Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-05


///nos Aires, 5 de mayo de 2008.- AUTOS y VISTOS:

I.- Ingresa a estudio del Tribunal la presente causa en razón de los recursos de apelación deducidos a fs.714/715 y 716/722 por las defensas de Odigno Arzamendia y Diego Fernando Brossy contra la resolución de fs. 695/706 que decretara sus procesamientos en orden al delito de homicidio culposo -que damnifica a Salvador Quispe Florentín-, en concurso ideal con el de lesiones graves -que damnificaran a Santiago Cáceres Báez- y el de lesiones leves - que afecta a Cristian Espínola Figueredo- (conf. arts.45, 54, 84, 89 y 90 del Código Penal y 306 del Código Procesal Penal de la Nación). Por su parte, la defensa del imputado Brossy también recurrió el monto de embargo impuesto en el resolutorio de marras.- II.- Las respectivas vías impugnativas fueron mantenidas a fs.732/733 -defensa de Brossy- y a fs.738 -defensa de Arzamendia-, en tanto que a fs.741/744vta. se agregó el memorial respectivo - conf. art.454 del C.P.P.N.- elaborado por la defensa del imputado Arzamendia.

Y CONSIDERANDO:

III.- En una nueva lectura del legajo, tras la intervención del Tribunal de fs.327/328, se advierte que en las declaraciones indagatorias de Diego Fernando Brossy -fs.193/196vta.- y Odigno Arzamendia -fs.207/208vta.-, se ha omitido relevarlos del juramento de decir verdad que prestaran al exponer como testigos ante la prevención -fs. 37/37vta. y 14/14vta. respectivamente-, y que además se han consignado sus testimonios dentro de la prueba de cargo que se les dio a conocer al momento de ser impuestos del hecho del cual finalmente fueron imputados -conf. arts. 296 y 298 del código adjetivo-.

Por otro lado, se advierte también que la descripción de la plataforma fáctica que se les dio a conocer en ocasión de ser indagados, no tiene la precisión necesaria como para que conozcan cabalmente en que consistió la violación al deber objetivo de cuidado que les era exigible, y al que debieron ajustar su conducta en el transcurso del evento, lo que también afecta su derecho de defensa en juicio -conf.art. 298 del catálogo procesal-.

En consecuencia, las irregularidades verificadas imponen la nulidad del descargo que prestaran los encausados por haberse violado las garantías constitucionales exigidas en el debido proceso -arts. 167 inciso 3 y 168 párrafo 2 del código adjetivo.- IV.- En cuanto al primer punto, se desprende del sumario que al convocarse a Brossy y Arzamendia en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación a fs.185 y 197, se hizo expresa referencia en tal decreto, a que antes de concretarse la audiencia debían ser relevados de su juramento. Como ya adelantamos, tal extremo no solo no se cumplió sino que además sus testimonios fueron introducidos en el acta de su indgatoria como un elemento incriminante, afectando así la garantía que no obliga a una persona a declarar contra sí misma -artículos 18 de la Constitución Nacional, 14 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, y 8 -inciso 2, acápite g- de la Convención Americana de Derechos Humanos-.

Recordemos los antecedentes del caso. La causa se origina en el procedimiento realizado por el Inspector Gustavo Emilio Celedon -ver fs.1/3vta.- , a las 12:00 horas del día 21 de agosto de 2003, cuando se constituyó en la calle Cabrera 3484 donde un derrumbe provocó que los escombros atraparan a tres personas, una de las cuales -Salvador Quispe Florentín- falleció en el acto a raíz de las lesiones padecidas.- En la consulta promovida al Juzgado instructor -ver fs.1/3vta. y 5/7-, se dispuso la declaración testimonial del jefe de obra y de la totalidad de los empleados que se encontraban en el lugar de los hechos, pero tras el informe elaborado por la División Siniestros de la Policía Federal Argentina, se dejó sin efecto el testimonio del primero.- Pese a tal directiva finalmente se incorporó el testimonio del oficial carpintero Samuel Quevedo -fs.13/13vta.-, del oficial armador Francisco Mornigo -fs.10/10vta.-, del oficial carpintero José Cáceres - fs.15/15vta.-, del oficial carpintero Fernando Pérez -fs.11/11vta.-, del ayudante de albañil y sereno Francisco Morón Quiroz - fs.16/16vta.-, del ayudante de albañil y "pañolero" Juan Ramón Godoy -fs.17/17vta.-, de Bernardo Rojas y también los del oficial carpintero Odigno Arzamendia -fs.14/14vta.- y del jefe de obra, Diego Fernando Brossy -fs.37/37vta.-.

Es evidente que las exposiciones de Arzamendia y Brossy se recibieron en contra de las directivas impartidas por el Tribunal, y que luego, al decidir su titular que ellos debían dar explicaciones ya en los términos del art. 294 del Código de forma, consignó expresamente que deberían ser relevados del juramento de decir verdad que prestaran en la prevención para reparar el error en que se había incurrido, lo que evidentemente tampoco ocurrió. Esa sola omisión viola la garantía constitucional que prohibe la autoincriminación, e invalida en consecuencia los actos procesales así instrumentados de acuerdo al contenido del artículo 296 del ordenamiento adjetivo (conf. C.S.J.N. -voto disidente del Dr. Enrique S. Petracchi- en las causas "Acosta", Fallos 323:929 y "Bianchi, Guillermo O.", rta.: 27/06/02, T. 325:1404 y C.N.C.P., Sala III, c. 2.471, reg. Nº 765, "Antolin, Miguel Angel y otro s/recurso de casación", rta: 30/11/2000).

V.- Por otro lado, no hay duda que la descripción del hecho efectuada en la declaración indagatoria de los imputados ha sido vaga e indeterminada, sin que se precise adecuadamente la dinámica de los acontecimientos y, particularmente, las obligaciones a cargo de Brossy y Arzamendia que, desatendidas, provocaron el derrumbe.- Adviértase que en las declaraciones indagatorias recibidas a los nombrados a fs.193/196vta. y fs.207/208vta. simplemente se consignó que "(...) por imprudencia, negligencia e impericia en su condición de ingeniero civil y jefe de obra y capataz de la misma respectivamente, contratados por la empresa Teximco S.A., al haber dispuesto la demolición de dicho muro medianero a través del corte de canaletas en el mismo, mediante el uso de herramientas manuales y equipos neumáticos y con la omisión de colocar apuntalamientos eficaces, en consideración de la antigua data del muro", no surgiendo cuales eran los roles funcionales específicos de cada no de los protagonistas del incidente, a cargo de quien y como sería la metodología para demoler el muro, las previsiones que debieron tomarse tras determinarse que la pared de ladrillos estaba sentada sobre una base de barro, la modalidad en que se desarrollaron los cortes de canalización continuos -cuando debieron efectuarse en tramos-, la presencia o no de los apuntalamientos, las razones por las que se encontraban los operarios en la zona de demolición, como toda otra circunstancia relativa a los recaudos que la normas que rigen la materia exigían en esa ocasión, y cuyo conocimiento al momento de prestar los descargos hubiesen permitido una adecuada defensa.- Su omisión invalida el acto, ya que como sostiene el Dr. Julio B. J. Maier "la imputación correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente, pues permite negar todos o alguno de sus elementos para evitar o aminorar la consecuencia jurídico-penal a la que, se pretende, conduce o, de otra manera, agregar los elementos que, combinados con los que son afirmados, guían también a evitar la consecuencia o reducirla. Pero, para que la posibilidad de ser oído sea un medio eficiente de ejercitar la defensa, ella no puede reposar en una atribución más o menos vaga o confusa de malicia o enemistad con el orden jurídico, esto es, en un relato impreciso y desordenado de la acción u omisión que se pone a cargo del imputado, y mucho menos en una abstracción, acudiendo al nombre de la infracción, sino que, por el contrario, debe tener como presupuesto la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, singular de la vida de una persona. Ello significa describir un acontecimiento -que se supone real- con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo ubiquen en el mundo de los hechos -temporal y espacialmente- y le proporcionen su materialidad concreta (...)" (Derecho Procesal Penal - Tomo I: Fundamentos - Editores del Puerto S.R.L. - Buenos Aires - 1999, 2 edición - Pág.553) .- VI.- En definitiva, Brossy y Arzamendia prestaron declaración bajo juramento de decir verdad. Luego, al ser indagados, no solo no fueron advertidos de tal situación ni relevados expresamente de aquél, sino que además sus testimonios se consignaron antes de sus descargos como prueba que los incriminaba. Por último, la descripción del hecho impuesto fue deficiente al no precisar en que consistían la violación del deber de cuidado que se les reprochaba, todo lo cual no sólo resulta autoincriminante sino que vulnera el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, por lo que corresponde declarar la nulidad de las declaraciones indagatorias de los nombrados imputados, debiendo l juez de grado fijar una nueva audiencia para su correcta recepción con el alcance indicado en esta resolución.- La decisión adoptada no afecta a Carlos Alberto Proclemer, quien fuera desvinculado definitivamente de la causa mediante el auto de fs.263/274 que adquirió firmeza y autoridad de cosa juzgada a su respecto, toda vez que la nulidad declarada a fs.327/328, en relación a ese auto de mérito, solo alcanzaba la situación de Brossy y Arzamendia, por encontrarse restringida la competencia de este Tribunal de alzada por el artículo 445 del Código Procesal Penal de la Nación.- Finalmente, teniendo en consideración el tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones, se impone extremar los recaudos para concluir la instrucción del presente sumario en el plazo de sesenta días, conforme lo establece el art. 207 del Código Procesal Penal.- Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: Declarar la nulidad de las actas de declaración indagatoria de Diego Fernando Brossy - fs.193/196vta.- y Odigno Arzamendia -fs. 207/208vta.-, y de todos los actos procesales que fueren su derivación (conf. artículos 167 -inciso 3 -, 168 -párrafo 2?-, 296, 298 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación), deviniendo en consecuencia abstractos los recursos deducidos a fs.714/715 y 716/722 contra la resolución de fs.695/706vta.

Devuélvase al juzgado de origen donde deberán practicarse las notificaciones correspondientes y sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. Se deja constancia que el Doctor Julio Marcelo Lucini integra este tribunal por disposición de la Presidencia de esta Cámara del 17 de abril del corriente año.