Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-17


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 17 días del mes de Diciembre del año dos mil ocho, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Excmo. Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia de su titular, Dr. J. Luis PASUTTI, y asistencia de los Sres. Ministros Dres. Daniel Luis CANEO y Fernando S. L. ROYER, para dictar sentencia en los autos caratulados: "F. L. , J. R. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa (Expte. N° 19.432 -F- 2004)." y atento lo dispuesto por la Acordada Nº 3204/00, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. CANEO, ROYER y PASUTTI.--------------------- Acto seguido se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la demanda? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?. ----------------- ------ A la primera cuestión el Dr. CANEO, dijo:------------------------------- ------ I.- Interpone el Sr. J. F. L. demanda contencioso administrativa contra la Provincia del Chubut, persiguiendo la nulidad de la Resolución N° V 130, dictada el 22 de Octubre del 2003 por la Subsecretaría Legal y Técnica de la Secretaría ///General de la Gobernación, que rechaza una reclamación que oportunamente interpusiera por reconocimiento de servicios prestados para LU 90 TV Canal 7 de Rawson.- Requiere de este Tribunal ese reconocimiento, a fin de que ordene el pago de esos servicios, con más intereses a Tasa Activa del B. C. S.A..- ------ Afirma que la presente acción ha sido interpuesta dentro del plazo y bajo las condiciones establecidas en la norma vigente, acudiendo previamente a la reclamación administrativa -la antes aludida- la que tramitó por Expediente N° 1431 SGG/02, dando con ello cumplimiento a lo normado en el art. 138° y siguientes del Decreto Ley N° 920.--------------------------------------------------------------------- ------ Narra el actor, bajo el sub título "La relación contractual" que en marzo de 1998 comenzó a producir y conducir un ciclo televisivo en el Canal de la Provincia, el cual se emitía los días Lunes a las 22 hs., recibiendo el programa el nombre de "X." con una duración aproximada de dos horas y consistía en un ciclo de cine seleccionado y comentado por el propio actor, con entrevistas y notas.------------------ ------ Manifiesta que en una primera etapa requirió de la Agencia de Publicidad del Sr. L. , y que a partir de octubre de 1998 y hasta el 17 de diciembre de 2000 "pasó a desempeñarse por cuenta y orden del Canal", dado el éxito del ciclo -justifica- y el acuerdo verbal mantenido con el Sr. M. Z. por ese entonces Director del medio; influyó también en la convocatoria -recuerda- la organización ///y presentación del XXIII Aniversario de Canal 7 realizado el 12 de septiembre de 1998 en el Teatro Español de Trelew con artistas locales y comodorenses, que le fuera encomendado por el Sr. Z. y sin costo alguno para el Canal. Asimismo en el año 2000 se decidió postular al programa "X." para los Premios Martín Fierro del Interior, previa notificación -aclara- al nuevo Director, Sr. A. V. .------------------------------------------------------------------------------- ------ ------ Comenta que "en el contrato entonces celebrado con las autoridades del Canal en forma verbal" (fs. 22 vta. - 4to. párrafo) su aporte estaba conformado por la producción y conducción del ciclo, la realización de entrevistas y la provisión del material videográfico a emitirse, precisando que toda la publicidad comercial, gubernamental e institucional exhibida en las tandas eran determinadas por el Canal, sin obtener el actor participación o porcentual alguno sobre dichas ventas, exceptuando un pequeño auspicio de la Municipalidad de Trelew. Por ello -sostiene- concertó con las autoridades de Canal 7 como contraprestación el pago de una suma mensual de PESOS UN MIL DOSCIENTOS, con más el compromiso de facilitarle una vez por semana un camarógrafo para exteriores. Esgrime que con el afán de aportar una producción local reconocida es que continuó realizando el ciclo, aunque pese a innumerables reclamos verbales, el perfeccionamiento del contrato referido no se producía.-------------------- ///--- Alega que por ese motivo el 17 de septiembre de 1999 presentó una nota reclamando ello, sin obtener respuesta alguna; sin embargo el Canal seguía exhibiendo todos los lunes el ciclo, aprovechando su trabajo -opina- lo que además de ser un hecho público y notorio puede corroborarse con la lectura del libro del registro de emisiones establecido por Ley N° 22.285, y con diversas copias de notas periodísticas que anexa a la demanda.- Explica que el 17 de diciembre de 2000 "renunció a continuar realizando el ciclo en esas condiciones" utilizando para dicho acto el programa dando por terminada la prestación de servicios a favor del Canal, como consecuencia del "maltrato e incumplimiento de las autoridades" (fs. 23- 3er. párrafo).-------- ------ Reitera que para realizar un aporte cultural o periodístico asumió una actitud extremadamente paciente frente a la demora e incumplimiento en la confección escrita del contrato, señalando que las sucesivas gestiones en el ámbito gubernamental del que dependía el Canal retrasaron la cuestión, a más de subrayar que la programación que ideara, elaborara y sostuviera obtuvo un importante reconocimiento de la comunidad, pero además de ese valor -razona- la cobertura del espacio televisivo de dos horas por semana implicó un costo mínimo de PESOS DOSCIENTOS ($ 200) y hasta diez veces más si se compara con la programación "enlatada" que adquiere el Canal.- Así porque el contrato realizado con Canal 13 y ARTEAR para el "relleno" de la programación que se provee desde los canales de Buenos Aires, tenía un costo a esa fecha de $100 por hora, para el material considerado "basura" o menos oneroso como ///películas o series de varias décadas de antigüedad, que debe ser adquirido para no dejar "baches" en la programación por la escasa producción local.-------------------------------------------------------------------------- ------ Acusa que con ello el Estado Provincial a través de los hechos de sus dependientes, y de las promesas de pagos de sumas de dinero, aprovechó su esfuerzo, tiempo y aporte, ahorrándose por hora sumas que oscilan entre PESOS CIEN y MIL -según estima- durante todo el tiempo que el programa salió al aire, y como contrapartida de dicha ventaja económica -alega- no abonó suma alguna beneficiándose monetaria y culturalmente en su perjuicio al no retribuirlo de ningún modo. Afirma que ello configura un verdadero enriquecimiento sin causa que no puede ser tolerado por el sistema jurídico, por lo que considera procedente se condene a la Provincia a ese pago.---------------- ------ Reseña que el 28 de mayo de 2002 dedujo ante la Secretaría General de la Gobernación reclamación resarcitoria, la que contenía todos los hechos y antecedentes relatados, lo que dio origen al Expte. N° 1431/02 en cuyo trámite se recepcionó declaración testimonial al Sr. M. Z. , se anexó documental que acompañó al efecto como la mencionada nota del 17.09.99, copia de la pág. 14 del diario El Chubut del 08.06.98, la tapa del Suplemento Espectáculos del diario Jornada del 05.04.98, la pág. 12 de ese periódico pero del 01.02.99, el aviso de retorno de la Carta Documento N° 12.919.001 ///7 AR, que dirigió a la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina "APTRA" recibida el 02.02.00, entre otras; y concluyó con el dictado de la Resolución N° V 130/03 que rechaza la reclamación con fundamento en la inexistencia de contrato celebrado conforme las exigencias del Estatuto de la Administración Pública y la Ley de Contabilidad, a más de hacer alusión a la responsabilidad personal del Director del Canal de esa época, por haber autorizado la iniciación de un servicio sin autorización expresa de la autoridad competente. Dice que ese acto administrativo hace referencia a un contrato de producción y emisión por el cual el actor obtendría su ganancia de la comercialización del espacio publicitario careciendo en consecuencia del derecho a reclamar contraprestación.---------------------- ------ En el Apartado V "ANÁLISIS JURÍDICO- NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN N° V 130 SGG- PROCEDENCIA DEL RECLAMO IMPETRADO" desarrolla F. L. los fundamentos con los que ataca el acto administrativo. Así estima que la Resolución omitió considerar la prueba que acompañó al trámite desconociendo los hechos alegados como fundamento del reclamo. Afirma que el acto incurre en arbitrariedad al desconocer la declaración testimonial del Sr. M. Z. quien se desempeñaba como Director General del Canal en oportunidad de comenzar la emisión de "X."; considera que de los dichos de este testigo surge "...que había sido la propia Dirección ...quien había convocado al Señor F. a realizar el programa con intención de formalizar un contrato a partir de Octubre de 1998, pactándose ...una emisión mínima de 4 programas sin repeticiones, y ///una retribución de $1200 por mes...También confirmó...las características de la relación entablada...y las condiciones bajo las cuales se emitió el programa...en una primera etapa la relación comercial se llevó a cabo a través de una agencia de publicidad..., y a partir de Octubre/98 -fecha en que comenzó la vinculación directa con el Canal- la publicidad era determinada exclusivamente por la emisora estatal y todo lo que se recaudaba por la comercialización del espacio publicitario era únicamente para dicho Canal"...(fs. 24). Además se agravia F. L. de que la Administración restó importancia a su nota datada el 17.09.99 y con cita de Gordillo esgrime que el acto administrativo cuestionado está viciado en la motivación dado el injustificado apartamiento de las probanzas descriptas.--------------------------------------------------------------------< #LINE> ------ Opina además, que los Considerandos de la Resolución, exhiben graves contradicciones que tornan equívoca e insuficiente su motivación, y las desarrolla. Así, razona que por un lado afirma que el Director del Canal violentó el Dto. Ley N° 1987 pues no tenía facultades para acordar un contrato "laboral" ni para fijar su monto, de lo que deduce que se "está reconociendo implícitamente la convocatoria que Z. efectuó al actor para prestar servicios...y también la efectiva prestación ..."(fs. 24 vta.) pero -arguye- al contestar la reclamación resuelve negativamente. Aborda luego el fundamento referido al texto del art. 28° de la Ley de Emergencia Económica con el que se indicó la responsabilidad del funcionario que autorizó gastos o contrajo ///compromisos sin la imputación presupuestaria previa, subrayando que omitió la Administración expresar que dicha norma establece la pena de multa "...sin perjuicio del resarcimiento económico al Estado por el gasto indebido que se hubiese realizado", siendo éste -remarca- el supuesto aplicable al caso y justifica "...si el entonces Director ...contrajo un compromiso con el actor sin contar con imputación presupuestaria para hacer frente al gasto, y como consecuencia de ese acuerdo... prestó efectivamente los servicios comprometidos, lo que corresponde es que el Estado abone esos servicios al particular "indebidamente contratado" y ...reclame luego al funcionario involucrado". Indica que otro de los Considerandos del acto opugnado, considera hipotéticamente la existencia de un contrato de locación de servicios, alternativa que es descartada por la inexistencia de copia del instrumento ó de facturas; argumento que debe ser desechado, pues nunca se desconoció la falta de firma de contrato, por ello el reclamo -funda- se basó en la efectiva prestación de servicios encomendados sin haberse abonado la contraprestación respectiva, con el consiguiente enriquecimiento sin causa de la Administración. Estima infundada las consideraciones realizadas en cuanto a la percepción de pauta publicitaria y que esto le generase ganancias, porque ello contraría las reglas de la experiencia, y se explaya "...si la contraprestación esperada ...hubiera sido el pequeño auspicio que recibía de la Municipalidad de Trelew, no se hubiera justificado todo el esfuerzo y gasto invertido ...durante dos años de programación... debería pensarse que su aporte fue realizado a título de liberalidad, circunstancia que sin duda no cabe presumir". Finalmente argumenta que la resolución cuestionada se aparta de la realidad de ///los hechos desconociendo la efectiva prestación de servicios desarrollada y consecuentemente -sostiene- el derecho a recibir la contraprestación dineraria verbalmente pactada, con sustento en el principio de verdad material expresamente consagrado en el art. 26° Ap. 3) del Dto. Ley N° 920, por lo que exige se declare la nulidad del acto atacado; a más de señalar que la decisión contenida en ése importa -según su criterio- admitir comportamientos contrarios a la buena fe y consagra -insiste- un verdadero enriquecimiento sin causa a favor del Estado Provincial que no debe convalidarse en esta Sede, y abona "la Administración Pública, como cualquier contratante, debe respetar el principio de la buena fe...de modo que debe abstenerse de generar expectativas falsas en los particulares, como lo ha hecho al aprovechar el tiempo, trabajo y esfuerzo... (del actor) ...sin otorgar el reconocimiento debido: formalización contractual y pago del trabajo realizado.." (fs. 25 in fine y vta.) Menciona que no se puede invocar la falta de cumplimiento de requisitos formales de contratación cuando existió una antigüedad de dos años en la prestación de servicio, que tuvo notoriedad pública y una serie de reclamos administrativos que nunca tuvieron respuesta de las autoridades.-------------------------------------------------------------------- ---- ------ Destaca F. L. que de no dictarse sentencia que reconozca el derecho que estima le asiste, el Estado se beneficiaría con su trabajo que de ninguna manera compensó, permitiéndole ahorrar importantes erogaciones que sin su aporte -opina- hubiese tenido que ///soportar; y justificando su planteo, añade que si bien la figura del enriquecimiento sin causa no está expresamente definida en la legislación aparece como fuente de obligaciones en diversos supuestos contemplados en el Código Civil, y menciona los arts. 589°, 2427°, 2440°, 2441° y 2588 de ése.---------------------------------------------------------- ------ Funda en derecho y en el Apartado VII-LIQUIDACIÓN, expone que estima "justo el pago en concepto de servicios no abonados" la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS ($28.800) equivalentes -explica- a una suma mensual de PESOS MIL DOSCIENTOS ($ 1.200) estimada por el período comprendido entre el mes de octubre de 1998 y hasta diciembre de 2000, de los que exceptúa los meses de Enero del año 1999 y de 2000 por cuanto el programa no estuvo en el aire, afirma que ese monto fue oportunamente acordado con el Director del Canal y que surge de la Nota que presentó el 17/09/99 como así también -alega- de la respuesta a la Decimoséptima pregunta brindada por el Sr. Z. al prestar declaración testimonial en el Expte. N° 1431-SGG/02. Otra manera de arribar a ese valor -detalla- surge de multiplicar un mínimo de PESOS CIENTO CINCUENTA ($150) por hora, por las horas promedio de programación que cada mes aportaba mediante "X.", especificando que eran dos horas por programa semanal, cuatro programas por mes.------------------------------------------------------------- ------ A resultas, deja planteada la inconstitucionalidad del art. 4° de la Ley N° 25.561 y de los arts. 7° y 10° de la Ley N° 23.928 al ///considerarlos violatorios del derecho de propiedad y de igualdad consagrados en la Carta Magna.- Justifica su pedido en la indiscutible pérdida del poder adquisitivo de la suma a otorgarse como capital de condena a la fecha de una eventual sentencia favorable, aún cuando se le aplicaran -advierte- intereses a tasa fija; pues sostiene que la misma quedaría "envilecida" frente a la realidad económica que atraviesa nuestro país. Cita las normas que impugna y pide que a los fines de lograr la indemnidad pretendida "las sumas...de...condena... (sean) ...actualizadas mediante algún proceso de actualización monetaria que permita que conserven, en la medida de lo posible, la indemnidad buscada" (fs. 26 vta. in fine y 27) porque derogada la Ley de Convertibilidad -dice- lo vinculado con la paridad cambiaria resulta irrazonable y conculcatorio del derecho de propiedad y de igualdad al prohibir mecanismos indexatorios o de actualización de deuda derivados como en autos de una prestación de servicios no abonados.- Abona su postura con jurisprudencia que transcribe.--------------------------------------- ------ Hace reserva de Caso Federal y solicita se haga lugar a la acción deducida declarando la nulidad de la Resolución opugnada y condenando a la demandada a abonar la suma detallada con más intereses moratorios y actualización monetaria, con costas a la contraria.---------------------------------------------------------------------- -------------- ///--- II.- Ordenado y corrido el traslado de la demanda, la Provincia del Chubut a fs. 46/48 y vta. opone excepción de arraigo. A fs. 51/52 y vta. la parte actora contesta el traslado del remedio procesal deducido, el que es rechazado por S.I. N° 56/SCA/04 agregada a fs. 54/59.-------------------------------------------------------------------------- --------------- ------ III.- Luego, a fs. 60/66 se incorporó la contestación de la demanda. La accionada solicitó el rechazo de la misma en todos sus términos, negó categóricamente los hechos y el derecho invocado por F. L. y la documentación acompañada. Especialmente negó la procedibilidad de la acción promovida al considerar que la misma "...adolece de pretensión.. de la existencia de contrato o convenio formal alguno que pudiera haber unido a la actora"...con la ahora demandada. Niega que corresponda se declare la nulidad de la Resolución atacada y que pudiera condenarse a la Provincia al pago de los conceptos que el actor reclama, menos intereses ni que corresponda accederse a la pretendida actualización monetaria. Enfáticamente niega que sean reales los hechos y antecedentes en los que dice sustentarse la acción, que la actora no haya tenido participación "porcentual en la publicidad" que se exhibía durante las tandas correspondientes al ciclo "X." y que la única participación hubiera sido en el auspicio de la Municipalidad de Trelew.- Afirma que la publicidad "era justamente el móvil central de la actora para la puesta en el aire del programa"...(fs. 60 vta.). Niega haber concertado ni concretado con el ahora actor el pago de una suma mensual, menos por el monto que se arguye; que realizara el ciclo con el ánimo de aportar al Canal una ///"producción reconocida", y que las autoridades del Canal se hubieran aprovechado de trabajo alguno de la actora y que ello pudiera llegar a extraerse de la prueba que se alude, y aclara "...en ningún caso la emisora...pudo abonar a la actora importe alguno, pues no lo hacía con las productoras, agencias y/o realizadores de programas, sino que autorizaba a éstas a comercializar espacios publicitarios (el total de estas ventas quedaba en poder de ellas). La ...Resolución...que ataca, deja sentado que las ganancias de las partes estarían dadas por la publicidad que cada una de ellas pudiera obtener y percibir..." (fs. 60 vta./61). Contradice que no se haya dado respuesta a los reclamos del actor, menos -alega- que la respuesta haya sido inadecuada; estima falso que el Estado se hubiera aprovechado del esfuerzo, tiempo y aportes de quien demanda, negando en consecuencia el supuesto enriquecimiento sin causa que se endilga.------------------------------------------------------------------------ ----------- ------ Defiende la legalidad del acto cuestionado y rechaza los dichos del actor en cuanto estima que ese se aparta de las pruebas producidas ó que aquél adoleciera de arbitrariedad, careciera de motivación ó incurriera en contradicciones e irregularidades, ni violentare norma alguna o el principio de verdad material. Impugna la liquidación practicada en la demanda y niega el derecho, la doctrina y jurisprudencia invocadas en aquélla, como así también el planteo de inconstitucionalidad de las normas que refiere.--------------------------------- ///--- Cumplida ampliamente la manda procesal, en el Apartado IV "Realidad del Caso" se refiere en primer lugar a los dichos de la actora para abordar luego su postura. Así comenta que amparándose el actor en un supuesto acuerdo verbal con el entonces Director General de Canal 7 inició un reclamo administrativo que tramitó por Expte. N° 1431/SGG-02 que finalizó con la Resolución N° V 130/03 por la cual se rechazó la pretensión actoral. Señala que frente al resultado adverso en Sede Administrativa promueve F. L. la presente acción persiguiendo la nulidad de ese resolutorio con más el pago de la suma que indica y entiende le corresponde percibir en virtud del servicio que dice "por ella prestado" durante veinticuatro meses, con más intereses y actualización monetaria.-------------------------- ------ Describe los Considerandos de la Resolución comentada, mencionando que no existían antecedentes de ningún instrumento contractual en la emisora, ni siquiera -subraya- indicios de factura alguna presentada por el reclamante que permitieran al menos inferir las tareas que decía realizadas bajo la inusual fórmula contractual invocada. Advierte que la elaboración e ideación de la programación que sostiene haber realizado es propio de las productoras que promueven por medios materiales e intelectuales el producto televisivo; obtienen -señala- el material fílmico, realizan las tareas de investigación y periodísticas a su exclusivo cargo, proporcionan el soporte técnico y en general -sintetiza- realizan todos los actos necesarios, corriendo el productor con los gastos operativos y de soporte. Agrega que el Canal 7 puede, sin que constituya una ///obligación a su cargo, colaborar con tareas de producción del producto televisivo y asesorar al productor en áreas de su competencia para que -justifica- el programa reúna las condiciones de calidad y aptitud para su emisión. Esgrime que uno de los hechos que lleva a comprender la existencia de un Contrato de Producción y Emisión entre las partes, es que la "publicidad comercializada por la productora fue facturada y cobrada por el Sr. F. L. , no asumiendo Canal 7 ninguna responsabilidad al respecto, ...caso contrario llevaría a pensar que F. L. debería devolver lo percibido por la publicidad pautada con la Municipalidad de Trelew, con más sus intereses" (fs. 62 y vta).----------------- ------ Explica además que Canal 7 cedía entre un 50% y 70% del espacio publicitario por cada hora de programación utilizando un porcentaje de segundos asignados y los que no utilizara la agencia.- Asevera que no surge constancia alguna del Expediente referida al cánon que debió abonar F. L. por la emisión de su programa al Canal, pues las ganancias de las partes -colige- estarían dadas por la publicidad que cada una de ellas hubiera obtenido y percibido.---------------------------------------------------------------------- -------------- ------ Refiere la accionada a la Nota N° 483/04 de la Dirección Gral. de Canal 7 describiendo que de la misma deriva la falta de continuidad que tuvieron las emisiones del programa, pues no fue expuesto en los meses de diciembre de 1999 y entre enero y marzo de ///2000; tampoco los días de emisión, el horario de inicio ni los minutos de duración.- Asimismo -remarca- no existe en el Canal estatal registro alguno de trámite realizado por el actor para obtener la contratación de los servicios que dice haber prestado ni nota adjuntando factura vinculada a ello.- Mientras el programa estuvo en el aire -aclara la misiva- jamás realizó F. un reclamo formal relacionado con el pago que ahora pretende.------------------------------------ ------ Alude también a que se acompañaron al Expediente administrativo ya mencionado, los comprobantes de la Municipalidad de Trelew de donde surge que el actor percibió pautas publicitarias y añade el documento "...quien tiene una vinculación contractual directa con esta emisora tiene vedada la posibilidad de comercializar publicidad" (fs. 63).--------------------------------------------------------------------- ------ Defiende la accionada la legalidad del acto administrativo cuestionado, esgrimiendo que el mismo es una consecuencia de un amplio análisis efectuado acorde al marco estricto de cognición y al que arribó una vez evaluados los extremos de hecho y de derecho involucrados, contrariando con ello los argumentos del actor, en el sentido de que el mismo importaría un apartamiento injustificado de las probanzas y un desconocimiento de los testimonios rendidos en el trámite administrativo.- Menciona la Nota del 17.09.99 del actor y alega "...ésta que curiosamente no dirige a la autoridad máxima del Canal...y que dice referir a ese supuesto acuerdo alcanzado con esta última...". Insiste en que la resolución no se aparta de la realidad como se quiere hacer ///aparecer pues -reitera- al no existir instrumento alguno acreditativo de la supuesta contratación de servicios que se arguye ni facturas consecuentes, mal podría acceder a un reclamo en ese sentido.----------- ------ Los comprobantes del cobro de la pauta publicitaria percibida por el hoy accionante deja en claro -afirma- que "si hubiera actuado en virtud de una vinculación del tipo que dice haber tenido -contratación de servicios, aunque de todos modos verbal, se hallaba entonces vedado de comercializar publicidad alguna y, si tuvo publicidad por él contratada,...no pudo haber contratado sus servicios por el Canal...". (fs. 63 - 3er. párrafo). Esa es la razón -explica- por la que nunca pudo ser satisfecha su pretensión. Cita y transcribe doctrina y jurisprudencia que -según lo expone- rechaza las acciones intentadas con sustento en obligaciones que derivarían de "supuestos contratos".---- ------ Con los fallos transcriptos y al amparo de la normativa vigente interpreta la accionada que en materia de contratación la solución del caso no puede ser otra que el rechazo de la acción promovida, iterando que no existe contrato -opina- "valladar infranqueable para las aspiraciones de F. L. , ni indicios que permitan vislumbrar mínimamente que la concreción de lo pretendido por la actora hubiera sido la intención de la autoridad respectiva" y destaca que nada indica que hacia allí se encaminara la voluntad estatal, nada sugiere que hubiera posibilidad de contrato en la inteligencia del actor ///pues -advierte e itera- una celebración de ese tipo no podía serlo con quien tenía pautada la percepción de porcentual en concepto de publicidad.--------------------------------------------------------------------- ------------- ------ Contradice la argumentación actoral en el sentido de que el contrato "objeto de su imaginación" lo habría vinculado con la Administración durante veinticuatro meses desde octubre de 1998 y hasta el 17 de diciembre de 2000, para exceptuar los meses de Enero del año 1999 y de 2000. Entonces ya no sería ese el período sino que aún en un contexto hipotético habría veintidós meses, sin embargo de la Nota N° 483/04 de la Dirección General de Canal 7 surge además que en los meses de Diciembre de 1999 y Febrero y Marzo de 2000 el programa no se habría emitido, por lo tanto, al cálculo realizado por la accionante hay que restarle cinco meses, de lo que deriva que la suma mensual que dice F. L. debían abonarle se hallaría de multiplicar el monto mensual de PESOS MIL DOSCIENTOS ($1200) por diecinueve meses, lo que determina una suma de PESOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS ($22.800) y no la que pretende el actor.- Por ello deja planteado que para el supuesto de acogerse el reclamo, se ajuste a esos valores.--------------------------------- ------ En el Apartado V -"INTERESES (a tasa activa)- ACTUALIZACION MONETARIA (inconstitucionalidad de normas que la vedan)" rechaza la accionada el pedido de aplicación de la tasa activa de interés para el supuesto de que prosperase la demanda, lo que abona con jurisprudencia. Asimismo, pide el rechazo del planteo ///de inconstitucionalidad deducido por la actora, indicando que no formula F. L. un ataque concreto, con demostración de los agravios que las normas cuestionadas pudieran irrogarle, a más de recordar que tal declaración constituye la última ratio de la función jurisdiccional, cita y transcribe jurisprudencia para abonar este criterio.----------------------------------------------------------------------- --------- ------ Agrega en el Acápite VI que de no compartir este Tribunal la posición de la accionada en la causa, alega en su defensa en lo pertinente las normas de Consolidación de Pasivos del Estado sancionada por Ley N° 4647; hace reserva de Caso Federal, funda en derecho y pide se rechace la acción deducida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la contraria.-------------------------------------- ------ IV.- A fs. 67 se corrió traslado a la parte actora del pedido de citación de terceros realizado por la accionada, lo que es cumplimentado a fs. 68 y vta. y contestado por la accionante a fs. 69/70. Por S.I. N° 15/SCA/05 -fs.72/76- se hizo lugar a lo solicitado citando en los términos del art. 32° - 2do. párrafo de la Ley N° 4816 y 94° del C.P.C.C. a los ex Directores Generales de Canal 7 de la Provincia Sres. C. M. Z. , H. M. R. y A. R. V. .--------------------------------------------------------------- ///--- V.- A fs. 90/91 se presenta C. M. Z. manifestando haberse desempeñado en ese cargo desde el año 1995 y hasta abril de 1999, período en el cual recibió la orden de sus superiores, el Secretario General de la Gobernación y la Subsecretaria Legal y Técnica, de "ocupar en el canal al Sr. ... F. L. ". Transcribe el art. 69° de la Constitución Provincial y razona que lo que se reclama en esta acción es el pago de un servicio prestado por el actor a la Secretaría General de la Gobernación en la Dirección General de Canal 7 TV de Rawson, alegando que "...no hubo de mi parte durante mi gestión ...una acción ilícita que genere un reproche y que provoque daños y perjuicios en la persona del actor" (fs. 90 vta).---------------- ------ Menciona que el Canal es un medio primordial para publicitar la gestión política del gobierno, y que los instrumentos administrativos o contratos en cualquiera de las posibilidades "...era un resorte de otra área de la Secretaría General...como es la Subsecretaría Legal y Técnica" (fs. 90 vta. 6to. párrafo). Recuerda que en las reuniones de trabajo que periódicamente desarrollaba hizo saber que el programa X. tenía llegada a la población, era discreto y su costo "aceptable" para las arcas provinciales, señalando que "...la labor de F. después de terminar con el contrato con la agencia de publicidad del Sr. L. , ...fue consensuado con las autoridades respectivas" (fs. 90 vta. 7mo. párrafo). Alega Z. que no hubo daño, ni mala fe ni intención de transgredir normas administrativas ya que cumplió las modalidades de un medio que tiene que emitir permanentemente programas con necesidades locales y ajustándose a las decisiones políticas de los ///funcionarios de turno. Reitera lo dicho en sede administrativa, afirmando que "la administración procede por instrumentos jurídicos, al reconocimiento de los servicios, el producido de un programa, instrumentando la resolución o el decreto pertinente" (fs. 92 vta. in fine). Recuerda que el programa X. gozaba del "beneplácito de todas las autoridades" comenzando a emitirse en 1998 por contrato con la agencia de L. ; que en el mes de octubre de ese año, comenzó a emitirse directamente por el Canal pues el Secretario General de la Gobernación sugirió la continuación del programa, subrayando que "...la actora tenía pleno conocimiento del tiempo que lleva la instrumentación de un contrato de estas características, además del monto de la contraprestación, el uso de máquinas y útiles del canal, la utilización de cámaras, personal -camarógrafo- y lo que se requiere para los programas de exteriores....el actor en ningún momento durante mi gestión al frente del canal...presentó o hizo algún tipo de reclamo por los programas emitidos"...(fs. 91- 4to. y 5to. párrafo).---------------------------------------------------------------- Se defiende exponiendo que el "moncho F. ", como le decían sus superiores -aclara- tenía acceso a los despachos oficiales y le había manifestado en varias ocasiones que "con el presupuesto del año 1999 se instrumentaría el contrato". Advierte que no es responsable con el Estado provincial de la pretensión del accionante, pues no se advierte en autos -opina- los presupuestos de daños y perjuicios requeridos en la norma constitucional referida.

En el Punto 4. ensaya la negativa genérica que es de práctica y especialmente niega haber celebrado con el actor un contrato verbal, haber ofrecido una suma fija de PESOS MIL DOSCIENTOS por mes por las emisiones de su programa, que el actor haya requerido el pago de las emisiones mensuales, como así también que haya hecho algún reclamo verbal ó por vía administrativa. Funda el derecho que le asiste con doctrina que transcribe; y pide se rechace la acción con costas.---- ------ VI.- A fs. 112/115 comparece el otro tercero citado, Sr. A. V. , quien desarrolla extensamente la negativa de los hechos alegados por el actor, entre otros, que en el año 2000 se le hubiera notificado, en su condición de Director de Canal 7, de la postulación del programa "X." para los premios Martín Fierro del Interior, que dicha comunicación -de haber existido- tenga entidad jurídica alguna; que existiera un contrato verbal entre F. y las autoridades del Canal, que aquél tuviera a su cargo la provisión de material videográfico, ni que en el Canal el mismo fuera inexistente en los tiempos que se invocan en la demanda; que el actor concertara con las autoridades del Canal un pago en concepto de contraprestación contractual de "1.200 mensuales, más el compromiso ...de facilitarle una vez por semana camarógrafo para exteriores"; que el 17 de septiembre de 1999, ni en otro tiempo, F. presentara una nota reclamando cuestiones atinentes al tema (niega la autenticidad de la documental que acompañó con la demanda); que el 17 de diciembre de 2000 el actor renunciara a continuar realizando el ciclo en las condiciones que describió en el ///libelo introductorio, que observara paciencia ante el pretenso incumplimiento del ente estatal, ni que ello se motivara en su vocación de practicar un aporte cultural y periodístico; tampoco es cierto -dice- que el Canal diera, en ocasión alguna, acuerdo expreso, explícito ni tampoco tácito para que el programa se postule en concurso organizados por APTRA. Es falso que un programa de dos horas, emitido por el Canal estatal en las condiciones descriptas, tuviera un costo mínimo de $200 ni que dicho valor pudiera ser de hasta diez veces superior si se emplea programación "enlatada", ni que la programación contratada con canales de aire tenga un costo de $ 100 la hora. Niega haber prometido el pago de sumas de dinero, que se hubiese aprovechado el esfuerzo, aporte y tiempo, que el Canal 7 se haya ahorrado suma alguna durante el tiempo que dice el actor su programa salió al aire, que el Estado se haya beneficiado en modo alguno con trabajo ajeno, que detecte perjuicio alguno al demandante ni que sea procedente el reclamo resarcitorio.- Tampoco -agrega- se encuentra viciada de nulidad la Resolución N° V 133/03 que ataca el actor.-------------------------------------------------------------------------- ---------------- ------ Expresa que adhiere y da por reproducidos los postulados de la contestación de la demanda que efectuó la Provincia, por adecuarse -justifica- con la realidad acontecida. Sin perjuicio de lo cual, señala que el reclamo resarcitorio que formula F. es a todas luces improcedente porque invoca un "acuerdo verbal" cuyas características ///son oscuras e inescrutables.- Por ello considera que para la Administración es imposible dilucidar si la vinculación que el actor refiere tuvo el contenido fáctico y de derecho que invoca; tampoco es posible determinar -opina- que se pactara una retribución o contraprestación a su favor, salvo por la declaración testimonial del Sr. Z. la que califica como "muy cuestionable".----------------------- ------ Expone que "carga en disfavor del actor" la circunstancia de que no obre actuación administrativa por la que responsable alguno del Canal, entre los que se incluye, haya propugnado la celebración de contrato, ni la formalización de un ciclo televisivo, ni contraprestación. Destaca, en coincidencia con la demandada, que resulta llamativo que durante tanto tiempo el actor haya efectuado la producción y conducción de un ciclo de tales características, haya organizado un evento de la emisora estatal y "se mantuviera impávido ante el -denunciado- incumplimiento por parte del Organismo estatal" (fs. 114 in fine).-------------------------------------------------------------------------- ------ ------ Subraya que "llama la atención" que F. L. funde su reclamo en un "flagrante incumplimiento" de normas de radiodifusión porque quien tiene una vinculación directa con una emisora tiene vedada la posibilidad de comercializar publicidad. Afirma que frente a "la informalidad que campea en la demanda" es posible barajar diversos supuestos, así puede considerarse que se trató de una cesión al actor de un espacio de programación del Canal ó sostener que "...es el actor, si la cesión fue onerosa, quien le adeuda al ///Canal, y no a la inversa. Si en cambio sostenemos que se trató de una cesión de espacio a título gratuito, pues bien, nada tendrá que reclamar el actor, ...que habría usufructuado el espacio de aire... lucrando con las publicidades concretadas con tal motivo" (fs. 114 vta.).-------------------------------------------- ------ Finalmente advierte que en relación a la inconstitucionalidad interpuesta por el accionante contra la Ley N° 25561 es vasta y uniforme la jurisprudencia que impide la repotenciación de los capitales, en tanto la doctrina sugiere se efectúe una interpretación armónica de las normas de aplicación, con relación a las particulares circunstancias emergenciales que motivaron su dictado, conjuntamente con el carácter excepcional de la declaración pretendida que -recuerda- se encuentra reservada a supuestos que no se advierten en autos.------------------------------------------------------------------- ------ VII.- La prueba producida es documental, confesional, informativa y testimonial. Acompañó el accionante Carta Poder, copia simple de recortes periodísticos, copia de la nota de fecha 17/09/99, Aviso de retorno de Carta Documento N° 12919001 7 AR dirigida a la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina "APTRA", copia de reclamación resarcitoria y dos (2) Cartas Documentos (en una es notificado F. L. de la apertura a prueba del procedimiento administrativo y por la otra se le comunicó la Resolución ahora cuestionada). Pidió y se ordenó en esa ///forma a fs. 36/36 vta. que se intimara a la demandada, a la presentación del Expediente Nº 1431-SGG-02, las emisiones del programa "X." transmitidas desde abril de 1998 hasta el 17 de diciembre de 2000 y los libros de registro de emisión (Ley N° 22285) del Canal estatal por el período mencionado. Documental que fue acompañada con el responde, salvo la referida a las grabaciones respecto de las cuales se reiteró el pedido bajo apercibimiento de lo prescripto en el art. 388° del CPCC, informando el Director General de Canal 7 -fs. 135- la inexistencia de esos registros. Se ordenó informativa y recepcionó la respuesta correspondiente por ante la productora ARTEAR, Canal 7 y Canal 2 América. --------------------------- ------ VIII. Alega el accionante a fs. 212/216 y vta. y la demandada a fs. 218 y vta. dándose por decaído el derecho dejado de usar por los terceros Sres. M. Z. y A. V. y se llaman autos para sentencia a fs. 219, practicándose el sorteo de la causa a fs. 220.- ------ A fs. 221 informa la Actuaria que el 24.10.08 se presentó Beneficio de Litigar sin Gastos, el que tramita por Expte. N° 21.495-2008.-------------------------------------------------------------------- --------------------- ------ IX.- ANÁLISIS: ------------------------------------------------------------------- ------ 1.- El Sr. J. F. L. , entre los meses de marzo y octubre de 1998, dice haber conducido en el Canal estatal, producido mediante una agencia de publicidad, un ciclo televisivo conocido ///como "X.".- A posteriori, y hasta el 17 de Diciembre de 2000, día en que renunció mientras realizaba el programa, sostiene que se desempeñó -siempre en la conducción de ese ciclo- por cuenta y orden del Canal, en virtud de un acuerdo -que afirma fue verbal- concertado con quien era entonces Director General de esa emisora, M. Z. .-------------------------------------------------------------------------<#LINE > ------ Como pago de la tarea de conducción, realización de entrevistas y la provisión de material videográfico para exhibir en el programa, se habría convenido una suma de $1.200 mensuales, la que multiplicada por todo ese tiempo -octubre de 1998 a diciembre de 2000- es la que viene a reclamar ante esta jurisdicción por todo ese tiempo destacando que durante el mismo período, la publicidad comercial, gubernamental e institucional puesta al aire era determinada por la emisora sin su participación ni porcentual sobre dichas ventas, con excepción -aclara- de "un pequeño auspicio de la Municipalidad de Trelew".------------------------------------------------------------------------ --------------- ------ Sostendrá que fueron vanos los intentos de "formalizar" ese convenio, razón por la cual reclamó en sede administrativa el resarcimiento correspondiente, el cual fue rechazado por Resolución N° V 133/03 de la Secretaría General de la Gobernación. Por ello, acciona requiriendo la nulidad de esa decisión al estimar que adolece de vicios en la motivación y se aparta de la prueba aportada en aquel ///ámbito violentando los principios de verdad material y buena fe.- Funda con ello, un indebido enriquecimiento de la demandada, considerando que al aprovecharse de su esfuerzo obtuvo una "ventaja económica" al no haber retribuido sus servicios.------------------------------- ------ En definitiva pretende -aunque no lo explica claramente- el pago de tal "servicio" a la "tarifa" indicada, sea por vía de reconocimiento judicial de los mismos, sea por conducto del enriquecimiento sin causa, previa declaración de nulidad -como no puede ser de otro modo- de la Resolución que se lo denegara en la sede administrativa.-- ------ La Provincia del Chubut niega toda obligación para con el actor.- Si bien admite que condujo el programa "X.", y es coincidente en la referencia de algunos hechos, se opone enfáticamente al planteo jurídico expuesto en la demanda, defendiendo la legalidad del acto administrativo opugnado al dictar el cual -asevera- obró conforme las constancias del trámite.------------------- ------ Esencialmente la defensa de la Provincia se fincará en la inexistencia de instrumento contractual, de facturas que el accionante hubiera emitido y de indicio alguno que permitiera inferir la voluntad estatal de contratar. A contrario sostendrá que las tareas desempeñadas y descriptas por el actor derivan de un Contrato de Producción y Emisión, por el cual el accionante habría percibido la publicidad comercializada durante el programa, sin haber abonado canon alguno al Canal, recordando que ello está vedado a quienes ///tienen con el Organismo una vinculación directa, destaca que durante los diecinueve (19) meses cuyo pago reclama nunca fue requerido.---------------------------------------------------------------------- ------------- ------ A su turno, los funcionarios citados como terceros en esta causa por el Estado (art. 69 CP), directivos del Canal Oficial, fueron coincidentes con los argumentos estatales referidos a la falta de concreción del contrato alegado por el actor, como así también con el hecho de que durante sus gestiones no recepcionaron reclamo ninguno.------------------------------------------------------------------------ ------------- ------ Sintetizando la glosa que ya efectué en el punto IV, el Sr. M. Z. se excusó mencionando que mientras fue Director General de Canal 7, que recibió órdenes de sus superiores para "ocuparlo" en el Canal, y le fue "sugerida" la continuidad del programa, pero que los instrumentos administrativos emanaban de la Subsecretaría Legal y Técnica de la Secretaría General, recordando además, que el accionante tenía acceso directo a los "despachos oficiales", y que F. tenía conocimiento del "tiempo que lleva la instrumentación" de un contrato de estas características.------------------- ------ Por su parte, el Sr. A. V. , luego de negar categóricamente los dichos del actor y adherir a la postura de la accionada, se refirió a la imposibilidad de dilucidar bajo qué pautas ///dice el accionante haberse vinculado con el Estado al invocar un "acuerdo verbal". Subrayó que frente a la inexistencia de actuación administrativa de la que surjan tratativas con autoridades del Canal para tramitar un contrato, concertar contraprestación o establecer el ciclo televisivo, dicha probanza es una carga que deberá superar el accionante. De cualquier manera, de otras probanzas surgirá -se verá después- que durante su gestión el programa "X." se emitía por la pantalla del Canal.- Induce, como "supuesto", que podría tratarse -la relación- de una cesión por parte del Canal de un espacio de aire televisivo...------------------------------------------------------------------- ----- ------ 2.- Una primera impresión, derivada de la aludida concordancia de las partes sobre algunos de los hechos que se exponen a la jurisdicción, permite discernir que en verdad, existió vinculación entre F. L. y las autoridades de Canal 7 de Rawson.- Justamente el esencial está incontrovertido, esto es que el nombrado, durante el tiempo que indica, condujo -al menos condujo- para la pantalla de esa emisora, el programa de marras, aportando los "videos" que se retrasmitían, que eran de su propiedad.--------------------- ------ De qué naturaleza fue esa relación, y si merece o no el actor la contraprestación que aquí reclama, es el meollo de la cuestión a dilucidar.- Con dificultad, puesto que la demanda es bastante oscura en lo que refiere a la naturaleza de la relación -la índole del "acuerdo verbal" invocado- que constituye la base de su requerimiento, ya que por momentos parece deducirse que procura el reconocimiento de una ///situación laboral, o de empleo al mencionar "servicios" (así se entendió en la sede administrativa), y por la otra de una obra propia de su especialidad u oficio.- Amén de que las normas traídas como fundamento de derecho, afincan más el aducido enriquecimiento sin causa del Estado que aquella vinculación.- Oscuridad que la Provincia demandada ha aventado en el juicio, contestando oblicuamente en ambos direccionamientos, salvo en el punto en que defiende el acto dicho nulo.--------------------------------------------------------------------------- ------- ------ 2.1.- Acudiendo a la prueba incorporada a la causa, por el Expediente Nº 1431/SGG/02 tramita la reclamación resarcitoria que F. intentó por ante el Secretario General de la Gobernación el 28 de mayo de 2002, tal como lo indica el sello respectivo. El mismo comienza diciendo ".J. R. F. L. , conocido en el ambiente de la comunicación como "Moncho F. ".", con fundamento en el art. 138º del Dto. Ley Nº 920 formula reclamo resarcitorio por la suma de $28.800. En el Apartado II detalla los Antecedentes que coinciden con los expuestos en la demanda; no obstante, es oportuno citar ".En el contrato entonces celebrado en forma verbal, formaba parte de mi aporte no sólo la producción y conducción del ciclo, realización de entrevistas, etc., sino también el aporte del material videográfico a exhibirse, ya que en el Canal el mismo es inexistente ."(fs. 2-6to. párrafo) ".Es así que continué realizando el ciclo, como un intento de aportar al Canal una producción local reconocida, y sin embargo el perfeccionamiento del contrato ///.demoraba en perfeccionarse. Más allá de que respecto de los gastos del Estado, siempre se esgrimían razones de recorte económico, mal podía pensarse eso, ya que durante el mismo período en que no me abonaron lo trabajado en "X." el Canal emprendió una costosa producción "Lo mejor de lo mejor"".(fs. 2 vta. - 2do. y 3er. párrafo). En el Apartado III funda su reclamo, aduciendo que el Estado como cualquier otro contratante debe respetar el principio de buena fe y abstenerse de generar expectativas falsas en los particulares, ".como es aprovechar el tiempo, trabajo y esfuerzo sin otorgarle el reconocimiento debido: formalización contractual y pago del trabajo realizado. Es cierto que en mi afán de realizar un aporte cultural y periodístico, fui extremadamente paciente frente al incumplimiento consistente en la confección del contrato. Pero no lo es menos que retrasaron las gestiones las sucesivas modificaciones en el ámbito gubernamental.y.en la Dirección General de Canal 7. No es un dato menor que la programación ideada, elaborada y sostenida por el suscripto, alcanzó un importante reconocimiento en la comunidad, llegando a postularse con acuerdo expreso y explícito del Canal como participante en el concurso que cada año la APTRA promueve entre los canales del interior.".(fs. 3).- Menciona luego que el espacio televisivo de dos horas por semana, implicaba un costo mínimo de PESOS DOSCIENTOS, el que podía llegar a diez veces dicho valor si la programación fuese de mayor actualidad, como la que se adquiere "enlatada" de firmas como Canal 13 y ARTEAR y el "relleno" de la programación que se efectuaba con material diverso comprado en Buenos Aires, ascendía a la de PESOS CIEN por hora, por ello estima que ".el Estado Provincial, a través de los hechos de sus dependientes - quienes me realizaron promesas de pagos de sumas de dinero, justamente por valorar el trabajo aportado- ha aprovechado de mi esfuerzo, tiempo y aporte. Simultáneamente se ha ahorrado por hora sumas que oscilan entre CIEN y MIL PESOS." (fs. 3- último párrafo) lo que configura -razona- un enriquecimiento sin causa que no debe ser tolerado.- Liquida el valor que reclama y ofrece prueba documental y testimonial del Sr. M. Z. .---------------------------------------------- ------ A fs. 5 se agrega el Acuse de Recibo de Carta Documento enviada por "Moncho F. " a la Asoc. Periodistas Televisión y Radiofonía Argentina APTRA.------------------------------------------------------- ------ A fs. 6 se incorpora una nota del 10.09.99, suscripta por el hoy actor y dirigida a la Sra. Z. L. - Directora Comercial y de Finanzas de LU 90 TV Canal 7- Rawson, que dice ".a efectos de evitar involuntarios errores administrativos, notifico a Ud. que el ciclo televisivo "X." que me honro en presentar y dirigir, por acuerdo alcanzado con la Dirección del Canal, ha quedado desvinculado del Sr. H. L. (Agencia Cochue) desde el mes de Octubre del año pasado. A simple título informativo, le comunico que tal acuerdo, ha sido la consecuencia del reconocimiento (que me honra) por la capacidad demostrada en la realización del ciclo, como así también, por la organización y conducción del multitudinario espectáculo realizado en el mes de Septiembre del año pasado, con motivo del XXIII Aniversario del Canal y llevado a cabo en el Teatro Español de la ciudad de Trelew. Ese acuerdo, contemplaba la posibilidad de contar con una cámara al menos una vez por semana y un contrato por $ 1.200 mensuales, que regiría a partir del comienzo de la temporada televisiva (Abril) del corriente año. Por tal motivo, se me encargó un nuevo ciclo de cine para el verano, que realicé bajo el título de "Clásicos de Verano". Si bien el contrato brilla por su ausencia, con motivo de mi viaje a España y para no perjudicar al Canal, dejé suficiente material grabado. En suma, he seguido trabajando por el bien de nuestro canal provincial, más allá de lo que se podría esperar de mi, dadas las circunstancias".Tiene inserta al pie sello perteneciente a "LU.90 TV. CANAL 7 RAWSON" en el que consta que "entró" el 17.09.99 y una firma.----------------------------------------------- ------ De fs. 7 a 17 se adjunta copia simple de recortes periodísticos relacionados con la emisión del programa "X.".-------------------- ------ A fs. 17 vta. la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría General de la Gobernación, requiere a la Dirección Gral. de Canal 7 "informe pormenorizado en relación a los hechos invocados por el Sr. F. ", el que se produjo a fs. 18/19. En ése, el 19.07.02 el Sr. A. V. pone de manifiesto que ".cuando.tomé posesión del cargo el programa.ya estaba en el aire, y nos abocamos con el área administrativa del canal a reglar la contratación de todas aquellas productoras que contrataban con el medio en ese entonces y que no tenían ningún tipo de relación normada administrativamente, hasta ese momento. Ante la presencia de pautas oficiales (esto es publicidad) en la ocasión Municipalidad de Trelew, es que comienza una permanente discusión para que el Sr. F. cumpla con las normas administrativas del Estado, esto incluye la puesta en el aire de videos cuya procedencia, más allá de nuestros reclamos y sus respuestas excusables, no poseían un control directo del canal, (pues era material que le pertenecía) y a través de los datos aportados por la Dirección de Programación del medio, dichos videos habrían pertenecido a un Video Club, que otrora fuera de su propiedad, pero que de ningún punto de vista puede habilitar a ponerlos en el aire por no poseer derechos para su emisión al menos no comprobables desde esta gestión. El programa era realizado y editado por el Sr. E. M. , agente de nuestro canal en su horario habitual de labor. En determinado momento el Sr. F. solicitó asistencia semanal, con aporte de cámara de nuestro Canal para filmar exteriores y dentro de las posibilidades de nuestro medio pusimos a su disposición el elemento mencionado con cierta discontinuidad.Desde el Canal, siempre se trató de llevar una relación normal accediendo a cualquier tipo de reclamo (en lo posible) pero chocando indefectiblemente al momento de solicitar el cumplimiento administrativo correspondiente, pues la exigencia de RAP, ingresos Brutos, DGI, Habilitación Comercial, como parte de la formación de una agencia de publicidad para el funcionamiento y actuación en nuestro medio se daba de bruces con su lógica de actuación frente a la Provincia.nunca hubo una relación contractual con el individuo, jamás pagó canon alguno por ese producto y en ningún momento, quien habla, como ningún Director a cargo de cualquiera de las áreas de nuestro medio dejó entrever posibilidad de contratación por monto determinado o a determinar. .jamás en lo personal, hubiera contratado ese producto bajo ese formato artístico. A fs. 5 del Expediente y la referencia de la presentación del producto en APTRA.no es necesario el consentimiento del Canal ///oficialmente (más allá de la aprobación verbal) cosa que pudo haber ocurrido aunque no consta en mi memoria, no obstante si ese producto pertenece en forma directa al Canal, es decir es realizado y producido por el medio, debe ser el propio medio quien presente oficialmente, con registros.ante cualquier organismo o institución que promueva un premio." Informa que el programa se emitió desde el 06.04.98 hasta diciembre de 1999, y luego se repuso el 02.04.00 hasta el 17.12.00 y refiriéndose a la nota de fs. 6 menciona que según la data que muestra el sello de ingreso al canal no había asumido su gestión.------------------------------------------------- ------ Se comunica a F. L. por Carta Documento (fs. 20) la apertura a prueba de la causa y se fija audiencia para la recepción de la testimonial de M. Z. , la que se produjo el 09.08.02 a tenor del pliego presentado (fs. 22).- Respondió el citado, con referencia al programa "X." ".la producción general y la producción del programa era del Sr. F. " (cuarta).- En lo que respecta al trato que existía entre el nombrado y el Canal dijo ".en una primera etapa se entabló una relación comercial a través de una agencia de publicidad, la intención era hacer un contrato a partir de octubre de 1998" (novena); añadió ".en la primera etapa de emisión del programa, la comercialización del espacio publicitario se coparticipaba en los porcentajes establecidos entre el Canal y F. , y a partir de octubre, todo lo que se recaudaba era para el Canal, es decir, F. no participaba en la comercialización del espacio". "entre un 20 y 30 por ciento, más o menos".(décimo primera y duodécima) y consultado acerca de quién había convocado al actor para hacer el programa expuso ".la convocatoria fue a través de Canal 7 en función de que, el programa al haber sido emitido con anterioridad en una empresa de cable local, ya contaba con el reconocimiento favorable del público, y . por sugerencias de funcionarios de mayor rango al área de la cual dependía el Canal" (decimosexta). además señaló ".no se le puso un valor al programa, sino que se pactó $1200 por mes, ... una emisión mínima de 4 programas sin repeticiones"..- Finalmente se le preguntó por la razón por la cual no se instrumentó el contrato durante su gestión a lo que respondió ".se esperaba la habilitación de partidas correspondientes y la resolución final por parte de la Secretaría General de la Gobernación que aprobara la instrumentación del contrato, había una aprobación de palabra, no es que al Sr. F. se lo convocó sin contrato, ya existía una relación comercial anterior, el programa ya estaba en el aire".(decimonovena).----------------------------------------------------------- --- ------ El 05.09.02 ampliando el informe relatado antes, el Director General de Canal 7 -Sr. A. V. - pone de manifiesto que "no consta en ningún registro, contrato alguno realizado con el productor "X.""...aunque advirtió que en ocasión del traslado a las instalaciones de la ciudad de Rawson se extravió y se quemó documentación. (fs. 24 ). Por su parte, a fs. 26 la Directora de Programación de la emisora, Sra. G. M. , en relación al programa comentado, comunicó que según los registros recabados del "...archivo de rutinas de transmisión de programación, se emitió a partir del 06/04/98 los días lunes por espacio de 120 minutos de 22:30 a 00:30 hs., continuando ininterrumpidamente sus emisiones hasta el mes de diciembre de 1999. En los meses de enero, febrero y marzo del año 2000, no se emitió y retomó...su espacio el día 02/04/00 los domingos ...90 minutos...hasta mayo de ese año y a partir de ese mes durante 120 minutos hasta el domingo 17 de diciembre de 2000, último día en que se emitió el ciclo".- Sostuvo además la funcionaria (fs. 27) que "...es imposible verificar los costos de las películas que se emitían en el ciclo...dado que las distribuidoras de televisión no trabajan ese tipo de material, ...su emisión es específica para video home o video de alquiler"...-------------------------------------------------------------------- ---------------- ------ Consultado nuevamente el Director General acerca de cuál sería el costo de contratación de un agente conductor, presentador, animador; expuso a fs. 29 A. V. que "...para el caso de realización de algún producto televisivo desde el Canal, no existe una norma establecida en función del monto, pues es exclusivamente producto de la negociación de las partes. El caso...nos ocupa, ...en una hora semanal ...4 horas mensuales...para la época en que supuestamente se pactó con promesa verbal, ya existían ejemplos comparativos. El caso de la agente C. H. contratada por $1200 ...es el más emblemático, si tenemos en cuenta que por ese monto se desempeñaba en la edición, corte y presentación del noticiero, además de realizar, producir y conducir el programa matutino denominado "La Ventana" ....----------------------------------------------------------- ------ A fs. 31 el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Trelew acompañó "detalle de las pautas publicitarias otorgadas" en el período Octubre de 1998 a Diciembre de 2000 al programa "X.".- ///Según detalle realizado por el Jefe de Información Pública de ésa (fs. 32) durante Septiembre, Octubre y Noviembre de 1999 abonaron la suma de PESOS TRES MIL ($3000), es decir, PESOS UN MIL ($1000) por mes, en tanto desde Agosto a Diciembre del año 2000, se abonó la de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($1250) en total, es decir, DOSCIENTOS CINCUENTA ($250) mensuales; anexando documentación (fs. 33/50) de la que surge que "...los Expedientes confeccionados a favor de AUDIORAMA-J. r. F. por pautas publicitarias en el programa X. que se emitía por LU 90 TV CANAL 7 de RAWSON"...------------------------------- ------ El 18.06.03 la Dirección de Comercialización y Finanzas de Canal 7, consultado en relación a la reclamación resarcitoria en trámite, informó a fs. 53/55 que la emisora estatal cedía entre el 50 y 70% del espacio publicitario fijado por Ley por cada hora de programación, es decir, de cada 60 minutos, 48 corresponden a programación y 12 a publicidad; la publicidad que se emitía en el espacio del programa referido "correspondían mayoritariamente a comercializaciones, muy pocas, efectuadas por la emisora (excepto la enunciada ...de la Municipalidad ...). Hecho éste que no representa derecho alguno para la productora del programa por establecerse en todos los contratos que Canal 7 podía utilizar el porcentaje de segundos asignados y aquellos segundos que no utilice la agencia", mencionó, coincidiendo con V. - que no era posible establecer un "costo" por las películas emitidas por ser ///material específico y exclusivo para video home o de alquiler; aclara que los contratos de locación de obra eran suscriptos por el Sr. Secretario General de la Gobernación y eventualmente por la Dirección General, las que pueden realizarse en tanto "estén acotadas en el tiempo", en tanto recordó que "no se localizó solicitud de autorización por parte de los Directivos del Canal ante la Subsecretaría de Información Pública ó Secretaría General de la Gobernación para la contratación del Sr. J. F. L. ", señalando en relación al informe de la Municipalidad de Trelew que "En el relevamiento efectuado desde esta Dirección no se ha podido determinar que los importes indicados hayan sido ingresados a la emisora...tampoco se detectaron Ordenes de Publicidad que debieron haberse conformado"; que esa área no estaba en condiciones de determinar un precio para abonar los servicios mencionados, "por ser de carácter subjetivo", pero puntualizó que $1200 es lo que se abonaba a "un periodista con contrato efectivo y cuyo objeto era colaborar en el programa "Chubut AL DIA" (noticiero de 2 emisiones diarias los días hábiles) y por la labor de eventos especiales"...Anexó el funcionario copia de contratos celebrados con Agencias Productoras, copias de los Libros de Banco de los Ejercicios 1999 y 2000 y rutinas ejemplificativas del Informe de Publicidad todo lo que fue agregado a fs. 56/75.--------------------------- ------ Con estos antecedentes, la Dirección Gral. de Asesoría Legal emitió el Dictamen N° 211/03 DGAL (fs.76/78) en el cual, luego de relatar los antecedentes de hecho descriptos, consideró que el reclamo tramitado se encontraba "exclusivamente dirigido a una supuesta relación de dependencia laboral del Sr. F. L. en la repartición de LU ///90 TV CANAL7 RW". Reiteró que es criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la prueba de la existencia de un contrato está íntimamente vinculada a la forma en que dicho contrato queda perfeccionado y destacó que de los propios dichos del reclamante surgía que la "relación que vinculó a las partes fue una relación contractual comercial por intermedio de la Agencia de Publicidad del Sr. L. ". Advirtió que no era competente el Director General de Canal 7 -nombrando al Sr. Z. - para celebrar "convenios laborales" menos "verbalmente" y abonó "...para ello resulta necesario que se cumplimenten con los requisitos del art. 2° Dto. Ley N° 1987...y Ley 3309, modificada por Dto. N° 1251/94."...Fundó con el art. 27° del Dto. N° 2003/61 que prevé "en ningún caso se iniciará la provisión o el servicio sin que previamente se haya resuelto la adjudicación por la autoridad competente. Serán responsables de los hechos que infrinjan esta disposición, los funcionarios que hubieran autorizado en forma expresa o verbal dicha iniciación", concuerda ello con lo establecido en el art. 28° de la Ley de Emergencia Económica que dispone "...el funcionario responsable de cada Unidad de Organización que autorice gastos o contrajera compromisos sin previa imputación presupuestaria...serán pasibles de multa..., sin perjuicio del resarcimiento económico al Estado por el gasto indebido que hubiere realizado".... Parte de la hipótesis de un contrato de locación de servicios para afirmar que el mismo debería haber sido firmado por el Sr. Secretario Gral. de la Gobernación con copia en poder del reclamante (que no acompañó) y otra en la Dirección de ///Administración de aquella dependencia, aclarando que en esa Sede no hay constancias de esto, como así también subraya "...el reclamante nunca presentó factura alguna por sus tareas realizadas... tampoco invocó esta figura contractual, lo que lleva a descartar tal posibilidad". Considera que elaboró e ideó la programación del ciclo y añade "...uno de los hechos que lleva a comprender la existencia de un contrato de Producción y Emisión entre las partes, es que la publicidad comercializada por la productora facturada y cobrada por el Sr. F. L. no asumiendo Canal 7 ninguna responsabilidad ...lo contrario llevaría a pensar que ...debería devolverlo percibido por la publicidad pautada con la Municipalidad de Trelew más intereses. ... En cuanto al canon que debió pagar a Canal 7...por la emisión de su programa, no surge del expediente constancia fehaciente de haberse pactado el valor del mismo, dado que las ganancias de las partes estarían dadas por la publicidad que cada una de ellas pueda obtener y percibir"... Con tales fundamentos se aconseja rechazar la reclamación resarcitoria tramitada.---------------------------------------------------------------------- ------------- ------ Criterio que es compartido por la Sra. Subsecretaria Legal y Técnica a cargo de la Secretaría General de la Gobernación que resolvió, reiterando los argumentos del Asesor, rechazar el reclamo planteado y dictó el 22 de Octubre de 2003 la Resolución N° V 130/03 (81/82) ahora cuestionada; incorporándose a fs. 83/84 Carta Documento N° 012 946 003 AR y 22.530.731 9 AR por la que fue notificado el ahora accionante y a fs. 85 el Acuse de recibo respectivo, con lo que se ordenó el Archivo de los obrados.-------------------------------- ///--- 2.2.- En la confesional el actor -a fs. 180/181- negó primero haber omitido celebrar contrato por la emisión del programa con las autoridades de Canal 7.- En tal caso -dijo- la omisión será de las autoridades pertinentes como además está reconocido por el Director del Canal"; admitió que el Sr. A. V. -ex director del Canal no formuló promesa de remuneración, pero "también es cierto -agregó- que el Sr. V. me convocó a fines de marzo de 2000 para reiniciar el ciclo en el mes de abril del mismo año de no haber sido así yo no hubiera podido reiniciar" (Quinta bis).- Al consultársele si cobraba pauta publicitaria de la Municipalidad de Trelew por la emisión de "X." sostuvo que sí y explicó "era una especie de subsidio que la municipalidad me daba y fue preestablecido con el Sr. Z. cuando hablamos de hacer el contrato ya que el programa había comenzado con un auspicio de la Dirección de Cultura ...en otro programa anterior y en el canal 3". Afirmó tener a su cargo la totalidad de la organización y producción del ciclo, películas, entrevistas, invitados "todo dependía de mí" salvo -señaló- la parte técnica que ponía el Canal (octava).- Negó mantener relación contractual comercial con la agencia de publicidad del Sr. L. en la época en que se realizó "X." (décimo segunda), admitiendo que esa relación existió en los primeros meses de 1998 hasta el mes de septiembre "fecha en que verbalmente se me prometió el famoso contrato que se ha obviado" (el destacado lo agrego), preguntado si conocía que en la órbita del Estado está vedado celebrar contratos en forma verbal alegó "no es cierto. Considero que si no se hizo no fue por mi conocimiento o desconocimiento sino porque se abusó de mi buena fe"...------------------------------------------------- ------ 2.3.- A fs. 139 y 154 se tuvo por desistido al accionante de los testigos ofrecidos.- Sí depusieron los ofrecidos por el tercero citado Sr. A. V. .-------------------------------------------------------------------------<#LINE > ------ A fs. 195/196 y vta. prestó declaración testimonial el Sr. E. M. quien dijo pertenecer a la planta permanente del Canal 7 donde labora desde 1984, tiene a su cargo -al momento de declarar- la Dirección de Cámaras, la realización de programas y la edición de programas en vivo; preguntado (en la Tercera) acerca de cómo se editaba "X." comentó que "conveníamos un día con F. para la grabación de "los copetes", lo que es la presentación de en vivo, eso se realizaba una vez al mes y lo grabábamos la totalidad de las cuatro emisiones mensuales. Yo semanalmente realizaba el armado del programa, edición, titulado, y chequeada el material para presentárselos a los operadores de turno del control central para emitirlo". Ante la consulta "con qué fines emitía el Sr. F. el programa según lo que le comentaba" expresó "en oportunidad hizo un comentario de que él lo hacía como un hobbie, como una forma de difundir películas españolas y argentinas digamos viejas. Era muy a su gusto, un gusto muy personal de él y quería que se difundiera" (lo destacado se añade); acerca del contenido del programa referido sostuvo "que F. hacía referencia a la parte actora, a la parte anecdótica de las filiaciones, hechos relacionados con las películas que iba presentación día a día". Luego ///interrogó el Apoderado del accionante, en relación a la publicidad (Primera) comercializada durante ese dijo "las que recuerdo...Municipalidad de Trelew una institucional, recuerdo un auspicio, un canje o algo así de Sedamil...Había más pero por ahí entraban salían según lo que el Sr. F. convenía con los auspiciantes, yo no recuerdo ahora", agregó que generalmente el Canal no difundía programación propia o publicidad institucional en ese horario, salvo la "publicidad del COMFER que estuviera pautada".- Consultado para que diga "...cómo sabe que era el actor el que convenía las publicidades"... manifestó "El personalmente me traía el material ya editado, ya armado y en otras circunstancias realizamos las placas con el off o locución, la realizábamos en el Canal"... Finalmente fue interrogado por el Apoderado de la accionada para que dijera cómo se financiaba el programa "X." contestando que "estimo que con la publicidad que el Sr. F. traía para que se emitiera en ese programa".------------------------------------------ ------ A fs. 199 consta declaración el Sr. W. G. quien se desempeñó como Subsecretario de Información Pública desde Diciembre de 1999 hasta diciembre de 2001. Durante ese período, expuso, (Tercera) tenía un trato habitual con el Director de Canal 7, interiorizándose -según dijo en la Cuarta- por la problemática del mismo, y preguntado (Quinta) si en ese contexto "...tuvo conocimiento o no de reclamos por parte del Sr. F. L. ", destacó "... no, no tuve conocimiento de ningún reclamo...".---- ///--- 2.4. Se completa la prueba producida con la Informativa de los Organismos y Empresas requeridas.------------------------------------------------ ------ 2.4.1.- A fs. 135, el Director General de Canal 7 informó el 22.06.06 que "...no existe en el archivo de éste organismo grabaciones del programa "X." ya que el Sr. F. ...realizaba la presentación, se emitía y retiraba el mismo, no quedando grabación ni copia alguna en la emisora". -------------------------------------------------------------------------------- ----- ------ 2.4.2.- Se consultó a empresas de Buenos Aires acerca del costo de los denominados "enlatados" y si por el período que se demanda habían vendido a la emisora estatal sus productos para incorporarlos a la programación.------------------------------------------------------------------- ------- ----- La empresa A. A. a fs. 156 indicó que no vende ni vendía "enlatados" sino horas de programación, explicando que "cedía derechos de exhibición de su programación, estipulándose una determinada cantidad de horas mensuales y su respectiva contraprestación"; recuerda haber vendido al Canal provincial entre 1998/1999 140 horas mensuales por una contraprestación de u$s 8000 por mes, con más u$s 63 por cada hora que excediera las mencionadas, variando el costo en 1999/2000 por idéntica cantidad de programación a u$s 9.600.-------------------------------------------------------------------------- -------------- ------ A fs. 164/166 el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. refirió que la tarifa de venta de programación a los canales del interior ///del país en el período solicitado fueron para esta ciudad Capital de PESOS DOSCIENTOS ($200), plazo durante el cual se comercializó con Canal 7 solo eventos deportivos.---------------------------------------------- ------ Por su parte AMÉRICA T.V. S.A. informó que la venta de los "enlatados" no es ni fue realizada por esa empresa razón por la cual le resulta imposible mencionar los valores, y añade que "la venta de cada "enlatado" es realizada por las distintas productoras de cada programa en particular, por lo que dicha información debe ser proporcionada por la productora de cada uno.------------------------------------------------------- ------ 2.5.- La accionada acompañó abultada documentación conteniendo las rutinas de programación emitida por la emisora desde abril de 1998 hasta diciembre de 2000, salvo la correspondiente al mes de Diciembre de 1999 que no fue localizada.- Elevó los antecedentes con nota suscripta el 10.08.04 por el Director de Comercialización y Finanzas de la emisora estatal quien relató "...no se verificó la existencia de trámite administrativo alguno tendiente a formalizar un vínculo contractual entre las partes", además informó "...el programa ...no fue emitido los meses de diciembre de 1999, enero, febrero y marzo de 2000...según se desprende de ...las rutinas diarias de transmisión" y destacó además que "...en referencia al reclamo realizado por F. L. ...en los archivos se encontró nota alguna... en la que se haya presentado alguna factura vinculada al contrato que, según se aduce, se iba a formalizar con el Canal y tampoco reclamo administrativo alguno realizado a esta persona. Un dato a tener en cuenta es que, si bien ahora existe un reclamo judicial, el Sr. F. L. mientras su programa estuvo en el aire nunca formalizó ningún reclamo relacionado con el pago de los servicios profesionales supuestamente prestados para el Canal 7. ...existen comprobantes brindados por la Municipalidad de Trelew, donde constan las pautas publicitarias percibidas"... y con esto razona el funcionario "...habitualmente quien tiene una vinculación contractual directa con esta emisora tiene vedada la posibilidad de comercializar publicidad".----------------------------------------------- ------ 3.- Tal la prueba de la causa, me es inevitable recordar, previo al análisis jurídico particularizado del caso, que la actividad del Estado es esencialmente formal.- Su determinación volitiva, como la de cualquier persona física o jurídica en tanto productora de efectos jurídicos, debe necesariamente exteriorizarse, ponerse de manifiesto.- Y ello -ALESSI lo señala- es más importante en el campo del Derecho Público que en el del Derecho Privado, importancia que no deriva tanto de la diferencia que media entre el procedimiento de la formación de la voluntad del sujeto privado, y el de formación de la determinación volitiva de la Administración Pública, como de la función de garantía que las formalidades están llamadas a ejercer en la organización estatal (Instituciones de Derecho Administrativo - Barcelona- Bosch - pág. 272 y sigs.).- No en vano pone CASSAGNE de relieve esa trascendencia afirmando que la función de garantía que cumple se aplica tanto a los derechos de los administrados como del orden, acierto, justicia, y legalidad que debe existir en la actividad ///administrativa (Derecho Administrativo - Abeledo Perrot- 6ª ed. Tomo II - pág. 142 y sigs.).----------------------------------------------------------- ------ En tanto esa actividad debe ser producida en los límites de la competencia de los órganos, por los medios o instrumentos establecidos, según procedimientos predeterminados, de conformidad con la norma objetiva y de acuerdo con la finalidad de interés público que le es propia, el medio por el que la voluntad se formaliza es a la vez signo de existencia, regularidad, certeza y legitimidad, posibilitando -además- su control.-------------------------------------------------- ------ 3.1.- Así es que la contratación administrativa, como CASSAGNE señala al defender su autonomía (puesta en tela de juicio hacia 1998/1999), articula un sistema regular opuesto a un "derecho de casos" para delimitar una configuración típica, un régimen general que se nutre con un conjunto de prerrogativas de poder público y de garantías integradas y vinculadas al orden público administrativo, en el que las partes no gozan -en principio- de aptitud para alterarlo, tal como ocurre en particular con el principio medular de la competencia y el de la ejecutoriedad.- Se halla sujeta a normas específicas, que determinan cada uno de los diversos trámites que deben ser superados en el procedimiento administrativo con la finalidad de formalizar una relación jurídica entre Organismos del Estado y empresas, entidades ///y/o particulares que colaborando con aquellos facilitan la obtención de un fin público.------------------------------------------------------------------------ - ------ El régimen establece de este modo una tipicidad definida a la que habrá de ajustarse la Administración para obrar en un marco de legalidad. En ese ordenamiento se inscribirán, la necesidad de acotar la actuación administrativa a la situación presupuestaria de cada ejercicio financiero, a la verificación de la existencias de las partidas presupuestarias para afrontar el gasto, a la autorización previa de la autoridad competente, la idoneidad de los funcionarios para contratar según su rango y qué procedimiento utilizar de acuerdo a los valores que destinará para ello, a las características del cocontratante, es decir, si éste se encuentra habilitado o no, por mencionar tan solo alguna de las pautas establecidas.--------------------------------------------------- ------ Rodolfo BARRA (procurando mediar en aquella discusión sobre la sustantividad del contrato administrativo) explicaba que ".toda relación jurídica supone (y está orientada) al intercambio de bienes. El hecho ilícito.las relaciones generadas por normas jurídicas estatales, o por la costumbre, o por el derecho natural .dan vida a una obligación, a una relación de acreedor y deudor. .la fuente más numerosa de relaciones jurídicas se encuentra en el consentimiento bilateral de las partes, donde se produce el intercambio de bienes propiamente dicho. Pero siempre estamos realizando adjudicaciones de bienes. Pensando en los que tienen un valor económico, ya sea en dinero o por sustitución física; las relaciones jurídicas son medios para ///adjudicar los bienes existentes en la sociedad. El ordenamiento jurídico permite la existencia de, y contiene, un amplio espacio donde los bienes se adjudican conforme el libre consenso de sus poseedores. Este es el ámbito del mercado, de la libertad negocial, de la norma de creación individual, excelentemente definida por Vélez Sarfield en el Artículo 1197 del Código Civil. .La relación jurídica privada abarca, en síntesis, adjudicaciones voluntarias, consensuadas, de bienes confiados a la propiedad individual o privada.Pero en el caso de los bienes poseídos comunitariamente,.los administrados por el Estado.la situación es muy distinta. Aquí no hay adjudicaciones estrictamente libres, ya que si el Estado adjudica. debe hacerlo guardando una cierta proporción entre las partes del todo social. aquí no existe libertad negocial. en el corazón de estas decisiones se encuentra el acto administrativo.expresión más acabada de la ausencia de libertad negocial en su emisión. El acto administrativo es esencialmente un mecanismo distribuidor -adjudicación, reparto, de los bienes comunes, distribución que el ordenamiento busca garantizar exigiéndole una determinada estructura. Esta se encuentra en todas las decisiones de la Administración. La relación jurídica administrativa, nacida así de actos administrativos, se sustenta. en esos elementos. Esta es su sustantividad". Luego de referirse el autor a los elementos del art. 7º de la Ley de Procedimientos Administrativos y jurisprudencia norteamericana sintetiza su idea afirmando ".se trata de contratos celebrados por un sujeto especial, la ///autoridad pública, que solo intercambia bienes comunes, y los intercambia para adjudicarlos de la manera que el ordenamiento quiere. No poseen esas autoridades públicas libertad negocial, no se sumergen en el mercado. Son, aquí, en Europa, en los Estados Unidos "Administración de legalidad", con "sujeción positiva a la ley", según feliz expresión de García de Enterría y Fernandez" (Conc. "El nuevo Régimen de Contrataciones y la sustantividad del contrato administrativo"- en Rev. RAP- Edic. Especial- Febrero 2002- Doctrina - pág. 13/19).-------------------------------- ------ Esta Sala ha votado a favor de esa sustantividad, y así firmé en SD N° 1/SCA/08 ".el contrato, en particular el administrativo, es la figura a la que acude el Estado superando la hipótesis arbitraria de que siempre manda unilateralmente, solicitando el concurso -la voluntad- de los particulares para hacer más eficiente su función administrativa, obteniendo de este modo su colaboración inestimable para el cumplimiento de sus fines propios... Como dice DROMI, el contrato es un género, un instrumento jurídico universal que deriva de la unidad ontológica del derecho, que se adjetiva cuando a sus caracteres genéricos y básicos se suman notas que lo especifican en cuanto a sujetos, formas, consentimiento o perfeccionamiento (Contratos de la Administración - Régimen Jurídico Unitario - J.A -Doctrina 1974, pág.613 y sigs.)".--------------------------------------------------- ------ Cité además fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y reiteraba mi voto en S.D. N° 04/SROyE/06, donde respecto de los contratos administrativos sostuve ".Si bien la noción de contrato es ///única, común al derecho público y al privado, pues en ambos casos configura un acuerdo de voluntades generadora de situaciones jurídicas subjetivas, el régimen jurídico de estos dos tipos es diferente. Existen diferencias de fondo que determinan que tengan un régimen especial, y sus efectos no sean los mismos que los contratos civiles" (in re "YPF c/Pcia de Corrientes del 3/3/92)". No obstante, también ha señalado, que existen elementos constantes y formales, que hacen que al contrato administrativo, le sean aplicables los principios rectores del Derecho Común, dependiendo de la materia que se trata, de la índole de los acuerdos, de la normativa explícita de fondo, que las reglas de derecho privado puedan aplicarse o no al campo del derecho público. Incluso las peculiaridades indicadas, harán que en algunos casos, algunas reglas de ese derecho madre resulten pertinentes de englobar la situación y otras no. De cualquier modo existen reglas que serán comunes, tales el contrato como ley para las partes (CS "Benítez, Eduardo...." - 17/9/96 - JA 1997-III-45) y la buena fe contractual (CS "Necon S.A..." 4/6/91, "YPF c/ Corrientes" -3/3/92, "Cinplast...." - 2/3/93, SCBA 6/9/88 Ac.049817), que no son sino principios generales del derecho, e inclusive la coincidencia de voluntades, aún a cláusulas preestablecidas (CNFral. Civ. y Com. 16/12/94 - JA 1995-II-166)"---------------------------------------------------------- ------ Pedro COVIELLO, luego de mencionar que el principio de legalidad "...significa que las autoridades administrativas están ///obligadas, en las decisiones que adoptan, a conformarse a la ley o más exactamente a la legalidad, es decir, a un conjunto de reglas de Derecho donde la mayoría, mas no todas, están contenidas en las leyes formales"... señala que la Corte ha fijado pautas de la inteligencia que ha dado al principio de legalidad aplicado a contratos administrativos en la causa "Espacio." (Fallos: 316:3157) en la que afirmó "...en materia de contratos públicos, así como en los demás ámbitos en que desarrolla su actividad, la Administración y las entidades y empresas estatales se hallan sujetas al principio de legalidad, cuya virtualidad propia es la plena vigencia de la regla de la autonomía de la voluntad de las partes, en la medida en que somete la celebración del contrato a las formalidades preestablecidas para el caso, y el objeto del acuerdo de partes a contenidos impuestos normativamente, de los cuales las personas públicas no se hallan habilitadas para disponer sin expresa autorización legal"...(Conc. "La Teoría general del contrato administrativo a través de la Jurisprudencia de la CSJN" en "La Contratación Pública" Tomo 1 - Hammurabi- Depalma - 2006- págs. 126/128).-------------------------------- ------ 3.2.- Pues bien, en el marco de sus potestades no delegadas, las Provincias han regulado su propio sistema de contrataciones.- En la nuestra, la primera Ley de Contabilidad - Nº 47- dio pautas, que luego reglamentó el Dto. N° 2003/61.-------------------------------------------- ------ Luego, aquella Ley fue sustituida en 1981 por el Dto. Ley N° 1911 -vigente a la época que abraza la pretensión, que de un modo ///similar a la Nº 47 reguló -en el Capítulo IV "De las Contrataciones", reglas generales, estableciendo como principio de selección del contratista estatal, en el art. 49° el largamente asentado por legislación y doctrina: "toda compra o venta por cuenta de la Provincia, así como todo contrato sobre trabajos, suministros, locaciones y arrendamientos se hará por medio de licitación pública"....- El artículo 50° admitió en los supuestos que enuncia la posibilidad de otros procedimientos : la contratación directa, el concurso privado de precios, la licitación privada, el remate público.- Entre las causales por las que autorizó la primera, el inciso e) previó las obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución debe confiarse a personas o artistas especializados; el f) la adquisición de bienes o servicios cuya fabricación venta o suministro sea exclusivamente de quienes tengan privilegios para ello o que solo posea determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubiera institutos convenientes.- Acápites que cito porque de haber mediado contrato, en alguno de ellos pudo haberse encuadrado la tarea del actor.----------- ------ El último artículo -167- previó que hasta tanto la misma fuera reglamentada, regiría la vigente para la Nº 47.- Así es que por largo tiempo, el Dto. Nº 2003/61 y sus modificatorios sirvieron de reglamentación.- En éste se habían previsto las formalidades a cumplir para cada sistema de selección, aprobando Pliegos Tipos para las Licitaciones y concursos y fijando pautas para las contrataciones ///directas.- El art. 27 - que citara la Dirección Gral. de Asesoría Legal al dictaminar en el Expte. administrativo glosado- prescribió que "en ningún caso se iniciará la provisión o el servicio sin que previamente se haya resuelto la adjudicación por la autoridad competente. Serán responsables de los hechos que infrinjan esta disposición, los funcionarios que hubieren autorizado en forma expresa o verbal dicha iniciación".- El Dto. N° 118/64, reformó el art. 119° relativo a la realización de las compras directas, conforme la cual éstas debían expresarse en "...formularios oficiales..." que incorporaba como anexo, a través de los cuales podían efectuarse pedidos de suministro y/o servicio, de presupuesto, de recepción de cotizaciones, cuadro comparativo de precios y orden de compra.- Así se perfeccionaba el contrato.- Fijó el monto, estimó como una falta grave el desdoblamiento de una compra, requiriendo la imputación preventiva del gasto en la partida presupuestaria correspondiente.- Sucesivas modificaciones mantuvieron este criterio (vg. Dto. 402/78 - 835/95 - 669/03 - 926/04).----------------------------------------------------------- ------ Además de estas normas generales, específicamente para el Organismo estatal bajo cuyas órdenes afirma al actor haber "prestado servicios", la Ley N° 3587 (B.O. del 01.11.90), estableció que "Toda contratación que se efectúe en razón de la actividad desarrollada por LU 90 TV Canal 7 de Rawson, se regirá por el Dto. Ley N° 1911..." como principio; excepto -art. 2°- para "...la contratación de servicios artísticos, de grabación de programas y adquisición de material técnico fílmico, musical, deportivo, informativo, cultural, de recreación, de publicidad su canje y todas aquellas que se vinculen ///directamente con las emisiones que programe"...(el destacado es propio), que así quedaron eximidas de los procedimientos de selección, y admitida las contrataciones directas.------------------------------ ------ Estas normas -inclusive la última- son derogadas por la Ley Nº 5447 de Administración Financiera y Sistema de Control Interno del Sector Público Provincial (B.O. del 4/1/06), reglamentadas las contrataciones por Dto. N° 777/06 (B.O. del 6/6/06), no obstante lo cual las he citado por ser de aplicación durante el período reclamado por el accionante.- La excepción a la regla de licitación que por Ley Nº 3587 favorecía al Canal, está contemplada ahora en el art. 95 esta Ley citada, inc. c) contrataciones directas - apartado 18).------------------ ------ Ahora bien, cualquiera de estos métodos de contratación autorizados, requiere necesariamente de una forma instrumental.- Claramente y por su propia naturaleza las licitaciones y los concursos de precios la llevaron ínsita, a más de haber sido establecida normativamente.- Para las contrataciones directas -como se vio- se reguló un procedimiento mas sencillo en base a formularios.- Pero aún si para algún tipo de contratación no se hubiera previsto "formulario" específico, la forma instrumental debió entenderse, por las razones apuntadas al comenzar este punto, una exigencia natural.------------------ ///--- Exigencia derivada no sólo de estas normas citadas y las exigencias de la Ley de Contabilidad del Estado, sino de considerar que en definitiva, y por sobre aquéllas discusiones de "sustantividad" o no, que según recordé antes movieron a la doctrina, el contrato no es sino un acto administrativo (CASSAGNE - ob.cit. pág. 49, MARIENHOFF - Tratado de Derecho Administrativo - tomo III-A - 4º Ed. Abeledo Perrot - pág. 37, FIORINI - Derecho Administrativo - Tomo I - 2º Ed. Abeledo Perrot - pág. 596, opinión compartida además por BIELSA, BARRA, Julio COMADIRA, BERCAITZ), y la forma escrita es la impuesta por su naturaleza (art. 28 - Dto. Ley Nº 920 de Procedimientos Administrativos).---------------------------------------- ------ Así es aún en el entorno de esta actividad tan particularizada, distinta de toda otra propia de la Administración, cual es la de una emisora de TV, que en verdad hubiera merecido desde hace tiempo -el Canal emite desde hace 25 años- una legislación específica y propia, que sin dudas no se satisface con el apartado 18 del inciso c) -art. 95 de Ley Nº 5447, y es aún en la Provincia asignatura pendiente.- Hasta tal punto fue -es- así, que en el Expte. administrativo traído al sub-lite, los funcionarios del Canal debieron agregar "contratos ejemplo" de Producción y Emisión y de Locación de Obra (fs. 56 a 62) suscriptos por otras personas.no con el demandante, claro.-------- ------ 4.- Si como la Administración lo considerara al tratar el reclamo del hoy actor, la pretensión estuviere dirigida "...exclusivamente a una supuesta relación de dependencia laboral" (dictamen legal - fs. 77), y ///entonces el "acuerdo" que dice aquél que concertara con las autoridades fuera una "locación de servicios" como lo determina el 8º Considerando de la Resolución Nº V 130- 03 nulidicha, y el propio actor induce al referir a "servicios prestados" (aunque el acto también menciona el Dto. Nº 2003/61, ajeno totalmente a la relación de servicios), la situación no es muy distinta.--------------------------------------- ------ Para demostrarlo, no cabe sino recordar lo fallado por el Cuerpo en SD N° 01/SCA/99 (in re CRESPO) en la que el voto del entonces Ministro Dr. Martín decía "...no es pertinente que me extienda en consideraciones relativas a las características de la función pública o empleo público. La doctrina aún discurre si la misma resulta de la actividad unilateral de la Administración o se trata de un contrato...la jurisprudencia se inclina por esta última caracterización. Más, en ambas, está fuera de toda controversia que la relación que vincula al Estado con sus agentes, se establece mediante el acto administrativo de nombramiento o designación"... o traer a H. ESCOLA que al tratar cómo se forma la relación jurídica propia de función o empleo público, siguiendo a BIELSA, expresa que lo es "...en forma bilateral ... en el que actúa la voluntad concordante de la administración pública y de su cocontratante particular", afirmando que la formación de la relación por el consentimiento del particular, y la existencia de un sueldo o remuneración que es pagado a éste por los servicios que presta, le otorgan a dicha relación un evidente y justificado ///substratum patrimonial, de modo que la retribución es congruente con la naturaleza e idoneidad de la actividad que el cargo exige, lo que se refleja en los modos de formación de dicho contrato y en su comprensión y resultados" (Conc. "Tratado Integral de los Contratos Administrativos- Tomo II - Parte Especial -Depalma - pág. 372).- En palabras de MARIENHOFF "...las relaciones de Derecho entre el Estado y el empleado público no nacen de un contrato civil de locación de servicios, sino de un acto de imperio o de mando en virtud del cual inviste al empleado nombrado, que acepta su designación de la función pública, reglamentada por leyes, etc."...(Conc.: "Tratado de Derecho Administrativo" - Tomo III-B - Abeledo Perrot- pág. 203).------------------------------------------------------------- ------ Y este "acto de imperio", que da lugar a la relación en las tesis estatutarias, o formaliza el contrato de adhesión en las contractualistas, debe reunir las condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico.------------------------------------------------------------------<#LIN E> ------ Así, la relación entre el Estado -Canal de TV- y su personal, está regulada por efecto de Ley Nº 3512, por el Convenio Colectivo Nº 131/75 (publicado en ERREPAR) y supletoriamente, por el Estatuto Escalafón para la Administración Pública sancionado por Dto. Ley N° 1987, que determina los distintos modos de vinculación posible: en planta permanente o temporaria, por vía de nombramiento en la primera, y en la segunda de mensualización, jornalización o contrato (arts. 5 y 11), en todos los casos en cargos presupuestariamente previstos (art. 66).- El art. 68 define al personal contratado como ///"aquellos agentes cuya relación con la Administración se rige por las cláusulas del contrato de locación de servicios que formaliza la misma" y fija las especificaciones que deberá contener.- Las autoridades competentes para suscribirlo -por delegación del Poder Ejecutivo- son los Sres. Ministros y Secretarios de la Gobernación (art. 71).---------------------------------------------------------------------------- --------- ------ A su vez, las normas de fondo mencionadas, corresponde conjugarlas con otras que fueron dictadas para tiempos de emergencia; así recuérdese que la Ley N° 3309 (07/06/89) congeló los cargos existentes y suspendió todo nuevo nombramiento, contratación, mensualización o jornalización de la Administración Central y demás Organismos Descentralizados, Autárquicos o Autofinanciados de la Provincia. Luego el Dto. N° 1251/94 (B.O. 17.11.94) -vigente en el período reclamado en autos- introdujo la posibilidad de exceptuar esa norma, siempre que la decisión sea adoptada "...por Decreto en Acuerdo General de Ministros, previa acreditación de determinados recaudos.- Recién el 24.12.2004 la Ley N° 5263 en su art. 8° derogó expresamente la Ley N° 3309.--------------- ------ Y cabe destacar que el cargo de "productor", se encuentra claramente previsto y definido en el Convenio Colectivo referido...- ///--- 5.- Merece aclararse aquí, que el impedimento a que en el Expediente administrativo aluden los funcionarios del Canal, mencionado por la Asesoría Legal y opuesto en juicio por la Provincia al pago requerido, de que la circunstancia de mantener F. L. vinculación contractual con la emisora le vedaba la posibilidad de comercializar publicidad...sólo es así para el caso en que lo que se estuviera reclamando fuera efectivamente, el reconocimiento de una relación de servicios, esto es, de empleo en relación de dependencia, alcanzándole entonces la prohibición del art. 45 inc. a) del Dto. Ley Nº 1987 supletoriamente -como dije- aplicable al personal del Canal.------------------------------------------------------------------- ------ Mas si los trabajos cumplidos encuadraran en el Régimen General de Contrataciones, ante la falencia normativa descripta en el punto 3 para estos contratos tan específicos aplicados a la TV, no encuentro en verdad impediente jurídico.- Que así hubiera sido "habitualmente" (lo dice en Nota del 10/10/04 el Sr. Director a/c de Comercialización y Finanzas Luis FRISSON) es una cosa, y que ello esté vedado por Derecho...es otra.- La autoridad competente hubiera podido concertar en tal sentido con las solas limitaciones emergentes de la Ley de Radiodifusión.------------------------------------------------------------<#LINE > ------ 6.- De modo que, a la luz de la normativa descripta en materia de personal, desde Octubre de 1998 a Diciembre de 2000 el Director General de Canal 7 se encontraba impedido de "contratar" los servicios personales del actor, pues ello excedía el ámbito de las ///competencias inherentes a su cargo, pues la decisión debía ser adoptada por un Decreto en Acuerdo General de Ministros, siempre y cuando se reunieran las demás condiciones dadas por el Estatuto Escalafón.- Y no medió formalización de ninguno comprendido en el Régimen General de Contrataciones, en donde en verdad creo que pudo encuadrar -de haber sido en verdad "contratado", la labor que desarrolló el Sr. F. L. y que se describe bastante ampliamente en la Resolución Nº V-130/03: elaboración e ideación de un programa, aportando medios materiales e intelectuales, obteniendo el material fílmico, realizando investigaciones periodísticas y locución.---------------------------------------------------------------- ------ Va de suyo entonces, que la Dirección General del Canal 7 de Rawson, fuere o no por "sugerencia" de alguna autoridad de turno como vienen a decir quienes la ejercieron, permitieron al actor desarrollar este programa "X.", y salir al aire, sin que mediare contrato ninguno, ni acto autorizativo, ni forma de expresión ninguna de voluntad administrativa que involucrara servicio u obra, como que no fuera el dejar hacer....- Tampoco aquella "forma" contractual a la que alude la Provincia cuando asegura que se trató de un Contrato de Producción y Emisión, señalando sus características, existió -para F. - en la realidad jurídico-administrativa.-------------------------------- ///--- He aquí que se presenta esta persona alegando haber ofrecido - sigo aquella opinión de BARRA que he transcripto antes- como "bien para adjudicar" su "servicio", ya sea como productor, conductor, realizador de un programa, con lo cual se habría cumplido el cometido estatal de mantener la emisión en un determinado horario.- Y la pregunta emerge casi inadvertidamente: si la contraprestación que afirma el accionante se le adeuda formaba parte de "bienes poseídos comunitariamente", es decir, de fondos públicos asignados al Canal ¿cuál fue el acto volitivo del Estado que admitió esta ligazón, dónde expresaron las partes esa voluntad de relacionarse "adjudicándose los bienes" que cada cual tenía para ofrecer al otro al amparo y respetando las pautas específicas establecidas en el Régimen de Contrataciones vigente?... Ninguno.- Sólo la presencia del actor en el aire, desarrollando un programa, con anuencia, aquiescencia y beneplácito de -al menos- las autoridades de la emisora estatal.---------- ------ No es necesario para así aseverarlo acudir a otro elemento que los dichos de las partes.- El actor, afirmó al suscribir la Nota del 17/09/99 (fs. 6-Expte. 1431/02 SGG) "...el contrato brilla por su ausencia" y al absolver posiciones ratificó la inexistencia de contrato diciendo "... fecha en que verbalmente se me prometió el famoso contrato que se ha obviado..." y viene al pleito invocando un "acuerdo verbal". Para la Provincia, la falencia es su defensa, reafirmada por los funcionarios que citó al juicio y testigos.- GRIFFITHS quien se desempeñó como Subsecretario de Información Pública y hasta el Director de Comercialización y Finanzas corroboran esa circunstancia, al expresar ///coincidentemente no recordar la efectivización de reclamo alguno que hubiese realizado el ahora actor en el período en que "X." estuvo al aire o la presentación de actuaciones tendientes al abono de las sumas ahora pretendidas, y dan como ejemplo que no se encontraron facturas en las que constaran los supuestos servicios ni tampoco reclamos de ese tenor en la órbita de Canal 7, hasta que F. L. inició el 28.05.2002 la reclamación resarcitoria.-- ------ De este modo el apartamiento de aquellos principios señalados por CASSAGNE- orden, acierto, justicia, legalidad, o dicho de otra manera, resguardando la legitimidad o juridicidad de la que está investida la actividad administrativa como lo dice COVIELLO en el trabajo también antes referido, o cubriendo la eventual responsabilidad del Estado (en algún momento se afirma que ni siquiera se verificaba el contenido del programa), fue harto evidente e inaceptable.-------------------------------------------------------------------- ------------- ------ Mas esta inconducta funcionarial no determina por sí la existencia del derecho pretendido por F. en autos.-------------------- ------ 7.- En primer lugar, el desconocimiento de la función de garantía que cumple el contrato administrativo, no solamente es imputable a la autoridad administrativa; también el actor la ha desdeñado.----------- ///--- Posiblemente porque no se trata de una actividad cualquiera, en que sólo el beneficio económico retributivo es importante.aunque lo sea.- Hay otras retribuciones fáciles de advertir: una pantalla de TV no está a disposición de todos.sino de algunos pocos.- Otorga conocimiento del público, crédito personal, reconocimiento artístico o cultural.- Esto al menos en un aspecto positivo, puesto que también pueden sobrevenir negativos a cuenta y riesgo de quien la usa, y/o le permite usarla.- Es así que F. , desarrolló su "hobbie" -por estar a los dichos del testigo M. (fs. 195/196)- y parece que con éxito.- ------ Y continuó con esta actividad, que hoy dice que debió habérsele retribuído, sin siquiera formular una petición de que se regularizara su situación contractual, o se le pagara, de lo que dan cabal cuenta las constancias de autos.--------------------------------------------------------------------<#LINE > ------ Esta inexistencia de contrato formal, le oblitera la posibilidad de cualquier reclamo.- Porque es criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la prueba de la existencia del contrato administrativo se halla íntimamente vinculada a la forma en que dicho contrato queda perfeccionado, pues esa formalidad impuesta por la legislación es requisito esencial de existencia. Así lo dispuso en el caso citado por la Provincia ("Ing. OMEGA" del 05.12.00 - Fallos 323:3924) y lo reiteró en otros.------------------------------------------------------ ------ Recuerdo por ejemplo, que en "Carl Chung Ching Kao c/La Pampa, Provincia s/cobro de pesos", causa por la cual un médico ///neurocirujano de reconocida trayectoria mundial y autorizado para ejercer actos de su profesión en el país manifestó que por cuenta y orden del gobierno de La Pampa atendió a personas con graves problemas; entonces, a más de lo acordado por retribuciones correspondiente a las prestaciones asistenciales que abonó la Provincia mencionada, pretendía en esa causa el cobro de sus honorarios profesionales, frente a la negativa de la accionada quien los estimó comprendidos en el valor abonado, la Corte sostuvo ".no es tema discutido .que el doctor Kao llevó a cabo la prestación médica.es menester recordar que .la validez y eficacia de los contratos administrativos se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones legales correspondientes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación (Fallos: 308:618; 316:382).la prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada a la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado. Cuando la legislación aplicable determina una forma específica para la conclusión del contrato, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia (Fallos: 323:1515, votos de la mayoría y concurrente del juez Vázquez). Esta condición, que se impone ante las modalidades propias del Derecho Administrativo, concuerda con el principio general también vigente en Derecho Privado en cuanto establece que los contratos que tengan forma determinada por las leyes no se juzgarán probados si no estuvieren en la forma prescripta (arts. 975 y 1191 del Código Civil). .las defensas de la demandada deben ser acogidas ya que no es posible admitir la acción basada en obligaciones que ///derivarían de un contrato, que no habría sido celebrado con las formalidades establecidas por el Derecho Administrativo local para su formación."(Sent. del 25.09.01 en elDial.com AABC7).---------------------------------------------- ------ 8.- Además, ha quedado acreditado efectivamente, que F. L. percibió pauta publicitaria de la Municipalidad de Trelew.- Y si bien antes he dicho que ello podía no constituirse en impedimento para percibir dineros del Canal de encuadrarse la relación en el Régimen de Contrataciones -no de empleo- y aunque ello no fuese lo habitual en Contratos de Producción y Emisión Televisiva, si así se hubiera concertado, lo que no fue, esta percepción da por tierra con la alegación de un enriquecimiento sin causa -y consecuente empobrecimiento en la suma calculada- susceptible de sustentar el resarcimiento pretendido.--------------------------------------------- ------ Laura MONTI, luego de examinar la jurisprudencia de la Corte Federal relacionada con la procedencia de utilizar al enriquecimiento sin causa como factor de atribución de la responsabilidad estatal cuando los particulares se vinculan con la Administración, y le realizan prestaciones sin que se haya anudado un vínculo contractual válido, por haberse omitido procedimientos esenciales -justamente el caso del sub-lite- comenta "...su fundamento radica en el principio de equilibrio de las prestaciones... y los requisitos de la misma son: a) un enriquecimiento del demandado, en el caso, de un ente público estatal, que haya utilizado o pueda utilizar la obra o prestación efectuada por el particular ,... b) el empobrecimiento de otra persona que coincida con el correlativo ///enriquecimiento...c) que el desplazamiento de un patrimonio a otro carezca de causa...d) que no exista otra vía de derecho y no se eluda una disposición imperativa de la ley..." Sostiene la autora que en estos casos "...los parámetros a utilizar, para hacer lugar o no a la acción, serán en primer lugar, la evaluación subjetiva de la actuación del particular (su buena o mala fe), y , en segundo término, el carácter necesario o eventualmente útil de las prestaciones efectuadas". Menciona que en Italia se "subraya el grave peligro que la acción presenta frente a las exigencias de la actuación formal de la Administración Pública... no se admite que la medida de la restitución sea la misma que si hubiese habido contrato, sino que... sólo tiende a indemnizar al particular el daño sufrido (empobrecimiento efectivo), pues quien contrata con la Administración tiene el deber de conocer la exigencia normativa del procedimiento administrativo." Destaca que "... en el ámbito jurisprudencial la exigencia de la buena fe del particular se acentúa en el caso de los contratistas o potenciales contratistas del Estado...ya que aquéllos poseen un "deber de diligencia calificado" (Fallos: 319:1681)y, por ello, no parece que, en el marco de esa exigencia, se les pueda disculpar la ignorancia de la inexistencia de contrato, sea porque ninguna convención ha sido perfeccionada (como en este caso) o porque, aún de existir ésta, se configura la omisión de formas esenciales para el perfeccionamiento del vínculo del Estado".Advierte que estos principios no son absolutos, pero añade si bien prevalece el criterio objetivo en cuanto a que es irrelevante la existencia de dolo o ///culpa del particular en la acción de enriquecimiento sin causa, esa posición es postulable sin contradicción en derecho privado, más no lo es terminantemente en derecho público y sintetiza "...en este...la importancia de las formas se vigoriza, pues ellas se hallan dirigidas a la protección del interés público y la legalidad del gasto. En consecuencia, cuando el ente público actúa en el ámbito de derecho privado puede aplicarse en su integridad el principio; en cambio, cuando actúa en el ámbito de derecho público, podría establecerse matices o restricciones específicas adicionales...por ejemplo...el particular conocedor de las disposiciones sobre procedimientos de selección, las omite deliberadamente o consiente su omisión, enriqueciéndose a costa del patrimonio público y de otros potenciales contratistas...la idea es que la acción ...no puede ser utilizada por quienes así obran...se convertiría en "un subterfugio el empleo de una vía oblicua, por la cual se elude la aplicación de la ley, convirtiéndose en un medio para triunfar en pretensiones que en su vía ...estaban condenadas al fracaso bajo disposiciones imperativas de la ley." Concluye la autora su exposición señalando "...El enriquecimiento sin causa elude los cauces formales y públicos del procedimiento administrativo: debate público, exigencia de consignación presupuestaria, aprobación formal del acuerdo, licitación pública, adaptación de la obra al acuerdo, ...la exigencia de competencia del órgano y la idoneidad del sujeto que lo representa, ...la jurisprudencia ...debe levantar el velo de la relación subyacente y proteger la Administración y los principios generales del Derecho"... (Conc.: "Revista de Derecho Administrativo - 2001 Lexis Nexis- Depalma - pág. 334/353 y 355).

///--- Demás está decir que así ocurrió en el caso.- No se ha demostrado enriquecimiento del Canal de TV a costa del desarrollo por F. de esta actividad, por la que percibía publicidad de la Municipalidad de Trelew, y si así era, ningún empobrecimiento le ha acaecido.----------------------------------------------------------------------- -------------- ------ He de coincidir en definitiva con la opinión del ex Director General de la emisora -A. V. - citado como tercero, en el sentido de que en los hechos, el actor gozó y usó de un espacio de aire, que si bien pudo beneficiar al Canal -y a su público- con una imagen cultural, también benefició al actor según lo dicho antes, hasta tal punto que se permitió postular personalmente el programa en APTRA para premios Martín Fierro.----------------------------------------------- ------ No encuentro razón en consecuencia para otorgar resarcimiento ninguno que se apoye en el instituto civil del enriquecimiento sin causa.-------------------------------------------------------------------------- --------------- ------ 9.- Así las cosas, la nulidad que F. acusa de la Resolución N° V 130/03 por la cual se rechazó el reclamo resarcitorio que por las mismas causas expuestas a este juicio intentó en la sede administrativa, no puede prosperar.------------------------------------------------ ///--- En SD N° 15/SCA/06 (in re "Goddio...) siguiendo a Julio COMADIRA dije "... el examen de la validez del acto administrativo supone siempre un juicio lógico-jurídico de comparación entre el acto, sus elementos y las normas aplicables. Este juicio implica confrontar las exigencias impuestas por el ordenamiento, en cuanto a los elementos esenciales del acto, con la realidad del acto administrativo emitido. ... Elementos, que sin perjuicio de alguna discrepancia doctrinaria se vinculan "...con la competencia, con la forma y con los procedimientos esenciales.. que todo acto administrativo debe cumplir..."; y añadía ... "el objeto es lo que éste decide, certifica u opina y en todos los casos debe ser cierta, física y jurídicamente posible"...; la "causa ... los hechos y antecedentes en que el acto debe sustentarse y el derecho aplicable"... en tanto que "motivación ... es la ...expresión de las razones que inducen al órgano a emitir el acto correspondiente...".-------------------------------- ------ En S.D. 2/SCA/07 ("Flores.") recordaba que "...FIORINI digrega sobre la arbitrariedad, refiriéndola a la causa del acto, y refiere que el mismo es el producto de una organización compleja, reguladora de distintas situaciones normativas con distintos valores jurídicos: algunos de éstos serán determinantes, otros complementarios, otros condicionantes.- Todos ellos elementos concurrentes que establecen como consecuencia la determinación de la causa y su encuadre legal.- Estos a su vez pueden producir un consecuente que no responda a la realidad, a la verdad de los hechos, sea porque se omitan algunos importantes, o se sumen los que no existen, o se los deforme en la realidad, o se acentúen juicios inexactos sobre hechos o conductas de tal modo que estas consecuencias expuestas no correspondan al ///proceso de razón que justifica la causa.- Entonces, la vinculación lógica entre los distintos elementos concurrentes se realiza en forma irregular, y el resultado no responde a la realidad.- Si todo acto administrativo tiene su causa debe tener en ésta su correcta razón; ésta se expresa en lo que necesariamente debe ser y la razón no concibe que acontezca de otra forma.- La razón suficiente es una consecuencia lógica de lo que debe ser verdad, y las irregularidades deben investigarse en el proceso que produce a la causa y determina su ineficacia si la deforma sustancialmente, o la sustituye por otra que no responde al principio de razón.- Tal la arbitrariedad, que aparece como variante de la irrazonabilidad y se presenta como consecuente de una voluntad destructora que se introduce en el desarrollo del proceso de razón, viciándolo.- Todo lo cual se corresponde a la calificación jurídica de los hechos que se deben encuadrar dentro de la causa, que se desenvuelve entre el ajuste a la veracidad y la presencia del o los diversos hechos y su conformidad con la norma que los comprende (Tratado de Derecho Administrativo - Tomo I - pág. 499/502).----------------------------------------------------------------------- ------------- ------ Examinado el acto a la luz de esta doctrina, y de conformidad a lo que vengo fallando, de ninguno de los vicios que se esgrimen adolece: las circunstancias fácticas consignadas en la motivación responden convenientemente a los hechos acaecidos en el trámite administrativo, y la normativa aplicada para su evaluación resulta ///apropiada, arribando con ella a la misma conclusión que expusiera antes, en el sentido que nada adeuda el Estado Provincial a F. L. bajo ningún concepto.------------------------------------------------------ ------ Consecuentemente, me pronuncio por el rechazo de la acción y así lo dejo propuesto al Acuerdo.---------------------------------------------------- ------ A la misma cuestión el Dr. ROYER dijo: -------------------------------- ------ 1.- Pretende el Sr. J. F. L. que este Tribunal, condene a la Provincia del Chubut al pago de la suma que indica -más intereses- en concepto de los que califica servicios prestados para la Dirección de LU 90 TV Canal 7 de Rawson.- Así, previa declaración de nulidad de la Resolución N° V 130/03 dictada por la Señora Subsecretaria Legal y Técnica a cargo de la Secretaría General de la Gobernación, que desestimó la reclamación que impetrara en la sede administrativa con este mismo objeto.--------------------------------------------- ---- El "servicio" a que alude, lo conforma la realización -producción y conducción incluida- de un programa que se llamó "X.".- Manifiesta que en una primera etapa que comienza en marzo de 1998, esa realización se efectúa mediante una agencia de publicidad, pero que en el mes de octubre del mismo año, en virtud de un acuerdo verbal mantenido con el Director, "pasó a desempeñarse por cuenta y orden" de la emisora estatal.- Cuenta que reclamó sin éxito "la confección escrita del contrato" (fs. 23) continuando con las emisiones de ///"X." hasta que renunció el 17 de diciembre de 2000.- Consecuentemente, acusa que la demandada se enriqueció indebidamente al valerse del esfuerzo de su trabajo y de su tiempo, ahorrándose de ese modo, el equivalente a las sumas que debería haber abonado por idéntico espacio en el que al programa referido estuvo en el aire, para mantener -afirma- la regularidad en su programación.------------------------------------------------------------------- ----------- ------ La accionada negará la existencia de la obligación reclamada, defendiendo la legalidad del acto administrativo cuestionado al considerar que el mismo se ajusta a la realidad del caso.- Insistirá en lo que la decisión expone, esto es, en que no existe instrumento alguno acreditativo de la supuesta contratación de servicios alegada, sosteniendo que ello ".no se concertó .ni concretó".. Indica además, que no se individualizó en Canal 7, en la Dirección de Administración ni en la Secretaría General de la Gobernación, facturas por las supuestas tareas y justifica que el Sr. F. L. tenía un Contrato del tipo de Producción y Emisión para llevar a cabo su programa en el Canal estatal y por ello percibía pauta publicitaria. El cobro de la misma, lo estima debidamente acreditado en las constancias del Expediente administrativo, y además sostiene que ello está vedado a quien mantiene una relación contractual directa con la emisora.------------------------------------------------------------------------ -------------- ///--- Citó a los tres funcionarios que se desempeñaron en la conducción del Canal durante el período reclamado, presentándose en autos dos Directores Generales, que en lo general adhirieron a la postura de la accionada.- Y si bien, el Sr. M. Z. expresó haber recibido "órdenes de sus superiores" para "ocupar" al accionante, no explicó ni anexó elementos a la causa que permitan establecer si las mismas se produjeron, ni en qué términos debía realizar el trabajo. Por su parte, el Señor V. destacó que mientras llevó a cabo sus funciones no recibió reclamo alguno del actor de características similares a las contenidas en la pretensión deducida, y puso de manifiesto la imposibilidad de establecer en qué términos, según los dichos del accionante, se habría llevado a cabo su actividad en dependencias del Canal al haberlas pactado "de palabra".------------------ ------ 2.- Debo señalar, en coincidencia con el preponente, que resulta dificultoso encorsetar la pretensión esgrimida.- Digo esto, porque si el actor persigue la suma que indicó en el libelo introductorio con un carácter indemnizatorio debe ante esta jurisdicción alegar y probar el daño del cual aquélla derivaría; no obstante, la expresión terminológica utilizada "servicios prestados por cuenta y orden" da idea de que viene a sostener la existencia de una relación jurídica que lo vinculó pero sin aclarar ó definir -quizá como consecuencia lógica de la estrategia procesal- y salvo la genérica expresión de "servicios prestados" a qué modalidad de prestación, incumplida por el Estado, refiere. Es decir, si en esta conexión que dice haber mantenido con el Estado provincial, el vínculo estuvo dado por la Contratación Directa ///de una Locación en el marco de Ley de Contabilidad, ó si se trató en definitiva de una relación de empleo, como lo entendió el asesor legal de la repartición en su momento en el Expte. administrativo que se inicia con la reclamación, y en el acto mismo que la cierra y que dice nulo.- Además, frente a la alegación de "acuerdo verbal", es imposible establecer cuál habría sido la intención que movilizó a las partes para celebrarlo, si es que en realidad medió concierto, y consecuentemente cuáles fueron las obligaciones y derechos derivados para cada contratante.------------------------------------------------------------------<# LINE> ------ 3.- La amplitud que proporcionan las alegaciones del actor en la demanda al pretender fundar su postura y el entramado de materias invocadas, me inducen a comenzar el estudio de esta causa con el examen del acto administrativo opugnado, para verificar la legalidad de los elementos del mismo y, a partir de allí obtener una convicción sobre la índole de relación jurídica que ligó a las partes y, verificadas las probanzas de la causa dirimir si le asiste razón en derecho a F. L. , cuando pretende se condene al Estado Provincial por incumplimiento del supuesto "acuerdo", o por haberse enriquecido aquél indebidamente con su realización televisiva.----------- ------ El actor acusa que la Resolución Nº V 130/03 se encuentra viciada en su motivación, a más de expresar que al dictarla, la Administración se habría apartado de la prueba aportada en el ///procedimiento, violentando el principio de buena fe. Veamos entonces, las razones que fueron expuestas al sancionarlo, expresadas en los Considerandos, que expresan que "...el reclamo... por el programa "X." transmitido por la ... emisora en el período transcurrido entre el mes de Octubre del año 1998 y el mes de Diciembre de 2000" (1er. Cons.); ..."está exclusivamente dirigido a una supuesta relación de dependencia laboral"...(2do. Cons.) Cita fallos de la Corte Suprema y en el 4to. Considerando destaca "...se desprende de los propios dichos del señor F. L. que la relación que vinculó a las partes fue una relación contractual comercial por intermedio de la Agencia de Publicidad del señor L. , asimismo se advierte que no es competencia del Director General de Canal 7... celebrar convenios laborales y menos aún verbalmente establecer el monto de Pesos Un Mil Doscientos... en concepto de remuneración, ya que para ello resulta necesario que se cumplimente... art. 2° del Decreto Ley N° 1987 reglamentado por Decreto N° 1330/81 y la Ley N° 3309 modificada por Decreto N° 1251/94"...Hace mención al art. 28° de la Ley de Emergencia Económica y al art. 27° del Decreto N° 2003/61 para expresar "...si suponemos que la relación que vinculó al señor F. L. con Canal 7 fue un contrato de locación de servicios ese instrumento debió ser firmado por el Secretario General de la Gobernación, constando una copia en poder del reclamante, la cual no se adjunta, y otra en la Dirección de Administración ..., en donde no hay antecedentes de un Contrato de Locación de Servicios ..., además el reclamante en ningún momento presentó factura alguna por sus tareas realizadas como así tampoco invocó esta forma contractual, ...(8vo. Cons.). Advierte, en el 9no Considerando que ".el reclamante ha realizado la elaboración e ideación de la programación, lo cual es propio de las productoras dado que ellas promueven los medios materiales e intelectuales que resulten necesarios para la obtención del producto televisivo, obteniendo el material fílmico realizando tareas de investigación y periodística a su exclusivo cargo, proporcionando el soporte técnico y... los demás actos ... necesarios para el logro de la finalidad, corriendo el productor con los gastos operativos y de soporte"...Añade que "...Canal 7 puede, sin que ello constituya una obligación a su cargo, colaborar con las tareas de producción del producto televisivo, y asesorar al productor en áreas de su competencia con la finalidad de que el programa reúna las condiciones de calidad y aptitud para su emisión." (10 Cons.). Justifica "... uno de los hechos que lleva a comprender la existencia de un Contrato de Producción y Emisión entre las partes es que la publicidad comercializada por la productora fue facturada y cobrada por ...F. L. , no asumiendo Canal 7 ninguna responsabilidad al respecto..."(11vo. Cons) y explica en el 12vo. Considerando que "...Canal 7 cedía entre un 50% y 70% del espacio publicitario fijado por Ley 22285 por cada hora de programación"...y finalmente refiere "...en cuanto al canon que debió pagar a Canal 7 ...por la emisión de su programa, no surge del expediente constancia de haberse pactado el valor del mismo, dado que las ganancias de las partes estarían dadas por la publicidad que cada una de ellas pueda obtener y percibir".------------------------------------------------------------------<#LI NE> ------ 3.1.- El análisis de la expresión de voluntad administrativa dada por este Resolutorio, torna pertinente recordar mi criterio, expuesto en numerosos votos de la Sala, en orden a la motivación de los actos y ///su trascendencia.- En SD N° 01/SCA/08 (Papaiani...") afirmaba ".No ociosamente la doctrina es unívoca en que la exteriorización de los motivos que movieron la voluntad administrativa es imprescindible para ejercer el control de legalidad de la Resolución cuestionada... Dirá FIORINI "la motivación es un elemento esencial, es un valor formal que importa la manifestación exterior y objetiva de las razones que fueron causa de su creación: los hechos antecedentes y el derecho aplicable, que representan el juicio de razonabilidad, enraizado en el inviolable derecho de la defensa en juicio, permitiendo que el Poder Judicial pueda juzgar plenamente los actos de la administración."---------------------------------------------------------------- --- ------ Cité en ésa, reiterando lo ya dicho en SD Nº 4/SCA/02 ("García Marta...") también con FIORINI que "... la Administración no concibe una actividad producto de la autodeterminación, no obstante la importancia del juicio meritorio de su realización.- Todas las manifestaciones de función del poder administrador se enraízan en el seno madre de la juridicidad donde asientan sus ordenamientos sistematizados, los que a través del principio de legalidad crean siempre -enfatiza- consecuencias jurídicas...".----------------------------------- ------ Previne ".Causa y finalidad deben expresarse en la motivación...En SD N° 4/SCA/01 ("Funes...") se decía "El Acto Administrativo -la doctrina es coincidente- se constituye de diversos elementos, algunos esenciales, otros modales o accidentales, y entre los primeros causa y motivación destacan por su trascendencia.- Por ///cierto que hay diferencia entre uno y otro, ya que causa o motivo es el presupuesto de hecho o derecho que induce al dictado del acto, que da origen, en cada caso, a la decisión de la Administración de dictarlo, el antecedente que lo precede y provoca, constituyendo así su razón de ser.- Motivación es la expresión o constancia de que el motivo, la causa, existe o concurre en el caso concreto; la exposición clara y precisa de esas razones que constituyen la causa, y de su finalidad....Toda decisión administrativa que afecte derechos de los particulares debe responder a una motivación suficiente y resultar la derivación razonada de sus antecedentes, de modo tal que se encuentren cabalmente a resguardo de las garantías constitucionales en juego.- Así lo exigen las normas de procedimiento administrativo -art. 30 del Dto. Ley Nº 920- y lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia (Vg. CNCont. Adm. Sala I "Díaz..."del 9.6.88) Y esta exigencia es establecida como elemento condición para la real vigencia del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos.(CNCAF - Sala I "Quatrrocchi"...Bol. Jurispr. ED Año 1998-N° 2)".--------------------------- ------ A su vez, en SD N° 31/SRE/04 ("García...") citando a GARCIA DE ENTERRÍA : "...la motivación debe reconducir la decisión a una regla de derecho que la autoriza o de cuya aplicación surge, obliga a fijar los hechos de cuya consideración se parte, y a incluir tales hechos en el supuesto de una norma...pero además a razonar cómo tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del ///acto, y debe ser suficiente dando razón plena del proceso lógico y jurídico determinante de esa decisión (Curso de Derecho Administrativo - Civitas - Tomo I - pág. 542, 543)". Y en SD N° 7/SCA/06 ("Aguirre...") siguiendo a ESCOLA destacaba que "...el acto administrativo no puede aparecer caprichosamente, desvinculado de toda relación precedente sino que debe motivarse, debe reconocer como antecedente necesario, la existencia de circunstancias que se tuvieron en cuenta para dar origen al acto en sí mismo"... "...en el caso de potestades regladas, la motivación permitirá controlar si se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico y en caso de haber sido así, si tal aplicación lo ha sido a un caso que revista las características exigidas por el presupuesto fáctico de la norma. Los interesados tendrán así conocimiento de los supuestos de hecho y de derecho de la Resolución, lo que les permitirá apreciar si aquéllos se ajustan a la verdad y si éstos son legales.. La jurisprudencia concuerda: "la motivación debe ser suficiente, es decir, debe mostrar el proceso lógico jurídico que ha determinado la decisión y esa suficiencia no puede desvincularse de la amplitud de la facultad ejercida ni del concreto caso en que los actos se emiten (CNCAF -Sala III - 5/4/88, "Guarrochena Crespo...", Sala II - 10/10/01- "Parodi Juan C...")".------------------------------------------------------------------------ ---------------- ------ 3.2.- Pues bien, la aplicación de estos conceptos, me remite necesariamente al estudio de las circunstancias de hecho que han quedado acreditadas en las constancias documentales obrantes en la ///actuación administrativa que dieron origen al acto administrativo en crisis.------------------------------------------------------------------------- ----------------- ------ El Expte. Nº 1431/SGG/02 da cuenta que la reclamación resarcitoria fue deducida, por quien ahora acciona, el 28 de mayo de 2002 (fs. 2/4), que requerido un informe pormenorizado al Director General de Canal 7 éste, entre otras cosas, menciona que "abocado.a reglar la contratación de todas aquellas productoras que contrataban con el medio y no tenían ningún tipo de relación normada administrativamente.comienza una permanente discusión para que F. cumpla con las normas administrativas del Estado.chocando indefectiblemente al momento de solicitar el cumplimiento administrativo correspondiente, pues la exigencia de RAP, ingresos Brutos, Habilitación Comercial, como parte de la formación de una agencia de publicidad.se daba de bruces con su lógica de actuación frente a la Provincia.Nunca hubo una relación contractual con el individuo" (Sr. V. - fs.18/19). Y añadió ".no consta en ningún registro, contrato alguno realizado con el productor de "X.".(fs. 24). Se incorporó un informe de la Municipalidad de Trelew -fs. 31- en el que consta que "AUDIRAMA-J. R. F. " percibió pautas publicitarias emitidas en el programa "X." proyectado por Canal 7 de Rawson durante los meses de Septiembre/Noviembre de 1999 la suma de PESOS TRES MIL y desde Agosto/Diciembre de 2000 la de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA. Estos antecedentes fueron evaluados ///jurídicamente por la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría General de la Gobernación, manifestándose por el rechazo de la reclamación, habiendo sido recogidos los argumentos expuestos en el Dictamen en los Considerandos del acto administrativo objeto de análisis.----------------------------------------------------------------------- ----------- ------ 3.3.- Hasta aquí, no advierto el vicio de motivación que el actor endilga a la Resolución impugnada, porque los considerandos del acto dan cuenta cabal, de que la Administración verificó los elementos obrantes en su sede, y la opinión de los funcionarios intervinientes y responsables, para desechar con los elementos recolectados la reclamación de F. L. , en un análisis claro y concreto -con el que podrá coincidirse o no- pero que no es errado en los hechos, contiene fundamentos de derecho, y análisis de las probanzas arrimadas que sustentan la conclusión a la que arriba. Según la doctrina que cité antes, el proceso lógico jurídico llevado a cabo para adoptar la decisión desestimatoria de la reclamación resarcitoria evidencia un examen de las circunstancias fácticas acaecidas al amparo de las normas de derecho aplicables lo que permite descartar también, que la actividad administrativa desarrollada en ese contexto pueda ser considerada contraria a la buena fe.--------------------------------- ------ 3.4.- Ahora bien, la motivación está cumplida, pero ¿son los motivos en ella expresados ajustados al principio de legalidad?.- Y esto es lo que ha de establecerse, porque particular gravitación exhibe el principio de juridicidad que debe presidir el quehacer del Estado en el ///campo de la contratación administrativa. Si la Administración debe actuar siempre conforme a derecho, el voluntarismo resulta excluido y todos los elementos de ese obrar resultan predeterminados por la norma. Como es sabido "...toda expresión de voluntad administrativa deberá ajustarse a un procedimiento, a un cauce formal. la legalidad se erige en una restricción a la autonomía negocial (CSJN, 17.02.98 "SA Organización Coordinadora Argentina." - Fallos: 321:174, Cons. 7º y 8º.).- Es que en un Estado de Derecho no puede existir ningún ámbito de la actividad al margen de la legalidad y del correlativo deber de dar cuenta de los antecedentes de hecho y derecho en virtud de los cuales se decide y de observar exclusivamente los fines para los que fueron conferidas las competencias respectivas, entre ellas, las de contratar, pues aunque en principio pueda resultar indiferente a la ley el modo como los particulares arreglan sus propios negocios, no lo es la manera en que los funcionarios públicos administran los asuntos públicos (Fallos: 321:174, 8º Considerando) (Conc.: María J. RODRIGUEZ - "El Régimen Legal de las Contrataciones de la Administración Pública perfilado por el Decreto Delegado 1023/2001 y su armonización con las normas legales y reglamentarias aplicables. La utilidad de una Teoría General del Contrato Administrativo" en Revista de Derecho Público - 2007-2 "Contratos Administrativos - II - Rubinzal-Culzoni - pág. 358/359).--- ///--- 3.4.1.- Puntualizados los motivos, ellos se sintetizan en establecer que: ----------------------------------------------------------------------------<#LI NE> - lo que se reclama es exclusivamente una relación de dependencia laboral, o locación de servicios, -	que no hay acuerdo, convenio o contrato que la formalice de conformidad con la normativa vigente en la materia;

-	que a la misma luz, el Director del Canal no era competente para establecerla;

-	que el actor en ningún momento presentó "factura" ni reclamó al respecto;

-	que la labor, tal como se desarrolló es la propia de un contrato de Producción y Emisión, -	que comercializó la publicidad.- ------ 3.4.2.- Pues bien, ya puse de manifiesto en el punto 2, que la pretensión es confusa.- No dice que aquello prometido y no cumplido por el medio que hubiera correspondido (esto es, un contrato) fuera una relación de empleo público....tampoco que no lo fuera.- Y la exigencia de una suma mensual pudo razonablemente guiar a la Administración a ese entendimiento.---------------------------------------------- ------ 3.4.2.1.- Al no definir de qué modo se vinculó con el Estado provincial ni bajo qué características se habría originado esa relación jurídica, estimo procedente reiterar el criterio que expuse en mi voto en SD N° 2/SCA/08 (Villlanueva...") donde siguiendo a DROMI dije ".la responsabilidad pública emerge del juego relacional ///administración-administrado, generado por una ley, contrato, reglamento ó acto unilateral, como fuente obligacional, .para que se efectivice .es menester la ejecución de un acto, hecho u omisión atribuible al sujeto que viola "derechos del poder" o "derechos del individuo" constitucionalmente reconocidos. Una consecuencia obligada de la legitimación activa (para el titular del derecho subjetivo) y de la legitimación pasiva (para el obligado con el deber jurídico) es la existencia de una relación jurídica administrativa". En definitiva ".la actividad estatal. genera directa o indirectamente consecuencias de tipo jurídico. Estas . instituyen, recíprocamente, derechos (o prerrogativas) y deberes (u obligaciones) para las partes intervinientes, traduciendo una "relación jurídica" entre la administración (Estado) y los administrados (individuos). El deber de uno implica el derecho de otro, y a la inversa. Por lo tanto, tenemos derechos y deberes de los administrados y de la administración, en virtud de la correspondencia entre las situaciones en que se encuentra cada uno de ellos respectivamente". Y seguidamente el tratadista aclara ".el reconocimiento de los derechos subjetivos públicos no significa que el individuo ejerza un poder sobre el Estado, ni que tenga parte del imperium jurídico, sino que posee estos derechos como correlato de la obligación del Estado de respetar el ordenamiento jurídico". (Conc.: "Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública" - Ed. Temis- Colombia 1980 - pág.26/27) .

///--- Continuaba: "...Para describir la función administrativa y el bien común que la misma persigue .la exhorbitancia estará presente, y llevará impreso el signo que caracteriza la realización de aquéllos fines .y en las situaciones jurídicas subjetivas regidas por el Derecho Administrativo, la presencia de la voluntad individual estará limitada, la fuerza de los derechos subjetivos públicos aparecerá permanentemente excepcionada, y sujeta a las variaciones que provienen de la actividad de la función del poder administrador. En la relación jurídico-administrativa, distinta por estos caracteres de la de derecho privado, el derecho subjetivo administrativo sólo puede solicitar en su amparo todo aquello que reglan las normas, no lo que pretende la voluntad de las partes; es la técnica del derecho la que los asegura con las variaciones de la actividad del Poder Administrador (FIORINI - Derecho Administrativo- Tomo I- pág. 227 y 240) sujeta a los principios de legalidad, finalidad, razonabilidad".---------------------- ------ De ello deriva que, con evidencia, no cualquier expresión compromete la voluntad estatal porque nos encontramos ante una actividad eminentemente "formal". Como enseña Julio COMADIRA "...todo acto administrativo es, necesariamente, formal, porque si la declaración no se produce, no existe, técnicamente, acto administrativo. Según la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo el principio es que el acto debe manifestarse expresamente y por escrito, indicando lugar y la fecha en que se lo dicta y con la firma de la autoridad emisora". Con FIORINI el autor mencionado define "...forma es el conjunto de requisitos que hay que ///cumplir en el momento de emisión del acto administrativo, con el fin de instrumentar válidamente la declaración en que él consiste" Y justifica "....el contenido tuitivo que las formas tienen en el derecho privado, dirigido a la protección de la seguridad jurídica y la celeridad del tráfico, adquiere significación diversa en el ámbito administrativo. En éste, las formas apuntan, por un lado, a la protección de los derechos e intereses de los administrados, y, por otro, al aseguramiento de la adecuada gestión del interés público...de celeridad y eficacia" (Conc."Procedimientos Administrativos - Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Anotada y Comentada" - Tomo I - art. 1° a 34°- LL 2002 - pág. 210/211) Y en el orden local, la necesidad de que el acto administrativo sea expreso, está consagrado en el Apartado 1° del art. 28° del Dto. Ley N° 920.---------- ------ Carente la relación jurídica invocada por el actor de instrumentación formal, habré de coincidir entonces, con el Sr. Ministro que me precediera con su voto, quien estableció que el supuesto Acuerdo, al que refiere el actor, en tanto se trata de un contrato administrativo -de cualquier naturaleza que éste fuere- debió necesariamente reunir las formalidades requeridas por la Ley.- Ningún "acuerdo verbal" puede ser fuente de derechos y obligaciones.------------ ------ Así es que para desestimar una acción similar, la Suprema Corte de Buenos Aires fallaba: "...la empresa constructora no acreditó la ///emanación de acto administrativo alguno ... Su referencia a tratativas verbales con los sujetos físicos a que alude es manifiestamente insuficiente a ese fin; y en cuanto a la documentación agregada a la causa tampoco es idónea para el efecto pretendido..., sino porque no constituyen la documentación del proceso de formalización del contrato, única fuente posible de los derechos que pretende" (JUBA en B.51720 - in re "Coloschi Hnos...." Sent. del 02.08.1994-).-----------------------------------------------------------------<# LINE> ------ 3.4.2.2.- Si, por otra parte, la obligación de pago que reclama el accionante en estos obrados, se sustentaran en una "relación de empleo" diré, como lo sostuve en mi voto en S.D. N° 04/SCA/05 (in re "VIRO) "...que las relaciones jurídicas entre el Estado y sus agentes, están -a mi juicio- lejos de ser discrecionales. Muy por el contrario -estimé- pertenecen en la clásica clasificación de potestades estaduales a las regladas, más allá de las teorías que indican -con precisión inobjetable- que aún en el marco reglado existe cierta discrecionalidad" (.) "...este carácter reglado está dado por la presencia de los Estatutos que norman la relación, y determinan -en consonancia con la Constitución ...- las condiciones de ingreso para dar paso después a los derechos y obligaciones emergentes de la vinculación iniciada con la designación o nombramiento".----------------- ------ En SD N° 12/SROyE/05 ("Asef de Mansilla..."), aseguré, que las personas de cuya actividad debe servirse el Estado para cumplir sus objetivos, se "ubican" en plantas y estructuras ordenadas a esas ///finalidades.- Y reiterando lo dicho en SD N° 4/SCA/01 ("Funes..."), afirmé que la relación con estas personas es habitualmente de Derecho Público, por la propia naturaleza de uno de los sujetos -el Estado- y esta afirmación es afianzada y apuntalada por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, que en su art. 2º, inc. a) dispone su no aplicación a los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal excepto que por acto expreso se los incluya en ella, o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo".- Así "...el derecho de la función pública, de carácter público y administrativo tiene una finalidad dual: por un lado, definir y establecer los derechos y deberes vinculados con los funcionarios y empleados públicos y sus condiciones de trabajo, y por otro, asegurar el funcionamiento de los servicios públicos y que ello -siguiendo a PALOMAR OLMEDA (Derecho de la Función Pública - DYKINSON - Madrid -3º Ed.)- justifica la técnica de predeterminación unilateral de las condiciones de trabajo, la exorbitancia del régimen, que ha encaminado la tesis de los "estatutarios" para calificar la relación, o aún estimándola contractual, ante la limitada autonomía de la voluntad, conduce a encuadrarla como de adhesión". También esbozaba que, "... en la relación jurídica de empleo público, la autonomía de la voluntad se encuentra, aunque no aniquilada- restringida, en tanto el interés público, el bien de la comunidad, es la finalidad última del quehacer del Estado, y en él se justifican las cláusulas exorbitantes del contrato administrativo, o la adhesión o ///sujeción estatutarias.- Estos Estatutos distinguen distintas formas de vinculación, dando lugar a diversas clasificaciones: personal con o sin estabilidad, ó de planta permanente y/o transitoria.- Los primeros se incorporan a la relación de empleo a través de actos administrativos de nombramiento. Pero a más de ellos, la Administración está autorizada a incorporar -por cuestiones de necesidad, mérito o conveniencia exentas de control judicial- personal temporario que lleven a cabo tareas específicas y por tiempos pre-establecidos. Esta vinculación particular, puede formalizarse -entre otras maneras admitidas- a través de los que Miguel S. MARIENHOFF denomina "contratos ad-hoc", cuyas estipulaciones, en tanto regulan la relación deben tenerse por fundamentales (Tratado de Derecho Administrativo -Tomo III-B, pág. 91 y siguientes).--------------------------- ------ El voto del Dr. Caneo ha descripto las normas aplicables al empleo público, en general y en el Canal de TV y a su glosa adhiero.-- ------ No fueron cumplidas.- Ni por los funcionarios, que estuvieron en falta, ni al actor en su momento preocuparon.- No hay nota, reclamo, exigencia, petición...ni de formalizar relación, ni de pago.------------------ ------ Dice la jurisprudencia "...la inexistencia del acto de nombramiento obsta el nacimiento de los derechos propios de la relación de empleo público...la pretensión deducida...no encuentra amparo a tenor del ordenamiento jurídico aplicable en la materia, al no configurarse una relación de empleo público que haya vinculado al ///actor con la Unidad Central de Fortalecimiento Familiar La Plata, ...de allí que los reconocimientos económicos que articula en el sub examine no pueden ser atendidos. ...la invocación del principio de enriquecimiento sin causa, no basta para acoger la pretensión actora...Es que, para hacer lugar.., el accionante debió ofrecer y producir prueba del empobrecimiento como condición de existencia de su derecho a repetir (SCBA - causa B 58.764, "COMARCOM..." del 3.12.03; causa B60935 - "de la TORRE, Guillermo..." del 27.06.07).---------------------------------------------------------------------- ------------- ------ Si no hay aquí contrato de servicios formalizado, o acto que formalice ese tipo de vínculo, no hay obligaciones emergentes.- Ergo, esta causa expresada en el acto opugnado no adolece de reproche de legalidad ninguno.------------------------------------------------------------------------ ------ 3.4.2.3.- Creo -con el prevotante- que la tarea que emprendió el accionante para la realización de "X.", no evoca una relación de empleo público.- Debe recordarse, que en nuestro derecho positivo, tal como surge de las Leyes Nº 20744 y 21297 la expresión "locación de servicios" del Código de Vélez fue superada por la de "contrato de trabajo", con sus notas características de habitualidad y subordinación jurídica (Conf. Alberto SPOTA - Instituciones De Derecho Civil - CONTRATOS - Vol. V- Depalma -págs. 158/159 y 162/163). Ergo, ///trasladada al Derecho Administrativo, la "locación de servicios" es solamente la de empleo público, en sus diversas formas ya descriptas.- ------ Y atendiendo a sus características, esta labor de F. L. , ausente como lo expone el prevotante una legislación específica para el Canal de TV pese a sus 25 años en el aire, encorsetan mucho más acabadamente en el marco de Ley de Contabilidad y sus reglamentarios -art. 50° de la Ley de Contabilidad N° 1911 vigente a la época- como Locación de Obra, definida como un contrato por el cual una de las partes, denominada locador (empresario, constructor, contratista...autor, artista) se compromete a alcanzar un resultado...asumiendo el riesgo técnico y económico, sin subordinación jurídica, y la otra parte, denominada el locatario de la obra (dueño, propietario, comitente, patrocinado...) se obliga a pagar un precio determinado" (SPOTA - obra cit. pág.284).----------------------- ------ La norma aludida -art. 50- indica que "...podrán contratarse directamente... las obras científicas, técnicas o artísticas, cuya ejecución debe confiarse a empresas, personas o artistas especializados..." (inc. e)) en concordancia con el inciso f) que preveía " ...la adquisición de ... servicios cuya fabricación, venta o suministro ...que solo posea determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubiera sustitutos convenientes".--------------------------------------------------- ------ Y véase que F. aportaba el material fílmico, editaba, compaginaba...- La Directora de Programación del Canal informa en ///el Expediente administrativo que las películas puestas al aire no se comercializaban, ni era factible determinar el valor de las mismas porque atento su data se encontraban fuera del mercado, razón por la cual las calificó como "videos caseros" ó del tipo "video home", las que eran de propiedad del accionante, quien además realizaba la presentación de esas luego de efectuar una compaginación con sus comentarios y partes de las filmaciones. Es decir, editaba el material que él proveía y producía el programa de manera particular, ocupando el espacio - aire en las instalaciones de la emisora estatal, no diariamente sino en los días y en el horario referido en el escrito de inicio, ratificado en ocasión de prestar declaración confesional.---------- ------ Pero... ningún contrato de esta modalidad fue celebrado.- Ni tampoco el actor "facturó", como es lo común en las locaciones de obra, trabajo ninguno.- Diversos funcionarios dieron cuenta en el expediente administrativo no haber localizado en sus dependencias un solo ejemplar de las facturas que son las usualmente empleadas para certificar la realización, total o parcial, de esta obra.------------------- ------ 3.4.2.4.- Entonces, sin un Decreto en Acuerdo General de Ministros que autorizara la incorporación como empleado del actor, sin la facturación que constate la prestación de servicios, ni probanza documental alguna esgrimida por el accionante en esta Sede para sustentar su postura, siendo la acompañada con la demanda ///insuficiente para abonar los extremos que alega en su libelo inicial, no encuentro elemento alguno que me permita presumir que la voluntad del Estado estuvo enderezada a requerir a título oneroso, servicio u obra (lo que fuera "X.") como éste dice que aconteció.---------------------------------------------------------------------- -------------- ------ Por otra parte, el contrato de "Producción y emisión" en que el acto atacado -y la demandada en juicio- pretenden involucrar la obra del actor, puede "ser lo propio", así lo dice aquél- pero lo cierto es que no fue formalizado.-------------------------------------------------------------------- -- ------ Mas bien la inercia funcionarial permitió que el actor usara de un preciado tiempo televisivo, sin "forma" relacional que lo sustentara, y ello favoreció al Canal que contó con espacio ocupado para un programa local, y también al actor, que es un realizador -tomo en cuenta que sus antecedentes en la emisión de este tipo de programas que alguna vez justificaron el ofrecimiento de la pantalla.- Y no fue así gratuitamente, pues está demostrado que percibía publicidad institucional de la comuna de Trelew.--------------------------------------------- ------ Tampoco en este aspecto la causa del acto expone vicio de legitimidad.-------------------------------------------------------------------- ------------- ------ 3.5.- En los últimos años la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de resolver numerosos planteos efectuados por contratistas del Estado, quienes en Sede judicial han ///reclamado el pago de prestaciones cumplidas y no abonadas, invocando como fundamento de tal pretensión, el incumplimiento de un contrato celebrado entre las partes, pero en el que no se habían observado las exigencias previas para contratar.-------------------------------- ------ Frente a estas demandas el Máximo Tribunal ha respondido que el reclamo del cobro de pesos basado en el incumplimiento contractual de la administración invocado por los contratantes particulares no podía ser admitido, fundando que "cuando la legislación aplicable exige una forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia" y que "no es posible admitir la acción basada en obligaciones que derivarían de un supuesto contrato que, de haber sido celebrado, no lo habría sido con las formalidades establecidas por el derecho administrativo local para su formación". Así lo entendió en las causas "Mas Consultores", Fallos 323:1515 (2000); "Servicios Empresariales Wallabies" Fallos: 323:1841; "Ingeniería Omega" Fallos 323:3924; "Carl Cheng Ching Kao" Fallos: 324:3019; "Distribuidora Médica de Elena Kapusi", D.604 XXXV; "Laser Disc" Fallos: 326:3206; "Magnarelli" Fallos: 326:1280 y "Punte" p.238 XXVIII, Fallos 329.----------------------------------------------------------------------<#LINE > ------ En idéntico sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires falló ".la sujeción de la administración al principio de legalidad que impone a sus órganos y entidades un obrar ///consistente con el ordenamiento jurídico (causa B 66.693 "Recovering..." 6.7.05) principio que importa el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que encauzan los procedimientos de selección del contratista estatal, las modalidades de contratación y, en suma, la ejecución del gasto público. De allí que se haya supeditado la validez de los contratos públicos al cumplimiento estricto de los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación. Y ello ha justificado.una mayor estrictez a la hora de admitir reclamos basados en la realización de prestaciones efectuadas al margen de los procedimientos reglados de la contratación administrativa práctica usualmente escudada bajo el concepto de "legítimo abono", de modo de no trocar en regla aquello que, por esencia, debe ser un temperamento de excepción, para evitar la convalidación de hechos consumados al margen de la juridicidad, normalmente asociados a prácticas contrarias a un elemental criterio de transparencia en el manejo de asuntos públicos" (causa B.65.288 "Pasturenzi, Jorge ..."- 21.05.08).--------------------------------------------------- ------ Entonces, si el rechazo de la pretensión en los precedentes de la Corte estuvo originado en que la decisión plasmada en un contrato administrativo que no respetó los recaudos exigidos por las normas, no puede correr mejor suerte la demanda instaurada en el sub-lite donde la estrategia del actor gira en torno a la realización de un Acuerdo Verbal, absolutamente vedado en el ámbito del derecho público.------------------------------------------------------------------------ -------------- ///--- Todas razones que indican que los motivos enunciados en la Resolución Nº V-130, se ajustan al principio de legalidad en orden al objeto resuelto, cual fue la desestimación del reclamo resarcitorio.------ ------ 4.- Ahora bien, también F. L. intenta asentar el mismo en el eventual enriquecimiento sin causa que derivaría de esta realización desplegada a favor de la emisora estatal y que careció -según afirma- de la respectiva contraprestación.------------------------------- ------ Sentado que el instituto resulta de aplicación en el ámbito del Derecho Administrativo, cabe precisar sucintamente los requisitos para su configuración, sin perder de vista que la Corte Suprema ha resuelto que la carga de su prueba corresponde a la actora (Fallos: 323:3924), y que en el caso, no hubo manifestación expresa de la voluntad estatal, no se formalizó contrato alguno.---------------------------- ------ La doctrina es conteste en exigir, a efectos de considerar procedente la acción de restitución, que exista un enriquecimiento del demandado, empobrecimiento del demandante, relación de causalidad entre el enriquecimiento del demandado y el empobrecimiento del demandante, que no exista causa lícita que justifique el enriquecimiento y que no exista otra acción específica y útil para canalizar el reclamo del accionante.------------------------------------ ///--- Comentando Ernesto BUSTELO la causa "Cardiocorp SRL c/ Municipalidad de Buenos Aires" (Sent. del 27.12.06) donde se juzgó una contratación estatal realizada sin cumplir con una previa licitación pública, analizó por qué motivo se impediría, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema citada en párrafos anteriores, efectuar reconocimientos por aplicación de este principio que invoca el accionante.- Y explica que ... "uno de los requisitos elementales que debe acreditar quien invoca su aplicación es que no haya existido culpa de su parte, "extremo éste que, salvo en casos excepcionalísimos, y que deben ser analizados restrictivamente, será casi imposible considerar cumplido, ya que en estos días, no se concibe de qué manera alguien que contrata con el Estado pueda válidamente alegar desconocer (o pretender desconocer) que la contratación debía llevarse a cabo mediante un previo llamado a licitación pública a tales fines. En otras palabras, que desconocía el vicio que afectaba a la contratación dispuesta en tales condiciones, desconocimiento éste que, por tales razones, reviste claramente el carácter de inexcusable. Tratándose de empresas o individuos que contratan frecuentemente con el Estado, el principio propiciado.debe actuar con todo rigor.las excepciones a este principio, si es que resulta posible imaginar alguna, deben ser interpretadas.con un criterio sumamente restrictivo, debiéndose acreditar fehacientemente y fundar, .de manera exhaustiva, las razones en que se apoya la decisión de considerar que a quien contrató con el Estado puede relevárselo de la obligación de saber, aunque ello resulte hoy de público conocimiento, que el Estado no ///puede contratar sin tramitar previamente el proceso licitatorio" - o, añado, cualquier otro.------------------------------------------------------------------- ------ Agrega el doctrinario ".de admitirse reclamos de este tipo.se estaría relegando a las normas que prevén la necesidad de realizar licitaciones públicas, a un mero consejo que podría ser dejado sin efecto por funcionarios y particulares sin mayores consecuencias, lo cual no puede ser admitido por ningún actor jurídico en nuestro país, tan falto por cierto de decisiones ejemplares frente al incumplimiento sistemático y ofensivo de las normas que se produce a diario en todos los ámbitos" (Conf.: "Contrato viciado por omisión de la licitación pública (a propósito de "Cardiocorp")" en LL 2007-D, 221).------------- ------ Traslado el comentario al caso en estudio, y si bien la materia debatida en autos no requería transitar un procedimiento licitatorio, no menos cierto es que F. L. no podía ignorar que debía formalizar su relación con la Provincia, en garantía necesaria de los derechos que pretendía.- Debió saber que si los "acuerdos" que no se consignan por escrito son ineficaces aún entre particulares, con mucha mayor razón frente al Estado, cuyos hombres -órganos individuos- están sujetos al cambio propio de las alternancias políticas en la democracia.- Debió saber que ningún funcionario -menos en una jerarquía de Director General, o Director- podía comprometer la voluntad personal de un superior, menos la administrativa.- Tenía que ///conocer que ningún pago realiza el Estado sin imputación presupuestaria.----------------------------------------------------------------- ------------ ------ No dejo de tener presente que F. L. comienza desarrollando la tarea mediante una Agencia de Publicidad para luego -según lo expone- hacerlo por cuenta del Estado, lo que me dice que es conocedora de las particularidades propias de las tareas en televisión; y esta modificación, el supuesto cambio en las condiciones laborales, no fue precisado, especificado, plasmado en ningún instrumento legal, pese a lo cual continuó trabajando sin determinar bajo qué condiciones lo estaba haciendo. - También -según puedo advertir de los obrados- es una persona reconocida en el medio, desenvuelta, con aspiraciones de progresar en el ámbito televisivo (véase su postulación por ante APTRA), muy relacionada con altos funcionarios, según los dichos del propio Z. (tenía "acceso a los despachos oficiales") y sin embargo, permaneció en un estado de indefinición durante los dos años en que "X." estuvo en pantalla...--------------------------------------------------------------------- --------------- ------ Pero lo hizo -como lo adelanté- percibiendo, comercializando publicidad del Municipio de Trelew, claramente acreditado, y de estar a los dichos del testigo M. , algún otro auspicio "...un canje o algo así de Sedamil...Habían más" (fs. 195/196).---------------------------------------- ///--- Y siendo de este modo, los presupuestos de la acción in rem verso no se encuentran dados, principalmente porque no se ha configurado el empobrecimiento del accionante.------------------------------------------------------- ------ Otros beneficios obtuvo -lo reiteraré- el actor.- Su mejor contraprestación estuvo dada por la "notoriedad" y el "prestigio" que según él mismo mencionó en el libelo inicial, alcanzó su programa.- Y esto, aunque excede mis posibilidades de cuantificarlo económicamente, no escapa la lógica de cualquier lego que para quienes hacen del trabajo en la televisión un medio de vida, estas "horas de pantalla" serán un antecedente ponderable, porque- como dijo mi colega prevotante- no cualquier persona accede a un espacio semanal en la televisión.----------------------------------------------------------------<#LIN E> ------ He de agregar, que como lo dije en SD N° 05/SCA/08 ("Paillalef..."), que la aplicación de este principio del enriquecimiento sin causa "...debe utilizarse con prudencia, ya que no debe olvidarse que la regla -y así la enuncia FIORINI-... no cabe la aplicación indiscriminada del enriquecimiento sin causa, sin considerar las normas de Derecho Público Administrativo, limitativas y prohibitivas presupuestarias y de organización.- Sólo excepcionalmente -insiste el autor y acuerdo- el principio del enriquecimiento sin causa podrá aplicarse ante situaciones bien probadas y concretas, y ante una bien probada utilidad a favor de la Administración.- Esta tesis se califica ///como de "enriquecimiento injusto" y esto no sucede si quien se ha empobrecido actúa en contra de una norma de Derecho Público... (Derecho Administrativo - Tomo I - pág. 831/832).------------------------- ------ En mérito de lo expuesto, juzgo que la invocación del principio de enriquecimiento sin causa, no basta para acoger la pretensión actoral en los términos propuestos, porque los elementos obrantes en la causa y por las razones dadas, no han resultado suficientes para hacer prosperar la demanda entablada y en concierto con el Dr. CANEO considero que la pretensión que ella contiene debe desestimarse.- Así lo voto.------------------------------------------------------------- ------ A la misma cuestión el Dr. PASUTTI dijo: ------------------------------- ------ 1.- Gira la controversia de las partes en esta causa, sobre la existencia misma de una relación obligacional, que sostenida por el actor lo impulsa a demandar de la Provincia del Chubut ante esta jurisdicción, el pago de una suma de dinero.------------------------------------ ------ J. F. L. , se limita -en un orden técnico-jurídico- a manifestar que así reclama, como consecuencia de "servicios" que alega haber realizado "por cuenta y orden" de la Dirección General de Canal 7, derivada -según lo indica- de un "acuerdo verbal"; "servicios" que dice consistieron en la elaboración, producción y conducción de un programa semanal que se llamó "X.", efectivamente acreditado que se emitió por esa pantalla.---------------------------------------- ///--- Habiendo acudido a la vía reclamatoria en el ámbito administrativo, la misma le fue rechazada, por lo que opugna de nulidad el acto que así lo hizo, afirmando que contiene vicios en su motivación, se apartó de la prueba rendida en esa sede a más de no haber respetado el principio de buena fe.- Al no haber obtenido ese pago, argumenta, la Administración se enriqueció sin causa.-------------- ------ La Provincia demandada sostiene la resolución administrativa, alegando que el desempeño del accionante en la emisora pública implicaba un Contrato de Producción y Emisión, que era el propio, por el cual habría obtenido ganancias a través de las pautas publicitarias; y reiterando los términos de aquélla, parte de considerar que la vinculación de la que deriva su pretensión del actor, y sostiene para reclamar el pago, se trata de un "Contrato de Locación de Servicios" inexistente, inexistencia que es justamente una valla infranqueable para acceder a su petición.----------------------------------------- ------ En el mismo sentido se manifiestan los Sres. Z. y V. -citados por la Provincia al proceso en los términos del art. 69 de la Constitución Provincial y Ley de Etica Pública N° 4816- quienes se desempeñaran en la Dirección de la emisora durante la época que abraza el reclamo, en la que se trasmite "X.".----------------------- ///--- 2. Así las cosas, las alegaciones de las partes, aunque con las particularidades propias de cada causa, me recuerda los argumentos que esgrimí en ocasión de emitir mi voto en S.D. Nº 6/SCA/02 (in re "Gómez Lozano...").-------------------------------------------------------------------- - ------ 2.1.- Allí, destaqué claramente la naturaleza formal del contrato administrativo, afirmando -luego de establecer siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- la preeminencia de la sujeción de aquél a un régimen de Derecho Público, regida supletoriamente e integrativamente por el Privado, que ".en ese régimen de Derecho Público Administrativo el acto administrativo. es el género del cual el contrato resulta especie, pese a la desinteligencia que ha atacado a algún doctrinario que niega categoría específica al contrato (vg. H. MAIRAL - De la peligrosidad o inutilidad de una teoría del contrato administrativo - ED Esp. Der. Adm. 18/9/98 y sucesivos), de tal modo que -más allá de su sustantividad propia- le cabe la aplicación de las reglas fundamentales que constituyen el régimen jurídico de los actos.- Casi en forma unánime, la doctrina considera que el contrato es un acto administrativo bilateral en su formación, ya que no interviene para su creación una única voluntad, sino que requiere el acuerdo de dos voluntades -en lo sustancial con intereses contrapuestos, aún cuando deba haber colaboración- que convienen a las relaciones creadas o establecen la vigencia de normas que regularán la conducta de ambas partes.- (Jeanneret de PÉREZ CORTÉS - Acto Administrativo y Contrato Administrativo en "Contratos Administrativos" - ED. ///Ciencias de la Administración - Jornadas organizadas por la Universidad Austral en Mayo de 1999). La consideración y clasificación de los que son elementos sustanciales del contrato administrativo varía en doctrina, al igual que en el caso de los actos administrativos.- Mas es unánime la estimación de que el consentimiento -la coincidencia de voluntades- es uno de los esenciales".-------------------------------------------------------------------- -------------- ------ Cité a PÉREZ HUALDE para afirmar ". la expresión del consentimiento por parte de los entes públicos, estará regida por las normas dictadas al efecto en materia de competencia, objeto y forma; la manifestación del consentimiento del contratista, en tanto, será regida por la ley común -civil o comercial según se trate- sobre capacidad, a más de requisitos que pueden exigir normas especiales por el hecho de contratar con el Estado (vg. inscripción en Registros especiales, situación jurídica de falta de subordinación o dependencia) y la forma será la que imponga la norma exorbitante a la que debe subordinarse.- Todo lo cual se encuentra regulado por el Derecho Público, que establece normas y procedimientos a cumplir por el contratante y por el contratista en la forma establecida para "perfeccionar" esa manifestación de voluntad que es el contrato.- Aún en los casos en que exista un simple acatamiento por el particular a condiciones prefijadas por la Administración...". Con este autor, caractericé la contratación administrativa como ".un procedimiento ///compuesto por actos administrativos, hechos, simples actos, reglamentos, producidos por la Administración, a los que se complementan actos y hechos jurídicos producidos por los oferentes y particulares interesados, destacando entre los primeros las exigencias de intervenciones de distintas autoridades externas al órgano contratante, que por razones de control deben precederlo y que nomina como habilitaciones previas: autorizaciones de gasto, habilitación de partidas o créditos presupuestarios, autorizaciones legales para contratar, intervención de órganos consultivos, estudios de factibilidad.- Las que de ningún modo .son "parte" del procedimiento". (En Manual de Derecho Administrativo - FARRANDO-MARTÍNEZ - Capítulos XII y XIII - Depalma 1996).--- ------ Aprecié además en la sentencia comentada ".que toda la actividad administrativa está sujeta al principio de legalidad" y puse de manifiesto ".la Corte Nacional ha negado el reconocimiento de derechos reclamados por particulares de una "virtual" contratación, cuando en ellos no se había instrumentado el contrato según la manda legal (Fallos 308:618, 3316;382, "Mas Consultores..." del 1/1/00, "Servicios Empresarios Wallabies SRL..." del 7/11/00, "Ing. Omega..." del 5/12/00, "Carl Chung..." del 25/9/01) habiendo el administrado asumido sin él, la ejecución de obras o la realización de trabajos.".--------------------------------------------------------------------- ------------- ------ Tales consideraciones jurídicas expuestas en ese precedente, las he de reiterar para el sub-judice, no sin antes advertir que en aquel ///caso se había celebrado e instrumentado el contrato administrativo, protocolizado por la Escribanía de Gobierno, y sólo estaba ausente una "autorización" o "habilitación" que a todo evento era determinante de nulidad relativa, y por el contrario, en éste falta el contrato, el instrumento mismo, aspecto sobre el que volveré.------------ ------ 2.2.- Atendiendo a la circunstancia apuntada de que el actor no identifica el vínculo del que emana la obligación que reclama incumplida, y la Provincia la califica como de "servicio", recordaré que también en ese fallo, distinguí los contratos de Locación de Obra y Locación de Servicio, mencionando que ya BORDA se refería en un trabajo publicado en La Ley del año 1936 (reeditado en LL Páginas de Ayer del 7 de Agosto de 2002), con cita de ABELLO a las diferencias entre uno y otro contrato, lo cual no es difícil de establecer en el marco de las normas civiles: si en la Locación de Servicios -o Contrato de Trabajo- la obligación es divisible, en la de Obra no lo es; si en la primera se "remunera" por día, mes o año y el locatario soporta el riesgo, en la Obra se retribuye por pieza o tarea y el riesgo lo soporta el locador; si en la primera el rasgo definitorio es la subordinación, en la segunda lo es la independencia; si en la Locación de servicios se tiene en cuenta el trabajo en sí y no el fin o producto, justamente lo contrario ocurre en la Obra.--------------------------------------- ///--- Previne ".Si desde el criterio civilista, ya la distinción tiene importancia, a partir del Derecho Administrativo la trascendencia es aún mayor. Y lo es, porque el Estado no es un contratista común; no es una persona privada dueña de su capital y sus rentas, que puede disponer de ellas a su antojo.- El Estado . administra los intereses públicos; los dineros no pertenecen a los funcionarios sino a la sociedad, es gestor del interés general y sus agentes deben por ello, rendir cuentas. La gestión patrimonial -la administración financiera del Estado- importa responsabilidad constitucional y debe efectuarse de conformidad con las normas presupuestarias, que éste proyecta y la Legislatura autoriza.- (BIELSA - Derecho Administrativo - Tomo I- pág. 326/327).- El funcionamiento de la hacienda pública supone la existencia de una organización administrativa-contable, la realización de procedimientos administrativos con arreglo a los cuales se recaudarán las rentas y efectuarán los gastos y el dictado de actos administrativos, todo ello bajo un régimen de control dado por las Leyes de Contabilidad y Presupuesto.- Ambas constituyen un límite jurídico a la actividad estatal en la materia -amén de su carácter de instrumentos económicos.- La administración no puede realizar erogaciones no previstas en la norma presupuestaria, y si lo hace, los agentes que las autorizaron deben reintegrar los importes aún cuando el acto que dispuso el gasto tenga validez frente a terceros (CASSAGNE - Derecho Administrativo - Tomo I - pág. 259 y sigs.).- Y en este sentido la Ley de Ética Pública de la Provincia Nº 4816, ha hecho su inestimable aporte".-------------------------------------------------------- ///--- Expuse que ". En este contexto de la administración financiera, la Ley de Contabilidad Nº 1911 es la que regula las contrataciones del Estado en lo general. Sin perjuicio de estas normas, otras Leyes rigen vinculaciones contractuales específicas.- Si se adhiere a la concepción de que la relación de empleo público es contractual -por oposición a quienes la consideran estatutaria- ésta está normada por el Estatuto general -Dto. Ley 1987- y otros que contemplan relaciones de empleo con determinados organismos en particular. En todos los casos, habrá de preceder al acto que disponga el gasto, su imputación presupuestaria, bajo la responsabilidad consecuente del funcionario que lo promueve (art. 120 y conc. Dto. Ley 1911).- A su vez, en materia de relaciones de empleo -caso en que la imputación es a cargos que figuran en Presupuesto como Gastos en Personal- el Estatuto de la Función Pública las clasifica en de Planta Permanente (con estabilidad) y de Planta Temporaria (sin estabilidad), y dentro de este último, figura la categoría de personal contratado por locación de servicios, mensualizado y jornalizado perfectamente definidos, estipulándose que "sólo podrá contratarse personal...cuando se trate de la realización de tareas profesionales o técnicas de especial complejidad o especialización que no pueda ser cumplido por personal de planta permanente (art. 11, conc. 68 Dto. Ley 1987).- Siguiendo esta distinción, los clasificadores del gasto distinguen entre Gastos en personal en relación de dependencia -a cuyo fin se presupuestan cargos temporarios o permanentes- y Gastos por ///Servicios Técnicos y Profesionales, que comprenden los trabajos cumplidos sin relación de dependencia.- Claro lo expuesto en el Clasificador presupuestario (Ley Nº 4626, Dto. 667/96 y Resoluciones del Ministerio de Hacienda reglamentarias), correspondiendo la Fuente de Financiamiento 1 (a la que se manda imputar el contrato a fs. 1 del Expte. Nº 1219) a los Gastos en Personal, en tanto que la Fuente de Financiamiento 3.4 es la apropiada a las Obras..."--------------------------------------------------------------- ------ Hasta aquí el voto que di en el fallo que gloso para discernir -en concordancia con los preponentes- que de haber mediado el "acuerdo" que el actor esgrime, no hubiera sido éste de empleo, dados los caracteres de la prestación, sino de obra, encallado en la normativa que indican.------------------------------------------------------------------------ -------- ------ 2.3.- Insistiendo ahora en los argumentos que previne en estricta relación con el sub-judice, es claro que siendo uno de los co-contratantes el Estado Provincial, sólo pudo obligarse a través de un contrato administrativo concertado, celebrado e instrumentado según las previsiones normativas, pero por sobre todo y esencialmente, escrito.------------------------------------------------------------------------ ---------------- ------ Así lo dice Daniela UGOLINI "...el procedimiento de formación de la voluntad administrativa es siempre escrito y se prueba con el expediente de la contratación.. el perfeccionamiento. determina el momento a partir del cual puede exigirse el cumplimiento de las ///obligaciones estipuladas en el contrato y por tanto hacerse efectivas las responsabilidades en caso de incumplimiento. Los contratos, en general, se perfeccionan con el acuerdo o fusión de voluntades entre las partes, al expresar su consentimiento. En los contratos administrativos. surgen especiales aspectos de estudio, debido a la presencia de la Administración Pública como uno de los contratantes, que tiene un modo peculiar de expresar su voluntad." (Conc. - "Perfeccionamiento del Contrato Administrativo" en elDial.com DC233).------------------------------------------------------------------------- ------------ ------ Porque lo que se pone de manifiesto es en definitiva una actividad (la administrativa) que con determinadas y peculiares características está representada en su producto final por el acto administrativo, es decir, la declaración de voluntad de un órgano administrativo en ejercicio de esa actividad.------------------------------------- ------ Explica Armando CANOSA que ".la voluntad se vincula fundamentalmente a la existencia misma del acto administrativo. .voluntad, que anida en el mundo psíquico del agente debe ser trasladada al mundo exterior y de allí que se requiere el concurso de determinada forma." El tema de las formas, como importancia del instituto, es común con el Derecho Privado, por ello citando a BORDA, el autor menciona ".Las ideas que descansan únicamente en sí mismas, es decir que carecen de base sólida de una forma ///determinada, pierden su fuerza moral sobre las almas; éstas zozobran y el pueblo pierde la conciencia de aquéllas hasta que se desvanecen por completo.Bien diferente es la suerte de Ésas cuando están unidas a formas fijas y exteriores..." Con las peculiaridades propias del Derecho Administrativo, añade CANOSA ". la forma tiene el fin de proteger las garantías del particular destinatario del acto.y también para proteger el orden, acierto, justicia y legalidad de la actividad administrativa. Estas formas están presentes en los requisitos ha observarse con anterioridad, con concomitancia o con posterioridad la dictado del acto".(Conc. "El procedimiento como elemento del Acto Administrativo" en Acto Administrativo y Reglamento publicado en RAP pág.51).------------------------------------------ ------ 3.- Lo dicho mueve a conclusiones elementales: una, que ningún "acuerdo verbal" puede sustentar obligaciones cuando hay formas previstas, lo cual es así en Derecho Público -según criterios y normas citadas- y en Derecho Privado (art. 1191 CC y conc).- Otra, en ésta involucrada, que así es fuere que la prestación de F. L. fuere considerada como servicio, u obra.- Para ambos supuestos hay un régimen, un sistema, procedimientos, en el caso no cumplidos.- Por los funcionarios, que es asombroso mantuvieran a esta persona y a su programa en el aire, sin sustento instrumental ninguno, llámese como se llame el que se considerara propio, poniendo en riesgo -y desde diversos puntos de vista- la responsabilidad del Estado.- Por el actor, que debió asegurar su derecho dando formalidad al "acuerdo" que dice mantuvo por dos años, y hoy aquí pretende sostener.----------- ///--- He de coincidir entonces con mis colegas preopinantes, en que de ningún modo F. L. puede venir a pleito en reclamo de contraprestaciones u obligaciones derivadas de mismo.- Considerando a más, que no puede demostrar que el "uso" que efectuó del tiempo televisivo, le fue impuesto por relación de servicio o empleo, autorizado por conducto de una locación de obra, o en definitiva, cedido por el Canal.- Sus requerimientos, carente la expresión de voluntad administrativa que alega de instrumentación formal (como lo diría el doctrinario referido en el párrafo anterior) han zozobrado, se han perdido en las diversas alegaciones invocadas y no ha podido probar la existencia de aquéllas.---------------------------------------------------------------- ------ Concordante con la jurisprudencia que citan mis predecesores, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tiene dicho ".La prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada a la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado. Cuando la legislación aplicable determina una forma específica para la conclusión de un contrato, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia (Fallos: 323:1515; 324:3019)" (AyS T187 P 341/347 - Sent. del 09.04.03 - "VALLEJOS, Jorge." en elDial - SF2069).--------------------- ------ 4. El propio F. L. para abonar su postura recurre al principio de la Buena Fe.- Sin embargo, precisamente con ese instituto ///pondré punto final a mi conclusión.--------------------------------------------- ------ Traigo para ello la opinión de Miriam IVANEGA que en un interesante artículo abordó la relación entre la buena fe y la observancia de los procedimientos precontractuales: "...la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha utilizado la categoría de "acto inexistente" en el análisis de casos en los que los contratos administrativos se celebraron sin cumplir el procedimiento previo, atribuyendo a la forma carácter de "requisito esencial de su existencia". Las particularidades del Derecho Administrativo concuerdan con el principio general vigente en el Derecho Privado de que los contratos que tengan una forma determinada por las leyes, no se juzgarán aprobados si no estuvieren la forma prescripta (Fallos: 316:382; 323:1146; 323:1515; 323:3924; 324:3019)". "...Por ello, la forma se convierte en requisito esencial, que trasciende su mero carácter instrumental, para ubicarse en el plano de los comportamientos éticos... la exigencia de que el vínculo contractual cumpla con determinadas formalidades se vincula con el Interés Público comprometido o con su valor probatorio, pero también con la transparencia porque mediante las formas se evita que esas contrataciones -que involucran fondos y bienes públicos- queden en la esfera reservada de quienes la celebran. La Sociedad tiene derecho a conocer qué se contrata, con quién, bajo qué condiciones; en definitiva, su relevancia excede el conocimiento de los posibles interesados" (Fallos 311:750 y in re "FINMECÁNICA"...de la CNFed.CAdm., Sala I del 06/11/1998)". Y sintetiza "...hace a la existencia del vínculo contractual el ///cumplimiento de los procedimientos previos a su formación, el contratista no puede invocar derecho alguno "sobre lo que no existe"...enfoque reiterado por la Corte que incluso llegó a descartar la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa si no se probaba el empobrecimiento... está vinculado a la Buena Fe, entendiéndose que no es procedente la acción de repetición si existió mala fe de la contraparte empobrecida..." Añade el contratista debe "...probar que la Administración se enriqueció, que él se empobreció y siempre es necesario demostrar la buena fe en toda su actuación" (Conc. "El principio de la buena fe en los contratos administrativos"- Doctrina en RAP - Año XXX-360 - Septiembre 2008, pág. 39/41).------------------- ------ No quiero decir con esto que F. L. haya actuado con mala fe mientras realizaba "X..- Pero sí, como claramente expusieron los Sres. Ministros que me precedieron con su opinión, obtuvo provecho de ello: realizó su programa con libertad, inclusive con auspicio publicitario, utilizando no solamente el aire sino también de personal del Canal (cámaras, edición), sin atender a ninguna "forma".- Desarrolló las actividades descriptas y continuó con la proyección del ciclo televisivo durante dos años sin convenio, sin facturar las tareas ejecutadas, sin reclamo de pago ninguno...- Podría suponerse que si insistía, y el Estado no concretara sumas, o no contara con previsiones presupuestarias, posiblemente frente a reclamos se lo privara del "aire"?.- Dio idea entonces con su ///comportamiento, de que la realización de esa actividad lo era por su propio beneplácito -lo dice algún testigo- es decir, por el deleite derivado de la notoriedad que la proyección de "X." le otorgaba en lo personal, inherente a la circunstancia de desempeñarse en un medio como el televisivo, tan particular por lo especial como por lo competitivo.- Incrementó inclusive su crédito en lo profesional, todos extremos que obtengo de sus propias manifestaciones volcadas en diversos tramos del libelo introductorio; a punto tal estaba complacido que remitió por su propia iniciativa la postulación del programa a la APTRA. - Y no logró demostrar un enriquecimiento de la Provincia, como que no sea de la misma índole, ya que no es serio sostener que con esta realización el Canal se "ahorró" emitir un "programa enlatado", cuyo valor además, no pudo justipreciarse.-------- ------ El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, ha señalado "...El enriquecimiento sin causa genera una acción de restitución o reintegro a favor del empobrecido y contra el enriquecido injustamente. ...Y la finalidad...es... en la acción "in rem verso" el fundamento jurídico es el derecho a recobrar aquello en que se empobreció la actora y enriqueció la demandada ...más allá que una finalidad indemnizatoria, persigue el restablecimiento de un equilibrio patrimonial alterado... En cuando a los recaudos de procedencia...se requiere que se configure un provecho incausado de una de las partes y un empobrecimiento injustificado de la otra (con absoluta prescindencia de la voluntad de la persona beneficiaria)"...(in re "LLUCH, Lorena" Sent. del 12/02/08 en elDial-AA4692).---------------- ///--- Y si no medió enriquecimiento valorable económicamente, ni empobrecimiento en tanto ha quedado acreditado que percibía pauta publicitaria, ningún equilibrio debe restablecerse en el patrimonio del actor.-------------------------------------------------------------------------- ---------------- ------ Para concluir diré nuevamente con Miriam IVANEGA que ..."se impone a quien contrata con la Administración un comportamiento oportuno, diligente y activo;... este deber importa el conocimiento de las normas específicas en materia contractual, entre ellas las que determinan las formas esenciales para el perfeccionamiento del vínculo con el Estado. No se trata de la ficción genérica de conocer el Derecho, sino de los conocimientos que se derivan del deber de diligencia que impone cierta posición jurídica subjetiva singular: el hecho de ser contratista del Estado" (Conc: Ob. Cit - pág. 34).---------- ------ Desoído ese deber, ante las circunstancias dadas en la causa y en coincidencia con los Sres. Ministros prevotantes, me pronuncio por el rechazo de la pretensión tal y como ha sido planteada.-Así lo voto.----- ------ A la segunda cuestión el Dr. CANEO dijo: ------------------------------- ------ Según he votado la primera propongo al Acuerdo: 1) Rechazar la demanda intentada por el Sr. J. F. L. contra la Provincia del Chubut. 2) Las costas de la acción deben imponerse a la ///actora (art. 68° del CPCC), teniendo presente que por Expte. N° 21.495-2008 tramita Beneficio de Litigar sin Gastos.- 3) Las costas de los terceros, en tanto su citación se impone al Estado, mas su participación en el pleito responde a intereses propios (Ley Nº 4816), se imponen por su orden.- 4°) En cuanto a los honorarios propicio regular los del Sr. Fiscal de Estado Dr. Jorge Luis MIQUELARENA en el 7% del monto del proceso, que se determinará en la etapa de ejecución considerando el monto liquidado en la demanda, mas Intereses a Tasa Activa para préstamos personales del B. C. SA hasta este pronunciamiento, y los de sus apoderados Dres. E. F. L. y J. E. F. en el 40% de lo regulado a su patrocinante.- A la Dra. M. C. P. , en el 7%, y al Dr. E. R. H. en el 30% de lo regulado a su patrocinante.- Al Dr. Juan LAGOS, patrocinante del Sr. M. Z. por una etapa, en el 4%, al Dr. A. M. S. por dos etapas, en el 8% en ambos caos del monto del proceso, incluyendo la labor procuratoria (arts. 6 inc. a) a f), 7, 9, 38 y 47 del Dto.Ley Nº 2.200 - T.O. Dto. Nº 138/99).------- ------ A la misma cuestión el Dr. ROYER dijo: ---------------------------------- ------ Comparto lo resuelto por el Dr. CANEO.--------------------------------- ------ A su turno dijo el Dr. PASUTTI:--------------------------------------------- ///--- Atento mi voto a la primera cuestión, me avengo con la solución que propician los Dres. CANEO y ROYER.----------------------------------- ------ Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordar la siguiente:---------------------------------------------------------------------- -------------- ----------------------------- S E N T E N C I A : -------------------------------------- ------ 1°) RECHAZAR la demanda impetrada por el Sr. J. F. L. contra la Provincia del Chubut, en todas sus partes.--------- ------ 2°) COSTAS de la acción a la actora vencida (art. 68° del CPCC), teniendo presente que por Expte. N° 21495-2008 tramita Beneficio de Litigar sin Gastos, no resuelto; de los terceros, por su orden.-------------------------------------------------------------------------- --------------- ------ 3°) REGULAR los honorarios del Sr. Fiscal de Estado Dr. Jorge Luis MIQUELARENA en el 7% del monto del proceso, que se determinará en la etapa de ejecución considerando el monto liquidado en la demanda, mas Intereses a Tasa Activa para préstamos personales del B. C. SA hasta este pronunciamiento, y los de sus apoderados Dres. E. F. L. y J. E. F. en el 40% de lo regulado a su patrocinante.- A la Dra. M. C. P. , en el 7% del monto del proceso, ///y al Dr. E. R. H. en el 30% de lo regulado a su patrocinante.- Al Dr. Juan LAGOS, patrocinante del Sr. M. Z. por una etapa, en el 4% y al Dr. A. M. S. por dos etapas, en el 8% en ambos casos del monto del proceso incluyendo la labor procuratoria (arts. 6 inc. a) a f), 7, 9, 38 y 47 del Dto. Ley Nº 2.200 - T.O. Dto. Nº 138/99).- Todos mas IVA si correspondiere.----------------------------------------------------------------- ----------- ------ 4°) REGÍSTRESE y notifíquese.--------------------------------------------- Fdo. Dres. J. Luis Pasutti, Daniel Luis Caneo y Fernando S.L. Royer.

RECIBIDA Y REGISTRADA en Secretaría el 18/12/08 Bajo el N° 12/SCA/08