Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-07


En la ciudad de Trelew, a los 07 días de junio del año dos mil cinco, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, bajo la Presidencia a cargo del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Raúl Adrián Vergara para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados:

"G., N. A. c/ F. D. S. S.A. s/ COBRO DE PESOSLABORAL" (Expte. N° 20.321 año 2005) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA:¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Que pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo extraordinario practicado a fs. 181.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 175, que fuera concedido a fs. 176, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 168/171 que rechazó en lo principal la demanda instaurada por N. A. G. e hizo lugar a la misma y condenó a F. D. S. S.A. al pago dentro del plazo de cinco días de la suma de $2.685,60., con más sus intereses, respecto de los rubros sueldo anual complementario, vacaciones 2002/3, con más el incremento contemplado por el art. 1 de la ley 25.345 y la indemnización establecida en el último párrafo del art. 80 de la L.C.T., conforme agregado por el art. 45 de la ley 25.345, y asimismo dispuso el cumplimiento de la entrega de los certificados previstos por el art. 80 de la L.C.T. dentro del décimo día, bajo apercibimiento de aplicar en concepto de astreintes una multa de $5. por cada día corrido de demora, con imposición de costas en un 70% a cargo de la parte actora y en un 30% a cargo de la demandada.

El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 177/178 y el quejoso señala básicamente que:

a) no surge de autos que la suma de $325. fuera la cifra habitual, la misma estuvo alejada inclusive de $200. en todo el año 2002, con excepción de un solo mes, el de diciembre y enero siguiente, y dado la labor esporádica y eventual del actor debe considerarse sus verdaderos ingresos por lo que la cifra normal y habitual no supera $150.;

b) es dudoso que proceda la condena por el art. 1 de la ley 25.323 en situaciones como la de autos en que no hubo condena al pago de la indemnización por antigüedad, pero admitiendo que le asista razón a la señora Jueza se fijó un valor que no condice con el utilizado como normal y habitual ya que daría un importe de $975. y no el de $1.002,10.;

c) sin apoyatura jurídica condenó al pago de la suma de $975. en concepto de multa prevista en el art. 45 de la ley 25.345, simplemente la señora Jueza consideró que el certificado acompañado incumple los requisitos del art. 80 LCT, y su parte acompañó el certificado a que fue intimada, por lo que la aplicación de la multa prevista en el art. 45 de la ley 25.345 resulta contradictoria con el hecho comprobado de la presentación y cumplimiento de lo ordenado;

d) el certificado debe ser otorgado conforme a las constancias del empleador y no sobre lo que una eventual condena futura puede imponerle como obligación de pago de ese trabajador, y además la multa está prevista para el supuesto de que no se hiciere entrega del certificado de marras, y no para el supuesto que el certificado se entregue, contenga o no errores o que ignore supuestos y futuros reclamos, tampoco es aplicable la multa por supuesta parcialidad del certificado;

e) la certificación debe partir de las constancias de los sueldos abonados, no de la condena futura, y el certificado entregado no fue cuestionado por la otra parte, y de seguirse ese criterio el empleador no tendría derecho a discutir en sede judicial el reclamo del trabajador;

f) el resolutorio cuestionado señala que el certificado es parcial sin especificar porque, véase que inclusive se condenó a la entrega de otro certificado, lo que no se condice con la aplicación de la multa, por lo que solicita se revoque esa parte del decisorio o, en su caso, se otorgue por lo menos 45 días para cumplir con la elaboración de otro certificado al tener que introducirse modificaciones en los libros y en las planillas de pago de aportes y contribuciones mediante rectificativas;

g) por otra parte se cuestiona el monto de las astreintes amenazadas ya que la suma de $5 diarios es una exorbitancia; y h) peticiona se revoque la sentencia de grado en cuanto ha sido materia de agravios.

2. Comenzaré por señalar que el fallo en crisis consideró como mejor remuneración mensual normal y habitual el monto de $325. correspondiente al recibo de fs. 62 de fecha 10 de enero de 2003 que indica "Diciembre".

Sin embargo, a tenor de los recibos agregados por la demandada que reservados en este acto se tiene a la vista el importe del citado mes asciende a $463. ($325. recibo de fs. 62; $118. recibo de fs. 58; y $20. recibo de fs. 59), dato que coincide con la información del certificado agregado a fs. 19.

Y si bien dicha remuneración mensual es la mejor del último año, de ningún modo puede considerarse la "normal y habitual", a partir de considerar que se encuentra firme la sentencia de la anterior instancia que tuvo por acreditado el trabajo del demandante como franquero, como también que obvio resulta la eventualidad de la prestación (fs. 169 vta. y 170, respectivamente).

A su vez, el juzgador a fs. 170 y vta. consideró los recibos acompañados por la demandada y reconocidos implícitamente por la parte actora, y asimismo dispuso que a los fines de la entrega de los certificados de trabajo debía la parte demandada confeccionarlos, tomando como remuneración la que surge de los recibos acompañados.

En tales condiciones, si se considera el último año trabajado con percepción de haberes (marzo de 2002 a febrero de 2003), puede señalarse que los recibos correspondientes a ese período (fs. 41/42, 44/47, 49/51, 53/55, 57/59, 61/62, y 64/65) presentan una gran disparidad en el monto de la remuneración mensual, y por lo demás no se tratan de remuneraciones variables en función al reconocimiento de premios y/o comisiones, por lo que las variaciones existentes entre los distintos meses lleva a efectuar un promedio.

A tal fin, se destaca que no se considera marzo de 2003 por no existir recibos para ese mes, y la sumatoria de los mismos individualizados precedentemente asciende a $2.031,50. (el primero de ellos, marzo 2002 por $45., fs. 41, y el último, febrero 2003 por $272., fs. 65), más el S.A.C. proporcional por devengarse día a día (conf. Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 1990, T. II, pág. 1739) que es de $169,29., el monto total es de $2.200,79. que dividido por 12 da $183,40. como remuneración mensual promedio.

Y desde que el apelante peticiona se tome ese valor para los rubros que han prosperado en la sentencia, en el límite del agravio y toda vez que un cálculo ajustado a las pautas previstas por los arts. 121, 155 y 156 de la L.C.T. colocaría en posición más desfavorable al trabajador, los cálculos deberán efectuarse sobre ese monto promedio.

Así, el S.A.C., 2do. semestre año 2001, y año 2002 asciende a $253,94. ($84,65. más $169,29.); y el rubro vacaciones a $124,71. ($183,40. dividido 25 y multiplicado por 17 días).

Con tal alcance se accede al agravio.

3.1. Respecto al incremento previsto por el art. 1 de la ley 25.323 cabe considerar que el objetivo de la norma está destinada a combatir el empleo no registrado o insuficientemente registrado.

Y si bien parte de la doctrina sostiene que el reclamo resultaría operativo en toda situación de despido directo sin justa causa o indirecto con justa causa y a a condición de que el operario resulte acreedor a la indemnización del art. 245 de la L.C.T. o la indemnización del art. 7 de la ley 25.013, o toda reparación que las reemplace (conf. Pose, "Primeras reflexiones sobre el incremento indemnizatorio dispuresto por ley 25.323", D.T. 2000B, 2303), lo cierto es que esta Alzada ve limitada su función revisora dentro del límite del agravio.

Y toda vez que la normativa en análisis comprende los supuestos en los que la relación laboral al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente, desde esta perspectiva se encuentra firme la sentencia de primera instancia en cuanto señala que la empresa se encontraba en falta por no haber procedido a la inscripción como tal del dependiente, ya que obvio resulta que la eventualidad de la prestación no la eximía de hacerlo.

En tales condiciones, entendió el juzgador que debe admitirse la multa prevista por el art. 1 de la ley ya que la omisión de la inscripción, resulta presupuesto de la norma.

No empece a ello el hecho de que no se haya admitido la indemnización por despido, ya que la referencia que la norma efectúa a tal instituto es a los solos efectos de fijar un monto de la multa.

Frente a tal fundamento que resultó dirimente para la dilucidación del tema el apelante no efectuó una crítica concreta y razonada, por lo que no hay agravio que atender.

Nótese en tal sentido que el recurrente alude tan sólo a que resulta dudosa la aplicación al caso de la sanción, e incluso se coloca en la postura de su admisión, lo que refleja una mera discrepancia que incumple en forma manifiesta la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69.

En este orden, la expresión de agravios carece de contenido si:

d) Simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamentos a la oposición o formula apreciaciones subjetivas.

h) No ataca concretamente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 1, págs. 838/839); y no constituye expresión de agravios idónea el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista (Palacio, "Derecho Procesal Civil", AbeledoPerrot, 1975, T. V, pág. 267).

Tales consideraciones me llevan a concluir que el apelante incurrió en este tramo de la queja en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., y art. 76 de la ley 69).

3.2. No existe el error al que alude el apelante al fijar el sentenciante el monto de $1.002,10. en lugar de $975.

Si se considera que la sentencia estableció como fecha de ingreso la denunciada por la demandada y de egreso la del despido indirecto dispuesto por el trabajador (marzo de 2000, contestación de demanda, fs. 66 vta.; y marzo de 2003, telegrama de fs. 7), por aplicación de las pautas previstas por el art. 7 de la ley 25.013, a partir de tomar una remuneración de $325, dividido por 12 y multiplicado por 37 períodos el monto asciende a $1.002,10.

Sin embargo, el progreso parcial de la queja tratada al punto 2 que antecede lleva a efectuar un nuevo cálculo tomando como base la remuneración mensual promedio de $183.40., por lo que el rubro de condena art. 1 ley 25.323 asciende a $565,48.

Con tal alcance se accede parcialmente a la queja en lo que respecta al valor de referencia que se considera como base del cálculo.

4. Con relación a la multa prevista por el art. 45 de la ley 25.345 señaló el juzgador que el certificado de trabajo acompañado, incumple los requisitos exigidos por el art. 80 L.C.T.

Desde ya que la constancia agregada a fs. 19 no cumple con los recaudos exigidos por la citada norma, y desde que el fallo en crisis no explicitó las razones corresponde salvar la omisión (art. 278 del C.P.C.C.), sin perjuicio de señalar que la apertura de esta instancia por la apelación interpuesta permite ejercer la facultad de revisión con amplitud suficiente ante la plenitud de jurisdicción como consecuencia del principio iura novit curia.

El principio según el cual la jurisdicción del órgano "ad quem" se abre en función del alcance de la apelación, no obsta a que el mismo se pronuncie de conformidad con la regla "iura novit curia", es decir, que ha de realizar la calificación jurídica que corresponda de las pretensiones deducidas en el juicio, pues la misión de la justicia es aplicar el derecho independientemente de los planteos de las partes.

En un orden de ideas similares se ha recalcado que el órgano "ad quem" no está limitado en su razonamiento por la argumentación del recurrente. Si bien debe ceñirse a los puntos objetados, al abordarlos tiene amplias facultades, iguales a las que sobre la materia tenía el "a quo".

Incluso el juez de la apelación puede utilizar distintos fundamentos de derecho de los invocados por las partes y el juez de primera instancia (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense AbeledoPerrot, 1988, T. III, págs. 420 y 421, y cita de fallos).

En tal sentido, no comparto el argumento del recurrente acerca que la imposición de la multa requiere como presupuesto la falta de entrega del certificado y no cuando contenga errores o sea parcial como pretende.

En este aspecto, no cualquier certificación cubre la obligación impuesta por el art. 80 de la L.C.T, por lo que cabe tener por insatisfecha la obligación si la información volcada no resulta veraz y exacta (esta sala en c. 19.766, S.D.L. N° 54/2004; y c. 19.783, S.D.L. 58/2004).

Pero lo que resulta dirimente para dilucidar la cuestión es que el párrafo segundo del art. 80 de la L.C.T. impone al empleador la obligación de entregar al momento de la extinción de la relación laboral un certificado de trabajo, conteniendo entre otras indicaciones, "constancia de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social".

Y en ese direccionamiento, la orden judicial de acompañar el certificado de trabajo al contestar demanda dispuesta a fs. 12 no fue en definitiva cumplida ya que el certificado que luce a fs. 19 no satisface los requisitos fijados por el art. 80, segundo párrafo, de la L.C.T., pues en el mismo no se precisa dato alguno respecto de los aportes y contribuciones efectuados a los organismos de seguridad social.

En consecuencia, con la presentación de dicha constancia la obligación de hacer a cargo del empleador está incumplida, pues la falta de integridad importa inejecución, ya que si en materia convencional el obligado a hacer debe ejecutar el hecho en tiempo y modo propio y si de otra manera lo hiciere se tendrá por no hecho (art. 625 del Código Civil), más aun cuando se trata del cumplimiento de una obligación legal.

Es que, en el caso del certificado de trabajo, si bien el cumplimiento se perfecciona con su entrega, lo relevante es la información que el empleador debe incluir en él, lo que supone un hacer.

Y esa obligación de hacer que supone la certificación queda limitada a un deber de informar con veracidad sobre todas las circunstancias indicadas en la norma, por lo que no habrá cumplimiento si la información fuera incompleta (conf. Ackerman, "La indemnización por incumplimiento de las obligaciones del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo", D.T. 2001A, 541).

De tal modo, el incumplimiento tiene por fundamento la incompleta información que resulta del certificado de trabajo adjunto, y ello constituye el presupuesto de hecho para la procedencia de la indemnización contemplada en el último párrafo del art. 80 de la L.C.T. (agregado por el art. 45 de la ley 25.345).

Por lo demás, ese es el criterio sustentado por esta Cámara, por su sala "A", c. 19.982, S.D.L. 66/2004; y sala "B", c. 20.030, S.D.L. 03/05, c. 20.134, S.D.L. 9/2005, c. 20.176, S.D.L. 20/2005.

Y la incompleta información contenida en dicho documento no queda subsanada por una eventual falta de cuestionamiento de la parte actora, toda vez que los recaudos exigidos por el art. 80, segundo párrafo, de la L.C.T. y la sanción contemplada en el último párrafo de la citada norma no es materia disponible para el trabajador por ser alcanzada por el principio de irrenunciabilidad, una de las manifestaciones del orden público laboral (art. 12 L.C.T.).

Tales fundamentos determinan la desestimación del agravio formulado a ese respecto.

Ello, sin perjuicio de establecer como monto indemnizatorio el importe de $550.20. ($183,40. por 3), al tomarse la remuneración mensual promedio.

5. En cuanto a la entrega de otro certificado, es evidente que el mismo debe responder a la condena recaída en esta causa, ya que de entenderse de otro modo quedaría librado a la voluntad de la demandada vencida los datos a consignar.

Por ello bien señaló el juzgador que deberá la parte demandada confeccionarlos teniendo como fecha de ingreso la por ella denunciada y por egreso la del despido indirecto dispuesto por el trabajador, tomando como remuneración la que surge de los recibos acompañados.

Y como ya se señalara al punto que antecede la incompleta información importa incumplimiento de la obligación de hacer, por lo que es evidente que la demandada deberá presentar nuevo certificado de trabajo con ajuste a la totalidad de los datos exigidos por el art. 80 de la L.C.T. y en función a los términos de la condena antes individualizados.

Por lo demás, también es de señalar que el incumplimiento de la obligación de hacer impuesto legalmente no queda purgado por el pago de la indemnización, ya que la misma se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente (parte final del último párrafo del art. 80 de la L.C.T., agregado por el art. 45 de la ley 25.345).

Respecto al plazo de diez días fijado en la sentencia para su cumplimiento, no se advierte que el mismo resulte irrazonable, y además no se observan razones suficientes como para entender que las modificaciones a realizarse requieren un plazo mayor, menos aun el de 45 días solicitado ante el período a considerar.

Con tales alcances y lo ya expuesto al punto 4 que antecede se desestima el pedido formulado a fin que se deje sin efecto la entrega del certificado de trabajo, y asimismo el plazo requerido.

En cuanto al monto de $5. por cada día de demora en la entrega del nuevo certificado, y que se fijara en concepto de astreintes, observo que las mismas no tienen carácter sancionatorio sino conminatorio.

Así lo reconoce expresamente el apelante al aludir a las "astreintes amenazadas".

Es que, existe una importante corriente, a la que adhiero, que distingue dos etapas: en la primera (que nace con la decisión judicial que impone la condena por la cual se hace saber al demandado cuál será "el precio" de su resistencia), la astreinte es inminentemente conminatoria; en la segunda, es sancionatoria y opera cuando el obligado, pese a la conminación, no cumple; en este caso, ya no existe una mera coacción psicológica sino una estricta sanción, traducida en la directa aplicación de lo que hasta ese momento constituyó sólo una amenaza (conf. BueresHighton, "Código Civil .", Editorial Hammurabi S.R.L., 1996, T. 2 A, pág. 580) (el resaltado me pertenece).

En este aspecto, y desde que se trata de la fijación de astreintes de carácter conminatorio que funciona como una coacción encauzada a que se cumpla con la conducta ordenada, lo cierto es que el apelante carece de interés actualmente ya que se encuentra pendiente el plazo fijado por lo que no hay agravio que atender.

En tal sentido, debe existir interés que justifique el ejercicio del derecho de acción en un caso concreto; debe haberlo para realizar cualquier acto procesal y para impugnar una decisión mediante un recurso, y específicamente, mediante el recurso de apelación. El agravio es el perjuicio que la resolución causa al recurrente. Y el agravio, para justificar el recurso de apelación, debe también ser actual (conf. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", v. 1, Astrea, 1989, par. 67, págs. 195, 196, y 197, respectivamente).

Y aun obviando tal fundamento, cabe señalar que no hay crítica concreta al monto fijado ya que la manifestación del apelante sólo revela una mera discrepancia, y por lo demás, no resulta a criterio del suscripto excesivo el importe fijado, ya que atendiendo a las circunstancias de la presente causa, caudal económico de la demandada (art. 666 bis del Código Civil) que se presume por tratarse de una organización empresarial (art. 5 de la L.C.T.) cuyo titular es una sociedad anónima, y considerando que en definitiva su magnitud debe graduarse en razón de la intensidad necesaria para doblegar la porfía del obligado (conf. BueresHighton, obra y tomo citado, págs. 589/590), dicho monto resulta en realidad exiguo, lo que conlleva a la desestimación de la queja.

6. En consecuencia, propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para disminuir el capital de la condena a la suma total de pesos un mil cuatrocientos noventa y cuatro con treinta y cinco centavos ($1.494,35.), con más los intereses en la forma ya fijada en la anterior instancia, confirmando el decisorio apelado en lo demás que fuera materia de agravio.

Desde que la reducción del capital de condena se fundamenta en la adopción de una distinta base remuneratoria pero en definitiva se mantiene la condena respecto de la totalidad de los rubros acogidos en la anterior instancia (sueldo anual complementario, vacaciones, incremento previsto por el art. 1 de la ley 25.323 e indemnización art. 80, último párrafo, L.C.T.), ello no altera los vencimientos parciales y mutuos que presentan las partes en la anterior instancia, en tanto que los honorarios allí regulados lo fueron en términos porcentuales por lo que se ajustarán en forma automática al nuevo importe, por lo que no será necesario efectuar las adecuaciones previstas en el art. 279 del C.P.C.C..

El progreso parcial de uno de los agravios traídos por la demandada y la incidencia económica que el mismo proyecta sobre el importe de las pretensiones acogidas en el fallo en crisis, y la desestimación de los restantes permiten delinear en esta instancia un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir prudencialmente las costas en el orden causado, atendiendo así a las porciones de éxito y fracaso obtenido por el apelante (art. 71 del C.P.C.C.).Finalmente, atendiendo a la naturaleza, extensión y eficacia de las tareas cumplidas ante la Alzada, propicio regular los emolumentos del Dr. J. G., en la suma equivalente al 4,94% del monto establecido conforme a las pautas de la anterior instancia (arts. 6, 7, 9, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.

Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fs. 175), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs.168/171), por la cual se hace lugar parcialmente a la demanda instaurada por el Sr. N. A. G. en contra de la sociedad que gira en el comercio bajo la denominación de "F. D. S. S.A.", condenando a ésta última a que abone en el plazo que se fija, a que abone al actor la suma de $ 2.685,60, con más sus intereses que indicara en el considerando; como asimismo, a la entrega del certificado del Art. 80 de la L.C.T., bajo apercibimiento de ser pasible de la aplicación de astreintes que fija en $ 5 por día de demora en el cumplimiento. Impone las costas en un 70% a la parte actora y el 30% restante a cargo de la demandada.

El informe previsto por el art. 62 de la Ley 69, se halla glosado a fs. 177/178.

I. Los agravios formulados han sido reseñados suficientemente por quien me precediera en la votación por lo que me restringiré a puntualizarlos a título de guía sobre los aspectos que habré de expedirme, a saber: 1) monto de la remuneración normal y habitual; 2) monto de la condena del art. 1° de la Ley 25323; 3) multa art. 45 de la Ley 25345; y 4) presentación de otro certificado.

II. Ingresaré al tratamiento de los puntos sobre los cuales se formularan agravios siguiendo la misma nominación, orden y numeración en la que fueran expuestos.

1) Monto de la remuneración normal y habitual: A poco que se verifican los montos percibidos por el actor en autos durante el año 2002 (vide: recibos obrantes a fs. 40/59), se advierte que no alcanzó en ningún período mensual del año 2002 la cuantía del monto que recibiera en enero del 2003, pero con imputación al mes de diciembre del año anterior monto que corresponde al informado en el certificado obrante a fs. 19 de $ 463, y que es el que la juzgadora del anterior grado adoptara parcialmente como base de cálculo como salario mensual, normal y habitual. Digo parcialmente por cuanto, insisto, el monto percibido en el mes de diciembre de 2002, ascendió a la suma de $ 463, empero solo se tomó el importe del recibo de fs. 62 de $ 325.

De otro lado, es un hecho consentido y firme que el actor se desempeñó tareas de sereno suplente o "franquero" en la empresa de la demandada, que indican tareas eventuales que justifican las disparidades habidas en los montos percibidos y de los que dan cuenta los recibos antes citados.

En tal contexto, comparto la opinión del vocal de sala que me precede en la votación, en cuanto que corresponderá determinar el salario que servirá como base de cálculo a todos los fines a través de promediar las sumas parciales habidas durante dicho período (de febrero/02 a febrero/03), en atención a la variación evidente de los haberes devengados y percibidos mes a mes durante el último año de prestación de tareas del actor. Efectuados de tal modo los cálculos respectivos computándose el S.A.C. correspondiente, se obtiene la suma de $ 183,40 como remuneración promedio anual, la que se tomará a los efectos de calcular los rubros por los que prosperara la demanda.

De este modo, efectivamente los rubros liquidados en la sentencia ascienden a los siguientes importes, a saber: 1) S.A.C. prop./01 y S.A.C. 2002, a la suma de $ 253,94; 2) vacaciones 2002/2003 (17 días), $ 124,71; 3) art. 1 de la Ley 25323, $ 565,48; y, 4) art. 45 de la Ley 25345, $ 550,20.

De tal manera con esta base económica de cálculo la suma total por la que prosperara el reclamo del actor asciende a un total de Pesos Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro con Treinta y Cinco Centavos ($ 1494,35).

Precisaré que los rubros numero 3 y 4, se encuentran supeditados a lo que resulte del tratamiento de los agravios que a su respecto se formularan y que seguidamente se dirimirán en mi voto.

En tales términos corresponderá acoger el presente agravio. Así lo voto.

2) Monto de la condena del Art. 1 de la Ley 25323: Ciertamente expresar dudas sobre la procedencia de tal agravamiento indemnizatorio por falta de registración del trabajador cuando no ha existido condena a pagar la indemnización por despido incausado o causado, según sea el caso, no expresa crítica alguna que atender. Tampoco lo es que se ensaye una interpretación como la vertida a continuación, en cuanto se señala "...admitiendo que le asista razón a la señora Jueza en cuanto se trata de un valor de referencia..."(sic). Es que en tales términos no hay materia sobre la cual pueda esta Alzada ejercer su facultad revisora por carecer de crítica concreta y razonada que atender (Arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).

En consecuencia, propongo al acuerdo se tenga por desierto en esta porción al recurso de apelación deducido.

3) Art. 45 de la Ley 25.345: Tengo dicho antes de ahora que nada obsta a que se tenga por satisfecho el recaudo de requerimiento previo exigido por el artículo de mentas, con la notificación del traslado de la demanda cuyo proveído contenía la intimación a presentar el certificado de trabajo bajo apercibimiento de los dispuesto en dicha norma (Conf. S.D.L., Sala B, Nros. 19/04; id. S.D.L., Nro. 17/04, entre otras, CANE).

Pues bien, el actor en autos se tuvo por despedido por despacho telegráfico de fecha 27/03/03, y si bien interpuso su demanda aún no habiendo transcurrido los 30 días establecidos por el art. 3 del Dcto. regl. Nro. 146/01, puesto que fue interpuesta con fecha 10/04/03 (fs. 11 vta.), siendo despachada por el tribunal el 16/04/03 (fs. 12), recién se notificó por cédula cursada y diligenciada el día 07/05/03 (fs. 13 y vta.). En tal contexto entonces, atenidos a tales constancias y merced que el certificado de fs. 19 fue acompañado conjuntamente con la contestación de demanda que data del 03/06/03, es evidente que tal certificación fue entregada tardíamente, lo cual impone por sí solo la procedencia de la indemnización especial contemplada en el art. 45 de la Ley 25345.

De otro lado, es dable añadir que tampoco éste certificado satisfizo tal como lo indica la Sra. Juez a quo, la obligación de marras, al menos como es exigible hacerlo. Es que ciertamente el Art. 80, 2do. párrafo de la L.C.T. impone la obligación al empleador de entregar al trabajador la certificación de trabajo al extinguirse por cualquier causa el contrato de trabajo.

Ahora bien, es de interpretar que el empleador cumple suministrando, por escrito, la información que corresponda. Pero dicha cumplimiento debe entenderse perfeccionado solo cuando aquél contenga la información correcta, que no es otra que la indicada explícitamente en la norma de mención (tiempo de prestación de servicios, la naturaleza de éstos, constancias de sueldos percibidos y aportes efectuados), con el agregado incorporado por la Ley 24.576 (calificación profesional obtenida).

Habida cuenta de ello, la obligación de otorgar el certificado de trabajo que pesa sobre la patronal una vez extinguida la relación laboral y que se perfecciona con su entrega. solo se satisface si se realiza en tiempo y forma. Y no es irrelevante, la completitud, veracidad y exactitud de la información que debe incluirse en dicha certificación de servicios, lo cual supone un hacer específicamente determinado por el art. 80 de la Ley de contrato de trabajo, y en caso de incumplimiento parcial o defectuoso, implicará como consecuencia que se tenga por no hecha en los términos contemplados por el art. 625 del Código Civil (Conf. Ackerman, Mario E., "La indemnización por incumplimiento de las obligaciones del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo (t.o.)", D.T., 2001A541)(Conf. ésta sala B, S.D.L., Nro. 54/04, c. 19766, CANE).

Es en tal tesitura que considero que correctamente, en mi opinión, la Sra. Juez a quo, tuvo por insatisfecha tal obligación y admitió el agravamiento indemnizatorio previsto en la norma en juego.

Tampoco es un cuestionamiento admisible la supuesta conformidad tácita del actor quien no impugnó el certificado acompañado con la demanda, para lo cual basta con decir que tal obligación legal está impuesta al empleador bajo la sola extinción del vinculo laborativo constituyendo su cumplimiento un mínimo no disponible por el trabajador quien solo ha de satisfacer los recaudos puestos a su cargo como lo es el requerimiento previo cursado en el plazo de habilitación legalmente previsto.

Hecho ello, no es viable que la patronal se ampare como lo pretende hacer la demandada en autos en una supuesto consentimiento implícito a su modo de otorgamiento por cuanto no existe obligación de pronunciarse a su respecto. Por lo demás debe estarse a lo dicho en relación a la naturaleza de la obligación que impone dicha norma y las consecuencias de su incumplimiento parcial o defectuoso.

En lo relativo a la alegación de que se confeccionó el certificado de fs. 19 con las constancias que se tenían, baste con señalar que de haberse registrado en debida forma y tiempo el contrato que vinculara al actor con la empresa tal déficit denunciado como impeditivo no sería tal. De allí, que no es susceptible de ser atendida la argumentación ensayada y basada en la propia incuria de la patronal en el cumplimiento de sus deberes legales de registración, como pretendida defensa justificativa de la insatisfacción en debida forma de la certificación de los servicios prestados a su favor.

Como consecuencia de lo dicho, entonces, concluiré en que el presente agravio tampoco ha de prosperar, dejándolo así propuesto al acuerdo.

4) Presentación de otro certificado: En puridad, en consonancia con lo antes dicho en relación a que la obligación de la patronal de certificar servicios en cuanto la misma consiste en una obligación de hacer, no hallo que ante su ejecución deficiente por no ajustarse la certificación emitida a las exigencias del Art. 80 de la L.C.T., pueda eximirse de su debido y específico cumplimiento en forma. Y ello es de tal manera en los términos del precitado Art. 625 "in fine" y conc. del Código Civil.

Tampoco tiene visos de atendibilidad la petición efectuada "ad eventum" de que se le conceda un plazo de gracia, añadido al ya transcurrido en exceso desde la extinción del vínculo. Y por último, en cuanto se ensaya una mera disconformidad con la cuantía fijada en concepto de astreintes, estimo que no hay agravio que atender desde que, a más de no contener crítica cierta y concreta alguna, no encuentro que exista interés actual que le pudiera dar contenido al mismo. Ello habida cuenta que solo tendrá operatividad dicha conminación al cumplimiento ante el incumplimiento de la manda jurisdiccional, presupuesto de hecho éste que no ha acontecido en el caso.

En suma, propicio la desestimación del presente agravio.

III. Conclusión:

Por lo expuesto, propongo al acuerdo que se revoque parcialmente el fallo apelado para disminuir el monto del capital de condena a la suma de Pesos Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro con Treinta y Cinco Centavos ($ 1.494,35), con más los accesorios fijados en la anterior instancia; confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravios.

Compartiré que la modificación del monto del capital de condena no altera las calidades de vencedor y vencido mutuas que cabe atribuir a las partes del presente litigio; como asimismo, que merced a que los honorarios de los letrados intervinientes fueron fijados en alícuotas porcentuales que se ajustarán automáticamente a esta nueva base económica de regulación, no será menester efectuar adecuación alguna a este nuevo decisorio.

Debido a que de los cuatro agravios formulados solo uno de ellos tiene acogimiento en el presente resolutorio, se delinea en la Alzada un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir prudencialmente las costas devengadas en ella, por el orden causado, por ajustarse a mi ver a los éxitos y derrotas habidas en esta instancia (Arts. 71 y 279 del C.P.C.C.).

Los honorarios del Dr. J. G., letrado apoderado de la parte demandada en autos, atendiendo a su extensión, calidad y resultado, estimo adecuado regularlos en la suma equivalente al 4,94%, sobre el monto final del pleito que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A pertinente (Arts. 6, 14 y conc. de la Ley 2.200; Leyes 23.349 y 23.871).

Termino mi intervención el la presente cuestión pronunciándome en ella PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Vergara dijo:

Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para disminuir el capital de la condena a la suma de pesos un mil cuatrocientos noventa y cuatro con treinta y cinco centavos ($1.494,35.), con más los intereses en la forma ya fijada en la anterior instancia, confirmando el decisorio apelado en lo demás que fuera materia de agravio; b) imponer las costas de Alzada en el orden causado; y c) regular los honorarios del Dr. J. G., por sus tareas de segunda instancia, en la suma equivalente al 4,94% del monto establecido conforme a las pautas de la anterior instancia, con más el I.V.A. correspondiente.

Así lo voto.

A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, por resultar fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado.

ASI LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por encontrarse vacante una vocalía de Cámara (art. 8 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar: S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE: REVOCAR parcialmente la sentencia venida en apelación para disminuir el capital de la condena a la suma de pesos un mil cuatrocientos noventa y cuatro con treinta y cinco centavos ($1.494,35.), con más los intereses en la forma ya fijada en la anterior instancia, confirmando el decisorio apelado en lo demás que fuera materia de agravio;

IMPONER las costas de Alzada en el orden causado;

REGULAR los honorarios del Dr. J. G., por sus tareas de segunda instancia, en la suma equivalente al 4,94% del monto establecido conforme a las pautas de la anterior instancia, con más el I.V.A. correspondiente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

l.

Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO RAUL ADRIAN VERGARA REGISTRADA BAJO EL N° 26 DE 2005 SDL. Conste.