Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-26


Y VISTOS: Estos autos caratulados "MARTINEZ, FERNANDO ALIPIO c. MARTINEZ, HÉCTOR DOMINGO; FERNANDEZ, OSCAR RAMON; MARTINEZ, FLAVIA KARINA s/ NULIDAD DE ACTO JURÍDICO. MEDIDA DE NO INNOVAR. ACCIÓN DE SIMULACIÓN", Expediente Nº 324172/10 del Juzgado en lo Civil y Comercial de 1ª Instancia 5º Nominación y de esta Sala y, __ CONSIDERANDO:_ El Dr. Alfredo Gómez Bello dijo:_________ 1º) Vienen estos autos a la Alzada para resolver el recurso de apelación deducido a fs. 362 contra la resolución de fs. 355/358 que hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por el Sr. Héctor Domingo Martínez y, en consecuencia, rechazó la demanda contra todos los codemandados, con costas.

Se agravió el recurrente (fs. 390/395 y vta.) de la decisión impugnada, en cuanto omitió referirse a la aplicación del nuevo Código Civil y Comercial que comenzó a regir cuando la causa estaba en trámite y antes del dictado del pronunciamiento en crisis.

Aduce que a la luz de ese ordenamiento jurídico la nulidad alegada reviste el carácter de absoluta y por tanto la acción instada resulta imprescriptible. En este sentido expone que el régimen de la legítima es de orden público e invoca los arts. 386 y 387 así como doctrina sobre la materia._ Explica también que aún en el supuesto de estimar aplicable el derogado Código Civil, idéntica solución se impone.

Por otro lado apunta que en la hipótesis de que se afirme que la acción es prescriptible, debe estarse a la doctrina emanada del plenario "Arce" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que aplica el plazo de diez años y que -según asevera- no ha sido ponderada por el juez "a quo".

Critica a su turno que se haya tomado como inicio del cómputo del término de la prescripción a la muerte de la causante. Sobre el particular asegura que el término corre desde que el tercero perjudicado, heredero, conoció concretamente el vicio de nulidad alegado. Cita doctrina y jurisprudencia.

A fs. 410/419 la apoderada del codemandado Héctor Domingo Martínez plantea la deserción del recurso por insuficiencia de agravios y, contesta el traslado que le fuera conferido. Procediendo de igual modo los codemandados Oscar Ramón Fernández y Flavia Karina Martínez, a fs. 425/430.__ A fs. 432/435 dictamina el Sr. Fiscal ante esta Cámara propiciando el acogimiento de la impugnación deducida.___ A fs. 436 se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme y consentida.______ 2º) Liminarmente corresponde tratar la alegada deserción del recurso de apelación en análisis._____ Al respecto, cabe recordar que de conformidad a lo establecido por el art. 255 del CPCC "el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica razonada y concreta de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores".__ _No resulta suficiente la repetición de argumentos, el disenso con el juzgador, ni las afirmaciones genéricas sobre la procedencia de sus planteos sin concretar pormenorizadamente los errores, desaciertos, omisiones en que aquél habría incurrido respecto a las valoraciones de los antecedentes y/o derecho aplicado (CJS, Tomo 115:991). Los agravios, en suma, deben consistir en una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas, no bastando, a tal fin, efectuar discrepancias con el contenido y fundamentos de la sentencia que el recurrente entienda equivocados (CJS, Tomo 65:585). Debe ser precisa, expresando con claridad y corrección, de manera ordenada, por qué la sentencia no es justa y los motivos de la disconformidad, indicando cómo el juez ha valorado mal la prueba, omitido alguna que pueda ser decisiva, aplicado erróneamente la ley, o dejado de decidir cuestiones planteadas.

Pues bien, del examen de la pretensión revisora, se advierte que se encuentran mínimamente satisfechas las exigencias que establece el citado art. 255 del Código de forma a la luz de la jurisprudencia antes mencionada, lo que habilita el análisis sobre el fondo de los planteos esgrimidos._ 3º) Atento a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 01/08/15 y a lo alegado en los agravios, cabe decir que la validez y eficacia de los actos jurídicos se rige por la ley vigente al momento de aparición del vicio que lo invalida (Kemelmajer de Carlucci, Aída: "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones existentes - Segunda Parte", Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, año 2016, págs. 87/88).

Por otro lado, en cuanto a los derechos sucesorios en juego también corresponde la aplicación del Código Civil, toda vez que la sucesión intestada se rige por la ley vigente al momento de la muerte del causante (autora citada, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones existentes", Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, año 2015, págs. 105/106 y 166).

Finalmente y en lo que atañe al régimen de la prescripción, la doctrinaria de referencia expone que, "como regla, el plazo de prescripción se rige por la ley vigente al momento en que empezó a correr" (op. cit, Segunda parte, pág. 268).______ 4º) Sentado lo que antecede y adentrados en el análisis de los argumentos del apelante en su crítica a la sentencia recurrida, cabe señalar que del libelo inicial (fs. 9/11) y su ampliación (fs. 15 vta.) surge que el actor cuestiona la validez de dos compraventas realizadas respecto de un mismo inmueble. Tanto en relación con la primera operación, efectuada entre la causante y el codemandado Héctor Domingo Martínez, como la llevada a cabo entre éste y el Sr. Oscar Ramón Fernández, alega que se trataron de actos simulados. Para fundar dicha afirmación sostiene que el precio en ambos supuestos fue irrisorio, lo que -según dice- deja al descubierto que en realidad se trató de liberalidades que perjudican o conculcan su legítima y la de otros sucesores, en fraude a la ley._____ En este punto, no debe soslayarse que aun cuando se haya instalado en la ampliación de la demanda el planteo de la simulación como una acción subsidiaria, en rigor reedita la base del fundamento de la demanda original, pues el ataque de nulidad de los actos de que se trata se asienta en la aseveración de que bajo la apariencia de compraventas se encubren liberalidades y, que tal proceder configura un fraude a la legítima.

Con ese encuadre y en sentido contrario a la tesis de la imprescriptibilidad -enarbolada por el apelante recién en el escrito de impugnación-, cabe destacar que existe acuerdo en la doctrina y jurisprudencia nacional en que el acto que presenta un vicio de la voluntad -error, dolo o violencia- o un vicio que contraríe la buena fe -simulación, lesión y fraude - el negocio jurídico es anulable y de nulidad relativa, de conformidad al interés particular que la sanción quiere proteger en el negocio (Bueres, Alberto J. - Highton, Elena I., "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", Hammurabi, Buenos Aires, 1999, 2C, págs. 344/345). Lo dicho aplica al ámbito de la protección de la legítima, pues es a los herederos y en su interés que se custodia la porción legítima, admitiéndose ante su inacción o su aceptación la confirmación de los actos del o la causante efectuados en desmedro de aquella.

5º) En cuanto al plazo de prescripción aplicable se ha dicho que "se prescribe a los dos años la acción de nulidad de los actos jurídicos por falsa causa y la acción de simulación, sea ésta absoluta o relativa ejercida entre las partes o por terceros conforme lo previsto en el art. 4030 Cód. Civ. Y en especial a partir de la reforma de 1968" (Durigón, Claudia Cecilia, "Acción de Simulación", editorial Juris, Santa Fe, 1993, pág. 171 y sus citas. En el mismo sentido Borda, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil. Parte General", Perrot, Buenos Aires, 1991, II, pág. 375). Con igual temperamento, se ha señalado que "si la acción está encubierta bajo la apariencia de un acto oneroso o simulado, la prescripción será de dos años" (Pérez Lasala - Medina, "Acciones Judiciales en el derecho sucesorio", Ed. Depalma, pág. 42; Revista de Derecho Privado y Comunitario, "Prescripción" 2000-2)._ _Borda también ha marcado que si la donación está encubierta bajo la apariencia de un acto oneroso, el plazo de prescripción es de dos años, puesto que la pretensión se funda en una acción de simulación (Borda, Guillermo, "Tratado de Derecho Civil - Sucesiones II", pág. 128).______ _En su momento, grande fue el debate en lo que atañe al plazo de prescripción en casos de simulación.__ _Antes de la sanción de la ley 17711, tanto la doctrina como la jurisprudencia aparecían divididas en torno de este asunto.___ _Para algunos autores al igual que para la jurisprudencia se hacía aplicación del art. 4030, por sostener que "falsa causa" equivale a "causa simulada" (conf. C. Nac. Civ., sala A, 30/3/1965, LL 119-469; íd. sala F, 27/4/1965, LL 119-175; íd. sala B, 24/11/1961, LL 109-30; íd. C. Nac. Paz, sala 3ª, 27/5/1960, LL 101-115).__ Otros, estimaban que la acción era imprescriptible, en caso de simulación absoluta, pero admitían la prescripción de dos años para la simulación relativa (conf. Colmo, Alfredo, "De las obligaciones en general", 2ª edición, pág. 687; Cámara, "Simulación en los actos jurídicos", pág. 429, Llambías, n. 1717 y su voto en disidencia en C. Nac. Civ., sala A, 10/11/1960, LL 101-448). O que la acción para hacer declarar la simulación queda comprendida en la norma común de la prescripción de las acciones personales, sea ejercida por las partes o por terceros. Ninguna de las especies de simulación está mencionada entre los supuestos concretos de imprescriptibilidad ni tampoco se identifica con el concepto de falsa causa como para incluirlas en la prescripción de dos años, ya que la fuente del art. 4030, que es García Goyena, establece una identificación entre los supuestos de falsa causa con los de error sobre la causa (conf. Galli, en Salvat, n. 2220, p. 573 y ss.; Sup. Corte Bs. As., 26/7/1966, Rep. LL XXXI-1359; íd. 9/3/1965, Rep. LL XXX-1354).__ _La corriente doctrinal y jurisprudencial mayoritaria sostenía que la acción prescribía a los dos años, fuera la simulación absoluta o relativa, intentada por las partes o terceros, por aplicación del art. 4030, correlacionado con la norma del art. 501, que también alude a la "falsa causa" (conf. Salas, "Prescripción de la acción de simulación", JA 1946-699; Spota, "Tratado de Derecho Civil", t. I, vol. 3-8, ps. 550 y ss., ns. 2247 y ss.; Salvat, cit., t. III, ns. 2220 y 2221; Borda, "Tratado de Derecho Civil - Parte General", t. II, p. 321, entre otros)._ En este estado dispar de criterios exegéticos, la ley 17711 solucionó parcialmente la omisión, al haber agregado un párrafo al art. 4030: "Prescribe a los dos años la acción para dejar sin efecto entre las partes un acto simulado, sea la simulación absoluta o relativa. El plazo se computará desde que el aparente titular del derecho hubiere intentado desconocer la simulación".____ Como puede verse, quedan comprendidos tanto los casos de simulación absoluta como relativa, poniendo de ese modo fin a la controversia acerca de la imprescriptibilidad de la acción frente a una simulación absoluta._________ _Sin embargo, la norma únicamente se refiere al caso en que la acción se promueva por alguna de las partes otorgantes del acto, por lo que cabe preguntarse entonces cuál será el plazo de prescripción, y a partir de qué momento comenzará a correr, cuando la acción sea intentada por terceros.

_La jurisprudencia interpretó dicha norma, sosteniendo que no obstante la redacción impresa al art. 4030, CCiv., por la ley 17711, rige el plazo bienal de prescripción cuando la acción de simulación es ejercida por un tercero (conf. C. Nac. Civ., sala C, 28/12/1978, LL 1979-B-63; íd. sala E, 14/10/1974, ED 60-1991; íd. íd. 29/4/1981, LL 1981-C-492).__ _Debido a que el término decenal era empleado en varios fallos, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a través del plenario del 10/9/1982, "Glusberg, Santiago v. Jorio, Carlos, suc.", sentó la siguiente doctrina: "El plazo bienal de la prescripción de la acción de simulación (art. 4030, párr. 2, CCiv.), es aplicable también a los terceros" (LL 1982-D-525).__ _De tal modo, el plazo genérico de diez años para acciones de nulidad contemplado en el art. 4023 del Código Civil, sólo se utiliza en tanto la ley no haya previsto un término menor, tal lo que acontece con el art. 4030 al que se antes se aludiera. Es decir que la norma mencionada en primer lugar debe coordinarse con la segunda referida, que es especial y se decide por la prescripción bienal para los actos jurídicos celebrados en simulación de otros.____ __Por lo tanto, en este caso en que el actor demandó la nulidad de las compraventas por tratarse de actos encubiertos e insinceros en fraude a la ley, no hay duda que debe quedar aprehendido en el marco de la prescripción bienal.___ _6º) No corresponde, como pretende el apelante, transpolar lo resuelto en el plenario "Arce" de la Cámara Nacional Civil que cita, en tanto lo allí sometido a consideración no guarda relación con el asunto aquí discutido, toda vez que consistió en determinar si frente a una acumulación de acciones de colación o reducción y simulación -que no es el supuesto de autos- debía aplicarse el plazo de dos años que corre para la última conforme el plenario "Glusberg".__ La base sobre la que gira el tratamiento de la prescripción en "Arce" es la existencia de dos acciones presentadas en forma conjunta y acumulada, respecto a las cuales se hayan previsto dos plazos de prescripción diferentes. Uno el de diez años que fija el art. 4023 y se aplica a la colación y, otro el de dos años que atañe a la simulación.

Por el contrario, el marco del asunto que se examina en el caso es el de un planteo de nulidad por simulación en fraude a la ley. La simulación, como se dijo, es enervada como vicio de los actos atacados, los que según se sostiene, vulneran la legítima del actor. Como se advierte se está ante una acción, la de nulidad por simulación y, por consecuencia ante un sólo plazo de prescripción._ La pregunta formulada en "Arce" que consiste en determinar si se aplica o no el plenario "Glusberg" en el que se estableció cuál era el término de la prescripción para la acción de simulación intentada por un tercero, heredero -como en autos- y, sus conclusiones, sólo tienen lugar a partir de que se añade el componente de la acumulación de la simulación con la colación. Es desde esa circunstancia que la Cámara Nacional desarrolla su argumentación y concluye en una solución diferente a la que arriba en "Glusberg".__ De tal suerte, no cabe más que estar a la tesis que surge tanto del plenario mencionado en último término, como de lo hasta aquí expuesto.____ 7º) Todavía queda por analizar el modo de computar el inicio del curso de la prescripción, es decir, desde cuándo hay actio nata.____ _Al respecto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G, reseña en la causa "Kambourián, Santiago A. y otro v. Voskian, Alejandro M. y otro" (sentencia del 26/03/2012, www.informacionlegal.com.ar) que se llaman derechos eventuales, presuntivos o sucesorios a aquellos que están supeditados a la apertura de una sucesión.________ Precisamente reciben la primera denominación porque dependen de una pura eventualidad; el derecho del heredero no es más que una esperanza, una expectativa; en realidad, ni siquiera tiene existencia y hasta puede ocurrir que nunca llegue a tenerla, si esa esperanza no se concreta. No se incorporan al patrimonio hasta tanto no tenga lugar la apertura de la sucesión de la que dependen. En consecuencia, tratándose de derechos eventuales, la prescripción de los mismos sólo comienza a correr desde el momento de la apertura de la sucesión sobre la cual deben ejercerse (art. 3953, CCiv.).____ Se trata de una mera aplicación del principio actioni non natur non praescribuntur. Sostienen Aubry y Rau que la persona en cuyo beneficio podrían eventualmente abrirse derechos de esta naturaleza, se encuentra no sólo privada de la facultad de ejercerlos en forma actual e inmediata, sino también de adoptar medidas conservatorias. Toda posibilidad de prescripción cesa respecto de tales derechos (conf. Aubry, C. y Rau,C., Cours de Droit Civil Français d'après l'ouvrage allemand de C.S. Zachariae, t. II, 3ª edición, pág. 295, n. 213).________ Así, por ejemplo, los hijos del donante no pueden ejercer ninguna acción contra el donatario, por más enorme y desproporcionada que les parezca la donación con relación a los bienes presentes. Ello se debe a que mientras viva el padre, sólo tienen un derecho en expectativa, pero cuando el donante fallece, sucediéndole como herederos forzosos, recién tienen derecho para investigar si la donación ha perjudicado su legítima. Antes de la apertura de la sucesión, no hay ni herederos ni legítima ni posibilidad de partición. Más aún, la ley considera como inmorales todos los hechos que demuestren un deseo demasiado vehemente de suceder (conf. Machado, José O., "Exposición y Comentario del Código Civil Argentino", t. XI, pág. 34).___ En este orden se ha dicho que "cuando los herederos -que no son autores de la ficción- contraponen sus intereses a los del difunto para tutelar su derecho a la legítima hereditaria subjetivo, obran iure propio y asumen el carácter de terceros" (conf. Cámara, Héctor, "Simulación de los actos jurídicos", pág. 443; Mosset Iturraspe, "Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios", t. I, pág. 181). Empero, carecen de acción para impugnar por simulación los actos ficticios del causante mientras éste viva, porque hasta ese momento sus prerrogativas sólo son simples expectativas, en la medida en que la efectividad de su derecho depende de muchas circunstancias. La ley no admite que el sujeto que se cree con derecho a una herencia futura pueda realizar actos referidos a ella (art. 3311 y 1175, CCiv.). Tampoco puede impedir que el eventual transmitente de derechos hereditarios efectúe actos de disposición de sus bienes. Si durante la vida del autor de la sucesión el futuro heredero no tiene derechos sobre el patrimonio de éste, tampoco tendrá acción para interferir en su gestión patrimonial. Es la muerte -y la consiguiente apertura de la sucesión (art. 3282, CCiv.)- la que inviste al heredero de legitimación para atacar los actos celebrados por el causante en vida y a partir de allí comenzará a computarse el término de prescripción (arg. art. 3953, CCiv.; esta sala, del 25/9/1980, en ED 91-308 y ss.), a menos que se acredite que el heredero pretendiente tuvo conocimiento pleno, efectivo y cabal del acto simulado con posterioridad al fallecimiento"(conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G, voto del Dr. Greco en autos: "Boggero, Marta E. v Weiss, Ana María s/simulación", 8/10/2002, L. 341.452), lo que cabe adelantar no ocurrió en autos._____ ____ Sobre el particular se impone poner de resalto que no resulta lógico admitir que el plazo quede sujeto a la decisión del heredero de indagar sobre los bienes del causante o de iniciar su sucesorio, pues ello contraría justamente los fines de la prescripción, pues si quedase en manos del legitimado el curso de los términos se convertiría en los hechos a la acción en imprescriptible (tal la tesitura seguida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, sala I, "L., E. v. C., D., sentencia del 05/07/2001, www.informacionlegal.com.ar). Si no median obstáculos para conocer los actos y las circunstancias que lo invalidarían, no puede ampararse una ignorancia culpable ni una desidia en el ejercicio de los derechos, que es precisamente lo que se sanciona con la prescripción en pos de la seguridad jurídica.__ Desde esta perspectiva, no puede perderse de vista que en el caso en examen, las operaciones impugnadas y las circunstancias de personas y precios, que son las que sirven de fundamento a la alegada simulación, constaban en la cédula parcelaria registrada en la Dirección General de Inmuebles antes de la muerte de la Sra. Lozano, sin que el actor invocara otros aspectos constitutivos del vicio aducido, y menos que se hubieran develado por otro medio que no pudiera conocer sino con posterioridad al deceso de su madre.___ El demandante se limita a indicar con laxitud, que en oportunidad de la búsqueda de datos relativos al sucesorio -a efectos de iniciarlo y en fecha que no precisa-, tomó conocimiento de que el inmueble matrícula catastral 32.296, sección K, manzana 113, parcela 10 de Salta Capital, que había sido recibido por la Sra. Lozano Limbania en la sucesión de su marido, como bien adjudicado, y que debía formar parte del acervo hereditario de la sucesión, fue transferido mediante un acto de enajenación a un heredero de la sucesión en franca transgresión a la legítima que corresponde a los restantes sucesores (fs. 4 vta.).___ El mismo actor es quien acompaña en el sucesorio y con el primer escrito que allí presenta, la cédula parcelaria en la que constan las operaciones que en autos ataca, instando ese expediente el 14/10/08 (ver fs. 8/9 del expediente 324172, reservado), esto es más de tres años después de ocurrida la muerte de la Sra. Lozano (21/09/05, conforme certificado de defunción de fs. 4 de los autos recién citados)._____ Así las cosas, no habiéndose aportado elementos que habiliten a apartarse del principio general que manda a computar el plazo extintivo desde la apertura de la sucesión -fallecimiento de la causante- y considerando que desde entonces hasta la interposición de la demanda de estos obrados, acontecida el 28/09/10 han transcurrido los dos años previstos en el art. 4030 del Código Civil, cabe rechazar el recurso de apelación deducido, con costas por el principio general de la derrota.__ La Dra. Soledad Fiorillo por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.__ Por ello, LA SALA QUINTA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIASALA QUINTA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL: ____ I.- RECHAZA la apelación deducida a fs. 362. Con costas._________ II. ORDENA que se registre, notifique y BAJE.- SALA QUINTA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL SALA QUINTA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIALDE LA PROVINCIA DE SALTA VOCALES: GÓMEZ BELLO, ALFREDO FIORILLO, SOLEDAD SECRETARIA: DRA. MAGDALENA SOLÁ SALA V, T. XXXVIII - S, Fº 119/130, 26/02/2018. EXPTE. N° 324172/10 -