Constitución Nacional inscriptos en su preámbulo, donde se propende consolidar la unión nacional, asegurar la paz interior, afianzar el sistema federal de gobierno, promover e instrumentar la cooperación recíproca entre los órganos estatales, integrar a la Nación Argentina y democratizar el ordenamiento de derecho público (op. y autor citados, pág. 84).--- Indiqué también que la validez de dichos convenios está prevista, desde el punto de vista constitucional, por los artículos 121 y concordantes de la Carta Magna. El art. 121 reserva a las provincias todo el poder no delegado en el Gobierno Federal. El art. 125 hace referencia a la facultad que tienen las provincias de celebrar "tratados parciales para fines de administración de justicia, intereses económicos trabajo de utilidad común, con conocimiento del Congreso federal...". Y el art. 126, indica que no pueden ejercer el poder delegado a la Nación ni celebrar tratados de carácter político, entre otras prohibiciones. Es decir, las provincias pueden celebrar acuerdos con el estado federal y con otras provincias, respetando los límites de los poderes delegados o de exclusiva regulación federal.--- Es innegable que el carácter territorial de los gravámenes que pesan sobre la actividades lucrativas o los ingresos brutos, circunstancia ésta, que en más de una ocasión, ha llevado a que las provincias celebren, entre si, los denominados convenios multilaterales, para prevenir, precisamente, la superposición del cobro de impuestos, que luego redundan en un costo elevado de las distintas mercaderías que se producen en distintas jurisdicciones. Así, se evita la recarga impositiva que pesa sobre los contribuyentes y se eluden inspecciones y resoluciones administrativas en cada lugar donde el producto se comercializare.- Es dable señalar que el Código Fiscal provincial (actualmente Ley XXIV N° 38), prevé esta circunstancia en su art. 145 (y consecutivos) donde refiere que los contribuyentes que ejerzan actividades "en dos o más jurisdicciones, ajustarán su liquidación a las normas del Convenio Multilateral vigente". Es decir, formula una remisión incuestionable y se somete a lo regulado en dichos acuerdos, hechos que se contradice con la limitación que impone al modificar el art. 115, punto 15, hoy 138 punto 15.---- Resulta claro que tanto el Pacto Federal de 1.992, inmediatamente anterior al que nos convoca en este juicio, han buscado negociar diferentes aspectos, más abarcativos que solamente el impuesto a los ingresos brutos. Ello así, en miras a resolver más de un rubro que se encuentran en conflicto y que vincula a la Nación con las Provincias. En el marco de dicha negociación, era compromiso asumido por los gobiernos locales la eliminación del impuesto de sellos, de ingresos brutos excluyendo los de la actividad primaria, o bien, reemplazar a este último por uno a las ventas. También se buscó prevenir que los municipios encarecieran los servicios públicos con gravámenes sobre las tarifas y regular el impuesto inmobiliario y las tasas de conservación de caminos.- El Pacto de 1.993 fue aprobado -como ya se señalara-, por la Legislatura Provincial, mediante la Ley Nº 3.925, y si bien no existe regulación nacional específica respecto de cuándo se produce su entrada en vigencia, siguiendo la normativa vigente, es criterio aceptado que, una vez publicada la ratificación o su adhesión legal, se generan obligaciones para las partes intervinientes (art. 2 del C.C.), y deben ser respetados por las restantes provincias (art. 7º de la C.N.).

A mayor abundamiento, una vez ratificado el convenio por la Provincia (tal como lo hizo al sancionar la Ley N° 3.925), el pacto pasó a formar parte del derecho público interno local, con rango normativo específico dentro del derecho federal. Por ello si una provincia se aparta de las obligaciones establecidas por medio de este tipo de convenios, incurre en una franca violación de las cláusulas constitucionales.----- Cabe destacar que desde la sanción de la Ley N° 3.926 antes mencionada se derogó el impuesto a los ingresos brutos para las actividades como las que desempeña la actora, y así se respetó, sin condicionamientos u observaciones. El Poder Ejecutivo Provincial tampoco lo denunció ni invocó causales en tal sentido, como si sucedió, por ejemplo, con la Provincia de Río Negro respecto del Pacto Federal Eléctrico. Dicha gobernación lo denunció por tratarse de un negocio económicamente rentable, y estableció -unilateralmente- la cantidad de metros cúbicos por segundo que las usinas podían devolver al río. Es decir, recurrió a uno de los mecanismos previstos por el Derecho Internacional para apartarse de las obligaciones asumidas: denunció el convenio y fundó dicha circunstancia.---- En el caso bajo examen -sin entrar a considerar si la denuncia es factible o en qué casos operaría en función de lo previsto por el art. 75 inc.2), no se acusaron inconvenientes en el cumplimiento del Pacto, tal cual fuera redactado. Tampoco ha operado un mutuo consentimiento para dejarlo sin efecto, ni ha fenecido su objeto. Es decir, sigue vigente en todas sus partes para las provincias que lo han rubricado y así, ha sido incorporado a su legislación local.- Considero oportuno continuar con un breve análisis de los alcances y naturaleza del impuesto a los Ingresos Brutos, por tratarse del impuesto que centra el planteo de la acción.- Siguiendo esa línea conductora, recuerdo, como lo hiciera en mi voto en "G. S.A.", que el concepto de Ingreso Bruto se relaciona con el tributo cuya base imponible la constituyen las actividades económicas ejercidas en forma habitual y a título oneroso. Los hechos que le sirven de base, son de naturaleza eminentemente económica, por cuanto es la capacidad contributiva de las personas la que contempló el legislador al momento de su determinación.--- Esta tarea rentable, debe ser efectiva y no potencial, pero a su vez, requiere de habitualidad, es decir, su reproducción continuada en forma que acredite un propósito de permanencia en la modalidad elegida y cierta organización en el "negocio actividad lucrativa" emprendidos. ("El Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Mario Enrique ALTHABE, 2ª Ed. actualizada, Ed. La ley, 2.003, pág. 7, citando a Carlos GIULIANI FONROUGE en su obra "Derecho Financiero", Vol 1, pág. 1.156, actualizada por Susana NAVARRINE y Rubén ASOREY). Se trata de hechos que hacen al giro normal de los negocios, consiste en un gravamen que no se aplica in abstracto sino sobre los actos y operaciones realizados en el ejercicio de las actividades (Conf.: Cám. Civil Sala E, 16/12/68, Establecimiento Vitivinícola Calise, Impuestos, XXVII-105, y D.F. xx-96 citado por GIULIANI FONROUGE - NAVARRINE, en su obra "Impuesto a los Ingresos Brutos, Ed. Depalma, 1.982, pág. 21).

Como se puede apreciar, el concepto se vincula, no solamente a la actividad económica en si misma, sino con el conjunto de hechos o actos llevados a cabo en el ejercicio de la profesión lucrativa. Estos son alcanzados por el impuesto.---- En mi Tesis Doctoral titulada: "Colaboración e integración interprovincial, para la reconstrucción del federalismo", Año 2.011, expresé que los impuestos indirectos provinciales, al aplicarse a la producción primaria se trasladaron fuera de su territorio, con el agravante de que, en caso de exportación, no se efectuaba la devolución correspondiente. Además se utilizaron como una herramienta discriminatoria, ya que la alícuota en muchos casos se agravaba si el producto era proveniente de otra provincia, con lo cual se convertían en una suerte de aduanas interiores.- Por la razón expuesta, se elaboraron diferentes aportes para salvar esa situación de doble imposición, con la condición de mantener subsistentes los impuestos indirectos legislados por la Nación. De los primeros los más destacados fueron presentados por el diputado Luis LEGUIZAMÒN, el 13 de junio de 1.910; el diputado Miguel LAURENCENA, el 21 de agosto de 1.912, entre ellos. Así el 28 de noviembre de 1.916, quien era Administrador General de Impuestos Internos, doctor José Manuel AHUMADA, elevó al Ministerio de Hacienda un anteproyecto de impuestos que constituyo un importante avance en el camino de elaborar un sistema para evitar la doble imposición interna. El anteproyecto fue formulado en 1.922, con reconocimiento por diez años a las provincias que sufrieran déficit como consecuencia de la derogación de impuestos.----- En nuestro país el impuesto a los Ingresos Brutos se aplicó por primera vez en la Provincia de Buenos Aires en el año 1.948, extendiéndose rápidamente a todas las demás (Conf.: Giuliani FONROUGE-NAVARRINE, obra citada, pág. 14). Originariamente, se aplicaba a las "actividades lucrativas". Con la finalidad principal de prevenir la superposición de su cobro, y a partir de varios conflictos que se originaron por dicho motivo, se convino, precisamente, la celebración y firma de los convenios multilaterales entre las provincias, e incluso, los municipios, aunque seguía subsistiendo con otros gravámenes, como lo era el aplicable a las ventas. Con el dictado de las leyes Nº 21.251 y 21.252 (con base en el Acta de Concertación firmada por el Ministerio de Economía y los gobernadores de las provincias en el año 1.975), se denominó Ingresos Brutos al impuesto sobre las actividades lucrativas. Se trata de un gravamen de fácil percepción, indirecto a los gastos, acumulativo y plurifase.

Estaba previsto que quedara definitivamente anulado a partir de la creación del I.V.A.. Ello no ocurrió y la mayoría de las provincias, lo siguen aplicando hasta el día de la fecha. La Constitución Nacional ha establecido el sistema federal de gobierno de modo que, tanto los gobiernos Provinciales como los municipios, cuentan con autonomía funcional (arts. 4, 5, 121, 122, 123, y ccs.) para lo cual, poseen la facultad de disponer la aplicación de tasas e impuestos a los efectos de dar cumplimiento a sus fines específicos. Cabe destacar, que en los últimos veinte años no ha habido decisiones jurisprudenciales que contradijeran la potestad tributaria local (Mario Enrique ALTHABE, obra citada, pág. 32).--- Pero queda claro que la distribución de competencias entre el estado federal, Provincial y municipal no debe superponerse y en especial, en materia de impuestos. Ninguno de ellos debe avasallar al otro poder (art. 75, inc. 2 de la Carta Magna), ni tampoco entre poderes de igual jerarquía.

Así, el hecho imponible y el territorio son los presupuestos básicos para dar nacimiento a la obligación tributaria. Y las dudas que mayormente, se podrían producir respecto de la jurisdicción competente, se han resuelto por la firma de los convenios multilaterales que vengo de relatar. Sólo cuando estos últimos no existieren, entonces corresponderá a la justicia atender la solución del caso teniendo en cuenta a las particularidades del mismo. -- Los hechos imponibles definidos por la ley en su aspecto objetivo, deben ser delimitados territorialmente para abarcar, solamente, a aquellos que se verifican en el ámbito espacial que establece la ley misma y que, automáticamente, excluye los hechos imponibles que, si bien responden a la delimitación objetiva, deben hacerlo con respecto al espacio que la ley circunscribe para el ejercicio de su poder fiscal (cita efectuada por Mario Enrique ALTHABE de JARACH, Dino, "Finanzas Públicas y Derecho Tributario", p. 32, en obra citada pág. 37).- En el impuesto a los Ingresos Brutos, el hecho imponible está constituido por las actividades que en forma habitual y a título oneroso o con fines lucrativos desarrolla la obligada al pago.--- La facultad de imponer tributos corresponde a los gobiernos Provinciales de manera originaria, los cuales deben establecerlos, con exclusividad, dentro de su ámbito jurisdiccional. Ello así, sin perjuicio de los delegados oportunamente, al gobierno federal. La Corte Suprema ha referido que las provincias retienen todo el poder que deriva de la Constitución, excepto en los puntos que ésta restringe (GIULIANI FONROUGE-NAVARRINE, obra citada, pág. 28).- Como dijera en mi Tesis Doctoral, los pactos interprovinciales conforman un capítulo importante en nuestra historia ya que cuando no se había constituido la Nación y asediaba la guerra civil, fueron dichos pactos los que mantuvieron vivos los lazos de nacionalidad y abrieron el camino para constituir la unión nacional.--- Tal como viene de decirse, y explicitados los aspectos más importantes relacionados con la firma de convenios con el Gobierno Federal y la naturaleza misma del impuesto me llevan a revisar si existen elementos de relevancia adecuada en el sublite, con entidad suficiente para justificar la decisión unilateral para apartarse del Pacto Federal e imponer, en forma unilateral, la percepción del tributo.- Ahora bien, es precisamente el art. 75, inc. 2° el que autoriza la coparticipación de impuestos al establecer, como funciones del Congreso Nacional la de imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias y las directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. El inciso culmina estableciendo de manera expresa que : "Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables".

Dicho artículo establece que una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las Provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos y fijará las pautas a seguir para su distribución las cuales deberán contemplar criterios objetivos de reparto; ser equitativas, solidarias y priorizando alcanzar un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. También establece la creación de un organismo fiscal federal para controlar el cumplimiento de lo pautado.- Agrega que la Ley Convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias. Es decir, la propia Constitución veda toda posibilidad de modificación por una sola de las partes signatarias.-- Por otra parte, en materia de tratados, resultan de aplicación supletoria, las normas de derecho internacional público, plasmadas en el Convenio de Viena, que nuestra nación ratificó mediante Ley N° 19.865. Así, en lo relativo a la interpretación de los mismos, se invoca el principio de "pacta sunt servanda". Dice el art. 26 de la referida convención que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. A continuación, el art. 27 establece que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Por último, el art. 31 establece como regla general que los tratados deben interpretarse de buena fe conforme al sentido que haya de atribuirse a los términos del mismo en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Es decir, no se puede dejar sin efecto un tratado de manera unilateral y sin seguir los pasos previstos para ello que se deben cumplir, conforme las disposiciones de dicha normativa. Si se han modificado las circunstancias fácticas que lo motivaron o han surgido hechos nuevos que alteraran las bases de negociación, deberán seguirse los pasos correspondientes para justificar el apartamiento de la parte involucrada a los efectos de que pudiere operar dicha renuncia. Nada de eso se advierte en autos ni al momento de ratificar el Pacto Federal, ni tampoco de las conductas posteriores desplegadas por la demandada.-- Recuerdo que en mi Tesis doctoral -antes individualizada-, indiqué que el principio de cumplimiento de los acuerdos también se evidencia en el derecho interno. Así, el art. 1.198 del Código Civil establece que: "Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender...".- El análisis de la norma cuestionada, me llevó a revisar la exposición de motivos correspondiente a Ley Nº 5.450 (Código Fiscal, hoy Ley XXIV N° 38). Al tratar el art. 115 punto 15 (actualmente art. 138, punto 15), nada se dijo respecto a modificar el Pacto Federal ni se efectuó justificación relacionada con la eventual necesidad de aumentar, por ejemplo, la recaudación tributaria. Es decir, no se expresa causa alguna en el diario de sesiones de fecha 16 de diciembre de 2.005 que sirva de sustento a la modificación introducida en la norma. Pareciera que no los hubo.- Se advierte entonces, que no existe razonabilidad en el antecedente ya que no hay motivación para el cambio. Y tampoco se justifica que la exención se deba considerar solo para quienes tengan su domicilio dentro del ámbito Provincial sin ningún otro requerimiento. Así, cabe la siguiente paradoja, si el domicilio de S. S.A.C.I., se radicara en la ciudad de Trelew, pero trasladara la mayor parte de sus instalaciones fabriles a otra localidad, por ejemplo, a Río Negro, ¿gozaría entonces de la exención por el solo hecho de tener su domicilio en Chubut y alguna instalación como sede principal en esta jurisdicción? No parece razonable ni mucho menos conteste con las motivaciones que llevaron a las provincias a ceder la percepción de este tributo en pos de los beneficios recibidos en contraprestación, por la firma del Pacto Federal.- Y aquí, me permito recurrir a los fundamentos doctrinarios expresados, oportunamente, por Juan Francisco LINARES, cuando expresara: "Cada vez que el legislador dicta una ley debe efectuar esa valoración de razonabilidad para determinar el alcance del hecho antecedente, incluir cierta clase de circunstancias del caso en él y excluir otras siempre que no sean iguales. El excluir éstas significa que, estimados los hechos o las circunstancias, unos se incluyen como hecho antecedente de la norma y otros no, por ser merituados como distintos" (Autor citado, "Razonabilidad de las leyes", Ed. Astrea, Año; 2.002, pág. 117).

De lo precedentemente expuesto se colige que, debe existir una vinculación entre los fundamentos de la modificación de la ley y los fines perseguidos por la norma. Nada de ello se observa en los antecedentes legislativos, ni en los fundamentos dados más tarde al contestar demanda. Ello genera una notoria desigualdad entre quienes no se domicilian en la Provincia, tengan o no el funcionamiento principal de sus actividades en ella.

Refuerza lo expresado el cotejo de la instrumental e informativa oportunamente incorporada a la lite, ya que de ellas se deriva que la firma actora, desarrolla sus operaciones lucrativas en la ciudad de Trelew, lugar donde tiene sus instalaciones fabriles pero su domicilio legal se encuentra radicado en la calle D. N° *** de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 1.959 (fs. 62 y ss.), mientras que las plantas fabriles, se encuentran ubicadas en el Parque Industrial de Trelew desde el año 1.975 y 1.989 (428 y 429), circunstancia que nunca fue tenida en cuenta para fijar la exención tributaria.

Por su parte, considero relevante ponderar lo dicho por la accionada al contestar esta acción. Lejos estuvo de rebatir el argumento dado por la actora de considerar un acto discriminatorio la supresión del impuesto por el hecho de tener su domicilio "real" en otra jurisdicción. La modificación del artículo no fue precedida de ningún comentario ilustrativo. Tampoco se explica por qué el cambio de domicilio legal de la empresa puede definir si paga o no el tributo cuando la misma funciona a pleno en el Parque Industrial de la ciudad de Trelew. Cuenta con 12 locales para la comercialización de telas mayorista y minorista (ver cuaderno de prueba a partir de fs. 410). Y aquí encuentro acertado lo referido por la actora, en punto a que se trata de una empresa radicada en la zona por más de 30 años, que emplea a una considerable cantidad de operarios en las diversas etapas de producción que desarrolla en sus instalaciones. Estas circunstancias han sido y lo siguen siendo en la actualidad, los factores principales por los cuales se fijaron las exenciones impositivas o se concedieron beneficios por parte del gobierno provincial. Prueba de ello son los permisos de pesca respectivos que se otorgan a las compañías pesqueras, solamente cuando cuenten con plantas en tierra que empleen un mínimo de operadores, encargados de desarrollar las funciones principales vinculadas al proceso de elaboración de los productos de mar (Ley XVII N° 1, arts. 11, 14 y concordantes).---- Así las cosas y dadas las carencias fácticas y jurídicas que se advierten en el conteste, al igual que el producido en "G. S.A.", y en la ausencia absoluta de elementos probatorios que permitieran tener por ciertos sus dichos en el sentido contrario, se vislumbra como improcedente la modificación dispuesta en forma unilateral por el nuevo Código Fiscal Provincial, cuya sanción no puede ser otra que declarar la inconstitucionalidad de la norma opugnada.--- La Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que ".En tesis general y según lo definido por esta Corte en reiterados casos, el principio de igualdad ante la ley que consagra el art. 16 de la Constitución, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, de donde se sigue forzosamente que la verdadera igualdad consiste en aplicar la ley en los casos ocurrentes según las diferencias constitutivas de los mismos" (Fallos, 16:118; 123:106; 124:122).

Todos estos elementos hacen plena convicción en punto a que no corresponde a la Provincia del Chubut el derecho de reclamar el pago del impuesto a los Ingresos Brutos a las empresas radicadas en esta provincia que se encuentren desarrollando sus actividades en los términos pautados en el convenio celebrado en 1993 sin antes, denunciar el mismo o articular los mecanismos legales correspondiente para dejarlo sin efecto.- Por los fundamentos que anteceden y mientras no se modifiquen las circunstancias fácticas y jurídicas sobre las cuales se celebró el Pacto Federal para el Empleo, Producción y Crecimiento, propongo al acuerdo declarar la inconstitucionalidad del artículo 138, punto 15, de la Ley Provincial XXIV N° 38 (ex art. 115, punto 15 de la Nº 5.450), las normas iguales que lo preceden desde la sanción de la originaria Ley N° 5.450, y declarar la consecuente nulidad de la Resolución N° 183/DCM de fecha 27/06/2.007 que ordenó llevar a cabo las intimaciones efectuadas para las rectificaciones de las declaraciones juradas, correspondientes al pago del impuesto a los Ingresos Brutos mediante Formularios CM 03 de los períodos 06/2.006 a 12/2.006 y 01/2.007 a 05/2.007. ASÍ LO VOTO.-- A la primera cuestión el Dr. Raúl Adrián VERGARA dijo:

En estos autos se plantea la problemática de esclarecer la incertidumbre provocada ante el dictado del Código Fiscal Provincial por medio del cual (art. 115 punto 15), se condicionó la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos al incorporar la obligatoriedad que las empresas deberían tener, no sólo sus plantas ubicadas en la provincia, sino que, además deberían constituir su domicilio real y la sede administrativa principal en el ámbito local.- La actora destaca que el perjuicio que ocasionaría la reforma de la ley fiscal Provincial, se evidenció a través del dictado de un acto administrativo de alcance particular que ordenó rectificar los formularios CM 03 de los períodos 06/2.006 a 12/2.006 y 01/2.007 a 05/2.007 del referido impuesto, por la actividad de "Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p.", que dejó sin efecto la exención dispuesta por la Ley Provincial N° 3.926 y otorgada en cumplimiento del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de fecha 12/03/1.993.-- En consecuencia, planteó la inconstitucionalidad del art. 138, punto 15 de la Ley N° XXIV N° 38 y de todas las normas que derivaren de la misma, por violación de disposiciones constitucionales, especialmente de los artículos 9 a 12, 17, 31 y 75, incisos 2, 3 y 13, 121 y 126 de la C.N.

En forma liminar quisiera manifestar una pequeña aclaración que considero oportuna, referida a la calificación de domicilio "real" como el exigido por la norma en el punto 15 del art. 138 del Código Fiscal (antes 115, punto 15 del Código Fiscal). El domicilio es uno de los atributos de la personalidad, constituye una relación o vínculo de derecho entre una persona (física o jurídica) y un lugar, determinada, fundamentalmente, por un elemento de hecho consistente en tener allí el asiento principal de su residencia y sus negocios (art. 91 del C.C.) y que refleja sobre el sujeto un estado jurídico, esto es, la calidad de domiciliado. El domicilio no es un elemento del patrimonio sino del estado de las personas. Esta consideración basta para rechazar la afirmación de quienes sostienen que el domicilio es elemento integrante de la hacienda mercantil. (Conf.: Rodolfo A. FONTANARROSA, "Derecho Comercial Argentino - 1: Parte General"; Ed. ZAVALÍA, 1.997, pág. 219).-- Las sociedades, por su parte, tienen su domicilio en la ciudad o jurisdicción del Registro Público de Comercio en el cual se constituyen para su inscripción (Conf.: HALPERÍN, "Curso de derecho comercial", Ed. 1.980, p. 177). Las empresas, aún las unipersonales, poseen domicilio legal o social, pero no real. Ello así toda vez que, para el supuesto de las sociedades comerciales, se considera que su domicilio es el que figura inscripto en el registro respectivo.---- Es decir, en ningún caso se puede hablar de domicilio real, por cuanto este es el lugar donde las personas físicas desarrollan las actividades del hogar, donde tiene su residencia la familia. En la norma, quienes pueden desarrollar las actividades lucrativas que abarquen el pago de tributo a los ingresos brutos, son los comerciantes o las personas jurídicas sean o no sociedades comerciales. Estas últimas, tienen domicilio propio, diferente de los miembros que la componen, administran o dirigen (Conf.: Julio César RIVERA, "Instituciones de derecho civil. Parte Gral.", Ed. Lexis Nexis, 3ra. Edición, Bs. As., 2.004, T° II, pág.23).-- Esta aclaración es válida por cuanto la norma habla de las empresas que "constituyan domicilio real" resulta erróneo y a la vez confuso, más allá de resultar de imposible cumplimiento.-- Continúa la disposición diciendo con la partícula alternativa (o) para abarcar a quienes "tengan la sede administrativa principal en la Provincia" respecto empresas con plantas ubicadas dentro de la jurisdicción. Es decir, quienes pretendan contar con el beneficio de la exención fiscal deben cumplir con una condición más, que no se había estipulado cuando entró en vigencia el pacto intrafederal en 1.994. Y así entiendo que se generó una obligación discriminatoria respecto de las empresas que, aunque desarrollaran toda su actividad productiva en la zona, debían tener establecido su domicilio legal también en esta jurisdicción, para conservar el beneficio impositivo.---- Refuerza lo dicho la lectura de la documental agregada en autos donde observo que obra constancia de habilitación comercial del año 1.975 en el rubro Fábrica Textil (fs. 78), y otro del año 1.989 que da cuenta del alta de la actora como Hilandería de Algodón, ambos expedidos por la Municipalidad de Trelew. El domicilio fiscal era el sito en calle G. N° ***** de Capital Federal (fs. 89). Ello fue tenido en cuenta por la demandada quien tampoco justifica el porqué de ese agregado a la norma. Estas razones me permiten concluir que la accionante reunía los recaudos necesarios para obtener el beneficio de la exención dispuesta por la propia legislación provincial al ratificar el Pacto Federal de 1.993.

Como expresara en mi voto en "G. S.A.", otro elemento a considerar, es que, mediante Ley XXIV N° 10, se dispuso la adhesión al Convenio Multilateral celebrado en 1.977 en la ciudad de Salta, que con el objeto de evitar la doble o múltiple imposición acordaron, los gobiernos de todas las provincias argentinas. El mismo establece, en su artículo primero, cuáles son las actividades comprendidas, entre ellas las que se "ejercen por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos, por provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben atribuirse conjuntamente a todas...".-- De la documental agregada en autos, se desprende que la empresa actora tiene sucursales en las ciudades de Rosario, Morón, Lomas de Zamora, Tigre y General Pueyrredón (fs. 435 y ss.), y se ha registrado al Convenio Multilateral bajo el N° 901-914454- (documental agregada a fs. 415 del Cuaderno de Pruebas). Es decir, se encuentra a su vez, dentro de los considerandos que prevé el nuevo Código Fiscal en su art. 145 y ss., al establecer que se deben someter a las normas que regulan este tipo de convenios. Y allí se establece la misma exención impositiva, como ya se expresara más arriba.-- Conforme ya ha relatado quien me precediera en el voto, la Provincia del Chubut ratificó al Pacto Federal de 1.993 mediante la sanción de la Ley N° 3.925, estableciendo de manera específica en el art. 5° de la Ley N° 3.926, la suspensión de la aplicación del impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre las operaciones de venta de bienes de capital nuevos fabricados en plantas fabriles radicadas en la Provincia del Chubut. El único condicionamiento dispuesto que tenían las empresas que pretendieran acogerse a este beneficio, era que cumplieran con los requisitos establecidos por el decreto N° 937/93 del Poder Ejecutivo Nacional.--- Dicho decreto establecía un régimen de subsidios, bajo la forma de reintegro fiscal, aplicable a los sujetos titulares de empresas que realizaran ventas de bienes de capital nuevos y de producción nacional, destinados a inversiones en actividades económicas que se llevaran a cabo en el país. Esa era la condición esencial para gozar del beneficio.- El Pacto Federal tuvo como contrapartida la distribución de los impuestos colectados. Así se plasmó en la Ley N° 23.548, donde se fijaron las pautas respectivas, y se estableció que los contribuyentes que hubieran firmado el Convenio Multilateral de 1.977, pagarían el impuesto respectivo en una "única jurisdicción".

En un Fallo de la Corte Suprema dictado contra la Provincia de Tucumán por haber modificado la alícuota impositiva sobre la actividad primaria expresó que: "... la adhesión de la Provincia de Tucumán dispuesta por el art. 1° de la Ley N° 6.946 (B.O. del 25-11-93), a los principios y propósitos contenidos en el citado Pacto Federal en el cual el Gobernador que los suscribió manifiesta la voluntad de contribuir a la concreción de tales objetivos, como asimismo, el mandato expreso contenido en el art. 2° de la mencionada ley, ordenando la instrumentación normativa de los diversos tópicos expresados en el art. 1° y disponiendo que sean llevados a cabo, en cada caso, a través de la ley, con el respecto de las competencias y atribuciones constitucionales, no constituye una mera recomendación o simple expresión de deseos, sino que como norma de derecho intrafederal, genera entre los suscriptores del acuerdo obligaciones institucionales recíprocas a cumplir, en la esfera de sus respectivas competencias" (Conf.: C.S.J.N., Compañía Azucarera Los Balcanes S.A., 19/02/09).- Y agregó que la delegación legislativa conferida al Poder Ejecutivo "tuvo por objeto concretizar la política económico-tributaria que le había fijado el legislador delegante al P.E. en miras al logro de los objetivos y propósitos enunciados en el Pacto Fiscal, al que la Provincia se había adherido por Ley N° 6.496".- Es decir, considero que la ratificación efectuada por la Provincia dio origen a los compromisos asumidos entre quienes lo celebraron, y por ello no pueden ser alterados por la decisión unilateral de una de las partes. La sanción de las leyes que fueron dictadas para ratificar el convenio y la derogación del Impuesto a los Ingresos, respectivamente, evidenciaron la voluntad del Gobierno Provincial de respectar los preceptos contenidos en el pacto.

Por ello, comparto lo decidido por el Sr. Ministro preopinante y propongo declarar la inconstitucionalidad del art. 138, punto 15 de la Ley XXIV N° 38 y de las normas que de ella se derivaren, en la medida de resultar contrarias al Pacto Federal de 1.993. ASÍ LO VOTO.---- A la primera cuestión el Dr. Carlos Alberto VELÁZQUEZ dijo:

Coincido con el Dr. PASUTTI en punto a considerar que uno de los temas principales para resolver el presente caso, se deriva del análisis al Pacto Fiscal Federal de 1.993. Sin incurrir en redundancias con lo expresado en su voto, advierto que en el apartado 1º punto 4, incisos a) y e) del referido convenio intrafederal, se estableció el compromiso de modificar el Impuesto a los Ingresos Brutos por parte de las provincias firmantes, disponiendo la exención para la producción primaria y la producción de bienes (industria manufacturera) respectivamente, excepto los ingresos por ventas a consumidores finales que mantenían el mismo tratamiento que el sector minorista, entre otras cosas. Esta idea de reducir la percepción del tributo que nos ocupa, fue el motivo principal para la posterior negociación de la distribución de porcentajes en la coparticipación federal.--- Nuestra Provincia ratificó el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, conforme se desprende de la lectura de la Ley N° 3.925. Con el dictado de la Ley N° 3.926 se dio efectivo cumplimiento a los compromisos allí asumidos. Puntualmente, en el artículo 5° de la última norma citada, se suspendió la aplicación del impuesto sobre los Ingresos Brutos en las operaciones de venta de bienes de capital nuevos, fabricados en plantas fabriles radicadas en la Provincia del Chubut.-- Años después, se sancionó la Ley Nº 5.450 o Código Fiscal Provincial, que derogó la Ley N° 3.926 -mediante el artículo 3°-, y, en su lugar sancionó el art. 115 del Anexo "A" (hoy Ley XXIV N° 38, art. 138, punto 15) que estableció, taxativamente, los supuestos de exención frente al pago de ingresos brutos.- Esta nueva disposición legal en materia impositiva local, no reemplazó la norma derogada, en mi opinión, sino que agregó o dispuso agregar una condición más para relevar a los contribuyentes del tributo en cuestión, pues el inciso 15 del artículo referido, eximió a la producción textil de plantas ubicadas en la Provincia del Chubut siempre que las empresas constituyeran domicilio real y tuvieran sede administrativa principal en la Provincia. Esta disposición incurrió en una discriminación inconstitucional (artículo 75, inciso 13 de la Constitución Nacional) pues mantuvo la exención sólo para las industrias locales y gravó al foráneo por una misma actividad.--- Como manifestara al emitir mi voto en "G. S.A.", la adhesión de la Provincia al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, mediante la Ley Provincial N° 3.925, receptó a través de su propia legislación normas de derecho infrafederal que no sólo hacen parte del derecho local sino que además gozan de preeminencia sobre las demás leyes Provinciales que no revisten igual carácter, las que no pueden desconocerse ni violarse.----- Así lo dijo nuestro máximo Tribunal Federal, en la causa "Transportes Automotores Chevallier S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ acción declarativa" (Fallos, 314:862), cuando declaró que las leyes-convenio hacen parte también -aunque con diversa jerarquía-, del derecho local (párrafo 4°).-- También ha sostenido que: ". de la inequívoca intención constitucional de eliminar los gravámenes discriminatorios infiérese la de preservar a las actividades que se desenvuelven en dos o más jurisdicciones del riesgo que puedan verse sometidas a una múltiple imposición que las obstruya o encarezca, como resultado de aplicar tributos semejantes sobre la misma porción de la base imponible, tornándolas por tanto desventajosas con relación a otras similares desarrolladas dentro de cada provincia" (Transportes Vidal S.A. c/ Provincia de Mendoza s/ repetición" Fallos 306:516; considerando 8).- Y en el considerando 9 del fallo citado, la Corte señaló: ". cabe agregar, con sentido meramente aclaratorio, que la potestad impositiva de las provincias debe también ceder frente a aquellos privilegios que el Gobierno Nacional otorgue en ejercicio de sus atribuciones (artículos 31, 67, inciso 16 y 28 de la Constitución Nacional - antes de la reforma de 1994)". -- Esto refuerza lo ya expresado pues, con más razón entonces, si los privilegios surgen de una mutua convención entre el Estado Nacional y las provincias mediante la celebración de un Pacto Federal que tiene un objetivo general de bienestar para ambas partes, ellas son quienes, en forma conjunta, deben ponerle fin. No resulta procedente que cualquiera de ellas -de manera unilateral- lo deje sin efecto, sobre todo, como en el caso de autos, no se ha evidenciado una debida justificación.- Por ello, coincido con el Sr. Ministro votante en segundo término, de proponer el acuerdo la declaración de inconstitucionalidad del art. 138, punto 15 de la Ley XXIV N° 38 (ex Ley N° 5450, art. 115, punto 15) y se decrete, asimismo, la nulidad del acto administrativo N° 183/DCM de fecha 27/06/2.007 que ordenó las rectificaciones de las declaraciones juradas correspondientes a los ingresos brutos. ASÍ LO VOTO.-- A la primera cuestión el Dr. Jorge PFLEGER dijo: - I. Los antecedentes del asunto han sido debidamente relacionados por el distinguido colega del primer voto, de suerte que resultaría una redundancia inaceptable reproducirlos ahora. Esta circunstancia me permite ir con derechura a la solución del tema pendiente.

II. Una interesante discusión se ha planteado -en Acuerdo- a partir del enjundioso voto del Ministro Doctor PANIZZI, quien con agudeza ha planteado la falta de competencia del Tribunal para entender en el asunto.-- Obviamente su inteligente posición ha obligado a analizar profundamente la cuestión, y extraigo de ello una conclusión respetuosamente diversa.---- En "G. S.A." sostuve que la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de "GOMER c/ Provincia de Córdoba" (Fallos, 310:142) admitió la existencia de la acción directa de inconstitucionalidad cuando el caso fuera de su competencia, y aceptó como cerco procesal adecuado, el artículo 322 del C.P.C.C.N.- Esto implica, siguiendo a BIANCHI, que bajo esa norma existen ".en realidad dos tipos diferentes de acciones declarativas: a) la acción declarativa de certeza, dentro de la cual puede ejercerse el control constitucional; y b) la acción declarativa de inconstitucionalidad.". Y sigue: ".en la práctica emplea esa norma como referencia para el cumplimiento de los requisitos que la acción debe reunir como caso judicial, pues el art. 322 está claramente desbordado con la acción declarativa creada por la Corte." (ver Alberto BIANCHI en su "Control de Constitucionalidad" T° I, página 413 y 414, en especial, Editorial ÁBACO, 2.002).

Para fijar la competencia de los diversos Tribunales, es preciso delimitar el objeto procesal de la demanda más allá del "nomen iuris" o de la norma procesal invocada. Esto es un axioma de difícil refutación.--- El núcleo principal del pretendiente es que se devele su incertidumbre a través de una declaración de inconstitucionalidad; esa y no otra es la causa de su reclamo.

Puede explicarse el marco procesal escogido en la ausencia de precepto simétrico a nuestra acción declarativa de inconstitucionalidad del art. 179 inc. 1°, 1.1. de la Constitución del Chubut en el orden federal, lugar en que instaló su pretensión. Conocida la jurisprudencia de la Corte es razonable pensar que intentó seguir esa vía.- Sin embargo el reenvío, permite cuadrar la situación en la norma local específica que atribuye competencia originaria al pleno del Superior Tribunal de Justicia, pues la declaración de inconstitucionalidad de una Ley es, repito, el argumento primordial enarbolado.- De otro lado, sin desconsiderar que las cuestiones de competencia son de orden público, las partes nada han objetado al trámite y la demandada ha podido articular su defensa con toda precisión, defendiendo la validez constitucional puesta en juego.

Todo lo anterior, entonces, funda ésta, mi posición, proclive a la intervención de este pleno.

III. Zanjado este asunto, se me ocurre del caso, para mejor comprensión de lo que habrá de decidirse, realizar una breve historia de la normativa en la materia.

Por Ley N° 3.925 la Provincia adhirió al llamado "Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento y al saneamiento definitivo de la situación financiera entre la Nación y las Provincias" comprometiéndose en el punto 4): modificar el impuesto a los Ingresos Brutos disponiendo la exención de las actividades en: a) producción primaria y e) producción de bienes (industria manufacturera), excepto los ingresos por ventas a consumidores finales que tendrán el mismo tratamiento que el sector minorista, entre otros supuestos que no resultan de interés destacar.- Este pacto, según su propio texto, poseía (y posee) como causa final la ". adopción de políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común en crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales.

Como expresara en "G. S.A.", la Ley N° 3.926, y prosigo con la semblanza, estipuló, art. 5°, la suspensión de ".la aplicación del impuesto sobre los Ingresos Brutos, sobre las operaciones de venta de bienes de capital nuevos fabricados en plantas fabriles radicadas en la Provincia del Chubut, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Nro. 937/93 del Poder Ejecutivo Nacional y sus modificatorias y que se hallen comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura de Comercio Exterior que se detallen en el Anexo I de la Resolución Nro. 161/93, dictada por la Secretaria de Comercio e Industria de la Nación, a los efectos de lo establecido en el Decreto mencionado precedentemente...".

La sanción del Código Fiscal Provincial, art. 3°, derogó la Ley N° 3.926, y estableció un nuevo sistema de exenciones. El art. 115 punto 15 de su texto prescribió que sólo estaría exenta del tributo de que se trata: ".La producción textil en plantas ubicadas en la Provincia del Chubut realizada por empresas que constituyan domicilio real y tengan la sede administrativa principal en la Provincia.".--- El Digesto Jurídico -y aparece en los anales como norma no consolidada al respecto- (ver el Cuerpo en el sistema informático respectivo) ubicó a las exenciones en su art. 138 inciso 15 repitiendo el texto (". La producción textil en plantas ubicadas en la Provincia del Chubut realizada por empresas que constituyan domicilio real y tengan la sede administrativa principal en la Provincia.").--- IV. Esta antología que he formulado es pertinente. Se devela de su lectura la sucesión de normas dictadas a partir de la suscripción del Pacto Federal y es capital a la hora de tomar decisión sobre el asunto, pues cabe estudiar, en primer lugar, su ubicación constitucional y las consecuencias que apareja en lo que atañe al derecho interno de la Provincia del Chubut.- Al respecto, indico que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha definido el sentido del Convenio al que se hace referencia, en términos que no dan cabida a hesitación: éste ".comporta por sus alcances y contenido la manifestación positiva del llamado federalismo de concertación tendiente a establecer mediante la participación concurrente del Estado Nacional y las provincias un programa, destinado a adoptar una política uniforme que armonice y posibilite "la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales." (ver Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina AGUEERA c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ Acción Declarativa, 19/08/1.999 T. 322, P. 1.781 - ver sumario en página web del Alto Tribunal de la Nación).- En el mismo caso, determinó el estatus constitucional del Acuerdo con estas palabras: ".Ese pacto, como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configura el derecho intrafederal (Fallos, 314:862) y se incorpora una vez ratificado por la legislatura al derecho público interno de cada estado Provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición de ser expresión de la voluntad común de los órganos superiores de nuestra organización constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional ubica a los tratados o leyes convenios celebrados entre las provincias y el gobierno nacional con un rango normativo específico dentro del derecho federal. Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes (Horacio ZORRAQUÍN BECÚ, "El Federalismo Argentino", Edit. Perrot, 1958, pág. 194)." (ver el considerando 4° de la sentencia en la misma fuente de información).--- Desde la doctrina, Horacio PIOMBO, establece ciertas categorías de tratados interprovinciales y brinda su opinión al respecto. Deja sentado, en principio, que ellas sólo representan una fracción del espectro convencional que ".reconoce como protagonista a las provincias." y señala: ".El acuerdo (o su equivalente) permite tanto una coordinación horizontal, o sea entre sujetos que se hallan en una misma grada del escalonamiento jurídico (provincia o Estado local con otra provincia o Estado local), como vertical, esto es, entre sujetos que se sitúan en distinta grada del mencionado escalonamiento (provincia o Estado local con la Nación o Estado Federal)." (ver el autor citado en "Constitución de la Nación Argentina" SABSAY-Dirección, MANILI- Coordinación, Ed. HAMMURABI, T° 4, página 912, Año 2.010).

El jurisconsulto, a la par, prefigura las conjunciones entre los sectores susceptibles de entrar en relaciones de cooperación y distingue en: a) Tratados interprovinciales, los concluidos entre miembros de la federación, b) Tratados nacional-Provinciales, celebrados entre uno o los miembros de la federación y el Estado Central, c) Tratado internacionales con participación Provincial, d) Tratados interprovinciales internacionales y e) Tratados Provinciales- Municipales. En lo que toca a nuestro litigio señala que ".Si sólo los convenios particularizados bajo el literal a) del parágrafo inmediato precedente, conforman el objeto tenido en mira por los textos constitucionales sub examine (el art. 125 de la C.N, añado), éstos, en conjunción con los categorizados con el literal b), integran la clase de los "tratados interjurisdiccionales", "sub-nacionales" o "intrafederales", figura jurídica no prevista específicamente en la Carta Magna, pero que asumida por las postulaciones relacionadas con las eventuales reformas, por analogía merece similar tratamiento jurídico al de los tratados interprovinciales." (ver autor y obra citada arriba, página 913).--- Hay empero opiniones que sitúan los convenios en el marco del art. 75 inc. 2° de la Constitución Nacional, aunque en rigor de verdad aquella norma es más específica acerca del modo en que se ha dispuesto el sistema de distribución de los modos impositivos--- V. Así las cosas, la Provincia del Chubut careció de capacidad de denunciar unilateralmente el Pacto mediante una norma constrictora de las exenciones que se habían dispuesto en consecuencia, alterando el sistema de prelación de las Leyes establecido en el art. 31 de la C.N.

El Acuerdo forma parte del derecho local pero en una situación especial. Así sucede por su carácter, reconocido de modo tan preciso por la jurisprudencia y la doctrina, que lo hace prevalecer sobre las demás leyes domésticas, y no hay duda posible al respecto.----- La convención tiene como finalidad, baste la lectura de su texto, beneficiar a todas las partes contratantes, de manera que son ellas quienes, en forma conjunta, deben ponerle fin y no de manera particular o sin una debida justificación, como sucedió en autos mediante la incorporación arbitraria de una cláusula que desvirtuó sus términos.- Por ello, coincido con los señores Ministros preopinantes en cuanto proponen al acuerdo la declaración de inconstitucionalidad del art. 138, punto 15 de la Ley XXIV N° 38 y de las normas que le anteceden en cuanto se opongan al Pacto Federal brindando ultra-actividad a las normas derogadas que regirán relaciones jurídicas con el Estado Provincial, en la materia. ASÍ LO VOTO.--- A la Segunda Cuestión dijo el Dr. PANIZZI:

Sin perjuicio de la disidencia que efectuara en la resolución de estos autos, y atento como se ha conformado la mayoría de los votos, habré de seguir el razonamiento abordado en los autos "G. S.A." con relación a la segunda cuestión a la que en aquellos me adhiriera, por tratarse de idéntico "thema decidendum". Así, por haberse logrado mayoría en tal sentido, propongo al Acuerdo: 1) HACER LUGAR a la demanda declarativa de inconstitucionalidad que intenta S. S.AC.I.F. contra la Provincia del Chubut; 2) FIJAR LAS COSTAS a la demandada vencida (art. 69 del C.P.C.C.); 3) REGULAR los honorarios del Dr. C. A. T. en la suma de PESOS DIECISETE MIL ($ 17.000); 4) IMPONER las costas de la medida cautelar a la demandada vencida; 5) REGULAR los honorarios del Dr. C. A. T. por el incidente de medida cautelar en la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA ($ 680) (art. 26 de la Ley XII N° 4). Todas las sumas llevarán IVA si correspondiere. A los fines regulatorios se han ponderado las labores desarrolladas por los letrados que intervinieron en el juicio según los parámetros del art. 6 de la Ley XII N° 4); 6) No regular honorarios al Sr. Fiscal de Estado ni a sus apoderados atento lo dispuesto por art. 2° de la Ley XII N° 4. 7) Atento las cautelares ordenadas en autos y teniendo en cuenta como se resuelve el litigio, déjense sin efecto las mismas, una vez firme el presente resolutorio librándose los oficios respectivos. ASÍ LO VOTO.----- A la misma Cuestión el Dr. PASUTTI dijo: ----- Adhiero a la solución propuesta por el Dr. PANIZZI.

A la misma cuestión dijo el Dr. VERGARA: ---- Por los mismos motivos, adhiero a la solución que a esta cuestión da mi predecesor.-- A la misma cuestión dijo el Dr. VELÁZQUEZ:

----- Atento como se resuelve el juicio, adhiero a la solución que a esta cuestión dan mis predecesores.----- ----- A la misma cuestión dijo el Dr. PFLEGER:

----- En concordancia con lo resuelto en la lite, adhiero a la solución que a esta cuestión dan mis predecesores.-- Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente:- S E N T E N C I A --- 1°) HACER LUGAR a la demanda declarativa de inconstitucionalidad impetrada por S. S.A.C.I. contra la Provincia del Chubut y decretar la inconstitucionalidad del punto 15 del art. 138 de la Ley N° XXIV N° 38 y la nulidad de los actos que sean su consecuencia.

2°) COSTAS a la demandada vencida (art. 69 del C.P.C.C.).----- 3°) REGULAR los honorarios del Dr. C. A. T. en la suma de PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000), con más el I.V.A. si correspondiere (art. 6 y 9 de la Ley XII N° 4), sin regular honorarios a los letrados de la Provincia del Chubut (art. 2° de la misma Ley).

4°) COSTAS de la medida cautelar a la demandada vencida (art. 69 del C.P.C.C.).--- 5) REGULAR los honorarios del Dr. C. A. T. por el incidente de medida cautelar en la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA ($ 680) (art. 26 de la Ley XII N° 4).- 6) REGÍSTRESE y notifíquese. Firme la presente sentencia, líbrense oficios respectivos a los fines de dejar sin efecto, las cautelares oportunamente ordenadas.- Fdo.: Dr. Jorge PFLEGER - Dr. José Luis PASUTTI - Dr. Alejandro Javier PANIZZI (en disidencia) - Dr. Raúl Adrián VERGARA - Dr. Carlos Alberto VELAZQUEZ.----- RECIBIDA EN SECRETARÍA EL 29 DE JUNIO DEL AÑO 2.011 REGISTRADA BAJO EL N° 17 S.R.O.E. CONSTE.