Proceso penal, recurso extraordinario federal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Salas Bulacios, Julio Daniel s/ Recurso Extraordinario interpuesto por la Defensora Penal Nº 5, Dra. Mariana Vera en contra de la Sentencia Nº 42/12 en Expte. Corte Nº 26/12 - Recurso de Casación (...) en Expte. Nº 512/2011 - Salas Bulacios, Julio Daniel s/ Salidas Transitorias - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-12-12

El Juzgado de Ejecución Penal, mediante auto interlocutorio, resolvió no hacer lugar al pedido del interno de incorporación al régimen de salidas transitorias, por no concurrir el requisito exigido en el art. 17 apartado IV de la ley 24.660.

Contra esa resolución, la defensora del causante, había articulado Recurso de Casación (por inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas y, como consecuencia, por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva) al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, la misma defensora interpone el presente remedio federal.

No procede la concesión del recurso extraordinario fundado en la causal de arbitrariedad dado que, aunque opinable, la denegatoria cuestionada traduce, no mero voluntarismo, sino una comprensión admisible de la cuestión (Fallos: 305:1687) y la inteligencia asignada a la norma de derecho común aplicada no excede el marco de posibilidades que ella brinda (Fallos: 304:1826), especialmente considerando que la resolución impugnada del Tribunal de Ejecución reafirma la operatividad de la ley 24.660 de cuya aplicación se trata con la recomendación para que el tratamiento penitenciario sea profundizado a fin de posibilitar el avance del interno en el proceso de resocialización que garantiza esa reglamentación de la ejecución de la pena cuya finalidad es la de lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley (Ley 24.660, art. 1º).

Sobre los fundamentos que sustentan la decisión recurrida la apelante se limita a criticarlos como contrarios a nuestro diseño constitucional, por basados en criterios peligrosistas y en presunciones propias de un derecho penal del autor, y por privar a la defensa de las posibilidades de rebatir o probar, pero no ofrece argumentos que demuestren la irrazonabilidad de los argumentos que impugna.

Nada dice sobre el fin sancionatorio y de prevención general y especial de la pena invocado en la sentencia, con lo que no explica cómo lo decidido vulnera la finalidad de la pena y la dignidad del interno.

Sostiene que la reincidencia, la conducta antisocial, delictiva, y el riesgo de recaída en el delito fueron considerados en la imposición de la pena y que, por ello, ese comportamiento anterior del penado no puede seguir valorándose en su contra en todas las etapas del proceso. Sin embargo, no demuestra lo que dice; con lo que no pone en evidencia la injusticia de lo decidido, la inobservancia que predica de la ley penal sustantiva ni el menoscabo que invoca a la garantía de defensa en juicio.

De tal modo, los agravios carecen de idoneidad a los fines de suscitar la apertura de la instancia extraordinaria, puesto que los argumentos propuestos no son suficientes para demostrar la efectiva vulneración de las garantías constitucionales invocadas ni el apartamiento inequívoco por el tribunal de la solución prevista por la ley para el caso. De tal modo, quien recurre no justifica la intervención que de la Corte Suprema procura, prevista por esta vía, no para superar las discrepancias de las partes con lo resuelto por los tribunales (Fallos 326:613, 621,1458), sino para garantizar la vigencia y primacía de la Carta Magna (Fallos 326:107), cuyo compromiso en el caso la recurrente no demuestra (Fallos 326:613, 621,1458).

En estas condiciones, el recurso carece de fundamento suficiente en los términos del art. 15 de la Ley 48, lo que obsta a su concesión.