Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-20


SENT.DEF.Nº: 16382	EXPTE. Nº: 34.826/ 07 (23.668) JUZGADO Nº: 6	SALA X AUTOS: "GASPARRI, LORENA C/ NESTLE ARGENTINA S.A. S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS" Buenos Aires, 20/11/2008	El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) Arriban los autos a la alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la actora a tenor del memorial obrante a fs. 162/168, cuyos agravios merecieron réplica de su adversaria a fs. 171/175. Asimismo la apelante cuestiona por altos los honorarios regulados en la instancia de grado en tanto que la perito contador cuestiona los suyos por entenderlos reducidos (fs. 158 ap. X y 143 respectivamente).

Los agravios de la demandante pueden sintetizarse del siguiente modo: a) el monto por el que prosperó el performance bonus reclamado; b) el rechazo del incremento resarcitorio fundado en el art. 4º de la ley 25.972; c) la desestimación de la indemnización prevista por el art. 80 último párrafo de la L.C.T. y d) la imposición de costas de primera instancia.	2º) Desde ya anticipo que la queja de la actora merece tener recepción favorable y ello en virtud de las consideraciones que paso a exponer.

a) En lo referente al bonus reclamado la actora sostiene que la juez "a quo" si bien admitió su procedencia, lo hizo por un importe inferior al que correspondía toda vez que tuvo en cuenta 110 días laborados en lugar de 120 que -a su entender- correspondían de haberse tenido presente la integración del mes de despido. Del mismo modo se agravia porque para el cálculo de la incidencia del s.a.c. sobre dicho concepto la sentenciante tomó la doceava parte del monto total del rubro en lugar del 50 % que le correspondía de conformidad con las constancias obrantes en la causa que dan cuenta de que ése era el porcentaje que la propia demandada abonó durante la relación laboral. Por último se queja porque la sentencia de grado desechó su pretensión que se incluya la incidencia del bonus reclamado en la indemnización sustitutiva del preaviso y las vacaciones proporcionales.

Con relación a la incidencia del s.a.c. sobre el "performance bonus" observo que -como bien lo señala la apelante- la juez de grado lo determinó con base en la doceava parte del importe total del rubro pese a que de las constancias aportadas a la causa (precisamente de los recibos de sueldo obrantes a fs. 14, 16 y 17 y de la certificación de fs. 40/41) se desprende que la empresa abonaba por dicho concepto el equivalente al 50 %. De acuerdo con ello, considero que corresponde modificar lo resuelto en grado en este segmento.

Del mismo modo entiendo que también cabe admitir la incidencia del "bonus" en la integración del mes de despido, la indemnización sustitutiva del preaviso y las vacaciones proporcionales (arts. 232, 233 y 156 de la L.C.T.) pues arriba firme a esta instancia la naturaleza salarial del citado concepto y los referidos preceptos legales no exigen que la remuneración que se tome como base de cálculo fuere normal y habitual, máxime si se tiene presente que arriba firme la decisión de la magistrada de admitir el pago proporcional del "bonus" por el lapso trabajado durante el último año de la prestación de servicios y que de no haberse producido el despido en forma intempestiva los períodos a los que aluden las precitadas normas legales hubieran quedado integrados en el cómputo respectivo.

Consecuentemente postulo la admisión de la incidencia del "performance bonus" en la integración del mes de despido, preaviso y vacaciones proporcionales.

Con base en lo dicho, tomando en consideración el importe percibido en concepto de gratificación -con más s.a.c.- correspondiente al año 2006 ($ 3.213) propongo elevar la condena por las diferencias devengadas en el año 2007 con más el s.a.c. (incluida la integración del mes de despido) en la suma de $ 1.071 ($ 3.213 / 12 x 4 meses). Asimismo cabe pronunciar condena por la incidencia del "bonus" en la indemnización sustitutiva del preaviso y en las vacaciones proporcionales por los importes de $ 267,75 ($ 3.213 / 12) y $ 64,26 ($ 3.213 / 12 x 25 x 6 días reconocidos según recibo de fs. 15) respectivamente.	b) El agravio vertido en relación con el rechazo del incremento resarcitorio previsto por el art. 4º de la ley 25.972 también merece tener favorable recepción.

Sobre el tema he tenido ocasión de expedirme recientemente al votar como juez subrogante de la Sala IX de esta Cámara en los autos " Cufia Fernando Ariel c/ COTO CICSA s/ despido" (SD 14.969 del 13 de junio de 2.008 del registro de esa Sala IX).

Allí dije -y aquí lo reitero- que la ley de "emergencia pública" 25.972, en el párrafo primero de su art. 4º, prorrogó la vigencia de la indemnización agravada impuesta por el art. 16 de la ley 25.561 "hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) resulte inferior al diez por ciento (10 %)". Posteriormente el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial del día 11 de setiembre de 2007 el decreto 1.224/07 que dispuso lo siguiente: "Declárase cumplida la condición prevista por el primer párrafo del art. 4º de la ley 25.972".

Me incliné por considerar que era válido y necesario el dictado de ese decreto que dio por configurada la condición que preveía el mentado art. 4º para así dar seguridad jurídica a los sujetos del contrato individual de trabajo y a los operadores jurídicos, máxime si se tiene presente que el legislador laboral -desde antiguo- procuró la autocomposición de los conflictos individuales y de derecho a través del acceso del trabajador a indemnizaciones tarifadas provenientes del despido arbitrario o sin justa causa.

En dicho precedente explicité las razones de mi parecer señalando que fue válida la sanción del decreto porque el propio art. 2º de la ley 25.972 facultaba al Poder Ejecutivo Nacional para "declarar la cesación en forma total o parcial del estado de emergencia pública..." en materia laboral. Es decir que la administración estaba legitimada para actuar como lo hizo en tanto que ejercitó una facultad delegada por el legislador argentino.

Pero además cabe entender que ese acto administrativo tuvo "razonabilidad" (exigencia que le cabe a todo acto emanado de cualquiera de los tres poderes del Estado) a poco que se aprecie la notoria imprecisión del citado art. 4º cuando supeditó el vigor de la indemnización agravada a una tasa de desempleo menor al diez por ciento, no obstante que el propio I.N.D.E.C. utiliza para la medición de la desocupación no un solo índice sino varios en función de si toma o no en cuenta para ello a los beneficiarios de los planes "jefes y jefas de hogar".

Es más. La mentada "razonabilidad" también aconsejaba acudir a la sanción de un decreto para instrumentar la finalización de la originariamente denominada "doble indemnización" porque el I.N.D.E.C. da a conocer los índices de desocupación en forma trimestral y por ende ello no brinda ninguna certeza en orden a la fecha cierta y concreta en que aconteciera la baja del diez por ciento en la contingencia del desempleo.

Sobre tal base, estimo que ese hecho al cual estaba supeditada la vigencia de la norma (la tasa de desocupación inferior al 10 %) no era públicamente conocido -con real certeza- por los sujetos involucrados en la relación laboral individual y en definitiva por la sociedad toda, por lo cual era menester el dictado de un acto oficial que brinde seguridad jurídica en tal aspecto. Considero asimismo que el decreto 1.224/07 del P.E.N. entró a regir el día en que fue publicado en el Boletín Oficial (reitero, el 11/09/07) en la medida en que constituyó una mera declaración ("Declárase cumplida..."), sin que fuese necesaria la espera de los ocho días siguientes a la publicación (arts. 2º y 3º Código Civil).

De acuerdo con lo dicho, propongo la admisión del resarcimiento previsto por el art. 4º de la ley 25.972 por el importe de $ 10.311 (20.622 x 50 %).	No soslayo el planteo de inconstitucionalidad del art. 4º de la ley 25.972 formulado en el escrito de responde . Sin embargo, anticipo que no puede prosperar.

Ello es así pues en el marco de la grave crisis económica que dio origen al dictado de la ley 25.561 y los sucesivos decretos de prórroga, la ley cuestionada que convalidó el dictado de los citados decretos y prorrogó la suspensión de los despidos establecida por el art. 16 de la ley 25.561 no resulta irrazonable pues no limitó el poder del empleador de despedir, sino que lo hizo más oneroso al incrementar el monto resarcitorio.

Con la sanción de dicha ley, el legislador argentino quiso mantener la protección al trabajador en época de desempleo -y que originó el dictado de la ley 25.561- que ante una situación de despido sufre la consecuente dificultad de reincorporarse al mundo laboral. De ese modo, se intentó salvaguardar la garantía constitucional de protección contra el despido arbitrario (art. 14 bis C.N.) la cual ante la emergencia debe prevalecer por sobre el derecho de propiedad del empleador.

Cabe memorar además que es criterio del máximo Tribunal que ante situaciones de gravedad puede intervenirse en el orden patrimonial limitando los derechos en un cierto tiempo, para asegurar la protección de la comunidad y el restablecimiento del tráfico normal de las relaciones de la sociedad que el sistema político requiere (Fallos 313:2; 1530, entre otros).

Por ello y toda vez que los términos en que ha sido articulada la aducida inconstitucionalidad de fs. 48 vta. ap. VIII devienen manifiestamente abstractos y no contienen siquiera mínimamente una indicación clara y concreta de los perjuicios o del agravio constitucional que irroga la norma cuya tacha se pretende, no cabe sino desestimar sin más este planteo.

c) Asimismo se queja la apelante porque la magistrada "a quo" desechó la multa reclamada con sustento en el art. 80 último párrafo de la L.C.T. (según texto agregado por el art. 45 de la ley 25.345) y al respecto señala que para resolver de tal manera la juez tuvo en cuenta la puesta a disposición que la demandada comunicó por vía postal pese a admitir que la certificación acompañada junto con el escrito de responde no reunía los recaudos establecidos en el citado art. 80.

Considero que asiste razón a la quejosa. Si bien es cierto que del intercambio postal obrante en autos surge que frente a la intimación de la actora para que se le haga entrega de la certificación prevista por el art. 80 de la L.C.T. la empresa le respondió que se hallaba a su disposición, lo concreto es que según se desprende de las constancias obrantes a fs. 40/41 la certificación con la cual pretendía dar cumplimiento a este reclamo carece de la totalidad de los recaudos impuestos por el art. 80 de la L.C.T. y por ende la entrega pretendida -en el mejor de los casos para la ex empleadora- no resultaba eficaz a poco que se aprecie que debe consignarse "la misma cosa" a cuya entrega el sujeto está obligado (conf. art. 740, Código Civil). Nótese en el punto que la certificación confeccionada en el formulario PS 6.2 acompañada junto con el escrito de responde si bien tiene ciertas similitudes con el reclamado, adolece de las constancias de aportes y contribuciones con destino a los organismos de la seguridad social, tal como así lo requiere el citado art. 80. Y a ello cabe adicionar la información sobre la formación profesional adquirida por el trabajador, de acuerdo con la modificación introducida por la ley 24.576.

Por lo tanto, sugiero la admisión del reclamo en cuestión el que asciende al importe de $ 12.373,20 ($ 4.124,40 x 3).

Por último se deja constancia que los créditos diferidos a condena devengarán los intereses determinados en la instancia de grado que en este aspecto arriba firme a esta alzada.

3º) La propuesta que implica este voto, al elevar el monto de condena, impone dejar sin efecto lo resuelto en primera instancia sobre costas y honorarios (art. 279 Código Procesal), lo cual torna abstracto el recurso de la actora sobre costas como así también la apelación de honorarios formulada por la perito contador.

En esta tesitura sugiero fijar las costas del pleito, en ambas instancias, a cargo de la demandada al resultar vencida en lo sustancial (art. 68 primer párrafo, CPCCN), fijando los honorarios por las labores de primera instancia en el 16,5 % (cumplió la etapa de alegar: ver fs. 131/135); para la representación letrada de la actora; en el l2,5 % para la representación letrada del demandado y en el 6 % para la perito contador. Dichas regulaciones serán liquidadas sobre el total del capital de condena con inclusión de intereses (art. 38 ley orgánica y cctes. ley arancelaria; arts 3 y 12 dec. ley 16.638/57).

En lo que atañe a los trabajos profesionales en la alzada, propicio que se regule el 30 % para la representación letrada en conjunto de la actora y en el 25 % para la demandada, los cuales serán liquidados sobre los honorarios determinados para la primera instancia (art. 14 ley arancelaria).

Voto, en consecuencia, por: 1) Revocar parcialmente el pronunciamiento de primera instancia y, consecuentemente, elevar el monto total de condena a la suma de $ 24.087,21 con más los intereses desde que cada concepto fue debido y hasta el momento de su efectivo pago conforme la tasa fijada en la instancia de grado; 2) Dejar sin efecto lo dispuesto en materia de costas y honorarios; 3) Costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 primer párrafo, C.P.C.C.N.); 4) Regular los honorarios de primera instancia por la representación y patrocinio letrado de la actora, demandada y perito contador en el 16,5 %, 12,5 % y 6 % respectivamente que se calculará sobre el monto total de condena comprensivo de capital e intereses (art. 38 ley orgánica y cctes. ley arancelaria); 5) Regular los honorarios de la representación letrada en conjunto de la actora en el 30 % y en el 25 % los de la demandada, los que serán calculados sobre los que les corresponda percibir por su actuación en el tramo procesal anterior (art. 14 ley arancelaria).

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Adhiero al voto de mi distinguido colega preopinante pero considero necesario aclarar, con respecto al incremento indemnizatorio dispuesto originalmente por el art. 16 de la ley 25.561, que si bien entiendo que el art. 4º de la ley 25.972 no exigía "per se" el dictado de un decreto que declarara expresamente cumplida la condición prevista en él, la complejidad de las cuestiones relativas a la determinación y publicación de los índices de medición de la desocupación por parte del INDEC -que generó distintas opiniones y soluciones sobre la fecha de cese de la duplicación- sí tornó necesario el dictado del decreto 1224/07 a fin de otorgar certeza y, por ende, seguridad jurídica que, demás está aclarar, redunda en un beneficio para ambas partes de la relación laboral.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar parcialmente el pronunciamiento de primera instancia y, consecuentemente, elevar el monto total de condena a la suma de $ 24.087,21 (PESOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y SIETE CON VEINTIÚN CENTAVOS) con más los intereses desde que cada concepto fue debido y hasta el momento de su efectivo pago conforme la tasa fijada en la instancia de grado; 2) Dejar sin efecto lo dispuesto en materia de costas y honorarios; 3) Costas de ambas instancias a cargo de la demandada; 4) Regular los honorarios de primera instancia por la representación y patrocinio letrado de la actora, demandada y perito contador en el 16,5 %, 12,5 % y 6 % respectivamente que se calculará sobre el monto total de condena comprensivo de capital e intereses (art. 38 ley orgánica y cctes. ley arancelaria); 5) Regular los honorarios de la representación letrada en conjunto de la actora en el 30 % y los de la demandada en el 25 %, los que serán calculados sobre lo que les corresponda percibir por su actuación en el tramo procesal anterior (art. 14 ley arancelaria).

Se deja constancia que se encuentra vacante la tercera vocalía (art. 109 R.J.N.).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.-