marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, medidas cautelares, embargo preventivo, procedencia del recurso, sentencia, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/ Ecocarnes SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-01

Procede hacer lugar al embargo preventivo solicitado por el monto reclamado. Ello por cuanto, en el caso, se encuentra acreditada la existencia de verosimilitud en el derecho respecto de la pretensión de la actora de repetir contra la empleadora un porcentaje de la condena solidaria, en sede laboral, que abonó íntegramente al trabajador. Es que las medidas cautelares no requieren por su propia naturaleza la prueba terminante y plena del derecho invocado, por lo que no resulta necesario para que resulte viable el embargo, determinar el porcentaje que le corresponde afrontar a cada codemandada de la condena solidaria, pues ello desnaturaliza el instituto y, además, será materia de la sentencia definitiva (v. esta Sala; "Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/ Expreso San Isidro SA s/ ordinario" del 9/08/16; íd. "Swiss Medical ART SA c/ Tía Maruca Argentina SA s/ medida precautoria", del 28/12/18).
Ejecución fiscal, excepciones procesales, inhabilidad de título, inscripción registral, certificado de deuda líquida y exigible
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M.C.B.A. c/ PROP. COCHRANE 2450 s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-26

Si el ejecutado compró el inmueble libre de deudas municipales y los períodos reclamados son anteriores a dicha adquisición, cuando la titularidad del bien se hallaba en cabeza de los enajenantes corresponde admitir la excepción de inhabilidad de título interpuesta por el accionado, pues la solidaridad fiscal sólo es viable cuando el adquirente manifiesta en forma expresa que asume las deudas de referencia, dejándose constancia de ello en el instrumento del acto (art. 5 de la ley 22.427), mas no cuando la escritura consigna que el inmueble no adeuda suma alguna por impuestos municipales.-Del voto de la mayoría (Dres. Giardulli y Lozano)
Autoridad de prevención, prueba testimonial, revocación de la prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: MOLINA RICARDO s/ TENTATIVA DE HURTO REITERADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-04

Si los testimonios prevencionales base de la imputación no han sido ratificados judicialmente, no pueden ser legalmente valorados so pena de violar el principio jurisdiccional del proceso. Que asimismo y acorde con el quite de eficacia jurídica al procesamiento del encausado debe quedar sin efecfto su prisión preventiva -dictada también sin fundamento alguno- retrotrayéndose en consecuencia la situación del imputado al momento del acto de indagatoria.
Recurso de casación, aplicación errónea de la ley, honorarios
Materia: PENAL
Carátula: ESCANUELA JOSE LUIS s/ LESIONES CULPOSAS EN CONCURSO IDEAL e.p. DE RAFAEL MONTENEGRO Y  OTROS - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-12-27

Cuando la sentencia no ha tomado en cuenta las prescripciones del art. 27 de la ley citada, ya que no consideró planilla de liquidación presentada por la contraria, y que tampoco se computó la depreciación monetaria operada desde el momento del dictado de la sentencia principal, hasta el dictado del auto regulatorio de honorarios desvirtuándose de este modo los preceptos contenidos en el art. 31 de la ley citada, y que respecto a los honorarios regulados por su actuación profesional en sede penal manifiesta que el importe resultante no alcanza a cubrir el mínimo del 14% que fija el art. 14 y que para regular los honorarios que le corresponden debió tenerse en cuenta la resultante del juego de los arts. 13, 14, 15, 16, 27, 52, 69 y concordantes de la ley 5456, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto.-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Zonanor Cooperativa Limitada s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

El tema relativo a la determinación del obligado al pago de la regulación de honorarios excede el marco del art. 57 del dec. ley 8.904.
Prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva, criterio de razonabilidad, jurisprudencia, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PENAL
Carátula: LLEBEILI RICARDO c/ DEMETRIO EMILIO DANIEL, VILLARREAL DIEGO S., VILLARREAL FERNANDO M., EACOBAR OSCAR LEONIDAS Y OTRO s/ HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR ALEVOSIA Y CRIMINIS CAUSA EN  CONCURSO REAL CON ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-17

El plazo razonable en la jurisprudencia emanada de tribunales nacionales e internacionales ha sido interpretado sistemáticamente como una situación que tiene que analizarse en cada proceso de acuerdo a las particularidades del caso. Como bien señala Bidart Campos analizando el artículo 7.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la norma internacional que abre la alternativa entre celeridad del proceso penal y derecho de estar en libertad no impone la excarcelación automática en plazo inexorable.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fidalgo c/ Municipalidad s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-12-09

Es obligación del municipio velar por conservar y mantener en condiciones adecuadas la vía pública para que pueda desempeñarse como vía peatonal, sin que obste a ello la ausencia de denuncia del deterioro ni por parte del frentista, ni en el caso, por la actora que habita el inmueble lindero. Tales supuestas omisiones no implican culpa de la víctima o de un tercero que excluya la responsabilidad del Municipio puesto que no interrumpen el nexo causal entre el riesgo y el daño cuyo resarcimiento se persigue. Al respecto ha declarado el supremo tribunal federal que la municipalidad, por su calidad de propietaria de las calles destinadas al uso del dominio público, tiene la obligación de asegurar que tengan un mínimo y razonable estado de conservación.

El ejercicio del poder de policía impone a la comuna el deber de actuar directamente o de ejercer su autoridad para que quien corresponde adopte las medidas de seguridad apropiadas para evitar que la deficiente instalación o conservación de la cosa se transforme en fuente de daños a terceros.
Recurso de revisión (procesal), honorarios, reenvío
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: VERNET CAMILA c/ ANTONIO CACCIOPPOLIS s/ DESALOJO  -  EJECUCION DE SENTENCIA - HONORARIOS - MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-09-12

En materia de honorarios de abogados y procuradores, es jurisprudencia constante de la sala que el reenvío (art. 1323 CPC.) Debe omitirse para evitar el dispendio de una nueva etapa procesal.
Matrimonio, beneficios previsionales, matrimonio celebrado en el extranjero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Medina de Cabanillas, Blanca Elsa c/ Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30

El art. 13 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 -ratificado por la Argentina el 18- VI- 1956, el Paraguay el 29-I-1958 y el Uruguay el 12-XI-1942- establece que la existencia y validez del matrimonio se rigen por la ley del lugar donde se celebra (lex loci celebrationis); sin embargo los Estados signatarios no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en uno de ellos cuando se halle viciado por el impedimento de un matrimonio anterior no disuelto legalmente, cláusula especial de orden público, que obraría como verdadero dique de contención del reconocimiento de dicha unión en tanto hecho constitutivo del derecho previsional solicitado. (Minoría u opinión personal)
Sentencia definitiva, notificación, actos y diligencias procesales, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: POSTAI HUMBERTO c/ BENEDETTI RICARDO s/ ORDINARIO - APELACION - PERENCION DE INSTANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-08-04

El pronunciamiento de la sentencia es una manifestación de voluntad del órgano jurisdiccional para producir la plenitud de sus efectos normales precisa integrarse con la formalidad extrínseca que es la notificación a las partes intervinientes en el proceso es recién a partir del cumplimiento de este requisito que la sentencia adviene como acto jurídico completo. El efecto de la notificación es, pues, doble: cierra la instancia e integra como elemento formal, la sentencia definitiva.Es erróneo considerar la sentencia pendiente de notificación el carácter y la eficacia jurídica de un acto procesal completo.
Inconstitucionalidad, indemnización por despido, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruiz Mauro Adrián c/ Sacatuc S.R.L. s/ Despido por causales genéricas
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-12

En cuanto a la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 25.323, que eventualmente planteó la demandada al contestar, si bien es cierto la omisión de su tratamiento en la sentencia de grado, advierto la suerte adversa de tal planteo, en atención a que además de señalar en forma muy genérica los derechos que podrían resultan conculcados, la norma aludida sólo castiga al empleador que "no abona" al trabajador las indemnizaciones legales y no cuando lo hubiere hecho y para el caso de que existan razones atendibles para abonar en menos algún rubro o no abonarlos, el último párrafo faculta a los jueces mediante resolución fundada, a reducir el importe de la multa hasta llegar a su eximición.
Proceso penal, prueba, sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Juan C. s/ Lesiones graves culposas s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-07-03

La verificación de si las conclusiones fácticas a las que arriba la sentencia se derivan o no lógicamente de la prueba legalmente obtenida, requiere una enunciación y descripción mínimas de su contenido en las que se apoye la pertinente reflexión jurídica, y no pueden ser suplidas por simples afirmaciones. Tal procedimiento constituye una incorrecta sustitución del elemento de prueba por una conclusión que impide toda confrontación y su aceptación implicaría la renuncia de este STJ al deber de controlar la observancia de las reglas de la sana crítica racional en la motivación de las sentencias venidas en casación, dejando ilegalmente reservado sólo a la intimidad de la conciencia de los jueces de mérito las razones que abonan sus conclusiones, supuesto totalmente ajeno a la estructura del sistema procesal vigente. (Voto en mayoría: Dr. García Osella y Dra. Vivas de Vásquez).
Accidente de tránsito, transporte benévolo, cinturón de seguridad, concausa, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Eduardo Oscar y otro  c/ Ciurca, Gonzalo Mario y otro  s/ daños y perjuicios (acc.tran. c/les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-03

Es cierto que las infracciones a las normas administrativas que regulan la circulación vial solo deben ser consideradas como un factor decisivo si resulta de las circunstancias del caso que aquellas han dado motivo al siniestro. Sin embargo, en el presente caso, la muerte de quien era transportado benévolamente es consecuencia de las lesiones que sufrió en la cabeza. De ahí que, la omisión de utilizar el cinturón de seguridad, si bien no puede ser considerada la única causa del daño, sí revistió en la especie el carácter de concausa, por lo que es correcto efectuar una reducción proporcional de la reparación, en los términos del art. 1729 del Código Civil y Comercial.
Sentencia arbitraria, suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: López, Claudia Alejandra c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-31

Es arbitraria la decisión que rechazó la suspensión del proceso a prueba, si no se consignó en el acta correspondiente que, ante la posibilidad de aplicar la inhabilitación, se consultara la opinión de la encausada y de su defensa, lo que hubiera permitido resolver el caso con acuerdo de las partes (voto del juez Jantus)
Expulsión de extranjeros, antecedentes penales, excesos u omisiones en el pronunciamiento, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Jiménez Pereira, Fulgencio c/ E.N.-DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-11

La sentencia que confirmó la expulsión del migrante con sustento en los antecedentes penales de éste vinculados a la violencia de género debe ser dejada sin efecto, pues al crear una causal de expulsión no prevista normativamente, la decisión de la cámara incurre en una indebida sustitución de atribuciones que corresponden a otros poderes y produce una afectación a los derechos del recurrente consagrados en los artículos 14, 19 y 20 de la Constitución Nacional, tal como se encuentran regulados en la ley que reglamenta su ejercicio (Voto del juez Rosenkrantz).
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, fundamentación del recurso, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cerezo, Marcela Esther c/ G.C.B.A. s/ Cobro de pesos pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-08

La debida fundamentación del recurso de inconstitucionalidad no puede suplirse mediante la invocación genérica de disposiciones constitucionales o la alegación de que la Cámara efectuó una interpretación errónea del derecho que rige el caso (TSJBA, in re "Lexco SACIFIA c/G.C.B.A. s/Impugnación de Actos Administrativos", del 23/08/01, entre otros); doctrina que coincide sustancialmente con la sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la viabilidad del recurso extraordinario federal (Fallos 302:890; 305:1929; 306:223; 224:250; 307:1799; 308:1202, entre muchos otros).

Si bien la recurrente invocó la violación de normas constitucionales no ha logrado exponer, con la fundamentación y precisión debidas, un caso constitucional que justifique la intervención del Tribunal Superior en los términos del artículo 27 de la Ley Nro. 402 (TSJBA, causa 605/01, "Slurnik, Carlos Marcelo y otros c/G.C.B.A. -Dirección de Fiscalización de Obras y catastro s/Amparo", del 11/10/01), exigencia impostergable para la viabilidad del recurso que, según lo expuesto supra, no se suple con la simple referencia ritual a derechos y/o principios constitucionales.

En consecuencia, el recurso deducido no reúne en plenitud los recaudos para su viabilidad formal. En efecto, no se advierte en los argumentos esgrimidos para sustentarlo una fundamentación suficientemente sólida, clara y precisa en orden a la relación entre la decisión impugnada y los derechos y garantías constitucionales presuntamente vulnerados.

Sin perjuicio de ello, y a mayor abundamiento, corresponde señalar que las cuestiones de índole procesal -como lo es la deserción del recurso resuelta en autos- son ajenas, por regla, al remedio intentado pues, conforme a la previsión normativa, éste resulta procedente únicamente ante casos que versen sobre la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución Nacional o en el Estatuto Local (art. 113 inc. 3 de la Constitución del a Ciudad de Buenos Aires).
Accidente de tránsito, motocicleta, carga de la prueba, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL
Carátula: ERDOZAIN GÓMEZ, MIGUEL EDUARDO. c/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-30

No se puede obligar al dueño o al guardián a afrontar el pago total de la indemnización en el caso que nos ocupa, para recién después, por vía de una acción de regreso, procurar el reembolso de la parte pertinente del tercero. Esta última interpretación privaría a la eximente de todo valor, al sacarla de su ámbito específico: su oponibilidad al pretensor. Por lo tanto, la responsabilidad del dueño y del guardián, en tal supuesto, subsisten sólo parcialmente, debiendo operar una disminución del monto del daño en función de la parte de éste que resulte atribuible al hecho del otro. (Del voto del Dr. Moya, en disidencia parcial).
Seguros, responsabilidad del asegurado, reticencia, apreciación de la prueba, peritos
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Cocivial SA c/ Provincia Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-25

Una cosa es tener por probado el hecho de la reticencia, para lo cual todo medio de prueba resulta admisible (voto Dr. Heredia, conf. CNCom, Sala D, 22/12/99, "Villalba, Héctor Ricardo c/ Suizo Argentina Cía. de Seguros SA s/ ordinario"; íd. A, 3/5/07, "Suárez, Mariela c/ La Buenos Aires Seguros SA s/ ordinario"; Morandi, J., Estudios de derecho de seguros, Buenos Aires, 1971, p. 255; Stiglitz, R., Derecho de Seguros, Buenos Aires, 2008, t. I, ps. 725/726, n° 550; Meilij, G. y Barbato, N., Tratado de derecho de seguros, Rosario, 1975, p. 39, n° 63; Steinfeld, E., Estudios del derecho de seguros, Buenos Aires, 2003, ps. 87/88, n° 27), y otra bien distinta es la acreditación de la "influencia" que dicha reticencia (o falsedad) tuvo sobre el riesgo cubierto o, dicho con otras palabras, la incidencia que habría producido el conocimiento de la verdad con relación a la contratación del seguro o a los términos de dicha contratación, desde la visión de la entidad aseguradora (conf. CNCom, Sala D, 12/4/00, "Torga, V. Adela c/ Generali Arg. Cía. de Seg. s/ cobro de pesos"), siendo fundamental que el asegurador pruebe que las circunstancias ocultadas o inexactamente declaradas han sido influyentes sobre el riesgo, de una manera tal, que si el asegurador hubiese sido cerciorado de ellas no habría dado su consentimiento o lo habría dado en otras condiciones (conf. CNCom, Sala D, 3/2/09, "Bisio Juan Carlos c/ Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada s/ ordinario"; íd. Sala B, 5/4/90, "Molina de Rombola, Elisa c/ El Comercio Cía. de Seguros SA s/ ordinario").
IVA, compensación de saldos, AFIP DGI
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Tacconi y Cía.  S.A. s/ impugnación judicial acto administrativo  DGI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

La resolución general 2542 de la Dirección General Impositiva no contiene precepto que disponga expresamente la exclusión de su régimen de los saldos a favor de los responsables que surjan de sus declaraciones mensuales del impuesto al valor agregado.
Embargo, bienes gananciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GOMEZ DE BECERRA ALICIA EN J: 79569 LOPEZ c/ AMENGUAL Y OTROS s/ alq - Terceria (LIBRO: a071 - 114)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-12-26

"...La responsabilidad por las deudas es, pues, propia de quien las contrajo, y afecta su patrimonio con total prescindencia de que los bienes que lo integran tengan calidad de propios o gananciales." (JA MAZZINGHI-ob.cit. pag.233_).".-
Recurso de casación penal, procesamiento sin prisión preventiva, tenencia de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, sobreseimiento, facilitación de lugares o elementos, gravamen irreparable, falta de agravio concreto, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cenoz, Ricardo Raúl s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-30

Corresponde declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto contra la resolución -mediante la que un juez federal sobreseyó al imputado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y, a la vez, lo procesó sin prisión preventiva por el delito de facilitación de lugar para la tenencia de estupefacientes con fines de tráfico en concurso ideal con su tenencia para consumo personal, así como de todos los actos procesales consecuentes y devolvió los autos al juez de instrucción para la enmienda de lo actuado. En primer lugar porque el conocimiento de este recurso abierto no permite revisar en perjuicio del imputado. Así resulta que no existe la identidad fáctica pretendida por la defensa -y erróneamente aceptada en la decisión venida en recurso- entre el hecho que motivó el sobreseimiento (tener estupefacientes con finalidad de tráfico ilícito) y aquel otro que determinó su procesamiento y acusación (facilitar un lugar para que un tercero tuviera el material destinado al comercio ilegal), aunque esta última conducta constituya, por su carácter o naturaleza, una participación criminal -necesaria o secundaria- en la ejecución del acto de tráfico en el que el facilitador no toma parte, pues es la propia ley la que consagra su autonomía en vez de remitirse a la accesoriedad propia de la complicidad. Ello tanto más cuando en uno de los supuestos de la complicidad secundaria (art. 46 del C.P.) -el de ayuda posterior a la ejecución- es necesario establecer que el auxilio fue prestado en cumplimiento de promesa anterior al hecho (lo que no se sostiene ni se prueba en el recurso), pues de lo contrario debe pasarse al ámbito del encubrimiento, cuya autonomía delictiva no es discutible en nuestro derecho penal. Y en segundo lugar, al no verificarse un agravio de imposible o tardía reparación ulterior. (Voto de los Dres. Bisordi, Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Poder Ejecutivo, gobernador, reglamentos, policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDOZA, FERNANDO SEBASTIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 466-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-30

Resulta ilegal el comportamiento del Jefe de Policía de la Provincia que dictó un acto intitulado "Pautas para el funcionamiento de las Juntas de Calificaciones", que luego, mediante decreto nº 3508/87 se convirtió en el Reglamento de Promociones Policiales. Prueba de dicha ilegalidad lo constituye precisamente el decreto citado, que tiene idéntico contenido que tales pautas, salvo algunas modificaciones. Si éstas hubieran entrado en la competencia del funcionario policial aludido, el Decreto hubiera resultado inoficioso.
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, cuestión constitucional, costas, principio objetivo del vencimiento, juicio, partes
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Fernández, Eudosio G. c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de inconstitucionalidad- Accidente de trabajo (Expte. CSJ N.   841-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada contra la imposición de costas cuando el Tribunal prescinde de lo dispuesto por el texto legal (art. 101 del Código Procesal Laboral) en relación al caso sin dar razones plausibles que lo justifiquen, causal descalificante que se patentiza aun más cuando se transporta el argumento del comportamiento contumaz del ente demandado para respaldar también la imposición de costas a esa parte en la instancia revisora soslayando toda consideración acerca de la medida en que habían prosperados los remedios ordinarios impetrados. En tal sentido, ambos contendientes habían deducido recursos contra la sentencia del Juez de baja instancia, en lo sustancial y dejando de lado otras cuestiones: el actor solicitando mayor grado de incapacidad que el otorgado (50%), y el demandado intentando enervar la atribución de responsabilidad; y la respuesta jurisdiccional brindada por la Sala respecto a la pretensión de fondo, fue el rechazo de los medios impugnativos deducidos