marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Incidentes, costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: BARTUSCH Y ZUBAK S.R.L. c/ PAMICH JORDANO s/ COBRO EJECUTIVO S/INCIDENTE DE ELEVACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-04-29

Tratándose de un incidente y no existiendo cuestión dudosa de derecho que haga viable la eximición de costas al vencido, corresponde que las mismas sean impuestas al incidentado perdidoso. La falta de oposición no es eximente de las costas, como tampoco implica allanamiento, pues debe recordarse que para que se configure el mismo como excepción al principio que rige en la materia de costas, deben darse los supuestos del art.70 incisos 1 y 2 del CPCC. *** CPC Q 000912 1975 12 26 0070 000 0000 000 *** CPC Q 000912 1975 12 26 0070 000 0000 000
Subasta judicial, acreedor hipotecario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Citibank N. A. c/ Arias, Pedro s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

Debe autorizarse el pedido a licitar en la subasta por parte del acreedor hipotecario, condicionado a que no existan acreedores con mejor privilegio, en cuyo caso el acreedor-comprador deberá desinteresarlos y de no ser así la subasta quedará sin efecto.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procesos de ejecución, juicio ejecutivo, subasta, bienes inmuebles, expensas comunes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MANSBACH  FEDERICA c/ CEDRES  DE  PEEZ MARIA CRISTINA Y OTRO s/ EJECUCION HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29

1 - Ante la insuficiencia en el producido del bien, nada obsta a que el consorcio acreedor intente el cobro de la deuda por expensas frente al adquirente del bien, en virtud de lo normado por el artículo 17 de la Ley 13512. La citada norma y la del artículo 3266 del Código Civil, son inequívocas y terminantes al reconocer aptitud reipersecutoria al crédito del consorcio, pues la obligación de tal causa "sigue siempre al dominio" de los inmuebles.

2 - Resulta claro que por efecto de esa aptitud legalmente asignada, generada en una deuda "por" la cosa cuando esta era de propiedad de cierto sujeto, el consorcio tiene derecho a perseguir al sucesor de ese sujeto para el pago de esa obligación que "siguió al dominio" de esa cosa. De otro lado, al establecer la ley 13512 en su artículo 17, que la obligación por expensas "sigue siempre al dominio de propiedad horizontal" cabe precisar que el adverbio "siempre" utilizado en dicha norma se presenta como "totalizador" en el sentido de que la aptitud reipersecutoria del crédito por expensas opera en todo tiempo y en toda ocasión, lo cual incluye a las ventas forzadas. (cfr.

en igual sentido CNCom., Sala D, 13-07-01 in re "Ferrer Cañete, Miguel s/ quiebra s/ inc. de subasta").

3 - Cabe destacar que el aludido adquirente tuvo conocimiento de las sumas que por expensas comunes se adeudaban en el inmueble adquirido, conforme se desprende de las publicaciones de edictos que por otra parte dejaron expresa constancia de que se eximía sólo "del pago de impuestos, y tasas que graven al inmueble.." hasta la fecha de posesión. En tal contexto, no puede el adquirente alegar el desconocimiento de la misma a los fines de invocar una supuesta turbación en el derecho de propiedad por él adquirido.
Decretos, personal de planta permanente, revocación del acto administrativo nulo, acción de lesividad, acción de amparo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: PALACIOS, SARA NORA c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-08-24

Ante un acto administrativo nulo que ha generado derechos subjetivos, surge incontrovertible el principio de que la administración no pude obviar para su revocación por vía de nulidad, la participación esencial de la jurisdicción judicial por medio de la acción de lesividad.

Existiría la posibilidad para que la Administración revoque en su propia sede por razones de ilegitimidad, actos administrativos firmes y consentidos que han generado derechos subjetivos, pero tales supuestos de por sí excepcionales deben reconocer dos límites precisos; primero y como consecuencia de la garantía del debido proceso adjetivo, permitir el derecho del administrado a tomar noticia, ser oído, producir prueba, para resolverse la cuestión por decisión fundada considerando sus razones y argumentos; segundo, es al Estado dentro de ese proceso regular a quien le cabe la carga de probar el conocimiento previo del administrado sobre el vicio que la administración alega como invalidante del acto que pretende revocar, y todo ello con anterioridad a la expresión concreta de la voluntad revocatoria.

En el caso, no surgiendo de autos constancia alguna que haga vislumbrar el cumplimiento de los presupuestos aludidos y en atención al principio constitucional del debido proceso, corresponde hacer lugar a la acción de amparo intentada, ordenando la restitución de la actora a la situación laboral de la que fuera privada por el acto administrativo que se impugna-Decreto que revoca a otro que dispuso su incorporación como personal de planta permanente -.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Cía. Financiera del Chubut S.A. c/ Minera Continental Argentina S.a. s/ Ejecución Prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1983-07-14

De acuerdo con reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tales recursos -recurso de queja- difieren de las apelaciones concedidas, en cuanto en los primeros debe debatirse sólo la procedencia de la instancia de alzada, en tanto que en las segundas es objeto de la labor profesional también el fondo del pleito, por lo que en la regulación a practicar en los recursos de queja improcedentes no rige el articulado de la Ley de Aranceles, sin perjuicio de que se lo tenga en cuenta a los efectos de la determinación proporcionada del monto a pagar.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, caducidad de instancia, expropiación
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ QUIEN    RESULTE   PROPIETARIO  DE  LA  FINCA  CALLE  TEJEDOR  147/55 s/ CADUCIDAD  DE  LA  INSTANCIA  - EXPROPIACION - SENTENCIA DEFINITIVA -  EXCESO RITUAL MANIFIESTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-24

Incurre en un excesivo rigor formal el pronunciamiento que, del modo en que hizo aplicación del art. 30 de la ley 21.499, desatendió las especiales circunstancias que se suscitaron en el caso, ya que cuando aún guardaba jurisdicción para disponer la reactivación del trámite, la litis ya se encontraba trabada, con toma de posesión del inmueble por el expropiante y, restando sólo dilucidar el monto indemnizatorio, la situación procesal encuadraba dentro de los presupuestos establecidos en la norma citada, la cual en ese caso veda la posibilidad de disponer la caducidad de instancia.
Derecho laboral, asociaciones profesionales de trabajadores, resoluciones generales, encuadramiento sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social  c/ Centro de Empleados de Comercio de Río Grande  s/ ley de asociaciones sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-04

El Centro de Empleados de Comercio de Río Grande Provincia de Tierra del Fuego apela frente a la Resolución dictada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad de la Nación que amplió con carácter de inscripción gremial el ámbito de actuación del Sindicato de Obreros de Maestranza para agrupar a trabajadores no jerárquicos que presten servicios en relación de dependencia en empresas cuya actividad principal consistía en la realización de tareas de limpieza y mantenimiento, con zonas de actuación en las ciudades de Ushuaia y Río Grande. La recurrente centra su queja en que la actividad de la administración versó en un aparente control de legalidad de los formularios presentados por la entidad con simple inscripción gremial, verificándose irregularidades. Pide sea declarada la nulidad de la resolución cuestionada. Cierto es que no es posible predicar la existencia de agravio toda vez que cuando se trata de la obtención de la declaración de simple inscripción por el Ministerio de Trabajo, el proceso administrativo establecido a tal fin no resulta un trámite bilateral o contencioso. Toda vez que la recurrente no ha logrado justificar cual sería el hecho concreto que, desde la admisión que cuestiona lesiona sus derechos o se constituye en un agravio susceptible de reparación no corresponde admitir la queja. En consecuencia, se rechaza el recurso intentado. (Del voto del Dr.Perugini, en mayoría).
Tasa de justicia, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mantar SACIFIA. c/ Chaia, Alberto E. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-29

Considerándose la norma del artº 250 de la ley 10397 que el aumento del valor nominal del monto del juicio como consecuencia del reajuste por la depreciación monetaria habida con posterioridad a la iniciación del mismo, y por cuya diferencia no corresponde pagar la tasa retribuida; y si por el contrario aquélla es contemplada desde un momento anterior a la promoción del proceso, por ese mayor valor debe tributarse el impuesto correspondiente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Robo, fuerza física irresistible, auto de procesamiento, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SANCHEZ, Luis Angel y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-01-07

Para que la privación de la libertad se integre en la violencia del robo de un modo formal, aquella tiene que hacerse padecer a la víctima únicamente el tiempo necesario para que el ladrón logre los objetivos mencionados. En estas condiciones la privación ilegal de la libertad queda como "hecho típico acompañante", esto es, como comprendido en las violencias del robo (*).

Si la privación ilegal que padecieron las víctimas, al permanecer maniatadas en el lugar del hecho por espacio de escasos minutos, sólo habría tenido la finalidad de lograr la consumación del desapoderamiento del patrimonio ajeno concretado, forma parte de la violación del robo, y debe homologarse el procesamiento dictado en orden al delito previsto en el art. 164 del C.P.
Declaración indagatoria, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Castellano, Eduardo Aníbal s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-15

La nulidad prevista en el art. 128 del Código de Procedimiento Penal no sólo desplaza el contenido probatorio de la indagatoria -la confesión- sino también el propio acto procesal de la indagatoria como tal y ello impone anular también "todo lo actuado en consecuencia" de la indagatoria en tanto la misma constituye un paso esencial del proceso (no así, por ejemplo, pruebas que pudieran incorporarse antes o después de la indagatoria, etc).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), multa, categoría laboral, prueba pericial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HERRERA VERGARA, DARIO ROGELIO c/ MELIAN, MARIA GLADIS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-16

En relación a la multa del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo rechazo fuera confirmado por la Alzada, la quejosa sostiene que está claro que la perito constató la inexistencia de transferencias patronales a los organismos Seguridad Social y Sindicales y que poco importa que el trabajador haya sido Vendedor B o Maestranza A; sin embargo, desde su óptica no logra desvirtuar lo sentenciado en la Cámara, en cuanto a que la perito laboró en relación a los importes que podría haber percibido, como los que deberían haberle sido retenidos, pero la idónea sostuvo que la categoría de vendedor B era la denunciada por el trabajador y de ella surgen los importes y montos posteriormente expuestos en su presentación, por lo que todo el andamiaje explicitado se sustenta en la eventual procedencia de aquélla. (De la ampliación de fundamentos de los Dres. Falistocco, Spuler y Gutiérrez) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 132 bis
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis
Materia: PROCESAL
Carátula: M.O., H.V. c/ B.A.E. SA s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-04

Es conveniente que los Tribunales de Primera Instancia Laboral de la Provincia, en lo sucesivo, procedan a hacer aplicación irrestricta de lo dispuesto en el art. 15 de la Ley Nro. 69, respetando armónicamente la disposición contenida en la última parte del art. 4to. la Ley arancelaria local.
Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, nulidad del acto administrativo, integración del tribunal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Varela Hermín, Julio César c/ C.P.A.C.F.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

Las normas particulares que regulan el modo de actuación del Tribunal de Disciplina exigen que en las decisiones de sus Salas intervenga la totalidad de miembros que las integran. En la medida que la decisión en recurso fue suscripta tan sólo por cuatro (4) de los cinco (5) miembros que integran la Sala III del Tribunal de Disciplina, y no habiéndose dejado constancia de las causas que obstaron a su debida integración en los términos del art. 109 del R.J.N., corresponde declarar la nulidad del fallo recurrido (ver Sala III, in re "Rimoldi de Landman, Eve y Otros", del 22/5/90, LL.

1990-C, pág. 532) por aplicación analógica de la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que invalida las resoluciones emitidas por los tribunales judiciales sin su debida integración (confr. Fallos: 156:283; 223:486; 233:111;

312:139; "Vanney c/ Huarte", del 3/5/94; entre otros).
Derecho penal, jurisdicción y competencia, falsificación de documentos, competencia penal, competencia criminal y correccional, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Sarabia, Rodrigo Alejandro c/  s/ s/ 292 1° párr. - falsificación de documento público y privado s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-16

Corresponde declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional si no está bajo discusión que el documento que es objeto de investigación penal por presunta falsificación o uso, en los términos de los artículos 292 y ss. del Código Penal, aparenta haber sido expedidos por una autoridad de la localidad de la Provincia de Buenos Aires. Ello así, en tanto el último convenio de transferencia de competencias (ley nacional n° 26702 y ley local n° 5935) limita la jurisdicción de la Ciudad para intervenir en causas de falsificación a los casos en los que los documentos fueran "emitidos, o cuya competencia para emitirlos sea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (punto tercero del convenio de transferencia anexo a la ley n° 26702). (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Interpretación de la ley, fuerzas de seguridad, acción penal
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: MIRANDA, Analía S. y otra s/ auto de procesamiento y prisión preventiva Causa nro. 27.219
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Una correcta hermenéutica de los artículos 188, primer párrafo, 195, 182, 183, 184 y 186 permite sostener que lo generado por las Fuerzas de Seguridad trae aparejado el impulso de la acción para provocar la intervención del Juez sin violar la máxima "en procedat judex ex oficio", imperante en el nuevo ordenamiento procesal como alternativa al requirente fiscal.
Demanda, defecto legal
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: VARGAS VICTOR c/ BRITOS MARTA Z. s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-08-31

No es indispensable la cuantificación numérica de la pretensión articulada en la demanda, en la hipótesis en que ésta versa sobre un valor, cuando la sentencia debe pronunciarse sobre dicho valor en términos coetáneos con el pronunciamiento y según las resultas de la prueba. Si bien el art. 155, inc. 2, C. de P.C. exige la expresión de "la cosa que se demanda, designada con exactitud ", no requiere exactitud numérica, bastando saber con claridad lo que se pretende, presupuesto que se satisface cuando se suministran elementos identificatorios o bases que posibilita la determinación de la extensión de lo reclamado. La excepción de defecto legal sólo procede, cuando la infracción a la observancia de alguno de los recaudos impuestos por aquella norma trae aparejada para el demandado alguna restricción a su derecho de defensa. En nuestro sistema procesal, se admite una cierta flexibilidad en la determinación de la cuantía en los procesos indemnizatorios, sin que sea necesario, por lo tanto la determinación del monto respectivo en la demanda. Puede practicar el actor algún cálculo, a título estimativo, o no efectuar ninguno, abonando o remitiendo la cuestión a las resueltas de la prueba, o incluso, a la determinación a rendirse en la etapa de ejecución de sentencia (art. 355 del C.de P.C).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gaviña, Lidia c/ Gaviña de Millán, Noemí s/ Redargución de falsedad Rivera, Inocencio Hugo c/ Municipalidad de Coronel Brandsen s/ Daños y perjuicios Juárez, Luisa c/ Jaureguiberry, Ceferino (suc.) s/ Disolución de sociedad de hecho Gabino de Capomasi, María c/ Cooperativa Agrícola 'El Arbolito Ltda.'y otros s/ Daños y perjuicios Aenelle, María c/ Erdocio, Raúl s/ Desalojo Villarreal de Vito, Lilian Carmen c/ Melo, Sergio y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15|1992-11-10|1991-06-25|1994-04-19|1995-05-03|1997-02-18

Si la alzada consideró que la expresión de agravios resultaba insuficiente, con cita de los arts.260 y 261 del C.P.C.C., es ineficaz el recurso que no rebate este aspecto esencial del pronunciamiento, ya que la circunstancia de que se hubiesen agregado fundamentos en coincidencia con la solución arribada en la sentencia apelada no implica desdecirse de la anterior declaración ni, por ende, relevar al recurrente de impugnarla debida y concretamente.
Partes del proceso, representación procesal, poder, instrumento otorgado en el extranjero, presunción juris tantum
Materia: PROCESAL
Carátula: N.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIKEN c/ HIGH TECH MEDICAL PARKS CD s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Existe una presunción juris tantum de que las actas notariales hechas en el extranjero por escribanos públicos, cumplen con sus respectivas legislaciones, además la validez de los actos otorgados en un país extranjero se rige por las leyes de ese país y no puede ser impugnada con invocación de la falta de las formas o solemnidades exigidas por nuestras leyes, y la personería invocada conforme a esos poderes otorgados en el extranjero no puede ser cuestionada -aún cuando no medie transcripción de los documentos habilitantes- mientras no se acredite que el instrumento no llena las formalidades exigidas por la ley del lugar de su otorgamiento, en razón de que la intervención del notario público hace presumir la legalidad del acto.
Recurso de inconstitucionalidad, derecho a la salud, acción de amparo, tratamiento médico, peligro en la demora
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., O. D. Y OTROS c/ INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL (IAPOS) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-14

Para descartar el peligro en la demora, los sentenciantes refirieron a que el niño lleva años recibiendo tratamiento médico cubierto por la entidad demandada para enfrentar la enfermedad que lo aqueja, incluso reconociendo prósperos resultados del mismo, afirmación que denota un notorio apartamiento de las constancias de la causa que acreditan que el paciente no tolera el tratamiento convencional y que, además, éste no es efectivo para combatir la patología pues no evita los daños que provoca la enfermedad que lo aqueja y que le ocasiona daños irreparables en su salud. (Del voto del Dr. Spuler, que hace mayoría. En disidencia: Dr. etri)
Relación de dependencia, prueba, absolución de posiciones
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez Carlos c/ Radio Imágen SA. y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-10-17

El efecto presuncional ante la falta de comparencia a la audiencia fijada apara absolver posiciones, por devenir impuesto por la ley conforme art. 116 de la ley 2383, tiene mayor fuerza de la que en contrario podría derivarse de lo pactado entre las partes, mas aún si como se viera, aquella, se encuentra corroborada por otros concretos elementos de juicio.
Testigos, idoneidad del testigo
Materia: PROCESAL
Carátula: GUICHANDUT, CARLOS c/ GUICHANDUT, BLAS s/ NULIDAD DE TESTAMENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-16

Si bien es procedente imprimir el trámite incidental a la prueba autorizada por el art. 456 del Código Procesal, ello debe entenderse tan sólo con el alcance de dar un orden a su sustanciación, pero no para reconocerle una autonomía tal que desvirtúe principios rectores de la etapa procesal en la que es planteado.

El art. 456 del Código citado limita expresamente la facultad de las partes a alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos, es decir a sus condiciones personales para ser tales. Pero sus dichos sólo podrán ser objeto de impugnaciones para que el Juez, conforme a las reglas de la sana crítica, los valore al momento de dictar sentencia.
Medidas cautelares, aislamiento social preventivo y obligatorio, coronavirus
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio de Salud de Corrientes informa sup. infracción arts. 202 y 205 del C.P.A. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2020-03-21

Corresponde decretar con carácter de medida cautelar y provisoria, de manera excepcional atendiendo a la situación de emergencia sanitaria, el aislamiento preventivo desde el dictado de la presente hasta el día 30 de marzo de 2020 inclusive sobre el edificio en el que habita, según lo informado por el comité de crisis, una persona con diagnóstico positivo de Coronavirus y tres ciudadanos que han estado en los últimos días en países considerados de riesgo epidemiológico por la O.M.S. toda vez que resulta pertinente la intervención aunque, conforme las características de los hechos narrados por el presentante, no surgen -prima facie- motivos suficientes que ameriten la utilización de facultades coercitivas, pues si bien se está ante una situación social excepcional, se hallan en plena vigencia las garantías constitucionales que velan por las libertades individuales y la inviolabilidad de la propiedad, con las limitaciones que son de público conocimiento dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial.
Recurso de apelación (procesal), recusación, peritos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: VARELA CID, E. s/ recusación Causa nro. 28.019
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-17

Esta Sala declaró inadmisible la apelación respecto de una decisión que había rechazado la recusación formulada respecto de peritos que ya se habían pronunciado, considerando que en el caso no concurría un interés directo y actual sobre el que fundar una supuesta impugnabilidad subjetiva. Tal interés es presupuesto, por otra parte, en el artículo 58 del ordenamiento formal, al supeditar la posibilidad de recusación a la concurrencia de alguno de los motivos expresados en el artículo 55 de la misma norma.