Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-17


------ En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 17 días del mes de Junio del año dos mil nueve, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia de su titular, Dr. Fernando S. L. Royer para dictar sentencia en los autos caratulados: "V., R. A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa (Expte. Nº 20.310 - V - 2005)" y atento lo dispuesto por la Acordada Nº 3204/00 conc. 3202, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. CANEO, ROYER y PASUTTI, ----------------- ------ Acto seguido se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la demanda? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.--------------------------------------- ------ A la primera cuestión el Dr. CANEO dijo:------------------------------ ------ I.- El Sr. R. A. V., cumplió servicios en la Provincia del Chubut, en la Dirección General de X., Ministerio de Coordinación de Gabinete hasta su renuncia a partir del 1 de Junio de 2006 para acogerse al Beneficio de la Jubilación Ordinaria según surge de la copia certificada de la Resolución N° V - 113 de ese Ministerio, que obra (sin foliar) en su Legajo Personal.-------------------- ------ Viene a este juicio, pretendiendo que le sean reintegrados los importes que dice fueron "ilegítimamente descontados" de sus haberes /// -que sujeta a prueba- previa declaración de nulidad de la Resolución N° V-87/04 de aquel Ministerio que desestimó la misma petición en la sede administrativa, y del Decreto N° 2160/04 que rechazó el Recurso Extraordinario de Revisión que contra aquélla intentara, confirmándola en todos sus términos.---------------------------- ------ Relata que como consecuencia de un proceso de alimentos, por Oficio Ley Nº 22.172 del 11 de Mayo de 1.990 (luego se verá que éste no es el primero, sino uno del 6 de Marzo de 1990), dirigido al Gerente General de la Dirección de Prensa y librado en autos "P., I. Ú. c/ V., R. A. s/ Alimentos" (Expte. Nº 22.773/III/89) de trámite ante el Juzgado Civil Nº 3 de General Roca, Provincia de Río Negro, se ordenó ".retenga de los haberes que percibe en esa firma el demandado, Sr. R. A. V., en un 40% de sus sueldos con más las asignaciones familiares que perciba.".-------------------------------------- ------ Que por Oficio Ley Nº 22.172 del 22 de Febrero de 1.999, librado en esos mismos autos, se ordenó al Director de X. modificar la cuota alimentaria dispuesta con anterioridad de este modo: ".en lo sucesivo, deberá modificarse el descuento de haberes, oportunamente dispuesto en la causa, con respecto al empleado de esa empresa Sr. R. A. V.. . En su mérito deberá proceder: 1) Al levantamiento del embargo de haberes trabado con anterioridad. 2) En lo sucesivo, procederá a trabar embargo sobre el 15% del sueldo con más las asignaciones familiares que el demandado percibe por el hijo R. F. V.."--------------------- ------ Afirma el actor, que del texto de sendos oficios surge claramente que el embargo se debía trabar sobre los haberes netos, y que esto significa sobre los efectivamente percibidos, una vez /// deducidos los descuentos de ley, con más asignaciones familiares.- ------ Señala que esta última no fue la interpretación de la Administración, que procedió a efectuar -erróneamente- dice, la retención sobre los "haberes brutos", incluyendo los descuentos de ley y las asignaciones familiares.- Entiende que se ha "desdibujado" en exceso el monto salarial porque el embargo se practicó sobre el total devengado por todo concepto, reteniendo íntegramente dichas asignaciones.--------------------- ------ Acusa que de esta manera se contrarió la orden judicial contenida en ambos oficios, como asimismo, el art. 23 de la Ley Nacional Nº 24.714 y el art. 18 de la Ley Provincial Nº 5.206 que disponen la inembargabilidad de las asignaciones familiares.- Tilda este proceder de la Administración de confiscatorio y violatorio de los arts. 14 bis, 17 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.------------------------------------- ------ Como consecuencia de otro proceso de alimentos -continúa- seguido en su contra, recibió el Director de X. el Oficio Ley Nº 22.172 del 4 de Junio de 2.001, librado en autos "P., I. U. c/ V., R. A. s/ Alimentos" (Expte. Nº 205-I-99) de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de General Roca, Provincia de Río Negro, que ordenó un nuevo embargo que se sumó al anteriormente dispuesto -explica- según la siguiente manda: ".deberá trabar embargo sobre el 10% de los haberes netos que percibe el demandado V. R. A..".------------- ///--- Arguye el accionante que así como en este último oficio se establece que la cuota alimentaria debía calcularse "sobre los haberes netos", en idénticos términos se habían librado los anteriores a los que se refirió, al disponer que el embargo debía trabarse "sobre los haberes percibidos", noción "similar" que no deja dudas -manifiesta- "de que debió realizarse el descuento sobre los haberes netos".- Aduna jurisprudencia de la Cámara Nacional Civil de Capital Federal en el sentido de que, fijada la cuota alimentaria en un porcentaje de los ingresos del obligado, se deben tomar como base los ingresos netos, entendiendo por tales aquellos que resultan de deducir de las entradas brutas las sumas correspondientes a los descuentos obligatorios de ley; y que la razonabilidad de esta solución se encuentra en que tales descuentos obligatorios corresponden a cargas sociales que cubren no sólo al accionado sino también a todo el grupo familiar.- Porque -cita- si al dictarse la sentencia se expresó que el accionado debería abonar a la actora en concepto de alimentos una cuota equivalente a "un porcentaje de los haberes que percibe", resulta inequívoco el término aplicado por cuanto a través del mismo se hace referencia a los haberes que se reciben como "salario de bolsillo".------------------------------------ ------ Narra el actor que hizo notar el "gravísimo y lesivo error de interpretación" de los mentados Oficios a la Administración "y la indebida retención" de parte de sus haberes efectuando diversos reclamos verbales y escritos, intentando por todos los medios evitar la instancia judicial -aduce- hasta que, por Resolución N° V-87/04, el Ministro de Coordinación de Gabinete hizo lugar parcialmente a su petición, reconociendo que se había realizado incorrectamente el cálculo de la cuota alimentaria sobre los haberes brutos cuando correspondía sobre los haberes netos; pero sólo por el período comprendido entre (el 4 de) Junio de 2.001 hasta Julio de 2.002.- Habiendo recurrido la decisión -menciona- fue confirmada en todos sus términos por el Poder Ejecutivo mediante Dto. N° 2160/04.--------- ///--- Afirma que la nulidad absoluta de estos actos administrativos resulta, por una parte, de la contradicción que observa entre sus fundamentos y el resolutorio.- Así, porque, por un lado, se reconoce que se practicó incorrectamente el descuento de la cuota alimentaria sobre los haberes brutos cuando en realidad correspondía sobre los netos "según las claras órdenes judiciales (y aunque éstas no aclarasen, cómo correctamente debía efectuarse)" - expresa- desde Junio de 2001 a Julio de 2002 y por otro, no se hizo lugar al reclamo por el restante período que reclamaba "desde Septiembre de 1990 a la fecha" cuando los descuentos se efectuaron de idéntica manera.--------------------------- ------ Y además, se incluyeron en la base del cálculo las Asignaciones Familiares ("que no son haberes") contrariando "en forma palmaria" el texto de los oficios judiciales y la normativa precitada.--------------------- ------ Luego de estimar aplicable el art. 1037 CC, y las normas civiles sobre nulidad -cita fallos- afirmará que los actos que impugna adolecen de falta de motivación suficiente y arbitrariedad al resultar manifiestamente contradictorios los considerandos y la parte resolutiva de los mismos.-------------- ------ Finalmente funda en derecho, ofrece prueba y realiza petitorio de estilo.- ------ II.- A fs. 233/241 vta. contesta la acción la Provincia del Chubut.- Niega que de los Oficios transcriptos por el actor surja claramente que el embargo debiera realizarse sobre los haberes netos, es decir, efectivamente percibidos menos descuentos de ley con más /// asignaciones familiares; que la Administración interpretara erróneamente los textos; que estos Oficios -del 11/5/90 y 22/2/99- hayan sido librados en términos similares al de fecha 4/6/01; que la jurisprudencia citada resulte de aplicación al caso del actor; la existencia de "claras órdenes judiciales"; la nulidad de los actos atacados y las transgresiones legales que se le atribuyen.------------------ ------ Manifiesta luego, que los hechos no difieren de los expuestos en la demanda, quedando la controversia reservada a una "absurda pretensión resarcitoria" porque el actor no se atreve a definir bajo qué concepto o rubro formula su reclamo en la litis.----------------------------- ------ Aduce que el accionante ve anfibología donde no existe ni atisbos.- Le critica que intente la nulidad absoluta de los actos administrativos que opugna, cuando por dieciséis años los órganos del Estado Provincial han tomado razón y ejecutado mandas judiciales de extraña jurisdicción, contenidas en una serie de oficios, acatándolas regular y legítimamente.- También, que pretenda de la Provincia la restitución integral de montos que por dichos oficios se ordenaron depositar e ingresaron, durante más de tres lustros, a la cuenta de manutención de los menores alimentados.- Destaca que fue por compulsión que se ordenaron los controvertidos descuentos, por propia inobservancia del actor a sus deberes paterno filiales, para el caso, alimentos.----------- ------ Asegura que no se retuvieron indebidamente parte de los haberes del actor como afirma.------------------ ------ Se explaya sobre el contenido de los Oficios Ley N° 22.172 provenientes del Juzgado Letrado en lo Civil Nº 3 de General Roca, Provincia de Río Negro, librados en autos "P., I. U. c/ V., R. A. s/ Alimentos" (Expte. Nº 22.773-II-/// 1989), el 6 de Marzo de 1.990 -reiteratorio de uno similar del 1 de Diciembre de 1989, aclara- y el 22 de Febrero de 1.999.-------------------- ------ Manifiesta que una vez recibidos los Oficios -por la Dirección de Prensa y por el Director de X.- por intermedio del Departamento Sueldos de la Dirección de Despacho y Personal de la Dirección General de Administración de Personal, se procedió a ejecutar la manda contenida en tales rogatorias sin que cupiera hacer distinción entre "haberes brutos o netos" y -resalta- sin que el Sr. V. ni el Juzgado oficiante efectuaran observación alguna respecto de la forma en que se ejecutaba cada medida.--------- ------ Recalca que la Administración ejecutó "textual y cabalmente" lo dispuesto por el Juez oficiante -transcribe cada orden.-------------------- ------ En relación con la recibida en 1999, por un lado, el Director de X. -oficiado- remitió la Nota Nº 38/99 -del 3/03/99 - al Dpto. Sueldos de la Dirección de Personal, para hacer efectiva la orden, y por Nota N° 138/99-D.G.P.A. -del 13/07/99- este Departamento informó al Magistrado oficiante acerca del cumplimiento de la manda, sin "puntualización" alguna del Juez rionegrino acerca de la forma de ejecutarse la medida. Obran tales notas a fs. 10 y 9 del Expte. Adm. - N° 03702, respectivamente.------------ ------ Que así aconteció -recuerda- por casi 9 años y 5 meses, cuenta desde el primero, y por más de 2 años o 27 meses desde el segundo, hasta que se recibió un nuevo Oficio Ley N° 22.172 proveniente del Juzgado Letrado en lo Civil y Comercial Nº 1 de General Roca, Provincia /// de Río Negro, librados en autos "P., I. U. c/V., R. A. s/ Alimentos" (Expte. Nº 205-I-99), el 4 de Junio de 2.001.------------- ------ Recién en este último Oficio, perteneciente a otra causa -aclara-, se empleó el concepto o la fórmula de "haberes netos".- Y esta variación motivó que el Depto. Personal y sueldos remitiera al Juez una Nota - N° 152/01- a fin de solicitarle aclaración sobre el porcentaje a retener, preguntando si los autos que se indicaban en el Oficio pertenecían a la misma causa que los anteriores, si eran independientes.a fin de obrar en consecuencia, respondiendo el Juzgado que debía adicionarse éste nuevo al embargo ya trabado por ser independientes los porcentajes.---- ------ Diferenciando la manda judicial contenida en este último Oficio de 2001, de las anteriores, niega que se libraran en idénticos términos y afirma que el único error cometido por el organismo administrativo fue el de continuar la retención sobre los "haberes brutos" cuando la rogatoria mencionaba "haberes netos".----------------- ------ Y relata que el 11/7/02 se recepciona otro Oficio que ratifica que el embargo debe trabarse sobre "haberes netos", y a partir de allí la Administración comienza a deducir el porcentual sobre ellos.------------- ------ Que asimismo, en mérito a Dictámenes del Director General de Administración de Personal, y de la Asesora Letrada, se determina que correspondía la devolución mal descontada desde el 4/06/01 hasta el 11/06/02.----- ------ A instancias de ello -dice- el Ministro de Coordinación de Gabinete dicta la Resolución Nº V-87 haciendo lugar parcialmente al reclamo del actor, y frente a un Recurso de Revisión intentado por éste, pese a que el mismo no encuadraba en el art. 118 del Dto. Ley Nº 920, /// aplicando el principio de informalidad se dio trato al mismo.- Habiendo la Asesoría General de Gobierno ratificado la inteligencia de la resolución controvertida, se dicta el Dto. Nº 2160/04 que rechaza la revisión y confirma la Resolución aludida.----------------------------------- ------ Defendiendo la actuación regular de la Administración, en el punto III-3, la Provincia insistirá en que los Oficios del 11 de Mayo de 1.990 y del 22 de Febrero de 1.999, provenientes del mismo Juzgado, "carecían de toda especificación" acerca de si el embargo dispuesto habría de ejecutarse sobre los haberes brutos o sobre los haberes netos del actor.- Y frente a dicha hipótesis -justifica- el Departamento Sueldos retuvo los porcentajes sobre los haberes brutos, descontado el seguro, la obra social y demás deducciones, más las asignaciones familiares y contrariamente a lo que aduce el quejoso, la doctrina y la jurisprudencia son unánimes en cuanto a los rubros sujetos al descuento, tal como se detallaron".------------------ ------ A continuación de este párrafo y respecto a tal procedimiento de descuento arguye que "no existe acto o constancia alguna del propio Juzgado oficiante que receptaba los descuentos en la forma que se efectuaba -dice- o a instancias de V. que abonen la intentona de éste.------------------------ ------ Cuando el Juez tuvo que diferenciar -argumenta - lo hizo, y ello fue en el Oficio del 4 de Junio de 2.001 proveniente de otra causa y Juzgado al ordenar trabar embargo "sobre el 10% de los haberes netos" y se procedió a liquidar los montos en la forma especificada luego de la aclaratoria del Juez emisor de la manda, aclaración que se produce a /// requisitoria del Departamento Sueldos -Nota 1527/01, cita- por otro Oficio Ley 22.172 del 11 de Julio de 2.002 librado en el Expte. Nº 205-I-1999, ratificando que el embargo debía trabarse sobre el 10% de los "haberes netos", y debía adicionarse al trabado antes por ser independientes ambos porcentajes.--- ------ Así, el único error - que califica de "abstracto"- y que la propia Administración se encargó de remediar, "en el ejercicio de sus potestades" -aduce-, ordenando restituir al actor las diferencias por los períodos mal descontados, fue el cometido al continuar practicando la retención sobre los haberes brutos, cuando en la última rogatoria del 4 de Junio de 2.001 se mencionaba expresamente que debía efectuarse sobre los haberes netos.---------------- ------ De este modo -concluye- cumplió cabalmente -la Administración- su obligación legal como lo preceptúa el Código Civil, observando los términos de la norma adjetiva en toda su extensión.------------------------ ------ Transcribe la primera parte del art. 1071 y el art. 399 del CPCC.- En las "conclusiones" a fs. 239 vta. insiste con ese argumento.------------ ------ Respecto a la nulidad "absoluta" de dichos actos administrativos solicitada por la contraparte, estima "abominable" la tacha de violación genérica a normas de diferentes standards sin aportar elementos que permitan avizorar su pretensión.- Critica la distinción que el actor efectúa entre actos nulos y anulables basada en si el vicio es manifiesto o no.- Aduce que no surge de la demanda cuál sería la causal... que no indica de qué manera habrá de corroborarse en el marco del "juzgamiento" la existencia de ostensibles irregularidades.- Refiere que la Corte Suprema ha declarado que dicha nulidad es absoluta vinculándola a alguno de los elementos esenciales del acto administrativo...cuando el acto lesiona el interés público... cuando dicho /// acto contravenga las respectivas normas de competencia, objeto, finalidad y formas de que se halla revestido... pero que no se aprecia en el escrito promocional crítica, invocación o alusión a contravenciones como las citadas.- Se apoya en el leading case "Ganadera Los Lagos".--- ------ En su Conclusión insistirá en que se obró con absoluta legitimidad y razonabilidad, en especial el Departamento Sueldos; que se embargó cumpliendo una obligación legal y en los plazos de la ley adjetiva - art. 1.071 CC y 399 CPCC-; que el Juzgado oficiante durante más de once años jamás efectuó observación alguna sobre la forma de ejecutarse el descuento; y el propio V. "nunca obtuvo en el tribunal una declaración que controvirtiera el marco en el que se ejecutaba la medida".------ ------ Finalmente opone la prescripción quinquenal -apoyándose en el art. 4.027 inc. 3° del Código Civil y en jurisprudencia de este Cuerpo- frente a todo reclamo que se pretenda anterior al 22 de Noviembre de 2.000, tomando la fecha de presentación de la demanda: 22 de Noviembre de 2.005.- Hace reserva del caso federal, funda en derecho, ofrece prueba y efectúa petitorio de estilo.----------------------------------- ------ III.- Contesta el actor el traslado de esa excepción -y de la documental- a fs. 243/245 vta..-------- ------ Rechaza la primera, sosteniendo que habiendo demandado en esta acción la nulidad absoluta de actos administrativos, la misma resulta imprescriptible, por resultar, los atacados -Resolución N° V-87/04-MCG del 27 de mayo de 2.004 y Dto. N° 2160 dictado el 29 de /// Noviembre de 2.004- repugnantes al orden público.- Aduna jurisprudencia.--------------------------- ------ Subsidiariamente -se interpreta- para el caso de que este Cuerpo considere que la acción está sujeta a un plazo de prescripción, aduce que no puede ser otro que el decenal establecido en el 4.023 CC y de ninguna manera el quinquenal previsto en el 4027 inc. 3° del mismo ordenamiento como pretende la demandada.- Entiende que en consideración del carácter alimentario que tienen los haberes, cualquier duda que pudiera existir en la aplicación de diferentes normas debe resolverse por la aplicación de la más favorable al trabajador -se funda en el art. 14 bis CN y art. 9 LCT.- Añade que por principio general del Derecho Civil, debe ser restrictiva la interpretación de normas relativas a plazos prescriptos, que no se puede recurrir a la analogía o aplicarlas a situaciones no contempladas expresamente, y en caso de duda ha de preferirse la más favorable a la subsistencia del derecho.- Concluye en que debe prevaler la aplicación de aquella primera norma -se apoya en jurisprudencia que se funda en el art. 4023 CC en casos de reclamos de diferencias haberes devengados en una relación de empleo público.------ ------ Arguye además que nunca dejó de hacer valer su derecho, que por el contrario, "reclamó largamente por el mismo" interrumpiéndose los plazos de prescripción en varias oportunidades.- Alude a reclamos verbales como los escritos "de 1999, 2002, etc. que surgen de la documentación acompañada", cuestión que -dice- torna inviable la excepción opuesta al no haber transcurrido los plazos exigidos por ley.-- ------ En orden a la documental, advierte que la demandada, pese a la intimación cursada, no acompañó la totalidad de los recibos de haberes -(se constata que no acompañó ninguno, cargo de fs. 241 vta.).- Pide que, atento que resulta verosímil su existencia y contenido, en la /// sentencia se haga efectiva la presunción en contra de la accionada, en los términos del art. 388 del CPCC. ------ Al respecto cumple aclarar que en tanto el actor solicitó que se intimara a acompañar estos últimos bajo apercibimiento del 388 del CPCC, más no indicó fechas, por providencia de fs. 222 en mi carácter de Presidente del Cuerpo ordené que precisara el período.- A fs. 223 dijo "desde el año 1.988 hasta mayo de 2.002".- A fs. 224 se le requirió aclaración nuevamente, atento que esta individualización no se correspondía con el objeto reclamado.- Finalmente a fs. 225 lo hizo, manifestando que "corresponde al período que data desde el mes de Mayo de 1990 al mes de Mayo de 2.002 inclusive".- A todo evento, pese a la intimación efectuada a fs. 226, la Provincia no acompañó ningún recibo ni dio razones de ello.----------- ------ IV.- La prueba es documental, consistente en Exptes. Administrativos N° 3702/04-MCG (original), N° 2652/01-SGG (copia certificada) y N° 2271/02-SGG (copia certificada); legajo personal y los recibos de haberes que el actor acompañó a la demanda que datan de Julio de 1989 a Junio de 2.004 -incompletos.- Absolución de posiciones - de la demandada a fs. 283 y del actor a fs. 323 y vta. y Pericial Contable a fs. 295/311 -que no ha sido observada.---------------- ------ V.- ANÁLISIS.------------------- ------ 1.- Estima el Sr. R. V. , que la Provincia del Chubut, de la que fuera dependiente, aplicó erróneamente -por exceso- sobre su remuneración, Oficios judiciales que ordenaron deducciones /// por cuota alimentaria.- Ello provocó -sostiene- una "indebida retención de sus haberes" formulando reclamos en la sede administrativa con adverso resultado.- Acude entonces al pleito, solicitando la declaración de nulidad de los actos que rechazaran sus reclamos, y en plena jurisdicción, el "reintegro de los montos indebidamente retenidos" (punto IV - 4 del petitorio).-------------------- ------ 2.- Conviene establecer primero los hechos, a fin de precisar adecuadamente esta pretensión, que desde ya ha decirse que -como lo adelanta la Provincia- adolece de deficiencia técnica en la delimitación de su objeto, a punto de partida de que no puede haber "reintegro" de lo que la Administración empleadora no retuvo para sí, sino que depositó -para otros- a la orden de un Juez Oficiante.-------------------------------- ------ Ni aún fue claro el actor en los tiempos, pues el Tribunal debió ordenarle individualizar el período por el cual reclamaba como documental en poder de la contraria recibos de haberes, manifestando -a fs. 225- que correspondían -los solicitados- "al período que data desde el mes de Mayo de 1990 al mes de Mayo de 2.002 inclusive".- Sin embargo, en su demanda y al ofrecer prueba pericial refiere a la remuneración percibida desde "Septiembre de 1990 hasta la fecha." (fs. 259 vta.).----- ------ Así es, que atendiendo a los argumentos de la acción, y al ofrecimiento de prueba del accionante, estableceré desde ya, que el aludido "reintegro" demandado -conjuntamente con la nulidad de los actos que se lo denegaron- sobre cuya procedencia o no oportunamente me pronunciaré, se aplica al período que corre desde Septiembre de 1990 a Mayo de 2002 por las retenciones ordenadas en el Expte. Judicial Nº 22.773/89 de 40% y 15% sucesivamente sobre haberes "que percibe" -sin discriminar, según relataré a continuación, más Asignaciones Familiares.--------------- ///--- Pues bien, la prueba aportada da cuenta de las actuaciones administrativas seguidas a los efectos del cumplimiento de estas mandas judiciales que recibió la Provincia, que le ordenaban deducciones de los haberes del actor en ciertos porcentajes -que fueron variando- en concepto de cuota alimentaria.- Se trata de Oficios Ley Nº 22.172 de 1990, 1999, 2001 y 2002.--- ------ Data del año 2.004 el Expte. Administrativo N° 3702 caratulado: "E/ Nota N° 351/04 adj. actuaciones ref. Recurso de Revisión- V. , R." seguidas ante la Asesoría General de Gobierno, que se formaron con motivo de esa impugnación que intentó el actor en Julio de 2004 (fs. 34 refoliado); a éste se agregó el Expte. N° 2652/2001 caratulado: "LU 90 X., NOTA N° 165. V. , R.-OFICIO N° 22.172".- Obran aquí en forma desordenada, aquellos Oficios y algunas notas de pase de distintas reparticiones que intervinieron en el trámite en aquellos años y dos peticiones previas del actor -del año 1997 y 2003.- Esta última presentación determinó que se dictase uno de los actos administrativos que viene a impugnar en esta demanda, cual es la Resolución N° V-87 del 27 de Mayo de 2004 (fs. 1/2); contra ésta se interpone la Revisión que culmina con el Decreto N° 2160 del 29 de Noviembre de 2004, que lo desestima.----------------- ------ Aclaro que además tengo a la vista el Expte. N° 2652/01, mas sólo contiene copia del Oficio del 4/06/01, agregado en aquél y su envío a la Secretaría General de la Gobernación; y el Nº 2271/01-SGG, que sólo contiene el Oficio del 11 de Julio de 2.002 y un envío de similar tenor.- /// En consecuencia el análisis lo centraré en aquél Nº 3702, a cuya foliatura me iré remitiendo.------------ ------ Para una más clara exposición de la forma en que se practicaron las retenciones, aún teniendo en cuenta que el período al que se aplica la demanda es el que corre desde Septiembre de 1990 a Mayo de 2002 consideraré el total de antecedentes y seguiré el orden dado por la Pericia Contable rendida en autos, en la que el experto discrimina tres períodos de acuerdo a la variación sufrida en el porcentaje de deducción de la cuota alimentaria.- No sin aclarar que el Perito ha realizado su labor tomando los recibos de haberes acompañados en la demanda, que van desde Julio de 1989 a Junio de 2.004; mas no están todos los comprendidos en aquél.- Y si bien cuando ello se pone de manifiesto, la actora solicitó la aplicación del art. 388 CPCC, la presunción puede favorecerle sobre el hecho del descuento mismo.mas no sobre su quantum, lo que necesariamente debió ser objeto de prueba si viene pretendiendo "reintegro".- Pero esto habrá de discernirse más adelante, si fuera necesario.------------ ------ 2.1.- Continuando con los tiempos determinados por la experticia, un primer período es el que se origina con el Oficio Directo Ley Nº 22.172, librado el 6 de marzo de 1990, cuya copia corre agregada a fs. 19/20 vta. del Expte. Administrativo, con dos fechas de recepción -3 y 16 de Julio de ese año- ilegible en qué oficina.- El mismo se dirige al Gerente General de la Dirección de Prensa en Rawson, aclarando que es reiteratorio de uno anterior del 1/12/89 -no ha sido aportado a la causa- en el cual se solicitara "las retenciones de haberes de los sueldos que percibe el Sr. R. A. V., empleado de esa firma, en un 40% con más asignaciones familiares u otras que perciba, o que por ley le correspondan, depositándolas por ante el Banco de la Provincia de Río Negro, sucursal General Roca (atento el domicilio de la actora) a la orden de este Juzgado y como /// perteneciente a estos autos"-caratulados "P., I. U. c/ V., R. A. s/ Alimentos" (Expte. Nº 22.773/III/89) de trámite ante el Juzgado Civil Nº 3 de General Roca, Provincia de Río Negro.----------------- ------ 2.2.- El 11 de mayo por un nuevo Oficio Ley N° 22.172 (fs. 35/36), librado en esos mismos autos y con igual destinatario, se ordenó ".retenga de los haberes que percibe en esa firma el demandado, Sr. R. A. V., en un 40% de sus sueldos con más las asignaciones familiares que perciba, o de cualquier otro tipo que por ley le correspondan, y deposite los mismos ante el Banco de la Provincia de Río Negro, sucursal General Roca, a la orden de la suscripta y como perteneciente a estos autos".------------- ------ 2.3.- A fs. 15 del Legajo Personal del actor obra Memorando N° 46 producido por la Dirección General de Prensa y Ceremonial de la Secretaría General de la Gobernación de fecha 20 de Marzo de 1990 -dirigido a la Dirección General de Recursos Materiales de esa Secretaría.- Se manifiesta adjuntar requerimientos de los Tribunales de Río Negro solicitando retenciones de los haberes del agente V. e informes sobre los ingresos.- Se advierte no haber tenido información anterior sobre el particular.- Sólo está agregado copia del Oficio del 11 de Mayo de 1990 que describí, a fs. 14.------------ ------ En el Anexo II de la Pericia Contable -fs. 300/303- consta que en este primer período, se han tomado los haberes de Septiembre de 1990 -tal como lo pidió el actor al demandar y ofrecer la prueba y he puesto de manifiesto en el primer párrafo de este punto del análisis.- A /// más no constan en autos recibos anteriores que contengan retención de cuota alimentaria (de los aportados, el de Febrero de 1990 es el más cercano y no la consigna).- Decía desde Septiembre de 1990 y hasta Enero de 1999, discriminándose en diferentes columnas los montos de la remuneración bruta, remuneración neta, asignaciones pagadas, descuento de asignaciones, la cuota alimentaria y se explica la "base de retención".---- ------ 2.4.- A este primer período corresponde la más antigua presentación del actor, con cargo de recepción del 21/04/97 y bajo el título "SOLICITA REVISIÓN POR CUOTA ALIMENTARIA", que en copia luce a fs. 26 del Expte. Adm., acompañada por V. en su presentación del 11/06/03, en la foja anterior.- Peticionaba en ella que se revisase la metodología de descuento de la cuota alimentaria que se le efectuaba; aludió a lo ordenado en el Oficio del 6 de marzo de 1990 y dijo que se debían efectuar retenciones por cuota alimentaria del 40% de sus haberes netos; y que luego de mucho tiempo, al hacer los cálculos correspondientes sobre sus recibos de haberes observó que los descuentos se efectuaban sobre sus haberes brutos.- Pidió que se rectificase el error y se efectuasen los descuentos que corresponden.---- ------ 2.5.- Un segundo período es el que comienza con el Oficio del 22 de Febrero de 1.999, librado en aquel mismo Expte. Nº 22.773/III/89 (fs. 12 y vta. Expte. Adm.).- Allí se ordenó al Director de X. modificar el porcentaje de la cuota alimentaria antes dispuesta.- Reza el mismo: ".en lo sucesivo, deberá modificarse el descuento de haberes, oportunamente dispuesto en la causa, con respecto al empleado de esa empresa Sr. R. A. V.. En su mérito deberá proceder: 1) Al levantamiento del embargo de haberes trabado con anterioridad. 2) En lo sucesivo, procederá a trabar embargo sobre el 15% del sueldo con más las asignaciones familiares que el demandado percibe por el hijo R. /// F. V. ."- Se transcribió la parte resolutiva de la decisión judicial: "Hacer lugar a lo solicitado por el Sr. R. A. V. y en consecuencia reducir la cuota alimentaria, fijándola exclusivamente a favor del hijo R. F. V. en el 15 % del sueldo que percibe el alimentante con más la suma que por asignaciones familiares percibe por dicho hijo".----------------- ------ 2.6.- Por Nota N° 138/99 del Departamento Sueldos de la Dirección de Despacho y Personal (agregada a fs. 18 Expte. Adm.) del 13 de Julio de 1.999, se comunicó al Juez Oficiante que se había comenzado con la reducción de la cuota alimentaria en el 15% por el hijo R. F. V., con más las asignaciones familiares correspondientes.----------- ------ 2.7.- Hay un tercer período: el 26 de julio de 1999 el Defensor General, desde General Roca (fs. 17 Expte. Adm.), le solicitó al Gerente de X. que le informase sobre los haberes que percibe el Sr. R. V. como empleado de esa empresa televisiva, categoría, sueldo y demás remuneraciones, debiendo acompañarse el último recibo de haberes.- Se alude a lo ordenado por el Juzgado Civil, Comercial y Minería N° 1 de General Roca, Provincia de Río Negro en otra causa caratulada: "P., I. U. c/ V., R. A. s/ Alimentos" (Expte. Nº 205-I-99).---------------------- ------ En el mismo Expte. Administrativo el 5 de Agosto de 1999, por Nota N° 179/99 el Director General de X. eleva ese requerimiento al Director General de Administración de Personal (fs. 16); el 29 de /// Septiembre siguiente, por Nota N° 214/99-DGC7 se reiteró (fs. 14); finalmente por Nota N° 170/99-DDyP (fs. 13) respondió el Departamento Sueldos a dicho Defensor General de General Roca, detalle de la liquidación de haberes que percibe V. .- Constan haberes con aportes y sin aportes de Agosto de 1999.------------ ------ 2.8.- En este nuevo juicio -caratulado con los nombres de las mismas partes, pero de trámite ante otro Juzgado de General Roca- se libró el Oficio Ley Nº 22.172 del 4 de Junio de 2.001 (agregado a fs. 5 de este mismo Expte. Adm. que vengo citando).- Se ordenó en él otra retención de cuota alimentaria, que se sumó a la anteriormente dispuesta, según la manda del Juez del 14 de Mayo de 2001: ".trábese embargo sobre el 10% de los haberes netos que percibe el demandado V. R. A.", ordenando depositarlos del 1 al 10 de cada mes . a la orden del Tribunal y como perteneciente a esos autos, en la cuenta N° 61748-67, bajo apercibimiento del art. 399 del CPCC que se transcribe al pie.----- ------ 2.9.-El Jefe del Departamento Sueldos el 16 de Agosto de 2.001 (fs. 7 Expte. Adm.) solicitó al Juez que aclarase "el porcentaje a retener en los autos caratulados P....c/ V. ...s/ Alimentos Expte. N° 205-I-99. Si dichos autos son pertenecientes a la misma causa que se tramita por Expte. N ° 22.773/89 ante el Juzgado N° 3 a cargo de la Dra. Silvia BERNOCCHI.- Ello por cuanto no surge de la documentación consignada si este Departamento de Sueldos debe adicionar, reemplazar, descontar uno de otro, o si pertenecen a causas individuales y se debe respetar independientemente ambos porcentajes".- Se agregó: "La aclaratoria despejará la duda manifestada y es indispensable para deslindar responsabilidades administrativas respectivas".---- ///--- 2.10.-El 28 de Agosto de 2.001 (fs. 6 Expte. Adm.) se libró en este segundo Expte. N° 205-I-99 otro Oficio Ley Nº 22.172, suscripto por el Defensor General en el cual se transcribió nuevamente lo ordenado el 14 de mayo de 2001: "téngase presente el bien denunciado y trábese embargo sobre el mismo a cuyo fin ofíciese... al X. de Televisión de Rawson... haciéndole saber que deberá trabar embargo sobre el 10% de los haberes netos que percibe el demandado V. ... y depositarlos...en el Banco... a la orden del Tribunal..., bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 399 del CPCC" -se transcribe la norma.------- ------ 2.11.-En el Mismo Expediente judicial, el 11 de Julio de 2.002 (fs. 21 Expte. Adm.) se libró otro Oficio Ley Nº 22.172 firmado por la Secretaria, en el que se transcribió lo ordenado el 18 de junio de 2001: "...a los fines peticionados líbrese Oficio Ley 22172, se le hace sabe que el embargo que debe trabar sobre el 10% de los haberes netos que percibe el demandado V. ... y depositarlos...en el Banco... a la orden del Tribunal..., bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 399 del CPC . es por cuota alimentaria que se le ha fijado a la Señora P. I. U., por lo que se debe adicionar al embargo que ya se encuentra trabado de los haberes, pues son independientes ambos porcentajes".- Se transcribe además una providencia del 18 de junio de 2002: para la transferencia de los fondos. se hace saber que el patrocinio letrado está a cargo del Defensor General de Roca y su teléfono.------------------------------------- ------ 2.12.-El 5 de Junio de 2.003 (fs. 25 Expte. Adm.) en una segunda petición el actor solicita que "se me realicen los ajustes /// correspondientes en los descuentos efectuados en concepto de cuota alimentaria, desde hace más de diez años y en razón de que los mismos se me han realizado sobre los haberes brutos cuando de acuerdo a los oficios que obran en vuestro poder, correspondía hacerlo sobre haberes netos".- Manifestó además que este reclamo tenía varios antecedentes, tanto verbales como escritos, dijo adjuntar el del 21/04/97 - obra en la foja siguiente- y que nunca había recibido respuesta.----- ------ 2.13.- A fs. 27 por Nota 174/04-DDyP, el Jefe de Departamento Sueldos remite el reclamo a la Asesora Legal de la Dirección General de Administración de Personal. Pone en su conocimiento que "a la fecha y conforme lo establecido por Oficio Ley N° 22.172 de fecha 11 de Julio de 2.002, al agente mencionado se le está reteniendo el 10% de los haberes netos y el 15% de los haberes con más asignaciones familiares".- No es muy claro lo que agrega: "conforme al Oficio de fecha 22 de febrero de 1999 autos "Precedo..." Expte. 22.773-III-89; porcentaje que se está realizando sobre los haberes netos que el mismo percibe en forma mensual acotando así mismo que el oficio no dice haber neto y/ o deducido descuentos de ley".-------------------------------- ------ 2.14.- A fs. 28/29 -en copias a fs. 44/45, originariamente fs. 15/16- se agregó el Dictamen N° 99-DGAL/04 suscripto por esa Asesora Legal y por el Director General de Administración de Personal.- Reseñó los antecedentes.- Dijo que en el primer juicio de alimentos, Expte. 22.773-III-89, en los Oficios en ningún caso se especificó si la retención debía hacerse sobre los haberes brutos o netos.- Entendió que la retención del 10% de los haberes netos recién se había ordenado en el Oficio del 4 de Junio de 2001 -librado en el Expte. N° 205-I-99, agregó- que debió efectuarse desde esa fecha y no desde el 2.002; que correspondía hacer la devolución al demandado de la diferencia por ese período (indicará luego 4 de Junio de 2001 hasta el 2.002).-------------- ///--- Se dijo además en este dictamen, que "el descuento debe realizarse sobre los haberes brutos descontando el seguro, obra social y demás descuentos de ley, más las asignaciones familiares", y que "si el oficio no aclara sobre qué rubro debe trabarse el embargo, el mismo debe realizarse sobre los haberes brutos, con la especificación ya apuntada".- Sin embargo, concluyó en que no correspondía hacer lugar a lo reclamado por V. - recuérdese, de efectuar la retención sobre haberes netos- al no estar especificado sobre qué rubro debía recaer el embargo. que el Depto. Sueldos lo hizo bien sobre los haberes brutos... Agregó que no era atribuible a la Administración responsabilidad en ese sentido, por cuanto había obrado de acuerdo a los términos de lo ordenado en el oficio -y remite al del 6 de Marzo de 1990.----------------------------------- ------ 2.15.- El 27 de Mayo de 2004 dictó el Ministro de Coordinación de Gabinete la Resolución N° V-87/04 (fs. 1/2 Expte. N° 3702/04).- Sus considerados aluden a los reclamos del actor, se refieren los antecedentes discriminando los Oficios librados en cada juicio de alimentos; se expresó, respecto de los emitidos en Expte. N° 22.773-III-89, que "en sendos Expedientes (es posible interpretar que quiso aludirse a sendos Oficios), no se especificaba si el embargo debía recaer sobre los haberes brutos o netos.- Que en razón de ello, el Departamento Sueldos... realizaba las retenciones sobre los haberes brutos".- Se sintetizó el Oficio del 22 de febrero de 1999, explicando que se había ordenado para lo sucesivo el embargo sobre el 15% del sueldo, con más las asignaciones familiares que el actor percibe por su hijo R. A. V., disponiéndose la reducción de la cuota alimentaria -que antes era del 40%- fijándola en el 15% del /// sueldo que percibe el agente.- Se consideró que el Departamento Sueldos había tomado razón del Oficio e informado que " a partir de marzo de 1999 comenzó la reducción de la cuota alimentaria (15%) del hijo ya citado, con más las asignaciones familiares".

------ Respecto del Oficio del 4 de junio de 2001 se mencionó haber consultado al Juez Oficiante de General Roca, su aclaración del porcentaje en el Expte. N° 205-I-99, que se había respondido que debía adicionarse al anterior embargo trabado porque eran independientes los porcentajes.-------------------------- ------ Se afirmó que la retención del 10% de los haberes netos se ordenó en el Oficio del 4 de Junio de 2001, por ende debería haberse efectuado sobre los haberes netos a partir de esa fecha y no a partir de 2.002, y que atento ello, correspondía hacer lugar a la devolución al demandado de la diferencia por ese período.------- ------ Se consideró por último que el Organismo Central de Personal se había expedido opinando "que al no estar especificado el carácter de los haberes sobre los que debían recaer embargos, ambos se efectuaron sobre los haberes brutos, no surgiendo responsabilidad alguna atribuible a la Administración Pública por tal omisión".--------------------------- ------ Así se admitió parcialmente el reclamo del actor "en cuanto a los ajustes de los descuentos realizados en concepto de cuota alimentaria, correspondiente a la diferencia entre el diez por ciento (10%) de los haberes brutos y netos, por el período comprendido entre el 4 de junio de 2.001 hasta Julio de 2.002, por lo expuesto en los considerandos que anteceden" (art. 1°), y se ordenó "la devolución de la mencionada /// diferencia, por el Departamento Sueldos de Administración de Personal-Ministerio de Coordinación de Gabinete" (art. 2°).------------- ------ 2.16.- En Julio de 2004 V. interpuso un Recurso de Revisión contra dicha Resolución que encuadró en el art. 118 del Dto. Ley N° 920.- Lo fundó en el error material en que se habría incurrido desde la ejecución del Oficio del 11 de mayo de 1990 en los autos "PRECEDO..." (Expte. N° 2277-III-89) -que vengo citando- por no haber cumplido nunca la primera parte del mismo que transcribe: "...retenga de los haberes que percibe en esa firma del demandado... en un 40% de sus sueldos con más asignaciones familiares que perciba...", ni aún "en el supuesto del acto administrativo que se cuestiona" -dijo.- Sustentó esto último en el significado de la palabra "percibir" según el Diccionario de la Real Academia Española: "recibir una cosa y encargarse de ella".- Entonces -sostuvo- el embargo debía aplicarse sobre el 40% de los sueldos que recibe efectivamente el demandado, porque dicha interpretación es textual y literal -aseguró.- Expuso las siguientes conclusiones: 1) el descuento del 40% del sueldo jamás pudo incluir en su cálculo a las asignaciones familiares.- Señaló que se había aplicado sobre éstas; que se duplicó así el descuento por descontar por una parte las asignaciones familiares y por otra aplicarle a las mismas el 40%, siendo esto último absolutamente indebido.- En 2) dijo que del propio texto del Oficio queda claro que el Juez interviniente distingue dentro de los haberes lo que ese sueldo de lo que es asignación familiar; y mal puede aplicarse el 40% sobre el monto de las asignaciones familiares que no percibe.- En 3) arguyó que si el oficio habla de haberes percibidos, mal puede aplicarse el 40% sobre la totalidad de los haberes brutos; "no existe justificativo alguno para la conducta de la /// Administración".- Adujo que en la Resolución recurrida se omitió considerar de manera literal y gramatical el texto de los oficios judiciales.- Ante tal gravísimo y lesivo error de interpretación solicitó la modificación del acto haciendo lugar íntegramente a su reclamo en esta parte.- Agregó que el error radica en el falso conocimiento que se tiene del texto del Oficio judicial que da origen a los descuentos de la cuota alimentaria, que a partir de tal error surgía su perjuicio.- Solicitó que se hiciera lugar al Recurso modificando el acto cuestionado reconociéndole "la diferencia a mi favor por el monto indebidamente descontado sobre el salario bruto cuando en realidad debió efectuarse sobre el salario neto, y el monto descontado sobre las asignaciones familiares que no correspondía en manera alguna todo desde Septiembre de 1990 hasta la fecha".---------------- ------ 2.17.- A fs. 53/54 se emite el Informe N° 455/04 de la Asesoría General de Gobierno.- Reseña los antecedentes.- Entiende que atento que los oficios del primer Expediente -lo individualiza erróneamente pero puede deducirse a cuál se refiere- carecían de especificación acerca de si la cuota debía calcularse sobre los haberes brutos o netos... el Departamento Sueldos cumplió lo ordenado judicialmente cuando retuvo el 40% del haber bruto con los descuentos de ley que percibe el demandado y luego lo hizo con la reducción al 15% con más las asignaciones familiares.- Remite al Dictamen de fs. 15/16 -refoliado 44/45, Dictamen N° 99/04 de la Dirección General de Administración de Personal, que relaté antes.- Manifiesta la letrada informante que como en el mismo se explica que debe efectuarse el embargo sobre los haberes brutos descontado el seguro, obra social y demás descuentos de ley, más las asignaciones familiares, motivo por el cual (-inexplicablemente-) considera que nada debe objetarse a la Administración que obró con apego a derecho y procedió al cumplimiento estricto de una orden judicial de manera /// inmediata.- Reseña lo resuelto respecto a la devolución de las diferencias correspondientes al Oficio del 4 de Junio de 2001.- En cuanto a las asignaciones familiares que el recurrente manifiesta no haber percibido remite a lo informado a fs. 23 a la Nota N° 465/04 de la Dirección de Despacho y Personal del Ministerio de Coordinación de Gabinete de fecha 23 de Septiembre de 2004.- Concluye que no corresponde hacer lugar al reclamo del Sr. V. , que no hubo error alguno y que no es atribuible responsabilidad a la Administración en este sentido.------- ------ 2.18.- A fs. 52 refoliada (antes fs. 23) obra la Nota N° 465/04 aludida en ese Informe de la Dirección de Despacho y Personal del Ministerio de Coordinación de Gabinete de fecha 23 de Septiembre de 2004, que es la respuesta a la Nota N° 535/04 de esta última Asesora Letrada pidiendo que, respecto de V. se le informe "si dicho agente percibe asignaciones familiares, y en su caso, porqué concepto y desde qué fecha".- A lo que se informó "...percibe a la fecha en forma mensual con sus haberes Asignación Familiar Hijo incapacitado - por M. F.- desde la fecha de nombramiento (02/02/1988)".-------- ------ 2.19.- El 29 de noviembre de 2004 se expidió el Poder Ejecutivo mediante Decreto N° 2160/04 (fs. 57/59) rechazando aquel Recurso de Revisión y confirmando en todos sus términos la Resolución N° V-87/04.- Se reseñaron los fundamentos dados, se estableció que el Recurso estuvo mal calificado porque no se había incurrido en ningún error al dictarse la resolución atacada, no obstante /// -se dijo- aplicando el principio del informalismo a favor del administrado, habría de procederse a su análisis.--------------------------- ------ En los fundamentos de este acto se aludió primero al Dictamen -Informe- N° 455/04-AGG que vengo de sintetizar, en cuanto consideró que el Oficio del 11 de Mayo de 1990 -retención de los haberes que percibe el demandado en un 40% de sus sueldos con más asignaciones familiares- como el Oficio del 22 de febrero de 1999 -trabar embargo sobre el 15% del sueldo con más las asignaciones familiares- pertenecen a la misma causa Expte. N° 22.773-III-89 y que ambos carecen de especificación sobre si el embargo dispuesto judicialmente debía trabarse sobre los haberes brutos o haberes netos del recurrente.- En consecuencia de esto y a falta de especificación expresa, el Departamento Sueldos cumplió lo ordenado judicialmente y retuvo en primer momento -Mayo de 1990- el 40% del haber bruto con los descuentos de ley que percibe el demandado y posteriormente, a partir de la toma de razón del Oficio de 1999, dicho Departamento informó al Juzgado interviniente -Nota N° 138/99-DGAP- que a partir del mes de marzo de 1999 comenzó con la reducción de la cuota alimentaria en un 15% con más las asignaciones familiares que el demandado percibe por el hijo R. F. V..------------------------- ------ Luego, se interpretó que si el Oficio no aclara sobre qué rubro debe trabarse el embargo, el mismo debe efectuarse sobre los haberes brutos descontado el seguro, obra social y demás descuentos de ley, con más las asignaciones familiares, motivo por el cual nada se le debe objetar a la Administración, que obró con apego a derecho y procedió al cumplimiento estricto de una orden judicial de manera inmediata.-------- ///--- Se aclaró que recién en el Oficio del 4 de Junio de 2001 se especificó que debía trabarse el embargo sobre el 10% de los haberes netos; que se consultó al Juez si debía adicionarse al ya trabado o era independiente; y respondió que eran independientes ambos porcentajes.-- ------ Se consideró también que la retención sobre el haber neto se efectuó a partir del 2002 y no a partir del 4 de Junio de 2001 y se procedió a devolver las diferencias entre el 10 % de los haberes brutos y netos por el período 4 de Junio de 2001 hasta Julio de 2002.------------- ------ En cuanto a las asignaciones familiares que el recurrente manifiesta no haber percibido se dijo que debe estarse a lo informado a fs. 23 por la Dirección de Despacho y Personal del Ministerio de Coordinación de Gabinete.------------- ------ Por todas estas consideraciones finalmente se concluye en el Decreto, que no corresponde hacer lugar al reclamo efectuado en virtud de que no ha incurrido en error alguno y que no es atribuible responsabilidad a la Administración en tal sentido y cita el Informe N° 455/04-AGG.

------ 3.- Tales los hechos, habré de delimitar ahora la naturaleza de esta pretensión -bastante atípica- deducida en la causa.------------------------ ------ 3.1.- La misma es, sin dudas -aunque de objeto infrecuente- una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en la que el actor viene a solicitar de esta Sala del Superior Tribunal de Justicia, /// declare la nulidad de dos actos administrativos dictados a su instancia por vía reclamatoria, a los que endilga los vicios de falta de motivación, error de interpretación, arbitrariedad y contradicción entre los considerandos y la parte resolutiva de los mismos.- No hay un ataque particularizado, embatiendo genéricamente contra ambos.---------- ------ A la par -conexo con el objeto y contenido de tales actos- aduce que se contrariaron órdenes judiciales contenidas en Oficios librados en el Expte. Nº 22.773-III-89 (judicial de cuota alimentaria en el que fueron aquéllos librados), como asimismo -argumenta- el art. 23 de la Ley Nacional Nº 24.714 y el art. 18 de la Ley Provincial Nº 5.206 que disponen la inembargabilidad de las asignaciones familiares, tildando este "proceder de la Administración" de confiscatorio y violatorio de los arts. 14 bis, 17 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.---------------- ------ Todo ello, para lograr se condene a la Provincia del Chubut a la "restitución" de las diferencias que resulten entre "los haberes brutos" y los "haberes netos" que le fueran retenidos oportunamente en el período que indica, aduciendo que éstos constituyen la base sobre la cual debía calcularse la cuota alimentaria que se retuvo y no sobre aquéllos.------ ------ 3.2.- La doctrina -sigo a LUQUI- distinguirá entre las pretensiones contencioso-administrativas, las impugnatorias de las que no lo son.- Las segundas, al margen de las teorías "revisoras" o de "juicio al acto" que las inadmiten- tienen fundamento sólo en la ilicitud de un comportamiento administrativo no manifestado en un acto que causa un perjuicio, y en tales casos la declaración de ilicitud de la conducta constituirá el fundamento jurídico de la sentencia para determinar la condena.- Las primeras, tienen por objeto lograr la nulidad de un acto administrativo; mas -dirá el autor- si el actor /// pretende también que se restablezca su derecho conculcado o que se condene a la Administración a reparar el perjuicio producido, la pretensión será además constitutiva o de condena (reparatoria, resarcitoria, etc).- Así es en estos casos, porque estas pretensiones presuponen una impugnación de nulidad, ya que, si no se anula el acto, no procederá ni la reparación, ni el resarcimiento, ni la constitución de una situación jurídica determinada.- (Revisión Judicial de la Actividad Administrativa, Tº 2, pág. 11 y 24).- O sea, adolecerá de lo que el Cuerpo ha caracterizado como falta de jurisdicción en numerosos pronunciamientos.---------------------- ------ Respecto de estas últimas acciones, en S.D. Nº 04/SCA/07 ("Mas...") citaba -concordante- a GARCÍA PULLÉS cuando enseña "cuando se ejerce esta clase de pretensiones, el contenido de la demanda no sólo tiende a la declaración de nulidad o ilegitimidad de un acto o conducta estatal, sino que reclama -como consecuencia de ello- la imposición de una prestación o el reconocimiento de una situación jurídica individualizada a favor del pretensor, sea para restaurar las cosas a su estado anterior o para satisfacer el interés protegido dañado por el acto lesivo, por vía de la condena a pagar una indemnización sustitutiva" (Conf.: "Tratado de lo contencioso administrativo" - Tomo II- Edit. Hammurabi - 2004- pág. 605/606).------------------------ ------ De esta naturaleza es la pretensión deducida en este juicio.- V. intentó en la sede administrativa una reclamación.- La misma tuvo resultado parcialmente positivo.- Y si bien en la porción negativa -o denegada- ya se encontraba con ella habilitada la instancia judicial, ocurrió nuevamente ante la Administración cuestionando esta /// decisión, para otra vez obtener un rechazo.- Debió entonces -como lo hizo- atacar de nulidad estas decisiones; mas en verdad, las mismas no crearon el perjuicio que reclama.- Lo hicieron -antes- comportamientos administrativos que el actor estimó y estima ilícitos.-- ------ Y como lo decía en el mismo fallo citado, no necesariamente la condena que se pretenda en este tipo de acciones debe derivar de los actos que se quieren nulificar.- Se trata -reitero- en el caso de aquellas situaciones en las que la responsabilidad del Estado derivada de conductas dadas en función administrativa, ha sido instada -primero en la sede- por quien se estima lesionado, y de ese modo se obtiene un acto que, presumido legítimo, debe removerse para obtener el resarcimiento pretendido.-------------- ------ De esta suerte, la revisión judicial habrá de alcanzar -autorizada por la plena jurisdicción- a determinar la validez del acto, o los actos -como en el caso- a partir del análisis de las conductas o comportamientos atribuidos como ilícitos, cuya confirmación fue su objeto, y de conformidad con la causas expuestas, con miras al resarcimiento pretendido.- Y esto es lo esencial, porque, como lo expresa LUQUI - la nulidad del acto es el antecedente sustancial de las restantes pretensiones, pero no el único, pues la declaración de nulidad de un acto no lleva aparejada como consecuencia inexorable la procedencia del resarcimiento patrimonial.- Se puede declarar la nulidad de un acto sin que proceda resarcimiento ninguno.- Los presupuestos de la reparación patrimonial pueden ser adicionales a la declaración de nulidad (Ob. Cit.).------------------------- ------ 4.- Aquí he de precisar también, lo que liminarmente esbocé en el punto 1.- La demanda, no es técnicamente saludable y se constriñe a pedir "restitución"...pero sólo devuelve quien retuvo sin derecho...y para sí.- Pero estas sumas -y bien lo señala la demandada- fueron /// depositadas a la orden de un juez en beneficio de personas a quienes V. debía alimentos...---- ------ Si la retención y depósito fueron excesivos y perjudicaron al alimentante, lo que en todo caso debería el autor de aquélla no es restituir, ni devolver, sino resarcir.- Y esta obligación supone responsabilidad del Estado por un proceder irregular, ilícito, ilegítimo en el marco de los arts. 1109, 1112 y concordantes del CC, en ausencia de norma administrativa que la regule.- Responsabilidad que deriva del proceder mismo, violatorio del principio de legalidad -arts. 26 inc. 1 del Dto. Ley Nº 920- con el agravante de haber sido confirmado por actos.-- ------ Para fundar esa responsabilidad, el actor no aporta argumento hábil ninguno.- En lo que refiere a la nulidad de los actos, no distingue entre ellos, aduciendo en lo general una serie de vicios que no funda.- En orden al comportamiento que entiende ilícito, y que debería sustentar la ilegitimidad del objeto del acto y su derecho a ser resarcido, se limita a afirmar que debió ser...de un modo y no del que se hizo (retención sobre netos, no sobre brutos) y aseverando que existen transgresiones genéricas a los arts. 14 bis, 17 CN, Tratados Internacionales en general por alusión al art. 75 inc. 22 CN sin establecer conexión con los hechos que se limita a relatar.- Los vuelca en la demanda, caen en un párrafo y no se sabe más nada de ellos en el resto del escrito, lo cual es manifiestamente inoperante, pues como ya lo he dicho en otros fallos recordando a la Corte Nacional, no hay derecho que no tenga raíz y fuente en la Constitución, y ello determina la ineficacia del argumento.--------------- ///--- LUQUI, dedica un capítulo de la obra que vengo citando a la necesidad de formular una pretensión material de impugnación.- Advierte que el ejercicio de una pretensión impugnatoria supone necesariamente que el agraviado cuestione la legitimidad de un acto o de un comportamiento asimilable, que persiga como efecto de la sentencia su declaración de nulidad, por no ajustarse al orden jurídico.- No basta con manifestar disconformidad o calificarlo dogmáticamente de nulo -señala- debe expresar las razones por las cuales considera que el acto es ilegal.- Se requiere un planteo concreto de nulidad, como pretensión material o sustantiva, el cual no puede ser suplido por el Juez al amparo de la regla iura curia novit, salvo que la cuestión sea de orden público (ob. cit. pág 12/13).- Apoyándose en citas de jurisprudencia de la Corte Nacional y en las palabras del maestro BIELSA recuerda la regla: la demanda. debe fundarse en derecho positivo, en el sentido de que debe indicarse con precisión qué texto legal ha sido vulnerado y cómo se ha lesionado, a la vez, el derecho subjetivo del recurrente.- Alude a la nota 27 bis de pág. 274 y ss. del Tº V de la obra "Derecho Administrativo" de este último autor, en la que se establece que en aquel punto difieren el procedimiento contencioso administrativo con el procesal civil, que en éste basta señalar precisamente los hechos aunque no se determine con precisión el derecho.-------------------- ------ Regla absolutamente incumplida.-------------------------------------- ------ 5.- Huérfana la pretensión de fundamentos serios que impongan su análisis a la jurisdicción, iuria novit curia, he de discernir si los actos que confirmaran la conducta cuestionada, y la conducta misma transgreden o no el principio de legalidad.----------------------------------- ------ 5.1.- He adherido en otros pronunciamientos al criterio adoptado por gran parte de la doctrina, a la que sigue el Dto. Ley N° 920, la Corte /// Nacional y este Tribunal según quedó establecido en fallos anteriores (vg. S.D. N° 17/SCA/97 -conc. CSJN Fallos 308:108, 311:161, S.D. N° 15/SCA/06, 2/SCA/07, 1/SCA/08 entre otros), en el sentido de que para discernir si corresponde o no declarar la invalidez de los actos es necesario examinar sus elementos.- Coincidí con Julio COMADIRA cuando dice "... el examen de la validez del acto administrativo supone siempre un juicio lógico-jurídico de comparación entre el acto, sus elementos y las normas aplicables, y que este juicio implica confrontar las exigencias impuestas por el ordenamiento, en cuanto a los elementos esenciales del acto, con la realidad del acto administrativo emitido".------ ------ Error, arbitrariedad, falta de motivación, contradicción, son los vicios endilgados a los actos aquí comprometidos -como antes dije globalmente para ambos- sin identificar el elemento al cual se aplican: causa, expresión de causa (motivación), objeto, finalidad -tales los que, de estar a los vicios que enuncia, entiende el actor producidos.----------- ------ Definí en S.D. N° 07/SCA/06 la motivación, como la fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración sostiene la legitimidad y oportunidad de su decisión.- Es la expresión de los presupuestos o razones que han inducido a la emisión del acto, esto es, la causa.- Cité jurisprudencia que dice "dejando de lado toda disquisición doctrinaria en torno de la causa, cierto es que ella -entendida como los antecedentes de hecho y de derecho que en cada caso llevan a dictar el acto administrativo, se diferencia de la motivación, en tanto motivo (o causa) es la circunstancia de hecho impuesta por la ley para justificar la emisión del acto y motivación es /// la expresión o constancia de que dicho motivo existe o que concurre en el caso concreto, de lo que se sigue que motivo y motivación no es otra cosa que un aspecto o ingrediente del elemento forma del acto administrativo que tiende a poner de manifiesto la juridicidad del acto emitido, acreditando que, en el caso concurren las circunstancias de hecho o de derecho que justifican su emisión (conf. Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", T. II págs. 295 y sgtes.)" (CNCAF - Sala II, en "Gordillo..." - 8/06/95.-------------------------------- ------ Por otra parte, el objeto del acto, no es sino la materia o contenido sobre el cual se decide, certifica, valora u opina, el que tiene que ser cierto, claro, preciso y posible física y jurídicamente (Conf. DROMI- Ob. Citada- T° 1 - pág. 173).- En mi voto en S.D. Nº 6/SCA/06 y 1/SCA/08, citaba a SESIN, quien nos dice que modernamente no cabe ya hablar de requisitos y control de legitimidad o legalidad de un acto, sino de requisitos y control de juridicidad.- Las primeras expresiones podrían entenderse demasiado "apegadas" a la Ley, y la Administración hoy debe someterse a un contexto mucho más amplio.- De tal manera son elementos que hacen a la juridicidad del acto, la buena fe, la igualdad, la proporcionabilidad, la razonabilidad, el precedente, y sus vicios: la desviación de poder, la falsedad, la ilogicidad manifiesta, el error manifiesto de apreciación, la arbitrariedad, la irrazonabilidad entre otros (Temas de Derecho Administrativo en homenaje al Prof. Dr. Agustín A. Gordillo - Ed. Platense - pág. 153).- Ellas violentan el objeto en idéntica medida a la violación de la Ley .---------------------------------- ------ El contenido del acto administrativo, integrado por la declaración de voluntad, de juicio, de deseo - sostiene ENTRENA CUESTA, aludiendo al elemento objetivo- debe ser ajustado a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, e idóneo para la consecución de los fines que persigue.- El examen de la concurrencia de este requisito deberá basarse la mayoría de las veces en datos metajurídicos -advierte el /// autor- pero la verificación en sí tendrá carácter jurídico, por tratarse de una exigencia de ineludible observancia para la validez del acto (Curso de Derecho Administrativo -13º Edición, Tecnos - pág. 187/189).- CASSAGNE ha de señalar, que la doctrina nacional, fundada principalmente en la normativa que el CC prescribe en materia de actos jurídicos (art. 953) ha estructurado una serie de requisitos cuya ausencia genera la invalidez del acto, los cuales también han tenido reconocimiento en la doctrina comparada.- Así, el objeto o contenido del acto administrativo debe ser lícito, posible, cierto y determinado, razonable, moral.- Añadirá que lo esencial en el objeto es la conformidad con el derecho objetivo, tanto es así que en algunos países como en Francia se denomina violación de la ley al vicio que afecta este elemento (Derecho Administrativo - Abeledo Perrot - Tomo II - pág. 164).

------ Finalmente la razonabilidad supone ausencia de arbitrariedad, y se predica tanto del objeto del acto (ausente si hay contradicción o desproporcionalidad) como de la voluntad psíquica del agente (BUJ MONTERO en la obra colectiva Manual de Derecho Administrativo - FARRANDO MARTÍNEZ y otros - Depalma- pág. 194).- DROMI dirá que hay contradicción cuando el acto explica y fundamenta una solución en los considerandos y adopta la contraria en la parte resolutiva, o cuando enuncia proposiciones o decisiones antitéticas.- Y cuando el administrador prescinde de la sujeción a la ley o a la prueba, o razona falsamente, con lo cual el acto se funda en su sola voluntad, en su capricho o veleidad personal, aparece la arbitrariedad ("El acto administrativo", Estudios de Derecho Público, pág. 57).------------------- ///--- Acudiendo a la iusfilosofía en S.D. Nº 2/SCA/08 ("V....") me refería a lo que LINARES llama "justedad", que no es elemento del acto sino de la razonabilidad: en la ponderación, como razonabilidad en la imputación del consecuente al antecedente, y en la selección como razonabilidad en determinación de la situación existencial antecedente (Fundamentos de Derecho Administrativo - Astrea 1975, pág. 266).---- ------ Conceptos éstos que es cierto, no son unívocos en doctrina, pero que al margen de la teoría, guían y delimitan la revisión judicial.--------- ------ 5.2.- He descripto ambos actos -Resolución y Decreto- en los puntos 2.15 y 2.19.- También las consultas y dictámenes que los precedieran -2.13, 2.17.- que no lucen por su claridad.---------------------- ------ 5.2.1.- El Dto. N° 2160/04 (punto 2.19), resolviendo la revisión que el actor intentó en la sede administrativa en contra de su antecedente, Resolución N° V-87/04 del Ministro de Coordinación de Gabinete en la parte que le denegara su reclamo de ajuste (punto 2.15) , desatiende los hechos y es directamente contradictorio en tanto después de haber dicho que el Departamento Sueldos retuvo el.% de los haberes brutos con los descuentos de ley, y afirmar luego que si el Oficio Judicial no aclara sobre qué rubro debe trabarse el embargo el mismo debe efectuarse sobre los haberes brutos menos descuentos de Ley.añade que entonces nada se le debe objetar a la Administración. y resuelve confirmar la Resolución en la parte que denegaba el primer reclamo.----------- ------ De acuerdo a lo antes expuesto, adolece en consecuencia de vicio fulminante en la motivación, la causa y se traslada al objeto.- La Administración no tomó como base "haberes brutos menos descuentos de ley" -sintetizo el concepto- como dijo que debía ser, sino "haberes /// brutos con descuentos...", como lo exponían los Exptes. Administrativos que el funcionario que dictó dicho acto tuvo a la vista, y antes dijo.---- ------ 5.2.2.- Ello, acarrea la nulidad de este acto, pero.aunque sin confirmar frente a esta nulidad que estimo deberá declararse, subsiste aquella Resolución N° V-87/04 que atendiendo la reclamación del año 2003, reconoció parcialmente el reclamo por el período Junio 2001/Julio 2002, rechazándolo por el reclamado desde Mayo de 1990.- Allí retrotrae la nulidad la situación.-- ------ Y no encuentro en esta decisión, los vicios que el actor pretende.- El mismo expresa motivación suficiente: claramente expone causa, y un análisis que se condice con lo resuelto.- El acto se atuvo a los hechos, analizó las pruebas, fundó la decisión afirmando que al no estar especificado el carácter de los haberes sobre los que debían recaer las retenciones, ambos se efectuaron sobre brutos, no surgiendo responsabilidad atribuible a la Administración.rechazando el reclamo en la parte que viene aquí a demandarse.------------------------------------- ------ 6.- Dije antes, y voy a insistir, en que a partir de que la pretensión es resarcitoria, y ese resarcimiento requerido no deviene de la nulidad de los actos sino del comportamiento administrativo que éstos confirman a raíz de la reclamación del accionante, lo importante es establecer la licitud de su objeto, que es confirmarlo según la causa dada.- Y en estos elementos he de centrar mi análisis, para determinar la validez o invalidez del acto y remover -o no- la presunción de legitimidad que le accede como escollo para atender el acuse de nulidad, /// y establecer a la par, la suerte de la petición de reparación querida por el actor.-- ------ En este orden ha de decirse, que este análisis de hechos y la prueba del juicio dada por la Pericia Contable evidencian que sucesivas actuaciones de la Administración desde 1990, interpretando los Oficios Judiciales antes descriptos, determinaron el quantum de la cuota alimentaria tomando como base los haberes brutos del Sr. V. , entendiendo por tal el total liquidado sin considerar ningún descuento, tal como éste lo manifiesta y la Provincia -en dictámenes consultivos y actos- lo acepta.------------------ ------ Ha quedado acreditado que así se liquidó la cuota desde Septiembre de 1990, y que la Administración reconoció no haber atendido los términos de Oficios Judiciales que mandaron retener sobre haberes netos, desde Junio de 2001 a Julio de 2002, pagando las diferencias.--- ------ Estando entonces a la precisión que dí en 2.- tercer y cuarto párrafos entonces- así se retuvo, sobre haberes brutos, desde Septiembre de 1990 a Mayo de 2002, que es el período reclamado, por los Oficios librados en el Expte. Nº 22.773-III-89.-------------------------- ------ Limitado al mismo, la queja conexa, de que se incorporaron al cálculo con los haberes brutos las Asignaciones Familiares, carece de asidero en los hechos.- Los recibos de haberes aportados dan cuenta que de Septiembre de 1990 a Junio de 1994, al actor no se le liquidaron Asignaciones Familiares y en el Anexo II de la experticia (fs. 300/304) se puede observar -y lo dice el experto- que el porcentaje aplicado al menos desde Marzo de 1992 a Enero de 1999 inclusive, fue del 40% y fue determinado de la siguiente forma: "al importe bruto o remuneración bruta se descuentan /// los importes de asignación familiar y sobre ese total se calcula el 40% para determinar la retención de cuota alimentaria.- Es decir que se descontaron las asignaciones familiares del monto bruto liquidado".- Así, ha de entenderse ello, desde la fecha en que se liquidaron.-------------------- ------ Sintetizando, desde Septiembre de 1990 hasta Marzo de 1992, amén de no liquidarse Asignaciones Familiares, el porcentual fue en algunos meses inferior al 40% fijado por el Juez en el Oficio que librado en Marzo, fue recibido en la Provincia en Julio de 1990, y al librado en Mayo de ese mismo año (descriptos en punto 2.1 y 2.2).------ ------ Desbrozando entonces, es inatinada en su totalidad la queja que trae el actor de inclusión del monto de Asignaciones Familiares en el cálculo del porcentual de cuota fijado judicialmente.- Y sólo -atenta la pretensión- cabe el análisis de la licitud del comportamiento administrativo -confirmado por Resolución Nº V.87/04- que aplica la misma sobre haberes brutos -insisto, considerado tal sin ningún descuento- desde Septiembre de 1990, por afirmar quien acciona que debió serlo sobre netos.----------------- ------ 6.1.- He de establecer -como premisa- que no hay norma expresa provincial o nacional que establezca precisamente las bases de cálculo para aplicar las cuotas alimentarias.- No hay regla que estipule la obligación de tomar una base determinada para imponer el porcentual.- Ha de estarse en cada caso a lo dispuesto por el Juzgador.- Ni aún en los porcentuales rigen para este caso los /// límites de inembargabilidad (véase Dto. Nº 484/87 reglamentario del art. 120 de Ley de Contrato de Trabajo).--------------------------------- ------ Salario "percibido", haberes brutos, haberes netos, son en verdad expresiones cuyo contenido no es de concepción uniforme.- Si se toman algunos de los recibos que arrima el actor a la causa, se verá un rubro "Neto bruto", cuyo contenido puede deducirse, pero que no responde a un concepto definido.------------------- ------ El propio actor es confuso en su pretensión; por una parte -fs. 218- según lo resalté en el punto I afirma que " ... de los Oficios...surge claramente que el embargo debía trabarse sobre los haberes netos, es decir, los efectivamente percibidos, una vez deducidos los descuentos de ley...", más adelante referirá a "salario de bolsillo" al traer jurisprudencia (fs. 218 vta.), y sistemáticamente aludirá a "haberes netos" que fue su requerimiento en la sede administrativa.------------------------------------- ------ Que la estipulación judicial es clara en el sentido indicado -ahora- por el actor, no puede afirmarse.- Ni él mismo atina a desentrañarla si se atienden sus reclamos y -como lo vengo diciendo- la propia demanda.- Puede decirse -como lo afirmara algún órgano consultivo en la causa administrativa- que entender la expresión "sobre los salarios que percibe", como indicativa de "haberes brutos menos descuentos de ley", parece lo más indicado.- Pero no son éstos los haberes netos, porque en estos recibos que trae, "haberes netos" son los que incluyen los descuentos obligatorios y los voluntarios.- Y si bien no es aplicable a la Administración la Ley de Contrato de Trabajo, ello se concilia con el art. 140 de ésta, que al estipular lo que se debe consignar en los recibos de pago, luego del referirse al total bruto, alude a las deducciones no sólo de aportes y obra social sino a todas las /// "autorizadas por esta Ley", que son las varias mencionadas en el art. 131, para luego determinar el "importe neto percibido".--------------- ------ Si se considera que la Ley Provincial Nº 2792, modificada por Leyes Nº 5158 y 5207, admite una serie de deducciones voluntarias, consideradas las cuales se obtiene este importe neto, fácil sería exigir el cálculo sobre el mismo, y luego contrayendo préstamos, deudas mutuales o gremiales o de cooperativas, etc. se podría burlar o al menos minimizar - Por ello, se ha fijado un orden para considerar las cuotas por alimentos, que integran esas deducciones -se ve en los recibos agregados- para obtener el neto.- Mas estas Leyes no indican las bases de retención...

------ Insisto, ninguna norma define uno u otro rubro, ni impone a los servicios administrativos a obrar de determinada manera...- Es el Juez de la causa quien está atribuido para la fijación de las cuotas, su quantum, y si las órdenes no son claras, o se estiman malinterpretadas, quien se sienta perjudicado debe instar esa jurisdicción para obtener una manda que establezca con claridad el método con que ha de ejecutarse.- Véase que en autos se observa que en un Expediente, un Juez determina la misma sobre "sueldos que percibe" (Expte. Judicial Nº 22.773 - Ver puntos 2.1 y 2.5) y en otro, un Juez distinto (ver puntos 2.8, 2.10, 2.11) individualiza "haberes netos".- ------------------------------ ------ 6.2.- A su vez el actor, tal como razona la demandada, por 7 años (su primer reclamo es en Abril de 1997 - ver punto 2.4) no verificó -lo confiesa- y por ende, no se quejó de la forma en que se le retenía...ni ante la Administración, ni ante el Juez Oficiante.- Dejó pasar y /// "despertó" en un momento, para reclamar de la Administración...que no le contestó.- No le importó por varios años, hasta Junio del 2003 - 6 años más...(ver punto 2.12).- A esa fecha ya había ocurrido ante el Juez de la causa, y había solicitado la reducción de cuota (ver Punto 2.5) que se ordenó en 1999, pero, evidentemente, no requirió al Magistrado precisiones sobre la base de cálculo de aquélla.------- ------ Así las cosas, en orden al resarcimiento pretendido, y magüer de la obligación de la Administración de pronunciarse, tal como lo dije en un voto reciente, la posición en que se colocó el actor, si estima le ocasionó perjuicios, me recuerda lo prescripto en la norma del artículo 1111° del Código Civil "el hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna", comentando la cual la doctrina enseña "...es justo que quien causa su propio daño, soporte las consecuencias de su intervención protagónica en el evento nocivo... la víctima no puede quejarse sino de ella misma... Su protagonismo desvincula la relación de causalidad entre el hecho nocivo y los daños sufridos"... (Conc. BUERES- HIGHTON "Código Civil..." Tomo 3ª - Artículos 1066/1116 Obligaciones- Hammurabi 1999 - pág. 417 y 421).- Concordante la Corte Suprema de Justicia Nacional "El hecho que cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad ninguna" ("Odol." - Fallos 304:651).-------------------------- ------ 6.3.- He de considerar también, que se tratan estas retenciones, de cuotas de obligación alimentaria, y la causa fuente (art. 499 CC) de éstas es la ley y como la mayoría de las normas que regulan el derecho de familia, la obligación y el derecho alimentario son de orden público.- La especial protección que brinda la ley, en cuanto impide su embargo, renuncia, transferencia e incompensabilidad, está ordenada a proteger de manera particular, no sólo el interés individual del beneficiario, sino /// de la sociedad en general, pues se verá menoscabada cuando a los individuos les falten los medios necesarios para alcanzar su destino personal, terreno y trascendente (PERRINO, Jorge Oscar, "DERECHO DE FAMILIA", 2006, Lexis Nº 7002/003336, LexisNexis).--------------- ------ El art. 644, párr. 1º, CPCC de la Nación (idéntico el de esta Provincia) dispone: "Cuando en la oportunidad prevista en el art. 639 no se hubiese llegado a un acuerdo, el juez, sin necesidad de petición de parte deberá dictar sentencia. Admitida la pretensión el juez fijará la suma que considere equitativa y la mandará a abonar." Mas esta sentencia no obstante revestir el carácter de definitiva y por tanto ejecutable, no produce efecto de cosa juzgada material sino formal; es esencialmente mutable al compás del cambio de los elementos tenidos en consideración al producir el fallo, ya porque ha mediado una modificación en las necesidades del alimentado, en el caudal del alimentante, lo que puede generar tanto el aumento, la disminución, la cesación o la coparticipación de la prestación. Se persigue con ello que la misma se ajuste más a la realidad, pues sus efectos subsistirán en tanto persista la situación que la motivó (Conc. PERRINO - ob.cit.).----- ------ Comentario del autor que cito, que si bien es aplicado a las normas procesales de Nación y de Provincia de Buenos Aires, es como señalé idéntico en el orden local, y regla común en los distintos Códigos de Procedimiento de Provincias, que otorgan a las partes la posibilidad de formular este tipo de solicitudes en el juicio de alimentos.------------- ///--- Lo que vengo de decir, corrobora lo antes expresado sobre la posibilidad de la ocurrencia del actor ante el Juez de Familia solicitando la precisión del quantum y la base de su cálculo.---------------------------- ------ 6.4.- Analizo asimismo, que la conducta aquiescente del alimentante frente al Juzgado, tuvo otra consecuencia, cual es la de formar convicción y criterio en el magistrado sobre las sumas que constituían la cuota.- Después de admitir por años el cálculo sobre el bruto, el Juez estaba impuesto de las sumas que la constituían, generando también confianza en el alimentado.- Asimismo, cuando el Juez redujo del 40% al 15% la misma, necesariamente hubo de considerar para ello las sumas que se venían reteniendo y aportando.- De este modo, si la Provincia de buenas a primera variaba -según su pedido- la base de cálculo a una inferior, ello importaba reducir la cuota después de 7 años (1997 el primer reclamo) lo que a su vez importaba alterar las sumas que se depositaban ante el Juez de la causa en su concepto, en desmedro de los alimentados.- Y, en el 2003, implicaba variar los elementos que el Juez -único competente- había tenido en consideración para reducirla.---------- ------ Y este es un nuevo razonamiento determinante de la necesidad de que el actor debía acudir al Juez para que formulara con las aclaraciones pertinentes una nueva orden a su empleadora, y a la par, un motivo justificante de la negativa de la Administración para producir la variación, que aunque no esgrimida en el acto, expone su razonabilidad y justedad.--------------- ------ 6.5.- Por todo esto dicho encuentro que el acto -Resolución N° V-87/04 dictada por el Sr. Ministro de Coordinación de Gabinete, en tanto niega el reclamo de reajuste de cuota alimentaria aplicado al período Septiembre 1990/ Mayo de 2001 inclusive, no expone vicios en la causa, /// ni en el objeto, y se ajusta al orden jurídico en el marco del art. 26 inc. 1 del Dto. Ley N° 920.-------------- ------ La causa expresada en la Resolución nulidicha, si bien escueta, importa una elección posible ante la ausencia de norma que imponga determinada conducta.- Pudo decidir según su libre apreciación, interpretando la manda judicial, y en ese marco, por los motivos que he enunciado, lo ha hecho dentro del marco limitado de sus potestades, y de conformidad con la finalidad -que no fue sino satisfacer la orden de retención de una cuota de alimentos, de orden público, y de competencia de fijación y determinación por el Juez de la causa.- El objeto reúne aquéllas condiciones que refiere CASSAGNE y he citado antes: legítimo, cierto, razonable.----- ------ No se benefició la Provincia de ningún modo con esta variable de "haberes brutos" elegida; el "perjuicio" que se denuncia, como lo vengo votando, a todo evento si fuera tal deviene de la conducta misma del accionante, obligado por alimentos, y en definitiva benefició al alimentado.-- ------ Finalmente añadiré, que si bien la Pericia da cuenta de que por determinado período se aplicó un porcentual de cuota mayor que el ordenado, la demanda no alcanza a este rubro.- Ni en el alegato -aunque pudiera considerarse tardío- el actor hizo mérito en ello.- Se limitó siempre a la diferencia en el cálculo entre haber bruto y haber neto, por lo que cualquier pronunciamiento sobre aquello violentaría el principio de congruencia, así como abrir juicio sobre la circunstancia, también expuesta por el Perito, de que alguna orden judicial de /// retención- fuera de éstas que se acusaron mal aplicadas- no fue cumplida.----- ------ Votaré en consecuencia a favor de declarar nulo por contradictorio el Dto. N° 2160/04, sin perjuicio -según los fundamentos que di en el punto 3.1.- de rechazar la demanda de nulidad de la Resolución N° V-87/04 del Ministerio de Coordinación de Gabinete, y el resarcimiento pretendido.--- ------ A la misma cuestión dijo el Dr. ROYER:------------------------------- ------ 1.- Impuesta judicialmente al accionante -por dos diferentes Magistrados- obligación alimentaria en Exptes. tramitados en General Roca, Provincia de Río Negro, se reclama la intervención de la Provincia del Chubut, Dirección de Prensa primero y de X. después, como agente de retención de las cuotas alimentarias que se fijaron en dos causas distintas que tramitaron por Exptes. Nº 22.773-III-89 y 205-I-99.----- ------ Sólo la retención de las ordenadas en el primer juicio citado, son las que motivan la controversia que se trae a este pleito, porque las dispuestas en el segundo, merecieron reconocimiento por la Administración a instancias del reclamo que en el año 2003 procurara el actor.- Fue la Resolución Nº V-87/04 del Ministerio de Coordinación de Gabinete, la que operó ese reconocimiento, a la par que denegó la queja referida a las deducciones que se efectuaran por orden del Juez en aquel primero.--------------------------- ------ Limitada la cuestión a las órdenes libradas en el Expte. mencionado, éstas se emitieron por tres Oficios.- Del 6 de Marzo reiterado el 11 de Mayo de 1990 (fs. 19/20 vta. y 35/36 del Expte. Administrativo Nº 3702/04)- que comenzó a retenerse a partir de /// Septiembre de ese año; luego la cuota se redujo en 1999, disponiéndose embargo de la misma por Oficio del 22 de Febrero (fs. 12 y vta.).- ------ Después de 7 años de venir admitiendo la deducción tal como la efectuara el servicio administrativo, V. solicitó se revisara la "metodología de descuento" por entender que el porcentual de cuota -40% de los "haberes que percibe" la estipulada- debía aplicarse sobre "haberes netos".- Adujo que "luego de mucho tiempo", al hacer los cálculos correspondientes, observó que se venía haciendo sobre "haberes brutos" (fs. 26 -refoliado- Expte. Administrativo Nº 3702/04) y no sobre aquéllos como correspondía.-------------------------- ------ No tuvo respuesta, y así lo manifiesta en una segunda petición que formula en el año 2003.- A esta época, ya había ocurrido ante el Juez y solicitado la reducción de cuota, que le fue admitida fijándola en 15%, y además, -como se dijo antes- otro Juzgado de la localidad había dispuesto otra cuota alimentaria del 10%, con específica aclaración de que debía calcularse sobre "haberes netos", que se sumó a la anterior.- En esta petición (fs. 25 refoliado mismo Expte.), escuetamente, sin aludir a ningún Expediente u Oficio Judicial, solicitó a la Dirección General de Personal, porque ambas cuotas se calculaban sobre "brutos", se realizaran los "ajustes correspondientes".--------------------------------- ------ Arrimados los antecedentes, un dictamen del Director General requerido, que suscribe también una Asesora Letrada, y que como dice el preponente no destaca por claridad, considera admitir parcialmente el reclamo, porque en uno de los Expedientes (el último iniciado), pese /// a la disposición del Juez de aplicar la cuota sobre "netos", la misma se había realizado, hasta Mayo de 2002, sobre "brutos".------------------- ------ Así se dicta la Resolución precitada, que admite parcialmente el reclamo -en el tenor indicado- y lo rechaza con referencia a los Oficios que sólo aluden a "haberes que perciba", sin aclaraciones, esto es, el de Febrero/ Mayo de 1990 y Febrero de 1999.---------------------------------- ------ Contra la decisión intentó un Recurso de Revisión, que atendido por la Provincia fue resuelto por el Ejecutivo, confirmando el rechazo por Dto. Nº 2160/04.------------------- ------ Viene así a esta sede con una acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, solicitando la nulidad de esos dos actos administrativos, a fin de obtener la "restitución" de las diferencias entre lo que efectivamente se retuvo en concepto de cuota alimentaria, y lo que estima debió serle deducido.- Bastante difusa la forma de exponer la pretensión, estima que los Oficios de 1990 y 1999 son claros, que "el embargo debía trabarse sobre haberes netos", que esto es lo que significa "efectivamente percibidos", una vez deducidos, dirá primero, los descuentos de Ley más las Asignaciones Familiares..., ya que -afirma- estas últimas se incluyeron en la base del cálculo incorrectamente.- Después se referirá a "haberes netos" y también, mencionando jurisprudencia, a "salario de bolsillo".------------------------ ------ Como lo hace notar el Dr. CANEO, el período por el que demanda "restitución" no es claro.- Refiere como inicio Septiembre de 1990 y acompaña recibos de haberes hasta Febrero de 2004, pero luego ofrece como prueba en poder de la contraria los recibos sin aclaración ninguna, e intimado a tal fin, menciona Mayo de 1990 a Mayo de 2002.- Así aunque solicita prueba pericial desde Septiembre de 1990 hasta la fecha.y la aplicación del art. 388 CPCC, pues la demandada no trajo /// aquellos recibos al pleito.- Ficción que como dice el Ministro prevotante le será útil al hecho, pero no al quantum, pues se observa que hay rubros variables; aspecto que será de analizar una vez determinada la razón del derecho que reclama.----------------------------- ------ Debo entonces discernir que si deja huérfano de probanza Mayo a Septiembre de 1990 (en la pericial) y Junio de 2002 en adelante (documental), lo específicamente reclamado es la nulidad de la negativa de la Administración de ajustar la deducción, y por ende la "devolución" de lo que dice mal retenido desde Septiembre de 1990 a Junio de 2002.- Así lo he de considerar.-------------------------------------- ------ 2.- No abundaré en los hechos, pues entiendo que se exponen claros a la jurisdicción; que la Administración accionada tomó el total "bruto" para retener la cuota de los Oficios librados en el Expte. N° 22.773- III-89, en ese período, está reconocido y probado.---------------- ------ Así es al margen de la defensa de la Provincia, que no atiende a los términos de los actos cuya legitimidad viene a defender, ya que su afirmación de que se habría calculado correctamente la cuota aplicando el porcentual sobre los "haberes brutos menos descuentos de ley" no se corresponde con los hechos, tal como lo demuestra el informe -no observado- del perito.- Defensa que se completa bien calificando la pretensión como resarcimiento, procurando exponer la ausencia de responsabilidad del Estado Provincial, oponiendo -interpreto como eximentes, aunque no lo plantee de ese modo- el cumplimiento de una obligación legal (art. 1071 CC)- tales las mandas judiciales sucesivas, a través de las liquidación de la cuota alimentaria- y la conducta de /// V. .- Los cuestionamientos básicamente se circunscriben a la cantidad de meses y años que dejó pasar, para recién plantear que estimaba se había liquidado aquélla erróneamente.--------- ------ A mi juicio entonces, en coincidencia con el Ministro preponente, el thema decidendum tal como ha quedado planteada la litis, radica en desentrañar cuál debió ser en el caso la base de cálculo para el descuento de esta cuota, en cuya fijación el Juez ha considerado "haberes percibidos", si "brutos" o "netos", para dilucidar si por haberlo hecho sobre el "bruto" existe responsabilidad de la Provincia del Chubut, y consecuente obligación de resarcir, cuestión que ambos actos atacados -Resolución N° V-87/04 (fs. 1/2 del Expte. Adm. N° 3702/04) y Dto. N° 2160/04 (fs. 57/59 del mismo Expte.), por los motivos que expresan, se ocupan en afirmar que no le es atribuible y nada se le debe objetar.-------------------------- ------ Y esto es lo esencial, porque el propósito del actor es hacerse de esas sumas que dice mal deducidas, por lo que la nulidad de los actos debe darse en su objeto y contenido para satisfacerlo, más allá de su forma, motivación o causa.- Si éstas estuvieran viciadas el o los actos podrán ser nulos, pero no necesariamente de esa nulidad devendrá procedente la "restitución" pretendida, porque el "hecho dañoso", el que justifica y provoca el afán resarcitorio no deviene de esos actos, sino del comportamiento que corroboran como lícito.-------------------------------- ------ Es útil aquí prevenir, que en el criterio no revisor que sigue esta Sala de jurisdicción contencioso administrativa, vinculado V. a la Provincia por una relación de empleo que es la causa de que aquélla debiera operar las retenciones ordenadas por los Oficios Judiciales, y por la relación salario-deducción, pudo venir al pleito sin reclamo previo, aún frente a esta índole resarcitoria de su pretensión.- Pero acudió -y con exceso- a esa sede, por lo que - /// mediando pronunciamiento - debe atacar esos actos para habilitar la jurisdicción.- Mas aquí se da el caso al que refería BIELSA, cuando al oponerse a las tesis revisionistas afirmaba que la materia prima del litigio en estos juicios, no debería ser precisamente el acto, sino las pretensiones que se plantean en conexión con él.- (Derecho Administrativo - 4º ed. Tomo IV - pág. 347, en lo que coincide TAWIL - Administración y Justicia - Depalma - Tomo I - pág. 166).------------- ------ Al quid enunciado entonces, me avocaré.------------------------------ ------ 3.- A partir de afirmar la claridad de la manda judicial, y de aseverar en su demanda que de acuerdo a ella debió imponerse la cuota sobre "brutos menos descuentos de Ley", "haberes netos" o "salario de bolsillo", afirma el actor que el servicio administrativo actuó con error.- Error en la base de la retención -"brutos"- que condujo en su opinión a contrariar la manda judicial.- Error en definitiva en la interpretación de la orden del Magistrado, que, claro está, se traslada al acto en cuanto deniega su petitorio.--- ------ 3.1.- FIORINI -que es citado por el Dr. PASUTTI en la S.D. Nº 10/SCA/04- nos dirá que entre error y verdad hay una relación de ser, pues en el primero se afirma algo de una cosa existente pero que no es real y en el segundo se afirma algo que es real.- Puede recaer sobre la propia existencia de la cosa, o, sobre su juicio o predicado, sus condiciones o valores, y en el orden administrativo, se encuentra en vínculo estrecho y enancado con todo el proceso organizado de su quehacer.- Es la expresión lógica de un desacierto que se manifiesta objetivamente mientras se desarrolla esa actividad.- De ello que consista /// en la apreciación falsa o deformada por la Administración sobre hechos, antecedentes y circunstancias, o en la aplicación de una norma distinta de la que concretamente corresponde.- El error, añadirá, es la deformación sobre algo que se conoce, pero se tiene sobre el mismo un concepto distinto de lo que es en realidad.- En este marco ubica la contradicción entre antecedentes y conclusiones, y distingue el error como deformación de un juicio de razón, y cuando no se considera en este juicio una norma o un hecho, destacando que hay conducta arbitraria cuando se aplica una norma que no existe, reconoce hechos que no están presentes, no considera hechos existentes o una norma vigente.

------ El error de derecho, afirmará, es error de juicio por la aplicación inadecuada de una norma, sea en su contenido, o en su alcance, y más adelante asegurará que el vicio del proceso de razón es arbitrariedad como irregularidad de la razonabilidad (Derecho Administrativo -Abeledo Perrot- Tomo I - Págs. 521 a 526 y 529).--------------------------- ------ Todo lo dicho sin adentrarme en demasía en las divisiones doctrinarias sobre si la voluntad es presupuesto o elemento de un acto y sus implicancias (ver mi propio voto en S.D. Nº 10/SCA/04 ("D. G.." en que las he desarrollado), pues lo expuesto es suficiente a esta causa.---- ------ 3.2.- Desde estos conceptos mínimos dados ¿obró la Administración con error? Léase el primer Oficio solicitando "retenciones de haberes de los sueldos que perciba el Sr..en un 40% con más asignaciones familiares u otras que perciba, o que por ley le correspondan." (6 de Marzo de 1990 - fs. 19/20 Expte. N° 3702/04).- Y el segundo que reitera el anterior ".retenga de los haberes que percibe en esa firma el demandado, Sr. en un 40% de sus sueldos con más las asignaciones /// familiares que perciba u otras que le correspondan." (11 de Mayo de 1990 - fs. 35/36).- Y el tercero ".En lo sucesivo procederá a trabar embargo sobre el 15% del sueldo con más las asignaciones familiares que el demandado percibe por." ( 22 de Febrero de 1999 -fs. 12 y 12 vta.).------------------------------------ ------ La Administración en los hechos (no en los actos ni en la defensa que trae al juicio) -creo que con buena fe- entendió que debía descontar sobre el total bruto.- Si el Juez no estipulaba base y no existe ley que establezca cuál debe ser, cómo debe calcularse la cuota alimentaria en los juicios de alimentos ¿puede afirmarse que su juicio de razón fue desacertado?.

------ La premisa que trae V. en la primera parte de su demanda, de que cuando en el Oficio el Juez refiere al porcentual sobre "haberes que perciba" debe considerarse "brutos menos descuentos de ley" -que no son haberes netos como dijo en la sede administrativa y también -más adelante- en su demanda, es el juicio que creo acertado.- Estoy convencido de que así debe ser, y también lo estuvieron los órganos administrativos consultivos -Dictamen Nº 99/04 del Organismo Central de Administración de Personal y 455/04 de Asesoría General de Gobierno (fs. 28/29 y 53/54 - Expte. Nº 3702), aunque, inconsistentemente, no propiciaron una resolución acorde.- Aquí sí hubo distorsión por contradicción en el juicio de razón... pero son sólo dictámenes que no expresan voluntad administrativa.--------------------- ------ En tanto, uno de los actos -tal la Resolución Nº V-87- no expone tal inconsistencia y tomando sólo la parte del dictamen que favorece la /// solución que dicta, justifica "al no estar especificados el carácter de los haberes sobre los que debía recaer el embargo ambos se efectuaron sobre los haberes brutos...".- El segundo acto -Dto. Nº 2160/04- expone la misma contradicción que los actos consultivos aludidos, quedando privado así de causa suficiente.------------------------------------ ------ Siguiendo el criterio que en mi opinión es el acertado, el único acto consistente por no-contradictorio, esto es, la Resolución antedicha, sería la "errada".- Porque estimo que si bien como he dicho ninguna norma -civil, administrativa o laboral- determina cuál debe ser la base de retención, si el ordenamiento jurídico entraña una unidad totalizadora, o una "totalidad" -como lo habían advertido Savigny y Ihering, aunque refiriéndose a las leyes- esa totalidad facilita no solamente la interpretación de la conducta, mediante leyes claras y suficientes, sino también mediante leyes insuficientes, o de defectuosa individuación por excesiva generalidad.- Más todavía permite resolver los casos no previstos, es decir aquellos en los que se considera que no existe ley que los contemple, mediante la explicitación de una norma general, por el órgano intérprete.- LINARES utiliza el término "construcción jurídica" en el sentido de proceso de complementación, por el intérprete, de la ley insuficiente o de defectuosa individuación, a fin de articular la norma total que rige el caso.- Y por "integración jurídica", la explicitación referida.- El hecho de que el ordenamiento jurídico constituye un todo estructural permite así construir las partes faltantes o restringirla cuando es demasiado general, y explicitar en modo completo la norma general, cuando ella está ausente de modo pleno ("Poder Discrecional Administrativo", pág. 46, con cita de GARCÍA MAYNEZ).--------------------- ------ Si la orden fue retener del sueldo que percibe el alimentante.es posible construir la norma con elementos de la totalidad del ordenamiento y del caso.- Así, si la Administración, al pagar los haberes /// de su personal -V. incluido- está obligada a deducir las sumas que integran los denominados "descuentos de ley" (Jubilación, Obra Social, Seguro Obligatorio), dado ese antecedente, el consecuente es que al cobrar su sueldo el actor no "percibe" esas sumas; éstas no integran su "sueldo percibido".- Por este simple juicio, porque ni empleadora ni empleado pueden resistir la aplicación de las normas que establecen tales descuentos, es que es casi unívocamente aceptado el concepto de "sueldo percibido", excluyendo estos rubros.- Esto es, considero que hay una "integración normativa", con los preceptos que disponen esa obligatoriedad.---------------------------------- ------ No es así el concepto de haberes netos, pues -el preponente ha citado la Ley de Contrato de Trabajo y normas del sector público que autorizan descuentos- éste es el obtenido después de efectuar todas las deducciones: las obligatorias y las voluntarias.- De allí que comúnmente la jurisprudencia analice la conveniencia de aplicar el porcentaje establecido como cuota alimentaria sobre la base "sueldo bruto menos descuentos de ley".---------------------- ------ Pero, me temo que este criterio al que firmemente adhiero según las razones anotadas como método de integración normativa, esté determinado por mi condición de profesional del derecho.- De hecho, debe estarlo.- Véase que pese al esfuerzo de elucubración realizado, los dictámenes legales en la sede administrativa lo dicen... aunque culminan en lo contrario.- Y el Decreto que resuelve la Revisión también lo afirma primero... aunque para negarlo después.--------------- ///--- Sin embargo...sin embargo, debo reconocer que la carencia de norma específica oblitera un error de derecho; porque la Administración -servicios administrativos y Res. Nº V-87- no aplicó normas inexistentes, ni lo hace "inadecuadamente", ni desconoce u omite normas vigentes.- Sólo no "integró" en el orden indicado.---------- ------ Interpretó los términos del Oficio, y debe aceptarse que hay distintos métodos para fijar cuota alimentaria; prueba de ello es que otro Juez en distinto Expte. fijó otra a pagar por el actor, estableciendo una base de deducción diferente.- La comparación, y el reclamo del hoy actor en la sede (recuérdese "haberes netos"), pudo razonablemente inducirlo a estimar que había inteligido correctamente.- La realidad no se le presentaba tan clara, y -para el acto- el asesoramiento era bien oscuro.

------ 4.- A partir de esto que razono, creo que no puede afirmarse con certeza que en el proceso administrativo se incurrió en error -o en arbitrariedad- cuando se dedujo con distinto criterio al que considero corresponde, y después se confirmó por acto ese descuento.--------------- ------ Amén de que, como lo adelanté, esto en realidad no es trascendente a la causa, porque lo importante es establecer si por haberlo hecho -error mediante o no- incurrió en responsabilidad, y por ende, en la obligación de resarcir, lo cual es cosa distinta.------------- ------ 4.1.- Lo primero a reiterar, es que en sede administrativa, V. no pretendió nunca "brutos" menos descuentos forzosos.- Reclamó retención sobre "netos", en 1997, en 2003 y en su Recurso de Revisión.- Y esto -según los conceptos dados- no correspondía.

///--- 4.2.- Que la Administración pudo encauzar la solicitud y decidir que no era pertinente retener sobre "netos", pero sí sobre "brutos menos descuentos de ley", pudo hacerlo en el marco del informalismo, y del principio de legalidad en orden a cómo legítimamente correspondía proceder.- Mas ¿debió corregir sin más?.------------------------------------- ------ Gustavo BOSSERT, concordando con el criterio que he expuesto antes, comienza afirmando que si el Juez competente para fijar la cuota alimentaria, establece en su Sentencia como tal un porcentaje de los ingresos que percibe en su trabajo el alimentante, salvo que agregue una expresa aclaración en contrario, la misma incluirá todas las sumas que percibe o puede percibir regularmente por su trabajo, aun cuando el pago de determinados rubros derive de particulares méritos o esfuerzos realizados por el trabajador.- Todo ello es tenido en cuenta por el juez para la estimación de las posibilidades del alimentante, por lo que quedarán incluidos las bonificaciones, participación en las ganancias del patrón, premios por laboriosidad o asistencia perfecta, aguinaldo, horas extra, propinas, etcétera.- Se trata de que la base de cálculo de lo que pueda aportar al alimentado sea la suma líquida que realmente percibe.------- ------ Esto implica, además, que deben descontarse de la remuneración bruta, y a efectos de aplicar el porcentaje, las deducciones forzosas fundadas en disposiciones legales. No sería justo que el alimentante deba soportar el porcentaje del alimento sobre una suma que en virtud de disposiciones legales, no percibe, es decir descuentos que no han dependido de su voluntad; además, muchas de esas deducciones, como por ejemplo, el aporte a la obra social o un seguro de vida, benefician a /// los familiares.- Distinto, las deducciones derivadas de actitudes del trabajador, como por ejemplo, por ausencias reiteradas, pues estas actitudes unilateralmente dispuestas por el alimentante no pueden revertir en perjuicio del alimentado.-- ------ Pero señala además, que en las cuotas porcentuales, pueden plantearse dudas acerca de si determinados rubros incluidos en la remuneración total del alimentante, o determinados descuentos que se le hacen, deben tomarse en cuenta para el cálculo.- Y al respecto, y sin perjuicio del análisis que corresponda según las características del rubro o el descuento en discusión, será un elemento útil -aunque no excluyente- la interpretación que, a través de un prolongado lapso, las partes dieron a la cuestión, según surge del monto que se abonó a lo largo de los meses; ello evidencia lo que las partes acordaron -o admitieron- respecto del rubro o descuento que ahora se discute (Conf. "Régimen Jurídico de los alimentos - Cónyuges, hijos menores y parientes - Aspectos sustanciales y procesales", pág. 483/484).----------- ------ Y es claro, que con referencia a este juicio de alimentos, la interpretación que ambas partes -alimentante y alimentado/s- dieron desde 1990 a 1997 fue que la cuota se calculaba sobre los "haberes brutos".- Operadas de este modo por 7 años las retenciones, el alimentado venía percibiendo una suma, que se hubiera disminuido notoriamente si a instancias del reclamo de V. , se comenzaba a descontar como lo pedía sobre haberes "netos", porque así fue pedido, y que no es lo mismo -recuérdese- que "brutos menos descuentos de ley".---------------------- ------ Es más, el actor ocurrió a la sede judicial a pedir "reducción de cuota", y es claro, que no formuló allí solicitud alguna relacionada con la base de retención con la que estaba disconforme, o estimaba malinterpretada, de tal manera que el Juez al disminuirla (del 40 a /// 15%) tuvo en consideración lo que el alimentado venía percibiendo, y ordenó la retención de igual modo.- Si se hubiese planteado, no puede asegurarse que esa reducción lo fuera por ese porcentual fijado.- De 1999 y a 2003, su comportamiento fue idéntico; dejó estar.- El alimentado recibía el 15% del total bruto; y de aplicarse el mismo sobre "neto", lo hubiera sido en ostensible detrimento del alimentado, y de espaldas a la autoridad judicial que había dispuesto -y a su orden recibía los depósitos- la cuota.--------- ------ Ello me convence de que el camino que siguió V. no fue el acertado.- La Administración -después de 15 años, no debía, sin manda judicial mediante, mermar por esta vía la cuota alimentaria.----- ------ Si dijera que corresponde "haberes brutos menos descuentos de ley" -amén de no ser claramente, insisto, lo peticionado- estaría sustituyendo la apreciación del funcionario administrativo por la judicial -sea la mía propia del análisis que efectué a partir del concepto de salarios percibidos o la de la jurisprudencia- o de la doctrina que se funda en la conveniencia de aplicar un método u otro.--------------------- ------ Esto, por una parte.--------------- ------ 4.3.- Por otra, la Provincia del Chubut finca -en parte- en esta desidia del accionante su defensa, cuando alude a la conducta del supuesto damnificado.- Así, aunque veladamente, habiendo dado a la pretensión el carácter de resarcitorio, está aludiendo a un posible eximente de la que se le endilga.------- ///--- Porque si existe un eximente, no habrá daño, y si no hay daño, no hay que indemnizar, ya que éste es uno de los presupuestos básicos de la responsabilidad (art. 1067 y cc CC).- "No existiendo "daño" causado falta uno de los presupuestos esenciales para atribuir responsabilidad al deudor (arts. 499, 1067, 1068, Código Civil) o sea que sin daño no hay que indemnizar" (JUBA Bs. As.- Sum. B352909-CC0203 LP 92394 RSD-7-00 S 10-2-2000, en "Carlos Alberto Chiappe...").------------------- ------ En otros términos, la Provincia achaca "culpa" al actor -culpa eximente de su responsabilidad- que apoya en este dejar hacer por años.- Olvida -claro está- su obligación de pronunciarse frente a la petición, mas esto, esencial en otro tipo de controversia, no lo es tanto al efecto restitutorio o indemnizatorio civil -no administrativo- que integra la pretensión en el sub-lite.---- ------ 4.3.1.- La doctrina civilista distingue la culpa consciente, entendida como la incurrida por el autor del hecho que ha previsto las posibles consecuencias dañosas, pero actúa igualmente con la esperanza de que alguna favorable casualidad ajena a su hacer determine que el daño no acontezca.- La culpa con previsión en la que el autor ha previsto también las consecuencias dañosas, pero a diferencia de la especie anterior, espera evitar tales consecuencias con su habilidad.- La culpa inconsciente, en la cual no media previsión de las posibles consecuencias, por no haber empleado la debida atención (TRIGO REPRESAS - LÓPEZ MESA, "Tratado de la responsabilidad civil"- Tº I - pág. 723).----- ------ La culpa se basa en la previsibilidad.- Sin embargo el juicio de reproche puede ser motivado por una falta de previsión real como por una imprevisión presunta; por entender el ordenamiento jurídico o el Juez, como dice VÉLEZ en la nota al art. 512 CC, que se omitieron los /// "cuidados razonables" exigidos por las normas que regulan la convivencia.-- ------ Para juzgar la diligencia o negligencia de un comportamiento, el Juez no puede dejar de lado la comparación, tiene que confrontar la conducta del obligado en el caso concreto, con otro punto de referencia, que habrá de ser igualmente una conducta humana.- Si la confrontación se hace con un tipo ideal o paradigmático -"el buen padre de familia" o "el hombre de diligencia ordinaria o común"- se tratará de una apreciación en abstracto, dado que el modelo no existe en la realidad y debe ser imaginado (autor y ob.cit. -Tº I- pág. 720, con cita de SALVAT-GALLI).- Si por el contrario se compara la conducta en tela de juicio con el quehacer del propio agente en su vida diaria, con su proceder corriente en la atención de sus negocios, la apreciación es en concreto, ya que no puede haber nada más concreto que la misma persona y conducta ordinaria del obligado (Ibidem - con cita de ORGAZ).------ ------ VÉLEZ fue ecléctico al instaurar un sistema de apreciación de la culpa, pues no estableció un sistema del todo concreto ni del todo abstracto.- La regla es la apreciación en concreto, pero con dos limitaciones.- Una, cuando el mismo Código establece para ese caso la apreciación en abstracto.- Otra, la comparación con el tipo abstracto es inevitable; en terminología aristotélica, para determinar el exceso o el defecto debe primero haberse establecido el justo medio, esto es, cómo habría obrado en el caso un hombre medio, prudente y razonable.- (Ibidem - pág. 722).--------------------- ///--- Así ha dicho la jurisprudencia, que "la previsibilidad es un elemento subjetivo que debe considerarse en abstracto, según la previsión de un hombre normal.- Producido un resultado a posteriori se analizará si era previsible desde un punto de vista genérico y no concreto; no corresponde exigir que el agente particular haya previsto el resultado, sino si normalmente era previsible poniendo la debida atención y cuidado; esto último surge si realmente en el caso lo previó, pues en tal supuesto, fue para ese agente consecuencia mediata" (CNCiv. Sala F, "Litta.", JA 1994-I-433).- Además para "la estimación de la previsibilidad de la de las consecuencias de los hechos voluntarios no ha de tomarse en cuenta la condición especial o la facultad intelectual de una persona determinada, salvo en los contratos..." (CNCiv., Sala E, 20/4/82, "Editorial Atlántida S.A..." JA 983-II-686).-- ------ 4.3.2.- En este continente, la doctrina y la jurisprudencia exhiben distintos supuestos en que no se determina la responsabilidad cuando se constata la culpa del damnificado; ello, atento que el daño reconoce como única causa la culpa del lesionado.- Se ha encuadrado el hecho en lo dispuesto por el art. 1111 CC (CNFCC, sal III, "Taborda..." LL 1991-C-265).- Para que conforme ese precepto, la falta imputable a la víctima -en este caso al damnificado- libere de la obligación de reparar al sujeto productor del perjuicio, debe guardar una relación de causalidad adecuada con los daños experimentados (CNCAF, Sala III, 11/9/92, "Victoria..." LL 1993-B-88).- Para que la denominada "culpa de la víctima", que en rigor es la falta imputable a ella o desacierto que perjudica a quien lo comete, exculpe total o parcialmente al autor material del hecho productor del perjuicio... debe poseer relación de causalidad adecuada con dichos efectos dañosos.- Ello es así en tanto la culpa de la víctima es uno de los supuestos de causa ajena, que determina la ausencia total o parcial de relación de causalidad entre el hecho imputado al demandado y el daño de cuya reparación se trate /// (CNC, Sala C30/8/83, "Ruiz...", ED 106-348 - Obra y autor citados pág. 882/883).--------------------------- ------ 4.3.3.- Atendiendo a estas pautas sintéticamente dadas, es cierto que V. , en el caso concreto, incurrió en culpa.- Si se examina su conducta en concreto en el tránsito de sus reclamos, no cabe sino deducir que podría haber evitado este daño del que ahora quiere resarcirse.---- ------ De 1990 a 1997, un buen día se da cuenta -lo dice- que se le "liquidaba mal" la cuota alimentaria, que estima que debía aplicarse sobre la base de "haberes netos".------ ------ En su presentación en el Juicio de alimentos, que derivó en la reducción de la cuota alimentaria del 40% al 15%, que consta en el Oficio del año 1999 que ordena esa reducción cuando se transcribe ".hacer lugar a lo solicitado por el Sr. V. ", como antes lo señalé y es evidente...nada dijo al Juez.--------------------------------------- ------ De 1999 -segundo Oficio- a la petición de 2003 reiterando y adjuntando la de 1997, con términos similares...otros varios años de dejar hacer (mas allá -insisto- del deber administrativo de decidir).- Y sólo pide "ajuste..." no restitución.---- ------ En el Recurso de Revisión es cuando reclama la restitución por las diferencias entre lo calculado sobre la base "haberes brutos" por la Administración y lo que hubiera correspondido en concepto de cuota alimentaria si se hubieran tomado los "haberes netos".-------------------- ///--- En todos los casos -y en este juicio- reclama que el cálculo se le practica incluyendo en los haberes brutos las asignaciones familiares...el perito dice que no es así.--------------------------------------- ------ Nunca se presentó en el Juicio de Alimentos a solicitar del Juez aclarase con precisión la base de retención.- Ni aún después que un segundo Juez, en otro Juicio, la fija de manera diferente.------------------ ------ Llego así a la conclusión, de que este perjuicio que hoy reclama, pudo evitarlo.- Desde exponerlo en sus inicios al servicio administrativo, e instar adecuadamente la respuesta.- Y de serle negativa, como más adelante lo fue, presentarse al Juez para pedir o la determinación distinta de la cuota, o un nuevo Oficio con distinta manda.- Ponderada su conducta con la de un hombre medio, prudente y razonable, entiendo que no actuó con la previsión esperada que le hubieran posibilitado evitar las consecuencias dañosas.- Por lo menos hacerlas cesar.--------------------------- ------ Máxime, si como antes lo señalara, su pretensión implicaba una variación de la cuota que venía percibiendo el alimentado.---------------- ------ Si considero que la culpa puede manifestarse como "negligencia", cuando el sujeto omite cierta actividad que habría evitado el resultado dañoso, no hace lo que debe o hace menos, ésta es la forma manifestada por el actor.-- ------ 5.- Llego así a la conclusión de que, aún cuando estime que la cuota estuvo efectivamente en mi opinión, incorrectamente calculada, el criterio que aplicó la Administración no importó violencia al principio de legalidad.- Ninguna de las normas citadas por el actor resulta /// transgredida, ante la ausencia de una expresa que imponga a la Administración el deber de proceder de manera distinta.------------------ ------ No medió una distorsión evidente de juicio lógico.------------------- ------ De este modo, la Resolución Nº V-87/04, en la parte que aquí se dice nula, no muestra los vicios endilgados.- La declaración de voluntad no está viciada ni en su causa -aunque pueda ser discutible- ni en su objeto.

------ Distinto el caso del Dto. Nº 2160/04, que, como antes dije adolece de contradicción en la motivación, y además entre ésta y el dispositivo, lo que sí importa un viciado proceso de razón, debiendo anularse.------- ------ Amén de ello, cabe rechazar el derecho a la "restitución" reclamado.- Como lo indica el prevotante aquí -en esta situación- no puede haber "restitución", sino reparación.- Y las condiciones de su procedencia contra la Administración -según lo he expuesto- no están dadas.- ------ Las sumas se depositaron a la orden del Juez oficiante, en una causa de alimentos, y beneficiaron a los acreedores de la obligación alimentaria, sin que quien hoy pretende de la Administración la obligación de resarcir -por un acumulado de años- haya acudido a requerir alguna vez al primero la determinación precisa de la manda.--- ------ Por todo ello voto por el rechazo de la acción, sin perjuicio de la nulidad del Dto. Nº 2160/04, que debe declararse, y en coincidencia /// con el preponente, en aras de la congruencia, me abstendré de emitir opinión en aspectos que expuso la pericia pero no fueron objeto de la litis.----- ------ A esta cuestión respondió el Dr. PASUTTI: --------------------------- ------ I.- Exponen los antecedentes de esta causa, que en pos del derecho que pretende en este juicio, el Sr. V. acudió a la vía reclamatoria ante la Administración, obteniendo un resultado negativo.------ ------ En estos casos, en que por ese tránsito se procura un pronunciamiento administrativo, la decisión obtenida -como viene sosteniendo el Cuerpo- importa modificar la situación jurídica del reclamante frente al derecho pretendido y frente a la Administración, por lo que, aún admitiendo que el particular sin reclamo previo pueda ocurrir a la justicia para obtener el reconocimiento de un derecho o interés de índole administrativa impetrando la acción contencioso-administrativa en razón de la sola omisión, negligencia o mora del Estado en reconocerla, esa declaración de inexistencia del derecho reclamado, crea con presunción de legitimidad, un estado jurídico que la sentencia solo puede remover, previa declaración de ilegitimidad del acto, aún cuando su existencia (la del derecho o interés) no dependa -en definitiva- de la validez o invalidez del mismo (S.I. N° 79/SCA/04).------ ------ Es en estos supuestos, en que tal como los prevotantes lo hacen manifiesto, el objeto del proceso contencioso administrativo no es necesariamente la decisión previa, el acto en sí, sino las pretensiones que el particular deduce frente a los jueces, relacionadas generalmente en forma estrecha con un pronunciamiento, obrar u omisión de la Administración (BIANCHI - TAWIL - MAIRAL entre otros en doctrina, La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en España, El /// Código Contencioso Administrativo sancionado para la Pcia. de Buenos Aires en Octubre de 1997).- La exigencia de requerir la nulidad de los actos que denegaron el reclamo se constituye en un presupuesto procesal para habilitar la jurisdicción, para exponer a conocimiento y revisión jurisdiccional la cuestión de fondo que fue objeto de reclamo, las razones que motivaron su denegación, y luego y no necesariamente "atada" a la nulidad, la procedencia de la condena que en plena jurisdicción solicita.--------------------- ------ Lo importante a resolver en el sub-exámine -y así lo dejo establecido- será el meollo de la decisión estatal, a su vez causa y objeto de los actos que denegaron el derecho en manifestación de la voluntad administrativa.- Pero aún si éstos fuesen declarados inválidos, ello no determinará necesariamente la condena pecuniaria requerida, de orden civil, no administrativo, cuya admisión o no debe de valorarse según otros parámetros.------------------------ ------ II.- Esta pretensión de condena al Estado Provincial, se aplica a "restitución" de sumas de dinero que derivan, en la tesitura de quien acciona, de que se dedujeron de su sueldo en concepto de cuota alimentaria mayores importes por haberse calculado aquéllas sobre "haberes brutos" -incluidas asignaciones familiares- cuando correspondía otra base de cálculo.- Sobre "haberes netos" requirió ante la Administración; sobre "brutos menos descuentos de ley" "netos" o "salario de bolsillo", no logra precisar al demandar.------------------------ ------ Prevengo, al igual que mis predecesores- que ninguna "restitución" puede darse.- Nada tiene que devolver o reintegrar la /// accionada al actor, que no retuvo para sí, sino que depositó a la orden de un Juez, y a favor de un sujeto pasivo de obligación alimentaria, todas las sumas.- Si alguna condena procede, lo será a título de resarcimiento, como lo encuadra la Provincia, esto es como indemnización por el daño material que pudo ocasionarle la aplicación incorrecta o ilícita del método que se tomó para practicar las retenciones.--------- ------ En ello, en la ilicitud del comportamiento administrativo corroborado por actos formales, reposará la supuesta obligación civil demandada (art. 1112 CC conc. 69 CP).- En otros términos, en la violación del principio de legalidad, que como en otros fallos he dicho es uno de los más importantes resultados de la existencia del Estado de Derecho aplicado a la actividad de la Administración Pública, que supone el sometimiento o subordinación de la misma al bloque jurídico, comprendiendo la condición de que debe actuar siempre de conformidad al ordenamiento positivo, el cual limita o condiciona su poder jurídico, y como consecuencia, su actuación no debe apartarse de los principios y preceptos que resultan del ordenamiento normativo existente, y de los principios generales del derecho..." (S.D. Nº 5/SCA/02, 2/SCA/08).----------------- ------ Así resulta porque "si la Administración Pública es siempre actividad jurídica, debe llevar ínsito en sus actos los valores de justicia, equidad, moralidad, como cumplimiento de la legalidad.- Es principio apodíctico de que la Administración no debe ser injusta, no debe ser arbitraria, no debe ser inmoral" -recordé en S.D. 2/SCA/04 y S.D. N° 1/SCA/03 trayendo las enseñanzas de FIORINI, advirtiendo que "debe comprobar los hechos y las circunstancias...".------------------------------ ------ Esto es entonces, lo que ha de verificarse en hechos y actos.-------- ///--- III.- No he de abundar en aspectos ya precisados suficientemente por los preponentes.- Coincido totalmente en el período por el que la indemnización se demanda por ellos establecida, en la fijación de los hechos acreditados, en que se trata lo reclamado sólo de las retenciones ordenadas en uno de los Exptes. Judiciales, el Nº 2277-III-89, y en que, en tanto no integra la pretensión, la deducción de porcentuales diferentes, en más o en menos (vg. las que la pericia anota de 18% cuando debió ser de 15%, y de un 10% más no retenido derivado de otra causa que no es la mencionada) no será materia de pronunciamiento en respeto al principio de congruencia.- No transcribiré tampoco los términos de los Oficios, acabadamente descriptos en ambos votos, ni las defensas de la Provincia.---------------- ------ Sí en cambio, me es ineludible destacar la deficiencia que se observa en la demanda.- reiterados fallos del Cuerpo aluden a la necesidad de que la invalidez de los actos y hechos sea convenientemente fundada.- En particular, y en orden a lo expuesto en I, la referida a causa y objeto, pues lo contrario de sus enunciados viene siendo el sustento de la pretensión resarcitoria.----------------------------- ------ Recordaba allí el criterio de la Suprema Corte Bonaerense : "... la falta de impugnación de los elementos esenciales de los actos administrativos en el escrito de demanda importa por sí sola, la imposibilidad de juzgar sobre su legitimidad la que sólo puede ser revisada a instancia de parte. Se trata de enjuiciar la actividad de la Administración Pública que, por principio, se presume legítima ... el incumplimiento de la carga impuesta a la actora de fundar /// adecuadamente su demanda compromete el resultado mismo de la revisión judicial de esa actividad la que no puede operarse de oficio, no solo por las reglas comunes a todos los procesos, sino porque, esencialmente, significaría invadir el ámbito de otro de los poderes del Estado" (SCBA in re "DE LA MATA DE CORTINA, Marina...- 07/03/01 - fallo B57570).-------------------------- ------ Concordante con tales estimaciones, he dicho en S.D. N° 4/SCA/04 (in re "R.") y en el fallo que vengo citando que "... la presunción de legalidad del acto administrativo exige un ataque particularizado y fundado; una impugnación concreta de sus presupuestos de hecho y de derecho -causa del acto- y del decisorio que es su objeto. Interpreto que no basta ...referencias genéricas e indeterminadas, sin acotamiento del marco cognoscitivo de la jurisdicción contencioso administrativa. Puedo coincidir en que la misma no es exclusivamente revisora ...al menos no en la Provincia en que la ausencia de Código específico que constriña la pretensión, es posible aplicar al respecto criterios más modernos y desarrollados en la materia. Pero ello no significa una apertura indiscriminada, extensiva y aplicada a cualquier acto del Poder Administrador..."---------------------- ------ Tengo que deducir -como lo hacen mis colegas- que aboga que se han contrariado las órdenes judiciales libradas en los Oficios comprometidos, para fundar lo cual se limita a aducir que hubo error "material" y la base de cálculo "debió" ser otra...porque razones serias -a salvo la cita jurisprudencial- no lo explica.--------------------------------- ------ No puedo más que señalar que la pretensión así interpuesta resulta incompleta; no ha sido claramente planteado tampoco su objeto.- Y como enseña FALCON, la cosa demandada, objeto o pretensión, consiste en el requerimiento que se hace para obtener una sentencia de mérito que estime, admita o provea favorablemente /// respecto de lo pretendido.- La exactitud y claridad de la demanda -agrega - están destinadas a impedir el progreso de una acción que no se encuentra configurada como corresponde o de una petición que carece del grado de determinación compatible con la exigencia impuesta al juez al resolver..."(Conf. Comentario al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y Leyes Complementarias - T° I - Artículos 1° a 498° - Abeledo - Perrot, pág. 542; S.D. N° 15/SCA/04 )------------------- ------ Semejante generalidad es inoperante.- Sin embargo, en esta oportunidad, tal como lo hice en ocasión de emitir mi voto en los fallos que glosé antes (en S.D. N° 4/SCA/04 - 15/SCA/04), no voy a descalificar la acción por las razones apuntadas.- Abordaré el análisis tomando por base la única imputación concreta, que ya delimité antes: que los Oficios fueron mal aplicados en perjuicio del patrimonio del actor, y ello fue confirmado en los actos por la causa expresada en sus Considerandos, haciendo gala nuevamente de la máxima "in dubio pro actione". -------------------------- ------ IV.- Comenzaré por los actos que confirmaron aquel procedimiento de selección de la base de retención que se dice errada:-- ------ La Resolución Nº V-87/04 dictada por el Sr. Ministro de Coordinación de Gabinete, razona -en la parte que se impugna- que si no están especificados en el Oficio el carácter de los haberes sobre los que debían recaer los embargos, ambos se efectuaron sobre el bruto y por tal omisión -se entiende la del Juez de establecer la base- no hay responsabilidad atribuible a la Administración.----------------------------- ///--- El Dto. Nº 2160/04, emitido en respuesta a la solicitud de revisión de aquélla por el actor, afirma primero que en los hechos, el Dpto. Sueldos retuvo sobre haberes brutos con descuentos de ley.... luego asegura que en el supuesto dado -de no aclaración del Oficio - la retención debe hacerse sobre haberes brutos descontando el seguro, obra social y demás descuentos de Ley...y deniega el recurso que -recuérdese- pedía "haberes netos", pero que no había tomado la base que se dice corresponde, sino el total bruto como antes lo había reconocido.------- ------ 1.- En S.D. Nº 6/SCA/06, refería que mucho ha discurrido la doctrina sobre el término "causa", sea en orden a su propia consideración como elemento esencial del acto administrativo, hasta sobre el concepto a adoptarse de ella.- Si para una concepción objetiva, está dada por los "motivos" del acto -su "porqué"- entendidos tales como los antecedentes de hecho y de derecho que justifican su dictado (MARIENHOFF - Tratado de Derecho Administrativo - Tomo II - 3º Ed. pág. 279 y ss), para otra -subjetiva- la constituyen no los hechos sino la apreciación que el sujeto hace de los hechos que puede no coincidir con la realidad (BOQUERA OLIVER - Estudios sobre el Acto Administrativo- pág. 76).- Así señalaba FIORINI, que "El acto administrativo es el producto de una organización compleja, reguladora de distintas situaciones normativas con distintos valores jurídicos: algunos de estos podrán destacarse como determinantes, otros complementarlos, y otros ser sus condicionantes... Todos elementos concurrentes que establecen como consecuencia la determinación de la causa y su encuadre legal. Estos a su vez, pueden producir un consecuente que no responda a la realidad, a la verdad de los hechos, sea porque se omitan algunos importantes, o se sumen los que no existen, o se los deforme en la realidad, o se acentúen hechos inexactos sobre hechos o conductas, es decir, la consecuencia expuesta no corresponde entonces al proceso de razón que justifica la causa ... /// no es la causa como objeto la que se presenta viciada en forma independiente, sino que son los elementos y el proceso previo para obtener el consecuente determinante de la causa"... (Derecho Administrativo - Tomo I pág. 499/500)".----------------------------------- ------ Este Tribunal, en concordancia con la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia, ha adherido a la primera.- Así, es la situación objetiva de hecho y de derecho que existe en la base del acto, aquélla cuya constatación determinará la comprobación de la causa.- Si los hechos fueron mal aprehendidos y razonados, serán falsos o inexistentes.- En la S.D. N° 33/90 se decía "La causa o motivo constituye un elemento esencial del acto administrativo (ST Chaco 31/5/92 ED Rep. 17 pág. 62-Sum. 1)", y en S.D. N° 13/93 "La ausencia de los antecedentes de hecho o de derecho que preceden y justifican el dictado del acto, así como la circunstancia de que los mismos fuesen falsos, determinan la nulidad absoluta del acto".----------------------- ------ En S.D. N° 4/SCA/01, recordé que en algún caso, este Tribunal siguió la tesis de GORDILLO, en tanto opina que el vicio que adolezca la causa, afecta a la voluntad administrativa e importa arbitrariedad, en la medida en que sólo aparezca fundado en el capricho del órgano del cual emana.- A juicio de este autor quedan englobadas dentro del concepto de arbitrariedad las hipótesis que la doctrina de Derecho Administrativo menciona como ausencia de causa (o de motivo) y falsa causa.- Ello por cuanto en su concepción, la causa es un elemento de la legitimidad del acto llamado razonabilidad- que exige que éste repose sobre una justificación que lo fundamente racionalmente: cuando el acto desconoce racionalmente la situación existente, o pretende fundarse en /// una situación que no existe, es nulo (Tratado de Derecho Administrativo, T° II-IX, pág. 33, Conf. SCMza. LL 129-1070-JA 968-I-765 - STCH-S.D. N° 36/91).------------ ------ La S.D. N° 49/92 señaló..."Si el administrador actúa sin que exista situación objetiva que justifique la decisión adoptada, o funde la decisión en otros hechos aparentes o falsos, o que carecen de relevancia para el caso -falencias de conclusión inatingente-, o se prescinde del orden jurídico sin dar razones plausibles, o si da como fundamentos preceptos o pautas de excesiva amplitud o remota lejanía en relación con el caso en sustitución de normas positivas inmediatamente aplicables... y ello, al margen de la legitimidad del objeto, existe vicio en la causa determinante de la nulidad del acto."---- ------ Por su parte, en las S.D. Nº 5/SCA/02, y 2/SCA/04 y, siguiendo a CASSAGNE- definí el error esencial o substancial como aquél que recae sobre la persona objeto del acto, o sobre el objeto de éste, o sobre las cualidades sustanciales tenidas en mira al dictarlo, de tal modo que falta la necesaria conformidad entre el concepto formado respecto de los hechos o condiciones y circunstancias externas al órgano que emitió el acto, y vinculados como antecedentes de éste, y la realidad de dichos hechos, condiciones y circunstancias (Ob. citada -pág. 231- conc. ESCOLA - Compendio de Derecho Administrativo.- Tomo I - pág. 518).- Esa voluntad administrativa... no puede ser eficaz..." "la inexistencia de una causa valedera que justifique la medida administrativa, conduce a la nulidad del acto" (CN Civ. - Sala I - LL 1989-D-516, CN Fed. Civ. y Com. Sala III - LL 13/2/98; CN Fed. Cont. Adm. Sala V - "Rioboo..." - 18/11/96)".-------------------------------------- ------ En cuanto al objeto del acto, no es sino lo que el acto ordena o resuelve a través de su declaración; las medidas concretas adoptadas a través de él pudiendo encontrarse éstas predeterminadas por la norma /// (en el supuesto de actos reglados) o depender de la discrecionalidad de la administración.- Objeto que la doctrina -atendiendo a las exigencias del Código Civil Argentino, género de la especie acto administrativo, y aplicables por analogía- ha acordado que debe ser lícito, posible, determinado, razonable por idóneo para la consecución de los fines que persigue, moral (MARIENHOFF - Ob. Cit. Tomo II - pág. 274 y ss), o bien no ser contrario a las buenas costumbres o prohibido por las leyes... (CASSAGNE - Derecho Administrativo - Tomo II - pág. 164) "...el objeto del acto administrativo es un elemento lógico que responde a "qué es el acto"..."qué es lo que contiene"... es decir lo que resuelve cada acto al adquirir vigencia en el ordenamiento administrativo"..."el objeto del acto administrativo es un elemento de esencia para su existencia, llegando a su inexistencia en cuanto refiere a cosas imposibles o prohibidas, o inmorales o indeterminables por imprecisión. El objeto debe tener relación directa con la causa del acto y cualquier desviación de ésta se proyectará en éste" (FIORINI - DERECHO ADMINISTRATIVO - Tomo I - pág. 417/421).---------------- ------ 2.- Atentos estos conceptos, el Dto. Nº 2160/04, en sus considerandos exhibe un presupuesto de hecho, un deber ser contrario, y una decisión desacorde con ese deber ser.- El objeto del acto corrobora así lo que en propia consideración del funcionario resolvente no debe ser, pese a efectuar el encuadre del obrar, en una técnica o método que no fue la aplicada por la Administración.---------------------- ------ Es entonces decididamente nulo, por irrazonable y arbitrario, pues su juicio motivante se contradice con el objeto, por lo que adhiero a la proposición de mis colegas de así declararlo.---------------------------- ///--- 3.- La Resolución Nº V-87/04 no muestra este defecto.- Expone una causa real -que deriva de los hechos antecedentes que obran en el Expte. Administrativo que el funcionario que dictó la Resolución tuvo a la vista - y una inteligencia concordante con su objeto.-------------------- ------ Sobre esta inteligencia, o juicio lógico, que por cierto se define en el objeto del acto, es que V. finca su nulidad alegando -aunque sin esfuerzo de demostración- error y transgresión del orden jurídico -esto es, ilicitud- que malamente enuncia.- Este es el control que requiere de la Sala en juicio, para que una vez declarada esa ilegitimidad, le otorgue la condena.--- ------ Atiéndase lo dicho en el punto 1 de este acápite como inicio de esta revisión.- El acto, admite que el método de cálculo de la cuota alimentaria ordenada fue "haberes brutos" y el aserto de esta afirmación lo prueba la pericia de autos.----------- ------ 3.1.- Pero así fue, no con asignaciones familiares incluidas como dice el actor, pues conforme ha quedado acreditado con los recibos de haberes que trajo a la litis, sobre los que se practicó la Pericial Contable, durante los meses de Septiembre de 1.990 a Junio de 1.994 no se liquidaron al actor Asignaciones - Anexo II -fs. 300/304.- Y en los meses sucesivos indica que "al importe bruto o remuneración bruta se descuentan los importes de asignación familiar y sobre ese total se calcula el 40% para determinar la retención de cuota alimentaria".

------ Por ello, resulta inatinente este planteo, que reedita en juicio, así como sus denuncias de violación de normas constitucionales y de la Ley Nacional Nº 24.714 y Provincial N° 5.206 de Asignaciones Familiares.-- ///--- 3.2.- El actor alude a que en esas normas se prevé la inembargabilidad. Sin embargo en el sublite, la controversia no discurre por analizar si en el Juicio de Alimentos se dispuso un embargo de haberes o una retención de cuota alimentaria.- Porque si bien es cierto que los dos primeros Oficios refieren a embargo, la doctrina y la jurisprudencia no son contestes en la naturaleza de la orden de retener la cuota alimentaria, a la hora de determinar si es o no tal.- ARAZI critica a algunos Tribunales que decidieron que el descuento del sueldo no constituye un embargo y debe mantenerse a fin de asegurar la efectividad y continuidad de la percepción de cuotas alimentarias (CNCiv., Sala G, 27/11/84, ED 113-648).- Y aplaude el criterio de otros -que el autor comparte- que informa que la naturaleza jurídica de la retención de haberes no puede ser otra sino un embargo de cuotas futuras.Y añade que el deudor del alimentante a quien se le hizo saber el embargo trabado sobre el crédito, a fin de satisfacer al alimentario, responde personalmente por el importe de las cuotas en caso de que no deposite la totalidad de las sumas embargadas (CNCiv., Sala A, 1/12/67, LL 131-1113, 17.765-S; citado por Roland ARAZI, en "Medidas Cautelares", pág. 391).- Interesa esta última jurisprudencia que aduna el autor, por su vinculación con la defensa que trae la Provincia, cuando justifica su proceder simple y llanamente en el cumplimiento de una obligación legal, en tiempo y forma.- Porque de no cumplir... de no ajustarse a la manda judicial... puede surgir responsabilidad para el empleador, en el sub lite, el Estado Provincial...frente al Juez oficiante, y el alimentado.- Y porqué no, en situación contraria -cálculo en demasía- frente al alimentante a quien retuvo la cuota, que en definitiva es lo que se reclama en este juicio....-- ///--- Este es el pilar sobre el cual construye el actor la demanda, aduciendo que debe entenderse que la orden judicial manda aplicar tales porcentajes sobre los "haberes netos" y no se ha cumplido al aplicar "haberes brutos" .--------------- ------ He indagado en el ordenamiento jurídico, en la doctrina y en la jurisprudencia, pretendiendo encontrar una fórmula precisa para calcular la cuota alimentaria -su quantum- que en orden al principio de legalidad deba haberse seguido por el órgano administrativo y desdiga abiertamente la interpretación, el juicio, que expresa la motivación y conforma el objeto del acto analizado.------------------------ ------ Norberto José NOVELLINO, en su obra "Los alimentos y su cobro judicial", respecto de la fijación de la cuota alimentaria a favor de los hijos, advierte que de lo resuelto unánimemente por la doctrina y la jurisprudencia ha quedado sentado un principio elogiable en esta materia al establecerse que para determinar el quantum de la cuota alimentaria no hay una fórmula fija, por lo que el juez debe ponderar las circunstancias particulares de cada caso puesto a su decisión (pág. 107/108).-------------------------------------- ------ En el ordenamiento, el Decreto Nacional N° 484/87 (B.O. 29/07/87) reglamentario de los arts. 120, 147 y 149 de la Ley 20.744 -vigente- en su art. 4- establece que los límites de embargabilidad establecidos en el mismo no serán de aplicación en el caso de cuotas por alimentos o litis expensas, las que deberán ser fijadas de modo que permitan la subsistencia del alimentante.- La jurisprudencia ha dicho que "si bien el art. 4 del Decreto N° 484/1987, reglamentario del art. 120 LCT., exceptúa de los límites de embargabilidad las cuotas por alimentos, la disponibilidad por dicho embargo no debe afectar un mínimo que permita la subsistencia del alimentante" (C. Nac. Civ., Sala F, 4/6/1999 - M. de S., L. E. v. S., C. A.; publicado en JA 2005-III-1455, /// en la reseña efectuada por José Luis Amadeo, bajo el título Procedimiento del juicio de alimentos).- También se ha entendido que "Si bien es cierto que la limitación en las retenciones de sueldo no rige para las obligaciones alimentarias, la disponibilidad para embargo no debe afectar un mínimo que permita la subsistencia del alimentante y siendo éste un principio legal de orden público, no cabe otra solución que establecer un porciento equitativo referido a lo que es deuda del ejecutado." (C. Nac. Civ. y Com. de Paraná, Sala I, 20/02/1979, "D. de C., M. S. c. C., S. E.", publicado en página web La Ley 2009 ).------------- ------ Se tratan éstos de parámetros de equidad, que varían según el caso y que además, de ningún modo en autos se denuncian incumplidos.- ------ En el orden provincial, salvo la Ley que fija un orden para descuentos -incluyendo la cuota de alimentos- ningún precepto ha aludido a la forma en que debe calcularse cuando el Juez no determina precisamente una base.----------------- ------ Encuentro jurisprudencia que aconseja que "Es conveniente la fijación del porcentaje de la cuota alimentaria sobre las entradas brutas del alimentante, previa deducción de los descuentos obligatorios, pues así se evita que los alimentados se perjudiquen por la incidencia de los descuentos que obedecen a causas ajenas a los mismos y que benefician exclusivamente al obligado" (CNCiv., Sala D, 16/6/80, LL 1981-B-531).- Este criterio -al que adhiere el Dr. Royer- es utilizado con frecuencia, y parece el más adecuado, mas no es el que /// pidió aplicar el actor en la sede administrativa, que insistió en una base de "neto", que bien explican lo preponentes no es lo mismo.-------- ------ Si bien no se ha acreditado en autos si la orden de retener deviene o no de un convenio entre alimentante-alimentados (hubiera sido útil contar con más constancias al respecto, a fin de conocer cómo se arriba a la manda de retener la cuota alimentaria) desde la doctrina, María Josefa MÉNDEZ COSTA, dice que los convenios alimentarios deben interpretarse de conformidad con las reglas sobre interpretación de los contratos (art. 1198 del CC) y en atención a su propia naturaleza.- Trae la doctrina de un fallo - "S., G.B. c/L.A., J.A."-DJ 1996-2-489- en el que se concluye que el vocablo "sueldo" consignado por las partes en el cálculo de la cuota alimentaria no debe interpretarse en su acepción puramente técnica sino como lo que lo que para las personas significa un ingreso regular (Visión Jurisprudencial de los Alimentos, pág. 177/178, fallo N°94).- En el mismo, el convenio se refería a "sueldo neto"; es decir, que a pesar de haber acuerdo y aclarado esto último, igualmente, como se ve, se había suscitado una controversia por el significado de la expresión a partir de precisar si cierto rubro quedaba incluido -o no- en la base de cálculo.-- ------ Acudí también a las obras en que explican las técnicas de liquidación de sueldos.- Si tomo a Álvaro IRIARTE, en su obra "ABC de Sueldos y Jornales", luego de dar el concepto de "sueldo bruto" como "el importe total antes de los descuentos (retenciones de aportes y sindicto)", aclara que el mismo "es el Sueldo contractual por excelencia ya que de no detallarse si se trata de Sueldo Bruto o Sueldo Neto se entenderá como Sueldo Bruto" (pág. 9).- Añade a modo de ejemplo: en una negociación de remuneraciones cuando se hable de sueldo o remuneración pretendida se entenderá como bruta salvo que medie aclaración correspondiente.----------- ///--- Este último criterio quedó expuesto en la Resolución impugnada.- No hubo aclaración junto a la palabra "sueldo", se tomó el "bruto".------- ------ Todo lo manifestado me induce a considerar, que si depende del criterio del Magistrado que fije la cuota alimentaria que atienda a unos u otros parámetros a los efectos de optar por el mecanismo que mejor atienda las necesidades de los alimentados y permita la subsistencia del alimentante. no hay un método unívoco, una regla cierta, única, que sea insoslayable aplicar, para determinar el quantum de la cuota alimentaria.- No la he encontrado en la doctrina, en la jurisprudencia, en el ordenamiento, en la técnica.- Sólo consejos, recomendaciones, interpretaciones en cada caso particular, atendiendo, generalmente a los términos que en los convenios de alimentos han fijado alimentante y alimentados -o sus representantes.--- ------ 4.- De allí, dos conclusiones:---- ------ 4.1.- Una, que si no hay regla técnica, método o norma que obligue a la Administración a calcular la cuota alimentaria de determinada forma o con determinada base cuando el Juez no la estipula, no veo ilicitud en el obrar administrativo que estimó interpretar "sueldo percibido" como "haber bruto" ni en el juicio lógico de la Resolución que así lo dice.--------------------------- ------ No aprecio en definitiva, vicio susceptible de provocar su nulidad: ni error, ni arbitrariedad.--------------- ///--- 4.2.- Otra, la que deriva de erigir al Juez de Alimentos, como autoridad competente, inobjetable, para determinar la cuota, que no es este Tribunal.- Y comparto lo razonado por los prevotantes, y opuesto por la Provincia: el actor tuvo la oportunidad de acudir a aquél y no lo hizo.--- ------ 5.- Con esto último relacionado, puede decirse que la afirmación dada en los Considerandos del acto opugnado por la autoridad decidente, deduciendo del juicio interpretativo que emite, que no existe responsabilidad atribuible a los órganos administrativos, reconoce otros fundamentos.

------ 5.1.- Porque acierta la Provincia cuando trae como argumento defensivo el comportamiento displicente del actor, que dejó hacer desde 1990 a 1997 en que esbozó una tímida queja, y luego, sin que la Administración respondiese ni modificase el método, más de 6 años después la reedita.- Si desde 1990 la empleadora retuvo el 40% de los "haberes brutos" y luego desde 1999 lo redujo al 15% y el Juez no efectuó observación al respecto ¿por qué entender que hay un error o ilicitud al tomar como base los "haberes brutos"? -argumenta.---------- ------ Y es cierto, máxime si a pedido de V. , el Magistrado redujo la cuota.- Allí tuvo que considerar cuál era el monto que se estaba reteniendo, para discernir el que se iba a retener en el futuro; y allí -aunque pudo hacerlo mucho antes- tuvo la oportunidad de exponer la necesidad de que se estableciera una base retentiva distinta.- El dejar que el Juez decidiera, y luego, por vía de reclamo a su empleador, tratar de obtener una reducción de la reducción 5 años después de otorgada ¿no expone una conducta inapropiada a la luz del principio de la buena fe, para con la demandada, el alimentado, y el Juez oficiante?.-------------------------- ///--- La largueza en esperar el reclamar, el asentimiento que ello implica por -mínimo- 7 años -sin perjuicio de la obligación del Estado de responder que creo es intrascendente en el caso ante la índole civil resarcitoria del reclamo, y la omisión de acudir al Juzgador al menos cuando pudo fácilmente hacerlo al plantear reducción de la cuota, me inducen a considerar que no le está permitido aquí alegar su propia torpeza -"nemo propiam turpidinem allegans non est audiendus".------ ------ Pudo evitar el perjuicio que dice haber sufrido, del que hoy pretende resarcirse.--------------------- ------ Si bien en el ámbito del empleo privado y en el marco de un descuento voluntario sobre los haberes, pueden extenderse en lo general al presente los conceptos dados por la Suprema Corte de Buenos Aires en autos "Cao, Eduardo R. c. Arte Gráfico Editorial Argentino S.A." 14/12/2005 (Publicado en: LLBA 2006 (febrero), 51 - IMP 2006-5, 765).- El voto de la Dra. Kogan, que conformó la mayoría- entendió "que es de la propia índole de la relación laboral que la vinculación establecida entre los sujetos del contrato implica vínculos personales de duración en el tiempo que deben inspirarse en la confianza recíproca entre ambos en múltiples aspectos. Por tal razón el legislador incorporó la buena fe debida como principio jurídico fundamental que informa la materia laboral, entendido como un componente de orden moral para el adecuado cumplimiento del derecho, señalando a las partes involucradas y al que debe aplicarlo de ciertas normas de conducta -"buen trabajador"- en la inteligencia de que el hombre común actúa normalmente /// conforme a determinadas pautas que corrientemente se cumplen y se prefieren por la sociedad en su conjunto".-------- ------ Con esos fundamentos concluyó que "si el actor consideró ilegítimos los descuentos efectuados por su empleador, resulta muy sugestivo que haya esperado desde el mes de septiembre de 1997 a marzo de 1998 para requerir su devolución alegando que fueron efectuados en violación a la ley cuando bien pudo -más aún debió hacerlo- el primer mes en que se le descontó el total del salario intimar al principal para que cese en su actitud supuestamente ilegítima. Sin embargo mantuvo silencio mientras las sumas retenidas eran destinadas al pago de sus deudas a través de la Mutualidad. Se consideró además que el actor "pudo hacer cesar -o al menos intentarlo- en el momento del primer descuento no autorizado".-- ------ Por su parte, el Dr. Negri dijo que sólo le asistía al actor "el derecho de hacer cesar las deducciones no autorizadas y en exceso de los porcentajes legales, pero no repetir los importes de las ya efectuadas. Lo contrario implicaría convalidar una conducta que, por lo dicho, es claramente transgresora del principio de buena fe que debe primar en la relación de trabajo (arts. 1071, Cód. Civil; 62 y 63, L.C.T.)" .-- ------ 5.2.- Coincidiré asimismo con los prevotantes, concordando con lo que vengo de analizar, en que era dudosa la facultad de la Administración de modificar el quantum de la cuota alimentaría como hubiera ocurrido si hubiera atendido a la petición del actor de aplicar el porcentual sobre la base "haberes netos", o la hubiera enderezado sobre "brutos menos descuentos forzosos" después de 7 años.- Así -insisto- hubiera mermado sin intervención del Juez competente, las sumas que por tales años (si considero 1997, su primera queja) venía pacíficamente /// percibiendo el alimentado, y, desde 1999, la que había considerado aquél para la reducción.---------------- ------ Así lo voto, aunque en la motivación de la Resolución Nº V 87/04, estos argumentos no estén expuestos, en tanto que la pretensión -como lo dije al inicio- excede el marco de los actos y llama a discernir la procedencia de un objeto indemnizatorio.------------------------------------ ------ Acordaré por lo dicho con la solución dada por los prevotantes, de declarar la nulidad del Dto. Nº 2160/04, rechazando la pretendida de la Resolución Nº V 87/04 del Ministro de Coordinación de Gabinete y la conexa resarcitoria.--------------------- ------ A la segunda cuestión dijo el Dr. CANEO:----------------------------- ------ Tal como voté la primera propongo al Acuerdo: 1) DECLARAR la NULIDAD del Decreto Nº 2160/04.- 2º) RECHAZAR la demanda instaurada por el Sr. R. A. V. contra la Provincia del Chubut en estos autos, de nulidad de la Resolución Nº V-87/04 del Ministerio de Coordinación de Gabinete, y resarcitoria conectada. 2) Costas a la actora (art. 68° del C.P.C.C). 3) Tomando como parámetro los montos dados en la pericia contable rendida en autos -que no puede servir de base porque considera mayor período que el que corresponde, descuentos en demasía y no retenidos que no integraron la relación procesal y no calcula intereses, pues no se le pidió- se fijará en la etapa de ejecución el monto del proceso a los fines de la determinación de honorarios, sugiriendo este modo: a las sumas de la columna h) del ANEXO III -hojas 1, 2, 3 y 4 primer resultado /// (Enero 1999) (fs. 305 a 308), se adicionarán Intereses a Tasa Activa para préstamos personales del B. C. S.A. hasta la fecha del pronunciamiento; y se recalcularán las diferencias desde Febrero de 1999 a Mayo de 2002 inclusive, para lo cual se considerará el 15% sobre los haberes netos dados en el mismo Anexo -columna b)-, que es lo pretendido, determinando la diferencia con la suma que se indica como retenida en concepto de cuota alimentaria en la experticia -columna c) de fs. 308 y columna d) de fs. 309- adicionando luego la misma Tasa indicada.- Sobre la suma de ambos resultados propongo REGULAR los honorarios de quien actuara como Fiscal de Estado -Dr. Jorge Luis MIQUELARENA, por dos etapas, en el 8% (2/3 del 12%) y a su apoderado Dr. A. L. P., en el 30% de lo que para éste se estipula.- Los de los Dres. F. P. y E. V. en conjunto en el 9,1% (7%+30% de éste) y los del Perito C. W. A. en el 1% (arts. 6 inc. a) a f), 7, 9, 38, 47 y 61 del Dto. Ley Nº 2.200, T.O. Dto. Nº 138/99, con más IVA si correspondiere.----- ------ A la misma cuestión el Dr. ROYER dijo:------------------------------- ------ Acuerdo con la solución que propicia el Dr. CANEO, que se ajusta al voto que di en la primera.------------ ------ A su turno el Dr. PASUTTI dijo:

------ Concuerdo con la propuesta de los Dres. ROYER y CANEO.-------- ------ Con lo que terminó el acto, quedando acordado dictar la siguiente:----- ---------------------------------- SENTENCIA: ------------------------------- ------ 1°) DECLARAR la NULIDAD del Decreto Nº 2160/04.----------- ///--- 2º) RECHAZAR la demanda instaurada por el Sr. R. A. V. contra la Provincia del Chubut en estos autos, de nulidad de la Resolución Nº V-87/04 del Ministerio de Coordinación de Gabinete, y resarcitoria conectada.

------ 3°) COSTAS a la actora (art. 68° C.P.C.C.).-------------------------- ------ 4°) REGULAR los honorarios del Dr. Jorge Luis MIQUELARENA, Fiscal de Estado, por dos etapas, en el 8% (2/3 partes del 12%) del monto del proceso que se determinará en la etapa de ejecución según se determina en la Segunda Cuestión, a su apoderado Dr. A. L. P., en el 30% de lo regulado a su patrocinante.- Los de los Dres. F. P. y E. V. en conjunto en el 9,1% (7%+30% de éste) (arts. 6 inc. a) a f), 7, 9, 38 y 47 del Dto. Ley Nº 2.200, T.O. Dto. Nº 138/99, con más IVA si correspondiere.-------------------------- ------ 5°) REGULAR los honorarios del Perito Contador W. A. en el 1% del monto del proceso igualmente calculado (art. 61 de la norma arancelaria citada) más IVA si correspondiere.--------------- ------ 6°) REGÍSTRESE y notifíquese.-------------------------------------- Fdo. Dres. Fernando S.L. Royer, Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti.

Recibida y Registrada en Secretaría el 17/06/09 Bajo el N° 05/SCA/09