Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-06-18


NEUQUEN, 18 de junio de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "M. K. V. C/ L. C. R. S/ FILIACIÓN" (EXP Nº 39871/9) venidos en apelación del JUZGADO DE FAMILIA NRO. 1 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

I. Llegan a resolución de esta Sala los autos de referencia, debido al recurso de apelación deducido por el demandado a 197/199 vta. contra la sentencia de fs. 171/175, por la cual se lo condena al pago de la suma de $60.000 en concepto de daño moral.

Señala el recurrente que el A-quo, al cuantificar el daño moral, solamente tomó como parámetro el monto solicitado en la demanda, sin justificar ni dar razón de él ni alguna pauta en relación a ello. Dice que asumió siempre su condición de padre, fue reconocido socialmente y ante toda la familia, desde muy temprana edad.

Agrega que el menor además fue emplazado en su grupo familiar, compartiendo con sus hermanos por parte de padre todas las actividades de la familia y, sobre todas las cosas, los momentos más importantes de su vida, entre ellos, la vacaciones.

Alega que, además, debe tenerse en cuenta su capacidad económica, que es un trabajador administrativo que percibe una remuneración que apenas alcanza los $5.000 mensuales, que tiene tres hijos y una esposa, que constituyen su núcleo familiar.

A fs. 200 se corre traslado de los agravios a la actora, quien guarda silencio.

II. Ingresando al tratamiento del agravio del demandado, adelanto que el mismo no habrá de prosperar. Ello así, en virtud que estimo ajustada a derecho la cuantificación del daño moral efectuada por el A-quo.

Preliminarmente, cabe destacar que no ha sido cuestionada en autos la procedencia de ese daño.

Lo cierto es que a los fines de efectuar su cuantificación en casos como el de autos, deben valorarse múltiples pautas y evaluar su aplicación a los hechos bajo análisis.

Al respecto, se ha sostenido que "Del análisis jurisprudencial realizado en los precedentes dictados desde el año 1988 -fecha en que se hizo lugar a la primera pretensión indemnizatoria por la falta de reconocimiento paterno de un menor- en adelante advertimos que existen circunstancias que siempre son tenidas en cuenta a la hora de fijar el monto indemnizatorio, elevarlo o reducirlo según corresponda.

Las pautas generalmente valoradas son:

- La edad del menor.

- El plazo de la negativa paterna al reconocimiento.

- La actitud del padre en el proceso.

- No constituye un elemento a tener en cuenta la falta de afecto.

- La clase social a la que pertenece la madre.

- El daño psicológico.

- La demora materna en iniciar la acción de filiación.

- El hecho de haber sido reconocido en las relaciones sociales como hijo de su progenitor.

- La asistencia del niño a la escuela.

- La situación social de las partes" (Medina, Graciela, Cuantificación del daño en materia de familia, Revista de Derecho de Daños, 2001-1, pág. 228, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe 2001).

Sobre esta cuestión, jurisprudencialmente se ha expresado que: "Para fijar el "quantum" por daño moral por falta del reconocimiento espontáneo del hijo, corresponde evaluar el daño que durante sus años de vida pudo haber sufrido el menor por no contar con el apellido paterno y no haber sido considerado, en el ámbito de las relaciones humanas, hijo de su progenitor, en razón de la omisión en que éste incurrió al no reconocerlo. No se trata del resarcimiento por las carencias afectivas que pudo hallar, en esos años, frente a su progenitor, ya que ello pertenece al aspecto espiritual de las relaciones de familia, sobre el cual el derecho no actúa, salvo que trasciendan en determinadas conductas como son, por ejemplo, el abandono, que permitirá accionar por privación de la patria potestad, la falta de asistencia, que permitirá demandar alimentos, las injurias entre cónyuges, que dan lugar al divorcio, etc., pero lo que debe resarcirse, específicamente, es el daño que deriva de la falta de emplazamiento en el estado de hijo por no haber mediado reconocimiento voluntario. De no precisarse así la cuestión, el hijo reconocido y que incluso convive con sus padres, podría demandar indemnización a éstos por ausencia de muestras de afecto y apoyo espiritual y también un cónyuge podría demandar al otro por la misma causa sin demandar separación o divorcio, todo lo cual implica confundir, en el ámbito de familia, el plano espiritual con el de conductas que expresan, por cierto, desvinculación afectiva que el derecho prevé y para el que establece expresas consecuencias. Para establecer el monto, debe tenerse en cuenta que el niño ingresó a la edad escolar y concurrió años a la escuela sin contar con el debido emplazamiento en el estado de hijo, respecto de su padre, y sin contar, entonces, con el apellido paterno por falta de reconocimiento espontáneo, situación que resultó gratuitamente prolongada en razón de la infundada resistencia opuesta por el progenitor durante los años que duró el juicio sobre filiación. Dichas circunstancias son relevantes para la estimación del resarcimiento debido, ya que es en la escuela y las relaciones con otros niños que de ella se derivan, el ámbito donde se manifiesta más gravoso a las afecciones del menor la carencia de dicho emplazamiento y del apellido paterno", (CNCiv., Sala F, "L., H.C. c/ M., S.J. s/ Filiación", 30/03/90).

Corresponde entonces analizar el caso de autos conforme las pautas señaladas precedentemente. Así, no se encuentra controvertido en estas actuaciones que el actor, en el mes de Julio de 1.999, se sometió al estudio de ADN, con resultado positivo (99,9983982%) en relación al menor H. A.. A pesar de tal certeza, el menor no fue inmediatamente reconocido, lo que sucedió recién en fecha 30 de junio de 2009. Es decir que, H. A. se vio privado de su derecho a la identidad por un plazo más que prolongado, en forma injustificada, atento que a partir del estudio realizado no existían motivos para tal demora, lo que lamentablemente generó un daño en el menor que se prolongó durante 10 años.

Además, cabe considerar que: "El derecho o bien que se vulnera con la falta de reconocimiento es el derecho a la personalidad, concretamente hay una violación del derecho a la identidad personal, al negarse el estado civil y, más concretamente, el estado de familia -en el caso, el de hijo- (conf. Medina, Graciela, en "Responsabilidad Civil por la falta o nulidad del reconocimiento de hijo", en JA, 1998-III-1171). Este daño a un bien jurídico extrapatrimonial como es el derecho a la identidad y el estado de familia, puede producir daño material o moral" (CNCiv., Sala H, "L.A.N. c. F.M.H.", 23/12/2010, AR/JUR/91586 /2010).

El niño ha concurrido durante varios años a la escuela, como así también ha asistido a fútbol y reuniones de la iglesia -testimonial de la Sra. J. de fs. 84 vta. sin tener el reconocimiento de su condición de hijo por parte del demandado. Y ello no puede dejar de ser valorado a pesar del estado intrafamiliar de hijo que se le hubiera otorgado.

Asimismo, es dable destacar la conducta del demandado, quien al haberse sometido al proceso de autos, no ha visto a su hijo. Tal actitud, luego de largos años de omisión de reconocimiento, tampoco puedo dejar de valorarla.

Claramente así lo señaló el niño en la audiencia celebrada a fs. 158, cuyo acta dice: "Comenta A. que desde hace varios años mantiene relación con su papá. Pero que desde un tiempo (desde que empezó el trámite), él dejó de verlo. Últimamente (durante este año) lo ha visto poco y las veces que lo fue a buscar fue porque estaba con su abuela".

Sin dudas, tal distanciamiento por parte de su padre en virtud del reclamo de la madre del menor en relación a la identidad de éste, provoca en el niño un sentimiento que, sumado a la diferencia de relación con sus hermanos, le trae aparejado un padecimiento imposible de soslayar.

Así, la testigo C. C. R., a fs. 88, manifestó que: "[...] hace dos semanas atrás mi marido tuvo que ir porque le agarró una crisis a A., y el pidió que fuera mi esposo, el papá del corazón".

También a fs. 88 vta. dijo: "Fue S. a mi casa a buscar a A., porque tenía una crisis de llanto y K. no sabía como actuar, entonces pidió por mi marido que al ser hombre lo entiende más, estuvieron charlando y le dijo que le gustaría tener a mi esposo como papá".

Así, en la audiencia señalada el menor agregó: "Él quiere tener buena relación con su papá, pero siente diferencias entre él y sus hermanos".

Sin dudas, tal situación genera lógicamente en cualquier persona un sentimiento, sino de inseguridad, por lo menos de angustia, que debe ser valorado.

No se trata del resarcimiento por las carencias afectivas que pudo tener H. A. por parte de su progenitor sino del daño que la violación de su derecho a la identidad por el plazo de diez años, ha generado en el menor.

En definitiva, sin dudas, la falta de reconocimiento a sabiendas de tener la obligación de otorgarle al menor el estado de hijo, lo que sin dudas se refleja en la exclusión del uso del apellido paterno y la concreta falta de identidad del menor, el reconocimiento de terceros de esa situación como hijo, las diferencias con sus hermanos, justifican el importe fijado por el A-quo en concepto de daño moral.

Por todo ello, entiendo que el monto de condena refleja una relación proporcional entre la falta de reconocimiento del menor y el daño padecido por el mismo.

En cuanto a la insuficiencia económica que alega el demandado para hacer frente a la condena, lo cierto es que no ha aportado elemento alguno que permita acreditar sus dichos.

III. Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo el rechazo del recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 197/199 vta., debiendo confirmarse la sentencia de fs. 171/175 vta., en todo aquello que fue materia de agravios. En cuanto a las costas de esta etapa corresponde que sean por su orden debido a la falta de contestación de la contraria (art. 68 del C.P.C. y C.), regulándose los honorarios respectivos de conformidad con el art. 15 de la Ley 1594.

Tal mi voto.

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

I. Toda persona tiene derecho a una filiación jurídica que concuerde con su realidad biológica derivada de la procreación. Ello así, en tanto la filiación sintetiza el conjunto de relaciones jurídicas que, determinadas por la paternidad y maternidad, vinculan a los padres con los hijos dentro de una familia.

Ahora bien, este derecho de toda persona a ostentar una filiación jurídica, que sea concordante con el hecho biológico de la procreación, tiene una fuerte protección en nuestro ordenamiento jurídico.

En el orden supranacional y Constitucional, la Convención de los Derechos del Niño en su art. 7.1 expresa "El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos", y el art. 8.1 confiere a los Estados obligaciones positivas al respecto, al señalar que "Los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley...". Resulta pertinente recordar que esta Convención goza de jerarquía constitucional (art. 75 Inc. 22 CN).

A su vez, en nuestra legislación civil se observa una profunda preocupación por garantizar el cumplimiento de la obligación paterna de conferir al hijo su identidad biológica (Art. 243, 245, 250, 258, 259, 263 Código Civil). En el caso de los hijos extramatrimoniales, para que se produzca el emplazamiento en el estado de hijo, se requiere el reconocimiento del padre o el dictado de una sentencia en juicio de filiación (art. 247 Cód. Civil).

II. Sobre esta base, el reconocimiento oportuno del hijo es un deber de todo padre, ya que la procreación hace nacer la obligación del progenitor de emplazarlo en el estado filial que le corresponde, con los consecuentes derechos y obligaciones que de ello derivan.

Por ello, porque es un deber de todo padre, si bien el reconocimiento es un acto unilateral y voluntario, este carácter voluntario no implica que sea discrecional o arbitrario; al contrario, su omisión vulnera el ordenamiento jurídico en su conjunto.

Y por eso también: "hoy nadie discute que la omisión de reconocer al hijo socava la base misma de la constitución de la personalidad y derechos fundamentales como la identidad personal y el derecho a la verdad. Para remediarlo, se conceden al hijo acciones de estado para obtener el emplazamiento que le corresponde (art. 254 CC), las que operan como una herramienta importantísima para dotar de eficacia a toda la normativa protectoria del derecho constitucional de familia." (cfr. Molina de Juan, Mariel "Una vez más, el daño por la omisión al reconocimiento del hijo", LLGran Cuyo 2012 (junio), 481).

II.1. Ahora bien, dentro de este esquema, la filiación y el apellido son atributos de la personalidad que no pueden ser desconocidos y por eso, aquel que omite voluntariamente el deber jurídico de reconocer a su hijo, resulta responsable por los daños ocasionados a quien tenía el derecho de ser emplazado en el estado de familia respectivo, por no poder ejercer el goce y derechos derivados del mismo.

Es que en el esquema de derechos y deberes derivados de la relación padre-hijo: "se genera sobre el progenitor un deber de alto rango que impone el despliegue de una fuerte voluntad, concretada en actos de suficiente vigor y firmeza, dirigidos a obtener la certeza de la paternidad o el emplazamiento del niño, siendo inadmisible la formulación de excusas al respecto, salvo alguna de fuerza irresistible que impida llegar al conocimiento de las circunstancias, por lo cual la invocación de falta de colaboración de la progenitora no conmueve la obligación paterna al no ser necesaria a los efectos del acto del reconocimiento que no puede ser obstaculizado". (cfr. Jalil, Julián Emil "Daños y perjuicios devinientes de la omisión del progenitor de reconocer a su descendencia tempestivamente", DF y P 2012 (Octubre), 77). Queda entonces determinado que el padre es responsable por los daños causados al hijo por la falta de reconocimiento oportuno y desde allí la procedencia del daño moral que en esta causa se reclama. Sobre esto no existe tampoco controversia en autos.

III. El eje de la discusión se traslada al monto de la indemnización, a la medida ecónomica de la reparación que es debida.

Y este, justamente, es el punto de decisión más difícil: cada situación debe ser estudiada ponderando cuidadosamente los intereses implicados.

En esta línea, no se desconoce que están en juego principios superiores como la protección integral de la infancia y derechos humanos como la identidad, extremos desde los cuales se dice que la consideración de los presupuestos de procedencia deberá ser flexible y la reparación lo más extensa posible.

Sin embargo, tampoco puede desconocerse que los propios hijos suelen quedar entrampados en el conflicto por la potenciación judicial del dilema familiar y que la pretendida reparación puede contribuir a agravar los incumplimientos. Por ello cada situación debe ser analizada en sus concretas posibilidades de reparación, teniendo un lugar preponderante la equidad, como parámetro en la fijación de las reparaciones.

III.1. Es que en este punto confluye la circunstancia de que el caso nos pone de cara al vínculo padre-hijo -que el niño añora, tal como lo expresó ante el Juez en la audiencia- y también el principio de no dañar y la consiguiente necesidad de hacerse responsable a partir de una indemnización.

Se produce ".en realidad un conflicto o enfrentamiento entre el principio de no dañar y el de protección familiar, ambos de raíz constitucional, y la necesidad de llegar a su debido compadecimiento. No para descartar de plano la reparación sino, en todo caso, para evitarla o "ajustarla". La necesidad de resguardar el "interés familiar" en este campo de la responsabilidad por daño, ha sido muy bien expuesta en sentencias de la Suprema Corte de Buenos Aires, tribunal que muchas han sido las veces que ha marcado el camino de relevante doctrina. Al respecto, luego de destacar el "riesgo" que puede correr el interés de la familia al admitirse cualquier litigio indemnizatorio entre sus integrantes, se dice en uno de sus fallos que "la regla no dañar a otro debe armonizarse con las que conceden garantías a la familia, apelando a recursos que eviten la oposición irreductible de intereses antagónicos... La verdad es que ninguno de los dos principios (derecho a reparación por daño e interés familiar) debe ser prevaleciente en desmedro del otro aun cuando deben ser admitidas ciertas delimitaciones... La doctrina imperante impone una exégesis útil, coordinada, anticonflictiva, equilibrada, coherente consigo misma, totalizadora y armónica del conjunto de sus enunciados y que si elegir entre soluciones resulta inevitable, se impone acudir a los valores de toda razonabilidad en el hecho de contemplar las peculiaridades del caso, procurando inclinarse por la interpretación conciliadora, no abrogatoria de ninguna norma o principio" (cfr. SCJBA, 24/04/1998 en JA, 1999-III-461, en especial voto del Dr. Eduardo Pettigiani).

También buscando los caminos, se ha hablado de poner la atención en lo que se llamó "defensa de la familia implicada": analizar y ponderar la incidencia del daño producido respecto de la familia en particular que lo ha sufrido, pero como la propia autora que enuncia esta dirección lo dice: "defender la comunidad concreta padeciente y defender la institución familiar (que es aludir en rigor al "interés familiar") también es defender al hombre y sus derechos fundamentales...". (cfr. MÉNDEZ COSTA, María Josefa, "El principio de no dañar en las relaciones de familia" en "Los principios jurídicos en las relaciones de familia", 2006, p. 370).

Los intereses "individuales" de los integrantes de la familia no pueden concebirse en menoscabo de los que correspondan al "interés familiar" del conjunto y en tal sentido sitúan esta cuestión central con claridad, las palabras de quienes fueran dos apreciados juristas que mucho recordamos. Señalaba Elías P. Guastavino, que "el interés familiar puede ser distinto del interés individual de los integrantes de la comunidad familiar, pero no es independiente...", el interés individual no puede desvirtuar los intereses (fines) familiares". Y Enrique Díaz de Guijarro, que con toda propiedad encuadra justamente el tema, dice: "en el interés individual encontramos la causa y el impulso de la acción, mientras que en el "interés familiar" hallamos la medida de la acción.

Estos autores son aludidos también por Eduardo Zannoni, quien por su parte agrega que "el contenido de las relaciones jurídicas familiares trasciende el mero interés particular de los individuos para satisfacer, en muchos casos, contenidos de orden público. No dejan de ser relaciones de coordinación entre personas, aunque estén en función -o para lograr- la satisfacción de intereses familiares. en el ámbito del derecho de familia la aplicación de las normas generales de la responsabilidad civil confiere una respuesta ineludible al principio de "no dañar" y a la consiguiente sanción reparatoria del daño ocasionado (arts. 19 de la Constitución Nacional y 1109 y conc., del Código Civil).

Pero para la resolución de los casos en los "daños intrafamiliares", en la valoración de los requisitos generales propios de la responsabilidad civil, la decisión está sujeta a exigencias particulares, ya sea en la innegable necesidad de conjugar siempre la implicancia del concepto del "interés familiar"; ya sea en la necesidad de proyectarse en una especial consideración sobre la "antijuridicidad"; ya sea en la necesidad de demandar una "calificación" de la conducta del autor del hecho dañoso; y ya sea, también, en la necesidad de apreciar el daño en sí, en su configuración y entidad." (cfr. Gnecco, Emilio P., "Filtros en el daño intrafamiliar, LA LEY, 2011-F, 1333).

En definitiva: no cabe duda de que el padre debe reparar los perjuicios derivados de la falta de reconocimiento oportuno, pero en su determinación es necesario ponderar las necesarias perspectivas anteriores y, desde ello, la posibilidad económica real para hacer frente a la indemnización, la conducta desplegada, la forma en que se ha comportado con relación a la paternidad y, nuevamente puestos en el plano económico, las obligaciones de esta naturaleza que el vínculo paterno filial trae aparejadas.

IV. En este cometido, y analizadas las constancias de la causa, tenemos que, a fs. 84, declara M. M. J. y dice: "Que yo sepa, siempre hablaba de su papá del Sr. L". Preguntada por la relación entre el padre y el hijo, respondió: "No sé, ni me consta, una sola vez escuché el comentario del nene respecto de cuando su padre lo viene a buscar." Preguntada por si el Sr. L. concurre a los cumpleaños de su hijo, respondió "Si, lo vi, en un solo cumpleaños, apareció con su familia, con su actual pareja"; con respecto a la relación con la familia del padre, indica que se relaciona "con su abuela, he visto a la Sra. cuando lo va a buscar y él siempre dice me voy con mi abuela Y.". Agrega que por lo general lo lleva de vacaciones la abuela paterna, que habla de sus hermanos poco, dado que se visitan muy poco, refiere que A. visitó Mundo Marino con su padre (porque le sobraba un lugar, aclara); dice que A. va al cumpleaños de sus hermanos. La testigo P. no aporta datos concretos con respecto a la relación y la testigo R. da cuenta de un episodio de angustia del menor y hace referencia a la relación con la abuela paterna, no aportando otros datos.

La testigo T. M. hace referencia a haberlo visto al niño en la casa de la abuela y con su padre; dice que A. tiene una buena relación con sus hermanos, que se dirige a C. como papá, que ha ido a San Luis con el padre a visitar a la familia paterna; dice que el padre no va a los actos escolares pero por razones de trabajo, que el Sr. C. L. va a los cumpleaños de A. Dice que cuando A. va a su casa juega con sus nietos, que no ha notado problemas para las relaciones extrafamiliares, que lo van a buscar a la casa de la mamá, la abuela si es para juntarse en Neuquén, o si no, va el padre. S. declara a fs. 122 y dice que es amigo de la familia de la Sra. L. Dice que conoce a A. desde el 2001 o 2002, que sabe que C.L. es el padre, que tienen una relación de padre e hijo normal, que A. se dirige al Sr. L como papá, papi. Que saben que le han festejado el cumpleaños en la casa de la abuela paterna y en otros lugares; que han ido de vacaciones con el niño a Córdoba, San Luis, Las Grutas, que A. ha estado en los cumpleaños de los hijos de C.L; en el cumpleaños de 40 de su padre, que los familiares de C.L. conocen a A. y que la relación es conocida como de padre a hijo.

Toledo declara a fs. 124. Dice que conoció a A. en la casa de la madre de C.L. que la relación padre-hijo es buena; que los fines de semana se juntan en la casa de la abuela de A. y los sacan a pasear a todos los chicos, que A. ha estado en los cumpleaños de los otros hijos de C.L. Dice que en la familia paterna todos saben que C.L. es el padre de A. que todos saben que es el hijo.

Lagos, a fs. 126 declara que cuando se juntan en su casa, A. también va, que van de vacaciones juntos, que A. estuvo en el casamiento de C.L. y en el cumpleaños de 40. Que la relación es conocida como de padre-hijo. Que desde que se hicieron el ADN, el Sr. L. asumió la paternidad.

El niño A. es escuchado a fs. 158 y dice que desde hace varios años mantiene relación con su papá, pero que desde que empezó el trámite (durante el año 2011) lo ha visto poco y las veces que lo fue a buscar fue porque estaba con su abuela, con quien tiene una buena relación. Dice que él quiere tener una buena relación con su papá pero que siente diferencias entre él y sus hermanos.

Vemos entonces que, aún con las falencias del vínculo de que dan cuenta las testimoniales, el niño A. tuvo trato de hijo y fue conocido públicamente como tal, lo cual si bien no es suficiente, debe ser considerado como un atenuante del daño (cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, Sala I, S., J. G. c. S., J. G., 22/03/2012, La Ley Online, AR/JUR/5991/2012).

También debo sopesar en similar línea, que el recurrente no ha tenido una actitud renuente desde el punto de vista procesal: a fs. 20 el demandado se compromete a realizar el reconocimiento del niño en el término de 10 días hábiles, y que será inscripto con el apellido de ambos progenitores; pactan una cuota alimentaria provisoria y lo único pendiente de resolución es el daño moral, controversia que es la que subsiste en esta instancia sólo en punto a su cuantificación.

El recurrente alega, además, que el importe al cual ha sido condenado a pagar, es excesivo en punto a su capacidad económica, imposible de afrontar puesto que es un trabajador administrativo sin especialización, con una remuneración próxima a los $5000, que tiene tres hijos y una esposa, que está aportando el 20% de sus ingresos en concepto de cuota alimentaria, por lo cual es imposible que pueda afrontar la condena.

Y esto encuentra correlato en las constancias de la causa, a tenor del porcentaje y los importes correspondientes a la cuota alimentaria; tampoco se cuenta con prueba de que posea bienes de fortuna u otros ingresos patrimoniales.

Y, en el marco de ponderación que se ha señalado en el inicio, la pauta establecida en el artículo 1069 del Código Civil, también determina que deba considerarse la situación económica del responsable si fuera equitativo.

En el caso que analizamos, con mayor razón aún si se considera que ningún sentido tendría fijar una indemnización que provocara la ruina económica de quien, por otra parte, debe seguir sustentando -también desde este plano- al niño; una situación tal en nada contribuiría al fortalecimiento del vínculo familiar, aspecto que tampoco puede estar ausente (cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, sala I, V., R. E. c. P., H. F. M. 18/08/2006 Publicado en: LLGran Cuyo 2007 (febrero), 31).

Por todas estas circunstancias, estimo que la indemnización debe ser reducida y, en orden a las mismas, fijar el daño moral que, insisto, en su procedencia no se encuentra cuestionado, en la suma de $25.000.

En cuanto a las costas en orden a la materia y a los fundamentos expuestos precedentemente, entiendo que deben ser soportadas en el orden causado. TAL MI VOTO.

Existiendo disidencia en los votos emitidos precedentemente, se integra Sala con el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, quien manifiesta:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto de la Dra. Cecilia PAMPHILE adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto, POR MAYORIA	esta Sala I RESUELVE:

1. Modificar la sentencia de fs. 171/175, reduciendo el monto de condena a la suma de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000).

2. Imponer las costas de Alzada por su orden (art. 68 del C.P.C. y C.).

3. Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia recurrida las que se efectuarán en la instancia de grado, una vez practicada la planilla de liquidación del capital con más los intereses devengados.

4.- Regular los honorarios por la actuación en esta instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la instancia de grado (art. 15, LA).

5. Regístrese, notifíquese electrónicamente, a la parte actora al no haber constituido domicilio electrónico y atento la disposición transitoria 11.3 del Acuerdo 4955, en la casilla asignada por el Poder Judicial a la Dra. .... Notifíquese a la Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente en su público despacho y oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.