Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-11


En la ciudad de C Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 11 días del mes de marzo del año dos mil cinco, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de la Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y asistencia de la Srta. Jueza de Cámara Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "P. R. E c/ TRANSPORTES ** S.A. s/ DEMANDA LABORAL (Dif. Haberes e Indemnizaciones)", Expte. No. 14.745/04, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. No. 2150/03), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 161), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 133/143 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra. Jueza de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Llegan los presentes a la Alzada en apelación (fs. 1466) de la sentencia de fs. 133/143 que hace lugar a la demanda y condena a Transportes ** SA a abonar en el plazo de 10 días de firme la sentencia al señor R. E .P, la suma de $12.903,29, la que se incrementará de acuerdo al considerando I; impone las costas al demandado y regula los honorarios.

A fs. 149/151 se agrega la expresión de agravios en cuanto el a quo sostiene que el empleador estaba en conocimiento que el operario se encontraba enfermo y que ante la duda debió ejercer la facultad del art. 210 LCT.

Advierte que sólo se tiene como prueba la documentación presentada con la demanda, documentación sobre la que recién tuvo conocimiento el 6 de septiembre de 2002.

La juez meritúa como prueba la contestación del Sr. V a la primera posición, no surge, dice, de la misma reconocimiento alguno sobre la supuesta enfermedad.

Analiza luego las testimoniales de A y A.

Se agravia por entender que el ejercicio de la facultad del art. 210 LCT, es eso: una facultad y no una obligación.

Aduce que la a-quo no valora la conducta de las partes en la relación laboral, no analizando el incumplimiento o inobservancia del art. 209 LCT.

Agrega que se ha reconocido que durante cuatro meses el actor faltó a sus tareas y no dio aviso, por lo que la sentencia que manda a abonar esos meses es contraria a derecho.

Sostiene que habiendo podido despedirlo ante la injustificación de las inasistencias, le conservó el puesto y ante la intimación a justificar, provoca el despido indirecto.

También señala que la valoración que hace la sentenciante ante la falta de exhibición de los libros, no corresponde ya que la materia en discusión no debe ser asentado en ellos.

En casos como los presentes, tengo postura firme acerca de que el Juez es soberano para elegir y valorar las pruebas que lo conducirán al convencimiento de la resolución que adopte, sin que esté obligado a valerse de todas ellas, siempre que las elegidas y relacionadas entre sí no conduzcan al absurdo.

Y el análisis que efectuara sobre la causa me convencen de la procedencia de la misma.

Coincidieron las partes con relación a la fecha de ingreso, tareas que realizaba y horario en que desarrollaba sus tareas.

Asimismo no existe diferencia trascendental en punto a la fecha en que el actor deja de asistir a sus tareas, ya que el actor lo sitúa en abril de 2002, y el demandado en mayo, tal como surge de la contestación de demanda, "venía faltando desde el mes de mayo de 2002 invocando razones e enfermedad" (fs 67 vta). La diferencia se agrava con relación a la justificación por parte del actor de dichas inasistencias y lo que ello trae aparejado, siendo esto el punto a resolver, ante las razones encontradas de las partes.

A tenor pues de los agravios, el demandado entiende que correspondía al actor probar la enfermedad desde el 22 de abril de 2002, así como que dio aviso al empleador, para que en tal supuesto se tuviera por cumplido el art. 209 de la LCT y sometido al control médico del empleador establecido en el art.210 de la ley.

El artículo 209 de la LCT, es claro respecto a en qué circunstancia se debe dar aviso, reseñando la doctrina que "resulta justificado no haber dado aviso cuando el impedimento se funda en la imposibilidad física . o cuando la enfermedad resulta fehacientemente probada y sobre cuya existencia no cabe duda (una internación en un hospital municipal, una intervención quirúrgica,.).

Y considero que más allá de la entrega del certificado o no, el demandado conocía fehacientemente de la enfermedad de P, y ello surge no sólo del reconocimiento al contestar la demanda, al que he hecho referencia, sino del tiempo que dejó transcurrir hasta exigirle la justificación de la enfermedad, mayo de 2002 a septiembre de igual año.

Nótese que en la quinta posición la demandada preguntó "Jure como es cierto que en fecha 2 de septiembre la empleadora lo intima mediante carta documento para que justifique las inasistencias desde mayo de 2002" y en la tercera, preguntó "Jure como es cierto que desde el mes de mayo comenzó a faltar a sus tareas invocando razones de enfermedad".

Y es a partir de allí, que reconoce que el actor alegaba estar enfermo, que se torna aplicable el artículo 210 LCT.

Enfermedad que se corrobora con la declaración de los testigos que analizara la Sra. Juez. Desde que el art. 411, párr. 2do. del CPCC., aplicable al fuero por el art. 76 de la Ley 69, establece que cada posición importará para el ponente el reconocimiento del hecho a que se refiere, quedó comprobado que el empleador tuvo conocimiento de la enfermedad que alegaba..en el proceso civil las afirmaciones constituyen eventualmente confesiones para quien las formula, Enrique Falcón, "Tratado de la prueba", pág. 173.

Y ante tal conocimiento (art.209 LCT), el empleador tenía la facultad (facultad que podía ejercer o no) de contralor que le otorga el art. 210 LCT, a fin de verificar si era sólo una enfermedad alegada, lo que no hizo, dejando de hacer uso la prerrogativa que le otorga la LCT; perdió la posibilidad de cuestionar la aptitud física de su dependiente.

En consecuencia la intimación de fs 57 se tornó improcedente, debiendo haber efectuado el control al que he hecho referencia (art. 10 LCT), pues "Ella es una potestad del principal, mas si éste no la ejerce tal omisión no puede traerle consecuencias desfavorables al dependiente (confr.: C.N.A. Tr., sala II, S. 60.072, cit. en "Ley de Contrato de Trabajo...", Manuales de Jurisprudencia La Ley, ya ind., pág. 398, com. art. 210, sum. 3.

"Esta sala tiene dicho que, cuando el impedimento para prestar la labor deriva de la enfermedad que aqueja al trabajador, es menester extremar el rigor de la interpretación de la conducta del empleador." CNTrab., sala I,28-11-2000- (DT 2001-A-985).

Con respecto a las demás alegaciones del medio recursivo, atento a la decisión que arribo, tengo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos: 272:225; 274:113; 276:132; 280:320) y, con tal base no las encuentro conducentes para rebatir la valoración realizada.

Las costas de esta instancia al apelante vencido.

A fin de regular los honorarios, que los difiero para el momento el acuerdo, merituaré la labor profesional el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperaran y demás pautas de los artículos 6 y 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra. Jueza de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Desestimar los agravios de la parte demandada y confirmar la sentencia de fs 133/143 vta.

2) Costas al apelante vencido. Difiero la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo: I. Considerando que, a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual, a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien vota precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a la misma me remito.

I.A) La apelante demandada expresa agravios a fs. 149/151vta centrando en: a) que la a-quo entendió que la demandada tenía conocimiento de la enfermedad, b) la sentenciante no analizó el incumplimiento probado y reconocido que el actor faltó a las tareas cuatro meses y no dio aviso y lo hizo sólo ante la intimación de la demandada y c) errónea valoración de la falta de presentación de libros ya que los que es materia de discusión no debe estar asentada en el libro especial, habiendo detentado el actor una conducta apresurada.

Advirtiendo que la crítica de la agraviada se basa en la valoración de prueba y conductas de las partes, he de tratar a los mismos en forma conjunta atento su estricta relación.

Analizando el intercambio epistolar suscitado entre el obrero y la patronal surge que la empleadora formula intimación por cuyo intermedio conmina al accionante el día 02/09/02 que justifique inasistencias operadas a partir del 30/05/02, apercibiéndolo que el incumplimiento de lo requerido será considerado abandono del cargo, la misma fue respondida por el destinatario el día 09/09/02 (conforme reconocimiento de la demandada - fs. 68) rechazando la intimación y poniendo de conocimiento al remitente que en tiempo oportuno fueron justificadas las asistencias referidas por la patronal mediante entrega de los certificados médicos correspondientes en su lugar de trabajo, aclarando que sin perjuicio de ello, en dicho día procedió a hacer entrega de un certificado médico en original expedido por la médica neuróloga A. P y del original de informe de su derivación médica hacia el Hospital de Clínicas de Bs.As., los que daban cuenta de la enfermedad que padecía y de su imposibilidad de asistir a su lugar de trabajo.

Por la manera en que formuló la demandada las posiciones 3era. y 5ta. en la audiencia de absolución de posiciones al actor (fs. 117/118) es de aplicación lo prescripto por el art. 411, 2do. párr del CPCCH. Así tienen expresado doctrina y jurisprudencia que: "El texto de las posiciones importa confesión del que las propone; desde que cada una de ellas significa la afirmación de un hecho por parte del ponente, o sea, el reconocimiento de que ese hecho existe, aunque el absolvente lo negase (Morello - Sosa- Berizonce en "Códigos Procesales de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", T.V-B, pág. 57; Cám.nac.civ., Sala A, 08/07/80, J.A. 1981, v. III, p. 245). De esta manera ha quedado acreditado que desde el mes de mayo (más precisamente el día 22/04/02) el actor comenzó a faltar invocando razones de enfermedad y que recién el 02/09/02 la empleadora lo intimó mediante carta documento para que justifique las inasistencias operadas desde el mes de mayo del 2002.

En lo atinente a la interpretación en contrario que efectúa el apelante de las declaraciones de los testigos (fs. 149vta), es criterio de la suscripta que la prueba testimonial es esencialmente subjetiva, de ahí que su valor dependa de las condiciones morales de los testigos, de su probidad, del conocimiento personal que de los hechos tengan, de la verosimilitud de estos mismos hechos y de la concordancia de sus dichos.

En esa valoración el juzgador puede muy bien inclinarse hacia aquellas declaraciones que le merecen mayor fe para iluminar los hechos de que se trate, en concordancia con los demás elementos de mérito que pudieren obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado señalándole la sana crítica los caminos de interpretación (conf. Morello - Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.V-A, pág. 338; Cám. Nac.

Civ., Sala B, 28/03/80, Der. V. 89, p.269). Dicho accionar ha sido seguido por la a-quo conforme emerge de la merituación que efectuó a fs. 139 vta./140) ya que emerge claramente de las declaraciones prestadas por A .G .E (fs. 119/vta contestación a la 4ta., a 6ta., 8va. y 11era. pregunta) y A .R .R (fs. 120/121 contestación a la 3era. a la 6ta., 8va. pregunta) que al tiempo de recibir la intimación formulada por la empleadora el actor se encontraba efectivamente enfermo lo que implicaba que el mismo estaba al amparo de la legislación tuitiva para infortunios de esa naturaleza preceptuada por el art. 208 de la Ley 20744 (t.o.), no constando de manera alguna que la empleadora en uso de la facultad que le otorga el art. 210 Ley 20744 (t.o.) haya intentado, en el lapso correspondiente a mayo/02 al 02/09/02 -casi tres meses o cuatro meses como afirma la apelante a fs. 150-, controles médicos para cerciorarse del verdadero estado de salud práctica de su dependiente y/o de la veracidad de sus afirmaciones y/o diagnóstico al tiempo de tomar conocimiento del estado.

Considero que el no cumplimiento del aviso de la enfermedad en el plazo previsto por el art. 209 de la ley 20744 (t.o.) no le puede acarrear consecuencias desfavorables al dependiente si no se ha fijado un término para justificar la ausencia o en su caso tampoco se le ha establecido el apercibimiento o probable sanción por su conducta reticente; que la falta de control en tiempo y forma impide contestar válidamente la prueba presentada por el trabajador en cuanto a la existencia de la enfermedad.

El art. 209 in fine admite que la falta de aviso no hace perder el derecho a la remuneración al trabajador si posteriormente la enfermedad queda fehacientemente acreditada (conf. Crit. "F.J.U.S c/ Clínica Regional R.T SRL s/ Enfermedad accidente - Contrato de Trabajo- Crédito Laboral - Cám. Apel. Civ. y Com.- 29/07/1993"; elDial - CC12BC).

Tengo presente, asimismo, que tiene dicho doctrina especializada tanto que la obligación del trabajador de avisar la enfermedad sólo opera cuando la enfermedad es desconocida por el principal, en su defecto se hace innecesario y que el derecho de control que otorga el art. 210 de la LCT es una facultad de la patronal pero no se trata de una obligación. En defecto del control que debe ejercer, pierde el empleador el derecho a probar la inexistencia de la contingencia, con su consecuencia, la liberación del pago de los salarios por enfermedad y el eventual ejercicio de su facultad disciplinaria ante una ausencia injustificada de su dependiente" (conf. Sardegna, "Ley de Contrato de Trabajo", pág. 475 y 477, Edit. Universidad, año 1995).

Son todas las razones precedentemente expuestas por las que arribo a la conclusión que deben desestimarse los agravios expuesto por la apelante demandada a fs. 149/151 vta., en consecuencia, declarar de legítimo abono la pretensión indemnizatoria ejercida por el accionante.

Por último cabe agregar que si bien asiste razón al apelante en cuanto a la errónea interpretación que la a-quo efectúa tanto de la contestación a la 1er. posición por el representante legal de la demandada en la audiencia de absolución de posiciones (fs. 116/vta.) como de la falta de exhibición del libro especial previsto en el art. 52 de la LCT, dichos argumentos no enervan la decisión que la a-quo toma atento el análisis de las pruebas y las consideraciones de derecho efectuados en el presente voto.

Por las merituaciones precedentemente expuestas arribo a la conclusión que deben desestimarse los agravios expuestos por la apelante demandada a fs. 149/151 vta. y confirmarse la sentencia de fs. 133/143 vta. en lo que fuera materia de cuestionamiento.

I.B) En virtud de cómo se ha decidido la presente cuestión, las costas de esta instancia son impuestas a la apelante demandada vencido (art. 68 del CPCCH). Difiero para el momento del acuerdo la regulación los honorarios de los profesionales intervinientes la que se efectuará de conformidad a la labor desarrollada, el mérito y extensión de la misma, la trascendencia para las partes según las pautas del Dto. Ley Pcial Nro. 2000 y su modificatoria Ley Pcial 4335 art.14 y ccdtes.).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con la fórmula postulatoria de la vocal preopinante Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y considerar que esta parte del voto no está comprendida en la manda constitucional del art. 169 CPCCCH, a la misma me adhiero.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1) Desestimar los agravios de la parte demandada y confirmar la sentencia de fs 133/143 vta.

2) Costas al apelante vencido. Regular los honorarios profesionales del Dr. O .Z .A en la suma de PESOS ($).

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de las excusaciones señaladas en autos y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. Ley 1130).

MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS (Presidente) NÉLIDA SUSANA MELERO (Juez de Cámara)	REGISTRADA BAJO EL nro. 14 DEL AÑO 2005	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS