Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-29


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil diez, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Alejandro Javier Panizzi, Daniel Alejandro Rebagliati Russell y Jorge Pfleger, bajo la presidencia del primero de los nombrados para dictar sentencia en la causa caratulada "M., M. E. s/ Homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego Abuso de armas y Amenazas con arma, en concurso real" (Expediente Nº 21.738 - F° 147 - Letra "M" - Año 2009).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 521: Panizzi, Rebagliati Russell y Pfleger.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. El día veintinueve de junio del año dos mil nueve, la Cámara Primera en lo Criminal de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia dictó la sentencia cosida a fs. 417/448, protocolizada bajo el N° 9 - F° 122 - Año 2009, mediante la cual condenó a don M. E. M. a la pena de diez años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con abuso de armas, por los hechos ocurridos en aquella ciudad el día primero de octubre de dos mil seis, en perjuicio de C. P. M. y A. M..

II. El objeto de acusación lo constituyó el episodio ocurrido el día 1º de octubre del año 2006, aproximadamente a las 21,15 hs., en la parte exterior del domicilio ubicado en la calle J. O. y C. B. de la ciudad de Comodoro Rivadavia, cuando E. M. M., amenazó con un arma de fuego, apuntando con ella a C. P. M. (padre), M. D. M., J. M. M., L. O., V. A., A. M. y C. P. M. (hijo). Tras ello efectuó disparos contra A. M., produciéndole lesiones leves y contra C. P. M. (hijo), provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte, momentos después, cuando era asistido en el Hospital Regional de aquella ciudad.

III. Contra ese pronunciamiento, el abogado defensor del imputado, doctor M. Á. D., dedujo recurso de casación (fojas 452/475) con fundamento en la manifiesta arbitrariedad e incongruencia de la sentencia en crisis, alegando lesión irremediable a las garantías constitucionales del debido proceso legal y derecho de defensa (arts. 18 de la Constitución Nacional; 44 y 45 de la Constitución Provincial).

En él, propició la nulidad absoluta del fallo por violación de las formas, al considerar, en primer término, que en la sentencia el doctor Pintos se limitó a mencionar que hacía uso de la facultad prevista en el art. 7º de la Ley Nº 4550, toda vez que existía mayoría. Alegó que si bien, con los sufragios de los jueces Montenovo y Nieva de Pettinari existía coincidencia en condenar al encartado, se desconocía si aquel magistrado se encontraba acordando o discrepando con esa mayoría.

En segundo término, el planteo se refirió a la sentencia condenatoria, concretamente, al punto segundo del resolutivo. Mencionó que los señores jueces penaron a M. E. M., como autor responsable de un delito acaecido el día primero de octubre de dos mil seis, en Comodoro Rivadavia, en perjuicio de C. P. M. y A. M.. Criticó que el fallo no identificara a la víctima y le imputara a M. la muerte de dos testigos del hecho.

Apuntó que resultaba incongruente atribuir el delito de abuso de armas en concurso con uno de mayor significación penal, máxime cuando el propio fallo le endilgó a M. la comisión del delito de homicidio agravado por el uso de armas.

Fundó legalmente las cuestiones traídas a esta instancia en los artículos 49 de la Constitución Provincial y 18 de la Carta Magna.

Anotó jurisprudencia de este Superior Tribunal de Justicia relativa a la falta de motivación de las sentencias.

Citó doctrina relacionada con la violación al principio de congruencia y al error judicial.

En forma subsidiaria a la nulidad deducida, expuso tres mociones impugnativas.

IV. El primer motivo de agravio versó sobre la materialidad y autoría del hecho. Cuestionó la apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Juicio.

En un comienzo, denunció que el doctor Montenovo, al modificar las pautas reglamentarias del debate, lesionó las garantías de judicialidad, defensa en juicio y debido proceso previstas en el artículo 18 de la Carta Magna, toda vez que descartó la aplicación de la Ley Nº 3155 (vigente al momento del hecho), y se valió de la Ley Nº 5478.

Fustigó las conclusiones a las que arribó el juez Montenovo con el argumento de que "... no se ha opuesto a la tesis de los acusadores, una alternativa, idónea a los efectos de explicar lo sucedido en términos de liberación de reproche respecto del acusado" y al afirmar que "... los testigos de descargo no lograron explicar cómo fue la mecánica del hecho que culminó en el deceso de P. M....". Advirtió que el silencio del imputado era una garantía constitucional y que la interpretación del magistrado invirtió la carga probatoria en su contra.

Manifestó que el Ministerio Público Fiscal y la Querella sólo investigaron los hechos que afectaron a la familia M., pero no las heridas graves recibidas por J. O. M., padre del encartado, ni el abuso de armas de P. R. A.; actuaciones debidamente incorporadas a los presentes autos y soslayadas por el Tribunal de Juicio.

Desmereció la fuerza probatoria de los testimonios brindados. Señaló las contradicciones que, a su juicio, existieron entre los distintos deponentes. Opinó que éstos no eran veraces, concordantes entre sí, ni tampoco se correspondían con los restantes elementos de prueba.

Sostuvo que los testigos propuestos por la Defensa dieron las razones, motivos y circunstancias del inicio de la gresca generalizada y proporcionaron la identidad de los portadores de armas de fuego. Pero, alegó que éstos fueron obviados por el magistrado Montenovo.

Acusó al juez de no haber valorado el testimonio del Oficial de Policía D. C., el que es presentado por el recurrente, como el único testigo sin vínculo afectivo con las familias M. y M..

Desmereció por imprecisa la pericia médica efectuada por el Médico Forense, Dr. C. G..

Sostuvo que como la labor investigativa del Ministerio Público Fiscal, a su criterio, no había sido certera, suficiente ni diligente, el juez Montenovo debía haber aplicado la máxima del in dubio pro reo.

En los párrafos siguientes, cargó contra la valoración de los testimonios efectuada por la Dra. Pettinari. Volvió a subrayar las incoherencias que, en su opinión, surgían de ellos.

En definitiva, alegó que el hecho no fue reconstruido con la ayuda y correspondencia de un plexo probatorio adecuadamente idóneo y veraz, por lo que, entendió que la autoría y responsabilidad penal del imputado M. E. M., no se había acreditado con el grado de certeza jurídica suficiente.

El segundo motivo de impugnación se refirió a la calificación legal.

Adujo que no se obtuvo certeza de la autoría del imputado con relación a la lesión sufrida por A. M..

Manifestó que la calificación legal no podía probarse en tanto el arma de fuego nunca se secuestró.

El tercero motivo de agravio lo constituyó el "quantum punitorio" toda vez que, a criterio de la Defensa, no se compadecía con el juicio de hecho y la calificación legal.

Formuló reserva del caso federal, para el caso de obtener un pronunciamiento contrario a sus pretensiones.

V. Desarrollados los motivos del recurso, ingresaré directamente al tratamiento de los planteos de nulidad.

En punto a la crítica por el uso indebido de las facultades que el artículo 7º de la Ley Nº 4550 concede a los integrantes de un cuerpo colegiado, apuntaré que el código de rito, en su artículo 357 establece que "El Tribunal resolverá todas la cuestiones que hubieran sido objeto del juicio..."; "Los jueces emitirán su voto individual y motivado sobre cada una de dichas cuestiones o en forma conjunta sobre ellas, en el orden que resulte de un sorteo que se hará en cada caso. El tribunal, valorando las pruebas recibidas y los actos del debate conforme a las reglas de la sana crítica, dictará sentencia por mayoría, bastando para formarla los votos en sentido coincidente de los miembros que se expidan en primero y segundo término. En este último caso, el tercero estará facultado para expresar su opinión." De la norma transcripta surge que el tercer sufragio puede omitirse cuando, con el primero y segundo votantes, se conforma la mayoría requerida.

En el caso que nos ocupa, con las opiniones coincidentes de los doctores Montenovo y Pettinari se logró la mayoría exigida. Esta circunstancia, entonces, habilitó al doctor Pintos, concurrente en tercer término, a hacer uso de la facultad concedida. Es que, no existía un precepto legal que lo obligara a motivar su voto.

De allí que, propongo el rechazo del planteo formulado por el recurrente.

También el casacionista pretendió la nulidad de la sentencia por cuanto entendió que en el punto 2º de la parte resolutiva del fallo, se le imputó a M. E. M. dar muerte a dos testigos del hecho.

Al respecto, desestimaré esta pretensión, toda vez que juzgo que la sentencia condenatoria se ajusta a lo dispuesto en el artículo 362 del Código Procesal Penal. No se da, en el caso, ninguno de los supuestos que habilitan la declaración de su nulidad (art. 363 del mismo cuerpo legal).

M. E. M. fue correctamente informado de las imputaciones en su contra, esto es, la lesión sufrida por A. M. y la muerte de C. P. M. (hijo).

En el apartado segundo de la parte dispositiva de la sentencia, el tribunal de mérito resolvió la condena del encartado, imponiéndole una pena de prisión, por aceptarlo como autor de los delitos imputados. La individualización de las víctimas y de los hechos insimulados surgen claramente de las requisitorias de elevación a juicio (fs. 313/316 y 317/326) y del debate.

Así las cosas, no advierto incongruencia alguna, por lo que, postulo el rechazo de esta pretensión.

VII. Resuelto el pedido de nulidad, abordaré los demás agravios expuestos.

En el primer punto, el Defensor particular de M. contradijo la sentencia por haberse aplicado al debate las pautas reglamentarias previstas en la nueva normativa procesal, abandonando las impuestas por el ordenamiento adjetivo que regía el hecho, esto es, la Ley Nº 3155.

Juzgo que el recurso no indica concretamente el perjuicio que le ocasionó al casacionista la aplicación de las nuevas reglas prescriptas para el debate al caso concreto, lo cual impide advertir el interés directo perseguido a través de la instancia (art. 392 del Código Procesal Penal).

No está de más aclarar que el proceso se desarrolló bajó la vigencia de le Ley Nº 3155, pero en el debate los jueces aplicaron el nuevo régimen, en lo que respecta a las facultades investigadoras. Es decir, omitieron formular preguntas a los testigos, por ejemplo.

El proceso se sustanció por el trámite que regía la Ley Nº 3155, pero en el debate los jueces se abstuvieron de ejercer las facultades investigadoras que dicho régimen les confería y de las cuales ahora están desprovistos.

Recordemos que la vieja norma de transición 4743 (hacia la Ley Nº 4566) había dispuesto, en su artículo 13, lo concerniente a la implementación progresiva de las normas del sistema acusatorio -esto es, colocar en cabeza del fiscal las tareas de esclarecimiento de los hechos ventilados en juicio.

Hace mucho tiempo (aun antes de la vigencia del nuevo régimen) que los jueces hemos abdicado de esa facultad -al menos, muchos jueces lo hicimos.

La saludable separación de las funciones de investigar y de juzgar prohíbe a los magistrados el ejercicio de actos de pesquisa o que impliquen el impulso de la persecución penal a cargo del Ministerio Público Fiscal.

Tanto es así, que en el Código Procesal Penal actual, si los jueces sustituyeren, de algún modo, la actividad propia de los fiscales, perderían la competencia del caso de inmediato (artículo 18).

Desde luego, el hecho de que se aplique un principio acusatorio no implica suprimir el reglamento de juicio del código anterior. De modo que no hay motivo legal que convierta al voto del tercer magistrado en imprescindible.

Por otra parte, la defensa no alegó un perjuicio -como quedó dicho- ni yo lo advierto.

VIII. En el marco del primer motivo de impugnación, el recurrente también cuestionó la apreciación de la prueba por parte del tribunal de mérito.

El deceso de P. M. (hijo) se acreditó con el certificado de defunción de fs. 33/34 y el acta de fs. 149. Con la autopsia y las expresiones en debate del Dr. C. G. se determinó que la causa de la defunción fue una herida de proyectil de arma de fuego, que ingresó en el abdomen, seccionó la arteria aorta y el baso, y luego, produjo una hemorragia y un shock hipovolémico.

En cuanto a la lesión sufrida por A. M., la historia clínica de fs. 186/190 y el certificado médico policial de fs. 5 prueban la herida producida por un proyectil de arma de fuego en el codo derecho.

Con respecto a la autoría de don M. E. M. -extremo en el que se basa el ataque blandido por la defensa- estimo que la sentencia en crisis ha evaluado minuciosamente cada uno de los elementos de prueba arrimados al debate, a partir de los cuales, sin esfuerzo, obtuvo el conocimiento seguro y claro que requiere la condena.

Para ello los jueces se valieron de una pluralidad de testimonios que en modo similar reprodujeron lo sucedido.

Observo que no sólo los amigos e integrantes de la familia M. fueron contestes en afirmar que, en medio de la pelea suscitada entre S. M. y A. M., el encartado, parado sobre el paredón de su casa, extrajo un arma y efectuó varios disparos, lesionando a A. M. e hiriendo mortalmente a su hermano P..

Así, J. A. R., quien se definió como amigo desde la infancia -tanto del imputado como de la víctima mortal-, relató que esa noche pasaba a pie por la vivienda de la familia M. y observó a P. (hijo) forcejeando con otra persona, instante en el que salió M. M. (alias "l. C." o "T.") y efectuó tres disparos con un arma de fuego, tras lo cual, la víctima cayó herida.

A su turno, O. O. R. refirió que se cruzó con su hermano quien le advirtió de la pelea producida y le dijo que "l. C." había sacado un arma y le había disparado a P. M..

También surge de los dichos de los distintos deponentes que la disputa tuvo lugar en medio de la calle; que ninguno de los M. ingresó al domicilio de la familia M.; que el arma manipulada con la mano derecha por el acusado era de color negro, similar a la empleada por la policía; que M. E., desde el paredón de su casa, apuntaba a todos los presentes y que le disparó a P. desde una distancia aproximada de dos metros o más.

Advierto, entonces, que los magistrados han valorado acertadamente los testimonios brindados, los que, sin lugar a dudas, le atribuyen la autoría y responsabilidad al encartado.

No hubo, a mi juicio, arbitraria valoración de la prueba toda vez que los testigos de descargo, no pudieron rebatir con argumentos firmes la pretensión fiscal. Se limitaron a brindar detalles sobre el enfrentamiento entre A. M. y S. M., pero no explicaron qué sucedió con P. M. y su hermano A..

Entiendo, al igual que el a-quo, que la circunstancia de que el arma de fuego secuestrada en autos no haya sido reconocida por los testigos ni, de acuerdo a las pericias, resultara idónea para efectuar disparo, sumada al resultado negativo de dermonitrotest realizado al encartado, no debilita la versión de los testigos. Ellos manifestaron en forma concluyente y coincidente que se trataba de una pistola como las que usaba la policía (semiautomática, calibre .45 ó 0,9 ú 11,25 milímetros), y que el único que portaba un arma de fuego era el acusado.

De modo contrario a lo afirmado por la defensa, también sostengo que el testimonio del Oficial Ayudante D. D. C. fue abordado por los sentenciadores, quienes le asignaron a su versión el valor probatorio correcto. Es que, la autoridad policial arribó al lugar teatro de los hechos cuando la controversia entre los vecinos había concluido y P. M. era traslado al hospital local.

En conclusión, propongo que este agravio sea desestimado y que la autoría de M. M. en relación con los hechos, sea confirmada.

IX. En punto a la calificación legal del caso, también habré de concordar con la apreciación jurídica que hizo el Tribunal de mérito.

La prueba rendida en el debate y, adecuadamente valorada por los jueces, permite colegir que M. E. M. desplegó una acción voluntaria con un medio eficaz para matar.

En el marco de la revuelta generada en plena vía pública, el imputado extrajo un arma y, ubicado sobre el paredón de su casa, disparó contra P. M. (hijo) y el grupo que lo acompañaba, provocando la muerte de aquél y lesiones leves en el codo derecho de su hermano.

De esta manera, surge evidente que con su accionar M. M. previó como posible el resultado muerte, conducta ésta subsumible en los artículos 79 y 41 bis del Código Penal.

Los jueces, además, juzgaron que en la conducta desarrollada por el acusado existió abuso de armas, contemplado en el artículo 104 del código sustantivo.

De acuerdo al tipo penal allí contenido, para atribuir dicha figura, es menester que se hayan producido consecuencias que no excedan, en relación a su resultado, de las lesiones leves.

En el caso bajo análisis, se ha acreditado que la herida sufrida por A. M. fue provocada por uno de los disparos efectuados con el arma que portaba M. M..

Por otra parte, si, de acuerdo con las pericias, el arma secuestrada, no había sido disparada recientemente ni tenía aptitud para ello y, los testigos sindicaron al imputado como el único que portaba armas, tengo para mí, que la lesión sufrida por A. M. fue causada con esa arma, al igual que la herida mortal de su hermano P..

Así las cosas, postulo también en este aspecto el rechazo del agravio.

X. Con relación a la pena fijada, habré de confirmar la sentencia en este sentido. En la oportunidad de decidir la sanción aplicable, los jueces tuvieron en cuenta además de la edad del imputado, grupo familiar, medios de vida, posición socio económica, formación cultural y ausencia de atenuantes, la extensión del daño causado y la utilización de un arma de fuego.

De manera que el agravio vertido no es eficaz para alterar la valoración circunstanciada que efectuó el tribunal de mérito para determinar la pena, ya que no media contradicción con las pautas que establecen los artículos 41 y 41 bis del Código Penal.

XI. Por lo tanto, propongo confirmar la sentencia en crisis en todos sus términos, correspondiendo regular los honorarios profesionales del defensor de confianza del imputado, por su actuación en esta instancia, a cuyo fin propongo la suma de setecientos cincuenta pesos ($ 750), sin incluir el importe correspondiente al IVA (art. 14 del Dto. Ley Nº 2200, T. O. Nº 4335).

Así voto.

El Juez Daniel Rebagliati Russell dijo:

La reseña del caso que ha formulado mi colega de Sala me libera de reproducir el motivo de la intervención del Tribunal y el contenido de la sentencia bajo examen.

Por ello ingresaré directamente al análisis de las cuestiones planteadas, respetando el orden dado por mi distinguido colega.

Los agravios que menciona el recurso se dividen en dos grupos, el primero ataca cuestiones de índole procesal, y el segundo contiene aspectos que afectan al fondo del fallo.

En primer lugar responderé a la crítica que formula contra el juez que no hizo uso de la facultad prevista en el artículo 7° de la Ley 4550.

El argumento de la defensa no tiene sentido, desde que el agravio que expone es desconocer la posición del tercer votante, sosteniendo que ignora si adhiere a los preopinantes ó si es producto de la derrota de su posición frente al hecho, en la oportunidad de la etapa deliberativa. Por otra parte, la letra de la ley es muy clara en este sentido, y determina que existiendo coincidencia entre los jueces que votaron en primer y segundo término, se conformó la mayoría requerida, y para el tercer votante no es obligatorio expresar su opinión, ya sea que adhiera o no a sus colegas de Sala.

Debe rechazarse de esta manera este primer motivo de agravio.

Respecto a la incongruencia planteada en el punto 2° de la parte dispositiva del fallo, no advierto tal irregularidad.

Los hechos por los cuales ha sido juzgado M. E. M. han sido debidamente descriptos, indicándose claramente que su accionar provocó la muerte de C. P. M. (hijo) y lesiones leves respecto de A. M..

Luego, cuando deciden la calificación legal, explican en qué tipo quedó encuadrado cada hecho.

Así, la parte dispositiva de la sentencia -punto 2°-, dispone la condena del imputado, e indica la pena, la participación, los delitos y el tipo de concurso, cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley, no observándose ausencia de logicidad (C.P.P., arts. 358, 362 y 363).

En otro punto censura que el Debate se rigió por las pautas establecidas en el nuevo ordenamiento procesal (Ley 5478), cuando el trámite de la causa transcurrió estando vigente el anterior código (ley N° 3155).

Quien lideró el acuerdo dejó constancia que los jueces, conforme la nueva ley, no intervinieron en el ofrecimiento de prueba ni asumieron un rol activo durante la audiencia, es decir no han formulado preguntas en el debate.

Es claro que esta decisión ha sido ejecutada a favor del imputado, en aras de reivindicar los principios del nuevo ordenamiento, que sin duda lo beneficia.

Lo cierto es que la defensa intenta sacar rédito de esta circunstancia, y proclama la lesión a la garantía de judicialidad.

Sin embargo, omite indicar el perjuicio concreto que le causa esta decisión, por lo que la petición hecha en este sentido deviene inadmisible por carecer del interés directo y actual que justifique la instancia (art. 392 del C.P.P.).

Zanjado el primer grupo de agravios, ingresaré a los otros motivos indicados en el recurso.

Entiende la defensa que el Tribunal de mérito no acreditó, con el grado de certeza requerido jurídicamente, la autoría y responsabilidad penal de su asistido, toda vez que el plexo probatorio colectado no era suficientemente idóneo y veraz como para arribar a la sentencia condenatoria.

Que la Cámara Primera en lo Criminal de Comodoro Rivadavia ha determinado que M. E. M. es autor material y penalmente responsable del hecho delictivo aquí investigado, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar descriptas oportunamente, resultando víctima fatal del suceso C. P. M., y lesionado su hermano, A. M..

Para llegar a esta conclusión los jueces contaron con testimonios de personas que presenciaron el hecho.

Así, valoraron los dichos de C. P. M., padre de la víctima fatal; A. M., hermano de la víctima fatal; J. M., amigo de la víctima; J. R., testigo ocasional carente de vínculos con las partes, quienes observaron al imputado disparar con un arma de fuego hacia P. M..

También se tuvo en cuenta el testimonio de L. O.; V. A.; A. M. y M. S., quienes observaron al imputado con el arma en su poder.

Los testigos de descargo han sido analizados en el fallo, sosteniéndose que han brindado aspectos parciales del hecho, describiendo la reyerta entre A. M. y S. M., pero no pudieron explicar lo que ocurrió con las víctimas.

Mencionó el a-quo las diferencias existentes entre los testimonios, aclarando que esta circunstancia obedece a las distintas ubicaciones y lo veloz del suceso, pero que habían sido contestes cuando afirmaron que en la pelea apareció en escena el acusado portando el arma y, que previo apuntar a un grupo donde se encontraban las víctimas, disparó.

Respecto del Oficial D. D. C., al que la defensa calificó como el único testigo independiente y serio, dijo el Tribunal que el preventor llegó al lugar cuando todo había finalizado entre los vecinos.

Por otro lado, la muerte de P. M. la acreditaron con los certificados de defunción de fs. 33/4 y 149; el informe de fs. 5, la historia clínica de fs, 181/5, como así también la declaración prestada por el doctor C. G. en la audiencia.

El acta policial y croquis labrados en el lugar, y la declaración del preventor D. C., confirmaron la existencia de la pelea entre los vecinos y de disparos efectuados desde el cerro.

Teniendo en cuenta la prueba mencionada precedentemente, entiendo que el análisis que se hizo en los votos de los doctores Montenovo y Pettinari no contiene defectos lógicos, y se produjo con apego a las exigencias del sistema imperante: la sana crítica, estableciéndose con certeza la existencia del hecho delictivo y la participación en el mismo del imputado.

Que el impugnante reprocha la valoración que se hizo de la prueba, tarea que analizada en esta instancia sale airosa.

La sentencia impugnada me ha conformado, porque tiene fundamentos y utiliza correctamente los elementos probatorios reseñados, y permiten confirman, con la certeza que se exige en esta etapa del proceso, que el hecho ocurrió tal como lo describe el fallo.

El segundo motivo indicado en este grupo se relaciona con la calificación legal escogida.

En este sentido también habré de coincidir con el criterio de la Cámara.

Las circunstancias descriptas en el fallo encuadran perfectamente en el tipo seleccionado.

El autor se hizo de un arma de fuego en medio de la trifulca, y ubicado frente al grupo de personas, comenzó a disparar, provocando la muerte de P. M. y las lesiones leves a A. M..

Así, de los propios actos ejecutados surge el dolo eventual: disparar en forma reiterada hacia donde se encontraba un grupo de personas, hiriendo de muerte a una de ellas, y a la otra provocándole lesiones, demuestra objetivamente el desprecio o indiferencia hacia la producción del resultado.

De esta manera coincido plenamente con la apreciación de la Cámara, como así también con la valoración efectuada por el doctor Panizzi en este sentido, a la cual me remito en honor a la brevedad.

Por último, estimo adecuada la pena impuesta, no advirtiéndose arbitrariedad alguna en la selección e individualización de la sanción escogida contra el imputado.

Por todo ello juzgo que el pronunciamiento dictado por el a-quo, obrante a fs. 417/48, es una decisión motivada, correctamente razonada, que ha establecido con certeza la existencia del hecho y la participación de M., debiéndose confirmar la misma en todos sus términos.

En cuanto a la regulación de honorarios, adhiero a la efectuada por mi colega preopinante.

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Alejandro Javier Panizzi y Daniel A. Rebagliati Russell, existe mayoría de votos para conformar la voluntad del Superior Tribunal de Justicia; de modo que haré uso de la facultad que prevé el C.P.P., art. 357 (texto según Ley 4550, art. 7).

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

S E N T E N C I A - 1º) Rechazar el recurso de casación deducido a fs. 452/475 por el defensor particular del imputado, Dr. M. Á. D., con costas (artículo 24, inciso 1°, 415, 485 y concordantes del Código Procesal Penal);

2º) Confirmar la sentencia dictada por la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, el día 29 de junio del año 2009, protocolizada bajo el N° 9 - F° 91 - Año 2009.

3°) Regular los honorarios profesionales del defensor de confianza del imputado, por su actuación en esta instancia, en la suma de SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 750.-), sin incluir el importe correspondiente al IVA (artículo 14 del Dto. Ley Nº 2.200, T. O. Nº 4335);

4°) Protocolícese y notifíquese.- Fdo¨Panizzi, R. Russell, Pfleger.-