Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-28


C A S A C I O N SENT. Nro. 201 En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 28 DE MARZO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por los letrados Marcelo Fajre y Martín Abdala por derecho propio en autos: "Sucesión de René Antonio Aurelio Isaías Padilla vs. Banco Río S.A. s/Cancelaciones (Sumario)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por los letrados Marcelo Fajre y Martín Abdala, por derecho propio, que fuera concedido provisionalmente mediante pronunciamiento de fecha 17/9/2002 (fs. 234), en contra de la sentencia emitida por la Cámara Civil y Comercial, Sala Ia. de fecha del 25/3/2002, que no hizo lugar al recurso de revocatoria (art.32 de la ley 5480), confirmando los honorarios regulados mediante resolutiva del 29/11/2001.

El memorial es autosuficiente y se han satisfecho las exigencias de los arts. 813,815,816 y 817 del código de forma, por lo que corresponde la admisión del recurso.

2.-Antecedentes de la causa: La sucesión de René Padilla inicia el presente juicio en contra del Banco Río S.A., a fin de reclamar se declare extinguido el contrato hipotecario contraído oportunamente por el causante, ordenándose la cancelación de la hipoteca y su correspondiente inscripción en el Registro Inmobiliario (fs. 33/35). El accionado se allanó a la pretensión de la parte actora (fs. 54) y, como consecuencia se dictó sentencia haciéndose lugar a la demanda e imponiendo las costas a la accionada, quedando firme el pronunciamiento. Ante la solicitud de regulación de honorarios, los letrados recurrentes propusieron como base regulatoria el monto de la deuda con garantía hipotecaría esto es la suma de $132.172 (fs. 72) A su turno el Banco peticionó que, a los fines regulatorios, se considere a este proceso sin monto. Posición esta adoptada por el a quo al regular honorarios en la suma de $500 a cada uno de los letrados intervinientes. Apelada la regulación en cuanto a la base regulatoria y al monto de los honorarios, la Alzada admitió parcialmente el recurso elevando los emolumentos en las sumas de $2000 a cada letrado, rechazando el planteo en cuanto a la base regulatoria. Impugnada la resolución mediante el recurso de revocatoria (art. 32 de la ley 5480), fue rechazado, con costas.

Los agravios de los recurrentes se pueden sintetizar en los siguiente puntos : a) procedencia del recurso de revocatoria (art.32 de la ley 5480) en contra de la sentencia regulatoria de la Cámara, como así también su carácter de pronunciamiento definitivo pasible de casación; b) Falta de fundamentación en la sentencia, impugnación de la base regulatoria adoptada, aplicación errónea de disposiciones arancelarias al caso y c) imposición de costas.

3.- El primer agravio de los recurrentes relacionado a la procedencia del recurso de revocatoria en contra de la sentencia de la Cámara regulatoria de honorarios, merece ser recepcionado, por cuanto adolece el pronunciamiento del 25/3/2002 del vicio de arbitrariedad alegado. En efecto, el Tribunal señaló la inadmisiblidad de la vía intentada, en mérito a lo dispuesto por el 757 CPCC, inobservando lo dispuesto por el art.32 de la ley arancelaria local que contempla la revisión por vía de la revocatoria y ante el mismo tribunal que la dictó, de las regulaciones de honorarios practicadas por las Salas de Cámara, invocando una disposición procesal ajena a la temática regulatoria de los honorarios, pues la esencia del recurso previsto por la ley 5480 es precisamente la de enmendar los errores que se incurren en la sentencia regulatoria de honorarios y su temática abarca la integridad de los puntos aprehendidos por ésta (conf.: "Díaz, Claudio Alberto vs. Marcaida Carlos Domingo s/Cobro ejecutivo de pesos", 23/10/98, CSJT).

Esta Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que la casación constituye un remedio excepcional, que requiere siempre el agotamiento de las vías ordinarias. De allí que necesariamente el interesado debe interponer el recurso de revocatoria contra la sentencia de Cámara, pues ése es el último medio impugnatorio de carácter ordinario y, por ende, la sentencia que resuelve la revocatoria es definitiva a los efectos de la casación. La falta de promoción de la revocatoria perjudica la admisibilidad de ese recurso extraordinario provincial (cfr. Brito Cardoso de Jantzon, "Honorarios de Abogados y Procuradores", pág. 152 y jurisprudencia allí citada en pág. 153).

El art. 32 de la ley 5480 normativiza de un modo específico el recurso de revocatoria contra las regulaciones practicadas por las Cámaras de Apelaciones, ya fueran confirmatorias o modificatorias de las practicadas por inferiores en grado, y no existe razón alguna para privar a los legitimados de este recurso de orden arancelario forense.

Señaló el tribunal que en los casos en que para llegar a la regulación fuera necesaria la sustanciación previa entre los interesados, el recurso de reposición constituye una excepción al art. 757 del CPCC, pues según la regla procesal sólo son susceptibles de revocatoria las resoluciones dictadas sin sustanciación. Es decir, que no obstante que el auto o sentencia regulatoria hubiera sido precedido de debate entre los interesados, igualmente es admisible la revocatoria (CSJTuc., entre otros: "Rojas, Marta del V. vs. Guido Coden s/Daños y perjuicios", sentencia del 03/8/95; "Santillán vda. de Salas, Magdalena M. y otros vs. Jorge R. Mambrini s/Daños y perjuicios, del 12/9/96).

4.- Si bien las cuestiones atinentes a la regulación de honorarios no son susceptibles de permitir la admisibilidad del recurso de casación, por no darse los supuestos de admisión previstos por el art. 815 CPCC, ese principio admite excepciones cuando, como en el caso, la impugnación casatoria, propone una cuestión jurídica referida a la violación de normas arancelarias, así como la arbitrariedad señalada precedentemente, siendo resolución, sobre este tema, definitiva para los recurrentes, quienes no podrán renovar el planteo, con lo cual no se trata de apreciar pautas que son de hecho, sino el sentido jurídico y la aplicación de normas de derecho que regularían el caso, invocándose la omisión y errónea aplicación de las mismas, suscitando cuestión de derecho que torna admisible el recurso deducido (arts. 813 y 815 CPCC).

5.- El vicio de arbitrariedad se ve plasmado en la sentencia que rechaza el recurso de revocatoria, toda vez que los agravios expuestos en el recurso de revocatoria del art. 32 de la ley 5480, han sido obviados en la misma. En efecto, este pronunciamiento, -salvo la sucinta explicación dada sobre el criterio adoptado por el tribunal en ponderar el importe del crédito como una pauta a tener en cuenta para la regulación, concluye afirmando que por razones de índole formal como sustancial, la regulación recurrida está ajustada a derecho (fs. 125 vta.)-, no contiene tratamiento alguno de los agravios del recurrente, soslayando toda consideración al respecto.

A fs. 106 la Cámara dice que "...si bien no está constituido por el valor del crédito hipotecario, cuya cancelación se demanda...", a fs. 125 vta. la resolución del 25/3/2002 considera que el "...objeto de la litis ha sido la cancelación de una hipoteca que garantizaba un mutuo que ya habría sido cancelado ...",subrayando que no estuvo en tela de juicio y que tampoco los jueces se pronunciaron en la cuestión referida a la extinción o no del préstamo cancelado con anterioridad. Resulta palmaria la contradicción, pues en una sentencia se entiende que se demanda la cancelación del crédito hipotecario, y en la otra se afirma que esa cancelación del préstamo no estaba en tela de juicio.

6.- Consecuentemente corresponde casar el pronunciamiento del 25 de marzo de 2002 en base a la siguiente doctrina legal: "Es nula la sentencia que declara la inadmisibilidad del recurso de revocatoria (art. 32 ley 5480) contra la sentencia dictada por el Tribunal de alzada con motivo del recurso de apelación que fue sustanciado, prescindiendo así de la normativa arancelaria local".

Por tales razones se dispone la remisión de la causa a la Excma. Cámara, a fin de que, por intermedio de la Sala que corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento sobre la procedencia del recurso de revocatoria articulado a fs. 177/178.

7.- Las costas del recurso de revocatoria denegado y las generadas en esta instancia, serán soportadas por su orden, en razón de que la nulidad proviene del acto jurisdiccional (art. 106, inc. 1° del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por los letrados Marcelo Fajre y Martín Abdala, por derecho propio contra la sentencia de fecha 25/3/2002 emitida por la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial. En consecuencia CASAR la misma anulándola en base a la doctrina legal enunciada en los considerandos y disponer la remisión de los autos al mencionado Tribunal, a fin de que, por intermedio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento. Devuélvase el depósito efectuado por los recurrentes.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR