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Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, aportes y contribuciones previsionales, prescripción, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ ASOCIACION DE EXTENSION CULTURAL Y EDUCATIVA ADECE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-05-28

La cuestión del plazo aplicable en materia de aportes y/o contribuciones previsionales en la órbita provincial es "opinable" o "discutible", por lo que la Cámara efectúa una profusión de citas jurisprudenciales provenientes de diversos tribunales, conforme las cuales las soluciones a las que se arriba sobre el punto son diversas; para concluir, por las razones que invoca y más allá de su acierto o error, en la aplicación al caso del plazo previsto en el artículo 4027 inciso 3 del Código Civil, con lo cual no hace sino coincidir, en definitiva, con la solución por la cual optó la mayoría de la Corte Nacional in re "Filcrosa", en que también se concluyó en la aplicación de la norma mencionada, tesitura reiterada en fallos sucesivos referentes a materias de derecho público provincial diversas de la tributaria (Citas: CSJN: Filcrosa; Barreyro, Bernarda Ramona c Municipalidad de Posadas, Fallos 327:2631; Verdini, Edgardo Ulises c. Instituto de Seguridad Social de Neuquén, Fallos 327:3187).
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor, valor venal, daños de carrocería
Materia: CIVIL
Carátula: BOGGIANO, EMILIO C c/ PARK, JAE WAN s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-04

Si como consecuencia de un accidente de tránsito un automotor experimenta desperfectos en la carrocería, el criterio a los fines de determinar la pérdida de cotización en el mercado de vehículos usados debe interpretarse con restricción, pues la chapa y la carrocería son partes perfectamente reparables y el valor venal no se encuentra afectado en tanto ni interesan partes vitales o importantes para la normalidad del funcionamiento y cuya afectación repercute en la dinámica a que está destinado el automotor.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, personal de casas particulares, aplicación de la ley, ley vigente, irretroactividad de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CEJAS, LILIANA BEATRIZ Y OTRO c/ HEREDEROS Y/O SUCESORES Y/O LEGATARIOS DE PETRUCCI, LINA GENOVEVA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-02

En relación a la pretendida aplicación retroactiva de la Ley 26844, que regula la actividad del personal de casas particulares, con fundamento en los principios protectorios del derecho laboral -ley más benigna-, los quejosos no se hacen cargo debidamente de las consideraciones efectuadas por los sentenciantes que descartaron la aplicación de dicha normativa por no resultar vigente la misma durante el tiempo de la invocada relación entre las partes, agregando que dicha solución resultaba conteste con la doctrina del Máximo Tribunal Nacional en el caso Espósito. - CITAS: CSJStaFe: Espósito, Dardo Luis contra Provincia A.R.T. S.A., Fallos 339:781. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26844
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, Ministerio Público Fiscal, querellante, sentencia absolutoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Santillán, Francisco Agustín s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-13

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que consideró que, como consecuencia de las facultades conferidas por el actual ordenamiento procesal al representante del ministerio público para el ejercicio de la acción penal pública, la actuación del querellante particular no era autónoma respecto de aquel órgano y que, postulada la absolución por el primero, el pedido de condena de la querella no era suficiente para habilitar al tribunal a emitir un pronunciamiento de condena.
Concursos, privilegios (civil)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios del Edificio Gulfi Torre I c/ Pozzi, Nora Elena s/ Quiebra s/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-03

Debemos sostener que dentro de la categoría de "conservación" se encuentran todos aquellos gastos que sirven para mantener el bien en condiciones de uso y valor, o protegerlo, como el costo de un seguro, no pudiendo dejar de advertirse el gasto necesario que importa el pago de las expensas comunes de la unidad derivado de la propia naturaleza del régimen en que se encuentra (art. 8 ley 13512), con la sola exclusión de aquellos parciales que no se vinculen al inmueble en si, sino a la persona de su titular, como sería el de una indemnización que debiera oblar el consorcio y se hubiera prorrateado entre todos los propietarios que lo integran.
Competencia contencioso administrativa, sanciones conminatorias
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sánchez, María Eugenia c/ Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología s/ Acción de Amparo por Mora en la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-06

Comparece la parte actora manifestando que la demandada no ha dado cumplimiento con lo ordenado por esta Corte de Justicia, mediante Sentencia Definitiva Nº 08/11 de fecha 31/Agos/11, habiendo sido intimada mediante cédula de notificación por lo que solicita aplicación de astreintes.

La acción de amparo por mora fue admitida por esta Corte de Justicia mediante Sentencia Definitiva Nº 08/11, disponiéndose librar orden de pronto despacho ordenando al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para que en el plazo de cinco (5) días de notificada la sentencia, se expida sobre la situación laboral de la actora. El funcionario a cargo del Ministerio no ha dado cumplimiento a la manda judicial hasta la fecha de emisión de este decisorio.

Dicho incumplimiento demuestra la falta de diligencia en el proceder de la accionada, que permite presumir la desidia de la obligada en emitir el acto administrativo pertinente por parte del Titular del área respectiva, a quien va dirigida la orden jurisdiccional de pronto despacho de las actuaciones administrativas.

Frente a ello, surge el deber ineludible del Tribunal de hacer cumplir lo ordenado en la sentencia para que ésta no quede en un pronunciamiento meramente teórico o abstracto, encontrándose tal facultad dentro de las atribuciones propias del órgano jurisdiccional.

Por lo que este Superior Tribunal Provincial en uso de facultades constitucionales y legales contenidas en los Arts. 205 de la Constitución Provincial y 166 del CPCC, se encuentra investido de imperio para hacer cumplir sus sentencias.

En consecuencia, resultando facultad privativa de este Tribunal merituar si en el caso concreto concurren las razones que justifican la imposición de sanciones conminatorias, de indiscutible naturaleza procesal para obtener el efectivo cumplimiento del mandato judicial que ordenó pronunciarse sobre lo peticionado por la actora, se estima prudente imponer una multa diaria de pesos cincuenta ($50), por cada día de retardo en el cumplimento de lo ordenado por Sentencia Definitiva Nº 08/11, a partir de la notificación de este pronunciamiento y en beneficio de la parte actora.
Competencia contencioso administrativa, conflicto de poderes, conflicto interno municipal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Lagoria, Pedro Arturo c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de San José - Dpto. Santa María s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-25

La acción de conflicto de poderes ha sido materia de numerosos precedentes de esta Corte de Justicia a través de sus distintas conformaciones, conceptualizando la pretensión prevista en el Art.204 de la Constitución Provincial de conformidad a las disposiciones contenidas en los Arts.623 bis de la Ley 4702, incorporada al CPCC.

Conforme a la doctrina legal sentada a partir de autos "Albarracín", de fecha 23/06/92, publicado en "Derecho Municipal Argentino" (Brugge Juan y Mooney Alfredo, p.658), reiterada en abundante jurisprudencia de esta Corte de Justicia, la acción de que se trata se tipifica cuando la controversia se suscita entre o en el seno de los Órganos de Gobierno Municipal, afectando el normal funcionamiento del Municipio conforme a las previsiones constitucionales y legales.

Entre tales prescripciones de superior jerarquía se encuentra, precisamente, la conformación del órgano deliberativo, tendiente a garantizar la forma representativa de gobierno en la jurisdicción municipal (Art.248, inc.2, y Art. 250 de la Constitución Provincial), sistema que debe ser garantizado por las respectivas Cartas Orgánicas (Art.247 de la CP).
Tasa de justicia, ejecución fiscal, procesos de ejecución, juicio ordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL  D.G.I. c/ LEBLON  S.A.  Y OTRA s/ EJECUCION FISCAL - EXCEPCIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-15

Los agravios vertidos por las recurrentes en punto al efecto liberatorio de los pagos menores de la tasa judicial realizados con anterioridad a la expedición del título de la deuda, remitirían necesariamente al examen de la causa de la obligación fiscal, lo que está vedada por el inc. 4 del art. 544 del Código Procesal -de aplicación supletoria por el art. 92 de la ley 11683 (t.o. 1978 y modif.). Dicha restricción no vulnera la garantía constitucional de la defensa en juicio, pues su fundamento -entre otras razones- radica en evitar la ordinarización del proceso de ejecución que convertiría al juicio ordinario posterior (art. 553 cód. cit.) en una institución procesal sin objeto.
Recurso de inconstitucionalidad, realismo económico, intereses, tasas de interés
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AGUILAR, MARIA ANGELICA POR SI Y EN REPRESENTACION DE SU HIJA MENOR NOELIA SOLEDAD Y POR OTRO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 21 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-07-10

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la Sala, en el fallo cuestionado, mantuvo la decisión del Tribunal inferior, argumentando únicamente que por presentar la cuestión sobre intereses una naturaleza accesoria no habilitaba la apertura de la instancia extraordinaria interpuesta, sin atender ni esbozar pauta alguna de realismo económico o siquiera justificar que no se había sobrepasado el legítimo resarcimiento perseguido, habiendo soslayado el hecho -público y notorio- de que en el período de finales de los ochenta y principios de los noventa, el país sufrió un índice inflacionario muy alto con tasas de interés bancarias sustancialmente elevadas.

Ese déficit por omisión torna descalificable constitucionalmente el fallo atacado por cuanto el interés establecido para dicha época quebranta la ecuación matemática, arribándose a un resultado económico de montos indemnizatorios desproporcionados e irrazonables ante la sola evidencia de aplicar un quantum que, en algunos casos del período antes mencionado, alcanzó un 107 % mensual promediando la tasa activa y la pasiva.
Derecho a la imagen, libertad de prensa
Materia: CIVIL
Carátula: TREJO ALCIRA RAMONA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-08-03

Para que proceda la eximente de responsabilidad prevista en el art. 31 in fine de la ley 11.723 relativa a la difusión no consentida de la imagen de una persona, se exige que el propósito científico, didáctico o cultural sea la finalidad principal de la difusión o bien que ante hechos de interés público o que se hubieran desarrollado en público, exista una relación directa entre la imagen de la persona y el acontecimiento de interés público.-
Alimentos, prescripción, alimentos atrasados
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: F., L. A. s/ Dicorcio vincular por presentación conjunta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-07

La falta de oportuno reclamo, por el alimentario, de las cuotas atrasadas no autoriza la presunción de que carece de necesidad y, por ende, no extingue la obligación relativa a esas cuotas. Una regla que contrarie la expresada carece de respaldo legal y pugna el texto expreso del art. 4027 del Código Civil que, al establecer para esas obligaciones una prescripción quinquenal, hace imposible su caducidad en un término menor, no corre la prescripción contra los menores cuando su representante legal es el deudor de la obligación al pago de los alimentos de la cual son acreedores.
Beneficio de litigar sin gastos, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Cisneros, Durval Cornelio y Cisneros, Martina Afloricia Cabrera de c/  s/ Sucesorio s/recurso de casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-04-25

La C.S.J.N., 13/11/90, LL, 1991-C-57; DJ, 1991-2-134; ED, 141-598, ha señalado, que el beneficio de litigar sin gastos tiende a poner en situación similar a las personas que deben intervenir en un proceso, a fin de quien carezca de recursos suficientes para afrontar las cargas económicas que impone un juicio pueda atender con amplitud cuanto demanda el reconocimiento judicial de su derecho.
Causa de las obligaciones, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL
Carátula: G. S.A. c/ B. C. S.A. s/ Rectificación de cuenta corriente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-10

"Se produce un enriquecimiento sin causa, también denominado en España "enriquecimiento injustificado" o "enriquecimiento torticero", "cuando una persona se beneficia o enriquece a costa de otra, sin que exista una causa o razón de ser que justifique este desplazamiento patrimonial. Por consiguiente, al no estar justificada la atribución patrimonial, la persona que recibió deberá restituir...".
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Benatti Carlos c/ Servidio Humberto s/ Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-06

La citación para absolver posiciones y reconocer o rechazar documentos importa una carga procesal para la práctica de la diligencia en el día y hora indicada y no una obligación o deber de comparecer. El incumplimiento de esa carga trae como consecuencia que se presuman ciertos los hechos preguntados y admisibles; pero, esos hechos favorecidos por la presunción de ser ciertos, pueden desvirtuarse mediante libre prueba en contrario (arg. arts. 407, 409, 415, 495 CPCC), la que no se ha producido en autos.
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: NOTARFRANCESCO, Angel Eduardo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-23

El delito de omisión de los deberes de asistencia familiar se configura con un solo incumplimiento por parte del sujeto activo, es decir, la satisfacción parcial equivale a la insatisfacción de lo debido.

Si no se advierte falta de capacidad económica del imputado para hacer frente a sus obligaciones, sumado a que sólo se aportaron tres recibos que acreditan pagos efectuados, debe tenerse por acreditado el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Por ello, debe confirmarse el procesamiento del imputado.
Juicio de apremio, deudas impositivas, prescripción, Municipalidad, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Municipalidad de Gualeguaychu c/ Cervecería Argentina S.A. Isenbeck s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-29

Ante la existencia de un procedimiento administrativo de determinación de oficio del tributo y sucesivas apelaciones en ese ámbito por parte del requerido, es la propia normativa tributaria municipal y provincial quien le ponen un freno a la Administración municipal para el inicio de las acciones judiciales de apremio fiscal (CTM Ordenanza N° 10287/97, arts. 20, 46, inc. c), 54, y 97 del Código Fiscal provincial), donde no agotadas las instancias recursivas en esa instancia, de ejercerse la acción judicial de cobro la Administración se enfrentaría al riesgo de una excepción de inhabilidad de título articulada por la ejecutada.
Responsabilidad médica, responsabilidad de la obra social, prestaciones de la obra social, prestadores médicos, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: Capdevilla, Hugo Ramón y otros c/ Portugalli, José Luis y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

Dada la modalidad o medio elegido por la Obra Social para el cumplimiento de su obligación de prestar cobertura al afiliado, a través de la puesta a disposición de aquéllos de determinados sanatorios, no cabe responderse ante los beneficiarios del incumplimiento por parte de dichas entidades de las obligaciones que le incumben en la atención del enfermo, pues no puede desatenderse que si el sanatorio en cuestión no reunía las condiciones exigidas para el cuidado de sus internados, no cumplió tampoco diligentemente con la obligación que le incumbía de prestar debido amparo y vigilancia extrema que exigía la naturaleza de su obligación.
Obras Sanitarias de la Nación, tasas, contribuyentes
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION c/ CASTIGLIONI Y OTRO s/ IMPUESTO- TASAS.    PRESCRIPCION.    O.S.N.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

La vinculación que se instaura entre Obras Sanitarias de la Nación y los contribuyentes corresponde a una relación de derecho público, como derivación de los propios términos de la ley 20.324, en cuanto faculta a Obras Sanitarias de la Nación a percibir un recurso cuya naturaleza tributaria no se controvierte en la causa
Reajuste jubilatorio, empleados públicos, personal no docente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RAFAELLE de TORRILLA, Angela c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-27

El Decreto 2213/87 en su art. 1 aprobó el escalafón para el personal no docente de la Universidades Nacionales, habida cuenta que en virtud de lo prescripto en su art. 7 no quedó expresamente derogado el art. 1 del Decreto 4013/77. En consecuencia, el causante debe ser incluido en la ley 22.955 a los efectos del reajuste de la prestación, sin que pueda operar en detrimento de ello el hecho que a la fecha del cese de la actividad se hallare vigente el escalafón para el personal no docente de la Universidades Nacionales, toda vez que ni la ley previsional citada ni su decreto reglamentario establecen una expresa exclusión por esa causa de lo beneficios que regulan.
Asociaciones sindicales, aportes sindicales
Materia: LABORAL
Carátula: Cerda, Oscar Juan y otros c/ UTEDYC Unión de Trabajadores de Entidades deportivas y civiles s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-05

La cuestión sobre la procedencia del aporte estipulado en el art. 94 del CCT 160/75 se resuelve a partir de lo dispuesto en aquél. Así, dicha norma establece: "Cuota sindical: Las instituciones empleadoras procederán a descontar mensualmente de los sueldos de los trabajadores la cuota sindical que fijen en el futuro los órganos directivos del gremio de la UTEDYC; procediéndose hasta entonces al descuento del 2% sobre la suma total que en tal carácter perciba el trabajador, en concepto de cuota sindical, sea éste o no afiliado. Para este descuento regirán las disposiciones de la resolución 7/1975 de la Dirección Gral. de Asociaciones Profesionales", es decir que, indudablemente, el convenio se está refiriendo a la cuota sindical, y no menciona cuota de solidaridad (la que por su parte, se establece en el art. 92). -. Por ende, ante la claridad de los términos del convenio colectivo, el art. 94, en tanto declara obligados por la "cuota sindical" tanto a los trabajadores afiliados como no afiliados (establecida en un 2% de la remuneración del trabajador), es incompatible con el art. 4 inc. b) de la ley 23.551 y con la consecuente libertad de afiliación que establece.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Poder Judicial, Poder Legislativo, facultades legislativas, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

Frente a la objeción que la elaboración de un criterio jurisprudencial que vincula para el futuro, constituye una norma general, abstracta, y ello es propio del legislador, cabe reafirmar la distinción entre la labor del legislador y la labor del juez.

Quien sólo interpreta la ley dada, no crea una ley. Sólo de un modo en cierta medida analógico es válido afirmar lo contrario, pero ello es lo propio de toda interpretación judicial que aplica la ley y que ha destacado el realismo jurídico -"el derecho es lo que dicen los tribunales"-, no exclusivo de la interpretación en defecto de caso concreto. El aparecer como un mandato general y abstracto, sólo analógicamente convierte a la interpretación en ley, porque la ley está dada por el legislador y en definitiva el juez sólo ha de aplicarla, como norma particular, en cada caso concreto sometido a su conocimiento. En todo caso el tema pasa por la justificación de una interpretación vinculante para la integración de esa norma. (Del Voto del Dr. Bernardini -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Régimen penal cambiario, prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, actos interruptivos, juicio sumario
Materia: PENAL
Carátula: SADEI SOCIEDAD ANONIMA DE EDICIONES E IMPRESIONES s/ Régimen penal cambiario Causa 28406-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-06

1- Si bien el Banco Central de la República Argentina dejó transcurrir seis años desde el inicio de las actuaciones hasta el dictado de la resolución que dispone la apertura del sumario, lo cual demuestra una seria lentitud en las investigaciones que llegan a manos de la mencionada entidad, no podemos dejar de reconocer que la fecha en que se dictó la cuestionada resolución que no hizo lugar a la prescripción, permitió la interrupción de aquella ya que dicha fecha correspondía al último día que tenía el Banco Central para activar el procedimiento.- 2- El conocimiento al momento de dictarse el acto interruptivo mencionado por los apelantes sobre la base de lo dispuesto por el art. 19 de la ley N° 22338, no debe entenderse en relación a "los actos procesales de impulsión dictados por la jurisdicción administrativa..." que pueden comunicarse con posterioridad, sino que debe entenderse con relación a los procedimientos que deben practicarse con conocimiento del inspeccionado y que se mencionan en la norma legal citada.