Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-19


SALA SEGUNDA Expte. Nº 5975 "YÚDICA Paulo José y otros c/ Protectio S.R.L.- Apelación de sentencia - Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a diecinueve días del mes de mayo del año dos mil catorce, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en esta causa, doctores José Abel Soria Vega, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte actora contra la resolución dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en fecha treinta de octubre del año dos mil doce, en autos Nº 8936 caratulados: "Yúdica, Paulo José y otros c/ Protectio S.R.L.- Apelación de sentencia"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?------------------------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJO:--- --- En la sentencia impugnada, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo hace lugar al recurso de apelación deducido por la coaccionada, Libertad SA. De esta manera, revoca la sentencia de primera instancia que resolvió admitir la demanda laboral incoada en su contra, al consagrar su responsabilidad solidaria en los términos previstos por el artículo 30 de la LCT.-------- --- Al fundar su decisión, el a quo concluye que el problema planteado en esta contienda judicial se inserta dentro de lo que se denomina "la tercerización o externalización" generada por la descentralización productiva y otras formas de organización del trabajo; que en ese marco se debe ponderar la extensión hermenéutica del artículo 30 de la LCT para el caso de contratación y subcontratación a los fines de la extensión solidaria de la responsabilidad. Considera que en la especie, los actores se desempeñaron en calidad de vigiladores dependientes de la empresa que contrató con la codemandada recurrente y que la actividad normal y específica del establecimiento Libertad SA es la de hipermercado. Merita que el tribunal ha tenido oportunidad de expedirse en una situación similar al presente, en autos "Bustos c/ Custos SRL y otro -Apelación de sentencia-", acerca de la naturaleza de la prestación de los vigiladores; que en este sentido la contratación de la vigilancia por parte de una empresa es un claro ejemplo de lo que se conoce como tercerización vertical donde la actividad del contratante no hace al proceso productivo de aquella, por lo que no encaja en el texto del artículo 30 de la LCT; que esta norma exige como generador de la responsabilidad solidaria que los trabajos o servicios contratados correspondan a la actividad específica y propia del establecimiento. Por tales fundamentos hace lugar al agravio y en su consecuencia rechaza la demanda con costas.--------------------------------------------- --- El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en la causal del inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275.- --- En primer término, la recurrente tilda de arbitrario el fallo imputándole carencia de fundamentación. Aduce que sólo contiene referencias generales sobre la correcta interpretación del artículo 30 de la LCT pero no argumenta por qué no se aplica dicho artículo a la cuestión debatida en autos, considerando los hechos y la prueba rendida.----------------------------------------- --- En segundo lugar le agravia que la alzada prescinda de los hechos y de la prueba rendida en la causa. Manifiesta que la única referencia que da la sentencia, en cuanto a la actividad comercial de la demandada, es que se trata de un hipermercado. Dice que, como señalara la juez de primera instancia, en autos ha quedado debidamente probado cuál es la actividad que desempeñaban los actores en Libertad SA: vigilancia dentro del hipermercado, control de góndolas, en las líneas de cajas, en la rendición de dinero de las cajeras al personal correspondiente; control en el ingreso de proveedores; control de empleados en su ingreso y egreso; control de bienes y personas en la galería comercial, cuyos locales pertenecen a Libertad SA y son alquilados conjuntamente con el servicio de seguridad; vigilancia en los cines, en el patio de comidas y en el estacionamiento. Concluye que no se puede asimilar la actividad de un supermercado a la amplia y variada actividad económica de la persona que explota un centro comercial.------------------------ --- El recurso de casación es subsumido en el inciso 1º del artículo 15 de la ley 2275. La quejosa argumenta que el fallo impugnado prescinde injustificadamente del artículo 30 de la ley 20.744, apoyándose en afirmaciones dogmáticas.--------------------------------------------- --- Dicho esto, paso a examinar su procedencia sustancial. Adelanto que, tras dicho examen, propiciaré la admisión del recurso de inconstitucionalidad por las razones que analizaré a continuación.------------------- --- Como principio, esta Corte tiene dicho en reiterados pronunciamientos que el recurso previsto en el inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275 no ha sido establecido para examinar el mérito de la decisión. Que mediante él se controla la legalidad del fallo, es decir, su validez como acto jurisdiccional. Que un fallo es inválido en términos de esta causal en casos extremos de arbitrariedad. Y que, en fin, la arbitrariedad se configura cuando el tribunal no fundamenta la solución que adopta, cuando su fundamentación asienta en bases ilógicas o choca contra las reglas del correcto raciocinio, o cuando -sin explicación- se aparta de la solución normativa inequívocamente aplicable. (PRE S.2ª, 1990-I-97; S.1ª, 1990-II-1).---------------------- --- En sentido concordante con el Sr. Fiscal General, opino que en el caso se dan los extremos supra aludidos, desde que la resolución venida en recurso adolece de una decisiva carencia de fundamentación.-------------------- --- En efecto, el a quo en forma genérica y con una referencia mínima a las constancias de la causa en que se apoya el reclamo, considera que "los actores se desempeñaron en calidad de vigiladores dependientes de la empresa que contrató con la codemandada, ahora recurrente. Se trata, entonces de determinar si esas funciones encajan interpretativamente dentro de la norma del art. 30 LCT, tomando como base la actividad normal y específica propia del establecimiento de la demandada Libertad SA que como ha quedado acreditada en autos y es de público y notorio, es un hipermercado". Para luego concluir que "la contratación de la vigilancia por parte de una empresa, es un claro ejemplo de lo que se conoce como tercerización vertical donde un contratante efectúa íntegramente su actividad, sea principal o periférica, que no hace al proceso productivo de aquella, y se lleva a cabo mediante contrataciones o arrendamientos o locaciones de obra o servicios. Por lógica, entonces, no encaja dentro del texto del art. 30 LCT, que exige como generador de la responsabilidad solidaria, a los trabajos o servicios contratados o subcontratados, correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento".---------------------------- --- Y es que más allá que los actores se desempeñaran como "vigiladores", el a quo necesariamente debió analizar si tal tarea pudo enmarcarse o no dentro de la actividad principal y específica de la accionada -Libertad SA-, tomando en consideración la prueba rendida en la causa. Máxime porque la juez de primera instancia efectuó un pormenorizado análisis de distintos elementos probatorios que crearon su convicción en el sentido que correspondía hacer extensiva la responsabilidad a la hoy recurrida (art. 30 LCT), los que derechamente son omitidos por la alzada sin fundamentación alguna.------- --- De donde, el pronunciamiento impugnado se sustenta en pautas abstractas y desvinculadas de las circunstancias de la causa, al no examinar el material de conocimiento obrante en los autos, lo que lo destituye de validez como acto jurisdiccional. Esta Corte tiene dicho que, si para definir el derecho de las partes, el juez está sujeto a los hechos constitutivos de la litis, es evidente que no puede prescindir de la consideración y evaluación de la prueba a ellos referida, porque es a través de ésta como establecerá su verdad judicial, punto de partida de su razonamiento jurídico (PRE 1972-197). En sentido concordante tiene decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las sentencias judiciales deben ser fundadas, es decir, deben expresar el derecho que rige el caso y corresponder a los hechos de la causa; que la fundamentación normativa meramente aparente es, por ello, ineficaz (Fallos, 250:152; 254:40; 256:364).------ --- Aclaro que no me pronuncio a favor de atribuir mayor o menor valor convictivo a tal o cual prueba, sea que favorezca a la actora o a la demandada. Tampoco sostengo que sea condición de validez de un fallo ponderar todas y cada una de las producidas; sabido es, por el contrario, que es válido para los jueces de la causa meritar sólo la prueba que entiendan relevante. Pero en dicho proceso resulta imprescindible considerar en su conjunto las pruebas producidas y no omitir aquellas que se vinculan estrechamente con lo que es materia de decisión y aparecen prima facie conducentes para la solución del pleito. (PRE S2ª, 2012-IV-638, 2012-V-818).------------- --- Por las razones expuestas, he de propiciar con mi voto se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad, se anule el fallo recurrido y se disponga reenviar la causa, para que por quien corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo al presente.-------------------------------- --- De compartirse mi voto, se tornaría abstracto el análisis del recurso de casación.----------------------- --- En cuanto a las costas de esta instancia extraordinaria propongo se impongan a la recurrida vencida (art. 66 del CPC).------------------------------ --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON:------------------------ --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:----------------------------------- --- I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora. En consecuencia, anular la sentencia recurrida y devolver la causa al tribunal de origen para que, previo conocimiento, la remita al que deba entender a fin que dicte nuevo fallo con arreglo al presente.-------------------------------------------- --- II) Declarar abstracto el análisis del recurso de casación.----------------------------------------------- --- III) Imponer las costas de esta instancia extraordinaria a la recurrida vencida.--------------------- IV) Ordenar que se protocolice la presente y se agregue copia al expediente y a los autos principales. Notifíquese y oportunamente archívense. Si-/// ///guen las firmas: Fdo. Dres.: José Abel Soria Vega, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.

Ef-5975 E.B.T. PRE S.2ª 2014-II-211.