marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Emergencia económica, procesos de ejecución, suspensión de la ejecución, bienes muebles de uso indispensable
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO  INTEGRADO DEPARTAMENTAL COOP. LTDO. c/ TERRAF, MIGUEL JOSE s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-18

Del dictamen fiscal 88278:

La suspensión del trámite de las ejecuciones prevista por la ley 25563: 16 rige, exclusivamente, para las situaciones en que se afecten bienes que son esenciales para la vida o la actividad del accionado, allí descriptas; de manera que si de la causa no surge que resulte afectado alguno de los bienes jurídicos que protege la norma de emergencia, no procede la suspensión de la ejecución.
Competencia electoral, recusación
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente de recusación en autos Nº 88/942/2010/Acuerdo Republicano Federal s/ fusión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-25

Las razones alegadas por el recusante no encuadran en ninguna de las causales de recusación contempladas en el art. 14 de la ley 19.108 modif. por ley 19.277 -que establece un régimen específico en la materia para el fuero electoral- ni en las que prevé el art. 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de aplicación supletoria (art. 71 ley 23.298). Ello torna palmariamente inadmisible la recusación intentada, a tenor de lo dispuesto por el art. 21 del código citado.
Trabajadores de la construcción, fondo de desempleo, mora
Materia: LABORAL
Carátula: REYNOSO, JORGE DANIEL. c/ CARRIZO, JOSE LUIS Y/U OTROS. s/ DIFERENCIA DE JORNALES, ETC. - CASACION LABORAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-15

El trabajador que no ha percibido el fondo de desempleo al extinguirse su vínculo laboral, no está habilitado para demandar judicialmente el pago de los importes que dicho sistema implique, sino que la ley le autoriza a instar la jurisdicción para que el empleador deudor deposite los aportes debidos.

Así, pues, no hay posibilidad de entrega directa de las sumas que importe el fondo de desempleo por el empleador a su ex dependiente. Salvo, claro está, el supuesto de la última parte del art. 17, párr. 2°, cuando no ha vencido el plazo previsto para el depósito.

Configurado el incumplimiento, a través del sistema de mora automática que fija la ley, queda expedita la acción judicial para el trabajador; dentro del régimen actual, el demandante acciona para que se le entregue la libreta, se le efectúen los depósitos de aportes o se le efectúe el pago directo cuando así correspondiere, el trabajador habrá de demandar para que se le haga entrega de la libreta o se le hagan los depósitos restantes o se cumplan las dos situaciones, pero en forma subsidiaria su acción deberá procurar que el incumplimiento de la condena se resuelva mediante una indemnización por daños y perjuicios equivalente al importe del fondo de desempleo que debió ingresar a su patrimonio en el momento del cese, debidamente actualizado desde aquel instante y hasta el del efectivo pago.

Consecuentemente, el acogimiento judicial de tal pretensión será el modo de restablecer por medio de la instancia jurisdiccional el equilibrio jurídico violado por el empleador contumaz.
Sustracción de menores, ocultamiento del menor, irretroactividad de la ley, ley penal más benigna, derechos y garantías constitucionales, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Jofré, Teodora s/ Denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

Si bien la comisión del delito -retención y ocultamiento de menores- se prolonga en el tiempo desde su comienzo y hasta su conclusión, cuando una ley más gravosa entra en vigencia con posterioridad al comienzo pero antes del cese de la acción existe un tramo de la conducta que no se encuentra abarcado por la nueva ley, y obligaría a resolver la cuestión planteada retrotrayendo los efectos de la ley más gravosa, constituyendo una violación del principio contenido en el art. 18 de la Constitución Nacional y en el art. 2° del Código Penal de la Nación (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Adolfo Roberto Vázquez y E. Raúl Zaffaroni).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Plina, Marcelo Miguel s/ Tentativa de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Es insuficiente el recurso extraordinario de ley interpuesto por la defensa que al impugnar la prueba mentada por el juzgador omite relacionar sus agravios con las normas legales pertinentes en materia probatoria, incumpliendo de tal modo con la carga impuesta por el art. 355 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- y sin evidenciar en definitiva que lo decidido por el a quo lo haya sido en transgresión de la ley.
Allanamiento, allanamiento condicionado, oportunidad procesal, rechazo in límine
Materia: PROCESAL
Carátula: BOSTON CIA. ARGENTINA DE SEGUROS  S.A.  Y OTRO c/ VARIG LINEAS AEREAS BRASILERAS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

De los términos del responde producido en autos, efectivamente no resulta un sometimiento total e incondicionado de la demandada a las pretensiones de la actora; tal presentación, en consecuencia, debe ser meritada, a lo sumo, como un allanamiento parcial, y toda vez que la causa continúa entonces en lo que se refiere a las diferencias subsiguientes, tanto el alcance como la eficacia que corresponde atribuible comportan cuestiones que deberán ser consideradas al tiempo de decidir la totalidad de las pretensiones articuladas. Siendo ello así, no corresponde rechazarlo preliminarmente por virtud del señalado carácter parcial, ni decidir sobre la carga de las costas respectivas -como lo hizo el señor juez a quo-, habida cuenta de que no existe mérito suficiente en la causa para pronunciar a ésta altura una decisión definitiva sobre tales aspectos.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, deuda exigible
Materia: PROCESAL
Carátula: Comite Federal de Radiodifusión c/ Carolina Cable Color S.A. (Las Heras) s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-16

La vía ejecutiva procede no sólo en caso de reclamarse sumas líquidas sino también cuando la determinación del monto depende de una operación aritmética cuyas bases constan en el respectivo título o cuya forma de determinación se establece expresamente (ver art. 73 de la ley 22.285 y art. 45 del decreto 286/81).
Recurso de casación penal, improcedencia del recurso, violación de las formas procesales, cómputo de la pena
Materia: Penal
Carátula: SAEZ VIAL, Leonardo de las Nieves s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-09-29

No se encuentra configurado el pretenso quebrantamiento y la consiguiente nulidad. En efecto, la sentencia de Cámara confirmó tanto la calificación como el monto de la pena aplicada en Primera Instancia lo que implica confirmar, asimismo, tanto el cómputo del tiempo de detención sufrido por el procesado como la fecha del vencimiento de la pena impuesta. Por lo demás como señalaba el Señor Procurador Subrogante, el cumplimiento de los requisitos citados en el fallo de Primera Instancia, posibilitó al procesado el adecuado ejercicio de los derechos que hubiere tenido, no sólo conocer el vencimiento de la pena sino, de corresponderle, solicitar la excarcelación.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Local Cooperativo Limitado c/ Toselec S.A.C.F.I. s/ Consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

El 25 por ciento al que alude el art. 21 del dec. ley 8.904 (para los casos de juicios por cobros de sumas de dinero, criterio extensible a todos los otros supuestos) constituye el porcentaje máximo permitido para regular la paga de la representación letrada de una misma parte (lo que se complementa con lo prescripto para el caso de litisconsorcio), y ese tope no puede ser superado sea cual fuere la forma en que los representantes o asistentes legales de la parte de que se trate han actuado. En otros términos, ese 25 por ciento constituye el máximo total de lo que puede fijarse a la representación letrada, sea individual o plural de una de las partes del proceso.
Cámaras de casación, fundamentación de sentencias, sana crítica racional
Materia: PENAL
Carátula: Cabanillas, Eduardo Rodolfo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-07

La Cámara Federal de Casación Penal debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar a fin de efectuar el completo control de la sentencia impugnada, verificando que todas las cuestiones allí asentadas, de hecho o de derecho, se encuentren debidamente fundadas -arts. 398 y 404 del Código Procesal Penal de la Nación-, en cumplimiento de las reglas del sistema de libre convicción o sana crítica racional.
Procedimiento administrativo, informalismo a favor del administrado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Di Fino Salvador Rodolfo c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Lot.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

Si bien el principio de "formalismo moderado" permite salvar los defectos en que pudieren incurrir los administrados en pro de la verdad material y de la legalidad objetiva, de ningún modo autoriza a que se soslayen las formas esenciales del procedimiento, máxime en el ámbito específico de los recursos, en tanto implican un medio de impugnación de los actos para obtener su revocación y eventualmente, habilitar la revisión judicial. (Minoría u opinión personal)
Automotores, automotor armado fuera de fábrica, registro de la propiedad automotor, facultades del registro, denegatoria de inscripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: ABRAMOVICH HECTOR FIDEL s/ APEL. DE RES. DENEGAT. DEL REGISTRO PROP. AUTOM.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-28

La norma principal que rige el armado de automotores fuera de la fábrica terminal, es el art. 10 del Decreto-Ley 6582/58, primer párrafo, in fine, que establece los extremos básicos. Dicha norma está complementada por la Disposición N° 224/90 y sus modificatorias. La inscripción de estos automotores es uno de los actos registrales más riesgosos, por lo que los Registros deben extremar su atención en el control y verificación de la documentación acompañada; y, además, puede requerir del peticionante todo otro elemento que considere necesario para acreditar el origen legítimo de alguna de las partes -esenciales o no- componentes del automotor (art. 15). Por ello, en la medida en que el peticionante no justificó fehacientemente el origen de diversos componentes del automotor armado fuera de fábrica, corresponde mantener la disposición impugnada.
Indemnización, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Zanarello,Abel c/ Banco de la Provincia de Tierra del Fuego s/ Despido" nro. 47/95
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-05-29

En cuanto al rubro daño moral -que fuera sucesivamente desestimado en primera y segunda instancia- cabe señalar que la actitud asumida por el Banco demandado al despedir incausadamente al Sr. Zanarello no configura una conducta que pueda considerarse generadora de responsabilidad civil contractual o aquiliana, careciendo por ello del alcance suficiente para conferir andamiento al reclamo de daño moral que excepcionalmente procede en virtud de un título jurídico distinto de la causa del despido, aunque concomitante con éste y vinculado con la relación de trabajo (del voto del Dr. González Godoy, por la mayoría).
Pensión por invalidez, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Silva Leal, Alicia c/ Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

En el marco normativo en el que se encuentra inserta la ley 13.478 y su decreto reglamentario, el hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- constituye el valor fundamental respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Disidencia de los jueces Maqueda y Rosatti).
Recurso de inconstitucionalidad, agravio concreto, menores, registro del estado civil y capacidad de las personas, Ministerio Público, fiscales, interés legítimo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NN MASCULINO. HIJO DE NELIDA CATALINA BARBOSA s/ SITUACION.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 156-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-03-12

La argumentación del fiscal, de que por ser parte interesada en lo relativo al nombre de las personas y su inscripción, atento el orden público involucrado, afecta su interés legítimo, y el agravio no es hipotético ni conjetural sino real, desde que la Cámara está dando fe de una serie de datos sobre el menor, cuya autenticidad no consta en autos, resulta insuficiente para convencer de que en el caso media agravio cierto, concreto, que justifique el recurso de inconstitucionalidad, pues no se afirma ni se insinúa como posibilidad, que los datos indicados por la sala a los efectos de la inscripción del nacimiento del menor, sean incorrectos.
Concesión de servicio público, transporte de pasajeros
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Expreso Merlo Norte SA de Transporte c/ Municipalidad de Merlo s/ Inconstitucionalidad. Ordenanza 3449/89
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

Las disposiciones municipales que se refieren al juzgamiento y sanciones por infracción a las disposiciones de la propia ordenanza que regula el servicio de autotransporte público de pasajeros, no hacen sino mantenerse dentro de los límites de las atribuciones inherentes al régimen municipal, como lo son las de policía de los servicios e intereses locales (v. en particular: arts. 26, Ley Orgánica de las Municipalidades y 1 y concs. del Código de Faltas municipales -decreto ley 8751-), sin que se acredite que el sistema de determinación de multa en el ámbito municipal se encuentre en pugna con alguna disposición de la Carta Suprema.
Baremo, mobbing, incapacidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: SALINAS XIMENA BELEN C/ EXPERTA ART S.A. S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL CON ART c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-05-19

La circunstancia que el padecimiento de la actora no cumpla exactamente con la descripción ofrecida por el Baremo, no impide ser encuadrada en el mismo cuando claramente presenta varias de las pautas consignadas, ella misma ha mencionado tener dificultades de concentración y la perito sugiere tratamiento. Es decir que, en su mayoría, el cuadro que presenta la trabajadora encaja en el RVAN Grado III.
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, establecimiento comercial, habilitación del establecimiento, planeamiento urbano, actos u omisiones de autoridades públicas, prueba, existencia de otras vías
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Besagonill, Abel Nestor. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Amparo Buenos Aires. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-04

En el caso, con motivo del trámite administrativo promovido por la actora a fin de obtener la habilitación del comercio de marras, el órgano técnico competente (Dirección General de Planeamiento e Interpretación Urbanística) realizó un estudio del predio por el cual denegó la solicitud, en primer lugar, por cuanto la superficie a ocupar supera el máximo permitido en el distrito donde se encuentra emplazado el inmueble. En segundo lugar, por cuanto el distrito abarca zonas destinadas a uso residencial exclusivo, con viviendas individuales y colectivas de densidad media baja y altura limitada cuyo uso se restringe a comercios minoristas y a servicios, no encontrándose contemplados entre ellos los usos gestionados en el presente caso (café, bar, whiskería, cervecería, lácteos, helados, salón de té). Se tuvieron en cuenta, finalmente, las consecuencias irreparables que acarrearía el otorgamiento de la autorización solicitada, por considerar que ello atentaría contra la jerarquía edilicia y urbanística del distrito, generando un antecedente negativo al permitirse el asentamiento de rubros no acordes con el nivel patrimonial y cultural del área.

En consecuencia, la especialidad del amparo, como garantía de protección de los derechos y garantías, se refiere a los supuestos en que la lesión invocada proviene de actos, hechos u omisiones palmariamente ilegítimos o arbitrarios, caracteres que no exhiben -al menos en forma manifiesta- las resoluciones controvertidas por la parte actora. Al respecto, las observaciones de índole técnica efectuadas por la autoridad de aplicación, no han sido eficazmente rebatidas por el impugnante.

Teniendo en cuenta la ausencia de clara y aparente ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la autoridad pública, el holgado lapso temporal transcurrido desde el acto denegatorio, las abundantes medidas probatorias propuestas -cuya producción no es propia de la sumarísima vía procesal escogida sino de un proceso de conocimiento pleno- y la existencia de otros remedios procesales aptos para instar el resguardo de los derechos que se dicen conculcados, los cauces procesales ordinarios resultan más idóneos que el amparo y, en consecuencia, conforme a la expresa previsión constitucional desplazan su procedencia.
Contrato de trabajo, cesión del establecimiento, certificado de trabajo, obligaciones de hacer, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Caro,  Alfredo  Renato c/ Sistema  Nacional  de Medios Publicossociedad del Estado s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-04

Cabe condenar solidariamente a las codemandadas a la entrega del certificado de trabajo al actor, aún cuando no haya mediado una sucesión convencional en la continuación de la explotación entre ellas ( arts. 225/9 L.C.T.). En el caso, el primer empleador -A.T.C. S.A.-, para quien el trabajador laboró de abril a diciembre de 2000, fue disuelto y liquidado mediante decreto 94/01 y en su reemplazo creado el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado. Dicha solidaridad emana de lo dispuesto en el Fallo Plenario Nº 289 dictado en los autos "Baglieri, Osvaldo D. C/Francisco Nemec y Cía. S.R.L. y otro s/despido". Y si bien el decreto 94/01 dispuso que los pasivos devengados con anterioridad al 30/11/00 serían cubiertos por el Estado, el máximo Tribunal se ha pronunciado favorablemente respecto al principio de incolumidad de los derechos de los trabajadores, sosteniendo que una norma no pudo ser válidamente alterada ni abrogada por otra de inferior jerarquía institucional. Por ello no, no es factible, modificar por dicha vía, lo que dispone una ley nacional de fondo como es la L.C.T.
Libros de comercio, prueba, factura conformada
Materia: COMERCIAL
Carátula: DROGUERIA ROBERTO HELMAN SACYI c/ AMANDA CAPOZUCCO DE LAPREGNO Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-04-25

No es posible acreditar fehacientemente la existencia de ventas de mercaderías con las constancias contables de la parte actora que se dice acreedora del precio, por más que allí figuren las operaciones asentadas debidamente según un sistema contable autorizado, en tanto esos asientos no estén respaldados por la documentación que sirva de prueba oponible a la parte contraria De otra manera resultaría que una de las partes con ser comerciante y llevar correctamente sus libros o su sistema contable autorizado, podría fraguar créditos sin necesidad de aportar como prueba ningún elemento de juicio emanado de la parte presuntamente deudora u otra prueba "independiente", vale decir, que no sea producida por quien afirma la obligación.

El tercer párrafo del art. 63 del C. de Comercio supone que los libros del accionante están llevados en forma para servir de prueba frente al contrincante lo que no sucede cuando las registraciones no tienen respaldo en documentación adecuada, por lo que no hacen prueba contra la parte accionada (art. 43 in fine C. de Comercio) de manera que ésta no ha tenido necesidad de contrarrestarlos con sus propios libros.-
Intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Municipal de La Plata c/ Portilla, Juan Manuel y otro s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

La capitalización de intereses no en períodos mensuales o semanales (tasa compuesta), sino en forma diaria, es decir lo que se denomina "capitalización continua", genera una diferencia abismal con la aplicación de la tasa de interés simple e incluso con la tasa compuesta de capitalización permanente, es decir no continua (semanal, quincenal, mensual, anual), lográndose una progresión geométrica del capital.
Servicio público, intermediación de servicios, factores atributivos de responsabilidad, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ DE LAZARTE NELIDA OLGA c/ SOL SAN JAVIER S.A. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14

Sin embargo, de la aplicación al caso del art. 14 segunda parte del decreto reglamentario 2182/72 se desprende que las intermediarias entre las empresas de servicios y los usuarios no son responsables excepto que se pruebe su dolo, culpa (o negligencia, agrega la disposición) o que la actividad que desarrollan las empresas de servicios no se encuentran reglamentadas como se indica en el artículo ya referido. Es decir que, como bien lo reconoce el mismo autor citado por el impugnante es el damnificado que debe probar cualesquiera de estos supuestos de los que emergerá la atribución de responsabilidad.
Delitos, hostigamiento o maltrato, violencia de género, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Portocarrero Zelada, Carlos Martín c/  s/ 52 - hostigar, intimidar s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-07

Corresponde declarar la competencia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas, en tanto los hechos encuadran jurídicamente en la figura de hostigamiento, prevista en el art. 52 del CC. Ello así, en tanto la declaración efectuada por la damnificada, quien manifestó que el imputado no le había causado lesión alguna, resulta suficiente en el caso, para determinar la competencia y, por consiguiente, descartar la hipótesis de la comisión del delito de lesiones leves (art. 89, CP). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Luis F. Lozano, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe, por remisión al dictamen fiscal).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: Gómez Olivera, María Celia s/ Su denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

El pronunciamiento de la Cámara que deniega a la recurrente la calidad de particular damnificado, reviste carácter definitivo en el concepto del art. 357 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Poder Judicial, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Criado, Jorge  Eduardo c/ Ministerio  de  Economía s/ proceso deconocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

Es propio de la tarea judicial indagar sobre el espíritu de las leyes más allá que guiarse por el rigor de las palabras en que ellas están concebidas.
Bien de familia, embargo por deuda anterior, ampliación del embargo
Materia: CIVIL
Carátula: Plan de Planes  S.A. c/ Chapur, Eduardo s/ Ejecución
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

Si el acto jurídico que generó la deuda en trance de ejecución nació con anterioridad a la inscripción como bien de familia, la tutela legal no alcanza al proceso ejecutivo iniciado con anterioridad al punto de impedir la ampliación de embargo solicitada.