marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), abogados, honorarios, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: NEVADA  S.A.C.I.F.I.A. c/ GRANDE JOSE FRANCISCO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-09-26

De conformidad con el art. 245 del C.P.C.C., la fundamentación del recurso por apelante es optativa para éste, más si lo hace, debe presentarla dentro del mismo término que se establece para la interposición de la apelación, esto es, dentro de los cinco días de notificado de la regulación de honorarios.
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la vida
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Monteserin, Marcelino c/ Estado Nacional - Ministerio de Salud y Acción Social - Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas - Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-16

El derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, fundamentación suficiente, cajas de previsión, empleados públicos, sociedades mutuales, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Molina, María del Carmen y Molina, Ana María c/ Caja de previsión social de los agentes civiles del Estado s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Recurso de Apelación concedido  contra la resolución Nro 190.239
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-30

Si bien es cierto que en los precedentes de este Alto Cuerpo, con invocación del criterio adoptado en una causa de competencia originaria (Góngora), se dejó a salvo la posibilidad de que el Tribunal subrogante contemplara, en aras a poner a lo beneficiarios a resguardo de distorsiones económicas que afectaran notoriamente la cuantía del seguro a percibir, la excepcionalidad de la situación imperante, lo hizo en directa referencia "al tiempo en que se realizaron los trámites y operaciones administrativas para el pago del seguro a los actores", y no desde la fecha de fallecimiento del causante como lo pretenden las comparecientes. En el sub judice, en la época en que las actoras solicitaron el beneficio y se llevó a cabo esa gestión ya no se presentaban esas circunstancias extraordinarias, por lo que no se muestra irrazonable que los Vocales que formaron la mayoría consideraran como óbice a la pretensión de actualización monetaria articulada la incuria de aquellas en la dilación de la iniciación de dicho trámite, en tanto no surgía de autos la existencia de alguna circunstancia especial que justificara analizar si en el caso concreto correspondía una solución distinta.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Aguilar, Marcelo Antonio s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-20

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no demuestra que se hubiese violado alguna de las normas que permiten acreditar la aptitud del arma empleada.
Honorarios del abogado, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramirez, Adelina y otro c/ Cappa, Víctor y otros s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03

El art. 54 de la ley 8904 prescribe que la notificación de los honorarios debe llevarse a cabo en el domicilio real del mandante o del patrocinado cuando los mismos hubieren estado a cargo de ellos, situación que no es la de aquél que no fue condenado en costas y cuya ejecución al respecto lo es en virtud de la solidaridad contemplada en el art. 58 de la citada ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Su Crédito Pehuajó S.A. c/ Hortz, Julio A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

Uno de los recaudos ineludibles -por principio- para que prospere la excepción de inhabilidad de título es el de negar expresamente la deuda. Porque lo contrario no supone otra cosa que un reconocimiento de la obligación que se reclama por esta vía, circunstancia que torna irrelevante analizar los aspectos formales del documento ya que la cuestión queda zanjada con la admisión de la calidad del deudor (doctr. arts. 505 inc. 1º, 718, 720, y nota al art. 3889 del Cód. Civil; doctr. 354 inc. 1º, 484 y 547 'in fine' del Cód.

Procesal).-
Jubilación por invalidez, diagnóstico médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hournau, Héctor Adolfo c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-24

Si bien la falta de aporte de elementos probatorios por parte del actor conducentes a determinar la incapacidad para sustentar el pronunciamiento judicial respecto al otorgamiento de la jubilación por invalidez denegada en sede administrativa impide decidir en este aspecto, es suficiente a los fines exclusivamente anulatorios de la decisión denegatoria la carencia de motivación idónea de los dictámenes médicos, de los que no surge explicación acabada de los elementos ponderados para la conclusión a que arriban, corroboradas por el análisis ponderativo de las actuaciones administrativas agregadas a la causa, debiendo volver las actuaciones al Instituto de Previsión Social para que previo examen médico y demás elementos de estudio necesarios y requerimientos de dictámenes idóneos, se expida nuevamente sobre la procedencia o improcedencia del beneficio.
Derechos subjetivos, interés legítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES DEPARTAMENTO ROSARIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SUMARIO LEY 10000- - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 176-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

En cuanto a la categoría del interés legítimo...formulaciones recientes (Bachof y Henke en Alemania, Cannada Bartoli en Italia, Laligant en Francia, garcía de Enterría en España), tienden a difuminarlo y a suprimir su autonomía conceptual de modo que a los efectos prácticos queda equiparada a la del derecho subjetivo.

Antes, el talento es algo así como un derecho subjetivo, in fieri, en potencia".
Unificación de penas, pena única, concurso de delitos, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: RAMIREZ, JUAN C. Y OTROS s/ Pena Unica
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1967-04-28

No es nula la sentencia que se limita a fijar pena única en el supuesto del art. 58, 1a. parte del C. Penal, sin especificación de la pena que corresponde en la causa por el hecho o hechos que motivan la condena.
Acción de inconstitucionalidad, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, federalismo de concertación, Constitución Provincial, política ambiental, carta orgánica municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: YPF c/ MUNICIPALIDAD DE RINCÓN DE LOS SAUCES. s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-13

La Constitución Provincial prevé un mecanismo propio del federalismo de concertación al atribuirles a los municipio la facultad de "celebrar acuerdos con la Provincia, el Gobierno Federal u organismos descentralizados para el ejercicio coordinado de facultades concurrentes e intereses comunes" (art. 273 inc. m). Este mecanismo de cooperación y concertación es la clave para el ejercicio de las competencias ambientales, previstas constitucionalmente en el Título II, capítulo I "Ambiente y Recursos Naturales", introducido en la reforma de 2006.
Declaración de la víctima, valor probatorio, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: I., J. J. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-06

Cabe rechazar el cuestionamiento de la defensa respecto de la credibilidad de los relatos brindados por las víctimas en el proceso, así como su valor probatorio, puesto que ambos se basaron en la total claridad con la que narraron lo sucedido y sindicaron, sin dudar, al imputado como el autor de los hechos que protagonizó, y pese a que se intentó desvirtuar los relatos en cuestión valiéndose de críticas genéricas que no permiten rebatir la fuerza incriminatoria de los testimonios, que han sido precisos y circunstanciados con las limitaciones propias del paso del tiempo. Ello, sin perjuicio de señalar que el tribunal de mérito no sólo ponderó el relato de las víctimas sino que ambos fueron examinados conjuntamente con otros elementos incorporados al expediente. En ese contexto sólo un examen simplificado y sesgado de la prueba reunida en el debate permite afirmar que la imputación de los hechos, exclusivamente, se basó en el testimonio de las víctimas, puesto que la defensa desplegó su estrategia para demostrar la existencia de un caso de orfandad probatoria y pretender así la aplicación del art. 3 del Código Procesal Penal de la Nación (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirió el juez Morin)
Medidas cautelares, embargo preventivo, certificación contable, valor probatorio
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: SIVERINO CONSTRUCCIONES SRL c/ CIMENTACIONES SA s/ MEDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-21

Cabe denegar el embargo preventivo solicitado con caracter cautelar, peticionada sobre la base de una certificación contable realizada sobre libros de la interesada y la documentación acompañada en la presentación inicial al no cumplir con los requisitos establecidos en el cpr: 209-4, sumado a que el contador certificante tampoco se expidió acerca de la forma en que son llevados los libros por la recurrente.

Del voto del Dr. Arecha:

Si bien he disentido al respecto con mis colegas en otros antecedentes, en el caso comparto la solución propiciada, toda vez que la certificación contable acompañada carece de uno de los extremos requeridos por el cpr: 209-4, para la procedencia del embargo, ya que de ella no surge ninguna consideración acerca del modo en que son llevados los libros de comercio del solicitante, circunstancia que enerva su eficacia a los fines perseguidos.
Locación de inmuebles, condominio, efectos entre partes
Materia: CIVIL
Carátula: PIÑEIRO, PEDRO A. c/ LORENZO, NORBERTO Y OTRO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

Pese a la prohibición que contiene el art. 1517 del C.Civil que el copropietario de una cosa indivisa la arriende ni aún en la parte que la pertenece, de violarse tal disposición ello no significa que el contrato esté totalmente desprovisto de efecto. Habrá de distinguirse los efectos entre las partes y con relación a los condóminos, que son terceros en el contrato. Entre las partes -a salvo el planteo de nulidad de los condóminos y mientras ello no suceda- el contrato debe cumplirse. La sola circunstancia de la alegada existencia de un condómino no autoriza al locatario a suspender "per se" el pago de alquileres pactados. Máxime el de acuerdo a lo que se dice, la otra condómina y esposa del locador únicamente habría pretendido percibir la mitad del canon, lo que importa ratificar el contrato. Acreditada la falta de pago, por el plazo establecido por la ley, corresponde hacer lugar al desalojo.
Caducidad de instancia, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: OVIEDO, ELIO MANUEL c/ S.C.O.P. S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-10-18

En nada obsta a la caducidad de la instancia, que los plazos se cuenten desde la última providencia dictada en las diligencias preparatorias destinadas a instar el procedimiento.
Igualdad ante la ley, discriminación, diputados, elecciones, sistema de representación proporcional, lista de candidatos, umbral de representación
Materia: ELECTORAL
Carátula: "Recurso de Apelación en autos Méndez, Héctor O. Apoderado del Partido Humanista -Cap. Fed.- s/ interpone Acción de Amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-25

No constituye discriminación la circunstancia alegada por el recurrente respecto a que candidatos que individualmente han logrado menor cantidad de votos que su lista han obtenido bancas. La comparación no resulta procedente, toda vez que en un sistema de listas como el vigente en nuestro ordenamiento jurídico electoral no se votan los candidatos singularmente sino la lista en su conjunto. De ese modo, es a partir de haber obtenido cada lista el mínimo del 3% de los votos del padrón electoral que se procede a la distribución de escaños, conforme a los guarismos efectivamente alcanzados por cada una de ellas.
Armas, portación de armas, tenencia de armas
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ MIRANDAS, César Gabriel. s/ PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-24

La escopeta secuestrada en el domicilio del enjuiciado no integra el tipo previsto por el art. 189 bis del C.P., ya que portar un arma es trasladarla fuera del ámbito de resguardo en el que se encontraba, con sus municiones cargadas (arts. 86, 87, 88, 110, 111, 112 y 125, dec.395/75, reglamentario de la ley de armas y explosivos 20.249). Por el contrario, la tenencia, esto es, tenerla en el domicilio particular, o en un lugar físico en el que puede disponerse de ella, de un arma de uso civil -atento a las características de la carabina en cuestión-, podrá constituir una contravención (art. 42 bis de la ley 20.249), mas no un delito, tal y como lo ha sostenido la C.S.J.N. (*) habida cuenta que la pena de arresto no está enumerada en el art. 5 del C.P. (*).
Cosa juzgada, verificación de créditos
Materia: LABORAL
Carátula: Rauscher Guenther Rurt, Bernardo y otros c/ Coindel SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

El proceso de verificación de crédito tiene el alcance de una precisa demanda judicial y su consecuencia es la asignación del efecto de litispendencia o de una cosa juzgada que se proyecta a la resolución que se pronuncia sobre la acreencia del accionante, no sólo respecto del concursado sino también respecto a los restantes acreedores, o sea que debe entenderse al proceso de verificación como un procedimiento pleno de conocimiento, apto para suplantar los trámites de cualquier otro juicio paralelo o posterior que pretenda el reconocimiento del crédito sobre el que se trató el de verificación (ver entre otros Sala II sent. int. 56298 23/4/08 y esta Sala sent. 71536 4/5/09 "Preve, Mafalda c/ Liga Israelita Argentina de Previsión s/ despido"). No obsta lo expuesto el dictado de la ley 26086 pues el art. 9 de esa normativa expresamente dispuso que quedaban exceptuados "aquellos casos en los que en el expediente se hubiera dictado el llamado de autos para sentencia, los créditos de pronto pago y aquellos juicios en los que se hubiera optado por la verificación del crédito según lo previsto por el art. 21, inc. 1 de la ley 24522".
Ley sobre riesgos del trabajo, accidentes de trabajo, indemnización, intereses, sentencia, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Espinola Cáceres, María Felicitas por si y en representación de sus hijos menores c/ ANSES y otros s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-31

No corresponde condenar a la ANSES al pago de intereses por haber retenido las prestaciones periódicas previstas en la ley 24.557, ante el pedido de declaración de inconstitucionalidad de los arts. 15, ap. 2 y 18 L.R.T. de los derechohabientes del trabajador fallecido. Ello, puesto que, así como los derechohabientes no pudieron acceder al capital afectado al pago de la renta en función de lo dispuesto por la normativa en juego, tampoco medió por parte de la administración una retención indebida que pudiera haber sido evitada por simple allanamiento a las pretensiones de los particulares afectados, por lo que recién podría condenársela al pago de accesorios en caso de que no diera satisfacción a la condena recaída en segunda instancia y dentro de los cinco días desde que le sea notificada la liquidación prevista en el art. 132 de la L.O . (En el caso se declaró la inconstitucionalidad de las normas de la LRT referidas).
Participación criminal, autoría
Materia: PENAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

La existencia simultánea de un autor mediato que es quien tendría siempre el llamado "dominio del hecho" y al de un autor inmediato, su ejecutor, no se concilian, porque si existiera un ejecutor responsable del delito, éste tendría el "dominio del hecho" y desplazaría al autor mediato.
Inimputabilidad, insuficiencia de las facultades, alteración morbosa de las facultades, estado de inconsciencia, legítima defensa de un tercero, transporte de pasajeros
Materia: PENAL
Carátula: MEROLA, ELIGIO. s/ IMPUTABILIDAD. LEGITIMA DEFENSA TERCERO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-29

1) La situación del procesado -conductor de un transporte público de pasajeros que produjo al denunciante lesiones graves al dispararle con el arma de fuego que tenía en el rodado-, no puede encuadrarse en la norma del art. 34 inc. 1ro. C.P. por cuanto la IRA no puede ser entendida como insuficiencia de las facultades mentales o alteración morbosa de las mismas, ni tampoco en el estado de inconciencia -perturbación profunda- previsto en la norma respectiva 2) Tampoco encuadra el proceder del encausado en el supuesto del art.34 inc. 6to., en función del inciso 7mo. -legítima defensa de terceros -, por hallarse ausente la situación de necesidad que fundamenta la legítima defensa contra la agresión ilícita y hallarse descartada la proporcionalidad que dentro de las circunstancias del caso -razonabilidad- es exigible, dado que respondió a los golpes de puño con disparo de arma de fuego.
Recusación, denuncia, acción civil, delito de acción pública
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GUGLIOTTO GATZKE, Patricia. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-20

La denuncia es el acto por el cual una persona que tiene noticia de un delito de acción pública, lo pone en conocimiento de la autoridad competente para recibirla.

Por ello, y dado que la presentación efectuada por el denunciante en sede civil no se encuentra contemplada como uno de los motivos previstos en el art. 55 del C.P.P.N. para la procedencia de la recusación intentada, debe rechazarse la recusación intentada.
Daños y perjuicios, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DURAN RODOLFO c/ RESTAINO ALBERTO LUIS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

La dilucidación del grado de responsabilidad que a cada sujeto le puede corresponder frente al damnificado, o la posible eximición de alguno de ellos, será materia del decisorio final. Cualquiera sea el obligado a resarcir y la medida en que lo deba hacer, la víctima (actor) no debe correr con las costas que puedan derivar de una acción promovida contra un sujeto que participó materialmente en la producción del daño y que luego logra eximirse totalmente de responsabilidad, acreditando el hecho o la culpa, de un tercero extraño.-
Tasa de justicia, pago
Materia: PROCESAL
Carátula: MOSES EDUARDO M.A. c/ BARO GREGORIO B. Y OTROS s/ CONSIGNACION - INCIDENTE DE PAGO DE TASA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-05

En los juicios ordinarios, sumarios, sumarísimos y ejecutivos en que se reclaman sumas de dinero, la tasa debe pagarse en diversas cuotas: la mitad al iniciarse las actuaciones, una cuarta parte antes del auto de apertura a prueba y la cuarta parte restante antes de poner los "autos para sentencia".

Es improcedente que se exija a las partes el pago de las tasas judiciales, correspondientes a etapas del juicio que no se sabe con certeza si habrán de cumplirse.

El articulado de la ley 21.859, contempla las formas y oportunidades del pago de la tasa judicial en todos los supuestos de juicio que versan sobre sumas de dinero y los susceptibles de apreciación pecuniaria, no estableciéndose expresamente que, para el caso de consignación debe abonársela totalmente al iniciarse el juicio.
Prescripción de la acción penal, concurso de delitos, acumulación de penas, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RUISANCHEZ LAURES, ANGEL s/ RECURSO DE CASACION Causa 353
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-26

De cada delito nace la acción para obtener su represión, acción a la que la ley le fija una duración determinada con relación a la naturaleza de la pena y cuando ésta es corporal, con relación al "máximum" de la pena fijada. Esta prescripción corre y la acción se extingue con relación a cada delito, sin que ninguna disposición legal autorice un término distinto cuando hay concurso de delitos.

Las reglas sobre concurso de delitos y acumulación de penas responden a principios distintos. (voto de los Dres. Durañona y Vedia, Berraz de Vidal, Hornos)
Contratos administrativos, Superior Tribunal de Justicia, interpretación del contrato, contrato de obra pública, contratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fibraca Constructora SCA c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 36-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-22

La Corte en la causa "Busaniche" sentó pautas definidas acerca de los recaudos que deben acreditarse para que la revisión de los términos contractuales sea posible frente a circunstancias extraordinarias. Aún dejando a un lado las diferencias que presenta el contrato considerado en aquella causa con el aquí analizado (contrato de servicio de mantenimiento de parques, plazas y áreas verdes), es de destacar que la afectación de la ecuación económico-financiera ha de regirse por principios semejantes. En el caso, la falta de ofrecimiento de cálculos por parte de la actora, impide siquiera suponer una hipótesis de alteración de la ecuación económico-financiera, máxime cuando de acuerdo a los términos del contrato y Pliegos de Bases y Condiciones, la cantidad de predios que conformaban los sectores -de acuerdo al contrato original: 195 espacios aproximadamente- era considerablemente mayor que los tres espacios que se "desafectaron", que tampoco resultaban de trascendencia en atención a su importancia y extensión. Desde otra óptica, puede añadirse que las mismas características del objeto del contrato determinaban que actos como los examinados en esta causa debían ordinariamente quedar dentro de la esfera de previsibilidad de la contratista, pues resultaba lógico que -ante el cambio de situación de los predios-, la Administración tomara los recaudos par a impedir que las prestaciones comprometidas en el contrato se aparten de la realidad.
Recurso de casación penal, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Abraham, Angel Adolfo y otro s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-04-25

Al achacar la causal de arbitrariedad contra la resolución de los jueces de grado, cabe hacer remisión a lo destacado por el más Alto Tribunal de la Nación cuando sostuvo en relación a esta doctrina que ella es de aplicación excepcional y puede descartarse dicha tacha cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto, limitándose a aquellas sentencias desprovistas de todo apoyo legal y fundadas sólo en la voluntad de los jueces de modo que ello impida considerarlas como actos jurisdiccionales.