marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tasa de justicia, concursado, reducción de tasa de justicia, base imponible, crédito verificado, obligaciones solidarias
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: DI LELLO, RICARDO s/ CONC.  PREV. S/ INC. DE DETERMINACION DE TASA DE JUSTICIA (LEY 23898:  11).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-30

Fuera de la reducción establecida expresamente por la ley 23898:

3, inc. e), no corresponde admitir otras. En tal sentido, la ley citada art. 4, inc. e) es clara al disponer que la base imponible a los fines del cálculo de la tasa de justicia es el monto de los créditos verificados. Por tanto, resulta improcedente -como en el caso-, que la concursada deduzca planteo en cuanto a la reducción del pago de la tasa de justicia, pues la circunstancia vinculada a la existencia de una deuda solidaria verificada en los distintos procesos concursales no incide en la prestación del servicio de justicia, que se cumple en cada expediente con independencia de las normas de fondo que rigen respecto del pago de la deuda entre los obligados solidarios. Si bien la descripta situación resulta peculiar sin embargo, la tasa judicial no es proporcional al valor del servicio que se brinda, porque ello implicaría cualificarlo y cuantificarlo contrariando los principios elementales de la justicia.

La circunstancia de que todos los acreedores anteriores a la presentación en concurso de la deudora deban concurrir al procedimiento de insinuación -inclusive los comunes- determina que respecto de estos exista una prestación concreta y efectiva del servicio de justicia. A más, ello tiene como contrapartida que el deudor de una obligación solidaria no necesariamente se encuentra constreñido a su pago, en la medida en que la deuda hubiese sido pagada por otro deudor solidario (CCiv: 706).
Caducidad de instancia, plazos procesales
Materia: CIVIL
Carátula: M., J. c/ F., R. s/ divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-06-01

La razón de ser del instituto de la caducidad de la instancia no apunta a coartar los derechos constitucio-nales de propiedad y defensa en juicio, sino a reglamentar su ejercicio mediante la fijación de plazos razonables dentro de los cuales éste debe realizarse, para de tal manera desembarazar al órgano jurisdiccional de las causas paralizadas en las cuales el desinterés de los contendientes de llevarlas adelante es evidente y, propender, de tal modo, a la agilización del reparto de justicia como forma de satisfacer intereses colocados por encima de los meramente particulares, pues la finalidad de la institución excede del mero beneficio de los litigantes ocasionalmente favorecidos por sus consecuencias.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho público local, Poder Legislativo, funcionarios legislativos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BUSTAMANTE, ALBERTO ROGACIANO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - RECURSO  EXTRAORDINARIO POR ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (CSJ  EXPTE Nº 290-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-21

No logran demostrar los recurrentes que el decisorio impugnado no satisface el derecho federal invocado, si al confrontar el memorial con el fallo de marras surge que los agravios que se imputan al decisorio -no obstante la arbitrariedad invocada- sólo trasuntan su disconformidad con la interpretación que efectuara el Tribunal de normas de derecho público local y constitucionales, en ejercicio de funciones propias.
Recusación, recusación por denuncia o acusación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DR. GILETTA c/ FERNANDEZ ALVARIÑO, PROSPERO G. s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-21

La denuncia a que se refiere el inc. 3ro. apart. a) del art. 75 del C.P.M.P. sólo surte una causal de recusación cuando ella posee entidad suficiente, en especial cuando tiene lugar después de iniciado el proceso.
Pagaré, lugar de emisión, título ejecutivo hábil
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Doldán, Marcelo Fabián c/ Parmetler, Humberto s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-04-05

Conforme lo dispuesto por el art. 101 del Dto. Ley Nro. 5965/63, para la validez del pagaré, como tal, se requiere que en el título conste -entre otras especificaciones- la 'indicación del lugar y de la fecha en que el vale o el pagaré ha sido firmado' (inc. 6)", exigencia ésta que, en el supuesto bajo examen, sólo habría sido omitida parcialmente, toda vez que en el documento, con que se intenta la presente ejecución, se ha consignado la fecha en que el mismo fue firmado, omitiéndose especificar únicamente, en forma concreta, en el encabezamiento del título, el "lugar" en que la firma se estampó, por lo que cabe determinar si la existencia de tal elemento, en el documento en cuestión, puede determinarse por medio de otras especificaciones contenidas en los mismos.

Al respecto, cabe advertir que en el cuerpo del documento cuestionado, se ha consignado el domicilio del librador y, por ende, el lugar de pago, lo que autoriza a concluir que tal es el lugar en que el referido documento fue firmado.

En efecto, no constituye una exigencia legal, que el lugar en que los documentos se suscriben figure en el encabezamiento del título, por lo que, constando en el cuerpo del mismo, junto a la firma del librador, el domicilio de éste, nada obsta a que sea tenido como lugar de suscripción, a los fines de la aludida exigencia legal, máxime en supuestos como el de autos, en que la supuesta omisión de uno de los recaudos formales previstos por la ley para la validez del título, sería, en su caso, solamente parcial; por otra parte, conforme lo prescribe el art. 102 del citado cuerpo legal, "a falta de indicación especial, el lugar de creación del título se considera lugar de pago y, también domicilio del suscriptor", por lo que, habiéndose consignado en el documento, cuya ejecución se persigue, tanto el lugar de pago como el domicilio del suscriptor, cabe la presunción inversa, esto es, que el lugar del domicilio corresponde al de creación del título. Fundamento de la Dra. Colman.
Prueba, apertura a prueba, planteo en segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: ASSUCOM N V c/ ARM Y/O PROP CHATA BANDERA PARAGUAYA LM II s/ FALTANTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

El pedido de apertura a prueba en la Alzada debe ser debidamente fundado (art. 260, inc. 2., Código Procesal), lo que implica la necesidad de señalar los errores contenidos en la resolución que admitió la oposición deducida, a los efectos de demostrar al Tribunal que las pruebas de que se trata fueron mal denegadas por el juez de la instancia anterior (cfr. esta Sala, Causas 4591 del 21.4.87 y 5161 del 6.4.95); requisito que la presentación de la demanda no cumple en mínima medida. La recurrente se limita a reiterar los puntos de pericia ofrecidos y a señalar su importancia, aseveración que no constituye un argumento autónomo y suficiente para revisar lo decidido por el juzgador, máxime cuando no se controvierte ninguno de los fundamentos vertidos en la resolución.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, obligación tributaria, prescripción, interpelación extrajudicial
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS (API) c/ ANTOLIN FERNANDEZ S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-12-07

Es inadmisible la queja desde que sólo evidencia la discrepancia con el resultado final al que arribaran los Sentenciantes en la tarea de interpretar y decidir lo relativo a la prescripción liberatoria de las obligaciones fiscales, sin demostrar que se hayan apartado de los parámetros de razonabilidad y logicidad tolerados.

En el caso, la quejosa se limita a afirmar genéricamente que en ningún momento ha reconocido expresa o tácitamente la obligación fiscal en cuestión y que se le ha aplicado la normativa tributaria local en violación al criterio sentado en la jurisprudencia nacional y local que invoca;

Empero con sus cuestionamientos no logra rebatir lo dicho por los sentenciantes en cuanto a que quedó acreditada -con las actuaciones extrajudiciales que constan en autos- la exteriorización de la voluntad del acreedor de no dejar prescribir su derecho y tampoco demuestra la recurrente haber impugnado en forma alguna la intimación fehaciente que la actora realizó de la determinación tributaria practicada, quedando consentida dicha resolución. (Citas: CSJN Filcrosa, Fallos 326:3899. CSJStaFe AyS T 223, p 69)
Desbaratamiento de derechos acordados, dolo
Materia: PENAL
Carátula: Cánepa, Isaac E. s/ Desbaratamiento de derechos otorgados
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-26

Corresponde absolver al imputado por el delito de desbaratamiento de derechos acordados (art. 173 inc. 11 del C.P. ) si no se acreditó fehacientemente el aspecto subjetivo del delito, al no verse rebatida su afirmación de que los compradores del bien prendado conocían el gravamen que pesaba sobre la cosa mueble, descartándose asimismo la conducta prescripta en el inc. c) del art.

45 de la ley 12.962, pues si bien el procesado no cumplió con las obligaciones indicadas en el art. 9 de dicha ley (anotar en el registro la transferencia y notificar al acreedor) no está probada su voluntad maliciosa y ánimo de perjudicar con tal incumplimiento.

De otro modo, se reprocharía penalmente una conducta tan solo por un incumplimiento contractual, convalidándose una suerte de responsabilidad objetiva no admitida en nuestro sistema penal.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Ramón Juan Alberto Camps y otros c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

Es inadmisible la tacha de arbitrariedad de la sentencia por haber dado por acreditada la existencia de órdenes ilegales retransmitidas por los procesados a sus subordinados, en tanto se trata de cuestiones de hecho y prueba y de carácter común y procesal, que son propias de los jueces de la causa y que cuentan en el fallo con argumentos bastantes para fundarlo.
Aportes previsionales, cómputo de servicios, reincorporación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Walsh, Alfonso Antonio c/ Provincia del Chubut y Banco del Chubut S.A. s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-05-11

La previsión del art. 5º de Ley 2342, fue redactada por el legislador para el supuesto dado por el art. 1º, esto es, la reincorporación, máxima reparación del daño en orden a la reivindicación que la norma supone. Cuando se refirió después a quienes no se reincorporaban, les confirió los beneficios del art. 5° - los derechos, mas no habiendo reinstalación en el puesto, no estipuló el límite de reconocimiento.
Robo calificado, atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: M., C.A. y otro s/ Robo simple y otro
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-05-22

Corresponde el encuadre de Robo calificado por Efracción y escalamiento, en concurso ideal con Daño calificado, artículos 167 incisos 3 y 4,  184 inciso 5 y 54 del Código Penal, por cuanto se encuentra harto acreditado que la violencia ejercitada sobre sectores del establecimiento educacional excedió la propia y necesaria para el momento consumativo del robo, ingresando en el perjuicio dañoso que registran las actas de inspección y croquis levantados en autos.
Indemnización, daño material, daño psíquico
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMEZ  IBARS  RAMON Y OTROS c/ VALAZTIQUI JUAN DE DIOS Y OTROS s/ daños  y  perjuicios. Acumulada: Causa Nº 17.140/03, TASCA OMAR YOTRO  c/ PODER EJECUTIVO NAC. MINIST. DE JUSTICIA POLICIA FEDERALY OTRO s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

Las alteraciones de índole psíquica no constituyen -como regla una categoría autónoma en relación al daño material o al daño moral, pues la incapacidad que se invoca bajo esta denominación proyecta su influencia tanto en una u otra esfera o en ambas a la vez. Así, en la mayoría de los casos, él puede traducirse en un daño material -lucro cesante o daño emergente-, por importar una limitación o restricción a la capacidad de desarrollar actividades generadoras de riquezas o un gasto por tratamiento;

también es un modo específicamente determinado de sufrimiento que se experimenta en el plano moral (conf. Sala II, causa 12.371/94 del 4/04/95; Sala III, causas 3.698/97 del 2/03/00;

29.969/95 del 22/04/03; 2.388/97 del 12/12/03; 9.518/00 del 24/02/05).
Conducta de las partes, buena fe procesal
Materia: CIVIL
Carátula: BATTA HÉCTOR DANIEL c/ SAUSA MARÍA SILVINA Y/O QUIEN RESULTE PROPIETARIO s/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-07-27

La actitud expuesta por las partes, donde el actor y demandada brindaron diferentes y contradictorias versiones de lo ocurrido en relación al accidente que protagonizaran (transporte benévolo), donde el primero era acompañante de la accionada, y que permite avisorar la existencia de una estrategia común en alguna manera denunciada por la aseguradora, contrasta con el deber de decir la verdad en el proceso, como derivación del principio de buena fe procesal, y de obrar con honestidad. Tales conductas procesales reprochables producen una distorsión de la función jurisdiccional que presupone la verdad, dificultan que el juez pueda garantizar la efectiva tutela judicial para los intereses en conflicto, perjudica el derecho de defensa de la parte contraria, el principio de igualdad procesal y termina afectando el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Observaciones; PICO I JUNOY, Joan: "El debido proceso ´Leal´", Libro de Ponencias del XIX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Caracas 2004, p.341/371.
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Olavarría S.A. c/ Arrospide, Carlos Alberto y otros s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

Lo que determina la inembargabilidad de los bienes inmuebles adquiridos con préstamos del Banco Nacional para vivienda única y propia es la modalidad de la adquisición, el hecho de permanecer el inmueble en el patrimonio del beneficiario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba testimonial, impugnación de la declaración testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: Mauro, María c/ Diz de Espinosa, Mirta s/ Cobro de pesos (Expte. Nro. 127-00, Resol. Nro. 191, Tomo 57, Folio  158)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-09-13

Resulta generalmente aceptada la corriente jurisprudencial que sostiene que las tachas a los dichos (que no son verdaderamente tales) deben formularse en los alegatos, constituyendo más bien la introducción de circunstancias que de ninguna manera invalidan la declaración.
Poder Judicial, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Kreimbohn, Germán y otro c/ Caja  Administradora  del  Fondo  Especial del Seguro (CAFES) y otro. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

El ingente papel que en la elaboración del derecho incumbe a los jueces no llega hasta la facultad de instituir la ley misma.
Plan de ahorro previo, círculo cerrado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García de Mancini, Irma del C. y otros c/ Cono Sur S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

En los sistemas de ahorro previo, el momento de la formación del grupo de suscriptores del plan marca el inicio de la vigencia de las distintas solicitudes cualquiera sea la fecha de suscripción de las mismas, toda vez que la existencia de un número mínimo de interesados es condición suspensiva para la puesta en marcha del sistema.
Recurso contencioso administrativo, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

En el sistema de la justicia administrativa santafesina los recursos contenciosos administrativos son dos (artículo 9, Código Contencioso Administrativo); el denominado de "plena jurisdicción", que pretende la protección de un derecho subjetivo vulnerado por la autoridad administrativa (artículo 10) y el recurso de "ilegitimidad", que aspira a restablecer el imperio de la legalidad administrativa infringida por un acto de dicha autoridad (artículo 16). En el primero predomina el propósito de obtener la tutela inmediata de una situación jurídica subjetiva: el derecho subjetivo del particular presuntamente vulnerado por la resolución administrativa (y por ello se lo califica de "subjetivo"); en el segundo, prepondera la finalidad de tutelar el derecho objetivo, la legalidad administrativa, a través de la instancia de quien buscaría indirectamente la protección de un interés legítimo propio coincidente con aquél (y por ello se lo califica de "objetivo").
Locación, rescisión del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FIORITO OSCAR ALFREDO c/ CANCELLIERI O CANCELIERI EMILIO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-16

Si del plexo probatorio surge con claridad meridiana que el inmueble objeto de la locación fue "ofrecido en alquiler", que se solicitó a un vecino "que arbitrara las medidas de seguridad para evitar el ingreso de intrusos" después de operada la desocupación, tales hechos implican la mejor explicación en cuanto a las prestaciones debidas por las partes y aportan suficientes elementos de juicio para determinar que el locador al recuperar la tenencia del inmueble aceptó la rescisión propuesta y tuvo su disponibilidad al proponer su arrendamiento a terceros, extraños a la relación contractual.-
Obligaciones solidarias, responsabilidad indirecta
Materia: LABORAL
Carátula: Osores, Fátima Lucía c/ García Iranzo, José Oscar y/o Municipalidad de Salta s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-08-31

Corresponde mantener la condición de obligada solidaria de la Municipalidad codemandada en virtud a la responsabilidad refleja que reconoció, en el escrito de conteste demanda, y a la que ofreció hacer frente,hasta con descripción del modo como se instrumentaría la retención de fondos.No puede en ésta instancia alegar la inaplicabilidad del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, si anteriormente se refirió a un requisito de aplicabilidad.No puede en definitiva, modificar los términos en que quedó trabada la litis, que constituye el rígido marco dentro del cual hemos de movernos a través de todas las etapas del proceso.
Infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías, bien jurídico protegido
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Subpga  SACIE. e I. c/ Estado Nacional  ANA. s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

El bien jurídico tutelado en el art. 954, inc. c) del Código Aduanero resulta ser en principio la veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación de aduana.
Robo, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: URIBE, LIDIA DEL CARMEN Y OTROS s/ ROBO CALIFICADO S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-06-04

Si la imputada tomó parte en la ejecución del hecho, no se trata de una cuestión de participación primaria o secundaria sino de coautoría. En sucesos de éste tipo, es común y psicológicamente indispensable el apoyo de otro u otros para lograr el coraje mínimo para cometer el ilícito, compartiendo todas las acciones aunque solamente las exteriorice uno; la presencia inactiva torna más audaz al ejecutar o bien impide a la víctima la posibilidad de su defensa -
Defraudación, desbaratamiento de derechos acordados
Materia: PENAL
Carátula: C., J. s/ Auto de procesamiento (Expte Nº113-96, Resolución Nº92, Tomo 3,  Folio 153)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-10-07

La figura del desbaratamiento de derechos acordados en su enunciación reconoce distintas y alternativas formas consumativas, una de las cuales es que el derecho o la obligación cuyo cumplimiento se desbarata, se hubiere otorgado "como garantía".

Aquí, no es menester acreditar fraude alguno -se trata del aprovechamiento de una situación particular de él o los autores- y, el perjuicio propio de toda defraudación se halla en la pérdida de la garantía que se había obtenido.
Faltas, régimen de faltas, habilitación del establecimiento, local bailable, interpretación de la ley, tipo penal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: PORBAIRES SRL s/ FUNCIONAR COMO LOCAL DE BAILE CLASE C  NO ESTANDO INSCRIPTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11

De la rúbrica que el Legislador ha consignado como "título" del artículo 4.1.1 de la Ley Nro. 451, esto es "ausencia de habilitación y desvirtuación de rubro", se desprende con claridad cuál debe ser el criterio aplicable al momento de dilucidar de qué se trata la "infracción" al permiso. Desde esta perspectiva sólo cabe considerar revestido el tipo en cuestión en los casos en que la conducta de quien ejerce la actividad lucrativa se manifieste en exceso de la permisión -desplegando más actividades que las autorizadas- o en evidente ajenidad de su objeto, desplegando otras conductas lucrativas -esto es, desvirtuando el rubro-, mas nada de ello se verifica al observarse una identidad entre el objeto de la habilitación o permiso y la actividad prevenida. Mal puede, entonces, encuadrarse en esta disposición a fin de justificar la decisión condenatoria la acción ejercida por los explotadores de un inmueble habilitado como local de baile clase "C", consistente en funcionar sin encontrarse inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables creado por el artículo 2 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/2005.
Recurso de casación penal, sentencia, falta de motivación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: GUTIERREZ EVARISTO Y OTRO s/ CASACION PENAL-GRADUACION DE LA PENA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-10-07

En el caso, el recurso de casación es formalmente admisible si el agravio consiste en que la sentencia recurrida es arbitraria por carecer de la debida motivación en cuanto a la fijación de la pena (CPP, 490, 2°). Además, la impugnación es sustancialmente procedente porque la sola remisión formal a las circunstancias del art. 40 Y 41 no satisface la exigencia de fundamentacion de la pena, pues esa tarea requiere que el tribunal de sentencia señale en que medida las pautas contenidas en aquellas normas, y que se habrían dado en autos, trascienden al juicio sobre la mayor o menor peligrosidad del condenado y, en definitiva, incidirán en la medida de la pena.