Proceso penal, prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Carma, José Antonio s/ Dr. José Antonio Carma, Juez de Control de Garantías de 2ª Nominación  s/ Prórroga en causa Letra "R" Nº 10/07 "1) Robles, Fabián G.; 2) Suárez, Pedro D. y 3) Pérez Casasnovas, Jorge Marcelo p.s.a. 1) y 2) Robo doblemente calificado por el uso de arma y en poblado y en banda en calidad de coautor; 3) Robo doblemente calificado por el uso de arma y en poblado y en banda en calidad de partícipe necesario"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-04

El Juez de Control de Garantías solicita a esta Corte de Justicia la prórroga prevista en el art. 295 inc. 4 del C.P.P. (fs 2/5).

En cuanto al plazo aludido, considera este tribunal que su interpretación debe hacerse a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la que tiene jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, párr. 2), y que en su art. 7 inc. 5 dispone que "toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso".

Asimismo, vale recordar que en el informe del caso 10.037 de la República Argentina, la CIDH expresó que "... el Estado Parte no está obligado (por la Convención) a fijar un plazo válido para todos los casos con independencia de sus circunstancias... quedando el concepto de plazo razonable sujeto a la apreciación de la gravedad de la infracción, en cuanto a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable".

Así, a criterio de esta Corte, una correcta hermenéutica del sistema normativo aplicable y de los principios que sustentan el instituto de la prisión preventiva autoriza a concluir que podrá mantenerse ésta mientras persita el peligro procesal, siempre que -con arreglo a las circunstancias de la causa- se juzgue razonable la duración del proceso.

La cuestión remite justamente al examen de las circunstancias de la causa a fin de establecer si se configura en el caso la complejidad a la que refiere el Art. 295 inc 4 del ritual. A tal fin, considerando que, entre otros indicadores, la pluralidad de hechos o de partes o de incidencias son reveladores de esa complejidad, concluye este Tribunal que ésta reviste indudablemente tal carácter.

Así, de las actuaciones principales, que superaron las 1783 fojas, surge que se investigaron tres hechos delictivos, atribuidos a cuatro imputados, que por sí o por intermedio de sus asistentes técnicos cuestionaron -sin éxito, vale la aclaración- las decisiones de impulso de la causa a la etapa del plenario.

Aunque han transcurrido con exceso dos años desde la detención de los imputados, las referidas circunstancias de la causa que han impedido culminar ésta mediante el dictado de la sentencia sobre el fondo del asunto, acreditan que hasta ahora no puede tildarse de irrazonable la duración de este proceso y, por ende, que las restricciones dispuestas para asegurar sus fines son proporcionales al peligro que se impone neutralizar en el caso, asegurando la presencia de los imputados en el debate y la aplicación de la ley penal sustantiva por lo que, dado que no ha desaparecido el riesgo procesal que las legitima, se verifica en el caso la situación excepcional que autoriza el alargamiento de los plazos respectivos y, en consecuencia, la procedencia de la prórroga que se solicita, en cumplimiento del caro propósito constitucional de afianzar la justicia.

Por lo tanto corresponde hacer lugar a la prórroga de la prisión preventiva solicitada por el Sr. Juez de Garantías, por el término estrictamente necesario, el que no podrá exceder de seis meses, contados desde que las actuaciones principales sean devueltas a la Cámara de Juicio.