Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-26


Salta, 26 de febrero de 2014.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "RAMIREZ, Betti Delina c/ PONS, José; PONS, Lorenzo - INCIDENTE DE OPOSICIÓN DE LA DRA. CRISTINA DEL V. BARBERA A LA EXCUSACION DEL SR. JUEZ INTERINO DR. OSVALDO LUIS PINTADO EN EXPTE. Nº 2720/13"- Expte. Nº 2966/13 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial de Personas y Familia 1º Nominación, del Distrito Judicial del Norte-Circunscripción ORÁN, CAM 457725/13 de Sala Primera, y CONSIDERANDO:

I.- Que las presentes actuaciones son elevadas a esta Sala en virtud de la excusación formulada a fs. 2/3 por el Dr. Osvaldo Luis Pintado, como Juez interino a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 1º Nominación del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Orán, con sustento en el artículo 30 del Código Procesal (segunda parte, primer párrafo).

Aduce que en los presentes obrados actúa el Dr. Ángel Stamelako como letrado patrocinante de la actora y que dicho letrado le habría imputado conductas contrarias a derecho, poniendo en tela de juicio su honestidad, mancillando su nombre, trayectoria y honor, lo cual surgiría del expediente "Oviedo, Alfredo Jonas c/ José Antonio Tomas y otros s/ Medida Cautelar, expte. Nº 6040/03 del Juzgado del Trabajo de Primera Instancia 1º Nominación del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Orán.

Por otra parte, sostiene que fue denunciado penalmente en numerosas oportunidades por el mencionado letrado, denuncias que fueron desestimadas de oficio por los jueces de Instrucción de dicho distrito.

Expresa que el profesional interviniente es apoderado o patrocinante de numerosos actores de juicios laborales que impusieron denuncias penales en su contra ya que en la misma calidad señalada dedujo demanda en su contra por supuestos daños y perjuicios, por su actuación como juez del trabajo en autos caratulados "Quispe, Inés c/ Pintado, Osvaldo Luis, que también dedujo una demanda laboral en su contra que tramita ante el Juzgado del Trabajo de Segunda Nominación del Distrito Judicial del Norte- Orán.

Por lo expuesto, considera necesario destacar que si bien la violencia moral no se encuentra incluida como causal de excusación en nuestro ordenamiento procesal, la doctrina y jurisprudencia entienden que existen motivos graves de delicadeza y decoro linderos con el escrúpulo que lo obligan a tener que excusarse.

Por su parte, la Sra. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2º Nominación del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Orán, Dra. Cristina del Valle Barbera, plantea su oposición y, por ende, no acepta la excusación en los términos de los que da cuenta la actuación obrante a fs. 6/7, en la que hace mención sobre la improcedencia de la excusación, por cuanto el Dr. Stamelako actúa como patrocinante de la parte actora, siendo que además está cubriendo temporariamente la vacancia del Juzgado en lo Civil y Comercial 1º Nominación.

II.- Que corresponde a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial entender en estas actuaciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 del Código Procesal Civil y Comercial, en concordancia con el artículo 6º inciso "b" de la ley 5.595.

III.- Que el Dr. Osvaldo Luis Pintado solicitó su apartamiento con motivo de la conducta desplegada por el Dr. Ángel Stamelako en los autos caratulados "Oviedo, Alfredo Jonas c/ José Antonio Tomas y otros s/ Medida Cautelar", en los que se le imputaran conductas contrarias a derecho, lo que, sostiene, le produjo una gran violencia moral, como también las demandas laborales y de daños y perjuicios que iniciara en su contra. Enmarcó su planteo en el artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial.

IV.- Que por regla los supuestos de excusación y recusación de magistrados deben interpretarse con criterio restrictivo a fin de que, en lo posible, se satisfaga la aspiración constitucional de que los juicios se inicien y culminen ante sus jueces naturales, tal como reiteradamente lo dispuso la Corte de Justicia local (Tomos 80:1031; 81:1067; 82:561; 97:187; 98:489; 144:133, entre muchos otros). No obstante, rige una mayor amplitud cuando se trata de excusaciones pues las razones invocadas por los magistrados, cuando no se consideran en libertad de opinión para dictar sentencia, deben ponderarse en cada caso particular, decidiendo si las causas que se alegan son aptas para perturbar la imparcialidad y ecuanimidad del Juez, en aras de asegurar el debido proceso y la recta administración de Justicia (cfr. CJSalta, Tomos 78:193; 90:215, entre muchos otros).

El artículo 30 de la ley procesal, en el que el Dr. Pintado funda su excusación, remite al artículo 17 del mismo cuerpo normativo, donde se indican las situaciones taxativas que deben ser motivo de excusación por parte del magistrado pero, además, prevé otras causales genéricas que imponen la necesidad de apartarse por motivos graves de decoro o delicadeza.

Conforme lo tiene entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la causal de violencia moral -que nuestro ordenamiento ritual contempla en el primer párrafo del citado art. 30- exige especial cuidado en su ponderación y sólo será atendible cuando surja palmaria una afectación en el ánimo del juzgador de carácter tal que le impida impartir justicia con ecuanimidad. Bien es verdad que sólo quienes alegan hallarse en esa situación se encuentran en condiciones de calibrar hasta qué punto ello afecta su espíritu y su poder de decisión libre e independiente, pero también es cierto que debe evitarse que el instituto se transforme en un medio espurio para apartar a los jueces naturales de las causas sometidas a su conocimiento (CSJN, Fallos, 326:1609, entre muchos otros similares).

V.- Que asimismo es exigible valorar que, frente a la potestad de abstenerse y al deber impuesto por el art. 32 del Código Procesal Civil local, se encuentra el mandato constitucional que le impone al juez el deber de juzgar (cfr. Corte J. Salta, Tomo 98:633), pues no debe perderse de vista que el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica amalgama el derecho a la jurisdicción y la garantía de los jueces naturales, norma análoga que recoge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el art. 14.1.

VI.- Que bajo las premisas señaladas en los párrafos anteriores, se puede señalar que el magistrado excusado no remite a una situación personal concretamente sino a supuestas actitudes derivadas de la actividad procesal, de denuncias formuladas en su contra por un letrado. Por lo tanto, no tienen asidero excusatorio para sentirse violentado moralmente, puesto que deben considerarse dichas actitudes pasibles de ser analizadas en el marco de la actividad propia de la judicatura, asistiendo al magistrado en todo caso las facultades dispuestas por los artículos 35 del Código Procesal Civil y Comercial y 13 de la ley 5642.

La violencia moral a la que refiere el citado artículo 30 no puede surgir del trámite de una causa judicial, ni puede estar sometida a sus avatares, ya que admitir lo contrario sería como fomentar y facilitar a las partes que, a través de expresiones descomedidas, descorteces o incluso injuriosas, produzcan la separación de los jueces, lo que equivaldría lisa y llanamente a consagrar la recusación y/o inhibición sin causa. En efecto, un criterio de apreciación para resolver si en un caso concreto existe legítima causal de excusación, o no, consiste en pensar cuáles serían las consecuencias que sobrevendrían si se generalizara la solución (Colombo, Carlos J., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y comentado", Abeledo-Perrot, 4a Ed., Buenos Aires, 1975, t. I, pág. 92). Así se introduciría un grave motivo de inseguridad jurídica pues, a través de una vía elíptica, la parte crearía causales de excusación general.

Por otra parte, cabe remarcar que entre los elementos acompañados por el juez que se excusa no se encuentra prueba alguna que acredite la existencia de la causas civiles y laborales se iniciaran en su contra. En este orden de ideas, es necesario remarcar que todo juez siempre será pasible de denuncias, debiendo soportar estas situaciones como una carga propia de la función judicial que "impone al magistrado deberes irrenunciables, muchas veces de difícil y penoso cumplimiento", como indica Martínez Crespo ("Cód. Procesal Civil y Comercial ley 8465", Ed. Advocatus-Córdoba - 1996, p. 70).

Ello es así porque el ejercicio de la función jurisdiccional, en tanto el juez es un órgano del Estado, no puede estar exento de control no ya de los órganos especialmente previstos para el ejercicio sino, más aún del público en general, en tanto la publicidad de los actos de gobierno es uno de los pilares del sistema republicano que consagra la Constitución y que fundamenta el sistema democrático.

En esta inteligencia y como principio no es dable considerar agraviante ni causal de violencia alguna para el juez el que se haya requerido que se analice su conducta en el marco del reglamento disciplinario vigente.

VII.- Que, finalmente, es necesario destacar que en el supuesto en análisis se adujo violencia moral en relación al letrado patrocinante de una de las partes, circunstancia que excede la causal prevista en el ordenamiento procesal toda vez que cuando la intención del legislador fue incluir a procuradores o abogados lo dejó expresamente así consignado, como en los supuestos de los incisos 1º y 2º del mentado art. 17, que no son los invocados en los presentes.

Al respecto cabe considerar que para que la conducta de un profesional constituya un impedimento moral para juzgar con imparcialidad (fin último del instituto de la excusación), debe ponderarse la existencia de contingencias reales y precisas que por su reiteración adquieran una entidad suficiente como para justificar plenamente la abstención de conocer en el expediente y en su caso; que, en fin, no pueda afirmarse con certeza que sólo medió un exceso de susceptibilidad o de mera delicadeza (Sumario N° 17684 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N° 1/2008; C. Nac. Civ., sala B, 14/12/2007, cit. en Lexis Nº 10/10024). Estas circunstancias no se verifican en el presente caso.

VIII.- Que, en síntesis, cabe destacar el celo puesto de manifiesto por el Dr. Osvaldo Luis Pintado; no obstante, no se advierte dato razonablemente objetivo alguno que permita aceptar su excusación y, por el contrario, admitirla implicaría convalidar un exceso de subjetividad que no es dable priorizar en la defensa del principio de juez natural.

En consecuencia, siguiendo doctrina de este Tribunal (CACC Salta, Sala I, Tomo 2012, SI: fs. 576/578, fs. 579/580) corresponde aceptar la oposición formulada por la Sra. Juez incidentista y disponer que la causa continúe tramitando ante el Juzgado en que fue radicada originariamente.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, RESUELVE:

I.- HACER LUGAR al incidente de oposición planteado por la Sra. Juez en lo Civil de Personas y Familia de 2ª Nominación del Distrito Judicial del Norte - Orán, Dra. Cristina del Valle Barbera y, en su mérito, DISPONER que la causa continúe radicada ante el Juzgado de idéntico fuero y distrito de primera nominación.

II.- MANDAR se registre, notifique y se remitan los autos al Juzgado de origen, remitiéndose copia certificada de la presente a la Magistrada incidentista.