Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03


LEON, Perpetua Angela CASTILLO de contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 193 p 463-465.

Santa Fe, 3 de diciembre del año 2.003.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra el pronunciamiento de fecha 2 de agosto de 2002, dictado por la Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 1, de esta ciudad, en autos "LEON, Perpetua Ángela CASTILLO de contra PROVINCIA DE SANTA FE -Recurso Contencioso Administrativo- (Expte. 609/01)" (Expte. C.S.J. nro. 152, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 2 de agosto de 2002 la Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 1, de esta ciudad, resolvió declarar que en la causa se produjo la caducidad de la instancia, con costas a la parte actora.

Contra dicho pronunciamiento interpuso la demandante recurso de inconstitucionalidad aduciendo arbitrariedad.

Señaló que impugna un auto interlocutorio que hace imposible la continuación del pleito y que planteó oportunamente la cuestión constitucional.

Dijo que su parte se opuso al pedido de caducidad de la instancia con fundamento, entre otros, en el criterio que en la materia sostiene similar tribunal con asiento en la ciudad de Rosario y en la interpretación restrictiva del instituto; y que la arbitrariedad se aprecia al haberse preterido absolutamente uno de los principales argumentos conducentes para decidir la cuestión, violando la bilateralidad del proceso y el derecho a la jurisdicción.

A su entender la Cámara debió pronunciarse con relación al criterio sustentado por su par de la ciudad de Rosario, lo que no ocurrió; cometiendo la misma omisión respecto al planteo relacionado con la actitud del Estado de querer aprovecharse de su propia morosidad.

Sostuvo que la arbitrariedad del fallo también se advierte en lo que concierne al otro de sus argumentos vinculados a la interpretación restrictiva del instituto, dado que se lo rechaza con la simple y errónea remisión a fallos que no son aplicables en el caso.

Aseguró que la cuestión se agrava en el presente porque la temática a resolver concierne al derecho constitucional de la seguridad social, específicamente a la previsión social.

Destacó, además, que la dilucidación de la cuestión requería de cierta elaboración hermenéutica, respecto de la cual su parte auxilió debidamente al Tribunal.

El absoluto silencio o la falta de toda consideración no satisface el derecho a la jurisdicción ni el requisito de motivación que exige el artículo 95 de la constitución provincial.

Afirmó que el decisorio viola derechos consagrados en los artículos 17 y 18 de la Constitución nacional y genera una situación de privilegio para la demandada y que su arbitrariedad resulta extrema al rechazar su postura sin valoración, análisis ni resolución acerca de la existencia de gravedad constitucional.

Expresó que como beneficiario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, ha debido ocurrir al estrado judicial después de haber transcurrido más de cinco años sin que se resolviera su caso, a pesar de los reiterados pedidos de pronto despacho para lograr el reajuste de su haber, por lo que, a su juicio, resulta absurdo que el Estado que en tanto tiempo no tomó decisión alguna, quiera ahora aprovechar la paralización del proceso por algo más de tres meses, y por una causa que también le es imputable, esto es su demora en remitir las actuaciones.

Agregó que la no consideración de dicho argumento implica un daño patrimonial inútil e irrazonable para el pasivo; se preguntó cuál es con justicia la razón para aceptar en el caso una medida dilatoria de la naturaleza de la caducidad y concluyó que el planteo de la Provincia debió ponderarse a la luz de dicho razonamiento, tal como lo entendió la Cámara en lo Contencioso Administrativo nro. 2 de la ciudad de Rosario.

También puntualizó que la contradicción de los pronunciamientos de ambas Cámaras provoca evidente inseguridad jurídica y una irritante desigualdad de trato para beneficiarios de un mismo organismo que no tiene precedentes; y que una decisión adversa a su postura implicará un doble perjuicio: para la actor que además de cargar con las costas verá postergado su derecho al reclamo, y para la demandada que seguirá sufriendo un crecimiento acumulativo de su deuda, beneficiándose solamente los letrados de las partes y las cajas profesionales.

2. Por decisorio de fecha 9 de abril de 2003 la Cámara resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto aduciendo -básicamente- incumplimiento del recaudo formal de planteo oportuno de la cuestión constitucional y que la causal invocada no habilita, a su criterio, la instancia excepcional.

Tal denegatoria motivó la presentación directa de la quejosa ante esta Corte de conformidad a lo previsto por el artículo 8vo. de la ley 7055 (fs. 24/26).

3. Ante todo cabe destacar que el planteo de la compareciente nos enfrenta con una temática -caducidad de instancia regulada por el artículo 30 de la ley 11330- que oportunamente fue considerada por este Tribunal en relación al recurso de casación previsto en la citada ley, concediéndose los diversos recursos deducidos por vía de queja.

Y si bien en este caso el remedio interpuesto consiste en el regulado por la ley 7055, luego del examen liminar del mismo -propio de este estadio-, se concluye que la postulación de la recurrente podría configurar igualmente -prima facie- una hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, y sin perjuicio de lo que pueda resolverse con los autos principales en la oportunidad prevista por el artículo 11 de la ley 7055.

Por ello, no advirtiendo en esta instancia obstáculos formales que impidan la admisibilidad de la impugnación intentada, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir la queja y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

Disponer que por Presidencia se requiera la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponde.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)