Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-04


ORTIZ, Raquel contra CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO Reg.: A y S t 206 p 440-443.

Santa Fe, 4 de mayo del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la resolución nro. 254 del 6 de diciembre de 2001, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Santa Fe, en autos: "ORTIZ, Raquel contra CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO s / Anticipo por edad avanzada (Expte. nro. 196 año 2000)" (Expte. C.S.J. nro.

233, año 2002); y, CONSIDERANDO: Conforme surge de las constancias de autos, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad -por mayoría- acogió el recurso de apelación deducido por la actora dejando sin efecto el pronunciamiento venido en revisión, disponiendo en consecuencia "que en los términos indicados se le adecue el anticipo por edad avanzada a la recurrente, atendiendo a la nueva categoría que reviste dentro del plazo de treinta días"; con costas a la perdidosa.

Contra dicho pronunciamiento interpone la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el inciso 3 del artículo 1 de la ley 7055, por considerar que el mismo no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, al apartarse de la solución normativa prevista para el caso, y vulnerar las garantías del debido proceso, de defensa y de motivación suficiente (artículos 6, 9 y 95 de la Constitución provincial). Señala que si bien la resolución considera que la actora percibió el beneficio según lo establecido en el artículo 40 de la ley 9816 ("la categoría del beneficio estará determinada por el haber jubilatorio del mes inmediato anterior a la procedencia del mismo..."), luego se aparta de esta premisa y contrariamente sostiene "que cualquier variación en la base (sueldo o haber), aún cuando fuere posterior al acto determinante de la categorización, que es la procedencia del beneficio, viabiliza el cambio". Admite que una alteración en la base, produce el mismo efecto en los aportes, y que "las modificaciones son decisivas cuando se producen en momento oportuno: simultánea o retroactivamente a las fechas de procedencia de los beneficios"; en cambio rechaza los cambios posteriores, pues -explica- "producirían una constante y permanente categorización de los beneficios cuyos montos han sido recaudados".

Acusa que la solución brindada por la sentencia atenta contra la seguridad jurídica, pues habilita una permanente modificación de los beneficios, sin que exista una causa legítima que justifique tal postura.

Sostiene que el artículo 40 de la ley 9816, es claro en cuanto a que "la categoría del beneficio está determinada por el sueldo o haber jubilatorio del mes anterior a la resolución de procedencia , y no otro", de ello deduce que no es correcto afirmar que cualquier cambio en el haber "necesariamente" genere el derecho que acuerda este artículo.

Explica que la norma delimita temporalmente cuál es el haber jubilatorio, cuyo monto determina la categoría por la cual se aporta y la categoría de los beneficios a percibir; y, que conforme a las pautas legales cumplió con su obligación. Considera que "no hay otra solución que vincule directamente el caso, que la prescripta en el artículo 40"; por esta razón acusa que la sentencia recurrida es arbitraria, al no constituir una derivación razonada del derecho vigente.

2. La Sala, mediante auto del 12 de junio de 2002 (fs. 13/16), resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad con fundamento en que la imputación de arbitrariedad de la sentencia, "no muestra otra cosa que una clara discrepancia de la Caja con los fundamentos de hecho y de derecho con los que el Tribunal sostuviera su decisorio, olvidando aquélla que el recurso de inconstitucionalidad no constituye una tercera instancia; (y) que no se trata en ésta de reproducir el debate ordinario acerca de los hechos litigiosos y el derecho que los regula". Sostuvo así, que "las afirmaciones de la recurrente sólo aportan un punto de vista distinto del adoptado por los jueces de la causa en cuestiones que, más allá del grado de acierto o error de la decisión, son de exclusiva competencia, y respecto a las cuales se ha enrolado en uno de los criterios de interpretación posibles, sin incurrir en absurdo o irracionalidad, o bien en desbordes de las posibilidades hermenéuticas que la normativa aplicable al caso ofrezca".

Tal denegatoria motivó la presentación directa de la demandada ante esta Corte (fs.19/20).

3. Sabido es que, conforme lo exige el artículo 8 de la ley 7055, la queja debe fundarse en relación a los argumentos vertidos por el Tribunal a quo en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad.

Y que esta Corte reiteradamente ha sostenido que la queja es un recurso autónomo que debe cumplimentar a los fines de su recepción recaudos formales propios, siendo fundamental el que se sustente en los fundamentos del auto denegatorio (A. y S. T. 35, pág. 451, por todos); y que no cumple con los requisitos de admisibilidad de la queja, en acreditación en el caso de los requisitos formales necesarios, el recurrente que no refuta en forma separada, clara y precisa los fundamentos del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (A. y S. T. 34, pág. 314; T. 59, pág. 244; T. 92, pág. 121, etc.).

De la lectura del escrito acompañado a fojas 19/20 surge claramente que la impugnante no ha dado cumplimiento a tal carga, toda vez que , si bien se hace cargo de los fundamentos del auto denegatorio con la intención de refutarlos, no puede entenderse que haya logrado adecuadamente tal propósito; dado que se limitó a reiterar los conceptos vertidos en el recurso de inconstitucionalidad, dejando incólume los fundamentos de la Sala relativos a que los agravios expresados constituían una mera discrepancia interpretativa, y un intento de reproducir el debate ordinario que tornaría al remedio extraordinario en una tercera instancia; de allí que sus alegaciones no traspasan el umbral del disenso con una decisión adversa a sus pretensiones, resultando insuficientes a los fines de alcanzar el objetivo propuesto. Lo aseverado por el Tribunal a quo al denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad es correcto y por ello no logra ser rebatido por la compareciente en la queja, toda vez que mientras la Sala expuso razones por las cuales consideró que debía hacerse lugar al reclamo solicitado, la recurrente -tal como se expresa ut supra- insiste en los planteos efectuados al deducir el remedio extraordinario. En efecto, el sentenciante consideró que Ortíz percibió el beneficio "anticipo por edad avanzada" de la cuarta categoría, determinada por el haber jubilatorio gozado en el mes inmediato anterior (octubre de 1993) a la resolución de procedencia, y conforme a lo establecido en el artículo 40 de la ley 9816; que la Caja de Jubilaciones le reconoció, "un incremento del haber jubilatorio", lo cual fijó su emplazamiento en la segunda categoría con retroactividad al 1 de marzo de 1994; y que desde esta fecha se efectuaron los descuentos de ley por la "nueva categorización". A partir de ese marco fáctico y jurídico, la Cámara afirmó en primer lugar que los descuentos efectuados justifican el derecho reclamado, pues debe haber correspondencia entre la obligación cumplida por el afiliado y los deberes legales del Organismo en relación a otorgar el beneficio pretendido; de lo contrario -dijo- se consagraría un enriquecimiento injusto, reñido con la equidad y las exigencias de este tiempo.

Pasó luego a dar respuesta a la postura de la quejosa, respecto de la imposibilidad de modificar el monto del beneficio por lo cambios en el haber posteriores a la resolución de procedencia. En esa labor expresó que la regla del artículo 40, no se agota con su aplicación originaria -al concederse el beneficio-, sino que debe aplicarse frente "a hechos sobrevinientes que alteran la 'base' misma indicada en la norma"; en este punto es dable señalar que -al contrario de lo sostenido por la resistente en cuanto a que se admite en el fallo que "cualquier cambio en el haber" produzca modificación en el beneficio- los sentenciantes destacaron que "específicamente" es el aumento del haber jubilatorio que implica cambio de categoría y mayores aportes, el que trae como consecuencia mayor "proporción" en el cálculo del beneficio.

Seguidamente, la sentencia desechó una interpretación "simplista de la norma" que suponga percibir aportes correspondientes a la segunda categoría y contraprestar únicamente con montos de la cuarta categoría, pues repugna al valor justicia, transgrediendo el espíritu de la tercera parte del artículo 21 del la Constitución provincial"; finalmente la Sala insiste en que el derecho reconocido, tiene por causa "la adecuación del beneficio al aporte"; como puede apreciarse queda explícito -en síntesis- el fundamento que legitima la decisión, sin que -por lo demás- la recurrente siquiera intente hacerse cargo del mismo.

Frente a lo decidido en la sentencia, la quejosa afirma que la resolución recurrida presenta "contradicción con la expresa normativa prevista por la ley para el caso", insistiendo en que "...cualquier alteración en la base que determina la categorización de los beneficios, produce variación en la aportación, (y que) las alteraciones son decisivas cuando se producen en momento oportuno: simultánea o retroactivamente a las fechas de procedencia de los beneficios, mas si fueran posteriores, producirían una constante y permanente categorización de los beneficios, cuyos montos fueron recaudados. La solución atenta contra la seguridad jurídica, pues habilita a una permanente modificación de las resoluciones que, además de alterar el sistema regulado por la ley 9816, la solución propiciada en el fallo lo torna de imposible administración". Concluye entonces, que la arbitrariedad deviene de una solución creada por el juzgador, sustituyendo la voluntad legislativa al sortear la aplicabilidad del artículo 40 de la ley 9816, superando lo meramente opinable y propiciando una respuesta atentatoria contra el sistema establecido por la ley citada.

Lo expuesto confirma que la compareciente pretende imponer su particular enfoque de la cuestión, mas sin lograr aportar razones que persuadan a este Cuerpo acerca de la entidad constitucional de los planteos postulados, en tanto, más allá del grado de acierto o error en que podrían haber incurrido los jueces de la causa, no se advierte que se hayan apartado del marco propio de su función jurisdiccional ni que la hermenéutica seguida exceda los márgenes de legalidad y razonabilidad tolerados. En especial, la recurrente no logra demostrar que la decisión que impugna derive en un resultado irrazonable o inequitativo que la descalifique como acto jurisdiccional válido, máxime si se considera que no ha efectuado un esfuerzo argumental idóneo en orden a acreditar que la solución propiciada en este concreto caso importe, efectivamente, una permanente categorización de los beneficios por circunstancias posteriores a su otorgamiento ni que, por tal razón, el sistema de la ley 9816 se torne de imposible administración. Por ende, las deficiencias apuntadas sólo demuestran el intento de la recurrente de reabrir el debate acerca de cuestiones de hecho y derecho común en una suerte de tercera instancia ordinaria, extraña a la esfera del remedio enderezado, en tanto sólo traducen su disenso para con la decisión del Tribunal la que, en suma, remite a aspectos reservados a los jueces ordinarios y ajenos al control de adecuación constitucional que incumbe a esta Corte. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)