Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-12-27


AUTOS Nº 9417 - "MARTINEZ Daniela Andrea C/ González González S.A S/ Apelación de Sentencia" // la ciudad de San Juan, a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil trece, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Lucía E. Daroni de Pontoriero, Miguel Ernesto Novoa y Guillermo Baigorrí, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 9417, caratulados "MARTINEZ DANIELA ANDREA C/ GONZALEZ GONZALEZ S.A S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que por sentencia dictada por el Sr. del Sexto Juzgado Laboral a fs, 354/358, se resolvió rechazar la demanda deducida por la actora, con costas a la misma, y diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.- Contra este fallo se alzan ambas partes, accionante y demandada, deduciendo recurso de apelación a fs. 362 y 360 respectivamente.- A fs. 367/376 obra la expresión de agravios de la primera, y su contestación por la contraria, a fs. 382/384; agregándose asimismo a fs.377 la expresión de agravios de la demandada.- A fs. 389 vta. se da participación a Fiscalía de Cámara, y a fs. 392 se llama autos a resolver.- A fs. 393 se practica el sorteo para la emisión de los votos de los Sres. Camaristas, el que arrojó el siguiente resultado: 1)- Dra. Daroni; 2)- Dr. Novoa y 3)- Dr. Baigorrí.- A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la parte actora? Segunda cuestión: Es atendible el interpuesto por la demandada? Tercera cuestión: Costas.- SOBRE LA PRIMER A CUESTIÓN LA DRA. LUCÍA E. DARONI DE PONTORIERO DIJO:

I- Por la sentencia recurrida se decidió, que resulta procedente el reclamo por diferencias salariales e indemnizatorias por no pago de asignación remunerativa vacacional, por haber quedado prístinamente demostrado, y reconocido en sede administrativa, que el mismo nunca fue abonado; procediendo también la diferencia, que se genera por tal concepto, en los rubros indemnizatorios abonados.- Por otra parte, dispuso al tratar el monto de la demanda, que habida cuenta que de la pericial contable producida no surge diferencia entre lo abonado y lo que se debió abonar, se rechaza el reclamo al no existir suma insoluta sobre la que pudiere considerarse acreedora la actora.- Contra esta parte del fallo, se alza la parte actora, en su primer agravio.- Expresa que la resolución está viciada de grave incongruencia, ya que previo a reconocer el derecho de la actora, desestima el rubro, dando prevalencia a una errada liquidación; sin tener en cuenta el resto de prueba producida al respecto.- Aclara que la planilla de liquidación no causa estado, pudiendo ser corregida en cualquier estado.- Procede seguidamente a detallar los errores que contiene la planilla practicada por el perito contador.- Por su parte la contraria contesta el agravio, y solicita su rechazo, aportando razones en favor de la confirmación del decisorio.- Expuestos suscintamente los antecedentes del agravio, y luego de compulsadas las constancias de la causa, escritos introductorios de las partes, elementos de prueba acompañados, y fundamentos de la sentencia y del recurso, adelanto opinión en sentido favorable al apelante.- En efecto, tal como lo afirma el A quo en su sentencia, el rubro reclamado resulta procedente, por estar reconocido expresamente por la demandada ante la Subsecretaría de Trabajo, a lo que agregaría, que también lo es, por surgir de los recibos de haberes obrantes en autos, y no ser desconocido categóricamente al contestar la demanda.- Por lo que, luego de tal afirmación, puede decirse que asiste razón al quejoso, al afirmar que la sentencia resulta incongruente cuando luego del reconocimiento del derecho de la actora al pago de dicho rubro, rechaza el reclamo por no surgir diferencia alguna en la liquidación que practica el perito.- Como claramente surge del informe pericial, expresamente manifiesta el facultativo que el empleador no abonó nunca la asignación remunerativa vacacional prevista en el art. 21 del CCT 379/04 (fs. 321, pto 2).- Por lo que, sin perjuicio del resultado de la liquidación que practica a fs. 320/323, y sin entrar a considerar si la diferencia obedece a haber tomado un salario base menor al correspondiente, o a que la demandada hubiera abonado en conceptos indemnizatorios, un monto mayor, al que allí se consigna (lo que no se invoca por ésta), queda claro que el rubro reclamado no fue abonado y por lo tanto debe ser liquidado en favor de la accionante.- Por lo que en este aspecto, propicio el acogimiento del recurso, disponiéndose la modificación del fallo, y la consiguiente procedencia del rubro, por la suma de $ 1.744,22, en concepto de diferencias salariales, según arroja la pericia a fs. 321; monto que por otra parte resulta consentido por el recurrente (a fs. 371, pto. 8), y no fue impugnado por la contraria.- A ello deberá agregarse la incidencia del mismo en los rubros indemnizatorios abonados, según planilla que deberá practicarse oportunamente,.- II- Por la sentencia apelada se resolvió igualmente, desestimar el reclamo por indemnización art. 213 de la LCT deducido por la accionante, por dos motivos: 1- que la actora no ha acreditado la imposibilidad de laborar a consecuencia de la enfermedad inculpable, a la fecha del despido; y 2- Que el telegrama comunicando la nueva licencia remitido por la actora, fue recepcionado por la demandada, en forma posterior a que la misma se notificara del despido dispuesto por la patronal.- Aclara el sentenciante, que no hace aplicación del art. 23 del CCT 379/04, del que surge que debe tenerse como hora de aviso de la enfermedad, la hora del despacho telegráfico, pues estaría haciendo prevalecer la ficción sobre la realidad.- Contra esta parte del fallo se alza el apelante en su segundo agravio.- Expresa con relación al primer punto, que la prueba rendida en la causa, acredita sin discusión alguna, que la actora padecía de enfermedad inculpable que la imposibilitaba de prestar servicios, no sólo al momento de su despido, sino también con posterioridad al cese; esto es, certificados médicos expedidos por la Dra. Pedernera Toledo; historia clínica agregada a fs. 115/117; la declaración testimonial de la médica mencionada, de la que surge que desde que le otorgó el primer certificado hasta que le otorgó el alta no estaba en condiciones de ir a trabajar la actora, y el reconocimiento de la propia demandada, que le concedió los treinta días que aconsejaba su médica.- Con respecto al segundo punto, manifiesta que el A quo no ha aplicado el derecho vigente, art. 23 CCT 379/04, lo que constituye un grave incumplimiento de su parte y vicia de nulidad la sentencia.- Que desconoce lo normado en el art. 1) inc. c de la LCT, que otorga expresamente a las convenciones colectivas de trabajo el carácter de fuente propia del derecho.- Que también ha violado lo dispuesto en los arts. 8 y 9 de la LCT, y los principios protectorios del derecho del trabajo; in dubio pro operario, de la aplicación de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa.- Solicita se revoque la sentencia y se ordene la procedencia del rubro.- Por su parte la contraria, también se opone al progreso de este agravio y solicita la confirmación de lo fallado.- Expuesto suscintamente el agravio, y luego de analizada la problemática planteada, adelanto opinión en sentido desfavorable al recurrente, por compartir los fundamentos expuestos por el sentenciante al denegar el rubro; lo que por otra parte se encuentra ajustado a los hechos acreditados en autos.- Con respecto al primer punto; es decir, a la afirmación del A quo de que la actora no ha acreditado la imposibilidad de prestar el débito laboral a la fecha del despido, entiendo que el mismo se encuentra íntimamente ligado a lo que se decida respecto al segundo.- Ello, toda vez que la falta de acreditación que denuncia el sentenciante, tiene estrecha vinculación con la comunicación de la extensión de la licencia, respecto a la cual el A quo concluye que lo fue en forma posterior al despido.- Por lo que se advierte entonces, que aunque en la causa se haya producido prueba de la enfermedad inculpable que le impedía prestar servicios a la trabajadora, resulta necesario, a los fines de evaluar la procedencia de la indemnización del art. 213 de la LCT (que prevé el supuesto de despido durante el plazo de las interrupciones pagas por accidente o enfermedad inculpable), dilucidar si ello fue o no acreditado, antes de producirse el despido, lo que nos lleva necesariamente al tratamiento del segundo punto.- El art. 23 del CCT de aplicación, dispone en consonancia con la previsión del art. 209 de la LCT, que"...El trabajador que faltare a sus tareas por causa de enfermedad o accidente inculpable, deberá comunicarlo a la empresa el primer día de inasistencia hasta la mitad de su jornada laboral", agregando la convención colectiva, que "Este aviso deberá darlo por cualquiera de los medios que se indican a continuación: -Telegrama: A los efectos del cómputo de la hora de aviso, se considerará la hora de origen del despacho del telegrama.- ..." De acuerdo a lo transcripto, puede decirse, que tanto la LCT como la Convención Colectiva, prevén la obligación del trabajador de dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, lo que dimana del deber de fidelidad; y de hacerlo el primer día de inasistencia hasta la mitad de su jornada.- La norma regula una conducta al trabajador en su propio interés, pues de no hacerlo, pierde el derecho de percibir haberes por enfermedad.- Ahora bien, entiendo, la igual que lo hace el sentenciante, que tal obligación de dar aviso, sólo se concreta y se perfecciona, desde el momento en que el empleador recibe la comunicación; con independencia de la fecha y horario de emisión del telegrama, en el caso.- Al decir de Monzón "la declaración de voluntad reviste carácter recepticio porque ella se perfecciona e integra y adquiere relevancia y sentido jurídico pleno, cuando en cumplimiento de su función comunicativa llega a la esfera jurídica del destinatario" (Monzón Máximo, Incumplimiento de un contratante e idoneidad de la interpelación, en JA A. 1479-240, citado por De Virgilis, Miguel; Etala (h), Juan José, Cargas de Transmisión y de conocimiento, en D.T. 1982-!281).- Es decir, que para que sea eficaz no basta con que se emita, sino que ha de llegar al destinatario interesado en su contenido, y es por ello, que tendrá virtualidad la comunicación que llega primero.- Lo que torna justificada la solución adoptada por el sentenciante en el fallo atacado, toda vez que el despido surtió efectos jurídicos antes de que la trabajadora hubiera comunicado -como era su deber- la extensión de la licencia.- En cuanto a la pretendida aplicación de la norma del art. 23 de la convención colectiva de aplicación, entiendo, al igual que lo hace el Inferior, que corresponde apartarse de lo allí previsto, y aplicar en la especie, la interpretación generalizada realizada tanto en doctrina como en jurisprudencia, de la teoría de la recepción; ello amparado en los siguientes fundamentos:

1- Por cuanto considero que la mencionada teoría de la recepción es la única que garantiza la seguridad e igualdad jurídica de las partes ante situaciones de incertidumbre que podrían presentarse; como sería por ejemplo aquellos supuestos en que los telegramas se extravían, o cuya entrega sufre demoras injustificadas.- De modo alguno podría hacerse cargar con las consecuencias de tales circunstancias negativas al receptor, constituyendo una postura generalmente aceptada, tanto por doctrina como jurisprudencia, que el remitente carga con las consecuencias jurídicas adversas de la notificación; salvo por supuesto, de casos excepcionales en que la falta de recepción sea imputable al destinatario.- No quedan dudas, en el caso de autos, que la declaración de voluntad estampada en el telegrama por la trabajadora, y en la cual notificaba a su empleadora de la extensión de la licencia recomendada por su médico, sólo adquirió eficacia, desde el momento en que llegó a su destino; con independencia de lo que al respecto prevé la norma del art. 23 del CCT.- Pues recién desde tal ocasión podrá considerarse que el mismo incurrió en la conducta que prevé el art. 213 de la LCT, toda vez que antes de ello, no podría sostenerse que despidió a la trabajadora mientras la misma se encontraba en uso de la licencia.- No puede soslayarse, que de haber recibido en forma previa la notificación de su extensión, quizás el comportamiento de la empleadora hubiera sido diferente; lo cierto y concreto, es que al comunicar el despido, aún no había tomado conocimiento de la situación invocada por la actora.- Una interpretación diferente, haría prevalecer, como lo afirma el Juzgador, la ficción sobre la realidad.- 2- En segundo lugar, puede decirse que si bien es cierto que la ley prevé la aplicación de la norma más favorable al trabajador, va de suyo que la misma no puede contrariar derechos fundamentales reconocidos por fuentes de mayor jerarquía, ni avalar consecuencias adversas a principios jurídicos o a derechos primordiales; entre otros, de seguridad jurídica, de defensa en juicio, de propiedad e igualdad ante la ley(art. 31 Constitución Nacional).- Por lo que comparto el apartamiento a la norma convencional del art. 23, y en su defecto, avalo en el caso, la aplicación de la generalizada teoría de la recepción de las comunicaciones para ambas partes de la relación.- Propicio entonces la desestimación del agravio, y la consiguiente confirmación del decisorio en el tema planteado.- III- Apela en tercer lugar la parte actora, la imposición de las costas en su contra, solicitando se modifiquen ante la procedencia de los agravios que expone.- Atento lo resuelto previamente al tratar el primer agravio, entiendo que las costas deben ser modificadas, proponiendo que las mismas se impongan en el 80% a la actora y en el 20% restante a la demandada, atento resultado del juicio, y lo dispuesto por los arts. 125 del CPL y 70 del CPC, de aplicación supletoria.- IV- Por la sentencia recurrida el sentenciante rechazó la petición de sanción por plus petición, solicitada por la demandada, por considerar que el actor pudo considerarse a prima facie con ciertos y concretos argumentos para formular su pretensa en la forma y extensión que lo hizo.- Contra esta parte del fallo, también se alza la actora, manifestando que su parte tenía y tiene plena legitimación para formular su pretensión como lo hizo.- Por lo que solicita que la desestimación del pedido de plues petición lo sea en base a la legitimidad y procedencia del reclamo de su parte.- Atento lo resuelto precedentemente, entiendo que debe rechazarse también este agravio, compartiendo los fundamentos expuestos por el Aquo al disponer el rechazo de la plus petición.- SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. LUCÍA E. DARONI DE PONTORIERO DIJO:

I- Que la demandada se alza contra la sentencia, expresando que si bien su parte ha resultado vencedora, debe apelar por cuanto en el párrafo referido al monto de la demanda, la misma no supera el triple control de logicidad, de realidad y de legalidad.- Expresa que si bien tiene lógica y se ajusta a la realidad, debería haberse fundado en las facultades del Juez contenidas en los arts. 13, 15, 16 y 18 del CPL.- Atento lo resuelto al tratar el primer agravio de la apelación de la actora, en el cual se resolvió modificar lo resuelto por el A quo en el tema referido, considero que la situación denunciada se ha tornado abstracta, por lo que deberá estarse a lo allí dispuesto.- SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN LA DRA. LUCÍA DARONI DE PONTORIERO DIJO:

Que las costas de esta instancia se imponen a la actora en el 70% y a la demandada en el 30% restante, en el recurso deducido por la primera; y a la demandada las correspondientes al deducido por su parte.- Ello atento lo dispuesto por los arts. 125 del CPL y 70 del CPC, y el resultado de los recursos.- Atento el estado de la causa, y lo dispuesto por los arts. 800 inc. 10 del CPC, 222 y 196 de la ley 2150, y teniendo en cuenta el contenido económico de las apelaciones resueltas, se regulan honorarios a los Dres. José Alberto Zini y Marcelo Vera Merino, ambos en doble carácter, en el 5% a cada uno por el recurso deducido por la parte actora; y en el 2% y 1,5% respectivamente, por el recurso interpuesto por la demandada.- LOS DRES. MIGUEL ERNESTO NOVOA Y GUILLERMO BAIGORRÍ DIJERON:

Que por sus fundamentos, se adhieren al voto que antecede.- Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I)- Acoger parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte actora, conforme fundamentos expuestos precedentemente.- II)- Desestimar el recurso deducido por la demandada, en un todo de acuerdo a lo expuesto en la segunda cuestión.- III)- Imponer las costas y regular honorarios de alzada, en la forma dispuesta al tratar la tercera cuestión.- VI)- Tener presente las reservas de derecho formuladas.- V) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.