marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Bancos, entidades financieras, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: RESMACON  SRL c/ BANCA  NAZIONALE  DEL  LAVORO SA s/ proceso deconocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-11

Las partes convinieron en la "Solicitud de Créditos para Importaciones" que el banco se encontraba facultado para hacer el debito a la fecha de vencimiento, mas no obligado a ello. Sin embargo, tal circunstancia no resulta determinante para acoger la pretensión de la entidad bancaria, en virtud de lo establecido por la Comunicación A 3507 y sus modificatorias del BCRA emitidas al efecto, a las cuales debió sujetar su comportamiento pues en caso contrario podría ser pasible de las sanciones previstas en el artículo 41 de la ley 21.526. Ponderando que dichos preceptos normativos disponen que los créditos que caen dentro de las previsiones del decreto 410/02 -tal el caso de autos- deberán liquidarse en moneda extranjera o en pesos según el tipo de cambio aplicable en oportunidad de su cancelación (Comunicación A 3507, punto cuarto, y 3561 y 3806 del BCRA), cabe concluir que resultó ajustado a derecho lo decidido por la sentenciante en este aspecto y proponer la confirmación del pronunciamiento en crisis.
Redargución de falsedad, procesos de ejecución
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. c/ ARIAS RAMON BENJAMIN Y OTRA s/ EJECUCION HIPOTECARIA - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-17

La redargución de falsedad regulada por el art. 387 del Cód. Procesal y tramitada como incidente, no es aplicable a los procesos de ejecución, puesto que su articulación no se compadece con la naturaleza sumaria del juicio ejecutivo.

En efecto, si el proceso ejecutivo no permite la discusión de los términos del negocio subyacente, por cuanto las defensas sólo pueden referirse a las "formas extrínsecas", sería ilógico que se aceptara la paralización del juicio hasta tanto se resuelva el proceso paralelo donde se dilucida si hubo o no falsedad "ideológica" en su instrumentación, ya que a tal fin debe promoverse la correspondiente acción por vía ordinaria.
Adicionales de remuneración, premio por presentismo, falta de pago, licencia por enfermedad
Materia: LABORAL
Carátula: BOSCO, JULIO c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ DIF. SAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-10

Si el premio estímulo, tal como lo había instituido la demandada revestía el carácter de premio por asistencia, toda vez que estaba vinculado a la producción con la asistencia y la efectiva prestación de servicios, su falta de abono cuando la licencia por enfermedad superaba cierto período, no resulta violatorio de las normas sustantivas.
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Colombo de Prodoscimi, Rosita G.M. c/ Instituo de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

La exclusión de la jubilación por invalidez en el texto del art. 41 del decreto ley 9650/80, no conduce a vedar el cómputo de los servicios simultáneos prestados y reconocidos en el orden nacional, sino a evitar la reducción proporcional del importe de tales servicios que equivale, para la jubilación ordinaria, a la cantidad de años faltantes para completar el mínimo requerido en el respectivo régimen. Ello así pues quien se incapacita, está en condiciones de obtener la jubilación por invalidez en ambos órdenes -nacional y provincial-, debiendo efectuarse la determinación del haber sin practicar respecto de los servicios nacionales la reducción prevista en el art. 41 citado (arts. 1, 2, 7 y conc., dec. ley 9316 /46; ley provincial 5157; art. 26, dec. ley 9650/80 y 33, ley 18037, t.o. 1976).
Recurso de casación laboral, procedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, límites del pronunciamiento
Materia: LABORAL
Carátula: LEDESMA, ORLANDO LUIS c/ JOSE ANDRES ATILA EMPRESA CONSTRUCTORA Y/O RESP. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO IN ITINERE. CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-29

En la casación, la temática de las probanzas y de la fijación de los hechos litigiosos, quedan excluídos.-
Contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: DUJOVNE JORGE RAUL c/ ASOCIACION AMIGOS DE BARRIO MAIPU s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-06-19

Se ha acreditado la incorporación del actor a una entidad que responde al amplio concepto de "empresa" en los términos del R.C.T art. 4, aún cuando no persiguiera ella fines de lucro. Por el hecho de ser un "técnico", la subordinación en este aspecto aparece algo diluida ya que el objeto de su contratación es precisamente con un fin de tal naturaleza, teniendo en cuenta su "especialización" en la actividad de que se trata, pero la subordinación económica determinada por el hecho de percibir una retribución y principalmente la subordinación jurídica materializada en el ejercicio de la potestad de decisión sobre aspectos sustanciales (como contratación de jugadores o libertad de ellos, actividades o campeonatos en los que se intervenía, provisión de camisetas, pago del traslado, etc.) que evidencian la asunción de la potestad típicamente empleadora de dirección y mando, definen la relación como de carácter laboral. Resulta evidente que el actor se incorpora a una organización de terceros, prestando servicios para tal organización, de manera regular y continua, subordinándose a los fines perseguidos por la organización que no han sido fijados por él, sin asumir riesgo alguno y percibiendo por ello una remuneración mensual. Ante tales hechos entendiendo que se han acreditado los extremos tipificantes del contrato de trabajo regido por el art. 21 de la L.C.T., esto es la subordinación, la prestación personal, la continuidad y onerosidad.-
Pago de la remuneración, cheque al portador
Materia: LABORAL
Carátula: TRANSPORTES ATLANTIDA  S.A.C. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-26

Los salarios no deben ser pagados mediante cheque al portador, caso contrario por infracción al art. 124 de la LCT, la empresa será pasible de una multa.
Cuestiones prejudiciales, sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RAMOS TABOADA, CARLOS JULIO Y OTRO c/ DESTEFANI, HECTOR Y OTROS s/ INDEMNIZACION-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-03-07

El Código Civil (art. 1101) regula la prejudicialidad y, señala que "no habrá condenación en sede civil, antes de la condenación del acusado en juicio criminal". De esta manera, cuando el mismo hecho origina la tramitación de dos procesos, uno ante la justicia penal y otro ante la justicia civil, procede suspender el dictado de sentencia en juicio civil, toda vez que se encuentra pendiente un proceso criminal cuyo resultado pueda ser eficiente para influir en la calificación de los hechos fundantes de la demanda interpuesta en aquel juicio, atento que el resarcimiento de los perjuicios son causados por el hecho ilícito que se ventila en sede penal. Es irrelevante que en ambos juicios intervengan las mismas o distintas personas: así, puede acontecer que el damnificado civil no haya querellado por el delito y que la acción penal haya sido incoada por el fiscal, como también puede ser que la acción civil se promueva por un damnificado indirecto que no está habilitado para intervenir en el juicio penal, o contra un responsable civilmente a quien no se puede acusar de nada ante el fuero criminal. En cualquiera de esos casos -u otros- en que hay dualidad de procesos originados en el mismo hecho, se impone la postergación de la sentencia civil hasta tanto se dicte la sentencia penal y ésta quede ejecutoriada.
Regímenes jubilatorios especiales, abogados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Donnarruma c/ Caja Banco Provincia s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

No existe superposición de aportes cuando el abogado que trabaja bajo relación de dependencia en el Banco de la Provincia los realiza a la Caja respectiva y a su vez, en virtud de la necesaria matriculación, efectúa aportes a la Caja de Abogados, pues se trata en tal caso de dos ejercicios profesionales distintos, sujetos a diferentes modalidades y su relación con el mencionado banco no obstaculiza ni altera la posibilidad de ejercicio de su profesión.
Enfermedad accidente, determinación de la incapacidad, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: VALENCIA ANGLES, MANUEL A. c/ TRANSPORTE AUTOMOTOR RIACHUELO SA. (TARSA.) s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-11

En casos de enfermedad accidente de carácter evolutivo, no basta que el trabajador tenga conocimiento de la misma, a efectos de precisar el comienzo del plazo de la prescripción, sino que además se requiere que se haya hecho la determinación de la incapacidad (artículo 280, LCT., ley 20744, artículo 258, RCT.).
Contrato de tiempo parcial, carga de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Gimenez Vega, Sebastián c/ Bartokbar S.R.L. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-05

La modalidad del contrato de trabajo a tiempo parcial constituye un supuesto de excepción al cumplimiento de la jornada laboral completa, por lo cual quien invoca dicha situación particular tiene a su cargo su acreditación -extremo no configurado en el caso-. Así, resulta claro que la jornada cumplida por el demandante no resultó ser el supuesto que autoriza a que la empleadora le reduzca y pague el salario en proporción al menor horario de trabajo (conf. art. 92 ter, de la L.C.T.).
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, interpretación sistemática, jueces, facultades del juez, menores, delitos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: D, J. M; L, J. D. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Daño   (Expte. CSJ Nro. 55-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-08

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto si el esfuerzo argumentativo parece orientarse a defender un determinado modo de interpretación de la legislación en juego, pero de ello no se infiere que la decisión recurrida haya sido el resultado de una opción hermenéutica que exceda las facultades normales que ostentan los tribunales que decidieron oportunamente.

Tampoco se desprende de la lectura del pronunciamiento en crisis que los sentenciantes hubieran incurrido en falta de fundamentación ni que resulten lesionados, con lo decidido, derechos o garantías de raigambre constitucional, dado que la ley 11452 no limita las facultades investigativas del Juez de Menores respecto del hecho presuntamente delictivo, sometido a su conocimiento para lograr el esclarecimiento, aún en el caso de su imputación a un menor no punible que no se encuentre en estado de abandono, y ello no vulnera la custodia y respeto a los derechos del menor constitucionalmente reconocidos.
Acción penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: R., M.A. y Otros s/ Lesiones y Resistencia a la Autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-22

La suspensión del proceso a prueba es uno de los "instrumentos dogmáticos que permiten evitar la aplicación del poder penal del Estado, allí donde se puede prescindir de él", que "permite aplicar al trasgresor medidas no penales, más adecuadas al caso para alcanzar los fines que persigue un derecho penal de sentido preventivo, provocando el menor daño posible al infractor".
Revocación de sentencia, indemnización insuficiente
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Ojeda, Clementina Antonia c/ Manliba  S.A. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-02

La sentencia que fijó el resarcimiento en un importe que no guarda razonable relación con la intensidad de la lesión en las afecciones legítimas, convierte virtualmente en inoperante la indemnización prevista en el art. 1078 del Código Civil.
Declaración de quiebra, designación del síndico del concurso, queja por apelación denegada, resoluciones inapelables, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: MATADERO Y FRIGORIFICO RIO LUJAN SA s/ QUIEBRA S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-15

Procede la queja deducida por el funcionario concursal contra la denegación de la apelación interpuesta respecto de la resolución que dispuso el sorteo de un nuevo síndico por consecuencia de haber sido declarada la quiebra del ente societario, según lo normado por la ley 24522: 253-7°, con fundamento en la regla de inapelabilidad de la ley 24522: 273-3°. Ello así, cuando -como en el caso-, la decisión impugnada aplicó la legislación concursal vigente para fundar el cese de la actuación del quejoso en el cargo de síndico nombrado durante la vigencia de la ley 19551, puesto que por hallarse discutido el alcance de dos textos legales para regir la cuestión, aparece inaplicable la regla de inapelabilidad, toda vez que el tema excede a una cuestión ordinaria del trámite concursal.

Voto Dr. Alberti: estimase inapelable la decisión impugnada pues aparece objetivamente acorde al sistema concursal positivo; y por ende cupo desestimar el recurso.
Muerte del trabajador, legitimación activa
Materia: LABORAL
Carátula: Empresa Transportes Omnibús Gral Pueyrredón S.R.L. s/ Acción declarativa certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

El art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo se ha limitado a indicar lso legitimados con derecho a indemnización y los ingredientes o elementos que en cada caso han de reunirse, sin atribuir en modo alguno pauta probatoria de ninguna naturaleza. En tales condiciones rige en plenitud el sistema procesal, en particular las reglas del onus probandi, a estar a las cuales cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción (art. 375, C.P.C.C.).
Facultades delegadas, asociaciones profesionales de trabajadores, autoridad de aplicación
Materia: LABORAL
Carátula: FOYEM. c/ Municipalidad de San Antonio Oeste. s/ Asociaciones Profesionales de Trabajadores. FOYEM. c/ Municipalidad de Valcheta. s/ Asociaciones Profesionales de Trabajadores. FOYEM. c/ Municipalidad de General Conesa. s/ Asociaciones Profesionales de Trabajadores. FOYEM. c/ Municipalidad de Sierra Colorada. s/ Asociaciones Profesionales de Trabajadores. FOYEM. c/ Municipalidad de Guardia Mitre. s/ Asociaciones Profesionales de Trabajadores. FOYEM. c/ Municipalidad de Sierra Grande. s/ Asociaciones Profesionales de Trabajadores. FOYEM. c/ Municipalidad de Ministro Ramos Mexía. s/ Asociaciones Profesionales de Trabajadores. FOYEM. c/ Municipalidad de General Enrique Godoy. s/ Asociaciones Profesionales de Trabajadores.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-12-11|1986-12-11|1986-12-11|1986-12-11|1986-12-11|1986-12-11|1986-12-11|1986-12-29

Los artículos 67, 68 y 69 de la ley 811 que reconocen como Federación a una agrupación que no reune los recaudos exigidos por la legislación nacional violan los artículos 67 inciso 11, 14 y 14 bis, y 108 de la Constitución Nacional en tanto suponen el ejercicio de facultades propias y exclusivas de la Nación a través del Código de Trabajo y Seguridad Social que fuera delegado por las provincias al orden federal, sin perjuicio de la violación de la competencia natural del Ministerio de Trabajo de la Nación respecto de la fiscalización y control de la existencia y funcionamiento de las asociaciones gremiales en cualquier punto de la República.
Contrato de trabajo, encargados de casas de renta, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: CRUGNOLA  RODOLFO  CARLOS c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO ROSARIO 264 s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-23

No cabe hacer lugar al despido indirecto en que se colocó el encargado de una casa de renta por considerar que ante a intimación del empleador de iniciar los trámites jubilatorios aquél carecía de la cantidad de años laborados a tal fin, dado que la demandada en el intercambio telegráfico le hizo saber que de probar que no contaba con los requisitos para la obtención de la jubilación, respetaría la continuidad de la relación de trabajo, bloqueando así voluntariamente el ejercicio de su poder de denuncia hasta la efectiva jubilación del actor.
Recurso de casación penal, resoluciones equiparables a definitiva, cuestiones de competencia, declaración de incompetencia, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Dominguez Daniel y González Roberto Oscar s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-20

La resolución de la Cámara Criminal y Correccional que confirmó una declaración de incompetencia no constituye sentencia definitiva ni equiparable -art. 457 del C.P.P.N.- a los efectos del recurso de casación. Los pronunciamientos referidos a la competencia no revisten en principio el carácter de sentencia definitiva, salvo que exista denegatoria del fuero federal. (Voto de los Dres. Madueño y Fégoli).
Derecho procesal, medidas cautelares, trabajadores de la construcción, reincorporación
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Juárez, Pablo Justiniano  c/ Inarteco S.A.  s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-10

La demandada cuestiona la sentencia interlocutoria que admitió la medida cautelar de reinstalación solicitada por el actor. La magistrada "a quo" para decidir como lo hizo tuvo en cuenta las circunstancias alegadas por el accionante en torno a que fue despedido de manera directa, sin invocación de causa, en plena vigencia del D.N.U. N° 329/2020. Esgrime la demandada que la relación laboral que la unió al trabajador se encuentra enmarcada en el ámbito del instituto de la construcción. La actividad en cuestión presenta características particulares, pues por su esencia carece de vocación de indeterminación en el plazo y en caso de extinción no genera derecho indemnizatorio ya que el art. 15 de la ley 22.250 prevé el fondo de cese laboral, que se percibe cualquiera sea el motivo de la extinción del vínculo habido. Dadas las particularidades de la actividad, al personal comprendido en dicho régimen legal no le era aplicable el D.N.U N° 329/20. El marco factico que se verifica en la causa no permite disponer una reinstalación cautelar como la ordenada y desactivar un "despido" respecto de un trabajador regido en su actividad por la ley 22.250, más allá del resultado final del reclamo, que exige un proceso cognitivo con debate y prueba. No se advierte acreditado el prieto marco incidental los requisitos exigidos por el art. 230 CPCCN, por lo que corresponde admitir el recurso intentado y revocar la resolución de primera instancia.
Locación, obligaciones del locatario, destino de la locación, local comercial, cláusula de alquiler ascendente
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ SUAREZ, Pilar c/ DANERI, Hugo Daniel y otros s/ EJECUCION DE ALQUILERES - EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

Cuando se trata de contratos de locación comercial debe estarse al precio de la locación pactada libremente, incluidos los aumentos periódicos de los alquileres, siendo carga del inquilino demostrar que tales aumentos superan con creces el valor locativo en plaza del bien locado, en virtud de que se estaría violando el plazo mínimo locativo que es de orden público.-
Resoluciones judiciales, recursos, recurso extraordinario federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Telefónica Móviles Argentina s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-18

Las decisiones judiciales que rechazan recursos locales, regulados por la ley vigente en materia procesal en el ámbito local no son materia de recursos extraordinarios. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier).
Plan de ahorro previo, daño punitivo, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: Spaccesi, Marcelo Javier c/ Volkswagen SA de Ahorros para fines determinados - Abreviado - Otros - Trám. oral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-03-16

La verdadera finalidad del daño punitivo apunta a dos objetivos esenciales: por un lado, prevenir el acaecimiento de hechos similares, favoreciendo la prevención de futuras lesiones y, por otro, punir graves inconductas. Por ello, la terminología utilizada en el art. 52 bis de la Ley n.° 24240 (LDC) es impropia, pues lo que se pune no es el daño, sino la inconducta del proveedor. De allí que resulta más adecuada la expresión indemnización punitiva, sanción punitiva o multa civil
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BARG SOFIA c/ CORONEL ANTONIO N. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-09

Debe resarcirse el daño producido a la esposa por la muerte de su esposo si los negocios que poseían debieron cerrarse ante la muerte de éste y la incapacidad laborativa de aquélla, a causa -ambos- del accidente del cual resultaron víctimas.
Sentencia arbitraria, medidas tutelares, sobreseimiento, inimputabilidad, robo, tentativa, interés del menor
Materia: PENAL
Carátula: O., J. A. c/  s/ robo en tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-30

Resulta arbitraria y contradictoria en sí misma la decisión de la cámara que rechazó el cese de la disposición tutelar de un menor, que había sido oportunamente declarado inimputable y sobreseído, puesto que su fundamento resulta, en definitiva, solamente aparente, ya que, pese a reconocer la intervención de otros organismos de protección de derechos -esto es, un juzgado civil, lo cual implicaría un aumento de los esfuerzos por garantizar la tutela efectiva al decir de la decisión recurrida en la medida en que implica una continuidad de la disposición tutelar del niño-, no tuvo en cuenta, precisamente, que se encuentran interviniendo esos otros organismos, y con ello no se atendió a las otras disposiciones legales y convencionales aplicables, las cuales, según una interpretación armónica, auspician que una vez comprobada la minoridad del niño y aun cuando se verifique que se encuentra de alguna manera en la situación prevista en los párrafos segundo a cuarto del art. 1º de la ley 22.278, si esto es así, una vez que -además- se constate la intervención de los organismos administrativos y judiciales que establecen la ley 26.061 y la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, no resulta razonable continuar con la intervención tutelar dispuesta por el juzgado penal en razón de la inconveniencia que se produce por esta superposición de intervenciones por parte de órganos estatales en la protección de los derechos del niño cuando, precisamente, son los organismos administrativos previstos por la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, a su vez, los organismos judiciales también previstos en esa ley, los más idóneos a los fines de tutelar adecuadamente los derechos del menor en la situación en la que se encuentra (voto del juez Huarte Petite)