Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-13


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 13 días del mes de octubre de dos mil seis se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en los recursos de apelación judicial a fs.569, 571, 573, contra la sentencia de fs. 561/565, en los autos "GCBA contra Benegas Alberto y otros sobre cobro de pesos", EXP. nº 4915/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Horacio G. Corti, Dr. Esteban Centanaro y Dr. Carlos F. Balbín, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la sentencia apelada? A la cuestión planteada, el Dr. Horacio G. Corti dijo: I. A fs. 144/147 se presenta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e interpone demanda contra Alberto Benegas y Roberto Oscar Germani y/o contra quienes resulten propietarios, poseedores, usufructuarios o tenedores de los vehículos Fiat Duna dominio SEC 718 y Renault 9 dominio BDT 202 a la fecha del hecho que luego describe y/o contra quien resulte responsable del evento dañoso de que se trata, por la suma de pesos dieciocho mil doscientos cincuenta y siete con cuarenta y cuatro centavos ($18.257,44) o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con más sus intereses y costas. Se expresa que la agente municipal Graciela Inés Fernández se dirigía a su trabajo a bordo de un taxi Fiat Duna SEC 718, conducido por Alberto Benegas, cuando al llegar a las calles Ramón L Falcón y Chirimay, colisionó con un taxi Renault 9 BDT 202 conducido por el Sr. Roberto Oscar Germani. A raiz del hecho y como consecuencia del daño sufrido, se le otorgaron a la agente municipal 244 días de licencia médica, lapso durante el cual le fueron abonados sus haberes. Entiende que los demandados son culpables del evento y que con él se ha visto perjudicado el Gobierno de la Ciudad en virtud de los días de licencia médica otorgada al agente municipal -perjuicio que se traduce en la suma reclamada- y de la indemnización que eventualmente deba abonar como consecuencia de la incapacidad que se determine. II. A fs. 155 se endereza la demanda contra los Sres. Alberto Emilio U rruti y Walter César Ezcurra, en su carácter de titulares de dominio del vehículo marca Renault 9 BST 202 a la fecha del hecho denunciado, sin perjuicio de dirigirla, asimismo, contra Alberto Benegas y Roberto Oscar Garmani. III. Corrido el traslado, a fs. 162/164 se presentan Rubén Roque Erra y Jorge Amadeo Erra como gestores procesales de Alberto Benegas, en los términos del art. 48 del CPCCN, y contestan demanda, actuación que es ratificada a fs. 166 por el Sr. Benegas. Oponen excepción de prescripción por entender que, dada la existencia de un contrato de transporte entre Benegas y Fernández, se trata de un supuesto de responsabilidad contractual, al que considera regido por el art.855 del Código de Comercio (según ley 22.096). Sostienen, por ende, que el 4 de julio de 1998 prescribió el plazo de un año allí previsto. En cuanto al fondo de la cuestión, afirman que el accidente se produjo por la culpa exclusiva del codemandado conductor del rodado Renault 9, y proporcionan su propia descripción del hecho.

En función de lo expuesto, sostienen que estamos frente al eximente de la responsabilidad establecida por el art. 1113, párrafo segundo, segunda parte del Código Civil, según el cual si hay culpa de un tercero no se debe responder. IV. A fs. 175/180 se presenta Alberto Emilio Urruti por apoderado y contesta demanda. Ofrece su propia versión de las circunstancias en que tuvo lugar el evento. Impugna la suma reclamada por elevada, inexistente e injustificada, toda vez que considera la licencia otorgada exagerada e injustificada Solicita que se cite en garantía a la aseguradora de su vehículo -Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A- y ofrece prueba. V. La parte actora contesta a fs. 185/186 el traslado de la excepción de prescripción y solicita su rechazo. Al respecto afirma que no resulta de aplicación el artículo 855 del Código de Comercio sino el art. 4037 del Código Civil, que contempla un plazo de dos años para supuestos como el de autos. VI. A fs. 192 se presenta Roberto Germani y adhiere a la contestació n de demanda efectuada por Alberto Emilio Urruti. Igualmente, a fs. 203 se presenta Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A., por apoderado, y solicita el rechazo de la acción, adhiriendo a la contestación de demanda efectuada por el codemandado Alberto Emilio Urruti. Por otra parte, a fs. 217 es declarado rebelde el codemandado Walter César Ezcurra. VII. A fs.561/565 el Señor juez de grado, Dr. Zuleta, hace lugar a la demanda promovida por el GCBA, condenando, en consecuencia, a Alberto Benegas, Alberto Emilio Urruti, Roberto Oscar Germani y Walter César Ezcurra, a pagar en forma solidaria, la suma de dieciséis mil ciento setenta y cuatro pesos con noventa centavos ($16.174,90), con más sus intereses. Asimismo, dispone que la condena alcanza también a Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A. Previo a adentrarse en la cuestión de fondo, se expide sobre la excepción de prescripción opuesta por el codemandado. En este sentido, entiende que en el caso de autos no resulta de aplicación el artículo 855 del Código de Comercio, que dispone el plazo de prescripción de 1 año para las acciones que derivan de un contrato de transporte realizado en el interior de la República. Ello, por cuanto el GCBA no acciona por los perjuicios ocasionados por el accidente a la pasajera Fernández, sino que reclama por los daños que a él mismo le produjo tal hecho ilícito. En otras palabras, el reclamo lo realiza en carácter de damnificado indirecto, en tanto alega que, como empleador, se vio privado de los servicios por los cuales ha pagado una retribución. Sobre la base de lo expuesto sostiene que, toda vez que no existe entre la accionante y el codemandado Benegas un contrato de transporte por el cual se encuentren vinculados sino una relación derivada de un hecho ilícito, y atento que, según lo dispuesto por el art. 1199 del Código Civil, los contratos no pueden oponerse a terceros, el plazo de prescripción aplicable al caso es el establecido por el artículo 4037 del Código Civil. Así, pues, rechaza el planteo relativo a la prescripció n de la acción. VIII. En relación al fondo de la cuestión, el juez de grado recuerda que cuando se trata de daños causados por automóviles en movimiento, provengan de vicios o fallas en su conducta, resulta de aplicación el art. 1113, párr. 2º, 2º parte, del Código Civil ("...si el daño (causado con la cosa) hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder"). Por otra parte, señala que el derecho a la reparación que alcanza a todos los damnificados ya sean directo o indirectos, encuentra sustento en los artículos 1079 y 1109 del Código Civil. Indica que entre los damnificados indirectos se cuenta al empleador que se ve privado de los servicios por los cuales ha pagado una retribución. A partir de los presupuestos expuestos, el a quo pone de manifiesto algunos hechos relevantes para la resolución del caso: 1) la existencia del accidente, si bien acerca del cual, a partir de los elementos probatorios, no se ha podido esclarecer con certeza el modo en el que se sucedieron los hechos. Destaca, asimismo, la resolución Subsecretario de Coordinación y Gestión Administrativa la que calificó el siniestro como accidente de trabajo "in itinere", según la Ley 24.557; 2) la relación de dependencia de Graciela Inés Fernández con el GCBA al momento del siniestro; 3) las lesiones sufridas por Graciela Inés Fernández y 4) la licencia médica otorgada. Pues bien, constatadas las circunstancias enumeradas, el juez de grado concluye diciendo que "toda vez que se encuentra probado el perjuicio sufrido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como damnificado indirecto del accidente de tránsito del que fue víctima directa su agente Graciela Inés Fernández, que la responsabilidad es objetiva y que los demandados no han probado ninguno de los eximentes de responsabilidad contemplados en el artículo 1113 del Código Civil, la demanda debe prosperar". En relación al monto, determinó que él estará l imitado a los sueldos pagados a la agente durante el tiempo de licencia, sin prosperar, en cambio, la indemnización relativa a algún tipo de incapacidad, dada la falta de ampliación al respecto por parte de la actora. IX. Contra dicha sentencia, el codemandado Alberto Benegas (fs.569), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (fs.571) y Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A. (fs.573) interpusieron recurso de apelación. Respecto de este último, cabe destacar que no ha presentado la correspondiente "expresión de agravios", y por ende, debe ser declarado desierto. X. El planteo articulado por el codemando Benegas en su expresión de agravios es sustancialmente el siguiente: 1) la verdadera fuente de la obligación como codemandado nace del incumplimiento del contrato de transporte que había celebrado con la Sra. Fernández. Por consiguiente el plazo de prescripción aplicable es de un año de conformidad con lo establecido por el art.855; 2) se hizo una inadecuada valoración de la prueba, ya que, en realidad, se en cuentra demostrado en la causa que el Sr. Benegas no ha tenido responsabilidad alguna en el siniestro de la Sra. Fernández, circunstancia que lo exime de toda responsabilidad de conformidad con el artículo 1113, párr. 2º, 2º parte. Ello, en virtud de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Tránsito. XI. El GCBA, por su parte, se agravió respecto de la falta de reconocimiento en la sentencia recurrida de la suma abonada a la Sra. Fernández en concepto de incapacidad por accidente de trabajo "in itinere", que ascendería a $6.050. XII. Con respecto a la cuestión relativa a la prescripción de la acción incoada, comparto el criterio expuesto tanto por el juez de primera instancia como por la Fiscalía de Cámara, quienes sobre el punto afirman que, si bien el vínculo entre el transportista y su pasajera accidentada tiene origen en un contrato, la relación existente entre el codemandado Benegas y el GCBA nace del hecho ilícito configurado. Cierto es, entonces, que esta relación reviste carácter extracontractual, siendo el plazo de prescripción aplicable el previsto en el artículo 4037 del Código Civil, es decir, de dos años. A fin de evitar reiteraciones innecesarias, me remito al fundado dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara (punto IV.b., fs.626 vta/627), cuya copia debe ser agregada a esta decisión en ocasión de notificarla. XIII. Con relación al agravio formulado por el Gobierno es oportuno, en primer lugar, hacer una breve reseña respecto de la normativa aplicable al caso. La ley 24.557 resulta aplicable a los accidentes de trabajo sufridos por el personal de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con su artículo 2. El artículo 6, por su parte, define al accidente de trabajo como "todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo". Respecto de la responsabilidad ci vil del empleador, el inc. 5 del art. 39 de la L.R.T. señala que la ART o el empleador asegurado, según corresponda, están obligados a otorgar al damnificado o a sus derechohabientes la totalidad de las prestaciones prescriptas en dicha ley, aunque podrán repetir del responsable del daño causado el valor de las que hubieran abonado, otorgado o contratado. Ahora bien, partiendo de la normativa transcripta surge con claridad que el GCBA, en carácter de damnificado indirecto, puede no sólo reclamar los haberes que se han abonado a la Sra. Fernández sin recibir contraprestación a cambio, sino también la indemnización debida como consecuencia de la incapacidad generada. Sobre este punto, el juez de grado entendió que, si bien el accionante hizo reserva de ampliar por las sumas que eventualmente tuviese que abonar como consecuencia de algún tipo de incapacidad, dicha ampliación nunca fue formulada. Sin embargo, se advierte que obran en la causa elementos probatorios relevantes que certifican el pago de los $6.050 e n concepto de monto indemnizatorio por accidente de trabajo. En efecto, luce a fs.541 la orden de pago a favor de la Sra. Fernández, prueba que, a su vez, encuentra sustento en el cálculo realizado durante la tramitación del expediente administrativo Nº47.416/98 que obra a fs.536 suscripto por la Dirección de Liquidación de Haberes de la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del GCBA. En igual sentido, la declaración de la misma destinataria de la suma en cuestión pone de manifiesto, sin dudas respecto de lo sustancial, que se han acreditado a su cuenta bancaria la indemnización debida. Consideró, en consecuencia, que acreditado el pago de la indemnización por parte del Gobierno de la Ciudad a la Sra. Fernández y conforme con las citadas disposiciones de la L.R.T, corresponde tener por incluido en la pretensión de la actora, además de los sueldos devengados durante el período de licencia de la agente municipal, la suma de pesos $ 6.050, cantidad erogada en r azón del accidente "in itinere" sufrido por ésta última. XIV. Respecto del agravio invocado por el codemandado referido a la falta de aplicación por el juez de grado del eximente del artículo 1113, 2º párrafo, 2º parte, en virtud del cual el Sr. Benegas se vería librado de toda responsabilidad a partir de la demostración de culpa exclusiva por parte del conductor del Renault 9, Sr. Oscar Germani, cabe hacer algunas consideraciones. En primer lugar, conviene recordar la doctrina receptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual los principios del art. 1113, 2do. párr. del Cód. Civil rigen incluso cuando se trata de choques entre dos automotores, evento donde se verifica la existencia de riesgos recíprocos (C.S.J.N., 22/12/87, "Empresa Nacional de Telecomunicaciones c. Provincia de Buenos Aires y otro", ED, 128-280, LA LEY, 1988-D, 295, con nota de Atilio A. Alterini, "Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores"). Allí la Corte Suprema cambió su anterior cri terio jurisprudencial consistente en considerar que en casos de accidentes protagonizados por dos o más automotores no resultaba aplicable el art. 1113, 2° párr. del Cód. Civil, sobre la base de considerar que el riesgo recíproco creado por los vehículos enervaba el fundamento de la responsabilidad asignada por esa norma. Al revisar la cuestión, se sostuvo que "la sola circunstancia de la existencia de un riesgo recíproco, no excluye la aplicación de lo dispuesto en ese precepto legal que regula lo atinente a la responsabilidad civil por el hecho de las cosas, y, de tal suerte, en supuestos como el sometido a consideración del tribunal, se crean presunciones concurrentes como las que pesan sobre el dueño o guardián, quienes deben afrontar los daños causados a otros salvo que prueben la existencia de circunstancias eximentes. Por lo demás la invocación de una neutralización de los riesgos no resulta de por sí suficiente para dejar de lado los factores de atribución de responsabilidad que rigen en ese ámbito" ( ver CS, fallo citado, consid. 3°). Este criterio, fue ratificado en diversos fallos posteriores , tales como Moreno, Francisca N. c. Provincia de Buenos Aires del 23/06/2004 (La Ley 2004-D, 376); Provincia de Buenos Aires c/ Vicente Papagano y Cía. SRL y otros del 19/12/2000 (La LEY 2001-E, 854); Pappier, Federico Rolf c. Gobierno de la Provincia de Santa Fe s/ daños y perjuicios" sent. del 14 de octubre de 1993, (Fallos 310:2804); Provincia de Buenos Aires c. Massano Guillermo del 20/10/1993 (La LEY 1994-B, 149), entre otros. XV. De conformidad con el criterio expuesto, corresponde examinar si concurre en el caso concreto la eximente de responsabilidad por culpa de un tercero -en este caso el conductor del Renault 9- alegada por el Sr. Benegas en su expresión de agravios, eximente que encontraría fundamento en dos artículos de la Ley de tránsito, arts. 41 y 64. Así, el artículo 41 dispone: "Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha". Más adelante, el artículo 64 2º párrafo regula la siguiente presunción: "Se presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponderles a los que, aún respetando las disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, no lo hicieron". Ahora bien, del expediente de la causa, se extrae que no concurren elementos probatorios suficientes que logren acreditar que existió culpa exclusiva de alguna de las partes intervinientes en el siniestro. En efecto, el juez a quo señaló que: "no le fue posible al perito ingeniero determinar velocidades, distancias ni mecánica del accidente, tal como lo expresa a fs.48 y 167 de la causa penal, ni tampoco pudo hacerlo el tribunal en lo criminal con los elementos probatorios con que contaba, concluyendo la causa con el sobreseimiento del acusado Roberto Oscar Germani. Tal incertidumbre se repite en las presentes actuaciones, donde no se han aportado elementos probator ios suficientes como para poder esclarecer el modo en que sucedieron las cosas...". En atención a lo expuesto, el único hecho cierto y constatado respecto del accidente de tránsito en cuestión, es la procedencia de los autos involucrados, esto es, el Fiat Duna - donde se trasladaba Fernández- de la derecha, y el Renault 9 conducido por Roberto Oscar Germani de la izquierda. Así las cosas, y sobre la base de lo establecido por el art. 41 y 64 de la ley de tránsito, habría que determinar si el sólo y único hecho constatado relativo a la mano de la cual provenían los vehículos involucrados, puede eximir totalmente de responsabilidad al Sr. Benegas. XVI. Va de suyo que la preferencia de paso dispuesta en el artículo 41 de la ley de tránsito juega solamente cuando ambos conductores se aproximan a la esquina al mismo tiempo sin otorgar un privilegio irrestricto en situaciones distintas. Preferencia, no significa otra cosa que prioridad en el paso en iguales circunstancias, a fin de evitar el riesgo que implica la m aniobra imprudente de un conductor de obstaculizar al otro el cruce o paso en la bocacalle, todo lo cuál presupone que ambos vehículos al mismo tiempo y a velocidades similares, desemboquen en el cruce de calles. Así, este privilegio solo opera como eximente en el caso de que ambos vehículos arriben simultáneamente a la bocacalle, circunstancia que deberá probarse en cada caso. En esta línea argumental, se ha expedido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil diciendo: "Si bien de conformidad con lo dispuesto por el art. 41 de la ley 24.449, cuando ambos conductores llegan a la bocacalle en forma simultánea, el que lo hace por la derecha del otro tiene prioridad de paso, tal prioridad no rige cuando el otro ya ha traspuesto la mitad del cruce" (Sala L (GIARDULLI) BONTEMPO, Irma Beatriz c/ LUCERO, Siciliano Luis s/ DAÑOS Y PERJUICIOS del 29 de Agosto de 1997). Considerando entonces, que en el caso no se ha logrado proporcionar prueba alguna respecto del hecho, esto es, velocidades de los autos, distancias, mecánica del hecho y por ende tampoco el "eventual" arribo simultaneo a la bocacalle, no procede, a mi entender, una aplicación irrestricta de la presunción dispuesta en el artículo 64 de la ley de tránsito. Caso contrario, la sola presunción pasaría a configurar un supuesto de eximente del art. 1113 2º párr. 2º parte del Código Civil. A mayor abundamiento, cabe destacar que la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil señalo: "El tema relativo a la prioridad de paso del conductor que marcha por la derecha, y su carácter de absoluto o no, no puede dar lugar a una unificación doctrinaria de aplicación indiscriminada, ya que en cada caso concreto se deberá dilucidar el grado de responsabilidad en el accidente, conforme a los elementos de prueba, obrantes en la causa". (BAIO, Claudia Noemí c/ LECCO, Pablo Gustavo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS INTERLOCUTORIO del 25 de Junio de 2002). Finalmente, igual criterio fue sostenido por el Máximo Tribunal de la Nación, manifestando: "La valoración irrazonable de la prioridad de paso, y la inclinación a favor de un punto del dictamen de dos de los peritos, como elementos preponderantes para la atribución y distribución de la responsabilidad, sin la proporcionada ponderación de otros elementos obrantes en las constancias del caso, importa de por sí una ligera actividad analítica que dista de constituir la que exige el deber jurisdiccional para convalidar un decisorio". En cuanto a la cuestión de la prioridad de paso y de su supuesto carácter "absoluto", la Corte agrega: "no parece razonable, entonces, que la existencia del cartel "Pare" antes de la intersección, determinara la prioridad de paso absoluta del automóvil, ni que esta regla debiera aplicarse invariablemente, aún habiendo intentado primero el cruce o estar algo adelantado, so pretexto -según el juzgador- de que dicha ventaja no justificaría el apartamiento del mandato legal. Si se aceptara este razonamiento del a quo, el conductor del camión debería haber esperado indefinidamente para iniciar el cruce, porque, aunque el automóvil se encontrara muy lejos, cualquier hubiere sido la distancia que lo separaba de la encrucijada, el conductor del camión siempre debía aguardar a que pasara antes de trasponer la bocacalle". (Montiglia, Eduardo y otra c/ Emilio Cañete e Intemec S.A. y otros. s/ accidente de transito, SENTENCIA del 31 de Octubre de 2002, Fallos 325:2825). Además, es dable recordar que, sobre lo expuesto, la Corte tiene dicho que la prioridad de paso no tiene carácter absoluto y sólo juega cuando ambos vehículos se presentan en forma simultánea o casi simultánea (doctrina de Fallos: 310:2804; 320:2971, entre otros); que no se puede invocar si el conductor que no gozaba de ella estaba más adelante porque ya había entrado en la bocacalle (doctrina de Fallos: 306:1988); y que tal prioridad no excluye la observancia de la prudencia compatible con la seguridad de la circulación (Fallos: 297:210). En consonancia con los antecedentes expuestos, considero que no es atendible el agravio manifestado por el codemandado , dado que no han sido demostrados, ni el la causa penal, ni en primera instancia de este fuero, los presupuestos mínimos del hecho que habiliten a aplicar los criterios dispuestos en la Ley de Tránsito, admitiéndose , entonces, la eximente de responsabilidad por culpa de un tercero regulada en el artículo 1113 2do. párrafo, 2da. parte, del Cod. Civil. XVII. Dado que las partes no se han agraviado respecto de la tasa de interés aplicada, ella quedará fijada de acuerdo a lo dispuesto por el juez de primera instancia (fs.582). XVIII. En síntesis, propongo al acuerdo que se rechace el recurso interpuesto por el codemandado Benegas y se haga lugar al recurso de la actora. De tal manera debe modificarse la sentencia de primera instancia (punto 2, fs.565) a fin de incorporar en el monto de la condena lo relativo a la indemnización ($6.050). Las costas de esta Alzada se impondrán al Sr. Benegas (art. 62 CCAyT). Además, propongo declarar desierto el recurso interpuesto por Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A, sin costas, por ausencia de sustanciación. Los Dres. Esteban Centanaro y Carlos Balbín adhieren al voto y a la solución que antecede. En mérito a las consideraciones expuestas, derecho aplicable al caso, doctrina y jurisprudencia citadas, el Tribunal resuelve: 1) Rechazar el recurso interpuesto por el codemandado Sr. Benegas. 2) Hacer lugar al recurso de la actora y, en consecuencia modificar la sentencia de primera instancia (punto 2, fs.565) a fin de incorporar en el monto de la condena lo relativo a la indemnización ($6.050). 3) Imponer las costas de esta Alzada al Sr. Benegas. 4) Declarar desierto el recurso interpuesto por Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A., sin costas, por ausencia de sustanciación. Regístrese. Notifíquese. Esteban Centanaro Horacio G. Corti Juez de Cámara Juez de Cámara Carlos F. Balbín Juez de Cámara