Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-22


Causa Nº 3050-00-CC/2007 "NOVELLI, Rodolfo Alberto s/ falta de habilitación - Apelación" En n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 22 días del mes de junio de 2007, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver los recursos de apelación interpuestos a fs. 268/71 y 272/74 vta., por la fiscal de grado y por el condenado, respectivamente.

RESULTA:

1. Que a fs. 259/67 se aprecia agregada al legajo el acta que documenta la audiencia de juzgamiento de las faltas presuntamente cometidas por Rodolfo Alberto Novelli consistentes en: a) estar funcionando, el día 14/12/2006 a las 2 de la mañana, el local de la Avenida Córdoba Nº 5267 como casa de fiestas privadas sin contar con la habilitación pertinente (acta 1041434, fs. 6); b) obstruir un procedimiento de inspección el día 30/12/2006 (acta 1042629, fs. 82).

Por las infracciones en cuestión la controladora administrativa de faltas resolvió imponer la sanción de seis mil pesos ($6.000) de multa en relación al acta 1041434 (funcionar como casa de fiestas privadas sin contar con la habilitación pertinente) y de quince mil pesos ($15.000) en relación al acta 1042629 (obstruir un procedimiento de inspección). Por su parte la juez a quo redujo sensiblemente las penas impuestas en sede administrativa, absolviendo en relación al funcionamiento del local como casa de fiestas privadas sin autorización y condenando en relación a la obstrucción del procedimiento de inspección a la pena de sesenta (60) días de clausura que tuvo por compurgada con el tiempo de vigencia de la clausura administrativa preventiva. Tampoco impuso las costas del proceso recurriendo a la aplicación del art. 33 ley 1217.

En relación al funcionamiento del local de la Avenida Córdoba Nº 5267 como casa de fiestas privadas sin contar con la habilitación pertinente, la Juez a quo entendió que si bien el acta reunía los recaudos formales legalmente establecidos y por ende poseía el valor probatorio legalmente asignado (arts. 3 y 5 ley 1217) consideró que el imputado expuso que el local funciona como restaurante, con una carta de quince platos y que en ocasiones le reservan todo el lugar o mesas de varias personas para celebrar algún acontecimiento. Asimismo, tuvo presente que las inspectores que participaron en el procedimiento del 14/12/2006 expusieron que se desarrollaba en el lugar una fiesta privada.

Advirtió que el local en cuestión posee habilitación para funcionar como restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería y cervecería, y que Novelli inició los trámites correspondientes a la habilitación como "casa de fiestas privadas" lo que a criterio de la Juez lo habilitaba para ejercer la actividad. Sobre la base de ello absolvió a Novelli de la imputación consistente en funcionar como "casa de fiestas privadas sin la habilitación correspondiente" por considerarla atípica.

En relación a la infracción consistente en haber obstruido, el 30/12/2006, un procedimiento de inspección, la Juez a quo valoró el descargo de Novelli que expuso que el inspector que ingresó al local no se identificó: no mostró credencial alguna y se negó a dar su nombre y que del mismo modo actuaron los restantes inspectores que lo acompañaban. También tuvo presente que los inspectores Pérez, Lauría y Timinetzky manifestaron que, el 30/12/2006, no se les permitió el ingreso al local pese a haber exhibido su credencial.

Sobre la base de lo expuesto consideró probado el hecho en cuestión sobre la base de que, más allá de la controversia acerca de si los inspectores se identificaron, o no, lo cierto es que luego de la llegada al local del preventor Escudero tampoco les permitió el ingreso.

En ocasión de imponer la pena por este hecho, la Juez a quo consideró los antecedentes en la materia, la buena impresión causada en la audiencia de juicio, y el desalojo del local intimado, entre otras cosas. Por ello impuso una pena de sesenta (60) días de clausura que la dio por compurgada con el tiempo de vigencia de la clausura administrativa preventiva. Tampoco impuso las costas del proceso por estimarlo imprudente.

2. Que a fs. 268/71, se agrega el recurso de apelación de la fiscal de grado, que fuera sostenido por la Sra. Fiscal ante esta Cámara en su dictamen de fs. 284/85 vta..

Por su intermedio, considera que la absolución por el hecho consistente en funcionar como casa de fiestas privadas sin la debida autorización resultó manifiestamente arbitraria por inobservancia flagrante de la ley aplicable. Para demostrar su convicción expuso que el ordenamiento jurídico vigente establece que la iniciación del trámite de habilitación autorizará al funcionamiento de la actividad con sujeción a lo que resuelva oportunamente salvo cuando se trate, entre otros supuestos, de locales de espectáculos y diversiones públicas (art. 2.1.8 AD 700.5).

La recurrente no alberga dudas acerca de que un salón de fiestas es un local de diversión pública y que, como tal, no puede funcionar hasta tanto no cuente con la habilitación otorgada. Por su parte, considera infundada la sentencia que impugna toda vez que no explicó porqué no consideraba a la actividad "fiestas privadas" como un local de "diversión pública".

En sentido opuesto a lo que crítica, la recurrente se tomó la tarea de recurrir a diversas normas locales a efectos de desentrañar el sentido de la expresión "locales de diversiones públicas". Desde esa base señaló que: a) la ordenanza Nº 24.698 incluye dentro de la noción en cuestión a parques de diversiones y fiestas populares, bailes públicos y calesitas; b) el capítulo 10.3 AD 700.50 identifica como tales a los locales de baile clases B y C, locales de Bowling, y aquellos donde se lleven a cabo espectáculos de boxeo; c) la ley 261 incluye dentro de este rubro a casas de fiestas privadas, museo clase I, museo clase II, salón de exposiciones, sedes de asociaciones vecinales y casa de fiestas privadas infantiles.

En definitiva, entiende que a poco de indagar acerca del contenido de la expresión "locales de diversión pública" se aprecia el error de la Juez a quo al considerar que la mera iniciación del trámite de habilitación como local de fiestas privadas lo autorizaba para funcionar.

3. Que a fs. 272/74 se agrega el recurso de apelación interpuesto por Novelli, por intermedio del cual considera arbitraria a la decisión en crisis por haber valorado en forma manifiestamente arbitraria la prueba producida en la audiencia de debate. Concretamente se agravia de que la Juez a quo haya considerado que los inspectores se identificaron como tales pues, desde la perspectiva de las declaraciones testimoniales que selecciona, la conclusión debe ser, a su criterio, otra. Señala que "llevar la credencial en la mano", tal como declaró que hizo el inspector Lauría, "no es identificarse". "La mano puede estar al costado del cuerpo, atrás, en el bolsillo, etc.". "Con la mano se cubre la credencial", se agravia. Señala, además, que el deber del funcionario es "informar" que es mucho más amplio que mostrar la credencial. En síntesis concluye que las declaraciones testimoniales objetivamente valoradas demuestran que los inspectores no se identificaron en ocasión de efectuar la inspección del 30/12/2006.

Se agravia asimismo por cuanto la Juez consideró que fueron los inspectores quienes llamaron a la policía cuando fue él quien convocó a la prevención. También se agravia porque considera que no quedó demostrado que la identificación de los inspectores ante el preventor haya llegado a conocimiento del recurrente; ¿por qué no efectuaron la inspección luego de acreditarse también ante él como corresponde, se pregunta retóricamente el recurrente. Cabría concluir, afirma Novelli, que para no estar sometido a este proceso y a su consecuente sanción debería haber permitido que personas sin identificarse ingresen en su local sin adoptar ningún recaudo. Entiende que la infracción vinculada con la obstrucción del procedimiento fue en realidad una manera que utilizaron los inspectores para defenderse del cohecho de que el recurrente afirma haber sido víctima en la ocasión.

La Sra. Fiscal ante esta Cámara consideró en su dictamen que los agravios del infractor, que cuestionan la forma en que la Juez a quo valoró las declaraciones testimoniales producidas en la audiencia de juicio, no logra demostrar la presencia de arbitrariedad en el caso sino que encierra una mera discrepancia con la forma en que se realizó la valoración aludida, por ello postula la confirmación de la condena por este hecho (fs. 284/85).

Finalmente el condenado en autos, encontrándose las actuaciones a su disposición, contestó los agravios que la absolución vinculada con el funcionamiento del local como sala de fiestas privadas sin la pertinente autorización generó a la fiscal de grado. Señala que no se ha probado en autos que el local de la avenida Córdoba Nº 5267 haya estado funcionando, el día 14/12/2006, como casa de fiestas privadas sino que siempre funcionó conforme a la habilitación vigente. Señala en su escrito el condenado que el órgano acusador no efectuó una valoración de la prueba de modo tal de poder concluir que el local actuó como sala de fiestas privadas, posteriormente alude a las declaraciones testimoniales que desmentirían que el local en cuestión hubiese funcionado como tal.

Posteriormente Novelli cuestiona la interpretación que efectúa la fiscal recurrente para concluir que la mera iniciación del trámite de habilitación de una casa de fiestas privadas le impediría el inicio de la actividad en cuestión.

Entiende el infractor que la enumeración que efectúa el código de habilitaciones y verificaciones (AD 700. 5, sección 2, capítulo 2.1 art. 2.1.8) al señalar cuáles son las actividades que no pueden funcionar con el mero inicio del trámite de habilitación es taxativa y si no se incluyó en ella el rubro casa de fiestas privadas no puede incluirse el mismo interpretando el rubro "locales de espectáculo y diversiones públicas". Extender el alcance del rubro mencionado al de casa de fiestas privadas sostiene Novelli que constituye una interpretación extensiva que conculca los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica (art. 18 CN) así como el principio de reserva (art. 19 CN).

En el mismo orden de ideas se agravia por cuanto se pretende incluir dentro del rubro "locales de espectáculos y diversiones públicas" a las casas de fiestas privadas recurriendo a la "voluntad del legislador", toda vez que a criterio de Novelli lo respetuoso de dicha voluntad sería no crear más excepciones que las establecidas legalmente.

Asimismo, agravia al condenado que sea mediante diversas normas del ordenamiento jurídico local sobre la base de lo cual la fiscal pretenda desentrañar cuál fue la intención del legislador al establecer como excepción a la habilitación automática a los locales de espectáculos y diversiones públicas (omitiendo toda referencia al debate de la norma). Entiende que las normas citadas en apoyo de su interpretación no guardan vinculación con la temática específica en cuestión y, por ende, no es aplicable.

También cuestiona el condenado en primera instancia que sea sobre la base del diccionario de la lengua que se pretenda conocer el alcance de la expresión "locales de espectáculos y diversiones públicas" por cuanto omite analizar los alcances del término "públicas" que, a su criterio, deja fuera de la categoría a el rubro "salón de fiestas privado".

Finaliza su exposición señalando que el 15/05/2006 solicitó la ampliación de la habilitación al rubro "casa de fiestas" (Exptes. Nº 27.769/2006 y 81.719/2006). Que posteriormente, interpuso un amparo por mora ante la tardanza de la administración en resolver lo peticionado que a la fecha no fue resuelto. Que él considera que no funciona como casa de fiestas privadas no obstante lo cual inició dicho trámite y se agravió judicialmente por la demora toda vez que señala encontrarse sufriendo penurias económicas.

4. Que a fs. 297 los autos pasaron a autos para resolver, resultando pertinente dilucidar en primer término si los recursos bajo examen han sido bien concedido y luego, en su caso, confrontar la decisión en crisis con los agravios pertinentes.

PRIMERA CUESTION Tal como se señalara en este mismo expediente (fs. 277), el art. 56 de la ley 1217, al regular la procedencia de los recursos de apelación contra las sentencias de los magistrados de Grado dictadas en el marco del ejercicio del control judicial de una resolución adoptada por la Unidad Administrativa de Control de Faltas establece -taxativamente- tres supuestos de viabilidad, a saber: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley; c) arbitrariedad. Fijándose así, el límite de la competencia que la ley asignó a esta Alzada en la materia.

La norma aludida no resulta sino una derivación lógica del principio de inmediación que informa la audiencia de juzgamiento en la materia y que impide que los jueces que no estuvieron presentes en el debate oral se inmiscuyan ilegítimamente en la apreciación de cuestiones de hecho y prueba a no ser a través de la excepcional doctrina de la arbitrariedad que en su acepción técnica posee contornos delineados por la doctrina jurisprudencial del máximo Tribunal Federal que acuñó dicha noción.

En el presente caso la Juez a quo concedió ambos recursos sobre la base de considerar que en ambos casos se invocaron, con sustento, presuntas arbitrariedades en que habría incurrido la sentencia en crisis. Sin embargo dicha forma de proceder no resulta suficiente.

En efecto, la doctrina de la arbitrariedad de sentencia posee, como se señaló más arriba, una acepción técnica acuñada originariamente por la Corte Suprema de Justicia Federal (Fallos 112:384) y, a diferencia de lo que pareciera creer la juez a quo, su mera invocación esta lejos de configurar su existencia. Adviértase que si fuese suficiente escribir en un recurso de apelación la palabra "arbitrariedad" para que el mismo resultase admisible en los términos del art. 56 de la ley de procedimientos en materia de faltas, los motivos legales de procedencia establecidos en dicha norma perderían todo sentido pues bastaría con la utilización del término aludido para habilitar la vía recursiva excepcional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, autora de la doctrina de la arbitrariedad, ha utilizado esta noción para denunciar, caso por caso, deficiencias de textura y origen diverso que, de maneras distintas, pueden restar toda fuerza a un acto pretendidamente jurisdiccional. Un interesante catálogo de todos aquellos supuestos en que la CSJN descalificó una sentencia como acto jurisdiccional válido recurriendo a la doctrina de la arbitrariedad puede consultarse en Carrió, Genaro R. - Carrió, Alejandro D., El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, Bs. AS., Abeledo-Perrot, 3ra. Edición, 1995. También hay otras obras importantes sobre el particular.

Corresponde reevaluar si los recursos de apelación, ligeramente concedidos, encierran en rigor denuncias serias de existencia de supuestos de arbitrariedad entendida en el sentido expuesto o sí, detrás de dicha tacha, se encubre una mera discrepancia con el modo en que la juzgadora de grado apreció y ponderó la prueba producida ante sus ojos.

En esta inteligencia es dable advertir que, en rigor y más allá de las expresiones utilizadas, lo que agravia a la fiscal de grado es lo que considera una errónea aplicación de la ley sustantiva, es decir su violación (art. 56 LPF). Concretamente, agravia a la recurrente que la Juez a quo a pesar de haber tenido por probado que el 14/12/2006 el local de la avenida Córdoba Nº 5267 funcionó como casa de fiestas privadas, entendiera que dicha conducta resultaba atípica de la infracción prevista en el art. 4.1.1 de la ley 451 toda vez que la debida habilitación, exigida por la norma prohibitiva, surgía por efecto del inicio del trámite de habilitación de conformidad con lo dispuesto en AD 700.5 art. 2.1.8. A criterio de la recurrente la norma citada no permite que el rubro casa de fiestas privadas pueda funcionar con el mero inicio del trámite de habilitación pues se trataría de una diversión pública. De lo expuesto se desprende que la competencia de este Tribunal se encuentra habilitada legalmente para entender estos agravios.

Distinto es el caso del recurso de apelación interpuesto por el condenado Novelli. En efecto, la tacha de arbitrariedad desplegada por el condenado de primera instancia obedece a lo que él considera como una errónea valoración de la prueba. Sin embargo, su desarrollo argumental no logra demostrar la manifiesta irrazonabilidad de la valoración probatoria efectuada por la Magistrada de grado. De acuerdo con la doctrina de la CSJN hay sentencias que, en materia de prueba, han sido descalificadas por arbitrarias en razón de que: a) prescinden de prueba decisiva; b) invocan prueba inexistente o c) contradicen abiertamente otras constancias de autos (Carrió, Genaro R. - Carrió, Alejandro D, op. cit.). Así, este recurso no denuncia con seriedad un supuesto de arbitrariedad vinculado con la valoración de la prueba sino que su agravio transita básicamente una cuestión de hecho y prueba que, por regla, queda fuera de la competencia legalmente asignada al Tribunal en la materia.

Adviértase que para afirmar que durante la inspección del 30/12/2006 los inspectores del gobierno de la ciudad se identificaron como tales a pesar de lo cual no se les permitió el acceso al local de la avenida Córdoba Nº 5267, la Juez valoró preponderantemente las declaraciones de Pérez, Lauría y Timinetzky. La crítica que el condenado efectúa acerca del modo en que se habría identificado la inspectora Lauría no posee la relevancia suficiente para demostrar la manifiesta sinrazón de lo decidido por la Jueza. En síntesis, la impugnación del condenado controvierte circunstancias fácticas de la decisión condenatoria y dicha circunstancia constituye un motivo de impugnación ajeno a la competencia asignada por ley a este Tribunal revisor (art. 56 LPF), en dicha inteligencia y toda vez que "la doctrina de la arbitrariedad de sentencia es estricta en su aplicación, pues atiende a cubrir casos de carácter excepcional" (Fallos 312:246; 389:608, entre otros), el recurso de apelación interpuesto por Rodolfo Alberto Novelli ha sido mal concedido.

SEGUNDA CUESTION:

Ingresando en el análisis del fondo del asunto jurídico propuesto por el único recurso para cuyo tratamiento este Tribunal se encuentra legalmente habilitado, es decir el de la fiscal de grado, corresponde efectuar otras precisiones.

El razonamiento de la Juez de grado para absolver por la conducta consistente en hacer funcionar el local de la avenida Córdoba Nº 5267 como casa de fiestas privadas sin contar con la habilitación pertinente el día 14/12/2006 consistió en afirmar que toda vez que Novelli había iniciado el trámite de habilitación para dicho rubro dicho inicio le permitía funcionar automáticamente de conformidad con AD 700. 5, sección 2, capítulo 2.1 art. 2.1.8. Es decir, tuvo por acreditado que el local estaba funcionado de ese modo. Por ello la circunstancia fáctica que dio base a la absolución consistió en afirmar que el local en cuestión se encontraba funcionando como casa de fiestas privadas, de lo expuesto se desprende que las críticas de Novelli tendientes a negar que el local haya funcionado de ese modo nos llevan nuevamente a controvertir aspectos fácticos de la decisión que este Tribunal no se encuentra habilitado, por principio general, a revisar.

Ahora bien, deslindadas como fueron las cuestiones acerca de las cuales resulta legalmente procedente el ejercicio de la competencia revisora por parte de este Tribunal corresponde desentrañar la corrección de la afirmación de la Juez a quo en cuanto a que el inicio del trámite de la ampliación de la habilitación efectuado por Novelli permite, de conformidad con AD 700. 5, sección 2, capítulo 2.1 art. 2.1.8, el funcionamiento de la actividad con sujeción a lo que se resuelva oportunamente en la respectiva solicitud de habilitación.

El local de la avenida Córdoba 5267 esta habilitado, a nombre de Rodolfo Alberto Novelli como restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wiskería y cervecería (fs. 61). Con posterioridad, el titular de la habilitación, inició, el 16/05/2006, el trámite para ampliar la habilitación para el rubro casa para fiestas privadas (expte. 27.769/2006).

Así las cosas, a los efectos de desentrañar el alcance de la noción "locales de espectáculos y diversiones públicas" y concluir si "una casa de fiestas privadas" encuadra en dicha expresión, no corresponde prescindir del mismo cuerpo normativo que efectúa tal distinción. En esta inteligencia se aprecia que aquellas actividades que la propia norma define como "espectáculos y diversiones públicas" se encuentran desarrollados en el propio código de habilitaciones y verificaciones, adviértase que justamente el título de la sección 10 (AD 700.48) es "espectáculos y diversiones públicas". Bajo esa sección aparecen desarrolladas las siguientes actividades: a) Estadios de fútbol (capítulo 10.1); b) Locales de baile (que incluye las modalidades clase "A", "B" y "C", capítulo 10.2); c) Fiestas populares (capítulo 10.4); d) Salas de patinaje (capítulo 10.5); e) Salas de recreación (locales destinados al funcionamiento de aparatos de recreación, eléctricos, electromecánicos o electrónicos, capítulo 10.6); f) Salas de bingo (capítulo 10.7) y g) "Club de música en vivo" (incorporado en la sección 10 del CHyV por efecto de la ley 2324).

La actividad en cuestión para la cual se inició el trámite de ampliación de la habilitación (art. 2.1.10, CHyV), es decir "Casa para fiestas privadas" (conf. expte. 27769/2006), y cuyo cuestionamiento efectuó la administración (ver acta de fs. 6), no se encuentra enumerada en la sección 10 y por ende no corresponde tenerla como casa de "espectáculos y diversiones públicas" tal como pretende el recurso de la acusadora.

La fiscal a los fines de argumentar que las "casas de fiestas privadas" son "espectáculos y diversiones públicas" recurre a otras dos leyes, una de las cuales remite a su reglamentación, que regulan el impacto ambiental y cuestiones de zonificación que a tales fines incluyen a la "casa de fiestas privadas" en aquella categoría. Sin embargo, si el código de habilitaciones y verificaciones de la ciudad de Buenos Aires que regula específicamente las actividades que requieren habilitación previa y las que no y contiene una sección -10- sobre "espectáculos y diversiones públicas" cuyos capítulos indican qué lugares se consideran tales, no cabe recurrir a otros ordenamientos legales a los fines de ofrecer una interpretación distinta a la brindada por aquel cuerpo legal, pues este consiste en una explicación del contenido de una ley hecha por el propio legislador del que emanó -auténtica- que en el caso además es contextual pues el legislador la hace en el propio texto de la ley.

Por las razones expuestas, en mérito al acuerdo que antecede, a las normas legales y antecedentes jurisprudenciales citados, el Tribunal RESUELVE:

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por Rodolfo Alberto Novelli obrante a fs. 272/74 (art. 56 LPF).

II.- CONFIRMAR el punto I de la sentencia obrante a fs. 267 en cuanto resolvió absolver a Rodolfo Alberto Novelli, por la conducta atribuida en el acta de comprobación identificada con el Nº 2-1041434 (arts. 2.1.8 y sección 10 CHyV).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia, a sus efectos.

Ante mi El Marcelo Pablo Vázquez no firma por ausencia momentánea.