marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, indemnización, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: CARIDE, Enrique c/ EDITORIAL PERFIL  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RESARCIMIEMTO - PERDIDA DE "CHANCE"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-31

La "chance", como rubro indemnizable, implica la pérdida o frustración de una expectativa o probabilidad de ganancias futuras.

En estos casos coexisten un elemento de certeza y un elemento de incertidumbre entre los que tiene que moverse la prudente apreciación judicial, para determinar en cada caso, el grado de probabilidad fáctica que existía en favor del damnificado de obtener beneficios o evitar pérdidas, si no hubiese mediado el hecho o el acto ilícito o el incumplimiento contractual.

En esta concurrencia de factores pasados y futuros, necesarios y contingentes hay indiscutiblemente una consecuencia actual y cierta, y es que, a raíz del acto imputable se ha perdido una chance, oportunidad o probabilidad, por lo que debe reconocerse derecho a exigir su reparación. La doctrina aconseja hacer un razonado balance de perspectivas en pro y en contra y del saldo de las mismas surgirá la proporción del resarcimiento.
Juicio ejecutivo, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: CONCI VICTOR JOSE c/ RAMON LABORDA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-05-30

La ley Nro 7826 (Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal) no contiene ninguna disposición que permita entender dentro de las funciones de Fiscal la de intervenir en los juicios ejecutivos en que se opone la excepción de falsedad de título; la defensa del interés público y el derecho de las personas (art. 9 inc. 1ro), debe hacerse "con arreglo a la ley". El juicio ejecutivo es un proceso sumario especial, al cual no son aplicables las reglas generales de los juicios ordinarios; máxime si se contrarían el principio de celeridad sobre el que se estructura. El trámite compulsivo se concede por la ley en base a un requisito esencial, que es presupuesto de la acción, el título ejecutivo. En este tipo de juicios el título es presupuesto de la ejecución, y no meramente un medio de prueba; abre la vía procesal especial. El art. 250 del C. de P. C. se refiere al trámite de la impugnación de falsedad de los documentos públicos y privados argüidos de falsos; esta impugnación, que se relaciona con la ley de fondo (arts. 993, 1017, 1019, 1026, 1029, 1032 y 1033 del C.C.), está prevista como un incidente especial en el título de la prueba documental en general; establece la vía procesal para resolver la redargución de falsedad del documento introducido como medio probatorio en el proceso. La excepción de falsedad de título pretende repeler la ejecución por inexistencia de los presupuestos del título ejecutivo; el trámite que ha de imprimírsele es propio, especialmente reglado a partir del art. 857 del C. de P. C. y no puede confundírselo con el previsto para la impugnación del documento, que también es propio y específico. El Ministerio Público Fiscal carece de interés en la defensa de los derechos individuales de las partes del juicio ejecutivo, salvo cuando lo que se plantea es problema de jurisdicción y competencia (art. 9 inc. 2do ley 7826), porque en ello sí existe interés general. Por supuesto, si en el caso surgiere que se ha cometido delito habrá de ponerse en conocimiento del Ministerio Público a fin de que promueva la acción penal correspondiente. Pero ésto no significa que deba tomar participación en la ejecución.
Recurso extraordinario, plazos procesales, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CARRANZA, ENRIQUE FELIX s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-17

El término para la interposición del recurso extraordinario es perentorio y la articulación de otros recursos declarados improcedentes, no suspende ni interrumpe la deducción de aquel.
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, intimación previa, falta de pago, telegrama colacionado, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: BUSTOS MARIA c/ DUFAN SILVIA s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

Si el locador afirma haber intimado el pago al inquilino mediante telegrama colacionado, y éste niega su recibo y autenticidad, no es al primero a quien incumbe probar que el telegrama que agrega a los autos es auténtico sino al segundo (plenario López c/ Carreras).
Competencia, competencia por la materia, compraventa internacional, partes, líneas aéreas
Materia: COMERCIAL
Carátula: LUFTHANSA LINEAS AEREAS c/ G. Y CM PRODUCCIONES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-30

El cobro de precio de una compraventa internacional de mercaderías, en la que la compañía aérea intervenga como agente cobrador del vendedor, en la plaza del destinatario, constituye un acto ajeno a los que regulan los contratos reglamentados en el código aeronáutico, propio de los regidos por las leyes mercantiles.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-06-10


SENT Nº 539	San Miguel de Tucumán, 10 de Junio de 2009.

Y VISTO: El planteo de nulidad deducido por la parte actora en estos autos:"Brizuela Miguel Ismael y otro vs. Víctor Miguel Palavecino y otros s/ Cobros"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- La parte actora se alza a fs. 367 contra la sentencia dictada en autos por esta Corte en fecha 22 de diciembre de 2008, planteando incidente de nulidad de la misma. Funda la nulidad en que sus representados no fueron notificados de la providencia que llamaba autos para sentencia (fs. 358), resultando dicha sentencia una consecuencia de aquella providencia simple. Considera que se vio privado de presentar el memorial autorizado por el artículo 137 CPL y que esa circunstancia ocasionó un grave perjuicio a los intereses de sus mandantes.

2.- El incidente ha sido deducido en legal tiempo. Habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 369/370, la causa se encuentra en condiciones de ser fallada.

La cuestión ha sido claramente expuesta por el Sr. Ministro Fiscal quien se refiere a la naturaleza del memorial de interposición del recurso, en cuanto marca los límites de los agravios, y el carácter de facultativo que reviste el memorial previsto en el art. 137 CPL; asimismo, el dictamen fiscal acentúa la carencia de precisión respecto del interés legítimo o perjuicio sufrido por el nulidicente. Así, de conformidad con el referido dictamen, que es compartido por esta Corte, corresponde rechazar el incidente de nulidad tratado.

3.- Las costas se imponen a la actora por aplicación del principio objetivo de la derrota (artículo 106 CPCC y 49 CPL).

Por ello, se	R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al incidente de nulidad deducido por la representación letrada de la parte actora contra la sentencia dictada por esta Corte el 22 de Diciembre de 2008. Disponer que se protocolice el dictamen del Sr. Ministro Fiscal, obrante a fs. 369/370, adjunto a la presente sentencia; todo ello, conforme a lo considerado.

HÁGASE SABER ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.
Disolución del matrimonio, divorcio, injurias
Materia: CIVIL
Carátula: C., R. E. c/ C., H. R. s/ Separación Personal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-31

"La libre interpretación de la gravedad de la ofensa por el juez, viene a resultar esencial, dado el carácter fluido del concepto de injuria . El criterio judicial deberá formarse en presencia de circunstancias que concurren en cada caso particular, de tal manera que un hecho de naturaleza injuriosa pueda revestir gravedad o carecer de ella, según el medio en que se ha producido, la calidad de las personas, y la causa, motivo o pretexto que ha dado lugar al hecho injurioso".
Sentencia definitiva, resoluciones equiparables a definitiva, jurisdicción, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Materia: PROCESAL
Carátula: Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

La sentencia que resuelve un problema de competencia, ya por incidente, ya de oficio, cuando quien lo decide tiene facultad para ello, no es, por regla, una sentencia definitiva; y no lo es tampoco, cuando el problema de competencia consiste en el entrecruzamiento de dos jurisdicciones distintas, por ejemplo, la de los tribunales de la CABA frente a los tribunales nacionales, de una provincia frente a los de otra o de una provincia frente a tribunales nacionales o federales. (Voto en disidencia del Sr. Juez Julio B. J. Maier).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, cuestiones de competencia, inhibitoria, juez de instrucción, declinatoria, delito culposo, delito doloso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: MURUA, MERCEDES RAQUEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-30

Conforme criterio afincado por esta Corte, las decisiones sobre cuestiones de competencia no constituyen, en principio, sentencia definitiva ni pueden ser equiparadas a tal, toda vez que no ponen fin a la controversia ni impiden su ulterior tramitación.

Ello es así, ya que al no pronunciarse sobre las pretensiones de las partes, se deja incólume el derecho para accionar por la vía que corresponda, a menos que lo resuelto cause un gravamen irreparable o que medie denegatoria del fuero federal o una efectiva privación de justicia.

En tal contexto, la recurrente no brinda razones de entidad constitucional que justifiquen la revisión de lo resuelto en esta instancia o que no fueran suficientemente contestadas por el A quo particularmente en lo que respecta a la aplicación de la normativa procesal penal, habida cuenta que el trámite que según la recurrente se prescindió de aplicar - excepciones conforme los artículos 360 y 361 del Código Procesal Penal en Transición que establece expresamente la bilateralidad procesal- solamente se estableció para la vía declinatoria y no así para la inhibitoria.

(En el caso, el Fiscal abogó por el cambio de calificación legal de homicidio culposo a homicidio con dolo eventual, tipificación esta última que fundara la asumida competencia del Juez de Instrucción y la declinatoria del Juez correccional).
Recurso de inconstitucionalidad, Poder Judicial, jueces, destitución, empleo público, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Bergallo, Fernando c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de inconstitucionalidad - Demanda de indemnización (Expte.:   C.S.J. Nro. 518 año 1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-10

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el recurrente, desde que la cuestión que se planteó es, tal como lo sostuviese el A quo en la resolución impugnada, de naturaleza contencioso administrativa. En efecto, el recurrente pretende el pago de un crédito emergente de un derecho administrativo, en esencia, la indemnización por cesantía injustificada como juez por no habérsele pedido acuerdo legislativo, que fue reclamado a la autoridad administrativa que, sin cuestionar su carácter, le negó el derecho a percibirlo invocando la prescripción. El carácter administrativo de tal derecho ha sido invocado por la Corte local para sostener, asimismo, que cuando es desconocido el derecho mismo por la Administración, corresponde que se reclame ante el tribunal competente en materia contencioso administrativa.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: C.S., R.F. s/ Restitución de la menor (M.F.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-29

Se ha entendido que el Convenio aprobado por ley 22.546 instrumentó el principio constitucional que contiene el art. 11 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la que específicamente dispone en su art. 3 que "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño".
Concursos, extensión de la quiebra, terceros, derechos patrimoniales, presunciones
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Tinas del Sur SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-18

Como es sabido, los cuatro principales mecanismo concursales de responsabilidad patrimonial de terceros en caso de quiebra, con miras a la mejora del activo repartible, son: i) Las ineficacias falenciales (LCQ 118 y ss.); ii) La llamada responsabilidad de representantes (LCQ 173); iii) La responsabilidad de otros terceros "representantes o no" (genéricamente llamada "responsabilidad de terceros en la LCQ 173, segundo párrafo"); y iv) La extensión de quiebra (LCQ 160 y ss.). No se desconoce que fuera de la ley concursal, en otros cuerpos normativos tales como el Código Civil y la ley 19550 existen acciones de responsabilidad patrimonial que pueden ejercitarse contra terceros, siendo su sujeto activo la persona fallida. Por ende, el régimen general de dichas acciones (los presupuestos de ejercicio, la extensión del resarcimiento, los plazos de prescripción, etc.) son los que establecen las respectivas leyes específicas (cfr. Rouillon, Adolfo, "Código de Comercio Comentado y Anotado", T. IV- B, La Ley, Buenos Aires, 2007, pág. 414).
Interés superior del niño, deberes del juez, grupos vulnerables, centro de vida de niñas, niños y adolescentes
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: B., E.M.  c/  s/ reservado s/ adopción s/ casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

Los conflictos que atañen a los infantes deben ser resueltos a la luz del principio del interés superior del niño, en tanto sujetos de tutela preferente.
Cesión de derechos, divorcio por presentación conjunta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LONCOMAY RAIMUNDO. c/ SUCESIÓN DE VICTORIO MORENO. s/ DIVORCIO (67 BIS). CESIÓN DE CRÉDITOS LITIGIOSOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-05-15

CARECE DE VALIDEZ DE CESIÓN DE DERECHOS Y ACCIONES ACORDADA ENTRE EL CÓNYUGE Y EL ADQUIRENTE DEMANDANTE, SOBRE UN INMUEBLE ASIGNADO A AQUÉL EN VIRTUD DE UN CONVENIO INSERTO EN EL TRÁMITE PREVISTO POR EL ARTÍCULO 67 BIS DE LA LEY 2393, SI SU MUERTE SE PRODUJO ANTES DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO, AL NO EXISTIR POSIBILIDAD ALGUNA DE QUE EL PROYECTADO CONVENIO DE PARTICIÓN DE BIENES SE CONSOLIDE.
Ley de prenda con registro, especificaciones técnicas, consumidores, acceso a la información
Materia: COMERCIAL
Carátula: González, Liliana Raquel c/ GPAT Compañía Financiera S.A. y otro s/ sumarísimo cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-04-20

Sin desconocer que la inobservancia al deber de información encuentra como sanción la nulidad del contrato (arts. 36 y 37, LCD), ello acontece cuando su ausencia o deficiencia omite datos que resultan relevantes y suficientes para que la otra parte -consumidor- pueda formar su consentimiento y tomar una decisión al respecto; su finalidad es que la persona pueda realizar una elección libre del producto o servicio que desea adquirir o disfrutar.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Urruspuro de Henning Marta G. s/ CONCURSO CIVIL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-27

El recurso extraordinario fue interpuesto contra el fallo final de la causa si la ulterior resolución que se dictó con motivo de un recurso de inaplicabilidad de ley excluyó expresamente la cuestión del ámbito de su conocimiento.
Restitución internacional de menores, residencia habitual del niño, interés del menor
Materia: CIVIL
Carátula: B. c/ B. s/ ART. 250 DEL CÓDIGO PROCESAL - INCIDENTE FAMILIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-25

1- El cumplimiento del "Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores" (ley 23.857) tiene como misión fundamental proteger al menor en el plano internacional de los efectos perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o retención ilícita. Con ese objeto fija los procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del menor al Estado en el que tenga residencia habitual. De ahí que, para ello se requiere que el pedido sea ingresado ante la autoridad judicial o administrativa del Estado en el que se encuentre el menor antes del año de ocurrida la retención o traslado ilícito.

2- En consecuencia, cuando el pedido de restitución internacional de menores se formula una vez transcurrido un año desde la retención ilícita, el Estado de la actual residencia del menor deberá evaluar -a los efectos de disponer la restitución (el convenio no establece en este supuesto la restitución inmediata)- si el transcurso del tiempo pudo importar una adaptación de éste a su nuevo medio y a las nueva condiciones de vida y ponderar que, en tal encuadre, se debe privilegiar su superior interés el cual no puede ser ajeno al desmembramiento familiar que, en su caso, puede generar el cumplimiento de la restitución.

(Sumario N° 17536 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°13/2007).
Jueces, prueba, peritos
Materia: CIVIL
Carátula: Berón, Pablo Gustavo en j. 12.386 "Berón Pablo G. Expediente Nro. 79373 c/ Banco Francés S.A. s/ Certif. s/ Cas. Expediente Nro. 80509 - GODOY, ROBERTO ANÍBAL EN Jº 113.498 GODOY c/ DEMIRAS, ANTONIO JUAN s/ DAÑOS Y PERJUCIOS, INCIDENTE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-03-03|2004-12-29

El juez no debería hacer mérito de conocimiento técnico sobre la materia del dictamen del perito. Puede desecharlo por carencia de fundamentación, por la fuerza de convicción de otras pruebas que concurran en la especie o por otras pruebas que concurran en la especie o por otras causas, pero no oponiendo consideraciones propias de la ciencia, arte o técnica del perito, pues tal conducta peligrosa.

Consecuentemente, cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja aceptar el dictamen, pues el perito actúa como auxiliar de la justicia y contribuye con su saber, ciencia y conciencia a esclarecer aquellos puntos que requie4ren conocimientos especiales. Ante la duda, el juez puede, como medida de mejor proveer, pedir explicaciones a otros expertos, pero no es prudente discutir con el perito sobre la materia de su conocimiento.
Procedimiento laboral, impulso procesal, caducidad de instancia, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: PASTRAN, NICASIO c/ ARES BODEGA s/ APELACION AUTO INTERLOCUTORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-02-16

El art. 14 del Código de procedimiento laboral, en cuanto dispone que antes de declarar la perención de instancia se dará vista al actor para que manifieste si tiene interés en la prosecución de la causa, resulta inconstitucional por destruir el instituto de la prescripción y permitir mantener viva la instancia sine die; con perjuicio de los valores seguridad y paz. Por otra parte no está protegiendo al trabajador por su posible desconocimiento o ignorancia sino que encubre la negligencia o morosidad de su letrado, violando la igualdad de las partes.
Facultades del juez, alimentos, cuota alimentaria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Á. Y. A. c/ J. C. D. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-22

Son amplias las facultades que tiene el juez para determinar el monto de la cuota alimentaria, y a pesar de las reservas que puedan formularse al sistema de dejar librado al criterio judicial la determinación de la cuota, tal solución se impone al carecer nuestra regulación legal de un mecanismo tarifado.
Locación de inmuebles, convenio de desocupación, cláusula penal, validez de cláusula contractual, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: PADILLA, Víctor L. c/ INK, Eduardo H. s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-09

Si la cláusula penal se acordó en el convenio de desocupación que se firmó junto con el contrato de locación para el caso de no desocuparse el inmueble a la fecha de su vencimiento, este aspecto del convenio no se encuentra alcanzado por la norma contenida en los arts. 29 y 47 de la ley 22.434, resultando admisible su valoración, más aún si no se impidió al demandado ejercer su derecho de defensa.
Pensiones, extinción del derecho de pensión, divorcio por presentación conjunta, cónyuge divorciado, cónyuge culpable, alimentos, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CIVIL
Carátula: Dora Irma CHERUSE DE SANTAGATI s/ JUBILACION Y PENSION - DIVORCIO - CULPA - ALIMENTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08

Si bien el art. 1, inciso a), de la ley 17.562 dispone la pérdida del derecho a pensión del cónyuge culpable de divorcio, no corresponde extender esas consecuencias a los casos regidos por el art. 67 bis de la ley 2393 en los que se haya mantenido el derecho alimentario en favor de la cónyuge. Ello encuentra sustento en la ley 23.263 sin que obste a su aplicación al caso la circunstancia de haber entrado en vigencia con posterioridad al divorcio.
Empleados públicos, policía, licencia extraordinaria, antigüedad, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Expediente Nº 73267 - SILVA MORENO, FIDEL RICARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA s/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-02-03

La imposibilidad a la que se refiere el art. 233 ley 6722 vigente, debe ser considerada en modo razonable; no se trata de un impedimento físico ni de una fuerza extraña que torne imposible de hecho el ejercicio del derecho por la antiguedad de servicios. La norma debe ser interpretada contemplando las distintas situaciones de hecho que pueden presentarse en el caso concreto. Si el beneficiario cumplió todos los requisitos que estaban a su alcance, el beneficio no puede ser considerado extinguido por su no uso antes de la baja de la fuerza por orden ministerial. Es clara la idea del legislador de que el beneficio sea gozado como de licencia efectiva durante tres meses. Pero son varias las hipótesis en que el beneficio podría no haber sido gozado y no habría en su lugar modo de compensarlo, por lo que resulta de todo derecho resarcir al beneficiario a través del pago de la licencia no gozada.
Derecho procesal, procesos especiales, juicio sumarísimo, habeas data, deudor, rectificación de datos, resoluciones judiciales, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Muratore Constructora SA c/ Banco Credicoop Coop. Ltdo. s/ amparo s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-09

1 - Corresponde revocar la resolución que imprimió trámite ordinario al proceso, toda vez que se trata de una acción de habeas data promovida a fin de que se condene a la entidad bancaria demandada a suprimir y rectificar de su base de datos información personal y patrimonial de la actora. En lo atinente al procedimiento aplicable, solicitó específicamente que se apliquen las reglas del juicio sumarísimo.