marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Coautoría, sentencia absolutoria, encubrimiento, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: Quiñones, Mario Martín y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-08

Corresponde absolver a quien fue condenado como coautor del ilícito por haber sido encontrado en la puerta del domicilio del hijo al momento del allanamiento y haber dado aviso de la situación a su otra hija -agente policial-, pues si bien tal conducta puede plausiblemente responder a una intención de encubrir el delito de encubrimiento cometido por el hijo, sin que obren pruebas de que la receptación de la mercadería desapoderada hubiera sido conjunta, por aplicación del principio favor rei debe estarse a esta hipótesis, por lo que deviene aplicable el art. 277, pár.

4to., C.P., que exime de responsabilidad por encubrimiento a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Deberes del juez, facultades del juez, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: BALBUENA POVEDANO, ADRIANEDGARDO Y BALBUENA POVEDANO, GABRIEL ENRIQUE C/FLORES, DANIELEDUARDO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) S/CASACION c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2022-07-05

El ejercicio oficioso de las facultades-deberes que el ordenamiento procesal (arts. 34 a 36 del CPCyC) confiere a los magistrados de todas las instancias, no puede implicar sin más incurrir en incongruencia y avasallamiento del derecho de defensa en juicio, cuando lo que se controla mediante ese ejercicio es la válida constitución de la relación procesal sobre la cual versa el litigio, con la finalidad de aventar el riesgo de nulidades o el dictado de una sentencia que no resulte luego operativa en relación a los titulares de la relación sustancial que motiva el abordaje jurisdiccional. (Voto de la Dra. Criado, Dr. Apcarian y Dra. Piccinini sin disidencia)
Responsabilidad del deudor, costas, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: D. N. N. M. c/ G. R. M.  s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-12

"Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas".
Responsabilidad por omisión, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: C. A. K. c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22

El artículo 1074 del Código Civil -que establece que "[t]oda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido"- no debe ser entendido literalmente sino con amplitud: hay responsabilidad por omisión frente a cualquier supuesto en el que quien se abstiene infringe así una obligación jurÍdica de obrar, entendiendo por tal no sólo la que la ley consagra de modo específico sino la que surge inequívocamente del conjunto del ordenamiento jurídico, y que está impuesta por la razón, por el estado de las costumbres y por la práctica de los hombres probos (Demogue, René, Traité des obligations, t. III, París, Arthur Rousseau, 1925, § 258, p. 434) o siempre que la abstención implique un ejercicio abusivo de la libertad de actuar o quedar inactivo (Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, t. III, Buenos Aires, Perrot, 1996, 4ª ed., § 2221, p. 628). (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Contrato a favor de terceros, asistencia médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villca Flores, Juan c/ Esteban Page y Ot. s/ Daños (LIBRO: A136 - 085)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-02-08

La relación de un paciente -celebrada por sí o por sus representantes- y una mutual, sanatorio, etc., es contractual.

Asimismo y dado que entre tales entidades y los médicos que integran su "staff" no hay dependencia en sentido técnico científico, el vínculo entre estos últimos y los enfermos se establece sobre la base de la figura de la estipulación a favor de tercero. Por lo tanto, la mutual, sanatorio, etc. (promisorio - estipulación) el o los médicos (promitente) y el paciente (beneficiario) integran esas inter-relaciones jurídicas, y las responsabilidades potenciales del ente de salud y de los médicos son en tal supuesto directas y contractuales. Respecto de la prestación del servicio social de salud la circunstancia de ser el Estado uno de los integrantes de la relación jurídica, no innova la naturaleza contractual del deber jurídico, pues no hay motivos esenciales para suministrar un tratameinto diverso a la intervención de un hospital público o de una clínica privada
Obras sociales, OBSBA, medidas cautelares, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: HUFENBACH ADRIANA MARTA c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-11

Para que una obra social que no es agente del Sistema Nacional del Seguro de Salud pueda incorporarse al sistema, es necesario que adecue sus prestaciones de salud a las normas legales y reglamentarias correspondientes y dé cumplimiento a las demás condiciones previstas en el capítulo VIII de la Ley 23661, debiendo celebrarse los pertienentes convenios de adhesión.

Hasta tanto no se hayan verificado estos recaudos, el ejercicio del derecho resulta jurídicamente inviable.

En consecuencia, dado que no se ha alegado ni acreditado que la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OSBA) haya dado cumplimiento a los requisitos enunciados -a pesar de hallarse holgadamente vencido el plazo establecido para ello- la máxima protección cautelar que se puede otorgar a los afiliados es la que este Tribunal ha diseñado en sus anteriores pronuncimientos.

A saber: a) ordenar a las OSBA que brinde al afiliado prestaciones equivalentes a las del Sistema Integrado de Salud (Ley 23661, Cap. VI, y normas concordantes), hasta que se resuelva la cuestión de fondo; y b) disponer que la OSBA realice todas las actividades necesarias -dictado de normas legales y reglamentarias, celebración de cnvenios interjurisdiccionales, adecuación de prestaciones, etc.- y remueva todos los obstáculos para garantizar que los beneficiarios puedan ejercer el derecho de libre elección de obra social, conforme el artículo 37 de la Ley 472.

Si bien, en determinadas circunstancias, ello puede significar una tutela provisoria eventualmente insuficiente, es la mayor protección que consiente la regulación vigente. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Horacio G. A. Corti)
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ ENRIQUE JOSE c/ GOTTI VICTORIO Y GOTTI  S.A.C.C.F.I.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-09-03

En la presente causa se debate la caducidad de la segunda instancia, correspondiendo anticipar como principio general que la instancia de apelación se abre con la concesión del recurso respectivo y desde este momento es computable la perención.
Divorcio, sociedad conyugal, separación de bienes, embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: M. C. c/ F.G.E. s/ SEPARACIÓN POR CAUSAL OBJETIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-09

La finalidad de las medidas cautelares en estos procesos es la de garantizar sus derechos al cónyuge no propietario hasta que se liquiden los bienes matrimoniales, evitando la realización de actos en su perjuicio o la de salvaguardar la integridad del patrimonio del cónyuge que las solicita, para la recuperación de sus bienes propios, su cuota en los gananciales y la percepción de lo que le corresponde por sus créditos.

No se pide la medida para satisfacer un crédito singular sino para hacer efectiva la participación en la totalidad de los bienes de la sociedad conyugal, de un modo semejante a la que se decreta en los procesos concursorios, ya que el resguardo que acuerda el artículo 1277 Código Civil no es suficiente para tutelarlos en este trance.
Queja por recurso denegado, recurso de inconstitucionalidad, fundamentación del recurso, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: Acuña, María Soledad c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ L. O. C. y otros c/ GCBA s/ apelación - amparo - educación - vacante
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

Corresponde rechazar la queja si la recurrente no ha rebatido el fundamento por el cual la alzada denegó el recurso de inconstitucionalidad -su caducidad por el transcurso de los plazos previstos por la ley adjetiva para que operase dicho instituto entre la última actividad impulsora del proceso y el acuse de caducidad planteado-, limitándose a reiterar los agravios que expusiera en este último recurso y omitiendo realizar crítica alguna al fallo denegatorio. (Del voto de las juezas Marcela De Langhe y Alicia E. C. Ruiz).
Juicio ejecutivo, pagaré, bienes inembargables, remuneración, empleados públicos, inembargabilidad del salario, decreto ley, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: FINVERCON SA COMPAÑIA FINANCIERA c/ MENDOZA, MARIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-22

Resulta inaplicable el régimen de inembargabilidad de sueldos de empleados públicos consagrado por el Decreto 6754/43, en la ejecución de un pagaré, toda vez que la aplicación de éste régimen se encuentra condicionada a que la obligación provenga de "préstamos de dinero" o de "compra de mercadería" (Decreto> 6754/43: 1), y siendo el pagaré un título abstracto y estando además vedado en el juicio ejecutivo indagar la causa de la obligación (cpr: 544-4), no existe posibilidad legal de relacionar la obligación nacida del título cambiario con alguno de los vínculos contractuales mencionados en el art. 1 referido precedentemente.

DISIDENCIA DEL DR. MONTI: Resulta aplicable a un título de crédito (pagaré), el régimen de inembargabilidad de los sueldos de los empleados públicos que consagra el Decreto 6754/43, en cuanto alude a "préstamos de dinero", toda vez que subyace como condición esencial de tales títulos la de contener una "promesa incondicionada de pagar una suma indeterminada de dinero" (decreto ley 5965/63: 1-2 y 101-2), lo que más allá de la abstracción propia de esos títulos, parece suficiente per se para satisfacer el presupuesto de hecho de la norma en cuestión. Sin perjuicio de ello, dentro del citado régimen, correspondería aplicar la regla contenida en el art. 11 de dicha norma, y admitir la embargabilidad del porcentaje allí indicado sobre los haberes del ejecutado, pero toda vez que en la actualidad el régimen básico del contrato del trabajo contenido en la ley 20744 y sus modificatorias, así como su reglamentación preven con mayor especificidad tanto la regla de inembargabilidad como las alicuotas susceptibles de embargo, parece razonable atenerse a estas últimas (LCT: 120 y el Decreto 484/87: 1 y 2), por su mayor compatibilidad con las leyes vigentes en la materia y a fin de preservar la igualdad entre quienes trabajan en relación de dependencia, tanto en el ámbito público como privado en un aspecto que no parece justificar diferencias entre unos y otros.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador, jueces
Materia: CIVIL
Carátula: Dessy, Gustavo Gastón s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

La intención del legislador no puede ser obviada por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación legal ya que ellos, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no deben prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Augusto César Belluscio y Ricardo Levene (h).
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: VALLE, OMAR c/ MARRIOT ARG.  C.I.S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

Las providencias que niegan o conceden recursos, como aquellos que las sustancian, son inatacables mediante nueva apelación independiente, debiéndose proponer queja directamente.
Concursos, acuerdo preventivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bolívar Industrias S.A. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-23

Se discute en el presente caso la fecha a partir de la cual deben computarse los plazos previstos en el acuerdo, que fueran fijados en 12, 18 y 24 meses desde la homologación del mismo. A fin de fijar un punto de partida preciso, atento las vicisitudes que puede sufrir la homologación hasta quedar firme -impugnación, apelación, etc- y, tener una fecha desde la cual computar sus efectos, la ley 19551 impone la retroacción: "En todos los casos los efectos del acuerdo se retrotraen a la fecha de la votación" expresa el art.65 L.C.

norma que tiende a eliminar prácticas dilatorias del deudor.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo a domicilio, enfermeros, prestación de servicios, auxiliares de la medicina, ejercicio profesional, cuidador de enfermos
Materia: LABORAL
Carátula: GARAY, Aldo c/ GEORGALOS DE GOUNARIDIS, María s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-29

Si bien es cierto que el art. 23 de la LCT (t.o. dec. 370/96) prescribe que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, esa presunción cede frente a las circunstancias, relaciones o causas que motivaron aquellos servicios. En el caso concreto de un enfermero que integraba un grupo de profesionales que cuidaban a un enfermo en su domicilio particular puede afirmarse que actuaba como empresario de sí mismo, en el ejercicio personal de su profesión de auxiliar de la medicina, pero no como sujeto de una relación o contrato de trabajo. (Del voto del Dr. Morell, integrante de la mayoría).
Honorarios, recurso de apelación (procesal), costas, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ENCINA FRANCISCO c/ ELENA CARLETTI s/ Cumplimiento de Contrato (LIBRO: A074 - 037)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-04-24

Aun cuando el recurso en tratamiento no se le ha dado el tramite del art. 40 del C.P.C., no procede condenacion en costas, atento que la materia de la apelacion ha versado exclusivamente sobre el monto de los honorarios regulados.-
Cuestiones de competencia, competencia civil, acción civil por accidente de trabajo, reparación integral
Materia: PROCESAL
Carátula: Jugo Víctor Hugo c/ Swiss Medical A.R.T. S.A. s/ Daños y Perjuicios - Cuestión de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2019-12-30

Conforme al principio de determinación de la competencia en función a los términos y pretensiones del escrito de demanda (reparación integral del infortunio laboral), no podemos sino concluir en que se ha promovido una demanda por daños y perjuicios originados presuntamente en un hecho dañoso, fundado en las normas sustanciales del derecho civil y, en modo alguno, en normas laborales; por lo cual corresponde declarar la competencia de la justicia civil.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, daño psíquico, chofer de colectivos
Materia: LABORAL
Carátula: VALDEZ, RICARDO c/ EL HALCON  S.A. s/ ACCIDENTE - LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-31

Debe ser indemnizado en los términos de la ley 9688, el chofer de colectivos, cuando según el informe del cuerpo médico forense, la tarea laboral desempeñada agudizó o agravó el estado depresivo sufrido, pues dicha actividad obró como concausa en el desarrollo de la afección del trabajador y no se debe perder de vista las características bien particulares del trabajo de los conductores de transportes en la ciudad de Buenos Aires.
Verificación de créditos, verificación tardía
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: A.P.S. c/ José Deyacobbi s/ Quiebra s- incidente de verificación tardía
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-13

El art. 56 de L.C.Q se refiere con exclusividad a la verificación tardía en concurso y no existe norma similar cuando trata de la mencionada verificación en quiebra; en consecuencia el problema que se plantea es si prescribe o no la acción por verificación tardía en quiebra. Puede en una primera aproximación concluirse en que no es de aplicación el plazo de prescripción del art. citado a las verificaciones tardías en quiebra, pero cabe analizar la solución si la quiebra decretada es indirecta. En este sentido ha de sostenerse que el efecto prescriptivo lo produce el concurso preventivo exitoso, esto es el que no se frustra terminado por desistimiento o quiebra indirecta, en atención a que se trata de la aplicación de normas referidas a prescripción insusceptibles de ser interpretadas por extensión a supuestos análogos o similares, habida cuenta del criterio restrictivo que debe primar en su consideración (art. 3949 Cód.Civ.).
Pensiones, aportes previsionales, derecho al beneficio
Materia: PENAL
Carátula: Aquino Gomez , Nancy del Carmen c/ ANSES s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-25

La C.S.J.N. in re "Pinto, Ángela Amanda c/ A.N.Se.S s/ Pensiones" (sent. de fecha 06.04.10), sostuvo que el Decreto 460/99 no fue dictado para restringir el acceso de los asalariados a las prestaciones de la seguridad social, sino para subsanar situaciones de injusticia ocasionadas por las anteriores reglamentaciones provenientes de los Decretos 1120/94 y 136/97, así como contemplar las situaciones de aquellos afiliados que para el tiempo de la invalidez o fallecimiento se encontraran con dificultad de empleo (consid. 4). Así consideró que los 30 años de servicios con aportes que exige la normativa previsional deben computarse teniendo en cuenta los 47 años de vida laboral que tiene una persona, por el lapso que transcurre desde los 18 a los 65 años. Por lo tanto corresponde encuadrar al causante como un aportante irregular con derecho en los términos previstos por el art. 1 inc. 3 del Dec. 460/99. (En el caso, el causante fallece a los 36 años de edad, en plena actividad laboral, con tres años y cuatro meses de aportes), reconociendo a la actora su derecho al beneficio de pensión.
Homicidio por razones de género, violencia de género, agravantes de la pena, uniones convivenciales
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS-CIVIL
Carátula: F. c/ Vázquez Correa Abel Arnaldo s/ Homicidio agrav. en razón de la violencia de género y Carrasco Estay Lucía Belén P/ Av. Homicidio (17801) (75479) (83054) P/ Recurso Ext. de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-04-28

La relación de pareja en el marco de la agravante penal, es un concepto que comprende tanto a las uniones de hecho o concubinarias, como a los noviazgos vigentes o finalizados, y también, a aquellas relaciones afectivo sentimentales entre dos personas, sean del mismo o diferente sexo, que, con cierto grado de estabilidad y permanencia en el tiempo -no casual ni ocasional, aunque no fuere continuo- comparten o compartieron espacios de tiempo en común y ámbitos de intimidad, no solamente un intercambio sexual, también de conocimiento de preferencias, de fortalezas y de debilidades individuales.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, alimentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: I.J. c/ O.M. s/ Incidente alimento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-14

La interpretación de los términos de un convenio de alimentos es una típica cuestión de hecho privativa de los jueces de las instancias ordinarias, irrevisible en principio en casación, salvo absurdo.
Protección a la familia, restitución de menores, control de legalidad
Materia: CIVIL
Carátula: M., A. A. y otros c/  s/ medida de protección (digital)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-07-26

El control de legalidad judicial abarca tanto los casos en que se haya dispuesto la permanencia del niño con un miembro de su familia ampliada o de su medio comunitario (art. 41.a., Ley 26.061), como aquellos en que se determina su alojamiento en un medio alternativo -hogar, familia solidaria, etc.- (art.41.b.). No obsta a esta interpretación el hecho de que sólo en este segundo supuesto la ley disponga expresamente que "Estas medidas deberán ser supervisadas por el organismo administrativo local competente y judicial interviniente", porque se trata en ambos casos de medidas calificadas como excepcionales respecto de las cuales el juez ejerce el mentado control, que no distingue entre un supuesto y otro, y también incluye los casos en que el niño sea alojado en un hogar o institución con el consentimiento de uno o ambos progenitores.
Locación, fianza, extinción de la fianza
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Korman Juan Carlos y Otro c/ Quiroga Maria Edelmira y Otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-05-24

No corresponde extender el plazo de vigencia de la fianza por un período superior al contratado aunque éste fuere inferior al plazo mínimo legal.
Cheque sin fondos, cheque en blanco, redacción por terceros, participación necesaria, autoría, titular de cuenta corriente, dolo
Materia: PENAL
Carátula: POGGIOLI, GABRIELADEL PINO GONZALES, ALEJANDRO s/ Cheque sin fondos Causa 30269
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-27

1- Debe considerarse partícipe necesario quien llena los textos manuscritos de los cheques firmados por su titular y los lanza a la circulación, pues se trata de una persona que ya sea por tener clausurada su cuenta corriente, simplemente por no tenerla o por diversos motivos circunstanciales, utiliza los cheques de la cuenta corriente de su cónyuge, familiar, amigo , socio o empleado, el que se los facilita ya firmados, con la complaciente actitud de autorizarlo para que complete los textos manuscritos y los ponga en circulación como mejor le venga en gana a esta persona. (Del voto del Dr. Riggi).- 2- A su vez, la persona titular de la cuenta corriente en estos casos suele alegar inocencia dado que el manejo de los fondos está a cargo de la persona favorecida con su actitud, pero este comportamiento no solo demuestra una completa desaprensión sino que también se halla incursa en la comisión de las figuras penales de los tres primeros incisos del Art. 302 del Código Penal, actuando el sujeto con el dolo requerido por el delito en el que reviste la calidad de autora.

(Del voto del Dr. Riggi).
Responsabilidad del Estado, entes autárquicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DELGADO PENAILILLO, Olivia c/ Provincia del Chubut s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-11-15

...el ente SI-PROSALUD, es un sujeto de derecho, y en consecuencia, toda su actuación se encuentra regulada por el Derecho: tanto en su estructura, como en su funcionamiento, forma de expresar su voluntad, que es voluntad orgánica, capaz de ejercer derechos, y obviamente de contraer obligaciones, asumiendo responsabilidades de carácter público. Y, si responder es restituir un desequilibrio producido por un sujeto, éste será determinado judicialmente, partiendo de la base de los análisis de la entidad del daño, de la situación de la víctima, y de su posición jurídica frente al autor del daño.