Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-04


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de mayo del año dos mil diez, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por los doctores Guillermo J. Yacobucci, Luis M. García y Gustavo M. Hornos como Vocales, asistidos por el Prosecretario Letrado C.S.J.N., doctor Gustavo J. Alterini, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la sentencia de fs. 183/188 de la causa n 9696 del registro de esta Sala, caratulada: "C., E. E. s/ recurso de casación", representado el Ministerio Público por el señor Fiscal General doctor Ricardo Gustavo Wechsler y la Defensa Oficial por la doctora Laura Beatriz Pollastri.

Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Guillermo J. Yacobucci y en segundo y tercer lugar los doctores Gustavo M. Hornos y Luis M. García, respectivamente.

El señor juez doctor Guillermo J. Yacobucci dijo:	I- 1 ) Que el Tribunal Oral de Menores nº 3 de la Capital Federal resolvió condenar a E. E. C. a la pena de un año y tres meses de prisión, con costas, con la reducción prevista en el art. 4º de la ley 22.278, con cumplimiento en suspenso, en orden al delito de robo con armas en grado de tentativa y disponer su inmediata libertad, la que no se hará efectiva por encontrarse detenido a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial de la Matanza, en causa nº 1468 (arts. 42, 45 y 166 inc. 2º del C.P.).

Contra dicha decisión, la Defensa Pública Oficial ante el Tribunal Oral de Menores nº 3 de la Capital Federal interpuso recurso de casación a fs. 195/200 vta., el que concedido a fs.201/202, fue mantenido a fs. 209.

2 ) Que el recurrente planteó la errónea aplicación de la ley sustantiva por considerar que "Las disposiciones del art. 4º de la ley 22.278 deben necesariamente interpretarse desde las garantías consagradas constitucionalmente. De acuerdo a ello, debe entenderse que el joven que se ha visto involucrado en un hecho ilícito y que ha modificado su conducta posteriormente; que ha hecho, dentro de sus posibilidades, esfuerzos para lograr ese cambio, tiene derecho a que no se lo condene. La razón -no escrita, pero que surge de la naturaleza del derecho de menores- de esta exención punitiva, radica en que esos esfuerzos y los cambios a los que aspira, permiten inferir la óptica de prevención especial de la pena que ha operado mediante el tratamiento tutelar y que disponer una condena en esas condiciones únicamente serviría a los fines preventivo generales, no aplicables en el derecho penal juvenil ".

Asimismo, expresó que "Una interpretación armónica de los requisitos establecidos en el art. 4º de la ley 22.278 estriba en: ningún delito por grave que sea está excluido a priori del beneficio absolutorio; ninguna de las pautas puede ser considerada aisladamente, con exclusión de las otras, sino que de la valoración conjunta de todas ellas, resultante de un panorama total de la conducta del menor. No caben dudas del carácter excepcionalísimo de la pena y en este sentido los jueces tienen la facultad y el deber de ponderar la necesidad de la pena".

En este sentido, sostuvo que "...la sentencia en crisis debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido, por cuanto no ha aplicado correctamente el derecho penal vigente en materia de menores sujetos a procesos penales, esto es, las disposiciones del art. 4º de la ley 22.278".

Por otra parte, se agravió por la falta de fundamentación de la sentencia en relación a la pena impuesta a C., por considerar que "...se ha omitido merituar ciertas circunstancias atenuantes a favor de mi asistido. Desconociendo absolutamente el gran esfuerzo realizado por cumplir con todas las pautas impuestas, han valorado de manera negativa la modalidad del hecho y el resultado del tratamiento tutelar. En este sentido, el Tribunal quiso decir que, más allá del resultado del tratamiento tutelar, la conducta que se le reprocha a mi asistido debía ser sancionada con la aplicación de una pena de prisión. Esto se traduce en una 'peligrosidad por el acto y en el acto', lo que conlleva a aplicar una pena puramente retributiva por el mal causado".

Por último sostuvo que "...en la sanción impuesta se ha quebrantado el equilibrio mencionado, castigando a mi asistido por los hechos que cometió, para así darle a la pena un carácter meramente retributivo y de prevención general, lo que conlleva a que dicha sanción carezca de fundamentación suficiente ".

3 ) Que se dejó debida constancia de haberse superado la etapa prevista en el art. 468 del Código Procesal Penal de la Nación.

II- Llegadas las actuaciones a este Tribunal considero que el recurso es formalmente admisible toda vez que del estudio de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional surge que se invocó fundadamente el artículo 456, incisos 1º y 2º del Código Procesal Penal de la Nación; además el pronunciamiento mencionado es recurrible en virtud de lo dispuesto en el artículo 457 ibídem.

III- El último párrafo del art. 4º de la ley 22.278 determina que "...si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión recogida por el juez hicieran necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa.

Contrariamente, si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá".

Como la letra de la ley es la primera fuente de su interpretación y los criterios de naturaleza sintáctica y gramatical un modo imprescindible para la comprensión del texto, cabe entender que la norma bajo análisis exige del tribunal de menores que toda decisión sobre las consecuencias jurídicas del injusto comprobado se someta a reglas de justificación particular. En lo que aquí interesa, esas exigencias se ordenan a la evaluación y consiguiente fundamentación de la efectiva necesidad de imponer una pena y, en ese caso, si procede su reducción. En consecuencia, una vez probada la responsabilidad del menor en la infracción a la ley como presupuesto constitucional fundamental para ese análisis, la ponderación si bien tiene en cuenta las características del suceso -las modalidades del hecho- se rige particularmente por criterios de prevención especial -los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión recogida por el juez- conforme a las finalidades que la normativa atribuye al régimen de sanción de menores.

Advierto sin embargo que sobre ese punto, los planteos de la defensa aparecen como contradictorios en su argumentación pues por un lado indica que el menor tiene un derecho a la absolución y por otro se refiere a esto mismo como un beneficio que concede la ley según determinadas circunstancias. En la misma línea expresa que los jueces tienen la facultad de ponderar la necesidad de pena pero al mismo tiempo lo propone como un deber. Tampoco ha señalado concretamente en qué sentido el fallo que impugna resulta arbitrario al disponer la aplicación de pena y reducir ésta conforme lo faculta la ley aplicable, luego de haber evaluado el comportamiento del joven.

La determinación de que los fallos judiciales sean fundados surge de la necesidad de que las decisiones jurisdiccionales resulten conformes a la ley y a los principios que gobiernan cada cuestión en particular. En esa línea el texto de la norma permite la inicial comprensión de su comunicación, que si bien no remite a un mero formalismo literal, brinda el presupuesto para la atribución de sentido normativo al enunciado. Cabe pues verificar si desde esa perspectiva, los argumentos del a quo pueden ser adecuados para sostener la imposición de pena a E. C. en congruencia con los criterios asumidos por la ley.

En ese orden observo que tras una valoración del Expediente Tuitivo perteneciente a C., el tribunal de mérito tuvo presente un acuerdo en que el imputado se comprometió a incorporarse al sistema educativo, pudiendo hacerlo en la Escuela Media Nº 24 cercana a su domicilio y concretar un tratamiento psicoterapéutico en el nosocomio también próximo a su residencia, se dispuso el egreso del establecimiento de C.. Sin embargo, el análisis sobre el cumplimiento de esas pautas que hacían de manera directa a circunstancias relevantes de prevención especial, se concluyó que C. nunca cumplió con lo pactado.

En esa misma línea relacionada con el interés propio del menor, su inserción social, rehabilitación y mejoramiento, el a quo tuvo en consideración que "...se le proporcionó al joven la atención acorde a su problemática, por medio de los organismos llamados a intervenir en su provecho. Se plantearon metas concretas...respondió a aquellas satisfactoriamente en ocasión de su encierro, pero no así en libertad, la que se concedió priorizando su inclusión familiar y social ( fs. 91)".

Además, en la argumentación que soporta el fundamento de la decisión adoptada, el tribunal señaló la falta de compromiso del joven con las obligaciones legales asumidas indicando que " No compareció en esta sede en tiempo previsto, como se reseñara y lamentablemente se dio con su paradero ante una nueva detención, en febrero de 2004 en una Comisaría del Barrio San Alberto Tapiales, acusado de homicidio (fs. 93)...."". La resolución también ha hecho mérito de la evolución del C. en la instancia de control penitenciario y los indicadores que surgen de la misma. Así explicó que "Esta sede solicitó la anotación conjunta de C. y así se pidió que se lo trasladara al C.P.F. Nº1 -EZEIZA-, a los fines de mejorar las condiciones de su detención (fs. 109). El S.P.F. informa entre otras cosas que comenzó a delinquir a los 13 años y que no se observa reflexión de su accionar. Intra-muros recibió sanciones disciplinarias en distintas oportunidades (fs. 120/124/125/127) ante ello y con el consentimiento del causante se solicitó el traslado a la Unidad 24, MARCOS PAZ, (fs. 145)", donde mostró un mejoramiento de su conducta, llegando a calificarse la misma como "...buena, muy buena e incluso ejemplar...".

De este modo, se advierte que el a quo tuvo en consideración indicadores pertinentes de acuerdo a los principios y orientaciones en la materia -entre otras Reglas de Beijin:5.1, 6.3,, 14.1 y 14.2,, 16.1 y, sobre todo, 17.1 a), b), 19.1 y 23- para sopesar la necesidad de pena, privilegiando aspectos de la prevención especial, ultima ratio y subsidiariedad. Por eso, una vez finalizado el análisis de la situación, concluyó que no correspondía la concesión del beneficio de la absolución toda vez que "...se estima que el tratamiento tutelar fracasó y que ante tales presupuestos no se hizo acreedor del máximo beneficio que acuerda la normativa minoril aplicable (art. 4º de la ley 22.278) en tanto no hubo una respuesta satisfactoria a las pautas impartidas por el Tribunal y por los órganos administrativos llamados a intervenir, que en todo momento se orientaron a posibilitarle la comprensión de normas mínimas de convivencia y reinserción social y familiar".

No hay pues en estos razonamiento arbitrariedad alguna, pues no resultan ni contradictorios ni inconsistentes. De suyo resultan adecuados para concluir como lo ha hecho en punto a que "...la absolución del art. 4º de la ley 22.278 propugna conceder el beneficio absolutorio en los casos en que por el comportamiento posterior a la comisión de los hechos, el menor de signos de interés a través de su comportamiento concorde al compromiso de reinserción social, todo ello sin perder de vista las circunstancias peculiares de su juventud y posibilidades concretas de progreso, lo que no se advierte en el sublite, pues hizo uso de su libertad en otro sentido".

Teniendo presente lo expuesto, el a quo ha dado razones fundadas para descartar la absolución de C. pues no ha dado garantías de una predisposición de fidelidad normativa suficiente. Los aspectos positivos remarcados por el recurrente han sido asumidos en el fallo a través de la reducción del art. 4º de la ley 22.278 que tuvo en miras justamente que, si bien durante su encierro C. adoptó una conducta satisfactoria -lo que motivó su egreso-, una vez en libertad no cumplió con las condiciones expuestas bajo la libertad vigilada.

En ese orden, el agravio referido a la falta de fundamentación de la pena establecida, por estimar la defensa que no se había merituado a favor del imputado el hecho de haber mejorado su comportamiento y por el contrario, se había valorado negativamente la modalidad del hecho y el resultado del tratamiento tutelar no pueden ser de recibo.

Si bien no se estableció expresamente al momento de imponer la sanción como atenuante "el cambio de conducta" referido en el recurso, de la sola lectura de la sentencia en crisis puede observarse que, -como forma para poder decidir acerca de la aplicación de la reducción de la pena-, se realizó un análisis pormenorizado del comportamiento que tuvo C., valorándose su buena conducta intra-muros, circunstancia que, a pesar de no haber sido suficiente a efectos de la absolución, en ningún momento fue dejada de lado por el a quo.

En este sentido, cabe traer a consideración lo sostenido por el tribunal de juicio a fs. 186 vta., de donde surge que "...De los informes de conducta, puede apreciarse como C. fue variando su actitud conflictiva de un principio en que se erigía como líder negativo de sus pares -fs. 127-, a un mejoramiento en su conducta de los últimos tiempos que permitió calificarla como buena, muy buena e incluso ejemplar y demostrando una mayor predisposición para el cambio, circunstancias que serán valoradas a su favor".

Prueba de ello es que el tribunal al momento de graduar la pena, indicó que "...en la unidad se encuentra desempeñándose en un oficio, en el taller de bolsas (fs. 184)", lo que demuestra la ponderación positiva del comportamiento de C. y su evolución.

De acuerdo a lo expresado, el fallo recurrido se encuentra a cubierto del embate casatorio, pues los planteos de la defensa están motivados en una mera discrepancia con la valoración realizada por el a quo. La sentencia impugnada contiene los fundamentos idóneos para apoyar la decisión relativa a la necesidad de pena, su extensión y modo de cumplimiento respecto de C., por lo que no corresponde descalificarla. Se trata pues de un acto jurisdiccional válido.

-IV- En consecuencia, considero que debe rechazarse el recurso de casación interpuesto a fs.195/200 vta. por la Defensa Pública Oficial de E. E C., con costas, (arts. 470 y 471, ambos a contrario sensu y 530 y ss. del C.P.P.N.). Tal es mi voto.

El señor juez doctor Luis M. García dijo:

-I- Como primer motivo de agravio la defensa se queja de que, contra su pretensión de absolución, apoyada en el art. 4 de al ley 22.278, se hubiese impuesto a E. E. C. una pena de prisión.

Observo que la defensa no se ha ocupado de rebatir, ni siquiera mínimamente, las razones en las cuales el tribunal a quo sustentó su decisión acerca de la necesidad de imponer pena a E. E. C. por el hecho que había cometido antes de cumplir dieciocho años de edad, y por el que había sido declarado responsable, juicio de necesidad que impone el art. 4 de la ley 22.278.

Los jueces del Tribunal Oral de Menores expresaron que: "[...]al menor se le ofrecieron posibilidades de reinserción y aquél, sin perjuicio de reiterarlo, tenía capacidad para motivarse frente a la ley, contando con un grupo familiar que le ofrecía contención. Se consideró por las constancias de marras que el menor cuenta con la capacidad básica necesaria para dirigir y comprender sus acciones, y las mínimas consignas brindadas, por el Tribunal y los organismos respectivos para desarrollarlas en su provecho, y que en su caso desoyó". Adicionalmente estimó el a quo que "el tratamiento tutelar en su caso fracasó, y que ante tales presupuestos no se hizo acreedor del máximo beneficio, que acuerda la normativa minoril aplicable (art. 4 de la Ley 22.278), en tanto, no hubo una respuesta satisfactoria a las pautas impartidas por el Tribunal y por los órganos administrativos llamados a intervenir, que en todo momento se orientaron a posibilitarle la comprensión de normas mínimas de convivencia y reinserción social y familiar".

Al interpretar el alcance de la ley sostuvo que "la absolución del art. 4 de la ley 22.278 propugna conceder el beneficio absolutorio en los casos en que por el comportamiento posterior a la comisión de los hechos, el menor dé signos de interés a través de su comportamiento concorde al compromiso de reinserción social, todo ello sin perder de vista las circunstancias peculiares de su juventud y posibilidades concretas de progreso, lo que no se advierte en el sub lite, pues hizo uso de su libertad en otro sentido" (cfr. fs. 186).

Puesto que la defensa no ha intentado siquiera mínimamente refutar esos fundamentos de la sentencia recurrida, el recurso fracasa en demostrar la sustancia del agravio que alega.

-II- Sentado lo anterior, tomo nota de que el a quo ha distinguido los argumentos en virtud de los cuales concluyó en la necesidad de imponer pena al imputado, de los criterios en los que ha apoyado la medición de una pena en el marco de la escala legal reducida de acuerdo a lo establecido por el art. 4 de la ley 22.278.

Me remito aquí a la interpretación del art. 4 de la ley 22.278 que he sentado a partir de mi voto de la causa n 8590 de esta Sala II "González, Francisco M. s/rec. de casación" (reg. n 13.237, rta. el 25/09/08).

Observo que en la sentencia se han considerado las pautas mensurativas establecidas en los arts. 40 y 41 del C.P., y señalado como agravantes "la naturaleza de la acción, caracterizada por tratarse de un hecho violento, aprovechando el estado de indefensión de la víctima José Bruno -lo toman mediante la intimidación de un arma de fuego que resultó estar cargada, se lo insulta y amenaza [...] Aúnan tales circunstancias la violencia también manifestada en que luego del despojo, los encausados -si bien uno no fue habido- disparan en la fuga, poniendo en grave situación de peligro a la seguridad pública y la propia, al ocurrir el suceso en plena ciudad". Todos estos elementos, no discutidos en el recurso de casación, son pertinentes y se ajustan a las pautas del art. 40, inc. 1, C.P., que se refieren a la magnitud objetiva del injusto cometido.

Como atenuantes, tomo nota de que en la sentencia se ha considerado "[...] su juventud esta vez en el sentido de que la sanción a imponer tiene que tener en miras la pronta reinserción social, que asimismo el causante cuenta con lazos afectivos para formación de una familia (pues es visitado en el penal con frecuencia por su novia), y que en la unidad se encuentra desempeñándose en un oficio, en el taller de bolsas" (cfr. fs. 187/187 vta.). Evidentemente estos criterios no corresponden ni a la medición del injusto, ni de la culpabilidad, pero sin embargo pueden ser utilizados como fundamento de atenuación del reproche por el injusto culpable como indicios de menores necesidades preventivo especiales.

Como segundo motivo de agravio, la defensa postula la arbitrariedad de la fundamentación de la pena impuesta. Sin embargo, dado que el a quo ha impuesto a E. E. C. una pena de un año y tres meses de prisión que corresponde al mínimo de la escala penal del delito de robo agravado por el empleo de armas en grado de tentativa (arts. 166, inc. 2, 42 y 44 C.P.) reducida conforme el art. 4 de la ley 22.278, la recurrente fracasa en demostrar el gravamen que alega, porque no demuestra error o defecto en el cálculo de esa reducción.

Así, la protesta de la defensa parece consistir, en definitiva, en su disconformidad con la decisión del a quo de rechazar la pretensión absolutoria postulada por esa parte, y esa crítica, como dije en el punto anterior, resulta infundada pues la recurrente no se ha ocupado de rebatir, ni siquiera mínimamente, las razones en las cuales el tribunal a quo sustentó su decisión acerca de la necesidad de imponer pena a E. E. C..

-III- En virtud de lo expuesto, adhiero a la solución propuesta en el voto que lidera el acuerdo.

Así voto.

El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:

Sellada la suerte del recurso deducido con el voto concordante de los colegas que en orden de votación me anteceden, dejo a salvo mi opinión en el sentido de que la sentencia impugnada, por la que se condenó a E. E. C. a la pena de un año y tres meses de prisión, fue emitida desconociendo imperativos procesales sancionados con pena de nulidad, que por estar vinculados a las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio (art. 18 de la C.N.) debería ser declarada nula en los términos del artículo 168, en función del artículo 167, del Código Procesal Penal de la Nación.

He sostenido en diversos precedentes de la Sala IV de este cuerpo (causa Nro. 3719, "LUZARDO, Walter Fabián s/recurso de casación", Reg. Nro. 5100, rta. el 14/8/03; causa Nro. 4043, "DEL RÍO, Pablo Martín s/recurso de casación", Reg. Nro. 5340, rta. el 17/11/03 y causa Nro. 3784, "ORTIZ, Diego Fernando s/recurso de casación", Reg. Nro. 5382, rta. el 28/11/03; voto de la doctora Berraz de Vidal, al que adherí) que el art. 410 del C.P.P.N. proclama la aplicación de las disposiciones comunes del Código adjetivo nacional en el ejercicio de la jurisdicción ordenada por el artículo 2 de la ley 22.278, "asumiendo positivamente su compatibilidad con los caracteres que, por sus fines y por el sujeto que la soporta, animan su especialidad". Y que "de ahí que la aplicación de las normas generales a que la ley reenvía, particularizada al desarrollo del proceso minoril, fuerzan al reconocimiento jurisdiccional de sus distintas fases, aún sin olvido de los fines tutelares perseguidos. Y obligan al respeto de las esenciales garantías constitucionales que tutelan a todo individuo sometido a la potestad del Estado, cuales la inviolabilidad de la defensa en juicio y la necesaria existencia de un proceso previo legalmente cumplido (art. 18 de la Constitución Nacional)".

En tal sentido, se dijo "que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideró la '...conveniencia de que las formas procesales que observan esos tribunales revistan modalidades propias, consecuentes con las características y necesidades de los procedimientos que se desarrollan ante ellos, tomando en cuenta el principio establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño', refiriendo al axioma del Interés Superior del Niño, reconocido por el artículo 3.1 de esa Supra norma (Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño")".	Que "[s]i se atiende a la compleja estructura de la norma sustantiva del artículo 4 de la ley minoril, que sitúa al juicio valorativo de los magistrados en el extremo del mecanismo de cesura que regula (Jorge de la Rúa, "Código Penal Argentino", pág. 671, Ed. Depalma, Buenos Aires 1997) y que por ello se integra con su resultado, al que se llega tras el análisis de las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, la impresión directa que de éste recogieron y, fundamentalmente, el resultado de las medidas tuitivas arbitradas; aparece como ineludible que cualquier decisión que se adopte lo sea respetando las garantías legales de defensa previa".

Entonces "[e]l debido proceso legal se extiende a los menores: ello no puede ser de otro modo dado el sistema procesal integrado que la ley de forma impone, sin que lo especial signifique la exclusión de lo general en cuanto no lo contradiga y resulte convergente.".

Allí se remarcó, en consecuencia, que si bien el juicio plenario para los menores concluye en primer término con un pronunciamiento relativo a la responsabilidad del menor -si fuere el caso- dando lugar tan sólo a medidas protectorias, dicha sentencia debe integrarse con otra que será de condena o absolución; en un franco desdoblamiento del veredicto que presupone, empero, el cumplimiento de requisitos insoslayables: los expuestos en el artículo 4 de la ley 22.278 por un lado, y los procedimentales por el otro, con su carga de contenido crítico proporcionada por la actividad controversial de las partes y de la que esta etapa definitoria del proceso no debe verse privada. Aún cuando el imputado haya alcanzado la mayoría de edad al momento de ser juzgado.

Por ello, y con la finalidad de asegurar el derecho de la defensa en juicio, considero que debió haberse realizado en el caso una audiencia en la que el imputado, su defensa, el Asesor de Menores y el Ministerio Público Fiscal, discurran sobre su factibilidad en una audiencia de debate (art. 413 y, en lo pertinente, reglas del Libro III, Título I, del Código Procesal Penal de la Nación) fijada a ese efecto.

Debate autónomo en el que las partes y el propio juez puedan incorporar nuevos elementos a partir de la declaración de responsabilidad delictual del encausado, focalizando el análisis en la cuestión sancionatoria y que, a mi modo de ver, que no se ve satisfecho en el sub examine con la realización de la audiencia de visu protocolizada a fs. 182.

Con estas breves consideraciones voto por que se haga lugar al recurso traído a estudio y por la consecuente anulación de la resolución recurrida. Sin costas (C.P.P.N., arts. 167, 168, 471, 530 y 531).

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, por mayoría, RESUELVE: Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs.195/200 vta. por la Defensa Pública Oficial de E. E. C., con costas, (arts. 470 y 471, ambos a contrario sensu y 530 y ss. del C.P.P.N.) Regístrese, notifíquese en la audiencia designada a los fines del artículo 400, primera parte, del Código Procesal Penal de la Nación en función del artículo 469, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal y remítase al tribunal de procedencia sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

Firmado: señores jueces doctores Guillermo J. Yacobucci, Gustavo M. Hornos y Luis M. García. Ante mí: doctor Gustavo J. Alterini, Prosecretario Letrado C.S.J.N..