Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-29


Buenos Aires, 29 de abril de 2010 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

El día 30/12/2009 la empresa Suieluv SRL interpuso demanda de amparo y medida cautelar contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Dirección General de Fiscalización y Control) ante el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, con motivo de la clausura preventiva dispuesta respecto del local sito en la calle Tucumán nº 2053/57 que opera bajo el nombre de fantasía de "Hotel Zentra". La pretensión que originó el pleito estuvo formulada así "...que V.S invalide y ordene levantar la clausura dispuesta, hasta tanto el GCBA dé cumplimiento al procedimiento previsto por la ley vigente" (fs. 23 vuelta). Asimismo, requirió que se dictase una resolución que dispusiera como medida cautelar la "prohibición de innovar respecto de la ocupación del inmueble" de modo tal que la empresa pueda cumplir "con los compromisos asumidos con los pasajeros que contrataron su hospedaje en el mismo" (fs. 23/26).

El accionante expresó que el 30/06/2009, solicitó al Gobierno la habilitación del inmueble para funcionar como Hotel con servicios de comidas y que, luego de transcurridos 5 (cinco) meses, más precisamente el 4 de diciembre de 2009, dos inspectores de la Dirección General de Fiscalización y control labraron el acta circunstanciada nº 009065 y procedieron a clausurar en forma preventiva e inmediata el establecimiento por hechos vinculados al "explotador anterior".

Agregó que con fecha 14 de diciembre de 2009 la UAAFE nº 11 mantuvo la clausura preventiva mediante el dictado de la resolución interlocutoria nº 17189, cuya nulidad, conforme quedó indicado, se requiere en autos.

Finalmente, fundó la competencia del fuero en lo Penal, Contravencional y de Faltas en la doctrina de este Tribunal arribada en las causas "Mercado Romero" y "Casabona".

2. El juez a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 26 declaró su incompetencia para intervenir en las presentes actuaciones, en virtud de lo establecido por el art. 7, ley n° 2.145 que establece que en las acciones de amparo dirigidas contra las autoridades de la Ciudad será competente el fuero Contencioso Administrativo y Tributario (fs. 28).

3. Por su parte, la señora Fiscal de primera instancia ante el fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario opinó que resulta competente el fuero en lo Penal, Contravencional y de Faltas de acuerdo a la doctrina arribada por este Tribunal en las causas "Mercado Romero" y "Casabona" (fs. 36/37) 4. A fs. 38, el juez a cargo del Juzgado en lo contencioso Administrativo y Tributario nº 1 compartió los argumentos vertidos por la fiscalía y, en consecuencia, se declaró incompetente y remitió a este Tribunal las actuaciones.

5. A fs. 48/52 el señor Fiscal General propició la competencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 1.

6. El 23 de marzo de 2010, el Tribunal resolvió remitir las actuaciones al juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 1 "para que las gire al juez que previno en autos a fin de que, este último fije posición trabando, si insiste, la contienda" (fs. 54/55). Requerimiento que fuera cumplido a fs. 58.

7. A fs. 59/60 la jueza a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 26 mantuvo el criterio sustentado a fs. 28. En consecuencia elevó el expediente a este Tribunal.

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Surge del relato que precede estos fundamentos, para lo que ahora importa, que la pretensión esgrimida por la parte actora se circunscribe a requerir la nulidad de la clausura confirmada por la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales nº 11. Aunque en la demanda se hace referencia a supuestas irregularidades en el trámite de habilitación del inmueble clausurado y se solicita una cautelar que "...ordene su habilitación transitoria y provisoria", la argumentación sólo aparece invocada por el accionante para mostrar los vicios que imputa a la resolución de la controladora de faltas que mantuvo la clausura cuya nulidad reclama como único objeto de la demanda de autos (fs. 23 vuelta y 25 vuelta).

En tal contexto, la cuestión traída a decisión del Tribunal es similar a la que se resolviera el 25 de octubre de 2007, en los autos "Mercado Romero, Heriberto Román c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA) s/ conflicto de competencia", expte. nº 5506/07.

En dicha oportunidad sostuve que correspondía atribuir la competencia al Fuero Penal, Contravencional y de Faltas cuando, por medio de una acción de amparo, se cuestiona tanto una clausura preventiva -función administrativa- como cuando la autoridad impone sanciones en los términos de la ley nº 1217 -función materialmente jurisdiccional de la administración-, toda vez que de acuerdo al principio general del 27 de la ley aludida permite inferir que corresponde intervenir a dicho fuero aún cuando pudiera ser opinable teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad administrativa involucrada.

2. En línea con la solución propiciada la propia actora en su demanda precisó inequívocamente, aún en el marco relativamente sintético de su reclamo, que inicia la presente acción de amparo a fin de cuestionar una decisión confirmatoria adoptada en el marco de un proceso administrativo sustanciado por la Unidad Administrativa de Control de Faltas en los términos de los arts. 8 y 24, Ley Nº 1217 (fs. 13/14, 23 y fs. 25 vta.). Como así también que la acción elegida encuentra asidero en el criterio asentado por el Tribunal en 'Mercado Romero, Heriberto Román c/ GCBA s/amparo (art. 14 CCABA) s/ conflicto de competencia'", expíe. nº 5505/2007, resolución del 25/10/2007 y "Casabona" ya reseñado (ver fs. 25 vta.).

3. El modo en que se resuelve, impone señalar que no son las previsiones de la ley de amparo (art. 7, ley 2145) las que deben ser analizadas para determinar la radicación de estos autos, como postulan el Sr. Fiscal General y el magistrado del fuero Contravencional y de Faltas. En efecto, nada permite suponer que modificar la asignación de competencia atribuida por la normativa específica, a los fueros que integran la judicatura en la ciudad, sea la finalidad perseguida por el art. 7 de la ley 2145. En tal contexto, la regla según la cual corresponde al fuero CAyT el conocimiento de los amparos dirigidos contra autoridades públicas, debe ser -bien entendida- referida a las autoridades públicas en ejercicio de las funciones cuyo control judicial prevé la ley 189 (ver mi voto en "Mercado Romero, Heriberto Román c/ GCBA s/ amparo (art.14, CCABA) s/ conflicto de competencia", expte. n° 5506/07 SAO, resolución del 25/10/2007). Al igual que el Código Contencioso Administrativo y Tributario, la ley de amparo, optó por definir el ámbito de actuación del fuero CAyT con un criterio subjetivo. Derivar otras conclusiones a partir de esa elección carece de respaldo y, al mismo tiempo, tiene aptitud para generar interferencias entre los procesos que tramitan en los fueros que involucra esta contienda. El criterio hermenéutico propuesto, preserva al sistema de padecer, y en realidad auto generar, una desaconsejable situación, como la que se verificaría al interpretar que la ley 2145 concede la garantía de litigar ante el fuero CAyT, por el simple expediente de elegir la vía del amparo y nombrar una autoridad pública, incluso para lograr decisiones en materia contravencional, y aún cuando ellas vinieran a interferir con los procesos en curso ante ese fuero (cf. entre otros mi voto en "Sayago, Norma Gladys c/ Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas nº 10 y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ conflicto de competencia", expte. nº 5585/07, sentencia del 13/2/08) 4. En virtud de lo expuesto, voto por atribuir la competencia para entender en estas actuaciones al Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 26.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Coincido con la solución propuesta por el Sr. Juez de Trámite. En efecto, la situación de autos es similar a la resuelta en la causa "Mercado Romero, Heriberto Román c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA) s/ conflicto de competencia". Allí sostuve que de acuerdo al art. 27 de la ley n° 1.217, la competencia en materia de faltas es improrrogable y corresponde al Fuero Contravencional, de Faltas y Penal. Situación que no se ha visto modificada por la sanción de la ley n° 2.145, que reglamenta la acción de amparo.

2. El texto del art. 7 de la ley n° 2.145 de amparo, debe interpretarse en armonía con el resto de las disposiciones que regulan la competencia de los distintos tribunales de la Ciudad, pues considerar que los amparos dirigidos contra decisiones de órganos administrativos que imponen sanciones en virtud del régimen de faltas puedan ser ventiladas ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, lleva a una fragmentación injustificada de la competencia en este tipo de asuntos.

3. En materia de competencia deben primar los criterios más racionales posibles para despejar las dudas en la atribución de las causas. Así, debe tomarse en cuenta: a) las disposiciones expresas y específicas sobre el particular que mantienen su vigencia en tanto no haya norma expresa que las modifique b) la prioridad que tienen los magistrados especializados en los asuntos que deben decidir frente a los que no poseen, al menos formalmente, tal especialización, pues ello es una garantía de idoneidad técnica para el usuario del sistema; c) la posibilidad que tenga el juez de realizar actividades ordenatorias que no importen, a su vez, un desplazamiento de competencia (v.gr.: facultades previstas en el art. 6, ley n° 2.145); d) la posibilidad de garantizar a los usuarios del sistema la mejor y más intuitiva comprensión posible del sistema de competencias; e) el respeto por el sistema de designación de magistrados que, precisamente, han recibido su nombramiento considerando sus antecedentes y versación en la materia en la que deben resolver; etc.

4. Por las consideraciones que anteceden, voto por declarar la competencia del juzgado en lo Penal, Contravencional, y de Faltas nº 26 para entender en el presente proceso de amparo.

Los jueces José Osvaldo Casás y Ana María Conde dijeron:

Tal como lo sostiene en su voto el Sr. juez de trámite, Dr. Luis F. Lozano, en el presente caso, básicamente, se pretende la declaración de nulidad de la clausura preventiva del local sito en la calle Tucumán nº 2053/57 de esta Ciudad, mantenida por la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales nº 11 mediante resolución nº 17.189/09 (v. copia obrante a fs. 13/14).

Desde esta perspectiva, la cuestión traída a decisión del Tribunal resulta similar a la resuelta en los precedentes "Mercado Romero, Heriberto Román c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCAA) s/ conflicto de competencia", expte. nº 5506/07, decisión del 25 de octubre de 2007 y "Casabona, Marcelo Angel c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA) s/ conflicto de competencia", expte. nº 6447/09, sentencia del 29 de abril de 2009 -citados incluso por la propia parte actora al iniciar su acción ante el fuero Penal, Contravencional y de Faltas-, a cuyos fundamentos nos remitimos en homenaje a la brevedad.

En virtud de lo expuesto, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 26 para intervenir en este expediente.

Así lo votamos.

Por ello, emitido el dictamen por el Fiscal General, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 26 para intervenir en este expediente.

2. Mandar que se registre, se notifique al Sr. Fiscal General, se ponga en conocimiento de del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 1 y se remita el expediente al juzgado declarado competente.

Firmado: Lozano, Conde, Casás y Ruíz.