Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, calidad de parte, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado por actos ilícitos, responsabilidad contractual del Estado, Derecho administrativo, acto administrativo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GARZON, Germán Olivar c/ PROVINCIA DE SALTA s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-03

La responsabilidad del Estado es el ámbito común en el que confluyen tanto el derecho público como el derecho privado. Como tal, se requiere de una especial prudencia a la hora de analizar un caso vinculado a este tema, ya que los principios que rigen para una rama del derecho no son los mismos que lo hacen para la otra.

Como lo ha sostenido Cassagne , la responsabilidad del Estado constituye una típica institución perteneciente al derecho público, regida por principios propios que son, por su naturaleza y fines, totalmente opuestos a los que imperan en el derecho privado (Cassagne, Juan Carlos, Reflexiones sobre los factores de atribución en la responsabilidad del Estado por la actividad de la Administración - La Ley, diario del jueves 28 de Julio de 2005, pág. 1).

Mientras en este último se mira fundamentalmente el interés de la víctima del daño -evolucionando cada vez más hacia una responsabilidad objetiva basada en el riesgo- el derecho público apunta al interés de la comunidad y al grado de contribución de sus miembros a las cargas y sacrificios que son necesarios para mantener el buen funcionamiento de los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Esa diferente finalidad hace, pues, a la naturaleza pública de la institución de la responsabilidad, la que no puede regirse directamente por las prescripciones del Código Civil (que han sido pensadas para regir otra clase de relaciones jurídicas), salvo la posibilidad de aplicación analógica de este último para cubrir los vacíos del ordenamiento administrativo.

En el derecho común la responsabilidad genera la obligación de indemnizar cuando un sujeto actúa ilegalmente y causa un perjuicio a otro. Los actos lícitos del derecho común nunca generan responsabilidad, aunque causen perjuicios (art. 1071 del Código Civil), salvo que la normativa prevea otra solución para supuestos especiales. No ocurre lo mismo en el derecho público.

En efecto, en el derecho público, se receptan con mayor amplitud importantes supuestos de reparación de daños que derivan de la actividad lícita, con base en la doctrina del sacrificio especial, con sustento en el principio constitucional de igualdad ante las cargas públicas (Ferreira Rubio, Delia Matilde, "La responsabilidad del Estado por acto lícito", LL, 1991-E, 470).

Concebida de tal modo la cuestión, se admite pacíficamente que los daños emergentes del obrar lícito del Estado pueden ser resarcidos cuando se configuren los requisitos comunes de la responsabilidad (excluida, lógicamente, la antijuridicidad) y también dos elementos específicos fijados por la jurisprudencia de nuestra Corte Federal: existencia de sacrificio especial por parte del damnificado y ausencia de un deber de soportar el menoscabo por quien pretende la reparación.

Estos dos últimos requisitos definen la especialidad del daño en materia de responsabilidad extracontractual del Estado por su actuar lícito y que encuentran apoyo en el derecho de propiedad y el principio de igualdad de las cargas públicas (arts. 17 y 16 de la Constitución Nacional).

Así como todos debemos contribuir proporcionalmente para solventar los gastos del Estado, cuando algún sujeto sufre un perjuicio diferencial en su patrimonio como consecuencia de la actividad del Estado, todos debemos contribuir de la misma manera que lo hacemos con las cargas públicas.

Se trata, en definitiva, de un daño injusto que provoca la responsabilidad estatal por afectar el principio de igualdad ante las cargas públicas (art. 16, C.N.). (Cassagne, Juan Carlos, Luqui, Roberto Enrique, Pizarro, Ramón D. Publicado - LL, 27/06/2011 , 3; LL 2011-C , 1279).

En definitiva, la responsabilidad por actuación lícita constituye una excepción a la exigencia de antijuridicidad para que haya responsabilidad, porque la Corte Suprema Argentina ha fundado la doctrina directamente en la interpretación de normas y principios constitucionales.

Distintas teorías o supuestos se esbozaron para arribar a tal justificación, de las cuales destaco las que en cierta forma fueron asumidas por la Corte Suprema y ellas son:

a) Teoría de la expropiación: el Estado sólo puede ir contra el derecho de propiedad mediante el procedimiento de la expropiación, que prevé una indemnización en ese caso (art. 17 C.N.);

b) Teoría del sacrificio especial: siempre que se perjudica a una persona de manera desigual y desproporcionada con respecto a los demás, afectándose la equidad, ese empobrecimiento implica un sacrificio especial que debe ser indemnizado;

c) Teoría de la igualdad ante las cargas públicas. (LL, 28/12/2011- 1 y LL 2012-A , 561).