Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-03-01


Salta, 01 de marzo de 2010.- Y VISTOS: estos autos caratulados "BARRIENTOS Claudia Alejandra, TUDELA Eduardo Oscar, Sanatorio Modelo S.A. y/o Civ. Resp.", expte. n° 236.189/08 del Juzgado en lo Civil y Comercial de 1ra. Instancia 9na. Nom., expte. n° 297.690/10 de Sala III, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, dijo:

I) La resolución de fs. 92/93, al tiempo de decidir el rechazo del recurso de revocatoria planteado a fs. 84 por la parte actora en contra de la providencia de fs. 81 que suspende los términos procesales, concede el recurso de apelación en subsidio articulado, el que es mantenido a fs. 310. Dice que la resolución impugnada se aparta arbitrariamente de las previsiones legales aplicables a la cuestión y sólo tuvo en cuenta los hechos descriptos por el codemandado. Es arbitraria pues omitió examinar cuestiones esenciales que hacen al derecho de su parte. Le agravia que no se valorara los actos procesales cumplidos por la contraria y que se mantenga la suspensión sine die, asumiendo en su resolución fundamentos contradictorios con los actos procesales cumplidos. Lo que el sentenciante no ha tenido en cuenta es que el expediente penal se encuentra finalizado y no en trámite y en tal carácter está destinado a ser incorporado a las actuaciones civiles. Por otro lado, si aprecia que no es competente para facilitar el préstamo de la causa penal, se interroga cómo puede suspender los plazos procesales en el litigio civil. Agravia a su parte la desviada interpretación que asigna al art. 127 del Código Procesal, después de haberse pronunciado a fs. 58, citándolo de manera expresa para fundar un criterio distinto. Sostiene que nada impidió que la codemandada compulse la documental reservada para su defensa y solicite copias. Pero ello no ha acontecido y no existen motivos para suspender los plazos procesales supeditando su reinicio hasta que se remitan las actuaciones penales nuevamente al tribunal de origen, porque goza el juez de competencia para decidir sobre estas peticiones.

A fs. 318/320 replica los agravios la codemandada Sanatorio Modelo S.A. Postula en primer término se declare desierto el recurso por falta de fundamentación. Subsidiariamente dice que no se visualiza con claridad cuál es el agravio de la actora, desde que la única afectada por la falta de elementos documentales para contestar la demanda es su parte, quien se vio obligada a pedir sucesivas suspensiones de términos por cuanto el expediente principal y ahora la causa penal, no estuvieron a su disposición. Si se trata de procesos de otros tribunales, el juzgado receptor sólo puede disponer su exhibición, pero no el préstamo a las partes. Destaca que la actora no acompañó todas las copias de la causa penal, sino que sólo seleccionó algunas actuaciones, y además no hizo referencia alguna a la reserva en autos del expediente.

II) En cuanto a la solicitud de declaración de deserción del recurso, cabe señalar que de manera reiterada se ha venido sosteniendo que al efectuarse el mérito de la consideración de la suficiencia o no de la expresión de agravios, debe seguirse un criterio amplio sobre su admisibilidad, ya que es éste el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional, a fin de no limitar la más amplia y completa controversia de los derechos de los litigantes, ya que un mero defecto técnico podría conducir a injustas soluciones en perjuicio de los litigantes quienes recurren en procura de Justicia, buscando ser oídos y que se les brinde la posibilidad de ejercer así su legítimo derecho de defensa en juicio (CSJN, Fallos 306-474; CJSalta, 22-12-92, "Rondoni vs. Eckardt", Libro 44, f° 1109/1113). Tal criterio también lo ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes, entendiendo que en caso de duda sobre los méritos exigidos para la expresión de agravios, debe estarse a favor de su idoneidad (CApel.CC. Salta, Sala III, protocolo año 1993, f° 901; año 2001, f° 415; año 2003, f° 49 y 232/234). Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el contenido del memorial presentado por el apelante, no puede decirse que en el mismo no exista una crítica suficiente de la sentencia en grado, lo que lleva a considerar que resulta suficiente para fundar el recurso de apelación interpuesto._ III) La sentencia venida en revisión desestima la revocatoria interpuesta a fs. 84 en contra de la providencia de fs. 81 que suspende los términos procesales que tuvieren corriendo para el apelado hasta tanto se notifique que las actuaciones penales están a disposición para su préstamo en el Juzgado de Instrucción Formal de Octava Nominación. Para así decidir el juez de grado interpreta que el art. 127 del Código Procesal, cuando reconoce la facultad de retirar los expedientes y carpetas de prueba para su compulsa por los abogados, peritos y escribanos, alude a las causas en la que el Juzgado es competente, es decir a las que tramitan por ante el tribunal, pues mal puede un juez civil ordenar actos procesales, tal como el préstamo de un expediente de otra jurisdicción y menos aún cuando fue enviado ad effectum videndi y probandi.

En autos debe tenerse muy en cuenta que a fs. 64, a fs. 71, a fs. 76 y a fs. 80 obran sucesivos pedidos de suspensión de los términos procesales, en todos los casos decididos favorablemente por el juzgado en grado. Asimismo, ya obra a fs. 60/63 contestación de la demanda de parte de Eduardo Oscar Tudela. De igual modo, es relevante destacar que tal como consta a fs. 47/48 se encuentra reservado en el juzgado en grado el expediente n° 380/05 del Juzgado de Instrucción Formal de Octava Nominación, desde el 29 de abril de 2009, habiendo con antelación aclarado la parte actora que en dicha causa se decidió la prescripción de la acción penal y que resultaba conveniente solicitar la remisión de la misma para evitar su archivo (fs. 16 y 39).

Me anticipo a sostener que asiste razón al apelante en el planteo. En primer lugar, lo que debe liminarmente tenerse en cuenta es que la suspensión de los plazos nos coloca en la patología del proceso, que es deber de los jueces evitar, en tanto importa la dilación del trámite. Asimismo, nada obsta que pueda la parte apelada compulsar el expediente penal en la Secretaría del Juzgado y, en su caso, solicitar su préstamo para obtener fotocopias de las piezas que estime pertinente, incluso bajo la supervisión de personal del Tribunal.

No hay afectación al derecho de defensa en juicio como se quiere hacer ver, ni impedimento para que el apelado lo ejerza en plenitud, ni tampoco puede sostenerse que un expediente ya concluido, deba ser remitido al juzgado de originaria radicación para que la parte pueda solicitar su exhibición o el préstamo. Lo que sí se evidencia -como ya sostuve es una innecesaria dilación del trámite que no se compadece con un adecuado servicio de justicia._ Se ha dicho en precedente de esta Sala, siguiendo reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todos los derechos deben operar según las leyes que reglamentan su ejercicio, atendiendo a su razón de ser teleológica y al interés que protegen (E.D. 56-502); el derecho de defensa en juicio no es absoluto, sino que está sujeto a las reglamentaciones necesarias para hacerlo compatible con el derecho de los demás litigantes y con el interés social de obtener una justicia eficaz (Fallos, 185:242; 212:447; 286:257; C Apel.CC. Salta Sala III, tº 2007 fº 1093; íd. íd. año 2009, f° 1.259); de suerte que la pretensión de seguir manteniendo la suspensión de un proceso, desde hace más de once meses, se evidencia como un abuso en la defensa de sus derechos, con violación del principio de la buena fe procesal, entendida con Couture (Vocabulario Jurídico, pág. 121) como la calidad jurídica de la conducta, legalmente exigida, de actuar en el proceso con probidad. En efecto, como señala Gozaíni (La buena fé en el proceso, L.L. 1986-D-877) la buena fé es un principio jurídico que se nutre de postulados éticos y morales que constituyen una finalidad; una razón del comportamiento social. En igual sentido enseña Colombo (Código de Procedimiento de la Capital, T. I, pág. 139 y ss.) que ello se demuestra por la preocupación en adosar al sistema, principios o deberes que importan convertir en normas jurídicas determinadas reglas morales de conducta, como lealtad, probidad, buena fe, veracidad, plenitud (CApel. CC. Salta, Sala III, año 2009 fº 909/912)._ Es que todo proceder realizado a sabiendas que se causa un daño al adversario, cursando pedidos que traducen ánimo dilatorio abusando de la jurisdicción, importa un claro exceso de estrategia defensiva que el derecho no permite ni los jueces pueden avalar.

Voto por la revocatoria de la sentencia, debiendo dejarse sin efecto la providencia de fs. 81 y ordenarse la reanudación de los plazos procesales suspendidos. Con costas (arts. 67 y 68 del Código Procesal).

El Dr. Guillermo Félix Díaz dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Domínguez.

Por lo que resulta del acuerdo al que se arriba, LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA, I) HACE LUGAR al recurso de apelación deducido en subsidio a fs. 84. En su mérito, DEJA SIN EFECTO la resolución de fs. 92/93 y REVOCA la providencia de fs. 81, MANDANDO se disponga la reanudación de los términos procesales suspendidos. COSTAS al apelado en su carácter de parte vencida (arts. 67 y 68 del Código Procesal).

II) COPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE.