marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, acción de amparo, causa de las obligaciones
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Bareiro Alcaraz, Tomasa c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-27

El planteo de la Procuración sobre el carácter abstracto de la cuestión no repara en que si en primera instancia no se hubiese dispuesto una medida cautelar que ordenó al GCBA incrementar el monto del subsidio oportunamente otorgado a la actora ante el cuadro de extrema necesidad que se constataba en el caso, ella se encontraría ante la misma situación que la obligó a interponer el amparo. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhiere la Sra. Jueza Ana María Conde).
Tratados internacionales de derechos humanos, responsabilidad internacional del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Riveros, Santiago Omar c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-09

Cuando un estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos está obligado a velar porque los efectos de sus disposiciones no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su efecto y fin.
Contratos innominados, contratos bancarios, defensa del consumidor, responsabilidad solidaria, indemnización
Materia: CIVIL-BANCARIO-COMERCIAL
Carátula: Banco Comafi SA c/ Sansuste, Fernando Andres s/ ejecutivo (ll 20.9.19, f. 122.131)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-11

1. Resulta procedente la demanda incoada contra una entidad bancaria y una aerolínea, con motivo del incumplimiento del programa de bonificaciones y premios que beneficiaba al actor por ser cliente del banco demandado, y mediante el cual el actor acumulaba "kilómetros" de la aerolínea en función de sus movimientos bancarios. Ello así, toda vez que le fue negada injustificadamente la solicitud de canje de pasajes a la ciudad de Londres, razón por la que el actor debió comprarlos con sus propios recursos. 2. En ese marco, corresponde rechazar la defensa intentada por la aerolínea, en cuanto asegura haber actuado de conformidad con los términos y condiciones del programa, según el cual los beneficios pretendidos estaban sujetos a disponibilidad, pues no acreditó los términos y condiciones del programa que regían la relación contractual que la vinculaba con el actor al momento del reclamo. En consecuencia, no probó que el actor tenía cabal conocimiento de sus alcances, por ejemplo, la limitación de espacios y que el canje estaba sujeto a disponibilidad. 3. En el mismo sentido, tampoco pudo acreditar que Londres no era un destino posible para realizar el canje, pues resultó probado que el actor recibió publicidades de la aerolínea a través de correos electrónicos que le informaban la posibilidad de canjear sus kilómetros por pasajes aéreos a distintos destinos, ofreciéndole distintas oportunidades y nunca especificó que sólo debía canjearlo por los destinos promocionados. 4. Por ello, no habiendo probado que actuó correctamente según el programa, y evidenciando una clara falta al deber de información para con el actor, cabe responsabilizar a la aerolínea codemandada. Asimismo, corresponde responsabilizar solidariamente a la entidad bancaria en los términos de la LDC 40, pues si ambos coaccionados prestaron el servicio en conjunto, deben asumir ambas su responsabilidad en la operatoria frente al cliente. Lo actuado por cada demandada afecta a la otra, por cuanto ambos resultan responsables frente al "cliente o consumidor" del servicio ofrecido.
Transporte de carga por agua, accidente de navegación, incendio naval, carga de la prueba
Materia: NAVEGACION
Carátula: Columbia  S.A.  de Segs. y Colorín c/ Cap. y/o Arm. Bq. "Monte Cristo" s/ Interrumpe prescripción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-31

La prueba del incendio está sujeta a un régimen especial en el derecho marítimo, porque desde épocas remotas ese siniestro ha sido uno de los más aterrorizados peligros del mar, y si bien la inversión probatoria que se adopta respecto del derecho común sólo busca beneficiar al naviero eximiéndolo de la acreditación de las causas provocadas del incendio, en modo alguno lo libera de probar adecuadamente que éste existió a bordo del buque o durante las operaciones de carga o descarga y que dicho siniestro produjo la pérdida o daño de las mercancías.
Competencia, cuestiones de competencia, competencia federal, ENCOTEL
Materia: PENAL
Carátula: ENCOTEL s/ COMPETENCIA FEDERAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-04

Es competente la justicia federal en la investigación de los hechos que damnificaron a "Encotel" (creada por ley 19.654 y regida su actividad por las disposiciones del Estatuto Orgánico sancionado mediante decreto 1111-73), que tiene por objeto, entre otras funciones, la prestación del servicio público de correos y telegráfico interno e internacional en todo el país; no siendo de aplicación la excepción contenida en el art. 1 de la ley 14.180.
Comercialización ilegal de estupefacientes, derecho a la intimidad, fotografía
Materia: PENAL
Carátula: C.,A.M. y Otros s/ Tenencia con fines de comercialización agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-11-27

Por aplicación de la teoría de los actos propios, cabe concluir que no viola el derecho a la privacidad e intimidad de una vivienda, el material fotográfico obtenido por el agente policial desde el puesto de observación y escucha para procesar al imputado en orden al delito de comercialización de estupefacientes, pues captó lo que estaba a la vista de cualquier individuo que transitaba por el frente del domicilio de los acusados, por lo que mal pueden entonces cuestionar que se haya invadido su privacidad.
Notificación, notificación por cédula, domicilio constituido, nulidad de la notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: BARQUIN, Carlos c/ U.N. DE QUILMES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-16

Cuando el vicio de que adolecería la cédula es la falta de correspondencia entre el domicilio al cual se dirigió y el carácter de él -se consignó como domicilio constituido el que era real- y no obstante ello la cédula fue diligenciada correctamente no causándole perjuicio alguno al nulidicente el error en que se incurrió (el apelante se limitó a expresar que se consignó en forma errónea el domicilio constituido y a solicitar que se decrete la nulidad de la señalada notificación ), en modo alguno puede considerarse sus dichos como una mención expresa del perjuicio sufrido y del interés jurídico que se pretende subsanar, por lo que no se puede subsanar, por lo que no se encuentra presente uno de los requisitos para la procedencia de la nulidad.
Facultades del Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, docentes, remuneración
Materia: CIVIL
Carátula: Encinas, Alberto y otros c/ E.N. (M. de Educación y Justicia) s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Al reducir el índice del maestro de enseñanza práctica, el P.E.N.

excedió notoriamente las facultades que se le delegaron por la ley 21.307. Ello lleva a invalidar el decreto 3.516/84, no sólo porque se apartó del espíritu de la ley que pretendió reglamentar y de la política legislativa allí establecida, sino también porque modificó el sistema de la ley 16.445 que continuaba en vigencia, lesionando los derechos nacidos a su resguardo.
Estafa, estelionato, compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, hipoteca
Materia: PENAL
Carátula: CUPPIRAGGI, JOSE Y OTRA s/ ESTAFA  -  DEFRAUDACION  -  ESTELIONATO - DESBARATAMIENTO DE DERECHOS  ACORDADOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-14

La promesa de venta de un inmueble formalizada en un boleto de compraventa ocultando el gravamen hipotecario que registraba no constituye estafa, ni defraudación, en los términos del art. 173, inc. 9 del C.P.

Hasta tanto no se otorgue la escritura pública, con las formalidades exigidas por la ley, sólo existe un contrato preliminar, por el que las partes se obligan a celebrarla.

La recepción por parte del acusado de la suma total convenida, la entrega y posesión del departamento, sólo demuestra el principio de ejecución de aquel contrato.
Prescripción, plazo, intereses moratorios
Materia: CIVIL
Carátula: Lia, Julio c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 294-89) Martín y Martín S.R.L. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 551-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24|1999-02-24

El artículo 4027 inciso 3) del Código Civil, que establece un término de prescripción de cinco años para las obligaciones "que deben pagarse por años, o plazos periódicos más cortos", comprende los intereses de toda deuda determinada, sea cual fuere su origen y es aplicable a los intereses moratorios, aun cuando en la demanda se reclame su pago como una suma global, correspondiente al período comprendido entre la fecha en que el comprador demandado debió pagar el precio y aquella en que efectivamente lo pagó con retardo.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, parte dispositiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: DIESER, MARIA GRACIELA Y FRATICELLI, CARLOS ANDRES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

Los agravios vinculados con la falta de concordancia de votos y la abstención inválida cuentan "prima facie" con entidad suficiente como para operar la apertura de la instancia de excepción. Es que, como bien argumenta el señor Procurador General, en el caso estamos claramente en presencia de una violación al artículo 26 de la ley 10160; y aun cuando esta Corte ha considerado que "totalmente" debe ser contextualizado, al punto tal de leerse como "sustancialmente", no creo que exista una razón colegial, esto es, un argumento imputable al cuerpo como colectivo. Cabe referir en este sentido el voto del señor Ministro doctor Iturraspe en "Milo"en el que sostuvo que las razones vertidas por los vocales de Cámara son (...) razones totalmente diferentes que no coinciden en lo sustancial (...).

El pronunciamiento carece de esencia, de unidad, de unidad lógica jurídica cuya validez depende (de que) también ostente una sustancial coincidencia en los fundamentos (...). También en este tenor puede mencionarse el voto del señor Ministro doctor Ulla, quien expresó, como estándar, el de la coincidencia sustancial de opiniones. Es lo que la tópica denomina "sensus comunis".

Debemos tener presente lo normado por la propia Constitución provincial en su artículo 95: "Las sentencias y autos interlocutorios deben tener motivación suficiente, so pena de nulidad". Lo que nos permite inferir que motivación suficiente, implica coincidencia en lo sustancial de los votos, lo que no se da en autos.( De la disidencia del Dr. Prunotto Laborde a la que adhiere el Dr. Roulet).
Condición resolutoria, pacto comisorio, duda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GLATZ DE SORC ROSALIA c/ JOSE RODRIGUEZ s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S111 - 194)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-04-27

En la especie se ha pactado una condición resolutoria que provoca la automática resolución del contrato, privando a las partes de la posibilidad de atener su existencia, y no un pacto comisorio que otorga a la parte inculpable el derecho de optar entre el cumplimiento del contrato y su resolución. La condición sub-examine no es potestativa pura, sino mixta o potestativa impropia, por lo que la obligación que la contiene es válida. Que en la duda sobre si la condición es puramente potestativa, corresponde concluir en que es potestativa impropia y por lo tanto, en la validez de la obligación, ello así porque como no es lo corriente que las partes hayan querido celebrar un acto jurídico de contenido ilusorio, que es lo que ocurre cuando se constituye una condición puramente potestativa de parte del obligado, basta que se insinue la duda sobre la eficacia de la condición para que corresponda admitir la validez de la obligación. Prevalece en la doctrina la opinión de que la sanción contenida en el art. 542 CCI, es aplicable únicamente a las condiciones puramente potestativas suspensivas, pero no a las resolutorias, como lo es la del sub iudice.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, constitucionalidad, jueces, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

El cuestionamiento de inconstitucionalidad que aparece como propio de la convocatoria, es el que señala que un pronunciamiento en abstracto es violatorio del marco de competencia y modo de actuación del Poder Judicial que surge del artículo 116 de la Constitución Nacional: "causas" son los casos concretos llevados ante los tribunales y el pronunciamiento en abstracto implica una concreta violación de ese marco. Si bien varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, avalados por importante doctrina, parecen seguir el criterio admonitorio de pronunciamientos en abstracto, el tema no se cierra por ello, debiéndose tener en cuenta que la práctica sostenida de los Tribunales del país muestran históricamente una aceptación de los fallos plenos que no ha tenido réplica de inconstitucionalidad por la Corte Suprema y que definen, así, una dinámica interpretativa constitucional. (Del Voto del Dr.

Bernardini -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Inventario y avalúo, sucesiones
Materia: CIVIL
Carátula: Brescacin Carlos Antonio s/ Sucesorio Ab Intestato- Incidente De Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-02-22

El avalúo de los bienes en el marco del proceso sucesorio lo es de aquellos que integran el acervo y no determinado el mismo queda claro que la operación efectuada en autos resultó inoportuna por prematura, pues no se contaba, al momento de ordenar su producción, con bienes inventariados en los términos del art. 751 del CPCC. Y si bien es cierto que ambas operaciones pueden presentarse en forma simultánea (lo que de hecho ocurre en la mayoría de los casos) si los herederos optaron por hacerlo en forma disociada, la valuación de los bienes requería de su previa determinación.
Materia: PENAL
Carátula: P., M. y Otros s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-07-01

"La premeditación del concurso requiere, en cada interviniente, en el momento del acuerdo, el mínimo de conciencia y voluntad necesario para que su actuación en el hecho sea una secuela del acuerdo".
Daños y perjuicios, bancos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GOTTIG JOSE MARIA c/ BANCO DE ENTRE RIOS S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-04-06

Es que la actividad bancaria se caracteriza por ajustarse a las disposiciones y el contralor del Banco Central de la República Argentina, y cualquier omisión a las exigencias reglamentarias en cuanto al procedimiento para la apertura de lascuentas corrientes, debe serle imputada como culpa grave. También la doctrina hapuntualizado el carácter "profesional" en la respnsabilidad bancaria (Conf. Garriguez,"Contratos Bancarios", pág.11), circunstancia que también debe evaluarse para apreciar su responsabilidad en este caso.La responsabilidad de los bancos por el incumplimiento de los requisitos debidos en la apertura de las cuentas corrientes es materia que ha sido ampliamente desarrollada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, en L.L. 1985-C-449 y jurisprudencia citada en el punto III del Dr. Anaya.En definitiva, la actividad omisiva y negligente de la demandada trajo aparejada su responsabilidad, al permitir la facilitación en la comisión de hechos ilícitos, con un margen de cierta impunidad, ocasionando un daño resarcible al pretensor conforme lo establecido por el Código Civil en los artículos 511, 513, 902, 909 y 1109. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sumario administrativo, procedimiento administrativo, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Montes, Juan Felipe c/ Provincia de Córdoba s/ Sumario administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-09-29

El ejercicio de la potestad disciplinaria supone un adecuado equilibrio entre el interés público comprometido (la posibilidad de que la administración pueda efectuar las correcciones necesarias para encauzar la conducta que despliegan sus agentes) y el interés particular del administrado (el propio agente) de que no se le vulneren derechos esenciales (derecho de defensa y el principio del debido proceso legal). La única forma de resguardar tal equilibrio es la estricta observancia del principio de legalidad. Por tal causa, es esencial al ejercicio de la potestad disciplinaria el escrupuloso acatamiento de dichas garantías constitucionales (arts.

18 Const. Nac. y 23 inc. 13 y 40 Const. Pcial.).
Competencia federal, derechos y garantías constitucionales, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Domingo Angellini S.A. c/ Instituto Fluvioportuario Provincial s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

La supuesta violación de las garantías constitucionales relativas a la propiedad, libertad y vida de los habitantes de la República no sujeta, por sí sola, las causas que de ella surjan, al fuero federal, pues este sólo tendrá competencia cuando aquéllas sean lesionada por o contra una autoridad nacional.
Prescripción, empresa ferroviaria, contrato de transporte, deber de obrar con prudencia, lesiones, herido de bala
Materia: CIVIL
Carátula: Baeza, Silvia Ofelia c/ Buenos Aires, Provicnia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

Cabe admitir el planteo de prescripción opuesto por la empresa de subterráneos contra la demanda promovida por la actora -herida de bala en una estación de subte-, pues desde la fecha del hecho que genera el reclamo hasta la promoción de la acción, transcurrió con exceso del plazo del art. 855 del Código de Comercio, aplicable al caso por haberse demandado en virtud del invocado deber de indemnidad derivado del contrato de transporte.
Falsificación de documentos, consumación del delito, falsificación de instrumento privado, falsificación de instrumento público
Materia: PENAL
Carátula: CAMINO, Maximino s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04

La diferencia entre un documento público y uno privado, no reside en que toda falsedad de la primera clase entrañe un daño necesariamente, sino en que la existencia de la falsedad debe medirse desde el momento de la producción misma del documento, precisamente porque los documentos de esta clase se caracterizan por valer en sí mismos, mientras que los otros están despojados de ese poder y solo adquieren valor y sentido según el modo en que se presenten o empleen.
Delitos, graduación de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: GELVEZ, ELIAS GERMAN c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-08

En relación a los agravios vinculados a la pena impuesta, no logra demostrar la impugnante que la respuesta dada por la Cámara al planteo en similar sentido efectuado por su parte al expresar agravios, resulte irrazonable, advirtiéndose que sus postulaciones -más allá del tinte constitucional que pretende otorgarle- sólo dejan traslucir su mero disenso con la solución dada a la causa por el Tribunal a quo, que aportó fundamentos suficientes que no se vislumbran irrazonables en confrontación con las parciales apreciaciones efectuadas por la compareciente en relación a la cuestión.
Declaración indagatoria, interrupción de la prescripción
Materia: PENAL
Carátula: Patiño, Rodolfo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-16

La disidencia parcial consideró que se imponía una decisión jurídica única, teniendo en cuenta que los hechos transcurrieron antes del primer llamado a indagatoria y, desde ese momento a la fecha, no han transcurrido nuevos actos procesales que interrumpan el curso de la prescripción, por lo que se imponía la solución dispuesta por el Juez de primera instancia. Dres. Riggi, Gemignani, Catucci -disidencia parcial-.
Docentes, aptitud psicofísica, discriminación, orientación sexual
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: S., M. G. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-02-10

La decisión de la Cámara luce inmotivada en tanto, al desestimar el reclamo indemnizatorio con fundamento en que no constaba que el certificado de inapto expedido por la Junta Médica hubiera comportado una discriminación por la orientación sexual de la recurrente o una desviación de poder, se desentendió -al analizar la legitimidad del obrar de las autoridades escolares- de las propias constancias de la causa donde en la instancia administrativa la docente inmediatamente de notificada de dicha certificación ofreció prueba de su parte que indicaba que no estaba afectada de dolencia o ineptitud alguna para el cargo.En tal contexto, para dilucidar la causal discriminatoria, se imponía analizar el puntual comportamiento de las autoridades en relación a la docente (durante el extenso período transcurrido) y si -en todo caso- habían omitido o no con razones valederas las diligencias para esclarecer la situación, como así también, los elementos probatorios aportados en la causa. (Del voto de la Dra. Gastaldi)
Remuneración, pago de la remuneración, remuneraciones accesorias, diferencias salariales, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Giménez, Julio Alejandro c/ Servicios Públicos Sociedad del Estado s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-04-11

Lo que garantiza el derecho del trabajo como "protección" del trabajador es la remuneración básica en función de la actividad que desempeña, mas los adicionales y diferencias que no surjan del convenio colectivo o que estén sujetos a determinadas circunstancias fácticas, necesariamente deben ser acreditados para considerar que se ha generado un crédito a su favor.
Instrumentos públicos, carta documento
Materia: CIVIL
Carátula: C., M.D. s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-16

Este Cuerpo, enrola en la tesis que considera que la carta documento es instrumento público. La Carta Documento "constituye un instrumento público (art. 979 inc. 2 CC) y por ende auténtico y fehaciente.

Tanto el contenido como las fechas de emisión y recepción y el lugar o domicilio de despacho y entrega hacen plena fe por la certificación que a su respecto efectúa un ente estatal de carácter público cual es la Empresa Nacional de Correos y Telecomunicaciones.." (carácter público -acoto- que resulta en esta etapa por la "reasunción" de los servicios que estuvieron privatizados) "... y estas circunstancias sólo pueden ser desvirtuadas mediante redargución de falsedad (art. 993 y ss CC)".- Criterio reafirmado en la SD Nro. 54/92 -mi voto al que adhirieron los restantes miembros del Tribunal, en que se formularon otras apreciaciones. Y a la hora de interpretar la validez de las notificaciones cursadas por Carta Documento, a partir de lo preceptuado por el Código Civil para los instrumentos públicos- utilizó las mismas reglas jurisprudenciales usadas en el caso.