Tribunal: JUZGADO FEDERAL Nro 1
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-12-09


1º Instancia.- Córdoba, diciembre 9 de 1994.

Considerando: I. Que conforme ha quedado trabada la litis las cuestiones a resolver por este tribunal se circunscriben a los siguientes puntos: a) responsabilidad que le cabe al concesionario y al concedente de rutas por peaje frente a un accidente provocado por un por un animal suelto y b) en su caso, procedencia o no de los daños reclamados por los accionantes.

II. Que previo a entrar al análisis de la primera cuestión cabe traer a colación algunos de los conceptos generales que servirán de base a la solución del tema en tratamiento. En dicha inteligencia, siguiendo a Héctor Jorge Escola, "Tratado Integral de los Contratos Administrativos", t. I, p. 28 y sigtes. y partiendo de la definición señalada por Villegas Basavilbaso con respecto a que la administración pública es "aquella función del Estado que consiste en una actividad concreta y continuada de carácter subordinado, que tiene por objeto satisfacer en forma directa o inmediata las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado, dentro del orden jurídico establecido y con arreglo a éste".

Conforme a este concepto merece destacarse -para nuestro objeto que la administración pública se caracteriza por desarrollar una actividad, es decir, un conjunto de acciones y procedimientos continuados, la cual como lo ha señalado Zanobini presenta las siguientes notas distintivas: a) es una actividad práctica material; b) es una actividad espontánea y c) es una actividad discrecional.

Ahora bien, en el cumplimiento de esa actividad la administración pública dicta actos unilaterales, es decir, actos generados exclusivamente por la actuación de la voluntad administrativa y que en su conjunto constituyen un importantísimo sector, cuya doctrina domina actualmente todo el panorama del derecho administrativo moderno, los actos administrativos.

Pero como lo destacó Garcia Oviedo, para alcanzar la más alta y eficaz gestión de los servicios, empresas y bienes, la administración debe también participar en la celebración de actos plurilaterales, originándose así verdaderas convenciones, en las cuales participan distintos órganos de la administración o en la que ésta se vincula directamente con los particulares.

Dentro de las convenciones -entendida esta expresión en su sentido más amplio la doctrina distingue los actos convencionales, caracterizados por resultar de dos o más voluntades que concurren al logro de un fin coincidente, de los actos contractuales o contratos cuya noción participa de la que es admitida corrientemente en el derecho privado. Los contratos se generan cuando la administración llama al acuerdo a los particulares, dándose lugar así a un acto de voluntad común, por el cual ambas partes reglan sus derechos y obligaciones. En este caso, la administración tiene siempre en mira el logro de una finalidad de interés público, estos contratos que celebra la administración son los llamados contratos administrativos.

En consecuencia y siguiendo al autor citado pueden definirse los contratos administrativos diciendo que "son aquellos contratos celebrados por la administración con una finalidad de interés público y en los cuales, por tanto, pueden existir cláusulas exorbitantes del derecho privado o que coloquen al cocontratante de la administración pública en una situación de subordinación respecto de ésta" (Escola, p. 127 y sigtes.). Lo que concurre a perfilar el contrato administrativo, a darle específica caracterización, es la finalidad que con su celebración persigue la administración pública, el objeto del contrato no es otro que la satisfacción del interés público.

En la especie, la parte actora alega que el accidente invocado como fundamento de sus pretensiones ocurrió en la ruta nacional Nº 38, la que de conformidad al contrato acompañado a fs. 199/226 en su tramo Villa Carlos Paz-Cruz del Eje se encuentra otorgada en concesión para la mejora, ampliación, remodelación, conservación, mantenimiento, explotación, y administración a la empresa Red Vial Centro S.A., (dec. 2039/90) publicado en el Boletín Oficial con fecha, 3/10/90. O sea, que dentro de los contratos administrativos a que hiciéramos referencia precedentemente estamos en el "sub judice" ante un contrato de concesión de obra pública -regulado en el orden nacional por la ley 17.520 y 23.696 y que al conceptualizarlo el autor antes nombrado Tomo II - parte especial (p. 302) entiende que dicho contrato "no es sino un modo de ejecución de ellas, en que la administración pública celebra un contrato administrativo específico, cuyo cocontratante, que puede ser una persona física o jurídica, se obliga a ejecutar una obra pública determinada, con la particularidad de que el precio no le será pagado por la administración directamente, sino por los administrados que la utilizan o se benefician con ella, a cuyo fin le serán otorgadas temporalmente al cocontratante ciertas facultades para que pueda efectivamente percibir esa remuneración, durante el lapso en que deba hacerlo".

Por tanto, el contrato en cuestión, no sólo produce efectos entre el concedente y el concesionario sino también se extiende a los administrados en razón de que la administración pública delega en el concesionario una parte de su poder jurídico para realizar o gestionar el servicio y cobrar su importe, generalmente en forma de tasas.

Corresponde en este estado detenernos en la naturaleza jurídica del peaje. Al respecto y en un todo de acuerdo a la postura asumida por Barra que sostiene que "el peaje no es el precio por la utilización de la obra, es una tasa o contribución especial, es decir que posee naturaleza tributaria. En cualquier caso tiene como destino preciso el integrar (exclusivamente o no) los fondos destinados a solventar, ya sea la construcción de la obra y/o sus gastos de conservación." Asimismo éste es el criterio seguido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en auto: "Estado nacional c. Arenera el Libertador S.R.L. s/cobro de pesos", causa E-107 XXII, 18/6/91, La Ley, 1991-D, 404.

En dicha oportunidad se sostuvo que "una cosa es la función del estado y el modo de proveer a su costo, otra la forma en que el estado decide legítimamente ejecutarla, que puede ser recurriendo sí a relaciones contractuales con otras personas. Esto ocurre con frecuencia, en el caso del peaje, al optar el Estado por el régimen de concesión de obra pública. En tal situación, el peaje es para el usuario una contribución vinculado al cumplimiento de actividades estatales (como puede serlo la construcción de una vía, o su mejora, ampliación, mantenimiento, conservación, etc., aún de vías preexistentes). Para el concesionario constituirá un medio de remuneración de sus servicios. De este modo, en los hechos, puede concluir el peaje por ser sustancialmente similar al precio pagado por un servicio, lo que no debe inducir por ello al error de considerarlo desde un punto de vista meramente contractual".

Igualmente tal caracterización del peaje ha sido incorporado a los pliegos que rigieron el traspaso a las actividad privada de 10.000 km. de rutas nacionales, mediante el régimen de concesión de obra pública, con el propósito de llevar adelante la remodelación, conservación y mejoramiento de la red vial nacional, de acuerdo a lo dispuesto por el derecho 823/89 del Poder Ejecutivo Nacional (Adla XLIX-D, 3803) que fuera dictado en cumplimiento de las competencias asignadas por la ley 23.696 de reforma del estado (Responsabilidad por los daños generados por el mal estado de conservación de los corredores viales, por Patricia Pilar Benegas y María Fabiana Compiani, La Ley 1992-E, 1208 y sigtes.).

En el caso "sub examine", con las pruebas arrimadas al proceso se encuentra probado al accidente ocurrido y su modalidad expuesta por la parte actora en su escrito inicial, y descripta en la precedente relación de causa, sus circunstancias de tiempo, lugar y protagonistas (ver al respecto certificado policial de fecha 11/6/91, actuaciones labradas por la Comisaría Dtto. Capilla del Monte (expte. letra A - Nº 24 - año 1991) ambos reservados en secretaría y testimoniales de Jesús M. Cabrera, de Carlos D. Cabrera, como así también el contrato de concesión de obra pública del corredor vial nº 20 que involucra la ruta nacional nº 38 - Tramo Villa Carlos Paz - Cruz del Eje - donde ocurrió el accidente en cuestión, suscripto con fecha 7/9/90 entre el Estado nacional y la Red Vial Centro S.A. y cuyo objeto conforme la cláusula 1º es la mejora, ampliación, remodelación, conservación, mantenimiento, explotación y administración de dicho corredor.

Ahora bien, examinado el hecho generador de daños, cabe considerar conforme los términos del art. 1113 del Cód. Civil, la situación del o los civilmente responsables (dueño o guardián) en el caso; y por tanto, en primer lugar, la causa fuente de dicha responsabilidad. Así, surge de la prueba rendida en autos, que para ambas partes contratantes está constituida no sólo por el contrato suscripto por dichas partes, sino también por los documentos integrantes del contrato de concesión los que regirán en el orden de prelación establecido en la cláusula 2º del mentado contrato. Así parte de los documentos mencionados se aprobaron mediante resolución 221/88 dictada el 13/11/89 que en su art. 1º dispone: "Aprobar el Programa de Mejoras, Reparación, Construcción, Conservación, Ampliación, Remodelación, y Mantenimiento de la Red Vial Nacional y su cronograma, el Pliego de Condiciones Generales que regirá las pertinentes licitaciones para la contratación de las concesiones de obra pública a celebrarse y el Pliego de Condiciones Particulares para la concesión de obras viales, los que como anexos I, II, y III, respectivamente, forman parte integrante de la presente resolución.

Por su parte, en el Pliego de Condiciones Particulares para la Concesión de Obras Viales y de Precalificación (anexo II) en su Título II "De la explotación" punto 6 Mantenimiento del Tránsito se establece 6.1: "El ente concesionario queda obligado a facilitar la circulación por el camino en condiciones de absoluta normalidad suprimiendo las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios del camino. El ente concesionario podrá restringir la circulación cuando razones de seguridad o de urgente reparación así lo exijan".

6.2: "La circulación deberá facilitarse ininterrumpidamente durante las 24 hs. del día, salvo supuestos excepcionales debido a casos fortuitos o de fuerza mayor y deberán adoptarse en las barreras las medidas necesarias para asegurar la adecuada fluidez del tránsito en todo momento".

6.3: "El personal del ente concesionario que éste determine a dichos efectos, tendrá carácter de autoridad en ausencia de otra estatal, debiendo los usuarios obedecer sus indicaciones, que tendrán fuerza obligatoria hasta tanto se ratifiquen o anulen por el funcionario u órgano a quien competa la adopción de medidas sobre el particular" (Reforma del Estado y Privatizaciones - Introducción Notas y Texto ordenado por José Roberto Dromi, t. 2, p. 417 y sigtes. y p. 459 y sigtes.).

Surge así en forma incuestionable la obligación del concesionario de facilitar durante las 24 hs. la circulación en las rutas sometidas a peaje, debiendo evitar las causas que produzcan inconvenientes o peligrosidad para los usuarios del camino.

En el caso que nos ocupa el accidente ocurrido a la parte actora es provocado por la presencia de un animal suelto -sin dueño que se desplazaba en la ruta nacional nº 38 evidenciándose de esa manera la falta de cumplimiento por parte de la concesionaria Red Vial Centro S.A. a las obligaciones contenidas en el pliego de condiciones a que se hiciera referencia "supra" y que ha tomado a su cargo a partir de la suscripción del contrato en cuestión. Por tanto, la empresa nombrada debe responder por los daños ocasionados por dicho incumplimiento.

No debemos olvidar que como fuente de interpretación contractual "el pliego es la ley del contrato, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derecho y obligaciones de los intervinientes en la licitación y de las partes en la contratación". Obra citada de José Roberto Dromi, t. 2, p. 31 y siguientes.

En tal sentido, se destacan los siguientes decisorios "adjudicada la licitación y celebrado el contrato, el Pliego de Condiciones forma parte integrante del mismo y asume, por consiguiente, una importancia incuestionable en la interpretación de aquél. Es por ello que los derechos y obligaciones contractuales entre las partes, deben ser examinados con sujeción a los actos que contribuyeron a su formación", Fallos: 241:313 especialmente p. 322 y La Ley, 93-170, íd., 22/4/86, JA, 1987-II-241, CFed. Córdoba, sala civil y comercial, 10/12/79, JA, 1980-IV-349).

A los efectos de establecer el tipo de responsabilidad por la que deberá responder la empresa accionada cabe "prima facie" tener presente conforme lo expresaran Patricia Pilar Venegas y María Fabiana Compiani en su trabajo antes mencionado que "el corredor en una cosa inerte y por lo tanto, no peligrosa en si; pero, puede tornarse potencialmente viciosa si no es mantenido en la forma adecuada que las circunstancias requieren. Entendiéndose por vicio de la cosa una falta o defecto de conservación que hace a ésta susceptible de dañar".

Si tenemos en cuenta lo puntualizado anteriormente respecto a que el peaje es una contribución de naturaleza tributaria y no el pago del precio por la utilización del corredor es lógico concluir que entre el usuario de la ruta y el concesionario no existe relación contractual y por lo tanto la responsabilidad derivada de los daños causados a los usuarios por el mal estado de conservación, mantenimiento y explotación es de carácter extracontractual. En el "sub judice", el concesionario debió adoptar todas las medidas necesarias para que los servicios a su cargo se presten en forma y con un elevado nivel de eficiencia, de acuerdo a lo estipulado en el pliego de bases y condiciones generales (anexo I) y en el pliego de condiciones particulares (anexo II), (ps. 419 y 443 respectivamente de la obra de Dromi citada, t. 2) evitándose de esa manera la posibilidad del accidente producido. En efecto, el concesionario tiene a su cargo entre otras la conservación, mantenimiento y explotación del corredor nº 20 que involucra la ruta nacional nº 38 donde ocurrió el evento, fijándose como causas de extinción de la concesión el incumplimiento grave del concesionario (art. 56, Cap. VII del pliego de condiciones generales), consistiendo éstas en: art. 60 del pliego mencionado, apart. a) incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias, o contractuales en forma constante y reiterada.

Asimismo, dentro de la explotación para el mantenimiento del tránsito se obligó a facilitar la circulación por los caminos debiendo evitar toda causa de molestias o peligrosidad para los usuarios de ese camino.

No hay dudas que la presencia de animales sueltos en la ruta conforme se comprobó con las testimoniales de fs. 261/261 vta. y de fs. 262 vta./263, genera situación de peligro para los terceros convirtiendo a ese corredor en una cosa potencialmente peligrosa o viciosa derivado del incumplimiento del mantener en forma de dicho corredor.

Lo expuesto en último término encuentra fundamento en la noción de vicio de la cosa. Al decir de Pizarro, "Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de la cosa", p. 422, Ed. Universidad, "Una cosa es viciosa cuando presenta un defecto de fabricación, de funcionamiento o de conservación, que la torna inapta para la función que debe cumplir de acuerdo con su naturaleza". "Sin embargo, desde el punto de vista de la responsabilidad civil que surge del art. 1113 del Cód. Civil, el vicio de la cosa sólo tiene repercusión en tanto y en cuanto tenga virtualidad suficiente para convertirse en una fuente potencial de riesgo para terceros".

Sentado todo lo expuesto y teniendo en cuenta, que quien introduce en el medio social un factor generador de riesgo potencial para terceros, se beneficie o no con él, debe soportar los detrimentos que el evento ocasione. Esta es una consecuencia justa y razonable del daño causado, que provoca un desequilibrio en el ordenamiento social y pone en juego el mecanismo de reparación. En su mérito, la Empresa Red Vial Centro S.A. deberá responder por los perjuicios ocasionados a los actores en los términos del art. 1113 del Cód. Civil, parte 2º párr. 2º, que prevé la responsabilidad por los daños causados por las cosas riesgosas o viciosas. Consecuentemente, la excepción opuesta por el demandado "sine actione agit" no debe prosperar.

No altera el resultado a que se arriba el informe obtenido de la Policía de la Provincia de Córdoba, en cumplimiento de la prueba ofrecida por la parte demandada Red Vial Centro S.A. toda vez que si bien la concesionaria de una ruta sujeta a peaje, conforme a la legislación vigente en la Provincia (ley 6392 - Código de Faltas) no puede realizar otro tipo de acción que no sea la de denunciar a la autoridad más próxima la existencia de animales sueltos en la ruta, ello no obsta a que en cumplimiento de sus obligaciones arbitre todas las medidas que fueran necesarias y que estuvieren a su alcance precisamente para cumplir su deber de "denuncia" ante las autoridades competentes a los fines de garantizar "la seguridad" en la circulación por la ruta sometida a peaje. Cuenta el concesionario con facultades suficientes para poder lograr con los objetivos a que estaba comprometido (ver pliego de condiciones particulares antes citado título II puntos 6.1 y 6.3).

Por otra parte, no obstante de las testimoniales de Jesús M. Cabrera y Carlos D. Cabrera se deduce que en varias oportunidades la Empresa Red Vial Centro S.A. habría comunicado a la Policía la presencia de animales sueltos, en el caso concreto dicha circunstancia o cualquier medida tendiente a cumplirla no se encuentran acreditadas.

Finalmente corresponde dejar sentado que de acuerdo a los elementos de convicción obrante en autos (testimoniales de Jesús M. Cabrera y Carlos D. Cabrera antes referidas) Angel A. Lasala, conductor del vehículo Renault 12 L Dominio B2183316 -en que viajaba la accionante Stella M. Costa de Lasala en oportunidad del accidente circulaba por la ruta dentro de los límites de velocidad permitidos por las leyes reglamentarias de tránsito, art. 65 sigtes., y concs. de la ley 13.893, sin modificación conf. dec. 875/94.

Ambos testigos son contestes en que la velocidad en que se desplazaba el vehículo en cuestión no era excesiva no dándose por tanto, como lo alega, el apoderado de la Dirección Nacional de Vialidad, el presupuesto requerido para la procedencia del art. 1128 del Cód. Civil, es decir, la culpa de la víctima. La exoneración dispuesta por dicho artículo supone que la culpa de la víctima sea la causa adecuada del daño, extremo este último que en autos no se configura.

III. Que con relación a la responsabilidad del concedente en el caso que nos ocupa, el suscripto adelanta su opinión en sentido contrario a las pretensiones de los actores. Al efecto de introducirnos en el tema cabe traer a colación algunos conceptos previos a los fines de dilucidar la cuestión.

Es menester recordar que entre los instrumentos para llevar a cabo la reforma del estado enumerados en la ley 23.696 se encuentra entre otros la privatización, concesión por iniciativa estatal, concesión por iniciativa privada, licencia y permiso, etcétera ...

Así, el art. 11 de la ley citada dispone: "Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para proceder a la privatización total o parcial ... de servicios, prestaciones u obras cuya gestión actual se encuentre a su cargo, o a la liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas, cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado nacional, que hayan sido declaradas sujetas a privatizaciones". "Para puntualizar el alcance del término concesión entendemos por ella el traspaso de los poderes propios del concedente (administración) al concesionario (particular)".

"Respecto de la concesión de obra pública, la ley 23.696 agiliza el régimen ya establecido en la ley 17.520 de obra pública por peaje y privatizada la concesión de la obra a través del sistema de la iniciativa privada ... Privatiza en tanto existe una transferencia de 'responsabilidades' en lo que concierne a ejecución, explotación y riesgo del contrato", "Reforma del Estado y Privatizaciones, Dromi, t. 1, p. 83 y siguientes.

Es decir, la administración cumpliendo todas las formalidades que requiere el ordenamiento jurídico administrativo transmite un derecho o el ejercicio de un poder propio.

En el pliego de bases y condiciones generales para la licitación de concesión de obra pública en su art. 15 dispone: "Responsabilidad del concesionario. Durante el período de concesión, el concesionario asumirá la responsabilidad civil por los perjuicios o daños que pueda ocasionar a personas o cosas. Será igualmente responsable por el cumplimiento de todas las leyes y disposiciones emanadas de las autoridades con jurisdicción en la zona de la obra".

Consecuentemente la Red Vial Centro S.A. se obligó ante el Estado nacional o concedente por los daños y perjuicios sufridos por terceros. Todo ello, sin perjuicio de las facultades que se reserva conforme el pliego de contrataciones mencionados la administración pública de supervisar, inspeccionar y auditar la obra (art. 18).

La Cámara Nacional Civil, sala F, mayo 15-992 en autos Abba, Miguel A. y otra c. Huarte S.A. y otros, sobre el tema sostuvo "La circunstancia de que una autopista sea del dominio público del Estado, no importa que la Municipalidad deba responder por los daños que sufran los terceros por las condiciones deficientes de mantenimiento que reconozca aquélla. Ello así, "pues la transferencia de la guarda jurídica de la autopista a una unión de sociedades empresarias responsables de su conservación y mantenimiento, libera a la municipalidad de toda obligación en ese sentido", La Ley, 1992-D, p. 194 y siguientes.

Por todo lo expuesto corresponde rechazar la demanda instaurada en contra de la Dirección Nacional de Vialidad.

IV. En esta instancia, habiéndose determinado la responsabilidad civil de la empresa Red Vial Centro S.A. en los términos de art. 1113, párr. 2º, parte 2º del Cód. Civil, corresponde poner en funcionamiento el factor de responsabilidad pertinente dentro del sector en que el daño se ha producido. En la especie, el daño fue causado por el hecho de una cosa siendo el riesgo creado el factor de atribución de responsabilidad.

"Se crea un riesgo cuando la cosa, por un acto anormal -habida cuenta del destino al que regularmente sirve según su naturaleza está en situación virtual de ser, por sí, causa de un daño" (CNFed. Civil y Com., sala III, abril 24-981, Kerbs de Cifuentes, Marta S. c. SEGBA) Ed/97-547.

Sentado ello y partiendo de la base de que "Constituye un principio básico en materia de reparación de daños que quien los alega tiene a su cargo no sólo la prueba de su existencia, sino también la del monto del perjuicio efectivamente experimentado, carga probatoria que se funda en que la indemnización no debe importar un lucro para quien la recibe. Ello significa que no cabe acordar indemnizaciones sobre la base de simples conjeturas" (CNCiv, sala D, mayo 4-981, Santino, Vicente A. c. Domínguez, Adolfo H.), ED, 97-555, examinaremos los daños y perjuicios en el orden en que han sido solicitados por los accionantes. La señora de Lasala reclama como gastos realizados 8 facturas de farmacia durante el período de internación (8/6/91 al 14/6/91) por la suma de A 1.659.811, que obran agregadas a fs. 18/25, todas debidamente reconocidas.

Dichos gastos terapéuticos, orientados al restablecimiento de la integridad física de la víctima del hecho son resarcibles (Resarcimiento de daño -2º Daños a las personas Integridad psicofísica, Matilde Zavala de González, p. 113 y sigtes.), los que guardan razonabilidad y causalidad con las lesiones producidas con el hecho dañoso, por lo que cabe ordenar el pago de las sumas contenidas en dichas facturas con más los intereses de la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. (art. 10, dec. 941/91 reglamentario de la ley de convertibilidad del austral) desde la fecha en que las mismas fueron erogadas hasta su efectivo pago.

Asimismo requiere el reintegro de 2 facturas abonadas al Sanatorio Allende Nº 192.247 y Nº 192.369 por la suma de A 1.680.000 y A 1.630.569 respectivamente en concepto de medicamentos descartables e internación desde el 8/6/91 al 14/6/91 agregadas a fs. 11/16 y reconocidas a fs. 128.

Cabe dejar sentado que en dichos recibos se especifica que la señora de Lasala afiliada al ISSARA se hizo cargo de la totalidad de lo facturado. Por tanto, dichos gastos cuya finalidad terapéutica se encuentra corroborada por los facultativos que atendieron a la actora, corresponde declararlos procedentes, con más los intereses mencionados precedentemente y por idéntico período.

Pide también los honorarios oblados al doctor por la misma suma de A 4.000.000. cuyo recibo Nº 13.202 obra a fs. 10 y se encuentra reconocido por el mencionado profesional a fs. 180/181. Es dable aclarar que dicha suma fue abonada al especialista en Oftalmología en concepto de honorarios médicos de cirujano, ayudante e instrumentista y elementos descartables, todo conforme la instrumental que en original se encuentra reservada en secretaría. Lo peticionado es reconocible y guarda conformidad con las pruebas allegadas al proceso (ver entre otras testimonial antes señalada del doctor Emilio Martín de fs. 180/181). Por lo que debe hacerse lugar al mismo, con más la tasa de interés precitada y por el mismo tiempo.

Peticiona asimismo el reintegro de la suma de A 2.000.000 efectivizados a la empresa Molina, por servicios de traslado conforme lo relatado en el escrito de demanda y cuyo recibo nº 464 obra a fs. 17 y se halla reconocido a fs. 262. Dan sustento a lo solicitado -entre otras pruebas las declaraciones testimoniales del doctor Raúl E. Inverti, Jesús M. Cabrera y Carlos D. Cabrera, de donde surge el traslado de la víctima desde el lugar del accidente a la Clínica Privada Norte de Capilla del Monte y de allí a Córdoba. En consecuencia, la suma requerida es procedente con más los intereses de la tasa pasiva "supra" indicados y por el período señalado para los otros conceptos.

Finalmente reclama la suma de A 1.000.000 por sutura extensa de cara abonada a la Clínica Privada Norte de Capilla del Monte y cuyo recibo nº 513694 se encuentra glosado a fs. 17 y reconocido a fs. 260 vta. por el doctor Raúl E. Inverti encargado del sector administrativo de dicha clínica. La erogación deviene procedente reparar y se encuentra conectada con las lesiones producidas por el hecho. Por ende, es justo ordenar su devolución con más los intereses y por el período a que se hace mención en todos los rubros anteriores.

Con relación a la pretensión consignada en el punto a.2 del escrito inicial de fs. 50 (cirugía estética, honorarios y gastos) la misma debe ser rechazada ya que en autos no se encuentra acreditado el pago de los conceptos a que se hace referencia, acompañándose al efecto solamente dos presupuestos que carecen de valor probatorio a los fines perseguidos. Es más, en la testimonial del doctor Curtino, el actor renuncia a la tercera pregunta que a continuación se transcribe: "si los importes especificados en la documental a que alude la pregunta anterior le fueron pagados y en su caso por quién".

Toca ahora analizar la pretensión de incapacidad deducida por la señora de Lasala basada en la pérdida sufrida en el ojo izquierdo aplicando por analogía a los fines de la obtención del monto la tabla de la ley de accidentes de trabajo 9688, reclamando en definitiva por dicho rubro la suma de A 135.200.000.

Para ello, y siguiendo la autora citada en último término, p. 343 y sigte. es oportuno puntualizar que "la incapacidad es la inhabilidad o impedimento o bien la dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales. Entraña la pérdida o la aminoración de potencialidades de que gozaba el afectado, teniendo en cuenta de modo predominante sus condiciones personales".

En el caso concreto estamos ante una incapacidad sobreviniente, es decir, la que se verifica luego de concluida la etapa inmediata de curación y convalecencia y cuando no se ha logrado total o parcialmente el restablecimiento de la víctima.

Se ha señalado: "La incapacidad sobreviniente es una disminución de la salud que afecta a la víctima en sus posibilidades laborativas y de relación" (CNEsp. Civil Com., sala 1º, 20/9/87, La Ley, 1988-C, 25; en sentido similar, 26/7/85, JA, 1986-II, síntesis).

Nuestra jurisprudencia se inclina por la apreciación del daño por incapacidad atendiendo no sólo a la laborativa: "la reparación por el rubro incapacidad tiene en cuenta toda disminución de aptitudes o facultades que importe una lesión patrimonial que cabe reparar, pues la incapacidad no sólo debe medir el aspecto del trabajo, sino también cuanto atañe a las actividades de la víctima y la proyección que tiene el accidente sobre la personalidad integral" (CNEsp. Civil y Com., sala 1º, 26/7/85, JA, 1986-2, síntesis).

En los autos del rubro, se ha demostrado la subsistencia de secuelas que la asistencia médica brindaba a la víctima no ha logrado enmendar totalmente provocando consecuencias no sólo patrimoniales sino también espirituales.

Observamos en tal sentido la declaración testimonial del doctor Emilio Martín que intervino en la cirugía ocular de la actora que ante la pregunta de la patología específica del ojo producida a la víctima y su respectiva incapacidad, el profesional expuso: "Sí, tiene una incapacidad y actualmente esa incapacidad por ser la visión de un décimo según las tablas, ello implica una incapacidad de un 32 %, que lo sabe porque él es integrante y miembro fundador de la sociedad de Oftalmología Laboral. ...Es una incapacidad permanente y la lesión es irreversible".

Cobra relevancia también la pericia médica rendida en donde se determina la índole de la lesión del ojo que afecta a la actora y su gravitación negativa, como también la relación causal con el accidente (ver pericia el doctor Ricardo Diers).

Asimismo, la declaración testimonial del doctor Raúl E. Inverti a fs. 260 vta. -quien atendió a la víctima en la noche del choque en la Clínica Norte de Capilla del Monte cuando pone de manifiesto que la actora "tenía una perforación en la córnea del ojo izquierdo. Que parada la hemorragia y vendada, dada la complejidad del caso la derivan a Córdoba".

No altera lo reseñado el informe en disidencia que con respecto a la lesión oftalmológica puntualiza el doctor Eduardo Dottori Soria, perito de control de la codemandada Red Vial Centro S.A., toda vez que el mismo no logra desvirtuar lo informado por el perito oficial en dicho aspecto que haga cambiar el criterio del juzgador.

Por tanto, habiendo quedado probado en autos la incapacidad sobreviniente a la actora derivada de la patología oftalmológica, teniendo en cuenta que se trata de una persona de 38 años con determinada capacitación que le da aptitud laborativa (títulos de bachiller y profesora de Educación Preescolar) no obstante no ejercer en el momento del accidente actividad retribuida o rentable, haciendo aplicación del principio en función del cual el resarcimiento atiende a las posibilidades productivas genéricas y no sólo a un trabajo determinado, como así también su capacidad productiva en el tiempo fijándose razonablemente como límite el momento al que pudiera acceder a los beneficios de una jubilación ordinaria mínima, el suscripto entiende justo y razonable fijar en concepto de incapacidad sobreviniente (art. 165, Cód. Procesal) a la fecha del presente decisorio la suma ($ 24.000) la que una vez firme y vencido el plazo para su cumplimiento generará por el concepto en cuestión y hasta su efectivo pago la tasa prevista en el art. 10 del dec.941/91.

Se ha señalado: "Toda disminución de la integridad física humana es materia de obligado resarcimiento, aunque la víctima no tuviera profesión u ocupación remunerada", CNCiv., sala B, 13/7/74, JA, 23-1974-334.

"El daño no se mide por la incapacidad que tiene la víctima para realizar determinado trabajo sino por sus posibilidades genéricas de donde se sigue que resulta intrascendente la falta de prueba sobre la labor desempeñada por aquélla", CNCiv., sala C, 19/3/68, La Ley 133-850.

Que con referencia al daño moral alegado, el mismo resulta conforme a derecho y encuentra fundamento en que dicho daño "es una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial" (p. 49 de la obra citada de Matilde Zavala de González).

Por otra parte "La indemnización el daño moral requiere la clara demostración de la existencia de una lesión de sentimientos y afecciones o de tranquilidad anímica", C1ºCC Bahía Blanca, 17/4/70, La Ley 141-557.

Dicho extremo ha quedado configurado en autos. Basta detenernos en las declaraciones testimoniales de los facultativos médicos que atendieron al accionante coincidentes todos en los sufrimientos emocionales y físicos que produce la situación a que estuvo sometida la víctima, a lo que se debe sumar las alteraciones estéticas del rostro por cicatrices diversas. El perito oficial en el punto informó: "desde el punto de vista estético, y si bien sus improntas faciales no llegan a tener la calidad (de acuerdo a los trabajos de Cabello y Do Pico) de "deformación permanente del rostro"; no es menos cierto que sus cicatrices le han "afeado" su rostro, haciéndolo "llamativo" y todos tienen derecho a tener un rostro perfecto no sólo en cuanto a su "belleza", lo cual puede ser subjetivo u opinable, pero sí en cuanto a su "integridad estética".

Debemos tener presente que "en el daño moral derivado de la lesión estética, no se resarce propiamente la pérdida o menoscabo de la armonía corporal, intrínsecamente considerada; ni sólo el dolor del lesionado. Sí, en cambio, la proyección existente de la persona a partir o desde su cuerpo, cuyo equilibro se ve perturbado a raíz del menoscabo estético", p. 224 y sigtes. de la obra que en la presente se sigue.

Por todo lo expuesto este tribunal estima prudente fijar para este rubro la suma de $ 4.000, a la fecha de este pronunciamiento, la que una vez firme y vencido el plazo para su cumplimiento devengará los intereses previstos en el art. 10 del dec. 941/91 aludido "supra".

V. Analizaremos en este estado los daños peticionados por la firma accionante La Baguala S.A. en el automóvil de su propiedad, en el que viajaba la actora en oportunidad del accidente, y cuyo título de propiedad obra a fs. 29. El apoderado de la firma acompaña a la causa dos presupuestos de la parte dañada del automóvil en cuestión reclamando una suma promedio entre los mismos de A 30.000.000.

En cuanto a los deterioros sufridos por el vehículo la jurisprudencia ha sentado una serie de reglas a este respecto en cumplimiento de su función integrativa de la ley. Así se ha establecido que: "producido el daño al vehículo, es procedente la indemnización aunque no se haya presentado la factura para acreditar que se abonaron las reparaciones (arts. 1110, 1068 y 1083, Cód. Civil), CNEsp. Civil y Com., sala VI, mayo 11-984, Bestard, Juan G. c. Tassi, Orlando, ED, 117-548.

La reparación "debe estimarse en equivalencia a la pérdida realmente sufrida, conforme a un criterio subjetivo y objetivo en forma integral C1ºCC Bahía Blanca, sala I, abril 17-984, Ramos de Frascarelli, Alicia M. y otros c. Tobio, Ebelio y otro. Ver, in extenso, fallo 38.358, ED 111-302.

Con las pruebas diligenciadas se demuestran los desperfectos producidos al automóvil con motivo del accidente. Son elocuentes al respecto las fotografías del automóvil obrantes a fs. 30, cuyos originales se encuentran reservados, y que evidencian la magnitud de los daños sufridos al rodado, todo lo cual se ve corroborado con los presupuestos para su reparación agregados a esta causa y los que no han sido objeto de una impugnación específica. Por ende, corresponde ordenar el pago de la suma de $ 2.500 a los fines de su reparación. Suma que devengará los intereses de la tasa pasiva desde la fecha del accidente hasta su efectivo pago.

Con referencia a la solicitud de pérdida de valor, de reventa del automóvil resulta ineludible puntualizar que para que sea viable este rubro es menester la prueba técnica del grado de desvalorización del rodado afectado. Ello así porque dicha perdida es un daño cierto y como tal debe ser efectivamente acreditado. Por consiguiente, careciendo el sentenciante de elemento de juicio alguno para determinarlo, debe rechazarse el reclamo en este aspecto.

A igual conclusión, y por los mismos fundamentos mencionados "supra" debe arribarse con respecto a la pretensión de pérdida por el uso en 15 días.

En tal orientación la jurisprudencia se ha pronunciado: "La mera invocación o alegación de haberse visto privado del vehículo, es insuficiente para acceder a la reparación por daños y perjuicios y no suple la falta de prueba sobre este punto (CNCom., sala A, julio 30-984, Lanternier, Carlos A. y otro c. Caja Prendaria S.A.)".

"Quien pretenda el resarcimiento de daños resultantes de la privación de uso de un automóvil, debe describirlo y probarlo, explicando las funciones patrimoniales a las que deba satisfacción (CNCom., sala C, diciembre 17-1984, Valori, Egidio J. c. Juan Pérez e Hijos), ED, 117-549.

En el "sub examine" la firma accionante se limitó a probar cuál es el costo diario del alquiler de un vehículo R12 o similar sin chofer, sin haber rendido concretamente la prueba del daño ocasionado a la sociedad reclamante.

VI. Que a tenor de las disposiciones de la ley de seguros la Empresa Red Vial Centro S.A. solicita a fs. 68 se cite en garantía a La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A. por tener asegurado en esa compañía los riesgos emergentes de responsabilidad civil hacia terceros. Cumplimentado dicho extremo el doctor Oscar J. Valtier comparece en representación de la compañía aseguradora y pone en conocimiento que el riesgo mencionado se encuentra amparado mediante póliza nº 030195 la que es reconocida por el apoderado de la Red vial Centro S.A. a fs. 165. En consecuencia, la mencionada compañía deberá responder en forma solidaria con el asegurado dentro de los términos de la contratación.

VII. Que a mérito de todo lo expuesto y lo prescripto en el art. 1113 parte 2º, párr. 2º del Cód. Civil y conc., corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por Stella Maris Costa de Lasala y por la firma La Baguala S.A. en contra de la Empresa Red Vial Centro S.A. y en consecuencia condenar a esta última y en forma solidaria a La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A. a abonar a los actores en el plazo de 15 días hábiles de quedar firme la liquidación del juicio las sumas indicadas en los considerandos precedentes y de acuerdo a las pautas allí establecidas.

VIII. Que en cuanto a las costas del juicio cabe hacer la siguiente discriminación: a) con relación a la demanda articulada contra la Dirección Nacional de Vialidad no obstante el resultado a que se arriba, atento la naturaleza de la cuestión y teniendo en cuenta que los actores pudieron creerse con derecho a litigar, en virtud de las dificultades interpretativas que el régimen legal y contractual aplicable al caso suscita, deben imponerse en el orden causado a cuyo fin se regulan los honorarios de los doctores J. A. T., R. V. O. y H. A. T. en conjunto y en la proporción de ley en el 7 % del monto del proceso por todo concepto con más un 40% para los doctores J. A. T. y R. V. O. por el carácter actuado. No se regulan honorarios al doctor O. G. R. por ser profesional a sueldo (art. 2º, ley 21.839) y b) con respecto a la acción deducida en contra de la Red Vial Centro S.A. cabe imponer las costas en un 10% a la actora y en un 90 % a la sociedad demandada y a la citada en garantía (art. 71, Cód. Procesal). A tales efectos se fijan los honorarios de los doctores J. A. T., R. V. O. y H. A. T. en conjunto y en la proporción de ley por todo concepto en un porcentaje del 13 % del monto del juicio (sumas mandadas a pagar) con más un 40 % para los doctores J. A. T. y R. V. O. atento el doble carácter de su actuación. Los honorarios de los doctores S. M. M. y C. A. F. se estiman por todo concepto en conjunto y en la proporción de ley en el 9 % sobre la misma base con más un 40 % por su doble carácter. Los emolumentos del apoderado de la Compañía de Seguros doctor O. J. V. se determinan en el 8 % por todo concepto sobre igual base con más un 40 % por el carácter actuado. Se difiere la cuantificación de los honorarios para el momento de formularse la liquidación del juicio, todo de conformidad a los arts. 6º, 7º, 9º, 10, 13, 19, 22, 39 y concs. de la ley 21.839. Regular los honorarios del perito médico oficial doctor R. D. en la suma de $ ... y los del doctor E. D. S., perito médico de control de la demandada Red Vial Centro S.A. en la suma de $ ... La tasa de justicia se fija en el 3 % del capital actualizado e intereses (ley 23.898) y será abonada por las partes de acuerdo a la imposición de costas, debiendo tenerse presente como pago a cuenta el depósito de fs. 1.

Por ello, resuelvo: 1) Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Stella Maris Costa de Lasala y por la firma La Baguala S.A. en contra de la Red Vial Centro S.A. y en consecuencia condenar a esta última y en forma solidaria a la aseguradora La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A. a que abonen a los actores en el plazo de 15 días hábiles de quedar firme la liquidación del juicio las sumas resultantes en concepto de indemnización determinadas en los considerandos pertinentes y de acuerdo a las pautas allí establecidas. 2) No hacer lugar a la demanda articulada por los actores en contra de la Dirección Nacional de Vialidad. 3) Imponer las costas del juicio de la siguientes forma: a) con relación a la demanda articulada contra la Dirección Nacional de Vialidad, en el orden causado, difiriendo la cuantificación de los honorarios de los letrados de la parte actora para su oportunidad en función de los porcentajes y pautas fijadas en el consid. VIII. No se regulan honorarios al doctor O. G. R. por ser profesional a sueldo de su mandante (art. 2º, ley 21.839); b) con respecto a la acción deducida contra la Red Vial Centro S.A. en un 10 % a la actora y en un 90 % a la sociedad demandada y a La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A. (art. 71, Cód. Procesal) difiriendo la cuantificación de los honorarios de los profesionales intervinientes y de la tasa de justicia para su oportunidad de acuerdo a los porcentajes fijados en el consid. VIII. Regular los honorarios del doctor R. D., perito médico oficial en la suma de $ ... y los del doctor E. D. S., perito de control de la demandada Red Vial Centro S.A. en la suma de $... .- Ricardo Bustos Fierro.