Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-09-29


Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea.

Expte. 8578, Reg. 66 (S) del 29/09/2011.

En la ciudad de Necochea, a los 29 días del mes de septiembre de dos mil once, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "Marino, Graciela Ethel y otros c/ De Leo, Hernán Cristian s/ División de condominio", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y el art. 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Señores Jueces Doctores Oscar Alfredo Capalbo, Fabián Marcelo Loiza, y Humberto Armando Garate, encontrándose de licencia el Dr. Capalbo al momento del acuerdo.

El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S	1a ¿Es justa la sentencia de fs. 200/201?	2a ¿Qué pronunciamiento corresponde?	A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:

I) Conforme surge de las constancias de autos a fs. 200/201 el señor juez de grado resuelve: I) Hacer lugar al allanamiento formulado por el demandado Hernán Cristian De Leo y en consecuencia declarar procedente la demanda instaurada por Graciela Ethel Marino, Pedro Mario Marino y Mónica Cristina Marino, sobre división de condominio. II) Imponer las costas por su orden. III) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad en que obren pautas para tal fin.

II) Contra dicho pronunciamiento a f. 202 interpone recurso de apelación el letrado apoderado de la parte actora, obrando sus agravios a fs. 205/207.

En su memorial se agravia de la sentencia en tanto "impone la costas en el orden causado cuando las mismas debieron imponerse en su totalidad al demandado por haber dado motivo a la promoción de la acción."	Sostiene que "tanto el intercambio epistolar como los argumentos traídos por cada parte, ponen en evidencia una conducta obstruccionista del demandado."	Aduce al respecto que "el inverosímil relato sobre la supuesta voluntad del causante Arturo de Leo o acuerdos de familia o existencia de legado para adjudicar al padre del demandado el bien motivo de la litis, conforman un 'relato' violatorio de la prohibición sobre herencia futura (art.848, 1175 y 1176 del Código Civil); de las disposiciones de última voluntad (arts. 3606, 3607, 3619, 3632 del código citado) y del régimen de los legados art.3751 y siguientes del Cód. Civil, que por sí solo pone en evidencia una actitud obstruccionista."	Añade que "la supuesta prioridad a favor del señor Godofredo o del demandado para adquirir el bien, importa otro argumento puramente obstruccionista, sin sustento jurídico alguno", en tanto, "ninguna norma jurídica o moral establece que el demandado tenga una prioridad para adquirir el bien motivo de la litis."	Destaca seguidamente que "fue la intención de mis mandantes vender el total del inmueble y dividir su producido(cartas documento de fechas 27-03-09 y 13-04-09), ante la oferta de compra por parte del demandado (carta documento de fecha 12-05-09) se le ofreció a su vez comprarle su porción( cartas del 20-05-09 y del 03-06-09), mejorando su oferta; frente a la última misiva que contenía una oferta concreta, el demandado guardó silencio, y obligó a esta parte a instar la acción judicial."	Aduce luego que "importó también una clara actitud obstruccionista alegar una supuesta falta de legitimación de los actores al momento de iniciar las negociaciones, cuando, en virtud de lo establecido por el art. 3410 del Cód. Civil, los actores entraron en posesión de la herencia, diferida por la señora Ethel, de pleno derecho, el día de su fallecimiento, ocurrido el 30-12-2000, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces."	Amplía diciendo que "la ley 17.801, en su art. 16, establece el sistema de "tracto abreviado,., por el mencionado sistema, la porción indivisa se podía inscribir directamente a nombre del adquirente, toda vez que el auto que ordenaba la inscripción databa del 24-06-2002."	Concluye señalando que "resulta entonces por demás evidente que quien ha tenido una conducta renuente para concluir el condominio han sido primero Godofredo de Leo, a quien el co-actor Pedro MARINO, ya en enero de 2009, le recordaba la falta de cumplimiento del acuerdo alcanzado para vender el inmueble en su totalidad". Que "en igual línea se ha colocado el demandado"	Solicita en consecuencia se "acoja el recurso y se modifique la sentencia en crisis en lo atinente al régimen costas imponiéndolas en su totalidad al demandado."	III) Ingresando al análisis del recurso traído ante esta alzada, anticipo que el mismo no puede prosperar.

Como sostiene Gozaíni, "En estos juicios, la litis se origina en la necesidad de los actores de dividir el bien en común para disponer de la parte que les corresponde. Si nadie pretende el todo y la demandada se allana, el objeto del proceso es para cada uno la porción que les pertenece sobre el bien. Por eso, las costas generalmente se imponen en el orden causado, pues de resolverse otra cosa, ello obligaría a recibir mermada su parte a alguno de los interesados, sin motivo suficiente que lo justifique."	"La imposición por su orden, de todos modos no es una regla rígida e invariable. Si quien demanda la división de condominio se vio obligado a recurrir a la vía judicial por negativa de su condómino a partir privada o extrajudicialmente, y esto se acredita debidamente, las costas -de proceder en definitiva la división- deberán ser soportadas por el demandado por aplicación del principio objetivo de la derrota. Y aún cuando en la misma hipótesis, el demandado se allanare a la división judicial, se le impondrán los gastos causídicos si dio motivo a la demanda por no avenirse a la división privadamente."	"La apreciación judicial de cada caso permite resolver la carga económica sobre los emplazados cuando con su actitud han obligado a litigar, ya sea oponiéndose o resistiéndose al progreso de la acción, o bien haciendo fracasar las gestiones privadas efectuadas por el actor antes de iniciar el juicio. En cambio, las costas deben correr en el orden causado si los actores no produjeron ninguna prueba tendiente a demostrar su previo intento de alcanzar un acuerdo privado con el demandado para dividir el inmueble."	"Por otro lado si el mecanismo jurisdiccional resultó inevitable para la conclusión del condominio, porque las conversaciones entre los condóminos no dieron resultado concreto en la terminación del mismo, en la cual todos los consortes estaban de acuerdo, las costas del principal no han de distribuirse por su orden, sino entre todos los condóminos en la proporción de su respectivo interés." (Costas procesales, volumen 2, pág. 737, Ediar, 2007).

En similar sentido se ha expresado la Suprema Corte de Justicia Provincial afirmando que: "En las actuaciones sobre división de condominio, donde la intervención judicial no es indispensable y en las que, cuando ella se reclama, no existe por lo común tema contencioso ni tela de juicio, la regla general es que, en principio, las costas han de soportarse en el orden causado y las comunes por mitades, porque se trata de gastos derivados del ejercicio de un derecho indiscutible. De ello, sin lugar a dudas, que la imposición de costas por su orden, en los casos de demandarse judicialmente la división de cosas comunes, constituye un principio y no un axioma. Serán los antecedentes de la causa los que, en definitiva, definirán la norma aplicable para regular la distribución de las costas" (Ac. 57.990 "Martínez, Oscar Alberto c/Alberti, Oscar Adolfo. División de condominio", AyS 1995 III, 865).

Es que como también se ha dicho: "La regla que determina el régimen de distribución de costas en las acciones de división de condominio es un principio que difiere sustancialmente de la del art. 68 del Cód. Procesal, que se funda en el criterio del vencimiento objetivo" (C. 1ª CC, Bahía Blanca, 1979/05/24, "Pasqualini, Matilde R. c/Pascualini, Rómulo y otros", SP LL, 980-121).

Y aún ha llegado a afirmarse: "Por eso algunos sostienen que la negativa de los condóminos a efectuar la división extrajudicial no conlleva necesariamente a considerarlo causante del juicio a los efectos del vencimiento, dado que al preferir la división o que ésta se realizase judicialmente ejercitaría un derecho" (Cám. Apel. CC Santa Fe, Sala I, 1980-03-19, "De María, José c/De María, Haydee y ots.", SP LL 981-451). Afirmando en igual sentido nuestro Superior Tribunal que "se trata de gastos derivados del ejercicio de un derecho indiscutible (art. 2692 del Código Civil)." (SCBA, Ac. 22336 AyS 1976-I-651).

Sentados tales principios y tornando al caso de autos, si bien se advierte que en la etapa extrajudicial el demandado introdujo cuestiones, a las que alude el recurrente en los puntos 1, 2 y 5 de su memorial, referidas a la supuesta voluntad del causante De Leo, o a acuerdos de familia o legados para adjudicar, o a la supuesta prioridad a favor del Señor Godofredo De Leo o del demandado para adquirir el bien y aún a la alegación de falta de legitimación de los actores, lo cierto es que ante el requerimiento efectuado por los actores (v. carta documento de f. 34), el accionado no se opuso a la división, sino que ofreció adquirir el 50% del inmueble (v. carta documento obrante a f. 37).

Tal propuesta fue contestada por los actores con la propuesta de adquirir ellos la porción indivisa por un importe apenas superior al ofrecido por el demandado (v. f. 40), a lo que siguió un nuevo intercambio en ese sentido (fs. 41 y 44).

Y aunque es cierto -como aducen los recurrentes- que la última oferta cursada por el apoderado de los actores no fue contestada por el accionado, a ello no puede dársele otro sentido que el haber asumido como frustrada su intención de compra de las partes correspondientes a sus condóminos y frustrado un acuerdo privado respecto del modo de efectuar la partición; tal la coyuntura relevante que debe rescatarse en orden a la conducta de las partes y en lo atinente a la cuestión en examen, es decir, la distribución de las costas.

Como completa Gozaíni en la obra citada, "lo que la ley sanciona con costas es la oposición maliciosa en sí, pero nunca la falta de acuerdo sobre el modo de resolver la separación de dominios, ya que el régimen legal no impone una forma o tipo bajo el cual el condómino debe prestar su conformidad" (pág. 739).

A ello no empece la conducta ni las aducidas evasivas -no probadas- del antecesor universal Godofredo de Leo, en tanto ello quedó superado por el posterior intercambio epistolar ya reseñado.

En consecuencia, en la etapa previa al proceso queda clara la voluntad de todas las partes en alcanzar la división aunque estuvieran en desacuerdo sobre el camino de arribar a la misma.

De igual modo en el curso del proceso. Si bien es cierto que el demandado vuelve, al contestar la demanda, sobre las cuestiones tangenciales ya referidas -y tal vez al respecto pueda achacársele falta de estilo procesal-, lo cierto es que expresa su "allanamiento incondicional a la promoción de la demanda" (f. 183) lo que motivó el pedido de los actores de f. 199 de que se dicte resolución -desistiendo de acreditar otros extremos que no sean los que surgen de la documental acompañada- lo que así se hizo mediante el resolutorio apelado.

En síntesis, no habiéndose abierto la causa a prueba, habiendo bastado el allanamiento para el dictado de la sentencia y no quedando acreditado que el demandado hubiera incurrido en mora ni ejercitado una conducta obstruccionista para poner fin a la partición, sino que en definitiva lo que se advierte es la falta de consenso sobre el modo de arribar a ésta, propicio que se confirme la imposición de costas en el orden causado (art. 2692 del C. Civ. y 68 segundo párrafo del CPC).

Las de esta instancia han de correr la misma suerte, a fin de preservar el principio primeramente enunciado y porque, además, el actor pudo creerse con derecho a recurrir motivado por el contenido de la contestación de la contraparte que ya fuera apreciada (art. 68 segundo párrafo del CPC).-	Por las consideraciones expuestas, a la cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA.

A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Garate votó en igual sentido por análogos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:

Corresponde confirmar la atacada resolución de fs. 200/201, con costas de alzada en el orden causado (art. 68 seg. Párr. del CPC), difiriéndose la regulación de honorarios hasta tanto obren pautas para tal fin (art. 31 dec. Ley 8904).

ASI LO VOTO.

A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Garate votó en igual sentido por los mismos fundamentos.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A Necochea, 29 de septiembre de 2011.

VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se confirma la atacada resolución de fs. 200/201, con costas de alzada en el orden causado, difiérese la regulación de honorarios hasta tanto obren pautas para tal fin (art. 31 dec. Ley 8904). Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 CPC). Devuélvase. (arts. 47/8 ley 5827).

Dr. Fabián M. Loiza Dr. Humberto A. Garate Juez de Cámara Juez de Cámara Dra. Daniela M. Pierresteguy Secretaria