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Recurso de inaplicabilidad de ley, fundamentación de sentencias, accidente de tránsito, acción civil por accidente de trabajo, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: A., N. V. G. Y OTROS. c/ CELUSA S.A. Y OTRO. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-03-17

Este Cuerpo ya ha dicho oportunamente (cfr. STJRNS3 Se.

62/13 "ROMERO") que a fin de tornar viable la acción civil, debe acreditarse la concurrencia de los recaudos establecidos en el derecho común, para que pueda así generarse la responsabilidad del demandado; a saber, la existencia del daño; el carácter riesgoso o vicioso de la cosa; la relación de causalidad entre el riesgo o vicio de la cosa y el perjuicio sufrido, y el hecho de que el demandado revista la condición de dueño o guardián de la cosa.

De tal modo, la precisa individualización de la cosa cobra la mayor importancia porque hay que indicar y probar acabadamente cuál es su vicio o riesgo, pues aun dentro del criterio laxo en la interpretación del art.

2311 del Código Civil, debe la cosa ser perfectamente identificada en cada caso, tener entidad propia y describirse el vicio o riesgo que conlleva su utilización, además de la directa relación causal con el daño en su caso ocasionado al trabajador.

No se trata por ende de comprobar la mera existencia de un accidente en ocasión laboral, sino de definir su mecánica desde la previsión normativa de índole civil. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tilca, Leonardo Ariel c/ Maldonado, Omar Ramón y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-03

Es menester ponderar a los efectos de la procedencia del rubro privación de uso si ese uso era meramente transitorio o accidental, o si revestía condiciones de permanencia, ya que de ser así la indisponibilidad del rodado durante el lapso de reparación, para quien de él se valía habitualmente, posee en principio entidad como daño indirecto, en tanto afección a sus derechos o facultades (art.

1068, Cód. Civ.).
Transmisión de acciones, embargo preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: CINCOTTA, JORGE c/ WARNER LAMBER ARGENTINA  S.A. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-23

De conformidad con lo previsto por el art. 214 de la ley 19550, la transmisión de acciones es libre. Por lo tanto, la mera transferencia del paquete accionario de una empresa constituye, por sí solo, un acto legítimo que no debe hacer presumir necesariamente la disminución de su responsabilidad patrimonial que justifique el embargo preventivo. Si algún acreedor pretendiera que con ello se intenta realizar un acto fraudulento que pudiera poner en peligro la garantía de su crédito, deberá probarlo.
Recurso de casación, recurso de queja (procesal)
Materia: CIVIL
Carátula: CHAZARRETA, OSCAR O. s/ RECURSO DE QUEJA EN: "JUAREZ HECTOR ALBERTO C/ RAUL ZURITA Y OTROS S  / DANOS Y PERJUICIOS"
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-04-11

Los autos que conceden o denieguen recursos, no son susceptibles, de recurso alguno, salvo el de queja ante el superior, ello es así, aun cuando para resolver el recurso el juzgador se pronunciara sobre una cuestion previa, como es la validez de una notificacion, porque la declaración de deserción por extemporaneidad del memorial, implica lisa y llanamente una denegatoria, que habilita la instancia recursiva.
Jubilaciones, compensación especial por jubilación, banco central
Materia: LABORAL
Carátula: Salvatore   Ismael   Angel c/ Banco  Central  de  la  RepúblicaArgentina s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-24

No cabe hacer lugar a la gratificación extraordinaria que establecía la Resolución 321/81 para el personal que accedía a los beneficios jubilatorios ordinario o por invalidez, pues al momento de la jubilación del actor dicha resolución había sido derogada. Y si bien de acuerdo con lo establecido en la Resolución 321/81 se percibían "anticipos" al cumplir años de antigüedad, dichas sumas no supusieron un principio de ejecución que obligara a la demandada más allá de la vigencia de la resolución, pues se trataba de distintas prestaciones: por un lado, cada uno de los reconocimientos a la creciente antigüedad en la actividad bancaria; por el otro, la gratificación que brinda a quien se retira finalizada su vida laboral. Toq. 1236.
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, tipo penal, delitos contra la salud pública
Materia: PENAL
Carátula: Cabrera c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-07

Si bien el art. 5°, penúltimo párrafo, ley 23.737 incrimina la actividad de cultivar plantas para producir estupefacientes para consumo personal, y el art. 14, segundo párrafo, ley 23.737 la simple tenencia de estupefacientes, también para consumo personal, ambas figuras tienen como denominador común el bien jurídico tutelado -salud pública- y requieren para su configuración la necesaria demostración de la trascendencia a terceros que implicaría la conducta imputada, para de ahí en más pasar a analizar si resulta factible la subsunción jurídica en tales tipos penales.

La naturaleza colectiva del bien tutelado (salud pública), impone determinar si las plantas incautadas fueron ostentadas públicamente por el imputado y si se generó un daño o peligro con trascendencia a terceros, ello así, puesto que el principio de lesividad proscribe el castigo de una conducta que no provoca un resultado o, por lo menos, un riesgo especialmente previsto.

Fuente del sumario: OFICIAL
Entidades financieras, plan de regularización y saneamiento
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Rural Argentino  S.A. c/ Res. 639/87 s/ B.C.R.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

No corresponde atribuir al plan de saneamiento adoptado un simple carácter convencional, ni considerar las medidas tendientes al reflotamiento de la entidad como un derecho subjetivo, dado que las diversas alternativas legales no se encuentran subordinadas.
Queja por denegación del recurso extraordinario, depósito previo, falta de depósito, derechos y garantías constitucionales, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Bedne, Darío Oscar s/ declaración de causahabientes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

En tanto el derecho al acceso a la justicia es uno de aquellos que resultan operativos con su sola invocación, e irrestricto en su ejercicio, cualquier condicionamiento del trámite tal como el que se deriva de la falta de abono del depósito del art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la NACION resulta violatrio de esa garantía constitucional (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba, remuneración, uso de vivienda
Materia: PROCESAL
Carátula: Devesa, Marta Delia c/ Ardos s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de ley Rubino, Virginia Ema c/ Del Molino S.A. s/ Cobro de haberes y despido s/ Inaplicabilidad de ley Muñoz Cardenas, Rene Delfin c/ Jockey Club Bariloche s/ Diferencias salariales y despido s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-04-01|1998-04-27|1998-08-07

Determinar si el otorgamiento de vivienda constituía o no (a los efectos de la integración de la remuneración) una consecuencia propia de la modalidad de trabajo prestado importa una clara valoración fáctica y probatoria que no puede ser revisada por la instancia extraordinaria, salvo absurdo.
Cambio de calificación legal, lesiones graves, concurso ideal, homicidio culposo, sentencia arbitraria, violencia de género, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Castillo, Alberto Ramón s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-13

Corresponde rechazar el recurso de la defensa al no advertirse arbitrariedad en la valoración de la prueba y, no obstante tratarse de un caso de violencia de género, el tribunal está sujeto y se ve impedido de intervenir más allá, de los agravios esgrimidos por la defensa. Por lo demás, el tribunal de grado ha incurrido en dos graves errores jurídicos, imposibles de mantener en la instancia, al menos han de encontrar solución dentro del cauce del agravio esgrimido por la defensa en torno a la supuesta falta de representación del resultado: el primer yerro reside en haber asumido en una única acción humana dos formas de tipicidad -o culpabilidad- diferentes, esto es, el calificar el mismo hecho como doloso y culposo, a la vez, y el segundo, en haber omitido considerar la concepción de una de las formas del concurso aparente, cual es el principio de subsunción legal. El voto concurrente sostuvo que, más allá de la inexplicable adecuación culposa del homicidio, de una acción reñida con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belem do Para" y el espíritu de la ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollen sus relaciones interpersonales, es de hacer notar la antijurídica conjunción de una acción dolosa y culposa simultánea, yerros que apuntan a la culpabilidad y al desconocimiento de las reglas de la subsunción legal. La disidencia parcial sostuvo que la falta de recurso del Ministerio Público Fiscal obsta a que el tribunal se pronuncie en la instancia sobre el título de la imputación.
Medidas cautelares, embargo preventivo, cuenta corriente con saldo deudor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.N.R.P. c/ ASOCIACION DE PRESTACIONES SOCIALES s/ D.N.R.P.  - EMBARGO PREVENTIVO -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-31

En orden a la caducidad de la medida decretada en autos, cabe señalar que no es de aplicación al caso el precepto contenido en la norma del art. 207 del Código Procesal, sino la del art. 10, inc.

g), de la ley 18.820, que prevé -a esos mismos fines y bajo determinadas circunstancias-, un plazo de noventa días hábiles de la traba de la medida precautoria. Siendo ello así, es claro que en la especie dicho término no pudo haber comenzado a correr, habida cuenta que del informe emitido por la entidad bancaria resulta que la medida no pudo ser trabada en razón de que, para esa fecha, la cuenta corriente sobre la que debía efectivizarse, registraba saldo deudor.-
Resoluciones recurribles, hechos nuevos
Materia: LABORAL
Carátula: Belcuore, Raúl Roberto c/ Club Siderca Sociedad Civil y Siderca S.A.I.C. s/ Indemnización por antiguedad. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-12

El pronunciamiento del Tribunal del Trabajo que rechaza los hechos nuevos planteados por la actora, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, puesto que no pone fin a la litis ni impide su continuación.

(Minoría u opinión personal)
Competencia por el territorio, lugar del hecho, prenda con registro, defraudación, desbaratamiento de derechos acordados
Materia: PROCESAL
Carátula: Alonso López, Manuel. s/ Art. 239 del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-04

Corresponde conocer en el delito previsto por el art. 44 del decreto-ley 15.348/46 ratificado por la ley 12.962, al juez del domicilio del deudor, en el que debió estar localizado el bien, en tanto tal solución aparece como la más conveniente en atención a que allí seguramente se encontrarán los elementos de prueba y porque, además, se facilita la defensa del imputado.
Actuaciones administrativas, cosa juzgada, ejecución de sentencia, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Toledano, Gerardo c/ Poggio Maronese-Facro Central Bahía Blanca s/ Accidente trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

Resuelta y firme en sede administrativa nacional la procedencia del reajuste por depreciación monetaria y la posibilidad de otro ulterior y percibida la indemnización ante la autoridad del trabajo, la decisión del tribunal del trabajo que se expide sobre el tema -sin perjuicio del trámite impreso a la causa- corresponde en rigor al trámite de ejecución de sentencia y es, en principio, irrecurrible.
Ejecución de sentencia, excepciones procesales, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección General de Rentas c/ Minar S.A.P.S. s/ Apremio s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-12-15

En el caso, el título base de la acción está dado por la sentencia homologatoria, lo que determina que la excepción sólo puede estar fundada en hechos posteriores a dicha sentencia, toda vez que ésta posee el carácter de cosa juzgada, circunstancia que impide revisar el derecho decidido y en su consecuencia alegar hechos o presentar pruebas, que debieron haberse introducido antes de que la sentencia tuviera la autoridad conferida por la preclusión de las cuestiones.
Incentivación al consumo de alcohol, menores, responsabilidad contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: F, E. s/ articulo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-31

No se advierte en el caso una actuación del imputado que implique representar a quien planificó y llevó adelante la fiesta teniendo, en consecuencia, la responsabilidad sobre todo lo que en ella podría ocurrir; está claro que el imputado no tuvo el más mínimo poder de decisión sobre lo que se consumía en el encuentro y simplemente ante la ausencia del organizador se acercó a fin de colaborar con la actuación policial; ésta es por lo menos la versión del imputado, que no se encuentra contrapuesta por ninguna de las probanzas obrantes en el acta de la audiencia de juicio, y a la que, en consecuencia, debemos atribuir verosimilitud. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Recurso extraordinario, resoluciones anteriores a la sentencia, sobreseimiento definitivo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Rendimax S.A. s/ ley 23.771 - causa n° 9237 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

El recurso extraordinario contra el pronunciamiento que revocó la decisión que dispuso el sobreseimiento definitivo no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
Compraventa, escritura pública, rescisión del contrato, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: Bovier, Adriana Marina y otra c/ Muñoz, María Rosa Luján s/ ordinario rescisión de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-04-16

El instituto de la rescisión no está prevista por el caso donde la compraventa que se sostuvo instrumentada en un boleto de compraventa, con posterioridad se tradujo o cristalizó a escritura pública.
Recurso de casación, bancos provinciales, privatizaciones, Estado Provincial, excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE RIO NEGRO c/ L., H. O. y Otra s/ ORDINARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-05-04

Se puede concluir que el préstamo con garantía prendaria en cuestión, no fue de los cedidos por el Banco de la Provincia de Río Negro (en liquidación) como aporte de capital a la nueva unidad de negocios (Banco Río Negro S.A.) creada por la Ley Nro. 2929; que tampoco pudo haber sido transferido - por su vinculación a la actividad productiva -, al "Fondo Fiduciario de la Cartera General Residual - Ley 3380", ni cedido a la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro y/o a la Sociedad Rural de Viedma, por cuanto como observara, el Decreto Nro. 50/01 fue dejado sin efecto por el Decreto 379/03, y el Decreto 101/04, no es por si sólo, operativo.

En tal orden de ideas, si consideramos que hace más de nueve años que se aprobó mediante el Decreto Nro. 96/97 el procedimiento realizado para la liquidación del Banco de la Provincia de Río Negro, declarándose disuelto tal institución en liquidación y dándose por concluida la labor del Delegado Liquidador, más allá de que en autos no se hayan agregado las actas de transferencia (conf. art. 7, Decreto Nro. 390/96), resulta claro y obvio que todos los activos y pasivos remanentes de la liquidación quedaron en cabeza del Estado Provincial, siendo administrados los mismos, primero, por la Superintendencia de Gestión Económica (conf. Leyes Nro. 2842/94 y 2901/95) y luego por la Coordinación de Organismos en Liquidación (conf. Ley Nro. 3178/97 y Decreto Nro. 1571/98), ambos organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial (Ministerio de Economía y Hacienda)
Principio de legalidad, exenciones impositivas, interpretación de la constitución
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cascos Blancos c/ AFIP - resols. 278/00 y 286/00 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-09

Del mismo modo que el principio de legalidad -arts. 4°, 17 y 67, inc. 2°, de la Constitución Nacional- impide que se exija un tributo en supuestos que no estén contemplados por la ley, también veda la posibilidad de que se excluyan de la norma que conoce una exención situaciones que tienen cabida en ella con arreglo a los términos del respectivo precepto, ya que no pueden establecerse por vía interpretativa restricciones a los alcances de una exención que no surgen de los términos de la ley ni pueden considerarse implícitas en ella.
Enfermedad accidente, várices
Materia: LABORAL
Carátula: NAVVARRO, ALBERTO c/ EFA s/ ACCIDENTE - LEY  9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

No es necesario que las várices se manifiesten en ambos miembros inferiores para que constituyan una enfermedad profesional, pues nada impide pensar que la red venosa de un individuo puede ser más débil en una parte que en otra de su cuerpo, de modo que la misma incidencia causal conduzca a resultados distintos.
Daños y perjuicios, daños en el inmueble, legitimación activa, cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: PERALTA,  Julio  Oscar c/ LÓPEZ,  Juan  José  y otro s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-19

1- Para accionar por los daños y perjuicios causados a una finca por una construcción lindera se requiere ser titular de la relación jurídica sustancial sobre la que se basa la pretensión.

De tal manera, si el reclamante no justificó su condición de dueño poseedor o acreedor hipotecario (art. 1095 del Código Civil) ni demostró ser titular de los derechos reales de dominio, usufructo o uso (art. 1110 del Código Civil), carece de legitimación a tal efecto, ello no obstante que invoque ser ocupante y poseedor del inmueble en el que tiene asiento el hogar conyugal.

2- Aunque se demuestre el vínculo matrimonial, conforme al régimen de administración separada de los bienes adquiridos por cada cónyuge a título oneroso después de la celebración del matrimonio (art. 1276 del Código Civil), la gestión del inmueble le corresponde al titular, salvo que el consorte no titular acredite haber pagado los daños y perjuicios.
Notificación, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: P., E.A. s/ infracción art. 96 inc. a) del dec.ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-21

En el caso de los Defensores Oficiales, la oficina donde tiene asiento la dependencia a su cargo es el lugar donde se obtiene la notificación y donde la ley presume que el notificado conoce la resolución que se intenta hacer saber, durante las 24 horas del día, habida cuenta de tratarse de la Defensoría Oficial en turno.
Competencia, prórroga del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gerchkovich, Jorge Juan c/ Zotelo, Adelina Antonia y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-18

El fuero federal por distinta vecindad es un privilegio determinado en favor del vecino de extraña jurisdicción, que puede ser declinado expresa o tácitamente (art. 5 inc. 3 Cód. Proc.). Y esa renuncia es expresa cuando se pacta en un contrato la competencia de órganos jurisdiccionales ordinarios provinciales, declinando -de modo concreto- cualquier otro fuero (arts. 871, 872, 873 y concds. Cód.

Civil). Por consiguiente, la diafanidad terminológica de lo convenido en el contrato base del proceso esteriliza la pretensa disquisición de la apelante, al haberse sometido a la competencia de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Quilmes y, para el caso de no funcionar aún aquellos, a los de esta Capital Provincial, renunciando, de manera expresa, a cualquier otro fuero o jurisdicción, lo que conlleva a reputar desechada la prerrogativa que ahora se procura enarbolar, habida cuenta, incluso, la inexistencia de Tribunales Federal en el recientemente creado Departamento Judicial de Quilmes, al cual en primer término, se someten los justiciables (art. 2 Cód. Proc.).
Honorarios del abogado, privilegios (civil)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vazquez Avila, L. s/ Incidente verificación crédito en autos: Oroz s/ concurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-13

La condición del privilegio previsto en el artº 265 inc. 7º de la ley 19551 es la prestación de servicios en el interés común de los acreedores y no en el interés del deudor, y para gozar del mismo es presupuesto de viabilidad que la diligencia realizada en el proceso independiente lleve o aporte beneficio procesal o patrimonial en favor del concurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, prueba pericial, carga de la prueba, honorarios del perito
Materia: PROCESAL
Carátula: Galimidi Elvira y otro c/ Swiss Medical Group S.A. s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-01

La actora, por el principio de eventualidad, tenía la carga de acreditar los extremos médicos invocados para el reconocimiento del derecho pretendido y la prueba pericial resultaba idónea a tal fin (art. 457 de l Código Procesal). Por otra parte, el magistrado hizo mérito del informe pericial a fin de hacer lugar parcialmente a la acción de amparo. La excepción establecida en el art. 478, inc. 2, del ritual no es aplicable al "sub lite", en tanto esta norma consagra expresamente el principio de utilidad de la prueba (cfr. Falcón, Enrique M., "Código Procesal Civil y Comercial", Abeledo-Perrot, 1992, T. III, pág. 422), en tanto subordina la liberación de los gastos y honorarios a la contraria de quien ha ofrecido la prueba, a que para resolver a favor de quien la solicitó no se hiciere mérito de aquélla. (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctrina de Fallos: 303:1011 y 324:841).
Divorcio contradictorio, atribución de la vivienda, inmueble propio del otro cónyuge, cónyuge inocente, canon locativo
Materia: CIVIL
Carátula: E.J.C. c/ CH. DE E.H.I. s/ EXCLUSION DE CONYUGE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-12

Si la cónyuge también dio causa a la separación, no existe norma legal alguna que ampare su pretensión de continuar en el uso del inmueble propio del marido.

La disposición del art. 211 del Código Civil introducida por la ley 23.515, autorizaría ese supuesto pero en el caso de que se tratara de un cónyuge que no hubiera dado causa a la separación, y fijando un canon a favor del titular del dominio y el plazo de duración de la locación.