Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-28


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 28días del mes de Marzo del año 2.007, reunido en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia de su titular Dr. Fernando Salvador Luis ROYER y la presencia de los Sres. Ministros, Dres. José Luis PASUTTI, Daniel Luis CANEO, Juan Pedro CORTELEZZI, Alejandro Javier PANIZZI y Jorge PFLEGER para dictar sentencia en los autos caratulados:

"F... S..... A y Otros c/ MUNICIPALIDAD DE RAWSON s/ Acción Meramente Declarativa" (Expte. N° 19.450-F-2.004) y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 1.899, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. José Luis PASUTTI, Jorge PFLEGER, Alejandro Javier PANIZZI, Daniel Luis CANEO, Juan Pedro CORTELEZZI y Fernando Salvador Luis ROYER. - Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la demanda? Y, SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?. - A la primera cuestión el Dr. PASUTTI dijo: -- 1.- Que originariamente, ante este Superior Tribunal de Justicia, "F.... E H... S.A." -una de las cuatro empresas actoras- presentó una Acción Declarativa de Certeza de las previstas en el art. 322 del CPCC contra la Municipalidad de Rawson, citando a juicio -en los términos del art. 94 del CPCC- a la Municipalidad de Trelew.

Sin embargo, el Tribunal se declaró incompetente, remitiendo los autos al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de la ciudad de Rawson, por los fundamentos dados en SI N° 21/SCA/02 (a fs. 1.025/1.030, según refoliatura). Por su parte, las demás accionantes: "F S.A", "P... C.... S.A.", y "A... F... Y C.... S.A." -por separado- presentaron su Acción Declarativa de Certeza directamente ante el Juzgado individualizado supra.

Así, continuó el trámite de las cuatro causas ante ese Juzgado.- Al tomar intervención la Municipalidad de Trelew en cada uno de los Expedientes iniciados por las tres últimas empresas, denunció la existencia de un conflicto de poderes entre los dos Municipios. En "F... E H... S.A." no lo hizo, aunque sus fundamentos fueron similares a los expresados en apoyo de aquella denuncia. Me explayaré más adelante, al analizar la presentación del tercero.

El Municipio de Rawson rechazó tal hipótesis de conflicto.

1.1.- En este punto sólo he de detallar, a partir del planteo del Municipio de Trelew, cuál fue el trámite seguido en la causa iniciada por "F.... S.A." -que es la presente-, pues es la que llegó en primer término a este Superior Tribunal y en la cual resultaron más tarde acumuladas las otras tres, a su solicitud. -- El Señor Juez de Primera Instancia -subrogante- rechazó la hipótesis de conflicto de poderes presentada por la Municipalidad de Trelew y la elevación de los autos a este Superior Tribunal de Justicia para resolverlo.

Consideró extemporáneo su "planteo de incompetencia", lo hizo por providencia; e impetrada -por el tercero- revocatoria con apelación en subsidio, rechazó ambos recursos. Al mismo tiempo decidió correr vista a la Procuración General en turno a los efectos de la competencia (fs. 290).

A fs. 299 el Ministerio Público Fiscal dictaminó la existencia de un conflicto de intereses entre ambos Municipios, resultando de competencia originaria y exclusiva de este Superior Tribunal de Justicia. A fs. 301/302 el Señor Juez de Primera Instancia resolvió -nuevamente- no hacer lugar a la excepción de incompetencia planteada por la Municipalidad de Trelew.

Sostuvo que en los autos no se daba la base fáctica para la existencia de un conflicto de poderes, porque lo que se perseguía era una Sentencia Declarativa de Certeza incoada por F... S.A. a los efectos de que se determine la existencia o no de tributar el Impuesto a los Ingresos Brutos. - El tercero Municipalidad de Trelew apeló ese resolutorio (fs. 303) y concedido el recurso, expresó agravios (fs. 305/306). Finalmente la Excma. Cámara de Apelaciones se expidió revocando el resolutorio, decidiendo que este Superior Tribunal de Justicia era competente y elevando los autos (fs. 313/314).

Finalmente este Superior Tribunal de Justicia, atendiendo a la opinión del Señor Procurador General, entendió que estaba configurada una hipótesis de conflicto de poderes, declarándose competente para resolverlo. En el punto 5 me explayaré sobre los fundamentos del Dictamen y de la decisión del Cuerpo al respecto en el punto 6. - 1.2.- Ya ante este Cuerpo F.... S.A. solicitó -a fs. 364 y vta.- la acumulación a los presentes de los otros tres Expedientes que -como dije antes- habían continuado su trámite ante el Juzgado de Primera Instancia de Rawson.

Que en este último escrito, esa actora adujo que, entre su causa y las otras tres, existía evidente identidad de objeto, causa, sujeto pasivo y tercero citado en forma obligada, así como idéntico conflicto de poderes.

Fundó su solicitud en lo resuelto respecto de la competencia del Tribunal para intervenir en autos, en la finalidad de evitar que se configure un estrépito jurídico al dictarse sentencias contradictorias sobre idéntica cuestión y en motivos de ahorro procesal.

Finalmente, por Sentencia Interlocutoria Nº 1/SCA/05 (fs. 377/383 vta.) este Cuerpo dispuso la acumulación de esas tres causas a la iniciada por "F.... S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE RAWSON s/ Acción Meramente Declarativa" (Expte. N° 689-F° 119 - Año 2.002 - Letra 9.746), ahora como Expte. Nº 19.450 - F° 86 - Año 2.004 - La. F), estos son los presentes actuados. Resultaron así acumulados a éstos, los autos caratulados: "P... C... S A c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RAWSON s/ Acción Meramente Declarativa" (Expte. Nº 635 - Fº 110 - Año 2.002 - Letra 9.742), "F.... E H.... S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE RAWSON y Otro s/ Acción Meramente Declarativa" (Expte. Nº 287 - Fº 52 - Año 2.002 - Letra 9.394) y "A.... F.... Y C.... S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE RAWSON s/ Acción Meramente Declarativa" (Expte. Nº 651 - Fº 113 - Año 2.002 - Letra 9.758).

2.- Desde que los escritos de Demanda de las cuatro actoras, a la par de evidenciar la identidad considerada a los efectos de su acumulación, han sido redactados en similares términos, he de reseñar en este capítulo su contenido tomando sólo el de F..... S.A. He de indicar, en su caso, las diferencias que revistan.

Antes bien he de señalar que han quedado agregados los respectivos libelos: a fs. 90/105 el de F S.A.; a fs. 535/550 vta. el de P... C...... S.A.; a fs. 1.002/1.016 vta. el de F E H... S.A.; y a fs. 1.418/1.433 vta. el de A..... F Y C S.A. Todo según la refoliatura efectuada al acumular los Expedientes.

2.1.- Así, la actora F S.A. -como lo hacen las otras tres- viene a plantear una Acción Declarativa de Certeza de las previstas en el art. 322 del CPCC contra la Municipalidad de Rawson, a los efectos de hacer cesar el estado de incertidumbre jurídica provocado por las actuaciones fiscales de la Municipalidad de Rawson, las cuales estima que son ilegítimas e inconstitucionales.

Solicita que se determine la existencia, o no, de obligación -por parte de la actora- de tributar el Impuesto a los Ingresos Brutos que genera su actividad comercial desarrollada en su domicilio fiscal, sito en el Municipio de Trelew, y cuya imposición pretende esa demandada, al incluir en la pretensión tributaria las mismas operaciones realizadas desde hace años y por las que ya habría pagado en Trelew -según manifiesta-.

Simultáneamente requiere que se establezca la existencia o inexistencia, respecto de la accionante, del correlativo derecho de haber tributado y seguir tributando en el Municipio de Trelew, su domicilio fiscal -insiste- como lo ha hecho desde siempre.

Todo ello, en relación con las operaciones de comercialización de automotores que en el desarrollo de su actividad habitual realizó y sigue realizando la actora, en la ciudad de Trelew -advierte- con la intervención de una O comercial de corredores de comercio radicados y domiciliados fiscalmente en la ciudad de Rawson: O D... F,.....

Tales operaciones son las que han sido objeto del procedimiento fiscal al que alude -aclara- enfrentando a la actora con una "gestión de pretensión impositiva ilegítima" y provocándole una amenaza de ejecución fiscal, cuyas posibilidades de eventual reparación -vía repetición por acción ordinaria, aduce- se transforman en una perspectiva lejana y asimilable a una privación de justicia.

Describe la actividad que realiza, como concesionaria automotriz -difieren las marcas que comercializa cada actora-: F S.A., F****; P... C S.A., F....; F E H... S.A., P..... y C....; A.... F Y C S.A., V.....y S.... Aclara -cada una- que además de dedicarse a la comercialización de la respectiva marca, lo hace con otras, a usados y maquinarias, así como operaciones de comercio exterior. Cada una describe que desempeña tal actividad en la Provincia del Chubut -y otras en el caso de F S.A.-, en distintas localidades, en las cuales cuenta con puntos de venta inscriptos y acreditados en AFIP-DGI, poseyendo habilitación comercial en los respectivos Municipios.

Todas aducen que se encuentran debidamente empadronadas como contribuyente del Impuesto a los Ingresos Brutos, específicamente en aquellos municipios donde tienen puntos de venta; en cada jurisdicción territorial que regula este tributo Municipios y Provincia, aclaran-.

En particular cada actora manifiesta tener sus puntos de venta -en aquellas condiciones- en las siguientes ciudades:

F S.A. en Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Comodoro Rivadavia, Trevelin, Neuquen, Río Gallegos y Río Grande;

P.... C S.A. en Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Trevelin;

F E H.... S.A. en Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia;

y A... F.... Y C...S.A. en Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Trevelin. Manifiestan acreditarlo con la documental que adjuntan. Traen copias simples de formularios AFIP-DGI y de empadronamiento del Impuesto a los Ingresos Brutos en los respectivos Municipios y Provincia (DGR), a los que me referiré al analizar la prueba. - Sostiene -cada actora- ser fiel cumplidora de sus obligaciones fiscales y que no está en su intención eludir el pago del Impuesto de Ingresos Brutos que generan sus actividades. Sea cual fuere el municipio a quien determine "la Justicia" que corresponde su derecho a cobrarlo, dice que allí será oblado. - 2.2.- F S.A. relata los hechos a partir del procedimiento fiscal llevado a cabo por inspectores de la Municipalidad de Rawson, el 24 de abril de 2.001 en E.... Nº **** de la ciudad de Trelew, en su domicilio legal y fiscal.

Por su parte, las restantes indican, en idéntico sentido lo ocurrido: P.... C S.A. el 24/04/01, en ** de J..... y R...., Trelew; F E H..... S.A. el 11/01/01 -continuando el 24/04/01- en ** de J.... *** y B....., Trelew; y A... F.... Y C... S.A. el 24/04/01, en S... A....***, Trelew.

Recuerda -cada una de ellas- que tales inspectores, manifestando realizar una "determinación de oficio" de una supuesta deuda de Impuesto a los Ingresos Brutos que se consideraría impaga a ese Municipio de Rawson, solicitaron la exhibición de sus libros y facturas para efectuar una compulsa, a los efectos de la verificación y fiscalización impositiva respecto de las comisiones pagadas a "O D... F...", en el período 1.995-2.001, según consta en el acta de requerimiento del Expediente Administrativo al que dio origen dicho procedimiento, que ofrece como prueba -cada actora ofrece el suyo-. -- Según tengo a la vista, las actuaciones administrativas labradas por la Municipalidad de Rawson -Departamento de Ingresos Brutos-, tramitaron:

las de F S.A. en el Expte. Adm. Nº 3750/01 individualizado como "Orden de Intervención Nº 30 - Contribuyente F S.A. - Ingresos Brutos y Hab. Comercial Nº 07777 - Fecha: 24/04/2001" (agregado en original a partir de fs. 119/200, según refoliatura);

las de P.... C S.A. en Expte. Adm. Nº 3746/01, "Orden de Intervención Nº 31/01 - Contribuyente P,... C S.A. - Ingresos Brutos y Hab. Comercial Nº 10000 - Fecha: 24/04/2001" (agregado en original a partir de fs. 744/861, según refoliatura); - las de F E H.... S.A. en Expte. Adm. Nº 3748/01, "Orden de Intervención Nº 23/01 - Contribuyente F E H... S.A. - Ingresos Brutos y Hab. Comercial Nº 07777 Fecha: 11/01/2001", (agregado en fotocopias certificadas a partir de fs. 1.240/1.281, según refoliatura), hasta Disposición N° 4/02 que designa al Cdr. S para efectuar la Pericia y los puntos de ésta.

Aparte se acompañaron copia certificada Disposición 3/02 que determina la deuda N° 7/02, aplica multa, y rectificatoria del número de ambas N° 11/03, todas desde fs. 1.172/1.177. - y las de A.... F.. Y C.. S.A. en Expte. Adm. Nº 3.747/01, "Orden de Intervención Nº 44/01 -Contribuyente F Y C S.A. - Ingresos Brutos y Hab. Comercial Nº 07777 - Fecha: 24/04/2001" (agregado en original a partir de fs. 1.447/1.517, según refoliatura).

Advierte -cada accionante- que ante tales requerimientos, el personal de la empresa no los aceptó y no firmó el acta de marras, porque concernía a un contribuyente de Rawson: "O.... D.. F...." con el cual la misma mantiene relaciones comerciales. Estima que lo pretendido constituye una "extralimitación" de la competencia territorial la Municipalidad de Rawson y de las facultades legales de esos funcionarios del Municipio requirente, que califica como un "exceso de poder y nulidad".

Recuerda la actora F S.A. que pasados cuatro meses, recibió la CD 30.676.619.5 AR (original a fs. 72) suscripta por el Sr. Intendente y el Secretario de Hacienda de la Capital, con la cual -entiende- se habría pretendido cumplir con el recaudo del art. 22 del Código Fiscal que exige "cédula de notificación".

Relatan lo propio las demás actoras, adjuntando documental del mismo tenor -recibidas en plazos aproximados-: P.... C... S.A. recibió la CD 30.676.616 4 AR (original a fs. 461); F E H.... S.A., la CD 30.676.618 1 AR (original a fs. 970); y AUTOMOTORES F Y C S.A., la CD 30.676.617 8 AR (adjuntó fotocopia simple, a fs. 1.352). - Hace notar -cada actora- que surge de tal Carta Documento que no es contribuyente a los ingresos brutos en el Municipio de Rawson.

Asimismo advierte que al aludirse en la misma a la verificación del día 21/04/01 -para F E H.... S.A. el 11/01/01- y a la documentación aportada por "O... D... F....", se pretendió dar visos de formalidad a la determinación de oficio de la base imponible prevista en los arts. 16 al 18 del Código Fiscal de Rawson para el pago de los Ingresos Brutos, que alcanzaría "ahora" al período enero de 1.993-diciembre 2.000 -dice F S.A.- y las otras tres actoras refieren que el período sería desde enero de 1.997 a diciembre de 2.000.

Manifiesta que a pesar de no consentir la pretensión tributaria, por entender que por su domicilio fiscal las facultades jurisdiccionales eran privativas de la Municipalidad de Trelew, igualmente tomaron vista sus abogados de las actuaciones administrativas iniciadas por el Municipio de Rawson, avizorando que aquellas pretensiones afectarían su desenvolvimiento comercial.

Relata que así tomó conocimiento de la pretensión concreta de la demandada, la cual interpreta que era, en ese momento, el pago por parte -de cada una de las empresas actoras- del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por todas las ventas efectuadas por esa empresa a "personas acercadas" por la O... de J... A. D... F... y G... D... F..., domiciliadas en la ciudad de Rawson o aún fuera de ellas, en el período 1.997-2.000 para F S.A. y A... F Y C S.A. Y respecto de P.... C S.A. y F E H... S.A., éstas dicen que la pretensión comprendía el período 1.993-2.000.

Hace notar -cada una de las actoras- que se trata de operaciones sobre las cuales "ya pagó" en su momento el tributo en cuestión a la Municipalidad de Trelew. Y en particular P... C S.A. entiende que se le reclaman obligaciones impositivas prescriptas.

Agrega que al presentarse en sede administrativa rechazó la notificación como asimismo cualquier procedimiento por el cual se le diera -a cada actora- el tratamiento como contribuyente del Municipio de Rawson; que negó la jurisdicción para perseguir el cobro del Impuestos por Ingresos Brutos "cuyo origen surja de hechos imponibles acontecidos en la ciudad de Trelew", como son los que integran la pretensión de aquél.

Dice haber señalado los perjuicios que le causaba -a cada accionante- el apartamiento del secreto de las actuaciones, determinado en el art. 24 del Código Fiscal de Rawson, haciendo reserva de derechos por daños y perjuicios. -- Efectúan todas la misma crítica a distintos aspectos del procedimiento fiscal seguido por la Municipalidad de Rawson en el caso.

Por un lado, señalando que el Municipio de Rawson, ante la imposibilidad legal de acceder sin extralimitaciones a la documentación contable de la empresa accionante o de proceder a su secuestro o incautación, tomó los registros contables y papeles de comercio de O.... de J... y G.... D.. F..., contribuyentes de Rawson, para determinar la base imponible del Impuesto a los Ingresos Brutos que se pretende cobrar a cada una de las actoras, según se había expresado en las respectivas Cartas Documento. Y que ese Municipio lo calculó en base al monto de las comisiones percibidas por los Sres. D... F..., tomadas todas ellas como un porcentaje fijo sobre cada una de las operaciones realizadas por la correspondiente empresa demandante, con intervención de estos "corredores de comercio".

Considera que es improcedente tal determinación sobre una imprecisa base presunta y de oficio respecto de la hipotética obligación tributaria imputada -en cada caso- por los períodos antes referidos. Se funda en los arts. 16 y 18 del Código Fiscal de Rawson.

Estima que existen gruesos defectos conceptuales y formales en cada Carta Documento. Entiende que se ha pretendido, con lo actuado en los Expedientes Administrativos -ofrece como prueba cada una el suyo- seguir el procedimiento previsto por el art. 21 de dicho ordenamiento fiscal. Y hace notar -cada accionante- que a la fecha de la presentación de su respectiva demanda, el trámite administrativo se encontraba en la etapa de prueba.

Por otro, todas advierten que al presentarse en el Expte. Administrativo intentaron esclarecer cuál era el criterio jurídico por el que debía tributar el Impuesto a los Ingresos Brutos en Rawson, señalando falencias. Según indican, emplearon los mismos argumentos, que detallo a continuación. - Que conforme el art. 1 del Código Fiscal de Rawson, las "Ordenanzas Tributarias" sólo deben aplicarse a los hechos imponibles producidos dentro del ejido municipal de Rawson, de acuerdo al principio de territorialidad de los actos de imposición, conforme el art. 93 de la Constitución Provincial vigente y antes previsto en el art. 67 de la Carta Magna del año 1.957. -- Asimismo, cada una dice haber advertido que "no está tipificada en F S.A." -ni en las demás actoras, según refieren- una conducta o actividad que pueda ser pasible de la imposición prevista en el art. 98 del Código Fiscal; que la firma nunca ha contado con habilitación prevista en su art. 177, ni con punto de venta en Rawson, de conformidad con lo normado por la RG DGI 3419 -la cual adjuntan las actoras-, excepto F E H... S.A. que en definitiva se opuso "en resguardo de la legalidad del quehacer administrativo" -dicen todas- a la determinación de las bases imponibles y por no ser contribuyente de esa ciudad.

Agrega que consignó que nunca ha sido intimada por falta de cumplimiento de sus obligaciones para con el fisco provincial y/o municipal.

Encuentra viciada la pretensión imponible. Estima que no lo estaría si se hubieran tenido a la vista las liquidaciones hechas en el Municipio de Trelew por la actora -lo dice cada una y las ofrece como prueba- cual es el lugar y la jurisdicción fiscal, el domicilio fiscal de la empresa, en donde siempre se liquidó y pagó el Impuesto a los Ingresos Brutos correspondiente a cada una de las operaciones que ahora pretende imponer "nuevamente" la Municipalidad de Rawson.

Aduce que esto surge de dichas liquidaciones y del Expte. Administrativo, en el cual, intentando dar claridad, solicitó una Pericia Contable a realizarse sobre los propios libros -de cada actora- para constatar la imputación contable de las facturas de O... D... F.....

A la par solicitó el libramiento de oficio al Tribunal de Cuentas Provincial para que informe si en toda licitación en que participó F S.A. se constató el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. -- 2.3.- Dedica un capítulo de su demanda -lo hacen las cuatro con idénticos fundamentos- para explicar cómo opera comercialmente con "O.... D.. F...". Expresa que a los efectos de desarrollarse, ha extendido su actividad comercial a toda la provincia y a todos los "potenciales clientes".

Lo ha hecho por distintos medios, que distingue: centralizando su actividad en los puntos de venta aludidos -detallados más arriba-, mediante difusión masiva y publicidad -en diarios, periódicos, radiodifusión, TV, aclara- y en forma más directa y personal: "a través de contactos de corredores de comercio independientes y ajenos a la firma, que operan acercando probables clientes y son retribuidos con comisiones si su gestión se concreta exitosamente".

Sostiene que éste es el caso de quienes operan en Rawson, los Sres. J y G D.. F.., a través de la razón social "O.... D... F....", sociedad de hecho actualmente transformada en S.R.L., con domicilio en C... **** de esa ciudad, habilitados y registrados por la Municipalidad de Rawson. - Se explaya respecto de la función de estos últimos. Dice que son "corredores cuentapropistas", que operan comercialmente en la intermediación en forma independiente, ajenos a toda instrucción o directiva; con recursos, objetos y fines propios. Aduce que ésa ha sido su relación con cada empresa accionante.

Así, a través de la diligencia personal, estima que se ha incorporado un elemento más económico y del que carecen los medios corrientes como diarios o radio, el cual se suma a la tarea de acercar clientes posibles o eventuales, compradores y/o vendedores, domiciliados en Rawson, pero no excluyentemente.

Califica a la tarea de "contacto y acercamiento" hacia la firma y hacia los productos que comercializa la actora en Trelew -aclara- brindando su capacidad de preparar los contactos que concretarán eventualmente una operación.

Ello, con la pretensión de obtener una comisión retributiva, que se pacta de común acuerdo por cada operación exitosa o negocio de comercialización de automotores concretado con su corretaje; porcentual que varía -dice- según se trate de compraventa de automotores nuevos o usados, según el tipo de vehículo y características de cada operación.

Insiste en que el rol de los citados "corredores" ha sido siempre difundir, en sus círculos y relaciones, las bondades de los productos y marcas representadas por la empresa: "trato, service, atención financiera y consideración", acercando los posibles clientes y percibiendo una comisión si se logra éxito en su gestión. -- Añade que "O... D.. F...." tiene su domicilio comercial y fiscal en Rawson -antes como sociedad de hecho y entiende que actualmente como S.R.L.-, que lleva regularmente libros contables, liquida y abona el correspondiente Impuesto a los Ingresos Brutos por las comisiones percibidas -de cada empresa accionante- a la Municipalidad de Rawson.

Aduce que ésta lo ha aceptado desde hace largos años y que la habilitación comercial que le ha otorgado a aquélla le permite incursionar en operaciones de corretaje y actividades de comisionistas, operaciones inmobiliarias, administración de propiedades, compraventa de automóviles nuevos y usados... siendo responsables inscriptos frente al I.V.A., ante la AFIP... y que esa sociedad tiene capital propio y autónomo.

Adjunta cada una documental relacionada con la habilitación comercial ante el Municipio de Rawson de aquella firma (Adjuntan fotocopia simple de esa habilitación comercial -del año 2.000- a fs. 77 F S.A., a fs. 474 P... C S.A. y a fs. 1.361 A... F Y C S.A.).

Por su parte, F E H.... S.A. adjunta a fs. 994/996, además de fotocopia simple de habilitación comercial de "O.... D... F..." -pero del año 1.995-, la de una solicitud de empadronamiento en el Impuesto a los Ingresos Brutos en la Municipalidad de Rawson y constancia de números de registro en la AFIP-CUIT e inscripción en IVA de la misma firma).- Concluye el punto insistiendo en que "O... D.. F..." -en relación con las accionantes, según manifiestan expresamente-, no constituye filial, ni sucursal y no es concesionario, agente, mandatario, ni depende económicamente de cada empresa actora.

Sostiene que es uno más de sus clientes y sólo para determinado ramo de sus actividades... que no hay "atadura de exclusividad" alguna en la relación, ni compromiso de estabilidad o permanencia de la misma.

2.4.- En el título "Del encuadre jurídico" de las tres Demandas: -excepto en la de F E H.... que titula "De las normas aplicables"- se justifica la vía procesal elegida y sus pretensiones, completándolo cada una más adelante, en el punto "Procedencia de la Acción Declarativa", donde se detallarán los presupuestos exigidos por la jurisprudencia. He de reseñarlos en conjunto. -- Explica -cada demandante- qué parte de su actividad habitual de venta de automotores está relacionada con clientes domiciliados en Rawson y acercados a la firma por los buenos oficios de "O... D.. F....", constituyendo un volumen que no puede ignorarse, y en un marco de recesión -advierte- necesita tener claramente determinado el Impuesto a los Ingresos Brutos, por ser "un gravamen eminentemente trasladable" para calcular márgenes, costos y niveles de precio de cada operación, siendo significativa su incidencia.

Alude al "gravoso estado de incertidumbre", la falta de certeza, la duda, que ha surgido a partir del procedimiento fiscal y las pretensiones de la Municipalidad de Rawson hacia la actora. No sabe ésta cuáles son sus derechos y obligaciones impositivas, ni "con quién" los tiene, respecto de la liquidación y pago de Ingresos Brutos, por las operaciones incluidas en dicho procedimiento. - Aclara que no obedece a especulación alguna el seguir tributando ante el Municipio de su domicilio, que es Trelew -insiste cada actora-.

Indica que continúa tributando el Impuesto a los Ingresos Brutos a este último Municipio; pero que, a partir de los procedimientos de la Municipalidad de Rawson, no sabe dos cosas: por un lado, si está efectuando un pago sin causa; por otro, si no terminará abonando nuevamente el tributo por cada una de las operaciones y en forma compulsiva al segundo. - Advierte que el daño es inminente, posible, innegable... ante una previsible e inminente ejecución fiscal, una vez emitido el certificado de deuda y en caso de falta de pago; lo que afectará su actividad, en un "palpable y gravoso daño económico".

Aduce que esa incertidumbre sólo ha de cesar con el pronunciamiento que pide en esta acción declarativa de certeza, el medio más rápido y excepcional que se ha visto compelida a intentar -sostiene que no existe otro idóneo-, para dilucidar en qué Municipio debe ser considerada contribuyente de los Ingresos Brutos por las operaciones que ha realizado y realiza con la modalidad aludida.

Sea que determine la improcedencia jurídica de la pretensión impositiva del Municipio demandado, corroborando la postura de la actora -sostiene cada una-; o en caso contrario, igual cesará la incertidumbre, pues dará a la accionante la seguridad de que en el futuro deberá tributar en la Municipalidad de Rawson por las operaciones que realice con intervención de los corredores D... F....

Quedará expedita entonces la acción de repetición contra el Municipio de Trelew -interpreta, de darse el segundo supuesto- por los montos ya abonados.

Con esta acción previene -arguye cada actora- las "obvias lesiones" que la continuación del procedimiento fiscal y su situación infieren a su derecho de propiedad y a la seguridad jurídica. Agrega que de continuar la objetada postura municipal "la doble tributación" se constituirá en una "doble imposición", lesiva de los arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional, rechazada por las normas interjurisdiccionales, vgr. Convenio Multilateral, cuyos principios y filosofía básica han aceptado -entiende- tanto el Municipio de Rawson como el de Trelew, al gozar de sus recursos coparticipables.

Insiste en que ya ha pagado al Municipio de Trelew por las operaciones incluidas en la determinación impositiva elaborada por el de Rawson, que se pretende que tribute nuevamente, cuando nunca antes, el segundo ha objetado la forma en que tributó la empresa actora.

Destaca que no sólo recibió y cobró de conformidad con las liquidaciones efectuadas por O...D... F..., limitadas al monto de las comisiones percibidas por las operaciones realizadas con cada empresa actora, sino que jamás esbozó pretender el pago de tributo alguno sobre el importe de las ventas.

Entiende que la postura, hasta ahora, era racional y correcta, la cual ha sido dejada de lado por razones de urgencia e injustificable "avidez fiscal" -califica-; pero sin sustento jurídico.

2.5.- Funda la demanda partiendo de la primera Constitución de la Provincia del Chubut. Dice que, escapando a la incidencia histórica de los pactos federales que dieron la impronta a la Nacional de 1.853-1.860, en la local se impusieron claras y esenciales orientaciones a la política tributaria provincial, adoptándose lo que por entonces era una heterodoxa e importante tónica de la autonomía municipalista. Recuerda que así se estableció el art. 63 de la Constitución Provincial de 1.957, conservado en el actual art. 93, que transcribe, como un principio cardinal. - Y a la par, que se introdujo no ya la clásica autarquía jurídica y tradicionalmente reconocida a los municipios, sino la autonomía administrativa y financiera de las Corporaciones Municipales, con arreglo a las prescripciones de la Constitución -remite a su art. 208-. - Entiende que en esa tesitura, reafirmando el criterio de la delimitación territorial de las competencias impositivas, se estableció el derecho de las Corporaciones a las rentas y bienes propios, consagrándose la facultad exclusiva -destaca y cita su art. 112- de los Municipios para ejercer "facultades de imposición respecto de los bienes o formas de actividad... -siendo ésta el sustratum y materialidad específica y definitoria del hecho imponible en el añejo Impuesto a las Actividades Lucrativas y luego Impuesto a los Ingresos Brutos, aclara- sujetas a jurisdicción municipal, "pasadas" en la delimitación territorial de su ejido. - Sostiene que así el régimen quedó delineado, reconociendo un "normal poder tributario perteneciente a la Provincia", pero cuya competencia constitucional la obligaría y obliga a respetar en el ejercicio de sus facultades, el principio de delimitaciones y exclusividades territoriales, vgr. los ejidos municipales determinados por la ley. Concluye que entre ellas, las limitaciones que surgen de reconocer la autonomía y exclusividad de los Municipios para imponer sobre los bienes y actividades "ubicables y ubicados dentro de su delimitación territorial reconocida por la ley (ejidos)".

Agrega que ha quedado bajo el imperium de la Provincia todo lo que se encuentre fuera de los ejidos municipales. Siguiendo el clásico criterio de la vieja cláusula comercial de la Constitución Nacional, para delimitar las competencias federales y locales.

Advierte que en modo análogo para el caso de la Provincia y los Municipios. Así interpreta que todo lo que consista en materia interjurisdiccional o intermunicipal escapa a la competencia territorial e individual de las municipalidades y es del resorte y jurisdicción impositiva provincial.

A su juicio -de cada accionante- en la Constitución de 1.994 se mantuvieron incólumes esos criterios a través de los arts. 93, 225, 239 y concordantes. Refiere que el art. 239 alude al régimen de Coparticipación Federal y al Convenio Multilateral, normas reguladoras de la relación financiera entre la Nación y la Provincia.

Interpreta que en principio implica un sometimiento de los Municipios al reconocimiento del poder tributario originario de la Provincia que suscribe esos regímenes. Se funda en el art. 31 CN y el principio de legalidad.

Ello -dice- sin lesionar las facultades expresamente conferidas y los límites esenciales de la Constitución Provincial -vgr. competencia y "exclusividad material impositiva preferida", indica-. E implica, asimismo, en cuanto se otorguen, acepten y gocen los fondos coparticipables, como se ha hecho - agrega- la aceptación implícita y el respeto de los principios y normas básicos de esas regulaciones interjurisdiccionales: vgr. prohibición de doble imposición, consagrada en el texto de los arts. 1 y 35 del Convenio Multilateral Ley N° 20.221. - Destaca que la Municipalidad de Rawson tiene incorporado a su Código Fiscal Municipal -Ordenanza Nº 4.993/01- en su art. 1º, que las normas que regulan obligaciones fiscales que establezca ese Municipio se aplican a hechos imponibles producidos dentro de su ejido.

Que este se "enlaza" con el art. 2º -entiende- que contiene el principio de que no hay tributo exigible sin ley, la que deberá definir al mismo e indicar los sujetos pasivos de la imposición. Y por su art. 3º, al que tilda de pauta reafirmadora, expresamente indica que las normas de la materia no pueden ser interpretadas analógicamente ni suplidas por vía reglamentaria. - Recomienda que a la luz de lo que expone deberá examinarse el tema y lo prescripto por ese Código Fiscal. - Remite a los arts. 142 y 144 de dicho cuerpo normativo, en cuanto contempla algunas eventuales hipótesis, entre ellas las actividades desarrolladas en diferentes municipios, sujetas al Impuesto a los Ingresos Brutos... estableciéndose que se "celebrarán" -en tiempo futuro, aclara- convenios entre los mismos... aplicándose sus normas al efecto.

Advierte la actora que aunque no es ese su caso, que tributa en la Municipalidad de Trelew donde desarrolla su actividad habitual y operaciones, tiene su domicilio legal y fiscal... trae a colación que por la Ordenanza Nº 2.824 del 30/12/88 se otorgó al Departamento Ejecutivo Municipal de Rawson la facultad de suscribir convenios con relación al Impuesto a los Ingresos Brutos para el supuesto de actividades desarrolladas en distintos municipios.

Y que alrededor de dicha celebración se produjeron inconvenientes prácticos en el caso que intervienen dos o más jurisdicciones recaudadoras en el proceso económico de los contribuyentes.

Dice que ello surge de los autos que ofrece como prueba -que produjo y tengo a la vista- "MUNICIPALIDAD DE RAWSON c/ MUNICIPALIDAD DE TRELEW s/ Demanda Ordinaria Cont. Adm." (Expte. Nº 937 - 479 - 1.993 - 46.776), tramitados por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Trelew.

Entiende que el principal problema era la forma de gravar las actividades ejercidas por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas, en dos o más jurisdicciones municipales; pero que éste no es su caso. -- Recuerda que por ello se suscribió un Convenio Intermunicipal entre los Municipios de Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn que comenzó a regir el 01/01/89 -remite a la Sentencia dictada en aquel Expediente-, que este último Municipio estuvo adherido un breve lapso... y Rawson se desprendió del mismo, denunciándolo el 31/12/92. Agrega que la vigencia, renovable, era anual, podía ser objeto de renuncia o denuncia dentro de ese período.

Destaca como importante, que dicho Convenio determinaba como domicilio fiscal el lugar donde se encuentra el centro principal de la actividad o administración de negocios del contribuyente -a elección de éste, aclara- quien debía ingresar el Impuesto a los Ingresos Brutos en la jurisdicción de tal domicilio fiscal, discriminando los ingresos correspondientes a cada jurisdicción. Recuerda que se facultaba a todas las jurisdicciones a inspeccionar a los contribuyentes comprendidos en ese Convenio. -- Sostiene que a partir del 01/01/93 no hay regulación impositiva alguna que alcance en materia de Ingresos Brutos a los contribuyentes de los Municipios que suscribieron aquel Convenio; y que no hay, especialmente en Rawson, otra normativa que la precitada.

Va a extraer las siguientes conclusiones, discriminando tres supuestos. - Primero, si un contribuyente como la actora -dice cada una en su demanda- ha desempeñado su actividad habitual en el Municipio de Trelew y siendo éste su domicilio fiscal, ha liquidado y depositado en el mismo, como contribuyente el Impuesto a los Ingresos Brutos, "tal actitud es inobjetable". El segundo: si un contribuyente con domicilio fiscal en Trelew y actividad intermunicipal en Trelew-Rawson, resultó alcanzado por un convenio entre los municipios, regulador de la actividad interjurisdiccional, y conforme el criterio que existió, con prescindencia del domicilio del co-contratante, ha depositado en su domicilio fiscal durante el tiempo de vigencia del convenio, "tal actitud también sería inobjetable". -- Y entiende, encuadrándolo en un tercer supuesto, que si por decisión de los municipios partícipes, éstos denunciaron el Convenio Intermunicipal sin establecer mecanismo de sustitución, cualquier actividad interjurisdiccional del contribuyente ha quedado a partir de ese momento sin norma regulatoria ni de imposición. A la luz de la legislación impositiva de la Municipalidad de Rawson, interpreta que cualquier pretensión tributaria a su respecto carecería de causa legal.

Concluye que si lo expuesto es aplicable a las actividades intermunicipales, no encuentra sustento jurídico que pueda alegarse respecto de operaciones que como las de la actora "se desarrollan impositivamente en otra jurisdicción y son totalmente ajenas al Municipio de Rawson".

2.6.- Finalmente solicita que sea citada a juicio, en los términos del art. 94 del CPCC, la Municipalidad de Trelew, respecto de la cual entiende que la controversia es común, para que se presente en este proceso y haga valer los derechos que considere tener. - Justifica su pretensión en el pronunciamiento que habrá de dictarse respecto de la obligación de la actora de oblar por su actividad comercial -en lo que concierne al caso- el Impuesto a los Ingresos Brutos en ese Municipio o en el de Rawson.

Entiende -cada actora- que si debe tributar ante la Municipalidad de Rawson... como correlato de tal decisión, el Municipio de Trelew se vería impedido en el futuro de percibir dicho impuesto. Amén del derecho de repetir -de cada una de las empresas, inteligen las cuatro- la totalidad de las sumas abonadas por ese concepto y cuya percepción pudiera corresponder al Municipio de Rawson. Aduna doctrina que admite la intervención de terceros cuando la parte en caso de ser vencida pudiera tener acción de regreso contra el tercero.

2.7.- Solicita una medida cautelar de no innovar a los efectos de que la demandada se abstuviera de aplicar las "disposiciones en las que pretende fundar su pretensión fiscal". Cautela que fue rechazada en cada uno de los Expedientes originarios: a fs. 554 para P.... C S.A., y a fs. 1.437 a A... F Y C S.A. y en F E H.... S.A. no la solicitó.

Hace reserva del caso federal, ofrece prueba, realiza petitorio de estilo y recusa sin causa al Juez ante el cual se presentó la demanda. -- 2.8.- F E H.... S.A., por su parte, solicitó como cautela -en otro escrito, a fs. 1.040/1.042 vta.- la suspensión del procedimiento administrativo. A fs. 1.043 también se rechazó.

2.9.- Reiteró -cada actora- una pretensión cautelar al hacer saber de nuevas circunstancias relacionadas con la causa -a fs. 114/116 F S.A., a fs. 738/739 vta. P... C S.A., a fs. 1.168/1.169 vta. F E H... S.A., y a fs. 1.442/1.444 A-... F Y C S.A.-. Tales circunstancias consistían en el dictado -en cada uno de los Expedientes formados a partir de los procedimientos fiscales- de los siguientes actos administrativos del Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Rawson para cada actora:

F S.A., Disposiciones Nº 2/02 y 6/02 (a fs. 198/200, en el Expte. Adm. 3750/01, glosado en autos).

P... C S.A., Disposiciones Nº 4/02 y 8/02 (copia simple acompañada a fs. 735/737, y a fs. 859/861, en el Expte. Adm. 3746/01, agregado en autos).

A.... F Y C S.A., Disposiciones Nº 1/02 y 5/02 (a fs. 1.515/1.517 en el Expte. Adm. N° 3741/01 agregado en autos).

F E H.... S.A. se dictaron las Disposiciones Nº 3/02 y 7/02, rectificadas como N° 3/03 y 7/03 (conf. Disposición N° 11/03, a fs. 1.172/1.178, en copias certificadas remitidas por el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Rawson. No se acompañó su Expte. Adm. N° 3748/01 completo, sólo copias certificadas, agregadas a fs.1240/1281.

He de aclarar que el dictado de estas Disposiciones fue planteado por la Municipalidad de Rawson como "hecho nuevo" a fs. 1.181/1.182 en "F E H.... S.A.", admitido por el Sr. Juez de Primera Instancia a fs. 1.208/1.209 vta.

Me percato que en este Expediente ya se había contestado la demandada -el 1/08/02 (fs. 1.135/1.148)- antes de dictarse dichos actos administrativos. En "P.... C S.A." este planteo también lo efectuarían más tarde esponiéndolo como "Hecho nuevo", respectivamente, a fs. 864/865.

Advirtió entonces la accionante que en esos actos administrativos, invocando la Ordenanza Municipal Nº 4.993 en vigencia desde enero de 2.001, fue efectuada de oficio una determinación fiscal por períodos anteriores (datan desde 1.993 al 2.000 y 1.997 al 2.000, según cada actora).

Cuestiona -cada una- que sean anteriores a la sanción de tal Ordenanza y que se haya aplicado una "multa retroactiva" del cien por ciento (100%) de la supuesta deuda por el impuesto e intereses -por los segundos actos correspondientes a cada actora-; involucrando así los "supuestos hechos imponibles" cuya determinación se requiere determinar en autos.

A la par anuncia -adelantando parte del contenido de la presentación del tercero cuya citación solicitara- que la Municipalidad de Trelew se arroga el derecho a percibir el tributo planteando la existencia de un conflicto de poderes "por la competencia intermunicipal discutida".

El Señor Juez de Primera Instancia tampoco hizo lugar a ninguna de las nuevas cautelas solicitadas. - 3.- Las respectivas Contestaciones de Demanda de la Municipalidad de Rawson -no estaban acumuladas las causas a esa altura del proceso- obran a fs. 253/261 en "F S.A. ..."; a fs. 718/733 en "P... C S.A. ..."; a fs. 1.135/1.148 en "F E H... S.A. ..."; y a fs. 1.549/1.558 vta. EnA... F Y C S.A. ...". - Procederé a sintetizar el contenido general de cada responde. De haberse efectuado planteo diferenciado respecto de alguna de las empresas actoras, habré de detallarlo. - 3.1.- La accionada rechaza la demanda -en los cuatro Expedientes- en todos sus términos, efectuando la negativa de rito.

En relación con el procedimiento fiscal, niega haberse extralimitado en su competencia territorial y en sus facultades legales, mediante la verificación y fiscalización realizada por sus agentes en la empresa actora; que las respectivas Cartas Documentos que ha enviado -a las accionantes- a los efectos de la notificación prevista en el art. 22 Código Fiscal Municipal, Ordenanza Nº 4.993 adolezcan de defectos formales; que pretenda ejercer facultades jurisdiccionales privativas de la Municipalidad de Trelew, ciudad ésta donde posee su domicilio fiscal cada actora; que el Municipio de Rawson esté imposibilitado de acceder a la documentación contable de las empresas demandantes; que la determinación de bases imponibles sobre base presunta y de oficio resulte improcedente; y que la falta de reclamos previos al proceso iniciado liberen a cada una de las accionantes de su obligación de tributar el mismo impuesto por las operaciones "allí realizadas".

Niega -en cada caso- que no sea la empresa demandante contribuyente de la Municipalidad de Rawson y que no posea puntos de venta en Rawson.

Asimismo, por no constarle -dice- niega que hayan pagado las cuatro empresas demandantes en el Municipio de Trelew el Impuesto a los Ingresos Brutos que debió tributar a la Municipalidad de Rawson; ni que hayan hecho lo propio -las accionantes- con las operaciones incluidas en la determinación de base imponible realizada por la demanda; ni que puedan ocasionar las actuaciones realizadas por la demandada para determinar lo que le adeudan las actoras, una doble imposición.

Por otro lado niega la demandada pretender el pago del mismo impuesto por todas las ventas efectuadas por cada una de las actoras a personas acercadas por O... D.. F...., domiciliadas en Rawson o fuera de ella; que esta última actúe como corredora cuentapropista, operando comercialmente en la intermediación en forma independiente, ajenos a toda instrucción o directiva impartida por la respectiva actora y que su tarea sea simplemente producir contactos y acercamientos hacia la firma y los productos que la accionante comercializa en Trelew; y que las ventas producidas en Rawson por las empresas actoras se hayan realizado a través de contactos de corredores de comercio independientes y ajenos a cada firma. - En cuanto a los fundamentos legales, niega que exista un vacío legislativo que someta a una privación de justicia a la accionante -en los cuatro casos- debido a los diversos procesos admitidos en la provincia; que se haya lesionado sus derechos de propiedad y a la seguridad jurídica; que la demandada, al ejercer sus atribuciones fiscales, haya paralizado, afectado y distorsionado económica y financieramente a la empresa y su futuro.

Respecto a la vía intentada niega que sus pretensiones fiscales hayan provocado a la actora -a cada una- incertidumbre, duda y falta de certeza respecto "a cuáles y con quién son sus derechos y obligaciones impositivas respecto a la liquidación y pago de los ingresos brutos". Y agrega que no entiende cuál es la aptitud de dicho estado para ocasionar un perjuicio actual. Razona que los argumentos con los que las actoras alegaron la falta de certeza son genéricos y conjeturales, que no autorizan a tener por satisfecha la exigencia de daño actual e irreparable, porque entiende que en esta clase de acciones no sólo hay que probar los hechos concurrentes a la existencia o no del derecho, sino el interés para plantearlas. -- 3.2.- En las contestaciones realizadas en: "F S.A." y en "A F Y C S.A." (fs. 1.554) interpreta que la acción ha devenido abstracta. Por su parte en autos: "P C S.A." y "F E H... S.A." este mismo planteo lo efectúa más tarde como "Hecho nuevo", a fs. 864/865 y fs. 1.181/1.182, respectivamente.

Ello, por no verificarse la pretendida incertidumbre al haberse dictado las Disposiciones -que individualicé antes (punto 2.7) respecto de cada actora- a los efectos de la determinación del Impuesto a los Ingresos Brutos -unas-, y aplicando la respectiva multa -las otras-. Y también -dice- porque conoce cada actora "perfectamente" que la Municipalidad de Rawson la considera contribuyente suyo; a más, por haber participado -cada accionante- activamente en el proceso administrativo.

Estima que corresponde a cada una de las actoras atacar las resoluciones por la vía correspondiente, la cual entiende que es la interposición de los recursos previstos en el Código Fiscal de la ciudad y eventualmente, frente a una resolución que los desestime, encontrarán expedita la vía judicial.

Al mismo tiempo hace saber que tramitan los Recursos de Apelación y Nulidad -interpuestos en el caso por la actora F S.A. mediante Exptes. Nº 292/03 y 293/03- enmarcando los mismos en las disposiciones fiscales que la actora dice no resultarles aplicables y cita el Código Fiscal de Rawson.

Advierte primero que el art. 322 del CPCC requiere además que la incertidumbre pueda ocasionar un perjuicio o lesión actual, que quien intente la Acción Meramente Declarativa no tenga otro medio legal para hacerlo cesar. Entiende que es la instancia administrativa el medio idóneo al efecto. Y luego dice, respecto de las vías intentadas por la actora, que su conducta es ambigua por transitar un proceso administrativo y paralelamente uno judicial, habiendo solicitado una ampliación de la prueba pericial cuando ya había iniciado esta Acción Meramente Declarativa.

3.3.- Describe el trámite seguido en el Expte. Administrativo. Y explica que fue iniciado porque se advirtió que un contribuyente inscripto en la Municipalidad, O-... D.. F...., abonaba los Impuestos a los Ingresos Brutos correspondientes a comisiones que percibía de la actora por la venta de vehículos en la ciudad de Rawson por cuenta y orden de un tercero "en la especie, F S.A". -- Advierte que sus Inspectores habían solicitado, al presentarse el 24 de abril de 2.001, a la actora un detalle de las comisiones pagadas a O... D..F.. por el período 1.995 a esa fecha; intimándola a su cumplimiento; y que ante la falta de presentación de los mismos por la accionante, continuó el procedimiento a los efectos de determinar la base imponible sobre la cual aplicar la alícuota.

Que los antecedentes con los que contaba provenían de O... D.. F..., calculando los Ingresos Brutos correspondientes a la actora por el período 1.997 a 2.000, lo que le notificó a ésta por Carta Documento -las fechas varían en cada responde-; pero el argumento es de igual tenor.

Alude a la presentación de la actora en el Expte. Administrativo... a sus cuestionamientos respecto de la base imponible tomada al efecto... y recuerda que solicitó aquélla que, previo examen de sus libros, se expidiera el Perito Contador, prueba que ofreció y se produjo en esa sede, describiendo la misma.

Dice que la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Rawson designó el experto, consignando los puntos de pericia, aclarando que en dicho acto la misma se llevaría a cabo sin tener en cuenta el domicilio del comprador de los automotores en tanto que la operación se hubiera realizado en la ciudad de Rawson. Ello -aclara- habida cuenta que el hecho generador de la obligación tributaria no se vincula con el domicilio del adquirente.

Recuerda que al ser notificada -lo dice frente a otras actoras- nada objetó, por el contrario -destaca- suministró la información para que el Perito llevara adelante su tarea.

Mas critica, tildando de evasivo su comportamiento, por iniciar al mismo tiempo esta acción, diciendo que no es contribuyente y que en el caso de serlo, la determinación de la base imponible está mal hecha por una incorrecta valoración de la documentación; y porque lo hizo antes de resolverse lo que solicitó en el Expte. Administrativo.

Sin embargo recuerda que se presentó en esa sede haciendo saber del inicio de esta Acción Meramente Declarativa y de su objeto, solicitando la suspensión del procedimiento administrativo.

Insiste en que habiendo transitado catorce meses, participando activamente en el proceso administrativo, no existe incertidumbre para la actora -frente a cada una-.

3.4.- En otro punto del responde expone sus fundamentos, dando razones de porqué debe tributar la actora -el Impuesto a los Ingresos Brutos- en la Municipalidad de Rawson las operaciones que realiza a través de la O... D.. F.... - Trae primero el principio de la realidad económica. A la luz del mismo entiende que la actora -lo dice de las cuatro- "vendía vehículos en la ciudad de Rawson a través de la O... D... F...", con quienes tiene convenido informalmente -destaca- el pago de una comisión en caso de concretarse cada operación o compraventa arrimada por dichos corredores. Remite al punto 3.6.3 de la demanda (a fs. 92).

Sostiene que esto último no es verdad; que la actora pagaba una comisión por las operaciones que realizara y no por el acercamiento de clientes a través de la misma, con resultado positivo. Estima que la totalidad de las operaciones realizadasfueron efectuadas "de cabo a rabo" en esta ciudad.

Explica que los adquirentes se presentaban ante O D... F, allí suscribían toda la documentación pertinente y allí les eran entregados los vehículos. En ninguna etapa de la operación participaba la empresa actora -aduce- "salvo en el momento de facturar una operación como si supuestamente se hubiese realizado en la ciudad de Trelew".

Encuentra como prueba irrefutable de que la actora "vende automotores en la ciudad de Rawson, procurando ocultar el hecho acudiendo a figuras de comisionistas o corredores", en la publicidad que realizara la accionante en los medios gráficos y radiales de mayor circulación en la zona, en los que consigna como su domicilio y su teléfono en Rawson, los correspondientes a O D.. F.

Remite a la página ** del Diario "E... Ch..." del ** de octubre de **** -acompaña copia simple agregada a fs. 206-; y en el caso de las demás empresas también acompaña otras.

Explica que en las publicidades, la empresa -lo dice para cada actora- oferta varias marcas y modelos de vehículos nacionales e importados, aparecen teléfonos de los puntos de venta en las ciudades de Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Rawson, mencionando para esta ciudad el número ***** perteneciente a O D... F.

Se pregunta: "¿De dónde surge en el anuncio que es la O D.. F la que vende...?". Entiende que se consigna allí el teléfono como lo que realmente es -advierte- el del comercio en el que F S.A., P... C S.A., F E H... S.A. y A.... F Y C S.A., según cada responde, realiza las operaciones de venta en la ciudad de Rawson. Ello, independientemente del "enmascaramiento" que pretenda darse -acusa- a las operaciones allí realizadas. Anuncia que requerirá más pruebas de lo publicitado en los medios.

Entiende que habiendo quedado acreditado que la actora consigna como punto de venta en Rawson el domicilio de O D... F, corresponde que tribute en esta ciudad, a pesar de no hallarse inscripta para el pago del Impuesto a los Ingresos Brutos, ni habilitada para desarrollar tal actividad, ya que la conducta omisiva del mismo no puede dar pábulo para desconocer las pruebas aportadas a la causa.

Aduna jurisprudencia, con la que trae el siguiente argumento: no se exige como requisito para la percepción de ese impuesto la existencia de un local o inmueble donde el contribuyente despliegue su actividad. - Acompaña a más de la copia referida de la publicidad, copias simples de un grupo de facturas, las que describe: por medio de éstas, O D... F facturó a F S.A. las comisiones por ventas realizadas en esta ciudad. -- Funda en derecho -en la Ordenanza Nº 4.993- Código Fiscal Municipal. Ofrece prueba y realiza petitorio de estilo. - 4.- La tercera citada a juicio, Municipalidad de Trelew, toma intervención en cada uno de los cuatro Expedientes originarios exponiendo idéntica tesitura. Sus respectivos escritos obran a fs. 283/289 en "F S.A. ...", y según refoliatura, en tanto ahora se encuentran acumulados: "P... C S.A....", a fs. 890/896; en "F E H...S.A. ..." a fs. 1.157/1.161 y en "A... F Y C S.A. ..." a fs. 1.575/1.581.

Al presentarse la Municipalidad de TRELEW esgrime hacerlo en los términos del art. 94 del CPCC, pero al mismo tiempo en el punto III denuncia la existencia de un conflicto de poderes entre los Municipios de Rawson y de Trelew, por defender cada uno su potestad tributaria y cuya solución corresponde a este Superior Tribunal -entiende-, conforme el inciso 1.4 del art. 179 de la Constitución Provincial.

Manifiesta que tal potestad resulta claramente en cabeza de la Municipalidad de Trelew y no en la demandada; y afirma que ello otorga la suficiente gravedad institucional que se exige para la competencia de este Cuerpo en cuestiones de importancia y trascendencia para el erario público. Con cita de jurisprudencia expresa que resulta evidente el conflicto denunciado y debe ser resuelto en competencia originaria de este Tribunal. - Continúa en los capítulos IV y V explicando su posición, interpretando los hechos y la normativa (art. 220 del Código Tributario de Trelew, Ordenanza Nº 6.115, y art. 98 del Código Fiscal de Rawson).

Respecto de los primeros refiere que el conflicto se plantea en razón de reclamos que le efectuara la demandada a la actora para que abone el impuesto a los Ingresos Brutos en la jurisdicción de la ciudad Capital en relación con ciertas ventas que, en opinión de la presentante, resulta infundado, que resultan correctamente abonados al Municipio de Trelew. - Acusa que es irregular el procedimiento fiscal realizado y violatorio de los principios tributarios, en especial el de territorialidad, al inmiscuirse en la contabilidad de la actora con domicilio fiscal en Trelew, donde debe tributar Ingresos Brutos -sostiene- en virtud del ejercicio habitual y oneroso de su actividad comercial, sin que posea habilitación comercial en Rawson.

En el acápite VI aduce que son de público conocimiento las actividades comerciales de la actora, venta de automotores 0 km y de unidades usadas; que tributa en Trelew, donde tiene domicilio fiscal y habilitación comercial; que en Rawson se sirve de corredores comerciales, que realizan una función de acercamiento de los terceros interesados en alguna unidad automotriz, generalmente en usados, con la vendedora F S.A.; función de corretaje cumplida en Rawson por "O de J... A. D.. F y G....o De F S.R.L.". - Alega que la demandada ha percibido de la firma corredora dicho impuesto, resultante de la actividad de intermediación que cumple a favor de la actora; y ha reconocido su carácter de corredora, gravando las comisiones que percibe.

Considera apropiada esta potestad tributaria de la accionada; que lo insólito, inédito y reprochable es que se pretenda extender la pretensión tributaria a la actividad comercial ejercida por la actora dentro de la jurisdicción de Trelew, respecto de los importes percibidos por operaciones de venta de automóviles en las que intermedia O D.. F. Justifica su interpretación en la divisibilidad de los procesos económicos, que pueden iniciarse en una jurisdicción, trasuntar otras y culminar en ésas o en la originaria, sin que sea obstáculo para que los beneficios logrados en cada jurisdicción sean materia de imposición local.

Explica que el proceso económico de venta de automotores que desarrolla la actora es ejercido y realizado "de modo originario" dentro de Trelew y trasunta "ocasionalmente" en la ciudad de Rawson, en virtud del acercamiento de las partes por la corredora, del posible negocio jurídico, que se perfecciona y formaliza con la firma de los documentos legales pertinentes en la jurisdicción originaria del proceso económico, en Trelew, en el establecimiento de la actora. Aclara que lo que se grava con el Impuesto a los Ingresos Brutos no es la circulación de los productos por distintas jurisdicciones, que colisionaría con el principio de libertad de circulación territorial y comercial, entiende, sino el producido de las ventas efectuadas o beneficios obtenidos por dichos procesos económicos dentro de cada jurisdicción, propiciando la distribución entre los estados locales y evitándose la superposición en cada jurisdicción.

Advierte que de admitirse la pretensión de la Municipalidad de Rawson, se estaría gravando una transacción que "no se cumple y menos perfecciona" -destaca- dentro de su jurisdicción y se afectaría al libre tránsito comercial intercomunal.

Concluye diciendo que el negocio se realiza íntegramente en Trelew, que allí se entrega el automotor al comprador; que lo único realizado en Rawson es el acercamiento o captación del cliente, función que realiza la corredora, que por esa actividad ya tributa en Rawson.

En su presentación el tercero Municipalidad de Trelew había solicitado como medida de no innovar que, en caso de ejercer sus pretensiones la Municipalidad de Rawson, se ordenara a las actoras -lo hizo en cada escrito- que continuaran pagándole el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a aquélla. No se hizo lugar a ninguna.

5.- Que arribada la causa a este Tribunal es remitida al Señor Procurador General y a fs. 321/vta. emite su Dictamen. Interpreta que desde que se discute la titularidad de la potestad recaudatoria, estrechamente vinculada a la noción de autonomía, la cuestión debatida excede la órbita de competencia del juez ordinario, constituyendo una hipótesis de conflicto de municipalidades entre sí, que este Cuerpo debe dirimir, en los términos del art. 179, inc. 1, punto 1.4 de la Constitución Provincial.

Encuentra satisfechos los requisitos que hacen a la admisibilidad extrínseca de la acción. Estima que el Municipio de Trelew tiene capacidad y está legitimado para recurrir, pues el interés surge cuando ha sufrido o va a sufrir una lesión en su esfera de competencia, como consecuencia de la actividad desarrollada por otro sujeto, y hace necesario iniciar un procedimiento para restaurar dicha competencia.

Además, para que medie conflicto es necesario -entiende- que exista la decisión de un órgano que a juicio del denunciante no sea titular de la atribución que ejerce; y en el caso de autos la encuentra -el Señor Procurador General- en la Disposición Nº 2/02 de la Municipalidad de Rawson. Concluye en que es competente el Superior Tribunal de Justicia.

6.- Por Sentencia Interlocutoria Nº 14/SCA/04 (a fs. 323/331) se declaró competente este Cuerpo para entender en la causa-en autos "F S.A. ..."-, pues no se habían acumulado los demás.

Se advirtió que el caso configura un supuesto "sui géneris", que a la par de la falta de certeza que anima al actor, expone una controversia entre dos comunas sobre una de las potestades pilares del Estado Municipal, cual lo es la tributaria, razón que motivó el desplazamiento de competencia del Juez de Primera Instancia a este Superior Tribunal, a favor de la originaria prevista en el art. 179, inc. 1.4 de la Constitución Provincial. Se decidió que continuaría tramitando en el marco de la Acción Declarativa de Certeza del art. 322 del CPCC incitada por la actora. Ello, atendiendo al Dictamen de la Procuración General, y antes resuelto por la Cámara de Apelaciones. Ante esta circunstancia excepcional, se concluyó que "atento las particularidades e intereses de las personas públicas en conflicto y por la gravedad institucional que representa el caso, siendo dudosa la atribución de la competencia, es oportuno que la asuma -aún en el marco procesal de la acción instaurada- este Superior Tribunal de Justicia". - 7.- Resta relatar cuál fue la respuesta de la Municipalidad de Rawson frente a la denuncia de la Municipalidad de Trelew de una hipótesis de conflicto de poderes. - Obra a fs. 370/371, en la contestación al traslado del pedido de acumulación de las causas de F S.A. La demandada solicitó el rechazo de este planteo, vinculándolo con aquella denuncia. -- Dijo que resultaba claro que la actora en su Acción Meramente Declarativa no había planteado el presunto conflicto de poderes, sino el Municipio de Trelew. - Niega que estemos en presencia de una hipótesis de conflicto de poderes entre los Municipios de Rawson y de Trelew. Sus fundamentos: que la correspondencia del tributo es para con ambas Municipalidades en función de las ventas efectivizadas en cada una.

Aduce que así como el de Trelew tiene derecho al cobro del Impuesto a los Ingresos Brutos por los actos de comercio que la actora realice en su jurisdicción, la Municipalidad de Rawson lo tiene respecto a los que realice en el ejido de Rawson.

Otros fundamentos se relacionan con la incompetencia de este Cuerpo... en su derecho de reclamar a la actora el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el ejercicio de su actividad habitual en virtud del art. 98 de la Ordenanza Nº 4.993, por defender cada uno su potestad tributaria y cuya solución corresponde a este Superior Tribunal -entiende-, conforme el inciso 1.4 del art. 179 de la Constitución Provincial.

8.- A fs. 1.873 y vta. obra el informe de clausura de la prueba. La producida por las actoras, el tercero y la demandada: documental, informativa, testimonial y absolución de posiciones. La pericial contable fue ofrecida por la actora; pero no se produjo. - 9.- A fs. 1.883/1.889 vta. alega la actora; a fs. 1.891/1.897 vta. la demandada. - 10.- A fs. 1.906/1.909 vta. emite su Dictamen el Señor Procurador General Subrogante. Analiza por un lado, "los perfiles propios" del conflicto intermunicipal; y por otro, el alcance de la potestad tributaria del Estado en relación con su territorio.

Considera que las órdenes de intervención y las inspecciones practicadas por Inspectores de la Municipalidad de Rawson en la ciudad de Trelew, en el domicilio comercial de las actoras, constituyen un procedimiento fiscal viciado de incompetencia territorial y en su consecuencia, nulo.

Su fundamento: que el ejercicio de la policía fiscal es una facultad emanada directamente de la potestad tributaria que el Municipio puede ejercer exclusivamente en los límites de su territorio.

Advierte que el Convenio Intermunicipal "facultaba" a todas las jurisdicciones -Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn- a inspeccionar directamente a los contribuyentes comprendidos en el mismo; cualquiera fuera su domicilio o lugar en que tuviera su administración o sede, con conocimiento previo del fisco correspondiente -resalta-.

Pero entiende que la denuncia del mismo el 31 de diciembre de 1.992 impide hoy legitimar las acciones fiscales que indebidamente -a juicio del Magistrado- ejecutó en el ejido de la ciudad de Trelew en el año 2.001. Por todo ello entiende que debe hacer lugar este Cuerpo a la denuncia de conflicto de poderes.

A fs. 1.899 se sortean los autos y a fs. 1.914 pasan para dictar sentencia. -- ANÁLISIS:

I.- En el complejo régimen tributario argentino coexisten tres categorías de autoridades con facultades respecto del Impuesto a los Ingresos Brutos: Nación, Provincia y Municipios.

Los límites no se muestran siempre precisos, lo cual ha generado disputas entre las autoridades de un mismo orden o distinto -vgr. Nación y Municipios, Provincia y Municipios, Municipios entre sí- en torno a las facultades que se relacionan con la percepción de aquel Impuesto de las cuales dan cuenta doctrina y jurisprudencia.

En el supuesto de autos, la controversia que, en un principio, enfrentara a particulares y un Municipio, se tornó en una hipótesis de conflicto externo municipal, pues se disputan dos de ellos -y así lo ha entendido el denunciante- ciertas y determinadas facultades vinculadas con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. - El punto de origen del litigio, lo han señalado las accionantes, empresas que comercializan automotores y otros productos del ramo, sitas en Trelew. A partir de las actuaciones labradas por Inspectores de la Municipalidad de Rawson en esa ciudad (Trelew) en los domicilios de aquéllas, las mismas derivaron en pretensiones concretas de la comuna citada, ostentando -estiman- un cambio radical en el criterio fiscal que se había mantenido por años en la aplicación del tributo que les reclama. El Municipio de Rawson les exige el pago del Impuesto a los Ingresos Brutos por períodos determinados: desde 1.993 a 2.000 a F S.A. y a P... C S.A. y desde 1.997 a 2.000 a F E H... S.A. y a A-...... F Y C S.A. - Las empresas referidas intentaron Acciones Declarativas de Certeza, alegando incertidumbre ante las descriptas actuaciones fiscales a las que califican de ilegítimas e inconstitucionales. Solicitaron se determine cuál es el Municipio competente -Rawson o Trelew- para percibir el Impuesto de marras, proveniente de su actividad habitual, cuando interviene la firma "O D.. F S.R.L." domiciliada en Rawson.

Cuestionaron, a la par, la competencia tributaria de la Municipalidad de Rawson a la luz del principio de territorialidad, asegurando que venden automotores nuevos y usados en Trelew y otros puntos de la Provincia, pero no en la ciudad Capital.

Adujeron que la pretensión del Municipio demandado carece de sustento legal, que ya cumplieron con el pago de dicho Impuesto -por los períodos que la accionada le reclama- ante el Municipio de Trelew, del cual son contribuyentes.

Sostuvieron que en las operaciones en que participa "O D.. F S.R.L." la actividad que cumple ésta es una intermediación; son "corredores" que sólo acercan a las partes y difunden los productos que las actoras venden en Trelew... y por esa actividad abonan "comisiones", sobre las que la Municipalidad de Rawson ya ha percibido -en los períodos en conflicto- el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. -- Frente a la posibilidad de que se declarase que les corresponde tributar ante el Municipio de Rawson, pidieron las actoras la intervención como tercero -invocando comunidad de causa y por una eventual acción de regreso- de la Municipalidad de Trelew, la que se presentó exponiendo su posición frente al caso y al mismo tiempo, planteando una hipótesis de conflicto externo de poderes entre ella y la Municipalidad de Rawson, que encuentra manifestado en las actuaciones fiscales cumplidas por ésta en su jurisdicción.

Entiende afectada ésta su potestad tributaria, en especial en la territorialidad y asevera que las actoras no desarrollan dentro de la jurisdicción de Rawson actividad lucrativa alguna con habitualidad, ni posee estructura comercial montada a tales fines, ni habilitación comercial expedida por el denunciado.

Y que si el proceso económico de venta de automotores trasunta ocasionalmente la ciudad de Rawson "en virtud de la actividad de acercamiento de las partes" en el posible negocio jurídico, a juicio del denunciante, éste se perfecciona y formaliza con la firma de documentos legales pertinentes en la jurisdicción originaria del proceso económico, que es Trelew, donde se realiza íntegramente. Con citas de jurisprudencia, advierte que no se verifica sustento territorial en el desarrollo de la actividad que resulte en una aplicación de normas de comercio interjurisdiccional.

Manifiesta -acorde a la posición que asume en la litis- su rechazo por las pretensiones fiscales del Municipio de Rawson, y aduce que, de avalarse éstas, se atentaría contra el libre tránsito comercial, porque el Impuesto sobre los Ingresos Brutos no grava la circulación de los productos por distintas jurisdicciones, sino el producido de las ventas efectuadas o beneficios obtenidos dentro de cada jurisdicción.

Arguye que las actividades de las accionantes son "de público y notorio conocimiento", que quizá la más conocida es la de compra y venta de automotores 0 km y usados, y que en Rawson extiende su actividad a través de corredores o intermediarios comerciales, que las "acercan" con los terceros interesados.

Ésta es la labor de la "O D... F..." y por lo tanto, la potestad tributaria de la Municipalidad de Rawson se encuentra limitada pura y exclusivamente a percibir el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en base a las comisiones que esa firma percibe de las actoras, y allí fenece. Ante la falta de recursos-argumenta- el Municipio de Rawson ha olvidado las reglas de la competencia.

Esta última, al responder la demanda, reconoce que "O D... F S.R.L." ha oblado el Impuesto por las comisiones que percibe en las operaciones de venta de automotores, pero sostiene que las actoras venden en Rawson y que por esa actividad, deben oblar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Plantea que la cuestión se ha tornado abstracta al dictarse las Disposiciones que determinaron las deudas -por ese Impuesto, a más de intereses y multa- de cada una de las accionantes.

II.- Es a mi juicio claro, descriptas estas posiciones, que es la titularidad activa de la competencia tributaria en el caso, la determinante de una hipótesis de Conflicto de Poderes entre ambos Municipios intervinientes en la litis. Recuerdo, que el poder tributario del Estado admite diversas definiciones, todas las cuales apuntan a la posibilidad jurídica -competencia- de crear y exigir tributos con relación a personas o bienes que se encuentran en la respectiva jurisdicción.

El maestro BIDART CAMPOS así lo ha definido y al mismo tiempo advertido -en su "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", pág. 365- que hay quienes distinguen entre "poder" tributario y "competencia" tributaria, definiendo al primero como más amplio, porque implica dictar la norma de creación del tributo, mientras la segunda se limita a la facultad de percibirlo. Y es esta última la discutida en autos.

Por esta razón, aún cuando planteada ante el Juez de Primera Instancia Acciones Declarativas de Certeza, este Tribunal, considerando que en el caso se configura un supuesto "sui géneris" y a los efectos de prevenir el estrépito jurídico que podría ocasionarse si por un lado hubieran tramitado las acciones y por otra el conflicto -arribándose a sentencias contradictorias-, asume la competencia otorgada por el art. 179, inciso 1.4 de la Constitución Provincial, lo que queda plasmado en la SI Nº 14/SCA/04 (fs. 323/331). - De tal suerte, y aunque se cumplen las condiciones previstas por el art. 322 del CPCC para habilitar la vía que las actoras intentan en las pretensiones acumuladas, la Sentencia a darse debe decidir el conflicto de poderes, atendiendo a las particularidades e intereses de las personas públicas en controversia y por la gravedad institucional que denunciaron las partes al presentar el caso, que involucra a una de las potestades más trascendentes del poder municipal cual es la tributaria.

Y éste abraza -insisto- la misma competencia tributaria, más allá de las acciones que se endilgan al Municipio de Rawson -como extralimitación en sus facultades de policía de investigación en la etapa de verificación del tributo invadiendo jurisdicción territorial de Trelew- que trae el Señor Procurador General en su dictamen y con cuyos fundamentos estoy totalmente de acuerdo, porque por sí mismas y por las razones que expone, configuran conflicto.

Mas tales acciones tienen este prelable: a qué comuna compete percibir los Ingresos Brutos, lo que a su vez coincide con la falta de certeza que mueve a las actoras a accionar. Asimismo, y desde la óptica que movió a las accionantes a impetrar sus demandas, al determinar la competencia tributaria, debe decirse que se da en el marco de la relación jurídica que la viene vinculando con la Municipalidad de Trelew, y en la cual pretende interferir el Municipio de Rawson.

Si bien ellas solicitan que se determine respecto de este último "la existencia o inexistencia de obligación de tributar el Impuesto a los Ingresos Brutos generados por la actividad comercial concreta que desarrolla en su domicilio fiscal (sito en el Municipio de Trelew, incluyendo las operaciones realizadas desde hace años y por las que pagara el tributo en dicha localidad) y cuya imposición pretende el Municipio demandado, simultáneamente procuran esclarecer la existencia o no de su derecho "de haber tributado y seguir tributando" en el Municipio de Trelew -todo en relación con las operaciones en que interviene la "O De F S.R.L."-.

Al intentar el camino que les ofrece el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial, las actoras buscaron precaver -con esta acción de naturaleza preventiva- los efectos de actos del Municipio de Rawson.

Idéntica es la posición del tercero citado a juicio Municipalidad de Trelew. Se apoya en los mismos fundamentos que trae la actora, aún cuando éste los plantea como una hipótesis de conflicto de poderes: la existencia o inexistencia de la relación jurídica tributaria entre las actoras y la Municipalidad de Rawson. - Así se establece claramente la vinculación entre la denuncia de conflicto inicialmente promovida por la comuna de Trelew, con el objeto de la declaración respecto de esta "relación jurídica" que corresponde esclarecer para otorgarle certeza a las accionantes. Tal el alcance de la litis.

III.- La alegación de la Municipalidad de Rawson demandada de que la cuestión devino abstracta porque ya efectuó determinaciones impositivas, esto es, actos administrativos que obligan a las actoras en un procedimiento tributario, debe desecharse de plano, pues si en este pleito se está dilucidando la competencia tributaria misma, mal puede oponer para alegar su "abstracción" su ejercicio.

Así lo creo porque aún cuando el sentido del concepto de cuestión abstracta es amplio -si he de atender a los distintos sentidos que muchas veces se le ha asignado en la jurisprudencia- es pacífico y uniforme el criterio que la identifica con la improcedencia de dictar fallos los Tribunales, sobre cuestiones que le son sometidas, o cuando las circunstancias sobrevinientes tornan inoficiosa su intervención (SC ED 19-46 y 48, 28-26, 32-213, 62-293, 64-419, 149-377, SCBA - Ac. Nº 32982-14/5/85, 34991-12/9/85, 33256-25/2/86, 38482-7/6/88, 38409-13/12/88, 38493-7/2/89, 48051-18/2/92, 54971-16/3/93, 54321-5/10/93, 55289-8/2/94, 53248-22/2/94, 55034-30/8/94, STCH SI 8/94).

Y no es tal el caso en tanto -habré de insistir- cuestionada en estos autos la competencia tributaria misma, tales actos de ejercicio no hacen sino concretar y actualizar el conflicto enunciado y la incertidumbre de la actora.

A todo evento aquellas determinaciones podrán ser consideradas como actos sobrevinientes a la iniciación del juicio, en el marco del art. 163, inc. 6 del CPCC.

IV.- En razón de lo que vengo diciendo y por una cuestión de orden, para dilucidar la cuestión propuesta, lo primero que procuraré verificar, es si como alega el Municipio de Rawson, el hecho imponible sustento del tributo en cuestión -tal la venta de automotores y rubros accesorios- se configura en la ciudad Capital, dada por la actividad comercial desarrollada por "O D... F S.R.L." para las empresas actoras.

Pues éstas aducen que "acercan clientes" por su comisión, mas la venta de los automotores se efectúa en Trelew y en ése Municipio paga Ingresos Brutos; a contrario la Municipalidad de Rawson afirma que las actoras venden en Rawson, y pretende que tributen el Impuesto por los ingresos devengados por tal actividad en esta comuna.

1.- Ha de precisarse primero, que este tributo en particular-Ingresos Brutos- es de naturaleza real y territorial. En los impuestos personales, el presupuesto objetivo está tan relacionado con el sujeto pasivo que el mismo no puede imaginarse más que con relación a una persona determinada; tal el caso de los impuestos que gravan la renta o el patrimonio de personas físicas o jurídicas, en los que se encuentra en primer plano, inclusive para la formación del presupuesto objetivo, una persona concreta, en los cuales la persona es el fundamento jurídico de la atribución respecto a determinadas unidades económicas y sólo a través de esta atribución a una persona determinada se convierten en unidades jurídicas.

Por el contrario, en los impuestos reales, el presupuesto objetivo es el que le da fundamento, ya que su naturaleza queda determinada autónomamente, con independencia de las condiciones personales de los sujetos pasivos, que no influyen en la conceptualización jurídica del presupuesto legal, siendo, en cambio, decisiva para determinar dicho presupuesto, la unidad económica inserta en el elemento objetivo del mismo -vgr. los impuestos sobre las transacciones o los gravámenes al consumo- (SOLER, Osvaldo; "Derecho Tributario Económico - Constitucional - Sustancial - Administrativo - Penal, 2da. Edición, La Ley, págs. 229/230, con cita de HENSEL y SAINZ DE BUJANDA).

El Impuesto a los Ingresos Brutos encuadra en esta última categoría, ya que no tiene en cuenta las circunstancias personales del contribuyente, tales como mínimo de existencia, cargas de familia, conjunto de ventas o ingresos.

A su vez, es territorial, por cuanto grava las actividades ejercitadas en el territorio de una provincia o municipalidad y tiene como base imponible el monto de los ingresos obtenidos y devengados en el territorio de la provincia o municipalidad respectiva (JARACH, Dino; "Finanzas Públicas y Derecho Tributario", pág. 814).

2.- Bajo la denominación de "sustento territorial" del Impuesto, la doctrina comprende los problemas que plantea la relación funcional entre el presupuesto fáctico -la definición legal del hecho imponible- y el ámbito jurisdiccional del poder impositivo: el territorio (conf. ALTHABE, Mario Enrique; "El Impuesto sobre los Ingresos Brutos", La Ley, pág. 36).

"El sustento territorial -dirá este autor trayendo a Enrique G. BULIT GOÑI, en el "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", pág. 84- es el requisito contenido en la definición de hecho imponible por el cual, para que él se configure, o sea para que el fisco respectivo pueda pretender el tributo, la actividad debe haberse ejercido de manera efectiva, física, tangible, en territorio de que se trate" (ob. cit. pág. 37). Por su parte, Dino JARACH ha explicado las consecuencias de delimitar territorialmente el tributo, completando su concepto y formulando a la vez las hipótesis que surgen al aplicarlo, lo que está estrechamente vinculado con lo aquí controvertido.

El autor expone que los hechos imponibles definidos por la ley en su aspecto objetivo, deben -necesariamente- ser delimitados territorialmente para abarcar solamente a aquellos que se verifican en el ámbito espacial que establece la norma y que, automáticamente, excluye los hechos imponibles que, si bien responden a la delimitación objetiva, deben hacerlo con respecto al espacio que la ley circunscribe para el ejercicio de su poder fiscal.

Como alternativa de este criterio territorial la ley puede adoptar otro criterio limitador-vgr. la sociedad humana sobre la cual el legislador extiende la potestad tributaria ("Finanzas Públicas y Derecho Tributario", pág. 382)-. Entiende que se trata de momentos de vinculación del hecho imponible con el sujeto activo de la obligación tributaria; pueden distinguirse en criterios territoriales o en criterios personales o políticos.

En el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el ámbito jurisdiccional del poder impositivo -el territorio- se encuentra en estrecha vinculación con el presupuesto fáctico, la definición legal del hecho imponible; en consecuencia, hecho imponible y territorio jurisdiccional deben conjugarse para dar nacimiento a la obligación tributaria. O dicho de otro modo, el hecho imponible debe desarrollarse dentro del marco de competencia en el cual se desenvuelve el poder local, es decir, en su territorio (Mario Enrique ALTHABE, Ob. citada, pág. 36, con cita de ambos autores).

3.- Coherente con este criterio, en el orden Provincial el constituyente ha determinado que el principio orientador del derecho fiscal de la Provincia es la ubicación territorial del hecho imponible (art. 93 de la Constitución Provincial). Ubicación que -adelanto- ante la controversia expuesta a la decisión, debe surgir de las pruebas arrimadas a la causa.

Además, la Carta Provincial ha determinado la competencia de las municipalidades para establecer impuestos y percibirlos (art. 233, inc. 3º) y de la exégesis gramatical de distintos artículos de la Ley Nº 3.098 de Corporaciones Municipales, también surge de manera explícita e indubitable -y ha quedado concordado con la manda constitucional- que la voluntad del legislador ha sido que los municipios ejerzan la facultad de establecer y percibir impuestos dentro de su jurisdicción.

En su CAPÍTULO V - DE LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL -artículos 101 al 103- establece que: "La jurisdicción asignada a cada Corporación Municipal será ejercida dentro del territorio del respectivo Municipio, y de acuerdo a las prescripciones de la presente Ley, y de las disposiciones que las respectivas Cartas Orgánicas Municipales establezcan" (art. 101).

Y que la delimitación territorial de las Corporaciones Municipales, será fijadas por Leyes especiales (art. 103).

La Ley de Corporaciones Municipales, en su CAPÍTULO VI -DE LOS BIENES Y SISTEMAS RENTÍSTICOS -artículos 104 al 106- luego de describir la constitución del patrimonio municipal (art. 104), expresamente establece que: "las Corporaciones Municipales podrán establecer impuestos... y disponer, con carácter exclusivo de los recursos -entre otros- por el Impuesto a los Ingresos Brutos provenientes de actividades gravadas y producidas en el ámbito de la Jurisdicción Municipal, con excepción de la actividad ganadera y de los sujetos alcanzados por el Convenio Multilateral" (art. 105, inc. 2º). - La Municipalidad de Rawson a su vez ha dictado sus propias normas fiscales, y existe una sucesión de ellas que regulan el Impuesto a los Ingresos Brutos y se aplican al caso. Para los períodos que pretende alcanzar la Municipalidad de Rawson con el tributo -1.993 a 2.000 y 1.997 a 2.000- rige la Ordenanza Nº 2.882/88, y a partir de 2.001, la Ordenanza Nº 4.993 de ese año.

En la actualidad, el Código Fiscal aprobado por Ordenanza Nº 4.993/01. Desde que los períodos son posteriores a la denuncia por parte de la Municipalidad de Rawson del Convenio Multilateral en el año 1.992, y desde que entiendo que entonces volvió a aplicarse la Ordenanza Nº 2.882/88, no he de abundar en el punto, pues no es materia del conflicto. Esas Ordenanzas, definen en redacción prácticamente idéntica el hecho imponible, hecho generador, presupuesto de hecho o presupuesto del tributo, describiendo las circunstancias fácticas que dan nacimiento a esta obligación tributaria descripta en el art. 98 del Código Fiscal de la ciudad de Rawson -Ordenanza Nº 4.993/01- y antes, en un artículo cuyo número no aparece en la publicación de la Ordenanza Nº 2.822/88 (vide en www.hcdrw.gov.ar, como así también la copia certificada remitida por el Concejo Deliberante de la ciudad de Rawson).

Tal "... el ejercicio habitual y a título oneroso en la jurisdicción del Municipio de Rawson del comercio, industria, profesión, oficio, negocios, locales de bienes, obras y servicios, o de cualquier otra actividad cualquiera sea el resultado obtenido, la naturaleza del sujeto que la preste y el lugar donde se realiza (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares del dominio público y privado y todo otro de similar naturaleza)...".

Debe integrarse esta norma con el art. 1º -párrafo tercero- del Código Fiscal: la aplicación del Código Fiscal y Ordenanzas Tributarias Especiales a hechos imponibles producidos dentro del ejido municipal de la ciudad de Rawson. En la otra Ordenanza no encuentro un artículo semejante.

El art. 98 del Código Fiscal de Rawson, Ordenanza Nº 4.993/01, recién es invocado por la Municipalidad de esta ciudad al tiempo de acumularse las causas sin dar fundamentos sobre su aplicación a las actoras y luego en su alegato. - En cuanto a la interpretación del hecho imponible -en el art. 99 de la Ordenanza Nº 4.993/01, y en la Ordenanza Nº 2.822/88, en el artículo que lleva el epígrafe "interpretación", luego de describir aquél -en ambas- advierte que para su determinación "... debe atenderse la naturaleza específica de la actividad desarrollada con prescindencia -en caso de discrepancia- de la calificación que merezca a los fines del encuadramiento en otras normas nacionales, provinciales o municipales, ajenas a la finalidad de esta Ordenanza", con lo que el legislador ha priorizado la aplicación de la realidad económica.

Entonces, he de atender a la jurisprudencia que informa que "si la norma municipal es clara en la descripción de las circunstancias configurativas del hecho imponible, no procede más que analizar su aplicación al caso concreto..." (SCBA, "Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. ..." DJBA 150, 97 - ED 166, 592 - AyS 1.995 IV, 518; JUBA Buenos Aires B84280).

4.- Si he de verificar la existencia de una relación jurídica tributaria cuyo nacimiento ocurre sólo si se produce el hecho imponible hipotéticamente previsto en la ley -ya que la condición de contribuyente se adquiere por disposición legal (art. 17 de la CN, 92 y 93 de la CP) "nullum tributum sine lege"- he de comprobar que se produce en la realidad fáctica, el hecho o los hechos definidos abstractamente por aquélla como presupuestos de la obligación.

Así lo expone JARACH en forma sencilla: el hecho imponible es un hecho jurídico; es un hecho que por voluntad de la ley, produce efectos jurídicos (Finanzas Públicas y Derecho Tributario - 3ra. Edición, Abeledo-Perrot, pág. 376), y el sujeto pasivo resultará de la atribución del hecho imponible, o sea, del ejercicio de una, entre las varias actividades enumeradas en ambos preceptos. - De lo expuesto resulta evidente, que el fallo que se requiere de este Tribunal, no alcanza a una cuestión de puro derecho; la discriminación de la competencia tributaria que se resiste y reclama y sobre la que se requiere certeza, es una cuestión de hecho: el lugar donde se verifique efectivamente la actividad gravada, el hecho imponible, determinará la sujeción territorial del impuesto.

De ello ha de inferirse a su vez, que si el Municipio de Rawson pretende el reconocimiento de su competencia territorial en orden a la defensa esgrimida en estos autos, aún cuando -debe destacarse- la comuna no encuadró la actividad en precepto ninguno -reitero- hasta el momento de alegar, debe demostrar aquellos extremos con que resistió la pretensión actora y con que sustenta su competencia.

5.- La prueba aportada, no me otorga convencimiento sobre la territorialidad del hecho imponible que a favor de su jurisdicción sostiene la Municipalidad de Rawson, que denuncia cierto "enmascaramiento" en las operaciones realizadas en el domicilio de "O D... F S.R.L." afirmando que son ventas.

Cuando al responder la demanda se pregunta: ¿quién dice que es "O D... F S.R.L." el que vende en Rawson?.... es porque pretende alcanzar con el Impuesto las ventas de automotores que -a su juicio- las empresas del Grupo F realizan en la ciudad Capital y que se llevarían a cabo en el local de esta "O..." a la que califica como "punto de venta en Rawson" de las actoras, prometiendo probarlo en esta instancia judicial.

5.1.- Examinados los procedimientos administrativos fiscales seguidos por la demandada, cuyos Expedientes se arriman a la causa, y de los cuales surge como observación liminar que se habría determinado el tributo antes de constatar una efectiva realización de ventas en Rawson, de los mismos no puedo extraer como conclusión cierta este hecho.

La ley establece, en forma objetiva y general, las circunstancias o presupuestos de hecho de cuya producción deriva la sujeción del tributo, pero ese mandato indeterminado tiene su secuencia en una operación posterior, mediante la cual la norma de la ley se particulariza, se adapta a la situación de cada persona que pueda hallarse incluida en los presupuestos fácticos previstos.

O lo que es lo mismo -en la opinión de GIULIANI FONROUGE- la situación subjetiva contemplada por la ley se concreta y exterioriza en cada caso particular.

Esta es, en materia tributaria, la determinación de la obligación que consiste en el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular, la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación (Derecho Financiero - T° I, págs. 535 y 537 - Lexis Nexis, conc. CNCAF-Sala 4-30/05/2.002, en "Sol Petróleo S.A...."; Sala 5, en "Algora Comercial e Industrial S.C.A. ..." - 10/3/1.997, LL Supl. Jur. Der. Adm., 27/6/1.998; "Heinols S. ..." - 6/11/1.997, entre otros).

Pues bien, la determinación de las respectivas obligaciones impositivas de Ingresos Brutos, fueron la consecuencia de las actuaciones administrativas que la Municipalidad de Rawson inició de oficio.

A resultas, Inspectores dependiente de ésta concurrieron a los respectivos domicilios de las empresas del Grupo F sitos en la ciudad de Trelew, requirieron documentación contable que no les fue suministrada, pese a tal resultado se continuó con el procedimiento de determinación -de oficio- de la supuesta deuda, y se intimó a cada una de las hoy accionantes al pago de ciertas sumas en concepto de dicho impuesto.

No queda muy claro si la Municipalidad de Rawson tomó como base para la determinación solamente las "comisiones" -y la documentación referida a éstas- de un contribuyente suyo, cual es la "O D.... F S.R.L." (las que recibe esa firma y que habría cobrado de las actoras por la actividad que se pretendió alcanzar), o tuvo a la vista los libros de las empresas del Grupo F. - Si me atengo al texto de las cuatro cartas documento remitidas a tal fin, la verificación impositiva tomó como base "la documentación aportada por la firma O D.. J... A. D.. F y G.... D.. F - CUIT ........., con domicilio en C... ***/** de la ciudad de Rawson... por los períodos enero de 1.997 a diciembre de 2.000"... Al pie se detallan las bases imponibles mensuales para los períodos 1.993-2.000 en el caso de F S.A. y P.. C S.A. y los períodos 1.997-2.000 para las otras dos empresas.

Al presentarse ante esa sede administrativa, el representante de cada una de las actoras, negó que éstas fueran contribuyentes de Rawson y la jurisdicción del Municipio reclamante para perseguir el cobro del Impuesto en cuestión sosteniendo que los hechos imponibles se produjeron en Trelew. Los fundamentos jurídicos de tal negativa apoyaron en los arts. 1º, 98 y 177 del Código Fiscal de Rawson, algunos de los cuales he analizado antes.

El art. 98 describe el hecho imponible, el 1º la aplicación del Código Fiscal y Ordenanzas Tributarias Especiales a hechos imponibles producidos dentro de la jurisdicción de Rawson y el último, describe el hecho imponible de la Tasa por Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene.

Se sostuvo en esa oportunidad que en dichas normas no estaba tipificada la conducta que efectivamente desarrollan las actoras. Y se cuestionó que se hubiera tomado para la determinación de la base imponible la información suministrada por O D... F.

Se consideró erróneo que al monto de Comisión, neto de I.V.A., facturado por esta firma lo dividiera por 0,015 (1,5% de comisión promedio), obteniendo así por cada mes las bases imponibles presuntas, es decir, los supuestos montos de venta sobre los cuales correspondería tributar el Impuesto a los Ingresos Brutos.

Hizo notar que partiendo de esa consigna, no se había advertido que existen distintos tipos de operaciones comisionables y hasta distintos procedimientos de cálculo de dichas comisiones, citando como ejemplo el caso de los "Planes de Ahorro" en los cuales -dijo- ni siquiera la facturación es realizada por las empresas actoras, sino por sociedades de ahorro organizadas al efecto.

Se ofreció la realización de una prueba Pericial Contable sobre los propios libros de la empresa -de cada una en su respectivo Expte.-. Y entre otros puntos -aunque no interesa a los efectos del impuesto en cuestión el domicilio del comprador- solicitaron que se determinaran las operaciones de venta de unidades que por ese domicilio "presuntamente" debieran tributar en Rawson. Ello, sobre "las facturas otorgadas por la firma O de J... A. D..F y G.... De F".

La demandada ordenó verificar la imputación contable -en la realización de la Pericia- sobre las facturas por comisiones otorgadas por dicha firma por los períodos reclamados; elaborando un "pormenorizado" detalle sobre cada una de las operaciones, indicando si la unidad vendida era Cero kilómetro, usada o si se trataba de un plan de ahorro, consignando el valor de venta de los primeros, y el valor de compra y venta de los segundos. Luego, determinar su base imponible.

Advirtió que el domicilio resultaba irrelevante, en tanto la operación se hubiera realizado en la ciudad de Rawson (así expresamente se dijo en los considerandos, no en la parte resolutiva). - El Perito Contador -en cada experticia- dijo haber concurrido a la sede administrativa de cada empresa y haber tomado para su tarea la documentación contable de las actoras. Aclaró que las facturas por comisiones pagadas a la firma O D.. F fueron imputadas a la cuenta denominada "Comisiones a terceros" y a partir de tal documentación extrajo los datos de compradores y valores de las unidades vendidas (nuevas, usadas y planes de ahorro).

Aclaró que como no podía obtener todos los valores de dichas unidades, algunos cálculos los hizo sobre base cierta -las que tomó de tales registros- y otros sobre base presunta -indicando cómo los efectuó-. -- No encuentro expuesto cómo cumple el experto con la premisa que se le recomendó verificar de que "la operación se hubiera realizado en la ciudad de Rawson". -- Luego -en cada Expte. Administrativo- las actoras se presentaron requiriendo explicaciones respecto de la pericial realizada e impugnando la misma. Entre los puntos cuestionados indican que no se ajustó a lo ordenado, que la verificación de la imputación contable de las facturas por comisiones nunca se realizó sobre los libros y/o documentación respaldatoria de las empresas actoras, aún cuando reconocen que dicha imputación coincide con lo manifestado por el Perito.

A todo evento, el Perito Contador explicó que la información contable había sido suministrada por la Cdra. D C I F, profesional que trabaja para la empresa -lo dijo en cada una de las "explicaciones" ofrecidas en esa sede administrativa-. - Me he detenido en esta prueba producida en sede administrativa, pues "a tenor de los resultados obtenidos" de la Pericia Contable, puntos ofrecidos para la misma y aclaraciones solicitadas al Perito, determinó la Municipalidad de Rawson la supuesta deuda de cada empresa, según se dijo expresamente en los considerandos de los actos administrativos respectivos, Disposiciones que determinaron la deuda.

Aunque la Municipalidad de Rawson no se funda en estas Pericias Contables al contestar demanda, pues aún no se habían producido y nada dijo después, al traer como "hecho nuevo" las determinaciones de deuda que las tuvieron como causa, limitándose a ofrecer los Exptes. Administrativos como prueba.

Y de su examen debo extraer como conclusión, que la actividad administrativa de determinación de deuda no se realizó tomando como hecho cierto, el que debía ser el punto de partida, esto es que los hechos imponibles se habían efectuado en la jurisdicción de Rawson, para a partir de allí emplear métodos presuntivos.

Más bien ocurrió que "presuntamente" el Contador dio por cierta aquella circunstancia, sin siquiera explicar porqué procedía de ese modo, y sin considerarlo, aún cuando lo había solicitado cada empresa. Y a partir del cálculo con métodos que toman bases presuntas, se efectuaron todos los cálculos que darían lugar a las determinaciones finales. Esto me es claro, pues no encuentro que haya constatado operaciones de venta en Rawson.

Habré de insistir: aún habiéndolo prevenido el representante de las empresas actoras en los Exptes. Administrativos no se verificó como cierto que el hecho imponible -venta de automotores- se configurara en la jurisdicción de Rawson, ni por ende, si efectivamente eran las actoras sujetos obligados a tributar en este Municipio de Rawson el Impuesto que se determinaba. Sin esclarecer previamente que hubiera hechos imponibles, se calculó una base imponible.

Lo dicho, previniendo que atento el "thema decidendum" que he circunscripto al inicio de mi análisis, no interesa controlar cuál es el monto de cada una de las deudas determinadas, ni tampoco efectuar el control sobre el procedimiento y las Disposiciones dictadas. Sólo establecer si surge el hecho imponible acreditado. Y, no lo encuentro.

Por otra parte, es cierto que el régimen tributario municipal autoriza el uso de presunciones para calcular la base imponible del Impuesto a los Ingresos Brutos. El Código Fiscal de Rawson ha previsto en el art. 232 de la Ordenanza N° 2.822/88 el uso de ellas, vinculadas con el punto de conflicto.

En este precepto -bajo el título "Devengamiento-Presunciones"-, luego de dejarse establecido que los ingresos brutos se imputan al período fiscal en que devengan... se enumeran una serie de presunciones respecto del "momento" desde el cual se entenderán devengados dichos ingresos "salvo las excepciones previstas..." en tal Ordenanza.

Ninguna impide tomar el inciso 2) del art. citado, y en el período posterior a los reclamados, con idéntico tratamiento, se aplicaría el inciso 2) del art. 110 de la Ordenanza Nº 4.993/01.

En ambos preceptos individualizados, expresamente se establece para el caso de "venta de otros bienes" -tienen relación con los respectivos incisos 1), de cada artículo, donde se trata el caso de la venta de inmuebles- que se entenderá que los ingresos han devengado "desde el momento de la facturación o de la entrega del bien o acto equivalente, el que fuere anterior".

La normativa es clara. Se han elegido tres momentos de la realidad -indistintamente- para considerar devengado el tributo. Se ha optado por el primero que ocurra de los siguientes hechos: a) la facturación, b) la entrega del bien; o c) acto equivalente (a su entrega).

Antes de alguno de los tres -aún cuando hubiera principio de la actividad que se pretende alcanzar-, se presume que no se devengan ingresos brutos; o lo que es lo mismo, no hay aplicación del tributo para el período fiscal por la "venta de otros bienes".

Conjugando esta preceptiva con lo que vengo de decir en el capítulo anterior, respecto del hecho imponible que estoy analizando, cumplo en revisar si existe acreditado:

"ventas de automotores" (actividad gravada);

"realizadas en Rawson" (elemento espacial o territorial);

y si surge "un momento" de los previstos: la facturación, o la entrega del bien, o acto equivalente a su entrega, que permita determinar la "existencia ingresos brutos devengados", sobre los cuales tributar el Impuesto en conflicto como presunción legal -tal su naturaleza- que, lógicamente, es "iuris tantum".

Y no encuentro en los antecedentes administrativos constancia de que la Municipalidad de Rawson haya utilizado algunos de estos extremos -datos de la realidad- para aplicar la presunción: ni la facturación (de las ventas), la entrega de los bienes o acto equivalente. Es así que en definitiva esta prueba dada por los Expedientes Administrativos es infructuosa: no acredita la territorialidad en Rawson del hecho imponible, ni los elementos o presunciones que autorizan a su determinación.

5.2.- Tampoco auxilia la prueba rendida en esta sede judicial. He examinado concienzudamente -además de los Expedientes Administrativos- la documental acompañada, he prestado atención a los testimonios producidos en esta sede, a la absolución de posiciones de ambas partes, a la informativa recabada y agregada en los respectivos cuadernos. Y no encuentro prueba contundente, acabada, que permita concluir que el hecho imponible se produce en Rawson.

Cada una de las actoras ha acompañado Certificación Especial de la Contadora D C I F en la cual la profesional "certifica" que según los registros y documentación que ha analizado, la firma -F S.A.- "abonó el Impuesto a los Ingresos Brutos correspondientes a todas y cada una de las Ventas detalladas en los Anexos I y II, en la Municipalidad de Trelew y Municipalidad de Puerto Madryn, y que además por las mismas operaciones abonó todas y cada una de las comisiones pertinentes, a la firma"O D F" de J A. De F y G D F con domicilio en C *** de la ciudad de Rawson" -tomo la acompañada por F S.A.-.

Observo que las otras tres actoras adjuntaron a sus respectivas Demandas una certificación de igual tenor: a fs. 1.357/1.360 correspondiente a A F Y C S.A., por comisiones y operaciones de ventas de 1.997 a 2.000; ídem de F E H a fs. 978/981 por igual período; ídem de P C S.A. a fs. 470/473 por igual período, F S.A. desde 1.997 a 2.001.

En la documental que analizo de F S.A., obra a fs. 73/74 la certificación especial y a fs. 75 y 76 ambos Anexos. La documental constatada, según la individualiza aquella Contadora, es la siguientes: Libros Diario Nº 6, 7 y 8, respectivamente rubricados el 21/10/1.996, el 8/05/1.998 y el 23/03/2.000; detalle de Facturación de Unidades Nuevas y Usadas emitido por el Sistema Contable de la firma F S.A. e individualizados como "Listado de Imputación de Ventas de O KM" y "Listado de imputación de Ventas de Usados" por el período comprendido entre el 1 de enero de 1.997 al 31 de diciembre de 2.000; Sub-diario Cliente Unidades Nº 5 y 6 rubricados el 25/12/1.994 y el 07/07/1.999, respectivamente; según lo indica tuvo a la vista las "copias originales de (todas) las facturas emitidas" por F S.A. en las operaciones de Venta de Unidades nuevas y usadas (con intervención de "O D.. F S.R.L.") detalladas en el Anexo I y II que adjunta.

Además de los "originales" detallados en estos últimos Anexos, de las facturas emitidas por "O D... F S.R.L." "por (todas) las comisiones cobradas a F S.A"... "por su intervención en el corretaje de las operaciones aludidas en el párrafo anterior" -señaladas precedentemente-; copias de los detalles "de (todas) las operaciones" comisionables complementarias de las últimas facturas referidas; y por último, original de los comprobantes de pago del Impuesto a los Ingresos Brutos abonados por la firma F S.A. por las ventas de Unidades Nuevas y Usadas detalladas en los Anexos I y II.

Tengo a la vista éstos, dondeaparecen sendos listados de las facturas por comisiones y haciéndolas corresponder -en el mismo renglón- con operaciones de venta, con números de factura, tipo, fecha, precio de venta y Municipio en el que se abonó dicho impuesto.

En relación con esa certificación especial, el tercero citado la Municipalidad de Trelew, a la par de afirmarlo en su presentación a juicio, produjo en autos informativa aplicada a determinar que las empresas del Grupo F tributan el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en Trelew, por los períodos que indican en la documental adjunta al Oficio fechado el 25 de enero de 2.006, suscripto por el Dr. S A (fs. 1.865/1.872). No se discrimina más que los años, número de cuota y base imponible.

Ello prueba que las empresas actoras han estado inscriptas como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los períodos que el funcionario municipal detalla, que no coinciden exactamente con los períodos que le reclama la Municipalidad de Rawson.

No tengo forma de determinar -pues no surge de las pruebas- si se pagó dicho Impuesto por las ventas en la que intervino la "O D... F S.R.L.", mas infiero que así fue por la posición que asume la Municipalidad de Trelew al presentarse a la litis.

Mas esto sólo me está demostrando que no es intención de la actora evadir el Impuesto, pues lo paga en Trelew, lugar en que se realizaron las ventas. No se han aportado facturas de ventas de automotores realizadas por las actoras en Rawson ni en Trelew; ni de ventas efectuadas por la "O D... F S.R.L." -sólo sus facturas por comisiones que acompañó la Municipalidad de Rawson-.

Tomo una de ellas -la de fs. 1.526-. Se trata de una copia simple de una factura -respecto del I.V.A., en el carácter de responsable inscripto- de comisiones de "O D.. F" a una de las empresas del "Grupo F": A... F Y C S.A. Se detallan "comisiones varias por venta de automotores 0 km y usados", el importe y la deducción del 21% de I.V.A.

En la misma foja, al pie obra en detalle el nombre de dos personas, "unidad-marca" de dos vehículos, modelo 0 km y dos valores por "comisión", y deducido el 21% de I.V.A., se obtiene una suma que coincide con aquel importe de la factura por comisiones.- En verdad, de que la firma "O D... F S.R.L." cobra "comisiones", que recibe de las empresas del "Grupo F", no tengo dudas; ni de que paga el Impuesto a los Ingresos Brutos sobre dichas comisiones.

La mayor parte de las pruebas, muestra que la "O D.. F S.R.L." es contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre "comisiones" y "ventas".

En el testimonio de G D... F (respuesta 9na., a fs. 1.707) interrogado respecto del pago de ese tributo, afirma que lo paga -la firma- y aclara que "por las intermediaciones realizadas y por las ventas de productos propios de O D... F S.R.L.".

Y por informativa producida por el Área Recursos Fiscales de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rawson, se trajeron a la causa comprobantes de pago de anticipos y declaraciones juradas -todos respecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos- de "O De F S.R.L.", agregadas en respuesta al Oficio Nº 194/SCA/05 (fs. 1.788/1.864), discriminándose en las declaraciones juradas dos alícuotas diferentes: "ventas 2,5 %" y "comisiones 3,6 %".

En algunos comprobantes interpreto que se tributan por ambas actividades: "vehículos (venta/alquiler)" y "toda actividad de intermediación". - Y si bien esta prueba me provoca alguna duda sobre la determinación de las bases imponibles (la de las comisiones difiere de la base general de las ventas, claramente discriminadas en dos grupos según el primer párrafo del art. 115 de la Ordenanza Nº 4.993/01), ello no es útil a la causa pues la Municipalidad de Rawson no cuestiona lo oblado por la "O D..F S.R.L.", sino que determina el tributo del cual estima sujeto pasivo a las empresas actoras.

Éstas -por su parte- se encargaron de acreditar que la firma que recibe las comisiones tiene habilitación comercial extendida por el Municipio de Rawson, que hasta el año 1.995 dicha habilitación correspondía a los Sres. J... y G... D.. F, bajo la razón social "O D.. F"; y a partir del año 2.001 es otorgada como "O De F S.R.L." (tomo la documental de fs. 559/564 aportada por P.. C...).

Y la demandada trajo a la causa (fs. 1.112/1.116) documental relativa al "reempadronamiento" de esta última firma, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos del Municipio de Rawson.

Prueba -insisto- inoficiosa al objeto de este pleito.

5.3.- En cuanto a los testimonios, no puedo dejar de señalar que los únicos testigos fueron precisamente los dos hermanos D.. F, únicos socios de la "O D... F S.R.L.", con domicilio en Rawson, donde se sostiene que las actoras efectúan las ventas de automotores. Ofrecidos por todas las partes -actoras, demandada y tercero citado- pudieron ser vistos como los que mejor conocen de la forma en que se lleva a cabo la operatoria.

Ambos coinciden cuando describen, de modo general, cómo se llevan a cabo las operaciones y cuál es la actividad habitual de la "O D... F S.R.L.". Pero al ahondar en los detalles de la operación, al responder en forma más precisa, se contradicen ostensiblemente.

Si atiendo a la versión del Sr. J... D... F, los posibles compradores, gracias a la publicidad, llegan al local y a través de los oficios de su "O..." se logra establecer un contacto para que después se acerquen a los locales de la ciudad de Trelew de cada una de las actoras. Que allí recién se efectúa la facturación. Pero al mismo tiempo dice que ellos "venden" en Rawson... y no queda muy claro si a veces "entregan" en Rawson los vehículos.

Y en la declaración del Sr. G... D.. F, hermano y socio del testigo precitado, lo primero coincide y se preocupa por insistir en que "acercan a las partes", que sólo en éso consiste su tarea, por la que perciben la comisión, y que la venta, la facturación, la entrega, se realiza "en Trelew", en las empresas del Grupo F.

Precisamente en lo que no coinciden y entiendo que se anulan entre sí ambos testimonios, es justamente en lo que hay que dilucidar. Pues ni siquiera es posible establecer si se realiza o no en Rawson la actividad de "venta de automotores" cuando interviene la "O D... F" en las operaciones por las que cobra comisión a las actoras. Pareciera que para uno, vende la firma en nombre de las actoras; para otro, la firma no vende autos que no sean propios.

Y más allá de otra utilidad que pueda valorarse en los testimonios, en lo que se contradicen, suscita inmediatamente sospecha de inidoneidad, que hubiera sido necesario despejar mediante otras pruebas.

El maestro FALCÓN -en su Tratado de la Prueba, Tº 2, pág. 375- sostiene que "se considera que si varias deposiciones se contradicen entre sí deben ser descartadas" (con cita de ELLERO, "De la certidumbre" y PEYRANO "La neutralización de los testimonios antagónicos en sede civil", LL 2.000 E-1.258).

No puedo considerar -en lo que se contradicen- ninguna de las hipótesis que muestran ambos testimonios con mayor fuerza, pues sería tener por válida una versión por sobre la otra. Insisto, son socios, hermanos, los únicos propietarios de la firma que tiene vinculación con las actoras en las operaciones controvertidas...

5.4.- En cuanto a la documentación relativa a la inscripción de las actoras en la AFIP, puntos de venta, controladores fiscales, etc. que aportaron aquéllas, da cuenta de que poseen locales de venta en diferentes localidades de la Provincia del Chubut y algunas en otras provincias, y en base a ello sostienen que no registran puntos de venta en la ciudad de Rawson.

El tercero citado apoya esto último respecto de Trelew. Y aunque no deja de llamar la atención que no tengan punto de venta en Rawson y sí en todas las ciudades que surge de la prueba que traen, por cierto que allí queda, sin indicio cierto de lo contrario.

5.5.- En lo que refiere a los avisos publicitarios en que la accionada intenta fincar prueba de que "O D... F S.R.L." sea un punto de venta en Rawson de las empresas accionantes y que según la forma en que lo expone en responde y alegatos la considera capital, no la veo así.

Tengo a la vista sendos cuadernillos, correspondientes a los diarios "E... Ch.." y "J....", con publicidades que dan cuenta que por un lado, las empresas del Grupo F promocionan automotores nuevos y usados -y en algún caso también ofrecieron "planes canje"- de las distintas marcas que han manifestado vender en las respectivas demandas.

En gran parte de los avisos aparece el nombre de algunas de las empresas del Grupo F y al pie, la dirección de algunas ciudades de la Provincia del Chubut: Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Rawson.

Varían en algunas publicidades las ciudades, pero en general -en lo que interesa- aparece el domicilio y un teléfono para cada localidad. En el caso de la ciudad de Rawson: vgr. -publicidad fs. 206- en C.. *** de Rawson, T.E. *****.

Estos últimos corresponden a la dirección y el teléfono de la "O D... F S.R.L.", lo que se encuentra probado con los testimonios de los Sres. J.... y G... D.. F y aparecen en las facturas por comisiones. En otros avisos aparece el nombre, dirección y teléfono de la firma "O D.. F" promocionando vehículos de las marcas que aquellas empresas actoras manifiestan ser concesionarias.

Tales publicidades no son suficientes, por sí, para tener por cierto que las ventas de automotores se realicen en Rawson, máxime si es claro, la referida O es comisionista de las empresas. Los avisos pueden confirmar tanto una como otra de las hipótesis que planteó la litis:

O bien -en la posición traída por las accionantes- que con los avisos publicitarios se efectúa una invitación para que se acerquen a la firma "O D... F S.R.L." a interiorizarse de los productos que las actoras venden en Trelew, porque en el supuesto, esta firma sólo se encargaría de acercar a las partes para que concreten la operación de venta en los domicilios comerciales que las empresas poseen en aquella ciudad.

O bien, como formula su hipótesis la accionada Municipalidad de Rawson, tales publicidades muestran que en el local de la "O D... F S.R.L." las actoras venden en Rawson los automotores nuevos y usados... y no esa firma. - Que sólo una de ellas es verdadera, no tengo dudas, pero de que lo sea la segunda, la publicidad misma no me arriba convicción. Amén de lo cual si la pretensión de la Municipalidad de Rawson es gravar la actividad, no puede fundar la misma sólo en avisos publicitarios.

A más de lo expuesto, he de efectuar algunas observaciones respecto a esta prueba. Primero, las publicidades aportadas datan de muchos años; la Municipalidad de Rawson no pudo desconocerlas, desde que aparecieron en dos periódicos de amplia difusión en esa ciudad.

Las actoras manifiestan que no ha cuestionado la demandada hasta el inicio de las actuaciones fiscales, en el año 2.000, lo que le tributó la "O D... F": Impuestos sobre los Ingresos Brutos por las comisiones que le ha venido pagando el Grupo F a esta última firma. La propia demandada ha acompañado -según he detallado más arriba- declaraciones juradas ante la Municipalidad de Rawson, de las que surge esto último.

Sin embargo, respondiendo a las actoras en el punto, aún cuando pueda interpretarse que ha habido una aceptación del pago efectuado de ese modo -por parte de la accionada- al cobrar a lo largo de esos años el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre las "comisiones" que recibe la "O D... F S.R.L." -durante los períodos que ahora reclama a las accionantes-, tal aceptación podría ser opuesta por esta firma.

El efecto liberatorio del pago -si es lo que se pretende invocar- sólo puede oponerlo "O D... F" a la Municipalidad de Rawson, no las actoras que nada le han pagado a ésta. - 5.6.- En cuanto a lo argumentado por la demandada, de que algunas de las empresas del Grupo F hayan participado en licitaciones, a través de las cuales han efectuado ventas de automotores -u otro tipo de vehículos-, y que se las haya obligado a oblar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos al Municipio de Rawson, aunque no tuvieran su domicilio fiscal en esta ciudad, no prueba su competencia fiscal en general, ni tiene ello relación con lo que está controvertido.

En tales supuestos el hecho imponible se habrá verificado en Rawson, y en esta ciudad cumplidos los momentos a que he aludido antes para establecer presunción cierta: facturación o entrega... - 5.7.- Por último, si he de considerar el planteo de las accionantes respecto a un cambio de criterio fiscal frente al tributo, debo decir que no fue tal, porque a fuerza de ser reiterativo, en relación con la doctrina y la jurisprudencia fiscal en el punto, el efecto liberatorio del pago, que es el que no puede ser enervado por un cambio de criterio fiscal, sólo protege a "O D... F S.R.L.".

No puedo considerar entonces contradicción en los propios actos de la accionada -lo que parece quedar insinuado por las actoras- cuando la conducta ha sido demostrada frente a diferentes personas jurídicas. -- 5.8.- En cuanto a los Exptes. Judiciales que solicitaron las actoras que fueran arrimados como prueba a esta causa, interpreto que el motivo de su ofrecimiento se vincula con las operaciones de comercio interjurisdiccional, pues no han dado mayores precisiones sobre su ofrecimiento. Mas la Municipalidad de Rawson no aduce que se trate de una operación de este tipo la que pretende gravar: dice que las empresas del Grupo F "venden" en Rawson; esta es la actividad que pretende alcanzar. Si fue otra la actividad o si pretendió alcanzar operaciones de este tipo, debió venir a decirlo claramente al presentarse a la litis y exponer su posición frente al caso en conflicto.

Por el contrario, adujo que cada Municipio debe percibir el tributo sobre la actividad realizada en su jurisdicción cuando negó la posibilidad de que existiera un conflicto de poderes.

6.-La meditación que precede me lleva a la aplicación del art. 377 del CPCC.

Cada parte debe probar los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende, ya que la actividad probatoria constituye, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés y de esa actividad procesal depende producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos, pudiendo el litigante llegar a obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una conducta omisiva (SD N° 34/92, 12 y 13/SCA/99, 15/SRE/99, 10 y 15/SCA/00, 4/SCA/01, 2/SCA/03, 1/SCA/05 y muchas otras.

Conc. Fallos: 318:2555; y CNCAF in re "M, J A...", Sala III, del 1/06/00; con cita de otro fallo de esa Sala, in re "M...." del 20/4/99; íd. CSJN in re "Kopex Sudamericana S.A.I.C. ...." del 19/12/95, publicados en la página Web del PJN).

En el caso, por analogía con lo que aquí se encuentra controvertido, estimo aplicar en particular las reglas de la carga de la prueba que rigen en materia de obligaciones de dar, pues en definitiva, la relación jurídica cuya existencia se ha solicitado determinar en esta litis es tal y se ha interpretado que en estos supuestos, la carga de la prueba recae sobre quien reclama el pago de tal obligación (voto de la juez Dra. Garzón de Conte Grand, consid. III; CNCAF - Sala II, in re "Zurutuza..." 12/08/97; página Web del PJN). - 7.- Finalmente, a mayor abundamiento, de considerar que la facturación se realizó en la ciudad de Trelew, atendiendo a la certificación contable que han traído las actoras de sus libros, se impone la presunción a que referí antes. Pues:

Si se presume que no se han devengado ingresos brutos por ventas antes de las facturación -según lo dispone su art. 110, inc. 2) de la Ordenanza 4.993/01 o 232, inc. 2) de la Ordenanza Nº 2.822/88-; y además:

1) Las facturas recién fueron confeccionadas al concurrir los compradores a la ciudad de Trelew; -- 2) No se ha probado que la entrega de los automotores o acto equivalente fuera realizada "antes de la facturación" en la ciudad de Rawson;

entonces, tengo para mí que antes de dicha facturación no se devengaron ingresos brutos que corresponda tributar en Rawson. Resta agregar, que no ha aportado el Municipio de Rawson prueba que destruya esta presunción.

A mérito de lo expuesto, no habiéndose acreditado que el hecho imponible acaece en esa ciudad, no lo está la competencia de percibir dicho Impuesto por parte de la Municipalidad de Rawson, ni se evidencia la existencia de relación jurídica tributaria entre aquélla y las accionantes.

Consecuentemente, la hipótesis de conflicto de poderes está configurada, en tanto esta comuna demandada invade las facultades impositivas que territorialmente corresponden al Municipio de Trelew al determinar de oficio la deuda por Ingresos Brutos, habiéndose extralimitado además en las facultades de policía de investigación en jurisdicción de esta última, y así debe declararse. - A resultas, las actoras tributaron correctamente -por los períodos que el Municipio reclama- en la jurisdicción de Trelew, y habrán de seguir tributando en Trelew mientras no varíen las circunstancias fácticas y jurídicas analizadas. ASÍ LO VOTO.-- A la misma cuestión el Dr. PFLEGER dijo:

I.- Debo poner de resalto, en primer término, que coincido con la solución que ha propiciado -sobre el asunto- el Dr. PASUTTI, quien ha elaborado un largo y meditado voto agotando las aristas que presenta el tema. - Esta circunstancia hace a la escasez de mi aporte que lo será limitado a algunas sencillas reflexiones sobre el particular, orientadas, claro, en la misma dirección que el pre-opinante.

Demás está, en este breve prólogo, realizar una repetición de las constancias causídicas, puntualmente de las posiciones de las partes que han controvertidos, pues resultaría amén de un dispendio una redundancia inaceptable. De modo que iré derechamente al punto.

II.- En primer término, creo en que, aún planteada con una Acción Declarativa de Certeza por un particular, la presente ha devenido en un conflicto entre municipios que es menester dirimir en los términos del art. 179, inciso 1. 4 de la Constitución de la Provincia del Chubut, pues bien que el núcleo duro de la decisión que recaiga importa delimitar el ámbito de competencia tributaria que pretende aplicar el Estado Municipal de Rawson sobre las demandantes, que -por iguales hechos imponibles, según alegan- oblan al fisco del Estado Municipal de Trelew, que reivindica exclusividad al respecto, el Impuesto a los Ingresos Brutos por las compra venta de automotores.

Convengo con el distinguido colega de Corte que el caso es "sui generis" y que una manera distinta de abordaje (deslindar las acciones declarativas del conflicto de poderes) resultaría a todas luces inapropiado, pues podrían darse soluciones diferentes o aún asincrónicas con lo que se pondría en vilo la seguridad jurídica y la previsibilidad, dos condiciones que los Tribunales deben asegurar a los que procuran dirimir ante ellos sus cuestiones litigiosas.

Claro que al resolver acerca del punto, necesariamente se derivará en dar certeza a los actores acerca de cuál es su posición frente al problema que han planteado, con la posibilidad de orientar el pago del tributo correctamente sin la amenaza de haber pagado mal o peor aún de ser demandados por incumplimiento de sus obligaciones fiscales, respecto del impuesto sobre el que versa la cuestión.

III.- Ya se ha visto -y simplemente haré una referencia al sólo fin expositito- que la posición de la autonomía rawsense estriba en considerar que las ventas realizadas por las actoras a través de la "O D... F S.R.L." o su antecesora, son en realidad operaciones imputables a aquellas por cuanto se produjeron en Rawson los hechos que constituyen la hipótesis legal tributaria; mientras que las que demandan y el Municipio en el que tienen el domicilio fiscal predican lo contrario.

IV. Estimo que cualquier solución ha de tener en cuenta no sólo la capacidad tributaria de los municipios y el principio de territorialidad que demarca el ámbito de sus competencias materiales (arts. 123 de la C.N. y 93, 239 y 240 de la C.P. Chubut) sino los principios generales del sistema tributario argentino, reconocidos en la Constitución Federal (arts. 4, 16, 17, 18 y 19, 75, inc. 2° y 123 en lo que toca), cuales son los de legalidad, capacidad contributiva, igualdad, generalidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad. -- Desde luego que incluyo la proscripción de la doble imposición, también dentro de los derechos a los que aludiera, que reconocidos por la Constitución se yerguen en un imperativo que condiciona la actividad de los órganos de gobierno y de los particulares.

Pues, como sostiene Giuliani FONROUGE, existen dos órdenes de limitaciones al poder tributario: una de carácter general que corresponde a principios jurídicos de la tributación y que, en nuestro país ha sido incorporada a la Constitución Nacional, por lo cual asumen el carácter de principios constitucionales de orden general; otra derivada de la O política de los Estados (también de naturaleza constitucional) y de su existencia en el orden internacional, que se vincula con el problema de la doble imposición (ver el autor en su "Derecho Financiero", pág. 363 y siguientes citado por Mario Augusto SACCONE en "Manual de Derecho Tributario", Ed. La Ley, pág. 62 y ss.).

La sentencia, entonces, debe ser guiada por tales principios, tanto y más cuando se trata del impuesto a los ingresos brutos que exige un muy prudente análisis, tanto por su naturaleza cuanto por el hecho de que -en general- confluyen diversos intereses recaudatorios.

No desconoceré, no obstante y en la otra mano, el poder tributario municipal que es derivación natural y constitucional de su autonomía, principio que todo diseño legal del contenido de ese poder debe respetar (ver José Raúl HEREDIA en su "El Poder Tributario de los Municipios", Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 282).

V.- Así las cosas haré una breve memoria del impuesto que ha motivado la controversia.

En líneas generales, el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto indirecto porque grava una exteriorización mediata de capacidad contributiva o en otras palabras es un impuesto indirecto al consumo; es real porque no tiene en cuenta la capacidad contributiva de quien tributa; es local y se adecua al principio de territorialidad (y aquí citaré textual a Héctor Belisario VILLEGAS en su "Curso de Finanzas, Derecho Tributario y Financiero", Ed. Astrea, págs. 877/878) "... es un impuesto local y se adecua al principio de territorialidad, lo cual significa que únicamente están gravadas las actividades realizadas dentro de una jurisdicción determinada...." (Adelanto que este concepto es capital en la solución del caso).

Como refiere VILLEGAS en la obra citada (página 881) para que se configure el hecho imponible -en sus aspectos materiales- ya no resulta necesario que las actividades sean o no lucrativas y que el objetivo sea el lucro "... Lo que ahora interesa -dice- es que se trate de actividades generadoras de ingresos brutos, dado que la intención generalizadas de todas las jurisdicciones que cambiaron el nombre del gravamen por el de impuesto a los ingresos brutos es obviar toda discusión en cuanto a naturaleza y caracteres de la actividad... (omissis)...

En definitiva el hecho imponible del impuesto a los ingresos brutos es el ejercicio de actividades que sean habituales, que se desarrollen en la jurisdicción respectiva y que generen ingresos brutos...", aún cuando, sostiene el autor que se sigue, "... las legislaciones han incluido tantos casos especiales en los que debe entenderse que hay habitualidad a pesar de no haber repetición ni periodicidad, que la noción ha quedado desdibujada..." (op. cit., pág. 882).

En el ordenamiento local (Ordenanza Nº 4.993/01) -y en lo que a este caso atañe- el hecho imponible es, desde una perspectiva material, aquél contenido en la hipótesis de los arts. 98 (marco genérico, por definirlo así) y 102 (casos especiales) de la ley Nº 5.450; normas acordes con los lineamientos generales sentados por la doctrina y propios de otros ordenamientos locales y provinciales.- Obviamente, la actividad de compra-venta de automotores del modo en que realizan las actoras constituyen actos atrapados por el gravamen, pues bien que son actos de comercio en el sentido del art. 8° del Código de Fondo cuando legisla como tal a la transmisión a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella, para lucrar con su enajenación luego de darle un mayor o menor valor.

Pero también es actividad sujeta al tributo "... La intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, verificaciones, porcentajes u otras retribuciones análogas..." (art. 102, inc. e de la Ordenanza Nº 4.993/01) y merece esto detener un instante el discurso para una breve digresión.

Sólo un concepto. El contrato de corretaje se caracteriza por la existencia de un "... acuerdo que vincula a una parte denominada corredor, con otra parte denominada comitente, por el cual la primera se obliga, por una retribución en dinero, a mediar ante otra parte determinada o a determinar, para la conclusión de uno o más negocios.

El corredor no concluye el negocio en el cual interviene, sino que son los propios interesados quienes lo hacen; el profesional no es parte en el contrato mediado; no es dependiente de ninguno de los intervinientes; tampoco es su representante, aunque puede llegar a serlo de uno de ellos en los actos de ejecución.

La intermediación consiste entonces en buscar un interesado en el negocio encomendado; proponerlo con precisión y claridad, acercar a las partes y contribuir a formar el acuerdo de voluntades sobre sus elementos; su intervención culminará con la celebración del contrato así gestado..." (ver Revista de Derecho Comercial - 2.000 - Año 33, pág. 46, artículo de Raúl Alberto CABAÑAS titulado el "Contrato de Corretaje"). - VI.- Estos conceptos que he expuesto, reitero, se me ocurren imprescindibles para dar solución al caso pues del concepto jurídico de los hechos que quedaran comprobados depende el camino a seguir en la emergencia.

Y es que a no dudar que ha quedado sentado que los actores tributan al Municipio de la ciudad de Trelew el impuesto a los ingresos brutos por todas las operaciones que realizan en sus oficinas o agencias de esa ciudad. Ese es un hecho demostrado tanto por las actoras cuanto por la propia O estatal citada.

Es razonable que allí tributen pues el perfeccionamiento de los contratos de compraventas se realizan en esa urbe, aún cuando por razones modales la efectiva entrega del bien suceda en otro sitio (piénsese el modo en que el tráfico mercantil a distancia ha cambiado las costumbres de los consumidores, vgr. las compras telefónicas o por vía de la internet).

El único modo en que podría configurarse un hecho imputable al gravamen sobre los ingresos brutos perceptible por el Municipio de Rawson lo sería si las compra-ventas se realizaran efectivamente en el ámbito de su competencia territorial, por sí o por medio de agentes que actúen por su cuenta y orden, tema que, y ya comienzo a desenhebrar la trama, no ha sido comprobado en autos.

Porque lo que la "O D... F S.R.L." significa a los ojos del lector de la prueba rendida, es la de un mero corredor, justificando la alegación de las demandantes de que se trata de un intermediario encargado de "acercar" potenciales o efectivos clientes, deslindado del contrato que eventualmente se genera, el que es retribuido con una comisión, lo que cuadra a la definición jurídica de esa actividad señalada párrafos arriba. - Paradojalmente el Estado local de Rawson percibió de esa empresa el correspondiente tributo fundado en la intermediación (art. 102, inc. e de la Ordenanza Nº 4.993/01) y realizó las fiscalizaciones (exorbitando a mi juicio su potestad territorial) sobre esa base, sin discutir la condición de aquélla; esto es sin poner en tela de juicio su condición de Sociedad de Responsabilidad Limitada dedicada a esa actividad, y esto hace mella en su posición en el pleito.

Porque tampoco logró acreditar fehacientemente que la "D... F" fuera una agencia "encubierta", una "subsidiaria" o sencillamente una "oficina dependiente" o una "empresa satélite", única manera de reivindicar con éxito lo que constituyó su pretensión administrativa otrora y su defensa actualmente.

Que en la propaganda escrita figurara el número de teléfono o la dirección de la compañía de que se trata es un principio de prueba; pero no la prueba de lo que se alega; que algunos automóviles se hubieran entregado en Rawson (tópica que no está fehacientemente determinada) quizás una modalidad de la que se hablaba arriba, salvo prueba en contrario.

La posesión de antecedentes que no fueron verificados por ella misma o traídos a este pleito (vgr. la nómina de compradores en la zona para interrogarlos), una falencia que no puede ponerse en cabeza de los opuestos. -- En resumen de cuentas, dije al principio que poco sería mi aporte y creo que hasta aquí puedo llegar sin incurrir en reiteraciones inútiles.

Doy respuesta al caso así, aceptando la existencia de un conflicto entre Municipios habilitante de la competencia originaria del pleno y propongo declarar, en la especie, que F S.A., F E H... S.A., A... F Y C S.A. y P... C S.A. han tributado correctamente el Impuesto sobre los ingresos brutos durante los períodos reclamados por la ciudad de Rawson, en la ciudad de Trelew a quien competía materialmente su percepción y que, sobre iguales situaciones de hecho y derecho ha de continuar siendo la O recaudadora. ASÍ LO VOTO.

A idéntica cuestión el Dr. PANIZZI dijo:

La medulosa relación de causa que efectuara el Magistrado votante en primer término, me permite soslayarla, en la convicción que nada podría aportar a los fines de clarificar las circunstancias de autos, y adentrarme de inmediato la resolución de la controversia que se reclama.

Sólo como escueto recordatorio diré que las empresas actoras -"F E H... S.A.", "F S.A.", "P.. C S.A." y "A....F Y C S.A."- promueven la presente demanda contra la Municipalidad de la ciudad de Rawson con el fin de disipar el estado de incertidumbre en que se encuentran respecto de la existencia de relación fiscal con ésta, específicamente en cuanto al impuesto sobre los ingresos brutos.

Afirman abonar dicho tributo en la ciudad de Trelew, de la que son contribuyentes, mas la Comuna de Rawson les reclama el pago de la gabela por los períodos fiscales que cada una detalla, y que, a modo de englobarlos genéricamente, se encuentran comprendidos entre los años 1993/2000.

Solicitan la citación a juicio -con sustento en el art. 94 del CPCC- de la Municipalidad de Trelew, la que en oportunidad de presentarse denuncia la existencia de conflicto de poderes entre ambos municipios. -- Puntualizan que su actividad de comercialización de automotores se realiza en la ciudad de Trelew, aunque reconocen que la "O D... F" interviene como corredores de comercio, y que esta última se encuentra radicada y domiciliada fiscalmente en la ciudad de Rawson. - Como contrapartida, el Municipio de Rawson postula que las accionantes venden unidades automotores por sí en esta ciudad, razón que -entiende- justifica el ejercicio de su poder de imposición, al darse en su ejido el hecho imponible abarcado por la materia tributaria en cuestión. -- Concuerdo con el Dr. PASUTTI en cuanto afirma que es la titularidad activa de la competencia tributaria la determinante de una hipótesis de conflicto de poderes entre los Municipio de las ciudades de Rawson y Trelew; circunstancia que habilita por un lado, la propia competencia que a este Cuerpo le confiere el art. 179, inc. 1.4 de la Constitución Provincial, y por el otro, de la resolución de la primigenia pretensión actoral -declaración de certeza-, lo que permite arribar a una decisión única, que avente el peligro del dictado de sentencias contradictorias, y a la par, lograr en el concreto la economía procesal que mejor se adecue a un ajustado servicio de justicia.

He de señalar entonces, que la Constitución Provincial reconoce a los municipios autonomía financiera (art. 225), así como competencia para establecer y percibir impuestos y contribuciones (art. 233, inc. 3), por lo que el ejercicio de esta facultad, dentro de los límites de la jurisdicción territorial de cada estado municipal, es liminarmente incuestionable.

El impuesto que el municipio de Rawson reclama de las actoras, se aplica sobre los ingresos por el ejercicio de actividades con fines de lucro efectuadas en el territorio municipal, y sus notas características: naturaleza real, territorial y periódico han sido ya descriptas por el Dr. PASUTTI, por lo que sólo referiré -de ellas- a la que atañe a la territorialidad. - Esta característica de la gabela de que se trata, implica que los hechos imponibles definidos por la ley en su aspecto objetivo, deben verificarse en el ámbito espacial circunscripto para el ejercicio del poder fiscal (conf. JARACH, Dino; "Finanzas Públicas y Derecho Tributario", Ed. Abeledo-Perrot, 1.999, págs. 382, 813 y sigs.). - En el sub-lite, es claro que el ámbito territorial está establecido por la Ordenanza 2.822/88, de aplicación en autos, conforme la delimitación temporal del reclamo, y como lo determina el artículo sin número, del Capítulo I, titulado "Del hecho imponible" de la misma, abarca dicho impuesto "el ejercicio habitual y a título oneroso en la jurisdicción del Municipio de Rawson, del comercio, industria, profesión, oficio, negocios, locaciones de bienes, obras y servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso...".

Debe, por lo tanto, para hacer efectivo el poder de imposición fiscal local a las actoras, verificarse que las mismas hubieran realizado dentro de la jurisdicción de la Municipalidad de Rawson algunos de los hechos definidos como generadores de la obligación tributaria.

Recuerda el autor que citara supra, "La relación jurídica tributaria, en cuanto nace de la ley, exige como requisito fundamental para su nacimiento que se verifique en la realidad fáctica el hecho o los hechos definidos abstractamente por la ley como supuestos de la obligación". (JARACH, Dino, ob. cit., pág. 376). -- Esta afirmación, como hilo conductor, lleva a advertir en forma diáfana que la solución de la litis a la que se arribe depende sustancialmente de la diligencia probatoria desplegada, en la medida que las actoras niegan efectuar actividad comercial en la ciudad de Rawson, y que el Municipio rawsense asegura que esa actividad es llevada a cabo por las accionantes e incluso asevera que lo acreditará.

Me detendré, entonces, en el análisis de la misma, a fin de determinar si se encuentra acreditado el presupuesto esencial para el surgimiento de la relación jurídica tributaria que se invoca. - Advierto así que las actoras han acreditado estar inscriptas ante organismos nacionales (AFIP-DGI) como contribuyentes con distintos puntos de venta en la Provincia, mas de ninguna de las pruebas aportadas surge que posean puntos de venta en la ciudad de Rawson. También acompañaron certificación especial emitida por la Contadora D C I F, en la que se indica que las actoras abonaron el Impuesto a los Ingresos Brutos correspondiente a todas y cada una de las ventas detalladas en los Anexos I y II, en las Municipalidades de Trelew y Puerto Madryn, y que en cada una de ellas se abonaron las comisiones correspondiente a "O D... F". -- La prueba de informes evacuada por la Municipalidad de la ciudad de Trelew confirma los dichos de las actoras en relación que tributan en dicha jurisdicción, mas no surge claramente -al menos no he podido extraerlo- que esa tributación se corresponda con las operaciones sobre las que pretende la Municipalidad de Rawson hacer recaer su poder de imposición.

Añado a ello que esta prueba favorece la postura de la Municipalidad de Trelew, en tanto sostiene que las accionantes abonan ante ese fisco el impuesto de marras.

En relación con la prueba testimonial, observo que quienes declararan en esa condición son los hermanos J A y G D.. F, ambos socios de "O D.. F S.R.L.", sociedad domiciliada fiscalmente en la ciudad de Rawson, a quien las actoras definen como "corredores de comercio", en tanto acercan a los compradores con las accionantes, para que posteriormente aquéllas lleven adelante la operación de compra-venta en la ciudad de Trelew.

En oportunidad de deponer, sostuvo el Sr. José Antonio De F (fs. 1.702/1.704), al ser interrogado sobre dónde concurre el adquirente de un vehículo que vende "O D.. F" para su retiro (preg. 11º), respondió: "indistintamente. Con respecto a F, por ahí en Trelew, o por ahí en Rawson"; en tanto el Sr. G... D.. F (fs. 1.706/1.709), a la pregunta 5º respondió:

"las operaciones se cierran todas en la ciudad de Trelew", y a la 17º, -de similar tenor que la del otro testigo-, dijo: "en la mayoría de los casos en la ciudad de Trelew. Y si por algún motivo el adquirente me solicita que se lo traslade hasta la ciudad de Rawson y en atención a su pedido, se lo satisfacemos".

Basta ello para advertir que ambos testimonios se contraponen en la parte esencial de este litigio -circunscripta a la acreditación del hecho imponible efectivizado en la ciudad de Rawson-, circunstancia que invalida cualquier esfuerzo que pudiera realizarse para dar mayor credibilidad a uno sobre otro, más aún cuando, como lo vengo expresando, no existe hasta aquí prueba alguna que abone la posición del fisco municipal.

Jorge PEYRANO afirma que cuando sobre un hecho central del litigio concurren declaraciones testificales frontal e irreductiblemente contradictorias, corresponde, en ciertos casos, dispensar al magistrado de la pesada y poco seria tarea de adivinar quién miente y quién dice la verdad, descartando, por igual, todas las declaraciones en cuestión.

Con cita de Gladis MIDÓN, afirma luego que "cuando los dichos de los testigos son contradictorios, hay que acordar eficacia a la declaración del sector que, en atención a otros elementos de juicio, resulte más objetiva.

Y si no es posible acordar mayor credibilidad a un sector de testigos con relación al otro, los dichos se anulan recíprocamente y la prueba testimonial pierde virtualidad" ("La neutralización de los testimonios antagónicos en sede civil", LL, 2000-E, 1258).

Resta por lo tanto establecer si existe otra prueba que pueda formar convicción respecto de una u otra declaración. Continúo con la documental adjuntada en los cuadernillos pertinentes, por la que se agregan avisos publicitarios extractados de los diarios Jornada y El Chubut, en los que se indica la dirección sita en C *** de la ciudad de Rawson.

Es verdad, como lo afirma el Ministro Dr. PFLEGER, que tal documental puede ser un indicio, un principio de prueba, mas ella es insuficiente para arribar a la convicción que efectivamente en dicho domicilio se realizan las operaciones de compra-venta de automotores por las que debería oblarse el impuestos sobre los ingresos brutos.

Menos pueden constituirse en elemento de convicción las actuaciones administrativas agregadas en autos, aún cuando éstas concluyen con la determinación de oficio por parte del Municipio de Rawson de deudas impositivas.

Esto, por cuanto la actividad de la administración municipal partió de considerar la existencia de la actividad gravada con el tributo en la jurisdicción municipal, descartando la producción de prueba alguna acreditativa del hecho imponible, pese a que las accionantes en dicha sede ya habían expresado la posición que hoy vienen a sostener en autos. - Las pruebas analizadas no han dado sustento a ninguna de las dos declaraciones testimoniales, por lo que adolecen éstas de la virtualidad necesaria para su consideración a los fines de la resolución de la controversia, motivo que habilita a prescindir de ambas.

En definitiva, como lo he indicado, no se ha acreditado la configuración del hecho imponible en la jurisdicción del Municipio de la ciudad de Rawson, lo que impide el nacimiento de la relación jurídico tributaria alegada por la demandada.

Por lo expuesto, concuerdo con los Magistrados que me precedieran en el voto, en establecer que se encuentra configurada la hipótesis de conflicto de poderes, al invadir la comuna de Rawson las facultades impositivas del Municipio de Trelew.

Asimismo, corresponde establecer que las actoras han oblado adecuadamente el impuesto sobre los ingresos brutos en la ciudad de Trelew, y allí es pertinente que lo sigan tributando, en la medida que no se produzcan cambios en las circunstancias y el derecho tenido en cuenta para la adopción de la presente decisión. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. CANEO dijo:

Las accionantes, "F E H... S.A.", "F S.A.", "P C S.A." y "A... F Y C S.A.", concurren a la jurisdicción a fin de obtener una respuesta a la incertidumbre que manifiestan les origina la actuación de la Municipalidad de Rawson, quien pretende abonen en esta ciudad el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por operaciones de venta de automotores que, según afirman, llevan a cabo en la ciudad de Trelew.

Alegan que esta incertidumbre ha sido generada por actuaciones fiscales iniciadas en dicho Municipio respecto de cada una de ellas, y peticionan se determine judicialmente la existencia o inexistencia de su obligación de tributar el impuesto a los ingresos brutos generado por su actividad comercial concreta que desarrolla en su domicilio fiscal (sito en el Municipio de Trelew) y cuya imposición pretende la comuna demandada.

Requiere que se establezca la existencia o no, respecto de la accionante, de su correlativo derecho de haber tributado y seguir tributando dicho impuesto en el Municipio de Trelew. Con el fin de viabilizar una eventual acción de repetición del tributo abonado en la Municipalidad de Trelew, solicitan la citación de ésta a juicio, en los términos del art. 94 del CPCC, respecto de quien consideran existe comunidad de controversia.

La demandada, Municipalidad de Rawson, afirma que las actoras venden automotores en su jurisdicción, que la totalidad de las operaciones de comercialización fueron realizadas -en forma íntegra- en la ciudad de Rawson, que allí se suscribía la totalidad de la documentación pertinente y eran entregados los vehículos adquiridos.

El Municipio de la ciudad de Trelew, en oportunidad de tomar intervención en el expediente, planteó la existencia de un conflicto de poderes, que entiende surgido de la postura adoptada por el Municipio de Rawson en relación a una potestad tributaria que le es propia e inherente.

Ha descripto el Dr. PASUTTI las circunstancias procesales que determinaron que acciones primigeniamente interpuestas ante un Juez de Primera Instancia resultaran luego acumuladas, y con trámite originario ante este Superior Tribunal de Justicia, lo que ha sido explicitado en SI Nº 01/SCA/05, obrante a fs. 377/383 vta., cuando se dijo "este Cuerpo advirtió en SI Nº 14/SCA/04 que el caso configura un supuesto "sui generis", que a la par de la falta de certeza que anima al actor, expone una controversia entre dos comunas sobre una de las potestades pilares del Estado Municipal, cual lo es la tributaria, razón que motivó el desplazamiento de competencia del Juez de Primera Instancia a este Superior Tribunal, a favor de la originaria prevista en el art. 179, inc. 1.4 de la Constitución Provincial".

El cuestionamiento a la potestad tributaria que pretende ostentar la Municipalidad de la ciudad de Rawson es entonces el punto de partida de los planteamientos expuestos para la resolución por parte de este Tribunal.

Ello es evidente, en tanto las actoras ostentan un interés concreto y legítimo tendiente a evitar los efectos de actos en cierne, las respectivas determinaciones de oficio efectuadas por el fisco de Rawson; a la par que lleva ínsita la verificación de la competencia tributaria de los fiscos involucrados, circunstancia enmarcada en el conflicto de poderes que definiera la atribución de competencia a este Cuerpo.

Se ha dicho que no existe acuerdo alguno de voluntades entre el Estado y los individuos sujetos a su jurisdicción con respecto al ejercicio del poder tributario implicado en sus relaciones, ya que los impuestos no son obligaciones que nacen de los contratos, sino una prestación obligatoria establecida por el Estado.

"Su imposición y la fuerza compulsiva para el cobro son actos de gobierno y de potestad pública" (Fallos 283:360; 288:279).

La facultad jurídica del Estado de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se hallan en su jurisdicción es denominada con la expresión poder tributario, el que es ejercido por cada ente de gobierno -Nación, Provincia, Municipalidades- en la esfera territorial de su jurisdicción (conf. Giuliani FONROUGE, Derecho Financiero, Ed. Depalma, 1997, Vol. I, págs. 325, 332), mas también ha de recordarse que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido categóricamente que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que no sea el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas (Fallos: 155:290; 248:482; 303:245; 312:912, entre otros), y, concordantemente con ello, ha afirmado reiteradamente que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales (Fallos 312:366).

El poder tributario debe ejercerse dentro de la esfera territorial de jurisdicción de cada municipio, pues la potestad tributaria de crear impuestos se define en función del lugar en donde se verifica el hecho imponible que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria, y en el caso de los ingresos brutos, corresponde ingresar el impuesto a favor del Fisco en donde dicha actividad se desenvuelva. (SOLER, Derecho Tributario, LL, 2.005, pág. 122).

Y el medio técnico-jurídico para alcanzar el vínculo legal de la imposición es la determinación de los "hechos generadores del impuesto". El hecho generador del impuesto contiene normativamente los presupuestos abstractos e hipotéticos de cuya concreta existencia ("realización del hecho generador") resultan determinadas consecuencias jurídicas. (HENSEL, Albert; "Derecho Tributario", Ed. Nova Tesis, 2.004, pág. 66).

Dicho de otra forma, al producirse la situación de hecho establecida por la ley se concretiza el mandato general e impersonal previsto en la norma, dando nacimiento entonces a la obligación tributaria. - El tributo municipal -Ingresos Brutos- ha sido establecido por medio de Ordenanza, en el caso, la Nº 2.822/88, sancionada por el Concejo Deliberante local, por lo que el principio de legalidad que rige en materia tributaria se encuentra cumplido.

Puntualizo que es esta la Ordenanza aplicable, en la medida que las determinaciones impositivas cuestionadas en el sub-lite -pese a que abarcan períodos distintos para cada una de las actoras-, genéricamente puede afirmarse que se refieren a operaciones comerciales efectuadas entre los años 1.993 y 2.000.

Cabe aclarar que con anterioridad al año 1.993 se encontraba vigente el Convenio Intermunicipal, que en el mes de diciembre del año 1.992 fue denunciado por la Comuna capitalina, no rigiendo entonces durante los períodos que aquí se analizan.

Tampoco es de aplicación para dichos períodos la Ordenanza Nº 4.993/01, en tanto ésta fue sancionada el 5 de enero del año 2.001, esto es, en fecha posterior a los mismos.

Mas sí lo es esta última Ordenanza para los períodos posteriores, respecto de los que, aún cuando no fueron objeto de determinación impositiva municipal, las actoras solicitan se determine la existencia de su derecho de seguir tributando en el Municipio de Trelew.

Conforme a la regulación establecida en las Ordenanzas Nº 2.822/88 (art. sin número, Capítulo I, "Del Hecho Imponible") y Nº 4.993/01 (art. 98), el Impuesto sobre los Ingresos Brutos debe tributarse por el ejercicio habitual y a título oneroso en la jurisdicción local del comercio, industria, profesión, negocios, locaciones de bienes, obras y servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea el resultado obtenido y la naturaleza del sujeto que la preste.

Surge entonces nítido que se trata de un gravamen basado en el principio de territorialidad, en tanto recae sobre las actividades desarrolladas en el ejido del estado municipal. - Mas esta característica que teóricamente es tan precisa, en la práctica ha conllevado dificultades a la hora de gravar actividades desarrolladas por un mismo contribuyente en jurisdicciones de distintos fiscos municipales. Ello determinó la necesidad de acudir a la suscripción de convenios interestaduales a fin de establecer mecanismos que eviten el riesgo de imposiciones múltiples; así se han arribado a convenios multilaterales entre nación y provincias, y convenios interprovinciales.

Particularmente, en la relación entre ambos municipios de Rawson y Trelew rigió -como ya indicara- hasta el año 1.992 el Convenio que obra glosado a fs. 3/7 del expediente caratulado "Municipalidad de Rawson c/ Municipalidad de Trelew s/ Demanda Ordinaria - Contencioso Administrativa" (Expte. 937-479-1993-16776); fecha en que fue denunciado por el municipio capitalino.

Como viene de señalarse, debe entonces partirse de verificar si se realizó la actividad gravada por el tributo en el ejido del Municipio que reclama el pago del impuesto, pues como sostiene el Dr. Mario E. ALTHABE en su libro "El Impuesto sobre los Ingresos Brutos", a efectos de desentrañar de donde "proviene el ingreso", debemos elucidar en cuanto fenómeno cualitativo, que significa "ingreso" para el impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Así las cosas y en un sentido netamente económico, ingreso da cuenta de la generación de un resultado -exigible o no- como consecuencia del proceso económico que se ha desarrollado. "Este resultado se expresa en un tiempo y correlativamente un lugar preciso, el del devengamiento" (Conf. Obra cit.).

(Tribunal Fiscal de Apelación de Buenos Aires, sala III, "A.C. .C.A., 13/11/2003, laleyonline). La Ordenanza Nº 2.822/88 trata específicamente la cuestión del devengamiento del tributo en el art. 232, bajo el título "Devengamiento-Presunciones" (igual criterio asume la Ordenanza Nº 4.993/01 en el art. 110).

Allí sienta como principio liminar que los ingresos brutos se imputan al período fiscal en que se devengan, y a continuación indica los momentos de la actividad económica que el legislador ha seleccionado para considerar devengados esos ingresos.

En el inciso 1) alude a la venta de bienes inmuebles; en el 2) refiere a la venta de otros bienes, para los que fija el devengamiento desde el momento de la facturación o de la entrega del bien o acto equivalente, el que fuere anterior.

Entonces, habrá que determinar si se ha verificado la concreción por parte de las actoras de algunos de los supuestos normativamente detallados, y que viabilizarían la aplicación del régimen tributario municipal. Ello impone el examen de las probanzas rendidas en autos.

Que la actividad habitual de las actoras -ellas así lo han demostrado- se relaciona con la compra-venta de unidades automotores, y que la misma puede ser encuadrada dentro de lo que la normativa fiscal municipal define como ejercicio habitual y a título oneroso del comercio, es un punto no cuestionado en la litis.

Lo que si ha merecido discusión -y pretende elucidarse- es la determinación de dónde se realiza esa actividad, si la misma se ejerce en el ejido de la ciudad de Rawson -posición sustentada por el municipio demandado-, o sólo en el de la ciudad de Trelew-postulada por la actora y el tercero-.

Obran agregadas en autos, copias de constancias de inscripción ante la Dirección General Impositiva -Administración Federal de Ingresos Públicos (DGI-AFIP)-, de las que-genéricamente- se extrae que las accionantes poseen puntos de venta en las ciudades de Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Comodoro Rivadavia, Trevelin, Neuquén, Río Gallegos y Río Grande, pero ninguna de ellas posee declarado como punto de venta la ciudad de Rawson.

En el mismo orden debo evaluar los expedientes administrativos acompañados, iniciados en el ámbito municipal, de oficio, y que concluyeran con el dictado de actos administrativos de determinación de deudas para cada una de las empresas actoras. Me limito a tomar uno de ellos, el Expte. Nº 3.750/01, Orden de Intervención Nº 30, obrante a fs. 119/200.

De este surge que la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rawson emite Orden de Intervención para que los inspectores concurran al domicilio de la empresa (en el caso, F S.A.), sito en la ciudad de Trelew, a fin de verificar:

el cumplimiento de las obligaciones fiscales del impuesto sobre los ingresos brutos; b) comprobantes de pago 1995; c) libro de IVA; d) facturación emitida; e) facturación comisiones pagadas por igual período (1.995-2.000) a "O De F" (fs. 120).

A posteriori se concretiza la actuación municipal en el acta de requerimiento de fs. 121, y la emisión de la cédula de notificación de fs. 126, por la que se notifica a la supuesta contribuyente la determinación de bases imponibles del impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos -para esta actora- 1.997-2.000 (fs. 127).

A fs. 132/135 glosa la presentación efectuada por el apoderado de F S.A., en la que niega ser contribuyente de la ciudad de Rawson, adeudar suma por obligaciones fiscales, y requiere "resuelva con carácter de previo y especial pronunciamiento, si mi representada es contribuyente..., mediante resolución fundada...".

A fs. 140, habiendo ordenado la producción de prueba ofrecida por la supuesta contribuyente, la Sra. Directora de Rentas de la Municipalidad de Rawson dispone la realización de una pericia contable, y expresa en los Considerandos del acto administrativo (Disposición Nº 006/02): "...resulta irrelevante el domicilio del comprador de un automotor, en tanto la operación se haya realizado en esta ciudad de Rawson".

El procedimiento continúa, se efectúa la pericial contable, existe impugnación por parte de la empresa, respuesta de parte del perito a la impugnación..., y culmina con el dictado de la Disposición S.H. Nº 002/02 de determinación de deuda por falta de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a operaciones realizadas en esta ciudad durante el período 1.993/2.000. -- Me he permitido enfatizar sobre algunas de las vicisitudes del expediente administrativo que analicé, para poner de manifiesto que al Municipio de Rawson no le era ajena la necesidad de determinar que las operaciones sobre las que pretendía imponer el gravamen debían haberse realizado en su ejido.

No sólo se destaca ello en los actos administrativos que cité, sino que lo expuso en la sede administrativa la propia empresa a la que se le endilgaba la falta de pago del tributo.

Mas pese a ser conocida, soslayó el Municipio capitalino la necesidad de acreditar tal circunstancia, y erróneamente partió de la base de considerar configurada la misma, sin ningún elemento que permitiera -siquiera mínimamente- entender por producido el hecho imponible en su jurisdicción. - Desde ya que las falencias apuntadas fuerzan a desechar de plano esta documental, en la medida que sólo expone la unilateral voluntad del municipio en la determinación del impuesto, sin proporcionar sustento fáctico que abone su postura.

La certificación especial expedida por la Contadora D C I F, expresa que las actoras abonaron por las operaciones detalladas en los Anexos pertinentes, el Impuesto a los Ingresos Brutos en la Municipalidad de Trelew y Puerto Madryn, y que también abonaron las comisiones pertinentes a la firma "O D.. F", de J A. D F y G D.. F.

No encuentro aquí mayor aporte respecto del lugar de facturación o de entrega del bien -aquellos referidos por el art. 232 de la Ordenanza Nº 2.822/88 y 110 de la Ordenanza Nº 4.993/01- para entender devengado el impuesto.

Descarto asimismo la informativa producida por la Municipalidad de Trelew (fs. 1.865/1.872), en la que se indica que las actoras oblaron el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en dicha ciudad, en la medida que ella hace referencia parcial a los períodos fiscales que aquí se encuentran cuestionados (no hay referencia al período 1.992/1.994), y se expone en un importe global la base imponible, sin que surja ninguna otra circunstancia que coadvuye a dilucidar dónde se devenga el ingreso.

Tampoco arrojan luz sobre el punto las declaraciones testimoniales prestadas por los Sres. J A D F y G D F, ambos socios integrantes de la sociedad "O D F S.R.L.", en la medida que estos han sido contradictorios en aquello que era relevante para la resolución de la litis, esto es, no han coincidido respecto de dónde se realiza la entrega de los bienes vendidos. Así, J.. A... D.. F, al ser interrogado sobre el lugar al que concurre el adquirente de un vehículo que vende "O D... F" para su retiro, contestó que era indistinto. En relación a F, expresó que lo hacían en Trelew o en Rawson. (pregunta décimo primera).

Por su parte, G.. D.. F, a similar pregunta, respondió que el retiro se hacía, en la mayoría de los casos, en la ciudad de Trelew, a excepción de alguna solicitud especial para que la entrega fuera en Rawson. (pregunta décimo séptima, fs. 1.707).

Este mismo testigo afirmó que las partes (comprador y vendedor) se juntaban en Trelew, en el domicilio de algunas de las empresas elegida por el cliente (pregunta trigésimo tercera), y sostuvo que los autos que se entregan en Trelew son los que "O D.. F" intermedia y acerca a las partes (segunda repregunta de la parte demandada). -- No he de soslayar, sin embargo, que en un aspecto hay coincidencia en los testimonios, y es aquél que refiere a la facturación de las unidades vendidas, pues ambos afirman que es realizada por las respectivas empresas (ver pregunta novena, 1ra. parte, fs. 1.703; y pregunta décimo cuarta, fs. 1.707). - En relación con las contradicciones, la jurisprudencia ha sostenido que "si las declaraciones testimoniales ...se oponen entre sí y no median razones para otorgar mayor credibilidad a un testigo que a otro, corresponde prescindir de esta prueba" (SCJBA, 15-4-80, Rep. LL XL, J-Z, 1.980, sum. 54; KIELMANOVICH, Jorge L.; "Teoría de la Prueba y Medios Probatorios", Ed. Rubinzal-Culzoni, 2.001, pág. 353);

así como que "si los testigos ofrecidos por una parte se contradicen en el hecho fundamental sobre el que declaran, con los ofrecidos por la otra sin que sea posible valorar cuál de ellos resulta más verosímil, ello obliga al juez a prescindir de este medio probatorio" (Cám. Paraná, E.R., Sala 2º, 28/11/89, M, D E. c. G, M C y otro s. Sumario por daños y perjuicios, Zeus, 53-R-45 (nº 12.435) (FISCELLA, María Edit; "Procedimiento Probatorio 2", Ed. Juris, 1.996, pág. 207).

Del mismo modo, sostiene DEVIS ECHANDIA que "... cuando las contradicciones son graves o recaen sobre el hecho principal, al juez le corresponde determinar con una crítica severa de cada uno y del conjunto, si debe descartar los varios testimonios o si puede darle credibilidad a algunos o varios" (Compendio de la Prueba Judicial, Ed. Rubinzal-Culzoni, año 2.000, Tomo II, pág. 98). -- Agrego a lo dicho que no advierto razones para dar mayor sustento a una declaración testimonial por sobre la otra, en la medida que, como vengo diciendo, la prueba producida no ha logrado convencer que el hecho imponible efectivamente se realice en Rawson.

He de referirme ahora a las publicidades que obran en los Cuadernillos Anexos Diarios "E Ch" y "J". De dicha documentación deduce la demandada que el "Grupo F" siempre vendió vehículos automotores -nuevos y usados- en la ciudad de Rawson, a través de "O D.. F", quienes actuaron como representantes de las empresas que conforman el Grupo (fs. 1.895).

Cierto es que resulta cuanto menos llamativo que una empresa publicite un domicilio -en el caso C *** de Rawson- que no corresponda específicamente a un punto de venta propio o -en su defecto- a representantes. Pero no menos cierto es que ello dista de ser prueba suficiente respecto a que las ventas por las que pretende percibir el Impuesto sobre los Ingresos Brutos la comuna capitalina se realizaron en esta ciudad.

Campea entonces la carencia del sustrato fáctico indispensable para dar validez al reclamo municipal. Como lo indiqué en SD Nº 01/SCA/05, por aplicación del art. 377 del CPCC las partes tienen la obligación de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario soportar las consecuencias de omitir ese imperativo del propio interés.

Es que el tema de la carga de la prueba es relevante cuando la prueba esencial para la solución del litigio no se ha producido, y por aplicación de la disposición procesal señalada, cada parte tiene que probar los presupuestos de hecho de la norma en que funda su pretensión, defensa o excepción (ARAZI, Roland; "Carga de la Prueba", Revista de Derecho Procesal, 2.005-1, Prueba-I, págs. 187/199). Por lo que es la regla de carga de la prueba -que en el caso incumbe a la demandada-, la que definirá la solución del caso.

En SD Nº 15/SRE/99, este Superior Tribunal decía, que el funcionamiento de la regla de juicio de la carga probatoria, supone el agotamiento de la valoración de las pruebas incorporadas al proceso con resultado negativo, señalando que el juez puede concluir en dos direcciones: declarando la certeza de una situación o estado de cosas jurídicamente relevante, lo que excluye la aplicación de la regla precitada -o declarando, también con grado de certeza- que con los instrumentos probatorios disponibles no le es posible reconstruir históricamente los hechos debatidos, lo que conduce a la aplicación de la regla de juicio (cita de QUEVEDO MENDOZA, Efraín; "Carga y valoración de la prueba: precisiones", Rev. JA, julio 22 de 1.998, pág. 2).

Concluí en SD Nº 7/SCA/04 y lo hago ahora, con estos mismos conceptos, trayendo a FALCÓN -que contrario a la definición del instituto- sin embargo ensaya: la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las pruebas y activarlas adecuadamente para que demuestren los hechos que les corresponde probar a través de los distintos medios, y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante (Ibidem - pág. 247).

Más que un deber es un riesgo: quien no prueba los hechos, pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis (CN Com. Sala B 15/2/89 - DJ 1.990-2-582).

Tal lo acaecido en el sub-lite, pues del material colectado no puedo extraer elemento alguno que avale la postura de la Municipalidad de Rawson en cuanto refiere que las accionantes venden por sí -realizan actividad lucrativa- en la ciudad capital, lo que impide el nacimiento de la obligación tributaria en ese ejido municipal. - Esto me conduce a entender configurado el conflicto de poderes, suscitado a tenor de la actuación del Municipio de Rawson -con extralimitación en su poder de policía- en relación a un impuesto cuyo hecho imponible se concretiza dentro de la jurisdicción del Municipio de Trelew.

Por lo tanto, las accionantes han tributado correctamente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el Municipio de la ciudad de Trelew, y allí corresponde que continúen tributando, en tanto no varíen las circunstancias de hecho y de derecho analizadas. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión, el Dr. CORTELEZZI dijo: -- Una primera cuestión a decidir, es la relacionada con la competencia plenaria -del Superior Tribunal, en este caso en el que, según se ha venido sosteniendo, se habría trabado una contienda de intereses que afecta el orden político, generando por lo tanto el denominado "conflicto de poderes", que abre las puertas de esta instancia única y originaria (art. 179, inc. 1.1.4). - La cuestión es de trascendencia toda vez que pone en juego la garantía del juez natural contenida en el art. 18 de la Carta Federal, en los Pactos incorporados a ella, y en el art. 44 de la Constitución doméstica.

No es tarea sencilla la búsqueda y el encuentro de doctrina que de un modo claro y preciso defina el concepto de "conflicto de poderes". -- Tampoco lo es el diferenciar los conflictos de intereses comunes de aquellos en los que están involucradas cuestiones de arquitectura política. Los primeros deberán ser resueltos a través de la vía ordinaria de dirimir estos conflictos; los otros en cambio, por componer una contienda que excede el interés particular, han de ser tratados en única instancia y por un procedimiento especial.

En líneas generales, se entiende que este último caso acontecerá cuando un organismo del Estado se aprovecha o adquiere de hecho atribuciones que son propias y exclusivas de otro. Un poder interviene en un caso que compete a otro poder, ingresando en la esfera que no le concierne.

Este primer concepto nos determina que esencialmente en un conflicto de poderes se plantea una crisis en la autonomía de uno de ellos como consecuencia de un avance prohibido del restante.

Néstor SAGÜÉS da una primera y clara aproximación cuando advierte que "el caso más típico surgiría cuando un poder del estado interviene en un caso que, según la constitución o la ley que lo reglamente, es propio de otro poder. En tal supuesto un poder incursiona en áreas que son privativas o reservadas del otro; hay un "poder invasor" y un "poder invadido" (autor citado. LL, 1.991-B-205).

¿Ha habido en el caso que trato una invasión de potestades o territorial, o se tratará simplemente de una cuestión dirigida a determinar el lugar de perfeccionamiento de un negocio jurídico, a fin de determinar el territorio que habita el hecho imponible, para atribuirle a un Municipio o a otro la calidad de órgano recaudador?.

Por lo tanto, es de decidir si ha habido una invasión territorial o una sustracción de poder; me anticipo con una respuesta negativa. No existe conflicto de poder alguno sino un objeto litigioso limitado estrictamente a la determinación del territorio en que se materializa el negocio sujeto a tributo municipal.

No encuentro un enfrentamiento de naturaleza institucional, sino sólo uno en el que prima el interés económico por la titularidad de la recaudación.

No pretende el municipio de Rawson inmiscuirse o arrebatar derechos que le son propios al de Trelew, ni viceversa, y el comprobado episodio relacionado con intromisiones de agentes de recaudación de una jurisdicción en otra no puede servir, en modo alguno, como elemento capaz de resolver la cuestión por cuanto se trata de un procedimiento accesorio, incidental, que no forma parte de la litis, y que, en cualquier situación, podrá componer una infracción o un abuso de poder o de autoridad, que para nada incide en el apreciación del conflicto.

En el caso, vale la pena reiterarlo, el objeto trabado en esta contienda se limita a la determinación del lugar de materialización jurídica del hecho imponible.

La Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, en dictamen dado en la causa B, 50.345/85, ha sostenido que "el conflicto de poderes no es un juicio con partes -actora y demandada- sino un proceso de dilucidación de competencias públicas".

No aparece en el caso bajo tratamiento esa colisión de competencias públicas, sino algo mucho más simple, como lo es el lugar de producción del hecho que permitirá asignar esa competencia pública.

En la misma línea, la Suprema Corte de Mendoza, en causa "Municipalidad de Mendoza c/ Provincia de Mendoza", plenario del 12 de mayo de 1.994, sostuvo que "el conflicto o la contienda supone, en principio, una colisión de normas que asignan atribuciones a órganos diferentes y sobre el modo o la manera de interpretar esas normas, las que pueden ser igual o de diferente jerarquía o rango.

Además, supone una interferencia o una concurrencia de las voluntades de los órganos en un mismo sentido o hacia un mismo objeto". En este legajo, la concurrencia de voluntades no proviene, no emana de una debatida interpretación de las normas o de una colisión entre ellas, sino que se limita al desacuerdo respecto del lugar del negocio jurídico. - En idéntica dirección este Superior Tribunal en SI Nº 111/90 recordó que "es jurisprudencia de este Tribunal, sostener que el mismo (conflicto de poderes) deviene cuando hay invasión de un poder en otro, cuando uno de los órganos representativos del poder ejerce atribuciones que corresponden a otro órgano del mismo que se siente lesionado, configurándose una invasión a extraña jurisdicción, o cuando uno de los poderes impide a otro el ejercicio de sus facultades".

Reitero que no hay en este caso invasión a jurisdicción que no sea propia, ni pretensión del ejercicio de una facultad ajena, ambos municipios mantienen una común pretensión en la convicción de que el hecho imponible se ha materializado en su jurisdicción y no en la del otro, vale la pena repetirlo, no pretende Rawson percibir un impuesto que le compete a Trelew, sólo se limita a reclamarlo en la convicción de que el hecho imponible se ha perfeccionado en su jurisdicción.

En el mismo sentido se expresó este Tribunal en la SI Nº 44/94.

En razón de todo lo expuesto, considero que este Tribunal es incompetente para decidir en el caso en el que se ventila sólo un conflicto de intereses que no involucra desmedro de ningún poder municipal, correspondiendo, por tanto derivar la cuestión a la vía ordinaria correspondiente. ASÍ LO VOTO.

A idéntica cuestión el Dr. ROYER dijo: -- Conforme se desprende del presente caso, las empresas actoras inician Demanda Meramente Declarativa a los efectos de obtener certeza respecto del lugar donde deben pagar el Impuesto a los Ingresos Brutos, ante la conducta desplegada por la Municipalidad de Rawson en procura de obtener el cobro de dicho tributo por todas las ventas de vehículos efectuadas a través de la "O D... F S.R.L", en la ciudad de Rawson.

Las accionantes ponen de resalto su incertidumbre, por cuanto se las intima a abonar gravámenes que ya habían sido cancelados dentro del ámbito jurisdiccional correspondiente al municipio de la ciudad de Trelew, lugar de su domicilio comercial y donde efectúan la totalidad de sus operaciones de venta de automóviles.

Por su parte, el municipio de Rawson entiende que dichos impuestos se encuentran impagos, por cuanto debían ser cancelados en su jurisdicción dada la naturaleza específica que gobierna el concepto territorial que domina al Ingreso Bruto.

Funda sus pretensiones en el hecho de considerar a la "O D...F S.R.L." como una sucursal de las actoras y no como un comercio independiente, motivo por el cual, considera que las ventas realizadas en la ciudad de Rawson, se perfeccionaron en dicha localidad y esa circunstancia habilita el reclamo del pago del impuesto respectivo.

Este es el criterio que avalaría la inspección y determinación de deuda que llevaron a cabo en el domicilio que las demandantes poseen en la ciudad de Trelew. - El planteo de la acción enfrenta, con la intervención del Municipio de la ciudad de Trelew como tercero citado en los términos del art. 94 del CPCC, a dos intendencias respecto de la percepción de un mismo impuesto, circunstancia que impone la necesidad de determinar con claridad suficiente, cuál de ellas resulta competente para la percepción de dicho tributo.

Estamos frente a un supuesto de conflicto de poderes en los términos del art. 179, inc. 1.4. de la Constitución de la Provincia del Chubut, que habilita la competencia de este Alto Cuerpo para resolver la controversia suscitada en autos.-- El planteo de los hechos impone, asimismo, el análisis, de los alcances y naturaleza del impuesto a los Ingresos Brutos. Establecida su naturaleza y ámbito de aplicación, se obtendrá la solución más adecuada que el presente caso demanda.

El pormenorizado desarrollo efectuado por el Sr. Ministro votante en primer término, al cual adhiero en todas sus partes, ha esclarecido y definido la existencia del conflicto de poderes en punto a las diferencias puestas de manifiesto por ambos municipios respecto de quién resulta competente para percibir el tributo, y en su caso, para ejecutar su percepción. - Es por ello, que mi voto habrá de destacar algunos de los aspectos relevantes en torno a la solución del caso, que permitan enfatizar el grado de convicción respecto de la solución definitiva que corresponde dictar. - En primer lugar, y como anticipara más arriba, habré de definir el concepto de Ingreso Bruto como el tributo cuya base imponible se aplica a las actividades ejercidas en forma habitual y a título oneroso. Los hechos que le sirven de base, son de naturaleza eminentemente económica, por cuanto es la capacidad contributiva de las personas, la tenida en cuenta por el legislador al momento de su determinación. -- Esta actividad económica debe ser efectiva y no potencial, pero a su vez, requiere de habitualidad, es decir, su reproducción continuada en forma que acredite un propósito de permanencia en la modalidad elegida y cierta O en el "negocio actividad lucrativa" emprendidos. (ALTHABE, Mario Enrique, "El Impuesto sobre los Ingresos Brutos", 2ª Ed. actualizada, Ed. La Ley, 2003, pág. 7, citando a Carlos GIULIANI FONROUGE en su obra "Derecho Financiero", Vol. 1, pág. 1.156, actualizada por Susana NAVARRINE y Rubén ASOREY).

Se trata de hechos que hacen al giro normal de los negocios, consiste en un gravamen que no se aplica "in abstracto" sino sobre los actos y operaciones realizados en el ejercicio de las actividades (Cám. Civil Sala E, 16/12/68, Estab. Vitivin. Calise, Impuestos, XXVII-105, y D.F. xx-96 citado por GIULIANI FONROUGE-NAVARRINE, en su obra "Impuesto a los Ingresos Brutos, Ed. Depalma, 1.982, pág. 21).

Como se puede apreciar, el concepto se vincula, no solamente a la actividad económica en sí misma, sino con el conjunto de hechos o actos llevados a cabo en el ejercicio de la profesión lucrativa. Estos son alcanzados por el impuesto.

En nuestro país el impuesto a los Ingresos Brutos se aplicó por primera vez en la Provincia de Buenos Aires en el año 1.948, extendiéndose rápidamente a todas las demás (GIULIANI FONROUGE-NAVARRINE, obra citada, pág. 14). Originariamente, se aplicaba a las "actividades lucrativas".

A los efectos de evitar la superposición de su cobro, y a partir de varios conflictos que se originaron en dicha circunstancia, se fueron firmando convenios multilaterales entre las provincias y municipios, aunque seguía subsistiendo con otros gravámenes, como lo era el aplicable a las ventas.

Con el dictado de las Leyes Nº 21.251 y 21.252 (con base en el Acta de Concertación firmada por el Ministerio de Economía y los gobernadores de las provincias en 1.975), se denominó Ingresos Brutos al impuesto sobre las actividades lucrativas. Se trata de un gravamen de fácil percepción, indirecto a los gastos, acumulativo y plurifase. Si bien debió quedar definitivamente anulado a partir de la creación del I.V.A., la mayoría de las provincias, lo siguen aplicando. La Constitución Nacional ha establecido el sistema federal de gobierno de modo que, tanto los gobiernos provinciales como los municipios, cuentan con autonomía funcional (arts. 4, 5, 121, 122, 123, y cc. de la CN) para lo cual, poseen la facultad de disponer la aplicación de tasas e impuestos a los efectos de dar cumplimiento a sus fines específicos.

Cabe destacar, que en los últimos veinte años no ha habido decisiones jurisprudenciales que contradijeran la potestad tributaria local (Mario Enrique ALTHABE, obra citada, pág. 32).

La Constitución Nacional impone a las provincias que aseguren el mantenimiento de la autonomía municipal (art. 123 de la CN), pero circunscripta a una base territorial determinada.

La distribución de competencias entre el Estado Federal, Provincial y Municipal no debe superponerse y en especial, en materia de impuestos. Ninguno de ellos debe avasallar al otro poder (art. 75, inc. 2 de la Carta Magna), ni tampoco entre poderes de igual jerarquía, es decir, entre distintas provincias o distintos municipios.

Teniendo en cuenta esta premisa de raigambre constitucional, queda claro que la posibilidad de fijar un impuesto y de perseguir su cobro, se circunscribe, desde el punto de vista de los que competen a la órbita municipal, al lugar donde esté legalmente delimitada su jurisdicción territorial.

Continuando con el análisis de este tributo, el sustento territorial es el requisito contenido en la definición del hecho imponible por el cual, para que él se configure o sea para que el fisco respectivo pueda pretender el tributo, la actividad debe haberse ejercido de manera efectiva, física, tangible en territorio de que se trate (SC Mendoza, "A A S.R.L. c. Provincia de Mendoza, S 224-287, 11/11/91).

De ello se desprende, que el hecho imponible y el territorio son los presupuestos básicos para dar nacimiento a la obligación tributaria. Si bien la modalidad de las operaciones actuales genera más de una situación dubitativa respecto de cuál es la jurisdicción competente, el escollo se ha resuelto mayormente, mediante la firma de convenios multilaterales que han delimitado las jurisdicciones competentes para la imposición de los diversos tributos.

Pero cuando éstos no existen, entonces corresponde a la justicia atender la solución del caso teniendo en cuenta las particularidades del mismo. - Los hechos imponibles definidos por la ley en su aspecto objetivo, deben ser delimitados territorialmente para abarcar, solamente, a aquellos que se verifican en el ámbito espacial que establece la ley misma y que, automáticamente, excluye los hechos imponibles que, si bien responden a la delimitación objetiva, deben hacerlo con respecto al espacio que la ley circunscribe para el ejercicio de su poder fiscal (cita efectuada por Mario Enrique ALTHABE de JARACH, Dino, "Finanzas Públicas y Derecho Tributario", pág. 32, en obra citada, pág. 37).

En el impuesto a los Ingresos Brutos, el hecho imponible está constituido por las actividades que, en forma habitual y a título oneroso o con fines lucrativos, desarrolla la obligada al pago.

Conforme vengo diciendo, la facultad de establecer tributos corresponde a los gobiernos provinciales de manera originaria, los cuales deben establecerlos, con exclusividad, dentro de su ámbito jurisdiccional.

Ello así, sin perjuicio de los delegados oportunamente, al gobierno federal. La Corte Suprema ha referido que las provincias retienen todo el poder que deriva de la Constitución, excepto en los puntos que ésta restringe (GIULIANI FONROUGE - NAVARRINE, obra citada, pág. 28).

En el caso "sub examine", resulta relevante analizar la potestad de la comuna y, asimismo, los límites a dicha facultad. Conforme lo normado por el art. 233, inc. 3 de la Constitución Provincial, es competencia de las Municipalidades y Comisiones de Fomento, establecer impuestos, tasas y percibirlos dentro del ámbito de su dominio (inc. 1 del mismo artículo).

De manera que, a los efectos de llevar a cabo sus fines, cuentan con expresa facultad tributaria. Pero esta potestad, se circunscribe al ámbito territorial delimitado por ley y es allí donde exclusivamente puede aplicarlos (arts. 93, 239 y 240 de la Constitución Pcial.). Ello quiere decir, que la Municipalidad de Trelew podrá perseguir el cobro de los impuestos que debieron tributarse en su ámbito fiscal y la comuna de la ciudad de Rawson los que se correspondan a su ejido. - La naturaleza del impuesto a los Ingresos Brutos antes explicitada y la facultad fiscal territorial de los municipios, me llevan a revisar si existen elementos de relevancia adecuada en el sublite, con entidad suficiente para delimitar el ámbito jurisdiccional que corresponde a cada una de las comunas que se lo atribuyen para sí.

De las pruebas colectadas en autos quedó acreditado que las firmas actoras, desarrollan sus operaciones lucrativas en la ciudad de Trelew, lugar donde tienen fijado su domicilio comercial y el asiento de sus negocios.

No logró el Municipio de Rawson aportar elementos probatorios que permitieran tener por cierto otro lugar de efectivización de la venta de automotores, que no fuera la ciudad de Trelew, ni tampoco acreditó que la firma "O D... F S.R.L." fuera una sucursal de las actoras.

Por el contrario, quedó establecido que esta última actuó como intermediaria en el acercamiento de clientes percibiendo la comisión correspondiente a cada venta, típica del negocio o contrato de corretaje. Esta intermediación, también debe pagar tributo en virtud de lo normado por la Ordenanza 4993/01, art. 102, inc. e).

El hecho imponible en este caso, lo constituye la renta o comisión obtenida por cada intermediación, cuyas sumas ingresan en los libros de comercio de la empresa, y tributan dentro del ámbito fiscal de la ciudad de Rawson. Ello así, por ser éste el lugar del asiento comercial de la firma.

El corretaje es una mediación entre oferta y demanda en que el corredor procura realizar el negocio que el comitente le encomienda y su gestión concluye con el acuerdo de voluntades entre las partes, siéndole ajena la utilidad del negocio o sus ulterioridades en cuanto no se deriven de su inconducta.

Por su actuación tiene derecho a cobrar una comisión a su comitente. (Digesto Práctico La Ley, pág. 645, cita a GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo L. "El corretaje y la buena fe en su ejecución", La Ley, 1994-c, pág. 388).

El Código de Comercio regula en el Título IV las funciones, derechos y obligaciones de los corredores. Entre las prohibiciones se encuentra, precisamente, la de intervenir o participar en el negocio a nombre propio, adquirir para sí o para su familia los bienes cuya venta se les hubiere encomendado, avalar o garantizar el contrato, etc.

También debe llevar los libros en legal forma y no es responsable por la solvencia de los contratantes. -- Ello significa que su actividad no se confunde con la de venta sino que está claramente diferenciada en sus objetivos y en la implementación legal de sus operaciones. Esta referencia resulta oportuna por cuanto en autos se acreditó esta intervención por parte de la "O D.. F S.R.L.", es decir, quedó demostrado que nunca actuó como sucursal de las actoras.

En su intermediación, registró las comisiones percibidas y pagó el impuesto respectivo por las mismas, nunca por las ventas. Estas fueron pagadas por las accionantes en el ámbito jurisdiccional de la ciudad de Trelew.

Como corolario de las premisas que anteceden, la actitud de la Municipalidad de Rawson al constituirse en el domicilio de las actoras y requerir los comprobantes de cumplimiento de pago del impuesto -que pretendían debidos en su jurisdicción-, constituyó un acto de superposición territorial, respecto del cobro y percepción de impuestos, originando un conflicto de poderes entre el Municipio Rawsense y la Comuna de Trelew (art. 179, inc. 1.4 de la CP), la cual se presentó como tercera interesada en el pleito, y se atribuyó el derecho de percibir el respectivo tributo por las ventas llevadas a cabo por las demandantes.

De lo precedentemente expuesto se pueden establecer las siguientes conclusiones:

1) Las actoras acreditaron su actividad comercial habitual en la ciudad de Trelew.

2) Dieron cumplimiento a sus obligaciones impositivas en dicho lugar. -- 3) La Municipalidad de Trelew se presentó en juicio como tercero citado, y se opuso a la percepción reclamada por la comuna de Rawson, dando origen a Conflicto de Poderes de entre ambos municipios (denominado en doctrina como "externo").

Esta circunstancia justificó la intervención de este Alto Cuerpo por resultar competente en virtud de lo normado por la Constitución Provincial en su art. 179, inc. 1. 1.4. - 4) La "O D.. F S.R.L." demostró tener el giro de sus negocios en la ciudad de Rawson. Cumplió allí sus obligaciones fiscales respecto de las comisiones percibidas por las actoras por las operaciones en las cuales acercó a las vendedoras con los compradores de los vehículos por ellas comercializados.

5) Quedó acreditado en autos que las únicas sumas recibidas por la empresa intermediaria lo fueron en concepto de comisiones de las actoras, circunstancia que me permite tener por cierto su carácter de corredora de aquéllas, y que torna improcedente su identificación con las demandantes o como sucursal de las mismas.- 6) La comuna de Rawson no probó que los hechos imponibles se produjeran en su ejido.

Todos estos elementos hacen plena convicción en punto a que no corresponde al Municipio accionado el derecho, no sólo de aplicar el Impuesto a los Ingresos Brutos respecto de las ventas efectuadas por las empresas accionantes en la ciudad de Rawson, sino tampoco el de perseguir su percepción.

Por los fundamentos que anteceden y mientras no se modifiquen las circunstancias fácticas planteadas en juicio, entiendo que las actoras han tributado correctamente dicho gravamen y deberán continuar haciéndolo en la jurisdicción fiscal del lugar de su domicilio comercial. ASÍ LO VOTO. -- A la segunda cuestión dijo el Dr. PASUTTI:

Tal como he votado a la primera, propongo al Acuerdo:

1º) DECLARAR la existencia de Conflicto de Poderes entre las Municipalidades de la ciudad de Rawson y de la ciudad de Trelew en los términos del art. 179, inc. 1.1.4. de la Constitución Provincial.

2º) HACER LUGAR a la Acción Declarativa de Certeza intentada por F S.A., F E H... S.A., A... F y C S.A. y P... C S.A., declarando que han tributado correctamente por los períodos que el Municipio de Rawson les reclama en la jurisdicción de Trelew; y que habrán de seguir tributando en Trelew mientras no varíen las circunstancias fácticas y jurídicas analizadas.

3º) En cuanto a las COSTAS, como el procedimiento fue de acción declarativa, no de conflicto de poderes, las propongo imponer por su orden, eximiendo al Municipio de Rawson, ya que la vinculación entre ellas y la actividad de la "O D... F" para las actoras pudo resultar dudosa para esa comuna de Rawson, y la publicidad -según lo he votado- autorizarla a deducir que el hecho imponible se verificaba en esta ciudad. Ello me induce a utilizar la previsión contenida en el 2do. párrafo del art. 68 del CPCC para fijarlas.

En virtud de lo manifestado, propongo al Acuerdo distribuir las costas de las actoras y la demandada en el orden causado. En cuanto a las costas por la actuación procesal del tercero Municipalidad de Trelew, si bien fueron adhesivos de las actoras que propiciaron su intervención -en tanto beneficiarios de la pretensiones por ellas esgrimidas-, atendiendo a la circunstancia de que aquél participó en defensa de sus propios derechos, propongo que asuman las suyas.

4º) Respecto de los honorarios, atenta la naturaleza declarativa de las acciones acumuladas en la litis, aún cuando subyacen pretensiones económicas diferentes en cada una de ellas, considero que todas las demandas, sus respondes y los escritos de intervención del tercero analizados, se dan en términos prácticamente idénticos.

Por esa razón, estimo regular los honorarios de los representantes procesales de ambos Municipios en forma conjunta aún cuando no hayan intervenido originariamente en las cuatro causas -antes de ser acumuladas-; sólo de atender la proporción que la norma arancelaria indica en su art. 38.

En cuanto a los honorarios de los letrados de la actora, Dres. E.. P... y N...E... propicio fijarlos en forma conjunta en la suma de PESOS VEINTIUN MIL NOVENTA ($ 21.090).

En cuanto a los honorarios de los letrados de la Municipalidad de Rawson, sin perjuicio de la aplicación del art. 2 de la Ley Arancelaria, corresponde regular la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 13.560) la que se distribuirá en la siguiente proporción: por la primera etapa 1/3, en conjunto, para los Dres. M-R-M..., V... A...M..., R.. I...M..., M..A.. A..., M.... M... M..., M... A... F... y M... B..; por la segunda y tercera etapas, 2/3 para los Dres. M... A... F...y M. B....

En tanto que los honorarios de los letrados que representaron al tercero Municipalidad de Trelew, sin perjuicio de la aplicación del art. 2 de la Ley Arancelaria, corresponde regular la suma de PESOS SEIS MIL VEINTISEIS ($ 6.026) la que se distribuirá en la siguiente proporción: por la primera etapa 1/3, en conjunto, para los Dres. S... D..., S... M..., C... M... M..., J... D...V... y C... S... A...; y por la segunda y tercera etapas, 2/3 para el Dr. S... D.... (Conf. arts. 6, 7, 38 y 47 del Dto. Ley Nº 2.000 - T.O. Dto. Nº 138/99 de la norma arancelaria citada); todos con más el I.V.A. si correspondiere. -- A la misma cuestión dijo el Dr. PFLEGER:

Coincido -según mi voto dado a la primera cuestión- a la solución que se propicia. En lo que atañe a las costas adhiero a la posición del doctor PASUTTI y prohijo que las mismas lo sean por su orden al entender que hubo razones suficientes para litigar. - A la misma cuestión el Dr. PANIZZI manifestó : - Concuerdo con la solución dada por los Magistrados que me preceden. También en materia de costas, por entender que dadas las características peculiares del asunto, la Municipalidad de Rawson podía fundadamente considerarse con derecho a oponerse a las acciones entabladas; lo que torna procedente la aplicación de las previsiones del art. 68, 2do. párrafo del CPCC. - A la misma cuestión el Dr. CANEO expresó: - Como he votado a la primera cuestión, concuerdo con la solución que se propicia. En relación a las costas, la aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC) exige, en principio, que deban ser soportadas por la parte que ha sido vencida en el proceso; pese a lo cual, ante la existencia de situaciones excepcionales es dable eximir -total o parcialmente- de las mismas al perdedor.

Convengo con los Magistrados que me precedieron en el voto en entender que en autos se ha dado la misma, en tanto la prueba agregada pudo crear una evidente situación de duda en relación a la existencia de la obligación controvertida, y viabiliza la aplicación de la disposición del art. 68 2do. párrafo del CPCC. - A la misma cuestión dijo el Dr. CORTELEZZI:

Según he votado a la primera, propicio: 1º) Declarar la incompetencia de este Superior Tribunal. 2º) Remitir la causa a la vía ordinaria correspondiente. 3º) Sin costas, atento la forma en que se resuelve.

A idéntica cuestión el Dr. ROYER manifestó:

Dada las implicancias suscitadas en autos, de características particulares y excepcionales, comparto el criterio de los Sres. Ministros preopinantes en regular las costas según el orden causado.

Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado por mayoría, con la disidencia del Dr. CORTELEZZI, dictar la siguiente:

S E N T E N C I A 1º) DECLARAR la existencia de Conflicto de Poderes entre las Municipalidades de la ciudad de Rawson y de la ciudad de Trelew en los términos del art. 179, inc. 1.1.4. de la Constitución Provincial. - 2º) HACER LUGAR a la Acción Declarativa de Certeza intentada por F S.A., F E H... S.A., A... F y C S.A. y P... C S.A., declarando que han tributado correctamente por los períodos que el Municipio de Rawson les reclama en la jurisdicción de Trelew; y que habrán de seguir tributando en Trelew mientras no varíen las circunstancias fácticas y jurídicas analizadas.

3º) COSTAS por su orden (art. 68, 2do. párrafo CPCC). -- 4º) REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes de la siguiente manera: los letrados de la actora, Dres. E.. P....y N...E... en forma conjunta en la suma de PESOS VEINTIUN MIL NOVENTA ($ 21.090). De los letrados de la Municipalidad de Rawson, sin perjuicio de la aplicación del art. 2 de la Ley Arancelaria, corresponde regular la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 13.560) la que se distribuirá en la siguiente proporción:

por la primera etapa 1/3, en conjunto, para los Dres. M... R...M..., V. A. M..., R.. I... M..., M... A... A..., M....M. M..., M..A.. F.. y M...B....

por la segunda y tercera etapas, 2/3 para los Dres. M.... A.... F... y M... B....

En tanto que los honorarios de los letrados que representaron al tercero Municipalidad de Trelew, sin perjuicio de la aplicación del art. 2 de la Ley Arancelaria, corresponde regular la suma de PESOS SEIS MIL VEINTISEIS ($ 6.026) la que se distribuirá en la siguiente proporción:

por la primera etapa 1/3, en conjunto, para los Dres. S... D.,S...M..., C... M... M..., J... D....V...y C... S... A....

y por la segunda y tercera etapas, 2/3 para el Dr. S... D..... (conf. arts. 6, 7, 38 y 47 del Dto. Ley Nº 2.000 - T.O. Dto. Nº 138/99 de la norma arancelaria citada); todos con más el I.V.A. si correspondiere.

5°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

Fdo: Dr. Fernando S. L. Royer - Dr. Alejandro Javier Panizzi - Dr. Daniel Luis Caneo - Dr. Juan Pedro Cortelezzi - Dr. José Luis Pasutti - Dr. Jorge Pfleger.

RECIBIDA EN SECRETARIA EL 29 DE MARZO DEL AÑO 2007 REGISTRADA BAJO EL N° 01 S.R.O.E. CONSTE