marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALLOATTI, MIGUEL ANGEL c/ COMUNA DE ATALIVA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-21

El recurrente insiste en postular la inconstitucionalidad del artículo 23 inciso g) de la ley 9286 con fundamento en que la misma otorga una indemnización por incapacidad superior al beneficio que se concede por fallecimiento y, al despropósito que a su criterio supone adjudicar dicho resarcimiento a quienes hubieran ingresado incapacitados a su trabajo; mas no consigue desmerecer suficientemente con ello las consideraciones expuestas por la Alzada, al no demostrar un supuesto de arbitrariedad, en tanto sus reproches, de por sí genéricos, no aportan razones de peso a fin de neutralizar la fundamentación jurisdiccional, dejándola incólume. (Del voto del Dr. Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 9286, artículo 23, inciso g)
Expropiación, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nusafe S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación irregular Dirección de Vialidad de la Pcia. de Buenos Aires c/ Campos y Baiocco Omar s/ Expropiación Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ González Gowland de Gaviña, María E. I. y otros s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11|1997-08-12|2000-08-02

El art. 37 de la ley 5.708 deviene inaplicable en la especie por resultar violatorio de principios consagrados por nuestra Constitución Nacional -art. 31-. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tenencia de armas de guerra, concurso ideal, encubrimiento
Materia: PENAL
Carátula: S., M.H.J.; S., L.A. s/ Tenencia Ilegal Armas de Guerra y Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-08

"...Cuando la tenencia de armas de guerra implica, a la vez, la comisión de otro delito, puede darse la hipótesis de concurso ideal (p.ej., con el encubrimiento que se realiza teniendo el arma)".
Responsabilidad extracontractual, presupuesto, daño moral, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: S., S. R. c/ M., R. A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2012-05-03

El hecho de no reconocer al hijo por parte de su padre biológico, constituye una conducta antijurídica, un hecho ilícito, y en la medida que esa falta de reconocimiento espontáneo y voluntario por parte del progenitor haya causado daños al hijo no reconocido, sean esos daños de índole patrimonial o extrapatrimonial, los mismos debe ser resarcidos, siendo necesario que la consecuencia dañosa del acto antijurídico se le pueda atribuir al progenitor a título de culpa o dolo, y de que exista una relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño invocado. Debe tenerse presente que estamos dentro del campo de la responsabilidad extracontractual, y para su configuración deben concurrir la antijuricidad, el factor de atribución, el nexo causal y el daño, por lo que no basta con que el progenitor haya omitido o se haya negado a no reconocer a su hijo, debiendo existir relación de causalidad entre el no reconocimiento y el daño (ver Medina Graciela: "Daños en el Derecho de Familia", ps. 151/152, 2a edición actualizada, edit. Rubinzal Culzoni, 2008). De acuerdo a lo recién señalado debe quedar bien en claro que no es el no reconocimiento (hecho antijurídico) el hecho material que per se genera responsabilidad civil sino que es necesario que concurran, se reitera, los restantes presupuestos de dicha responsabilidad recién referidos (conf. Famá María Victoria. Coordinadora María Bacigalupo de Girard: "Colección Derecho de Familia y Sucesiones. La Filiación. Régimen Constitucional, Civil y Procesal", pág. 653; edit. Abeledo Perrot 2009).-
Recurso extraordinario, derechos y garantías constitucionales, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: VIÑUALES CORTES, MIGUEL s/ Balance falso Causa 25471
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-15

Debe concederse el recurso extraordinario si la resolución que sobresee definitivamente en la causa por prescripción de la acción penal reviste para las partes carácter de sentencia definitiva, estando en juego institutos fundamentales de nuestra Carta Magna como son la inviolabilidad de la defensa en juicio, el debido proceso y los principios de progresión e igualdad ante la ley, que hacen a la esencia de las garantías constitucionales (Del voto en disidencia del Dr. Oyuela).
Calificación legal, peculado
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: BENITEZ, OSMAR ISDAL c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-12-20

Corresponde rechazar la queja interpuesta, por cuanto la decisión del Tribunal de calificar el hecho imputado como peculado -por considerar que pese a que la ley de prendas establece un trámite abreviado y simplificado, el remate extrajudicial del bien no es privado por haber intervención judicial; y que por ende, el martillero interviniente era funcionario público por nombramiento de la autoridad competente- no logra ser desmerecida por el recurrente con sus alegaciones genéricas, que sólo vislumbran su mera discrepancia con el alcance otorgado por los Magistrados a la interpretación de las normas penales en juego, sobre la calificación legal por el carácter de funcionario público del imputado, sin demostrar prescindencia de las reglas de la sana crítica racional, ni que los argumentos expuestos impliquen algún absurdo normativo.
Conflicto de poderes, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: CABALLERO, Juan c/ CONSEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE EMBARCACION s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-06-05

Corresponde declarar abstracta la cuestión suscitada en el conflicto de poderes planteado por la resolución del Consejo Deliberante que disponía la separación del Intendente de su cargo y la prohibición de efectuar actos inherentes a su función, si al momento de emitir decisión, dicha resolución ha sido dejada sin efecto por el mismo cuerpo deliberativo.
Contrato de trabajo, fletero, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: NIETO, JORGE ENRIQUE c/ CRUSH SA. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-21

La 'buena voluntad' del dependiente - fletero - que consintió desde el inicio una situación de apariencia extra - laboral, para simular una relación alejada de las disposiciones del contrato de trabajo, carece de valor para desvirtuar la naturaleza laboral de la vinculación, en razón de la 'necesidad' del trabajador de agenciarse lo indispensable para subsistir y del principio según el cual, en materia laboral, la realidad debe prevalecer sobre lo convenido por las partes.
Amparo por mora, improcedencia del recurso, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CENTURION, Norberto Raúl c/ SGPER s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-09

El actor o su apoderado, omitieron realizar la simple tarea de verificar, previo a demandar, el estado de las actuaciones y el dictado de la resolución administrativa, limitándose a interponer, sin tal diligencia previa, la presente acción. Se advierte así que la elección de esta vía excepcional del amparo por mora, bien pudo evitarse si hubiera mediado la oportuna y diligente inspección de las actuaciones administrativas de que se trata, conducta ésta mínimamente exigible al amparista denunciante de una supuesta mora ilegítima de la Administración.-
Prescripción, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: Quenego, J.A. s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-04

La resolución por la cual no se hace lugar a la prescripción no es una sentencia definitiva -pues no impide la prosecución de la causa- ni es una interlocutoria expresamente apelable, razones por las que debe declararse mal concedido el recurso de apelación.-
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges, cesación de cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L. de E., R. I. c/ E., L. A. s/ Alimentos Villar de Ingrassi, Elena c/ Ingrassi, Juan Carlos s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-04|1998-05-12

A mi juicio, en caso que el pronunciamiento en el divorcio no contenga declaración de culpabilidad, como es el que deviene como consecuencia de presentaciones conjuntas (arts. 205, 215 del Código citado), o con invocación de la separación de hecho preexistente sin voluntad de unirse, prevista por el art. 214 inc. 2, los alimentos que se han venido prestando deben cesar, ya que resultaría aplicable a partir de la sentencia, el art. 209 del Código Civil, que establece a título excepcional un derecho alimentario en favor de cualquiera de los cónyuges.
Defraudación, defraudación en perjuicio del asegurador, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: Cía. de Seguros Los Andes s/ c. 44.280
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-30

El delito previsto por el inc. 1 del art. 174 del C.P., no consiste, como la estafa en intentar causar o causar un perjuicio, sino en la circunstancia de procurarse para sí un provecho ilegal en detrimento del asegurador, produciendo el siniestro de la cosa asegurada, siendo el intento de cobrar la indemnización demostrativo de la intención del causante de lograr el cobro indebido, por lo que el incendio de la cosa asegurada conforma el núcleo de la acción punible y no sólo el instrumento fraudulento llevado a cabo por el autor, en la inteligencia de que el incendio provocado asuma el carácter de fuego peligroso que caracteriza el estrago.
Accidente de tránsito, ley de tránsito, seguro de responsabilidad civil, responsabilidad del Estado, faltas del servicio
Materia: CIVIL
Carátula: Soto, Julio Clemente c/ Casas, Ariel Leandro y Municipalidad de San Salvador de Jujuy s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. nro. 45633/99 Ordinario por daños y perjuicios y daño moral.L.A N 45 F 458/468 N 207. Municipalidad de San Salvador de Jujuy s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. nro. 45633/99 Ordinario por daños y perjuicios y daño moral.L.A N 45 F 458/468 N 207.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-06-18

A tenor del art. 902 del Cód. Civil, cuando un ente especializado y con competencia suficiente debió tomar conocimiento de la actividad de un particular que puede causar daño a terceros (insolvencia del agresor-falta de seguro obligatorio previsto por la Ley de Tránsito) y omite tomar las medidas necesarias para evitar tal perjuicio; cuando su actuar le está impuesto objetivamente por la ley que previó tal situación, no puede caber duda alguna sobre la jerarquía causal de la omisión. La Municipalidad como ente de derecho público tiene como primordial deber el de velar por el bienestar general de los vecinos de su área jurisdiccional. Entre esos deberes primordiales está el de asegurar la integridad física de las personas que transiten por las calles del municipio, conforme al cumplimiento de los recaudos de la legislación vigente: ley, ordenanzas, etc. Existe responsabilidad del municipio demandado porque -es evidente en el caso- cumplió de una manera defectuosa, o no cumplió con el deber de contralor de la documentación impuesta por la ley respecto de los automotores que circulan por su jurisdicción, y garantizar así la integridad de los bienes y de las personas. La responsabilidad abarca el monto que hubiera cubierto el seguro de responsabilidad por daños a terceros, atento a que ese importe habría correspondido pagar al asegurador, hecho que no ocurrió por la omisión culpable de la autoridad municipal.
Archivo del expediente, Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, violencia de género, proceso penal
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por R. M. M. en la causa Callejas, Claudia y otra s/ violación de secretos c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-27

El archivo de la investigación penal por presuntos hechos de violencia contra una mujer sin la participación idónea de quien alega ser víctima podría configurar el incumplimiento del deber de investigar con debida diligencia todos los actos de violencia contra las mujeres (art. 7 inc. b, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General nro. 28 párr. 19). -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Ortega, Francisca Bartolina c/ Carrizo, Ana Rosa s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-11-30

Respecto de la reparación del daño moral en una demanda por daños y perjuicios, ésta ha sido pensada por el legislador no para engrosar el mercado patrimonial, sino para resarcir el daño espiritual o la angustia provocada por el suceso, sin riesgo de constituir un enriquecimiento injustificado. Esta reparación de carácter espiritual exige para determinar su dimensión económica que debe tenerse en cuenta la gravedad objetiva del daño, y en este caso concluyo que si bien el mismo revistió tal gravedad, la misma no es de una entidad como para fijarla en un monto mayor -como lo exige la actora- pues creo que la suma fijada es suficiente para que el damnificado pueda procurarse satisfacciones espirituales que de algún modo compensan los padecimientos y molestias sufridas. En consecuencia, debo expresar mi total adhesión al pronunciamiento emitido por el A-quo, desestimando en su totalidad, en cuanto a este rubro, el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

(Del voto del Dr. Crook)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba, vista de las actuaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Groisse, Bernardo c/ Carrefour Argentina S.A. s/ Enfermedad profesional Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cereseto, Gustavo Néstor s/ Exclusión tutela sindical
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07|2002-10-30

Resulta inatendible el agravio vinculado con la valoración de la prueba oral cuyo contenido no debe constar en el acta de audiencia de vista de causa en razón de la oralidad del proceso laboral (art.

44 incs. "b" y "e" dec.ley 7718/71)
Contratos administrativos, promoción industrial, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALCALIS DE LA PATAGONIA c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE ECONOMIA) s/ ORDNARIO - MEDIDA NO INNOVAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-29

La demandada está dirigida a que el Estado Nacional readecúe en el tiempo las obligaciones emergentes de un contrato por el cual se conviene la instalación de una planta elaboradora de soda solvay bajo el régimen de promoción industrial instituido por la ley 21 608. Se trata del cumplimiento de una obligación de hacer, la que por su naturaleza no es susceptible de ejecución forzada, resolviéndose en la obligación de resarcir los daños y perjuicios resultantes.

Cualquiera sea la decisión judicial sobre el derecho del administrado, carecerá de aptitud para sustituir a la Administración en el deber de decidir la suerte del proyecto del modo que mejor convenga al interés público, aún cuando la solución que adopte conlleve la necesidad de efectuar las indemnizaciones que pudieran corresponder.

Debe destacarse que en la ley 21.608 se establecen los mecanismos procedimentales que aseguren al beneficiario su defensa en sede administrativa, igualmente se garantiza el control judicial de legitimidad y razonabilidad, mediante el recurso directo que instituye el art. 18.

La C.S.J.N. declaró que los magistrados no están autorizados para sustituir los procedimientos ordinarios o ejecutivos por otros que consideren más convenientes o expeditivos. La pretensión de cobro no priva al deudor del derecho de hacer valer las defensas en que apoya su resistencia al pago, sea en el juicio ordinario posterior a la ejecución o dentro de ésta última, siempre que probare la existencia de circunstancias especiales o anómalas.

No se encuentran satisfechos los extremos requeridos por los arts.

230 y 232 del Código Procesal.
Empleo público, cesantía, cobertura de vacantes, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RODRIGUEZ, ROBERTO JESUS Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL (PRESIDENCIA DE LA NACION) s/ INCIDENTE DE APELACION - EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-06

Nada empece a que mientras dure un juicio en el que se ataca un acto de cesantía de un empleado público, el Estado, en uso de atribuciones que le son propias, atento las necesidades del servicio, nombre al personal necesario, sin perjuicio de la eventual aplicación del decreto 930/85. Obtenida la hipotética sentencia firme favorable, el Estado deberá proveer la reincorporación de los agentes, arbitrando los medios necesarios.
Conflicto de poderes, conflicto interno municipal, concejo deliberante, acción de amparo, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Luna, Esther del Valle c/ Municipalidad de Huillapima s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-11-10

El origen de la cuestión traída a revisión, esto es, del impedimento de hecho de permitirle a la actora ingresar a prestar servicios a su lugar de trabajo y la posterior sanción de cesantía por supuesto abandono de servicios, tuvo como antecedente un procedimiento institucional de cambio de autoridades en el ámbito del Concejo Deliberante del municipio demandado, el que fue oportunamente cuestionado ante este Alto Tribunal por vía de un Conflicto de Poderes, resuelto por Sentencia Definitiva N°11/08 dándoles la razón a las autoridades desplazadas y fijando que lo fueron por un procedimiento ilegal e inconstitucional, condiciones que traen aparejada la invalidez de los actos de cambio de autoridades y de todos los actos posteriores a aquella sesión viciada. De pura lógica deviene entonces que, si los actos que se reputan inválidos no se hubieran llevado a cabo, la accionante no hubiera sido desplazada de su cargo. En tal sentido entonces, no puede considerarse legítimo al procedimiento sancionatorio aplicado en el sub lite, si deriva, en definitiva, de otro procedimiento anterior, declarado inválido por este Alto Tribunal.

Pero, además, la resolución que decidió la cesantía no se notificó a la actora, a fin de que pudiera alegar en su defensa, tomando conocimiento pleno de la falta administrativa que se le atribuía y la sanción de la que sería pasible, siendo todas estas instancias de ineludible cumplimiento en un ejercicio regular de la potestad sancionatoria por la administración requerida, por lo que resulta evidente que la actuación administrativa violó con arbitrariedad manifiesta el principio de defensa en juicio y con él también el de debido proceso, al haberse omitido la participación legítima de la sancionada, razón por la cual corresponde declarar la nulidad del decreto atacado, hacer lugar a la acción de amparo deducida y ordenar la reincorporación de la actora en la categoría que sustentaba, en el plazo de diez días de quedar firme la presente, debiendo acudir, en lo referente a su reclamo por haberes y salarios adeudados, por la vía que corresponda.
Principio de congruencia, sentencia ultra petita
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Piovano, David G. s/ recurso de casación  Causa: 354
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

La violación a este principio, implica la falta de identidad fáctica en el hecho por el que fue condenado el procesado y el enunciado en la acusación intimada ("ne est iudex ultra petita partium").
Accidentes de trabajo, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Arango, Julio César c/ Boskalis Internacional B.V. Sucursal Argentina y otro s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

Las actuaciones que se instruyen en consecuencia del decreto 1005/49 revisten el carácter de meros actos de comprobación del siniestro como de su consecuencia y la resolución que se dicte con arreglo a su art. 17 no constituye en principio un acto jurisdiccional, ya que su cumplimiento sólo es imperativo en el supuesto que las partes lo acepten expresamente, lo que no acontece cuando los interesados no percibieron el importe de la liquidación practicada en sede administrativa.
Derecho constitucional, ley de emergencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: QUINTEROS Santos Domingo c/ Municipalidad de Calingasta s/ Sumario - Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-07

Se puede afirmar que con relación al derecho adquirido a obtener mediante la ejecución de una sentencia firme lo que ella determina, no puede ser sustancialmente alterado por las disposiciones de una ley posterior, por cuanto la sentencia firme es intangible, de manera que lo juzgado por ella no ha de volver a juzgarse; pero una cosa es su contenido y su ejecución, que debe necesariamente llevarse a cabo en razón de la inmutabilidad que la protege, y otra cómo y cuándo serlo.

En el mismo fallo se hace mérito de que la ejecución de los créditos reconocidos se encuentra alcanzada por la suspensión dispuesta, como principio general, por las normas de emergencia, ello en función de la situación de grave perturbación económica, social o política que representa máximo peligro para el país, y de la potestad del Estado democrático e imperioso deber de poner en vigencia un derecho excepcional, pudiendo valerse de todos los medios que le permitan combatirla con éxito.

Así la Legislatura Provincial por razones de necesidad, puede sancionar una ley que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad, y sólo limita "temporalmente" la percepción de tales beneficios o restringe el uso que puede hacerse de esa propiedad, sin que exista violación del art. 17 de la Constitución Nacional, sino una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis.
Derecho civil, autonomía de la voluntad, tasas de interés, convertibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: BUCI COOP. LTDO c/ NAYAR AMADO D. Y GARCIA JUAN s/ EJECUCION CAMBIARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-24

La ley de convertibilidad del austral nº 23928 no ha legislado sobre el tema de los intereses, en consecuencia rige plenamente el principio de autonomía de la voluntad en las contrataciones. Con relación a la fijación de intereses por los jueces, si bien el art.

8 de la ley nada dice al respecto, el decreto 941/91 faculta a los jueces a los fines previstos por el art. 622 del Cód. Civil de indicar la tasa de interés que regirá a partir del primero de abril de mil novecientos noventa y uno, a fin de mantener incólume el contenido económico de la sentencia. La reglamentación contenida en la norma legal citada parece indicarle que se remita a la tasa de interés pasiva promedio.
Jubilaciones, haber jubilatorio, docentes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BALLARDINI, JUAN PEDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 003-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-24

Habiéndose producido restricciones en el haber jubilatorio del actor, por aplicación sucesiva de la ley 8312, que en el caso particular del cargo de Supervisor Seccional dispuso un aumento del valor índice 1 y de puntaje que significó un porcentaje de aumento del 48,36%, mientras que en el haber previsional se dispuso un aumento del orden general del 36%, y de la ley 8593, que dispuso un aumento del puntaje y valor índice 1 que en el cargo mencionado fue del 52,93%, en tanto que para el sector docente pasivo se dispuso un aumento del orden general del 30%, no se configura la "carencia de acción para el reclamo" invocada por la demandada sobre la base de que la Administración pagó correctamente.