Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-27


Dictamen de la Fiscal General Subrogante de Cámara:

1. En la sentencia de fs.34/35, el juez de primera instancia dispuso la caducidad del derecho a percibir el dividendo concursal respecto de ciertos acreedores que no comparecieron a cobrarlo y ordenó que los importes no percibidos sean transferidos a la cuenta especial del Ministerio de Educación para el fomento de la educación común, de conformidad con lo previsto en el art. 224 de la ley 24.522.

2. Apeló la sindicatura y fundó el recurso en fs.38/43. En dicha pieza reiteró su planteo de inconstitucionalidad de la norma del art. 224 de la ley 24.522.

3. Considero que debe hacerse lugar al recurso interpuesto por la sindicatura, aunque para ello no es menester que se declare inconstitucional la norma del art. 224 de la ley concursal vigente.

En efecto, tal como la misma apelante lo postula en fs.42, es posible interpretar la regla del citado artículo, que reproduce el texto de la ley 19.551, en el sentido de que el dividendo puede ser destinado al patrimonio estatal, para el fomento de la educación común, cuando los acreedores verificados han percibido sus créditos y de este modo no se beneficia al deudor. Esta exégesis de la norma encuentra apoyo en las expresiones contenidas en la exposición de motivos de la ley 19.551, citada por el síndico apelante, según las cuales "es evidente que la inacción del acreedor no puede beneficiar en ese caso al deudor y se destinan los importes al patrimonio estatal para el fomento de la educación común". Es lícito inferir que la premisa subyacente a ese razonamiento es que la totalidad de los acreedores verificados han cobrado sus créditos, ya que de no ser así, no existiría justificación alguna para contemplar la posibilidad de atribuir dicho remanente al deudor, ello en virtud de los principios generales que rigen la materia falencial, tales como el desapoderamiento y la liquidación de los bienes integrantes del activo para repartir su producto entre los acreedores (arg. art. 228, ley de concursos y quiebras).

Destaco que el art. 224 de la ley 24.522 ha reproducido el texto respectivo del art. 221 de la ley 19.551, de modo que la interpretación puede hacerse extensiva a la norma vigente, máxime cuando en el mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso, antecedente de la ley 24.522 ("Antecedentes Parlamentarios", Ed. La Ley, año 1995, Nº 7, p. 125 y sigtes.), no existe mención ni alusión contraria a la exposición de motivos de la ley 19.551, ya mencionada.

Añádese a lo expuesto que, según lo informa el síndico, los acreedores laborales verificados sólo han percibido una parte menor de sus acreencias (fs.39 vta., 15%), en ocasión de haberse aprobado anteriormente un proyecto de distribución de fondos.

Por las razones expuestas, opino que debe hacerse lugar al recurso del síndico.

Dejo así contestada la vista conferida por VE en fs.47. - Julio 3 de 2002. - Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 27 de 2002.

Considerando: 1. Se alza la sindicatura contra el pronunciamiento dictado a fs.34/5, que decretó la caducidad de los dividendos concursales no percibidos y ordenó girar los mismos a una cuenta especial del Ministerio de Educación para el fomento de la educación común.

2. El temperamento propuesto por la sindicatura no se compadece con la regla establecida por el art. 224 de la ley 24.522 que contempla la caducidad del derecho de los acreedores a percibir el dividendo concursal por el mero transcurso de un año desde la fecha de aprobación del proyecto de distribución que da cuenta del mismo.

En efecto, el precepto legal citado no formula distinción alguna e indica en forma concreta el destino correspondiente a los fondos no percibidos, respetado rigurosamente en el decisorio atacado.

3. Por lo demás, la pretendida declaración de inconstitucionalidad de dicha norma tampoco puede prosperar.

Destácase en tal sentido que la declaración de inconstitucionalidad importa una decisión extrema que sólo procede como último remedio para evitar la vulneración de un derecho o garantía de índole constitucional.

Tal situación no se configura en el "sub lite" dado que el destino previsto para los fondos no percibidos en la quiebra no importa afectación del derecho de propiedad de los restantes acreedores en la medida en que se advierta que el mismo se encuentra acotado al cobro del dividendo concursal emergente del proyecto de distribución aprobado, que les corresponda en cada caso.

Por ello, oída la representante del Ministerio Público ante esta Cámara, desestímase la pretensión recursiva y el planteo de inconstitucionalidad articulado, sin que corresponda imposición de costas por no mediar contradictorio en esta instancia. - Martín Arecha. - Rodolfo A. Ramírez. - Helios A. Guerrero.