marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, plazos procesales, cómputo del plazo, actos interruptivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO REGIONAL DE CUYO c/ OMAR J0RGE SAT Y MARIA ANGELICA JURI DE SAT s/ Ejecución Tipica (LIBRO: A075 - 037)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-16

En materia de caducidad de instancia es necesario aclarar dos aspectos fundamentales: el primero, qué se entiende por acto útil y el segundo,a quién corresponde su determinación.Respecto del primero,este Tribunal participa del criterio "objetivo", conforme al cual por acto útil debe entenderse aquél que hace avanzar la instancia en forma objetiva y real, importando un impulso concreto de avance del procedimiento, no siendo suficientes las inteciones o deseos.En cuanto a lo segundo, no son los litigantes los encargados de fijar la última actuación útil, sino que ella depende de las circunstancias comprobadas de la causa, o que surjan de la compulsa del proceso, valorando los actos consentidos de los litigantes. Lo contrario implicaría un contrasentido, pues la procedencia de la caducidad, en lo que hace al cómputo de la misma, dependerá no de una pauta objetiva establecida en la ley,cuya valoración debe efectuar el Juzgador,sino de la apreciación del litigante, lo que es inadmisible. De acuerdo a esas consideraciones,se estima que el emplazamiento a instar prueba no reviste carácter de acto útil interruptivo del plazo de caducidad dada su inidoneidad por la falta de conducencia al fin del pleito.
Resoluciones recurribles, ejecución prendaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Francés S.A. c/ Maugeri, Juan Alberto s/ Secuestro prendario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

En principio, las decisiones de la Cámara recaídas en una ejecución prendaria no revisten carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, no observándose en el caso de autos, que declara la nulidad de todo lo actuado disponiendo el libramiento del mandamiento de secuestro, motivos suficientes que permitan apartarse de dicho criterio, desde que nada impide el eventual ejercicio del juicio ordinario posterior. (Minoría u opinión personal)
Querella, falta de acción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MARCAIDA, Juan Manuel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-08

El acuerdo de voluntades alcanzado en extraña jurisdicción no puede ser asimilado a la situación descripta por el art. 1097 del C.C. Si las conductas no se entroncan directamente con la administración de la sociedad, el convenio celebrado impide mediante la excepción de falta de acción (art. 339, inc. 2°, C.P.P.N.), modificar la relación procesal alcanzada por la querella.

Por ello, no debe hacerse lugar a la excepción de falta de acción interpuesta.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, accidente de tránsito, ambulancia, responsabilidad del conductor, sentencia absolutoria, delito culposo, violación al deber de cuidado
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: F., H. F. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- HOMICIDIO CULPOSO (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 113 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Fiscal contra el decisorio que revoca la sentencia apelada y absuelve de culpa y cargo al imputado, desde que el mismo no luce suficientemente fundado en relación al análisis que efectúa de la conducta del conductor de la ambulancia, en orden a determinar su culpabilidad.

Al respecto, se advierte que la Sala, más allá de la calificación que pudiere merecer la actitud de la propia víctima, al valorar la conducta del imputado debía determinar si de su parte medió culpa, si observó o no el "deber de cuidado" que le incumbía como conductor de una ambulancia, y que obviamente no puede darse por satisfecho por el exclusivo hecho de haber circulado con las balizas encendidas y haciendo sonar la sirena -desentendiéndose incluso del análisis de la existencia o no de una situación de urgencia-, pues el acabado cumplimiento del mismo exige que sea particularmente "cuidadoso" tanto a la hora de decidir hacer uso de una prerrogativa excepcional (como lo es transitar sin respetar las normas referentes a la circulación, velocidad o estacionamiento), cuyo ejercicio, por sus propias características, implica por sí mismo, un aumento previsible de riesgos para la seguridad de los terceros, como a la de circular en esas condiciones excepcionalmente admitidas por el Derecho.

Por ello, tanto su uso indebido, como justificado pero desentendiéndose del "deber de cuidado" que impone adoptar ciertas conductas de seguridad, puede constituir -según las circunstancias del caso- una temeridad o ligereza que en sí misma crea un peligro, exteriorizando un comportamiento negligente o imprudente. Lo dicho me conduce a sostener que el fallo en crisis adolece de un déficit de fundamentación y motivación, vulnerando la norma del art. 95 de la Constitución Provincial, por lo que debe ser anulado.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de La Plata c/ Alvarez, Ubaldo y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-17

Habiéndosele transmitido a la Municipalidad de La Plata, la posesión que la Provincia de Buenos Aires ejercía sobre el inmueble, aquélla bien pudo demandar el desalojo, ya que el art. 676 del C.P.C.C. no limita el ejercicio de la acción a los propietarios, pudiendo ejercerla quien cuenta con la posesión del bien afectado al dominio público, la cual proviene de una serie de actos administrativos -a los que debe sumarse una ley-, todo lo cual le otorga título suficiente para demandar (S.C.B.A., en "Ac. y Sent." 1957-IV-701;

1960-V-301).
Querellante, admisión del querellante, simple damnificado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Inc. de apelación de BOBROVSKY, Sergio Carlos, Causa nro. 14.032
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Este Tribunal participa del criterio amplio que ha sido definido y procesado jurisprudencialmente en cuanto a que el bien jurídico protegido no es pauta definitoria a los fines de determinar la legitimación procesal activa y que el afectado bien puede incorporarse al proceso como querellante, si pudo derivar algún perjuicio directo y real para él.
Prioridad de paso, falta de uso de casco
Materia: CIVIL
Carátula: Lobato, Julio Gabriel c/ Quintana Pino Omar Segundo y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-03-12

Más allá de la aplicación del art. 1113 del Código Civil, el conductor de un camión debe responder junto con el motociclista al que embistió (50% respectivamente) por los daños derivados del siniestro, pues si bien se acreditó que el rodado menor no conducía con exceso de velocidad y existía un cartel de PARE que imponía la absoluta detención del camión, el motociclista carecía de casco protector y ello determinó una incidencia co-causal en los daños que ocasionaron su internación.
Defensa del consumidor, daño punitivo, entrega del automotor, información al consumidor, asegurador, responsabilidad del asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gómez, Luisina Del Valle c/ San Cristóbal Seguros s/ sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-04-18

La aseguradora demandada incumplió con su obligación de restituir en el plazo estipulado el vehículo 0km (por destrucción total) a la que estaba obligada conforme la póliza que lo ligaba a la asegurada; omitió informar debidamente sobre los trámites relativos a la nueva prenda y de colaborar e involucrarse en dicho trámite a fin de poder cumplir con la obligación a su cargo. Puso a disposición de la actora un vehículo que no estaba en condiciones de entregar, desentendiéndose de su responsabilidad en la realización de los trámites pertinentes, adoptando una posición pasiva y no colaborativa en el procedimiento prejudicial. De igual manera en esta instancia judicial continuó con su conducta evasiva, alegando la mora del accionante e insistió en que su parte cumplió en tiempo y forma al haber comprado el nuevo automóvil. Todo lo cual justifica la imposición de la sanción civil (daño punitivo) prevista en la LDC.
Enfermedad profesional, asegurador por riesgos del trabajo, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Alfaro, Juan  c/ Swiss Medical Aseguradora de Riesgo del Trabajo (A.R.T.) S. A.  s/ enfermedad profesional con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-30

A la luz de la normativa que rige en la materia, a fin de graduar la incapacidad que presenta el actor, los factores de ponderación se estiman una sola vez, es decir no corresponde su duplicación, y en relación a la forma en que se aplican, resulta oportuno aclarar que no se suman linealmente, sino que constituyen un porcentaje a aplicar sobre la incapacidad determinada conforme el procedimiento prescripto en la normativa citada (art. 8 inciso 3 de la LRT y Decreto 959/96) [cfr. criterio sustentado por esta Cámara en los precedentes "Cerda" (Ac. de fecha 7 de diciembre de 2017, del registro de la OAPyG de la ciudad de Zapala), "Dariozzi" (Ac. de fecha 4 de Octubre de 2018, del registro de la OAPyG de la ciudad de San Martín de los Andes) y "Bringas" (Ac. 6 de mayo 2019, del registro de la OAPyG de la ciudad de San Martín de los Andes), entre tantos otros].
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mendieta de, Monzón Liliana Beatriz c/ Crudo, Mario Nicolás y otro s/ Indemnización Daños y perjuicios-Incidente de nulidad y otro
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-04

Como ha sostenido la doctrina, la inactividad procesal que constituye uno de los presupuestos de la perención, comprende también el supuesto de actuación no idónea, entendida ésta como aquella que no impulsa o adelanta el proceso hacia la sentencia en forma arreglada. Por ello, en el caso, la solicitud de apertura a prueba cuando se hallaba pendiente el traslado de la demanda a uno de los litigantes resulta inidónea para impulsar el procedimiento.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concurso preventivo, efectos de la apertura, actos sujetos a autorización judicial, apertura de cuenta corriente
Materia: COMERCIAL
Carátula: TATEDETUTI SA s/ CONCURSO. INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-23

Toda vez que la apertura de una cuenta corriente bancaria es una demostración de confianza de ambas partes y el banco puede rehusarse a abrirla, el juez concursal no podría obligar a una entidad bancaria -que ninguna relación ha mantenido con la concursada-, a que proceda a contratar con ella la apertura de una cuenta de tales características.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, exceso ritual manifiesto, defensa en juicio, sentencias de segunda instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Vallejos, Elcira c/ Swift Armour S.A.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de australes (Expte CSJ Nº   722-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-26

No es función de la Corte apreciar la suficiencia técnica de la expresión de agravios -función reservada al tribunal de alzada- pero sí controlar que en la valoración de dicho extremo no se incurra en arbitrariedad, por vía de aplicarse un criterio que, por irrazonablemente formalista, conspira con el escrupuloso respecto que merece el derecho de defensa, Así, -a contrario de lo que acontece con los recursos extraordinarios- el examen de los agravios en segunda instancia, debe abordarse con amplia actitud cognoscitiva: más hacia la justicia de la composición de la causa que al flanco estricto de su legalidad. Dicha flexibilización no implica dejar de lado las exigencias que imperan para la fundamentación del recurso de apelación, pero sí ubicar las cosas en su justo lugar: a una crítica seria y razonada del fallo inferior, inteligible en los cuestionamientos que se efectuaron respecto de éste y aún cuando no resulta excelsa en sus aspectos técnicos, no puede seguirle una respuesta jurisdiccional que margine la sustancia litigiosa para examinar los términos de la expresión de agravios, con disvaliosa e inmotivada exigencia, sólo inspirada en estéril rigorismo formal. De insistirse en esa postura, el cuadro de la apelación se desjerarquiza, y, por el carril de un desvío interpretativo se desestructura la función de la Alzada. Esto es lo acaecido en el sub judice, donde como consecuencia de la referida distorsión, han quedado sin analizar - lo cual es obvia falta de motivación- los agravios vertidos en segunda instancia.
Lealtad comercial, economía procesal, defensa en juicio, pluralidad de expedientes
Materia: PENAL
Carátula: ELECTRO TUCUMAN S.A. s/ Lealtad comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-11

1- Es inadecuado la apertura de tantos sumarios como infracciones o actas labradas aparentemente en un mismo momento, teniendo en cuenta el principio de economía procesal y el derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N.).- 2- Entendiendo el derecho de defensa en juicio como la oportunidad que tiene la persona a ser oída, dar sus razones y de poder producir prueba en apoyo de sus afirmaciones, la parcialización realizada supone una seria afectación del mismo pues impide su correcto ejercicio.
Procedimiento laboral, autorización para comparecer en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: CHIAPE, LUIS c/ GOMEZ, JOSE s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-28

La autorización a comparecer, concedida en la última parte del art. 35 de la ley orgánica, constituye una excepción al principio general sobre la forma de justificar la representación en juicio, por lo que cualquier interpretación que se realice sobre la inteligencia de dicha norma, debe ser restrictiva, y la nulidad de todo lo actuado por el gestor ante la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos se opera por el mero transcurso del término, sin necesidad de intimación previa.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, medidas cautelares, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NABTE, JORGE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-11-20

La decisión que desestima la medida cautelar, por su propia naturaleza, no constituye una sentencia definitiva o un auto equiparable y obsta, por ende, a la admisibilidad de este recurso, ya que no basta con alegar un perjuicio sino que es preciso señalar y demostrar cómo y dónde surgirá un agravio de esa índole y magnitud; y, en el caso, la mera postulación formulada a través de todo el proceso cautelar, en cuanto que el actor ya sufrió un alto perjuicio económico en el período que su negocio permaneció clausurado, y debió afrontar los sueldos y erogaciones derivadas de su condición de empleador sin percibir ingreso alguno de la actividad comercial que desarrolla; y que, si la prohibición de innovar no se dicta, el perjuicio económico que se le ocasionará -que se sumará al anterior- no será solo para él sino que alcanzará inexorablemente a los empleados que lo secundan que se quedarán sin trabajo, resulta -por su generalidad- claramente insuficiente en orden a argumentar que concurra en el caso un gravamen insusceptible de oportuna reparación. - CITAS: CSJN: Fallos 256:150; 257:147; 258:262; 262:136; 265:265; 267:432; 271:319; 310:681; 313:116; 316:2153; 326: 251:162; 257:301; 265:326; 308:1107; 312:409, 326:1471; 303:658; 306:140; 311:612; 316:1870; CSJStaFe: AyS T 30, p 150; T 93, p 40; T 191, p 36; T 206, p 366; T 223, p 389; T 69, p 61; T 108, p 278; T 159, p 40; T 192, p 312; T 196, p 206; T 88, p 262; T 94, p 457; T 104, p 312; T 202, p 331. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Liquidación, impugnación de la liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: PUPPO JORGE B. c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - LIQUIDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-09

Las liquidaciones son aprobadas en cuanto ha lugar por derecho, ello deja abierto el camino para efectuar rectificaciones de errores aritméticos. Pero, tal principio no puede hacerse extensivo a planteos de fondo relacionados con el crédito liquidado.
Decretos, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: QUINTANA, CARLOS ABEL Y OTROS c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-28

El decreto 2681/80 es inconstitucional por encontrarse en pugna con los artículos 86 inciso 2 y 17 de la Constitución Nacional.
Actos jurídicos, acción de nulidad, explotación laboral, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: FIGUEROA JUAN CARLOS, GUZMAN ROSA Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO DE AMPARO - RECURSO EXTRAORDINARIO INTERPUESTO POR DR. PALAU
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-05

El instituto de la lesión debe ser valorado con criterio restrictivo, para no destruír el principio de seguridad de los actos jurídicos. El art. 954 del C. Civil consagra la acción por nulidad o modificación de un acto jurídico cuando una de las partes, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de aquél una ventaja evidentemente desproporcionada y sin justificación.

Y salvo prueba en contrario presume tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. La norma, entonces, solo presume Iuris tantum la explotación por una parte de la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, cuando se diera una notable desproporción de las prestaciones.

Dada semejante desproporción (elemento objetivo), ella permite presumir la lesión, pero es imprescindible también la concurrencia del elemento subjetivo, esto es que, para invocar la lesión subjetiva, debe demostrarse entre otros recaudos haber adolecido de inexperiencia, necesidad o ligereza, porque la capacidad se presume y aquellos requisitos son fundamentos de hecho de la pretensión o excepción.-
Trabajadores telefónicos, derogación del convenio colectivo, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: ALMADA, ALEJO JOSE c/ ENTEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-31

Es inconstitucional el artículo 2 inciso a) de la ley 21476, que derogó el beneficio establecido por el artículo 66 del CCT. 165/75 'E', disposición que debe considerarse vigente; las posteriores resoluciones dictadas por ENTEL no pueden modificar el derecho que nace de una cláusula convencional.
Nulidad del acto jurídico, incidente de nulidad, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fernandez Mario Eusebio. s/ Convocatoria Judicial asamblea extrajudicial.Edificio Italia.S  /Recurso de queja por apelación denegada. Fernandez Mario Eusebio. s/ Convocatoria Judicial asamblea extrajudicial.Edificio Italia.S  /Recurso de queja por apelación denegada.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1990-07-20|1990-07-20

No procede el recurso de Apelación -contra un proveído- interpuesto conjuntamente con el incidente de nulidad de la notificación de dicho proveído, aún entendiéndose que la apelación lo fue subsidiariamente toda vez que el único remedio que admite esa forma, es el de reposición. Si por tal recurso de apelación se pretendiera atacar una resolución eventualmente adversa que pudiera dictarse respecto del incidente de nulidad, igualmente sería improcedente porque en nuestra legislación no existe recurso "de futuro" o ad eventum. (Minoría u opinión personal)
Constitución Nacional, derecho de réplica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: URBANO Cecira del Carmen c/ Editores del Oeste S.A.I.C. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-02-19

El derecho a réplica debe ser ejercido por el damnificado en tiempo razonable para que realmente cumpla su función pues se debe tener en cuenta que el objetivo central es que los receptores de la noticia no se queden con la mitad de verdad o con una información tergiversada. Va de suyo, que también debe ser remediada la mala información en un término de las mismas características.

No se puede separar el hecho informativo que se estima equivocado o agraviante del nacimiento del derecho a réplica. Es una sola unidad, pues no existiría derecho a réplica si no existiera una información estimada perjudicial.
Notificación, validez de los actos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cooperativa Halcon Vivienda Ltda. c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección Prov. Rentas) s/ Demanda contencioso administrativa Ippólito, Antonio c/ Municipalidad del Partido de Gral. Alvarado s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29|1999-04-27

El medio elegido para practicar la notificación debe ser idóneo para garantizar que el interesado toma conocimiento en forma cierta de los fundamentos y de la parte dispositiva del acto administrativo en cuestión, a los efectos de garantizar su adecuada defensa.
Recurso extraordinario federal, competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO ISRAELITA DE CORDOBA c/ SCHUMIACHKI s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO FEDERAL-COMPETENCIA-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  DE LA NACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-09-09

El recurso extraordinario federal resulta inadmisible cuando su objeto es cuestionar la inteligencia dada a la ley procesal, lo que no puede hacerse en la sede de la Corte Suprema de Justicia, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones federales.
Costas, vencimiento parcial y mutuo, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: MAPFRE ACONCAGUA CIA. DE SEGUROS S.A. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. "OCEAN TERESA" s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

Como medida previa, resulta insoslayable señalar que el art. 71 del Código Procesal ha receptado el supuesto en que el resultado de la litis no consagre a un vencedor absoluto sino aquél en que ambas partes hayan triunfado o fracasado parcialmente en sus pretensiones, y erige la medida del éxito o del fracaso de cada litigante como pauta para la distribución prudente y equitativa de los gastos del proceso.

Tal distribución prudencial, atiende -bajo mi óptica-al progreso parcial de pretensiones contrapuestas, y si bien la ley adjetiva señala como pauta para el sentenciante la consideración del éxito obtenido, no predetermina su criterio en caso de vencimiento parcial y mutuo, sino que le brinda la alternativa de compensarlas o distribuirlas entre los litigantes, y aún en ese caso no indica que el reparto deba ser aritmético sino prudencial y de acuerdo a las peculiaridades de la causa (vid. Cam. Nac. Civil, Sala D, 17.11.86, LL 1987-D-630, 37.696-S; Cam. Nac. Com. Sala C, 24.2.86, LL, 1988-B-608, 37.908-S; C.1a Civ. Com. S. Isidro, Sala II, 19.2.85, LL 1986-C-14). (Del voto del Dr. Bonifati).
Pago, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Franco, Norma Renee c/ Velázquez, Eduardo Rafael y/o cualquier otro ocupante s/ Desalojo y Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-02-22

El que alega el pago tiene que probarlo con certeza y no deben quedar dudas de que corresponde imputarlo a la deuda reclamada. Por ello, ante la negativa del efecto cancelatorio invocado, la duda al respecto debe pesar en contra de quien tiene la carga de probar el pago que afirma efectuado.