Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-07


MARSEU, Luis y/o MARSEU, Atilio y otros contra COFIAR Reg.: A y S t 214 p 54-58.

En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "MARSEU, Luis y/o MARSEU, Atilio y otros contra COFIAR -Cobro de Pesos- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 50, Año 2005).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Spuler, Vigo, Falistocco y Gastaldi.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 203, pág. 176, esta Corte admitió la queja y, en consecuencia, concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro contra la sentencia de fs. 886/893 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, por las razones entonces expuestas ( fs. 121/123, expte. 491/2001).

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro razones para apartarme de aquella conclusión provisoria, en concordancia con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 1116/1117 v..

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Falistocco y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. En la presente causa, y dictada sentencia de fondo por la Alzada a fs.

663/670, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en liquidación), citada en garantía, formuló ofrecimiento de cancelación de las obligaciones emergentes del pleito "mediante bonos de consolidación de deudas" emitidos "en función de lo establecido en las leyes 11.672 (artículo 45) -t.o. decreto N 792/96-, 23.982, 24.307 (artículos 11 y 46), 24.624(artículo 27) y sus respectivas normas complementarias" (fs. 676/678).

Formulada oposición por los actores -con sustento en la inconstitucionalidad del artículo 27 de la ley 24.624 (y en su inaplicabilidad al caso por tratarse de obligaciones de causa o título posterior a la "fecha de corte")(fs. 687/693; 696/699), y oída la citada en garantía (que a fs. 752/757 solicita "la estricta aplicación de la ley 24.764" ), la señora Jueza de primera instancia de Distrito en lo Laboral N 7 declaró la inconstitucionalidad del artículo 27 (1 y 2 párrafos) de la ley 24.764 por auto de fs. 769/771 v.

Apelado que fuera tal pronunciamiento por la demandada y la citada en garantía, la Alzada lo confirmó mediante sentencia de fs. 886/893.

Para así resolver consideró el a quo -en cuanto al recurso planteado por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro- que carecían de sustento los agravios dirigidos contra la injustificada declaración de inconstitucionalidad efectuada por la Jueza de baja instancia, destacando en primer término que la Caja sólo había ofrecido el pago en bonos (y no la alternativa de pago sujeto a la inclusión de la acreencia en presupuestos venideros), y que la referida Jueza había dado suficientes fundamentos de por qué entendía que consideraba inaceptable que la Caja "vea atenuadas sus obligaciones", cuando "expresa con criterio que se comparte que no resulta admisible que habiendo ejercido la Caja Nacional de Ahorro y Seguro una actividad que le ha generado ganancias a través del cobro de primas, con posterioridad a haber embolsado las mismas ejerciendo sus legítimos derechos vea atenuadas y modificadas en su beneficio sus correlativas obligaciones, en desmedro del resto de las aseguradoras (...) y de los acreedores a quienes sitúa en una posición de desigualdad". Agregó que "en cuanto a que las medidas adoptadas en el artículo cuestionado no implican un menoscabo al derecho de propiedad sino una limitación temporal, cabe resaltar que no sólo la a-quo entendió que se violaba el derecho de propiedad, lo que podría discutirse atento a que es cierto que sólo se impone una limitación temporal al mismo, sino también la garantía de igualdad ante la ley", dando argumentos de por qué entendía que se configuraba una irrazonable discriminación en perjuicio de los actores a partir de la aplicación de la ley 24.764, artículo 27. Asimismo, y con relación a que la Jueza afirmó que no existió la situación de emergencia, expresó la Sala que en realidad aquélla había dicho que la ley 24.764 no la invocaba, y que la emergencia de la ley 23.982 había cesado con más de seis años de estabilidad, con lo cual no hizo otra cosa que aplicar el principio conforme al cual los jueces pueden verificar "si hay o no emergencia", siendo el criterio de la Magistrada que las condiciones de validez constitucional de las medidas de emergencia "no aparecen cumplidos" en el caso, por lo que las restricciones establecidas en la ley debían ceder "en pro de las garantías constitucionales".

2. Contra el decisorio de la Alzada dedujo la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en liquidación) recurso de inconstitucionalidad, agraviándose de que el mismo prescinde de la ley aplicable, omite considerar los planteos efectuados por su parte (que a fs. 753 v. había ofrecido la alternativa de pago en efectivo sometiéndose al orden prelatorio del artículo 7 de la ley 23.982 y a la asignación anual de recursos que efectúe el Congreso) e ignora la consolidación de deudas estatales anteriores al 1 de abril de 1991 efectuada por la ley 23.982, extendida a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (a partir de la asunción de sus pasivos por el Tesoro nacional) en virtud de las leyes 24.624 -artículo 17- y 24.764 -artículo 27-, siendo del caso que "la deuda que origina la demanda tiene su origen en un hecho anterior al 01/04/91". Observó que el fallo impugnado argumenta inexplicablemente que la ley 24.764 viola el derecho de propiedad, sin reparar en que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional que debe ser suficientemente justificado, "situación que en el caso no se da", por cuanto las medidas adoptadas legislativamente con relación a las deudas de la Caja "no importan un menoscabo al derecho de propiedad, sino una limitación temporal" justificada por la emergencia, como la propia Sala -en evidente autocontradicción- lo reconoce en su pronunciamiento (fs. 911/937).

Previa sustanciación del recurso, la Sala denegó su concesión por auto de fs.

958/960, accediendo la impugnante a la instancia extraordinaria por vía de queja, como se expresara al tratar la primera cuestión.

3. Conforme resulta del relato precedente, se discute en autos -con los argumentos ut supra reseñados- la validez del pronunciamiento de la Alzada en cuanto confirmó la declaración de inconstitucionalidad efectuada a su turno por la Jueza de baja instancia con respecto al artículo 27 de la ley 24.764.

Ingresando al examen del caso no puede escapar al juicio de esta Corte la premisa inicial de que, como se reconoce desde antiguo, "la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable.

De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley" ("Cena", R. A. Y S., t. 129, pág. 342, con cita de Fallos, 226:688; 242:73; 285:369; 300:241, 1087; 314:424; y de esta Corte, R. A. y S., t. 128, pág. 52), erigiéndose por ello en "la última ratio del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía" (Fallos 312:2315; vide, también, Fallos, 302:1149; 303:1708; 322:919; 325:1922, etc.). A ello se añade que específicamente con respecto a la consolidación de las obligaciones del Estado nacional la Corte ha señalado la necesidad de tener en cuenta "las causas y los objetivos" que movieron al legislador a sancionar el régimen excepcional previsto por la ley 23.982, vinculados -como surge del debate parlamentario de la ley- con una situación de grave desequilibrio en las finanzas públicas que hace necesario atender con recursos genuinos a las deudas de un Estado "en situación equivalente a la de un deudor fallido" (vide Fallos, 317:779), admitiendo la constitucionalidad del régimen en atención a que el mismo procura "un fin público que resguarda los intereses superiores de la comunidad", aun cuando comporte una restricción al uso y goce de los derechos individuales y mientras "no signifique una degradación tal que destruya la sustancia del derecho reconocido en la sentencia judicial" ("Escobar", Fallos, 318:1593, con cita de "Russo", Fallos, 243:467).

En esa misma línea ya había dicho en "Peralta" (Fallos, 313:1513) que "no hay violación del art. 17 cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no prive a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad".

Siendo del caso que las deudas de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en liquidación) -por las que responde "en definitiva la Nación misma", vide decreto 2715/93; Fallos, 321:3384; 322:2309)- fueron sometidas con carácter permanente (vide "Narváez", CSJN, 7 de febrero de 2006, cons. V) al régimen de pago establecido en la ley 23.982 por imperio del artículo 27 de la ley 24.764, disponiéndose expresamente su consolidación "con los alcances de la ley 23982 y del capítulo V de la ley 25.344" por la más reciente ley 25.565 en su artículo 61 (vide también ley 25.827, artículos 59, 61, 64 y concordantes; ley 25.967, artículos 46, 48 y concordantes; ley 26.078, artículo 45)- y teniendo presentes las pautas ut supra reseñadas, no cabe sino concluir en que recaía sobre los jueces de la causa una especial carga de argumentación para sostener válidamente la solución final adoptada en autos, carga que no puede reputarse idóneamente satisfecha por aquéllos, que de tal manera se han atribuido la potestad derogatoria de un régimen cuya validez constitucional -como se expusiera- ha sido reconocida por el Alto Tribunal de la Nación, omitiendo por dicha vía valorar los intereses comprometidos e incurriendo asimismo en resultados inicuos al sustraer del régimen general deudas hoy inequívocamente incluidas en la consolidación por decisión del Congreso, a quien le incumbe arreglar el pago de la deuda interna (artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional).

Si a ello se agrega que no se ha acreditado por los interesados la concurrencia de una situación de emergencia o necesidad impostergable que permita excluir del régimen general antes expuesto a los créditos reconocidos en la sentencia de fondo por representar el sometimiento al mismo una desproporcionada afectación de la aludida "sustancia del derecho" (vide también "Iachemet", Fallos, 316:779), puede concluirse inmediatamente en que la única razón que prima facie subsistiría para pretender justificar la invalidación constitucional del régimen de pago invocado por la recurrente sería la violación al principio de igualdad, argumento que -si bien se mira- no consulta que la situación de los acreedores alcanzados por aquél no es distinta en definitiva de la que se presenta en todo supuesto de acreencia consolidada, más allá de cual sea el origen de la deuda estatal, siendo por lo demás claro que el referido principio solo se vulnera cuando, incurriéndose en acepción de personas (la acceptione personarum de que hablara Santo Tomás, Summa Theologiae, II-II, q. 63) se introducen discriminaciones arbitrarias negándose a unos lo que se concede o reconoce a otros que se hallan en igualdad de condiciones (sobre el punto vide Fallos, 298:286; 299:146 y 181; 300:1049; 311:970, entre muchos otros).

Por las razones expuestas no cabe sino dejar sin efecto el fallo impugnado, debiendo remitirse la causa al tribunal que corresponda a fin de que la misma sea nuevamente juzgada.

Voto, pues, por la afirmtiva.

A la misma cuestión el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Falistocco y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas (artículo 12, ley 7.055).

Remitir la causa al tribunal que corresponda a los fines de que la misma sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Falistocco y Gastaldi dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas. Remitir la causa al tribunal que corresponda a los fines de que la misma sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)