Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-09-08


NEUQUEN, 08 de septiembre de 2011.- Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "BRAMATI OMAR HECTOR CONTRA GOMEZ MARIA DEL CARMEN Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS", (Expte.Nº 316236/4), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia del Secretario actuante Dr. Miguel E. BUTELER y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo:

I.- Ambas partes plantean recurso de apelación contra la sentencia de fs. 587/592 vta. que hace lugar a la demanda, con costas, y declara procedente la declinación de cobertura formulada por la aseguradora citada en garantía, con costas a la demandada. Asimismo esta última parte recurre la resolución interlocutoria de fs. 401/403 vta. que desestima la incorporación de nueva prueba documental.

Con respecto a la resolución interlocutoria, la apelante se agravia por cuanto la a quo no advierte la relación entre la documentación que se pretendió incorporar y el pleito. Señala que al momento de fundar la procedencia de la incorporación de documentos en poder de terceros, desconocidos hasta esa fecha, se dejó claramente establecido cuál era la relación existente al manifestarse que de la conducta del actor en la entrevista médica surge en forma indubitada el ocultamiento de su verdadero estado de salud en oportunidad del accidente. Dice que la documental que se pretende incorporar permitirá comprobar, en forma fehaciente, la falsedad de las manifestaciones vertidas en oportunidad de la entrevista médica, y consecuentemente la mala fé procesal del actor al ocultar en forma intencional y maliciosa su verdadero estado de salud, con el dolo objetivo de obtener ventajas en el resultado final de la pericia.

Agrega que la sentencia recurrida funda también el rechazo de la prueba en que la demandada no efectuó petición alguna al ISSN a pesar de los datos de las prestaciones médicas que datan del año 1996/97; en tanto que las prácticas médicas, en forma aislada, nada dicen y la obra social tiene como registro solamente estas prestaciones y no la historia clínica del accionante. Por otra parte, argumenta el quejoso, de la propia demanda e indemnizaciones reclamadas se puede advertir que el actor se efectuó prácticas médicas por fuera de la obra social. Señala que no se trata de probar las operaciones y tratamientos a los que fue sometido el demandante, sino las consecuencias que esas operaciones y tratamientos dejaron como secuelas físicas en el actor y que fueron ocultadas en la entrevista médica.

La actora rebate los agravios de su contraria a fs. 492/494.

En primer lugar, señala que el apelante no critica la sentencia. Luego manifiesta que se encuentra probado que su parte, al momento del accidente, se desempeñaba en la Municipalidad de Neuquén como inspector de comercio, por lo que en cumplimiento de sus funciones se desplazaba caminando por distintos lugares de la ciudad, en tanto que la demandada intenta demostrar que las lesiones del actor no son consecuencia del accidente de tránsito que protagonizara con la accionada, sino de un accidente de trabajo ocurrido en 1996. Agrega que el informe pericial detalla las contingencias que ha sufrido el actor como consecuencia del accidente, realizando un examen acabado de las lesiones, no surgiendo en ningún momento que los daños que presenta el demandante tengan su origen en intervenciones quirúrgicas previas, ocultadas en autos.

En lo que respecta a la sentencia definitiva, la actora expresa agravios a fs. 612/616.

Reitera las críticas referidas a la denegatoria al pedido de incorporación de la documentación en poder de la Municipalidad de Neuquén y hace hincapié en la conducta procesal de la accionante.

La actora, por su parte, se agravia respecto del monto por el que progresa la demanda.

Señala que la a quo ha tomado como base para el cálculo de la indemnización por incapacidad física el monto del salario percibido por el actor, entendiendo que la base de la reparación no debe ser solamente el sueldo, ya que la lesión no solamente tiene repercusiones en la vida laboral de la persona sino que también afecta su vida de relación, las aptitudes para el ocio, la práctica de deportes, su vida cultural y su vida sexual. Cita jurisprudencia.

Se queja por el rechazo de la reparación por gastos de farmacia y tratamientos médicos psicoterapéuticos; por la omisión de considerar la reparación por la pérdida del rubro salarial "presentismo" y por la cuantía de la indemnización por daño moral.La actora rebate los agravios de su contraria a fs. 621/vta señalando que el memorial de la demandada no constituye una crítica razonada y concreta del resolutorio de grado.

La demandada no contesta el traslado de la expresión de agravios de la parte actora.

II.- He de comenzar el análisis de las apelaciones de autos por la cuestión referida a la incorporación de documentación en los términos del art. 335 del CPCyC, encuadre legal que ha quedado consentido por las partes.

El rechazo de la petición de la parte demandada se basa en la falta de relación entre el contenido de la documental que se pretende incorporar a la causa y el debate de autos, entendiendo el quejoso que ello no es así desde el momento que lo que pretende probar con tal medio probatorio es la preexistencia de una dolencia que fue ocultada por el actor, a fin de obtener un resultado ventajoso en la prueba pericial médica.

Ahora bien, podría asistir razón al recurrente si la dolencia previa existiera y además hubiera afectado la misma zona del cuerpo del actor que genera su actual incapacidad. Más ello no es así.

De la documentación de fs. 378/381 sólo surge que el accionante sufrió un accidente de trabajo el día 13 de junio de 1996 cuando al ceder en forma violenta el respaldo del sillón donde se encontraba sentado, recibió diversos golpes en la espalda y la nuca. De ello no se sigue que el actor haya quedado con secuelas físicas permanentes, derivadas de ese accidente (uno solo y no varios como denuncia la demandada) y además surge que las partes corporales afectadas fueron otras: espalda y nuca, distintas de la comprometida en el accidente de tránsito.

Asimismo, la pericia médica de fs. 236/246 da cuenta que el estado actual de salud del actor es consecuencia de la fractura hundimiento de platillo tibial externo de pierna derecha, lesión que evidentemente no fue producto del accidente de trabajo, ni pudo actuar como agravante de otra dolencia anterior desde el momento que, como lo señalé, el accidente laboral afectó espalda y nuca y no la pierna derecha.

Lo expuesto resulta suficiente para confirmar lo decidido por la a quo toda vez que las constancias del legajo del demandante referidas al accidente de trabajo del año 1996 no son conducentes para la resolución de la litis.

III.-Sentado lo anterior, resta analizar las quejas referidas al monto y alcance de la reparación, ya que la apelación de la sentencia definitiva por parte de la demandada tiene su fundamento en el rechazo de la incorporación de la prueba documental al que ya me he referido.

Cuestiona la actora la forma de cálculo de la reparación del daño físico, en tanto toma solamente como base la remuneración que percibía al momento del siniestro.

Conforme lo ha puesto de manifiesto la a quo, y más allá de la aparición de los llamados nuevos daños (a la vida de relación, estético, etc.), en nuestro régimen jurídico el daño que se sufre como consecuencia de un hecho dañoso puede ser patrimonial o extrapatrimonial; y todo perjuicio ha de ser reducido a alguna de estas dos categorías, ya que o produce afectación de la capacidad de ganancia, o produce afección de los intereses espirituales (arts. 519, 522, 1086, 1087, 1098, 1099, Código Civil).

Los daños que pretende el quejoso que sean considerados a efectos de valorar la reparación por la incapacidad física sobreviniente, en realidad no inciden en la capacidad de ganancia del afectado sino que tocan su esfera espiritual, en tanto producen padecimientos de índole moral por limitación de aspectos de la vida que se vinculan con los gozos y satisfacciones derivadas del esparcimiento. Consecuentemente, ellos han de ser tenidos en cuenta en oportunidad de abordar la queja por la cuantía del daño moral.

Por otra parte, y limitando, entonces la reparación de la incapacidad sobreviniente a la afectación de la capacidad de ganancia resulta lógico que la base de cálculo sean los ingresos del actor a la época de ocurrencia del siniestro, encontrándose acreditado que tales ingresos eran los provenientes de su actividad como empleado de la Municipalidad de Neuquén y no otros.

El segundo agravio de la actora refiere al rechazo de la reparación por tratamientos médicos, ya que los psicológicos si fueron reconocidos en la sentencia de grado.De acuerdo con lo informado por el ISSN a fs. 171/209, las prestaciones médicas y farmacéuticas para atender la lesión sufrida en el accidente de autos fueron canalizadas a través de su obra social. Ello determina que el demandante debió realizar erogaciones para dicha atención. Si bien el monto de estos gastos no se encuentra acreditado, en atención a lo prescripto por el art. 165 del CPCyC estimo que aquellos han ascendido a la suma de $ 2.000,00, debiendo, entonces, ser abonada esta suma al actor por parte de la demandada. Este importe devengará intereses desde la fecha del siniestro, conforme la tasa determinada en el resolutorio de grado, consentida por las partes.

En lo referente al lucro cesante, consistente en la pérdida del adicional por presentismo, tal reparación no fue reclamada expresamente en la demanda, no pudiendo entenderse que la inclusión de su cálculo en un punto de pericia sustituya la determinación precisa de lo reclamado (art. 330 inc. 3, CPCyC), por lo que la omisión de tratamiento por parte de la a quo no es tal, desde el momento que el lucro cesante no fue peticionado.

Finalmente, y en lo que respecta a la cuantía de la indemnización por daño moral, en atención a las intervenciones quirúrgicas a las que tuvo que ser sometido el actor, y la necesidad de tener que afrontar una nueva operación para reemplazo total de la rodilla derecha, como así también las limitaciones que encuentra el afectado para realizar deportes, deambular y realizar actividades recreativas, circunstancias que constan en el informe pericial médico, entiendo que la suma de dinero fijada por la sentenciante de grado para su reparación resulta exigüa, proponiendo sea llevada a $ 8.000,00.

IV.- Por lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo se modifique parcialmente el resolutorio recurrido, incrementando el monto de condena, el que se fija en la suma de $ 34.004,00, y confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios.

Las costas de la presente instancia se imponen a la demandada perdidosa (art. 68, CPCyC), difiriendo la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para cuando exista base a tal fin.

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta SALA II.

RESUELVE:

I.-Modificar parcialmente la sentencia dictada a fs. 587/592 vta. en cuanto al monto de condena, que se eleva a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATRO ($ 34.004,00), confirmándolo en lo demás que ha sido materia de recurso y agravios.

II.-Imponer las costas de la presente instancia a la demandada perdidosa (art. 68 CPCyC).

III.-Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes en la Alzada, hasta tanto exista base a tal fin.

IV.-Regístrese, notifíquese y, oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici Dr. Miguel E. Buteler - SECRETARIO REGISTRADO AL Nº 192 - Tº V - Fº 980/983 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A II- Año 2011