marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, imputado, prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad, pena privativa de la libertad, sentencia condenatoria, sentencia firme
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., F. J. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Homicidio   (Expte. CSJ Nº 1378-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-13

Si el sujeto no es más un "preso sin condena", sino que ha visto satisfecho en grado razonable su "derecho a ser juzgado" (Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 7.5 y 8.1), sin perjuicio de la posibilidad que le confiere el ordenamiento de plantear impugnaciones ante las instancias extraordinarias -que habrán de tener incidencia sobre el estado de privación de libertad sólo en caso de prosperar (evidenciando así el apuntado carácter provisorio del cómputo efectuado)-, es a todas luces inaceptable la pretensión de que se compute privilegiadamente el tiempo en que ha permanecido privado de libertad hasta la desestimación (o, incluso, el vencimiento del plazo de interposición) del último de los remedios posibles contra la sentencia dictada en las instancias ordinarias.

Ello así, porque si se repara en los tiempos que necesariamente insumen tales tramitaciones se advertirá que -en caso de admitirse tal tesis- la persona perseguida penalmente podría (manteniendo la causa abierta a través de sucesivas impugnaciones, aún manifiestamente infundadas) obtener resultados asimilables a una virtual "conmutación de penas" (si se trata de penas de prisión), obteniendo quitas considerables en la pena impuesta que frustrarían las finalidades preventivas que inspiran y justifican el sistema penal. Y este extremo contribuye a descalificar la tesis del recurrente por aplicación de la pauta inveteradamente sostenida por el Alto Tribunal de la Nación conforme a la cual "una de las pautas más seguras para verificar la razonabilidad de una interpretación legal es considerar las consecuencias que se derivan de ella".
Horas extra, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Materia: LABORAL
Carátula: Baracco de Perdome, María del Carmen c/ Banco del Acuerdo S.A. s/ Salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-12

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no demuestra que la decisión del Tribunal del Trabajo es errónea. En el caso, en cuanto rechazó el reclamo salarial por horas suplementarias al considerar a los actores comprendidos en la previsión del art. 3 inc. 'a' de la ley 11.544, en atención a lo dispuesto por el decreto 1088/45 en su art. 4 inc. b) y el encuadre efectuado de acuerdo a la cláusula 7ma. del C.C.T. 18/71.
Expresión de agravios, plazo perentorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Roa, Julián c/ Cisneros, Victor Inocencio s/ División de Condominio de Condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-10-05

El término para expresar agravios es perentorio; por consiguiente la no presentación del escrito dentro de ese término, es razón suficiente para declarar la deserción del recurso, con o sin instancia de parte, a estar por la ineludible sanción que contiene la norma.
Despido indirecto, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: C. E. M. c/ O. A. y/o Q.R.R. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-05-28

Para que se configure la injuria determinante del despido indirecto, es necesario que haya existido la intimación previa que posibilite su saneamiento y, por lo tanto, la prosecución del vínculo.
Derechos políticos, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-06

A partir de la reforma de 1994 los derechos políticos se han visto reforzados por la recepción de diversos tratados internacionales de protección de los derechos humanos con jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, fundamentalmente el derecho al voto (art. 75 inc. 22 de la CN). (Voto del Dr. Horacio G. Corti).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Derecho laboral, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MANZO, OSVALDO RAUL c/ GONZALEZ, ALBERTO HORACIO Y/O TITULAR DE TMG s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-05-07

El quejoso no logra demostrar la configuración de un caso constitucional con virtualidad para determinar el acogimiento de la queja, desde que no se hace cargo debidamente de las consideraciones efectuadas por el A quo para confirmar el rechazo de la demanda de indemnización por despido, por entender que -considerando el holgado tiempo transcurrido (un año) entre el emplazamiento efectuado por el trabajador, a fin de que el empleador ratifique o rectifique el despido verbal, y la misiva del despido indirecto- había operado el distracto por la voluntad concurrente y recíproca de las partes por abandono de la relación ante la ausencia de elementos de prueba para tomar una decisión en distinto sentido; y así enmarcó la finalización de la relación laboral en la normativa del artículo 241 in fine de la Ley de Contrato de Trabajo. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 241 in fine
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: SORUCO LUCIO CLAUDIO c/ LISTEK ENRIQUE s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-08

La vida humana tiene por sí sola un valor económico que debe ser resarcido, aún cuando no se pruebe un perjuicio concreto que su pérdida ha ocasionado a los herederos forzosos de la víctima (conforme Cámara Nacional Civil, Sala F, L. 240.125 del 21/4/80; id.

id. L. 228.705 del 29/6/79; id. id. L. 208.054 del 13/10/76; id. id.

L. 217.569 del 13/3/78; id. id. L. 221.184 del 4/7/78; id. id. L.

223.609 del 1/3/79; id. Sala A, E. D. 30-647; id. Sala C, E. D. 41 700; id. id. E. D. 81-520; id. Sala D, E. D. 21-227; id. id. E. D.

59-339). El art. 1084 del Código Civil otorga a la viuda e hijos de la víctima de un accidente derecho a una indemnización, aun cuando éstos no prueben daño alguno. Dicha norma consagra una presunción de la existencia del daño y la indemnización debe dirigirse a la subsistencia de los beneficiarios (conforme Borda, Obligaciones, tomo II, número 1582 Llambías, Obligaciones, tomo III, página 512;

Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños, tomo II, B-página 163, número 229; Zannoni, El daño en la responsabilidad civil, página 156, número 47).-
Inimputabilidad, insuficiencia de las facultades, reglas para dictar sentencias, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: CARDOZO, Juan Carlos s/ NULIDAD DE SENTENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-07

Debe declararse la nulidad de la sentencia que, en el Considerando primero, deja sentado que el procesado es un inimputable por insuficiencia de sus facultades mentales, y en el Considerando segundo atiende a la eventual aplicación de las medidas de seguridad, descartando su aplicación por ausencia de peligrosidad.

La nulidad se impone desde que, más allá de un orden lógico establecido por la dogmática, es el propio derecho de defensa en juicio el que demanda que la decisión sobre imputabilidad o inimputabilidad se refiera necesariamente al autor de un hecho considerado delictuoso por la ley penal, ya que el pronunciamiento sobre tal materia no puede realizarse en abstracto sino en concreto, no sólo en relación a una persona determinada, sino con específica referencia a un hecho que debe ser típico y antijurídico, y además cometido por esa persona, pues no debe atribuirse tácitamente un hecho a quien quizás no lo cometió.

Dado que la imputabilidad debe existir al tiempo de cometerse la acción típicamente antijurídica, con carácter previo al juicio relativo a la capacidad genérica de ser culpable, resulta imperioso pronunciarse concretamente en orden a la demostración de la materialidad de la conducta ilícita reprochada y en torno a la autoría de esa conducta, para después recién penetrar legítimamente en el plano subsiguiente, a lo que se añade que la sentencia hizo caso omiso de la normativa implementada en los arts. 495 y 496 CPC, cuyos contenidos se omitieron casi por entero.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, derecho a la vivienda digna, principio de progresividad
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Ministerio Público - Asesoría Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

No cabe medir la mejora según lo que toque a cada individuo, sino que debe serlo globalmente para toda la población, ni tampoco cabe pensar separadamente los derechos contemplados en el PIDESC sino que hay que pensarlos en conjunto, según se desprende de que los recursos disponibles lo son para el conjunto, desde que la Observación General 3 del Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al analizar el concepto de progresividad y regresividad relaciona esas calificaciones con el conjunto de medidas y de derechos alcanzados por las previsiones del PIDESC en función del máximo de recursos disponibles. (Voto Dr. José O. Casás, al que adhiere el Sr. Juez Luis F. Lozano).
Indemnización por accidente de trabajo, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: AVALO, ROQUE c/ GABRIEL Y CIA.  S.R.L. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-29

A los efectos de la indemnización prevista por la ley 9688 resulta irrelevante el hecho de que el trabajador hubiese laborado un solo día, si precisamente ese día sufrió un accidente.
Catastro, valuación del inmueble, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ussher de Romero Zapiola, Sara Cecilia y otros c/ Provincia de Buenos Aires. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-17

Si la determinación del valor del bien se fijó en función de parámetros teóricos que no fueron corregidos por las operaciones de justiprecio que la norma prevé, las deficiencias del dictamen técnico repercuten negativamente en el acto administrativo que lo invoca como fundamento, pues se proyectan como vicios en la motivación.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Carlos Alberto c/ Fundacc. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-07-18

Para que juegue la presunción establecida por el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo los servicios deben haberse prestado en relación de dependencia para otro siendo esta nota tipificante tanto de la relación como del contrato de trabajo (art. 21 y 22 de la L.C.T.).
Acción reivindicatoria, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: Ponce, Silvia Teresita c/ Ledesma, María Mercedes s/ reivindicación-casación civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2016-04-29

La legitimación activa, en la acción de reivindicación, solo la tendrán quienes resulten titulares de todo derecho real que se ejerce por la posesión, de la cual ha sido privado absolutamente, a través del despojo o desposesión.
Empleados públicos, cesantía, estabilidad del empleado público, sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONACINA ENRIQUE c/ CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-RECONSTRUCCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-05

La sanción de cesantía, de ninguna manera puede ser aplicada automáticamente. Esto implica la pérdida de un derecho -la estabilidad del empleado público- que no puede ser vulnerada ni atacada en su esencia a no ser que medien causales que así lo determinen, previo sumario administrativo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: Marchisio, Angel José c/ Federación Agraria Argentina Soc. Coop. de Seguros Limitada y otro s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-09-01

Fundado el embargo preventivo en el art.214 inc.3 C.Pr., referido a un "proceso pendiente", la actora ha ejercido una facultad expresamente conferida por ley, para resguardar un derecho, que en definitiva, le resultó reconocido en el juicio principal, de modo que, al menos en principio, es adecuado que el perdedor del proceso le satisfaga los gastos que se vio necesitada de realizar. Esta regla podrá ceder en los casos en que la medida aparezca como "innecesaria o superflua", o cuando se advierta un proceder irregular o abusivo por parte del embargante, lo que no surge de las presentes actuaciones.
Estado de sitio, facultades del Poder Judicial, cuestión no justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Pérez  Gorospe  Jair  Caetano c/ EN - Mª de Justicia Seguridad yDDHH y otros s/ daños y perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-20

En lo que respecta a la declaración del estado de sitio, la CSJN se ha referido a "la reiterada jurisprudencia del Tribunal, que ha reconocido como facultades privativas del Poderes Legislativo y Ejecutivo las referentes a apreciar las circunstancias de hecho que tornan aconsejable la adopción de tal recurso, por lo cual la decisión de dichos poderes que instaura el estado de sitio no resulta revisable" (Fallos 307:2284 con cita de Fallos 195:439; 196:584; 236:632; 246:205; 247:708; 248:259; 249:522; 250:832; 298:441; 305:269). Por tal razón, el Alto Tribunal ha considerado que queda excluido del análisis judicial el examen de fondo -atinente a la apreciación de los hechos determinantes del acto de declaración del estado de sitio- limitándose el análisis a los requisitos de competencia y forma (Fallos 307:2284 con cita de Fallos 236:632; 247:708; 248:529; 250:832; 253:44).
Excepciones procesales, excepción de pago
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Bansud S.A. c/ Villagra, Rubén Enrique s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-09-29

El artículo 544 inc. 6º. del C.P.C.C. establece que la excepción de pago total o parcial debe ser documentada. Ello significa que debe acompañarse el recibo o documento equivalente emanado del acreedor, con expresa referencia al título o títulos que sustentan la acción promovida y que permitan establecer su cancelación total o parcial.
Rendición de cuentas, juicio por rendición de cuentas, plazos procesales, prórroga del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ DE ZUCARINO, ZULEMA c/ MONPEL, CARLOS s/ INC. DE RENDICION DE CUENTAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-19

Con la contestación del traslado de la rendición de cuentas no precluye la oportunidad del accionado de presentar su información, cuando tempestivamente solicitó la ampliación del plazo respectivo invocando la complejidad del asunto.
Retiro militar, jubilaciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rubalsky, León c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo (Expte CSJ Nº 928-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-19

Las prestaciones previsionales de las fuerzas armadas y de seguridad no están incluidas en el régimen de reciprocidad jubilatorio, motivo por el cual se justifica admitir la acumulación de los haberes hasta el tope legal establecido, cuando se tiene derecho a un retiro militar y a una jubilación civil en razón de haber acreditado los requisitos exigidos respectivamente por cada uno de los sistemas, como única manera de respetar el enunciado de jerarquía constitucional que ordena resguardar la integridad del haber de pasividad a fin de no lesionar el derecho de propiedad de los interesados.
Honorarios del abogado, abogados, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sánchez Pasquet, José Alberto c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

Distante de cuestionar la regulación de los honorarios profesionales devengados en el marco y con las implicancias previstas por las leyes 5177 y 8904, cobra preeminencia la norma estatutaria local que dispone la oportunidad de la percepción y el destino de los importes correspondientes, tal como resulta de las leyes 7543 y 8019, orgánicas de la Fiscalía de Estado y de la Asesoría General de Gobierno (arts. 36 y 22, respectivamente) y 8838, régimen de honorarios de apoderados y letrados patrocinantes de Municipalidades (art. 1).

En el caso, la peculiar naturaleza jurídica de la institución demandada -Banco de la Provincia de Buenos Aires-, dado su origen constitucional, lejos de controvertir corrobora lo antedicho.
Contratos, compraventa, derechos de las partes, obligaciones de las partes, entrega del bien, remito, pago, acto de entrega, certificado de depósito, bienes muebles, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Romano, Mirta Lidia c/ Ideas y Conceptos SA (Amoblamientos Reno) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-08

Tampoco corresponde admitir la pretensión formulada con respecto al inicio del cómputo de los réditos que acceden al capital, puesto que no caben dudas que el dies a quo del cálculo principió desde que la actora intimó mediante carta documento a la demandada cumplir con la entrega e instalación del mobiliario de cocina, cuya desatención colocó en mora a la accionada.
Juicio de menores, menor procesado, homicidio simple, facultades del juez, pena
Materia: PENAL
Carátula: B., D. E.  c/  s/ homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-09

Habiendo encontrado culpable del delito de homicidio simple, a quien cometió un hecho cuando aún era menor de 18 años, analizadas sus circunstancias personales, como las de su comisión, la pena impuesta guarda debida proporción con la infracción (Art. 40.4 in fine de la Convención): se trata del homicidio cuya víctima fuera una anciana de 85 años, con la que mas allá de los conflictos que tenía, existía un grado de confianza, y fue realizado con un grado de violencia y crueldad espeluznantes, provocándole la muerte a golpes y con una tijera de podar, y sin que se evidencie internalización alguna de ello por su parte, a pesar de la preocupación y contención que ha intentado darle su grupo familiar.
Derecho procesal, recurso extraordinario, medidas cautelares, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-15

El gravamen "irreparable debe ser demostrado, pues su mera invocación no basta. No existe gravamen de insuficiente reparación ulterior que permita equiparar la resolución impugnada al fallo final de la causa. La falta de sentencia definitiva obsta a la admisibilidad de la vía intentada, ya que, de no ser así, el Alto Tribunal actuaría con un poder general de revisión de todas las resoluciones dictadas por los jueces ínterin el trámite del proceso (Fallos: 101:70; 114:148; 185:358; 189:188; 190:220 y 193:11, entre otros). En el ámbito federal (como sucede en esta causa), el Alto Tribunal ha soslayado determinados aspectos procesales frustratorios del control constitucional, en aquellos asuntos regidos por normas federales que excedían el interés de las partes, hipótesis esta que en este caso, no se da en el sub lite (v. Dictamen de la Procuración General de la Nación en Fallos: 306:1462).
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-10


Salta, de mayo de 2010.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "CITIBANK N.A. vs. SPOLLANSKY, Jorge Martín y otro - EJECUCIÓN HIPOTECARIA"; Expte. Nº 46381/99 del Juzgado de 1º Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades 2º Nominación; Expte. Nº 20252/01 de Sala, y ___________________C O N S I D E R A N D O I) A fs. 285 la Dra. María Luisa Falconier Diez solicita regulación de sus honorarios profesionales por su labor cumplida en segunda instancia.

La actividad de la peticionaria, como apoderada de la parte actora (fs. 213), consistió en la contestación de memorial de fs. 265/267, respecto del recurso de apelación interpuesto por el Dr. Néstor Michel David a fs. 241, el que concluyó con la resolución de Sala de fs. 278/279 que hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto 249, modificó los puntos I y II del auto regulatorio de fs. 229 y reguló los honorarios del Dr. Néstor Michel David en la suma de $ 15.133,20, por su labor cumplida en primera instancia, con costas por su orden.

II) Valorando esos antecedentes y teniendo en cuenta que la peticionante no tuvo intervención en primera instancia, razón por la cual no se le regularon honorarios profesionales, tratándose la materia sometida a revisión en la alzada (apelación de la regulación de honorarios), de una cuestión de naturaleza incidental, tomándose como base, el monto regulado a favor del Dr. Néstor Michel David, se establecen los honorarios, en la suma de $ 1.500 (arts. 36 del decreto ley 324/63 y 15 de la ley 6730).

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I) REGULA los honorarios de la Dra. María Luisa Falconier Diez, en la suma de $ 1.500 (pesos mil quinientos), por su labor cumplida en segunda instancia.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.
Acción de amparo, mandamiento de prohibición, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: BARTOLOME GARCIA  e HIJOS S.R.L. y otro c/ Municipalidad de Concordia s/ ACCION DE PROHIBICION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-09-05

"Si un funcionario o corporación pública de carácter administrativo, ejecutase actos que le fueran expresamente prohibidos por las leyes u ordenanzas, el perjudicado podrá requerir de los tribunales, por procedimiento sumario, un mandamiento prohibitivo dirigido al funcionario o corporación ( Art. 59 de la Constitución Provincial).- En igual sentido el - Artículo 26º de la Ley de Procedimientos Constitucionales establece: "Si el funcionario o corporación pública de carácter administrativo ejecuta acto que le fueren expresamente prohibidos por la Ley u Ordenanza, el perjudicado podrá requerir un mandamiento prohibitorio contra el funcionario o corporación".-
Resolución del contrato, lucro cesante, indemnización, daño al interés positivo
Materia: CIVIL
Carátula: Safenraiter, Juan Ramón c/ Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia y-u otro s/ Resolución de Contrato y Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-05-31

...cuando el acreedor se inclina por exigir el cumplimiento del contrato se le indemniza el daño al 'interés positivo', que engloba las perspectivas favorables que aquél podía legítimamente esperar como resultado del cumplimiento de la obligación. Es decir que se procura, mirando hacia el porvenir, colocar al contratante en la misma situación que tendría si el pacto se hubiera efectivamente cumplido, lo que supone la eficacia del mismo.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Spota, Alberto Gaspar y otros c/ Caja  de  Subsidios  Familiares  para  el  Personal  de la Industria. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

Aún cuando el recurso extraordinario remite a cuestiones de derecho procesal y común, propias de los jueces de la causa y ajenas, como principio, a la vía del art. 14 de la ley 48, se advierten circunstancias excepcionales que conducen a tachar de arbitraria la resolución recurrida por carecer de fundamentación mínima que es recaudo de su validez y que tiene base constitucional.