Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-22


2º Instancia. - Rafaela, octubre 22 de 2003.

1º ¿Es nula la sentencia apelada? 2º En caso contrario, ¿es ella justa? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? 1º cuestión.- El doctor Berger dijo:

I. La sentencia de primera instancia hace lugar a la acción de amparo deducida por Daniel Angel Alonso contra "Mutual para el Desarrollo de Servicios Mutuales", mediante la cual el actor reclamó las prestaciones de salud consistentes en tratamiento y medicamentos oncológicos, invocando que es afiliado de la demandada desde junio de 1998, que las partes tienen un vínculo contractual por el cual la accionada promete la prestación de servicios médicos a sus afiliados, que de acuerdo con la legislación vigente la mutual debe suministrar al actor, sin cargo ni otros costos, todos los tratamientos y medicamentos oncológicos a causa del cáncer de pulmón que padece. Las costas se imponen a la accionada. Cabe decir que la demandada negó ser propietaria de una empresa de medicina prepaga, planteó la inconstitucionalidad de la ley 24.754 y manifestó haber cubierto el 70 % del costo de los medicamentos que necesitó el accionante, no obstante que contractualmente solamente debía cubrir el 50 % (fs. 58/64vta.; 128/140vta.; 254/267).

II. La parte demandada interpuso recurso de nulidad, invocando que la sentencia es nula porque no declara la inaplicabilidad, ilegalidad o inconstitucionalidad de la resolución 2584/2001 dictada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Mutual ni tampoco del resto de la normativa vigente y aplicable al sistema mutual, de la cual no puede apartarse la accionada, en virtud de lo que dispone el art. 1º de la ley 20.321 (fs. 268/vta.).

III. Interpreto que el recurso de nulidad no puede prosperar porque la eventual omisión de la jueza de baja instancia de declarar la inaplicabilidad o ilegalidad de la resolución 2584/2001 del INAES, podría constituir un error "in judicando", el cual no habilita una declaración nulificatoria; siendo sabido que el recurso de nulidad no procede cuando se alegan violaciones al derecho sustantivo, a lo cual se debe agregar que el agravio que puede causar la sentencia es reparable por la vía del recurso de apelación (cfr. Alvarado Velloso, A., "Estudio Jurisprudencial", t. III, ps. 1193 y 1195).

Voto por la negativa.

El doctor Macagno dijo:

Que por idénticos fundamentos votaba asimismo por la negativa a esta primera cuestión.

El doctor Roulet dijo:

Que, ante la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

2º cuestión. - El doctor Berger dijo:

I. La accionada interpuso recurso de apelación argumentando, en síntesis, que la sentencia se aparta de la legislación vigente; que la mutual no se encuentra incluida en la ley 24.754; que es erróneo considerar a la demandada como una entidad de medicina prepaga; que la relación entre las partes se encuentra regida por las normas que precedieron a la incorporación del demandante; que agravia que la sentencia afirme que la mutual tuvo tiempo suficiente de adecuarse a la normativa que obligó a cumplir con el PMO; que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en ejercicio de las funciones que le fueron conferidas, dictó la resolución 2584/2001, según la cual las prestaciones de asistencia médica y farmacéutica que brinden las asociaciones mutuales mediante la contribución y ahorro de sus asociados, se rigen por las pautas establecidas en los arts. 4º, 16, inc. g, y concs. de la ley 20.321, no estando comprendidas en la ley 24.754 referida a las empresas de medicina prepaga; que las disposiciones de la ley 23.661 relativas al régimen de prestaciones de salud del seguro son de aplicación para las entidades que adhieran al régimen de dicha ley; que la ley 24.754 es inconstitucional respecto de su aplicación a las asociaciones mutuales por ser violatoria de los derechos de libre asociación, de propiedad y a la salud; y que agravia que se hayan impuesto las costas a la demandada, siendo que obró de acuerdo con lo que dispone la legislación vigente, las resoluciones del INAES, su estatuto y su Reglamento de Ayuda Económica (fs. 268vta./ 277).

A fs. 296/300vta. consta el memorial presentado por la parte actora, según lo que establece el art. 10 de la ley provincial 10.456.

II. Paso a tratar el recurso:

1. De acuerdo con lo expresado y no estando en discusión la enfermedad del actor y la necesidad de su asistencia médica y farmacológica, sobre lo único que debe resolver este tribunal es si la asociación mutual demandada debe hacerse cargo de la totalidad de los costos que demande tal prestación o solamente del porcentaje en que la accionada se comprometió a hacerlo en virtud de las normas que regían en la mutual al tiempo en que el accionante se asoció.

En ese cometido, cabe decir que el PMO fue creado por resolución ministerial del Ministerio de Salud 247/96 y es definido por esa norma como "el régimen de asistencia obligatorio, para todas las obras sociales del sistema de las leyes 23.660 y 23.661, es decir que todos los agentes del seguro involucrados en las mencionadas leyes (y todas las obras sociales que adhieren al mismo), deben asegurar a sus beneficiarios que mediante sus propios servicios o a través de efectores contratados, se garantizan las prestaciones de prevención, diagnóstico y tratamiento médico y odontológico". Vale decir, entonces, que los obligados a su cumplimiento son los agentes del seguro de salud que enumera el art. 1º de la ley 23.660 y que el PMO entró en vigencia solamente para las obras sociales, en noviembre de 1996 (cfr. Rosales, P. O., "Obligación de cobertura médica de las empresas de medicina prepaga. Programa Médico Obligatorio", JA, ejemplar del 24/11/99).

Sin embargo, el 23 de diciembre de ese año se promulgó la ley 24.754 (B. O. del 2/1/97) que dispone que a partir del plazo de noventa días de su promulgación "las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura asistencial las mismas 'prestaciones obligatorias' dispuestas para las obras sociales, conforme lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y 24.455 y sus respectivas reglamentaciones" expresándose en los fundamentos de la norma que el objetivo "es garantizar a los usuarios de los servicios de las empresas o entidades de medicina prepaga un nivel de cobertura mínimo, que sea similar al que prestan o deberían prestar la obras sociales y demás agentes del seguro ... poniendo en un plano de igualdad a las prestaciones médicas que se reciben independientemente de quien las presta".

Ante las actuaciones originadas como consecuencia de la presentación hecha por la Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Constitución (Pcia. de Sta. Fe), consultando sobre el alcance que pueda tener para las asociaciones mutuales el PMO, el directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, resolvió declarar "que de acuerdo al art. 1º y sigtes. de la ley 20.321, las asociaciones mutuales, por su naturaleza jurídica, no resultan comprendidas en la ley 24.754 referida a las empresas de medicina prepaga" (art. 3º, res. 2584/2001, INAES); resolución ésta en la cual la demandada basa su postura opositora a la pretensión del actor, además de sostener que la citada ley es inconstitucional.

2. Establecido lo precedente, interpreto que no se debe hacer lugar a la acción de amparo porque si bien, la inmensa mayoría de las empresas de medicina prepaga son sociedades anónimas cuyos verdaderos socios son sus accionistas y no quienes suelen denominarse como "asociados" o "afiliados", a los cuales los une a las empresas de ese tipo una relación jurídica que se origina en un contrato (cfr. Budano Roig, A. R., "El abuso del derecho en la prestación de servicios de medicina prepaga. Función social de las empresas vinculadas a esa actividad", ED, 197-60), como también que la ley 24.754 no solamente alude a "las empresas", sino también a "entidades que presten servicios de medicina prepaga"; no se debe soslayar que las disposiciones de la ley 20.321, que regula las asociaciones mutuales, y las resoluciones que dicte el INAES (antes llamado Instituto Nacional de Acción Mutual) son normas de orden público, habiendo sido, precisamente, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Mutual quien dispuso que "las asociaciones mutuales, por su naturaleza jurídica, no resultan comprendidas en la ley 24.754 referida a las empresas de medicina prepaga" (art. 3º, res. 2584/2001 INAES), estableciendo que las mutuales están obligadas a brindar las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) solamente en el caso de que suscriban convenios de adhesión de acuerdo con lo que disponen los arts. 16 y 17 de la ley 23.661 (art. 2º, res. 2584/2001 INAES), extremo éste que no se probó que hubiera cumplido la mutual demandada.

Sobre el particular, la doctrina señala que "Las disposiciones fundamentales de la L. M. y las resoluciones del INAM, no pueden ser desconocidas por la voluntad de los particulares, y por haberse dictado a fin de tutelar un interés general, revisten el carácter de normas de orden público, por lo cual el Estado está imposibilitado para consentir su desconocimiento, el que, en su caso, afectaría la existencia de las asociaciones mutuales como tales", habiéndose expresado también que "Las resoluciones dictadas por el INAM, poseen el rango de actos administrativos propiamente dichos, los que producen efectos jurídicos generales, por cuanto tienen vigencia sobre todas las entidades mutualistas del país" (Farrés Cavagnaro, J. y Farrés, P., "Mutuales. Ley 20.321. Comentada, anotada y concordada", p. 18).

3. No desconozco la doctrina y la jurisprudencia que se han expedido en el sentido de que la ley 24.754 es de orden público. Tampoco dejo de lado que he dicho que a partir de la entrada en vigencia de esa ley, las empresas que prestan el servicio de medicina prepaga debieron adecuar los contratos que habían celebrado con sus asociados de acuerdo con lo que dispone dicha norma legal, dado que conforme a ella, no resulta factible realizar contrataciones para brindar menos prestaciones que las consideradas "obligatorias" para las obras sociales en las leyes 23.660, 23.661 y 24.455 y sus reglamentaciones, ni siquiera utilizando el pretexto de cobrar un precio menor con relación a otras categorías de asociados de las citadas empresas o entidades (mi voto en "Albertengo de Werlen, Mabel Alicia c. Asociación Médica del Departamento Castellanos s/Amparo", L. de fallos Nº. 17, res. 91 del 21/06/2000, f.182/186).

Sin embargo, considero que en el caso de la demandada, tales conceptos no resultan aplicables, precisamente, por tratarse de una mutual que se rige por la ley 20.321 y por las normas que dicta el hoy denominado INAES, y que, como tal, no tiene fines de lucro (art. 2º, ley 20.321), como lo tienen, en cambio, las empresas de medicina prepaga; debiéndose destacar que la prestación mutual, en los términos del art. 4º de la ley 20.321 "no está comprendida dentro de la teoría clásica del contrato, con el estricto alcance que para ella formula el Cód. Civil", y que "las prestaciones soportadas en común hacen del riesgo un siniestro a cubrirse solidariamente" (Farrés Cavagnaro, J. y Farrés, P., ob. cit., ps. 77 y 79), lo cual es totalmente diferente de lo que puede entenderse como un "contrato de medicina prepaga", en el cual las empresas se vinculan con sus clientes a través de típicos contratos de adhesión a cláusulas generales cuyo contenido predispone el empresario y al que adhiere el usuario o consumidor, sin que se le otorguen posibilidades de negociación.

No se me escapa que los conceptos que he vertido no serían aplicables en el caso de que se probara que bajo la apariencia de una asociación mutual, se escondiera, en realidad, una verdadera empresa de medicina prepaga, con obvios propósitos de lucro; pero no es ésta la situación de la demandada, a tenor de las constancias de autos, ya que no se acreditaron tales circunstancias.

4. Propongo, en consecuencia, que se revoque la sentencia y que las costas de ambas instancias sean soportadas en el orden causado, no obstante que el actor resulte vencido, pues entiendo que él tuvo razón plausible para litigar (art. 17, ley provincial 10.456), en tanto que la ley 24.754 no sólo se refiere a "empresas", sino también a "entidades que presten servicios de medicina prepaga", adoptando así un concepto totalmente impreciso, que puede llevar al litigante a interpretar que el mismo comprende a las asociaciones mutuales, como inclusive lo entendió la jueza de primera instancia.

Voto por la negativa.

El doctor Macagno dijo:

Que adhería a los fundamentos y conclusiones del doctor Berger, votando en el mismo sentido.

El doctor Roulet dijo:

Que, ante la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

3º cuestión.- El doctor Berger dijo:

Que, atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde: a) Rechazar el recurso de nulidad. b) Hacer lugar al recurso de apelación. c) Revocar la sentencia. d) Rechazar la acción de amparo. e) Las costas de ambas instancias serán soportadas en el orden causado. f) Los honorarios de la alzada serán el 50% de los que se regulen en primera instancia.

El doctor Macagno dijo:

Que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el doctor Berger, y en ese sentido emitió su voto.

El doctor Roulet dijo:

Que, ante la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

Por las consideraciones del acuerdo que antecede la Cámara de Apelación Civil, Comercial y Laboral, resuelve: a) Rechazar el recurso de nulidad. b) Hacer lugar al recurso de apelación. c) Revocar la sentencia. d) Rechazar la acción de amparo. e) Las costas de ambas instancias serán soportadas en el orden causado. f) Los honorarios de la alzada serán el 50 % de los que se regulen en primera instancia. - Camilo S. Berger. - Lorenzo J. M. Macagno. - Rodolfo L. Roulet.