Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-02


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 02 días del mes de diciembre del año dos mil ocho, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y José Luis Pasutti, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "V. , J. B. psa Homicidio en grado de tentativa" (Expediente N° 21.149 - F° 42 - T° II - Año 2007).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 129: Panizzi, Pfleger y Pasutti.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I) El día 17 de octubre del año 2007, en la ciudad de Puerto Madryn, el Tribunal Colegiado integrado por los doctores Leonardo Marcelo Pitcovsky, Néstor Ángel Lorenzetti y Patricia Gabriela Mallo, dictó la sentencia registrada bajo el N° 39/07 mediante la cual condenó a J. B. V. a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor material y penalmente responsable del delito de homicidio simple en concurso real con homicidio en grado de tentativa, por los hechos ocurridos en esa ciudad el día 8 de noviembre de 2006, alrededor de las 23 hs., en la vereda de la estación de expendio de combustible "El T. ", sita en la intersección de las calles Gales y J.B. Justo, en perjuicio de R. A. P. (padre) y R. A. P. (hijo) (artículos 12, 29, inciso 3°, 40, 41, 41 bis, 42, 45, 55 y 79 del Código Penal).

II) El hecho por el cual el acusado fue llevado a juicio, ha sido imputado por el titular de la acción penal de la siguiente manera: "El día 08 de noviembre de 2006, siendo aproximadamente las veintitrés horas, en la vereda de la Avenida Gales, de la estación de servicio `El T. ´, sito en intersección de la avenida mencionada y Juan B. Justo de esta ciudad, se genera una discusión y forcejeo entre J. B. V. , R. A. P. (padre) la esposa de éste último, N.- N. F. , momentos en que intervienen para frenar la discusión R. A. P. (hijo) en esos instantes V. extrae de entre sus prendas un revólver calibre 38 largo, marca Smith & Wesson y disparó con el fin de ocasionarle la muerte contra P. (padre), impactando el proyectil en la región occipital izquierda, donde quedó alojado el mismo y luego hacia P. (hijo) impactando en región axilar izquierda. Luego de ello, emprende la fuga, en la bicicleta en la que se movilizaba, siendo reducido a escasos metros por un oficial de policía que pasa por el lugar, secuestrándose en su poder el arma mencionada".

III) Contra ese pronunciamiento la Defensora Jefa de la Defensa Pública de aquella ciudad, doctora Gladys Mabel Del Balzo, en representación de don J. B. V. , dedujo una impugnación ordinaria en los términos del artículo 347 del Código Procesal Penal -Ley 5478-, en la que esgrimió dos motivos de agravio.

En primer lugar instó a la declaración de nulidad del fallo, por considerar que el voto del Juez Lorenzetti careció de la fundamentación individual que exige el artículo 25 del ordenamiento ritual. Señaló que el magistrado reemplazó la valoración propia de cada elemento de prueba, que impone la ley, por referencias a apreciaciones efectuadas por los otros magistrados de la causa.

Entendió que el sentenciante, sin dar razones, desestimó el testimonio de la Sra. F. , ignoró los dichos de R. A. P. (hijo) y soslayó las manifestaciones de E. de la R. y del Oficial Molina, con respecto a la utilización de un garrote por parte de la víctima más joven para agredir al imputado.

Señaló que las explicaciones brindadas en la audiencia por el Médico Forense, Dr. N. , no fueron valoradas por el Juez Lorenzetti mientras que el informe del galeno, Dr. G. , sobre la trayectoria del proyectil que ingresó en el cráneo de P. padre, fue apreciada por el Juez en contra de los intereses de su defendido, en un razonamiento que -a su criterio- resulta lógicamente inválido.

Agregó que el magistrado soslayó el alegato final de la defensa sobre la no concurrencia de una pluralidad delictiva y, en cambio, omitió todo análisis sobre el tema impidiendo al justiciable comprender las razones que lo llevaron a la conclusión condenatoria que emitió.

Subsidiariamente planteó arbitrariedad en la valoración de la prueba, por parte de los Jueces Pitcovsky y Mallo, para considerar probada la agresión ilegítima de la que fue víctima V. , por parte de Raúl P. hijo y, al mismo tiempo, descartar la concurrencia de los restantes requisitos previstos legalmente para la figura penal pretensa.

Explicó que las lesiones provocadas a V. , junto al grave cuadro clínico cardiovascular que padecía -del que dio cuenta el Médico Forense y el cardiólogo doctor Spino- hicieron que la respuesta a las agresiones sufridas, ante la inferioridad física, no presente a las heridas causadas como jurídicamente disparatadas.

Criticó la valoración de los sentenciantes a la trayectoria de un proyectil que había ocasionado una lesión con orificio de entrada en pabellón auricular derecho y orificio de salida detrás de la hipófisis mastoidea del lado izquierdo. Circunstancias que consideró ajenas a la acusación y también a lo consignado en la historia clínica, por lo que no podían ser valoradas por los magistrados.

Por lo expuesto, solicitó la nulificación del fallo e hizo reserva de plantear el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para el supuesto de obtener un pronunciamiento contrario a sus pretensiones.

IV) En el documento numerado 116/118 vta., consta la respuesta del Fiscal General Jefe de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, doctor Daniel Esteban Báez, a la impugnación de la defensa.

Allí, sostuvo que los agravios esgrimidos por el recurrente sólo constituyeron una opinión personal y discrepante con la formulada por los Juzgadores, que no logró enervar las conclusiones en contrario que el fallo proporciona.

Compartió la valoración de la prueba, efectuada por el a quo, porque los elementos fueron analizados en su conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Destacó que no hubo contradicción en los testimonios apreciados con respecto al empleo de un garrote por parte de P. (hijo) y señaló que las lesiones presentes en el acusado fueron consecuencia del forcejeó que mantuvo con el occiso cuando éste intentó quitarle el arma de fuego, tal como lo informó el Dr. N. .

Entendió que la defensa analizó la prueba reunida de modo independiente, con lo que pretendió persuadir de que, aisladamente, cada elemento no puede fundar una juicio convictivo.

No advirtió defectos en el razonamiento que realizó el Tribunal de grado para tener por probadas, tanto la materialidad de la imputación, como la participación de V. en el hecho, ni halló afectación alguna al principio lógico de razón suficiente.

A criterio del acusador, para demostrar la arbitrariedad alegada por la defensa, es insuficiente una mera discrepancia en la interpretación de los dichos de los testigos. Se requiere la demostración de un absurdo de magnitud que constituya una derivación irrazonable del derecho vigente.

Por ello, solicitó el rechazo de la impugnación y la confirmación del fallo en todas sus partes.

V) En atención al monto de la pena impuesta, los autos fueron elevados a este Superior Tribunal de Justicia, por lo que la causa deberá ser sometida a la revisión de la Sala Penal en los términos de los artículos 179, inciso 2° de la Constitución Provincial y 377 del Código Procesal Penal, Ley 5478.

VI) La impugnación del acusado estuvo dirigida, primero, a obtener la declaración de nulidad del fallo emitido por el Tribunal Colegiado de la ciudad de Puerto Madryn, cosida a fs. 89/108 vta., porque el tercer sufragio no cumplió -en opinión del recurrente- con la exigencia impuesta por el artículo 25 del nuevo ordenamiento ritual, en consonancia con el artículo 169 de la Constitución Provincial.

Disentiré con el parecer del reclamante, puesto que es concreta y prolija la motivación del voto que pronunció el Juez Lorenzetti, y ajustada a las exigencias de forma a las que lo obliga la norma citada en el párrafo precedente.

El magistrado inició su exposición señalando que, luego de la deliberación, los tres miembros del Tribunal arribaron por unanimidad a la condena del acusado, razón por la cual daría sus razones conforme la exigencia constitucional. Y así lo hizo.

Sin ahondar en los detalles de las declaraciones testimoniales que sirvieron de base a la condena, por haberlos desarrollado con minuciosidad los dos magistrados que sufragaron antes del Juez Lorenzetti, éste dio las razones por las cuales tales deposiciones lo convencieron sobre la ocurrencia del hecho bajo investigación y la responsabilidad penal del acusado.

Contrariamente a lo señalado por el recurrente, el sentenciante destacó las versiones de R. A. P. (hijo), la señora F. (esposa del occiso), E. de la R. , C. V. , A. P. y el Oficial S. como contradictorias a los argumentos defensivos del imputado -en punto a que sus disparos fueron al aire para lograr zafar de la situación violenta en la que se encontraba.

Para el magistrado los testigos referidos dejaron sin sustento fáctico la declaración desincriminante de V. , y lo convencieron de que su actuación resultaba imposible de calificar como legítima defensa.

Es válido el análisis del Juez Lorenzetti sobre la autopsia que efectuó el Dr. G. ; su análisis del informe carece de parcialidades o de calificaciones personales que hubieran modificado la objetividad de la pericia.

Cierto es que el magistrado no hizo ninguna referencia, en su voto, a la declaración del médico N. durante el juicio, pero tal ausencia no invalida la motivación del sufragio ni le quita sostén, puesto que los Jueces son libres para seleccionar los elementos de prueba que apoyan la condena siempre que rijan el proceso de valoración por las reglas de la sana crítica (artículo 25 C.P.P.).

Los párrafo dedicados por el Juez Lorenzetti a calificar legalmente el hecho y a establecer la concurrencia delictiva, fueron claros y suficientes a los fines de fundamentar su decisión y, contrariamente a lo denunciado por el recurrente no juzgo que le hayan impedido al acusado comprender la motivación de la condena; máxime cuando tal conclusión coincidió en un todo con la que emitieron los restantes integrantes del cuerpo.

A nadie se oculta que las resoluciones judiciales deben ser motivadas, que deben contener fundamentos adecuados, de modo lógico y legal. En el caso de los órganos colegiados, esos fundamentos deben ser expresados individualmente por cada Juez, aun cuando coincida con la conclusión de otro de los miembros (artículos 169 constitucional y 25 del Código Procesal Penal).

La motivación suficiente e individual -en punto a las resolución judiciales- implica que cada magistrado debe expresar su discurrimiento con claridad. Es decir, enunciar las ideas por las que ha llegado a la conclusión, de tal modo que sea posible poner a prueba esa conclusión y ser desmentida por un examen ulterior adverso.

Ni la Constitución de la Provincia del Chubut ni el Código Procesal Penal pretenden, como es lógico, que el Juez repita los votos anteriores -aun cuando lo haga con otras palabras- sino que cada sufragio sea fundamentado y que los fundamentos se expresen con claridad.

Por otro lado, ni la retahíla de defectos que apuntó el recurrente, ni el perjuicio concreto que le habrían ocasionado, tienen correlación con la motivación del tercer voto, por lo que desestimaré el primer motivo de impugnación, en función de lo expuesto.

El segundo argumento que esgrimió la defensa para impugnar la sentencia, fue una valoración arbitraria por parte de los magistrados Pitcovsky y Mallo sobre la prueba colectada en la causa. Sin embargo, también habré de desestimar este planteo recursivo.

Ambos magistrados dedicaron varios pasajes de sus sufragios a dar razones fundadas para considerar o desestimar cada uno de los elementos de prueba colectados en la causa. De esa manera, concluyeron en que el acusado no actuó en estado de emoción violenta ni bajo circunstancias excusables, cuando la solución escogida para repeler la agresión a golpes de puño que le propinaron P. padre y su hijo homónimo, fueron varios disparos con arma de fuego.

El acusado manifestó que, la noche de los hechos, portaba un revólver por el miedo que le habían infundido las previas amenazas que -suponía- le había cursado el interfecto. Tal expresión se contrapone con la actitud asumida el día del delito, pues inversamente a lo apuntado, en oportunidad de encontrarse con su retador y su esposa, se acercó armado, provocó la disputa y tras obtener una golpiza respondió en forma casi inmediata ejecutando el arma contra quien lo amenazó y su hijo mayor.

Así lo juzgaron los dos sentenciantes a los que está dirigido este ataque de la defensa, y las conclusiones a las que arribó el impugnante, luego de su particular apreciación de la prueba, contraria a la elaborada en el fallo condenatorio, no logra derribar un razonamiento que se presenta como lógicamente válido.

Por lo expuesto, desecharé este agravio en tanto no logró derribar la solidez del pronunciamiento impugnado.

VII) En resolución, la sentencia dictada por el a quo, obrante a fojas 89/108 vta., es una decisión motivada, correctamente razonada. Ha establecido con certeza la existencia de los hechos insimulados y la participación en ellos del acusado. Por las razones expuestas juzgo adecuada la calificación legal efectuada en el fallo y justa la pena que se aplicó en él.

El pronunciamiento me ha convencido de que la decisión del Tribunal Colegiado debe ser confirmada en todos sus términos (con costas) porque se ajusta a derecho.

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. La Sala entiende en el caso a consecuencia de la impugnación ordinaria deducida por la Defensa Pública, en desmedro de la sentencia que el diecisiete de Octubre de dos mil ocho condenó a J. B. V. a pasar once años de prisión y cargar con las accesorias legales y costas (arts. 12, 29 inc. 3°, 40 y 41bis del C.P.), por habérselo encontrado autor del delito de homicidio simple en concurso real con homicidio en grado de tentativa (arts. 79, 42,45 y 55 del C. Penal) en relación con los hechos ocurridos en la ciudad de Puerto Madryn, el día 8 de Noviembre del año 2006, aproximadamente a las 23:00 horas, en la vereda de la estación de expendio de combustibles "El T. ", sito en la intersección de las calles Gales y J.B Justo, en perjuicio de A. P. - padre- y de R. A. P. (hijo).

Asimismo, concita la atención el instituto de la Consulta, operativo en virtud de la pena aplicada.

Los argumentos dados por la apelante están vertidos en el escrito cuyas hojas llevan por números la secuencia que va de 110/114 y su contracara, la contestación del Ministerio Fiscal, se encuentra añadida en los folios que tienen estampados los números 116 a 118.

Esta breve semblanza del caso terminará aquí mismo. Lo aclaro pues a relación formulada por el señor Juez del voto que antecede exime de mayores prólogos y conlleva, si repitiere, el riesgo de la redundancia.

Por el contrario, la exposición precedente permite ingresar directamente al tratamiento de las tópicas; eso haré sin más.

II. En primer lugar, dejaré sentada, nuevamente, la posición que sostengo en torno a que la Consulta es cuestión que atañe al pleno.

Lo he dicho en otros precedentes y lo reitero con el único propósito de resultar consecuente.

Las razones fueron expuestas en precedentes tales como "Leiva-Cayul", resuelto antaño y -como allí dije- materia de una ponencia presentada al pleno con resultado adverso.

También señalo que emitiré mi voto en los términos planteados en otros casos pues estimo que esta mi opinión, minoritaria en ambos la Sala y el Cuerpo todo, no debe ser obstáculo para dar respuesta al planteo.

III. Dicho esto, a las cosas.

Adelanto mi coincidencia con el criterio sustentado por el colega preopinante por considerar que ha dado correcta respuesta al planteo formulado por la Defensora Pública; empero resulta ineludible dar razones.

Y es que examinada en la forma amplia, bajo los parámetros que ya explicaré mejor, la que se inspecciona emerge airosa de la tarea.

Es que el caso merece una breve digresión, que me permito en este discurso.

La máxima posibilidad de revisión o, como se quiera llamar, el máximo rendimiento, tienen, como ya lo he indicado, dos limitaciones sustanciales.	Una es práctica, o natural. Hay un límite a la revisión ordinaria que es producto de que no resulta repetible lo que fue propio de la inmediación del juicio oral. No hay esfuerzo posible que contribuya a recrear lo que los Jueces vieron y escucharon en el debate, aún el invalorable esfuerzo de la técnica, que nos permite, al menos, reproducir los avatares del juicio y en particular los testimonios.

En segundo lugar, un límite jurídico. El límite que, al llamado "juicio al juicio", le impone la publicidad de lo sucedido, pues se ha desplegado frente a los jueces y el pueblo, en el plenario, toda la prueba aportada por las partes que en esa clave de publicidad como mandato republicano y garantía, a la vez, no se representará nuevamente.

Más adelante este prólogo cobrará verdadero sentido, pues trataré en el orden en que fueron presentado a los motivos de impugnación.

IV. La nulidad de la sentencia por carecer de motivación suficiente.

La impugnante arremetió, con loable propósito, contra el voto del Juez Lorenzetti argumentado que el mismo no cumple con el requisito de dar fundamento individual a la conclusión a la que arriba.

Ya se ha leído en el sufragio del Ministro Panizzi el meollo del discurso enderezado a obtener una pretensión favorable.

En tema, expondré mi disenso con esa argumentación.

He procurado leer con atención el sufragio del Magistrado puesto en la picota y, sin perjuicio de la técnica aplicada para su construcción, considero que la posición satisface los niveles de adecuación a la manda procesal que es derivación de la norma constitucional (art. 169 C.P.Ch) reglamentada por el Código Procesal Penal (art. 25 C.P.P, Ley 5478)	Desde una perspectiva literal ha menester develar el sentido constitucional del imperativo "...motivadas.." (adjetivo que califica a las resoluciones judiciales) y de los vocablos "...adecuada fundamentación lógica y legal..." e "individual" que le ponen contenido a aquella.

Una primera primer pista parece fluir del propio texto de la norma cuando prescribe que "...la ausencia de motivación suficiente e individual se considera falta grave a los efectos pertinentes..."	Esto, conduce a pensar, se me ocurre, en que el vocablo "suficiente" engloba a los conceptos "adecuada fundamentación lógica y legal"; vale decir la fundamentación ha de ser suficiente en relación con las cualidades exigibles a una sentencia válida.

La palabra "fundamentación" no se encuentra en el Diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, el sustantivo fundamento, en su tercera acepción RAE, denota por tal la "... razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo....".

"Lógico", para la guía de la lengua castellana, posee cuatro significados que son útiles en dar sentido y alcance al adjetivo; de ellos tomaré cuatro, así: 1. perteneciente o relativo a la lógica. 2. Conforme a las reglas de la lógica. 3. Dicho de una consecuencia: Natural y legítima. 4. Dicho de un suceso: Cuyos antecedentes justifican lo sucedido.

"Legal" es, siempre desde lo literal, aquello prescrito por ley y conforme a ella. Lo perteneciente o relativo a la ley o al derecho (las acepciones dadas pueden consultarse en el Diccionario de la Real Academia, Edición 1978 o en el sitio web de esa entidad "buscon.rae.es")	"Adecuada", participio del verbo adecuar, es, siempre al diccionario: Apropiado a las condiciones, circunstancias u objeto de algo	Y vuelvo al segundo párrafo del precepto que se intenta desentrañar, el que contiene la palabra suficiente que implica, en las dos extensiones que pueden traerse: 1. bastante para lo que se necesita. 2. Apto o idóneo	De modo entonces que las sentencias, individuales en los cuerpos colegiados, han de tener una expresión lógica de las razones o motivos apropiados para justificar la conclusión a la que arriban, razonadamente, que ha de ser bastante o apta o idónea para cumplir sus fines que, ahora sí, envuelven a los principios y garantías constitucionales: a. su publicidad como acto de gobierno. b. la comprensión por el destinatario. c. el entendimiento necesario para la impugnación. d. la claridad para ejercer el control jurisdiccional o de grado.

Cuando se ha explicado la introducción del precepto en la constituyente de 1994, el doctor R. H. , convencional y comentarista, ha explicado, y me parece atinado exponer completa sus ideas, remite al "Informe final del Instituto Interamericano de Derechos Humanos" que sostuvo que "...Sin embargo, pese al reconocimiento expreso de este requisito en las sentencias (se refiere a la motivación) en la práctica judicial no siempre se halla una motivación racional o adecuada de las sentencias. Frecuentemente hay fórmulas -llamadas a veces "sellos", "planchas", etc. es decir, repeticiones estereotipadas- que sirven para eludir la motivación o para encubrir bajo unas pocas líneas reiterativas una auténtica falta de motivación frecuentemente tiene lugar en instancias superiores, alzada y extraordinarias, respecto de la totalidad de la sentencia y hasta pasando por alto los argumentos del recurrente, lo que es particularmente grave cuando se trata de la argumentación de la defensa. Por supuesto que no es necesario que una sentencia reitere lo que es perfectamente identificable, lo que constituiría un formalismo absurdo y contrario a la economía procesal, pero de lo que se trata es del reconocimiento del curso del razonamiento acerca de los aspectos fácticos y jurídicos que, en forma directa o en función de remisiones accesibles pueda hacerse efectivo...".

De su propio cuño H. añade que, en la doctrina española se ha dicho: "...Ciertamente su imposición -el deber de motivar las sentencias- no obedece sólo al interés por la protección directa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que responde también a otras consideraciones, que de forma indirecta tienden también a la consecución del aquel fin..."; y prosigue: "...Entre estas últimas es particularmente relevante su función como instrumento necesario al servicio de la erradicación de la arbitrariedad en la actuación de los órganos judiciales y como garantía de la efectiva aplicación del derecho. En definitiva refleja ante la sociedad en general el respeto de jueces por el sistema constitucional de fuentes. Históricamente, como Ortelles ha expuesto con detalles el deber de motivación de las sentencias se establece en España de modo simultáneo en casi todos los casos al de la creación de un nuevo derecho con el objeto de garantizar su aplicación por la judicatura..."	Cierra el autor el comentario con estas palabras: "...Además la fundamentación externa de las decisiones judiciales es necesaria para facilitar el control, por parte de los órganos jurisdiccionales superiores, de la corrección de la aplicación de las normas jurídicas realizadas por los inferiores, mediante el conocimiento de los recursos y también, como es obvio, cuando los órganos encargados de control no pertenecen al poder judicial...Por último(...) por un lado permite el conocimiento de la doctrina jurisprudencial; por el otro contribuye al logro de una mayor perfección técnica de las resoluciones al compeler a los jueces a reflejar por escrito sus operaciones intelectuales..." (Estas citas son textuales de la nota 621 que se encuentra en las páginas 314 y 315, comentarios a los arts. 165[168;169] de la obra "La reforma en la Provincia del Chubut- Prolongación del ciclo constituyente" de J. R. H. . Centro de Estudios e Investigaciones Patagónicas.1995).

Así dicho, quedan delineadas las exigencias constitucionales y procesales que hacen a la validez de los sufragios individuales.

Cabe ahora confrontar los juicios resultantes de la interpretación literal y del buceo en la voluntad del legislador, con el óbice que se ha puesto a la que se escruta.

No creo que sea preciso, en esta ya extensa exposición, parafrasear el modo en que el Juez Lorenzetti estructuró su voto. Lo analizaré no obstante.

El preludio el claro. Los tres jueces deliberaron para llegar a la condena, por lo que, de por sí, es toda una expresión de anuncio de coincidencias que implica compartir los argumentos dados.

Pero hubiera incurrido el Juez del pecado de acudir al estereotipo si allí hubiera cesado su discurso. Nada de eso. Pues renglón seguido pasó a dar los argumentos con los que asentó su posición.

Si se pretendiera poner en vilo la declaración de hechos, poco costaría a quien lo pretendiese acudir a la proposición fiscal al respecto, más aún cuando -para él y puede discutirse su acierto u error pero el criterio es inconfundible- señaló que no se había discutido la participación del inculpado en el evento, que señaló inequívocamente, planteando, a renglón seguido, los aspectos controversiales del debate.

No es censurable, tampoco. Pues ni la literalidad del mandato ni sus razones impiden una remisión expresa a los antecedentes, tanto y más cuando se trata de grabaciones de la audiencia que a la parte resultan accesibles.

Tampoco creo que se haya perdido el tino cuando el Juez realizó una nueva remisión, esta vez a lo que sus colegas analizaron en términos de prueba, porqué a renglón seguido y aunque de modo breve, es verdad, razonó para justificar acerca de la manera en que se produjeron los hechos con un criterio adverso al interés de la defensa, por otra parte.

De igual modo, carece de la característica de un "sello" o "plancha" o de una forma vacía de contenido o sustancia.

El contenido de sus palabras es bastante a sus fines y da base a entender el porqué el Juez discutido arribó a la concurrencia predicada, en términos fácticos y jurídicos.

Tengo para mí que la ley no manda a guardar un determinado estilo literario, ni impone fórmulas sacras para construir un voto.

Sólo manda a dar razones y a hacerlo de manera comprensible.

La sentencia, en este aspecto puede ser entendida por el profano y por el técnico. Puede ser discutida y, fundamentalmente, controlada sin mayores esfuerzos.

Estas causas, entonces, me llevan a desechar las pretensiones de la defensa, en este aspecto.

IV. La alegada arbitrariedad en la valoración de la prueba.

Existen algunos puntos de la sentencia recurrida que se encuentran más allá de cualquier discusión.

Uno de ellos, básico por otro lado, es la existencia de los hechos en su objetiva materialidad y la vinculación que con ellos tuvo el imputado.

En efecto, hay certeza en el predicado asumido en la bajo examen que indica que de los disparos efectuados por el incuso resultó la muerte de Raúl P. , y que, del mismo modo, deflagró en desmedro del hijo de la víctima con la consecuencia conocida, que los jueces -para ambos casos- encuadraron del modo visto.

Puede leerse así que V. ejecutó en la ocasión de tiempo y espacio referidos en la acusación fiscal : "...Uno de los disparos contra R. P. padre (que) ingresó en la región occipital parietal izquierda, provocando lesiones irreversibles, a causa de las cuales falleciera el cinco de enero de 2007 conforme surge de los dichos del Dr. H. G., su informe de necropsia y certificado de defunción ingresado como prueba. En cuanto al disparo descerrajado contra la humanidad del hijo, el proyectil ingresó en la región axilar izquierda alojándose en el omóplato del mismo lado..." (Del primer voto).

Efectivamente lo hizo en el playón de la estación de servicios "El T. centro" sita en la Avenida Gales y Juan B. Justo de la ciudad de Puerto Madryn el día ocho de Noviembre de 2006, mediante el revólver calibre 38 marca Winchester Especial, con cachas de madera envuelta con una cinta aisladora negra, que registra grabado el número ***********, con el que disparó por cuatro veces (ver sobre el particular el acta policial de fs. 1/2, el plano de fs. 3, las fotografías que forman parte del informe técnico fotográfico 441/06, números 1 a 10, el informe pericial 96/06, las constancias de historia clínica de las víctimas enviadas por el Hospital "I. " de la ciudad Portuaria y el informe forense del 11 de Noviembre de 2006 y informe de autopsia, espectro que está añadido en el cuerpo de prueba de la fiscalía, todo cuanto fue incorporado al debate, con el debido control del adversario.

No obstante esta realidad, perfectamente reconstruida en la sentencia, ha menester a dilucidar la secuencia de los hechos, asunto que dio pábulo a la impugnante para argumentar la concurrencia de una causa de justificación (legítima defensa), negada por el Acusador Público y por el Tribunal de Mérito.

Pero antes una aclaración.

Cuando hablé arriba de los valladares naturales de la inspección, por llamarles de algún modo, quise decir que no aparece reñido con la lógica, con la ciencia del bien pensar, o si se quiere con lo que resulta evidente del examen integral de la prueba, cavilar sobre el valor que los jueces del debate han dado a las expresiones de los testigos, a menos que aparezcan aquellos, los dichos, descontextualizados y en franca contradicción con el resto de la prueba que sí es factible examinar directamente en la instancia.

Esta aclaración viene al caso pues, como se verá en breve, no resulta para nada cuestionable la ponderación que los Magistrados votantes, los jueces Pitcovsky, Mallo y Lorenzetti, hicieron de los órganos de prueba que percibieron con sus sentidos las circunstancias anteriores, concomitantes e inmediato posteriores del hecho y que, cada cual con su aporte, permitió reconfigurar en la inteligencia de los Magistrados la realidad pasada Como claramente lo expuso la Juez que votó en segundo lugar ha quedado probado en autos más allá de toda duda razonable, que en el momento inmediato anterior a la tragedia, R. A. P. hijo, acompañado de su padre R. A. P. y de su madre N. N. F. , arribaron a la estación de servicios mencionada, en su camioneta de él. Cuando P. el joven estacionó en la isla número 2 para proveerse de combustible, sus padres descendieron del vehículo para continuar a pie hasta la casa de F. ubicada a escasas dos cuadras y media de ese lugar. Que en ese momento apareció V. en bicicleta acompañado de un hijo de la pareja de nombre Nicolás.

Basta escuchar la grabación atinente a este punto, en lo que atañe a los testigos F. y P. hijo para llegar a la plena coincidencia con la sentencia.

F. no ofrece fisuras, en este aspecto.

Luego de explicar acerca de los antecedentes de la relación con V. y la manera en que esta se fue deteriorando, hasta el abandono, y narrar sobre la perspectiva de una reconciliación con su marido, habló, claramente, de cómo y porqué llegaron al sitio adonde se desencadenó la tragedia, sitio en el que fue abordada por el imputado de modo sorpresivo.

P. -hijo- refirió otro tanto sobre el particular, de modo coincidente. Sus padres, juntos, salieron detrás de la camioneta y se toparon con V.

No me parece ilógico que, como sostuvieron los jueces de mérito, el sujeto buscara encontrarse con el dúo, ni que tampoco ese encuentro fuera grato para alguno y mereciera, de la mujer, un gesto de alegría.

El antecedente de una relación deteriorada o finalizada y la perspectiva de una reconciliación con el otro, desacredita desde el vamos la versión de V. , porque si por un principio lógico las consecuencias se derivan de sus causas, la causa más fuerte que explica el acontecer es la que se acaba de referir.

No me parece que una mujer, que camina junto a su esposo con quien acaba de concebir la posibilidad de un avenimiento, reciba alegremente a su ex pareja aceptando un convite que no suscite al menos la molestia del otro.

P. (h) es elocuente en afirmar que vio un arma en la cintura, y que se abalanzó sobre el sujeto al percibir el conflicto verbal que se suscitaba.

Creo nuevamente razonable el pensamiento que atribuye a la acción de aquél una agresión que produjo lesiones, pero lo que resulta importante para resolver la cuestión es saber qué aconteció después, sin dejar de lado este crucial antecedente.

La Defensa, apoyándose en la versión de su pupilo sostuvo que demoró algunos instantes para salir de la confusión de los golpes y tratar de pararse, momentos que fueron aprovechados para golpearlo en el suelo, por parte de P. padre, mientras P. hijo se dirigió a la camioneta en busca de un garrote con el que lo golpeó en la espalda mientras era sujetado por su progenitor.

Que luego de sentir varios golpes de garrote- en su espalda -se sostuvo- sacó sus brazos hacia arriba, arma en mano y disparó hacia arriba, sin intención de dañar a nadie y como el otro estaba detrás, pegándole con el garrote, giró y le tiró.

Sin embargo, la "a-quo" tuvo por verídica la versión contenida en la acusación, que es diferente en sus hechos y alcances jurídicos.

Ahora bien, en el discurso argumental del fallo no percibo ninguna obliteración en el trabajo de enlazar las pruebas y extraer desde ellas las proposiciones en que se asentó el juicio de verdad predicado.

El Juez Pitcovscky, por caso, que reseñó la versión del imputado y pasó revista de todos los testimonios colectados en el juicio y los fue contraponiendo entre si y con los dichos del primero, arribó a una conclusión sobre las notas de verosimilitud corroboradas en cada uno de los relatos.

Mallo hizo lo propio, desmenuzando cada uno de los actos que derivaron en la tragedia.

Ya dejé sentado el preludio; el encuentro.

Tampoco creo en la razón argumentada para portar el arma. En rigor de cosas, no me parece adecuado pensar en que el sentirse amenazado tornara razonable hacerse de un arma de grueso calibre para su protección. Menos aún enfrentar a la mujer, que estaba en compañía de otro hombre.

El propio P. (hijo) reconoció que agredió al imputado, y como la jueza Mallo lo hizo, coincido en que de esa agresión resultaron las lesiones que en su humanidad fueron constatadas.

Pero de lo que no puedo sustraerme es de la probabilidad prevaleciente sostenida en los testimonios escuchados en punto a que esa agresión a mano fue repelida por la profusión de disparos que fueron constatados.

C. R. V., testigo presencial, explicó la circunstancia del arribo de la camioneta, dijo haber visto forcejear al hombre con la mujer y el luego muerto, que iban caminando, vio al joven golpear al de la bicicleta, que éste se cayo de espalda que recibió un nuevo golpe, y al acercarse, que percibió que el imputado se levantó con el arma en la mano, que sucede un nuevo forcejeo, se saca de encima al hombre mayor y allí disparó por lo menos dos veces, para luego hacerlo en desmedro del hijo que estaba a un metro veinte o cincuenta.

Este testigo es claro en que el joven lo golpeó a V. con la mano, dos veces, lo que suscitó una caída, pero que al reincorporarse aquél lo hizo con el arma lista. Insistió en el disparo a P. (h) y no recordó que había sucedido después de las deflagraciones.

Otro tanto para el testigo E. de la R. que aunque admite la trifulca, la caída de V. , no recuerda de los golpes, reseña el forcejeo con el hombre mayor y los disparos a éste y al hijo, que era cliente de la estación.

Tampoco este testigo admite que, de primera, R. (h) tuviera algo en la mano, y sí que algo fue a buscar después hacia la camioneta , luego de escuchar el primer disparo. Decididamente contesta no a que P. (p) tuviera algo en la mano, pero que se abalanzó para sacarle el arma a su oponente.

Creo que está acreditado con los elementos ventilados en el juicio, que los disparos no fueron realizados al aire como lo sostuvo el incuso, sino que fueron dirigidos desde corta distancia hacia los cuerpos de P. padre, e hijo.

En el juego de las hipótesis contradictorias, operación necesaria para construir la verdad, puedo colegir que, sucedida la discusión y la agresión del hijo, que dio por tierra con la humanidad de V. , éste se levantó -nuevamente lo afirmo- con el arma en la mano. La víctima que murió se abalanzó para desarmarlo a fin de preservar su humanidad y la del hijo, que volvía a la camioneta y eso motivó el desenlace.

Tal es lo que se desprende del fallo:"... Continuando, y como se estableciera, el imputado se levanta arma en mano y allí interviene P. Padre quien forcejea con el mismo aferrándose ambos de los brazos, tratando el fallecido de dominar la situación, ya que el otro era quien tenía el arma en la mano al tiempo que el hijo iba hacia la camioneta. Es en ese ínterin que logra zafar V. del forcejeo y descerraja un disparo hacia la cabeza de P. . Lo consignado resulta reconstruido en cuanto a las lesiones que V. sufriera en ambos brazos de las constancias del informe del Dr. N. , tales como hematoma y equimosis en cara externa del tercio medio del brazo izquierdo y equimosis en cara anterior del antebrazo izquierdo. Asimismo estos extremos son confirmados por F. quien dijo que cuando se levantó V. , su esposo lo agarró para que no dispare, pero ahí le tiró en la cabeza de su esposo. Me detengo aquí, para afirmar esto, ya que el imputado refirió que el disparo lo produce encontrándose amarrado por la persona de P. padre, mientras el hijo venía con el palo para pegarle. La versión del imputado no es verídica, a lo afirmado por G. se aduna lo narrado por los testigos De la R. , V. y en especial A. P. . El primero refirió haber visto los dos disparos, uno que le dio al muchacho y el otro cuando estaban forcejeando con el hombre mayor al tiempo que el muchacho fue hacia la camioneta, el segundo, V. , ve el forcejeo con el hombre mayor y recuerda haber visto dos disparos, uno contra el mayor y el otro contra el hijo a una distancia de un metro y medio, este testigo expresó específicamente con relación al disparo hacia hombre mayor, que V. se lo sacó de encima y le disparó y finalmente 0, vio cuando una persona luego fallecida le sostiene la mano a la otra que cuando logra zafar, le dispara; que el señor que falleció era quien en el forcejeo trataba de sacarle al otro el arma que tenía en la mano y que no vio el garrote, ya que a P. hijo lo ve cuando estaba herido en el piso. En definitiva todos ellos, cada uno desde el lugar en que estaba, y teniendo e cuenta la velocidad de los sucesos, expresaron claramente que el imputado logró zafarse y apuntó hacia la humanidad de P. padre, y disparó también contra el hijo y nadie vio que el padre lo sostuviera tomado de la cabeza como lo explicara el imputado, ni que en la refriega estuviera presente el garrote en cuestión..." (voto de la doctora Mallo).

Estas ponderaciones, sumadas a las constataciones realizadas sobre el trayecto de los proyectiles que penetraron en los cuerpos de las victimas, resultan argumentos convincentes de que, en la gestación de la decisión condenatoria a la que arribó la "a-quo", se efectuaron razonamientos sobre las evidencias colectadas en el juicio.

Los Jueces del caso aplicaron las reglas que nutren a la sana crítica, método caracterizado por la aplicación de las normas del recto pensar basadas en la lógica, la psicología y la experiencia, a cuyo través las consecuencias se derivan de sus causas conforme el observador imparcial.

Ninguno de los testigos, de los que no pueden exigirse precisiones milimétricas teniendo en consideración lo abrupto del episodio y la conmoción que causa a una persona común, deja de poner en claro la dinámica del episodio, pues si se construyera un discurso diferente apoyado exclusivamente en los dichos exculpatorios, se negaría sin causa alguna toda la evidencia que lo contraría.

Los Magistrados no han sido arbitrarios en la apreciación de la prueba, han seleccionado los elementos y los han ponderado adecuadamente, brindado razones válidas, a poco que se las pase por el tamiz de la sana crítica.

Nunca he considerado extraño o esotérico o vedado al sentido común al proceso de apreciación y valoración de las pruebas.

En todo caso los abogados aprendemos y aprehendemos una batería de herramientas útiles para refinar lo que cualquier persona común puede representarse sobre un hecho del pasado devuelto a través de los medios que se despliegan en la puesta en escena que es el debate.

Sólo es preciso, en la casación, estar en posesión de un "...sistema que, en síntesis, le permitirá verificar la corrección de los pensamientos en que (la sentencia) se funda..." (ver "Lógica, sentencia y casación" de Jorge Santiago Perez, Ediciones Iveroni, página 18).

Así las cosas, vengo a coincidir con los jueces del debate, y naturalmente con mi colega de Sala, en que no se han dado en el caso la totalidad de los extremos exigidos por el instituto de legítima defensa que esgrimió la parte.

Sobre el tema, reitero cual ha sido mi criterio en esa materia.

En numerosos precedentes de esta Sala, señalé que la legítima defensa es esencialmente una permisión limitada, pues el Estado posee el ejercicio monopólico de la fuerza y sólo la delega en los particulares en las estrictas condiciones establecidas en la ley.

No en vano los teóricos giran sus definiciones en torno a que ésta es: "...la reacción necesaria contra una agresión injusta, actual y no provocada..." (Soler) o "...la acción típica realizada por el autor con el fin de rechazar la agresión ilegítima contra sí o contra un tercero, cuando aquélla es el medio racionalmente adecuado para evitar la destrucción o menoscabo de los bienes jurídicos a los que ésta amenaza..." (Creus) o "...la legítima defensa es repulsa de la agresión ilegítima, actual o inminente, por el atacado o tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios empleados para impedirla o repelerla..." (Jiménez de Azúa)- ver la compilación en "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial" (David Baigún -Eugenio Zaffaroni- Dirección Ed. Hammurabi T 1 pág. 714/ 715)	Luego, el instituto del art. 35 del C. Penal, presupone la existencia de las mismas condiciones que demanda el permiso pues, a mi juicio, para ocurrir exceso la acción debió comenzar justificadamente y concluir antijurídicamente.

Si las cosas pasaron como se ha dicho, y aún aceptando que recibiera una trompada que lo derribó, prodigada por un hombre joven, y que esa situación se repitió cuando intentó recuperarse, los disparos se produjeron en un contexto que no le era adverso: a. la presencia de terceros que hubieran terciado en la disputa, como sucedió b. la agresión había cesado c. su vida no corría peligro alguno, según cualquier observador imparcial.

¿Era necesaria la reacción en ese marco?. La respuesta es negativa. Por necesaria entendemos el último recurso para conjurar lo intolerable; la frontera en que el derecho no ha de ceder ante lo injusto; en que se habilita la permisión limitada. Luego si en el caso no se dieron las condiciones expuestas vuelve a recobrar vida la prohibición.

¿Fue proporcional el medio empleado, si aún aceptáramos esa necesidad? De ninguna manera.

No tiene relación de valor con una pelea a puño limpio, la actitud de disparar a los contrincantes, en la circunstancia vista.

Es una desmesura conjurar una lesión (más en el contexto en que se diera en el caso) con la muerte, se consume o no. Por que en rigor de cosas lo que aparece como buscado no es la preservación de la integridad física, sino el triunfo, la imposición brutal cambiando las condiciones de fuerza.

El Estado, a través de la ley, establece una economía, una manera de administración de la defensa privada, que supondrá siempre, a mi parecer, la toma de la mejor opción posible para preservarse asimismo o a otros subrogando al Estado, por ausencia de otros medios, en el sostén del orden jurídico.

VI. En resumen de cuentas, las cosas pasaron del modo en que la sentencia lo ha predicado y merecen la calificación legal que ha dado causa a la pena.

VII. En lo que a ella atañe, creo que el monto resulta atinado, teniendo en consideración las reglas del concurso (art. 55 del C.P.) y las apreciaciones que los Jueces realizaron en punto a las reglas de los arts. 40 y 41 del C.P.

VIII. Desde la perspectiva de la consulta, las razones que la informan han sido, todas, consideradas, de suerte que la confirmación total de la sentencia es la correcta solución del caso.	Así me expido y voto.

El Juez José Luis Pasutti dijo:

I. En atención a lo normado por el último párrafo del artículo 25 del Código Procesal Penal -Ley 5478- procederé a emitir mi sufragio, en el que omitiré toda referencia a los antecedentes del caso y los agravios esgrimidos por el recurrente, remitiéndome para ello a la síntesis que realizó el Juez Panizzi.

II) En punto a la cantidad de miembros de este Cuerpo que deben conocer en la revisión constitucional denominada consulta por razón de la pena aplicada (artículo 179, inc. 2º de la Constitución de la Provincia del Chubut), me remito a lo sentenciado por este Superior Tribunal de Justicia en la causa "L., E. F. - L., E. R. - C. J. D. - L., D. A. s/ Homicidio Calificado por alevosía - Esquel" (Expte. 20.373-Folio 199-L-2006, sentencia Nº 29/2006, del 24/08/06).

III) Luego de examinar las cuestiones traídas a revisión por la acusación, adelanto mi posición coincidente con la solución que los magistrados preopinantes dieron al caso.	IV) En primer lugar me referiré al planteo de nulidad de la sentencia por no cumplir el tercer voto con las exigencias del artículo 25 del C.P.P.

Luego de analizar el sufragio en cuestión, no encuentro vicio alguno que disminuya o anule su validez.

Se desprende claramente que el Juez Lorenzetti cumplió su deber de fundamentación, utilizando los medios de prueba que creyó útiles y decisivos para analizar las cuestiones de hecho.	Así, mencionó la declaración de la víctima R. A. P. y de los demás testigos presenciales, como así también la de los empleados de la estación de servicio y la del personal policial que intervino en el procedimiento.

Si bien es cierto que no reprodujo en su exposición los dichos de cada uno de ellos, explica porqué da credibilidad a la versión sostenida por todos ellos y no a la mantenida por la defensa.

También utiliza el informe efectuado por el Médico Forense G. , quien practicara la autopsia, para dejar asentada la trayectoria del proyectil.

En cuanto a la declaración del médico N. , tal omisión obedeció seguramente a que la consideró irrelevante o ineficaz, lo cual no anula su pronunciamiento, ya que no tiene la obligación de utilizar todos y cada uno de los elementos incorporados al debate.

También ha sido clara la explicación realizada respecto a la calificación jurídica del hecho y la concurrencia delictiva.

Por otro lado, como bien lo sostienen los colegas preopinantes, existió una deliberación previa de los tres jueces, que por unanimidad llegaron a la condena. Ello implica que han compartido argumentos, y los mismos debieron ser volcados en forma individual en la sentencia. Y así ocurrió, ya que los tres integrantes del tribunal han expresado con claridad los motivos de su decisión, a pesar de la unanimidad de la misma.

El segundo agravio relacionado con la valoración arbitraria por parte de los jueces Pitcovsky y Mallo, tampoco habrá de tener acogida.

La crítica se dirige esencialmente a la postura sostenida por los magistrados para desechar la existencia de una causa de justificación.

Pero no es cierto que la valoración haya sido arbitraria, ya que los jueces respondieron a los argumentos de la defensa tendientes a justificar la acción desplegada por su asistido.

En primer lugar, ambos magistrados descartaron la exculpación del imputado respecto a la portación del arma.

A renglón seguido sostuvieron que la reacción del imputado, cuando se levanta del suelo, fue innecesaria, toda vez que la agresión había cesado y su vida no corría peligro alguno.	Y esta circunstancia, continúan explicando, se agrava aún más cuando arma en mano, dirigió la balacera contra el cuerpo de las víctimas, situación que no se compadece en absoluto con una conducta defensiva.

Que este escenario ha sido descripto perfectamente en la sentencia, lo que permitió en esta instancia conocer la realidad de los hechos y refutar las críticas esbozadas en la impugnación.

Dedicaron asimismo parte de la exposición a desechar la versión del imputado cuando sostiene que los disparos los ejecutó al aire, utilizando para ello el informe del doctor N. , los testimonios de F. , G. , De la R. , V. y P. .

De esta manera entiendo que se ha utilizado un razonamiento lógico para reconstruir el hecho, acorde a las reglas de la sana crítica.

El tribunal ha descartado la existencia de la legítima defensa por no darse la totalidad de los supuestos previstos en el artículo 34 inc. 6°, y, tal como han sido probados los hechos, dicha conclusión es correcta.

V) Por último, considero que la A-quo al momento de seleccionar la pena aplicada a V. tuvo en cuenta tanto las circunstancias agravantes como las atenuantes, como así también las reglas del concurso y demás pautas mensurativas de los artículos 40 y 41 del C.P., aplicándose una sanción inferior a la requerida por el Ministerio Público Fiscal, y que se acerca más al mínimo que al máximo de la escala legal seleccionada.

Por todo lo expuesto sufragaré por confirmar la sentencia en crisis, con costas.

Así voto.

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--------------- S E N T E N C I A ----------------- 1º) Declarar improcedente la impugnación ordinaria deducida a fs. 110/114 vta. por la defensa de don J. B. V. , a cargo de la Dra. G. M. Del B. , con costas;

2º) Confirmar la sentencia dictada el día 17 de octubre de 2007, en la ciudad de Puerto Madryn, por el Tribunal Colegiado integrado por los doctores L. M. P. , N. Á. L. y P. G. M. y registrada bajo el N° 39/07;

3º) Protocolícese y notifíquese.- Fdo: Pfleger,Panizzi y Pasutti.-