Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-07


Comodoro Rivadavia, siete de diciembre de 2006.- VISTOS Y CONSIDERANDO ááááááEstos autos caratulados: "G. J. y otros c/ S. J. L. y otros s/ ORDINARIO", Expte. N° 16.014/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 (Expte. N° 774/04).- ááááááQue llegan las presentes actuaciones en virtud de haber sido apelada la resolución de fs. 365/366, por la cual se rechaza la excepción de incompetencia incoada por la Fiscal de Estado en representación de la Provincia del Chubut.- Que la apelante al expresar agravios sostiene que el a quo ha incurrido en un error conceptual al rechazar la excepción de incompetencia, y que el fallo carece de los fundamentos suficientes.- Aduce que si se analiza la responsabilidad que le imputan al Estado provincial, por los actos hechos u omisiones, se advierte que los actores reprochan a la provincia la omisión de cumplir adecuadamente con el rol de fiscalización y contralor que les correspondía por imperio de los dispuesto por la ley 20337, en el mismo sentido, el daño se habría ocasionado por la conducta omisiva de ejercer tales funciones de contralor.- Así continúa su argumentación diciendo que la conducta omisiva que se imputa reviste carácter administrativo y por tanto es materia contenciosa administrativa y resulta competencia originaria del S.T.J., cita jurisprudencia del mismo que considera análoga al caso de marras, solicita se revoque el fallo en crisis y se haga lugar a la excepción de incompetencia.- Corrido el traslado de ley los actores contestan los agravios vertidos por la representante de la Pcia. del Chubut y en primer lugar sostienen que el recurso intentado por la contraria es pasible de ser declarado desierto en razón de que la crítica efectuada no ataca la sentencia de modo tal que se individualicen supuestos errores y omisiones y no formula análisis serio, razonado y crítico del resolutorio apelado.- Luego continúan los actores afirmando la certeza de los fundamentos del fallo apelado así como su solución, al tiempo que señalan que la provincia es una de las partes demandadas y su responsabilidad se deriva en el caso del incumplimiento de normas de derecho privado como lo es la Ley de Cooperativas.- Citan jurisprudencia del STJ que sostienen, resulta coincidente con su argumentación.- áááááá Expuestos a modo de síntesis el memorial de agravios y su contestación, debe procederse al análisis puntual del tema, a fin de determinar la competencia del tribunal que ha de intervenir en el presente. Para ello resulta necesario determinar la índole del reclamo contra la provincia, sus características y contenido, como acto constitutivo de la relación jurídico procesal, para determinar si el reclamo se rige por la norma citada por la excepcionante (art. 32 inc. 3º de la Ley 37).- Los actores amplían la demanda contra la Pcia. del Chubut (fs. refoliadas 676/698 vta.) y peticionan al juez civil, el resarcimiento por el daño moral sufrido y la actualización monetaria de los rubros reclamados desde el momento de la demanda y la de efectivo pago para compensar la pérdida del poder adquisitivo.

Aducen que los funcionarios públicos provinciales dependientes de la Dirección General de Cooperativas y Mutualidades (previa a la creación de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutualidades) han incurrido en los siguientes incumplimientos : a) Omisión de contralor en el cumplimiento de la obligación por parte de la Cooperativa en la presentación de los balances generales y otros ítems. B) Omisión de requerir la documentación necesaria para verificar el cumplimiento por parte de la Cooperativa de las obligaciones estatutarias a su cargo. c) Ante los mismos incumplimientos que detalla anteriormente , omisión de realizar investigaciones o inspecciones. Destaca mas adelante que tal obrar omisivo incurrido por la Dirección General de Cooperativas y a su turno por la Subsecretaría de Cooperativas y Mutualidades ha sido generador de innumerables perjuicios para cientos de vecinos y ello compromete la responsabilidad de la administración y hace que esta deba responder por el obrar de sus dependientes.- Sentado ello, siendo que los actores reclaman la responsabilidad civil por parte del Estado Provincial por omisión en el cumplimiento de las funciones de contralor de los funcionarios dependientes de la Dirección General de Cooperativas y la Subsecretaría de Cooperativas y Mutualidades, es que debe señalarse que la relación jurídica debatida en parte se somete preponderantemente a las normas de derecho administrativo y en parte al Derecho Civil, pues se deriva de la actuación (en el caso omisión de funcionarios del Estado Provincial , en el ejercicio de la función público-administrativa que les es propia, y que se rige por normas de derecho público como lo son las emanadas de la ley Nacional 20337 que aluden a la fiscalización pública, así como las provinciales que rigen la actividad de dichos organismos).- El esclarecimiento de la competencia en los casos en que existe conjunción de normas de derecho privado y de derecho público requiere estimar si la materia litigiosa está regida en forma preponderante por el Derecho Público Constitucional o Administrativo o bien por el Derecho privado. Es que el fundamento de la competencia se halla dado por la norma objetiva que de manera preponderante ha de utilizarse para dirimir la contienda (Conf. LL. 96-243), teniendo en cuenta la descripción que de los hechos se efectúa para encuadrar la pretensión, determinando "prima facie" en qué esfera del derecho se desenvuelve la situación jurídica, en la medida necesaria para dirimir el conflicto, considerando las consecuencias jurídicas en la concreta situación a definir por medio de la sentencia, y sin que ello implique avanzar en un juicio definitivo sobre cuál ha de ser, en última instancia el régimen legal aplicable.- Sin pretender aquí dar solución doctrinaria al fundamento de la responsabilidad del Estado, ni pronunciar opinión sobre el supuesto de fondo, es pertinente afirmar que la mera invocación de normas comunes, no significan una refleja aplicación de derecho privado en este caso.

Al respecto la evolución doctrinaria, jurisprudencial y legislativa del Derecho Administrativo ha demarcado en forma sostenida su autonomía como rama del Derecho Público y como Ciencia del Derecho, contando con su propio sistema de normas y principios. Sin embargo, ha sucedido y sucede que debe recurrir a lo que se llama la extensión interpretativa de sus fuentes para resolver los casos no previstos en su propio ordenamiento jurídico.

En esta línea de análisis, se observa que el planteo de la demanda contra la provincia del Chubut incoada por los actores, supone que debe debatirse si hubo incumplimiento de la ley que impone a los funcionarios el contralor cuya omisión se les imputa. El examen de las normas que rigen la actividad del Estado provincial relacionadas con tales actividades, autoriza a concluir que la materia litigiosa es de naturaleza contencioso-administrativa y la competencia resulta atribución del Superior Tribunal de justicia de conformidad con el art. 32 inc. 3º de la Ley 37.- Sobre el punto la doctrina afirma que "para que un litigio sea de competencia contencioso-administrativa, es preciso que importe el juzgamiento de una operación administrativa, esto es de un acto, conducta, omisión, imputable a la Administración en cuanto ejerce actividad administrativa (Luqui , Revisión Judicial de la Actividad Administrativa- Astrea 2005, p. 110/112).- En igual sentido se ha pronunciado el S.T.J. "la competencia para el conocimiento de la responsabilidad civil derivada de la actuación del Estado Provincial, sus representantes y funcionarios en el ejercicio del Poder Público y en la esfera del Derecho público es de naturaleza contencioso administrativa, la que de conformidad con el art. 32 inc. 3º de la ley 37 es de atribución del Superior Tribunal de Justicia de la provincia-Competencia esta por razón de la materia, indelegable e improrrogable".- (S.T.J. S.C.A. Nº 2 /2006).- En virtud de lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso de apelación y declara la competencia del Superior Tribunal de Justicia.- Atento como se resuelve la cuestión, y según las prescripciones del art. 279 del C.Pr. corresponde readecuar las costas de la sentencia de grado, las que se imponen a la actora vencida, regulando honorarios de los letrados intervinientes de conformidad con las pautas de la ley arancelaria.- Las costas de la Alzada, se imponen a la actora vencida, regulando los honorarios de los abogados de conformidad con las pautas de le ley 2200-4335, trabajos realizados, resultado obtenido, mérito de la labor profesional evaluado en base a la actividad desarrollada por los profesionales y demás constancias de autos.- Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, ááááá RESUELVE:

áááááá 1).- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 371 (fs. refoliada 784) y revocar la resolución de fs. 365/366 (fs. refoliadas 778/779).- áááááá 2).- Declarar la competencia del Superior Tribunal de Justicia para entender en el presente juicio.- 3).- Firme y consentida la presente, elévese la causa al Excmo. Superior Tribunal de Justicia con comunicación mediante oficio de estilo al Sr. Juez titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 1.- 4).- Imponer las costas de la primera instancia a la actora vencida. Regular los honorarios profesionales de I. A. M. en el quince por ciento (15%) y los de la Dra. L. F. M. y P. F. T. conjuntamente en el diez por ciento (10%) de los que les correspondieren en la sentencia definitiva.- 5).- Imponer las costas de la Alzada a la actora vencida. Regular los honorarios profesionales de I. A. M. en el veinticinco por ciento (25%) y los de la Dra. L. F. M. y P. F. T. conjuntamente en el veinte por ciento (20%) de los que les correspondieren conforme la regulación por sus trabajos en primera instancia y de conformidad con lo regulado en el punto 4) de la presente.- áááááá 6).- Regístrese y notifíquese.- Fdo; Fernando Nahuelanca -Presidente-; Julio Antonio Alexandre -Juez de Cámara-; Silvia N. Alonso de Ariet - Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 246 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS