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Muerte de un menor, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, sentencia condenatoria, Corte Interamericana de Derechos Humanos, responsabilidad internacional del Estado, prueba documental, falta de atención médica, medidas urgentes, incumplimiento de resolución judicial, pueblos originarios, violación del derecho a la vida, pobreza extrema
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa c/ Paraguay s/ Supervisión de Cumplimiento de Sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2007-12-14

La Corte Interamericana se encuentra obligada a mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la Sentencia que encontró responsable a la República del Paraguay, en la que se le ordenó - entre otras obligaciones-, suministrar todos los bienes y servicios que fueran necesarios para impedir que más miembros de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa murieran por causas evitables, pues de la documentación aportada por el propio Estado resulta probada la muerte de una beba que sufría dificultades respiratorias y cuya madre no pudo acudir al hospital por no contar con medios económicos para ello.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, accidentes de trabajo, indemnización, aplicación de la ley, ley vigente, RIPTE, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: IBARRA, NORMA c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-10

En relación a los cuestionamientos de la apelante vinculados a la aplicación de la ley 26773 al caso, corresponde considerar lo expresado por este Cuerpo al pronunciarse al respecto in re "Britos", en el que se sostuvo que en "Espósito" el Supremo Tribunal de la Nación efectuó un repaso del sistema de reparación de infortunios y enfermedades laborales establecido por la ley 24557 y sus sucesivas reformas, así como de las pautas de aplicación temporal consagradas en cada una de las normativas, para concluir que las precisas reglas emanadas del juego armónico de los artículos 8 y 17.6 y 17.5 de la ley 26773, establecen que el reajuste mediante índice RIPTE de los importes de las prestaciones de sumas fijas y pisos mínimos reajustados se aplicarán a las contingencias futuras, es decir, accidentes acontecidos o enfermedades manifestadas con posterioridad a la publicación del referido régimen legal; por lo que cualquier hermeneusis que conlleve a la aplicación del RIPTE frente a infortunios acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de aquella ley carecería de razonabilidad y logicidad en los términos de "Espósito", criterio que corresponde aplicar no sólo en razón de la seguridad jurídica y el respeto institucional que infunden las decisiones de la Corte nacional, sino porque en el caso concreto, el Máximo Tribunal ha decidido la causa de manera directa, fijando para este caso la solución que indefectiblemente se debe acatar. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhieren los Dres. Casella Lanteri, Chapero, Mana y Dalla Fontana) - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 339:781; CSJStaFe: Britos, AyS T 275, p 346/356. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 24557 y 24773, artículos 8, 17.5 y 17.6. - Jurisprudencia concordante con Gatti, AyS T 294, p 422/429, sumario J045589.
Pena privativa de la libertad, prisión perpetua, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: LAZARO, ALEJANDRO JOSE c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-21

Sin perjuicio de que no puede soslayarse que la pena privativa de libertad si fuera "realmente perpetua" lesionaría la intangibilidad de la persona humana -en razón de que generaría graves trastornos de la personalidad-, y resultaría incompatible con la prohibición de toda especie de tormento consagrada en el artículo 18 de la Constitución nacional, lo cierto es que en el caso no se ha demostrado que la pena impuesta al recurrente presente tales características, por cuanto el condenado cuenta con la posibilidad de acceder a la libertad condicional y antes, al régimen de semilibertad y de salidas transitorias previsto en la ley 24660, dado que no se trata de un supuesto en que tales beneficios se encuentran restringidos. De este modo, no es perpetua en sentido estricto, sino relativamente indeterminada, pues tiene un tiempo límite si el condenado cumple con los recaudos de la libertad condicional y, por tanto, no se trata de una pena en sí misma inconstitucional.
Leyes, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Reynaldo Benito Bignone c/  s/ CS c/  s/ CS c/  s/ S/INCIDENTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-21

Tratándose de leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, la presunción de legitimidad de que gozan operan plenamente, correspondiendo, en consecuencia, pronunciarse en favor de su validez aún en aquellos supuestos en que medie una duda razonable acerca de ella.
Violencia familiar, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C.,R.M. s/ PROTECCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30

El marco de actuación que establece la ley 24.417, para el tratamiento jurisdiccional de los episodios de violencia familiar, no debe ser desnaturalizado con planteos y trámites que exceden notoriamente el limitado marco procedimental fijado para la adopción de medidas urgentes, tendientes a la enervación de la situación de crisis denunciada ante los estrados judiciales. De ahí, que no es a través del acotado ámbito del referido proceso donde puede modificarse inaudita parte, el ejercicio de la tenencia de un menor, que ha sido otorgada por acuerdo homologado judicialmente.
Medidas cautelares, embargo preventivo, presunciones
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO NACION ARGENTINA c/ DAVANCENS LUIS ESTEBAN s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-02

El embargo preventivo procede cuando se dan y justifican sus presupuestos sin prescindencia de ninguno de ellos y sin admitirse presunciones sobre su existencia.
Agravantes de la pena, prueba, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Montoya, Pedro Eduardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-12

La disidencia parcial sostuvo que el grado de participación que en la sentencia se les adjudicó a las imputadas y a la aplicación de la agravante prevista en el inciso 2º del artículo 145 bis del CP, dadas las especiales circunstancias comprobadas en la causa, no se advierten defectos de logicidad del decisorio ni transgresiones al correcto razonamiento que pudieran dar sustento a los argumentos invocados, en tanto la resolución ha sido sustentada razonablemente. (Dres. Slokar, Figueroa -voto concurrente-, Ledesma -disidencia parcial-).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, prestación de servicios, normas de seguridad, servicios de vigilancia, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Zurich Argentina Compañía de Seguros SA c/ Aipaa SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

Aparece inexorable atribuirle responsabilidad por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual a la empresa de seguridad demandada. Ello por cuanto, del informe presentado por el licenciado de seguridad se señala que los custodios de la mercadería robada, no reunían los requisitos que debía prestar un empleado armado y ninguno de los mencionados cumplía con la normativa en vigencia ("ley 1913 y sus decretos reglamentarios y cc. de CABA ni con la ley 12297 y sus decretos reglamentarios y cc. de la Provincia de Buenos Aires..."); tampoco tenían a la fecha del robo los requisitos exigidos por la normativa en vigencia, en tanto no tenían vigentes las credenciales otorgadas por el RENAR (CLU y portación y tenencia de armas).
Alimentos, derechos y obligaciones de los padres
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VIZOSO, MONICA ADRIANA c/ MURATORE FILIPPA, HECTOR SEBASTIAN s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-04-04

La obligación de contribuir a los alimentos y educación de los hijos pesa sobre ambos progenitores en proporción a sus ingresos. Estando éstos separados, la obligación subsiste, debiéndose tener en cuenta los bienes que tiene cada progenitor.
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Reynoso, Edgardo Reinaldo c/ Borzi, Celia Telma. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-10

Cuando las partes consideren que las vías previstas en el ordenamiento local han quedado, para el caso concreto, terminadas con la intervención de las instancias inferiores a la del órgano judicial supremo de la provincia, deberán exponer las razones pertinentes al interponer el recurso extraordinario, cuya concesión o denegación habrá de fundamentar, también en este aspecto, el tribunal de la causa.
Competencia civil y comercial federal, ejecución del contrato, SIDE, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SICHEL   GERARDO   FEDERICO c/ ESTADO  NACIONAL  SECRETARIA  DEINTELIGENCIA S/ s/ UMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

El actor inicia demanda a fin de obtener que se ordene a la Secretaría de Inteligencia del Estado Nacional dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el acta convenio celebrada entre las partes y, asimismo, una indemnización del daño que le habría causado la actitud de la demandada. Teniendo en cuenta el art. 5 del Código Procesal que dispone expresamente que la competencia se determina por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado (conf. esta Cámara, Sala II, causa 13.531/02 del 13.3.07), así como la naturaleza de las relaciones jurídicas involucradas, las normas que se aplicarán para resolver la controversia y las que cita el actor para fundar su derecho, cabe concluir que la pretensión jurídica de las presentes actuaciones está regida prima facie por principios y normas de derecho común y no se desenvuelve en la órbita del derecho administrativo y, por ende, el criterio adoptado por el magistrado para rechazar la excepción de incompetencia, ha sido correcto.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, reglas para dictar sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA- c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Furgiuele, Pedro Mauricio y otro s/ presunta comisión de delito'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Todo pronunciamiento judicial debe atender a las circunstancias existentes al tiempo de la decisión que se emite aunque éstas sean sobrevinientes a la articulación del recurso. Del voto de la jueza Ana María Conde.
Tasas de interés, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: Barría, Claudia c/ Provaco S.A. y Prozorovich, Gustavo y-o Prozorovich, Ofelia s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-09

La tasa activa expresa el precio que por el uso del dinero ajeno impera en el mercado crediticio y tales intereses constituyen la compensación del acreedor por la privación temporaria del capital.

Se trata de la indisponibilidad del capital propio que su deudor no satisfizo temporáneamente.
Simulación, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rosi, Hugo c/ Hidalgo, Mirta s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-03

A los fines de la prescripción, el plazo previsto por el art. 4030 del C.C. segunda parte, debe computarse desde que el interesado hubiese intentado desconocer el acto simulado, o bien en sentido inverso desde que hubiese sostenido que se trataba de un acto simulado y se oponía a él.-
Prueba pericial, prueba de informes, perito médico, médico forense, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Galli Arturo Fabricio c/ Swiss Medical ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-12

En el caso, no corresponde apartarse del dictamen del perito médico designado, puesto que aun siguiendo la versión vertida por médico forense -que la tibia consolidó en eje y no en deseje-, el baremo previsto por el decreto 659/96 prevé de todas maneras los siguientes porcentajes a tenerse en cuenta: Fractura de tibia y/o peroné consolidada en eje 5-15%; Fractura de tibia y/o peroné consolidada en deseje (angulada o rotada) 10-20 %. Entonces, si tomamos la primera hipótesis que es la señalada por el forense, se prevé entre un 5 y un 15 %, y bajo dicha tesitura, otorgar un 15 % como lo estableció el perito, no solo que está dentro de la escala sino que además resulta razonable teniendo en cuenta las particularidades fácticas acontecidas (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Honorarios del abogado, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dirección de Personas Jurídicas CALP c/ Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda. s/ Intervención
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Si los recurrentes no manifiestan si apelan por altas o por bajas las regulaciones practicadas, ello impide a la Cámara conocer la medida del supuesto agravio causado.
Tasas de interés, ley especial, tasa activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SUAREZ ALVAREZ, CARLOS c/ COLLADO RAFAEL s/ EJECUTIVO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-11-21

La cuestión de la tasa aplicable a los casos de condenas dinerarias dictadas por los tribunales de la provincia de san juan, se rige en principio por lo dispuesto en la ley provincial 4119 que es, para el ámbito local, la "ley especial" a la que remite el art. 622 del Código civil. Por tanto al disponerse en ella la aplicabilidad por los jueces provinciales del "tipo de interés vigente para las operaciones comunes de descuentos que establezca el banco de la nación argentina en su sucursal san juan ha estatuido, con fuerza de ley, para el ámbito provincial la vigencia de la llamada "tasa activa"
Despido, despido por falta o disminución de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ARGAÑARAZ, LUIS c/ LUIS MINUZZI  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

El principio de conservación del contrato de trabajo, art. 10 de la LCT, justifica una interpretación restringida del art. 247 LCT.

En tal sentido resulta necesario que la empresa demuestre la perdurabilidad de la falta de trabajo, toda vez que ante un colapso temporario de ventas, pudo haber acudido a medidas menos agraviantes, tales como la suspensión de la relación laboral, art.

221 LCT.
Locación, falta de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: WILKE CARLOS J.O.O. c/ DOMINGO C. BUSTOS Y OTROS s/ PREPARA VIA EJECUTIVA - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-06-15

Si la obligación en trance de ejecución forzada es anterior a la ley 8067. La circunstancia de que el juicio se iniciara con motivo de mercedes locativas devengadas luego de la vigencia de la ley, desde esa fecha sólo se produjo el vencimiento de plazos que condicionaban la exigibilidad de las distintas cuotas en que por virtud del contrato se fraccionó la obligación de pagar el precio de la locación que pesaba sobre el inquilino, y por extensión sobre los fiadores solidarios. Pero siempre respecto a una misma y única relación jurídica que, conforme a las enseñanzas que proporciona la Ciencia del Derecho, debe reputarse existente desde el momento en que se verifico el hecho jurídico que le servía de fuente constitutiva.

Es evidente que la ley procura tutelar a los acreedores que contrataron con sus deudores antes de la consagración legal de la inembargabilidad de la vivienda única: amparo que ciertamente no seria completo si no abarcara la totalidad de los derechos que resulten a favor de aquéllos como consecuencia del contrato, toda vez que la plena embargabilidad de la vivienda entonces vigente configuró uno de los presupuestos que los movieron a vincularse jurídicamente con los correspondientes titulares.

Así, la confianza infundida en el locador por la situación patrimonial que exhibía el fiador al tiempo de celebrarse la convención, no puede ser burlada mediante una suerte de aplicación retroactiva de la nueva ley que importaría modificar el estado de cosas en vista del cual se decidió a arrendar un inmueble de su propiedad.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-03

El conflicto entre la libertad de prensa (latu sensu) y el derecho a la intimidad, al honor y a la imagen, no puede recibir una solución abstracta y válida para todos los supuestos, porque existen hipótesis en las que el derecho a la privacidad debe ceder ante los intereses generales y otras en las que el derecho de expresar las ideas sin censura previa reconoce legítimas limitaciones: cabiendo destacar que las formas de la libertad de expresión son muy diversas en cuanto a los medios (prensa, radiodifusión, televisión, informática, etc.),su sustancia (crítica, información, creación artística, reproducción de imágenes, humor, sátira, pornografía, etc ), y la finalidad perseguida.

Dada la riqueza de matices de la realidad, la solución de los conflictos particulares requiere, de modo imprescindible, el análisis cuidadoso de caso por caso. Y esa es precisamente la tarea de los jueces, únicos habilitados para revisar la razonabilidad, en cada caso, de las soluciones.
Tratados internacionales, Constitución Nacional, jerarquía de las leyes
Materia: CIVIL
Carátula: Méndez Valles, Fernando c/ A.M. Pescio SCA. s/ ejecución de alquileres.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

Los tratados que han sido integrados al texto de la Carta Magna deben ser considerados de una jerarquía superior frente a los que resulten incorporados a la legislación en vigor - ya sean de derecho público o privado - por aplicación del mecanismo establecido por la Constitución al respecto (arts. 99, inc. 11 y 75, inc. 22 y sgtes.) (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Notificación tácita, retiro del expediente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUIZ DE OVEJERO GRISELDA DEL JESUS c/ DIRECCION DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-02

El retiro del expediente en préstamo por el litigante o su apoderado implica una notificación tácita de todo lo actuado, pues se presume que adquiere un conocimiento directo de todos los actos en él cumplidos.
Honorarios del abogado, aportes previsionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Natta, Pablo Héctor Enrique s/ Preparación vía ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

La inexistencia de derecho alguno a obtener una regulación judicial de honorarios, lleva implícita la correlativa imposibilidad de determinar el aporte previsional previsto por el régimen arancelario local (ley 6716 t.o. dec. 4771/96). Es que, del análisis del citado dispositivo legal, se advierte la innegable interdependencia que existe entre el honorario regulado judicialmente y el aporte correspondiente, a punto tal, que no resulta ni lógico ni posible, establecer éste último al margen de aquél.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Marzi de Labayru, Teodolinda c/ Caja de Previsión Social Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

La salvedad alimentaria a que se refiere el art. 67 bis incorporado a la ley 2393, por la ley 17.711, resguarda una obligación cuya subsistencia no está alcanzada por la culpa. La reserva vale como el reconocimiento de una obligación preexistente de carácter legal, por lo que el derecho a pensión debe reconocerse por el carácter sustitutivo que asumen las pensiones con relación al deber alimentario.
Administración Pública, legítimo abono
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: H.S. Informática S.R.L. c/ Municipalidad de Pilar s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-06

Se ha supeditado la validez de los contratos públicos al cumplimiento estricto de los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación, lo que justifica, como contrapartida, una mayor estrictez a la hora de admitir reclamos basados en la realización de prestaciones efectuadas al margen de los procedimientos reglados de la contratación administrativa -práctica usualmente escudada bajo el concepto del "legítimo abono"-, de modo de no trocar en regla aquello que, por esencia, debe ser un temperamento de excepción y para evitar la convalidación de hechos consumados al margen de la juridicidad, normalmente asociados a prácticas contrarias a un elemental criterio de transparencia en el manejo de los asuntos públicos (doctor DE LAZZARI, sin disidencia).
Habeas corpus, resoluciones recurribles
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Peralta, Hugo Alberto s/ HABEAS CORPUS-CONSULTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-03-25

La cuestión planteada no se encuadra en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 32 de la Ley 8369, específicamente en el inciso b), advirtiéndose que el actor no denuncia un acto, hecho u omisión que implique un menoscabo irregular o ilegítimo de la libertad ambulatoria o de las condiciones de detención sino que, por derivarse de una detención dispuesta por una autoridad judicial competente, concretamente el Juez Penal de Menores de Gualeguaychú, le corresponderá al mismo entender y resolver los planteamientos que por tal detención pueden deducirse, debiendo hacer uso el interesado de los remedios procedimentales idóneos que el ordenamiento adjetivo pone a disposición sin necesidad de recurrir a esta acción excepcional y extraordinaria, resultando la decisión adoptada técnica y formalmente ajustada a derecho, imponiéndose su confirmación.
Recurso de casación penal, juez de ejecución, control de constitucionalidad, cómputo de la pena, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rochieri, Eduardo Francisco s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-26

La decisión recurrida referida a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 24 del Código Penal, fue resuelta por el magistrado en el marco de una incidencia planteada por la defensa en una causa concreta, y cuya decisión será sustancialmente decisiva en oportunidad de analizar la viabilidad de ciertos institutos que como juez de ejecución puede conceder, por lo que no puede negarse su facultad para disponer la realización de un nuevo cómputo de pena, con arreglo a su interpretación de las normas que resultaban aplicables al caso, con prescindencia de la acreditación de los requisitos previstos por el art. 504 del C.P.P.N., los cuales no pueden erigirse como un obstáculo para que el juez de ejecución interprete debidamente las normas aplicables al caso sometido a su jurisdicción, ejerciendo su legítima facultad de declarar inconstitucional una norma, para así proceder a la modificación de un cómputo de pena basado en su errónea interpretación por lo que corresponde el rechazo del recurso de casación interpuesto por el señor Fiscal. (Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, según su voto).