marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, cómputo del plazo, acto administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: BANEGAS, CESAR RUBEN c/ MUNICIPALIDAD DE FRIAS s/ ACCION AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-09

Al estar en vigencia la Ley de Amparo Nro. 6296, el actor ya había formulado reclamo administrativo previo requerido por la ley anterior y la administración había denegado el mismo. Ya que el caso se enmarca en la ley 6296 en virtuddel principio de aplicación inmediata de la ley procesal, los treinta días para interponer la acción deben computarse desde el conocimiento, por parte del actordel último acto de la administración. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, competencia, competencia correccional
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-27

El recurso de inconstitucionalidad, que precede al recurso de hecho, no se encuentra dirigido contra una sentencia definitiva (art. 27, ley 402), pues la resolución atacada confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto resolvió no aceptar la competencia atribuida por el Juzgado Nacional en lo Correccional, y devolver los actuados al juzgado de origen, y la quejosa no dio razones que autoricen, con fundamento en los derechos constitucionales que invoca, a considerar que esa resolución pueda ser equiparada a definitiva. (Voto en disidencia de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Juicio abreviado, antecedentes parlamentarios
Materia: PROCESAL
Carátula: G., E. J. s/ Fraude a la administración pública s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-12-07

El proyecto tuvo dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios de la Cámara de Senadores (Cámara revisora) según el orden del día 302/97, del 9 de abril de 1997, y no puede obviarse la disidencia total del Senador Pedro Guillermo Villarroel, para quien el código de procedimiento mixto en el que se inserta el instituto tiene una etapa instructoria de importancia determinante para la segunda de debate. "En este contexto, el juicio aparece como una garantía última de control de desequilibrio de poder de la instrucción, debido a los rasgos inquisitivos que conserva dicha etapa. El carácter preponderantemente acusatorio del juicio ofrece una instancia - no exenta de dificultades - de moderación del posible desbalance de poderes que surja de la etapa investigativa. Vistas así las cosas, resulta inconveniente la simplificación del juicio, cuando en rigor los requerimientos de simplificación y de actuación por consenso de las partes deberían apuntar en nuestro sistema a los rasgos inquisitivos de la instrucción donde no existe nada comparable con nuestra tapa formalizada de instrucción, y donde sí son comprensibles, aunque no siempre justificables en sus efectos, las exigencias de simplificación del juicio, dada la inmensa carga que requiere la realización de un debate oral, continuado y decidido por jurados - corre el grave riesgo de perder de vista la diferencia fundamental del contexto al que se quieren aplicar aquellas soluciones. En el modelo que rige nuestro procedimiento, la persistencia de rasgos inquisitivos de la instrucción sumada a la simplificación del juicio supone el peligro de trasladar a la instrucción el peso de la decisión sobre el hecho punible, la responsabilidad del imputado y la pena aplicable, debilitando a su vez los rasgos que constituyen la garantía más importante de control de los actos de la instrucción durante el juicio, es decir, el carácter contradictorio, oral y público del debate, el principio de inmediación, la necesidad de producción íntegra de la prueba en esa etapa, etcétera".
Trabajadores telefónicos, muerte del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: GIUNTA, MARIA ROSA Y OTROS c/ ENTEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-26

Si bien el artículo 68 del convenio colectivo de trabajo 165/75 se refiere a "toda cesantía", y una recta inteligencia haría suponer, en principio, que los incisos que la integran han tenido en mira tal supuesto, no cabe duda que el inciso e carecería de sentido al contemplar el caso de la muerte del trabajador, que si debiera guardar relación con una supuesta cesantía, nada hubiera sido necesario agregar a los anteriores. Por ello debe entenderse que fue intención establecer un beneficio autónomo para el caso de fallecimiento del trabajador, que mejorara las indemnizaciones contempladas en la ley de contrato de trabajo para tal supuesto.
Indemnización por accidente de trabajo, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Leon Mauro Alexis c/ Transporte Lopresti S.R.L. y otros s/ Accidente ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-19

Si el A-quo determinó que "La norma aplicable conforme dicho criterio es la de la consolidación del daño, y en autos ello ocurrió con el accidente el 08/07/05. Siendo la ley aplicable la Ley 24557", la indemnización se debe calcular conforme el decreto 1472/00 y la diferencia restante con lo abonado anteriormente es de $ 1.117 en lugar de $ 1.991,34.
Procedimiento laboral, vista de las actuaciones, traslado
Materia: PROCESAL
Carátula: CRETTA, NORBERTO CESAR Y OTROS c/ ASOCIACION BANCARIA s/ EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1975-12-09

No debe confundirse la condición de 'parte necesaria' que otorgan al Ministerio Público los artículos 12, 62 'in fine' y 80 primera parte de la Ley Orgánica, con la labor de asesoramiento que a requerimiento de los Magistrados cumple de conformidad con el inciso d) artículos 12 citado, por lo que no cabe objetar que de ese tipo de dictámenes no se corra vista a las partes, atento a que nada hay que deba sustanciarse, pues los mismos no forman parte integrante de la decisión jurisdiccional, aunque puede llegar a conformarla por convicción. (Del dictámen del PGT. en autos 'Rey, Faustino Diego y otros c/ Asociación Bancaria' al que adhiere la Sala).
Nulidad de sentencia, sentencia extra petita, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Sosa, Miguel Angel c/ Etchevehere Rural S.R.L. s/ Cobro de Pesos y Entrega de Certificado-Apelación de Sentencia  -Recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-06-15

El objeto litigioso queda delimitado por los puntos expuestos por las partes en la demanda, contestación y en el escrito de expresión de agravios delimitando a los jueces el campo de actuación del decisorio e impidiendo que se pronuncien sobre cuestiones que no han sido planteadas en violación a los principios de congruencia sustentando en que el fallo de Cámara resolvió "extra petita" -artículos 31 inciso 4º y 160 inciso 62 del Código Procesal Civil y Comercial- y defensa en juicio -artículos 18 de la Constitución Nacional y 160 del Cód. Procesal Civil y Comercial, por envío del artículo 53 del Código de rito-. La existencia de este defecto constituye un vicio que descalifica el pronunciamiento de modo tal que no resulta válido como acto jurisdiccional. Se declara nula la sentencia.
Honorarios del abogado, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arriola, Roberto c/ Panessi, Carlos D. y ocup. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-07

El auto que regula honorarios es asimilable a la sentencia definitiva respecto del monto de la retribución fijada y, por tanto, corresponde su notificación por cédula o personalmente a los interesados (art. 57 dec. ley 8904/77). Así entonces, la providencia que regula los honorarios del letrado de la parte actora por los trabajos realizados en autos, por ser una derivación del pronunciamiento definitivo, integra en sustancia dicho fallo (arts. 163 inc. 8, CPCC); y debiendo este anoticiarse por cédula (art. 135 inc. 12, CPCC), cabe concluir que la referida regulación debe notificarse de igual modo (art. 135 inc. 14 CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, supermercado
Materia: COMERCIAL
Carátula: GINOSSI,  ROSA c/ SUPERMERCADOS  NORTE  SA  -AHORA  INC SA- s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-13

Cabe hacer lugar al reclamo de indemnización por daño moral dirigido contra un supermercado, con motivo de la adquisición e ingesta de alimentos contaminados, y en consecuencia corresponde fijar una indemnización en concepto de daño moral en la suma de cuatro mil pesos ($ 4000). Ello así, ya que es perceptible la desagradable sorpresa de la actora al verificar que el alimento ingerido se hallaba contaminado y exhibía "gusanos". Asimismo, debió ser asistida médicamente en razón de la gastroenteritis padecida; también se vio forzada a realizar un reclamo ante el organismo público correspondiente (Instituto nacional de alimentos). Todo ello implica una situación lesiva que importa la reparación del agravio moral, en tanto, resultan innegables las afecciones personales y los padecimientos causados en la tranquilidad anímica de la agraviada, pues tal episodio excedió una mera inquietud o incomodidad, para tornarse en una situación en la cual se causo a la actora un serio disgusto en el orden emocional que trasciende las simples molestias que han de tolerarse en el plano cotidiano de la convivencia humana.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Estado Provincial, promoción industrial, prórroga de la competencia, cuestión no federal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Agropecuaria Mar S.A. c/ San Juan, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-10

Cabe declarar la incompetencia originaria de la Corte para entender en la demanda interpuesta por la actora a fin de obtener que se respeten sus derechos patrimoniales derivados del régimen de promoción industrial establecido por las leyes nacionales 22.021 y 22.973, pues la provincia ha prorrogado dicha competencia a favor de la justicia federal y no se advierte la concurrencia de un interés federal o de razones institucionales de tal magnitud que hagan impostergable la intervención del Tribunal, sin que obste a ello la circunstancia de que el derecho invocado se encuentre fundado en leyes federales, puesto que cabe admitir la posibilidad de que también en este tipo de controversias tenga eficacia la voluntad de la provincia de litigar por ante los jueces nacionales de primera instancia en un caso que, en principio, podría corresponder a la competencia originaria de la Corte.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Pappotti, Avelino Elvio c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Perención  de instancia (Expte. CSJ N.  424-1986)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-03

Deberá declararse la perención de la instancia si se encuentran cumplidos en autos los requisitos que, de manera objetiva, la hacen viable, esto es, el transcurso del tiempo estipulado por el artículo 63 de la ley 4.106 y la inactividad procesal de la parte. En el caso, no resiste el menor análisis la invocación efectuada por la accionante en cuanto asevera la existencia de fuerza mayor no atribuible a negligencia suya, atento a que los autos estaban a la espera de una decisión respecto del problema suscitado por la actuación del perito sorteado, quien no pudo concluir con su labor, lo que en definitiva, le impidió el acceso al expediente por cuanto para que se configure dicha excepción es preciso que se trate de una causa insuperable o invencible para la parte obligada a instar el trámite.
Contrabando, competencia, estupefacientes, zona primaria aduanera
Materia: PENAL
Carátula: ROSALES LOPERA, MARIA DEL CARMEN s/ Contrabando, Incindente de declinatoria de competencia Causa 30045-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-14

Si los procesados, procedentes de Chile y con destino a España, ingresan a territorio nacional a raíz de una escala técnica del vuelo que los transportaba-es decir, zona primaria aduanera- y al ser revisados se comprueba que llevaban oculta y adherida al cuerpo clorhidrato de cocaína demostrando la intención de burlar el control aduanero, no pueden pretender una suerte de inmunidad legal por su condición de "pasajeros en tránsito" y conforme a la Convención Unica de Estupefacientes (1961) con las modificaciones introducidas por el Protocolo de 1972 (Ley 20449), Art. 36, quedan sometidos a las leyes de la Nación, determinando que si cada uno de los delitos enumerados se cometen en diferentes países, será considerado como un delito distinto y que serán juzgados por el país en cuyo territorio se haya cometido el delito o por el país en cuyo territorio se encuentre el delincuente.
Conciliación obligatoria, SECLO, suspensión de la prescripción
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: González  Suarez,  Silvana  Mariela c/ Almagro Construcciones S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-23

El trámite ante el SECLO suspende el curso de la prscripción por el plazo de seis meses, ya que no puede soslayarse que el art. 3986  del Código Civil, reformado por la ley 17.711, dispone que la constitución en mora del deudor suspende el curso de la prescripción por un año, por lo cual no resulta razonable que los efectos suspensivos del reclamo ante el SECLO sólo duren unos pocos días dado que no se trata de una presentación de carácter voluntario ante la autoridad administrativa sino que constituye la iniciación de una instancia obligatoria, previa a la judicial, con la debida citación a la contraparte. De allí, que el art. 7 de la ley 24635 sólo remita al art. 257 de la LCT, en lo atinente al plazo de suspensión, pero no en lo relativo al efecto que tiene el reclamo ante el SECLO respecto de la prescripción.
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIDARTE, EDUARDO DANIEL c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-16

La interpretación previsora de la Constitución propone dos momentos en la gesta interpretativa: el primero, el intérprete operador detecta la norma constitucional con la que decide el caso, el segundo, confronta su producto interpretativo con la dimensión existencial o fáctica del derecho, a fin de verificar las consecuencias o medir los resultados. Si el test sale exitoso, continúa el proceso de funcionamiento de la norma constitucional, y aplica el producto interpretativo descubierto o a elaborar; pero si el test sale negativo por la disvaliosidad del producto, el juez del caso deberá recomenzar su tarea exegética hasta encontrar un producto interpretativo adecuado.
Acción de amparo, caducidad de instancia, llamamiento de autos
Materia: CIVIL
Carátula: DR. JUAN BORGES EN REPRESENTACION DE ALBERTO JOSE DEL VALLE LAMI HERNANDEZ c/ MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PROVINCIA Y/O PROVICNIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-26

La inactividad imputable a las partes como presupuesto fáctico de la caducidad, sólo es posible si la misma se verifica en las oportunidades procesales cuyo impulso es facultad exclusiva de aquellas, acorde el principio dispositivo que rige el proceso civil.

Por ende, se sustenta la inadmisibilidad de la caducidad por la inactividad de las partes posterior al llamamiento de autos para sentencia, atento a que con ella cesa la carga de impulsar el procedimiento.-
Honorarios, instancia única, resoluciones inapelables, admisibilidad del recurso, monto mínimo
Materia: PROCESAL
Carátula: L'AUTOMOBILE S.A. Y OTRO c/ AEROLINEAS ARGENTINAS SOC. DEL ESTADO s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-19

La presente Causa es de instancia única, toda vez que la ley veda expresamente la intervención de los Tribunales de Alzada por razón de su escasa importancia económica. No juega en la especie la regla de la apelabilidad de los honorarios (art. 244, Código Procesal), pues dicha norma que es anterior y general, presupone que se esta ante un juicio estructurado en doble instancia. Y ya se ha dicho que la ley 23.850, que es específica y posterior, somete estos procesos de reducido monto a una única instancia. Es improcedente la intervención de los Tribunales de Alzada en los pleitos que se discuten sumas inferiores al mínimo de la ley 23.850, cualesquiera fuese la naturaleza de la cuestión planteada.
Administración de vialidad provincial, multa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Transporte Maxi S.A. y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   No. 411-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-09-09

Las particularidades del procedimiento instaurado para hacer efectivo el control de cargas llevan a la conclusión de que la actividad administrativa de constatación de la infracción produce importantes consecuencias en el plano jurídico, que se proyectan sobre el resto del procedimiento, puesto que allí queda también determinada la cuantía de la multa que se aplica. Dicha constatación y determinación inicial ponen al alcance del infractor un modo de resolver la cuestión en forma expeditiva, evitando, si se muestra conforme, la tramitación de un procedimiento, con las consiguientes ventajas que de ello se deriva para el interés de los particulares y los intereses públicos que titulariza la Administración. Ello no obsta a que el infractor pueda cuestionar la constatación y determinación del monto inicial dirigiendo contra ella los recursos previstos, y es de toda evidencia que el adecuado alcance de esa finalidad sólo puede obtenerse si en el acta inicial de constatación y aplicación de la multa quedan definidos los elementos necesarios de la sanción, individualizándose en forma precisa quiénes serán los obligados al pago, su fundamento normativo y el monto de la multa.
Cuestiones de competencia, declaración de incompetencia, auto de sobreseimiento, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Savid García, Eduardo y otros. s/ p.ss.aa. estafa procesal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12

Si la declaración de incompetencia con la que se promovió la contienda se dictó cuando se encontraba pendiente de resolución la apelación interpuesta contra el auto de sobreseimiento, correspone que, con carácter previo a determinar la competencia para proseguir con la investigación, se resuelva la apelación interpuesta.
Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, bloque parlamentario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sanseverino, Pablo y Otro c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad" y sus acumulados: Exptes. nº 8511/11 "Raffo, Julio César y otros c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y nº 8595/11 "Campos, Antonio Rubén y otros c/ GCBA (Legislatura de la CABA) s/ nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

Dado que no existe en autos constancia de la comunicación que ambos bloques -"Proyecto Sur" y "Movimiento de los Trabajadores Socialistas en Proyecto Sur"- manifiestan haber efectuado a la Presidencia de la Legislatura para informar la constitución del "interbloque", dado que la prueba pertinente fue ofrecida pero no se realizó, y que el art. 104 del Reglamento Interno de la Legislatura prevé a la comunicación de referencia como condición de validez para la constitución de los bloques parlamentarios, resulta que los peticionantes no han acreditado los extremos en los que fundan su pretensión subsidiaria, por lo que corresponde su rechazo. (Voto del Sr. Juez Pablo A. Bacigalupo).
Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Alemañy, Luis Elias s/ recurso de casación". Causa n. : 1840.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

Afirmamos -siguiendo a F. Blasco Fernández de Moreda, que tanto la interpretación gramatical como la teleológica de la locución "secuela de juicio" que figura en el texto del art. 67 del Cód. Penal reformado por el art. 1 de la ley 13.569, conducen a admitir que su significado es el de "prosecución o curso del proceso o causa penal lato sensu", siendo opuestas a su sentido léxico-lógico y a la voluntad finalista de la ley, cualesquier otras interpretaciones y, entre éstas, las que parten de considerar que, en la citada locución, la voz "juicio" no comprende al sumario, siendo aplicable, a título exclusivo, a la fase contradictoria del proceso.(Voto del Dr. Riggi).
Seguros, seguro de daños patrimoniales, automotores, indemnización, lucro cesante, procedencia del recurso, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Felsenthal, Claudia Mariel c/ La Nueva Cooperativa de Seguros Ltda. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-18

1 - Si la póliza indica que el automotor asegurado se destina a "remise" y ello es, además, corroborado por testigos que refieren la interrupción de la correspondiente explotación económica, resulta clara entonces la procedencia del resarcimiento del lucro cesante durante todo el lapso en que ilegítimamente la aseguradora negó el pago de la cobertura comprometida (conf. CNCom, Sala D, in re "Chalela Néstor Fermín c/ Federación Patronal Seguros SA s/ ordinario", del 15/05/08).
Competencia por la materia, competencia previsional, haber jubilatorio, impuesto a las ganancias, principio de especialidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Robles Edith Dorotea c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-28

El principio de especialidad se constituye, de tal suerte, en la única matriz jurídica en la cual debe moldearse la decisión en todo tipo de conflictos de competencia por razón de la materia. Por lo tanto, es la Justicia de la Seguridad Social, la que debe conocer en el supuesto objeto de apelación (art.5 CPCCN) -en el caso de retención del impuesto a las ganancias sobre haberes previsionales-, criterio sostenido por este Tribunal en innumerables causas en las que se ha expedido al respecto; como recientemente en un expediente que se encontraba en etapa de ejecución de sentencia en los autos "Calderón, Carlos Héctor c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios" Expte. 7473/2010, de fecha 12.06.17.
Régimen de consolidación de deudas, aplicación de la ley, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dirección Nacional de Vialidad c/ Cervecería y Maltería Quilmes s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

La obligación de pagar los emolumentos profesionales estará o no sometida al régimen de la consolidación según que ella misma constituya o no una obligación consolidable de acuerdo a la ley 23.982, lo cual se determinará sin consideración alguna acerca del carácter consolidable del capital de condena; y amén de que tal capital de condena no exista porque los honorarios se devengaron en un proceso que carece de un pronunciamiento condenatorio (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Apartamiento del juez, excusación, integración del tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: Di Filippo; María Isabel y otro c/ Estado Nacional (CSJN) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-28

Las normas que prevén la sustitución de los jueces nacionales están concebidas para casos que presuponen causales de autoexclusión que no abarcan la totalidad de los miembros de los fueros a que se refieren.