marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cheque, libramiento del cheque, cheque a la orden, nombre del beneficiario, presentación al cobro, cheque en blanco, monto del cheque
Materia: PENAL-COMERCIAL
Carátula: Fresedo, Julio s/ recurso de casación  Causa: 329
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

La sanción que establece la primera parte del artículo 3ro. del Decreto Ley 4776/63 no es operativa "per se ", sino que requiere de la acción del tenedor de presentar el cheque al cobro, de modo tal que si el tenedor legítimo recibe un cheque por un monto superior al establecido en la última parte del artículo 56 de la norma, donde no consta el beneficiario (en blanco), el derecho no reacciona contra la inconducta, en tanto no se intente su cobro en tales condiciones.
Concurso real, pena
Materia: PENAL
Carátula: BEUNZA, Rubén s/ Estafas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-09

Resulta inaplicable, tratándose de un concurso real del art. 56 del C.P. en el caso en el que la técnica penalizadora se determina por un sistema que no es el de la suma de los máximos de pena amenazados, sino por la aplicación conjunta de las penas que corresponden a cada delito.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho a la intimidad, grabaciones, medios de prueba, querella, recurso de casación penal, videofilmación
Materia: CIVIL-CULTURA-EDUCACION-PROCESAL-PENAL
Carátula: Querella formulada por Daniel Gervasoni por injurias  c/ Luis Meritello y Ricardo Meritello s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-02-28

La intimidad es un derecho que sólo puede ser disfrutado y protegido a quien actúa en su ámbito privado pero lícitamente, no cuando delinque o se refiere a un delito. Quien comete un delito y con ello está quebrantando el orden social, actuando antijurídicamente, ninguna intimidad puede reclamar porque está directa o indirectamente afectando los bienes jurídicos de terceros y de la sociedad toda, y con ello está precisamente desbordando los meros límites de la esfera de su intimidad y vida privada.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, seguros, robo de automotor, incumplimiento del contrato, juicio ordinario
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Alferes Andujar, Nahuel Angel  c/ Antartida Compañía Argentina de Seguros SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-26

Corresponde admitir la acción de daños y perjuicios promovida por un asegurado con motivo del incumplimiento del contrato de seguro automotor celebrado con la compañía, que cubría el robo del vehículo del accionante, toda vez que no resulta controvertido que el rechazo del siniestro fue comunicado de forma extemporánea, con posterioridad al vencimiento del correspondiente plazo legal de 30 días (cfr. LS 56).

En ese marco, corresponde conceder la suma pretendida por el actor en concepto de daño emergente, equivalente al precio actual de venta de un automóvil de la misma antigüedad y similares condiciones del asegurado, pues si bien como principio general el importe de esta indemnización encuentra un límite en la suma asegurada, no puede imponerse en todos los casos sin excepción y en forma indiscriminada, especialmente teniendo en cuenta el principio de reparación plena del daño (CCCN 1740) aplicable al régimen jurídico de reparación civil.

En efecto, el valor estipulado en la póliza se muestra notablemente inferior al requerido en la actualidad para reponer la unidad siniestrada, incluso adicionándose la tasa de interés activa desde la fecha de mora. Por tal razón, cabe desestimar como límite de reconocimiento del siniestro el expresado en el referido instrumento, pues de acuerdo a lo antedicho, resulta revelador destacar el hecho de que si la aseguradora al momento del siniestro hubiera cumplido con la obligación asumida, el actor habría adquirido un vehículo similar. En otras palabras, de haber honrado la aseguradora su deber en tiempo y forma, la suma asegurada podría haber limitado su responsabilidad, admitir lo contrario importaría permitirle a la demandada extraer un evidente provecho de su propio incumplimiento, con riesgo de provocarse una desnaturalización del contrato.
Costas, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ACUÑA NORMA ELENA Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-06-06

Corresponde aplicar las costas por su orden, cuando la complejidad del tema debatido pudo hacer creer a la actora en su mejor derecho para litigar.
Administración Pública, empleados públicos, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BARBA, JUAN MANUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 271-92) Romero, Ruben Carlos c/ Comuna de Romang s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 183-90) Ventura, Santos Luciano c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 535-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-10|1999-04-20|1999-05-19

Siendo presupuesto básico de la acción de la Administración Pública, en cualquier campo de su actividad, la realización del interés público; cuando se demuestre una manifiesta ausencia de esa finalidad en sus decisiones disciplinarias, procederá la revisión jurisdiccional aun en el área normalmente exenta de ésta.
Orden de allanamiento, medidas urgentes, nulidad procesal, autoridad de prevención, facultades de la autoridad de prevención, comunicación al juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CRUZ, Félix s/ ALLANAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Toda vez que, el art. 184, inc. 5°, C.P.P. autoriza al personal policial a llevar a cabo un allanamiento con inmediato aviso al órgano judicial competente, debe homologarse el procedimiento impugnado ya que fue ordenado jurisdiccionalmente, con la urgencia que el caso reclamaba a los efectos de que una de las pruebas vitales para la hipótesis delictiva pesquisada no se deteriore o simplemente desaparezca, inclusive destacándose que en el inmueble inspeccionado moraba el imputado. Por ello, no procede la nulidad alegada.
Convención sobre los derechos del niño, robo, tentativa, inimputabilidad
Materia: PENAL
Carátula: O., J. A. c/  s/ robo en tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-30

Una interpretación razonable y sistemática del juego de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la ley 26.061, del régimen penal juvenil de la ley 22.278 -en su artículo 1º-, y a su vez, también en relación con las leyes 26.061 y 26.657, conduce, ante todo, a visualizar que el legislador, en verdad, ha excluido de la jurisdicción penal a los inimputables, una vez constatada de modo cierto tal condición. En este sentido, si la función del derecho penal consiste en, a través de la pena impuesta a costa del condenado, estabilizar el comunicado de la norma que haya sido quebrantada por la conducta atribuida como criminal, -es decir, de reafirmar que lo que mantiene vigencia es ese significado normativo y no el del comportamiento opuesto a ella-, difícil es afirmar que el derecho penal pueda abarcar aquellas conductas de personas inimputables, en tanto esos comportamientos, aun cuando hayan podido ocasionar una lesión a bienes, no pueden ser entendidos como portadores de un significado opuesto a la norma o, en otras palabras, con un sentido tal que pueda ser leído, por la generalidad, como una conducta que transmite un significado opuesto a aquella. Si se parte de este entendimiento de la función propia del derecho penal, y, a su vez, se percibe solo de modo secundario la posibilidad de lograr a través de él la protección de bienes, esto es, solo como una consecuencia derivada de la función primordial, esencial y propia de esta rama del derecho, entonces parece razonable entender que es ajeno a la jurisdicción penal el trato con personas inimputables (voto del juez Magariños).

Cita de Jakobs, Günther, Derecho Penal. Parte General, trad de Cuello Contreras y Serrano González de Murillo, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 629, 18/1 y Jakobs, Gunther, Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal, trad. De Cancio Meliá y Feijóo Sánchez, Universidad del Externado de Colombia, Bogotá, 2004, pp. 78-79
Accidentes de trabajo, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: LABORAL
Carátula: Diaz, Roque R. del Valle c/ Clarfix S.A.C.I. s/ Daños y perjuicios Demyda, Gregorio Lademir c/ Reginald Lee S.A.I.C. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17|1988-05-10

Cuando se ejercita la acción de derecho común en materia de accidentes de trabajo su procedencia depende inexcusablemente de la demostración de que el empleador es dueño o guardián de una cosa riesgosa cuya actuación ha provocado el daño, para luego declararlo civilmente responsable con arreglo al precepto legal de aplicación.
Honorarios, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: V.D.R. s/ LESIONES CULPOSAS - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-05-07

La Sala Penal de este Alto Cuerpo es competente para entender en los recursos de revisión que se articulen en ese fuero, en materia arancelaria. En principio, la competencia de cada Sala queda determinada por la materia principal debatida, coincidiendo ambas en su denominación. Así sobre las cuestiones penales intervendrá la Sala Penal, sobre temas civiles decidirá la Sala en lo Civil. Pero esta verdad de perogrullo puede sufrir algunas modificaciones cuando temas conexos o subordinados a la materia principal ingresan al conocimiento de una Sala que, prima facie, no es la que debe entender sobre los mismos.

Nadie duda que la acción resarcitoria civil deducida en el fuero criminal es de competencia de la Sala en lo Penal. No se ha propiciado una escisión entre lo principal y lo accesorio en ese caso. Otro tanto sucede con la carga de las costas y los honorarios devengados en los diversos fueros. Sobre estos últimos (que es respecto de los cuales versa la controversia) la ley especial ha unificado la vía de acceso a este Tribunal, decidiéndose por el recurso de revisión previsto en el Código de Procedimientos Civiles.

Pero de esta circunstancia no puede seguirse, sin más, que los mismos deban ser resueltos por la Sala en lo Civil y Comercial, cualquiera haya sido el fuero en que se devengaron. Sólo podría llegarse a tal extremo desatendiendo el carácter accesorio de los mismos con relación al rubro costas el que, además, está subordinado al tema principal del litigio. (Voto del Dr. Bonadero).-
Incidentes, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernandez de Berg, Victoria M. s/ Sucesión ab-intestato Municipalidad de General Pueyrredón c/ Circo Rodas s/ Apremio Marexport S.R.L. y otros s/ Quiebra s/ Incidente de revisión en autos: Banco de la Nación  Argentina s/ Incidente de impugnación informe síndico en: Marexport  y otros s/ quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-20|1991-10-29|1996-02-27

De conformidad con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los incidentes, los honorarios deben determinarse en función del monto que en ellos se discute y no con relación al valor total disputado en el pleito. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisprudencia internacional, prisión preventiva, medidas cautelares, principio de legalidad, presunción de inocencia, proporcionalidad de la medida, Corte Interamericana de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bayarri c/ Argentina s/ Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2008-10-30

Conforme reiterado criterio de la Corte Interamericana, en tanto la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de delito, debe tener carácter excepcional, estar limitada por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad de la medida, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en el marco de un Estado de Derecho, pues se trata de una medida cautelar sin que pueda empleársela con criterio punitivo.
Sentencia arbitraria, docentes privados
Materia: PROCESAL
Carátula: ALCAINO, RAFAEL FERNANDO Y OTROS. c/ COLEGIO SANTO TOMAS S.R.L. Y OTROS. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-16

En mérito a las innegables particularidades del conjunto de disposiciones comprometidas en el caso, la Sala sentenciante no podía eludir el tratamiento de la cuestión y limitarse a decidir la pretensión en base a la Resolución Nº 1884/02 del Consejo Gremial de Enseñanza Privada con el sólo fundamento de que los actores no plantearon su inconstitucionalidad. Para decidir la procedencia del reclamo fundado en los Decretos N° 1273/02, 1371/02, 2641/02, 905/03, 392/03 y 1347/03, correspondía determinar y justificar el sector del trabajo beneficiado con las asignaciones no remunerativas allí previstas a partir de lo establecido por las normas citadas, sus reglamentarias y complementarias. En cumplimiento de una adecuada labor hermenéutica, la Cámara no pudo pasar por alto la existencia de resoluciones contradictorias vinculadas a la determinación del ámbito de aplicación y su directa incidencia en la suerte del reclamo formulado en autos. Como ya se dijo, aún interpretando que la Cámara aplicó la Resolución Nº 1884/02 del CGEP en la convicción de su constitucionalidad y por ello no imprimió el trámite previsto en el art. 88 del CPC, no podía pasar por alto el marco de dudas que ha generado la sucesión de disposiciones vinculadas a la aplicación de los Decretos N° 1273/02, 1371/02, 2641/02, 905/03, 392/03 y 1347/03 a los docentes privados.

La mera referencia a la Resolución Nº 1884/02 del CGEP es insuficiente para justificar lo resuelto en relación a este aspecto de la pretensión y dicho déficit constituye una infracción al deber constitucionalmente y legalmente impuesto (art. 18 de la Constitución nacional y art.

30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, art. 264 del CPCC, de aplicación supletoria al fuero), que tiñe de arbitrariedad al pronunciamiento.

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GOANE (CON SU VOTO) - SBDAR.
Ciudadanía, ciudadanía por naturalización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DAZA FERNANDEZ, Teófila s/ Naturalización
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-21

Procede el recurso de apelación contra la resolución que otorgó la ciudadanía argentina por naturalización por entender que faltaba el certificado de buena conducta expedido por el país de origen, exigido por la normativa en cuestión.
Declaración indagatoria, impugnabilidad objetiva, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL
Carátula: doctor Dante M. Vega , fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza c/  s/ recurso queja N° 4 s / infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-26

Si bien la resolución atacada -que no hizo lugar a la solicitud de citación a prestar declaración indagatoria efectuada por el fiscal- no supera el requisito de impugnabilidad objetiva previsto en el art. 457 del C.P.P.N., el recurrente ha invocado fundadamente las normas que considera afectadas y el gravamen de imposible reparación ulterior que le ocasiona la decisión dictada, permitiendo en el caso, equiparar el pronunciamiento cuestionado a uno definitivo y habilitar así esta instancia.Dres. Figueroa, Borinsky y Hornos
Defensa del consumidor, telefonía celular, contratos de adhesión, cláusulas predispuestas, información al consumidor, deber de información
Materia: COMERCIAL
Carátula: Telefónica Comunicaciones Personales S.A c/ D.N.C.I. -disp. 524/01 (Expte. 607-84/98)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-06

El lugar donde se efectuó la venta del servicio de telefonía celular -en viaje hacia la República Oriental del Uruguay en la línea de navegación Buquebús- pudo inducir a error al desprevenido consumidor respecto de las condiciones en que se prestaría el servicio contratado, debiendo haber adoptado la empresa vendedora todos los mecanismos tendientes a informar y disipar las dudas que de la situación particular pudieran derivarse.
Tasa de justicia, prescripción, prescripción quinquenal
Materia: CIVIL
Carátula: FISCO NACIONAL c/ I.N.T.A.  INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA  S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-23

El plazo de 5 años para cobrar a la parte demandada la tasa de justicia (art. 18, ley 21.859 y 59 inc. a, ley 11.683) comenzó a correr en el caso desde que las costas le fueron impuestas a la parte ejecutada por la sentencia de remate y fue conocida la existencia del crédito por el órgano encargado de su percepción (art. 16, ley 21.859).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, límites del pronunciamiento, reformatio in pejus, cuestión firme, honorarios del perito
Materia: PROCESAL
Carátula: Cedros Dorados S.A. y otro c/ Styrax S.A. y otros s/ simulación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Es arbitraria la sentencia que revocó una decisión que se encontraba firme para el perito contador, reeditando una cuestión agotada respecto de la cual no cabía un nuevo pronunciamiento.
Costas
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL c/ AVICOLA ROQUE PEREZ SACIFA s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-05

Es dable significar que la imposición de las mismas surge como consecuencia de juzgar derechos sustanciales de las partes, dicha circunstancia no se da en las presentes, habida cuenta que solo hay una providencia ordenatoria del juez a emitir una constancia de que el deudor no opuso excepciones, pero no hay un decisorio en el que se establezca la condición de vencido del ejecutado.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PIPPO HECTOR RODOLFO s/ CASACION  PENAL  -  RECURSO  DE INCONSTITUCIONALIDAD  - PRINCIPIO DE  TAXATIVIDAD   -  PODER  JUDICIAL  -  ATRIBUCIONES  -  PRINCIPIO    DE  SUPREMACIA CONSTITUCIONAL - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-10-21

La competencia del tribunal superior de justicia de Córdoba también reconoce raíces fundacionales de naturaleza constitucional y de allí que las leyes que reglamentan los modos o maneras de accederla no pueden rebasar sus directivas institucionales sin riesgo de desnaturalizarla, si se lleva a su conocimiento materia no vinculada con la constitución de la provincia, o sea cuando esta en discusión un caso federal. Ambos sistemas (el federal y el local) son paralelos y esta organizados en función de una necesaria preeminencia constitucional, a cuyo fin, cada uno en la esfera de su propia competencia, con recíproco respecto a la ajena, debe actuar el principio de examen jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes.
Recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., E. s/ Denuncia - Trelew
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-09

Debe exigirse que la impugnación demuestre el agravio que denuncia, según las características formales de la rigurosa casación tradicional.

Ocurre que los defectos de motivación, revisables bajo el marco estrecho ese recurso, lo son cuando en la apreciación de la prueba o en la justificación de lo predicado en la sentencia se hubieran transgredido las reglas de la lógica; básica y sintéticamente hablando: las leyes fundamentales de coherencia y de derivación; los principios de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente, lo que en cierto modo, previene la arbitrariedad, que es, como manifestación de un exceso de poder, lo que repugna a toda decisión estatal.
Recurso de casación, resoluciones apelables
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Corchuelo Blasco, José Manuel s/ Rec. de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-23

En tal sentido, el auto atacado no ha importado la conclusión del proceso sino su subsistencia y ha implicado su continuación".

Cabe mencionar la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha negado tal carácter a aquellas resoluciones que generan la obligación de continuar sometido a un proceso criminal (Fallos 295:504; 298:408; 308:1667; 310:195; 311:1781; 312:573; 312:575; 312:577; 320:212, entre muchos otros).

Así también lo ha entendido la Cámara Nacional de Casación Penal desde el comienzo de la aplicación de la normatividad ritual (conf. Sala I, c. n° 1571 "Rodríguez Vázquez, A. s/rec. de queja", rta. el 13 de octubre de 1997; Sala II, c. n° 2691 "Culturaro Gallo", rta. el 4 de agosto de 2000, reg. n° 3432; Sala III, c. n° 2058 "Gianotti, Maximiliano s/rec. de casación", rta. el 7 de diciembre de 1999, entre otras).
Proceso penal, legitimación activa, sociedad anónima, responsabilidad de los directores
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Aller Atucha, Carlos s/ Querellante
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

El requisito de que la decisión para querellar por delitos que lesionan a una sociedad, sea adoptado por el órgano social correspondiente, debe dejarse de lado en casos de excepción, cuando la posición que ocupan los imputados por maniobras delictivas, tornaría ilusorio su cumplimiento, lo que ocurre cuando se ha procesado por tales maniobras a la casi totalidad de los responsables de los órganos encargados del gobierno social.

Constituido un accionista en querellante, logrando el procesamiento de la casi totalidad del directorio por delito que perjudica a la persona jurídica, no puede conmoverse su legitimación por alteraciones provocadas en la sociedad por decisión de quienes resultaron sospechados.
Caducidad de instancia, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Levang, Juan c/ Morales, José s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-14

"Los plazos de caducidad de la instancia comienzan a correr desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación, que tuviese por objeto impulsar el procedimiento y vencen a la media noche del día en que se cumplen".
Contrato de trabajo, rubros no remunerativos, remuneración, indemnización, base imponible
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, Dario Alejandro c/ COTO C.I.C.S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-11

Las partes establecieron un "incremento sobre las remuneraciones" y que, para reforzar dicho concepto, aludieron a "la adecuación salarial precedentemente establecida", expresiones que no permiten abrigar duda alguna en cuanto a que las partes intervinientes estaban de acuerdo en que lo que estaban negociando era un incremento de salarios, a punto tal que el mismo debía equivaler al 23% de las remuneraciones que por todo concepto percibían los trabajadores. En otras palabras se pactó un aumento de salarios en función del trabajo prestado (contraprestación por los servicios realizados) por todos los empleados alcanzados por el convenio. Por tanto, si el incremento era sobre los salarios, no podía asignársele carácter no remuneratorio, por contrariar lo previsto en el artículo 103 de la L.C.T. que determina que es remuneración lo que percibe el trabajador por el hecho de la prestación de servicios a favor del empleador.
Hurto, consumación del delito, disposición de la cosa
Materia: PENAL
Carátula: Legal, Héctor H. s/ recurso de casación. Causa: 406
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

Se exige la libre disponibilidad de la cosa, aún por un breve instante, para considerar el hurto consumado y, asimismo, la acción de desapoderar no implica en sí y por sí la de apoderarse.