marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, despido, notificación, intimación al trabajador, silencio del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: DELLISANTI, EDGARDO NESTOR c/ TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A. SUC. ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-28

Si la respuesta del empleador a la intimación cursada por el trabajador sobrepasó holgadamente el plazo de dos días hábiles previstos en el dispositivo legal, se tornan aplicables las disposiciones del art. 57 L.C.T.. La falta de contestación en forma temporal al telegrama remitido por el trabajador implica una negligencia atribuible a la destinataria, debiéndosela tener por notificada, por cuanto el deber de diligencia y buen fe imponía que extremara los recaudos a fin de recepcionar las notificaciones que le fueran remitidas en el marco de las relaciones laborales vigentes a la fecha de los hechos que se ventilan.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Benitez, Carlos s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-08

Un testimonio puede conducir, en consonancia con otros elementos, a un coherente cuadro acerca de la reconstrucción histórica de lo ocurrido, más aún cuando no existen elementos de juicio que permitan demostrar que el razonamiento empleado por el sentenciante resultara falaz, o que no tuviere apoyatura lógica o que la valoración no haya sido expresada en elementos tangibles.
Daños y perjuicios, entidades financieras, liquidación de entidades financieras, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Mazzoni  Claudio  Alberto  y otros c/ B.C.R.A. y otro s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

Para responsabilizar al Estado es necesaria la concurrencia de estos requisitos: 1) la existencia de un daño cierto, 2) la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio, y 3) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños al Estado (Fallos: 310: 2824; 312:343 y 1656; 318: 1531, 315:1892, 2865 y 312:2022). Al haber quedado firme la decisión de liquidar la entidad y no estar legitimados los actores para formular el cuestionamiento al acto respectivo, sólo a partir de la caída de la validez del acto y la posibilidad de estar habilitada para cuestionarlo por la parte actora, se hubiera entonces podido entrar a considerar los alcances de la responsabilidad extracontractual del Estado por acto ilícito.

(Del voto del juez Coviello, Cons. XIII. 3).
Recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: AYALA, BRAULIO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE y OTRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 333 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-01

Debe rechazarse la queja incoada por cuanto, tal como sostuvo la Cámara, el recurso de inconstitucionalidad no se mantuvo en todas las instancias y grados y si bien en el escrito introductorio se formuló una reserva genérica, la misma no se mantuvo al apelar, etapa procesal en que debió anclarse el mantenimiento del remedio, pues ante el rechazo por el iudex a quo de la pretensión del amparista se concretó la supuesta lesión constitucional ahora denunciada.- Juzgó así que, el fundamento de los agravios contra la sentencia de baja instancia se transforma en una pieza procesal fundamental para arribar a la instancia extraordinaria mediante los fundamentos pertinentes, circunstancia ausente de aquel memorial. Sin perjuicio de lo expuesto, la circunstancia de que en el escrito de queja se hiciera mención de un modo más concreto y detallado de los antecedentes fácticos de la causa, no mejora aquel ineficaz planteo inicial, ya que conforme lo ha sostenido reiteradamente este Cuerpo, ello no es permisible conforme la mecánica del remedio local, para el que se establece un contralor de parte y un examen de admisibilidad a cargo del Tribunal a quo (para la concesión o no del recurso), que de otra manera se verían afectados.
Recurso de casación, sentencia, prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: SORIA ROBERTO ARMANDO c/ URCON  S.A. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-10-16

La denuncia de no valorar prueba dirimente no guarda relación alguna con los términos de la litis.

Frente a la demanda actora que la responsabiliza por su incapacidad total, la empresa accionada se limitó a negar la realización de trabajos hábiles para afectar la capacidad laboral del actor, así como a impugnar el diagnóstico que aquél afirma en su demanda.

Si tales fueron los términos de la litis, mal puede ahora pretender recurrir en casación por un hecho (capacidad laboral disminuida) no invocado oportunamente.

Frente a la forma en que se trabó la relación jurídico procesal, la prueba no valorada carece de la influencia fundamental que se le atribuye, por lo que el recurso debe desestimarse.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, jueces, copias, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTINEZ, ADRIANA GUADALUPE c/ FERNANDEZ, OLGA Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-03

En orden a la alegada falta de tratamiento del agravio referido a la arbitrariedad del fallo apelado y excesivo rigor al exigir una copia del fallo, se observa que, a diferencia de lo que sostiene la recurrente, la Cámara, pese a advertir la deficiencia del recurso, ha dado debido tratamiento a su planteo, al exponer que los jueces no se encuentran absolutamente atados a los criterios fijados en decisiones del pasado, puesto que es posible -e incluso podría juzgarse saludable para el sistema- que los modifiquen en la medida que estén convencidos que ello encuadra justificación en su mayor ajuste a derecho; y que prácticamente no existen los casos idénticos, menos aún en el ámbito de la accidentología en donde siempre hay detalles fácticos que conforman la mecánica del siniestro que, aunque mínimos, son susceptibles de generar enfoques y decisiones diversas, añadiendo que el interesado ni siquiera acompañó a su queja copia del precedente sobre el que apoya todo su discurso, de modo que ese Cuerpo carecería de elementos necesarios -si lo entendiera pertinente- para analizar en detalle la crítica formulada, de modo tal que incluso en la hipótesis de que el planteo del quejoso tuviese vinculación directa con las causales previstas en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -que no la tenía-, no habría cumplido con el recaudo de autosuficiencia para permitir su adecuado análisis. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 42
Falso testimonio en causa criminal, excarcelación, pena agotada, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: CABRERA, L.R. s/ EXCARCELACION - EXIMICION PRISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-10-13

I.- A pesar de que la pena del art. 275, segundo apartado del Cód. Penal, excede el límite máximo de 8 años que prevé el art. 379, inc. 1 C.P.C., el procesado por ese delito puede ser excarcelado en atención a lo dispuesto en el inc. 2 de la mencionada norma procesal.

II.- La norma que establece el art. 379, inc. 2, del Cód. Proc.

Crim. acepta, lo que no hace el inc. 1, a dos delitos limites que sancionan con penas que oscilan de dos a diez años de prisión: el falso testimonio agravado y el de malversación de caudales públicos, en su modalidad de depositario infiel.

III.- El inc. 2 del art. 379 C.P.C. no contradice al inc. 1 de dicho precepto, sino que, antes bien, lo amplía y lo complementa al admitir los dos delitos en examen.

IV.- La ley 21.306 no ha excluido ningún delito sobre la base de su naturaleza abstracta, sino en cuanto a que por su pena mínima no fuere posible aplicársele condena de ejecución condicional, lo que no acontece, con ninguna de las aludidas figuras penales.
Contratos, excepción de incumplimiento contractual, mora, obligaciones recíprocas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZELAYA DE VERAS SILVIA ELENA Y OTRO c/ MARIA CRISTINA BARRIOS Y OTRA s/ ORDINARIO - CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-09-27

La coexistencia de obligaciones para ambas partes nos coloca ante la presencia de las llamadas "obligaciones recíprocas" y que conforme al art. 510 del C. Civil en este tipo de obligaciones, el uno de los obligados no incurre en mora, si el otro no cumple o se allana a cumplir la obligación que es respectiva.

Si de las pruebas arrimadas, no surge el cumplimiento por parte de la demandada de las obligaciones a su cargo de plazo vencido, ni el ofrecimiento de cumplir, la parte actora no se encuentra en mora para la procedencia de la exceptio non adimpleti contratus planteada por la demandada al contestar la demanda.

Cabe destacar que la excepción introducida al contestar la demanda se limita a defenderse para evitar el progreso de la acción instaurada en la demanda, mientras que la "exceptio" introducida por vía reconvencional no se limita sólo a defenderse sino que contrademanda pretendiendo que el actor haga efectiva su prestación incumplida; es decir que el actor no se encuentra obligado al cumplimiento de las obligaciones a su cargo,mientras no se produzca por parte de la demandada el cumplimiento de aquellos actos que sólo ella puede producir y cuyo plazo se encuentra vencido.-
Medidas cautelares, diligencias preliminares, inhibición general de bienes, medida de no innovar, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Z. N. T. c/  s/ medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-04-23

La providencia que decretó la caducidad de la medida de prohibición de innovar con relación a un inmueble titularizado por boleto y peticionada antes de instar el proceso principal debe ser confirmada, por cuanto en el presente cabe considerar que no está en discusión el derecho de acceso a la jurisdicción de la parte actora ni la posibilidad de solicitar medidas cautelares como tampoco la de obtener un resarcimiento sino únicamente el vencimiento del plazo del art. 207 del CPCyC respecto a una prohibición de innovar. Cabe partir de considerar que la actora consintió la desestimación de las medidas preliminares que solicitó -consistía en la remisión de la causa penal (.), en la cual el demandado fue condenado y la actora, víctima de abuso-, por lo cual no corresponde fundar el apartamiento del plazo del art. 207 del CPCyC en la necesidad de contar con esa prueba para iniciar la demanda. Luego, en autos se concedieron dos medidas cautelares, respecto a la inhibición general de bienes no consta que se hubiera hecho efectiva y la medida de no innovar fue efectivizada con la notificación al demandado. Por otro lado, la actora consintió la providencia del expediente principal y el art. 207 del CPCyC establece que la caducidad opera de pleno derecho. (Del voto del Dr. Jorge PASCUARELLI, en mayoría).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, interpretación restrictiva, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. c/ DIEZ, MANUEL BENJAMIN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -JUICIO  EJECUTIVO -RECURSO DE REVOCATORIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 464 AÑO 2003) BANCO SUQUIA S.A. c/ GALLINA, RUBEN ANGEL Y OTRA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-  HOMOLOGACION JUDICIAL DE CONVENIO Y EJECUCION POR INCUMPLIMIENTO-  RECURSO DE REVOCATORIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 67 AÑO 2004) DIEZ MANUEL B. c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- AMPARO- RECURSO DIRECTO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 523 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-03|2004-06-16|2005-04-20

El inciso e) del artículo 233 del Código Fiscal exceptúa del pago del impuesto a las actuaciones y tasas de justicia, a las tramitaciones que se realicen para obtener carta de pobreza. A su vez, el artículo 334 del Código Procesal Civil y Comercial impone considerar pobre al peticionario al sólo efecto de solicitar medidas urgentes o de seguridad o formular pedidos que deban interrumpir la prescripción o la perención de la instancia, sólo cuando la declaratoria de pobreza hubiera paralizado el procedimiento del principal. Por lo tanto, en el caso en estudio, el recurrente no se encuentra exento de efectuar el depósito exigido por el artículo 8 de la ley 7055 atendiendo al carácter restrictivo que merece la interpretación de toda excepción y ante la falta de presentación de copia certificada de la resolución de la declaratoria de pobreza.
Proceso judicial, principios procesales, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: CUELLO REINALDO ALBERTO c/ MOSCONI S.R.L. Y/O PROP. Y/O RESP. s/ DIFERENCIA DE LIQUIDACION FINAL, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-12-29

Es de la esencia de todo proceso contradictorio, la tutela durante su tramitación de la garantía constitucional de la defensa en juicio, cuya vigencia se configura con la oportunidad de ser oído y de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales.
Beneficios previsionales, adicional por mayor carga horaria
Materia: LABORAL
Carátula: García Gil, Vicente c/ Poder Ejecutivo s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción o anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-12-22

Corresponde rechazar la acción contenciosa administrativa interpuesta por el actor, por medio de la cual reclama se integre el beneficio jubilatorio, con el adicional por extensión horaria y el beneficio social de asistencia a la canasta familiar.Con respecto al primer adicional-extensión horaria-si bien es cierto que tiene naturaleza remuneratoria y que se realizan aportes en concepto de este adicional, también lo es que dicho beneficio es reconocido a posteriori de la jubilación del actor y que le corresponde a los trabajadores que están en actividad y ejercen el cargo que desempeñaba el reclamante. Sin perjuicio de ello, a dicha situación habría que agregar que la liquidación se realiza sobre el mínimo de veinte horas mensuales efectivamente trabajadas y acreditadas, circunstancia que es imposible comprobar en el momento en que se deduce la acción, imposibilitando dicho motivo el cumplimiento de los caracteres de regularidad y habitualidad que la ley exige, como asimismo coincidir en tiempo, espacio y lugar tanto la disponibilidad del empleado a prestar servicio extra como la oferta o necesidad de esos servicios por parte de la empresa.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), gravamen eventual, pena, prisión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MOTIER, OMAR DARIO c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO POR PRECIO O PROMESA REMUNERATORIA Y AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-16

Sin perjuicio de que la pena privativa de libertad, si fuera realmente perpetua, podría entenderse lesiva de la intangibilidad de la persona humana, lo cierto es que la afectación que aduce la defensa no es actual, pues sólo se configuraría si el condenado, habiendo cumplido los requisitos legales exigidos para acceder a los beneficios penitenciarios del período de prueba o de la libertad condicional, los peticionare y éstos le fueran denegados; constituyendo expectativas futuras que no son inmutables y tornándose, por ende, inadmisible -por prematuro- su tratamiento. (Del voto de la Dra. Gastaldi)
Libre convicción, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: SILIBAT, FERNANDO BENJAMIN; DOMINGUEZ,MARIA CRISTINA s/ S.D. DE HOMICIDIO Y ENCUBRIMIENTO E.P., CORONEL, NORA DEL VALLE NAVARRO WALTER MARIA S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. CORIA LUISA ANDREA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-10-06|2007-05-09

El método de libre convicción o sana crítica racional, consiste en que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos ni determina el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en libertad para admitir toda la prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común.
Locación, desocupación del inmueble, juicio ordinario posterior
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Ramirez Reynaldo Adolfo c/ Campos Ernesto Edmundo y otro s/ Ejecutivo por cobro de alquileres otro s/ Ejecutivo por cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-03-20

En cuanto a la fecha de desocupación del inmueble locado, deberá estarse a las manifestaciones del inquilino, sin perjuicio de que el accionante, si disiente con ella, quede en la posibilidad de acudir al juicio sumario u ordinario, para reclamar lo que en el juicio ejecutivo no puede hacer por la limitación del mismo, y en su caso si así fuere menester solicitar al órgano jurisdiccional la aplicación de la normativa contenida en el art. 622 segundo párrafo del Código Civil y Título III de la Ley 4055/84, ante la evidencia de haberse transitado inconductas procesales maliciosas por parte del ex-inquilino deudor.-
Recurso de casación, robo en banda, asociación ilícita
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ESPONDA, JOSE s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-23

El concepto de "banda" que califica como agravante al delito de robo no se identifica ni es sinónimo del de "asociación ilícita", cuyos elementos específicos consisten en formar parte de una asociación, el propósito colectivo de cometer delitos, su indeterminación, y el número mínimo de partícipes (del voto del Dr. Riggi).
Sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, concubinato, sociedad de hecho, errónea apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rosa ZINGARELLI c/ Héctor José DELFINO s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - SENTENCIAS ARBITRARIAS -  CONCUBINATO - SOCIEDAD DE HECHO - PRUEBA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-10

Si la actora sustentó la demanda por reconocimiento de sociedad de hecho, en la existencia de una comunidad de intereses, sin prevalerse de la relación concubinaria, señalando en líneas generales la evolución del patrimonio del causante y la disminución del propio, se debe dejar sin efecto la sentencia que valora fragmentariamente la contribución material de aquélla a la convivencia, omitiendo ponderar elementos que evidencian una gestión económica que fue más allá de lo natural y propio de la referida condición de las partes, abarcando aspectos significativos vinculados con la relación patrimonial.
Buques, bienes registrables, embargo preventivo, embargo de buque
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ALASINO  RUBEN  CARLOS c/ MEDER  CLAUDIO   ANTONIO s/ MEDIDASCAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-14

Los buques son bienes registrables y se encuentran sometidos al régimen jurídico establecido por la Ley de la Navegación. El embargo preventivo de un buque impone la indisponibilidad jurídica del bien y, por otro lado, da preferencia de primer embargante en orden cronológico a la traba de la medida respectiva. Ésta debe ser comunicada por el juez embargante -por medio de oficio- a la Prefectura Naval Argentina a cargo del Registro Nacional de Buques, donde la División Dominio tiene a su cargo inscribir los mandamientos u oficios judiciales que ordenen embargos de buques o artefactos navales o cualquier otra medida judicial que afecte la libre disponibilidad de buques o artefactos navales de matrícula nacional o extranjeros (conf.

Chami, "Manual de Derecho de la Navegación", págs 181/182; art.

539 de la Ley de la Navegación). La resolución apelada se ajusta a lo requerido en el escrito de inicio (esto es, la traba de embargo sobre el buque allí individualizado) y, especialmente a los requisitos establecidos por las normas específicas. En ese sentido, se debe tener en cuenta que la obligación de registrar los actos concernientes a los buques se encuentra reglamentada por la ley 19.170
Prescripción de la pena, plazos procesales, sentencia, notificación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RAGONESE, Eduardo J. s/ prescrip.de la pena. Causa nro. 29.617
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

El término de la prescripción de la pena comienza a correr desde el momento de la notificación de la condena al defensor, resultando suficiente el libramiento de una cédula de notificación al domicilio de aquel.
Docentes, beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio, cargos docentes, antigüedad, cesación de servicios, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARCON, GLADYS MARIA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-14

La segunda parte del art. 4 de la ley 24.016 está referido a aquellas situaciones en que se ostentó un cargo de mayor jerarquía que el desempeñado al momento del cese, y pretende hacerse valer a los fines de la determinación del porcentaje del haber previsional; pero no a quienes énicamente persiguen que se les liquide la prestación conforme las funciones que desempeñaba al momento del cese, en cuyo caso no es necesario acreditar la antigüedad de 24 meses en el cargo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c/ EMPRESA TELECOM ARGENTINA -STET-FRANCE-TELECOM SA- s/ APREMIO. INCIDENTE DE SUSTITUCION DE EMBARGO PROMOVIDO POR LA PARTE   EJECUTADA. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   (CSJ EXPTE N. 962-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-18

La exigencia del depósito previo como requisito para la admisibilidad d de la queja no contradice garantías constitucionales, constituyendo una carga económica que tiene como propósito restringir el uso indebido de la presentación directa ante la Corte Suprema, corrigiendo la experiencia que demostraba que las quejas eran frecuentemente utilizadas con fines dilatorios y de la que no cabe soslayarse su destino (devolución) en caso de ser admitida aquélla.
Quiebra, mandato
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACCION  DE INEFICACIA INICIADA POR LA SINDICATURA C/ VALLE DEL SOL DE CORDOBA  S.A.  EN:  "QUIEBRA  MUEBLES SAN JORGE - BAZAR MUEBLES SSAN JORGE - QUIEBRA NAJLE CRAVERO" s/ QUIEBRA - INEFICACIA CONCURSAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-10-03

Hacer sin mandato lo que podría verificar un mandatario, configura gestión de negocios, lo que se confirma cuando no hay onerosidad. La manifestación formulada por un comprador, en el acto de escriturar en el sentido de que la compra la hace con dinero y por cuenta de un tercero, pero sin alegar mandato alguno, encuadra en la figura de gestión de negocios, tornando aplicables las normas correspondientes a la misma, y en particular, el art. 2305 del C.

Civil. Conforme a este dispositivo legal, mientras no hay ratificación el gestor queda personalmente obligado, y si no la hay queda como único responsable; por ello el gestor de negocios debe preocuparse de que la persona para quién contrató se presente a ratificar la operación, a fin de dejar a salvo su responsabilidad personal dado que la gestión es un acto ajeno a los terceros (art.

2302 C. Civil), situación que en la quiebra corresponde a la masa, y no a la demandada, porque ésta figura como destinataria de aquélla.

Si el acto de la compra fue verídico, es indudable que la ratificación no es un acto separado e independiente, sino que aparece estrechamente unida con la compra realizada y en una forma que no es posible concebirla sin la existencia previa de esta, por lo que debe considerarse reunido el requisito para determinar que la ineficacia es un acto del fallido, ya que la ratificación en cualquiera de los casos, se presenta comprometiendo su patrimonio para sacar de aquel un importante bien (voto del Dr. Martínez Gavier).-