Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-06-14


Reg.: A y S t 240 p 289-292.

En la ciudad de Santa Fe, a los catorce días del mes de junio del año dos mil once, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "FERREYRA, Rolando Fabián c. FAISAL, Miguel Angel -C.P.L.- s. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 45, año 2010). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Spuler, Gutiérrez, Falistocco y Netri.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. Surge de las constancias de autos que el Juez de primera instancia de conocimiento admitió parcialmente la demanda promovida por Rolando Fabián Ferreyra contra Miguel Ángel Faisal y condenó a este último a abonar al actor indemnización por antigüedad, sueldo anual complementario proporcional 1999 y vacaciones proporcionales 1999. Por su parte, rechazó la indemnización especial pretendida en el marco de los artículos 118 y 121 de la ley 22248. Apelado por el actor este pronunciamiento en el tramo que le resultó desfavorable, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe lo confirmó en el entendimiento de que la pretensión resarcitoria reclamada no encuentra un basamento jurídico que pudiera sustentarla. Este decisorio es el que se ataca a través del recurso de inconstitucionalidad. El recurrente afirma que el decisorio de la Sala Primera deviene arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia y resultar lesivo de los derechos esenciales de defensa en juicio y propiedad.

Asevera que el fallo colisiona con la norma constitucional que impone la legalidad de las sentencias -en tanto éstas debe fundarse en el derecho vigente- pues en el caso el fallo omite aplicar las disposiciones expresas de la ley 22248 (arts. 119 y 120, y 56 de su reglamentación, dto. 563/81). Estos dispositivos -dice- imponen al trabajador la notificación fehaciente al patrón de la celebración del matrimonio y su fecha, mas de ellos no deriva exigencia de hacerlo en un plazo perentorio, excepto los 3 meses antes y 6 después en que juega la presunción. Recalca que el despido verbal tomado por la Sala como determinante de la ruptura del vínculo que impedía el reclamo de la indemnización especial no puede ser reputado como tal desde que el artículo 68 de la ley 22248 impone la comunicación escrita o ante autoridad administrativa de la ruptura; y, a su vez, en autos, el trabajador manifiesta permanecer a disposición del empleador (cfr. telegrama del 12.8.1999) situación que perdura hasta que se da por despedido el 18.8.1999 frente al silencio del empleador. Para entonces, éste se encontraba en pleno conocimiento del matrimonio celebrado el 30.7.1999, tal como surgía del telegrama del 12.8.1999.

Afirma que a tenor de lo explicitado, resulta descontextualizada la interpretación del Tribunal que considera que el empleador no había sido fehacientemente notificado del matrimonio cuando operó el despido verbal. Pone énfasis en la "realidad" para demostrar que en los hechos, la patronal sabía del matrimonio atento los permisos previos y las ausencias propias del enlace, máxime cuando vivía junto a su mujer en el mismo campo del accionado quien, en consecuencia, mal puede argüir desconocimiento.

Reitera que la extinción del contrato operó por despido indirecto efectivizado por el trabajador que se produce dentro del período de prohibición de despedir por causa de matrimonio establecido por el artículo 119 de la ley 22248. Destaca que de seguirse el razonamiento del Tribunal en autos no ha quedado determinada la fecha del despido, pues la accionada no dice qué día lo despidió, es más dice que le despachó notificación que el trabajador se negó a recibir sin que ello esté acreditado en autos. En supuestos como el de autos, alega, la fecha de despido cobra especial relevancia.

2. Esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor por entender que la postulación del apelante contaba "prima facie" con asidero en las constancias de autos e importaba, desde el punto de vista constitucional, articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a la vía extraordinaria.

3. El nuevo examen de admisibilidad que corresponde efectuar de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055 me conduce a propiciar la rectificación del criterio sustentado en oportunidad de admitir la queja, de conformidad a lo dictaminado por el Señor Procurador General a f. 136, al comprobar, con los autos principales a la vista, que los agravios esgrimidos por el impugnante no traspasan el límite de la mera discrepancia con lo resuelto por los jueces de la causa en torno a una cuestión de hecho, prueba y derecho común, lo que -por reglano depara materia idónea en orden a lograr el acceso a la instancia excepcional intentada. Es que, como se ha destacado en reiteradas oportunidades, la vía prevista en la ley 7055 no constituye una tercera instancia ordinaria ante la cual los recurrentes puedan cuestionar decisiones que estimen equivocadas según sus particulares interpretaciones, ni tiene por objeto permitir la sustitución de los jueces en el ejercicio de funciones privativas (cfr. A. y S., T. 54, pág. 382; T. 55, pág. 212; T. 59, pág. 319; T. 62, pág. 386; T. 64, pág. 259, etc; en sentido concordante, Fallos: 297:29, 117 y 291; 300:1039; 301:1062; 306:143; 307:234; 311:1950; 313:1222, entre otros). Máxime cuando, como en el caso, la sentencia posee fundamentos que resultan suficientes para sustentarla e impiden su descalificación como acto judicial (Fallos: 302:175; 308:986, etc.).

En efecto, la Sala en el pronunciamiento atacado consideró que el caso revestía escasa complejidad a partir de las constancias probatorias agregadas a la causa, destacando los telegramas acompañados por la parte actora. Luego de transcribirlos textualmente manifestó que de la primera misiva se desprende fehacientemente el reconocimiento del accionante en el sentido de haber sido despedido por el principal con anterioridad a dicho telegrama. Aclaró que el régimen de trabajo agrario establece claramente que para la operatividad del mecanismo presuncional, vinculado al matrimonio del trabajador es sustancial que su celebración, con indicación de fecha, se hubiere notificado fehacientemente al empleador; y que, en el caso, mal puede pretenderse que esa "notificación fehaciente" se haya producido ni por deducciones vinculadas al lugar de trabajo y mucho menos que la primera comunicación haya concretado ese anoticiamiento, ya que según lo puntualizado de su texto, lo que cabe concluir es que al momento de la misma, la empleadora ya había extinguido el vínculo negocial laborativo que uniera a las partes, lo que se refuerza con el silencio evidente que guardó, con las consecuencias que debe asignarse a ello conforme al artículo 919 y concordantes del Código Civil. Frente a dichos fundamentos, el compareciente se empeña en oponer su propio criterio en cuanto a la procedencia de su reclamo, basado en su particular postura en cuanto al efectivo conocimiento de la empleadora respecto de la celebración del matrimonio antes de efectivizarse el despido, con argumentos que no logran traspasar el límite de la mera disconformidad con lo resuelto por los Juzgadores en ejercicio de funciones que le son privativas.

Sabido es que la distinta opinión en torno a la valoración de los hechos y las pruebas, como a la interpretación del derecho aplicable no depara caso constitucional y, en el "sub lite", el compareciente no logró traspasar ese límite, desde que sus alegaciones resultan insuficientes para demostrar -en confrontación con las constancias de la causa- que los Jueces al concluir que no hubo notificación fehaciente al empleador conforme lo exige la ley por lo que la pretensión resarcitoria no encuentra un basamento jurídico que pudiera sustentarla, hayan dictado un fallo que se aparte de las exigencias legales y constitucionales que deben observar a la hora de emitir su pronunciamiento. Por las razones expuestas, voto, pues, por la negativa. A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez expresó idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votó en igual sentido. A la misma cuestión el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Coincido con los fundamentos y la solución propuesta por el señor Ministro doctor Spuler. Sin perjuicio de ello, estimo pertinente agregar que el recurrente pretende inferir de las pruebas aportadas en autos un conocimiento anterior del empleador de la celebración de su matrimonio y a partir de ahí hace jugar la presunción de que el despido fue causa del mismo frente a la negativa de su empleador.

Este criterio no es compartido por el A quo que entendió incumplido el mandato expreso del legislador que en el artículo 20 de la ley 22248 ha requerido la necesaria notificación fehaciente al empleador del matrimonio y su celebración, con indicación de la fecha de aquél. En este marco, cabe concluir que aún siguiendo la tesis del impugnante, las pruebas colectadas en autos no permiten enervar el cumplimiento del requisito legal expresamente previsto (art. 20, ya citado). Es que, en rigor de verdad y tomando la posición más extrema que pueda seguirse del planteo impugnativo, no surge de las actuaciones una certeza de conocimiento por parte del empleador que pueda -aun, itero, en la hipótesis trazada por el actor- sustituir el recaudo formal: "mediante telegrama colacionado o presentación expresa ante la autoridad de aplicación" (art. 56, decreto nacional 563/81, reglamentario de la ley 22248).

Voto, pues, por la negativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri expresó idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votó en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, no corresponde pronunciarse sobre ésta. A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco y Netri expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco y Netri dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas a la vencida.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER- Fernández Riestra (Secretaria)