Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, límites del pronunciamiento, plazos procesales, suspensión del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: CHILO, Ana Paula c/ REYES, Abel Armando; CARDOZO, Rubén Carlos; GAVILAN, Juan José ; ARAOZ, Emanuel Narciso; FARFAN, Sergio Gustavo s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-20

Si bien esta Sala de manera excepcional, en una interpretación in bonam parte, aceptó que en determinadas circunstancias, dentro de la vigencia del término para apelar se admitiera la suspensión de términos para recurrir, de ninguna manera es la situación planteada en el caso analizado.

Ello por cuanto de lo reseñado supra, surge que en el momento en que el Juzgado dispone suspender los plazos que estuvieren corriendo, éstos ya habían caducado. Entonces, mal puede el Magistrado suspender plazos que no están corriendo.

En tal sentido, es clara la jurisprudencia al señalar que " El decreto que ordena la suspensión de los términos que estuvieren corriendo no puede resucitar el plazo perentorio ya fenecido" (C.Apel.C.C. Salta, Sala II, fs. 561/562, Fallo Tomo IV bis, Año 1.983, 22/08/83).

Este Tribunal en innumerable cantidad de fallos ha reiterado su posición respecto a que la suspensión de los plazos procesales para recurrir no está prevista en nuestro Código de ritos, a excepción de la instancia aclaratoria, prevista en el segundo párrafo del art. 118 del C.P.P., supuesto éste que no se compadece con el caso de marras.

La falta de regulación de esa institución en la normativa procesal penal, común en el Derecho Procesal Civil, no permite aplicación analógica ni acepta su integración con normas extrañas; ello además hace a un principio de seguridad jurídica, pues bien es sabido que para que el proceso penal cumpla su función de garantía de justicia (no de instrumento de represión) la forma en que el Magistrado y las partes se han de desenvolver en el proceso debe estar prevista de antemano, sin que le sea permitido a ninguno de los sujetos intervinientes (Juez, Fiscal e imputado) modificar a su gusto las "reglas del juego".

No puede la profesional actuante plantear un instituto procesal inexistente en nuestra normativa y quedarse prácticamente de brazos cruzados esperando que lo resuelvan favorablemente..

Recordemos que al adoptar nuestra Constitución Nacional la forma republicana de gobierno (art. 1), que implica el sub-principio de la publicidad de los actos, la exhibición del libro de protocolos es un deber de los Magistrados pues se trata de instrumentos públicos.

Este deber es conocido por todos los Jueces y Secretarios, quienes normalmente autorizan la extracción de copias.

De todas formas, suponiendo que la defensora haya tenido alguna complicación porque los empleados o funcionarios intervinientes desconozcan su deber constitucional, ello no obsta la presentación de un escrito donde expresamente haga alusión a esa circunstancia, sin perjuicio de denunciar ante la autoridad respectiva la responsabilidad que le cabría a esos operadores por denegar el acceso a un registro público.

En otras palabras, el derecho de defensa requiere que se haya dado al imputado, o al abogado que actúa en su representación, la oportunidad de ejercerlo dentro de un marco legal.

En conclusión, no se puede justificar la negligencia en el ejercicio de la defensa técnica con una supuesta conculcación al mismo, pues ningún derecho es absoluto y, por tanto, debe predicarse "conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio" (art. 14 de la Constitución Nacional).