marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sanciones procesales, agente fiscal, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: ROMERO, JOSE s/ Corecciones disciplinarias. FISCAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-04

No procede la imposición de sanción a la fiscal de primera instancia solicitada por el Fiscal de Cámara, porque no se encuentra prevista sanción disciplinaria alguna so color de introducir supuestamente cuestiones improcedentes que denotan falta de conocimiento del derecho a aplicar, salvo lo dispuesto por el artículo 145 -en relación con el artículo 144 C.P.C.- en cuanto a la aplicación de las costas en tales casos, situación que no es la que se presenta en estos actuados. En efecto, las sanciones por faltas previstas en el artículo 16de la ley de Organización de la Justicia Nacional sólo se refieren a las originadas por la no debida observancia de cuestiones relacionadas con las formalidades debidas que se deben guardar, por ejemplo en la sustanciación de los juicios, pero nada más.
Malversación de caudales públicos, peculado
Materia: PENAL
Carátula: Verón, Fausto Gabriel s/ Peculado
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-04-07

Si bien no hay una legislación administrativa concreta sobre la competencia del funcionario como custodio de los valores, hay consentimiento del órgano responsable y se comprende tal actividad dentro de las funciones genéricas del agente público, lo que lo lleva a ser sujeto activo de Peculado. (Fundamento del Dr. Eduardo Hang)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley arancelaria, recurso extraordinario, honorarios, regulación de honorarios, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Consorcio Edificio Corrientes y Córdoba c/ Halmen SA s/ Demanda ordinaria. Regulación honorarios por planteos y contestación  de Recursos de Inconstitucionalidad y/o Extraordinarios. Cuestión a  resolver: ¿Qué disposición de la ley arancelaria corresponde aplicar  para regular honorarios por el planteo y contestación de Recursos de  Inconstitucionalidad y/o Extraordinario ante la Cámara?   (Tribunal pleno) (Expte. Nro. 147-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-08

Se debe aplicar el artículo 12 inciso 6 de la ley 6767 como honorario mínimo para la regulación de la tercera instancia que resulta omnicomprensiva de cualquiera de los recursos que atraen la jurisdicción de la corte provincial o nacional -ley 7055 o ley 48- como asimismo de la apelación extraordinaria de los juicios tramitados ante los Tribunales Colegiados. (Del Voto de la Dra.

Pereira).
Marcas, marca extranjera, marcas idénticas, superposición de productos, marca notoria, imitación fraudulenta, copia de nombre famoso, Ley de Marcas
Materia: COMERCIAL
Carátula: OAKLEY INC. c/ ROUBEAUD JUAN CARLOS s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-12

La marca Oakley no era absolutamente desconocida en 1983 pues en E.E.U.U. era explotada con el mismo nombre y el mismo logo desde 1977; ello surge de la prueba aportada por la actora como así también de los propios dichos de la demandada, quien expresa que "era totalmente desconocida en nuestro país, como fuera de las fronteras de los Estados Unidos". A la luz del art. 24. Inc. B) de la ley 22.362, la demandada no podía desconocer la existencia de un signo que protegía los mismos o similares productos. Y nótese que entre los productos de la actora se encontraban las antiparras, anteojos para sol, parte y accesorios para anteojos de sol y antiparras, estuches para los mismos, prendas de vestir, incluyendo remeras, sombreros, buzos, bolsos y calcomanías (adhesivos), y los productos de la demandada, según lo dice son indumentarias y artículos deportivos para la practica de distintos deportes, ski, motocross, windsurf, surf, olvidándose, notablemente, de las antiparras. En fin, resulta claro que el caso configura una copia servil, cuanto mas tratándose de una marca de fantasía.
Superior Tribunal de Justicia, competencia por la materia, competencia administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Vera, Erwin Jaime y otros c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-11-23

Resulta incompetente el Tribunal Superior de Justicia, en razón de la materia, para entender en la demanda que persigue el reconocimiento de derechos que derivan inequívocamente en normas preexistentes que han de tener influencia decisiva en la resolución del pleito, tanto en sus alcances como en los efectos de las mismas, y no cuestiona la virtud de actos administrativos que pudieran generar derechos, obstando la vinculación de empleo público para habilitar la instancia contencioso administrativa ante este Tribunal.
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ JOSE DOMINGO c/ MUNICIPALIDAD DE LOS JURIES Y OTRO S/ COBRO DE PESOS s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-12-14

Conforme la regla impuesta por el art. 4 del código de rito, toda demanda debe interponerse ante Juez competente; y si de la exposición de los hechos resultase que aquella no es de la competencia del juez ante quien se deduce, debe dicho magistrado inhibirse de oficio. En esa inteligencia la ley procesal fija oportunidades preclusivas para su alegación por las partes o para su declaración de oficio por el juez, transcurridas las cuales no cabe planteo alguno de incompetencia.Sin embargo cuando se trata de una competencia por razón de la materia se entiende que ella puede ser declarada por el juez en cualquier estado del juicio.
Empleados públicos, acto administrativo, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONTRERAS, RAQUEL OFELIA OCHONGA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CSJ EXPTE NRO 167-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-28

El hecho de que la sancionada se impusiera de los correctivos aplicados en un mismo acto, no la autoriza a presumir que por ende, debían ser cumplidos los días de suspensión como si se tratara de una única sanción, sin interrupciones, ya que en la notificación de la medida disciplinaria se especificaban los días durante los cuales debía hacerse efectiva la primera sanción, especificación que carecería de sentido si las restantes suspensiones hubiesen debido cumplirse a continuación.
Constitución Nacional, razonabilidad tributaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: OROZCO OMAR WALDO c/ IOSEP s/ ACCION DE AMPARO - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-12-19

La razonabilidad, como principio consagrado en el art. 28 de la Constitución Nacional, no implica más que la adecuación de la decisión administrativa a los fines de la ley, lo contrario implica consagrar la posibilidad de que el estado actúe desconociendo el ordenamiento jurídico. La legitimidad de la restricción debe tener como parámetro la adecuación al fin que se busca, es decir que la limitación al derecho se justifique teniendo en cuenta el objeto perseguido.
Concursos, fuero de atracción, reconvención
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Savico  SA c/ Tietar  SACIF. Y A. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

La reconvención contra el concursado importa una verdadera demanda, que habilita el fuero de atracción de su concurso.
Cheque, endoso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FASSI JOSE LUIS c/ DIAZ ROBERTO CARLOS s/ PROCESO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

Cuando el cheque en relación con su monto, puede ser librado al portador (art. 56 Dec. Ley 4776/63 mod. Ley 23549), si lo fue a la orden de persona determinada no es susceptible de su transmisión por endoso.-
Seguros, seguro de caución, ejecución del contrato administrativo, interpretación de la ley, contrato de obra pública, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros c/ RDS SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-06

En principio, el tomador del seguro de caución que garantiza la correcta ejecución del contrato de obra pública queda obligado hasta tanto el Estado -en su rol de comitente de la obra pública- disponga "formalmente" la recepción definitiva de la obra, pues, sólo una vez producida ésta, podrá tener lugar -dentro del plazo especificado en la normativa pertinente- la devolución de la póliza al empresario tomador o, en su defecto, la emisión de una certificación mediante la cual el asegurado - además de dar cuenta de la extinción del interés asegurativo por el exacto cumplimiento del "contrato principal"- exprese su decisión de liberar de responsabilidad a la compañía aseguradora (conf. esta CNCom, esta Sala A, 08/06/10, in re: "Alba Cía. Arg. de Seg. SA c/ Giumac..."; idem, 26/06/09, in re: "Alba c/ Compañía Austral..."). Esto es, la responsabilidad del empresario de obra pública -a diferencia de lo que ocurre con la obra privada-, no cesa con la ejecución ni con la entrega del opus, sino que se prolonga de acuerdo con las ordenanzas aplicables al caso (conf. esta CNCom, Sala B, 12/08/91, in re: "La Gremial Económica Cía. Argentina de Seguros SA c/ Viggiano, Carlos A. y otra"). En lo que al contrato de seguro de caución respecta, no basta que el tomador sea desobligado por el Estado contratante respecto de los compromisos asumidos en el contrato principal -hecho que tiene lugar, como se dijo, con la recepción definitiva de la obra-, sino que resulta también necesario que este último restituya al empresario las pólizas de seguro ofrecidas en garantía -o documentos sucedáneos acreditativos del cese de responsabilidades, en el supuesto de que las pólizas se hubiesen extraviado- y que se comunique fehacientemente al asegurador la recepción definitiva de la obra, pues hasta entonces se mantiene inmutable la obligación de la aseguradora consistente en avalar el cumplimiento de las prestaciones objeto del interés asegurado (conf. esta CNCom, esta Sala A, 08/06/10, in re: "Alba Cía. Arg. de Seg. SA c/ Giumac..."; idem, 26/06/09, in re: "Alba c/ Compañía Austral...").
Daños y perjuicios, filiación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: P., M. D. c/ A., E. s/ Filiación e indemnización por daños y perjuicios D. M., R. c/ S., A. F. s/ Reclamación de estado de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28|1998-11-10

Entre quienes se han convertido en extraños, el sistema civil de daños comienza a reclamar su aplicación. (Minoría u opinión personal)
Concesión errónea del recurso, reconvención, acción de amparo, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Acosta, Kira Lorena Erica c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-26

La decisión que declaró mal concedido el recurso de apelación contra la sentencia que había desestimado la reconvención en el marco de un juicio de amparo, en tanto importó únicamente un pronunciamiento acerca de la procedencia de un recurso, no es la definitiva a que refiere el art. 26 de la ley n° 402. En esas condiciones, la parte recurrente no ha obtenido pronunciamiento del superior tribunal de la causa sobre el fondo de la cuestión debatida y no logró mostrar, para superar esa ausencia, que la decisión recurrida mediante su recurso de inconstitucionalidad constituya un obstáculo que frustre arbitrariamente la revisión que a este estrado le encomienda el art. 113, inc. 3, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano)
Objeto del proceso, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Flowbox SA c/ Riva SAIICFA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-18

Si bien el empleo de las conjunciones "y/o", en la determinación del sujeto pasivo, implica incumplir lo previsto en el CPR 330-2°, sin embargo en el caso, la actora demandó a las empresas accionadas y a quienes ostenten la tenencia de los contenedores objeto de autos (sea como subinquilinos/locatarios y/o tenedores precarios y/u ocupantes y/o bajo cualquier otro título); es decir, pretende traer a este pleito a toda persona que tenga el deber de restituir los contenedores en su favor. A partir de allí y en este particular supuesto, asiste razón a la apelante en la medida que ella prevé que la contestación de la demanda de las mencionadas sociedades pueda contener elementos que justifiquen enderezar la demanda contra otras personas respecto de quienes en este momento carece de información, habiendo invocado el motivo que la lleva a demandar de esta manera (cfr. arg. mutatis mutandi, esta Sala F, 13/7/10, "La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA c/ Imperium SA s/ ordinario"). 4
Embargo preventivo, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BCO. DEL ACUERDO S.A. c/ DE ELIAS ALBERTO MARIA Y OTRO s/ EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-13

No aparece cumplimentado el inexcusable recaudo de procedencia de la cautelar de acreditar la verosimilitud del derecho que se pretende asegurar, si la accionante no precisó clara y puntualmente cual es ese derecho y de modo tal que el juzgador tenga ante sí elementos que le posibiliten apreciar la existencia de tal verosimilitud, omisión no salvable con la genérica constatación que se ofrece sobre los expedientes que individualiza, ya que ello no suple su carga de aportar al proceso los instrumentos imprescindibles a tales fines.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Carma, José Antonio s/ Dr. José Antonio Carma, Juez de Control de Garantías de 2ª Nominación  s/ Prórroga en causa Letra "R" Nº 10/07 "1) Robles, Fabián G.; 2) Suárez, Pedro D. y 3) Pérez Casasnovas, Jorge Marcelo p.s.a. 1) y 2) Robo doblemente calificado por el uso de arma y en poblado y en banda en calidad de coautor; 3) Robo doblemente calificado por el uso de arma y en poblado y en banda en calidad de partícipe necesario"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-04

El Juez de Control de Garantías solicita a esta Corte de Justicia la prórroga prevista en el art. 295 inc. 4 del C.P.P. (fs 2/5).

El magistrado fundamenta el pedido de extensión del encarcelamiento de los imputados en la causa alegando la complejidad de la misma, teniendo en cuenta el volumen de las actuaciones, la diversidad de las jurisdicciones que intervinieron en la investigación, la variedad de las medidas probatorias adoptadas, las cooperaciones técnicas e informes producidos, la cantidad de imputados, la multiplicidad de hechos y delitos atribuidos, todo lo cual denota la dificultad para desarrollar la investigación.

Abocados al análisis de las constancias de la causa, consideramos que los fundamentos esgrimidos por el Juez de Garantías resultan atendibles para prorrogar la prisión preventiva de los imputados.

Idéntico criterio fue asumido por esta Corte de Justicia, aunque con diferente integración, al dictar el auto interlocutorio Nº SESENTA Y SEIS/2008, y más recientemente en auto interlocutorio Nº TREINTA Y SEIS/2009, cuando sostuvo que:."Nuestro código, respetuoso de las normas que con igual jerarquía fueron incorporados por la última reforma a la Constitución Nacional, en el art. 295 inc. 4º, prescribe que la prisión preventiva debe cesar cuando hubiere transcurrido dos años sin que haya comenzado el debate para dictar sentencia. Asimismo y como una excepción a dicha regla, se regula la posibilidad de prórroga por un año más, en las causas de evidente complejidad y de difícil investigación, estableciéndose el procedimiento para que esta Corte de Justicia autorice o rechace dicho pedido excepcional.

Conforme surge de esta norma, siempre que se mantengan los motivos que justifican todo encierro preventivo, la restricción de la libertad de un imputado debería cesar a los dos años, salvo que las circunstancias señaladas hayan obstaculizado la normal culminación del proceso, caso en el cual ésta podría prorrogarse hasta los tres años.

Que el plazo razonable del que se hace eco la normativa señalada, debe ser considerado en un proceso concreto y específico a la luz de los datos que ese proceso y su contexto exhiban, porque lo razonable es predicable de un caso particular".

Por lo tanto corresponde hacer lugar a la prórroga de la prisión preventiva solicitada por el Sr. Juez de Garantías, por el término estrictamente necesario, el que no podrá exceder de seis meses, contados desde que las actuaciones principales sean devueltas a la Cámara de Juicio.
Compraventa de automotores, responsabilidad solidaria, responsabilidad del fabricante, responsabilidad del vendedor, garantía al consumidor, privación del uso del automotor, desvalorización del automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: HELBLING, CARLOS MARCELO c/ SEVITAR SACIFI Y OTRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-28

Procede admitir el reclamo por privación de uso del rodado, atento a la indisponibilidad del mismo durante el tiempo de reparación, lo que constituye un menoscabo cuya configuración surge "in re ipsa", como consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación (CCIV art. 520), sin que la accionada haya alegado ni probado circunstancia alguna que obste a tal conclusión -estimado dicho tiempo, por el perito, en una semana, y resultando apropiado el monto insinuado por el reclamante en su demanda, $50 diarios, cabe fijar por este rubro $350-. Disidencia del Dr. Monti.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, demanda, identidad del demandado, oportunidad procesal, rectificación de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Montani, Armida c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Daños y Perjuicios Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-26

La circunstancia de que la identificación del codemandado genérico se haya efectuado con posterioridad a la traba de la litis con la restante codemandada -la Ciudad de Buenos Aires-, no implica que haya existido una modificación de la demanda vedada por la ley ritual. Por el contrario, se trató simplemente de especificar un elemento ya contenido en el escrito de inicio, lo cual no implica modificación alguna y resulta plenamente válido.
Derecho al recurso, Ministerio Público Fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: González, Marianela Celia y otros. c/  s/ Infr. art. 189 bis, 2, párr. 1°, CP.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-19

La mera afirmación de que las reglas constitucionales vigentes sólo conceden la posibilidad de recurrir al encausado y no conceden un derecho al recurso al Ministerio Público Fiscal resulta claramente insuficiente para abastecer de fundamento a la queja que se agita. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Vejaciones, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Córdoba, Ramón Néstor y otros s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Marcos Denett en causa Nº 72/11 - Córdoba, Ramón Néstor y otros - Vejaciones calificadas en grado de coautores - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-08-08

La Cámara en lo Criminal declaró culpable al imputado como autor penalmente responsable del delito de Vejaciones calificadas, por el que fuera incriminado en la acusación fiscal, condenándolo en consecuencia a la pena de tres años de prisión cuya ejecución se deja en suspenso, más inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. Contra el decisorio aludido comparece el defensor técnico del imputado, e interpone recurso de casación, cuestionando la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2º C.P.P.).

El análisis de la resolución atacada, desde la óptica de los embates intentados, me lleva a rechazar la pretensión recursiva y a confirmar la sentencia examinada, toda vez que ha quedado claramente evidenciado que la condena a la cual arribó el tribunal fue fruto de una valoración armónica, integral e interrelacionada de las probanzas reunidas, en un todo respetuosa de las reglas de la sana crítica racional.

En tal sentido, considero que en el caso concreto sometido a examen, el razonamiento del juzgador resulta ajustado a las reglas de la lógica, y su convicción respecto de la participación del imputado en el hecho resulta de la ponderación y valoración de las pruebas que fueron recibidas durante el debate, no surgiendo duda beneficiante alguna del análisis probatorio.

Con base en todo lo expuesto, concluyo que el decisorio impugnado se encuentra debidamente fundado y que el cuadro convictivo meritado por el a quo nos lleva a sostener con grado de certeza la participación responsable del incoado C. en el hecho imputado, razón por la cual los agravios aquí analizados deben ser rechazados.
Proceso expropiatorio, costas
Materia: CIVIL
Carátula: Provincia de Buenos Aires c/ 'Lanera del Sur S.A.' s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-03-12

En materia de costas en el proceso expropiatorio, el art. 37 de la ley 5708 sólo rige para las erogaciones judiciales de primera instancia, de modo tal que la imposición efectuada no necesariamente se proyecta a las instancias superiores con abstracción del resultado concreto que las apelaciones hubieren obtenido de ellas, pues lo contrario significaría conceder al triunfador en costas una suerte de "bill de indemnidad" permitiéndole formular recursos en el entendimiento de que ningún riesgo económico ha de sufrir si las mismas son rechazadas.