marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ,  DARIO  RUBEN c/ PLATAFORMA  CERO  S.A. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-30

La responsabilidad prevista en el art. 30 LCT no se trata de un supuesto que presuma la existencia de fraude en la contratación y siempre requiere la participación de por lo menos dos empresas distintas, por lo que queda fuera del dispositivo legal en cuestión la mera provisión de mano de obra (prevista específicamente en los arts. 14 y 29 LCT).

Desde tal perspectiva se ha considerado que toda empresa puede adoptar el procedimiento que considere apropiado para realizar sus negocios, pudiendo asumir sólo algunas actividades del proceso productivo, destinando otras a terceros, lo que queda dentro del legítimo ámbito de su libertad, lo que no la exime de responsabilidad si la tercerización de servicios involucra aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento, en tanto se trata de una imputación objetiva de responsabilidad.
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Biazzo Juan Enrique y otros c/ Godoy, Hector Raul y Otro s/ Daños y perjuicios Vargas Narcisa c/ Transporte Metrop.Gral. Roca S.A. s/ Daños y Perjuicios. Mendez, Osvaldo c/ Volquetes Capri de Cristina Stawniczy s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10|2000-03-08|2001-11-29

La expresión herederos forzosos que contiene el art.1078 del Código Civil comprende, no sólo a los herederos a los que concretamente les corresponda suceder de acuerdo al orden establecido, sino a todos los que, invistan potencialmente dicho carácter al momento de la muerte de la victima, sin que importe el hecho de resultar desplazados por otro heredero de grado más próximo.
Seguro con franquicia, defensa del consumidor, leyes, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CIVIL
Carátula: MOLINA, MARTA ANGELA c/ BRAVO, JOSE EDUARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-06

Las modificaciones legislativas que sufriera la Ley de Defensa al Consumidor brindan un argumento más para reconsiderar el criterio del Alto Cuerpo (en la causa Villarreal del 29.8.2006).

Entre ellos la ley 26361 acentuó las modificaciones introducidas por la ley 24240 (y -de manera fundamental- por el art. 42 de la Constitución nacional) en convertir a la víctima de un accidente de tránsito (vgr. consumidor de seguros) en el centro del sistema reparatorio, vinculado con una relación de consumo, donde -entre otros principios- resulta contradictorio con los principios consumeristas que se pretenda oponer al damnificado una franquicia que lo perjudica de manera clara e irrefutable.

Lo expuesto resulta aplicable a otro de los argumentos brindados por el más Alto Tribunal cual es la invocación del efecto relativo de los contratos (arts. 1195 y 1199 del Código Civil), de manera tal que la víctima no debe circunscribirse a los términos del contrato. A ello debe agregarse que al ser la Ley de Defensa del Consumidor una norma de orden público (art. 65, de la ley 24240), no existe la posibilidad que a través de un contrato (de adhesión o con autorización estatal) se conculquen los derechos establecidos expresamente por la ley 24449 (art. 68) y que se encuentran protegidos por la normativa consumerista.

En suma, varias son las razones que autorizan a concluir que la cláusula 4 de la resolución 25429 en cuanto a la franquicia denunciada por la aseguradora citada en garantía es inválida constitucionalmente (arts. 31 y 75, inc. 12 C.N.).(Del voto en disidencia del Dr. Erbetta).
Acción de amparo, exhortos
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: JUEZ  EN  LO  CIVIL  Y  COMERCIAL DE SEGUNDA NOMINACION DE RIO CUARTO SOLICITA AL T.S.J. ORDENE  EL DILIGENCIAMIENTO DE EXHORTO LIBRADO POR EL JUEZ DE INSTRUCCION DE SEGUNDA NOMINACION s/ AMAPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1960-10-17

No corresponde hacer lugar al pedido de diligenciamiento de exhorto efectuado por un juez en lo civil de esta ciudad, para que este Tribunal lo ordene cuando ha sido librado a un juez de instrucción, también de la misma ciudad, en virtud de otro exhorto librado por un juez de instrucción de extraña provincia al de ésta, por el cual se ordenaba el secuestro de un automóvil que se hallaba en poder de un vecino de ésta y el juez civil recurrente, haciendo lugar a un recurso de amparo que ante él dedujo el detentador del vehículo, resolvió librar exhorto a dicho juez de instrucción para que pusiera el automotor secuestrado a su disposición, a lo que éste último magistrado resolvió no hacer lugar por estar el automóvil a su disposición, para ser admitido, en su oportunidad, por el juez de la otra provincia.

Ello es así porque la acción de amparo ha sido admitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a semejanza del hábeas corpus y, no obstante la falta de reglamentación legal, a fin de que los representantes del Poder Judicial puedan prestar inmediata y efectiva protección a la libertad y a los derechos individuales que consagra la Constitución Nacional (arts. 14,17, 18 y 33), siempre que ellos resulten conculcados, "de modo claro y manifiesto", por actos ilegítimos y de una autoridad incompetente o de particulares.-
Competencia contencioso administrativa, expendio de medicamentos, obras sociales, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JOAB, David c/ INSTITUTO    DE  SERVICIOS  SOCIALES  PARA  JUBILADOS  Y  PENSIONADOS s/ NULIDAD DE RESOLUCION - COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-14

El sub-lite se encuentra comprendido en la hipótesis del art. 29 de la ley 22.269, el régimen de contratación para el expendio de medicamentos a los afiliados del PAMI así como el alcance de las facultades rescisorias y punitorias de este Instituto, suponen el ejercicio de una potestad pública y la aplicación preponderante de normas de derecho administrativo, siendo competente el juez a-quo que debe reasumir su jurisdicción.
Prescripción, constitución en mora, interpelación, carta documento
Materia: CIVIL
Carátula: ALLENDE c/ CONSORCIO LA RIOJA 1223 Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-31

La carta documento de cuyo texto surge la intimación para rectificar o ratificar los términos de una contestación de demanda, sin expresar monto ni requerir suma alguna en concepto de indemnización, no reúne los requisitos para tener por cumplida la interpelación exigida por el art. 3986 del Código Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, jueces, incompetencia, declaración de oficio, costas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LITORAL GAS S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 69 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-15

Si bien la materia de costas no es, en principio, susceptible de impugnación con alcance constitucional, dicha regla general reconoce excepción en aquellos casos en que tal aspecto procesal ha sido resuelto mediante un claro apartamiento normativo.

En el caso, la recurrente y la recurrida resistieron y defendieron, respectivamente, la pretensión municipal por el cobro del derecho por ocupación de un bien de dominio público y sobre esta efectiva controversia no hubo decisión alguna habida cuenta que la declaración oficiosa de incompetencia del Juzgador no puede entenderse - desde un plano lógico y racional- como una efectiva respuesta jurisdiccional a la materia de fondo debatida, a resultas de lo cual, no puede hablarse técnicamente de un "vencido" en este proceso (art. 24, primera parte ley 11330), circunstancia que decididamente vacía de fundamento a la condena causídica (el hecho objetivo de la derrota); pues, al adoptarse la resolución de oficio, no hay parte "vencida", por lo cual los gastos debían ser soportados por su orden.

Colofón de lo expuesto es que la Cámara decide la imposición de costas con prescindencia u omisión de lo preceptuado en la disposición que rige el punto (art. 250, C.P.C.y C., aplicable supletoriamente conforme art. 1, ley 11330) con el consecuente menoscabo a los derechos de defensa en juicio y de propiedad.
Libertad de prensa, delitos cometidos por medio de la prensa, doctrina de la real malicia, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Caracotche, Juan Ignacio c/ Diario El Chubut y-o Impresora Chubutense S.R.L. y-o Quienresulte propietario s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-11-08

...las personalidades públicas o personas vinculadas a hechos de interés general, no pueden atribuir responsabilidad a los medios masivos de comunicación, por el sólo hecho de probar que la información difundida es inexacta. Deben probar que la información inexacta es falsa y que fue deliberadamente difundida con conocimiento de su falsedad.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, derecho de enseñar y aprender
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Morel de Maltagliati, Alicia y otros s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

El amparo procede únicamente cuando la autoridad pública, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos o garantías de la Constitución Nacional y su razón de ser no es someter a la vigilancia judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, controlando el acierto o la razonabilidad de la actividad de la autoridad administrativa, en tanto no medie arbitrariedad.
Mandato aparente, dementes no declarados, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: LEON, JUAN DIEGO Y OTROS c/ ODDONE, FRANCISCO Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-17

La tesis de mandato aparente, que constituye un no mandato por haberse extinguido o ser inexistente, entre otras hipótesis protege el derecho aparente y la buena fe creencia, es aplicable a fortiori al supuesto del celebrado por quien después fue declarado demente.

La validez o nulidad de aquellos actos, único interés en pronunciarse sobre la del apoderamiento, depende de la situación de los terceros contratantes a título oneroso, conocedores o ignorantes de la enfermedad (art. 473 último párrafo del Código Civil) y sin perjuicio de la eventual responsabilidad que les podría caber a los apoderados.

Para que resulte aplicable el primer párrafo del art. 473 del Código Civil, la causa de la interdicción debía existir públicamente en la época en que los actos fueron ejecutados. Y la existencia "pública" de la causa de la demencia equivale a la notoriedad de ella, entendida en el sentido de un conocimiento por la generalidad de las personas que habitan un lugar, aunque no fuese conocida por la persona contra quien se deduce la nulidad, no pudiéndose extender sin mas a los contratantes cuyo lugar de situación es tan lejano como Suiza o Estados Unidos.
Acción de amparo, acto administrativo, presunción de legitimidad, derechos subjetivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MOLINA DE AYUCH, MARIA ALICIA c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ AMPARO. APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-09-16

Si bien los actos emanados de los órganos de la administración pública gozan de la presunción de legitimidad, no es menos cierto que ellos no puedan ser desvirtuados por el interesado cuando el acto controvierte el orden jurídico. En tal caso, son susceptibles de ser revisados por el órgano jurisdiccional ante la eventual lesión a un derecho subjetivo.-
Accidentes de trabajo, citación en garantía, asegurador por riesgos del trabajo, cuestión de derecho común
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Fernández,  Tomás  O. c/ López,  Manuel s/ Sucesión y otros s/Accidente- Acción Civil. otros s/Accidente- Acción Civil.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-30

No resulta responsable una compañía de seguros citada como tercero en un juicio fundado no en la ley 24557 sino en las normas del derecho común, en la medida en que el seguro contratado no cubre las contingencias previstas en el art. 1113 del código Civil, sino las prestaciones en especie y dinerarias por riesgos del trabajo Ley 24557.
Accidentes de trabajo, accidente in itinere
Materia: LABORAL
Carátula: Herrera Jorge Manuel c/ QBE Argentina ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-27

De aceptar que quienes padecen un accidente in itinere no pueden acceder a la reparación prevista en el art. 3 de la ley 26773 es ni más ni menos que alterar el derecho de la persona damnificada a obtener una reparación suficiente, razonable y adecuada, contrariando la doctrina sentada por la C.S.J.N. en los casos "Aquino" y "Lucas de Hoz". Por lo tanto la limitación que contiene dicha norma sólo a los infortunios padecidos en el lugar de trabajo o mientras la víctima se hallaba a disposición del empleador, es inconstitucional. La propia norma reconoce la existencia de daños que no son reparados por las fórmulas que contiene la ley de accidentes. Por otra parte, tal limitación contradice lo prescripto por el art. 1 de la ley 24.557, cuyo inc. b), entre otros aspectos, ordena reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, sin distinción alguna. Y el art. 6 inc. 1 incluye dentro de los accidentes de trabajo a aquellos ocurridos en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. (Del voto de la Dra. Pasten, en minoría).
Alteración de la tranquilidad pública, descripción de los hechos, bien jurídico protegido, prueba
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: H., M. J. M. s/ Art. 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

No se ha demostrado, con el grado de certeza que requiere todo pronunciamiento condenatorio en función de las disposiciones de los artículos 13 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y artículos 6 y 9 del Código Contravencional, que la conducta del imputado tipifique la infracción que describe el artículo 71 de aquel cuerpo legal.

Si bien en principio, en atención a los dichos del preventor, la fotografía y las constancias del acta aparece como verosímil que el imputado -por lo demás vestido con ropas femeninas y en horas de la madrugada- se encontraba ofreciendo servicios sexuales a los ocasionales transeúntes, cabe concluir en que no resulta ello suficiente como para responsabilizarlo contravencionalmente, toda vez que el tipo en cuestión requiere, además de los elementos objetivos que el mismo describe, que se lesione o, al menos, que se ponga en peligro, el bien jurídico que la norma protege, que en el caso es la tranquilidad pública, entendida como el derecho de todos los habitantes de la ciudad a vivir en un ambiente calmo y sosegado.

Y es justamente ese derecho el que no se advierte subvertido en la especie, toda vez que los dichos que al respecto profiere el único testigo presencial, resultan inconsistentes, ya que de los mismos surge que, aunque habrían existido algunos toques de bocina, los mismos por su fugacidad evidentemente no alcanzaron a alterar la tranquilidad de los vecinos, no surgiendo del cuadro probatorio obrante en la causa que se hayan producido congestión de tránsito o reiterados toques de bocina.
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sartor Ana y otro s/ Incidente de redargución de falsedad en autos Bazoberri c/ Sartor s/  ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

No es admisible en el juicio ejecutivo redargüir de falsedad una escritura pública. Por tanto resulta totalmente improcedente la aplicación del art. 393 del CPC que se refiere a juicio ordinario.

Minoría u opinión personal)
Sentencia extra petita, nulidad de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Aguirre Armando A. y Otros c/ Estado Nacional s/ Juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-05-13

Es nula la sentencia que ordenó al Estado Nacional incorporar al concepto sueldo de los actores los aumentos otorgados por los decretos 1104/05, 1095/06,871/07, 1053/08 y 751/09 si la aplicación de dichos decretos no fue peticionada en la demanda, pues ello configura una sentencia extra petita, en violación al principio de congruencia.
Derecho a la salud, medidas cautelares, tratamiento médico, medicamentos
Materia: PROCESAL
Carátula: POTES JUAN IGNACIO EZEQUIEL c/ UNION PERSONAL s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-29

El Tribunal debe ponderar principalmente que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó a fs. 44/54 que ".se considera que el amparista, POTES JUAN IGNACIO EZEQUIEL, por presentar una esclerosis múltiple con recaídas y remisiones de evolución grave y rápidamente evolutiva, podría beneficiarse con dicho tratamiento" y que resulta imprescindible "la obtención del consentimiento informado y, ulteriormente a la misma, un estricto seguimiento clínico neurológico". El Cuerpo Médico Forense coincidió con la prescripción del médico a cargo del tratamiento del paciente, de manera tal que, como principio, debe estarse a dichas opiniones, sin perjuicio de lo que oportunamente resulte de la prueba a producirse y de lo que corresponda decidir al momento de dictar la sentencia definitiva. Sobre todo, ponderando la gravedad de la enfermedad que padece el actor y las dificultades que presenta su tratamiento.
Recurso de inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, ley de tránsito, responsabilidad solidaria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L., S. A. s/ Recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-23

Este Tribunal sostiene la tesis de la constitucionalidad del artículo 17 de la Ordenanza Nro. 50292, con basamento en el artículo 2 de la propia Ley Nro. 24449 que habilita a las respectivas jurisdicciones "cuando así lo impongan fundadamente específicas circunstancias locales" a disponer por vía de excepción exigencias distintas a las que establece la Ley Nacional y su reglamentación (art. 2, tercer párrafo Ley 24449), concluyendo este Tribunal que las mencionadas normas se complementan y no están en pugna.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maina, Hugo José c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:   C.S.J. Nro. 47 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-10

No puede prosperar el agravio del recurrente fundado en que la Administración no respetó las normas legales que le imponen disponer el pertinente llamado a concurso para cubrir definitivamente un cargo, ya que a ese respecto, la Corte local ya ha sostenido que la omisión en que puede haber incurrido la Administración al no llamar a concurso en el plazo legalmente establecido, puede haber tenido alguna incidencia en los derechos del recurrente, pero de ningún modo al extremo de justificar su supuesto derecho a permanecer "sine die" en dicho interinato.
Demanda, contenido de la demanda, pretensión, objeto del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: "A.. A. C. R. c/ S., J. s/ Ordinario por cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-16

La demanda, como acto de petición, debe indicar al juez con precisión: la cosa pretendida (art. 333 inc. 3ro. de la Ley XIII N° 5 del Digesto Jurídico Provincial, antes Ley Nro. 2203, en adelante, CPCC) y aquella petición en términos claros y positivos (art. cit. inc. 6to, CPCC).

En su función, en el escrito inaugural de la instancia la parte actora debe individualizar con precisión lo que se reclama, pues tal precisión de la cosa demandada hace al debido proceso y al derecho de defensa, toda vez que permite una defensa eficaz del demandado.

Al indicarse la cosa demandada también debe concretarse la causa por la que se la pide (causa petendi), es decir, el hecho jurídico (art. 896 del Código Civil) que se invoca como fundamento de la pretensión, es decir, aquel fundamento inmediato del derecho que se ejerce.

La exigencia procesal de indicar la petición en términos claros y positivos, no responde a un exagerado ritualismo, sino, y más bien, a la necesidad de un pronunciamiento del juez por medio del acto jurisdiccional por excelencia -la sentencia- declarando fundada o infundada la demanda (art. 165 inc. 6to. del CPCC) y que exige como presupuesto lógico aquella petición realizada en términos claros, positivos y precisos.
Despido, invariabilidad de la causa, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: RAMAT DE BRIEVA EDITH BEATRIZ c/ BANCO LITORAL COOPERATIVO LTDO. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-22

Si se intimó el pago de la indemnización del artículo 182 es indudale que se estaba reclamando por violación de la prohibición de despedir por causa de matrimonio. Por lo tanto si el fundamento de la demanda es que la actora se la despidió por causa de embarazo no se puede sino coincidir con el a-quo de que los fundamentos de la recurrente son "...un esfuerzo dialéctico para salvar la confusión de la intimación cursada..." Nada cambia que la indemnización determinada por el artículo 178 sea la del 182 ya que las causas que originan dicha indemnización son diferentes y es la causa lo que determina la indemnización.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, pensiones militares, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rojas, Florentino c/ Estado Nacional (Ejército Argentino) s/ retiro militar y fuerzas de seguridad (A).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

El recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó la demanda tendiente a percibir una pensión militar es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).