Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19


Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recurso de apelación interpuestos por Horacio Zaratiegui contra la resolución dictada por la Señora Jueza de primera instancia a fs. 47/9 mediante la cual dispuso no hacer lugar a la extinción de la acción por prescripción, y por el Dr. Ramos Padilla, apoderado del querellante en autos, contra la resolución obrante a fs. 58/9 en su punto primero mediante el cual la Dra. Servini de Cubría dispuso que las costas del proceso en el presente incidente, deberán ser tenidas según el orden causado.

Horacio Zaratiegui discrepa con el criterio seguido por la Dra. Servini de Cubría e impugna el auto mencionado motivando sus agravios en la circunstancia de que al no haber sido notificado personalmente de la sentencia dictada en su contra la misma nunca habría quedado firme, razón por la cual y debido al tiempo transcurrido sin que aquello sucediera se hallaría prescripta la acción penal. Siguiendo su postura invoca la violación a lo establecido en el artículo 66 del Código Penal y cita el fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad Barba, Horacio D. del 23/03/79.

Los argumentos de la magistrada de grado para no hacer lugar a la prescripción de la acción penal en la presente causa se basaron en la circunstancia de que con fecha 26 de marzo de 1991 el nombrado Zaratiegui presentó un escrito rubricado con su puño y letra mediante el cual designaba un nuevo abogado defensor y constituía nuevo domicilio -conf. fs. 733 de los autos principales-, suceso éste a partir del cual el condenado habría tomado contacto cierto con la causa, y por ende se habría anoticiado de la resolución dictada el 11 de marzo de 1991 por los jueces que en aquel momento integraban el Tribunal.

Por su parte el Señor Fiscal de Cámara al momento de contestar la vista que le fuera conferida respecto de la posible prescripción de la acción penal planteó la nulidad del auto obrante a fs. 958 de la causa principal que ordena formar incidente de ejecución de sentencia y archivar la causa, como así también aquellos actos de los cuales éste es consecuencia, por entender que la cuestión aquí planteada debió ser tratada por un Juez de Ejecución Penal, bajo cuya jurisdicción debió controlarse el cumplimiento de la sentencia que condena a Zaratiegui. En primer lugar habrá de atenderse el planteo que efectúa el Ministerio Público Fiscal, discrepando los suscriptos con lo dictaminado por el Dr. Sáenz, toda vez que del estudio de estas actuaciones surge que el debate traído por las partes a conocimiento de esta Alzada radica precisamente en determinar si la sentencia de Horacio Zaratiegui se encuentra o no firme, razón por la cual este Tribunal es el competente para expedirse sobre el tema. Sin perjuicio de ello debe advertirse que para la declaración de nulidad de un acto procesal se requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia y que conspira con la pronta decisión de la causa, cuestión ésta en la que también esta interesado el orden público (conf. c. 24.582 Iturbe, reg. 827 del 29/11/93 y c. 27.924 Auteiral, reg. 1067 del 29/11/96).

No se advierte perjuicio alguno que justifique la declaración de nulidad que se impetra en base al contenido de la decisión adoptada.

Este Tribunal se encuentra en condiciones de adelantar que habrá de confirmar la resolución de la instancia anterior en la que no hace lugar a la solicitud de declarar prescripta la acción penal en estos actuados, difiriendo con los argumentos allí vertidos por la magistrada actuante, en base a los que a continuación se expondrán.

Ceñidos al tratamiento cuestión planteada por Zaratiegui los suscriptos entienden que la doctrina del fallo plenario que se cita no es aplicable al caso de marras, con arreglo al cual no es suficiente la notificación al defensor para que empiece a correr el plazo de prescripción de la pena una vez dictada la sentencia de segunda instancia, ya que si la notificación al defensor, como regla, no es bastante para que a partir de allí se compute el plazo prescriptivo de la pena, y en este caso de la acción, porque siempre queda expedita la posibilidad de alzarse contra el fallo de segunda instancia por la vía de la impugnación extraordinaria, el argumento no es válido cuando como en el caso se han utilizado sin éxito aquellas vías recursivas. En el presente no se da la situación de que firme una sentencia de condena, se haya omitido comunicar de alguna forma al encausado el resultado del procedimiento, pues por cédula el Tribunal Superior le hizo saber que el recurso extraordinario interpuesto por la defensa se declaró mal concedido.

Como consecuencia de lo expuesto debe decirse que la sentencia dictada por este Tribunal obrante a fs. 718/726 de los autos principales ha quedado firme el día 13 de mayo de 1993, mediante el diligenciamiento de la cédula de notificación cursada por la Corte Suprema de Justicia -conf. fs. 836 vta. de la causa principal-, momento a partir del cual quedaron agotadas todas las instancias recursivas posibles en el proceso que nos ocupa y en virtud de lo cual puede decirse que el derecho de defensa en juicio y del debido proceso han sido respetados acabadamente.

Debe destacarse que partir de la fecha señalada ha empezado a correr el plazo establecido por el artículo 27 del Código Penal que determina cuando una condena de ejecución condicional se tendrá por no pronunciada, tema sobre el cual no se ha hecho ningún planteo y no dándose las circunstancias legales para tal aplicación normativa este Tribunal no tiene otra opinión que verter sobre el tópico.

A raíz de lo expuesto debe señalarse que la Señora Jueza de primera instancia deberá remitir testimonios de las presentes actuaciones al Juez de Ejecución Penal que corresponda, ya que ante eventuales futuros planteos será el competente para intervenir en las presentes actuaciones.

Respecto a la apelación interpuesta por el apoderado de la querella, es dable advertir que su apreciación en cuanto a que de acuerdo a la actuación que realizara y al resultado obtenido en el presente incidente, tornan injustificado que sea su asistido quien deba soportar el pago de las costas del proceso, aunque sólo sea en el orden causado. Ello así, en virtud de lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimientos en Materia Penal, en su párrafo primero, por lo que deberán ser pagadas por promotor del presente incidente.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

I. RECHAZAR la nulidad interpuesta a fs. 81 del presente legajo por el Señor Fiscal de Cámara.

II. CONFIRMAR el auto de recurrido por Horacio Zaratiegui en cuanto declara no hacer lugar a la prescripción de la acción penal en la presente causa respecto de su persona, por los argumentos vertidos precedentemente (arts. 59 y 62 a contrario sensu del Código Penal), debiendo la Magistrada de primer instancia proceder de acuerdo a lo señalado en el anteúltimo párrafo del considerando.

III. REVOCAR el punto I del auto de fs. 58/9 en cuanto dispone que las costas del proceso en este incidente se soportarán en el orden causado, IMPONIENDOLAS en ambas instancias a la parte vencida (art.143 y 144 del Código de Procedimientos en Materia Penal).