Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-25


--- Trelew, 25 de abril de 2.008.- --- Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por el actor a fojas 179, contra la resolución de fojas 174/175 vta., memorial de agravios de fs. 185/186, y CONSIDERANDO: - --- I.- Se agravió el apelante sosteniendo, en lo fundamental, que la vía administrativa tiene sentido cuando lo que se intenta es que el Estado revea decisiones con consecuencias lesivas, mas no cuando, como en el caso, esas consecuencias ya se produjeron y no existe un procedimiento administrativo razonable que lo revoque. --- Afirmó que a favor de la coherencia se debe dejar de lado la interposición obligatoria de un reclamo administrativo previo, ya que no constituye un recaudo de admisibilidad de la pretensión procesal judicial de reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el demandado. Se quejó con base en que fue invocada la aplicación de una norma que da de plano con el inc. 9 del art. 18 y el art. 98 de la Constitución Provincial que le quita los privilegios al Estado. Alegó que la Administración carece de una organización adecuada para la justipreciación de la prueba que supone evaluar los daños y perjuicios producidos por hechos que encierran su pretensión. -- II.- El actor reclamó en su demanda por el daño moral ocasionado por supuestas manifestaciones del titular del Poder Ejecutivo Provincial. De lo expuesto se concluye que el vínculo invocado por el demandante se encuentra regulado por normas propias del derecho civil, que, a la vez, por ser del tipo de leyes cuya sanción le corresponde al Congreso Nacional y conformar la legislación de fondo que rige para todo el país, es parte del denominado "derecho común" (art. 75, inc. 12 Constitución Nacional; confr.: S.T.J.Ch., N° 04/S.R.E./ 99; Edmekdjian, "Análisis Pedagógico de la Constitución Nacional", ed. 1996, pág. 142; Segovia, "Atribuciones del Congreso Argentino", ed. 1986, pág. 179 y sigtes.). - Le es aplicable al presente caso la Ley de Procedimiento Administrativo vigente en la Provincia del Chubut, esto es la ley N° 920 y siendo que el artículo 138 de la ley N° 920 establece que: "La reclamación en vía administrativa será requisito previo al ejercicio de toda clase de acciones fundadas en el derecho común contra la Provincia y los entes autárquicos de los cuales ella sea responsable", se habrá de confirmar la resolución apelada. A diferencia de lo que sostiene el apelante, la reclamación previa en sede administrativa no constituye un ritualismo inútil, innecesario y no vinculante. Ella, enseñaba Bartolomé Fiorini, "tiene contenido si sustenta el objeto práctico de evitar un litigio. En este supuesto la reclamación previa cumple una función jurídica, presentándose como una instancia procesal previa administrativa. Esta razón de la reclamación será justa y eficaz sin que pueda calificársela de prerrogativa de la administración pública. Todo sujeto correcto evita el litigio cuando adquiere conocimiento de su responsabilidad. El honesto deudor reconoce la deuda y evita el pleito. Esta conducta, en el buen quehacer individual, adquiere mayor jerarquía en las actividades de la administración pública. No puede concebirse una administración chicanera y reacia a reconocer justicia a los reclamos de los particulares", para concluir luego el recordado maestro que "hay razón y ética para la institución del reclamo administrativo previo. No es privilegio, es razón; no es trato desigual, hay justicia" (confr.: Fiorini, "Manual de derecho administrativo", La Ley 1.968, II-1.076/1.077). Todo ordenamiento ritual prescribe recaudos que deben cumplirse para el acceso a la jurisdicción, desde el pago de las tasas de justicia -de las que dicho sea de paso las leyes también eximen al Estado- como de ciertas condiciones de capacidad, legitimación, y hasta actuaciones previas, algunas de las cuales no sólo hacen a la admisibilidad, sino a la propia fundabilidad de las pretensiones. -- La mera circunstancia de exigir un procedimiento administrativo previo a la demanda judicial no es per se inconstitucional; en tanto y en cuando no sea irrazonable y no importe una privación de la justicia, parece y resulta coherente con la finalidad de evitar el conflicto. Consagrar este reclamo no implica cercenar un derecho, sino abrir una nueva alternativa, ampliar el "menú de oportunidades" frente a la única variable de la contienda judicial. Pero en esta hipótesis la Corte Federal exige, para la validez constitucional del procedimiento, que el ejercicio de función jurisdiccional por organismos no judiciales quede sujeto a control judicial suficiente; más concretamente, que por lo menos una vez sea posible recurrir de sus decisiones ante un tribunal judicial (conf.: Germán J. Bidart Campos, "El derecho a la Jurisdicción en Argentina", ED 11, pág. 956). Consecuentemente, si la norma en análisis no impide la vía judicial sino que la condiciona, ella luce ajustada a la tendencia doctrinaria y legislativa señaladas y desde este aspecto entonces no puede entenderse que vulnere el derecho a la jurisdicción. -- Este Cuerpo ya se pronunció sobre la cuestión cuando, con invocación de un pronunciamiento de la Corte Nacional (C.S.J.N., 22/11/79, Consid. 7mo., L.L., 1980-A-143), se dijo: "que la reclamación administrativa previa establecida por el legislador lo es como requisito de la exigibilidad judicial del derecho pero no constituye la génesis del mismo, por lo que no debe confundirse el nacimiento del derecho con los requisitos a que se supedite en caso específico su planteamiento jurisdiccional" (S.D.C. 08/00, C.15.394) y en la misma sentencia: "la manda constitucional (del art. 98 de la Constitución Provincial) se refiere a la "autorización previa" del estado y sin "privilegio alguno" para poder ser demandado y el trámite previo de la Ley 920 no está dispuesto para que se conceda autorización para demandar al estado provincial o le concede privilegio alguno, sino, como se lo ha entendido por la Corte Nacional...es una tramitación atinente a la exigibilidad judicial del derecho que se tiene y reclama". --- Así, una mediación, conciliación o reclamación previa, que puede conducir a evitar el pleito en beneficio del particular que podría ver satisfechos sus intereses o pretensiones en menor tiempo y con menor costo, y del mismo Estado, que podría reconocerlas sin carga de gastos para los contribuyentes en beneficio del interés general (el mismo costo del servicio de justicia recae sobre el contribuyente, al margen de la tasa de justicia), no pueden estimarse llanamente prohibidas por violencia aparente con el artículo de marras. -- III.- Atento el resultado de la apelación incoada las costas se impondrán al actor vencido (art. 68 C.P.C.C.). --- Teniendo en cuenta el resultado obtenido, importancia y eficacia de los trabajos realizados, carácter con el que actuaran, monto del juicio y demás pautas legales, se regularán los honorarios por la labor ante esta Instancia a los Dres. E. F. L. C. M. en la suma de $ 365, a cada uno y a los Dres. D. H. G. y N. L. Montaña en la cantidad de $ 220, a cada uno, con más el I.V.A. pertinente en todos los casos (arts. 6, 7, 9, 10, 14, 33 y concs. del dec.-ley 2.200). -- Por ello, la Sala "A", de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE: --- Confirmar la resolución apelada de fs. 174/175 vta. - Imponer las costas de Alzada al actor. - Regular los honorarios por los trabajos de Segunda Instancia a los Dres. E. F. L. y C. M. en la suma de $ 365, a cada uno y a los Dres. D H. G y N L. M en la cantidad de $ 220, a cada uno, con más el I.V.A. pertinente en todos los casos. - La presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haber coincidencia de opinión y hallarse vacante la restante vocalía de la Sala (art. 8, ley 1130, to. ley 4550). -- Regístrese, notifíquese y devuélvase. Fdo. CARLOS A. VELÁZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL Nº 55 DE 2008 - SIC.- CONSTE.- c.

PAULO EDUARDO KÖNIG SECRETARIO DE CAMARA