marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Mancini, Juan Carlos y Sanatorio Nosiglia S.A s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-16

La carga de la prueba - las reglas del "onus probandi" - constituyen nociones de hecho y procesales por medio de las que se le indica al Juez como fallar frente a una insuficiencia probatoria o falta de certeza relativa, de forma tal que el principio según el cual quien alega un hecho debe probarlo es muy relativo y responde a la posición que cada parte adquiere en el juicio.
Autonomía provincial, Constitución Nacional, gobierno nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-06

Será necesario probar que a las provincias les ha sido expresamente prohibido el ejercicio de la atribución de que se trate para juzgar que no les corresponde, toda vez que ellas conservan el poder que en la Constitución Nacional no delegaron al gobierno federal
Obligaciones del Estado miembro, Pacto de San José de Costa Rica, responsabilidad internacional del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fontevecchia y D'Amico Vs. Argentina c/  s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-10-18

Los Estados parte en la Convención Americana están obligados a cumplir lo dispuesto por la Corte Interamericana en atención al principio básico de la responsabilidad internacional en virtud del cual, no pueden argumentar razones de orden interno para dejar de asumir la responsabilidad establecida por el Tribunal Interamericano.
Intereses, obligaciones en moneda extranjera, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodriguez, Jorge E. y ot. c/ Freire, Mario N. y ot. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

Tratándose de una obligación pactada en dólares estadounidenses, lo que puede ser asimilado a un capital que mantiene el valor constante al utilizar una divisa de marcada estabilidad, considero prudente y equitativo que en principio se mantengan las tasas pactadas en el mutuo con garantía hipotecaria siempre que no superen las que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones similares en dólares (arts. 1137, 1197, 953 del Cód. Civil).
Demanda, intervención de terceros, actor procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: BECCAR VARELA SOCIEDAD ANONIMA c/ MARISCOTTI, Luis s/ INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-24

Es improcedente la pretensión del tercero de ser incorporado a una causa como coactor (lo que en doctrina se denomina intervención principal o excluyente) por no estar prevista por nuestra legislación procesal local.
Competencia criminal, lugar del hecho
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Machado, Silvana s/ av. Homicidio - Causa n. 859 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-23

Si bien el conocimiento de las causas penales compete a los magistrados de la jurisdicción en la cual se consumó el hecho, no es posible dejar de considerar el principio conforme al cual el delito se estima cometido en todas las jurisdicciones en las que se desarrolló alguna parte de la acción y también en el lugar de la verificación del resultado.
Recurso extraordinario, fallos de la Corte Suprema, gravamen actual, circunstancias sobrevinientes
Materia: PROCESAL
Carátula: L., M. c/  s/ abrigo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

Las sentencias de la Corte deben adecuarse a las circunstancias existentes al momento en que se dictan, aunque ellas resulten sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario, máxime cuando no es posible prescindir de ellas a fin de adoptar una decisión que atienda de manera primordial al interés superior del niño.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, médicos, relación de dependencia, remuneración, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: Boto, Armando c/ Obra Social Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

No es violatoria de la garantía de la igualdad, la circunstancia de que los médicos perciban distintas remuneraciones como retribución por su trabajo en relación de dependencia, según las provincias en que lo ejerzan (Disidencia de los Dres. Julio S.

Nazareno, Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio y Antonio Boggiano).
Subasta judicial, reintegro de gastos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Justo Oscar Daniel c/ Ouviña Roberto Hector s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

Los gastos generados por una subasta alcanzan límites más estrechos que el honorario dentro del marco que presenta la complejidad de un proceso judicial, más allá de que son gastos de justicia, se tornan en ineludibles para la realización de bienes objeto del acto, es decir que sin ellos no existiría producido o suma de dinero alguna destinada al pago de la deuda. Los referidos gastos de remate a que alude el artículo 581 CPC, se refieren a erogaciones que nacen del remate en sí, su preparación, desarrollo y perfeccionamiento. Más sólo a ello. Los honorarios regulados a los letrados también pueden incluirse en el concepto de gastos de justicia , integran las costas del juicio, se estiman con una visión más amplia, abarcadora de todos los trámites o procedimientos que dan forma al litigio en su totalidad y no restringida a la etapa de cumplimiento forzado, desde que son la contraprestación a la labor profesional prestada en el juicio.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguro de incendio, rechazo de la demanda, derechos del asegurador, subrogación en los derechos del asegurado, incendio de la cosa
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROYAL SUN ALLIANCE SEGUROS ARGENTINA SA c/ CIROL SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-19

Cabe rechazar la demanda incoada por una aseguradora, subrogada en los derechos de su asegurado, contra el depositario y el propietario del local en el que se encontraban depositadas las mercaderías incendiadas, toda vez que, acreditada la intencionalidad del incendio sin poder identificar a su autor, sea que el vínculo del asegurado con los accionados encuadre en el depósito o en la locación, no se dan los supuestos de ley para atribuirles la responsabilidad por el siniestro (cciv: 2203 y 1572).
Acción, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: SAAD ELIAS NEME E HISSE ENRIQUE BAHILIL c/ LEY Nº 6302, GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-03-23

No cabe admitir que el Superior Tribunal supla la falta de identificación de parte de los presentantes, Defensores del Pueblo de las ciudades de La Banda y Santiago del Estero, con los ciudadanos de la Municipalidad de la Capital y La Banda y la consecuente alusión de la representatividad de ellos al momento de entablar el presente juicio, porque admitir la posibilidad de reclamar por "terceros", o "third party standing" como se la denomina en el constitucionalismo norteamericano resulta violatorio de la reglas básicas del control de constitucionalidad.
Portación de armas, agravantes de la pena, constitucionalidad, reincidencia
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Maciel, Marcelo Fabián s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-05

La circunstancia agravante prevista en el art. 189 bis, 8° párrafo, primera opción del Código Penal, que sanciona más severamente a quien portare armas de modo ilegítimo cuando la persona "registrare antecedentes penales por delitos dolosos contra las personas o con el uso de armas" no se funda en un dato antojadizo e inconexo o en una característica inherente de la personalidad sino que, por el contrario, reposa sobre un extremo fáctico que está directamente vinculado con el comportamiento ilícito de portar un arma sin autorización, por lo que resulta constitucionalmente admisible establecer una diferencia valorativa entre el comportamiento de quien porta ilegítimamente un arma sin registrar antecedentes condenatorios de aquel que, además de incurrir en el tipo básico, registra condenas por haber cometido delitos dolosos con el uso de armas o contra la vida o integridad física de los demás (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay). - La mayoría consideró que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280 CPCCN)-. -El juez Zaffaroni remitió a su disidencia en la causa "Taboada Ortiz", de la misma fecha-.
Daños y perjuicios, funcionarios públicos, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: GIRARDI, ANGEL FERNANDO c/ SALVAI, ELIYO CARLOS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-06

A fin de determinar cuándo se está en presencia de un cumplimiento irregular de las obligaciones legales del funcionario público -presupuesto necesario para comprometer su responsabilidad- es preciso desentrañar a qué obligaciones refiere el texto del artículo 1112 CC, que en primer lugar son las que emanan expresa o implícitamente de la Constitución nacional, pasando luego por las establecidas en la ley formal, hasta llegar a las que surjan de reglamentos, ordenanzas, prescripciones administrativas, instrucciones del superior jerárquico conforme a la ley e incluso las emergentes de contratos especiales que el agente pueda tener con el sujeto público; pero ocurre que para los cargos más elevados las funciones y misiones no siempre aparecen prolijamente expresadas o el cumplimiento de una determinada función pone en ejercicio una parte del poder discrecional y una parte de poder vinculado; por lo que debe señalarse que la irregularidad debe demostrarse por la víctima del daño (Del voto del Dr. Falistocco).
Control de constitucionalidad, non bis in ídem
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lopiano, Roberto Carlos s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-10

No supera el test de constitucionalidad la norma en cuestión, puesto que el art. 18 de la CN ha excluido ya cualquier posibilidad de aplicación de una pena fundada en la peligrosidad del agente o el modo en que éste ha conducido su vida anteriormente, ya que cuando prohíbe que nadie sea penado sino en virtud de juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, esta imponiendo en primer lugar, que un proceso penal sólo puede instaurarse por un hecho aparentemente delictivo y que la pena sólo se puede imponer por un hecho del agente. El hecho del proceso no sólo justifica la instauración del juicio, sino, finalmente, la pena a imponer, esta frase fundamenta un derecho penal de hecho y se destierra toda posibilidad de un derecho penal de autor. En consecuencia, por tanto surge del examen de la norma en cuestión, que el mayor castigo, no encuentra su fundamento en un "hecho" determinado sino en los "antecedentes" que registre el sujeto.
Denuncia de ilegitimidad, resolución denegatoria, facultades discrecionales, revisión judicial de actos administrativos
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Tajes, Raúl Eduardo c/ Estado  Nacional (EMGE) s/ retiro militar yfuerzas de seguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

Si el representante del Estado Nacional no introdujo, al expresar sus agravios ante la cámara en su memorial, el argumento de que era irrevisable judicialmente la decisión administrativa de desestimar la denuncia de ilegitimidad, corresponde descalificar el fallo apelado en tanto introdujo de oficio dicha cuestión.
Tasa de justicia, reducción de tasa de justicia, recurso directo
Materia: PROCESAL
Carátula: CENTRO POSADAS S.A.C.I. y F. -Incidente- c/ D.G.I. s/ Dirección General Impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-13

La reducción de la tasa, que establece el art. 3, inc. g) de la ley 23.898, está ligada a la modalidad que presentan los recursos directos y no al hecho de tratarse de un proceso que tenga por objeto el cuestionamiento de una resolución administrativa.
Poder Judicial, empleados públicos, división de poderes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mosquera, Roberto Lisardo c/ Administración Nacional de Aduanas. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-17

El órgano jurisdiccional no está facultado para apreciar el mérito y necesidad de la rotación de los agentes públicos en sus puestos habituales de trabajo; lo contrario significa convalidar la intromisión en la órbita de competencia propia de otro poder.
Daño resarcible, discriminación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: V. G. M. I. c/ Grupo Concesionario del Oeste SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

Corresponde hacer lugar al reclamo por despido discriminatorio, incluyendo en la condena la reparación por daño moral, efectuado por la trabajadora cuyo despido tuvo lugar luego de llevada a cabo la fertilización del óvulo y de su implantación en el vientre materno, mientras se encontraba de licencia por tal motivo, por estar en juego una cuestión de género. Si bien es cierto que los trabajadores de ambos sexos pueden realizarse tratamientos médicos que requieren de licencia, lo cierto es que las intervenciones producto de los tratamientos de reproducción asistida solo afectan directamente a las mujeres. Se encuentra en juego una garantía de rango constitucional, como lo es la tutela de la mujer frente a conductas discriminatorias por cuestiones de género, de conformidad con lo previsto en los arts. 16  y 75 inc. 22 de la CN y fundamentalmente de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer y las leyes 26.485 y 23.592. (En el caso, la accionada rescindió el vínculo invocando cuestiones de reestructuración que no logró probar).
Prescripción, responsabilidad del Estado por actos lícitos, sentencia absolutoria
Materia: PROCESAL
Carátula: QUIROGA JORGE LUIS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-02-25

La prescripción liberatoria comienza desde el día que nace la acción. La acción nació en el caso, con las medidas administrativas de pase a situación pasiva con disminución de sueldo y posteriormente el retiro obligatorio. Dicha medidas administrativas son independientes del resultado de la sentencia penal que podía, en su caso, dar nacimiento a otra acción.
Deuda previsional, personal de casas particulares, prueba, procedimiento de impugnación de deuda previsional, debido proceso adjetivo, exceso ritual manifiesto
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOMBARDO DE GHERARDI, MARIA DEL CARMEN c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-17

Aparece revestido de un excesivo rigor formal y apartado de las pautas del debido proceso adjetivo el dictamen que consideró fehacientemente acreditadas las tareas invocadas por la peticionante del beneficio previsional, en calidad de empleada doméstica de la recurrente, si se omitió dar participación a ésta en el trámite de la producción de la prueba ni se le requirió el aporte de los elementos de juicio que considerarse idóneos a fin de demostrar el derecho que a su criterio le asiste (cfr. art. 1, incs. a, b, e, y j de la ley 19.549), máxime teniendo en cuenta los medios de prueba admitidos por el Dec. 6178/54 para la acreditación del derecho a los beneficios previsionales. En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la resolución que desestimó la impugnación de deuda deducida contra el cargo por aportes y contribuciones omitidos.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, juez de faltas
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Pizarro, Ana María y otros c/ Municipalidad de La Plata. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que no hizo lugar a la reincorporación de los jueces de Faltas actores y condenó a pagarles la indemnización prevista en la ley 10.269 de Buenos Aires, en tanto no se advierte un caso de arbitrariedad que justifique la intervención de la Corte.
Balance o informes falsos, inexistencia de delito
Materia: PENAL
Carátula: SHAW, ALEJANDROMENDEZ DELFINOGALLI FREDICH s/ Balance falso Causa 32378
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

1- Corresponde confirmar la resolución apelada por la que se dictó el sobreseimiento definitivo por considerar que el presunto delito no ha sido perpetrado pues las sumas que se sostiene no registradas en los balances, no revisten magnitud tal que impida la apreciación de la verdadera situación económica del imputado dado que lo pequeño del monto de la acreencia cuestionada no tiene suficiente entidad económica como para que pueda alterar significativamente la exposición del estado patrimonial reflejado en los balances.- 2- La falsedad o lo incompleto de un balance se adecua a la acción castigada en el art. 300, inc. 3), del Código Penal (que contempla dos comportamientos típicos diferentes) solo cuando recae sobre datos importantes para apreciar la situación económica de la empresa.
Recurso contencioso administrativo, impuestos, doble imposición, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: El Serrano S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 234 Año 1988)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-07-08

De acuerdo a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es procedente el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción deducido con la finalidad de que se dejen sin efecto las resoluciones por las que se dispuso rectificar las cuotas de impuesto a las actividades económicas e impuesto a los ingresos brutos con sustento en que el ejercicio de la potestad tributaria, resulta contrario a lo establecido por la Constitución nacional en el artículo 67 inciso 12 (redacción anterior a la reforma de 1994, actual 75 inc. 13) y en que la imposibilidad de trasladarlo y su incidencia en la rentabilidad configuraría un supuesto de doble imposición. (Del Voto Del Dr. Falistocco Que Hace Mayoría)
Escritos judiciales, firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Titanio S.A. c/ Spognardi, Norberto Ariel s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

La ley 5177 enviste a los profesionales de verdaderos poderes de fedatarios con relación a la identidad y verdad de la intervención personal de la parte que el abogado presenta y avala con su firma.

Por tal motivo resulta innecesaria la citación al reconocimiento de firma de un escrito en el que junto a la firma del litigante se encuentra la de su abogado patrocinante (art. 56 CPC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Comuna, personal municipal, sumario administrativo, recusación, recusación con causa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Romero, Ruben Carlos c/ Comuna de Romang s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 183-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-20

No ha obrado ilegítimamente la Administración que no acogió el pedido de recusación formulado por el actor con fundamento en enemistad manifiesta con el Instructor Sumariante derivada de la participación de ambos en conflictos gremiales, cuando, si bien el recusante introduce en la etapa probatoria jurisdiccional prueba testimonial, ninguna de las preguntas formuladas se dirige puntualmente a demostrar la causal de enemistad personal, no pudiendo extraerse de ellas que dicha supuesta enemistad haya sido de tal entidad que hubiese podido justificar el relevamiento de la carga probatoria exigida por el artículo 73 del Anexo I de la ley 9286.
Sentencia, tribunal colegiado, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: D'Alessandro, Zulema c/ Vieytes S.A.C.I.F. y/u otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-10-03

En verdad, más allá de la conveniencia de que los buenos jueces eviten la remisión sistemática, superficial y rutinaria a los fundamentos formulados en otros votos, creo que tal abuso no trae aparejada necesariamente la nulidad del pronunciamiento, pues según lo ha declarado la Corte Suprema Nacional lo que realmente interesa es la argumentación acogida por el juzgador, en su objetividad. Y lo objetivo, válido y eficaz en el acto jurisdiccional reside en el mandato o declaración del derecho que emana de la sentencia y de sus fundamentos esenciales, cuyo acierto y/o eventual impugnación no depende de que su exposición provenga de uno, de dos o de tres o mas votos (del voto del Dr. González Godoy, en minoría).
Delitos contra la integridad sexual, corrupción, abuso sexual, víctima del delito, daño psíquico
Materia: PENAL
Carátula: SANTAMARIA, Eduardo y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-01-28

La corrupción tiene un sentido esencialmente psicológico y moral, de manera que se dice corruptora la acción que deja una huella profunda en el psiquismo de la víctima, al torcer el sentido natural, biológico y sano de la sexualidad. La acción corruptora debe ser medida en un sentido biológico-natural; el olvido de este doble aspecto es uno de los motivos que han llevado a asimilar, erróneamente, la corrupción al abuso deshonesto (*).

Un tocamiento obsceno -o varios- es un acto que no pervierte, por sí mismo, el sentido de la sexualidad; si bien tiene -como quedara acreditado- una influencia psíquica en la víctima, el rastro que deja puede no alterar el curso normal en el desarrollo del sexo: toda vivencia de victimización sexual impacta de algún modo en el desarrollo futuro de la sexualidad y de la personalidad en general, mas ello depende de factores múltiples en relación a la propia víctima, al entorno emocional-familiar, a la práctica de un tratamiento adecuado, etc.

Si interpretara que todo acto que deje una secuela en la esfera psicológica constituye de por sí corrupción, la introducción de la hipótesis prevista en el inc. a) del art. 119 del C.P. -en punto al daño en la salud mental- carecería de todo sentido.

Por ello, debe homologarse el auto de primera instancia que decreta el procesamiento del imputado -padre de la víctima menor de edad-, con la salvedad que el delito atribuido es el de abuso sexual agravado (art. 119, último párrafo en función del inc. b) del C.P.).