Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-08


"DEVOTO RUBEN ANGEL Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE MEDIDA CAUTELAR" , EXPTE: EXP 13541 / 1 Buenos Aires, 08 de marzo de 2006. AUTOS Y VISTOS: I. Los actores -en su doble carácter de diputados y vecinos de la Ciudad- promovieron este proceso solicitando una medida cautelar genérica, innominada y de carácter autosatisfactivo -o la que se considerase adecuada para salvaguardar los derechos comprometidos- contra el Gobierno de la Ciudad, a fin de que se deje sin efecto la disposición nº 176/DGPINT/04 y el apartado 'a' de la cláusula Tercera de los anexos I y II del convenio nº 19/04, celebrado el 21/07/04 entre el Gobierno, la Sociedad Rural Argentina y Ogden Rural S.A.; a cuyo fin requirieron la prohibición de innovar el uso del suelo del Predio Ferial de Palermo. Ello, por considerar violados diversos derechos tutelados constitucionalmente -entre los que cabe destacar el derecho al medio ambiente sano- y disposiciones del Código de Planeamiento Urbano (fs. 1/6). II. La señora magistrada de primer grado admitió el planteo cautelar deducido y, en consecuencia: a) declaró la nulidad absoluta e insanable de la disposición nº 176/DGPINT/04 y el apartado 'a' de la cláusula Tercera de los anexos I y II del convenio nº 19/04, y b) ordenó al Jefe de Gobierno que, dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos, entregue a los actores copia autenticada de todos los expedientes administrativos concernientes al uso del Predio Ferial de Palermo, bajo apercibimiento de sanciones pecuniarias (fs. 44/7). III. Esa decisión fue apelada por la Ciudad (fs. 56) y por el Jefe de Gobi erno (fs. 81), circunstancia que originó la radicación de la causa por ante estos estrados. Al cabo de la tramitación de los recursos mediante la presentación de las respectivas expresiones de agravios, este Tribunal dictó la resolución de fs. 167/8, en la cual puso de relieve las peculiaridades del caso, destacando que la magistrada de primera instancia había declarado la nulidad de una cláusula contractual inaudita pars, en el marco de lo que calificó como una medida cautelar. La Sala señaló que -sin adelantar su opinión, en ese estado procesal, con respecto a la pertinencia de tal criterio-, si bien el carácter cautelar asignado al pronunciamiento impidió la intervención previa de las partes, de ello no se sigue que la sentencia que dispuso la nulidad no debiese ser notificada a todos los sujetos intervinientes en el convenio, pues ese era el único modo de permitirles ejercer debidamente su derecho de defensa y resguardar la validez de la sentencia que habría de pronunciar esta Alzada. Así las cosas, esta Sala ordenó la integración de la litis con Ogden Rural S.A. -que ya se había presentado en la causa realizando diversos planteos y solicitando ser tenida por parte (fs. 148/53)- y la Sociedad Rural Argentina. Por lo tanto, el Tribunal suspendió la resolución de los recursos de apelación deducidos hasta entonces contra la medida cautelar. IV. Una vez devuelto el expediente a la instancia de origen, Ogden Rural S.A. apeló la medida cautelar, denunció su caducidad de pleno derecho y planteó la caducidad de la instancia (fs. 231/7). La juez concedió la apelación (fs. 238) y rechazó los restantes planteos (fs. 477/8). Luego se presentó la Sociedad Rural Argentina, solicitó ser tenida por parte en este juicio y apeló la medida cautelar (fs. 599/600), recurso que fue concedido a fs. 607. A su vez, Ogden Rural S.A. apeló la resolución de fs. 477/8 (fs. 604), recurso que fue concedido a fs. 605 y fundado a fs. 616/23. En tales condiciones, la causa fue elevada nuevamente a esta Alzada a fin de resolver los planteos pe ndientes (fs. 632). V. Hallándose el expediente radicado ante este tribunal, Ogden Rural S.A. realizó la presentación agregada a fs. 731/41, mediante la cual solicitó que la causa fuese declarada abstracta -ordenándose, por lo tanto, el levantamiento de la medida cautelar y el archivo de las actuaciones- y, subsidiariamente, formuló una propuesta tendiente a poner fin al litigio, mediante la cual ofreció respetar determinadas pautas con respecto al destino del predio en cuestión y las construcciones a realizar. Dicha presentación fue sustanciada con todas las demás partes (fs. 742 y 746). Los traslados fueron contestados a fs. 745 (parte actora), fs. 750 (Sociedad Rural Argentina) y fs. 754/5 (Gobierno de la Ciudad), quienes prestaron expresamente su conformidad con respecto a la propuesta. Así las cosas, esta Sala consideró que las partes habían alcanzado un acuerdo, manifestado por escrito ante el Tribunal, de cuyos términos surge que no subsiste el interés en continuar sometiendo el litigio a conocimiento y decisión del Poder Judicial y, por lo tanto, no ha de proseguirse el trámite de la causa. En consecuencia, declaró extinguido el proceso (fs. 759/60). VI. Cuando las actuaciones ya habían sido devueltas al juzgado, se presentaron los actores -simultáneamente en primera instancia (fs. 764/5) y en Cámara (fs. 767/8)-, apartaron de su intervención al anterior letrado patrocinante, constituyeron nuevo domicilio procesal y denunciaron la falsedad de las firmas que se les atribuyen en el escrito agregado a fs. 745, además de afirmar que todo lo allí manifestado contradice su voluntad. En consecuencia, redarguyeron de falsedad la presentación mencionada en último término y, asimismo, solicitaron que se declare la nulidad de la resolución que tuvo por extinguido el proceso en razón de un supuesto acuerdo que, en virtud de sus dichos, resultaría inexistente. VII. Ante la situación planteada -de gravedad inusitada-, el Tribunal convocó a una audiencia a las partes, a sus letrados y al ex letrado patrocinante de la pa rte actora, ordenó la reserva del expediente, suspendió el trámite hasta la realización de la audiencia (fs. 771) y notificó de esta última a la señora Fiscal de Cámara (fs. 773). La audiencia se realizó el día 22 de febrero, a partir de las 12.30 hs. Estuvieron presentes -además de los miembros del Tribunal y de la señora Fiscal de Cámara- los diputados Héctor P. Bidonde, Sergio D. Molina, Rubén A. Devoto, Tomás A. Devoto y Beatriz M. Baltroc, quienes concurrieron con su nuevo patrocinio letrado; la señora Procuradora General, Dra. Alejandra Tadei, y la representación letrada de las codemandadas Sociedad Rural Argentina y Ogden Rural S.A. El ex letrado de la parte actora presentó un escrito en la Mesa de Entradas, que fue leído durante la audiencia en presencia de las partes. En esa presentación el Dr. Pierini reconoció como de su puño y letra las firmas colocadas, sobre su sello aclaratorio, al pie de cada escrito presentado por la parte actora durante este proceso. Asimismo, afirmó que las firmas atribuida s a los actores les pertenecen a cada uno de ellos, en todos los casos, ya que envió cada escrito a sus respectivos despachos a fin de que fuesen firmados, lo cual constituye -según sostuvo- el procedimiento habitual en el ámbito legislativo. Concluida la lectura del escrito presentado por el Dr. Pierini los actores ratificaron el desconocimiento de las firmas y manifestaron que están a disposición para la realización de una prueba pericial. Luego, el Tribunal solicitó a los diputados presentes que ratificasen las firmas que se les atribuyen a fs. 5 vta., 155, 165, 221 vta., 467, 631, 745 vta., 763 vta., 764 vta. y 767. Una vez finalizado el acto de reconocimiento de las firmas -cuyo detalle surge del acta agregada a fs. 784-, la parte actora manifestó que de su resultado surge la existencia de otras piezas procesales que presentan firmas apócrifas y desconoció expresamente todas las manifestaciones vertidas por el Dr. Pierini en el escrito anteriormente reseñado. Los demandados solicitaron que se les confier iese traslado de las presentaciones posteriores a la resolución de fs. 759/60. Por su parte, la Sociedad Rural Argentina y Ogden Rural S.A. hicieron reserva de solicitar la producción de una prueba pericial (fs. 784). Atento a las manifestaciones vertidas durante la audiencia, se confirió traslado al Gobierno de la Ciudad, la Sociedad Rural Argentina y Ogden Rural S.A., de los escritos obrantes a fs. 745, 764/5, 767/8 y 783, el cual fue contestado mediante las presentaciones de fs. 789/90, 796/9 y 800/2. Posteriormente la parte actora presentó el escrito agregado a fs. 804/6, en el cual realizó manifestaciones y solicitó distintas medidas, entre otras, la designación de un perito calígrafo. VIII. Del detallado relato efectuado precedentemente se desprende que esta causa reviste notable gravedad. A la relevancia originaria de su objeto procesal debe agregarse la alegación de que resultan falsas las firmas atribuidas a los accionantes en numerosos escritos presentados durante el desarrollo del proceso. Más aún, los actores son -además de vecinos de la ciudad- miembros del Poder Legislativo, y el planteo de falsedad pone en juego la validez de una decisión de esta Cámara (fs. 759/60), que tuvo por extinguido el proceso en razón del acuerdo manifestado por las partes mediante escritos presentados ante estos estrados, uno de los cuales motiva la redargución de falsedad (fs. 745). IX. Al contestar el traslado conferido a fs. 785 la codemandada Sociedad Rural Argentina realizó ciertas manifestaciones (fs. 800/2) que merecen una respuesta puntual por parte de este Tribunal. En este sentido cabe señalar que, con motivo del planteo de falsedad efectuado por los accionantes con respecto a las firmas que se les atribuyen en el escrito obrante a fs. 745, esta Sala resolvió convocar a las partes a una audiencia a fin de requerir las explicaciones del caso. Ello, en ejercicio de las atribuciones que confiere a los jueces la legislación procesal vigente a fin de dirigir y ordenar el proceso (doctr. art. 27, inc. 5, CCAyT), y que comprenden -entre otras- la de disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para requerir las explicaciones que fuesen necesarias (art. 29, inc. 2, 'a', CCAyT). Dicha citación -que ninguna norma supedita al cumplimiento de otro trámite más que su notificación- no vulneró el derecho de defensa de las partes. Antes bien, lo resguardó al permitirles presenciar las diligencias cumplidas por el Tribunal durante el desarrollo del acto. La misma finalidad -esto es, la debida protección del derecho de defensa en juicio- guió otras medidas adoptadas anteriormente por esta Cámara, tales como: a) la adecuada integración de la litis, dispuesta como recaudo de cumplimiento ineludible y previo a conocer sobre los recursos interpuestos contra la medida cautelar que había declarado la nulidad de una cláusula del convenio (fs. 167/8), y b) la correcta sustanciación de la propuesta tendiente a poner fin al litigio -realizada por Ogden Rural S.A.- con todas las demás partes, esto es, tanto la actora como las restantes codemandadas (fs. 742 y 746). Tampoco afecta ese derecho la presencia, durante la celebración de la audiencia, de tres personas que los legisladores concurrentes identificaron como asesores suyos. Esa condición legitima, a criterio del Tribunal, su permanencia en la sala, sin perjuicio de que el carácter público otorgado al acto no ha sido rebatido por la parte en forma razonada sino meramente dogmática. Por lo demás, no se ha indicado ningún perjuicio concreto derivado de dicha circunstancia. Por último, es pertinente destacar que el traslado por el plazo de un día dispuesto a fs. 785, fue conferido en forma igualitaria con respecto a todos los demandados y notificado a todos el mismo día (cfr. fs. 793, 794 y 795), mediante cédulas que fueron confeccionadas por Secretaría y diligenciadas en el día y con habilitación de días y horas inhábiles. La brevedad del plazo -que no impidió a ninguno de los demandados contestarlo oportunamente y realizar todas las manifestaciones que creyesen pertine ntes- resulta acorde a la premura impuesta por las circunstancias, repentinas y de gravedad infrecuente. X.1. El art. 323, CCAyT, establece que la redargución de falsedad de un instrumento público tramita por vía de incidente, y la parte interesada tiene la carga de promoverlo dentro del plazo de diez días a partir de la realización de la impugnación, bajo apercibimiento de considerar desistido el planteo. La norma agrega que el incidente resulta inadmisible si no se indican los elementos y no se ofrecen las pruebas tendientes a demostrar la falsedad. En caso de darse curso al incidente debe suspenderse el dictado de la sentencia, que ha de pronunciarse conjuntamente con la resolución de aquél. 2. El caso bajo examen requiere, ante todo, esclarecer dos cuestiones, a saber: a) el concepto de instrumento público, y b) si se encuentran reunidos los recaudos formales de admisibilidad del incidente. Con respecto al primer punto, el art. 979, CC, atribuye carácter de instrumento público -entre otros supuestos- a cu alquier instrumento que extendieran los funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado (inc. 2) y a las actas judiciales hechas en los expedientes por los respectivos escribanos y firmadas por las partes, en los casos y en las formas que determinen las leyes de procedimientos, y las copias de esas actas que se obtuvieren por orden del juez de la causa (inc. 4). Conforme la reseña efectuada por Belluscio (Código Civil y Leyes Complementarias, Editorial Astrea, Ramos Mejía, Pcia. de Buenos Aires, 1988, tº 4, p. 476, § 2) en la doctrina actual existen, básicamente, tres corrientes acerca del concepto de instrumento público. La tesis amplia -sostenida, entre otros, por Spota- considera que basta la intervención de un agente o funcionario público. La tesis restringida -defendida, entre otros, por Fiorini-, estima necesario que una ley, en sentido material y formal, confiera expresamente la facultad de otorgar esa clase de instrumentos. Como consecuencia de ello, niega que sea instrumento públ ico todo documento que cuente con la intervención de un funcionario público y por esta sola circunstancia. La tesis intermedia, por su parte, considera demasiado estricto el requisito del dictado de una ley, y extiende a otros casos la posibilidad de crear instrumentos públicos. En este sentido, Cassagne sostiene que una norma legal o reglamentaria puede otorgar a un acto la plena fe propia de los instrumentos públicos, con la sola constancia de su suscripción por el órgano actuante, siempre que se hayan cumplido los recaudos propios de los actos formales. Con referencia específica a los instrumentos judiciales, un sector de la doctrina -partiendo de considerar al expediente judicial en su integridad como documento oficial o documento público- asigna carácter de instrumento público a toda clase de instrumento judicial, incluidos los escritos y demás piezas que se relacionan con actos cumplidos durante el proceso (ob. cit., p. 483 y sus citas). 3. En resumen, la determinación precisa de si un escrito -o una pa rte o aspecto de él- reviste el carácter de instrumento público, constituye una cuestión sumamente compleja. A los fines meramente procesales de decidir si resulta procedente la redargución de falsedad de un escrito agregado a un expediente judicial, al que se le ha colocado el cargo y que se halla refrendado por el funcionario competente para ello, cabe contestar afirmativamente a este interrogante. 4. Con respecto al segundo punto -examen de los recaudos formales de admisibilidad del incidente- cabe señalar que los escritos de fs. 764/5 y 767/8 no contienen ofrecimiento de prueba. No obstante, del contexto de la audiencia se infiere con toda claridad -a partir de los dichos vertidos por la parte actora y las codemandadas Sociedad Rural Argentina y Ogden Rural S.A., ya relatados ut supra- la voluntad del debido esclarecimiento de la cuestión, por los medios jurídicos y técnicos pertinentes. A su vez, a fs. 804/6 la parte actora solicitó expresamente la designación de un perito calígrafo. Desde luego, el Trib unal también comparte aquel propósito. Por un lado, por el imperativo de la averiguación de la verdad, que se halla ínsito en el recto desempeño de la magistratura judicial y, por el otro, porque el planteo efectuado ha puesto en juego la validez de una resolución de la Sala, en tanto ésta es consecuencia directa -entre otros actos procesales- del impugnado al deducir el incidente. Toda vez que la audiencia -en la cual las partes admitieron la realización de la prueba pericial- y la presentación del escrito de fs. 804/6 -donde la accionante ofreció esta prueba concretamente- fueron realizados dentro del plazo de diez días previsto por el art. 323, CCAyT, computado a partir de la realización de la impugnación (cfr. cargos de fs. 765 y 768), cabe tener por promovida eficazmente la redargución de falsedad. Con respecto al incidente de nulidad -también promovido a fs. 765/6 y 767/8- cabe señalar que, en rigor, se trata de un planteo superfluo, toda vez que resulta suficiente el trámite de la redargución de falsed ad. XI. A fin de que se expida sobre la autenticidad de las firmas atribuídas a los actores durante todo el proceso (doctr. art. 318, CCAyT), desígnese perito calígrafo a través del pertinente sorteo entre los inscriptos en el Registro de Peritos Auxiliares de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Con tal objeto, fíjase audiencia pública para el día de del corriente, a las hs. El perito designado -previa aceptación del cargo dentro del quinto día de notificado-, deberá cumplir su cometido dentro del plazo de quince días, todo ello bajo apercibimiento de remoción. Hágase saber al experto que al aceptar el cargo deberá informar si, a fin de expedirse, necesitará que los actores realicen un cuerpo de escritura (doctr. arts. 321, 322 y cctes., CCAyT), en cuyo caso se designará la audiencia correspondiente, a la cual serán citadas las partes (doctr. art. 378, CCAyT). Oportunamente notifíquese al experto conjuntamente con su designación. Para posibilitar el conocimiento de otros potenciales interesados, fíjese una copia del presente en la tablilla de informes que se encuentra en la planta baja del edificio. XII. Dado que las manifestaciones vertidas a fs. 764/5 y 767/8 permiten inferir la posible comisión de un delito, extráiganse por Secretaría fotocopias certificadas de las piezas pertinentes con el objeto de remitirlas mediante oficio de estilo a la justicia penal a fin de que tome la intervención que pudiere corresponder. Asimismo, corresponde remitir los antecedentes del caso al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados a fin de que examine, en el ámbito de su competencia, el desempeño profesional del ex letrado patrocinante de la parte actora, Dr. Pablo A. Pierini (arts. 39, 43 y cctes., ley 23.187). VOTO DEL DR. ESTEBAN CENTANARO: I. En razón del planteo de falsedad, efectuado por los accionantes a fs. 764/5 -reiterado a fs. 767/8-, con respecto a las firmas que se les atribuyen en el escrito obrante a fs. 745, este tribunal resolvió convocar a las partes a una audiencia a fin de requerir las ex plicaciones del caso. Ello, en ejercicio de las atribuciones que confiere a los jueces la legislación procesal vigente a fin de dirigir y ordenar el proceso (doctr. art. 27, inc. 5, CCAyT), y que comprenden -entre otras- la de disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para requerir las explicaciones que fuesen necesarias (art. 29, inc. 2, 'a', CCAyT). II. Cabe destacar la inusual gravedad de los hechos aducidos y el escándalo resultante, atento la investidura de los actores y la importancia de la cuestión debatida, lo que produce un profundo estupor ante este tribunal y que hace al suscripto dudar si nos encontramos ante un expediente real o virtual. III. Tal como surge del acta obrante a fs. 784, durante el desarrollo de la audiencia los actores que habían concurrido tuvieron la oportunidad de expedirse, ante el requerimiento efectuado por el tribunal, con respecto a la autenticidad de sus firmas en todas las presentaciones realizadas a lo largo del proceso. De sus manifestacion es surge el desconocimiento, no ya de las firmas del escrito agregado a fs. 745, sino de otras muchas (fs. 155, 165, 221 vta., 467, 631, con los matices expuestos por cada diputado ante la Legislatura de la Ciudad, conforme el detalle preciso contenido en la misma). IV. En la audiencia de marras, dos de las demandadas se reservaron el derecho de solicitar que se practicase una pericia caligráfica sobre las firmas reconocidas y negadas por los actores, petición que fue aceptada por los mismos o mejor dicho que afirmaron previamente que se someterían a ella. No obstante sus dichos posteriores, vertidos en oportunidad de contestar el traslado conferido a fs. 785, lo cierto es que del contexto de la audiencia se infiere la voluntad del debido esclarecimiento de la cuestión, por los medios jurídicos y técnicos pertinentes. Desde luego, el Tribunal también comparte tal propósito. Por un lado, por el imperativo de la averiguación de la verdad, que se halla ínsito en el recto desempeño de la magistratura judicial y, por el otro, porque el planteo efectuado ha puesto en crisis una resolución de la Sala. A su vez, a fs. 804/6 la parte actora solicitó expresamente la designación de un perito calígrafo. En consecuencia -y sin perjuicio de lo que hubiera que resolver oportunamente-, a fin de que se expida sobre la autenticidad de las firmas atribuídas a los actores durante todo el proceso (doctr. art. 318, CCAyT), desígnese perito calígrafo a través del pertinente sorteo entre los inscriptos en el Registro de Peritos Auxiliares de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Con tal objeto, fíjase audiencia pública para el día de del corriente, a las hs. El perito designado -previa aceptación del cargo dentro del quinto día de notificado-, deberá cumplir su cometido dentro del plazo de quince días, todo ello bajo apercibimiento de remoción. Hágase saber al experto que al aceptar el cargo deberá informar si, a fin de expedirse, necesitará que los actores realicen un cuerpo de escritura (doctr. arts. 321, 322 y cctes., CCAyT), en cuyo caso se designará la audiencia correspondiente, a la cual serán citadas las partes (doctr. art. 378, CCAyT). Oportunamente notifíquese al experto conjuntamente con su designación. Para posibilitar el conocimiento de otros potenciales interesados, fíjese una copia del presente en la tablilla de informes que se encuentra en la planta baja del edificio. V. Al contestar el traslado conferido, la ciudad solicitó se dispusiera el pase a instrucción de estos actuados. Por lo tanto, extráiganse por Secretaría fotocopias certificadas de las piezas pertinentes con el objeto de remitirlas mediante oficio de estilo a la justicia penal a fin de que tome la intervención que pudiere corresponder. Asimismo, corresponde dar intervención al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados a fin de que examine, en el ámbito de su competencia, el desempeño profesional del ex letrado patrocinante de la parte actora, Dr. Pablo A. Pierini (arts. 39, 43 y cctes., ley 23.187). Con tal objeto habrán de librarse los oficios de estilo adjuntando copias certificadas de las piezas correspondientes. En mérito a las consideraciones vertidas; el Tribunal RESUELVE: 1) Tener por promovido el incidente de redargución de falsedad. 2) Disponer la producción de una prueba pericial caligráfica, a los fines y conforme el procedimiento descripto precedentemente. 3) Dar intervención a la justicia penal en razón de la posible comisión de un delito, y al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados a fin de que examine la conducta profesional del Dr. Pablo Alejandro Pierini. Notifíquese, y a la señora Fiscal de Cámara en su despacho.-