marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, beneficios sociales, Convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, carácter remunerativo
Materia: LABORAL
Carátula: PERALTA, MARCELO FABIAN c/ SEGURIDAD J. B. S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-26

Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, al provenir de un organismo internacional, ostentan jerarquía "supra" legal (art. 75, inc. 22, Const. Nacional) y precisamente el convenio Nº 95, que fue ratificado por nuestro país, establece la expresa prohibición del pago de salarios "con vales o cupones...". Por ende, si bien nuestra legislación interna caracterizaba a los vales alimentarios como un beneficio social no remuneratorio (art. 103 bis, inc. "c" de la L.C.T., hoy derogado por la ley 26.341), lo cierto es que una norma jurídica de jerarquía superior como lo es el mentado convenio de la O.I.T. -integrante de nuestro ordenamiento- establece el impedimento antes referido en su art. 3º. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Crédito laboral, actualización monetaria, tasas de interés, índices de actualización, inflación, depreciación monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: MONZON, JORGE c/ AUTOLATINA ARGENTINA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

El fundamento de la utilización del índice del mes anterior a la exigibilidad del crédito para efectuar su actualización, reside en que toda repotenciación de un crédito incluye una ficción, consistente en suponer que la inflación no es constante sino desencadenada bruscamente la periodicidad de los índices del INDEC.

De acuerdo con esta ficción necesaria, el valor de la moneda en cada mes es el alcanzado luego de la devaluación indexatoria del último fin de mes, lo que obliga a emplear el índice del mes anterior para cualquier repotenciación.
Concursos, efectos entre partes, acuerdo preventivo, honorarios
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Productos de la Patagonia SRL  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

Procede confirmar la resolución que intimó a la concursada a pagar los honorarios de la sindicatura y a acreditar el pago de las cuotas concordatarias vencidas, bajo apercibimiento de quiebra. En efecto, es presupuesto necesario para requerir el pago que éstos se encuentren firmes, como en el caso lo están y luego, que sean exigibles, supuesto que también se configura en la especie. Cierto es que esto último ocurrió con anterioridad a que los honorarios adquirieran firmeza; sin embargo, la LCQ 54 ninguna distinción hace al respecto, previendo qué hito debe ocurrir primero para considerar exigibles los honorarios. En ese marco, esta solución legal no pudo pasar desapercibida a la recurrente que fue quien ofreció a sus acreedores pagar la primera cuota a los 30 días de quedar firme el auto homologatorio, descartando como lógica consecuencia que, por aplicación del artículo 54, los honorarios pudieran ser reclamados a los noventa días contados a partir de la homologación.
Recurso de casación, sobreseimiento, terminación del proceso, proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: NO TIENE ACTOR c/ CRUZ, MIGUEL ÁNGEL; VILLAGRÁN, MARTA LUCINDA s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-05-14

El auto de sobreseimiento, pronunciamiento liberatorio de carácter definitivo, es una decisión que de manera anticipada cierra definitiva e irrevocablemente el proceso penal, cancelando de manera irrevocable la continuidad de la persecución penal con relación al imputado a cuyo favor se dicta, y presupone como "conditio sine qua non" un estado de certeza desincriminatoria.

Debe revocarse la resolución que confirmó el auto de sobreseimiento, si aparece como apresurado porque en la causa todavía no puede predicarse de manera indudable la ajenidad de la imputada y existen lagunas probatorias que no fueron superadas, toda vez que su presupuesto debe ser un juicio de certeza que no puede nacer de la duda en el ánimo del juzgador, y que a su vez difiere de la absolución el plenario, donde prima en todo su esplendor el principio "in dubio pro reo".
Compraventa inmobiliaria, actualización de superficie, escrituración
Materia: CIVIL
Carátula: BUSTOS ALICIA OFELIA c/ PLAYAS Y BALNEARIOS S. R. L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-26

Si se vendió un inmueble con determinadas medidas, y posteriormente, años más tarde, no obstante advertir que con ello se incumpliría la obligación asumida, el vendedor efectúa la división de la manzana de modo tal que las medidas del lote que aparecen en el título que en virtud de esa subdivisión se confecciona ya no coinciden con las del lote cuyo dominio se obligó a transmitir. La imposibilidad de cumplir con la obligación asumida, se debe exclusivamente a un acto del vendedor, hecho con posterioridad a la suscripción del boleto por lo que corresponde ordenar la escrituración del lote con las medidas y superficie señaladas en dicho boleto bajo apercibimiento de resolverse la operación el pago de daños y perjuicios.-
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Damonte, Eva Iris c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

En lo referente al derecho a pensión, el concepto de incapacidad laboral no es esencialmente asimilable al de invalidez física, ya que resulta posible que en determinados supuestos no se presente en forma de incapacidad o dolencia sino como producto de un estado de precariedad o desamparo nacido de determinadas circunstancias económico sociales (en el caso: la recurrente se encontraba a cargo de su madre a la fecha de su muerte, nunca había desarrollado actividad lucrativa alguna, había dedicado toda su vida al cuidado de sus padres y carecía de posibilidades laborales en el ámbito rural en que vivía).
Prestación del servicio público, huelga, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Asociación Docentes ADEMYS c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-04

La sola circunstancia de haber cesado en la prestación del servicio en ejercicio de la huelga no determina la pérdida de derechos emergentes del contrato de trabajo, en particular la remuneración, pero tampoco constituye un medio de adquirir derechos. (Voto del Dr. Luis F. Lozano, al que adhieren los Dres. José O. Casás y Ana María Conde).
Excarcelación, delito reiterado
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: TORANZO, FRANCISO JOSE s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-04-24

Si al acusado se le atribuye la supuesta comisión de los delitos de robo de ganado mayor y de robo simple reiterado (dos hechos) (C P., art. 167, inc. 4to., en función del art. 163, inc. 1ro., 162 y 55), ha cometido reiteradamente delitos contra la propiedad (hurto simple, robo y robo de ganado mayor), habiendo estado detenido también, por lesiones leves y lesiones leves calificadas, atento al número de hechos atribuidos, la naturaleza de los mismos y el daño patrimonial causado, se puede inducir que el imputado es "delictivamente peligroso" y de ser liberado tratará de eludir la acción de la justicia, por lo que su excarcelación es improcedente (C.P.P., art. 316, ley 7139).-
Acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Moyano,  Raúl  Leonardo c/ EN -Fuerza Aérea Argentina s/ personalmilitar y civil de las FFAA y de Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-05

La presunción general de validez acompaña a todos los actos estatales, de tal suerte, a toda ley se le presume constitucional, a toda sentencia se la considera válida y a todo acto de la administración se lo presume legítimo (Fiorini Bartolomé "Derecho Administrativo", Bs. As. Abeledo-Perrot 1976, 2° ed. actualizada, T. I, p. 348; Fallos: 190:142, in re "Ganadera Los Lagos", y Comadira, Julio R. "Procedimientos Administrativos", Bs. As., LL 2002, p. 231) (Del voto del juez López Castiñeira, Cons. X).
Asociaciones profesionales de trabajadores, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Ramírez, Juan Carlos c/ Celestino Hnos. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-02-08

La notificación al empleador por parte de la asociación gremial mediante la cual informa el listado de candidaturas oficializadas, no sólo sirve para que tome conocimiento de su obligación de respetar una estabilidad especial sino también para que, en su caso, las impugne en la medida que no se ajusten a derecho.
Acción de amparo, carácter excepcional, existencia de otras vías, gravamen eventual, competencia contencioso administrativa, empleados públicos, exoneración
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Mascheroni Torrilla, Eduardo c/ Provincia de Santa Fe y otros s/ Amparo - Avocación (art. 2, ley 11.330) (Expte. C.S.J. Nro. 442 Año   2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-22

No resulta idónea a fin de justificar la utilización de la vía excepcional del amparo la postulación basada en que, de disponerse una sanción expulsiva por parte de la Provincia, el actor quedaría en una situación de indigencia en razón de que los "remedios ordinarios demandan mucho tiempo en resolverse...", desde que, por una parte, el reparo formulado ostenta un marcado carácter conjetural, en tanto aparece basado en la eventualidad de la imposición de una sanción disciplinaria por parte de la Administración y no supera la descripción de las supuestas consecuencias económicas que le provocaría la hipotética adopción de la medida. Y, por otra parte, la invocación del tiempo que demandaría la resolución de los remedios ordinarios tampoco justifica, por sí sola, la admisión de la excepcional vía intentada, por cuanto los eventuales perjuicios que podría causar la demora en la tramitación no importan más que la situación común de toda persona que peticiona el reconocimiento de sus derechos por los procedimientos normales instituidos por el ordenamiento jurídico.
Caducidad de instancia, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ RAFAEL OLIVA YANDOLINO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A072 - 285)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-01

Si el actor no impulsa el trámite a partir de su demanda, y hubiese obtenido el decreto que dispone el traslado después de transcurrido el plazo de caducidad, no caben dudas que esta última es procedente. Pero si el decreto de traslado se ordena antes de transcurrir el citado plazo, esa actividad es impulsoria del trámite en la medida en que posibilita sacar el proceso del estado en que se encuentra y resulta idónea para la tramitación del mismo.
Conflicto de poderes, proceso judicial, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-18

El trámite del conflicto de poderes no es un proceso judicial típico; y no hay manera de asimilar constitucionalmente el traslado conferido en un proceso de esta índole a una "molestia" por las resoluciones que el juez emita en el ejercicio de su función. (Voto del Dr. José O. Casás).
Divorcio contradictorio, injurias graves, injurias recíprocas (civil), facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: B.C.A. c/ B. DE B.M.N s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-31

No toda injuria encuadra dentro de la causal que regula el inc. 5 del art. 67 de la ley 2393, sino que la misma se configura solo cuando la actitud lesiva es grave. Y a éste respecto, es la propia ley la que trae criterios mesuradores a efectos de que el juzgador aprecie su gravedad, como son la educación, posición social de los esposos y demás circunstancias de hecho que puedan presentarse.

El criterio judicial debe formarse en presencia de circunstancias que concurran en cada caso particular, de tal manera que un hecho de naturaleza injuriosa pueda revertir gravedad o carecer de ella, según el medio en que se haya producido, la calidad de las personas y la causa, motivo o pretexto que ha dado lugar al hecho injurioso.

La libre interpretación de la gravedad de la ofensa por el juez, viene a resultar esencial, dado el carácter fluido del concepto de injuria. Esto adquiere particular importancia tratándose de injurias recíprocas, las que si bien no se compensan, pueden relativizar la gravedad intrínseca de la ofensa (conf. Spota, "El concepto de injurias graves como causal de divorcio", L.L. 122-366; Busso, "Código Civil anotado", t.II, p. 206/207, coment. 67 ley 2393;

Llambías, "Código Civil anotado" t.I, p. 577/579, coment. art. 67 ley de matrimonio civil)
Transporte de estupefacientes, concurso aparente de leyes, comercialización ilegal de estupefacientes, consunción
Materia: PENAL
Carátula: MARINUCCI, DANTE s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 980
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-07

Si quien transporta estupefacientes lo hace dentro de una cadena de tráfico será autor de tenencia de estupefacientes para su comercialización, quedando la figura de transporte para la simple traslación, sin que sea menester la finalidad lucrativa.

Si el hecho pudiera subordinarse también a la figura de transporte, el caso debería resolverse, por tratarse de un concurso aparente de leyes, por el principio de consución, especialmente en cuanto impone que el delito consumado habrá de absorber al que sólo quedara en grado de conato.
Jubilaciones, juez de faltas, trabajador autónomo, incompatibilidades del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Pittano, Juan Carlos c/ Instituto Municipal de Previsión Social. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

Al reconocimiento a un juez de faltas jubilado de la asignación especial creada por decreto 2474/85 no obsta a la circunstancia de que el afiliado hubiera cumplido servicios autónomos en forma simultánea a la función municipal si - al tiempo de su desempeño en el cargo - existía plena compatibilidad para ello.
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lipskier, Saúl y otra c/ Concurso preventivo s/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

La actitud que puede asumir el concursado dentro del estrecho marco cognoscitivo del juicio ejecutivo, sin poder discutir la causa de la obligación (art.542 inc.4, C.P.C.C. del 10/VIII/89 y B-70909 del 23 /IV/91, entre otras), es muy distinta de la que debe asumir el acreedor insinuante en el concurso, que debe acreditar la causa de su crédito (art.33,1er.párr., ley 19551;art.375, C.P.C.C.).
Empleo público, facultades discrecionales, exoneración, falta de prueba, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SOLANS, JUAN JOSE c/ ESTADO NACIONAL s/ NULIDAD DE RESOLUCION - EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-23

La resolución por la cual se exonera al agente se funda en los arts.

32 inc. c) y f) y 33 inc. a), c) y último párrafo de la ley 22.140, en concurso real de faltas cometidas.

Los motivos que originan tal encuadramiento y sanción son: sustraer documentación oficial del Congreso, destruir una notificación del Organismo referida a su situación administrativa, ejercer funciones de las que había sido relevado, incumplir intencionalmente órdenes expresas impartidas por el Director de Seguridad y Control, falsificar documento público, desempeñarse indebidamente en el ejercicio de su cargo, particularmente en sus relaciones con superiores y subordinados.

Una detenida y prolija lectura del sumario descalifica cualquiera de las sanciones expulsivas previstas en la ley 22.140, advirtiéndose en muchísimos aspectos apartamiento de la necesaria y obligada objetividad que debe reflejar un sumario administrativo, como asimismo falta de elementos de prueba que no dejen duda sobre los hechos imputados, más aún cuando desde el comienzo de la información se dice advertir graves irregularidades que de comprobarse debidamente no podrían llevar a otra conclusión que la expulsión del agente.

En materia disciplinaria, la apreciación de los hechos que configuran faltas, su encuadramiento legal y la graduación de las sanciones, resultan facultades discrecionales de la Administración y sólo revisables en esta vía en caso de ilegitimidad o manifiesta arbitrariedad, que es lo que ocurre en el supuesto de autos, por lo que deben anularse las resoluciones impugnadas y devolverse al Congreso Nacional a fin de que emita nueva decisión de conformidad con los requisitos legales que correspondan a los hechos ocurridos.
Acumulación de procesos, reconvención
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ottolina, Héctor Luis c/ Angus, María Cristina s/ División de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-21

Si bien la sustanciación de la contrademanda por disolución de sociedad de hecho debe tramitar de acuerdo a las normas del juicio ordinario -plenario mayor- desde que es una contienda judicial que no tiene señalada una tramitación determinada (art. 319 Cód. Procesal), mientras que la división de cosas comunes se sustancia y resuelve por el procedimiento del juicio sumario -plenario abreviado - lo cierto es que el órgano jurisdiccional en ciertas situaciones se halla facultado a determinar el procedimiento a seguir (arts. 101, 188 inc. 3, 208 in fine, 319, 321 in fine, 322 in fine, 319, 321 in fine, 322 in fine, 514 Cód. Procesal) y de ahí que frente a la hipótesis de que la reconvención deba tramitar por otro tipo de proceso de conocimiento, siempre que la sentencia que haya de dictarse respecto de una de las pretensiones sea susceptible de producir eficacia de cosa juzgada en relación con la otra incumbe al juez determinar el tipo de procedimiento que corresponde imprimir a ambas. Como pauta directriz, se estima prudente que se fije el trámite del juicio ordinario, toda vez que es el que mejor contempla el adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio (art. 18 Const. Nac.), al permitir mayor amplitud en las diversas etapas del proceso con relación al sumario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedencia del recurso, interpretación de la ley, siniestro, seguros, indemnización
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: La Rioja, Provincia de c/ Nación Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

Procede conceder el recurso extraordinario interpuesto por la accionante contra la decisión de esta Sala que juzgó una cuestión vinculada con la interpretación de normas federales, tales como las contenidas en el Código Aeronáutico, por lo que resulta susceptible de ser examinada en la instancia excepcional prevista en la ley 48: 14 (conf. CNCom, Sala D, "Pagano R c/ Austral Líneas Aéreas" del 31/07/12). Por otra parte, la actora ha invocado la pérdida de la indemnidad del seguro contratado y la posibilidad de que, frente al siniestro, la provincia tenga que afrontar el pago de las indemnizaciones, lo cual determina que el pronunciamiento en crisis trascienda los meros intereses particulares, pudiendo afectar el interés general, con suficiente gravedad institucional. En tal virtud, la Sala estima que corresponde habilitar en el caso la vía intentada.
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, determinación del monto, determinación de la incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: Rojas, Walter Gastón c/ Maiztegui, Héctor Ariel y otros s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-30

No constituye un obstáculo para la aplicación de las fórmulas matemáticas en la incapacidad sobreviniente, la circunstancia que la víctima bien pueda por ejemplo, seguir laborando o, en hipótesis que no haya acreditado al tiempo del siniestro actividad remunerada, puesto que en este último caso, se recurre para la composición de la formula al salario mínimo vital y móvil.
Competencia, regulación de honorarios, honorarios del perito
Materia: PROCESAL
Carátula: PAPEL DEL TUCUMAN  S.A. c/ ESTADO NACIONAL (MIN. DE ECONOMIA Y OTRO) s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-22

Habiéndose asignado la competencia para conocer en la presente acción a los Tribunales de la Capital Federal, no subsisten actualmente las razones que habilitaban la regulación de honorarios practicada por el Señor Juez (art. 12, ley N. 22.172). En consecuencia, la determinación de los emolumentos del perito es materia propia de la sentencia definitiva a dictarse por el Juez competente.
Accidente de tránsito, cosa riesgosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reynoso, E. R. c/ Celotto, A. R. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

No puede asimilarse el riesgo inherente de una motocicleta al de un biciclo ni menos al de un peatón. La jurisprudencia sostiene exactamente lo contrario con fundamento en su escasa estabilidad y su evidente mayor peligrosidad para el conductor, acompañantes y terceros, lo que obliga a quienes la guían a adoptar precauciones mayores que las de los automovilistas o por lo menos de igual entidad, pues el riesgo es equiparable.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Repetto, Roberto Luis s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

Si conforme a lo prescripto por el art.251 del Código de Procedimiento, la remisión por correo, debía hacerse a costa del apelante, incumbía a éste cumplimentar dicha carga, poniendo el expediente en condiciones de poder efectivizar su remisión, por lo que su incumplimiento en tiempo oportuno no puede generar otra consecuencia que la declaración de caducidad de la segunda instancia.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de leyes federales, Superior Tribunal de la Causa, Prefectura Naval
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Cáceres Carvajal, Héctor Omar c/ EN -M Seguridad- PNA s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

El recurso extraordinario es formalmente admisible y fue mal denegado toda vez que el superior tribunal de la causa se ha pronunciado en contra de la validez de actos emanados de una autoridad nacional y, además, se cuestiona la aplicación e interpretación de normas federales -ley orgánica y régimen de personal de la Prefectura Naval Argentina- siendo la decisión adversa a los derechos que el recurrente fundó en ellas. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Seguros, intereses, falta de pago, interpelación, mora automática, Caja Nacional de Ahorro y Seguro
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARTOLOME, MANUEL c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-12

Cuando el deudor demuestra inequívocamente su voluntad de no cumplir (pagar), no cabe exigirle al acreedor que lo interpele para elevar el incumplimiento a la situación de mora, esto es, transformarlo en jurídicamente relevante, pues aquel acto configuraría un ritualismo estéril. En consecuencia, la Caja debe pagar intereses desde la notificación de la denegatoria del seguro, toda vez que por su discrecional conducta ha privado al actor de un capital que le pertenece manteniéndolo indebidamente en su patrimonio (confr. J. J.

Llambías, Tratado de Derecho Civil -Obligaciones, 3a. ed., T. I, N° 129 bis).