marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, cosa juzgada, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez Aranda, Jorge Ramón c/ Plan Ovalo SA de Ahorro p/f determinados y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-05

No es posible reducir la justicia de la decisión a la corrección del procedimiento del que ella se deriva. Si así fuera, nos encontraríamos frente a una concepción meramente procedural de la justicia, en la que no tendría ningún valor la calidad de la decisión final. El concepto de "decisión justa" implica, en cambio, que la decisión sea tomada en cuenta en sí misma, distinguiéndola del procedimiento del que representa el resultado y valorándola conforme a un criterio autónomo, independiente del que se utiliza para evaluar la justicia del procedimiento (conf. Taruffo, M. Simplemente la verdad, ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona- Bs. As., 2010, págs. 135/6).
Cómputo de servicios, procedimiento administrativo, resoluciones, omisiones administrativas, aplicación de la ley, vicios del acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos, revocación del acto administrativo, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CENTENO, Irma c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

Corresponde dejar sin efecto la resolución administrativa que denegó el reconocimiento de servicios basándose en la Res. 2569/81, pero sin determinar cual de sus normas se tuvo en cuenta al efecto, aspecto éste que la torna objetable pues obsta a su correcta revisión en sede judicial, lesiona el derecho de defensa y hace aplicable la jurisprudencia de la C.S.J.N. según la cual deben dejarse sin efecto las decisiones que no satisfacen, sino en forma aparente, la necesidad de raíz constitucional de ser fundadas y constituir derivación razonada del derecho aplicable (cfr. Fallos 301:1194, entre otros).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, distinta vecindad, sociedad en comandita simple
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Estancia El Jabalí c/ Buenos Aires, Provincia de s/ da$os y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

Tratándose de una sociedad en comandita constituida en la Capital Federal, con establecimiento permanente de sus negocios en territorio provincial, no cabe determinar su vecindad en atención al lugar de su domicilio estatutario a fin de establecer la competencia originaria de la Corte.
Establecimiento para menores, procesamiento, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: A., J. S. c/  s/ homicidio-internación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-26

Concluyeron que el ámbito familiar no brindaba la contención adecuada en los términos previstos por los artículos 638 y 647 del Código Civil y Comercial de la Nación y que el tiempo que llevaba internada no era irrazonable ni desproporcionado. Finalmente ordenaron que se realice un control mensual de la necesidad de la internación y, en su caso, de la posibilidad de que la joven esté a cargo de otro familiar, restando en el caso evaluar si la imputada podría obstruir la investigación, pues aún faltarían individualizar a los vecinos que residen en el mismo pasillo donde ocurrió el hecho.
Prescripción de la acción penal, plazos procesales, plazo máximo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ALVAREZ GONZALEZ, Elisa s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-04

El rechazo de la prescripción surge de no haber transcurrido el tiempo máximo de pena previsto en el delito que se le atribuye a la encausada, desde la fecha de comisión del hecho hasta la del dictado del procesamiento. (Fundamentos del Dr. Donna)
Prueba documental, autenticidad
Materia: CIVIL
Carátula: STRATICO, FABIAN EZAQUIEL. c/ FERROVIAS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-06-01

El Código Civil de Vélez no reparó significativamente en los documentos (en sentido lato) sino en cuanto encuadren en la especie denominada instrumentos, cuya nota peculiar está dada por su expresión por escrito.

Dentro de ellos, los "instrumentos públicos", caracterizados por haber sido otorgados por una persona legalmente investida de la función pública de dar autenticidad a los actos jurídicos, tienen un valor probatorio privilegiado (arts. 994 del Código Civil de Vélez y 296 del Código Civil y Comercial de la Nación).

En cambio, los "instrumentos privados" no llevan esos signos o caracteres de autenticidad, aunque su poseedor, no obstante, puede oponerlos contra el firmante, ya que poseen una presunción provisional de verdad, y corresponde al demandado negar o reconocer su firma (arts. 1026, 1028 y 1033 del Código Civil; 288 y 314 del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación).
Exenciones impositivas, impuesto a las actividades económicas, industria de la construcción, sanciones tributarias, defensa en juicio, acción de lesividad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Nabors Internacional Argentina S.R.L. c/ Provincia de Salta s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-04-27

La Dirección General de Rentas debió abstenerse de realizar la cuestionada determinación de oficio de la deuda por los períodos comprendidos en el certificado de exención tributaria -producto de la actividad de "construcción" desarrollada por la contribuyente-, antes obtener la revocación del beneficio fiscal, pues es evidente que no puede alterar a posteriori su manifestación de voluntad que produjo efectos jurídicos individuales para la contribuyente, pretendiendo el cobro del Impuesto a las Actividades Económicas, ni tampoco aplicarle sanciones por incumplimientos formales o materiales. La Resolución DGR 854/14 y el Decreto 82/17, no tenían aptitud para revocar el mentado certificado de exención con efectos retroactivos, con grave afectación del derecho de defensa de la contribuyente y, de considerar la Administración que el acto era contrario a la norma, debió instar la correspondiente acción de lesividad, el cual constituye un proceso administrativo que tiene por objeto la pretensión de un ente administrativo por la que solicita la anulación de un acto suyo al órgano judicial por ser aquél ilegítimo y lesivo a los intereses públicos.
Poder Ejecutivo, Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

Los actos políticos o de gobierno, como expresión de la actividad política (o de gobierno) son aquellos mediante los cuales los órganos supremos o constitucionales del Estado adoptan las medidas de mayor importancia, tanto de propulsión como de conservación, para la vida interna y externa de éste. Estos actos conciernen a la dirección suprema y general del Estado en su conjunto e interesan, por ello, a las exigencias vitales del mismo en su unidad institucional. De la eficacia de esta actividad, se ha dicho, depende la posibilidad de perseguir cualquier otra finalidad específica del Estado.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, régimen penitenciario
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: LAZZARO, DAVID LUIS s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

El recurso es improcedente si se advierte una distinta valoración del cumplimiento de los reglamentos por parte del agraviado.
Competencia, embargo
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: PUJATO JUAN c/ BANCO SUDECOR LITORAL COOPERATIVO LIMITADO s/ EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-03-22

Habiéndose acreditado que existe una instancia judicial abierta entre los juzgados de otra provincia con competencia en lo civil y comercial, ya se trate de embargo preventivo o ejecutivo, éste debe tramitar y ser solicitado por ante los jueces que entienden en el juicio principal, de acuerdo a lo que disponen las generalidades de los Códigos Procesales y lo consagran indiscutidos principios de orden procesal (art. 6 incs. 1ro y 4to., Cód. Procesal de la Nación y art. 11, C.P.C. y art. 5, incs. h) e i) del Cód. Procesal de Santa Fe). Si existe un juez competente avocado a la tramitación de una causa, ante él debe solicitarse o abrirse el proceso cautelar o el pedido de embargo ejecutivo, según se trate de un juicio de conocimiento o de un proceso de ejecución.-
Defensa del consumidor, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: YPF Gas S.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones -Disp. DNCI 1478/96.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-07

En el artículo 43 inciso d) de la ley 24.240 se faculta a la Secretaría de Industria y Comercio a disponer la realización de inspecciones y pericias, vinculadas con la aplicación de tal cuerpo normativo. (cons. VIII).
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, fundamentación del recurso, aplicación de la ley laboral, principios laborales, trabajador, sujetos del contrato de trabajo, silencio del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: HAIEK, ALEJANDRO JORGE GABRIEL c/ MARDOQUEO, FRANCO ALFREDO Y/O FRANCO CONSTRUCCIONES Y/O TITULAR DE LA MENCIONADA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES Y/O VENTA DE LADRILLOS, LADRILLONES, TEJUELAS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-03-10

El silencio del empleador ante el reclamo fehaciente del trabajador por incumplimientos de su parte resulta un disparador de una de las presunciones de la LCT y que surgen indubitadas en el art. 57, supuesto que se configura cuando se notifica el reclamo al momento de formalizar la demanda administrativa y su posterior silencio potencia este artículo.

La doctrina y la jurisprudencia son unánimes en cuanto al derecho protectorio del trabajo en la lectura que se hace de la LCT, estatutos, convenciones colectivas y normas supranacionales. Los indicios y presunciones SON amparados por la Constitución Nacional.- Para que el silencio acarree consecuencias, es indispensable probar la condición de empleador el art. 57 de la LCT refiere al silencio del "empleador?.
Tenencia de hijos menores, tenencia provisional de hijos menores
Materia: CIVIL
Carátula: Y. DE C.A. c/ A.C.J. s/ Tenencia de hijos.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-10

Si se procede a la exclusión del hogar de uno de los cónyuges ello implica indirectamente conferir la tenencia provisoria de los hijos menores del matrimonio a quien permanece en el hogar conyugal, pero el carácter de la medida adoptada lo es a título de una cautela necesaria para preservar, fundamentalmente, la salud física y psíquica de aquéllos teniendo en cuenta la mayor facilidad que para uno sólo de los componentes del núcleo familiar significa la obtención de una nueva casa habitación, lo que, por el contrario, redunda en una dificultad notoria si quienes deben obtenerlo son los restantes miembros del grupo en conjunto.
Estelionato, estafa, compraventa, cosas ajenas
Materia: PENAL
Carátula: EQUIOIZ s/ DEFRAUDACION - ESTELIONATO - ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-26

La venta de cosa ajena como delito penal aprehendido por el art. 173 inc. 9 C.P. requiere cierta consumación estafatoria, en la que la afirmación de propiedad en el que vende contenga elementos engañosos suficientes para inducir en error al que compra, haciéndole creer en la virtualidad de la operación que realiza, que no le acarreará consecuencias perjudiciales, extremos no dados en el caso de autos, ya que al deponer el comprador -supuesta víctima- manifestó no recordar si el vendedor había dicho que los efectos no le pertenecían, aunque "cree que dijo que eran de un amigo".

En consecuencia, no puede afirmarse que haya existido la venta de una cosa ajena "como propia" como lo exige la norma penal de referencia y con la interpretación que debe otorgársele de constituir una especie de estafa.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Rivero, Emilio Ernesto; Rojas, Sergio Daniel; Moyano, Eduardo Dionisio s/ Violación agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

No resulta infringido el art. 251 del Código de Procedimiento Penal si las supuestas contradicciones a las que alude al apelante acerca de las declaraciones valoradas en la sentencia, no revisten entidad suficiente como para descalificar el testimonio.
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Formosa c/ Speit, Teodoro s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-02-26

El actual art. 793 del Código de Comercio, en virtud del Decreto Ley 15.354/46, ratificado por la Ley 12.962, establece que las constancias de los saldos deudores en cuenta corriente bancaria, otorgados en la forma que reglamenta la ley, serán considerados títulos ejecutivos para el cobro de los pertinentes importes. Los términos de esta disposición son categóricos, ya que crea un nuevo instrumento de ejecución forzosa con todas las características que le son propias. El certificado de saldo de cuenta corriente suscripto por el gerente y el contador del Banco, constituye un título autónomo, vale decir que se basta a sí mismo, y justifica también por sí mismo el cierre de la cuenta que va ínsito en la expedición del certificado, pues la exigencia de que el saldo sea aprobado o no por el cliente del banco, implicaría desnaturalizar el carácter del documento y privarlo de eficacia, ya que ello supondría la prueba de que el banco remitió oportunamente los extractos de la cuenta y de que fueron recibidos por el destinatario, desvirtuándose categóricamente el juicio ejecutivo y el carácter de tal que la ley le ha querido conceder al mencionado certificado.
Locación de cosas, destino de la locación, local comercial, rescisión del contrato, daños y perjuicios, habilitación municipal
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ, Jorge Miguel c/ MAFFONI, Raimundo Jorge s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Conocida, por parte del locador y dueño de la propiedad, la reglamentación municipal aplicable, en cuanto restringe determinado tipo de actividad comercial, tal hecho debe ser comunicado al locatario previo a la firma del contrato. Luego, omitida esa conducta, no puede deslindar su responsabilidad, por cuanto ello es corolario del principio de buena fe, que ha de imperar en los contratos y negocios. Pero, a su vez, el locatario incurre en negligencia si no se cercioró debidamente de las características particulares para el desarrollo de su negocio, con base cierta en el referido principio de buena fe negocial, máxime si aquél pudo desenvolverse durante más de un año en el local arrendado, sin que hubiera algún tipo de sanción o clausura por parte del ente municipal. Tales circunstancias imponen, una distribución igualitaria de la responsabilidad, ante la imposibilidad de continuar la relación locativa.-
Relaciones de familia, alimentos, cuota alimentaria, obligación alimentaria, alimentante con recursos económicos
Materia: CIVIL
Carátula: A., P. C. c/ G., R. A. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-19

Así sean exiguos sus ingresos, al progenitor no le es dado ampararse en tal insuficiencia para desentenderse de las necesidades de los hijos menores, pues sus responsabilidades paternas le imponen realizar cuantos esfuerzos fueren menester para atender esas prestaciones, siéndole exigible que aumente sus afanes y trabajos tanto como le sea necesario en procura de otros medios que lo coloquen en situación de contribuir adecuadamente a la manutención de su prole, uno de los principales deberes en el recto ejercicio de la patria potestad, que ni siquiera puede eludirse en caso de ser probado el desmejoramiento económico; él se encuentra constreñido a trabajar de manera tal que pueda lograr entradas bastantes para satisfacer los deberes sobrevenidos con el nacimiento de los hijos.
Pena, cómputo de la pena, agravantes de la pena, régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: O. N. M. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

La agravante prevista en el art. 41 quater sólo es aplicable a los mayores de 21 años. Ello, en función de que la mayoría de edad legal es, únicamente, la establecida por el Código Civil, en su artículo 126 y que ante la utilización del término "mayores", sin ningún otro agregado, interpretarlo de otro modo importaría una flagrante violación al principio de legalidad; y que esta es una interpretación coherente con la sistemática del legislador que en la ley 22.278, referida al régimen penal de la minoridad, define también distintas situaciones respecto a los menores adultos, cuya franja etaria va de los 18 a los 21 años. (Dr. David, según su voto).
Concursos, bienes inmuebles, suspensión de obra pública
Materia: COMERCIAL
Carátula: PARQUES  INTERAMA  SA s/ QUIEBRA  S/  INC.  DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-27

Resulta improcedente disponer la paralización de toda actividad tendiente a la construcción de un miniestadio y de un centro de convenciones proyectados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en un inmueble de la fallida, aún cuando -como en el caso se verifique que: a) se ordeno la anotación de litis y la comunicación a terceros que pudieran contratar sobre dicho bien, de la existencia de una proceso ordinario que tramita ante la justicia civil; b) se limito la medida a actos que impliquen enajenación, restricción del dominio o constitución de gravamen sobre los mismos, sin perjuicio de su racional explotación; y c) se considero que el mantenimiento inactivo de dicho emprendimiento dada su naturaleza, así como de los bienes que se encuentran en él, resulta disvalioso en la medida en que es razonable presumir que el transcurso del tiempo puede producir un deterioro considerable, lo que en definitiva va en contra de los propios intereses del concurso, y a mas, se dejo a salvo la facultad que le asiste al gobierno de la ciudad de Buenos Aires de solicitar la modificación de la cautela en los términos del C.P.C.C. art. 203-parr. 2°. Ello así, toda vez que en el referido contexto la disponibilidad del inmueble por parte del gobierno de la ciudad para la ejecución de ciertas obras (Leyes 470 y 516), no causa perjuicio a los acreedores. Antes bien, se adecua a los limites que impone toda medida cautelar, y a los términos en que fue decretada esta, al asegurarse en la especie la no alteración de los bienes cautelados, y su uso racional. La concreción, entonces, de ese proyecto no impide el aseguramiento que persigue la cautela, ni influye en el resultado final del proceso o en la eficacia de la eventual ejecución, y en razón del carácter provisorio o interino de toda medida cautelar, pues son susceptibles de adecuación en cualquier etapa del proceso a fin de evitar perjuicios innecesarios al obligado.
Violencia de género, agravantes de la pena, ley penal más benigna, retroactividad de la ley penal
Materia: PENAL
Carátula: Goncharuk Carlos Ariel s/ Lesiones Gravísimas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-04-14

Las modificaciones introducidas al Código Penal con la ley 26.791 a partir de la cual se incorporara la figura de femicidio al catálogo de agravantes del art. 80 de la ley fondal, no es aplicable al presente caso de violencia de género -el imputado golpeó a su mujer dejándola ciega- en virtud del art. 2 del C.P., toda vez que los hechos denunciados fueron cometidos con anterioridad a dicha reforma.
Jueces, remuneración del juez, adicionales de remuneración, adicional por dedicación exclusiva, carácter no remunerativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TORRES, Juan Carlos c/ Corporación del Mercado Central de Buenos Aires s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16

Conforme las previsiones del art. 2° de la ley 22.969 los adicionales de carácter particular no se incluyen en el cómputo de las asignaciones sometidas a la escala porcentual de remuneraciones previstas por la ley.
Concurso ideal, estafa, falsificación o adulteración de moneda extranjera, circulación de moneda falsa
Materia: PENAL
Carátula: Inc.  de  comp.  en  causa  34.502  del  Juzgado Criminal Nx 8 de San Martín y el Juzgado Federal de Morón. s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

Media entre la estafa y la puesta en circulación de moneda extranjera falsa un concurso ideal toda vez que ambas conductas constituyen aspectos distintos de un mismo hecho, por constituir la segunda el ardid sin el cual no puede darse la primera.
Recursos, recurso de queja (procesal), recurso de inaplicabilidad de ley, competencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ASESORÍA TUTELAR N° 1 ANTE LA CÁMARA CAYT c/ GCBA  s/ ACCESO A LA INFORMACIÓN (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-08

Corresponde rechazar la queja porque la recurrente no rebate el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, el que se fundó en que el pronunciamiento cuestionado no era una sentencia definitiva ni una equiparable a tal. Las genéricas afirmaciones del recurso, en el sentido de que la resolución atacada -que aceptó la competencia para resolver acerca de la admisibilidad formal del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el asesor tutelar ante la Cámara- agotaba la pretensión principal, afectando su derecho de defensa en juicio, no resultan suficientes para demostrar que la sentencia impugnada sea una definitiva. Tampoco logran acreditar que lo resuelto le ocasione un gravamen de insusceptible reparación ulterior que justifique asimilar la sentencia a una definitiva. (Del voto de los jueces Marcela de Langhe y Santiago Otamendi).
Universidades, concursos docentes, designaciones docentes, jurado del concurso, facultades universitarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tandecarz Juana Sara y Otros c/ Universidad de Buenos Aires (UBA) Res. 3397/3398/96 2662/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-02

Todo el sistema de concursos universitarios y, en general, todos los procedimientos de selección incorporan, como dato previo insoslayable de la decisión selectora, el juicio de valor técnico de personas, organismos, comisiones o jurados, calificados por su idoneidad específica en la materia correspondiente. (Consid. X).
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Galván, Julio Alberto s/ Inf. art. 96 inc. "f", dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-17

Es procedente el recurso extraordinario de nulidad en el que el defensor denuncia omisión de tratamiento de la cuestión esencial referida al cuerpo del delito, si lo declarado en el fallo de la Cámara no basta para tener por satisfecha la exigencia contenida en el art. 168 de la Constitución provincial.