marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, medidas cautelares, medida cautelar innovativa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL FOOTBALL CLUB BELGRANO GOBERNADOR CRESPO c/ BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO. (FILIAL 372) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08

El pronunciamiento que motiva la presente queja, mediante el cual se confirmó la medida cautelar innovativa dispuesta en baja instancia -que ordena a la entidad demandada que proceda a la reapertura de la cuenta corriente abierta a nombre de la accionante o en su caso a la apertura de una nueva cuenta corriente de iguales condiciones y prestaciones- con un plazo de vigencia de 90 días, teniendo en cuenta su propia naturaleza, no resulta ser un decisorio definitivo ni equiparable, desde que las resoluciones referentes a medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas en los términos del recurso de inconstitucionalidad, salvo que medien agravios que por su magnitud y las circunstancias de hecho puedan ser irreparables, situación excepcional que no se da en el caso. - CITAS: CSJN: Fallos 256:150; 257:147; 258:262; 262:136; 265:265; 305:1847 y 1929; 324:432; CSJStaFe: AyS T 51, p 307/309; T 60, p 192.
Legitimación procesal, falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HERNANDEZ DAMASO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ DEMANDA  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA P/REVOCACION DE LOS DEC. 3190/89,  6281/89 Y 3684/90, 366/89 Y RES. D.P. 102/89
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-12-23

La Caja de Jubilaciones es un ente autárquico con personalidad jurídica. Atento a la naturaleza del reclamo (adicional remunerativo) que deriva de la relación de empleo con la Caja, pone en evidencia la falta de legitimación del Estado Provincial en este planteo por ser extraño a la relación sustancial que da sustento a la acción. (En igual sentido: "VESCO, Alberto Omar y Otro c/ESTADO PROVINCIAL - s/DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA" - 15/III/93).
Prescripción, plazo, cuenta corriente bancaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Finansur S.A. c/ Los Timboes Agropeguaria S.A. y Otros- s/ Juicio Ejecutivo y Preparatoria de la Vía Ejecutiva- Hoy Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-03-08

En materia de prescripción de la cuenta corriente bancaria, y por no existir incompatibilidad alguna, es acertado aplicar la regla del art. 790 del Código de Comercio, que fija un plazo de cinco años para -en general- obtener la liberación por tal motivo.- Dicho plazo -enseña Villegas: Teoría y Práctica del Cheque y la cuenta corriente bancaria, pág. 175- y dado que por naturaleza jurídica en la cuenta corriente mercantil sólo existe saldo líquido al finalizar el período, será entonces desde ese momento en que debe computarse el comienzo del curso de prescripción quinquenal; remarcándose que en el caso de la cuenta corriente bancaria y porque los saldos se van determinando día a día, entonces, el plazo de prescripción corre desde la fecha en que ocurrió el episodio a partir del cual operó o fue decidido el cierre o clausura de la cuenta en cuestión.-
Sucesiones, cónyuge, sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal, bienes gananciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Chiapino,Luis R.,Restaurant o Parrilla Luisito s/ Concurso Preventivo S/ Incidente de Exclusión de Bienes del Concurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-11-29

El artículo 1315 del Código Civil concede al cónyuge no titular un derecho a los bienes gananciales y no sobre ellos,siendo necesario previamente deducir el pasivo tal como lo marca el artículo 1299, sin que haya razones para afirmar que esas normas no rigen cuando la comunidad se disuelve por muerte de uno de los cónyuges.
Emergencia administrativa, empleados públicos, retiro voluntario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ortega, Servanda c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-12-19

Las leyes 11.184 y 11.185 sustituyen las correspondientes indemnizaciones cuando el personal se encuentre en condiciones de jubilarse. Estas configuran de tal modo una exclusión legal. Por su parte la ley 11.685 dispone la reorganización de las estructuras y la racionalización de los recursos humanos municipales. Procura optimizar servicios y prestaciones estatales.
Accidente de tránsito, licencia de conducir, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ ANTONIO c/ MOSCATELLI RENE AMILCAR s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-06-26

La conclusión de que el demandante tenía lugar para cruzar y el accionado lo encerró con su rodado sin respetar el derecho que le asistía al que lo estaba sobrepasando, conlleva a descartar la presunción de inidoneidad -que pesaba contra la persona que guiaba el vehículo del actor por carecer del pertinente Registro- pues de acuerdo a lo concluído, la falta de pericia conductiva debe ser atribuída en su integridad al conductor habilitado, lo que conduce a desechar la del que estaba en infracción. Publicado en Rev. J.Prov.

Rubinzal Culzoni, set/95, año 1, Nro. 8.
Procedimiento judicial de la seguridad social, tasa de justicia, gastos del proceso, costas en el orden causado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: PEREIRA, ARGENIS c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

Debe revocarse la sentencia en cuanto condena en costas al accionante y fija una suma destinada a responder por la tasa de justicia. Ello así por cuando no se ajusta a lo ordenado en el art. 21 de la ley 24.463, que dispone que en el ámbito del procedimiento previsional las costas serán por su orden, ni a lo que establece el art. 13 de la ley 23.898, en tanto las actuaciones motivadas por jubilaciones y pensiones estarán exentas del pago de la tasa de justicia.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Porto, Luis Jesús c/ Estado Nacional s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Es inadmisible el recurso fundado en la gravedad institucional, si el planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de ese extremo, ni se advierte que la intervención de la Corte tenga otro alcance que el de remediar el interés particular del recurrente.
Recurso extraordinario, recurso de queja (procesal), cuestión federal, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Millone, Vicente Víctor c/ Sánchez, Miguel Horacio y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-08

Cuando los argumentos aducidos en el recurso extraordinario y mantenidos en la queja pueden, prima facie, involucrar cuestiones de orden federal susceptibles de examen en la instancia extraordinaria, la queja es procedente, sin que esto implique pronunciamiento sobre el fondo del recurso (art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Seguridad social, haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GONZALEZ, ELISA LUCINDA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-16

El pronunciamiento de la C.S.J.N. en la causa "Sánchez, María del Carmen" (sent. del 15.05.05) obliga, por el énfasis y contundencia de sus afirmaciones, a rechazar "... toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al Estado otorgar jubilaciones y pensiones móviles ..." según el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y a ponderar los concretos efectos de la aplicación del art. 7, punto 2 de la ley 24.463
Aplicación de la ley, irretroactividad de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MONTES DE OCA, LAURA PATRICIA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-12-14

Por el art. 3 del Codigo Civil se consagran dos principios fundamentales: el de aplicación inmediata de la ley nueva y el de su irretroactividad, dejando abierta la puerta para la aplicación retroactiva de la ley en el caso de que el legislador expresamente le confiera efecto retroactivo si la aplicación inmediata de la norma a la situación jurídica planteada, no surge en forma expresa del articulado del régimen en vigencia cabe remitirnos al principio general, atento a que la aplicación retroactiva necesita de declaración expresa. En derecho Administrativo la retroactividad no se presume, sino que rige el principio opuesto.-
Costas, incidentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DUARTE, ROQUE RAMON c/ AVA,JUAN PABLO Y SUS HEREDEROS UNIVERSALES s/ FILIACION EXTRAMATRIMONIAL-MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-28

La prohibición contenida en el segundo párrafo del artículo 66 del Código Procesal Civil y Comercial en el sentido de que el condenado al pago de costas en un incidente no puede promover otro mientras no haya dado en embargo su importe mediante depósito, tiene por finalidad evitar la dilación de los procesos mediante reiteración de incidencias injustificadas que entorpezcan la marcha de aquél.
Acusación fiscal, requerimiento de sobreseimiento, falta de prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Pinelli, Luis A. s/ Extorsión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

Si el fiscal de juicio llega fundadamente a la conclusión de que no existe prueba sobre el hecho, objeto de la acusación o que éste no es punible según la ley penal, y por ende pide la absolución, el Tribunal deberá así resolverlo toda vez que en esas circunstancias carece de una pretensión penal actual sobre la cual pronunciarse.
Contratos administrativos, domicilio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Citibank SA c/ Morawsky, Emilio Héctor y Ot. s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-10

La carga procesal de mantener el domicilio constituído durante la vigencia de la relación contractual, constituye un compromiso de los contratistas, ya que dicha obligación nace en el momento que se perfecciona el contrato y mantiene vigencia hasta que se extinguen los deberes recíprocos de las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Interpelación, honorarios del perito, cesión de créditos, régimen de consolidación de deudas, resolución administrativa, incidentes, formación del incidente
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTABLECIMIENTOS   INDUSTRIALES   FEBO   CIFISA c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-08

1- Es inoficioso pronunciarse sobre un pedido de intimación formulado por los cesionarios del crédito por honorarios correspondientes al perito de parte que actuara en autos- toda vez que aquellos emolumentos habían sido alcanzados por una consolidación de deuda, según el régimen de la Ley 23982. Por lo tanto, antes de decidir sobre el pedido de intimación -prematuramente denegado-, se deberá definir la situación derivada del dictado de la resolución administrativa, que manifestaba que el perito no tendría derecho al cobro de sus honorarios, hecho cuya eficacia no puede proyectarse sobre la situación patrimonial de los cesionarios del crédito, sin el necesario y previo esclarecimiento de su legitimidad. 2- A tal fin, la formación de un incidente en el contexto de estas actuaciones aparece como la vía idónea para definir el punto y, tras ello, retomar el cauce principal del proceso a la luz del resultado que arroje el incidente. Disponer aquí la formación de ese incidente no implica abrir juicio sobre lo que corresponda decidir sobre los fundamentos de la decisión administrativa, ni valorar sus alcances, sino que sólo significa garantizar el adecuado ámbito de debate y, si es necesario prueba, a los fines de dar certeza a los derechos de los cesionarios. El incidente, que podrá ser abierto a prueba si fuese necesario conforme las pretensiones y tesituras procesales de las partes, se regirá por las reglas de los artículos 175 y conc. Cpr.
Ejecución prendaria, recurso de apelación (procesal), plazo
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Banco de la Provincia de Misiones c/ Rubin Dombrosvski s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-03

De conformidad con lo establecido en el art. 30, de la ley 12.962 el término para apelar la sentencia definitiva dictada en dicha ejecución es de dos días. Ello implica que dicho término debe ser aplicable a todo tipo de recurso admisible en esa clase de proceso, ya que carecería de lógica otorgar un plazo mayor para apelar no obstante la menor entidad procesal de la decisión de que se trate.
Sucesiones, administración de la herencia, pago de tributos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ, ANICETO c/ TOMAS MARTINEZ s/ RENDICION DE CUENTAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-20

La obligación de pagar los impuestos en una sucesión recae sobre el administrador de hecho pero si del análisis de las cuentas se desprende que abonó con dinero propio más de lo que le correspondía en su carácter de coheredero, las mismas podrían generar un saldo a su favor.
Recurso de casación penal, recursos, fundamentación del recurso, autosuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: CHAPERO E HIJOS c/ MASAT, Pablo Andrés - PONCE, Aldo s/ RECURSO DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-08

Conforme lo previsto en art. 473 del C.P.P., compete a la Cámara que tramito la causa resolver fundadamente si se dan o no "los requisitos formales que concurren para conceder el recurso planteado o los que falten para denegarlo", examen que comprende además de la temporaneidad del acto recursivo, a aquellos aspectos subjetivos y objetivos exigidos.

Uno de los aspectos a tener en cuenta es la oportunidad de la actividad recursiva, el análisis debe detenerse y centrarse en la naturaleza de la sentencia o resolución susceptible de recurso que nos ocupa.

Al respecto dispone el art. 467 del C.P.P. que el remedio casatorio procede, "....además de los casos especialmente previstos por la ley, contra las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o la pena, o hagan imposible que continúen, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena y los que concedan o denieguen la extradición." Con ello, la ley limita taxativamente el ámbito de aplicación material de la actividad impugnativa.

Sentencia definitiva, a los efectos de la casación, es la que decide el litigio en su fondo, en sus cuestiones principales, la que termina la controversia sin que sea posible renovarla. (Suprema Corte de Mendoza, 31/8/71, L.L. 110-97). La doctrina señala que por tal debe entenderse a la última que se pueda dictar en la causa sobre el fondo del asunto (Conf. Núñez, Ricardo, Código Procesal Penal anotado Córdoba - pág. 484) o la resolución que pone término a un proceso (Conf. De la Rúa F. Recurso de Casación, pág. 193); a su vez nuestra ley de forma dice que: sentencia es la decisión que después del debate pone término al proceso, conforme el art. 114 del C.P.P.
Juicio de desalojo, tenedor, poseedor
Materia: CIVIL
Carátula: Almanza, Maria Isabel c/ Alaniz, Lorena Soledad s/ Desalojo Por Vencimiento De Termino
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-10-10

Debe confirmarse la sentencia que ordenó el desalojo del recurrente ya que no obran a lo largo del expediente elementos probatorios que habiliten a tener por acreditado el carácter de poseedor esgrimido, y no le alcanza para fin acompañar factura emitida por "trabajos realizados de electricidad, trabajos de mantenimiento sanitario y calefacción a gas, por cuanto refieren a la realización de obras de mantenimientos que son coincidentes con el carácter de tenedor.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SOLIS, NEDDY HECTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción(Expte.:  C.S.J. Nº. 148 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-16

Basta para rechazar el alegado trato desigualitario invocado por el actor -que afirma que personal de otras reparticiones en situaciones similares a la suya fueron compensados por la labor desarrollada-, el que dicha afirmación no es acompañada de precisión alguna que permita analizarla, ya que no constan ni los datos personales de los supuestos agentes beneficiados, ni a qué reparticiones pertenecían, ni qué funciones realizaban, ni ningún otro elemento que permita siquiera considerar un planteo de desigualdad de trato.
Doctrina de los actos propios, buena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruíz de Caputo, Rafaela y otros c/ Pérez Palacio, Isabel del Carmen s/ Ejecutivo-Prepara vía
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-04-15

La doctrina de los "actos propios" guarda correspondencia con el postulado de la buena fe, en cuanto el ordenamiento jurídico impone el deber de proceder, tanto en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, como en la celebración de los negocios jurídicos, con rectitud y honradez.
Acto administrativo, acto administrativo de alcance particular, dictámenes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Bustelo Rafaél Justo c/ E.N. M° de Educación s/ Empleo Público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-03

Los dictámenes son actos propios del ejercicio de la denominada "Administración consultiva" que carecen de aptitud a los efectos de la configuración de un precedente administrativo vinculante. (Cons. 3° g).
Juicio de apremio, crédito fiscal, prescripción
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO c/ NESTLE ARGENTINA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-21

El Estado no puede sino aguardar el tiempo previsto por la norma para que el administrado ejercite sus recursos contra el acto. Si vencido el mismo el contribuyente no los ejerció, quedará expedita la vía judicial para pretender su cobro (y siendo que allí nace la acción para el Estado, allí comienza el cómputo de la prescripción para dicha acción). Si el contribuyente efectivamente recurrió el acto, el Estado deberá tramitar y responder tales recursos, pero durante ese período no podrá aún pretender el cobro judicial de la acreencia que provenga de tal acto, sino que deberá aguardar a que el mismo adquiera firmeza, esto es, una vez agotados todos los recursos que la norma prevé para que el administrado lo impugne y, se itera, recién allí nacerá la acción y, de consiguiente, comenzará a correr el plazo de prescripción para el apremio. Entender de otra manera implicaría transformar las garantías que el legislador otorgó al administrado para impedir que el Estado lo ejecute antes de darle la posibilidad de discutir el acto en sede administrativa, en la posibilidad de hacer desaparecer la acción judicial de cobro en favor del Estado por prescripción haciendo correr los plazos mientras se mantiene a la Administración amañatada en su propia instancia y respondiendo los cuestionamientos del recurrente que impiden que el acto adquiera firmeza, sin poder, aún, acudir a la Justicia. (Del voto del Dr. Netri, que hizo mayoría)
Seguros, citación en garantía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOLINA AGUEDO Y JOSEFINA LEZCANO DE MOLINA c/ T.A.L.A. Y/O RUBEN EDUARDO GUEX Y/O Q.R.P. Y/O Q.R.R. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-04-08

Carece de significación y de eficacia jurídica el desistimiento que en los términos del art. 137 de la Ley 19551 formula la actora respecto de la fallida citada en garantía, si la citación de ésta ha sido efectuada por el demandado.
Competencia federal, competencia provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Fiscal c/ Calvete, Benjamin
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1864-10-17

Los tribunales de los estados, no tienen jurisdicción concurrente para interpretar la Constitución.
Concurso preventivo, proceso de verificación, privilegios (comercial), renuncia de derechos
Materia: COMERCIAL
Carátula: SELACO IFCA - OBRAS SANITARIAS DE LA NACION s/ QUIEBRA-INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-01

La solicitud de insinuación en el proceso falencial por una suma dineraria sin alegar preferencia alguna, debe ser interpretada como renuncia implícita al privilegio, atento la obligación legal de explicarse al interponer la pretensión verificatoria.
Acción de amparo, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: ASATO JUAN CARLOS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O DIRECCION DE CALIDAD DE VIDA O CONTRALOR MUNICIPAL s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-06-03

En el actual contexto del régimen provincial de amparo, no corresponde examen preliminar alguno de competencia, y por otra parte, el tratamiento de la misma resulta improcedente por parte del plenario, ya que de acuerdo al Art. 181  de la Constitución Provincial, el Superior Tribunal de Justicia debe resolver en Salas, y la Ley de Amparo vigente estatuye que la misma es la Sala de Asuntos Criminales, Laborales y Minas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas preparatorias, demandado, defensa en juicio
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: SANCHEZ RUBEN c/ GUSTAVO DANIEL MARZO Y OTRO s/ MEDIDAS PREPARATORIAS DEL JUICIO ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-30

Si bien puede entenderse que quien tema ser demandado pretenda ejercitar la facultad conferida por el art. 382 del C. de P. C., en correspondencia por el art. 383 del C. de P.C., no resulta admisible que la facultad la ejerza en las medidas preparatorias iniciadas por quien va a revestir la calidad de accionante, teniendo en cuenta que su derecho de defensa en estas medidas preparatorias se encuentra garantizado.-
Objeción de conciencia, seguro de responsabilidad civil
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Miciu Nicolaevici, Georg c/ Estado Nacional s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-04-17

Resulta improcedente la pretensión de inconstitucionalidad de la imposición de contratar un seguro obligatorio en materia de automotores argumentando objeción de conciencia, pues el actor no ha manifestado, siquiera, que es titular dominial o usuario de un automotor, es decir que no es deudor del deber obligacional, de modo que no existe caso a dilucidar, ni interés en obtener dicho pronunciamiento judicial.