Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-30


SENT Nro. 289 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 30 DE ABRIL de 2003.- Y VISTO: Llegan a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, los recursos de casación interpuestos por el Fiscal de Cámara de la IVa. Nominación y por la defensa técnica de los imputados a fs. 807/810 y 811/814, en contra de la sentencia dictada por la Cámara Penal, Sala IIa. del 07/10/2002 (fs. 803/804 vta.), los que fueron concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 03/12/2002 (cfr. fs. 815/816). En esta sede, tanto la parte querellante como la defensa de los imputados presentaron memoria sobre los recursos casatorios (cfr. fs. 823/828 y 829 y vta.), mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por la procedencia de los recursos intentados (cfr. fs. 832/835). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Vienen a conocimiento y resolución del Tribunal sendos recursos de casación interpuestos por el Fiscal de Cámara de la IVa Nominación y por la defensa técnica de los imputados en autos, contra la sentencia de la Sala IIa de la Excma. Cámara Penal, del 7 de octubre de 2002, que hace lugar al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la querella, y declara la nulidad de la resolución de la Sra. Juez de Instrucción de la IIa Nominación, del 4 de junio de 2002, que sobresee la causa instruida en contra de Felipe Osvaldo Suar, Luis Hugo Cazzola y Oscar Humberto Fiorito, por el delito de estafa en perjuicio de Julio César Corbella y Francisco José Corbella.

2.- Recurso del Fiscal de Cámara:

Sostiene que el fallo en crisis comporta un evidente avance del órgano judicial en infracción a los principios que rigen el sistema acusatorio, pues se pretende omitir la necesaria acusación formal por parte del representante del Ministerio Fiscal. Explica que para ello se acude a un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no se ajusta al caso de autos, a la vez que se tergiversa la doctrina del Alto Tribunal que ha sostenido en dicha oportunidad que la acusación es indispensable para garantizar el debido proceso legal, y que la misma se materializa con el requerimiento de elevación a juicio y su eventual ampliación, circunstancia que no concurre en el caso, donde los representantes del Ministerio Fiscal, se expidieron en forma coincidente por el sobreseimiento de los imputados. Y que la interpretación efectuada por el Tribunal torna arbitraria a la resolución impugnada, que reviste gravedad institucional, al trascender el interés particular por encontrarse cuestionada la estructura esencial del proceso, con incidencia en el normal desarrollo del servicio de Justicia. Advierte que si bien le asiste al querellante el derecho de apelar el sobreseimiento (artículo 352 CPP), tanto en primera como en segunda instancia, si el Ministerio fiscal se expidió por el cierre de la causa no resulta procedente que el Tribunal se atribuya funciones propias del Ministeri o Público Fiscal, y decida hacer lugar al planteo de nulidad sin existir acusación en razón de la posición asumida por el mismo.

Propone doctrina legal, formula reserva del caso federal, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso interpuesto.

3.- Recurso de la defensa técnica de los imputados:

Imputa arbitrariedad al fallo en crisis, el que, según sostiene, infringe las normas de la organización tribunalicia, de la ley procesal vigente y los artículos 1, 18, 33 y conc. CN, configurándose el supuesto de gravedad institucional que justifica la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en salvaguarda del derecho vigente y del sistema republicano de gobierno.

Manifiesta que en nuestro sistema procesal, de neto corte acusatorio, es el Ministerio Público Fiscal quien durante la investigación penal preparatoria, detenta en exclusividad la promoción, prosecución y gestión de la acción penal; y recién cuando la acusación se ha formulado, se inicia el juicio penal propiamente dicho, oportunidad en la que recién podrá el órgano judicial hacer propia la materia en discusión y juzgar los hechos sometidos a su consideración. En este sentido, prosigue, el artículo 359 CPP consagra expresamente la regla de que cuando hay coincidencia entre la opinión del fiscal instructor y el de Cámara por el sobreseimiento del imputado, el Juez de Instrucción se halla obligado a sentenciar en tal sentido, resultado inclusive inapelable dicha resolución, de donde deriva que en tal supuesto la Cámara de Instrucción, y aun la Corte Suprema de Justicia, carecen de jurisdicción para analizar el caso.

Señala que habiéndose expedido el Fiscal de Cámara por el sobreseimiento de los imputados, la Sala IIa debió proceder en igual sentido y cerrar el proceso por desistimiento de la acción penal; pero que, sin embargo, arrogándose facultades legislativas y en un claro exceso de jurisdicción , se inmiscuyó en materia que le estaba vedada, y continuó en su obrar ilegítimo hasta emitir un fallo arbitrario, que destruye el sistema acusatorio, y lesiona la garantía del debido proceso legal. Observa que el Tribunal, apoyándose en el precedente "Marcilese", rescató para sí la facultad de juzgar aun cuando el Ministerio fiscal se hubiera pronunciado por la absolución, olvidando o desconociendo las distintas situaciones planteadas en ambos casos. Al respecto, explica que el precedente de cita refiere a un juicio en sentido estricto, es decir, cuando ya se había producido la acusación fiscal, y después de abierto el debate, el representante del Ministerio público, en oportunidad de alegar, se pronunció por la absolución del acusado, y el tribunal falló sosteniendo que el desistimiento era extemporáneo y adentrándose en la consideración de los hechos y las pruebas ya sometidos a su jurisdicción. Pone de relieve que en el sublite, en cambio, la causa se halla en la etapa de instrucción, esto es, antes del juicio propiamente dicho, oportunidad en que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, que sostuvo que no existían mot ivos para elevar la causa a juicio, sino que existen méritos suficientes para cerrar definitiva y totalmente el proceso en su etapa preliminar, por lo que el órgano judicial quedó sin materia respecto de la cual ejercer su potestad. Sostiene que por aplicación de la doctrina que emerge del artículo 359 CPP correspondía que el Tribunal sobresea a los imputados, ante el desistimiento expreso de la acción penal formulado por el fiscal de instrucción y por el fiscal de Cámara.

Cita jurisprudencia que estima aplicable al caso, propone doctrina legal, formula reserva del caso federal, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso tentado.

4.- Por auto interlocutorio del 3 de diciembre de 2002 se conceden los recursos de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

5.- El examen de los recursos interpuestos a fs. 807/810 y 811/814, demuestra que han sido deducidos tempestivamente, y que satisfacen los requisitos de admisibilidad impuestos por los artículos 468 y 474 CPP. Los motivos de casación invocados encuadran en lo preceptuado por la ley adjetiva, en tanto se alega fundadamente la violación de normas procesales y constitucionales y la arbitrariedad del pronunciamiento por falta de fundamentación de la sentencia. A su vez, el recaudo de definitividad de la sentencia impugnada debe considerarse satisfecho en la especie, toda vez que la cuestión planteada trasciende el interés meramente personal de las partes, concurriendo en el caso el supuesto de gravedad institucional previsto en el artículo 469, 2° parte CPP, al encontrarse cuestionada la estructura esencial del proceso con incidencia directa en el normal desarrollo del servicio de justicia.

6.- La sentencia aquí impugnada, del 7 de octubre de 2002, (fs. 803/804), declaró la nulidad de la resolución de la Sra. Juez de Instrucción de la IIa Nominación del 4 de junio de 2002, que sobreseyó la causa. Sostuvo que el principio acusatorio formal dispone disociar las funciones requirente y decisoria, que apareja la necesidad del acto de instancia por parte de un órgano distinto al juez, pero advirtió que en modo alguno ello implica concentrar esas atribuciones en otros funcionarios, dejando la suerte del proceso sujeta a la discreción del acusador. Destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que la norma del artículo 18 CN ha dejado establecido en la causa "Santillán" del 13 de agosto de 1998, que la exigencia de acusación, como forma sustancial en todo proceso penal, salvaguarda la defensa en juicio, sin que tal requisito tenga otro alcance que la observancia de las formas sustanciales relativas a acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales, o contenga distingo alguno respecto del carácter público o privado de quien la formula; y que la garantía del debido proceso consagrada en la norma constitucional citada asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada, previo juicio llevado en legal forma. Asimismo hizo referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído en la causa "Marcilese", del 15 de agosto de 2002 (La Ley, 2002-E, pp. 718 y ss), destacando que el Dr. Carlos Fayt expresó en su voto que no puede exigirse que el juez quede atado ineludiblemente a una evaluación de los hechos e interpretación del derecho realizado por el fiscal, de la que no participa, apartándose así de su convicción acerca de la verdad real; y que si se pretende ser consecuente con el principio acusatorio formal, como garantizador de la imparcialidad del tribunal de juicio, no se puede al mismo tiempo postular que sus decisiones queden ligadas a la de otro órgano del Estado.

Sobre esa base sostuvo que no pueden negarse atribuciones al Tribunal para examinar la validez de la sentencia de sobreseimiento recurrida por el querellante, pese a la conformidad del Fiscal de Cámara con el sobreseimiento dictado por el Juez de Instrucción. Al respecto destacó que la sentencia del 4 de junio de 2002 dispuso sobreseer en virtud del inciso 5° del artículo 350 CPP, mas invocó en los considerandos del fallo la causal de atipicidad del artículo 350 inciso 2°, exhibiendo así el fallo una evidente contradicción , por cuanto se trata de causales de distinta naturaleza, que demuestra la falta de motivación del fallo y la consecuente nulidad, a tenor de lo dispuesto por los artículos 142, 184, 191 y 413 CPP. En consecuencia declaró la nulidad de la sentencia, indicando que el a quo debe agotar el análisis de los hechos a fin de afirmar o negar su tipicidad, incluyendo la figura del artículo 173 inciso 11 CP.

7.- En el examen de la cuestión traída a decisión de esta Corte de Justicia, cabe observar, de modo liminar, que en el caso no correspondía el tratamiento del recurso de apelación por la Sala de instancia. Ello así por cuanto tanto en primera como en segunda instancia el Ministerio Fiscal se expidió por el sobreseimiento de los imputados; y al no existir acusación en razón de la posición asumida por el Ministerio Público, no procedía el tratamiento de la apelación incoada.

En el sistema procesal penal local, la coincidencia entre el Fiscal de Instrucción que solicita el sobreseimiento y el Fiscal de Cámara, obliga al Juez a sobreseer la causa, y en tal caso, su decisión es inapelable (artículo 359 CPP). Al no existir requerimiento acusatorio, no corresponde el tratamiento del recurso de apelación de la querella, atento al carácter adhesivo de la intervención del querellante particular en el ejercicio de la acción penal pública. Ello así, por cuanto la titularidad de la acción pública corresponde al Ministerio Público, y al no existir acusación, se deja al órgano jurisdiccional -en el caso la Cámara Penal y la Corte Suprema-, sin materia justiciable, desde que no se puede hacer renacer la acción (Cfr. CSJTuc., "Guerra José Luis s/ defraudación. Recurso de casación", sentencia Nro. 377 del 27 de diciembre de 1999).

El querellante no tiene atribuciones para impulsar la continuación de la persecución penal, cuando el Ministerio Público Fiscal considera que no debe proseguirla, y por ende no quiere acusar, instando en cambio el sobreseimiento. En este sentido se ha pronunciado esta Corte de Justicia en la causa "Duchen, María Matilde s/ abandono de persona". Recurso de queja por casación denegada", sentencia Nro. 700 del 16 de septiembre de 1999, al señalar que la sola acusación del querellante particular no permite la apertura del juicio oral y público, si el Ministerio Fiscal no acusa.

En el precedente citado, esta Sala Civil y Penal destacó que tal interpretación no comporta restricción alguna a la intervención reconocida al querellante particular en el proceso penal, ni de ella resulta violación a la defensa en juicio o cercenamiento de las facultades del querellante. Su derecho a obtener un juicio final de culpabilidad o inocencia, con apoyo en la pretensión punitiva ejercitada por su parte, está condicionado a que se haya ingresado a la etapa del juicio oral y público, y para ello resulta necesario que exista acusación por parte del Ministerio Público; lo que no acontece en el sublite. Este es el criterio legal, que se desprende de los artículos 332, 335, 342, 344, 348, 352, 358, 359 y conc. CPP.

Por otra parte, la solución que se postula no implica violación de la defensa en juicio, ni puede interpretarse como un cercenamiento de las facultades del querellante, o una privación de justicia, toda vez que el querellante puede obtener un juicio final de culpabilidad o inocencia con apoyo en la pretensión punitiva ejercitada por su parte, pero en las condiciones establecidas por la ley, y siempre que se haya ingresado a la etapa del juicio oral y público, para lo cual resulta necesario que exista acusación por parte del Ministerio Público.

El examen de la sentencia impugnada demuestra que los precedentes que cita para justificar la competencia del Tribunal para examinar la validez de la sentencia de sobreseimiento recurrida por el querellante, pese a la conformidad del Fiscal de Cámara con el sobreseimiento requerido por el Fiscal de Instrucción y decidido por el Juez de Instrucción, difieren sustancialmente del supuesto configurado en autos, en donde no se ha llegado aun a la etapa del juicio, sino que la investigación penal preparatoria ha concluido sin que se formule acusación, y con el sobreseimiento de los imputados. De ello resulta que aun cuando el querellante tenía derecho a apelar lo resuelto por la Sra. Juez de Instrucción, el dictamen coincidente del Sr. Fiscal de Cámara con su inferior en grado, se traduce en la inexistencia de acusación por el delito que dio causa al presente proceso.

No cabe perder de vista que en el caso lo examinado es la intervención que compete al Ministerio Público y su incidencia en el ejercicio de la acción penal, durante la etapa de instrucción la que en el caso, y como quedó dicho, ha concluido sin que se formule acusación, con el sobreseimiento del imputado. En tanto que en las causas "Santillán" y "Marcilese", citadas en el fallo en recurso, el proceso se hallaba en la etapa del juicio.

En "Santillán" el Alto Tribunal Nacional examinó el supuesto en que existe solicitud de absolución por el Ministerio Público y petición de condena por parte del querellante particular, lo que supone un proceso que se halla en la etapa del plenario. En ese contexto sostuvo que la exigencia de acusación, como forma sustancial en todo proceso penal, salvaguarda la defensa en juicio del justiciable, sin que tal requisito contenga distingo alguno respecto del carácter público o privado de quien la formula. Y que todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma (CSJNación, La Ley 1998-E, 331). En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ha dicho que la pretensión punitiva ejercida por el querellante particular en el plenario, habilita al órgano judic ial para formular un juicio final de culpabilidad o inocencia, y que el Tribunal de juicio debe emitir pronunciamiento, aun cuando el Ministerio Público Fiscal haya pedido la absolución del imputado (CSJTuc., "Figelj, Marcelo Enrique s/ homicidio por culpa o imprudencia", sentencia del 6 de julio de 1999).

En la causa "Marcilese" (La Ley 2002-E, 718), el voto de la mayoría modificó el criterio que el Tribunal había venido sosteniendo desde la causa "Tarifeño" (La Ley 1995-B, 32), según el cual el pedido de absolución efectuado por el fiscal en el debate impedía una sentencia de condena (criterio que se mantuvo en las causas "Cáseres", Fallos 320:1891y "Fiscal c. Fernández, Pedro, Fallos 324:425); de modo que aun cuando existiera requisitoria de elevación a juicio en la etapa instructoria, no podía considerarse que existía acusación -como requisito integrativo de la garantía del debido proceso legal-, si en el plenario el representante del Ministerio Público no formulaba acusación, sino que solicitaba la absolución del imputado.

En la citada causa "Marcilese", la Corte mantiene el criterio de que en materia criminal la garantía consagrada por el artículo 18 CN exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales (Fallos 125:10; 127:36; 189:34; 308:1557, entre muchos otros); pero postula que el principio acusatorio se satisface con el requerimiento de elevación a juicio que otorga jurisdicción al tribunal, aunque no contenga pedido de pena en concreto. De ello se deriva que la absolución pedida por el fiscal en la etapa del juicio no vincula al tribunal que puede desecharla y condenar sobre la base de la imputación que dio causa al mismo.

Como se advierte y quedó dicho precedentemente, en los casos reseñados, y que la Sala de instancia cita en apoyo de su decisión, el proceso se hallaba ya en la etapa del juicio, a diferencia de lo que acontece en la especie, donde la investigación penal preparatoria ha concluido sin que se formule acusación, y con el sobreseimiento de los imputados.

8.- En el caso de autos el Ministerio Fiscal se expidió por el cierre de la causa, tanto en primera como en segunda instancia, y en consecuencia no correspondía el tratamiento de la apelación incoada, al no existir acusación. El requerimiento de elevación a juicio ejecutoriado es técnicamente una acusación, ya que sin ella no puede abrirse la etapa del plenario, que fija la base de la competencia del tribunal de juicio, al establecer la base fáctica y de las personas sometidas al proceso (Donna-Maiza, "Código Procesal Penal", p. 393, Astrea, Buenos Aires, 1994; CSJTucumán, "Ballesteros, Daniel Alfredo s/ lesiones por culpa o imprudencia", sentencia Nº 1001, del 3 de diciembre de 2001). Y en el presente caso, en el que la instancia se desenvuelve en la etapa de la investigación penal preparatoria, el requerimiento de sobreseimiento formulado en forma coincidente por el Ministerio Público -en esta fase-, comporta el desistimiento de la acción penal.

Por los fundamentos expuestos corresponde hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por el Fiscal de Cámara de la IVa Nominación y por la defensa técnica de los imputados en autos, y casar la sentencia de la Sala IIa de la Excma. Cámara Penal, del 7 de octubre de 2002, de conformidad a la siguiente doctrina legal: "Cuando en la etapa de la investigación penal preparatoria el Ministerio Público se pronuncia, tanto en primera como en segunda instancia, por el sobreseimiento del imputado, no existe acusación, por lo que no corresponde el tratamiento del recurso de apelación incoado por la parte querellante". Como sentencia sustitutiva se revoca el fallo impugnado, y se resuelve desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de la Sra. Juez de Instrucción de la IIa Nominación, del 4 de junio de 2002, la que, en consecuencia, queda firme.

Teniendo en cuenta que el supuesto planteado en autos difiere del previsto en el artículo 359 CPP, y atento al modo de regulación de la cuestión en el código procesal penal local, corresponde imponer las costas en el orden causado (artículo 551 CPP) Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por el Fiscal de Cámara Penal de la IVa. Nominación y por la defensa técnica de los imputados en autos, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos de la presente resolución. Dictando sustitutiva: REVOCAR la sentencia de la Sala IIa de la Excma. Cámara Penal, del 7 de octubre de 2002, y declarar que corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la querella contra la resolución de la Sra. Juez de Instrucción de la IIa. Nominación, del 4 de junio de 2002.

II.- COSTAS conforme lo considerado.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA