Sentencia, reglas de la sana crítica, robo seguido de homicidio, privación ilegal de la libertad, ley penal más benigna, participación criminal, fundamentación de sentencias, derecho penal de acto, reconocimiento por fotografía, principio de legalidad, dolo eventual, explosivos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Martínez, Carlos Sebastián y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-11

Está debidamente fundada la condena por homicidio en ocasión de robo -art. 165 CP- si las muertes producidas durante la huida del lugar se encuentran absolutamente ligadas a la conducta del imputado y ese resultado le era previsible, ya que la decisión de intentar escapar del lugar y la forma de realizarla -mediante la toma de rehenes- fue asumida por quienes intervinieron en la ejecución del robo, a sabiendas de que existía una alta probabilidad de que se suscitara un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y que de ello derivase un riesgo cierto para la integridad física de ellos y de los rehenes. A los fines de la configuración del tipo agravado previsto en el art. 165 CP -homicidio en ocasión del robo-, es indiferente que el robo se consume o quede en grado de conato. Por ser más benigna (art. 2° CP), corresponde aplicar la reforma al art. 142 bis, inc. 1, CP por ley 25.742. El término "banda" previsto en el art. 167, inc. 2°, CP, debe aplicarse con prescindencia de si la asociación ilícita se materializó antes del hecho delictuoso. Deben considerarse partícipes primarios o necesarios: quien se ocupó de guardar la moto hallada en la entrada del banco, de entregar los teléfonos celulares con los que se comunicaba la banda y de facilitar su domicilio para realizar reuniones con el objeto de planificar el hecho; quienes facilitaron su domicilio y realizaron tareas de distracción; quien aportó un automóvil con el que se emprendería la huida; quien proporcionó el material explosivo de exclusivo uso militar y quien aportó un plano del banco y un handy. Corresponde confirmar la condena de daños y perjuicios, al haberse probado la reparación que tuvo que solventar el Banco Nación por los daños producidos a consecuencia de la explosión que realizaron las fuerzas de seguridad para ingresar en el edificio. No cabe presumir que la voluntad del imputado se encontrara viciada, si no se acreditaron las presiones o amenazas invocadas, ni secuela física o psíquica que permita verificar lo alegado. En abstracto ninguna participación es necesaria, por ello la necesidad del aporte debe ponderarse en cuanto a la forma como se proyectaron los hechos, y dicha evaluación debe valorarse ex ante y en concreto y jamás ex post y en abstracto. La incorporación por lectura de la declaración de un testigo -en los términos del art. 319, inc. 3°, CPPN-, a fin de preservar su estado mental, resultó fundada, ya que el impugnante no aportó prueba alguna que objete el informe médico, y la vinculación entre miembros de la banda no sólo se infiere de sus expresiones sino también del cruce de llamadas telefónicas y dicho testimonio no constituye prueba dirimente. El reconocimiento fotográfico efectuado con anterioridad a la imputación constituye una prueba de valor indiciario, que debe ser evaluada con las declaraciones testimoniales, el cruce de comunicaciones telefónicas y la prueba de haber aportado un plano del banco y un handy, máxime teniendo en cuenta que no constituye prueba dirimente y el recurrente no demostró el concreto perjuicio que la producción de dicha medida le trajo aparejado. La disidencia consideró que atribuir responsabilidad penal por el delito de homicidio, en los términos contemplados en el art. 165 CP, bajo el argumento de que, no obstante no haber efectuado los disparos que produjeron los decesos, debió representarse la posibilidad cierta de que ello podía ocurrir, atenta contra nuestro derecho penal de acto, en contravención a los principios de culpabilidad y legalidad. (Dres. Mitchell, González Palazzo y Ledesma -en disidencia parcial-).