Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-11-24


Expte. 8496 R.I.96 (S) del 24/11/2011 En la ciudad de Necochea, a los 24 días del mes de Noviembre de dos mil once, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "GUTIERREZ, Silvia Alicia c/SANTOIANI, Liliana y otra s/rendición de cuentas" habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Señores Jueces Doctores Fabián Marcelo Loiza, Oscar Alfredo Capalbo y Humberto Armando Garate.

El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S	1ª.) ¿Es justa la sentencia de fs. 482/484 vta.?	2ª.) ¿Qué pronunciamiento corresponde? A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:

I.- A fs. 482/484vta. el juez a quo resuelve rechazar la impugnación formulada a fs. 462/464 con costas al perdidoso. Regula honorarios profesionales.

A fs. 485 apela honorarios por altos y bajos el Dr. Spinelli.

A fs. 486 interpone recurso de apelación el Dr. Spinelli fundándolo a fs. 496/499vta..

A fs. 487 apela la parte demandada los honorarios de su letrado por considerarlos altos.

A fs. 488 el Dr. Ferrari apela honorarios por considerarlos bajos.

A fs. 489 apela honorarios la Dra. Etchepare por considerarlos altos.

II.- Indica el recurrente en su primer agravio que le causa perjuicio el decisorio cuando sostiene que "la parte demandada ha admitido que la acción intentada es meramente declarativa". Añade que quien le atribuye el carácter meramente declarativo a la acción es la codemandada Santoiani que es la misma que consiente expresamente la presentación de la actora a fs. 476; no su representada la Sra. Chiroli cuya contestación obra a fs. 140/151.

En su segundo agravio indica que le causa gravamen que el a quo sostenga que el proceso carezca de base arancelaria. Agrega que no se trata de establecer una base arancelaria en términos numéricos, sino que el juzgador, para fijar los emolumentos conozca la cantidad de operaciones y complejidad de las mismas. Cita jurisprudencia. Solicita la designación de un perito contador.

En el tercer agravio expone que le causa perjuicio que el juez de grado indique que las circunstancias jurídico-procesales de la presente causa no permiten establecer base arancelaria concreta.

En su cuarto agravio enuncia que le causa menoscabo la regulación conjunta de los honorarios de las incidencias de fs. 382, 391 y 447/9, ya que la incidencia de fs. 447/9 tiene costas por su orden por lo cual no puede ser regulada conjuntamente con las de fs. 382 y 391 pues tiene distintos obligados al pago.

En el quinto agravio expresa que le causa perjuicio la imposición de costas por la incidencia sobre estimación de base regulatoria, toda vez que la misma ha sido consecuencia de las resoluciones de fs. 447/451 de donde resulta la necesidad de contar con un mecanismo estimatorio. Cita jurisprudencia.

III.- Ingresando al tratamiento del recurso y en lo que respecta al primer agravio debo indicar que tal como manifiesta el recurrente en su memorial, la parte por él patrocinada no ha admitido que la acción intentada sea declarativa; ello en tanto la foja citada corresponde a la contestación de demanda de la restante codemandada, por lo cual el a quo no está aludiendo a su parte.

En cuanto al resto de sus agravios, vale recordar que en el proceso de rendición de cuentas el principal motivo de debate es el derecho (o no) a exigir que se rindan determinadas cuentas.

Nuestro máximo tribunal ha sostenido que "el proceso de rendición de cuentas consta básicamente de dos etapas -claramente distinguibles aunque reconocen una estrecha vinculación-; en la primera se establece, por vía del proceso sumario (.) , si existen la obligación de rendir cuentas, y en la segunda -reconocida esa obligación- como derivación de la anterior se examinan las cuentas efectivamente rendidas bajo el régimen correspondiente a los incidentes (.), restando -en todo caso- una eventual ejecución de los saldos activos por el procedimiento de ejecución de sentencia" (CSJN, M.106.XXXII "Martínez Alcorta, Irene M. c/Rueda, Miguel A. s. rendición de cuentas. sumario" 24/09/1996).

De los lineamientos expuesto se desprende lógicamente que si la sentencia ordena rendir cuentas, estas importarán el sustrato del valor económico del pleito a los fines arancelarios; sin embargo no necesariamente la ausencia de una sentencia que imponga aquella obligación implicará que el proceso carezca de base arancelaria, como sostiene el a quo.

Esto último es lo que sucede en autos donde tras el desistimiento de la actora (fs. 455) -en una etapa inicial del proceso y cuando no se determinó si correspondía o no la rendición pretendida- se debate respecto de la base regulatoria de los honorarios profesionales.

Es que aún cuando la obligación de hacer no haya sido dilucidada mediante una sentencia, de allí no se sigue necesariamente y para todos los casos, reitero, la ausencia de contenido económico. En primer lugar la propia norma de honorarios no incluye el proceso de rendición de cuentas entre aquellos "no susceptibles de apreciación económica" (art. 9, ap. I DL 8904).

En segundo término la ausencia en demanda de toda referencia a una suma de dinero no impide la calificación del proceso como susceptible de apreciación pecuniaria pues del propio litigio emergen elementos que desmienten esa negativa. Así en demanda se perseguía la rendición de cuentas a las administradoras de una sociedad en comandita simple (f. 21). Más allá de la proponibilidad o no de la demanda tal fue la petición y en ella no se estableció un monto pecuniario a rendir ni tampoco se determinó con claridad el período abarcado, aunque bien puede colegirse que se procuraba la rendición desde el comienzo de la actividad social y hasta el momento de interposición de la demanda (21/07/1998 al 01/09/2003, v. fs. 21/24vta.).

La naturaleza misma de la pretensión porta entonces un interés económico, pues se perseguía establecer el movimiento comercial de una farmacia administrada por la sociedad en cuestión; elementos todos ellos que nos hablan de un proceso pasible de apreciación pecuniaria en razón del objeto de la pretensión y conforme la participación de una sociedad comercial.

Establecido entonces que el presente resulta un proceso susceptible de apreciación pecuniaria cabe dilucidar si con los elementos obrantes en la causa puede establecerse un monto que actúe como base regulatoria o si, como pretende el recurrente, es necesaria la designación de un experto contable para determinar aquella base.

Entiendo que existen elementos suficientes como para lograr una base razonable de cálculo de los honorarios, teniendo en cuenta que aquella no puede igualarse meramente con el resultado de la actividad sino que debe contemplar el movimiento comercial, esto es las partidas de ingresos y egresos derivados de la administración, así como la consideración de bienes intangibles propios de un comercio (arg. art. 1 ley 11867).

En tal sentido y frente a la ausencia de un procedimiento normativo especifico, teniendo en cuenta las reglas análogas del DL 8904 (art. 27, en especial su apartado "f") y tomando como elemento inicial el informe obrante a fs. 462/463 (certificación contable de ingresos) que da cuenta de los resultados netos de los períodos abarcados por la pretensión actora, refrendado por la documentación societaria obrante a fs. 62/108vta., propicio al acuerdo establecer en el monto allí aludido la base regulatoria, incrementándola en un 50% para cubrir así otros aspectos de la rendición que no quedan abarcados por la mera consideración de los resultados netos, alcanzando con ello una mejor ilustración del verdadero valor económico en juego.

No advierto, como pretende el recurrente, que sea necesario recurrir a un perito contador en seguimiento del procedimiento que establece el inciso "b" del citado art. 27; es que la complejidad que se dice propia de la rendición de cuentas peticionada en autos, solo se reportó aquí como una mera posibilidad, nunca concretada en razón del referido desistimiento; posibilidad aún más remota si adhiriéramos al argumento de las demandadas relativo a la improponibilidad de la demanda (v. fs. 124 y 143vta.).

De allí que considere suficientemente abastecidos los principios que regulan la determinación de los honorarios (conf. art. 16 DL 8904), con la base propiciada pues en ella se consideran ingresos, egresos y un adicional por las cuestiones económicas de difícil cuantificación que se entienden inherentes a la presente rendición de cuentas.

V.- En último orden lleva también razón el recurrente en cuanto a que es errónea la regulación de manera conjunta de los honorarios de las incidencias de autos debido a que las costas de las mismas tienen diferentes obligados al pago; es que la de fs. 387 se imponen a la actora vencida al igual que la de fs. 396, situación que no se da en la incidencia de fs. 452/454vta. en el que las costas corren en el orden causado y a cargo de la actora en el punto IV de la misma. Por ello, cada incidencia debe estar regulada en forma separada.

Las costas del presente recurso así como las de la incidencia relativa a la determinación de la base regulatoria propicio distribuirlas en el orden causado pues la cuestión principal aquí resuelta es de aquellas debatidas en la jurisprudencia -la que se inclina por igual por las soluciones propuestas por las partes (v. v.gr. Morello - Sosa - Berizonce "Códigos ." T. VII-A pp. 434/435; Abeledo Perrot, 1999; entre otros)- (arts. 68; 69 CPCBA).

Por las razones antes mencionadas, corresponde revocar la sentencia de fs. 482/484 vta. aquí con el alcance propuesto.

Atento a como ha sido resuelta la cuestión y el carácter de la labor cumplida por cada profesional, propicio se fijen los honorarios de los Dres. Leonardo Silvio Fracassi y María Victoria Etchepare en la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 825.-) y PESOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 1.650.-), respectivamente, al Dr. Juan Emilio Spinelli en la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.550.-), modificándose así las regulaciones apeladas en cuanto ha sido materia de recurso, respecto de los honorarios de los Dres. Mario Alejandro Ferrari y Leonardo Fabian Jiménez, no habiendo mérito para modificar la sentencia apelada en cuanto los estima en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-) y PESOS MIL ($ 1.000.-), respectivamente, se los confirma. Por la incidencia de fs. 387/vta. y fs. 394, se fijan los honorarios de los Dres. Leonardo Silvio Fracassi y María Victoria Etchepare en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA ($ 280.-) y PESOS QUINIENTOS SESENTA ($ 560.-), respectivamente y al Dr. Juan Emilio Spinelli en la suma de PESOS MIL CIENTO CINCUENTA ($ 1.150.-), encontrándose apelados sólo por altos los honorarios regulados a favor del Dr. Leonardo Fabián Jiménez, se confirman los mismos en la suma de PESOS SETECIENTOS ($ 700.-). Por la incidencia de fs. 452/454vta. cuyas costas fueran impuestas en el orden causado, propicio fijar los honorarios del Dr. Juan Emilio Spinelli en la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA ($ 360.-), del Dr. Leonardo Silvio Fracassi en la suma de PESOS CIENTO VEINTE ($ 120.-) y de la Dra. María Victoria Etchepare en la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA ($ 240.-); asimismo por la incidencia cuyas costas fueran impuestas a la actora propicio se fijen los honorarios del Dr. Juan Emilio Spinelli en la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTE ($ 520.-) y a los Dres. Leonardo Silvio Fracassi y María Victoria Etchepare en la suma de PESOS CIENTO VEINTE ($ 120.-) y PESOS DOSCIENTOS CUARENTA ($ 240.-) respectivamente. Por la incidencia resuelta en la apelada resolución de fs. 482/484, se fijan los honorarios de los Dres. Juan Emilio Spinelli, Leonardo Silvio Fracassi y María Victoria Etchepare en la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA ($ 580.-), DOSCIENTOS SETENTA ($ 270.-) y PESOS QUINIENTOS CUARENTA ($ 540.-) respectivamente (arts. 13, 14, 15, 16, 21, 47, 54 y 57 ley 8904) Por las razones expuestas, voto por la NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CAPALBO DIJO	En primer lugar cabe advertir las particularidades del presente proceso.

Para ello basta acudir a los propios argumentos brindados por el recurrente en su calidad de patrocinante letrado, amén de apoderado de su parte, denunciando la improponibilidad objetiva de la demanda y la improcedencia formal de la acción; esto último por pretender la actora una rendición de cuentas por parte del órgano de administración de una sociedad en comandita simple soslayando los procedimientos propios que hacen a la vida interna de la sociedad de conformidad con la ley de sociedades anónimas (v. pto. V de la contestación de demanda obrante a fs. 140/151), lo que de algún modo cabe inferir que advirtió tardíamente la actora al desistir de la acción y del derecho a f. 455 -sin expresar razón alguna de su proceder-, lo que fuera acogido a f. 456, impidiendo una decisión de mérito.

Ese marco, si bien desdibuja a esta altura el modo de encuadrar lo atinente a las normas aplicables para la regulación de los honorarios, no obsta a que, en definitiva, haya de estarse a la pretensión deducida a los fines de la ponderación de los trabajos pero sin desatender tales peculiaridades, puesto que, lo que viene a requerir el recurrente es que se meritúen sus tareas en función de los hechos que fundan la pretensión; hechos que en modo alguno han quedado reflejados en el expediente.

Es debido a ese marco, esto es en el de una pretensión que no alcanzó siquiera el estadio de una sentencia que la dirima, ni menos aún el segundo tramo del proceso de rendición de cuentas que supone la condena a hacerlo, que estimo que la presente causa ha de juzgársela como de monto indeterminado, sin perjuicio de ponderar la trascendencia económica que pueda trasuntar la causa conforme los elementos que se encuentran presentes en la misma.

Sentado lo anterior, cabe dar respuesta, puntualmente, a cada uno de los agravios traídos.

En primer lugar es cierto que no fue la parte representada por el recurrente quien no atribuyó a la acción un carácter meramente declarativo y que la misma portaba la pretensión de una sentencia de condena.

También es cierto que en la sentencia dictada a fs. 456 se difirió la regulación de los honorarios invocándose, entre otros, el artículo 21 de la ley arancelaria, pero ello no inhibe a este tribunal a aplicar las normas arancelarias que correspondan por tratarse de una cuestión de orden público por así trasuntarse del decreto ley 8904/77 y de su propia naturaleza procesal.

Ingresando al segundo agravio y conforme expresa Pasaron y Pessaresi, "En la primera de las fases o etapas, encaminada a obtener la declaración de la existencia de una obligación de hacer -rendir cuentas-, no hay contenido económico directamente mensurable; lo que será definitivo, si en el proceso no se obtiene sentencia favorable. Así, cuando no media decisión que obligue a rendir cuentas (por sentencia que declara que no eran debidas o por finalización anormal del pleito), y lógicamente no se han presentado las cuentas y su justificación, se carece de la etapa que -precisamente- determina el carácter patrimonial del juicio, base para la consideración de los honorarios. Por ello coincidimos con la doctrina en que al menos en su primera fase, el proceso no tiene monto" (Honorarios judiciales, T I pág. 417).

Tales principios son abonados por dichos autores, por jurisprudencia nacional que citan y que encuentran aplicación en esta sede en virtud de que los mismos resultan plenamente aplicables. De ellos cabe citar en particular por su relación análoga, el dictado por la Cámara Nacional Comercial, Sala D, 17-8-95, LL 1996-B 766 Nº 14, tendiente a la rendición de cuentas de una comunidad irregular.

El propio agravio del recurrente demuestra la improcedencia del mecanismo que propone a fin de determinar un monto en el proceso.

En efecto, sostiene la pieza en examen que ha de acudirse a la vía del artículo 27 y designar un perito contador a los fines de determinar la complejidad de la tarea a fin de saber "cuántos y cuáles eran los montos de las operaciones implicadas" remitiendo a su presentación de f. 463 -ahora 467/469- en la que pretendió que el perito se expidiera sobre las "operaciones activas y pasivas realizadas por la sociedad durante los períodos 1998-2003, individualizando los comprobantes respaldatorios de cada una de ellas, circularizando a proveedores y seleccionando consumidores representativos (obras sociales)."	Es así que, como ejemplifica "No es lo mismo pedir rendición de cuentas por un negocio que por varios, por un período anual o por un lustro, por un kiosco o por una farmacia." O como también expresa "rendir cuentas de una operación pesos un millón que consistió en una sola compraventa que rendir cuentas de diez mil operaciones que conforman la misma suma de pesos un millón; en efecto la multiplicidad de comprobantes, asientos y operaciones que componen una y otra rendición de cuentas, determinan una remuneración distinta en cada caso, atento la complejidad de la cuestión." (f. 468vta.).

En primer lugar no se llegó a la fase de concretar dicha compleja operación, pero lo que es aún más dirimente, el procedimiento del art. 27 está fijado para determinar el monto y no para establecer la cantidad de tareas que eventualmente hubieran debido realizarse. A todo evento, para esto último hubiera sido suficiente que el profesional requiriera los libros de la sociedad mas no emplear el citado mecanismo. Aunque ello tampoco en el caso se considere pertinente por la primera de las razones apuntadas.

Amén de lo expuesto, seguir tal procedimiento vendría a significar, ni más ni menos, que sustanciar toda la segunda etapa de una hipotética y ficticia rendición de cuentas al sólo fin de regular los honorarios del letrado, ya que al dictamen pericial se sumarían obviamente las consiguientes oportunidades de impugnación y pedido de explicaciones a cargo de las partes en ese procedimiento.

En síntesis, han de evaluarse las tareas realizadas en función de las pautas del art. 16, sirviendo sólo como índice relativo para la apreciación del honorario, los valores que se trasuntan de la certificación contable obrante a fs. 462/463, la cantidad de años respecto de los cuales se requirió la rendición de cuentas y los incisos del art. 16 b), c), d), e), h), i), j), k) y l), así como el artículo 9.1.1., a fin de otorgar una regulación acorde al tipo de proceso contencioso que allí se menciona.

Me eximo de concretar los montos regulatorios atento el resultado de este acuerdo, adhiriendo, por lo demás, al resto de las cuestiones tratadas.

En síntesis, a la cuestión planteada, voto por la AFIRMATIVA, con las modificaciones propuestas.

A la misma cuestión planteada el señor juez doctor Garate votó en igual sentido por análogos fundamentos a los consignados en el voto del Dr. Loiza.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:

Corresponde -por mayoría- revocar la sentencia de fs. 482/484 vta., aquí con el alcance propuesto al votar la primera cuestión. Las costas propicio distribuirlas en el orden causado (art. 68; 69 CPC).

ASI LO VOTO.

A la misma cuestión planteada el señor juez doctor Capalbo votó en igual sentido por los mismos fundamentos.

A la misma cuestión planteada el señor juez doctor Garate votó en igual sentido por los mismos fundamentos.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A Necochea, 24 de Noviembre de 2011.

VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, -por mayoría- se revoca la sentencia de fs. 482/484 vta., aquí con el alcance propuesto al votar la primera cuestión. Las costas se distribuyen en el orden causado (art. 68; 69 CPC). Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 CPC). Devuélvase.

Dr. Humberto A. Garate Dr. Fabián M. Loiza Juez de Cámara Juez de Cámara Dr. Oscar A. Capalbo Juez de Cámara Dra. Norma T. Dominguez Secretaria