marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Régimen penal de la minoridad, nulidad de sentencia, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: AGMATTO, NESTOR s/ MENORES. TENTATIVA HURTO. IMPUNIDAD. NULIDAD SENTENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-19

Es NULA LA SENTENCIA que declara penalmente responsable al menor por el delito de tentativa de hurto simple, dado que en el caso es aplicable el ART. 1 DE LA LEY 22.278 -que prescribe la impunidad de delitos... reprimidos con pena privativa de libertad que no exceda de 2 años- a los supuestos de TENTATIVA DE HURTO.

Ello es procedente, toda vez que resulta evidente que, en virtud de la mencionada disposición legal, el Estado ha renunciado con relación al menor de 14 a 18 años, a la persecución de ciertos hechos definidos como delictivos, no debiéndose limitar, pues la ley no lo hace, la interpretación del concepto de hecho delictivo a las figuras básicas cuando están consumadas, ya que no cabe negar el carácter de delito a la ampliación de un tipo penal como es la tentativa, la cual, en definitiva, es también un delito que tiene penalidad determinada por la escala punitiva correspondiente al hecho consumado, disminuida de acuerdo con lo establecido por el art. 42 del C.Penal.
Tasa de justicia, pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Techint Compañía Técnica Internacional c/ Corrientes, Provincia de s/ ejecución por A 10.932.954.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

Si la suma de que da cuenta el timbrado obrante en el expediente no satisfacía la exigencia del art. 10, inc. a), de la ley 21.859, aplicable a la fecha en que se ingresó el tributo, debe ser rechazado el planteo fundado en la inaplicabilidad al caso de la ley 23.898, pues las sumas pagadas no cancelaron en su totalidad la tasa que debía abonarse y sólo pueden ser consideradas "pagos a cuenta" de lo adeudado.
Honorarios, abogados, base
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FRAGAPANE HNOS. SRL s/ Medida Precautoria (LIBRO: A068 - 403)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-05-31

Para la regulación de honorarios en la medida precautoria, no debe confundirse la garantía que significa la medida precautoria para el cobro del crédito que se reclama en el juicio principal, con el monto de este último. Tan es así, que la garantía puede ser suficiente y fracasar ante el embargo de un tercero, en un eventual proyecto de distribución, si no se ha pedido su ampliación.
Sentencia arbitraria, recursos, pretensión
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)" y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Corresponde revocar la sentencia recurrida si la parte actora funda su pretensión en el derecho a la igualdad y demanda que los recursos educativos sean distribuidos en forma equitativa e igualitaria entre las distintas zonas, y que de haber diferencias, éstas sean en beneficio de las zonas y distritos menos favorecidos, y la Cámara omite en su decisorio, sin sustento de ninguna clase, aplicar la pauta constitucional establecida en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución nacional y local y en diversas normas legales que tienen plena operatividad en la Ciudad de Buenos Aires. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Convenios colectivos de trabajo, trabajadores de la industria del plástico, encuadramiento sindical
Materia: LABORAL
Carátula: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO s/ SUMARIO (MINISTERIO DE TRABAJO)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-14

El personal que labora a las órdenes de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO no está alcanzado por el Convenio Colectivo de Trabajo 350/75, sino por las disposiciones del Convenio Colectivo de Trabajo 107/75 aplicable a las asociaciones mutuales y en general a todas las entidades de prestaciones asistenciales sin fines de lucro (conforme artículo 3 Convenio Colectivo de Trabajo 107/75).
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Celaya Juan Carlos c/ Farina de Celaya Maria A. s/ Rendicion de Cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

La supuesta inobservancia del deber de fundamentar idóneamente los fallos, en principio, no causa la nulidad del pronunciamiento, cuando, si bien no en la forma exigida por la ley, la sentencia decide las cuestiones planteadas en la causa, por lo que cumple su objetivo. De allí, que aún en el supuesto de que las citas legales o jurisprudenciales pudieran aparecer como incompletas o ineficaces, no podrían dar lugar a la anulación del pronunciamiento, pues el magistrado motiva su decisión de la manera que cree conveniente para dar respuestas a los términos de la litis, y si tal fundamentación, según el criterio del recurrente, aparece insuficiente para sostener la decisión tomada, tiene el camino de la apelación ante el Superior. Lo mismo cabe decir ante la omisión o erróneo tratamiento de las cuestiones sometidas a juzgamiento y/o pruebas agregadas al proceso (arts. 253 y 273 CPC).
Contrato de aprendizaje, facultades del juez, orden público laboral
Materia: LABORAL
Carátula: LOISI, Paola c/ CORREO ARGENTINO S.A. EX ENCOTESA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-26

La ley 24465 es la que regula el contrato de aprendizaje mientras que el decreto reglamentario 738/95 alude claramente al carácter no laboral de la relación. Sin embargo, aún cuando no se hubiera cuestionado la validez constitucional de esta norma reglamentaria, son los jueces lo que en definitiva deben calificar el vínculo que unió a las partes, cualquiera sea su forma o denominación, pues las normas laborales son de orden público (arts.

7, 21 y concs. de la LCT y 100 de la C.N.).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: F., E. c/ G. de F., N. A. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando en su desarrollo se exhibe una discrepancia subjetiva del recurrente con el criterio del juzgador y no indica claramente en qué forma se habría infringido la norma que cita como violada.
Nulidad de la subasta, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Mendoca Coelho, Rosinda c/ Asociación Argentino Germana Cultural y Mutual de Enseñanza y-uOtro s/ Demanda Laboral  Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-07-16

Para decretar la nulidad de una subasta judicial es necesario que se hayan omitido algunos de los recaudos esenciales establecidos por el Código Procesal, debiendo considerarse restrictivo el criterio para su admisión.
Reposición in extremis, LEY DE CONCURSOS
Materia: PENAL
Carátula: RENTERIA, JUAN JOSE c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-10-04

La presentante intenta oponer su particular enfoque de la cuestión, achacándole al decisorio haber prescindido de las particularidades del caso y de las leyes procesales locales, mas no aclara por qué si -a su decir- la reposición in extremis interpuesta en autos resultaba asimilable a la impugnación prevista en el artículo 50 de la ley 24522, estaría regida por la normativa procesal local y no por las normas procedimentales de la ley concursal; ni precisa de qué manera tal regulación modificaría la suerte del proceso, desde que no demuestra que, según el ordenamiento local, toda providencia o resolución susceptible de reposición in extremis lo sea también de apelación subsidiaria.
Prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Ocampo, Juan Carlos c/ Coali, Oscar Ernesto s/ Indemnización despido, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-06-18

La declaración jurada del art. 39 de la ley 11.653 juega respecto a las personas vinculadas por un contrato de trabajo, pero carece de validez para acreditar la existencia misma de la relación laboral.
Daños y perjuicios, responsabilidad de los padres, culpa in vigilando
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA RIOS, JAVIER HORACIO Y OTROS c/ RAPOANI DE RUIZ, MARIA ELENA s/ SUMARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-20

Corresponde rechazar la demanda por daños y perjuicios originados en un accidente de tránsito que iniciará el padre de la víctima, menor de edad, si la única causa del daño fue el obrar imprudente de ésta, puesto que el niño, que a la fecha del accidente contaba con diez años, no debió bajar a la calle para alcanzar la pelota con la que jugaba al fútbol en una plaza pública si no podía ver si venía algún vehículo pues un gran camión tapaba su visual máxime si de la conjunción con los demás elementos de juicio surge la aparición repentina, imprevisible, del menor que golpea lateralmente el vehículo sin posibilidad de que el conductor de éste pudo evitarlo.

Si la causa adecuada fue el propio obrar de la víctima, el conductor se exime de responsabilidad.

Debe existir un reproche hacia los padres que omiten una concreta vigilancia de los hijos que tienen bajo su patria potestad (culpa "in vigilando"), permitiendo que sean causa de daño propio o a terceros (art. 1114 del Código Civil). Los tiempos que corren, caracterizados por el progreso de la técnica, la influencia de los medios de comunicación, la intensidad del tránsito urbano, etc., imponen a los padres el deber de asumir ciertos cuidados que sociedades de otros tiempos no requerían. Los terceros no deben soportar las consecuencias del descuido familiar, por el contrario, ellas deben ser asumidas por quienes tienen que conducir el núcleo familiar.
Daños y perjuicios, costas, facultades discrecionales, facultades del juez, ley vigente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: EXPTE. N° 84847 - FICARRA ANGEL DANIEL O. EMN J° 808.321/29.241 FICARRA ANGEL DANIEL O. c/ LOPEZ BEATRIZ IRIS s/ D. Y P. S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-11-09

La determinación del monto en materia de indemnización, conforma una facultad discrecional del Tribunal de sentencia, de modo que no procede dividir la condena a los efectos causídicos, en la parte que prospera y en la que se rechaza la demanda salvo, situaciones de evidente irrazonabilidad en la petición y ante el rechazo de algún rubro por su cualidad. Por tales razones, en los procesos por indemnización de daños y perjuicios, cuando el reclamante ha sujetado el monto del resarcimiento a las resultas de las probanzas efectivas, dejando en última instancia la estimación del daño librada a la prudencia y discrecionalidad del juzgador, no resulta aplicable la norma del art. 4 inc. b) ap.b) ley 3641, en tanto la prohibición fáctica contenida en ella, no se hace presente en tales casos.
Lealtad comercial, prueba insuficiente, duda, acta de constatación, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: SONTEC S.A. s/ Lealtad Comercial .CAUSA: 36127.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-03

1 - Corresponde revocar la resolución que sancionó a una firma importadora por la venta efectuada por un comerciante cliente suyo quien tenía en su local mercadería sin especificar su lugar de origen, porque si bien el Acta efectuada se limita a asentar el reconocimiento de la venta minorista no lo hace respecto a que la importación estuviese en infracción a las normas que dice transgredidas (Del voto del Dr. Hendler).- 2 - La responsabilidad que la ley de lealtad comercial impone al comerciante por la omisión de indicar el origen de los productos que vende no excluye la que pueda caberle al mayorista o importador; la negativa de este último de haber incurrido en la omisión no puede entenderse desvirtuada por la sola manifestación del comerciante minorista (Del voto del Dr. Hendler).- 3 - Aun cuando los elementos de descargo aportados por el importador sean insuficientes para entender plenamente demostradas sus afirmaciones, no habiendo otros elementos de juicio en que basarse, la duda debe resolverse a su favor no sólo por imperio de las normas del proceso penal sino por principios de razonabilidad en la apreciación del valor de las pruebas (Del voto del Dr. Hendler).- 4 - Corresponde confirmar la resolución que impone una multa a la firma importadora sancionada por la venta de un producto sin consignar el origen del mismo porque si bien la infracción se verificó al comerciante minorista, la Ley de Lealtad Comercial responsabiliza tanto a los fabricantes e importadores como a los comerciantes minoristas (Del voto en disidencia del Dr. Romero).
Prueba, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: G., S.M.S. c/ D., E. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-08-06

El peso del testimonio es valorado de acuerdo con las reglas de la sana critica tomando en cuenta factores individuales y conjuntos, subjetivos y objetivos. Entre los primeros los testimonios con relación a los demás testigos. En conjunto con relación a las demás pruebas que la causa ofrezca. Factores subjetivos de idoneidad del testigo y objetivos por el testimonio mismo, en su relación interna y externa de los hechos, por su verosimilitud, coherencia, etc...
Responsabilidad del Estado, responsabilidad por omisión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Acuña, Hilda Erminia y otros c/ Salafia, Roque Vicente y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-04-12

Si bien, ha sostenido la Casación provincial que la caracterización de la irresponsabilidad estatal por omisión debe ceder en determinadas circunstancias, como cuando mediare desatención negligente o irregular en el actuar jurídicamente exigible a la autoridad pública, o si se acreditare que ésta tenía cabal conocimiento de la existencia de concretas situaciones o hechos ilícitos dotados de clara potencialidad dañosa y, no obstante, descuidó la adopción de mínimos recaudos para prevenirlos o evitarlos; es lo cierto que de manera alguna se le puede enrostrar al órgano policial el no haber impedido en el caso concreto la eventualidad de que alguien en estado de ebriedad y a exceso de velocidad se llevara por delante con su automóvil personas y vehículos estacionados en la vía pública.
Revocación de sentencia, sobreseimiento, control de legalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: G., M. E. c/  s/ nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-29

Por último, Pablo Guillermo Lucero, en disidencia, votó por revocar la decisión y expresó que ".Siendo que el representante de la vindicta pública ha dado sobrados y válidos motivos para solicitar el sobreseimiento de M. E. G., estimo que se encuentra superado el control de legalidad y fundamentación que requiere el acto procesal, lo que limita la actuación del tribunal frente a la ausencia de contradictorio entre ambas partes. En definitiva, de conformidad con lo expuesto por ambos Ministerios Públicos (por lo que nos hallamos frente a un caso en el que no existe controversia), nos encontramos ante un caso de tentativa de delito imposible (art. 44, último párrafo del CP), al no haberse verificado algún daño que sea relevante para el derecho penal. Por lo tanto, voto por disponer el sobreseimiento de M. E. G. en los términos del art. 336, inc. 3°, CPPN.." .
Daños y perjuicios, daño moral, indemnización, muerte de un hijo, prueba, prueba documental, prueba confesional, abandono de los hijos, establecimientos psiquiátricos
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: PEREYRA RAMONA c/ CLINICA PRIVADA NEUROSIQUIATRICA NUESTRA SRA DE BETHARRAM Y OTROS s/ INCUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE OBRA SOCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

Parece indudable el daño moral que habrá padecido y padecerá durante toda su vida la actora a consecuencia del fallecimiento de su hijo, mucho más por las circunstancias traumáticas que lo caracterizaron.

Ello no obstante el desgraciado estado físico de su hijo (las madres muchas veces tendemos a proteger y dispensar mayores cuidados y atenciones a los hijos más débiles desde cualquier punto de vista).

Y esa mortificación espiritual cabe presumirla, porque el fallecimiento de un hijo escapa al orden natural de las cosas y resulta prácticamente inaceptable para un padre. Leído con detenimiento tanto el expediente del INSSJP como el de la Clínica, llevan al convencimiento de que, lejos de haberlo dejado abandonado, la accionante y sus familiares (tiene otros cuatro hijos) prodigaban atenciones y afecto a Andrés: tenía frecuentes salidas los fines de semana por pedido de aquéllos, reconocía a su madre (lo que quiere decir que ésta lo visitaba), hasta pasaba períodos de quince días en su casa, que fueron acortándose en mérito a la agresividad demostrada por el enfermo. En fin, estoy persuadida de que no existió el abandono sobre el que insisten los demandados (rescato que la actora también tenía su salud quebrantada: cfr., a título de ejemplo, el expediente del INSSJP) y los antecedentes provenientes de la Clínica. También deben ser sopesadas las absoluciones de los doctores M. y E. -Ambos manifiestan que "no saben si la actora concurría a visitar a su hijo"-, lo que torna aplicable lo dispuesto en los arts. 406, último párrafo, y 413, del Código Procesal. Por su parte, la doctora D. dice que la madre "venía no puede asegurar que regularmente y el afecto que le profesaba era el normal a un discapacitado", en el mismo sentido se expresa el Dr. L. O. Lo expuesto resulta suficiente para concluir en que procedió con acierto el a quo al acoger este capítulo del reclamo.
Legítima defensa, homicidio calificado por el vínculo, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: López, Susana Beatriz
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-09

De las constancias arrimadas a la causa se evidencia que frente al inminente peligro que para su vida implicaba la conducta de la víctima -quien había amenazado a la imputada y a su hija menor con un arma de fuego, la cual estaba en el colchón de la cama junto a él-, y habiéndose acreditado que a menos de tres metros contaba con una segunda arma de fuego cargada con su respectiva munición, la imputada repelió la agresión mediante la utilización del arma que estaba en la cama, a disposición de uno o de otro, realizando un único disparo a su agresor, el cual impactó en su cráneo, por lo que la defensa fue ejercida a través del único medio que disponía (del voto del Dr. Vandemberg).
Concursos, HONORARIOS, síndico del concurso, intereses, improcedencia del recurso, confirmación del acto jurídico
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUCESION DE LEMOS FEDERICO S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE APELACION ART. 250 DEL CPCCN c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-15

Así, no asiste razón a los recurrentes en cuanto sostuvieron que los fondos derivan de la intimación cursada por la magistrada de grado al fallido a fin de que depositara cierto importe estimado en concepto de garantía para gastos y costas del juicio, pues la decisión que fijó esa garantía fue luego dejada sin efecto, y el fallido no ingresó suma de dinero alguna por ese concepto.
Establecimientos educacionales, recategorización de establecimientos educacionales, facultades de la administración, facultades regladas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barreiro José Alberto y Otros c/ Consejo Nac. de Educación Técnica (CONET) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-04

La recategorización de los establecimientos educacionales no sólo que integra el campo de la actividad reglada de la Administración (ver art. 7? de la Reglamentación del Estatuto, punto II de las disposiciones para la enseñanza técnica), sino que, cumplidos los requisitos de procedencia, le es imperativa, ya que el art. 7? del Estatuto del Docente ordena -"clasificarán" dispone-, y no faculta a los organismos que rigen las distintas ramas de la educación a efectuar la clasificación de los establecimientos de la enseñanza. (Del voto del juez Buján, consid. I).
Hipoteca, principio de especialidad (civil), medidas cautelares, embargo preventivo, traba del embargo
Materia: CIVIL
Carátula: OCCIDENTE CIA. FINANCIERA S.A. EN LIQUIDACION c/ ARAH PORA S.A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA (INCIDENTE ART. 250 C.P.)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

Si bien en materia de derechos reales de garantía es necesario cumplir con el requisito de la "especialidad en cuanto al crédito," que consiste en la fijación de la responsabilidad o gravamen por el que el inmueble responde, no existe norma alguna que imponga tal requisito en materia de medidas precautorias (art. 157 del decreto 2080/80). Por ello, la traba del embargo tiene por finalidad exteriorizar la existencia de un juicio y que el inmueble embargado ha quedado a disposición del juez, sin importar sustancialmente el monto.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, registro de la propiedad automotor
Materia: PROCESAL
Carátula: Percovich, Romina s/ falsificación de documentos públicos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Las infracciones al art. 289 inc. 3° son de competencia de la justicia ordinaria cuando no tienen entidad suficiente para producir un perjuicio al Registro Nacional de la Propiedad Automotor o una obstrucción a su normal funcionamiento (Disidencia de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y Carmen M. Argibay).
Tribunal Fiscal de la Nación, facultades del juez, medidas para mejor proveer
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Rios Arg. S.A. (T.F. 8465-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-20

El Tribunal Fiscal se encuentra expresamente habilitado para disponer las medidas para mejor proveer hasta el momento de dictar la sentencia (art. 1156 del C.A.) facultad que en el procedimiento que ante él se desarrolla encuentra mayor justificación dadas las amplias atribuciones que le han sido conferidas (art. 1143 C.A.).
Recurso de casación penal, reenvío
Materia: PENAL
Carátula: Nieva, Miguel Eduardo s/ Recurso de Casación interpuesto en causa 22/07 ac. 096/06 y 170/05 "Jimenez, Daniel Edgardo y otros s/ Robo Doblemente Calificado, etc. - Catamarca "
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-10-05

Habiendo acogido favorablemente el recurso de casación en cuanto al pedido de absolución por el hecho nominado primero, se deben remitir las actuaciones al Tribunal a quo, a fin de que teniendo en cuenta la absolución dispuesta, fije las penas correspondientes al hecho nominado segundo, pues, por una parte, el tribunal que entiende en el recurso casatorio no ha conducido ni intervenido de ningún otro modo en el proceso y, por otra, debe cumplirse la garantía constitucional de la doble instancia
Contrato de trabajo, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ NILDA ANDREA c/ PARROQUIA SANTA RITA DE CASSIA Y/U OTROS S/ DIFERENCIAS DE SUELDOS, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-06-03

El art. 23 de la LCT hace expresa mención a que la prestación del servicio hace presumir la existencia de contrato de trabajo, y que la presunción operará en especial cuando se utilicen figuras no laborales, pero esta presunción admite prueba en contrario.