marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, sentencia condenatoria, prueba testimonial, declaración de la víctima
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., O. A. c/  s/ PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD EN CONCURSO IDEAL CON REDUCCION A LA SERVIDUMBRE, EN CONCURSO REAL CON ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR EL USO DE ARMA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-14

En relación a las críticas reeditadas en la presente instancia, vinculadas a la agravante, en el abuso sexual, por utilización de arma de fuego, consideró la Alzada que la misma se encontraba suficientemente acreditada para sustentar un pronunciamiento condenatorio, con el testimonio de la víctima, de otros testigos y los elementos secuestrados en un registro domicil ario.
Juicio ejecutivo, concursado, legitimación activa, administración de bienes
Materia: COMERCIAL
Carátula: REPICKY SA c/ HUBER, ENRIQUE JUAN JOSE Y OTRO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-09

Resulta improcedente que el ejecutado se oponga a la sentencia de trance y remate pronunciada con base, -como en el caso-, en la falta de legitimación activa del ejecutante como consecuencia de encontrarse concursado preventivamente. Ello pues, no constituye óbice para la legitimación del accionante -en su calidad de concursado- para la prosecución del pleito según lo dispuesto por la L.C. Art. 15, pues aquel conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico, sin que esta acción quede incluida dentro de los actos sujetos a autorización enumerados en la ley concursal. Tal enumeración es enunciativa, puesto que comprende también aquellos actos que exceden la administración ordinaria de su giro comercial (Fassi-Gebarhdt, "Concursos y Quiebras", Ed. Astrea, 1996, p. 76). Lla ley pretende evitar que el patrimonio del concurso se desintegre, y busca con la autorización judicial previa mantener los bienes del concursado como se encontraban a la fecha de la presentación en concurso (confr. Grispo, Jorge, "Tratado sobre la ley de concurso y de quiebras, T.I, pag. 257, Ed. Ad Hoc, 1997). Debe entenderse por actos que exceden la administración ordinaria a aquellos que alteren sustancialmente los valores del patrimonio o comprometan por largo tiempo su porvenir o destino (conf.

Cámara, Héctor, "El concurso preventivo y la quiebra", vol. I, Ed. Depalma, 1982, p. 472).
Accidente de tránsito, obligaciones concurrentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mouchard de Neme, Brenda y Neme, A. c/ Aguará S.A. y Rodríguez, E. y/o quien resulte propietario s/ Indemnización Rodríguez, E. y/o quien resulte propietario s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-09

En los casos de obligaciones concurrentes o indistintas, el acreedor damnificado puede demandar a uno y otro deudor, sucesivamente o a ambos acumulativamente. Si opta por la demanda singular, ello no lo priva de la acción que siempre tiene contra el deudor no demandado, mientras no sea desinteresado por el otro. Y aún, a diferencia de lo que ocurre en materia de solidaridad, luego de entablar la demanda contra uno de los deudores, puede demandar al otro sin necesidad de acreditar la insolvencia del primero.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Di Lorenzo de Salinas, Luisa c/ Craci, Ricardo y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-04-18

La doctrina o teoría de la causa adecuada aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad de un resultado atendiendo lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos.
Improcedencia del recurso, sentencia no firme, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Escobar Sanabria, Gustavo s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-18

La resolución que concedió la excarcelación al imputado no decide cuestiones definitivas que puedan per se ser objeto del control casacional en los términos del art. 457 del CPPN, tampoco se evidencia una cuestión de gravedad institucional que habilite la vía impugnaticia intentada. (Dres. Tragant, Riggi y Ledesma).
Encubrimiento, encubrimiento real con receptación de cosas de procedencia sospechosa
Materia: PENAL
Carátula: GIMÉNEZ, Guillermo Matías, en causa nº C 9085/05 -Juzg. de Inst. y Correc. nº 4- IIª C. J. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-05-08

Al respecto, la estructura típica del delito en cuestión, en lo que se refiere a la acción exige: "El actuar imprudente o negligente del autor, violatorio del deber de cuidado, que es el que impide advertir las circunstancias y lo conduce a programar su conducta de un modo defectuoso y lesivo para el bien jurídico, fundando de este modo el reproche penal.

El sujeto incumple con el objetivo deber de cuidado cuando las circunstancias que rodean la receptación de la cosa o efectos son anómalas precio vil por el que se adquiere la cosa, el lugar donde se efectúa la transacción, la personalidad de quien transfiere el bien, etc." (D'ALESSIO, Andrés. Código Penal, comentado y anotado, parte especial. Ed. La Ley. Buenos Aires, 2004, p. 916).-
Seguro de responsabilidad civil, culpa grave
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Issin Hnos. c/ Galvani, Máximo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-20

Corresponde calificar -a los efectos del contrato de seguro- como "grave" a la culpa de quien conducía alrededor de 170 km/h. de noche y en estado de ebriedad.
Competencia, huelga, DEBER DE LEGALIDAD
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Avero, Sergio Gustavo-Argachá, Celomar José c/ A.G.M.E.R. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-29

El inclinarse el Estado por utilizar la vía judicial del Amparo resguarda más adecuadamente los propios derechos constitucionales de la accionada que si se hubiese usado la eventual vía del Decreto ley 17183/67, en definitiva, una norma autoritaria impuesta por un gobierno de facto.

Lo expuesto nos lleva a la conclusión que ante la situación planteada resulta prudente pronunciarse por la inexistencia de una vía alternativa suficientemente hábil e idónea para resolver el conflicto de que se trata, cabiendo considerar el fondo de la cuestión; si el acto atacado resulta "manifiestamente ilegítimo" y, en su caso, ello surge en fgrado de suficiente evidencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Interpretación de la ley, registro de la propiedad inmueble, Estado Provincial, ley reglamentaria, instrumentos públicos, ley de orden público, escribanos públicos, autoridad de aplicación
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: ISAAC RAUL MOLINA c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

Los arts. 6 y 24 de la ley 17.801, no autorizan la intervención necesaria de un escribano de jurisdicción provincial en el trámite de otorgamiento e inscripción de documentos notariales de inmuebles en la Provincia de Buenos Aires, y ponen de manifiesto la invalidez de la restrictiva la ley 10.191. Ello es así, pues la situación registral sólo variará a petición del "autorizante del documento que se pretende inscribir o anotar o su representante legal" (art.6), con lo cual al consagrar el principio dispositivo, legitima al actor -escribano matriculado en Capital Federal- para la solicitud de certificado de dominio, que le fue rechazada, sin que su parte final, "cuando las tareas de inscripción estén -según reglamentaciones locales- a cargo de un funcionario con atribuciones exclusivas la petición se formula con su intervención", pueda tener otro alcance que regular la actuación de la autoridad registral que es debida siempre que alguien lo pida, de donde, si nadie lo pide, ninguna intervención corresponde a aquella. Por otra parte, la delegación de autoridades locales (art. 24, último apartado), en cuanto a la "forma" y "funcionarios" habilitados para requerirlos, no puede traducirse en violación de normas contenidas en el resto del articulado, sobre todo, cuando no cabe desatender el principio general del carácter público de los registros (art. 21).
Actualización monetaria, valor nominal, valor real, índices de actualización
Materia: CIVIL
Carátula: S. y F. Trachter e Hijos  S.R.L. c/ Fisco Nacional (D.G.I.) s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

El aumento del monto nominal en función de los índices oficiales de precios al consumidor no hace a la deuda más onerosa en su origen; sólo mantiene el valor económico real frente al paulatino envilecimiento de la moneda.
Empleados de banco, transacción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Calvo, Adolfo Gregorio c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia de Buenos Aires. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-04-17

Ninguna regla impide la declinación del crédito por haberes provenientes de reajustes jubilatorios devengados antes de la presentación de la solicitud y que se encuentran prescriptos por vencimiento del plazo anual aplicable al caso (arts. 82 y 83 ley 18037 t.o. 1976; art. 90 ley 8587; art. 56 ley 9650).
Legitimación procesal, derechos de incidencia colectiva, derechos políticos
Materia: PROCESAL
Carátula: COMUNIDAD MAPUCHE "LOF LEUFUCHE" s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD LEYES PCIALES Nº 279, 1138, 4096, ORDENANZAS MUNICIPALES Nº 92/75 Nº 2583/97, DISPOSICION ADMINISTRATIVA Nº 269 Y DECRETOS Nº 2094/75 Y 813/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-30

En materia de intereses difusos y de derechos políticos la legitimación activa existe, y que por ello habilita a todo aquel que es copartícipe en esos intereses o derechos para invocar su legitimación en tutela de la porción compartida con otros.

Al respecto, Bidart Campos, en su obra "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", expresa que "no estamos, pues, ante un supuesto o un tipo de acción popular, porque la legitimación no se reconoce a cualquiera, sino a quienes participan en el interés difuso o en la específica categoría de los derechos políticos.

Esto es así aún en la hipótesis de que todos cuantos componen un grupo o una sociedad compartan un interés común - por ejemplo la defensa del patrimonio histórico cultural -, porque en este supuesto la legitimación no se inviste por ser cualquiera de ese grupo o sociedad, sino por participar en un interés difuso tan amplio como cuantitativamente es amplio el grupo o la sociedad. No es cualquiera sino uno que coparticipa"
Jurisdicción y competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Sarto, Patricia Claudia c/ Asociación Prestaciones Odontológicas (APO) y otro s/ diligencias preliminares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

Para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que hace el actor en su demanda.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, uber, multa, transporte de pasajeros, habilitación del vehículo
Materia: PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Aranguren Ortega, Joel Rafael s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Aranguren Ortega, Joel Rafael sobre 6.1.47 - requisitos de los vehículos de transporte de pasajeros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-29

En el caso, el recurrente no acredita la directa e inmediata relación entre el art. 19 de la Constitución Nacional, cuya violación aquí genéricamente denuncia, y la sentencia que impugna, que lo condenó al pago de una multa en suspenso, por haber transportado un pasajero mediante la aplicación "UBER" en violación al artículo 6.1.49 (segundo párrafo) de la ley n° 451, al tener por configurados los extremos previstos en esa norma. Ello así, en tanto la exigencia contenida en dicha norma, es la de contar con la correspondiente habilitación para transportar pasajeros, sin que el propio texto del artículo limite o condicione el requisito de poseer habilitación solo para la actividad de "remisería". En tales condiciones, debía mostrar, cosa que no intentó, que su actividad no se encontraba alcanzada por la regla general, cuya validez no muestra comprometida. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Daños y perjuicios, indemnización, daño moral, concubinato
Materia: CIVIL
Carátula: SUÁREZ,  Isolina  Teresa c/ AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA CENTRAL S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-17

Del voto de la mayoría (Dr. Galmarini y Dra. Pérez Pardo): El reconocimiento del daño moral de la concubina por la muerte de su pareja -con quien conformaba un verdadero grupo familiar con un hijo menor- se impone, más allá de la valla impuesta por el art. 1078 del Código Civil, ya que debe declararse inconstitucional en este punto, que se fundamenta en la violación en la garantía de rango superior de la reparación integral como consecuencia del escollo que implica la aplicación del art. 1078 del Código Civil. Sumase a ello que también se violenta el principio de igualdad ante la ley, el que discrimina injustamente a quienes sufren indirectamente en su espíritu, frente a la amplia legitimación de los damnificados indirectos en sus intereses patrimoniales. La legitimación para el reclamo se debe interpretar con flexibilidad a quien pariente o no, pueda invocar un dolor real y profundo por el daño ocasionado a la víctima directa. Es por ello que debe analizarse cada caso particular y otorgar esta indemnización cuando existe un daño cierto. (Sumario N°20247 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Competencia criminal, competencia por el territorio, lugar del hecho, defraudación, abogados
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Kaltakian, Roberto Dicson s/ denuncia estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-01

Si se denuncia haber entregado a un abogado, a su requerimiento, diversas sumas de dinero en concepto de gastos para un juicio que nunca fue promovido, es competente el juez del lugar de la oficina del profesional, donde tuvieron lugar las tratativas y los pagos consecuentes.
Inconstitucionalidad, código civil, daño moral, hermanos, reparación integral, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Contreras Mamani, Gregorio y otros c/ Muñoz, Cristian Edgardo y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-24

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil y en consecuencia otorgar una indemnización en concepto de daño moral al hermano de la víctima de un accidente de tránsito, pues el derecho a la reparación integral del daño injustamente sufrido reviste jerarquía constitucional y la aplicación lisa y llana al caso del derecho positivo vigente conduce al extremo de desconocer el explicable dolor de quien también ha visto zozobrar su patrimonio espiritual, con clara afectación de los valores de paz, seguridad y tranquilidad.
Veteranos de guerra, subsidio para excombatientes, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Clara,  Luis  Juan  Bartolomé  y  otros c/ Est. Nac. - M° de Des.Soc.  y  Med.  Amb.  - Com. Nac. Pen. Asis. s/ personal militar ycivil de las FF.AA. y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que denegó la incorporación al haber de los beneficiarios de la pensión de guerra para ex combatientes de Malvinas -ley 24.652- del complemento previsto en el decreto 2000/91 y la asignación del decreto 628/92, pues éstos deben considerarse como parte del "sueldo y regas" y, en consecuencia, forman parte de la remuneración computable para liquidar la pensión de guerra otorgada por la ley indicada.
Concubinato, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: C., V. s/ Recurso de Apelación contra Resolución Nº 001256/2008 del I. de S. S. y S.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-08-27

La demostración del requisito de la cohabitación en el concubinato puede efectuarse a través de cualquier medio de prueba, y a tal fin "son admisibles las partidas o certificados de matrimonio extranjero, pólizas de seguro, contratos de vivienda donde quede demostrado el mismo domicilio del causante y la peticionaria, documentos de identidad, pasaporte, padrón electoral, escrituras públicas, tarjetas de crédito, facturas de servicios públicos u otros documentos similares".
Contratos, juicio de desalojo, locación, comodato, condominio, traba de la litis
Materia: CIVIL
Carátula: Bonet, Amalia c/ Miqueri, David Miguel s/ desalojo (oralidad)
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2023-06-23

La actora demanda el desalojo del bien a su condómino, es decir, en este juicio, un condómino intenta desalojar a otro titular del mismo derecho, entonces, esta acción no constituye la vía adecuada conforme a la naturaleza de la pretensión. El contrato de arrendamiento, base de la presente acción no solo se encuentra vencido, sino que ha existido la voluntad y notificación expresa de la parte arrendadora de concluir con el mismo. Por lo tanto finalizado el mismo, cada parte solo ostenta su carácter de condómino. Así, no cabe calificar al demandado como arrendatario, y en todo caso, las diferencias entre los condóminos deben ser ventiladas en el proceso que corresponda. (Del voto del Dr. Curatola)
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, agentes diplomáticos, cónsules, contrato de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: Sotomayor Solar, Jaime Demetrio c/ Consulado General de Chile s/ laboral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31

No es de la competencia originaria de la Corte el juicio contra un cónsul general de un estado extranjero por cobro de preaviso, aguinaldo, vacaciones e indemnización (art. 95 de la ley 21.297) seguido por quien desempeñara tareas administrativas en la representación diplomática, siendo la causa de la conclusión de la relación laboral el levantamiento definitivo de la sede diplomática, por lo que no se encuentra en juego la responsabilidad individual del diplomático, sino la del Estado que representa.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, acta de secuestro, nulidad procesal, firma de testigos, declaración testimonial
Materia: PENAL
Carátula: CHAMORRO TURIEL s/ ACTA DE SECUESTRO    ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-03

1) Es válida el acta de secuestro de estupefacientes firmada por los preventores y testigos del acto, sin que la contradicción existente entre lo allí dicho y el testimonio de los testigos le haga perder valor. En el caso, la policía entra con orden de allanamiento, encuentra la droga, siendo esto visto por los testigos; no existiendo un nexo causal, entre la irregularidad y la base de la acusación, porque la demostración de la existencia de la droga, no está controvertida en autos.

2) Los tipos penales de la ley son precisos, y cuando se habla de comerciar, implica, por lo menos, la existencia de una tercera persona, que compre el producto, o en el caso de entrega, que exista prueba de que hay otra persona a quien se le dio la droga; no siendo éste el caso de autos, ya que lo que se encontró fue el montaje para vender: una balanza, un molinillo de café y 57 sobres de papel plateado que contenían diversas cantidades de clorhidrato de cocaína; pero no hay terceros, ni hay prueba de su existencia.

La conducta descripta si bien no encuentra adecuación en la figura de comercio de estupefacientes, sí encuadra en la norma del art. 6 de la ley 20.771, dado que la tenencia no es para consumo personal, imponiéndose la pena de 2 años de prisión de efectivo cumplimiento y multa de 500 australes.
Robo calificado, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: González, Luis Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24

No es necesario demostrar la ofensividad del arma de fuego a los efectos de la configuración de la calificante prevista en el art. 166 inc. 2 del Código Penal. (Minoría u opinión personal).
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, competencia, Municipalidad, personal municipal, indemnización, seguros, asegurador, citación en garantía
Materia: PROCESAL
Carátula: Vanni, Margarita María Mansilla de y Vanni, Edgardo Mario c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 83-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-17

A partir de la causa "Miño", la Corte local ha distinguido y escindido la indemnización contemplada por el inciso g) del artículo 23 de la ley 9286 y el seguro colectivo que, eventualmente, pueda cubrir el mismo riesgo cuando resulta que la contratación del aludido seguro origina un descuento en los haberes del actor que sería quien abona la prima por intermedio de su empleadora, no habiéndose demostrado que ésta, al menos, haya concurrido en el pago de aquélla, ni que, en tal caso, lo haya hecho con expresa imputación a la indemnización mencionada. A su vez, a partir de la causa "Muñoz", por mayoría, el Tribunal ha declarado su incompetencia para entender en los reclamos inspirados en el inciso g) del artículo 23, criterio temporalmente limitado en "Ascona" por aplicación de la doctrina fijada por el Máximo Tribunal nacional en la causa "Tellez", único supuesto en que, conforme la aplicación de la jurisprudencia anteriormente citada, podría la Corte provincial ser competente para oír tal reclamo. En la especie, se reclama contra la Municipalidad de Santa Fe como contratante o tomadora el cobro del seguro colectivo, sin que pueda inferirse de las constancias de autos que se pretenda la indemnización por incapacidad de la ley 9286. De lo expuesto surge que asiste razón a la citada en garantía en cuanto a que no es éste el Tribunal competente para dirimir la contienda; y ello, sin perjuicio de que el recurrente, si se creyere asistido por el derecho, reclame o haya reclamado, por la vía que corresponda, la indemnización de la cesantía por incapacidad inculposa contemplada en el Estatuto para el Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe. Habrá de hacerse, entonces, lugar a la excepción de incompetencia articulada en cuanto la acción intentada no resulta de aquéllas que habilitan la competencia de la Corte local (artículo 93, Constitución Provincial).
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: G., B.E. c/ Provincia del Chubut y Otro s/ Daños y Perjuicios -Sumario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-02-21

Si bien se ha dicho que en materia de perención los presupuestos erigidos por la ley han de interpretarse restrictivamente, cuando existen dudas sobre el cumplimiento del plazo, pero no cuando, como en el caso, la perención aparece claramente configurada.
Contratos, rescisión del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Solino, Jorge c/ Carbone, Blanca Gladys s/ Consignación de llaves rescisión red de precio. etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

Si en tiempos anteriores a la decisión resolutoria el locatario no pidió la disminución proporcional del alquiler, ni tampoco ajustó su conducta a lo prescripto por el art. 518 del CC (reteniendo de los arriendos las sumas necesarias para ejecutar por si los arreglos) y, en cambio, con posterioridad mediante un acto de propia autoridad extinguió el contrato, no puede luego volver sobre lo pasado y pretender un reajuste del precio locativo correspondiente a los períodos anteriores a su decisión resolutoria.