Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-07


2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 7 de 2004.

Y Vistos: Estos autos para resolver el recurso de revocatoria con recurso extraordinario en subsidio opuesto por el letrado apoderado de la parte demandada a fs. 52, contra la resolución de fs. 50.

I. Este Tribunal, en el decisorio cuestionado, consideró que el interés patrimonial comprometido en autos es inferior al monto mínimo previsto por el art. 219, último párrafo, CCAyT (conf. Res. 149 (CM), del 4/11/99) para la admisibilidad del recurso de apelación, por lo que el remedio intentado por la parte demandada se encontraba mal concedido.

Contra dicha resolución se interpuso el recurso en estudio.

II. En síntesis, el recurrente aduce en su presentación que esta Alzada no se percató de que lo que se encuentra cuestionado es la distribución de las costas por su orden, y no la cuestión de fondo decidida. Asimismo, sostiene que la resolución que efectivamente se dicte en esta materia determinará el cobro de los honorarios de los profesionales intervinientes, por lo cual la apelación resultaría procedente, en virtud de que los honorarios siempre son apelables.

III. El letrado apoderado de la accionada no podría estar más lejos de la realidad.

En primer lugar, y conforme ya lo ha expuesto esta sala, es improcedente la distinción que efectúa entre la decisión de fondo y la distribución de las costas en lo que se refiere a la procedencia de la apelación. En efecto, las costas son un accesorio de lo principal, por lo que "...si lo principal es inapelable, lo resuelto sobre costas también es inapelable por aplicación del principio general del derecho que dice: accesorium sequitur principale; y ello porque no se puede determinar la justicia de la decisión sobre costas sin revisar lo resuelto sobre lo principal" (Loutayf Ranea, Roberto G., "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989, t. 1, pág. 338; esta sala, in re "Virgilio, María Rosa c. GCBA y otros s/ Otros Procesos Incidentales", resolución del 20 de abril de 2004).

IV. Por otra parte, y aun considerando que la afirmación del recurrente antes mencionada fuera -por vía de hipótesis- acertada, cabe resaltar que, en la apelación, la accionada únicamente cuestionó la sentencia en cuando impone las costas en el orden causado.

Ahora bien, de la mera lectura del decisorio de grado se advierte que las costas fueron distribuidas en el orden causado respecto de "las incidencias", es decir, en lo que se refiere a los períodos respecto de los cuales prosperó la defensa intentada por el ejecutado. Ello así, de más está explicar que el monto de los períodos allí comprendidos no supera el mínimo establecido por el art. 219, CCAyT -conf. Res. 149 (CM), del 4/11/99-, por lo que el recurso en cuestión -reiteramos- fue mal concedido. Es más, las costas correspondientes a aquellos períodos por los cuales el magistrado de grado mandó llevar adelante la ejecución fueron impuestas al ejecutado, y éste, a su vez, no cuestionó dicha imposición (vid. fs. 28).

En síntesis, y más allá de que las costas son un accesorio de lo principal, las sumas respecto de las cuales prosperó la defensa del accionado no superan el monto mínimo en cuestión, y sobre éstas recayó la distribución de costas cuestionada, lo que torna por demás improcedente el planteo en estudio.

V. Expuesto lo que antecede, corresponde indicar que este Tribunal coincide con el presentante en cuanto a que las resoluciones referidas a los honorarios de los letrados intervinientes en el proceso siempre son apelables dado su carácter alimentario.

Ahora bien, ello no implica, de ninguna manera, confundir la imposición de costas con la regulación de honorarios. Las costas constituyen los gastos del proceso o de una incidencia particular, los cuales deberán ser impuestos por el magistrado de grado conforme el principio objetivo de la derrota o, en su caso, distribuidos en la forma que determine el código adjetivo (conf. art. 62 y sigtes., CCAyT). En cambio, los honorarios son las erogaciones que tienen derecho a percibir los profesionales por su actuación.

Adviértase, en este mismo sentido, que no interesa a cuál de las partes se impongan las costas para que nazca el derecho al cobro de honorarios por parte del profesional correspondiente, sino que, en su caso, podrá determinarse a través de aquéllas cuál de las partes se encuentra obligada a su pago.

VI. Por todo lo anteriormente expuesto, no cabe sino concluir que el recurso de revocatoria interpuesto por la parte demandada en nada conmueve lo decidido en la resolución de fs. 50 y, en consecuencia, debe ser desestimado.

VII. Resta, en consecuencia, expedirse sobre la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto en subsidio.

Desde ya puede adelantarse que él resulta improcedente, por los argumentos que a continuación se expondrán.

VIII. En primer lugar, y de conformidad con el art. 14 de la ley 48, cabe indicar que el recurso extraordinario federal procederá contra "...las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia...".

Interpretando dicha norma, la Corte Suprema de justicia de la Nación ha sostenido a partir del caso "Municipalidad de San Martín de los Andes s/ sucesión Roque Ugarte" (Fallos 306:480) que la habilitación de la instancia extraordinaria federal requiere, necesariamente, el previo agotamiento por el recurrente de la instancia recursiva extraordinaria local. Esta jurisprudencia se vio reafirmada en la causa "J. L. Strada" (Fallos 308:490), donde el Alto Tribunal declaró que los litigantes deben persistir en las instancias locales idóneas, sin que respecto de éstas corresponda distinguir si son ordinarias o extraordinarias, y que la falta de actividad en tal sentido o la desplegada insuficientemente obsta a la admisibilidad del recurso extraordinario federal.

Como culminación de esa evolución interpretativa, la Corte decidió en la causa "Di Mascio" (Fallos 311:2478) que toda vez que el legislador nacional dispuso que cualquier pleito radicado ante la justicia provincial en el que se susciten cuestiones federales debe llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo después de fenecer ante el órgano máximo de la judicatura local, y dado que los tribunales de provincia están habilitados para entender en causas que comprendan puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales, cabe concluir que las decisiones que son aptas para ser resueltas por la Corte Nacional no pueden resultar excluidas del previo juzgamiento por el órgano judicial superior de provincia.

Por último, debe señalarse que tal conclusión no varía ni siquiera cuando la causal alegada al interponer el recurso es la arbitrariedad de la sentencia -como ocurre en el sub lite-, pues los recursos extraordinarios fundados en la invocación de esta doctrina también deben satisfacer los lineamientos expuestos, lo que implica que la cuestión debe ser planteada previamente ante los superiores tribunales de justicia locales. Así, por otra parte, lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes registrados en Fallos 308:1667 y 310:324, entre otros.

A ello debe agregarse que en el ordenamiento positivo local se encuentra previsto un remedio específico para acudir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad por vía del recurso de inconstitucionalidad (art. 113 inc. 3º, Constitución de la Ciudad de Bs. As. y arts. 27 y sigtes., ley 402).

Por ello, y en idéntico sentido a lo resuelto por este Tribunal en autos "Licastro, Blanca Elvira c. GCBA s/ impugnación de actos administrativos" (expte. 723) en su sentencia del 28 de agosto de 2001, y teniendo en cuenta que el recurrente no ha acudido al remedio precedentemente mencionado, deduciendo directamente recurso extraordinario federal, lo que resulta manifiestamente improcedente a tenor de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde rechazar in limine el recurso extraordinario interpuesto subsidiariamente.

IX. Si bien lo dicho en el considerando en el considerando precedente es más que suficiente para desestimar sin más el recurso extraordinario intentado, corresponde indicar, un segundo lugar, que -conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- el remedio en estudio es principal y excluyente y, por tal razón, no cabe deducirlo en subsidio de otros recursos, como el de revocatoria o nulidad (Fallos, 295:125; 03:1376).

A su vez, ninguna norma contempla -en el ámbito local- la deducción subsidiaria el remedio examinado. Es más, ni siquiera se encuentra contemplado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto de esta forma. El único recurso que puede interponerse de tal modo es el de apelación -ordinaria-, en subsidio de la reposición -art. 225, CCAyT- esta sala, in re "Shell C.A.P.S.A. y otros c. G.C.B.A. s/ Amparo", exp. Nº 5296/0).

X. Si bien lo dicho resulta más que suficiente para desestimar sin más el recurso extraordinario interpuesto en subsidio, cabe destacar que -aun considerando que el accionado hubiera interpuesto el recurso correspondiente y en la forma correcta-, el recurso de inconstitucionalidad sólo resulta procedente ante agravios constitucionales, esto es, aquellos que versen sobre la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución Nacional o en el Estatuto local (art. 113, inc. 3º, CCABA), circunstancias que no se verifica en el caso, donde el recurrente sólo efectúa consideraciones genéricas, sin sustento constitucional.

Ello, pues únicamente manifiesta que se encuentran vulnerados sus derechos a percibir honorarios por parte de la Ciudad, cuestión que en nada se relaciona con la distribución de las costas efectuada en la instancia de grado.

XI. Finalmente, y en lo que se refiere a lo solicitado por el accionado en el punto III de la presentación de fs. 52, hágasele saber que las actuaciones se encuentran a su disposición para la extracción de las fotocopias que considere pertinentes, para lo cual será acompañado por personal de Secretaría.

Por todo lo expuesto, el tribunal resuelve: 1) Rechazar el recurso de reposición intentado; 2) Rechazar in limine el recurso extraordinario interpuesto en subsidio; 3) Hacer saber al accionado que podrá extraer las fotocopias que considere pertinentes conforme lo expuesto en el considerando XII; 4) Sin costas, atento a no haber mediado contradicción. - Carlos F. Balbín.- Horacio G. A. Corti. - Esteban Centanaro.