Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-12


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil siete, reunido en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia de su titular Dr. Juan Pedro CORTELEZZI y asistencia de los Sres. Ministros, Dres. Daniel Luis CANEO, José Luis PASUTTI, Fernando S. L. ROYER, Jorge PFLEGER y Alejandro Javier PANIZZI para dictar sentencia en los autos caratulados:

"S, L. G. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad Ley N° 5.054" (Expte. N° 19.542-S-2.004), y atento el resultado del sorteo practicado a fs. 306, resultó el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. PFLEGER, CANEO, PANIZZI, PASUTTI, ROYER y CORTELEZZI. - Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es admisible la Acción Declarativa intentada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión el Dr. PFLEGER dijo:

I.- ANTECEDENTES:

Los Dres. M. B. G., M. G. G., M. E. F. V. R. y J. J. E.I, apoderados del Señor L. G. S. interponen Acción Declarativa de Inconstitucionalidad contra la Provincia del Chubut con el fin de solicitar se declare la inconstitucionalidad de la Ley Nº 5.054, dictada por la Legislatura de la Provincia del Chubut, promulgada en fecha 9 de septiembre de 2.003, dejando sin efecto el requisito establecido en el art. 1º de la misma en cuanto obliga a las empresas poseedoras o peticionantes de los permisos de pesca provincial a la eliminación de las empresas intermediarias. Conjuntamente requirieron el dictado de medida cautelar de no innovar la situación anterior al 31 de marzo de 2.004.

Explicaron que este Cuerpo resulta competente en la presente demanda en virtud de lo dispuesto en el art. 32, inc. 2º de la Ley Nº 37, pues la acción se interpone contra los efectos de una ley general dictada por la Legislatura Provincial que resulta, según entienden, violatoria de derechos constitucionales.

Consideran de aplicación los arts. 14, 16, 17, 18, 19 y 28 de la Constitución Nacional; los arts. 18, inc. 4) y 6), 20, 23 y 9 de la Constitución Provincial y el art. 32 de la Ley Nº 37.

Expresan que la ley que atacan tiene efectos directos sobre el ejercicio de la actividad que realiza el Señor S. como medio de vida en la ciudad de Comodoro Rivadavia.- En el apartado IV.- de su escrito de demanda manifiestan que en fecha 25 de marzo de 2.004 la empresa A. S., titular de diversos permisos de pesca, con la cual se encontraba vinculado contractualmente el Señor S., le comunica el cese de esa relación por imperio de la norma cuya constitucionalidad atacan.- Aclaran que el Señor S. posee, desde junio de 1.998, una pequeña empresa destinada a la captación y provisión de personal de la actividad alimenticia vinculada con la pesca y el procesamiento de sus productos.

Se ocupa de proveer a las empresas manufactureras de fileteros, envasadoras, peones y todo otro personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 137/90, que agrupa al personal afectado a la industrialización de pescado y subproductos de la actividad pesquera.

Seguidamente agregan que el Señor S. se encuentra inscripto ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y demás organismos como contribuyente a los Impuestos a las Ganancias, Valor Agregado, Régimen de la Seguridad Social, en calidad de empleador y contribuyente del régimen para trabajadores autónomos.- Destacan que la Ley Nº 5.054 afecta directamente su medio de vida prohibiéndosele trabajar en el ámbito provincial.

Expresan que con motivo de la rescisión comunicada por A. S. se interpuso, en fecha 29 de marzo de 2.004, Acción de Amparo, la que fue declarada inadmisible por extemporánea, toda vez que desde la fecha de promulgación de la Ley atacada hasta la fecha en que se accionara, transcurrió con amplitud el plazo establecido por el art. 4 de la Ley Nº 4.572.- Refieren que el 31 de marzo de 2.004 se planteó Recurso de Apelación ante la Excma. Cámara de Apelaciones, confirmándose la sentencia de la instancia objeto de agravio.

Señalan que este fallo agotó la vía ordinaria del Amparo, obligándolos a la presentación de la Acción que aquí se promueve.- A continuación, individualizan los derechos constitucionales afectados.

Derecho a trabajar y ejercer industria lícita. Mencionan que el Señor S. realiza una actividad lícita, reconocida por la ley, cumpliendo con la normativa vigente y registración ante los organismos de contralor.

Agregan que al momento de comenzar el ejercicio de su actividad no existía norma prohibitiva, ni excluyente del giro comercial.

Esgrimen que la labor del actor le ahorra a las empresas titulares de permisos de pesca la tarea de selección y dirección del personal, asumiendo, por ello, la responsabilidad solidaria por tercerización de tareas propias de la explotación comercial, de conformidad a lo prescripto en los arts. 29, 30, 30 bis y 31 de la LCT.- Consideran que la Ley Nº 5.054 avanzó sobre el marco protectorio establecido en la LCT, afectando el libre ejercicio de industria lícita, no sólo para los contratos futuros, sino también para los vigentes. Citan doctrina y jurisprudencia, que entienden aplicable al caso.

2. Derecho a la propiedad. Estiman que la violación del derecho a ejercer industria lícita y trabajar, implica violentar la propiedad privada, dado que se elimina la fuente de ingreso de la empresa, censurando el objeto para la cual fue constituida.

Ello, en razón que el concepto amplio de propiedad -dicen- incluye los derechos emergentes de los contratos. Afirman que la Ley Nº 5.054 provoca la rescisión forzosa del contrato celebrado con las empresas de servicios.

3. Derecho a la libertad. Consideran que el principio contenido en los arts. 19 de la CN y 18, inc. 4º de la CP impide a los órganos estatales prohibir las conductas de los ciudadanos mientras éstas no afecten el orden, la moral pública, ni perjudiquen a un tercero.

Argumentan que la Ley Nº 5.054 violenta dos espacios de libertad: el de la empresa titular del permiso de pesca para organizar los factores de producción; y el de los contratistas, que lícitamente prestan su conocimiento en la materia, coadyuvando en la explotación comercial.- 4. Derecho a la igualdad. Aseguran que la Ley atacada violenta los arts. 16 y 19 de la CN en tanto genera una desigualdad con las empresas de servicios de personal para el procesamiento de otras provincias.

Entienden que en la concepción del Estado Federal no pueden jamás generarse perjuicios a los ciudadanos de una provincia en comparación con los de otras.

Resaltan que a sólo 60 kilómetros, en la vecina provincia de Santa Cruz, esta actividad prohibida está permitida, generando -alegan- una "disparidad regional de importancia".

5. Principio de razonabilidad. Señalan que la función reguladora del Estado debe respetar los derechos individuales otorgados por la Constitución Nacional. Aluden a doctrina y fallos en ese sentido.- En el Apartado VII.- se ocupan de exponer cuál es el daño cierto y actual que, a su entender, la aplicación de la Ley cuya inconstitucionalidad persiguen le ocasiona al Señor S..

Así, reiteran que el cumplimiento de la misma implicó la rescisión contractual a partir del día 31 de marzo de 2.004 con A. S., plazo que fuera ampliado por la empresa hasta el 15 de abril del mismo año, y habiéndose cumplido el mismo - explican- se inició un "proceso de rescisión" consistente en la desvinculación del personal y asunción de las tareas por parte de la empresa mencionada, lo que determinó el inmediato cese de su actividad comercial.

Ello significó -describen- "... disponer del personal, afrontar las consecuencias disvaliosas de las rupturas laborales . y numerosos daños provenientes de la inmediata cesación de la única fuente de ingresos que poseo.".

Señalan que, habiendo tomado conocimiento de la Ley Nº 5.054 el 25 de marzo de 2.004, la presente Acción es intentada en tiempo útil.

Solicitan medida cautelar de no innovar. Entienden acreditados todos los elementos que hacen a la verosimilitud del derecho y al peligro en la demora. Ofrecen como contracautela la solvencia particular que se refleja en la declaración de ganancias y facturación que adjuntan, solicitando que ésta sea juratoria. No obstante, declaran estar dispuestos a suscribir la que el Tribunal estime pertinente.

Finalmente, ofrecen prueba y hacen reserva del caso federal. - Atento la índole de la pretensión impetrada, a fs. 77 se requirió que acreditasen suficientemente la legitimación sustancial previo a proveer la medida cautelar solicitada. - A fs. 78 exponen que el Señor S. posee una empresa unipersonal destinada a la provisión de personal para el procesamiento de pescado, circunstancia que entienden acreditada con la copia del Formulario 560 DGI. Agregan que han adjuntado (fs. 25) la comunicación de rescisión del contrato con A. S.

Sostienen que las documentaciones individualizadas precedentemente demuestran que la actividad comercial por la que devenga impuestos y se encuentra registrado el Señor S. es el servicio de procesamiento de pescado, tarea que se realiza mediante la provisión de personal especializado a distintas contratantes.

Por su parte, agregan, la empresa A. S.A. contrataba tales servicios para la explotación de la materia prima obtenida en virtud de los permisos de pesca y en razón de la Ley Nº 5.054, resuelve forzosamente los contratos.

En consecuencia, argumentan cumplir los requisitos de la actividad y haber tenido un vínculo jurídico alcanzado por los efectos de la aplicación de la norma opugnada. En el mismo escrito manifiestan que, habiendo perdido virtualidad la medida cautelar peticionada, desisten de la misma.

A fs. 141/154 vta. los Dres. D. F. R. y J. F. J., con el patrocinio letrado del Señor Fiscal de Estado de la Provincia del Chubut, Dr. Jorge L. MIQUELARENA, contestan demanda, negando terminante y categóricamente todos y cada uno de los hechos invocados por el actor y, específicamente, que la Jurisprudencia citada por la representación del Señor S. -el caso "H...."- tenga relación y/o aplicación a los supuestos fácticos de autos. - En particular niegan que la Ley Nº 5.054 establezca en su artículo 1º la obligación de las empresas poseedoras o peticionarias de permisos de pesca provincial, de eliminar las empresas intermediarias; que resulte violatoria de derecho constitucional alguno; que tenga efecto directo sobre el ejercicio de la actividad comercial que realiza el actor como medio de vida en la ciudad de Comodoro Rivadavia; que la empresa del actor se encuentre vinculada con A. S.A.

con y/o a raíz de permisos de pesca que la Provincia oportunamente otorgara o renovara.

Niega que el 25 de marzo A. S.A. hubiere comunicado el cese de la relación contractual; que dicha comunicación se motivara por imperio de la Ley Nº 5054;

que entre la mencionada firma y el actor existiese relación contractual alguna anterior al 16/09/03 y/o desde dicha fecha hasta el 25/03/04; que el actor posea una empresa destinada a la captación y provisión de personal de la actividad alimenticia vinculada con la pesca y el procesamiento de sus productos, así como que fuera éste el único objeto de la misma; que efectúe dicha actividad ininterrumpidamente desde junio de 1.998; que la supuesta empresa tenga por objeto proveer a las empresas manufactureras de fileteros, envasadoras, peones y todo otro personal comprendido en el CCT Nº 137/90; que el actor se encuentre inscripto ante la Administración Federal de Ingresos Públicos como contribuyente a los Impuestos a las Ganancias, Valor Agregado, régimen de Seguridad Social en calidad de empleador y contribuyente del régimen de trabajador autónomo, categoría "E".

Rechazan que la Ley Nº 5.054 haya afectado directamente el medio de vida del actor, que le haya prohibido trabajar en el ámbito provincial, que existan fallos judiciales en los que se haya admitido el amparo impetrado por permisionarias afectadas por la Ley cuya inconstitucionalidad se pretende; que los fallos que adjuntan dispongan la admisión de amparo en ese sentido.

Niegan que existan resoluciones dispares o contradictorias que generen posición desventajosa y disvaliosa a los intereses del Señor S.; que la Ley afecte el derecho a trabajar y ejercer industria lícita; que el actor realice o hubiere realizado actividad lícita reconocida por ley.

Se oponen a que el actor cumpla o haya cumplido durante la presunta vigencia de su empresa con la normativa vigente, especialmente la laboral, previsional, de seguridad social, de sanidad alimentaria y de pesca; que se encuentre registrado ante los organismos de contralor que actúan sobre la actividad que dice haber realizado.

Niegan que al momento en que el actor inició su actividad no existiera norma prohibitiva ni excluyente del giro comercial que dice haber desarrollado; que el Señor S. haya montado una empresa en la seguridad de obtener un medio de vida dentro del marco de legalidad.

Sostienen que no es cierto que el actor haya probado o intentado probar que trabaja únicamente con la empresa A. S.A. Desestiman que la Ley Nº 5.054 avance sobre el marco protectorio de la LCT, disponiendo la afectación del libre ejercicio de industria lícita; que las personas que se detallan en la documentación acompañada por el actor como sus empleados, se encuentren registrados ante la AFIP y/o ANSES.

Agregan que no es cierto que el actor se encuentre inscripto en el Registro Único de Empresas Intermediarias del Ministerio de Trabajo de Nación; que la ley atacada sea aplicable a la cuestión debatida en autos, que el Señor M. I. tuviera al 25/03/2.004 facultades suficientes para resolver las relaciones comerciales o contratos en nombre de la firma A. S.A.

Seguidamente, desconocen la totalidad de la documentación aportada por el Señor S., por no ser la misma auténtica, así como su valor e idoneidad probatoria.

En particular señalan que cae al primer análisis la documental por la cual se pretende que la firma A. S.A. comunique la resolución forzosa de la relación comercial, por imperio de lo normado en el artículo 1º de la Ley Nº 5.054, y ante la necesidad de los permisos de pesca de la empresa.

Agregan que tan pronto como solicitaron a la Secretaría de Pesca antecedentes de la renovación de permisos de pesca por A. S.A., surge que la misma ha obtenido, estando en plena y absoluta vigencia la Ley Nº 5.054, renovaciones de permisos de pesca el 29 de septiembre de 2.003, el 18 de noviembre de 2.003, etcétera.

Mal puede -señalan- haber aducido la firma A. S.A. que la necesidad de renovar permisos de pesca le surgió en marzo de 2.004, cuando ya había obtenido y consentido otorgamientos y/o renovaciones anteriores.

Concluyen que ello ocurre porque el actor jamás tuvo contrato, escrito o no, con fecha cierta o con viso alguno de legalidad con A. S.A.

Indican que tampoco es real que el actor hubiese ejercido actividad comercial en el rubro, en la ciudad y en la empresa que pretende, pues no acompañó la Habilitación Comercial o constancia alguna de pago de Ingresos Brutos o pago, o recibo alguno extendido por A. S.A., o copia del pretendido contrato o la habilitación para funcionar como empresa de servicios eventuales otorgada por el Ministerio de Trabajo de la Nación o de la Subsecretaría Provincial.- Peticionan se rechace la prueba testimonial ofrecida por el Señor S. en razón de violentar -a su entender- lo prescripto en los arts. 1.193 C.C. y 453 del CPCC.

Alegan que viola el primero de los artículos citados desde que la misma no resulta idónea para probar la existencia del contrato que el actor manifiesta haber celebrado con la firma A. S.A. Señalan, además, que el contrato en cuestión no ha sido celebrado por escrito, como claramente lo manda la citada norma de fondo.

Invocan que el actor ha omitido dar cumplimiento al art. 453 del CPCC, desde que tratándose de un testigo que debe declarar fuera del asiento del Tribunal, debió indicar los nombres de las personas autorizadas para el trámite del exhorto u oficio. - Bajo el título "Insuficiencia de la Prueba ofrecida por el Actor" advierten que éste no ha demostrado siquiera estar desempeñando la actividad que dice desarrollar dentro del marco de legalidad que la misma trae aparejada.

Así, señalan que no ha ofrecido ni acompañado prueba alguna de que el Municipio de Comodoro Rivadavia, donde manifiesta ejercer su actividad, lo haya habilitado a ejecutarla; no ha acompañado constancia de inscripción al impuesto sobre los Ingresos Brutos en dicho Municipio; tampoco ha acompañado documento alguno que acredite que ha recibido pagos por parte de A. S.A., por el supuesto servicio o trabajo que dice haber desarrollado desde el año 1.998; no ha acreditado la registración como empresa de trabajos o servicios eventuales ante el Ministerio de Trabajo de la Nación ni tampoco ante la Subsecretaría de Trabajo de esta Provincia; no posee habilitación de la autoridad competente para actuar como tal.

Aseveran que viola de manera notoria las disposiciones de la Ley Nacional de Empleo Nº 24.013, ya que el art. 77, establece que las empresas de servicios eventuales deberán estar constituidas exclusivamente como personas jurídicas.- En el Capítulo titulado "De la Intermediación Fraudulenta" se detienen a reflexionar sobre la misma en virtud de la importancia que reviste la profundización de esta cuestión, por ser -dice- el espíritu de la ley atacada el evitar y erradicar en el ámbito de la Provincia la intermediación fraudulenta a través de Empresas de Servicios Eventuales.

Describen la realidad imperante en la región y cómo esta práctica ". ha precarizado ilícitamente el contrato de trabajo.". Señalan luego algunas precisiones sobre la calidad de eventual del contrato de trabajo.- Exponen la responsabilidad que le cabe a las empresas usuarias de estos servicios, las que serán consideradas empleadoras directas, quedando automáticamente sometidas en forma directa e inmediata a todas las obligaciones, deberes y cargas de la relación contractual.- Detallan la recepción jurisprudencial que ha tenido la temática, para abordar finalmente -comentando el criterio del Superior Tribunal in re "N.."-, sobre cuál es la naturaleza jurídica de los permisos de pesca y la consecuente relación entre el Estado y las empresas permisionarias.

Dedican un apartado al Poder de Policía, citando a destacados autores y, aclarando que la inclusión del presente capítulo se debe a la accesoriedad del pretendido contrato que dice haber celebrado el actor con la permisionaria referida.

En consecuencia -arguyen- el derecho de S. no podría jamás ser mejor que el de A. S.A., razón por la cual le son aplicables todas y cada una de las características y criterios doctrinarios antes señalados. - En el Apartado "La pretensión de Inconstitucionalidad de la Ley Nº 5.054" argumentan que ésta goza de la presunción de legitimidad y que la declaración de inconstitucionalidad es de excepción, procediendo únicamente en los casos en que se advierte que en forma palmaria está en pugna con el plexo jurídico superior, o bien cuando la misma adolece del vicio de irrazonabilidad manifiesta.

Entienden que la aplicabilidad de la norma legal es indiscutible no siendo menester reglamentación alguna. Expresan que la Ley Nº 5.054 no incursiona en materia de regulación de relaciones laborales, ya que su contenido no modifica la LCT ni la Ley Nº 24.013, ni ninguna otra norma nacional.

Destacan que el otorgamiento de permisos de pesca y sus renovaciones es un acto discrecional del Estado Provincial. En efecto, éste se halla legalmente facultado para establecer el previo cumplimiento de determinados requisitos como condición necesaria para expedir el acto administrativo de la autorización de pesca.

Señalan que la Ley Nº 5.054 no tiene contenido normativo que regule las obligaciones del empleado y empleador, la jornada de trabajo ni el salario. Simplemente establece como condición que los empleados del permisionario deben tener relación directa con éste, lo que importa -según dicen- tanto como decir que deben ser empleados suyos. Ello, agregan, no modifica el derecho laboral de fondo.- Afirman que el Señor S. no puede esgrimir válidamente un trato desigual, pues la norma atacada resulta aplicable a todas las empresas pesqueras que pretendan obtener un permiso.

Solicitan que en ocasión de analizar el planteo incoado, se tenga en cuenta que el dictado de dicha norma obedeció a la situación imperante en el momento de su dictado.

Recuerdan que la Provincia estaba inmersa en una emergencia ocupacional en materia pesquera, la que trató de ser paliada con la Ley Nº 4.738 de agosto de 2.001, y ella refleja la intencionalidad del Estado Provincial de fomentar puestos de trabajo genuinos, reiterados en la expresión de motivos de la Ley ahora atacada.

Consideran que la crisis social descripta no puede dejar de ser evaluada al analizar la razonabilidad de la norma en crisis, que alude a relaciones de trabajo directas, siendo admisibles en relación a ellas todas las modalidades previstas por la LCT, por lo que la referencia hecha por la actora a los arts.

29, 29 bis y 30 del citado plexo normativo, comprende casos de responsabilidad solidaria por intermediación laboral, que nada tienen que ver con modalidades de trabajo.

Solicitan el rechazo de la acción impetrada por considerar que no media en cabeza del Señor S., por lo menos en relación a la Provincia del Chubut, titularidad de un derecho concreto, líquido y consolidado a trabajar para A. S.A., por derivación de un permiso de pesca, y menos -agregan- indefinidamente como lo pretende. Alegan que no existe responsabilidad que pueda fundar la existencia de daño, pues la actuación del Estado es absolutamente lícita.

Finalmente, ofrecen prueba y efectúan petitorio de rigor.- II.- La prueba producida es documental -la actora acompaña copia certificada del expediente por el que tramitó la Acción de Amparo y copia simple de la Sentencia Interlocutoria de la Cámara de Apelaciones, ambos de la Circunscripción Judicial del Sur-, y testimonial (ofrecida por la accionada a fs. 195/196). Por Sentencia Interlocutoria Nº 15/SCA/06 se declaró la negligencia en la producción de la informativa dirigida a la firma A. S.A. y de la testimonial ofrecida por la actora.

III.- Alega la Provincia demandada a fs. 303/304, en tanto que a fs. 305 se da por decaído el derecho a presentar alegato al actor.

IV.- A fs. 305 se llaman Autos para Sentencia y a fs. 306 se practica el sorteo de la causa.

V.- ANÁLISIS:

Postula su acción ante este Tribunal el Señor L. G. S., peticionando se declare la inconstitucionalidad de la Ley Nº 5.054, norma promulgada por el Poder Ejecutivo el 9 de septiembre de 2.003. Expone que la Ley, cuya inconstitucionalidad persigue, atenta contra los derechos constitucionales que estima le asisten, en tanto tiene incidencia directa sobre la actividad que ejerce como medio de vida en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y los enuncia:

arts. 14, 16, 17, 19 y 28 de la Carta Magna Nacional, y 18 incs. 4) y 6), 20, 23 y 9 de la Constitución Provincial.- La Ley atacada, Nº 5.054, prescribe, por su artículo 1º que "para el otorgamiento del nuevo permiso de pesca y renovación del actual, es requisito que la relación de empleo sea directa, sin intermediación de empresas, asociaciones, cooperativas y/o cualquier entidad de prestación de servicios eventuales", seguidamente circunscribe su aplicación al "personal ocupado en la producción e industrialización" (artículo 2º), y establece la penalidad para su incumplimiento: la automática revocación del permiso de pesca.- El accionante afirma que es titular -desde junio de 1.998- de una "pequeña empresa", destinada a la captación y provisión de personal de la actividad alimenticia vinculada con la pesca y el procesamiento de sus productos, y que el objeto de la misma es proveer a las empresas manufactureras de fileteros, envasadoras, peones y todo otro personal comprendido en el CCT Nº 137/90, que agrupa al afectado a la industrialización del pescado y sub-productos de la pesca.

Añade que se encuentra inscripto ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y demás organismos como contribuyente a los Impuestos a las Ganancias, Valor Agregado, Régimen de la Seguridad Social en calidad de empleador y contribuyente régimen para trabajadores autónomos (CUIT Nº .....).

Y sostiene que en fecha 25 de marzo de 2.004 la empresa A. S.A. titular de diversos permisos de pesca, con la que se encontraba vinculado, le comunica el cese de la relación contractual, por imperio de la ley antes referida.

Como viene de señalarse, la actividad que desarrolla el Señor L. G. S. -conforme él mismo lo expone-, consiste en la provisión de personal específicamente comprendido en el CCT Nº 137/90, a las empresas dedicadas a la actividad pesquera, y denuncia que así lo hizo respecto de A. S.A. hasta la sanción del precepto legal opugnado.

Trajo el actor para corroborar esta circunstancia, copia certificada de una nota -glosada a fs. 25-, que expresa: "ante la necesidad de renovación de los permisos de pesca de la empresa, se procede a resolver forzosamente la relación prescindiendo de los servicios consistentes en la prestación de personal para procesamiento de materia prima, hecho que se producirá en fecha 31 de marzo de 2.004", suscripta por quien dice ostentar el cargo de Gerente de Relaciones Institucionales de la empresa "A. S.A.", Señor M. I..

Posteriormente, requerido que fuera a fin de acreditar la legitimación "ad caussam" (fs. 77), el accionante manifiesta que su actividad comercial, por la que devenga impuestos, y se encuentra registrado, es el servicio de procesamiento de pescado; actividad que se realiza mediante la provisión de personal especializado a distintas contratantes, razón por la que entiende cumple con los requisitos de actividad y vínculo jurídico que lo habilitan a peticionar la Declaración de Inconstitucionalidad de la Ley objetada.

Desde el ámbito del Derecho Laboral -que en definitiva es el que abraza las relaciones jurídicas entabladas entre el actor y sus empleados, así como las anudadas con la empresa que contrata sus servicios- debería entonces caracterizarse como una empresa de servicios eventuales -en tanto provee de mano de obra a terceros-, puesto que en principio este ordenamiento privilegia el trabajo permanente, y sólo admite excepciones cuando se busca satisfacer una necesidad eventual de la empresa usuaria. Entiendo entonces que ésta es la figura jurídica que más se acerca a definir la actividad descripta. - Mas para dar por sentado ello es necesario efectuar un repaso previo de la legislación pertinente. Me explico. Como lo traen a colación Ricardo D. HIERREZUELO y Pedro F. NUÑEZ, Mario JUSTO LÓPEZ ha definido tradicionalmente a las empresas de servicios eventuales como aquellas que tienen por objeto proporcionar o, si se prefiere, ceder trabajadores a otras empresas-o a utilizadores de sus servicios- para efectuar en ellas un trabajo de duración temporaria ("Responsabilidad Solidaria en el Contrato de Trabajo", Ed.

Hammurabi, año 2.003, pág. 139).

Los autores citados reseñan que con la sanción de la Ley Nº 21.297 las empresas dedicadas a la prestación de servicios eventuales comenzaron a dejar de ser una mera realidad de hecho tolerada para advenir en un instituto admitido por el ordenamiento jurídico; dictándose una serie de normativas que regularon la actividad (Dtos. Nº 2.491/80, 1.152/82, 1.455/85), en forma -cada vez- más rigurosa y restrictiva, en concreto ejercicio del poder de policía laboral, entendido éste como la potestad constitucional del gobierno para establecer las regulaciones razonables sobre las libertades individuales, con el propósito de crear las condiciones propicias y necesarias en la sociedad para posibilitar el desenvolvimiento armónico de la convivencia social y satisfacer los requerimientos del bien común (BADENI, Gregorio, "Instituciones de Derecho Constitucional", Ed. Ad-Hoc, año 2.000, pág. 239).

En este orden, la Ley Nº 24.013, a través de sus arts. 75 a 80, introduce nuevas exigencias a cumplir para que la empresa obtenga la habilitación para funcionar como tal; entre ellas: estar constituidas exclusivamente como personas jurídicas, y con objeto único, obligación de caucionar una suma de dinero o valores además de una fianza o garantía real.- Los Decretos Nº 342/92 y 951/99, reglamentaron a la referida Ley Nº 24.013, estando vigentes ambas normas a la fecha en que el actor desarrollaba la actividad que denunciara en la litis, siendo derogados por el Decreto Nº 1.694/2006 (B.O. 27/11/2.006), que actualmente se encuentra vigente.- Traigo a colación parcialmente los considerandos del último de los citados, que exponen -como he referido anteriormente- la fuerte reglamentación del Estado sobre la actividad; así se indica:

"Que mediante el artículo 7º de la Ley Nº 25.877 se introdujo con carácter programático el concepto de trabajo decente impulsado desde la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.), marcando una directriz en materia de relaciones laborales, en la que deben considerarse especialmente incluidos los servicios eventuales. Por tal razón la reglamentación debe estar encaminada a evitar su uso abusivo o fraudulento, reafirmando la regla de indeterminación del plazo que emerge de los artículos 90 y 91 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (T.O. 1.976) y a evitar la actuación de empresas de servicios eventuales no habilitadas".- El art. 2º del derogado Decreto Nº 342/92 y actualmente el art. 2º del Decreto Nº 1.694/2.006 establecen que "Se considera Empresa de Servicios Eventuales a la entidad que, constituida como persona jurídica, tenga por objeto exclusivo poner a disposición de terceras personas -en adelante empresas usuarias- a personal industrial, administrativo, técnico, comercial o profesional, para cumplir, en forma temporaria, servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato".

Las normas referidas, tanto aquellas derogadas como la actualmente vigente, señalan la necesidad de contar la empresa de servicios eventuales con habilitación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para obtener la inscripción en el Registro pertinente (art. 14), la constitución de garantías a favor de la citada Autoridad de Aplicación (art. 15), e imponen sanciones que van desde multas, clausura, hasta la cancelación de la habilitación ante el incumplimiento de la legislación.

Descripto así, más que sucintamente el régimen legal, habré ahora de verificar si se encuentran acreditados en autos los extremos reseñados, trayendo a colación la prueba aportada a tal fin.

La del accionante consiste en: documental acompañada al promover la acción, informativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos y del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación.

Si bien ofreció prueba de informes a producirse por la empresa A. S.A., y la declaración testimonial del Señor M.I. respecto de ambas se declaró la caducidad por negligencia, conforme SI Nº 15/SCA/2.006, obrante a fs. 187/190.

La documentación glosada consiste en copia certificada de los autos "S., L.G.c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Acción de Amparo", (Expte. Nº 2.612/2.004), más copia simple de la Sentencia Interlocutoria dictada en los autos "A.B.S. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Acción de Amparo" (Expte. Nº 981/2.004) por el Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de la Circunscripción de Comodoro Rivadavia.

Debo recordar que la Acción de Amparo que promoviera el actor -de objeto idéntico a la presente- fue declarada formalmente improcedente en Primera Instancia, y confirmado el resolutorio por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.- Entre la aportada, obra a fs. 26, Formulario F. 560/F en el que, en el denominado "Rubro 8-AUTÓNOMOS", se indica: "Fecha de inicio: 12/1.997, Actividad: pesquera, código 004, titular de empresa personal: se encuentra marcado con una cruz, cantidad de personal ocupado: 008".- En relación a las restantes probanzas, obra a fs. 173 respuesta al Oficio librado a la Administración Federal de Ingresos Públicos, por la que se indica que "de la consulta efectuada en nuestros sistemas informáticos surge que, el Sr. S. (sic) L. G. CUIT Nº .................... se encuentra inscripto ante este organismo en el Impuesto al Valor Agregado, Aportes Seguridad Social Autónomos y en el Impuesto a las Ganancias Personas Físicas. Asimismo, ... desde el 02/2005 ... registra "Baja definitiva" en el Régimen Nacional de la Seguridad Social Empleador, con el motivo "sin empleados".

A fs. 180 luce contestación del Oficio librado al Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación, por el que se requiriera informe si el actor "se encuentra registrado en dicho sindicato como empleador contratista -provisión de personal- de la firma A. S.A.", como así también si el "sindicato ha planteado la responsabilidad solidaria de A. S.A., por último informe si se produjo la absorción de personal por parte de la firma A. S.A.".

La nota del Sindicato, suscripta por el Señor O. E. L., en carácter de Secretario Adjunto expresa que el Señor L. G. S., "se encontraba registrado en nuestra entidad a cargo desde que los trabajadores se dirigieron al mismo por reclamos puntuales contra la referida empresa, en ese momento y al recibir denuncias es que se toman las medidas del caso...

Atento a que la empresa no se encontraba en el registro del Ministerio de Trabajo de la Nación según lo estipulado por la legislación vigente como empresa de servicios eventuales, ni tampoco como una UTE, Unión Transitoria de Empresas según la legislación vigente en materia Pesquera Provincial... se solicita por parte de nuestra entidad gremial el cumplimiento de la Ley Provincial 5.054 atento a la situación en que se encontraban los trabajadores.

Ej.: sin aportes previsionales, sin obra social y padeciendo la tercerización de mano de obra figura utilizada por los empleadores para abaratar sueldos evadir costo(s) sociales y utilizando la fuerza del trabajador como una variable de ajuste económico con ese fin más que cualquier otro es que se utilizaba la figura de empresas de servicios en situación de fraude a la ley laboral y así es que se solicita a la empresa principal incorporar al personal que dependían de L. G. S. (sic) en forma directa".

La prueba arrimada por la demandada consistió en: documental agregada a fs. 85/136, declaraciones testimoniales de los Señores R (fs. 281 y vta.), P.M. (fs. 249 y vta.) y L. (fs. 282 y vta.), e informativas de la Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut, Diario Crónica de Comodoro Rivadavia.

De las enunciadas, me permito destacar las producidas en relación a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. La primera informa, a fs. 218, que el actor "no se encuentra inscripto en registro alguno llevado por esta Subsecretaría, no surgiendo asimismo que se lo haya habilitado o reconocido como prestador de servicios eventuales en esta Provincia".

El Ministerio responde a fs. 297, e indica que "En el marco de la Autoridad de Aplicación que ejerce este Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre la actividad realizada por las Empresas de Servicios Eventuales, y de las constancias existentes, se informa que no se localizan antecedentes a favor del Sr. L. G. S. para funcionar como Empresa de Servicios Eventuales".- De las probanzas reseñadas y de las postulaciones traídas por la accionante a este Tribunal, arribo a la conclusión que no reviste el carácter de persona jurídica sino -tal como lo declama-, el de "empresa unipersonal".

Y traigo a colación entonces, la clara afirmación de Carlos G. VILLEGAS en tanto advierte que no se debe confundir empresa con sociedad porque ambas sean "organizaciones".

La empresa es la "organización" de los factores de la producción, trabajo, capital y tecnología, para la creación, almacenamiento, transporte y distribución de bienes, o la prestación de servicios.

En cambio la sociedad es un "orden jurídico particular" creado por el Derecho, para constituir un centro de imputación diferenciado con relación a las personas físicas que la integran ("Sociedades Comerciales", Ed. Rubinzal-Culzoni, Tº I, pág. 87).

La Ley Nº 24.013 y sus normas reglamentarias son claras en cuanto a la necesidad de que la prestadora del servicio eventual lo sea, sin importar el tipo societario que se adopte, una persona jurídica. El actor, conforme vengo diciendo, no lo es.

Entonces, antes de verificar la constitucionalidad de la norma impugnada, corresponde dilucidar si puede ocurrir a la jurisdicción en procura de resguardo de los derechos invocados aquél que se encuentra al margen de la regulación legal, instituida para la actividad que realiza.

Fundamentalmente por cuanto, como ha reiteradamente señalado nuestra Corte Suprema de Justicia, la Declaración de Inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico (Fallos: 288:325; 292:190; 302:457), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 328:4542).

Lo dicho me lleva a traer a colación el voto que recientemente he emitido en los autos: "C. J.J.c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad Ley Nº 5054", SD Nº 06/SROE/06, en donde afirmé: "Sólo expondré algunos puntos de vista respecto del problema de la legitimación procesal, tema arduo si lo hay pues, como bien dice A.B. ".... ha tenido en los últimos años -especialmente desde la reforma de 1.994- un desarrollo extraordinario, a punto tal que ha contribuido seriamente a poner en crisis toda la concepción sobre el caso judicial ..." (ver el autor en su obra "Control Constitucional", Tº II, Editorial Abaco, de Rodolfo De Palma, pág. 16) en la medida en que "caso" importa el "qué", y legitimación el "quién", habiéndose perfilado -ya de mi coleto- la ampliación del espectro de posibilidades de admitir a quien puede obtener una decisión jurisdiccional cuando existe cuestión constitucional de por medio.

Además, afirmé: "Y es que acicateada mi curiosidad por el autor mencionado he revisado algunos precedentes de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica en la medida en que han estatuido la franca relación de la legitimación con la división de poderes y establecido el sentido y alcance de esa capacidad de ejercer la acción". - "Así por ejemplo del precedente "S.vs. W. 8 U.S. 106", 113 - 114 (1.976) que sentó la tesis de que los "... Tribunales no deben decidir innecesariamente sobre derechos cuando los titulares de los mismos no lo requieren ..." (la cita es de BIANCHI en la obra mentada arriba, pág. 18) he llegado a "Kowalski v.

Tesmer" argüido en el 4 de octubre de 2.004 y decidido en el 13 de diciembre de 2.004 en el que se destaca que, como en "Singleton" los demandantes -para justificar su capacidad de pedir- predicaron y demostraron que sufrirían un daño concreto y particularizado, actual o inminente y no conjetural o hipotético, pero que debía confirmarse, a la par, la relación existente entre el sujeto y el derecho conculcado, y no una mera hipótesis (ver el fallo en cuestión en la página web de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la traducción, con beneficio de inventario, es propia)".

"No obstante, y como regla de examen, es bueno traer a colación lo que BIANCHI expone en punto a los requisitos en torno a la legitimación que posee aquella Corte Suprema y que se distinguen, según su postura, en constitucionales y prudenciales, dividida, cada categoría, en tres sub-requisitos.

Los dos primeros son, y trascribiré textual, que "... 1) debe alegarse que se ha sufrido o se sufrirá en forma inminente un daño o agravio, 2) el daño debe ser consecuencia de la conducta del demandado, es decir debe darse una relación de causalidad y 3) debe afirmarse que una decisión favorable del Tribunal puede remediar el daño ocasionado...".

Los tres requisitos prudenciales son: "... 1) nadie puede reclamar por el derecho de un tercero que no está en juicio; 2) no puede accionar quien lo hace como simple ciudadano o contribuyente que reclama por un perjuicio general que otros muchos soportan de igual manera y 3) el actor debe demostrar que se encuentra dentro de la zona de intereses protegida por la ley en cuestión ..." (ver op. cit. pág. 18)". - "En términos de legitimación activa, y amén de exigir que el accionante deba demostrar claramente de qué manera la norma impugnada contraría a la Constitución Nacional, causándole gravamen, nuestra Corte Suprema se ha pronunciado exigiendo que sea el titular el que lo alegue", estableciendo que para que exista un caso a los fines de la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad se exige que medie:

a) actividad administrativa que afecte un interés legítimo; b) que el grado de afectación sea suficientemente directo; c) que aquella actividad tenga concreción bastante (Fallos: 311:2104; 326:4774; "P. de C.S. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción meramente declarativa", 15/08/2.006).- Agregué, "el concepto de legitimación activa está demarcado, por ejemplo, en el caso "O. R. A.y Otro c/ B. A. C.. e IND. S. s/ Escrituración" del 31/12/87 - T. 310:2943 - cuando el Tribunal ha sentado que"...

La falta de legitimación sustancial se configura cuando alguna de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de la fundabilidad de ésta..." o, en el mismo sentido, que "... La carencia de legitimación sustancial se configura cuando alguna de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de que ésta tenga o no fundamento. N. 59. XXI.

Neuquén T.V. S.A. y otros c/ Río Negro, Provincia de y otra s/ cesación de emisiones. 20/12/88T. 311, P. 2725 ...".

II. Por lo indicado, tal como lo hice en los autos "C." a los que vengo aludiendo, entiendo que el quejoso carece de derecho alguno para reclamar una decisión jurisdiccional. - Al igual que en dichos autos, entiendo que "ninguna de las reglas habilitantes que pudieran tomarse como parámetros resultan aplicables en la especie pues la cualidad del actor, que está fuera del régimen legal, le impide esgrimir agravio ya que no se encuentra en la zona de protección de la Ley, no habiendo, entonces, relación sustancial que le autorice a una decisión jurisdiccional y por añadidura no puede argumentar lesión por la actividad que, en ejercicio del Poder de Policía, ha desarrollado la Provincia del Chubut al sancionar y promulgar la Ley Nº 5054".

También aquí debo destacar que la accionada no introdujo excepciones a la acción acusando esta circunstancia, aún cuando hizo referencia en el responde a la ilegalidad del actuar de la demandante, y de ese modo fue permitido el desarrollo del proceso hasta esta instancia.

Sin perjuicio de ello, para el supuesto de no ser opuesta la excepción, igualmente el juez tiene que examinar de oficio el tema, porque se trata de una típica cuestión de derecho (FAIRÉN GUILLÉN, Víctor, "Estudios de Derecho Procesal", Madrid, 1.955, pág. 299; CHIOVENDA, José, "Instituciones de Derecho Procesal Civil", trad. GÓMEZ ORBANEJA, Tº I, Madrid, 1.936, pág. 82, cit. por ROLAND ARAZI, "La Legitimación", pág. 33).

Mas cuando el tema presenta aristas vidriosas, puede aplazarse hasta el dictado de la sentencia pues, y así lo ha sostenido el Alto Tribunal, "... El tratamiento de la carencia de legitimación substancial en forma previa a la sentencia es admisible en la medida en que resulte manifiesta; si no es posible resolverla de manera inequívoca con los elementos incorporados hasta tal momento en la causa, corresponde diferir su consideración para el pronunciamiento definitivo: art. 347, inc. 3° del Código Procesal ..." (ver L. 483. XX. L. S.A. c/ La Pampa, Provincia de y otros s/ aprobación de Contrato del 26/05/88 T. 311:872"). - Es por ello que voto, y así lo dejo propuesto al Pleno, por el rechazo de la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad de la Ley Nº 5.054, promovida por el Señor L. G. S.. ASÍ LO VOTO.- A la misma cuestión el Dr. CANEO dijo:

I.- Recientemente he emitido mi voto en la causa "C...." que cita el prevotante, y encuentro que ésta, que ahora se trae a fin de dictar Sentencia contiene similar pretensión que aquélla referida, y ostenta idénticos ribetes a los que en ésa fueran examinados.

Como en aquélla, el actor, Señor L. G. S. acudió ante esta Jurisdicción planteando contra la Provincia del Chubut Acción Declarativa de Inconstitucionalidad, atacando la Ley Nº 5.054, considerándola lesiva de los derechos enumerados en los arts. 14, 16, 17, 19 y 28 de la Constitución Nacional y 18, incs. 4) y 6), 20, 23 y 9 de la Provincial.

Estima que la Ley, al establecer los requisitos que deberán cumplimentar las empresas permisionarias de la pesca para el otorgamiento o renovación de permisos en la Provincia, tiene efectos directos sobre el ejercicio de la actividad que desarrolla como su medio de vida en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

La norma opugnada dispone, en el artículo 1°, la obligación para las empresas titulares de permisos de pesca, o que en el futuro pretendan obtener uno, de asumir para con sus empleados -dedicados a la producción e industrialización de la materia prima- "una relación de empleo directa, sin intermediación de empresas, asociaciones, cooperativas y/o cualquier entidad de prestación de servicios eventuales".

De ello se agravia el accionante, quien alega ser una "empresa unipersonal" dedicada a proporcionar a las firmas manufactureras, trabajadores relacionados con la actividad pesquera -específicamente menciona "amparados en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 137/90"-, entre los que refiere "fileteros, envasadoras y peones".

II.- Tal como lo hiciera C., antes de impetrar ésta, el actor acudió a una Acción de Amparo que promovió ante un Juez Letrado de Primera Instancia en lo Laboral, respaldándola en los arts. 43 y 54 de la Constitución Nacional y Provincial, respectivamente, y en lo dispuesto en el art. 3° de la Ley N° 4.572 atacando de inconstitucional la norma referida, y a resultas, pidió se dejara sin efecto este requisito contenido en el art. 1°, que ahora cuestiona en este pleito (copia certificada a fs. 31/39).- El 29/03/04 el Juez rechazó formalmente el Amparo, considerándolo improcedente, entre otros motivos, porque fue interpuesto luego de vencido el plazo que prevé el art. 4° de la Ley N° 4.572, y por no ser la vía adecuada -fundamentó el a-quo-.

La declaración de inconstitucionalidad de una Ley -dice-, es competencia originaria del Superior Tribunal de la Provincia mediante una Acción Ordinaria de Inconstitucionalidad Autónoma, conforme lo establecen la Constitución Provincial y la Ley N° 37.

A más, señaló que no se había invocado acto u omisión alguna que pudiera calificarse de ilegal o arbitraria, como presupuesto fáctico o jurídico para viabilizar la acción impetrada.- El Señor S. apeló este resolutorio y a fs. 56/61 vta. se agrega el fallo de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción de Comodoro Rivadavia que lo confirma.

III.- Acude ahora por la presente vía en pos del mismo objetivo, y atendiendo la carga que emana del art. 377 del CPCC, pretende probar que la Ley cuya inconstitucionalidad persigue, impide su actividad, ya sea el objeto de su empresa como también su trabajo personal, lo que imposibilita -itera- obtener su medio de vida al prohibirle trabajar en el ámbito provincial, considerando afectados los derechos constitucionales "... a trabajar y ejercer industria lícita, a la propiedad, a la libertad, a la igualdad y el principio de razonabilidad ...".

1.- Procura demostrar el daño que le sobrevendría de no declararse la inconstitucionalidad alegada, refiriendo a relaciones que mantendría con la firma A. S.A. A fs. 25, acompaña una misiva dirigida al Señor S. y rubricada por quien aparentemente sería Gerente de Relaciones Institucionales de la firma mencionada -al menos el encabezado de la nota así lo evidencia- la que expresa "... en virtud de la relación comercial que nos vincula "... debo ... "...

comunicarle que por imperio de lo normado en el Art. 1ero. de la Ley 5054 y ante la necesidad de la renovación de los permisos de pesca de la empresa, se procede a resolver forzosamente la relación prescindiendo de los servicios consistentes en la prestación de personal para procesamiento de la materia prima ... 31 de marzo de 2004...".

También en la etapa probatoria había ofrecido informe de A. S.A., sobre su desempeño en calidad de contratista de la empresa, las tareas objeto de contratación y desde cuándo realiza dichos "servicios contractuales" para con la firma, pero por SI N° 15/SCA/06 -obrante a fs. 187/190- se declaró la caducidad por negligencia de esta prueba.

2.- En su demanda, manifiesta poseer una pequeña empresa destinada a la captación y provisión de personal de la actividad alimenticia vinculada con la pesca y el procesamiento de sus productos. Dijo también que inició su actividad en junio de 1.998, y agregó "... a los fines de la prestación comercial se encuentra inscripto ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y demás organismos como contribuyente ... impuesto a las ganancias, valor agregado, régimen de la seguridad social en calidad de empleador y contribuyente régimen trabajadores autónomos..." (fs. 69 vta.). - Así es que, a fs. 26 luce un Formulario de la AFIP que data del 26/01/1.998, donde se puede observar que el actor solicita la inscripción en ese Organismo, declarando ser empleador de ocho (08) personas, tal como surge del Rubro 9.

No obstante, el 9 de diciembre del año referido, modifica esos datos exponiendo que su carácter ante la entidad es el de I.V.A. (Responsable Inscripto), sin consignar dato alguno en el Rubro antes mencionado. Tales circunstancias surgen de estas copias que, debo destacar se encuentran en estado de dificultosa lectura.- Oportunamente, requirió prueba informativa a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Delegación Comodoro Rivadavia, a fin de que este Organismo dijera si se encuentra inscripto en calidad de empleador y contribuyente, en su caso, qué impuestos devenga y el número de empleados registrados bajo su dependencia.

El órgano responde a fs. 173 que de conformidad con sus registros ". el Sr. S. (sic) . se encuentra inscripto . en el Impuesto al Valor Agregado, Aportes Seguridad Social Autónomos y en el Impuesto a las Ganancias Personas Físicas" . ". desde 02/05 . registra "Baja definitiva" en el Régimen Nacional de la Seguridad Social Empleador, con el motivo "sin empleados".

3.- Por su parte, la firma M. A. A.R.T. S. certifica a fs. 28 que la "... firma S., L. G."... ha suscripto ... el contrato de afiliación amparando lo dispuesto en la Ley N° 24.557 de Riesgos de Trabajo y sus decretos reglamentarios..." e indica que la vigencia de la cobertura es "Desde la cero horas del 12/03/04 y hasta las veinticuatro del 31/03/05".

En la foja siguiente, se incorpora -aparentemente- un informe obtenido electrónicamente, del Banco Nacional de Datos del Sistema de Riesgo del Trabajo en el que se observa que, ingresado el CUIT del actor la página web del organismo señalado, arroja registros de contratos por riesgo del trabajo, entre los que señala que habría convenido con la firma LA C... desde el 03/07/01 y hasta el 28/07/02 y con M. desde el 12/03/04 y continúa vigente. La impresión es del 16/03/04.

4.- Se inquirió al Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA) sobre si el Señor S. se encontraba registrado en el mismo como empleador contratista -provisión de personal- de la empresa A. S.A., el que hace saber a este Cuerpo que ". la empresa no se encontraba en el registro del Ministerio de Trabajo de la Nación según lo estipulado por la legislación vigente como empresa de servicios eventuales, ni tampoco como una UTE . según la legislación vigente en materia Pesquera Provincial".

Continúa expresando ". ante los reiterados incumplimientos de L. G. S. (sic) en lo referido a obligaciones laborales e impositivas se cite a la principal para la cual se prestaba servicio de fileteado de pescados, envasados del mismo a A. S.A., el citado Organismo con fecha 15 de diciembre de dos mil cuatro fija fecha y audiencia donde el representante de la empresa Sr. J. R. asumen la responsabilidad solidaria . por ello se solicita por parte de nuestra entidad gremial el cumplimiento de la ley Provincial 5054 atento a la situación en que se encontraban los trabajadores, ej.: sin aportes previsionales, sin obra social y padeciendo la tercerización de mano de obra, figura utilizada por los empleadores para abaratar sueldos evadir costos sociales y utilizando la fuerza del trabajador como una variable de ajuste económico con ese fin más que cualquier otro es que se utilizaba la figura de empresas de servicios en situación de fraude a la ley laboral, y así es que se solicita a la empresa principal incorporar al personal que dependían de L. G. S. (sic) en forma directa. (fs. 180) (el destacado se agrega).

Acompaña copia de dos Actas, en tres (3) fojas, labradas ante la Subsecretaría de Trabajo de la Delegación Comodoro Rivadavia. Aclaro que las mismas se encuentran en forma bastante ilegible.

La primera de ellas de fecha 15.12.04, suscripta por el Secretario Adjunto del S..., el Señor R., invocando su carácter de Gerente de Recursos Humanos de la firma A. S.A. y el hoy actor como ". titular de la empresa S. (sic), L.".

En esa oportunidad, concedida la palabra al Señor R. manifiesta ". la empresa A. S.A. por la relación laboral que los trabajadores mantenían con las empresas S. (sic) y ... será solidariamente responsable de las obligaciones laborales emergentes.

La antigüedad que mantenían en esas empresas les ha sido reconocida en forma individual como así la categoría, pero es obvio que los trabajadores no eran empleados de A., por lo que estimamos que sería falsear la realidad colocar como dependientes de esta empresa la fecha de ingreso en los recibos de haberes".

Concedida la palabra al Señor S. en esa ocasión, éste solicita un plazo para consultar con sus asesores contables y jurídicos, como así también para acompañar la documentación requerida.

Concedido ese cuarto intermedio, las partes vuelven a reunirse el 22/12/04 -fs.178- donde el hoy actor lo hace a través de su Apoderado el Dr. E.I, quien dice aportar recibos... y certificaciones de servicios y remuneraciones correspondientes a los dependientes de L. G. S...".

El funcionario actuante deja constancia que "careciendo las certificaciones de servicios presentadas, de la certificación legal correspondiente a la autoridad competente se restituyen al presentante a fin de cumplir dicho recaudo, otorgándose plazo de cinco días hábiles para su cumplimiento ...".

Como consecuencia de lo manifestado, al finalizar el texto del acta a la que se hace referencia, toma la palabra la representante del organismo laboral expresando ". en relación al rubro aportes y contribuciones al sistema de seguridad social extráigase copia de la presente y gírese al Dpto. Policía del Trabajo a efectos de que se fiscalice su cumplimiento por parte de las empresas S. y ...". - 5.- La prueba aportada por la accionada, se aplica esencialmente a los motivos por los cuales fue necesaria la sanción de la norma opugnada, que fundó -se recuerda- en las circunstancias fácticas, fundamentalmente económicas y de desempleo que afectaban a buena parte de la Nación, y por supuesto, a la Provincia, las que afirma impusieron la elaboración normativa, con el objeto de erradicar las empresas de servicios eventuales, intermediarias entre los trabajadores de la pesca y las empresas permisionarias responsables -sostiene la Provincia- de haber precarizado ilícitamente las condiciones laborales.

En ese contexto -subraya- vio la luz la Ley N° 5.054. Así lo corroboran los testimonios de los Diputados Provinciales Cdor. M. P. M., (fs. 249 y vta.), y Dr. R. R (fs. 281 y vta.) e inclusive de O. L., Secretario Adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (fs. 282 y vta.).

A más de ello, la Provincia produce informe de la Subsecretaría de Trabajo local que indica -a fs. 218- que ". el Sr. L. G. S. no se encuentra inscripto en registro alguno llevado por ésta ., no surgiendo . que se lo haya habilitado o reconocido como prestador de servicios eventuales en esta Provincia".

Idéntica respuesta proporcionó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación ". en el marco de la Autoridad de Aplicación que ejerce. sobre la actividad realizada por las Empresas de Servicios Eventuales, y de las constancias existentes, se informa que no se registran antecedentes a nombre de Sr. L. G. S. como Empresa de Servicios Eventuales". (fs. 297).

IV.- Descriptas así las constancias de la causa, recordaré como lo hiciera en la causa "C....", con G., que la posibilidad jurídica de reclamar la protección jurisdiccional exige una determinada "cualidad" en quien la pide, ello permite poner en marcha el aparato jurisdiccional, y ser parte en el proceso.

Pero además se requiere una "calidad" en la pretensión, que es el interés específico en el mismo: la situación que se quiere conseguir, el bien a proteger (derecho subjetivo, interés legítimo, interés simple, interés difuso).

Puede haber derecho sin interés o viceversa, interés sin derecho (Derecho Procesal Civil, Tº I, pág. 392), pero quien acciona habrá de acreditar esa vinculación.

El interés que mueve a S. a accionar, según expone, está dado por la actividad que desarrolla, que se ve impedida por la Ley que ataca de inconstitucional.

Su derecho subjetivo -que encuentra violentado- es aquel que las Constituciones Nacional y Provincial le aseguran: de trabajar y ejercer toda industria lícita (arts. 14 y 71, respectivamente).- Si nos atenemos a los hechos demostrados, S. efectivamente proveía de servidores eventuales, al menos, a una empresa permisionaria de la pesca. Pero ¿le accede el derecho subjetivo que denuncia impedido?.

1.- Que los derechos y garantías que la Constitución otorgan están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio es un principio jurídico expreso en el mismo art. 14.

El derecho a trabajar y a ejercer industria, está sometido a una serie de normas de policía que regulan esas condiciones según la actividad, y que no es ocioso recordar, tienden a consolidar un Estado de Derecho.

Fuere en las concepciones subjetivistas u objetivistas, la función del Derecho es dirigir la conducta de los individuos armonizando los intereses opuestos (CASTIGLIONE, Julio César; "Las transformaciones del Derecho", La Ley Actualidad del 20/2/03), "la convivencia en la discrepancia" como diría SPOTA (Legalidad y Legitimidad del Estado de Derecho, LL 26/12/95). La Constitución Provincial en el art. 71 reserva al Estado la Policía del Trabajo y en el art. 81 sujeta la libre iniciativa al bien común.- 1.1.- En este orden, la Ley Nacional de Empleo (LNE) N° 24.013 dispone en sus arts. 75 a 80, las pautas y requisitos a los que deberán ajustarse las empresas prestadoras de servicios eventuales a fin de obtener la habilitación que otorga la autoridad competente.

Se define a estas empresas de servicios eventuales como "... las entidades que constituidas como persona jurídica tienen por objeto exclusivo poner a disposición de terceras personas, en adelante usuarias, a personal industrial, administrativo, técnico o profesional para cumplir, en forma temporaria servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento..." (SARDEGNA, Miguel Ángel; "Ley de Contrato de Trabajo y sus reformas". Comentada. Anotada. Concordada. Editorial Universidad, 9na. Edición Actualizada, Bs. As., 2.004, pág. 261).

A la fecha de interposición de la presente acción -20/04/2.004- se encontraban vigentes los Decretos reglamentarios Nº 342/92 y 951/99, los que actualmente han sido derogados por el Decreto Nº 1.694/2.006 (B.O. del 27/11/2.006), que en forma similar reglamenta la cuestión.

Siendo que los primeros nombrados rigieron la actividad desarrollada por el actor desde su inicio hasta la aplicación de las normas que por la presente acción cuestiona, a ellas a continuación habré, necesariamente, de referirme. - El Dto. N° 342/92 se ocupaba de estas empresas, indicando entre otras cosas que las mismas:

A) Deben estar constituidas como personas jurídicas y poseer objeto único, la contratación de trabajadores bajo esta modalidad; - B) Se encuentran obligadas a caucionar una suma de dinero o valores y una garantía real o fianza (art. 18°);

C) Si no cumplimentan las normas legales, serán sancionadas con multas, clausura o cancelación (art. 16°);- D) La cancelación de la habilitación para funcionar hace que pierdan la caución, destinándose éstas por la Autoridad de Aplicación a satisfacer los créditos laborales que pudieran existir con los trabajadores y con los organismos de seguridad social y el remanente -de existir-, es destinado al Fondo Nacional de Empleo (art. 80° LNE);

E) Deben llevar una sección particular del Libro Especial del art. 52° de la LCT, con los recaudos que específicamente dispone el art. 13° del Dto. comentado;- F) La habilitación para funcionar como tal, deberá ser gestionada por ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, organismo facultado para dictar las normas interpretativas y complementarias.

Por su parte, el Dto. N° 951/99 (B.O. 02/09/99) ampliaba las exigencias descriptas para la habilitación al disponer, además que deberán incluir en su denominación social la expresión "Empresa de servicios eventuales" y tener como mínimo un capital social inicial de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000).- 1.2.- Tal como señala la Provincia, la actora no es una persona jurídica. A contrario, el Señor S. viene a esta Jurisdicción calificándose como una "empresa unipersonal" (fs. 78) proveedora de personal para el procesamiento de pescado. - Indiqué en la SD Nº 06/SROE/06 que frente a esta argumentación, es dable señalar que no ha cesado la especial atención por parte de la doctrina del tan debatido tema de las denominadas "sociedades unipersonales", expresión que desde el rigorismo semántico parece denotar un despropósito incomprensible.

Sigo a Alberto VERÓN quien sostiene "... la denominación sociedad unipersonal debe ser de una buena vez abolida y reemplazada por la que derive de una noción real de los hechos económicos, es decir, del concepto de empresa".

Referí entonces que haciendo historia el mencionado autor señala "... en Argentina hay que recordar el artículo 33° del Código Civil que admite las personas jurídicas plurimembres (como sociedades comerciales y asociaciones), unimembres (Sociedades del Estado) e incluso amembres (fundaciones), persona jurídica y pluralidad de miembros no son dos conceptos innescindibles ..." "... La Ley de Sociedades Comerciales en su art. 1° impone la pluralidad como uno de los elementos esenciales del contrato social, esto es, el mínimo de dos socios, admitiéndose así una persona jurídica distinta con un patrimonio afectado a la Sociedad; sin perjuicio de admitir la posibilidad de supervivencia de ésta cuando el número de socios quede reducido a uno, en tanto y en cuanto, en el término de tres meses se incorporen nuevos socios y reestablezcan la pluralidad (art. 94°, inc. 8) LSC).

Asimismo, refiere que los proyectos de modificación de la LSC que, en 1989 incluían un proyecto propugnando la creación de un régimen especial para la empresa individual, sólo obtuvieron dictamen favorable de la Comisión de Legislación General del Congreso, sin que finalmente prosperara.

Recientemente -relata VERÓN- la Inspección General de Justicia, en autos "F., R. (LL 2.005-E,478)" ha dictaminado que la pluralidad de socios importa una exigencia sustancial. ("La empresa unipersonal de responsabilidad limitada" - Publicado en La Ley 08/05/06).

Concluí que la categoría esgrimida por el actor no tiene amparo legal en nuestro derecho, sumado a lo cual no ha demostrado el cumplimiento de las demás condiciones impuestas a toda Empresa de Servicios Eventuales.

Es más, creo que se ha demostrado lo contrario: no está inscripto en el registro especial llevado por la autoridad de aplicación -obsérvese al efecto la informativa descripta como Apartado..., no ha constituido aval o garantía alguna, ni trajo al sub-lite el Libro Especial -art. 52° LCT- en el que constara la sección particular que la norma impone confeccionar.

Es decir, no ha aportado elemento alguno que permita arribar a la conclusión que se dedicara a la provisión de personal para empresas permisionarias de permisos de pesca en la Provincia -tal como sostiene- lícitamente.

En consecuencia, y habré de coincidir con el prevotante. Como señalé en el fallo que sigo, quien desempeña una actividad al margen de la normativa vigente, no puede acudir a esta Jurisdicción requiriendo amparo constitucional, puesto que la norma opugnada no es susceptible de ocasionarle ofensa alguna.

2.- Indiqué también que aquella vinculación a la que refiriera con G., es claro que en el caso no existe y por ende falta al actor legitimación "ad caussam" para intentar esta acción.

Y destaqué, que si bien la accionada al efectuar la negativa legal en su conteste, esbozó que el accionante no reunía aquellos requisitos, lo hizo tímidamente sin oponer esta falencia ni como excepción, ni como defensa de fondo.- Expresé allí lo que enseña la doctrina, que hay falta de legitimación para obrar cuando el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el proceso. La legitimación activa supone la actitud para estar en juicio como parte actora a fin de lograr una sentencia sobre el fondo del asunto.

La falta de legitimación sólo puede tratarse como excepción de previo y especial pronunciamiento cuando es manifiesta; ese carácter impone que ésta puede resolverse con los elementos que obren en autos, sin necesidad de producirse prueba, ya que tal circunstancia indicaría que la ausencia de legitimación no aparecería con la evidencia que la ley exige. (FENOCHIETTO-ARAZI, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Concordado. T° 2, pág. 211, 2da. Edición, Ed. Astrea. CNCiv., Sala C, marzo 2-1.993, La Ley 1993-D,167).

En primer lugar, queda sujeta a la apreciación del demandado, quien, por considerarla "no manifiesta", puede alegarla como defensa de fondo al contestar la demanda; y en segundo lugar, a criterio del juez, quien, puede postergar su tratamiento para el momento de la sentencia definitiva.

Si existiere alguna duda acerca de que la parte puede tener legitimación para obrar, no debe ser sustanciada como previa, sino debe ser considerada en la sentencia definitiva (Conc.: GUAHNON, Silvia, "Excepción de falta de legitimación para obrar" - La Ley 1996-A, 312).- Recuerdo que este Cuerpo en Sentencia Definitiva N° 24/95 sostuvo que "... la legitimación activa ..." implica "una situación subjetiva cualificada por una norma objetiva ..." "una determinación exclusiva y excluyente en la pertenencia de ciertos bienes jurídicos donde se manifieste el goce de la disponibilidad y la exigibilidad de su cumplimiento que se garantiza por el control jurisdiccional ..." Y el Dr. ROYER, en SD N° 7/SCA/97, precisaba los conceptos de relación jurídica y situación jurídica, aludiendo en el primer caso precisamente a legitimación.

Decía: "... la actividad estatal... que se exterioriza de diferentes maneras (ley, reglamento, contrato, acto...) genera consecuencias de tipo jurídico que instituyen recíprocamente derechos y deberes correlativos, los que se delimitan según la correspondencia entre las situaciones en que se encuentran cada uno de ellos respectivamente.

La relación jurídica se da así, cuando la situación de poder (derecho) en que se encuentra uno de ellos, se corresponde necesariamente con una situación de deber (obligación) del otro.

En este marco referencial que es la relación, la ubicación o disposición jurídica de un sujeto, es lo que caracteriza la situación jurídica. ...Esta situación subjetiva, no es un mero requisito procesal de la demanda, sino de la pretensión, en oportunidad de la sentencia, como legitimación sustantiva que determina el alcance reparatorio o anulatorio final.

Para la admisión procesal preliminar basta la invocación de la titularidad de la situación subjetiva, no la realidad misma que se revelará con la sustanciación y la prueba. Se trata, por ello, de un problema procesal, pero íntimamente vinculado al derecho material". - Sostuve que la discusión y abundamiento sobre el punto puede ser dispendiosa y no deja de confundir al justiciable, a salvo los casos de evidente "falta de acción", cuando la insuficiencia del derecho invocado, o la improcedencia de la acción en cuanto al fondo por falta de correspondencia absoluta de la situación en la relación jurídica controvertida, aparece manifiesta en la demanda, a tal extremo que permite su rechazo, sea "in limine" o en la etapa final del proceso, pero sin entrar a considerar otros argumentos. (Conf. MAIRAL, "Control Judicial de la Administración Pública", Tº I, pág. 141/142).

Expresé que en tanto esta calidad o legitimidad para obrar -ite-ro- es un requisito que el Juez debe examinar previamente a la "entrada en la pura sustancia del asunto"(ARAZI, Roland, "La excepción de falta de legitimación para obrar...", La Ley 1.985-A,953).

Que la Provincia demandada no la haya opuesto oportunamente ni como excepción, ni como defensa, ello no es óbice para que pueda ser examinada de oficio, pues se trata de una típica cuestión de puro derecho.

Añadí que interpuesta la demanda inicialmente, no apareció en forma clara, indudable e inequívoca la falta de aptitud del Señor L. G. S. para estar en juicio, pero evaluadas que fueron las probanzas arrimadas a la causa, no tengo dudas al respecto; pues carece el actor "... de la cualidad de legitimación que autorice el examen de la pretensión de fondo expuesta al juicio, circunstancia sobre la que el órgano judicial puede pronunciarse ex oficio" (in re "MOYA..." SD N° 7/SCA/02).

Lo señalado me conduce a coincidir con mi colega prevotante, y por ello acuerdo en dar finiquito a esta causa, declarando que el Señor S. careció de acción para intentar esta litis, en consecuencia, la demanda impetrada debe ser desestimada. ASÍ LO VOTO.

A esta primera cuestión el Dr. PANIZZI dijo:

I) Que como lo han expuesto los prevotantes, este Tribunal en pleno, ha dictado la SD Nº 06/SROE/06 en los autos "C....", de similares aristas a los que actualmente se traen a análisis. - II) Que como en dicho precedente, la parte actora, mediante su escrito inicial de la instancia (fs. 69/73 vta.), dedujo las pretensiones consistentes en que se declare la inconstitucionalidad de la Ley N° 5.054 (promulgada el 9 de septiembre de 2.003 y publicada el 16 del mismo mes) y que se deje, por ende, sin efecto el requisito de su art. 1°, en cuanto obliga a las empresas que detenten o soliciten permisos de pesca provinciales, a la contratación directa del personal y, por consiguiente, a prescindir del servicio de las empresas intermedias de servicios o empleos eventuales. Simultáneamente, pidió una medida cautelar de no innovar, la cual, ulteriormente fue desistida (fs. 78).

Narró que el Señor L. G. S. es titular de una pequeña empresa de empleo que provee de personal eventual a la actividad e industria pesqueras e incluye a todos los trabajadores comprendidos en el CCT N° 137/90. - Expresó la peticionaria que el 25 de marzo la empresa A. S.A. (que detenta varios permisos de pesca provinciales), con quien mantenía un contrato, lo rescindió por imperio de la ley señalada. De modo que -afirmó el actor- dicha ley afecta su medio de vida prohibiéndole trabajar en el ámbito provincial.

En definitiva, expresó el demandante que la Ley N° 5.054, cuya declaración de inconstitucionalidad procura conculcó sus derechos constitucionales de trabajar y ejercer industria lícita, de propiedad, a la libertad y a la igualdad, a la vez que quebranta el principio de razonabilidad.

III) Que en estos autos el actor fue intimado, previamente a proveerse la medida cautelar impetrada, a que acreditase suficientemente la legitimatio ad causam (fs. 77), pero no lo hizo.- En punto a la procedencia de la acción promovida, coincido con los señores Jueces que votaron antes en que carece el actor de la legitimación sustancial.

Como señalé en la Nº SD 06/SROE/06, ello es así porque no puede recabar el favor de la Constitución, quien ejerce una actividad incumpliendo los requisitos legales, de los que no puede prescindirse para hacerlo. De otro modo, en nombre de la Constitución se estaría habilitando el ejercicio ilegal de una actividad. - En el caso, don L. G. S. -como quedó expresado en los votos precedentes- no cumple con los requisitos legales para habilitar, constituir ni, por ende, ejercer la actividad de una empresa de servicios eventuales.

Por esa razón, como escribió en su voto el Juez PFLEGER, la parte actora lejos está de ser amparada por la norma constitucional que pretende; si su actividad no se ajusta a los requisitos que la ley le impone, sencillamente, no es lícita.

Es decir, que no cuenta el demandante con la habilitación legal para presentarse ante la jurisdicción para litigar por sus derechos. Dicho de otro modo: no puede estar en la lite.

Hago mía la expresión del Juez CANEO, en cuanto a que el actor no es la persona especialmente habilitada por la ley para asumir tal calidad, con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el proceso. Y aún cuando ello no haya sido opuesto como defensa por la parte demandada, debe examinarse de oficio por ser una cuestión jurídica. - Por todo ello, la demanda Declarativa de Inconstitucionalidad de la Ley N° 5.054, deberá ser rechazada, con costas al demandante. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. PASUTTI dijo:

I.- Como lo han destacado los Ministros que me precedieran en el voto, la cuestión que se somete a análisis es sustancialmente similar a la resuelta en los autos "C...." por este mismo Cuerpo, en pleno, y por ello he de reiterar aquí la posición que allí adopté.

Recordé en el citado fallo lo que señalaba este Tribunal en SD Nº 19/95 que "el control de constitucionalidad en la Argentina -de carácter difuso- presenta una variada gama de posibilitadas vías o mecanismos, que parte desde su planteamiento en los procesos ordinarios (como acción o excepción -título o defensa-), atravesando por acciones especiales (mandamientos de ejecución y prohibición, réplicas) y recursos también especiales (de inconstitucionalidad en Provincias, Extraordinario Federal), todo lo que ha dado en condenarse bajo la nominación metodológica de "procesos constitucionales".

Y glosaba en relación a los caracteres comunes que pueden presentar estas vías, lo siguiente: ". cuestión regida por la Constitución, planteada por las partes, en causa concreta, en presencia de daño -fuere éste previsto o acaecido- cada proceso constitucional se encuentra normativamente previsto, aunque no necesariamente regulado..." (Voto del Dr. Martín).

Dije entonces que esto ocurre en nuestra Provincia, con la denominada Acción Declarativa de Inconstitucionalidad prevista como de competencia originaria y exclusiva de este Superior Tribunal en el art. 179° inc. 1.1 de la Constitución desde 1994, ya antes admitida por el art. 32º inc. 2 de la Ley 37º -aunque nunca regulada adjetivamente-, que M. O. P. ha definido como aquella que ".tiene por función esencial la de ser el canal a través del cual los habitantes pueden hacer reconocer sus derechos y garantías constitucionales que estiman podrían ser vulnerados por alguna ley, decreto, reglamento, resolución, cartas orgánicas y ordenanzas municipales, sobre materia regida por dicha Carta Magna y se controvierta en caso concreto por parte interesada.- (Conc. "El Control de Constitucionalidad por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba" - Marcos Lerner Editora Córdoba - pág. 261).

Agregué que aquella señalada ausencia de regulación, indujo al Cuerpo auxiliado por la hermenéutica de las Cortes -Nacionales y Provinciales- y la doctrina, a discernir su naturaleza (ordinaria, especial, excepcional), sus caracteres, precisar sus alcances y las condiciones de acceso a su ejercicio, estableciendo en ese marco que debe ajustarse a los recaudos procesales previstos en el art. 322º del CPCC para las Acciones Declarativas en general, caracterizándola como un poder autónomo para excitar la jurisdicción de este Superior Tribunal de Justicia, de naturaleza preventiva y subsidiaria, aclarando que no se trata de habilitar un control "puro" de inconstitucionalidad, sino que debe corresponder a un "caso" concreto, con suficiente legitimación activa del pretensor".(SD Nº 25/95).- II.- Esta -al igual que en el precedente citado- es la vía que intenta transitar por el sub-judice el Sr. L. G. S., quien peticiona se declare la inconstitucionalidad de la Ley Nº 5.054, esgrimiendo que la misma lesiona el normal desenvolvimiento de la actividad que como medio de vida realiza en la localidad de Comodoro Rivadavia.

Así, afirma el actor que desde junio de 1.998 se dedica a captar y proveer personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 137/90, es decir, trabajadores dedicados a la industrialización del pescado y subproductos de la actividad pesquera, para las empresas manufactureras permisionarias de permisos de pesca, y que la norma referida veda su intermediación, y consecuentemente, le impide el desempeño de su actividad, enumerando los derechos constitucionales que entiende vulnerados como el de trabajar y ejercer industria lícita, el de propiedad, libertad e igualdad; sosteniendo que ello quebranta el principio de razonabilidad.- Señalo aquí que en atención a la narración ya efectuada en ésta por quienes me antecedieron, brevitatis causae adhiero al minucioso relato desarrollado por los Dres. Pfleger y Caneo en el presente, referido tanto a los extremos de la demanda y la contestación, como así también a la descripción de los elementos probatorios incorporados por las partes, dando por reproducido el pormenorizado análisis que efectuaran mis colegas.

1.- Como lo sostuve en el fallo que cito, la Ley Nº 5.054 de la que se agravia S., establece en su art. 1º ".para el otorgamiento de permiso de pesca y renovación., es requisito que la relación de empleo sea directa, sin intermediación de empresas, asociaciones, cooperativas y/o cualquier entidad de prestación de servicios eventuales".

Agrega el art. 2º que esa relación de empleo que se menciona comprende al personal ocupado en la producción e industrialización ". por empresas controladas y/o controlantes del permisionario de la pesca.".

Recordé, y lo hago también ahora, lo que expuse en mi voto en S.D. Nº 02/SCA/01 ". El ejercicio del poder de policía pesquero, se desarrolla con miras a la protección del bienestar general. la Administración no actúa caprichosamente sino en resguardo de determinados recursos naturales . lo que importa la necesidad de fiscalizar y controlar ...a fin de evitar un manejo inadecuado". ".quien se dedique .a la actividad de la pesca, o industrial del pescado, debe someterse sin hesitación al régimen instaurado ". Agregaba en aquélla ocasión que ".el límite impuesto a la judicatura para juzgar los actos emanados del Poder Legislativo en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, ... sólo puede aplicarse a la legitimidad en tanto afecte derechos subjetivos, excluida la revisión por razones de oportunidad, mérito o conveniencia". Pues ". las atribuciones del Poder Judicial llegan hasta donde comienzan las propias de los otros poderes estaduales como prestador según la distribución efectuada por las normas supremas.

Las facultades propias de los restantes poderes constituyen su efectiva zona de exclusividad o de reserva funcional en la tarea de gobernar el Estado.

Lo inherente a las directivas de la conducción política interna y externa, está conferidas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. aunque la consecución del bien común y la dignificación de la persona humana -fines últimos de la política- no son tareas extrañas a los jueces pues ninguna de ellas se alcanza sin la justicia, la elección de los medios de lograrlos en una vasta gama de posibilidades discrecionales corresponde a aquéllos".. "No incumbe a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal cual éste la concibió, estando vedado a los Tribunales el juicio sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades, las que escapan a la esfera de consideración del Poder Judicial (Fallos 300:70)".

Si bien en dicha oportunidad, se enfatizó la adecuada explotación del recurso renovable, allí como en el sub-lite fue el bienestar general el fin último anhelado por los legisladores al sancionar la norma, en uso de facultades que le son propias.

Tales afirmaciones encuentran plena aplicación en el sub-lite, con sustento en la lectura de las actas de las pruebas testimoniales rendidas en la causa prestadas por quienes se desempeñaban -al tiempo de la sanción de la norma- como Diputados Provinciales, y observo las fs. 214/216 en las que se agregan copias de la página Web del Diario Crónica de la ciudad de Comodoro Rivadavia, detallando la compleja situación por la que atravesaban los trabajadores de la pesca.

Estos elementos evidencian que la norma opugnada tuvo en miras la intención de erradicar de la Provincia, lo que la accionada denominó "intermediación fraudulenta", y de esa manera, poner coto a la apremiante situación económica y de desempleo que afectaba aquélla ciudad, agravada por la precarización de las condiciones laborales en las que se encontraban inmersos los trabajadores del sector.

Véase que de ese modo lo justificaban los legisladores, conforme puede observarse en el extenso debate plasmado en el Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura, conforme la versión taquigráfica del 14 de agosto de 2003 que se incorporó en autos a fs. 99/124.

2.- Aseveré en el decisorio que sigo, que ello no empece por cierto, a discernir si tales intereses legitiman un eventual sacrificio de derechos constitucionales individuales según viene a exponer el actor -laborar y ejercer industria lícita- en razón de la actividad comercial que, dice, desarrolla.

Pero como lo advertí en aquellos autos, encuentro aquí también que tal actividad ...no era lícita. Pues la aportación de trabajadores a las empresas pesqueras -o a una de ellas como procuró demostrar (A. S.A. )-, la venía cumpliendo al margen de la normativa vigente.

Nuevamente traigo lo expresado por el Dr. Caneo en el punto IV de su voto, cuando refiere los recaudos que deben cumplir las empresas prestadoras de servicios eventuales, normados en los arts. 75º a 80º de la Ley Nacional de Empleo Nº 24.013 -reglamentado por el Dto. Nacional Nº 342/92 vigente al momento de la promoción de la acción, y ahora -al dictado de la sentencia- por el Dto. Nacional Nº 1.694/2006-, a fin de obtener la habilitación que otorga la autoridad competente.- Indiqué entonces que en este orden, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -Sala I- en relación a la norma referida, sostuvo "La ley 24.013 ... al regular la actividad de las empresas de trabajo eventual, impuso una serie de requisitos, destinados a controlar su funcionamiento.

La normativa impone garantías patrimoniales que valoren la real existencia de solvencia y de infraestructura. Las empresas de servicios eventuales deben estar constituidas como personas jurídicas de objeto único, que pueden mediar en la contratación de trabajadores bajo la modalidad de trabajo eventual, se impuso la obligatoriedad de cauciones y fianzas y un sistema de sanciones para el caso de incumplimiento de las normas legales (art. 77, 78, 79 y ccdtes., ley citada)" ... "... la ley 24.013 sólo intenta el funcionamiento de las empresas con resguardos que garanticen su solvencia"... ("F.A.E.T.T. Federación de Empresas de Trabajos Temporarios y otros c. Poder Ejecutivo Nacional" -19.09.03- D.T. 2.004 (febrero), 173).

Ante este marco normativo, ha de reparase que L. G. S. vino a esta Jurisdicción autocalificándose -fs. 78- como una "empresa unipersonal destinada a la provisión de personal para el procesamiento de pescado".

Mas no existen "empresas unipersonales" y además, quedó acreditado en las probanzas informativas anejadas en autos, remitidas por la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia y por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (fs. 218 y 297, respectivamente), que el nombrado jamás se inscribió en el registro correspondiente como prestador de servicios eventuales.

Todos estos elementos forjan mi convicción de que L. G. S. no respetaba la normativa vigente que regulaba cómo debía encauzar la relación de empleo con el personal que -según sus dichos- proveía a las empresas permisionarias de permisos de pesca.- De tal modo, como sostuve en los autos "C.", le asiste razón a la Provincia demandada cuando tímidamente acusa en su escrito de conteste, que el actor ". viola de manera notoria las disposiciones de la Ley Nacional de Empleo, . que establece que las empresas de servicios eventuales deberán estar constituidas exclusivamente como personas jurídicas". (vide fs. 143 y vta.), aún cuando sorpresivamente no haya desplegado el remedio procesal respectivo.

Y a la par llama la atención, que conociendo de situaciones como éstas -incluso conflictivas-, no echara mano de su poder de policía oportunamente, o instara su ejercicio por los órganos extraprovinciales atribuidos.- III.- Las circunstancias señaladas me conducen a adherir a quienes me precedieron en el tratamiento de esta causa, en cuanto a que el actor carece de legitimación sustancial para pretender que este Cuerpo declare la inconstitucionalidad de la Ley Nº 5.054.

Como referí en el precedente que vengo citando, en tal sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (in re "Bustos Argañaraz, Prudencia - Acción Declarativa de Inconstitucionalidad, A. I. 112 del 23.04.97), sostuvo ... "el requisito de parte interesada a que alude el precepto constitucional, y que opera como presupuesto de admisión de la acción, exige la acreditación del "interés del reclamante" lo que quiere significar que sea titular de un derecho subjetivo o interés legítimo, en trance de ser menoscabado, y respecto del cual se halle legitimado para solicitar la intervención de este Cuerpo"... "Tal legitimación activa constituye precisamente la aptitud para ser demandante en el proceso concreto. .

La llamada también "legitimatio ad causam" se relaciona directamente con la situación o posición en que se encuentran los ciudadanos, las personas jurídicas y los poderes del Estado, en un orden de sujeción general al marco normativo vigente"....

Es por ello que aquí también tengo para mí que el señor L. G. S., desde que desempeña su actividad en claro fraude a la ley laboral al no encontrarse constituido conforme la reglamentación vigente, carece "de la cualidad emanada de la ley que faculta a requerir una sentencia favorable respecto del objeto litigioso", porque no existe identidad entre la persona del actor y aquella a quien está concedida...

En otros términos, no media coincidencia entre las personas que actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender... respecto de la materia sobre la que versa el proceso (DE SANTO - El Proceso Civil - Tomo I- págs. 616/617), y el juez debe así declararlo en la sentencia definitiva, aún cuando la excepción no hubiera sido deducida por el demandado. (L.L. 1979 - D- 35, ED 84-586).- Mi conclusión entonces, no difiere de la adoptada en el precedente que he seguido, y en total coincidencia con los Señores Ministros que me antecedieron sostengo que esta pretensión debe rechazarse. ASÍ LO VOTO.- A la misma cuestión el Dr. ROYER dijo:

El actor L. G. S. intenta ante este Cuerpo Acción Declarativa contra la Provincia del Chubut, acusando la inconstitucionalidad de la Ley Provincial Nº 5.054, en tanto exige que las empresas poseedoras de permiso de pesca entablen una relación de empleo directa con sus dependientes, eliminando de ese modo la figura del intermediario; es decir, de empresas que, tal como arguye el accionante, se dedican a "captar y proveer de este tipo de trabajadores a éstas". La cuestión ya ha sido suficientemente analizada en los votos que me precedieron, que han sido concordantes con lo decidido en el precedente de este mismo Cuerpo, dictado en autos "C....", por el que resuelve el rechazo de la acción.

También en estos autos, analizada exhaustivamente la litis tal como quedó planteada y verificados los elementos de prueba que acompañaron las partes para abonar sus respectivas posiciones, prevengo que no advierto circunstancia distinta que me inste a desatender el precedente citado y el criterio expuesto en forma unánime por los Señores Ministros que me precedieron.

Tal como referí en el precedente "C." en orden a la admisibilidad de la pretensión, en mi voto en SD N° 25/SCA/95, citando a PALACIO señalaba ... "a fin de que la pretensión procesal satisfaga el objetivo tenido en mira por quien la deduce, debe reunir dos clases de requisitos: de admisibilidad y de fundabilidad.

Los primeros, posibilitan la averiguación de su contenido, y por lo tanto, la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto sometido a la decisión del Tribunal.

Los segundos, hacen al contenido de la pretensión y se dice que la misma es fundada cuando resulta apropiada para obtener una decisión favorable de quien la ha planteado.

Ergo, el examen de los requisitos de admisibilidad debe ser necesariamente previo al examen de fundabilidad, y un pronunciamiento negativo sobre la existencia de los primeros, excluye, sin más, la necesidad de dictar una sentencia relativa al mérito de la pretensión"....- Prevenía en el fallo que gloso, que PALACIO despega de las teorías que consideran a la acción uno de los pilares fundamentales de toda la sistemática del proceso, trasladando a la pretensión -objeto del mismo- el estudio de los elementos, requisitos y vicisitudes, de las doctrinas tradicionales que lo aplican a la acción.

En este contexto, el objeto inmediato de la pretensión es la clase de pronunciamiento que se reclama: declarativo, de condena, ejecutivo, y el objeto mediato está dado por el bien de la vida sobre el cual la pretensión debe recaer: la relación jurídica cuya existencia o inexistencia debe declararse.

Añadí que "... La aptitud de los sujetos referida a la materia sobre la que versa la pretensión en cada caso particular, es la legitimación para obrar o legitimación procesal, distinta y claramente diferenciable -a juicio del autor referido- de la capacidad procesal como recaudo extrínseco, que se da con generalidad.

Esta, la legitimación, se determina en el marco de las relaciones y estados jurídicos que en el proceso se controvierten.

Y define este estado como "aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa, no sin advertir que existen casos de lo que nomina "legitimación anómala o extraordinaria" a los cuales caracteriza el hecho de que resultan habilitadas para intervenir en el proceso, como partes legítimas, personas ajenas a la relación jurídica sustancial (casos de sustitución procesal...), o bien, la legitimación -activa o pasiva- se halla atribuida a una pluralidad de personas. (Derecho Procesal Civil - Tomo I - págs. 404, 405, 413, 414, 415)".

Trasladé en el fallo referido los conceptos al orden jurídico adjetivo, y siguiendo a BARRIOS de ANGELIS concluí ..."las situaciones jurídicas procesales son aquellas que contempla la ley procesal: las posiciones que frente a la norma ritual asumen los sujetos del proceso: la acción se manifiesta en la pretensión;

la pretensión, no puede manifestarse sino por la acción, o por el poder de contradecir; de ese modo sólo cuando la acción se conecta con la contradicción es posible hallar el contacto de la pretensión con el demandado. ...la legitimación es una condición de la acción que consiste en la efectiva pertenencia de la situación jurídica sustancial al sujeto que se la atribuye, o en quien asume como titular".- Evoco aquí también el razonamiento sostenido en S.I. N° 81/SCA/02 donde este Cuerpo definió la legitimación activa diciendo que es "...la cualidad emanada de la ley que faculta a requerir una sentencia favorable respecto del objeto litigioso y que en la mayoría de los casos coincide con la titularidad de la relación jurídica sustancial, su falta consiste en la ausencia de esa cualidad"...

Específicamente, la sentencia referida para las acciones declarativas, marcaba las pautas dadas por la Suprema Corte de Buenos Aires "...para cuestionar la validez de los preceptos cuya contradicción con el ordenamiento constitucional se alega por la vía de esa acción originaria de inconstitucionalidad, el demandante debe acreditar la titularidad de un interés legítimo como requisito inexcusable de legitimación suficiente"... "... la demanda originaria de inconstitucionalidad, no tiene carácter de acción popular ... siendo necesario ...que el actor demuestre que es titular del interés legítimo lesionado" ... " ...es parte interesada quien se halla comprendido por la ley, ordenanza o decreto, en cuanto a su aplicación puede causar agravio a un derecho, exención o garantía que esté acordado por alguna cláusula de la Constitución; agravio que debe responder a un interés concreto y no a un móvil genérico o abstracto, como tal ajeno a la función de la Corte, que sólo se vincula con la reparación del derecho vulnerado a un particular"... .

Y finalmente el fallo que gloso sostuvo ..." al igual que en cualquier otro proceso, el juez debe verificar la facultad de la actora para reclamar a la contraria la satisfacción de su pretensión"...

Conceptos éstos que he de reiterar para el sub-lite, y en consecuencia, desde que el Sr. L. G. S. arguye conformar una empresa, y sin embargo, no se encuentra constituido como una persona jurídica de objeto único (recaudo mínimo e indispensable de toda empresa de servicios eventuales), ni cumple ninguno de los requisitos reglados en los arts. 75/80 de la Ley 24.013 para desarrollar la actividad que aduce desempeñar, tengo para mí consecuentemente, que no pudo la sanción de la Ley N° 5.054 que acusa de inconstitucional causarle perjuicio alguno.

De ello deriva que se encuentra privado absolutamente de legitimación para la pretensión que deduce, lo que estimo amparándome en las constancias documentales e informativas agregadas en el sub-judice.- Acuerdo así, con el rechazo de la acción. ASÍ LO VOTO.- A la misma primera cuestión, el Dr. CORTELEZZI dijo:

I.- Como lo han expresado los Ministros que me antecedieran en el voto, estos autos que llegan a sentencia exponen similares circunstancias a las ya analizadas en el precedente de este Superior Tribunal, dictado en autos "C.", por lo que habré de reiterar las consideraciones allí expuestas, y que han dado adecuada solución a la litis.

Señalé allí que la Legislatura de la Provincia del Chubut, el 09.09.03 sancionó la Ley Nº 5.054 -publicada en el Boletín Oficial el 18.09.03- por la cual fijó los requisitos que deben observar las empresas permisionarias de Permisos de Pesca para la obtención y/o renovación de los mismos.

Así, prescribe -artículo 1º- que para el otorgamiento de un nuevo permiso de pesca y renovación del actual, es requisito que la "relación de empleo sea directa, sin intermediación de empresas, asociaciones, cooperativas y/o cualquier entidad de prestación de servicios eventuales".

Complementa ello, agregando en el artículo 2º, que esta relación directa debe darse respecto al personal dedicado a la producción e industrialización, ocupado por las empresas controladas y/o controlantes del permisionario, determinando en su art. 3º, que en caso de trasgresión, se impondrá como sanción la revocación del referido permiso.

Finalmente prescribe -en el artículo 4º- que tendrá vigencia a partir de la promulgación, debiendo las empresas permisionarias dar cumplimiento a la normativa inmediatamente.- 2.- Según surge de los dichos del actor, se dedica desde junio de 1.998 a la actividad de captar y proveer personal a las empresas manufactureras de fileteros, envasadoras, peones y todo otro personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 137/90 que agrupa al personal afectado a la industrialización de pescado y subproductos de la actividad pesquera, aunque conforme las constancias emanadas de la AFIP arrimadas a la causa puede determinarse el inicio de la actividad como empleador en el mes de diciembre del año 1997 (fs. 30).

La Ley Nº 5.054, veda esta intermediación y como resultado -efectivamente así es- el giro del negocio queda obliterado.

A guisa de demostración expondrá, que la relación comercial que venía manteniendo con la empresa A. S.A., titular de diversos permisos de pesca, cesó por decisión de ésta, que así se lo comunica el 25.03.04.

Procura entonces la declaración de inconstitucionalidad de esta norma por dos vías sucesivas: un Amparo, que se declara inadmisible, y luego, esta pretensión declarativa comprendida en el art. 179 inc. 1º de la Constitución Provincial.- Afirma que la legislación cuestionada violenta los derechos a trabajar y ejercer industria lícita, la propiedad, la libertad, la igualdad, la razonabilidad, todos garantizados por normas constitucionales.

3.- Como aseveré en la S.D. Nº 06/SROE/06, el texto de la norma objetada no ofrece razón para la regla restrictiva que impone.

Porque debe aceptarse que más allá de la razón o sinrazón de la pretensión actoral traída al sub-lite, la exigencia que se impone a los permisionarios de establecer con el personal que ocupe relaciones laborales directas, sin intermediación ninguna y bajo amenaza de revocación del permiso, resulta limitativa en verdad para quienes lícitamente explotan este tipo de actividad.- Señalé que la Provincia, expone las razones por las cuales vio la luz la norma atacada, y expresa -entre otros argumentos- que en esa oportunidad, era imprescindible tratar de paliar la situación de emergencia en materia pesquera, coronada con altos índices de desocupación en la ciudad de Comodoro Rivadavia, tornando necesario evitar y erradicar lo que se denominó "intermediación fraudulenta", porque a través de Empresas de Servicios Eventuales las empresas permisionarias precarizaban, ilícitamente, la relación de empleo con los trabajadores del sector.

Alude a la emergencia ocupacional que imperaba, y a la política en la materia, siendo esta Ley uno de los medios a que se acudió para paliarla, llamando al Tribunal a que considere esta situación al momento de sentenciar. - Previne entonces -como ahora- que tales argumentaciones, por cierto aceptables en el contexto de los poderes-deberes del Estado regulados en el Título II, Capítulo III de la Constitución de la Provincia, no pueden conducir a perder de vista que su desarrollo en miras del bienestar general, no debiera conducir a erradicar otros derechos que la misma Carta reconoce al ciudadano.

En particular, si se tiene en cuenta que por vía de su Poder de Policía, que sustenta su propia contestación en este juicio, cuenta con medios para ejercer o promover el contralor que evite ese tipo de desviaciones de la normalidad en que se debe desarrollar el mercado de trabajo.

Viene a aducir, que la actividad de la firma se viene cumpliendo sin guardar los recaudos que exigen las leyes laborales, mas así parece ser desde 1.998, sin que conste que la Provincia haya desplegado acción alguna tendiente a evitarlo.- 4.- Afirmé también que ello, sin embargo, no me habrá de conducir a declarar ligeramente la inconstitucionalidad que se denuncia, pues tengo más que presente la doctrina que enseña que aquélla es "la última ratio del orden jurídico", y debe estar presidida de un análisis de razonabilidad que consulte decididamente los valores en juego, observando -como enseña LINARES QUINTANA- la proporcionalidad de las limitaciones que se impongan con las circunstancias que las motivan y a los fines que con la norma se pretende alcanzar (Tratado de Interpretación Constitucional -Abeledo Perrot - 1998 pág. 557/559).

Destaqué que ha de habilitar ese examen, la admisibilidad de la pretensión que en ese sentido se impetre, ya que está vedado al Poder Judicial formular declaraciones abstractas o generales, fuera del "caso" o "causa judicial" que lo sustente. Y el Sr. S. carece de acción, aunque la Provincia -que señala las causas- no intenta esta defensa ni por vía de excepción, ni como defensa de fondo.- En ese contexto establecí entonces, al igual que lo hago ahora, que como ha quedado claramente demostrado, la actora no es una persona jurídica, ergo, la misma actividad resulta violatoria de lo prescripto en los arts. 75 a 80 de la Ley Nº 24.013, y específicamente de lo normado en el Dto. Reglamentario Nº 342/92 vigente al momento de interponer la acción, sustituído ahora por el Decreto 1.694/2006 que, en líneas generales, se funda sobre los mismos lineamientos de aquél, por los que se determina que las Empresas de Servicios Eventuales deberán constituirse como tales -personas jurídicas- cuando tengan por objeto exclusivo poner a disposición de terceras personas -usuarias- personal industrial, administrativo, técnico o profesional, para cumplir, temporariamente, servicios extraordinarios y transitorios de empresas, explotación o establecimiento, cuando no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato.

A más, el art. 14º de ambas normas reglamentarias mencionadas establece que estas empresas deben gestionar su habilitación por ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para ser inscriptas en el Registro pertinente, agregando el art. 18º del primero de los nombrados y 15º del segundo, que en dicha oportunidad, las empresas solicitantes deben constituir a favor de ese Organismo dos garantías, una principal y otra accesoria, depositando en caución, efectivo, valores y/o títulos públicos.

La informativa que él mismo ofrece, demuestra justamente lo contrario (fs. 180), así como la que produjo la accionada y obra a fs. 218 y 297.

Como indiqué en el precedente que vengo siguiendo, siendo así, lejos está de ser amparada por la norma constitucional que pretende; si su actividad no se ajusta a los requisitos impuestos por las normas vigentes, no es lícita, desde que carece de capacidad en el marco normativo descripto para ejercer actividad en el mercado laboral, la norma que cuestiona no es susceptible de producirle agravio alguno.

Referí entonces que si no hay agravio no hay acción, no existe interés procesal como requisito intrínseco de admisibilidad, el cual se verifica en concreto cuando se dan las circunstancias que hacen considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho no puede ser ya conseguida sin acudir a la autoridad judicial, o sea cuando se hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional (CALAMANDREI citado por PALACIO en Derecho Procesal Civil - tomo I- pág.

420).- Señalé también, que esta falta de acción se conduce procesalmente por el instituto de la legitimación, una de las condiciones de su admisión (ALSINA -Tratado de Derecho Procesal ...To. I, pág. 388), que según haga al derecho a demandar o a la circunstancia de ser demandado, la misma se adjetivará como activa o pasiva, ya sea porque el accionante no es titular del derecho, o porque el contrario no es el obligado al cumplimiento del deber jurídico al que se lo quiere conminar y siempre habrá de ser acreditada por el pretenso demandante o demandado, so riesgo de exponerse a la excepción o defensa "sine actione" de la contraria, o en su caso, a la decisión del juez que así lo estime.

Remarqué que aún cuando no haya sido planteada -tal el caso- la inexistencia de legitimación para obrar puede ser declarada en la Definitiva (PALACIO, Lino, "Derecho Procesal Civil", To. VI, pág. 134/135).

"El juez puede repeler "in limine" la demanda presentada por quien manifiestamente no es el titular del derecho pretendido... y debe rechazar la demanda en la sentencia definitiva si el actor no ha probado que le pertenezca el derecho, porque se trata de examinar una de las condiciones de la pretensión". (Carlo CARLI - La Demanda Civil, pág. 229).

Y ante tales circunstancias acuerdo con el rechazo de la pretensión. ASÍ LO VOTO.- A la segunda cuestión dijo el Dr. PFLEGER:

Tal como voté a la primera cuestión, propongo al Acuerdo: 1) RECHAZAR la demanda declarativa de inconstitucionalidad que intenta L. G. S. contra la Provincia del Chubut, por cuanto carece de legitimación para accionar.

2) Costas a la actora (art. 68 CPCC).

3) Respecto de los honorarios, desde que la causa carece de contenido económico, ponderando las labores desarrolladas por los letrados que intervinieron en el juicio según los parámetros del art. 6 del Dto. Ley Nº 2.200 -T.O. Dto. Nº 138/99 inc. b) a f), estimo fijar los estipendios del Sr. Fiscal de Estado, Dr. J. L. M., en la suma de PESOS MIL SETECIENTOS ($ 1.700) y de sus apoderados Dres. D. F. R. y J. F. J. en conjunto, en el 40% de lo regulado a su patrocinante. A los Dres. M. B. G., M. G. G., M. E. F. V. R. y J. J. E.I, en conjunto, en la suma de PESOS MIL ($ 1.000) con más el 30% (arts. 7, 9, 38 y 47 de la norma arancelaria citada) con más IVA si correspondiere.- A la misma cuestión dijo el Dr. CANEO:

Adhiero a la solución que a esta cuestión da mi predecesor.- A idéntica cuestión dijo el Dr. PANIZZI: - Comparto el pronunciamiento de los Dres. Pfleger y Caneo.

A su turno el Dr. PASUTTI dijo:

Acuerdo con el pronunciamiento que en esta cuestión propone el Dr. Pfleger.

A idéntica cuestión dijo el Dr. ROYER:

Tal como he votado a la primera cuestión, comparto la solución propuesta por el Dr. Pfleger y con la que acuerdan los Dres. Caneo, Panizzi y Pasutti.

El Dr. CORTELEZZI concluyó: - He de concordar con la segunda cuestión tal como la propician los prevotantes.

Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente:

S E N T E N C I A 1º) RECHAZAR la demanda declarativa de inconstituciona-lidad que intenta L. G. S. contra la Provincia del Chubut.

2º) COSTAS a la actora (art. 68 CPCC).

3º) REGULAR los honorarios del Sr. Fiscal de Estado, Dr. J. L. M., en la suma de PESOS MIL SETECIENTOS ($ 1.700) y de sus apoderados Dres. D. F. R. y J. F. J. en conjunto, en el 40% de lo regulado a su patrocinante.

A los Dres. M. B. G., M. G. G., M. E. F. V. R. y J. J. E.I, en conjunto, en la suma de PESOS MIL ($ 1.000) con más el 30%.

Todos, ponderando las labores desarrolladas según los parámetros del art. 6 del Dto. Ley Nº 2.200 -T.O. Dto. 138/99 inc. b) a f), y de conformidad con los arts. 7, 9, 38 y 47, con más IVA si correspondiere.- 4º) REGÍSTRESE y notifíquese.

Fdo.: Dr. Juan Pedro CORTELLEZI - Dr. Daniel Luis CANEO - Dr. José Luis PASUTTI - Dr. Fernando S. L. ROYER - Dr. Jorge PFLEGER - Dr. Alejandro Javier PANIZZI.

RECIBIDA EN SECRETARIA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2007 REGISTRADA BAJO EL N° 04 S.R.O.E. CONSTE Rawson, dede 2007.- NOTA n°/07 S.I.J.