Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-28


Poder Judicial de la Nación TS06D 63809 28-03-12 SALA VI EXPTE Nº 21.743/2008 JUZGADO Nº 33 AUTOS: "POLICHENI JOSE JORGE C/ ASOCIART A.R.T. S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL" Buenos Aires, de	de 2012.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Llegan los autos a esta alzada con motivo de los agravios que, contra la sentencia de primera instancia de fs. 590/603, interpusiera la parte codemandada "ASOCIART ART S.A." Y "COMPAÑÍA NOROESTE S.A. DE TRABAJADORES" a tenor de los memoriales obrantes a fs. 604/605 y 613/616, respectivamente.

La magistrada de primera instancia hizo lugar a la demanda incoada por JOSÉ JORGE POLICHENI contra "COMPAÑÍA NOROESTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRANSPORTES" y condenó a ésta abonar al actor la suma de $70.000 con más los intereses dispuestos en concepto de indemnización por accidente de trabajo. Asimismo, hizo extensiva la condena a "ASOCIART A.R.T. S.A." hasta el límite de la póliza que resulta ser la suma de $17.800, con más los intereses. Impuso las costas del juicio a cargo de las demandadas con la salvedad que ASOCIART A.R.T. S.A. debe responder en función de su condena.

Ambas partes se alzan contra aquélla decisión.

La codemandada "COMPAÑÍA NOROESTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRANSPORTE" cuestiona la decisión en razón de que determina la existencia de nexo concausal entre la artrosis columnaria y la actividad desempeñada por el actor. Manifiesta que resulta insuficiente la única prueba producida en la causa, pericia médica, para tener por acreditada aquélla circunstancia fáctica. Señala que, por el contrario, no existe prueba que demuestre la existencia de esfuerzo en las tareas efectuadas.

Por otro lado, la aseguradora se agravia en razón de la valoración de la pericia médica efectuada por la sentenciante. Funda su apelación en el criterio mantenido por el Cuerpo Médico Forense en autos "AYALA C/ MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A." (Expte N° 17.374/88) y "RUIZ C/ INGENIERIA FABER S.A." (Expte N° 24.315/91) que, a su entender, descartan cualquier posible concausalidad entre la patología y la actividad laboral del accionante.

Considero que las manifestaciones efectuadas por las apelantes en sus respectivos memoriales recursivos no logran en modo alguno desvirtuar las argumentaciones en las que la jueza de grado funda su decisión.

Me explico.

Como se puede apreciar, el actor fundamenta su reclamo en lo que llama "enfermedad laboral o profesional" originada de la conducción de vehículos durante largas jornadas laborales en el extenso período durante el cual transcurrió la relación de trabajo. En vistas del modo en que quedó trabada la litis correspondía a la parte actora demostrar la existencia del daño resarcible derivado de los servicios dependientes y, en su caso, la configuración de los presupuestos de responsabilidad que obliguen a la empleadora a responder por esas consecuencias (art.377 CPCCN).

En primer lugar, se encuentra reconocida la prestación de tareas del accionante como conductor de transporte de automotores de pasajeros por el extenso período denunciado en la demanda (más de treinta años) y así surge de la peritación contable (v. fs.360 y mención de fs. 358vta., punto 3) a los datos que surgen de la certificación de servicios y remuneraciones: tareas del actor "chofer" y el carácter de los servicios: "Insalubres - D. 4257/68").

No se encuentra controvertido, en esta instancia, que el actor posea una incapacidad parcial y permanente del 18% de la total obrera de acuerdo a la Tabla de Incapacidades del Aparato Locomotor de los Dres, Romano y Fernández Blanco atribuible en partes iguales a factores constitucionales y al trabajo. Véase que la sentenciante le otorgó plena eficacia probatoria a las conclusiones periciales (arts.386 y 477 CPCCN) por considerar que fueron efectuadas sobre un razonamiento objetivamente fundado.

Ahora bien, la sentenciante consideró que de esa incapacidad sólo el 9% es atribuible concausalmente al trabajo efectuado por el accionante, por ello y teniendo en cuenta los términos de los agravios, corresponde dilucidar la cuestión en este aspecto.

Considero que la determinación en cuestión es una facultad plenamente judicial, que si bien puede verse influida por determinados factores médicos, no son los especialistas quienes deben expedirse y resolver al respecto ya que su potestad es estrictamente médica.

Por tanto, para dilucidar la cuestión relativa a la concurrencia de los presupuestos de responsabilidad civil (art. 1113 del C.C.) no corresponde atenerme a los términos médicos de la causa ni mucho menos, como pretende la apelante, a los mantenidos por el Cuerpo Médico Forense en autos ajenos al que trato -"AYALA C/ MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A." (Expte N° 17.374/88) y "RUIZ C/ INGENIERIA FABER S.A." (Expte N° 24.315/91). En este orden de ideas, concuerdo con la magistrada de grado en tanto no hay prueba en autos que indique que el actor fuera portador al inicio del vínculo contractual de signos que revelen una patología de la índole hallada y que permita descartar la concausalidad a la que refiere "a quo". No se cuenta con el examen preocupacional del trabajador que pudiere sostener aquélla posibilidad, la empleadora Compañía Noroeste de Transportes S.A. no le ha exhibido al perito contador el legajo del actor (v. fs.359vta). Tal circunstancia crea una presunción de certeza -no desvirtuada- respecto de las invocaciones del actor acerca de que a su ingreso se encontraba en óptimas condiciones de labor.

Considero que aquélla circunstancia y el reconocimiento efectuado de las tareas prestadas por el accionante, son suficiente para resolver la cuestión a favor del demandante.

Me explico.

La normativa dispone, para el supuesto que nos convoca que ".si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la volunta expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable." (art. 1113).

Coincido con la sentenciante de grado en el sentido de que las tareas desplegadas en un ómnibus en movimiento el cual debió ser conducido por el trabajador de manera habitual durante largas jornadas y por un considerable lapso (más de treinta años de labor) agrava del estado columnario del actor, y por lo dicho acerca de su "óptimo" estado de salud al ingresar concluyo que la minusvalía detectada en el actor se debe al riesgo de la actividad desarrollada no habiéndose probado ningún eximente de responsabilidad.

Agrego que, teniendo en cuenta que no se trata de un accidente sino de una afección agravada por el trabajo, considero que la conjunción de las circunstancias mencionadas convirtió al trabajo que estaba cumpliendo el trabajador en la cosa riesgosa o viciosa prevista por el Código Civil pues, si bien la tarea de "conductor" no puede ser considerada en forma genérica como una cosa riesgosa, no hay cosa peligrosa en función de su naturaleza sino de las circunstancias, y el damnificado no está obligado a comprobar el carácter peligroso de la cosa que lo ha dañado, sino que le basta establecer la relación de causalidad entre la cosa y el daño, quedando a cargo de la demandada, como dueña o guardiana, acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.

En este sentido se pronunció el más Alto Tribunal el 28/04/92, en autos Machicote, Ramón Hugo c/ Empresa Rojas S.A.C. Fallos 315:854. A saber: "a fin de determinar la operatividad del art.1113 del Código Civil no cabe imponer al reclamante la carga de probar la configuración del riesgo de la cosa dañosa, toda vez que para esta disposición basta con que el afectado demuestre que el daño causado y el contacto con aquélla, quedando a cargo de la demandada, como dueña o guardiana, acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder".

En el caso, el conjunto operativo, es decir el modo en que se cumplió con el trabajo, creaba una situación de peligro inminente y las lesiones del actor constituyeron la desgraciada actualización de esta situación de peligro derivada del riesgo o vicio de la cosa -conductor de transporte de automotores de pasajeros durante largas jornadas y durante más de 30 años, art. 2311 CC- por lo que corresponde responder por ellas en los términos del artículo 1113.

Por lo demás, toda vez que se encuentra reconocida su calidad de aseguradora al momento de la consolidación del daño, corresponde hacerla responsable a "ASOCIART A.R.T. S.A." en los límites de la póliza suscripta en el marco de la ley 24.557 en tanto, sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera ejercerse de conformidad con lo dispuesto en el art. 47 de dicho cuerpo legal, el empleador ésta obligado por la misma legislación a contratar un seguro y, en definitiva, si se eximiere de responsabilidad a la aseguradora se desvirtuaría la finalidad del contrato ya que generaría un enriquecimiento sin causa a favor de la A.R.T. que percibió la póliza. Por tanto, corresponde rechazar el agravio de la aseguradora de riesgos del trabajo.

En virtud de lo precedentemente expuesto y teniendo en cuenta que no se ha cuestionado el monto de condena dispuesto, corresponde confirmar el fallo apelado en este aspecto.

Finalmente, "COMPAÑÍA NOROESTE SOCIEDAD ANONIMA DE TRANSPORTES" apela los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y a los peritos médico y contador por considerarlos elevados. Por ello, teniendo en cuenta las pautas arancelarias vigentes, el monto del proceso, la naturaleza y complejidad del litigio, el resultado obtenido y la calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales realizados; estimo equitativas las regulaciones de honorarios cuestionadas y, en consecuencia, propicio su confirmación (cfr. arts. 38, L.O.; ley 21.839; dec.-ley 16.638/57; ley 24.432).

Por los motivos precedentemente expuestos, de prosperar mi voto, propongo: Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. Las costas de alzada se impondrán del mismo modo que han resultado las de la instancia anterior (conf. Art. 68 del C.P.C.C.N.) y, a ese fin, corresponde regular los honorarios de los representantes letrados intervinientes en esta alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda por sus labores en la instancia previa (cfr. Art. 14, ley 21.839).

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. II) Imponer las costas de alzada del mismo modo que han resultado las de la instancia anterior. III) Regular los honorarios de los representantes letrados intervinientes en esta alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda por sus labores en la instancia previa.

Regístrese, notifíquese y vuelvan Bg JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID JUEZ DE CAMARA GRACIELA L. CRAIG JUEZ DE CAMARA