marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Reajuste jubilatorio, asignaciones no remunerativas, movilidad del haber jubilatorio
Materia: CIVIL
Carátula: AZCURRA, MIGUEL ANGEL Y OTROS c/ CAJA DE JUBILACIONES PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-08-26

El art. 43, inc. e) de la ley 8024 -to Decr. 40/2009-, referido a la fecha de pago de las rectificaciones o reajustes del haber jubilatorio, debe ser interpretado en forma armónica con el art. 44 de ese cuerpo legal, de modo tal que las diferencias demandadas por los actores con base en la falta de inclusión en su liquidación de las sumas no remunerativas que perciben los empleados en actividad, deben abonarse hasta dos años antes a la fecha de los reclamos, con los intereses correspondientes.
Contratos comerciales, concesión comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO c/ AERO RUTA PETROLE S.R.L. s/ HOMOLOGACION - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-16

Por aplicación de los artículos 1º y 5º del Código de Comercio, el contrato de concesión cuyo objeto está constituido por una serie de contraprestaciones que tienen como común denominador la concesión de un permiso para la explotación de determinados servicios y la venta de determinados productos, es de naturaleza comercial.-
Cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, quiebra, fallido, legitimación procesal, protección de la vivienda, bienes inembargables
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Yapur, Carlos A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecución   hipotecaria (Expte. CSJ Nº 2071-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-24

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad deducido cuando de la lectura del deficiente escrito recursivo puede inferirse, tan sólo, la mera discrepancia del recurrente con la conclusión a que arribaran los jueces de la causa, en ejercicio de funciones propias.

En el caso, frente al planteo del recurrente con sustento en la inembargabilidad del bien de familia respecto a los acreedores quirografarios del fallido por aplicación del artículo 37 de la ley 14394, el Tribunal a quo consideró que, estando la declaración de quiebra firme y no teniendo carácter de "inembargable" el inmueble inscripto como bien de familia -ya que los gravámenes constituidos contractualmente por el propietario después de haber efectuado la inscripción eran aptos para determinar su ejecución, sorteando la inmunidad por haberse constituido cumpliendo los recaudos del artículo 37 de la ley 14394- éste no quedaba comprendido en la excepción prevista en la ley de quiebra para tal categoría de bienes, careciendo el fallido, en definitiva, de legitimación.
Contrato de obra, obra en construcción, daños y perjuicios, responsabilidad del empresario, responsabilidad del director de obra
Materia: CIVIL
Carátula: Rivero Vda. de Rivero Laurentina de Jesús c/ Omodeo S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-05-18

No es errado sostener que la responsabilidad del constructor de obra sea de naturaleza extracontractual y objetiva toda vez que ello emana de la doctrina del art. 1113 CC. Así se dijo que cabe aplicar dicha disposición en cuanto a los daños que reconocen su causa adecuada en la demolición o reparación de una finca, o en la erección de una obra. En cualquiera de esas hipótesis, el dueño de la propiedad y el guardián (empresario, subempresario) deben probar el hecho extraño a la cosa dañosa, o sea, el caso fortuito (no inherente al riesgo creado) la culpa exclusiva de la víctima, o el hecho del tercero por quien no se debe responder. La responsabilidad del empresario como guardián jurídico y del dueño es objetiva y sólo cede ante la prueba de ese hecho extraño a la cosa. La prueba de la diligencia no es causa de exoneración de responsabilidad cuando se trata de una obra en construcción: media responsabilidad objetiva por el riesgo creado o el vicio propio de la cosa. De otra parte, el empresario de obra no se exime de responsabilidad aun cuando el director de obra sea designado por el comitente. Al respecto, cabe expresar que el empresario es responsable frente a terceros por los daños que se deriven de la construcción de obra, lo mismo que el director de ésta por lo que no es causal eximente la circunstancia de que la obra se realice con la vigilancia de un profesional designado por el locatario de obra. Sólo si el empresario dejara de ser tal, transformándose en un simple ejecutor de las órdenes, cabe liberarlo de responsabilidad; esto importa ya expresar que no existe empresa. Por lo demás, la doctrina asigna al director de obra o locador de obra intelectual responsabilidad por el hecho propio (arts. 1072, 1109 CC) no la que emana del art. 1113 pues no es un guardián jurídico. En el caso, queda claro que los daños "fueron causados por la construcción de la obra vecina" y que los déficits constructivos y antigüedad de la vivienda no justifican la exoneración de responsabilidad en tanto no fueron relevantes mientras no se levantó la escuela. No se advierte violación a la propiedad o que la sentencia imponga restricciones o límites al dominio a la demandada al exigirle extremar las precauciones en el arte de construir. Y ello no sólo porque las disposiciones del Libro Tercero, Título VI del CC constituyen un conjunto de normas que tienen por presupuesto esencial que la obra o trabajos a realizar se hagan de modo tal de no afectar o dañar las propiedades (edificios, plantaciones, etc.) vecinas, con lo cual esta consideración no es ajena al marco de la obra que se construye, sino también porque en la especie se ha aplicado el art. 1113 CC con lo cual la responsabilidad deviene del carácter de guardián de la cosa riesgosa, como lo es la obra en construcción.
Empleados de banco, estatuto para el personal bancario, Banco Hipotecario Nacional, modificación unilateral del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: Marini, Stella Maris c/ Banco Hipotecario S.A. y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-03

Al momento de la celebración del contrato de trabajo el beneficio indemnizatorio previsto en el Estatuto para el Personal del Banco Hipotecario, quedó incorporado al contrato pues surgió como una expectativa dentro del ámbito patrimonial del dependiente y por lo tanto, no puede ser modificado y/o suprimido unilateralmente por el empleador sin afectar lo dispuesto por el art. 66 LCT. Así, la modificación del estatuto dispuesta por el Banco, le es inoponible a la actora sin que obste a lo expuesto el silencio que ésta haya observado frente a la modificación decidida por la institución, pues dicha circunstancia no reviste trascendencia pues sabido es que el silencio del trabajador no puede constituir una presunción en su contra (art. 58 LCT).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Estado, división de poderes, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Poder Judicial, revisión judicial, jueces, ley procesal, leyes, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

Es doctrina constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el Poder Judicial sólo está llamado a resolver los casos en que su decisión es requerida, sin que pueda dictar pronunciamientos de alcance puramente teórico o doctrinal como asimismo que el requisito de la existencia de un "caso" sea observado rigurosamente para la preservación del principio de división de poderes. Con este alcance, resulta evidente que la atribución conferida a este Tribunal por el artículo 28, primer párrafo, último apartado de la ley 10160, en cuanto lo habilita para emitir pronunciamiento, en pleno, para fijar la interpretación que se dará en lo sucesivo a una cuestión de derecho, en defecto de caso concreto, resulta violatoria de los arts. 116 y 1 de la Constitución Nacional, y la constante doctrina de nuestro más alto Tribunal. (Del Voto del Dr. Giménez). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Derechos creditorios, publicación de fotografía, daño moral, reproducción ilegal de obra intelectual
Materia: CIVIL
Carátula: MUSCHIETTI, JORGE PROMETEO c/ EDITORIAL ABRIL  S.A. s/ CESACION DE PUBLICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

Corresponde hacer lugar al daño moral, si el accionante, profesional químico que se desempeña en el Instituto de Investigación Genética y Biológica, había prestado su consentimiento para ser fotografiado y para que se utilizara su imagen tal como lo acordara con el periodista en un artículo referente a un hecho relacionado con los fines de la institución a cuyo plantel pertenece, no cumpliéndose lo acordado y variando el destino para el cual fue dada la autorización. Si las fotos en cuestión ilustraron una nota redactada por un colaborador titulada "Cuando la droga es un mal remedio" que versó sobre el consumo de estupefacientes y la paralela adicción a remedios o drogas que se expenden en las farmacias, sin el debido control de su uso con fines distintos a los terapéuticos, agregando la leyenda el anaquel de una droguería donde se sugiere que se puede fabricar "evasión barata", la publicación en cuestión pudo dar a entender a más de un lector que el demandante estaba involucrado en la actividad que el articulista demostraba, de ahí que "in re ipsa" pueda inferirse una lesión a su honor y prestigio como licenciado en química. Para que proceda la reparación del daño moral, no es necesario acreditar un perjuicio diferente al que consiste en que se haya violentado la falta de conformidad de la persona cuya imagen se utilice.-
Empleo público, títulos ejecutivos, prescripción, plazo, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Avila, Alejandro Clemente c/ Municipalidad de Huillapima s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-05-04

En el caso se trata de un proceso de ejecución derivado de una certificación municipal contenedora de una deuda que la comuna mantiene con el ejecutante.

Más allá de coincidir con la normativa que debe gobernar este tipo de planteos que se vinculan con los sueldos, lo cierto es que la indagación en torno al dispositivo aplicable dio lugar al nacimiento de una discusión que no pudo ni debió ser, so pena de involucrar la causa de la obligación como de hecho ocurrió en la especie a decidir. Y ello deviene así porque dicha certificación importó un reconocimiento de deuda que le otorgó fecha cierta de nacimiento a un instrumento de naturaleza ejecutiva con prescindencia de que la deuda se corresponda con el mes de sueldo anterior a dicho reconocimiento. Tan es así, que el mencionado reconocimiento importó en el mejor de los casos, para la suerte del planteo de la accionada, un franco acto de interrupción -que no de suspensión- de la prescripción hasta ese momento computable.

Por lo tanto, una cosa es la acción por los sueldos, enmarcable por cierto en la previsión clara del art. 4027 del C.C. y otra muy distinta, pero muy distinta, la nueva acción emergente con carácter novativo del certificado de reconocimiento al que aquí se le dio caracter ejecutivo derechamente y que instrumenta una deuda sometida a la común prescripción -no puede ser de otra manera- del art. 4023 del C.C. (10 años). (Del voto del Dr. Contreras)
Derecho a la identidad de género, diversidad sexual, rectificación registral del sexo, partida de nacimiento, documento nacional de identidad
Materia: CIVIL
Carátula: Yauhar, Norberto Gustavo c/ Lanata, Jorge Ernesto y otros s/ daños y perjuicios B., L. M. c/ E.N. - M. Interior O.P. y V. s/ información sumaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-13|2019-03-01

Corresponde ordenar al Registro Civil y Capacidad de las Personas que proceda a la rectificación registral de la partida de nacimiento de la solicitante y a la emisión de un nuevo DNI, en los cuales se consigne Femineidad Travesti en el campo reservado para el sexo, dado que ya no se puede afirmar que hay solo dos sexos, sino una multiplicidad de características que son compulsivamente encasilladas en dos categorías sexuales y que la concepción binaria según la cual en la documentación de una persona solo puede consignarse el femenino o el masculino ya no existe, no solo en materia de sexo y género sino también de relaciones, por lo que dicha clasificación se encuentra caduca. Tanto el sexo como el género son cristalizaciones de ciertas prácticas sociales, modos de interpretar, clasificar y disciplinar a los cuerpos, y, en consecuencia, hay tantos géneros como identidades, y por ende tantas identidades de género como personas.
Estafa, usurpación de títulos u honores, concurso real, abogados, abogado falso
Materia: PENAL
Carátula: Moyano, María I. s/ Estafa-Usurpación de títulos u honores
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-21

Constituye delito de estafa en concurso real con usurpación de título la acción de la procesada, quien desarrolló un mismo estilo de conducta, haciéndose pasar por abogada influyente, prometiendo nombramientos oficiales y, oportunamente, solicitando sumas de dinero para su provecho.
Recurso contencioso administrativo, honorarios, ingenieros, contrato de obra pública, órdenes de servicio, contratista, conducta de las partes, teoría de la imprevisión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones Industriales y Civiles S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 686 Año 1986)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-13

Debe rechazarse la pretensión de la contratista quien sostiene que mediante una orden de servicio, celebró con la Administración un "contrato de obra pública por accesoriedad" o un contrato "de locación de obra intelectual", y que, a consecuencia de ello, la comitente debe abonar los honorarios profesionales respectivos, desde que esta línea argumental -que no puede aceptarse- se sustenta en la idea de que la cuestión referida a los socavones y túneles descubiertos durante la marcha de los trabajos está propuesta con una total desvinculación de la relación jurídica básica que vincula a la empresa con la Administración. Es que el hecho de que durante l a ejecución de los trabajos básicos hubieran surgido dificultades materiales imprevistas no implica que éstas deban recibir el tratamiento jurídico ahora reclamado por la empresa, quien lleva la cuestión, prácticamente, al ámbito de un nuevo contrato.
Sistema previsional, Administración Nacional de la Seguridad Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Van Domselaar, Juan Manuel c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-02

El principio sentado por el art. 9 de la ley 24.463 se ajusta a derecho, toda vez que los beneficios más altos son reducidos con la finalidad de lograr una adecuada cobertura para los sectores de más bajos recursos, todo ello dentro de un sistema redistributivo de la renta que hállase implícito en las bases mismas de la moderna previsión social. Al respecto debe advertirse que no se trata de un contrato individual y voluntario de seguro, en el cual ha de darse exacta correlación entre la prima abonada por el interesado y la suma que éste recibe como contraprestación y que se encuentra estipulada de antemano. Muy por el contrario, en el caso de la seguridad social el aporte es obligatorio y juegan otros principios diversos a los que presiden una relación contractual de derecho privado, fundamentalmente aquello que derivan de una concepción solidaria de la realidad social. (Disidencia del Dr. Laclau).
Quiebra, contrato de trabajo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: P., M.A. c/ C.P.S.P.y V. Puerto Madryn s/ Cobro de Pesos -Laboral-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-02-06

La quiebra, solución final de la crisis empresarial, no produce la extinción del contrato de trabajo, sino solamente su suspensión. Fácilmente se concluye por ello que mucho menos podría producir la extinción del contrato de trabajo el concurso preventivo empresarial.
Prescripción adquisitiva, prescripción veinteñal, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: BALDO LAZARO, RODRIGO c/ HEREDEROS Y/O SUCESORES DE REGINA MANZAN DE BALDO y/o quien o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble  s/ USUCAPIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-05-22

La adquisición del dominio por prescripción veinteañal es excepcional y de interpretación restringida. En ninguna norma Civil se dispone que debe ponderarse con criterio amplio esta forma de adquisición, desplazando la prueba a cumplir. El uso social de la propiedad no se encuentra atado a esta forma de adquirir, salvo que se cumpla con la prueba fehaciente requerida para tales casos.
Prostitución, alteración de la tranquilidad pública, prueba, imputaciones indeterminadas, autoría
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: V, G.R. s/ Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-12

En el caso, no pueden aceptarse como prueba de cargo las genéricas imputaciones de los vecinos de la zona que hacen alusión a un modo de comportamiento, para afirmar que el imputado ha siquiera puesto en peligro el bien jurídico que protege el artículo 71 del Código Contravencional. Las innumerables actas que se labraron al encartado solamente acreditan que éste ejerce la prostitución en la vía pública; en tal sentido son de importancia los dichos de los presuntos requirentes de sexo -todos los cuales han sido absueltos- ya que ninguno de todos ellos afirmó clara y expresamente que el imputado le ofreció sus servicios sexuales.

Tampoco pueden aceptarse como prueba de cargo las declaraciones del personal policial que ha testimoniado en la audiencia de juicio, ya que sus dichos son vagos y generalizados, en cuanto al ejercicio del comercio sexual por parte del imputado, pero nada aportan en cuanto a la configuración de la contravención en análisis (alteración de la tranquilidad pública).

Las numerosas fotografías obrantes en la causa tampoco acreditan la comisión de la contravención, toda vez que en todas ellas el imputado aparece cubierto con un saco o una campera, no pudiendo los suscriptos en consecuencia deducir si con tales prendas cubría su ligereza de ropas o su desnudez, lo que sería en cada caso concreto, un ejercicio intelectual reñido con el sistema de la sana crítica al que debemos ajustarnos (artículo 48, Ley de Procedimiento Contravencional). (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli).
Depósito previo, sustitución del depósito
Materia: LABORAL
Carátula: CURET ANIBAL OMAR c/ CAVA S.C. s/ FALTA DE PREAVISO, ETC.-RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA  INTERPUESTA POR DR. CACERES PAZ, ROLANDO ROGELIO c/ LLARUL, OSCAR s/ HABERES IMPAGOS,ETC. - RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA  INTERPUESTA POR DRA. MOGLIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-03-30|2000-11-30

El depósito en dinero puede sustituirse por su equivalente en títulos o valores públicos, y eventualmente en bienes que preserven la seguridad y la agilidad del cobro de la indemnización por parte del trabajador. Vale decir que, una póliza de seguro de caución o algún otro medio similar que permita el cobro inmediato de la indemnización por parte del obrero, sin necesidad de un proceso de verificación o ejecución posterior que implique una demora en su percepción o l a posibilidad de planteamientos y alegaciones que lo dilaten, deben considerarse, en principio, efectivas para lograr tal sustitución.
Firma, multa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Chaco Repuestos S.A. c/ Raúl Orlando Zorzón s/ Prepara vía ejecutiva. Chaco Repuestos S.A. c/ Raúl Orlando Zorzón s/ Prepara vía ejecutiva.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-09-25|1996-09-25

El recurrente de autos niega la firma inserta en una factura, y ante el pedido de aplicación de la multa prevista en el art. 506 del Código Procesal, vuelve sobre sus pasos, al manifestar que: -a lo mejor firmé sin darme cuenta, pero la deuda no existe-. La negación de la firma no se basó en desconocer por desconocer sino porque la misma, aunque pueda ser cierta como dicen los peritos, la deuda no existe. Tal antecedente demuestra la conducta contradictoria del ejecutado, inconsistente a su vez, desde que tales afirmaciones no fueron materia de defensa alguna (art. 522 del Cód. Procesal), menos aún de prueba. Por tanto sólo implican actitud dilatoria del proceso si se tiene en cuenta el carácter ejecutivo del presente y que la negativa de la firma inserta en la factura, puso en movimiento, la prueba pericial prevista en el art. 506 del Código Procesal, antecedente éste que insumió más de tres meses en la tramitación de la causa. Se sostiene desde la jurisprudencia que la inconsistencia de las defensas opuestas, entre las que se ha incluido la de falsedad, pese a que se reconoció expresamente la autenticidad de las firmas de los pagarés, torna procedente la aplicación de la multa prevista en el art. 551 del Código Procesal.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, daños y perjuicios, lucro cesante, responsabilidad contractual, indemnización, bienes inmuebles, ruina, establecimiento comercial, locación
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: EUJANIAN, JORGE c/ TODOPLAST S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-02-23

No puede prosperar el cuestionamiento de la recurrente en relación al rubro lucro cesante en tanto, básicamente, refiere a la cuantificación asignada por la Alzada de acuerdo a las constancias comprobadas del proceso- daños y perjuicios derivados de la destrucción total del local dado en locación-, tarea que les corresponde a los jueces ordinarios de la causa por involucrar una cuestión de índole hermenéutico, concretamente de las normas que establecen los límites de responsabilidad contractual (arts. 520 y 521, C.C.), sin haber logrado demostrar irrazonabilidad o ilogicidad en la solución arribada.

Es que, en rigor de verdad, la respuesta jurisdiccional brindada luce con motivación suficiente a tenor del alcance asignado al allanamiento formulado por la demandada y del principio de reparación integral del cual entendió que en tanto no se reparara patrimonialmente en su totalidad el costo de la construcción, debía considerarse que el inmueble no estaba en condiciones de suministrar a sus propietarios el lucro derivado de su disponibilidad.

El tema traído, en consecuencia, se encuentra fuera de la órbita del recurso de inconstitucionalidad, máxime si se tiene cuenta que -en más o menos- la crítica a la sentencia está dirigida a una de las pautas más discutidas en doctrina judicial y jurisprudencia en la consideración del lucro cesante, como lo es, el vinculado con el plazo razonable o lapso suficiente para reacomodar una operatoria comercial o el giro empresarial o el destino -en el caso- que tenía el inmueble (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco)
Proceso penal, acción civil, actor civil
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LEMOS, HUMBERTO JOSE s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1978-06-09

El art. 89 C.P.P., cuando dispone que "la constitución del actor civil será definitiva" no consagra una situación de alcances extraprocesales, porque ello contraría la naturaleza misma de la caducidad de la facultad operada previamente. Sostener lo contrario, no sólo importa atribuir a las regulaciones procesales alcances que le son ajenos, sino que lleva al absurdo de tener por confesa a la parte demandada que no formule oposición o no oponga excepciones en las oportunidades previstas por la ley, de todos los hechos invocados por el actor.-