Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-04


Dictamen de la Fiscal General de Cámara:

1. En la resolución de fs. 241, el Juez de primera instancia declaró abstracto el trámite del presente pedido de beneficio de litigar sin gastos y tuvo por concluidas las actuaciones. El magistrado fundó su decisión en lo dispuesto por el art. 28 de la ley 26.361.

2. Apeló la demandada y fundó el recurso a fe. 765/1.

Sostuvo que no se declaró expresamente que el juicio principal consiste en una acción colectiva, Agregó que no cabe aplicar en forma retroactiva las disposiciones de la ley 26.361. Afirmó que el beneficio de justicia gratuita al que alude dicha norma no es equiparable al beneficio de litigar sin gastos previsto en al orden ritual, 3. En primer lugar, en relación a la aplicación temporal del art. 28 de le ley 26.361 señalo que el art. 3 del C. Civ. dispone que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Considero entonces que en el caso, en el cual la actora solicita la eximición de soportar los gastos de un juicio ya iniciado, resulta aplicable la norma contenida en el art. 28 de la ley citada (dictamen nº 120683 de fecha 29.8.08 en autos "Adecua e/ Hexagon Bank Arg. S.A. si BLSG" con fallo de la Sala de fecha 9.9.08 que remite a sus fundamentos).

Por otra parte, el beneficio de justicia gratuita establecido por el art. 28 de la ley 26.361 alcanza a las acciones iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva.

A tenor de lo expresado en el escrito de inicio (fs. 11 vta./12), considero que le demanda principal encuadra dentro de este supuesto. Allí se reclama que la demandada permita a sus clientes contratar con una aseguradora de su elección los seguros que les exige, que informe a sus clientes el precio de los seguros que les cobra, que cese de cobrar un precio superior al de plaza y que reintegre los importes que hubiera percibido come sobreprecio. Cabe destacar que ese reclamo no fue deducido a favor de los asociados de la actora sino respecto de todos tos clientes que hubieran sido afectados.

Finalmente, la distinción que realiza la demandada entre "beneficio de justicia gratuita" y "beneficio de litigar sin gastos" resulta inconducente, pues tanto la doctrina como las distintas leyes procesales provinciales utilizan esas denominaciones para referirse a un mismo instituto (conf. Highton, Elena - Arean, Beatriz, "Código..." T. 2, pág. 120; Palacio, Lino E, "Derecho Procesal Civil", T. 111, pág. 476).

A mi entender, entonces, el recurso debe ser desestimado.

3. Por ello, opino que V.E. debe confirmar la resolución apelada. - Buenos Aires, octubre 2 de 2008. -Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 4 de 2008.

1. Apeló en subsidio la demandada la decisión de fs. 241 -mantenida en fs. 771, apartado 1- que declaró abstracta la tramitación del presente por juzgar que el caso enmarca en lo dispuesto por e] art. 55, segundo párr., de la ley 24.240 (t.o. según ley 26.361), en cuento dispone que "las acciones judiciales iniciadas en defensa de interesas de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita" (...).

Los fundamentos del recurso fueron expuestos en fs. 765/770 y no recibieron réplica.

La Sra. Fiscal General fue oída en fs. 933.

2. El Tribunal comparte parcialmente los términos y conclusión del referido dictamen, a cuya lectura remite por razones de brevedad.

Es que si bien adhiere a los fundamentos que sostienen la inmediata aplicación de la normativa contenida en la ley 26,361, y que llevan concluir que la demanda principal encuadra en lo dispuesto por el art. 55 de a ley 24.240, por tratarse de un reclamo en defensa de intereses de incidencia colectiva (v. detalle de su objeto en los apartados a, b, c y d de fs. 11 vta./12), no hace lo propio al interpretar el alcance de la gratuidad acordada en la norma.

Ello es así pues, en opinión de la Sala, la frase "beneficio de justicia gratuita" que luce allí contenida no puede ser considerada sinónimo e "beneficio de litigar sin gastos", como sugiere la Representante del Ministerio Público.

No se desconoce que parte de la doctrina parece corroborar esa asimilación el hacer un uso indistinto de ambas expresiones (aunque sin brindar explicación que la sostenga; O. R. Gómez Leo-M. V, Aicega, Las formas a la ley de defensa del consumidor, publicado en Jurisprudencia Argentina, fascículo 8, 2008-III; v. especialmente pág. 51, apartado XXII, c, y p. 55, apartado XXIV, b; R. A. Vázquez Ferreyra-D. Avalle, Reformas a ley de defensa de los consumidores y usuarios, LA LEY, 2008-D, 1063), y, que otra se congratula por la gratuidad que impuso la reforma, pero sin proveer un análisis sobre el significado y alcance de esa fórmula (C. Ghersi-C. Weingarten, Visión integral de la nueva ley del consumidor, publicado en el suplemento especial de la La ley de defensa del consumidor, LA LEY, del mes de abril de 2008; M. A. Coppola-J. A. Lacambra, Análisis de la reforma de la ley de defensa del consumidor, ED 227-853).

Pero lo cierto es que el beneficio de gratuidad y el de litigar sin gastos son dos institutos que, si bien reconocen un fundamento común, tienen características propias que los diferencian.

En un interesante y esclarecedor trabajo de reciente publicación (La justicia gratuita en la reforma de la ley de defensa del consumidor, de Enrique J. Perriaux; ejemplar del diario LA LEY, del 24.9.08), se destacaron esas diferencias, algunas de las cuales es útil aquí reiterar.

Desde lo semántico, "litigar" sin gastos abarca el periodo comprendido desde el comienzo de las actuaciones judiciales (pago de tasas y sellados) hasta su finalización (eximición de costas).

Por el contrario, "justicia gratuita", se refiere al acceso a la justicia, a la gratuidad del servicio de justicia que presta el Estado, que no debe verse conculcado con imposiciones económicas, y que constituyó uno de los principales reclamos desde la sanción de la ley 24.240 (v. en ese sentido, G. Lovece-C. Weingarten, Las vías de acceso a la justicia en la ley de defensa del consumidor, en Responsabilidad I. Problemática Moderna, pág. 115 y sig., Mendoza, 1996).

Pero una vez franqueado dicho acceso, el litigante queda sometido a los avatares del proceso, incluido el pago de las costas, las que no son de resorte estatal, sino que constituyen una retribución al trabajo profesional de los letrados y demás auxiliares de justicia, de carácter alimentario.

La gratuitad como adjetivo califica al sustantivo justicia. La justicia. La justicia gratuita se perfecciona liberando de toda traba económica el acceso a la misma, representada por gravámenes de tipo fiscal (v. cita doctrinaria contenida en la nota nº 30 del trabajo supra referido).

También se destacó que desde una óptica histórica se puede apreciar que en el derecho argentino cada vez que se legisló sobre la gratuidad del procedimiento se lo hizo procurando no limitar el acceso a la justicia con imposiciones económicas, pero sin avanzar sobre las costas del proceso.

Incluso en el debate parlamentario que precedió a la reforma el tema de la gratuidad de las actuaciones fue relacionado con el pago de la tasa de justicia, no con otros rubros.

3. De lo expuesto se colige que sí bien la norma dispone que "las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita", ello no se traduce en la concesión de un bill de indemnidad para las asociaciones de consumidores y usuarios, dado que éstas, una vez que encuentren habilitadas gratuitamente la jurisdicción, deberán atenerse a las vicisitudes del proceso, incluida la condena en costas, de cuyo pago sólo podrán eximirse si cuentan con una sentencia firme que les acuerde la franquicia para litigar sin gastos.

Proyectar el sentido de la norma con un alcance mayor al expuesto significaría, en lo concreto, avalar una indebida injerencia del listado en la esfera patrimonial de los ciudadanos, en claro desmedro al respeto de los derechos de igualdad y de propiedad que consagra nuestra Carta Fundacional (arts. 16 y 17); finalidad que, ciertamente, no puede ser la perseguida por el legislador.

Por ese motivo corresponde admitir el recurso deducido en subsidio, revocar Ja decisión de grado y disponer la continuación del trámite de la causa a los fines señalados.

4. Por todo lo expuesto, adhiriendo en forma parcial al dictamen obrante en fs. 933, se RESUELVE:

Revocar la sentencia apelada, con el alcance que surge de los considerandos.

Notifíquese a la señora Fiscal de Cámara en su despacho, y oportunamente devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º) y las restantes notificaciones pertinentes. -Gerardo G. Vassallo. -Juan José Dieuzeide. -Pablo D. Heredia.