Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-29


SENT Nº 331	San Miguel de Tucumán, 29 de Mayo de 2013.-	Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada	deducido por la parte actora en autos: "Fierro Cristian	Javier vs. CITYTECH S.A. s/ Cobro de pesos"; y 331/2013 C O N S I D E R A N D O :

I.- La parte actora, plantea recurso de queja (fs. 18/21 vta.), contra la sentencia Nº 262 dictada por la Excma. Cámara del Trabajo Sala V el 13 de noviembre de 2012 (fs. 13/14 vta.); por la que se resuelve denegar, por inadmisible, la concesión del recurso de casación interpuesto por igual parte en contra de la sentencia Nº 170 de idéntico Tribunal, de fecha 31/8/2012 (fs. 01/02).

II.- En cuanto a la admisibilidad del recurso directo intentado, corresponde expresar que el mismo fue deducido en término (cfr. cédula de fs. 16 y cargo actuarial de fs. 22) por escrito fundado que se basta a sí mismo; y que se acompañaron copias de ley (fs.: 01/02 vta.; 04; 06/09; 13/14 vta. y 16).

En consecuencia, el recurso de queja en examen resulta admisible.

III.- En la sentencia denegatoria se consideró que la resolución atacada por el recurso de casación no cumple con las exigencias previstas por el art. 130 del Código Procesal Laboral (en adelante, CPL), en tanto no es definitiva ni tiene virtualidad de poner fin al pleito o hacer imposible su continuación; y que tampoco concurre en la especie el supuesto excepcional de gravedad institucional que permite sortear aquél valladar, pues -a entender de la Sala a quo-, el caso no excede el mero interés particular de los litigantes.

IV.- Por su parte la impugnante, en su recurso directo, reitera los argumentos expuestos en la presentación casatoria a fin de fundamentar la admisibilidad de esa vía extraordinaria, atento a la falta de definitividad de la sentencia atacada.

En ese sentido, alega que se configura en autos un supuesto de gravedad institucional, por cuanto la Cámara -a su parecer-, al declarar la nulidad de todas las actuaciones posteriores a la audiencia de conciliación del 30/3/2011, allanó la posibilidad del entorpecimiento del debido proceso, y violó el principio de preclusión procesal así como el de plazo razonable en la administración de justicia. Añade que la debatida es una cuestión que excede el mero interés individual de las partes y afecta de modo directo al de la comunidad.

Sostiene que en el presente caso existen agravios que generan consecuencias dañosas para su parte, de imposible reparación ulterior. En relación a ello manifiesta que toda la prueba debería reiterarse; y que se le estaría dando una nueva oportunidad a la contraria para enmendar su torpeza de no haber concurrido al acto conciliatorio.

Cita jurisprudencia de esta Corte en apoyo de su tesitura.

V.- Corresponde, ahora, realizar el análisis de admisibilidad del recurso de casación deducido por la accionante, lo que determinará el acogimiento o rechazo de la queja sub examine. Aquél remedio ha sido interpuesto dentro del plazo que consagra el art. 132 del CPL (cfr. fs. 04 y 10.); el afianzamiento, previsto por el art. 133 del CPL, no resulta exigible al no haber sido condenado el recurrente, actor en autos (conf. art. 133 del CPL, a contrario sensu); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos; y la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho.

En cuanto a lo prescripto por el art. 130 del CPL, es indiscutible que la sentencia impugnada por el recurso extraordinario local no es definitiva ni tiene virtualidad para poner fin al pleito o impedir su continuación; por lo tanto las exigencias previstas por aquella norma no han sido satisfechas.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta Corte tiene dicho reiteradamente que aún cuando el art. 130 del CPL no contemple expresamente la gravedad institucional como supuesto de admisibilidad del recurso de casación, la ley procesal laboral no sólo no la excluye, sino que permite su acogimiento desde el momento en que su artículo 14 manda aplicar supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC) a supuestos no regidos por el CPL, siempre que fueren compatibles con éste; y que tal compatibilidad resulta manifiesta desde que el ordenamiento jurídico procesal local -que debe ser concebido orgánicamente como unidad- tiene incorporada la gravedad institucional como presupuesto que habilita el recurso de casación tanto en el CPCC, como en el Código Procesal Penal (CPP) y en el Código Procesal Administrativo (CPA), de lo que se infiere que la comprensión del mentado art. 14 únicamente resulta axiológicamente valiosa sobre el tópico en tanto se estime aprehendida la gravedad institucional como vía idónea de admisibilidad de la casación, cuando aquélla se configure en el proceso laboral (cfr. CSJT, sentencia Nº 995 del 23/12/1998, "Pacheco, Juan Carlos vs. Maccio, Federico Américo y otra s/ Indemnización por despido y otros". En igual sentido, sentencia Nº 849 del 28/8/2009, "Luque, Emilio Salvador vs. Yune, Gerardo Miguel s/ Pago por consignación"; sentencia Nº 216 del 12/4/2010, "Nasif, José Ernesto vs. Club Atlético Tucumán S.C. s/ Cobro de pesos s/ Incidente"; entre muchas otras).

Sentado lo anterior, la cuestión a dirimir es si en la especie se configura, o no, un supuesto de gravedad institucional que posibilite declarar admisible el recurso de casación aun cuando no estemos frente a una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Resulta pertinente destacar que el supuesto de gravedad institucional ha sido delineado por esta Corte como existente en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes para involucrar valores sustanciales y profundos que atañen a la colectividad, o cuando vulneren algún principio constitucional básico, o cuando comprometan el regular funcionamiento del servicio de justicia (cfr. CSJTuc, sentencia Nº 1.033 del 03/11/2008, "Márquez de Toledo, Beatriz vs. Ecco S.A. y otro s/ Daños y perjuicios").

La materia debatida en la causa -lapso temporal en el que debe desarrollarse y concluir la audiencia de conciliación- tiene gran relevancia, habida cuenta que versa sobre el acto medular de la primera etapa del proceso laboral, en la cual el fin primordial es que las partes concilien sobre los diferendos por los cuales ocurrieron a los órganos jurisdiccionales; para eso, justamente, es que se ha previsto la reunión regulada en el art. 69 del CPL.

De ello se sigue que está en pugna la recta interpretación y aplicación de normas adjetivas fundamentales del proceso laboral, donde se discuten y tutelan derechos trascendentales para nuestra sociedad; por lo tanto, es fácil ver la vinculación del tema en debate con el orden comunitario e institucional. Tales circunstancias ameritan que este Tribunal Cimero se expide sobre el tópico, pues, sin dudas, se encuentra en juego el correcto funcionamiento del fuero del trabajo.

En conclusión, el presente caso exorbita los intereses particulares de los litigantes, dado que se cuestiona la estructura esencial del proceso conciliatorio (en similar sentido, en lo que se refiere a la interpretación de normas que configuran la estructura de diversos procesos, CSJTuc, sentencias Nº 534 del 02/8/2004 y Nº 821 del 27/10/2011); y que el pronunciamiento en crisis se proyecta e incide de modo directo sobre la garantía del debido proceso legal, así como en el servicio de justicia que debe brindar el fuero laboral. Por ende, en el sub iudice, se configura el supuesto de gravedad institucional previsto en el art. 748, inc. 2º, del CPCC, de aplicación supletoria en la especie.

De lo expuesto, surge que el recurso de casación en examen satisface los requisitos de admisibilidad; en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de queja incoado por la parte actora.

Por ello, en concordancia con lo dictaminado por el señor Ministerio Fiscal a fs. 24 y vta., se R E S U E L V E :

HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada deducido por la parte actora contra la sentencia Nº 262 dictada por la Excma. Cámara del Trabajo Sala V el 13 de noviembre de 2012; y requerir los autos caratulados "Fierro Cristian Javier vs. Citytech S.A. s/ Cobro de pesos"; todo ello conforme a lo considerado.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ Voto de la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte actora contra el pronunciamiento de la Sala V de la Cámara del Trabajo de fecha 13/11/2012 (fs. 13/14), que declaró inadmisible el recurso de casación deducido contra la sentencia del 31/8/2012 (fs. 1/2).

2.- El pronunciamiento impugnado consideró que la sentencia recurrida no se encuentra comprendida en los supuestos contemplados en el art. 130 del CPL, ya que no es definitiva ni se trata de una sentencia interlocutoria que tenga la virtualidad de poner fin al pleito o hacer imposible su continuación; asimismo, que no concurre el excepcional supuesto de gravedad institucional. En consecuencia, declaró inadmisible al recurso intentado por el actor.

Por su parte, el quejoso afirma que la admisibilidad del recurso se funda en la gravedad institucional causada por el pronunciamiento de la Sala V de la Cámara y que el conocimiento de esta Corte se justifica "por la existencia en el presente caso de un evidente interés institucional". Añade que "si bien no se trata de una sentencia definitiva, sus efectos son equiparables si se tiene en cuenta el perjuicio causado en contra de mi mandante y los efectos en general de la resolución recurrida". Sostiene que la sentencia impugnada en casación le causa "un gravamen propio, concreto, actual y efectivo.en tanto el dictado de la nulidad de todas las actuaciones posteriores a la audiencia de fecha 30/3/2011, allana la posibilidad del entorpecimiento del debido proceso y la preclusión de las etapas procesales a la vez que viola el plazo razonable en la administración de justicia"; asimismo que "la sanción de nulidad de todas las actuaciones posteriores a la audiencia conciliatoria importa un excesivo rigor formal o un exceso ritual manifiesto". Denuncia "la aplicación equivocada" de los arts. 69, 71 y 73 del CPL.

3.- La queja ha sido deducida en término, se basta a sí misma y viene acompañada de las copias indicadas en el art. 140 del CPL.

4.- El recurso de casación fue interpuesto dentro del plazo legal contra un pronunciamiento que no es definitivo ni equiparable a definitivo, toda vez que no resuelve el fondo del asunto, ni tiene la virtualidad de poner fin al pleito o hacer imposible su continuación; sin embargo, el recurrente invoca con fundamentos suficientes gravedad institucional por afectación del debido proceso y la preclusión de las etapas procesales, y la violación del principio de plazo razonable en la administración de justicia. Esta Corte ha delineado la gravedad institucional como existente en aquellos casos que exceden el mero interés particular de los litigantes y atañen a la comunidad en su conjunto, cuando se vulnera algún principio constitucional básico o se compromete la regular prestación del servicio de justicia (cfr. CSJT, "Unión Cañeros Azucarera Ñuñorco Ltda. S.A. s/ Quiebra", sentencia Nº 6 del 07/02/2012), y ha considerado que concurre dicho supuesto cuando se ha invocado lesión al principio de preclusión (cfr. CSJT, "Sistema Provincial de Salud vs. Soraire, Alberto Aldo s/ Especiales", sentencia Nº 816 del 26/10/2011). Asimismo, la aplicación supletoria del art. 748, inc. 2 del CPCyC a los procesos laborales ya fue objeto de pronunciamiento de este Tribunal (CSJT, "Navarro, María Angélica vs. Herederos de Pericas, Luis Nicolás y otros s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 435 del 25/6/2010; "Luque, Emilio Salvador vs. Yune, Gerardo Miguel s/ Pago por consignación", sentencia Nº 849 del 28/8/2009, entre otras).

Consecuente con lo hasta aquí expresado, y siendo inexigible el afianzamiento por ser el actor el que recurre y el escrito de interposición del recurso de casación suficiente, tal como señala el dictamen fiscal, el recurso extraordinario local deducido por la parte actora es admisible (conf. arts. 130/133 del CPL). Sin que ello signifique juicio sobre la procedencia o no del recurso de casación, corresponde hacer lugar a la queja en examen.

Por lo expuesto, y compartiendo lo aconsejado por el señor Ministro Fiscal a fs. 24 y vta., corresponde HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte actora en los autos "Fierro, Cristian Javier vs. Citytech S.A. s/ Cobro de pesos".

CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.