marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Bs. As. S.A. c/ Bufager, Fandi A. y ot. s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-29

Las decisiones recaídas en un juicio de ejecución hipotecaria no revisten, en principio, carácter definitivo en el concepto de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, no observándose en el caso de autos en que se desestiman las excepciones de incompetencia e inhabilidad de título, motivos que permitan apartarse de dicho criterio desde que nada impide al recurrente acudir al juicio ordinario posterior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Locación de cosas, salón, daños y perjuicios, indemnización, plazo esencial, pago, renuncia de derechos
Materia: CIVIL
Carátula: DAVANTAGE  S.A. c/ BUENOS ARES SHERATON HOTEL s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Si la accionante contrató el salón de un hotel para un día determinado, teniendo en cuenta la capacidad, calidad y prestigio de las instalaciones nacieron para ambas partes obligaciones dado el contrato de locación de cosas celebrado. Si las obligaciones a cargo de la locadora debían ser cumplidas el día y hora fijados en el contrato -plazo esencial- después no era posible reclamar el cumplimiento o subsanar el cumplimiento defectuoso, y sólo cabe reclamar las indemnizaciones correspondientes, art. 505, inc. 3 C Civil. El pago de la locataria posterior al cumplimiento defectuoso de la locadora, no puede interpretarse como renuncia al derecho de aquélla a reclamar la indemnización de los perjuicios provocados por éste, porque tal renuncia no es presumible, art. 874 del C.Civil.

Tratándose de responsabilidad contractual, el dañador sólo debe responder de las consecuencias inmediatas y necesarias, no de las mediatas ni causales, art. 520 y 521 del C.Civil, como serían la disminución del número de promotoras o demostradoras, art. 901 del Cód. citado.
Pena, unificación de penas, condena anterior, cómputo de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cano, Gustavo Germán s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-16

Si el enjuiciado estaba detenido como consecuencia de la pena única impuesta por otro Tribunal, es claro que a los efectos del nuevo cómputo a realizarse el tribunal de mérito debe tomar como punto de partida el día de comisión del nuevo hecho delictivo -pues fue a partir de él en que fue sindicado como coautor del delito por el que luego fue condenado- mas no el día de la anotación conjunta. Dicho criterio es, sin duda, el correcto, pues la mayor o menor celeridad con que se efectúe esa anotación en manera alguna puede jugar en contra de los intereses de una persona sujeta a nuevo proceso.(Voto de los Dres. Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso).
Prueba, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: CETRANGOLO, Francisco Pedro s/ Infracción al art. primero inc. g), ley 4847
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1978-09-14

El secuestro es computable en forma independiente de la pericia caligráfica, ya que la primera diligencia constata la posesión por parte del imputado de anotaciones de apuestas y con la pericia se determina que tales anotaciones pertenecen al patrimonio escritural del procesado.-
Derecho a la protección integral de la familia, pensiones, parentesco
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Passano, Angela Esther c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Si bien dentro del marco del art. 14 bis de la Constitución Nacional y de los criterios legislativos imperantes en el ámbito de la seguridad social, la protección constitucional de la familia no se limita a la surgida del matrimonio, la regulación de esa protección ha limitado el amparo de la pensión a determinados parientes próximos del causante, sin que el hecho de que se haya excluido a otros más lejanos pueda ser entendido como violatorio de dichas garantías.
Libertad de prensa, seguridad pública, Comunicaciones, televisión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo. (S. 303- S. 292).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

El servicio de televisión deberá difundir la información y prestar la colaboración que le sea requerida para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional.
Acto administrativo, desviación de poder
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Del Pozo, Rafael c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 234-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-08

Si bien es cierto que el vicio de desviación de poder penetra hasta los móviles psicológicos del comportamiento administrativo, también lo es que no puede entenderse configurado si no aparece el desvío del fin genérico y de fin especial para el que se otorgó la competencia.
Recurso de revisión (procesal), vicios redhibitorios, vicio oculto
Materia: CIVIL
Carátula: SORIZIO J. C. c/ GIORDANENGO N. S. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-07-04

Si la materia sometida a revisión no radica en el concepto legal de "vicio redhibitorio", en los términos del art. 2164 C. Civil, sino en uno de los presupuestos de la garantía redhibitoria (sea como pretensión redhibitoria o estimatoria): la naturaleza (aparente u oculto) que pueden presentar las cosas, objeto del negocio jurídico, ello trasunta, básicamente una cuestión de hecho que, como tal, queda sujeta a la apreciación de los jueces de mérito, aunque los criterios o líneas directivas para su determinación sigan siendo jurídicos.

Vicio oculto, como noción de hecho, es aquél que no se pone de manifiesto espontáneamente; a contrariis "aparente" es el manifestado u ostensible, apreciable ictus occuli o sin dificultad (art. 2167 in fine C. Civil), per se o con ayuda. Sin embargo de ser oculto el vicio aún puede acarrear la eximición de la garantía redhibitoria cuando el contratante debía conocerlos "por su profesión u oficio" (art. 2170 C. Civil). Si el adquirente no ha estado en condiciones de conocerlo, el defecto oculto permanece, si, por el contrario ha podido conocerlo la ley lo equipara por sus efectos al "aparente" en homenaje al principio de "certeza".-
Demencia sobreviniente, Contratos
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Godoy, Ramon (sus herederos) c/ Pando, Juan Antonio s/ nulidad de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1869-06-01

La expresión de loco, empleada después del contrato, por uno de los contratantes para calificar al otro, y que se ha explicado en el sentido de calificarle como extravagante, no es prueba de que éste estuviera loco en el tiempo del contrato.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), recurso contencioso administrativo, presentación extemporánea, competencia, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CITIBANK NA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-03-26

Respecto a la arbitrariedad endilgada al Tribunal al declarar la extemporaneidad del recurso contencioso administrativo, la compareciente sostiene que se debe considerar que la interposición de la demanda ante un tribunal incompetente es válida y equiparable a la competencia por turnos en lo Civil y Comercial, mas sin lograr demostrar que los vicios que enuncia se configuren en el caso, máxime cuando los Juzgadores -remarcando las diferencias del proceso contencioso donde se halla comprometida la firmeza de un acto administrativo- entendieron que la nueva ley rige para los hechos que están en curso de desarrollo al tiempo de su sanción y no para los pasados, que quedaron sujetos a la ley anterior. Ello se encuentra en línea con lo resuelto por esta Corte en otras oportunidades, al tener en cuenta que si bien es cierto que el artículo 2 de la ley 13600 establece que las causas que se encuentran radicadas en la Cámara de lo Contencioso Administrativo con sede en la Circunscripción N° 1, y que de conformidad a esta ley corresponden a la competencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo con sede en la Circunscripción N° 2, serán remitidas a ésta previa aceptación del recurrente y en cualquier estado del trámite, hasta el llamamiento de autos; también lo es que, la aludida remisión sólo refiere a aquellas causas que se encuentran radicadas en la Cámara N° 1 al momento de disponerse la modificación legislativa de la competencia material entre ambas Cámaras. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 13330 y 13600, artículo 2. - Jurisprudencia vinculada: GEC S.A., AyS T 285, p 461, sumario J0044318.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Santomauro, Donato s/ Inc. de reducción de deuda. Aplicación ley 24.283. En autos "Di  Giácomo y Consalvo S.A. c/ Santomauro, Donato s/ Ejec. hipotecaria"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

En el caso, el valor económico del litigio es de monto determinado y está representado para el recurrente por la suma firme y consentida cuya desindexación solicita. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Partes del proceso, patrocinio letrado, legitimación procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: AADI CAPIF A.C.R. c/ Los Galgos Hotel s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-10-03

Si el escrito es firmado sólo por el patrocinante que pretendía apelar de la sentencia, carece de eficacia recursiva porque el suscriptor no es parte en autos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio de desalojo, posesión, prueba, carga de la prueba, demanda, disidencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Paredes, Alicia c/ Ferreira, Héctor y Otros s/ Desalojo final contrato de locación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-21

En relación al pago de impuestos o tasas, si se consideraban poseedores, tampoco se aportó documentación sobre pagos de aquellos, ni que los servicios públicos -luz, agua, gas- figuren a su nombre, ni se activó la prueba propuesta consistente en las ejecuciones por apremio perdiendo la prueba (...), sin registro de cambio de titularidad o responsabilidad, atento a que (...) se informa que sigue bajo la denominación de los originarios titulares. [...] En definitiva, e insuficiente en el caso la ocupación física del inmueble, los accionados no han satisfecho la exigencia de probar en forma acabada y eficaz la posesión, de tal forma de que sea idónea a los fines de conformar el título que los habilite a oponer a los titulares del dominio el derecho a permanecer en el bien, como tampoco resulta de autos que la tácita reconducción del contrato de locación, en los términos del art. 1622 del C.Civil. (Del voto del Dr. MEDORI, en mayoría).
Contratos, cláusulas del contrato, endoso, seguros
Materia: COMERCIAL
Carátula: B., P. J. c/ C., M. B. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-12-03

No puede dejar de tenerse en cuenta al resolver el caso que los seguros de responsabilidad profesional no son obligatorios por ley y, además, el contrato aquí en análisis preveía para el asegurado la posibilidad de compra del endoso opcional y extender así, por tiempo ilimitado, la cobertura para los reclamos que se formulen con posterioridad a la vigencia de la póliza -claro está- por los actos ocurridos durante dicho período. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Hurto calificado, inimputabilidad, capacidad del imputado, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Romero Melgarejo, H. E. c/  s/ Procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-16

Corresponde procesar a un hombre que se encontraba bajo los efectos de estupefacientes como coautor del delito de hurto agravado por haber sido perpetrado con escalamiento, toda vez que más allá de la patología que podría finalmente diagnosticarse al imputado, el estudio concreto del hecho y el accionar que habría desplegado para llevarlo a cabo impide concluir, al menos de momento, que su capacidad de culpabilidad estaba anulada.
Actuaciones administrativas, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Settier, Claudio Javier c/ La Papelera del Plata S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12

Percibida por el trabajador la indemnización por accidente de trabajo fijada en sede administrativa del trabajo nacional, de conformidad con el procedimiento establecido por el dec.1055/49, sin objeciones ni impugnaciones de las partes, la decisión dictada causa instancia y tiene los efectos de la cosa juzgada. En consecuencia, los presupuestos de la reparación se encuentran alcanzados por la decisión final en cuanto a la incapacidad del dependiente, presunción de responsabilidad patronal y extensión del crédito.
Fianza, obligaciones del fiador, derechos del acreedor, doctrina
Materia: CIVIL
Carátula: D., J. C. c/ EMPREDIMIENTOS BARILOCHE y Otros (CUMPL. CONTRATO Y COBRO PESOS) s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

Así en efecto, en lo que atañe propiamente a las relaciones de "obligación" entre el acreedor y los codeudores solidarios o su o sus fiadores solidarios, lo cierto es que aquél siempre puede demandar íntegramente "la totalidad del objeto" de la obligación contra uno cualquiera de estos últimos, fuesen éstos "codeudores solidarios", "fiador" o "fiadores solidarios" o "fiador principal pagador" (arts. 699, 2004, 2005 y concordantes Cód. Civil). No obstante lo cual, sin duda existen algunas diferencias entre esas distintas situaciones.
Empresas del Estado, privatizaciones, enfermedad accidente, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Asan, Alfredo José c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Ordinario s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-06-26

De acuerdo al decreto 2332/90 y anexos se establece que :"ni Entel ni el Estado Nacional serán responsables por las indemnizaciones debidas por acciones basadas en enfermedad por accidente, enfermedad profesional o análogas, que se inicien después de los dos (2) años de la toma de posesión. La distribución de responsabilidades respecto de las indemnizaciones debidas por acciones mencionadas en el precedente inciso que se inicien dentro de los dos (2) años de la toma de posesión se regirá, en su caso, por lo previsto en el inc.

c. del art. 22 de la ley 9688, y sus modificatorias".
Recurso de casación, tenencia de estupefacientes, prisión preventiva, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Redsant  Lopez Julio Lorenzo s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-22

Corresponde rechazar el recurso en relación al agravio dirigido a la nulidad de la sentencia por haber sido dictada por dos jueces que intervinieron en la audiencia y por un tercero que no participó de la audiencia ni en la deliberación toda vez que el recurrente no ha invocado ni acreditado el perjuicio concreto que dicha circunstancia ocasionó a sus derechos. La gravedad del hecho imputado -tenencia de estupefacientes con fines de comercialización- y la consecuente severidad de la pena que se cierne sobre el imputado, configuran circunstancias objetivas concretas que, como con acierto evaluó el tribunal, justifican en el caso la necesidad e indispensabilidad del mantenimiento del encarcelamiento preventivo frente al riesgo de que, en libertad, pueda entorpecer la investigación o darse a la fuga.
Empleo público, remuneración, Prefectura Naval, compensaciones salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Quinteros  Carlos  Rubén c/ EN -PNA- Resol. AU 9 IR/01 s/ PersonalMilitar y Civil de las FFAA. y de Seg.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-02

Al actor -personal en actividad de la Prefectura Naval Argentina- debe el Estado Nacional (PNA) abonarle la compensación establecida por el decreto 750/77, desde el momento de inicio de las funciones como chofer y custodia de un juez federal hasta su cese (Sala V "Pucheta Julio César c/EN -PNA Resol. 6/00 R s/Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.", 27/05/2009) (Del voto en disidencia de la juez Do Pico).
Traslado, error accidental, agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ, YOLANDA ESTHER c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-20

Carece de andamiento legal alguno el agravio tendiente a cuestionar que no se haya tenido en cuenta que, en el oficio de traslado de demanda, se consignara erróneamente el objeto de la misma. Ello así, porque más allá de la significación que pueda tener el error de caratulación, habiéndose acompañado adjuntas al oficio las copias del escrito de promoción de la demanda y la documental, fue sobre la base de tales elementos que la demandada debió fijar la cuestión litigiosa y comparecer al proceso, admitiendo o negando categóricamente los hechos expuestos por el demandante
Participación criminal, autoría, torturas, delito doloso, delito culposo
Materia: PENAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Ante la insuficiencia de las normas que reprimían la tortura y por ser conveniente ampliar los hechos previos a ésta, pero vinculados causalmente en forma dolosa o culposa, el legislador ha creado figuras intermedias que no reconocen la autoría mediata, porque en el sistema del Código penal son suficientes las reglas de la participación: arts. 45 y concordantes.
Caducidad de instancia, ejecución hipotecaria, ejecución extrajudicial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SA c/ INOUE KAORU s/ EJECUCIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-30

Si bien el art. 5° de la ley 24.441 crea el "régimen especial de ejecución de hipotecas" y contempla un gran número de actuaciones que ocurren fuera de los tribunales y sin orden judicial, ello no significa que el referido proceso sea un mero trámite de constatación del estado de ocupación del inmueble y designación de escribano, sino de una serie de actos que requieren de la intervención y su correspondiente decisión jurisdiccional. Pues, mediante el referido régimen previsto por la ley 24.441 en su título 5°, según la óptica antes referida, se agiliza el trámite ejecutorio al poder realizarse muchos trámites sin intervención judicial, pero no se lo sustrae del debido control jurisdiccional. De ahí que, corresponde confirmar el decisorio que declaró de oficio la caducidad de la primera instancia.
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sigrand, Liliana Mónica c/ González, Juan Manuel y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

La ley acuerda acción ejecutiva por cobro de alquileres en atención a la naturaleza del crédito, con prescindencia del hecho que el deudor permanezca en la finca arrendada.
Prescripción, interrupción ineficaz
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Río, Raúl Ricardo y Villas, Nélida c/ Bogomolni, Roberto s/ Usucapión Navarro, Raquel c/ Pequi, Modesto y otra s/ Restricción al dominio Rodríguez, José Manuel c/ Lysycky, Sergio Nicolás s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-12|1994-03-22|1995-12-05

Carece de eficacia interruptiva el acto realizado con posterioridad al cumplimiento del plazo de prescripción, porque sólo puede interrumpirse una prescripción en curso y no una ya cumplida.
Facilitación de evasión, fuga del establecimiento, personal policial, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Silvero, Héctor c/  s/ s/ Evasión culposa (Art. 281 último párrafo) s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-16

Corresponde declarar la competencia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas para intervenir en la causa en la que se originó el presente incidente, si los tribunales actuantes coincidieron en que el hecho investigado encuadraría, prima facie, en el delito de favorecimiento de evasión por negligencia de un funcionario público (art. 281, última parte, CP) y se verifican en el caso las condiciones bajo las cuales el juzgamiento de dicha conducta ha sido transferido a la justicia local, ya que aquel comportamiento fue atribuido a un oficial de la Policía de la Ciudad (cf. apartado segundo del anexo de la ley n° 26702). En esas condiciones, la tramitación del presente proceso no excede la competencia de los tribunales locales, ni se advierte circunstancia alguna que aconseje su juzgamiento conjunto con los hechos delictivos endilgados al detenido cuya fuga dio origen a este caso. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Proceso penal, imputado, prisión preventiva, prórroga del plazo, trámites judiciales, pluralidad de imputados, leyes, interpretación de la ley, antecedentes penales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., J. s/ Cese de prisión (Expte Nº  199-99, Resolución Nº  137, Tomo 5, Folio  203)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-11-25

Atribuyéndose a los procesados haber cometido en común un hecho de robo, agregándosele a uno de ellos otro robo y una tenencia de arma de guerra, la realización en el primero de los hechos señalados de un designio común a través de una actuación conjunta, habría obstado a la tramitación por separado de la causa para cada uno de los imputados, complicándose un tanto la tramitación del proceso. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando lo que debe constituir el "análisis global del procedimiento" para constatar si la duración del proceso es o no razonable, ha atendido también a la existencia de una proporcionalidad entre la pena previsible y la duración del proceso (ver la sentencia del 12 de noviembre de 1997, dictada en "Suárez Rosero", en la obra "Convención Americana sobre Derechos Humanos", de Juan Carlos Wlasic -Ed. Juris- 1998- pg.111). Necesario es subrayar, para evitar confusiones, que dicho Tribunal no utiliza sin embargo la pauta de la pena previsible para fundamentar autónomamente ninguna extensión de plazos, sino que solo incluye el dato dentro del citado "análisis global del procedimiento". Participamos por nuestra parte de esa idea relativa a que, sin caerse en el error de pensar que la pena de previsible aplicación resulte una pauta autónomamente dirimente al momento de decidirse sobre eventuales prórrogas de prisión preventiva, el dato no debe ser ignorado y puede ser utilizado para fortificar otros que de alguna manera ya apuntaran hacia la conveniencia de extensión de los plazos procesales.