Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-11


2º Instancia. - Buenos Aires, Junio 11 de 2007.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? El doctor Diego C. Sánchez, dijo:

Viene el expediente al Acuerdo para resolver el recurso de apelación interpuesto a fojas 309, contra la sentencia de fojas 291/304.

I. Antecedentes I.- 1) Demanda A fojas 11/15 se presenta el doctor Rodolfo Fermín Aramburu, en carácter de apoderado de Ramón Antonio Fernández y promueve demanda por daños y perjuicios contra Ernesto Domingo Tomás Giacomini, Paola Cecilia Giacomini, Omega Cooperativa de Seguros Limitada y/o contra quien resulte civilmente responsable del accidente de tránsito ocurrido el día 18 de junio de 1999, por cobro de la suma de setenta y seis mil pesos ($ 76.000) más intereses y costas.

Relata que el día indicado, siendo aproximadamente las 16:30 horas, su mandante se desplazaba en bicicleta, por la banquina del acceso sur de la ciudad de Rosario, Provincia de Sana Fe. Antes de llegar a avenida Del Rosario -en proximidades de Av. Circunvalación- un automóvil Ford K, conducido por Paola Giacomini, que venía bajando de circunvalación hacia el sur, invadió la banquina para evitar colisionar con otro vehículo que circulaba delante de él y lo atropella con su parte delantera derecha.

A consecuencia del hecho, sufrió lesiones por las que en definitiva reclama: por incapacidad total transitoria tres mil pesos ($ 3.000), por incapacidad definitiva cuarenta mil pesos ($ 40.000), gastos de asistencia médica sanatorial y farmacia, la suma de diez mil pesos ($ 10.000); daño moral, doce mil pesos ($ 12.000); tratamiento psicológico, ocho mil pesos ($ 8.000) y tratamiento kinésico y de rehabilitación, tres mil pesos ($ 3.000).

Cita en garantía a Omega Cooperativa de Seguros Limitada y ofrece prueba.

I.- 2) El responde A fojas 29/32 se presenta el doctor Saverio Felipe Trimboli, en carácter de apoderado de Omega Cooperativa de Seguros Limitada y contesta la citación en garantía admitiendo la cobertura. Niega los hechos expuestos en el escrito inicial e imputa la responsabilidad al actor. Afirma que aquel, circulaba por el carril derecho de la avenida Circunvalación -hacia el sur - y cuando Giacomini se aprestó a pasarlo, el actor sesgó su línea de avance hacia la izquierda, embistiendo con el biciclo el lateral derecho del rodado. Impugna rubros y montos reclamados y ofrece prueba.

A fojas 34 el citado profesional se presenta en los términos del artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCC) en representación de Ernesto Domingo Tomás Giacomini y de Paola Cecilia Giacomini -ratificado a fs. 43- y contesta la demanda adhiriendo al responde de la aseguradora.

A fojas 56 se celebra la audiencia prevista por el artículo 360 del CPCC, a la que comparecieron las partes y se proveen las pruebas ofrecidas, sobre cuya producción certifica el Actuario a fojas 221.

A fojas 232/237 alega la parte actora, llamándose a fojas 290, autos para sentencia.

I.- 3) Sentencia La sentencia de fojas 291/304 hace lugar a la demanda por la suma de treinta y un mil pesos ($ 31.000), con más intereses calculados a la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, desde que se produjo cada perjuicio -en el caso desde el accidente- y las costas del proceso. Se difirió la regulación de honorarios. La condena se hizo extensiva a la aseguradora en la medida de la cobertura.

El señor juez de grado imputó la responsabilidad del hecho a la demandada por haber obrado de un modo imprudente y sin mantener el control del vehículo. Admitió entonces los siguientes rubros: incapacidad sobreviniente, por dieciocho mil pesos ($ 18.000); daño moral -que contempla la incapacidad transitoria-, por doce mil pesos ($ 12.000) y gastos médicos y de farmacia, por la suma de un mil pesos ($ 1.000). Se desestimó el daño psíquico, por no haber sido acreditada incapacidad alguna en este aspecto y también los gastos de tratamiento kinésico y rehabilitación, por cuanto las lesiones que presenta el actor, no son susceptibles de mejora con tratamientos.

II. Apelación y agravios La sentencia es apelada por la actora a fojas 307 y por la demandada a fojas 309, recursos que fueron concedidos libremente a fojas 314.

II.- 1) Agravios de la demandada La parte demandada expresa agravios a fojas 321/324 y cuestiona la cantidades otorgadas para resarcir el daño moral y la incapacidad sobreviniente por considerarlos desproporcionados, atento que las lesiones que presenta el actor, han curado prácticamente, dejando mínimas secuelas.

Finalmente cuestiona la tasa de interés establecida en la anterior instancia, entendiendo el recurrente que debe fijarse un interés del seis por ciento (6%) anual desde la fecha del accidente y hasta la sentencia y recién a partir de allí, fijar la tasa de interés dispuesta por el "a quo". Cita jurisprudencia y afirma que cuando se trata de valores que se determinan de acuerdo al prudente arbitro judicial -como en el caso- no parece razonable aplicar intereses retroactivamente, correspondiendo, en cambio, la aplicación de una tasa de interés puro hasta la fecha de la sentencia.

A fojas 329 se declara desierto el recurso de apelación interpuesto por la actora por no haber expresado agravios. En el mismo proveído, se le corre traslado de los agravios de la demandada, los que no son respondidos.

A fojas 333 se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra consentida.

III. Solución Los temas que debemos decidir, la medida en que ha quedado abierta la jurisdicción de esta Cámara para conocer del caso, son los antes resumidos (arts. 244, 265, 271, 277 y concs. del CPCC; CSJN Fallos: 313:912; 315:562 y 839).

Para hacerlo no estamos obligados a analizar cada una de las argumentaciones de las partes, ni ponderar todas las pruebas agregadas, sino sólo las consideradas decisivas para la resolución de la contienda (Fallos: 144:611; 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 274:113, 276:132, 280:3201, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121, entre otros).

Integra el thema decidendum, la cuantificación de los daños y la tasa de interés.

III.- 1) La incapacidad Esta Sala ha decidido reiteradamente (v.gr.: 22-12-05 in re "Toledo Iris Mafalda c/Empresa San Vicente S.A.T. s/daños y perjuicios") que es la violación del deber de no dañar a otro lo que genera la obligación de reparar el daño causado y que tal noción comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecta en forma cierta a otro, a su patrimonio, a su persona, a sus derechos o facultades. Es decir, el concepto jurídico de daño, salvo restricciones queridas por el legislador, abarca la protección de todo interés no reprobado por la ley.

Para que el daño sea resarcible ha de ser cierto porque, de lo contrario, tendría lugar un enriquecimiento sin causa, a expensas del responsable, y debe ser propio o personal del demandante. También debe estar en relación causal jurídicamente relevante con el hecho generador.

Pese a que nuestro derecho sustantivo no lo define expresamente, al daño debe conceptuárselo en sentido amplio como la lesión a intereses amparados por el ordenamiento, cuyo trascendido se evidencia en la minoración de valores económicos (daño patrimonial) o en alteraciones desfavorables en el espíritu (daño moral) -cf. Alberto J. Bueres, "El daño injusto y la licitud e ilicitud de la conducta", en "Derecho de daños", Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 1989-.

Y para que nazca el deber de reparar el daño causado a otro, deben quedar suficientemente acreditados sus elementos comunes: antijuridicidad, relación de causalidad entre el daño y el hecho, y los factores de atribución legal de responsabilidad.

Por lo demás, la prueba del daño es esencial para la admisión judicial del resarcimiento, pues si bien es facultad de los jueces fijarlo aunque no resulte acreditado exactamente, debe siempre probarse la realidad del perjuicio.

Lo expuesto tiene fundamento en los artículos 512, 519/22, 902/906, 1066/9, 1074, 1077, 1078, 1079, 1086, 1109, 1113 y concordantes del Código Civil, y los artículos 165, 377/8 y concordantes del CPCC.

Ha sostenido la doctrina (Ricardo Luís Lorenzetti, "La lesión física a la persona", "El cuerpo y la salud. El daño emergente y el lucro cesante", Revista de Derecho Privado y Comunitario nº 1, Daños a la persona, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1992) que la incapacidad sobreviniente tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquella tiene con relación a todas las esferas de la personalidad, es decir, la disminución de la seguridad, la reducción de la capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. (conf.: Llambías, J.J. "Tratado de Derecho Civil -Obligaciones-" t. IV-A, pág.120, nº 2373; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio - Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado" t. 5, pág. 219, nº 13; Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", t. III, pág. 122; Borda, G.A. "Tratado de Derecho Civil Argentino -Obligaciones - ", t. I, pág. 150, nº 149; Alterini-Ameal- López Cabana "Curso de Obligaciones", t. I, pág. 292, nº 652). En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños de salud y a la integridad física y psíquica.

Se ha agregado que el daño en tratamiento está representado por las secuelas o disminución física o psíquica que queda luego de completado el período de recuperación o reestablecimiento; produciéndose entonces un quebranto patrimonial indirecto, derivado de las limitaciones que presenta al reanudar sus actividades habituales y al establecerse su imposibilidad -total o parcial- de asumirlas y cumplirlas adecuadamente; que la indemnización por incapacidad sobreviniente tiende a paliar las ineptitudes o deficiencias físicas o psíquicas, o cualquier otra secuela de carácter concreto y permanente que pueda afectar la vida de relación de la víctima (conf Trigo Represas-López Mesa en Tratado de la Responsabilidad Civil; ed. La Ley., ed. 2004; p. 766 y sstes.).

La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que, a fin de medir la incapacidad sobreviniente, los informes periciales -aunque constituyen un elemento importante a considerar- no conforman una pauta estricta que el juzgador deba seguir inevitablemente, ya que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las demás consecuencias que afectan a la víctima (Fallos: 318:1715; 321:3519 y muchos otros).

Sin perjuicio de ello también tengo presente que la jurisprudencia ha decidido: "La prueba pericial de médico (?), es la fundamental a los fines de formar la convicción sobre la incapacidad física de la víctima, cuestión fáctica eminentemente científica, que no puede ser acreditada a través de la absolución de posiciones o las declaraciones de testigos (artículos 384 y 457 Cód. Proc.). Obviamente cabe atenerse a la atendibilidad que se extrae de una pericia médica, resultando totalmente secundarias para verificar lo atingente a la incapacidad física, lo que pudiera surgir de la confesión del apelante, o de las frágiles declaraciones de terceros, las cuales son insusceptibles de abastecer los aspectos que hacen a la incumbencia inherentes a la ciencia de la medicina (artículos 384 y 474 Cód. Proc.)."(CC0201 LP, 02-03-95, in re "Magnicaballi, Gaspar c/ Vanlide, Alberto"; sumario JUBA B251675).

Las lesiones sufridas por el actor y sus secuelas han sido acreditadas con la historia clínica de fojas 105/107, la experticia médica obrante a fojas 184/190 y con la respuesta a la impugnación de la demandada obrante a fojas 206. De ello resulta que como consecuencia del accidente objeto del presente litigio, el actor en la actualidad, presenta secuela de fractura de dedo índice izquierdo, que le ocasiona una incapacidad parcial y permanente del dos por ciento (2%) de la total obrera; inestabilidad externa de rodilla izquierda, que le ocasiona una incapacidad parcial y permanente del ocho por ciento (8%) de la total obrera y un síndrome post conmocional, que determina en el actor, una incapacidad del cinco (5%) de la total obrera.

Teniendo en consideración lo que resulta de la prueba aportada en autos, los casos próximos consultados y las especiales circunstancias del que resolvemos y de las que hago mérito, estimo que el monto indemnizatorio resulta elevado.

Tenemos en Argentina, y lo hemos citado en casos anteriores, un "Sistema de cuantificación de daños", una base de datos (Quanterix) que hoy podemos consultar en Internet (www.iijusticia.edu.ar), como lo es, por ejemplo, por esta Cámara (v.gr. Sala "F" in re "Scoccia, Cristina Antonia c/Linea 76 S.A. de Transporte Automotor y otro s/daños y perjuicios", voto del Dr. Posse Saguier del 17-04-98, Sala "M", in re "Mosera de Ahumada, Lydia Ana Herminia c/Ferrocarriles Argentinos s/Daños y Perjuicios", voto de la Dra. Alvarez del 15-09-99).

Allí se nos ilustra el caso resuelto por la Sala M el 31 de octubre de 2003, in re "T., H. A c/ Trenes de Bs. As." en el que al actor, de la misma edad que nuestro reclamante (38 años), de sexo masculino y estado civil soltero, con un porcentaje de incapacidad sobreviniente del quince por ciento (15%), se otorgó la compensación por dicho concepto un importe de quince mil pesos ($ 15.000) y por daño moral, un importe de cinco mil pesos ($ 5.000). Las lesiones en el caso señalado consistieron en fractura de rodilla izquierda (peroné) con ruptura de ligamentos; limitación funcional de la rodilla.

En mérito a lo expresado y teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima (38 años de edad, de estado civil casado, con siete hijos), ocupación e ingresos mensuales que surgen de fojas 26 del beneficio de litigar sin gastos, las lesiones e incapacidad determinada por el perito médico en el quince por ciento (15%) de la total obrera (que surge de la prueba pericial médica de fs. 185/190); de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1068, 1083, 1086 y concordantes del Código Civil y 165 del CPCC, casos próximos, jurisprudencia y doctrina citadas, propongo admitir los agravios de la demandada y reducir la compensación otorgada por este concepto, fijándola en la suma de quince mil pesos ($ 15.000).

III.- 2) Daño moral Respecto al daño moral debo recordar que, si bien alguna doctrina y jurisprudencia relacionan su cuantía con el daño patrimonial (por ej.: la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, 16-6-78, in re "Vuoto, Dalmero S. y otro c/ Telefunken Argentina, S.A.I.C.", ED 81:312, y muchos otros, lo establecen en el 20%), y en algunos casos hay -efectivamente- relación entre la magnitud de uno y otro daños, no coincido porque estimo hay autonomía entre los perjuicios material y moral porque "la reparación conferida por daño moral no tiene por qué guardar proporción alguna con la relativa al daño material, el que inclusive puede no haberse configurado" (conf. CNCiv. y Com. Fed., Sala I, 11-10-85, ED 118:503).

Con el doctor Jorge J. Llambias podemos decir que "el daño moral es una lesión en los sentimientos, por el sufrimiento o dolor que padece la persona, que no es susceptible de apreciación pecuniaria" (Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, Tomo I., pág. 329, párrafo Nº 256) y con el doctor Jorge Bustamante Alsina que "Para probar el daño moral en su existencia y entidad no es necesario aportar prueba directa, lo cual es imposible, sino que el juez deberá apreciar las circunstancias del hecho lesivo y las calidades morales de la víctima para establecer objetiva y presuntivamente el agravio moral en la órbita reservada de la intimidad del sujeto pasivo (...) Nadie puede indagar el espíritu de otro tan profundamente como para poder afirmar con certeza la existencia y la intensidad del dolor, la verdad de un padecimiento, la realidad de la angustia o de la decepción" (Teoría General de la Responsabilidad Civil, 8º edición, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 244; el mismo autor en su comentario al fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, 29-9-92, in re "Fernández, Ana M. y otros c/Domecq, S. A. y otros", Cuestiones de responsabilidad civil que suscita el acto ilícito homicidio, LL, 1993-A-347), y "en cuanto a la cuantía del daño, conviene puntualizar que si el perjuicio no es mensurable por su propia naturaleza, no se puede establecer por equivalencia su valuación dineraria. Se debe recurrir en tal caso a pautas relativas según criterio de razonabilidad que intente acercar la valuación equitativamente a la realidad del perjuicio" (Equitativa valuación del daño no mensurable, LL, 1990-A-654) Y la colega doctora Matilde Zavala de González (Cuánto por daño moral, LL, 1998-E-1057), contestando la pregunta del título expresa: "En el Derecho de Daños significa la pregunta del millón (...) La medida de la indemnización resulta, necesariamente, de una creación artificial y, hasta ahora, permanece en el misterio de la intuición del juez (...) El daño moral es inconmensurable (...) La única solución reside en acudir a tablas elaboradas sobre criterios que no son esencialmente matemáticos (...) En definitiva y aunque las soluciones indemnizatorias no sean previamente consensuadas entre los tribunales, se propicia el conocimiento de precedentes, sobre todo con apoyo informático...".

El daño moral se produce cuando se lesionan afecciones legítimas de una persona o cuando se ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o que hayan perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de vida (esta Sala, ED 61-779; ídem Sala "E", ED 42-311, ídem Sala "F", ED 100-309). En la reparación del daño moral no domina la idea de una pena para el responsable, sino la de compensar de alguna manera el daño causado a la víctima.

Se ha decidido en precedentes de la Sala "F" de esta Cámara que es tarea delicada la cuantificación de este rubro pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al artículo 1083 Código Civil. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. La dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, dolor físico, padecimientos propios de las curaciones y actuales malestares subsistentes.

Tomando en cuenta las pautas antes señaladas, y a la luz de las probanzas rendidas en autos, especialmente las lesiones, los padecimientos físicos sufridos por el actor, las características del evento por el que se reclama y las demás condiciones personales de la víctima, como los casos próximos consultados en el "Sistema de cuantificación de daños", la base de datos (Quanterix) que hoy podemos consultar en Internet (www.iijusticia.edu.ar), como lo es, por ejemplo, por esta Cámara (v.gr. Sala "F" in re "Scoccia, Cristina Antonia c/Linea 76 S.A. de Transporte Automotor y otro s/daños y perjuicios", voto del Dr. Posse Saguier del 17-04-98, Sala "M", in re "Mosera de Ahumada, Lydia Ana Herminia c/Ferrocarriles Argentinos s/Daños y Perjuicios", voto de la Dra. Alvarez del 15-09-99), opino que el monto establecido en concepto de indemnización del daño moral -contemplativo de la incapacidad transitoria- resulta elevado, por lo que propongo admitir el agravio de la demandada, y reducirlo, fijándolo en siete mil pesos ($ 7.000).

III - 3) Los intereses En materia de intereses esta Sala ha decidido reiteradamente que los intereses deben computarse a partir de la ocurrencia de cada perjuicio objeto de la reparación (conf. Cámara Nacional Civil, en pleno, "Gómez Esteban c/ Empresa Nacional de Transportes", 16-12-58, LL 93-667).

Asimismo, en virtud de la resolución del Tribunal en pleno de fecha 23 de marzo del 2004 in re "Alaniz Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ Daños y perjuicios", se estableció la siguiente doctrina: "a partir de la vigencia de la ley 25. 561 (6-01-02) y normativa concordante corresponde mantener la doctrina establecida en el fallo plenario dictado el 2 de agosto de 1993 en los autos "Vázquez Claudia Angélica c/ Bilbao Walter y otros s/ Daños y Perjuicios", esto es la tasa pasiva.

De tal modo, debe el Tribunal ajustar su decisión a lo resuelto en los citados plenarios (art. 303 del CPCC), por lo que corresponde desestimar los agravios de la demandada en este aspecto y confirmar la decisión de grado.

Por todo lo expuesto propongo admitir parcialmente los agravios de la demandada, modificando la sentencia de grado en cuanto al monto de condena, que se fija en la suma de veintitrés mil pesos ($ 23.000) con más los intereses establecidos en la anterior instancia. Sin imposición de costas en la instancia, atento la falta de réplica (art. 68 del CPCC).

Así lo voto.

El señor juez de Cámara doctor Vilar, por análogas razones a las aducidas por el señor juez de Cámara doctor Sánchez, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta. La señora jueza de Cámara doctora Ana María R. Brilla de Serrat no interviene por hallarse en uso de licencia. - Diego C. Sanchez - Miguel A. Vilar.

Buenos Aires, Junio 11 de 2007 Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede se admiten parcialmente los agravios de la demandada y modifica la sentencia recurrida fijándose el monto de la condena en la suma de veintitrés mil pesos ($ 23.000), con más los intereses establecidos en la anterior instancia. Sin imposición de costas en esta instancia. Consentida la decisión de fojas 303v. que difirió la regulación de honorarios, luego que se lo haga en primera instancia se regularán los correspondientes a ésta. La señora jueza de Cámara doctora Ana María R. Brilla de Serrat no interviene por hallarse en uso de licencia. - Diego C. Sánchez - Miguel A. Vilar.