marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Compraventa, precio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hueter, Juan Alfonso c/ Bustinello, Patricia Susana s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Según prescribe la ley civil el precio será cierto -entre otros supuestos- cuando se deje su designación al arbitrio de una persona determinada (art. 1349 Cód. Civil), y, en la especie, tal situación es la que los oferentes contemplaron para lo cual se obligaban a realizar una tasación del bien, lógicamente por una persona idónea a tal fin y que se designaría por ellos, lo que así fue aceptado (arts. 1137, 1144, 1145, 1146, 1148 Cód. Civil) de lo que se infiere que la determinación del precio no pasaba por la valoración que hicieran los oferentes sino por el análisis de un tercero que sería el encargado de establecerlo.
Jurisdicción, ejecución de sentencia, reconocimiento de sentencia extranjera, ejecución de sentencia extranjera, Derecho internacional
Materia: PROCESAL - INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Pacesetter Systems Inc. S.A. s/ pedido de quiebra por Pacesetter S.A. Pacesetter S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

Sin perjuicio de la posibilidad de reconocer una sentencia extranjera cuando el caso tuviera algún contacto relevante con el foro argentino, la independencia jurisdiccional de los estados conduce a la auto - limitación, ya que a nuestro país no le interesa resolver controversias enteramente extrañas a la paz nacional.
Partes comunes, partes privativas
Materia: CIVIL
Carátula: DISTRIBUIDORA PRAXIS S.R.L. c/ CAMARA, HECTOR ALFREDO DIONICIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -JUICIO  ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 393 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-26

La determinación del carácter del bien (es decir, si el misma es de uso "exclusivo" o "común" de la comunidad del edificio) depende de lo que al respecto establezcan la ley 13.512 y el reglamento de co-propiedad y administración del edificio y es ajena, por tanto, a las conclusiones de los peritos sin perjuicio del valor de la opinión técnica al respecto.
Concurso preventivo, apertura del concurso, efectos de la apertura, actos sujetos a autorización judicial, locación de inmuebles
Materia: COMERCIAL
Carátula: LABORATORIOS ARLI SOCIEDAD ANONIMA s/ CONCURSOS   -  INCIDENTE  DE  RESOLUCION  DE  CONTRATO  DE  LOCACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07

La locación del inmueble donde se desarrolla la actividad principal del concursado constituye un claro acto de administración que no requiere autorización como principio genérico. En consecuencia, no es adecuado exigir que el deudor utilice respecto del mismo la vía de la ley 19.551: 21 para la continuación de tal contratación, y por consiguiente, que el tercero contratante pueda invocar la omisión de tal proceder para pretender la resolución del contrato.
Daños y perjuicios, indemnización, prueba, AFIP DGI, declaración jurada, honorarios, ejercicio profesional, gobierno de facto, resoluciones
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Sandler, Héctor Raúl c/ Estado Nacional s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Las declaraciones juradas presentadas por el actor a la DGI.

constituyen prueba de sus ingresos por honorarios profesionales y suministran la base para establecer la indemnización de los perjuicios derivados de la prohibición de ejercer la profesión durante el exilio.
Propiedad intelectual, originalidad creativa
Materia: CIVIL
Carátula: Messina, ARcángel Angel c/ A.F.A. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-14

Para que una obra merezca protección legal debe poseer el requisito de la originalidad y, asimismo, entidad necesaria para ser considerada como una obra intelectual.

El término original deriva de origen, principio y, por ende, se aplica a toda obra del ingenio humano que no es copia o imitación de otra; y se distingue de novedad, que a su vez denota el estado, situación o calidad de las cosas nuevas, o sea, las que no existían antes y se ven u oyen por primera vez, siendo distintas a las que antes había o se conocían. Para que una obra del ingenio constituya un objeto del derecho intelectual, es indispensable que no existiera antes, que se vea u oiga por primera vez, que sea distinta de las que antes había y no una copia o imitación.

Para que una obra sea considerada original no es ineludible que la manifestación del intelecto sea completamente nueva en el sentido corriente de la palabra, esto es, sacar algo de la nada. Basta que importe un esfuerzo intelectual de características propias que lleve el sello del autor; que éste haya sabido organizar los elementos conocidos de una manera distinta y nueva.
Beneficios previsionales, solicitud del beneficio, jubilaciones, cómputo de servicios, taxistas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rodriguez, Antonio c/ ANSES s/ dependientes: otras prestaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

Debe desestimarse la objeción formulada por el recurrente con respecto a la edad del actor para obtener la jubilación, si el peticionante acreditó los servicios efectuados en relación de dependencia y los prestados como taxista que -de acuerdo al decreto 629/73- permitía el acceso al beneficio con sesenta años, por lo que se advierte que al finalizar su actividad laboral el peticionante había cumplido dicha edad y a la fecha de solicitud de jubilación había cancelado la deuda que tenía por aportes, lo que implicaba haber reunido los requisitos necesarios (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Loffler Adam y otro. c/ Clausen Néstor s/ Medidas Cautelares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

En cuestiones eminentemente técnicas, que por su naturaleza escapan al conocimiento generalizado, la opinión de expertos especialistas en la materia, adquiere indudablemente preeminencia respecto de otros medios probatorios, y sus conclusiones, de no mediar insuficiente fundamentación científica, constituyen elementos de juicio definitorios para la suerte del proceso.
Medidas cautelares, prestaciones de la obra social, derecho a la salud, personas con discapacidad, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: AGUERO JOSE ARTURO Y OTROS c/ OSIM s/ INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-13

Toda vez que se encuentra en juego el derecho a la salud, de rango constitucional (art. 42 de la carta magna; art. 12 del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, O.N.U., ratificado por la ley 23.313, de jerarquía superior a las leyes internas, según el art. 22 de la Constitución Nacional), no es irrazonable pretender que, hasta que se decida la cuestión de fondo, se ordene a la obra social del personal de dirección de la industria metalúrgica que solvente los gastos que se originen con motivo de la internación del menor en un instituto de rehabilitación especializado en el tratamiento de pacientes que sufren ese tipo de discapacidad. Teniendo en cuenta el criterio amplio que se observa para determinar la verosimilitud del derecho (cfr. Esta sala, causas 37.575/95 del 3.10.95 y 20.083/96 del 29.10.96, entre muchas otras), estímase "prima facie" que del examen de autos surge una apariencia de derecho a favor de quien solicita el remedio, sin que proceda el análisis exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, cuya índole y extensión han de ser dilucidadas con posterioridad, ya que sólo lo es necesario un "fumus boni iuris" (cfr. Causas precit.).
Asignaciones familiares, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: VENTURA  S.C.A. c/ CAJA  DE  SUBSIDIOS  FAMILIARES  PARA  EL  PERSONAL  DE  LA INDUSTRIA s/ APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-05-28

'La resolución de la Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria C.A.S.F.P.I. del 9 de abril de 1968 no ha perdido vigencia a partir de la sanción de la ley 18017'.
Procedimiento administrativo, caducidad del procedimiento administrativo, declaración de oficio, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: FERNANDEZ, JUAN c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-22

El examen de oficio o a instancia de los fiscales del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción procesal administrativa con anterioridad a la traba de la litis resulta incompatible con el carácter de renunciables de tales defensas e implicaría, por parte del tribunal, suplir la actividad de las partes en desmedro de la garantía de defensa no sólo de la parte actora sino también de la demandada (cfr. C.S.J.N., sent. del 13.03.90, "Cohen, Rafael c/ Instituto Nacional de Cinematografía"; sent. del 06.10.92, "Construcciones Taddía S.A. c/ Estado Nacional). En consecuencia, siendo renunciable el derecho de fondo esgrimido por ser estrictamente patrimonial, la Administración es la facultada para decidir, en ejercicio discrecional de sus defensas, si aduce o no la caducidad que consagra el art. 25 de la ley 19.549.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentos suficientes, Derecho laboral, despido, injuria laboral, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: GONZALEZ, LUCIO ATILIO c/ VERRA, ELIDA G. DE E HIJOS S.H. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-02

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad desde que en autos se debaten cuestiones que, en definitiva, tienen que ver con la justificación -o no- del despido dispuesto por la empleadora y que en tren de evaluarlo, los Sentenciantes ponderaron a luz de los elementos rendidos que las amenazas con cuchillo habían existido, aunque la desvinculación resultaba excesiva por cuanto el proceder del trabajador había obedecido a una provocación del empleador, en razonamiento que puede leerse como "mitigando" la contundencia de la injuria y propio del análisis de la causa del distracto.

Y, siendo el empleador quien debe acreditar con fehaciencia la circunstancia invocada como justificativa de la ruptura, la labilidad de la única probanza de la amenaza- denuncia efectuada en sede prevencional y no ratificada en sede judicial -, no puede ameritar un pronunciamiento concluyente acerca de la prueba de la injuria que justifique el distracto. (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Contratos, nulidad del acto jurídico, intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: García Constantino c/ Machi Norma y otro s/ Ejecución Prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-07

La indeterminación de la tasa de interés aplicable vulnera el requisito de especialidad establecido en los arts. 1 y 3 de la ley 12962 y su modificatoria, lo que ocasiona la nulidad del contrato de prenda con registro.
Recurso contencioso administrativo, prueba, oportunidad procesal, prueba documental
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: MIRANDA,  MONICA  HANNA  DE;  LAURIA, MARIA BORSOTTI DE; RECA, SUSANA LOPEZ DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA Y CADUCIDAD DE INSTANCIA.     CSJ EXPTE NRO 175-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-07-20

No obstante la extemporaneidad de la prueba ofrecida, el tribunal tiene facultades para incorporarla al proceso en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de la ley 4106, (medidas para mejor proveer).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Báez, Mario Rubén c/ Viveros Miguel Cúculo SRL s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21

La casación con fundamento en el absurdo es un remedio excepcional para casos extremos, que sólo cobra virtualidad cuando el discurrir del fallo se encuentre afectado de tal modo que lleve a conclusiones contrarias o incongruentes a las constancias de la causa, siendo el apelante el que debe demostrar tal vicio invalidante.
Sistema de gobierno, estado de derecho
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ponce,  Carlos  Alberto c/ San  Luis,  Provincia  de s/ acción declarativa de certeza.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

Los principios del Estado de Derecho deben ser respetados como garantías para la expresión de las mayorías y una adecuada protección de las minorías (Voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Sucesiones, partición
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Baseggio, Leandro s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

El juez posee amplias facultades para juzgar la cuenta particionaria, después de oídos los interesados y sustanciadas las objeciones, pudiendo aprobarla o modificarla en todo o en parte (art 766 y 767 C.P.C.).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, servicio público, funcionamiento irregular
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Casanova, Miguel R. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causen su incumplimiento o su irregular ejecución.
Verificación de créditos, fuero de atracción, incidente de revisión
Materia: COMERCIAL
Carátula: Vega Amilcar Justiniano y otro c/ Coop. De Trabajo y Transporte La Unión Ltda. s/ Cobro de Pesos - Casación Civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-09-25

Corresponde confirmar la sentencia que rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la providencia que desestimó el pedido de verificación del crédito atraído al concurso, pues al no haber optado la actora por continuar con el proceso de conocimiento y haber efectuado el pedido de verificación a la sindicatura, la vía de impugnación admisible ante su rechazo era el incidente de revisión previsto en el art. 37 2º párrafo LCQ y no el de apelación, habida cuenta que el ejercicio de la opción que consagra el art. 21 de la LCQ es definitivo.
Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Testimonio de la apelación del dictado de falta de mérito en relación a Félix Alberto NICOLINI y otros en Expte. Nro. 495". Causa nro. 12.180
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-29

El tipo penal descripto en el artículo 265 del Código de fondo no exige necesariamente el perjuicio para el Estado ni lucro personal del autor, sino que resulta suficiente la inclinación de éste demostrada en beneficio de un tercero en una operación negocial, aunque también salga favorecida la entidad estatal, consumándose el mismo con la simple acción de interesarse; mientras que en esta figura se protege "el interés de la colectividad en la imparcialidad de la administración pública y el prestigio de los funcionarios".
Asociaciones sindicales, aportes adeudados, competencia, justicia nacional del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Guerricabeitia, Mauro Sebastián y otros c/ Polar Industrias Gráficas SA s/ juicio sumarísimo Unión del Personal Civil de la Nación UPCN c/ Estado Nacional Ministerio de Desarrollo Social s/ Cobro de aportes o contribuciones
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-18|2009-10-26

Resulta competente la Justicia Nacional del Trabajo para conocer en la causa que se inició con el objeto de percibir cierta suma de dinero en concepto de cobro de aportes impagos y diferencias por pago de aportes fuera de término de la contribución solidaria prescripta en el art. 103 del CCT que rige la actividad, ya que el objeto del reclamo se encuentra contemplado en el art. 21 inc. a) de la ley 18.345. En especial, cabe señalar que la norma hace alusión a que la Justicia Nacional del Trabajo resulta competente en cuestiones vinculadas a aspectos individuales o colectivos del Derecho del Trabajo. A mayor abundamiento, el inc. e) del art. 21 citado anteriormente, establece claramente que serán de competencia de este fuero "los juicios por cobro de aportes, contribuciones y multas fundados en disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo". (Del Dictamen FG N° 49.098, del 8/10/2009, Dr. Álvarez, al que adhiere la Sala).
Recusación con causa, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: FLORES, Humberto Ramón c/ Ana M. de Feudis de Lucía.	 s/ INCIDENTE DE RECUSACION CON CAUSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-03-13

Cautela y restricción son las pautas que condicionan la consideración de la recusación, habida cuenta que una acogida amplia del instituto resultaría contrario a sus propios fines y llevaría al irritante resultado de sacar el pleito del conocimiento del juez interviniente sin motivo válido que justifique tal proceder.

Siendo la decisión el ejercicio de la actividad jurisdiccional, lo resuelto dentro del marco de una facultad legal no puede ser expresivo, de por sí, de enemistad, odio o resentimiento.

Al sancionar al recusante con la multa que establece el artículo 29 del Código Procesal en virtud de las sucesivas recusaciones deducidas, la juez no hizo más que aplicar el derecho, lo que no resulta razón suficiente para alegar enemistad, odio o resentimiento por parte del juzgador, en los términos del artículo 17 inciso 10 del CPCC.
Proceso penal, facultades del juez, calificación jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: V., J. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -ABUSO  SEXUAL AGRAVADO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 12 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09

La calificación legal de los hechos materia del proceso es propia de los jueces de la causa y no sustenta el remedio extraordinario, en tanto la condena no se funde en hechos diferentes a los que fueron objeto de debate.
Accidentes de trabajo, incapacidad, relación de causalidad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Alonso, Sergio Orlando c/ Empresa de Transporte Tiro federal Resistencia S.R.L. y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-10-30

Es improcedente el agravio de la aseguradora citada en garantía, alegando la empleadora demandada sea eximida de responsabilidad, por haberse alterado el nexo de causalidad, a consecuencia de no haber cumplido el trabajador con el debido tratamiento recuperatorio. Aduce que fue esa negligente conducta la que agravó la lesión original, produciéndole la secuela incapacitante reclamada en autos.

Ello así, ya que no resulta válido argüir que la cadena causal atribuible al trabajo o en ocasión del mismo, se hubiera detenido por culpa imputable al trabajador, como para que pueda deducirse la cuota de responsabilidad inicial de la empleadora por efecto del accidente que diera lugar a la postre al daño incapacitante en cuestión. Se trata el "sub discussio" de una hipótesis de hecho y de prueba, donde se debe priorizar el efecto producido por el trabajo, en tanto no se acredite la existencia de algún factor causal o atribuible al trabajador.

Tampoco la tesis sostenida por el apelante puede encontrar apoyo en la doctrina de los arts. 901 y 904 del Código Civil, habida cuenta que el régimen de la Ley 24028 es omnicomprensivo y excluyente para regular todo lo atinente a la indemnización tarifada allí prevista.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos suficientes, Derecho contravencional y de faltas, proceso contravencional, animales sueltos en la vía pública, violación al deber de cuidado
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: DEMARCHI, ROBERTO TITO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-30

Es inadmisible la queja interpuesta por el recurrente- quien fuera condenado como autos de la infracción de omisión de custodia de animales (art. 98 de la ley 10703), desde que, más allá de su acierto o error, tanto en primera como en segunda instancia, los tribunales suministraron las razones concretas por las cuales la infracción le era imputable y el recurrente no alcanza a exponer ningún argumento tendente a acreditar mínimamente que los tribunales hayan incurrido en un razonamiento arbitrario al considerar que la causa por la cual el animal se encontraba en el camino tenía que ver con el regular estado de los alambrados y ello suponía una violación a sus deberes de cuidado, ya que tenía a su cargo el gobierno de la explotación y debía dar las reglas para su manejo.
Juicios universales, concursos, notificación por cédula, formulario 3003, intimación de pago
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: ROVARRELLA   HNOS.   SA s/ CONCURSO   PREVENTIVO.   (LL  2002-B-268
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-04

Debe notificarse por cédula la intimación al cumplimiento de lo dispuesto por el decreto ley 3003/56, art. 2.
Obligaciones en moneda extranjera, cláusula dólar
Materia: CIVIL
Carátula: KAMENSZEIN VICTOR c/ FRIED DE GOLDRING MALKA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-05

La política cambiaria seguida al 2 de febrero de 1981 constituyó un acontecimiento extraordinario e imprevisible para quienes contrataron antes, estableciendo cláusulas valor dólar a la vista de que el gobierno central había reiterado su decisión de mantener el control de las devaluaciones al compás de un porcentaje fijo que regiría hasta mediados de 1981. Es que el sistema crediticio oficial y la propia autoridad monetaria -el Banco Central- alentaron en forma expresa y categóricamente el endeudamiento en divisas, precisamente a partir del seguro de cambio de hecho que resguardaba las operaciones de cambio de cualquier evento futuro, sin que sea óbice la circunstancia de que pausadamente se iba produciendo un demérito entre el valor nominal del dólar y el valor real y que los técnicos advirtiesen que la denominada "tablita" se utilizaba como instrumento de una política económica que no era posible mantener indefinidamente. A esto se ha respondido que no podía exigirse al contratante común, al hombre de la calle, una especial capacidad de prognosis de los hechos económicos y que la imprevisibilidad del art. 1198 del Cód. Civil no se mide con los talentos ni con las luces de un especialista o de un científico.