Prescripción, ejecuciones especiales, deudas impositivas, recursos, aplicación de la ley, plazo legal
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DOMINIO HUMBERTO s/ EJECUTIVO FISCAL - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-04-22

El Tribunal de alzada decidió desestimar la excepción de prescripción opuesta por el demandado y, mandó llevar adelante la ejecución fiscal correspondiente al impuesto inmobiliario del año 1998. Interpuesta la casación, el vencido alega errónea aplicación de la ley.

Cuestiona al momento en que comienza a correr el plazo de prescripción para las acciones inherentes a las obligaciones tributarias. Da por fundamentos el inc. 3° del art. 383 del C. de P.C., y cita jurisprudencia de los Tribunales Civiles de esta ciudad. A juicio del Superior el recurso intentado no puede prosperar.

Fundamenta que las resoluciones confrontadas versan sobre asuntos conexos, donde se consideran el instante en que comienza el plazo de prescripción. Señala que las respectivas decisiones adoptan un sentido contrario al progreso de las defensas deducidas en cada uno de los juicios ejecutivos.

Advierte, en este sentido la conexidad y vinculación de temas, esgrimidos por el recurrente en su escrito impugnativo. Sin embargo -destaca- la impugnación planteada. La Sala del Máximo Tribunal califica de inadmisible el recurso de casación en el que se ignoran, parcializan o modifican los fundamentos dados en la sentencia para arribar a la conclusión objetada.

En el caso de autos, el casacionista no formuló absolutamente ninguna objeción a la resolución dirigida especialmente a enervarla. Se limitó a esgrimir argumentos concernientes a la disposición que debía aplicarse sobre el extremo en discusión.

Vale decir al momento en que debía juzgarse que empezaba a correr la prescripción de las deudas impositivas.

El Tribunal de juicio, basó específicamente en la circunstancia de que en el subjudice no cabía declarar la inconstitucionalidad de la norma del art. 98, inc. b, del Código Tributario Provincial.

Por un lado expresó razones de tipo formal que inhibían en los jueces el ejercicio de ese contralor. Se entendió que no había mediado petición del interesado, para que fiscalizara la validez constitucional de la disposición local.

En otro sentido, estimó que no era posible que los jueces la descalificaran de manera oficiosa, porque el presunto contraste que ella exhibiría frente a los principios constitucionales no se presentaba en forma inequívoca y manifiesta, existiendo en cambio divergencias al respecto en la doctrina y en la jurisprudencia, lo que, según el criterio asumido por los magistrados que formaron la mayoría, impedía el uso de la atribución de contralor al margen del requerimiento de la parte interesada.

Por ello, se infirió que los jueces de la causa no podían ignorar y desconocer la validez y eficacia del precepto fiscal, el que, en consecuencia, devenía aplicable al caso de autos en su carácter de norma de derecho que captaba en forma específica y directa el punto en cuestión, con exclusión del principio consagrado sobre el tópico en el Código Civil en relación a las obligaciones en general.

Ante la fundamentación dada al fallo emitido, el recurrente debió intentar demostrar que sí promovió una cuestión constitucional en relación a la norma de referencia en el escrito de excepciones, o en su defecto debió o cuparse en desvirtuar la limitación o condicionamiento puesto por la mayoría del tribunal de grado al ejercicio por los jueces de la potestad de controlar de oficio la legitimidad constitucional de los preceptos involucrados en los pleitos en los cuales intervienen.

No habiéndolo hecho así -se subraya-, el recurso no puede prosperar en tanto deja incólumes los argumentos en que se cimentó la providencia de la Cámara. En mérito de las apreciaciones que anteceden, el recurso de casación bajo examen no luce procedente.