Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29


TS07D45665 SENTENCIA DEFINITIVA Nº 45665 CAUSA Nº 47.654 - SALA VII - JUZGADO Nº 26 En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de agosto de 2013, para dictar sentencia en estos autos: "Almiron Sergio Amado c/ Sindicato Único de Trabajadores de Buenos Aires Suteba s/ Despido", se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO:

I- A fs. 8/15 se presenta Almiron Sergio Amado e inicia demanda contra S.U.T.E.B.A. (Sindicato Único de Trabajadores de Buenos Aires).

Sostiene que comenzó a trabajar para el demandado el 6 de junio de 2003 realizando tareas de cocinero en el recreo que se encuentra sobre el rio Lujan que explota el sindicato y denuncia que la demandada simulo la relación laboral con la interposición de supuestos concesionarios.

Indica que el vínculo siempre fue con el sindicato y que los concesionarios que se interpusieron a lo largo de la relación laboral han sido en fraude a la ley.

Afirma que en febrero de 2009 le negaron tareas, por lo que intimó a que se aclarase su situación laboral y al no recibir respuesta favorable se consideró gravemente injuriado y despedido. Viene a reclamar indemnización por despido, deudas salariales y demás rubros establecidos en la normativa vigente.

A fs. 33/44 se presentan la demandada, niega todos y cada uno de los hechos invocados en el escrito de inicio salvo los expresamente reconocidos.

La sentencia glosada a fs. 553/555, hace lugar a las principales pretensiones del actor, es apelada por la parte actora (fs. 558/561) y por la demandada (fs. 568/576).

Apelación parte demandada. II- Mantiene la quejosa la apelación de fs. 538/539, y sostiene que no se encontraba concluida la etapa probatoria (al momento en que el juez dispuso los alegatos) toda vez que la parte demanda presento impugnaciones a la pericial contable, que no fueron contestadas.

Advierto que el recurso, en este punto, resulta insuficiente para revertir lo decidido en grado, ya que no realiza el apelante una crítica concreta y razonada, sino que simplemente se limita a disentir con lo decido y no cumple con lo dispuesto en el art. 117 de la L.O., pues se limita a fundar su recurso en presentaciones anteriores.

Recordemos que el art. 116 de la L.O. establece "... el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que el apelante considere equivocadas, para lo cual no bastará remitirse a presentaciones anteriores...".

III- Se agravia la quejosa por la decisión del sentenciante que concluyó que la relación que unía a las partes era de índole laboral. Arguye que el "a quo" ha realizado un erróneo análisis de las probanzas arrimadas a la causa.

Adelanto que su pretensión, de que sea revocado este aspecto del fallo no ha de tener favorable acogida.

En efecto del análisis de las pruebas que se han glosado en la causa surge acreditada la prestación de servicios del actor como cocinero en el mentado restorán (ver declaraciones Diaz (fs. 384), Brites (402), Diaz (fs. 492) y Caraballo (fs. 494), lo cual conduce a la aplicación de la presunción establecida en el art. 23 de la L.C.T. y pone en cabeza del empleador la carga probatoria de acreditar que la vinculación existente entre las partes responde a una característica diferente a la laboral. Cuestión que no se aprecia cumplida en autos.

En efecto, se configura la presunción legal "iuris tantum" (provista en el art. 23 de la L.C.T.), de la existencia de un contrato de trabajo, cuando se acredita que ha existido una prestación de servicio. Por lo tanto ello produce la inversión de la carga de la prueba. Será el empleador, entonces, quien deba probar que la prestación no tuvo como causa un contrato de trabajo, sino alguna otra (art. 499 CC).

Deseo resaltar que la única prueba de la que intenta valerse el demandado para acreditar que no ha existido relación de trabajo entre las partes, es un contrato de concesión firmado el 19 de noviembre de 2007, entre la demandada y el Sr. Raffo, en el cual se habría entregado la explotación del servicio de Bar- Restaurante y Proveeduría, hasta el 1 de abril de 2008.

Es decir, el trabajador prestó servicio desde el 6/01/03 al 24/02/09, y el contrato en cuestión solo abarca un breve plazo de la extensión de la relación habida, lo cual resulta claramente insuficiente para desvirtuar la presunción antes citada, ello sumado a la falta de exhibición al perito contador de instrumentos que acreditan la supuesta sucesión de contrato invocados por la parte demandada.

En definitiva, no habiendo probado el demandado, que toda esa actividad desplegada por el actor hubiese sido para su propio beneficio, debe concluirse que las partes se han vinculado mediante un contrato de trabajo (art. 21 y 22 de la L.C.T.), y de este modo dejo propuesto mi voto.

Por lo anteriomente expuesto, propicio la confirmación del fallo en este sustancial segmento.

IV- Como consecuencia de lo propuesto en el considerando anterior, es que debe confirmase la sentencia en cuanto la condena dispuesta por las multas establecidas en la ley 24.013, ya que al momento en que se intimó al demandado (17/02/09) a que se aclarara y se registrara correctamente la relación laboral, ésta se mantenía vigente.

V- Se agravia la quejosa por la condena dispuesta en relación a la multa establecida en el art. 45 de la ley 25.345, pues sostiene que la intimación cursada por el actor resulta insuficiente a tales efectos.

Considero oportuno destacar que siendo la demandada intimada fehacientemente a regularizar la situación, esta negó rotundamente las irregularidades denunciadas, por lo tanto se tornó innecesario el plazo de 30 días contemplados en la ley, porque mal puede suponerse que tuviese, la empleadora, voluntad de cumplir con lo dispuesto en la normativa.

Propicio, entonces la confirmación del fallo en este punto.

VI- No es atendible el pedido de la demandada de que se descuente de la condena la suma correspondiente a la multa prevista en el art. 2º de la ley 25.323, toda vez que -en el caso de autos- se aprecian cumplidas las exigencias previstas en la norma: 1) la recurrente fue oportunamente intimada a abonar las sumas correspondientes a indemnizaciones propias del distracto (v. despacho telegráfico fs.48); y 2) el trabajador se vio obligado a litigar judicialmente para perseguir el cobro de las indemnizaciones referidas debido a la conducta de reticencia a abonar dichos conceptos asumida por la accionada.

VII- Apelación Parte Actora.

Pretende la presentante que se corrija la denominación del demandado, ya que al presentar demanda se consignó S.U.T.E.B.A. (Sindicato Único de Trabajadores de Buenos Aires), pero al contestar demandada se acompañó el pertinente instrumento que acredita personería y clarifica la correcta denominación la cual es S.U.T.E.B.A. (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires).

Advierto que el 11/3/10 (fs. 45) el sentenciante tiene por contestada la demanda por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires. Sentado ello, y teniendo en cuenta lo establecido en el art. 71 de la L.O. ". en caso de discordancia entre los datos de la persona demandada y los del que contesta la demanda, el juez tendrá por enderezada la acción, salvo oposición expresa de la parte actora.", concluyo que le asiste razón al actor en su planteo.

VIII- Sostiene la parte actora que se han producido distintos errores aritméticos al realizar los cálculos y reclama:

a) Los salarios de diciembre de 2008, enero de 2009, y el pago del SAC de todo el periodo no prescripto que no han sido abonados y que se reclamaron en la demanda ($4.424,63).

Advierto que le asiste razón en su planteo ya que, no hay constancia alguna que pruebe que dichos créditos hayan sido cancelados, recordemos que para demostrar satisfecha cualquier obligación salarial es necesario exhibir recibos conformados en debida forma y con las prescripciones de los art. 138 a 142 de la Ley de Contrato de trabajo, cuestión que no se da en el presente caso.

b) Se recalcule el adicional por antigüedad establecido en el art. 25 del C.C.T. 183/92, pues allí se establece que los trabajadores percibirán el 2% sobre el básico de la categoría D por cada año de antigüedad.

En efecto, teniendo en cuenta la antigüedad del actor, el cálculo debió haber sido desde, marzo a diciembre de 2007 un 8% y desde enero de 2008 a diciembre de 2008 en un 10% y para enero y febrero de 2009 en un 12%.

c) El incremento de los meses de enero y febrero de 2009 que corresponde adicionar por el plus de temporada.

El art. 37 del C.C.T. antes citado establece que debe abonarse a los trabajadores una bonificación del 20% del sueldo básico de la Cat. D. en los meses de enero, febrero y marzo, y un 12% en abril.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo antes indicado advierto que le asiste razón al apelante y propongo se haga lugar a su pretensión y elevar la condena por "diferencias de básicos, y haberes adeudados) a la suma de $9.377,72.

Lo antes manifestado, modifica la base de cálculo que debe tenerse en cuenta para realizar la liquidación siendo que la mejor remuneración devengada por el actor asciende a la suma de $2.378,50.

Liquidación.

Indem. Por antigüedad $14.271- Indem. Preaviso $ 5.153,60- Indem. Integración $ 368,04- Art. 2 ley 25.323 $ 9.896,32- Art. 80 ley 25.345 $ 7.135,50- Vac. Prop. $ 283,41- SAC Prop. $ 358,08- Prop. Feb. 2009 $ 2.038,71- Art. 8 ley 24.013 $32.850- Art.15 ley 24.013 $19.792,37- Dif. Básico y deudas salariales $9.377,72- TOTAL $101. 524,75- Por lo tanto teniendo en cuenta lo antes indicado propicio elevar la condena a la suma de $101.524,75, más intereses según se han fijado en la instancia anterior.

IX- Pretende la agraviada que se haga lugar al reclamo por horas extras, y aduce que el sentenciante ha realizado una errónea valoración de las probanzas arrimadas a la causa.

El actor denuncia que cumplía una jornada que se extendía de martes a domingo de 7 a 23 hs., mientras que la empleadora sostiene que el local abría solo los viernes, sábados y domingos.

Al igual que el sentenciante entiendo que no se ha logrado acreditar los extremos invocados en la demandada ya que los dichos de los testigos, son coincidentes al indicar que el local cerraba de lunes a jueves (ver Rocio Díaz fs. 384, Russo fs. 468), en este punto cabe destacar que Rocio Díaz ha sido propuesta por la parte actora.

No dejo de advertir que la testigo Brites (fs. 402) ni los de la testigo Carballo (fs. 494) quienes aducen que la jornada cumplida por el trabajador era de 7 a 23 hs., más debo destacar que ambas denuncian que sus horarios eran de 8 a 16/18hs.; es decir no estaban presentes al momento del ingreso ni del egreso del actor, lo cual le quita fuerza probatoria a sus testimonios en este aspecto.

Por todo lo expuesto, es que propongo la confirmatoria del fallo en este punto, ya que no se ha logrado acreditar los extremos invocados en el escrito de demandada en este punto.

XI- Atento lo normado en el art. 279 propicio mantener los porcentuales escogidos por el Sr. Juez a los efectos de justipreciar los emolumentos correspondientes a la etapa anterior de los profesionales actuantes en autos, pero sugiero se modifique la base regulatoria, tomando como tal el nuevo monto de condena que dejo propuesto en el apartado anterior y confirmar el fallo en lo demás que decide.

XII- En caso de ser compartido mi voto, propicio que las costas de alzada sean soportadas por la demandada vencida, y se regulen honorarios a la representación letrada de la demandada y actora en el 25% y 35% respectivamente, de los determinados para la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839).

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO: Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

LA DOCTORA BEATRIZ INES FONTANA DIJO: No vota (art. 125 ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar el fallo y condenar a S.U.T.E.B.A. Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires) a pagar a ALMIRON SERGIO AMADO la suma de $101.524,75 (ciento un mil quinientos veinticuatro pesos con setenta y cinco centavos), más intereses según se han fijado en la instancia anterio. 2) Mantener los porcentuales escogidos por el Sr. Juez a los efectos de justipreciar los emolumentos correspondientes a la etapa anterior de los profesionales actuantes en autos, pero tomando como base de cálculo el nuevo monto de condena. 3) Confirmar el fallo en lo demás que decide. 4) Declarar que las costas de alzada sean soportadas por la demandada vencida. 4) Regular honorarios a la representación letrada de la demandada y actora en el 25% (veinticinco por ciento) y 35% (treinta y cinco por ciento) respectivamente, de los determinados para la instancia anterior. 5) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1ª de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.