Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa.

Y VISTOS:

1) A fs. 84/91 el Emilio Antonio Cappuccio, cotitular de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas Nº 4, interpuso recurso de apelación contra la resolución de fs. 82/83 mediante la cual el Sr. juez de grado resolvió "NO HACER LUGAR a los planteos nulificantes introducidos por la Defensa y, en consecuencia, esta a lo ordenado a fs. 70/vta.".

Oída la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 96/99 vta. y vista la presentación de la defensa a fs. 101, pasan los autos a resolver.

Y CONSIDERANDO:

Admisibilidad:

2) El recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 50 de la ley nº 12 y art. 449 del C.P.P.N., y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

De las constancias de la causa surge que el Sr. juez de grado resolvió con fecha 23 de mayo de 2007 no hacer lugar a la nulidad planteada por la defensa de Patricio Sebastián Díaz, resolución que fue notificada al Emilio Antonio Cappuccio el día 28 de mayo de 2007 (ver fs. 83 vta.), quien interpuso recurso de apelación el día 1 de junio de 2007 (ver fs. 91), es decir dentro del plazo legal.

Existe gravamen irreparable para el recurrente en los términos del art. 449 del CPPN (en función del art. 6, LPC), por cuanto pese a tratarse del rechazo de un planteo nulificante, en última instancia el recurso se dirige contra la decisión de revocar la suspensión de juicio a prueba y declarar la rebeldía de su defendido.

De las reglas de conducta:

3) Ahora bien, no obstante lo señalado en el apartado precedente, este tribunal coincide con lo argumentado por la Sra. fiscal de cámara, en cuanto a que corresponde revocar el pronunciamiento de fondo (fs. 70/vta.) por las razones que se exponen a continuación.

En efecto, resulta prioritario examinar la existencia o no de nulidades, ello así pues, de existir algún vicio de insusceptible reparación, las presentes actuaciones habrían perdido virtualidad y, en consecuencia, se carecería en autos del imprescindible objeto procesal que le diera vida y dinámica, es decir no existiría causa alguna.

En primer lugar, se advierte una ilegalidad manifiesta en la regla de conducta especificada en el punto I, 3) de la parte dispositiva del resolutorio mencionado. Existe allí un vicio insoslayable para esta alzada, tal como se señalara in re causa Nº 145-00/CC/2006, "DE LUCA, David Emanuel s/ Infr. Art. 189 bis CP. Apelación", rta. con fecha 19/06/07, en tanto se pretende compeler al imputado a efectuar un acto jurídico que por su propia naturaleza no puede originarse en una coerción.

El contrato de donación no puede prescindir del elemento voluntad, propio de quien procura transmitir en forma gratuita el dominio de una cosa a otra persona, toda vez que, de hacerlo, dejaría ya de ser una "liberalidad" y perdería por completo su esencia.

En este sentido se ha expedido el T.S.J. en autos "Vázquez, Daniel Gustavo s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Vázquez, Daniel G. y otro s/ inf. art. 73 ley 1472 -apelación-" el que, si bien versa sobre una condena, resulta a todas luces aplicable al sub examine: "Esta supuesta "donación" no es tal cosa y sostener lo contrario, en muy pocas palabras, me parece un grosero contrasentido. La donación no es, ni puede ser nunca una pena -ni civil, ni penal-, pues ésta, resulta imperioso recordarlo, sólo tiene lugar cuando una persona transfiere, voluntaria y gratuitamente, por un acto entre vivos, la propiedad de una cosa a otra, surtiendo efectos legales desde que esta última la acepta (arts. 1789 y 1792 del Código Civil o Diccionario de la Real Academia Española), por lo cual, por definición, ésta no puede nacer de una condena, básicamente, porque una de sus características principales es la voluntariedad o intención de beneficiar al donatario (animus donandi) y la ausencia de una obligación jurídica del donante para llevar a cabo el "acto unilateral de disposición gratuita de bienes" o el "contrato" (sobre este punto, Código Civil. Comentado, anotado y concordado, obra dirigida por Augusto C. Belluscio, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2004, t. 9, p. 1 y siguientes). En mi opinión, aceptar que una sentencia judicial pueda condenar a una persona a consumar una donación, significa tanto como reconocer que también podría condenarla a contraer matrimonio o a suscribir un testamento; las sentencias sólo disponen, entre otras sanciones, multas, reparaciones o el decomiso de bienes a favor del Estado, pero no ordenan u obligan al contraventor a llevar adelante generosas donaciones".

Faltando, entonces, un ofrecimiento expreso por parte del imputado, resulta insostenible contemplar la posibilidad de que éste done "leche en polvo -de primera marca y vencimiento lejano- por un valor de pesos cien ($100) al Hospital General de Niños (ex 'Casa Cuna') 'Pedro de Elizalde'..." como mero cumplimiento de una exigencia de un órgano jurisdiccional.

Si bien advertimos que, verificada su ilegalidad, correspondería anular la regla de conducta apuntada, ese no ha de ser el temperamento adecuado para el sub examine puesto que, como señala la Sra. fiscal en su dictamen de fs. 96/99, ello implicaría inmiscuirse en etapas del proceso ya precluídas.

Ante este panorama, y sumado a que en el estado actual del proceso el período de prueba (estipulado en seis meses conforme el acuerdo de fs. 33/vta. y su posterior homologación a fs. 41/vta.) se encuentra ya vencido, en el presente caso la improcedencia de la regla indicada implica no sólo que no puede serle exigida, sino que tampoco puede ser reemplazada por ninguna otra.

4) Sentado ello, corresponde verificar si el resto de las exigencias establecidas en la mentada resolución se hallan a su vez satisfechas, a fin de determinar si se puede dar por cumplida la "probation" y declarar así extinguida la acción penal.

Pues bien, de las actuaciones (fs. 53) surge que DIAZ fijó domicilio (dando cumplimiento a la regla identificada con el nro. 1); que no fue citado por la fiscalía ni por el juzgado mientras duró el plazo de la suspensión, por lo que mal podría reclamársele alguna falta de comparecencia u omisión de informar cambio de domicilio, debiéndose entonces tener por cumplida también la regla identificada con el nro. 2.

Adviértase que el a quo recién requiere lapresencia del nombrado el día 1 de febrero de 2007 (conforme se desprende del auto de fs. 59), es decir, una vez que el período de prueba ya había vencido.

En efecto, éste comenzó a transcurrir el día 26 de julio de 2006 desde el momento en que el imputado se notificó de la concesión de la suspensión del juicio a prueba (ver fs. 53), y finalizó -luego de seis meses- el día 26 de enero de 2007; fecha en la que, por consiguiente, se extinguieron también las obligaciones de "1) Fijar residencia -...- y comunicar a la Fiscalía cualquier cambio de ésta dentro de las 48 hs. de su producción; 2) cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado le hicieren" que fueran acordadas por las partes, como se ha dicho, a fs. 33/vta. y homologadas a fs. 41/vta.

En virtud de todo ello, este tribunal entiende que se encuentran satisfechos los requisitos que se le exigían a DIAZ en el marco del referido instituto, por lo que corresponde REVOCAR el pronunciamiento del a quo de fs. 70/vta. en cuanto revoca la suspensión del proceso a prueba, declara la rebeldía y dispone la averiguación de paradero y posterior comparendo por la fuerza pública de Patricio Sebastián DIAZ, y en consecuencia DECLARAR extinguida la acción penal.

Lo adelantado en el acápite 3) "De las reglas de conducta", torna innecesario el tratamiento y rechazo de las nulidades por las que se agravia la defensa.

La audiencia del art. 515 CPPN:

5) Sin perjuicio de lo expresado en los acápites anteriores, y como obiter dictum, es menester hacer mención a una cuestión que ya ha sido tratada por este tribunal en los precedentes "Vergara", "Duarte" y "Muñoz", entre otros. Esto es, la necesidad de que se celebre la audiencia prevista en el art. 515 in fine del CPPN como paso previo a revocar la suspensión del proceso a prueba.

Dicha norma, aplicable en virtud del art. 6 del CC, dispone que: "...En caso de incumplimiento o inobservancia de las condiciones, imposiciones o instrucciones, el tribunal de ejecución, otorgará posibilidad de audiencia al imputado, y resolverá, acerca de la revocatoria o subsistencia del beneficio...". Ello contiene la necesidad de señalar una audiencia en la que participen todas las partes del proceso ante la denuncia de incumplimiento de alguna de las reglas de conducta que sólo revisten carácter de exigencias compromisorias (carácter que no ostenta únicamente la obligación de no cometer nuevos delitos), previo a resolver sobre la revocatoria o subsistencia de la suspensión del juicio a prueba, lo que no ocurrió en el caso de autos, donde sólo se intimó al imputado a que acredite el cumplimiento de una regla de conducta "bajo apercibimiento de dejar sin efecto el beneficio de 'Suspensión del Proceso a Prueba".

6) Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por la fiscal de cámara, este Tribunal RESUELVE:

I. REVOCAR la resolución de fs. 70/vta. en cuanto revoca la suspensión del proceso a prueba, declara la rebeldía y dispone la averiguación de paradero y posterior comparendo por la fuerza pública de Patricio Sebastián DIAZ.

II. DECLARAR EXTINGUIDA la acción penal seguida contra el nombrado.

Regístrese, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado de Primera Instancia interviniente a fin de que se practiquen las notificaciones restantes.

Ante mí:

Endede 2007 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara y firmó. Doy fe.

Endede 2007 notifiqué a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

Endede 2007 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nro. 1. Conste.