Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-29


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes septiembre de 2006 se reúnen en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe y Pablo Bacigalupo, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Motiva la intervención de este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la asistencia técnica del imputado, María Soledad Patane, a fs. 159/160 contra la sentencia de fs. 143/150, cuya rectificación obra a fs. 158, dictada por el Magistrado a cargo del Juzgado del fuero Nº 15 -Gustavo Adolfo Letner-, en cuanto condena a Eduardo Carlos Verta a la pena de mil pesos de multa, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, con costas, por resultar autor de la contravención prevista en el art. 60 de la Ley 1472 -punto I del pronunciamiento-.

Funda su pretensión argumentando que "La sentencia no exhibe una estructura lógica que demuestre que Verta hubiera querido y dirigido su acción para, voluntariamente, permitir a Gómez el consumo de alcohol. Esto sólo la descalifica como acto jurisdiccional válido". Asimismo: "...cuando V.S señala qué conducta de cuidado debió asumir Verta, en realidad, lo que está haciendo, es recriminar un obrar negligente, y esta impericia o negligencia es propia y exclusiva de un obrar culposo, más no de uno doloso como se le imputa a su asistido" (Fs.159).

Por otra parte, sostiene que "...está incontrovertiblemente probado que la cerveza fue vendida a un mayor de edad y éste se acercó solo a la barra para comprarla, de lo que se desprende que ni siquiera está probado que el Sr. Verta haya visto al menor dentro del local. Más aún, el propio menor, durante el debate dijo que como el bar estaba lleno, se quedó al lado de la puerta, lo que acentúa la posibilidad de que su presencia no haya sido advertida por mi defendido" (fs. 159 vta.), citando a efectos de fortalecer su tesitura, distintos elementos de descargo producidos durante el debate.

Contestada la vista por el Sr. Fiscal de Cámara postula declarar mal concedido el recurso en examen, conforme los motivos que expone en su dictamen -los que serán analizados preliminarmente por esta Alzada-, y propugnando en su defecto el rechazo de la vía impetrada -fs. 174/176-.

Cumplidos los plazos procesales, se encuentra el expediente en estado de ser resuelto.

Y CONSIDERANDO Corresponde, en primer lugar, efectuar el análisis de admisibilidad de la pretensión incoada. El remedio impugnaticio cumple con los requisitos de procedencia formal, toda vez que ha sido interpuesto por quien tiene legitimación procesal para hacerlo (impugnabilidad subjetiva), está dirigido contra una sentencia definitiva (impugnabilidad objetiva) y contiene motivación autónoma y razonada.

Ahora bien, sin perjuicio de que la pieza recursiva fue introducida por la defensa dentro del plazo de cinco días desde que "le fueron notificados" los fundamentos del fallo -ver instrumento de fs. 151 y recurso de apelación obrante a fs. 159/160-, la práctica jurisdiccional empleada merece algunas consideraciones en este aspecto, las que adelantaremos, sellarán la suerte del curso del legajo.

En este punto, tal como fuera advertido por el representante del Ministerio Público Fiscal ante la instancia, el Juez de grado se apartó de la norma ritual al momento de ordenar el libramiento de cédulas con el fin de comunicar a las partes los argumentos de su decisorio. En este sentido, el Fernández sostuvo: "...cabe concluir que no es válida la notificación efectuada por (ese medio), pues ha de tenerse presente que el mismo CPPN establece la sanción que ha de ser plausible ante el incumplimiento de sus normas sobre el tema, en tanto establece que será de tal modo 'bajo pena de nulidad'" (conf. fs. 175 vta.).

En efecto, concluida la audiencia de debate el día 2 de junio del corriente año a las 13 hs el Letner convocó a los intervinientes a las 15:30 hs para la lectura de la parte dispositiva de la sentencia (ver acta de fs. 139 "in fine"), obviando en dicha oportunidad, fijar la fecha y la hora para hacerlo respecto de los argumentos de la misma.

Causa Nº 8637-00-CC/2006. Sala II.

Durante el transcurso de aquel acto, el Magistrado hizo saber a los presentes que "a fin de no demorar a las partes el tiempo necesario para la prolija redacción de los fundamentos" (sic), diferiría éstos conforme lo estipula el art. 400 del CPPN de aplicación supletoria en virtud del art. 6 de la Ley 12, "por el plazo de cinco días". Y que: "Sin perjuicio de ello, para evitar una nueva comparecencia al tribunal para la lectura de los fundamentos, se (notificarían) por cédula en los domicilios constituidos" -conf. fs. 140-. (El destacado nos pertenece).

Como si hubiera resultado insuficiente el medio de notificación -extra legem- elegido por el juez de grado para este tipo de casos, la María del Pilar Avalos, Secretaria interina del juzgado, suscribió una constancia al pie del resolutorio, donde tuvo por anoticiados a los presentes del veredicto recaído "sin perjuicio de la oportuna notificación que por cédula se les (efectuaría) de los fundamentos, fecha a partir de la cual (comenzaría) a correr el plazo para eventuales recursos" -ver fs. 140 vta. "in fine"- (El destacado nos pertenece); leyenda ésta última que, por su parte, en modo alguno fue pronunciada por el Magistrado en su decisorio sino que fue introducida oficiosamente por la Actuaria.

Finalmente, con fecha 9 de junio fueron redactados los considerandos de la sentencia -fs. 143/150-, tomando las partes conocimiento de éstos con fecha 13 de junio según se desprende de los instrumentos respectivos glosados a fs. 151/152 en el legajo.

Llegado a este punto, se impone señalar la invalidez de los actos procesales celebrados por el a quo en virtud de que la lectura de la sentencia ha sido reglada como obligatoria porque importa un especial modo de comunicación para las partes que hubieren asistido al debate, en concordancia con los principios que rigen el juicio (oralidad, publicidad, inmediación y continuidad). Y si bien tal exigencia es prescindente de la efectiva concurrencia de quienes deban ser anoticiados -pues aún cuando ninguno de los sujetos del proceso acuda a la expresa convocatoria del tribunal es dicho acto el que marca el comienzo del plazo para la interposición de recursos-, es lo cierto que en el caso, se ha omitido decididamente practicar la diligencia enunciada.

Por el contrario, en los presentes actuados la notificación de los fundamentos de la sentencia a las partes se ha implementado mediante la emisión de cédulas de notificación, conforme fuera ordenado a fs. 140 y se materializara mediante los documentos glosados a fs. 151/152, incumpliéndose de este modo con la manda del art. 400 CPPN que ineludiblemente impone la lectura de la sentencia bajo pena de nulidad. No empece a ello la sola convocatoria formulada por el a quo a efectos de dar lectura al veredicto y el diferimiento realizado en lo que respecta a la línea argumental del decisorio dentro del plazo estipulado en aquella regla (fs. 139 vta. "in fine" y 140), según lo autoriza el segundo párrafo de la norma ritual mencionada, pues la lectura integral que efectivamente debía llevarse a cabo fue reemplazada y sustituída en la especie por otro medio de notificación improcedente para tal supuesto. Con lo cual, entendemos configurada en autos la hipótesis de invalidez absoluta de la sentencia , expresamente prevista en el art. 400 CPPN, por omisión de su lectura al no haberse llevado a cabo en legal forma.

En este sentido la doctrina tiene dicho que: "En cuanto a la lectura de los fundamentos, hay que distinguir entre hacerlo una vez vencido el plazo de cinco días...y omitirla. En el primer supuesto, la nulidad debe propiciarse inmediatamente después de vencido el plazo (art. 170, inc. 3º), pues de lo contrario queda subsanada (art. 170, inc. 1º). En el segundo es absoluta porque el dispositivo aparecerá como expresión de las mera autoridad de los jueces. Si se omite comunicarla, se imposibilita acudir a la vía impugnativa extraordinaria que, hallándose prevista en la ley, debe considerarse garantía constitucional (CS Fallos 307:966). En otros términos: si no hubo lectura no existió notificación. Por lo tanto carece de punto de referencia para el cómputo inicial del plazo para impugnar" (Francisco J. D'albora, "Código Procesal Penal de la Nación", 3ra edición, Abeledo Perrot, en comentario al art. 400, págs. 586/587).

Así también que: "...si se difiere la redacción de la sentencia, o como hemos dicho 'la fundamentación de la misma', el Tribunal podrá fijar un plazo para su lectura integral, la que debe efectuarse, bajo pena de nulidad, en un plazo máximo de cinco días a contar del cierre del debate. No se trata de haber redactado los fundamentos solamente, sino de haber sido, previamente, convocadas las partes y los defensores para leerse la sentencia íntegramente. Es decir los fundamentos de la misma y la parte dispositiva en el plazo fijado por el Tribunal y que no puede extenderse más allá de los cinco días a contar del cierre del debate" (Raúl Washington Abalos, "Código Procesal Penal de la Nación", Ediciones Jurídicas Cuyo, año 1994, comentario al art. 400, págs. 864/867).

Causa Nº 8637-00-CC/2006. Sala II.

Y que: "...La lectura de la sentencia debe siempre efectuarse, sea cuando se la redacta enseguida de la deliberación, como cuando se posterga la redacción, causando la omisión de la lectura, en ambos casos, la nulidad. La lectura constituye,...la emisión de la sentencia, correspondiendo esa forma exterior a la naturaleza del acto en el cual, por exigencia de la Ley, debe aquélla ser dictada, o sea en audiencia pública. Sin la lectura, por tanto, no existe sentencia válida..." (TSJC, Sala en lo Penal y Corr., 4-8-56, BJC, I, 1957, p.138 en ob. cit.).

A ello cabe adunar que el Magistrado nuevamente se apartó de la letra de la ley cuando, en aplicación del art. 400 del C.P.P.N., dispuso que diferiría los fundamentos "por el plazo de cinco días" (ver fs. 140) ya que, también por imperativo legal, se debe fijar audiencia con indicación de día y hora para su lectura integral (conf. norma cit.).

De esta manera se indujo a error a las partes que, estando a lo que había ordenado el Tribunal por intermedio del Juez e inexplicablemente por la Sra. Secretaria, obviamente efectuaron el cómputo de apelabilidad del decisorio a partir de la respectiva recepción de las cédulas de notificación; circunstancia que torna insalvablemente nulo lo dispuesto sobre el particular.

Es que de no ser así, de haber comenzado a correr el término a partir de aquél 9 de junio de 2006 como en rigor de verdad correspondía, el recurso deducido por la María Soledad Patané habría sido presentado en forma extemporánea.

En otro orden de ideas se ha advertido también, que la rectificación de la sentencia fue practicada el día 21 de junio -ver fs. 158- consignándose en ella la aplicación del art. 126 del CPPN conf. el art. 6 de la Ley 12. Ahora bien, teniendo en cuenta la fecha en que fueron redactados los fundamentos del decisorio -9 de junio-, no puede más que colegirse que se ha excedido acabadamente el plazo de tres días previsto por la norma citada a efectos de formalizar la enmienda antedicha en función de ella.

En virtud de lo expuesto y habiendo concluido el presente Acuerdo, el Tribunal, RESUELVE:

DECLARAR LA NULIDAD DE LA SENTENCIA obrante a fs. 143/150 y de todo lo actuado con posterioridad, así como también del auto de fs. 140 en cuanto dispone que "para evitar una nueva comparecencia (de las partes) al Tribunal para la lectura de los fundamentos (de la sentencia), éstos se notificarán por cédula en los domicilios constituídos" con su agregado Actuarial "fecha a partir de la cual comenzará a correr el plazo para eventuales recursos" (arts. 166, 167, 168 y 400 del C.P.C.), debiendo el Sr. Magistrado convocar a las partes y fijar la audiencia respectiva conforme lo resuelto por esta Alzada, y con arreglo a la normativa citada.

Tómese razón, notifíquese por Secretaría al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones al Juzgado de Primera Instancia interviniente, el que deberá practicar la restante notificación. Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.-.

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: Para dejar constancia que el Fernando Bosch no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.

Fdo: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.