marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gallo, Claudio c/ Brown, Elisa Cristina s/ Ejecución Aren, Adelia Amelia c/ Urretavizcaya, Manuel s/ Usucapión Arrascaeta, Eduardo Raúl c/ Damiano de Roldán, María Cristina s/ Ejecución de honorarios en autos "Martinez Construcciones c/ Damiano  de Roldan s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-08|1993-03-09|1995-03-16

Cuando se trate de créditos otorgados por el Banco Hipotecario Nacional o de inmuebles gravados a favor del Banco por préstamos conferidos para vivienda única propia, queda excluida la posibilidad de trabar embargo sobre los mismos, todo lo cual encuentra fundamento en razones de interés general, derivado de la protección a la vivienda familiar y obviamente de principios de orden público.

La inembargabilidad es oponible por el propio titular del préstamo o por el Banco indistintamente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, aplicación de la ley, ley posterior, derechos adquiridos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: José Cartellone Construcciones Civiles S.A. c/ Fisco Nacional - DGI s/ Dirección General Impositiva. Tarsa ( Tambores Argentinos) (TF 13860-I) c/ DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26|1998-05-26

Nuestro más Alto Tribunal en la causa "Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Daños y perjuicios", fallo del 12 de septiembre de 1996, sostuvo que: "... es necesario en cada caso indagar el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esta circunstancia determinará cual es la legislación aplicable. En el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación." Además interpretó que "... para que exista derecho adquirido y, por tanto se encuentre vedada la aplicación de la nueva ley, es necesario que su titular haya cumplido -bajo la vigencia de la norma derogada o modificada- todas las condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular del derecho de que se trata, aun cuando falte la declaración formal de una sentencia o acto administrativo (Fallos 296:723; 298:472; 304:871; 314:481)".

304:871; 314:481)".
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: LABORAL
Carátula: Alba Villaroel, Casto c/ Trovato Construcciones S.A. s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

La "chance" debe entenderse como la probabilidad de una ganancia que se puede frustrar como consecuencia de un hecho ilícito y como tal, configura un daño indemnizable.
Veredicto, nulidad de oficio, prueba, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Delelis, Ernesto M. c/ COSMESUR S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo (art. 1113 C.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

Corresponde declarar la nulidad de oficio del veredicto y sentencia del tribunal del trabajo si la primera de la aludidas piezas procesales carece de los elementos de juicio necesarios para la decisión del litigio, al omitir no solo evaluar los distintos medios probatorios que debieron ser motivo de examen e interrelación sino también la exposición de conclusiones claras, resultando además autocontradictorio al no advertir que apreciar es valorar y comparar para decidir, impidiendo de ese modo a la Suprema Corte el ejercicio de su potestad revisora.
Legitimación activa, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Treboux de Blanc de, Ermelinda Marcelina c/ Castro, Exequiel Ramón y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-10-23

El administrador provisorio de la sucesión en su desempeño está limitado y circunscripto al cargo conferido por el Juez, de quien requerirá expresas instrucciones para intervenir en juicios, a excepción de casos urgentes, necesitando autorización especial para iniciar acciones en general. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estado Nacional, Iglesia Católica, asistencia social, entidades de bien público, instituciones de beneficencia, patronato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sociedad de Beneficiencia de la Capital. c/ Estado Nacional. s/ reivindicación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-29

Durante el Gobierno de Martín Rodríguez y el Ministerio de Bernardino Rivadavia, etapa muy rica en reformas administrativas, el Estado decide asumir por sí funciones de bienestar social que por lo general estuvieron delegadas en su ejercicio concreto a la Iglesia Católica; y, tomando la herencia de la figura del patronato real, creó una institución con fines similares a aquellos objetivos que anteriormente dejó en manos del clero. De allí que la Sociedad de Beneficencia resulta fundada por iniciativa del Estado con fondos y fines determinados por él, al símil de las situaciones en las cuales la Iglesia actuaba como representando al Monarca, quien era siempre dueño de los bienes que daba en administración como de los dineros o bienes que se derivaran en cumplimiento de la misión encomendada.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, presupuesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Rossi  Montero,  Pablo  Nahuel c/ Banco Central de la RepúblicaArgentina.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-03

El reproche acerca del supuesto apartamiento de las leyes 25.237 y 25.401 no puede tener cabida si se advierte que las mismas corresponden al presupuesto para el año 2000 y para el año 2001 respectivamente, en tanto que la sentencia sobre el fondo del asunto adquirió definitivamente firmeza el 30 de junio de 1998 al desestimar la Corte Suprema la queja del actor. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Sucesiones, demanda laboral, fuero de atracción, aplicación analógica de la ley, competencia laboral
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Jueza de 1ra. Instancia en lo Civil de Tercera Nominación s/ Oposición apartamiento del Sr. Juez del TRabajo en autos Expte Nº 79/03 "Martínez, Norma Beatriz c/ Grand Hotel s/ Beneficios Laborales"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-04-02

En el caso se discute si la acción personal promovida por uno de los acreedores del difunto puede sustanciarse en el juzgado laboral, en forma autónoma respecto del juzgado del sucesorio.

La mayoría de la doctrina no admite tal dispersión y atribuye carácter de orden público al fuero de atracción por las ventajas de economía procesal que producen resoluciones congruentes y armónicas, a fin de evitar afectar intereses de terceros por dicotomías jurisdiccionales, es decir que tiene su fundamento además, en proteger a todas las personas con legitimación para intervenir en los asuntos a que se refiere el art. 3284 del CC.

Ahora bien, el art. 265 de la LCT, que establecía la exclusión del fuero de atracción de las acciones laborales tanto frente al concurso o quiebra cuanto en la sucesión del empleador, fue derogado por el art. 293 de la 24.522 de Concursos y Quiebras, imponiendo a través del art. 21 inc. 5 un generalizado fuero de atracción respecto de las acciones laborales con una única excepción en materia de accidentes profesionales con fundamento en la ley de Riesgos del Trabajo.

En autos la cuestión se suscita entre una pretensión de beneficios laborales frente a la sucesión del empleador y no ante su concurso o quiebra, sin embargo cabe hacer una aplicación analógica de la normativa concursal, pues además de lo considerado supra, tanto el concurso o quiebra cuanto el sucesorio son procesos universales que atraen acciones personales.

En conclusión, corresponde rechazar el incidente de oposición a la declaración de incompetencia de la juez laboral articulado por la juez del sucesorio quien deberá continuar entendiendo en la causa.
Contrato de trabajo, indemnización agravada, entrega del certificado de trabajo, rebeldía del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Gonzalez, Cristian Ariel c/ Socut S.R.L. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-28

Si para obtener la indemnización del art. 45 ley 25.345 es necesario intimar al empleador para la entrega de los certificados de trabajo, dándose tal supuesto sólo cuando éste se encuentra en mora respecto de dicha obligación, según lo normado en el decreto 146/01, es decir a los treinta días de extinguido el contrato de trabajo, el cumplimiento de tal requisito no puede presumirse de la situación de rebeldía (art. 72 L.O.), sino de docuentación que debe ser acompañada a tal fin.
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tejedurías Magallanes   S.A c/ Administración Nacional de Aduanas. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Cuando la actividad lícita de la autoridad administrativa, aunque inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de un perjuicio para los particulares -cuyo derecho se sacrificara a aquel interés general- esos daños deben ser atendidos en el campo de la responsabilidad del Estado por su obrar lícito.
Reconocimiento por fotografía, imputado, salud del imputado, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: ZUÑIGA LOZANO, Ulises A. s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-06

Se encuentra justificado el reconocimiento por fotografías en ciertas hipótesis que no se encuentran comprendidas en el art. 274 del ordenamiento adjetivo: cuando por cualquier otro motivo la persona a reconocer no puede concurrir a la sede del tribunal o si ha sido objeto de desfiguración; otro tanto si es el reconocedor el que no puede concurrir al tribunal (*). Si bien al obviarse la participación personal del imputado -quien al momento de efectuar la diligencia impugnada, se hallaba internado a la espera de ser intervenido quirúrgicamente-, éste pierde su derecho de controlar el cumplimiento de las formas en que debe realizarse el reconocimiento, no procede decretar la nulidad si se ha notificado a la defensa, previo concretar la diligencia criticada, en cuanto de este modo se salvaguardó correctamente la garantía de defensa y control del imputado. La exhibición en sede policial de fotografías no invalida el reconocimiento posterior (**).
Jornada de trabajo, servicios de vigilancia
Materia: LABORAL
Carátula: GODFROIT, ARTURO A. c/ ORGANIZACION DE PROTECCION INDUSTRIAL SA. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-29

Los servicios de custodia o de vigilancia, en virtud de su naturaleza, no estuvieron ni estan sujetos a los horarios de los trabajadores comunes, comprendiéndoles las excepciones previstas por las leyes 11544, 18204, reglamentos especiales y convenios colectivos. (Conforme sentencia número 44463 del 31 de mayo de 1982, 'Gonzalez Calixto A. c/ Asege SA. s/ cobro de pesos').
Sobreseimiento definitivo, morosidad del proceso, duración del proceso
Materia: PENAL
Carátula: ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ Contrabando Causa 30832
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-28

Si al cabo de diez años de proceso y de la recopilación de un legajo de más de seis mil fojas de dudosa utilidad, todavía no se ha deducido acusación ni, desde luego, se ha iniciado el juicio plenario, se está en la etapa de averiguación previa que la ley procesal quiere que no se prolongue más de seis meses (art. 206 del Código de Procedimientos en Materia Penal - Ley 2372); en esas condiciones la prosecución de la causa conculca el derecho de los procesados a obtener un pronunciamiento definitorio de su situación en el lapso más breve posible; ese derecho es inherente a la garantía de la defensa en juicio que consagra el Art. 18 de la Constitución Nacional (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).
Plazos procesales, suspensión del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Planobra S.A c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

El término previsto en el art. 1 de la ley 11.174, en tanto esta ley afecta exclusivamente actos procesales, debe computarse de acuerdo con el ordenamiento procesal aplicable al que se incorpora. En el caso, el art. 18 del CCA que prescribe que para el cómputo de los términos sólo se tienen en cuenta los días hábiles. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio de árbitros, empleados públicos, honorarios, regulación de honorarios, deberes del funcionario público, declaración jurada
Materia: PROCESAL ADMINISTRATIVO
Carátula: Y.C.F. s/ TRIBUNAL ARBITRAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-04

Son los empleados públicos acreedores a honorarios regulados judicialmente, quienes se encuentran sujetos a la obligación de presentar la declaración jurada que la norma exige a fin de evitar la configuración de una grave infracción disciplinaria que comprometa el orden y la moralidad pública, cuya preservación constituye el deber para todos los órganos del Estado lato sensu por cuanto el dto. 6080/69, se refiere a la vigilancia de un deber con fundamento ético que la administración ha impuesto a sus agentes.

Además la Ley de Contabilidad, en su capítulo X, arts. 90 a 97, emplea la expresión "agentes de la Administración Nacional y sus organismos", sin efectuar distinción de las jerarquías que aquellos pudieran ostentar.
Recurso de inaplicabilidad de ley, convocatoria a tribunal plenario
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RUISANCHEZ LAURES, A. s/ RECURSO DE REPOSICION Causa 190
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-21

El artículo 25 del reglamento de esta cámara, establece que una vez resuelta la concesión o la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley debe pasar automaticamente a conocimiento del tribunal en pleno, con excepción de los miembros de la sala interviniente, para que se expidan sobre su procedencia.
Legitimación activa, amparo colectivo
Materia: ADMINISTRATIVO-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Rachid, María de la Cruz y Otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo (Art. 14 C.C.A.B.A., y su Acumulada " Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Otros c/G.C.B.A. s/Amparo (Art. 14 C.C.A.B.A.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-05

Cabe admitir la legitimación de cualquier habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover una acción de amparo cuando se encuentre en juego la vigencia de derechos o intereses colectivos, sin que sea dable exigir que los accionantes demuestren la existencia de un interés concreto.
Corredor inmobiliario, ejercicio profesional
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-26

Al menos en abstracto, distintas normas locales vigentes contemplan la posibilidad de ejercer el corretaje bajo diversas modalidades que se encontrarían sujetas a imposición con relación al ISIB, independientemente de la pretendida consideración del corredor inmobiliario como profesional liberal universitario exento del pago del tributo por los ingresos propios de su actividad -que sustenta el planteo de la accionante-. (Voto del Dr. José O. Casás, al que adhiere la Dra. Ana María Conde).
Prueba, careo, imputado
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SIDICARO, LUIS Y OTROS s/ INFR. ART. 189 BIS DEL C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-10

No es el careo, con la carga de violencia moral que implica el enfrentamiento cara a cara entre sus participantes, el medio idóneo para establecer la identidad del delincuente, como lo ha sostenido desde antiguo la jurisprudencia.
Falsificación de instrumento privado, cheque, prueba, pericia caligráfica
Materia: PENAL
Carátula: PASTORINO, A s/ SOBRE FALSIFICACION - CHEQUE - NULIDAD SENTENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-02

Corresponde confirmar la sentencia que condena al procesado por ser autor del delito de falsificación de instrumento privado cometido en forma reiterada, hallándose acreditada su responsabilidad en atención a conocer el movimiento administrativo contable de la empresa y poder acceder al armario donde se guardaban las chequeras, máxime que el encausado fue el autor de los textos obrantes en los cheques objeto de peritación caligráfica.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, iura novit curia, codeudor solidario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SINDICO BID COOP. LTDO. c/ GLADICH, JORGE N. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DEMANDA ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 554 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-02-13

Corresponde rechazar la queja desde que el agravio fundamental sobre el cual el recurrente finca todas sus críticas consiste en que la sentencia habría incurrido en incongruencia al apartarse de lo que constituyó la pretensión del actor - se demandó a quien tenía carácter de deudor solidario- y del objeto de la litis- al concluir que la cuestión encuadraba en una "gestión de negocios ajenos".

Sin embargo, no desmerece la explicación brindada por el Tribunal al concluir en que, en definitiva, el demandado no había demostrado a lo largo del proceso que no estuviera obligado a la deuda reclamada, como tampoco que el síndico -como representante de la fallida, otorgante del crédito- no se encontrara legitimado para accionar en su contra, conforme lo dispone el artículo 182 de la Ley de Concursos.

Y es que la resolución de un caso por normas o principios jurídicos no invocados por las partes sin alterar los hechos en que la acción se funda, corresponde a la regla procesal iura novit curia y no comporta, por ende, agravio constitucional.
Extradición, Estado requirente, pena de muerte
Materia: PENAL
Carátula: Quesada, Hugo Ramón s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-21

El modo en que el Estado requirente se comprometió a no aplicar la pena de muerte al extraditado no sólo es plenamente válido y eficaz, sino que es la modalidad adecuada para asumir esta obligación según la práctica de las naciones, ya que la forma documental de la nota verbal tiene, en los usos diplomáticos, la virtud de implicar una de las formas de expresión más corrientes dentro de las relaciones entre Estados y es el modo usual por el cual un representante diplomático se dirige a las autoridades del país donde ejerce sus funciones, por lo que constituye la manifestación auténtica y oficial de la voluntad del Estado extranjero (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt y Carmen M. Argibay). -Del dictamen de la Procuración General al que el voto remite-.
Cheque, extravío del cheque
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VALLEJOS RODOLFO c/ SCHIRO IRMA AMELIA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1904-03-19

La orden de no pagar el cheque por extravío y que efectúa la demandada libradora, en modo alguno provoca la caducidad de los respectivos derechos cambiarios, razón por la cual el actor en su carácter de tenedor legitimado del mismo y del que se desprende la constancia bancaria del rechazo por la referida causa -equivalente al protesto- se encuentra habilitado para promover la acción cambiaria en perjuicio de la accionada más allá de haber optado en el caso por la promoción del juicio de conocimiento.-
Sentencia, fundamentación de sentencias, parte dispositiva, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PESETTI, ORLANDO s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 933 933
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-22

Entre los requisitos con que debe contar una sentencia, el artículo 399 establece la contención de la parte dispositiva que, a la luz de las disposiciones de los arículos 402 y 403 no pueden ser otra cosa que la absolución o la condena. La parte dispositiva es la decisión del tribunal, es el fallo, es la condena o absolución del imputado. La ausencia en la mención de alguna de estas dos posibilidades precipita para mí de modoinexorable la sanción contenida en el artículo 404 inciso 4°que fulmina de nulidad a aquellas sentencias en donde "faltare o fuere incompleta en sus elementos esenciales la parteresolutiva". (Voto del Dr. Casanovas).
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, acción de nulidad, acción autónoma de nulidad, jueces, competencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aut O Gas SAIC c/ YPF SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-30

No existe disposición legal expresa que establezca quién es el juez competente en una acción autónoma de nulidad. Sobre esta cuestión hay dos posiciones encontradas: a) están quienes dicen que en este tipo de acciones, por razones de economía procesal y aplicación analógica de las reglas de competencia que rigen el juicio ordinario posterior al ejecutivo, es competente el mismo juez que dictó la resolución atacada (v. Gil Domínguez Andrés; "La acción de nulidad por cosa juzgada írrita"; La Ley 2006-B, pág. 808/813); b) quienes afirman que esta regla cede en aquellos supuestos en donde se le pudiera atribuir al magistrado alguna infracción (v. Chiappini, Julio C; "La cosa juzgada írrita y otras perplejidades", Revista El Derecho del 17/05/12). Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza en el fallo "Salvatierra Pamela c/ Martinelli Rolando Jesús s/ acción autónoma de nulidad" del 14/10/08, ha analizado el tema referido al juez competente de la acción autónoma de nulidad y concluido que es incompetente el que intervino en la sentencia. Tal decisión se sustentó en que si bien es cierto que los dos juicios tienen distinta finalidad: el primero tiene por meta averiguar la pertenencia de tal o cual derecho y, el segundo, persigue saber si determinada sentencia debe permanecer en pie o si debe ser invalidada, en los hechos la línea divisoria no es tan absoluta y la revisión por el mismo juez puede poner bajo sospecha su propia imparcialidad. Ello así pues, frente a la inexistencia de disposición legal expresa que resuelva el tema, es conveniente que el magistrado que dictó la sentencia no sea quien conozca en la acción autónoma de nulidad, a fin de despejar cualquier duda sobre su imparcialidad. En conclusión, se juzga que no debe trasladarse la competencia por una cuestión de conexidad.
Código civil, derechos reales, cónyuge supérstite, derecho de habitación del cónyuge supérstite, sucesión ab intestato, herederos, legatario, muerte de la madre, coherederos, protección de la vivienda, hogar conyugal, acervo sucesorio, adquisición a título gratuito, derechos y deberes del heredero
Materia: CIVIL
Carátula: Brandan, Nestor Raul c/ Coherederos declarados de Molina, Stella Maris s/ Incidente (excepto los tipificados expresamente)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-03-10

Conforme lo establece el artículo 3573 bis del Código Civil, el derecho real de habitación del que goza el cónyuge supérstite es vitalicio y gratuito, pudiendo ser ejercido frente a herederos y legatarios -en el caso, el cónyuge supérstite promovió incidente de reconocimiento del derecho real de habitación contra sus dos hijas que habían sido declaradas coherederas en la sucesión ab intestado de su madre -, en tanto se acredite haber sido sede del hogar conyugal, único inmueble habitable dentro del acervo hereditario, se encuentre dentro de los límites previstos para ser considerado bien de familia y el superviviente no hubiere contraído nuevas nupcias.