Derechos y garantías constitucionales, excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: "RIVEROS, Omar s/ denegatoria excarcelación".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-07

La Constitución Nacional consagra categóricamente el derecho a la libertad física y ambulatoria e impone el deber de considerar y tratar a todo individuo como inocente hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme. Este el motivo para descartar toda restricción de la libertad del imputado durante el proceso que no contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales concretos; esto es, peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. Por esos mismos motivos, también resulta inapropiada esta medida cautelar cuando no guarda proporción con la pena en expectativa o cuando existen medios menos lesivos para alcanzar los mismos objetivos. En un sentido similar se pronunció la Cámara Nacional de Casación Penal (Sala IV, causa n° 5115, "Mariani Hipólito Rafael s/ recurso de casación" del 26/4/2005, reg. 6528.4, con cita de causa n° 5199, "Pietro Cajamarca, Guido s/ recurso de casación", del 20/4/2005, reg. 6522 y Sala III, causa n° 5472 "Macchieraldo s/ rec. de inconstitucionalidad", del 22/12/04, reg. 841). En virtud del esquema constitucional anteriormente detallado, las prescripciones -ya de carácter legal- de los artículos 316 y 317, no pueden representar más que un parámetro relevante para evaluar la existencia de riesgos procesales. No obstante, pueden haber circunstancias que permitan descartar esos riesgos aun frente a una elevada amenaza de pena. En ese sentido, sólo los elementos particulares de cada caso pueden dar cuenta de la existencia de riesgos procesales y, en consecuencia, fundar válidamente el encarcelamiento preventivo de un imputado (ver de esta Sala c. 37.486 "Olivera Róvere Jorge Luis s/ excarcelación", reg. 353 del 3/5/2005, entre otras). Del voto del Dr. Cavallo). De acuerdo a lo que surge de las normas internacionales y de la Constitución Nacional, el Estado -en virtud del principio de inocencia y de la libertad ambulatoria-, sólo en casos excepcionales, puede limitar la libertad de una persona como así también mantenerlo cautelado durante la tramitación del proceso. La restricción de la libertad durante la instrucción, debe tener como sustento exclusivo la necesidad de la realización del proceso y la materialización del derecho penal. Como punto de partida y apoyo de lo afirmado, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho que "...el derecho de gozar de libertad hasta el momento en que se dicte la sentencia de condena no constituye una salvaguardia contra el arresto, detención o prisión preventiva, medidas cautelares éstas, que cuentan con respaldo constitucional (Fallos 305:1022), pues como lo expresó en Fallos 272:188, la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, de manera que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro" (Fallos 310:1843). (Del voto del Dr. Vigliani).