marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excarcelación, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Ajllahuanca Mamani, Mateo s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-01-21

Está debidamente fundada la denegatoria de excarcelación si se imputan los delitos previstos por los arts. 140, 145 bis inc. 3º, 145 ter CP y art. 35 ley 12.713 y arts. 117 y 119 ley 25.871 en calidad de coautor, pues la situación del imputado no encuadra dentro de lo previsto en la primera parte del segundo párrafo del art. 316, en conexión con el 317 inc. 1º CPPN y tampoco resulta procedente la excarcelación en los términos de la segunda parte del segundo párrafo del art. 316 CPPN, máxime no habiéndose prolongado la prisión preventiva más allá de las necesidades que el caso requiere, todo lo cual alcanza para rechazar la solicitud, de conformidad con lo normado por el art. 319 CPPN
Despido, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Barrientos Francos, Sergio Emmanuel c/ Montajes Eléctricos CASE SRL y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-20

Las tareas que hacen al servicio técnico de reparación de redes eléctricas, quedan comprendidas en aquellas actividades necesarias para el funcionamiento de Edesur S.A., toda vez que ésta no puede cumplir con su propio objeto social de provisión del suministro eléctrico a sus clientes con prescindencia de tales servicios. Por lo tanto, Edesur S.A. es solidariamente responsable frente al actor con la empresa encargada de reparar las redes eléctricas, en los términos del art. 30 L.C.T.
Sentencia, nulidad de sentencia, contrato de trabajo, horas extra, doctrina legal
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: ALE VICTOR c/ MABICON S.R.L. s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-15

Es nula la sentencia que prescindiendo infundadamente de los hechos invocados en la demanda, relativos a la liquidación de las horas extras, condena al pago de las mismas, sólo en base a los testimonios producidos en autos.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad civil, daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, personal militar, accidente en acto de servicio, actividad riesgosa, agravación del riesgo, daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: GODOY, ENRIQUE JAVIER c/ ESTADO NACIONAL ARGENTINO MIN. DE DEFENSA s/ ACCIDENTE EN EL AMBITO MILITAR Y F. SEGURIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-06

Tiene decidido la Sala, a partir de la Causa 7999/91, "Sepúlveda Héctor c/Estado Nacional Argentino", del 2.4.93, que una recta interpretación de la ley 19.101 (y sus modificatorias) impone considerar que este plexo normativo únicamente comprende en sus previsiones los siniestros que sean consecuencia directa del riesgo propio de la actividad militar, pero no aquellos otros que no reconozcan su causa directa en la especial naturaleza de esas actividades y de los lugares donde ellas son cumplidas, sino que obedezcan a un injustificado y culposo agravamiento de dicho riesgo, originado en una conducta imputable a un dependiente del Estado por la que este debe responder. Cabiendo agregar que ese injustificado y culposo agravamiento del riesgo propio de la actividad militar, también puede provenir -a mi juicio- de las cosas de que aquel se sirve o tiene a su cuidado (arg. arts. 1112 y 1113, párrafos primero y segundo, Código Civil).
Recurso extraordinario, cuestión federal, tasa de justicia, tratados internacionales, interpretación de tratados internacionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Corporación Financiera Internacional c/ Aragón, Luis Alberto Facundo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03

Es formalmente procedente el recurso extraordinario interpuesto contra el pronunciamietno que rechazó la oposición formulada al pago de la tasa de justicia -con fundamento en el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, aprobado por ley 14.842- pues se halla en tela de juicio la interpretación y aplicación de un tratado internacional y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que en él invoca en su favor el apelante. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Derecho penal, delitos contra la Administración Pública, falso testimonio
Materia: PENAL
Carátula: Guattini, Julio César s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-17

La declaración debe ser provocada con fines de prueba ante alguno de los órganos facultados para recibirla y con las formalidades que prevé la normativa para su desarrollo e instrumentación. Brindada la declaración en esas condiciones, puede hacer pasible al deponente de los delitos reprimidos por los arts. 275 y 276 del Código Penal, en el caso de que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición hecha ante autoridad competente, ateniéndonos a las previsiones del art. 242, sería nula la declaración así recibida a alguna de las personas que enumera dicha norma (Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Falsificación de cheque, cheque privado, uso de documento falso, uso de documento adulterado
Materia: PENAL
Carátula: JALABE, SALOMÓN JORGE. s/ FALSIFICACION.  CHEQUE.  ENCUADRE  EN  LA  NORMA DEL ARTÍCULO 296 DEL  CÓDIGO PENAL. DOCUMENTO PRIVADO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-19

la conducta del procesado que utilizó un cheque falsificado debe encuadrarse en la figura de uso de documento privado adulterado del artículo 296 del código penal; sin que proceda efectuar la equiparación del cheque según los términos de otro artículo del código penal, pues la legislación vigente -ley 23.077- No hace equiparación alguna respecto del cheque, debiendo considerárselo un simple documento privado. (Del voto del dr. Escobar al que se adhirió el dr. Campos).
Intereses, IVA
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Almafuerte Cooperativo Ltdo. c/ Editores del Litoral S.R.L. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-07-02

La obligación tributaria que pesa sobre el deudor de intereses bancarios de fuente legal, que tiene como acreedor al fisco, resulta ineludible para él como contribuyente y para el acreedor como agente de retención, independientemente de los rubros admitidos por la sentencia con base en la obligación de fuente convencional que lo vincula al ejecutante.La cosa juzgada no se resiente por ello.

Deberá sí, valorarse su condición de contribuyente inscripto, para el caso que lo acredite al momento de tributar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, relación de dependencia, continuidad en el servicio
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez Ramón Gustavo c/ Ibarra Clemente H y/o Q.R.R.S. s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-11-12

El requisito de continuidad de la relación laboral no necesariamente presupone periodicidad diaria. En efecto, del requisito de continuidad, no gira en torno a una asistencia diaria, sino tan solo en el hecho que el trabajador tiene que volver a prestar servicios durante los períodos sucesivos, para lo cual poco y nada importa aquello.
Accidente de tránsito, culpa civil, culpa concurrente, fuga del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: VITALE, ANUNCIADO c/ AGUILERA, JOSE ALDO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-13

Aun cuando uno de los conductores intervinientes en un hecho ilícito se dio a la fuga o no haya podido ser localizado, y tampoco fuera demandado en autos y traído al juicio en calidad de tercero, comprobada su culpabilidad por las resultas del hecho, nada impide que el juez le fije su proporción de culpa civil a la luz de lo dispuesto en los arts. 512 y 1109, 1113, 902 y ccs del Cód. Civil.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Derecho internacional, derechos sociales
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Ministerio Público - Asesoría Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

La interpretación del PDESC no incumbe solamente a los jueces (art. 31 de la CN) sino también al Poder Ejecutivo Nacional en su carácter de responsable y conductor de las relaciones exteriores, lo que obliga a un delicado equilibrio en el cual los jueces deben tener presente la necesidad de que la República pueda operar como un coherente sujeto de derechos en la comunidad internacional. (Voto Dr. José O. Casás, al que adhiere el Sr. Juez Luis F. Lozano).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Suárez, Enrique Guillermo c/ Inst. Serv. Soc. para Jubilados y Pensionados s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-13

Cabe conceder el recurso ordinario de apelación ante la CSJN interpuesto -arts. 254 y 255 del C.P.C.C.N.-, puesto que la sentencia impugnada es definitiva en razón de poner fin al pleito, el recurso se encuentra deducido en término; la Nación es parte en la causa, y el valor disputado es superior a la suma de pesos 726.523,32 -art. 24 inciso 6), apartado a) del Decreto 1.285/58-
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad, proceso penal, sentencia condenatoria, prueba, presunciones
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL PENAL
Carátula: F, E H s/ HOMICIDIO CALIFICADO     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE  LA  NACION (CSJ EXPTE Nº 550-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-26

El planteo del quejoso en sustento del recurso extraordinario, relativo a que la Alzada basó su decisión condenatoria utilizando sólo las pruebas e indicios desfavorables al encartado, omitiendo todos los favorables analizados por el juez a quo para fundar la absolución, perfila una hipótesis de arbitrariedad que -en abstracto- guarda conexión con la realidad del caso y con la garantía del debido proceso, por lo cual asume entidad suficiente para franquear la instancia extraordinaria federal.
Defensa en juicio, principio de contradicción
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Linares, Horacio Nicolás - Registro de Contratos Públicos N° 13 (Tit) c/  s/ Suspensión en el ejercicio de la función
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-12-22

La garantía de la defensa, que salvaguarda las oportunidades de audiencia y prueba para las partes, no impide la reglamentación de los derechos de las mismas en beneficio de la correcta substanciación de las causas, sin que pueda ser invocada por quienes, por simple omisión o negligencia, no ofrecieron o produjeron sus pruebas en la oportunidad y forma prescriptas por las respectivas normas procesales.
Competencia laboral, personal de casas particulares, inconstitucionalidad, Organización Internacional del Trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Pereyra, Sandra Marcela c/ Popowsky, Karina y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-23

Corresponde declarar el acceso directo a la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en un reclamo incoado por una trabajadora de casas particulares, toda vez que considera que el diseño previsto por el art. 51 de la Ley 26.844 vulnera abierta y palmariamente las directivas estipuladas por el artículo 16 del Convenio nº 189 de la Organización Internacional del Trabajo ("OIT"; aprobado mediante la sanción de la Ley 26.921, B.O. 24.12.2013, y efectuado el depósito del instrumento pertinente el 24.03.2014), en cuanto supedita el acceso al sistema de justicia de los/as trabajadores/as de casas particulares al ineludible sometimiento a una instancia administrativa previa, cuyas resoluciones podrán ser revisadas sólo por vía de un recurso de apelación ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, contrato de trabajo, accidentes de trabajo, enfermedad accidente, daño por vicio o riesgo de la cosa, indemnización por accidente de trabajo
Materia: CIVIL - LABORAL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: JOSEFA MARIA COSTA c/ HILANDERIA ALGODONERA VILLA DEVOTO S.A. Y OTRA s/ ACCIDENTES  DEL TRABAJO - INCAPACIDAD LABORAL - RESPONSABILIDAD CIVIL  - ENFERMEDAD - ACCIDENTE - RIESGO O VICIO DE LA COSA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-05

El pronunciamiento que estableció que el caso no está regido por el art. 1113 del Código Civil, sino por las normas de la ley 9688, ya que los daños sufridos por la demandante se habrían producido a propósito de las cosas a través de la actividad del hombre, lo que queda fuera de las previsiones del art. 1113 del Código Civil, remite al análisis de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ajenas al recurso extraordinario.
Astreintes, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Olivera, Miguel Angel y otro c/ Quiroz, Félix Ernesto y/u otra s/ Diferencias salariales, horas extras, indemnizaciones,  certificaciones, ley 24013
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-05-09

Si la decisión atacada aplica la multa retroactivamente tomando como fecha el vencimiento del plazo fijado en la sentencia que condenaba a entregar las certificaciones, sin tener en cuenta que aquélla nace a partir del momento en que su imposición adquiere ejecutoriedad, corresponde dejar sin efecto tal decisión debiendo mantenerse el monto por no ser mayor al que reiteradamente ha establecido esta Sala. Las costas deben imponerse en un 70 por ciento al actor y 30 por ciento al accionado, atento el resultado de la cuestión sometida a revisión, esto es la importancia económica de las cuestiones que prosperan y las que se rechazan.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: PENAL
Carátula: Scida, Carlos Alberto s/ Privación ilegal de la libertad y hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

No existe violación del art. 156 de la Constitución provincial si la cuestión que se dice omitida ha sido resuelta en la sentencia mediante remisiones dentro de su propio contexto.
Contrato de trabajo, cambio de domicilio
Materia: CIVIL
Carátula: S., M.F. c/ C., O.F. s/ Cobro de Pesos -Laboral-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-05-02

Si el actor optó por usar una forma distinta a la escrita prevista, pero el demandado la aceptó, al punto que, dándose tácitamente por anoticiado del nuevo domicilio, concurrió a él a buscar al trabajador para que le prestara algún servicio -circunstancia demostrativa de que consideró que surtía efectos respecto de las consecuencias del contrato laboral, en tanto allí se dirigió a requerir la fuerza de trabajo a su disposición-, no es dudoso que el cambio fue conocido y aceptado, consentido en suma por la voluntad de ambos contratantes, lo que le otorgó eficacia al nuevo domicilio especial. Tal conclusión se robustece, si cabe, en la esfera de un contrato de trabajo y en un proceso donde se demostró el verdadero conocimiento por el empleador del nuevo domicilio del dependiente. Es que en tal ámbito rige el principio de la primacía de la realidad.
Competencia laboral, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS DE CHUBUT
Materia: Procesal Laboral
Carátula: Juncos, Máximo Ruperto c/ Instituto de Asistencia Social del Chubut y-u otros s/ Laboral González, Carlos Luis c/ Provincia del Chubut, Policía de la Provincia del Chubut, Sr. Oscar Peña y Sr. Guillermo Klappenbach s/ Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-07-16|1992-02-04

Este Tribunal ha sostenido con anterioridad y en distintas conformaciones, que para determinar la competencia debe estarse al contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídica procesal, sin que las defensas en cuanto al fondo que oponga el demandado puedan enervar aquélla competencia.
Monto de la indemnización, fórmula Vuotto, incapacidad sobreviniente, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: LARRAT CLAUDIA ANAHI c/ REGUEIRA RODOLFO FELIX Y OTRO s/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-04-19

A los fines cuantificar la incapacidad sobreviniente en orden al porcentaje fijado, se habrá de atender a las perspectivas que recepta la fórmula matemática aplicada en la causa "Méndez Alejandro Daniel c/ MYLBA S.A. y otro s/ Accidente" (Sentencia Nº 89.654 - Sala III de la CNAT), en la que si bien para satisfacer las necesidades de indemnización actuales de los damnificados por los accidentes laborales, se eleva la vida productiva a 75 años de edad (antes en la fórmula Vuotto era de 65 años), estima que la víctima escalará en sus ingresos al menos 3 veces a lo largo de su vida útil, abandonando el criterio estático de la fórmula "Vuoto" y reduce la tasa de interés al 4%, cuando antes se justificaba el empleo de una tasa de interés de 6%, porque existían depósitos bancarios a dicha tasa mirando siempre de mantener el poder adquisitivo original. Luego, procede considerar el porcentaje de incapacidad del 14%, la edad de la actora, que a la fecha del accidente era de 31 años, y coincidiendo con la pauta salarial conforme CNEPySMVyM -B.O. 25.03.13-, adoptar el de $3.300. En consecuencia, aplicando a la citada fórmula C=a*(1-Vn)*1/i donde: Vn = 1/(1+i)n; a = salario mensual x (75/ edad del accidentado) x 13 x porcentaje de incapacidad; n = 75 - edad del accidentado; e, i = 4% = 0,04, se obtiene la suma de $238.870,34. (del voto del Dr. Medori, en minoría).
Agravantes de la pena, violencia de género, apreciación de la prueba, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Billiris, Gerardo Ismael y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-13

Debe recibir favorable acogida el agravio del Fiscal y las querellas en cuanto a la aplicación del agravante contenida en el inc. 11º del art. 80 del digesto sustantivo. En efecto, tanto las convenciones internacionales que rigen la materia, como la doctrina sentada por nuestro más alto tribunal, exigen a los operadores jurídicos incorporar un análisis contextual que permita comprender los hechos de una manera respetuosa y acorde a los parámetros propios de la problemática de violencia de género. Y es en este punto donde se encuentra el yerro cometido por el tribunal a quo pues, si bien a modo discursivo los magistrados de juicio refirieron a la importancia de evaluar el contexto en que tuvieron lugar los hechos, lo cierto es que entiendo que se alejaron de dicha percepción al momento de evaluar la prueba reunida en autos.Ello es así pues, conforme lo señalan los representantes del Ministerio Público Fiscal, no puede escindirse de un estudio armónico e integral de las causas y pruebas que formaron parte del debate bajo examen, de las que dan cuenta no sólo del contexto en el que tuvieron lugar los hechos sino también de su encuadre como violencia de género (recuérdese que tanto los encausados elegían pormenorizadamente con quienes relacionarse a los fines del consumo de estupefacientes y vínculos sexuales, esto es, mujeres muy jóvenes a quienes suministraban drogas de manera deliberada, incluso, sustancias que ellas mismas desconocían y superaban su marco de consentimiento, llegando al punto de dejarlas en estado extremo de inconsciencia -y vulnerabilidad-, propicio para su abuso sexual; en resumen, se valían de su madurez etaria y física para perpetrar los más atroces hechos contra las mujeres víctimas en los presentes actuados). Además, llama la atención al suscripto que el tribunal a quo desconoció o, al menos, le restó importancia a todo el plexo probatorio obrante en autos en cuanto da cuenta de un contexto de violencia de género -a la luz de los estándares internacionales y nacionales- pero, sin embargo, le dio validez probatoria a suposiciones que hiciera en virtud de apreciaciones de una sola perito. Y es que ello no resulta menor si se atiende a la obligación asumida por el estado argentino frente a la comunidad internacional de investigar, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer. Con respecto a la víctima de la tentativa de homicidio, nótese que, además, el encartado era el proveedor de trabajo a la nombrada quien reiteradamente le hizo saber cuánto necesitaba tales ingresos, circunstancia de lo que dan cuenta sus declaraciones y las de los testigos que depusieron durante el juicio oral y contradictorio.
Acordadas, superintendencia, denuncia administrativa, funcionarios de la DGI
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: BEF CORPORATION s/ Contrabando.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-11

ACORDADA DE SUPERINTENDENCIA.- A los fines de dilucidar cuál de las actuaciones debe ser considerada primera actuación administrativa para, en función de esto, adjudicar el trámite del proceso a uno u otro juzgado, el "acta - denuncia" llevada a cabo por funcionarios de la Administración Nacional de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) reviste entidad suficiente para ser considerada primera actuación administrativa, y de conformidad con lo normado por el Art. 24 del Reglamento Interno del Fuero, para este tipo de sumarios de prevención, corresponde considerar que el "acta - denuncia" resulta ser la primera actuación administrativa, por lo que corresponde entender en las actuaciones al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico que se encontraba en turno a esa fecha.

En igual sentido: CPEcon, Secretaria de Superintendencia, Reg. 13/2003, Reg. 45/2004, Reg. 89/2004, Reg. 95/2004, Reg. 99/2004, Reg. 102/2004, Reg. 113/2004, Reg. 65/2005, Reg. 66/2005, Reg. 70/2005, Reg. 77/2005, Reg. 107/2005, Reg. 19/2006, Reg. 31/2006, Reg. 32/2006 y Reg. 37/2006.
Robo calificado, prueba
Materia: PENAL
Carátula: POGONZA, DARIO HERNAN S.D. ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO E.P.D. ALVAREZ DE VERON s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-12

La falta de secuestro del arma de fuego presuntamente utilizada en el presunto ilícito y consecuentemente, la imposibilidad de realizar peritaje que acredite el efectivo poder intimidante, permite al Tribunal encuadrar el hecho en el tercer párrafo del inc.2 del art.166 del Código Penal, conforme el texto de la Ley 25.882. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, deuda exigible
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: G.C.B.A. c/ GATTO Y GUERRERO, Marta Isabel s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-26

En el marco del proceso ejecutivo no es posible tratar cuestiones que excedan el análisis de la aptitud ejecutiva del título y vayan a planteos sobre la exigibilidad de las prestaciones, cuyo debate queda reservado al ámbito del juicio ordinario. Del voto del Dr. Pascual
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mendoz, Raúl y otro c/ Municipalidad de La Plata y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Estando ubicado el pasamanos (entre otros juegos para niños de corta edad) y dadas sus características de diseño (varios escalones en sus extremos) no puede reputarse como "imprudente" la conducta del menor que pretendió utilizarlos, ni imputarse el accidente a la falta de una persona mayor que le controlara en sus juegos. Es decir que, el pasamanos no necesariamente es una cosa peligrosa, pero si los travesaños que lo integran, destinados a que quién con él juegue se vaya trasladando colgado de sus manos, están sueltos, giran, lo transforman en una aparato generador de riesgo.