Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-03-25


SENT Nº 85	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veinticinco (25) de Marzo de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado del incidentista en autos: "Leguizamon Hugo Orlando y otro vs. Cuenca Marcelina Lilia y otro s/ Amparo a la simple tenencia".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado del incidentista en contra de la sentencia de la Sala Iª de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones del 23/9/2011 por la cual se rechaza el recurso de apelación incoado por aquélla en contra de la sentencia de 07/9/2010 la que se confirma.

II.- Sostiene el recurrente que la sentencia asume gravedad institucional porque se encuentra cuestionada la estructura esencial del proceso con decisiva incidencia en el normal desarrollo de la prestación del servicio de justicia. Que el cerramiento de las vías procesales para ser oído le impide el ejercicio de su derecho de defensa. Que para tal, se usa una construcción intelectiva absurda; esto es: que el tercero está fictamente notificado de la demanda, provocando un agravio de insuficiente reparación ulterior o irreparable. Tacha de arbitraria y absurda a la sentencia. Redunda sobre esto con citas jurisprudenciales.

Sostiene que la sentencia desinterpreta las normas de los arts. 91 y 92 procesal y violenta el art. 68 inc. 1° LOPJ al asumir una competencia en razón de la materia que no le corresponde.

De un análisis de los dichos de la demanda concluye en que se trata de una acción de despojo; una acción real. Cita jurisprudencia sobre lo que se debe probar en estos casos y doctrina sobre tal acción y los efectos determinantes en relación a la competencia material e improrrogable, debiendo entender el fuero CCC (art. 68 inc. 1 LOPJ). Cita jurisprudencia.

Entiende que jamás fue notificado a pesar de estar plenamente identificado por el tribunal y las partes del litigio, por medio del escrito de fs. 255, previo a la notificación de la audiencia del proceso sumarísimo. Destaca que la realización de la misma fue tentada a efectuarse en el inmueble litigioso pero se frustró por la situación de incomodidad, por estar en el lugar una obra en construcción, por lo que fue diferida su convocación en el ámbito del juzgado donde finalmente se celebró. Todo ello, dice, pasó en ausencia del tercero, cuando las partes y el sentenciante conocían su identidad por su presentación en el proceso mediante el escrito citado al devolver las cédulas dirigidas a las demandadas. Que en el estado de ejecución de sentencia la actora solicita se notifique al actual ocupante del inmueble Sr. Antonio Francisco Rodríguez en el domicilio de Pje. Primera Junta n° 1090 de esta ciudad. Que se lo intima a devolver el inmueble libre de ocupantes bajo apercibimiento de lanzamiento. Que a fs. 536 por primera vez se notifica al tercero como si fuera demandado y allí se lo incorpora al proceso como parte de la relación procesal. Que la sentencia fue dictada sin ser oído. Que se le impidió demostrar que es propietario y que ejerce actos posesorios de tal.

Le agravia que la sentencia deduzca el hecho que su parte conocía el contenido de la demanda por haberse dirigido las cédulas de notificación a su domicilio real. Que conforme el art. 285 procesal es imposible inferir que una persona que no está notificada pueda conocer el contenido de una demanda aunque le pongamos a la vista todas las actuaciones de aquélla. Que puede estar a la vista de su letrado apoderado y no es válida la notificación de la demanda para su poderdante.

Le agravia la consecuencia que se sigue de la premisa de que conocía la demanda, esto es: la extemporaneidad del planteo de nulidad. Expresa que nuestro CPCCT contiene nulidades absolutas e insubsanables. Cita el art. 167 procesal. Enuncia las causas y sostiene que en todas ellas -tres- la consecuencia es el desconocimiento de los efectos de la preclusión.

Entiende que la sentencia invirtió la secuencia lógica de valores tornando la solución jurídica absurda, esto es exactamente su contrario; que si el tercero devolvió la cédula de traslado al juzgado consignando en esa ocasión sus datos personales y el carácter con que detentaba el inmueble litigioso, puede deducirse que el sentenciante y la actora conocían a partir de aquél acto procesal la identidad completa del tercero y en tal caso debieron regularizar el proceso notificando a la persona de ese tercero. Explicita que la sentencia de Ira. Instancia no contiene ni una frase que haga referencia al tercero. Que la conclusión es que él no integró nunca la relación procesal.

Le causa gravamen que la sentencia exprese que su parte conocía la situación litigiosa que existía respecto al inmueble que ocupaba y que lo dijera en la apelación. Que él jamás dijo nada al respecto y si lo dijo carece de relevancia jurídica ya que la sentencia de Ira instancia lo ignoró soberanamente (art. 285 procesal).

Alega que el pretenso conocimiento que el tercero Rodríguez pudo haber tenido de la existencia de la demanda y del litigio entre las partes actora y demandada es un conocimiento estrictamente irrelevante jurídicamente. Porque, a partir de la conjugación del art. 285 procesal, el traslado de la demanda no presenta discrepancia en lo que respecta a la notificación personal que debe efectuarse en el domicilio real, pues el demandado, al no haber él iniciado el juicio, no puede tener a los efectos procesales otro domicilio que el real, de allí la ineficacia de la notificación en otro domicilio. Que ello surge de la combinación de los arts. 153 inc. 1 y 284 inc. 2 procesal. Cita jurisprudencia.

Afirma que no se ha violado una forma procesal genérica que autorice su convalidación (art. 168 procesal) sino otra muy especial que impide ser subsanable por la convalidación del afectado, esto es la integración necesaria de la litis (art. 92 CPCCT). Entiende que en autos hay una integración necesaria de litis; que el tenedor actual del inmueble es un tercero y que tal condición fáctica es conocida por las partes a partir del escrito de fs. 255 de autos y prevista en el ex art. 80 procesal. Que tal modalidad de la litis surge inequívocamente de los términos de la demanda y del escrito antedicho. Que el vicio es insubsanable, si no está notificado el tercero. Que en su caso, era subsanable de oficio por el propio sentenciante o por los jueces de mérito superior porque es un deber del magistrado. Que no reposa en cabeza del tercero promover la nulidad para integrar la relación procesal porque es deber de la actora o sentenciante corregir la omisión de notificar la demanda al tercero, respetando la garantía constitucional de defensa en juicio para dictar una sentencia útil contra aquél. Este, dice, es el ejercicio verdadero de la seguridad jurídica. Cita jurisprudencia.

Propone doctrina legal; efectúa reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso y se case la sentencia.

III.- Por auto interlocutorio de fecha 08/5/2012 la Cámara declara admisible el recurso interpuesto, correspondiendo en esta instancia el examen de admisibilidad y procedencia del mismo.

IV. El tribunal, luego de relatar los agravios de la apelación, sostiene que el apelante no logra revertir la decisión impugnada. Que, en efecto, compartiendo el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara recuerda que el nulidicente reconoció de la existencia del juicio y que se trataba de una acción de amparo posesorio cuyo objeto era justamente el inmueble en relación al cual invoca conculcados sus derechos. Que ello deviene de la compulsa de los actuados, en los cuales se aprecia que el primero de marzo de 2006 recibió la cédula de notificación obrante a fs. 254, mediante la cual se corría traslado de la demanda, obrando en las copias recogidas los antecedentes de la causa que tenía como objeto amparar la tenencia del actor impetrando su entrega libre de ocupantes, calidad que ahora invoca el nulidicente. Que al mismo domicilio -que es el denunciado como real por el incidentista-, es que se dirigió la cédula obrante a fs. 260 diligenciada el diecisiete de marzo de 2006. Que si el ahora impugnante entendió que se estaba violentando su derecho de defensa así debió plantearlo y/o en su caso hacer valer los derechos que pretende tener en relación a la tenencia del inmueble objeto del amparo en aquella oportunidad. Sin embargo, nada dijo en su momento, operando la preclusión procesal que impide volver sobre etapas cumplidas y cerradas en el proceso.

Alude también la sentencia de Cámara a la extemporaneidad del planteo bajo análisis ya que el incidentista no formuló planteo alguno en la primera oportunidad que tuvo y dentro del plazo legalmente previsto para la nulidad por vía incidental. Que el incidente intentado ha vencido largamente conforme el art. 170 inc. 1° del CPCCT y es extemporáneo como decidió el a-quo. Aclara que no se trata de que por una cuestión de plazos vencidos se menoscabe el derecho de defensa del litigante, sino que la inactividad de Rodríguez convalidó a su respecto todo lo actuado operándose la preclusión de los actos cumplidos, lo que impide su revisión. Que es lógica consecuencia de la relatividad que impregna a las nulidades procesales, ya que no las hay absolutas en el procedimiento. Que la seguridad jurídica impone la necesidad de actos firmes, por ello las nulidades se convalidan sea expresa o tácitamente. Con cita de doctrina y jurisprudencia sostiene que la actuación defectuosa no debe haber sido convalidada, pues si los defectos de forma no han sido observados reclamándose expresamente su anulación en un plazo dado, se presume que no ocasionan perjuicio, que no existe interés en su regular cumplimiento. Cita precedente de esta Corte en relación a los principios de progresividad y preclusión que reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica. Que por tanto no se puede volver sobre etapas superadas del proceso.

Agrega, para concluir, que la cédula de notificación con el traslado de la demanda fue dirigida a Cuenca, Marcelina; Cuenca, Manuel y López, Jaqueline (fs. 254) y que no hay que olvidar que la demanda de la actora fue dirigida contra ellos ". y quienes detenten actualmente la tenencia del inmueble antes citado, independientemente del carácter que invoquen los mismos." (fs. 8 vta. de autos). Que ahora el nulidicente en persona devolvió el traslado al Juzgado reconociendo en el propio memorial de agravio que conocía la situación litigiosa que existía respecto al inmueble que ocupaba y sin embargo nada hizo al respecto. Que resultan por ello aplicables al caso los arts. 923/929 del CC no siendo atendible el estado de ignorancia que el apelante pretende ahora invocar en contra de su propio reconocimiento. Que si se receptara el planteo se violentaría el principio de preclusión procesal que impide volver sobre aquellas etapas cumplidas que no fueron objeto de tempestiva impugnación.

Por ello, rechaza el recurso de apelación; confirma la sentencia apelada e impone las costas de la instancia al apelante vencido (art. 105/107 CPCCT).

V.- De la confrontación del recurso de casación con los términos de la sentencia en embate se concluye en que aquél no puede prosperar.

1.- En primer lugar, cabe expresar que la sentencia recurrida no es definitiva según los términos de los arts. 748 y 749 procesal.

En efecto, de un lado, las sentencias que rechazan nulidades procesales no son definitivas ni equiparables a tal. Cabe señalar que este tribunal, a través de sus diversas conformaciones, tiene dicho en forma reiterada que "la sentencia -resolución interlocutoria que deniega un incidente de nulidad- no es definitiva, ni equiparable a tal pues no concluye el pleito ni impide su continuación (cfr.: CSJT, sentencias N° 122/2012; 461 del 11/6/2007; N° 595 del 15/8/2003; N° 453 del 19/6/2003; N° 373 del 22/5/2001; N° 491 del 20/6/2000; N° 891 del 05/11/1999; entre muchas otras).

De otro lado, el amparo a la simple tenencia previsto por el inciso 6° del art. 408 CPCC, es la vía procesal prevista en el ordenamiento local para ejercer la acción establecida por el art. 2469 del Código Civil. La sentencia que recae en este tipo de procesos -amparo a la simple tenencia- debe decidir si se restablecen o no las cosas al estado anterior al de los hechos denunciados, y se limita tan sólo a la detentación de los bienes. No se resuelven planteos ajenos al hecho de la turbación de la posesión o de la tenencia; lo decidido no causa estado ni hay pronunciamiento sobre propiedad o posesión de los bienes en cuestión. Siendo así, la sentencia que se recurre no es definitiva, ya que la demandada (y, en el caso, el incidentista) dispone de las vías legales acordadas por el ordenamiento respectivo para hacer valer sus pretensiones. Así lo tiene dicho esta Corte Suprema de Justicia en anteriores precedentes: La resolución atacada en casación (que rechaza recurso de apelación contra pronunciamiento que hizo lugar a la acción de amparo a la simple tenencia) no pone fin al pleito, ni hace imposible su continuación ni causa gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior como tampoco priva al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, expresamente dejados a salvo en las instancias de grado. Existiendo vías legales posteriores que permiten un más amplio debate, resultan aptas para la tutela del derecho que se pretende afectado, la sentencia carece de definitividad (CSJTuc., sentencia Nº 137/2009; sent. n°1067/2006; 206 del 27/3/2006; 68 del 25/02/2002; 891 del 03/12/96). También se dijo que el amparo a la simple tenencia no hace cosa juzgada material sobre la cuestión conforme a su naturaleza, medida tendiente a evitar que las personas enfrentadas busquen hacer justicia por sus propias manos, dejando luego abierta la posibilidad de que las partes discutan el tema con mayor profundidad a través de las acciones posesorias o petitorias correspondientes (cfr: CSJT sent. n° 790 del 17/10/2003).

Por último, se debe tener presente que la ausencia de definitividad del pronunciamiento es un recaudo propio y autónomo que no se satisface ni se suple por la invocación de garantías constitucionales que se entiendan amenazadas, ni por la pretendida arbitrariedad del pronunciamiento o la alegada interpretación errónea del derecho que exige el caso (CSJT, sentencias Nº 937 del 10/10/2007; Nº 675 del 02/8/2007; Nº 488 del 12/6/2007; entre otras).

2.- Tampoco concurre en el caso el excepcional supuesto de gravedad institucional, que permitiría superar el valladar constituido por la falta de definitividad de la sentencia impugnada. Las particularidades del caso hacen que no se adviertan configurados los supuestos del inc. b) del art.748 del CPCC. Lo expuesto por varios órdenes de razones.

a) Liminarmente, cabe pronunciarse por el rechazo, a causa de su manifiesta inadmisibilidad, del argumento del recurrente referido a que se trata ésta, en realidad, de una acción real y que, por tanto, la competencia correspondería a un juez de distinto fuero: el Civil y Comercial Común. Lo aduce con base en el art. 68 LOPJ. Para demostrarlo, el impugnante descontextualiza párrafos de la demanda y propone su propia y dogmática interpretación acerca de lo que la parte estaría solicitando.

A ello se responde que todo el proceso ha transcurrido como amparo a la simple tenencia; éste se corresponde con lo solicitado por la actora (en particular, ver títulos II, VII y IX de la demanda) y con la forma en que se trabó la litis y continuó el trámite de la causa, todo ello con arreglo al previsto en el art. 400 y ss. No se advierte violación a la competencia material ni, por ende, al art. 68 LOPJ.

Se trata, el caso presente, de un amparo a la simple tenencia que tiende a evitar actos de turbación a la misma o a recobrarla en caso de desapoderamiento. Esto último es lo que sucede en el caso. Así, el amparo a la simple tenencia no puede ser confundido con la acción posesoria (art. 2487 CC). Es un remedio rápido y sumario previsto para determinadas situaciones de hecho. Es una medida procesal de naturaleza policial tendiente a restablecer el estado anterior de las cosas impidiendo que cada cual haga justicia por mano propia, con la consiguiente alternación del orden público y escarnio del derecho. No es una acción posesoria propiamente dicha ni una acción real, sino una disposición de Orden Público tendiente a restablecer el orden alterado (cfr: Fenochietto, CPCCN, comentado, anotado, concordado, Astrea, 1999, p. 350; Colombo-Kiper; CPCCN, comentado y anotado, 3ra. edic., La Ley, 2001, p.40; Arazi-Rojas, CPCCN, anotado, comentado, concordado, T. III, Rubinzal Culzoni, 2007, p. 149, todos comentando art. 614 y ssgts. CPCCN que regula el interdicto de recobrar, con el que se correspondería en el caso).

A mayor abundamiento, ninguna de las partes litigantes cuestionó el tipo de proceso y es el propio recurrente el que se presenta ante el juez de la causa, del fuero en Documentos y Locaciones, absteniéndose de efectuar, en esa oportunidad, planteo de incompetencia alguno. Antes por el contrario, solicita a aquél le dé intervención en juicio y se expida sobre la nulidad que incoa. El planteo de este agravio es, pues, inadmisible por extemporáneo y por ir en contra de la doctrina de los actos propios. Además, siendo la cuestión de competencia material de orden público y pudiendo, como tal, ser tratada de oficio, en el caso, como se advirtiera supra, no existe la mentada incompetencia.

En definitiva, el agravio debe rechazarse por no corresponder manifiestamente a las constancias de la causa de donde surge la competencia del fuero en Documentos y Locaciones tal como queda dicho.

b) Abocándonos ahora a las particularísimas razones existentes en el subexamine por las cuales, anticipamos, no se observa en autos gravedad institucional, corresponde ante todo analizar las constancias de la causa. Y así: En la demanda, interpuesta el día 29/12/2005, la actora dirige la acción contra las demandadas "y quienes detenten actualmente la tenencia del inmueble antes citado, independientemente del carácter que invoquen los mismos." (fs. 8 vta. de autos). Pide la declaración de la causa como asunto de feria pero éste es denegado (fs. 20). A su turno, las demandadas habían sido denunciadas ante el Juez penal por usurpación, causa que ingresó en fecha 20/12/2005 (fs. 203). La demanda se notificada por cédula de fs. 253 y 254 en el inmueble del litigio (convocándose a la audiencia del por entonces art. 410 procesal). Según surge de los propios términos de la cédula, se adjunta en ella copia para traslado en 21 fojas (tres juegos de copias de 7 fs. c/u de escrito de demanda -6 fs.- y escrito en que se acompaña documentación original -1 fs.-). A fs. 254 vta. obra constancia de que recibió el duplicado un señor negándose a firmar y a dar su nombre. A fs. 255 obra presentación del Sr. Rodríguez indicando el domicilio de las demandadas y diciendo que el notificado pertenece a su propiedad. Devuelve cédula y las copias del entonces art. 129 procesal. El actor solicita la notificación a las demandadas al domicilio denunciado, lo que se efectúa. Se fija fecha de audiencia y ésta se notifica, amén de al domicilio denunciado, también al domicilio del inmueble del litigio: Pasaje Primera Junta n° 1090 (fs. 260). Esta cédula se fija en la puerta por no responder nadie al llamado del Oficial notificador (260 vta.). El acta de audiencia obra a fs. 262. "Por razones de precariedad en el lugar se dispone que los mencionados concurran" el 31 de ese mes a la sede del juzgado. A fs. 301/306 obra sentencia que hace lugar al amparo a la simple tenencia deducido por los actores respecto del inmueble del litigio, cuya resolutiva, en su punto I, condena "a los demandados a hacer entrega del mismo a los actores, libre de todo ocupante, dentro de los diez días de quedar firme la presente sentencia, bajo apercibimiento de proceder al desahucio del mismo con el auxilio de la fuerza pública". Esta sentencia también se notifica en el domicilio de Pasaje Primera Junta n° 1090 (fs. 306), así como a la parte demandada. La demandada interpone recurso de nulidad y de apelación. La nulidad se rechaza y el recurso de apelación es declarado desierto (fs. 326). Se solicita ejecución de la sentencia, habiendo quedado ésta firme; esto es, se intime a los demandados a hacer entrega del inmueble, lo que se provee a fs. 335 -hacer entrega del inmueble libre de ocupantes al actor, dentro de los diez días de notificado-, bajo apercibimiento de proceder a su lanzamiento. A fs. 336 se notifica al Sr. Rodríguez este proveído. A fs. 358/361 se presenta el recurrente solicitando la nulidad de todo lo actuado desde fojas 258. A esta solicitud se la rechaza tanto en primera como en segunda instancia. Los considerandos de esta última están relatados en el acápite IV de la presente.

c) El agravio central del recurrente y mediante el cual afirma la existencia de gravedad institucional, radica en que, a diferencia de lo que afirman los magistrados de anteriores instancias, él no fue nunca notificado del presente juicio ni fue parte en él. Entiende, esencialmente expuesto, que debía haber intervenido en el proceso; que no se lo llamó para ello y que entonces la sentencia de fondo, de Ira. Instancia, que no lo menciona en nada, no puede serle oponible.

En autos, tanto las sentencias de anteriores instancias como los respectivos dictámenes de Fiscalía entienden que el aquí recurrente conoció efectivamente la existencia de esta causa llevada entre las partes litigantes y no hizo nada para asegurarse ser oído en ella, o lo hizo en forma tardía.

Dentro de los ribetes especiales que la presente causa asume, no se advierte que el fallo impugnado en casación resulte arbitrario puesto que, si bien puede asistir razón al recurrente respecto al hecho que de la sola notificación de la demanda en el inmueble del litigio y la posterior presentación por su parte devolviendo la cédula no puede deducirse sin más que estuviera notificado y se lo llamara con ello a integrar la litis, lo cierto es que existen en los presentes actuados ciertas particularidades las cuales los magistrados no podían soslayar -como de hecho, no lo hicieron- a los efectos de hacer justicia en este caso concreto que tocó fallar.

En primer lugar: ¿Cuáles son los argumentos que el recurrente tiene para oponer a la parte actora? Ateniéndonos al recurso de casación, se advierte que el impugnante no discute en ningún momento que la tenencia la haya tenido la parte actora con anterioridad a la parte demandada, quien se la transmitió a aquél por boleto de compraventa. Alega, sí, que de ejecutarse la sentencia en su contra será desapoderado de su vivienda y que ésta posee ahora un valor diez veces superior a como la recibió por el valor incorporado con las mejoras que su parte realizó; que ello afectaría, entonces también, a la par de su derecho de defensa, el de propiedad privada.

Como se advierte, se trata de oponer los derechos de "propiedad" derivada del boleto de compraventa y el valor de las mejoras en el inmueble, cuestiones éstas todas que pueden ventilarse en otro juicio diferente al presente pues éste no tiene por objetivo dilucidar tales temáticas.

Tampoco en su planteo de nulidad el nulidicente niega en momento alguno la anterior tenencia de la parte actora, ni los considerandos de la sentencia de primera instancia, firme entre las partes litigantes. Reprocha, sí, el accionar tanto de actora como demandada que nunca lo llamaron al presente proceso y que no se pudo desconocer que él estaba ocupando el inmueble (aunque, como surge de sus dichos mismos, está claro que la ocupación del inmueble fue con posterioridad al desapoderamiento de la actora por parte de las demandadas que luego celebran con el incidentista el boleto de compraventa). Argumenta que es propietario del inmueble y que realizó sobre él actos posesorios y que no se le ofreció oportunidad para argüir esto.

Como bien lo expresa la sentencia de fondo, no se trata de merituar en este tipo de procesos la posesión o la propiedad del inmueble -alegadas por el recurrente- sino proteger, por una vía rápida a quien ha sido privado por vías de hecho de la tenencia del bien raíz. Que, por ello, se trata de determinar quién se encontraba en el inmueble, en forma pacífica, con anterioridad a la fecha que se denuncian los actos turbatorios, ya que no es del caso investigar cuál de las partes tiene mejor título de dominio, sino solamente conocer quién se encuentra en el uso y goce del inmueble con anterioridad (fs. 304). Lo mismo establece la sentencia del 07/09/2010, que resuelve el incidente de nulidad. Allí se expresa que "las cuestiones de dominio o posesión quedan al margen de este proceso, y deben ser planteadas por las vías pertinentes"; que "atento a la naturaleza de la presente acción, destinada únicamente (a) determinar quien se hallaba en el uso y goce del inmueble antes de la alegada turbación" el tema de que el incidentista sea adquirente de buena fe y a título oneroso del inmueble objeto de la litis "está fuera de discusión" (fs. 527).

Efectivamente, quedan excluidas del conocimiento judicial aquellas cuestiones vinculadas con las relaciones de derecho que pueda haber entre los justiciables. El negocio jurídico queda marginado en este proceso sumarísimo de modo que el accionado no podrá esgrimir como defensa su carácter de dominus del bien, ni el de locador o comodatario sin perjuicio del juicio posterior cognoscitivo sobre tales derechos. La resolución así, no afecta los derechos sustanciales de las partes dado que su resultado se limita a mantener la posesión o tenencia despojada. La acción puede dirigirse aun contra aquél que sea dueño del bien (Fenochietto, op. cit., p. 350/1). En fin, la naturaleza de la acción incoada enmarca la cuestión e incide ciertamente en la interpretación y análisis del caso.

En segundo lugar, es un hecho irrevisable en casación entre las partes litigantes por estar firme la sentencia respecto de ellos, que los demandados desalojaron a los actores con violencia; que Marcela Jacqueline López, al responder la demanda, ha aceptado haber ingresado al inmueble el día 20/12/05, pese a encontrarse habitándolo el accionante, Hugo Leguizamón; que "surge evidente que ha reconocido que la tenencia del inmueble con anterioridad a la ocupación que ella hiciera, la detentaba el actor Hugo Leguizamón, y si bien desconoce que habitaran allí las coaccionantes, su postura ha sido desvirtuada por los dichos de los testigos" (sentencia primera instancia, fs. 305).

El recurrente, antes que negar estos hechos, parece confirmarlos. Primero, porque tal como se anticipara supra, no niega estas aseveraciones en el incidente de nulidad. Segundo, porque al apelar la sentencia que rechaza el incidente de nulidad por su parte incoado, expresa que con todos los papeles que dejaron en el inmueble objeto de la presente se dirigió a la Dra. Lauricella quien le dijo que "no nos preocupáramos, que esto era algo ya superado y que ellas (Marcela López, Marcelina Cuenca y la letrada) se encargarían de todo para que no tengamos más notificaciones ni problemas en el domicilio, que con devolver la notificación era suficiente, que todo era un mal entendido" (fs. 535). Más allá de la eventual creencia en los dichos de la abogada, lo cierto es que las expresiones del recurso de apelación hablan a las claras del conocimiento que el recurrente poseía tanto sobre la existencia de un problema entre la vendedora por boleto y la parte actora (un problema cuyo epicentro era el inmueble respecto del que una de las partes litigantes fue precisamente quien lo puso en la tenencia del bien raíz) como sobre la forma en que se le transmitió la tenencia.

El hecho del conocimiento que el recurrente tuvo desde el inicio del juicio, como lo afirma éste mismo, se ve luego corroborado por las sucesivas cédulas que se fijaron en el domicilio en litigio (no sólo la que notifica el traslado de la demanda y la audiencia -ex art. 410 procesal-, sino también la que notifica de nueva audiencia -fs. 260- y de la sentencia de fondo -fs. 306-). Al no responder nadie a sus llamados, el oficial notificador procedió a fijar la cédula, proceder que en sí no se cuestiona y que halla justificativo en la legislación vigente, motivo por el cual es inadmisible que el ocupante pretenda, en el particular contexto de autos, evadirse de los efectos de una notificación que conocía con base en que la cédula no fue dirigida a su persona o que no fue recibida por él. Nótese que el domicilio del inmueble es el mismo que el recurrente menciona como su domicilio (domicilio real) en su presentanción de fs. 358.

Por consiguiente, en el global contexto de autos, no puede interpretarse que el recurrente haya sido sorprendido en su buena fe. Antes bien, emergería, como lo han interpretado los sentenciantes de anteriores instancias -en interpretación que no aparece como manifiestamente arbitraria o absurda-, que el impugnante conocía acabadamente la existencia del juicio. En este sentido, se ha decidido que los efectos del interdicto de recobrar se dan no sólo contra el despojante (autores materiales del despojo, cómplices) sino también contra los destinatarios o ulteriores usufructuarios (cfr: CNCiv. Sala D, LL, 93-263). Se ha llegado a decir, incluso, que los efectos se extienden "aún a los sucesores particulares de buena fe, lo cual sienta una diferencia con el art. 2491 CC" (Papaño- Kiper- Dillon-Cause, "Derechos Reales", T.1, p. 143, Astrea, Bs. As., 2004). Que engloba "a quien recibe la cosa a sabiendas." (Colombo-Kiper, op.cit., p. 51, la bastardilla no está en el texto). Es que la disposición del art. 617 CPCCN "está enderezada a combatir la mala fe y la formación de usurpadores en cadena" (ibidem, p. 55). La acción procede contra los actuales beneficiarios del despojo, aunque no hayan sido sus autores materiales (Arazi-Rojas, op.cit., p. 155).

La sentencia del amparo a la simple tenencia, como la sentencia de desalojo, puede llegar a afectar a terceros que no hayan intervenido en el proceso como lo son los subinquilinos y ocupantes siempre que éstos estuvieren en conocimiento del juicio, que es lo que las sentencias de anteriores instancias, entienden, aconteció en el presente caso. Por tanto, el argumento recursivo en este tópico no resulta eficaz para dar embate a la sentencia. Antes bien, en su resolutiva la sentencia de fondo expresamente manda a que se entregue el inmueble al actor libre de ocupantes. Ésta fue notificada en el inmueble del litigio. El Sr. Rodríguez estaba ocupando el inmueble, conocía del conflicto -según sus propios dichos- y, en ese momento, pudo conocer su resolución. A partir de allí si algo tenía el recurrente que expresar u oponer, debió de buena fe haberlo hecho y no esperar a que el proceso siga su curso. De allí que expresar que no conocía la situación litigiosa (lo que, como se dijo, se contradice con otros de sus dichos) o que si la conocía "carece de relevancia jurídica" puesto que la sentencia de Ira. Instancia "lo ignoró soberanamente" (sic fs. 609) no resulta ser un argumento con virtualidad para desestimar la solución sentencial, conforme queda dicho.

Expresa Palacio, a propósito de los efectos de la sentencia de desalojo pero que, por analogía y mutatis mutandi, puede entenderse aplicable en la especie, que: "Un desahucio no puede hacerse efectivo contra aquéllos que, ocupando real y verdaderamente el bien, no han tenido acceso a la controversia ni se les ha brindado la oportunidad de expresar la causa o título de su ocupación. Carece de relevancia, por lo tanto, el hecho de que el ocupante que se presenta en las referidas condiciones haya sido o no "mencionado" en la diligencia de notificación. Puede en efecto ocurrir, por una parte, que aun cuando el interesado figure en el acta respectiva a raíz de la denuncia formulada por el locador o por otros subinquilinos u ocupantes, haya carecido de la posiblidad de adquirir conocimiento cierto de la notificación, en cuyo caso, demostrada esta circunstancia, la sentencia de desalojo le es inoponible. Y por otra parte puede suceder que, a pesar de no constar el nombre del ocupante en el acta, del expediente surja que conoció la existencia del juicio, en cuya hipótesis su presentación posterior a la sentencia carece de virtualidad para detener la ejecución de ésta a su respecto (doctrina del art. 169 apartado tercero del CPN) (Palacio, Derecho Procesal Civil, T. VII, N° 973; la bastardilla no está en el original). Mucho se ha discutido acerca de si la sentencia es meramente declarativa del derecho anteriormente establecido, o si, por el contrario, es creativa de derechos (ver. Couture, Eduardo J., "Fundamentos del derecho procesal civil", p. 308, Ed. Depalma, 1966; Calamandrei, Piero, "Estudios sobre el proceso civil", tr. Santiago Sentís Melendo, ps. 369 y sigts., Buenos Aires, 1961; Liebman, Enrico, "Eficacia y autoridad de la sentencia", tr. Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, Ed. Ediar, 1946). Sin embargo, cualquiera sea la postura que se adopte, no es posible desvincular totalmente a la sentencia con el derecho que le dio origen, ya que mediante esa vinculación se podrá determinar los efectos de aquélla. La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada tiene eficacia directa respecto de las cuestiones sometidas y resueltas por el juzgador; pero puede tener también consecuencias indirectas, afectando otra relación jurídica distinta a la decidida y de la cual es titular un tercero (como se invoca en el caso en debate) o las mismas partes principales (por ejemplo la pérdida de la patria potestad como consecuencia de la condena penal del padre). Finalmente la sentencia puede tener un efecto de mero hecho con relación a los derechos de un tercero (tal el supuesto del acreedor que enfrenta la insolvencia de su deudor como consecuencia del fallo adverso dado en un juicio en el que el primero no fue parte). Los efectos indirectos o reflejos de una sentencia no pueden perjudicar los derechos de terceros cuando estos derechos son de la misma entidad que el debatido en el juicio e incompatibles con lo decidido (ver Chiovenda, Giuseppe, "Principios de derecho procesal civil", tr. J. Casais y Santaló, Madrid 1968, t. II, vol. I, p. 429), lo que no acontece en el caso (cfr: Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, sala I, Marticorena, Roberto R. c. Lazo, Ruderik M. P. del 27/06/1989, LA LEY 1991-B, 261. La bastardilla es nuestra).

Es decir que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico procesal, la eficacia de la cosa juzgada se puede extender a personas ajenas al proceso, cuando, entre otras hipótesis, se produce -como en la especie- una sucesión de derechos a título particular que, si bien no lo es "con posterioridad a la traba de la litis" (Palacio "Derecho Procesal Civil", t. III, p. 334 y t. V, fs. 521/522) sí lo fue con posterioridad al hecho de turbación y despojo desencandenante de la acción instaurada. Y ésta, como queda dicho, tiene por objeto averiguar quién estuvo en la tenencia con anterioridad a los actos de turbación.

Es que, si bien, por regla, ninguna resolución judicial puede efectivizarse contra quienes no fueron parte en el proceso o no quedaron incluidos en la relación procesal, no lo es menos que tal principio no exhibe un rigor extremo, toda vez que existen situaciones, en las cuales la cosa juzgada proyecta efectos reflejos respecto de ciertos terceros. Es así que se dan casos de excepción en los que aunque una persona no haya tenido intervención en un proceso puede resultar alcanzada por los efectos reflejos de la sentencia que en él se dictó, en la medida en que sus derechos estén vinculados a la relación jurídica que fue objeto de decisión, en virtud de conexión, dependencia o interferencia jurídica o práctica, ya sea en cuanto a su existencia, ya en cuanto a la posibilidad de su efectiva realización (Liebman "Eficacia y autoridad de la sentencia", Nº 24 y sigts. y 33 y sigtes.). Precisamente, cuando terceros son sujetos de situaciones jurídica conexas a la sentencia dictada, la cosa juzgada los beneficia o perjudica según los casos, alcanzándoles la identidad jurídica de la cuestión definida en el proceso (Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos...", 2ª ed., t. IV-B, p. 390/391). Puede decirse que ello también es así por existir una relación jurídica sustancial que le es común (CNCivil, sala D, ED, t. 21, p. 641). Por lo tanto, la inalterabilidad de la cosa juzgada puede alcanzar a terceros jurídicamente interesados, pues el hecho de que a una persona no se le haya dado intervención en el juicio no es lo mismo que afirmar que esa persona sea un tercero ajeno a la conducta a cuya normación tiende el proceso del caso (Imaz E. "Límites subjetivos de la cosa juzgada", en LA LEY, t. 77, p. 858 y sigtes. nº 6; Morello, Sosa, Berizonce, ob. cit., t. IV-B, p. 391, jurisp. cit.). La sentencia que reconoce o desconoce un bien a una de las partes en juicio, es naturalmente oponible al sucesor a título universal -como el heredero o a título singular, como el comprador o el cesionario de aquélla-. El que deriva su derecho de otro se identifica con éste y no es persona distinta a los efectos de la extensión de la cosa juzgada. Es decir, no es un "tercero" que pueda proclamarse ajeno a la autoridad de lo resuelto. El heredero continúa la persona del causante (art. 3417, Cód. Civil) y recibe el patrimonio de éste en el estado en que se halla. En cuanto al adquirente o cesionario, no puede recibir de su autor un derecho mejor ni más extenso que el que éste tenía, según lo consagra el principio universal que recoge el art. 3270 del Código Civil (Eisner I. "Contenido y Límites de la cosa juzgada", en LA LEY, 1981-A, 35 y sigtes. VII) (cfr.: Cámara 2a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, sala I, "Mansilla, Graciela N. y otros c. Bagadi, Graciela", del 08/10/1996; LLBA 1997 , 185). d) El recurrente admite que el contrato celebrado con las demandadas si bien es de fecha anterior a la traba de la litis, es de fecha posterior al acto mismo de la turbación contra el cual protege esta acción. Siendo así, asumió una tenencia de manos de quienes se decidió en este juicio, fueron turbadores en la tenencia del bien. No resulta así ajena en este punto la consideración de lo preceptuado por el art. 3270 del Código Civil que expresamente dice: "Nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que el que gozaba; y recíprocamente, nadie puede adquirir un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere". Así lo entiende el Código Civil cuando en su art. 2469 establece: "La posesión, cualquiera sea su naturaleza, y la tenencia, no pueden ser turbadas arbitrariamente. Si ello ocurriere, el afectado tendrá acción judicial para ser mantenido en ellas, la que tramitará sumariamente en la forma que determinen las leyes procesales"..." (cfr. Enrique Falcón, "Cód. Procesal...", T. IV, Ed. Abeledo Perrot, pág. 17).

e) Asimismo, cabe considerar que en el acta de audiencia efectuada el 30/3/06 no surge que el inmueble se hallara en obras o con obreros trabajando, como alegara el recurrente en diversas oportunidades (fs. 359, 535 vta. y 596). Surge, sí, la precariedad de ése sin que se mencione la existencia de otras personas presentes, ocupantes del inmueble o no, excepto las que se detallan en el acta. Si algo cabe deducir de la realización de la audiencia en el inmueble, es que éste se hallaba en condiciones de precariedad y que no había allí nadie ocupándolo (pues de otra manera se hubiera hecho constar la presencia ya que el acta se ocupa de especificar quiénes se hallaron presentes al momento del acto).

El art. 404 procesal dice: "En el caso del amparo a la simple tenencia, se trasladará (el juez) al lugar de los hechos y en él verificará la audiencia, recibirá las pruebas y ordenará los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos". Del acta no emerge la presencia de ocupantes o de ningún obrero como afirma el recurrente; sólo la precariedad del lugar. Si algo surge de lo expuesto en el acta, se tratará de elementos que coadyuvan a la posición del actor antes que a la del incidentista recurrente.

f) No puede dejar de tenerse en cuenta a la hora del análisis del caso, que el amparo a la simple tenencia tal como queda dicho, tiene que ver con cuestiones de orden público, de evitación de la justicia por mano propia, de impedir se ampare la mala fe, de restablecer el orden alterado. Este orden se restablece si se devuelve la tenencia a quien gozó de ella con anterioridad a los hechos turbatorios -y de despojo-. En este preciso marco no puede predicarse con fuerte convicción la buena fe del tercero pues, como queda dicho, supo del litigio y los problemas, estuvo advertido de ello, se enviaron cédulas al inmueble del litigio (notificando una demanda que se dirige también a los actuales ocupantes del inmueble; notificando una sentencia que ordena la entrega libre de ocupantes; notificando la realización de una audiencia en el inmueble del caso de cuya acta no emerge ocupación de persona alguna) -más allá de que se hizo lo propio en el domicilio denunciado de las demandadas- y nada hizo.

Ante la "confesión de parte" del conocimiento del juicio y su inacción posterior, resolver en el sentido de dar curso a la nulidad solicitada equivaldría a premiar la especulación -si no la mala fe procesal- no sólo de esta parte sino también de la demandada que se presenta a la audiencia del art. 401 (ex 410) procesal, contesta posteriormente demanda; ofrece testigos y nada dice del pretenso tenedor al que cediera sus derechos sobre el inmueble por boleto de compraventa. Nótese que bastaría con colocar siempre tenedores para impedir "ad eternum" los efectos de la sentencia. Nótese también que la sentencia de fondo, firme para las partes demandadas, ha establecido -lo reiteramos- que Marcela Jacqueline López ha aceptado haber ingresado al inmueble el día 20/12/2005 pese a encontrarse habitándolo el accionante, Hugo Leguizamón. La sentencia establece también que "Con las declaraciones testimoniales reseñadas, los actores han justificado plenamente su carácter de ocupantes del inmueble con anterioridad a los demandados, surgiendo de ellas que habitaron muchos años, y fueron desalojados de ella, con violencia" (sic fs. 705). Que Marcela Jacqueline López "ha reconocido que la tenencia del inmueble con anterioridad a la ocupación que ella hiciera, la detentaba el actor Hugo Leguizamón, y si bien desconoce que habitarán allí las coaccionantes, su postura ha sido desvirtuada por los dichos de los testigos" (sic fs. 705). En cuanto al co-demandado Manuel Cuenca, no contestó demanda.

Por ende, la Justicia no puede pasar por alto los comportamientos de quienes, reconociendo la tenencia anterior del actor, la transmiten sin miramientos a un tercero apercibido del conflicto imposibilitando así, con este accionar, que las sentencias emanadas de este Poder Judicial se cumplan efectivamente. Admitir lo contrario provocaría que las sentencias sean de imposible cumplimiento ya que bastaría con esta introducción de un tercero en el inmueble en litigio para que el actor no obtenga la entrega de la tenencia ordenada judicialmente.

g) Al final, pero no menos importante, se trata de no ignorar la verdad jurídica objetiva.

La función judicial no se agota en la letra de la ley con olvido de la efectiva y eficaz realización del derecho y, para ello, antes que a un criterio formalista debe atenderse a la vigencia de los principios que ampara la Constitución Nacional y que surgen de la necesidad de proveer al bien común, como conjunto de las condiciones de la vida social que hacen posible tanto a la comunidad como a sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección (cfr: CSJN, "Moyano, Marcelina", 07/10/1976; LA LEY 1977-A , 237).

El juzgador debe determinar la verdad en sustancia por encima de los excesos rituales, pues el logro de la justicia como valor fundamental en la actividad de aquél requiere que la misma sea entendida como lo que es, o sea una virtud al servicio de esa verdad sustancial (Fallos, t. 280, p. 228; Fallos t. 23, p. 37; t. 238, p. 550; t. 254, p. 311; t. 268, p. 71; t. 271, p. 278: t. 280, p. 228 -Rev. LA LEY, t. 89, p. 412; Rep. LA LEY, XXIII, p. 649, sum. 3; Rev. LA LEY, t. 127, p. 337; t. 132, p. 285; t. 147, p. 738, fallo 29.270-S-, Rev. LA LEY, t. 147, p. 738, fallo 29.270-S).

Hacer lugar a la nulidad de casi todo lo actuado, en las concretas circunstancias de autos, configuraría un exceso ritual manifiesto con apartamiento de la verdad jurídica objetiva toda vez que la finalidad de la notificación a los ocupantes es darles la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y, como queda dicho, no puede advertirse que el recurrente no la haya tenido. Conociendo el litigio, no puso de manifiesto con ninguna actitud su vocación de revertir la situación o impedir el eventual futuro perjuicio, limitándose a esperar a la conclusión del mismo para hacerlo. Hacer lugar a la nulidad de casi todo lo actuado desde fojas 253 implicaría dictar una sentencia que no sirve a la justicia y sólo en apariencia -formalmente- atiende al respeto de la seguridad y de garantías constitucionales.

Reiteramos: El nulidicente reconoce expresamente que conocía del litigio. Por eso, si es verdad que "ante la duda" debe privilegiarse del derecho de defensa, en el caso estas dudas no existen porque fueron previamente disipadas con sus propios dichos y por las constancias de la causa. Para que se afecte el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal, debe ocurrir que el afectado no haya tenido oportunidad de ser oído (cuando el derecho de ser escuchado resulta verosímil y sustancialmente procedente) y no puede decirse que esto haya sucedido en el presente litigio en que no se advierte una efectiva privación de defensa. Esto último, además, porque, como queda dicho en el mismo comienzo del razonamiento los pretensos derechos que el nulidicente opone al actor permanecen por hipótesis incólumes debiendo ser ventilados por otra vía judicial.

Hay que tener en cuenta también que, antes de anular una sentencia o un proceso, hay que ponderar detenidamente las consecuencias, porque el pleito es cosa grave, que cuesta desazón, tiempo y dinero. La nulidad se declara sólo en casos extremos y en el presente, no hay dudas sobre si el derecho de defensa ha sido o no violado, pronunciándose razonablemente las sentencias de anteriores instancias por su no afectación.

h) Si partimos de la premisa del conocimiento previo por parte del nulidente-recurrente, el planteo finalmente resultará extemporáneo y cabe aplicar el instituto de la preclusión procesal con todas sus rigurosas consecuencias, tal cual lo hicieron las sentencias de anteriores instancias atacadas por aquél.

3.- En definitiva, la notificación de la demanda reclamando la entrega de la tenencia libre de ocupantes, dirigiéndose contra "Marcelina Lilia Cuenca, Manuel Cuenca, Jacqueline López y quienes detenten actualmente la tenencia del inmueble antes citado..." (ver fs. 8 y vta.); la notificación de la convocatoria a audiencia de fs. 260; la resolutiva de la sentencia de fondo que ordena la entrega libre de ocupantes, que se notifica por cédula (fs. 306) en el inmueble del caso; los dichos del propio recurrente que en su apelación reconoce haber tenido conocimiento del litigio y del problema entre las partes actora y demandada; la imposibilidad de alegar eficazmente error, ignorancia o ausencia de total mala fe, la consideración de los artículos 923/929 CC; la aplicación de la doctrina de los actos propios y del brocárdico "nemo auditur turpitudinem suam allegans" así como la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, el uso del principio de economía y celeridad y de la doctrina del exceso ritual y la posibilidad de que los planteos del recurrente se canalicen por las vías judiciales adecuadas, llevan a considerar que en el presente caso el derecho de defensa no se ha visto violado y por ende, a concluir en la inexistencia de gravedad institucional en el caso.

Las cuestiones referidas a la obra edificada, a la posesión y propiedad del inmueble objeto del litigio no pueden debatirse en este proceso ya que solo tiene por objeto restituir la tenencia a quien fuere despojado o turbado. Tanta importancia tiene la situación de hecho existente, que nuestra ley procesal no sólo dispone que la acción se tramitará por las reglas del juicio sumarísimo sino que el art. 404 última parte del CPCC obliga al Juez a constituirse en el lugar de los hechos, lugar en el que realizará la audiencia prevista en el art. 401 CPCCT, recibirá las pruebas y ordenará los actos tendientes a esclarecer la verdad objetiva. En el marco en que quedó trabada esta litis, la circunstancia de que era la actora quien ejercía la tenencia del bien raíz ha quedado firme respecto de la demandada y no ha sido controvertida o desvirtuada por la recurrente. En el caso, la turbación a la tenencia ha llegado al grado de despojar de ella al actor toda vez que por el actuar de la demandada ha perdido la posibilidad material de usar el bien objeto de esta acción y por tanto, la condena a restituir su tenencia es correcta en tanto ajustada a derecho y a los hechos probados; sin perjuicio de que las partes hagan valer sus derechos por la vía procesal y legal que corresponda. Siendo así, el recurso debe rechazarse por no haber traspasado el recaudo contemplado en el art. 748 procesal.

Lo expuesto resuelve la cuestión y hace inocuo el tratamiento de cualquier otro agravio expuesto en casación.

Diremos por último que las decisiones recaídas en los interdictos posesorios que no resuelven de manera final el derecho que pueda asistir a las partes, no tienen carácter de sentencia definitiva, en los términos del art. 14 de la ley 48, aun cuando se invoquen garantías constitucionales y la doctrina sobre arbitrariedad" (CSJN, 1/7/82, LL, 1983-A-306, citado por Kenny, Héctor Eduardo "Proceso de desalojo", Ed. Astrea, Bs. As., 2001, p. 452. La bastardilla no está en el texto).

VI.- Las costas del recurso, en atención a que la recurrente pudo considerarse con razones probables para litigar, y por cuanto el presente litigio se resuelve conforme a las particulares circunstancias del caso, se imponen por su orden (arg. art. 105 inc. 1 procesal).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I.- Doy por íntegramente reproducida la relación de antecedentes de la causa contenida en el voto del señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse.

II.- En orden al juicio de admisibilidad, y como correctamente lo señala el voto del señor vocal preopinante, cabe apuntar que la sentencia recurrida no satisface el recaudo de definitividad, recaudo propio y autónomo que no se satisface ni se suple por la invocación de arbitrariedad, o de infracción a normas de derecho (CSJTuc., "Cabsha vs. Fontdevila S.A. s/ daños y perjuicios", del 19/10/93; sentencia N° 820 del 25/10/99; sentencia N° 937 del 10/10/07, entre otras muchas). Tal recaudo autónomo no se satisface en la concreta especie de autos, como correctamente lo han puesto de manifiesto el Sr. Ministro Fiscal, y el voto del señor vocal preopinante.

1.- Por de pronto, como acertadamente lo exponen el Sr. Ministro Fiscal, y el vocal preopinante, y reiterando lo ya dicho por este Tribunal en su sentencia N° 461 del 11/6/07 con palabras que estimo plenamente aplicables a la concreta especie bajo examen, "La sentencia -resolución interlocutoria que deniega un incidente de nulidad- no es definitiva, ni equiparable a tal pues no concluye el pleito ni impide su continuación (cfr.: CSJTuc., sentencias N° 595 del 15/8/03; 453 del 19/6/2003; 373 del 22/5/2001; 491 del 20/6/2000; 891 del 05/11/1999; entre muchas otras). Cabe advertir, en este sentido, que rechazado el recurso por falta de definitividad conforme art. 813 procesal, no alcanzan a demostrar el yerro sentencial las múltiples consideraciones vertidas en el memorial de la queja que no refieren concreta, puntual y específicamente a este aspecto".

2.- Añádese a ello que la ausencia de definitividad se encuentra, por decirlo de un modo gráfico, duplicada en la concreta especie bajo examen, pues la incidencia de nulidad ha sido propuesta a su turno a propósito de otra cuestión que, por su propia naturaleza, tampoco revista el carácter de definitiva, pues esta Corte ha sostenido reiteradamente que el amparo a la simple tenencia es una medida de carácter "policial", que no hace cosa juzgada material sobre la cuestión de fondo conforme a su naturaleza, cual es la de evitar que las personas enfrentadas busquen hacer justicia por sus propias manos, dejando luego abierta la posibilidad de que las partes discutan el tema con mayor profundidad a través de las acciones posesorias o petitorias correspondientes (CSJTuc., sentencia N° 790, del 17/10/03, "Madelo, Norma Beatriz vs. Arias Miguel Alfredo s/Acción posesoria"). Es que la sentencia que recae en este tipo de procesos debe decidir si se restablecen o no las cosas al estado anterior al de los hechos denunciados, y se limita tan sólo a la detentación material de los bienes; pero no se resuelven planteos ajenos al hecho de la turbación de la propiedad o de la posesión de los bienes en cuestión (CSJTuc., sentencia N° 206 del 27/3/06; N° 68 del 25/02/02; N° 891 del 03/12/96; N° 1067 del 13/11/06). Por ello, es criterio reiterado de este Tribunal, que la sentencia dictada en este tipo de proceso no cumple el recaudo de definitividad sentencial (cfr. CSJTuc., sentencia N° 1067 del 13/11/06, "Albornoz de Nuría, Silvia Rossana vs. Banco Liber Rolland y otros s/ Amparo a la simple tenencia",; sentencia N° 206 del 27/3/06, "Agropecuaria del Pilar S.A. y otro vs. Ovejero, Juan Carlos y Sayara S.R.L. s/ Amparo a la simple tenencia"; sentencia N° 260 del 30/4/04; "Reinoso, Fabio Daniel vs. Chaile, Anselmo y otra s/ Amparo a la simple tenencia"; sentencia N° 68 del 25/02/02, "Viluco S.A. vs. Baci, Raquel y otros s/ Amparo a la simple tenencia"; entre otras).

III.- Tampoco comparece en la especie el excepcional supuesto de gravedad institucional, que, a despecho de la ausencia de definitividad, habilitaría extraordinariamente la vía casatoria, pues todo lo que está en juego es un problema de intereses particulares, vinculados a los efectos reflejos o indirectos de la sentencia (y, por añadidura, efectos no definitivos, según ya se dijera), aspecto correctamente analizado por el voto del señor vocal preopinante.

1.- En efecto: la distinción entre los efectos directos, e indirectos o reflejos, del acto enunciado por el voto del señor vocal preopinante, ha sido efectuada por civilistas, a propósito del negocio jurídico, y por procesalistas, para aludir a los límites subjetivos de la cosa juzgada, y habrá de servir a los fines de este análisis.

Como su propio nombre lo sugiere, los primeros -también denominados jurídicos, o de derecho- inciden directamente sobre la concreta relación o situación jurídica de que se trate, creándola, modificándola, extinguiéndola, o, en su caso, declarándola. Los titulares, o partes en sentido substancial, de la relación jurídica constituida por el negocio, o reconocida mediante la sentencia, son los destinatarios del efecto directo, o jurídico del acto. Pero, obtenido ese efecto, todos están obligados a respetarlo y a obrar en consecuencia, y todos pueden invocarlo como existente. En ese sentido, quienes no fueron partes en sentido substancial en el concreto negocio o proceso de que se trate, son, sin embargo, sus destinatarios indirectos, y aunque no puedan sufrir un perjuicio jurídico o de derecho, si pueden experimentarlo materialmente, o de hecho, y tal es el efecto indirecto, también denominado material, reflejo, o de "rebote" del acto.

Tal es la exposición de insignes procesalistas, como lo revela una simple lectura de las obras de CHIOVENDA (Principios de Derecho Procesal Civil, Tomo II, & 80, I, y II pág. 429 a 431) y CARNELUTTI (Instituciones del Proceso Civil, T I, n° 79, p. 140 y 141), en pasajes altamente ilustrativos y de un elevado vuelo conceptual, que merecen una atenta y meditada lectura.

2.- De lo expuesto, interesa aquí destacar que, tanto procesalistas como civilistas, enseñan que la regla -de manera inversa a lo que proclama el tenor literal del conocido aformismo res inter alios acta- es que los efectos indirectos, material, o de rebote de los actos jurídicos afectan a todos; por excepción, ese efecto expansivo del negocio no se produce, y entonces es legítimo hablar de inoponibilidad. Por el contrario, la regla inversa rige los efectos directos o jurídicos, que en principio se producen sólo entre partes, cual lo predica el aforismo res inter alios acta (LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando: Teoría de los contratos, Tomo I, & 28, I, 1. págs. 482/483; BIANCA, Mássimo: Derecho Civil III. El contrato, n° 289, págs. 587/588), y son inoponibles a terceros.

Conforme estos principios, el recurrente no es destinatario del efecto directo de la sentencia, pero ha de sufrir sus efectos indirectos o reflejos. En consecuencia no solamente no hay en la especie pronunciamiento sobre propiedad o posesión de los bienes en cuestión, sino que además lo dicho respecto de la detentación material de tales bienes tampoco ha sido expresado respecto de su persona, por lo que -en línea de principio, y trascendiendo las particularidades de la concreta causa bajo examen- podría in abstracto ser materia de examen en otro proceso; pero obviamente, in concreto, al invocar el recurrente relaciones jurídicas conexas con las definidas en el juicio, ello ha de traducirse, como enseñara CARNELUTTI, en un beneficio o perjuicio práctico, material, o de hecho, que en ello consisten precisamente los efectos indirectos o reflejos de la sentencia.

De modo que, contra lo que pretende la recurrente, sobre ella pesaba la carga de pedir oportunamente intervención como tercero, debidamente advertida por las circunstancias procesales que bien reseña el voto del señor vocal preopinante en su Considerando V.2 (fs. 255, devolución de la cédula de notificación de la demanda, con traslado adjunto; fs. 260, notificación de la fecha de audiencia; fs. 306, notificación de la sentencia, haciendo lugar al amparo; etc.), de que la sentencia podía afectar eventualmente un interés propio. Intervención en posición meramente coadyuvante, y no litisconsorcial, cual también erróneamente proclama la recurrente, pues basta el sentido común para advertir que un subadquirente del despojante, y por lo tanto sucesor en su situación jurídica, no puede, hablando en términos del lenguaje jurídico, invocar la existencia de un litis consorcio necesario con aquél.

IV.- Por lo expuesto, corresponde declarar inadmisible y, consecuentemente, mal concedido el recurso de casación articulado por la accionada contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones de fecha 23/09/2011. En tal sentido mi voto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 635, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE y, consecuentemente, mal concedido el recurso de casación articulado por el incidentista contra la sentencia de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala Iª, de fecha 23/9/2011, con pérdida de depósito.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.