Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23


SENTENCIA DEFINITIVA N° 17.607 EXPEDIENTE N° 17.076/2009 SALA IX JUZGADO N° 20 En la Ciudad de Buenos Aires, el 23/2/2012 para dictar sentencia en los autos caratulados "ASSALONE EUGENIO ALBERTO C/ ROCARAZA S.A. S/ INDEMNIZACIÓN ART. 212" se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro Edmundo Balestrini dijo:

I- Controvierten ambas partes el pronunciamiento recaído en la anterior instancia, la demandada según su presentación de fs. 422/425vta. y la actora a través del escrito agregado a fs. 481/488vta., recibiendo sendas contestaciones a fs. 476/479vta. y 495/vta., respectivamente.

II- En orden a la base remuneratoria de la condena, segmento del decisorio que suscita impugnaciones de ambas partes, cabe desestimar liminarmente el tratamiento de la objeción interpuesta por la demandada toda vez que la suma adoptada por la sentenciante de grado coincide con la invocada expresamente en el responde por la propia apelante (fs. 50), no resultando en consecuencia atendible la innovación (conf. art. 277 del CPCCN, art. 155 de la LO).

Respecto a la postura de la actora, no tendrá mejor suerte ya que postula un salario que nunca se devengó a favor del causante -como se presupone en el art. 245 de la LCT para determinar la variable en cuestión- por encontrarse al mes de septiembre de 2008 cursando el plazo de conservación del empleo previsto en el art. 211 de la LCT que no genera derecho a contraprestación salarial.

Consecuentemente, propondré que se confirme la base salarial utilizada por la juez de grado anterior para arribar al monto de condena.

III- En cuanto a la divergencia de la demandada dirigida contra la procedencia del S.A.C. proporcional regulado por el art. 123 de la LCT, fundada en que para su cómputo se tuvo en cuenta no sólo el tiempo de licencia paga sino también el período de conservación del empleo, excediéndose de tal manera el alcance de dicha norma en cuanto alude a ".la doceava parte de las remuneraciones devengadas en la fracción del semestre trabajado.", en opinión del suscripto la tesitura recursiva deviene improcedente ya que la pauta en cuestión se debe conjugar con los términos del art. 152 del mismo cuerpo legal en el que -a todos los efectos- se establece expresamente que ".se computaran como trabajados los días en que el trabajador no preste servicios.por estar afectado por una enfermedad inculpable o por infortunio en el trabajo, o por otras causas no imputables al mismo", fórmula que alcanza el supuesto bajo análisis.

Desde esa perspectiva, propondré que se confirme el fallo recaído también en este segmento.

IV- Tendrá en cambio acogida en esta etapa de revisión la queja que mereció la procedencia de la condena fundada en el art. 80 de la LCT, ya que aún cuando el otorgamiento del beneficio provisional y el posterior fallecimiento del actor privarían de objeto el libramiento de los certificados allí previstos, resultan insoslayables los instrumentos acompañados con el responde de los que surge expresamente que con posterioridad a la ruptura el actor recibió la documentación pertinente (fs. 42/48vta.), sin que su autenticidad haya sido puesta en tela de juicio en la contestación del traslado (fs. 79/87).

Por tales razones, de prosperar mi voto habrá de dejarse sin efecto la condena en cuanto atañe a la obligación prevista en el art. 80 de la LCT.

V- Respecto al rechazo de la multa prevista en el referido art. 80 de la LCT, la argumentación de la actora interpone recién ante esta instancia la ilegitimidad constitucional del art. 3° del Dec. 146/01 que reglamenta dicha norma, cuya proyección fundamentó la decisión que se pretende revisar. La tardía impugnación constitucional que no puede merecer tratamiento de conformidad con los límites impuestos al poder revisor del Tribunal en el art. 277 del CPCCN y las alegaciones meramente subjetivas de la recurrente no alcanzan a cumplir las exigencias previstas en el art. 116 de la LO, por lo que propiciaré que se declare desierto su recurso en este aspecto.

VI- No tendrá la misma suerte la impugnación que la parte actora dirige contra el rechazo del agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 2° de la ley 25.323, ya que dicha norma no condiciona su procedencia de acuerdo a la causa en la que se origina el derecho del trabajador a la indemnización del art. 245 de la LCT -en el caso bajo análisis la incapacidad absoluta para seguir trabajando- sino a que se verifique la actitud reticente del empleador a abonarla pese a ser fehacientemente intimado, obligándolo a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas.

En el caso en análisis se comprueba que, efectivamente, el accionante con fecha 4/12/08 al mismo tiempo que comunicó el carácter irreversible y absoluto de su discapacidad, intimó al pago de la indemnización dispuesta en el art. 245 de la LCT (fs. 158), recibiendo como respuesta de la empleadora -recién el 9/1/09- la negativa del derecho invocado, alegando el carácter inculpable de la enfermedad y poniendo presuntamente a disposición el pago de la indemnización prevista en el art. 247 de la LCT (fs. 7vta.), sin que hasta el presente hubiera efectuado el correspondiente depósito de dicho pago parcial.

En esa inteligencia, propondré que se modifique la sentencia dictada en la anterior instancia y se eleve el monto de condena al total de $122.181,46 ($78.288x50%+ $83.037,46) con más los intereses allí dispuestos.

VII- Respecto al rechazo de la reconvención, fundada en el presunto pago por error de una licencia médica de 12 meses cuando debió haber sido de 6 meses en atención a las pautas establecidas en el art. 208 de la LCT y la ausencia de carga de familia, la pretensión recursiva no podrá tener favorable recepción ya que cabe recordar que tanto el referido artículo como el resto de las normas que rigen el contrato de trabajo imponen con carácter de orden público el marco de protección mínimo del trabajador, sujeto del contrato de trabajo que cuenta con tutela preferente por aplicación del art. 14bis de la CNA, de lo que deriva que se fulmine con la nulidad toda convención de partes que lo suprima o reduzca (conf. art. 12 de la LCT) sustituyéndolas de pleno derecho por las normas evadidas (art. 13 del mismo cuerpo legal), sin que se aplique el mismo esquema respecto de las convenciones de origen colectivo o individual que, como en el caso bajo análisis, signifiquen un progreso sobre dicho mínimo inderogable. Tal es así que a partir de la reforma introducida por la ley 26.574, los términos del referido art. 12 de la LCT extienden la irrenunciabilidad no sólo a los derechos previstos en la LCT, estatutos profesionales y convenciones colectivas, sino además a los derivados de los contratos individuales.

No cabe duda que la ampliación del plazo de licencia paga por enfermedad inculpable que oportunamente se le reconoció al demandante se inscribe en este último supuesto, resultando inatendible la invocación de un presunto error que efectúa la demanda una vez finalizado el vínculo e iniciada la presente acción en procura de la indemnización prevista en el último párrafo del art. 212 de la LCT. Teniendo en cuenta los términos del art. 929 del C. Civil, el supuesto error en el que se funda la convención eventualmente no resultaría excusable, ya que derivaría de una negligencia culpable de quien por contar con las amplias facultades de organización económica, administrativa y técnica de la empresa que se le reconocen en los arts. 64/65 de la LCT cuenta con los registros, instrumentos y medios necesarios para establecer con la debida precisión las obligaciones a su cargo.

Por las razones expuestas, propondré que se confirme en este aspecto la decisión recaída, sin que -en relación a la objeción subsidiaria- se verifiquen circunstancias que convaliden un apartamiento del principio objetivo de la derrota que rige la imposición de las costas (conf. art. 68 del CPCCN).

VIII- También habrá de confirmarse de prosperar mi voto el rechazo de la proyección del art. 275 de la LCT, teniendo en cuenta que no se aportan ante este Tribunal circunstancias que no hubiera tenido en cuenta la juez de grado o hayan sido valoradas en forma errónea, que configuren la conducta que allí se presupone para sustentar la procedencia de la sanción, limitándose la apelante a poner de manifiesto su subjetiva disconformidad con la decisión recaída.	IX- Respecto a la regulación de honorarios, que mereció impugnaciones tanto de la representación letrada de la demandada y del perito contador por estimar reducidos los propios, como de la accionada por considerarlos excesivos en su totalidad, en mi opinión los emolumentos en cuestión resultan ajustados teniendo en cuenta la calidad, mérito y extensión de las tareas llevadas a cabo, por lo que propondré que se confirmen (conf. art. 38 primera parte de la LO, Dec. Ley 16.638/57 y ley 24.432).

Costas de la Alzada a cargo de la demandada, vencida en lo principal que fue materia de apelación y agravios.

Por las actuaciones desplegadas ante esta Alzada, regúlense los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 25% de lo que les correspondió por la anterior instancia, conforme las pautas y normativa expuestas precedentemente.

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

Por compartir los fundamentos, me adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach no vota (art. 125 de la L.O.).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE: I) Modificar la sentencia dictada en la anterior instancia y elevar el monto de condena a la suma de $122.181,46 (PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS) con más los intereses allí establecidos, dejándose asimismo sin efecto la condena fundada en el art. 80 de la LCT y confirmar el resto que fue materia de apelación. II) Costas de la Alzada a cargo de la demandada, vencida en lo principal que fue materia de apelación y agravios. III) Por las actuaciones desplegadas ante esta Alzada, regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 25% de lo que les correspondió por la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ANTE MÍ: