Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-14


2º Instancia. - Buenos Aires, febrero 14 de 2008.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión planteada el Dr. Claudio Ramos Feijóo, dijo:

I. Contra la sentencia de fs. 925/935, que hizo lugar a la demanda, apelaron las partes. Los actores expresaron agravios 980/998 vta.; la codemandada Rock and Pop Internacional S.R.L. a fs. 1003/1015, Daniel Ernesto Grimbank y Fernando Moya a fs. 1017/1021. Las contestaciones de los codemandados se encuentran glosadas a fs. 1029/1031 y a fs. 1032/1034 lo hizo el Club Atlético River Plate.

Los actores, Marcelo Paulino Maldonado e Isabel de Jesús More de Maldonado, iniciaron la acción -por derecho propio- a fin de obtener un resarcimiento por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los acontecimientos -del día 15 de Octubre de 1994- narrados en la demanda, donde perdiera la vida su hijo Marcelo Fabián Maldonado; en dicha oportunidad el mismo se encontraba en la fila -en las inmediaciones del estadio del Club River- para adquirir entradas para el espectáculo del conjunto musical "Rolling Stones" organizado por la empresa "Rock and Pop Internacional S.R.L.".

Se agravian los accionantes respecto a la consideración hecha por el sr. juez de grado, el cual no ha condenado al Club Atlético River Plate, se quejan además por cuanto consideran exiguo el monto indemnizatorio otorgado en concepto de daño moral. Por último consideran que no corresponde que se la impongan costas respecto de la citación como terceros de la "Policía Federal Argentina" y "Cenit Seguros SA.".

Los codemandados Grinbank y Moya objetan el rechazo de excepción de falta de legitimación opuesta; también lo hacen respecto a la atribución de responsabilidad y subsidiariamente cuestionan los montos establecidos en concepto de pérdida de chance y daño moral.

Analizaré el presente caso teniendo en cuenta que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a seguir todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301 y doctr. de los arts. 364 y 386 del CPCCN).

II.- Toda vez que los codemandados Daniel Ernesto Grinbank y Fernando Moya objetan el rechazó de excepción de falta de legitimación opuesta, corresponde tratar dichas quejas en primer término.

La falta de legitimación para obrar es deducida cuando el actor o el demandado no son las personas autorizadas o habilitadas para presentarse en tal carácter porque no se trata de los titulares de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión (conf. esta Sala "Caseres, Francisco c/ Calderero, Pablo R. y otro s/ Daños y perjuicios" del 04/05/2005; LA LEY, 2006-A, 380 - JA 2005-III, 243; "Lonsalle Pedro c/ Machado de Olivera s/ Daños y Perjuicios").

Los agravios formulados al respecto señalan que solo del contrato celebrado el día 3 de febrero de 1995 entre Rock and Pop Internacional S.R.L. y el Club Atlético River Plate, "...podría extraerse la calidad de garantes..."; argumentan que el uso de las boleterías del estadio, que hizo la codemandada "Rock and Pop Internacional SRL", durante el mes de octubre de 1994, resulta un hecho ajeno a la obligación de garantía que se les reclama. Agregan que no han asumido la condición de garantes y/u organizadores por la venta de localidades llevada a cabo.

Ahora bien, del contrato de locación del estadio surge que los sres. Grinbank y Moya: "...se constituyen en codeudores solidarios, lisos y llanos y principales pagadores de todas y cada una de la obligaciones y responsabilidades civiles asumidas por LA PRODUCTORA, renunciando al beneficio de división y excusión de los bienes, obligándose a responder solidaria e ilimitadamente con todo sus bienes ante EL CLUB y terceros por todas la deudas y por los daños y perjuicios que emerjan con motivo del presente contrato de concesión de uso para objeto determinado, aún después de cumplido y sin que le sea válido desobligarse por renuncia, abandono o forma alguna..." ver f. 208 vta., cláusula decimosexta".

Debe considerarse además la estrecha vinculación económica y funcional entre los recurrentes y la productora del concierto. Si bien desde la apariencia aparecen como independientes, internamente hay una actuación unitaria y organizada de todos para alcanzar una finalidad en común; atendiendo no a la singularidad de las distintas relaciones jurídicas que se establecen, sino al marco relacional y funcional donde estos se desenvuelven, es decir a la actividad empresarial y al interés económico que su ejercicio satisface.

Por estas razones, coincidiendo con lo decidido por la sra. Juez a quo, he de rechazar los agravios relativos a la excepción de falta de legitimación pasiva (art. 347 del Cód. Proc.).

III.- Tocante a las quejas vertidas por los actores en cuanto a que la sentenciante no incluyó al Club Atlético River Plate en la condena.

Sostienen -en lo esencial- que el criterio del magistrado de la anterior instancia resulta desacertado, por no haber tenido en cuenta las consideraciones que estos efectuaran.

En su escrito de demanda de fs. 43/58, los actores narraron los hechos (art. 330, incs. 3 y 4 del CPCCN) planteando ante el juez de la anterior instancia la responsabilidad del club demandado, en su calidad de encargado de venta de las entradas (f. 45) o co-organizador del espectáculo público.

Ninguna de las dos funciones fue probada en autos (arts. 364 y 377 del CPCCN) y menos la mala praxis organizativa (f. 45).

Por el contrario no quedan dudas que el rol del club demandado se agotó con la locación del estadio deportivo, que dicho sea de paso, ni siquiera fue el lugar donde aconteció el luctuoso hecho que da origen a estos autos.

De conformidad con lo prescripto en el artículo 277 del CPCCN, le esta vedado a esta alzada, pronunciarse sobre capítulos no propuestos al juez de grado.

No constituye una crítica concreta y razonada a lo expuesto por el anterior juez en su fallo, enrostrar en esta instancia la violación del club de su carácter ahora de "locador" de las instalaciones y no haber diligenciado las autorizaciones correspondientes para el espectáculo a desarrollarse.

La actora no ha cumplido con su deber de acreditar la relación de causalidad entre el hecho que le imputa al club y su mero carácter de locador y no organizador. Los agravios vertidos, no rozan siquiera los fundamentos de la instancia para proceder al rechazo de la demanda (art. 265 del CPCCN). No existe nexo de causalidad alguna entre el contrato de locación del estadio y el homicidio de una persona que se encontraba a cuadras del mismo, esperando para adquirir una entrada, por una riña por un tercero (art. 499, 901 y ccdtes. del Código Civil).

Así las cosas, la no inclusión del Club Atlético River Plate en la condena, aparece ajustada a derecho; por lo que propongo al acuerdo se confirme esta parte de la sentencia en tal sentido (arts. 34 inc. 4), 163 inc. 5), 333, 386, del CPCCN).

IV.- La codemanda Rock and Pop Internacional SRL cuestiona la sentencia en cuanto la tuvo como responsable, a partir de concluir que no se adoptaron las medidas de seguridad que como organizadora debió contemplar.

En materia de espectáculos públicos, la doctrina y la jurisprudencia son contestes al afirmar que entre el organizador del acto y los espectadores existe un verdadero contrato y, en consecuencia, en caso de que alguno de estos últimos sufra algún perjuicio, le bastará justificar que lo ha padecido durante el desarrollo del mismo, sin necesidad de probar la culpa del primero, siendo a éste a quien le compete acreditar que la causa del daño sucedió por culpa de la propia víctima, o del hecho de un tercero por quien no deba responder o, finalmente, por un caso fortuito que lo exima (conf. CNCiv., sala A, R.nº 227.413 "Avilés Ramón c/ Asociación Atlética Argentinos Juniors y otro s/ daños y perjuicios" del 3-12-97, LA LEY, 1999-C, 793, Llambías, "Obligaciones", t. III, p. 594, Nº 2912 y su nota "Responsabilidad civil proveniente de accidentes deportivos", en ED, 47-950, nº IV; Trigo Represas en Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", t. III, p. 170; Borda, "Tratado de Derecho Civil", "Obligaciones", 8º ed., t. II, p. 430, Nº 1668). En dicho precedente se añadió que, entre las obligaciones a cargo del empresario organizador, existe la denominada "obligación de seguridad", según la cual, además de la prestación prevista, debe velarse porque no recaiga ningún daño a la persona o los bienes de sus cocontratantes (conf. Mayo, "Sobre las denominadas obligaciones de seguridad", en LA LEY, 1984-B, 950, ap. II; Vázquez Ferreyra, "Las obligaciones de seguridad", en JA, 1987-IV-951, ap. II).

Es así que quien organiza un concierto, máxime tratándose de uno a realizarse en un estadio de fútbol donde concurren miles de personas, debe extremar las medidas a fin de garantizar la obligación de seguridad respecto de los asistentes; esta solución subsiste aún cuando el espectador no hubiera abonado la entrada y debe hacerse extensiva al supuesto en que el daño se produzca por el accionar de otros espectadores, a condición que el hecho pueda haber sido previsto, obrando con la debida diligencia, y pese a ello, no se hubieran tomado las medidas adecuadas y razonables para evitarlo, como lo es el control de quienes se acercan a las boleterías para adquirir sus entradas, a fin de que no se produzcan peleas.

Las razones expuestas me convencen de lo acertado de la decisión del magistrado en cuanto a la atribución de responsabilidad por lo que propongo al acuerdo se confirme esta parte de la sentencia en tal sentido (arts. 34 inc. 4), 163 inc. 5), 333, 386, 456, 477 del CPCCN).

V.- Pérdida de chance: los accionantes reclamaron por el mismo la suma de pesos doscientos setenta y ocho mil en conjunto; la sentencia recurrida les adjudicó doscientos cincuenta mil pesos, y aclaró que el monto sería repartido en un 50 % para cada uno de los padres -ver f. 935-.

Partiendo del propio significado de la voz francesa "chance" en tanto oportunidad u ocasión propicia, Matilde Zavala de González señala -y con acierto-, que el concepto se integra con la expectativa razonable o fundada de lograr una ventaja o evitar una pérdida de modo tal que su frustración engendra un daño resarcible (aut. cit. Ed. Hammurabi, 2º, t. 2º., págs. 373 y sgtes.).

Además la chance jurídicamente reconocible no es la que se apoya en meros "castillos en el aire" o en simples sueños de ganancia, puesto que debe preexistir alguna situación fáctica o jurídica que creaba la razonable aspiración o expectativa; es decir se descarta la indemnización de las meras conjeturas, de débiles posibilidades que no son mas que eso y no revisten una intensidad suficiente como para erigirse en probabilidad.

Lo que en este concepto sería resarcible, es la esperanza con contenido económico, o dicho de otro modo, la perdida de chance u oportunidad de que en el porvenir, la persona víctima del accidente, concretara una ayuda, contribución o sostén económico futuro para los padres. Ello se desprende de los deberes que impone el parentesco, art. 367 del Código Civil, y de las previsiones de los artículos 1079 y 1084 de dicho cuerpo normativo.

Lo que está en juego es la probabilidad, de ningún modo la completa certidumbre porque entonces faltaría el elemento de imponderabilidad que signa el concepto de pérdida de chance.

"Asimismo se ha planteado la cuestión para los padres que reclaman reparación del perjuicio material que les ha causado la muerte de su hijo. Los padres alegan el hecho de que su hijo habría podido subvenir con el tiempo a las necesidades de ellos. ¿Existe en eso un perjuicio hipotético? Debe hacerse una distinción. Cuando los padres no se encuentran actualmente necesitados, no pueden entablarla acción de reparación; porque no se sabe si habrían llegado a estarlo alguna vez. Pero cuando los padres se hallan en la necesidad -como ocurre en el caso de autos- pierden una probabilidad que tenían de ser socorridos y tienen derecho a demandar reparación de la pérdida de esa probabilidad" (ver Mazeaud, Henri -Mazeaud, León - Tunc André "Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual" tomo 1 - I (traducción de la quinta edición por Alcalá Zamora Luis), Buenos Aires 1961, página 393).

La descripción del daño contenida en el escrito de inicio de las presentes, es escueta. Solo se aduce allí que el joven Maldonado -de 22 años-, hubiera podido ayudar a sus padres con unos setecientos pesos mensuales.

En el responde, no hubo categórico desconocimiento de ese daño, aunque es cierto la codemandada a fs. 158 vta y 159, interpreta que la suma exigida no tiene justificación; esta circunstancia obvia analizar la pretensión desde la procedencia o improcedencia, limitando la cuestión a la cantidad establecida por la juzgadora ( art. 277 del CPCCN).

Se ha manifestado en doctrina la necesidad de establecer criterios objetivos para fijar los montos indemnizatorios, atendiendo a visibles desajustes entre sentencias a veces del mismo fuero que ya de un modo discrecional, o de irreconocible sustento, establecen para similares detrimentos disímiles indemnizaciones.

Para Matilde Zavala de González, invocándose la equidad, el prudente arbitrio judicial o la enunciación de circunstancias cualitativas se esconde la ausencia de todo criterio rector, más o menos objetivo o controlable (comentario de la autora citada LA LEY, 1995-B, 1163).

Estas apreciaciones lucen atendibles; empero también lo son aquellas otras que desechan los cálculos actuariales, y puramente aritméticos, por constituir simples especulaciones desprovistas de fundamento real, ya que siempre tendrán en cuenta hipótesis cuya única posibilidad de concreción, se conseguiría averiguar solamente, mediante el seguimiento de la existencia que debería continuar, y la verificación del paulatino desarrollo de las potencialidades. Un tanto de adivinación y futurología ( conf., esta Sala, R.nº 376.900 "Franco Luis Roberto c/ Salinas Norberto Ramón s/ Daños y perjuicios" del 29/3/04).

La cantidad reconocida en la anterior instancia, doscientos cincuenta mil pesos, equivaldría a una ayuda de mil cuarenta y un pesos mensuales durante veinte años. Imaginarse una persistente contribución regular por un lapso tan extenso parece excesivo.

Por las circunstancias fácticas y jurídicas hasta aquí reseñadas estimo prudente hacer lugar a las quejas en tal sentido y fijar el monto indemnizatorio en concepto de perdida de chance en la suma de ciento cincuenta mil pesos en conjunto para ambos padres (arts. 163 incs. 5, 6, 386, 477 del CPCCN y 1068 del Código Civil).

VI. Daño moral, aspecto sobre el que también se quejan las respectivas partes: a los fines de su cuantificación deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen señalarse la gravedad de la culpa del autor del hecho, la existencia de perjuicios materiales, las condiciones personales de aquél y de la víctima, quedando también todos ellos librados al prudente arbitrio judicial.

Y además debe tenerse en cuenta, no de manera exclusiva sino complementando los otros criterios, la atención de placeres compensatorios, lo que si bien no puede alcanzarse para suplir la pérdida de una vida humana, procure al damnificado la satisfacción de otras expectativas que atemperen el dolor por vía de alguna gratificación (esta sala, "C., J. R. y otro v. Instituto Privado de Psicopatología" del 28/09/1990; JA 1991-I-276).

La pérdida de una hijo de 22 años y en una circunstancia dramática, como la de autos, constituye el supuesto típico de un dolor espiritual de la mayor intensidad, cuya producción no requiere ser probada, porque resulta de su sola enunciación y, además, no puede apreciarse objetivamente toda vez que se padece en el fuero íntimo de los afectados. Este perjuicio es tan habitual que no es dable exigir que se acredite el perjuicio y requeriría prueba en contrario para justificar el rechazo de esta pretensión.

En consecuencia estimo prudente por lo antedicho hacer lugar a los agravios de los accionantes, debiendo elevar el monto establecido en concepto de daño moral a la suma de pesos cien mil para cada uno de los progenitores elevando en estos términos la suma acordada en primera instancia (arts. 163 incs. 5) y 6), 265, 386, 396 del CPCCN y 1078 del C.Civ.).

VII. En lo atinente a los gastos funerarios, movilidad y viáticos, cuyo reconocimiento y subsidiariamente su monto cuestionan los codemandados: como bien recuerda el juez, es indudable que su reparación procede aun cuando no exista prueba del monto efectivamente abonado -art. 1084 el Código Civil-, dejando librado a la apreciación judicial la fijación de su monto -art. 163, inc. 5 del CPCCN-. Ello es así en la medida que todo sepelio genera un gasto necesario y que, si bien puede ser reclamado por cualquiera que lo haya afrontado, la aludida presunción de realización es aún mayor en el caso de los padres. O sea, que la única limitación del ordenamiento en este tema, es que la cuantía reclamada debe ser adecuada a las circunstancias personales y socioeconómicas de la persona fallecida.

Es así que teniendo en cuenta las constancias de las actuaciones, considero que el juzgador ejerció razonablemente el arbitrio que la norma procesal le confiere -art. 165 CPCCN-, y la suma cuestionada guarda relación con precedentes de esta sala, de modo tal que propongo el rechazo de estos agravios (arts. 163 incs. 5, 6, y 386 del CPCCN).

VIII.- Si se demuestra que la citación del tercero es improcedente, las costas que se devenguen con motivo de su participación en la causa deben ser a cargo de la parte que promovió la intervención estéril, pues siendo así, queda en evidencia -en principio- un exceso en la defensa que redunda en detrimento del derecho ajeno.

Las costas de Primera Instancia correspondientes a la intervención de los terceros eximidos de responsabilidad, deben imponerse a los vencidos en la disputa (arts. 68 y 71 del C. Proc.).- IX.- Por todo ello propongo al acuerdo que se confirme la sentencia recurrida en lo principal que decide; reducir el monto establecido en concepto de pérdida de chance a la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) y elevar la cuantificación para la reparación del daño moral a la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000) -en conjunto para ambos progenitores-. Las costas de la Alzada se imponen a los demandados vencidos (arts. 68, 163 inc. 8 del CPCCN). Así lo voto.

Los Dres. Sansó y Mizrahi, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia recurrida en lo principal que decide, se reduce el monto establecido en concepto de pérdida de chance a la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) y se eleva la cuantificación para la reparación del daño moral a la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000) -en conjunto para ambos progenitores-. Las costas de la Alzada se imponen a los demandados vencidos. -Claudio Ramos Feijóo. -Gerónimo Sansó. -Mauricio Luis Mizrahi.