marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Domina, Nicolás Carmelo c/ Cornejo Costas, Adrián y otro s/ Daños y perjuicios - Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

El simple usuario tiene derecho a peticionar que se lo indemnice por los daños causados (conf.arts.1095, 1110 C.C.) y de este derecho no puede ser privado en razón de que aún no ha efectuado el arreglo, pues esta obligación hace a su relación con el titular de la cosa y no con el conductor, la cual es independiente y deriva del cuasidelito.
Recurso de queja (procesal), recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: PEREZ JULIO CESAR s.d. HOMICIDIO CULPOSO e.p. de MENDIETA MARIA FERNANDA s/ RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA INTERPUESTA POR DRA. ANAUATE
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-31

El recurso de Queja por Casación Denegada posibilita revisar la decisión del inferior respecto de la admisibilidad formal del recurso de casación e inconstitucionalidad, verificando si se encuentran cumplidos los requisitos exigidos, a saber: plazo de interposición, suficiencia en la fundamentación del recurso, sentencia definitiva, etc.- Es decir, que los requisitos de admisibilidad apuntan al análisis de los aspectos formales atinentes a los modos procesales por medio de los cuales pueden ejercerse los recursos extraordinarios.
Medidas cautelares, acto administrativo, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Campos, Irma Isabel c/ Fuerza Aérea Argentina s/ Medidas Precautoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-11

Procede hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora cuando aparece como de dudosa legitimidad el acto administrativo por lo que, en principio, cabe considerar como suficientemente sustentada la verosimilitud en el derecho de la actora.
Superior Tribunal de la Causa, Cámara de Apelaciones, resoluciones inapelables, recurso de inconstitucionalidad, queja por recurso denegado
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Echenique, Lorenzo s/ ej. fisc. - ABL
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

La sentencia dictada por la magistrada de primera instancia, por la que se declaró operada la caducidad de la instancia en el marco de una ejecución fiscal, no es la sentencia definitiva del tribunal superior de la causa, requisito exigido por el art. 26 de la ley n° 402. Ello así, en tanto el objeto de la decisión recurrida resulta ajeno al aspecto cuantitativo del proceso, atinente a la caducidad de instancia, y no existiendo un determinado valor cuestionado -conforme expresamente exige el art. 456, in fine, del CCAyT para los procesos de ejecución fiscal como lo es este caso-, se configura una situación que trasciende el mero contenido económico o patrimonial discutido en autos, en tanto único elemento hábil para impedir la instancia recursiva. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Siniestro, culpa de la víctima, falta de prueba, falta de uso de casco
Materia: CIVIL
Carátula: RIOS, NESTOR JAVIER. c/ ARTAZA, DANIEL GUSTAVO Y OTROS. s/ D. Y P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-05

El uso del casco ninguna relación causal tiene con relación al hecho en sí, ya que no se advierte que su presencia hubiera modificado de algún modo el accidente. Tiene relevancia con respecto a los daños físicos que sufrió la víctima, dado que su uso podría haber influido en la índole de las lesiones físicas.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, medidas cautelares, contracautela, defensa en juicio, interés público, servicio público impropio, empresa explotadora de taxis, prestación del servicio público, afectación al servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Madero Norte S.R.L. c/ Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires s/ Impugnación de Actos administrativos Aires s/ Impugnación de Actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-21

Si bien el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al regular las medidas cautelares, no contempla genéricamente el requisito de la contracautela, él se desprende de todos modos de la propia naturaleza de estas medidas, no debiendo olvidarse que su imposición tiende a resguardar la igualdad de las partes en el proceso. Por otra parte, el artículo 207 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo y Tributario regula un caso particular de aplicación de la contracautela, y también se refiere a ella el artículo 6 segundo párrafo, de la Ley Nro. 7; todo lo cual permite inferir la procedencia de su fijación en general, en materia de medidas cautelares.

Asimismo, no debe perderse de vista el mandato legislativo -enraizado en el derecho de defensa en juicio que garantizan los artículos 18 de la Constitución Nacional y 13 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad- de conformidad con el cual no pueden exigirse fianzas, cauciones o contracautelas que tornen ilusorio el derecho que se pretende hacer valer (artículo 6 segundo párrafo, de la Ley Nro.7).

En el caso, la contracautela luce razonable por cuanto la cuestión ventilada en autos se relaciona con uno de los modos de prestación del servicio de taxis -que constituye un servicio público impropio-. Desde tal perspectiva, se advierte que la prórroga por parte de la jurisdicción del plazo fijado por la Administración para que las empresas de radio-taxis sigan operando provisoriamente con frecuencia propia configura -más allá de su procedencia o improcedencia- una modificación al régimen normativamente establecido para el funcionamiento del servicio, por lo que resulta indudable que, en la eventualidad de concluirse a la postre en la falta de derecho del peticionante, podría existir una lesión al interés público, lo que justifica la caución adoptada. Por otra parte, el recurrente no ha alegado que el incumplimiento de la caución le resulte imposible o dificultoso.
Prescripción, cobro de sumas de dinero, extinción del contrato de trabajo, despido sin causa
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Ojeda Pedro Manuel c/ Confalonieri Antonio Javier  s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-03-03

Si bien el plazo de prescripción comienza a correr desde que es exigible la obligación -o sea estar en mora- por lo que puede coincidir o no con la fecha de la extinción del vínculo laboral, la interpelación anterior en el ámbito laboral a los efectos suspensivos es perfectamente válida, pues no existe impedimento alguno para ello, sin perjuicio de que al empleador le corren los plazos previstos por la normativa respectiva para pagar las correspondientes indemnizaciones. Así, en el caso, el trabajador no debía aguardar vencimiento de plazo alguno, porque dicho plazo está previsto para el pago de la indemnización que el demandado fulminaba en su posición con la invocación de un despido con justa causa, el cual sabido es no genera pago alguno por dicho concepto. Entonces desde la perspectiva del actor, no era esperable que se le abone la indemnización (Voto Romero, en adhesión a Stettler)
Acción de amparo, aportes previsionales, deuda previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BERTOTTI, JOSE c/ A.F.I.P. - D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

Resulta correcto el criterio del a quo que resolvió hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por el actor, y ordenó a la A.F.I.P. - D.G.I. materializar el pedido de regularización voluntaria de deuda contenida en el Capítulo II de la ley 24.476, ya que dicha norma se encuentra vigente, resultando facultativa para la D.G.I. su reglamentación en la medida que sea necesario (art. 12), de lo que se desprende a contrario sensu, que al no reglamentarse la ley en examen, el organismo recaudador considera que el texto de la norma posee operatividad desde el momento de su vigencia, y es lo suficientemente claro para ofrecer duda alguna al respecto. Además, el argumento expresado por el organismo de que debería aplicarse el art. 74 del Dec. 1397/79 -reglamentario de la ley 11.683- no tiene sustento jurídico, pues la vía recursiva administrativa allí establecida no es aplicable a la materia tributaria de la seguridad social, por disposición del Dec. 2102/93. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala)
Proceso penal, debido proceso, non bis in ídem
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Alvarez,  Néstor  Hugo s/ S.D.D.  homicidio simple E.P.D. Jorge Daniel Chávez -causa nº 10.846/98-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-08

La prohibición de la doble persecución penal sólo es susceptible de tutela inmediata porque la garantía no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente penado sino también la exposición a un riesgo de que ello ocurra mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho.
Nulidad procesal, declaración indagatoria
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

Las declaraciones indagatorias prestadas en sede militar resultan válidas, no sólo porque fueron ratificadas en dos oportunidades, lo que corrobora la intención del imputado de no efectuar cambios a su relato de los hechos, sino porque el impugnante no ha demostrado el perjuicio sufrido.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Fisco De La Provincia De Córdoba c/ Miranda Ramón Horacio s/ Presentación Múltiple - Apelación - Recurso De Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-10-02

El criterio por el cual la retribución del Art.99 inc.5° ley 8226 corresponde sólo al letrado de la parte actora se debe rastrear tras el principio de la responsabilidad profesional que compromete el abogado de la parte actora, por cuanto es sensiblemente mayor en quien inicia un pleito respecto a quien se defiende. La diligencia que se despliega al demandar esta insalvablemente unida a ese plus de ejercicio o dinamismo profesional relacionado con la actividad probatoria, tanto que se suele afirmar que si el actor no puede probar no gana y, en cambio, el demandado con solo negar puede obtener un resultado favorable. Es precisamente, ese punto -preparación de la demanda- el que tuvo en cuenta el legislador para reconocer dicho gaje por las tareas extrajudiciales para el letrado de la parte actora, como un emolumento autónomo de la regulación asignada al resto de las actividades efectuadas en el pleito en razón de las diferencias ontológicas mencionadas.
Municipalidad, personal municipal, jubilaciones, prescripción, jueces, facultades del juez, calificación jurídica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Franco, Luis Julio c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo (EXPTE CSJ Nº 661-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-28

Aún cuando la Municipalidad -en lo que hace al pedido de reajuste jubilatorio del recurrente- invoca la aplicación del lapso de prescripción de un año previsto en el segundo párrafo del artículo 78 de la ordenanza 6166/70 y el actor no formula objeciones sobre el particular, esa situación no condiciona al Tribunal en la determinación del derecho que rige el caso, toda vez que se trata de una cuestión sobre la que puede y debe decidir, más allá de la calificación jurídica que las partes le hayan asignado a sus pretensiones.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, derivación no razonada del derecho vigente, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante, ley laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: SALTEÑO, HUGO ARNALDO c/ MAPFRE ARGENTINA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-09-26

Corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y anular la sentencia impugnada en relación a la aplicación del índice RIPTE para actualizar indemnizaciones correspondientes a infortunios acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26773, por cuanto las cuestiones planteadas por la recurrente guardan sustancial analogía con las resueltas por este Tribunal en los autos "Britos" y la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Espósito", cuyo acatamiento se impone por considerarse doctrina constitucional consolidada; por lo que -a la luz de sus motivaciones- cabe concluir que la respuesta jurisdiccional brindada por la Sala no satisface las exigencias de fundamentación suficiente derivadas del ordenamiento constitucional.
Tenencia de estupefacientes, flagrancia, delegación de la investigación, instrucción sumaria, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "MORENO, Claudio G. s/ infracción ley 23.737".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-02

Es doctrina del Tribunal que "...desde el punto de vista del lenguaje natural, flagrante es, efectivamente, aquello que se está ejecutando actualmente (...), y en este sentido, podría decirse que los delitos de tenencia, en general, siempre se están ejecutando. Sin embargo, no es este el concepto procesal de flagrancia, el cual se vincula más estrechamente a otra de las acepciones vulgares de tal evidencia que no necesita pruebas, así la flagrancia que permite prescindir de orden judicial se da sólo en tanto y en cuanto la comisión del delito sea exteriormente reconocible,...ex ante; es a todas luces incorrecto hablar de flagrancia cuando la comisión del hecho sólo pudo ser advertida como consecuencia de la requisa."Por ello, es nulo lo actuado por el fiscal, y los demás actos que de él se desprenden, si éste recepciona las actuaciones en concepto de delegación de la instrucción (art. 196 del C.P.P.N.), cuyo objeto procesal es la tenencia de estupefacientes que no está comprendida en la categoría de flagrante, y le imprime el trámite reglado por el art. 353 bis de ese cuerpo normativo.
Competencia laboral, conciliación laboral, conciliación en sede administrativa
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: VILLENA, Jorge c/ MINETTI S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-10-21

Resulta competente la Justicia Laboral para entender en el planteo de nulidad de transacción o conciliación celebrada en sede administrativa, toda vez que ello surge del contexto general del art. 1º del Código Procesal Laboral y la idea de conflicto jurídico individual entre trabajadores y empleadores, y regulado además por el art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.-
Excepciones procesales, demanda, monto de la demanda, falta de monto, defensa en juicio, defecto legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Duarte Ignacio y otros c/ E.N. - Mº de Economía y Ob. y Serv. Publ. - D.G.F.M.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-19

En aquellos supuestos en los que el actor no demuestra la existencia de algún impedimento serio para cumplir con la obligación que el ordenamiento procesal le impone en la última parte del artículo 330 del Código Procesal, se ve afectado el derecho de defensa, el que debe primar por sobre los demás intereses en juego, resultando en consecuencia viable la excepción de defecto legal (confr. esta Sala, 25-6-96, Roldán, Elda Noemí y otros c/ Estado Nacional -I.N.T.I.-; 13-8-87, Sociedad Minera Pirquitas Piccheti y Cia. c/ Estado Nacional -Sec. de Industria y Comercio Exterior y Sec. de Minería; 6-6-91, Campos Uriburu, Carlos María c/ Estado Nacional -S.I.D.E.-; 21-9-95, IBM Argentina S.A. c/ E.N.Tel., entre otras).
Doctrina legal, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Reviello, Roberto A. c/ Municipalidad de Merlo s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-25

La cita de fallos de la Corte nacional no cumple con la exigencia prevista en el art. 279 del Código adjetivo, puesto que sus pronunciamientos no constituyen la doctrina legal a que alude el citado precepto (doctora KOGAN, sin disidencia).
Alegato, valor probatorio, traba de la litis
Materia: PROCESAL
Carátula: Pazos, Carlos Enrique c/ Provincia de Rio Negro - Ministerio de Educacion y Derechos Humanos s/ contencioso administrativo s/ apelacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-12-11

En referencia al alegato ese Cuerpo ha dicho que: "...tiene por finalidad esencial presentar al Magistrado un examen sobre el valor probatorio de los medios producidos por ambas partes con relación a los hechos afirmados al tiempo de trabarse la litis..." (cf STJRNS1: in re "E. Y R, R. D." se. N° 43/14). (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia, conforme dictamen del Señor Procurador General)
Notificación automática, notificación por nota
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE ENTRE RIOS-SUCURSAL FEDERAL c/ SOTO DE LUNA, CELIA Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-16

La providencia que dispuso el traslado previsto en el artículo 243 del Código Procesal Civil y Comercial, se comunica "ministerio legis". La notificación personal, obrada una vez que el plazo comenzó a correr, carece de toda virtualidad para extender el cumplimiento del indicado acto procesal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, multa, clausura del establecimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: DROGUERIA UNIFAR s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO JUZGADO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-10

Corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, en razón de que la recurrente no logra poner en crisis desde una óptica constitucional lo resuelto en baja instancia -aplicación de una sanción de multa y clausura-, con fundamento en que la conducta desplegada por la empresa actora a través de su droguería, violaba el artículo 20 del decreto 1674/50 por cuanto implicaba distribuir o entregar medicamentos de propiedad de terceros y no por cuenta propia, así como el acto de autorización de funcionamiento de la mencionada droguería( decisión 140/01); desde que más allá del esfuerzo desarrollado por la impugnante en el aspecto terminológico vinculado a la expresión "distribución" o "punto de venta", no logra desvirtuar el encuadramiento de la conducta imputada en las disposiciones antes mencionadas.
Deberes procesales, ofrecimiento de la prueba, falta de prueba, medidas para mejor proveer, facultades discrecionales del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Pampa Plan de Ayuda Médica y Previsión Asistencial c/ Apolo Medicina Integral s/ Opos. reg. de marcas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-26

Se debe recordar que la medidas para mejor proveer no pueden ser utilizadas para suplir la negligencia de las partes. Vale decir que, si el litigante no ha ofrecido prueba (o alguna de ellas determinada), en la ocasión correspondiente, no puede suplir su propia inactividad con el empleo de una medida que queda sujeta a las facultades discrecionales del juzgador.

En el caso el libramiento de los oficios, cuyo cumplimiento persigue la parte, debió solicitarse entre las medidas de prueba; teniendo además en cuenta que tanto el a-quo, cuanto esta alzada, podían, - como de hecho lo hicieron -, considerarlos irrelevantes para la dilucidación de la causa.
Delito de acción privada, querella, diligencias preliminares
Materia: PENAL
Carátula: BANCO SUPERVIELLE s/ DELITOS ACCION PRIVADA. QUERELLA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05

Corresponde confirmar la resolución que no dio curso a la querella, porque si bien es cierto que cuando se ignora la identidad del autor o autores de un delito de acción privada, la ley procesal permite efectuar diligencias preliminares, en el caso de autos la querella no invocó el art. 591 C.P.C. ni solicitó la realización de esa investigación, sino que pidió que se instruyera el correspondiente sumario cuando la citada regla establece que esas causas tramitarán por las reglas del plenario, no pudiendo el Juez subsanar los defectos y omisiones mencionados por la naturaleza de la acción penal.
Inspección ocular, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: CANEVA, Ema Eulalia s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

Las inexactitudes en que puede haber incurrido la inspección ocular respecto de los servicios públicos con que cuenta el lugar o de lo tocante a la dirección del tránsito, resultan irrelevantes cuando lo que interesa es si el sitio donde se afirma haber ocurrido la agresión existe realmente y, en su caso, si tal sitio tiene una conformación que permita el despliegue de conductas como la relatada en las declaraciones del "sub-lite".-
Recurso de apelación (procesal), monto del juicio, resoluciones inapelables, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. c/ QUIROGA AUBONE EDUARDO Y OTRO s/ COBRO DE PESOS RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-23

Si la resolución no es susceptible de apelación en virtud de lo dispuesto por el art. 242 "in fine" del CPCN, tal inpelabilidad alcanza tanto a lo decidido en forma principal como a lo accesorio, por lo que cabe concluir que el recurso interpuesto contra lo allí decidido en materia de costas fue bien desestimado ya que el valor cuestionado no excede el mínimo legal establecido por la Acordada 326/966.
Daños y perjuicios, servicio telefónico, interrupción del servicio, indemnización, actualización monetaria, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: ENTEL c/ COVIMET  S.A s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

Cuando el daño es reparado por la propia víctima, lo que cabe es actualizar el monto por ésta invertido, puesto que se trata de reintegrar al acreedor el mismo valor de que entonces se desprendió.

De ese modo, la corrección monetaria se debe computar desde el momento en que se hizo el gasto, única forma de satisfacer los propósitos enunciados, porque éste es el preciso momento en que el daño se produce. De la misma manera -y porque estamos en presencia de un supuesto de responsabilidad-, tampoco cabe tomar como punto de partida de la liquidación de intereses el día en que la línea telefónica fue dañada, sino aquél en que Entel efectuó el desembolso correspondiente para reponer su plantel al estado anterior.
Pagaré, pagaré a la vista, lugar de pago, vencimiento del pagaré
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lloyds Bank (BLSA) Limited c/ Hernán Jesús Sánchez s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-23

"Como el pagaré librado a la vista con cláusula "sin protesto" y con domicilio de pago en el del acreedor vence en el momento de su presentación, ésta puede cumplirse en la forma pactada, aunque los obligados no conozcan el momento en que se ejerció tal presentación, asumiendo el o los libradores la carga de informarse permanentemente sobre el proceder del acreedor, a los efectos de tomar conocimiento oportuno de la decisión de éste de concretar la exhibición".