marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia de primera instancia, fundamentación de sentencias, remisión a fallo anterior, remisión a dictamen fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VILLAGI, EDIT s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO  POR EL REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA FE AUTOS CARATULADOS "VILLAGI, EDIT -SU DENUNCIA- APELACION CUESTION PREVIA NO PENAL RECHAZADA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 194 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03

No se configura la alegada ausencia de motivación en el decisorio impugnado por remitir a la sentencia de primera instancia tal como lo postula el impugnante, desde que, además de que con la mera lectura del fallo se advierte que tal situación no acontece en el sub lite, si así fuera tal procedimiento resulta válido, de conformidad con el afincado criterio de este Cuerpo que -en consonancia con el más Alto Tribunal de la Nación- ha admitido, bajo ciertas condiciones la validez de la motivación "per relationem", es decir, por remisión, en el caso, a propuestas, informes o dictámenes, entendiendo que ésta cumple los requerimientos del artículo 95 de la Constitución provincial, si los actos a los que se remite son señalados en forma precisa, son fácilmente individualizables y contienen, a su vez, motivación suficiente.
Derecho laboral, obligaciones del asegurado, denuncia del accidente de trabajo, prueba, pago, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Carecchio Néstor Jorge c/ Experta ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-07-28

Los intereses que se pagan por los créditos laborales, poseen el doble carácter de compensatorios y moratorios. Primero porque se priva al trabajador del uso y disfrute de un capital que le es propio y que el empleador no tiene derecho a retener para sí; y moratorio por el retardo inexcusable para cumplir. Esto se funda, tanto en el carácter alimentario que posee el salario, como en razones de equidad. No existe inconveniente para proceder a esta acumulación porque los intereses de una y otra clase responden a causas distintas, uno es el precio del uso y el otro la sanción por mora del deudor (Voto Welp. Adhesión Romero)
Contratos, fletero, jurisprudencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Vio, Norberto Pedro c/ Descours y Cabaud  S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-07

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a través de la Sala E y con voto del Juez Marcelo Padilla sostuvo que los fleteros son agentes auxiliares del comercio encuadrados dentro de las previsiones de los arts. 162 a 206 del Código de Comercio. Y que en la práctica, el "porte o flete" se determina en función de cada transporte o de la distancia a recorrer o de la cantidad de piezas a transportar o del peso de éstas o el de las mercaderías objeto del transporte. El concepto es muy preciso, pese a lo cual suele ser utilizada la denominación "fletero" para atribuir ese carácter a cierta categoría de trabajadores bajo dependencia de un patrono o empleador, y encubrir, por ese medio, un vínculo derivado de un contrato de trabajo o de una simple relación de trabajo con nexo de subordinación.-
Accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: Olivera, Facundo Gerardo en j° 152.029/43.583 Olivera, Sergio Alberto y ot. P.S.H.M. Facundo Gerardo c/ Andrades, Valdés Walter Delfín y ots. p/ d. y p. (acc. de transito) s/ inc. cas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2013-12-03

Corresponde confirmar la sentencia que declaró responsable en un 80% a la víctima menor de edad que fue embestida por un colectivo al cruzar un calle y en un 20% al conductor del ómnibus, toda vez que la misma no resulta arbitraria ni alejada de las constancias de la causa, de donde surge que la conducta del menor lesionado tuvo mayor incidencia causal en el daño, al cruzar corriendo, sin mirar y fuera de la senda peatonal.
Ley laboral, aplicación de la ley laboral, contratos administrativos
Materia: LABORAL
Carátula: Casas, Manuel Oscar c/ Municipalidad de Gral. Viamonte s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

El contrato de locación de servicios celebrado por Municipalidad, por el que se encomienda la construcción de viviendas municipales, es de carácter administrativo y encuadra en la órbita de la Ordenanza General 207 para la Provincia de Buenos Aires que determina el exclusivo sometimiento a las cláusulas del contrato celebrado entre las partes, quedando en consecuencia excluido del Régimen de Contrato de Trabajo en virtud de lo dispuesto por el art.

2 inc. "a" de dicho régimen legal.
Sanciones disciplinarias, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ambrosio, Esther M. c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02

La potestad del Poder Judicial para revisar los actos disciplinarios emanados de la Administración, comprende el control sobre la debida aplicación de las normas estatutarias, de manera que los hechos se configuren adecuadamente y que las sanciones se ajusten al texto legal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pacto comisorio, arrepentimiento
Materia: CIVIL
Carátula: DAVERIO, Luis c/ COLONNA, Marta s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16

El derecho de arrepentirse se pierde cuando la parte que puede hacer uso de ese arrepentimiento, hace precisamente lo contrario y comienza a cumplir el contrato, entendiéndose en ese sentido como tal todo acto que demuestre inequívocamente la voluntad de cumplir las obligaciones contraídas.
Depósito judicial, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Brodsky, Elías. Sucesión c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

No obstante que el deudor ha procedido al depósito judicial de las sumas debidas, la falta de comunicación oportuna de tal circunstancia impide que se lo exima de hacerse cargo de la depreciación monetaria operada entre esa fecha y la de puesta en conocimiento del Juzgado interviniente del depósito efectuado, en tanto es recién en esta última fecha en que el dinero ha quedado a disposición del acreedor y por consecuencia, en la que debe considerarse que el deudor ha hecho efectivo el pago.
Administración Pública, conflictos interadministrativos, jerarquía administrativa, cuestión no justiciable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco de la Provincia del Chubut c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1989-03-08

Debe respetarse la posición del órgano ejecutivo -Gobernador- que tiene adjudicada la Jefatura de la Administración Pública, ya que no resulta admisible que una entidad autárquica ejerza sus prerrogativas de Poder Público sobre el estado provincial. ... el tema planteado en el caso en examen, se encuadra estrictamente dentro de la relación jerárquica administrativa que existe entre el órgano máximo de la Administración Pública Provincial -Gobernador- y uno de los organismos operativos -Banco de la Provincia del Chubut- y no dentro del marco contencioso de derecho común lo que torna inaplicable el art. 173 de la Constitución Provincial, en virtud de la inexistencia de caso jurisdiccional en la presente causa.
Empleo público, carrera administrativa, escalafón, reescalafonamiento, cesantía encubierta, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Italiano, Gladys Josefa c/ E.N.  (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) s/ Empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

Ha dicho esta Sala que, si bien la Corte Suprema, al revocar una sentencia de la antigua Cám. Fed., declaró - por mayoría - que no eran revisables judicialmente las decisiones del P.E.N. sobre ubicación escalafonaria del personal, salvo que importasen una cesantía encubierta, esa solución restrictiva fue dejada de lado en decisiones posteriores que consideraron procedente la revisión judicial en supuestos de retrogradación, merma de salarios y, más genéricamente, ilegitimidad o arbitrariedad llegándose así a una regla cabalmente justa, ya que es principio inconcuso que el agente público debe estar siempre a cubierto de ilegitimidad o arbitrariedad que frustre sus derechos.
Relaciones de familia, orden público
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Manzur de Soleiman, Viviana del Carmen c/ Soleiman, Ricardo Alberto s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-12-09

Toda decisión que se dicte en violación a una norma de orden público, por ende de carácter imperativo, no puede surtir efecto en nuestro derecho. Ello es así porque todo lo relativo al Derecho de Familia es de orden público y ni siquiera el acuerdo de ambos cónyuges puede radicar la dilucidación de las cuestiones que a él se refieren fuera de la jurisdicción de su domicilio, porque importaría sustraerlas al orden público bajo el cual se hallan.
Actos y diligencias procesales, sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Zalazar Carolina Alejandra c/ Linjuan You s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-11

La sentencia ha demostrado una estrictez en la valoración de la prueba que no es compatible con el derecho constitucional a probar, que comprende el de valoración adecuada de las probanzas (en el marco del proceso laboral se agrega la específica regla interpretativa del art. 9 de la LCT), violentando la sana crítica y el principio de valoración global de la prueba. Las reglas de la sana crítica que no son otras que las basadas en la ciencia, en la experiencia y en la observación, que conducen al juez a discernir lo verdadero de lo falso (Voto Welp. Adhesión Romero)
Intervención de terceros, intervención voluntaria
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO COMBATE DE LOS POZOS 330 c/ SOCIEDAD CHAMOND S.A s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO-INTERVENCION DE TERCEROS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-25

El art. 90 inc. 1 del C.P. supone la intervención voluntaria del tercero quien en defensa de un interés propio quiere actuar en el proceso, con el alcance limitado de esa actividad que autoriza el ordenamiento procesal y los efectos propios de la sentencia a dictarse en ese supuesto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Palavecino de Palma, Martha c/ Barbieri de Palma, Julieta y Carena, Orlando s/ Acción revocatoria. Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no explica cuál es la relación entre lo que se argumenta y las normas que se denuncian como infringidas.
Donación, bienes inmuebles, forma del contrato, escritura pública, efectos del contrato, contrato verbal
Materia: CIVIL
Carátula: POPA, Pedro c/ FERACE, Rosario y otros s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-30

1- Si una donación de bienes inmuebles se realiza verbalmente, o por instrumento privado, o incluso por un instrumento público que no sea escritura pública, carece de toda validez, sin que el eventual beneficiario pueda invocar el art. 1185 del Código Civil.

2- Aún cuando se aceptara que por medio de un poder especial irrevocable para vender se llevó a cabo una donación encubierta, si se trata de un bien inmueble, para que tal donación tenga validez es esencial el cumplimientos de las formas establecidas por los arts. 1810 y 1811 del Código Civil. Al respecto, que el contrato de donación sea consensual, no basta cuando se trata de esta clase de bienes, por cuanto, además del consentimiento, resulta indispensable cumplir con la forma determinada por la escritura pública, ya que, desde la óptica de la naturaleza jurídica de dicho acto, reviste el carácter de un acto jurídico unilateral y aún cuando se admitiera que el poder en cuestión implicó una oferta por escritura pública, la aceptación debió realizarse mediante la confección de la pertinente escritura pública, de conformidad con lo prescripto por el mencionado art. 1811.
Acto administrativo, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Waingarten, Sebastián c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-11

La vía procesal del amparo no es idónea para el estudio y discusión sobre preceptos legales dirimentes para resolver la pretensión de que se dicte un acto administrativo para el cierre del proceso de selección de un cargo público, porque se necesita un debate del que surja cuál es la extensión del derecho que el régimen legal aplicable acuerda en la situación planteada. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, Corte Suprema de Justicia de la Nación, superintendencia
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Fabris, Marcelo H. c/ Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-22

La garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional) impide que la parte agraviada por una decisión administrativa de la Corte Suprema, se encuentre privada del derecho de accionar judicialmente en resguardo de sus intereses legítimos.
Daños y perjuicios, actos de servicio, accidente en acto de servicio, indemnización, prescripción bienal, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GAETAN EDUARDO RUBEN c/ ESTADO NACIONAL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-21

Esta cámara ha establecido como doctrina legal, que en los juicios iniciados por cobro de la indemnización de daños y perjuicios sufridos con motivo de un accidente ocurrido en oportunidad de prestar el servicio militar obligatorio, es aplicable el plazo de prescripción bienal. No obsta a esta solución que las secuelas cuya indemnización se persigue respondan a la participación del actor en un hecho de guerra, pues aunque la relación jurídica que determinó su incorporación como conscripto se encuentra sustancialmente regulado por el derecho público, la acción de que aquí se trata es de naturaleza civil y está fundada en una responsabilidad de índole extracontractual, de tal modo que es procedente la aplicación de la norma del art. 4037.
DAÑOS Y PERJUICIOS, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, venta de pasajes, fuerza mayor, agencia de turismo, acción de reembolso
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Ripa, Eliseo Alejandro y otro c/ Opus Viajes (Trypco SRL) y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

Procede hacer lugar a la indemnización por daño moral, solicitada por el actor, en tanto es incuestionable que, la circunstancia de haber tenido que efectuar numerosos reclamos para intentar que la agencia de viajes gestione el pedido de reembolso por pasajes abonados y no utilizados por fuerza mayor, ante la empresa prestadora del servicio de transporte aéreo codemandada y no haber obtenido más que una constante indiferencia de quienes debieron prestarle un correcto servicio, o cuanto menos comunicarles su negativa a intervenir, constituye un hecho capaz de generar por sí mismo una alteración emocional y afectar la esfera anímica del accionante (LDC 37, CCIV 522 y CCCN 1744).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, tercera instancia, cuestiones de hecho y prueba, seguros, cobertura, oponibilidad a terceros
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Burzacca, Emanuel Leonel c/ Cabrera, Kevin Nicolás y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-10-24

La recurrente se limita a efectuar postulaciones genéricas y a reiterar los planteos ya esgrimidos en oportunidad de enderezar el recurso de inconstitucionalidad local -en donde alegó, en esencia, arbitrariedad del acuerdo por prescindir de la existencia de un contrato (póliza) cuyas condiciones (cláusula de exclusión de cobertura referida) fueron aceptadas por el tomador/demandado y que, por ende, resultan oponibles a terceros; poner en cabeza de la aseguradora una exigencia arbitraria e ilegal al reclamarle que solicite carnet habilitante al tomador del seguro; y por endilgarle mala fe a su parte-, mas con lo afirmado no logra la impugnante rebatir -desde el punto de vista constitucional- los fundamentos medulares del fallo atacado y del auto denegatorio, especialmente en punto a que la solución propiciada no supone desconocer el principio del efecto relativo de los contratos y del propio contrato de seguro, desde que se trata de armonizar dicho principio con la tutela de las víctimas de accidentes de tránsitos, que es la esencia y la razón de ser del sistema de seguro de responsabilidad civil obligatorio que instituye la Ley Nacional de Tránsito, luciendo, por tanto, sus reproches como un intento de lograr una tercera instancia ordinaria, y de renovar un debate ya agotado sobre cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias de los jueces de la causa, máxime cuando en el caso concreto no nos encontramos frente a un supuesto de no seguro, sino que estamos ante un contrato de seguro vigente, donde la aseguradora recibía mensualmente la prima del seguro por parte del tomador/demandado. (Del voto del Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24449, artículo 68.
Subcontratación laboral, indemnización tarifada, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Valenzuela Alejandro Gustavo c/ Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SA y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-08

En el caso es aplicable el art. 29 L.C.T. ya que la entidad bancaria codemandada, mediante la subcontratación de su litsiconsorte, incorporaba personal para realizar actividades propias y específicas de su establecimiento bancario (tal lo acontecido con el actor) lo que resulta contrario a las previsiones de los arts. 14, 29 y 30 L.C.T.. No obstante, el reclamo patrimonial del actor con fundamento en las previsiones de los arts. 8 y 15 de la ley de empleo no puede prosperar: la relación de trabajo fue registrada por la empresa contratante (proveedora del actor a la entidad bancaria) y se efectuaron los respectivos aportes de seguridad social. No existió clandestinidad laboral ni existen razones objetivas para aplicar las sanciones reclamadas, ya que la única operativa es el reproche de responsabilidad solidaria que predica el art. 29 L.C.T.. La ley 26.853 releva de la obligación legal de aplicar el acuerdo plenario Nº 323 recaído en la causa "Vásquez c/Telefónica de Argentina SA" cuyo criterio draconiano y fiscalista no se puede compartir: el objetivo institucional de la ley 24.013 fue evitar la evasión fiscal y no combatir situaciones de abuso de personería o de oscurecimiento de la relación de trabajo mediante interposición de personas físicas o jurídicas, única anomalía detectada en el caso. (Del voto del Dr. Pose, en minoría).
Calumnias, injurias, libertad de expresión
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GALVAN, Raúl c/ RAMOS, Julio s/ QUERELLA POR CALUMNIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-20

La garantía constitucional de libertad de prensa, como forma de libertad de expresión, ha sido vinculada con la libre discusión de los asuntos públicos, desechándosela cuando ella importe una invasión del ámbito de intimidad, definida como el "área de exclusión" sólo reservada a cada persona y sólo perpetrable por su libre voluntad.
Sanciones administrativas, entes reguladores, servicio público
Materia: PROCESAL
Carátula: EURSPCABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Ecohabitat SA Emepa SA UTE (Res 36/15) c/ Ente único Regulador de los Servicios Públicos CABA s/ Recurso directo sobre resoluciones del Ente único Regulador de Servicios Públicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-29

No se ha dado en el caso el supuesto de doble sanción por el mismo hecho que permita descalificar la pretensión punitiva del EURPSCABA con base en el principio de non bis in ídem. Ello así, en tanto las sanciones aplicadas corresponden a distintos supuestos de hecho previstos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, por lo que no existe identidad de objeto entre ambas, requisito indispensable para hacer valer tal garantía del derecho penal. Las infracciones al servicio sancionadas en ambos casos son diferentes: en un caso se ha castigado la falta de barrido de una cuadra, y en otro caso se ha penado la ineficiencia global de la prestación del servicio. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Notificación por edictos, intervención de terceros, incomparecencia del tercero, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: DE SANTIS VDA. DE THOMSON c/ A.M.S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

Si se ha procedido a la notificación mediante edictos respecto de quien ha sido citado como tercero, al no comparecer éste y toda vez que la sentencia que se dicte lo podría afectar, resulta razonable que lo represente el Defensor Oficial.
Recurso de queja (procesal), menores, derechos de las niñas, niños y adolescentes, audiencia de debate, actos incorporados por lectura, declaración testimonial, víctima menor de edad, aplicación de la ley, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: B. Y., J. H. s/ Queja en: 'B. Y., J. H. s/Abuso sexual'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-04-17

En síntesis, el interés superior del niño llevó a la decisión de no convocar a las víctimas a declarar en la audiencia de debate, pero ello en modo alguno causó un perjuicio o violentó el derecho de defensa, porque, frente a la hipotética declaración - cualquiera hubiera sido su contenido -, podría haberse aplicado el art. 362, inc. 2 ó 3, del rito, por la situación de las menores.
Cuestiones de competencia, reconocimiento de los hechos, juicio ordinario, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Mar de Hércules SA c/ Sud Inversiones y Análisis S.A. y otros s/ ordinario s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Para resolver los conflictos de competencia se debe valorar, principalmente, la exposición de los hechos contenida en el escrito inicial e indagar sobre el origen y naturaleza de la pretensión y de la relación jurídica subyacente. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Excusación, recusación, recusación con causa
Materia: CIVIL
Carátula: Q. S. c/  s/ inc. recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-02-05

Cabe rechazar la recusación con causa alegando que la magistrada incurrió en manifiesta parcialidad en el decisorio del 14 de agosto de 2018, violando así las normas del debido proceso al otorgarle beneficios procesales a la actora, por cuanto las decisiones judiciales no constituyen causal de recusación por el solo hecho que por ellas se sienta agraviado el recurrente, pues la parte puede interponer los recursos pertinentes y obtener así en su caso, la revocación de las resoluciones que estime lesivas a sus derechos.