Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-06


2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 6 de 2003.

Vistos y Considerando:

I. A fs. 123 la juez de grado resolvió rechazar in limine la "reformulación" de demanda efectuada por Argenova S.A. por resultar inadmisible (art. 337 Código Procesal) y declaró inoficioso pronunciarse sobre la nueva medida cautelar solicitada. Señaló que: a) el juicio se inició impugnando resoluciones de la AFIP, por entender la accionante que con dichos actos -que reclamaron la restitución de recuperos anticipados de IVA en exportaciones (Título II de la Res. gral. 65/67) practicadas por Argenova S.A.- se había agotado la vía administrativa, no pudiendo, por tanto, exceder el tratamiento judicial de aquello que fue objeto de la instancia administrativa previa; b) la reformulación de la demanda que se intenta, sobre la base de nuevas solicitudes administrativas para obtener los reintegros de créditos fiscales, esta vez de conformidad con lo preceptuado en el Título I de la Res. general 65/97, constituye un reclamo diferente, y es un planteo ajeno a la presente litis que deberá ser objeto de otro juicio; c) aun cuando se entienda que el art. 47 de la citada resolución general autoriza ese reinicio del trámite administrativo, ello implica la necesaria conformidad a la improcedencia de la devolución de los créditos por la vía anticipada, de manera que ese comportamiento resulta incongruente con la tramitación del presente juicio.

Apela la parte actora a fs. 124, fundando su recurso a fs. 128/133. Sostiene que: a) la acción entablada estaba enderezada a obtener la nulidad de las resoluciones que rechazaron devoluciones anticipadas y compensaciones consecuentes, dispusieron el archivo de las solicitudes e intimaron la restitución de las sumas respectivas con intereses. Como se señaló, esas gestiones habían sido presentadas conforme las previsiones del Título II de la Res. general 65; b) circunstancias posteriores llevaron a la necesidad de precisar los alcance de la demanda, dado que conforme lo insinuó la propia autoridad administrativa en las resoluciones impugnadas, y el art. 47 de la citada resolución, la pretensión devolutiva debía desenvolverse dentro de lo estatuido por el Título I de esa resolución; c) en esa inteligencia se reiniciaron los trámites internos para obtener los reintegros, de manera que existe una instancia administrativa en curso, de cuyo resultado depende no sólo la materia inicial de este pleito sino también su ampliación; d) esta circunstancia supone un hecho nuevo que impone la necesidad de proseguir estas actuaciones y puede incidir sustancialmente en la sentencia por dictar, pues del resultado que se alcance depende la extensión del reclamo judicial; e) el nuevo reclamo tiende a obtener los reintegros definitivos, y aconseja postergar el cumplimiento de las pretensiones fiscales a través de las ejecuciones iniciadas hasta tanto quede zanjada la cuestión; f) desconocer la posibilidad de modificar la demanda invocando el art. 30 de la ley 19549, supone dejar de lado el hecho de que se encuentra en trámite una vía administrativa que condiciona el alcance de esta pretensión judicial . Se trata de una secuela del mismo asunto que se ventiló inicialmente en estas actuaciones; g) a título cautelar deben quedar en suspenso los reclamos administrativos o judiciales tendientes a obtener la devolución de las sumas anticipadas o a dejar sin efecto las compensaciones practicadas, hasta tanto la AFIP resuelva los nuevos pedidos de reintegros ahora definitivos; h) no está discutido su derecho a los reintegros definitivos, habida cuenta que sólo se achacaron deficiencias u omisiones probatorias para la liquidación de tales beneficios; i) el peligro en la demora surge de la cantidad de ejecuciones fiscales en curso y la magnitud de los montos, que son suficientes como para dificultar seriamente el desenvolvimiento financiero de la empresa, atendiendo a que se embargan las cuentas bancarias; j) ofrece como contracautela la constitución de un seguro de caución, a fin de resguardar el derecho de ambas partes dependiendo la extensión temporal de la medida de la autoridad administrativa; k) los resultados de estos nuevos pedidos de reintegros definirán las cuestiones pendientes por las que sea menester continuar estas actuaciones, por lo que debe ordenarse la suspensión del curso de este proceso (art. 157 último párrafo del código ritual); l) no obsta que se haya rechazado la medida cautelar solicitada al inicio de esta causa pues las circunstancias variaron y son distintos los alcances y motivo de la que ahora se pide.

II. La autoridad fiscal mediante cinco actos -dictados entre agosto de 1998 y enero de 1999- hizo lugar al pedido de Argenova S.A., en su condición de exportadora bajo el régimen de reintegro anticipado, de los importes correspondientes al impuesto que le fuera facturado por compras de insumos imputables a exportaciones, utilizando el mecanismo previsto en el art. 43, 2º párrafo de la ley de IVA t.o 1977 y modif., de conformidad con el Título II de la Res. general 65 (AFIP).

Posteriormente (junio de 2001) dicha autoridad formuló dos requerimientos en los términos del art. 24 de la citada resolución -referidos a la documentación y registros propios de la accionante- los que por no haber sido cumplidos en su totalidad, motivaron el rechazo de aquellos pedidos de reintegro anticipado, intimándose el ingreso de las sumas percibidas. Esos decisorios fueron confirmados (art 74 del decreto reglamentario de la Ley 11.683) y contra dichas confirmaciones la actora inició demanda en los términos del art. 23 de la Ley 19.549 que tramita por el expediente principal (causa 114.151/02) en la que solicitó, como medida de no innovar se ordenara a la AFIP abstenerse e iniciar o proseguir el cobro de los importes reclamados. (vide fs. 1/6).

III. El pedido de medida cautelar fue rechazado por la juez a quo. Para así resolver estimó que los requerimientos cuyo incumplimiento motivaron las intimaciones que se intentaba suspender, no excedían en principio, las facultades conferidas a la AFIP por la Res. general 65, pues se pedían informaciones referidas a documentación que la actora debería poseer, vinculada a las operaciones cuya existencia y legitimidad se investigaba, sin que aquellos elementos fueran exhibidos ni aún en parte, ni se invocara la innecesariedad de dicho pedido (fs. 28/30).

Este pronunciamiento no fue objeto de recurso.

A fs. 115/121, como se dijo, la actora reformula la demanda, y solicita una nueva medida cautelar. Manifiesta que reinició los trámites en sede administrativa para obtener los reintegros que le corresponden pero esta vez de conformidad con lo preceptuado en el Título I de la Res. general 65, vía que fue dejada a salvo en las resoluciones que se recurren y que prevé el art. 47 de la citada resolución general.

IV. Las circunstancias en que la actora funda la reformulación de la demanda descartan que se configure, prima facie, un supuesto de inadmisibilidad manifiesta, cono lo entendió la a quo, toda vez que la propia Administración, según sostiene, habría inducido, en los actos que se impugnan en la causa, la conducta que asumió. Atento a ello y sin que implique pronunciamiento sobre esa cuestión, corresponde posponer el tratamiento de su procedencia, sustanciando previamente la demanda y su reformulación, a fin de oír a la contraria.

V. Con relación al nuevo pedido de medida cautelar, es menester señalar que como lo reconoce la actora, intentó la devolución anticipada del IVA facturado vinculado a mercadería exportada; a tales fines utilizó la vía prevista en el Título II de la Res. general 65. Esa opción fue finalmente rechazada por la autoridad fiscal, decisión que se encuentra sujeta a revisión en esta causa y con una denegatoria de medida cautelar firme.

Por otra parte inició, como consecuencia del rechazo de la citada opción, un nuevo pedido de devolución de aquellos créditos fiscales, mas conforme el procedimiento previsto en el Título I de la citada resolución general. Por tal motivo pide nuevamente la suspensión de los efectos de los actos que denegaron la anterior opción que intentó.

VI. Es doctrina reiterada que las medidas cautelares son siempre provisionales y deben ser modificadas o suprimidas atendiendo a la variación o insubsistencia de las circunstancias, pues no producen cosa juzgada material o formal (conf. esta sala: 2/2/85, Del Río, Baltasar Jorge c. Estado Nacional -Ministerio del Interior- Policía Federal y 15/9/88, Vercellotti, Osvaldo Hugo c.Estado Mayor Gral. del Ejército, entre muchas otras).

En el referido nuevo pedido se invocan razones que demuestran la existencia de modificaciones en las circunstancias ponderadas por la magistrada al denegar la cautela. En efecto, la medida cautelar que se pide tendría por fin obtener la suspensión de los efectos de las intimaciones cuestionadas en estos autos, mientras se sustancien ante la demandada los nuevos pedidos de reintegros definitivos, vía que la propia Administración le indujo seguir, por lo cual la extensión de la suspensión solicitada dependería exclusivamente del accionar de dicha Administración.

La intimación de las sumas percibidas en forma anticipada, cuya suspensión se persigue, son consecuencia de la decisión que ordenó el archivo de las solicitudes de devolución anticipada de reintegros de IVA formulados por la actora en los términos del Título II de la Res. general 65 AFIP. Dicha resolución se fundó en la imposibilidad de la autoridad fiscal de determinar la procedencia, existencia y legitimidad del impuesto facturado incluido en las solicitudes, por no haber cumplido la peticionante con la totalidad de los requerimientos de documentación que recibiera.

Toda vez que se encuentra acreditado, prima facie, que la actora ya inició el trámite del régimen general para obtener la devolución de los mismos reintegros, de conformidad con el Título I de la citada resolución general, procedimiento en el que el organismo fiscal podrá realizar las aquellas verificaciones, la situación de autos se asemejaría a aquella que prevé el art. 12, segundo apartado, de la Ley 19.549 que establece un remedio que podría satisfacer la nueva pretensión cautelar. Entre los supuestos que autorizan la suspensión de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos se encuentra el de evitar perjuicios graves al interesado.

Al respecto la recurrente sostiene que la gravedad del perjuicio está dada por la cantidad de juicios de ejecución fiscal en curso y la magnitud de los montos que se encuentran en juego que, en las actuales circunstancias, dificultan seriamente el desenvolvimiento financiero de la empresa, máxime si se considera que se trabaron embargos sobre las cuentas bancarias.

La suspensión solicitada -que es reiteración de la planteada en sede administrativa en oportunidad del trámite anterior y que fuera denegada (conf. fs 28/30)- podría, entonces, decretarse para evitar perjuicios graves al interesado. Las razones invocadas resultan prima facie suficientes para demostrar la posible existencia de dichos perjuicios y en consecuencia resulta razonable suspender la ejecutividad de las intimaciones mientras se resuelve el trámite para el reconocimiento del crédito fiscal que se inició.

En particular es de señalar que el mantenimiento de la suspensión dispuesta depende del propio accionar y diligencia del organismo recaudador, pues debe concederse hasta que se dicte la resolución administrativa que cause estado.

En consecuencia, corresponde ordenar a la AFIP que se abstenga de iniciar o continuar actuaciones tendientes a efectivizar la devolución de las sumas percibidas anticipadamente, hasta tanto resuelva el pedido de reconocimiento definitivo de dichos créditos que articulara la parte actora. Previo al cumplimiento de la medida aquí dispuesta fíjase como contracautela real el importe de $20.000 que deberá prestarse ante el juez de grado.

Por tanto el pronunciamiento apelado debe revocarse en su totalidad, concediéndose la medida cautelar en los términos que surgen de la presente. - Jorge E. Argento. - Carlos M. Grecco. - Roberto M. Mordeglia (en disidencia parcial) El doctor Mordeglia dijo:

I. Comparto el voto de la mayoría excepto en cuanto a la solución a que arriba con relación al nuevo pedido de medida cautelar que debe desestimarse. En efecto, como lo reconoce la actora, intentó la devolución anticipada del IVA facturado, vinculado a mercadería exportada; a tales fines utilizó la vía rápida prevista en el Título II de la Res. general 65. Esa opción fue finalmente rechazada por la autoridad fiscal, decisión que se encuentra sujeta a revisión en esta causa y con una denegatoria de medida cautelar, firme.

Por otra parte inició, como consecuencia del rechazo de la citada opción, un nuevo pedido de reintegro de aquellos créditos fiscales, mas conforme el procedimiento previsto en el Título I de la citada resolución (régimen general). Por tal motivo pide nuevamente la suspensión de los efectos de los actos que denegaron la anterior opción que intentó.

II. Es doctrina reiterada que las medidas cautelares son siempre provisionales y deben ser modificadas o suprimidas atendiendo a la variación o insubsistencia de las circunstancias, pues no producen cosa juzgada material o formal. Pese a ello, en el nuevo pedido no se invocan razones que demuestren la existencia de modificaciones en las circunstancias ponderadas por la magistrada, ni se replican los defectos o incumplimientos que ésta señaló.

En efecto, en un examen preliminar como el que se realiza en esta oportunidad, el inicio de un nuevo trámite administrativo no tendría incidencia sobre los requisitos que fija el art. 230 del CPCC que fueron ya analizados por la juez a quo al desestimar la pretensión cautelar a fs. 28/30. A ello se suma que en ese nuevo trámite no aparece previsto que puedan ser adelantadas las sumas pretendidas, de modo que no podría ser obtenido mediante él algo que no corresponde todavía.

Por otra parte tampoco se encuentran reunidos los recaudos para dictar una suspensión de efectos del acto agraviante en los términos del art. 12 de la Ley 19.549, toda vez que éste ya no se encuentra sujeto a revisión administrativa, por haber sido confirmado por el órgano superior.

III. En lo que atañe al peligro en la demora, aparte de que no puede tenerse por acreditado con las solas manifestaciones del accionante, no cabe olvidar que se trata no de la devolución de pagos directos, que pongan en peligro su gestión, sino de sumas obladas por la demandada, sin que quede demostrado así el peligro serio que se invoca.

IV. Por lo demás, la medida pretendida tendría como efecto paralizar la sustanciación de litigios en trámite ante otro tribunal (ejecuciones fiscales) en algunos de los cuales, según reconoce la actora, recayó sentencia, por lo cual la cautela pedida, excedería el ámbito de su aplicación, interfiriendo las facultades de otro órgano jurisdiccional o el cumplimiento de sus pronunciamientos, sin perjuicio de solicitar ante él lo que corresponda.

Por tanto, se modifica el pronunciamiento apelado en los términos que surgen del IV considerando del voto de la mayoría y se lo confirma en lo demás. - Roberto M. Mordeglia