marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Entidades financieras, banco central
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Oddone, Elmer Fernando c/ Banco de Crédito Argentino s/ Revisión de contrato hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-18

Las cuestiones que se susciten entre las entidades financieras y su clientela, deben ser dirimidas entre las partes "sin intervención del Banco Central", no haciéndose distinción alguna entre controversias extrajudiciales o judiciales, conforme lo determina la circular RUNOR I, comunicación A/90-82, Cap. XI. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio de desalojo, intruso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Abad de Roca, Carmen c/ Sapere de Neyret, María Teresa s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-23

Intruso es quien se introduce en un inmueble sin derecho contra la voluntad del dueño. La situación de quien se niega a restituir la cosa que tiene en virtud de un título que obliga la devolución, es análoga a la del intruso.
Facultades del Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, exceso en las facultades reglamentarias, decreto reglamentario, ley derogada, jerarquía de las leyes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GOENAGA, ARNALDO OMAR c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-04

El Decreto 78/94, en su art. 1, dispone expresamente la derogación de la ley 24.018, so pretexto de reglamentar el art. 168 de la ley 24.241. El Poder Ejecutivo, a través del dictado de los decretos reglamentarios -en ejercicio de la potestad que prevé el inc. 2 del art. 99 de la Constitución Nacional-, puede fijar los detalles de la ley sancionada por el Congreso pero, en ningún caso, puede alterar su espíritu mediante excepciones reglamentarias, ni menos aún derogar normas legales. En tal sentido, es claro que si la ley que es objeto de reglamentación no derogó una norma de igual rango, el decreto reglamentario no puede hacerlo. Por lo tanto, en el caso del Dec. 78/94, el Poder Ejecutivo excedió su potestad reglamentaria en violación del inc. 2 del art. 99 de la C.N.
Competencia contravencional y de faltas, unificación de penas, economía procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de Incompetencia en Autos Mercado, Matías Daniel sobre 183 - Daños c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-26

Corresponde declarar que es competencia del fuero Penal, Contravencional y de Faltas local entender en el trámite de unificación (art. 58, primer párrafo in fine del Código Penal) toda vez que fue este el que impuso la pena mayor al condenado (Fallos: 315:28; 324:4245 y 340:1430). Ello así, a los fines de asegurar el cumplimiento de una mejor y más eficiente administración de justicia, de acuerdo a criterios de economía procesal, y en tanto la resolución del Tribunal Oral no se encontraba firme al momento en que el juzgado local condenó al imputado, por lo que no pudo aplicarse el criterio según el cual, cuando a raíz de un hecho distinto deba juzgarse una persona que ya está cumpliendo pena por sentencia firme, corresponde a quien pronuncie el último fallo dictar la sentencia única que establece el art. 58 del Código Penal. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, por remisión al dictamen fiscal).
Contrato de trabajo, convenios colectivos de trabajo, remuneración, diferencias salariales, adicional por zona
Materia: LABORAL
Carátula: LACOSTE, NORMA SUSANA. c/ BANCO PROV. DEL NEUQUEN. s/ COBRO DE HABERES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-05-16

Para determinar el "adicional por zona desfavorable" debe aplicarse el art. 25 del CCT 18/75 (40% del sueldo inicial sobre las remuneraciones mensuales totales), en tanto los acuerdos suscriptos en los años 2003 y 2005 se refieren puntualmente al Decreto 392/03, -que utiliza una suma fija-, y no se ha pactado expresamente su extensión a los firmados en los años 2006 y 2007 -objeto del presente reclamo-.

En este punto, es necesario tener presente que el art. 25 del CCT 18/75 se halla plenamente vigente, pues no ha sido reemplazado por otro (art. 6 de la ley 14.250 -t.o. 2004-), [...] y bien, la pericia contable agregada a autos puso de relieve que entre lo abonado por el Banco a la actora y lo que correspondía por aplicación del art. 25 CCT, existe una diferencia a favor de la aquí reclamante, de modo que es evidente que las actas acuerdo invocadas no resultan más beneficiosas para los trabajadores.
Partes del proceso, legitimación procesal, representación procesal, muerte del mandante
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, FLORENTINO ROSA c/ HIJOS DE SANTIAGO AZA Y/U OTROS s/ HABERES CAIDOS ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-07-12

Fallecido el poderdante, y otorgada participación en la causa a su viuda por derecho propio, en su caracter de heredera forzosa, corresponde tener por presentado el escrito agregado por lo apoderados del fallecido, quienes ya no revisten la calidad de parte de la misma.-
Recurso extraordinario, domicilio real, falta de denuncia
Materia: PROCESAL
Carátula: BODEGAS Y VIÑEDOS CASTRO HNOS. s/ QUIEBRA-INCIDENTE DE AVENIMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-10-01

La omisión de denunciar el domicilio real del mandante es causa de desestimación formal de los recursos extraordinarios de conformidad a lo dispuesto por el inc. 1º del art. 3º de la ley 2275.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: NAZAR, ANUAR EDUARDO c/ PIZZERIA LA BOCA Y/U OTROS s/ DIFERENCIAS DE SUELDOS, ETC. CASACION.- CARRIZO ANTONIO SERAFIN Y OTRO c/ HIERRO CONS S.A. s/ SUELDOS CAIDOS, ETC.-CUADERNILLO DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO-RECURSO  DE QUEJA POR CASACION DENEGADA INTERPUESTO POR DR. FONZO GUARDO CARLOS FEDERICO s/ S/RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA EN AUTOS: "BASUALDO NICOLAS  ANTONIO S.D.HURTO E.P. DE FARMACIA AVELLANEDA"
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-08-28|2000-06-30|1997-10-21

Sentencia definitiva es la que define el litigio en el fondo, en las cuestiones principales, la que dirime el pleito, declara la voluntad de la ley sin que sea posible renovarla.
Desindexación, valor real, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: López, Delina c/ Arévalo, Agustin s/ INCIDENTE DE TRABAJO-SOLICITA APLICACION LEY 24283
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-08-29

El Tribunal no puede indagar de oficio la supuesta desproporcionalidad invocada que existiría entre el monto que se mandó pagar y el valor real y actual de la cosa o prestación, máxime si tenemos en cuenta que estamos en presencia de una figura excepcionalísima dictada para beneficiar a los deudores que se verían perjudicados por el régimen indexatorio. Por ello es que el interesado para obtener el beneficio debe probar que el cotejo del valor real actual producto de la indexación es superior a aquél, puesto que no se presume que el exceso exista por el solo hecho de que en una liquidación de deuda haya un período de indexación, por lo tanto no basta la invocación genérica de la ley para que el juez la aplique.
Elevación a juicio, homicidio culposo, pena privativa de la libertad, fallo plenario
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Guido Spano, Carlos Daniel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-08

El hecho por el cual se requiriera la elevación a juicio del imputado ha sido calificado como homicidio culposo, que tiene prevista como pena conjunta de la privativa de la libertad, la de inhabilitación especial (art. 84 del Código Penal). Siendo ello así, resulta aplicable en el presente caso la doctrina fijada por esta Cámara Nacional de Casación Penal en el Plenario n° 5 in re "Kosuta". Respecto al ofrecimiento que hiciera el imputado, esta Sala entiende que es inaceptable su promesa de autoinhabilitarse, desde que esa pena incluida en el art. 5 del C.P. tiene un modo de cumplimiento -siempre efectivo- cuyo control y ejecución depende de órganos especiales del Poder Judicial. No es ya, que otro Poder del Estado se arrogue la facultad que incumbe al Legislador, mas parece que en el caso es un particular el que pretende derogar una parte de la ley, específicamente del art. 84 del código de fondo. Sólo en los casos de los delitos de injurias o calumnias hay una especie de sustitución de la pena que el juez debería imponer y se trata de la retractación en la que el querellado se desdice cuando expresa que al decir, escribir o hacer, ofendiendo el honor del querellante, ha mentido, esto es, ha obrado contrariamente a lo que sabe, cree o piensa; así también, cuando reconoce su sinrazón o revoca lo que ha dicho, escrito o hecho, aunque lo haga porque recién se haya dado cuenta de su error.
Defensa en juicio, pretensión, prueba, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ayuso, Marcelo Roberto y otros c/ Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-26

No hay afectación al derecho de defensa porque el contradictorio quedó garantizado, pues el demandado pudo introducir una postura contraria a la que fundara la pretensión en forma oportuna, esto es antes de que ésta fuera aprobada y decidida, y también pudo producir y controlar la prueba. (Voto en disidencia de la Dra. Alicia E. C. Ruiz)
Despido, despido sin causa, indemnización por despido, emergencia económica, ley de emergencia
Materia: LABORAL
Carátula: Aravena, Valeria Yanet. c/ Angela Nesci S.R.L. s/ Despido por otras causales.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-03-31

Debe reconocerse plena validez y eficacia al decreto 1224/07, como el mojón que marca el final de la aplicación de la indemnización agravada del art. 16 de la Ley 25.561 y las modificaciones que le sucedieron, pues la multiplicidad de circunstancias que podían ser consideradas como integrantes de la normativa vigente tornaba necesario su dictado a fin de concluir toda incertidumbre en un tema tan álgido como lo es la dimensión de la indemnización adeudada a un trabajador despedido sin causa justificada, y la finalidad de las leyes Nro. 25.561 y Nro. 25.972, es que el traslado de las dificultades generadas por la emergencia económica no tenga que ser soportada por los trabajadores.
Embargo preventivo, peligro en la demora
Materia: LABORAL
Carátula: ALBORNO, Hilario c/ LOPEZ, Ricardo y Otros s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-08-30

No configura el peligro en la demora el hecho de negar responsabilidad ante la acción iniciada ya que es una actitud normal y generalmente asumida por los demandados, por lo que sostener que ante dicha circunstancia surge peligro en la demora, nos llevaría a concluir que no habría ninguna acción que no merezca el dictado de medida cautelar.-
Accidentes de trabajo, debido proceso, defensa en juicio, derechos del trabajador, caducidad
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Sotto, Franco Leonel  c/ Prevencion ART S.A.  s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-15

Resulta de capital importancia en mi criterio -y así lo he vertido para avalar la constitucionalidad de la ley de adhesión provincial n° 10532-, el hecho de que surge del fallo, que se está transformando el recurso judicial del artículo 2do. de la Ley 27348, en una acción laboral ordinaria, tal como la prevista por el art. 5 de nuestra ley provincial 10.532, lo que implica la posibilidad de ampliar la alegación de los hechos, el debate y las pruebas acerca de cuanta cuestión deseen plantear los interesados, asegurando en su máxima expresión el derecho de defensa y la garantía del debido proceso, y todo ello es fundamental para la garantía de los derechos del trabajador, siendo solamente cuestionable en mi opinión, el exiguo plazo de caducidad que la normativa provincial establece -15 días, pues dicho plazo de caducidad -que recuerdo extingue el derecho de fondo-, no debería ser establecida por leyes provinciales, pues los Estados locales no tienen facultades para restringir el ejercicio de los derechos sustanciales cuya regulación, según se sabe corresponde con exclusividad a la Nación desde su nacimiento hasta su extinción" (art.75 inc.12, CN) (Voto Romero)
Procesos de conocimiento, procedencia parcial, acción meramente declarativa, impuesto a las ganancias, intereses, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Callejo, Ana Adriana c/ AFIP - LEY 27617  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-30

Se revoca parcialmente la sentencia de primera instancia y, en el marco de una acción declarativa de certeza, se ordena el cese y el reintegro de las sumas retenidas en concepto de impuesto a las ganancias, con más los intereses correspondientes. En relación con los agravios del fisco nacional relativos a que la pretensión de la parte actora resultaría abstracta en virtud del dictado del decreto 473/23, se considera que deviene insustancial su tratamiento. Teniendo en cuenta los alcances de la pretensión en la causa, se señala que nada impide pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas en el caso, en la medida que afectaron los haberes previsionales de la accionante.
Concursos, síndico del concurso, honorarios del síndico del concurso, regulación de honorarios, verificación tardía, incidente de verificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: VESUVIO  S.A.  POR CAPUA, DELINA s/ CONCURSO PREVENTIVO - INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-25

No corresponde extender la doctrina del plenario "Rodríguez Barro a la situación de concurso preventivo, lo cual implica que es procedente regular honorarios al síndico, con mayor razón cuando la actuación de este al intervenir en un incidente de verificación tardía constituyó una labor ajena, en principio, al curso regular del proceso.
Gobierno nacional, facultades del Poder Legislativo, poderes implícitos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Peláez, Víctor s/ hábeas corpus preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

La extensión de los poderes implícitos no podría ir más allá de lo que fuere rigurosamente necesario para que la facultad expresa no resulte ilegítima y gravemente impedida, por lo que mal podría depender el establecimiento de sus límites de la discreción del órgano que los ejercite.
Procedimiento administrativo, proceso judicial, acción de amparo, recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, cómputo del plazo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ACHAVAL PASTOR, DALMACIO DE JESUS Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/ MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-12

Conforme lo establecido por el art. 15 de la ley 16.986, el plazo para interponer el recurso de apelación corre ininterrumpidamente desde el momento en que se practicó la notificación y se computa hora por hora, en forma continua, excluyendo los días feriados (cfr. Morello, "El amparo - Régimen procesal", pág.

130; Fallos 306:478, "La Buenos Aires Cía. Arg. de Seg. c/ S.E.G.B.A.").
Daños y perjuicios, publicación periodística, derecho a la intimidad, derecho a la imagen
Materia: CIVIL
Carátula: Salomón, Beatriz Raquel c/ Rial, Jorge s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-30

Corresponde hacer lugar a una demanda por daños y perjuicios incoada por una vedete contra un conductor de televisión entre otros, en tanto publicaron imágenes de su esposo, afectando su intimidad, como así también la de sus hijas, toda vez que la emisión de dichas imágenes, puestas en conocimiento de terceras personas (público televidente) solo buscaron obtener un mayor "rating", sin medir si se estaba, con tal exposición, dañando la imagen pública, el honor y/o la intimidad familiar de la actora.
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, falta de pago, compensación, gastos de reparación del inmueble, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Danuvio  S.A.  de Hilandería y Tejeduría c/ Prats, Fernando Alberto y/o subinquilinos y ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-12

Cuando un inquilino pretende compensar su deuda de alquileres con su crédito por reparaciones hechas al inmueble locado, debe acreditar la ejecución de los trabajos y la autorización por parte del locador, o bien en caso de urgencia, el retraso o la negativa de éste último a efectuar las reparaciones.

No basta para detener el trámite de desalojo la afirmación de que se han aplicado los arriendos al pago de reparaciones urgentes de conformidad con el art. 1518 del Código Civil, sino que es necesario acreditar la mora o negativa del locador a efectuar las reparaciones a su cargo.
Obligación tributaria, retenciones impositivas, razonabilidad tributaria
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: SA Importadora y Exportadora de la Patagonia s/ queja por recurso de inconstitucionalidad dnegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-12

Tanto en la ampliación de la esfera de sujeción pasiva de las obligaciones tributarias a través de la creación de agentes de percepción, retención y recaudación -en mérito a la solidaridad tributaria de éstos-; cuanto en el establecimiento de pagos a cuenta (anticipos, retenciones o percepciones), la apreciación del ejercicio legítimo de tal facultad debe ser ponderada con sentido estricto y admitida sólo en aquellos casos en que el obrar del Departamento Ejecutivo y de sus agentes jerárquicos supere satisfactoriamente el test de razonabilidad. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Regímenes jubilatorios especiales, abogados, cancelación de la matrícula
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Casas Cordero, Enrique Augusto c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

El decreto 9978, emanado con posterioridad a la institución de un régimen que con alcance nacional establece la afiliación obligatoria de los profesionales que se desempeñan tanto en el ámbito territorial provincial como fuera de él, impone a tales profesionales la prohibición de continuar en actividad a los fines previsionales previstos en el mismo, legislando sobre el ámbito personal que aquél cubre. Superpone con ello en forma contrapuesta, dos ámbitos normativos, en una materia en que ha de prevalecer la ley nacional por haberse dictado en ejercicio de un poder deferido.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficio de litigar sin gastos, pagaré, Impuesto de sellos, obligación tributaria
Materia: CIVIL
Carátula: Peña, José Isaac c/ Sucesorio-Incidente de legítimo abono abono
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-08-26

El instituto de beneficio de litigar sin gastos, tiene como fundamento la necesidad de garantizar el acceso a la justicia de aquellas personas que no cuentan con recursos suficientes para afrontar los gastos que genera un proceso judicial, por lo que produce el efecto de declarar no exigibles los gastos en que incurra o deba incurrir el justiciable "en ocasión del juicio". Expresado de otra manera, no puede exigirse a quienes encuentran amparados por el beneficio, impuestos y sellados relacionados directamente con la actuación judicial. A modo ejemplificativo, debe señalarse que se encuentran comprendidos: las tasas de justicia, sellados de actuación, derecho por publicaciones de edictos en diarios oficiales; prestación de contracautela, etc.; pero en modo alguno pueden incluirse aquellas obligaciones fiscales que imperativamente deba tributar el contribuyente, independientemente de que ocurra o no, a la vía judicial. Así el caso del impuesto de sellos correspondiente al pagaré, el cual se encuentra expresamente previsto en el art. 138 inciso a) del Código Fiscal de la Provincia de Formosa, el que debe oblarse necesaria y obligatoriamente, "dentro del plazo de treinta (30) días corridos a contar del siguiente al de la instrumentación, formalización del acto o documento, o antes de su vencimiento, si el plazo fuera menor" (art. 167 del Código Fiscal, Capítulo IV (del pago) Título II Impuesto de sellos). Esta última norma, despeja toda duda acerca de la obligatoriedad del tributo "per se"; y sin relación alguna con la posibilidad de una eventual acción judicial. Que a mayor abundamiento, cabe señalar que el Código Fiscal dispone en el art. 25 que "Todos los magistrados, funcionarios y empleados de la Provincia y de las Municipalidades...no podrán: a) Dar entrada o curso de ... documentos ... que carezcan de los requisitos tributarios ...", el incumplimiento de dicha norma es considerado falta grave para el funcionario o empleado que haya incurrido en él.
In dubio pro actione, acceso a la justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Benítez, Miguel A. y otros c/ Municipalidad de Quilmes s/ Pretensión de reconocimiento de derechos. Recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-02

El principio in dubio pro actione comporta un principio rector en materia contencioso administrativa, en tanto es el que mejor se ajusta a la garantía del efectivo acceso a la justicia (art. 15, Const. prov.). En tal sentido, debe rechazarse toda hermenéutica que cierre el camino a la jurisdicción, por tratarse de una garantía que se erige en uno de los pilares básicos del estado de derecho (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
Actualización monetaria, beneficios previsionales, liquidación de haberes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Yovine, Vicente Roberto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

La ausencia de todo trámite en el procedimiento administrativo previsional por parte del interesado, desde el reclamo originario del 2 de setiembre de 1975 hasta su nueva presentación en las actuaciones en el año 1984, constituye la omisión a que se refiere al doctrina de este Tribunal -y la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- para dispensar al Instituto de Previsión Social del pago de la actualización monetaria de los haberes retroactivos devengados y en el caso resulta evidente que el interesado omitió instar el pronunciamiento en conocimiento del contenido adverso de los dictámenes emitidos, sobre todo porque no probó que su omisión obedeciera a cuestiones políticas que sólo menciona de manera tangencial en su demanda.
Confirmación de sentencia, herederos, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: COMERCIAL
Carátula: CERNADAS, JORGE Y OTRO C/DEL CARRIL MENDEZ, CORA ADELA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-25

Corresponde confirmar la resolución de grado que designó al Defensor Oficial para asumir la representación de los herederos del actor, pues si bien se presentaron algunos que manifestaron su desinterés en intervenir en la causa, el Sr. Juez a quo dispuso la intervención del Sr. Defensor Oficial ante la eventual existencia de otros no conocidos.
Proceso penal, competencia, acción reivindicatoria, secuestro de bienes, devolución de objetos secuestrados
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ALVAREZ, FERNANDO s/ DEVOLUCION DE EFECTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-14

"... No es suficiente el derecho de la parte -cuando lo es- para obtener en esta sede la entrega de la cosa. Porque de lo contrario el juicio penal y el secuestro de la cosa, serviría, para que de forma indirecta se produzca el juicio de reivindicación -cuando este es posible- sin la interposición de dicho juicio. (art. 2765 del Código Civil)...

El Juez penal es incompetente para resolver la cuestión de fondo, sobre quien tiene derecho a la cosa, especialmente en el caso de que exista contienda o controversia sobre ella.

Lo expuesto me lleva entonces a proponer que se devuelva la cosa secuestrada a quien se la sacó, salvo el caso obviamente que sea el autor del hecho delictivo, situación que en los presentes no se discute, y que está regulada por el art. 29 del Código Penal..."