Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-05-23


En la Ciudad de San Juan, a veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil once, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores José Abel Soria Vega, Juan Carlos Caballero Vidal y Adolfo Caballero, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal.

No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal - ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos?. En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?.

EL SEÑOR MINISTRO DR. JOSE ABEL SORIA VEGA, DIJO:

Contra la sentencia de fecha dieciocho de Octubre de dos mil diez, dictada por la Sala III de la Cámara en lo Penal y Correccional, interponen recursos de casación la doctora Amalia Sosa de Carelli, a cargo de la Defensoría Oficial N° 4 por la defensa de Sara Estela Brizuela y el titular de la Fiscalía de Cámara N° 1 doctor José Eduardo Mallea.- El fallo recurrido resolvió condenar a la nombrada como autora del delito de "Homicidio agravado por el uso de arma de fuego" (arts. 79 y 41 bis del C.P) en perjuicio de Roberto Bernabé Díaz, a sufrir la pena de Once Años de prisión con costas y accesorias legales.

Los agravios que sustentan la pretensión fiscal están referidos a la errónea aplicación de la ley sustantiva, en cuanto el fallo ha estimado correcta la aplicación de la circunstancia agravante contenida en el artículo 41 bis del C.P., sin haber efectuado consideración alguna respecto de la petición de inaplicabilidad de la agravante por el uso de arma de fuego, dejando planteada la Inconstitucionalidad de la norma en el supuesto que este tribunal entendiera que la calificación legal fijada por el a-quo es correcta, y a la inobservancia de las normas que la ley del rito establece bajo pena de nulidad, señalando específicamente la trasgresión al artículo 480 inciso 3° del C.P.P. en tanto considera que el resolutorio no sólo carece de una debida y adecuada fundamentación sino que además es contradictoria, resultando así arbitraria al haber arribado a conclusiones que no encuentran respaldo en una valoración lógica y razonable de los elementos de prueba adunados al proceso.

En tal orden de ideas menciona la circunstancia citada por el sentenciante de que la víctima es atacada por la imputada cuando pretendía alejarse del lugar, afirmación que configura una conjetura al no existir prueba que lo acredite y que se contrapone a la lógica.- En efecto, de las constancias de autos se desprende que el occiso registraba en su cuerpo tres impactos de bala: dos en la parte anterior, uno en la región precordial por delante del esternón, el segundo en la región pectoral izquierda 5 cm. por arriba de la tetilla y el tercero en la parte posterior en región glútea izquierda.

Si se tiene en cuenta y desde un punto de vista lógico, que el cuerpo de la víctima fue encontrado en posición decúbito dorsal o boca arriba, es dable deducir que por la fuerza e impacto de las balas, el primer impacto fue el del glúteo y luego los anteriores, ya que es la única firma que justifica la posición en que quedara el cuerpo y que contrarresta la afirmación del a-quo de que se estaba alejando, al admitir otra posibilidad cual es que si bien la intención inicial pudo ser la de alejarse al recibir el primer disparo, se da vuelta quedando de frente a Brizuela en donde recibe los disparos anteriores cayendo boca arriba en el jardín.

Expresa que esta interpretación o la sostenida por el a-quo, permite moverse en el plano de las conjeturas, ". por lo que estima que desmerece cualquier apreciación con respecto al comportamiento pretendido o querido por la víctima al momento de ocurrir la muerte.".-- Asimismo manifiesta que la apreciación del tribunal cuando expresa que la muerte se produce en breves instantes en razón de que dos de los proyectiles afectaron órganos vitales, queda desvirtuada por el testimonio rendido por la médica forense María Beatriz Vázquez quien en el transcurso del debate expresó que las tres lesiones eran vitales, lo que constituye -a su criterio-prueba concreta que desvirtúa los dichos del a-quo.

Otra de las críticas que efectúa es haber desacreditado la circunstancia esgrimida por Fiscalía del deseo de micción que caracteriza los estados de emoción violenta, teniendo en cuenta la declaración de una de las funcionarias policiales presentes en el lugar como así de la mendacidad endilgada a la acusada por las contradicciones existentes entre las distintas declaraciones indagatorias rendidas respecto de circunstancias fácticas como la de haber pernoctado la noche del hecho en su casa o haber llegado sin poder precisar hora, violento y amenazándola de muerte a la vez que la golpeaba.

Expresa también que en el fallo impugnado, si bien se admite la existencia de una discusión previa entre la acusada y la víctima, no se comparan las distintas lesiones corporales sufridas por los protagonistas, las que de haberse valorado, habría permitido establecer la inferioridad física corporal, psíquica y emocional sufrida por Brizuela ante la víctima al momento de producirse su deceso, cuestionando también el haberse hecho eco del dictámen pericial emitido por el Cuerpo Médico Forense de la provincia de Mendoza, obviando merituar los informes tanto del Psicólogo Millán cuanto del psiquiatra Dr. del Giúdice, quienes no sólo atendieron a la acusada en forma casi inmediatamente posterior a la comisión del hecho y pudieron apreciar su estado de nerviosismo que podía evidenciar un estado de emoción violenta, al igual que los funcionarios policiales presentes en el lugar del hecho.

Sostiene que el fallo, tras hacer referencia a los testimonios prestados por los compañeros de trabajo de la víctima, arribó a la conclusión de que era una persona pacífica, introvertida a quien apodaban "mudo" por lo poco que hablaba, en contraposición a la opinión que de Brizuela tenían, a quien la llamaban la "tigresa Acuña" identificándola con una boxeadora o peleadora.

Considera que las lesiones probadas en el cuerpo de la acusada desvirtúan tales afirmaciones y contribuyen en definitiva a desacreditar el fallo por la arbitrariedad en la consideración y valoración de los elementos probatorios.

El recurso interpuesto por la defensa ha sido motivado en los dos supuestos contemplados por el artículo 574 del C.P.P., considerando que la sentencia impugnada ha incurrido en errónea aplicación de la ley sustantiva al haber considerado su accionar encuadrado en el tipo penal del Homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego (arts. 79/ 41 bis del C.P.) cuando en realidad si hubiera efectuado un análisis y valoración ajustada a derecho, habría arribado a la conclusión de que el hecho enrostrado lo fue en estado de emoción violenta, incurriendo también en el vicio de arbitrariedad al elaborar una verdad ficticia derivada de la intuición o basada en puras conjeturas.

Expresa que el a-quo ha valorado un cúmulo de constancias probatorias de las que sin duda alguna se desprende que el accionar de la acusada lo fue en estado de emoción violenta, considerando que existieron los tres requisitos esenciales: a) reacción ante un hecho del mundo exterior (insultos y golpiza a que se vio sometida por parte de Díaz previamente) b) simultaneidad del hecho productor de la descarga afectiva con materialidad del hecho realizado (inmediatez entre los golpes y la conducta de Brizuela al tomar el arma en medio de la discusión) y c) que el medio empleado no resulte de operaciones complicadas (tomó el arma y mató en estado de shock), constituyendo éste el estallido afectivo que fue el factor desencadenante de su conducta, al no poder soportar más el maltrato y los golpes provenientes de su pareja, no obstante lo cual considera que la acusada obró con el dolo homicida que tipifica el artículo 79 del C.P.

Radicados los autos en este Tribunal y notificadas que fueron las partes a los fines de los artículos 582 y 571 primera parte del C.P.P., se dio inicio al plazo de presentación de informes, compareciendo los recurrentes, quienes ratificaron el contenido de los escritos de interposición de los recursos, llamándose en consecuencia autos a estudio, con lo que la presente causa ha quedado en estado de ser resuelta.

Luego de una detenida y exhaustiva lectura de las constancias de autos, he de iniciar el tratamiento de los agravios de los recurrentes en forma conjunta, toda vez que tanto el representante del Ministerio Público como la defensa impugnan la calificación legal acordada, siendo su pretensión de que se encuadre el obrar de la acusada dentro de la previsión contenida en el artículo 81 inciso 1° del C.P., esto es, el tipo de homicidio atenuado del que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable.

Considero que la investigación efectuada y la prueba obrante en la causa no ha logrado superar el estado de duda respecto de si el accionar de la acusada Brizuela fue configurativa de un Homicidio simple o de un Homicidio atenuado por emoción violenta, al haberse acreditado un cuadro sentimental de violencia y hostigamiento preexistente que hizo explosión en la acusada al ser golpeada y maltratada ese día por la víctima.

Hay numerosas pruebas e indicios que señalan circunstancias muy anteriores al hecho (celos, maltrato, lesiones, actitudes inadecuadas, etc.) de persistencia lacerante que generan una suerte de "fatiga psíquica", así como golpes, lesiones, insultos y discusión, que pudieron llevar a un estado de violenta conmoción del ánimo que disminuye ostensiblemente el dolo y hace que se configure en el injusto atenuado del tipo penal de Homicidio atenuado.- En tal sentido, cabe tener presente las enseñanzas de Gerardo Peña Guzmán en su obra "Homicidio emocional" (Abeledo Perrot, Bs. As., 1969 págs. 101 y 103 que explican casos como el presente en que llega a confundirse la emoción violenta con la alevosía y el ensañamiento). También cabe recordar la doctrina del autor citado sobre el homicidio por temor: ".

Además, el miedo o el temor fundado, aunque no haya sorpresa, producen una grave alteración del ánimo que priva de los normales controles inhibitorios, y altera fuertemente el curso de la representación y del juicio de los hechos. Debemos reconocer que es uno de los afectos o emociones que, mediante circunstancias excusantes, atenúan poderosamente el homicidio, constituyendo un verdadero estado de emoción violenta." (opus cit. págs. 311/312).

El estado de emoción violenta es excusable si las circunstancias que lo produjeron tienen -normalmente- repercusiones en cualquier persona que se hallara en la situación que vivió el agente. Ello exige, en primer término, que haya existido una causa provocadora de la emoción, que sea un estímulo recibido por el autor desde afuera; este estímulo podrá estar constituido por situaciones de cualquier carácter (moral, económico, afectivo, etc.), señalando parte de la doctrina que el estímulo desencadenante inmediato puede aparecer en la mente del autor como consecuencia de ensamblarse conocimientos nuevos a datos o hechos anteriores.

También la causa debe ser eficiente respecto de la emoción, es decir, tiene que ser un estímulo externo que muestre la emoción violenta como algo comprensible, por lo que debe ser apreciada en relación con las modalidades y costumbres del autor, sumando las otras circunstancias de cuyo conjunto pueda resultar la eficiencia causal del estímulo (cfr. Código Penal Comentado Parte Especial - Andrés José D Alessio - Editorial La Ley, pág. 26).-- Así entonces, en base a las consideraciones efectuadas y teniendo en cuenta que la existencia de una duda razonable no ha permitido destruir el estado de inocencia que constitucionalmente ampara a la acusada, voy a propiciar se admitan los recursos interpuestos, se modifique la calificación legal enrostrada por el tipo penal receptado por el art. 81 inciso 1° del C.P. y teniendo en cuenta la escala penal de aplicación y los criterios de penalidad considerados por el a-quo, se la condene a sufrir la pena de Dos Años de prisión con costas.

Sólo resta añadir que atento la solución a la que se arriba al tratar el agravio que precede, resulta innecesario el tratamiento de los restantes.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I) Admitir los recursos interpuestos.

II) Modificar la calificación legal enrostrada por el tipo penal receptado por el art. 81 inciso 1° del C.P.

III) Condenar a la imputada Brizuela Sara Estela, teniendo en cuenta la escala penal de aplicación y los criterios de penalidad considerados por el a-quo, a sufrir la pena de Dos Años de prisión con costas.

IV) Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos. Fdo. Dres. José Abel Soria Vega, Juan Carlos Caballero Vidal y Adolfo Caballero. Ante mí: Dra. María Graciela Aguilar de Fornés - Secretaria Letrada.- Cp-5386 S.E.

P.R.E. S.2ª 2011-II-261