Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-28


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de setiembre del año dos mil once, se reúnen los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Liliana E. Catucci, W. Gustavo Mitchell y Eduardo Rafael Riggi, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por el Prosecretario de Cámara, Dr. Walter Magnone, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° 13.918 caratulada AAmubikanum, Habeeb Ademola s/recurso de casación@, con la intervención del representante del Ministerio Público, Dr.

Javier De Luca y por la defensa Dra. Mariana Grasso.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el orden siguiente: Catucci, Mitchell y Riggi.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

La señora juez doctora Liliana Elena Catucci, dijo:

PRIMERO:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Cámara a raíz del recurso de casación deducido por la defensa a fs. 49/56 contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que a fs. 45/48 confirmó la resolución del Juez de grado mediante la cual rechazó las excepciones de cosa juzgada y violación del plazo razonable, planteadas por la defensa de Amubikanum, y no hizo lugar a su sobreseimiento.

Concedido por el a quo el remedio intentado a fs.

57/58 y radicadas las actuaciones ante esta Cámara, el recurrente mantuvo la impugnación a fs. 65, y en la oportunidad prevista en el artículo 466 del C.P.P.N. insistió en el recurso, mientras que el Fiscal General pidió su rechazo.

Finalmente, habiéndose cumplido con las previsiones del artículo 468 del Código Procesal Penal de la Nación, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

I-El recurrente encarriló sus agravios en los términos del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

a-En primer lugar entendió que mediante la nueva imputación penal se estaba vulnerando la garantía constitucional del ne bis in idem porque la figura de uso del pasaporte presuntamente apócrifo que ahora se enrostraría a su asistido Aintegró una unidad fáctico temporal con el delito de contrabando de estupefacientes por el que fuera condenado Amubikanum@.

En relación a ese planteo señaló que el nombrado intentó ingresar al territorio nacional con el alcaloide luego secuestrado, presentando para ello el documento extranjero presuntamente falso por el cual ahora se lo pretende intimar sin cuya exhibición hubiera sido imposible su ingreso al país por un paso fronterizo habilitado.

Entiende en consecuencia que el Tribunal a quo incurrió en un error al abarcar en un concurso ideal de delitos las figuras en cuestión, cuando se trataba de un caso de concurso aparente de normas.

Frente a dicha vulneración, considera que debe revocarse lo resuelto por la Cámara Federal y, por aplicación del principio analizado, disponerse el sobreseimiento de su asistido.

b-Por otra parte, sostuvo que la demora del proceso penal por el hecho que ahora se le endilga a su asistido Bdilación que no le era atribuible- constituye una clara violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a su vez trae como consecuencia la suspensión sine die del extrañamiento requerido.

En definitiva se agravia de que, luego de cinco años aún no se ha recibido declaración indagatoria al imputado.

II-La Fiscalía, por su parte, sostiene que debe rechazarse el recurso interpuesto por la defensa.

En lo que hace a la presunta violación al principio de ne bis in idem, entiende que el imputado oportunamente fue condenado en orden a las figuras previstas y reprimidas por los arts. 866 en función del 864 incido d) del Código Aduanero y Adicho tipo penal no es un delito de los llamados compuestos, construidos por la concurrencia de dos delitos distintos@.

Señala que estamos frente a dos comportamientos diferentes que son independientes uno del otro, la comisión del contrabando no conlleva necesariamente la de la falsificación ni viceversa.

Por lo demás y respecto a la supuesta violación a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, manifiesta que las particularidades del caso, puntualmente la necesidad de recabar medios de prueba fuera del país, llevan a descartar esa posibilidad.

En definitiva, remarcó que los Jueces motivaron la resolución en crisis, citando jurisprudencia a favor de su tesitura, por lo que está acertada.

TERCERO:

En primer término ha de hacerse una reseña de lo ocurrido en los procesos que involucran a Amubikanum.

De la sentencia cuya copia obra a fs. 35/37 se puede colegir que el nombrado fue detenido el 6 de marzo de 2006 en la aduana cuando ingresaba al país proveniente de la república de Bolivia con sustancias estupefacientes Bcocaína- en su equipaje. En esa oportunidad se identificó como ciudadano británico mediante el pasaporte respectivo.

Por ese hecho fue condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión y a las inhabilitaciones respectivas, como autor penalmente responsable del delito de contrabando de estupefacientes agravado por el inequívoco destino de comercialización dentro o fuera del territorio nacional, previsto y penado por el art. 866 segundo párrafo, en función del artículo 864 inciso AD@, y artículo 876 inciso AE@, AF@ y AH@ del Código Aduanero.

Ahora bien, con motivo del trámite de su extrañamiento al Reino Unido de Gran Bretaña, se pudo determinar según información de ese país que el pasaporte que llevaba el condenado era apócrifo dado que el verdadero había sido sustraído a su titular, una ciudadana británica. Ello se determinó en el mes de enero de 2009.

En ese contexto, el 15 de mayo de 2009 el magistrado de ejecución dejó sin efecto el extrañamiento en trámite y el 1° de junio de ese año el Fiscal federal interviniente requirió la instrucción del sumario por el uso de dicho documento falso, dando origen de esa manera a una nueva investigación penal, en la cual, aún no se ha recibido declaración indagatoria al imputado Amubikanum, lo que fue debidamente ordenado por la Cámara Federal al rechazar el planteo de la defensa Bver fs.

45/8.- Advierto desde aquí que la resolución en crisis será avalada.

Como primer paso de análisis es menester recordar que la Sala I que he integrado tiene dicho in re: ADe Santis, Miguel Clemente s/ recurso de casación@ (causa n_ 3409, reg. n_ 4569, del 10 de septiembre de 2001), que la cosa juzgada requiere la existencia de las tres identidades: persona, objeto y causa de persecución. Eduardo J. Couture (AFundamentos del Derecho Procesal Civil@, Bs. As., Depalma, 1976, pág. 414 y ss.) recuerda que el Código de Napoleón en su artículo 1351 indica como exigencias de la cosa juzgada que: ALa cosa demandada debe ser la misma, la demanda debe ser fundada sobre la misma causa, la demanda debe ser entre las mismas partes=. Este concepto, adaptado al proceso penal, se entiende como identidad de persona, de objeto y de causa de persecución. El requisito de identidad de la persona, por su obviedad, exime de toda interpretación. Por identidad de objeto -límite objetivo de la cosa juzgada- se entiende la del objeto del litigio y de la decisión y particularmente en el proceso penal la total comprensión de la imputación en sus elementos objetivos, subjetivos y condicionadores; y causa de persecución significa la particular pretensión punitiva que se hace valer mediante la persecución penal@ (conf. ATejerina, Jorge René s/ rec. de casación@, causa N_ 1278, reg. N_ 1663, del 11 de julio de 1997;

C.S.J.N., Fallos: 314:377; 316:687).

Por otra parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que Ala garantía contra el doble proceso penal protege a los individuos contra la doble persecución por un mismo hecho sin importar los diversos encuadramientos que se pueden efectuar respecto de aquél@ (Fallos 319:43). Sentido en el cual me he expedido en varias oportunidades (Sala I in re:

AAlfano, Oscar Aurelio s/rec. de casación@, c. n° 2309, Reg. N° 2880, rta. el 30/6/99; y la Sala III in re: AAngeloz de Murillo, Norma Nancy s/rec. de casación@, Reg. N°560, rta. el 16/12/97;

ASolís, Eduardo Ramón s/ rec. de casación@, Reg. N° 194, rta. el 15/5/98; AWaisburg, Héctor y otros s/rec. de casación@, Reg. N° 193, rta. el 17/4/00; AMathisen, Luís César y otro s/ rec. de casación@, Reg. N° 320, rta. el 22/6/00).

En ese mismo orden de ideas en cuanto a la unidad de hecho Jorge A. Claría Olmedo (ADerecho Procesal Penal@, T. I, actualizado por Jorge E. Vázquez Rossi, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2001, pág. 74) tiene dicho que: AEl hecho es la materialidad de la conducta con sus elementos objetivo, subjetivo y condicionantes de la imputación, con abstracción de su calificación penal. Resulta práctico echar mano a las tres identidades clásicas de la elaboración de la cosa juzgada:

persona, objeto y causa de persecución, las que deben coexistir para la identidad total@.

AEadem personam es la proyección subjetiva. Sólo se protege a la misma persona que está siendo perseguida, o cuya persecución concluyó ya por sobreseimiento, absolución o condena firme. Quedan excluidos los posibles partícipes aún no perseguidos (S.C.J.B.A., J.A. 73-65) y los imputados cuya persecución haya concluido por pronunciamiento no definitivo:

desestimación, archivo, etcétera@.

AEadem re es la proyección objetiva. Se atrapa el hecho en su materialidad sin atender a su significación jurídica; capta el acontecimiento y no el delito; la conducta básica imputada sin atender a las circunstancias. Es intrascendente el distinto encuadramiento penal... Tampoco interesa el grado de participación o delictuosidad, o de desarrollo punible...@.

AEadem causa petendi es el elemento causal que pone en juego el agotamiento o no agotamiento de la pretensión deducida. Es cuestión del poder de acción ejercitado que de nuevo se intenta ejercitar con idéntico objeto o imputado. El principio regirá si el caso está pendiente o ha sido decidido pudiendo agotarlo en cuanto al fondo@.

Sin abundar en el significado de esos requisitos, debe señalarse que este tema ya fue tratado desde antaño por los maestros italianos.

Así, Carnelutti en ADerecho Procesal y Penal@ (Bs. As.

E.J.E.A., 1971, pág 310 y ss sostiene que: A...el fallo es un hecho con dos dimensiones: una de ellas es la litis, la otra es la cuestión; la decisión de una cuestión encuentra su límite en la litis, la decisión de una litis encuentra su límite en la cuestión. El fallo integral es el que resuelve todas las cuestiones que se plantean respecto de una litis, el fallo parcial resuelve sólo algunas de las cuestiones de la litis.

Siendo la solución de las cuestiones el medio para la solución de la litis, la cosa juzgada no se forma sobre la cuestión sino en cuanto la solución de la cuestión haya servido de medio para la decisión de la litis. Por tanto puede ocurrir que la solución de ciertas cuestiones no sea, como suele decirse, cubierta [por el fallo por la cosa juzgada] si no constituye un presupuesto lógico para la decisión de la litis. Si la decisión de la litis implica lógicamente la solución de cuestiones que no han sido expresamente resueltas, el fallo [la cosa juzgada] como suele decirse, cubre también tales cuestiones (el denominado fallo implícito); puede ocurrir que el silencio sobre alguna cuestión, que para la decisión de la litis debía ser resuelta, constituya un defecto de la decisión ...; pero en cuanto una impugnación no haya sido propuesta, o no haya sido acogida, también la cuestión sólo implícitamente resuelta forma cosa juzgada@.

El Alto Tribunal ha sostenido, en numerosas ocasiones, que si se trata de un mismo hecho, sin perjuicio de las calificaciones legales que pudieran corresponder, debe ser objeto de un único enjuiciamiento en virtud del principio constitucional del Anon bis in idem@ (C.S.J.N., in re: AVergara, Horacio s/coacción@, Competencia N_ 512. XXXVI, T. 323, P. 3633, rta. el 9 de noviembre de 2000; ACoria, Sonia Ramona s/estafa@, Competencia N° 338. XL. T. 328, P. 4031, rta. el 15 de noviembre de 2005; AGalarza, Agustín Baltazar s/infr. art. 292", Competencia N° 1509. XLI, T. 329, P. 2815, rta. el 11 de julio de 2006; AHeredia, Ramón Claudio s/tenencia de arma de guerra@ - causa n_ 26.458/04-, T. 330, P. 1049, H. 521. XL., rta. el 20 de marzo de 2007; AAmantía, Ángel Daniel s/recurso de casación@, A. 348. XLII., T. 330, P. 1350, rta. el 10 de abril de 2007; y, APontarollo, Roberto Osvaldo y otro s/estafas reiteradas@, C.

393. XLIII, rta. el 20 de junio de 2007, entre muchos otros).

En el caso analizado es clara la identidad de sujeto sin embargo, a poco que se profundiza, se observa que no ocurre lo mismo con el requisito objetivo. No se trata en efecto del mismo hecho valorado bajo diversos prismas jurídicos como parece plantear el recurrente, lo que efectivamente estaría vedado, sino de dos conductas diferentes.

Lógico es suponer que antes de ingresar al país el imputado necesariamente contaba con el instrumento apócrifo fraguado con anterioridad fuera de nuestro territorio nacional, cuestión que deberá ser tenida en cuenta por el juez de grado al adoptar una decisión en esta causa.

Menester es señalar que esa falsificación anterior a la detención de Amubikanum marca la diferencia en las causas de persecución que por lo visto han de ser actuadas en tiempos distintos.

Ese documento sustraído a una ciudadana británica en un lugar no determinado es lo que queda por investigar y resolver.

En concreto, del simple cotejo del hecho por el que fue condenado Amubikanum por un lado y del nuevo requerimiento investigativo por otro, se observa el acierto de la resolución en crisis en cuanto entendió que se trataba de acciones disímiles, ocurridas en al menos distintos tiempos.

Frente a la independencia de los hechos, se advierte que la nueva investigación vinculada al instrumento presuntamente apócrifo, iniciada en el año 2009 y con connotaciones internacionales, no puede haber vulnerado el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable.

Postulo que no se adecua a los parámetros fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 322:360, disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano, asumida después por la mayoría en 327:327 y 331:2319 entre otros.

En consecuencia, propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Habeeb Ademola Amubikanum, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu y 530 y 531 del C.P.P.N.).

Tal es mi voto.

El señor juez doctor W. Gustavo Mitchell dijo:

Que adhiero al voto de la doctora Liliana Catucci.

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

Por análogos fundamentos a los desarrollados por la distinguida colega que lidera este acuerdo, adherimos a cuanto propone.

Tal es nuestro voto.

En mérito a la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Habeeb Amubikanum, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu y 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, hágase saber, y devuélvanse las presentes actuaciones al tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Fdo: Liliana Elena Catucci y W. Gustavo Mitchell. Ante mi:

Walter Daniel Magnone, Prosecretario de Cámara Nota: se dejan constancia que el doctor Eduardo Rafael Riggi participó de la deliberación y votó, pero no firma la presente por encontrarse en uso de licencia (cfr. Artículo 399 segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación). Conste. Walter Daniel Magnone.