Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2007-05-16


Córdoba, mayo 16 de 2007.

1º cuestión.- ¿Es procedente el recurso directo? 2º cuestión.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Conforme al sorteo que en este acto se realiza, los Sres. Vocales votan en el siguiente orden: Dres. María Esther Cafure de Battistelli, Domingo Juan Sesín y M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel.

1º cuestión.- La señora vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:

I. La parte actora. Sr. Abel Enrique Bellón, por derecho propio, interpone recurso directo en: "BELLÓN ABEL ENRIQUE Y OTROS C/ CAMINOS DE LAS SIERRAS Y OTRO - ORDINARIO - RECURSO DIRECTO (Expte. B-12-04)", en razón de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de esta ciudad le denegó el recurso de casación por el motivo del inc. 1º del art. 383 del C.P.C. (auto interlocutorio nº 52 del 3 de marzo de 2004) oportunamente interpuesto contra la Sentencia nº 67 del 19 de junio de 2003. Dictado el decreto de autos a estudio, estando firme y consentido, la causa ha quedado en estado de resolución.

II. Las censuras contra el pronunciamiento impugnado pueden compendiarse así:

Inc. 1º, artículo y Código citado:

a. Violación al principio de congruencia:

Refiere que le agravia el pronunciamiento al no dar tratamiento a la censura de apelación por incongruencia y por no valorarse una prueba esencial consistente en el reconocimiento espontáneo por parte del Estado Provincial en ocasión de contestar la demanda.

Así, dice, la citada parte consignó que el concesionario tiene a su cargo el mantenimiento, reparación y conservación de la red de accesos a la ciudad de Córdoba, debiendo mantener la ruta en perfecto estado de viabilidad, no pudiendo exculparse del deber control consistente en la presencia de animales en la ruta.

Impetra que dicha obligación le fue impuesta por el concedente, quien reconoció espontáneamente su propio deber frente a los usuarios. Concluye en que la resolución al respecto luce incongruente con relación a la confesión realizada en la contestación de la demanda.

b. Falta de fundamentación lógica:

Consigna que le agravia el voto de la Dra. M. de S. en cuanto considera que no puede endilgarse a la compañía la omisión del deber de vigilancia, ya que, dice, si la citada Vocal admite que la empresa cuenta con un departamento de seguridad que ronda la ruta para observar que se encuentre libre de obstáculos, es porque tiene, al igual que el Estado Provincial, la obligación de mantener la ruta libre de animales.

c. Falta de fundamentación legal:

Impugna la resolución en cuanto no sólo el propietario responde objetivamente por los daños causados por el animal (art. 1124 C.C.), sino también el que se constituye en guardián de la cosa perdida, y que en el caso particular, dice, las codemandadas estaban obligadas a tomar el animal extraviado, lo que los erigía en guardianes de la cosa animada.

Señala que asimismo le agravia que se haya derogado en el caso particular, el art. 24 del "Reglamento de Explotación de los Corredores Viales" y la cláusula 6.1. del Pliego de Condiciones Particulares para la Concesión de Obras Viales", donde se establece el deber de seguridad que imponen estas normas de suprimir las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios.

d. Falta de fundamentación lógica: Omisión de valorar prueba esencial aportada por "Caminos de las Sierras".

Consigna que si la policía de la Provincia de Córdoba se hubiera hecho cargo del animal perdido la concesionaria hubiera quedado liberada de responsabilidad, lo que finalmente, dice, no resultó así.

Manifiesta que numeroso personal de la empresa, conforme declaración testimonial, procedió a remover un toro de gran porte, sin marca, de la autopista, transcribiendo a continuación la citada declaración.

Aduce que le causa agravio que no se haya valorado que nadie se hizo cargo del animal, y que el alambrado estaba deteriorado, y que ninguna de las codemandadas se hayan ocupado de arreglarlo.

Sigue manifestando que le causa gravamen la resolución al no haberse tratado la crítica de apelación respecto a que la sentencia de primera instancia tomó como fundamento para rechazar la demanda el descargo de la concesionaria consistente en que las sanciones por animales sueltos las impone la policía, cuando, dice, el caso nada tiene que ver con la eventual multa que le podrían corresponder al dueño, ya que el caso está regido por el C.C., y el toro sin dueño conocido y sin marca es una cosa perdida debiendo aplicarse el art. 2531 de dicho cuerpo legal.

Continúa manifestando que le agravia la resolución en cuanto se derogan los arts. 2532 y 2534 del C.C. de los que surge una obligación de medios, en el caso buscar al dueño de la cosa perdida para entregársela, y en su defecto, una obligación de resultado de entregar la cosa al juez más inmediato a la policía del lugar.

Consigna que la demandada "Caminos de las Sierras" no ha probado haber buscado ni hallado al dueño del toro, ni haber entregado esta cosa a su legítimo dueño, ni a la policía ya que de la prueba rendida por la contraria, dice, surge que la policía no recibió el toro, sino que personal de ambas demandadas lo abandonaron en un campo de dueño desconocido y con los alambrados deteriorados.

Aduce que no hay prueba que permita siquiera conjeturar que el toro fuera del tal "Ferreyra", ni que el campo donde se lo abandonó perteneciera a éste, como así tampoco se acreditó, agrega, que hubiera otro toro suelto en las inmediaciones por lo que la única causa eficiente del hecho dañoso proviene de dicho animal abandonado por los que lo hallaron.

e. Sigue manifestando que le agravia la resolución en cuanto no se valoró la obligación de contener al animal fuera de la autopista, así también como la de mantener los cercos de los campos colindantes con la autopista, contricción que pesa, destaca, sobre los responsables de la autopista y la de los dueños colindantes, y que la omisión de éstos no exime a aquéllos. Cita doctrina autoral al efecto.

Impugna la resolución en cuanto pese a haber quedado fijado que los cercos mencionados estaban en mal estado, se haya inaplicado la norma que establece que el concedente y concesionario tienen el deber de mantener aquéllos cercos en condiciones, el que no se cumplió.

Reproduce la declaración testimonial de los Sres. Iturriaga y Carlotti, que describen las tareas realizadas tras la aparición de un toro en la ruta, que damos por reproducida aquí en honor a la brevedad.

Estima, luego del examen de la prueba referida, que si la concesionaria demandada tenía la obligación de mantener la ruta despejada de animales y se hizo cargo del toro para sacarlo de la ruta, era responsable del mismo hasta que lo entregara a su dueño o a otro depositario que se hiciera cargo de su guarda.

Tras insistir sobre su postura impugnativa, refiere que siete horas después de dicho evento, el toro se cruza nuevamente en la autopista y provoca el accidente motivo de este juicio, y que a falta de otros toros sueltos en la ruta se debe extraer como conclusión racional que se trató del mismo semoviente.

f. Sostiene que se omitió la valoración de las testimoniales mencionadas, la que resulta decisiva para la solución de la causa. Asimismo, dice, le agravia la resolución en cuanto en el voto mayoritario se afirma que la circunstancia de que en la víspera del accidente se hubiera hallado un toro no alcanzaba para generar una presunción convincente y suficiente acerca de que ese mismo animal hubiera causado el accidente. Imputa tal afirmación porque estando acreditado que en la víspera un toro de gran porte estaba suelto en la ruta, y pocas horas más tarde un animal de las mismas características, sin marca, en la misma zona ocasiona el accidente, sólo puede concluirse que se trata del mismo toro. La regla de la experiencia, destaca, indica que no es común que varios toros de gran porte, sin marca, circulen libremente por una autopista entre la mediatarde y la medianoche.

g. Falta de fundamentación lógica:

Refiere que le agravia la conclusión contenida en el voto mayoritario, tal que si en el caso no se invocó una conducta desaprensiva del concesionario vial frente a denuncias que revelasen la presencia de animales sueltos, ni una actitud negligente, dicho concesionario no debe responder. Tal conclusión, propugna, no constituye derivación razonada de la prueba obrante en autos, y aportada por la propia demandada "Caminos de las Sierras", consistente en que el toro apresado fue abandonado por personal de ambas coaccionadas en un campo de dueño desconocido, con los alambrados en mal estado, y sin que ninguna persona responsable se hiciera cargo del mismo.

h. Falta de fundamentación legal:

Señala que le agravia la inaplicación arbitraria de los arts. 25 inc. g y 48 de la Ley Nacional de Tránsito y su Decreto Reglamentario Nº 778/95 que da facultades al guardador de la ruta, concedente y concesionario, en caso de falta de colocación de alambrados o su deficiente conservación para realizar los trabajos necesarios a costa del propietario. Asimismo, dice, el art. 48 citado prohíbe dejar animales sueltos en la vía pública y su decreto reglamentario faculta expresamente a la autoridad competente, al ente vial, o la empresa responsable del mantenimiento del camino, a su retiro.

i. Impetra también que no constituye derivación razonada del derecho vigente la afirmación arbitraria realizada por la mayoría, tal que el camino se encontraba señalizado con carteles que marcaban una velocidad tope de 110 kmts por hora, por lo que la obligación estaría cumplida por parte de ésta.

Consigna que si en el camino era imposible controlar la existencia de animales, debió señalizarse tal circunstancia, por lo que resulta absurdo, afirma, que tenga por cumplimentado el deber de señalizar cuando las existentes no concuerdan con la realidad.

Continúa manifestando que se omitió valorar prueba esencial consistente en el informe expedido por el Organo de Control de la Red de Accesos a Córdoba que se diligenciara a pedido de la concesionaria (obrante a fs. 297/298) a través del cual se acredita que, la velocidad máxima autorizada del tramo donde ocurrió el accidente era, a la fecha del accidente, de 110 kmts por hora, lo que implica garantizar al usuario una autopista de doble mano, con amplias y seguras banquinas, sin baches, o sea, dice, un carril de circulación seguro y apto para la velocidad supra autorizada.

Refiere que se trata de una verdadera propaganda de la calidad del producto que se ofrece, en este caso la autopista señalada, donde se está garantizando la seguridad del consumidor hasta esa velocidad.

En tales circunstancias, manifiesta, la presencia de animales sueltos en la ruta, importa una gravísima omisión de quien garantizó la seguridad de la circulación a alta velocidad y no tomó elementales precauciones para despejar la ruta de obstáculos semovientes.

A ello debe sumarse, dice, que el evento se produce de noche, y que el animal, un toro negro, resultaba muy difícil de ver hasta estar a pocos metros de él.

j. Aduce que se omitió valorar el hecho que tanto la codemandada Provincia de Córdoba, como la concesionaria, son responsables objetivamente por el incumplimiento de sus obligaciones de servicio en los términos de los arts. 1112 y 1113 del C.C. al no haber desplegado las diligencias necesarias para mantener despejada la autopista al momento del hecho, como asimismo que no se haya considerado una cuestión esencial, como son las circunstancias de persona, lugar y tiempo, conforme lo dispuesto por el art. 512 del C.C,. y atendiendo a que expresamente se había garantizado a los usuarios su seguridad hasta la velocidad de 110 kmts.

k. Refiere que asimismo resulta errada la afirmación realizada, consistente que al no haber cobrado peaje la concesionaria en ocasión del evento dañoso se lo exima de responsabilidad, pues ello resulta irrelevante, dice, al estar la firma demandada en posesión (informe de fs. 297, apart c y d) de dicha autopista, cumpliendo las funciones de mantenimiento.

Agrega que al momento del hecho era de público conocimiento el cobro inminente de peaje por el servicio y que la prestación gratuita del servicio por algún período limitado tiene el carácter de una promoción de aquél.

l. Refiere que se omitió meritar el agravio contra la sentencia de primer grado que atribuía la causalidad del accidente a que el actor habría circulado a velocidad excesiva, lo que se erige, dice, en una conjetura arbitraria que no resulta derivación razonada de ninguna de las pruebas rendidas en autos. Señala que la testigo Srita. Zayankovsky declara que iban despacio.

III. Gravamen sub. II a. y b.. Violación al principio de congruencia (omisión de tratamiento de un agravio dirimente). Falta de fundamentación lógica.

Las denuncias resultan improcedentes, concurriendo al respecto una doble razón impeditiva: por un lado porque la trascendencia jurídica que el impetrante intenta darle a las manifestaciones vertidas en la contestación de la demanda resultan incompatibles con la solución jurídica sustancial arribada por el Tribunal a quo (voto mayoritario), y por el otro, porque pretende otorgar valor confesional a manifestaciones que no fueron vertidas por la Concesionaria demandada, sino por el Estado Provincial lo que impide tal atribución.

En efecto, no se incurrió en el defecto apuntado, desde que el Mérito determinó que en el caso la concesionaria no incurrió en omisión del deber de vigilancia, pues la sola presencia circunstancial de animales sueltos en la ruta no se erigía en un factor automático de responsabilidad y porque la vigilancia constante de cada kilómetro de la concesión sería imposible de practicar. Se agregó que si el infortunio se produjo en la autopista, al cruzar la misma un toro en forma repentina, la causa eficiente de los daños sufridos fue la presencia del animal, destruyéndose el nexo causal conforme lo establecen los arts. 513 y 514 del C.C. al configurarse un hecho imprevisble e inevitable (animal suelto), por quien los demandados no deben responder. (Cfr. fs. 521/522). Se agregó (voto mayoritario), que de la prueba rendida se derivaba que el animal no yacía muerto en la ruta, como se había invocado en la demanda, sino que se cruzó intempestivamente, y que por ende no encajaba en el supuesto de responsabilidad atribuido a la empresa, esto es, de mantener la ruta libre de obstáculos.

Por ende, aún entendiendo que la codemandada "Caminos de las Sierras S.A." ostentaba el deber de mantener libre de animales las rutas sujetas a concesión, lo cierto es que, en el lineamiento sustancial del Mérito, operó la liberación del deber de indemnizar atento la aparición intempestiva del animal lo que se erigía en un hecho fortuito en los términos de los artículos supra citados.

Cabe resaltar, sólo a título ilustrativo, que la tesitura adoptada resulta acorde con la sustentada por este Alto Cuerpo in re "Hernández..." (s. nº 31 del 2001), en el que se estableció que el deber a cargo de la Concesionaria, aún fuera calificable como de seguridad, requería la presencia de un factor de atribución subjetivo al revestir el carácter de contricción de medios y no de resultado.

Así en esta Sede se señaló:

"En el caso del deber de seguridad que pesa sobre los concesionarios viales respecto de la presencia de obstáculos móviles en la ruta, el álea es evidente, pues, aún cuando sea previsible que ello acontezca, no resulta posible -por lo general- anticipar, con certeza, cuándo y dónde se producirá la aparición del animal suelto".

"Esa condición se revela aún más ostensible, a poco que reparemos en que, para el concesionario, las dificultades en la detección del obstáculo y la evitación del evento, no sólo se derivan de la libre movilidad de los animales y del álea propio del caso sino que, además, dependen de un factor totalmente ajeno a sus posibilidades de previsión y que trasciende a toda diligencia que pueda imprimir en el cumplimiento de su cometido, tal la conducta descuidada o imprudente de los propios dueños o guardianes de los semovientes (terceros por los cuales no debe responder), a quienes tanto la ley de fondo (art. 1124, Cód. Civil) como la reglamentación especial (art. 23, R.E.C.V.) responsabilizan por las consecuencias dañosas que aquéllos provoquen".

"...la responsabilidad del concesionario por trasgresión a su deber de seguridad, control y vigilancia, emerge en base a un factor subjetivo de atribución. Responderá, entonces, cuando se demuestre que el daño se produjo como consecuencia de su omisión culpable o negligente en el cumplimiento de sus obligaciones específicas o, en igual sentido, cuando el Ente no logre aportar pruebas de haber obrado con la debida diligencia que era dable exigirle para el cumplimiento acabado de sus obligaciones, de acuerdo a las circunstancias de personas, tiempo y lugar." Valgan estas sintéticas consideraciones para advertir que el Órgano de Alzada, sólo se limitó a encarar la cuestión controvertida desde una determinada óptica sustancial, revelándose la denuncia del impetrante en una muestra de disconformidad con ésta, que por representar un auténtico vicio in iudicando no resulta examinable en esta Sede por la vía electa.

Igual suerte corre la crítica por falta de fundamentación lógica, ya que la Vocal opinante, pudo válidamente entender que la empresa contaba con un departamento de seguridad, y no por este sólo hecho endilgarle responsabilidad por la aparición intempestiva de animales sueltos. No se advierte el quiebre lógico del razonamiento, traduciéndose una vez más el ataque en una virtual oposición con la doctrina legal observada en el pronunciamiento, control que, conforme se consignó supra, excede el ámbito de cognición asignado a esta Sala.

Los agravios deben rechazarse.

IV. Ausencia de fundamentación lógica y legal:

Las censuras relacionadas en los puntos c, d, e, f y g, deben ser tratadas conjuntamente al derivarse de un mismo acontecimiento, del cual, el impetrante deriva las críticas pertinentes. Tal el hecho de que horas antes del accidente de marras la empresa concesionaria halló un animal suelto, de las mismas características del que provocó el evento dañoso, por lo que, en la tesitura del impugnante, tal circunstancia debió conducir al Tribunal a endilgarle responsabilidad a la empresa.

Así, el impetrante, entiende que resulta errada la afirmación del Organo de Alzada en cuanto estimó que el hecho que, en la víspera del accidente se hubiera hallado un toro, no alcanzaba para generar una presunción convincente y suficiente acerca de que ese mismo animal lo hubiera causado.

La argumentación así dispuesta no resulta ofensiva de las reglas del pensamiento lógico, pues para el Mérito, el hecho referido no se erigía en una presunción suficiente para considerar que se trataba de los mismos semovientes. La mera posibilidad de dicha coincidencia en los animales referidos (el extraviado y el causante del daño), ante la falta de prueba contundente, sólo queda en el terreno de la eventualidad, lo que impide la admisión de la censura.

Resultando válida formalmente la afirmación del Mérito, con independencia del acierto intrínseco o no de la afirmación contenida, caen todos los agravios que se sustentan en la premisa propuesta por el impugnante, ya que todas ellas se basan en la falta de cuidados, negligencia, etc., en que incurrió la codemandada al dejar escapar al animal hallado en la víspera del suceso dañoso (lo que también está en tela de juicio).

Los agravios deben desestimarse.

V. Falta de fundamentación legal: (gravamen sub.II. h.).

El impugnante en el punto no se hace cargo de la respuesta brindada en el auto denegatorio, en el que se señaló:

"Tampoco hay falta de fundamentación legal porque las normas que el casacionista invoca (fs. 531) no son de aplicación al caso de autos porque ellas rigen para el caso de concesiones realizadas por las autoridades nacionales.-" (fs. 568 vta.).

En vía directa el impetrante se limita a insistir en que la normativa nacional es complementaria del C.C., sin explicar las razones que justifiquen tal aserto, lo que deja sin sustento la queja incoada. Queda en pie la razón contenida en el auto citado, independientemente del acierto intrínseco o no de la misma.

El agravio debe declararse formalmente improcedente.

VI. Arbitrariedad, omisión de valoración de prueba y hechos dirimentes (gravamen sub. II. i y j.).

El gravamen, relacionado con la señalización en la ruta de un cartel que permite conducirse a 110 km por hora, y lo que implica para el usuario ésta autorización, como las derivaciones arbitrarias que señala al respecto la Dra. M. de S., no merecen recibo al carecer de trascendencia frente a la tesitura adoptada por el Tribunal de Apelación que fuera expuesta en el tratamiento al primer gravamen, al que nos remitimos en honor a la brevedad.

En definitiva, aún el impetrante entienda que la obligación del concesionario entraña una obligación de seguridad propia del derecho de consumo, esto es de resultado, lo cierto es que en la Alzada el deber mentado se calificó en un marco jurídico diferente, estimación que no puede reexaminarse en esta Sede que no constituye una tercera instancia.

Igual respuesta merece la queja en cuanto refiere a que en el caso no se aplicaron los arts. 512, 1112, 1113 del C.C., ya que contrariamente a ello, el Tribunal consideró que en el caso las codemandadas no incurrieron en conducta negligente alguna, y que por ende la obligación a su cargo estaba debidamente cumplida, y que el cruce sorpresivo del animal se constituía en un hecho fortuito que excluía el deber indemnizatorio. Ello así, el Organo de Apelación, analizó la normativa citada y aplicó la eximente de responsabilidad prevista en dichos cánones legales, todo lo cual torna improcedente la censura expuesta.

VII. Respecto al gravamen sub. II. k, atinente al modo que se juzgó la falta del pago de peaje no merece recibo ya que ésta circunstancia no fue causal del rechazo de la pretensión indemnizatoria, sino que la liberación de responsabilidad se fundó en otros motivos, los que fueron subrayados en los acápites precedentes.

La crítica debe declararse formalmente improcedente.

VIII. Por último, la censura relacionada en el punto II. l, esto es por falta de tratamiento del agravio referido a la excesiva velocidad atribuida al actor en el fallo de primer grado, tampoco merece andamiento por falta de interés, ya que en ningún pasaje del voto mayoritario se hizo alusión a esta contingencia, lo que implica que la velocidad excesiva o no del rodado en el evento dañoso no influyó en la solución final de la controversia a la que se arribó por otros elementos de hecho independientes de la conducta del actor en el evento.

Voto negativamente.

El señor vocal doctor Domingo Juan Sesín, dijo:

Adhiero a los fundamentos y solución a que arriba la Señora Vocal del primer voto.

Así voto.

La señora vocal doctora M. de Las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones a que arriba la Sra. Vocal Dra. María Esther Cafure de Battistelli. Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera cuestión planteada.

2º cuestión.- La señora vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:

Corresponde: Declarar bien denegado el recurso de casación y declarar perdido el depósito de ley, el que será transferido a la cuenta especial ..., fondo del Poder Judicial creado por ley 8002.

El señor vocal doctor Domingo Juan Sesín, dijo:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones a que arriba la Sra. Vocal Dra. María Esther Cafure de Battistelli. Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la segunda cuestión planteada.

La señora vocal doctora M. de Las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:

Adhiero a los fundamentos y solución a que arriba la Señora Vocal del primer voto.

Así voto.

RESUELVE: I. Declarar bien denegado el recurso de casación.

II. Declarar perdido el depósito efectuado de conformidad a lo prescripto por el art. 77 de la ley 8353 y modif., el que será transferido a la cuenta especial ..., fondo del Poder Judicial creado por ley 8002. -María Esther Cafure de Battistelli. -Domingo Juan Sesín. -María de las Mercedes Blanc de Arabel.