marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Privatizaciones, salarios adeudados, derechos del trabajador
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Taschowsky, Dionisio E. c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-21

La invocación de los eventuales perjuicios que, de manera directa e inmediata, podrían irrogarse al trabajador como consecuencia de la liberación de responsabilidad al adquirente por las deudas laborales generadas con anterioridad a la privatización, aún cuando pudiera no ser suficiente para fundar la procedencia del reclamo, resultaría en todo caso necesaria cuando, a la par de dicha exención, se garantiza la subsistencia de la obligación en cabeza de quien -en definitiva- la contrajo originalmente, esto es, el propio Estado Nacional (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Sindicatos, representación sindical, representación individual, aceptación del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, DELIO c/ BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA s/ DIFERENCIA DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

El art. 22 del dec. 467/88, reglamentario del art. 31 de la ley 23551, señala que para representar los intereses individuales de los trabajadores, la asociación sindical debe acreditar el consentimiento por escrito, por parte de los interesados, del ejercicio de dicha tutela.
Juicio de desalojo, intimación previa
Materia: PROCESAL
Carátula: Diaz, Bonifacio c/ Allocco, Francisco Carlos s/ Desalojo.Sumario.Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-07-31

En los juicios de desalojo por falta de pago, la negación de la deuda, acreditación de su pago o la voluntad de efectuarlo, si bien no son condición para impugnar un fallo - como mal entiende el recurrente que la Alzada le exige-, si son circunstancias con influencia clara, directa y decisiva al momento de valorar la intimación del art. 5 de la ley 23.091, conforme jurisprudencia y doctrina que el pronunciamiento impugnado recita con válido apoyo en una de las corrientes existentes al respecto. Ello así, la actitud del demandado de no haber negado nunca la deuda, fue percatada y valorada por el juez de primera instancia, y no habiendo sido objeto de reproche al interponer la apelación, resulta inoficioso tratarlo en esta instancia extraordinaria del recurso de casación.
Recurso extraordinario, acción de amparo, pedido de informes, sentencia arbitraria, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cuomo, Jeremías  y  otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-21

Es arbitraria la sentencia que, mediante un injustificado rigor formal que no se compadece con los fines del amparo, lo rechazó "in limine", sin requerir, frente a las razones expresadas por quien lo dedujo, un informe circunstanciado a la autoridad competente (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Carlos S. Fayt).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ganaderos de Toay S.A. c/ Frigorifico Pehuajó S.A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-07

Pese a haber recaído en un juicio hipotecario, la resolución impugnada resulta definitiva si tiene el efecto de cancelar vías hábiles para lograr la reparación de un derecho lesionado. Es decir que, no pudiendo renovarse en otra oportunidad procesal o en otro juicio (arg. art. 551 últ. párr. C.P.C.C.), resulta definitiva la decisión que se expide sobre la actualización de un crédito, sus intereses y el alcance del privilegio hipotecario, sin que hubiese pronunciamiento anterior al respecto (arts. 278 y 281 C.P.C.C.).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ramos, Susana c/ Klinger, Pedro y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-04

Mientras las imputadas demoras no se vinculan al dictado de resoluciones que el órgano jurisdiccional debe dictar de oficio pesa sobre la demandante la carga de impulsar el proceso, so pena de caer en la caducidad de la instancia.
Cuestiones de competencia, estupefacientes, menor procesado, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LUGO, Yolanda A. y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-02

La ley 23.737 prevé en forma clara y excluyente la competencia de la justicia federal en todo el país para el juzgamiento de actividades ilícitas en materia de estupefacientes sin consagrar excepción alguna, salvo las que introdujo la ley 26.052.

Tanto los juzgados como los tribunales orales federales son también tribunales de menores respecto de los delitos que excita la restringida competencia de ese fuero, contando éstos con todo lo necesario para resguardar debidamente los derechos del menor.

Tal fue el objetivo manifestado por la Cámara Federal al crear la oficina de Patronato de Menores (acordada n° 17 y 33/79) y al dictar la acordada n° 28/90, mediante la cual se resolvió aprobar la norma reglamentaria para la aplicación de las leyes 10.903 -hoy derogada- y 22.278.

Si a raíz del allanamiento efectuado por personal policial, se procedió a incautar droga y detener -entre otros- a una menor, debe ser la justifica de excepción la que debe seguir interviniendo en la causa.
Obligaciones, acción subrogatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JITRIK, SAUL c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

El fundamento de esta institución reside en el principio según el cual el patrimonio del deudor constituye la garantía colectiva de los acreedores, señalándose que éstos quedarían expuestos a graves perjuicios si el deudor pudiese impunemente dejar consumar su ruina o un empobrecimiento creciente, que, en definitiva, recaería sobre los acreedores que resultaren víctima de semejante declinación patrimonial.
Contratos comerciales, transferencia de fondo de comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: OLIVENCIA, JOSE ANTONIO c/ ESCANDARANI, MARIO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-28

El contrato de locación de fondo de comercio, es un contrato de típica naturaleza comercial y con indiscutido ánimo lucrativo.
Ejecución previsional, astreintes, preclusión, facultades discrecionales del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SAITTA ROSA MARIA c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-26

Las astreintes no pasan en autoridad de cosa juzgada, ni se ven afectadas por el principio de preclusión procesal. Quien se hace acreedor a ellas no adquiere un derecho definitivamente incorporado a su patrimonio, ya que posee la inestabilidad que le otorgan los arts. 804 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y 37 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: (en el mismo sentido, esta Sala in re "González Pommez, Matilde Pía c/ A.N.Se.S.", de fecha 07.11.94 sent. 31568, publicado en el Boletín de Jurisprudencia de la C.F.S.S. Nro. 14), (cfr. C.F.S.S., Sala II, Expte. 26988/2007 en autos "Carpinetti, Eva Flora c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos" de fecha 26.09.18, Publicada en el Boletín de Jurisprudencia de la C.F.S.S., Nro. 67). Pues, el carácter provisional de la sanción pecuniaria en cuestión no obsta a su ejecutabilidad toda vez que el Tribunal tiene facultades discrecionales para evaluar la conducta del deudor, pudiendo -en los casos en que se justifica- reducir su monto o hasta dejar sin efecto la medida.
Empleo público, desviación de poder
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Amigot, Jorge Ignacio y Otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Tinogasta s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-11-10

En el caso, además de la ausencia del refrendo del secretario para la formación de la voluntad administrativa, y de los dictámenes técnicos y jurídicos necesarios, también se advierten afectados los restantes elementos constitutivos del acto administrativo (motivo, fin), razón por la cual no pueden considerarse a los contratos así celebrados-luego revocados- como generadores de supuestos derechos. En efecto, la incorporación masiva de personas a través de los contratos revocados, -se efectuaron entre los meses de Junio a Diciembre de 2007 183 nombramientos- deja entrever que el acto de designación en función del cual los accionantes acusan una pretendida lesión a sus derechos subjetivos de carácter administrativo, formó parte de un "paquete" de resoluciones que fueron suscriptas por el Departamento Ejecutivo Municipal en momentos finales a la culminación de su mandato y a pocos días de la asunción de las nuevas autoridades -ocurrido esto el día 10 de Diciembre de 2007- . Por otra parte, dichos contratos merecieron sendas observaciones por parte del Secretario de Hacienda y Finanzas y el de Personal a/c del Departamento Contable, -órgano encargado del control preventivo del gasto público-, por resultar insuficientes las partidas y los cargos presupuestados vacantes en relación a las designaciones.

El interés general que siempre debe perseguir la administración, sin duda ha sido dejado de lado en el presente caso, pues el exceso en los nombramientos revela que hubo una finalidad encubierta, y que los actos habrían sido realizados con el claro objetivo de beneficiar los intereses de terceros, ajenos al bien común.

Por lo que, la masiva contratación lejos de resultar razonable, pone de manifiesto una conducta que no guarda correspondencia con la ley, lo cual desmerece la legitimidad del acto. No hay duda de que un vicio en el fin es un vicio grave, y que en doctrina es conocido como desviación de poder o abuso de autoridad, ya que el poder de la administración se desvía y abusa cuando persigue fines distintos de los que la ley señala.- En conclusión, no resulta razonable pretender enervar a través de una acción de amparo los efectos de una decisión tomada por la Administración Municipal en ejercicio de atribuciones legales, si aquélla surge como una consecuencia necesaria del razonamiento y de la lógica. La deficiencia y la ausencia de los presupuestos esenciales para la formación de los contratos, justifican en el caso el ejercicio de la potestad revocatoria ejercida por la Administración, mediante el Decreto Acuerdo por el cual se declararon "rescindidos" y "revocados", la totalidad de los contratos de locación de servicios firmados, en consecuencia la acción de amparo deducida debe rechazarse por improcedente.
Obras sociales, hijo discapacitado, interés superior del niño
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F. J. M. y otra c/ Instituto de Seguridad Social del Neuquén s/ acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-09-03

Si bien la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad y la ley Nacional 24.901 no se encontraban vigentes al momento en que los accionantes reclamaron la cobertura integral de las prestaciones para una niña diagnosticada con Síndrome de Down, las obligaciones a cargo de la Obra Social derivaban del plexo constitucional vigente desde el año 1994, que privilegia el "interés superior del niño" y consagra el derecho a la protección especial de aquellos sectores particularmente vulnerables, como son las personas con discapacidad y los menores de edad.
Productor asesor de seguros, agente institorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pérez, Gabino Sixto Demetrio y otra c/ Pertini, Héctor Angel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-04-13

El mero productor de seguros, a diferencia del agente institorio, no está investido de la representación necesaria para perfeccionar el contrato, limitándose su quehacer a la intermediación entre las partes con el elenco de facultades que se desprenden del art. 53 de la ley 17.418. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trabajadores de la construcción, servicios de instalación
Materia: LABORAL
Carátula: BRITEZ, ZOILO c/ LOPPI, CARLOS JOSE s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-28

La ley 22250 involucra a quienes ejecutan la obra indistintamente si ella es la construcción en sí misma o una producción accesoria siempre que el servicio prestado tenga como destinatario exclusivo la obra de ingeniería o arquitectura y que tal actividad se desarrolle en el lugar afectado a la obra. (En el caso, las obras de electricidad quedan comprendidas en el régimen).
Despido, mora
Materia: PROCESAL
Carátula: ACEVEDO NESTOR FABIAN c/ DISPLAC  S.R.L. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-06-16

Frente a la falta de pago del salario referenciado debe distinguirse la situación de "mora" con la de "injuria", ya que para hacer valer esta última se requiere una previa intimación formal del pago bajo apercibimiento de las consecuencias respectivas para el caso de proseguir en tal actitud incumplidora.
Cheque, cheque no a la orden, presentación al cobro, fondo compensador, responsabilidad del banco, endoso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Padema S.A. c/ The Chase Manhathan Bank N.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-15

Cabe atribuir responsabilidad a una entidad bancaria depositaria de un cheque "no a la orden", presentado a la Cámara Compensadora, cuando - como en el caso - incumplió las obligaciones normativas al aceptar el depósito de ese título que no era transmitible por endoso del beneficiario, en la cuenta de una sociedad y gestionar pese a ello el cobro del cheque a favor de un cuentacorrentista que no ostentaba legitimación activa alguna para percibir su importe, actitud que resulta violatoria de lo dispuesto en los arts. 71, 2do.

párrafo; 12, 3ra. parte; art. 34, inc. 5to.; y art. 21, Dec. Ley 4776/63 (ley 16.613), y cabe también su responsabilidad por presentar el cheque al "clearing" habiendo omitido exigir el endoso del depositante, lo que vulnera expresas disposiciones normativas vigentes (arts. 32, 34-5to., del citado decreto y Circular Opasi-I), porque de acuerdo a lo preceptuado por el ccom 579, tanto para el banco demandado como para el cuentacorrentista, rigen las disposiciones de la circular opasi i, comunicación a 59 (B.C.R.A.) reglamentaria de la cuenta corriente bancaria, siendo el banco plenamente responsable del perjuicio experimentado por el actor, no existiendo culpa concurrente de este último, sino culpa en especial del accionado por haber acreditado y pagado indebidamente el importe del cheque al cuentacorrentista. Por ello, más allá de su culpabilidad, como consecuencia de su específica actividad, el banco depositario tiene una obligación profesional bancaria reglamentada, que no puede ni debe soslayar y por ser contraria a su obligación de banquero profesional de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas (cciv 902), deberá merituarse dentro de la teoría general de responsabilidad civil y el daño efectivo.
Facultades del Poder Judicial, cuestión no justiciable, control de constitucionalidad, control de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bustos, Alberto Roque y otros c/ P.E.N. y otros s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-26

Los controles de legalidad administrativa y de constitucionalidad que competen a los jueces, no los facultan a sustituir a la Administración en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad y, menos aún, cuando la imposibilidad de las entidades financieras de responder a sus obligaciones exigibles trascendió la particular situación económica de cada intermediario para adquirir la dimensión de una crisis sistémica, cuyo examen presupone un análisis integral a fin de superar el descalce bancario.
Expropiación, indemnización expropiatoria, leyes, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Servicio Nacional de Parques Nacionales -Fisco Nacional c/ Amelia García del Río de Calero y otros s/ expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Las normas que pretedeterminan el monto indemnizatorio y deciden acerca de su plenitud e integralidad son siempre legales, es decir, que carecen de entidad constitucional; por lo tanto el legislador, en virtud de su poder de legislar sobre expropiaciones, puede establecer restricciones al principio de la indemnización plena e integral, consagrando normas que la disminuyan, como el art. 11 de la ley 13.264 en lo referente al valor panorámico. Magistrados: CM Be,P
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pérez, Raúl c/ Policía de la Provincia de Bs. As. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-08

El damnificado sólo puede ser relevado de la carga probatoria con respecto a aquellos gastos necesarios y urgentes, de escasa trascendencia económica, donde no se requieren comprobantes para su justificación, pero tal doctrina no resulta extensiva a cualquier tipo de gastos médicos, como internaciones, radiografías, tratamientos, estudios o medicamentos por un prolongado lapso, los cuales resultan fácilmente demostrables atendiendo a su naturaleza y entidad (arts. 375 C.P.C.C.; 499 C.P.C.C.), siendo ello tanto más así si se tiene presente la obligatoriedad de extenderse las boletas respectivas por las compras o atención médica o psicológica, etc.
Honorarios del abogado, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VIDELPO SCA c/ Nahabedian Minas s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-18

No corresponde la inclusión de intereses a los fines de computar el valor del pleito (art. 23, segundo párrafo dec. ley 8904/77). En efecto, con meridiana claridad el dispositivo legal específico distingue con fines arancelarios la desestimatoria de la acción de su acogimiento, como quiera que si en ésta última hipótesis se incluyen accesorios, en la medida que los mismos integran el beneficio patrimonial que recibe el actor, deben sopesarse como pauta para el justiprecio de la labor profesional. Es decir, no resulta procedente incluir los intereses al determinar el monto del juicio en los supuestos de rechazo total de la demanda porque el art. 23 del decreto ley 8904/77, a diferencia de lo expresado en el primer párrafo, no hace referencia a su incorporación.
Sumas de dinero, trabajador, percepción de impuestos, remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Del Mestre de Rendos, Clelia Elvira c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-30

La "cuenta de jerarquización" prevista en el art. 128 de la ley 11.683 refiere a un tipo especial de remuneración atribuido a los agentes en actividad de la A.F.I.P., consistente en la asignación de sumas de dinero a aquéllos trabajadores en concepto de participación en la recaudación de impuestos, y que constituyen incrementos salariales extrapresupuestarios y de monto variable (conf. Raúl C. Jaime y José I. Brito Peret, "Régimen Previsional - S.I.J.P. - Ley 24.241", pág. 117). En consecuencia, el rubro de referencia no deber ser computado para la determinación del haber inicial. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).
Derecho a la salud, medicamentos, cannabis medicinal, control estatal, derecho a la intimidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Civil Macame y otros c/ Estado Nacional Argentino - P.E.N. s/ amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-05

Toda vez que existen las razones de salud y seguridad públicas se justifica que el Estado expida autorizaciones administrativas en el marco de la ley 27.350 para el autocultivo y la elaboración de productos derivados del cannabis con fines medicinales y ello determina, a su vez, que la intervención del Estado en esta área no implica una interferencia injustificada en la autonomía personal consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional
Derecho civil, contratos civiles
Materia: CIVIL
Carátula: COBOS IRENE MIRTA c/ RINALDI HUGO ALBERTO s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-11

Si se procura adquirir un inmueble la posesión del mismo cabe que sea interpretada como una acción tendiente a conseguir esa finalidad, sin embargo la posesión no tiene la misma virtualidad si lo que se busca es dejar sin efecto el contrato que puso a las partes en ese lugar -en el inmueble-. Esta es la situación que destaca la sentencia para hacer lugar a la prescripción liberatoria, pues la posesión ejercida por la actora sobre el inmueble es comprensible de la intención de mantener viva la permuta y no de resolverla.
Cuestiones de competencia, competencia penal, lugar del hecho, extorsión, tentativa, economía procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FERNANDEZ Y FERNANDEZ, JOSE. s/ EXTORSION EN PERJUICIO DE LA COCHERIA PARANA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-20

Si de los antecedentes incorporados al sumario, surge que tanto en la Capital Federal como en la Provincia de Buenos Aires se habrían realizado actos con relevancia típica para la ejecución del delito de extorsión en grado de tentativa, corresponde, por razones de economía procesal, atribuir el conocimiento de la causa a los tribunales locales, habida cuenta que las reuniones presuntamente extorsivas se realizaron en domicilios de esta Capital, donde también se encontraría el del encartado.
Requerimiento de elevación a juicio, oposición del imputado
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ, OSVALDO s/ SU MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-09

Expedido el Agente Fiscal requiriendo elevación a juicio, a la defensa le quedan solamente las opciones previstas por los artículos 353 y 354 del Código Procesal Penal, entre las que no se cuenta la de pedir la incorporación al proceso de nueva prueba y mucho menos oponerse a la elevación sin "... deducir excepciones no interpuestas con anterioridad, u oponerse a la elevación de la causa, instando el sobreseimiento...".
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: Tapia, Carlos c/ Teveles, Gladys Elena y-o Quien Resultare Responsable s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-26

Esta Cámara ha declarado ya reiteradamente que "tratándose de una colisión de automotores en movimiento, el caso debe subsumirse en la norma del art. 1.113 pár. 2° parte 2° Código Civil, pues las presunciones de causalidad que en tal precepto tienen su fuente no se neutralizan por el riesgo recíproco de los vehículos, jugando en cambio ellas de forma concurrente si deben juzgarse los perjuicios sufridos por ambos dueños o guardianes o sólo la que atañe al propietario o guardián a quien se reclama la reparación si de su parte no dedujo, reconvención mediante, pretensión resarcitoria contra el otro".
Mutuo comercial, elementos del contrato, tradición
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE (HOY BANCO DE SANTA FE S.A.P.E.M.) c/ LAINATTI HNOS. S.A. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DEMANDA ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 638 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09

En un contrato de mutuo, la tradición de la cosa puede ser hecha por cualquiera de las formas que autoriza el derecho positivo vigente, es decir, ser real o simbólica, como ocurre cuando las cosas están ya en poder del mutuario por un título distinto -traditio brevi manu- o cuando, sin efectuarse de modo concreto, son puestas por el mutuante a disposición del mutuario.