marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: O., J. A. c/ Provincia del Chubut s/ Daños y perjuicios - beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-25

La materia de la condenación en costas forma parte del recurso de apelación libre concedido contra las sentencias definitivas dictadas en procesos ordinarios y sumarios, pero no ocurre lo propio con los honorarios, excluidos de dicha forma recursiva.

En efecto, la apelación de honorarios de abogados posee una autonomía normativa, con especiales previsiones en cuanto al plazo y ocasión de fundamentarla, que impiden considerarla implícita en el recurso deducido contra la sentencia definitiva, aunque ese acto decisorio contenga la regulación (art. 48 de la Ley XIII n° 4, antes art. 49 del Dec.-ley 2.200, su doc.).

Inaudible resultará pues la impugnación contra los honorarios fijados, en tanto ella apele sólo la sentencia definitiva y no esos emolumentos en la oportunidad y forma prevista en el art. 48 de la ley del arancel, cuestionándolos recién en ocasión de expresar agravios contra el fallo definitivo en el mérito.
Declaración de insania, curador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: R., A. s/ Insania y curatela
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-02

El objeto que la ley persigue al someter a los dementes a un régimen de protección no es sólo el de preservar su salud, sino específicamente el de resguardarlos a ellos de su propia inconsciencia y de la explotación de los terceros. Las funciones del curador son de asistencia material y moral, con una obligación prioritaria emergente del art. 481 del Cód. Civ., que es cuidar que el insano recobre su incapacidad, que se recupere de la enfermedad que adolezca. Este objetivo tendrá sus limitaciones en la afección que padezca el enfermo, pero debe entenderse que dentro de ellas esa finalidad es propender a un mejoramiento total de sus posibilidades, y es evidente que para favorecer esa evolución debe contarse con el afecto y la dedicación de quien ejerce la curatela. La declaración de insania impone la designación del curador definitivo, y ninguna disposición legal prohibe que tal nombramiento se efectúe en el mismo auto por medio del cual a insania se declara.
Prueba documental, instrumentos públicos, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Cruz, Marcelo c/ Rodo, Ramón Francisco s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-05-26

Instrumento público es el expediente administrativo en sí, en la medida en que es aquél que ha sido otorgado o autorizado por un funcionario público o depositario de la fe pública, pero que carece de virtualidad para convertir un instrumento público a cada uno de los documentos que se le vayan glosando. Adoptar un criterio distinto conduciría al absurdo a otorgar idéntico carácter a los recibos, los certificados, las constancias, etc., que cada parte unilateralmente acompañe y, por la misma vía interpretativa y con mayor fundamento aún, a todo cuanto las partes traigan a juicio, el accionar y contestar demanda, no teniendo oportunidad la contraparte de negar su contenido ni su valor probatorio y convirtiendo en ociosa la actividad probatoria concomitante que se desarrolla porque precisamente no se considera que tales documentos detenten aquella condición.-
Derecho procesal, partes, tercerías, admisibilidad formal, recursos, fianza, incidentes, providencia simple, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Los Grobo SGR c/ Goixart, Cristian José y otro s/ ejecutivo s/ incidente de terceria de dominio por agropana sociedad colectiva
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-09

Procede rechazar la apelación del incidentista, de lo dispuesto en la providencia que fijó, en los términos del CPR 98-1°, una fianza por determinada suma. Ello por cuanto, en el caso, el juez de grado exigió la referida garantía por considerar que no se apreciaba suficiente verosimilitud en el derecho en la pretensión de la tercerista. Es que en el juicio ejecutivo se ordenó, entre otras medidas, un embargo sobre los granos que haya entregado el demandado a la firma actora y que sean de su propiedad y/o en la parte mancomunada que le corresponda a la sociedad tercera. En relación a ello se ha interpretado que el CPR 98 plantea una verdadera alternativa: verosimilitud del derecho o prestación de fianza; en este segundo supuesto, el juez debe fijar su importe aunque la documentación acompañada sea insuficiente para acreditar que el derecho es verosímil (v. esta Sala, "Almiron Silvia Monica S/Lotes 9 Y 10 Partida 5422 Pilar C/ Banco Credicoop Coop. Ltdo.C/ Bordachar Patricia S/ Ejecutivo S/ Terceria", del 30/10/14; ídem. CNCom, Sala B, "Yajia A Gabriel y otro s/ tercería de dominio en: Stella M c/ WSulimovich Dora s/ ejecutivo" del 25/11/02). En el caso, la tercerista acompañó documentación con el fin de demostrar que el sujeto embargado ya no sería socia en ella. Además, adjuntó la comunicación del embargo que le envió la depositaria de los granos la que, según la tercerista, indicaría que es ella quien opera con dicha empresa y no el ejecutado. Ahora bien, dicha documentación es meramente indiciaria respecto del postulado de la recurrente; pero no tiene la fuerza probatoria suficiente como para acceder a la pretensión recursiva. No hay que olvidar que en esta materia resulta de aplicación por vía analógica el criterio vigente respecto de la contracautela en medidas cautelares, conforme el cual la exención de la caución sólo se justifica en hipótesis de verosimilitud extrema (v. esta Sala "Family Express SRL c/ Termez Servicios SA s/ ejecutivo s/ tercería pedida por Benny Pen SA" del 16/03/07; íd. "Gonzalez Carlos Alberto C/ Santos Horacio Roberto S/ Ejecutivo S/ Incidente De Terceria De Dominio", del 26/02/16). En el sub-lite, si bien podría ser cierta la hipótesis de que los granos no sean de propiedad del ejecutado, por el momento no se ven probados los hechos con la claridad suficiente como para eximir de la contracautela impuesta por el CPR 98. Por ello, para dar trámite a la tercería, es necesario afianzar el reclamo tal como dispuso el juez de grado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Rojo, Alberto Marcelo; Campos, María Cristina s/ Robos reiterados y homicidios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Es insuficiente el agravio en el que se denuncia violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal porque el tribunal computó como atenuante "el desamparo social y prematuro" que padeciera el imputado, si la crítica se centra en la forma en que el juzgador apreció el informe asistencial pero omite denunciar y demostrar la violación del art. 286 del Código de Procedimiento Penal que regula la valoración de la prueba en el proceso oral.
Prisión domiciliaria, sentencia condenatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Tepedino, Carlos Alberto Roque s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-12

Es arbitraria la decisión de denegar la forma en que venía cumpliendo la detención, al no advertirse ninguna novedad más que el mero dictado de la condena. Habilitada la vía casatoria, el efecto suspensivo que le otorga el art. 442 CPPN habrá de extenderse a todas las consecuencias del fallo, incluida la detención decidida preventivamente. La disidencia sostuvo que el auto interlocutorio censurado se encuentra debidamente fundado. (Dres. Yacobucci, Catucci y Slokar -en disidencia-).
Recurso de casación, error de derecho, orden público, actuación de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. c/ T.A. LA ESTRELLA S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-12

En efecto, el impugnante se agravia en tanto el fallo incurre en un error de derecho al omitir considerar la existencia de cosa juzgada en la especie, dando como motivo que la defensa opuesta en este sentido fue rechazada al ser extraña a la ejecución fiscal y por haber quedado consentido su rechazo en primera instancia.

En este sentido asiste toda razón al recurrente pues, habiéndose alegado cosa juzgada -presentándose para ello una sentencia de esta Corte Suprema de Justicia, en anterior composición, y teniendo la misma relación con la cuestión litigiosa-, no podía la Cámara obviar su pronunciamiento toda vez que, tratándose del instituto de la cosa juzgada, el tribunal puede y debe examinarla.

Y es que el principio de la cosa juzgada es de orden público y por lo tanto, susceptible de ser declarado de oficio por el órgano judicial en resguardo de principios procesales y de derechos constitucionales establecidos en los arts. 17 y 18 CN; resguardándose el principio la inmutabilidad de los decisorios firmes, y el non bis in idem, que tiene como finalidad evitar la multiplicación de procesos, el desgaste jurisdiccional y preservar el adecuado servicio de justicia.

A su vez, la omisión de examinar la existencia de la cosa juzgada en autos conlleva, en la sentencia de Cámara, la de expedirse sobre la legitimación activa (calidad de acreedor) y pasiva (calidad de deudor) opuesta por el accionado dentro de la excepción de inhabilidad de título.

Restringe así el tribunal de alzada, indebidamente en el caso, la excepción de inhabilidad de título al resguardo de las formas extrínsecas del mismo, sin advertir que la legitimación constituye uno de los presupuestos esenciales de la acción, un requisito intrínseco de admisibilidad de la demanda y cuyo control cabe aún de oficio; siendo así admisible la excepción hecha valer bajo el ropaje de la de inhabilidad de título.
Convenio de alimentos, modificación del convenio de alimentos
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Picon Juan Carlos s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-04-09

En autos, los alimentados reclaman el derecho y ellos son la cónyuge separada de hecho y los hijos del matrimonio -arts. 209, 231. y 265 del C.C.. Y los parámetros para fijar el quantum de dicha obligación -los cuales debe necesariamente respetar el juez-, son las necesidades del alimentado -acorde con su posición económica y social- y la capacidad económica del alimentante. La disminución del reinado de la autonomía de la voluntad para los convenios vinculados con los alimentos, más los factores que indispensablemente debe tener en cuenta el juez, hacen que sin perjuicio de lo convenido pueda demandarse judicialmente y el juez modificar -como sucede en este caso-, la cuantía de la cuota alimentaria.

No hay defección en el razonamiento del juez que es denunciado por el acudente, en cuanto a su argumento de que no se atendió al convenio (formalizado ante los Ministerios Públicos), pues los mismos constituyen una referencia pero no una obligación a la que debe apegarse el juez.

La suma fijada en un convenio concluido por ante un Funcionario Judicial, obliga a las partes hasta tanto no se modifique judicialmente.
Delito culposo, teoría del delito, tipo penal, relación de causalidad
Materia: PENAL
Carátula: M. A., E. A. psa Homicidio culposo - dos hechos - y lesiones culposas - dos hechos - s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-26

Así, el "... juicio es de imputación y trasciende la nuda consideración óntica de causa - efecto, y por ello es que sosteníamos supra que la causalidad no es más que un requisito del tipo sistemático y el primer nivel de la imputación mencionada.

"El juicio de causalidad desde el punto de vista normativo (de imputación) necesita de una segunda etapa, restrictiva de la primera, para determinar si el resultado producido cae dentro de la esfera jurídica de responsabilidad del autor.

"Enrique Bacigalupo, en 'Derecho Penal. Parte General', sostiene que, según la teoría de la relevancia típica, '... una vez comprobada la causalidad natural es preciso verificar la relevancia típica de dicho nexo causal a partir de "una correcta interpretación del tipo penal".

"Solo cuando la causalidad y la relevancia están comprobadas, es decir, cuando consta la tipicidad de la acción, puede plantearse la cuestión de la culpabilidad por el resultado".
Empleados públicos, personal adscripto, transferencia del personal, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BAÑEZ, JEANNET BEATRIZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 498 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-28

La figura de la adscripción tiene un contenido preciso, consistente en la prestación de servicios y tareas por el agente en lugar distinto al de su destino originario, en forma transitoria, sin modificar su situación de revista o nivel escalafonario alcanzado. Y si bien es cierto que la misma no está específicamente prevista en el Estatuto General del Personal de la Administración Pública Provincial (ley 8525), también lo es que tampoco está prohibida por el ordenamiento. Es más, la norma del artículo 13 inciso "a" de la ley 8525, al establecer el deber de los agentes de prestar servicio en el lugar, condiciones de tiempo, forma y modalidad que determine la autoridad con competencia para ello, legitima a disponer adscripciones.
Procedimiento aduanero, impugnación del acto administrativo, plazos administrativos, vencimiento del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. (T.F. 6961-A) c/ A.N.A. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-29

La garantía por la diferencia de tributos debe ser presentada por el propio obligado, para la impugnación antes del vencimiento del plazo de diez días establecido en el art. 1055, ap. 1 del Código Aduanero.
Homicidio criminis causa, evasión
Materia: Penal
Carátula: R., C. A. s/ Evasión y Homicidio a mano armada
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-12-11

Para la tipificación de la conducta delictiva contenida en el art. 80, inc.7°, del Código Penal, no es indispensable la existencia del propósito preordenado de matar, sino que basta con la conexidad ideólogica entre el homicidio y el restante delito, como ha dicho la Cámara Nacional Criminal y Correccional. "Se configura el homicidio calificado -...- cuando se mata para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito..." "...sólo es menester que en el momento del hecho el autor tenga conciencia de ejecutarlo con el específico propósito de obtener esas finalidades, aunque la decisión de matar surja de improviso durante la ejecución del hecho delictuoso" -Suprema Corte Bs.As.- Tal lo acontecido en autos. De la valoración de las probanzas y tomando en especial consideración los dichos del perito adunando la experticia por él realizada, surge que el causante, al disparar del modo como lo hizo tenía conciencia de que de esa manera fulminaba el escollo que debía superar para concretar su objetivo de evadirse.
Recurso extraordinario, cuestión federal, cuestiones federales complejas
Materia: PROCESAL
Carátula: SALTAMARTINI, Pedro c/ Cia. TRANWAYS La Nacional. Bunge Carlos s/ Indemnizacion por despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1936-09-10

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que deniega el derecho fundado en un precepto de la Constitución Nacional y admite la validez de la norma común o local impugnada.
Derechos del consumidor, deber de información, publicidad engañosa
Materia: CIVIL
Carátula: Gastaldi, Miguel Antonio c/ AMX Argentina S.A. s/ Incumplimiento Contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-08-11

Debe admitirse la demanda interpuesta contra la empresa proveedora del servicio de telefonía celular tendiente a que le entregue un automóvil 0 km un usuario que respondió todas las preguntas de un concurso que la compañía enviaba a su celular, ya que sólo cuando se comunicó telefónicamente con la accionada se enteró el actor de la verdadera consistencia del pretenso premio, lo cual surgía de las bases y condiciones del juego, pero no de los mensajes que le fueron remitidos, ni podía ser inferido de la lectura atenta de los mismos, lo cual revela el incumplimiento contractual referente al contrato de consumo, dado que la sola posibilidad de que esta forma existiere ya da pie para considerar que se trata de un mecanismo de publicidad tendiente a engrosar las facturas de los usuarios.
Daños y perjuicios, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramos, Hermenegildo y otra c/ Teve, Víctor Ismael s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-26

La presentación como "particular damnificado" no puede equipararse a la querella a la que alude el art. 3.982 bis del C. Civil porque el Código Procesal Penal de nuestra Provincia no la admite en los delitos de acción pública(arts. 84, 85, 91 y 97 del Cód. cit.), por lo que aquélla "carece de eficacia suspensiva del plazo de prescripción.-
Sentencia, nulidad parcial, pena única, unificación de penas
Materia: PENAL
Carátula: SALINAS, Hugo s/ PENA UNICA - NULIDAD PARCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-24

Debe declararse la nulidad parcial de la sentencia apelada en el punto dispositivo referente a la pena única, porque en casos como el de autos la unificación de penas debe hacerse entre la pena del nuevo delito y lo que resta cumplir del primero, mientras que la pena ya cumplida por virtud de la condenación válida anterior no puede ser materia de unificación sin quebrantamiento de la cosa juzgada y sin forzamiento de la naturaleza de las cosas, que impide repetir el tiempo que ya pasó.-
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: CONTRERAS, JULIA H. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ SUMARIO S/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-02-05

La extensión de la reparación en la responsabilidad objetiva, con excepción de los casos específicamente legislados en leyes especiales, se rigen por las mismas disposiciones legales que regulan los cuasidelitos.-
Apertura a prueba, certificado de trabajo, documentos en poder de las partes, exhibición de documentos, intimación a exhibir documentos, recusación por prejuzgamiento
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: NAVARRO, Magna c/ XIFRA, Juan Carlos s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-30

La intimación formulada por el juez de primera instancia en el auto de apertura a prueba, en cumplimiento de lo dispuesto por el art 388 del CPPCCN, a fin de que la parte demandada acompañe el certificado de trabajo y aportes no constituye prejuzgamiento pues no analiza prima facie el vínculo jurídico invocado por las partes ni lo califica. Por ello no puede constituir causal de recusación.
Recurso extraordinario, cobro de aranceles, reproducción de fonogramas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aadi Capif Asociación Civil Recaudadora c/ Establecimiento Kronos y otro. s/ Cobro de aranceles
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Las objeciones atinentes al examen de la prueba y de los reales ingresos originados por la realización de reuniones en un local habilitado para fiestas privadas y a la responsabilidad de la demandada como legitimada pasiva para el pago de aranceles por la reproducción pública de fonogramas y como obligada concurrente con los locatarios de dicho local, se vinculan con el examen de aspectos fácticos y de derecho no federal, materia que se encuentra al margen de revisión en la vía intentada pues, más allá de su acierto o error, la decisión no exhibe defectos groseros de fundamentación.
Títulos de deuda pública, bonos externos, pago diferido, bonos de consolidación, obligaciones en moneda extranjera
Materia: ECONOMIA
Carátula: Balestrelli, Juan Domingo y otra c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-04

Dado que con relación a los bonos regidos por la legislación extranjera no están contempladas situaciones de excepción a su diferimiento (conf. decreto 1310/04), más allá de la distinta normativa por la que se rigen estos bonos, resulta de aplicación el criterio establecido en causa "Gallí" (Fallos: 328:690), pues una adecuada inteligencia del mencionado precedente permite afirmar que en esa causa el Tribunal no se limitó a resolver lo relativo a la modificación de la moneda de pago -dispuesta por el decreto 471/02 respecto de los bonos regidos por la legislación argentina- sino que estableció una doctrina de amplios alcances con respaldo en un principio de derecho de gentes cuya existencia ya había sido afirmada en el precedente "Brunicardi" (Fallos:319:2886)- en lo concerniente a las facultades del Estado, respecto de la posibilidad de que en épocas de graves crisis económicas limite, suspenda o reestructure los pagos de la deuda para adecuar sus servicios a las reales posibilidades de las finanzas públicas, a la prestación de los servicios esenciales y al cumplimiento de las funciones estatales básicas que no pueden ser desatendidas, por lo que cabe rechazar la demanda en relación a la pretendida excepción al diferimiento de pagos (Decreto 1310/04) y confirmar la sentencia respecto de los bonos de consolidación en dólares percibidos como consecuencia de la medida cautelar.
Cuestiones de competencia, competencia por conexidad, acumulación de procesos, defraudación, cheque, hurto simple, chequera
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MANIERA, Alejandro s/ Estafa MANIERA, Alejandro s/ Estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-08|1997-09-08

Un juzgado de instrucción tiene a su cargo la investigación de una presunta maniobra fraudulenta, cometida mediante el uso de por lo menos trece cheques de distintas cuentas. De todos ellos, sólo uno se vincularía con la causa en la cual se denunció la sustracción, entre otros efectos, de cinco chequeras, ignorándose hasta la fecha la identidad de los autores del episodio.

Así las cosas, resultaría igualmente inconveniente, a los fines que informan las cuestiones de competencia por conexidad, que alguno de los dos tribunales contendientes se hiciera cargo de ambas causas.
Competencia por el territorio, ordenanzas municipales
Materia: PROCESAL
Carátula: D. M., B. D. C. c/ Municipalidad de Rawson s/ Cobro de Haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-12-20

"En este orden la Ley N º 3098 (ahora Ley XVI N º 46) ha determinado la jurisdicción contencioso-administrativa para cuando el sujeto es una Municipalidad, ha fijado la competencia de la Cámara de Apelaciones para su conocimiento, y preceptuado el procedimiento.

Con él los presupuestos procésales de habilitación de la instancia: condiciones de admisibilidad de la demanda y de la pretensión. Ninguna Ordenanza se puede imponer a tales prescripciones, las que de ningún modo violentan la autonomía de las comunas".
Demanda, excepción de pago, efecto extintivo del pago
Materia: LABORAL
Carátula: BRIZUELA MARIA ANGELICA c/ ATILIO MENGO  S.A. s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-07-07

La omisión de la parte actora de la carga procesal establecida en el art. 53 de la Ley 4163 en un contexto fáctico en donde consta la percepción de suma de dinero por todos y cada uno de los rubros que integran la pretensión deducida, significa que el "accipiens" declina las reservas formuladas al tiempo de percibir la suma consignada por el "solvens" de tal modo que no cabe otra alternativa que concederle al pago así formulado total efecto cancelatorio, debiendo prosperar en consecuencia la excepción de pago articulada en ese sentido por el accionado todo lo cual sin mas conlleva al rechazo de la demanda.-