Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-23


Esquel, 23 de marzo de 2005.- VISTO:

Los recursos de reposición con apelación en subsidio y el de apelación interpuestos a fs. 1081/1082 vta. y 1084 por el apoderado de la Sra. Martillera S.G designada en autos, y por el apoderado de los compradores de la subasta llevada a cabo en los presentes, Dr. O.S.G, respectivamente, contra la resolución de fs.1075, Y CONSIDERANDO:

Que al fundamentar a fs. 1081/1082 vta. la reposición interpuesta, la Sra. Martillera expresa que los extremos que invoca la resolución apelada contienen excesivo rigorismo formal, toda vez que la rúbrica del martillero en el correspondiente acto es subsanable, encontrando sustento lo manifestado en las normas de los arts. 169 y 172 del CPCC.

Agrega que todo acto procesal es válido, aún siendo defectuoso o irregular, en la medida que logre el fin al que estaba destinado, y que en caso de duda sobre la configuración del vicio procesal corresponde declarar la validez del acto desde que la nulidad debe ser considerada un remedio excepcional y último. Cita la obra de Morello y otros.

Entiende que el acto es válido, se encuentra avalado por la rúbrica de los presentes y que los mismos no han manifestado oposición sobre el particular -omisión de la firma de la Sra. Martillera - y tácitamente han convalidado todos y cada uno de los actos llevados a cabo, por lo que logró la finalidad a la que estaba destinado.

Por último, expresa que la nulidad de oficio decretada por el Sr. Juez perjudica a un tercero que compra de buena fe en una subasta pública, con la correspondiente convalidación de las partes. Cita doctrina.

Ello en cuanto a los agravios de la Sra. Martillera designada en los presentes; en lo atinente a los expresados a fs. 1087/1096 vta. por el apoderado de los adquirentes del inmueble subastado conforme el acta agregada a fs. 1058, cuya incorporación al expediente se hace por el escrito encabezado "Rendición De Cuentas", de fs. 1059, entiende que la compleja situación de la subasta como negocio jurídico debe contemplarse desde tres aspectos fundamentales: a) que en su génesis tiene por finalidad un contrato de compraventa con especiales características, b) la nulidad de los instrumentos en los cuales se plasma el acto, y c) algunas consideraciones en cuanto a la subasta desde la óptica ritual.

Señala que el contrato de compraventa se encuentra perfeccionado, y que de conformidad con el acta de remate y los antecedentes arrimados a la causa se desprende, sin mayores esfuerzos, que el mismo se llevó adelante con las características propias y con la presencia de otros oferentes y representantes de las partes.

Agrega que la existencia misma del contrato se encuentra probada, y la omisión de firma de la Martillera no puede perjudicar al oferente de buena fe que concurrió a un acto jurisdiccional que se encontraba rodeado de garantías que éste, "per se", ofrece a la sociedad, que se llevó a cabo con absoluta normalidad y que no ha sido cuestionado por ninguno de los partícipes del mismo.

Manifiesta que el acto que se pretende nulificar por falta de firma de la Martillera no sólo tiene existencia en el acta rubricada por los presentes sino que también tiene otros respaldos probatorios contemplados por la ley.

Así, la obligación de los Martilleros de llevar libros propios de la actividad, donde quedan registradas las operaciones.

Además, el escrito que presenta la Sra. Martillera a fs. 1059, debidamente firmado con la rendición de cuentas ratificando los instrumentos acompañados, tiene virtualidad para la finalidad que intenta con la agregación.

Sostiene el recurrente que en dicho momento la martillera se encuentra aún investida de la calidad de fedataria, por lo que puede considerarse que está ratificando aquellos actos que han pasado en su presencia -art. 993 del C.C.- saneando su misión o convalidando el acto de conformidad con los preceptos del Código Civil.

Por otro lado, entiende que la nulidad ha sido dispuesta por el Sr. Juez a quo de oficio, sin que se insinuara ningún perjuicio, tampoco se presentaron los terceros señalando alguna anomalía y, por el contrario, se presenta como protección de un "mero interés legal" en un acto que se desarrolló con absoluta normalidad. Cita doctrina.

Señala también que el judicante debió ordenar subsanar dicha omisión por cuanto la nulidad es de carácter relativo.

Desde la óptica procesal también la decisión del Sr. Juez, dice, es desacertada, puesto que pudo convalidar el acta realizando actividades que el propio Código Procesal se las impone, a tal fin transcribe el art. 34 inc. 5° b) del citado ordenamiento. Cita jurisprudencia.

Que resumidas así las quejas de los recurrentes, corresponde que este Cuerpo entre al análisis de las mismas.

Que en el auto impugnado, el Sr. Juez Dr. Omar H. Magallanes declara la nulidad de la subasta llevada a cabo el día 05 de noviembre de 2004 (fs. 1058) y de todos los actos que fueran su consecuencia. Entiende que ello es así pues la irregularidad de la que adolece el acta de remate constituye un requisito esencial para la integración del instrumento público (art. 988 del C.C.).

Que en oportunidad de resolver la revocatoria, planteada por la Sra. Martillera, a fs. 1085, el Sr. Juez a quo mantiene el mismo criterio.

Que a los efectos de resolver el conflicto suscitado en la etapa de la ejecución de la sentencia y, más precisamente, en la de la subasta del bien inmueble, corresponde citar, en primer lugar, el art. 593 del C.P.C.C.: "El Juez deberá decretar la nulidad de la subasta cuando las irregularidades de que ella adoleciere comprometieren gravemente la actividad jurisdiccional...".

Del texto citado se desprende que la facultad del juez de decretar de oficio la nulidad del remate se restringe únicamente al supuesto en que las irregularidades cometidas en tal acto comprometan seriamente "...la actividad jurisdiccional".

Que este Cuerpo, con distinta composición, ha sustentado su criterio en un caso análogo en autos "C.R c/ CR.A s/ Ejecutivo" (Expte. N° 72/97 CANO), en sentencia de fecha 21 de mayo de 1997, registrada bajo el N° 41/97 CANO, y que fuera publicada en elDial - BC853.

Que en dicha oportunidad se dijo que "... varias son las opiniones que ha vertido la doctrina y la jurisprudencia respecto a la naturaleza jurídica o el carácter que revisten los martilleros. Existe coincidencia respecto a que los mismos actúan como auxiliares -externos- de la justicia, como delegados del juez y con calidad de oficial de justicia. "...son funcionarios de los que se vale el tribunal para el cumplimiento del fin buscado con el proceso..." y "...como consecuencia de esta concepción, el martillero debe ajustarse a las instrucciones del juez y no puede extralimitarse en su cometido, sino que debe solicitar de aquél las autorizaciones necesarias" ("LA SUBASTA JUDICIAL", de Oscar J. Martínez, pág. 34)." "Que además, se ha dicho que la venta en pública subasta es, por su propia naturaleza, "...un contrato eminentemente verbal, conformando para los compradores, según interpretación jurisprudencial, las condiciones insertas en los avisos del remate, las únicas bases a las que debe subordinarse el contrato" (Fallos T. 13, p. 408) (L.L. T. 51 p. 172 y siguientes, y en igual sentido, COLOMBO, en "Código Procesal Civil y Comercial Comentado", T. IV, pág.

239)." "También se ha sostenido que "...el remate es una venta sujeta a un régimen especial de prueba, en razón de la naturaleza verbal del acto que se celebra y que admite su demostración por otros medios que el del documento suscripto por el obligado, incluida la testifical o las constancias de los libros del martillero...", y "De ahí, que sea suficiente el informe del rematador, que en la emergencia actúa como delegado del juez interviniente..." y "o como oficial público, órgano ejecutivo y auxiliar de la justicia ... unido al acta de descripción del remate, levantada con la firma de dos testigos presenciales al ocurrir el mismo... y aunque por negativa del único postor adjudicatario, no se hubiera suscripto el boleto de venta pertinente" (MORELLO- PASSI LANZA-SOSA-BERIZONCE, Códigos Procesales T. VI-2, p.693/694), en igual sentido HERNÁNDEZ, "Tratado de la Ejecución", T. I, pág. 277)".

"Además, en la primera de las obras citadas precedentemente, se sostiene que: "En la subasta pública, la convención queda perfeccionada y la enajenación concluida cuando la oferta hecha por el rematador a persona indeterminada es aceptada por su concurrente, mediante la última oferta o única postura, cualquiera fuera el monto del precio ofrecido, cuando el remate es sin base" y "... producida la adjudicación la subasta queda perfeccionada" (Pág. 693).

"Que atento la naturaleza de la función que cumple el martillero público, los actos emanados del mismo asumen el carácter de instrumentos públicos, tal la manda del art. 979 del Código Civil, por lo que, atento las prescripciones del art. 986 del mencionado código de fondo, su validez depende de que en el acto se hayan llenado las formas prescriptas por las leyes, "bajo pena de nulidad".

"Resulta entonces que sería de aplicación en los presentes el art. 988 del Código citado, por cuanto el instrumento público requiere, para su validez, la firma de todos los interesados; en consecuencia, el "acta" adjuntada por el martillero a fs. 35, de acuerdo a lo normado por el art. 986, resulta nula, por haberse omitido la firma de uno de los "interesados".

"A esta altura del razonamiento es necesario puntualizar algunos conceptos a los efectos de adoptar una decisión justa y conforme a derecho.

"Dentro de las particularidades del remate aquí en estudio, debe destacarse el contexto eminentemente verbal propio de la subasta y el modo convencional de perfeccionamiento de la misma. Debe quedar bien establecido que una subasta se desarrolla a través de una serie de actos sucesivos, y es así que, por un lado, se encuentra perfectamente determinado el acto en sí del remate, y por otro lado, la comprobación del modo en que el mismo se llevó a cabo.

Es por ello que el acta que se confecciona una vez finalizada la subasta constituye una prueba más de que se llevó a cabo el remate, pero no la única, pues puede comprobarse la existencia misma de la venta forzada a través del informe del martillero, constancias de sus libros y/o registros, testimonios, etc".

"En autos, en oportunidad de presentar la rendición de cuentas, el apelante incorporó al proceso la correspondiente acta de remate, bien que con la omisión ya señalada, pero no puede desconocerse que de ese acta surge que la subasta se llevó a cabo de acuerdo a las directivas ordenadas.

Con la presentación que efectúa el nombrado a fs. 40, la copia del acta respectiva debidamente firmada por los intervinientes en dicho acto, se refuerza aún más la hipótesis respecto a la regularidad en sí del acto de la subasta".

"Por otra parte, cabe señalar que no existe en autos constancia alguna de disconformidad o irregularidad detectada por parte de los involucrados en la subasta llevada a cabo con fecha 28-11-96.

Simplemente, el a quo, ante la omisión advertida, de oficio decretó su inexistencia y confirma la nulidad, con fechas 18-03-97 y 10-04-97, respectivamente, es decir, casi cuatro meses después de realizada la subasta. No se advierte, más allá de lo expuesto en el auto recurrido, cual es el interés jurídico que motiva al judicante para invalidar el acto de remate.

Es de destacar que a los efectos de declarar una nulidad de oficio debe, necesariamente, estar comprometida gravemente la administración de justicia, y en los comentarios al artículo 593 del C.P.C.C., precisamente no se encuentra comprendida la situación de autos.

Se consideran, en tal sentido, aquellos supuestos que tienden a deteriorar el prestigio de la función judicial, como cuando el martillero se aparta de las instrucciones impartidas por el juez, o cuando la libertad de eventuales postores resulte ostensiblemente coartada a raíz de maniobras de terceros, tal lo manifestado por Palacio en su obra "Derecho Procesal Civil", tomo VII, págs. 622/623, o también el caso de remate de un bien ajeno a la ejecución, adjudicación del bien a quienes les está prohibido, anticipación indebida de la subasta, tal lo señalado por Donato en "Juicio Ejecutivo", págs.

764/765".

"Que tal como se señalara más arriba, para invalidar el acto, debe existir un interés jurídico, una lesión a la administración de justicia, y una falta de consentimiento a su respecto por parte de las personas legitimadas para impugnarlo.

Ello así, en virtud del principio por el cual todas las nulidades procesales son relativas, y así "la declaración de nulidad de oficio tampoco corresponde si la irregularidad de que adolece el remate ha sido consentida por todas las personas legitimadas para impugnarlo, ya que por grave que aquella sea, la validez del acto no puede quedar pendiente en forma indefinida". (Palacio obra citada, pág. 623".

"Que en autos, el acto de remate se llevó a cabo en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el juzgador, se concretó la operación en virtud del consentimiento entre el ofrecido por el actual comprador y el martillero, y la omisión que por simple negligencia llevó al mismo a no suscribir el acta, no afectaría, en principio, la validez de la subasta.

"El perjuicio que se causaría por la decisión judicial prematura de nulidad y/o inexistencia de la subasta puede ser más grave que la irregularidad detectada, existiendo otros mecanismos de subsanación de la misma como, por ejemplo, solicitud de informe al martillero, testimonio de los partícipes e interesados, entre otros, tendiente todo ello a evitar un daño a la administración de justicia aún mayor que el que se intenta reparar" "(Rowlands-Margra-Gómez)".

Por ello, la Excma. Cámara Apelaciones del Noroeste del Chubut,- R E S U E L V E-- 1) REVOCAR la resolución de fs.1075 en cuanto declara la nulidad de la subasta llevada a cabo en las presentes actuaciones, 2) DISPONER se subsane, con intervención del Actuario, la omisión en la que ha incurrido la Martillera S.G en el acta de fs. 1058.

3) RECOMENDAR mayor diligencia en su actuación a la Martillera S.G.- 4) REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.

BENJAMÍN MOISÁ CARLOS S. MARGARA RANDAL C. ROWLANDS REGISTRADA BAJO EL NRO. 34 DEL AÑO 2005. CANO.-Irma Alicia Carbó-Secretaria.-