marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Abuso sexual calificado, fundamentación de sentencias, concurso de delitos, sentencia arbitraria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Fasano, Marcelo Ángel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-28

Más allá de la dificultad probatoria que impera en los delitos contra la honestidad, debe rechazarse la tacha de arbitrariedad planteada contra la condena por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado en trece oportunidades y robo agravado en concurso real entre sí, teniendo en cuenta que surge con claridad de las pruebas reunidas -declaraciones de las víctimas, otros testimonios , informes médicos, planos, fotografías, e informes relativos al perfil genético del material secuestrado-, que se arribó a la decisión puesta en crisis luego de hacer un análisis crítico, razonado y circunstanciado de las constancias del proceso, a lo que debe agregarse la similitud que se encuentra en todos los hechos analizados en cuanto a las características de los episodios, que exhiben un patrón común en las imputaciones. La diversa apreciación de la prueba de los hechos y circunstancias de la causa, no constituye causal de arbitrariedad. Aunque se aplique la ley más benigna en favor del imputado, tomando en cuenta la totalidad de los hechos cometidos en distintos períodos de vigencia de la ley -art. 55 CP-, el monto de cincuenta años de prisión aplicado por el a quo luce acertado y encuentra apoyo en las circunstancias de la causa. (Dres. Gemignani, Hornos y Borinsky).
Responsabilidad de la obra social, asistencia médica, tratamiento médico, medicamentos, personas con discapacidad, menores, derecho a la salud, gobierno provincial, Córdoba
Materia: CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

El niño que se encuentra bajo tratamiento y que necesita una medicación especial se halla amparado por las disposiciones de la ley 22.431, de "protección integral de las personas discapacitadas" -a que adhirió la Provincia de Córdoba- y ello obliga también a asegurarle los tratamientos médicos en la medida en que no puedan afrontarlos las personas de quienes dependan o los entes de obra social a los que esté afiliado (arts. 1, 3 y 4 de la ley citada y ley 7008 de la Provincia de Córdoba).
Concursos, extensión de la quiebra, responsabilidad contractual, terceros, grupo económico, sociedades comerciales, control de sociedades, actos perjudiciales a los acreedores
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Trenes de Buenos Aires SA c/  s/ quiebra c/ cometrans sa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

Por definición legal, los socios tienen por fin común el obtener beneficios del emprendimiento común, cuyo destino es ser repartidos entre ellos. Si bien el interés social no es definido estrictamente en la ley específica, conceptualmente es aplicado en diversos artículos (arts. 54, 197, 248, 272), tanto de forma positiva como para punir o limitar a los socios que pudieren mantener un interés contrario.
Compensación judicial, reconvención, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C., R.M. c/ E.Q. SA s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-06-18

Si se pretende oponer compensación de deudas, ello se canaliza a través del instituto de la reconvención, atento la naturaleza que reviste, como modo de extinción de las obligaciones y como mecanismo idóneo para que el actor pueda articular, en dicha oportunidad, sus defensas.
Despido indirecto, silencio del empleador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lucero Elba Gladys c/ Hilda Reyes s/ Sumario (LIBRO: S011 - 417)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-11-10

Si de las pruebas rendidas por la actora quedó acreditada la existencia del vínculo laboral, el sólo silencio de la demandada al emplazamiento postal a abonar los salarios caídos hace jugar la presunción en su contra y, en consecuencia, el no haber dado cumplimiento al pago correcto de las remuneraciones, constituye una injuria grave que justifica la denuncia del contrato.
Jubilaciones, suplementos del haber jubilatorio, Constitución Nacional, libertad de circulación, Estado Provincial, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Brandam Baya, Luis Emilio c/ Gobierno de la Provincia de Santa Cruz.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

El requisito de residencia en el territorio de la provincia, establecido por el art. 1° de la ley 1619 de Santa Cruz como necesario para el reconocimiento de la asignación vitalicia, no importa una ilegítima restricción a los derechos reconocidos por el art. 14 de la Constitución Nacional, toda vez que la falta de cumplimiento de la exigencia aludida sólo privó al apelante de una prestación privilegiada, instituida para un reducido grupo de personas que, habiendo revestido determinadas calidades hubieran mantenido su residencia en la provincia, sin poner en peligro su derecho a una prestación jubilatoria del régimen común.
Tribunales de instancia única, sentencia, recurso extraordinario, jueces, deberes del juez, fundamentación de sentencias, derechos y garantías constitucionales, doble instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Isabella, Rosa y O. c/ Werkalec y Cía. S.R.L. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Daños y perjuicios (Expte. CSJ Nº   168-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-10

La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 42 - modificatorio del artículo 564 del Código de Procedimientos Civil y Comercial- habilita a interponer recurso de apelación extraordinario contra las sentencias definitivas de los Tribunales Colegiados que han incurrido en apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley (inciso 3).

Esta norma -más allá de la polémica concerniente a la mayor o menor estrictez con que ha de evaluarse su concurrencia en cada caso (a la luz de la previsión del artículo 83, segundo párrafo, de la Constitución Provincial)-, ha supuesto para las partes la atribución del derecho a deducir impugnaciones contra los pronunciamientos de los tribunales de instancia única, derecho cuyo correlato es el deber que pesa sobre los Tribunales de alzada de proveer adecuadamente a tales planteos. Dicho deber resulta inexcusable toda vez que, si bien es cierto que la doble instancia -salvo en materia criminal- no es por sí misma, requisito de naturaleza constitucional ni exigencia del debido proceso, no es menos cierto que integra tal garantía cuando está instituida por ley.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, abuso del derecho
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: ARCANGEL  MAGGIO SA s/ CONC. PREV. (LL SUP. CONCURSOS Y QUIEBRAS,24.4.07, F° 111.375)*. (ED, 10.5.07, F. 54661) QUIEBRAS,24.4.07, F° 111.375)*. (ED, 10.5.07, F. 54661)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

1- La determinación de en qué clase de situaciones existe ejercicio abusivo de un derecho constituye una cuestión ajena, por regla, a la instancia extraordinaria, que sólo debe ceder cuando la decisión es el resultado de afirmaciones sustentadas en la sola voluntad de los jueces. (del voto de los doctores Lorenzetti y Fayt).

2- Siendo el abuso del derecho mentado por el art. 1071 del cód. civil, un concepto jurídico indeterminado, los jueces no pueden buscar la fenomenología del acto abusivo -y, mas precisamente, la fenomenología de la propuesta abusiva referida por el art. 52, inc. c), de la ley 24.522- sino casuísticamente, ponderando las circunstancias propias del supuesto examinado en todos sus aspectos y conjuntamente, lejos de cualquier aplicacion mecanicista y con la flexibilidad necesaria para su adecuación a las complejas circunstancias humanas. (del voto de los doctores Lorenzetti y Fayt).
Contrato de trabajo, comunicación del despido, domicilio cerrado
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez   Giagnoni,  Sofía  Matilde c/ Lisadora  SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-09

Si la empleadora envió el telegrama de despido, pero dicha pieza no pudo ser entregada porque en varias oportunidades el personal de correos encontró el "domicilio cerrado", tal situación no puede equipararse a aquellos casos en que la noticia no llega por circunstancias imputables a quien elige el medio, la falta de entrega es imputable sólo al destinatario que ha impedido la efectividad del medio empleado.
Juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos c/ Mancinelli, Roberto Víctor s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-14

En el juicio ejecutivo -el apremio lo es-, rige en materia de costas un específico sistema, distinto del general establecido por el art. 68 del Código Procesal, consagrándose el principio objetivo del vencimiento.
Obligaciones del asegurador, falta de prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Desarrollos de Inversiones Inmobiliarias SRL c/ Alba Compañía Argentina de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-21

Ahora bien, el cometido impuesto a las aseguradoras por la ley 25246 no puede ser invocado en abstracto para rehusar el cumplimiento de las obligaciones contractuales resultantes de las pólizas que emitan. Una negativa a cumplir tales obligaciones solamente podría justificarse si va acompañada, cuanto menos, de la correspondiente denuncia a la Unidad de Información Financiera (UIF). Sin embargo, no es tal el caso de autos, en el que la demandada no dijo haber formalizado ningún reporte de operación sospechosa en los términos del art. 32 de la Resolución UIF n° 230/2011 y solo planteó conjeturas sin aportar pruebas concretas siquiera indiciarias de la presencia de una conducta delictiva (conf. doctrina de la CNCom, Sala C, in re "Müller, Sergio s/ quiebra", del 01/04/11). 4 - Por otro lado, la reticencia aludida por el precepto debe ser aprehendida en su debido contexto, pues es muy claro que el derecho de la aseguradora de requerir información complementaria al asegurado -que por hipótesis, obviamente, puede referirse a la temática referida- no es ilimitado sino que, por el contrario, está sujeto a un ejercicio regular y no abusivo, toda vez que como lo tiene expuesto esta alzada mercantil es contrario al principio de buena fe, que preside el contrato de seguro -uberrimas bona fidei- admitir que la aseguradora recurra a argumentos dilatorios pedidos innecesarios con el único fin de demorar su pronunciamiento sobre la aceptación o rechazo de la cobertura contratada (conf. CNCom, Sala D, in re "Flame SA c/ Juncal Compañía de Seguros de Autos y Patrimoniales SA s/ ordinario", del 17/02/09).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, falta de servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional Argentino en la causa Ceballos, Estefanía Itatí y otro c/ Dirección Nacional de Vialidad y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-20

La idea objetiva de falta de servicio supone que quien titulariza la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los daños causados por incumplimiento o su ejecución irregular.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, confesión ficta, apreciación de la prueba, indemnización por muerte del trabajador, Derecho laboral, empleador, responsabilidad del empleador, obligación de seguridad, falta de examen preocupacional, falta de exámenes periódicos, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad del asegurador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: CARBALLO DE GARNERO, JUANA c/ CONSOLIDAR A.R.T. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -COBRO DE PESOS-INDEMNIZACION POR MUERTE (EXPTE.: C.S.J. NRO. 289 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-19

Corresponde rechazar la queja desde que la impugnación no logra traspasar el limite de la disconformidad de la recurrente en torno a la solución que alcanzaran los juzgadores con sustento en las pruebas arrimadas a la causa y en el derecho que reputaran aplicable al caso, aspectos propios de las instancias ordinarias y por ello excluidos de este control al no haberse demostrado que esas apreciaciones resulten ilógicas o irracionales. En el caso, el "A quo" tomó en cuenta la actitud de la demandada de no haber comparecido sin justa razón a la audiencia de trámite, y por aplicación concreta y efectiva del apercibimiento previsto en el Código de rito, entendió que correspondía tener por cierto el andamiaje fáctico expuesto en la demanda, reputando ciertos los hechos narrados por la actora, en cuanto a que el hecho desencadenante de la crisis cardíaca había acaecido con motivo o en ocasión del trabajo; y, en tren de determinar si había existido conexión causal entre el suceso dañoso laboral y la muerte del esposo de la accionante, ponderó la pericia médico legal que concluyera que si hubiesen existido exámenes clínicos rutinarios y estudios complementarios -que permiten el diagnóstico en el 96% de los casos- se habría detectado la hipertrofia miocárdica del trabajador y se hubiera podido evitar el desenlace trágico que ocurrió al permitirse u obligarse al trabajador a realizar un gran esfuerzo con una deteriorada salud. Consideró asimismo que, frente a la obligación que impone la ley 24557 a la aseguradora de verificar el cumplimiento del mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad para poder reducir la siniestralidad laboral, no surgía comprobado que la hubiese realizado. Y, ante la queja formulada en torno a las cargas probatorias como acerca de que las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral quedaban excluidas de la ley en el artículo 6 punto 3 , respondió que la propia disposición continúa diciendo "y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación", y que, en autos, no se habían presentado ni el examen preocupacional ni los controles periódicos que podrían haber permitido excluir de la responsabilidad de la demandada en el suceso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, caducidad de instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MERCADO DE VALORES DEL LITORAL (EN LIQUIDACION) c/ NACHO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-10

La presente queja no habrá de prosperar, desde que el pronunciamiento atacado no puede constituirse en objeto procesal del recurso de inconstitucionalidad intentado, en tanto no satisface el requisito de definitividad exigido por el artículo 1 de la ley 7055, toda vez que en casos similares al presente esta Corte ha señalado que el auto que desestima un planteo de caducidad de instancia no es sentencia definitiva ya que no resuelve el fondo del litigio, ni es auto que ponga fin al pleito o impida su continuación sino que, en cambio, produce el efecto contrario a esto último; y tampoco se advierte configurado en autos algún supuesto excepcional que permita superar el referido valladar, toda vez que la argumentación de la recurrente sobre el particular -en el sentido de que el rechazo de la caducidad de instancia incoada cercena su derecho a la terminación del proceso y, en consecuencia, a la liberación por extinción de la acción ejercida por el actor conforme al artículo 38 de la ley 24522- no resulta idónea para persuadir de que lo decidido le ocasione un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior, pues -como reiteradamente se ha sostenido- no ocasiona gravamen irreparable la necesidad de continuar actuando en el proceso, ni cabe, tampoco, el remedio extraordinario para cubrir agravios futuros o inciertos. CITAS: CSJN: Fallos 292:479; A.412.XLVI; Fallos 257:187, 236; 267:484; 268:301; 277:361; 279:16; 285:177; 286:86 y 240; 256:474; 264:15, 257; CSJStaFe: AyS T 263, p 36; T 247, p 169; T 238, p 421; T 185, p 388. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1; Ley 24522, artículo 38. - Jurisprudencia concordante con Mercado de Valores c. Sicemi, AyS T 315, p 404/407, sumario J0049444.
Admisibilidad formal, queja por casación denegada
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de apelación ord. denegado en/ GCBA c/ YPF SA s/ ejecución fiscal c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-04

Son condiciones de admisibilidad del recurso ordinario de apelación que: i) la Ciudad sea parte del proceso; ii) el valor disputado sea superior a determinado monto ($700.000, según las disposiciones vigentes al momento de la interposición del remedio en el que insiste el GCBA mediante la queja en tratamiento); y iii) que el recurso se dirija contra una sentencia definitiva. Voto de las juezas Ana María Conde, Inés M. Weinberg y Alicia E. C. Ruiz
Concursos, quiebra a pedido del acreedor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Quilmes S.A. c/ Tres Hermanos S.R.L. y otros s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-25

El acreedor fracasado no puede intentar nuevamente su pretensión petición de quiebra, por ser saludable a la seguridad jurídica; dado que si se permitiera a cualquier persona sin responsabilidad patrimonial insistir hasta el infinito con la misma petición, la zozobra, incertidumbre y el daño a que se expondría al sujeto pasivo de la demanda, podría ser muy grande. (Minoría u opinión personal)
Cuestiones de competencia, competencia por conexidad, falsificación de instrumento público, defraudación, estafa, documentos de identidad, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MARTINEZ, Carlos y otros s/ ....competencia".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-02

No es competente la Justicia Federal para entender en la causa en la que se investigan diversas maniobras estafatorias en las que lo determinante para consumar el engaño fue el montaje de una puesta en escena (mise en scene) y no el uso de documentos de identidad falsos que, además, solo obra en la causa en fotocopia simple (uno de ellos) o no esté probado el uso de un restante.
Obligaciones, intereses, intereses compensatorios
Materia: CIVIL
Carátula: CONSTANTINO TERRAZA CESPEDES c/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-19

Los intereses compensatorios o retributivos constituyen el precio por el uso del dinero que hace el deudor y sólo son procedentes cuando media un pacto expreso en tal sentido o bien cuando la ley así lo establece en situaciones específicas. No concurriendo en la especie ninguno de los casos expresados, no corresponde su curso, habida cuenta de que no existe en nuestro derecho el principio según el cual toda retención de dinero ajeno generaría una deuda de intereses, al margen de las reglas relativas a la mora.
Acción de amparo, medida de no innovar, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, trabajadores de la salud, enfermedad profesional, alta médica, asignación de funciones
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: VACCARONI, ANA MARIA c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCIÓN DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-06-20

En el caso, la actora, agente dependiente del Hospital de Niños, interpone Acción de Amparo en contra del Estado Provincial a fin de que se revoque el alta laboral dispuesta por la DPT de la que resulta su deber de reincorporación al trabajo.

En primer término, son coincidentes los informes médicos de la autoridad administrativa que dispuso el alta con los del cuerpo interdisciplinario forense -ordenados por este Tribunal como medida para mejor proveer- tanto en la patología diagnosticada cuanto en la habilitación para el desempeño laboral de la actora.

En segundo término, quien alega determinados incumplimientos por parte de la Autoridad Pública debe probarlos, pues no cabe sustentar reclamos, como en la presente causa, en potenciales conductas renuentes cuya actualidad o inminencia no demuestra.

En efecto, en el caso, la decisión administrativa que dispone el alta laboral de la actora contiene una especial recomendación sobre la reasignación de tareas, para que esté exenta de toda exposición radiológica, e indica, además, la realización de controles médicos periódicos.

La actora argumenta que la Administración ha sido remisa en la asignación de nueva tarea en los términos concebidos por el alta, aunque sin aportar ningún elemento de convicción sobre dicho incumplimiento, quizás porque la administración no tuvo oportunidad de tomar decisión alguna sobre la condición laboral concreta de la agraviada, en virtud de que ésta se sustrajo a la reincorporación por vía de licencias y de la medida de no innovar dictada en primera instancia y confirmada por este Alto Tribunal hasta el presente -por la que se suspendió el reintegro a la actividad laboral-.

Entonces, no habiéndose probado en autos una contradicción entre el criterio jurídico de la administración y su supuesta actuación concreta, no le cabe a este Tribunal formular recomendación acerca de conductas futuras a la administración requerida, por corresponder a ámbitos jurisdiccionalmente diferenciados y por la presunción de legitimidad de los actos administrativos contemplada por el Art. 38 del C.P.A., sin que ello impida que, generado el hiato entre la conducta efectiva y la voluntad jurídica, tal circunstancia pueda ser denunciada y probada por la afectada por los medios procesales a su disposición.

En consecuencia, y dentro de los límites valorativos de la acción de amparo, se infiere que la Autoridad Administrativa actuó con la prudencia requerida para la preservación del derecho a la vida y a la salud de la accionante, no habiéndose probado en autos que la resolución atacada muestre, de alguna manera, ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en los términos exigidos por el Art. 1 de la Ley 4642 para la admisibilidad del remedio procesal intentado, razón por la cual corresponde su rechazo, y el levantamiento de la medida de no innovar oportunamente dictada.
Fiscal de Cámara, deberes y facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Héctor Ricardo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

La obligación que el art. 85 del Código de Procedimiento Penal imponía al señor Fiscal de Cámaras no desplaza el régimen de los arts. 54, 283 y 352 inc. 3º del mismo Código.
Prueba pericial, impugnación de la pericia, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Papelera Iberia  S.R.L. c/ Pastrana Alberto L. s/ Sumario-Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-11

La falta de impugnación no enerva la posibilidad que tienen las partes de valorar y cuestionar la eficacia probatoria de la pericia en los alegatos.

No puede sostenerse que tal facultad pueda ejercerse en la Alzada a través de la expresión de agravios, pues dicha actividad violaría el principio procesal de preclusión.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Battolla de Thomsen, Elvira c/ Zegbi, Carlos Antonio y otro s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-28

Si sólo fue impugnado el monto de la indemnización, no puede la alzada modificar el "dies aquo" del reajuste por depreciación sin recurso al respecto (arts.260, 266 y 272, C.P.C.).