Casas de tolerancia, profilaxis antivenérea, prostitución, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: DOLYS BAR - Troillet y otros.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28

Fallo: "(.) La exposición de la defensa giró en torno a dos cuestiones. La primera dirigida a sostener que en la decisión del juez de grado no se había realizado análisis alguno de la prueba incorporada al sumario relacionada con las condiciones de higiene y aseo de los lugares involucrados en el reproche, que a su juicio acreditaban la falta de afectación de la salud pública (..) . (..) como (..)concibió el juez a quo en su decisión (.) se trata de un delito de peligro, que no requiere en el caso concreto que se pruebe un daño a la salud, sino la mera puesta en riesgo del bien jurídico protegido por la norma, extremo que el legislador entendió se configuraba con la administración y regenteo de casas de tolerancia. Se ha dicho que: "El contenido del art. 17 de la ley 12.331, reprime con pena de multa a quienes sostengan, administren o regenteen ostensible o encubiertamente casas de tolerancia, no reprime el simple ejercicio de la prostitución en forma individual e independiente. La interpretación correcta de la ley es la abolicionista en el sentido de que no admite la reglamentación de la prostitución y pretende suprimir los prostíbulos, a fin de resguardar la salud pública." (1) (.)Asimismo, con cita de Luis Jiménez de Asúa podemos sostener que no sólo la salud pública fue objeto de protección, sino también otros intereses como la libertad personal y la integridad sexual han sido considerados a la hora de su dictado, pues este tipo de delitos se encuentran estrechamente vinculados con otros, extremo que incluso fue materia de análisis a poco más de un año a la fecha por la Procuración General de la Nación, a punto tal de llevar a esa órgano al dictado, en abril de 2010, de la Resolución nro. 39/10(2). (.) Sentado ello, y más allá de su directa incidencia sobre el fondo del asunto (...) la defensa introdujo como segundo agravio la inconstitucionalidad "sobreviniente" del art. 17 de la ley 12.331 por un presunto cambio histórico que convertía su aplicación actual en una directa afectación del art. 19 de la Constitución Nacional.. (.) A esto nos abocamos a continuación.

(.) Es de recordar que esta Sala, con otra composición se ha expresado en torno a la constitucionalidad de la norma criticada. Así se ha sostenido que: ".no se advierte lesión alguna al art. 19 de la Constitución Nacional, toda vez que las conductas que en autos se investigan podrían haber lesionado derechos de terceros indeterminados, teniendo el cuenta su condición de delito de peligro, más allá que quienes concurrieran a percibir los servicios en las casas de tolerancia, fueran allí por propia voluntad. Véase que la conducta reprimida por el art. 17 de la ley 12.331, preserva la salud pública, no solo de aquellos que trabajan en las casas de tolerancia o de quienes reciben dichos servicios -sean prestados en un ámbito privado o público-, sino de los terceros con quienes éstos se relacionan. Allí debe entenderse que la ley penal extiende su protección. Por todo lo cual, no puede sostenerse que dicho tipo penal vulnere la garantía de reserva expresada en el art. 19 de la Constitución Nacional." (2). (.) el fin primordial de la ley es la protección de la salud pública y, secundariamente, la tutela de la libertad y dignidad de la mujer ( ), intereses cuya protección se buscó a través de la sanción de la norma en examen, se actualiza mediante la ratificación en 1960 (ley 15.768) del Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (.).También presenta igual efecto el hecho de que, a partir de 1994, distintos instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos se incorporaron a nuestra Constitución conformando un bloque de constitucionalidad federal al cual las demás normas de inferior jerarquía deben ajustarse (art. 75 inc. 22 de la CN). Uno de ellos es la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en su artículo 6 establece que: "Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer". Como se advierte, no ha perdido vigencia la operatividad del art. 17 de la ley 12.331 sino por el contrario continúa siendo soporte de prevención de aquéllas conductas que resultaron y resultan socialmente reprobadas, e íntimamente entrelazadas con otros comportamientos de relevancia jurídico penal. (.). (.) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR las resoluciones obrantes a fs. 3537/3543/vta.y fs. 3608/3608/vta., en cuanto fuera materia de recurso, art. 455 del CPPN. (.)".