Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-19


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.729 CAUSA N° 2.713/2011 SALA IV "BALBI ALEJANDRA C/ EJERCITO ARGENTINO COMANDO DE REMONTA Y VETERINARIA S/ DESPIDO" JUZGADO N° 24.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 19 DE NOVIEMBRE DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) A fs. 218/224 la actora apela la sentencia de primera instancia de fs. 212/217 que rechazó la demanda por despido.	Para así decidir, la Sra. Jueza a quo consideró, en síntesis, que el vínculo que unió a las partes estuvo regida por la ley 25.164 por tratarse de una relación de empleo público, lo que traía aparejado el rechazo de la demanda con arreglo a la doctrina del fallo plenario "Goldberg c/ Szapiro", ya que no se acreditó que dicho vínculo estuviera regido por la normativa de derecho del trabajo cuya aplicación pretendía la actora.

La recurrente se agravia de esa decisión, pues estima, en síntesis, que: a) la propia demandada desconoció durante el intercambio telegráfico la aplicabilidad al caso de la ley 25.164, indicando que la relación se encontraba sujeta a lo previsto en el Estatuto y Reglamento para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas; b) no se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la ley 25.164 para la contratación de personal temporario; c) su parte trabajó ininterrumpidamente para la demandada por espacio de nueve años, de modo que su desempeño no podía ser considerado como algo temporario o eventual, sino de carácter permanente, por lo que "debió haber estado en la planta permanente, cosa que no ha sucedido"; d) resulta improcedente sostener que el vínculo laboral se encuentra regido por las previsiones del Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas, previsto en la ley 20.239, toda vez que este régimen fue derogada por la ley 25.164, y no contemplaba a los simples contratados.

Anticipo que la queja merece parcial acogimiento, por los motivos que paso a explicar.

II) Si bien es cierto que el art. 4º de la ley 25.164 derogó la ley 20.239, entre otros ordenamientos, también lo es que ese mismo precepto dispuso que "dichos ordenamientos y sus respectivas reglamentaciones continuarán rigiendo la relación laboral del personal de que se trate, hasta que se firmen los convenios colectivos de trabajo, o se dicte un nuevo ordenamiento legal que reemplace al anterior".

Sobre esa base, y en razón de lo expresamente previsto en los contratos suscriptos por la actora, cabe entender que el vínculo que ella tenía con la demandada se encontraba regido por el Estatuto y Reglamento para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas (cfr. la cláusula 8ª de cada uno de los contratos agregados al legajo de BALBI, sobres de prueba reservada 1075 y 1075-II).

Cabe aclarar que, contrariamente a lo sostenido por la apelante, ese régimen comprende también al "personal transitorio" (art. 7º de la Reglamentación aprobada por el decreto 2355/1973), como así a los contratados cuando (como ocurre en el caso de autos) en el contrato se estipula su aplicación parcial (art. 2º, inc. 6º, de la mencionada Reglamentación).

Sin embargo, en el caso de autos la actora fue contratada para cumplir "tareas de oficinista" (sic, contratos de servicios obrantes en el legajo agregado por cuerda y manifestación de fs. 30), es decir tareas ordinarias de la demandada. Además, del legajo de BALBI surge que ésta cumplía un horario de oficina (lunes a viernes de 7 a 14); que cobraba una remuneración mensual correspondiente al agrupamiento administrativo clase II categoría 14, más el adicional por "título secundario completo - activ. Crít. Nivel I"; que su retribución estaba sujeta al descuento jubilatorio; que gozaba de los beneficios de subsidio familiar y sueldo anual complementario (conf. Cláusulas de los contratos de servicios mencionados). También surge del legajo que era evaluada y calificada anualmente, y que gozaba todo tipo de licencias propias del personal: por maternidad, por vacaciones, por enfermedad, y por motivos particulares.

Asimismo cabe ponderar que la demandada en ningún momento invocó siquiera que los servicios de la actora respondieran a una necesidad transitoria o extraordinaria, extremo este difícil de concebir respecto de una vinculación que se extendió por más de nueve años. No está de más recordar que el Reglamento mencionado establece que la duración de las funciones del personal transitorio "no podrá exceder en ningún caso de los diez (10) meses" (art. 7.2.a).

En tales condiciones, cabe concluir que la demandada utilizó una figura jurídica autorizada legalmente para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado, por lo que el comportamiento del Estado tuvo aptitud para generar en la actora una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el art. 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el "despido arbitrario" (CSJN, 6/4/10, "Ramos, José Luis c/ Estado Nacional [Ministerio de Defensa A.R.A.]", Fallos: 333:310; íd., 5/4/11, "González Dego, María Laura c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y otro s/ despido").

III) Ahora bien, en el sub lite, no estamos en presencia del caso típico del empleado que cesa por finalización del plazo previsto en el contrato y ausencia de renovación, sino que se trata de un supuesto de rescisión del contrato con sustento en la cláusula 9ª (según la cual "el Comando podrá rescindir en cualquier momento este convenio si los servicios del contratado.dejaran de ser satisfactorios"), y con invocación de un motivo disciplinario: "su persistente y reiterada falta de puntualidad en el horario de ingreso a pesar de los apercibimientos impuestos durante el año en curso- y de las inasistencias por causa de enfermedad sin debida justificación médica" (cfr. telegrama de fs. 45).

Del legajo de la actora surge que: a) la actora fue sancionada cuatro (4) veces por esos motivos entre 2005 y 2006; y b) luego fue objeto de siete (7) apercibimientos por inasistencias o impuntualidades entre el 16 de mayo y el 18 de octubre de 2010.

Ahora bien, no surge del citado legajo, ni tampoco de ningún otro elemento probatorio, que con posterioridad a la última sanción (la del 18 de octubre) la actora hubiese vuelto a llegar tarde o hubiese cometido algún otro incumplimiento a sus deberes, por lo que no se aprecia la existencia de un hecho actual que, sumado a los antecedentes sancionados, justificara la cesantía de una trabajadora con más de nueve años de antigüedad y muy buenas calificaciones, la última de ellas (de noviembre de 2009) con un promedio de 9,50 puntos sobre 10 (ver las planillas obrantes en el legajo).

Observo que el art. 33, inciso "c" del Reglamento (norma citada por la demandada en sustento de su decisión a fs. 31 vta.) considera como causal de cesantía las "faltas de puntualidad no justificadas que excedan de 15 (días) en el período de calificación". Pero en el caso de la actora las faltas de puntualidad sancionadas en el período de calificación 2009/2010 fueron sólo siete (7) -una por cada uno de los apercibimientos reseñados en el párrafo anterior-, de manera que no llegaron ni a la mitad del mínimo previsto en la norma en cuestión.

En cuanto a la otra causal invocada en el telegrama extintivo y en la contestación de demanda -las inasistencias por enfermedad "sin debida justificación médica", observo que la demandada no indicó cuáles habrían sido esas inasistencias. Sin perjuicio de ello, en el legajo de la actora hay un sobre rotulado "comprobantes médicos", que contiene cinco certificados en los que se aconseja reposo a la actora o a su hijo, por distintas fechas comprendidas entre el 18 de mayo y el 29 de setiembre de 2010.

Cabe entonces considerar injustificada la rescisión del contrato.

IV) Ahora bien, el desvío de poder y la falta de justificación de la rescisión del contrato que señalé en los dos capítulos anteriores, no autorizan a la actora a reclamar las indemnizaciones y multas previstas en la ley de contrato de trabajo, como pretende en su demanda.

En efecto, cabe tener en cuenta que, por el modo en el que se desenvolvió la relación a lo largo de los años, el tipo de tareas que desempeñaba la actora y las figuras contractuales utilizadas ("contratos de servicios" que expresamente remiten al Estatuto y al Reglamento para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas), las partes no tuvieron la intención de someter el vínculo a un régimen de derecho privado, por lo que, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema a partir del citado precedente "Ramos", la solución para reparar la eventual conducta ilegítima del organismo estatal "debe buscarse en el ámbito del derecho público y administrativo" (cfr., en el mismo sentido: CSJN, 19/4/11, "Cerigliano, Carlos Fabián c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires U. Polival. de Inspecciones ex Direc. Gral. de Verif. y Control", LL, 2011-C-322).

Para establecer el importe, y a falta de previsiones legislativas específicas, debe acudirse a una solución que, por analogía, repare debidamente los perjuicios sufridos por el empleado, por lo que se ha considerado equitativa la aplicación de la indemnización prevista por el art. 11 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público -ley 25.164- es decir un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor (conf. CSJN, causas "Ramos", consid. 9º del voto de la mayoría y 10º del voto de la minoría), al que ha de adicionarse, atento el carácter intempestivo de la cesantía, otros seis meses de sueldo (conf. precedente "González Dego", antes citado).

Por ello, y sobre la base de la mejor remuneración de $ 3.160,89 (conf. recibos de fs. 39/44, 186 y 187 vta.), corresponde fijar la indemnización en la suma de $ 50.574,24 (16 x $ 3.160,89), suma que devengará intereses desde el 13 de noviembre de 2010 hasta el efectivo pago, a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo difundido por la Prosecretaría General (CNAT, Acta 2357 del 7/5/02).

V) La solución que propongo conduce a dejar sin efecto lo decidido sobre costas y a honorarios, y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 Cód. Procesal).

Sugiero que las costas sean soportadas por la demandada, en su carácter de vencida (art. 68 Cód. Procesal).

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, estimo los honorarios de primera instancia de la representación y patrocinio de las partes actora y demandada, y del perito contador, en el 16%, 13% y 6%, respectivamente, del monto total de condena, incluidos los intereses; y los de segunda instancia, en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la instancia anterior (arts. 6, 7, 8, 9, 14 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3º y conc. dec. ley 16.638/57).

VI) En síntesis, voto por: 1) Revocar la sentencia apelada, haciendo lugar a la demanda y condenando a la demandada a abonar a la actora, mediante depósito en autos, la suma de $ 50.574,24, con más sus intereses en la forma precedentemente indicada. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada y regular los honorarios en los porcentajes indicados en el considerando respectivo.

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia apelada, haciendo lugar a la demanda y condenando a la demandada a abonar a la actora, mediante depósito en autos, la suma de $ 50.574,24, con más sus intereses en la forma precedentemente indicada. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada y regular los honorarios en los porcentajes indicados en el considerando respectivo.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. SILVIA E. PINTO VARELA	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria