marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Servicio público, servicios eléctricos, distribución de energía eléctrica, derechos del usuario, Ente Nacional Regulador de la Electricidad, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Angel  Estrada y Cía. S.A. c/ resol. 71/96 - Sec. Ener. y Puertos (Expte. N° 750- 002119/96). s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

El art. 72, segundo párrafo, de la ley 24.065 faculta al usuario a plantear ante el ente regulador "toda controversia" que se suscite -entre otros- con las distribuidoras "con motivo del suministro o del servicio público de transporte y distribución de electricidad". De este modo, aquél podrá optar entre someter la controversia a decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad -en cuyo caso la resolución que éste adopte podrá ser recurrida en sede judicial mediante los procedimientos previstos en dicha ley- u ocurrir directamente al Poder Judicial mediante la interposición de una acción ordinaria (Disidencia parcial del Dr. E. Raúl Zaffaroni).

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia parcial-.
Prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hartung, Norma c/ Giannandrea José s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-18

La carga de la prueba que determina el art. 375 del CPC no atiende tanto al carácter de actor o demandado, sino a la situación en que cada parte se coloca dentro del proceso, de conformidad a los hechos establecidos o reconocidos, o bien a la naturaleza de los hechos según sea la función que desempeñan respecto de la pretensión. Las partes asumen, por lo tanto, la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones, o, en caso contrario, soportar las consecuencias de incumplir ese imperativo que hace al propio interés.
Juicio político, enjuiciamiento de magistrados, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Dubois, Eduardo Mario Favier (h.) s/ prevaricato - causa n° 23.855.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

Es requisito indispensable para someter a un magistrado nacional a la jurisdicción de los tribunales ordinarios en procesos civiles o penales - que se le sigan por actos realizados en el ejercicio de sus funciones - la previa destitución de aquél por vía del juicio político regulado en los artículos 45, 51 y 52 de la Constitución o el cese en sus funciones por cualquier otra causa.
Nombre comercial, cese de uso de nombre comercial, prescripción, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Exxon Corporation c/ Axxan  S.A. s/ Cese uso de nombre
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

La actora no ha pretendido la modificación de la designación social, sino el cese y la modificación del nombre comercial, que se adquiere, como es sabido, con el uso. La prescripción de la acción por cese de uso de la designación comercial "prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública y ostensible o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso". No hay pruebas que permitan suponer que la actora conoció el uso del nombre comercial por parte de la demandada antes del 1 de agosto de 1985, fecha en que se publicó en el Boletín Oficial la constitución de la sociedad. Por lo tanto, el plazo anual sólo se puede contar a partir del uso público y ostensible, que no es razonable tener por configurado el 21 - Jun -85. En efecto, desde esa fecha sólo se registran asientos contables que exteriorizan cierta actividad de la sociedad demandada, pero ello de ninguna manera autoriza a presumir que tales actos hayan tenido la publicidad o difusión que la norma legal requiere.
Impuesto a las ganancias, actualización monetaria, sociedad anónima, remuneración del directorio, remuneración del síndico de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: JUAN FULLANA S.A. s/ IMPUESTO A LA GANANCIAS.    HONORARIOS  DE  DIRECTORES  Y  SINDICOS  DE SOCIEDADES ANONIMAS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

En la medida en que el derecho a la retribución de los directores y síndicos nace con el cumplimiento de la prestación a su cargo al cierre del ejercicio comercial, y en determinados casos con la verificación del hecho que la condiciona, no puede atribuirse a la posterior decisión de la asamblea de accionistas por la que se establece el importe de los honorarios el ser causa de una modificación patrimonial, en tanto ella no es constitutiva de aquel derecho; por tal motivo, esos honorarios no pueden considerarse comprendidos en las expresiones del mensaje que acompañó al proyecto de la ley 21.894 que explicaban el carácter estático del ajuste.
Costas, sentencia condenatoria
Materia: LABORAL
Carátula: REYNA CARLOS ENRIQUE c/ EMBOTELLADORA MEDITERRANEA  S.A. s/ COSTAS - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-30

La interpretación que la a quo efectuó de su propia sentencia es errónea y lesiva del art. 110 de la Ley 17418. Si bien ha existido una condena en costas en forma conjunta en contra de los contratantes del seguro, la obligación que emerge del vencimiento en costas, lo es en relación a la parte vencedora en el pleito (en este caso, el actor) y no alcanza a la relación nacida del contrato de seguro que vincula a los deudores entre sí. Esta se rige por las disposiciones de la Ley 17418 que establece que las costas y gastos judiciales emergentes de la producción del siniestro -en la medida en que fueren necesarios-están comprendidos dentro de la garantía del asegurador y sólo puede liberarse depositando en pago la suma asegurada y el importe de los gastos y costas devengados hasta ese momento, dejando el asegurador la dirección exclusiva de la causa.-
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves, alimentos, incumplimiento de la obligación alimentaria, tentativa de homicidio
Materia: CIVIL
Carátula: M., M.M. c/ S. DE M., G.Y. s/ SEPARACION PERSONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-20

El incumplimiento del deber de asistencia respecto de los hijos, es una actitud injuriante a los efectos del divorcio. Lo que afecta a los hijos, afecta la sensibilidad y los propios sentimientos que cada cónyuge tiene derecho a ser preservado. Es por ello que el art.

202, inc. 2 del C.Civil convierte en causal de divorcio el atentado contra la vida de los hijos del matrimonio, pues este agravio no lo es sólo contra el hijo, sino, que se proyecta como un agravio a las legítimas afecciones del otro progenitor.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio de apremio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Las Flores c/ El Trigo S.A.C.I. y A.G. s/ Apremio Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Sierra, María s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22|1994-05-10

La resolución de la Cámara que en la etapa de cumplimiento del juicio de apremio decide las impugnaciones a una liquidación, no tiene carácter definitivo en el sentido del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, acción de amparo, jubilación de magistrados, remuneración del juez, adicionales de remuneración, carácter no remunerativo
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: García, Carlos J. c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-08

No procede el recurso extraordinario contra la sentencia que no hizo lugar al amparo promovido con el fin de que la asignación especial no remunerativa creada por el decreto 2474/85 se incorporase al haber jubilatorio del actor, si la decisión presupone el reconocimiento de que el actor cuenta con vías judiciales aptas para hacer valer el derecho que invoca.
Alimentos, mayoría de edad
Materia: CIVIL
Carátula: S., G.A. c/ S., I.R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-10-23

El primero que debe hacer frente a las cargas de la vida es el propio interesado, atendiendo al propio mantenimiento con sus recursos personales, en especial, con su trabajo, con su esfuerzo, con su fatiga. Sólo cuando el individuo carece de recursos y, por determinadas circunstancias -edad, o falta de salud- no puede procurarlos con su trabajo, la subsistencia del necesitado debe ser atendida por los familiares más próximos, en cumplimiento de un deber moral de solidaridad familiar.
Recurso extraordinario, interés para recurrir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Paredes, Carlos T. c/ Avaltroni, José María y otra s/ Tercería de dominio y sus complementos. Recurso de queja Cepeda, Omar Eudosio y ot. c/ Jockey Club Mar del Plata s/ Bonificación sobre venta de boletos. Rec. de queja Pozzi de Cavilla, María c/ Moreno, Alfredo y otros s/ Daños y perjuicios Pisano Costa, Lilia Angélica c/ Fisco de la Prov. de Bs. As.. Expropiación s/ Incidente de retrocesión. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27|1992-05-26|1994-09-06|1996-11-20

En materia de casación, lo que legitima el recurso es el interés de quien lo interpone, o sea, el perjuicio sufrido como consecuencia de una decisión que, al eludir la concreta voluntad de la ley, ha desconocido un interés actual tutelado por aquella voluntad.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, sanciones disciplinarias, extinción de la acción, interpretación de la ley, violencia de género, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Franco, Pedro c/ GCBA s/ recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (Art. 464 y 465 CAyT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-17

La interpretación del art. 60 de la ley n° 471 (texto consolidado por ley 6347) que propugna el GCBA quejoso -en cuanto sostiene que el plazo de cinco años marca el límite dentro del cual la administración puede dar inicio a las acciones administrativas, concluyendo que, comenzado el sumario dentro de este lapso, la facultad disciplinaria puede continuar ejerciéndose una vez que el plazo ha fenecido- conduce a una sustancial extensión temporal de los poderes del Estado para investigar y sancionar a sus agentes y por lo tanto, no se condice con la finalidad tuitiva del instituto de la prescripción, ya que éste está instituido para poner límites claros a la acción punitiva del Estado y resguardar el derecho de las personas a ser juzgadas dentro de un plazo razonable, poniendo término del modo más breve a la situación de incertidumbre que importa la imputación de haber cometido una falta disciplinaria que puede conducir, en su caso, a la imposición de una sanción expulsiva. Esta interpretación conduce a convalidar la morosidad administrativa en la sustanciación de las actuaciones disciplinarias. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Moneda, desagio
Materia: ECONOMIA
Carátula: EXPLOTACIONES PESQUERAS DE LA PATAGONIA c/ FISCO NACIONAL (D.G.I.) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-15

El desagio no es más que una variable axiológica de la que se ha valido la ley para mantener el equilibrio de las prestaciones en aquellos supuestos en que el cambio brusco del ritmo inflacionario operado en virtud de la reforma monetaria dispuesta por el Dto.

1096/85, pudiera actuar como un hecho imprevisible que hiciera más gravosa la situación del deudor.
Juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL
Carátula: Fisco Provincial c/ Reynoso Hermanos E Hijos S.A. s/ apremio fiscal s/incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-10-03

Si el incumplimiento de la demandada ha motivado la necesidad de promover la ejecución en procura de obtener el pago de los importes adeudados, debe cargar con las costas, con independencia del importe por el que progresara el juicio.
Accidente de tránsito, lesiones, gastos médicos, gastos de farmacia, facultades discrecionales del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: PIERI  DE VALLEJOS, SARAH ENCARNACION c/ LINEAS DE COLECTIVOS 109Y 124 S/ s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-07

Si bien los gastos médicos y de farmacia son admitidos aún cuando no resulten acreditados en la causa, cuando se advierte que guardan relación con las lesiones sufridas, sin embargo, su cuantía queda librada al prudente arbitrio judicial (C.P.C.C.art.165), es decir, que el juez lo ponderará en función de las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas, y tratamiento aconsejado, sin que sea menester la presentación de recibos ni facturas, ya que son consecuencia directa e inmediata del daño producido y toda vez que su existencia resulta innegable porque se derivan de las lesiones experimentadas y el tratamiento a que fuera sometido.

(en el caso, se otorgó la suma de $ 100 para cubrir los mentados gastos).
Muerte de las partes, herederos, representación procesal
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: SANCHEZ, Jorge c/ BAZ, Rafael y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-28

La incorporación a la causa de los herederos del demandado constituyó la sustitución de aquél en su posición en el pleito, sin que ello implicase haber adoptado una postura acerca del acervo hereditario (arts 3363 y 3417 del C. Civil).Por ello, no procede la condena contra los herederos toda vez que éstos actuaron en representación del sucesorio. Por lo tanto, las consecuencias patrimoniales del resultado del juicio sólo podrían recaer sobre este último, siendo el título del demandante una acreencia de la sucesión cuyo cobro debe perseguirse preservando los dispositivos creados para regir esa norma de transmisión de derechos activos y pasivos.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: ARMADA DE SIERRA, GRACIELA c/ EMPRESA TRES DE MAYO Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-06-17

La alegada violación del art.68 del CPC en lo relativo a la imposición de las costas no constituye fundamento suficiente a los fines de la habilitación de la instancia extraordinaria, cuando lo que se persigue es la revisión de los porcentajes en que han sido distribuidas, reeditando así un planteo ya resuelto en la instancia anterior, con fundamento además en otra norma que no ha sido cuestionada -art.71 CPC-.
Cuestiones de competencia, competencia civil y comercial federal, daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, daño moral, competencia contencioso administrativa
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: CAO, LEOPOLDO NORBERTO c/ ARGENTINA TELEVISORA COLOR (ATC) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-27

Atendiendo a la naturaleza de las pretensiones deducidas por el actor en su demanda -resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes de la divulgacion por ATC de hechos falsos con aptitud para deshonrar, desacreditar y menoscabar su integridad moral-, habida cuenta de que la cuestión planteada no presupone prima facie el necesario examen de normas que integran el marco del derecho público y por lo tanto la competencia propia de la justicia en lo Contensioso-Administrativo, y de conformidad con lo dictaminado por el Señor Fiscal de Cámara, se dirime el presente conflicto atribuyendo el conocimiento de estas actuaciones al señor Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal.
Accidentes de trabajo, leyes, retroactividad de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: GUTIERREZ, ERMELIO c/ TRANSPORTE 9 DE JULIO SA Y OTRO s/ ACCIDENTE DE TRABAJO      EXPTE NRO 71-92
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-02-14

Es aplicable la ley 23643 en el caso puesto que: a) el infortunio acaeció el 13-02-88; b) la demanda fue instaurada ya vigente la ley 23643, el día 22-08-89; c) a esta fecha el accionante no había sido resarcido legalmente, es decir que el crédito reclamado (derecho litigioso) era una expectativa y no un derecho adquirido, así la no cancelación del mismo imposibilitaba asignarle dicho carácter; d) a los efectos del artículo 3 del Código Civil, debe interpretarse como consecuencia cualquier efecto jurídico no extinguido, individualizando entre ellos, la obligación de reparar los daños y perjuicios no satisfechos al momento de entrar en vigencia la nueva ley; e) la operatividad del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo; f) estando vigente la nueva ley el juzgador ajustó su decisión en cuanto ésta especificaba las pautas a tener en cuenta "para determinar el monto de la indemnización".
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Klocker, Edgardo Angel Juan c/ Municipio de Villa Urquiza s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-05-31

El principio general que gobierna la materia, es el que constituyen actos interruptivos de la caducidad de instancia toda petición de las partes o resolución o actuación del tribunal cuyo efecto sea el de impulsar el procedimiento. "La pérdida de un expediente importa un hecho que imposibilita activar la marcha del proceso pues, al haberse extraviado, no pueden las partes revisar las actuaciones a fin de formular las peticiones que el estado del proceso requiera, en consecuencia, el pedido de búsqueda insta el trámite".
Responsabilidad del banco, cheque sin fondos, agravio concreto, relación de causalidad, empleados de banco
Materia: CIVIL
Carátula: Ventura, Magín c/ Banco Bansud SA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-31

En cuanto a la responsabilidad del banco frente a terceros perjudicados por el libramiento de cheques sin fondos requiere tres elementos esenciales en los cuales fundar la responsabilidad bancaria: 1°) La violación de su obligación de verificación. Es que el primer supuesto de la responsabilidad es la infracción a la ley en sentido material, según surge expresamente del artículo 1066 del Código Civil. Debe haber, entonces, una conducta que contradiga el ordenamiento jurídico, la cual puede provenir de una omisión si la ley impusiera la obligación de cumplir el hecho omitido. 2°) La existencia de un perjuicio para el damnificado.

3°) La relación causal entre el hecho antecedente realizado negligentemente y el daño que pudo ser previsto por el banco empleando la debida atención y conocimiento de las cosas.
Responsabilidad del conductor, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PACHECO, MIGUEL GABRIEL s/ TENTATIVA DE HURTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-02-07

El pronunciamiento de mérito recaído en primera instancia, cuya impugnación motivó el conocimiento de este tribunal, sella liminarmente la inviabilidad del pedido formulado:mal puede suspenderse el juicio cuando es precisamente el fallo que se ataca el que lo ha concluido o, según se estime, secuela necesaria de aquél.

Por otra parte, se advierten en autos postulaciones de la parte posteriores a la entrada en vigencia de la ley n° 24. 316 y anteriores al dictado del fallo recurrido, que evidencian la extemporaneidad del pedido aún en los términos del art. 2 cód. Penal ya que aquélla tuvo, en su momento y durante la sustanciación del juicio, posibilidad de articular la pretensión a que la ley ya la autorizaba.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, caducidad de instancia, juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HAGGE, PAULINA c/ LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-20

Si bien la recurrente aduce ciertos cuestionamientos sobre la declaración de la caducidad de la instancia, quejándose de que el A quo aplicó normativa inaplicable y que un expediente sin movimiento procesal no es lo mismo que un expediente paralizado, como así también que el alegato subsidiario presentado por su contraparte de por sí ya alcanza para el rechazo de la caducidad, lo cierto es que sus argumentaciones no logran traspasar el límite del simple disenso, y mucho menos aún, justifican las razones por las cuales el expediente a pesar de estar en condiciones de avanzar procesalmente -en el caso, habiéndose corrido traslado a las partes para alegar- quedó paralizado mas allá del plazo establecido por el ordenamiento jurídico para que se configure la caducidad de la instancia, solución a la que -en definitiva- arribó la Cámara con fundamentos suficientes en la resolución impugnada.
Responsabilidad del Estado, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ravinovich, Héctor c/ Municipalidad de Vicente López -Acumulada 50.622- s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-18

El principio que rige toda indemnización es el de la integridad y ésta se traduce en el derecho a una reparación que no tan sólo se haga cargo del daño emergente, sino que atienda también la privación que el acto ocasiona en las ventajas económicas esperadas, de acuerdo a posibilidades objetivas, debida y estrictamente comprobadas.
Excarcelación, aplicación de la ley, eximición de prisión
Materia: PENAL
Carátula: JAIMEZ EVARISTO S.D. ABUSO SEXUAL E.P. MALENA MAGALI DIAZ s/ APELACION LEIVA GABRIEL S.D HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA E.P BUSTAMANTE LUCIANA s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-29|2008-02-11

Los institutos de la excarcelación y la eximición de prisión, son excepciones a la prisión preventiva, también reglamentados en la ley procesal que establece reglas de procedencia, como por ejemplo las contenidas en el art.3 de la ley 5.390 y sus restricciones en el art.4 del mismo texto legal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), daños y perjuicios, buscadores de Internet, derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión
Materia: CIVIL
Carátula: Bello, Débora Corina c/ Yahoo de Argentina S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-14

El presente litigio no versa sobre intereses puramente privados sino que se enfrentan exigencias que hacen al interés general de la comunidad -acceso a la información, prohibición de censura previa, libertad de expresión- y los imperativos que protegen derechos fundamentales del individuo, los que conforman, asimismo, el interés público. En este sentido, el derecho a la libertad de expresión e información -y todo lo que ella comprende-, como así también el derecho de la persona humana al honor y a la imagen, encuentran su garantía en la Constitución Nacional y en el derecho internacional de los derechos humanos (artículos 19 y 14 de la Constitución Nacional; art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Libertad de Expresión e Internet", Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 31 de diciembre de 2013, párrafo 2°; sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa R.522 XLIX "R.M.B. c/Google Inc. s/daños y perjuicios" (Fallos 337: 1174), del 28 de octubre de 2014, especialmente considerandos 9, 10, 11, 12 y 13). Esta vinculación entre la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión y la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole a través del servicio de Internet, aparece claramente en el artículo 1° de la ley 26.032 y en la jurisprudencia citada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Alto Tribunal constitucional ha afirmado desde antiguo, que en materia de interpretación de las leyes debe preferirse la que mejor concuerde con las garantías, principios y derechos consagrados en la Constitución Nacional (doctrina de Fallos 200: 180, entre muchos).