Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Corrientes
Fecha: 2010-10-06


2º Instancia.- Corrientes, octubre 6 de 2010.

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos? El doctor González dijo:

Considerando: I- Que a fojas 98/99 vta. la demandada Dirección General de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea Argentina -DIBPFA- apela la sentencia de fojas 92/94 por la que el juez a quo hizo lugar a la acción de amparo declarando el carácter manifiestamente arbitrario del accionar de la demandada, ordenando le provea al actor dos audífonos intracanales Phonak 9000 AF-SC Clase D, imponiendo las costas a la vencida y regulando los honorarios profesionales. II- Que al plantear el recurso, se agravia la recurrente en síntesis, de que el a quo considere que lo dispuesto en las leyes 22.431, 23.660 y 24.901 resulta aplicable a la DIBPFA; manifiesta que no existe de su parte conducta arbitraria o ilegal, y que en el caso debe aplicarse el régimen arancelario de la DIBPFA que establece una cobertura del 90% del valor de los audífonos, hasta un tope de $ 1200. Entiende que el obligado a prestar la cobertura sería el estado provincial o el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad, a quienes debiera citarse como terceros; informa que no obstante ello, concederá la cobertura como "Ayuda Especial" a través de la División Medicina Social y Tratamientos Especiales. A todo evento, hace reserva del caso federal. III- Corrido el traslado de ley, la parte actora no ejerce su derecho de contestarlo. Verificado el cumplimiento de las condiciones de admisibilidad formal corresponde tratar el fondo de los agravios formulados. IV- En relación al fondo de la cuestión que trae los autos a la decisión de esta alzada, advierto que aquella resulta análoga a la planteada en el caso "Martín, Sergio G. y otros c. Fuerza Aérea Argentina s/amparo", y resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante sentencia del 08-06-04. En esa oportunidad, los actores reclamaban a la Dirección de Bienestar para el Personal de la Fuerza Aérea Argentina que asuma en forma integral el tratamiento de su hija menor discapacitada, suscitándose las mismas cuestiones básicas que en el presente expediente, a saber: si las normas sobre obras sociales y protección de la discapacidad son aplicables a la DIBPFA, si la DIBPFA está obligada a prestar la cobertura en forma integral o, en su caso, a quién debería reclamarse la cobertura del tratamiento. Que el Procurador General entendió en aquella oportunidad que la demandada no adhirió al sistema de las leyes 23.660 (de obras sociales) y 23661 (sistema nacional del seguro de salud), y tampoco al régimen de la ley 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad); pero a continuación resaltó que la protección y la asistencia integral a la discapacidad, con fundamento en las leyes 22.431 y 24091, constituye una política pública del país. Consideró que las circunstancias imponían "otro tipo de conducta por parte de la demandada respecto de quien, en definitiva, en su calidad de afiliado, se limitó a pedir que se complete el reconocimiento hasta aquí parcial del tratamiento médico indicado..." y que la DIBPFA "no acreditó haber encarado siquiera gestión alguna tendiente a encauzar el requerimiento de la actora por ante las instancias competentes, limitándose en todo momento a negar su responsabilidad y a argüir diversas limitaciones de tenor presupuestario...". El Procurador llegó a la conclusión de que la demandada debió adoptar las medidas que estuvieran a su alcance para la realización plena de los derechos de la menor, y que sería irrazonable imponer a la actora que acuda a los órganos en principio competentes, máxime cuando la demandada puede gestionar ante esos órganos la compensación de los gastos que irrogue el tratamiento, o articular con ellos un mecanismo que permita al afiliado contar con las prácticas y servicios necesarios. La Corte -remitiéndose a los fundamentos del señor Procurador General- hizo lugar a la presentación de los actores, revocó la resolución apelada y devolvió los autos para que se dicte una nueva sentencia (CSJN, M. 3226. XXXVIII., "Martín, Sergio Gustavo y otros c/Fuerza Aérea Arg. Direc. Gral. Bienestar Pers. Fuerza Aérea s/amparo"). En torno a lo decidido por el Máximo Tribunal Federal, estimo que resulta conveniente adoptar en el caso el temperamento al que ha arribado la Corte, en razón de que existe identidad -en lo esencial- con las cuestiones traídas a consideración de esta cámara y que constituyen el núcleo del escrito impugnativo. En efecto, respecto de la obligatoriedad de la cobertura, y siguiendo los lineamientos del fallo citado, considero en el sub lite que la demandada no pudo desentenderse de lo requerido por la parte actora, aún cuando no haya adherido a la normativa referenciada; entiendo, más bien, que la situación del actor imponía a la demandada la realización de acciones positivas, que involucren adoptar todas las medidas razonables que estén a su alcance, atento a que está en juego un interés superior que debe ser tutelado. En lugar de eso, optó por ofrecer una cobertura limitada a una fracción del costo, sustentando esa decisión en normas internas, y luego hizo silencio a los sucesivos reclamos del afiliado que, entre tanto, debió continuar soportando los padecimientos de su dolencia. Que en lo atinente a la autoridad estatal competente para dar la cobertura integral solicitada, cabe decir lo siguiente: Resulta irrazonable pretender que el actor abandone el presente reclamo ante la DIBPFA, un organismo dentro de la órbita del Ministerio de Defensa, sólo para tener que iniciar uno nuevo ante el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad -como sugiere la recurrente-,dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, es decir, del Poder Ejecutivo Nacional; y aún en ese supuesto, era la misma DIBPFA quien se encontraba en condiciones de reconducir inmediatamente el pedido, derivándolo a la autoridad que consideraba competente y evitándole al afiliado que requiere urgente asistencia, demoras y trámites innecesarios. Por último, aparece como más razonable que sean las distintas dependencias del Estado Nacional quienes deban arbitrar los medios necesarios para atender las demandas de enfermos y discapacitados, coordinando sus esfuerzos, celebrando convenios de cooperación, articulando mecanismos de compensación de créditos, etc., en vez de forzar con su actitud omisiva a una persona afectada de alguna dolencia o discapacidad, a promover acciones legales a fin de salvaguardar sus derechos. Respecto de los demás agravios, no se tratan en el entendimiento de que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones o argumentos, bastando que se hagan cargo de los conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320; 294:261). Por todo lo expuesto, entiendo que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto, confirmando la sentencia de primera instancia. En lo atinente a las costas, conforme al principio de la derrota objetiva, deben imponerse a la recurrente vencida. No se regulan honorarios profesionales a la letrada interviniente por la parte actora por no existir actividad útil en esta instancia. Atento a la solución que propicio, y de ser compartido este voto por mis pares, el recurso interpuesto será rechazado, confirmándose la sentencia de primera instancia y fijándose las costas a la vencida.

El doctor Alonso dijo:

Que adhiere al voto del Dr. Ramón Luís González por compartir sus fundamentos.

En mérito del acuerdo que antecede, la Cámara Federal de Apelaciones dicta la siguiente sentencia: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 98/99, confirmando la sentencia de primera instancia obrante a fs. 93/94. 2) Las costas son a cargo de la recurrente vencida. Regístrese, notifíquese y devuélvase. El acuerdo que antecede fue suscripto por los Sres. Jueces que constituyen mayoría absoluta del Tribunal (art. 26, Dto. Ley 1285/58 y art. 109 R.J.N.) por encontrarse en uso de licencia la Dra. Mirtha Gladis Sotelo de Andreau. Secretaría de Cámara, seis de octubre de 2010.- Ramón L. González.- Víctor A. Alonso.