Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, principio de legalidad, derecho a la privacidad, principio de congruencia, prueba testimonial, privación ilegal de la libertad, torturas, causas de justificación, error de prohibición
Materia: PENAL-PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

Si las defensas no han podido demostrar que fueran desacertadas las respuestas recibidas a sus cuestionamientos -elaboradas conforme la doctrina de la CS- así como tampoco, que el contenido de la doctrina emergente del caso "Barrios Altos" de la Corte I.D.H., no resulte aplicable a situaciones como las que aquí se juzgan, pese a las diferencias fácticas que puedan hallarse presentes en los diversos casos, corresponde rechazar la pretensión de declarar la inconstitucionalidad de la ley 25.779. El carácter de ley previa a los hechos en juzgamiento del instituto de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad resulta indiscutible por imperio de la costumbre internacional, de modo que no se verifica afectación del principio de legalidad desde esa perspectiva. En relación con los hechos, el tribunal tuvo por acreditado -por el testimonio de vecinos- la existencia de un centro clandestino de detención en la chacra propiedad de los imputados, lugar en el que, luego de ser privado ilegítimamente de la libertad, la víctima -un perseguido político- permaneció en cautiverio, fue sometida a tormentos, recapturada -luego de un intento de fuga- y posteriormente ejecutada. No existió una doble valoración prohibida toda vez que se encuentra acreditado que la víctima fue sometida a tormentos (físicos y psicológicos), violencia que excedió a la estrictamente necesaria a efectos de privarla ilegítimamente de la libertad. Está debidamente fundada la infracción de deber para justificar la imputación de los hechos investigados a los imputados, cuya responsabilidad encontró sustento en la inobservancia de deberes especiales, esto es de deberes en virtud de competencia institucional, es decir, el incumplimiento del rol que impone un estatus especial. De ninguna manera la defensa basada en la obediencia a órdenes superiores puede exculpar la comisión de hechos atroces o aberrantes. Los crímenes contra la humanidad capturan la realización de conductas tan manifiestamente ilícitas que la alegación de un error sobre tal carácter sólo puede encontrar amparo en un agente cuyas capacidades psíquicas se hallan comprometidas al punto tal que no es capaz de comprender el concepto mismo de dignidad humana -y en tal caso, sería la patología, y no el error, aquello que justificaría la exclusión o la disminución de la culpabilidad-. La pena de prisión perpetua en nuestro país, pese a su severidad, no puede ser encuadrada como inhumana o degradante. La disidencia parcial sostuvo que el razonamiento seguido por los sentenciantes para condenar a uno de los imputados no constituye una conclusión lógica y necesaria y, por lo tanto, el pretendido hilo conector entre la decisión de prestar la chacra a autoridades del Ejército para que se instalara un centro clandestino de detención y el conocimiento real y efectivo de las atrocidades que allí sucedieron, en el caso, la privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y muerte de la víctima, construido sobre la suposición de que "no podía ignorar" tales circunstancias, no sólo evidencia un silogismo falaz sino que, además, cercena al imputado su derecho de defensa en juicio. (Dres. Hornos, Borinsky y Gemignani -en disidencia parcial-).