Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-05-21


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Quince.- San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de Mayo de 2009.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N° 74/06: "AGÜERO, Omar Edgardo c/ PODER EJECUTIVO MUNICIPAL DE VALLE VIEJO - s/ Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad", en los que a fs. 134 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art. 39 del Código Contencioso Administrativo y a fs. 135 obra Dictamen N° 101/08 del Sr. Procurador General, llamándose autos para Sentencia a fs. 137. En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

1) ¿Es procedente la Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad interpuesta?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde? 2) Costas. Practicado el sorteo conforme al acta obrante a fs. 139 dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y LUIS RAÚL CIPPITELLI.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

A fs. 6/8 vta. el señor Omar Edgardo Agüero por intermedio de apoderado, interpone demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción e ilegitimidad en contra del Poder Ejecutivo Municipal de Valle Viejo, tendiente a obtener que se deje sin efecto el acto administrativo - Resolución Nº 003 de fecha 06 de Febrero de 2004, emanado de la Dirección de Inspección General y Tránsito de dicha Comuna, a través de la cual se lo sancionó disciplinariamente con una suspensión de cinco días, y respecto al cual se dedujeron sendos recursos de revocatoria y jerárquico en subsidio, por lo que se encuentra agotada la vía administrativa. Comienza el relato de los hechos, afirmando que la Dirección de Inspección General y Tránsito de la Municipalidad de Valle Viejo, el día 30/12/03 dispuso mediante memorandum que debía prestar servicios el día 1de Enero de 2004 entre las 03:00 a 09:00 de la mañana controlando el tráfico vehicular con motivo de la fiestas de fin de año. Que el último día de trabajo, en oportunidad de marcar su tarjeta de asistencia se encuentra con la novedad de que la misma no se encontraba, siendo informado por personal de dicha dependencia que debía notificarse del memorandum por lo que concurre al despacho del Director, informándole éste que debía notificarse del mismo bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de servicios. Aduce, que sin notificarse de ninguna disposición, concurre a realizar una exposición policial, y que luego el día 6/1/04 efectúa el descargo correspondiente. Afirma que la sanción disciplinaria es arbitraria, e ilegal, puesto que jamás se anoticio de la existencia ni del contenido del memorandum, que se siente perseguido por algunos funcionarios comunales, que son los generadores del resentimiento que existe entre ciertos empleados, que ha tenido que soportar incluso el traslado a otra dependencia municipal, donde se le asignó tareas de peón -trabajo mecánico- cuando siempre se desempeñó como agente de transito. Por otra parte, la supuesta orden incumplida, de prestar servicios en horario extraordinario, se oponía a lo dispuesto en la Resolución 001/03 del día 10/12/03 por el Secretario de Gobierno, en el sentido que los agentes de tránsito no podían prestar servicios fuera del horario habitual de trabajo. Que la motivación del acto impugnado se encuentra ausente, razón por la que deberá declararse su nulidad. Añade que ha tenido que deducir un amparo por mora, a fin de obtener resolución del recurso jerárquico interpuesto en subsidio en contra de la resolución que le aplicó la sanción. Finalmente ofrece prueba, y solicita que al hacerse lugar a la acción deducida, se disponga la nulidad del acto impugnado, y el pago los haberes descontados ilegítimamente, con costas. A fs. 12, previo dictamen del Sr. Procurador General, la Corte de Justicia resuelve declarar "prima facie" la jurisdicción y competencia para intervenir en la presente causa. A fs. 31/35 vta. las apoderadas de la Municipalidad de Valle Viejo al contestar demanda plantean en primer lugar la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo Municipal, señalando que la demanda debió ser dirigida contra la Municipalidad de Valle Viejo. Añaden asimismo que la demanda no cumple con los requisitos establecidos imperativamente en el art. 17 inc. c) y d) del C.C.A, en particular cuestionan que no se haya acompañado el acto administrativo que se pretende impugnar, que ello impide justificar la competencia del Tribunal, como el computo del plazo para deducir la demanda. En lo que a la cuestión de fondo concierne, invocan, el total conocimiento del actor sobre el contenido del memorando emitido por el Director de Inspección General de Tránsito, a través del cual se le comunicó que debía prestar servicios el día 1/1/04 controlando el transito vehicular, que por ese motivo y a los fines de que todo el personal afectado se notificara es que se dispuso la reserva de las tarjetas de asistencia, siendo este el procedimiento que se emplea para notificar novedades, sin perjuicio de la posterior restitución de las mismas. Que la conducta desplegada por el actor, al negarse a firmar la notificación, revela la falta de dedicación al trabajo, dando de ese modo prioridad a sus conveniencias personales en desmedro del bienestar y seguridad de la población. Que tal inconducta lo hizo merecedor de la sanción disciplinaria de 5 días de suspensión dispuesta a través de la Disposición Nº 003/04 ,al quedar de manifiesto el incumplimiento de una orden impartida por el superior jerárquico. Que por estas y otras consideraciones a las que me remito, solicitan el rechazo de la demanda, con costas. A fs. 36 vta. se abre la causa a prueba, producida la misma a fs. 123 vta. se dispone la clausura del periodo de prueba, agregándose a fs. 127bis/133 los alegatos de ambas partes, y a fs. 135 dictamen del Sr. Procurador, con lo que la causa previo llamamiento de autos, se encuentra en condiciones de ser resuelta. Que al ser ello así, he de recordar que en autos el actor solicita a través de la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción y de ilegitimidad que plantea, que se deje sin efecto la Resolución Nº 003/04 que le aplicó la sanción disciplinaria de 5 días de suspensión por incumplimiento de una orden impartida mediante Memorandum por el cual se lo afectaba a prestar servicios el día 1º de Enero de 2004 en el horario especial de 03.00 hs. a 09.00 hs., conforme se ordenaba por estrictas y necesarias razones de servicios. El actor admite en su demanda que formuló su descargo en fecha 6 de Enero de 2004, el cual fue considerado por su superior como no justificante de su negativa a cumplir con una orden legalmente impartida, al negarse a notificar de modo expreso, lo que derivó en inasistencia a prestar servicios el día y hora indicados conforme a lo ordenado a partir de estrictas y necesarias razones de servicio. Entrando ya a considerar la cuestión traída a resolver, considero oportuno transcribir la parte pertinente de la demanda, en la que el actor expresa: "El decreto 1374, (el subrayado me pertenece) objeto de la presente acción, emitido por el Ejecutivo Municipal que rechaza el Recurso Jerárquico en subsidio, en sus consideraciones esenciales da por acreditado que: ".por el contrario, reconoció de modo expreso como causa del retiro de su tarjeta de asistencia la existencia del aludido Memorandum y su negativa a notificarse del mismo en forma expresa". Añadiendo luego: ".la actitud asumida por parte del agente Omar Edgardo Agüero fue consignada en el Memorandum de fecha 30 de Diciembre de 2003 en el cual consta asentado su negativa a notificarse", prosiguiendo: ".con tal actitud puso en riesgo la prestación de un servicio esencial inherente al Poder de Policía Municipal, que comprometen el orden y la seguridad pública", finalizando: ".la orden impartida. no puede ser considerada en forma alguna como arbitraria e ilegítima.", por lo que: ".incurrió en incumplimiento de una orden legalmente impartida." . Luego de expresado lo que antecede (haciendo constar el actor que ello es transcripción del Decreto 1374 del Ejecutivo Municipal que rechazó el Recurso Jerárquico interpuesto), sostiene que, ".como cuestión preliminar, a fin que se pueda considerar el asunto de fondo traído a esta Máxima Instancia Judicial, es dable reiterar que la vía administrativa se encuentra legalmente agotada por haberse emitido acto administrativo de última instancia, siendo la demanda articulada en tiempo oportuno conforme a lo prescripto por el artículo 7 del Código Contencioso Administrativo".

A esta consideración preliminar pretendo abocarme a continuación, ya que bien vale tener presente que la naturaleza de esta acción contenciosa exige en este momento procesal, con mayor detenimiento, el control de los presupuestos necesarios para la habilitación de la instancia judicial y competencia de este Tribunal, la que no obstante haber sido declarada prima facie (fs.12), no causa estado, en consecuencia no sólo se puede, sino que también se debe proceder a su revisión. La transcripción en negrita y cursiva que he efectuado supra, ha sido con el objeto de señalar que las expresiones allí vertidas, son la única referencia que se ha arrimado a estos autos por la parte actora de la existencia del acto administrativo que, en teoría, ha sido el que clausuró la instancia administrativa previa (Decreto 1374/06). La otra referencia a este instrumento la formula la demandada en su responde, (fs. 34 vta.), en el Punto IV de su escrito, cuando invoca los fundamentos sobre la legalidad y razonabilidad del Memorandum de fecha 30 de Diciembre de 2003, de la Disposición D.I.G. Y T. Nº 003/04 y del Decreto Nºº 1374/06. Planteadas así las cosas, es dable consignar que la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción e ilegitimidad, prevista en el Código Contencioso Administrativo, persigue el reconocimiento y la restauración del derecho subjetivo lesionado (Abad, Hernando, "Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, JA- 19-1973-714), en consecuencia, la instancia revisora se proyectará a la correcta formación de la voluntad administrativa y al control acerca de si los pasos legales dados para llegar al instrumento que se pretende impugnar, se ajustan al marco legal que regula el asunto; y también al análisis de la legitimidad y de la justicia o injusticia de la sanción aplicada a través del acto administrativo de que se trata. Pero en este marco, debemos puntualizar muy especialmente que se trata ésta de una instancia revisora posterior al agotamiento de la instancia administrativa, teniendo especial relevancia los pasos que se han dado, particularmente por parte de la actora, con el objeto de verificar si se han cumplimentado los que hacen al debido agotamiento de la vía administrativa citada, y si se encuentra presentado en término, ya que de ello depende la habilitación de la competencia de este Tribunal, pues de lo que se trata es de la revisión judicial de los actos administrativos. En este orden de ideas, hago notar que, de manera previa al inicio de la presente acción, con fecha 3 de Marzo de 2006, el actor promovió Acción de Amparo por Mora de la Administración contra la Municipalidad de Valle Viejo, sustanciado por ante este Alto Cuerpo por Expediente Corte N° 19/2006 (el que corre agregado por cuerda a las presentes actuaciones) tendiente a obtener la declaración de la mora administrativa de la demandada y, consecuentemente, que esta Corte ordenara a la misma el pronunciamiento expreso de la máxima Autoridad administrativa municipal, respecto al recurso jerárquico interpuesto en subsidio de la reconsideración planteada a la Autoridad que dispuso la sanción disciplinaria. El Municipio, a través de sus apoderadas, planteó su oposición a la acción de amparo interpuesta, sosteniendo la improcedencia del la misma, infiriendo que el actor había optado por el instituto del silencio por denegación tácita de la administración, que, a su criterio, excluía la vía del pronunciamiento expreso. Esta Corte, mediante sentencia definitiva N° 26, del 30 de Agosto de 2006, hizo lugar a la acción de amparo por mora, fundando su decisión en el reconocimiento de que es el interesado quien tiene la opción exclusiva de elección de la vía a seguir para que se resuelva su derecho frente al deber de la administración, y consecuentemente intimó a la demandada para que se expidiera expresamente, tal como lo solicitara la actora, bajo apercibimientos de ley. Ahora bien, como lo señala apropiadamente el Señor Procurador General en su Dictamen N° 161, obrante a fs. 10, en la promoción de la presente acción se advierte el incumplimiento por parte de la actora, de las cargas que le imponen los artículos 17, incisos c) y d) y 40 del C.C.A., habida cuenta que no se ha acompañado copia del acto administrativo que se impugna (Decreto 1374/06), por lo cual es imposible verificar la fecha de su notificación al ocurrente, y por ende tampoco resulta posible determinar si el recurso impetrado ha sido interpuesto en el término que le fija al recurrente el artículo 7 del mismo ordenamiento legal, teniendo en consideración la opción efectuada por el accionante para que la administración se expidiera en forma expresa, tal como se ha consignado ut supra. El incumplimiento de las cargas establecidas en el C.C.A. por la actora a que se ha hecho referencia, es de tal entidad, que no sólo impide, insisto, la habilitación de la competencia de este Tribunal, sino fundamentalmente el análisis por esta Corte (atento el carácter revisor de esta jurisdicción) de los fundamentos, argumentaciones y considerandos que la administración ha tenido en cuenta para emitir el acto administrativo decisorio en la instancia respectiva, ya que es ésa instancia (la Máxima Autoridad del Municipio en este caso) la única que puede decidir sobre todas aquellas cuestiones previas que puedan conducir a la conclusión del procedimiento administrativo, y es ESE ACTO ADMINISTRATIVO (Resolución, Decreto o el Instrumento Legal de que se trate) el que puede ser cuestionado por vía del recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción e ilegitimidad, según constante y pacífica jurisprudencia al respecto, siendo del caso resaltar, que el acto que debe revisarse en esta sede tiene que ser aquel que cuente con las características de ser definitivo y que cause estado. A la luz de lo expuesto, considero, compartiendo el criterio sustentado por el Señor Procurador General en su Dictamen de fs. 135, que la acción debe ser rechazada por no encontrarse habilitada la competencia de este Tribunal, atento el incumplimiento por parte de la actora de las cargas que le imponen los artículos 17, incisos c) y d) y 40 del Código Contencioso Administrativo, ya que no se observa en el sub lite constancia alguna que acredite la existencia del Decreto 1374/06 señalado como el objeto de la presente acción, careciéndose por lo tanto de una decisión administrativa expresa, definitiva, que cause estado y, por ende, no existiendo acto administrativo que revisar, la instancia jurisdiccional no se encuentra habilitada. En consecuencia, corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto. Así voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que analizadas pormenorizadamente las constancias de autos y las peticiones de parte, coincido con la solución propiciada en el voto precedente, en tanto no obra en autos copia del acto administrativo impugnado, ni constancia de la fecha de notificación al actor, elementos esenciales para determinar la habilitación de la vía contenciosa y la competencia de este Alto Tribunal para entender en autos, cargas cuyo cumplimiento le caben al ocurrente de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 17, inc. 3, 4 y 40 del C.C.A. y que éste ha omitido, como bien lo expone el Sr. Procurador General en su dictamen de fs. 10 y ratificado a fs. 135, por lo que la acción intentada debe rechazarse. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Comparto en un todo las consideraciones formuladas por el Sr. Ministro que inaugura el acto y adhiero a la solución final propuesta, por lo que me pronuncio en idéntico sentido. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que conforme los resuelto en la primera cuestión planteada, corresponde imponer las costas al recurrente. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Con costas a la vencida. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que una vez más, adhiero a las conclusiones expuestas por el Sr. Ministro preopinante, Dr. Cáceres, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido. Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia). San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de Mayo de 2009.- ­Y VISTOS:

El Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad interpuesta. 2) Imponer las costas a la parte actora que resulta vencida. 3) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista base suficiente para ello. 4) Protocolícese, hágase saber y firme o ejecutoriada que sea la presente, por Secretaría procédase a devolver el Expediente Administrativo agregado por cuerda al Organismo correspondiente y oportunamente archívense. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).