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Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, interés para recurrir, contrato de trabajo, transferencia del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Fantaguzzi, Néstor c/ Toso e hijos s/ Despido Gambini, Ricardo Roque c/ Toso e hijos s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-18|1986-03-18

Carece de causa la controversia por cobro de indemnizaciones por despido suscitada entre los trabajadores y su ex empleador que cedió el establecimiento si resulta de la causa que los demandantes prestaron servicios a las órdenes del cedente y cesionario sin solución de continuidad mediante la existencia de un único contrato de trabajo y que si bien pudo haberse invocado causa al considerarse despedidos con relación al primitivo empleador, la misma ha cesado de existir al no operarse en definitiva la alegada denuncia de los contratos de trabajo, habiéndose procedido, en todo caso, dentro de las previsiones del art. 225 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Procesos especiales, admisibilidad formal, secreto fiscal, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Cabañas Fale, Maria Veronica c/ Fravega SAICEI s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-01

Procede confirmar la resolución que ordenó a la AFIP el libramiento de oficio ampliatorio para que aquélla se expidiera sobre la autenticidad de cierta factura supuestamente emitida por el accionado, dejándose constancia que la información requerida no puede ser negada al amparo del secreto fiscal. Ello por cuanto, en el caso, se advierte que se verifica cierta circunstancia especial que torna procedente la medida adoptada por el a quo. En efecto, la parte actora ofreció, para el supuesto de que la demandada negare la autenticidad de la Factura que librara oficio a la AFIP para que esta se expidiera sobre el particular. Es que si el contribuyente en cuyo interés se estatuyó el secreto fiscal ha consentido que las mismas se traigan como prueba es dable admitir una excepción a la reserva de dichas constancias. Así pues, en el caso aparece evidente que la agregación de dicha información al expediente ha sido consentida por aquélla. En efecto, debe tenerse en cuenta que el pedido de levantamiento del secreto fiscal previsto en la ley 11683: 101, no conformó una petición autónoma, sino tan solo el mecanismo necesario para poder materializar la producción de una prueba que no mereció cuestionamiento alguno por parte de la accionante (arg. cfr. CNCom, Sala E, in re: "Legión SRL c/ Banco Francés SA s/ inc. de apelación", del 16.9.99; íd. Sala A, in re: "Alba Cía. de Seguros SA c/ Malbeck SA y otros s/ ordinario", del 28.4.00). En este marco, no debe entenderse vulnerada en el caso la privacidad ofrecida por el Estado en protección de la garantía de inviolabilidad de los papeles privados, siempre y cuando -claro está- la decisión apelada sólo encuentre su marco de aplicación respecto de la prueba ofrecida, única respecto de la cual puede entenderse otorgado el consentimiento antes aludido.
Accidente de tránsito, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: ROJAS MARCELO ALBERTO Y OTRO c/ INDALO S. A. Y OTRO s/ D.Y P.X USO AUTOM C/LESION O MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-24

Debe ser incrementado el resarcimiento por la incapacidad física fijado en la instancia de grado, pues teniendo en cuenta la edad de la actora al momento del hecho (18 años), el porcentaje de incapacidad otorgado por el perito médico (25,55% ), el salario mínimo vital y móvil al momento del hecho ($ 1.240, aspecto no cuestionado por el recurrente) y las indemnizaciones acordadas en otros casos resueltos por esta Sala, la justipreciación efectuada por la Sentenciante de grado debe ser elevada a la suma de $ 186.000 (art. 165 del C.P.C. y C.).
Juicio de desalojo, prueba de la posesión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Viviendas 18 de Julio Sociedad Civil c/ Del Carmen, Mario s/ Desalojo por falta de pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-09-19

La acción de desalojo no es la vía idónea para obtener la restitución del bien cuando el accionado ha comprobado prima facie la efectividad de la posesión, pues la pertinente investigación sobre el tópico desnaturalizaría el trámite, en el que está excluido todo debate referente al derecho de propiedad, al ius possidendis o el ius possesionis.(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Abuso sexual calificado por acceso carnal, sentencia condenatoria, tribunal de impugnación penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Enriquez, R. A.  c/  s/ abuso sexual con acceso carnal agravado por la edad de la víctima conviviente
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-16

Teniendo en cuenta que aún resta tratar la Impugnación Ordinaria contra la sentencia condenatoria (cfr. escrito de impugnación ordinario de fecha 12/12/2022, acápite "2" y ss), corresponde que el Tribunal de Impugnación -con una integración diferente- lo sustancie en legal forma y dicte el pertinente pronunciamiento (art. 8.2.h CADH, 75 inc. 22 CN y 245 y ctes del CPPN).
Ley procesal, trámites judiciales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: HERNANDEZ, SILVIA MARGARITA c/ ASSIST BROKERS S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-21

Los reproches formulados relativos a que la Alzada omitió el tratamiento de los agravios que solventaban el recurso de nulidad con afectación del derecho de defensa, dejan ver su fuerte disconformidad con lo decidido, sin conmover lo argumentado en el sentido de que si bien la Jueza de baja instancia aplicó incorrectamente el Código Procesal Laboral (que en lo referente a la audiencia de trámite disponía que el actor deberá responder a las excepciones opuestas si no lo hubiere hecho con anterioridad, y que el apercibimiento por la falta de contestación consistía en que podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos a que refieren); no se verifican hechos controvertidos que pudieren haber quedado reconocidos, por lo que no se advierte la relevancia que le atribuye a aquel hecho.
Competencia de paz
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., C. A. s/ tutela
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

No obstante una presunta similitud de situaciones, entre lo pretendido en la acción y la previsión legal, no podemos ampliar el restrictivo temario de la Justicia de Paz para entender en una tutela sin hallarnos excediendo nuestra competencia material. Toda demanda debe interponerse ante juez competente, y siempre que de la exposición de los hechos resultare no ser de la competencia del magistrado ante quien se ha deducido, debe dicho juez inhibirse de oficio. ( arts. 1, 3, 4 y cdts. Cód. Proc. ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Lealtad comercial, falta de publicación, ley vigente
Materia: PENAL
Carátula: FAMAX S.A. s/ Lealtad Comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

FALLO PLENARIO N° 96.- La falta de publicación en el Boletín Oficial de los Anexos de la Resolución n° 63/83, dictada por la Secretaría de Comercio en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 22802, no es obstáculo para su vigencia (Voto de la mayoría).
Hurto simple, hurto de automotor, uso ilegítimo de automotor
Materia: PENAL
Carátula: Paredes, Juan A. s/ Hurto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-07

Se consuma el apoderamiento al que se refiere el artículo 162 del C.P. en función del artículo 38 del Decreto - Ley 6.582/58, aún cuando el propósito del agente no hubiera sido el de incorporar el vehículo a su patrimonio, ya que basta el designio de someter la cosa a su propio poder, cualquiera sea su finalidad, uso, goce u otro destino.

El apoderamiento ilegítimo se perfecciona al exceder el agente los acotados fines de la entrega de la llave del vehículo - para cambiarse de ropa y eventualmente dormir -, sacándolo de la esfera de custodia - no cedida - de su dueño, obteniendo simultáneamente el señorío sobre el automóvil.
Instrucción, facultades del juez, facultades del fiscal, archivo del expediente, sobreseimiento, delegación de la investigación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MAREGATTI, Mauro S. s/ CONSULTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-26

Corresponde la aplicación del art. 348, C.P.P. en relación al 215, párr. 3ro., ibídem. Si es el magistrado de instrucción el único que puede proceder al archivo de las actuaciones, a la suspensión de la persecución penal o al sobreseimiento (art. 213, C.P.P.) no está obligado a resolver contra su opinión, como tampoco puede proceder de oficio, deberá el Ministerio Público, concretar las diligencias ordenadas por la jurisdicción en causas delegadas conforme al art.

196, C.P.P. Disidencia del Dr. Filozof.
Acción de amparo, resoluciones recurribles, recurso extraordinario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giletta, Norberto s/ Amparo. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

Las decisiones de las Cámaras de Apelación en materia de amparo no son, en principio, susceptibles de recursos extraordinarios en razón de su inapelabilidad, conforme resulta de lo dispuesto por los arts.

25 de la ley 7.166 y 414, último párrafo, del Código de Procedimiento Penal, no observándose en el caso de autos, en que el sentenciante hace lugar al pedido de intervención de un tercero como adherente simple coadyuvante de la demandada, motivos que permitan apartarse de dicho criterio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción, acuerdo de partes
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa Falucho de Vivienda Ltda. c/ Municipalidad de Rada Tilly s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-08-23

"La concurrencia de los presupuestos ineludibles para el ejercicio de la jurisdicción deben ser comprobados aún de oficio" y "no puede ser suplida por la conformidad de las partes o su consentimiento por la sentencia que los diera por inexistentes".
Sanciones disciplinarias, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Picchi, Arol Pedro c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo) s/ Demanda contencioso administrativa Faverio, Daniel David c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Lupa, Susana Elena c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud) s/ Demanda contencioso administrativa Pilomeno de Qüesta, Marta S. c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-20|1997-04-29|1995-04-04|1999-10-26

Comprobada la transgresión administrativa, su magnitud y grado sancionatorio correspondiente es una cuestión que hace al mérito de la autoridad competente, a condición que ésta se pronuncie con arreglo a la normativa específica.
Estafa, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: BLANCO, G. s/ ESTAFA. TENTATIVA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

El dolo del delito consumado es el mismo dolo de la tentativa, por lo cual si el procesado conocía la naturaleza de los documentos que ofrecía, el inicio del engaño es ya un acto típico de estafa. La circunstancia de que en el caso de autos el engaño no hubiera obtenido su fin, no hace más que configurar la tentativa, pero no altera la tipicidad ya iniciada a la luz del art. 42 C.P.; por lo cual el justiciable debe ser responsabilizado en orden al delito de tentativa de estafa.
Recurso de casación, incapacidad laboral, lucro cesante
Materia: PROCESAL
Carátula: BARRIA EDUARDO ANTONIO c/ ASTRA FOR  S.A.I.C. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-09-20

Atendiendo el grado de incapacidad reconocido a la actora, esta posee un cuarenta por ciento de aptitud laboral que no puede descontarse por la efectiva contraprestación laboral proporcional por el obrero; desde este aspecto, al estar el cálculo matemático directamente relacionado con el porcentaje de incapacidad laboral futura equivalente al lucro cesante, no deviene razonable el desde de la totalidad de los haberes líquidos que pudiera haber percibido el operario; excede en consecuencia la rígida aplicación del fallo traído como doctrina legal por la Excma. Cámara "a-quo", debiendo oportunamente morigerarse el resultado del cálculo matemático descontándose los sueldos líquidos que pudo haber cobrado con posterioridad al accidente, y hasta su baja, en la proporción establecida.
Acción de amparo, tarifa de servicios públicos, tarifa telefónica, aumento de tarifas, convertibilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: PRODELCO c/ PEN s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

No es posible por vía del amparo concluir que el rebalanceo tarifario comporte una transgresión al régimen de la ley de convertibilidad 23.928, ya que si bien la prohibición contenida en el art. 10 del citado cuerpo legal tiende a evitar la utilización de fórmulas de repotenciación de la moneda para expresar un mismo precio en valores estables - y ello no guarda, en principio, relación con la fijación de un nuevo precio por la prestación de un servicio -, no se han producido los informes técnicos específicos e imprescindibles a fin de que los jueces puedan discernir si el nuevo esquema tarifario incorpora indebidamente un elemento encubierto de reajuste (Voto de los Dres. Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Universidad  Tecnológica  Nacional c/ Consultar Emprendimientos yNegocios S.A. (C.E.N.S.A) s/ sumario acción posesoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-18

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que se apartó de los mínimos legales sin satisfacer el requisito de adecuada fundamentación exigido por el art. 13 de la ley 24.432 toda vez que, si bien el juzgador dijo tener en cuenta la realidad económica del juicio, la actuación real que le cupo en la representación jurídica del actor y otros elementos relativos a la naturaleza y desarrollo de la litis, el importe regulado aparece como meramente discrecional, ya que omite toda referencia al curso de razonamiento seguido para arribar al mismo.
Poder de policía, sociedades civiles
Materia: CIVIL
Carátula: CONCATTI ALEJANDRO LUIS, GONZALEZ CRISTÓFANO LUIS ERNESTO Y BAZAN OMAR s/ ACCION DE AMPARO - EXPTE. N° 1010-C-2008
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-12-02

Según disposición fondal (art. 48 inc.

2 in fine CC) el poder de policía puede extenderse incluso en ese caso concreto a la disolución del ente. Mas lo que no puede la legislación local, es imponer para el funcionamiento de una sociedad civil, condiciones como las que se le requieren a la actora. en tanto ellas contravienen el sistema que a su respecto el C. Civil ha instituido, donde su constitución es libre, debiendo únicamente cumplirse el requisito de formación por escritura pública no requiriéndose autorización estatal para funcionar (Belluscio-Zannoni "Código Civil...." T° 1 pág. 155, Abelenda Cesar op. cit. T° 2 N° 584 pág. 64/65, Borda, op. cit. n° 638 págs. 536/537, Llambías op. cit. T° 2 pg. 160 N° 1249).
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, embargo, bienes inembargables, remuneración, empleados públicos, Cámara de Diputados, decretos
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Benitez, Esteban Emmanuel c/ Mansilla, Mario Eduardo s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Procede confirmar la resolución que desestimó el embargo que solicitó el actor sobre los haberes percibidos por el ejecutado como empleado de la Cámara de Diputados de Chubut, por considerarlos inembargables en los términos del Decreto 6754/43. Ello por cuanto, el decreto-ley 6754/43 declara la inembargabilidad de los sueldos de esta clase de trabajadores (dependientes de la Administración Nacional, Provincial o Municipal o entidades descentralizadas) en los casos en que la medida se ordena a satisfacer "obligaciones de préstamos en dinero o compra de mercaderías", salvo en la proporción y condiciones de ese decreto (arts. 1 y 11). Debe agregarse que dicha norma no ha sido expresa ni tácitamente derogada, toda vez que el decreto 691/00 justamente estableció una nueva reglamentación del Decreto 6754/43 que reemplazó así a la establecida históricamente en el decreto 9472/43 y de ahí que sólo derogara esta última norma en su art. 13. Y, en rigor, el citado Decreto 691/00 amplía la posible oferta de crédito a los empleados públicos, fija un tope máximo a la afectación de sus salarios y adopta algunas de medidas de control y publicidad sin derogar tácita ni expresamente la inembargabilidad que se desprende de la norma reglamentada (v. esta Sala, "Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Oves, Ramona Antonia s/ ejecutivo", del 12/8/08).
Excarcelación, condena condicional, estupefacientes, tenencia de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: AQUINO, Víctor s/ inf. Ley 23.737  Causa 11.258 11.258
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

La situación de quien es procesado por infracción al art. 14 de la Ley 23.737 y que registra una condena de tres años de prisión en suspenso, encuadra por remisión al art. 317 del C.P.P.N., en el primer supuesto del segundo párrafo del art. 316, puesto que -como se ha sostenido retiradamente, tanto durante la vigencia del Código Ley 2372 como del vigente- a la consulta de las disposiciones del segundo supuesto a que alude dicha norma (o el inciso primero del art. 379 del C.P.M.P.) sólo debe llegarse de no encontrar acogida favorable la petición en el marco de la primera parte de dicha norma.
Retiro policial, derecho al beneficio, concubinato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández Vidal, Hebe S. c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Coadyuvante: Warning, Ofelia S. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-24

El beneficio reclamado corresponde a la accionante a partir de su reclamo en sede administrativa (18-VI-1997), no por interpretar que en la demanda se incorporó tácitamente el resarcimiento de daños y perjuicios sino en virtud de fundamento dispar. En efecto, la posposición de la fecha inicial de pago de la prestación hasta un momento diferente del fijado por la norma en que se funda el derecho de la apelante carece de razonabilidad y de fundamento normativo suficiente. El art. 43 bis, último párrafo, del dec. ley 9538/1980, incorporado por la ley 11.633, determina el punto de partida para la percepción. De ello se desprende que los pagos efectuados por la demandada en favor de la cónyuge divorciada en nada puede incidir, la Caja demandada simplemente pagó a quien no era su acreedor, es decir pagó mal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, daño moral, peón rural
Materia: COMERCIAL
Carátula: Corzo, Héctor Rodolfo c/ Sánchez, Miguel Benito y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-10-23

Para una persona que gana el sustento diario con el trabajo físico bajo la inclemencia del tiempo, haga frío o calor, puesto que las labores del campo son rigurosas y exigen esfuerzo y sacrificio, los trastornos e inconvenientes que dejan las secuelas de las lesiones, pesan más que en otros individuos que desarrollan otro tipo de actividades.
Prescripción, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SORIA EN J: GARCIA JOSE s/ Sucesión por Ejecución Honorarios (LIBRO: S107 - 396)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-10-25

Para los honorarios regulados judicialmente resulta aplicable la prescripción decenal prevista por el art. 4023 del C.C., cuyo plazo comienza a correr desde que queda firma la sentencia que los establece.
Graduación de la pena, facultades del juez, fundamentación del recurso, agravantes de la pena, atenuantes de la pena, aplicación errónea de la ley, derechos y garantías constitucionales, malversación de caudales públicos
Materia: PENAL
Carátula: Carrizales Corvalán, Iván Nicolás y otro c/  s/ Malversación de caudales públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-01

El juicio de determinación de la pena es una facultad propia del juez de la causa y, en esa tarea, debe adecuarse a las pautas objetivas y subjetivas previstas en los arts. 40 y 41 CP, y contener suficiente fundamentación para permitir su control. En tal inteligencia, para que proceda la impugnación sobre dichas cuestiones es necesario que la parte recurrente demuestre que en la decisión atacada se encuentra presente un vicio o defecto en la determinación fáctica de las circunstancias valoradas en calidad de agravantes o atenuantes, una errónea aplicación de las respectivas normas sustantivas, una vulneración a garantías constitucionales que puedan incidir en la determinación del quantum de pena, tornándola inusitada o desproporcionada, o en definitiva, una decisiva carencia de motivación que impida conocer acabadamente cuáles fueron las razones que llevaron al tribunal de mérito a determinar el monto en concreto (voto del juez Huarte Petite al que adhirió el juez Jantus)
Robo calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Maurente, Rogelio. Belozo, Wáshington s/ Robo simple, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

El art. 38 del dec. ley 6.582/58 ratificado por ley 14.467 no afecta los arts. 16 y 28 de la Constitución nacional. Las reglas de los arts. 28 y 31 actuarían en la especie en función de transgresiones a otras normas constitucionales de manera tal que autorizara a resolver que la ley altera los "principios, garantías y derechos" custodiados por el art. 28 dañando, en consecuencia, la supremacía constitucional a que se refiere el art. 31, pero tal transgresión no se advierte en el caso. Del razonamiento de la Excma. Cámara tampoco resulta que, "el agravamiento penal por el objeto" resulte "excesivo" o "injusto" en medida que lo haga incompatible con el régimen de igualdad contenido en el art. 16 de la Constitución pues la ley determina las penas correspondientes a cada delito con relación a complejas combinaciones de factores aún cuando en primer plano sólo aparezca uno de ellos, como ocurre en el caso del art. 38 del dec. ley 6582/58 con el objeto. La comparación de la escala penal cuestionada con la del homicidio -que debe realizarse teniendo en cuenta los mínimos y máximos- no exhibe transgresión alguna del principio de igualdad en el preciso sentido constitucional del mismo. Tampoco se advierte relación entre el art. 33 de la Constitución nacional y el tema de autos.
Convención Constituyente, competencia, reforma de la constitución, enjuiciamiento de magistrados, tribunal de enjuiciamiento, resoluciones irrecurribles, control de constitucionalidad, Constitución Nacional, Poder Legislativo, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nellar, Juan Carlos s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

La disposición que hace irrecurrible el fallo del jurado de enjuiciamiento veda el control de constitucionalidad y coloca al órgano de juzgamiento de los jueces federales al margen de toda revisión jurisdiccional de sus procedimientos, lo que la convierte en abiertamente contradictoria con los fines de la Constitución vigente y con lo dispuesto explícitamente en los arts. 6° y 7° de la ley 24.309 (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).