Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-02


B., D. O.

Reg.: A y S t 205 p 233-236. En la ciudad de Santa Fe, a los dos días del mes de marzo del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "B., D. O. Apelación- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 78, Año 2004). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?, y TERCERA: en consecuencia, qué resolución corresponde dictar. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Gutiérrez, Gastaldi y Falistocco. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:

En la presente causa la señora Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional Nro.1 de la ciudad de Santa Fe, a cargo por feria judicial del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Faltas de la misma ciudad, hizo lugar al recurso de apelación y, en consecuencia, desestimó las actas 000083, 000087.000165, 000199, 000235,000245 y 000286, revocando la resolución No 1015/04 del Juez Municipal de Faltas No 7 de la misma ciudad y absolviendo de culpa y cargo al Sr. D. O. B. de la presunta infracción a la Ordenanza 9139. 2. Contra tal pronunciamiento dedujo la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe recurso de inconstitucionalidad fundado en el artículo 1, inciso 3°, de la ley 7.055. En su presentación se agravió de que el fallo: a) se aparta de la Ordenanza 9139 -que en su artículo 1 dispone la aplicabilidad de sus disposiciones a toda actividad no prevista en su articulado pero que resulte afín a las reguladas en él-; b) se aparta de la verdad jurídica objetiva, pues ignora que si bien "La Divina" fue habilitada como "casa de fiestas", durante los días inspeccionados "desplegó actividades que deben ser asimiladas a las de 'confitería bailable'"; c) desconoce la presunción de legitimidad y la fuerza ejecutoria de las actas labradas y de la decisión del Tribunal Municipal de Faltas, que hacen caer la recepción de los principios del derecho penal en este proceso, donde rige entre otras- la norma del artículo 50 de la ordenanza 7881, que confiere el valor de plena prueba a las actas labradas por funcionarios competentes no enervadas por otras pruebas, actas que "no han sido desvirtuadas por prueba alguna", y cuya validez no puede ser examinada de oficio por el juez, como lo ha dicho esta Corte in re "Arede" (R. A. y S., T. 150, pág. 352); d) se "autocontradice", al invalidar las actas no obstante que ellas contienen todos los requisitos exigidos por el artículo 35 de la ordenanza 7881, omitiendo desvirtuar los hechos que "válidamente razonados por el juez municipal de faltas" eran plenamente conducentes para el mantenimiento del resolutorio. Bajo el acápite de "gravedad institucional" sostuvo que el fallo del Inferior impide el correcto ejercicio del poder de policía municipal, desconociendo la presunción de legitimidad de las actas labradas por funcionarios públicos, que sólo pueden ser invalidadas cuando su ilegitimidad ha sido alegada y probada; agregó que el fallo cuestionado condiciona con mayores recaudos que los exigidos por la norma "la posibilidad municipal del ejercicio de su policía en cuestiones de sanidad, moralidad, higiene, orden y seguridad públicas", violando las competencias atribuidas por la Constitución a los municipios (fs. 50/62 v.).

Previo traslado (fs. 66/71), y mediante auto de fs. 76/77 v., el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Faltas, tras observar que no surgía del memorial recursivo "ni se ha probado, que el fallo sea absurdo, incongruente o irracional; más bien existe un total disenso de la impugnante con la interpretación de las normas aplicables" siendo "reiterada la posición de la doctrina y la jurisprudencia en el sentido de no habilitar la vía extraordinaria en cuestiones que hacen a la interpretación de leyes comunes", concedió sin embargo el recurso en cuanto al planteo de la Municipalidad que "cuestiona el carácter revisor del Juzgado de Faltas y su alcance", señalando que lo expuesto por el recurrente con relación al hecho de que el control judicial fulminó la prueba de cargo por no reunir requisitos esenciales a su validez "podría configurar una causal de arbitrariedad por sobrepasar los márgenes de la función judicial". En el examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 cabe considerar que, aun cuando es sabido que la jurisdicción de la Corte está condicionada por la medida en que se la ha otorgado el tribunal a quo, también es cierto que la vaguedad resultante de las expresiones empleadas en el auto de concesión no puede tener por efecto restringir el derecho de la parte, cuyo debido resguardo impone la necesidad de atender los agravios con la amplitud que exige la garantía de la defensa en juicio, aunque no se haya interpuesto recurso de queja por los planteos no concedidos, máxime cuando la arbitrariedad invocada se encuentra inescindiblemente unida a la cuestión objeto de explícita concesión, que en realidad carece de autonomía en el caso puesto que se identifica con los fundamentos de aquélla (doctrina de Fallos, 301:1194; 302:400; 306:1825; 318:445 y 1248; 319:1165 y 1716; 321:1909; 324:1590). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Gastaldi y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: El detenido estudio de la causa me convence de que la impugnación planteada ha de merecer favorable acogida en esta instancia, al comprobar que la Jueza de la causa, cuando declara la invalidez de las "actas registrativas" por carecer de requisitos esenciales exigidos por el artículo 35 del Código Procesal Municipal de Faltas, ha consagrado una solución que se desentiende de principios orientadores de la revisión judicial de los actos administrativos, incurriendo al propio tiempo en un formalismo inconciliable con la exigencia de justicia de conferir primacía a la verdad jurídica objetiva ("Colalillo Domingo c/Cía. de Seguros España y Río de la Plata", Fallos, 238:550 [1957]; también, Fallos, 322:179; 320:730 y 2209; 315:1186; 314:629; 311:2193; 303:2048; 301:725, entre muchos otros), En concreto entiendo que la resolución cuestionada es merecedora de reproche en el tramo en que acoge el agravio del apelante acerca de la existencia de defectos que invalidaban "las actas registrativas en sus requisitos fundamentales", respuesta que el Oficio justificó destacando que "en cinco instrumentos se la ubica (a "La Divina") en la categoría 'Salón de Fiestas' (actas 000083, 000087, 000235, 000245 y 000286), pero se acusa a su titular de no dar cumplimiento al art. 7 inc. "h" Ord. 9139 que regula el horario de funcionamiento de las 'confiterías bailables' ", y "por otra parte las actas 000165, 000199 sindican al establecimiento directamente como confitería bailable cuando no es bajo este rubro que el complejo está habilitado; si en ellas la normativa infringida está correctamente señalada (...) no lo está la individualización y características del lugar de comisión del hecho", concluyendo en que "tales irregularidades descalifican la prueba de cargo".

Dicho juicio, sin embargo, no puede ser considerado válido a la luz de las exigencias derivadas del artículo 95 de la Constitución provincial, ante la ausencia de argumentos (y de defensas valederas de la apelante) para descalificar la resolución del Juez Municipal de Faltas, lo cual determina que el mismo sólo encu Por lo expuesto corresponde reenviar el expediente al tribunal que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada, conclusión que -claro está- no significa emitir pronunciamiento sobre la aplicabilidad o no de la Ordenanza 9139 -postulada por la impugnante- respecto de la actividad que desarrollara la administrada, extremo a ser dilucidado por el Juez del reenvío desde una interpretación que (cabe sí destacarlo) deberá consultar la real sustancia de los actos en cuestión, los alcances e implicancias de la habilitación oportunamente conferida y, como dato no menor, la necesidad de no tornar inoperantes normas cuya vigencia efectiva compromete el ejercicio adecuado del poder de policía del Estado (vide R. A. y S., T. 152, pág. 136; T. 163, pág. 35), que halla su justificación última en irrenunciables exigencias de bien común. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Gastaldi y Falistocco expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas (artículo 12, ley 7.055). Disponer la remisión de la causa al Juzgado que corresponda a fin que dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a las pautas sentadas en el presente. Así voto. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Gastaldi y Falistocco dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas. Disponer la remisión de la causa al Juzgado que corresponda, a fin de que la misma sea nuevamente juzgada. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)