marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, sumario administrativo, recusación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barrionuevo, Silvio Sergio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Medida caurelar (Expte. CSJ Nº   498-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-23

En un análisis liminar propio de la instancia cautelar, resulta insuficiente para obtener la cautela postulada el agravio del recurrente vinculado a la calidad de uno de los sumariantes intervinientes (argumenta que no cumplía con las condiciones de ser funcionario público con categoría igual o superior a la del imputado), si se repara en las comunicaciones que se le habían cursado al agente dándole cuenta de la designación de los instructores, los que no habrían sido recusados por el sumariado.
Recurso de nulidad, facultades de la alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: M., J.M. y ot. s/ Art. 10 Ley 10.067
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Hallándose la resolución recurrida ausente de fundamentación, dicha carencia puede ser subsanada en la Alzada por razones de estricta economía y celeridad procesal, toda vez que debe estarse a los principios de trascendencia y de validez del acto jurisdiccional cuando los agravios que confiere el decisorio impugnado pueden obtener remedio en el marco del recurso de apelación deducido, en cuyo caso cabe sortear el planteo de nulidad sustentado en esta causal, pasando a considerar directamente el recurso continente (Art. 253 del CPCC y su doctrina).
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, cómputo del plazo, feria judicial, cierre de edificios judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: SEVILLA c/ GUERRERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-27

La inactividad que ocasiona la caducidad no puede castigar al litigante si aquélla se produce por causas no atribuibles a éste, por lo que, en caso de duda, debe mantenerse viva la instancia. Ello por cuanto, pese a la notoriedad que alcanzó el hecho del cierre del edificio de Paraguay 1536 por causas de fuerza mayor, el feriado judicial dispuesto se extendió por más de un año, cesando en diferentes fechas para los juzgados afectados, en la medida que éstos se iban instalando, con casos en los que surgieron dificultades edilicias que entorpecieron el debido funcionamiento de algunos Tribunales, de manera tal que era exigible la notificación de la reanudación de los plazos, a diferencia de lo que ocurre con los feriados judiciales ordinarios.
Convenios colectivos de trabajo, empleados de comercio, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Galeano, Pedro Alberto c/ Industrias Plásticas Posadas y/o Benjamín Rubén Cohen s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-04-28

El art. 2° del Convenio Colectivo 130/75 de empleados de comercio claramente establece que los trabajadores de las "explotaciones industriales" que no sean administrativos o se desempeñen en "las bocas de expendios", sino que se desempeñen en el proceso industrial, no quedan comprendidos en el Convenio de los Trabajadores de Comercio. Por lo que mal puede interpretar el recurrente que dicho Convenio incluye una actividad mixta estableciendo su vigencia aún respecto de actividades industriales cuando comercialicen el producto elaborado por "boca de expendio".
Competencia contencioso administrativa, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: D. M., B. D. C. c/ MUNICIPALIDAD DE RAWSON s/ COBRO DE HABERES E INDEMNIZACIÓN DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-30

Cuando no se peticiona reparación alguna fundada en el derecho común, sino el cobro de diferencias de haberes generadas en una relación de empleo público, es imposible interpretar que la demandante ejercite la opción que el art. 136 de la Ley XVI n° 46 (antes Ley 3.098) le brinda.
Caducidad de instancia, acción penal, acción civil
Materia: PENAL
Carátula: "DIEZ ANGEL GILBERTO; ESPINOZA EUSTAQUIO s/ S.D. HOMICIDIO CULPOSO E.P. DE MARIO DE JESUS ALDERETE-CASACION"
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-27

Decretada la citación a juicio se consolida la acción civil, ejercida conjuntamente con la acción penal. Fenecida o extinguida ésta, adquiere plena autonomía aquella, lo que hace posible su caducidad por la perención de la instancia, aplicándose al efecto las disposiciones del ordenamiento procesal civil que prevé y reglamenta dicha perención.
Accidente ferroviario, responsabilidad objetiva, daño, relación de causalidad, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: L., J. G. c/ TREN PATAGONICO S.A. y Otros s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-06-06

"... en el caso que analizamos siguen en pie las presunciones del art. 1113 y por ello quien reclama la indemnización, ya sea el responsable del automotor o ferrocarril sólo debe acreditar el daño y el nexo de causalidad. Corresponde a la parte que desea exonerase demostrar la culpa de quien reclama la indemnización, pero esa prueba no es al fin de lograr la reparación sino por el contrario para eximirse de la propia responsabilidad."
Fe pública, escribanos públicos
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Macro S.A. c/ Granos del Plata S.R.L. y otros s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-10

En virtud de lo dispuesto por los arts. 979 inc. 1, 993 y 994 del Código Civil, la manifestación del escribano de haber tenido a la vista cierta documentación, hace plena fe en cuanto al hecho físico de la existencia del instrumento, así como en cuanto al contenido del mismo que reseñara el notario, hasta la redargución de falsedad por acción civil o criminal.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Acosta María Ventura y Otros c/ Castroviejo María del Amparo s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

Si se ha pactado el mutuo hipotecario en moneda extranjera -dólares estadounidenses- la que ha sido asimilada a un capital revalorizado, debido a que mantiene el valor constante de la misma, aplicar una tasa anual superior al 26,5% comprensiva de los intereses compensatorios y punitorios, la convertiría en confiscatoria, puesto que superaría los límites que fijan los principios rectores de nuestro ordenamiento, consagrando la supremacía de la autonomía de la voluntad- artículo 1197 del Código Civil- sobre los fueros de la moral- artículos 622 y 656, Código Civil.
Contienda negativa de competencia, jueces, competencia por la materia, daños y perjuicios, actos ilícitos, tribunal colegiado, responsabilidad extracontractual
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, ALICIA c/ WAINSTEIN, ELIZABETH Y OTROS s/ COMPETENCIA - DECLARATORIA DE POBREZA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 50 AÑO  2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-18

Si la pretensión principal radica en un reclamo "por indemnización de daños y perjuicios extracontractual ... fundado en la responsabilidad objetiva de los demandados" (en el caso, como propietarios, cuidadores, guardadores, tenedores, o poseedores de un animal), ello coloca el asunto en la órbita del artículo 69 de la ley 10.160.
Derecho laboral, denuncia del accidente de trabajo, aplicación de la ley, comisiones médicas, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Monzón Julio César c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-03

La decisión de la Ley nacional 27.348, y de la Ley provincial de adhesión 10.532, al establecer que un conflicto de índole privada, que involucra a un sujeto doblemente hiposuficiente (un trabajador siniestrado, o que alega serlo), sea abordado por profesionales de la medicina, a quienes se les requiere que se expidan sobre cuestiones jurídicas (e definitiva, que digan el "Derecho"), no resiste la mínima crítica ni el cedazo de la más liviana criba constitucional. Puesto que transforma a las Comisiones Médicas en verdaderos tribunales administrativos erigidos como un valladar prejudicial obligatorio e ineludible para la víctima de un infortunio laboral. Y estas competencias, otorgadas a profesionales de la medicina, resultan absurdas (Voto Ronconi)
Contratos administrativos, obras públicas, teoría de la imprevisión
Materia: CIVIL
Carátula: Item Construcciones S.A c/ Provincia de Río Negro s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/APELACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-03-13

En un contrato de obra pública es indispensable que el cocontratante particular, a pesar del trastorno producido, no haya suspendido por sí la ejecución del contrato. Si la imprevisión busca una ayuda al cocontratante para que éste no interrumpa el cumplimiento de sus obligaciones, y si aquél debe actuar como un colaborador de la administración pública, este requisito es de importancia trascendental, pués da razón a ese apoyo económico.
Juicio de apremio, impuesto inmobiliario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FISCO DE LA PROVINCIA c/ ELENA RIVAS DE FATTORE Y OTROS s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-02-11

La doctrina se ha pronunciado en el sentido que los impuestos que gravan un inmueble configuran deudas "propter rem" inherentes a la posesión que recae sobre quien quiera ser poseedor de la cosa (art. 2416 C. Civil). Se sigue de allí que si hay una obligación concerniente a una cosa, éstas no gravan a una o más personas determinadas, sino indeterminadamente al poseedor de una cosa determinada. Esta regla está iniciada en el art. 3266 C. Civil. Aún cuando esta redacción no es muy clara, alude, primero a los gravámenes que pesan sobre la cosa trasmitida, en tener el carácter de derechos reales, están in rem scripta, de modo que la cosa misma responde de su ejecución, por lo que está obligado a cumplir esa promesa el tercero poseedor que quiera conservarla. Se trata de obligaciones ambulatorias, que viajan tanto activa como pasivamente. Pero es de puntualizar que no obstante las características perfiladas, la obligación propter rem es propiamente , una obligación y no derecho real, porque el sujeto pasivo debe una prestación de dar, hacer o no hacer, y porque responde de su cumplimiento con todo su patrimonio. Habiendo ejecución judicial, la posterior subasta del inmueble, o su posterior transmisión del inmueble, no desobliga al ejecutado, quien responde con todo su patrimonio. Ello es así porque el carácter de acreedor y deudor de la obligación "propter rem", si bien es inseparable de la calidad de propietario o poseedor actual de la cosa, lo que interesa en el caso de autos, es determinar quién era el acreedor y quién el deudor del crédito, o quienes son sujetos de la relación obligacional en el momento de su articulación. Aunque se trate de una obligación "propter rem", el obligado responde con todo su patrimonio y la posterior transmisión por subasta, luego de la promoción del apremio, en otro expediente, no extingue a su respecto la obligación.-
Recurso de nulidad, apelación en subsidio, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: AGULLO, Carlos D. s/ nulidad Causa 30.426
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-20

El nuevo ordenamiento procesal no prevé la posibilidad de apelar resoluciones que aún no se han dictado. Por ello ha sido mal concedido el recurso de apelación interpuesto de modo subsidiario a la solicitud de la declaración de nulidad de una diligencia procesal.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, plazo, LEY DE CONCURSOS, tribunal de alzada
Materia: COMERCIAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: El incumplimiento en primera instancia de los   requisitos de la presentación preventiva concursal (artículo 11 de   la ley 24522), ¿Es subsanable en la alzada? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-04

El tema sobre la posibilidad de subsanar en la Alzada el incumplimiento en la primera instancia de los requisitos de la presentación preventiva concursal, tiene dos extremos difíciles de compatibilizar. De un lado, una interpretación demasiado laxa acerca del momento del cumplimiento de los requisitos de la presentación concursal podría llevar al extremo de tolerar la presentación sin recaudo alguno para, apelación mediante de la resolución denegatoria de la apertura por el juez a quo, obtener los plazos mucho más largos e indeterminados de un recurso de apelación y, recién entonces, cumplir con el artículo 11 de la Ley de Concursos y Quiebras. Esta alternativa, llevada al extremo, podría transformar en letra muerta a las exigencias formales que, en principio, deben ser contemporáneas de la solicitud de apertura concursal y, a lo sumo, integrarse dentro del plazo de gracia de la parte final del artículo precitado. De otro lado, el opuesto extremo de la rigurosidad absoluta, minoritario en jurisprudencia, puede terminar en la convalidación de excesos rituales, antieconómicos y disvaliosos en sus consecuencias, al condenar muchas veces a la quiebra a un sujeto que puede haber sido algo descuidado en las formas de la presentación preventiva, o a quien el juez a quo ha exigido excesivamente los aspectos formales, y que, al fin y de hecho, cumple acabadamente con todas las exigencias de apertura concursal así fuera en la alzada, no obstante lo cual ésta niega la última alternativa de reorganización empresarial. (De los Fundamentos del Dr. Rouillón).
Agotamiento de la instancia administrativa, in dubio pro actione, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Fibrasur  S.A. c/ E.N. s/ Juicios de conocimiento en general.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-02

En supuesto de duda sobre la habilitación de la instancia judicial rige el principio pro actione por el que debe estarse a favor de tal habilitación con el fin de resguardar la garantía de la defensa en juicio de los derechos.
Honorarios del abogado, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: O.F.A.  S.A. s/ Pedido de quiebra. Incidente verificación de crédito de Fisco de la  Provincia de Buenos Aires
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

Constituye una excepción a la regla de irrecurribilidad sentada por el art. 57 del decreto ley 8904, la decisión que al regular honorarios tiene en cuenta que las retribuciones podrían superar el monto del juicio con afectación del derecho de propiedad.
Libertad de prensa, libertad de expresión, aplicación de la ley penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Vita, Leonardo G. Y González Eggers, Matías s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-13

La represión penal de ideas basadas únicamente en la difusión de ideas contrarias a la política criminal del Estado Nacional resulta ilegítima, y constituye una restricción al derecho a la libre expresión de ideas y a la libertad de prensa.
Prueba confesional, indivisibilidad de la confesión
Materia: CIVIL
Carátula: MINGUILLON, ORLANDO H c/ MACHELLA, ENRIQUE s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-02

El art. 424,inc. 2do. del C. Procesal autoriza la división de la confesión cuando: "El confesante invocare hechos impeditivos, modificativos o extintivos, o absolutamente separables, independientes unos de otros." Dice Hernando Davis Echandía: "Para nosotros la confesión es indivisible siempre que la agregación sea una simple modalidad del hecho, o que se trate de otro hecho posterior pero originado en aquél; o que sea consecuencia o constituya al modo natural para la extinción del efecto jurídico del primero".
Entidades financieras, concursos, banco central
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Río Paraná S.A. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-23

Las facultades otorgadas por la Ley 22529 al Banco Central como entidad liquidadora para el ejercicio de actos sin autorización judicial -arreglos de pago conforme intereses de la masa acreedora, transacciones, concesión de quitas, dar de baja créditos considerados incobrables, etc.- traen aparejada la innecesariedad del pedido de tal autorización para concretar la venta de créditos hipotecarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, libertad provisional, juicio, condena condicional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: R., R. E. s/ Robo en grado de tentativa - Libertad provisional (Expte. Nro. 1445- 00  Resolución Nro. 303, Tomo 57, Folio 16)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-13

Respecto de la procedencia del instituto en función de lo normado en el inciso 2 del art. 337, cabe considerar que si bien el encartado no registra condena anterior, en los cuatro procesos que tramitan por ante el Juzgado en lo Penal de Sentencia resulta inminente el dictado de pronunciamiento de fondo, y si bien se trataría de primera condena que, a tenor de la pena peticionada por el titular de la acción penal dos años y ocho meses , tornaría objetivamente aplicable la hipótesis mencionada, no obstante debe ponderarse que a los efectos de su procedencia no corresponde realizar una mera argumentación mecánica del mínimo posible de la pena, sino efectuar un pronóstico fundado en la totalidad de las circunstancias que la ley prevé (art. 26 C.P.), toda vez que se erige en excepción al principio de efectividad de la pena.
Acumulación de acciones, honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Stantien, Ramón s/ Incidente de nulidad en autos: alvarez de Stantien María s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-04

El dictado de sentencia única no quita autonomía a los procesos en los que se ha dictado y que se promovieron con pretensiones distintas aunque conexas, por lo que corresponde que en cada proceso, atendiendo a las características del mismo y su finalidad se practiquen regulaciones independientes (art. 26 del decreto ley 8904). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficio de litigar sin gastos, revocación de sentencia, caducidad de instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALFARO, LIDIA YOLANDA C/ CAJA DE SEGUROS SA S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-11

Procede revocar la resolución en la que el juez de grado oficiosamente declaró operada la caducidad de instancia. Ello por cuanto, en el caso, entre la fecha indicada por el juez y el día en que se dictó la resolución apelada se observa la presentación de cierto escrito suscripta por la abogada de la actora - sin firma de la parte- en la que dicha letrada informó que en los autos principales constaba el pago de Tasa de Justicia efectuado por la demandada y que por ello debía tenerse por cumplida la carga tributaria. Y si bien la presentación efectuada por la patrocinante sin la firma de su cliente fue desestimada por dicha deficiencia formal -pues debió suscribirla la actora- y aun cuando se circunscribió a la obligación tributaria, de ella podría deducirse que no hubo intención de abandonar el proceso de este beneficio de litigar sin gastos. Además, las partes han celebrado un acuerdo en los autos principales que está pendiente de resolver sobre su homologación y con el cual concluirían el juicio asumiendo la demandada la carga de todos los gastos del proceso. En definitiva, es relevante destacar que este Tribunal comparte la reiterada corriente jurisprudencial conforme la cual el restrictivo criterio con que debe aplicarse la perención de instancia conduce a descartar su procedencia en supuestos de duda (cfr. esta Sala; "Confor - Guías SA s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por López Felipe" del 12/09/05, entre otros); y, en el caso, el argumento basado en la evidencia del cumplimiento del plazo de perención instancia es suficientemente dudoso.
Contrato de obra pública, mayores costos, guerra de Malvinas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tecnobra  S.A.C.I.C.I.F. c/ Comisión Nacional de Energía Atómica s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-20

Si el hecho imprevisible que generó las consecuencias gravosas para la recurrente - el conflicto bélico del Atlántico Sur - se desencadenó en abril de 1982 y concluyó en junio de ese año, con anterioridad a la firma del contrato cuya revisión se pretendió en sede administrativa, y en el momento de manifestar su voluntad aquélla conoció el defecto que afectaba la fórmula, no debió suscribir un contrato que la obligaba a soportar "cargas previsibles", sin perjuicio de los reclamos que se hubieran creído con derecho a formular en relación a la frustración de la obra.
Alimentos, obligación alimentaria, concurrencia de los padres
Materia: CIVIL
Carátula: CHIESA s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-14

Si bien para el caso en que los padres no convivan se tiene en cuenta que la madre contribuye en especie, es decir atendiendo personalmente a los menores en diversos aspectos que realizados por un tercero serían económicamente valuables, ello no puede conducir a la iniquidad de pretender que recaiga sobre el padre todo el peso económico inherente a la obligación alimentaria cuya distribución está dispuesta expresamente por ley.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, encuadramiento legal de los hechos
Materia: LABORAL
Carátula: Moroz, Bogdan c/ Cristalux S.A.I.C. s/ Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

Nada obsta a que conociendo de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Suprema Corte encuadre determinados hechos que resultan de la causa en la norma legal que corresponde, típica cuestión de calificación jurídica propia de la aplicación del derecho.
Honorarios, regulación de honorarios, honorarios del abogado, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Zalazar, Bonifacio c/ Buenos Aires, Provincia de s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

La primera etapa aludida en el art. 40 de la ley 21.839 comprende todos los trámites establecidos por el Código Procesal hasta la resolución a que hace referencia el art. 508 del mismo cuerpo normativo, y la segunda, atento a la remisión efectuada por el art.

510 de ese texto local, los dispuestos en los arts. 559 y siguientes de dicho código, concernientes al cumplimiento de la sentencia de remate.
Denominación social, nombre comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: B., A. S. c/ B. G., L. R. s/ Diferenci de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-29

Aun cuando corresponde distinguir entre la denominación social y el nombre comercial, lo cierto es que la denominación debe considerarse en función instrumental como un bien económico susceptible de un valor de uso y de intercambio, que alguna vez adquiere una relevancia superior a los demás elementos de la empresa.
Personal municipal, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pino, Leyla y otros c/ Municipalidad de Olavarría. Tercero: Fiscalía de Estado s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

La pretensión de reconocimiento y pago de diferencias salariales por jornada prolongada y su actualización no puede prosperar si está demostrado que constituye una réplica de lo ya reconocido y abonado por la municipalidad demandada.
Defraudación, estelionato
Materia: PENAL
Carátula: Caro Caro, León y otra s/ Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-05

Cuando el art.173 inc.9 del C.P. se refiere a quien vendiera "como bienes libres" aquellos que estuvieran gravados, describe un comportamiento que, si bien puede presentarse bajo múltiples formas, en cualquier caso deberá constituir un concreto modo de atribuir al bien gravado apariencia de libre.
Despido con causa, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Hernández, Oscar Manuel c/ DON PACO S.R.L. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-10

Quien invoca una justa causa de despido debe probarla.