marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Constitucionalidad, falta de fundamentación, presentación extemporánea
Materia: CIVIL
Carátula: MUNICIPIO DE RESISTENCIA c/ CAMPOS, ANGEL MANUEL s/ EJECUCION FISCAL (LEGAJO DE APELACION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-04-21

El recurrente omitió introducir temporáneamente la cuestión constitucional, tal como lo requiere el art. 3 inc. c), apartado I in fine de la Resolución Nº 1.197/07 -en cuanto al agravio referido a la pertinencia de la aplicación del art. 1 de la ley 2868-. Ello así ya que dicha parte no realizó tal planteo, sino hasta el momento de arribar a esta instancia de excepción, ya que si bien apeló la sentencia de la juez de grado, no expresó agravios respecto a dicha temática lo cual se encuentra firme. De lo anterior se colige que al no haberse deducido la cuestión constitucional en aquella oportunidad, es tardío el realizado ante esta instancia extraordinaria.
Homicidio, dolo
Materia: PENAL
Carátula: TORRES, Aníbal Oldemar s/ HOMICIDIO SIMPLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-06-22

El imputado debió prever el resultado de utilizar el cuchillo como arma, ya sea para amedrentar o para defenderse, y saber que la utilización de ese elemento en las circunstancias analizadas ocasionaría la muerte, por lo que existe prueba suficiente para acreditar la responsabilidad lisa y llana del procesado, quien realizó una agresión injustificada que finalizó con la muerte de la víctima y, por lo tanto, es autor responsable del delito de homicidio simple -artículo 79 del Código Penal-.
Constitución Nacional, ombudsman, facultades del ombudsman, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Defensor  del  Pueblo  de  la  Nación  -Inc Med- c/ E.N.-PEN-Dto120/03 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-21

De acuerdo a lo prescripto por el art. 86 de la Constitución Nacional la misión asignada al Defensor del Pueblo es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Carta Magna y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administación; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas, para lo cual la citada disposición le otorga expresamente legitimación procesal (Sala V del fuero "Defensor del Pueblo de la Nación c/ PEN Sec de Comunicaciones -Resol 868/98- s/ amparo ley 16.986", 16 de junio de 1998) (del voto del juez Coviello, cons. 4° 3).
Proceso judicial, defectos del procedimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Reyes, Pedro Ramón s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-09-16

Las formas procesales se encuentran bajo sanción de nulidad no solamente cuando un texto expreso así lo diga, sino cuando ellas constituyen un requisito indispensable para la obtención de su finalidad y al ser transgredidas producen vicios de actividad.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, régimen de garantía de los depósitos
Materia: PROCESAL
Carátula: De Martino, Antonio Conrado c/ B.C.R.A. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que hizo lugar a la demanda contra el Banco Central tendiente a hacer efectiva la garantía de los depósitos establecida en la ley 21.526 -art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Honorarios, honorarios del perito, extraña jurisdicción, exhortos, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SADE  S.A.C.C.I.F.I.M. c/ MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN s/ REVOCACION DE ACTO ADMINISTRATIVO - HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

Tal como se desprende del art. 12 de la ley 22.172 la regulación del honorario del profesional que practicó la pericia en distinta jurisdicción a requerimiento por exhorto debe ser efectuada por el Tribunal oficiado de conformidad con la ley arancelaria vigente en su jurisdicción, teniendo en cuenta el monto del juicio si constare, la importancia de la medida a realizar y demás circunstancias del caso.

Si el dictamen pericial se realizó en esta Capital y aquí se practica la regulación respectiva, no resulta razonable pretender que los profesionales intervinientes permanezcan pendientes de los avatares de un juicio hasta el dictado de su sentencia definitiva, ventilada en otra jurisdicción, en contradicción en el espíritu que informó el dictado de la ley 22172 de "agilizar al máximo las diligencias a practicarse en extraña jurisdicción".
Acción de amparo, elementos del acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Cordoba, Joel c/  s/ mandamus
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-07-30

Este Superior Tribunal de Justicia ha señalado insistentemente que la excepcionalísima vía intentada (amparo en cualquiera de sus formas) sólo puede atender a situaciones especiales en las que de ningún modo se presenten medios administrativos o judiciales idóneos, y en las que los actos que supuestamente restringen su derecho se presenten de modo francamente manifiesto, claro y evidente, de una gravedad tal que no admita dilación alguna. Es decir que resulten palmarios, tangibles y manifiestos para acreditar la gravedad, urgencia e irreparabilidad y particularmente la inexistencia de otra vía (cf STJRNS4: Se. 158/14 "LONCOMAN"). Las acciones procesales específicas (arts. 43 a 45 de la Constitución Provincial) quedan reservadas para los casos de extrema urgencia y de una gravedad tal que habilitan al Juez a proveer el amparo del derecho vulnerado, pero no todo desconocimiento de un derecho pone en acto esta intervención excepcional. Así, se ha dicho que la acción de amparo -mandamus, amparo, prohibimus- sólo procede cuando se han cercenado derechos y garantías constitucionales que no encuentran adecuados medios para su defensa. Puesto que en las acciones previstas en los arts. 43, 44 y 45 de la Constitución Provincial son de imprescindible acreditación los requisitos de urgencia, gravedad, irreparabilidad del daño e ilegalidad manifiesta, requisitos que adquieren valor jurídico cuando caracterizan una violación a un derecho constitucional, pero no a cuanta violación soporte todo derecho consagrado por el constituyente (cf. STJRNS4: Se. 158/14 "LONCOMAN"; Se. 132/15 "COLEGIO DE PSICÓLOGOS"; Se. 6/18 "URBAN"). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Quiebra, pedido de quiebra, depósito judicial, embargo, caducidad, caducidad de medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: TEXTIL  URIBURU  SOCIEDAD  ANONIMA  - ARCAMA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-12

La pretensión de un sujeto pasivo de un pedido de quiebra de obtener la restitución de lo depositado -a embargo- y con lo cual se accedió a la desestimación de la apertura concursal, sobre la base de la caducidad de pleno derecho contemplada por el código procesal: 207 es inaudible; en tanto la norma citada no rige al caso.

Si eventualmente pudiera invocarse cierta analogía, debería adecuársela a las circunstancias (arg. Código Civil: 16) e intimar al eventual acreedor para que obrara en consecuencia con aquella conducta del depositante.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: La Plata Cereal  S.A. s/ apela multa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

Si bien incumbe exclusivamente a la Corte juzgar sobre la existencia o no de arbitrariedad, ello no exime a los órganos judiciales llamados a conceder o no el recurso extraordinario, resolver circunstancialmente si la apelación federal, "prima facie" valorada, cuenta respecto de cada uno de los agravios que la originan con fundamentos suficientes para dar sustento, a la luz de la conocida doctrina de la Corte, a la invocación de un caso de inequívoco carácter excepcional, como lo es el de arbitrariedad.
Derechos y garantías constitucionales, establecimientos penitenciarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: E., B. N. c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-29

La primer norma que se refiere al tratamiento de los presos en los sistemas carcelarios es la Constitución Nacional en su art. 18. Esta disposición es de carácter operativo, y expresamente dispone que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Este deber se extiende a todos los lugares de detención, y por ende, abarca a las comisarías.

De rango constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en su art. 5º el derecho de todo ser humano a que se respete su integridad física, psíquica y moral; donde la pena privativa de libertad debe tener como finalidad esencial la reforma y readaptación del condenado y no su castigo. Esta convención impone en su art. 2º la obligación de los estados firmantes de dictar normas internas que permitan el cumplimiento de sus disposiciones.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, proceso penal, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: E., R. J. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL VICTIMA MENOR DE 16 AÑOS (ESTUPRO) ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-22

Se advierte que, para confirmar la prisión preventiva del imputado impuesta en primera instancia, el Juez evaluó las circunstancias concretas que, en el caso y más allá del monto de pena en expectativa, permitían presumir la peligrosidad procesal, no sólo por el riesgo de fuga, sino también por el de entorpecimiento probatorio; y si bien la interesada se queja de la argumentación brindada, alegando que el imputado no se ausentó de su domicilio, que ya se realizó la Cámara Gesell y que no hay pruebas de la existencia de otras víctimas, sus reproches no traspasan la mera discrepancia con la hermenéutica que de las constancias de la causa y de las normas procesales en juego efectuara la Alzada, materia que -por regla- es ajena al conocimiento de esta Corte, en particular si la defensa no logra persuadir a este Tribunal de que las referencias efectuadas no se correspondan con las constancias de la causa o aparezcan irrazonables.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, régimen penal tributario, extinción de la acción penal, sobreseimiento definitivo
Materia: PROCESAL-PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Racing Club OSPEDYC. s/ infr. arts. 3°, inc. 2, y 8°, ley 23.771.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), el recurso extraordinario contra la sentencia que declaró extinguida la acción penal en los términos del art. 14 de la ley 23.771 y sobreseyó definitivamente al procesado, respecto de los delitos previstos en los arts. 3 inc. a) y 8 de la norma citada, por los que había decretado su prisión preventiva.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Aquilante, Olga s/ Acción de Amparo s/ Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-03-12

Con la sanción de la ley provincial 2921 ( B.O.P del 2 - 01 - 96) se establece un recurso de apelación contra las sentencias que resuelven las acciones de amparo; es así que en la eventualidad de considerar y resolver el STJ las cuestiones postuladas en el caso como si se tratara de un mandamus, se estaría privando a las partes de la posibilidad de la doble instancia que supone la existencia de aquella vía recursiva. Por consiguiente corresponderá al juez por ante el cual se dedujo la acción conocer y pronunciarse sobre la procedencia formal y sustancial de la misma.
Depreciación monetaria, contrato de suministros, contratos administrativos, moneda, Obras Sanitarias de la Nación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FRANCISCO GARCIA E HIJOS  S.A. c/ OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-13

Conforme la ley 21.667, en los casos de contrataciones para la provisión de servicios y suministros que se celebren en el mercado interno, por el Estado, cualquiera fuese su naturaleza jurídica, bajo regímenes que en forma general o a través de cláusulas particulares prevean el reconocimiento de variación en los precios pactados, corresponde la actualización de valores de acuerdo a lo establecido en la ley 21.391 para el lapso indicado en su art. 2, inc. b). Dicha norma establece el reajuste por depreciación monetaria del precio pactado si se lo hace efectivo con un retardo superior a los 15 días de la fecha convenida y si la mora no obedece a causas imputables al proveedor, circunstancias ambas que concurren en el caso en que el actor celebró un contrato de suministro con Obras Sanitarias de la Nación, entidad que posteriormente traspasó los servicios a la provincia demandada.
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, abandono del hogar conyugal, abandono voluntario y malicioso
Materia: CIVIL
Carátula: A.G.I. c/ N.DE A.A.C. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-26

Si la cónyuge no ha alegado ni probado las razones que pudieron haber justificado su alejamiento material, debe presumirse que reúne los caracteres de voluntariedad y maliciosidad que conforman el elemento subjetivo de la causal del art. 67, inc. 7to de la ley 2393 (conf. C. N.Civ Sala G, E.D. 104-133-134 y sus citas).
Inadmisibilidad del recurso, automotor decomisado, transporte de estupefacientes, aplicación errónea de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Choque Ticona, Josué y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-07

Es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra el pronunciamiento que no hizo lugar a la solicitud de devolución del camión -propiedad de la hermana del condenado- que fuera decomisado por haber sido utilizado para el transporte de estupefacientes, si la recurrente no ha logrado acreditar que se verifique en el caso de autos un supuesto de errónea aplicación de la ley sustantiva ni de arbitrariedad de la sentencia impugnada.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la persona, juicios en que la Nación es parte, banco central, entidades financieras
Materia: PROCESAL
Carátula: CAJA DE CREDITO DIAMANTE COOPERATIVA LIMITADA. s/ ILICITOS    COMETIDOS  EN  SU  PERJUICIO  E  INFRACCION  LEY   20.840.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-20

La profusión de decisiones jurisdiccionales adoptadas en torno al tema de la competencia va en desmedro del principio de economía procesal y del buen servicio de la justicia, situación que de perdurar podría llegar a configurar para los procesados un caso de privación de justicia.
Sentencia condenatoria, médico cirujano, lesiones gravísimas, cirugía estética, imprudencia, violencia estética
Materia: PENAL
Carátula: F. J. S. M. y otros  c/  s/ lesiones gravísimas y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

Corresponde condenar, en orden al delito de lesiones culposas gravísimas, al cirujano que realizó múltiples intervenciones estéticas a una mujer, que la dejaron en estado vegetativo, dado que la cirugía se llevó adelante en una clínica ambulatoria que no contaba con terapia intensiva e instalaciones recomendadas para este tipo de intervenciones -como ser laboratorio y servicio de hemoterapia-, configurando un acto de imprudencia. Además, tratándose de una cirugía estética, las condiciones de la paciente no eran óptimas.
Ahorro y préstamo para la vivienda, inflación, depreciación monetaria, resolución del contrato, Rodrigazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MENDOZA, Ricardo Manuel y otra c/ BCO. HIPOTECARIO NACIONAL s/ B.H.N.   CONTRATO DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA - RESCICION   ACTUALIZACION -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-03

Por tratarse de un contrato de ahorro y préstamo, en virtud del cual debía ahorrarse una cierta cantidad como requisito para obtener un préstamo cuyas condiciones serían más favorables que las de práctica en mutuos de otra índole, se evidencia la impropiedad de la rescisión del convenio por parte de los ahorristas, ya que el ejercicio de la facultad de rescindir y recuperar el dinero no les hubiera permitido recibir el "valor" (poder adquisitivo) total de lo ahorrado, desde que, manteniendo el curso de la operación y completando el ahorro, podrían los accionantes acceder al préstamo y a la adquisición de la vivienda, en cuyo caso serían ellos quienes se verían beneficiados por el proceso inflacionario, ya que el mutuo a otorgarse carecía de cláusulas indexatorias.

Los prestatarios tenían la precisa y obvia convicción de que no era posible salvar lo perdido, la confianza en que la inflación no repetiría la experiencia del "Rodrigazo" y en que el Banco adoptaría recaudos para que el préstamo y la compra de la vivienda pudieran efectivizarse, elevando el monto del préstamo de manera que mantuviera el valor primitivo y sirviera para el fin buscado por las partes, como en situaciones anteriores había ocurrido. Completado el período de ahorro, los actores se encontraron en condiciones de solicitar la efectivización del mutuo, mas descubrieron que ahora tenían las dos vías cerradas: no podían solicitar el préstamo porque la pérdida del valor del fijado en 1975 había sido de tal magnitud que no servía ya para comprar un bien inmueble y tampoco podían recuperar lo ahorrado, porque se les devolvía una cifra nominal irrisoria que no cubría sino una ínfima parte de lo que había sido entregado por los ahorristas.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público, fiscales, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

En los tres primeros párrafos del artículo 76 bis del Código Penal, comprensiva a delitos cuya sanción no supere los tres años de reclusión o prisión, el consentimiento fiscal no es excluyente, mientras que la hipótesis del párrafo cuarto reservada a los hechos en los que "las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable" exige el dictamen fiscal favorable. Cabe reparar que en el primer caso la ley alude al juez, y en el segundo, al tribunal, diferenciando los órganos en función de su competencia. Y la exigencia del "consentimiento del fiscal" -solo para el 4to. párrafo del artículo 76 bis y no en los anteriores- refuerza la idea de una mayor exigencia cuando la entidad del injusto sea de mayor envergadura, luciendo razonable que en esos casos se viabilice el beneficio con la previa anuencia del titular de la acción. Asimismo, el criterio distintivo del cuarto párrafo en relación al primero se avizora dado que la propia disposición tanto en el primero como en el segundo párrafo, alude a las penas de reclusión o prisión, cuando el artículo 26 del Código Penal no permite la condenación condicional para las penas de reclusión. (Del Voto del Dr. Pangia -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?; y, ¨es exigible para todos los casos de concesión de tal beneficio el consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal?
Acción revocatoria, estado de insolvencia
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez, Esterlino Rodolfo c/ Molina, Adriana Mónica s/ Acción de Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-20

Existe estado de insolvencia cuando el estado patrimonial del deudor ofrece un pasivo superior al activo. Pero es dable destacar que el acreedor debe probar dicho estado, el que sólo se presume en caso de falencia.
Contratos administrativos, mayores costos, coeficiente corrector
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dos Arroyos  S.C.A. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ Revocación y Nulidad de resoluciones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-08

El sistema de corrección por coeficientes se creó en virtud de la aparición de factores imprevistos al momento de las ofertas y que originaron mayores gastos a los contratistas, tornando inequitativas las fórmulas de cálculo de los mayores costos pactadas, por lo que, en la medida en que tales causas desaparecieron, los índices utilizados para paliar las distorsiones producidas, debieron seguir igual suerte o ser dejados de lado, pero nunca aplicarse con signo negativo, pues ello determina una reducción de la fórmula originariamente convenida.
Acción de amparo, cosa juzgada
Materia: CIVIL
Carátula: ALLUB ROSENDO RICARDO c/ COLEGIO DE MEDICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-07-12

El alcance de la cosa juzgada en el amparo no constituye tendencia alguna ni su extensión se vincula únicamente a la naturaleza del proceso en sí. También depende de la formulación positiva de cada régimen legal en particular. Esto en razón de la variedad de fórmulas legales para abordar el juicio de amparo contra actos particulares, y de autoridad pública y la eficacia externa que se le reconoce a las sentencias recaídas en los mismos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Boleto de compraventa, precio, pago total, posesión, rechazo de la demanda, escrituración, bienes inmuebles, destino comercial, revocación de sentencia
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Constructora Inmobiliaria Monumental  S.R.L. s/ quiebra  s/  inc.  de  escrituración  por  Pazzi,  Alberto  Armando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-24

Si al adquirente por boleto de compraventa - que pagó íntegramente el precio - le fue otorgada la posesión legítima del inmueble, por lo que esa posesión es oponible a terceros y - con mayor razón al concurso del propio vendedor, debe descalificarse el pronunciamiento que - aplicando los arts. 150 de la ley 19.551 y 1 185 bis del Código Civil - rechazó la demanda de escrituración por estar afectado a un destino comercial.