Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-16


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 16 2009 El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 382/385 que hizo lugar a la demanda, se alzan la demandada (fs. 392/399) y la perito contadora (fs. 387).

II) Por razones de orden lógico corresponde examinar en primer término los cuestionamientos expresados por la demandada en el apartado I de fs. 392 vta./393 y en los denominados "sexto agravio" y "séptimo agravio" de fs. 395 vta./398, que giran todos ellos acerca de la índole del vínculo mantenido con el actor.

Observo, ante todo, que la apelante desarrolla sus argumentaciones con la más absoluta prescindencia de las motivaciones del fallo. En efecto, el magistrado, en su muy fundada sentencia, examinó en forma exhaustiva la prueba rendida y desarrolló prolijamente las razones por las que entendía configurada la existencia de un vínculo laboral entre las partes (ver, en especial, fs. 382/383 vta.), y la recurrente se desentiende por completo de esas motivaciones. Esa deficiencia formal sella la suerte de este segmento del recurso, pues, como lo ha señalado la doctrina, la ley adjetiva (arts. 265 del Código Procesal y 116 de la L.O.) requiere un análisis razonado del fallo y también la demostración de los motivos que se tienen para estimarlo erróneo, de manera que en ausencia de objeciones especialmente dirigidas a las consideraciones determinantes de la decisión adversa al apelante, no puede haber agravio que atender en la alzada, pues no existe cabal expresión de éstos (cfr. Falcón, Enrique M., "Código Procesal", t. II, p. 266).

Sin perjuicio de ello, los argumentos planteados en el memorial recursivo no desvirtúan las conclusiones del fallo en torno al carácter laboral del vínculo.

En efecto, resulta irrelevante que el actor no aparezca registrado como dependiente en los libros de la demandada (extremo que, a la luz de la prueba rendida, sólo demuestra que el Instituto incumplió sus obligaciones como empleador), como así también la circunstancia de que se disfrazara la remuneración bajo la denominación de "honorarios".

Digo esto, pues el hecho de que el trabajador presentara sus facturas por honorarios no altera la naturaleza jurídica de la relación que medió entre las partes ni permite concluir que se trataba de una locación de servicios puesto que no interesa la calificación que las partes involucradas den a la relación, ni la forma en que llamen a la retribución por el servicio prestado, sino que lo relevante es la esencia de la vinculación que, en tanto traduzca una subordinación jurídica, es decir, una sujeción actual o potencial a directivas jerárquicas, importa una relación laboral de carácter dependiente (CNAT, Sala VI, 16/7/96, exp. 44910, "Brutti, Ana c/ Raffo y Mazieres SA s/ accidente"). En ese orden de ideas se ha sostenido que la emisión de facturas por los servicios prestados debe ser apreciada de un modo estricto, en especial cuando tal práctica es común en el mercado como modo de intentar dar apariencia de relaciones comerciales a prestaciones que son de naturaleza laboral (CNAT, Sala III, 12/02/02, sent. 83190, "Nocetti, María c/ By Step SRL s/ Despido"). Cuando de los elementos del juicio se infiere la existencia de una relación de trabajo (como ocurre en la especie), el hecho de que el trabajador emitiera facturas o percibiera "honorarios" no obsta a tal conclusión, pues debe regir el principio de "primacía de la realidad" y validamente puede concluirse que la entrega de dicha documentación constituye una exigencia formal de la empleadora para eludir la aplicación de las normas laborales que resultan indisponibles para las partes [art. 12 de la LCT] (CNAT, Sala III, 14/7/00, sent. 81039, "García, María c/ Liga Israelita Argentina contra la Tuberculosis y de Medicina Preventiva s/ despido").

En definitiva, "la existencia o no del contrato de trabajo como tal, depende de la naturaleza del vínculo que une a las partes, resultando indiferente la denominación que -de buena o mala fe- le asignen a la relación establecida entre ellas. En otras palabras, la presencia de un contrato de trabajo se ha de desprender, no tanto de lo que las partes digan, sino de lo que hagan ellas. La LCT subraya la indiferencia del nomen iuris cuando establece que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que se verifiquen las dos prestaciones que la tipifican como figura jurídica (art. 21)" (ver mi colaboración en el "Curso de derecho del trabajo y de la seguridad social" dirigido por Jorge Rodríguez Mancini, 5º edición, págs. 132 y 133).

Por lo demás, cabe recordar que el art 23 de la LCT dispone que "el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demuestre lo contrario...", lo que significa que el mero hecho de las labores causa la presunción de la relación laboral, debiendo el probable empleador demostrar que la vinculación tuvo su origen en otra causa.

No cabe hacer excepción a esa regla por el hecho de que el actor sea un profesional universitario, ya que esa diferenciación carece de de asidero normativo (CNAT Sala VI, 23/8/96, "Frack, Sonia c/ Sanatorio Güemes SA s/ despido", del voto del Dr. Capón Filas, en mayoría). Antes bien, la jurisprudencia de esta Cámara se inclina, mayoritariamente, por aplicar a dichos sujetos la mencionada presunción (cfr., entre muchas otras: esta Sala, 29/6/07, S.D. 92.402, "Di Pinto, Félix Marcelo c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos y otros s/ despido"; CNAT, Sala X, 21.12.96, "Greco c/Consultas SA"; íd., Sala X, 17/7/02, "Nicoli, Carlos c/ Dodecaedro SA y otros s/ despido"; íd., Sala X, 10/6/97, S.D. 1754, "Sánchez de Bustamante, María c/ Sociedad Italiana de Beneficiencia de Buenos Aires, Hospital Italiano s/ despido"; íd., Sala II, 31/3/92, S.D. 69.691, "Pellegrini, Silvia c/ Iglesias Blanco, José s/ despido"; íd., Sala III, 18/3/02, "Caamaño, José A. c/ ATC SA"; íd., Sala VII, 7/5/04, SD 37.490, "Harrington, Ricardo y otros c/ PAMI Inst. Nac. de Serv. Soc. para Jub. y Pens. s/ regularización ley 24.013").

En el caso de autos, la prueba rendida (adecuadamente analizada por el Dr. Pesino) no desvirtúa los efectos de esa presunción; antes bien, los corrobora, en tanto resulta acreditado -entre otras cosas- que el actor era médico jefe de los centros coordinadores del Instituto demandado, que cumplía horarios, que firmaba planillas de asistencia, que recibía expresas órdenes relativas a la internación de pacientes, que se le enviaban expedientes internos del instituto, que estaba obligado a concurrir todos los días, que se lo retribuía con una remuneración liquidada mensualmente en función de las horas de servicio, etc. (ver, en particular, fs. 382 vta./383), elementos estos que denotan la existencia de un vínculo subordinado.

Tampoco resulta pertinente la cita del fallo "Amerise" de la Corte Suprema (ver fs. 398), en el que se consideró fundamental que el profesional realizaba las prestaciones en su propio consultorio y fijaba los días y horarios de atención, todo lo cual es opuesto a lo acontecido con PÉREZ, quien -como dije antes- prestaba servicios en los centros coordinadores del Instituto, con sujeción a horarios y obligación diaria de concurrencia.

Sugiero entonces confirmar el fallo apelado en cuanto tiene por acreditado el carácter laboral de la vinculación.

III) La demandada se agravia del progreso de las indemnizaciones de los arts. 8º y 15 de la ley 24.013, pues entiende que el actor no habría formulado la intimación respectiva durante la vigencia de la relación laboral.

La objeción resulta incomprensible, pues llega firme a esta instancia la conclusión del fallo (cfr. fs. 384 vta. in fine) acerca de que el actor satisfizo los recaudos exigidos por el art. 11 de la ley 24.013 mediante las cartas documento de fs. 344/345, fechadas el 4 de setiembre de 2005 y entregadas a sus destinatarios el día 5 de setiembre. Dado que el despido se produjo mediante la carta documento del día 12 del mismo mes y año (como expresamente lo admite la apelante a fs. 393 in fine) es obvio que la intimación fue realizada durante la vigencia del vínculo, por lo que la queja carece de sustento.

IV) La misma suerte adversa merece el agravio referente a la indemnización del art. 2º de la ley 25.323, pues, contrariamente a lo sugerido por la recurrente, en el telegrama del 2 de octubre de 2007 el actor requirió fehacientemente el pago de las indemnizaciones por antigüedad y omisión del preaviso, intimación que reiteró en su telegrama del 15 de noviembre (cfr. fs. 347/349), de manera que se encuentra perfectamente cumplido el recaudo formal establecido por dicho precepto legal.

V) La recurrente cuestiona asimismo la inclusión del SAC en la base de cálculo de la indemnización por despido.

Dado que este tema se encuentra comprendido en la convocatoria a Tribunal plenario en los autos "Tulosai, Alberto Pascual c/ Banco Central de la República Argentina s/ ley 25.561", correspondería diferir el pronunciamiento sobre dicha cuestión hasta que se dicte el fallo plenario respectivo (conf. art. 124 L.O.).

VI) La apelante se queja también del importe de la indemnización del art. 8º de la ley 24.013, ya que, a su juicio, debería fijarse en la cuarta parte de las remuneraciones efectivamente "percibidas" por el actor durante el lapso de veinticuatro meses.

Tal objeción carece de sustento normativo, pues el precepto en cuestión alude claramente a las "remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación".

La confusión de la demandada en torno al "alcance temporal" parece originarse en el hecho de que el art. 11 in fine de la ley citada estableció que "a los efectos de lo dispuesto en los arts. 8º, 9º y 10º de esta ley, sólo se computarán remuneraciones devengadas hasta los dos años anteriores a la fecha de su entrada en vigencia". Ahora bien, dicha previsión resulta inaplicable al caso de autos, pues la ley entró en vigencia en 1991 y el contrato de trabajo del actor se inició en 2001.

VII) En cambio, resulta atendible el agravio relativo a la constancia de aportes.

En efecto, no es factible extender esa constancia, pues los aportes nunca fueron realizados.

Al respecto, esta Sala tiene dicho que si -como ocurre en el caso de autos- el empleador nunca efectuó retenciones ni depósitos, cumple su obligación formal consignando en el certificado de trabajo que no ingresó esos fondos, con lo cual el trabajador puede presentarse ante la AFIP y denunciar esa conducta omisiva, en los términos del art. 13, inc. a) de la ley 24.241, a fin de que dicho organismo ejecute los aportes y contribuciones impagos (S.D. 90.946 del 21/11/05, "Kannemann, Germán Ariel c/ Celina, Mariano Martín y otro s/ despido"); ello sin perjuicio del deber que pesa sobre el Juzgado de comunicar la falta de aportes, en virtud de lo dispuesto por el art. 46 de la ley 25.345.

En el mismo orden de ideas se ha señalado que no debe confundirse la obligación formal de extender la certificación del art. 80 de la LCT con el cumplimiento adecuado de las normas de la seguridad social, ni es posible transformar la incidencia para la obtención de la certificación en cuestión en un proceso destinado al acatamiento del régimen de la seguridad social, ya que éste tramita por vías autónomas predeterminadas y con la legitimación activa del ente recaudador, todo ello, sin perjuicio del derecho que asiste al actor de denunciar al empleador ante el organismo respectivo, para que éste reclame lo debido (esta Sala, 17/3/09, S.I. 46.666, "Guerra, Celia Raquel c/ Sadlowsky, Sofía s/ despido").

Sugiero entonces dejar sin efecto la condena a adjuntar el certificado de aportes.

VIII) Las objeciones vertidas en el "octavo agravio" de fs. 398/399 en torno a la aplicación de una doble tasa de interés, resultan prematuras.

En efecto, esta Sala tiene dicho que "La queja referente al establecimiento de intereses punitorios para el supuesto de no cumplirse en tiempo y forma con el depósito de las sumas de condena, resulta inatendible, en atención a la inexistencia de gravamen actual, dado que no hay por qué suponer que la demandada no ha de cumplir con el mandato judicial una vez firme la sentencia. Al respecto cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema, no es recurrible el contenido de una sentencia, mientras que de él no se derive una resolución que cause un gravamen actual y concreto (CSJN, Fallos: 312:906) (esta Sala, S.D. 91540 del 12/7/06, "Paz, Santos c/ Transpuestos S.A. y otro s/ despido").

En consecuencia, sugiero desestimar el agravio, sin perjuicio del derecho de la recurrente de replantear la cuestión en la etapa de ejecución, en el hipotético caso de hacerse efectiva la sanción referida.

IX) Tampoco puede prosperar la queja referente a las costas (fs. 399), pues, contrariamente a lo expresado por la apelante, no advierto la existencia de circunstancias que autoricen a apartarse del criterio objetivo del vencimiento que consagra el art. 68 del Código Procesal.

X) La demandada apela por altos los honorarios regulados a la representación letrado del actor y a la perito contadora; a su vez, esta última cuestiona los suyos por bajos.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, los emolumentos fijados a favor de la representación y patrocinio del actor resultan elevados, por lo que sugiero reducirlos al 16% del monto de condena, incluidos los intereses; en cambio, los de la perito contadora lucen equitativos, por lo que cabe confirmarlos (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 3º y conc. dec. ley 16.638/57 y 38 L.O.).

XI) En síntesis, voto por: 1) Diferir el pronunciamiento sobre la incidencia del SAC en la indemnización por antigüedad, hasta el dictado del fallo plenario en los autos "Tulosai, Alberto Pascual c/ Banco Central de la República Argentina s/ ley 25.561". 2) Dejar sin efecto la condena a adjuntar el certificado de aportes. 3) Reducir los honorarios de la representación y patrocinio del actor al 16% del monto de condena, incluidos los intereses. 4) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que ha sido motivo de recurso, sin perjuicio del derecho de la demandada de replantear la cuestión de los intereses en la etapa de ejecución. 5) Imponer las costas de la alzada a la demandada, vencida en lo principal (art. 68 Cód. Procesal), regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

El doctor Oscar Zas dijo:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Diferir el pronunciamiento sobre la incidencia del SAC en la indemnización por antigüedad, hasta el dictado del fallo plenario en los autos "Tulosai, Alberto Pascual c/ Banco Central de la República Argentina s/ ley 25.561". 2) Dejar sin efecto la condena a adjuntar el certificado de aportes. 3) Reducir los honorarios de la representación y patrocinio del actor al 16% del monto de condena, incluidos los intereses. 4) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que ha sido motivo de recurso, sin perjuicio del derecho de la demandada de replantear la cuestión de los intereses en la etapa de ejecución. 5) Imponer las costas de la alzada a la demandada, vencida en lo principal (art. 68 Cód. Procesal), regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.á -Oscar Zas. - Héctor C. Guisado