Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-18


NEUQUEN, 18 de septiembre de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "ALVAREZ FERNANDO ARIEL C/ BIDEVICH MAURICIO ALBERTO Y OTRO S/ D. y P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE" (EXP Nº 353673/2007) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 6 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

1.- A fs. 243/248 se dicta sentencia y se rechaza la demanda en todas sus partes, imponiendo las costas a la actora en su calidad de vencida.

Contra dicho pronunciamiento, apela la perdidosa.

En primer lugar se agravia de lo que considera un infundado rechazo de la demanda contra el Sr. Benavidez.

Sostiene que, conforme surge del informe al Registro de la Propiedad Automotor, se encuentra registrada una denuncia de venta a su favor, por lo que cabe presumir que es poseedor del vehículo y que, en todo caso, debió a su vez efectuar la denuncia de venta para eximirse de responsabilidad.

Subsidiariamente, y toda vez que su parte se creyó con derecho a demandarlo en orden a lo informado por el Registro, solicita se lo exima de las costas causadas por su intervención.

En segundo lugar, considera que el rechazo de la demanda carece de fundamento.

Esgrime que la única prueba en la que la sentenciante funda su resolución, consiste en el testimonio de quien acompañaba al demandado, al momento de producirse el accidente.

Remarca las contradicciones en las que se incurre en este testimonio y sostiene que su valor asimismo se encuentra menguado porque es claro que intenta favorecer a la parte que lo convocó, citando jurisprudencia sobre valoración de la prueba testimonial que entiende aplicable.

Luego, analiza la prueba pericial y en base a todos estos elementos concluye que, en la especie, no se encuentra acreditada la eximente de responsabilidad "culpa de la víctima", en tanto no fue probada en forma categórica, siendo esto carga de la demandada.

Sustanciados los agravios, no son contestados.

2.- Ahora bien, el fundamento del rechazo de la demanda finca en la atribución de culpa a la víctima-actora.

La magistrada sostiene así, luego de analizar el único testimonio existente en la causa y la pericia:

"el accidente se produjo al no poder evitar el actor el impacto de su moto con el auto, fracasando en su maniobra de esquive, cuando por las circunstancias que surgen de lo actuado, había sido posible impedir el impacto de haber circulado con la debida atención. No obstante no haberse corroborado que el motociclista haya circulado a alta velocidad (el testigo dijo que venía a 60 o 70 km/h), ello puede presumirse a partir de la imposibilidad de esquivar el automotor, y la forma y consecuencias de su caída por él mismo relatadas ("provocando que su cuerpo saliera despedido y golpeara violentamente contra el asfalto sufriendo graves lesiones" fs. 6 vta.). Así, partiendo del hecho que no se probó que la maniobra de Bidevich haya sido imprevista y negligente, sino lo contrario; la alta velocidad de la moto previa al impacto, aparece como la única causa razonable para concluir que por el golpe el actor fuera "despedido", y no que "cayera" al perder la estabilidad.

"Ante la falta de prueba no es posible pretender que el juez le reste validez a la producida por una de las partes a favor de la otra y que presuma que quien nada probó dice la verdad y venza en el proceso mientras que quien produjo prueba que corrobora su defensa ha inventado un testigo presencial" (jurisp citada, Daray, Derecho de daños y accidentes de tránsito T.3 pg. 308)." En supuestos como el de autos y en el marco del art. 1113 del Código Civil, debe demostrarse que existe un daño causado en forma antijurídica, que lo actuado por el reputado responsable se encuentra relacionado causalmente en forma adecuada con el daño, y que el responsable debe responder en mérito a un factor de atribución. Si bien no todos estos factores deben ser probados por el actor, dado que alguno puede presumirse, ello no importa que pueda asignarse en todo tiempo y circunstancias imputabilidad a los conductores por el solo hecho de subirse a un vehículo, sino que debe demostrarse que en el evento dañoso se han comportado con desaprensión o descuido.".

Es decir que la magistrada entiende que hubo culpa de la víctima, la que fincaría en el exceso de velocidad y falta de atención.

El exceso de velocidad lo encuentra acreditado por la afirmación del actor, en cuanto sostiene que salió despedido frente al impacto y la falta de atención, en cuanto no encuentra otra posibilidad para el impacto, dando por acreditado que el demandado obró diligentemente.

Redondea el fundamento con la cita que efectúa en orden a la cual acuerda entidad decisoria a la falta de culpa del demandado, extremo a partir del cual atempera la regla de la responsabilidad objetiva consagrada en el art. 1113.

3.- Debo disentir en cuanto a la aplicación que se efectúa del artículo 1113 en orden a las circunstancias comprobadas y "no comprobadas" en esta causa.

En efecto: la magistrada -por una parte- sostiene que no cuenta con elementos que den sustento a la pericia y que, por lo tanto, no puede establecerse, en base a elementos científicos, la mecánica del accidente.

De las restantes piezas probatorias reunidas en autos no surgen elementos determinantes para establecer las velocidades a las que se desplazaban los vehículos, o que el accionante no conducía con precaución o que haya desplegado una conducta desaprensiva en el manejo (cf. pericial mecánica).

El testimonio de Liñan es insuficiente, asistiendo razón al recurrente en sus críticas: la afirmación de la velocidad desplegada no se condice con el hecho de expresar que no lo vieron antes del impacto y también esto se contradice con lo declarado por el demandado en sede policial.

Declaró Bidevich: ".al querer estacionar en el C.E.P.E.N Nro. 15, al momento de girar a la izquierda, observo que una motocicleta, la que era conducida por el ciudadano FRANCISCO ALVAREZ, intenta sobrepasarme, que por tal maniobra, con la trompa de mi automóvil logré alcanzar tocarle el caño de escape de la moto, debido a eso perdió la estabilidad la motocicleta y subió al cordón de la vereda y en ella quedó tendido".

Es decir que el demandado advirtió la presencia de la motocicleta al momento de girar a la izquierda y en esas circunstancias se produjo el contacto entre los vehículos, lo que causó el accidente.

Ahora, el artículo 1113 del Código Civil, para el supuesto que aquí se analiza, dispone una presunción objetiva de responsabilidad que requiere, para su destrucción, justificar la culpa de la víctima; y esa culpa debe ser fehacientemente acreditada, no bastando las meras inducciones o conjeturas acerca de la probable conducta seguida.

Desde esta perspectiva (y, sin siquiera entrar en la connotación de si la eximente requiere la existencia de culpa o se trata sólo del simple hecho de la víctima), lo cierto es que en el caso no se ha acreditado que el accionar del actor haya incidido causalmente en la provocación del daño: y afirmo esto porque la causa ignorada o desconocida en punto a la mecánica del hecho no es un eximente de responsabilidad; al responsable no le es suficiente con hacer suponer o presumir que la víctima tuvo la culpa de lo ocurrido: de ahí la verdadera trascendencia de la concepción objetiva de responsabilidad, que sólo desaparece cuando la eximente ha sido acreditada certera y claramente.

Y esto no podría ser de otra manera, pues se trata de un hecho impeditivo cuya prueba incumbe a quien lo alega, constituyendo una excepción al régimen de responsabilidad: la acreditación de la culpa de la víctima constitutiva de la causal de eximición de responsabilidad prevista en el final del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil debe ser definitiva en cuanto a no dejar dudas sobre su ocurrencia (cfr. SCJBA, 16-2-2000, Brian de Chistriansen, Silvia c/ GOzzi, Hernando" LLBA 2000-850).

En igual línea ha sostenido el TSJ: ". la norma referida consagró, como factor de atribución de la responsabilidad, al riesgo creado. Este factor objetivo atiende a los comportamientos que siendo lícitos son creadores de riesgos o peligros. En este caso, quien aprovecha de la cosa considerada peligrosa, sólo puede liberarse acreditando la incidencia de factores extraños que interrumpan la relación causal (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge y Piedecasas Miguel A. (Directores), Código Civil Comentado. Responsabilidad Civil. Artículos 1066 a 1136, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2003, pág. 333 y s.s.). La finalidad de esta regla es lograr el cumplimiento efectivo del deber jurídico de reparar (S.C. Mza, 28/12/1999, L.L Gran Cuyo 2000-211). la eximente de culpa de la víctima, alegada en autos por la accionada, debe ser suficientemente probada por ésta. Y debe ser la única causa del hecho para eximir, totalmente, deresponsabilidad, además de reunir los caracteres de inevitabilidad e imprevisibilidad (C.S.J.N, 4/9/2001, D.J. 2001-3-1022, L.L. 2002-A-488).

Si la culpa de la víctima no se ha demostrado de manera suficiente, no puede liberarse en forma total al demandado de responsabilidad por los daños causados; sin perjuicio de la eventual división de la responsabilidad que pudiere corresponder, en función de la concurrencia de culpas, de encontrarse ésta efectivamente probada (C.S.J.N. FALLOS: 324:2666)." (cfr. ACUERDO 57/06, del registro de la Secretaría Civil).

Conforme ha quedado expuesto, de la relatada mecánica del accidente, no surge con la certeza requerida la culpa de la víctima; no ha quedado acreditado que quisiera traspasar antirreglamentariamente al auto ni que se desplazara a un exceso de velocidad reglamentaria. Esto no se desprende en forma categórica de las constancias de la causa.

La no culpa del conductor del vehículo no lo exime de responsabilidad: la eximente exige acreditar la culpa de la víctima, la que no ha sido probada en esta causa, siendo carga del demandado así hacerlo.

Por lo tanto, las conclusiones de la magistrada son desacertadas en orden a la aplicación de las reglas de atribución de responsabilidad contenidas en el artículo 1113 del Código Civil: en este punto la sentencia debe ser revocada en tanto la eximente de responsabilidad no se encuentra demostrada y por lo tanto, el demandado debe responder objetivamente por los daños causados.

Sentada entonces la correcta atribución de la responsabilidad, corresponde abordar los rubros indemnizatorios.

4. Ahora bien, la actora reclama daño físico y, en tal sentido, hace referencia a la gravedad extrema de las lesiones sufridas y a la importancia de las secuelas permanentes, el grado e incapacidad de la total obrera y sobre su vida.

Se refiere a las secuelas del accidente como enormes y determinantes para el resto de su existencia.

Dice que el detalle de las lesiones y los tratamientos se encuentran en la historia clínica y está seriamente menoscabada su aptitud laboral; que sus ingresos ascendían aproximadamente a la suma de $1.200,00 mensuales. Reclama por este concepto la suma de $60.000,00. Requiere, así también, que se indemnice el daño psíquico padecido y hace referencia a la neurosis post-traumática desarrollada.

Reclama el pago de los tratamientos psicoterapéuticos futuros, médicos futuros, de farmacia, traslado y vestimenta y el daño moral.

Asimismo, los gastos de reparación de su moto y la privación del vehículo.

Entonces: frente al cuadro de situación y pruebas arrimadas a autos, desde ya debo señalar que el resarcimiento no ha de prosperar en la forma pedida.

5.- En efecto, como dijera, el actor reclama $60.000 en concepto de daño físico.

El informe pericial de fs. 299/300 indica que su marcha es normal y que refiere dolor en el hombro derecho, particularmente a nivel de la articulación acromio -clavicular. Indica que hay una "manifiesta limitación funcional para todos los movimientos" y que el peritado es diestro "vale decir que el hombro derecho está del lado dominante". Refiere a los signos, dados por los grados de limitación funcional, concluyendo que tiene una incapacidad por artritis crónica postraumática con limitación funcional del 19%.

De los estudios solicitados surge que "existe líquido en la articulación acromio clavicular con discreto abombamiento de la cápsula articular en el sector superior a correlacionar con antecedente traumático".

El perito aclara luego que "las lesiones presentadas son compatibles con las secuelas del evento, es decir son consecuencia del mismo" lo que funda en a) la relación cronológica de las dolencias; b) la relación con el mecanismo de trauma (fuerza del impacto y localización del impacto) y la topografía de la lesión presentada (hombro derecho); c) en la exclusión de otras causas del paciente y d) en la lesión objetivizada en los estudios realizados.

También señala que utiliza el Baremo para el fuero civil de Altube y Rinaldi.

En virtud de lo expuesto y determinando una incapacidad del 5% por síndrome post-conmocional, el perito determina la incapacidad parcial y definitiva del actor en un 23,05% de acuerdo al método de la capacidad restante.

Esta pericia es impugnada por la demandada en cuanto a la existencia del síndrome post-conmocional. En cuanto a la restante incapacidad, sólo cuestiona el baremo utilizado, arribando, por aplicación del previsto en el decreto 659/96, a una incapacidad del 15%.

En cuanto al tratamiento aconsejado, sostiene que es un despropósito en tanto la buena praxis médica aconseja realizar 10 sesiones y efectuar control médico.

El perito contesta a fs. 309. Aclara que el baremo utilizado fue en función del fuero civil en el cual se desarrolla la controversia; indica que no se requiere la existencia de traumatismo de cráneo para determinar la presencia de estrés post-conmocional y, en cuanto al tratamiento, aclara que no revertirá la dolencia al punto de garantizar la total recuperación, pero lo rehabilitará.

Expresa, asimismo, que el tratamiento dependerá de la evolución del paciente.

6.- Ahora bien, son dos las consideraciones previas que corresponde efectuar en punto a la valoración del daño y a la procedencia de los rubros peticionados.

a) En primer lugar, y como explica Matilde Zavala de González, el daño requiere "algo" susceptible de menoscabo: así, el daño patrimonial repercute sobre lo que el sujeto tiene (empobrecimiento o pérdida de enriquecimiento pecuniario, comprendiendo menoscabo de aptitudes útiles para la vida práctica, aun en tareas no remuneradas) y el tradicionalmente denominado como moral, incide sobre lo que la persona es, como defecto existencial en comparación con el estado precedente al hecho.

Las nociones sobre daño-lesión y daño-consecuencia se complementan, con tal que se acepte (según doctrina absolutamente mayoritaria) que la cuantificación se decide por los efectos nocivos, no por la pura lesión a un interés.

Siempre que se enfoque la responsabilidad en su función de reparación y, por eso, necesariamente traducida en una obligación resarcitoria, tendremos que: la indemnización es la consecuencia jurídica -en el sentido de efecto de derecho- de una consecuencia fáctica, la cual precisamente versa sobre un daño resarcible. (cfr. Zavala de González Matilde, Relevancia cuantitativa del daño, RCyS 2012-II,95).

En esta línea, como ha señalado la Sala II: "el daño psíquico y otros, cuya autonomía parte de la doctrina reclama -los daños estéticos, sexuales "al proyecto de vida"- encuentran adecuada proyección al ámbito de lo patrimonial o de lo moral, sin que para su justa compensación se requiera su conceptuación autónoma.

Así: "La pretendida autonomía de estas categorías deviene (en nuestra opinión) de una incorrecta valoración del concepto de daño, ya que apunta a la entidad de los bienes menoscabados más que a los intereses conculcados y, especialmente, a las consecuencias que genera la lesión" ("Daño Moral" Ramón Daniel Pizarro- Hammurabi- pág. 71).." (cfr. autos "Defrini" 19/08/2008).

Desde esta perspectiva, la pretensión de que se indemnice el daño psíquico no podría prosperar, a más de señalar que -aún desde el ámbito del justiprecio del perjuicio- nada se ha acreditado en cuanto a la existencia de una patología agravante.

El análisis debe entonces centrarse en la magnitud de la indemnización que en el ámbito patrimonial y moral corresponde acordar, en orden a la existencia de la incapacidad padecida.

b) En cuanto al baremo y a los parámetros a utilizar para la cuantificación, debe tenerse en cuenta que como ha señalado esta Cámara ".tanto los "baremos" como las "fórmulas matemáticas" cuantificadoras, resultan elementos valiosos mas no absolutos sino coadyuvantes de la decisión judicial. (Así, en doctrina, por ej., Pizarro, "La lesión física a la persona...", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, T. 1, p. 141: "En los sistemas forfatarios, en los que se aplica el criterio del punto o de una fórmula matemática, y ello no es un límite, el Juez debe siempre fundar la sentencia... Debe salvaguardarse siempre el 'espacio equitativo' del Juez"; y la jurisprudencia, por su lado -fallos citados en Revista de Derecho de Daños, "Cuantificación del Daño", 2001-1: CNCom Sala A, "Álvarez... c/ Transportes Automotores La Plata SA" (ps. 358/359); CNCiv Sala L, "Cosmes. c/ Okoon SRL" (ps. 358/359; C2a CCom La Plata, "Enríquez... c/ Mercado..." (p. 420); CCom San Nicolás, "Gómez... c/ López..." (ps. 420/421); CCCom San Isidro, Sala I, "S.C.A. c/ Ferrovías SA" (p.428); CCCLMin Neuquen, Sala I, in re: "Villablanca, Miguel Ramón c/Cadesa SA", expte. nº 730-CA-98, etc.).." (cfr. "ALBERICH MARIA ROSA Y OTROS C/ JARAMILLO OSCAR ALFREDO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. EXP Nº 257406/1).

Indicándose en similar sentido que "en el fuero civil no rigen las indemnizaciones tarifadas, por ello resulta improcedente el cuestionamiento de la pericia en torno a la aplicación de tal o cual baremo, máxime si se tiene en cuenta que los porcentajes estimados pericialmente no pasan de ser un dato más a considerarse.

Al respecto, esta Cámara ha dicho que "..al no regir en el fuero civil las indemnizaciones tarifadas, los porcentajes estimados pericialmente no pasan de ser un dato más a considerarse, de los que corresponde valorar las circunstancias concretas del caso como son la edad, el sexo, situación familiar, ocupación habitual, etc., las que permitirán traducir, a una cifra con criterio de prudencia, los probables ingresos futuros de los que la víctima se verá privado". (Sala II- PS.2006-T°III-F°407/413).

Sobre estas bases corresponderá entonces, analizar la procedencia de los rubros reclamados, desestimando conforme a las razones expuestas, la justipreciación del daño psíquico como rubro autónomo.

7.- En cuanto a la incapacidad física, lo cierto es que la afectación funcional de la articulación del hombro derecho ha quedado acreditada, no así el estrés postconmocional.

De las constancias de autos no surge que la actora haya perdido el conocimiento en momento alguno.

Pese a que en la demanda se describe que sufrió heridas de gravedad, traumatismo de cráneo, seguido de cuadro obnubilatorio, lo que determina que en la actualidad sufra intensos mareos, acúfenos, dolores de cabeza y dificultades en el equilibrio ambulatorio, nada de esto encuentra correlato en las constancias de las actuaciones.

En este punto creo pertinente remitirme a las consideraciones efectuadas por la Sala III de esta Cámara, en cuanto sostuvo que ".acerca de la acreditación del daño cerebral orgánico y síndrome postconmocional, considero que para valorar y concluir en una incapacidad permanente y estimarla, además de la certera vinculación causal con el accidente, se impone la adquisición de informes médicos psiquiátricos y psicológicos, estudios y test específicos para determinar tales afecciones, sumándolas a informaciones o antecedentes del sujeto, resultando insuficiente a tal fin una mera entrevista, o la apoyatura en un solo método técnico de evaluación, fundamentalmente por el carácter subjetivo de los síntomas somáticos y emocionales, de tal forma que no queden dudas respecto a que la disfunción analizada esté presente en el caso." (cfr. Sala III, "POBLETE PEDRO WALTER Y OTRO C/ SUCESORES DE DI GIORGIO HILMAR S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. Nº 350143/07).

Más allá de remitirme -por razones de brevedad- al contenido de dicho pronunciamiento en cuanto a los estudios requeridos para avalar su existencia, es claro que en la especie no se encuentran reunidos los elementos para tenerla por acreditada.

Nótese que del informe psicológico surge que "no se puede hablar de la presencia de una neurosis traumática" y que en cuanto "a su organización psíquica: las funciones yoicas no presentan alteraciones, el curso del pensamiento y el juicio se halla conservado, su percepción del medio circundante no está perturbada, existe buena capacidad de orientación y planificación espacial." agrega que sus "capacidades de atención, memoria y concentración no presentan alteraciones" sólo la capacidad de motivación, y que se han observado tendencias depresivas, a partir del hecho en cuestión, lo que encuentra reversible mediante intervención terapéutica con un tratamiento de 6 meses con frecuencia de una sesión semanal, calculando el costo en $80 por sesión.

Consigna que el trastorno de ansiedad generalizada es muy leve, pese a lo cual acuerda una incapacidad del 6%. No brinda, sin embargo, explicaciones suficientes en cuanto a la determinación de la incapacidad, más allá de que debo consignar que las apreciaciones de la perito se basan en los dichos de la actora, por cuanto no se han brindado -por caso- testimonios en la causa, que permitan determinar el cambio operado en su vida: cómo era antes y después del accidente.

Desde esta perspectiva, debo señalar que en la posición más favorable para la accionante, sólo cabe admitir la procedencia del tratamiento psicológico.

7.1.- Sentado, entonces, hasta aquí, que no se reconocerá en forma independiente el daño psíquico, que no se encuentra acreditada incapacidad alguna derivada de estrés post-conmocional, corresponde determinar la incidencia de las dolencias físicas en términos de incapacidad sobreviniente y su cuantificación, bajo el prisma de la reparación integral. Para ello, es necesario referirse a los ingresos del actor, los que no han quedado acreditados en autos.

Así, si bien el accionante denuncia que cobraba $1.200 mensuales, en virtud del salario que percibía por su trabajo en una empresa constructora, tales montos no se encuentran probados. De la informativa obrante a fs. 232 surge que cumplió tareas de ayudante hasta el 18/01/2008, percibiendo una remuneración de $259,32.

En virtud de ello, usaré como base de cálculo el monto correspondiente al salario mínimo vital y móvil dispuesto por el Consejo Nacional del Salario, vigente al momento en el que se produjeron los daños ($800).

En razón de lo expuesto, teniendo en cuenta la edad del trabajador al momento del evento dañoso, la incapacidad informada por el perito médico y considerando los ingresos del mismo, entiendo que corresponde fijar la reparación integral por este concepto en la suma de $50.000 (art. 165 del C.P.C. y C).

8. En cuanto a los gastos médicos, de farmacia, vestimenta y traslado, hemos sostenido que este rubro no exige la prueba inequívoca de la existencia de erogaciones; es cierto que éstas pueden presumirse.

Pero como toda presunción debe derivarse de circunstancias probadas. Por ejemplo, cuando de la naturaleza y gravedad de las lesiones sufridas o de los tratamientos a los que ha debido someterse, cabe inferirlos.

Por lo tanto, en orden a las consecuencias acreditadas del accidente, periodo de internación y de convalecencia, estimo adecuado fijarlos en la suma de $1.000,00.

Con relación a los tratamientos médicos y psicológicos futuros, éstos son resarcibles toda vez que, acorde con la índole de la lesión, sea previsible la necesidad de la realización o prosecución de algún tratamiento que posibilite superar o disminuir las inhabilidades psicofísicas derivadas de una incapacidad sobreviniente.

Así se ha indicado que: "Los gastos terapéuticos futuros son resarcibles si, de acuerdo con la índole de la lesión o de la disfunción que ocasionó el evento, es previsible la necesidad de realizar o proseguir algún tratamiento curativo o gasto que permita afrontar las necesidades psicofísicas derivadas de una incapacidad o del problema psíquico por el que transita la víctima a raíz del hecho. En consecuencia, debe bastar que el tratamiento o intervención terapéutica aconsejada, resulten razonablemente idóneos para subsanar o ayudar a sobrellevar las secuelas desfavorables acaecidas (Sumario N° 21011 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil). (Autos: PASARELLI Marisa Paula c/ DISCO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. Magistrados: RAMOS FEIJÓO, MIZRAHI - Sala B. 24/02/2011 - Nro. Exp. B561780).

Sentado lo anterior, de las pericias médica (que indica sesiones kinesiológicas cuya duración dependerá de la evolución del paciente) y de la psicológica surge la necesidad de los tratamientos, por lo cual, en función de las facultades que me confiere el art. 165 del Código Procesal, estimo prudente fijar el importe de dicho rubro en la suma de $3.800,00.

9.- En cuanto al daño moral, el análisis de este rubro nuevamente refiere a una cuestión de prueba y reglas presuncionales.

Esto es así por cuanto, cuando se dice que el daño moral no requiere de acreditación, sólo se alude a la imposibilidad de la prueba directa y como consecuencia de ello se dota de eficacia probatoria a las presunciones (medio de prueba indirecto) que emergen de determinadas situaciones, acordes con las reglas de la experiencia.

Pero ello no obsta a que el daño moral tenga que estar íntimamente relacionado con los daños, padecimientos o sufrimientos ocasionados, directa o indirectamente, por el hecho motivo de la causa.

Justamente, por esta razón, la índole y la entidad de la lesión y las circunstancias atinentes a la víctima pueden servir para inducir la existencia y magnitud del daño moral y se sostiene que los indicios extrínsecos constituyen una segura senda de aproximación al dolor sufrido (cfr. Zavala de González, Matilde, Daños a la personas, Integridad Psicofísica, Hammurabi, 1990, pág. 486/487). Pueden puntualizarse así, tres factores que fundamentan la procedencia de este rubro: 1) los relativos al hecho mismo, es decir, lo que le aconteció a la víctima en el momento mismo del hecho; 2) los sufrimientos y molestias del período posterior (curación y tratamiento) y 3) las secuelas últimas que tengan relación con el daño (incapacidad). (cfr. Zavala de González, ob. cit. pág. 466).

Como ha quedado señalado, en el caso de autos se ha acreditado la existencia de secuelas permanentes: el actor ha padecido dolores, al punto que fue internado para su tratamiento.

Y si "el daño moral se determina en función de la entidad que asume la modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, y por la repercusión que tal minoración determina en el modo de estar de la víctima, que resulta anímicamente perjudicial. No basta con una mera invocación genérica del daño moral, es menester que se especifique en qué consiste el mismo, cuáles son las circunstancias del caso, como incidió sobre la persona del damnificado. Estas circunstancias del caso tienen una gran significación para la determinación objetiva del daño moral experimentado por el damnificado y, al mismo tiempo, para facilitar la concreción de una solución equitativa." (cfr. Pizarro, Ramón Daniel, "Daño Moral" Ed. Hammurabi, pág. 428).

Por ello, traídas todas estas consideraciones al caso, entiendo que el monto a conceder por este rubro debe ascender a la suma de $20.000,00.

10.- Con relación a los gastos de reparación del birodado, siendo que el perito se expide a fs. 378, indicando que resultan verosímiles y que esto no ha sido motivo de impugnación por parte de la contraria, fijaré por estos rubros la suma de $1.100.

En cuanto a la privación de uso, se ha dicho que "la imposibilidad de disponer del vehículo durante el tiempo de duración de los arreglos, origina un perjuicio per se indemnizable como daño emergente, que no requiere pruebas concretas y para la fijación del monto debe atenderse tanto a la falta de comodidad en cuanto elemento de esparcimiento o recreo, como a las erogaciones efectuadas por la utilización de otros medios de transporte, así como que la privación del rodado implica, necesariamente, que no se realizó desembolso alguno en gastos de combustible ni de mantenimiento" (Cám. Nac. Apel. Civil, Sala J, 20/12/2005, "Barrientos c/ Autopistas del Sol", LL on line AR/JUR/6688/2005; en similares términos, Trib. Col. Resp. Extrac. N° 4, Santa Fe, 31/5/1996, "Scalso c/ Ocampo", LL on line, AR/JUR/1387/1996)".

En este esquema, debo señalar que no se encuentra acreditado el tiempo de reparación y que, asimismo, se han reconocido gastos de traslado, por lo cual, en uso de las facultades establecidas en el art. 165 del C.P.C.C., estimo adecuado fijar por este concepto la suma de $100,00.

11.- En lo que hace a la queja relativa al rechazo de la demanda contra el Sr. Benavidez, debe desestimarse en tanto en el caso sólo se plantea una disconformidad con la decisión adoptada, pero no constituye una crítica concreta de lo decidido.

Así se ha señalado que la formulación de un agravio, supone como carga procesal una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencia su injusticia. Requiere así, una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto, y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (Alsina, Tratado, T. IV, pág. 389). No se sustituye con una mera discrepancia sino que debe implicar el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (Fenochietto-Arazi, Código Procesal y Comercial de la Nación, Astrea, Tomo 1, pág. 941).

En este caso, no se han rebatido los fundamentos de esta decisión y, ciertamente, no surge acreditado en la causa el título en virtud del cual, este co-demandado debe responder, carga que claramente pesaba sobre el demandado: Benavidez, al momento de producirse el siniestro no era el propietario ni el guardián del vehículo interviniente.

Por ello, la decisión se ajusta a derecho y tampoco existen motivos de entidad suficiente para apartarse del principio de la derrota para la imposición de costas.

12.- En cuanto a las apelaciones arancelarias, cabe aclarar que no "es posible, en el orden provincial, la aplicación del artículo 505 del Código Civil.

Así, esta Sala dijo (ICC.Nº61346/12; ICC Nº21734/2013, entre otros), siguiendo al Máximo Tribunal Provincial, que el límite de responsabilidad por costas establecido en el artículo 505 del Código Civil, según la modificación hecha por ley 24.432, no resulta aplicable: "Este Tribunal ha fijado posición en cuanto a la inaplicabilidad del art. 13 de la Ley 24.432 en el ámbito provincial. Teniendo en cuenta los principios que emanan de los arts. 1°, 2° y 7° de la Constitución Provincial, lo establecido por el art. 101, inc. 16, que establece la facultad de la Legislatura de dictar los Códigos de Procedimientos, el inc. 35 que le confiere la potestad de dictar el estatuto de las profesiones liberales (entre ellas la abogacía) y, finalmente, el inc. 1° en tanto le fija atribuciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones de esta Constitución, puede concluirse que la Ley Arancelaria, en cuanto guarda una relación íntima y directa con las normas procedimentales (art. 63 último párrafo, de la Ley 1.594), integra el plexo normativo para cuyo dictado goza de potestad exclusiva la Legislatura Provincial (conf. Acuerdo ya citado)." (cfr.R.I. 6641/9, 09/02/09 "SEPULVEDA, JORGE HORACIO C/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA" Expte. nº 304/00)." (cfr. "MILLIAPAN JUAN ANDRES C/ FUENTES YAÑEZ ARTURO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" EXP Nº 335249/2006).

Más allá de ello, en atención a la forma que se resuelve, corresponderá practicar una nueva regulación, vértice desde el cual el tratamiento de los recursosdeviene abstracto. Por las consideraciones expuestas, propongo al Acuerdo: a) Confirmar el rechazo de la demanda contra el co-demandado Claudio Miguel Benavidez, con costas a cargo de la actora; b) Revocar parcialmente la sentencia, haciendo lugar a la demanda, que prosperará por la suma de $ 76.000, con más los intereses que se calcularán a la tasa activa del Banco de la Provincia del Neuquén, desde la fecha del evento dañoso, hasta el efectivo pago, con costas al demandado vencido. TAL MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

1.- a) Confirmar el rechazo de la demanda contra el co-demandado Claudio Miguel BENAVIDEZ, con costas a cargo de la actora; b) Revocar parcialmente la sentencia de fs. 473/478, haciendo lugar a la demanda interpuesta por Fernando Ariel ALVAREZ contra Mauricio Alberto BIDEVICH y Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Limitada, quienes deberán abonar al actor, la suma de pesos SETENTA Y SEIS MIL ($76.000), con más los intereses que se calcularán a la tasa activa del Banco de la Provincia del Neuquén, desde la fecha del evento dañoso, hasta el efectivo pago.

2.- Imponer las costas de ambas instancias -por el punto b- a los demandados vencidos (art. 68, Código Procesal).

3.- Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia recurrida, las que se efectuarán en la instancia de grado, una vez practicada la planilla de liquidación del capital con más los intereses devengados, con excepción de los fijados a la Dra. ..., por ajustarse al nuevo resultado del pleito.

4.- Regular los honorarios por la actuación en esta instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la instancia de grado (art. 15, LA).

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.