Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-15


SENTENCIA Nº 38333 JUZGADO Nº 5 AUTOS: "VERA Romina Valeria c. MOTO XXI S.R.L. y otros s. Despido" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de julio de 2011, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia, que hizo lugar parcialmente a la demanda, viene apelada por la actora.

II.- El recurso de fs. 39/43 es parcialmente procedente.

Un nuevo estudio de la cuestión respecto de la extensión de responsabilidad de los demandados Alberto M. Gorgoso y Esther Alem me conduce a señalar que esta Sala en "Díaz, Jorge v. Mc. Meat S.A."; (sentencia del 31.08.2007), recordó que, en el precedente "Palomeque, Aldo René v. Benemetha S.A.", la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la operatividad del artículo 54 de la Ley 19550, en cuanto no se acredite la existencia de una sociedad ficticia y fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley, que, prevaliéndose de dicha personalidad afecte el orden público laboral o evada normas legales, aspectos no observados en el caso. No debe confundirse la personalidad de los socios y administradores con la de la sociedad, pues ésta es un sujeto de derecho con el alcance fijado en la ley. Los actos realizados por aquéllos, en representación del ente, no les son imputables, en principio, a título personal, dada la diferenciación de personalidad que emerge de la Ley 19550 y de los artículos 33 y siguientes del Código Civil. Su eventual responsabilidad por actos de la sociedad, nace cuando se acredita que la figura societaria ha sido utilizada como mero instrumento para la consecución de finalidades extrasocietarias o como mero recurso para violar la ley o el orden público o frustrar los derechos de terceros (artículo 54, tercer párrafo de la Ley 19550).

En la especie, las demandadas se encuentran rebeldes conforme los artículos 71 y 82 inc. a) del ordenamiento procesal. Por su parte, al demandar, la pretensora parece ubicar el reproche en la "clandestinidad", lo que determinaría la pertinencia del artículo 274 de la Ley 19550. El dispositivo responsabiliza a los directores de las sociedades anónimas, y, por remisión del artículo 157, a los gerentes de las sociedades de responsabilidad limitada, como en el caso. En el marco de esta norma la responsabilidad se extiende a la totalidad de los créditos de cada trabajador. El armónico juego de los arts. 59 y 274 de la LS es muy claro en cuanto contempla la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada de los administradores, representantes y directores que a través de sus conductas u omisiones, al margen de su comportamiento en relación a la normativa interna del ente societario, violen la legislación vigente.

El artículo 54, último párrafo, de la ley de sociedades (según ley 22.903) consagra la inoponibilidad de la personalidad jurídica, cuando la actuación de la sociedad encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituyendo un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o frustrar derechos de terceros. En estos casos se imputará directamente a los socios que lo hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. En el caso que nos ocupa ha quedado acreditado a través de la contumacia procesal de los demandados que la sociedad tenía registrada a la actora con datos que no eran los correctos. Si bien como se sostuvo en el fallo dictado por la Sala III en autos "Delgadillo Linares, Adela c. Shatell S.A. y otros s.Despido" (Sentencia nº 73.685 del 11/4/97), no podría decirse que la incorrecta registración encubra la consecución de fines extrasocietarios, puesto que el principal fin de la sociedad comercial es el lucro, sí constituye un recurso para violar la ley y el orden público laboral a que aluden los arts. 7, 12, 13 y 14 de la L.C.T. y para frustrar derechos de terceros, es decir la trabajadora y el sistema previsional, integrante del sector pasivo.

Por ello y conforme, asimismo, lo previsto por los artículos 59 y 274 de la Ley 19.550 las personas físicas demandadas responderán solidariamente por la condena.

El cumplimiento del plazo previsto en el artículo 3° del Decreto 146/01 -reglamentario del artículo 45 de la Ley 25345 que agregó el último párrafo del artículo 80 LCT-, para efectuar el requerimiento formulado por el principal a los fines de obtener la constancia de aportes y el certificado de servicios y remuneraciones, es un requisito formal constitutivo de la obligación. La ausencia de la intimación relacionada con el silencio de las demandadas, que habría tornado abstracta la petición de su parte, no se encuentra prevista en la norma, como eximente del reclamo documentado, por lo que corresponde se confirme lo resuelto en grado.

III.- Por lo expuesto y argumentos propios de la sentencia apelada, propongo se la confirme respecto de MOTO XXI S.R.L.; se deje sin efecto la absolución de los demandados Alberto M. Gorgoso y Esther Alem; y se condene a estos últimos solidariamente junto con la sociedad demandada; se deje sin efecto el pronunciamiento sobre costas y se las imponga a las demandadas vencidas; se confirme el pronunciamiento sobre la regulación de honorarios; se impongan las costas de alzada en el orden causado; y se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en la instancia anterior (artículos 68 C.P.C.C.N.; 14 de la ley 21.839).- EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)	Confirmar la sentencia apelada respecto de MOTO XXI S.R.L.;

2)	Dejar sin efecto la absolución de los demandados Alberto M. Gorgoso y Esther Alem;

3)	Condenar a estos últimos solidariamente junto con la sociedad demandada;

4)	Dejar sin efecto el pronunciamiento sobre costas;

5)	Imponer las costas a las demandadas vencidas;

6)	Confirmar el pronunciamiento sobre la regulación de honorarios;

7)	Imponer las costas de alzada en el orden causado;

8)	Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en la instancia anterior.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- lnp LUIS ALBERTO CATARDO VICTOR ARTURO PESINO JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA	Ante mí:	ALICIA E. MESERI	SECRETARIA