Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2009-05-20


2º Instancia. - Formosa, mayo 20 de 2009.

I. RELACION DE LA CAUSA:

La Dra. Bentancur dijo:

María Asunción Fleitas y Ricardo Escobar, en nombre y representación de su hijo Ricardo Ramón Escobar, promueven formal demanda de cobro de la suma de pesos cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos ($484.500), con más los intereses, costas y actualización por depreciación monetaria, contra la Sociedad Rural de Formosa, ASI (Asistencia de Salud Integral) S. R. L., y EDEFOR S. A. en concepto de indemnización por lo daños y perjuicios que sufriera su nombrado hijo el día 26 de octubre del año 2000, aproximadamente a las 10,00 horas, cuando se encontraba haciendo pastar vacas en inmediaciones al predio de la Sociedad Rural de Formosa, ocasión en que es convocado por personal de la misma para retirar los reflectores colocados sobre un cartel propiedad de la mencionada entidad, utilizado como cartel publicitario por la empresa ASI S. R. L., cartel sobre el que se encontraban a corta distancia tres cables de alta tensión que pasaban por encima del mismo, por lo que el menor toma con su cabeza contacto con ellos , sufriendo una gran descarga eléctrica que le provoca serias y gravísimas lesiones, siendo determinante en la producción del evento dañoso el cartel publicitario que se encontraba instalado en forma absolutamente negligente y antirreglamentaria.

Los hechos en que los accionantes fundan la acción y demás alternativas de la causa acaecidas en la inferior instancia, hasta llegar a la sentencia, se encuentran relatados en los "Resultandos" de la misma, a los que cabe remitirse por razones de brevedad y por reputarse lo allí expuesto suficiente a los fines de la resolución de los recursos en análisis. En consecuencia, se hará referencia al fallo apelado y a lo actuado con posterioridad a dicho pronunciamiento.

La sentencia, obrante a fs. 645/654, resuelve: "PRIMERO: RECHAZAR LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION PASIVA interpuesta por la codemandada SOCIEDAD RURAL de FORMOSA, conforme los argumentos expuestos en los considerandos que preceden con COSTAS A SU CARGO (art. 68 del C.P.C.C.). SEGUNDO: DESESTIMAR LA DEMANDA DE DAÑOS Y PERJUICIOS interpuesta por el accionante RAMON RICARDO ESCOBAR, contra los codemandados en autos en mérito a los fundamentos esgrimidos precedentemente. TERCERO: DISPONER que la SOCIEDAD RURAL DE FORMOSA proceda en el término de 10 días de quedar firme la presente a reubicar y/o destruir el cartel ubicado en la vera del camino próximo al predio de su inmueble, bajo apercibimiento de ser destruido a su cargo, imponiendo esta obligación en forma solidaria a la codemandada EDEFOR S. A. en caso que la primera no lo ejecutare.".

Notificadas las partes del fallo en cuestión el mismo es apelado por el actor y por la co- demandada Sociedad Rural de Formosa en cuanto a lo decidido en los puntos 1º y 3º, siéndoles concedidos los recursos libremente.

Elevados los autos a la Alzada, son puestos en Secretaría para que las partes apelantes expresen agravios dentro del término de diez días. A tal fin el actor presenta el escrito de fs. 664/674 y, corrido el debido traslado, es contestado a fs. 680/684 por Edefor S. A., a fs. 685 por la Sociedad Rural de Formosa y a fs. 686/689 por la firma A.S.I. S. R. L. A su vez la codemandada Sociedad Rural de Formosa presenta el escrito de fs. 675/675 vta. y, corrido traslado del mismo a la contraria, es contestado por el actor a fs. 677/677 vta. Con dichos recaudos se llama autos para sentencia mediante providencia de fs. 689 vta., que se encuentra firme y, en consecuencia, los recursos en condiciones de ser resueltos.

El Dr. Pignocchi dijo:

Adhiero a la relación de la causa que antecede.

II.- CUESTIONES A RESOLVER:

La Dra. Bentancur dijo:

Propongo como cuestiones a resolver las siguientes: ¿Es ajustada a derecho la sentencia recurrida?. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

El Dr. Pignocchi dijo: Adhiero a dichas proposiciones.

III.- A LAS CUESTIONES PLANTEADAS:

La Dra. Bentancur dijo:

La parte actora critica la sentencia apelada expresando que se agravia porque en los considerandos de la resolución puesta en crisis se evidencia un error clave para la decisión final a la que se arriba, puesto que se afirma en la misma que su parte ha fincado la pretensión basándose en lo previsto por el art. 1113 del C. C., lo cual es cierto, pero yerra al señalar que se hace referencia a la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa que ha causado el daño, puesto que claramente imputó responsabilidad en base a dicho factor objetivo de atribución de responsabilidad, pero fue más allá, ya que elocuentemente el principal factor de atribución establecido por la norma y que fue expresamente invocado al promover la demanda lo constituyó el riesgo de la cosa. De esta manera la Juez de la baja instancia yerra desde el momento que plantea una premisa errónea y por ello arriba también a una conclusión errada, omitiendo aplicar la clara norma prevista por el art. 1113 que establece la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa riesgosa o viciosa. Tal el supuesto del cartel que se encontraba colocado debajo de las líneas de media tensión y determinó, como claramente lo ha expuesto el perito ingeniero electromecánico, que el lamentable suceso se produjera no por la conducta de un menor que sube a un cartel, sino por la colocación antirreglamentaria (culpable) de un cartel de grandes dimensiones bajo las líneas de media tensión. El perito ingeniero señala claramente que el menor no tomó contacto directo con los cables que transportan media tensión, sino que tomó contacto con el campo magnético existente, que ante la corta distancia de la que se encontraba (reitera antirreglamentariamente) hizo que se produjera un arco voltaico con descarga a tierra a través del hierro de soporte del cartel. A partir de ello resulta absolutamente claro que el cartel colocado antirreglamentariamente fue el factor determinante de la producción del suceso, puesto que el hecho que la víctima subiera por el mismo, aún cuando pueda ser atribuido a una travesura o a un comportamiento propio de un menor, no le hubiera producido el daño que finalmente se produjo al tomar contacto con el campo magnético. Insiste en que la Juez de la baja instancia omite considerar que la demanda no se instauró teniendo en cuenta solamente el cartel sino la forma antirreglamentaria en que se encontraba colocado debajo de una línea de media tensión, lo que constituía, como lo señaló en los alegatos, una trampa mortal para terceras personas, por lo que peticiona la revocación de la resolución recurrida y la admisión de la demanda en todas sus partes, con expresa imposición de costas.

La codemandada Sociedad Rural de Formosa se agravia por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva que oportunamente opusiera, expresando que la Inferior, para concluir que es propietaria del cartel, tuvo en cuenta testimoniales y no elementos de prueba de mayor entidad, como las confesionales del actor Ricardo Ramón Escobar y del representante de la codemandada ASI S. R. L., de las que surge que el cartel es de propiedad de esta última. Solicita la revocación del punto primero y tercero del fallo recurrido, solicitando se haga lugar a la excepción de falta de legitimación para ser demandada y se deje sin efecto lo dispuesto respecto a la entidad, con condena en costas a la parte actora.

En primer lugar quiero hacer referencia al marco doctrinario y jurisprudencial en el que debe ser resuelta la cuestión. En materia de daños causados por cosas inanimadas la ley 17.711 ha introducido en el texto del art. 1113 profundas modificaciones. Mantiene por lo pronto el texto originario que dice así: La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. Pero ha agregado dos nuevos párrafos: En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable. Las consecuencias de la nueva norma son: a)Introduce oficialmente en nuestro derecho positivo la teoría del riesgo, que ya la jurisprudencia había aplicado por su cuenta. b)Concluye con la famosa cuestión de si debía distinguirse entre los daños causados por las cosas y con las cosas y lo hace inclinándose por la mejor solución, es decir, borrando toda pretendida diferencia entre ambas situaciones. c)Distingue entre las cosas que tienen vicios o riesgos derivados de su propia naturaleza y las que no lo tienen. d)En cualquier hipótesis, el dueño o guardián puede eximirse de responsabilidad, demostrando que la cosa ha sido usada contra su voluntad expresa o presunta. Con respecto a las cosas por cuyo daño se responde la ley habla de cosas en general, debiendo entenderse por tales todas aquellas que no sean animales (que tienen su régimen propio); con esta exclusión, quedan comprendidas todas las cosas muebles o inmuebles, sean sólidas, líquidas o gaseosas. Antes de la reforma de la ley 17.711, se discutía si para generar la responsabilidad del dueño o guardián era necesario que la cosa fuera peligrosa. La cuestión ha quedado precisada después de la reforma del art. 1113; aún las cosas no peligrosas generan responsabilidad, pero la distinción entre ambas categorías no es irrelevante; si se trata de cosas no peligrosas, el dueño o guardián se exime de responsabilidad demostrando que de su parte no hubo culpa; si la cosa es viciosa o riesgosa, no basta con ello; debe demostrar además, la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. En base al texto legal se desestima asimismo la distinción entre cosas inertes y activas (conf. Guillermo A. Borda, "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", Ed. La Ley, 9º edición, actualizado por Alejandro A. Borda, T. II, pág. 334 y siguientes).

A su vez el criterio jurisprudencial es que la calificación de riesgosa de una cosa no depende solamente de su peligrosidad intrínseca, sino, también de su actitud potencial para producir un daño (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala L, 07/06/1995. Barbieris, Elsa M. c. Municipalidad de Buenos Aires, La Ley, 1997-A, 350 - DJ 1997-1, 729). Cosa productora de riesgo, en el concepto del art. 1113 del Código Civil, debe considerarse aquella que en función de su naturaleza, o según su modo de utilización, genera peligros a terceros y en cada oportunidad debe determinarse si la cosa, por cualquier circunstancia del caso, genera un riesgo en el que pudo ser comprendido el daño sufrido por la víctima (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, 01/07/1997. Gómez, Liliana H. c. Municipalidad de Benito Juárez y otro, LLBA 1997, 1370).

En consecuencia, si en cada oportunidad el juez debe indagar si la cosa, por cualquier circunstancia del caso, genera un riesgo en el que puede ser comprendido el daño sufrido por la víctima (Sup. Corte Bs. As., 15/372006, "N., E. v. P., D.", Juba sum. B28258), adelanto mi opinión de que le asiste razón al actor de que el cartel, por su ubicación antirreglamentaria respecto a las líneas de media tensión, generó el riesgo para que funcione la responsabilidad objetiva de los demandados, con su consecuencia, la inversión del onus probandi.

Sabido es que las líneas conductoras de electricidad son cosas productoras de peligro (Fallo Nº 9900 /2005 de este Tribunal), describiendo la literatura especializada que la electricidad y el magnetismo son dos aspectos diferentes de un mismo fenómeno físico, denominado electro magnetismo. El movimiento de una carga eléctrica produce un campo magnético, la variación de un campo magnético produce un campo eléctrico y el movimiento acelerado de cargas eléctricas genera ondas electromagnéticas. El campo magnético es producido por la corriente eléctrica que circula por un conductor. Un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas (flujo de la electricidad), el flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo.

En el sub-lite el cartel estaba ubicado antirreglamentariamente respecto a la fuente de electricidad, y de ello da clara cuenta la pericia que se llevara a cabo (fs. 501/505), donde se consigna que los cables de media tensión se encuentran en buen estado de conservación y están a una distancia reglamentaria del piso, por lo que es correcta la distancia existente entre los cables y tierra, lo que no resulta correcto es la permanencia del cartel publicitario debajo de los cables de media tensión, ya que se encuentra colocado a una distancia superior a 60 centímetros de los cables transportadores de la fuerza electromotriz que pasan sobre el mismo y las líneas que transportan energía eléctrica a una tensión de 13,2 kv. representan peligro para la vida humana a una distancia aproximada de 20 (veinte) centímetros, por lo que en el sub-lite no es necesario que la víctima haya estado en contacto con el cable conductor, el campo magnético exterior del conductor lo lesiona igualmente (el resaltado me pertenece). Precisa el perito que el cartel publicitario se encuentra colocado en posición incorrecta debajo de la línea de media tensión a distancia crítica, de modo que cualquier acercamiento al cable permite un arco voltaico con descarga a tierra a través del hierro de soporte del cartel. Eso fue lo sucedido cuando el joven se aproximó al cable permitiendo la descarga y recibiendo las heridas sufridas por la víctima (fs. 520, contestación del pedido de explicaciones, el resaltado me pertenece).

De la pericia mencionada resulta claramente que el cartel, por su posición antirreglamentaria bajo los cables de media tensión, creaba un riego para cualquier persona que trepara por el mismo, ascensión que por otra parte no presentaba dificultad a juzgar por lo consignado en la inspección ocular de fs. 274/274 vta., donde se deja sentado que por su estructura y por la forma en que se hallan colocados los soportes se puede acceder a la parte superior del mismo, pudiéndose apreciar que ello concuerda con la fotografía presentada por la codemandada ASI al contestar demanda, donde se puede observar claramente la parte posterior (fs. 120).

La misma A-quo llega a la conclusión de que el cartel se encuentra en una zona no permitida, dentro de la franja de seguridad de los caminos, y a la vez debajo de los cables de media tensión, lo que la induce a endilgarle responsabilidad administrativa a la Sociedad Rural y a la empresa de energía eléctrica (por el deber de vigilancia respecto a los cables), lo que la lleva a imponerles la obligación de proceder a destruir o reubicar dicho cartel, habida cuenta que de persistir en el lugar continuará generando un potencial riesgo a los terceros (conf. fs. 653 vta./654, el resaltado me pertenece).

Está establecido así el riesgo que representaba el cartel por su ubicación antirreglamentaria respecto a los conductores de electricidad y la consiguiente formación del campo de fuerza que ello permitía, debe tenerse presente que cuando el daño obedece al "riesgo o vicio" de la cosa, se está frente a una responsabilidad objetiva -como ya se ha expresado- del dueño o guardián, generadora per se del deber de resarcir, salvo que se demuestre que la conducta de la víctima o de un tercero extraño por quien no debe responder interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho de la cosa y el daño producido, o sea que tales procederes se constituyeron en una causa adecuada del perjuicio diferente del "riesgo" o "vicio" de la cosa; exigiéndose además, para su liberación, al dueño y al guardián la prueba de la culpa de la víctima o de un tercero extraño y que ésa configurase una circunstancia imprevisible o irresistible -característica del caso fortuito o fuerza mayor-, ya que de lo contrario subsistiría el deber de indemnizar, aunque pudiese resultar atenuado por la concurrencia de esa culpa. Más recientemente se ha venido a sostener que, para que funcione la causal de eximición lo que interesa verdaderamente es la idoneidad de la actuación de la víctima, o en su caso la del tercero extraño, para producir el evento dañoso, con independencia de que tal conducta pueda no ser calificada de culposa; de forma tal que la exención de responsabilidad no funciona, si aquel comportamiento no fue suficiente para determinar por sí la producción del accidente (conf. Félix A. Trigo Represas - Marcelo J. López Mesa, "Tratado de la Responsabilidad Civil", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2004, T. III, págs. 360/361).

En este punto quiero resaltar que desde larga data se ha determinado que la causa adecuada de un hecho dañoso ha de individualizarse mediante un examen objetivo y retrospectivo de previsibilidad ordinaria y normal, verificando un cálculo de probabilidades "ex post facto" a fin de alcanzar un pronóstico póstumo. La cuestión se complejiza cuando uno se interroga ¿Qué debe entenderse por causa adecuada del daño?. El juez debe formular un cuidadoso análisis de todas las circunstancias y así determinar, siguiendo el principio de la regularidad - "quod plerumque accidit" - cual o cuales extremos han de elevarse a la categoría de causa. Es necesario entonces realizar el juicio retrospectivo de probabilidad (causa/efecto): reconstruir los hechos y formular un cálculo de probabilidades, en el sentido de que, al producirse ciertas condiciones con suficiente grado de previsibilidad, el daño debe producirse. Quien realice ese proceso de abstracción y analice los hechos retrospectivamente podrá determinar -con un criterio en el que primer la objetividad- un pronóstico más o menos exacto de cuál condición tiene la suficiente relevancia para ser elevada a la categoría de causa. Cuando el juez califica, lo debe hacer pensando siempre en el criterio de normalidad u ordinariedad del resultado conforme a patrones de previsibilidad. Estos varían según los casos: la previsibilidad "media" será sustituida por la de un especialista idóneo en el caso de un cirujano en la sala de operaciones. Es decir que el magistrado debe guiarse por el curso normal y previsible de las cosas, conforme éstas habitualmente suceden en la vida (conf. Alfredo Jorge Kraut, "La culpa de la víctima como eximente en la responsabilidad objetiva"; en JA 1989-II-873 y siguientes).

Aplicando tales pautas se aprecia claramente que el obrar de la víctima no tiene virtualidad liberatoria, ya que el hecho de haber trepado al cartel no determinó por sí la producción del accidente, aún cuando con la previsibilidad del hombre medio el actor se haya representado el peligro que implicaban los cables por sobre el cartel, por cuanto sin dudas ningún hombre medio puede representarse el fenómeno del electromagnetismo, que fue lo que en definitiva produjo el suceso. De tal forma, por la ubicación del cartel, la conducta de la víctima no tiene el poder etiológico suficiente para romper, total o parcialmente, el nexo causal imputado a los demandados.

Tampoco se puede atribuir el daño a la propia víctima razonando que la misma aceptó el riesgo de trepar al cartel, ya que pensando con los conocimientos de un hombre común no pudo suponer el peligro que implicaba el campo magnético formado al estar situado el aludido cartel debajo de los cables conductores de electricidad, que es lo que en definitiva determinó el riesgo de la cosa, más aún cuando ni siquiera había una advertencia en el lugar ni burló ninguna vigilancia, de lo que no puede sostenerse que su conducta fue objetivamente imprudente. Debe tenerse presente que las consecuencias dañosas acaecidas a raíz del desenvolvimiento de la peligrosidad de una cosa, son atribuidas a quien ejerce sobre éstas un poder jurídico (el dueño) o de hecho (el guardián). En cambio, no pesan sobre otras personas (salvo la hipótesis de culpa personal), aunque hayan entrado en contacto con la cosa por un motivo atinente a su propio interés o conveniencia (subir a un ascensor, viajar en un automotor que otro conduce) -conf. Matilde Zavala de González, "Doctrina Judicial - Solución de casos", Ed. Alveroni, Córdoba, 1995, pág. 102).

En cuanto a la responsabilidad, el art. 1113 la atribuye al dueño y al guardián de la cosa. Ordinariamente, el propietario es al mismo tiempo guardián de la cosa. Pero a veces ambas calidades se disocian; debe reputarse guardián al locatario, al depositario, al empresario de una obra que ha recibido una cosa ajena para realizar la obra, al transportador de cosas ajenas, al usufructuario. Según la opinión generalizada de la doctrina, el Código ha establecido simultáneamente la responsabilidad del guardián y la del propietario. El damnificado puede, por tanto, dirigir su acción indistintamente contra cualquiera de ellos por el total de los daños (conf. Borda, obra citada, pág. 345).

En el sub-lite la empresa ASI S. R. L. reconoce expresamente que hacía publicidad colocando avisos en el cartel en cuestión, mencionando que tenía un convenio con La Rural para prestar sus servicios propios a cambio de publicidad (conf. testigo Jorge Oscar Vicente, fs. 411). A su vez también consta que la Sociedad Rural publicitaba las exposiciones rurales en el mencionado cartel (conf. testimonio de Enrique Saldívar, fs. 426, de Juan Tomás Aquino, fs. 428, quien refiere además que se encontraba trabajando en el lugar cuando escuchó un fuerte zumbido, como de una máquina soldadora potente y notó que cayó algo del cartel, refiriéndose a la víctima).

Ello es suficiente para atribuirles a ambos responsabilidad concurrente por los daños causados por la cartelera publicitaria, de lo que se desprende lo infundado de los agravios de la Sociedad Rural de Formosa, que sostiene que no era dueña del cartel en cuestión, ya que debe responder como usufructuaria.

También es responsable, siempre aplicando la teoría del "riesgo creado" la empresa Edefor S. A., propietaria de la línea de media tensión, ya que la energía eléctrica, tanto en las etapas de generación, transporte y distribución, es una cosa generadora de riesgo y potencialmente peligrosa, y la empresa prestataria del servicio debió ejercer sobre las líneas vigilancia y contralor, verificando que se cumplan los parámetros internacionales de seguridad, deber que no observó, ya que en la realización de un evento tan importante como la exposición rural que se llevó a cabo en la oportunidad no pudo dejar de controlar y evitar la producción de accidentes como el que ocasionó el hecho de autos.

Los daños sufridos por el actor están suficientemente probados. De acuerdo al informe del Médico Forense policial de turno al momento del examen presentaba: politraumatismo con una herida cortante en cuero cabelludo de región frontal izquierda, múltiples quemaduras aparentemente por quemaduras de corriente eléctrica, una quemadura en miembro superior izquierdo con tetania muscular, musculatura tensa, sin pulso en dicho miembro, deshidratado, quemadura en región escapular izquierda, quemadura en ambas regiones glúteas, quemaduras en muslo tercio 1/3 inferior, rodilla pierna derecha cubierta con vendaje, quemadura en cara posterior de pierna izquierda 1/3 inferior. Peligro de vida. Al ampliar el informe consigna: amputación en miembro superior izquierdo (fs. 6).

Procede por tanto el reconocimiento de los gastos terapéuticos, que son aquellos orientados al restablecimiento de la integridad sicofísica de la víctima del hecho, siendo dable puntualizar que la circunstancia de que el lesionado haya sido atendido en un hospital gratuito no descarta la reclamación por ciertos gastos terapéuticos no cubiertos por el ente. Tampoco la circunstancia de que el reclamante se encuentre amparado por obra social autoriza a desestimar su pretensión ante la frecuencia con que las obras sociales no cubren determinados rubros o no lo hacen en su totalidad, aunque indudablemente las situaciones apuntadas exigen extremar el esfuerzo probatorio con relación a los desembolsos no satisfechos por el ente mutual y los gastos no cubiertos por el hospital público (conf. Matilde Zavala de González, "Daños a las personas - Integridad sicofísica", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1990, T, 2º, págs. 100 y 112). En consecuencia, no habiéndose acreditado en el sub-lite que efectivamente se gastó la suma pretendida, de $4.500, estimo que la misma resulta elevada, por lo cual, de acuerdo a las facultades conferidas por el art. 165 del CPCC , al tiempo de internación, y a la gravedad de las lesiones sufridas, estimo prudente fijar el rubro en $3.000.

Siguiendo con el análisis de los restantes rubros peticionados, cabe consignar que por incapacidad sobreviniente se reclama $200.000, por daño a la vida de relación $35.000, por dañó psíquico $45.000, por daño estético $50.000 y por daño moral $150.000.

Entiendo que en el reclamo reseñado existen rubros superpuestos.

En efecto, esta Alzada, en el Fallo Nº 12.415/07, en Causa "Zamudio, Zulma", ha expresado: "...Cabe puntualizar, en cuanto a la indemnización por incapacidad sobreviniente, que la doctrina, remitiéndose a su vez a los antecedentes jurisprudenciales, enseña que la incapacidad permanente, ya sea total o parcial, puede ser considerada como una de las consecuencias físicas y económicas más importantes del ilícito civil, y su resarcimiento puede en algunos casos superar al correspondiente "valor vida" de la víctima, ya que aquí habrá una persona más que sostener con el monto de la indemnización; y a veces con erogaciones de importancia en función de la invalidez de la víctima. Se puntualiza que, a diferencia del lucro cesante, este rubro está constituido por el quebranto patrimonial indirecto derivado de las limitaciones que se verifican una vez reanudadas las actividades de la víctima al determinarse la definitiva imposibilidad de hacerlo. Su reparación debe consistir en una suma que compense la pérdida de la capacidad laboral, y que, por tanto, otorgue a la víctima la posibilidad de sostenerse a sí misma el resto de su vida y, además, le permita cumplir con sus deberes de asistencia familiar. Asimismo, en líneas generales, no cabe tener en cuenta, a los efectos de determinar la incapacidad resultante, que ésta sea de carácter laboral, bastando con que sea de carácter genérico. Es decir que la incapacidad sobreviniente indemnizable puede comprender también a otro tipo de disminución de las aptitudes físicas de una persona, que aunque no afecte su capacidad laborativa específicamente, produzca un menoscabo en su estado físico que le impida o dificulte de allí en más la práctica de ciertos deportes o de otro tipo de tareas normales en la vida del ser humano, como por ejemplo, el conducir automóviles, practicar ciclismo o patinaje, etc... A su vez la doctrina indica claramente que lo que se computa al indemnizarse la disminución sufrida por la víctima es: a) el disvalioso desequilibrio espiritual que la invalidez supone (daño moral); b) las erogaciones que demanda la incapacitación (daño emergente) yc) las ganancias dejadas de percibir o afectación de las aptitudes productivas de una persona (lucro cesante). Tampoco la incapacidad es una categoría diferenciable de las "lesiones", pues éstas no son algo distinto de aquélla; cuando sobreviene una invalidez el presupuesto del o de los daños reside en las "lesiones incapacitantes". Por una razón análoga, no cabe resarcir la incapacidad, más el daño estético, más el síquico, etcétera, aunque sí deben computarse la incidencia de todos esos menoscabos en la integral existencia de la víctima. Es que cuando ellos concurren, sobreviene una situación lesiva compleja como génesis de daños resarcibles (moral y patrimonial). Suele existir una íntima relación entre la lesión estética o la síquica y la incapacidad: la primera puede ser fuente de ésta y gravitar inclusive en el ámbito laboral, como cuando la apariencia física tiene incidencia en el desenvolvimiento productivo (según ocurre en todos los trabajos en que cuenta la "buena presencia"). Es decir, en numerosas ocasiones dentro del rubro incapacidad cabrá ponderar la influencia del desmedro estético de la víctima en sus posibilidades económicas actuales y futuras, además del perjuicio espiritual que la situación acarrea. Lo expuesto es sin necesidad de ponderar todos los factores lesivos (incapacitante, estético, síquico, etcétera), que confluyen como presupuesto de los perjuicios a reconocer; pero sin injustificadas duplicaciones resarcitorias. En todos los casos, y al igual que en cualquier hipótesis lesiva de la integridad personal, la incapacidad no es el daño sino la causa jurídica de los daños a reconocer. En otros términos, la incapacidad no se resarce en sí misma, sino en sus proyecciones espirituales y económicas, pero éstas deben ser entendidas en su cabal latitud...Cabe puntualizar, asimismo, que la doctrina enseña, en cuanto al contenido del resarcimiento en el daño material por incapacidad, dejando de lado los gastos terapéuticos o de otra índole, que el daño se consuma, en definitiva, con la pérdida de los beneficios esperados (lucro cesante) y no con la lesión intrínseca de las aptitudes del ser humano que habrían permitido alcanzarlos, destacándose que, salvo excepciones, hay un nexo mediato e instrumental entre las potencialidades personales y los lucros esperados y que, por ende, es factible (aunque de ordinario dificultoso) reconocer y mensurar un daño económico actual o futuro a partir del menoscabo de la integridad sicofísica de la víctima. Además, el lucro cesante debe ser dimensionado más allá de una visión "monetarista" o "dineraria": poseen contenido económico no sólo los ingresos o retribuciones esperados en una actividad productiva cumplida para otros, sino también los beneficios no dinerarios que al hombre reportan una serie de actos útiles que cumple para sí (cortar el pasto o limpiar una casa), muy especialmente cuando se trata de una actividad habitual (el supuesto del ama de casa). Asimismo, se enseña que si bien la incapacidad debe ser en sí misma demostrada, el daño patrimonial (lucro cesante) derivado de ella puede presumirse en muchas situaciones; por ejemplo, en la hipótesis de incapacitaciones prolongadas o permanentes que afectan a personas jóvenes, pronunciándose los autores a favor de la solución amplia, en cuya virtud deben computarse no sólo la situación de la víctima al momento del accidente y sí también sus concretas posibilidades futuras...".

El criterio de esta Alzada es que la incapacidad sobreviniente no sólo incluirá el lucro cesante futuro, sino que también comprende el rubro puesto por separado como "daño a la vida de relación", en tanto y en cuanto, cuando en materia civil hablamos de incapacidad sobreviniente nos estamos refiriendo a los perjuicios sufridos por la persona en su integralidad, es decir, no sólo aquellos originados en su discapacidad laboral sino el que afecta su vida familiar y social. En este mismo sentido se ha expresado jurisprudencialmente que "la indemnización por incapacidad parcial está dirigida a establecer la pérdida de potencialidades futuras causadas por las secuelas permanentes teniendo fundamentalmente en cuenta las condiciones personales del damnificado, sin que resulte decisivo a ese fin el porcentaje que se atribuye a la incapacidad, sino que también deberán evaluarse la disminución de beneficios, mediante la comparación entre las ganancias anteriores y las posteriores o bien la disminución de posibilidades ulteriores" (Sentencia Nº 7060/02, Causa : "Avalos de Jesús", voto del Dr. Pignocchi). También se dijo que la incapacidad sobreviniente "pérdida de chance" debe ser indemnizada, porque lo que se repara no es la frustración de la supuesta ganancia o hipotéticos derechos, sino la pérdida de la chance misma, que es un derecho actual, pero en expectativa (Fallo Nº 2878/93, Causa: "González, José).

Asimismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que puede corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos 315; 2834; 321: 1124; 322: 1792). Para evaluar el monto del resarcimiento por la disminución de las aptitudes físicas y psíquicas no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados en la ley de accidentes de trabajo, aunque puedan ser útiles como pauta genérica de referencia, sino que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y en su vida de relación (Fallos 320:1361).

En el sub-exámine el actor era un adolescente al momento del hecho, de 14 años de edad, al que se le amputó el brazo izquierdo, lo que según el dictamen médico de fs. 492/494 se merita en un orden de incapacidad de 88%, con carácter de permanente, sin que se conozca el nivel de instrucción del mismo, pero realizaba tareas en el ámbito rural, lo que da una idea de lo que gravita la falta de uno de sus brazos, que debe considerarse no sólo en relación a las genéricas posibilidades de ganarse la vida sino aún en orden al déficit de funciones no directamente lucrativas, a lo que se añade el gravísimo cuadro que presentó y que necesitó asistencia psicológica para afrontar la amputación de uno de sus miembros superiores, por lo que de acuerdo a las facultades otorgadas por el art. 165 del CPCC, estimo ajustado a derecho fijar como monto resarcitorio por el rubro incapacidad en $100.000 (Pesos Cien miel). Los demás rubros, a excepción del daño moral que se analizará a continuación, deben ser desestimados.

El criterio jurisprudencial es que "La aptitud laboral es un atributo de la persona cuya disminución constituye de por sí detrimento susceptible de apreciación pecuniaria, aún cuando no se haya traducido en un perjuicio concreto y actual relacionado con los ingresos provenientes de su trabajo" (TS Córdoba, Sala Penal, 5/10/84, LLC, 1985-605). "Aunque no se haya demostrado que los menores sufrieran un perjuicio económico actual, no lo es menos que quien experimenta un perjuicio efectivo y permanente debe ser indemnizado" (CNCiv., Sala A, 27/7/76, LL, 1977-B-629, S-2339).

Este Tribunal ha expresado que para la determinación del daño moral deberán tenerse en cuenta las circunstancias personales de la víctima (Fallo Nº 3697/95, Causa "Ovelar de Bogado, Irene por sí y en representación de sus hijos menores"), especificándose que el daño moral no tiene por qué guardar relación o proporción con el que sea acordado en función de perjuicios de otro tipo. Por otra parte, mediante la indemnización del agravio moral no se persigue la reparación de perjuicios determinados, sino que se busca paliar, mediante la posibilidad de satisfacción de determinadas necesidades de tipo económico, el dolor moral provocado por el infortunio y sus consecuencias, no existiendo para la determinación del monto a acordar, procedimientos o modos a los que pueda ceñirse el juez, quedando ello librado, en consecuencia, a su prudente arbitrio (Fallo Nº 4082/965, Causa "Vergara, Claudino Horacio"). Se precisó igualmente que la entidad del daño moral no requiere de prueba alguna, ni de porcentaje, por más que se haya pedido, ya que es facultad judicial su determinación en base a lo establecido por el art. 165 del Código de rito. Atento al carácter reparatorio y satisfactorio de la indemnización del daño moral para fijar el monto del resarcimiento en metálico, es menester considerar, en primer término, la gravedad objetiva del daño que surgirá de los elementos probatorios arrimados al proceso, señalándose asimismo que la gravedad de la culpa del autor del hecho carece de influencia directa sobre la extensión del daño extrapatrimonial en los hechos ilícitos meramente culposos o fundados en el riesgo (Fallo Nº 4479/97, Causa "Duarte Vda. de Zabala, Ana Francisca").

En cuanto a la cuantificación del daño moral, este Tribunal ha fijado que se debe adoptar un método compuesto de tres pasos o estadios; en un primer momento, el juez debe brindar las pautas del caso a sentenciar en forma clara y remarcando los extremos de hecho que el juzgador considera especialmente relevantes a los efectos de la cuantificación del daño; luego debe realizar un repaso de antecedentes similares mencionando la cuantificación que se ha hecho en ellos, pero no para asignar esa suma, sino para luego, en un tercer momento o paso, corregir esa suma hacia arriba o hacia abajo, ponderando las circunstancias concretas del caso que se encuentra fallando (Fallo Nº 11.092/2006, Causa "Díaz, Ramón Orlando").

Siguiendo el método mencionado cabe poner de relevancia que el accidente sufrido por la víctima, como se dijo de 14 años de edad en ese momento, le ocasionó quemaduras por electricidad del 23%, tipo B, amputación del miembro superior izquierdo, presentando múltiples lesiones en sacabocado, escaras en región occipital, región posterior de tórax, glúteos, en ambos Huecos Poplíteos. Se le realizaron seis (6) curaciones, desarticulación del hombro izquierdo, injerto en cuero cabelludo, bajo anestesia general, durante su internación se encontraba irritable, con negación de la amputación del brazo, requiriendo asistencia por psicóloga para aceptación de la pérdida del miembro superior izquierdo (conf. pericia médica de fs. 492). La incapacidad a raíz de las lesiones sufridas es, como se dijo, del 88%, con carácter permanente.

Ilustrada la situación del accionante es pertinente traer a colación que en el caso de un vendedor de libros de 48 años de edad que a raíz del accidente quedó con una incapacidad del 40%, con claudicación en la marcha a expensas del miembro inferior izquierdo, pudiendo evolucionar la patología a una artrosis severa con la consecuente rigidez y anquilosis de la rodilla izquierda y con probable colocación a futuro de prótesis se fijó en concepto de daño moral una indemnización de $25.000 (Fallo Nº 11.092/2006, Causa "Díaz, Ramón Orlando").

En el caso de un vendedor ambulante de 54 años de edad que a consecuencia de las fracturas sufridas le quedó como secuela un acortamiento de la pierna izquierda de varios centímetros con respecto al opuesto y una herida secretante crónica de varios años de evolución, por lo que recibió atención médica en varias oportunidades, que afectó tejidos blandos y óseos, y que debió ser trasladado desde la localidad de Laguna Blanca a esta ciudad para su mejor atención, con un tiempo prolongado de internación, se fijó el monto por el rubro en $30.000 (Fallo nº 11.197/2006, causa "Jara, Aparicio").

En el caso de una joven de 25 años de edad que sufrió un accidente en la Provincia de Santa Fe al volcar la ambulancia que trasladaba a su madre en grave estado a un centro asistencial en Buenos Aires, falleciendo la señora, y sufriendo la hija graves lesiones cuyas secuelas determinaron una incapacidad del 23 % en el orden físico, presentando una reguera en el miembro inferior derecho, con dolor y dificultad en la marcha, y del 10% en el orden psíquico, con atención y concentración disminuidas frente a condiciones de impacto emocional, habiendo representado la pérdida de la madre una verdadera desolación por ser su único familiar y sostén y apoyo en su vida, se fijó el monto por el rubro en $100.000 (Fallo Nº 12.415/07, Causa "Zamudio, Zulma").

Teniendo presente estas indemnizaciones en el sub-lite debe valorarse que el actor corrió riesgo de vida, el impacto emocional del evento dañoso, cuyas características se desprenden de la causa, y los sufrimientos derivados de las lesiones recibidas, más la amputación del miembro superior izquierdo, con la consiguiente dificultad que ello le genera para desenvolver sus actividades, a lo que se añaden los parámetros vigentes en la realidad económica del País, factores todos que me llevan a propiciar fijar el rubro en la suma de pesos setenta y cinco mil ($75.000).

En resumen, la ubicación del cartel debajo de las líneas de media tensión determina que el mismo genere un riego y la aplicación del art. 1113, apartado 2º, del Código Civil, con la consiguiente responsabilidad "iuris et de iure" de los demandados al no haberse acreditado las eximentes de responsabilidad, por lo que propongo la revocación de la sentencia recurrida en cuanto desestima la demanda, que debe prosperar parcialmente, por la suma de pesos ciento setenta y ocho mil ($178.000) en concepto de indemnización por gastos terapéuticos, incapacidad sobreviniente y daño moral, debiéndosela confirmar en cuanto desestima la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Sociedad Rural de Formosa. Los intereses deben imponerse desde el día del hecho hasta la fecha de la presente a una tasa pura del 6% anual por liquidarse los daños a valores actualizados y desde esta fecha hasta el del efectivo pago a la tasa activa ordinaria del Banco Central de la República Argentina. Con costas en ambas instancias a los demandados. Así voto.

El Dr. Pignocchi dijo:

Por los fundamentos expuestos por la Srita. Juez preopinante, adhiero al voto de la misma.

La Dra. Canavesio dijo:

Por existir coincidencia entre los Señores Jueces preopinantes, me abstengo de emitir voto (art. 33º, Ley Nº 521 y sus modificatorias).

A mérito del Acuerdo que antecede, la EXCMA. CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, resuelve: Confirmar los puntos 1º y 3º de la sentencia de fs. 645/654 y revocarla en cuanto rechaza la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el actor haciéndose lugar parcialmente a la misma, condenando a los demandados, solidariamente, a abonar al accionante, dentro de los diez (10) días de quedar firme la presente, la suma de pesos ciento setenta y ocho mil ($178.000) en concepto de indemnización por gastos terapéuticos, incapacidad sobreviniente y daño moral, con más los intereses calculados desde el día del hecho a la fecha de la presente a la tasa del 6% anual y desde esta fecha hasta la del efectivo pago a la tasa activa ordinaria del Banco Central de la República Argentina. Con costas en ambas instancias a los demandados (arts. 68 y 277 del CPCC), difiriéndose la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto se cuente con base para ello. - Lucrecia M. Canavesio de Villalba. - Telma C. Bentancur. - José Luis R. Pignocchi.