Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-11-06


En la Ciudad de San Juan, a seis ( 06 ) días del mes de noviembre del año dos mil catorce, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia según ha sido integrada para entender en esta causa, doctores Ángel Humberto Medina Palá, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de examinar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil catorce en autos Nº 9429 caratulados: "Cerdera, Graciela Myriam c/ Centro de Suboficiales y Agentes de la Policía de San Juan - (CESAP San Juan) s/ Apelación de Sentencia".------------ --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJO:--------------------------------------------------- --- Mediante la sentencia impugnada, el tribunal a quo rechaza la apelación de la demandada y acoge la de la actora. En lo que resulta de interés al recurso aquí planteado, la sentencia admite el rubro integración del mes de despido y deja sin efecto lo decidido respecto a diferencias salariales comprendidas en el período 1/7/2003 y 31/12/2003. En lo demás, confirma el fallo de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda laboral, declarando procedentes los rubros indemnizatorios por antigüedad, preaviso, indemnización del artículo 2 de la ley 25.323 y el artículo 16 de la ley 25.561, y la sanción prevista en el artículo 132 bis de la LCT.------------------------------------------------- --- Al fundar su decisión, la alzada concluye que resulta procedente la indemnización correspondiente a integración de mes de despido, ya que surge de las constancias de la causa que la comunicación de distracto remitida por la actora fue recibida el 1/11/2005 y no el 31/10/2005, como equivocadamente considera la jueza de primera instancia; que la alegación de nulidad de la comunicación de despido que formula la demandada al contestar el memorial deviene improcedente por extemporánea, ya que está vedado al tribunal expedirse sobre cuestiones no introducidas en su oportunidad (art. 262 del CPC, de aplicación supletoria). Que, por idénticos motivos (extemporaneidad del planteo de nulidad del telegrama de despido), corresponde rechazar los agravios de la accionada vinculados a la procedencia de los rubros indemnizatorios por antigüedad, preaviso e indemnización del artículo 2 de la ley 25.323 y 16 de la ley 25.561.------------------------------------------------- --- También considera que el agravio de la empleadora relativo a la improcedencia de la indemnización del artículo 2 de la ley 25.323, fundado en que la actora habría invocado la aplicación de una ley distinta (ley 23.343), resulta improcedente; que es evidente que la cita de la ley 25.343 obedeció a un simple error de tipeo en uno de sus números, tal como fue entendido por la jueza de primer grado al declarar procedente el rubro en cuestión; que una interpretación contraria haría prevalecer el rigorismo formal sobre la realidad y la justicia, y que en la misiva de fojas 113 se reclama correctamente el ítem con sustento en la ley 25.323; que, por último, el juez debe efectuar el encuadre que considere correcto con independencia del que hayan realizado las partes y aun en ausencia de él (iura curia novit), sin perjuicio de lo cual el reclamo así formulado no mereció objeción de la accionada en oportunidad de responder la demanda.------------------------------------------------ --- En cuanto a la sanción prevista en el artículo 132 bis de la LCT, el a quo señala que resulta igualmente procedente, en cuanto la nulidad de la comunicación de despido es inviable según el análisis antecedente; que también carece de asidero jurídico la circunstancia de que la intimación no habría sido realizada estando vigente la relación laboral, ya que el decreto 146/01 no condiciona su validez a dicha circunstancia. Que también resulta improcedente la inconstitucionalidad pretendida, ya que existe pronunciamiento expreso de esta Corte en los autos 5096 "Guevara Domingo de las Nieves c/ Nueva Guillén SRL -Apelación de sentencia - Incons-titucionalidad", criterio orientador que los tribunales inferiores deben observar. Finalmente, entiende que debe rechazarse la petición de que se declare abusivo el derecho de la actora a cobrar la sanción referida, en cuanto el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto (art. 1071 del Código Civil).--------------- --- La recurrente encuadra su recurso de inconstitucionalidad en la causal del inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275. Afirma que la resolución impugnada es arbitraria, puesto que lesiona, de manera sorpresiva, su derecho de defensa.----------------------------------------- --- En primer lugar, se agravia señalando que el fallo soslaya sus agravios vinculados con la falta de validez de la constancia de recepción del telegrama en que la actora habría comunicado el despido indirecto. Dice que el a quo funda su negativa en que la defensa de nulidad no fue introducida al contestar la demanda, y que ello obsta a su tratamiento (art. 262 del CPC). Al respecto, señala que el razonamiento es arbitrario, ya que, de acuerdo con el texto de la norma, la alzada debe resolver las cuestiones fácticas y jurídicas sometidas a decisión del juez de primera instancia que hubieran sido materia de agravios, pero que en ninguna parte de su texto dice que esté prohibido a los jueces de cámara meritar un agravio si dicho argumento no fue introducido al responder la demanda; que, al hablar de "capítulos", la norma refiere a temas o cuestiones sometidas a decisión del inferior, lo que no impide tratar un agravio no introducido previamente; que, con tal criterio, carecería de derecho de apelar y expresar agravios quien no contestó demanda.--------------------------------------- --- En segundo lugar, se agravia de que el tribunal de mérito condene a su parte a pagar la sanción prevista en el artículo 2 de la ley 25.323. Al respecto, afirma que en la demanda se reclamó la sanción establecida en el artículo 2 de la ley 25.343, el cual alude a la intervención de la Provincia de Corrientes y no establece ninguna indemnización laboral. Sostiene que, si bien el juez tiene la facultad de calificar la pretensión cuando el litigante efectúa la relación de los hechos, ello no ocurre en el caso de autos donde la actora se limitó a reclamar "la sanción establecida en el artículo 2 de la ley 25.343"; que el principio iura novit curia puede suplir sólo la omisión o incorrecto encuadre legal, pero no la relación de los hechos soslayada por la actora. Refiere que el a quo debió aplicar el artículo 67 incisos b y f del CPL, que exige designar lo que se demanda, discriminando rubros y formulando la liquidación en términos claros y precisos; que la consignación correcta del reclamo en comunicaciones extrajudiciales (impugnadas por su parte) no suple la relación de los hechos en la demanda; que resulta también arbitrario, por los motivos desarrollados en el primer agravio, el razonamiento de la alzada por el que determina que la defensa no fue introducida al contestar la demanda.---------------- --- Por último, dice que es arbitraria la condena a pagar la sanción del artículo 132 bis de la LCT. Que el a quo omite tratar un argumento fundamental de su expresión de agravios, relativo a que, para el caso de no declarar la inconstitucionalidad de la norma, la indemnización debe limitarse a la fecha del informe de la AFIP (6 de noviembre de 2007); que, por el contrario, el fallo impugnado extiende la sanción hasta su dictado (26 de diciembre de 2012).---------------------------------- --- Expuestos sucintamente los antecedentes del planteo, me aboco a examinar su admisibilidad formal. Adelanto que dicho examen conducirá a desestimar formalmente el recurso, por las razones que expongo a continuación.---- --- En cuanto a los dos primeros agravios, entiendo que la recurrente no ha demostrado la arbitrariedad invocada y que tampoco dicha arbitrariedad queda en evidencia.--- --- Por empezar, y pese a alegar la existencia de ese vicio, aquella en realidad se limita a discrepar con la solución adoptada. Al respecto, esta Corte tiene dicho que la arbitrariedad se configura cuando el tribunal no fundamenta la solución que adopta, cuando su fundamentación asienta en bases ilógicas o choca contra las reglas del correcto raciocinio, o cuando -sin explicación- se aparta de la solución normativa inequívocamente aplicable; falencias, todas éstas, que en definitiva descalifican al fallo como acto jurisdiccional válido. (PRE S.2ª, 1990-I-97; S.1ª, 1990-II-1; etc.). Sin embargo, y como digo, la recurrente no imputa al fallo ninguno de estos vicios. Se limita a discrepar con el criterio adoptado por el a quo al resolver los puntos discutidos. Es así que estos agravios propenden, no a que se controle la legalidad del fallo, sino a que se revise el mérito con que aquél ha juzgado las cuestiones que integran la litis. Por esa razón el recurso de inconstitucionalidad resulta inadmisible. Si esta Corte abriese esta vía extraordinaria para examinar los enunciados defectos, vendría a actuar como un tribunal de mérito más, en una suerte de tercera instancia no prevista en la ley. Por otra parte, debería extender ese examen a todos los casos y en todos los pleitos, lo que ciertamente perjudicaría su actuación como tribunal de garantías constitucionales (PRE S.2ª, 1989-I-86; PRE S.1ª, 1999-I-176; etc.).-------------------------------------------------- --- En la especie, no se advierte irrazonable lo resuelto por el tribunal sobre los puntos relacionados con estos agravios. En efecto, se comparta o no lo resuelto, no es irrazonable concluir que la alegación de nulidad de la comunicación de despido, que la demandada recién planteó al contestar el memorial, es improcedente por extemporánea; que la defensa no fue introducida al contestar la demanda y por tanto no integró el contradictorio ni fue sometida al conocimiento del juez de primera instancia, con lo que (cf. art. 262 del CPC) el tribunal tampoco puede expedirse sobre ella. Tampoco es irrazonable considerar un error de tipeo la referencia de la actora a la "ley 25.343" ni la consideración del fallo de que, en todo caso, el tribunal puede encuadrar el caso en virtud del principio iura curia novit.--------------- --- Ello no obstante, y aun cuando se entrara en el análisis de fondo relativo a la interpretación que debe asignarse al artículo 262 del CPC, el agravio resulta igualmente improcedente (art. 5 de la ley 2275). Ello resulta de la interpretación asignada reiteradamente por esta Corte a las normas procesales involucradas.-------- --- Así, ha dicho el Tribunal: ".las facultades jurisdiccionales que adquiere el tribunal de alzada con la apertura de la segunda instancia no son plenas, sino que se encuentran limitadas en función del principio de congruencia (art. 168 -164 del Código actual- inc. 6º del CPC, por remisión de los artículos 169 -165- y 271 -262- del mismo cuerpo normativo. En virtud de tales reglas procesales, ante el tribunal de la apelación, por virtud de este recurso, no se lleva a cabo un nuevo juicio, sino una revisión de lo decidido en primera instancia en orden a los agravios propuestos por las partes." (PRE S.1ª, 2011-II-235 y 240). ".el art. 277 del CPC -actual 262 del CPC- veda al tribunal de alzada considerar capítulos no propuestos por las partes a la decisión del juez de primera instancia" (PRE S.2ª, 2009-II-340). "Por más que se trate de un hecho que se encuentra probado en la causa, resulta evidente que es un "capítulo no propuesto a la decisión del Juez de Primera Instancia", impidiendo esa circunstancia, que la alzada se pronuncie sobre él. No debe perderse de vista que las partes de un proceso civil, pueden disponer de los hechos de la causa y si esa circunstancia fáctica no fue debidamente propuesta por una de ellas, no puede el Juez, al fundar su decisión, hacer mérito de ese hecho, por más prueba que exista sobre el mismo" (PRE S.1ª, 2007-II-244). "Es cierto (.) que, en función del principio iura novit curia, la jurisdicción subsume los hechos en el derecho que entiende corresponde aplicar. Pero siempre debe tratarse de hechos invocados por las partes en las oportunidades procesales adecuadas (CPC, arts. 164 inc. 6º, 262, 293 inc. 4º, 296, 318 inc. 2º; y 180 para el caso de los incidentes)" (PRE S.1ª, 2013-IV-666).------------ --- Cabe concluir que, si la demandada no alegó en primera instancia la nulidad de la comunicación de despido, entonces no introdujo ese capítulo a su decisión. Por esa razón, el punto no podía ser válidamente introducido en la alzada, con lo que es correcta la decisión de no considerar el agravio correspondiente.------------------ --- Por último, resulta igualmente inadmisible el agravio dirigido a cuestionar la alegada omisión de tratamiento del a quo (relativa a la sanción del artículo 132 bis de la LCT). Considero, en lo pertinente, que el agravio no satisface el requisito del artículo 13 inciso 4º de la ley 2.275, según el cual la cuestión constitucional debe tener eficacia para modificar la resolución recurrida. Es cierto que el tribunal omitió aludir específicamente al agravio. Sin embargo, también este argumento resultaba novedoso, ya que la demandada omitió introducirlo al contestar demanda. Por ende, el a quo tampoco estaba en condiciones de tratarlo, según lo que he dicho en los párrafos precedentes. Es así, que la omisión de pronunciamiento en todo caso resulta inocua.---- --- Por ello, voto por desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad.-------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON:------------------------ --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres.: Ángel Humberto Medina Palá, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante mí: Andrés de Cara, Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

Df-6268 E.B.T.

PRE S.2ª 2014-III-502