marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Hipoteca, inscripción registral, certificación registral, efectos con relación a terceros
Materia: CIVIL
Carátula: PREVIMAR S.A c/ CARRIZO, ENRIQUE s/ HIPOTECA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-11

Las certificaciones expedidas por el Registro de la Propiedad Inmueble en las que se consigna el estado jurídico de los bienes y de las personas según las constancias registradas, permiten a los terceros que van a realizar una operación, conocer la situación en que se encuentra el inmueble sobre el que se va a contratar, en ese momento, de manera que otorgan la seguridad necesaria para proteger el tráfico inmobiliario.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BANCO DE SANTA FE SA c/ MARCONETTI, HILDA DELIA Y/U OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DEMANDA ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 5 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

Si bien no procede el recurso extraordinario fundado en la arbitrariedad por la determinación e interpretación de preceptos de derecho común que el juez estime deben regir el pleito, la excepción a tal principio se configura cuando la resolución no traduce una comprensión admisible de la cuestión.

En el caso, asiste razón a los quejosos en relación a la acusada "fragmentación" de los honorarios que, a su criterio, habría operado la sentencia al dividir los estipendios entre todos los profesionales intervinientes, desde que se efectuó una exégesis de la causa que no encuentra relación con los hechos y sus efectos, aplicando equivocadamente el artículo 3 de la ley de aranceles, con lo cual deviene tergiversada la solución brindada, resultando pertinente destacar que la representación de los abogados recurrentes de las codemandadas fue única y conjunta, implicando a lo largo de la causa la formulación de presentaciones unificadas (contestación de la demanda, oposición de las excepciones, ofrecimiento de pruebas, etc.), por lo que en lo que respecta a los nombrados sí correspondería distribuir los emolumentos conforme a lo resuelto en el precedente "Contreras" (A. y S. T. 108, pág. 399).(Del Voto de la Mayoría)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, pericia médica
Materia: LABORAL
Carátula: Carletti, Isildo Alfredo c/ Protto Hnos. S.A. s/ Enfermedad accidente Gómez, Maximiliano Rufino c/ Moralejo y Cía. s/ Accidente Toranza, Omar A. c/ Establecimiento Frigorífico Azul S.A. (E.F.A.S.A.) s/ Accidente de trabajo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12|1991-12-17|1994-05-03

Si bien los tribunales del trabajo tienen facultades para apartarse de la pericia médica porque sus conclusiones carecen de efectos vinculantes, la desestimación de éstas debe ser razonable y científicamente fundada. De lo contrario, se incurre en un apartamiento arbitrario, configurativo de absurdo.
Reposición in extremis, inadmisibilidad del recurso, recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), plazo, notificación, domicilio real, domicilio legal
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, MIGUEL c/ DURAN, CLAUDIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (REVOCATORIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-10

Corresponde rechazar la revocatoria interpuesta, desde que aceptar la tesis de la impugnante de computar el plazo -cuando un mismo acto procesal es notificado a los domicilios real y legal- mediante la cédula cursada a su domicilio real, implicaría -en el caso- un claro apartamiento normativo y consagrar un ejercicio antifuncional del derecho de defensa del demandado.
Recurso extraordinario, tasa de justicia, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: BUFFA, RAÚL PEDRO c/ MARIO FERNANDO IBARRA s/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-15

El beneficio de litigar sin gastos debe estar otorgado por lo menos al tiempo de vencer el plazo para la apelación extraordinaria, de lo contrario el quejoso no queda liberado de dicha carga o presupuesto procesal, cuya naturaleza jurídica difiere de los impuestos o tasas de justicia por cuya razón no resulta aplicable el art. 83 del C.P.C.C. La circunstancia de omitir el depósito priva al recurso extraordinario de uno de sus recaudos formales básicos de admisión.
Competencia, declaración de oficio, inhibitoria, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Stech, Flavio c/ Policía de la Pcia. de Bs. As. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-10

No corresponde la inhibición de oficio, de acuerdo a la previsión del artículo 30 de la ley 7543 por parte del a-quo, ya que la competencia territorial en los asuntos exclusivamente patrimoniales puede ser prorrogada de conformidad de partes -expresa o tácitamente - (arts. 1 y 2 CPCC), lo que determina que la incompetencia es de tipo relativo y no puede ser declarada de oficio, debiendo el juez dar oportunidad a las partes para que se allanen u opongan la excepción respectiva dentro del plazo que a tal efecto otorga el código adjetivo.
Honorarios del abogado, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL
Carátula: LAMINACION ARGENTINA DEL COBRE S.C.A. c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-15

Cuando han sido las particularidades del caso las que permitieron que el juez se aparte de la aplicación de la ley 23.982 y tales peculiaridades no alcanzan a la retribución de los profesionales, lo que se decida respecto de la obligación principal no puede extenderse al pago de los honorarios, ya que su eventual accesoriedad no modifica su carácter de obligación esencialmente dineraria.-
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodriguez, Rodolfo c/ Garcia, Oscar Alfredo y otro s/ Incidente de apelación (art. 250 del CP) en autos: Rodriguez c/  Garcia s/ Incidente de ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-18

Procede plantear como fundamento de la excepción de falsedad de la ejecutoria, la circunstancia de que la resolución ejecutada no se encuentre firme y consentida; pues el referido vicio la torna inhabilidad por faltarle el requisito de exigibilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
AFIP DGA, exportador, multa aduanera, notificación por edictos, domicilio constituido
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUEL, JESUS c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-16

La Aduana condena a la empresa exportadora y a sus directivos al pago de una multa conforme a los artículos 140 ter y 171, 2 párrafo, inc.c) de la ley de la materia (t.o. 1962), notificando a la imputada mediante edicto publicado en el Boletín Oficial, conforme a los art. 46, 47, 48 y 49 de la ley de Aduanas.

El art. 140 de la ley citada, vigente en ese momento disponía que:

"Si se ignora el domicilio de las personas a que se refiere el art.

33 o se desconociera a las mismas, se les citará por edictos, bajo apercibimiento de seguirse el sumario en rebeldía, si no compareciera a tomar la debida intervención. Esta publicación se hará por una vez en el Boletín Oficial debiendo agregarse...". Esta forma de notificación resulta admisible como última ratio en caso de mediar una efectiva imposibilidad de hacer llegar de otro modo las comunicaciones respectivas.

También cuadra agregar, que el decreto 1160/74, reglamentaria de ley 11683, percibiría en su art. 6 que: "El domicilio señalado en la documentación aduanera o el declarado para la inscripción en los Registros..., producirán los efectos del domicilio constituido. Tras las diligencias o notificaciones que en ellos se practiquen surtirán pleno efecto aun en los trámites judiciales, hasta tanto el interesado no constituya una nueva..." Luego, la notificación introducida en el sub-judice trajo como consecuencia la obligación de que todas las notificaciones posteriores debieron allí realizarse, sin que sean óbice a esta conclusión los argumentos esgrimidos por el Fisco, acerca del distinto carácter que revestiría la intervención del causante en estas actuaciones, y de hecho de no haberse aclarado en que operaciones, en trámite se constituía, toda vez que tales exigencias no encuentren sustento normativo y se hallan desvirtuadas por el trámite posterior impreso a la solicitud administrativa del cambio de domicilio, puesto que tomó debida nota de ello la división correspondiente.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, indicación de la causa, certificado de deuda, impuestos
Materia: COMERCIAL
Carátula: SABARASA  ENTERTAINMENT  SRL s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTEDE REVISION POR (AFIP).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-03

Resulta criterio uniforme de la totalidad de las Salas que integran este Tribunal, aquel que postula que los procedimientos de determinación oficiosa de impuestos regulados por las leyes nacionales o provinciales, consentidos que estos fueren o agotadas las instancias de revisión que se prevén normativamente, configuran causa suficiente a los efectos de los artículos 32, 126 y 200 de la Ley 24522, siempre y cuando no esté cuestionada: (i) la legalidad del procedimiento, (ii) la constitucionalidad de la ley que lo regula o (iii) la posibilidad de defensa por parte del fallido o del síndico, en su caso (cfr. esta Sala, 9/2/2010, "Compañía Argentina de Salud s/ conc. prev. s/ incid. revisión por AFIP"; Sala A, 30/10/07, "American Falcon SA s/ quiebra s/ inc. de revisión por Fisco Nacional-DGI"; Sala B, 17/12/95, "Clínica Rivadavia SA s/ quiebra s/ inc. de revisión por DGI"; Sala C, 29/12/95, "Cristalerías El Condor SA s/ inc. de verificación por Fisco Nacional (DGI)"; Sala D, 5/10/00, "Pan de Manteca SA s/ quiebra"; Sala E, 12/8/98, "Quesoro SA s/ quiebra s/ inc. de verificación por MCBA").
Recurso extraordinario federal, cuestión federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: REINOSO RAMON ROGELIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA E I.S.S.P. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION-RECURSO  EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-02-05

Atento lo establecido por el art.14 de la ley 48, la instancia abierta por el recurso extraordinario, debe ser una "cuestión federal".Dicha cuestión subyace en su condición de recaudo del Recurso Extraordinario en los tres incisos del citado art.14.Lo opuesto a la"cuestión federal" es la "cuestión no federal", de "derecho común", o de "orden común", o de "orden local".El"derecho local" abarca las normas provinciales y municipales. (Minoría u opinión personal)
Mobbing, violencia de género, capacitación obligatoria en género
Materia: PROCESAL
Carátula: Morales, Yolanda Beatriz c/ Neira, Camilo Ovito y otras s/ cobro de pesos e indem. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-10-27

Resulta procedente condenar en forma concurrente a los demandados a indemnizar a la actora e implementar, de manera prioritaria, una capacitación obligatoria en género establecida por la ley 27499 y ley provincial VIII 129, toda vez que la prueba colectada permite tener por acreditados los hechos expuestos en la demanda que dan cuenta del padecimiento denunciado por la actora en ejercicio de sus labores al servicio de la codemandada administración de vialidad provincial, los cuales se constituyen acoso laboral en razón del género, ejercido de manera directa por el codemandado que se desempeñaba como dirigente gremial de la última codemandada, el sindicato de trabajadores viales de la provincia de Chubut.
Crédito laboral, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: Soto, Susana c/ Lee, Yae Young s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-07-08

En el caso de las deudas laborales, raramente el trabajador acreedor tendrá acceso al crédito bancario, viéndose forzado a recurrir a otras fuentes particulares más onerosas, y concluiremos que el reconocimiento de una tasa activa para liquidar los intereses se impone.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), derechos y garantías constitucionales, doble instancia, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: MORDINI, MARIO ALFREDO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-30

Tratándose de la primer sentencia condenatoria del justiciable por el delito de portación ilegítima de arma de guerra (Art. 189 bis, inciso 2, párrafo 4, C.P.), se impone garantizar el derecho de revisión amplia del condenado establecido en las disposiciones convencionales (Arts. 8.2.h C.A.D.H. y 14.5 P.I.D.C.P. en función del Art. 75 inciso 22 C.N.).

Ello así, por cuanto de los agravios del recurrente en confrontación con los antecedentes de la causa logra entreverse un supuesto de posible afectación de las garantías de debido proceso y defensa en juicio.

En el caso, no pueden pasar inadvertidas las insuficiencias de una eficaz defensa, particularmente en lo concerniente a las actuaciones que dieron iniciación a esta causa y, tampoco las implicancias de las garantías del debido proceso en conexión con la agravante por la cual se condenara al justiciable.

En tal contexto, ostentan entidad también los agravios por la posible afectación del derecho de defensa en relación al recaudo de inmediatez del artículo 41 del Código Penal.

Por expuesto, cabe efectuar la revisión amplia peticionada por el justiciable. (De la ampliación de fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cerisola, Nydia Elba c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-05

Toda vez que la obligación de pagar las diferencias por reajuste de haberes previsionales sea posterior a la solicitud del beneficio, corresponde aplicar el plazo bienal de prescripción (art. 56, 3er.

párrafo, dec. ley 9650/80).
Falta de acción, recurso de apelación (procesal), denegatoria del recurso, asociación ilícita, adulteración de medicamentos, falsificación de medicamentos, fraude a la Administración Pública, falsificación de marca o designación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Hendler, Marcos c/  s/ excepción de falta de acción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-17

Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la excepción de falta de acción deducida por el imputado, fundada en que está sometido a proceso en relación a los mismos hechos por los que fue indagado, también en el fuero federal, puesto que los elementos que obran en la causa permiten descartar dicha posibilidad, habida cuenta que en una de las causas fue legitimado pasivamente por integrar una asociación ilícita dedicada a la venta de medicamentos que se encontrarían vencidos y adulterados, y procesado en los términos del art. 210, primer párrafo, del C.P.; y en la restante se le imputó haber participado en una defraudación contra la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud de la Nación, en concepto de reintegro por la compra de medicamentos presentando troqueles falsos (delito de administración fraudulenta en perjuicio del erario público, en concurso ideal con uso de marca registrada falsificada -art. 174, inc. 5, en función del art 173, inc. 7 del C.P. y art 31, inc. b, de la Ley 22.362). En consecuencia, no se trata de una mera variación de calificaciones legales sino de hechos diferentes, con características y particularidades visiblemente disímiles.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Rafael Norberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

El art. 142 (n.a.) del C.P.P. no se relaciona con atribución de carga probatoria alguna sino que establece reglas sobre las condiciones bajo las cuales ciertos elementos probatorios producen determinados efectos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Ortega, Omar Alfredo c/ Frigorífico Rydhans S.C.A. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

No media infracción al principio de congruencia si el tribunal del trabajo se mostró atento a las pretensiones articuladas y no emitió pronunciamiento sobre rubros que no fueron objeto de reclamo en la demanda.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, abuso sexual, sentencia condenatoria, prueba, víctima menor de edad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., O. c/  s/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-12-20

La Cámara, para confirmar la sentencia condenatoria al considerar acreditados los abusos sexuales endilgados al imputado, efectuó una valoración integral del material probatorio producido y, siguiendo el razonamiento empleado por el Tribunal de grado a partir de la apreciación expuesta por las profesionales entrevistadoras, dio las razones por las cuales el discurso y señalamiento prestado por el niño en sus diversas intervenciones revestía la eficacia necesaria para ser la principal prueba de los abusos denunciados, mencionando entre tales razones, la falta de mendacidad en la sindicación, su persistencia, coherencia, espontaneidad, uniformidad desde un primer momento y a lo largo de sus deposiciones, con descripción de circunstancias temporales y espaciales y la ausencia de motivos espurios que revelaran una sindicación malintencionada; y enfatizó que los intentos de ambas defensas técnicas de los coimputados tendentes a convencer a la Judicatura de que el niño formuló una incriminación falsa a fin de impedir su retorno a la institución, no pasaban de ser meras conjeturas sin anclaje en las probanzas de la causa.
Administración Pública, principio de legalidad, acto administrativo, elementos del acto administrativo, procedimiento administrativo, vicios del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Morell, Andrés Telmo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 269 año 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-05

Conforme al principio de legalidad de la actividad administrativa, existe un orden de prelación que determina que el acto administrativo debe ser dictado conforme a las normas generales que contiene el reglamento. El mencionado principio no supone solamente la sumisión de la actuación administrativa a las prescripciones del Poder Legislativo, sino, además, el respeto en la producción de las normas administrativas al orden escalonado exigido por la jerarquía de las fuentes y, finalmente, la sumisión de los actos concretos de una autoridad administrativa a las disposiciones de carácter general previamente dictadas por esa misma autoridad, o incluso, por autoridad de grado inferior siempre que actúe en el ámbito de su competencia. Se prohibe, pues, a la Administración, alterar mediante actos singulares lo establecido en disposiciones por ella dictadas.

Si la Administración produce tal alteración, el acto por el que se comete la infracción, en principio, estará viciado con entidad tal que quedará descalificado enteramente.
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Galarreta, Hugo César s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-16

En el caso en estudio no ha operado la prescripción de la acción penal, pues no ha transcurrido el máximo de pena para el delito imputado (seis años, fraude a la administración pública) desde el último acto con capacidad de interrumpirla: auto de citación a juicio (art. 67, inciso d) del C.P.). (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi).
Prueba documental, contrato de transporte
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sacone, Nicolás c/ Solari, Vicente s/ cobro de pasajes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1869-09-09

Siendo de mayor cuantía, un contrato de transporte de personas en un buque, no puede ser justificado por solo la prueba testimonial (art. 192, Cod. Com. ant.).
Enfermedad accidente, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, LUIS ALBERTO c/ GRAFA S.A. s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD ACCIDENTE, ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-06-27

En los casos de enfermedad accidente, se indemniza el daño causado por ésta y no la enfermedad causante.-
Regímenes jubilatorios especiales, ingenieros, derecho al beneficio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rossetti de Blanco, Elsa Nidia s/ Inconstitucionalidad arts. 45 y 48, ley 5920.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

La derogación que la ley 12007 (B.O. 30-X-97) introdujo al art. 45 ley 5920, conforma una pauta que debe tomarse en cuenta en autos, toda vez que las normas posteriores o las modificaciones introducidas por el legislador a las vigentes pueden servir como elementos útiles para confirmar la corrección de un determinado criterio interpretativo.
Embarazo, personas por nacer, anencefalia, parto inducido, aborto
Materia: CIVIL
Carátula: T., S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-01-11

La decisión de autorizar la inducción de un parto ante la patología de anencefalia del feto por nacer no se trata de un caso de aborto, ni de aborto eugenésico, ni de una suerte de eutanasia, ni de un ser que no es -para excluir la protección de su vida- persona, ni de la libertad de procreación para fundar la interrupción de su vida, ya que tales acciones aparecen identificadas con una acción humana enderezada a provocar la muerte del niño durante su gestación.
Automotores, transmisión del dominio
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ Alberto Ricardo c/ Moreno Angela del Carmen s/ Restitución de Automotor - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-03-08

El Decreto-ley 6582/58 (ratificado por ley 14.467) ha establecido un régimen para la transmisión del dominio de los automotores, distinto del que es propio de las cosas muebles en general.

Conforme a lo dispuesto por el art. 1, la misma debe formalizarse por escrito, produciendo sus efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro de la Propiedad Automotor.

El art. 2, prescribe que la inscripción de buena fé de un automotor en el Registro confiere a su titular la propiedad del vehículo y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación y a su vez, intentar la restitución a fin de recuperar la cosa en poder de un tercero, sin derecho para repelarla.

Es decir que el decreto supra indicado, alteró para el caso de los automotores el sistema de los arts. 2412 y conc. del Código Civil.

En vez de la posesión de buena fé vale título, que rige como sistema general para las cosas muebles, se impuso como elemento constitutivo del dominio la inscripción en el registro respectivo.

En las cosas muebles en general la simple posesión acredita la propiedad, correspondiendo demostrar lo contrario a quien lo ataca. En el caso de las cosas muebles registrables, quien tiene la posesión del automotor pero no es el titular registral, carga con la prueba de demostrar su "animus domini".

Conforme a lo dispuesto por el art. 2362 del Código Civil: "Todo poseedor tiene para sí la presunción de la buena fé de su posesión, hasta que se pruebe lo contrario, salvo los casos en que la mala fé se presume. (art. 2362 Cód. Civil).