Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-05-06


SENTENCIA NÚMERO: SEIS.

En la Ciudad de Córdoba, a los SEIS días del mes de MAYO del año dos mil cuatro, siendo las DOCE horas, se reúnen en acuerdo público los Señores Vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia, Doctores Aída Lucía Teresa Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli, Hugo Alfredo Lafranconi, Domingo Juan Sesin, Luis Enrique Rubio, Armando Segundo Andruet y Ángel Antonio Gutiez, bajo la presidencia de la primera, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: "CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE - PLANTEA CONFLICTO INTERNO MUNICIPAL" (expte. letra "C", n° 07, iniciado el veintiséis de agosto de dos mil tres), con motivo del conflicto interno suscitado entre el Honorable Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de Villa Allende.

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el conflicto interno municipal traído a decisión de este Tribunal? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde? A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI, HUGO ALFREDO LAFRANCONI, DOMINGO JUAN SESIN, LUIS ENRIQUE RUBIO, ARMANDO SEGUNDO ANDRUET Y ÁNGEL ANTONIO GUTIEZ, DIJERON:

1. A fs. 27/29 vta., el Dr. Luis Cordeiro Pinto, en su carácter de apoderado del Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Allende según acredita con el poder apud acta que acompaña a fs. 21 plantea la existencia de un conflicto interno municipal con el Departamento Ejecutivo, con motivo del dictado del Decreto Número 85/03 de fecha diez de julio de dos mil tres. Solicita se suspenda la aplicación del mencionado decreto y de toda otra disposición dictada por el Departamento Ejecutivo que instrumente y ponga en ejecución el Programa de Seguridad Ciudadana Rondín Alerta.

Relata que el día doce de septiembre del año dos mil dos, el Departamento Ejecutivo Municipal remitió al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza por el que se autorizaba al citado departamento de gobierno a instrumentar y a ejecutar el Programa de Seguridad de los Barrios.

Manifiesta que, mientras el Cuerpo Deliberativo se avocaba al estudio de tal proyecto y se realizaban las primeras consultas con especialistas y vecinos de la localidad, el día diecinueve de diciembre del mismo año el Departamento Ejecutivo remitió a aquel Cuerpo el pedido de tratamiento de urgencia para el mentado proyecto.

Tras hacer una reseña del contenido del decreto en cuestión, expone que el Concejo Deliberante, en la sesión realizada el día veintisiete de diciembre de dos mil dos, resolvió rechazar por unanimidad la solicitud de tratamiento de urgencia del proyecto de ordenanza de seguridad, y continuar con el tratamiento ordinario.

Añade que, por comunicación remitida a diversos vecinos, el Concejo Deliberante tomó conocimiento del dictado, por el Departamento Ejecutivo, del Decreto Número 85/03, por el que se implementaba en los barrios Cóndor Alto, Golf, Lomas Oeste y Lomas Este, el Programa denominado de Seguridad Ciudadana Rondín Alerta, en base a la autorización conferida por la supuesta Ordenanza 2/03, lo cual consta en los vistos del mencionado decreto.

Sostiene que la Ordenanza 2/03 nunca fue sancionada y que, al haberse dejado sin efecto el trámite de urgencia solicitado, no existía ni existe norma legal que otorgue validez y legalidad al citado decreto.

Colige que, en virtud de tales circunstancias, el Departamento Ejecutivo no tenía competencia para emitir el Decreto 85/03, tal como lo hizo.

Aclara que el proyecto de ordenanza tampoco era susceptible de ser sancionado en forma ficta, ya que la Carta Orgánica Municipal admite esa posibilidad para los proyectos que sólo requieran para ser aprobados la simple mayoría de los miembros presentes , y en el caso bajo análisis, por tratarse de la creación de nuevos tributos nueva tasa municipal, el proyecto sólo podía aprobarse con el voto favorable de la mayoría absoluta (art. 99 Carta Orgánica Municipal).

Agrega que, además de ello, el tratamiento de urgencia y la sanción ficta resultaban procedimientos incompatibles, toda vez que el artículo 99 del citado cuerpo legal impone para la creación de nuevos tributos el procedimiento de doble lectura.

Señala que es por ello que el artículo 97 de la Carta Orgánica Municipal prohíbe que este tipo de proyectos pueda ser tratado mediante el procedimiento de urgencia, siendo ésta la razón por la cual el Concejo Deliberante rechazó dicho trámite.

Concluye que, en consecuencia, el Decreto 85/03, y todas las demás disposiciones que pudiera haber dictado el Departamento Ejecutivo relativas a la misma materia que instrumenta y pone en ejecución el Programa de Seguridad Ciudadana Rondín Alerta, han sido dictadas por un órgano incompetente, por no tener ordenanza que así lo autorice, resultando, por lo tanto, insanablemente nulos.

Finalmente, indica que, al no haberse dado cumplimiento a ninguna de las condiciones establecidas en forma imperativa en la Carta Orgánica Municipal (art. 91, incs. 16, 17, 20 y 28, y arts. 97 y 99) los instrumentos sancionados en la materia por el Departamento Ejecutivo violentan gravemente el artículo 71 de la Constitución Provincial, que dispone que el sistema tributario y las cargas públicas se fundamentan en el principio de legalidad.

2. Impreso el trámite de ley (art. 128 de la ley 8102) se dispone correr vista de la presentación al Sr. Intendente Municipal de la localidad de Villa Allende (proveído de fecha nueve de septiembre de 2003 fs. 36) trámite que es cumplido mediante escrito incorporado a fs. 111/135 de autos.

Tras dejar en claro la urgencia de implementar medidas de seguridad dentro del ejido municipal de Villa Allende, debido al incremento en estos últimos años de delitos contra la propiedad y las personas, refiere, en lo que respecta a la materia en discusión, que con fecha doce de septiembre de dos mil dos se elevó por ante el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza denominado Programa de seguridad de Barrios .

Añade que, con el fin de actualizar y completar la Ordenanza 33/92 de Seguridad Ciudadana , que sirve de marco jurídico general, y a exclusiva propuesta de los vecinos, se elevó el proyecto de Ordenanza a consideración del Concejo Deliberante, el cual encuentra su fundamento en la ordenanza marco citada.

Explica que debido a que las necesidades sociales de seguridad no pueden esperar, y dado que habían transcurrido ciento cuatro días sin que el Concejo Deliberante diera el debido tratamiento prioritario al proyecto de Programa de Seguridad de Barrios , se resolvió enviar, con fecha veintiséis de diciembre de dos mil dos, un pedido de tratamiento de urgencia , acorde lo previsto por el artículo 97 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Villa Allende.

Afirma que el Cuerpo Deliberativo, desde que se envió el pedido de tratamiento de urgencia (26/12/02) hasta el siete de agosto de dos mil tres, no contestó nada.

Manifiesta que como prueba de ello, acompaña fotocopia debidamente certificada de la parte pertinente del libro de entrada de expedientes de la Municipalidad, del que se desprende que el Concejo Deliberante de haber tomado algún tipo de resolución al pedido de tratamiento de urgencia nunca se lo hizo saber al Departamento Ejecutivo.

Asimismo, indica que el Cuerpo Deliberativo glosa como documental una resolución del mismo Cuerpo, la que llamativamente no posee número, y que se habría confeccionado con fecha treinta y uno de julio de dos mil tres, y donde recién se resuelve en debida forma: Art. 1. Poner en conocimiento del Departamento Ejecutivo que el proyecto de ordenanza denominado Ordenanza por el D.E., no es tal por cuanto no fue aprobado por este Concejo Deliberante y el tratamiento de urgencia del mismo ha sido rechazado en sesión del 27 de Diciembre de 2002 .

Sostiene que es totalmente falsa la afirmación contenida en el Considerando párrafo tercero de la mentada resolución, en cuanto a que ésta se tomó por unanimidad del Cuerpo, puesto que según de desprende del Acta de Sesión manuscrita, que también se acompaña como documental y que deja expresamente impugnada por carecer de los requisitos mínimos, en la sesión del día veintisiete de diciembre de dos mil dos sólo había mayoría simple y no la totalidad de los miembros del Cuerpo, ya que en dicha sesión no estuvieron los representantes de la minoría.

Arguye que, aun de ser válida, la resolución que dispone rechazar el trámite de urgencia no fue comunicada al Departamento Ejecutivo. Afirma que esta falta de comunicación, que es responsabilidad exclusiva y excluyente del Concejo Deliberante, desencadenó un lamentable desorden institucional.

Hace presente que los defectos de forma y la falta de comunicación antes referidos hicieron que, siguiendo el trámite normal previsto por el artículo 97 de la Carta Orgánica Municipal, se diera al proyecto de ordenanza por aprobado y se procediera al dictado del Decreto 13/03, de promulgación de la mencionada ordenanza.

Señala que, a partir de allí, se resolvió trabajar junto a los vecinos para proyectar un programa experimental para cada sector interesado, en algunos casos por el término de tres meses y, en otros, de seis.

Relata que se previó la posibilidad de que los vecinos que no estuviesen de acuerdo registraran su opinión en un Registro de Oposición y que, de contar con una mayoría del sesenta por ciento (60%) o más de los interesados se daría curso al sistema y, de lo contrario, se lo suspendía.

Sostiene que el proyecto se cristalizó en Barrio Jardín Epicuro a pedido de los vecinos del sector, que derivó en el Decreto 81/03, que en su artículo 3 establece: El Programa tendrá una duración de tres meses y con carácter experimental.... . Que, para este sector, se registró una oposición de siete residentes sobre sesenta y dos.

Añade que, a más del anterior, previo a la comunicación del retiro del carácter de urgencia por parte del Concejo Deliberante 07/08/03 se instrumentó un sistema de seguridad para los barrios Golf, Cóndor Alto y Lomas Este y Oeste, según el Decreto 85/03, el cual en su artículo 4 expresa que el Programa tendrá una duración de seis meses y con carácter experimental... . Afirma que, según el Registro de Oposición, sobre mil cincuenta y cuatro residentes notificados, hubo una oposición de ciento sesenta y ocho.

Indica que en ambos programas queda claro que se trata de una proyección de la normativa prevista en la Ordenanza 33/92, de carácter experimental y de corta duración en esta primera etapa, y que la gran mayoría de los residentes está conforme con que se realice esta experiencia piloto.

Expresa que el proyecto de ordenanza enviado al Concejo Deliberante es un complemento y actualización de la Ordenanza 33/92 de Creación del Cuerpo de Inspección y Seguridad Ciudadana de Villa Allende. Aduce que no se trata de una norma de carácter tributario ya que no crea tributo alguno, y que según surge de su atenta lectura, tiene por finalidad expresa la autorización al Ejecutivo para la creación y ejecución de programas de seguridad en los barrios, según lo soliciten los vecinos.

De allí que, concluye, no debió ser sustraída del trámite de urgencia previsto en el artículo 97 de la Carta Orgánica.

Finalmente, sostiene que, atento no hallarse acreditado el retiro del tratamiento de urgencia del proyecto, éste deberá ser tenido como Ordenanza 02/03, de conformidad al artículo citado en último término.

3. A fs. 144 se corre vista al Sr. Fiscal General de la Provincia para que se expida sobre el fondo del eventual conflicto comunal denunciado, cumplimentándose dicha etapa procesal a fs. 145/154 vta. (Dictamen E Nº: 866, del 271003).

Considera el representante del Ministerio Público que corresponde declarar la nulidad de los Decretos Números 85/03, 13/03 y 81/03, dictados por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Allende.

4. A fs. 155 se dicta el decreto de autos, el que firme, deja la presente causa en estado de ser resuelta.

LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN LA MATERIA.

El Art. 165 inc 1° apartados b) y c) de la Constitución de la Provincia asigna al Tribunal Superior de Justicia la condición de poder moderador , al extender a su poder de interpretación y decisión , propio de todo juez, la aptitud jurídico procesal de encauzar los desbordes institucionales o disputas que se susciten entre los distintos poderes, autoridades o ámbitos de gobierno reconocidos por la Constitución con motivo del ejercicio de dichas competencias y prerrogativas públicas.

En efecto, por su condición de máxima autoridad judicial e intérprete final en el ámbito local de los postulados emergentes del orden jurídico provincial, tiene a su cargo entender y decidir las contiendas suscitadas entre autoridades en ejercicio de sus funciones, a raíz de interpretaciones divergentes respecto del alcance de las facultades que respectivamente se atribuyen, es decir, a una discusión entre dos órganos de la autoridad sobre la existencia o ejercicio privativo de una misma facultad.

Pero además, es el intérprete final en la jurisdicción provincial de la Constitución local, fuente primaria y esencial de las incumbencias y prerrogativas de los poderes y autoridades locales (Art. 165 incs. 1° a) y 2°, ib.).

En pos de cumplir acabadamente con la función constitucionalmente prevista de conocer y resolver los temas mencionados, el Tribunal Superior de Justicia precisa los límites en que cada autoridad puede ejercer los cometidos que le son propios, actividad que supone un examen hermenéutico legal y una decisión jurídico institucional.

...A lo ya expresado, cabe agregar que el supuesto que analizamos es una creación originaria de las constituciones provinciales, ya que no encuentra su precedente en la carta fundamental de la Nación. Y esta originalidad responde, esencialmente, a la necesidad de preservar las autonomías provinciales, en cuanto que las cuestiones de naturaleza institucional deben ser solucionadas dentro de su propio ámbito, evitando así la injerencia del orden federal por medio de remedios no siempre convenientes a los Estados provinciales, tal como sucede con la intervención federal... (cfr. VERGARA, Ricardo Alberto, Poder Judicial , en Frías y otros, Derecho Público Provincial, pág. 270, reimpresión, Depalma, Buenos Aires, 1987).

LOS CONFLICTOS INTERNOS MUNICIPALES Frente a tal contexto normativo, se torna inexcusable definir los alcances que debe asignarse al "conflicto interno municipal", el cual se presenta como la primera de las tres hipótesis previstas en el citado art. 165, inc. 1° apartado "c" de la Constitución Provincial.

En esa tesitura cabe señalar que el mismo comprende las controversias entre las autoridades que conforman el gobierno municipal o comunal, que no pueden resolverse dentro de la esfera interna local, tornando imposible el normal desenvolvimiento del municipio o comuna.

En el marco delimitador de la previsión constitucional, lo normado por el Art. 128 de la Ley Orgánica Municipal y la doctrina judicial sentada por este Cuerpo, dicho conflicto puede consistir en:

A) CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE LAS RAMAS, DEPARTAMENTOS O AUTORIDADES QUE COMPONEN EL GOBIERNO MUNICIPAL O COMUNAL.

A.1. El conflicto interno se produce cuando se suscitan controversias entre las autoridades que conforman el gobierno municipal Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas, cuando éstas disputan entre sí el ejercicio de una atribución legal o reivindican para sí una atribución o competencia pública que le niegan a la otra.

Se configura cuando un organismo comunal se arroga atribuciones que exceden el marco de su competencia, en detrimento de otro a quien le correspondían originariamente y la reclama para sí. Es decir que supone una interferencia de voluntades de los órganos en un mismo sentido o hacia un mismo objeto.

A.2. El concepto de "competencia" es contemplado tanto en su acepción restringida como un solo requisito o elemento de legitimidad del acto estatal, o en su acepción amplia, en tanto abarca la totalidad de dichos componentes, ya que un órgano tiene atribuciones para emitir tal o cual acto en la medida que respete el resto de los requisitos impuestos por el orden jurídico vigente. Es decir que, aún cuando tenga competencia para dictarlo en sentido estricto, si no respeta el procedimiento o forma fijado por la ley, se habría excedido en sus atribuciones, en sentido amplio.

B) LA HIPÓTESIS DE DESENCUENTRO INSTITUCIONAL También se ha admitido la configuración de un conflicto interno municipal cuando media un desencuentro institucional que atenta contra el regular funcionamiento del municipio o una de sus ramas de gobierno, y la cuestión no pudo ser resuelta dentro de la esfera interna local a través de los mecanismos legalmente previstos.

Para ambas hipótesis, se ha sostenido que las diferencias suscitadas por el manejo de la cosa pública y de las atribuciones que competen a cada uno de los órganos municipales deben encontrar su canal de solución en las disposiciones de la propia Ley Orgánica Municipal o las cartas respectivas a fin de evitar que dichas discrepancias puedan afectar el normal desenvolvimiento de los órganos de gobierno comunal, con el objeto de impedir que la injerencia del Poder Judicial en aquellos asuntos que son resorte interno del gobierno de la Comuna, torne ilusorio el principio de independencia que debe guiar la actuación de dichos "centros de poder".

La jurisdicción debe ser ejercida en los límites legales, frente al riesgo de afectar las atribuciones conferidas a las autoridades de los Municipios y garantizadas constitucionalmente art. 180 Const. Pcial. y cc.; art. 123 Const. Nacional de 1994, los que gozan de plena autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional (conf. T.S.J., en pleno, Sala Contenciosoadministrativa, "Balmaceda, Joaquín Antonio...", Sent. N° 36 del 26/09/96; "Coria Fuchs, Rubén Antonio y Ojeda, Enrique Pablo...", Sent. N° 07 del 14/03/97; Sala Civil y Comercial, A.A. I.I. Nros. 165 del 020586 y 18 del 060389).

El concepto de autonomía, ínsito a las instituciones municipales, también comprende a los entes comunales, pues ambos constituyen nucleamientos políticos básicos que garantizan el sistema federal y democrático de gobierno, conforme la imposición del art. 5° de la Constitución Nacional. Tanto los municipios como las comunas se erigen en verdaderos "gobiernos" o "poderes locales", dotados de los resortes legales para lograr su total independencia funcional en sus diversos órdenes: institucional, político, administrativo y financiero.

La competencia exclusiva de este Tribunal Superior, emanada de la normativa de la Constitución Provincial no significa erigirlo en juez de todos los actos, omisiones, incumplimientos, transgresiones, abusos o irregularidades en que puedan incurrir los órganos municipales o algunos de sus integrantes, sino en aras de la concreción de la autonomía municipal sólo y exclusivamente en aquellas disputas o situaciones que "intrínsecamente" revistan el carácter de conflicto de una gravedad tal que alteren el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, siempre reiteramos que no sea posible lograr la normalización internamente, por las vías legales pertinentes.

EL CONFLICTO DE AUTOS Veamos el contexto fáctico en el que se sustenta el presente conflicto interno municipal: un órgano de gobierno Concejo Deliberante cuestiona, justamente, la facultad o atribución de otro órgano de gobierno Departamento Ejecutivo para el dictado de actos sustancialmente legislativos, cuales son la Ordenanza 02/03 y el Decreto 85/03.

Ello así toda vez que el Concejo Deliberante funda la pretensión judicial articulada en la falta de competencia del Departamento Ejecutivo Municipal para el dictado de dichas normas mediante las cuales instrumenta: El Programa de Seguridad Ciudadana Rondín Alerta y en base a esa premisa, solicita se declare la nulidad de las mismas.

En este marco, el caso de autos queda incurso en la hipótesis nominada en el punto A), es decir que se trata de un típico conflicto de competencia entre las ramas que componen el gobierno municipal.

LOS ANTECEDENTES EL PROYECTO El Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de Villa Allende elaboró un proyecto denominado Implementación y ejecución de Programas de Seguridad para la Ciudad de Villa Allende por medio de la cual se lo autoriza a elaborar, instrumentar y ejecutar programas de Seguridad en barrios o sectores de estos, en la modalidad que los vecinos así lo soliciten (art. 1) y se determina que los gastos que demanden los respectivos programas deberán ser afrontados por los vecinos afectados (art. 2) (cfr. fs. 12/17).

Por su parte, el art. 6 establece que cuando un sistema o tipo de programa importe un gasto o un aporte a afrontar por el vecino este será de pago obligatorio sino se hubiere opuesto a su pago mas del cuarenta por ciento (40%) de los vecinos residentes en el sector afectado por el programa.

A los fines de lo regulado en dicho precepto el texto determina que el Departamento Ejecutivo abrirá un registro para que los vecinos manifiesten expresamente su objeción al pago, el que permanecerá abierto a disposición de los mismos por el término de quince días corridos, previa publicidad y difusión del programa a implementar con sus costos (art. 7).

Asimismo regula que los vecinos que quedasen afectados dentro de un sector por algún programa y que sean beneficiarios de las condiciones de eximisión establecidas en la O.I.M. para la Tasa a la Propiedad mantendrán los mismos beneficios para las tasas que establezcan con motivo de la instrumentación de dichos programas (art. 8).

SU SUERTE EN EL SENO DEL CONCEJO DELIBERANTE Dicha iniciativa normativa se presenta ante el Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Allende con fecha doce de setiembre de dos mil dos (crf. fs. 05/10, 22 y 47).

Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil dos ingresa a dicho Órgano una nota firmada por el Sr. Intendente de esa Municipalidad por la cual solicita que se proceda al tratamiento de urgencia del Proyecto de Ordenanza del Programa de seguridad de los Barrios invocando el art. 97 de la Carta Orgánica Municipal (fs. 22 y 47), petición que se rechaza de conformidad al acta de sesiones glosada a fs. 05/10 de autos.

Siendo éstas las únicas actuaciones llevadas a cabo ante el Órgano Legislativo de Villa Allende referidas a la implementación del Programa de Seguridad de los Barrios obrantes en los presentes, puede colegirse que, a la fecha, el proyecto de ordenanza emanado del Poder Ejecutivo Municipal no tuvo tratamiento legislativo alguno por parte del Cuerpo Deliberante de dicha ciudad, más allá de las críticas del Sr. Intendente a las actas de sesión el Concejo Deliberante incorporadas a los presentes obrados.

EL DECRETO DICTADO POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO Con fecha diez de julio de dos mil tres el Intendente Municipal de la ciudad de Villa Allende dicta el Decreto 85/03 por el cual visto la Ordenanza 02/03 por la que se autoriza al Departamento Ejecutivo a elaborar, instrumentar y ejecutar programas de seguridad en barrios o sectores de éstos de la ciudad de Villa Allende dispone implementar en los Barrios Condor Alto, Golf, Lomas Oeste y Lomas Este el Programa de Seguridad Ciudadana Rondín Alerta , en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza N° 02/03 (art. 1).

Como contraprestación a ese servicio se establece una tasa cuyos montos varían según el metros de edificación (art. 8) denominada Rondín Alerta la que se abonará mensualmente y será de pago obligatorio conjuntamente con la tasa de propiedad para lo que se incluirá en el cedulón de la misma, especificando su concepto y discriminando su importe.

Asimismo, en virtud de lo establecido en los arts. 6 y 7 de la Ordenanza 02/03 se crea un registro de oposición donde los vecinos puedan expresamente manifestar su objeción al pago por quince días corridos (art. 14) (cfr. fs. 19/20).

Finalmente, el treinta y uno de julio de dos mil tres, el Concejo Deliberante resuelve poner en conocimiento del Intendente que el proyecto de Ordenanza denominado ordenanza por el D.E. no es tal por cuanto no fue aprobada por el Concejo Deliberante toda vez que el tratamiento de urgencia fue rechazado y comunicarle que deberá abstenerse de aplicar y poner en ejecución el Decreto N° 85/03 (fs. 1/2).

El TEMA DE FONDO La disputa central entre ambos departamentos municipales consiste en precisar si el Departamento Ejecutivo puede dictar una ordenanza que disponga la implementación y ejecución de programas de seguridad para la ciudad de Villa Allende y la imposición de una tasa a tal efecto, o si por el contrario, dicha atribución es propia y exclusiva del Departamento Legislativo.

En efecto, el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Allende niega tal facultad al Sr. Intendente Municipal, circunstancia que motivó en primer término la nota de fs. 01 por la que se le informa al Departamento Ejecutivo que el proyecto de Ordenanza denominado ordenanza por el D.E. no es tal y posteriormente, la interposición de la presente demanda a los fines de superar mediante una decisión jurisdiccional el conflicto suscitado en el gobierno municipal de Villa Allende.

Ello así, cabe a este Tribunal zanjar la disputa fijando los límites de las atribuciones reconocidas a las autoridades municipales en conflicto, acercando a ambas el recto y justo sentido en la interpretación de las normas involucradas, con la sana intención de orientar y encaminar la actividad institucional en esa esfera de gobierno.

EL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN DE LAS LEYES Nuestro Estado de Derecho se funda en el imperio de la ley, siendo, así, un estado legalitario, debe guardar especial celo respecto de la temática referida a la elaboración de normas jurídicas.

Debe tenerse presente que en nuestro marco constitucional, quien en principio tiene la atribución de expresar la voluntad popular, es el órgano legislativo, conforme al procedimiento normativo fijado y con la intervención de las mayorías y minorías (aunque, en definitiva, prime la voluntad de la mayoría).

En este contexto, es menester recordar que, básicamente, el proceso legislativo consta de tres etapas: a) iniciativa o formación del proyecto; b) etapa constitutiva o de sanción; c) etapa de eficacia (promulgación y publicación).

A la etapa constitutiva nuestro derecho constitucional del poder la considera como sanción del proyecto de ley ; en ella radica y consiste el ejercicio de la función legislativa, eso es lo que hace el Congreso, sólo el Congreso y nada más que el Congreso. Allí radica el aspecto procesal de su competencia exclusiva y excluyente. En cambio, la iniciativa puede ser compartida con el Poder Ejecutivo y la etapa de eficacia la reserva el Poder Ejecutivo (cfr. BIDART CAMPOS, German, Tratado Elemental de Derecho Constitucional , Tomo II, Ediar, 1986, pag. 150).

LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL De conformidad a tales postulados, la Carta Orgánica de la Municipalidad de Villa Allende regula el procedimiento legislativo bajo el título Formación y Sanción de Ordenanzas .

Así, el artículo 95 se refiere a la etapa de iniciativa, el art. 96 a la aprobación y a las facultades del Departamento Ejecutivo de veto, promulgación y publicación y el art. 101 a la publicación de las leyes.

En cuanto a la cuestión referida al tratamiento de los proyectos por parte del Cuerpo Legislativo, hay dos preceptos relevantes para el caso en autos: el art. 97 que establece que: En cualquier período de sesiones, el Departamento Ejecutivo puede enviar al Concejo proyectos que sólo requieran para ser aprobados la simple mayoría de los miembros presentes, con pedido de urgente tratamiento. Éstos deben ser considerados dentro de los cuarenta y cinco días corridos a partir de la recepción por el Cuerpo..

La solicitud de un proyecto puede ser hecha aún después de la remisión y en cualquier etapa de su trámite. En este caso, los términos corren a partir de la recepción de la solicitud. Se tiene por aprobado aquel proyecto que dentro del plazo establecido no es expresamente rechazado. El Concejo, puede dejar sin efecto el procedimiento de urgencia, si así lo resolviere por simple mayoría, en cuyo caso debe dar al proyecto el tratamiento ordinario y el art. 99 que establece que se requiere doble lectura para la aprobación de Ordenanzas que dispongan: 1. ... 8. Crear nuevos Tributos o aumentar los ya existentes... .

CONCLUSIONES A la luz de los conceptos reseñados precedentemente, se puede inferir que en autos no se han desarrollado normalmente las distintas etapas que debe transitar un proyecto para que se transforme en ley .

En efecto, no obran constancias en autos de que la iniciativa presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal haya tenido tratamiento por parte del Órgano Legislativo.

Ahora bien, el Sr. Intendente invoca la aplicación del procedimiento especial para la formación de leyes municipales consagrado en el art. 97 de la Carta Orgánica Municipal de dicha localidad reseñado precedentemente.

De ello da cuenta el texto de la Ordenanza 02/03 glosado por dicho funcionario a fs. 48/51 de autos, el cual introduce como título en la parte superior al articulado la siguiente leyenda: Aprobada con fuerza de Ordenanza según art. 97 de la C.O.M. .

Sin embargo, de conformidad a las prescripciones de la norma referida, cabe realizar las siguientes observaciones a dicha pretensión:

El trámite especial de urgencia solo puede ser impreso a aquellos proyectos que requieran para ser aprobados la simple mayoría de los miembros presentes.

Dicho supuesto no se configura en autos, toda vez que el proyecto emanado del Departamento Ejecutivo importa la implementación de un servicio y la consecuente imposición de una tasa, circunstancia que obsta a que el mismo sea canalizado por el procedimiento aludido.

En este orden, es menester recordar que la tasa es un tributo caracterizado por la prestación de un servicio público individualizado hacia el sujeto pasivo , y como tal, constituye un recurso obligatorio cuya fuente es la ley y tiene carácter coercitivo (cfr. JARACH, Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Abeledo Perrot, pag. 234).

De tal suerte, la naturaleza del pago impuesto a los vecinos mediante la normativa cuestionada denominada Tasa Rondín Alerta requiere el procedimiento especial de doble lectura al quedar incluida dentro de la hipótesis enumerada por el art. 99 de la Carta Orgánica Municipal que la consagra para la creación de nuevos tributos o para aumentar los ya existentes .

Por todo ello, ab initio no era viable la procedencia del tratamiento de urgencia peticionado por el Sr. Intendente Municipal, en el que funda la validez de la Ordenanza.

De conformidad a tales antecedentes, queda de manifiesto que en marras, se obvió precisamente la fase constitutiva de elaboración de normas jurídicas, razón por la cual, el proyecto preparado por el Departamento Ejecutivo municipal no ha alcanzado el status jurídico de ley , sino que ha quedado en el peldaño meramente iniciativo de la misma.

Por todo ello, el Departamento Ejecutivo de la localidad de Villa Allende, con el dictado de las normas por las que implementa el programa de seguridad de los barrios, se ha arrogado competencias propias del Órgano legislativo, tornando absolutamente nula la denominada Ordenanza 02/03 y consecuentemente, el Decreto 85/03 toda vez que funda su competencia en una norma sin validez.

Ello, por cuanto "Uno de los principios cardinales en materia de separación de poderes supone que los órganos legislativos actúen sus tradicionales funciones legislativas y de control de gobierno sin las interferencias de los otros poderes. Insertos en la autonomía parlamentaria se hallan los "interna corporis" o cuestiones de procedimiento legislativo reservadas, en principio, a su exclusiva competencia (TERNEYRE, La procédure législative ordinaire dans la Jurisprudence du Conseil Constitutionel, RDP, 1985, p. 720 y ss.; LABRIOLA, I regolamenti parlamentari tra teorie sulla suovaritá e domestica giurisdizione, RDP, p. 424 y ss.)" (T.S.J, Sala Contenciosa, Sent. 50/1996 "González c/...", punto 6.9., Sentencia 43/2001, Franceschi... , );

LAS COSTAS DEL JUICIO.

Atento la naturaleza de la presente causa y la particularidad de la cuestión suscitada, las costas deberán ser soportadas por el orden causado (art. 130 del C.P.C.C.).

Así votamos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI, HUGO ALFREDO LAFRANCONI, DOMINGO JUAN SESIN, LUIS ENRIQUE RUBIO, ARMANDO SEGUNDO ANDRUET Y ÁNGEL ANTONIO GUTIEZ, DIJERON:

CORRESPONDE: I. HACER LUGAR al conflicto interno municipal planteado por el Dr. Luis Cordeiro Pinto, en su carácter de apoderado del Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Allende, de conformidad a los fundamentos vertidos precedentemente y, en consecuencia, declarar la no vigencia e inaplicabilidad de la Ordenanza 02/03 y del Decreto 85/03 dictados por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Allende.

II. Imponer las costas por el orden causado (art. 130 del C.P.C.C.).

Por el resultado de los votos emitidos, el Tribunal Superior de Justicia, en pleno, RESUELVE:

I. HACER LUGAR al conflicto interno municipal planteado por el Dr. Luis Cordeiro Pinto, en su carácter de apoderado del Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Allende, de conformidad a los fundamentos vertidos precedentemente y, en consecuencia, declarar la no vigencia e inaplicabilidad de la Ordenanza 02/03 y del Decreto 85/03 dictados por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Allende.

II. Imponer las costas por el orden causado (art. 130 del C.P.C.C.).

Protocolícese, hágase saber y dese copia.

Fdo.: Doctores Aída Lucía Teresa Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli, Hugo Alfredo Lafranconi, Domingo Juan Sesin, Luis Enrique Rubio, Armando Segundo Andruet y Ángel Antonio Gutiez