Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-21


Salta, 21 de Marzo de 2011.

AUTOS Y VISTA: Esta causa Nº 28821/10 de la Sala I de la Cámara de Acusación, "RECURSO DE AMPARO SOLICITADO POR EL SR. LAJAD ATILIO HUMBERTO CON EL PATROCINIO LETRADO DEL DEFENSOR CORRECCIONAL 6 EN CONTRA DE LA SECRETARIA DE ADULTOS Y MAYORES Y/O LA PROVINCIA DE SALTA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE" y CONSIDERANDO:

I)Que por presentación de fs. 1/3 el Sr. Atilio Humberto Lajad con domicilio real en el Hogar Santa Ana sito en calle Carmen Niño 1450 de Villa Mitre Salta y con el patrocinio letrado del Defensor Correccional Nº 6, interpone recurso de amparo en contra de la Secretaría de Adultos y Mayores, cuyo director es el Sr. Marcel Fuentes y/o la provincia de Salta y/o quien resulte responsable, en razón de que encontrándose alojado en el Hogar Santa Ana indicado, luego de haber sido víctima de una agresión física por parte de su compañero de sala, Samuel Arias, agresión que denunció y se tramita por causa Nº 93076/10 ante el Juzgado Correccional y de Garantías Nº 5. Desde ese día, sostiene el accionante comenzó a ser objeto de persecución por parte de la encargada del lugar Graciela Susana Arias, quien sería familiar del agresor, que ésta lo agrede verbalmente, le impone horario de regreso y posteriormente el Sr. Director de Adultos y Mayores, Marcel Fuentes, en audiencia le reclamó el motivo de su denuncia penal y por esa circunstancia debía evacuar cuanto antes el Hogar, por ello, ante tal amenaza de desalojo, más su precaria situación económica interpone la presente acción.

Más adelante hace conocer que es diabético crónico, tiene problemas agudos en su vista, várices esclerosadas y sufre de sus coronarias, recibiendo una pensión graciable de $550.

Estas circunstancias vulneran su derecho a una ancianidad digna (art. 35 de la C.P.) y es deber del Estado proteger estos derechos, que también se atenta contra su derecho a la salud.

El acto verbal, continúa diciendo el accionante, producido por el director del organismo, resulta manifiestamente arbitrario y el desalojo inminente le produciría un grave daño, por cuanto se encuentra en una situación de extrema inferioridad.

La amenaza de desalojo no puede ser neutralizada, derivaría en un daño irreparable, por los medios procesales ordinarios, toda vez que no existen o en su defecto sería demasiado tarde recurrir por cualquier otra vía, por lo que busca esta tutela.

Finalmente solicita una medida cautelar de no innovar ante la situación descripta y el temor de que se haga efectivo el desalojo y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

En su testimonio de fs. 5, el Sr. Atilio Humberto Lajad, ratifica lo expuesto y hace saber que se interpretó mal su denuncia, no se recibió reparación alguna y se le redujo por el contrario el horario de salida y regreso que lo perjudica en su actividad comercial y daña sus recursos, dada su magra pensión. Que el no realizó nada en contra del Hogar o de persona alguna que lo haga merecedor de la expulsión, que no causará problemas y seguirá siendo respetuoso del Reglamento y que sólo pretende vivir tranquilo y en paz Que por resolución de fs. 7/8 se hizo lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada.

Al momento de contestar el traslado la accionada, según decreto de fs. 9, por escrito de fs. 12/13 vta., que doy por reproducido en su integridad, el Sr. Ministro de Desarrollo Humano CPN Claudio Alberto Mastandrea, en síntesis cuestiona la procedencia de la acción deducida y afirma que todo se reduce a meras afirmaciones vacías de contenido sobre un supuesto desalojo del Hogar, no existe una acción u omisión del Estado Provincial, en consecuencia no hay una inminencia ni excepcionalidad y el objeto del amparo es como se dijo una mera afirmación de un actuar del Estado inexistente. La demanda no dice ni siquiera que se haya empezado una acción ordinaria o que exista un trámite administrativo en que pueda reafirmar sus dichos, el actor, recordando que la acción instaurada es un remedio excepcional .

Niega los dichos sostenidos por el actor y afirma que en ningún caso se violó el derecho a la ancianidad, ni a la salud, ni a la protección. Peticiona la intervención de Fiscalía de Estado, según lo establecido por el art. 149 de la C.P. y ofrece la testimonial del Sr. Marcel Fuentes, Director de Adultos Mayores, dejando planteado el caso constitucional local y federal y efectuada la reserva de los recursos de inconstitucionalidad local y el art. 14 de la Ley 48. Oportunamente se rechace la acción instaurada en todos sus términos, con costas.

A su turno Fiscalía de Estado, por la provincia de Salta, y a través de sus representantes toma intervención por escrito glosado a fs. 21/23 vta., el que doy por reproducido en su integridad y del que se extrae la solicitud de rechazo de la acción instaurada, con costas, para luego de referirse a los antecedentes, a la improcedencia de la acción con citas doctrinarias y jurisprudenciales, a la inexistencia de acto u omisión arbitrario, a la ausencia de agravio constitucional, de una lesión o amenaza, peticiona que oportunamente se rechace la acción en todas sus partes, con costas.

II)Que a fs. 31 y vta. presta declaración testimonial la Sra. Graciela Susana Arias, testigo ofrecido por la actora, quien rechaza lo denunciado, en ningún momento amenazó, es una profesional en asistencia social y admite haberlo hablado al Sr. Lajad en distintas oportunidades exhortándolo al cumplimiento del Reglamento interno, a su horario de regreso, haciéndole ver las complicaciones que se derivan de su no cumplimiento, que no es pariente de Samuel Arias y que en el último mes de Noviembre hubo una reunión entre ella, el Sr. Director y el Sr. Lajad, sobre todo para armonizar la cuestión del horario, pero de ninguna manera se lo amenazó, ni siquiera se le insinuó con excluirlo del Hogar y que nadie es excluido de la institución.

A fs. 38 y vta. comparece el Sr. Eduardo Marcelo Fuentes, testigo ofrecido por la demandada, quien hace saber que se desempeña como Director de Adultos Mayores y responde que sabe que el Sr. Lajad ingresó al Hogar Santa Ana en el año 2009, que no sabe que haya sufrido agresión alguna, ni tampoco daño, que no es objeto en absoluto de persecución por la Sra. Graciela Susana Arias, no se le intimó a abandonar el Hogar, de ninguna manera porque ello va en contra del objetivo del organismo que dirige, él no amenazó en tal sentido con el desalojo y los empleados no tienen facultad para tomar ese tipo de atribuciones, que el Sr. Lajad sufre supuestamente de adicción al alcohol, agrega además que se lo dejó solo en una habitación del Hogar que normalmente es compartida, se le consiguió tratamiento antialcohólico, concurrió una sola vez y abandonó el mismo. El Sr. Lajad es una buena persona, pero cuando está bajo los efectos del alcohol es otra, se torna muy agresivo, que tiene permiso de salida pero contemplando su actividad comercial se le permite que regrese hasta las 21 horas, cuando el horario de regreso habitual es de las 19 horas, sin embargo este horario prolongado muchas veces no es cumplido, lo que altera el Hogar y principalmente al personal porque al retornar solo pone en riesgo su persona.

Que no hay otra prueba producida ni ofrecida por las partes y la documental que el accionante ofrece a fs. 2 vta. no resulta ni pertinente ni útil con el objeto de la presente acción. Habiéndose llamado autos para sentencia a fs. 39.

III) Reza el art.87 de nuestra Constitución Provincial que "la acción de amparo procede frente a cualquier decisión, acto u omisión arbitrarios o ilegales de la autoridad, excepto la judicial, o de particulares, restrictivos o negatorios de las garantías y derechos subjetivos explícitos o implícitos de esta Constitución, tanto en el caso de una amenaza inminente cuanto en el de una lesión consumada, a los fines del cese de la amenaza o del efecto consumado".

Por su parte el art. 35 de igual ordenamiento: " reconoce a la ancianidad el derecho a una existencia digna, considerándola como una etapa fecunda de la vida, susceptible de una integración activa sin marginación, y es deber del Estado proteger, asistir y asegurar sus derechos.

La provincia procura a los habitantes de la tercera edad: 1) la asistencia, 2) la vivienda, 3) la alimentación, 4) el vestido, 5) la salud física, 6) la salud moral, 7) el esparcimiento, 8) el trabajo acorde con sus condiciones físicas, 9) la tranquilidad y 10) respeto.

Conforme las constancias de la causa no se probó la existencia de un acto u omisión arbitrarios o ilegal de la autoridad o de particulares, restrictivos o negatorios de los derechos de la ancianidad respecto del accionante Atilio Humberto Lajad, como tampoco de una amenaza inminente de desalojo o exclusión del Hogar Santa Ana donde se encuentra alojado el nombrado.

Tampoco se acreditó que el Sr. Lajad haya recurrido y agotado las vías ordinarias o administrativas y que además éstas para el caso no resultarían adecuadas y harían necesario acudir al procedimiento sumarísimo de la vía elegida.

Siguiendo el criterio de la Corte de Justicia local, el camino residual y extraordinario del amparo no está abierto para quien no ha hecho uso de los derechos que los procedimientos legales idóneos ponían a su disposición. El fin de este remedio excepcional no es evitar el trámite de los procedimientos administrativos o judiciales establecidos legal o reglamentariamente para el logro del resultado que con él se procura, ni es apto para irrumpir en asuntos ajenos a la jurisdicción que por ley aquéllos tienen conferida, alterando el normal juego de las instituciones vigentes.

Por otro lado, es de recordar que la viabilidad del amparo requiere no sólo la invocación de un derecho indiscutible, cierto, preciso, de jerarquía constitucional, como lo hace el accionante, sino también que la conducta impugnada sea manifiestamente arbitraria o ilegítima, como así también la demostración de que el daño concreto y grave sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a esa vía urgente y expedita. No concurren los requisitos específicos del amparo si el actor no ha probado la lesión a sus derechos que a su decir sería la amenaza de expulsión o desalojo del Hogar Santa Ana, no ha acreditado daño alguno ni lo argüido, la supuesta amenaza de expulsión, y que ésta no pueda evitarse o repararse adecuadamente por otro medio.

Por lo expuesto voto por el rechazo de la acción de amparo interpuesta por el Sr.Atilio Humberto Lajad, y en su consecuencia ordenar el levantamiento de la medida cautelar de no innovar de fecha 29 de diciembre de 2010, rolante a fs. 7/8, y conforme el principio objetivo de la derrota, con costas a cargo de la vencida.

Por ello, RESUELVO:

I)NO HACER LUGAR a la acción de amparo interpuesta por el Sr. Atilio Humberto Lajad con el patrocinio letrado del Dr. Valentín Corvalán, defensor penal correccional Nº 6, con costas a cargo de la vencida (arts.87, 35 y cc. de la Constitución Provincial).

II)En su consecuencia ORDENAR el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por resolución de fs. 7/8.

III) COPIESE, REGISTRESE, NOTIFIQUESE y oportunamente archívese.

Ante mí.