Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-03


Reg.: A y S t 283 p 344/348.

Santa Fe, 3 de julio del año 2018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia del 1 de julio de 2016, dictada por la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe, en autos "LUNA, DANIEL OSCAR contra PREVENCION ART S.A. -PRONTO PAGO- (EXPTE. 208/15 - CUIJ 21-05160816-7)" (Expte. C.S.J. CUIJ 21-00511335-8); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de autos que la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionada, resolviendo que las costas en ambas instancias, sean soportadas por las partes en el orden causado y, en consecuencia, revocó lo decidido por el juez de grado, quien las había impuesto a la demandada.

Contra aquel pronunciamiento interpone el recurrente recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3, de la ley 7055, tachándolo de arbitrario por sostener que no satisface el derecho a la jurisdicción y considerarlo lesivo de los derechos constitucionales que enuncia, e invoca lo sorpresivo de la decisión.

En el memorial recursivo, luego de efectuar un extenso relato de los hechos de la causa, imputa arbitrariedad al fallo:

a) Por omitir considerar hechos determinantes y admitidos en la demanda. En sustento de su agravio, sostiene que los mismos fueron reconocidos por la demandada o resultaron avalados por instrumentos públicos presentados en autos. En punto a ello, cuestiona que la Alzada no contemplara que PREVENCIÓN ART SA incumplió con la totalidad de las prestaciones médicas y que las comisiones médicas desautorizaron el porcentaje de incapacidad admitido por aquella -quien rechazara que su incapacidad era total-.

A su vez, el impugnante tilda de parcial la valoración efectuada por el Tribunal respecto de las afirmaciones y negaciones vertidas por las partes. En ese sentido, critica a la Sala por sostener que "tomó real y efectivo conocimiento" de la misiva que le enviara la accionada a pesar de no haber sido dirigida a su domicilio real, en base a no haber alegado la falta de recepción de la misma. Agrega que es cierto que nunca negó, pero tampoco la aseguradora desconoció lo que afirmara en la demanda en relación a que asistió al lugar que se le indicó en la comunicación y que aquella le exigió firmar un acta renunciando a posteriores reclamos.

b) Irrazonable interpretación y aplicación de la ley de fondo. En apoyo de esta afirmación, sostiene el recurrente que "la unidad lógica del fallo queda deshecha" al ignorar la plataforma fáctica, realizando una estimación parcial de los elementos de convicción y de la "eficacia de los hechos que deben darse por ciertos", como así también, de la "patente omisión de considerar la normativa aplicable a tales acontecimientos".

c) Violación de la división de poderes. En abono de ello, señala que al resolver, el Tribunal creó "una norma particular que desprecia el mandato que en forma de ley o decreto ha expedido otro poder del Estado con facultades constitucionales para hacerlo", lesionando dicho principio.

2. La Sala, mediante decisorio del 19 de junio de 2017, denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad por ausencia de oportuno planteo de la cuestión constitucional y entender que el ocurrente "tiene la carga de expresar agravios en el sentido técnico del término, esto es, presentar una crítica superadora del fallo recurrido que demuestre que la decisión judicial no ha sido la aplicación razonada del derecho vigente. De este modo, en lo que hace al análisis de admisibilidad del recurso, la recurrente no ensaya un argumento de arbitrariedad que en abstracto pueda considerarse como viable, pues se refiere a la interpretación de la ley común, vuelve sobre cuestiones de la litis que son propias de una instancia ordinaria".

3. Contra tal decisorio el impugnante ocurrió en queja ante esta Corte. En su presentación directa, si bien rebate la falta de oportuno planteo de la cuestión constitucional, sosteniendo que lo decidido por el Tribunal a quo fue sorpresivo, no logra desvirtuar el otro fundamento expuesto por la Cámara, consistente en que el compareciente no expone un caso constitucional, con sustento en las constancias de la causa, idóneo para operar la apertura de esta instancia excepcional.

Y es que, lo sostenido por la Sala para denegar el recurso en relación a la ausencia de "caso constitucional" es correcto y por ende, la presente queja no ha de tener favorable acogida.

Más allá de que el recurrente imputa al decisorio diversas tachas de arbitrariedad -"omitir considerar hechos determinantes admitidos por la demandada"; "irrazonable interpretación y aplicación de la ley de fondo" y "violación de la división de poderes"-, en definitiva, su agravio radica en su disconformidad con la imposición de costas efectuada por la Alzada al revocar la sentencia de baja instancia y distribuirlas en el orden causado.

Empero, conforme lo dispuesto por el artículo 3 de la ley 7055, el escrito de interposición del recurso debe exponerse con claridad y precisión: "1.- Sobre la admisibilidad del recurso... y 2.- Sobre la procedencia..." del mismo. Para cumplir este recaudo, el memorial recursivo deberá bastarse a sí mismo. Tal requisito, no se advierte cumplido por el compareciente.

En efecto, del escrito introductorio del recurso surge la insuficiencia en relación al autoabasto del recurso en tanto con lo alegado, el impugnante no alcanza a demostrar los fundamentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional presumiblemente planteada, impidiendo, de tal forma, que se logre verificar el nexo entre los vicios acusados y los derechos y garantías constitucionales supuestamente vulnerados.

De la lectura del fallo impugnado se advierte con meridiana claridad que la Sala entendió, considerando los términos en que había quedado trabada la litis, que la pretensión del actor estaba dirigida solamente al pronto pago del monto que fuera oportunamente reconocido y puesto a disposición por la accionada "no formando parte de estas actuaciones la eventual discusión en torno a la insuficiencia o no de dicho monto"; tal como lo reconoce el recurrente en su escrito de fs. 137/145vto.

Seguidamente la Cámara y tras tener en cuenta la actividad desplegada por las partes -las que detalladamente precisa-, "con particular atención a la naturaleza de la acción intentada y las especiales circunstancias del caso que hicieron que la actora se considere con razón plausible para litigar", estimó "ajustado al principio de razonabilidad y a buen derecho, imponer las costas, en ambas instancias, en el orden causado".

Conforme a lo expuesto y tal como se sostuviera ut supra, los agravios imputados por el compareciente al decisorio recurrido, en modo alguno guardan relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto en el caso, sin que logre delinear al respecto una cuestión constitucional aprehensible por esta Corte; lo que sella por sí la suerte adversa del recurso.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ - FALISTOCCO (por sus fundamentos) - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

FUNDAMENTOS DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FALISTOCCO Cabe recordar que la materia de costas no es, en principio, susceptible de impugnación con alcance constitucional según criterio reiteradamente expuesto por esta Corte ( A. y S. T. 44, pág. 349; T. 47, pág. 355; T. 81, pág. 273; T. 111, pág. 392, entre muchos otros); que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre este tópico, tiene dicho que la cuestión de costas implica una materia procesal, de hecho y de derecho no federal, accesoria, extraña al fin para el cual ha sido instituida la instancia extraordinaria..." (Fallos: 240:28), y que lo atinente a la imposición de las costas en las instancias ordinarias es una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, al remedio contemplado en el artículo 14 de la ley 48 (Fallos: 308:1076); no obstante, dicha regla no es absoluta, dado que ambos Tribunales han afirmado que reconoce excepción en aquellos casos en que tal aspecto procesal ha sido resuelto mediante un claro apartamiento normativo o con manifiesta arbitrariedad (ver Fallos: 326:3444; 307:1296; A. y S. T. 180, pág. 462; T. 207 pág. 464-468, por todos).

Ahora bien, en la tarea de analizar si específicamente en el "sub lite" se configura algún supuesto que permita excepcionar la referida regla, ninguna de las líneas argumentales por las que transita el discurso recursivo tiene entidad para excepcionar la pauta mencionada, toda vez que, el impugnante dirige su crítica a la sentencia centrándola en el apartamiento de la solución normativa prevista y consiguiente carencia de fundamentación suficiente, por entender que resulta arbitraria la respuesta dada por el Órgano en cuanto a la imposición de costas por su orden, no logra demostrar que en las especiales situaciones que depara el presente, en verdad, dicha incriminación se encuentre efectivamente configurada.

En efecto, para así decidir el A quo ponderó, en primer lugar, que el procedimiento de pronto pago sólo procura que el actor pueda percibir la suma de dinero oportunamente reconocida y puesta a disposición por la A.R.T., sin que pueda formar parte del mismo la discusión en torno a la insuficiencia o no de dicho monto (f. 2).

Verificó asimismo, el allanamiento de la demandada al pronto pago, la puesta a disposición de la suma no discutida, la constatación de que ello fue oportunamente notificado al domicilio constituido por el actor en las actuaciones administrativas (San Lorenzo 3398 de Rosario, f. 6 de los autos principales) -circunstancia que él mismo reconoció al manifestar que: "Lo único que admito, porque no discuto evidencias, es que Luna tomó conocimiento de la notificación cursada" (f. 16v.)- y que, en definitiva, no se hubo acreditado en autos "...un incumplimiento tal por parte de la demandada que permita cargarla con la totalidad de las costas del proceso." (f. 2v.).

Así, se advierte que los Jueces aportaron los argumentos en que fundaron su decisión de imponer las costas en el orden causado.

Ante ello, cabe señalar que la imposición causídica que se cuestiona -por su orden- no merece, en las particulares circunstancias del caso reprobación constitucional, por lo que corresponde rechazar la queja interpuesta.

FDO.: FALISTOCCO - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de Origen: Cámara de Apelación en lo Laboral -Sala Primera- de la ciudad de Santa Fe.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Segunda Nominación de Santa Fe.