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Daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guevara Zaefferer, Juan Antonio c/ Pappalardo, Marcelo s/ Daños y perjuicios. Y sus acumulados 95031/1, 95031/2, 95031/3
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-03-13

Principio por señalar que conforme a la norma del art. 1113 del C. Civil en su primera parte se alude a la responsabilidad del guardián: es decir "quién se sirve" de la cosa (extrae algún provecho o beneficio de ella, económico o de utilidad) o "quién la tiene a su cuidado" (ejerce un poder de control sobre la cosa, sin interesar que ese poder se apoye en un derecho o que se ejerza de hecho (el ladrón de un automóvil).

Y a su vez debe advertirse que esas relaciones con la cosa (guardaprovecho y guarda-control) pueden estar unidas en una misma persona o bien disociarse entre dos o más, en cuya hipótesis un sujeto gobierna la cosa y otro se beneficia con su empleo, por ejemplo el chofer del auto para su patrón, quién obtiene la utilidad del desplazamiento. la regla es la responsabilidad indistinta de todos los guardianes. Cuando la propiedad y la guarda están disociados entre diferentes personas, también la regla es la responsabilidad indistinta, de tal modo conforme se verifica en la norma contenida en el art. 1113: responde el dueño o el guardián; es decir, la víctima puede demandar a uno, a otro o a ambos, a su elección.

Es decir que en esa conceptualización no se disocia la condición de la persona que se sirve de la cosa para la satisfacción de un interés de cualquier tipo. Esta es entonces la directiva principal para individualizar al guardián, no siendo indebido tomar también como elemento útil a manera de "subdirectiva" la del poder real y efectivo de dirección de la cosa. La cuestión no gira, entonces, en torno al poder de hecho o al poder jurídico sobre la cosa, sino que encuentra su epicentro en la idea de aprovechamiento. Aprovecha una cosa quien se sirve de ella empleándola útilmente para su comodidad, provecho de cualquier índole, o interés (art. 1113 del C. Civil).
Derecho laboral, embarazo, notificación
Materia: CIVIL
Carátula: ORDOÑEZ MARCELA PATRICIA c/ GONZALEZ MARCELINA s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-11-05

La notificación implica un acto formal por el cual se transmite la noticia y la ley quiere que ello ocurra "en forma" y por dicha expresión y por las consecuencias de la notificación, se entiende que ésta debe ser realizada en la persona del empleador de manera no dudosa, o mejor, fehaciente.
Daños y perjuicios, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RIERA c/ ROMAGNOLI s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S061 - 001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-05-09

Respecto del demandado, padre del menor autor del hecho, la normativa aplicable es aquella que determina la responsabilidad del padre "de los daños causados por sus hijos menores que estén bajo su poder y que habiten con ellos, sean hijos legítimos o naturales (art. 1114 CCI) o bien su eximición de darse la situación contemplada en el art. 1116 CCI.
Torturas, centro clandestino de detención, picana eléctrica, condiciones de detención
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

La aplicación reiterada de picana eléctrica, la imposición de golpes de puño y con distintos objetos, la sustitución de su identidad por un código alfanumérico, los simulacros de fusilamientos, desnudez y las pésimas condiciones de alojamiento, alimentación e higiene a las que fueron sometidos las víctimas privadas ilegalmente de su libertad en un centro clandestino de detención, son configurativas del delito de torturas.
Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, Salud pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

En atención al mandato de autonomía plena que la Convención Constituyente de 1994 plasmó en el artículo 129 de la Constitución Nacional, las atribuciones legislativas sanitarias le corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de ciudad constitucional federada.
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, sentencia interlocutoria, declaración de quiebra, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferreyra, Angel Víctor c/ Frutería "El Rubio" Sociedad de Hecho y Otros s/ Pedido de Quiebra - Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-03-06

"La resolución que desestima el pedido de quiebra, es una resolución interlocutoria, pues se trata de una cuestión previamente substanciada y que cumple con todos los recaudos del art. 161 Cpr.: expone los fundamentos, expresa una decisión positiva y precisa de lo planteado y se pronuncia sobre las costas. Tal especie de resoluciones se encuentra expresamente contemplada en el inc. 2º, art. 242 Cpr., antes mencionado; por lo tanto deviene apelable. La acreditación de un "gravamen irreparable" no es condición de procedencia del recurso de apelación contra este tipo de decisiones. El Código sólo exige su existencia cuando se trata de providencias simples.
Acción de amparo, derechos de incidencia colectiva, legitimación procesal, ciudadano
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BARILA SANTIAGO c/ GCBA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-05

En el amparo, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si la lesión es de un derecho de incidencia social o colectiva, no importa que quien lo alegue sea titular de un interés personal; por el contrario resulta suficiente la afectación del derecho colectivo consagrado por la Constitución y que, quien acciona, revista el carácter de habitante.
Relación de dependencia, ius variandi
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero, María Elena c/ Municipalidad de San José de Feliciano s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-04-21

Este Alto Cuerpo in re "Bertochi, J. c/ Pte. Junta de Fomento de Piedras Blancas s/ Ac. de Amparo", 29-02-00, expresó que "el derecho a la estabilidad no es sinónimo de la inamovilidad ni de inmutabilidad de las condiciones laborales.

En "Puppo, M. c/ Golly Pte. Municipal de La Paz s/ Ac. de Amparo", 21-09-00, ha sostenido que "la reestructuración de los órganos que componen la administración -en el caso municipal- es una actividad de neto corte discrecional y por ello se desarrolla conforme a razones de oportunidad, mérito y conveniencia que no debe resultar ilegítima.

El acto administrativo controvertido no afecta el status escalafonario de la amparista, ni el sueldo pertinente a dicha ubicación, como también que en él se utiliza razonable y fundadamente el principio de la "mutabilidad", respetando la sustancia de la relación contractual y conservando el equilibrio económico financiero de las prestaciones. El citado y cuestionado decreto municipal no puede ser encasillado como emergente de vicios de ilegalidad por cuanto ha sido dictado por la autoridad competente en uso de atribuciones discrecionales acordadas por la Ley, no está viciado de arbitrariedad ni abuso, exceso o desviación de poder, la motivación del Decreto no es posible de ser calificada de caprichosa y la supresión del pago de la bonificación mensual en el salario se respalda en que su otorgamiento lo era por diferencia de jerarquía y mientras durara la función asignada".

Adecuando tales conceptos a la resolución del caso y analizando a la luz de tales parámetros lo establecido en el Decreto Nro. 18/04 respecto al cambio que produce en el modo de la prestación de servicios determinado por la norma de nombramiento -Decreto Nro. 11/03- modificando los días de prestar el mismo de "lunes y martes" a "todos los días de la semana", sin un horario fijo al "mismo horario que el resto de la administración pública", de considerarse su labor "en tribunales de la ciudad de Paraná, La Paz y Feliciano y otros organismos de la Administración Provincial y/o Nacional" a "sólo los tribunales de San José de Feliciano los días martes y viernes, días de notificación y con autorización del Poder Ejecutivo para ausentarse del lugar de trabajo", sólo puede concluirse que estamos en presencia de un acto manifiestamente arbitrario por parte del Municipio demandado, de ahí su ilegitimidad al ejercer el mismo con abuso, exceso o desviación de una facultad que le compete a la administración pública -ius variandi-, con innegable perjuicio a la amparista al alterar sustancialmente las condiciones en que el vínculo laboral fue entablado.
Acción de amparo, omisión de cuestión esencial, daño irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Arnus, Daniela Alejandra c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-20

Las condiciones constitucionales exigidas para la procedencia del amparo no resultan verificadas en el caso analizado. Así, la evidencia inicial de la ilegitimidad del acto u omisión cuestionados (primer recaudo) debe concurrir con un daño grave e inminente a un derecho constitucional o legal que deba ser restablecido de inmediato (segundo recaudo). (Voto del Dr. Julio B. J. Maier).
Fiscal de Cámara, deberes y facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Picón, Abel s/ Falso testimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-11

Transgrede el art. 342 del Código de Procedimiento Penal el fallo de la Cámara que, haciendo lugar al requerimiento del Fiscal de Cámaras, condenó por un delito por el que no hubo acusación, ya que la apelación del Agente Fiscal no pudo abrir la competencia de la Cámara más allá de lo que había sido solicitado en la acusación, de modo que tampoco pudo el Fiscal de Cámaras ampliar el recurso interpuesto por la parte que representa.
Honorarios, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda c/ Monjes, Silvia Sofía y otro s/ Nulidad de acto jurídico
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

El artículo 1 de la Ley 23.982, entre los supuestos de consolidación, incluye el crédito que sea o haya sido reconocido por pronunciamiento judicial (inciso c.) con lo cual no se advierte distinción alguna entre obligaciones principales o accesorias y no cabe deducir que ambas se encuentren comprendidas en el ámbito de la norma comentada, máxime, que en concordancia con lo dicho, ese artículo 1 en su comienzo, expresa con sentido amplio el término obligaciones exclusivamente. Los créditos por honorarios regulados en los juicios y a cargo del Estado, se encuentran alcanzados por la referida consolidación, toda vez que cuando el artículo 7 de esa misma ley se ocupa de los recursos para atender dicho pasivo, consagra un orden de prelación, que en su apartado b) específicamente apuntó a acreencias derivadas, entre otros casos, del trabajo o la actividad profesional.
Portación de armas, tipo penal, arma descargada
Materia: PENAL
Carátula: Valenzuela, Rubén Darío s/ s/ inf. Art. 189 bis del C.P. -  Recurso de apelación  y de  inconstitucionalidad. C.P. -  Recurso de apelación  y de  inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-27

En el caso, los extremos fácticos que rodearon la incautación del arma -considerando que el imputado portaba los proyectiles -si bien por separado- en lugar muy próximo al arma, ya que ésta se encontraba en el flanco izquierdo de su cintura y la munición en el interior del bolsillo del pantalón del mismo lado-, conducen a concluir razonablemente en que el encausado tenía el pleno poder de disposición sobre aquella, en tanto poder de hecho y disponibilidad en condiciones de uso inmediato en espacio público de un arma de uso civil sin la debida autorización para ello.

Al respecto hemos sostenido en numerosos pronunciamientos los extremos típicos que debe reunir la figura del artículo 189 bis del Código Penal tercer párrafo sobre portación de armas de fuego y su diferenciación de los supuestos de mera tenencia, teniendo por tales el poder de disposición "en lugar público o de acceso público de un arma cargada o en condiciones de uso inmediato" circunstancia que a todas luces se da en el sub lite.
Contratos, ejecución del contrato, seguros, destrucción total del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Sosa Leandra Celeste c/ Compañia Mercantil Andina Seguros s/ cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2023-05-10

Conforme la reglamentación de la Superintendencia de Seguros de la Nación y lo estipulado en las condiciones particulares del contrato celebrado por las partes, una vez determinada la existencia del daño total, el asegurador debe indemnizar el valor de venta al público en plaza la momento del siniestro de un vehículo de igual marca, modelo y característica, con más los impuestos, tasas y contribuciones que pudieran corresponder, pero con un tope: hasta la suma asegurada. Determinar una suma máxima asegurada es legal y razonable; se vincula con toda la estructura del contrato de seguros porque hay una relación entre lo que paga el asegurado y la cobertura de la aseguradora. Por ende, la aseguradora no está obligada a pagar el valor de mercado del vehículo si éste supera la suma asegurada. Eso no fue lo convenido entre las partes. (Del voto de la Dra. Álvarez Marasco)
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rivada, Carlos Omar c/ Salenave, Gustavo Juan s/ Indemnización accidente de trabajo Méndez, Hugo Norberto c/ Echeverría y Cía. S.A.C.I.F.I. s/ Indemnización por daños Alfonso, Bernardo c/ Molinos Río de La Plata S.A. s/ Daños y perjuicios Vaccaro, Antonio A. c/ Papelera San Isidro S.A.C.E.I. s/ Indemnización por accidente (art. 1113, C.C.).
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-15|1990-06-19|1992-05-12|1994-08-16

El derecho a la reparación del daño se consolida y se incorpora el patrimonio del trabajador en el mismo momento en que se produce el siniestro y a ese tiempo debe cuantificarse la indemnización.
Acto administrativo, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Blettler, César María c/ Consejo General de Educación, Caja de Jubilaciones y Pensiones y Poder Ejecutivo de la Pcia. s/ Demanda Contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-08-19

En autos, los actos impugnados no son de aquellos dictados originariamente por el Poder Ejecutivo ya que el primer acto emana del Consejo General de Educación, el segundo es emitido por la Caja de Jubilaciones y Pensiones y, finalmente, se dicta el decreto del Poder Ejecutivo.
Acción de amparo, recurso de casación, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: BOLLADA VICTOR MANUEL EN REPRESENTACION DE LA UNION DE USUARIOS c/ AGUAS DEL VALLE S.A. Y ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONCESIONES s/ AMPARO - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-11-16

Tomando en cuenta la fecha en que este Tribunal asume su competencia a fin de resolver el recurso promovido por la demandada-concesionaria del servicio de agua potable-, se advierte que el agravio referido a lo exiguo del plazo de tres meses para la realización de las obras-erradicación de dos pozos de agua contaminados con nitrato- estipulado en la sentencia que se impugna, ha devenido abstracto ante el vencimiento de dicho plazo y de aquel otro invocado por el recurrente como de aplicación al caso -diciembre de 2005-, fecha en que se habría estipulado la conclusión de las obras mediante convenio suscripto entre el Poder Ejecutivo y la concesionaria del servicio.

De todos modos, y si por una cuestión de oportunidad se pudiera ingresar al análisis del agravio referido, éste resultaría igualmente desestimado toda vez que la temática propuesta implica una típica cuestión de hecho y prueba extraña, en principio, al recurso de casación.

En efecto, no se configura arbitrariedad en el fallo cuando establece un plazo de 3 meses para la ejecución de las obras, sino que por el contrario, resuelve con justo equilibrio entre los bienes en juego, ya que no puede esgrimir la demandada, frente a los derechos vitales de los usuarios del servicio de agua potable, el eventual acuerdo que haya celebrado con el Poder Ejecutivo y del que surgiría un plazo mayor para la ejecución de las obras concertadas, pues el grave riesgo que el consumo de agua contaminada puede causar en la salud de la población, amerita la urgencia en dicha ejecución.
Acceso a la justicia, interpretación de la constitución, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSeS s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-06

El derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional no se encuentra satisfecho con la sola previsión legal de la posibilidad de acceso a la instancia judicial sino que requiere que la tutela judicial de los derechos en cuestión resulte efectiva; esto es, que sea oportuna y posea la virtualidad de resolver definitivamente la cuestión sometida a su conocimiento, tal como lo reconocen los tratados internacionales con jerarquía constitucional a partir de 1994 (artículo 75, inc. 22), como ser, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 8 y 25.2.a) y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.1).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, Cámara de Apelaciones, recusación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: DIESER, MARIA GRACIELA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-11-12

La resolución impugnada -en cuanto rechaza la recusación incoada por la defensa del imputado- no es sentencia definitiva ni auto equiparable y la recurrente no ha logrado acreditar en el presente ninguna de las circunstancias -gravedad institucional, necesidad de asegurar una inobjetable administración de justicia, compromiso objetivo del funcionamiento institucional de la justicia, puesta en jaque de la administración de justicia, violentarse gravemente por el manipuleo indiscriminado del instituto recusatorio la exigencia de juez natural, entre otras- que permita superar dicho recaudo en el sub judice, lo cual impide el franqueamiento de la vía intentada.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, competencia administrativa, recurso de queja (procesal), recurso jerárquico, interposición del recurso, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Van Lacke, Roberto Alfredo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 311 año 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

Es inadmisible el recurso contencioso administrativo interpuesto desde que asiste razón a la Provincia resistente en torno a que el recurso jerárquico fue deducido indebidamente, por cuanto notificado el agente del acto administrativo que hoy recurre, no lo impugnó en el tiempo correspondiente sino que promovió un recurso jerárquico para cuya procedencia no se daban los presupuestos básicos. En efecto, las constancias del expediente y las que pueden leerse en las actuaciones administrativas no autorizan a apartarse del régimen legal instituido en el ámbito santafesino, que establece como principio la irrecurribilidad de los actos administrativos fuera de los plazos fijados, como consagración de la también necesaria seguridad jurídica.
Accidentes de trabajo, incapacidad, porcentaje de incapacidad, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, RICARDO DOMINGO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-05

La proyección de las lesiones que son secuela del accidente de trabajo al ámbito laboral, deben examinarse mediante la aplicación de conocimientos prácticos y valoración de circunstancias fácticas que repercutan en la esfera de la función laboral genérica, evitando el riesgo de introducir indirectamente algún ingrediente incompatible con el sistema de indemnización tarifada previsto en la Ley de Accidentes de Trabajo N. 9688.
Regulación de honorarios, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL
Carátula: D'URSO DE IZZO, ALCIRA CARMEN c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-20

La ley 23982, dispuso la consolidación en favor al Estado Nacional, de determinadas obligaciones de pagar sumas de dinero, vencidas o de causa o título anterior al 1 de abril de 1991, y precisó en su art.2 la nómina de entidades comprendidas en el régimen de emergencia, allí instrumentado, limitando sus alcances subjetivos, enumeración que involucra a Ferrocarriles Argentinos en su calidad de empresa del Estado creada por ley 18360, del 17.9.69 actualmente afectada a la intervención dispuesta por el decreto del Poder Ejecutivo nro. 842, del 2.5.91. No se la esencia de la actividad llevada a cabo por la empresa lo que debe valorarse a los fines de determinar si la regulación de honorarios profesionales se vería afectada por la consolidación instrumentada en aquel régimen jurídico, sino la naturaleza del crédito, cuya cancelación conforma el objeto del emplazamiento peticionado. Si los emolumentos del perito médico fueron fijados con posterioridad a la fecha a partir de la cual tuvo vigencia dicha ley el reclamo se encuentra comprendido en la consolidación de la deuda pública, circunscripta a las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 1 de abril de 1991, que consistan en el pago de una suma de dinero.
Intereses, responsabilidad extracontractual, cómputo de intereses, indemnización
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: PEREZ, ISABEL c/ HERMIDA, JOSE s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-09

Resulta improcedente rechazar el pago de intereses desde la fecha en que se produjo el ilícito toda vez que, -como en el caso-, el resarcimiento solicitado tiene origen extracontractual. Ello pues, la obligación de reparar el daño causado nace en el mismo momento en que este fue irrogado y no requiere interpelación previa ni constitución en mora del deudor para reclamar su cumplimiento (Cam. Comercial, Sala D, 21/10/83, "Marcini, Rubén c/ Banco Alas Coop. Ltdo. s/ Sumario").
Indemnización, daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: Pérez Tenorio de Rodríguez, Margarita del Carmen c/ Municipalidad de Trelew s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-11-26

Es indudable que quien dice haber experimentado de manera inmediata un detrimento derivado de una lesión a sus derechos o intereses respecto de una cosa dañada, intente en juicio ser resarcido. La destrucción o menoscabo de la cosa puede afectar de manera directa no sólo al propietario de aquélla sino también a otras personas sean éstas condóminos, meros poseedores, usufructuarios, comodatarios, etc....