Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21


Buenos Aires, 21 de febrero de 2006. VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 88/89 contra la sentencia de primera instancia que declaró abstracta la cuestión relativa a la ampliación de la carga horaria de la labor de la amparista y desestimó la pretensión del pago de las diferencias salariales en forma retroactiva, sin costas. CONSIDERANDO: 1. Que la accionante inició el presente amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Secretaría de Salud), con el objeto de que se ordene el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del decreto 282/96 - que modificó el artículo 5º del decreto 6395/87-. Sostuvo que le corresponde acrecer un mínimo de 12 horas semanales en planta, como prolongación de las 24 horas que trabaja como especialista en la guardia médica (neonatología) en día domingo, en el Hospital General de Agudos "Parmenio T. Piñeiro". Destacó que, pese a que no le asignaron las 12 horas en planta reclamadas, concurre gratuitamente al hospital en días de semana con la finalidad de colaborar con la sobrecarga de atención de pacientes. Expresó que pese a sus reiterados reclamos administrativos, no recibió una respuesta satisfactoria. Señaló que algunos colegas lograron obtener la prolongación de sus cargas horarias, y acompañó documental en prueba de ello. Luego se refirió a los principios, derechos y garantías constitucionales que considera afectados. Finalmente, como medida cautelar solicitó: a) que se ordene el inmediato y efectivo cumplimiento del artículo 6 del decreto 282/96 proveyendo como mínimo la ampliación horaria de 24 a 36 horas semanales, y b) que se ordene el inmediato pago retroactivo de todas las sumas correspondientes a los períodos en que debió darse cumplimiento al incremento horario dispuesto en el artículo 6 del decreto 282/96. 2. Que, a su turno el Sr. Juez de grado declaró abstracta la cuestión relativa a la ampliación de la carga horaria de labor de la amparista y desestimó la pretensión de pago de las diferencias salariales en forma retroactiva, sin costas. Para así decidir consideró que la situación fáctica había variado desde la interposición de la demanda, por cuanto la autoridad administrativa había concedido la ampliación horaria pretendida mediante la resolución 925 de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del 1 de noviembre del 2004. Asimismo, postuló que al no haberse demostrado la prestación de serv icios desde la fecha que indicó la amparista -que justifique la retribución que pretende-, debía, en todo caso, intentar reclamar las diferencias no percibidas por la vía de la acción de daños y perjuicios. 3. Que la parte actora interpuso y fundó su recurso de apelación a fs. 88/89. Se agravió de que el resolutorio no haya impuesto las costas a la demandada. Alegó que la omisión ilegítima del Gobierno de la Ciudad no había cesado antes de la presentación del informe del artículo 8 del decreto ley 16.986 ni se había allanado a su pretensión. Por el contrario, había contradicho la demanda en todos sus términos. Citó diversos antecedentes jurisprudenciales que frente a similares circunstancias habían impuesto las costas a la accionada. Esgrimió que la reticencia de la administración a cumplir con el artículo 6º del decreto 282/96, a pesar de haberse operado el término máximo fijado por la norma para su implementación, se reflejó en las numerosas causas que se interpusieron con el mismo sustento fáctico. Expuso, asimismo, que la promoción de aquellas impulsó la celebración, en el marco de la Comisión Paritaria Sectorial (negociación colectiva entre la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires y el GCBA), de un convenio registrado en el acta Nº 7 que estableció que debía darse cumplimiento a lo dispuesto por el decreto 282/96, respecto de los profesionales que venían desempeñando tareas con anterioridad al dictado de dicho decreto. 4. Que, oportunamente, dictaminó la Sra. Fiscal de Cámara y propició la admisión del recurso(fs. 94/95). 5. Que surge de las constancias del expediente que el cese de la omisión estatal se produjo con posterioridad al inicio de la demanda y de la contestación del informe del artículo 8 del decreto ley 16.986. En efecto, la demandada, en su presentación de fs. 29/36, del 2 de noviembre de 2004, negó la procedencia de la acción por razones formales y sustanciales (entre ellas la inexistencia de derecho en cabeza de la actora). Asimismo, la circunstancia de que se dictase la resolución 925 de la Secretaría de Hacienda y Finanzas el 1 de noviembre de 2004 no modifica la conclusión, por cuanto, como todo acto administrativo de alcance particular, requiere, para lograr su eficacia, la pertinente notificación (artículo 11 de la LPACABA) y dicha diligencia no ha sido acreditada en las actuaciones. Resta señalar que el acto fue acompañado a la causa por la accionante el 5 de abril del 2005, cuando denunció el acaecimiento del hecho nuevo (fs. 39/57). 6. Que, en suma, lo cierto es que la parte demandada reconoció en sede administrativa el derecho esgrimido por la accionante, en forma posterior al inicio de la demanda y contestación del informe del artículo 8 del decreto ley 16986, lo que indica que ha sido su actitud omisiva la que la obligó a litigar. De una interpretación de las disposiciones del artículo 62 CCAyT se desprende que constituye un principio general en la imposición de costas, la condena a quien con su incumplimiento ha dado origen al litigio. Así, se imponen las cost as a la demandada atribuyéndole el carácter de una indemnización para resarcir las expensas que ha debido realizar, la actora, a fin de conseguir el reconocimiento de su derecho. Es que no debe sufrir una disminución patrimonial, quien ha reclamado y asistiéndole razón, ha obtenido un cumplimiento tardío de su pretensión. No es posible que deba solventar los gastos derivados del proceso quien ha tenido razón para iniciar la acción frente a la actitud remisa del Gobierno de cumplir con las normas del decreto 282/96. Lo expuesto constituye aplicación de una directriz axiológica de sustancia procesal en cuya virtud "se debe impedir, en cuanto sea posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o a defenderse en juicio para pedir justicia" (Chiovenda, en Ensayos de derecho procesal (trad. Santis Melendo), T. II, p. 5). Una interpretación contraria lesionaría el principio de gratuidad del amparo para el accionante de autos (ar t. 14 CCABA), quien se vería obligado a cargar con los gastos que derivan del proceso originado por la existencia de una omisión ilegítima. Aquel principio constituye una de las herramientas previstas por el constituyente para otorgar la mayor efectividad posible a la garantía constitucional, de forma que no puedan existir razones económicas que impidan acudir a los estrados judiciales. Si esta ha sido la idea central de la norma, que incluso ha liberado al accionante perdidoso de las costas, salvo que medie temeridad o malicia, cuanto más corresponde que no tenga que afrontar siquiera sus propios los gastos cuando le asistió razón. En definitiva, no median en la causa razones válidas para exonerar de costas a la demandada, lo que justifica la admisión del recurso interpuesto. Por todo lo expuesto, y de acuerdo con lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, deberá admitirse el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocarse el pronunciamiento apelado en cuanto ha sido materia de agravios, i mponiéndose las costas de ambas instancias a la demandada. Disidencia del Dr. Esteban Centanaro. 1. Que dado que los parágrafos 1 a 4 resumen adecuadamente las constancias de esta causa, cabe tenerlos por reproducidos por razones de brevedad. 2. Que de conformidad con las constancias del expediente, tengo para mi que el cese de la omisión estatal se produjo de modo previo a la presentación del informe del artículo 8º del decreto ley 16.986. En efecto, aunque la demandada en su presentación del 2 de noviembre de 2004 haya negado la procedencia de la acción por razones formales y sustanciales, lo cierto es que en sede administrativa había dictado la resolución 925 de la Secretaría de Hacienda y Finanzas el 1 de noviembre de 2004, ergo, no procede la condena en costas por cuanto antes del plazo fijado para la contestación del informe a que se refiere el artículo 8 cesó la omisión en que se fundó el amparo. Es que si tenemos en cuenta que el objeto de la pretensión de la accionante era que el Gobierno de la Ciuda d, a través de la Secretaría de Salud, cese en la omisión del cumplimiento de artículo 6 del decreto 282/96 y en consecuencia, ordene su nombramiento por doce (12) horas en planta en la semana como complemento de las 24 hs. que trabaja en la guardia los días domingo, el dictado de la resolución en cuestión, lo satisfizo. Así la doctrina ha entendido que si bien el fundamento de la imposición de costas, es el objetivo vencimiento, se exime de costas a la legitimada pasiva, si prueba antes del vencimiento del plazo fijado para la contestación del informe, que los hechos u omisiones que motivaron la demanda de amparo han cesado, con la finalidad alentar el cumplimiento estatal. "A través de este precepto se logra una suerte de sobresimiento, forma de terminación del proceso por extinción unilateral de la situación litigiosa. Hay asimismo matices propios del allanamiento. Empero, se desemboca en un recomendable resultado compositivo de la litis y de la paz jurídica, porque han dejado de existir en ese instante to do interés y utilidad actuales en el titular del derecho que al momento de incoar el proceso aparecía como agraviado" (Morello, Augusto M., Vallefín, Carlos A., Régimen Procesal del amparo, 4. Edición, Librería Editora Platense, p. 141 y 142). "Puede pensarse que, en plan de salvaguardar los derechos constitucionales, se ha preferido - a través de la exención de costas- alentar, sobre todo, el levantamiento del acto cuestionado, más que insistir en problemas de honorarios y demás gastos procesales" (Sagüés, Néstor Pedro, Derecho Procesal Constitucional, Acción de Amparo, 3º edición actualizada y ampliada, p. 484). Por lo expuesto, corresponde, denegar el recurso planteado y confirmar la sentencia de grado. Por todo lo expuesto, y de acuerdo con lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocar el pronunciamiento apelado en cuanto ha sido materia de agravios, imponiendo las costas de ambas instancias a la d emandada. Regístrese en el libro de "amparos y cautelares", notifíquese a las partes y a la mencionada funcionaria en su despacho y oportunamente, devuélvase.