Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-05-29


AUTOS N° 6717 "BRIZUELA, Sandra Analía del Valle C/ Colegio Inglés y Otros - Apelación Auto Interlocutorio".

San Juan, veintinueve de Mayo de dos mil nueve.-	VISTO:

El llamamiento de autos dispuesto a fs. 388 a los fines de resolver los recursos de apelación deducidos a fs. 320 por la demandada N. N., el codemandado N. N. y por el Dr. Osvaldo Javier Guimaraes, por su propio derecho; conforme lo requiere la Excma. Corte de Justicia por sentencia de fs. 374/377.- De acuerdo al resultado del sorteo practicado para la emisión de votos de los Sres. Camaristas, EL DOCTOR HERMES FRANCISCO CARRERA DIJO: Que contra el fallo dictado por el Sr. Juez del Primer Juzgado Laboral a fs. 318/319 se alzan los recurrentes, por considerar que el mismo les causa agravio irreparable.- Que por dicha resolución el A quo resolvió hacer lugar a la impugnación planteada por el Dr. Gustavo Federico Sánchez respecto de la liquidación formulada a fs. 307 por el Dr. Guimaraes con fines regulatorios en relación a la acción deducida contra el Dr. N. N.- Entre los fundamentos del fallo, se pueden citar: 1- Que en los casos de rechazo parcial por falta de legitimación pasiva, se aplica el primer párrafo del artículo inc. 1 del art. 191 de la ley 2150, dado que los honorarios que deban regularse en todo el proceso se practicarán sobre la base económica por el capital condenado, con la salvedad de lo apuntado en los ss. párrafos de la norma.- 2- Que no corresponde fijar honorarios del letrado del codemandado vencedor en la litis, sobre la base de la suma reclamada en la demanda prescindiendo de considerar la suma por la que se admitió la demanda respecto de otro de los codemandados, con quien, en el caso de prosperar la demanda en su contra, hubiera sido responsable solidario.- y 3 - Que en el caso de que hubiera prosperado la demanda contra N. N., habría sido condenado en los mismos términos que la codemandada, vale decir, que con su defensa evitó que saliera de su patrimonio la suma resultante de la condena.-	A fs. 322/329 expresa agravios el recurrente N. N., quien solicita la nulidad de la sentencia, por cuanto no se le ha dado participación en la discusión de la base regulatoria, no obstante tener interés en ello, ya que podría ser cargado con honorarios mayores a la condenada en costas, y sin ninguna posibilidad de repetición.- Asimismo plantea apelación con fundamento en que la sentencia es errada, y resuelve en contra del art. 187 inc.a de la ley 2150.- Manifiesta que no se tiene en cuenta que hay un litisconsorcio voluntario, donde el accionante elige por su exclusiva voluntad a quién demandar, y debe asumir las consecuencias de su obrar.- Que es criterio absolutamente consolidado y unánime de todos los tribunales, la equiparación del "rechazo total" con el de "admisión total de la demanda".- Por último manifiesta que la solución contraria llega al absurdo de que a su parte le hubiera convenido perder parcialmente el pleito, que ganarlo totalmente, ya que de esta forma resulta más onerosa la suma por la que se transforma en deudor de su mandatario judicial y sin posibilidades de repetición contra la actora.- Deduce cuestión constitucional.-	A fs. 330/333 funda la apelación el Dr. Guimaraes por derecho propio, y expresa que la sentencia es totalmente errada en derecho, habiéndose fallado en contra del art. 187 inc. a de la ley 2150.- Que no tiene en cuenta el resultado obtenido respecto al Dr. N. N., sino el obtenido con respecto a la codemandada Sra. N. N.- Que la actora generó un litisconsorcio voluntario, eligiendo por propia voluntad a quién demandar, por lo que si pierde el pleito contra alguno, debe asumir las consecuencias y pagar las costas.- Asimismo expresa que si VS resolvió bien al pronunciarse en forma diferenciada sobre las pretensiones de la actora y sobre las costas al momento de sentenciar, y ello pasó luego en autoridad de cosa juzgada, no puede ahora mediante una resolución elíptica y contradictoria con la anterior, resolver una base regulatoria que borra casi todos los efectos de la anterior y contradice la cosa juzgada.-	A fs. 334 obra la fundamentación de la demandada N. N., quien plantea la nulidad de lo actuado por haberse resuelto el tema sin darle oportunidad de expresarse, en relación a la base regulatoria pretendida por el apoderado de la actora, formulada al impugnar la presentada por su propio derecho, el Dr. Osvaldo Guimaraes.- Formula asimismo reserva de caso federal.-	A fs. 341/346 la parte actora responde los agravios vertidos por los recurrentes, oponiéndose al progreso de las apelaciones por los fundamentos que expresa, y a los que me remito en honor a la brevedad.-	Anulada por la Excma. Corte de Justicia, la resolución dictada por la Sala II de esta Cámara de Apelaciones, corresponde a esta Sala abocarse al estudio y tratamiento de las apelaciones deducidas.-	Por una cuestión puramente metodológica, y en la medida en que lo resuelto puede influir en los restantes, primeramente se tratará el recurso deducido por derecho propio por el Dr. Guimaraes.- Cabe aclarar primeramente al recurrente que el hecho de que en la sentencia definitiva se hubiera condenado a cada litisconsorte en forma distinta con respecto a las costas, ello nada tiene que ver con la regulación propiamente dicha ni la base a tener en cuenta para ello.- Toda vez que una cosa es determinar quién pagará los honorarios, y otra distinta, cuál es el monto que corresponde abonar, por lo que la sentencia recurrida en nada afecta la cosa juzgada, tal como pretende hacerlo ver el recurrente.-	Aclarado lo pertinente, y entrando directamente al tema relativo a la base que corresponde tener en cuenta para la regulación de los honorarios en la demanda dirigida contra el Sr. N. N., que fuera desestimada totalmente al admitirse la falta de legitimación deducida por éste, entiendo en un todo de acuerdo a los lineamientos que surgen del fallo de la Excma. Corte de Justicia, que la apelación no puede prosperar.- En efecto, puede decirse que la pretensión del apelante de que en el caso corresponde tener en cuenta el monto demandado, puesto que respecto de su parte, la demanda se rechazó totalmente, no resulta atendible, toda vez que la aplicación de la jurisprudencia que así lo contempla, sólo procedería en casos en los que la sentencia de rechazo es común a todos los demandados; pero no para las situaciones como ésta, en las que la demanda prospera respecto de uno, y se rechaza respecto del otro.- Y ésto es así, en tanto en este último supuesto, la eventual condena a N. N. hubiera sido la misma que se impuso a la demandada N. N., tal como lo expresa el A quo en su sentencia.- Por lo que no existiendo motivo o razón alguna para determinar una base regulatoria distinta a la que manda la ley 2150 en su art. 191, inc. a, la misma será entonces la que surja de la sentencia dictada en autos.-	Por último cabe señalar, que tampoco entiendo que lo resuelto precedentemente contraríe la disposición del art. 187 de la ley 2150, tal como lo pretende el recurrente, al establecer en su primer inciso que para regular honorarios se tendrá en cuenta "la cuantía del asunto que motivó el pleito", en tanto se trata ésta de una norma que da pautas generales de consideración en toda regulación, pero que de ninguna manera se contrapone con la norma específica del art. 191 inc. a, que determina cuál es el monto del juicio a que refieren tanto el mencionado art. 187 como el 189 que fija los porcentuales de aplicación, circunscribiéndolos a la "cantidad que resulte de la sentencia o transacción".-	Determinado ello, corresponde resolver los restantes recursos deducidos por los demandados.- En cuanto a la nulidad interpuesta por ambos por no haberseles dado participación en la liquidación de la cual surge la base regulatoria, y que fuera aprobada por el A quo en su sentencia, no cabe más que su rechazo.- Ello, por tanto, habiendo tomado conocimiento ambas partes aún tardíamente, no señalaron en la oportunidad correspondiente; esto es en sus respectivos memoriales, cuáles son los errores o defectos que contiene la misma; por lo que su admisión resultaría la declaración de una nulidad por la nulidad misma; situación no avalada en nuestro ordenamiento procesal (cf. art, 178 CPC., de aplicación supletoria).-	En cuanto a la apelación deducida por el Dr. N. N., basada fundamentalmente en que de acuerdo a la forma resuelta por el A quo, su parte deberá pagar más honorarios que si hubiera perdido el pleito, tampoco resulta procedente.- Ello es así, en tanto no cabe dudas de que en caso de haber resultado perdedor total del juicio las costas que hubiera tenido que afrontar hubieran sido mayores, toda vez que hubiera tenido que abonar el 100% de ellas, tanto las de su apoderado, como las del apoderado del actor; de igual manera que si hubiera resultado parcialmente perdedor, y hubiera tenido que afrontar en esa proporción los honorarios de ambas partes, y en su caso, sumar los adicionales a su apoderado.- Este argumento entonces resulta insuficiente para lograr una modificación de lo resuelto por la resolución atacada.-	De acuerdo a lo expuesto precedentemente, corresponde desestimar los recursos deducidos por los recurrentes, imponiéndose las costas a cada uno por los recursos por ellos intentados.- La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad correspondiente.-	EL DOCTOR MIGUEL ERNESTO NOVOA DIJO: Adhiero por sus fundamentos al voto del Dr. Carrera. Sin perjuicio de ello, considero conveniente hacer las siguientes consideraciones.

Que conforme resulta de la nulidad del fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, decidida por la Excma. Corte de Justicia a fs. 374/377, resulta claro, si bien no expresamente, que el mencionado Tribunal ha limitado el ámbito de decisión de esta Sala para resolver en sentido contrario a lo dispuesto en la resolución de primera instancia; esto es, que la regulación debe tener como base el monto que surja de la sentencia. Ello es así, en tanto en el pronunciamiento aludido, se expresa entre otros conceptos: "Tal consideración en la que se excluye la aplicación del art. 191 (de la ley 2150), tampoco está suficientemente fundada puesto que no explica, relacionando las actuaciones concretas, como arriba a dicha conclusión"; "de la demanda de fs. 10/16 (pples.) surge que, en dicho escrito, el actor dirige las mismas pretenciones contra ambos demandados en un mismo proceso; que en el escrito de contestación de demanda de fs. 35/40 ambos demandados contestan demanda, hacen diversos planteos y ofrecen prueba común a ambos ...; y que en la sentencia de fs. 240/259 se resuelven todas las pretensiones condenandose parcialmente a una accionada y rechazando la acción contra la otra."; "Es decir el tribunal a quo no fundamenta porque a pesar de algunas similitudes de relevancia, como las referidas, considera inaplicable al caso el art. 191 invocando solo algunas diferencias o diversidades que no individualiza"; "no considera e ignora el atendible argumento del fallo de Primera Instancia....de ... que en el caso de que hubiera prosperado la demanda contra Baistrochi habría sido condenado en los mismo términos que la codemandada, es decir que con el acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva, se evitó que saliera del patrimonio del codemandado, la suma resultante de la condena".

Que si alguna duda quedara con relación a la base a tomar en cuenta en la regulación, habrá que estar a lo dispuesto por el art. 277 de la LCT, que establece que las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera y única instancia, no excederán del 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. En otras palabras, no resulta posible, conforme la disposición legal mencionada, tomar como base otra distinta a la de la sentencia, etc., independientemente de la existencia o no de litis consorcio pasivo o necesario, o de que la pretensión sea admitida total o parcialmente contra alguno/s y desestimada contra otro/s, pues donde la ley no distingue no cabe hacer distinción alguna.

Que aun no existiendo la limitación que resulta del fallo de la Excma. Corte de Justicia o de la norma del art. 277 de la LCT, entiendo que la pretensión de regulación con base en el monto de la demanda totalmente rechazada, cuando existe litis consorcio, es a mi criterio improcedente y solo podría haber dado lugar a un incremento del honorario profesional que se determine con arreglo los arts. 189 y 191 de la ley 2150.

Que para concluir como lo hago en el párrafo precedente, tengo en cuenta que en el caso es de aplicación el precedente jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, con voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, en el que la citada, sostiene que cuando son varios los intereses y los patrimonios defendidos, no resulta de aplicación la norma del art. 13 de la ley arancelaria mendocina (semejante a las de la ley 2150 referidas), sino por analogía la de la ley nacional y de otras provincias, que permiten un incremento de la regulación de hasta el 40% del que corresponde a los valuables económicamente. Ello, en tanto, si bien en caso de litis consorcio, cada uno de los profesionales debe ser retribuido de acuerdo con las circunstancias que rodean su intervención, lo sensato es que los honorarios no resulten desproporcionadamente excesivos, a lo que se añade que generalmente hay una suerte de colaboración entre los abogados coparticipantes, que aliviará la tarea de cada uno y aún la consiguiente responsabilidad, elemento último siempre computable al establecer honorarios profesionales. ( Banco de Mendoza c/ Cofym y otros - Sala I - 20/03/1995 - La Ley 1995 - D,232; Berizonce Y Méndez Héctor, Honorarios de abogados y procuradores. Ley 8904, comentada y concordada con la ley 21.839, pag. 84, Ed. Platense, La Plata 1979).

EL DOCTOR JOSÉ DIONISIO CASTRO DIJO: Que por sus fundamentos adhiere al voto del Dr. Carrera.-	Por ello el Tribunal, RESUELVE:

I- Rechazar los recursos de apelación deducidos en autos, por el codemandado Sr. N. N., por el Dr. Guimaraes, y por la demandada Sra. N. N., conforme los fundamentos expuestos precedentemente.-	II- Imponer las costas de los mismos a cada uno en los recursos por ellos intentados, difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad correspondiente.-	III- Tener presente las reservas de derecho formuladas.-	IV- Protocolícese, agréguese copia fiel a autos, notifíquese y oportunamente, bajen los autos al Juzgado de origen.