marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Notificación, validez de los actos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Miguez, Jesús R. c/ Provincia de Buenos Aires (i.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-06

Si bien es exacto que la notificación de los actos administrativos requiere una serie de formalidades (arts. 62 a 66 del dec. ley 7.647 /70), el art. 67 2da. parte de la mentada normativa establece que "...si del expediente resulta en forma indudable que el interesado ha tenido conocimiento de la providencia, la notificación o citación surtirá desde entonces todos sus efectos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acto administrativo, pensiones, pensiones militares, Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, suplementos del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Podestá, Eulogio Alberto y otros c/ Caja  de  Retiros,  Jubilaciones  y  Pensiones  de la Policía Federal s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-25

Cuando los peticionarios comenzaron a percibir el suplemento por trabajos extraordinarios y/o actividad crítica no fue como consecuencia de un acto administrativo, sino que fue liquidado en forma automática por parte de la Caja en tanto sus haberes debían calcularse sobre un porcentaje"... de la suma de los conceptos de sueldo y suplementos generales, o por otros conceptos que se establezcan en el futuro para el personal en servicio efectivo del mismo grado o antigüedad".
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Las Marianas S.R.L. s/ Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-21

Es doctrina reiterada de esta Suprema Corte que, en principio, las decisiones relativas a medidas cautelares no tienen el carácter de definitivas en el concepto de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, no observándose en el caso en que se declara la caducidad del embargo preventivo y de la inhibición general de bienes, imponiéndose las costas por su orden, motivos que permitan apartarse de dicho criterio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aplicación de la ley, accidentes de trabajo, cómputo del plazo, prescripción, costas en el orden causado
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Pinilla, Rafael Andres c/ Horizonte Compañia Argentina de Seguros Generales S.A. s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-04

Corresponde hacer lugar a la excepción de prescripción liberatoria articulada por la aseguradora y en consecuencia rechazar la acción incoada, por cuanto el contenido de la misiva remitida a la Comisión Médica a la que el actor le pretende asignar efectos suspensivos del plazo señalado - bianual-, no representó una intimación, requerimiento ni cuestionamiento administrativo, porque de haber sido así debió solicitar la intervención del órgano superior (Comisión Médica Central) que tampoco se invoca aquí. Y finalmente, no la dirigió al sujeto que, conforme la base jurídica que invoca en esta demanda, consideraba obligado por las prestaciones incumplidas, total o parcialmente, la aseguradora de riesgos de trabajo, ni se explica de qué forma o vía pudo haber llegado a su conocimiento, por lo que no se concreta el presupuesto legal del art. 3986 del C. Civil, cual es: "la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica".
Procedimiento contencioso administrativo, procedimiento tributario, actos y diligencias procesales, nulidad procesal, acción revocatoria, notificación automática, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Sancor Cooperativas Unidas Limitada c/ GCBA s/ apelación - acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-19

En razón de que ya se había practicado y notificado a las partes interesadas la regulación de honorarios, del carácter excepcional que presenta el recurso de revocatoria in extremis intentado, y fundamentalmente porque éste no está contemplado en las reglas procesales del código de rito, la demandada no podía prever la contingencia procesal seguida en el expediente respecto al "recurso" interpuesto. Por tal motivo resulta inaplicable al caso el principio general contenido en el artículo 117 CCAyT respecto a la notificación ministerio legis, y por ende no puede entenderse válidamente notificado el traslado conferido ni decaído el derecho para contestarlo. Al omitirse la notificación personal o por cédula prevista en el artículo 119 del código de rito, el recurso revocatoria in extremis no ha sido debidamente sustanciado en los términos del primer párrafo del artículo 214 del mismo código, aplicable al caso por analogía. (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-02-18

No se violentó el art. 156 de la Constitución Pcial., si el fallo de la alzada ha tratado las cuestiones esenciales que las Cámaras deben resolver obligatoriamente (arts. 333, C.P.P. y 10 de la ley 3560).
Confirmación de sentencia, incumplimiento del contrato, permuta, entrega de la posesión, restitución de sumas de dinero, intereses, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: Gramuglia Claudia Silvina y otro/a c/ Paz, Blanco Bienes Raíces S.A. s/ cumplimiento de contratos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-10-12

Cabe confirmar en lo principal que decide la sentencia apelada, modificándola únicamente en el aspecto económico de la condena, ya que la parte demandada sólo deberá abonar a la parte actora en el plazo fijado la suma correspondiente a título restitutorio y la suma correspondiente a título indemnizatorio -ésta última con más los intereses establecidos para la condena en dólares estadounidenses-, ello en virtud dela cláusula penal específicamente concebida para el caso de resolución por incumplimiento arts. 652 y sig. del CC y 1082 inc. c), 790 y sig. del CCyC. En cuanto a los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la entrega de la posesión, están constituidos por la ganancia dejada de percibir por su uso y goce que se traducen en el valor locativo de los mismos durante la demora; partiendo de dicha premisa el a quo hizo mérito de la pericia de tasación y admitió el rubro, condena que debe dejarse sin efecto, puesto que los efectos resarcitorios de la resolución se rigen únicamente por la cláusula penal -arts. 1082 inc. c), 793 del CCyC-; si bien ninguna de las partes apeló ese aspecto de la sentencia, resolver de ese modo no implica una infracción al principio de congruencia -arts. 36 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 266, 272 y conc. del C.P.C.C.- ni una reformatio in peius, ya que esa solución se impone a raíz de un reordenamiento de los efectos de la resolución como consecuencia de los agravios formulados por la parte actora -quien además, en términos generales, se ve sensiblemente beneficiada por los efectos de esta sentencia-.
Actualización monetaria, banco central, multa administrativa, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FOINCO Compañía Financiera S.A. c/ B.C.R.A. s/ apelación (Resolución 559/91)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-17

La ley 21.526 en su art. 3, prevé la actualización de la multa que aplica el B.C.R.A., facultando al Poder Ejecutivo Nacional para hacerlo en forma permanente al importe máximo aplicable. Habida cuenta de ello no puede haber menoscabo de la garantía consagrada por el art. 18 de la C.N., pues la disposición que ordena actualizar el importe de la multa se hallaba incorporada al sistema de normas vigentes al momento de los hechos. Por otra parte, la adecuación no responde en la especie a agravar la sanción sino simplemente a mantener la significación económica de la multa prevista por la ley a la fecha de cometerse la infracción (conf. esta Sala, in re "Banco Internacional S.A." del 5/7/84).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, honorarios del abogado, depreciación monetaria, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: ALVAREZ PRIETO s/ SUCESION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-09

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por el letrado beneficiario de la regulación recurrida, si no se hizo cargo debidamente de los términos del recurso, en el cual el letrado apelante hizo referencia a que el envilecimiento de la suma depositada durante prolongado lapso se debió a lo dilatorio de los planteos de los incidentistas y a que si la pretensión de éstos hubiera prosperado las costas hubieran sido calculadas sobre el importe de la subasta reajustado.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CACERES FABIANA ALEJANDRA c/ CAJA SOCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-09-14

Los agravios expuestos por el casacionista dirigidos a cuestionar el carácter de guardián de la cosa riesgosa atribuido a su parte, así como el alcance otorgado a la eximente de responsabildiad reconocido por el A quo, remiten necesariamente a un nuevo examen de los hechos y elementos probatorios que obran en la causa, siendo las mismas cuestiones ajenas en principio a esta instancia de excepción, salvo que se alegue y demuestre perfectamente en el escrito recursivo la presencia de los vicios que habilitan a esta Corte a penetrar en la revisión de esas materias, esto es el absurdo o la arbitrariedad en la valoración de los mismos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concesión de uso, contratos en curso de ejecución, quiebra
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: E.F.A. c/ PESCASUR S.A. s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-15

La ley 19.551 no se refiere al contrato administrativo de concesión de uso en forma expresa, pero regula los efectos jurídicos de la quiebra para los contratos en curso de ejecución y con prestaciones recíprocas pendientes (arts. 147, 148 y CC de la ley 19.551) entre los cuales aquéllos quedan comprendidos. Por lo tanto se aplican estas normas al caso de autos y han quedado resueltos los contratos de concesión celebrados por las partes, por no haber decidido el síndico, con autorización del juez, su continuación a cargo de la quiebra (art. 148, ley cit.).
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, prueba
Materia: PENAL
Carátula: JUAN CARLOS RAMIREZ s/ INCUMPLIMIENTO DEBERES ASISTENCIA FAMILIAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-04-09

En el tipo de que se trata, el dolo ha de integrarse con la omisión de prestar alimentos, la que debe ser deliberada, maliciosa, según se desprende de la expresión "se sustrajeren" utilizada por el artículo 1º de la Ley 13.944.El límite de aplicación del tipo no está dado por la existencia de un peligro concreto para el sujeto pasivo, sino por la efectiva demostración de que él o la obligada se sustrae a la prestación de los medios necesarios para la subsistencia de aquél, a pesar de haber sido requerido al efecto y hallarse en condiciones de hacerlo. Circunstancia ella que no surge de las constancias de la causa, con lo que no se desacreditó lo expuesto por el encausado en su defensa y en el sentido de hallarse impedido de cumplir totalmente con su obligación alimentaria. Prueba en contrario que atañe al órgano de acusación.
Responsabilidad médica, prueba pericial, dictamen pericial, valor probatorio, cuerpo médico forense
Materia: PROCESAL
Carátula: Britez de la Loggia, Aída Mercedes c/ Ministerio   del  Interior  (Pol.  Fed.  Arg.  -  Hospital  Churruca) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

En casos de esta naturaleza, el dictamen pericial tiene, como principio, importancia relevante, sobre todo si emana del Cuerpo Médico Forense en razón de la seriedad, peso científico y objetividad que cabe reconocerle.
Tasa de justicia, pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salto, Delinda y otro c/ Campos, Carlos A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-02

No puede derivarse que la parte vencedora y no cargada en costas deba responder por el pago de la tasa judicial, cuando el accionante vencido goza de beneficio de litigar sin gastos, en tanto el artículo 279, segundo y tercer párrafos del Código Fiscal (t.o. Res.

N 294/96) se refieren, en primer término, a la inclusión de la tasa en las costas judiciales y la obligación de su abono por quien deba soportarlas y, el segundo, a la forma en que las partes exentas y no exentas habrán de abonarlas según estén o no cargadas en costas;

reiterando su parte final el artículo remite al 270 inciso 5 del mismo cuerpo legal que menta: "los que litiguen con el beneficio de litigar sin gastos", estableciendo de esta manera- una excepción a la regla general que dispone su abono irrestricto. Por otra parte, esta solución halla correlato con la obligación que porta el condenado en costas que goza del beneficio de litigar sin gastos, de responder de ellas cuando mejore de fortuna (art. 84 del CPCC) (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, daño resarcible, daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arellano Ramón c/ Hanson Hugo R. y Otro s/ Daños y Perjuicios Basualdo Bernardina c/ Leonte Jose Martín y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-20|2000-06-08

El daño psíquico no constituye una categoría independiente, debido a que el Código Civil sólo se refiere a "daño patrimonial", entendiendo por tal el perjuicio sufrido por el damnificado y la ganancia de que fue privado como consecuencia del acto ilícito -artículo 1069- y el "daño moral o agravio moral" ocasionado a la víctima -artículo 1078-.
Prescripción de la acción penal, delitos especiales, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Torresi, Rubén s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-07

Tratándose de un delito especial propio que sólo puede ser cometido por un funcionario público con competencia para intervenir en la operación en cuestión, no existe posibilidad legal de achacar el delito del art. 265 CP en calidad de autor con posterioridad a la fecha en que abandonó la función pública, aunque se haya dispuesto con anterioridad la renovación automática del contrato y ésta haya tenido lugar después de la desvinculación del imputado de las funciones públicas. El voto concurrente consideró que había transcurrido con exceso el plazo de prescripción de la acción penal entre el momento de comisión del delito y el decreto por el que se dispuso citar al imputado para comunicarle los hechos y darle oportunidad de prestar declaración indagatoria. (Dres. Yacobucci, Mitchell y García -voto concurrente-).
Seguros, incapacidad total, riesgo asegurable, interpretación del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: Marotte, Isabelino c/ Y.P.F.  y otro s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

La cláusula de la póliza que cubre el riesgo de invalidez total, que requiere que el asegurado no pueda desempeñar "cualquier actividad remunerativa", no se la puede entender en su expresión literal, esto es, estar casi muerto o ser incapaz de realizar cualquier tipo de tareas, sino en un sentido más flexible, pues de lo que se trata es de establecer si el beneficiario se encuentra imposibilitado de realizar aquellas actividades que le eran habituales, u otras similares.
Empleados públicos, carrera administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Negri, Omar Oscar c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-22

Dado que la actividad de la Administración se presume legítima, el reclamante debe probar los hechos en que funda su pretensión, es decir, acreditar los extremos por los cuales el cargo asignado no es equivalente al que ejercía con anterioridad a la vigencia de la ley 10.384, así como las circunstancias invocadas y que en su opinión impidieron que obtuviera una resolución ecuánime y con arreglo a derecho (en el caso, la enemistad manifiesta que habría tenido con uno de los integrantes del Tribunal Encasillador y mediante la cual intenta desvirtuar lo actuado por este cuerpo).
Caducidad de instancia, reemplazo del patrocinio, retiro de copias
Materia: PROCESAL
Carátula: Medina de Ruarte, Blanca E. c/ E.F.E.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-13

La presentación de un nuevo apoderado requiriendo se extraigan fotocopias de los actuados se encuentra muy lejos de configurar una actuación apta para hacer avanzar el proceso de una a otra etapa.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Paredes, Luis Marcelo s/ Homicidio, robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

La falta de cumplimiento a lo establecido en la segunda parte del art. 286 del Código de Procedimiento Penal al tratar la Cámara la cuestión referida a la materialidad ilícita constituye un agravio referido a una supuesta violación de la ley procesal en la que el a quo fundamenta lo resuelto, tema por completo ajeno al recurso extraordinario de nulidad (doc. art. 349 inc. 1°, C.P.P.).
Seguros, defensa del consumidor, reconocimiento de derechos, plazo, silencio, excesos u omisiones en el pronunciamiento, sanciones pecuniarias, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Delgado Nureña, Richard y otro c/ Escudo Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-17

Corresponde desestimar la pretensión de aplicación de una multa de daño punitivo (LDC 52) a una aseguradora que fue condenada al pago de la suma asegurada con motivo del siniestro de destrucción total del vehículo del asegurado, en tanto omitió pronunciarse en el plazo de la LS 56. Ello así, pues no fue presentada constancia alguna demostrativa de que la aseguradora hubiera obrado abusivamente. Y, al respecto, cabe recordar que la propia ley 17418 prevé la posibilidad de que la aseguradora omita expedirse sobre la procedencia o no de la cobertura solicitada frente a la ocurrencia de un siniestro y la forma de interpretar dicho silencio (art. 56), con lo que mal pudo invocarse la violación del derecho de información del asegurado por la falta de respuesta expresa de aquella frente a la denuncia del siniestro. Tampoco fue explicitado y probado que el incumplimiento contractual en que incurrió la aseguradora demandada se hubiera traducido en una actitud vejatoria de los derechos del asegurado apoyada en el ejercicio excesivo o torticeramente desviado de los derechos que la póliza o la ley 17418 confieren al asegurador.
Caducidad de instancia, fundamentación del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GFM y otra  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en bkv y otros contra gcba sobre daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-07

Corresponde rechazar la queja dirigida, en último término, a cuestionar la sentencia que declaró la caducidad de la instancia debido a que los actores no logran rebatir el auto denegatorio de su recurso de inconstitucionalidad, en lo relativo a la ausencia de caso constitucional y de arbitrariedad. Los recurrentes tampoco se hacen cargo de los fundamentos de la alzada que la llevaron a confirmar la caducidad decidida en la instancia de grado. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Importaciones, derechos de importación, valor de aforo, aranceles consulares, transporte marítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FORD MOTOR ARGENTINA S.A. s/ APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-20

Del decreto 3642/65, dictado por el Poder Ejecutivo en virtud de la delegación efectuada en el art. 3 de la ley 14.781 resulta en forma expresa que los valores de aforo, más el flete marítimo abonado o cotizado -si la mercadería se hubiera transportado por vía aérea- y el arancel consular, constituyen la base de cálculo para la liquidación de los recargos de importación de las mercaderías introducidas al país durante los años 1966, 1967 y 1968 al amparo del mismo, y que tal base imponible es la computable para el caso de las importaciones comprendidas en la repetición promovida por la empresa actora, cuyo acogimiento al citado decreto no se halla en tela de juicio.
Recurso de casación, inconstitucionalidad
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Suárez, Claudio O. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-06

Para el recurso de casación o el de inconstitucionalidad, rigen las mismas exigencias de fundamentación requeridas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (artículo 14, ley 48). Tales exigencias no parecen conciliables con la mera invocación de las garantías supuestamente contradichas por la norma cuya invalidez se pretende y, menos aún, con la sugerencia de su compatibilidad con el texto constitucional.
Contratos internacionales, aplicación de la ley, Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Méndez Valles, Fernando c/ A.M. Pescio SCA. s/ ejecución de alquileres.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

El art. 36 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo (1940) remite a la ley que rige el fondo para la determinación de la forma impuesta, si es que alguna hubiera. A ello se refiere cuando indica que esa ley decide sobre la calidad del documento correspondiente. La ley del lugar de cumplimiento del contrato (arg.

art. 37) determina qué calidad debe tener el documento en el que conste el acto. Las "formas y solemnidades de los actos jurídicos", que se rigen, en cambio, por la ley del lugar de celebración, se refieren a los requisitos reglamentarios que deben revestir la forma impuesta por la ley que rige el acto jurídico.
Caducidad de instancia, ley provincial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Sociedad  Cooperativa  Transporte  Automotor  Litoral Ltda. (SCTALL.) c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ Indemnización de daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

Corresponde declarar la caducidad de la instancia en la causa que tramita ante la Corte como consecuencia del art. 101 de la Constitución Nacional, pues una norma local como la ley de la Provincia de Buenos Aires que ordenó la paralización de los juicios en que dicho estado es demandado, no puede interferir en la jurisdicción originaria del Tribunal.