marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Amparo por mora, silencio de la administración, pronto despacho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PENTHAUSE S.A. c/ G.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-08

El argumento relativo a la exclusividad de la vía elegida al formular el administrado las solicitudes de pronto despacho, carece de eficacia para enervar la virtualidad de su derecho a la obtención de un pronunciamiento expreso respecto de la solicitud que a la administración oportunamente formulara.-
Contrato de trabajo, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: Rivera Gomez de Mella, Albertina c/ Barolín y Zuliani S.A.C.I. y A.G. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-12-12

La antigüedad -art. 18 LCT.- que se debe computar a los fines indemnizatorios resulta del tiempo de servicio efectivamente trabajado es decir que a tal efecto se computan los tiempos reales, por lo que no lo son, los intervalos entre un período y otro.
Recursos, expresión de agravios, crítica concreta y razonada
Materia: PROCESAL
Carátula: A.B., M.J. c/ H.C. SA s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-22

En reiteradas oportunidades ha afirmado esta Alzada al interpretar lo dispuesto por el art. 268, Anexo "A", Ley XIII, Nro. 5, que la crítica razonada y concreta que debe contener el memorial de agravios ha de consistir en la indicación punto por punto de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al pronunciamiento.

En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la resolución adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravios que atender en la alzada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Eduardo Ramón s/ Robo Montenegro, Juan Carlos s/ Infracción art. 189 bis, apart. 3º del Código Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29|1996-03-04

No considerar, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, argumentos de la sentencia recurrida no necesariamente ocasiona la insuficiencia del recurso, pues en éste pueden demostrarse transgresiones legales decisivas por otras vías argumentales.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Homicidio en ocasión de robo, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Obregón s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-21

Dado que el delito de homicidio contemplado en el art. 165 del Código de la materia constituye elemento normativo del tipo, no hay razón para sostener que esa figura escape a las normas de la parte general del Derecho penal, por lo que si el ilícito contra la propiedad no se ha consumado, la escala sancionatoria debe reducirse de conformidad con las pautas que para la tentativa prevé el art. 42 del mencionado texto legal.
Jubilación por invalidez, incapacidad, porcentaje de incapacidad, policía, personal policial, junta médica, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FLORITO, BONIFACIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 211-78
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-08-08

Acreditada la incapacidad total y permanente del agente a la fecha de su cesantía por pase a retiro obligatorio, de acuerdo al dictamen de la junta médica permanente, es improcedente la defensa de la demandada de que esa incapacidad sólo la puede determinar la junta médica especial, y que en el caso ocurrió cuando el empleado ya estaba desvinculado de la administración si, habiendo el agente solicitado al constitución de dicha junta con anterioridad a su pase a retiro, la administración no consideró el pedido del actor.
Representación del Estado en juicio, mandato, locación de servicios, empleo público
Materia: PROCESAL - CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferrero, Omar A. y Herminio c/ Incidente de tasa de justicia s/ Apelación  T.F.N.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

En los supuestos en que una repartición del Estado Nacional designa a uno de sus agentes para que lo represente en un proceso judicial, éste no ejerce su actividad en función de un contrato de derecho privado, como el mandato o la locación de servicios, sino en virtud de la relación de empleo público que lo une con el organismo administrativo.
Superior Tribunal de Justicia, remuneración del juez, presupuesto provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cuellar, Carlos Marcelo s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-07-21

Este Superior Tribunal de Justicia entendió que: ..."quienes tenemos la difícil responsabilidad de organizar la política en materia de remuneraciones, debemos ajustar la misma a las posibilidades de las rentas provinciales, seriamente comprometidas además por una indisimulable dependencia respecto de la Nación. Cualquier análisis evidencia la absoluta relación de la coparticipación de origen federal y otras asignaciones de diferente denominación pero idéntico origen, en la conformación e integración de la masa de dineros afectados al pago de las remuneraciones. Se trata en rigor de un problema técnico financiero, de disponibilidad de fondos y de las posibilidades de afectación de los mismos...".
Amparo por mora, costas, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Landriel Irma C. s/ Amparo por Mora - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-09-05

1- Si la cuestión planteada se torna abstracta por la sustracción de materia justiciable operada con la emisión del acto expreso por parte de la Administración, ello releva al Tribunal de juicio de efectuar un tratamiento sustancial de la materia de fondo, sin embargo, desde una perspectiva de análisis orientada a la finalidad de proveer una solución justa, equitativa, proporcional y objetiva a la causa en orden a la atribución de las costas procesales, concurre una circunstancia determinante, cual es que la sustracción de materia justiciable tuvo lugar habiendo vencido el término para producir el informe y/o contestar la demanda en el marco del artículo 7 de la Ley 8508.

2- Teniendo en cuenta la oportunidad en la que se operó la sustracción de materia justiciable, y frente a las "particularidades del caso" (art. 10, Ley 8508) se propicia como solución justa y equitativa para el sub examine, imponer las costas en un ochenta por ciento (80%) a la Administración y en un veinte por ciento (20%) a la actora, en razón que no obstante la reticencia de la Administración, con el dictado del acto expreso una vez vencido el término establecido en el artículo 7 de la Ley 8508 pero antes que quede firme el decreto de autos para dictar la sentencia definitiva, se dio satisfacción a la pretensión procesal incoada por la actora. (Voto del Dr. Sesín, en minoría).
Sucesión testamentaria, interpretación del testamento, captación de la voluntad del testador, legado de usufructo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: TULISI, Teresa c/ LISANTI, José s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-05

Si bien la interpretación del testamento tiene por norte desentrañar la voluntad del causante que debe respetarse en su sentido real, más allá de sus errores de expresión u oscuridad con que lo haya redactado, la aplicación de tal principio no puede llevar a desconocer que el derecho de opción invocado por los apelantes es concedido por el art. 3603 del Código Civil directamente a cada uno de ellos en su condición de herederos y "no le viene del difunto que jamás tuvo ni pudo tener tal derecho".
Derecho laboral, leyes, interpretación de la ley, empleados públicos, relación de dependencia, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Leones, Jalime María c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Laboral (Expte.: C.S.J. nro. 745 año  2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

Con la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, que consideró expresamente un plazo de prescripción para la acción para reclamos laborales, resulta aplicable a los reclamos laborales de los agentes públicos la solución del artículo 256 -que nace de un derecho protectorio por excelencia, como lo es el laboral- y permite, además, arribar a un justo equilibrio entre la tutela de los derechos subjetivos provistos de acción (es decir los dotados de una pretensión accionable como medio para imponerlos y hacerlos valer ante la justicia en caso de que otros sujetos los violenten, obstaculicen su ejercicio o se nieguen a satisfacer el interés de su titular) y la búsqueda de un plazo razonable para el ejercicio de la acción. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia el Dr. Falistocco.

Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Prueba pericial, médicos
Materia: LABORAL
Carátula: Jara, Herminio c/ Astilleros Alianza S.A. s/ Indemnización ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

El perito médico no tiene otra función que la de asesorar al juzgador en lo que atañe a la apreciación de hechos para los que se requiere un conocimiento especializado, en tanto que los magistrados se encuentran en libertad de conformar su propia convicción por otros medios.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, incongruencia, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Comisión  Liquidadora  de  la  quiebra de Toledo Ríos c/ Banco deSan Juan S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que incurre en argumentaciones contradictorias pues al expedirse sobre la posibilidad de impugnar nuevamente las decisiones sobre prescripción y cosa juzgada, cuya recurribilidad ya se había negado con fundamento en que aún no había recaído la sentencia final del proceso, se afirma que tales cuestiones nunca adquieren definitividad, ni aún cuando se dicte la sentencia final del pleito y, por ende, vuelve a negarse su tratamiento.
Prueba testimonial, reconocimiento de la prueba documental
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sansone, Pascual c/ Fortunato, Rubén A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-15

La admisión u ordenación del testimonio es indispensable como requisito para la validez y eficacia del mismo, por lo que si se ofrece como testigo para reconocer un presupuesto al dueño del taller de pintura, no puede testimoniar y reconocer firma otro que no sea éste. Uno de los principios generales de la prueba judicial es, precisamente, el de su formalidad y legitimación, que representa una garantía del derecho de defensa, que incluye el de contradecir la prueba en toda clase de procesos. Se relaciona también este requisito, con los principios fundamentales de la publicidad y contradicción de la prueba y de la igualdad de oportunidades para ésta. Sin este requisito la prueba sería secreta y se violaría el derecho de defensa, que implica su oportunidad para contradecirla.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, posesión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pérez, Angela María c/ Mérida, Rosa Blanca y otro s/ Petición de herencia y nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24

Calificar la calidad del poseedor constituye una cuestión de hecho.
Indivisión hereditaria, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: SUCESION DE DIONISIO JOAQUIN FELIU c/ GARRONE, ROBERTO ANTONIO Y/U OTROS s/ INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-07

Si bien ninguno de los herederos tiene derecho a administrar la sucesión, ni las decisiones de la mayoría obligan a los herederos, se remarca la facultad que se confiere al juez para decidir las diferecnias entre los herederos. Dicho dispositvo, complementado por la cláusula procesal que establece la obligación de designar un administrador de la indivisión y conferir al mismo las facultades necesarias para su desempeño, permiten reconocer legitimidad a los herederos que concurren con motivo de la defensa de los bienes y derechos de la sucesión.-
Concursos, informe final y distribución, dividendos caducos, improcedencia del recurso, notificación, admisibilidad formal
Materia: COMERCIAL
Carátula: MONSEGUR HORACIO SILA S/ QUIEBRA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-29

Procede revocar la resolución a través de la cual la magistrada concursal dispuso -a pedido del Ministerio de Educación-, la caducidad de los dividendos concursales (cfr. arg. LCQ 224) teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el libramiento de los oficios de pago a los acreedores y el informe del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Ello por cuanto, para la operatividad de la caducidad del dividendo concursal prevista por la LCQ 224, se requiere, como recaudo insoslayable, la notificación fehaciente de los acreedores sobre la existencia de fondos a distribuir y, aún cuando ello puede entenderse cumplido con la publicación edictal prevista en la LCQ 218, lo cierto es que ante las particularidades del caso: donde, por un lado, la quiebra data del año 1995 y, por otro, un proyecto de distribución parcial de fondos fue presentado en diciembre de 2008 y a resultas de su aprobación, se ordenó el oficio de pago recién, en noviembre de 2009. Debe contemplarse, también, que del otro proyecto complementario presentado en abril de 2011 el pago -aprobación mediante- se ordenó al banco durante el año 2012. Todo ello, conlleva a sostener que tales extremos de hecho, hubieran exigido como necesaria una notificación certera a esos acreedores para anoticiarlos de que se había dispuesto efectivizar el pago de sus acreencias, lo cual cupo hacerse con arreglo a lo normado por la LCQ 219 recurriendo -en la especie-, a la notificación por cédula, como recaudo indispensable para que pudiera computarse, debidamente, el plazo anual de caducidad previsto por la ley falimentaria. Tal razonamiento se impone, pues no cuadra atenerse a un excesivo rigorismo formal dado que no se aprecia razonable, ni pretenderse el control de un expediente donde el decreto falencial data de hace más de quince años (15) años, de parte de los acreedores -que no son parte estrictamente en el proceso y que se hallan representados por el funcionario concursal-, exigiéndoles que mantengan un seguimiento de sus derechos. De este modo, en lo que aquí interesa estima esta Sala que no surge de parte de los recurrentes un abandono o una actitud negligente en el seguimiento de sus derechos como así tampoco de los demás acreedores involucrados que no llegan a más de setenta y cinco (75) (cfr. arg. esta CNCom, esta Sala A, in re: "Centro de Diagnóstico SAR SA s/ quiebra" del 02/12/08, id in re. "Vialorenz SA s/ quiebra" del 29/12/16).
Sentencia, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: M., O. s/ Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-02

Es condición ineludible para morigerar excepcionalísimamente la característica de definitividad que tipifican a las sentencias y autos pasibles del remedio casatorio (C.P.P., art. 416 o similares), el concurso de circunstancia dotadas de extrema gravedad, que conmuevan básicas garantías individuales, provenientes de la actividad estatal desarreglada, siempre que el menoscabo causado conlleve asuntos cuya manera de ser no puedan después repararse.
Contratos, locación, contrato de servicios, derechos de las partes, obligaciones de las partes, plazo indeterminado, cláusulas del contrato, sindicatos, costo laboral, acción de reducción, rescisión del contrato
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Argensat SRL c/ Directv Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-30

Ello así, pues la demandada impuso a la actora las condiciones laborales resultantes de un convenio que celebró con la asociación gremial del personal técnico, pero impidió la participación de la empresa accionante en la negociación del mismo. Sin embargo, pretendió extender esos efectos al personal de la accionante, situación que provocó la disminución de su rentabilidad a causa del incremento de los costos laborales que esto trajo aparejado. A su vez, esta situación fue agravada por el incumplimiento en el aumento de comisiones previsto en el contrato que las vinculaba. Todo ello, tuvo como desenlace la imposibilidad de cumplimiento de algunas obligaciones laborales, y conllevó la promoción de juicios por parte de los empleados, situación que motivó la rescisión del contrato de prestación de servicios por parte de la demandada.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Veterinaria San Patricio S.A.C.I. y A. c/ Capponi, José Luján s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

No resulta dudoso que la pretensión de otorgarle fuerza ejecutiva al titulado "reconocimiento de deuda" instrumentado mediante la escritura pública resulta improcedente, desde que dicha documentación no constata la existencia de crédito líquido y exigible a favor de la ejecutante (art. 518 Código Procesal). En efecto, el objetado título de autos no cumple por sí solo con las exigencias de autosuficiencia y certeza para que el procedimiento de ejecución resulte viable, toda vez que no indica el monto que se reclama y ni el plazo de pago (art. 518 citado).
Extradición, pedido de extradición, defraudación, delitos informáticos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lázzari, Derval c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

Es procedente el pedido de extradición por los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico, pues las referencias obrantes en la declaración jurada de la Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos cumplen con la exigencia del artículo 8°, inciso 2°, apartado d del tratado bilateral aplicable -ley 25.126-, según el cual la solicitud de extradición estará acompañada -entre otros- por una declaración que ni la acción penal ni la pena han prescripto conforme a la legislación del Estado requirente.
Deuda previsional, depósito previo, recurso de apelación (procesal), falta de prueba, deudor previsional de escasos recursos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PRODOBAN S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-22

La manifestación que se limita a efectuar una explicación subjetiva acerca de la infracción formal en nada supone imposibilidad real de afrontar el pago de la deuda requerida como condición para la promoción formal del recurso de apelación, máxime si no se formularon críticas a la norma que sirve de sustento a la resolución cuestionada, ni se acreditó insolvencia o imposibilidad financiera para afrontar el pago actualizado reclamado, ni se produjo prueba alguna al respecto. En consecuencia, no corresponde eximir al impugnante del cumplimiento de la obligación impuesta por los arts.

15 de la ley 18.820 y 12 de la ley 21.864.
Ejecución de sentencia, Estado Provincial, educación
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Kolomiejec, Carlos Enrique. s/ Ejecución de sentencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-02-29

El texto de la Ley 3331, establece en su art. 3, una restricción legal, referida a la posibilidad de que la demandada -Consejo General de Educación- sea ejecutada de conformidad a las normas del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial luego de haber transcurrido un año desde que quedase firme el fallo condenatorio, momento desde el cual se computa dicho año de suspensión de la ejecución. Por lo que no corresponde ordenar la suspensión del procedimiento cuando el plazo anual ha transcurrido con exceso desde que quedara firme el auto regulatorio de los honorarios. Lo contrario implicaría dar a la ajecutada más ventaja que la misma ley le otorga.
Delitos de los recursos de la seguridad social, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, querellante
Materia: PENAL
Carátula: ORIGENES A.F.J.P. s/ Sistema integrado de jubilaciones y pensiones, Incidente de  nulidad planteado por J. Pedro Da Rocha Causa Nro. 36909.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-30

1-Debe revocarse la resolución apelada por la que no se hizo lugar a la pretensión del apoderado de una aseguradora de fondos de jubilaciones y pensiones de ser tenido por parte querellante y aceptarlo como tal, dado que las consecuencias perjudiciales de las maniobras denunciadas pueden ser múltiples y de variada índole, y frente al eventual perjuicio que los hechos traen a la sociedad que aquel representa debe dársele oportunidad de hacer valer sus derechos en el proceso, máxime cuando en el caso no existe aún certeza sobre la calificación legal que en definitiva corresponda atribuirle a los hechos (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).- 2-Toda persona con capacidad civil y que se considere particularmente ofendida por un delito de acción pública está legitimada para actuar durante la sustanciación de un proceso-art. 82 del C.P.P.-. Las personas simplemente damnificadas por un posible hecho delictuoso no pueden tener personería para intervenir en una causa penal como querellante particular (Del voto en disidencia del Dr. Romero).- 3-El ofendido es el titular del bien jurídico tutelado y que el hecho delictuoso ataca poniéndolo en peligro o destruyéndolo. El damnificado es quien por un hecho sufre un perjuicio patrimonial por la disminución o destrucción de un bien tutelado por la ley y apreciado económicamente. Los simplemente damnificados sólo podrán introducirse como sujetos secundarios del proceso penal en calidad de actores civiles, pero nunca adquirirán la calidad de acusadores (Cf. Clariá Olmedo, Jorge, "Derecho Procesal Penal", p.321) (Del voto en disidencia del Dr. Romero).- 4-El bien jurídico protegido por el art. 135 de la ley 24241 es la libertad de elección del trabajador y quien es afiliado sin su consentimiento a una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones es el titular del bien y resulta "víctima" de la maniobra (Del voto en disidencia del Dr. Romero).- 5-Corresponde confirmar el rechazo a la pretensión de ser parte querellante (art. 82 del C.P.P. y 135 de la ley 24241) (Del voto en disidencia del Dr. Romero).
Excarcelación, libertad condicional, patronato de liberados
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ROLON SILGUERO, ANDRES s/ EXCARCELACION - LIBERTAD CONDICIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-08

Al otorgarse la excarcelación en los supuestos de los inc. 4 y 5 del art. 379 del C.P.M.P., debe cumplirse necesariamente con los trámites previos a la liberación anticipada del condenado, conforme lo ordenado por el art. 381 del mismo código.

Su inobservancia significa una alteración al régimen legal establecido para el beneficio excarcelatorio, desnaturalizando el sentido y la finalidad de la sanción aplicada, cuyo objetivo de prevención general y especial se desvanece casi por completo, si a la benignidad de la pena se añade la omisión de someter al encausado a la observancia del Patronato respectivo, excusándolo además de las restantes obligaciones inherentes a su estado. Esta circunstancia dificulta la subsiguiente conversión de excarcelación en libertad condicional al carecerse de la información indispensable para otorgar este último beneficio con los fundamentos adecuados.
Allanamiento, costas
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SALTA c/ LOPEZ, Tomás y BRUCK DE LOPEZ, Lydie s/ EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-02-18

El allanamiento como causal de eximición de costas está subordinado a la conducta del vencido y solo procede cuando reúne las características de oportuno, expreso, total, incondicionado, no imputable a la parte que se allanó y que por su culpa no haya dado lugar a la reclamación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)