Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-04


SENT Nº 348	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cuatro (04) de Junio de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar -por no existir votos suficientes para dictar sentencia válida-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Hipótesis S.R.L. vs. Carrion Jorge Luis s/ Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse, Antonio Daniel Estofán y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la firma Hipótesis S.R.L. a través de su representación letrada (fs. 121/124) contra la sentencia nº 474 de fecha 28 de septiembre de 2011 (fs. 116/117), dictada por la Sala Iº de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones. La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia de fecha 28 de marzo de 2012 (fs. 138) del referido Tribunal de Alzada.

II.- En autos, la parte actora -Hipótesis S.R.L.- promueve juicio ejecutivo contra el Sr. Jorge Luís Carrion, por la suma de $ 11.780, más intereses, gastos y costas, persiguiendo el cobro de dos cheques de pago diferido, librados sin identificación del beneficiario y rechazados por el banco girado -Banco Credicoop- por ausencia de fondos suficientes acreditados en cuenta (las copias de los cheques ejecutados obran a fs. 3). Asimismo, manifiesta la actora en su demanda, que los cheques fueron librados por Inddra S.R.L. y endosados por el demandado. Por su parte, el demandado, una vez intimado de pago, opone excepción de inhabilidad de título (fs. 27/29), afirma que si bien la actora puede resultar portadora legitimada de los títulos ejecutados, su reclamo debe apuntar a quien resulta obligado al pago de conformidad a lo que surge de los instrumentos y el orden de los endosos. A partir de allí, sostiene el demandado, que la parte actora se encuentra desprovista de acción válida en su contra, dado que la acción de regreso del tenedor de un cheque rechazado presenta un límite, consistente en que solo puede volverse contra el librador y contra los obligados de regreso que le preceden, pero no contra los subsiguientes, frente a los cuales, con su firma, ha garantizado el pago. En consecuencia, señala que en los dos cheques ejecutados, la firma del ejecutado es posterior a la firma de la entidad actora, por lo que expresa que la acción no puede progresar. A su vez, por los mismos fundamentos opone excepción de falta de acción.

A fs. 34/35 la parte actora contesta las excepciones deducidas por el ejecutado, solicitando su rechazo. Posteriormente, y en atención a que las partes no ofrecieron pruebas, se practica planilla fiscal y se llaman los autos a despacho para resolver. El pronunciamiento de primera instancia, de fecha 30 de noviembre de 2010 (fs. 85/86), resuelve rechazar la excepción de inhabilidad de título deducida por el ejecutado y ordena llevar adelante la ejecución por la suma de $ 11.780, más intereses, gastos y costas. La referida sentencia de primera instancia analiza las características y naturaleza del título (cheque al portador) y alcanza la conclusión de que la firma actora resulta portadora legítima de los títulos, a partir de allí, concluye por el rechazo de las excepciones.

Apelada la sentencia de primera instancia por el ejecutado (fs. 89) y expresados los agravios a fs. 92/94, la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones - Sala Iº, resuelve el recurso de apelación mediante sentencia de fecha 28 de septiembre de 2011 (fs. 116/117). Dicho pronunciamiento de Cámara hace lugar al recurso de apelación de la parte demandada y, en consecuencia, recepta favorablemente la excepción de inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva opuesta por el ejecutado, disponiendo el rechazo de la ejecución promovida por la actora.

Para arribar a tal solución, la Cámara señala que no se encuentra controvertido que el cheque al portador legitima para su cobro a cualquier persona que detente la posesión del documento, al igual que tampoco se discute "que el endoso que figura en el cheque al portador hace al endosante responsable en los términos de las disposiciones que rigen el recurso, pero no cambia el régimen de circulación del título y seguirá siendo al portador y transmisible por la simple entrega". Sin embargo, la Cámara señala que no se encuentran allí los elementos que resultan decisivos para la solución de la litis, por el contrario, destaca que "el endosante que paga al legítimo portador se convierte, a su vez, en legítimo portador respecto a los endosantes anteriores y del librador, y puede ejercer la acción denominada de ulterior regreso", a partir de allí, considera que en el marco de esa acción "la solidaridad cambiaria rige frente al portador solo respecto de los obligados de regreso que lo preceden en la serie de endosos. El portador no puede accionar contra los firmantes que le siguen en dicha serie, púes él mismo es garante solidario respecto de ellos". En esa misma línea agrega que "es claro y lógico que la acción cambiaria de reembolso o ulterior regreso corresponde al obligado cambiario que pagó el cheque, quien se encuentra habilitado para reclamar contra todos los obligados que le preceden. Va contra el sentido común que el actor HIPÓTESIS, primer endosante como es el caso de autos, demande al endosante posterior toda vez que éste lo podrá demandar nuevamente a él".

En mérito a ello, el tribunal a quo interpretó que el pronunciamiento de primera instancia -que ordena llevar adelante la ejecución- debe ser revocado y, en consecuencia, resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el ejecutado, disponiendo el rechazo de la ejecución.

III.- Contra el pronunciamiento de Cámara de fecha 28 de septiembre de 2011 (fs. 116/117), la parte actora interpone recurso de casación a fs. 121/124, aduciendo que la misma resulta arbitraria y generadora de gravedad institucional al no reconocer los legítimos derechos crediticios de su parte, violando su derecho al cobro, a la vez que agrega que el recurso casatorio se interpone por violación, inobservancia y errónea aplicación del derecho sustantivo. Por su parte, la firma recurrente expresa los argumentos por lo que interpreta que su recurso de casación debe ser declarado admisible.

En cuanto al contenido de los agravios, se advierte que la parte recurrente afirma que la sentencia impugnada no aplicó correctamente los artículos 16, 18, 38 y 40 de la Ley de Cheques (Ley 24.452), hace especial referencia al artículo 40, en cuanto dispone que "Todas las personas que firman un cheque quedan solidariamente obligadas hacia el portador. El portador tiene derecho de accionar contra todas esas personas, individual o colectivamente, sin estar sujeto a observar el orden en que se obligaron. El mismo derecho pertenece a quien haya pagado el cheque.", a partir de allí, interpreta la recurrente que la norma es clara y precisa al establecer el derecho del portador a accionar contra todos los endosantes, sin estar sujeto al orden en que se obligaron.

Asimismo, la parte actora aduce que detenta la legitimación ad procesum y que cuenta con una acción cambiaria directa contra el librador y de regreso contra los demás endosantes o avalistas. Por lo que interpreta que la sentencia impugnada hizo caso omiso a la ley, considerando que acoge el recurso de apelación sin fundamentos, lo que la torna arbitraria a criterio de la parte recurrente. Cita precedentes de sentencias infundadas.

Por su parte, cuestiona la imposición de costas que realiza la sentencia impugnada y solicita que aún en el supuesto que se rechace su recurso, debe modificarse la condena en costas por existir mérito suficiente para eximir a la actora de dicha condena, dado que a criterio de la recurrente, existieron razones valederas para interponer la presente acción. De conformidad a las consideraciones reseñadas, solicita se haga lugar al recurso tentado, y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

IV.- Corrido el traslado de ley, la parte ejecutada solicita el rechazo del recurso de casación interpuesto, por las razones expuestas en su presentación de fs. 129/131. Por auto interlocutorio de fecha 28 de marzo de 2012 la Sala Iº de la Excma Cámara Civil en Documentos y Locaciones concede el recurso de casación (fs. 138), correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia.

V.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos del depósito (fs. 120), presentación tempestiva y definitividad de la sentencia recurrida. Esto último porque si bien es doctrina de esta Corte que la sentencia dictada en el juicio ejecutivo no reviste, en principio, la calidad de definitiva a los fines del recurso de casación, ello es así en tanto proceda una vía posterior mediante el juicio de conocimiento (arts. 527 y 749 CPCCT), ya que existe una excepción restringida a los supuestos en donde resuelve una excepción de inhabilidad de título que verse sobre cuestiones inherentes exclusivamente al juicio ejecutivo, que adquieren calidad de cosa juzgada material porque no pueden discutirse nuevamente (arg. art. 527, 4° párrafo, CPCCT). Por esa razón se admite la inclusión de tales casos en el supuesto del art. 748 inc. 1º de la ley procesal (conf., CSJT, sentencia nº 1034 de fecha 14 de noviembre de 2002; nº 92 de fecha 2 de Marzo de 2010; sentencia nº 971 de fecha 2 de Diciembre de 2003; CSJT, sentencia nº 620 de fecha 29 de Julio de 2005, entre otras), y advirtiendo que, por la índole de las cuestiones debatidas, no podrán volverse a discutir las consideraciones jurídicas objeto de agravio en un proceso posterior, corresponde admitir su encuadramiento dentro de la preceptiva mencionada. A su vez, la recurrente invoca infracción a normas jurídicas y tacha de arbitrario al pronunciamiento impugnado. Finalmente, si bien se observa que la recurrente no propone expresamente la doctrina legal aplicable, la misma se infiere de los conceptos del escrito casatorio, por lo que corresponde declarar admisible la vía extraordinaria y analizar la procedencia del recurso.

VI.- En primer término corresponde aclarar -conforme lo señaló la Cámara- que no se discute en autos la calidad de portadora legítima de la entidad actora, dado que en la especie se analiza la ejecución de dos cheques de pago diferido sin identificación del beneficiario, lo que significa que debe considerárselo como un título al portador (conf. artículo 6° inc. 3 de la Ley de Cheques) cuya transmisión se puede efectuar por simple entrega manual aún después del protesto -conf. artículo 12°, último párrafo, de la Ley de Cheques- (conf. CSJT, sentencias nº 979 de fecha 14 de diciembre de 2011 y nº 310 de fecha 10 de mayo de 2012). Es por ello que, tratándose de un título al portador, dicha circunstancia legitima a la firma actora -tenedor del título- a promover las acciones emergentes de la falta de su pago, sin necesidad de justificar cadena de endosos o la autenticidad de los mismos en virtud del principio de autonomía (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E, in re "Galante, Ernesto vs. San Martín, Alejandro P." del 06/10/2003, DJ 2004-2, 126).

Tampoco resulta controvertido en autos, que el endosante resulte garante del pago del título (conf. art. 16 de la Ley de Cheques), que el endoso que figura en un título al portador hace responsable al endosante pero no cambia el régimen de circulación del título (conf. art. 18 de la Ley de Cheques) y que todas las personas que firman un cheque quedan solidariamente obligadas hacia el portador, contando éste último con la posibilidad de accionar contra todas esas personas, sin estar sujeto a observar el orden en que se obligaron (conf. art. 40 de la Ley de Cheques).

Estas normas -invocadas por el recurrente para cuestionar la sentencia de Cámara- resultan aplicables en términos generales, pero corresponde interpretarlas de conformidad a las peculiaridades de cada caso. Es allí donde se fundó la decisión adoptada por la Cámara, en la circunstancia de que la firma actora si bien es portadora legítima de los cheques ejecutados, también cabe analizar los efectos que produce el extremo consistente en que la firma ejecutante figura en primer lugar de la cadena de endosos de los títulos ejecutados, es decir, con anterioridad al ejecutado en la serie de endosos.

A partir de esa circunstancia, se observa que la Cámara interpretó que la actora ejerció una acción de reembolso o ulterior regreso y, en consecuencia, concluyó que "la solidaridad cambiaria rige frente al portador solo respecto de los obligados de regreso que lo preceden en la serie de endosos. El portador no puede accionar contra los firmantes que le siguen en dicha serie, púes él mismo es garante solidario respecto de ellos" y agrega que va contra el sentido común que el primer endosante demande al endosante posterior "toda vez que éste lo podrá demandar nuevamente a él".

Más allá de cual resulte la acción ejercida por la parte actora en autos -acción de regreso o acción de reembolso o ulterior regreso-, se observa que el razonamiento sentencial luce acertado, en tanto que la presencia de un endoso (el primero en la serie) por parte de la firma actora en los cheques ejecutados exige analizar las normas de conformidad a la plataforma fáctica del caso bajo estudio, resultando del mismo, que la circunstancia apuntada obsta a la ejecución iniciada contra el ejecutado -cuyo endoso figura con posterioridad al de la actora-, por los fundamentos que se exponen a continuación. Los cheques bajo análisis son ejecutados por la firma Hipótesis S.R.L., la que no sólo es la portadora legítima de los títulos, sino que también figura como la primera endosante los cheques al portador, a su vez, cabe aclarar que con posterioridad a su endoso, figura como endosante también el ejecutado. Es decir, la firma Hipótesis ha quedado constituida como garante del pago de los cheques frente al ejecutado (conf. art. 16 de la Ley de Cheques), el cual a su vez los endosó nuevamente, garantizando también el pago del cartular. En el mismo sentido, el artículo 40 de la Ley de Cheques señala expresamente que todas las personas que firman un cheque quedan solidariamente obligadas hacia el portador, es decir, existe una obligación concreta contra el portador del título.

Habiendo regresado los cheques nuevamente al primer endosante de los mismos, se produjo una situación similar a la figura denominada "endoso de retorno", expresión con la cual se significa que el título, en su circulación, vuelve al poder de un sujeto ya obligado en el nexo cambiario, así el artículo 12 de la Ley de Cheques, en su segundo párrafo, destaca que "El endoso puede hacerse también a favor del librador o de cualquier otro obligado. Dichas personas pueden endosar nuevamente el cheque". Tal situación es similar a la de autos, dado que aquí también los títulos han regresado a quien se encontraba obligado en el nexo cambiario, por ser el primer endosante, agregándose en la especie que los cheques se encuentran ejecutados -por haber sido rechazados-, justamente, por el primer endosante y portador legítimo de los mismos, con lo cual, el ejecutante revestía -con relación a la obligación del ejecutado- la calidad de acreedor y deudor al momento de iniciar la ejecución.

Esta circunstancia obsta definitivamente a que el primer endosante pueda -más allá de que los cheques hayan regresado a su poder- ejecutar a un endosante posterior al primer endoso del ejecutante, en tanto que el ejecutado, en caso de pagar el cheque, tendría acción contra los endosantes anteriores -entre los que figura la actora-, que garantizaron el cobro del mismo con su firma. Es decir, al existir una obligación solidaria de los firmantes de los cheques hacia el portador, carece de sentido y resultaría contrario al orden natural permitir la ejecución contra la persona, frente a la cual, la actora es deudor y garante de la misma obligación.

La doctrina y jurisprudencia es uniforme en este sentido, así, calificada doctrina, refiriéndose al endoso de retorno, señaló que "En este caso, en el cual el endosatario resulta ser un firmante anterior del documento, su posición en el orden cambiario queda determinada por su primera suscripción. Por ello, el ejercicio de su derecho cambiario no es efectivo (dolo facit qui petit quod redditurus est) respecto de los obligados cambiarios a los que él garantizaba con su primera firma cambiaria. El endoso de retorno no produce la extinción por confusión de las obligaciones cambiarias, a menos que al vencimiento se encontrare en poder del deudor principal (librador). Con la salvedad expuesta, ya sea que el endosatario de retorno fuere obligado principal o de garantía, él puede volver a transmitir el título por endoso. Así, si A endosó el documento a B, B a C, C a D y D a A, A sólo podrá accionar cambiariamente contra el librador y no contra B, C o D ya que éstos -salvo cláusula en contrario- contaban con la garantía originaria del primer endoso de A (arg. arts. 16 y 40, L. Ch.)" (Paolantonio, Martín Esteban y Legón Pablo A., "Ley de cheques 24.452: comentario exegético", 1º ed. Buenos Aires, La Ley, 2011, página 79).

En igual sentido se pronunció Osvaldo R. Gómez Leo, al destacar que "Si en portador legitimado del 'endoso de retorno' es el beneficiario del cheque, y luego de que él lo endosó, circuló y acumuló -por hipótesis- tres endosos más, siendo el último de ellos a su favor (por eso se lo puede calificar de retorno), está legitimado para presentarlo al cobro (art. 32, LCh) y si lo cobró, ese cheque queda extinguido, totalmente, respecto de todos sus firmantes. Pero si es rechazado con las debidas constancias (art. 38, LCh) en virtud del 'endoso de retorno' se ha producido la extinción por confusión de las obligaciones asumidas por los endosantes anteriores al mismo, quedando habilitado el presentante del cheque rechazado para accionar por el cobro, solamente contra el librador, en virtud de que este sujeto (arts. 10 y 40, LCh) garantiza a ese presentante, por ser -como se dijo antes- el beneficiario (o tomador) de ese cheque rechazado" (Gómez Leo, Osvaldo R., "Tratado de los Cheques", 1º ed., Buenos Aires, Lexis Nexos, 2004, página 365).

También Héctor Cámara se pronunció en análogo sentido, al destacar que "El portador de la cambial mediante endoso de retorno no podrá accionar contra aquellos signatarios a quienes garantizó el pago, según los principios generales de la materia. Así lo entendió la jurisprudencia: El ejecutante que endosó el pagaré al ejecutado y posteriormente lo recibió nuevamente por endoso en blanco de éste, no puede accionar en regreso contra los endosatarios posteriores a su endoso que están garantizados por él" (Cámara Héctor, "Letra de cambio y vale o pagaré", T. III, Ed. Ediar, 1971 página 224).

En la misma línea se expidió la jurisprudencia, señalando que "El portador de un cheque no puede accionar cambiariamente contra los firmantes a quienes garantizó el pago en virtud de un endoso previo, ya que éstos podrían, a su vez, accionar contra él por vía de regreso" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala E, in re "Fluk, Mario S. vs. Clichevsky, Samuel y otra" de fecha 27/11/1986, publicado en La Ley Online AR/JUR/2303/1986). También se destacó que "Se encuentra legitimado para promover juicio ejecutivo contra el librador de los cheques que fueron rechazados por el banco girado cuando fueron presentados al cobro, quien ostenta la doble condición de beneficiario del libramiento y primer endosante a favor de terceros que figuran en el reverso, ello en virtud de la solidaridad cambiaria que emerge del artículo 40 de la ley 24.452, por la cual se puede accionar contra todos los firmantes del cheque, a condición de que los accionados sean anteriores al accionante en la cadena de endosos" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, sala II, in re "Bostal, A. Raúl vs. Salvatierra, Mauricio s/ Cobro ejecutivo" de fecha 14/07/2011, publicado en LLBA 2011 -octubre-, 1003). Finalmente, resta agregar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, sostuvo que "cabe desestimar la ejecución de un cheque, cuando del reverso del mismo se desprende que, si bien el ejecutante dispone de la acción ejecutiva para reclamar el pago al ejecutado, también éste la tendría luego respecto de aquél en virtud de la secuencia y reiteración de los endosos; de tal manera, la admisión de la ejecución habilitaría una nueva acción, con rol inverso y sujeta a las mismas constancias y reglas cambiarias, en desmedro del principio de economía procesal" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, in re "Cooperativa de Viv. Cred. y Consumo Concepción Ltda.. vs. Sánchez, Christian Alejandro", citado en la obra: Paolantonio, Martín Esteban y Legón Pablo A., "Ley de cheques 24.452: comentario exegético", 1º ed. Buenos Aires, La Ley, 2011, página 79).

Asimismo, se observa que el razonamiento sentencial encuentra respaldo en el texto del artículo 16 de la Ley de Cheques, el cual señala que "El endosante es, salvo cláusula en contrario, garante del pago. Puede prohibir un nuevo endoso y en este caso no será responsable hacia las personas a quienes el cheque fuere ulteriormente endosado", de lo que se sigue que, en los supuestos en donde el endosante no prohíba un nuevo endoso -como ocurre en la especie con la firma ejecutante con relación al primer endoso que presentan los cheques ejecutados- será responsable frente a las personas a quienes los cheques les fueron ulteriormente endosados -como ocurre en la especie con el ejecutado-, todo lo cual exhibe que las circunstancias de autos imponen confirmar la solución adoptada por la Cámara.

En efecto, se advierte con claridad el acierto de la solución adoptada por el pronunciamiento impugnado, en el sentido de rechazar la ejecución de conformidad a los fundamentos apuntados anteriormente. A su vez, carece de sustento el agravio de la recurrente referido a que la sentencia de Cámara inaplicó las normas pertinente de la Ley de Cheques, dado que como vimos, el razonamiento sentencial realizó una aplicación razonada de la ley, interpretando las normas de conformidad a las particularidades del caso, lo que condujo inexorablemente a la solución consagrada en el pronunciamiento de fecha 28 de septiembre de 2011. En consecuencia, los fundamentos brindados por la sentencia impugnada exhiben suficiente y adecuada motivación, correspondiendo rechazar la crítica referida a que la misma resulta infundada o arbitraria.

Por su parte, tampoco corresponde receptar el agravio referido a cuestionar la imposición de costas -pretendiendo que existieron razones valederas para interponer la presente acción-, dado que más allá de lo controvertido que resulta la supuesta existencia de razones valederas para litigar en la especie, éste Tribunal, sosteniéndose en el actual artículo 550 del CPCCT, ha señalado que "De acuerdo a la normativa específica del juicio ejecutivo (art. 572, CPCC), las costas de tales procesos serán todas a cargo de la parte vencida, con excepción de las correspondientes a cualquier pretensión de la otra parte que haya sido desestimada. Doctrina y jurisprudencia interpretan en forma unánime que el sistema consagrado en las leyes de rito no permite hacer mérito de situaciones subjetivas, como la existencia de razón para litigar, porque responde al criterio de causación" (CSJT, sentencia nº 1130 de fecha 19/12/2005). En efecto, corresponde rechazar el agravio analizado.

Por todo lo considerado, corresponde rechazar el embate recursivo, toda vez que la actora no ha demostrado que la sentencia impugnada resulte violatoria de normas jurídicas o haya incurrido en arbitrariedad o irrazonabilidad. Por lo expresado, voto por el rechazo del recurso de casación deducido por la firma actora y, en consecuencia, se debe confirmar la sentencia impugnada.

VII.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, en atención al resultado a que se arriba, corresponde imponerlas a la parte recurrente vencida.

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I.- Doy por íntegramente reproducida la relación de antecedentes de la causa contenida en el voto del vocal preopinante.

II.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos del depósito, presentación tempestiva y definitividad de la sentencia recurrida, con los alcances reiteradamente fijados por esta Excma. CSJT (sentencias N° 1034/2002, 971/2003, 291/2004, 620/2005, 92/2010, entre otras). Además, el recurrente invoca arbitrariedad, y el suscripto mantiene el criterio reiteradamente sustentado en anteriores pronunciamientos, entre ellos en Sentencia N° 556 de fecha 16/08/2011 recaída in re: "Capozzuco Carlos Angel Vs. Distribuidora Munich S/ Cobro de pesos". Es que, como allí se dijera, se hace necesario dejar debidamente sentado que la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia, y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tienen entidad suficiente para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJT, 27/4/2010, "Juárez Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 249; 28/10/2010, "Agudo Juan Ángel y otra vs. I.P.S.S.T. s/ Amparo", sentencia Nº 820; 28/10/2010, "Argañaraz César Mauricio vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I y F s/ Despido", sentencia Nº 822; 17/12/2010, "Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Amparo", sentencia Nº 997 del 17/12/2010).

III.- Sin embargo, de la sola lectura del recurso de casación y su compulsa con las constancias de la causa, cabe concluir que en la especie no han sido satisfechos otros requisitos de admisibilidad.

No ha mediado una crítica concreta, razonada y fundada de los argumentos vertidos en la sentencia impugnada, en base a los cuales se resolviera confirmar la de primera instancia. Los fundamentos del fallo para arribar a tal conclusión, no han sido rebatidos satisfactoriamente por la recurrente, que no ha aportado elementos necesarios para revertir la solución adoptada. De allí que el planteo casatorio se presente técnicamente insuficiente en la formulación de los agravios, al carecer de los indispensables desarrollos tendientes a poner de manifiesto el error y/ o la ilegitimidad de la sentencia en crisis.

De allí que, al no satisfacer el requisito de autosuficiencia, el recurso deviene inadmisible, como paso a demostrarlo:

III.1. En primer lugar, se observa insatisfecho el requisito previsto por el art. 751 proc. Civil, a cuyo tenor el escrito de interposición debe contener "la doctrina que, a criterio del recurrente, sea la correcta" Este Tribunal, en numerosas oportunidades, ha dejado establecido que configura un requisito de admisibilidad, proponer la doctrina legal que se estima aplicable (CSJT: sentencia N° 222, de fecha 12/05/1995; sentencia N° 499, de fecha 24/08/1994; sentencia N° 477, de fecha 16/08/1994; sentencia N° 427, de fecha 29/07/1994; sentencia N° 187, de fecha 29/04/1994; sentencia N° 184, de fecha 18/05/1993, entre otras).

Es que, como reiteradamente expresara este Tribunal en anteriores integraciones: "El proponer "la doctrina legal" resulta un requisito de texto legal expreso (art. 816 del C.P.C.C.) y reviste crucial importancia para interpretar la postura jurídica del impugnante, toda vez que su cumplimiento supone resumir, precisar, concretar la tesitura que el impetrante estima viable en el caso, la que se deriva lógicamente de los puntos de agravio que hayan expuesto. Lo dicho no supone en modo alguno abrazarse a cortapisas excesivas sino adecuar la técnica impugnatoria al carácter excepcional del remedio en cuestión cuya rigurosidad no deja de tener asidero si se tiene presente que no constituye una tercera instancia común. La precisión de la doctrina legal es un requisito de admisibilidad, previsto por la ley adjetiva y de señalamiento imprescindible por el recurrente habida cuenta que hace a la correcta e integral fundamentación del recurso de casación" (CSJT: sentencia N° 394, de fecha 04/11/1992; en idéntico sentido: sentencia N° 338, de fecha 28/09/1992; sentencia N° 135, de fecha 28/04/1992; sentencia N° 499, de fecha 24/08/1994; sentencia N° 427, de fecha 29/07/1994).

Esa sola circunstancia, torna técnicamente insuficiente el memorial recursivo, y así corresponde se declare.

III.2. En segundo lugar, y tal como lo pone en evidencia la lectura del apartado II del voto del vocal preopinante, cuyos términos se dan por reproducidos, el Tribunal a-quo hizo un completo examen de todos los puntos materia de agravio contra la sentencia de primera instancia, y se expidió con fundamentos fácticos y jurídicos que, se compartan o no, merecían una crítica concreta, razonada y circunstanciada.

Esa crítica brilla por su ausencia en el memorial bajo examen, que no ha propuesto nada de nuevo para el análisis de este Tribunal, pues se ha limitado a discrepar con la sentencia impugnada, reiterando argumentos que ya fueran materia de examen por parte de aquella.

Para demostrarlo, basta repasar la argumentación central de la sentencia impugnada, que ha sido correctamente sintetizada por el voto del señor vocal preopinante.

III.3. El fundamento de la sentencia impugnada era suficientemente claro - como que incluso ha sido desarrollado todavía con mayor precisión y enjundia que en aquella, por el voto del vocal preopinante- y era expresión de una línea hermenéutica que contaba con amplios antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales. Una línea hermenéutica fundada, según palabras expresas de la sentencia, "en el sentido común", lo que en buen romance equivale a decir, en principios generales del derecho, como los que informan a institutos tales como la garantía de evicción que, en general, rige toda transmisión de derechos, y la "exceptio doli generalis" (que como veremos subyace en aquella), y a la que también alude el voto del señor Vocal preopinante con su apelación a la máxima "Dolo facit, qui petit quod redditurus est".

Pues a propósito de esto último, cabe recordar que por los arts. 2089, y 2155 C. Civil, en toda transmisión de derechos, el transmitente debe al adquirente la denominada garantía de evicción. Ahora bien, conforme a los principios generales en materia de evicción, la garantía del transmitente abarca siempre dos aspectos: la garantía del hecho de terceros, y la garantía del hecho personal. Interesa aquí la segunda de las nombradas, a propósito de la cual se ha dicho que "La garantía del hecho personal significa que el propio transmitente tampoco puede turbar o privar al tercero. Quien debe garantía no puede vencer" (LOPEZ DE ZAVALIA: Teoría de los Contratos, § 40, I, 4). Se trata de aquél principio general acuñado en dos célebres máximas que repiten nuestros autores: "Quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit exceptio" y "Qui doit garantie ne peut évincer", que la doctrina francesa ha hecho jugar precisamente en materia de endosos de título de crédito (ver, v.g., LYON-CAEN y RENAULT: Traité de Droit Commercial, T. IV, Paris 1907, n° 137, p. 124 y 125). En virtud de aquél principio general, que siguiendo a la doctrina francesa, fuente de nuestro C. Civil en la materia, ha quedado plasmado en su art. 2102 del C. Civil, se ha enseñado por los autores citados en su nota y en otras concordantes que "la facultad de hacer desaparecer la obligación de garantía no existe para aquellos hechos personales del vendedor que fueran posteriores a la venta, ni para aquellos anteriores que el vendedor no hubiera hecho conocer al comprador: para estos, se va a ver, la garantía es esencial", para agregar que "cualquiera sea la potestad de las partes cuando ellas contratan, no está en su poder dar un lugar al dolo en sus estipulaciones. La buena fe debe presidirlas, y el fraude no sabría tener acceso allí impunemente", todo ello porque, como ya lo dijera nada menos que Pothier, "Sería contrario a la buena fe que el vendedor, quien no puede ignorar su propio hecho, expusiera al comprador a las evicciones que puedan arribar de sus hechos....." (POTHIER: Traité du Contrat de Vente, nº 184). Parafraseando estas últimas palabras, en la construcción argumental de la sentencia impugnada que ha apelado al sentido común a la hora de pronunciarse, subyace la idea de que sería contrario a la buena fe que el endosante, quien no puede ignorar su propio hecho, expusiera al endosatario a las evicciones que puedan arribar de sus hechos.

Este breve repaso, sobre las cuestiones que se vienen de exponer, del estado de la doctrina que ha servido de fuente al art. 2102 de nuestro C. Civil, y a la legislación en materia de títulos de crédito, no se hace con ánimo de pronunciarse sobre el fondo de ellas, sino sencillamente con el de poner de manifiesto que se trataba de ideas que merecían algún tipo de embate por parte del memorial recursivo. Sin embargo, esa crítica brilla por su ausencia en el recurso bajo examen.

II.4. Planteada de este modo la pretensión impugnativa, se advierte que la misma no resulta autosuficiente, desde el momento que se desentiende y, consecuentemente, no rebate los argumentos medulares en los que el fallo sustenta su decisión, circunscribiéndose sustancialmente su planteo a reproducir una concepción diferente, ya analizada por el Tribunal de alzada. Este Tribunal ha expresado reiteradamente que no basta que el recurrente sustente una determinada solución jurídica, sino que es menester que exponga una crítica concreta, puntual y razonada de la sentencia, para lo cual tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el fallo, tarea que el recurrente no ha satisfecho en este caso (CSJT, Sentencia N° 144 de fecha 09/03/1998).

Pues también es doctrina de esta Corte en lo que concierne a la autosuficiencia del recurso que "...tal requisito exige que el escrito casatorio contenga una exposición suficiente de las razones que fundamentan la invocación de la violación de normas que se citan al respecto, crítica razonada de la doctrina que sustenta el fallo y expresión de los argumentos que den sustento suficiente a una solución sentencial que considera ajustada a derecho, contraria a la dada por el fallo recurrido, que permite inferir inequívocamente la doctrina que se propicia, aunque la misma no haya sido expresada en proposición formal" (CSJT sentencia Nº 749, del 29-12-95, entre otras).

Cabe, en consecuencia, aplicar a la especie aquella doctrina, y la también explicitada por este Tribunal en sus sentencias N° 477, de fecha 16/08/1994; N° 1119 del 10/12/2002; N° 941, de fecha 06/11/2000; N° 681 del 24/8/2001; N° 101 del 04/03/03; y Nº 33 del 08/02/06.

III.- Por lo expuesto, corresponde declarar inadmisible y, consecuentemente, mal concedido el recurso de casación articulado por la parte actora contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones de fecha 28/09/2011. Todo ello con costas a la vencida, por ser de ley expresa. En tal sentido mi voto.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de casación deducido por Hipótesis S.R.L. contra la sentencia nº 474 de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones - Sala Iº, dictada en fecha 28 de septiembre de 2011 (fs. 116/117), conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (en disidencia) ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.