marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Constitución Nacional, Constitución Provincial, inamovilidad de los jueces, cuestión de derecho público local
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LILLJEDAHL, ENRIQUE ERNESTO c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-12-05

La garantía de inamovilidad vitalicia del Art. 110 de la C.N., es principio constituyente de la división de poderes y, en consecuencia, del régimen republicano de gobierno; no se trata de un principio organizacional secundario que pueda ser obviado, reemplazado o disminuido en su virtualidad jurídico-constitucional, porque integra esencialmente la estructuración del Poder y la forma de gobierno establecida por el Art. 1 de la C.N. y por el primer párrafo del Art. 1 de la Constitución Provincial, contenidos jurídicos de naturaleza pétrea que no pueden ser modificados so pretexto del ejercicio de facultades no delegadas o en nombre del federalismo, y que deben ser sostenidos cabalmente y sin cortapisas de ninguna especie por el derecho público provincial, plasmado en las constituciones locales.

En esa inteligencia el principio de inamovilidad vitalicia se proyecta al orden constitucional provincial y se integra al Art. 5 de la C.N., como condición impuesta e insoslayable a su organización institucional local para conservar la garantía federal en el goce y ejercicio de sus instituciones. Del voto de la Dra. Sesto de Leiva
Recusación, agente fiscal, incidente de competencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RECUSACION DEL FISCAL GENERAL. s/ RECUSACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-10

Lo dispuesto por el Código Procesal Penal de la Nación pretende evitar que una anterior intervención en la causa, en cualquiera de las situaciones previstas, influya en la posición de imparcialidad que se requiere del magistrado, circunstancia que no se presenta cuando se cuestiona la intervención de un fiscal por haber participado previamente en la función de dictaminar, como titular de una Fiscalía de Cámara, en un incidente de incompetencia que corre por cuerda.
Contratos administrativos, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Casaldarrey, Eduardo J. y otros c/ Municipalidad de Azul s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11

La controversia suscitada en torno al modo en que han de regularse los honorarios profesionales por el estudio de factibilidad para la creación y puesta en funcionamiento de un cementerio parque, efectuado por los actores, ha de resolverse en favor de éstos en tanto sostienen que quedaron regidos por la estipulación del 4,5 por ciento del monto de la obra, y no por la suma fija equivalente a diez sueldos básicos del personal municipal de la categoría mínima cuya aplicación pretende la Comuna demandada. Ello así, porque la interpretación más razonable de la cláusula contractual referente al honorario, es la efectuada en concordancia con el art.148 de la Ley Orgánica Municipal -que al autorizar a las Comunas a celebrar contratos como el que unió a las partes, establece que 'se adecuarán al arancel profesional'- y con las normas arancelarias a las que dicho precepto se remite (Abogados: art.9 ap.II inc.9 de la ley 8.904; Ingenieros: art.5 del decreto-ley 6.964/65; Graduados en Ciencias Económicas: art.6 ap.B inc.b punto 1ro. y arts.35, 40 y 46 de la ley 7.195), y que son de orden público (art.3 ley 8.904;

art.20 decreto-ley 6.964/65; art.35 ley 7.195).
Deber de imparcialidad, enjuiciamiento de magistrados, juicio político
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Superior Tribunal de Justicia c/ Duarte, Graciela Beatriz s/ denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-18

La exigencia constitucional de imparcialidad se dirige, en realidad, a todos aquellos órganos que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales, es decir, que decidan controversias entre partes y determinen el alcance de sus derechos y obligaciones.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, bocacalle
Materia: CIVIL
Carátula: KASPARIK DE BRANC, Marta Elena c/ BARRERA, Carlos Norberto s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-17

La prioridad de paso otorgada al automóvil que circula por la derecha, sólo existe cuando ambos vehículos inician simultáneamente el cruce de la bocacalle y no cuando uno de ellos lo ha iniciado con anterioridad.
Cuestiones de competencia, competencia federal, competencia por la materia
Materia: PROCESAL
Carátula: BROSSARD, ALBA LINA. s/ INVESTIGACION SOBRE SU MUERTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-28

No por la sola circunstancia de que un hecho se produzca dentro de los perímetros reservados exclusivamente al Estado Nacional cabe reputarlo de competencia federal, ya que para que así es sea preciso que dicho evento haya afectado intereses nacionales o los fines para los cuales esos lugares estan destinados.
Responsabilidad extracontractual del Estado, responsabilidad del Estado por actos ilícitos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Sudinter    SA    (En   Liquidación) c/ A.N.A. s/ juicios   deconocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-20

Para que se configure la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita en principio deben reunirse los siguientes requisitos: a) el Estado debe incurrir en una falta de servicio (art. 1112 C.C.), b) la actora debe haber sufrido un daño cierto, y c) debe existir una relación de causalidad directa entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue (Fallos: 328:2546) (Del voto del juez Morán, cons. X).
Pesificación, aplicación de la ley, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: CIVIL
Carátula: M., A. c/ M., C. s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-02

Corresponde mantener la pesificación establecida en el art. 11 de la ley 25.561 y 8° del dec. 214/02, pues se aplica a los contratos tanto sea para obligaciones exigibles -vencidas- antes -si ellas no hubieran sido canceladas en su oportunidad- como después de la fecha de la promulgación de la ley, modificándose en el sentido de disponer el reajuste del monto que surge del convenio a efectos de que a la suma total allí pactada -en dólares estadounidenses- se le descuente el importe abonado por la demandada en concepto de primer cuota, y al saldo obtenido de la resta así practicada le serán aplicadas al momento del efectivo pago las siguientes pautas: 1. Para fijar el valor en pesos por cada dólar se tomará la diferencia existente entre el valor en pesos de la cotización de la divisa estadounidense vendedor del mercado libre de cambios y el valor en pesos que representaba antes de la emergencia -pesos uno-. Obtenido el resultado se dividirá dicho monto por mitades. 2. Al importe que represente la mitad se le adicionará $1, con lo que se obtendrá el monto en pesos que por este reajuste representa cada dólar debido. 3. Efectuada la multiplicación del mismo por la cantidad de dólares adeudados será esa la suma que cancelará la obligación.
Falsificación de instrumento público, falsedad ideológica, tentativa, uso de documento falso, concurso de delitos, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: "RODRIGUEZ, Bartolomé s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-01

La utilización de documentos adulterados para obtener la confección de otro distinto ideológicamente falso no involucra una pluralidad de hechos sino una única conducta que recae bajo más de una sanción penal, en los términos del artículo 54 del Código de Fondo (ver causa "RODRÍGUEZ ARRIOLA" del 26.12.2002 ).

Si el trámite impulsado, no llegó a su fin en función de las irregularidades que surgieron durante el trámite y que fueron advertidas por la autoridad pública, el delito de falsedad ideológica no se considera consumado en virtud de lo cual corresponderá la calificación legal por la de uso de documento público falso en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público en grado de tentativa.
Daños y perjuicios, automotores, culpa, exceso de velocidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORREA c/ PERALTA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S060 - 314)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-03-03

Es causa eficiente del accidente, la desaprension de ambos conductores al circular a velocidades excesivas y peligrosas, que incidieron en el dominio de los automotores.-
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, proceso penal, imputado, procesamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: S., R. E.; R., A. J. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -   Defraudación (Expte.: C.S.J. Nro. 811 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-03

Es requisito legal para la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad que el medio impugnatorio se dirija contra sentencias definitivas dictadas en juicio que no admita otro ulterior sobre el mismo objeto, o contra autos interlocutorios que pongan fin al pleito o impidan su continuación; por lo que las resoluciones cuyas consecuencias sean el sometimiento a proceso criminal, no reúnen por regla, ese recaudo de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad local. Sin embargo, se ha abierto esta vía si la resolución causa un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior. Por lo tanto, en el caso, corresponde admitir la queja interpuesta, en tanto el planteo recursorio endilga al decisorio de la cámara -que dictó el procesamiento del ahora recurrente- que frustra el acceso a la segunda instancia y resulta por ende, atentatorio del debido proceso legal, restringiendo indebidamente su derecho de defensa, por lo que ostenta entidad constitucional y resulta idóneo para operar la apertura en esta instancia de excepción. (Del Voto de la Mayoría, en Disidencia el Dr. Gutiérrez)
Concursos, verificación de créditos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARANDA CAMACHO CARLOS EN J: 47936 CER. LAS HERAS s/ Conc - Prev - Incidente Verificación Tardia (LIBRO: A072 - 415)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-10-15

La omisión de la suspensión de procedimientos al haberse decretado la apertura ddel concurso determina la nuliddad de lo después tramitado, y la sentencia así dictada no puedde basar la verificación del crédito.
Competencia, ejecución hipotecaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Rosemblatt, Norma Susana c/ Frala, José Hugo y otro s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-20

Al ser la hipoteca un accesorio del mutuo, esto es, una garantía de un crédito que tiene naturaleza personal, su existencia no puede enervar la aplicación de la regla de competencia establecida por el art. 3284, inc. 4to., del Código Civil, ya que es el mutuo y no la garantía real que lo accede lo que determina la competencia. Lo que en realidad se ejecuta no es la hipoteca sino el crédito que goza de aquella garantía.
Extinción del contrato de trabajo, indemnización, procedimiento laboral, prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: MARAN MARIA E c/ RAUL MAZZOLA s/ RECURSO  DE  CASACION: SEDE  LABORAL  -  VIOLACION DE LA LEY Y DE LA  DOCTRINA LEGAL - FALTA DE TRABAJO:PRUEBA - CARGA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-07-04

En caso de desequilibrio de las prestaciones, el empleador debe demostrar que el mismo no se debe a negligencia o falta de previsión de su parte y que se han tomado medidas destinadas a paliarlo, al margen del despido de los trabajadores.

La situación excepcional que contempla el art. 247 LCT, requiere una prueba fehaciente, que lleve al ánimo del Juez una certidumbre absoluta que excluya toda vacilación o duda. Si ésta subsiste no se han acreditado las condiciones que justifiquen la aplicación excepcional del citado artículo; en tal caso, debe observarse el régimen común del art. 245 LCT.

Tergiversa el sentido y alcance de la ley, imponer a la actora - a fin de tener derecho a la indemnización completa - la obligación de acreditar que la situación que determinó la falta de trabajo es imputable al demandado. El carácter de excepción de dicha situación, exige una interpretación restrictiva en tanto se disminuye la protección económica del empleado despedido.

En el subexamen, si bien los dichos de los testigos no resultan hábiles para atribuir responsabilidad al demandado, en razón de no haberse demostrado un obrar culposo o negligente, como sostiene la a quo, tampoco son idóneos para que el accionado acredite que la situación que atravesó y que desencadenó la ruptura del contrato con la actora, le era totalmente ajena. No intentó ninguna prueba a fin de acreditar que hizo todo lo necesario para conservar la fuente de trabajo de su empleada y que recién cuando le fue imposible lograrlo, dispuso su despido por lo que corresponde admitir la pretensión actora de diferencia de indemnización.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, acción civil, daños y perjuicios
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Raúl Adolfo y otros c/ Jorge F. Taramasco y/u otros s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-06-26

Aún cuando se advierte que al momento del hecho dañoso los actores eran trasladados de regreso por el demandado, luego de trabajar bajo sus órdenes cargando leña, en el camión siniestrado y en su acoplado y, por lo tanto, estaban amparados por la ley de accidentes de trabajo, debe confirmarse el rechazo de la acción. Ello no es más que la aplicación del principio general en materia civil: sin daño no existe responsabilidad, principio básico del que deriva la afirmación: lo que se indemniza es la incapacidad y no el accidente.
Ley de educación técnico profesional, agentes sanitarios, salario básico, facultades del Poder Ejecutivo, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Iglesias, Liliana Ethel c/ Provincia de Rio Negro (Ministerio de Salud) s/ contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-10-28

La Ley L 1904, que establece la Carrera Técnico Profesional Sanitaria, para los agentes que la misma define, que prestan servicios en los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, dispone que la reglamentación determinará los conceptos que integran el sueldo básico. En el ámbito provincial además, la Ley A 2397 faculta en su art. 2° a los titulares de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial a dictar las normas que regulen en su ámbito de aplicación el sistema de bonificaciones y adicionales personales y/o funcionales. No se advierte que el ejercicio de esa facultad por parte del Poder Ejecutivo Provincial en la creación de las asignaciones o adicionales no bonificables, transgreda normas que prohíban su concesión o violenten principios preeminentes, como el de "retribución justa" o "igual remuneración por igual tarea". (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)
Accidente de tránsito, responsabilidad del peatón, presunción legal
Materia: CIVIL
Carátula: ALCARAZ DE MORALES MERCEDES c/ PAOLI EDUARDO RAFAEL s/ ACCIDENTE DE TRANSITO-CULPABILIDAD EN EL PEATON
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

Respecto al cruce corriendo, el texto del art. 56 inciso c) de la ley 13.093 lo califica de infracción grave contra el tránsito, estableciendo la presunción legal de culpabilidad en el peatón que así actúa. Esta presunción legal se funda precisamente en el hecho de que quien atraviesa una arteria a la carrera, máxime si lo hace a mitad de cuadra, se convierte en un obstáculo insalvable para los automotores que por ella circulan, tornando casi imposible una maniobra de esquive, por más dominio que se tenga del vehículo.
Contrato de agencia, aplicación de la ley, efectos entre partes
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Copyle SA c/ Telefónica de Argentina SA  s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-18

El agente es aquél que, en virtud de un contrato con el principal, asume profesionalmente, y de manera estable e independiente, el encargo de promover, por cuenta de la otra parte, un negocio en una zona determinada, mediante una compensación proporcional convenida en relación a la importancia de los negocios llevados a término. Puede darse también la figura del agente representante, que está autorizado para concluir contratos en nombre del proponente, con los efectos normales que son propios de la representación ordinaria (véase Messineo, "Manual de Derecho Civil y Comercial", t. II, p. 236, y Marzorati, "Sistemas de distribución comercial", Ed. Astrea, Buenos Aires, 2008, p. 14).
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sequeira, Faustino c/ Benesperi, Humberto J. S. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-10

La inobservancia cotidiana de los reglamentos del tránsito, así como la impericia, han sido la causa directa de haber elevado a nuestro país al de aquellos que se encuentran al tope de las estadísticas fatales en accidentes de tránsito, relacionados con su población y parque automotor.
Daños y perjuicios, gastos de reparación del automotor, prueba, prueba pericial
Materia: CIVIL
Carátula: DIEZ, Héctor Armando c/ GRILLI, Juan Carlos s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-27

Con respecto a los daños al automotor cabe señalar en principio que, por referirse a cuestiones técnicas, el informe pericial no puede ser enervado por medio de declaraciones de testigos, debiendo prevalecer asimismo sobre el mero presupuesto, el que aún debidamente reconocido sólo sirve para tener por acreditado que los arreglos se efectivizaron, pero no para demostrar que los mismos correspondían ser efectuados.
Medida cautelar genérica, anotación de la litis, contracautela
Materia: PROCESAL
Carátula: Alba José Oscar c/ García Moreno Hnos y Otros s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-09-25

La anotación de litis, pese a que no impide la disposición del bien, puede generar eventuales perjuicios emergentes de la retracción de eventuales contratantes de buena fé.

Ello implica la necesidad de fijar contracautela la que deber ser graduada por el Juez en cuanto a su calidad y monto en función de la mayor o menor verosimilitud del derecho y de las circunstancias del caso, pudiendo consistir en caución juratoria. Además debe recordarse que la contracautela no puede ser tan gravosa que torne ilusorio el derecho del peticionante.- Por último debe considerarse que el cautelado puede solicitar eventualmente la mejora de la contracautela si sumariamente prueba la insuficiencia de la misma (art. 207 CPC.-)
Nulidad procesal, recurso de casación penal, excusación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P.T., R. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-05

Respecto al motivo de agravio titulado "Nulidad del juicio por la indebida constitución del Tribunal. Derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial. La recusación de una jueza que forma parte del Ministerio Fiscal", diré que el artículo 49 del Código Procesal Penal sobre inhibición y recusación, establece que El Juez deberá inhibirse de conocer en la causa cuando exista uno de los siguientes motivos: Si en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia o auto de procesamiento; si hubiere intervenido como funcionario del Ministerio Público...". Como se aprecia, la primera opción (resaltada con negrita) prevé que no es suficiente el conocimiento anterior de la causa que pueda tener quien fue Juez de Instrucción; antes bien requiere como causal de inhibición, que el magistrado haya dictado sentencia o auto de procesamiento. Habida cuenta que el Juez de Instrucción -que no sólo conoce sino que fue, históricamente, el director del proceso- puede actuar en la misma causa, no puede cercenarse la intervención de quien -por su pretérita calidad de funcionario del Ministerio Público Fiscal- pudo, potencialmente, haber tomado conocimiento de la causa que luego le toca fallar, sin haber actuado en la misma (Código Procesal Penal, artículo 49, inciso 1, segunda oración). Por ello, la objeción formulada por el casacionista, relacionada con la protección de la imparcialidad, deviene inconsistente a la luz de las formas rituales vigentes.
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis, Colegio Público de Abogados, sanciones administrativas
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Fratessi Marcelo Humberto c/ Franklin Casanova Juan s/ Recurso de Apelación Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1994-12-16

La ley que establece y regimenta el pacto de cuota litis (1687/46) dispone que para que el mismo sea válido debe cumplirse con requisitos esenciales, a saber, que el mismo sea expreso y documentado y que no supere el monto porcentual por la misma ley establecido, y que, además, se lo instrumente y agregue a los autos de la causa a que el mismo pacto se refiere.

La facultad sancionatoria del órgano de colegiación profesional resulta autónoma, es decir que el poder disciplinario puede ejercerse sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales y de las medidas que puedan aplicar los magistrados judiciales (ver art.54, ley 3329). Sobre éste particular, en caso similar, esta Corte ha sostenido la doctrina que "no impiden la aplicación de sanciones con sustento en situaciones que aunque supuestamente delictivas- no determinan la apertura de causa penal alguna"
Derecho laboral, indemnización por incapacidad, prueba, presunciones, juicio
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Dutra, Hector c/ Swift Armour S.A.A. s/ Demanda laboral (Expte. Nro. 263-95, Resol. Nro. 207, Tomo 56, Folio  23)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-07

Si bien no hubo pericial médica en autos, lo cual resulta imputable a la accionada pues fue la que la ofreció con lo cual no puede prevalerse de su negligencia para obtener un beneficio - no cabe aducir que porque no se realizó la misma no puede probarse la incapacidad del actor- recordando así el viejo brocárdico que dice "Nemo admittitur aut auditur propriam turpitudi nem allegans".

Además, constan en autos presunciones importantes que permiten inferir, atento su conexión con el hecho que se trata de averiguar - la incapacidad del dependiente- según art.226 del CPC y C, que nos muestran que si bien no se demostró mediante revisación médica que estaba incapacitado en forma total al momento de su desvinculación de la empleadora, no lo es menos que sí existen dos informes médicos (por la aseguradora) de fecha anterior a aquél que nos muestran incapacidad absoluta. La realidad nos indica entonces que -si bien no hubo dictámenes médicos en la fecha exacta de la disolución del vínculo- se puede sostener que estaba realmente incapacitado en forma absoluta a aquélla fecha, debiéndose imponer la realidad sobre aspectos formales, como serían los informes médicos a la fecha del rompimiento contractual.
Impuestos, bienes muebles, locación de servicios, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: INSTITUTOS ANTARTIDA S.A.M.I.C. c/ D.G.I. -T.F. 6243-I-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

La voluntad del legislador fue gravar la venta de todas las cosas muebles, mientras que respecto de las locaciones de servicio dispuso que lo serían sólo las comprendidas en la planilla anexa del art.

3°. Este criterio interpretativo se ve reforzado en la letra del inciso a) in fine, del art. 2° en cuanto se dispone que queda incluida la incorporación de cosas muebles en los casos de locaciones, prestaciones de servicios o realización de obras, sin distinguirse si se trata o no de las locaciones contenidas en el art. 3° y, en el caso, en la mencionada planilla anexa.