marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aportes y contribuciones previsionales, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bruno, Jorge Pablo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 11.761
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-27

Las atribuciones contempladas en el art. 71 deben ser interpretadas en el marco de las facultades de gobierno y administración acordadas en los arts. 4, 7, 9, 13, 21 incs. "b", "e"; entre otras de la ley 11.761 así como las disposiciones transitorias expresamente contempladas en el art. 70 y siguientes del mismo texto legal. Aún en el caso de las facultades que el art. 71 acuerda al Directorio de la Caja bancaria para efectuar correcciones por causa de un desequilibrio entre ingresos y egresos, las medidas correctivas han de tomarse sobre la base de esos precisos motivos determinantes y estarán eventualmente al aumento (o disminución en su caso) de los aportes y contribuciones dentro de los límites que señala el art. 21 de la ley bajo examen (doctor SORIA, sin disidencia).
Trabajadores rurales, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: L., M. E. c/ I., J. I. y/o q´rte. titular de A. G. S. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-03-11

El ordenamiento regulatorio del trabajo, antes Ley 22248 y ahora la mencionada en último término, receptan la idea de que la de trabajo agravio constituye una relación de empleo que presenta marcadas diversidades con la estructurada por el régimen común, lo que ha llevado al legislador a darle una regulación autónoma del régimen general.	Por ende, bien se ha decidido que -como regla general- es inatendible la pretensión de la aplicación extensiva de la Ley de Contrato de Trabajo a quienes se encuentran comprendidos dentro del régimen de trabajo agrario -ley 22248- sin atender a lo establecido expresamente en contrario por los arts. 3 ley 22248 y 2 inc. c ley 20744 , t.o.
Expropiación, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bidou, Juan Carlos c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-30

El art. 37 de la ley 5708 establece un régimen específico y excluyente sobre costas distinto al que inspira el art. 68 del CPC.

Si al momento de la traba de la litis las partes omitieron justipreciar el valor del bien en juego, no cabe otra solución que imponer las costas en el orden causado.
Causalidad adecuada, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: N., A. C. c/ T. F. P. S.R.L. y P. A. de R. del T. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-30

El sistema de causalidad adecuada, que adopta nuestro Código Civil (art. 906), no requiere proximidad, temporal o espacial, entre la causa y el efecto.

"La causalidad no requiere simultaneidad en el tiempo, contacto físico o mínima separación de la cosa dañada. Interesa si un hecho es generador de un resultado; así será si es apto para producir la consecuencia dañosa.
Contratos administrativos, indemnización, interés público, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRANSPORTES  LA  FLORIDA  SRL, E T A GENERAL MOSCONI SRL Y EMPRESA DE TRANSPORTE 209 SA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 72-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-06-26

Debe mantenerse inmutable la remuneración reconocida al concesionario de un contrato de servicio celebrado con el municipio, por supuesto, dentro del marco convencional respectivo, respetando su interés financiero, con lo que el principio indemnizatorio se constituye en el correlato de las posibles modificaciones fundadas en el interés público.
Aplicación del convenio colectivo, diferencias salariales, despido indirecto, trabajador, mala fe
Materia: LABORAL
Carátula: MOYANO, JUAN C. c/ ESTABLECIMIENTO COPACABANA SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-04-29

Es apresurada y arbitraria la conducta del actor al romper el vínculo si su intimación solicitando diferencias salariales estaba basada en la nueva categoría que le reconocía un convenio recientemente registrado por el Ministerio de Trabajo, lo que no permitió a la empresa demandada adecuar correctamente sus remuneraciones pues era necesario cierto lapso para que el convenio se imprimiera y publicara, y aunque tales diferencias hayan resultado parcialmente reales.

(En el caso: el accionante se consideró despedido el 12 de agosto de 1975 luego de haber intimado el 7 de agosto de 1975 el pago de diferencias salariales y el reconocimiento de su categoría como chofer en base al Convenio Colectivo 54/75 registrado por el Ministerio de Trabajo el 28 de julio de 1975).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: González, Roberto s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

Es ineficaz el planteo que omite cuestionar con el debido fundamento legal la prueba presuncional también invocada por el juzgador sin relacionar sus reclamos con el contenido de los arts. 258 y 259 del Código ritual, que ni siquiera denuncia como transgredidos, incumpliendo de tal manera con lo requerido por el art. 355 del Código de Procedimiento Penal citado.
Indemnización por incapacidad, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FRANCO ETELVINA c/ FEDERACION PATRONAL DE SEGUROS S.A. s/ RECURSO ART. 46 LEY 24557
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-24

De acuerdo con los valores tomados por el juez de grado para practicar la fórmula del art. 14 de la ley 24.557, tenemos que 53 veces el ingreso base mensual ($ 1.973,67), multiplicado por el coeficiente de edad (1,63) y por el porcentaje de incapacidad (14,80%) arroja un resultado de $ 25.234,80. Este resultado es inferior al mínimo legal vigente a la época del accidente ($ 180.000,00 x 14,80%), por lo que la indemnización debe fijarse en ese mínimo legal que es de $ 26.640,00. Deduciendo de este importe, la suma abonada a la actora en sede administrativa ($ 17.640,00), el capital de condena se fija en la suma de $ 9.000,00.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Labardini, Marcelo Alberto c/ Sofia, Mario Osvaldo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-09-28

Ante la configuración de supuestos en que debe dirimirse la controversia "de la responsabilidad" en circunstancias que corresponda "subsumir" la cuestión en los términos del art. 57 de la ley 11.430, no puede concederse que se cree por la "mera condición" de "embistente" o "embestido" una presunción "iuris tantum" de culpabilidad sobre este último, pues como se decía, tanto la velocidad previa que se traiga, en tanto no aparezca como factor causal y determinante del suceso, como así también la proximidad o lejanía del vehículo que tiene prioridad, hechos que a la postre puedan determinar que se aprecie desde el punto de vista físico o mecánico esa condición, no son decisivas en punto a determinar jurídicamente quien es el responsable.
Empresas de servicios eventuales, contrato de trabajo por obra determinada, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: MUSI, GERARDO ANIBAL c/ LOGIS  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

La agencia o empresa de servicios eventuales que debe contratar a su vez trabajadores eventuales para destinarlos a otras empresas ante una demanda extraordinaria de agentes debe demostrar que se encuentra ante dicha circunstancia excepcional de trabajo que no puede atender con el personal estable y con el que cumple los servicios para los que ha sido creada.
Daños y perjuicios, falsa denuncia, daño moral, daño cierto
Materia: CIVIL
Carátula: ACOSTA LILIANA INES c/ ADRIAN JEAN  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12

Establecida la improcedencia de la denuncia, efectuada contra quien no cometió el hurto que se le imputara, constituye un daño cierto e indemnizable lo que la acusada gastó en su defensa (art.

1090 del Cód. Civil). También hubo agravio moral pues no puede dudarse que la denuncia, detención, incomunicación sufridos por la víctima, y de manera mediata las consecuencias patrimoniales, han producido dolor, angustia, humillación, aflicción espiritual y física, por la separación de bienes, algunos tan importantes como la libertad y las dudas sobre el honor, el buen nombre, la reputación.

La privación de la libertad, en cualquiera de sus formas, provoca un daño moral directo. Para la reparación habrá de apreciarse la repercusión producida por el agravio en la persona de la denunciada, la honestidad que resulta acreditada en toda la vida de relación de la víctima, su correcto desempeÑo laboral en el laboratorio donde trabajaba con anterioridad a la denuncia, que la renuncia misma revela un rasgo de su dignidad.
Concursos, costas, incidentes, caducidad de instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: LABORATORIO  OPTICO  FLORES s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/ INC. DEVERIFICACION (POR GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-05

No procede la sustanciación de un nuevo incidente hasta que no se satisfagan o den a embargo las costas impuestas en un incidente promovido con anterioridad sobre la base del mismo crédito, que culminara por caducidad de instancia (CPCCN art. 69); toda vez que en materia de costas debe recurrirse al ordenamiento ritual (ley 24522 art. 278), pues no existe previsión especifica en el articulado de la ley concursal.
Caducidad, segunda instancia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ Lucía Juana c/ ALBORNOZ Griselda Cristina y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-04-18

No habiendo mediado aquí la aludida concesión hasta el instante en que se produjo el acuse de caducidad, el plazo de la misma no había comenzado aún a correr debiendo, en consecuencia, desestimarse la petición formulada, sin honorarios por considerar inoficiosas las actuaciones letradas en tanto sus argumentaciones ignoraron la solución básica de la cuestión litigiosa.
Excepciones procesales, defecto legal, daños y perjuicios, demanda
Materia: COMERCIAL
Carátula: GRASSO R. c/ DIEMATUR S.A. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-29

Procede la defensa de defecto legal en el modo de proponer la demanda, cuando el texto de la pieza inicial del juicio explicita ciertos hechos con los cuales se pretende exhibir una actuación incorrecta del demandado, pero no explica la relación entre ella y los daños que se reclaman que no se refieren ni valúan.

De allí que la defensa sea admisible: cuanto menos la demanda debe describir los daños imputados al contrario y de los que se pretende indemnización, los que deben ser conocidos por el demandado para permitir un adecuado descargo y una regular estructura de la sentencia.
Recursos, memorial
Materia: PROCESAL
Carátula: MEDINA MARIA DEL CARMEN c/ MERCEDES DE ROJAS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-05-09

Si el escrito presentado por el recurrente no reúne los requisitos exigidos por el art. 265 de C.P.C. En cuanto a que el memorial debe contener una critica concreta y razonada de los errores y defectos que encuentra en la sentencia, y no, referirse o remitirse a escritos o argumentaciones que hiciera con anterioridad.

Criticar es muy distinto a disentir. La crítica implica un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores fácticos y jurídicos que la sentencia pudiere contener; en cambio disentir es simplemente manifestar que no se está de acuerdo a lo resuelto.
Ejecución hipotecaria, subasta de inmuebles, suspensión de la ejecución, mandamiento de constatación, emergencia económica, constitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ABAD CRESPO, Benjamín c/ GONZALEZ, Julia s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-29

1- Si tanto del mutuo hipotecario que ha servido de base a la ejecución, como de la diligencia de constatación, surge en forma indubitable que el deudor vive en el inmueble gravado, y el expediente se encuentra en estado de preparación de la subasta, el caso ha de regirse por lo dispuesto en el art. 16 de la ley 25.563. 2- La razonabilidad del derecho de emergencia debe guardar proporción y adecuación con los motivos que dieron origen al acto necesario y el fin perseguido. De ahí que, a la luz del art. 28 de la Constitución Nacional, la medida prevista por el art. 16 de la ley 25.563, que se limita a suspender por el término de 180 días algunas ejecuciones judiciales y extrajudiciales, no puede ser tildada de inconstitucional, en el contexto de la crisis económica, social y política que atraviesa el país.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, crédito laboral, monto de la indemnización
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: SAN  ISIDRO  REFRESCOS  SA s/ QUIEBRA  S/  INC.  DE  VERIF. PORCACERES, ALEJANDRO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-20

Resulta improcedente conceder la indemnización prevista por la LCT art. 247, cuando -como en el caso- surge que el concursado si bien invocó las circunstancias configurantes de la situación prevista en la mentada norma, sin embargo, no solo nada de ellas probó sino que ni siquiera lo intentó al omitir ofrecer prueba. En tal sentido cabe precisar que no es el estado concursal previo a la falencia del empleador hecho objetivo que per se suponga que el desequilibrio patrimonial que lo llevó a buscar tal remedio legal estuviera motivado por causas ajenas e imprevisibles. Máxime, si no fueron motivos de tal naturaleza aquellos que motivaron la presentación concursal según aludió la sindicatura en su informe general (LC art. 39), sino a "dificultades económicas y financieras" cuyas causas no fueron individualizadas. Es decir, que la genérica referencia no justifica la configuración de la situación contemplada por la norma laboral.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, proceso penal, imputado, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GODOY, WALTER JOSE LEANDRO c/  s/ APELACION-PRISION PREVENTIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-20

Si bien la resolución atacada por vía del recurso de inconstitucionalidad, mediante la cual se confirmó la decisión de grado que ordena la prisión preventiva de los imputados, no es -atento a su naturaleza- sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, puede constituirse excepcionalmente en objeto procesal de la impugnación extraordinaria, en tanto restringe la libertad de los imputados con anterioridad al fallo final de la causa, ocasionando un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior sobre uno de los bienes de mayor trascendencia para el derecho, cual es la libertad ambulatoria. - CITAS: CSJN: Fallos 307:549; 310:1835; 311:652; CSJStaFe: AyS T 83, p 284; T 86, p 6; T 92, p 254; T 104, p 20; T 130, p 243; T 133, p 473; T 137, p 204; T 150, p 236; T 151, p 248; T 171, p 368.
Verificación de créditos, impugnación de la demanda de verificación, síndico del concurso, incidente de revisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RAMON DIEGUEZ s/ INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA EN  AUTOS:RAMON DIEGUEZ S/ CONVOCATORIA DE ACREEDORES - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-05-04

La no deducción del incidente de impugnación del crédito de un acreedor puede, pues, conllevar la clausura del camino a la revisión del mismo, ya que únicamente pueden ser revisados los créditos declarados admisible o inadmisibles. No puede ser objeto del recurso de revisión, los créditos verificados.
Actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: BRAVO, CLAUDIO c/ OBRAS ARGENTINAS SA. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-03-08

Si bien existe amplitud de criterio para juzgar la validez de los actos procesales, -criterio basado en la necesidad de obtener actos firmes- entendiéndose que un exceso rigorismo formal no favorece garantía alguna ni conduce a un fin concreto, creemos que ello no es así cuando se encuentra vulnerada la garantía de defensa en juicio;

ya que la indefensión es el vicio en que puede incurrirse en un proceso, debiendo en tales situaciones declararse su nulidad.
Accidentes de trabajo, empleador, asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Caramilla, Martín Alberto c/ Huayqui S.A. s/ ACCIDENTE  DE  TRABAJO  (ART.  1113 CC.) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-02-21

La sentencia que condena a la empresa como única obligada al resarcimiento en concepto de indemnización por accidente de trabajo, eximiendo de responsabilidad a la aseguradora -con quien aquella había contratado cobertura de posibles riesgos de obra- es ajustada a derecho dado que, en autos, el tomador ha agravado las condiciones de riesgo asumidas por la asegurada, omitiendo efectuar oportuna denuncia de tal agravación.
Administración fraudulenta, tipo penal, ánimo de lucro, componente subjetivo distinto del dolo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Weretilneck, Osvaldo y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-22

En el caso en estudio, el imputado obró -cuando menos con dolo eventual. En efecto, lo cierto y evidente es que el imputado conocía perfectamente tanto su condición de administrador de la sucursal bancaria, como que el particular modo en que se desarrollaba la operatoria -otorgamiento de préstamos personales- necesariamente le imponía desatender las obligaciones que -en virtud de la referida condición de administrador- pesaban sobre él. Va de suyo, entonces, que en el contexto de descontrol administrativo y operacional, el imputado claramente ha de haberse representado la posibilidad de que una, alguna o muchas de las operaciones del crédito que eran aprobadas sin ser sometidas a los controles usuales y reglamentarios, terminaran en definitiva por generar un perjuicio patrimonial a la entidad bancaria. Sin embargo en la presente, no ha sido debidamente acreditado el "plus", ese especial elemento subjetivo distinto del dolo que la figura legal en estudio requiere, que en el caso se remite a si el autor obró directamente motivado por la finalidad de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido, o causar un daño a su administrado. Pues no se ha comprobado que el imputado pudiera haberse beneficiado patrimonialmente como consecuencia de las operaciones que se investigan, ni tampoco advertimos que pudiera albergar motivo alguno para procurar causar un daño a la entidad. Todo ello, conduce a descartar la aplicación al caso del tipo penal contenido en el art. 173, inciso 7° del C.P. (Voto del Dr. Riggi, adhiere la Dra. Ledesma, Dr. Tragant según su voto).
Estafa, ardid
Materia: PENAL
Carátula: SCHACHTER DE SLAVNER. s/ DEFRAUDACION. ESTAFA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-19

La doctrina argentina ha diferenciado claramente el ardid,del engaño, conclusión ésta que deriva en que no es necesario exigir requisitos externos en el ardid; o sea que en algunos casos la mentira puede ser aceptada como medio defraudatorio.

En el caso de autos, el actuar de la justiciable no consistió en men ir solamente, sino que le agregó actos externos, reconocidos por la misma al prestar declaración indagatoria, a lo que se añade la extensión de recibos por las sumas recibidas con motivo de la concesión de un supuesto crédito, producto del error en que incurrió la víctima.
Suspensión del juicio a prueba, cómputo de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Torre, Juan Angel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-12

Corresponde hacer lugar al recurso del querellante, en razón que el instituto de suspensión de juicio a prueba no tiene cabida en autos, puesto que la escala penal en abstracto obtenida en función de las pautas establecidas en el art. 58 del C.P. obsta a su procedencia de acuerdo a la interpretación efectuada en el Plenario "Kosuta". (Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Resolución administrativa, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Timpanaro, Francisco c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-27

Ante la renuncia del mandato por parte del letrado del accionante, en la que claramente solicitó que la notificación se le efectuara al propio reclamante, la nueva notificación cursada a éste es idónea a los efectos de contar, a partir de allí, el plazo para interponer recurso de revocatoria.
Contrato de trabajo, periodista profesional, carnet de periodista, libertad de prensa
Materia: LABORAL
Carátula: Neumuller, Guillermo Federico c/ Impresora Chubutense SA s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-03-30

Tanto jurisprudencial como doctrinariamente se ha coincidido en sostener que "el carnet" de periodista, como requisito para acreditar la condición de "periodista profesional" resulta inconstitucional, en tanto atentatorio contra el principio de libertad de prensa, e indebida injerencia del Estado en materia librada al ámbito negocial de las partes de dicho contrato de trabajo.
Intervención del sindicato, plazo máximo
Materia: LABORAL
Carátula: ALONSO, HORACIO c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE TRABAJO) s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-15

La resolución 105 MT. y SS., no cumple con los recaudos que establece el artículo 33 del decreto 640/80, reglamentario de la 22105, en cuanto establece que 'la intervención se limitará al tiempo necesario para subsanar la situación irregular que lesione el ejercicio de los derechos que asigna la ley', toda vez que no fija el plazo dentro del cual el interventor ha de proceder a la regularización de la asociación gremial, lo que descarta la validez de la decisión.
Prueba documental, reconocimiento de firma, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: MAURI ANTONIO ALBERTO c/ MOUDJOUKIAN O MOUDYDUKIAN ELIAS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-12-28

El desconocimiento insincero de firma, en cuanto es pasible de apercibimiento o sanción, se encuentra previsto en nuestra ley procesal, art. 240 y requiere para su aplicación, la comprobación del documento por cotejo o por cualquier otra clase de prueba, que la firma negada que se atribuye a la parte, es auténtica. Es decir que no basta la incomparecencia del citado a la audiencia de reconocimiento de firma para aplicar sanción por reputarse insincero el desconocimiento de tal firma, sino que es necesario una comprobación mediante prueba pericial de que el desconocimiento efectuado en forma personal, ha sido insincero y que la firma es auténtica y pertenece al litigante que la niega.