Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-08


--- En la ciudad de Trelew, a los días de noviembre del año dos mil doce, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Marcelo J. López Mesa y la presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S., S. D. c/ C. S.A. y/o quien resulte responsable y/o propietario s/ Demanda Laboral" (Expte. 225 - Año 2012 CAT), venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 323.------------------------	A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó:	I.- La sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda de indemnizaciones derivadas del despido, ha sido apelada por la empleadora, quien fundó su recurso a fs. 301/306.-	En dicha pieza la recurrente expuso, en síntesis, los siguientes agravios:	A) Con las respuestas evasivas del actor a las posiciones 3era. y 4ta. que le fueran puestas, así como mediante la declaración de la testigo L., quedó en autos acreditado que aquél visitó la sede de la empresa en dos o tres oportunidades durante el mes de diciembre de 2006, ocasiones estas en las que fue concretamente interrogado acerca de su situación con la A.R.T. que cubría su accidente laboral sin que él informara el haber sido dado ya de alta y hallarse habilitado para retomar sus tareas.-	B) Luego de ese ocultamiento, el 28/12/06 el trabajador remitió un telegrama intimando a la empresa la dación de tareas, comunicación que la empleadora respondió intimándolo a su vez a que justificara fehacientemente su situación con la A.R.T. Sin embargo, esta última pieza postal no fue recibida por el destinatario por hallarse él ausente de su domicilio y no concurrir tampoco a la oficina de correos a retirarla no obstante los avisos que le fueran dejados, determinándose después que se hallaba fuera de la zona. De ello se sigue que no tenía el actor intención de reincorporarse al empleo, pues si la empresa lo hubiera citado para que lo hiciera de inmediato él habría estado ausente.-	C) A la empresa no le era dado readmitir al operario si no quedaba demostrada la existencia de alta médica, imprescindible para ello luego de un accidente de trabajo pues de esa certificación podría surgir la necesidad de asignarle tareas distintas a las originales.-	D) En suma, el trabajador ocultó hallarse rehabilitado desde el 6/11/06 en que recibió el alta y la empleadora tomó conocimiento de ello sólo el 26/1/07 por comunicación de la A.R.T. A tal respecto señaló la apelante que, contra lo aseverado por el "a quo", la Comisión Médica N° 19 no omitió notificar a la empleadora, toda vez que al no ser ella no asegurada o autoasegurada no era tampoco parte interesada en el trámite originado por el accidente laboral.	-	E) Habiéndose hallado el obrero bajo el régimen de la ley de riesgos del trabajo y no siendo la empleadora parte en el proceso legal y médico a que el accidente da lugar, no era ella quien debía ejercer el control médico, que quedó a cargo de la A.R.T.-	F) La empresa no fue negligente en inquirir el estado de salud del trabajador cerca de su aseguradora. Ella ignoró el alta médica y recibida la intimación a asignar tareas, requirió al operario la prueba fehaciente de ese alta, aguardando luego el vencimiento del plazo de tal intimación para después, ante el fracaso de dicho requerimiento, poner en marcha las gestiones con la A.R.T., quien respondió dando cuenta del alta médica habida en noviembre de 2006 sólo el 26/1/07. Supo así que el trabajador había ocultado información sobre su recuperada aptitud para el trabajo y en razón de ello lo despidió por pérdida de confianza dos días después, el 28/1/07.-	G) A todo evento, la recurrente impugnó asimismo la imposición de la "multa" del art. 2 de la Ley 25.323, porque mediaron causas que justificaron su conducta.-	H) También en subsidio, la apelante cuestionó la imposición a ella de la totalidad de las costas causídicas, señalando que existieron reclamos salariales desestimados.-	II.- El traslado de la reseñada expresión de agravios fue evacuado por el actor a fs. 319/320 vta.-	Expuso allí el demandante, en compendio, que no puede hacerse pesar sobre el trabajador los efectos de la deficiente comunicación entre la empleadora y la A.R.T. que aquélla contratara. Añadió que la empresa no readmitió al obrero sólo por no tener constancia del alta médica, en vez de requerir ella información al respecto o hacer uso de la facultad de control que el art. 210 L.C.T. le reconoce.-	Tocante a la multa del art. 2 de la Ley 25.323, expuso que reunidos estuvieron todo los requisitos para aplicarla.	-	III.- Quedó en el proceso debidamente acreditado que el actor, tras sufrir un accidente de trabajo e interrumpir por ello su trabajo a lo largo de más de un año, recibió el alta definitiva por la Comisión Médica N° 19 el día 6/11/06 (fs. 226/228), siendo notificado formalmente de ello el 10/11/06 (fs. 230).-	Sin embargo, durante cuarenta y ocho días el trabajador guardó silencio, no comunicándole su nueva situación a la empleadora pese haber tenido al menos dos oportunidades para ello, circunstancia esta también probada en autos. En efecto, las respuestas evasivas del actor a las posiciones 3era. y 4ta. que le fueran puestas a fs. 258 autorizan a tenerlo por confeso acerca de que durante el mes de diciembre de 2006 concurrió por dos veces a la empresa, pues no es creíble ni verosímil que no recordara esos hechos personales suyos producidos en los prolegómenos del conflicto que concluyera con su despido (art. 27 de la Ley XIV n° 1).-	Por lo demás, tal "ficta conffessio" ha sido avalada por la declaración testimonial de M. A. L., quien como encargada de recursos humanos de la empleadora fue quien lo entrevistó al demandante en esas visitas y que le preguntó concretamente cuál era su situación en relación con la A.R.T., sin recibir de él informe alguno sobre el alta otorgada (fs. 264/vta., resps. a las pregs. 1era., 5ta., 6ta., 7ma., 10ma. y 12da.). Esta testifical resulta plenamente convincente aun cuando haya sido prestada por una dependiente de la empleadora. Aunque ese vínculo deje a la deponente comprendida en las generales de la ley, ello no basta para desechar sus declaraciones, sino que únicamente lleva a una valoración más rigurosa, de manera que si los dichos lucen claros y coherentes no corresponde excluirlos del cuadro de la prueba (arts. 390, 445 C.P.C.C., su doc.; esta alzada, c. 22.472 S.D.L. 83/07, c. 771/09 S.D.L. 6/10, c. 169/11 S.D.L. 23/11, c. 42/12 S.D.L. 8/12, c. 75/12 S.D.L. 13/12, entre otras y sus citas). Como esta declarante se expidió sobre los hechos acerca de los cuales versó el interrogatorio de modo claro, preciso y coherente, sin autocontradicciones y concordando incluso con la confesión ficta del actor, nada la hace sospechosa de mendacidad, la que por otra parte no se presume, en tanto, cual ha subrayado la doctrina, el testimonio se funda en la doble presunción de la conformidad del conocimiento del testigo con la realidad y de su fundamento moral; es decir, que el testigo no se ha engañado y que no trata de engañar al juez (confr.: Alsina, "Tratado...", 2da. ed., EDIAR, Bs. As. 1958, III-530/531, nros. 1 "a" y 2 "b"; Framarino dei Malatesta, "Lógica de las pruebas...", Ed. Temis, Bogotá 1964, II-53/63).-	Añádase a ello que el actor al absolver posiciones confesó, aquí expresamente, que en el mes de diciembre de 2006 se hallaba para retomar tareas en la empresa (fs. 258, resp. a la pos. 7ma.), lo que nos releva de analizar otras pruebas sobre esta específica cuestión. Es que la confesión expresa constituye plena prueba según el art. 427 parte 1era. C.P.C.C., prueba tasada que escapa a la regla general de apreciación del art. 390 íd., que no precisa de elementos coadyuvantes ni es susceptible de ser destruida por probanzas en contrario (confr.:Morello y otros, "Códigos Procesales...", 2da. ed., V-B-104, "a"; Alsina, opus cit., III-308 "b" y 369 "a"; S.C.B.A., Ac. y Sent. 1974-III-644; C.N. Civ., Sala "F", L.L. 1983-B-346; Cám. Apel. Civ. y Com. San Martín, Sala II, E.D. 114-672; Cám. Apel. C. y C. Morón, Sala I, E.D. 116-614, sum. 2; esta sala, c. 22.670 S.D.L. 25/08, c. 270/09 S.D.L. 41/09, c. 657/9 S.D.L. 86/09, c. 321/10 S.D.C. 24/10, c. 42/12 S.D.L. 8/12).	-	En suma, apto para prestar servicios el trabajador y dado formalmente de alta lo ocultó a la empleadora a lo largo de cuarenta y ocho días, pese a ser interrogado por la encarga de recursos humanos de la empresa. Sólo el 28/12/06 cambió el actor su actitud intimando por telegrama a la patronal su reincorporación (fs. 81 y 147), pero, en nuevo viraje de su conducta, no aguardó la respuesta, al punto que la carta de contestación de la empleadora no pudo serle entregada por hallar su domicilio cerrado y no concurrir a retirar el despacho de la oficina de Correo Argentino pese al aviso dejado (fs. 148/vta.). Es más, probado está con su confesión expresa y la testimonial rendida que el trabajador salió de la zona (fs. 258 vta., resp. a la pos. 10ma.; fs. 262 vta., resps. a las pregs. 7ma. y 8va.). Tal intempestiva ausencia, cuando lo lógico era espesar la respuesta de la empresa, da a entender la falta de intención del actor en reincorporarse a las labores, pues si la empleadora hubiere dado una contestación favorable al requerimiento él no habría podido hacer efectiva la retoma de tareas que intimara.-	A cuento viene apuntar asimismo aquí que si la empleadora hubiere decidido ejercer la facultad de control que el art. 210 L.C.T. le otorgaba -omisión que le reprocha el actor al evacuar el traslado de la expresión de agravios (fs. 319 vta., párr. 2°)-, tampoco habría recibido el trabajador, por la ausencia suya de su domicilio, ni la visita del galeno de la empresa ni la citación a concurrir a algún centro médico para su examen.	-	Las conductas descriptas no casan con el paradigma del buen trabajador. Cualquiera haya sido la deficiencia en las comunicaciones entre A.R.T. y empleadora, el operario que se sabía apto para el servicio, que ha recibido el alta, y lo ocultó a la empresa cuando fue concretamente preguntado acerca de ello, no procede de buena fe, cual los arts. 62 y 63 L.C.T. se lo imponían. Lo propio cabe predicar respecto del obrero que intimó su reincorporación; era esperable a tenor de la "bona fides" que estuviera atento a la respuesta y si no tuvo conocimiento temporáneo de la réplica fue por su falta de colaboración en ir a recibirla en la oficina postal estando avisado de su existencia allí; es más, él se alejó de inmediato de la zona desentendiéndose de la respuesta (este tribunal, c. 474/09 S.D.L. 68/09). El fin del art. 63 L.C.T. al incluir el principio de la buena fe y exigir a las partes conductas sociales tipo consistió en flexibilizar la aplicación de las diferentes instituciones reguladas por la ley para lograr con plenitud el cumplimiento de las finalidades para las que han sido previstas (confr.: López - Centeno - Fernández Madrid, "Ley de contrato de trabajo comentada", Ed. Contabilidad Moderna 1978, I-357; C.N. Trab., Sala VII, T. y S.S. 1988-57). Es que la buena fe no es norma aislada, sino principio supremo de las relaciones obligacionales, de forma que todas han de medirse por él (este tribunal, c. 262/11 S.D.C. 26/11).-	Aun sin considerar los antecedentes disciplinarios desfavorable del trabajador, pues no invocados en la comunicación de extinción del vínculo (fs. 86/87 y 152/153) la invariabilidad de la causa del despido veda hacerlo (art. 243 L.C.T.), los mentados hechos bastan para justificar la pérdida de confianza sustento de la resolución del contrato laboral. Por cierto que la pérdida de confianza, como factor subjetivo que justifica la ruptura de la relación, debe necesariamente derivar de un hecho objetivo por sí mismo injuriante. Pero si las expectativas del empleador, creadas con el devenir del vínculo, acerca de una conducta del trabajador leal se ven frustradas a raíz de un suceso que lleva a la razonable convicción de que el dependiente ya no es confiable, pues cabría esperar la reiteración de actitudes similares, queda configurada una justificada causal de despido (art. 242 L.C.T.; confr.: C.N. Trab., sala VIII, D.T. 1997-A-97 y 317; esta Sala, c. 22.192 S.D.L. 54/07).-	E injuriante y grave fue, a mi entender, el hecho que el actor, interrogado a sobre su situación con la A.R.T., disimulara durante cuarenta y ocho días haber sido dado de alta y encontrarse en aptitud para laborar, para luego con su extrañamiento de la zona frustrar el efecto posible del requerimiento que él mismo había realizado.-	IV.- Tales las razones por la que propongo al acuerdo la revocación de la sentencia apelada, a fin de desestimar "in totum" la demanda entablada por S. D. S. contra C. S. A., imponiendo al actor las costas de ambas instancias (arts. 282 C.P.C.C. y 57 de la Ley XIV n° 1).-	Han de adecuarse a la presente los honorarios regulados en la instancias precedente, fijando los de los Dres. A. M. S. e I. O. B. en las sumas respectivas equivalentes al 20,25 % y al 14,85 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse (arts. 5, 6, 8, 18, 46 de la Ley XIII n° 4), en la que a la suma reclamada habrán de añadirse los intereses que ella habría devengado hasta la actualidad calculados según la tasa utilizada por el Banco del Chubut S.A. en sus operaciones comunes de descuento, criterio este aplicable en los supuestos de desestimación de la demanda (esta sala, c. 18.739 S.D.C. 45/03 y muchas otras posteriores).	-	Por sus tareas de alzada corresponderá en mi concepto, atendiendo a las ya indicadas pautas apreciativas y a la consagrada en el art. 13 de la ley del arancel, regular los honorarios de los Dres. A. M. S. e I. O. B. en las sumas equivalentes al 7,10 %, y al 3,75 % del aludido monto del proceso.	-	Consecuentemente, me expido en esta cuestión primera por la NEGATIVA.	- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: --------------------------	--- Que las cuestiones fácticas han sido suficientemente referidas por el colega de primer voto, motivo por el cual no abundaré en ellas, dando por reproducidos aquí los desarrollos efectuados al respecto por el Dr. Velázquez. Me concretaré, para el sustento individual de mi voto, a analizar los aspectos relevantes traídos a revisión de esta Sala.- --- Ha quedado acreditado en autos que el accionante, luego de padecer un accidente de trabajo y discontinuar por ello su desempeño laboral por más de un año, fue dado de alta definitiva por la Comisión Médica N° 19, el día 6/11/2006 (cfr. fs. 226/228), siendo notificado formalmente de ello ell 10/11/06 (cfr. fs. 230).-- --- Llamativamente, luego de ser notificado del alta, el actor no hizo nada durante cuarenta y ocho días, limitándose a permanecer en silencio, sin comnuicar al empleador la nueva situación de revista; ello, pese a contar con dos ocasiones -al menos- para efectuar tal comunicación, lo que se encuentra acreditado en autos.--------------------------- --- Es más, el actor - en su rol de absolvente- dio respuestas evasivas a las posiciones tercera y cuarta del pliego de fs. 258, presentado in voce, las que versaban sobre la concurrencia del actor al establecimiento para el que laboraba durante del mes de Diciembre de 2006, en dos oportunidades al menos.------ --- La respuesta evasiva del absolvente permite, a tenor de lo dispuesto por el art. 421 CPCC, tenerlo por confeso sobre que durante el mes de diciembre de 2006 concurrió. por dos veces a la empresa, sin comunicar que había sido dado de alta por la Comisión Médica.------------------------- --- Es dable recordar que los alcances de la confesión ficta han sido tratados extensamente por un voto mío que confluyera con un lucido voto del Dr. Ferrari y que sentara la doctrina legal en esta materia (cfr. sentencia de esta Sala del 11/11/08, in re "F., A. S. y Otros c/ F., A. A. s/ Demanda por Indignidad Hereditaria" (Expte. 22913 - Año 2008), según mi voto, donde dije que "La incomparecencia de la demandada absolvente debió tener por lógica y legal consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el art. 417 CPCyC, hoy art. 421 CPCC, según Digesto.--------------- --- Para hacer a un lado los efectos de esta confesión ficta, debían existir en autos elementos de juicio que probaran hechos contrarios a las presunciones que de ella surgían, desvirtuándolas. No he encontrado una sola prueba en autos que tenga ese notable efecto, sino todo lo contrario. -------------------------- --- Respecto de los efectos de la confesión ficta, sostuve en un voto de mi autoría que "Coincido con la prestigiosa SCBA sobre que "la confesión ficta debe apreciarse en su correlación con el resto de las pruebas atendiendo a las circunstancias de la causa, pues de lo contrario se haría prevalecer la ficción sobre la realidad y la decisión podría alejarse de la verdad material" (SCBA, 14/6/96, "Ugarte y Compañía S.A. c/ Valente S.R.L. s/ Cobro ordinario de pesos", DJBA 151- 177; ídem, 2/3/99, "Pérez Rojas, Roberto c/ Yoldi, Víctor Alberto y otro s/ Daños y perjuicios", AyS 1999-I- 373; ídem, 18/9/02, "Varano, Marcelo Eduardo c/ Alfaro, Jorge Daniel y Comp. de Transp. 506 s/ Daños y perjuicios" e ídem, 24/3/04, "Ferro, Ada María c/ Patrone, Reynaldo y otro s/ Daños y perjuicios", ambos en Juba sum. B23744) Pero el problema es que la accionada no ha demostrado que lo alegado por la actora en autos sea ficción ni ha asentado en firme la verdad de sus propias alegaciones. Y, además, los extremos de hecho amparados por la confesión ficta se hallan confirmados o robustecidos por la existencia de otras pruebas precisas y concordantes (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 8/9/08 dictada in re "S., J. G. c/ S. I. A. S.R.L. s/ COBRO DE PESOS - LABORAL" (Expte. Nro. 22896/08, sentencia registrada bajo el Nº 56 de 2.008 - SDL).--------------------- --- Agregué en la causa citada que bien ha dicho el maestro PALACIO que "la jurisprudencia se presenta dividida en cuanto a los efectos que corresponde acordar a la confesión ficta cuando los hechos sobre los cuales versa el pliego de posiciones han sido expresamente negados en el escrito de contestación a la demanda, pues mientras algunos fallos exigen, en esa hipótesis, la existencia de prueba corroborante., otros consideran que aquella negación no altera la eficacia de la referida modalidad de la confesión. En apoyo de este último criterio -al que cabe adherir- basta fundarse en el raciocinio de que un mero acto de alegación, cual es la negativa de los hechos en el responde, carece razonablemente de entidad para neutralizar la eficacia de un medio de prueba al cual rehúsa someterse el autor de aquél, y de cuya actitud dependería, en el caso de aceptarse la solución contraria, gravar a la otra parte con una carga adicional que la ley no le impone" (PALACIO, Lino E., "Derecho procesal civil", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, Tomo IV, Nº 461). Sin duda se trata de la posición correcta. La mera negativa de los hechos no puede prevalecer sobre los efectos de una confesión, ni expresa ni ficta; la opinión contraria no pasa de un mero voluntarismo, carente de razones de peso que lo sustente. Por otra parte, tal opinión implica confundir etapas procesales. Un hecho realizado en la faz postulatoria del proceso -negativa de los hechos en el responde de demanda- prevalecería sobre un hecho realizado - u omitido, en rigor- en plena etapa probatoria. No me parece razonable. No lo es (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 8/9/08 dictada in re "S., J. G. c/ S. I. A. S.R.L. s/ COBRO DE PESOS - LABORAL" (Expte. Nro. 22896/08, sentencia registrada bajo el Nº 56 de 2.008 - SDL.); en igual sentido, vid mi voto in re "A. C. P. c/ P. V. S.A. s/ Cobro de pesos - Laboral" (Expte. 598 - Año 2009 CANE).---------------------------------- --- En esta línea ha resuelto la Excma. CNCom. que lo confesado en la absolución de posiciones predomina sobre las afirmaciones y negaciones efectuadas en el escrito inicial. Así, cuando existe contradicción entre aquélla y el escrito de demanda, debe otorgarse mayor valor probatorio a la confesión ficta (C. Nac. Com., sala C, 3/7/95, "Hotel Presidente S.A. v. Sanelco S.A.", JA 1998-I, síntesis).------------------------------------- --- A tenor de estos antecedentes jurisprudenciales resulta claro que a criterio de esta Sala no cabe crear una ficción a partir de la confesión ficta, lo cual es lógico, si las presunciones que emanan de ella son contradichas por prueba efectiva y concordante que las desvirtúe. Pero también surge manifiesto de tales antecedentes que un juez no puede apartarse, sin especificar perfectamente por qué y con total alegría, de la aplicación de una norma clarísima como el art. 421 CPCyC.-------------------------------------- --- Como mínimo, la confesión ficta crea una situación desfavorable al absolvente que puede ser destruida por los demás elementos obrantes en el expediente, pues el valor de la ficción no puede ser mayor que el de la realidad y nada obsta a que el perjudicado por ella la destruya mediante la producción de prueba en contrario (CNCiv., sala A, 27/12/96, "Abadi, Raúl v. Aquino, César B.", JA 1998-I, síntesis).------------------------------- --- Pero, aún más, somos de la opinión que la confesión ficta produce los mismos efectos que la confesión expresa en cuanto hace a la admisión de los hechos contenidos en la posición de que se trate, pero, a diferencia de aquélla, es susceptible de desvirtuarse por prueba en contrario. De tal modo que, constituyendo una presunción iuris tantum en contra del absolvente, si el resto de la prueba no le resulta categóricamente favorable, la duda debe resolverse en su contra (C. Nac. Civ., sala E, 16/05/1992, Pereira, Fabio y otro v. Morales, Juan F., JA 1994-III, síntesis).----------------- --- Esta situación se da con mayor razón en autos, dado que aquí se aplica una norma, donde la prueba restante confirma lo que surge de esta confesión ficta, en vez de desbaratarla o restarle valor convictivo. ----------------------- --- Por otra parte, el accionante reconoció expresamente al absolver posiciones que en el mes de diciembre de 2006 se encontraba en condiciones de retomar tareas en la empresa (cfr. fs. 258, respuesta a la séptima posición).--- --- Si el actor reconoce que se hallaba en condiciones de retomar tareas al mes de Diciembre de 2006 y no prueba que comunicó tal situación a la empresa, existe de su parte una conducta reticente, que lo coloca en grave contradicción con la regla general de la buena fe, que en derecho del trabajo adquiere aún mayor importancia que en cualquier otro ámbito, dado lo dispuesto por el art. 63 LCT.--------------------------------------- --- No cabe dudar de la capacidad del actor para retomar tareas al mes de Diciembre de 2006, dado que ello ha sido confesado expresamente por él y que la confesión judicial expresa constituye plena prueba (probatio probatissima), con las solas excepciones taxativamente enunciadas en el art. 421 CPr., y tiene valor de prueba tasada, escapando a la regla general del art. 384 para la apreciación de las pruebas (C. Civ. y Com. San Isidro, sala 2ª, 26/05/1994, Goncebat v. Hairabedian,JA 1998-I, síntesis).------ --- Ello desnivela la prueba existente en autos en perjuicio del actor. En efecto, se halla probado debidamente que estando él apto para retomar servicios, luego de ser dado de alta, no exteriorizó tal dato a su principal, guardando silencio durante cuarenta y ocho días al respecto; y ello, a pesar de ser preguntado por la encargada de recursos humanos de la empresa sobre su situación.------------------ --- Recién el 28/12/06 el actor exterioriza su disposición a retomar tareas, mutando abruptamente de actitud y pasando, sin solución de continuidad de la inercia y el silencio a intimar por telegrama a la empleadora su reincorporación (cfr. fs. 81 y 147). Ya ello sería sorprendente, pero más llamativa aún es su conducta posterior, dado que no esperó la respuesta a su intimación, lo que es manifiesto como que tal contestación de la empleadora no pudo ser notificada por hallarse cerrado el domicilio especial y no concurrir el actor a retirar el despacho del que se le dejara aviso en él a la oficina de correos (cfr. fs. 148/vta.).-- --- Y más llamativamente aún es la conducta del actor que inmediatamente luego de intimar a la empleadora a que le brinde tares, sin aguardar respuesta, se ausentó de la zona, viajando lejos de ella (cfr. fs. 258 vta. y fs. 262 vta.).---------------------------------------- --- Toda la conducta del actor que terminara en el despido fue cambiante, reticente primero, luego hiperactiva, pero nunca constante, ni coherente.--------------------------------- --- La contramarcha, el proceder sesgado, la reticencia, no colorean una conducta proba, ni permiten tener por cumplido el deber de actuar de buena fe que pesa sobre los sujetos de un contrato de trabajo.--------------------------- --- El hecho de que el actor intimara e inmediatamente se ausente de su domicilio implica vaciar de sustancia a su intimación, dado que no estaba el intimador en condiciones de cumplir el hecho a cuya materialización intimara, lo que implica que su proceder no es correcto, probo, sino reprochable.---------- --- Y ello no se ve afectado por el hecho de que la patronal no ejercitare su derecho de control que le otorga el art. 210 L.C.T. lo que constituye un derecho y no una obligación y, como tal, no puede ir en contra suya.----------------------- --- He tenido ocasión de pronunciarme sobre los alcances del principio de comportamiento laboral de buena fe en el seno de la LCT en un voto mío, el que creo es menester referir aquí.-- --- En mi voto de la causa "M. F. c/ E. B. H. S.R.L. y otros s/ Dif. de ha. e indem. de ley cobro de pesos - laboral" (Expte. N° 22.753 - Año 2008), en sentencia de esta Sala del 3 de Julio de 2008, recordé que el maestro Carlos DE LA VEGA BENAYAS ha expresado que "el Código civil es claro al decir que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Formula aquí, en forma de mandato, un postulado de ética social, un deber de comportamiento conforme a la moral social imperante, vigente. Un postulado de moral general que, al interferir en las relaciones jurídicas, adopta la formulación de un principio general de Derecho, el de la buena fe, aplicado según las reglas de la tópica, es decir, conforme a las exigencias del caso o problema y a la concurrencia en él de circunstancias morales o de la ética imperante: honradez, rectitud, diligencia, ausencia de dolo o mala fe, cooperación, consideración del prójimo, como "topoi" reguladores o informadores" (DE LA VEGA BENAYAS, Carlos, "Teoría, aplicación y eficacia en las normas del Código Civil", Edit. Cívitas, Madrid, 1976, p. 249).------------------------------------ --- La buena fe es una regla de conducta "que exige a las personas de derecho una lealtad y una honestidad que excluya toda intención maliciosa. Es una norma de comportamiento que debería ser apreciada in abstracto; es una buena fe-lealtad que el derecho positivo impone en las relaciones contractuales y extracontractuales" (IVON LOUSSOUARN, M., La buena fe, en "Tratado de la buena fe en el derecho", Lidia Garrido Cordobera (coord.), Edit. La Ley, Buenos Aires, 2004, T. II, p. 9).----------------------- La buena fe implica, entonces, una serie de obligaciones, que se tornan exigibles, según las circunstancias y naturaleza de la actuación del sujeto; el principio general de la buena fe siempre exige una actuación honesta, bienintencionada, pero esta obligación se desdobla en la obligación de información a la contraparte sobre aspectos esenciales del negocio a celebrar, la obligación de no actuar en forma reticente, es decir, silenciando aspectos centrales que afectan el consentimiento prestado, en la obligación de no contravenir con hechos las declaraciones o actuaciones anteriores, la obligación de no defraudar una confianza o apariencia generada, etc.---------------------------- El principio general de la buena fe no constituye un puro elemento de un supuesto de hecho normativo, sino que engendra una norma jurídica completa, que además, se eleva a la categoría de un principio general de derecho; todas las personas, todos los miembros de una comunidad jurídica deben comportarse de buena fe en sus recíprocas relaciones, lealmente, no sólo en la fase previa, sino también en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas ya constituidas entre ellos (Cfr. voto del doctor Noceti, ST Jujuy, Sala I, 9/3/84, "Vall de Alonso, Ester c/ Círculo de Personal Subalterno de la Policía de Jujuy y otra", ED 109-165; CNCom., Sala B, 5/2/99, "Zunghiri, H. J. c. Sánchez, Carlos y otros", LL 1999­D, 193 y DJ 1999­2­127).---------------- En nuestro sistema legal, el principio general de la buena fe posee un alcance absoluto e irradia su influencia en todas las esferas, en todas las situaciones, en todas las relaciones jurídicas. Ello, al punto de que nadie puede hacer valer derechos que contravengan dicho principio.------------------------------------- --- Es que, el art. 1198, inc. 1º del Cód. Civil legisla la buena fe con contenido general, constituyendo una norma-eje de todo el sistema (Cám. 1ª CC La Plata, Sala II, 28/2/91, "Parras, Oscar A. c/ Viviendas Los Angeles", LL1991-E-452).--------------------- --- Y en el caso de autos, además dicha manda se encuentra reforzada por una norma específica; la LCT en su art. 63 establece que "Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o relación de trabajo".----------- La frase empleada en la norma es plenamente aplicable en este caso respecto de la obligación del actor de ajustar la conducta a lo que es propio de un buen trabajador al extinguir el contrato o relación de trabajo; la fórmula legal es clara, en el sentido de que en el caso de autos, se exigía del actor un proceder irreprochable en el desarrollo y finalización del vínculo laboral, si pretendía percibir una indemnización por despido.------ --- El análisis de su conducta, con sus idas y venidas, sus dilaciones, sus cambios de opinión y de conducta, su reticencia gravemente culposa o incluso dolosa durante 48 días sobre haber sido dado de alta, no permite justamente asignar al actor un comportamiento ya no irreprochable, sino siquiera aceptable.------------------------------------ --- El actor en su actuación en los hechos motivo de autos ha contravenido el principio general de la buena fe y una derivación suya, la doctrina de los actos propios. ---------------- Con diferentes fórmulas, en infinidad de pronunciamientos sobre la doctrina de los actos propios se ha dejado constancia de la relación directa e inescindible o de su correspondencia con la buena fe (así lo han resuelto, entre otros tribunales: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, 22/3/2002, "D. S. R., M. A. y otro c/MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA s/ordinario (Contencioso Administrativo" (Expte. N° 18.176-D-2.001); ídem, 28/5/2001, "G., C. L. c/ Provincia del Chubut, Policía de la Provincia del Chubut y otros s/ Daños y Perjuicios (demanda contencioso-administrativa)" (Expte. N° 17.594-G-2000); CNCiv., Sala F, 3/3/98, "Chammah, León, suc.", LL 1998-D, 758 y DJ 1998-3-1182; ídem, Sala H, 28/5/97, "Olivera, Juan D. y otro c. Empresa Ferrocarriles Argentinos", LL 1997-D, 572 y DJ 1997-3-41; ídem, Sala J, 19/9/96, "N., R. O. y otros c. N., C.", LL 1998-B, 437 y DJ 1998-2-270; CNCom., Sala A, 8/10/97, "Ascensores Ibel S.R.L. c. Consorcio de Propietarios Santa Fe 4012/16", LL 1998-A, 424 y DJ 1998-2-125; ídem, 15/5/97, "Banco Felgin S. A. c. Aranovich, Manuel", LL 1998-C, 621 y DJ 1998-2-1218; ídem, 23/3/95, "Martínez Barrios de Toso, Diana c. Estrada Angel y Cía. S.A.", LL 1996-D, 157; ídem, Sala B, 18/6/97, "Fernández, Luis c. Pueblas, Daniel O. y otro", LL 1997-F, 327 y DJ 1998-1-511; ídem, 30/5/97, "Industrias de Maíz S.A. c. Holande S.A. y otro", LL 1997-D, 586; CNTrab., Sala II, 31/8/93, "Díaz, Ricardo A. c. Transporte Sur-Nor C. I. S. A.", DT 1994-A, 40; ídem, Sala VIII, 25/11/94, "Fernández Chesta, Blanca A. c. Instituto Nac. de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados", DJ 1995-2-611 y DT 1995-A, 1040; ídem, 18/9/96, "González, Juan C. c. Stupia, Fabio L.", LL 1997-A, 538; Cám. 1ª Apel. CC Mar del Plata, Sala 2ª, 26/3/91, "Créditos Luro S.A. c/ Bianchi, Oscar Ernesto y otra", Juba sum. B1400193; SCBA, 24/4/90, "Monte Paco, S. A. c. Buenos Aires Building Society, S. A.", DJBA 139-4079, etc, etc,).---- La doctrina de los actos propios, derivación directa y necesaria de la buena fe en su aplicación a este caso, convence de que el actor ha realizado una actuación voluble, caprichosa, injustificable y, al cabo, incompatible con las obligaciones que el principio general de la buena fe (art. 1198 C.C.) y el art. 63 LCT le hacían exigibles.------------------ --- Se ha definido a esta idea expresando que "La doctrina de los actos propios es un principio general del derecho, fundado en la buena fe, que impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto, evitando así la agresión a un interés ajeno y el daño consiguiente" (FUEYO LANERI, Fernando, "Instituciones de Derecho Civil Moderno", Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1990, p. 310).------------------------------- --- La inadmisibilidad de ir contra los propios actos constituye técnicamente un límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad derivada del principio de buena fe y particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico un comportamiento coherente (CNFed. Contadm., Sala V, 31/3/97, "Achtar, Estela -se acumula a Alvarez y otros c. Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos-", LL 1998-C-394; en similar sentido, Cám. Apel. Concordia, Sala CC III, 8/4/99, "Alvarez, Carlos A. y otro c. Osengar, Jaime", LL 2000-C, 929 (42.773-S) y LL Litoral, 2000-233; en similar sentido, Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Secc. 3ª, 16/9/92, ponente: Sra. Rigo Rosselló, La Llei (La Ley Catalunya), 1993-1, p. 659; LÓPEZ MESA, Marcelo - ROGEL VIDE, Carlos. "La doctrina de los actos propios", Edit. Reus, Madrid, 2005, pp. 101 y ss).--------- --- En galanas palabras de prestigiosos autores, "la doctrina del acto propio importa una limitación o restricción al ejercicio de una pretensión. Se trata de un impedimento de "hacer valer el derecho que en otro caso podría ejercitar". Lo obstativo se apoya en la ilicitud material -se infringe el principio de buena fe- de la conducta ulterior en contradicción con la que le precede. Y se trata de un supuesto de ilicitud material que reposa en el hecho de que la conducta incoherente contraría el ordenamiento jurídico, considerado éste inescindiblemente..." (MORELLO, Augusto M. - STIGLITZ, Rubén S., Inaplicabilidad de la doctrina del acto propio a la declaración viciada por falta de libertad y por violencia, en DJ 2004-II-1241).--------------------------- --- Esencialmente la llamada doctrina de los actos propios, que en realidad constituye una inadmisibilidad o veda de ir contra los propios actos, constituye técnicamente un límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad reconocida al sujeto que luego pretende variar de comportamiento (CNFed. Contadm., Sala V, Achtar, Estela -se acumula a Alvarez y otros c. Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos-", LL 1998-C-394; CNCom., Sala A, 23/4/97, "G. V. y otros c. Canteras Argentinas S.A.", LL 1997-D, 180 y DJ 1998-1-296; en similar sentido, Cám. Apel. Concordia, Sala CC III, 8/4/99, "Alvarez, Carlos A. y otro c. Osengar, Jaime", LL 2000-C, 929 (42.773-S) y LL Litoral, 2000-233).----------- --- La doctrina de los actos propios es, entonces, una limitación al ejercicio de un derecho, que reconoce como fundamento una razón de política jurídica: la protección de la confianza suscitada por el comportamiento antecedente, que luego se pretende desconocer (LÓPEZ MESA, Marcelo - ROGEL VIDE, Carlos. "La doctrina de los actos propios", Edit. Reus, Madrid, 2005, pp. 101 y ss.).---------- --- También se ha resuelto que la doctrina de los propios actos importa una barrera opuesta a la pretensión judicial, por la cual se impide el obrar incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone a los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas, pues no es posible permitir que se asuman pautas que suscitan expectativas y luego se autocontradigan al efectuar un reclamo judicial (CNCiv., Sala J, 30/4/96, "Repetto, José M. D. c. Club Náutico Hacoaj", LL 1997-E, 1024 (39.833-S) y DJ 1998-2-1160, SJ. 1549).---------------------------------------- --- El actor ha manifestado una cosa y hecho otra en un aspecto central, axial, de la relación laboral que diera origen a esta causa: 1º) al guardar silencio sobre su capacidad para retomar tareas durante 48 días luego de serle concedida el alta médica; 2º) al intimar a su empleador, sin estar en condiciones efectivas de cumplir -por irse de la zona-, que se le brinde ocupación, luego de un largo período en silencio.----------------- --- El paso del silencio y la inercia a la intimación inconducente, implica una gravosa contradicción que pone en crisis el principio general de la buena fe.--------------------------- --- Tales hechos marcan una severa contradicción que no ha podido explicar el actor, de modo que los efectos de tal contradicción de su actuar deben presidir la solución a darse a este caso.----------- --- Y si bien, la doctrina de los actos propios no es aplicable en todo el universo del derecho laboral, si lo es en aquellos aspectos de tal temática donde no se encuentre comprometido el orden público, como aquí ocurre. En similar sentido, se ha pronunciado la Excma. CNTrab. (cfr. fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VIII, 10/9/04, "Tonelli, Alfredo J. y otro c. Superintendencia de Riesgos del Trabajo", ED 211- 465; mi voto, en sentencia de esta Sala, in re "M. F. c/ E. B. H. S.R.L. y otros s/ Dif. de ha. e indem. de ley cobro de pesos - laboral" (Expte. N° 22.753 - Año 2008).------------------------ --- Y ¿por qué decimos que no se halla comprometido aquí el orden público? Simplemente porque la figura del despido es una materia en la cual el derecho del trabajo permite, frente a la desidia e incuria del trabajador, que éste sea despedido, ante la comprobación de una actuación suya irregular y maliciosa , al menos no cumplidora del deber de actuar de buena fe.----------------- --- ¿Dónde fincaría el orden público en una temática como la de autos? Ni siquiera ello ha sido alegado aquí y de serlo sería insustentable. El análisis de los hechos de la causa surge que no es ésta una materia de orden público y por tanto puede aplicarse aquí la doctrina de los actos propios.--------------------------- --- Bajo la luz de los actos propios, la pretensión del actor apelante deviene insostenible, improcedente, inacogible.- --- La injuria laboral al empleador fue grave e inexcusable, y se configura por una doble vía, que justifica un severo reproche a formular a la conducta del trabajador: la reticencia de su alta durante 48 días, que contraviene el deber de actuar de buena fe (art. 63 LCT) y la mudanza abrupta de su conducta, que afecta una derivación suya, la doctrina de los actos propios. Es suficiente para justificar un despido por pérdida de confianza. --------------------- --- Bien se ha decidido que si ha quedado evidenciada la inobservancia de deberes que competían al trabajador que derivó en la pérdida de confianza, se configura una injuria grave incompatible con la subsistencia del vínculo laboral (Sup. Corte Just. Mendoza, sala 2ª, 10/03/2008, Zacca, Juan Manuel v. Molinos Río de La Plata S.A., JA 2008-II-205).---------------------------- --- Es más, incluso prescindiendo de los antecedentes disciplinarios desfavorables del trabajador, solo la reticencia del dato del alta médica durante 48 días y el viaje luego de la intimación a dar ocupación son suficientes para dar basamento a la pérdida de confianza del empleador, que da paso al despido, al perderse un elemento axial del contrato laboral, como es la confianza con el proceder del trabajador.------------------------- --- Esos motivos justifican la revocación de la sentencia de grado, para dar paso al rechazo total de la demanda promovida en autos por el actor en contra de C. S. A..-------------------------------- --- Las costas de ambas instancias serán impuestas al actor (arts. 282 C.P .C.C. y 57 de la Ley XIV n° 1 ).------------ --- La forma como se resuelve en alzada esta causa provoca la necesidad de adecuar los honorarios regulados en la sede anterior, debiendo establecerse los emolumentos de grado de los Dres. A. M. S. e I. O. B. en las alícuotas respectivas del 20,25 % y del 14,85 % del monto del proceso que se determine en etapa de ejecución de sentencia; tales porcentajes se corresponden con la extensión, mérito, calidad y resultado de las respectivas tareas cumplidas en la alzada (arts. 5, 6, 8, 18, 46 de la Ley XIII Nro. 4). La suma resultante de calcular tales alícuotas se incrementará con los intereses que ellas devengaron hasta la fecha del efectivo pago, según la tasa activa del Banco del Chubut S.A..------------- --- En cuanto a las labores de alzada, las mismas habrán de ser recompensadas, con los siguientes estipendios: para el Dr. A. M. S., el 7,10% del monto del litigio y para el Dr. I. 0. B., el 3,75 % del monto del proceso que se determine en etapa de ejecución de sentencia; estos porcentajes se justifican en atención a la extensión, mérito, calidad y resultado de las respectivas tareas cumplidas en la alzada (arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46 de la Ley XIII, Nro. 4).------------- --- Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA.---------------------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:------------------------------------	Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde:--------	A) Revocar la sentencia apelada, a fin de desestimar íntegramente la demanda deducida por S. D. S. contra C. S. A.--------------------------------------	B) Imponer las costas ambas instancias al actor.-------	C) Fijar, por adecuación a este nuevo decisorio, los honorarios de los Dres. A. M. S. e I. O. B., por sus tareas de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 20,25 % y al 14,85 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse, en la que a la suma reclamada habrán de añadirse los intereses que ella habría devengado hasta la actualidad calculados según la tasa utilizada por el Banco del Chubut S.A. en sus operaciones comunes de descuento.-------	D) Regular los honorarios de los Dres. A. M.. S. e I. O. B., por sus labores de alzada, en las sumas equivalentes al 7,10 %, y al 3,75 % del aludido monto del proceso.----------	ASÍ LO VOTO.-	--- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: -------------- --- En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone el Dr. Velázquez en su voto a esta cuestión. ------------------------ --- Tal mi voto.--------------- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Carlos Dante Ferrari (Art. 7º Ley V Nº 17).- ---------------------------- --- Trelew,de noviembre de 2012.------------------------- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:----------------------------------- S E N T E N C I A: ---- REVOCAR la sentencia apelada, a fin de desestimar íntegramente la demanda deducida por S. D. S. contra C. S. A.--------------------------------------	B) IMPONER las costas ambas instancias al actor.----	C) FIJAR, POR ADECUACION a este nuevo decisorio, los honorarios de los Dres. A. M. S. e I. O. B., por sus tareas de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 20,25 % y al 14,85 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse, en la que a la suma reclamada habrán de añadirse los intereses que ella habría devengado hasta la actualidad calculados según la tasa utilizada por el Banco del Chubut S.A. en sus operaciones comunes de descuento.-------	D) REGULAR los honorarios de los Dres. A. M.. S. e I. O. B., por sus labores de alzada, en las sumas equivalentes al 7,10 %, y al 3,75 % del aludido monto del proceso.---------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------	CARLOS A. VELAZQUEZ MARCELO J. LOPEZ MESA JUEZ DE CAMARA PRESIDENTE ---- REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2012 - SDL.- CONSTE.-------------------