Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-06-06


AUTOS Nº 115193 (C.C. - SALA IV - Nº 680) DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARATULADOS: "AGÜERO Maria Vicenta y Otros C/ Municipalidad de 9 de Julio -Daños y Perjuicios (en Cont. Administrativo Conexidad con Exp 112392)".- PROT.: L. DE SENTENCIAS - T° 1 - F° 110/132 - AÑO 2018.- En la Ciudad de San Juan a los seis días del mes de junio de dos mil dieciocho, reunida en Acuerdo la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Juan Jesús ROMERO, y los Srs. Vocales Sra. Juez de Cámara María Josefina NACIF y Dr. Pascual E. ALFERILLO, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia de fecha 12 de junio de 2014; pronunciada por la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo a fs. 103/116 en estos Autos Nº 115193 (C.C. SALA IV Nº 680), caratulados: "AGÜERO MARIA VICENTA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO -DAÑOS y PERJUICIOS (en cont. Adm.) y su acumulado Autos 116688 (C.C. SALA IV Nº 682), caratulados "OZAN Pablo Hugo C/ Municipalidad de 9 de Julio -Daños y Perjuicios- (en cont. administrativo) Conexidad Autos 115193". Recurso que fuera concedido con efecto suspensivo por decreto de fs. 120.

Que siendo de la competencia de esta Sala IV el tratamiento del recurso impetrado y encontrándose consentida la integración del Tribunal se procederá a su consideración.

La Sra. Juez de Cámara MARIA JOSEFINA NACIF, dijo: Por el decisorio apelado la Juez a quo dispuso: I) Rechazar la demanda de daños y perjuicios interpuesta por los Sres. AGÜERO María Vicenta, AHUMADA Oscar F., ALE Omar Alberto, CABRERA Eugenia del Valle, CASTRO Rodolfo E, DOMINGUEZ Javier, DURÁN Mario, ESPINOZA José Eduardo, FERNÁNDEZ Maria Antonia, FREZ Carlos Arturo, GARCÍA Luís, HERRERA Daniela V., LUNA Dora Herminia, MATAMORO, Celia Aída, MATAMORA Dolinda Edith, MOYANO Tomás Alberto, MONTIVERO Carlos, MONTIVEROS Hernán Emilio, GODOY Juan Carlos, NÚÑEZ Héctor Fabián, OLIVERA Rosana, ONTIVEROS Wilfredo Daniel, ORELLANA Marta Elena, PELAITAI Fabiana, PÉREZ Humberto, QUIROGA Gustavo José, RIOS Olga Rosario, RUARTE Gustavo A., SÁNCHEZ Jorge Alberto, SORIA Néstor, TORRES Irma, VARGAS Dolinda, VARGAS Arnaldo Jesús, VARGAS Humberto Segundo, VARGAS Rubén Ángel, GODOY Raúl Antonio, CAPDEVILA Miguel, SORIA Rolando y ALÉ Camilo, contra la MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO de la Provincia de San Juan. II) Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 20 y 22 de la ley Nº 7675; no correspondiendo emitir declaración por resultar inoficiosa respecto de los arts. 23 y 28 del mismo texto legal como así tampoco en relación al art. 1° de la Ley 6434, todo ello por las razones expuestas en el Considerando 10 de la presente. III) Imponer las costas en ambos procesos en el orden causado (art. 20 Ley 7675), regulando los honorarios profesionales de los Dres. CELIA MALDONADO y FELIPE MARCOS MOYA, en forma conjunta como apoderados de la parte demandada gananciosa, por ambos procesos, en la suma de Pesos Seis mil ($6000). Y a los Dres. ANTONIO VILLAMIL MATTAR y JUAN PABLO MATTAR, en forma conjunta como apoderados de la parte actora perdidosa en la suma de Pesos Cuatro mil ($4000). Regular por el recurso de reposición mencionado en el último considerando a los Dres. ANTONIO VILLAMIL MATTAR y JUAN PABLO MATTAR, en forma conjunta, como gananciosos en la suma de Pesos Quinientos ($500). Todas estas regulaciones se efectúan a la fecha de esta resolución.

Pronunciamiento contra el cual se alzan los actores quienes expresan agravios a fs. 122/135 vta., siendo replicados por la accionada a fs. 137/139 vta. de autos.

Surge de las constancias habidas en autos que los apoderados de los actores interponen demanda de daños y perjuicios contra la Municipalidad de 9 de Julio, con motivo de la rescisión de los contratos de locación de servicios de personal que trabajaba en el Municipio, entre ellos sus mandantes, decisión que fuera dispuesta por el Decreto Nº 864-07.

Peticionan el pago de indemnización en base a la Ley de Contrato de Trabajo, practicando planilla de liquidación de cada uno de los reclamantes calculada según la antigüedad que ostentaban los actores al tiempo de la rescisión, con más daño moral (fs. 05/10 y 11 punto I de la demanda). Síntesis de los fundamentos de la sentencia apelada. Razona la sentenciante que en el sub examine el objeto de las acciones planteadas se reduce al reclamo que formulan los actores a la Municipalidad de 9 de Julio, por los daños y perjuicios que les habría ocasionado el dictado del Decreto 864/2007.

También refiere la juez de grado que conforme el artículo 1º inc. e) del Acuerdo General Nº 54/2007, tiene competencia para entender en este proceso sobre responsabilidad patrimonial del municipio; describiendo seguidamente los recaudos necesarios para acceder a este tipo de demanda y citando jurisprudencia concerniente al tema.

Seguidamente al ingresar al análisis de la cuestión de fondo la sentenciante infiere que no se ha dado a la Administración la posibilidad de expedirse en forma definitiva a través de la autoridad competente a ese efecto, habiendo quedado firme el Decreto 864/07 por falta de agotamiento de la vía administrativa optada inicialmente por los actores.

Cita las previsiones de los artículos 25, 27 inc. e) de la Ley de Procedimiento Administrativo, y los artículos 765 y 769 del Código de Procedimiento Civil; concluyendo que tanto el daño como la antijuridicidad de la decisión adoptada por la Municipalidad no se encuentran probados, tampoco que se haya vulnerado derecho adquirido alguno, ello en virtud de la falta de agotamiento de la vía administrativa, desestimando la demanda (considerandos puntos 7 a 9). Finalmente procede a tratar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 20, 22, 23, y 28 de la ley 7675 formulado por los actores, rechazando también esta cuestión.

Agravios. 1. Primer agravio. Agotamiento de la vía administrativa. Proceso de "plena jurisdicción". Sucintamente afirman los apelantes que no cabe duda que el proceso de análisis es de plena jurisdicción y no de anulación, y que la sentencia incurre en contradicción; toda vez que, habiendo considerado la sentenciante que la presente demanda es de daños y perjuicios, luego considere que ocurrieron a la justicia ante-témpore por no haber agotado la vía administrativa lo que le impide un pronunciamiento definitivo, concluyendo que no se produjo ningún daño. Sostienen que tratándose de un proceso de daños es innecesario el agotamiento de la vía administrativa conforme el art. 27 inc. d) de la Ley de Procedimiento Administrativo.

2. Segundo agravio. No se prueban daños y perjuicios. Reiteran los apelantes que les agravia que la juez a quo, en forma contradictoria, a partir de los considerandos 7 a 9 afirme que no existió daño causado a los actores por parte de la administración, y que era necesario agotar la vía administrativa para que la Municipalidad tuviera la posibilidad de expedirse sobre lo reclamado; siendo que ésta tuvo múltiples oportunidades para que se expidiera y no lo hizo (v.gr. mediación previa obligatoria, audiencia de conciliación).

También refieren que en caso de duda debe hacerse uso de la regla in dubio pro actione, principio rector en materia contencioso administrativo, que impone preservar los derechos del administrado ya que se encuentra en juego la posibilidad de acceso a la justicia.

3. Tercer agravio. Falta valoración de prueba documental. Aseveran los apelantes que la juez de grado no ha analizado la prueba documental incorporada a autos por la demandada sobre los contratos de locación de servicios de los actores, tipo de tareas, categorías, antigüedad, y la rescisión arbitraria por parte del Poder Ejecutivo Municipal. Reiteran que no intentan la nulidad del acto administrativo, ni tampoco la reincorporación de sus representados, sino la reparación de los daños ocasionados por la rescisión anticipada del contrato.

Destacan que varios de los actores tenían hasta siete u ocho años de antigüedad de desempeño en el municipio cuestión que dicen no fue valorada por la juez de grado, plasmándose nuevamente su proceder arbitrario en el considerando 9, cuyo texto transcriben.

4. Cuarto agravio. Imposición de costas en el orden causado. Rechazo del planteo de inconstitucionalidad de las leyes 6434 y 7675. Afirman los apelantes que la sentencia es contradictoria habida cuenta que en el considerando 10 cita jurisprudencia a favor de su petición con sustento en un fallo de esta Sala IV (autos Nº 73) (voto en primer término de la suscripta), y luego rechaza el planteo de inconstitucionalidad formulado; sin analizar su planteo sobre el carácter alimentario de las costas, y si los intereses integran o no el capital de condena el caso concreto, no emitiendo declaración sobre la misma tacha de los arts. 23 y 28 de la ley 7675 y art. 1 de la ley 6434.

5. Quinto agravio. Regulación de honorarios. Entienden los apelantes que no correspondía regular los honorarios en una suma determinada por carecer de monto reclamado, toda vez que debió considerar como base el monto reclamado en la demanda de $ 500.878,60.

Mantienen la cuestión constitucional y la reserva de interponer recurso extraordinario. Piden se haga lugar al recurso, con costas.

A fs. 137/139 vta. luce la contestación de agravios de la demandada y por los fundamentos que allí expone, a los que reenvío por razones de brevedad, pide el rechazo de los agravios. Introduce el caso federal y formula reservas.

II. Tratamiento de los Agravios. 1. Como ya enunciara agravia a los apelantes que la juez de grado luego de haber concluido que la presente acción es por los daños y perjuicios ocasionados por el Decreto Nº 864-07 y analizado los requisitos que hacen a su procedencia, rechace la demanda por falta de cumplimiento de exigencias que hacen a la admisibilidad de la acción contenciosa. Describe los recaudos necesarios para acceder a la demanda por daños y perjuicios, y cita jurisprudencia concerniente a la responsabilidad del Estado por actos lícitos (fs. 108-109). Alude que para que prospere la pretensión resarcitoria -como la reclamada en autos- deben estar reunidos indefectiblemente los cuatro presupuestos básicos de la obligación de reparar: a) daño, b) antijuridicidad, c) relación de causalidad y d) factores de atribución.

Luego al ingresar al análisis de la cuestión de fondo expresa que según las constancias de autos no se ha dado a la Administración la posibilidad de expedirse en forma definitiva, a través de la autoridad competente a ese efecto. Lo que denota que la vía administrativa optada inicialmente por los actores, no fue agotada, ocurriendo ante tempore ante esta sede judicial. Estima que los presupuestos de la responsabilidad, como el daño y la antijuridicidad, no se han acreditado en forma suficiente por parte de los reclamantes al no agotar la vía administrativa, no dándose la posibilidad al Municipio de revisar su decisión mediante el agotamiento de la vía administrativa. Concluye que, con arreglo a los principios del derecho público, previo debió agotarse la vía administrativa, según lo dispone el artículo 27 inc. e) de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Al respecto diré que en el sub lite ha quedado determinado que estamos en presencia de una demanda por "daños y perjuicios", cuestión sobre la cual no hay contienda, daños que son reclamados como consecuencia del dictado de un acto administrativo, razón por la cual cabe establecer los requisitos que hacen a la admisibilidad formal de la demanda por responsabilidad impetrada contra el Municipio.

La aceptación de la responsabilidad del Estado cuando éste desarrolla su actividad en el ámbito del derecho público no esta en discusión, habiendo sido consagrada por la Constitución Nacional y la mayoría de los textos constitucionales locales; cuyo fundamento no es otro que el "Estado de Derecho" y sus axiomas, cuya finalidad es justamente la protección de los derechos ciudadanos; v. gr. respeto a la propiedad, igualdad ante las cargas públicas, demandabilidad judicial del Estado, entre otros.

Siguiendo los postulados del Maestro Marienhoff expresaré que en el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de sus actividades públicas puede el Estado -en el caso municipal- lesionar a los administrados, sea en sus derechos patrimoniales o no patrimoniales. La responsabilidad, al igual que la de todo ente jurídico, puede ser contractual o extracontractual, según ella obedezca o no al incumplimiento de obligaciones "convenidas" (Tratado de Derecho Administrativo T. IV. Pág. 715 y sig. Abeledo-Perrot, Cuarta Edición Actualizada. Año 1998).

Hoy no puede discutirse que la Administración -incluida la municipal- actúa tanto mediante actos como por medio de contratos (conf. arts. 6°, 74° incs. 1 y 13, y cc de la ley 430-P). En derecho administrativo para determinar con precisión si este contrato es o no administrativo, es indispensable establecer si las obligaciones asignadas a la persona contratada se vinculan o no, en forma directa e inmediata, a las funciones esenciales o específicas del Estado, a los fines públicos propios de éste. Es decir que adquiere el carácter de administrativo en razón de su "objeto" Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo T. III-A. Pág. 108 y sig. Abeledo-Perrot, Cuarta Edición Actualizada. Año 1998.

En el sub examine, indudablemente, estamos en presencia de contratos administrativos a término atendiendo su objeto, ya que las obligaciones establecidas por el Municipio de 9 de julio a los contratados se vinculan directamente a las funciones específicas del municipio conforme la prueba incorporada a la causa, no rebatida por las partes y que tengo a la vista para pronunciarme (ver fs. 09-14 autos Nº 682); quedando los agentes contratados, aún que estén excluidos del régimen del estatuto de los empleados administrativos, alcanzados por las normas del derecho público. Tal ha sido el criterio sostenido por la Corte de Justicia de la Provincia en diversos precedentes. "El art. 2° de la ley 3916 enumera diversos casos de funcionarios y agentes públicos excluidos del régimen del estatuto regulado en dicha ley, pero de todos modos, tratándose de funcionarios y agentes incluidos dentro de la función pública, se encuentran alcanzados por el derecho público (conf. Agustín Gordillo, "Tratado de Derecho Administrativo", ed. Macchi, tomo 1, cap X pag. 9)" "Avila Emilio Rodolfo y otros c/Municipalidad de Albardón Cobro de Pesos-Ordinario" (PRE S. 2°.-2002-III-572) Df-2780 Determinado que el caso se trata de un juicio contencioso administrativo por daños y perjuicios reclamados con motivo del dictado de una resolución de naturaleza administrativa corresponde primeramente analizar su viabilidad, desde la faz formal, en el marco de las normas que informan este proceso, para así y en su caso ingresar al fondo de la cuestión. El artículo 138 de la Ley de Municipalidades Nº 430-P, aplicable al caso, establece que intertanto los Municipios dicten las Ordenanzas en materia que les son propias, serán de aplicación las normas provinciales en temas afines en cuanto sean pertinentes; por tanto, corresponde atenernos a las normas del procedimiento administrativo de la Provincia, y del Libro VIII-Juicio Contencioso Administrativo-TÍTULO ÚNICO de la Ley 988-O, atendiendo que el reclamo por daños deviene precisamente del dictado del acto administrativo extintivo de la relación contractual de empleo.

El primer párrafo del artículo 765 del C.P.C. ley 8037 -objeto del juicio- dispone que: "Toda persona que se crea damnificada por una resolución definitiva de naturaleza administrativa que vulnere derechos establecidos con anterioridad a favor del reclamante por una ley, decreto, ordenanza, reglamento, resolución, concesión o contrato, podrá ocurrir a la justicia ordinaria en resguardo de tales derechos".

Por su parte el artículo 766 del plexo procesal señalado en el parágrafo anterior -reclamación previa- establecía como recaudo general de admisibilidad formal de la demanda, la exigencia haber agotado sin éxito positivo los recursos administrativos para obtener el reconocimiento de su derecho ante la autoridad a la que corresponde la decisión final en sede administrativa. También decretaba que dicho requisito no era necesario cuando se trataba de acto de alcance general y en los casos previstos en el artículo 27 de la ley de procedimiento Administrativo Nº 3784 o la que en el futuro la reemplazare. El artículo 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia, vigente al tiempo del dictado de la decisión cuestionada hoy artículo refundido en el art. 766 del C.P.C. -Ley 988-O del Digesto Jurídico vigente desde marzo de 2015- establecía entre otros que: "El reclamo administrativo previo a que se refieren los artículos anteriores (léase arts. 25 y 26) no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando: .d) Se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado.". Principio que hoy se mantiene en el inc. d) del artículo 766 de la Ley 988-O.

Es decir que por imperio de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia y de las normas de Procedimiento Civil (ley 8037/ 988-O) la exigencia general del agotamiento de la vía administrativa como recaudo de admisibilidad del juicio contencioso admitía y hoy admite excepciones, entre ellas la demanda por daños y perjuicios.

Ahora bien, indudablemente estamos en presencia de un juicio contencioso administrativo por el cual se reclama la reparación de daños y perjuicios derivados del dictado de un acto administrativo, por la responsabilidad del estado Municipal; el que se encuentra previsto y alcanzado por las normas de Procedimiento Civil que componen el título único de este tipo de procesos y que regula las particularidades del mismo, al igual que ocurre en otro tipo de procesos especiales (v.gr. alimentos y litis expensas, amparo), y por las normas de procedimiento administrativo.

En este marco normativo siendo lo contencioso administrativo de orden público "ratione materia" corresponde analizar -para así poder ingresar al fondo de la cuestión- si se encuentra habilitada la instancia judicial, recaudo que incluso puede considerarse aún transponiendo el límite de los recursos, es decir, sin atenerse a los agravios que le fueran propuestos.

Criterio ya sostenido por el máximo tribunal de Justicia de la Nación, la Corte Local, y esta Sala con competencia especial en la materia en diversos pronunciamientos (Prot. de Autos T° II F° 256/258 - año 2014; PROT.: L. DE SENTENCIAS - T° 1 - F° 27/34 - AÑO 2018; etc.). "La cuestión relativa a la existencia de los presupuestos procesales habilitantes de la instancia contencioso administrativa, no puede afectar el principio de congruencia desde que la eventual ausencia del presupuesto procesal en cuestión no sólo puede ser alegada en cualquier estado del proceso, sino que también debe ser considerado por los jueces -incluso este Tribunal- aún de oficio. Respecto a la habilitación o no de la Instancia Judicial de oficio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que: "siendo lo contencioso administrativo de orden público "ratione materia", ello permite al juzgador examinar si se encuentra habilitada la instancia judicial. Incluso puede hacerlo el tribunal de alzada, aún transponiendo el límite de los recursos, es decir, sin atenerse a los agravios que le fueran propuestos (P.R.E. 1983-I-43).

"La cuestión relativa a la existencia de los presupuestos procesales habilitantes de la instancia contencioso administrativa, no puede afectar el principio de congruencia desde que la eventual ausencia del presupuesto procesal en cuestión no sólo puede ser alegada en cualquier estado del proceso, sino que también debe ser considerado por los jueces - incluso este Tribunal- aún de oficio" (P.R.E. Sala 2°-2005-III-403).

Para una mejor comprensión del tema referiré que al tiempo de la iniciación de los autos Nº 115193 (Sala IV Nº 680), caratulados "Agüero, María Vicenta y otros c/Municipalidad de 9 de julio-Daños y Perjuicios (en Cont. Adminis)" de conformidad al plexo procesal vigente en ese entonces (Ley 3738), le fue impreso a la causa el trámite del proceso SUMARIO (art. 304) tal como surge del decreto de fs. 27 vta. de dichos autos. Trámite que le fue impreso por disposición de las normas que regían al juicio contencioso administrativo (arts. 759 y sig/ley 3738), por imperio de lo establecido en el primer párrafo del artículo 760 ibíd, a cuyos términos reenvío.

Luego se ordenó la acumulación por conexidad a los autos antes referidos (Sala IV Nº 680) de los autos Nº 116688 (Sala IV Nº 682), caratulados "Ozan, Pablo Hugo c/Municipalidad de 9 de julio-Daños y Perjuicios (en Cont. Adminis)" por decreto de fs. 33/34, la que se efectivizaría una vez que se encontraran ambos procesos en situación de fijar la Audiencia de Conciliación de la Ley 7675 -conf. art. 191 y sig. Ley 8037-. Difiriéndose el despacho inicial de la demanda por el tema de sellado, tal como se desprende del último párrafo del decreto de fs. 34, el que fuera dictado estando ya vigente el nuevo Código Procesal/ley 8037. Ulteriormente por decreto de fs. 37 se le imprime a la causa el trámite de proceso ORDINARIO (art. 284 ley 8037), habida cuenta que el artículo 768 ibídem Libro VIII-Juicio Contencioso Administrativo-Título Único así lo establecía para casos como el presente.

Finalmente por resolución interlocutoria de fs. 65/67 dictada en la causa "Ozan" sucintamente y en lo que aquí atañe, se decidió que el planteo de caducidad de la acción formulado por la accionada sería resuelto al momento de dictar sentencia de mérito, por estar vinculada con la objeción al trámite impreso a la acción (ordinario). Decisión que se encuentra firme y consentida por las partes.

En el sub lite los accionados al contestar la demanda opusieron al progreso de la acción la excepción de caducidad, planteo cuyo tratamiento fuera diferido para el momento de dictarse la sentencia de mérito, tal como surge de la interlocutoria señalada y del decreto de fs. 69 del expediente Nº 680, por estar vinculada al trámite impreso a la causa.

Razón por la cual la juez de grado en los considerandos de la sentencia apelada aborda el planteo de caducidad de la acción deducida por el accionado, el que es rechazado por entender que ha devenido en abstracto su tratamiento habida cuenta que al presente proceso se le imprimió el tramite de daños y perjuicios (véase fs. 104 vta., 105 y vta., 107 y 107 vta., y pto. 5. de fs. 108 de los autos Nº 680).

Criterio que no comparto y que pasaré a examinar atendiendo los principios que invisten este proceso especial, ya que se trata de uno de los presupuestos procesales habilitantes de esta instancia judicial, a más del tratado por la sentencia apelada -agotamiento de la vía administrativa-.

Opino que la confusión se origina a raíz de identificar la naturaleza de la pretensión con el procedimiento o trámite que cabe imprimirle a la misma, según las normas procesales vigentes. Es dable recordar que el procedimiento, significa solo la composición externa, formal, del desarrollo del proceso o de una etapa de este, pero no comprende las relaciones jurídicas que se establecen entre los sujetos del proceso, ni la finalidad compositiva de este. Por ello cuando se habla de procedimiento nos referimos al rito del proceso, es decir a su recorrido dirigido a obtener un resultado.

Como enseña Hutchinson al tratar la pretensión administrativa del demandante, ésta no sólo puede perseguir la anulación de un acto, también puede tener por objeto combatir una decisión emanada de una autoridad determinada. En la "acción", "proceso", o pretensión de plena jurisdicción, el demandante, invocando un agravio a un derecho subjetivo, persigue como pretensión la anulación de la decisión impugnada, el consiguiente restablecimiento del derecho que se dice agraviado y la reparación del daño ocasionado. Es, en suma, una pretensión que persigue el reconocimiento de una situación jurídica individualizada en forma exclusiva.

En el de nulidad la pretensión se reduce a solicitar la anulación de la decisión que se impugna. Es un medio de defensa del derecho objetivo violado, discutiéndose solamente la legalidad del obrar administrativo.

También en el supuesto del proceso de lesividad se pretende, en este caso por parte de la Administración demandante, la anulación de un acto dictado por ella misma que no puede revocar per se por ser estable.

Por tanto las pretensiones a plantearse en el marco de este proceso no sólo se circunscriben a la impugnación de un acto o reglamento, por el contrario pueden ser vastas. Por ejemplo la pretensión de resarcimiento de daños, donde se persigue el reconocimiento de una indemnización reparadora de los perjuicios sufridos pretensión que justamente es reclamada en este caso. La pretensión está dirigida a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial derivada de la actividad ilegítima, o conducta legítima del Estado (T. Hutchinson, Derecho Procesal Administrativo, Tomo II, pag. 45 y sig. Ed. Rub-Culz 2009).

En definitiva e indubitadamente, estamos en presencia de un juicio contencioso administrativo, atendiendo la naturaleza de la pretensión, esto es, el resarcimiento de los daños y perjuicios que reclaman los actores con motivo del dictado del decreto que puso fin a su relación contractual; dirigido a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial derivada de la actividad lícita de la Municipalidad demandada, y que se encuentra alcanzado por las normas que informan este tipo de procesos.

Justamente por ello el artículo 1 inc. e) del Acuerdo General Nº 54/2007 prevé que el juzgado en lo contencioso administrativo, a más de la competencia dada por la ley de creación del mismo, entenderá en los juicios que versen sobre la "responsabilidad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita del Estado Provincial, las Municipalidades, regidas por el derecho público.". Determinado entonces que el presente caso es un juicio contencioso administrativo por el cual se persigue la reparación de daños, debe imperativamente analizarse si se encuentra habilitada la instancia judicial, es decir, si se observaron los requisitos que tornan procedente la demanda contenciosa administrativa.

A más del reclamo administrativo previo (que luego analizaré) debe examinarse atendiendo la normativa aplicable aquel otro supuesto procesal imperativo previsto en el artículo 767 ibíd (antes 762).

Según esta norma, en lo que aquí atañe, el juicio contencioso administrativo deberá interponerse dentro de los treinta días hábiles judiciales contados desde la notificación de la resolución definitiva que desestima el reclamo en los actos de alcance particular; o desde el vencimiento del plazo establecido en el artículo 766, primer párrafo (noventa días hábiles administrativos desde que el reclamo fuera formalizado y no haya sido resuelto por la administración).

Siguiendo la doctrina sentada por la Corte de Justicia de la Provincia, en resumen, de una interpretación armónica de las normas de Procedimiento Administrativo y Procedimiento Civil aplicables al caso, surge que para habilitar la instancia revisora judicial, sea que se trate de un acto administrativo respecto del cual corresponda agotar la vía administrativa, o sea uno de los actos contemplados en el artículo 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo (hoy art. 766 Ley 988-O) eximidos de esta carga, deberá indefectiblemente interponerse el pertinente juicio contencioso administrativo con arreglo a lo dispuesto en el art. 762 del C.P.C. (hoy 767 Ley 988-O); toda vez que "Vencidos esos términos, ha caducado su derecho para accionar y el acto queda firme, y contra acto firme no hay acción en justicia" (Manuel María Diez, o.c., pág. 58) (PRE S. 2° 2002-II) ef-2475.

De las constancias de autos surge que el Decreto Nº 864/2007 (origen de este proceso) fue notificado a los interesados el 14 de diciembre de 2007, como consta a fs. 38-41. Contra dicho acto administrativo alguno de los actores dedujeron reclamo administrativo con patrocinio letrado, peticionando -en síntesis- el cese del acto de discriminación, su reincorporación al cargo que ocupaban antes del dictado del Decreto, y el pago de los salarios adeudados; intimación que formulan en los términos de la Ley 23592.

Tal como surge de los Expedientes Administrativos Nº 1209-AM-08 y 1344-MAV-2008, que obran de fs, 42 a 47, dichos reclamos fueron iniciados el 12 de Mayo de 2008 y 21 de mayo de 2008, habiéndose deducido en el primero de los expedientes mencionados pronto despacho el 27/06/08 y el 08/07/08, según constancias de fs. 48 a 50. En tanto las demandas judiciales fueron deducidas el 15 de octubre de 2009 (autos 680) y el 10 de diciembre de 2009 (autos 682), como consta en los cargos fechadores. Todas constancias y hechos expresamente reconocidos por los actores.

Resulta de toda evidencia que tanto los reclamos administrativos como la demanda judicial han sido interpuestos fuera de todo plazo; toda vez que los reclamos debieron interponerse dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de notificado el acto (art. 84 Decreto Nº 0655-G-73), en el caso el 04 de enero de 2008 a las dos primeras horas con el objeto de impedir su consentimiento, y fueron deducidos el 12 y 21 de mayo de 2008 cuando el acto por cuya virtud se reclaman daños ya estaba firme.

En cuanto a las demandas -como dije- éstas han sido impetradas el 15/10/09 y el 10/12/09 una vez transcurrido ampliamente el lapso de 30 días hábiles judiciales para ello, sea que los computemos desde la notificación del acto particular, sea que los contemos a partir de la interposición del reclamo administrativo, sea que los contemos desde la deducción del pronto despacho administrativo -sólo en el caso de alguno de los actores-.

En consecuencia, cuando fueron aquéllas fueron iniciadas, el derecho de los particulares había caducado, y por tanto también se había producido la caducidad de la acción.

"La demanda habrá de iniciarse dentro del término que señala el ordenamiento jurídico. Vencido el término señalado, habrá caducado el derecho del particular para iniciar la acción. Se produce entonces la caducidad de la acción, que podrá ser apreciada por el juez o alegada por el demandado al articular su defensa. El término deberá computarse a partir de la fecha de notificación del acto o contrato que motiva la acción". (Manuel M. Diez. Derecho Administrativo-T° VI-126).

En relación con estos plazos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que las normas provinciales que establecen términos para la iniciación de demandas contencioso-administrativas son constitucionalmente válidas, en cuanto se limitan a la reglamentación del ejercicio de las acciones acordadas en el orden local.." (cf. Tomás Hutchinson, "Derecho Procesal Administrativo", Tomo II, Ed. Rubinzal - Culzoni, año 2009, pág. 355 y sig.). Criterio ya sustentado por esta Sala IV, entre otros, en autos N° 119039/CA (C.C. SALA IV- Nº 709), caratulados: "ANZOR RUBÉN Y OTROS S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" (PROT.: L. DE SENTENCIAS - T° 1 - F° 27/34 - AÑO 2018).

Por último aludiré, que tal como ha sostenido nuestra Corte local en diversos fallos referidos a la impugnación de un decreto dictado originariamente por el Poder Ejecutivo Provincial que mutatis mutandi resulta de aplicación al sub lite no puede considerarse agotada la vía administrativa si el interesado no interpone recurso de reconsideración, del que se dice que "no puede considerarse potestativo u opcional sino necesario a los fines del resguardo de los derechos ante la instancia judicial" (PRE 1978-I-28) "Godoy, Rosario Restituto c/ Prov. de San Juan-Sumario - Cont. Adm. Casación e Inconstitucionalidad En el caso "Quinlan" la Sala II de la Corte dijo que la "resolución definitiva" a que alude el art. 759 del C.P.C. (hoy 765) constituye un presupuesto procesal (art. 761-hoy 766 ibíd) sin el que no puede el órgano jurisdiccional ejercitar la función revisora que permite el proceso contencioso administrativo, ya que, al no haberse deducido el recurso de reconsideración, el acto administrativo deviene firme e insusceptible de revisión judicial.

Como antes describiera los reclamos administrativos fueron deducidos cuando el Decreto ya se encontraba firme, acto que por tanto no reviste el carácter de "definitivo" como requiere la norma y ha sostenido la Corte.

Por los fundamentos vertidos propugno el rechazo de la demanda por no encontrarse habilitada la instancia judicial por falta de agotamiento de la vía administrativa, y por haber operado la caducidad de la acción contenciosa promovida, de conformidad a las normas ajustables al caso.

Como consecuencia del resultado al que arribo entiendo que ha devenido en abstracto el tratamiento de las cuestiones planteadas como segundo y tercer agravio, y no corresponde emitir pronunciamiento de mérito alguno por resultar inoficioso. Criterio que ya ha sido sostenido por esta Sala en otros pronunciamientos (v. gr. PROT.: L. DE AUTOS - T° 2 - F° 135/137 - AÑO 2017).

Respecto al cuarto agravio - inconstitucionalidad. En cuanto a este punto advierto que es cierto que el fallo es discordante ya que la sentenciante anticipa un pronunciamiento favorable a la constitucionalidad de los artículos cuestionados, lo que así resuelve, fundando su posición en fallos dictados por esta Sala reproduciendo -por compartirlos- textual y fielmente partes del voto que emitiera en primer término en autos "Bravo, Oscar H. y otra c/ Municip. Rivadavia-Daños y Perj." (PROT.: L. DE AUTOS - T° 1 - F°189/193-AÑO 2014), para sostener la constitucionalidad del artículo 20 de la ley 883-A (ver fs. 112 a 113 vta).

En tanto, al tratar el artículo 22 entre comillas transcribe frases que no me pertenecen y cuya autoría me atribuye como dichas en el caso "Soria, Hilda" PROT.: L. DE SENTENCIAS - T° 1 - F° 100/105 -AÑO 2013, estimando que corresponde hacer lugar al planteo, declarando la inconstitucionalidad de los arts. 20, 22, 23 y 28 de la ley 7675 (ver fs. 114 vta. párrafos 2° y 3°).

Por el contrario en este precedente me pronuncié por la constitucionalidad de la norma puesta en crisis, lo que así fue resuelto por el Tribunal.

Más allá de ello, en lo que refiere a este agravio, diré que los escasos argumentos dados por los apelantes no me conmueven como para rever el criterio ya sustentado por este tribunal en numerosos precedentes, sobre la constitucionalidad de las normas puestas en crisis; a lo que debo sumar la falta total de demostración por su parte sobre la insuperable contradicción entre la norma impugnada y la ley fundamental, como así que no hay otra vía de reparación.

"La descalificación constitucional de una ley, decreto, ordenanza, etc., es considerada dentro del orden jurídico como ratio última, lo que implica que la función de control de los jueces debe ser ejercitado con extremo cuidado" (C.S.J.N., fallos 242: 73; 14:432; 247:121).

"En consecuencia es dable exigir que el requirente demuestre acabadamente que existe una insuperable contradicción entre la norma impugnada y la ley fundamental, que no podrá ser reparada de ninguna otra forma que con la declaración de su inconstitucionalidad...". (cf. "GIOVANNIELLO GARCIA SERGIO ARIEL C/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD", Fecha: 20/09/2011 {F}, Sentencia Nº 410, Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala 3).

Al respecto ha sostenido esta Sala que la ley Nº 7675 y su modificatoria regula el "procedimiento" que deberá seguirse en las causas en que el Estado sea parte, como "actor o demandado", es de orden público y de observancia obligatoria para todas las partes del proceso, y que en caso que el juicio deba resolverse por sentencia definitiva, como en el sub lite, las costas serán impuestas en el orden causado, conforme el art. 20 ley 883-A (autos Nº 447, caratulados "Archilla José Cristóbal c/ Provincia de San Juan s/ Contencioso Administrativo", Prot.: L. de Sentencias, T° I, F° 129/141, año 2016). Indudablemente esta ley de orden público y aplicable aún de oficio (art. 27 ley 883-A) tiene "preeminencia" o "prevalencia" por sobre toda otra legislación, por ejemplo respecto de las disposiciones del CPC en materia de costas, plexo ritual que por otra parte también tiene excepciones al principio general de la derrota; la que además ha sido dictada, al igual que las normas procesales civiles (C.P.C.), en el marco de la competencia exclusiva de la Cámara de Diputados, conforme las atribuciones conferidas por el art. 150 de la Constitución Provincial.

Por último señalaré que dicha cuestión ha sido zanjada por la Corte de Justicia de la Provincia en fallo Plenario de fecha 20 de octubre de 2015, dictado en Expte. Nº 97, caratulado: "Acuerdo Plenario Convocado en Autos N° 5585 Chávez Sandra Beatriz c/ Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE) - Apelación de Sentencia - Acuerdo Plenario (Art. 18 Ley 5854)", declarando que el sistema de imposición de costas establecido por los artículos 20 y 21 de la ley 883-A no es inconstitucional, como tampoco la prescripción del artículo 23 de dicha ley. (Prot. de Fallos Plenarios de la Corte - Año 2015 - F° 82). En esa directriz me pronuncio por desestimar el cuarto agravio.	Con respecto al quinto agravio - regulación de honorarios entiendo que igualmente corresponde rechazarlo en virtud que, tal como tiene dicho la Corte de Justicia de San Juan, criterio que permanece invariable: "Una cosa es que la cuestión tenga contenido económico y otra muy distinta es que tenga trascendencia económica mediata, por grande que ésta pueda ser. El pleito tiene contenido económico en los términos del art. 187 de la Ley 2150, cuando la resolución que en él se dicta provoca consecuencias patrimoniales directas, vale decir, cuando por imperio del pronunciamiento se reconoce un crédito a favor de alguna de las partes, o a la inversa, queda liberada de una concreta pretensión de contenido patrimonial, que puede constatarse y cuantificarse en la misma causa "in re". (C.J.S.J., Sala II, Autos "Correa, María y otros c/ Carlos Ossandon-Escrituración e Inconstitucionalidad". PRE 1977, TºIII, pág 651/653 del 27/10/1977 idem PRE Tº II Fº 306/310, 24-08-2000. Magistrados: Balaguer, Carlos; Medina Palá, Ángel H y Otiñano, Oscar).

En este caso sostengo que el proceso carece de contenido económico, atendiendo que el reconocimiento del crédito que se perseguía se encontraba condicionado a la constatación de la ilegitimidad del acto administrativo que extinguió la relación contractual de empleo; circunstancia que no puede ser, a mi criterio, analizada en razón de no encontrarse habilitada la instancia judicial para ello, por incumplimiento por parte de los apelantes de los requisitos formales que hacen a la admisibilidad de la acción lo que me impide ingresar al análisis de la cuestión de fondo.

Como corolario es acertado que los trabajos profesionales hayan sido determinados según las pautas del art. 188 de la Ley 2150 (actual art. 13 de la Ley N° 56-O), teniendo en cuenta en valor, mérito y eficacia de las tareas cumplidas. Por tanto voto por el rechazo de esta agravio.	En cuanto a las costas de esta instancia, voto porque se impongan en el orden causado en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 883-A.	Asimismo, de conformidad a lo establecido por los artículos 21 inciso "a" y 47 de la ley 56-O, propicio que los honorarios de los profesionales intervinientes corresponde regularlos en el 30% de los honorarios que han sido regulados en la primera instancia, en virtud a lo previsto por el artículo 21 inc. a) ley 56-O.

Atento la acumulación ordenada de los autos N° 116688 (C.C. SALA IV Nº 682), caratulados "OZAN PABLO HUGO C/ MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO DAÑOS Y PERJUICIOS- (en cont. administrativo) Conexidad Autos 115193", a este expediente, sin que conste se haya dado cumplimiento a lo ordenado a fs. 74 de los presentes, respecto a que se agreguen los mismos por cuerda separada; procédase de conformidad por Secretaría y déjese copia autenticada de la sentencia aquí dictada en dichos autos.

En cuanto a la parte resolutiva de la sentencia propongo el siguiente texto: I) Desestimar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia dictada en autos, confirmando el rechazo de la demanda por los argumentos aquí vertidos. II) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado (cf. art. 20 Ley N° 883-A). III) Regular los honorarios profesionales de los abogados intervinientes en la Alzada, en el treinta por ciento (30%) de los honorarios fijados en primera instancia (cf. arts. 10, 12, 21 inc. "a" y 47 de la Ley N° 56-O). IV) De forma. Así voto.

El Dr. JUAN JESÚS ROMERO, en disidencia parcial dijo: En mi opinión la apelación deducida por la parte actora debe prosperar parcialmente conforme los argumentos que brevemente expondré a continuación.

En primer lugar cabe señalar que mediante la sentencia impugnada la juez de grado rechazo el recurso de reposición que dedujera oportunamente la demandada con el objeto de modificar el tipo de proceso, esto es, que se le imprimiera a la causa el trámite correspondiente al proceso contencioso administrativo. Al respecto la juez a quo consideró que los actores, en ocasión de contestar dicho recurso, precisaron que lo reclamado en autos es una indemnización por daños y perjuicios ocasionada por el decreto dictado por la Municipalidad de 9 de Julio, y de ningún modo la impugnación de ese acto administrativo (fs 107 vta sentencia). En función de tal argumentación - consentida por ambas partes - rechazó el pedido de reconducción del proceso, declarando abstracto el tratamiento de la caducidad de la acción articulada en subsidio por la accionada.

Ahora bien, al abordar el fondo de la cuestión concerniente a la verificación de los presupuestos esenciales para la procedencia de la acción, sostuvo que del relato de la causa y de las constancias de autos, surge que no se ha dado a la administración la posibilidad de expedirse en forma definitiva, lo que denota que la vía administrativa optada inicialmente por los actores, no fue agotada, privando la función de garantía que para el interés público y para los interesados cumple el procedimiento administrativo y, en su defecto, ocurriendo ante tempore ante esta sede judicial. ( fs 109)	Sin lugar a dudas y tal como lo plantea el apelante, considero que media una flagrante contradicción en el fallo, pues si ha quedado establecido que la acción se encuentra eximida del recaudo de la reclamación previa, por aplicación del inciso d) del artículo 766 del C.P.C., en cuanto se trata de una demanda de daños contra el Estado, no corresponde que al momento de analizar la configuración de los presupuestos inherentes a la atribución de responsabilidad, la juez a quo fije como condición para su tratamiento la acreditación del agotamiento previo de la vía administrativa.

A todo evento debo señalar que aún, ante la hipótesis de una acción contencioso administrativa - que no es el caso de autos - , no cabe exigir la interposición de recurso administrativo alguno cuando el acto administrativo cuestionado es definitivo por emanar de la autoridad máxima del área (vgr. Decreto del Poder Ejecutivo Municipal), cuya revisión por el mismo órgano que lo dictó, constituye una opción del administrado, tal como lo sostuviera en minoría, en autos n°123485/CA (SALA IV Nº 790), CARATULADOS "ARALDO DE ORTIS SUSANA OLGA C/ PROVINCIA DE SAN JUAN S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" - (PROT.: L. DE SENTENCIAS - T° I - F° 151/165 - AÑO 2017).-; a cuyos fundamentos me remito.

En función de lo expuesto propicio la revocación del punto I de la sentencia de fs 103/116. Asimismo, constituyendo materia de agravios el tratamiento del fondo de la cuestión, es que en virtud de lo establecido por los artículos 262 y 264 del C.P.C., abordaré la procedencia del reclamo formulado por la parte actora.

Retomando el hilo conductor del asunto, considero sumamente relevante destacar que ambas partes consintieron la sentencia de autos que circunscribió el reclamo de los actores a una demanda de daños y perjuicios. En efecto, de ello se derivan consecuencias jurídicas sustanciales tales como que el actor se encuentra relevado de demandar en el plazo establecido por el artículo 767, el que solamente esta referido a las acciones contencioso administrativas.( cfr. "Código Procesal Civil de San Juan, T°4; pag. 562; Ed. Nuevo Enfoque), esto es, aquellas demandas que tienen por objeto impugnar el acto administrativo, no así cuando se reclaman daños y perjuicios emergentes de aquél. "Si la pretensión se encuentra excluida de la previa pretensión de invalidación del acto no cabe, para algunos, la aplicación del plazo que nos ocupa." ( Tomás Huitchinson " Derecho Procesal Administrativo" T° II; Pag. 400 Ed Rubinzal Culzoni; en este sentido CNACCFed., Sala I, 17-3-98, "Ducuing c/ Est. Nac; Fuerza Aerea; Armada Arg.", causa 7679/91, E.D. Bol. Juris. Cam. N.º 1 1998 p. 39; CNAFed Cadm, Sala V, 7-4-99, Sacoar S.A., L.L. del 17-9-99, pag. 59, fallo 99.323, D.J. 1999-3-475)	Todo lo afirmado es, sin perjuicio de reiterar que el pedido de caducidad de la acción que dedujera la demandada fue rechazado por la juez a quo; es por ello que habiendo quedado firme tal decisión y ante la ausencia de agravios, no corresponde abordar su tratamiento.

La Sala Segunda de la Corte de Justicia de San Juan, en autos n.º 6405 caratulados:" Municipalidad de Albardón c/ Castro Sánchez Carlos Heriberto - expropiación s/ INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACIÓN ", ha sostenido:" Sabido es que las facultades jurisdiccionales que adquiere el tribunal de alzada con la apertura de la segunda instancia no son plenas, sino que se encuentran limitadas en función del principio de congruencia ( art. 163 inc. 6° del C.P.C. por remisión de los arts. 165 y 262 del mismo cuerpo normativo), encontrándose expresamente vedado fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de 1° instancia (art. 262 ibid). En virtud de tales reglas procesales, ante el tribunal de la apelación, por virtud de este recurso, no se lleva a cabo un nuevo juicio, sino una revisión de lo decidido en primera instancia en orden a los agravios propuestos por las partes. .. En el caso en estudio, la tasa de interés a pagar por la expropiante no fue motivo de queja ni de agravios ante la alzada." (PRE S. 2° 2016-III-507 ; en el mismo sentido Sala 2 Expediente n°6272 "Sanz Patricia Esther y otra c/ Provincia de San Juan - expropiación irregular s/ Inconstitucionalidad y Casación" PRE S 2° 2017-IV-710)	De igual modo diré que la vía elegida (acción de daños), condiciona el tratamiento del fondo de la cuestión tal como lo explicitaré al tratar el contenido del reclamo.

Análisis jurídico del caso.

Inicialmente debo destacar que a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación - aprobado por ley 26.994 - quedó expresamente excluida la aplicación de sus disposiciones a los supuestos de responsabilidad del Estado. Pues en la Sección 9ª que trata los supuestos especiales de responsabilidad, determina que tales disposiciones no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria (art. 1764), en cuanto que la misma se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda (art. 1765).

En consecuencia, no habiendo aún la Provincia de San Juan sancionado una ley de adhesión a los términos de la Ley n.º 26.944 que regula la responsabilidad del Estado, ni legislado en forma autónoma tal cuestión, corresponde recurrir a los principios que informan al derecho administrativo, la doctrina y la jurisprudencia sentada en materia de responsabilidad del Estado, a pesar que se funden en las normas civiles del Código derogado, en cuanto que su consideración está formulada desde la perspectiva del derecho público. Tal es el criterio que sustentado este Tribunal. ( Autos N° 100939 - C.C. Sala IV Nº 287 - del Décimo Primer Juzgado Civil, caratulados "Torres Rosana y otro C/ Parip Roberto y otra S/ Daños y Perjuicios" - Prot. de Sent. T° II - F° 207/227 - año 2015; Autos N° 92318 - C.C. Sala IV nº 405 - del Décimo Primer Juzgado Civil, caratulados "González Mario Segundo c/ Provincia de San Juan - Ordinario" - Prot. de Sent. - T° III - F° 238/256 - año 2015 -entre otros-)	En función de tales postulados dispensaré tratamiento conjunto al segundo y tercer agravio dada su estrecha vinculación. Cabe recordar que mediante el 2° Agravio el apelante afirma que el daño se encuentra probado con el simple hecho de la existencia del decreto 864/07, por el cual el Poder Ejecutivo Municipal rescinde el contrato de los actores sin ningún tipo de fundamento, siendo arbitrario y discriminatorio, habida cuenta que dichos contratos se encontraban vigentes a ese momento. Asimismo por el tercer agravio, el recurrente cuestiona la falta de valoración de la prueba documental que acredita la existencia de los contratos de locación de servicio de los actores, tipo de tareas ejecutadas, categoría, antigüedad y modo de rescisión arbitraria. Circunstancias demostrativas de su antigüedad en el desempeño de tareas, que en algunos casos revisten hasta 7 u 8 años de antigüedad, lo que demuestra que estos tenían una expectativa, en cuanto cumplían funciones propias y especificas de la administración Municipal, y que por una decisión arbitraria del Intendente, rescinde sus contratos sin indemnización alguna.

Seguidamente el apelante afirma que los actores no son trabajadores autónomos o monotributistas que facturaban a la Municipalidad, sino por el contrario eran empleados públicos incorporados a la planta del personal público de la accionada a tenor de la ley orgánica de Municipalidades de San Juan (Nº 6289) según lo establecido en su artículo 74 inc. 13, que transcribe.

Luego insiste en que versando esta acción sobre daños y perjuicios, no pretende la nulidad de un acto administrativo ni la reincorporación de los actores, motivo por el cual no puede rechazarse la acción por falta de agotamiento de la vía administrativa. En función de ello considera incongruente que la juez a quo utilice como fundamento del rechazo de la pretensión, la falta de agotamiento de la vía, refiriéndose a un decreto firme y consentido.

Ab inicio y conforme lo expresara al tratar el primer agravio, considero que asiste razón al apelante en cuanto que, versando esta acción sobre daños ocasionados a consecuencia del dictado de un acto administrativo (decreto Municipal n°8764/07), no corresponde exigir el previo agotamiento de la vía a los fines de evaluar los requisitos que condicionan la pertinencia del reclamo.

Asimismo y a los fines de establecer con precisión el alcance de la responsabilidad del estado por su obrar lícito, tendré en cuenta la doctrina, jurisprudencia alusivas a la materia.

Así la CSJN en el precedente " El Jacarandá S. A. c/ Estado Nacional (fallos 328:2654), precisó que la extensión del resarcimiento debe atender a las características particulares de cada situación, y si bien determinó que no existe fundamento para limitar el daño emergente con exclusión del lucro cesante, esto es, de las ventajas económicas esperadas de acuerdo con las probabilidades objetivas estrictamente comprobadas, concluyó que como el demandante no había acreditado los daños reclamados, debía rechazarse la acción. En su disidencia la Dra. Higton de Nolasco sostuvo que " La actividad legítima del Estado, aún cuando provoque daños, tiene una finalidad típica de interés público, que se encuentra ausente en las normas regulatorias del derecho común que persiguen la composición equitativa de conflictos en los que se involucran intereses privados" . Mas adelante expresó: " A diferencia del Derecho Privado donde rigen criterios de justicia conmutativa en el Derecho Público se aplican, en principio, criterios de justicia distributiva", y que "la diferencia básica entre la regulación privatista y la publicista estriba en la relación jurídica diversa que ambas implican: mientras la primera regula relaciones entre particulares fundamentadas sobre la base de la conmutatividad, la segunda regula las relaciones entre el todo (la comunidad presentada por la autoridad) y la parte ( los ciudadanos, ya sea individualmente o agrupados en asociaciones o cuerpos intermedios) según criterios de distribución." ( Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado - Horacio Rosatti - Pag. 260 Ed. Rubinzal Culzoni)	Asimismo el Cimero Pretor en la causa "Ledesma", a propósito de resolver una acción de daños por una conducta legítima del Estado, determinó que no resulta óbice para ello el reconocimiento del carácter objetivo de la responsabilidad estatal, toda vez que resulta necesario acreditar - aún desde este punto de vista - la existencia de una relación directa, inmediata y exclusiva, de causa a efecto , entre la conducta impugnada y el perjuicio cuya reparación se persigue, sin intervención extraña que pudiere influir en el nexo causal( fallos 312:2022).

Adviértase que en este precedente, ante la hipótesis de daños provocados a consecuencia de una actividad legítima del Estado, el Tribunal condicionó su procedencia a un análisis mas estricto de la relación causal, en la inteligencia que la expresión "relación inmediata" no debe ser confundida con una cuestión temporal sino con lo que normalmente este hecho puede producir, todo ello en la medida que no se presenten otra serie de conductas que pudiera influir en la concreción del daño, eliminando de este modo el concepto de causa concurrente. En el caso "Gómez" determinó que la relación de causalidad debía ser directa e inmediata o relevante (Fallos 312:1656).

En la causa "El Jacarandá S.A. v. Estado Nacional", fijó una serie de pautas a tener en cuenta en lo atinente a los presupuestos para atribuir responsabilidad al Estado por su actividad lícita, instando a los jueces a actuar con suma prudencia cuando se trata de resarcir daños causados por actos administrativos dispuestos por razones de interés general, verificando si tales daños efectivamente se han producido y son una consecuencia directa e inmediata del obrar del Estado. De igual modo sostuvo que "Resulta inadecuada la teoría de la responsabilidad Civil para fundamentar la procedencia de la responsabilidad estatal por actuación legítima, pues cuando el Estado actúa conforme a derecho fallan todos los preceptos sobre actos ilícitos contemplados en las disposiciones civiles(voto Dra. Highton de Nolasco) ( fuente: Base de datos de Jurisprudencia de la CSJN; cita RC J 103939/09)	A la luz de tales criterios jurisprudenciales analizaré la procedencia y extensión de la pretensión deducida en autos.

Al respecto cabe señalar que de las constancias obrantes en autos, surge en forma indubitada (reconocida por ambas partes), que mediante la sanción de los decretos Municipales N.º 850/07 y 851/07 dictados en fecha 30 de noviembre del año 2.007, se aprobaron los contratos de locación de servicio celebrados por los actores con el Municipio demandado, con vigencia a partir del 1° de Diciembre de 2.007 y hasta el 29 de febrero del año 2.008.(cfr. Fs 34/37). Tales contratos fueron rescindidos mediante el decreto Municipal n.º 864/07 dictado en fecha 12 de Diciembre del año 2.007 ( fs 38/40) invocando que la vigencia de los mismos superaba el ejercicio fiscal Anual, a vencer el 31 de Diciembre del año 2.007, por lo que el gasto que demandaría su cumplimiento superaba los montos fijados en las Partidas de presupuesto anual; destacando asimismo que no existía pedido, por parte del Poder Ejecutivo al Concejo Deliberante, requiriendo partida complementaria para cubrir su costo, y que además, se habían detectado irregularidades e incumplimientos por parte del personal contratado.

En relación a ello cabe señalar que, de la simple lectura de los contratos que tengo a la vista para fallar, advierto que dichos instrumentos determinan las tareas que debían desempeñar los actores, carga horaria a cumplir y retribución asignada, no existiendo cláusula de rescisión unilateral, cuestión que es reconocida en la contestación de la demanda ( fs 55/55vta).

La accionada pretende responsabilizar a los actores por la suscripción de tales contratos. Tal argumentación resulta improponible, habida cuenta que mas allá de la eventual responsabilidad funcional que le pudiere caber al Intendente saliente, por haber comprometido el erario público con la suscripción de tales contratos - la que debería ser analizada por los respectivos organismos de contralor administrativos y ajena a esta actividad jurisdiccional -, el Municipio como persona de Derecho Público, debe asumir las consecuencias de los compromisos asumidos a través de estos contratos.

Así los motivos invocados por la accionada (modificación en el plazo de la contratación, eliminación de cláusula de rescisión o falta de previsión presupuestaria), reitero, resultan inoponibles a los actores en orden a desbaratar los derechos que tales contratos les acuerdan.

En cuanto a las irregularidades e incumplimientos atribuidas al personal contratado, se advierte su absoluta falta de sinceridad y seriedad, habida cuenta que el decreto nº 864/07 no determina con precisión en que consistieron los incumplimientos atribuibles a cada uno de los agentes contratados; muy por el contrario, se invoca "in genere" la existencia de irregularidades e incumplimientos. Así su falta de precisión enerva el derecho de defensa de los actores y la descalifica como causal jurídicamente relevante.

A todo evento, cabe señalar que la exigua vigencia que tuvieron tales contratos (10 días aproximadamente ), resulta demostrativo de la insolvencia jurídica de la única causal que podría justificar la rescisión dispuesta. Tampoco debo soslayar que la accionada no produjo prueba alguna tendiente a demostrar, en cada caso, los incumplimientos contractuales consignados por el decreto de mención.	Bajo estas condiciones considero que las causas invocadas para rescindir los contratos administrativos no resulta oponible a los actores.

En función de lo expuesto corresponde determinar con precisión el daño que provocó a los actores la rescisión de sus contratos. A tales fines se tendrán en cuenta aquellos daños que hayan sido una consecuencia directa de tal rescisión contractual, con exclusión de los antecedentes de tales contrataciones, circunstancias personales de los actores y eventuales expectativas que éstos pudieren haber tenido relativo a su continuidad contractual, mas allá del plazo de vigencia estipulado por los contratos objeto de juicio.

Sin lugar a dudas, tanto el daño emergente como el lucro cesante, en este caso concreto, queda limitado al valor estipulado en cada uno de los contratos rescindidos, que los actores tenían derecho a percibir hasta su vencimiento, es decir, los importes mensuales comprensivo de los meses de Diciembre 2007 hasta el 29 de Febrero de 2.008 - inclusive- ; a cuyo fin deberá practicarse, una vez que quede firme y consentida la presente, liquidación correspondiente a cada contrato individual, con más los intereses que se determinarán al tratar el cuarto agravio, y hasta el momento de su efectivo pago.

En cuanto al agravio referente a que la indemnización reclamada debe contemplar la antigüedad de cada uno de los actores, teniendo en cuenta su situación de revista a tenor de las sucesivas contrataciones acontecidas con anterioridad a la rescisión dispuesta por el decreto nº 864/07; diré que tal planteo resulta improcedente, ya que el objeto de la pretensión deducida en autos (acción de daños por rescisión de contrato), impide abordar tal cuestión.

En efecto, en caso de haber considerado los actores que su vinculación contractual con el Municipio demandado -a través de las sucesivas contrataciones- constituía una relación de empleo público, debieron haber promovido la pertinente acción contencioso administrativa, dentro del plazo establecido por el artículo n°767 del C.P.C., a fin de discutir tal cuestión e impugnar el decreto nº 864/07. Más aún, situándonos en aquella hipótesis cabría señalar que: "La actora fue designada por el municipio demandado como personal temporario, ya sea por medio de contratos de locación de servicios o designaciones de aquel carácter, con lapsos prefijados para el cumplimiento de las funciones asignadas. Conforme lo ha señalado este Tribunal, por regla general el personal de planta temporaria se haya incorporado a un régimen de excepción, no poseyendo mas estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación (doct . Causas B.56.748, "Guevara, sent. Del 14-4-98;B 57.700, "Montes de Oca", sent del 10-9-20; B.57.741,"Iori", sent. 18-2-004; entre muchas otras)... Las características de las funciones para las cuales fue designada la interesada y la circunstancia de que las mismas puedan efectuarse con personal permanente, tampoco habilitan a tener por modificada la situación de revista de la agente toda vez, que como he dicho anteriormente es el acto de designación el que imprime el régimen jurídico aplicable a la relación." (SCBA, 3-9-2008, "Furlani María del C C/ Municipalidad de General Rodríguez s/ Demanda Contencioso administrativa" -" REVISTA DE DERECHO PUBLICO " 2012 - I - Rubinzal Culzoni; Pag. 554/55) .

En cuanto al rubro daño moral reclamado en autos con fundamento en que la demandada actuó en forma antijurídica con total abuso de derecho y hostigamiento hacía la persona y afectos de los actores; cabe señalar que tal pretensión no ha de prosperar por los siguientes motivos.

En primer lugar y como ya se dijera, al tratar la cuestión atinente a la responsabilidad del Estado por su actividad lícita, los daños que corresponde resarcir en este caso, están referidos a aquellos que sean una consecuencia directa e inmediata de la rescisión contractual. En este sentido debo advertir que si bien es cierto que las causales invocadas en el decreto n.º 864/07 no resultan oponibles a los actores ( las dos primeras) y que los incumplimientos enrostrados no fueron probados; ello no habilita a inferir que el decreto n.º 864/07 no se haya dictado dentro del marco legal de atribuciones que la Ley de Municipalidades confiere al Poder Ejecutivo, y que su sanción haya tenido por objeto mortificar a los actores.

En efecto, el decreto n.º 864/07 goza de la presunción de legitimidad, fue sancionado en virtud de las facultades que acuerda la LP 430 - P - al poder ejecutivo Municipal, en cuanto que resulta evidente que los contratos rescindidos tenían una vigencia que superaba el ejercicio fiscal correspondiente al año 2007.

Por otro lado cabe señalar que así como el Municipio no acreditó el incumplimiento contractual atribuido a los actores, éstos tampoco probaron la existencia de un perjuicio extra patrimonial emergente de tales rescisiones.

"Si no se ha demostrado que los demandantes hayan sufrido perjuicios de carácter extrapatrimonial suficiente para justificar el reclamo por daño moral, corresponde desestimarlo." (Corte Suprema de Justicia de la Nación o 17/12/1985 o Torres, Guillermo y otra v. Prov. de Buenos Aires o JA 1986-IV-261 o 70032809).

"La mera alegación del daño moral -resarcible sobre la base de la responsabilidad de la Provincia- sin que se halle acreditado con otra prueba que no surja de la falta de reconocimiento del subsidio a partir de la fecha prevista en la normativa en cuestión, resulta insuficiente para tener por probado un daño de esa naturaleza." ( 27 de Septiembre de 2006 Id SAIJ: SUB0092361; Cejas, Raúl Ernesto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa SENTENCIA. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. , 27/9/2006).

En función de los argumentos expuestos y jurisprudencia citada, no corresponde hacer lugar al rubro daño moral.

En relación al cuarto agravio referente a la imposición de las costas en el orden causado y pedido de inconstitucionalidad de las leyes provinciales 6434 y arts. 20,22,23 y 28 de la ley 7675, por los fundamentos expuestos por la Dra. Nacif, voto por su rechazo. No obstante ello y teniendo en consideración que propugno el acogimiento parcial de la demanda, corresponde me expida sobre el planteo de inconstitucionalidad del artículo 23 de la ley 883 - A- , no correspondiendo abordar la petición de inconstitucionalidad de la ley 6434, por no ser aplicable al caso de autos la citada ley.

Cabe señalar que la parte actora utiliza los mismos argumentos para solicitar el pedido de inconstitucionalidad de los arts. 20,22 y 23 de la ley n.º 833 - A -; por ello teniendo en consideración los fundamentos brindados por la Dra. Nacif , al tratar la inconstitucionalidad de los arts. 20 y 22, los que doy por reproducidos por razones de brevedad, voto por el rechazo de este agravio, confirmando la constitucionalidad del artículo 23 de la ley n.º 833 - A - . En consecuencia, al monto por el que prospere esta acción, deberá aplicarse la tasa de interés pasiva del Banco Central de la República Argentina, desde el vencimiento de cada obligación y hasta el momento de su efectivo pago.

En relación al quinto agravio relativo a que la juez a quo reguló honorarios considerando la causa sin contenido económico, estimo que asiste razón al apelante en cuanto que la acción promovida en autos reviste contenido económico, basta advertir que los actores, mediante la liquidación practicada en el punto VIII de la demanda (fs 5/26), fijan el monto de la demanda, siendo en consecuencia aplicable - a los fines regulatorios - los arts. Artículos 14, 15, 16 ss. y cc. de la ley n.º 56 -O- .

En función de lo expuesto propicio la revocación de las regulaciones dispuestas mediante el punto III de la sentencia de fs 103/116, excepto la concerniente a los honorarios regulados en favor del los apoderados de la actora, por su labor en el recurso de reposición, en cuanto dicha incidencia carece de contenido económico. En consecuencia propongo se regulen honorarios en favor de los apoderados de la parte actora gananciosa, en forma conjunta, por su labor en ambos procesos, en el 21% del monto que surja de la liquidación a practicarse en autos. Asimismo sugiero se regulen en favor de los apoderados de la demandada perdiosa, en forma conjunta por su actuación en 1° instancia, el 70% de los honorarios que correspondan a los apoderados de la actora.(cfr. art 5 LP 56 -O-).

Por los motivos expuestos voto por el acogimiento parcial del recurso de apelación deducido por la parte actora contra la sentencia obrante a fs 103/116, revocando el punto I), haciendo en consecuencia lugar a la acción instaurada por los actores por los fundamentos y modo explicitado en los considerandos de la presente. Dejar sin efecto la regulación de honorarios dispuesta mediante el punto III de la sentencia apelada, los que se determinan en el modo y los porcentajes establecidos en los considerandos de la presente.

Costas y Honorarios. En cuanto a las costas en esta instancia propongo que sen impuestas en el orden causado ( cfr. art. 20 de la ley 883 - A - ). Asimismo y conforme lo establecido por los artículos 21 y 47 de la ley Nº 56-O sugiero se regulen los honorarios profesionales de los apoderados de la parte actora, por su labor en esta instancia, en el 50% de los honorarios que les sean fijados por su intervención ante la Instancia de grado. De igual modo propongo se regulen los honorarios de los apoderados de la parte demandada, por su labor en esta instancia, en el 30% de los honorarios que oportunamente les sean fijados por su intervención en primera instancia. Lo que así voto.

El Dr. PASCUAL ALFERILLO, dijo: Atento el thema decidendum traído a este tribunal que se vincula en primer lugar respecto de la necesidad o no de impetrar como paso previo e ineludible el proceso contencioso administrativo en esa sede antes de iniciar la acción judicial, digo que adhiero a la posición de la señora Juez de Cámara María Josefina Nacif, en función que el criterio expuesto es el sustentado por la Sala que integro naturalmente.

En ese sentido, el 27 de setiembre de 2016, en autos N° 21.897 (32.121 - Juzg. de Jáchal), caratulados: "Nuñez, José A. c/ Municipalidad de Jáchal y otros - Cobro de pesos" adherí, por ser un criterio clásico del tribunal, al voto del señor Juez de Cámara Gilberto Riveros, quién expreso que "el proceso administrativo, o juicio contencioso administrativo como lo denomina la ley (art. 759 C.P.C.), tiene por objeto resguardar los derechos de los administrados, personas de existencia visible o personas jurídicas que hayan sido vulnerados por una resolución definitiva de naturaleza administrativa. De igual modo cuando la Administración no se ha expedido habiéndoselo solicitado el peticionante interesado.

El pretensor no pudo optar por otra vía para reclamar el supuesto daño patrimonial para lo cual es necesario agotarla primero en sede administrativa, interponiendo en su momento los correspondientes recursos administrativos. De esta manera hubiera dado cumplimiento con el presupuesto previo a que alude el art. 761 del C.P.C. para viabilizar la acción administrativa. Sin reclamo previo, sobre lo que deberá pronunciarse expresa o tácitamente la Administración, no es factible la revisión jurisdiccional. Es decir que la acción administrativa está limitada por lo discutido y resuelto por medio de los recursos administrativos previos.

Las normas reguladoras del proceso atienden fundamentalmente a la plena tutela y vigencia del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Const. Nac.). Una de las manifestaciones contrarias a tal principio es la incongruencia entre el asunto propuesto por las partes, denominado thema decidendum y la resolución judicial. El tema sometido a la decisión del juez necesita en su configuración técnica de la discusión real del problema entre actor y demandado siendo esta controversia lo que hace pertinente y adecuada la solución jurídica como respuesta válida de la tutela jurisdiccional reclamada. Por eso, las pretensiones de las partes expuestas en sus alegaciones hacen al perfil de la decisión en un nexo vinculante para el juez, resultando de ello que la oposición del demandado integra y fija la materia a decidir, a la vez que da sentido a los deberes de la jurisdicción. Con gran precisión y mesura lo expresa Augusto Morello cuando sostiene que, "si bien los jueces al pronunciar sentencia no están constreñidos a seguir a las partes en todas sus alegaciones, indudablemente se encuentran obligados a pronunciarse sobre los puntos propuestos por ellas que sean pertinentes para la adecuada solución del litigio. La omisión de tales cuestiones -expresa y oportunamente planteadas- afecta la garantía de la defensa en juicio consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional (Prueba, Incongruencia, Defensa en Juicio, p. 33; Ed. Abeledo-Perrot 1977)". Así voto.	Por el mérito de la votación que antecede, el Tribunal por mayoría RESUELVE: I) Desestimar el recurso de apelación impetrado contra la sentencia dictada en autos, confirmando el rechazo de la demanda por los argumentos aquí vertidos. II) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado (cf. art. 20 Ley N° 883-A). III) Regular los honorarios profesionales de los abogados intervinientes en la Alzada, en el treinta por ciento (30%) de los honorarios fijados en primera instancia (cf. arts. 10, 12, 21 inc. "a" y 47 de la Ley N° 56-O).

Protocolícese, notifíquese en debida forma y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.

FDO. DR. JUAN JESUS ROMERO.- DRA. MARÍA JOSEFINA NACIF.- DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO.- VOCALES.- ANTE MI: DRA. CLAUDIA BERESVIL.- SECRETARIA.-