Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-05-18


AUTOS Nº 54.280 (Tercer Juzgado Civil) (SALA III N° 10.421) "GIRADO Ruben Angel y Otro C/ Garrido Jose Manuel y Otro - Cumplimiento de Contrato (Act. P/Agregar)" ///Juan, a 18 días del mes de Mayo de dos mil once.

VISTO: Para resolver sobre el recurso de apelación concedido a la parte actora a fs. 333, contra la resolución de fecha 02 de junio de 2010 obrante a fs. 324/328 vta. de estos autos.

CONSIDERANDO: El Sr. Juez a-quo resolvió: "1- Declarar procedente la caducidad de instancia articulada a fs. sub 92/94, respecto del actor y el demandado reconviniente.

2- Tener por operada la extinción del proceso. 3- Imponer las costas al actor y demandado/reconviniente vencidos (arts. 66 y 67 del C.P.C., Ley N° 8037);

4- Regular honorarios en los términos previstos por el art. 222 de la ley 2150 modificado por el art. 800 inc. 10 de la ley 8037, y en un todo de acuerdo a lo prescripto por su art. 793 ibidem, tomando en consideración los arts. 189, 194, 186, 190 y 191 inc.b ibidem, en los términos en que ha quedado expuesto en los considerandos".

-Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso de apelación a fs. 329, el mismo se le concede a fs. 333. Expresa agravios a fs. 336/338, los que fueron respondidos por la demandada a fs. 340/343. Las partes hacen expresa reserva de los Recursos Extraordinarios de la Ley N° 2275 y del art. 14 de la Ley N° 48.

- Según constancias de autos a fs. 303/305 vta. -en fecha 30/11/09-, la demandada solicita se declare la caducidad de la instancia en el presente proceso. Expresa que en fecha 20/11/09, como surge de la cédula que acompaña a fs. 302, se le notificó el decreto de fecha 17/11/08 (obrante a fs. 298) el que no consiente, como tampoco consiente el escrito de fecha 12/11/08 y demás actuaciones posteriores, oponiéndose a que el proceso continúe.

Expresa que luego del día 07/12/06 el proceso se mantuvo sin impulso procesal idóneo hacia su fin por casi dos años.

Recién en fecha 12/11/08 la actora realiza un acto impulsorio (fs. 296) pero, el mismo tiene lugar no sólo después de haberse cumplido el término de tres meses que prescribe el art. 140 inc. 7° del C.P.C. sino, después de haber transcurrido el plazo de perención previsto por el art. 294 inc. 1° del C.P.C..

Aduce que los actos de fs. 66 vta. (fs. 277 vta.) a fs. 85 (fs. 296) no son útiles ni poseen efecto alguno en lo referente a la caducidad de instancia.

Sostiene que en fecha 17/11/08, el juez advirtió el largo tiempo transcurrido sin que se haya instado el proceso y en base a ello, ordenó la notificación por cédula o personalmente del decreto de fs. 298 (conforme al art. 140 inc. 7° del C.P.C.).

Resalta que su parte se opuso oportunamente al escrito de fecha 12/11/08, a la providencia dictada en consecuencia y a los demás actos posteriores, impidiendo que los mismos se perfeccionen o adquieran imperatividad para interrumpir un plazo de caducidad que ya había operado. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su pretensión. Solicita se haga lugar al planteo de caducidad, con costas a la contraria.

-A fs. 306 se ordena correr traslado a la contraria del planteo de caducidad, quien lo responde a fs. 309 y vta.. Expresa que el último acto de impulso procesal fue el pedido de clausura de la etapa probatoria efectuado por su parte en fecha 12/11/08, cuestión que fue objeto del decreto de fecha 17/11/08.

Agrega que, con las cédulas de notificación debidamente diligenciadas por las cuales se comunica el contenido del decreto de fecha 17/11/08 acredita que ha instado el proceso antes del vencimiento del plazo previsto para la caducidad. Peticiona el rechazo del mismo, con costas a cargo de la demandada.

-A fs. 319 se da por decaído el derecho, al co-demandado reconviniente, para responder el traslado de la caducidad de instancia planteada, por no haberlo contestado, no obstante estar debidamente notificado del mismo (conforme cédula de fs. 316). --La resolución apelada, le causa agravios a la parte accionante, los que subsumiremos del siguiente modo:- Le agravia que el juez a-quo arbitrariamente interprete que no ha existido ninguna actuación útil de su parte desde el acta de absolución de posiciones de fecha 07/12/06 (fs. 277) y hasta el pedido de clausura de la etapa probatoria y llamamiento de autos para dictar sentencia (fs. 298), sosteniendo que existió inactividad imputable a su parte atento lo cual declara la caducidad.

-Omitió considerar el Inferior que de las constancias de autos surge que desde la foja 279 en adelante su parte ha instado el proceso adecuadamente, solicitando las medidas cautelares necesarias a fin de garantizar el crédito reclamado.

Sostiene la apelante que las presentaciones tendientes a reinscribir el embargo fueron imprescindibles ya que de otra manera no se hubiera podido custodiar correctamente el derecho reclamado por su parte.

Aduce que el hecho de requerir la inscripción del embargo preventivo y de efectuar todos los trámites tendientes para que la traba de la medida se realice, evidencia claramente la voluntad de mantener viva la instancia.

Resalta que se está en presencia de un caso en el cual la parte demandada ha tratado por todos los medios de evadirse de su responsabilidad de cumplir el contrato de compraventa, las permanentes reticencias de la parte demandada fueron evidentes y generadoras de demoras injustificadas.

Agrega que tuvo que producir la prueba dos veces dado que se extravió de manera inexplicable el expediente y hubo que reconstruirlo. Cita jurisprudencia que establece que las actuaciones referidas a las medidas cautelares revisten carácter interruptivo del plazo de caducidad que se encontrara corriendo.

Manifiesta que una vez reinscripto el embargo, su parte diligentemente pidió la clausura de la etapa probatoria y el correspondiente llamamiento de autos para que se dicte sentencia definitiva, lo que así se dispuso mediante decreto de fecha 17/11/08 (fs. 298).

Expresa que en fecha 13/02/08 (fs. 282) solicitó la reinscripción del embargo con el consiguiente oficio al R.G.I., lo que fue proveído en fecha 15/02/08. Agrega que en fecha 06/03/08 nuevamente se pidió embargo preventivo, lo que se proveyó el día 13/03/08 requiriéndose la reposición del sellado correspondiente y la tasa de embargo.

Cita jurisprudencia referida a que las cuestiones relativas a la tasa de justicia son interruptivas del plazo de caducidad, en la medida en que sean impuestas por el juez como requisito previo a otro acto.

En definitiva solicita, se revoque la resolución apelada con costas. Al contestar la contraria los agravios, peticiona se desestime el recurso porque el escrito de fundamentación del mismo, no contiene una crítica seria, concreta ni razonada de los argumentos en los que se basa la sentencia.

-Previo a entrar al tratamiento de la cuestión traída a estudio del Tribunal, responderemos al planteo formulado por el demandado a fs. 340/343. Con respecto al pedido que efectúa referido al rechazo del recurso concedido a la actora por los fundamentos que expone, en forma reiterada hemos dicho que: "Si bien el escrito deberá contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas (art. 265 del C.P.C.) ante la gravedad de la sanción impuesta por el art. 266 del Cgo. citado, en caso de duda, y a condición de que el apelante individualice su disconformidad con la sentencia recurrida, debe tratarse la apelación.

(Prot. de Sent. Tº III Fº 527/529 Año 1999, PROT. DE AUTOS Tº I Fº 27/28 AÑO 2002 - Prot. de Autos T° I, F° 41/44, año 2004, Prot. de Sent. T III, F° 466/474 año 2009, Prot. de Autos T° II F° 201/206 año 2010, PROT. DE AUTOS T° IV-F° 707/713 -2010 -entre otros-)-.

De acuerdo a la jurisprudencia citada y teniendo en consideración la grave sanción prevista por nuestra ley de procedimientos, estando mínimamente expresados los agravios, el recurso debe ser tratado, lo que a continuación llevaremos a cabo.

Por lo dicho, rechazamos el planteo del accionado. -Avocados al tratamiento del recurso, los agravios los trataremos en forma conjunta atento la íntima relación existente entre los mismos.

En primer lugar, debemos determinar si entre un acto procesal -que revista carácter impulsorio- y otro -de idéntico carácter- ha transcurrido o no, el plazo previsto por el art. 294 inc. 1° del C.P.C. (Ley N° 3738).

En segundo lugar, y en caso de que haya vencido el término dispuesto en el dispositivo legal precitado -como sostuvo el demandado y el Inferior en la sentencia apelada-, debemos establecer si el actor llevó a cabo un acto con miras a que el proceso avance -una vez cumplido el plazo de un año como sostuvimos precedentemente- y si, de parte del demandado existió o no consentimiento a dicha actividad impulsoria tardía.

Esto es, si promovió o no, la cuestión pertinente en el término de cinco (5) días de haber tomado conocimiento de dicho acto procesal. Haremos referencia a continuación, a los actos procesales a los que se refiere la apelante, otorgándoles carácter de idóneos para impulsar el proceso.

A fs. 277 consta el acta labrada como consecuencia de la audiencia confesional ofrecida por la parte actora (a la que el absolvente no compareció), la que data de fecha 07/12/06. Esta actuación sí reviste carácter de impulsoria porque tiende a activar el proceso y tiene en miras el cumplimiento de una etapa procesal (etapa probatoria).

Ahora bien, el pedido en diligencia que efectúa el letrado apoderado de la parte actora a fs. 277 vta. carece de virtualidad interruptiva del plazo de caducidad de la instancia, que comenzó a computarse a partir de la última actuación impulsoria llevada a cabo por alguna de las partes intervinientes en el proceso o por el Juzgado en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 295 del C.P.C.. Dicha solicitud de préstamo del expediente a fin de "evaluar la prueba producida hasta la fecha" (sic), no tiende a impulsar el juicio. Tampoco hace que avance el proceso la providencia que es su consecuencia (de fecha 05/03/07, fs. 278).

Las presentaciones de la parte actora de fecha 24/04/07 (fs. 279), la que data del día 13/02/08 (fs. 282) y la de fecha 06/03/08 (fs. 290) referidas a que se ordene la reinscripción del embargo preventivo decretado sobre el inmueble de propiedad del demandado, no poseen efecto interruptivo del plazo de caducidad que se encontraba corriendo.

Tampoco revisten dicho carácter los decretos de fecha 27/04/07 (fs. 280), 15/02/08 (fs. 283) y 13/03/08 (fs. 292), que se dictaron como consecuencia de dichas presentaciones, ni las fichas o constancias del Registro General Inmobiliario agregadas a fs. 281 y fs. 296.

Sostenemos que las presentaciones mediante las cuales las partes en un proceso peticionan la traba de medidas cautelares, no son aptas para interrumpir el término de caducidad que se encuentre corriendo porque sólo se trata de medidas asegurativas, que en nada tienden a impulsar el juicio.

Las tramitaciones referidas a medidas cautelares, por tratarse de cuestiones incidentales, sólo tienden a otorgar seguridad a las pretensiones de una de las partes, sin afectar el trámite del juicio. En consecuencia, no son idóneas para interrumpir el plazo de caducidad.

Tribunales de nuestro país se han pronunciado en los siguientes términos -a los que adherimos-: "En cuanto a las medidas cautelares, se ha resuelto que las mismas no inciden sobre el desarrollo del litigio principal; su requerimiento y ulterior obtención no impulsan a éste; por tanto, no tienen eficacia interruptiva sobre el curso de la perención (Fornaciari, Modos anormales de terminación del proceso T 3 p 157).

Infinidad de situaciones no tienen la virtud de instar la instancia o interrumpir de suyo el curso de la caducidad, como las vinculadas a cuestiones incidentales, como las concernientes a las medidas precautorias (Fenochietto Arazi Cód. Procesal T 2 p. 28). Palacio - Alvarado Velloso en Cód. Procesal Comentado T 7 p. 100 consideran que no configuran actos interruptivos los trámites relacionados con las medidas cautelares.

Es que como también se afirmara se trata de contingencias procesales dictadas inaudita parte, de las que se puede prescindir sin alterar la sustancia del juicio, sin que sea dable distinguir entre las cautelares dictadas en el expediente principal y las sustanciadas en incidentes separados, puesto que el fundamento no interruptivo enunciado no reconoce distinciones de ninguna especie (Maurino, Perención de instancia en el proceso civil p 156 y sgtes) (cfr. esta Sala III in re "Ibáñez de Molina Elsa c/Augier de Brunet Berta s/nulidad"del 06-03-2002, "Herrero Juana c/Aragón Francisco s/daños" del 16-02-2004; "Sarzur Luis J. c/Bank Boston SA s/daños" del 08-07-2005).

DRES.: GALLO CAINZO IBAÑEZ. AZUCARERA INDEPENDENCIA S.A. C/ s/QUIEBRA, Fecha: 28/02/2007, Sentencia Nº: 46, Cámara Civil y Comercial Común Sala 3. -"Las actuaciones relacionadas con las medidas precautorias, caso de autos, carecen de aptitud suficiente para interrumpir la perención de instancia, sea que se operen dentro o fuera del proceso". DRES.: PONZE DE LEON DE LARRY. FLORES JOSE ANDRES C/CRUZ ERNESTO JOSE Y OTRO s/COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES., Fecha: 26/05/1995, Sentencia Nº: 80.

-"A criterio del Tribunal, las cuestiones incidentales como las concernientes a las medidas cautelares, no tienen por virtud "instar la instancia" o el "curso del proceso" como prescribe el art.210 primera parte del CPCC, coincidiendo con ello la doctrina y jurisprudencia que prima al respecto ("Las diligencias tendientes a la efectivización de medidas cautelares resultan independientes de la sustanciación del litigio en tanto no apuntan a la conclusión de éste, sino a asegurar la preservación del eventual derecho que se reclama.

Por ello, tales trámites carecen de idoneidad para obstar al transcurso de los plazos de caducidad y así lo ha sostenido pacífica y reiterada jurisprudencia C.N.Especial Civil y Comercial, Sala II24/4/78 "Canzonieri c/ Salva E." Rep.LL XXXIX, J-Z, 1564 sum.149; LL XL. JZ 1816, sum.129 "Los actos son virtualidad, para interrumpir el curso de la caducidad son aquellos que hacen avanzar el proceso a su fin natural; el dictado de la sentencia definitiva, pero no los que, como los vinculados con las medidas precautorias, no tienen esa finalidad por ser cuestiones incidentales, que sólo persiguen otorgar el trámite específico de la causa(C.N.Civ.Sala F 29/4/80, "Orsini Federico F. c/ Rancho Viejo S.A." Rev.LL1980 D, 763 (35.709-S) FenocchiettoArazi "Cód.Proc.Civ. y Com.de la NaciónT.II, pág.28"; Enrique M. Falcón "Caducidad o Perención de Instancia" pág.159). DRES.: PONZE DE LEON - DE LARRY. FLORES JOSE ANDRES C/ CRUZ ERNESTO JOSE Y OTRO s/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES., Fecha: 26/05/1995{F}, Sentencia Nº: 80. De acuerdo a lo expuesto y jurisprudencia citada, se rechazan los agravios de la parte actora en el sentido de que las presentaciones relativas a las medidas cautelares evidencian claramente la voluntad de mantener viva la instancia y que poseen efecto interruptivo del plazo de caducidad.

- Agrega la apelante que, "las cuestiones relativas a la tasa de justicia son interruptivas del plazo de caducidad, en la medida en que sean impuestas por el juez como requisito previo a otro acto", haciendo referencia al decreto de fecha 13/03/08 (obrante a fs. 292).

Al respecto, en numerosas oportunidades hemos sostenido que, en principio las actuaciones relativas a la reposición de sellado no suspenden ni interrumpen el curso de la caducidad de instancia salvo que, el Juzgado o Tribunal imponga o exija la reposición del mismo como requisito previo al dictado de una providencia impulsoria.

Dicho supuesto no acontece en el presente caso. Como consta en autos mediante el decreto de fecha 13/03/08 (obrante a fs. 292) el Inferior requirió la previa reposición del sellado en virtud de la presentación de la accionante de fecha 06/03/08 que corre a fs. 290 la que -como sostuvimos ut supra-, no reviste carácter impulsorio.

Así las cosas, no se da la excepción al principio al que nos referimos precedentemente. Este Tribunal ha dicho sobre el particular: "Si bien las actuaciones relativas al pago de la tasa de justicia no suspenden ni interrumpen el curso de la caducidad de la instancia, ese principio no es absoluto y reconoce una excepción en el supuesto en que el Juzgado o Tribunal imponga o exija como requisito previo al dictado de una providencia impulsoria, ya sea en forma expresa o tácita, la integración de dicha tasa." (conf. C. N. Civ. , Sala F, E. D. , 112-486; íd. , Sala E, E. D. , 102-421; Fassi-Yañez, Código Procesal..., t. 2 p. 655).

"Las actuaciones relativas al pago de la tasa de justicia, en principio, no suspenden ni interrumpen el curso del plazo de la caducidad de la instancia.

Pero ese principio no es absoluto y reconoce una excepción en el supuesto en que el juzgado imponga como requisito previo al dictado de una providencia impulsoria -ya sea en forma expresa o tácita- la integración de la tasa de justicia, en cuyo caso las actuaciones tendientes a ese fin interrumpen el curso de la caducidad, puesto que son las únicas que la actora puede realizar para poner los autos en condiciones de proseguir su trámite." (Autos: ALVAREZ, Miguel Angel y Otro c/ALMAGRO CONSTRUCCIONES S.A. s/CONSIGNACION - Nº Sent.: C. 144522 Civil - Sala F - 07/04/1994).

PROT. DE AUTOS Tº IV Fº 794/799 AÑO 2004. Conforme a lo expuesto y a la jurisprudencia citada, desestimamos los agravios de la parte actora en el sentido de que las actuaciones relativas al pago de la tasa de justicia son interruptivas del término de caducidad. - Continuando con el relato de los actos procesales que obran en el expediente, consta la presentación de la parte accionante de fecha 12/11/08 que corre a fs. 297. Éste sí es un acto idóneo para interrumpir el curso de la caducidad atento tiende a impulsar el proceso de una etapa a la subsiguiente.

El juicio se encontraba en la etapa probatoria y mediante el escrito de fecha 12/11/08 la accionante peticionaba la clausura de dicha etapa y que se llamen autos a resolver. La presentación aludida posee entidad suficiente para servir de impulso al proceso, acelerando su trámite y siendo además, compatible con el estado de la litis, manteniendo una adecuada relación con la misma.

Asimismo reviste dicho carácter el proveído dictado en consecuencia por el juez a-quo en fecha 17/11/08. - Debemos determinar -como dijimos al iniciar el estudio del recurso- si entre un acto procesal impulsorio (07/12/06) y el otro (12/11/08) ha transcurrido el término de un (1) año contemplado en el art. 294 inc. 1° de la Ley N° 3738, aplicable al caso en estudio por tratarse de un planteo de caducidad de la primera instancia.

Entendemos, al igual que lo hizo el Inferior, que el plazo contemplado en la ley de procedimientos transcurrió holgadamente, teniendo en cuenta el período que pasó entre uno y otro acto llevado a cabo por la accionante con miras a que el juicio avance de una etapa a otra. - No obstante lo hasta aquí expuesto, dicha actividad impulsoria realizada por la actora en forma extemporánea esto es, una vez que venció el plazo de un (1) año pudo haber quedado consentida por la parte contraria por no haber promovido la cuestión pertinente en tiempo oportuno (5 días de haber tomado conocimiento de la misma).

Dicha situación no ha ocurrido en el presente caso porque el demandado dentro de los cinco (5) días de notificado del decreto de fecha 17/11/08 (fs. 298) formuló el planteo de caducidad de instancia como surge a fs. 303/305 vta..

-De la cédula que acompaña el demandado a fs. 302 se evidencia que en fecha 20/11/09 se le notificó el proveído que data del día 17/11/08.

Efectuados los cómputos pertinentes, el accionado promovió el incidente de caducidad dentro del plazo de cinco (5) días (en las dos primeras horas de gracia conforme lo previsto en el art. 129, 2° párrafo de la Ley N° 3738).

No quedó en consecuencia, consentida por el accionado la actuación extemporánea que efectuó la parte actora en fecha 12/11/09 (fs. 297), ni el decreto que se dictó en consecuencia (fs. 298), como tampoco las actuaciones posteriores que constan en el expediente.

Hemos dicho: "El impulso procesal realizado después del vencimiento del plazo de caducidad de la instancia, no obsta a la posibilidad de la contraria de acusarlo en tanto, no medie de su parte consentimiento a dicha actividad tardía (Maurino, Perención de la instancia en el proceso civil, pág. 75 y vta.)". "Tal consentimiento de actuaciones se opera una vez transcurridos los cinco días necesarios para que quede firme la actuación extemporánea, o purgada la nulidad por no haberse deducido en término la cuestión pertinente (L.L. 1983 - A - 45, citado por Fenochietto - Arazi ob. cit. pág. 44).

(PROT. DE SENT. T°II F° 283/285 AÑO 2009)". "La carga procesal de impulso del procedimiento pesa en primer término en quien ha promovido la acción, de tal manera que su participación y actividad es ineludible, en virtud del principio dispositivo y la índole de actividad procesal de impulso requerida (E.D.112-468)".

PROT. DE SENTENCIA Tº III Fº 434/436 AÑO 2008 - PROT. DE SENT. T° III F° 489/499 AÑO 2010.

Reiteramos, el acto unilateral de la parte tendiente a instar el proceso, efectuado antes de transcurridos los plazos previstos en el art. 294 del C.P.C., constituyen actos interruptivos de la caducidad. Cuando se llevan a cabo una vez que ellos transcurrieron, no cabe acto interruptivo alguno de un plazo que ya expiró, salvo consentimiento -como dijimos- de la parte contraria, lo que no ocurrió en el caso traído a estudio. No se ha purgado por lo expuesto, la caducidad acaecida en la presente causa.

En consecuencia, corresponde desestimar los agravios de la accionante y confirmar la resolución apelada por los fundamentos expresados. Las costas en la Alzada se imponen a cargo de la apelante vencida (arts. 74 y 75 de la Ley N° 3738 -arts. 66 y 67 de la Ley 8037).

Por todo ello y jurisprudencia citada, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación concedido a la parte actora a fs. 333, contra la resolución de fecha 02 de junio de 2010 obrante a fs. 324/328 vta. de estos autos.

En consecuencia, se confirma la misma en todas sus partes conforme a lo expuesto en los considerandos de la presente.

Las costas en la Alzada se imponen a cargo de la apelante vencida (arts. 74 y 75 de la Ley N° 3738 -arts. 66 y 67 de la Ley 8037). Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.

FDO:DR. HUMBERTO CABALLERO, DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA Y MOISES MOYA, . ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI- SECRETARIA- PROT. DE AUTOS T° II-F° 206/212 -2011- 10421.