Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-12-06


Autos N° 22.431 (8499/4 - 1° CIVIL), caratulados: "CARRIZO, Juan Bautista C/ Provincia de San Juan - Cobro de Pesos - Regulación de Honorarios Promov. Dr. Correa Arce - Inconstitucionalidad del Art 23 Ley 7675" En la Ciudad de San Juan, a 06 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, el señor Presidente, Dr. GILBERTO RIVEROS y el señor Vocal, Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fs.sub 181 de los autos N° 22.431 (8499/4 - 1° CIVIL), caratulados: "CARRIZO, JUAN BAUTISTA C/ PROVINCIA DE SAN JUAN - COBRO DE PESOS - REGULACIÓN DE HONORARIOS PROMOV. DR. CORREA ARCE - INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART 23 LEY 7675", contra la resolución dictada en fecha 8 de febrero de 2017 obrante a fs.sub 173 /175 vta de estos autos originarios del Primer Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue: 1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? A la Primer Cuestión: El Dr. JUAN JOSE VICTORIA dijo:

Vienen estos autos a la Alzada con motivo del recurso de apelación, que interpone a fs. sub 181 la demandada a través de apoderado contra la resolución de fecha 8 de febrero de 2017, agregada a fs. sub 173/175.

En la sentencia puesta en crisis el juez aquo, resolvió desestimar el planteo de nulidad procesal formulado a fs. sub 154/157 por el Perito Contador Alfredo Marún. Hacer lugar a la impugnación de planilla formulada a fs. sub 157 por el Perito contador Alfredo Marún, solo en cuanto a la modificación sin justificación alguna de los guarismos mensuales inferiores respecto a todos los actores de autos principales. Determinó y aprobó como base regulatoria, la suma de $ 6.183.925,32. Por último, ordenó distribuir las costas de las diferentes incidencias resueltas, por su orden.

El caso:

La sentencia definitiva de fecha 14 de octubre de 2004, cuya copia obra agregada a fs 844 y sgtes de los autos principales, encontró fundamento suficiente para hacer lugar a la demanda deducida por los actores cuyo listado da cuenta la planilla presentada por el perito a fs 749/758 y 794/795 contra la Provincia de San Juan, ordenando que ésta pague las diferencias previsionales que se le adeudan a cada uno de los demandantes, imponiendo las costas a la vencida. Además, rechazó la demanda con costas respecto del listado de actores determinados en el pto d) del resolutorio, con costas.

A fs 1230/ 1249, esta Sala rechazó los recursos interpuestos por los actores contra dicha resolución y admitió parcialmente el recurso impetrado por la demandada, ampliando el plazo para el cumplimiento de sentencia en el término de 60 días. Impuso las costas de los actores legitimados en el orden causado y de los actores a quienes se les rechaza la demanda, a su cargo.

En fecha 20 de agosto de 2013, se celebró en estos autos venidos en apelación, audiencia de conciliación (fs sub 94) y en dicha oportunidad el juez aquo solicitó, de oficio, al perito actuante confeccionara una planilla de liquidación que determine el importe de capital reclamado sin intereses, y ordenó oficiar al Centro de cómputos de la Provincia de San Juan, a fin de que remita la liquidación correspondiente.

A fs. sub 96, el perito Alfredo Marún, presenta base regulatoria y en fecha 18 de septiembre de 2014, (fs sub 113/ 134) los apoderados de la demandada, acompañan planilla confeccionada por el perito contador de Fiscalía de Estado, CPN .Oro, la que es impugnada : 1- en forma subsidiaria de la nulidad cuestionada a fs sub 137/140, por el letrado Carlos Correa Arce, por derecho propio y como apoderado de los herederos del letrado Martín Rizzotti y 2- a fs sub 154/ 157 por el perito Alfredo Marun, por derecho propio.

El juez al tiempo de resolver, rechazó el planteo de nulidad y para desestimar la impugnación de liquidación, consideró que la planilla practicada por la demandada parte de guarismos muy inferiores que no se condicen con los contenidos en la liquidación de fs 1372/1384 de los autos principales, aprobada por sentencia interlocutoria de fecha 12-04-2010 (con una corrección), la que fue salvada por el perito Marún,(fs 1627) y confirmada por esta Sala a fs 1679/1685 en fecha 16/12/2010.

Entendió que no habiendo justificado la demandada la diferencia de los guarismos, por los que arriba a una suma inferior, debe estarse al importe determinado originalmente por el perito Marún a fs sub 80/82, el que al 31/01/1993, se determinó en la suma de $ 6.183.925,32 , (el que resulta de sumar el total liquidado respecto de los actores vivos, de $5.367.259,03, con el total liquidado a los actores fallecidos de $ 816.666,29).

Contra esta decisión se alzó la demandada a fs sub 181.El recurso fue concedido a fs. sub 182. Los agravios son expresados a fs.sub 184/185 y contestados a fs. 187/ 190, por el letrado Carlos Correa Arce y a fs sub 198 por el perito Marún, adjudicándose la causa a estudio a fs. sub 206.

Cuando expresa agravios la recurrente, primeramente hace una reseña del caso, refiriendo que la sentencia atacada es dictada con motivo de la nulidad dictada por la Sala Primera de la sentencia emitida por la titular anterior del Primer Juzgado Civil, en fecha 23/03/12.

Transcribe partes de la sentencia dictada por esta Sala Primera a fs sub 67/69. Agrega que luego de declarado nulo el fallo, esta Sala denegó la petición de que la sentencia de fs sub 67/69 (de fecha 26/12/12) diga que las pautas deben ajustarse a las dadas por el art 22 de la Ley 7675.

El recurrente sostiene que el sentenciante ha hecho caso omiso a las pautas dadas. Refiere que en la sentencia a la que reenvía la Cámara ( fs 1230/1249,) quedó cerrado el tema de constitucionalidad de los artículos de la Ley 7675 y se pronunció- en esa oportunidad- rechazando la inconstitucionalidad articulada por el abogado Martín Rizotti, quedando entonces convalidada la constitucionalidad y aplicación de los arts 22 y 23 de la Ley 7675-(hoy 833-A).

Vuelve a transcribir partes de la sentencia de fs 1248 de los autos principales, referida a las costas y sostiene que la Provincia de San Juan, nada debe pagar en cuanto a los honorarios de los actores a los que se les reconoció su derecho en el proceso.

Por último, señala que la liquidación a que hace referencia el A quo, es igual a la ya propuesta por el perito actuante y por el letrado de los actores, por lo que considera que habiéndose declarado nula la sentencia anterior, corresponde hacer lo mismo, ya que se incurre en idéntico error.

Reitera que la Provincia no debe pagar honorario alguno, y que la base regulatoria no debe contener intereses. Formula reservas.

TRATAMIENTO DEL RECURSO:

Planteado de este modo el recurso de apelación cabe precisar que, como es de conocimiento jurídico básico, con el dictado de la sentencia definitiva, concluye la jurisdicción del juez en relación al pleito, y una vez firme, ya sea que es inapelable o porque se agotó el recurso que la ley le confería, adquiere la sentencia autoridad de cosa juzgada.

Así, no está en discusión el contenido del fallo que condenó a la demandada a pagar a los actores(conforme planilla presentada a fs. 749/758 y 794/795 de los autos principales), las diferencias previsionales que se le adeudan a cada uno y que ordenó la confección de una nueva planilla en lo referente a la actualización de la deuda y los intereses a tasa pasiva que se calculan hasta la fecha de los títulos creados por la Ley 6606.(31/07/95).

Tampoco está en discusión que en autos el Dr.Correa Arce solicitó la regulación de sus honorarios en la presente causa y los del Dr.Martín Rizzotti, ni que la liquidación cuestionada es la ordenada en audiencia por el juez aquo a fs. sub 94.(capital reclamado sin intereses).

Dos son las objeciones con que el recurrente pretende la revocación de la sentencia atacada.

Por un lado, que el fallo de fecha 8/02/17 ha hecho caso omiso a las pautas dadas por esta Sala en la sentencia de fecha 18/05/2007 .

Dice que este Tribunal en la sentencia dictada a fs 1230/1249 de los autos principales, ha rechazado la inconstitucionalidad articulada por el letrado Martín Rizzotti y también, todos los planteos de inconstitucionalidad realizados por la actora incluidos los de los arts. de la ley 7675.

Por otro lado -agrega- que la Sala en la sentencia de fecha 18-5-2007 distribuye las costas en el orden causado, por lo que para el caso la Provincia de San Juan, nada debe pagar en cuanto a los honorarios se refiere por los actores a los que se les reconoció su derecho en el proceso en cuestión. Que de hacerlo debe ajustarse a las pautas dadas por la Ley 7675 hoy 833-A, que dispone que la base no debe contener intereses, por lo que solicita se anule el fallo, por no ajustarse a las pautas dadas por la Cámara.

Entrando al análisis del recurso, cabe aclarar, que la liquidación de juicio tienen que ser un reflejo exacto de lo mandado en el fallo que le da origen. Es esa sentencia, que reconoce los derechos del actor, la que también fija su extensión, contenido y alcance, es donde encuentra sustento los guarismos que integran la planilla.

De la compulsa de estas actuaciones, surge que los actores a quienes se les rechazó la demanda, son obligados al pago, por revestir el carácter de vencido, y que, la planilla de liquidación cuestionada, debe ser el reflejo de lo ordenado por el juez en la audiencia de conciliación, es decir, capital reclamado, sin intereses.

De la planilla formulada, el juez dispuso la sustanciación con las partes en el proceso.

De lo actuado advierto que, la base regulatoria impugnada, no ha sido notificada a los actores a quienes se les impuso las costas, quienes revisten interés en tomar conocimiento por cuanto resultan ser obligados al pago, por lo tanto la base no se halla sustanciada en forma de ley.

El procedimiento llevado a cabo contiene un vicio que debe ser subsanado.

En tal sentido se ha expedido este Tribunal: "Por estas razones, advertido entonces que la base regulatoria no había sido sustanciada con las partes en estos autos, el procedimiento llevado a cabo contiene un vicio que debe ser subsanado, y cuya facultad de cuestionarlo no puede considerarse de ningún modo precluída, aun cuando fuere -como en el caso- impugnado solamente en forma parcial." (cfr. L. de A; T° II-2014; F°64/65; fecha: 24 de septiembre de 2014). Tratándose de liquidaciones que tienden a fijar la base regulatoria de los honorarios profesionales, una solución contraria importará vulnerar derechos de propiedad y debido proceso de raigambre constitucional.

En efecto, debe oírse a la obligada al pago, en resguardo de su derecho de defensa, brindándosele la oportunidad de conocer y debatir acerca de la trascendencia económica invocada y el valor numérico que se atribuye al pleito.

En función de ello, la sentencia dictada que aprueba la base regulatoria resulta violatoria, a todas luces, de la disposición del art. 22 de la Ley 56-O, por ello propicio sea declarada nula, y a fin de resguardar el derecho de defensa que les asiste a las partes en el proceso, disponer bajen los autos a fin de que se reordene el procedimiento y se disponga cumplir con la debida notificación de la base propuesta a los actores obligados al pago.

Por último, habiendo el juez a quo emitido juicio respecto a la liquidación practicada, corresponde se envíe los autos al juez sustituto legal para que prosiga el trámite. Previo, bajen los autos al tribunal de origen a fin de que tome conocimiento de lo resuelto y remita los autos a la Mesa General de Entradas para su sorteo y adjudicación.

Así voto.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Declarar nula la sentencia de fecha 8 de febrero de 2017 (fs. sub 173/175). II) Disponer bajen los autos a fin de que se reordene el procedimiento y se disponga cumplir con la debida notificación de la base propuesta a los actores obligados al pago. III) Remitir los autos al juez sustituto legal para que prosiga el trámite. Previo, bajen los autos al tribunal de origen a fin de que tome conocimiento de lo resuelto y remita los autos a la Mesa General de Entradas para su sorteo y adjudicación.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Declarar nula la sentencia de fecha 8 de febrero de 2017 (fs. sub 173/175).

II) Disponer bajen los autos a fin de que se reordene el procedimiento y se disponga cumplir con la debida notificación de la base propuesta a los actores obligados al pago.

III) Remitir los autos al juez sustituto legal para que prosiga el trámite. Previo, bajen los autos al tribunal de origen a fin de que tome conocimiento de lo resuelto y remita los autos a la Mesa General de Entradas para su sorteo y adjudicación.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A. T° III-2017; F°153/158; FECHA:6 de diciembre de 2017 DRES.RIVEROS-VICTORIA