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Acta de debate, firma de las partes, falta de firma, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Pinto-Vega Aciar-Avellaneda en causa 117/94 Luque, Guillermo D. y Tula, Luis R.-Homicidio preterintencional s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-05-29

No es de recibo la nulidad alegada por haberse omitido la lectura del acta a los interesados y no obrar en ella la firma de estos.

De la observación del Acta de Debate se advierte, sin duda alguna, que la misma se encuentra firmada por los Secretarios de actuación, obrando además constancia inequívoca de su lectura, sin que la falta de firma por las partes implique la nulidad del Acta, porque no ha sido sanción expresa de la ley y porque en todo caso deben aplicarse los principios rectores en la materia, cuales son la relatividad, la restrictividad y el favorecimiento de la validez del acto, en la medida en que no se confunda, asimile o identifique las formalidades que deben respetarse en la audiencia de debate con las constancias que el acta debe contener.
Recurso de queja (procesal), trámites judiciales, suspensión del proceso judicial, quiebra, avenimiento (administrativo)
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: JULIO GOLDIN c/ LILY S.C.A. s/ QUIEBRA-  EXTINCION-  AVENIMIENTO- RECURSO DE HECHO- RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

Ante la solicitud de extinción de la quiebra por avenimiento, corresponde diferir el tratamiento del recurso de hecho a fin de evitar un pronunciamiento prematuro de la Corte, ya que el agravio que invoca la recurrente en autos podría resultar inocuo al quedar enervada toda posibilidad de efectivizar a su respecto al sentencia contra la cual se alza.
Juicio de desalojo, restitución del inmueble
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Costanzo, Santiago c/ Goya, Juan E. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-21

El proceso de desalojo reglado por el art. 676 del código procesal civil de cauce a una acción personal cuyo objeto es lograr la restitución de la tenencia de un inmueble de quien lo detenta y tiene una obligación exigible de restituirle o entregarle.-
Prueba, carga, sociedad de hecho
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Folgueras, Horacio Hipólito c/ Guardañin, Raquel Rafaela s/ Rectificación de título de propiedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

Quien reconviene por disolución de una sociedad de hecho, si los hechos alegados resultan controvertidos por el reconvenido, aquel asumió la carga de acreditar los supuestos de hecho que aprehenden los arts. 1648, 1649, 1655, 1662 y 1663 del Código Civil, si la sociedad de hecho era de naturaleza civil, o en su caso, los de los arts. 1, 21, 22, del dec. ley 19.550, si revestía la calidad de mercantil.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Faiad de Viera, Juana c/ Alarcon, Juan C. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

La aptitud productiva o capacidad de ganancia, en sentido amplio, no decrece necesariamente con la edad. Muchos de los logros socioeconómicos o culturales de la mayor importancia se concretan en un estado más avanzado que el de la llamada "vida útil", calculada estadísticamente y como promedio no siempre equivalente a cada caso en particular. Ello es así porque los progresos técnicos y científicos no sólo han prolongado la existencia de las personas, sino también mejorado su calidad y plenitud. Correlativamente, las modernas concepciones sociales rescatan cada día más el valor (incluso productivo), anexo a la denominada como "tercera edad".-
Suspensión del juicio a prueba, pena privativa de la libertad, disminución de la pena
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GOMEZ, Ramón s/ aplic. art. 76 bis del Código Penal Causa nro. 27.503
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

La ley 24.316 pone en vigencia dentro de nuestro ordenamiento penal un nuevo instituto ligado con una cuestión de política criminal, que poco tiene que ver con el artículo 26 del Código Penal, más allá de las imposiciones dispuestas por el nuevo artículo 27 bis del Código sustantivo. En las disposiciones del artículo 3. de la ley 24.316 no se sustituye una pena por otra, sino que se renuncia, de una manera condicionada, a la punición. Distinto es que una vez decidida la aplicación de la prisión, la prevención especial oriente la introducción a medidas de atenuación de la privación de la libertad, o incluso suspensiva de ella. (Disidencia de la Dra. Riva Aramayo ).
Daño moral, indemnización, responsabilidad del Estado, relación de causalidad
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: MARTINO DE POLO, BLANCA LIDIA c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-08-25

El daño moral es plenamente indemnizable cualquiera sea el factor de atribución que justifique la obligación de resarcir, y el estado, de acuerdo a su personalidad puede ser sujeto del deber de resarcirlo aunque provenga de su actividad lícita cuando se comprueba la relación de causalidad adecuada entre la actuación de los órganos del Estado y el perjuicio moral ocasionado. Ha de apreciarse la apertura y defensa cada vez más amplia en el Estado de Derecho hacia la dignificación y tutela de la persona humana, comprensible de todos sus intereses respetables con prescindencia de su calificación como derechos subjetivos.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, obligación de seguridad, muerte del paciente
Materia: CIVIL
Carátula: SEÑIUK, Miguel Luis c/ AMSA ASISTENCIA MEDICA ARGENTINA SA s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

El deber de seguridad que pesa sobre las clínicas también existe respecto de terceros ajenos al contrato ya que se trata de una obligación legal. Si un establecimiento médico está habilitado como tal, no sólo debe tener profesionales competentes y personal idóneo sino que debe prestar el servicio en forma adecuada a fin de salvaguardar la vida y la salud de los pacientes (conf. CSJN, L.L.1984-B-389). De ahí que, el incumplimiento de esta obligación de seguridad por parte de las clínicas la hace responsable tanto en el ámbito contractual como en el extracontractual.
Accidentes de trabajo, deber de obrar con prudencia, medidas de seguridad y protección
Materia: LABORAL
Carátula: Lezano Hugo Eduardo c/ Coresa Argentina SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-13

El deber de previsión (conf. arts. 75, 76 y 77 L.C.T. -t.o.) comprende la obligación del empleador de tomar medidas adecuadas conforme las condiciones especiales de trabajo para evitar que el trabajador sufra daños en su persona o en sus bienes, existiendo en la L.C.T. numerosas disposiciones que tienden a ello (conf.

arts. 4, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 72). En tal sentido, los arts. 4, 5, 8 y 9 de la ley 19.587 prescriben que el empleador debe adoptar las medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto prevenir, proteger, evitar y/o reducir los riesgos de los distintos puestos de trabajo, pero ello no se limita al cumplimiento de ciertos preceptos básicos, sino que debe velar por la integridad psicofísica de sus dependientes, debiendo efectivizar las normas de seguridad evitando exponer al trabajador a situaciones peligrosas o de riesgo que generen consecuencias perjudiciales para la salud.
Pago, cheque cancelatorio, evasión fiscal, depósito
Materia: COMERCIAL
Carátula: JALFEN, DIEGO c/ SELECT AUTOMOTORES SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-07

Han sido diversas las opiniones que se han suscitado con relación a aquellos pagos no realizados de acuerdo al principio sentado por la Ley 25345: 1. En efecto, en primer lugar parte de la doctrina considera que los pagos en efectivo por sumas superiores al monto estipulado en la ley, son nulos de nulidad absoluta y manifiesta (Zinny, Mario, "Limitación al pago en efectivo. Formas de pagar más de $10.000", Ad Hoc., Buenos Aires 2001). Por otro lado, existe otra opinión que entiende que el pago efectuado en infracción a la norma produce efectos entre partes y ante terceros, señalando al respecto que siendo la finalidad de la ley únicamente provisional y recaudatoria, darle otro alcance distinto de éste, sería un desacierto (Junyent Bas - Molina Sandoval, en "La bancarización de la economía: el cheque como moneda de pago", ED, 193-557; Cursak - Benseñor, "Los pagos en efectivo. A más de tres años del dictado de las leyes 25345 y 25413", LA LEY, 12/8/2004, 1 - LA LEY, 13/8/2004, 4; Cámara 4a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, "Monge Domingo Ignacio y otra", del 03.08.06). Se ha propiciado, incluso, su inconstitucionalidad (esta Sala, "Tandler SRL s/ quiebra s/ inc. de apelación Cpr: 250", del 12.04.11). Asimismo, existe una posición intermedia que estima que entre partes el pago surte efectos, no así frente a terceros (Camisa, Augusto, "Eficacia de los pagos en efectivo superiores a un mil pesos (Ley 25345)", LLC 2006, 1115). Con abstracción de las diferentes tesitura apuntadas, véase que esta ley, al modificar de modo trascendental el principio general del artículo 724 del Código Civil, que considera al pago un modo extintivo de las obligaciones, ha avanzado sobre una cuestión liminar en el derecho como lo es el respeto a la voluntad de las partes, sujetando a los contratantes al cumplimiento de requisitos esenciales que sólo traen complicaciones para el desarrollo de las actividades económicas (Rubiolo, Rubén M., "La realidad económica frente a normas que pretenden ignorarla", publicado en PET 2006 (abril-347), 1); ello aún cuando el declarado objetivo de la norma ha sido de prevención en materia fiscal. la télesis legislativa a la que se encontraba dirigida la norma no fue la inoponibilidad "per se" de los efectos del pago entre contratantes sino el establecimiento de un marco regulatorio con el propósito de prevenir la evasión impositiva y el lavado de dinero.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, imputado, responsabilidad penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Ramírez, Walter Andrés c/  s/ robo calificado por uso de arma y participación de un menor de edad-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-19

En relación a los cuestionamientos en torno a la valoración probatoria efectuada por los Jueces de la causa, más allá de que la recurrente alude a la existencia de arbitrariedad en la decisión impugnada en el entendimiento de que la Cámara había omitido tratar aspectos esenciales de las críticas realizadas al fallo y confirmado la condena pese a la ausencia de certeza, de la lectura del resolutorio recurrido se desprende que los Sentenciantes analizaron pormenorizadamente los agravios de la defensa y brindaron las razones que les permitían confirmar la responsabilidad penal del encartado en el caso; y frente a esta línea argumental, la interesada insiste con sus reproches a la ponderación que se hiciera de determinados elementos de convicción para confirmar la responsabilidad penal en autos, mas tales cuestionamientos resultan insuficientes para habilitar la presente vía, dado que, como es sabido, los agravios referidos al grado de convencimiento que las pruebas pueden acarrear no constituyen -por regla- cuestión constitucional alguna, cuando, como ocurre en este caso, se advierte que lo resuelto se encuentra suficientemente fundado en las constancias de la causa y en la normativa de fondo aplicable, sin que se demuestre que la Cámara hubiera soslayado las reglas de la sana crítica racional, no apareciendo prima facie la decisión impugnada disociada de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, competencia por la materia, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Huayqui, S.A. de Construcciones c/ Tierra del Fuego, Provincia de s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

La competencia originaria de la Corte por razón de la materia procede en la medida en que la acción entablada se funde directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso, o en tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, prueba, reconocimiento en rueda de personas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: ZALAZAR, CESAR JAVIER s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-06-29

Los reproches de la defensa lucen como genéricas alegaciones, en donde se hace referencia a que le fue exhibido el imputado a la víctima antes del acto procesal cuestionado (reconocimiento en rueda de personas), sin vincularlo a concretas circunstancias de la causa; como así también que el encartado presentaba un aspecto que tornaría inválido el reconocimiento, lo cual no se halla suficientemente desarrollado en el escrito introductorio a los fines de un serio encuadramiento que justifique la excepcional habilitación de esta instancia por arbitrariedad de sentencia.

En efecto, en este estado de la causa no se alcanza a comprender cuáles habrían sido las pruebas que demostrarían la evidente exhibición del imputado a la víctima y que el estado en que se presentó el encartado -comparándolo con el resto de los integrantes de la rueda- implicaría un incumplimiento en las formalidades del acto que conlleve la anulación del mismo y que no pueda subsanarse a través de una correcta merituación de la prueba en el momento procesal oportuno (De los fundamentos del Dr. Falistocco).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, acción reivindicatoria, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Baque, Julio Alberto Ramón c/ Paduan, Raúl Ariel s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-27

En lo tocante al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva esgrimida por el codemandado corresponde hacer lugar a los agravios de inconstitucionalidad por éste impetrados, por cuanto la fundamentación brindada por la Alzada con base en el artículo 2782, primer párrafo, del Código velezano, resulta carente de motivación en tanto omitió valorar las constancias de la causa y expedirse respecto a cuál era la verdadera condición de aquél frente al inmueble y, analizar además, las manifestaciones del codemandado a la luz de lo normado en el artículo 2782 del Código Civil, toda vez que, conforme se desprende del sub lite, en su contestación de demanda manifestó no ser poseedor del inmueble ni pretender serlo, declarando el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre tenía la cosa mediante la firma de contrato de arrendamiento invocado y agregado a los autos, condición requerida por el mentado artículo 2782 para encontrarse desobligado a responder por la acción; y no obsta a lo expuesto la circunstancia de que el mismo hubiera cuestionado la legitimación activa del demandante, en tanto a los fines de la demanda reivindicatoria cobra relevancia lo manifestado y su voluntad expresada de entregar el inmueble a quien manifestando ser poseedora se lo cediera en arrendamiento o a quien le ordenase la sentencia. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 2782
Sentencia, sentencia declarativa de derechos, acción meramente declarativa
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESCUTI, MAGDALENA c/ DISCO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-05

Todas las sentencias presuponen la declaratividad de un derecho, pero mientras las meramente declarativas -tal es el caso de autos- se agotan con la declaración y preceden a la lesión, las restantes suponen la existencia de ésta y se complementan con otros atributos, como la condena, que tiende a la ejecución efectiva de una prestación o las constitutivas, que suponen la modificación de un estado jurídico existente (cfr. Fenochietto, Carlos Eduardo - Arazi, Roland, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. 2, ed. Astrea, Buenos Aires, 1987, pág. 124). Otra característica relevante que debe tenerse presente para la admisibilidad de la pretensión declarativa es -ciertamente- que esta acción se halla supeditada a la inexistencia de otra vía legal para hacer cesar la incertidumbre.
Subasta judicial, compensación del ejecutante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cambios y Turismo Lancaster S.A. c/ González, Carlos Hugo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-26

La procedencia de la compensación que pudiera invocar el ejecutante, que hubiere resultado comprador del bien subastado en la ejecución, debe resolverse en ocasión de aprobarse el remate, pues es en dicha oportunidad en que debe ser apreciada la existencia de otros créditos con mayor privilegio u otras circunstancias que pudieren oponerse a la compensación.
Concursos, liquidación y distribución, trámites judiciales, subasta, base, moneda extranjera, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Defranco Fantin, Reynaldo Luis c/  s/ quiebra s/ incidente de venta del inmueble de la calle salta 686/88/90 6° piso ufn° 37
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-19

Procede confirmar la resolución que -en el marco de la realización de bienes del fallido- autorizó a que la base de venta en subasta de los derechos y acciones hereditarios respecto de cierto inmueble oportunamente fijada en la suma de dólares estadounidenses y el precio de compra final, puedan ser abonados en pesos conforme cotización de dicha moneda que fije el Banco de la Nación Argentina para el tipo de cambio vendedor del día anterior a la fecha del remate más el impuesto PAIS. Es claro, que el principio establecido en el CCCN 765, da un giro en la cuestión relativa a la naturaleza de la obligación contraída en moneda extranjera con relación a la anterior regulación de la materia, contenida en el CCIV 617 -luego de su modificación por la ley 23928-, que establecía que las obligaciones de dar moneda extranjera, se regían por las de dar sumas de dinero. El régimen hoy vigente estipula que dicha obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas, más establece, expresamente, que el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Desde esta perspectiva no puede sino mantenerse la decisión apelada, en punto a la posibilidad de cancelar el precio de la subasta en pesos, convirtiéndose la suma que se hubiera ofrecido en dólares estadounidenses a moneda local, conforme el tipo de cambio oficial al que puede acceder el particular para hacerse de moneda extranjera en el mercado que en el régimen legal actualmente vigente se conoce como "dólar solidario" (ley 27541: 35), sin la percepción adicional del 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales establecida por el Banco Central de la República Argentina reglamentada en la Resolución General AFIP 4815/20 (conf. esta CNCom Sala A, 19/10/20, "Fideicomiso de Recuperación Crediticia c/ Yoma Emir Fuad y otro s/ ejecutivo").
Contrato de trabajo, retenciones salariales, sanciones conminatorias
Materia: LABORAL
Carátula: OLIVERA, LEONARDO DANIEL c/ IMCORP S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23

La condena por retención de los aportes del trabajador con destino a los organismos de la seguridad social debe incluir los períodos mensuales devengados hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, porque los elementos de juicio que se aportan acreditan el derecho del trabajador hasta ese momento, mientras que con posterioridad a esa fecha las circunstancias pueden ser pasibles de alteración. Con base en la jurisprudencia del Alto Tribunal en cuanto a que los pronunciamientos judiciales no pueden condenar para el futuro (Fallos de la CSJN 193:254), corresponde que en la etapa procesal determinada por el art. 132 de la L.O. sean liquidados los lapsos mensuales que integran el crédito que se trata hasta la época del pronunciamiento de la anterior instancia. (Del voto del Dr. Balestrini, en mayoría).
Jueces, deberes y facultades del juez, acción reivindicatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Daponte, Peregrino y otra c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros s/ Usucapion
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

La acción reivindicatoria tiene por objeto directo y principal la restitución de la cosa reivindicada (art. 2794 Cód. Civil), de allí que la sentencia no se limitará a declarar el mero derecho de poseer del actor, sino que además condenará al demandado a la restitución de la cosa que constituyó su objeto (art. 2794 y art. 2756) por lo cual, al no establecer la ley el plazo para el cumplimiento de la sentencia, el mismo debe ser fijado por el juez teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso (art. 163 inc. 7 C.P.C.C.).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, Ley Orgánica de los Partidos Políticos, partidos políticos, elecciones partidarias, jerarquía constitucional
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Apoderado Lista Blanca Movimiento Popular Neuquino s/ recurso de apelación contra resolución Junta Electoral  Provincial.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La determinación de la competencia federal en un conflicto originado en las elecciones internas convocadas por una entidad partidaria que actúa como partido provincial y como partido de distrito, encuentra su fundamento en los arts. 5 y 7 de la ley orgánica de los partidos políticos 23.298 y en el principio de supremacía del art. 31 de la Constitución Nacional.
Accidentes de trabajo, incapacidad permanente, incapacidad múltiple
Materia: LABORAL
Carátula: CATANESE, JOSE c/ CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-12

El único sustento que fundamenta la aplicación de la llamada doctrina de la capacidad residual, a los fines de determinar el grado de minusvalía en el caso de lesiones o afecciones múltiples, consiste en afirmar que no se debe llegar al absurdo de exceder mediante sucesivas declaraciones de incapacidad, el 100% de la total obrera. Esta idea tiene la seducción de todas las argumentaciones matemáticas, pero contiene una falacia: si la suma de las incapacidades parciales diera alguna vez un resultado superior al 100%, ello no significaría que deba pagarse una indemnización superior a la total posible. Simplemente deberá considerarse que ésta constituye un tope legal.
Contratos comerciales, teoría de la imprevisión, legitimación activa
Materia: COMERCIAL
Carátula: LAMOSA Domingo c/ BANCO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-29

La acción de revisión o reajuste contractual fundada en la imprevisión sólo puede ser propuesta por la parte beneficiada por el desequilibrio operado en las prestaciones, cuando el perjudicado persigue la resolución del vínculo, más no en forma directa.

Ello así, no solo porque tal facultad no ha sido prevista por el legislador sino también por la desigualdad que supondría la tesis opuesta, pues mientras que al demandado por resolución se le permitiría optar por la modificación si le es menos gravosa, al demandado por reajuste lo obligaría a aceptarla sin facultad para disminuir su perjuicio mediante la resolución.