Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-24


Causa 1394-02-CC/2003 Incidente de ejecución de sentencia en autos MARTÍNEZ, Alfredo Luís, Masero Néstor Lucio y otro s/ ley 255 (Junín 1787) (copias certificadas) -Nuevo planteo de prescripción de las penas de comiso e interdicción- //la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de octubre de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, integrada por los Dres. José Sáez Capel y Elizabeth A. Marum, en atención a la inhibición oportunamente formulada por el Dr. Marcelo P. Vázquez, a efectos de resolver el recurso de apelación obrante a fs. 922/26 e interpuesto contra la resolución de fs. 911/12 en cuanto rechazó los planteos defensistas concernientes a la prescripción de las penas de comiso e interdicción que pesan sobre Martínez, Masero y Vildoza.

RESULTA:

I.- Que, a fs. 922/26, luce el recurso de apelación, interpuesto por el letrado particular de Martínez y Masero, dirigido contra la resolución de fecha 12/07/2006 que rechazó los planteos de prescripción de las penas de comiso e interdicción oportunamente dispuestas.

Para así decidir, la Juez de grado expuso, con sustento en la doctrina jurisprudencial del máximo Tribunal local que citó (Martínez, Alfredo Luís y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Martínez, Alfredo Luís; Masero, Néstor Lucio y otros s/ ley 255 -Junín 1787-'", Expte. n° 4087/05 del 19/12/2005), que la pena de comiso opera de pleno derecho al momento en que la sentencia que la dispone queda firme.

Con relación a la pena de interdicción, afirmó que ella también se encuentra ejecutada tal como se desprende de los informes agregados a fs. 776/78 y 835/44.

La apelación bajo examen se agravia por considerar que:

1) El auto impugnado carece de la fundamentación autosuficiente e independiente que exige el art. 123 CPPN toda vez que se sustenta en resoluciones de los tribunales superiores dictadas en el presente caso lo que a su criterio sería demostrativo de la falta de independencia de juicio de la Juez a quo y afectaría el principio de doble conformidad judicial. Entiende, que inclusive, la resolución en crisis no se compadece con la doctrina jurisprudencial emanada del precedente del máximo Tribunal federal "Caballero, Jorge Alberto y otros s/ art. 71 CC causa Nº555 CC/2000 s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad - incidente de prescripción", expte. N ° 459 XXXVIII del 08/11/2005.

2) Afirma el recurrente que es absolutamente inaceptable que VS tome como plazo prescriptivo el de dos años y no el de un año que corresponde atender; habida cuenta que de este modo está usando un trámite revisor y un pretendido beneficio legal en contra de los justiciables y que se viene silenciando las respuestas a los reclamos de esta parte tendientes a recordar que el planteo de prescripción de la acción fue introducido antes de que se resolviera aquella petición revisora. El recurrente insiste en afirmar, tal como lo hiciera en otra oportunidad, que luego de presentar el extenso recurso de revisión solicitó la suspensión del trámite de dicho recurso, y ello no habría sido atendido por esta Alzada, avanzando, de ese modo, en la resolución del caso contra la expresa voluntad de la defensa. El Sr. Defensor particular no entiende porqué este aspecto no ha recibido ninguna respuesta jurisdiccional específica (fs. 924).

3) Conectado con el agravio anterior, entiende que el fallo en crisis es arbitrario porque ha prescindido por completo (sic) de dar análisis y respuesta a una argumentación.

4) Finalmente, y en lo específicamente referido a la crítica de la decisión que rechazó los planteos de prescripción de las penas de comiso e interdicción, afirma que en nuestro sistema jurídico las únicas sanciones imprescriptibles son aquellas relativas a los crímenes de lesa humanidad. Añade, en torno al asunto referido, que de ninguna norma surge que el comiso opera de pleno derecho al momento en que la condena queda firme de lo que resulta que dicha afirmación es una creación legislativa prohibida por el sistema republicano de gobierno.

Una vez más, como otrora lo hiciera durante el transcurso del proceso de conocimiento que halló a los condenados culpables de la infracción a la ley de juego, afirma que en realidad la condena pesa sobre la firma Amercian Data SA quien no ha tenido la posibilidad de defenderse.

Con relación a las sanciones de interdicción, el recurrente, nuevamente, hace mención a la cuestión referida a la prescripción de la acción sobre la base de lo cual considera que resultaron prematuros los oficios tendientes a su inscripción.

II.- Que a fs. 936/41, se advierte un recurso de apelación interpuesto en forma pauperis por Vildoza, que finalmente fuera desistido fs. 960/vta.

III.- Que, en ocasión de dictaminar, la Sra. Fiscal ante esta Cámara entiende que el recurso bajo estudio ha sido mal concedido, desde el momento que su objeto es materialmente imposible pues ambas penas en cuestión (comiso e interdicción) se encuentran ejecutadas.

IV.- Que, encontrándose las actuaciones a su disposición, los recurrentes insisten con la ausencia de una norma que sustente la afirmación de que las penas se encuentran ejecutadas, y entienden que ella consagra una imprescriptibilidad que ni los constituyentes ni el legislador han autorizado.

Insiste con que los efectos secuestrados pertenecen a la firma American Data SA y deben estar a disposición del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario que esta interviniendo en la acción emprendida por la mencionada firma.

Con relación a las penas de interdicción afirman que tampoco pueden considerarse ejecutadas por un libramiento de oficios que fue inválido por haber sido dispuesto cuando ya se había opuesto la prescripción de las penas.

Finalmente, insisten con su petición tendiente a que se integre este Tribunal con tres camaristas.

V.- Que s fs. 967 se aprecia el decisorio que proveyó la petición tendiente a que se integre este Tribunal con un tercer Camarista y puso los actuados en estado de ser resueltos.

PRIMERA CUESTION El recurso bajo examen resulta formalmente admisible toda vez que cuestiona fundadamente y en forma oportuna la resolución que rechazó los planteos de prescripción de las penas de comiso e interdicción (art. 6 y 50 LPC).

Por otra parte, con relación a la solución propiciada por la Sra. Fiscal ante esta Cámara, es menester señalar que la cuestión atinente a si las penas sobre las que actualmente gira la presente controversia han sido ejecutadas o si, por el tiempo transcurrido en la inacción estatal para ejecutarlas, ellas han prescripto debe constituir el objeto de la presente decisión, y no así una razón para determinar la improcedencia de dicho análisis.

SEGUNDA CUESTION Ingresando al análisis del fondo de la cuestión planteada, es menester deslindar los agravios específicamente vinculados con los motivos brindados por la Juez de Grado para explicar el porqué de lo decidido, de aquellos otros que constituyen una mera reiteración de cuestiones ya planteadas con anterioridad y oportunamente resueltas.

Con relación a esta última especie de agravios, el Tribunal se limitará a señalar en qué momento fueron tratados y resueltos, máxime cuando el presentante no se hizo cargo, mediante crítica oportuna y formalmente procedente, de brindar razones para conmover lo decidido.

Así las cosas, el agravio consistente en afirmar que el apoyo en resoluciones de Tribunales superiores es demostrativo de la falta de independencia de la Juzgadora, torna a la resolución en aparentemente fundada y llega a vulnerar el principio de doble conformidad judicial, ya fue tratado en el marco del Incidente de prescripción de la pena en autos MARTÍNEZ, Alfredo Luís, Masero Néstor Lucio y otros s/ ley 255 (Junín 1787) Apelación, N°1394-08-CC/2003, resuelto el 26/06/2006, por lo que a dicha decisión corresponde remitirse.

Asimismo, en la resolución aludida, este Tribunal también se expidió acerca del agravio vinculado con la solicitud de suspensión del trámite de revisión instado por el recurrente, por lo que nada cabe agregar en esta oportunidad, máxime cuando lo propio hizo el Tribunal Superior de Justicia in re Incidente de prescripción en autos Martínez, Alfredo Luís s/ ley 255 apelación recurso de inconstitucionalidad concedido, Expte. n° 4185/05 del 19/12/2005, ocasión en que la Dra. Ana María Conde manifestó no logro comprender la relación de subsidiariedad que denuncia el recurrente en sus diversas presentaciones y que, en apariencia, existiría entre su planteo de prescripción (principal) y su recurso de revisión (subsidiario), pues aquel tipo de relación se opone a sus propios actos en tanto: primero, intentó la revisión de la sentencia firme por aplicación de una ley que supuso más benigna para este caso (considerándola a tales efectos, firme) y, varios meses después, probó con este (otro) planteo acerca de la extinción de la acción y de la pena. No puede sostener seriamente que ésta sea su petición primordial si esa condición, no se reflejó en la oportunidad procesal en la que fue opuesta ante los jueces de mérito pues no era posible que la alzada resolviera, teniendo en cuenta planteos hipotéticos o futuros. Adviértase además, que este agra vio específico no gira en torno a la prescripción de la pena, sino que, leído con atención, se concluye que pretende reeditar la cuestión atinente a la prescripción de la acción que, como se aprecia de la lectura de la resolución citada en último término, recibió acabado tratamiento.

Lo mismo ocurre con el agravio que afirma que la pena de comiso en realidad pesa sobre la firma Amercian Data SA, que no habría tenido posibilidad de defenderse; dicha cuestión fue acabadamente debatida en estos actuados durante el proceso de conocimiento, correspondiendo estar a lo específicamente resuelto sobre el particular en ocasión de controlar la decisión de mérito, el 19/04/2004 (cuya copia certificada se aprecia a fs. 32/53), así como a lo también señalado por el máximo Tribunal local al respecto (leer Martínez, Alfredo Luís y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Martínez, Alfredo Luís y otros s/ ley 255 apelación, Expte. 3164/04 de septiembre de 2004 agregada, en copias, a fs. 75/83).

A raíz de esta práctica argumentativa, que realizan los recurrentes, de reiterar agravios ya resueltos pretendiendo reeditar cuestiones ya selladas, es dable destacar lo afirmado por el Sr. Juez Julio BJ Maier en cuanto a que los letrados parecieran que un litigio es un debate perenne y no termina nunca (in re Martínez, Alfredo Luís y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Martínez, Alfredo Luís; Masero, Néstor Lucio y otros s/ ley 255 -Junín 1787-'", Expte. n° 4087/05 del 19/12/2005, considerando 5°), aseveración que sigue vigente a la luz de los agravios contenidos en la vía interpuesta.

Ahora bien, ingresando en lo específicamente atinente al rechazo del planteo de prescripción de la pena de comiso, es menester señalar que el agravio propuesto -básicamente, ausencia de norma que soporte el decisorio- en modo alguno resulta suficiente para conmover la decisión en crisis, desde el momento que la opinión jurisprudencial en que se sustenta (voto de la Dra. Ana María Conde, obiter, in re Martínez, Alfredo Luís y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Martínez, Alfredo Luís; Masero, Néstor Lucio y otros s/ ley 255 -Junín 1787-'", Expte. n° 4087/05 del 19/12/2005, ver fs. 556/63) se halla suficientemente motivada en derecho positivo, con un criterio que este Tribunal comparte.

Asimismo, dicho criterio se desprende de la interpretación literal de las normas que gobiernan la cuestión, toda vez que de su lectura se advierte que la condena importa la pérdida de los bienes utilizados para cometer la contravención o comprende el comiso de las cosas que han servido para cometer el hecho (arts. 26, ley 10; 7 ley 255; 35 ley 1472 o art. 23 CP); de allí que la adquisición de firmeza de aquella importa como consecuencia inevitable su ejecución.

En términos teóricos, se podría distinguir si los bienes sobre los cuales se dispuso el comiso en la sentencia de condena se encontraban en posesión del condenado o cautelarmente secuestrados, tan sólo en el primero de los casos sería posible imaginar, al menos a modo de hipótesis, que el comiso operaría en un momento distinto al de la firmeza de la condena (cuando se quitan de la esfera de custodia del condenado). Sin embargo, esta hipótesis resulta ajena al caso de autos.

Corresponde advertir además que el disconforme recurrente no señala cuál es, al menos a su criterio, el momento o modo en qué a su juicio la pena de comiso se haría efectiva.

Con relación a las penas de interdicción, el letrado se limita a afirmar que son aplicables los mismos agravios recursivos que dejé desarrollados en los párrafos precedentes (fs. 925) y reedita la cuestión de la prescripción de la acción. De ello se desprende que nada cabe agregar a lo ya expuesto, pues el primer agravio ya fue respondido precedentemente y el segundo ya fue tratado y resuelto por las distintas instancias incluyendo al Tribunal Superior de Justicia. El otro agravio referido, presentado cuando las actuaciones se encontraban a su disposición (fs. 966), resulta extemporáneo desde el momento en que no fue oportunamente propuesto en la apelación fundada; es decir, dentro del plazo de cinco días de notificada, aparece entonces como el producto de una reflexión tardía.

Por lo expuesto y en mérito del acuerdo que antecede, a las normas legales y antecedentes jurisprudenciales citados, el Tribunal, RESUELVE:

CONFIRMAR, la resolución obrante a fs. 911/12, en cuanto fue materia de recurso y rechazó los planteos de prescripción de las penas de comiso e interdicción.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente a las partes y remítase al Juzgado de origen.

Ante mí: