Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-12-15


L. DE S. T° 106, F° 91/96 En la ciudad de San Juan, a 15 días del mes de diciembre del año dos mil nueve, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. PASCUAL E. ALFERILLO, y los señores Vocales DRES. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS y GILBERTO A. RIVEROS, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 20.236 (47.509 3° CIVIL) caratulados "BUSTOS, WILLIAM HUGO Y OTRO C/ SURATY GASTÓN GUSTAVO Y OTRO DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada en fecha diecinueve del mes de junio del año dos mil ocho, obrante a fs. 162-174, de estos autos originarios del Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El a quo en la sentencia dictada en fecha 19 de junio de 2008, encontró fundamento suficiente para declarar que el accidente motivo del proceso ocurrió por culpa exclusiva del codemandado, señor JOSÉ Luis Dávila, eximiendo de responsabilidad al codemandado Gastón Gustavo Suraty. A partir de ello condenó al mismo a pagar las sumas indicadas en los considerandos con los intereses allí determinados.

Contra este resolutorio, a fs. 175 la parte actora interpone recurso de apelación en cual debidamente concedido se elevan los autos a este tribunal ad quem donde se sustancia el mismo.

En la expresión de agravios, obrante a fs. 189, el actor recurrente requiere revocar parcialmente la sentencia en lo que respecta al quantum indemnizatorio de los daños físicos y daño moral otorgados al señor William Hugo Bustos y con relación al cómputo de los intereses del daño moral otorgado a la señora Susana Mónica Díaz.

Al especificar en el punto III) el primer agravio sostiene que luego de trascribir el considerando desarrollado por el a quo a fs. 171 sostiene que su parte resulta agraviada en tanto que el monto indemnizatorio arribado por el A quo para resarcir el daño físico resulta algo exiguo respecto de las implicancias físicas y las consiguientes limitaciones no sólo en el plano laboral sino toda la esfera de la vida del actor, más aún cuando las mismas por las secuelas que la agresión recibida reviste el carácter de permanente.

El detalle jurídico que diferencia a la dogmática nacional de otros sistemas normativos, se focaliza en la constitucionalidad del principio de reparación integral, conforme ha sido expresamente declarado por la Corte Federal en distintos pronunciamientos. Cita doctrina judicial.

Más adelante asegura que la incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en si misma tiene un valor.

La extensión del resarcimiento ha de ser establecida por el tribunal frente a cada caso concreto, apreciándose prudencialmente circunstancias variables útiles para cuantificar el daño.

Luego de continuar exponiendo de un modo genérico sobre la importancia del tema indica -a modo de síntesis que el monto fijado en la sentencia de grado resulta insuficiente para indemnizar las minusvalías físicas del actor, que huelga decir, revisten carácter de permanente, tal y como resulta del examen pericial efectuado luego de varios años de ocurrido el accidente y esto es así toda vez que éste no sólo no podrá volver a desempeñarse normalmente como jornalero, ni hacer changas, sino que tampoco podrá reinsertarse en el mercado laboral actual mas aún en San Juan donde la generalidad de las empresas exigen, a sus potenciales empleados, mediante rigurosos exámenes preocupacionales, contar con plena actitud física, resultado, redundante que el señor William Hugo Bustos, no pasará dichos exámenes toda vez que el mismo padece secuelas irreversibles debido al accidente. En otro orden de ideas la vida social deportiva, recreativa, etc. del actor también se verá cercenada por las limitaciones antes relatadas.

En el segundo agravio, cuestiona la suma de $5.000 fijada, precisando que el a quo ha omitido tener en cuenta que el actor quedó con una incapacidad del 18% luego de varios años de ocurrido el hecho que el mismo era jornalero que perdió el empleo al dejar de trabajar y de que hasta la fecha de interposición de la demandada no ha podido encontrar trabajo.

El recurrente luego de hacer un repaso por la doctrina judicial se pregunta de como puede fijarse indemnizaciones justas y trascribe lo que entiende que deben cumplir para merecer esa clasificación: Deben ser suficiente para cumplir su genuina función reparadora de los perjuicios, deben satisfacer un criterio de igualdad de tratamiento a quienes padecen menoscabos semejantes, deben ser cifras que puedan pagarse.

En función de ello sostiene que la cuantificación realizada por el juez de grado resulta insuficiente, razón por la cual se deberá revocar la sentencia recurrida en cuanto dicho ítem indemnizatorio.

El tercer agravio, se vincula con los intereses que integran el rubro daño moral que deben ser computados al igual que los otros rubros desde la fecha del hecho dañoso que motiva la acción de daños y perjuicios, caso contrario se estaría cercenando la función reparadora del daño moral. La reparación del daño moral no sería plena si se omitiese incluir los intereses moratorios. Por los demás siendo en puridad, la condena al pago del daño moral meramente declarativa corresponde que el cómputo de los intereses se realice desde el mismo día en el que acaeció el evento dañoso en tanto de tal modo cumplirán con su función resarcitorio.

El cuarto agravio se vincula con los intereses sobre el daño moral fijado en la suma de $ 3000 en favor de la señora Susana Mónica Díaz, sosteniendo idéntica posición que en el punto anterior.

Formula reservas.

Corrido traslado a la contraria, esta no ejerce su derecho conforme consta certificado a fs. 197 de autos.

Planteado de este modo el recurso de apelación, corresponde iniciar el estudio y resolución del primer agravio que está vinculado con la cuantía resarcitoria fijada por el daño a la capacidad física.

Con relación al punto se debe anticipar que el recurrente no ha cumplido con la premisa normativa fijada en el art. 265 del C.P.C., realizando una critica concreta y razonadas de las partes de la sentencia que estima equivocadas. En ese sentido, este tribunal ad quem en reiterado pronunciamientos ha definido que no basta con realizar una mera exposición de disconformidad con el fallo sino que es preciso desmoronar el edificio lógico jurídico construido por el a quo y, una vez obtenido ello, desarrollar los argumentos en los cuales se sustenta la pretensión recursiva.

En el caso, el recurrente no ha cumplido con la exigencia legal, pues como también tiene sostenido este tribunal, la circunstancia de que el contenido de la sentencia puesta en crisis sea deficitario en cuanto a las exigencia de un buen razonamiento judicial o en la debida justificación de los motivos por los cuales fija determinada cuantía indemnizatoria, ello no implica que el recurrente quede liberado de realizar la critica concreta y razonada del fallo y exponer sus argumentos de un modo apropiado.

En el caso, se verifica que a fs. 171 vta. el sentenciante refiere a la edad, a la actividad laboral del señor Bustos y al porcentaje de incapacidad pero no da explicación cierta de como influye cada una de estas pautas en la suma definida. Pero a su vez, el recurrente formula sus agravios del mismo modo, diferenciándose en que expone pautas doctrinarias dadas por los tribunales del mas alto nivel que no pueden ser desconocidas, pero que no bastan per se para justificar la pretensión un determinado monto que tampoco dice cual es o sería.

El apelante debió hacer una critica concreta, puntual diciendo cuales son las remuneraciones que percibe por sus labores y como las mismas influyen en la cuantía teniendo en cuenta la edad de la víctima y la incapacidad padecida.

En síntesis, en la apelación debe concretar en una suma determinada su reclamación pues el a quo en su sentencia fijó una cuantía cierta, que es necesario desacreditar como justa medida de la reparación pretendida.

En función de ello, debe desestimarse este agravio.

En cuanto a la queja relacionada con el daño moral fijado en favor del señor actor se fija en la suma de $ 5.000 a la fecha de la sentencia a lo cual se le adicionará intereses desde que quede firme y hasta su efectivo pago.

En este rubro, el recurrente de igual modo hace referencias genéricas que marcan su disconformidad con la cuantía determinada, pero a diferencia del ítems anterior, la determinación por las partes y por la jurisdicción tiene mayores dificultades por cuanto se trata de fijar una suma compensatoria por el dolor que ha padecido la víctima (pretium doloris), actividad que no es de fácil realización.

En este caso, la cuantía se ve profundamente influenciada por la queja paralela respecto al momento en que se determinó el principio del conteo de los intereses legales, dado que a diferencia del daño físico (fijado a la fecha del accidente) el daño moral se fijo a la fecha de la sentencia.

En el caso y dando respuesta a los dos reclamos, se entiende como adecuado elevar la suma establecida por daño moral a la suma de $ 7.000, pero su determinación es a la fecha del evento dañoso así guarda razonable proporción con todas las pautas y circunstancias que rodean el presente caso.

Justifica el incremento, el hecho de que el sufrimiento moral que padece la víctima es mayor en su caso por cuanto al ser una persona que logra el sustento económico que le permite vivir, mediante la utilización de la fuerza de su cuerpo, las minusvalías físicas repercuten mas fuertemente en su tranquilidad espiritual dado que ponen en duda su capacidad para obtener recursos a futuro. Por cierto que en la suma original ya se tuvo en cuenta el dolor y padecimiento sufridos en el cuerpo que han repercutivo en su psiquis. En cuanto al interés, el mismo se debe como lo viene sosteniendo este tribunal computar desde la fecha del accidente.

Ello es así por cuanto los intereses tienen su causa en la mora del obligado al pago del resarcimiento en hacer efectivo el mismo que se produce en forma simultánea con la generación del daño. En cambio, la determinación de la cuantía resarcitoria es la transformación de una deuda de valor (resarcir el daño) a una suma de dinero cierta, cuyo cálculo es independiente de los intereses.

Por ello, se propone incrementar la suma resarcitoria del daño moral a $ 7000 (pesos siete mil) con intereses desde la fecha del accidente.

Igual solución se propone para responder el agravio vertido con respecto de la suma resarcitoria fijada en favor de la señora Susana M. Díaz por daño moral, a la cual se le deberá adicionar los intereses desde la fecha del accidente. Es decir, corresponde hacer lugar a esta queja.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde admitir parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 175, concedido a fs. 176. En consecuencia se modifica el resolutorio impugnado elevando la suma fijada en concepto de daño moral a PESOS SIETE MIL ($ 7.000), a la fecha del evento dañoso, con intereses computados desde esa fecha. Asimismo a la suma resarcitoria fijada en favor de la señora Susana M. Díaz, en concepto de daño moral, se le deberán adicionar los intereses desde la fecha del accidente. Costas a cargo de la demandada vencida (art. 74 C.P.C.).

Los DRES. GILBERTO A. RIVEROS y CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Admitir parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 175, concedido a fs. 176. En consecuencia se modifica el resolutorio impugnado elevando la suma fijada en concepto de daño moral a PESOS SIETE MIL ($ 7.000), a la fecha del evento dañoso, con intereses computados desde esa fecha. Asimismo a la suma resarcitoria fijada en favor de la señora Susana M. Díaz, en concepto de daño moral, se le deberán adicionar los intereses desde la fecha del accidente.

II) Costas a cargo de la demandada vencida (art. 74 C.P.C.).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.