Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-12


Trelew, 12 de diciembre de 2.005.- Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto a fojas 382 por la co-actora N. L. contra la resolución de fojas 374/376 vta. y memorial de agravios de fojas 387/390 vta., y CONSIDERANDO: - I.- Se agravió la apelante, en lo esencial, sosteniendo que el fallo apelado es equivocado habida cuenta que a fs. 21 de los autos principales obra la sentencia que estableció las obligaciones del alimentante y que diera inicio a su ejecución por las alimentadas el 21 de julio de 2000 con la presentación de la liquidación de las cuotas devengadas a partir del mes de enero de ese año, el embargo preventivo de fs. 587 del 26 de setiembre y la intimación de pago del 30 de noviembre.

Planteó la imprescriptibilidad del crédito alimentario reclamado y, para el caso de que no fuera acogido favorablemente lo peticionado, formuló la pretensión de que se atienda su reclamo fundamentándolo en un plazo de prescripción de once años computable a partir de la fecha de la interposición de la ejecución de sentencia.

Expuso lo que denominó una breve síntesis de los hechos más relevantes, de los que surgiría el comportamiento contumaz de su progenitor.

Se quejó porque en la sentencia atacada se liberó al alimentante del aporte de la cuota alimentaria correspondiente al mes de diciembre del año 1999, en razón de que el alimentante se encontraba en uso de licencia sin goce de haberes.

Expresó que las dificultades laborales del alimentante no son óbice para que éste procure los recursos necesarios para mantener el auxilio alimentario primario.

Aseguró que ese mes de licencia lo utilizó para prestar un servicio privado que le implicó multiplicar varios dígitos la facturación de sus servicios por encima de su ingreso como dependiente provincial.- Afirmó que las sumas depositadas el 6/2/03 y 4/6/03, fueron extraídas del banco transcurridos minutos desde su apertura.

Se quejó por la imposición de costas y en tal sentido transcribió jurisprudencia según la cual deben ser soportadas por el alimentante para que la pensión alimenticia no se vea agravada. - Enunció los caracteres que posee el deber alimentario según doctrina especializada y señaló que el que mayor interés y que con mayor énfasis sustenta su reclamo es el de la imprescriptibilidad. - Seguidamente, indicó que si ya medió sentencia condenando al pago de alimentos la prescripción se cumple a los diez años. Para avalar su postura transcribió doctrina según la cual "si bien no podría dudarse sobre la estimación del plazo de cinco años en caso de emerger los alimentos de un convenio, no ocurre así cuando resultaren de una sentencia, atento a que el citado art. 4027 inc. 1º C.C., no comprende tal supuesto".

II.- Pese a que ninguna norma expresa de la legislación lo consagra, es unánime la doctrina según la cual no prescribe el derecho a solicitar alimentos. Muy distinta es la solución cuando se trata del derecho a cobrar las cuotas ya vencidas y aún no percibidas.

En ese caso, el plazo de prescripción es de cinco años, pues configura uno de los supuestos alcanzados por una disposición especial -en el sub iudice, el art. 4027, inc. 1º, Código Civil- (confr.: CNCiv., Sala A, 12/05/998, L.L., 1998-F-144).

Al respecto, si bien se han planteado algunas dudas en cuanto a la aplicabilidad de ese plazo a las cuotas nacidas de una prestación establecida por sentencia (art. 4023 C.C.), la norma citada reviste carácter especial y no efectúa distingo alguno sobre el particular (conf. Llambías, "Tratado, Obligaciones", t. III, p. 389, nº 2065; Crespi, "Obligación alimentaria; prescripción y caducidad", en DJ, 1987-2-609, año II, nº 40).

Más aún resulta entonces aplicable el plazo quinquenal tratándose, como en la especie, caso de alimentos emergentes de una fuente convencional, pues en tal caso no pueden invocarse las razones que concurren respecto a la "actio iudicata".

Ello supone obviamente entender que el alimentado debe obtener en el plazo de la prescripción ese pago, o reclamarlo, tratándose de cuotas devengadas, o sea cuotas atrasadas, que no han sido satisfechas oportunamente por el demandado.

Si bien el art. 645, párrafos. 2º y 3º del C.P.C.C. no permite oponer el instituto de la caducidad contra un menor de edad, si han transcurrido más de cinco años sin mediar reclamos puede invocarse la prescripción de la acción tendiente al cobro de las cuotas alimentarias adeudadas, toda vez que la incapacidad de hecho del menor para demandar ha sido superada por el ejercicio compartido de la patria potestad, que determina que ambos progenitores sean los representantes legales y necesarios del hijo menor, de manera que bien puede la madre, en representación de éste, reclamar al padre por alimentos.

Así, en consecuencia, corre la prescripción conforme al art. 3966 del Código Civil (confr.: CNCiv., Sala A, 12/05/998, L.L., 1998-F-144; Bossert, "Régimen jurídico de los alimentos", Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000, pág. 479).

En efecto, las pensiones alimentarias atrasadas son prescriptibles (art. 4027, inc. 1º, Cód. Civil) y corren contra el alimentado durante el período de su minoridad (arts. 3966 y 3968, Cód. Civil), por lo que la inacción de su representante legal deviene inoponible al alimentante y no excusa la falta de reclamación en tiempo ni obsta por ende a la prescripción (confr.: C.Apel.Civ. y Com. BBlanca, Sala I, 06/07/999, LLBA, 1999-1016).- Tampoco ha de prosperar el agravio respecto de la pensión de diciembre de 1999. Es que ya el 27 de agosto de 1998, la apelante -A. L.-, nacida el 27de agosto de 1977 (ver fs. 4 del principal), había adquirido la mayoría de edad y por lo tanto no era acreedora de esos alimentos. - Si bien se ha entendido que en los juicios de alimentos las costas deben imponerse al alimentante para no gravar la pensión fijada a favor del beneficiario destinada a otros menesteres, ese principio no es de carácter absoluto y cede con motivo de las incidencias que se intenten dentro de la instancia principal, en las que rigen los principios generales consagrados por los arts. 68 y 69 del código de rito debiendo imponerse como principio las costas al vencido (confr.: Roberto G. Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1998, pág. 434), por lo que entiende este Tribunal que en el supuesto de autos, toda vez que se inició la ejecución por la suma de $ 47.759,15 (ver fs. 72/74) y la misma prospera únicamente por la cantidad de $ 548,68, la imposición de costas en un 70 % a las actoras y en un 30 % al demandado no debe modificarse.

Es que según las pautas antes expresadas, teniendo en cuenta lo decidido, el porcentaje de las costas que les hubiese correspondido a las demandantes debió ser mayor aún.

III.- Ante el resultado de la apelación incoada y a lo ya expuesto precedentemente, las costas de Alzada serán a cargo de las demandantes (art. 69 C.P.C.C.). - Atendiendo a la extensión, calidad y eficacia de los trabajos en la Segunda Instancia, monto de la ejecución y carácter con el que actuara, regúlanse los honorarios del Dr. G. R. C. en la suma de $ 75, con más el I.V.A. correspondiente (arts. 6, 7, 8, 14, 19, 40 y concs. del dec.-ley 2.200).

Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut;

RESUELVE: - Confirmar la resolución apelada de fojas 374/376.

Imponer las costas de Segunda Instancia a las demandantes. Regular por los trabajos de Alzada los honorarios del Dr. G. R. C. en la suma de $ 75, con más el I.V.A. pertinente.

La presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Dr. Carlos Dante Ferrari (art. 8º, de la ley 1.130, to. ley 4.550).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - JUAN HUMBERTO MANINO REGISTRADA BAJO EL Nº 228 DE 2005. - SIC. CONSTE.- c.

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