marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Filiación, prueba de la filiación, prueba biológica
Materia: CIVIL
Carátula: L. S., A. B. c/ R. D. E. s/ Filiación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-10

La ley 23.264, que introduce dos presunciones en el Capítulo VIII, sólo se refiere a la posesión de estado (art. 256 del Código Civil) y al concubinato de la madre (art. 257 del Cód. cit.).

No establece presunción alguna por la negativa a someter el cuerpo físico de una persona a extracciones o transfusiones, custodiado por los derechos humanos.

En una Argentina que retrocede culturalmente, para barnizar de pseudo cultura a mayorías, que les faltan eslabones de aprendizaje, para manejar con solvencia aceptable el específico y cada vez más complejo mundo moderno, el erróneo manejo del excelente sistema H.L A., que hace de él un grupo de aficionados al verdadero Derecho de Familia, lo hace errático, falible y justifica que una persona con sentido común, y frente a un agresor que carece de pruebas, se niegue a someterse a él.
Exenciones impositivas, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Propulsora Siderúrgica  S.A. c/ F.N.  (D.G.I.) s/ Repetición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-18

Las exenciones impositivas deben resultar de la letra de la ley, la indudable intención del legislador en cuanto tal, o de la necesaria implicancia de la norma que la establezca. Queda así abandonada definitivamente la aplicación de la interpretación restrictiva en materia de exenciones tributarias, abandono que ya se manifestaba cuando se sostuvo que si bien eran de interpretación restrictiva, este principio no alcanza a excluir la franquicia a los casos que caben precisamente en los términos o los que aquélla comprenda por necesaria implicancia.
Pérdida del equipaje, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Coccaro, Federico Andrés c/ Aerolíneas Argentinas S.A. s/ Pérdida/daño de equipaje
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-12

Se confirma la sentencia de primera instancia en cuanto al monto de regulación de los honorarios del letrado de la parte actora respecto de una causa en la cual se demandó a una aerolínea por la pérdida de equipaje de un pasajero; mas corresponde disminuir los emolumentos regulados al perito contador atento la calidad y extensión de su dictamen técnico.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alfa Construcciones S.R.L. c/ Masola, Luis s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

La decisión de la Cámara que en un juicio ejecutivo revoca el decisorio de primera instancia que hizo lugar a la excepción de inhabilidad del título por carecer de fecha de emisión, y manda llevar adelante la ejecución, no reviste carácter de definitiva en el concepto de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que queda abierta al recurrente la posibilidad del juicio ordinario posterior (art. 551, Cód. citado). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Legítima defensa, exceso en la legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ LESIONES GRAVES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-07-12

El prevenido tenía derecho a defenderse y así ha quedado acreditado que quien resultó víctima, agredió o por lo menos intentó hacerlo, yéndose contra el primero, actitud ésta que no fue provocada y que además no encuentra justificación por parte del procesado para repeler la agresión de la que era objeto; precipita su conducta en un exceso en el medio defensivo por cuanto la víctima se encontraba desarmada y en avanzado estado de ebriedad.
Gravedad institucional, tercera instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VELÁZQUEZ, LEOPOLDO s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-05-16

La mera invocación de una situación de gravedad institucional resulta insuficiente para abrir la instancia extraordinaria, pues tal argumento debe ser objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre, de manera indudable, la concurrencia de aquella circunstancia; extremos que no se verifican cuando la intervención del Tribunal no tiene otro alcance que el de remediar, eventualmente, intereses del apelante.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: POPP OMAR ALBERTO c/ DONVIL S.A.I.C.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-16

En autos, el recurso en cuestión no fue concedido como correspondía, por parte del juez interviniente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 126 del Código Procesal Laboral. Si bien esta omisión importa un vicio en el procedimiento, en realidad el mismo ha quedado superado toda vez que en definitiva la tramitación del recurso se ha llevado adelante con intervención de la parte contraria, que nada ha objetado al respecto.
Confesión ficta, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: DIEDERLE c/ HOFFMAN s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-04-25

El referido pliego no fue presentado con anterioridad a la audiencia de vista de la causa, como exige el artículo 81 del Código Procesal Laboral, sino en el horario de su inicio, por lo que al no ser presentado en término, es incomputable a fin de generar la confesión ficta de la contraparte.
Responsabilidad penal, tribunales internacionales
Materia: PENAL
Carátula: Derecho, René Jesús y otros sobre tortura c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-10

Lo contrario implicaría asumir que la Corte Internacional puede decidir sobre la responsabilidad penal de un individuo concreto que no ha sido parte en el proceso internacional y respecto del cual el tribunal interamericano no declaró, ni pudo declarar, su responsabilidad (cfr., en este sentido, voto en disidencia de los Dres. Fayt y Argibay en el considerando 8° de la sentencia dictada en la causa 24.079, "Derecho, René Jesús s/incidente de prescripción de la acción penal", del 29/11/11). De ello deriva que la declaración de responsabilidad penal de un sujeto determinado se halla reservada, obviamente, a la justicia local. (.)".
Honorarios, abogados, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: BELTRAMO JUAN CARLOS c/ SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA  I. Y C.S.A. s/ INDEMNIZACION - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-04-21

Si, en el caso, la a quo fundó su decisión en lo dispuesto por el ley 8226, por aplicación del principio tempus regit actum no lo hizo correctamente por tratarse de la regulación de honorarios de trabajos realizados durante la vigencia de la ley 7269 y porque lo efectuó frente a un acuerdo arribado por las partes al que el recurrente resultó extraño de conformidad con lo que disponía el art. 19 de la ley 7269, que resulta aplicable al caso (Voto en disidencia, Dr. Ayán).
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DALVIAN S.A. c/ Prov. de Bs. As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16

Si el perito contador, aparte de su incumbencia como experto en la materia, se conforma con las bases fijadas en la sentencia y cuenta con elementos de convicción valederos para su aceptación, a la luz de la sana crítica corresponde acoger las conclusiones emanadas de la pericia y no hacer lugar a las objeciones formuladas por la demandada (art. 474 C.P.C. y C.; 25 C.P.C.A.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, accidente de tránsito, gastos médicos
Materia: CIVIL
Carátula: Hernandez Daniel Alfredo Y Otra c/ Seguros Rivadavia s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-12-11

La acción de amparo constitucional interpuesta por los padres de un menor accidentado contra una aseguradora a fin de obtener el pago de los gastos realizados por las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito, es procedente, pues de las pruebas adjuntadas surgen acreditadas el acaecimiento del siniestro, las lesiones y la falta de pago de la accionada y, si bien la víctima fue atendida y operada en un hospital público por carecer de obra social, no está comprobado que la institución cubriera el costo de todos los tratamientos, máxime cuando, la urgencia ínsita, por el tipo de lesión, y la experiencia común, llevan a suponer lo contrario.
Contrato de servicios, inoponibilidad a terceros, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: RITO DE BAEZ, Antonia L. c/ CLINICA ESPAÑA - DOUSSET, Julio J. s/ EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-10-26

Las consecuencias de poner el negocio en manos de una encargada, cuya designación por la actora estableció entre ellos una relación laboral en la que como es de rigor, el dependiente obra siguiendo instrucciones del patrón, no pueden serles opuestas a los demandados que son ajenos a la contratación de la empleada.
Pago por consignación, revocación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Maped Argentina SA c/ Federación Argentina de Trabajadores Industrias Químicas y Petroquímicas y otro s/ consignación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-20

La parte actora deduce recurso destinado a cuestionar la resolución del juez a quo que declaró su falta de aptitud jurisdiccional para conocer y rechazó in limine la demanda por consignación promovida. Fundó su decisión en que el pago por consignación no era el cauce procesal propicio para elucidar el carácter de acreedor el que, en su caso, se debía evaluar en el marco del procedimiento previsto por los arts. 59 y 62 de la ley 23.551. Lo resuelto debe ser revocado. La propia accionante fundó la pretensión en la disposición del art. 757 inc. 4 del Código Civil que dispone "La consignación puede tener lugar:.4)Cuando fuese dudoso el derecho del acreedor a recibir el pago, y concurrieran otras personas a exigirlo del deudor, o cuando el acreedor fuese desconocido"; y al describir los hechos del pleito expresó que se suscitaba una duda objetiva en torno a la asociación profesional de trabajadores con legitimación para percibir el pago de los rubros a consignar, motivada por la desafiliación de ciertos sindicatos de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria Química, y la conformación de una nueva entidad sindical de segundo grado. Por otra parte, el pago de los rubros objeto del pleito era reclamado por más de un sujeto, quienes se atribuían el carácter de acreedor. Cabe concluir que la pretensión encuadra en
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: Alonso, María Cristina s/ Homicidio Garramuño, Orlando s/ Lesiones gravísimas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-05|2001-09-28

Ausente el elemento previsto en el inc. 6 letra a) del art. 34 del Código Penal, es suficiente para descartar la justificante de legítima defensa y su exceso.
Estafa, ardid, sociedad anónima, estelionato, compraventa de automotores, contrato de comisión
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez Marcos A. s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-10

a) Si bien la adopción de un nombre supuesto por sí solo, no puede ser suficiente para constituirse en el ardid requerido por el art. 172 del C.P. , como provocativo del desprendimiento patrimonial, resulta claro que si a esto se suma que con tal nombre se logró la transferencia de una sociedad anónima, constituyéndose en su presidente; se rentó por escaso tiempo una oficina para que allí funcionara la citada entidad social; que dicha oficina daba muestras de solvencia y seguridad económica en atención a su mobiliario y características; que a nombre de tal sociedad se abrieron diferentes cuentas corrientes en distintos bancos y se libraron cheques posdatados en pago de lo adquirido, que nunca fueron pagados y que jamás se tuvo la intención de saldarlos, ni siquiera antes de expedirlos, ya que las cuentas fueron cerradas todas, poco tiempo después de ser abiertas, por reiterado libramiento de cheques sin provisión de fondos; se conforma un completo panorama que revela características de eficiencia para configurar el ardid requerido por el tipo penal.

b) No encuadra en el delito de estelionato (art. 173, inc. 9no. del C.P. ) la venta de un rodado que se sabía sustraído, no como propio, sino simulando una consignación, pero tal conducta, no es atípica, ya que habiéndose realizado la contratación haciéndose pasar por titular de una concesionaria y utilizando un local que funcionaba como tal, el ardid constituyó la génesis de la compra efectuada por el damnificado, encuadrando entonces la enajenación en la figura de estafa (art. 172 del C.P. ).
Accidente de tránsito, privación del uso de la cosa, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PAVESE LUIS D. c/ CONIFERAL  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-11-08

Debe rechazarse el rubro "alquiler de vehículo sustituto", por no haber sido probado por el demandante ni en cuanto a la necesidad del gasto, ni en cuanto a su importancia económica.

Estas omisiones, la primera de las cuales no puede ser subsanadas por la vía de los arts. 354 y 355 C.P.C., no se superan apelando al concepto de "privación del uso del automotor", daño que responde a un hecho constitutivo diverso, que no es la erogación realizada para sustituir una herramienta de trabajo, sino la molestia que representa la privación de un elemento de comodidad, tenga o no recursión a nivel económico. En el primer caso se trata de un daño patrimonial, en el segundo de un daño de índole más bien moral en el sentido del antiguo texto del art. 1078 C.C. molestias en el goce de los bienes. Si la pretensión fue el resarcimiento de un perjuicio de la primera clase, no se puede acordar la indemnización en base a un supuesto de la segunda. Esta alteración está prohibida en el derecho porque importa una sustitución en la "causa petendi" (C.P.C. arts. 175, 195, 349, 1272, inc. 1.).-
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mendez, Cristobal c/ Vallejos, Gustavo Rafael y otros s/ Resolución por incumplimiento. Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-12

El daño resarcible debe ser cierto y no sólo eventual o hipotético y en tren de decidir si resulta indemnizable la frustración de una promesa de venta puntualizó que es menester probar la relación causal entre el incumplimiento y el daño.
Instrumentos públicos, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: SOSA, OSVALDO c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE ELEVADORES, RECEPCIONES Y EMBARQUES SA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - COBRO DE AUSTRALES (CSJ EXPTE N  344-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-06

El art 979 del Cód Civil indica varias clases de instrumentos públicos, a través de una enumeración meramente ejemplificativa;

dentro de esa categoría se encuentran las actuaciones judiciales (inc 4.). Estos instrumentos gozan de un valor probatorio pleno y erga omnes -como consecuencia de la fe pública que el legislador les reconoce y mientras no se demuestre lo contrario o sean impugnados en forma legal-, en cuanto al hecho de haber sido otorgados, a su fecha, al lugar donde se otorgaron o elaboraron, a quiénes intervinieron en el acto, a cuál es su contenido o simple materialidad de las declaraciones de las partes y a la verdad de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autorice. Es decir, forman plena prueba frente a todo el mundo (mientras no se demuestre su falsedad) en lo referente a dónde, cuándo, cómo, por quiénes se otorgaron, qué declaraciones hicieron éstos y a lo que haga constar el funcionario.
Cesión de derechos, responsabilidad del cesionario, fallo plenario, inversión de la carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: LEIVA, ARMANDO c/ ZANNI DEVELOPMENT S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-12

Si bien el régimen de solidaridad entre el cedente y el cesionario (art. 228 de la LCT) ha sido interpretado en sentido amplio, a la luz de lo expresado en la doctrina del plenario Baglieri (nº 289 del 8/8/97. DT 1997-B-2013), la no intervención de éste en cuanto a las obligaciones surgidas con anterioridad, pone en cabeza del trabajador la carga de probar la existencia de los créditos que reclama. No cabe exigir a la sociedad adquirente la prueba de circunstancias de hecho respecto de las que no tuvo participación ni control por haber sido ajena al vínculo del que derivarían.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, admisibilidad formal, cuestión federal, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Consultatio S.A. (TF 14.572-I y acum. 14.573- I) c/ D.G.I. s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

Es formalmente admisible el recurso extraordinario si se ha puesto en tela de juicio la inteligencia de normas de carácter federal (leyes 17.811, 21.280, 23.469 y 23.562) y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa resulta contraria al derecho que el recurrente ha sustentado en ellas (art. 14, inc. 3º, de la ley 48).

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Cuestiones de competencia, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Costa, Matías Hernán c/ Registro Automotor n° 46 (Sra. A. Norma F. de López) s/ diligencia preliminar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-02

La contienda de competencia no ha sido trabada correctamente ya que el juzgado en lo contencioso administrativo federal no estaba facultado para declarar la competencia de un tercer fuero que no intervino en el conflicto, pues esa es una atribución excepcional de que goza la Corte como órgano supremo de la magistratura.
Sucesiones, partición
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sica, Antonio c/ Bernardi, Antonia s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-05

Cuando el artículo 3452 del Código Civil concede a los acreedores de los herederos y al cualquiera que tenga en la sucesión un derecho declarado por las leyes, la facultad de pedir en cualquier momento la partición, no está incluyendo a los acreedores del cónyuge supérstite de título anterior a la muerte del causante, pues éstos no tienen derecho alguno en la sucesión y sí lo tienen sobre los bienes que se encuentran a nombre de su deudor sobreviviente. Son acreedores del cónyuge y no del causante, y los herederos de éste deberán tomar esos bienes con las afecciones o cargas que traen al entrar en la masa indivisa, sin mengua de las compensaciones que en su favor y en contra del cónyuge, pueda generar la ejecución de tales bienes y la sustracción a la masa que ello implica (arg. art. 3469 Cód. Civ.).
Locación de obra, certificados de obra, pago parcial, aceptación del pago, intereses moratorios
Materia: CIVIL
Carátula: MORAL, RICARDO C c/ COTAX COOP. DE PROV. CONS. VIV. Y CREDITO PARA PROP. DE AUT. DE ALQUILER Y AFINES LTDA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-21

Los certificados mensuales de obra no significan pagos definitivos sino simples adelantos, anticipos a cuenta de la liquidación final a practicarse de modo tal que el mero hecho de percibir el pago de los certificados provisorios por parte del locador empresario de la obra no obsta en manera alguna a la percepción de los intereses moratorios, derivados del atraso en el pago de los mismos, no resultando aplicable el caso lo dispuesto por el art. 624 del C.C..
Bancos, seguros, caja de ahorro, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: QUERCIA  ROBERTO  JUAN AQUILES c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-14

La rescisión del seguro guarda relación de causalidad apropiada con el comportamiento negligente del banco respecto de la caja de ahorro. La frustración de la cobertura contratada fue la consecuencia directa de la mala prestación del servicio bancario y estimo que los herederos deben ser resarcidos de la pérdida de los siete mil pesos que hubieran recibido en virtud del seguro, una vez acontecido el fallecimiento del asegurado. La condena debe ser incrementada por la suma de siete mil pesos ($ 7.000) por frustración del beneficio contratado por el asegurado y cliente del banco, monto que devengará intereses a partir de una fecha que juzgo razonable fijar el último día hábil del mes de mayo de 1998 (arts. 46 y 49 de la ley 17.418). A partir de entonces, la suma admitida devengará intereses en la modalidad dispuesta en la primera instancia que no ha sido materia de agravio.
Faltas, proceso de faltas, representación procesal, mandato
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: GURRIERI, Mónica Beatriz (Establecimiento geriátrico ESTOMBA 4225) s/ ejercer actividad lucrativa sin autorización - APELACION ESTOMBA 4225) s/ ejercer actividad lucrativa sin autorización - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-20

Es inadmisible en un procedimiento de naturaleza punitiva como lo es el de faltas que el presunto infractor no concurra a estar a derecho en forma personal sino que lo haga a través de sus representantes contractualmente instituidos.

Atento la naturaleza penal del procedimiento de faltas, no corresponde el trasvasamiento de la figura del mandato privado a la esfera de la representación procesal penal.

Las características que hacen a la gestión de negocios no pueden asimilarse a las cargas procesales que pesan en cabeza de quien ha solicitado el pase del legajo administrativo a la Justicia Contravencional y de Faltas, en los términos de la Ley Nro. 1217.

Debe tenerse en mira que, en la materia, la carga de la prueba recae sobre el imputado, por lo que es éste y no otro quien debe asumir la dirección de su propio descargo, sin perjuicio de las facultades que la ley acuerda al letrado (cuya participación en el proceso tampoco es obligatoria, artículo 29 de la Ley de Procedimiento de Faltas) y de la representación putativa que establece el artículo 50, último párrafo. Ello así, pues la atribución de la comisión de una falta no sólo procura determinar una responsabilidad concreta e individual, sino que, además, no trasciende de la persona del presunto infractor, a quien la ley personalísimamente reconoce los derechos que hacen a su defensa y en el mismo sentido impone las cargas relacionadas con su carácter de sujeto procesal.