Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-30


--- En la ciudad de Trelew, a los 30 días de marzo del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones bajo la Presidencia del Dr. Juan Humberto Manino y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Alberto Velázquez y Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "COMISION DE FOMENTO DE PUERTO PIRÁMIDES c/ S., D. s/ DESALOJO" (Expte. nº 21745 - año: 2006). Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 187. - --- A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: - --- I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 167/169) contiene el rechazo de la excepción de falta de legitimación opuesta por el demandado y acoge la demanda de desalojo promovida por la actora, condenando al señor D. S. y/o intrusos y/o cualquier ocupante a desalojar el predio en cuestión, con costas al vencido. II. Apela el demandado, sosteniendo su recurso a través de la pieza glosada a fs. 179/181 que contiene, en síntesis, los siguientes motivos de agravio: 1) se han vulnerado las reglas sobre prejudicialidad, dado que existe una causa penal en trámite por usurpación respecto de la misma finca, por lo que debió suspenderse el dictado de la sentencia hasta tanto que se resuelva dicha causa penal. 2) Establecer la "falta de título del demandado para continuar la ocupación" sentaría la autoridad de "cosa juzgada" respecto de esa cuestión y afectaría indefectiblemente la suerte de la causa penal. 3) El art. 1101 C.Civil sienta un principio de orden público que impone al juzgador el deber de suspender el dictado de la sentencia definitiva hasta tanto recaiga pronunciamiento en sede criminal. 4) Por todo ello, solicita se declare la nulidad de la sentencia apelada y que se suspenda el dictado en la instancia de origen hasta tanto se halle constatado, con las formalidades exigidas en el caso, el dictado de una sentencia con carácter de firmeza en sede penal. --- III. Sabido es que la "intrusión" legislada en el Código Civil y la "usurpación", calificada como delito penal, son figuras jurídicas conceptualmente diferentes. Así, mientras la primera se verifica con la instalación del intruso en un inmueble sin amparo jurídico y contra el propietario o poseedor legítimos (conf. Ossorio, M., "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales" - Ed. Heliasta, 1978), el delito de usurpación, en cambio, según el art. 181 del Código Penal, requiere el concurso de un despojo con "violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad", o bien que "para apoderarse de todo o parte de un inmueble, se destruyere o alterare los términos o límites del mismo"; o que, con "violencia o amenazas, se turbare la posesión o tenencia de un inmueble" (art. cit. - Texto según ley 24.454). Bajo estos medios comisivos y sus variantes recoge el Código Civil la figura de la "posesión viciosa" (ver arts. 2364, ss. y conc., C.C.). - --- IV. Como puede observarse, esos componentes subjetivos de la conducta son los que tipifican la figura desde el punto de vista criminal, en tanto que el mero "intruso" -es decir, quien simplemente ocupa un inmueble sin derecho- no deja de serlo aun cuando no se hallare incurso en ninguna de las conductas penales ya descriptas. Dentro de esta línea de pensamiento, bien se ha destacado que el elemento "tipicidad", propio de la valoración jurídico-penal, consecuencia del principio constitucional nullum crimen sine lege, puede conducir a declarar a un hecho ilícito civil, no obstante no ser ilícito penal por no encuadrar en un tipo penal (conf. Garrido, Alejandra Fátima, "El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el artículo 1101 del Código Civil" - Doctrina - LLC 2006, (abril), 304). -- --- En este mismo orden de ideas, para caracterizar la figura de la intrusión, la doctrina coincide en destacar como nota esencial el acceso al inmueble contra la voluntad expresa o presunta de quien tiene su disposición, sea con la intención de poseer a nombre propio o reconociendo en otro la posesión; es decir que el intruso puede ser un poseedor o un mero tenedor (conf. Alsina, Trat., VI, pág. 75 ; id. Álvarez Alonso, S., "El Desalojo por intrusión....", Ab. Perrot, 1966, pág. 186). Se remarca entonces como aspecto determinante que el titular del inmueble haya dado o no su consentimiento para el ingreso, pues si la introducción fue consentida, ya no podrá hablarse luego de intruso, ni siquiera por una posterior interversión de títulos (conf. Morello-Sosa-Berizonce-Tessone, "Códigos Procesales...", VII-B, pág. 185 - Ed.Platense-A.Perrot, 199; id. Salgado, A.J., "Locación, comodato y desalojo" -pág. 351 - Ed. La Rocca, 2003). En síntesis, basta que se trate de una ocupación ilegítima, pues si bien en ella se encuentra incluida la intrusión y la usurpación, esta última tradicionalmente "...siempre se identificó como la figura penal, dependiente del tipo; mientras que la intrusión constituía una concepción más elástica. De allí que pudiera haber intrusión sin usurpación" (conf. Falcón, E.M., "Comentario al Código Procesal...", t., II, págs. 1094/5, Ab. Perrot, 1998).- --- V. Señalo esta diferencia por cuanto, en mi opinión, ella es crucial para resolver el planteo del apelante. Así, al solicitar el desalojo, la demandante relató las incidencias y antecedentes en virtud de los cuales S. decidió ocupar el lote en cuestión, tras haber realizado una serie de peticiones infructuosas ante esa dependencia comunal para obtener un permiso de ocupación, por tratarse de tierras fiscales. En el relato de los hechos, califica repetidamente al demandado como "intruso", afirmando que la Junta Vecinal no había autorizado tal asentamiento, reportando asimismo la existencia de causas penales por denuncias sobre presunta usurpación. - Así las cosas, tramitado el proceso, al resolver sobre el fondo de la cuestión, el sentenciante a quo, a partir del concepto de que "es intruso quien accede al inmueble contra la voluntad expresa o presunta del dueño" (fallo, fs. 167 vta., infra), analiza las probanzas obrantes en la causa; en particular, aprecia al efecto las propias manifestaciones del demandado, al haber reconocido este último desde el inicio la titularidad del Fisco sobre el terreno, por lo que, de acuerdo al art. 2352 C.Civ., sería un simple tenedor de la cosa y no un poseedor. Destaca luego la comprobación acerca de la titularidad de esas tierras a nombre la demandada, la admisión expresa del demandado en la audiencia confesional de no tener título alguno para ocupar la tierra y la ausencia de toda prueba acerca del permiso verbal del anterior Intendente que alegara en su defensa. A mérito de todos estos elementos, acoge la pretensión de desalojo entablada. ---VI. Advertirán mis colegas que, en este contexto, el futuro resultado de las actuaciones penales, sea cual fuere, en nada hará variar la conclusión lógica ya reseñada y la resolución dictada en su consecuencia. En efecto, aun en el supuesto en que el aquí demandado fuera libremente absuelto, la inexistencia de delito por ausencia de alguno de los elementos típicos no convalidaría su falta de derecho, según la normativa civil, a ocupar el inmueble, ni modificaría el consiguiente carácter de "intruso" al que me he referido anteriormente. - --- VII. La sumaria comprobación de esta circunstancia denota que nos hallamos frente a un caso en el que la aplicación estricta de la regla de prejudicialidad establecida en el art. 1101 del Código Civil constituiría una solución disvaliosa, por ser manifiestamente inconducente respecto de la decisión aquí debatida. --- En este sentido, es pertinente recordar que además de las excepciones establecidas por ley a la regla ya citada, se ha venido abriendo una línea jurisprudencial y doctrinaria proclive a excluir la aplicación del art. 1101 C.C. en ciertos supuestos que razonablemente así lo aconsejan, por ejemplo, en aquellos casos tendientes a elastizar en miras de los intereses de las víctimas del acto ilícito (conf. Bueres-Highton, "Código Civil...", t.3A, pág.304, Hammurabi, 1999). --- --- Esta doctrina comenzó a afianzarse a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Ataka c. González" (sent. del 10/11/1973, LA LEY, 154-85), en la que el Alto Tribunal resolvió que el juez civil no está obligado a esperar la decisión penal si las circunstancias fácticas demuestran "una dilación indefinida en el trámite que ocasiona agravio a la garantía constitucional del derecho de defensa, produciendo una efectiva privación de justicia". Dicha postura fue luego vigorizada en el caso "Z. v. Prov. de Córdoba y otros" el 28/4/98 (JA 1999-I-361), donde se reiteró el criterio, al sostener que la prohibición legal de art. 1101 C.C. no es absoluta y debe ceder en función de los mismos valores jurídicos ya expresados. Por entonces, ya la Cámara Nacional Civil había tenido ocasión de sentar el criterio según el cual algunas situaciones particulares merecen tener en cuenta el tiempo que demandaría la resolución definitiva del proceso penal para prescindir de la suspensión de la sentencia civil porque ello se traduciría en una efectiva privación de justicia (ver CS del 20/11/973, La Ley, 154-85, con nota aprobatoria de Bidart Campos, Germán, y CCivil y Com. Río Cuarto, ED, 97-593, con nota de Alberto Etkin; Belluscio, Augusto C., "Código...", t. 5, p. 303, § "c", comentario al art. 1101 a cargo de Aída Kemelmajer de Carlucci. - CNCiv., Sala C, "Sueldo v. I.S.S.B." - 28/09/1990 - en sentido análogo, B., M. I. c. E. de G., B. L. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, sala I 26/08/1993). - --- VIII. En la especie, la causa penal se inició a raíz de actuaciones realizadas por el aquí demandado ante el Juzgado de Paz de Puerto Pirámide en marzo de 2003, y en el curso de los trámites preliminares realizados durante ese mismo mes y año, se constató la existencia de varios asentamientos similares, por lo que se ordenó la citación a fin de proseguir la investigación sobre presuntas usurpaciones respecto de varios ocupantes de tierras fiscales -cinco en total- aledañas a aquella localidad. Luego de más de tres años de trámite, se señaló audiencia de debate oral y pública para el 27/09/2006, siendo todos ellos debidamente notificados. Al celebrarse la audiencia, cuatro de ellos manifiestan haber cesado en la ocupación y solicitan la suspensión del juicio a prueba por un año, obteniendo decisión judicial en tal sentido (ver fs. 333/334 vta., causa penal agregada por cuerda). Queda pendiente la fijación de nueva audiencia de juicio oral y público a fin de resolver la situación procesal del demandado D. S. (fs. 337). --- Las constataciones precedentes demuestran que de los cinco imputados, cuatro obtuvieron el beneficio de la "probation", sin que se resolviera en ocasión de la audiencia de debate la imputación respecto de aquí demandado, por causas no expresadas en el acta. --- --- Pues bien: se presenta aquí un hecho al que el servicio de Justicia no puede ser indiferente, en tanto la mayoría de los litisconsortes imputados que se hallaban en situación análoga al aquí demandado reconocieron la ilegitimidad de sus ocupaciones, obteniendo la suspensión del juicio a prueba, situación enmarcada dentro de lo previsto en el art. 76 quater del C.P. que establece: "La suspensión del juicio a prueba hará inaplicables al caso las reglas de la prejudicialidad de los artículos 1101 y 1102 del Código Civil, y no obstará a la aplicación de las sanciones contravencionales, disciplinarias o administrativas que pudieran corresponder". En verdad, se desconocen las razones por las que la jueza en lo correccional no decidió en dicha oportunidad la situación procesal de S., quien, debidamente citado, se hallaba presente en la audiencia de debate y su defensora oficial (ver fs. 309/321/328- Expte. penal cit.), pues conforme a las normas procesales del fuero, debió haberse pronunciado a su respecto, ya que en principio, en la sentencia deben resolverse todas las cuestiones que hubieran sido objeto del juicio (conf. arts. 357, 364, 368 y conc. del C.P.P. vigente a la fecha del dictado de la sentencia). Sin embargo, tras la inexplicable omisión ya señalada, más tarde se deja constancia de que dichas actuaciones se encuentran "en estado para fijar audiencia de juicio oral y público y resolver la situación del nombrado" (ver fs. 337, expte. penal cit.), la que hasta la fecha aún no ha sido fijada. --- --- IX. Como lo advertirán mis colegas, se presenta aquí con toda claridad un supuesto de inaceptable dilación del proceso penal que ocasiona agravio a la garantía constitucional del derecho de defensa, conforme a la doctrina que he reseñado anteriormente. A lo dicho, se agrega la circunstancia ya expresada en el sentido de que, a todo evento, si por hipótesis al aquí demandado no se lo encontrara penalmente responsable del delito de usurpación que se le imputa, igualmente procedería la sentencia de desalojo entablada a su respecto, por cuanto carece de derecho para ocupar el predio en cuestión, revistiendo el carácter de intruso. En este sentido, creo conveniente destacar que los fundamentos del fallo apelado no han recibido sobre el punto ninguna crítica concreta y razonada, incurriendo así en una visible insuficiencia técnica (arts. 265, 266, C.P.C.C.), ya que toda la argumentación del recurrente fincó en el planteo de prejudicialidad del que me he ocupado hasta aquí, y que en mi opinión debe ser desestimado. -- --- X. Conclusiones: --- --- De compartirse la postura que acabo de exponer, corresponderá en consecuencia desestimar el agravio vertido, confirmándose el decisorio en todas sus partes, con costas al apelante (art. 68, C.P.C.C.). --- Para ese supuesto, propongo fijar la retribución de la letrada actuante en esta instancia, Dra. M. S. A., atendiendo a la extensión de sus tareas y el resultado obtenido, en la suma de $ 135.- con más el I.V.A. correspondiente (arts. 6, 14, 47 y conc., Ley 2.200). - --- Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA. -- ---A LA MISMA PRIMERA CUESTION el Dr. Manino manifestó: --- ---Iº .- El Sr. Magistrado preopinante ha realizado ya la reseña del fallo apelado, que aceptó la demanda de desalojo contra el demandado, así como los agravios que éste expresa a fs. 179/181, de los cuales ciertamente el primario y fundamental es el referido a la conculcación de las reglas de la prejudicialidad (Art. 1101, C.Civil), derivada del proceso de usurpación referido al inmueble de autos, que se encuentra aún en trámite. Conculcación de la cual deriva o desprende el resto de sus quejas íntimamente relacionadas con esta cuestión primaria. --- ---Tal reseña adecuada y detallada autoriza a que me remita a la misma para evitar fatigosas repeticiones y trate directamente la apelación deducida. -IIº .- Efectivamente la "intrusión" regulada en el Cód. Civil y la "usurpación" calificada como delito penal, constituyen figuras jurídicas diferentes. Hasta etimológicamente son conceptos distintos. El intruso es el que se ha introducido sin derecho en un lugar prohibido, o que detenta alguna cosa alcanzada precisamente por intrusión, que es por obvio introducirse sin derecho en un sitio (confr., concepto de "intrusión" en Mosset Iturraspe y Novellino, en "La locación y sus procesos judiciales", Ed. Rubinzal Culzoni, pág.117; confr., también J.A., 1953,IV-338) . De su lado, usurpador es el que usurpa, la persona que comete el delito de usurpación (ver, para ambos conceptos, Diccionario Espasa, versión informática). Así entonces mientras la primera figura o acepción se refiere a la instalación de alguien en un inmueble -supuesto de autos-, sin amparo jurídico alguno, el delito de usurpación precisa el concurso o utilización de las figuras o elementos contenidos en el Art. 181 del Cód. Penal (texto según Ley 24.454) que cita detalladamente el colega. Es que la usurpación constituye una de las formas en que puede darse la intrusión en un inmueble, pero utilizando la fuerza, violencia, engaño, etc., lo que justifica la aplicación de la sanción penal (confr., Digesto Práctico La Ley (DPLL), Sumario 461). Con lo que podría decirse que un usurpador es también un intruso, pero un intruso no es necesariamente un usurpador. --Tenemos por tanto que el intruso es quien ocupa un inmueble sin derecho, que no deja de configurar esta circunstancia aunque no se encuentre incluido en alguna de las conductas penales descriptas por el Art. 181 del Cód. Penal. La intrusión revela una inconducta civil, un hecho ilícito de esta naturaleza, que no obstante puede no ser un ilícito del derecho penal por no encuadrar en el tipo respectivo. ---Ambas parten de la introducción en un bien ajeno que será intrusión o en su caso, de presentarse las connotaciones del tipo penal, constituirá un delito. -IIIº .- Tales diferencias entre ambas circunstancias resultan harto relevantes para dirimir el planteo recursivo del demandado. --Al plantear la demanda de desalojo, la actora relató los antecedentes de la intrusión del demandado en el inmueble afectado, con profusa reiteración de esta categoría. De su lado el demandado reconoció la titularidad ajena a él del dominio del fundo, admitió de no tener título alguno para ocuparlo y hasta la ausencia total de lo alegado sobre previa autorización verbal del Intendente anterior para llevar a cabo la intrusión. Por ello y en mi criterio acertadamente, el Sr. Juez a-quo aceptó la demanda instaurada. ---Es evidente que el futuro resultado o terminación de la causa penal que se cita y aduce como defensa de la mentada "prejudicialidad", en nada podrán afectar la calidad de intruso del demandado. Haya cometido o no un delito criminal, sea sobreseído o absuelto del hecho criminoso, igualmente ha de continuar siendo un intruso en el inmueble. - ---IVº .- Todo esto denota que nos encontramos frente a un supuesto en el que la aplicación estricta y a ultranza de la "prejudicialidad" del Art. 1101, C.C., determina una conclusión disvaliosa por ser no conducente a lo aquí decidido. - ---El colega ha llevado a cabo y concuerdo con ello, el análisis y detalle de la doctrina jurisprudencial y doctrinaria que conduce a apartar la aplicación del art. cit. en aquellos supuestos que son razonablemente aconsejables para agilizar los intereses de los damnificados del acto ilícito (su cita del Caso Ataka, CSJN., 10/11/73, L. L., 154-85, ó Caso Zacarías, 28/4/98, J.A., 1999-I-361), con las opiniones concordantes de doctrina esclarecida que menciona. Con su comentario final respecto a la tramitación de la causa penal, adonde de los cinco imputados, por y a cuatro de ellos se decidió la suspensión del juicio a prueba, pero no respecto del aquí demandado, circunstancia que no ha sido explicada por la juzgadora del fuero penal. Comparto que aceptar la prejudicialidad invocada conlleva un injustificado supuesto de dilación y que -motivo primordial-, cualquiera sea el resultado de las actuaciones penales, el demandado ha de continuar siendo un "intruso" en el inmueble. Con lo que el desalojo decidido ha sido ajustado a derecho y las quejas del demandado no conmueven la solidez argumental del fallo apelado. Conclusión.- Debe rechazarse el agravio expresado confirmando la decisión dictada en la sede de origen en todas sus partes, con la pertinente imposición de costas al recurrente (Art. 68, CPCC.). --Los honorarios de la letrada patrocinante del demandado, Dra. M. S. A., propuestos fijar por sus tareas en esta sede, los encuentro ajustados a la tarea cumplida y normativa arancelaria aplicable que se cita. --Voto la cuestión por la AFIRMATIVA. --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: --- En vista del acuerdo arribado acerca del anterior planteo, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR en todas sus partes el fallo apelado. II) Con costas en la Alzada al recurrente, fijándose la retribución de la letrada actuante en esta instancia, Dra. M. S. A., atendiendo a la extensión de sus tareas y el resultado obtenido, en la suma de $ 135.- con más el I.V.A. correspondiente. --- --- Así lo voto. --- ---A LA ULTIMA CUESTION dijo el Dr. Manino: --- ---Adhiero al proyecto de resolutorio del Dr. Ferrari. -- --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, To. de la ley 4550). - --- Trelew, 30 de marzo de 2007. - --- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de esta Cámara de Apelaciones; pronuncia la siguiente: -- S E N T E N C I A: -- --- CONFIRMAR en todas sus partes el fallo apelado; --- Con costas en la Alzada al recurrente, fijándose la retribución de la letrada actuante en esta instancia, Dra. M. S. A., atendiendo a la extensión de sus tareas y el resultado obtenido, en la suma de $ 135.- con más el I.V.A. correspondiente. - --- Regístrese, notifíquese y devuélvase. Fdo: JUAN HUMBERTO MANINO - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL N° 11 DE 2007 - SDC.- Conste.-