Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20


WEBER, Ernesto A. contra BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO Reg.: A y S t 206 p 266-274.

En la ciudad de Santa Fe, a los veinte días del mes de abril del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Mario Luis Netri, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "WEBER, Ernesto A. contra BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO -Cobro de pesos- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 388, año 2003).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Falistocco, Netri, Gastaldi y Vigo.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 190, pág. 483, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la resolución 169, del 27 de agosto de 2001, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, por entender que la postulación de la recurrente contaba "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa y suponía articular con seriedad un planteo que exigía examinar si la sentencia reunía o no las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial.

El nuevo análisis de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión.

Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: La materia litigiosa puede reseñarse así: 1. Ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral Número 2 de Rosario, Ernesto Alberto Weber promovió demanda por cobro de pesos contra el Banco Municipal de Rosario persiguiendo el reconocimiento y pago del adicional por "operador de computador" establecido en los artículos 14 inciso 3) y 15 inciso A) del convenio colectivo de trabajo 18/75.

En el escrito fundante, sostuvo que comenzó a trabajar en el banco el 01.08.1980; que tiene categoría de "ayudante de firma", cumpliendo sus tareas en la Sucursal Fisherton de Rosario; que percibe un sueldo de $900,88, afirmando que, desde el mes de julio de 1992 desempeña la función de "operador de computación", lo que lo coloca en condición de cobrar el adicional del 66,7% sobre el básico de convenio, porcentaje fijado por la mencionada convención para los agentes que, como él, tuvieran más de doce años de antigüedad; que procede el adicional solicitado porque desarrolla efectivamente esa función en cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo y tarjeta de crédito, circunstancia reconocida por la propia demandada en su legajo de operador.

La accionada resistió la pretensión -en lo sustancial- aduciendo que el actor no era operador de computador en los términos de la convención de marras, por lo que mal podría corresponderle el pago del adicional mencionado. Por el contrario, sostuvo que las tareas cumplidas por el accionante eran de tipo administrativo y no las desempeñaba en el Sector Computación, el cual está ubicado en Casa Matriz y está compuesto por personal especializado en la materia.

Argumentó que las operaciones que Weber realizaba con la computadora eran de una simpleza comparable a la de operar un cajero automático, no compadeciéndose con los conocimientos específicos de manejo del sistema operativo central que califican a una persona como "operador de computador" y de los que el actor carece; ello -afirma-, más allá de que la convención colectiva que establece el adicional date del año 1975 y no haya podido contemplar en forma expresa las especificidades de tales funciones. Finalmente, negó que haya sido reconocido en su legajo el carácter de operador de computador en los términos que el recurrente pretende; antes bien, refiere a su carácter de "usuario" del sistema que ha sido adoptado por el banco a fin de adaptarse a las exigencias competitivas de los mercados, para lo que ha incorporado tecnología informática en su Casa Central y Sucursales.

Celebrada la audiencia de trámite prevista por el artículo 51 del Código Procesal Laboral, producida la prueba ofrecida y presentados los alegatos, el Magistrado interviniente acogió la demanda.

Para arribar a dicha solución juzgó que, más allá de la ignorancia manifiesta del actor ante las preguntas técnicas sobre computación formuladas, y la opinión respecto a la calificación de dicho personal efectuada por la Asociación de Bancos del Interior y la que pudiera realizar en lo futuro una Paritaria, en términos simples, operador de computador era el que maneja una computadora.

Continuó diciendo que la situación de marras se equipara a quien utiliza los cajeros automáticos ubicados en el hall del Banco Provincial (sucursal Tribunales), o al empleado de mesa de entradas del juzgado al brindar información sobre los datos almacenados, descartó que para ser operador de computador la persona deba desempeñarse exclusivamente en un centro de cómputos, o deba poseer conocimientos técnicos sobre la materia, condenando, en definitiva, al banco demandado, a abonar el adicional reclamado.

Apelado que fuera ese decisorio, la Cámara -por mayoría- lo confirmó sobre la base de considerar que, aunque era claro que el actor no reunía las condiciones de un operador de centro de cómputos, sí es quien por el avance tecnológico, no previsto originalmente en la convención, forma parte del sistema incorporado a labores que tenía acordado el adicional en cuestión. El A quo arribó a dicha conclusión luego de efectuar un análisis etimológico del término "operador de computador" y afirmar que tal labor no resultaba en la actualidad excluyente del centro de cómputos sino efectuada en diversas secciones de la operatoria del Banco. No obstante ello, estimó que no se hallaban en discusión: que el actor no trabajaba en el centro de cómputos; que su función consistía en entregar libretas de cheques, extraer de cajas de ahorro, plazos fijos, recepción de tarjetas de crédito... y otras labores administrativas... para la mayoría de las cuales usaba como herramienta de trabajo la computadora; que de la pericia surgía que las tareas del actor no eran similares a las de un operador del centro de cómputos; y que, tanto de las testimoniales rendidas como de la informativa de autos, se desprendían similares conclusiones.

2. Contra dicho pronunciamiento el Banco demandado interpone recurso de inconstitucionalidad tachándolo de arbitrario y lesivo de derechos y garantías de raigambre constitucional.

Entiende que la sentencia resulta arbitraria "...en función de la interpretación gravemente errónea, disfuncional e injusta..." del convenio colectivo de trabajo aplicable que efectúa el Tribunal. Concretamente, los vicios que le imputa pueden reseñarse como sigue: a) "La sentencia viola la primera regla de interpretación de las normas, como es la de dar pleno efecto a la intención de su autor".

En tal sentido, señala que si bien la Sala reconoce -con apoyo en prueba confesional- que el actor no se desempeñó en el centro de cómputos del Banco y que en su tarea específica en la sucursal consistía en la entrega de libretas de cheque, extracción de caja de ahorro y otras labores administrativas; y que, para poder trabajar usaba como herramienta de trabajo el sistema instalado en la red local de la sucursal, ingresando con clave de usuario con uso limitado a las funciones indicadas, luego resuelve, contradictoriamente, concediendo el adicional que no le corresponde.

En dicha línea argumental, afirma la quejosa que las tareas que desarrollaba el actor no guardan relación alguna con las que corresponden a un operador de computadores, sea que se analice dicha calificación desde un aspecto empírico o desde su faceta técnica. Añade que una razonable inteligencia de la cuestión impone entender que la labor de cualquier usuario que se sirve del computador difiere palmariamente de la labor del operador de computadores, a quien el convenio colectivo de trabajo reconoce expresamente el adicional, en tanto sirve a la computadora y no se sirve de ella.

Agrega que en el espíritu del legislador (autores del C.C.T. 18/75) hay una evidente secuencia temporal y lógica que los Sentenciantes desconocen y por eso lo contradice: el operador de computador es quien, mediante operaciones complejas y técnicas para las cuales debió capacitarse especialmente sirve al computador para que este pueda operar sobre su software de base. Por acción y técnica del operador del computador, el usuario puede utilizar la cibernética y servirse de ella. Recibe los beneficios del sistema, conjugado en hardware, software y operador, y es a éste último al que, claramente la convención colectiva de trabajo reconoce adicional. Subraya que, en el caso, el actor nada aporta al sistema, simplemente es usuario; y que, por ello la extensión que el Tribunal pretende darle al concepto captado por la convención colectiva es claramente arbitraria desde que no puede inferirse que en el ánimo convencional estuviera el incluir en la norma del artículo 14 a quienes desempeñan labores como la del actor.

Destaca que si bien por razones estrictamente cronológicas la convención colectiva no pudo prever los enormes avances tecnológicos en cibernética -entre ellos, el desarrollo de sistemas con terminales descentralizadas y de uso pedestres- es claro de su texto y espíritu que se pretendió otorgar adicional al personal bancario calificado, en lo técnico y en lo operativo, respecto a la tecnología informática.

Puntualiza que al momento de formalizarse el convenio, el "operador de computador" era impensable fuera del área física centralizada de computación y con conocimientos especiales en la materia, mientras que en la actualidad "opera" -en sentido amplio- cualquier persona que se contacte con una computadora.

b) La sentencia es arbitraria porque necesariamente, a partir de desconocer la intención del autor de la norma ("legislador" en sentido amplio), el Tribunal desvirtúa la literalidad de la misma al forzar conceptos que aquella abarca.

Destaca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado pautas de interpretación de las convenciones colectivas para que en ese proceder no se llegue a la admisión de soluciones injustas y prescindentes de las consecuencias que se deriven de cada caso en particular; habiendo admitido, también, el juicio de razonabilidad del convenio colectivo de trabajo.

En el caso, -dice- el Tribunal vierte conceptos forzados, que desvirtúan en sentido, extensión y literalidad la convención colectiva, tales como: a) la distinción semántica entre "operador de computación" y "operador de computador" que realiza la Sala (ausente en la C.C.T.) en tanto importa apartamiento del texto legalmente previsto para la solución del caso, sin fundamentación adecuada, en forma sorpresiva y sin que hubiese sido materia de debate; b) la inclusión "del computador operado por el reclamante" dentro de la categoría descripta por el artículo 15, pto. e) de la convención colectiva de trabajo fundada únicamente en la voluntad del Juzgador; c) la arbitraria afirmación de que la función del actor requirió capacitación especial y que su tarea no se reduce a obtener información sino también a incorporar la de las diversas operatorias efectuadas; y d) la incorporación voluntarista que hace la Sala de una categoría no contemplada en el convenio cual es la de "usuario calificado". Sostiene, además, que este último vicio se proyecta arbitrariamente en tres niveles, concretamente: por violar el texto expreso de la propia convención que puntualiza los adicionales y nunca refiere a "usuario calificado"; por colisionar con el artículo 16 de la Ley de Contrato de Trabajo que veda la aplicación extensiva o analógica de las convenciones colectivas; y por vulnerar el criterio de "conglobamiento orgánico" de interpretación de las normas laborales, sean individuales o colectivas.

Concluye diciendo que el Tribunal "compone" una norma nueva, desintegrando el texto convencional e incorporando una categoría no comprendida ni literal ni históricamente en el dispositivo.

c) La sentencia es arbitraria "...desde la consideración de sus consecuencias, a partir de que fractura el criterio mínimo de previsibilidad que es dable exigir a la hermenéutica, ya que juzga y no mide el alcance y consecuencias de su decisión, dicta una sentencia descalificable por imprevisora". Afirma que existe una cuestión de gravedad institucional.

Puntualiza, en suma, que la resolución no puede desentenderse de lo que se decida en el caso, dado que ello se proyecta sobre todos los empleados bancarios que desempeñan tareas similares a la del actor .

3. Le asiste razón al recurrente.

En efecto, dado que el planteo recursivo, no obstante transitar sobre un terreno residual del remedio extraordinario, cobra en el "sub lite" resonancia para insertarse en un supuesto de excepción por cuanto el A quo, en la apreciación de los elementos de convicción, incurre en un exceso de las facultades propias de los jueces de la causa que resta sustento a lo decidido.

Sabido es que lo relativo a la selección y valoración de la prueba queda normalmente detraído del ámbito del recurso de inconstitucionalidad, dado que es una tarea que se reserva a los Sentenciantes ordinarios toda vez que ellos son soberanos en la fijación de los hechos litigiosos y en el análisis de los medios de confirmación.

Pero también es cierto que dicha regla admite excepción cuando se demuestra que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la ponderación de las probanzas. Tales pautas me conducen a juzgar que, en la especie, la labor cumplida por los Juzgadores al meritar la prueba rendida entra dentro de la órbita de la función revisora que le cabe al remedio de excepción intentado, cual es: evitar que los jueces inferiores al llevar a cabo la valoración probatoria incurran en anomalías por desvirtuar los principios que deben gobernar el recto desarrollo del pensamiento, reglas insoslayables por constituir el presupuesto de cualquier libertad de convicción que no sea arbitraria, o signifique un abuso del poder jurisdiccional. En efecto, el razonamiento del A quo, a los fines de entender que por las tareas realizadas el actor debía percibir el adicional por "operador de computador" solicitado, parte del análisis etimológico del término "operador" para definirlo, en relación con las computadoras, como la persona que realiza las operaciones manuales que una máquina requiere. A ello conecta lo que el convenio considera en su artículo 15, E) como "computador", al determinar que refiere a aquellos equipos que tengan una unidad de control de proceso (C.P.U.) capaz de ejecutar un programa residente en la memoria secundaria de cintas y discos magnéticos e impresora de entrada y salida de alta velocidad. De ello extrae que operador es quien labora con un equipo de dichas características, entendiendo que aquello no ha sido justificado como ajeno al computador operado por el reclamante y que no resulta en la actualidad excluyente del centro de cómputos, sino que dichas tareas son efectuadas en diversas secciones de la operatoria del banco, ya que en las terminales del sistema de computación del banco se produce la información que luego procesará el centro de cómputo, siendo ello una actividad que ha suplido la antigua labor de "verificadores de perforación" y "grabadores de cintas magnéticas" y "perforadores" contemplados en el artículo 14, puntos 4) y 5) del convenio.

Por otra parte, juzga que, mientras la pericia técnica alude a "operador" refiriendo al operador de computación que integra el plantel del área de computación, y que como tal debe poseer un conocimiento técnico amplio y experimentado para tal desempeño, la categoría mencionada en el convenio refiere a quien efectúa labores mediante un computador.

Distingue, además, entre la categoría de "mero usuario" de un cajero automático (quien no requiere en absoluto conocimiento y nada puede incorporar en beneficio de la operatoria), y la de "usuario calificado" -en la que entiende comprendido al actor- en que ha debido capacitarse del conocimiento del computador y seguir instrucciones con debida atención, pues su tarea no es sólo obtener información sino también incorporarla. Sentadas estas dos premisas el Sentenciante arriba a la siguiente solución: "Es claro que ello no constituye al actor en 'operador de centro de cómputo', pero sí en quien por el avance tecnológico, no previsto originalmente en el convenio, forma parte así del sistema incorporado en labores que tenía acordado el adicional en cuestión" (f. 160 v.).

Pero a esa conclusión final del pensamiento sentencial, sólo se puede arribar por el andarivel de una prescindencia de los elementos de confirmación producidos en el proceso. En efecto: La propia Cámara tiene por acreditado que el actor no se desempeña en el centro de cómputo; que su función no es la de un operador de computador sino que para las tareas administrativas asignadas utiliza como herramienta de trabajo el sistema instalado en la red local de la sucursal, ingresando con clave de usuario con uso limitado.

Por otra parte, de la pericial técnica -tal como lo afirma el Órgano revisor- surge que un operador del centro de cómputo del banco realiza procesos que no efectúa el actor por lo que sus tareas no son similares ya que, mientras el actor es un usuario del sistema, el operador es personal calificado y capacitado con conocimientos avanzados y específicos en la operatoria del Software de Base (v., f. 83, punto I- k). En igual sentido que el informe del facultativo transitan los dichos del testigo Muracca (fs. 76/77 v.) y la informativa de la Asociación de Bancos del Interior de la República Argentina (fs. 27/28).

Sobre esta última probanza resulta bueno memorar algunas consideraciones vertidas por el organismo requerido. Así, en respuesta a los puntos a evacuar, se consignó que la tarea del operador de computación reunía las siguientes características: era personal calificado especialmente para la tarea; cumplía sus funciones en el centro de cómputo; su tarea fundamental era transmitir a través de la consola del equipo las instrucciones necesarias para el procesamiento de la información, ello en base a las instrucciones emanadas de los diseñadores del sistema (analista y programador); servía al equipo haciéndose cargo de la colocación de cintas, carga de papel, carga de tarjetas perforadoras y todo otro elemento externo necesario para la tarea a desarrollar; de acuerdo al tipo de tarea y responsabilidad emergente existían categorías dentro del rubro operadores.

Además, se agregó que "...la tipificación de operadores de computación establecida en el convenio 18/75 sólo es aplicable, en la actualidad, a quien cumple tarea similares aunque el equipamiento ya no deba estar obligatoriamente dentro del centro de cómputos..." ; y que "...el personal que utiliza para sus tareas habituales equipos de las características de las computadoras personales (PC) o terminales remotas al sólo efecto de la consulta de datos y/o en algunos casos ingreso de información no puede asimilarse en su tipificación al operador de computación... antes bien, para que ello ocurra deben concurrir otros extremos como ser: contar con capacitación específica para el manejo de computadoras, disponer de conocimientos técnicos para conectarse en lenguajes usuales de los sistemas operativos; en general, realizar tareas dependientes del área de cómputo o sistemas o estar expresamente habilitado por el mismo para cumplir con dichas tareas en forma autónoma..." (fs. 27/28). En definitiva: independientemente de que algunos de estos medios probatorios hayan sido mencionados por el Tribunal, lo cierto es que todo este cúmulo de elementos de prueba reunido en la causa no ha sido valorado por el Tribunal, en tanto se aferró a la interpretación etimológica de la palabra "operador" como único dato a ponderar a la hora de determinar la procedencia o no del adicional solicitado.

Este deficitario juicio de hecho efectuado por el Juzgador ha desvirtuado sin duda alguna el derecho que debía regirlos. Es que, en rigor de verdad, sólo por el camino de la prescindencia del material probatorio reunido en la causa puede arribarse a una solución de la litis como la brindada por el Tribunal, siendo el recurso semántico fundante de la respuesta jurisdiccional - único, por cierto- carente de sentido e inhábil para conducir a una correcta subsunción normativa de la situación fáctica acontecida en la especie. Máxime si se tiene en cuenta que estamos frente a normas (C.C.T. 18/75) que no pueden dejar de interpretarse con un claro sentido de aggiornamento no sólo a los tiempos que corren sino también a los avances tecnológicos incorporados, de manera tal que el operador del derecho, en esa tarea hermenéutica, sea capaz de conservar el sentido de tales disposiciones en el marco de un caso concreto, impidiendo, así, que entendimientos parcializados y desajustados tornen irrazonables o ilógicos los preceptos en juego.

Recuérdese que el error de desentrañar los hechos repercute, determinantemente, en el tratamiento jurídico; si ello acontece la solución será ajena a la realidad probada en el expediente, pues, el juicio de hecho está ligado inexorablemente al juicio jurídico.

Como consecuencia de la deficitaria ponderación probatoria se configura una diáfana hipótesis de sentencia arbitraria, porque lo resuelto sólo en forma aparente puede satisfacer la exigencia de ser derivación razonada del derecho aplicable con adecuado nexo con los hechos comprobados de la causa, los cuales no han podido ser cabalmente merituados.

En síntesis, la Cámara opta por una tesis interpretativa teñida de dogmatismo, vacía en su contenido, ya que aplica la ley con indiferencia de los hechos, estableciendo una suerte de divorcio entre el ordenamiento legal y las circunstancias comprobadas de la causa. Y el tema medular en debate imponía ese juicio acerca de los hechos y la ajustada merituación de las probanzas rendidas.

Sólo con el auxilio de las circunstancias acreditadas en la causa podía efectuarse una correcta hermenéutica de las normas. Adviértase que con la determinación y fijación de la existencia de los hechos, su gravitación en orden a la importancia, peso determinante y fuerza de convicción en su conjunto, recién se obtiene la respuesta jurídica; antes que la correcta interpretación o fijación doctrinal en la respuesta jurídica de fondo, la premisa intelectual del juzgador tiene que despejar lo concerniente a los hechos conducentes y su verdadera proyección en la litis. Si ese núcleo principal se encuentra ausente o fuera de foco, si falta o es otro el aparente eje en que se hace replegar el contenido de la controversia, el ropaje jurídico con que se lo debe adecuar inexcusablemente dejará de ajustarse al ordenamiento jurídico vigente. Es que, recién después de alojar correctamente los hechos y de acordarle su verdadero significado o sentido, será posible acomodar el fondo jurídico (A. y S., T. 180, pág. 120). Siendo ello así, el menoscabo a la garantía de defensa en juicio luce prístino en autos, en tanto ella salvaguarda no sólo el ofrecimiento y producción de los medios de confirmación, sino la posibilidad de obtener un pronunciamiento que los valore debidamente a fin de obtener su convalidación como acto judicial ajustado a los preceptos constitucionales.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas al vencido (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi y el señor Ministro decano doctor Vigo dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas al vencido (art. 12, ley 7055).

Regístrese y hágase saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)