Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-17


SENT Nro. 790 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 17 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Madelo, Norma Beatriz vs. Arias Miguel Alfredo s/Acción posesoria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación deducido por el demandado contra la sentencia de la Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción, del 20/5/2002, que hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el fallo de primera instancia del 27/02/2001.

II.- El recurrente sostiene que la sentencia de Cámara ha efectuado un enfoque parcializado de la cuestión sometida a decisión, confiriendo una relevancia inusitada a dichos de testigos, forzando en algunos casos sus dichos o extrayéndolos de contexto y dejando de lado elementos claros y contundentes, existentes en la documentación acercada por las partes y que fueron destacados en el fallo de primera instancia, efectuándose una operación intelectual contradictoria, aislada de los elementos arrimados a la causa, y arribando de ese modo a una conclusión injusta, apartada del derecho vigente. Que el análisis del fallo es arbitrario, conculcatorio del debido proceso al tener solo una apariencia de fundamentación, sosteniéndose sólo en el voluntarismo de los sentenciantes y violando el art. 28 CP. Asimismo, considera violadas las normas de los arts. 16, 18 CN, 2351, 2352, 2355, 2446, 2448, 2456, 2471, 2473/76 CC y 34 procesal.

Sostiene que el boleto de compraventa por el cual adquiere el derecho a la posesión y luego la posesión misma y el juicio de amparo a la simple tenencia en el cual recayó sentencia favorable son dos elementos claves que no fueron tenidos en cuenta por la Cámara sino para desnaturalizarlos en su finalidad y contenido y desconectarlos de la realidad bajo análisis. Que en el contrato de arrendamiento Miguel Angel Coronel se autotitula exclusivo propietario del terreno y se considera también único poseedor del inmueble. Los Sres. Herrera, declarados arrendatarios de Miguel A. Coronel, eran su representantes en la posesión y Miguel A. Coronel cedió sus derechos sobre esa finca al recurrente. A su vez, dice, Herrera le entregó unos días antes de la finalización del plazo contractual de arrendamiento, la finca. Que de ello podría dudarse atento a la respuesta dada por éste en la pregunta 3 bis del interrogatorio y de la cual se aferra la Cámara para desconocer sus derechos; pero, expresa el impugnante, esta declaración debe insertarse en un contexto de situación intimidante para este testigo, donde advierte que se puede pretender hacérsele responsable del conflicto acaecido y que estas dudas quedan despejadas por el amparo a la simple tenencia que deduce el aquí recurrente contra José Madelo. En definitiva, que el recurrente continuó ejerciendo la posesión que tenía Miguel A. Coronel, estando su representante -el arrendatario- en la finca (arts. 2351, 2352, 2446, 2448 CC); que su posesión es legítima (art. 2355 CC); en cambio la de la actora es violenta (art. 2356 CC), sin un año de antigüedad (art. 2456, 2473), sin haber sido pacífica en ningún momento. Agrega que siendo un continuador a título singular del poseedor (arts. 2474/2475/2476 CC) su posesión es más antigua y por los antecedentes documentales existentes tiene mejor derecho a la posesión (art. 2471 CC).

Ataca las pruebas de la contraria sosteniendo que el boleto de compra venta de Pedro N. Madelo a favor de los Coronel no tiene fecha cierta, ni sellado, ni certificación de firmas; que el inmueble del arrendamiento que reconocen es el de la litis, está efectuado por Miguel Angel Coronel y no por sucesión o sucesores algunos. Que el acta de requerimiento a la Escribana Delgado viene a ser una prueba testimonial por anticipado efectuado sin las formalidades y el control de ley exigido destacando, por lo demás, que ni por ese medio se logró hacer decir a Simón Enrique Herrera que el arrendamiento se lo efectuó Miguel Angel Coronel en representación de la sucesión de Segundo Niceo Coronel.

Destaca la contradicción en que, dice, incurre la Cámara cuando dice que la Inferior no ha valorado debidamente las pruebas cuando por el contrario ha desmenuzado concienzudamente la cuestión a dilucidar, otorgando entidad a elementos probatorios claros y relevantes y no a los oscuros, ambiguos y contradictorios de los que pretende aferrarse la Cámara. Que ella otorga decisiva importancia al testimonio de Herrera, tomando sólo lo referente a que le entregó la posesión a los Coronel pero ignorando que ese mismo testigo manifestó que nunca conoció a otra persona fuera de Miguel Angel Coronel que poseyera la finca, que fue a éste a quien arrendó, que nunca vio a los Madelo poseer el inmueble, que fue a ver a los Coronel para devolver el arriendo o sea que no los puso en posesión ni les hizo entrega del inmueble. Repite que el testigo está presionado y no quiere comprometerse pero la Cámara toma su testimonio y lo parcializa. Que a ello debe agregarse los testigos Correa y Núñez contestes en acreditar la posesión de Arias. Por ello, si valora la prueba testimonial debe hacérsela en su conjunto so pena de arbitrariedad.

Explicita que el tribunal a quo al manifestar que no se explica cómo es que Arias accedió a la posesión está reconociendo que éste se encontraba en posesión del inmueble, que es precisamente lo que viene negando durante todo su razonamiento. Señala que cuando se recurre al testimonio de Juan Domingo Coronel pretende ignorar la evidente parcialidad de este testigo que es parte interesada en revalidar la venta que hizo a favor de Madelo con sus familiares. Que de los testimonios de Herrera y Juan D. Coronel no surge que la posesión fue entregada por el primero al segundo. Que si dice que la posesión actual es de Madelo y no del demandado, porqué condena a restituir al demandado, cambiando los términos de la demanda? En cuanto a la conclusión sentencial referida a que el demandado está defendiendo su derecho sobre otro inmueble, atento a la diferencia entre el padrón mencionado en el boleto a favor de Madelo respecto al del adquirido por el recurrente, éste entiende que hay un nuevo error conceptual por cuanto, en primer lugar no le queda claro de dónde surge la certeza de que el instrumento que esgrime la actora sea el verdadero y el suyo erróneo en tanto nunca se efectuó una inspección ocular o estudio por perito para identificar los inmuebles y su correspondencia con los títulos. En segundo lugar porque ambas partes coinciden en que el inmueble de litis es el que fue objeto de arriendo de parte de Miguel Angel Coronel a Herrera -que tiene similar padrón al adquirido por el impugnante- y además, porque, dice, lo que importa es la posesión del inmueble arrendado y no los números de padrones de los boletos.

Asimismo le agravia la conclusión sentencial de que mediante el amparo no se protegió su posesión sino que "se le entregó" la misma, pues ello implica ignorar una sentencia que se encuentra firme. De otra parte, llega a resolver extrapetita transformando una acción en posesoria de recuperar o restituir cuando la iniciada era de mantenerse en la posesión. Destaca además que José Madelo nunca declaró en autos para justificar que sus incursiones en el inmueble respondan a una representación de la actora. De allí que concluya en que se ha aplicado indebidamente el principio iura novit curia Propone doctrina legal; hace reserva del caso federal, y solicita se conceda el recurso oportunamente interpuesto.

Corrido el traslado de ley, la parte actora solicita el rechazo del recurso interpuesto, por las razones expuestas en el memorial de fs. 216/218.

III.- Por auto interlocutorio del 21/3/2003 la alzada concede el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia recurrida da razón al apelante cuando afirma que la sentencia del juez de primera instancia no ha valorado adecuadamente las pruebas aportadas por su parte, por lo cual concluye en que existen dudas respecto a la última posesión y recurriendo, en consecuencia al art. 2471 CC. La sentencia de alzada excluye el caso de duda en el presente litigio y, por ende, la aplicación del art. citado. Considera, en este sentido, que para ello resulta de suma importancia el testimonio de Simón Enrique Herrera de fs. 117/118 vta. quien fuera ofrecido como testigo por la parte demandada, pues es quien tiene mayor conocimiento de la cuestión. Que éste dijo que arrendó la finca desde setiembre de 1994 al 30 de setiembre de 1999 más o menos; que al contestar a la quinta pregunta referida a quien ingresó inmediatamente al inmueble arrendado al terminar el arrendamiento como dueño o poseedor dijo que los familiares de Miguel Angel Coronel, que lo sabe porque él fue a verlo unos días antes. Y luego, al contestar el interrogatorio especial, a la pregunta 3 bis referida a que cuando se retiró de la finca, a quién hizo entrega de la misma, contesto: que fue al Sr. Juan Domingo Coronel, lo sabe porque él se apersonó y que también le comunicó al hijo Miguel Angel Coronel. De ello extrae la Cámara que el testigo contestó en forma congruente que al terminar el arriendo hizo entrega de la finca al Sr. Juan Domingo Coronel y no a Arias; que en ningún momento dijo que le entregó a Arias, por lo que no se entiende cómo es que éste accedió a dicha posesión.

Agrega el tribunal a quo que este testimonio es coincidente con el de Juan Domingo Coronel que a fs. 68 responde que Miguel Angel Coronel arrendó la finca como representante de la sucesión de Segundo N. Coronel, ya que nunca fue propietario y que respondió afirmativamente a la pregunta de si Miguel A. Coronel le entregaba parte del precio del arrendamiento y lo mismo a que cuando terminó el arriendo los arrendatarios Herrera se la entregaron a él bajo constancia de escribano público. Expresa que tanto este testigo como los otros que declaran -y que cita- son coincidentes en que Arias jamás tuvo la posesión del inmueble motivo de esta litis. Por lo cual, concluye en que es un hecho probado indubitable que cuando terminó el arriendo la posesión pasó a manos de Juan Domingo Coronel y no de Arias. No hay dudas sobre ello, para la Cámara.

Agrega luego el tribunal a quo que, siendo así, luego Juan D. Coronel le entrega a Madelo quien la ejercía a nombre de la actora. Que por ello el amparo a la simple tenencia se inicia contra José Madelo y no contra la actora; que esto es una prueba más de que quien estaba en posesión del inmueble era Madelo y no Arias. Recuerda que lo que interesa es la discusión sobre la posesión sin interesar si ésta es o no legítima sino "el último estado de la posesión" (conf. el art. 2471 CC) al producirse el acto que el actor invoca como atentado; si el actor disfruta de ese último estado, si tenía la posesión actual, su acción prospera, teniéndose presente los requisitos de anualidad y ausencia de vicios (2473/2481 CC); que, como resulta de autos que la posesión actual la detentaba la actora, la acción debe prosperar.

Agrega que, aun si se debiera recurrir al análisis de la documentación avalante o títulos esgrimidos por la parte -cosa que no es necesaria pues no se da el supuesto de duda que habilita la aplicación excepcional del art. 2471 ante la norma general del art. 2472 CC-, tampoco la acción debía prosperar y ello porque la actora demanda por una posesión referida al inmueble que es identificado con el Padrón nro. 249.315 que surge también de toda la documentación que acompaña a la demanda (ver boleto de compraventa, sellado y con firmas certificadas de fs. 11/13; detalle de superficies de fs. 14, referida como fracción D en el boleto aludido y en el plano de fs. 17); que, en cambio el accionado cuando inicia el amparo identifica el inmueble según padrón nro. 240.322 y en el plano de fs. 15 este padrón corresponde a la fracción L, al igual que en detalle de superficies de fs. 14, de lo que concluye que el demandado está defendiendo su derecho sobre otro inmueble.

Considerando que si bien en el texto de la demanda de fecha 16/9/99 se dice que la desposesión no llegó a consumarse, con fecha 13/12/99 se entregó la tenencia al accionado como resultado del amparo a la simple tenencia antes referida por lo que aplicando el principio iura novit curia previsto en el art. 34 CC resuelve la acción posesoria de mantener en acción posesoria de recuperar o restituir la posesión ambas previstas en el art. 2487 CC. Así resuelve hacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora, revocar la sentencia de fecha 27/02/2001 y hacer lugar a la demanda disponiendo la restitución de la posesión condenando a Miguel Alfredo Arias a hacer entrega de la misma a la actora en el plazo de diez días de quedar firme la sentencia, con costas al demandado vencido en ambas instancias (arts. 106,108 procesal).

V.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad, se observa que se encuentran cumplidos los referidos a presentación temporánea, eximición del pago del depósito en virtud del otorgamiento del beneficio para litigar sin gastos, presentación por quien se encuentra legitimado para hacerlo y definitividad de la sentencia. Esto último en atención a que esta Corte Suprema de Justicia ha manifestado que "...la sentencia materia del recurso, es el pronunciamiento que dictado por la Excma. Cámara resuelve definitivamente las pretensiones de las partes. No obsta a lo expresado, lo dispuesto por los arts. 2482, 2484, 2485 y 2486 del Código Civil, los que sustancialmente acuerdan la facultad a quien hizo uso de las acciones posesorias, luego de satisfecha la condena, de usar la acción real; por cuanto, en el sub-lite, la actora no podrá interponer juicio petitorio, según surge de lo expresado por la misma en el escrito de interposición de la casación, al manifestar que su parte no cuenta con ningún título de dominio sobre el predio, motivo del presente, sobre los cuales solamente detentó derechos posesorios. En este sentido, Valdes y Orchansky, citados por Roque Garrido y Luis Andorno, Código Civil Anotado, Libro III, Derechos Reales, T. I, pág. 521, expresan: ´Por ello se ha podido decir que la correlación antitética entre la acción real y posesoria responde al sistema subjetivo, según el cual el dueño y excepcionalmente, el que tenga derechos reales que se ejercen por la posesión, disponen a la vez de ambas clases de acciones´. En consecuencia la resolución atacada, que pone fin al pleito, y no deja abierta ninguna vía de reparación posterior, constituye en los términos de los artículos 813 inc. a), primera parte, y 814 del C.P.C.C., una sentencia definitiva" (sent. nro.132, del 22/4/1994 in re: "Suc. de Gramajo Juan José y otros vs. Fernández Yolanda Victoria s/ Acción Posesoria de Restitución").

Este decisorio es aplicable al caso que nos ocupa toda vez que el aquí recurrente ha expresado que no posee títulos de dominio sobre el inmueble objeto del pleito, correspondiendo que se examinen las demás exigencias del art. 815 del CPCC, a fin de determinar su admisibilidad o no.

VI.- De la confrontación del memorial casatorio con los argumentos sentenciales se concluye en que el recurso no puede prosperar.

En efecto, el recurrente se agravia, esencialmente, por la importancia inusitada, dice, que la Cámara otorga a los dichos de testigos, forzando en algunos casos sus dichos o extrayéndolos de contexto. Menciona que Miguel Coronel se autotitula exclusivo propietario del terreno en el contrato de arriendo; que los Sres. Herrera eran su representante en la posesión atento a declararse sus arrendatarios, que el juicio de amparo le es favorable; que Herrera declara entregar la posesión a los Coronel pero también que sólo conocía a Miguel A. Coronel como poseedor de la finca y que este testigo está presionado y no quiere comprometerse; que Juan Domingo Coronel es testigo parcial, parte interesada en validar la venta que hizo a favor de Madelo; que si la posesión actual es de Madelo, como dice la sentencia, porqué se lo condena a restituir la posesión; que José Madelo no declaró en autos diciendo que representaba a la actora y que no se dan los requisitos de la posesión para intentar la acción.

Ahora bien, es un hecho irrevisable en casación que Simón E. Herrera entrega la finca a Juan Domingo Coronel. Esto surge de los dichos de ambos. Herrera -testigo ofrecido por la propia recurrente- lo menciona, tanto en el acta efectuada por escribana (fs. 6/8) como en la audiencia respectiva (fs. 117/118 y vta.) en que intervinieron las partes, amén de ser éste la persona indicada para acreditar tal circunstancia y, de que se le efectuaron repreguntas. Que Herrera declaró presionado no pasa de ser una afirmación infundada del recurrente toda vez que esto no está demostrado en autos; por lo demás, el establecimiento de ese hecho, de acuerdo a sus declaraciones, y a lo valorado en la sentencia en crisis (fs. 191/192), no surge arbitrario.

También la declaración de Juan Domingo Coronel (en el acta y audiencia) corrobora esta continuidad y traspaso en la posesión; y su testimonio, más allá de la afirmación del recurrente de ser parte interesada en revalidar el contrato con Madelo, es plenamente válido. El es la persona a quien se le entregó el inmueble, es decir, tuvo conocimiento directo y personal de un hecho cuya prueba resulta pertinente y conducente para la solución del litigio; su declaración fue acorde al cuestionario efectuado, con intervención de la contraria, y su testimonio resulta concordante con el de Simón E. Herrera, por lo cual no puede admitirse la ineficacia probatoria de las declaraciones de estos testigos. De su lado, la valoración sentencial efectuada respecto de estos testimonios y hechos no aparece arbitraria, sino todo lo contrario, conforme lo expuesto.

De otro lado, que Miguel Angel Coronel se declarara exclusivo propietario de la finca (cuya posesión compartía con los otros Coronel en su carácter de herederos de Segundo Niceo Coronel) no puede ser oponible a los restantes coposeedores que no intervinieron en el contrato. Además, no expedirse sobre el contrato de arriendo por parte de los Coronel, no significa aceptar esta precisa declaración; amén de que en autos todos los Coronel están contestes en haber recibido la parte del precio del arriendo que les correspondía en su carácter de coposeedores.

El amparo a la simple tenencia no tiene trascendencia a favor de la accionada por cuanto él fue dirigido contra José Madelo y no contra la ahora actora Norma Madelo. Por lo demás, lo que se verifica en ese amparo, a contrario de lo manifestado por el recurrente, es que cuando se efectúa la inspección ocular, el que estaba en su ocupación era José Madelo y no Arias, lo que confirma la secuencia de las sucesivas posesiones: Herrera entregó el terreno a Juan Domingo Coronel y éste a José Madelo respecto de quien todos entienden y están contestes que representa a Norma Madelo en la posesión. También los herederos de Miguel Angel Coronel no discuten tal circunstancia, como tampoco la de ser coposeedores en la posesión con los restantes Coronel. El amparo a la simple tenencia no hace cosa juzgada material sobre la cuestión conforme a su naturaleza, medida tendiente a evitar que las personas enfrentadas busquen hacer justicia por sus propias manos, dejando luego abierta la posibilidad de que las partes discutan el tema con mayor profundidad a través de las acciones posesorias o petitorias correspondientes.

Por ende, y no estando probado que la posesión de Miguel Angel Coronel fuera exclusiva y excluyente de los otros Coronel; antes bien, surgiendo lo contrario de los antecedentes inmediatos, según se explicitó supra, aparece configurado un cuadro fáctico en que Madelo continúa la posesión de Coronel, existiendo una continuidad en la posesión que supera con creces los requisitos de la acción prevista en el art. 2469 CC.

En cuanto al iura novit curia, hay que decir que la calificación de las acciones -recuperatoria por conservatoria o viceversa- es obra del juez (conf. L. de Zavalía que así lo entiende, junto a Lafaille, "Derechos Reales", T. II, pág. 385). Por lo demás, está claro que, al inicio de esta acción, el amparo no había concluido y, por ende, la resolución posterior es un hecho sobreviniente que el juez debe tener en cuenta al momento de fallar (arg. art. 40 procesal).

Por lo expuesto, y estando resuelta la cuestión con lo considerado, son inoficiosos e inconducentes los restantes agravios (la aparente contradicción en preguntarse cómo Arias accede a la posesión si no le reconoce la misma; las consideraciones referidas a las formas de los títulos y a la diferencia de padrones).

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación impetrado con costas al recurrente vencido (art. 106 procesal).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el demandado contra la sentencia de la Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción, del 20/5/2002, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA