Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-06-23


Expte. Nº 6476 "ORTIZ, José Antonio c/ MAPFRE Argentina A.R.T. S.A. - Apelación de Sentencia s/ Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a veintitrés días del mes de junio del año dos mil quince, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia que según ha sido integrada para entender en esta causa, doctores Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de examinar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en fecha dieciocho de marzo del año dos mil quince en autos Nº 9619 (23833) caratulados: "Ortiz, José Antonio C/ MAPFRE Argentina ART S.A. s/ apelación de sentencia".---------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO: --- --- En decisión adoptada por mayoría, el tribunal de alzada acoge la apelación de la demandada. Como consecuencia, revoca la parte de la sentencia de primera instancia que, para actualizar la indemnización por incapacidad (art. 14 inc. 2º, ley 24.557), dispuso aplicar al caso el denominado "índice RIPTE" (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), índice establecido en el artículo 17 inciso 6º de la ley 26.773.------------ --- El voto mayoritario funda de esta manera su decisión: comienza señalando que el accidente que ha dado motivo al juicio ocurrió el día 7 de agosto de 2007, mientras que las mejoras pretendidas por el trabajador a consecuencia de las modificaciones introducidas en la Ley de Riesgos del Trabajo por la ley 26.773 entraron en vigencia recién el 26 de octubre de 2012. Dicho ello, e interpretando el inciso 5º del artículo 17 de la ley 26.773, juzga que la ART tiene razón cuando afirma que las prestaciones introducidas por la citada normativa resultan aplicables a partir de la entrada en vigencia y "siempre que la primera manifestación invalidante se hubiese producido a partir de esa fecha". Agrega el voto que, si bien el inciso 6º del mismo artículo habilita el ajuste de las prestaciones dinerarias conforme un índice de actualización anterior a la entrada en vigencia de la ley, ello no implica reconocer que la norma tenga carácter retroactivo.---- --- En abono de esta postura, el voto remite a una decisión anterior de la misma Sala, también adoptada por mayoría, en la causa "Ortiz, Miguel Ángel c/ MAPFRE Argentina ART" (26/2/2015), cuyo fundamentos son:----- --- A) Que aplicar la ley 26.773 al caso de autos resulta contrario al artículo 3 del Código Civil en cuanto la retroactividad no fue establecida expresamente por el legislador y ello es condición para que resulte operativa. Esto así, en cuanto la irretroactividad del sistema es regla (art. 17, inc. 5º de la ley 26.773).-- --- B) Que la fecha de entrada en vigencia del índice RIPTE no resulta dudosa, sumado a que la hipótesis de la retroactividad atenta contra el principio de seguridad jurídica y el derecho de propiedad. Que el inciso 6° del mismo artículo sólo contempla la forma en que se deben ajustar los importes de las reparaciones previstas en la ley, pero el ajuste está sujeto a la cláusula de vigencia que emana del inciso 5º, esto es, que la primera manifestación invalidante hubiese ocurrido a partir de la entrada en vigencia de la reforma.------ --- C) Que, conforme jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ("Martín c/ MAPFRE S.A." del 20/2/2014), no corresponde aplicar las modificaciones introducidas por ley 26.773 a contingencias cuya primera manifestación invalidante fuese anterior a la entrada en vigencia de la ley. Los fundamentos de ese fallo, que el voto mayoritario dice compartir son: a) Que la única cláusula de vigencia de la nueva ley está plasmada en el inciso 5º del artículo 17 de la ley 26.773, mientras que el inciso 6º es una norma de transición que regula el mecanismo de ajuste; b) que el artículo 3 del Código Civil sólo autoriza la retroactividad para el supuesto de "relaciones y situaciones jurídicas existentes", pero el pago es un modo de extinción de las obligaciones que no encuadra en aquella previsión legal; c) que la vigencia de un régimen legal está dada por el momento en que se reúnen todos los factores que condicionan el nacimiento de la relación jurídica y esta ley la ligó a la "primera manifestación invalidante" (art. 17, inc. 5º); d) que no resulta válido el argumento de la desigualdad entre quienes tuvieron la primera manifestación antes o después de la entrada en vigencia de la ley porque, en todo caso, el trato desigual sucede siempre que acontece un cambio legislativo; e) que esta postura se encuentra avalada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Calderón c/ Asociart ART SA s/ Accidente, del 29/4/2014; "Aguilar c/ Provincia ART s/ Acc. Ley 9688 y Escudero c/ Orando y Massera S.A., del 28/5/1991).---------------------------------- --- D) Prosigue el voto: para el supuesto de que se interprete que el inciso 6º dispone aplicación retroactiva del índice RIPTE, ello resultaría contrario al artículo 3 del Código Civil en tanto la retroactividad estaría afectando el derecho de propiedad del demandado, al obligarlo a abonar una reparación que ya estaba consumada en el tiempo.-------------- --- E) Que el actor y el demandado tenían incorporada a su patrimonio la prerrogativa legal para ejercer la pretensión y defenderse al modo previsto antes de la sanción de la ley 26.773, puesto que el accidente y la determinación de la incapacidad ya se habían producido. Que una interpretación contraria llevaría a desconocer el derecho de propiedad, abriendo caminos para que nuevas leyes modifiquen rubros y montos fijados por la legislación laboral.------------------------ --- F) Que, en el caso, no resulta operativo el principio in dubio pro operario, ya que no existe colisión normativa ni dudas fundadas acerca de la ley aplicable.----------------------------- --- G) Que no se viola el derecho de igualdad, en tanto la ley otorga igual trato a todos los trabajadores que se encuentran en la misma situación del actor; tampoco se transgrede el principio de "reparación integral", puesto que el acreedor ha obtenido el derecho a que se le apliquen intereses moratorios, rubro que cubre la indisposición del capital y también la desvalorización monetaria.--------------------- --- Por último, el voto de la mayoría considera que se crearía un caos interpretativo si la ley nueva se aplica hacia el pasado cuando sea más favorable al trabajador pero no, cuando lo perjudique.-------------- --- El actor da inicio a su impugnación indicando las finalidades que persigue con la interposición del recurso de inconstitucionalidad. En primer lugar, pretende la revocación de la sentencia de la alzada en cuanto, al hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionada, negó la aplicación del índice RIPTE (arts. 8 y 17 inciso 6º de la ley 26.773). Expresa que la sentencia afecta sus derechos de defensa y propiedad, ya que no está suficientemente fundada. En segundo lugar, pide que se declare la inconstitucionalidad del decreto nacional 472/2014, el cual, señala, ha modificado el texto del artículo 17 inciso 6º de la ley 26.773.-------------------- --- En primer lugar, el actor expone los argumentos por los cuales pretende que se declare la inconstitucionalidad del decreto 472.----------- --- Comienza diciendo que el artículo 17 del decreto en cuestión ha sido dictado en un claro exceso reglamentario por parte del Poder Ejecutivo Nacional (art. 99 inciso 2º y 28 de la Constitución Nacional), al limitar la aplicación del índice RIPTE a los pisos indemnizatorios y a los adicionales de pago único, modificando el texto del artículo 17 inciso 6º primer párrafo de la ley 26.773. Afirma que esta restricción termina por excluir las indemnizaciones por incapacidad parcial permanente del ámbito de aplicación de la ley, y que ello carece de toda razonabilidad pues se deja sin protección a un gran universo de incapacidades que se ven afectadas por una economía altamente inflacionaria.- --- La recurrente agrega que luego de los fuertes reproches jurisprudenciales por el congelamiento de las indemnizaciones por incapacidad permanente definitiva y, teniendo en cuenta la etapa inflacionaria que afronta el país, la 26.773 buscó completar la labor iniciada por decreto nacional 1694/2009, el cual había reconocido el ajuste exclusivamente para las incapacidades laborales temporarias y permanentes provisorias (art. 208, LCT), aunque omitiendo el tratamiento de las incapacidades permanentes definitivas. El recurrente concluye que, bajo el pretexto de reglamentar la ley, el artículo 17 del decreto nacional 472/2014 ha torcido la voluntad que el legislador manifestó en el artículo 8 de la ley 26.773. Dice que esta normativa, con un claro sentido protectorio, viene a consagrar la aplicación del índice RIPTE para las indemnizaciones tarifadas de los trabajadores, sin distinción alguna, en vistas a evitar la licuación de sus derechos por efecto de la inflación. Añade que la limitación impuesta a la ley importa una autocontradicción de parte del Poder Ejecutivo, en claro provecho de las ART, que verán aligeradas sus responsabilidades.------------------ --- Para finalizar, afirma que la facultad de reglamentar las leyes no puede ser ejercida por el Presidente de la Nación en forma ilimitada (art. 99 inc. 2º, Const. Nacional), y que tampoco puede alterarse el espíritu de la norma so pretexto de crear excepciones reglamentarias. Destaca que el reglamento de ejecución está jerárquicamente subordinado a la ley y limitado por el principio de razonabilidad (art. 28, CN).----------- --- Seguidamente, el actor expone los fundamentos del recurso de inconstitucionalidad que encuadra en la causal del inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275 (hoy, ley 59-O) y que funda en la violación a su derecho de defensa.----------------------- --- Comienza agraviándose de la consideración de la alzada según la cual el índice RIPTE no resultaría aplicable al caso por violar el principio de irretroactividad de las leyes, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad. Sostiene que los sentenciantes confunden los "efectos inmediatos de la ley" con el "principio de la irretroactividad". Con apoyo en la opinión de Borda, dice que la nueva ley debe aplicarse con la mayor extensión posible y producir efectos de inmediato en tanto se supone mejor y más justa que la anterior.----------------------- --- En segundo lugar, y haciendo suyos los fundamentos del dictamen del Fiscal General de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, expresa que aplicar el régimen de ajuste semestral prescripto por los artículos 8 y 17 inciso 6° de la ley 26.773 (RIPTE) no importa alterar la responsabilidad de la demandada. Ello, en tanto se trata de un sistema de actualización monetaria que, por tanto, es de innegable aplicación inmediata (cf. Fallos: 294:434; 301:319). Advierte que el dictamen fiscal alude a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa "Camusso") en la que se estableció que la repotenciación no altera la responsabilidad del deudor haciéndola más onerosa ya que sólo trata de mantener la vigencia del crédito el que, de otro modo, quedaría vacuo de contenido por el mero transcurso del tiempo. Sostiene que, al dictar la ley 26.773, el legislador quiso expresamente proteger a los trabajadores incapacitados, exceptuándolos de los alcances de las leyes 23.928 y 25.561. En suma: que el índice RIPTE no altera la tarifa ni modifica el derecho sustancial, sólo potencia números devaluados.----- --- La recurrente agrega que el legislador recurrió al modo verbal imperativo ("se ajustarán") y no al indicativo con participio ("serán ajustadas"). Dice que esta redacción denota que se pretendió una aplicación inmediata a todos los casos de indemnizaciones no canceladas; que los legisladores aludieron a la importancia de consagrar una fórmula de actualización para las indemnizaciones por incapacidad.--------- --- A continuación, sostiene que no caben dudas de que corresponde aplicar inmediatamente la ley laboral más beneficiosa. Sostiene que no resulta relevante determinar si un derecho ha sido adquirido, sino si un hecho se ha cumplido bajo el amparo de la ley precedente. En apoyo de su tesis, invoca jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Camusso" (21/7/76) y "Arcuri Rojas" (3/11/2009) entre otros (Fallos, 308:116 y 883; 310:995; 312:2250 y 316:2054), según los cuales la nueva legislación puede aplicarse a casos regidos por regímenes anteriores a la entrada en vigencia. Refiere que, en esos fallos, la Corte ha invocado la finalidad protectora de las disposiciones que regulan el régimen de la seguridad social, objetivo que conduce a la aplicación de la norma más favorable conforme el principio de progresividad.-- --- Para concluir, la actora expresa que la legislación sobre accidentes de trabajo se inserta en el Sistema de Seguridad Social, a modo de un subsistema; con lo que resulta manifiestamente contradictorio que la norma más beneficiosa termine sin aplicarse a siniestros ocurridos antes de su sanción; que ello importaría discriminar entre quienes sufrieron un siniestro antes o después de la entrada en vigencia de la nueva ley. Destaca que la seguridad social mira la "contingencia", esto es, el "daño", no el "hecho dañoso".---------------------- --- Tras exponer los antecedentes del recurso planteado, paso a examinar su admisibilidad formal.---------- --- Aclaro que comenzaré por analizar la impugnación encuadrada en el inciso 3º del artículo 11 de la ley 59-O. Ello así, ya que por esta vía el recurrente pretende que se revoque el fallo de la alzada en vistas a que se dicte un nuevo pronunciamiento que disponga la aplicación de la ley 26.773 y, como consecuencia de ello, que se actualice su indemnización por incapacidad conforme el índice RIPTE. Pues bien, desestimar dicha impugnación implicaría dejar firme el fallo en cuanto dispuso que la ley 26.773 es inaplicable. En tal hipótesis, resultaría inocuo pronunciarse sobre la admisibilidad del planteo de inconstitucionalidad del decreto 472/2014 que vino a reglamentar la ley.--- --- En lo pertinente a dicha causal, considero que no se evidencia apartamiento de las constancias de la causa, violación del principio de congruencia ni tampoco carencia de fundamentación jurídica. En los párrafos que siguen he de extenderme sobre este punto.----------- --- Comienzo por destacar que el voto mayoritario considera no aplicable al caso el denominado índice RIPTE. Ello, en función de una larga serie de fundamentos que he resumido al comienzo de mi voto. Esta fundamentación evidencia la improcedencia de los agravios de la recurrente, porque todo cuanto se refiera a la interpretación y/o aplicación de las normas de fondo que definen la relación sustantiva del juicio es materia atinente al recurso de casación, tal como establece el artículo 15 de la citada ley 59-O; y por lo tanto está excluido del ámbito del recurso de inconstitucionalidad (PRE S.1ª 1992 I, 194).---- --- La arbitrariedad no se configura por la errónea interpretación de una norma legal sustantiva. Se exige que el fallo no sea "derivación razonada del derecho vigente", lo que implica que el vicio, que puede ser de razonamiento, de interpretación o de fundamentación, debe ser palmario, evidente, notorio (PRE S.2ª 1990-I-97). Por el contrario, la simple discrepancia en la interpretación del derecho aplicado para la definición de la relación sustantiva no implica agravio al derecho de defensa sino, en todo caso, un motivo para la queja casatoria. Por lo tanto, queda descartada la arbitrariedad cuando el a quo funda su posición respecto de la aplicación o interpretación de la norma. Incluso si se discrepa con el criterio expuesto en el fallo, el hecho de que se hayan dado fundamentos suficientes para sustentarlo torna inviable el recurso de inconstitucionalidad.---------------- --- Siendo inadmisible la impugnación encaminada mediante el inciso 3º del artículo 11 de la ley 59-O, resulta innecesario -según lo adelantado- abordar el planteo de inconstitucionalidad del decreto nacional 472/2014.------------------- --- Por ello, voto por desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad.--------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA, JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL DIJERON: ---------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.----------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante Mi: Andrés de Cara Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

DF-6476 PRE S 2º 2015-II-353.