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Prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria, falta de notificación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ALFONSO, Sandra I. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-18

A partir de la entrada en vigencia de la ley 25.990 se ha dado respuesta a una larga discusión dogmática sobre los actos que debían ser considerados "secuela de juicio". El actual art. 67 del C.P. prevé en forma taxativa los actos interruptivos del curso de la prescripción, a saber: la comisión de un nuevo delito, el primer llamado a indagatoria, el requerimiento de apertura o elevación a juicio, el auto de citación a juicio y la sentencia condenatoria.

El texto de la ley es claro y se refiere única y exclusivamente al "llamado a indagatoria", esto es la decisión jurisdiccional queconsidera que existe sospecha de que una persona ha participadoen la comisión de un delito y lo convoca a comparecer ante el tribunal. En ningún momento la ley exige que dicha convocatoria esté debidamente notificada y tampoco existen razones para agregar este requisito, como sí podría ocurrir con otros institutos (v.gr. la declaración de rebeldía) en donde la notificación fehaciente juega un rol importante resguardando los derechos del imputado que nunca compareció simplemente porque no sabía que su presencia era requerida. Por el contrario, en el ámbito de la prescripción el legislador ha entendido que el "llamado a indagatoria" es demostrativa de la voluntad de poner en movimiento la acción penal y así lo ha consagrado en el art. 67 del C.P. De esta manera se estableció que dicho acto -aún cuando no esté debidamente notificado al imputado- interrumpe la prescripción de la acción penal.

En consecuencia, corresponde confirmar el auto que rechazó el planteo de extinción de la acción penal por prescripción.
Empresas del Estado, recursos administrativos, plazos administrativos, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AVANZADA  S.A. c/ GAS DEL ESTADO - SOC. DEL ESTADO s/ ODINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-16

El cuestionamiento de decisiones denegatorias de órganos interiores de una sociedad del estado no está sujeto a los plazos recursivos del título VIII del dec. 1759/72, pues loas sociedades regidas por la ley 20705 no están comprendidas en el art. 28 de dicho decreto, las demás reglas del citado título no les son aplicables supletoriamente.
Administración Pública, régimen disciplinario administrativo, empleados públicos, sumario administrativo, acto administrativo, vicios, desviación de poder, prueba, declaración de negligencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Retamar, Julio Inocencio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 681 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

Debe desecharse la postulación del recurrente respecto a la concurrencia de un supuesto de desviación de poder por actuar la Administración con una finalidad distinta de la perseguida por la ley que ejecuta. Ello, por cuanto, además de que el alegado vicio no ha sido en modo alguno acreditado, de un análisis detallado de las actuaciones administrativas no surgen indicios suficientes de que la potestad disciplinaria haya sido ejercida en el caso para satisfacer un fin distinto al que la justifica, ni que el mismo respondiese al ánimo de perjudicar al recurrente. En ese sentido no aparece arbitraria la evaluación efectuada por la Administración respecto de la conducta desplegada por el recurrente, ni la conclusión a la que arriba aquélla en orden a la irregularidad en su accionar con relación al hecho denunciado y las pruebas colectadas durante la tramitación del sumario, razón por la cual el planteo esgrimido no aparece configurado en la especie.
Alimentos, obligación alimentaria, concurrencia de los padres
Materia: CIVIL
Carátula: E. A. c/ D. A. M. s/ INCIDENTE - ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-30

Con anterioridad a la reforma de las leyes 23.264 y 23.515 ya se entendía que una interpretación literal del texto del art. 271 parecía resultar que sólo el padre debía alimentos pese a lo cual se consideraba uniformemente que la norma también se aplicaba a la madre en el caso de que la guarda de los hijos haya sido entregada a ella. La tenencia del menor por la madre no implica que no fuera tenida en consideración la obligación alimentaria del padre fijándose en ese efecto la cuota que debe satisfacer. Existe gran diferencia entre sostener que los alimentos deben ser satisfechos por ambos padres en razón de la nueva normativa y exponer que esa modificación lleva a disminuir la obligación alimentaria del progenitor. Si el anterior art. 271 del Cód. Civil -en su interpretación literal- parecía llevar la errónea conclusión en el sentido que el padre no respondía por los alimentos de los hijos que no estaban bajo su guarda, es claro que la normativa actual impide ese tipo de interpretación.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Gutiérrez de Sánchez, Dorotea Checa c/ Gutiérrez, Rodolfo Primitivo y otro. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-10

Procede el recurso extraordinario respecto de los honorarios regulados en las instancias ordinarias cuando lo decidido resulta ser autocontradictorio y carente de sustento jurídico válido.
Obligaciones solidarias, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez María de los Angeles y Otros c/ CAMINITO S.A. y Otros s/ Cobro de Sueldos, Vacac. y Otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-02-19

Debe confirmarse la sentencia de primera instancia que condenó solidariamente a los codemandados que con maniobras fraudulentas de ventas sucesivas y cesiones de derechos intentaron burlarse de los legítimos derechos de los acreedores.
Recurso contencioso administrativo, personal municipal, remuneración, adicionales de remuneración, licencia por enfermedad, junta médica, leyes, voluntad del legislador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SPITALE, JUAN CARLOS c/ COMUNA DE SAUCE VIEJO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 340 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-22

Corresponde declarar la ilegitimidad de los actos atacados por los que el actor fue desafectado de su tarea como "chofer de ambulancia" durante el período en que estuvo con licencia por enfermedad, dejando de percibir los suplementos por guardias rotativas, riesgo y tareas peligrosas, mayor jornada en función asistencial y guardias pasivas hospitalarias, desde que en primer lugar, dichos suplementos se corresponden con aquellos que retribuyen el trabajo o servicio bonificable con un porcentual mensual fijo sobre la asignación de categoría del agente, con prescindencia de la acreditación de la efectiva prestación del servicio y al margen de cualquier tipo de acreditación o control;

en segundo lugar, la ley 9256 tipifica al tipo de enfermedades como las padecidas por el recurrente (afectación cardiaca) como de larga duración (art. 19 inc. "c") correspondiendo el uso de licencia con goce total de haberes, y en tercer lugar, en relación al pago de la licencia por enfermedad, el art. 17 dice que éste "... deberá continuarse, si mediara dictamen d e la Junta Médica Especial, hasta que se disponga la cesantía o su reubicación en tareas acordes". Consecuentemente, en el caso del actor, habiendo intervenido la Junta Médica, la decisión de la Administración Comunal luce contraria a los preceptos claramente tuitivos de la ley 9256, conclusión que se robustece con lo expresado por esta Corte in re "Herrera" donde se sostuvo que "razones fundamentales de justicia y equidad impiden que en tal época el trabajador afectado por una minusvalía que impide cumplir con su débito laboral, vea desmerecidos sus ingresos, agravando -si se quiere- su situación y la del grupo familiar conviviente".
Representación sindical, prueba, carga de la prueba, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: SANTORO JORGE c/ HYDRODRILL ARGENTINA  S.A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-03-17

Reconocida la condición o calidad de representante gremial o sindical en la persona de la actora, corresponde a la parte que alegue un vicio en su designación hacerlo temporáneamente; la impugnación de la validez de una elección de delegado gremial no puede ser introducida en cualquier momento por los empleadores, ni menos articulada sólo con motivo del reclamo sindical por violación de la estabilidad sindical, sino que debe ser oportuno, es decir, inmediata a la comunicación de la noticia respectiva, de manera de permitir la corrección del acto viciado.
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martinez, Juan c/ Raymundo, Luis A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-28

No cabe considerar el sufrimiento espiritual que el hecho y las lesiones sufridas por el menor pudieran causar a su familia. La limitación de legitimación al damnificado directo que prescribe el segundo párrafo del artículo 1078 del Código Civil se erige en valladar insalvable al respecto.
Juicio ejecutivo, prueba, obligación cambiaria, título ejecutivo inhábil, fianza, pagaré
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO DEL CHUBUT SA c/ PANTANO, SERGIO GUSTAVO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-29

Cabe rechazar la ejecución incoada, cuando -como en la especie- la ausencia de toda mención en la demanda acerca de la real obligación garantizada, no obstante haber asumido el accionado el carácter de principal pagador, impone efectivamente el rechazo de la acción, pues a fin de perseguir el cobro de la deuda contra el, el acreedor debió en primer termino cumplir con los recaudos pertinentes a fin de acreditar la existencia de la obligación principal, presupuesto este, en el que fracasó ante el magistrado competente. A mas, la demanda adolece de todo tipo de claridad lo que no solo dificultó la tarea defensiva de su contraria, sino que provocó el dictado de una sentencia en base a un título -pagaré, que el actor pretendió garantizar-, que luego se afirma no es el que sirve de base a la ejecucion.

(En la especie: el accionado fue demandado en su condición de fiador solidario, liso y principal pagador de una sociedad que no fue en el caso demandada, instrumentándose el pagaré en un contrato de fianza, basado en préstamo personal, siendo insuficiente la ejecución dirigida contra la misma en base a ese solo título, y también insuficiente la fianza pues no constituye por si sola un título ejecutivo sino en relación a la deuda del afianzado).
Mandato, representación legal, ratificación de actos procesales
Materia: CIVIL
Carátula: ASESORIA DE FAMILIA E INCAPACES c/ S., J. D. s/ Acción de impugnación de Filiación extramatrimonial y Acción de reclamación de filiación extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-08

Corresponde admitir la presentación de quien carecía del instrumento que acredita el mandato legal invocado, si posteriormente intervino el titular de la representación legal, lo que implica una clara ratificación de lo actuado y equivale a un mandato con efecto retroactivo -art. 2304, Cciv-.
Regímenes jubilatorios especiales, docentes, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Saidman, Marta Juana c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

El beneficio consistente en el incremento del cinco por ciento por sobre lo establecido en el art. 41 de la ley previsional corresponde a todo docente que estando en condiciones de obtener una prestación previsional (ordinaria o por incapacidad) acredite veinticinco años de servicios al frente directo de alumnos.
Compraventa, acción redhibitoria, acción quanti minoris
Materia: COMERCIAL
Carátula: GUIPURE SA c/ TWS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-20

La acción redhibitoria por vicios ocultos lleva a dejar sin efecto el contrato o a rescindirlo, debiendo las partes devolverse las prestaciones ejecutadas en consecuencia para ponerlas en el mismo estado en que se hallaban antes de la venta (art. cciv: 1050).

La actio quanti minoris faculta a la parte afectada a pedir la rebaja o disminución del precio pagado, en proporción al menor valor de la cosa por causa de los defectos o vicios de que adolecía, pero manteniéndose el contrato (cfr. Salvat, Ramundo Acuña Anzorena, Arturo, "Tratado de derecho civil argentino", tomo iii, Bs. As.p. 464; Borda, Guillermo, "Tratado de derecho civil. contratos", t. I, Ed. Perrot, Bs. As. 1969, N° 234; Belluscio - Zannoni, "Código civil y leyes complementarias", t. 9, ED. Astrea, Bs. As.2004, comentario al art. 2174, p. 795).
Competencia, medidas cautelares
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Santa Juliana Leonardo Roberto c/ Firma Metalúrgica S.R.L. y/o Angel O. Lima s/ Incid. rechazo inhibición
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-07-08

Que si bien la redacción del art. 6 mencionado parece haber tenido en cuenta en principio, los supuestos de precautorias adoptadas durante la sustanciación del principal, al no haber legislado de manera expresa o diferente los casos en que se solicitó la medida con anterioridad a la demanda, obligan a igual conclusión.
Juicio ejecutivo, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Tres de Febrero c/ Oliveros H. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

El plazo para el cómputo de la caducidad en los juicios ejecutivos es de seis (6) meses desde la última actuación útil.
Multa, cheque
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carrefour Argentina s.a. s/ Apelación art. 64 Ley 24.452
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-06

Uno de los recaudos esenciales para la admisibilidad de la sanción pecuniaria, -art. 2 inc. 6 y 62 ley 24452-, es que la desviación de la forma respecto a lo normado debe ser cometida por el autorizado a librar el cheque. Si el libramiento fue incompleto y el error se encuentra en los elementos agregados por un tercero, para multar al librador deberá probarse que quien lo llenó, lo hizo exactamente de acuerdo con las instrucciones recibidas por el librador y ello ocasionó el defecto. Si el agregado es realizado por un tercero a su criterio, no puede sancionarse al librador sin agravio constitucional, por punir a quien no cometió el hecho.-
Recurso de casación, caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: STORNIOLO JOSE FRANCISCO Y OTROS c/ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y/O PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-12-29

Interpuesto un recurso ante un órgano superior, el plazo de caducidad comienza a correr desde el otorgamiento de aquel, incumbiendo desde entonces al recurrente la carga de urgir la elevación del expediente con el consiguiente riesgo, en caso contrario, que opere la caducidad.
Aportes previsionales, personal militar
Materia: PENAL
Carátula: Gonzalez , José Mercedes y otros c/ Gendarmería Nacional y Otro s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-10

Mediante el art. 1 del Dec. 22788/83 se estableció el aporte previsional del personal de la fuerza en el 8%. Asimismo, el Dec. 679/97 elevó el descuento en concepto de aporte personal del 8% al 11% para el personal retirado de Gendarmería Nacional, ello a fin de asegurar la continuidad y el pago de los haberes del personal en pasividad. Por lo tanto y, cfr. lo establecido por la C.S.J.N. en autos "Molina Horacio y otros c/ Policía Federal Argentina", sent. del 06.03.12, no puede ponerse en tela de juicio la facultad que tiene el P.E.N. de establecer la forma en que las referidas prestaciones deben financiarse, puesto que, la preservación del equilibrio aludido, tiende a mantener el otorgamiento de prestaciones correspondientes al personal retirado de donde se constituye en un objetivo de interés general para todo el grupo, que debe prevalecer sobre el interés particular de los individuos, característica ésta propia de todo régimen contributivo de carácter solidario.
Depreciación monetaria, índices de actualización, moneda, jueces, Poder Judicial, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: ABEL BONORINO PERO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL s/ SUELDO DE  LOS  MAGISTRADOS- INTANGIBILIDAD- DEPRECIACION MONETARIA-  DERECHOS   Y GARANTIAS-  CONSTITUCIONALES-  INDEPENDENCIA  DEL  PODER  JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-15

La exigencia de incolumidad de las remuneraciones judiciales requiere la preservación razonable de su valor, de modo que la actualización por medio de los índices especiales de precios al consumidor permite restablecer el valor original y sigue así tanto el requerimiento que se desprende del art. 96 de la Constitución Nacional, como el criterio aprobado por la parte final de la nota al art. 619 del Código Civil.
Pensiones, medidas cautelares, derecho al beneficio, cónyuge, extinción del derecho de pensión
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Gómez, Timotea c/ ANSeS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que revocó la medida precautoria que había ordenado continuar con el pago de la pensión si del juego armónico de los arts. 53 y 15 de la ley 24.241 surge indubitablemente que la Administración sólo podía declarar extinguida la prestación si ésta hubiera padecido de nulidad absoluta, que resultara de hechos o actos fehacientemente probados y sólo se encontraba demostrado que la actora y el causante estaban separados al momento de la muerte del segundo pero no se había probado y ni siquiera invocado, que hubiera mediado declaración de culpabilidad ni que se hubiera presentado reclamando el beneficio conviviente alguno.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, juicio de apremio, título ejecutivo hábil, crédito fiscal, títulos ejecutivos
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c/ GRESCHUK, IVAN s/ APREMIO    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 35-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-31

Corresponde admitir la queja interpuesta si el Juez al rechazar las excepciones opuestas por el demandado en un juicio de apremio para el cobro de un crédito fiscal, meritó la habilidad del título, por lo cual dicho tema ya no podrá ser objeto del juicio ordinario posterior, al menos en cuanto refiere a la idoneidad de aquél para llevar adelante la ejecución; lo cual desvirtúa el argumento del A quo respecto a la inexistencia de gravamen insusceptible de ser reparado en el declarativo posterior.
Cuestiones de competencia, competencia criminal, Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n. 32 s/ planteo art. 24, inc. 7, del decreto - ley 1285/58.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

La Cámara Nacional de Casación Penal es el órgano competente para decidir tanto acerca de la real existencia de un conflicto entre un tribunal oral y un juzgado de instrucción, como de su solución.
Confirmación de sentencia, presentación extemporánea, valor probatorio, expediente electrónico, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández, Gustavo Adolfo  c/ Asociart ART. SA  s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

El Magistrado de primera instancia declaró a la aseguradora accionada, incursa en la situación procesal prevista en el art. 71 de la ley 18.345. Se agravia por ello. La regla del artículo 110 LO, debe excepcionalmente ceder cuando exista la posibilidad de que una solución de la Alzada conlleve un sentido contrario a la primera instancia, que pudiera producir un retroceso del proceso a etapas anteriores provocando entonces un dispendio jurisdiccional innecesario. El Sr. Fiscal tuvo a la accionada por incursa en la situación prevista en el art. 71 de la LO, en razón que, aquella luego de haber sido notificada, incorporó en forma extemporánea su conteste digitalizado pasadas las dos primeras horas del plazo previsto por el art. 124 CPCCN. La aseguradora planteó la revocatoria que fundó en fallas del sistema en el día en que vencía el plazo, las cuales fueron desvirtuadas con el informe emitido por la Dirección de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cabe memorar que la Ley 26.685 autorizó la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas y digitales en todos los procesos judiciales y administrativos que tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. Sumado a ello, en el marco de la pandemia mundial por Covid 19 declarada por la OMS, y por razones de salud pública, el Máximo Tribunal dispuso la digitalización de las causas judiciales y la realización de presentaciones en forma exclusivamente electrónica (Acordadas 4/20, 6/60, 12/20, 145/20 y 31/20). Específicamente, respecto a la fecha cierta de los escritos la Acordada 31/20 estableció que: " Se considerará fecha cierta de inicio de la demanda o de cualquier otra presentación el día en que el letrado u otro sujeto legitimado presente efectivamente de manera electrónica ante el juzgado o tribunal el correspondiente escrito" Asimismo, el art. 53 de la ley 18.345, dispone que "...los plazos procesales serán improrrogables y perentorios y su vencimiento producirá la pérdida del derecho que se hubiere dejado de usar, sin necesidad de petición de parte ni declaración alguna". En este marco, el informe da la Dirección General de Tecnología en cuanto a la operatividad del sistema Lex 100, y la inexistencia de problema alguno para subir escritos el día en que el vencía el plazo para que la accionada respondiera, cancela la posibilidad de revisión del trámite, por el simple vencimiento del plazo y consecuente pérdida del derecho que ha dejado de usar, por aplicación del principio de preclusión procesal. Cabe confirmar la resolución de primera instancia.
Proceso contravencional, prueba testimonial, declaración testimonial, valor probatorio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, J.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-31

En lo que respecta a la valoración de la prueba testimonial, cuando ella está compuesta únicamente por las deposiciones del personal policial que ha prevenido en el hecho, en atención a la particular doble condición en que los preventores-testigos se encuentran, sus dichos, para ser considerados plenamente válidos deben tener debida corroboración en otras probanzas. Ello en función de que no son los preventores sujetos ajenos al hecho, sino justamente los que toman intervención, en razón de sus funciones, ante la posible comisión de una contravención, los artículos 16 y 36 de la Ley de Procedimiento Contravencional.

Los preventores son considerados testigos hábiles, pero para que sus dichos puedan ser valorados plenamente, conforme las reglas de la sana crítica racional, deben estar corroborados por otras probanzas; ello en función de defensa de las garantías procesales plasmadas en nuestra Carta Magna, y ya desde 1853/1860 en la Constitución Nacional.