Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-14


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 14 días del mes de diciem-bre del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivada-via, con la presidencia de la Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca y Dr. Julio Antonio Alexandre, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "W., E. E. c/ S. P., M. A. y otro s/ SUMARIO", Expte. nro. 12.846/02, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 (Expte. nro. 2287/00), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 587) y auto de fs. 590, correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dr. Fernando Nahuelanca y Dr. Julio Antonio Alexandre.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 524/535 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que el Sr. Juez de la instancia ante-rior, admitió parcialmente la demanda y condenó a los codemandados S. P. y M. , solidariamente a abonar al actor E. E. W. (fs 524/535 y 539) la suma de $10.512,50, dentro de los cinco días de notificada la presente, con más los intereses a liqui-dar en la etapa de ejecución de sentencia hasta su cancelación total y definitiva, en concepto de los daños analizados, rechazó la desvalorización del automotor, el daño moral, y la reconvención interpuesta por M. A. S. P.. Impuso las costas a la demandada vencida y reguló los honorarios.

A fs 540, la Sra defensora pública y la abogada adjunta, apelan la falta de regulación de honorarios, fundando la misma en la ley 4920 y 2200.

A fs 541, los representantes de la co-demandada S. P., apelan los resolutorios 1 y 4 respectivamente. Concedido el mismo, elevado a esta Cámara, incumplen con el Art. 259 CPCCCh, decretándose desierto el recurso concedido (fs 579).

A fs 542 S. M. por derecho propio y patrocinio letrado, interpone recurso de apelación, expresando agravios a fs 559/570.

Menciona los fundamentos de la sentencia y pasa a detallar los hechos acreditados en relación a la guarda y tenencia del vehículo.

Sostiene que resulta de especial interés la valoración por parte del sentenciante de la decla-ración de H. G., A. G. y G. B., pues tuvo por acreditado que se había desprendido de la guarda al entregarlo a P. y que la demandada S. P. lo recibió de éste último.

Menciona lo decidido respecto del terce-ro.

Alega que lo agravia que se atribuya responsabilidad sin mencionar fundamento alguno, dejándolo en un estado de indefensión, ya que no sólo no se trataron las defensas esgrimidas al contestar la demanda, sino por el hecho de no poder ejercitar la defensa en esta apelación.

Los daños reconocidos, y la suma en con-cepto de privación de uso, resultan confiscatorias. La tasa de interés y la imposición de costas son también motivo de agravio.

Se refiere, respecto a la atribución de responsabilidad, al Decreto 6582/58, el que fue modifi-cado por la ley 25232, al incorporar como último párrafo del Art. 27 de la ley 22.977, el que transcri-be.

Menciona los antecedentes del decreto 6582/58, y las distintas modificaciones y sostiene que ello constituyó un verdadero cambio en la naturaleza constitutiva de la inscripción, lo que permitió que la Corte Suprema de Justicia y la totalidad de la doctrina y jurisprudencia, modificara el régimen de responsabi-lidad del titular registral que se desprendió de la posesión, guarda y tenencia del automotor, al momento de producirse el accidente. Cita Jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, de la Suprema Corte de la Pcia. de Bs As.

Alude luego a los argumentos dados en la contestación de demanda y que lo llevaran a solicitar la citación como tercero del Sr P. , a quien mani-festó había vendido el vehículo.

Dice que se acreditó la venta y el des-prendimiento de la tenencia, guarda y posesión del rodado.

El segundo agravio, está relacionado con la indemnización otorgada por la privación del automo-tor, que sostiene significa el 40% del monto fijado por los daños producidos al vehículo. Monto al que debe agregarse la tasa de interés.

El tercer agravio, se dirige a la tasa de interés, por considerar que el costo del dinero en el mercado no puede regirse por la tasa activa para las operaciones de descuento bancaria a 30 días.

Alega que el reconocimiento de una tasa de redescuento, es un supuesto no acreditado en autos y que supone un enriquecimiento sin causa.

La imposición de costas es motivo de agravio, solicitando que las mismas reflejen los porcentajes por los que ha prosperado la demanda, no requiriendo más explicación que el hecho objetivo del vencimiento mutuo y el hecho objetivo de que se hace lugar parcialmente a la demanda.

A fs 572/574 se agregan los agravios de la actora, los que se dirigen contra el rechazo de la desvalorización del vehículo, al sostener el a-quo que no se han afectado partes vitales del automóvil.

Agrega que no se puede discutir en au-tos la magnitud de los daños (99% de destrucción) lo que implica per se una desvalorización del vehículo.

En punto al daño moral, entiende que el Sr Juez no ha valorado la espectacularidad del acciden-te, y los trastornos e inconvenientes que el mismo ha provocado. Y valora para ello la destrucción del 80% del automóvil, debiendo trasladarse él y el grupo familiar mediante vehículos alquilados o pidiendo favores a terceras personas. Cita jurisprudencia.

He de dar respuesta en primer término al planteo efectuado por el codemandado M. , respecto a la responsabilidad que como titular regis-tral de vehículo Pick-up Dodge Dakota Sport, dominio ...-... que colisionara al automotor Fiat Tempra ... ... de la actora, entendió el Sr Juez le correspondía.

Ninguna referencia o valoración o norma jurídica dio el sentenciante, dice el quejoso, para extender la responsabilidad, no obstante los planteos que efectuó al contestar la demanda.

Y advierto que el demandado apelante, basó sus razones en que el vehículo fue vendido a P. , y que dicha circunstancia fue comunicada al Registro de la Propiedad Automotor. A lo que agregó jurisprudencia.

Ante ello el sentenciante, luego de re-solver sobre el hecho, concluye que la demanda prospera contra la demandada y contra "el titular registral M., quien denunciara la venta del vehículo tres días después del accidente". Razón alegada por el a-quo que no es menor y ello partir del art. 27 de la ley 22977, modificatoria del decreto ley 6582/58, ratifica-do por la ley 14467 (ED 156-224). Y como lo sostuviera en otras oportuni-dades, el tema sobre la responsabilidad del titular registral, fue evolucionando, y prueba de ello es el cambio paulatino que registró la jurisprudencia del país de la que no ha quedado exenta esta Cámara y por ende la suscripta.

Pero tal panorama adquiere claridad, reitero, a partir del art. 27 de la ley 22977, modifi-catoria del decreto ley 6582/58,y ratificado por la ley 14467 ya citado, y del plenario M. de S., que esta Cámara ya invocara entre otras, en sentencias 98-95 y 32-2000.

La Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "F", integrada por los Sres. Jueces de Cámara, Dres. P. S., B. y H. D. N. en fecha 21 de junio de 2000, con relación al tema en tratamiento, sostuvo "Por de pronto, cuadra recordar que este Tribunal mediante doctrina plenaria sentada en los autos "M. de S., N. c/ B., O.P. y otra s/ sumario" del 9 de septiembre de 1993 (conf.: E.D. 156-224) dejó sin efecto el fallo plenario dictado en la causa "M., N. y otro c/ V., I. y otros" del 18 de agosto de 1980, el cual sostenía que "no subsiste la responsabilidad de quien figura en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor como titular del vehículo causante del daño, cuando lo hubiera enajenado y entregado al comprador con anterio-ridad a la fecha del siniestro, si esta circunstancia resulta debidamente comprobada en el proceso". Es claro que dicha convocatoria a plenario tuvo su razón de ser en la modificación introducida por la ley 22.977 al Decreto-ley 6582/58 que estableció, de manera inequívo-ca, que "Hasta tanto se inscriba la transferencia, el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa", estableciendo, como única excepción, la denuncia de venta que hubiere comunicado el vendedor al Registro respectivo con anterioridad al hecho que motive su responsabilidad. Por tanto, y toda vez que a la fecha del siniestro, el automotor se encontraba a nombre del codemandado..., sin que tampoco hubiese efectuado con anterioridad al mismo la pertinente denuncia de venta (la que recién fuera realizada el...), sólo cabe confirmar la decisión de la juzgadora sobre este punto", "G., L.R. y otros c/ V., N. B. y otro s/ Daños y Perjuicios".

Dicha jurisprudencia y los claros argu-mentos que surgen de la lectura quienes logran mayoría en el plenario y que los camaristas mencionan de 9-9-93 (EL DIAL. com. AAC9F) bastan para rechazar el agra-vio. Pues en autos no ha sido cuestionado que el hecho que diera motivo a estos actuados se produjo el 24 de julio de 2000 y con el informe de dominio de fs 75, de fecha 31 de julio de 2000, se acredita que el vehículo Dakota Sport, Pick up, dominio ... ..., su titular 100%, es el Sr M. S. M. , y bajo el rubro denuncia de venta, figura como comprador el Sr P. H. .

Se aclara en la misma documentación que registra denuncia de venta con fecha 27-7-2000.

De todo ello surge insoslayable que al momento del accidente el titular del vehículo conducido por la Sra S. P., era el Sr M. . Y reitero es de aplicación la ley 22977, la que dispone "Hasta tanto se inscriba la transferencia, el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa" (art.27).

No he dejado de advertir que el quejoso guardó silencio ante la carta documento enviada y deja caer la prueba informativa al Registro de la Propiedad.

En definitiva, la circunstancia de ser titular registral, determina, la aplicación de la ley mencionada y por ende la responsabilidad frente a la víctima, del Sr M..

A fin de abundar he de transcribir algu-nos conceptos extraídos de fallos nacionales, de la Pcia. y doctrina. La propiedad del vehículo es creada, otorgada, constituida y probada mediante la inscripción en el Registro de la Propiedad del automotor, tiene carácter constitutivo. Esto equivale a que mientras no se efectúe la inscripción en el registro de la propie-dad, no se produce la adquisición del dominio, sin que tenga trascendencia que el comprador haya recibido o no efectivamente la posesión del automóvil (Zavala de Gonzalez, Matilde, "Responsabilidad por riesgo", p.112), voto del Dr Kiper. C.Nac.Civil, sala H,6-3-98 - C. de E., A. M. v. C., C., A. y otro.

Negada por el demandado la calidad de dueño que se le atribuía, claro está que según las reglas del "onus probandi" (art. 377, C.P.C.C.) pesaba sobre el accionante la carga de demostrar esta aserción suya (en id. sentido, BREBBIA, R.H., "Problemática Jurídica de los Automotores", t. 1, Nº 15, pág. 273, Astrea, 1982). Ahora bien: dentro del régimen legal vigente en materia de automotores (decr. 6582/58) la titularidad de dominio frente a terceros sólo resulta de la inscripción registral. En consecuencia, el modo regular de producir esta probanza consistía en obtener la información registral respectiva que diera cuenta acerca de quién figuraba como propietario del rodado (arts. 1º, 2º y conc., decr. 6582/58 ya cit. modif. por leyes 21.053, 22.019, 22.130 y 22.977). Cabe agregar que el citado medio no puede ser en principio suplido por otras pruebas (testigos, instrumentos privados, presunciones), toda vez que dicha registración tiene carácter constitutivo (ver, entre otros, DARAY, H. "Accidentes de tránsito", t. 1, sum. 75 y 95, pags. 67/70, Astrea, 1989).

"En esa nueva redacción de la norma, la presunción de responsabilidad del propietario se ha reafirmado, mas instrumentándose a la vez un específico medio de prueba para echarla por tierra, no sustituible por otros. Tal solución legal aparece más acorde con el principio general de responsabilidad objetiva sentado en el art. 1.113 pár.2 cláus. 2da. Cód. Civ. para el supuesto de cosas generadoras de riesgo, pues aunque el dueño hubiere transferido la guarda del automotor a un tercero, las responsabilidades de uno y otro (dueño y guardián) resultarían concurrentes o indistintas y no excluyentes, de donde cualquiera por separado de ellos o ambos en conjunto pueden ser demandados por el todo, según lo ha interpretado la mayoritaria y más moderna doctrina (confr.: Belluscio y otros, "Código Civil...", Astrea 1.984,V-478, "d" y sus numerosas citas; Zavala de González, "La responsabilidad del dueño de un automotor", J. A. 1.982-II-730; Andorno, "Automotores, dominio y responsabilidad", J. A. 1.981-IV-693).

"La mera prueba de la entrega por el dueño de la guarda de la cosa al guardián no puede entonces quebrar la concurrencia de las responsabilida-des de ambos, visto que es precisamente esa circunstan-cia del desdoblamiento de la propiedad y la guarda la que la da nacimiento. Para que el propietario se exima es menester algo más: el uso del vehículo contra su voluntad, con lo que su situación quedaría abarcada en la causal exonerativa del art. 1.113 "in fine" Cód. Civ. Para permitir esa probanza, invalidante de la presunción de responsabilidad, la reforma de la ley 22.977 organizó el sistema de comunicación al Registro, que importa no únicamente denunciar el desprendimiento de la guarda mediante la tradición, sino la revocación de la autorización de uso dada en aquel momento median-te la entrega al adquirente de la cédula de identifica-ción (art. 22 dec.-ley cit.), transformando toda utilización posterior en contraria a la voluntad del propietario (art. 27 del dec.-ley 6.582/58, texto actual).

Sobre esas bases ha variado el criterio jurisprudencial, entendiéndose que, de no mediar anterior comunicación al Registro, la responsabilidad objetiva a título de riesgo del propietario por el hecho dañoso se mantiene incólume (confr.: S. C. B. A., L. L. 1.992-A-395; C.N.Civ., en pleno, L.L. 1.993-E-586) (Autos M., N. y otro. CANE SD 44 /99.

A todo ello he de agregar que la juris-prudencia que acerca el quejoso, no permite variar los fundamentos dados, máximo cuando alguna de ellas no dicen lo que el quejoso pretende sostener, así la causa "P. R. G. y otros c/ C., M. y otro", como bien lo señala el apelante se trata del criterio de dos de los integrantes de la Corte, lo que no puede constituir doctrina legal. Y en el fallo contra la Pcia. de San Luis, dispone que la responsabi-lidad subsiste aún cuando se haya vendido a un tercero si no se inscribió, ni probó que haya perdido la guarda antes de que acaeciera el hecho, lo que no tiene el alcance, a mi criterio, que le otorga el apelante. La jurisprudencia de la CS Bs As, no se refiere a la inscripción en el registro sino del contrato de una póliza.

Asimismo he sostenido reiteradamente, que si se siguiera el criterio de la Corte sin analizar cada caso puntualmente y no se merituara la aplicación de la norma; concordando con el Dr Capón Filas en fallo de diciembre de 1993, "S., E. E. c/ E. S. C. y otros", CNTrab., Sala VI; bastaría una sentencia de la Corte Suprema, interpretando temas de derecho común, para disciplinar la jurisprudencia. se extendería al país entero, bastando para ello que el Alto Tribunal sostuviese que dicta un "quietus".

En punto a la indemnización fijada por privación del uso del automotor que también le causa agravio, entiendo que asiste razón al quejoso, pues más allá que no se discute su procedencia el Superior Tribunal de Justicia ha determinado que: "En cuanto a la privación del uso del automotor, origina un perjui-cio por natural implicancia del hecho o la privación de una comodidad y por lo tanto debe ser indemnizado. Al respecto también la doctrina y jurisprudencia se inclina en tal sentido, como se acredita en: "O., E. c- M., R." Cámara Nac. Civil; "La privación del vehículo con motivo de un cuasidelito comporta en sí mismo un daño indemnizable sin que sea impedimento la falta de elementos probatorios". Y en otra -"B., F. c/ E. F.": "Si bien el uso de un automotor no reditúa de por sí en forma directa un beneficio pecu-niario, la privación de una comodidad que es apreciable en dinero habida cuenta de las características que rodean cada caso" (STJ Chubut, 27-03-1992, "B., M. c/ R. A. P. y Pcia. del Chubut s/ Daños y Perjuicios"; ídem. 13-08-1997, " M., E. D. c/ Municipalidad de Rawson y Otra s/ Daños y Perjui-cios".

Pero ello no implica que no deba meri-tuarse el uso que se efectuaba del automóvil, así como la actividad del actor, para poder determinar la necesidad de utilizar el mismo diariamente para reali-zar tareas, o simplemente para traslado o esparcimien-to.

Y observo que el actor alega que traba-jaba como gerente de ventas en la empresa proveedora de materiales para la construcción en A.. M. y el automóvil constituía una herramienta de trabajo, más, que debía trasladarse diariamente a la ciudad de Caleta Olivia.

En la carta documento reclama la suma de $1000, que serán afectados a los gastos de movilidad durante el tiempo que dure la reparación y en la demanda, lo hace por la suma de $1050, que, dice, lo estima prudencialmente, pues de aplicarse un criterio matemático se tornaría excesivo.

Acompaña recibos de viajes y ofrece prueba informativa.

El demandado apelante, niega el rubro en la contestación y desconoce las facturas acompañadas El actor no probó que se desempeñara en la actividad alegada, pues a fs 486, desistió de la informativa a A.. M.. Tampoco acreditó que viajara fuera de la provincia. No alegó que para trasladarse debía alquilar vehículo alguno.

Presentó facturas extendidas por empre-sas de Remis de fecha posterior al accidente, aunque advierto que no todas son extendidas a nombre del actor.

Ante ello, evaluar, a fin de determinar el monto indemnizatorio las constancias de fs 489, me resulta un exceso, y vacío de justificación.

Pero como lo sostiene la jurisprudencia citada, la privación del vehículo, produce un perjui-cio y una alteración a la vida y las comodidades. De allí que tomando como pauta un viaje ida y vuelta a Rada Tilly, fs 83, y atento que el tiempo de reparación fue de 30 días propondré una indemnización por dicho rubro de $450. A los que se adicionarán los intereses.

El daño moral requerido por la actora y rechazado por la sentencia, deberá ser confirmado, atento que no cualquier padecimiento del ánimo, origi-nados en un perjuicio patrimonial, por su sola circuns-tancia acredita la procedencia del daño requerido y en autos no se probó que aquel existiera, y no se ha acercado ningún elemento que permita aún presumir del padecimiento espiritual, psíquico o afectivo, ni siquiera la angustia aludida.

"Debe privar un criterio restrictivo en principio, respecto al reconocimiento de un daño moral resarcible por el menoscabo, pérdida o destrucción de cosas. No ha de ignorarse que todo ser humano sufre ante el daño que ellas experimentan, pero (...) no es el sufrimiento en sí lo que se resarce, sino en tanto en cuanto se advierta la lesión aun interés extrama-trimonial digno de tutela" Zannoni, "El daño en la responsabilidad civil", pág 439.

Asimismo en los accidentes de automoto-res en los cuales sólo ha mediado daño material en el vehículo, no puede hablarse de un daño moral, ya que no se trata de un daño extrapatrimonial, sino de daños materiales, y es reparado por distintos medios.

Desvalorización del vehículo:.

El automotor experimenta, salvo excep-cionales supuestos, por razón de las reparaciones y por ese motivo, una disminución del valor venal. Se trata de una consecuencia propia del hecho y aplicación de lo que comúnmente acaece De la documentación acerca-da, informes de los talleres mecánicos y de chapa y pintura, surgen los desperfectos que sufrió el vehícu-lo, los que se ven corroborados por el informe del perito de fs 457/458, rotura de techo, las cuatro puertas, una llanta, parabrisas, trompa delantera, parantes de techo, guardabarros traseros. Tren delante-ro y sistema de aire acondicionado inoperante.

Asimismo las fotografías acompañadas dan cuenta de la magnitud de los daños. El informe de fs 77, reconocido a fs 472, detalla que es necesario cambiar techo, las cuatro puertas, vidrios, una llanta y demás accesorios.

A lo que se agrega lo descripto a fs 78, reconocido a fs 469, sobre la tarea a realizar, endere-zar parantes de techo, y alinear el mismo. Asentar 4 puertas, trompa y baúl, reparar puertas etc.

Ante ello y no siendo desconocido que un arreglo de tan envergadura hace a la estructura del vehículo y que ante ojos expertos no puede dejar de observarse, me resulta justo otorgar un 10% del precio de reventa que estimara el perito (fs 457).

Los agravios respecto de los intereses, serán desestimados, atento que no ha dado fundamentos o razones que puedan siquiera tener respuesta, ante los motivos que en forma concordante diera esta Cámara, para aplicar la tasa de interés que dispusiera el Sr Juez, tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

Con relación al recurso de apelación de la Sra defensora pública y defensora adjunta, por la falta de regulación de honorarios a las letradas de la Defensa Pública, adelanto que le asiste razón a las quejosas.

Ello es así de acuerdo a las previsiones de la ley nro. 4920, Ley Orgánica de la Defensa Públi-ca. La mencionada normativa en su artículo 59 dispone expresamente que en todas las causas en que actúen los defensores públicos, los magistrados regulan los honorarios devengados por su actuación de acuerdo a la ley de aranceles para abogados y procuradores, estable-ciendo el destino de dichos honorarios. Solución ya dada en los autos que menciona la quejosa de esta Sala entre otros.

Fijo, en consecuencia y de acuerdo a los arts. 6, 7, 9 de la ley 2200 y su modif., los honora-rios de los funcionarios apelantes en la suma de $500.

Las costas de ambas instancias estarán a cargo del vencido, pues no encuentro razones para apartarme del hecho objetivo de la derrota, pues sin perjuicio de haberse desestimado, algún reclamo, en lo esencial la demanda prospera y para lograr lo debido el actor debió recurrir a estas instancias.

Por lo expuesto, he de admitir parcial-mente los agravios de la codemandada, y solamente en cuanto al monto indemnizatorio por privación de uso del vehículo, el que lo fijo en la suma de $ 450 de acuerdo al considerando respectivo, desestimando la apelación relacionada con la responsabilidad, y tasa de interés.

Y haré lugar a los agravios de la actora respecto de la desvalorización del vehículo, de acuerdo a los motivos dados, rechazando las quejas sobre el rechazo del daño moral.

Por la Secretaria del Juzgado deberá de-terminarse el monto indemnizatorio de acuerdo a los considerandos respectivos.

A fin de regular los honorarios que los difiero para el momento del acuerdo, valoraré el trabajo profesional, el resultado obtenido y demás pautas de los arts. 6, 7, 9, 14, 61 y 47 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra. Jueza de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que corresponde:

1) Hacer lugar a los agravios interpues-tos por la Defensa Pública a fs. 540/540 vta., contra la sentencia de fs. 524/535 vta.

2) Hacer lugar parcialmente a los agra-vios del actor. Admitir la queja sobre el rubro desva-lorización del automotor y rechazar la queja sobre el daño moral. En consecuencia revocar parcialmente el punto dos de la sentencia, admitiendo la desvaloriza-ción monetaria de acuerdo al considerando respectivo.

3) Rechazar los agravios del codemandado referidos a la responsabilidad y admitirlos respecto a la privación de uso del automotor.

4) Modificar en consecuencia, el punto 1º de la sentencia y condenar a M. A. S. P. y Al Sr S. M. , solidariamente a abonar al actor E. E. W., la suma que surja de la liquidación que se efectuará por la secretaria del Juzgado Civil, dentro del plazo que determinó el aquo.

5) Costas de la alzada al codemandado vencido. Difiero la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

6) Tener presente la reserva del caso federal.

A la primera cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

A fs. 524/535 vta., se dicta sentencia que hace lugar parcialmente a la demanda y condena solidariamente a las codemandadas, M. A. S. P. y a S. M. M. , a pagar a la parte actora F. C. M. -se rectifica a fs. 539 el error de este nombre, que el nombre del actor es E. E. W.- la suma de $10.512,50, plazo 5 días, con sus intereses. Rechaza los ítems desvalorización del automotor y daño moral. Impone las costas a la demandada y regula los honora-rios de los profesionales intervinientes.

Apela la falta de regulación de sus honorarios la Dra. M. A. C. a fs. 540.

La apelación de la sentencia por los letrados de fs. 541 por la codemandada M. A. S. P., se declara desierto a fs. 579 A fs. 537 apela la parte actora bajo apoderamiento letrado, el recurso se concede a fs. 551. A fs. 542 apela la parte codemandada en propio derecho y con patrocinio letrado.

Se han de tratar por su orden los agravios vertidos.

Agravios de la Defensa Pública de fs. 540/540 vta. Asiste razón a la defensa sustituta por la queja ante la omisión de los honorarios de los pares por lo actuado en primera instancia, que debían regu-larse conforme a la ley citada. La Dra I. A. M. contesta la citación a fs. 246/250, a fs. 257/259 presenta documentación respecto a las citacio-nes radiales del tercero citado. Luego a fs. 387 sustituye facultades a la Dra. V. A. R. durante la etapa probatoria y en la que ésta se desem-peña. acompaña citaciones radiales.

La sentencia, no obstante haber conside-rado la actuación de la Defensa Pública, omite regular los honorarios de conformidad con la Ley 4920 y Ley 2200 y ref. Ley 4335, art. 59. La evaluación del trabajo profesional de la Defensa Pública, que obliga en la representación del ausente al liso y llano rechazo de la demanda, de los hechos afirmados y control del proceso en beneficio del mismo, comporta paralelamente una apreciación prudencial de la estima-ción de honorarios, conforme con las pautas de los arts. 6, 7, 9 y conconrds. de la ley arancelaria precedentemente citada, por lo que propugno los honora-rios conjuntos de las profesionales nombradas de la Defensa Pública en la suma de $500. A fs.559/570, expresa agravios la parte codemandada S. M. M. . Expresa el objeto del recurso y en título preliminar el contenido del pronunciamiento respecto a la responsabilidad establecida en el fallo respecto a la codemandada S. P. y a su parte como titular registral del vehículo embistente, en cuanto a los daños, montos establecidos, la tasa de interés y por último respecto a las costas. Destaca que con el análisis de la testimonial, el sentenciante reconoce el desprendimiento de la guarda, posesión y tenencia del automotor; que la citación del 3ro. y consecuencias de la sentencia solo puede serle opuesta en proceso posterior. En punto III - Los agravios (fs. 560 vta.), opone que la sentencia no determina el factor de atribución de responsabilidad y reitera que se agravia por los daños reconocidos, la tasa de interés y las costas. El primer agravio. Sostiene que se viola la doctrina legal de la CSJN y de otros Tribunales Superiores y que debe tratar "in extenso" y casi "por las dudas", cualquier hipótesis de atribución de responsabilidad. Refiere como preliminar la reforma introducida por la Ley 25.232 al Dec. Ley 6582/58, sobre las funciones de los registros de denunciar a las instituciones la tradición del automo-tor a los fines tributarios, desligando al titular trasmitente. Estima operada una evolución en la doctri-na y la jurisprudencia a la hora de analizar la respon-sabilidad del titular registral. Reseña antecedentes y conceptos iniciales con la sola aplicación del art. 2414 CC., hasta que en el año 1958 comienza a operar el Dec.Ley 6582, sobre los recaudos para la trasmisión del dominio y los efectos de la inscripción del automotor con su carácter constitutivo (arts. 1 y 2 Dec. Ley cit.); que el sistema legal se fue completando con la Ley 22.977, arts. 15 y 27 sobre la responsabilidad del titular, pero que con la Ley 25.232 se fue desvirtuando en razón que la denuncia de venta permite liberar al titular registral y del pago de tributos. Afirma que en la práctica se operó un verdadero cambio en la natura-leza constitutiva de la inscripción, con lo que los Tribunales, a partir de la propia CSJN, modificaron el régimen de responsabilidad registral del titular desprendido de la posesión del automotor. Explica en consecuencia la posición de la CSJN en el caso "Seoane, Jorge c/ Pcia. de Entre Ríos y otro", y con su doctri-na, que si bien por una parte la denuncia de venta del automotor -art.27 Ley 22.997, con anterioridad al siniestro- releva de responsabilidad al propietario que ha perdido la disponibilidad material del vehículo por entrega a terceros, por la otra el mismo efecto se logra con la prueba fehaciente de la indisponibilidad del mismo y para que se evalúe si subsiste aquélla responsabilidad. Que no constituye una presunción "iure et de iure" que la falta de denuncia importa que se conserva la guarda y que no resulta suficiente invocar el art.27 Ley 22.977 para responsabilizar al titular registral. Sostiene que con otro fallo de la CSJN (L.L.2003-D-960), se completa la doctrina del Alto Tribunal aún con la Ley 22.977, que no exime si no se probó la venta "ni se probó fehacientemente haber perdido la guarda antes de que acaeciera el hecho ilícito". Cita otro fallo de la CSJN (L.L.2003-D-238), destacando los conceptos concordantes con la tesis de la entrega del rodado al nuevo adquirente, expuesto en minoría por los Dres. L. y V.. Conjuga en consecuencia tales antecedentes con los conceptos de la sentencia, bien con la advertencia que la denuncia de venta resultó posterior al accidente, pero con acredi-tación que el recurrente había vendido y entregado la tenencia del automotor al Sr. P. , quien lo vendió a S. P.. Cierra la exposición del agravio en recuadro, afirmando que como consecuencia de los hechos acredita-dos y en tanto se había desprendido de la guarda, tenencia y posesión del rodado y conforme con la doctrina de la CSJN, tanto en virtud del art.27 Ley 22.977, como por el art.1133 CC., por tratarse de un tercero, no debe responder. En punto subsiguiente, que titula: Posición de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en razón del caso "O., E. c/ F., O. A. y acumulados, destaca el voto del Dr. Hitters, como partidario de la corriente amplia, en cuanto expresa que el art. 27 Ley 22.977, no ha tenido en miras cambiar el esquema de responsabili-dad, que no está de acuerdo que el art. 1113 CC consa-gre siempre la responsabilidad del dueño y guardián. Cita el punto específico que exime al titular regis-tral, que si bien éste no efectuó la denuncia de venta conforme con el art.27 D.L. 6582/58, probó acabadamente el desprendimiento de la posesión y custodia del vehículo. Concluye que es un vuelco a tendencia genera-lizada y que elude por tedioso, exponer sobre la cantidad de fallos del mismo sentido y que encontrándo-se acreditados los extremos fácticos requeridos por el art.1113 CC y la jurisprudencia de la CSJN, debe rechazarse la demanda con expresa imposición de las costas. Segundo agravio. Impugna el monto indemnizato-rio fijado por privación de uso del automotor, en la suma de $4350 por 30 días hábiles, relaciona con el monto de daños invocado, con lo que se acerca al 80% del valor del vehículo, que afirma ajeno a los precios del mercado. Con otras consideraciones críticas, afirma desproporcionado el valor fijado y que afecta el derecho de propiedad. Tercer agravio. Impugna la tasa de interés, que a su juicio solo se justifica si se prueba haberse accedido a un crédito por descubierto bancario. Pone por hipótesis que aún de haberse tomado el crédito, jamás ese costo del dinero podrá superar las tasas de interés expresadas a plazo fijo o crédi-tos. Peticiona se revoque y se adecue a la tasa del Banco de la Nación Argentina.

Cuarto agravio (dice Tercer agravio - fs. 570) Sostiene la existencia de vencimiento mutuo y que el hecho objetivo es que el Magistrado hace lugar parcialmente a la demanda. Pide costas a la actora en lo que resulte vencida. Reserva el caso federal.

Los agravios de la parte actora se remiten a la negativa de los rubros por desvalorización del rodado y daño moral. Opone que con respecto al primer punto el propio magistrado reconoce la destruc-ción del vehículo en un 99%, ello, en partes vitales. Destaca la pericial mecánica en el mismo sentido y cita jurisprudencia que recepta el rubro frente a las colisiones de cierta importancia, desde que siempre deja rastros y desajustes que se traducen en la dismi-nución del valor de venta. En punto al daño moral, sostiene la existencia de molestias e incomodidades, que se justifica por la importante destrucción del automotor. Sostiene conceptos jurisprudenciales y la innecesariedad de ser probado, como que resulta induda-ble el dolor y el sufrimiento ocasionados. Peticiona en definitiva se acojan tales pretensiones.

Agravios de la parte codemandada S. M. M. . En principio asiste razón a la recurrente, en cuanto a la escasísima fundamentación de la sentencia de la tesis del desprendimiento de la guarda del automotor del que figura como titular registral y que el nombrado opuso como eximente de responsabilidad. Llama la atención el contraste entre la amplia fundamentación del fallo de las circunstan-cias del accidente, para referirse una única vez al codemandado -en lo que constituye el basamento resolutivo- cuando al declarar que la sentencia prospe-ra en contra la conductora S. P., agrega: "...y el titular registral M. quien denunciara la venta del vehículo tres días después del accidente..." (fs. 532 vta., in fine).

Es claro que la escueta frase fundante encierra una remisión pero que debió esclarecerse (fundamentos y aplicación de la ley, conforme con el art. 163 inc.5º CCPCCCh), cuando además deja sin tratamiento los extremos exculpatorios invocados por la codemandada por desprendimiento de la guarda del automotor. El recurso de apelación comprende el de nulidad, pero donde asimismo se recepta la innesariedad de su declaración desde que debe revolverse sobre el punto omitido y su implicancia sustancial (art. 253 CPCCCh).

Con este propósito, debe comenzarse por señalar, que en la escueta frase fundante de la senten-cia ya aludida, está tácito pero se refiere a la existencia de una norma imponente de responsabilidad al propietario del automotor inscripto en el Registro de Propiedad del Automotor, en tanto no se opera otra trasmisión del dominio y luego, a otra norma componen-te, que sin haberse inscripto otra trasmisión a la existente, se haya comunicado a dicho Registro con anterioridad al hecho motivante de responsabilidad, que hizo tradición del automotor. Son las prescripciones de los arts. 1 y 27 del Dec. Ley 6582/58 y ref., ratif. por Ley 14.667 y ref.Ley 22.977.

Al seguir el análisis expositivo del codemandado alegante, la revisión del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, autos "Seoane, Jorge Omar c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios", de fecha 19/5/1997, devela que en efecto, que la Provincia, frente al siniestro ocurrido con un automotor en la que aparecía como titular registral, opuso sucedáneamente que el mismo había sido subastado, adquirido por un tercero y entregado a éste.

Interpretó la Corte que el art. 27 de la Ley 22.977, creó a favor del titular registral un expeditivo procedimiento para exonerar de responsabili-dad al vendedor -que consiste en efectuar la denuncia de que ha hecho tradición del vehículo adquirente- con el propósito de conferirle protección legal frente a la eventual desidia del comprador que omite registrar la transferencia. Destaca además que la ley exonera a quien efectúa la denuncia unilateral con anterioridad al accidente -cuya sinceridad no es objeto de comproba-ción-. Pero además agrega, que no cabe privar del mismo efecto a quien además demuestra que efectivamente no dispone del vehículo por haberlo enajenado y hallarse el automotor en poder del adquirente o de terceros por quien no debe responder, temperamento que se corrobora si se advierte que la ley no establece una presunción "iuris et de iure" de que el propietario que no denun-ció haber vendido y entregado el automotor, conserva su guarda (art. 26 Dec.Ley 6582/58) y que configuraría un exceso ritual privar al titular registrar de la posibi-lidad -jurídicamente relevante- de demostrar si concu-rre tal extremo.

Prospera en consecuencia en esta parte la argumentación de la codemandada apelante en función del máxime intérprete de la ley, advirtiendo que con anterioridad recepté en voto de los autos caratulados: "B. de A., M. L. y otros c/ E., E. y otros s/ daños y perjuicios", Expte. Nº 8464/95 -en sentencia de esta Cámara de fecha 28/11/1995- el fallo plenario "M. de S., N. c. B., O. P. y otra s/ sumario", que dejaba sin efecto, en razón del dictado de la Ley 22.977, el plenario anterior "M. ...". El precedente admitía en cualquier supuesto que no subsistía la responsabili-dad de quien figura en el Registro, cuando lo hubiere enajenado y entregado al comprador con anterioridad a la fecha del siniestro, si éstas circunstancias resul-tan debidamente comprobadas en el proceso.

En autos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata - Sala II, fecha 16/4/2004, autos "L., I. T. c/ V., M. y otros s/ daños y perjuicios", la misma se expide en el sentido preconizado por la Corte Nacional, en razón de otro fallo de ésta, causa "C., M. c/ Pcia. de San Luis s/ daños y perjuicios", a cuyo respecto manifiesta que volvió a plantear la cuestión y sostuvo que el titular registral del vehículo que fue vendido a tercero, puede exonerarse de responsabilidad si realizó la denuncia de venta al Registro de la Propiedad Automotor o si probó fehacientemente haber perdido la guarda antes que acaeciese el hecho ilícito (//ar.microjuris.com/mjar/ar Code=MJJ2144).

Por lo expuesto, desde que el único fundamento expuesto por el sentenciante para rechazar resulta la denuncia posterior en tres días al acaeci-miento del accidente, corresponde el tratamiento de la defensa del segundo aspecto admitido por la ley 22.977.

La contestación de la demanda, en tanto introduce una defensa no prevista en la demanda, resulta debidamente contestada a fs. 158/159, oponiendo por una parte la denuncia extemporánea de la afirmación de venta del rodado conforme al art.27 del Dec.Ley 6582/58. Por otra parte, opone que el codemandado M. no acompaña prueba documental que acredite la venta del vehículo; que la prueba de la enajenación del automotor debe ser clara, inequívoca y concluyente a los fines de la seguridad jurídica. Destaca por otra parte que el oponente tuvo oportunidad de poner en conocimiento del actor y hacer valer tal defensa al notificarse de la C.D. de fecha 14/8/00, notificada el 15/8/00, sin que la intimación resultara respondida.

Tal la trama litigiosa a cuyo respecto cabe destacar, la actora no ha descartado la tesis amplia defensiva interpuesta por la parte codemandada.

Esta parte cita como tercero a H. P. , en su carácter de tenedor y guardián del vehículo marca Dodge Dakota Sport, dominio ... ..., al momento del accidente (fs. 143). A fs. 145 manifiesta que se desprendió muchísimo tiempo atrás del accidente invocado por la actora de la guarda y tenencia del vehículo señalado (punto III. 1, fs.145) y que se acredita con la denuncia de venta respectiva al Sr. H. P. , que cita como tercero. Cita jurispru-dencia concordante, que reposa precisamente en que se ha probado el desprendimiento de la guarda.

Puntualmente como lo destaca la actora al controvertir la pretensión, la interesada no presen-ta documentación del contrato de venta, quedando la afirmación sujeta a prueba que el codemandado debía producir.

No constituye prueba documental la denuncia ante el Registro del Automotor, a cuyo respec-to ya se señaló, resulta de carácter unilateral y no es objeto de comprobación.

El citado H. P. no pudo ser notificado en forma personal de la citación, devolvién-dose la cédula respectiva con la nota que en el domici-lio denunciado, nadie conoce al titular H. P. , en tanto todos los domicilios tienen numeración munici-pal (fs. 225/225 vta.). La Defensa Pública, en repre-sentación del ausente, contestó la citación a fs. 246/250 vta. y rechazó todo vínculo con las partes, como asimismo los hechos y opuso la excepción de falta de legitimación pasiva como defensa de fondo.

La excepción fue contestada por la parte actora a fs. 252/253 vta., quien reitera su desinterés en la citación, pero controvierte la oposición a la prueba interpuesta por la Defensa Pública. La citante contestó a fs. 254/255, reiterando las razones de su petitorio.

A fs. 269, el Tribunal intimó a S. M. M. a presentar el título de propiedad del rodado Dominio ...-..., que responde el intimado a fs. 314, informando que atento al largo tiempo transcu-rrido desde que se desentendió de la guarda y tenencia de la Camioneta Dakota, le resulta imposible acompañar el título de propiedad aludido.

Admitida en el presente voto la defensa interpuesta por el codemando nombrado precedentemente, respecto a la venta de la Unidad Dodge Dakota Sport Dominio ...-... al tercero citado H. P. , afirma la recurrente que los hechos quedaron acredita-dos, que los mismos merecieron una valoración positiva del Magistrado desde dicho punto de vista y como conclusión, queda bastante claro y acreditado en autos el desprendimiento de la guarda, tenencia y posesión del rodado.

En principio corresponde limitar la pretendida valoración positiva del sentenciante a la prueba testimonial, cuando precisamente el recurso se abre a instancia de la recurrente por no haber tratado la sentencia su tesis defensiva. El examen de la prueba testimonial de H. C. G., A. A. G. y G. A. B., solo se limita al cotejo expositivo sin ningún tipo de valoración (fs. 528 vta./529).

Los testigos nombrados exponen sobre hechos presenciados de una operación mercantil sobre venta del rodado del codemandado M. a H. P. y visualización de documentación entregada, posible formulario 08, sin otros alcances.

Por el derrotero que se llega al examen de la presente defensa, la invocación de un contrato de venta con pérdida de la guarda jurídica, no puede pasar por la insegura prueba testimonial, que en esencia desconoce el significado jurídico cierto sobre los hechos que exponen. De lo que se trata, frente a la denuncia de venta del rodado tardía ante el Registro de la Propiedad Automotor, es de la prueba fehaciente del contrato de venta, que admita considerar que la tenen-cia material del automotor por un tercero, en el caso de autos por la codemandada A. S. P., importa la pérdida de la posesión o guarda jurídica del vehícu-lo Dodge Dakota Sport Dominio ...-..., de la titulari-dad registral del codemandado.

En ejercicio de esta defensa no se trae ninguno de los documentos que caracterizan las particu-lares características del acto negocial de la transfe-rencia de automotores, contratos que requieren cierta formalidad (el típico boleto de compraventa como resguardo mínimo de la operación de un bien registral), o a los fines del presente juicio las variantes proba-torias posibles conforme con el art. 208 C.Com. (notas, certificados de libros de comercio, facturas, etc.), tanto como se define a P. como comerciante en la compraventa de automotores.

La pruebas de testigos solo es admisible en los contratos de menor cuantía y no alcanza para desvirtuar el desconocimiento de la actora y del tercero citado, con la salvedad de la existencia del principio de prueba por escrito del adversario o de la parte interesada en la contestación (art.209 C.Com.; concords. arts.1190, 1191, 1192 y 1193). Por defini-ción, ningún documento de los alcances precedentes, aún indiciario, respalda la desvinculación del codemandado M. de la guarda-posesión jurídica del móvil de su titularidad registral, ni siquiera la respuesta a la intimación del Tribunal para que acompañara el certifi-cado de dominio del automotor revela que se haya desprendido del título.

En conclusión, el codemandado reconoce que se debía la prueba fehaciente a partir de la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación, extremo no cumplido.

Se rechaza en definitiva el agravio.

Segundo agravio. La privación de uso del automotor de la parte actora dañado en el accidente, es motivo de queja por la desproporción de la indemniza-ción acordada.

Básicamente se encuentra fundado el otorgamiento de la indemnización referida, pero es evidente la desproporción en la suma de $4.350, adop-tando un valor referente ajeno a los menores traídos por la propia actora y en consecuencia otorgando más de lo demandado por 30 días de indisponibilidad del rodado (intimación por $1000 y $1050 al demandar). Es justo en consecuencia determinar la indemnización por los propios valores traídos por el accionante y que antici-pa con justeza mi colega preopinante. Debe prosperar el rubro en consecuencia por la suma de $450.

Tercer agravio. Se agravia la parte codemandada por la tasa de interés ordenada a fs. 533, punto 14. El Juez establece la activa promedio mensual para las operaciones de descuento de documentos a 30 días del Banco de la Nación Argentina.

La apelante carece de agravios. Es que la demanda peticiona la tasa de interés activa para las operaciones de descuentos de documentos a treinta días del B. de la P. d. C.t, pretensión que no ha sido objeto de controversia alguna al contestarse la demanda (fs. 143/150), de suyo más gravosa que la establecida en la sentencia. Tanto carece de agravio como que la cuestión resulta improponible en esta Alzada (art. 277 CPCCCh).

Cuarto agravio (dice "Tercer agravio", fs. 570). Lo impone por haberse impuesto las costas a su parte, abogando por su distribución en función del resultado del juicio y vencimiento mutuo.

Desde que el agraviado se opuso al contestar la demanda en su totalidad y pidió el rechazo en todas sus partes, en tanto la misma prospera en lo sustancial y monto importante respecto al demandado, carece de procedencia la distribución de costas. A mayor abundamiento, no es justo parcelar las costas en materia de demandas de carácter indemnizatorio donde todo se ha negado, desde que se afectarían los propios términos de la indemnización acordada. No hay venci-miento parcial y mutuo, eventualmente posible ante una reconvención exitosa, que no es el caso de autos.

Se confirma el criterio de la sentencia y se tendrá presente la reserva del caso federal.

Agravios de la parte actora de fs. 572/574 vta. El primer agravio se centra en la negativa del fallo a disponer la indemnización por desvaloriza-ción monetaria del automotor dañado, en razón de no existir una prueba de relevancia al respecto. Contrapo-ne la parte actora E. E. W. como demostración en contrario, la prueba suministrada en la pericia mecánica de fs. 457/458, en cuanto dictamina los porcentajes de destrucción y donde se advierte que aún los más mínimos de los porcentajes dictaminados por el perito alcanza el 80% de destrucción. Esta pericia, correspondiente al Ing. Mec. R. C. V., fue trasladada a las partes a fs. 459, sin recibir ningún tipo de impugnación. Con el porcentual de destrucción informado por el perito y otros menoscabos sobre el deterioro del automotor del actor, especial-mente el punto 8.2. L., sobre el carácter antieconómico de la reparación cuando supera el 90% de destrucción de una unidad, contiene una presunción que una reparación de inferior destrucción dañosa ha de incidir en todo caso en la afectación de la integridad de la unidad, con lógica pérdida de un valor de origen por quedar material arreglado en su estructura, que la experiencia enseña desmerece frente a las restantes parte del móvil no reparado (Conf. Cám.Civil Morón, Sala 2ª. 28/2/95 - E., I. v. R., A. - en Rep. J.A., 1997, pág. 513, nº 636). Es justo en consecuencia acordarla en un 10% del valor de reventa informado a fs.457, punto 8.2.e., que importa la suma de $950.

Segundo agravio. La sentencia rechaza el daño moral, argumentando que no procede si solo hay consecuencias patrimoniales en los automotores y cita la fuente de opinión.

Impugna la negativa la actora recurren-te, sin referencia precisa al argumento expuesto en el fallo y reconoce que las lesiones fueron leves y no dejaron secuelas a la integridad física, pero que el Juez no ha valorado la espectacularidad del accidente, los trastornos y los inconvenientes que el mismo ha provocado. Relaciona asimismo con el porcentual de destrucción del automotor. Alude al sentido ejemplifi-cador de la indemnización, una suerte de pena privada y que no necesita ser probada. Cita jurisprudencia.

En principio debe rechazar que la indemnización por daño moral tenga carácter sancionato-rio, lo que indicaría una intención dolosa de la causante que debe ser sancionada. Es propio del facto motivante del accidente de tránsito su carácter culposo y la responsabilidad e indemnización consiguiente de carácter reparador.

Por ello no resulta fundante la preten-sión por daño moral. En cuanto a la espectacularidad, grado de afectación de los bienes materiales, inconve-nientes, incomodidades, no constituyen la afectación de bienes fundamentales y que son los que justifican el agravio.

Se confirma por lo expuesto el rechazo del rubro.

Como consecuencia de los recursos, la sentencia prospera en definitiva por la suma de $7.562,50 ($6.162,50 por daños materiales; $450 por privación de uso del automotor; $950 por desvaloriza-ción de la unidad). La sentencia debe ser revocada parcialmente de conformidad, por lo que de acuerdo al art. 279 CPCCCh, correspondería la readecuación de las retribuciones, en tanto se encuentra rechazada una distribución de las costas. En función del mérito de las regulaciones y en su relación con el art. 7 Ley 2200, ref. Ley 4335, las reguladas en el fallo de primera instancia se ajustan a derecho con los nuevos montos, por lo que deben confirmarse.

En materia de costas de la Alzada, por los motivos señalados sobre el mismo tópico para la primera instancia, deben consecuentemente imponerse en esta instancia con igual carga, a la parte demandada (art. 68 CPCCCh).

Confirmándose los honorarios de la primera instancia -sin perjuicio de los que deben regularse a la Defensa Pública ya votados en la suma de $500- en esta Alzada, conforme a las normas arancela-rias citadas y art. 6, 9, 14 y concords., los trabajos profesionales, su mérito, eficacia y su resultado, propongo los honorarios de la Dra. M. M. N., en la suma de $540; los conjuntos de los Dres. S. M. M. y A. H. B., en la suma de $450 y los conjuntos de las Dras. M. A. C. y V. A. R., por la Defensa Públi-ca, en la suma de $125.

A la segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Voto:

1) Hacer lugar a los agravios interpues-tos por la Defensa Pública a fs. 540/540 vta., contra la sentencia de fs. 524/535 vta.

2) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte codemandada S. M. M. a fs. 559/570 y a fs. 572/574vta., por la parte actora E. E. W., contra la sentencia de fs. 524/535 vta., en la forma que se expone a continuación.

3) Confirmar parcialmente la sentencia aludida de fs. 524/535 vta., punto 1º) de la parte resolutiva del fallo y revocar en cuanto al monto del capital condenado, que se establece en la suma de $7.562,50.

4) Confirmar parcialmente el punto 4º) de la parte resolutiva de la sentencia precedente en cuanto a las costas, los honorarios regulados y regular los conjuntos correspondientes a la Defensa Pública, Dras. I. A. M.y V. A. R., en la suma de $500.

5) Costas de la Alzada a la parte codemanda apelante, a cuyo fin propongo la regulación de honorarios de conformidad con el considerando respectivo.

6) Tener presente la reserva del caso federal interpuesta en el memorial de fs. 559/570 vta. A la primera y segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que al no existir coincidencia total en la propuesta formulada por mis colegas preopinantes debo tomar intervención en la medida de lo establecido por ley 4550, a fin dar opinión fundada respecto de la cuestión que mantiene abierta la instancia y de tal modo establecer o no la mayoría requerida.

La cuestión se centra en los alcances de la responsabilidad del titular registral que ha vendido su vehículo cuando a la época del hecho aún no había cumplido con la comunicación al Registro de tal acto de conformidad con lo dispuesto a la ley 22.977 que modificó el dec. ley 6582/58, entiendo que la ley 25.232 es complementaria y refiere a cuestiones fisca-les ajenas a esta discusión. La codemandada recurrente, S. M. M. , pretende la aplicación de la doctrina elaborada por nuestro Máximo tribunal a partir del fallo "S., J. ...." del 19/05/97 -luego "C.M. y otros c. Provincia de San Luis y otra", del 21 de mayo del 2002-, ya que el a quo lo condenó de manera solida-ria junto a la adquirente, sin el mínimo fundamento e ignorando tal corriente de interpretación legal que lo favorece. Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes con fecha 2003/02/12, en la causa en la causa "S., R. V. c. F., R. A. y A., J. P. y O. de L., E. R. s. Ordinario" resuelve una cuestión similar siguiendo tal criterio y es motivo de una sesuda e inteligente crítica por quien lo anota, Carlos Eduardo Méndez Sierra bajo el título "Alcances de la responsabilidad del titular registral que ha vendido su vehículo", publicado en LL Litoral 2004 (abril), 247, a la que adhiero por sus fundamentos, y me convence de seguir manteniendo la postura restrictiva por lo que aprecio como sólidos fundamentos interpretativos. No se discute que las sentencias emana-das de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son obligatorias para los tribunales inferiores, pues ninguna norma positiva establece esa obligatoriedad, no obstante lo cual, en consideración al valor intrínseco de aquellas, y en atención, también, a un criterio pragmático que hace tanto a la seguridad jurídica, cuanto a la economía procesal, procede interpretar que sólo cabe apartarse de la doctrina de los precedentes del Alto Tribunal, en tanto ese apartamiento esté expresamente fundado en razones diversas de las consi-deradas en los precedentes de que se trate, o bien realizado sobre la base de "nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Alto Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia" (ver en tal sentido v.gr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, 25/10/2004, G. S.A. c. B. de la P. de B. A., LA LEY 06/04/2005, 16).

En nuestro caso, vale aclarar, tal como lo trata en el capítulo introductorio de su trabajo el autor citado que: "...en ambos casos tres ministros expresaron su disidencia con la mayoría -Nazareno, Belluscio y Petracchi-, y las modificaciones en la composición del Máximo Tribunal, ya habidas y por venir, no permiten aventurar sobre el mantenimiento del que fue allí criterio mayoritario. Además, y por sobre todo, antes y después de estas sentencias dictadas en instancia originaria, la misma Corte ha considerado inadmisible el recurso extraordinario cuando se lo ha planteado pretendiendo cuestionar a su través la condena a quien ha vendido y entregado el automotor pero continúa siendo su titular registral, desestimando quejas con fundamento en la naturaleza no federal de la cuestiones resueltas; según lo cual pareciera que la propia Corte se abstiene en este tema de invocar la eficacia vinculante, aunque condicionada, de sus pronunciamientos. Pese a estas necesarias observacio-nes, la jerarquía institucional del Tribunal justifica que esta nota también tome en cuenta los fundamentos brindados en aquellas causas".

Además: "El fallo citado en último tér-mino ha sido publicado en RCyS, 2003-59, con nota de SAUX, Edgardo I., "Responsabilidad Civil del titular registral de un automotor: un fallo novedoso en la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Asimismo, ver a su respecto nota de MAYO, Jorge A., "Apostilla a un fallo de la Corte Suprema: ¿es alternativa o acumulativa la responsabilidad del dueño o guardián que regula el artículo 1113, 2° parte, 2° párrafo del Código Civil?", La Ley, 2003D, 959. En realidad, la Corte en esta sentencia, si bien reafirma por mayoría el criterio ya sustentado en "S. ...", responsabiliza en definitiva a la Provincia de San Luis -titular registral del vehículo- por cuanto considera que en el caso no se acreditaron suficientemente los extremos que llevaran a demostrar el desprendimiento de la guarda antes del hecho". Lo dicho demuestra el grado de excepcionalidad con que funcionó el instituto. Pero lo más importante es la argumenta-ción que, en mi consideración, diluye el poder de adhesión a tales situaciones de exoneración en el futuro, en tan delicado tema.

Señala en primer lugar, Méndez Sierra, que el objeto de la responsabilidad civil hoy se ubica en la prevención y, en su caso, la "reparación" del daño; no en el castigo del responsable. En la actuali-dad interesa, sobre todo, la persona del damnificado, y se intenta a través de la responsabilidad brindarle la debida tutela. Es decir, el derecho moderno mira el problema desde otra óptica: el punto focal se ha trasladado al daño y desde él se derivan las solucio-nes, debiendo repararse todo daño sufrido injustamente. De ahí que se atiende con preeminencia la situación de la víctima del daño.

Luego recuerda que una de las manifesta-ciones del nuevo enfoque que preside la responsabilidad civil ha sido desentrañar factores "objetivos" como razones suficientes que justifican la atribución del deber de responder frente al daño; vale decir, que prescinden de valorar la conducta del sujeto a quien se atribuye la responsabilidad. Dentro de este campo, la "idea de riesgo" ha sido no sólo la primera en apare-cer, sino que también creemos que puede postularse como la más importante.

Así, cuando un daño tiene lugar precisa-mente como realización del riesgo proveniente de una cosa -o de su vicio, que a la postre deriva en un riesgo de daño-, como lo es el de autos, es justo que se prescinda de la culpa y se atienda exclusivamente al riesgo creado para asignar el deber de responder. Las circunstancias sociales imponen a las personas la necesidad de tolerar el peligro que se deriva de muchas cosas que son fuente de riesgos, careciéndose de medios de defensa frente a los mismos. Razonable es pues que, cuando el daño se produce y ese daño no es más que la actuación de tal riesgo, la responsabilidad frente a la víctima que lo sufre recaiga en quien ha creado el riesgo.

Aquí, sigue explicando el autor que si-go, no entra a tallar la conducta del dueño o del guardián de la cosa, sino que el responsable lo es nada más que por incorporar al medio social una cosa apta para generar peligros, sea por su propia naturaleza o por la forma de su utilización. El art. 1113 CCiv. en este caso atiende a la víctima del daño frente al riesgo creado, busca su mejor protección. Tal es el propósito que inspira esta norma, del cual no se puede prescindir al buscar la solución de cualquier situación que entre en su campo de aplicación.

Reiteradamente he recordado que la Corte Suprema de la Nación, encuadra los accidentes derivados de la circulación de automotores dentro del ámbito de aplicación de la 2° parte del 2° párrafo del art. 1113 del Código Civil, esto es, el del daño causado por el riesgo o vicio de la cosa. Cuestión que exime de mayores comentarios al respecto (ver v.gr. Primero la SCBA, 08/04/86- "S. D. l. R. c. V." en LL-D, 479, con nota de Trigo Represas, "Aceptación jurispru-dencial de la tesis del riesgo recíproco" en la coli-sión de automotores". Luego CSJN, en LL,1988-D, 296, con nota de Alterini, A. "Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores". Postura defendida adelantándose a tales fallos por Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños", t. II-B, p.45, nº 208; Alterini- Ameal- López Cabana, "Curso de obligaciones", 1975, t. II, p. 425; Trigo Re-presas, Responsabilidad por daño causados por automotores" p. 73; Pizarro, "Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de la cosa", p. 548 y Kemelmajer de Carlucci tal como lo recuerda Carlos A. Ghersi, en "Los nuevos daños, soluciones modernas de reparación", Ed. Hammura-bi, 2ª ed. 2000, t. 1, pág. 472, parág. 172).

Ocurrido el evento, nuestro derecho co-loca frente a la víctima dos responsables; ella puede demandar la reparación total del daño a uno o a otro, como también puede accionar contra ambos a la vez. De manera tal que dueño y guardián responden in totum por el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa, aunque por diverso título o causa jurídica, configurán-dose así un supuesto de deudas "concurrentes", también llamadas "indistintas" o "in solidum". Enfáticamente advierte Bueres que "esta directiva es inatacable frente a la víctima, sin perjuicio de las acciones regresivas que puedan interponerse entre los potencia-les responsables" (ver "Responsabilidad civil de las clínicas y establecimientos médicos", p. 200, nota 143 al pie, Ed. Abaco, Bs. As., 1981).

Agrega, el autor consultado, que el due-ño es responsable por ser titular del dominio indepen-dientemente de su eventual condición de guardián. Aquí se responde por el riesgo creado, o sea por la incorporación al medio social de una cosa con aptitud para generar un peligro de daño, no siendo lo relevante el hecho que se la aproveche o que se beneficie con ella. Por lo cual, mientras se mantenga en la titularidad de la cosa, nuestro derecho impone al dueño una suerte de garantía frente a las eventuales víctimas de daños causados por la cosa, claro está, fundada en el riesgo creado.

Por supuesto, en paralelo con él, nuestro ordenamiento también responsabiliza al guar-dián, si dicho carácter no lo inviste el propio dueño. Pues el ejercicio de manera autónoma, aun de hecho, de un poder efectivo de vigilancia, de control y gobierno sobre la cosa justifica atribuirle igualmente a quien lo ostenta el riesgo creado por ella.

Y conforme el espíritu de la reforma, Llambías recuerda a pesar de haber realizado una acerba crítica en este aspecto, reconocía que el agregado al art. 1113 CCiv. establece dos responsabilidades distin-tas y concurrentes, la del dueño y la del guardián, y expresaba: "No creemos dudosa tal dualidad, que signi-fica que se puede responder como guardián de la cosa, sin ser propietario, y también como dueño, sin ser guardián. Esta comprensión es la que explica la fórmula adversativa "dueño o guardián", pues si el propietario sólo fuera responsable en tanto que guardián, y mien-tras no hubiese transmitido a otro la guarda de la cosa, con referirse a este último carácter ya estaría todo dicho, sin necesidad de mentar su responsabilidad como dueño, que ciertamente se presta a pensar que ella subsiste aunque no conserve la guarda de la cosa" (ver "Estudio de la reforma del Código Civil ley 17.711", p. 304, Ed. Jurisprudencia Argentina, Bs. As., 1969).

Además, esto condice con la tendencia de ampliar los legitimados pasivos que preside la moderna concepción de la responsabilidad civil, establecida en beneficio de la víctima al facilitarle su posibilidad de cobro (ver en igual sentido Messina de Estrella Gutiérrez, Graciela Nora, "La responsabilidad civil en la era tecnológica. Tendencias y prospectiva", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1989).

La responsabilidad que la 2° parte del 2° párrafo del art. 1113 asigna al dueño y al guardián presupone que entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño sucedido exista un nexo causal. Por lo cual, si aquellos demuestran que ha sido una causa extraña a la cosa la que en realidad ha producido el perjuicio, quedarán eximidos de responder frente a la víctima, por cuanto ha caído por su base la presunción de responsa-bilidad que pesaba sobre ellos. Esto es, lo previsto por la norma cuando expresa que el dueño o guardián, para eximirse total o parcialmente de responsabilidad, deberá acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

La existencia de ésta última circunstan-cia comprende la defensa del apelante.

Si el hecho dañoso ha sido causado por un tercero que ha sido extraño al riesgo de la cosa en cuestión, la averiguación de los terceros por quienes el dueño o el guardián deben responder, y por tanto no los eximen de responsabilidad, nos conduce a las situaciones de responsabilidad por el hecho ajeno: dependencia civil en los términos del art. 1113 CCiv. primera parte, hijos menores según el art. 1114 CCiv., etcétera.

Pero si el daño sucede a partir del utilización o uso de la cosa por un tercero, el escena-rio cambia. La causa del daño se mantiene dentro de la esfera de riesgos de la cosa, que es precisamente lo que torna responsable al dueño o guardián. De ahí que en esta situación sólo puede considerarse tercero por quien no se debe responder a quien la utilice contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián; es decir, la exoneración de responsabilidad se ubicará exclusivamente en la última parte del art. 1113 CCiv., donde debemos remitirnos.

El dueño o guardián también se liberan probando que la cosa ha sido usada contra su voluntad expresa o presunta, según la última frase del art. 1113 CCiv., lo que se justifica en razón de que, si el riesgo de la cosa ha sido puesto en acción contra dicha voluntad, no cabe responsabilizarlos. Ahora bien, cuál es el alcance de esta exclusión de responsabilidad, esto es, cuándo debe entenderse que se da tal uso contra la voluntad de los sujetos que, en principio, resultarían obligados a reparar el daño.

Al respecto, nos recuerda el autor del fallo anotado, existen, sumariamente reseñados, varios criterios. En un extremo, con suma estrictez, se ha sostenido que sólo se presenta mediando desapoderamien-to de la cosa en razón de una fuerza física, violenta e irresistible (verbigracia, el robo a mano armada). En el otro extremo, por su amplitud, se ubicaría la comprensión de la eximente en el sentido de ausencia de autorización para el uso; existiendo posiciones inter-medias.

Mayoritariamente se considera que el uso contra la voluntad implica no sólo falta de autoriza-ción sino la demostración de que tal uso se ha llevado a cabo existiendo "oposición" -expresa o tácita- del dueño o del guardián de la cosa (ver Confr. ZANNONI, Eduardo A., "Eximente de responsabilidad del dueño o guardián: uso de la cosa contra su voluntad expresa o presunta", en "Revista de Derecho de Daños", p. 71, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2002-1, Accidentes de Tránsito, Bs. As., 2002); es decir, se adopta un criterio intermedio. Bajo esta noción quedan cubiertos los casos en que la cosa ha sido dada para una finalidad determinada y se la usa para otra absolutamente distinta, modificando sustancialmente el destino para el cual se la entregó (ver KEMELMAJER de CARLUCCI, A., loc. cit., t. 5, art. 1113, p .571. Idem: KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída y PARELLADA, Carlos, "La responsabilidad por el empleo de las cosas", cap. XVI, p. 396/397, en "Responsabilidad Civil" (dir. Mosset Iturraspe, Jorge), Ed. Hammurabi, Bs. As., 1992).

Sin perjuicio de ello, opina Méndez Sierra que nos resulta apropiada la interpretación dada por Pizarro: cuando el dueño o guardián hubiere trans-mitido voluntariamente la cosa a un tercero debe presumirse que ha autorizado o consentido el uso de la cosa por parte del tercero, o sea que ha sido usada conforme a su voluntad. La prueba en contrario pesa sobre aquellos, y debe ser valorada restrictivamente, por cuanto quien se desprende de la cosa y la transmite a un tercero debe extremar los recaudos para que no sea utilizada contra su voluntad, adoptando en su caso las medidas necesarias para impedirlo (ver "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y juris-prudencial", Bueres, A. J. (dir.) - Highton, E. I.(coord.), t. 3-A, art. 1113, p. 583, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1999).

En definitiva, como destaca Mosset Iturraspe: "El espíritu del último párrafo, interpreta-do en su contexto, nos advierte sobre la excepcionali-dad de la eximente, que lleva a efectuar una compren-sión restrictiva de la misma" (ver "Las eximentes en los accidentes de automotores", en "Responsabilidad civil en materia de automotores", p. 182, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1985).

Además, en todo caso, aunque el uso sea contrario a la voluntad del dueño o guardián, si se debe a su culpa o negligencia no podrá alegar la eximente.

Según lo visto hasta aquí, los daños derivados de la circulación de automotores caen dentro de las previsiones 2° parte del 2° párrafo del art. 1113 C.C.; son daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, de los cuales son responsables dueño y guar-dián, bajo los alcances que acabamos de analizar. Resta por examinar quién reviste el carácter de dueño de tales cosas.

Al respecto el decreto-ley 6582/58 creó el Registro Nacional de la Propiedad Automotor e introdujo una modificación sustancial al sistema del Código Civil en lo relativo a la constitución o trans-misión del dominio en este tipo de cosas: creó un régimen de inscripción constitutiva del dominio. Así resulta de su art. 1° que expresa: "La transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado y sólo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor".

Vale decir, con relación a los automoto-res la inscripción registral no es declarativa o meramente publicitaria, sino que es el modo -único- como se opera la transmisión. Aquí la tradición ha sido desplazada como modo de transmisión del derecho real de dominio, de manera tal que aún mediando entrega de la posesión, sin esta inscripción constitutiva no se produce la transmisión de la propiedad. En otros términos, y valiéndonos de las expresiones de Moisset de Espanés: "La normativa legal,... es clara: si no se inscribe el título no se operará la transmisión, aunque se haya hecho entrega de la cosa; a la inversa, la inscripción es suficiente para transferir el dominio, aunque no se haya hecho tradición del vehículo" (ver Propiedad de los automotores", en "Responsabilidad civil en materia de automotores", pág. 27, Ed. Rubin-zal-Culzoni, Santa Fe, 1985).

Vemos pues que, de acuerdo al decreto-ley 6582/58, el dueño del automotor -legitimado pasivo concurrentemente con el guardián por los daños causados por el vicio o riesgo de tal cosa- es quien lo tiene inscripto a su nombre en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

Luego de referir a la inexcusabilidad de la ignorancia o desconocimiento de las leyes y a la forma de interpretar la excepciones, el autor continua su exposición -y no interferiré lo que trascribo con ninguna anotación pera evitar errores de interpreta-ción- refiriendo al "acople de la reforma de la ley 22.977 al art. 27 del decreto-ley 6582/58 con el actual régimen de responsabilidad civil por daños con inter-vención de cosas. Del texto legal se desprende con nitidez que sus disposiciones se ajustan a las previs-tas por el art. 1113 CCiv. reformado. Es más, se revela en él que a los daños producidos por automotores le son aplicables las reglas relativas al daño causado por el vicio o riesgo de la cosa de la 2° parte del 2° párrafo de este último artículo; sólo así se explica la alusión a la eximente relativa a los "terceros por quienes el dueño no debe responder", que incluye en su regulación el citado art. 27. Este aspecto resulta relevante, por cuanto permite advertir que su interpretación debe guardar consonancia con el propósito de protección a la víctima que inspira el régimen de responsabilidad objetiva previsto por la mencionada 2° parte del 2° párrafo del art. 1113 CCiv., conforme ya lo hemos explicado".

"Sentado lo anterior, se puede señalar asimismo que el antedicho art. 27 reafirma que la responsabilidad del dueño del automotor es "concurren-te" con la que le cabe al guardián y nadie discute. Esto es evidente, por cuanto dicho artículo presupone que en la situación que regula el titular registral se ha desprendido de la guarda, al haber hecho tradición posesoria al adquirente, y justamente para tal supuesto confirma que "hasta tanto se inscriba la transferencia el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa". No puede así razonablemente sostenerse que la responsabilidad del dueño esté supeditada a su eventual condición de guardián; todo lo contrario, justamente para el caso de tradición del vehículo a otro animus domini la norma corrobora que el dueño responde por el mero hecho de ser titular del dominio de la cosa que produjo el daño, con independencia de su condición de guardián, carácter que ya no tiene".

"La regla que brinda esta primera parte del art. 27 decreto-ley 6582/58 -conforme ley 22.977- es clara en su texto y en su sentido. Se ocupa de dar mayor firmeza a lo que resulta ser un corolario del régimen de inscripción constitutiva que impera para la transmisión del dominio de los automotores, en materia de responsabilidad civil derivada de la circulación de los mismos: el titular registral continúa siendo el dueño del automotor aunque haya celebrado un contrato de transferencia y lo haya entregado al adquirente, hasta tanto se inscriba la transferencia, y consecuen-temente permanece como responsable en su carácter de dueño de la cosa. Esto, por cuanto la 2° parte del 2° párrafo del art. 1113 CCiv. le asigna tal responsabili-dad de carácter objetivo frente a la víctima, imponién-dole una suerte de garantía -con fundamento en el riesgo creado- por los daños causados por el riesgo o vicio de esa cosa -automotor-, mientras sea dueño de la misma".

"En suma, es precisamente para la situación en que el dueño del automotor se haya des-prendido voluntariamente y en forma definitiva de su guarda, al entregarlo a quien se lo vendió, que el art. 27 reformado insiste en atribuirle responsabilidad por los daños causados por el vehículo, en consonancia con el art. 1113 CCiv. Responsabilidad que debe soportar en su carácter de dueño exclusivamente, ya que la norma supone que no es guardián".

"Pues bien, es en este contexto que la segunda parte del referido art. 27 contempla un meca-nismo de excepción, la denominada comúnmente "denuncia de venta", que permitirá eximirse de tal responsabili-dad a quien aún permanece como titular registral pese haber vendido y entregado el automotor al adquirente. Es decir, si con anterioridad al hecho dañoso el titular registral realiza la comunicación al Registro de la Propiedad Automotor que prevé la norma, ésta operará la revocación de la autorización para circular con el automotor e importará su pedido de secuestro, de acuerdo a los términos y alcances allí establecidos. Y paralelamente, dispone el artículo "... se reputará que el adquirente o quienes de este último hubieren recibi-do el uso, la tenencia o la posesión de aquél, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quienes él no debe responder, y que el automotor fue usado en contra de su voluntad".

"Insistimos en destacar la excepcionali-dad del mecanismo. Constituye la única vía prevista por la ley para liberar al titular registral que ha cele-brado un contrato de transferencia del automotor y lo ha entregado al adquirente sin que se haya realizado la inscripción registral, y por tanto permanece aún como dueño del mismo. Dispositivo legal que permite actuar a las eximentes del art. 1113 CCiv., y que en realidad requiere para su operatividad tres cosas: a) que se haya realizado la comunicación al Registro antes del hecho que motiva la responsabilidad; b) que se haya entregado efectivamente el automotor al adquirente, como se desprende del mismo art. 27, ya que lo que se comunica al Registro es que se hizo tradición del mismo; y c), que el transmitente haya firmado y entre-gado al adquirente la documentación que prevén los arts. 13 y 14 del decreto-ley 6582/58".

"En realidad, la segunda parte del art. 27 reformado instrumenta la única manera por medio de la cual el titular registral de un automotor en esta situación puede expresar su "oposición" a que el vehículo continúe circulando sin cristalizarse la debida inscripción de la transferencia. Para que, a partir de allí, entre en juego la eximente prevista por la última parte del art. 1113 CCiv.: uso contra la voluntad expresa del dueño, y a su través, el adquiren-te se transforme en un tercero por quien no debe aquél responder, según ya hemos analizado. Todo lo cual es razonable, ya que con anterioridad a esa "comunicación" mal puede sostenerse que el vehículo es usado contra la voluntad del titular registral, sino todo lo contrario. Por cuanto, quien vende su automotor, lo entrega al adquirente y además le hace entrega de la documentación del mismo, sobre todo la tarjeta verde, tácitamente lo está autorizando para que circule, dado que ese es el destino normal de una cosa de tal naturaleza. Y menos aún cuando media autorización expresa de su parte".

"Como vemos, antes de haber realizado la comunicación registral prevista por el art. 27, el adquirente jamás puede ser considerado un tercero por quien no debe responder el dueño (39). Consecuentemen-te, debe mantenerse la regla de responsabilidad de la primera parte del artículo, sin cortapisas. Pues de no ser así quedaría subvertido el régimen de responsabili-dad objetivo que establece la 2° parte del 2° párrafo del art. 1113 CCiv. en beneficio de la víctima del daño, al permitirse que el dueño de la cosa pudiera eximir su responsabilidad cuando el daño ha sucedido a partir de la utilización del automotor por un tercero que lo usa justamente porque aquél voluntariamente ha consentido que lo haga".

"De todo lo dicho se desprende que la segunda parte del art. 27 del decreto-ley 6582/58 debe ser interpretada restrictivamente, ya que asume el carácter de excepción en todo sentido. Lo es respecto de la responsabilidad que objetivamente impone la 2° parte del 2° párrafo del art. 1113 CCiv. al dueño, exclusivamente por revestir tal calidad, y asimismo con relación a lo que reafirma la primer parte del citado art. 27 para el caso particular de los automotores. Y, como hemos recordado en el capítulo anterior, frente a las excepciones no puede avanzarse más allá de lo que expresamente se prevé, pues lo contrario trastocaría el espíritu del contexto normativo. Aquí esto nos resulta evidente, ya que sólo así se preserva la finalidad que preside en este caso el art. 1113 CCiv., cual es tutelar a la víctima del daño derivado del riesgo creado".

"Para cerrar este análisis cabe referir-se a una consideración que a veces ha influido al intentar la búsqueda de una solución a la situación del titular registral que ve comprometida su responsabili-dad por un daño causado por el automotor cuando con anterioridad lo ha vendido y entregado al adquirente, pero sin cumplir con el mecanismo previsto por el art. 27 del decreto-ley 6582/58. Aludimos a la contemplación del desconocimiento que pudiera padecerse de la dispo-sición legal, como pauta que en definitiva persuade hacia el logro de brindar amparo a dicho titular registral. A dicho respecto, sólo cabe sentar mientes en lo dispuesto por los arts. 20 y 923 del CCiv. y en sus fundamentos, y ése fue nuestro propósito al in-cluirlo en el desarrollo de este comentario. Lo allí dicho nos luce como suficiente para descartar la influencia de tales estimaciones, que no pueden afectar la decisión del conflicto de intereses aquí planteado".

Por último, considera que tampoco cabe la invocación de la equidad, que igualmente se ha insinuado en apoyo de brindar una posibilidad liberato-ria al titular registral que no ha cumplido con el art. 27 del decreto-ley 6582/58, si prueba que antes del hecho dañoso había enajenado el vehículo y se había desprendido definitivamente de su guarda. Da sus fundamentos a los que remito y termina recordando que la aplicación del art. 1069 CCiv., permite un adecuado imperio de la equidad sin desmedro de las normas que rigen la cuestión.

El autor del trabajo, en razón de sus argumentos concluye opinando que el propósito del mecanismo de "denuncia de venta" previsto por la segunda parte del art. 27 del decreto-ley 6582/58 es establecer un modo excepcional a través del cual el titular registral de un automotor pueda expresar su oposición a que el vehículo continúe circulando sin realizarse la inscripción de la transferencia; es decir, para que pueda entrar en juego la eximente prevista en la última parte del art. 1113 CCiv. No, una manera de hacer oponible a terceros interesados la venta, como sucede con las inscripciones o notificacio-nes dotadas de tal virtualidad en aras de la seguridad dinámica del tráfico.

Conforme lo dicho, respetuosos de los argumentos vertidos por la parte entiendo que ni el texto de la ley, ni su espíritu, permiten exonerar de responsabilidad a dicho titular registral, hasta tanto no se realice la inscripción constitutiva por medio de la cual dejará de serlo, si no es a través de la única y excepcional vía de la "denuncia de venta" que consa-gra dicha norma. Y si lo ha hecho tardíamente se impone la teoría de los actos propios.

Siendo así, mi propuesta concuerda, en lo sustancial con la de la Dra. Reynoso de allí que reitere su fórmula decisoria, respecto a la cuestión analizada y en todo lo demás adhiero a la fórmula decisoria del Dr. Nahuelanca.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1) Hacer lugar a los agravios interpues-tos por la Defensa Pública a fs. 540/540 vta., contra la sentencia de fs. 524/535 vta.

2) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte codemandada S. M. M. a fs. 559/570 y a fs. 572/574vta., por la parte actora E. E. W., contra la sentencia de fs. 524/535 vta., en la forma que se expone a continuación.

3) Confirmar parcialmente la sentencia aludida de fs. 524/535 vta., punto 1º) de la parte resolutiva del fallo y revocar en cuanto al monto del capital condenado, que se establece en la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS con CINCUENTA CENTAVOS ($7.562,50).

4) Confirmar parcialmente el punto 4º) de la parte resolutiva de la sentencia precedente en cuanto a las costas, los honorarios regulados y regular los conjuntos correspondientes a la Defensa Pública, Dras. I. A. M. y V. A. R., en la suma de PESOS QUINIENTOS ($500).

5) Costas de la Alzada a la parte codemandada apelante, a cuyo fin se regulan los honora-rios profesionales de la Dra. M. M. N., en la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA ($540), los conjuntos de los Dres. S. M. M. y A. H. B., en la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($450) y los conjuntos de las Dras. M. A. C. y V. A. R., por la Defensa Pública, en la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO ($125).

6) Tener presente la reserva del caso federal interpuesta en el memorial de fs. 559/570 vta.

7) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Presidente FERNANDO NAHUELANCA - Juez de Cámara JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 87 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS