Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-11-30


Autos N° 5.934 (J.P.L.G.S.J., Santa Lucía, N° 9.025/17), caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Molina, Nelson Dante - Ejecutivo".

--------- San Juan, 30 de noviembre de dos mil dieciocho. ----------------------------------------------------- --------- Y Vistos: --------------------------------------------- --------- Para resolver el recurso de apelación articulado a fs. 33 por el demandado, quien actúa con patrocinio letrado, contra la resolución obrante a fs. 28/30 vta. -------- --------- Tal recurso fue concedido con efecto suspensivo por providencia de fs. 37. ------------------------------------- --------- Y Considerando: ------------------------------------ --------- I. Que en la resolución recurrida el a quo rechazó la defensa de inhabilidad de título deducida por el demandado; en consecuencia, declaró firme la sentencia monitoria dictada e impuso las costas al vencido. Modificó la regulación de honorarios establecida en el apartado IV. del pronunciamiento obrante a fs. 9 y vta. de autos y determinó porcentualmente los honorarios del apoderado de la actora en un veintiuno por ciento (21%) del monto que surja de la planilla de liquidación a practicarse, conforme a las pautas establecidas en la sentencia monitoria y fijó los honorarios del letrado patrocinante del accionado en un setenta por ciento (70%) del estipendio fijado al apoderado de la parte accionante. ------------------ ---------- II.1. Contra dicha resolución a fs. 33 se alzó el accionado, quien fundó el recurso con el memorial que obra a fs. 41/43. En tal pieza, en síntesis, manifestó: ------------ Que le agravia la sentencia dictada por el a quo a la cual tacha de arbitraria, ya que ha soslayado el hecho de que el documento que sirve de base a la ejecución es inválido y/o nulo desde el inicio de la misma, independientemente de la resolución que acompañó la actora y que obra a fs. 7. ------------------------------------------------------------- Que la Jueza Inferior advierte que el certificado estaba incompleto y solicita que la actora -en puridad la Dirección General de Rentas (D.G.R.)- determine qué cargo cumple la persona que suscribe con firma digital el documento. -------------------------------------------------- Que no se advierte la existencia de un título autónomo y completo en tanto debió ser integrado para acreditar la legitimación de la C.P.N. Laura Antonia García; luego hace una reseña de lo que -en su opinión- es un título ejecutivo y el procedimiento para ejecutarlo. ------------- Por último, sostiene que la acción intentada no tiene valor en razón de que el título adolece de requisitos formales que atacan la fuerza ejecutiva del mismo. ------ --------- 2. A fs. 44 se ordenó correr el pertinente traslado del memorial a la ejecutante apelada, el que fue contestado con el escrito de fs. 46/47 vta., solicitando el rechazo del recurso, con costas. -------------------------------------------- --------- 3. Mediante el decreto de fs. 48 la Jueza ordenó la elevación del expediente a la Alzada, lo que se materializó a fs. 48 vta. ------------------------------------------------------- --------- Ya en este ámbito, a fs. 49 se determinó que intervendrían los tres integrantes del Tribunal, lo cual fue debidamente notificado a las partes conforme Acuerdos Generales Nos 6/2018 y 32/18, de la Corte de Justicia de la Provincia. ------------------------------------------------------- --------- A fs. 51 se dictó el llamamiento de autos, providencia que se encuentra firme y consentida según notificación electrónica. ---------------------------------------- --------- Seguidamente se certificó el pase de autos para su adjudicación, y a fs. 53 se procedió al sorteo y a la asignación del expediente, en el orden dispuesto a fs. 54. -- --------- III. Comenzando con el análisis de la cuestión sobre la que corresponde expedirse y ciñéndonos al contenido del pronunciamiento impugnado, adelantamos nuestro criterio contrario al progreso del recurso planteado Ello, de conformidad con los argumentos que a continuación expondremos. -------------------------------------------------- --------- 1. Preliminarmente, es dable poner de manifiesto que la solución que se adoptará en el sub examine responde a las particularidades que muestra la cuestión, con características singulares; lo cual requerirá una respuesta especial para el caso que amerita una solución no lineal, tendiente a brindar una solución equitativa al conflicto planteado, en uso de las facultades de este Tribunal estimuladas por la apelación deducida. ------------- --------- Así, se advierte que el "Certificado de Ejecución de Deuda", N° 272364 adjuntado a fs. 2, fue suscripto en forma digital de acuerdo con lo establecido por la Ley Nac. N° 25.506 y las Leyes Prov. N° 1.068-P y el art. 92 de la Ley Prov. N° 151-I, tal como lo expone la ejecutante en su demanda (ver apart. III de fs. 3). ---------------------------- --------- Del art. 2 del texto legal nacional supra enunciado, puede extraerse que se entiende por firma digital "al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma". A tal normativa -como vimos- se adhirió nuestra Provincia mediante la Ley Prov. N° 1.068-P.

--------- Por su parte, del art. 7 de la normativa nacional surge la presunción de que, salvo prueba en contrario, toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma. Cuestión que no fue ni siquiera mencionada por el ejecutado al momento de oponer excepciones. ------------------------------------------- --------- 2. Asimismo, resulta oportuno resaltar que los magistrados tienen poderes-deberes suficientes para fijar pautas sobre las que debe transitar el proceso. Así, la Jueza puede asumir una función preventiva anterior a dar curso a la petición y disponer las diligencias necesarias para tal fin.

--------- Es que los magistrados, en su función de directores del proceso, tienen facultades ordenadoras para encauzarlo.

--------- Para oponerse a esos deberes y facultades no basta referirse de manera genérica y abstracta al derecho de defensa o de la igualdad de las partes, ya que no resulta suficiente fundar la oposición en esas generalidades. Tal como lo ha dicho reiteradamente la Corte Suprema de Justicia, el proceso no consiste en una serie de ritos caprichosos, sino en una sucesión de actos con una finalidad específica, que es solucionar un conflicto con justicia, logrando, en la medida de lo posible, arribar a la verdad jurídica (cfr. Arazi, Roland y Rojas, Jorge A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado", Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, Tercera edición, 2014, Tº I, pág. 199). ------------- --------- En síntesis, la decisión tomada por el a quo a fs. 6, se sitúa en la órbita de las facultades instructorias que el C.P.C. otorga a los jueces, las cuales son privativas del órgano jurisdiccional y, en principio, no son susceptibles de apelación. ------------------------------------------------------- --------- 3. Cuando el Estado reclama el cobro compulsivo de impuestos, tasas y contribuciones, el título ejecutivo fiscal es el documento expedido en forma unilateral por funcionario autorizado para hacerlo, con las formalidades que el ordenamiento impositivo establece, a lo que debe añadírsele el que específicamente rige la firma digital que comprueba la existencia de un crédito fiscal exigible. ------- --------- Los requisitos para la confección del certificado de deuda se encuentran enumerados en el art. 92 del C.T. que dispone: "El título para la ejecución será el certificado de deuda expedido con todos los requisitos establecidos en este artículo, con firma manuscrita o firma digital, en cualquier soporte, del Director de Rentas o de quien éste delegue, conforme con las previsiones del art. 4 del presente Código. El certificado de deuda contendrá, bajo pena de nulidad: 1. Serie y número. 2. Nombre del deudor o deudores. 3. Naturaleza del crédito, expresada en forma clara y precisa. 4. Importe de la deuda discriminada por concepto. 5. Lugar, fecha y domicilio del deudor, cuando sea conocido" (resaltado y subrayado añadidos). ------------ --------- Por su parte, el art. 4, ibid, dispone: "El Director podrá delegar sus funciones y facultades en otros funcionarios de la Dirección General de Rentas, en forma general o especial, mediante resolución fundada. Asimismo, podrá delegar en terceros las tareas vinculadas con la fiscalización, verificación, determinación y gestión de cobranza extrajudicial de la deuda tributaria de los sujetos pasivos de las obligaciones fiscales". ------------------------- --------- Las precedentes consideraciones deben asimismo, armonizarse con el plexo normativo vigente ya anunciado en materia de firma digital. ----------------------------------- --------- En el presente caso se alega la inhabilidad de título con fundamento en la ausencia de un requisito que, a criterio del ejecutado, es necesario para la habilidad del título, cual es la firma de un funcionario en quien el Director General de Rentas haya delegado expresamente las facultades para ello y la necesidad o no de acompañar constancia del instrumento de delegación. ------------------- --------- Sin embargo, la D.G.R. es autoridad de aplicación de los tributos provinciales, y los poderes atribuidos a la autoridad de aplicación son ejercidos por el Director General, quien está facultado para delegar funciones conforme lo autoriza el C.T., sin que se exija que dicha delegación conste en el texto del título emitido o en instrumento separado. En la especie, el título que sirve de base a la ejecución ha sido firmado digitalmente por la Contadora Pública Nacional Laura Antonia García, funcionaria de la D.G.R. de la Provincia, con lo que cumple con lo previsto por el actual art. 92, ibid., que no exige integrar el título con el instrumento de la delegación atento a las características de unilateralidad, formalidad, autonomía y abstracción e instrumento público que ostenta el certificado de deuda tributaria. ----------------------------- --------- En lo que atañe a la carencia de firma -ológrafa o digital- del Director de Rentas, debe señalarse que los argumentos del apelante caen frente a la expresa normativa del art. 4 del C.T. ---------------------------------- --------- Puede advertirse que en el ángulo inferior izquierdo del título ejecutado, éste claramente reza: "Firmado por: GARCIA, Laura Antonia. Fecha y hora: 20.01.2017 10:53:17. Certificado firmado digitalmente según Ley Nacional N° 25.506, Ley Provincial N° 1.068-P y el art. 92 de la Ley Provincial N° 151-I" (sic). ---------------- --------- Además, a fs. 7 se adjunta copia certificada de la Resolución N° 2498-DGR/2015, de fecha 16 de diciembre de 2015, a través de la cual se resuelve delegar en forma general las funciones y facultades inherentes a esa Dirección a la Señora Subdirectora Técnica Administrativa C.P.N. Laura Antonia García, normativa suscripta por el C.P.N. Ángel Adrián Villegas en su carácter de Director de la D.G.R., lo que confirma que la firma digital inserta en el Certificado de Ejecución de Deuda Nº 272374 es válida y legal. ------------------------------------------------------------ --------- Tales razones llevan a estimar que reviste el carácter de título ejecutivo que da sustento al trámite compulsorio iniciado por la Provincia el obrante a fs. 5 y, por ende, resulta improcedente la excepción de inhabilidad de título deducida por el ejecutado. Por ello, si el título de la ejecución fiscal reúne los requisitos constitutivos es eficaz. - --------- En consecuencia, en virtud de que el demandado no cuestionó siquiera la validez de la firma digital en el Certificado de Ejecución de Deuda Nº 272374, impuesta por la Señora Subdirectora Técnica Administrativa C.P.N. Laura Antonia García, quien a su vez resultara delegada por C.P.N. Ángel Adrián Villegas en su carácter de Director de la D.G.R., por conducto de la Resolución N° 2498-DGR/2015, de fecha 16 de diciembre de 2015 del certificado de la manera y en los términos que la legislación vigente establece, cual es en definitiva la que actualmente gobierna la habilidad ejecutiva de dicho certificado, el recurso intentado merece ser desestimado. --------------------------- --------- IV. En conclusión, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por el ejecutado a fs. 33 contra la resolución obrante a fs. 28/30 vta. y, en consecuencia, imponer las costas de esta instancia a cargo del demandado vencido (arts. 66, primer párrafo, y ccds. del C.P.C.). ------- --------- Por lo expuesto, normas legales y doctrina citadas, Se Resuelve: ---------------------------------------- --------- 1º) Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 33 contra la resolución de fs. 28/30 vta., la que se confirma. ------------------------------------ --------- 2º) Imponer las costas de esta instancia a cargo del demandado vencido. ---------------------------- --------- 3º) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y bajen, previa reposición de sellado, si así correspondiere. ----------------------------- Fdo: VÍCTOR BAZÁN-PRESIDENTE; JUAN LUIS ROMERO-VOCAL; MARÍA ESTHELA TONELLI-VOCAL.

P. de A. N° 100, fs. 77/81.-