marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Embargo, Dirección Nacional del Azúcar, percepción de impuestos, bienes inembargables
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Sucesión Miguel Seleme c/ Dirección Nacional del Azúcar. s/ EMBARGO.  DIRECCION NACIONAL DE AZUCAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

El hecho de que la Dirección Nacional del Azúcar se hallase obligada a restituirlos, no constituye motivo que justifique el embargo de los fondos provenientes de la recaudación impositiva en la ejecución de la condena a dicha Dirección por cuanto dicha medida se materializa directamente sobre el producto de la recaudación impositiva, declarado inembargable por el art. 19 de la ley 24.624 (incluido como art. 66 de la ley 11.672, complementaria permanente del presupuesto, texto ordenado mediante decreto 1486/97)
Daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Olivero, Analía y otro c/ Cura, Oscar y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-18

Los menoscabos o daños psicológicos deben ser indemnizados cuando tienen su causa u origen en el accidente en sí, es decir, que tiene un origen en factores exógenos imputables al agente traumático que generan responsabilidad civil.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VALDEZ, JUAN OSCAR c/  s/ RETENCION Y OCULTAMIENTO DE PERSONA CON EL FIN DE OBLIGAR A LA VICTIMA A HACER ALGO EN CONTRA DE SU VOLUNTAD, ETC. (ARTICULO 142 BIS INCISO 2)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-03-20

La Cámara, para confirmar la prórroga de la prisión preventiva del imputado dispuesta en primera instancia, hizo referencia a la presencia de peligrosidad procesal, tanto por la existencia de peligro de fuga -fundándola no sólo en el monto de la pena en expectativa, sino también en el comportamiento del imputado durante el proceso y en la falta de arraigo- como de entorpecimiento probatorio -a partir del ocultamiento de pruebas efectuado por el encartado y de la necesidad de resguardar la declaración de menores de edad pendientes de producción-; y luego de tal análisis, el Judicante consideró insuficientes las medidas ofrecidas por la defensa para neutralizar los riesgos referidos y concluyó que las presunciones esgrimidas por el Fiscal no resultaban infundadas; no logrando la defensa persuadir a este Tribunal de que tales consideraciones no se correspondan con las constancias de la causa, ni que resulten irrazonables o insuficientes para cumplir con la motivación suficiente exigida por el artículo 95 de la Constitución provincial. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Provincial, artículo 95
Relación de dependencia, trabajador, caducidad
Materia: LABORAL
Carátula: Ramírez, Raúl Isidro c/ F.A.C.A. (Federación Argentina de Cooperativas Agrarias Cooperativa Limitada y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-09-30

Si bien es cierto que el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, en puridad, no establece plazo de caducidad para cuestionar una suspensión fundada en causa económica, no es menos cierto que razones de seguridad jurídica, autorizan a aplicar analógicamente al que se encuentra establecido en el art.67 de la Ley 20744, para aquellas suspensiones fundadas en causas disciplinarias; esto es, el de treinta días corrido a partir de la notificación de la medida.
Derecho procesal, partes del proceso, abogados, sanciones procesales, llamado de atención, demanda, exposición de los hechos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Zakowicz, Angel Antonio c/ Metlife Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

En ese marco, la mera lectura de la historia clínica acompañada con la demanda debió persuadir al letrado apoderado del actor acerca de las inconsistencias de la versión de su cliente y, por tanto, su insinceridad. Bastaba ello para colocar en riguroso tamiz la posibilidad de entablar una demanda como la de autos. Pero evidentemente se eligió otro camino, que es necesario clausurar para que no triunfe el embuste. 3 - Por ello, resulta pertinente hacer un llamado de atención al citado profesional, pues si un litigante plantea una falsedad, tan responsables como él deben ser los que le defienden y, acaso, un poco más, porque el interesado tiene explicada su conducta por su personal interés, por el apasionamiento, o por el motivo que fuera. Pero el abogado se halla establecido por la ley precisamente para moderar y aun suprimir esos apasionamientos, intereses o motivos. Y si en lugar de cumplir este deber los estimulan y alientan, no puede ello quedar inmune (conf. Ossorio y Gallardo, M., El alma de la toga, Porrúa, México, 2008, p. 47).
Cuestiones de competencia, juez previniente, competencia por conexidad, denuncias contrapuestas, delito de acción pública
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ROCATTI, Luis H. s/ Estafa en tentativa ROCATTI, Luis H. s/ Estafa en tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-26|1996-08-26

Si bien es cierto que este tribunal reiteradamente ha resuelto que no cabe aplicar las reglas de conexidad, cuando se trata de denuncias contrapuestas en relación a delitos de acción pública, en el presente caso tramitan ante distintos tribunales sendos legajos, que no sólo involucran a iguales partes en roles contrapuestos, sino al mismo objeto procesal -conflicto de intereses vinculados con una misma sociedad comercial- y, por tanto, podrían llegar a producirse soluciones contradictorias y el consiguiente escándalo jurídico.

Siendo así, a fin de garantizar la mejor y más pronta administración de justicia, sin perjuicio de que ambos procesos deberán tramitar en forma independiente, es conveniente que un único magistrado tome a su cargo ambas pesquisas, asignándosele al que previno en el conocimiento de ambas.
Impuestos, régimen penal tributario, AFIP DGI, querellante
Materia: PENAL
Carátula: RANUCCI, SALVADORHUAYRE IGNACIO, INOCENTE L. s/ Régimen penal tributario Causa 34497
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

1- Para ser querellante en un juicio penal, se requiere que el perjuicio ofenda al interesado de un modo especial, singular, individual y directo, de manera que cuando la Dirección General Impositiva (D.G.I.) se vea perjudicada directamente en sus rentas se encuentra legitimada para ejercer el rol de querellante.

2- Si el contribuyente, acogiéndose al Decr. 923/93, abonó la pretensión fiscal en un pago o lo está haciendo en cuotas, debe considerarse que el ente recaudador ha quedado desinteresado, careciendo de legitimidad para actuar como querellante, sin que esto implique la automática extinción de la acción penal, dado que los delitos de que se trata son de acción pública.
Filiación, reconocimiento de hijo extramatrimonial, nulidad del acto jurídico, derecho a la identidad
Materia: CIVIL
Carátula: H., A.G. c/ H.C., L..A. y otro s/ NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-12

1- Aún cuando queda acreditado que un menor no es hijo biológico del reconociente, ante la falta de prueba acerca de la supuesta voluntada viciada, el reconocimiento es irrevocable y debe mantener la responsabilidad de la que no puede abdicar a su arbitrio aun cuando falta el nexo biológico, y privar al niño del apellido y de la protección asistencial a la que tiene legítimas expectativas. Ello, toda vez que se trata de una directiva que atañe a la seguridad jurídica fundada en la estabilidad del estado de familia que crea el reconocimiento y que atañe a la identidad existencial del menor. 2- El error excusable requiere un comportamiento normal, razonable, prudente y adecuado a las circunstancias, no resultando sancionable cuando haya habido razón para errar; por tanto no es posible su alegación cuando esa ignorancia provenga de una negligencia culpable -en el caso, el actor invocó haber errado al reconocer a un menor debido a la falsa revelación hecha por la madre del niño en ese sentido-. 3- Hacer lugar a la anulación del reconocimiento, sin haberse probado el vicio de error alegado al demandar, implica hacer operante la revocación del reconocimiento que veda el art. 249 del Código Civil.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, título ejecutivo inhábil, instrumentos privados, certificado de saldo deudor
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bayley Bustamante, Eduardo María c/ Semillas Meriel SAIC s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-04

1. Corresponde revocar la resolución de grado en cuanto mandó llevar adelante la ejecución detrayendo del importe reclamado las sumas adeudadas por consumos de tarjetas de crédito. Ello así, pues el ejecutante declaró a pedido del juez, en los términos de la ley 25065: 14 -inc. h- y, 42, acerca de los diversos importes que compusieron el saldo deudor, los que incluían deudas por tarjetas de crédito y otros. Pese a ello, el Magistrado solo dio curso a la ejecución detrayendo las sumas que correspondían al saldo de tarjeta de crédito. 2. De lo anterior se advierte que no se trataría de una cuenta corriente abierta con el único fin de proceder al débito del saldo de tarjetas de crédito (vedado por la ley 25065: 42); por lo tanto, el certificado de saldo deudor resultaría, prima facie, título hábil a fin de ser ejecutado mediante este trámite.
Personal militar, servicio militar, conscriptos, haber de retiro, indemnización, actos de servicio, accidente en acto de servicio, incapacidad laboral, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Rojas, Florentino c/ Estado Nacional (Ejército Argentino) s/ retiro militar y fuerzas de seguridad (A).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

En la aplicación de las leyes que regulan el otorgamiento de haberes previsionales de las personas que cumplieron con el servicio militar obligatorio y que se incapacitaron en servicio es necesario realizar una hermenéutica que se conforme a los fines propios del aspecto legal concerniente a la protección merecida por quien, prestando servicio obligatorio de las armas, por acto de mismo servicio, resulta disminuido para el trabajo en la vida civil (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Enrique Santiago Petracchi, Guillermo A. F. López y Gustavo A. Bossert).
Obligaciones, obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones en moneda extranjera, código civil y comercial, obligaciones de dar cantidades de cosas, tipo de cambio, esfuerzo compartido
Materia: CIVIL
Carátula: Darex SA c/  s/ quiebra s/incidente de Revisión de Crédito de Leto, Daniel Francisco
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-03

Así, en aras a llegar a una recomposición equitativa lo más justa posible, que considere las implicancias que para ambas partes tienen las restricciones vigentes en el mercado oficial de cambios y las constantes modificaciones del valor de cotización de la moneda extranjera, debe aplicarse al caso la llamada "doctrina del esfuerzo compartido" (en similar sentido, SCPBA, in re "Voliakovsky, Reinaldo César u otro c/ Sancibieri, Susana Luisa s/ Ejecución Hipotecaria", del 21/09/21).
Deberes del juez, deber de imparcialidad, excusación, excusación por prejuzgamiento, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Oliva Gerli, Carlos Gustavo y otros s/ Recurso de casación. Causa: 1604
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-08

El juez que de alguna manera haya "conocido en el proceso" -sea por haber actuado en él con anterioridad como magistrado pronunciando sentencia (por ejemplo cuando intervino en un juicio anterior luego anulado) o llevando a cabo otra actividad jurisdiccional (v. gr. como juez instructor habiendo pasado luego a integrar un tribunal de juicio), o dictaminando como fiscal, o participando como defensor, mandatario, perito , etc-, impone su deber legal de inhibirse o excusarse de continuar interviniendo en la causa. Ello así, porque como en cualquier otro proceso, en el penal la imparcialidad del juez es característica imprescindible para el desarrollo de su función, de ahí que la ley quiera evitar toda situación que pudiera desmerecerla o aún, que permita plantear dudas sobre ella. Esta inobservancia del texto de la ley (art. 55 inc.2 del C.P.P.N.) de conformidad con lo normado en el artículo 167 del código formal, determina en el caso la existencia de un supuesto de nulidad absoluta; y ello así, habida cuenta el carácter insubsanable de la misma. La voluntad de los integrantes del Tribunal colegiado no puede dejar de lado la observancia de las normas que regulan la actuación de los jueces en el proceso; de surte que en caso de infracción, la nulidad de todo lo actuado es la consecuencia ineludible. (Voto Dr. Riggi)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, recurso de rescisión, ley procesal, aplicación supletoria de la ley, actos y diligencias procesales, nulidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: FABRIZI, ALDO ALBERO c/ HORST S.R.L. Y/O HORACIO LUIS HORST s/ Cobro de pesos - Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

Los autores del Código Procesal Laboral (Comisión Redactora del Anteproyecto)en la Exposición de Motivos (punto XII in fine) afirman: "En lo que refiere al recurso de rescisión -no regulado en el anteproyecto- es criterio de la Comisión que en los casos que dan motivo a la interposición del mismo se deberá aplicar lo dispuesto en el título relativo a la ineficacia de los actos procesales" (refiriéndose al Título del C.P.C.C. al que también remite en el art. 38).-De la lectura del texto transcripto es dable extraer varias conclusiones: la primera concierne a la admisión de la la falta de regulación y la segunda, que no obstante ello, procede la impugnación de la cosa juzgada, y por las mismas condiciones de procedencia del recurso de rescisión, centrándose la tercera conclusión en que no se llevaría a cabo por el procedimiento específico establecido en el Título III, Sección VI (arts. 83/86 del C.P.C.C.) sino por aplicación de los principios del régimen de nulidades de los actos procesales. (Del Voto de la Dra. Belloti de Podestá) En el caso, la cuestión a resolver era la procedencia de la aplicación del recurso de rescisión en el procedimiento laboral.
Guardián de la cosa, identificación registral del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Delgado Omar Santiago c/ Nievas Diego Fabián Y Otro s/ Ordinario - Daños Y Perj. - Accidentes De Tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2009-03-31

El codemandado apelante confunde adquisición del automóvil, en calidad de propietario, lo que sólo se produce con la inscripción de la transferencia en el R.N.P.A., circunstancia acaecida con posterioridad al evento dañoso de autos, con la calidad de "guardián" que el "a quo" le achaca, deduciendo dicha circunstancia de la posesión en manos del apelante del Formulario 08, suscripto por el anterior titular registral, lo que implica la vehemente presunción (no destruída por argumento, explicación y/o prueba en contrario) que el apelante era el guardián de la cosa riesgosa productora del evento dañoso, situación que se consolidara luego con la titularidad registral, sin que quepa equipararlas, ni confundirlas. (Voto del Dr. Remigio, en disidencia).
Procedimiento administrativo, carga de la prueba, carga probatoria dinámica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nacevich Alejandro Victor c/ Municipalidad de la Ciudad de Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S263 - 223)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-02-27

Rige en el Derecho Procesal Administrativo el principio moderno de que debe probar quien está en mejores condiciones de hacerlo, es decir aquél a quien le resulte más sencillo.
Marcas, depósito de bienes embargados, depósito aduanero, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: NIKE INTERNATIONAL LTD. s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-18

Lo dispuesto por el a quo significaría, en definitiva, imponer a la apelante un costo adicional a los efectos de poder ejercer la protección de sus derechos marcarios; en efecto, obligar a la peticionaria a cargar con los gastos derivados del depósito de la mercadería embargada implicaría tanto como generarle un perjuicio económico concreto derivado de la supuesta infracción a las marcas de su propiedad -que es lo que aquélla precisamente intenta evitar (art. 38, inc. 'a', de la ley 22.362)-.

En tales condiciones, estimase procedente ordenar que el servicio aduanero se constituya como depositario de la mercadería embargada y que los gastos ocasionados por dicho depósito estarán a cargo del imputado mientras se mantenga y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo (arg. arts. 775 y 1042 del Código Aduanero).
Daño emergente, daño moral, ley de defensa del consumidor, responsabilidad de la agencia de viajes, cancelación de vuelo
Materia: CIVIL
Carátula: Field, Tamara y Otro c/ Editando S.R.L. y Otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-31

Procede hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios que promovieron los viajeros contra la agencia de turismo a través de la cual adquirieron los pasajes que le fueron cancelados por la aerolínea dado que ésta última cesó en sus actividades, y en consecuencia, condenar a la demandada a resarcir los daños emergente y moral, con más los intereses a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días sin capitalizar -desde la fecha en que se informó de la cancelación del vuelo contratado y hasta el efectivo pago del crédito-, pues la cuestión debatida se encuentra bajo la órbita de las relaciones de consumo que regula la Ley 24.240, es que la responsabilidad de las agencias de viajes abarca no sólo las hipótesis en que los servicios comprometidos son directamente brindados por ellas, sino inclusive en el caso de supeditación a la actividad de otras empresas prestatarias, ello sin perjuicio del reclamo que luego pudieran dirigir contra la aerolínea.
Doctrina de la arbitrariedad, sentencia arbitraria, aplicación de la ley, procedencia del recurso, ejecución de multas
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C & E CONSTRUCCIONES S.A s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en C & E CONSTRUCCIONES S.A.  c/  s/ 23 - EJECUCIÓN MULTA DETERMINADA POR CONTROLADOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

La decisión de la Cámara que confirmó el rechazo del planteo orientado a la aplicación de la ley más benigna en los términos del art. 3 de la ley n° 451 resulta equiparable a una sentencia definitiva porque le genera a la parte un perjuicio de difícil reparación posterior. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Alicia E. C. Ruiz).
Recurso contencioso administrativo, daño irreparable, medidas cautelares, pensiones graciables
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOPEZ, RICARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (CSJ EXPTE N.   1639-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

En un análisis provisional propio del pedido de medida cautelar efectuado, y habiendo solicitado el actor una pensión graciable instituida por la ley 4794 modificada por ley 10120; y atendiendo especialmente a la circunstancia de que el peticionante -que cuenta con 70 años de edad- no tendría, según la actividad probatoria que se impuso la propia demandada (cuyas genéricas negativas se contradirían con las constancias de la causa), ingreso alguno para subsistir, y que existen elementos que permitirían concluir en que su estado de salud puede estar comprometido; el caso es susceptible de ser encuadrado en el artículo 14, primer párrafo, de la ley 11330, debiéndose conceder provisionalmente el beneficio reclamado, sin que ello implique pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto.
Reconocimiento en rueda de personas, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Gutierrez, Mario Benito y Marín, Félix Nicolás s/ por  Robo  Agravado por el uso de arma en perjuicio de Jorge Guevara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-03-23

Que los reconocimientos practicados sin trepidar por la víctima a escaso tiempo de acontecido el hecho, constituyen base plena y sólida para tener a aquellos por autores de la conducta reprochada, más cuando nada hace presumir que mediara confusión, ni que ningún elemento permita presumir animosidad en el testigo que le hubiese llevado a falsear tal circunstancia, por lo tanto la valoración de la prueba aludida, a la luz de la sana crítica, sustenta válida y adecuadamente un fallo condenatorio.
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Brantua, Roberto Eduardo c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A.I.C. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20

Carecen de fuerza de convicción los dichos del testigo que sólo tiene un conocimiento meramente referencial de los hechos.
Tribunales de familia, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Casaburo, Carmelo A. C. c/ Vozza, Rosana L. s/ Medidas cautelares urgentes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

Si se solicita una medida precautoria a favor de los hijos menores del peticionante, la acción es de competencia del Tribunal de Familia no pudiendo desplazarse al Juez que intervino en el divorcio desde que el mismo se encuentra terminado por sentencia firme. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), regulación de honorarios, perito tasador
Materia: PENAL
Carátula: BANCO DE TABOADA, IRMA BEATRIZ c/ JUAREZ, SEGUNDO H. s/ LESIONES GRAVES - RECURSO DE APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1987-12-15

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el perito contador interviniente en la proporcion establecida en el art. 25 De la ley arancelaria.
Competencia, prevención
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M., M. s/ Tent. de hurto automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-20

El art. 13 del dec.ley 10067 al atribuir toda nueva causa que se origine respecto de un menor, a la competencia del juez que haya prevenido en el conocimiento del incapaz, no distingue la naturaleza de los nuevos procesos, desde que lo perseguido es el tratamiento integral, por parte de un único magistrado, de la situación de desamparo o inconducta del causante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS: "VACCARI FRANCISCO FERNANDO c/ ESTADO PROVINCIAL POR DIFERENCIA DE HABERES Y REUBICACION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-19

Corresponde el rechazo del beneficio de litigar sin gastos cuando lo único que ha probado el solicitante es no poseer bienes de carácter suntuario o lujosos, lo cual no significa no poseer los medios suficientes para afrontar los gastos que se generen en el juicio y verse impedido así de una adecuada defensa de sus derechos.

Interpretar de otra manera esta situación sería transformar el beneficio solicitado en un indebido privilegio, pues sería sencillo demandar sumas exorbitantes para que, por más solvencia económica de la que se goce, se pueda acceder al beneficio desvirtuando así su esencia y finalidad.