Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-20


2º Instancia.- Buenos Aires, noviembre 20 de 2008.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? El doctor Kölliker Frers dijo:

I. Hechos del caso.

1) Aníbal Gabriel Venialgo promovió demanda contra "Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A." (en lo sucesivo, "Compañía de Radiocomunicaciones") por daños y perjuicios, reclamando el cobro de la suma de pesos diez mil ($ 10.000) -o lo que en más o en menos resultase de la prueba producirse en autos-, con más sus intereses y costas.

Relató que el 03.12.02 intimó, mediante carta documento, a la contraria para que en el plazo de cuarenta y ocho (48) hs. se abstuviese de seguir aplicando el cargo por "gestión de cobranzas" y reintegrase las sumas percibidas por tal concepto desde el 29.01.02, fecha en la que se habría solicitado la reactivación de la línea hasta el día en que se envió la mentada misiva.

Sostuvo que, en reiteradas oportunidades, efectuó similar reclamo telefónicamente, debido a que su inclusión en la cuenta significaba un incremento del 30% en el costo del servicio, siendo que su plan poseía un costo fijo de $ 35 que le permitía realizar llamadas por cincuenta (50) minutos. Agregó que la percepción del cargo por "gestión de cobranzas" no se encontraba prevista en el contrato de adhesión suscripto por las partes, ni en el Reglamento o demás Resoluciones de la Comisión Nacional de Comunicaciones.

En ese contexto, expuso que el perjuicio económico que la aplicación del mencionado cargo -por $ 8,33- le irrogaba a los consumidores era claramente inconstitucional y equivalía a un aumento de tarifa encubierto del 30%.

Así las cosas, reiteró que intimó a la accionada a fin de que abonase los intereses que los importes por cargos de gestión de cobranzas devengaron, así como los daños y perjuicios derivados de la imposición de tales cargos. Aclaró que dicha misiva no fue contestada por la contraria, lo que motivó el envío de una nueva misiva, la que tampoco fue respondida, incumpliendo aquella de ese modo con lo establecido por el art. 44 de la Resolución 490/97.

Expresó que si bien las referidas epístolas no fueron contestadas por "Compañía de Radiocomunicaciones", posteriormente, dicha parte ofreció acreditarle, por un lado, tres (3) meses del cargo por "gestión de cobranzas" y, por otro, todos los importes del cargo en cuestión pero sin intereses, ofrecimientos -estos- que fueron desestimados por su parte.

Puntualizó, sin embargo, que en el mes de enero de 2003 la demandada acreditó unilateralmente en su cuenta -Nº 6107248- la suma de $ 42,35 por el concepto "ajuste cargo por gestión de cobranzas", lo que -a su entender- implicaba un claro reconocimiento de la ilegitimidad del aludido cargo.

Frente a tales acontecimientos, recurrió al trámite de mediación previa obligatoria sin poder arribar a acuerdo alguno, viéndose así forzado a iniciar la presente acción judicial.

En definitiva, reclamó el reintegro de los importes percibidos por el cargo "gestión de cobranzas", como así también el resarcimiento de los daños y perjuicios (daño material y moral) que adujo haber padecido con motivo de la inclusión del mentado cargo en su facturación.

Con posterioridad a la iniciación del pleito el accionante amplió su demanda en fs. 54/5, aduciendo que con fecha posterior a la interposición de la acción "Compañía de Radiocomunicaciones" incorporó, en la factura correspondiente al mes de junio de 2003, un nuevo cargo por "gestión de cobranzas", hecho del que extrajo que la accionada aún no había cesado en su postura consistente en seguir debitando el cargo cuestionado. Acompañó, en esa oportunidad, copia del contrato de adhesión que vinculaba a las partes del proceso, el que fue incorporado a los antecedentes de la litis.

2) Corrido el traslado de ley, compareció al juicio la demandada "Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A.", quien contestó la demanda incoada y se opuso al curso de la pretensión, con costas a cargo del accionante (v. fs. 71/5 vta.).

Luego de efectuar una negativa genérica y particular de los hechos invocados en el escrito inicial, señaló que el cargo por "gestión de cobranzas" no se aplicaba a todos los usuarios sino sólo a aquellos que no abonaban en tiempo y forma el servicio contratado, siendo éste el motivo por el cual el indicado concepto le había sido facturado al actor.

Indicó que si bien el contrato no preveía la imposición de dicho cargo tampoco la prohibía expresamente, razón por la cual este último debía ser considerado legítimo y por ende aplicado a los usuarios en caso de mora en los pagos. Ello así, por cuanto los intereses moratorios contractualmente previstos tenían por finalidad resarcir el costo financiero que implicaba no contar con el capital en tiempo oportuno, mas no cubrían las consecuencias administrativas derivadas de la falta de pago en término de las facturas como v.g. los llamados telefónicos, el envío de cartas documentos, etc.

Destacó que, concomitantemente con ello, el contrato preveía para el supuesto de suspensión del servicio por falta de pago en término de las facturas la obligación, por parte del cliente, de abonar el "cargo de reconexión", concepto -este- que resultaba más oneroso para el usuario que el de afrontar el "cargo por gestión de cobranza" que aquí se trata.

Finalmente, refirió que el accionante no hubo determinado en definitiva los rubros que integraban la suma de $ 10.000 pretendida, ni tampoco demostró la relación de causalidad existente entre el daño presuntamente padecido por aquel y la actuación de su parte.

3) Producida la prueba que dan cuenta las certificaciones de fs. 164 y 170, se pusieron los autos para alegar, haciendo uso de tal derecho tanto el actor como la accionada, conforme piezas que lucen agregadas a fs. 177/8 vta. y 181/3, respectivamente, y dictándose finalmente sentencia a fs. 189/94.

II. La sentencia recurrida.

En el fallo apelado, la Señora Juez de grado resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda deducida, condenando a la demandada "Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A." a abonar al actor las sumas indebidamente percibidas por aquella en concepto de cargo por "gestión de cobranza", con más sus respectivos intereses, calculados a la tasa utilizada por el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta (30) días, sin capitalizar, previa deducción de los importes ya acreditados y las costas del pleito.

Para así decidir, la a quo valoró: i) que según lo había reconocido la propia accionada, el cobro del cargo por "gestión de cobranza" no se encontraba expresamente previsto en el contrato originariamente suscripto con el actor, pues, tal como surgía del instrumento reservado a fs. 52/3, en los casos en que las facturas no fueran abonadas dentro de los plazos de vencimiento establecidos, el prestador no debía cobrar dicho cargo, sino suspender el servicio, debiendo abonar el cliente moroso, para obtener su reconexión, el monto original, los recargos por mora y el derecho de rehabilitación vigente; ii) que si bien era cierto que a partir del informe de la Comisión Nacional de Comunicaciones la demandada invocó la posibilidad prevista en la cláusula d 1) de modificar los términos o condiciones de la solicitud, de la prestación o de la facturación, lo cierto era que según lo normado por el art. 1355 del Cód. Civil para el contrato de compraventa -aplicable al sub-lite-, no resultaba admisible la posibilidad de que sus condiciones pudiesen ser modificadas unilateralmente; iii) que el cargo por "gestión de cobranzas" fue incluido recién en los contratos tipo de fecha posterior, en los que recién se previó que la falta de pago oportuno de la factura hacía incurrir al usuario en mora sin necesidad de interpelación alguna, facultando a "Compañía de Radiocomunicaciones" a interrumpir el servicio y facturar intereses compensatorios a la tasa allí fijada, con más un cargo por "gestión de cobranzas", supuesto que no sería el del sub-lite; iv) que, en ese contexto, era dable concluir en que la accionada debitó un cargo no previsto, carente de norma alguna que lo autorizara; y, finalmente; v) que la demandada no había brindado explicación de ningún tipo que justificase la emisión de una nota de crédito por la suma de $ 42,35, incluida en la liquidación con vencimiento el 03.02.03, obrar -este- que debía interpretarse como un reconocimiento tácito de la ausencia de causa para la realización de los débitos por el concepto allí reintegrado.

Con base en lo expuesto, acogió parcialmente la demanda, condenando a la accionada al reintegro de las sumas indebidamente percibidas en concepto de cargo por "gestión de cobranzas", con más los intereses referenciados supra; rechazando por el contrario el resarcimiento pretendido en concepto de daño moral, debido a la falta de prueba acerca de la existencia de perjuicio.

III. Los agravios.

Contra dicho pronunciamiento se alzó la demandada, cuyo recurso de apelación fue concedido a fs. 204, fundado a fs. 236/40 vta. y contestado a fs. 245/6 vta.

"Telefónica Móviles Argentina S.A." (antes, "Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A.") se agravió porque: i) la a quo ordenó genéricamente, sin que el actor lo hubiese solicitado, la restitución a este último de las sumas percibidas indebidamente en concepto de cargo por "gestión de cobranzas", cuando, en realidad, el reclamo de Venialgo había quedado circunscripto a la única factura anejada como prueba documental; ii) tampoco tuvo presente que fue la mora del actor lo que motivó el cobro del cargo por "gestión de cobranzas"; iii) el accionar de su parte no fue ilegal, toda vez que al momento de incorporar a la factura el cargo por "gestión por cobranzas", lo hizo contando con la facultad de modificar los términos y las condiciones del contrato que unía a ambas partes, no resultando aplicable a la especie lo dispuesto por el art. 1355 de Código Civil, y, finalmente; iv) no correspondió la imposición de costas a su parte, máxime considerando que medió además el rechazo de la reparación por daño moral también pretendida.

IV. La solución propuesta.

I. El thema decidendum.

Esbozados del modo expuesto los antecedentes del caso, el thema decidendum en esta Alzada consiste, en definitiva, en determinar si, a la luz de los agravios vertidos por la accionada y las normas contractuales y reglamentarias que rigen la actividad de la accionada, esta última obró -o no- en forma ilegítima al aplicar el cargo por "gestión de cobranzas" cuestionado por el actor o si, por el contrario, "Compañía de Radiocomunicaciones" se hallaba facultada a efectuar ese cargo y/o a modificar unilateralmente los términos y condiciones del convenio celebrado entre las partes para poder percibirlo. A todo evento y sólo en la hipótesis de constatarse que el obrar de la demandada no se ajustó a tales directivas contractuales o reglamentarias- corresponderá examinar además cuál es el alcance pecuniario que corresponde asignar al reclamo deducido por el demandante, para concluir finalmente en el tratamiento del régimen de imposición de costas, también cuestionado ante esta Alzada.

Dentro de este marco, razones de orden metodológico hacen conveniente comenzar refiriendo al agravio de la quejosa relativo a la dilucidación de lo concerniente a la ilegitimidad -o no- del cargo por "gestión de cobranzas" aplicado al accionante, materia -esta- que constituye el fondo de la cuestión debatida y de cuya suerte depende la de los restantes aspectos traídos a consideración de esta alzada. A ello me abocaré seguidamente.

2) La legitimidad del cargo "gestión de cobranzas" en el marco del contrato celebrado entre las partes y la reglamentación vigente en la materia.

Efectuado un análisis integral de la contratación anudada entre los litigantes, así como del Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles, aprobado por la Resolución 490/97 de la Secretaría de Comunicaciones, es dable concluir que si bien estaba previsto contractualmente y autorizado por el Reglamento el cargo por "gestión de cobranzas", la aplicación de dicho cargo aparecía condicionada, tanto en el régimen contractual como en el reglamentario, a que mediara una interrupción o suspensión del servicio originado en la mora en el pago de las facturas.

En efecto, la cláusula 23º inserta en el contrato que unía a las partes, titulada "Mora. Interrupción y baja del SCM ("Servicio de Comunicaciones Móviles"), establece que: "la mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de interpelación o notificación previa (art. 509 del Código Civil); y dará derecho a CRM ("Compañía de Radiocomunicaciones Móviles"), a: i) interrumpir el SCM; y ii) facturar y exigir el pago de intereses compensatorios, a tasas de mercado vigentes al momento del efectivo pago, con más un cargo por gestión de cobranzas del SCM en mora, y un cargo por interrupción del SCM. Interrumpido el SCM, por CRM, si el cliente fuere titular de 2 (dos) o más SCM, CRM podrá suspender tales SCM, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 33 del Reglamento" (véase fs. 83 del convenio, cuya autenticidad no fue desconocida por la demandada).

Obsérvase, en tal sentido, que la redacción de la cláusula transcripta utiliza la conjunción copulativa "y", en lugar de la disyuntiva "o", lo que significa que en caso de mora en la cancelación de lo adeudado, la compañía accionada debía interrumpir (o suspender) el servicio de telefonía móvil prestado y luego exigir al cliente moroso el pago de intereses compensatorios, con más la aplicación del cargo por "gestión de cobranzas" e "interrupción del servicio". Es decir, antes de cobrar los cargos era menester disponer la suspensión del servicio. Eso es lo que de una recta interpretación -además de literal- surge de la cláusula transcripta, infiriéndose de ello que una vez suspendida la prestación era posible que la compañía percibiese, junto al saldo adeudado, los intereses y cargos por "gestión de cobranzas"; a lo que se sumaba que si el usuario pretendía la reconexión al sistema de comunicaciones móviles, debía abonar, además de los gastos anteriores y el cargo por "reconexión del servicio" (véanse cláusulas 23 y 24º a fs. 83 del convenio y fs. 41 cláusulas t y u, instrumentos -estos últimos- que no fueron desconocidos por la accionada en la contestación de demanda de fs. 71/5).

En igual sentido, la Resolución 490/97 de la Secretaria de Comunicaciones -aplicable al sub-examine- prevé el procedimiento a seguir en caso de falta de pago en término de las facturas, a saber: "en los casos en que las facturas y recargos que pudieran corresponder no fueren abonados dentro de los plazos de vencimientos establecidos en las facturas, el prestador podrá proceder a la suspensión del servicio", agregándose que "suspendido el servicio hasta la baja definitiva o el levantamiento de la suspensión por el prestador ante el pago, el cliente moroso deberá pagar además del monto original, los recargos por mora y el derecho de rehabilitación vigente si correspondiere, de acuerdo con las políticas de cada prestador y según lo establecido en las condiciones del contrato de prestación del servicio".

De su lado, de la contestación de oficio expedida por la Comisión Nacional de Comunicaciones obrante a fs. 159/60, surge que el servicio de radiocomunicaciones móviles celulares se encuentra desregulado y en plena competencia, estableciéndose en el art. 2º del Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles aprobado por Resolución del Registro de la Secretaría de Comunicaciones Nº 490 del 14.04.97 que "las relaciones entre los prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles y sus clientes se regirán por los respectivos contratos de prestación de servicios y, supletoriamente, por este reglamento" (v. fs. 159). Es decir, el propio régimen reglamentario efectúa una remisión directa al contrato concertado entre las partes aplicándose dicho régimen sólo en forma subsidiaria. Con independencia de esta precisión sobre la prevalencia del régimen contractual por sobre el reglamentario, lo cierto es que también desde la perspectiva de este último la solución sería la misma. En efecto, el ente regulador informó -en cuanto a las consecuencias derivadas de la mora del usuario del servicio- que tanto el reglamento como el contrato tipo aprobado establecían la facultad del prestador de suspender el servicio de telefonía celular y cobrar recargo por mora, como así también, el derecho de rehabilitación (v. informe obrante a fs. 160), lo que permite concluir que tanto atendiendo a la letra del contrato como a la del reglamento del servicio de comunicaciones móviles, la suspensión del servicio constituía una condición necesaria para el cobro del cargo por "gestión de cobranzas".

Repárese en que en ninguna de estas regulaciones se dispone como posibilidad alternativa la de cobrar directamente los costos por "gestión de cobranzas" sin previamente ordenar la suspensión del servicio. Síguese de ello que la aplicación del cargo por parte de la accionada, de manera autónoma y sin la interrupción del servicio, devino ilegítima.

En este marco, entiendo que resulta inviable la defensa articulada por la accionada relativa a que según los términos del contrato, su parte estaba facultada para modificar unilateralmente las condiciones contractuales preestablecidas. Ello así, pues más allá de resultar abusiva dicha prerrogativa -propia de los contratos por adhesión como el que nos ocupa, en los que la parte fuerte de la relación procura arrogarse mayores ventajas, en perjuicio de los derechos del consumidor- lo cierto es que su invocación por la demandada en esta instancia resulta contradictoria con su obrar anterior, consistente en haber acreditado al actor, mediante una nota de crédito, la suma de $ 42,35 por algunos de los cargos cuestionados (hecho que -por otra parte- no fue desconocido por la accionada en su responde de fs. 71/5). Tal circunstancia no implicó otra cosa que el reconocimiento tácito de la antijuridicidad de su anterior accionar caracterizado por la imposición de dicho cargo.

En tal sentido, demás está decir la importancia que en la interpretación de los contratos tiene la conducta a la que las partes se han ajustado con posterioridad a la celebración del contrato, dando lugar a lo que se ha denominado la hermenéutica "viva" de los negocios, prevista expresamente en el art. 218, inc. 4º Cód. Comercio. De ahí se sigue que si uno de los contrayentes (en la especie, la demandada) se atribuye facultades contrarias a las que su propia conducta anterior ha generado, no puede luego desconocer los efectos que de ella se derivan sin contrariar el principio general de la buena fe -art. 1198 Cód. Civil- y aquel otro que es su consecuencia conforme al cual no es lícito volver sobre los propios actos (cfr. esta CNCom., esta Sala A, mi voto, del 12.07.07, in re "Juncal Empresa de Viajes y Turismo S.A. c/International Air Transport Association (IATA) y otro s/ordinario"; en igual sentido, 30.04.85, "Beotegui, Rodolfo c/Carfina Cía. Fciera. SA."; íd., 20.02.80, "Bellone"; íd., 15.11.89, "Urundel del Valle"; íd., Sala B, 09.09.92, "Saint Honore SA c/Medias Paris SA s/ord."; íd., 03.11.97, "Cavallaro, Orlando c/Sinopoli, Nicolás s/sum."; íd., 28.09.93, "Plásticos las Marianas S.A. c/Pesquera Santa Elena s/ord."; íd., 09.09.92, "Saint Honore SA"; íd., 30.05.97, "Industrias de Maíz c/Holande S.A.", entre muchos otros).

Y -justamente- una de las consecuencias del deber de obrar de buena fe y de la necesidad de ejercitar los derechos observando dicha pauta, es la exigencia de un comportamiento coherente. Este imperativo de conducta significa que, cuando una persona dentro de una relación jurídica ha suscitado en otra con su proceder una confianza fundada, conforme a tal principio en una determinada actuación futura, según el sentido a objetivamente deducido de la conducta anterior, no debe defraudar la confianza despertada, siendo inadmisible todo comportamiento incompatible con ella (cfr. esta CNCom., esta Sala A, mi voto, del 12.07.07, in re "Juncal c/IATA y otro s/ordinario", cit. precedentemente; esta CNCom., esta Sala A, 24.11.80, in re "Copes Juan Carlos c/Codic Producciones S.R.L."; cfr. Luis Diez de Picaso Ponce de León, "La doctrina de los propios actos", Ed. Bosch, Barcelona, pág. 142).

En esa línea, sabido es que venire contra factum proprium, significa que el acto de ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad es inadmisible cuando con él la persona se pone en contradicción con el sentido que objetivamente y de acuerdo con la buena fe habría de darse a su conducta anterior, conformándose de ese modo la regla antes mencionada de acuerdo a la cual se encuentra vedada cualquier pretensión incompatible o contradictoria con la conducta anterior (cfr. esta CNCom., esta Sala A, del 12.07.07, in re "Juncal c/IATA...", cit. supra; cfr. Luis Diez Picaso, en su prólogo a la obra de Franz Wieacker, "El principio general de la buena fe" (Ed. Civitas, pág. 21).

Síguese de ello la inadmisibilidad de la postura de la apelante al pretender sostener la legitimidad del cargo por "gestión de cobranzas", por resultar dicha posición incompatible y contradictoria con su propio obrar anterior, consistente -como ya se adelantó- en haber acreditado -por nota de crédito del 18.01.03- el importe relativo a los cargos correspondientes a cinco (5) meses, cobrados en forma ilegítima.

A lo anterior se adiciona la no poco relevante circunstancia de que la demandada no logró acreditar en estas actuaciones que el cobro de los cargos que se imputan al actor hayan tenido su origen en la falta de pago en término del servicio prestado, al no haberse especificado ni siquiera el período en que dicha mora presuntamente se habría producido (v. fs. 73 y vta.). Tampoco se probó que el cargo por reconexión del servicio resultaba más oneroso que el cargo que aquí se pretende.

Al respecto, cabe recordar el art. 377 CPCCN pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y ello no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso (esta CNCom., esta Sala A, 14.06.07, in re "Delpech, Fernando Francisco c/Vitama S.A."; ídem, 14.08.07, in re "Abraham, Miguel Angel c/Empresa de Transportes Fournier S.A. y otros").

La consecuencia de la regla enunciada es que quien no ajuste su conducta a esos postulados rituales debe necesariamente soportar las inferencias que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus respectivos planteos (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 12.11.99, in re "Citibank NA c/Otarola, Jorge"; íd., esta Sala A, 06.10.89, in re "Filan SAIC c/Musante Esteban"; íd., Sala B, 16.09.92, in re "Larocca, Salvador c/Pesquera Salvador"; íd., Sala B, 15.12.89, in re "Barbara Alfredo y otra c/Mariland SA y otros", entre muchos otros).

La carga de la prueba actúa, entonces, como un imperativo del propio interés de cada uno de los litigantes y quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito (véase CNCom., esta Sala A, 29.12.00, in re "Conforti, Carlos Ignacio y otros c/B. G. B. Viajes y Turismo S.A.").

Bajo tales lineamientos, el hecho de no haberse acreditado mínimamente siquiera la época en que se habría producido la mora del actor que autorizaría la aplicación de los cuestionados cargos, termina por sellar, más allá de la antes aludida ilegitimidad del cargo de acuerdo con las normas contractuales y reglamentarias aplicables, la suerte del principal planteo defensivo efectuado por la quejosa ante esta Alzada, determinando ello su rechazo.

3) Sobre la extensión de la obligación de reintegro.

Alcanzada esta conclusión, resta pasar a examinar el agravio relativo a la extensión y alcances de la obligación de reintegro dispuesta en la sentencia apelada, ya que, de acuerdo con el criterio sustentado por la recurrente, la Magistrado de grado condenó más allá de lo peticionado por el accionante en su demanda, esto es, en forma ultra petita.

Se quejó, en este sentido, la accionada de que la anterior juzgadora hubiese ordenado genéricamente a su parte, y sin que el actor lo hubiese solicitado, reintegrar a aquel "las sumas percibidas indebidamente en concepto de cargo por gestión de cobranzas" con más los intereses allí explicitados, con deducción de los importes ya acreditados, cuando en realidad el demandante habría circunscripto su reclamo al contenido de una única factura acompañada como prueba documental (v. fs. 236 y vta.). Ello, con independencia de que además, la petición del accionante se había limitado solamente a requerir la indemnización por los daños y perjuicios derivados del comportamiento ilegítimo de su parte y no el reintegro del dinero supuestamente percibido en forma indebida por los cargos de gestión de cobranzas (véanse fs. 236/7 de la expresión de agravios).

Pues bien, ingresando en el examen de dicha queja, y luego de efectuar una atenta lectura de la demanda acerca de la materia en debate, debo comenzar por reconocer que el objeto de esta última aparece descripto de una manera ciertamente confusa e imprecisa, a punto tal de que sólo por vía de inferencias es posible arribar a una convicción mínima acerca de cuál fue la verdadera esencia del reclamo deducido por Venialgo en este punto. Desde tal perspectiva, y soslayando la cuestión relativa a la falta de determinación del daño moral (que no fue materia de agravio en esta instancia), en el caso específico del reintegro de los cargos indebidamente aplicados, corresponde considerar como objeto de la pretensión el que fuera volcado en el intercambio epistolar habido entre los litigantes con anterioridad a la interposición de la presente acción; intercambio al que el actor se remite en su escrito inicial, y del que resulta que este último intimó a la contraria a que "se abstenga de seguir aplicando el concepto de cargo por gestión de cobranzas, así como también, proceda al reintegro total de las sumas cobradas por dicho concepto desde el 29.01.02 hasta el día de la fecha", es decir, hasta el 03.12.02 -fecha de envío de la primera carta documento remitida por Venialgo- (véase escrito de demanda a fs. 33 y carta documento obrante a fs. 15). De tal suerte, si bien asiste razón a la quejosa en cuanto a que no medió claramente un reclamo del tipo que fue reconocido en la sentencia, cuadra considerar que el mismo se encuentra implícito a la luz de los antecedentes previos al litigio, puesto que, tal como lo evidencia el propio intercambio epistolar anterior a la iniciación del pleito, no era otro el objeto de los reclamos realizados por el accionante frente a la accionada.

Ahora bien, así como no puede discutirse que éste fue en realidad el objeto de la acción, también debe admitirse que la Señora Juez de grado no brindó precisión alguna relativa al lapso a tener en cuenta para efectuar el reintegro pretendido, aspecto que debe ser esclarecido pues, como bien lo señala la recurrente, la condena no puede ir más allá de lo específicamente reclamado por el actor en su demanda. Corresponde, entonces, dejar aclarado que la condena de autos queda circunscripta al período indicado en el parágrafo precedente, lo que implica que el reintegro habrá de quedar acotado a los cargos por "gestión de cobranzas" devengados durante el referido período exclusivamente y siempre, claro está, con deducción de los importes ya acreditados. Con este único alcance cabrá, pues, acoger parcialmente el recurso interpuesto por la apelante.

4) Las costas del proceso.

4.1. Finalmente, en relación al curso de las costas, tema que también fuera materia de agravio por parte de la recurrente, el principio general en esta materia es que la parte vencida en el juicio deba pagar todos los gastos de la contraria, pues éstos son corolario del vencimiento y se imponen no como sanción sino como resarcimiento de los gastos casuídicos que debe reembolsar el vencido (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 26.09.07, mi voto, in re "Vila Mabel Alejandra c/Garantía Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ordinario"; íd., 01.09.87, in re "Iglesias Enrique c/Pianotours S.R.L."; ídem, 28.04.89, "Servigas del Interior S.A (en liquidación) c/Agip Argentina S.A. s/ordinario").

La Corte Suprema ha resuelto en reiteradas oportunidades que el art. 68 CPCC consagra el principio del vencimiento como rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: de modo que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (CSJN, Fallos, 312:889, entre muchos otros).

En esa inteligencia, aprecio, en plena coincidencia con el sentenciante de la anterior instancia, que en lo atinente a las costas del proceso, corresponde imponerlas a la parte demandada (CPCCN: 68) habida cuenta que, aún no habiendo progresado íntegramente la pretensión esgrimida, dicha parte ha resultado sustancialmente vencida en la contienda.

Ello así, por cuanto comparto el criterio jurisprudencia) que propugna, en las acciones de daños y perjuicios, la imposición de costas a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio, de acuerdo a una apreciación global de la controversia y con independencia que las reclamaciones del perjudicado hayan progresado parcialmente con relación a la totalidad de los rubros o montos pretendidos, sin que quepa sujetarse en esta materia a rigurosos cálculos aritméticos (esta Sala, 06.10.89, "Cichelli, José c/Hilu Hnos. S.A."; íd., 31.03.93, "Pantano Ventura c/España y Río de la Plata Cía. Argentina de Seguros s/sum."; íd., 08.11.02, "Stagno, Carlos Alberto c/Banco Río de la Plata S.A. s/ordinario"; íd., 16.06.92, "Consevik S.A. c/Ventura, Sebastián"; íd. Sala C, 14.02.91, in re "Enrique R. Zenni y Cía. S.A. c/Madefor S. R. L. y Otro s/Ordinario"; íd. 22.12.99, in re "Burgueño, Walter Ricardo c/banco Mercantil S.A. s/ordinario"; íd. 12.12.03, in re "Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión c/Torneos y Competencias S.A. s/ordinario"; íd. 30.12.03, in re "Marcolín Carlos Alberto c/Resero Sociedad Anónima Industrial, Agropecuaria, Comercial y Financiera s/ordinario", entre muchos otros).

En tales circunstancias, no puede sino concluirse que las costas de la anterior instancia fueron correctamente impuestas a la demandada, dada su condición de sustancialmente vencida en la contienda (CPCC: 68). Cuadra por ende rechazar los agravios de la quejosa en lo que al punto tratado se refiere.

4.2. En cuanto a las costas de Alzada, en atención al resultado alcanzado en ésta y a que la recurrente pudo creerse razonablemente con derecho a reclamar ante esta instancia en función de lo confuso y oscuro del libelo en punto a la determinación del objeto de la demanda, habré de proponer, en virtud de lo dispuesto por el art. 68, párr. 2º CPCC, que éstas sean afrontadas en el orden causado.

V. Conclusión.

Como corolario de lo hasta aquí expuesto propicio al Acuerdo:

(1.) Receptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la demandada, y por ende modificar la sentencia de la anterior instancia únicamente en lo relativo a la delimitación del período de reintegro por cargos de gestión de cobranzas, el que habrá de quedar comprendido entre el 29.01.02 y el 03.12.02, con los alcances establecidos en el considerando IV.3, confirmándola en todo lo demás que decide y fue materia de agravio.

(2.) Imponer las costas de Alzada en el orden causado por las razones explicitadas en el considerando IV. 4.2 (CPCCN: 68, párrafo 2º).

Así voto.

Por análogas razones, las doctoras Míguez y Uzal adhieren al voto precedente.

Buenos Aires, noviembre de 2008.

Y Vistos: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:(1.) Receptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la demandada, y por ende modificar la sentencia de la anterior instancia únicamente en lo relativo a la delimitación del período de reintegro por cargos de gestión de cobranzas, el que habrá de quedar comprendido entre el 29.01.02 y el 03.12.02, con los alcances establecidos en el considerando IV.3, confirmándola en todo lo demás que decide y fue materia de agravio.(2.) Imponer las costas de Alzada en el orden causado por las razones explicitadas en el considerando IV. 4.2 (CPCCN: 68, párrafo 2º).- María E. Uzal.- Isabel Míguez.- Alfredo A. Kölliker Frers.