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Sociedad accidental o en participación, constitución de sociedades, modificación del contrato social
Materia: COMERCIAL
Carátula: J. VAZQUEZ IGLESIAS c/ BASTERRECHEA  S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-19

La economía con que se perfila la sociedad accidental o en participación en la normativa, deja un amplio margen a la autonomía de la voluntad (CCOM 396) y contribuye a consolidar la falsa imagen que acerca de su sencillez predica la informalidad de su acto constitutivo (CCOM 397), aunque se trata de una impresión que se desvanece no bien se comienza a indagar la estructura del negocio y la complejidad de las relaciones a la que da origen.

2. Al igual que las otras figuras societarias - en la ley vigente - ésta nace de un contrato aunque su constitución no se encuentra necesariamente sometida a condiciones de fondo, comunes a las demás.

Tal carencia de formalidad, facilita considerablemente su constitución, mas no afecta su regularidad. Es decir, se constituye tan solo mediante el acuerdo de voluntades de los partícipes, y conforme lo dispone la ls 361 no está sometida a los requisitos de forma; si ello es así para su constitución, también lo será para su modificación, a cuyo respecto no rige la ls 4.

(En el caso, la modificación del objeto social acaeció, o bien se definió ante la original imprecisión, más no hubiera quedado tal extremo expresamente plasmado mediante escritura pública, como aconteciera en oportunidad de la concreción de la relación negocial original y aunque la modificación tuviera expresión escritural).
Acción dependiente de instancia privada, impulso procesal
Materia: PENAL
Carátula: MOLINA, Harris Emir s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

La disposición del art. 98 inc. 7mo. del C.P.P. contempla el caso en que el sumario por un delito dependiente de instancia privada se hubiere iniciado sin denuncia del agraviado o su representante legal; es decir, prevé el supuesto contrario al contemplado en el art. 72 del C.P. (iniciación de la causa por denuncia del agraviado, tutor, etc.) En consecuencia, si se ha iniciado la acción por denuncia de la víctima, no procede el cumplimiento del citado art.

98 inc. 7mo. del código de forma.-
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, juicio de desalojo, prescripción adquisitiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ramallo, María Adela y otro c/ Saint Pierre, Juan José y otro s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-08

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar al desalojo, prescindiendo de toda consideración respecto de las pruebas aportadas con relación a la prescripción adquisitiva alegada.
Sentencia, recursos
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: CHAVEZ DE ORELLANA BRUNA c/ CHAVEZ ALCADIO s/ ACCION POSESORIA DE RECOBRAR LA POSESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-03

La sentencia tiene que replicarse en forma completa o adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento cuestionado contiene, porque de otra forma, aquellas permanecen firmes e impiden su revisión. Las exigencias referidas no se satisfacen con la simple proposición de una exégesis legal distinta que se considera más adecuada.-
Concursos, efectos de la apertura, fuero de atracción, quiebra, deudor principal, pedido de quiebra, fiador, competencia por conexidad
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Brienza, José Martín le pide la quiebra Suelas Leal SA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-19

Corresponde revocar la resolución del juez de grado en tanto ordenó remitir el expediente al Juzgado donde tramita la quiebra de la afianzada del presunto deudor demandado en el presente. Ello así, pues la conexidad dirigida a resguardar la unicidad de criterios con el pedido de quiebra de la sociedad de la que el demandado es fiador, no justifica la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis, para que proceda el desplazamiento de la competencia al juez que interviene en la quiebra de la persona jurídica. Ello pues lo solicitado es un pedido de quiebra de una persona física distinta a la afianzada, trámite cuya finalidad es la declaración de falencia de distintas personas (CNCom, Sala B in re "Gattorna, Rodolfo Victor le pide la quiebra Cooperativa Concred de Crédito y Vivienda Ltda." del 29/11/01; ídem in re "Tesone José Héctor pedido de quiebra por Banca Nacionale del Lavoro SA" del 30/11/06).
Acto administrativo, notificación, consentimiento, acto administrativo firme, empleados públicos, transferencia del personal, remuneración, licencia por enfermedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zigolo, Ana María Gentile de c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 560-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-10-29

Si a la fecha de la notificación del traslado, cuya efectivización se discute, la agente estaba gozando de licencia por enfermedad -si bien todavía no había iniciado las gestiones jubilatorias- para justificar su falta de anoticiamiento hubiera debido demostrar una causa obstativa del discernimiento que le impidiera comprender la naturaleza y el contenido del acto notificado y la reducción de sus haberes por la quita del suplemento por inspección. Hallándose, pues, debidamente notificada la agente del acto que dispuso su traslado y no habiéndolo recurrido tempestivamente, aquél cobró firmeza.
Juicio oral, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Valdez, Oscar Eugenio s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Es insuficiente la denuncia de violación del art. 286 del Código de Procedimiento Penal, si el recurrente no ha logrado demostrar que el tribunal a quo se haya apartado del desarrollo lógico y razonado que, para la apreciación de la prueba le impone la norma citada; el que tampoco se transgrede al preferir unas pruebas sobre otras.
Enfermedades inculpables, licencia por enfermedad, indemnización por despido, integración del mes de despido
Materia: LABORAL
Carátula: AREVALO MENCHACA, Víctor c/ DEUTSCHE BANK PROGRAM MANAGER S.A. Y OTROS s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-28

El hecho de que el trabajador no goce de perfecta salud no es suficiente para invocar lo dispuesto por el art 213 LCT, toda vez que la enfermedad de que trata dicha norma debe imposibilitar el trabajo del dependiente. Lo contrario significaría que todo aquel que padece de una anomalía crónica, quedaría relevado de trabajar.
Apremios ilegales, lesiones leves, concurso ideal, Servicio Penitenciario Federal, personal penitenciario, prueba, presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: WOLHEIN, H. Y OTRO. s/ APREMIOS    ILEGALES.    SERVICIO    PENITENCIARIO  FEDERAL.  PRUEBA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-09

1) Configura el delito de apremios ilegales en concurso ideal con lesiones leves, la acción de los procesados -funcionarios del Servicio Penitenciario Federal- que golpearon a un interno provocándole lesiones.

2) La materialidad del hecho se acredita con el informe médico, la denuncia del damnificado y el reconocimiento de los imputados en rueda de personas y además los dichos de otros internos que refieren haber escuchado los gritos de la víctima; todo lo cual compone un cuadro cargoso constituido por prueba directa e indirecta, coherente y debidamente ensamblada, que permite atribuir a los procesados la autoría y consecuente responsabilidad penal en relación al hecho, pues en este tipo de sucesos no cabe esperar la aportación de probanzas de entidad superior a las reunidas, las cuales resultan suficientes para asentar el juicio de reproche fundado en el estado de certeza que requiere todo juicio de condena.
Accidente de tránsito, automotores, seguros
Materia: CIVIL
Carátula: Costa, Miguel Angel c/ Miranda Víctor s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-05-28

La responsabilidad por el hecho dañoso en un accidente de tránsito no deriva de la falta de seguro obligatorio a que se refiere el art. 68 de la Ley de Tránsito (Nro. 24449), ni cabe presumir culpabilidad alguna fundada en esta infracción. La obligación de llevar el comprobante de seguro, en vigencia, hace simplemente a los requisitos de la circulación (art. 40 inc, c). Ley 24.449).
Recurso de inconstitucionalidad, incongruencia, daños y perjuicios, indemnización, daño moral, responsabilidad médica, cirugía estética, compensación económica, realidad económica, reparación integral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., M. V. c/ V., O. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

Se advierte que la Cámara incurrió en contradicción al sostener en el pronunciamiento que existió responsabilidad exclusiva del médico en la producción del daño a la paciente, y luego utilizar como fundamento para disminuir los montos indemnizatorios la conducta de la víctima sin incidencia causal, que -claro está- no podía menoscabar su derecho a ser resarcida en forma plena, desde que ni la demora del litigio ni la decisión de la actora sobre su propio cuerpo -respecto a la oportunidad para volverse a intervenir para retirar la prótesis residual- ni el bajo nivel de peligrosidad que representa la persistencia del implante para su salud, constituyen elementos a valorar para establecer el monto del resarcimiento por el daño injustamente sufrido, que debe representar una extensión congruente con la entidad del perjuicio acreditado; profundizandose el reproche constitucional al pronunciamiento al observarse que la Cámara disminuyó el monto del resarcimiento por daño moral bajo fundamentos genéricos y también dogmáticos, sin ponderar las circunstancias particulares del caso, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado a la actora, fijando un importe notoriamente exiguo que, tal como lo evidencia el Procurador General en su dictamen, desconoce la realidad económica del país y desvirtúa el principio de reparación integral; debiendo recordarse sobre el punto que la dificultad que plantea la determinación del llamado pretium doloris no impide justipreciar la satisfacción que procede para resarcir -dentro de lo humanamente posible- las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristezas propios de la situación vivida por el damnificado. - CITAS: CSJN: Fallos: 344:2256; 308:698; 311:1018; 334:1821; CSJStaFe: AyS T 267, p 234. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil; artículos 522 y 1078; Código Civil y Comercial de la Nación; artículos 1737 al 1741
Declaración indagatoria, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Causa contra CARLOS SING s/ Abuso con arma
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-12-24

Habiendo manifestado expresamente el imputado su voluntad de considerar necesaria la presencia de su defensor y pese a ello se procede a recepcionársele declaración indagatoria, ésta resulta nula. Dicha nulidad, por referirse a una garantía constitucional, tiene el carácter de absoluta, ya que patentiza un vicio flagrante a la observancia de las normas que regulan la indagatoria, cuando de alguna manera se afecta la intervención o asistencia del imputado.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, competencia contravencional y de faltas, abandono de personas
Materia: CONTRAVENCIONAL-PENAL
Carátula: Incidente de Competencia en Autos Fuentes Martinez, Manuel Ignacio S/ 280 - Evasión de Pena c/  s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Más allá de la conexidad subjetiva entre el delito de evasión (art. 280 del CP) y los restantes atribuidos al imputado que se encuentran en trámite ante el Juzgado Federal (art. 277, inc. 1° c), art. 289, inc. 3° y art. 296 del CP), no existen otras circunstancias que impongan la necesidad de un tratamiento conjunto de los hechos por ante un único tribunal. En estas condiciones, no resulta suficiente para atribuir competencia que en ambos procesos sea la misma persona quien se encuentre imputada. Esto, debido a que tratándose de hechos absolutamente independientes y no existiendo otras circunstancias que impongan la necesidad de un tratamiento conjunto, a la hora de determinar la sede en la que debe tramitar el caso, prima la forma en la que actualmente se encuentran distribuidas las competencias penales no federales entre los diferentes fueros locales de Ciudad. Ello impone declarar la competencia Penal, Contravencional y de Faltas dado que no está controvertida la calificación del hecho ni que su juzgamiento corresponda a la justicia de esta Ciudad. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Alicia E. C. Ruiz, por remisión al dictamen fiscal).
Honorarios, pago, plazo de gracia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TESTA, CLORINDO M.J. Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL) s/ COBRO DE PESOS - HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

El art. 49 de la ley 21.839 fija como punto de partida del plazo no el momento en que el auto regulatorio deviene firme, sino en el momento en que se lo notifica, siempre que luego adquiera firmeza es decir, que no medie revisión por tribunal superior.

En el plenario "PERLE" del 18/9/84 se expresó que: "El art. 49 establece que el plazo comienza a correr desde la fecha de notificación del auto regulatorio firme...La expresión literal de la norma permite interpretar que la situación descripta como punto de partida del plazo se integra sólo cuando el auto regulatorio deviene firme. Por sobre el defecto de técnica legislativa que pueda señalarse, cabe rescatar la voluntad de la ley que se insinúa al dirigirse más al acto notificatorio que a la firmeza de la regulación".

En el sub-lite, el beneficiario del plazo de gracia no podría prorrogar su curso a su solo criterio, la notificación del proveído "por devueltos", no constituye notificación cierta de las regulaciones practicadas en la Alzada, solamente tiene por efecto restablecer la obligación de las partes de concurrir al Juzgado los días de nota y poner en marcha el mecanismo de la notificación automática del art. 133 del CPCC.

Así el curso del plazo de gracia debe computarse desde que la regulación de la Cámara quedó notificada automáticamente después de hacerse saber la devolución de los autos.
Sentencia, fundamentación de sentencias, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AMADIO, AMALIA BEATRIZ ZEBALLOS DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. CONCESION  RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA   NACION (CSJ EXPTE NRO 94-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-21

Carece de suficiente motivación o contiene tan solo un fundamento aparente, aquel decisorio que cita jurisprudencial para anular la solución a la que arriba, pero tal antecedente no responde básicamente al problema debatido en autos.
Facultades del querellante, legitimación procesal, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ARANDA, Juan José s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-12

El pretenso querellante tiene la facultad de recurrir ante esta instancia pues no se agota su capacidad recursiva ante la apelación sino que tiene la posibilidad de obtener una resolución fundada por parte del sentenciante (art. 18 de la C.N.), y para ello puede acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Cámara Nacional de Casación Penal a través de los respectivos recursos extraordinarios. (Voto del Dr. Hornos)
Recurso de inconstitucionalidad, defectos en la consideración de extremos conducentes, recurso extraordinario, examen preliminar, tribunal colegiado, instancia única, recurso de reposición (procesal), honorarios, regulación de honorarios, sentencia, sentencia definitiva, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Albertengo, Henry Alonso c/ Dirección Provincial de Vialidad y Comuna de El Trébol s/ Indemnización de daños y perjuicios- Recurso directo- Sobre Recurso  de Inconstitucionalidad (Expte.: C.S.J. Nro. 324 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-12

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad intentado desde que asiste razón al recurrente en cuanto postula que el Sentenciante omite lisa y llanamente toda consideración del argumento vertido contra la denegatoria de la apelación extraordinaria, respecto a la irreparabilidad del gravamen invocado para atribuir carácter de definitiva a la resolución atacada. Esta cuestión era de carácter decisivo, especialmente, si se tiene en cuenta, por un lado, que si bien originariamente el Código Procesal Civil y Comercial habilitaba el recurso de apelación extraordinaria sólo para impugnar la "sentencia definitiva", la norma actual (art. 42 Ley 10160) amplía las decisiones impugnables a "los autos con fuerza de...." sentencia definitiva, y por otro, la jurisprudencia elaborada tanto por esta Corte como por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación que atribuye carácter de "sentencias definitivas" a las decisiones que, si bien no ponen fin al litigio en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior; o que, en suma, ponen fin a la cuestión debatida en forma tal que ésta no pueda volver a renovarse; y las directrices sentadas por este Cuerpo a partir de "Juan c. Carozzo" en torno a la intrincada problemática que supone la doble vía recursiva extraordinaria en relación con las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados. A la luz de lo expuesto, debe concluirse que el auto interlocutorio que pone fin al proceso de estimación de los emolumentos profesionales -en el caso, resolución del Pleno que rechaza la revocatoria interpuesta contra la regulación de honorarios efectuada por el Juez de trámite- encuadra en la normativa enunciada en el artículo 42 de la ley 10.160: "...sentencia definitiva o con fuerza de tales...".
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, hechos vandálicos, obligación de seguridad, derechos del consumidor
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, YANINA ELISABET c/ ROSARIO BUS S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14

El recurso interpuesto merece favorable acogida en tanto la Cámara, al confirmar el fallo de primera instancia que rechazó íntegramente la demanda de daños por encuadrar el caso exclusivamente en los artículos 184 del Código de Comercio y 1113 del Código Civil -por entender que el daño originado en la conducta de grupos vandálicos y/o de jóvenes que estaban esperando para ascender a un colectivo, constituye un supuesto de sujetos ajenos a la esfera de custodia de la empresa de transporte-, ha omitido que, siendo el contrato de transporte público de pasajeros un típico contrato de consumo, la obligación de seguridad a cargo de la empresa demandada adquiere tutela constitucional prevalente en virtud de lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional y debe ser valorada de acuerdo a las normas y principios atinentes al Derecho de los consumidores y usuarios.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Anampa Vasquez, Carl Hans s/ 189 bis 2 / - 4° párr. portación de arma de guerra sin autorización c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-01

Corresponde rechazar la queja en tanto el recurrente no muestra que el a quo haya soslayado la revisión amplia, conforme la "teoría del máximo rendimiento" que implica "agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable" (Consid. 23 in re "Casal") y que encuentra un límite constitucional; en palabras de la CSJN, en las cuestiones: ".sólo inevitables por imperio de la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas". (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Costas, recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL
Carátula: LEGUIZAMON SERGIO RICARDO c/ CLUB DE REGATAS CORRIENTES s/ INDEMNIZACION"EXPTE. N 9461/93
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-08-02

El fallo atacado recepciona la queja de ambas partes parcialmente, en virtud de ello es de aplicación plena el art. 88 de la ley procedimental, siendo inmune el decisorio a la tacha de arbitrariedad alegada.
Pago, leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Colinas de Paz S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-19

El art. 128 del Código Fiscal que dispone que el contribuyente, obligado al ingreso del tributo, debe comunicar al ente fiscal el pago del mismo, resulta abusivo ya que el ente recaudador tiene la obligación de controlar a través de sus registraciones la situación en que se encuentra cada contribuyente, pudiendo evitarse mediante una actitud diligente la promoción de procesos innecesarios.
Conflicto de poderes, elecciones municipales
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: NANINI, HECTOR ALFREDO ? INTENDENTE DE COLONIA CAROYA s/ CONFLICTO INTERNO MUNICIPAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-03-18

El caso de autos queda incurso en la hipótesis nominada A.1., toda vez que el Sr. Intendente Municipal reivindica para sí la atribución de llamar a elecciones de convencionales constituyentes municipales, negando dicha atribución, al mismo tiempo, al Honorable Concejo Deliberante, quien la ha ejercido a través de la sanción de la Ordenanza N° 1202/03.

Cabe aclarar que resulta errónea la afirmación del Concejo Deliberante cuando atribuye al referendum la condición de medio idóneo para la solución de la controversia dentro de la esfera local.

Ello por cuanto, el referendum comporta inexorablemente la convocatoria a un acto eleccionario, cuestión que constituye, en definitiva, el punto de desencuentro entre ambas autoridades municipales.
Honorarios del martillero, base regulatoria
Materia: LABORAL
Carátula: Raiteri José María c/ Atlético Echague Club s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-05-07

La estimación de la falsa comisión por remate fracasado sin culpa del rematador, debe efectuarse atendiendo a la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados por el martillero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 565 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando las pautas fijadas por la Resolución 19/87 del COMPER meramente orientadoras, pero no de aplicación obligatoria. No debe confundirse "el derecho a la retribución que tiene el martillero" con "los elementos de ponderación que determinarán el quantum de la retribución".
Hipoteca, inmueble hipotecado, inmuebles por accesión, extensión de la hipoteca
Materia: CIVIL
Carátula: B.Ch. SA s/ Tercería de Mejor Derecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-02

La hipoteca convencional puede extenderse, independientemente de la voluntad de las partes por el hecho de una mejora sobreviniente al inmueble hipotecado, extendiéndose de pleno derecho no solamente sobre los inmuebles por accesión, sino también sobre accesorios muebles, reputados inmuebles por su destino. Son inmuebles por accesión moral todos los elementos que forman un establecimiento industrial adherentes al suelo, todos los útiles, instrumentos, máquinas, etc. sin los cuales esos establecimientos no pueden funcionar.