marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: García, Esteban Angel s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

El art. 149 inc. 4, ap. 'b' de la Constitución de la Provincia limita la atribución de la Corte para conocer en el recurso de nulidad extraordinario a los casos en que la sentencia fue dictada por los tribunales de justicia, locución que corresponde solamente a los órganos jurisdiccionales colegiados y excluye a los jueces de primera instancia.
Funcionarios públicos, empleados públicos, código penal
Materia: PENAL
Carátula: López, Claudia Alejandra c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-31

En los términos del art. 77 C.P., son funcionarios y empleados públicos quienes participan accidental o permanentemente del ejercicio de una actividad declarativa de la voluntad de la administración pública en sentido lato, sea por elección o por nombramiento de autoridad competente. Lo prevaleciente es la "delegatio" o encargo estatal para declarar o ejecutar la voluntad del Estado o la facultad de formar o ejecutar la voluntad estatal para realizar un fin público. El funcionario, por la naturaleza de sus funciones, representa al Estado, encontrándose investido de potestad pública; el empleado o agente de la administración, en cambio, como subalterno, es el elemento que cumple con su pertinente tarea dentro del órgano, pero sin los atributos ya enunciados del funcionario (voto del juez Jantus)
Cuestiones procesales, interpretación de la ley, caducidad de instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANCHEZ EDITH MARIEL Y OTRO c/ MADECA SRL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-18

No resulta procedente decretar la caducidad de instancia toda vez que el escrito presentado por el demandado que dio motivo a cierta providencia interruptiva, fue ingresado en este expediente por error, dado que debería haberlo sido en un expediente homónimo. Lo cierto es que la incorporación de esa pieza con su consecuente despacho en tiempo propio, pudo haber generado en el apelante la convicción de que ninguna actuación adicional le correspondía efectuar, máxime si lo que había sido ordenado era el retiro del expediente para posibilitar la contestación de la demanda. Cabe recordar que en materia de caducidad, la interpretación de su procedencia debe ser restrictiva, y en caso de duda, debe optarse por el mantenimiento de la instancia, conforme conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. sentencia del 20.6.96, en "Miedzylewski, Zelek c/ Provincia de Buenos Aires y otro", JA, 1997-I-75; v. Colombo, Carlos J.- Kiper, Claudio M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado", La Ley, Buenos Aires, 2006, T. III, pág. 314), tal como esta Sala ha dejado establecido en casos anteriores (v. sentencia del 12.11.12, en "Miliavsky Edmond y otro c/ HSBC Argentina SA s/ beneficio de litigar sin gastos"; idem, 20.4.12, en "López, Carlos Raúl c/ SNS SRL y otro s/ beneficio de litigar sin gastos").
Querellante, delito de acción pública, impulso procesal, requerimiento de instrucción, desestimación de la denuncia
Materia: PENAL
Carátula: Bento, Walter Ricardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-03

El voto concurrente señaló que el querellante, con relación a delitos de acción pública, puede continuar impulsando, con autonomía del MPF, el proceso penal en todas sus etapas, en la medida en que la jurisdicción se encuentre habilitada legalmente a través del impulso de la acción penal pública que importa el requerimiento de instrucción fiscal o el inicio de la causa por prevención, y que en el caso no se altera el hecho de que el MPF impulsara la acción porque posteriormente haya declinado su pretensión punitiva durante el curso de la instrucción al solicitar la desestimación de la denuncia. (Dres. Borinsky, Figueroa y Hornos -voto concurrente-).
Seguridad social, aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley, deberes del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GASTON, Juana Antonia Cuello de c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-25

La seguridad social tiene como cometido propio la cobertura integral de las consecuencias negativas producidas por las contingencias sociales. Por ello el apego excesivo al texto de las normas sin apreciar las circunstancias particulares del caso, no se aviene con la cautela con que los jueces deben juzgar en materia previsional. (cfr. C.S.J.N., 15.4.86, "GONZALEZ, Héctor").
Enfermedad profesional, daño resarcible
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Enrique Alberto c/ Ignacio F. Kasserman S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

El art. 6 apartado 2 in fine de la ley 24557 establece una presunción juris tantum en cuanto a la imposibilidad de que las enfermedades que no integran el listado sean resarcibles por el sistema de la citada ley. Esto se pone en evidencia en el apartado 3 de dicha norma, que no excluye a las enfermedades laborales no mencionadas en el listado del ámbito de aplicación de aquella legislación. Por lo que si la enfermedad no incluída en el listado respectivo observa las pautas previstas en los arts. 6 apartado 2 primer párrafo y 40 apartado 3 de la citada ley para ser considerada laboral debería ser calificada como tal, por aplicación del art. 75 apartado 2 de la Ley de Contrato de Trabajo -según art. 49 disposición adicional primera de la Ley sobre Riesgos del Trabajo-, teniendo en consecuencia el trabajador afectado derecho a las prestacioónes que la ley 24.557 instituye. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procesamiento, inadmisibilidad del recurso, medidas cautelares, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Saba, Ricardo Gassan y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-27

El voto concurrente expresó que en relación al auto de procesamiento confirmado por la Cámara respectiva, corresponde declarar la inadmisibilidad de la vía intentada, y que adentrándose al examen de la medida cautelar confirmada en el decisorio recurrido, se advierte que se encuentran acreditadas razones suficientes que justifican la presunción contraria al principio de permanencia en libertad, no habiendo logrado los recurrentes contrabalancear los riesgos procesales invocados en el decisorio impugnado. (Dres. Borinsky, Hornos y Ledesma -según su voto-).
Contrato de suministros, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cía. Austral de Servicios S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Adm. Gral. de Obras Sanitarias) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

La morosidad de la contratista no es susceptible de ser invocada como causa razonable del retardo en la ejecución y terminación de la obra desde que debe adoptar los recaudos conducentes a la obtención y colocación del nuevo equipo, a que se comprometía en el caso.
Responsabilidad profesional, responsabilidad médica, obligaciones de medio, obligación de seguridad, instrumental médico
Materia: CIVIL
Carátula: G., S. c/ S.C. SRL s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-22

A los fines de atribuir consecuencias jurídicas a los médicos derivadas de los daños que se ocasiones a sus pacientes por la utilización de cosas en el cumplimiento de su prestación médica, aún en la órbita contractual, se podrá aludir a una obligación de seguridad-resultado. Para establecer cuándo funciona en el ámbito contractual ese deber determinado, accesorio del deber principal de suministrar asistencia médica, o éste absorbe a aquél, corresponderá distinguir el daño provocado por el facultativo en corolario con la actividad científica pura (aunque en su producción intervengan cosas), del daño que engendran los aparatos médicos independientemente de la libre investigación y del hecho intelectual galénico.

En la primera hipótesis, subsistirá la obligación de medios del médico, en tanto que por lo común el profesional se obliga a prestar servicios sobre la base de los conocimientos científicos que posee, poniendo en el cumplimiento de la tarea encomendada la diligencia y el cuidado que la misma requiere, atento a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

En la segunda, bastará para comprometer su responsabilidad que no se obtenga el resultado perseguido mediante el empleo de cosas. Se traduce lo expuesto, en definitiva, en que el médico en el cumplimiento de su obligación de operar p ara curar la enfermedad debe evitar que ocurran daños al paciente.

La causa fuente de este débito es el contrato, y es una cláusula genérica, tácita y accesoria de prestaciones en las que la seguridad de una de las partes depende o tiene nexo con los deberes principales que la convención le impone al otro. Es que cabría exigir al galeno que de las cosas de que se sirve en el desempeño de su profesión no derive un perjuicio a su paciente, de forma tal que cuando éste resulte dañado por los aparatos o instrumental utilizados, desbordando la actividad del facultativo y el control material que el mismo ejercía sobre aquellos, y por sobre todo con independencia o al margen del acto médico puro, la sola infracción de ese deber de seguridad presumirá la responsabilidad del profesional.
Medidas cautelares, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Radio y Televisión Trenque Lauquen S.A. Inc. Competencia c/ E.N. s/ medida cautelar (autónoma).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-15

La falta de sentencia definitiva debe complementarse con la regla según la cual la medida cautelar no debe anticipar la solución de fondo ni desnaturalizar el derecho federal invocado, y si la sentencia en la acción de fondo demorara un tiempo excesivo, se permitiría a la actora obtener por vía del pronunciamiento cautelar, un resultado análogo al que lograría en caso de que se acogiera favorablemente su pretensión sustancial, razón por la cual, no sólo debe ponderarse la irreparabilidad del perjuicio del peticionante de la medida, sino también el del sujeto pasivo de ésta, quien podría verse afectado de manera irreversible si la resolución anticipatoria es mantenida "sine die", derivándose de ello que la alteración del estado de hecho o de derecho debe encararse con criterio restrictivo.
Marcas, marcas mixtas, apellido como marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: SPRAYING SISTEM  CO. c/ LAGORIO, MARIO s/ OPOSICION REGISTRO MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

Los apellidos utilizados en función marcaria juegan, de ordinario, un papel de mayor relevancia, al permitir al público consumidor distinguir directamente la procedencia de los productos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pitté Ford, José s/ Sucesión Robson, Carlos Guillermo c/ Torres, Mario Luis y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14|1992-06-02

El absurdo consiste en el razonamiento arbitrario, el error palmario y fundamental del juzgador, no bastando para ponerlo de relieve la mera exhibición de un criterio distinto al de los sentenciantes, sino que requiere su cabal demostración.
Tasa municipal, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pettigrosso, Elías c/ Municipalidad de Balcarce s/ Repetición de pago indebido-Cuestión de compentencia-Art. 6 CCA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

Es de la competencia originaria del Tribunal (art. 149 inc. 3 Const.

provincial) la pretensión de devolución de sumas que el actor sostiene ha abonado indebidamente en concepto de tasa de alumbrado.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Leyes, presupuesto nacional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Abbott  Laboratories   Argentina   S.A. c/ E.N.  -M° S. y ASDébito 89.453 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-28

El art. 20 de la ley 24.156 expresamente sanciona la interdicción por medio de leyes presupuestarias de disposiciones legales en vigencia y que al estipular cómo se deben elaborar las leyes de presupuesto lleva insita la imposibilidad jurídica de que mediante ellas, se proceda a su derogación (Del voto de la juez Herera, cons. VI).
Juicio sumario, resoluciones judiciales, nulidad procesal, resoluciones inapelables, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Scublinsky, Mario c/ Arballo, Ana Silvia s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-18

Si bien en el proceso sumario la resolución sobre nulidad no sería susceptible de apelación, cuando el planteamiento versa sobre una invalidez por pretensa violación de la defensa en juicio, que es un derecho de rango constitucional, que hace a las reglas del debido proceso, aquél excede la limitación que pudiere resultar del art.

496 del Código Procesal.
Recurso de queja (procesal), notificación, notificación automática
Materia: PROCESAL
Carátula: Fontalba Meza, Neres de Jesús y  otros s/ Robo en poblado, etc. causa n° 50.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Las providencias dictadas en los recursos de hecho por las cuales se requiere la presentación de recaudos quedan notificadas por ministerio de la ley - art. 133 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -.
Aumento de cuota alimentaria, falta de representante legal
Materia: CIVIL
Carátula: C. C. A. c/ S. C. R. A. s/ alimentos (incidente de aumento de cuota alimentaria -)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-03-26

La falta, defecto o insuficiencia de la representación de quienes comparecen al proceso censura un requisito subjetivo referente a las partes o a la postulación procesal, razón por la cual debe admitírsela cuando se comprueban dichos extremos en la representación de quienes comparecen al juicio en nombre de otro, ya que tiene por finalidad la constitución regular de la relación jurídica procesal.
Coparticipación federal, coparticipación de impuestos, Comisión Federal de Impuestos, interpretación de la ley, conflicto de leyes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Grafa S.A. c/ Fisco Nacional -D.G.I.- s/ repetición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

La preservación del adecuado ejercicio del derecho a la jurisdicción en situaciones como la de autos, exige admitir que no sólo es posible solicitar la devolución de los tributos en sede administrativa o judicial cuando la Comisión Federal de Impuestos ha reconocido que la norma local está en pugna con la ley de coparticipación, sino que también es posible hacerlo en sede judicial cuando aquella Comisión no lo ha reconocido y se acciona por la repetición de lo pagado indebidamente. Al respecto, cabe señalar que la decisión de la Comisión Federal de Impuestos tiene carácter declarativo y que el derecho de repetir por pago indebido no nace de lo que ella declare, sino de la circunstancia de hallarse en pugna la norma que determinó el pago del tributo y la del régimen de coparticipación que fijó un marco que aquélla vulnera. Una conclusión contraria a la expuesta resultaría asistemática por contrariar los principios constitucionales que aseguran la defensa en juicio de los derechos (art. 18 C.N.). (Comentado por Sara Telias en Periódico Económico Tributario, del 2/7/96, pág. 10).
Reformatio in pejus, sentencia condenatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GIMENEZ, FERNANDO A. Y OTRO s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 978
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-26

La reformatio in peius se refiere con exclusividad a las situaciones posteriores a un primer pronunciamiento condenatorio jurisdiccional recurrido, de manera tal que siempre que no exista agravio del fiscal, el monto impuesto en aquella condena es el máximo posible aplicable para el tribunal que entienda el recurso. Pero este principio parte de un presupuesto indispensable: la existencia de una condena que impone un monto determinado de pena. (Del voto del Dr. Mitchell).
Expropiación, prueba pericial, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL CIVIL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ TANTERA, WALDEMAR ELEODORO s/ EXPROPIACION.    INCONSTITUCIONALIDAD  DEL  ARTICULO  24  DE  LA  LEY  COMPLEMENTARIA  PERMANENTE DEL PRESUPUESTO.     CSJ EXPTE NRO 277-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-08-21

La prueba pericial ofrecida por el demandado, consistente en el dictamen de un perito a designar sobre varios puntos orientados en demostración de los perjuicios originados por la expropiación de un volumen de tierra, y cuyo resarcimiento reclamó, se ajusta en cuanto a su objeto a una de las excepciones que contempla el artículo 40 de la ley 7534, pues apunta a probar perjuicios derivados de la transferencia forzosa de un volumen de tierra a efectos de su indemnización, conforme al contenido de una de las pretensiones articuladas por el propietario al contestar la demanda.
Concursos, privilegios (comercial), privilegios generales (comercial), actualización monetaria, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: CINENS  S.A.C.I.F.  POR  M.C.B.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO - INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-15

Debe admitirse la indexación del crédito graduado con el privilegio de la LC 270-4, conforme con las pautas de la ley 21281 desde el concursamiento hasta el pago; y debe admitirse además el devengamiento de réditos sobre el capital privilegiado a partir de la homologación del concordato de la deudora.
Prueba, segunda instancia
Materia: LABORAL
Carátula: GARCIA TOMAS GUILLERMO c/ BENUTTI ANTONIO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-05-07

El artículo 129 del Código Procesal Laboral, establece concretamente los requisitos necesarios para la apertura a prueba en esta instancia y en ella es indudable que la misma reviste carácter excepcional y que sólo puede admitirse respecto de aquellas que hubieren sido denegadas contra derecho en primera instancia o que no hubieran podido producirse por motivos atendibles, cosa que no ocurre en autos y menos aún pretender corregirse la negligencia de una de las partes.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, abogados, convenio de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FREYRE ITURRASPE, RAUL c/ CELPACK S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-16

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, toda vez que la Sala, a la hora de examinar la existencia en el caso de un convenio de honorarios que desplazara la operatividad de las escalas arancelarias conforme a las exigencias formales establecidas en el artículo 7 de la ley 11089, se limitó a contemplar aisladamente algunos de los elementos obrantes en autos, mas sin efectuar una ponderación integral de ciertos documentos relacionados y concordantes, especialmente el instrumento de oferta contractual remitido a la accionada por la sociedad profesional que integraba el abogado demandante -donde se proponía con carácter amplio y detalladamente la prestación de servicios de asesoramiento profesional por un abono mensual- y los recibos de pago en concepto de abono que, según se invocara, habrían sido emitidos por el propio actor en nombre del estudio jurídico, los cuales en conjunto podrían erigirse razonablemente como suficiente prueba por escrito acerca de la existencia y el contenido del convenio invocado. (Del voto del Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11089, artículo 7. - DOCTRINA: Peyrano, Jorge W., Eguren, María C. y García Solá, Marcela, "Ley 6767. Honorarios profesionales. Comentada, anotada y concordada con la Ley Nacional N° 24432", Juris, 2002, pág. 660.
Daños y perjuicios, divorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Valentini Luis c/ Perez Olga E. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

La doctrina y la jurisprudencia distingue entre los daños originados por los hechos constitutivos de las causales de divorcio y los daños y perjuicios derivados del divorcio en si.
Personal de casas particulares, escala salarial, Estado Provincial, ley vigente
Materia: LABORAL
Carátula: AGUILERA, Norma Lucia c/ Rodríguez David s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-07-06

El art. 1 y 13 del Dto. Ley 326/56 disponen que el mismo rige en todo el territorio de la Nación y que es al Poder Ejecutivo a quien corresponde la fijación, de los salarios mínimos del personal del servicio doméstico, "por zonas" de acuerdo a las circunstancias. El Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Reglamentario Nº 7979/56, en cuyo artículo 20 estableció las remuneraciones y categorías del personal doméstico de la Capital Federal, solamente. De tal modo, tales regulaciones no son de aplicación a la Provincia de San Juan o alguna otra.

Si bien las Resoluciones del Ministerio de Trabajo, disponen que se fijan las remuneraciones de las categorías laborales establecidas en el Dto. 7979/56 y, que la resolución es de aplicación en todo el país, mientras las provincias no legislen en forma particular sobre la materia; lo concreto es que no se advierte cuál es la norma legal que autoriza al citado Ministerio a dictar una disposición de carácter general para todo el país.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación insuficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Baltuliones, Juan c/ Berrocal, Mario Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que opone a los desarrollos de la sentencia meras afirmaciones en contrario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concesión administrativa, nulidad del contrato, licitación pública, legalidad objetiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASE SACIFIE c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-05

Cabe dejar sin efecto la sentencia que desestimó la reconvención y solicitud de nulidad del contrato planteada por la demandada e hizo lugar a la acción entablada por la actora por cobro de una suma de dinero derivada del contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de dos centros geriátricos- adjudicado por licitación pública-, pues la ley 23.696 y su decreto reglamentario prevén que las obras objeto del contrato para ser entregadas en concesión subvencionada deben ser declaradas de interés público y, en el mismo acto, la autoridad de aplicación tiene que ejercer la opción entre la licitación pública y el concurso de proyectos integrales, y en el caso no se invocó ni se probó la observancia de dichas disposiciones, trangrediéndose el principio de legalidad , siendo dicho acto irregular por lo que cabe ser anulado.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Ley previsional, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-07-28

Corresponde exigir prudencia cuando se trata de aplicar leyes previsionales en perjuicio de las personas que ellas buscan proteger, siempre que tales normas admitan un criterio amplio de interpretación (Voto de los Dres. E. Raúl Zaffaroni y Carmen M. Argibay).