Sentencia definitiva, sentencia condenatoria, denegatoria del recurso, transporte de estupefacientes, tráfico de estupefacientes, apreciación de la prueba, denuncia anónima, dolo, consumación del delito
Materia: PROCESAL
Carátula: Roas, Reinaldo Esteban c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

Corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia condenatoria dictada. En lo que atañe al agravio relativo a la denuncia anónima que dio origen a las actuaciones, corresponde evocar que "la reserva de identidad del denunciante y aún el aporte anónimo de datos, pueden constituir desde una perspectiva político criminal herramientas útiles y legítimas a fin estimular la colaboración de los individuos con la autoridad pública en la orientación de pesquisas encaminadas a la prevención o represión de ilícitos" (cfr. Causa N° 46.531, caratulada Duarte, Cynthia Yanina s/ recurso de casación, rta. 15/04/2012). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha convalidado, en varias oportunidades, pesquisas iniciadas a partir de una denuncia anónima exigiendo la existencia de elementos objetivos idóneos en el marco de una investigación en marcha para tener por válidas las medidas intrusivas dispuestas (cfr. Fallos: 341:207; Fallos: 341:1237; Fallos: 341:150). En el presente caso, la llamada anónima debe ser considerada como un anoticiamiento válidamente aportado a la autoridad policial, quien actuó conforme lo dispuesto por el fiscal y ante la posible comisión de un hecho ilícito. El dato aportado anónimamente no constituyó un medio de prueba, sino un indicio acerca de información de que había otros elementos de prueba, que una vez verificados, permitieron continuar la investigación preliminar y la intervención judicial. Respecto a la alegación sobre la arbitrariedad de la sentencia por la falta de comprobación de la relación de disponibilidad de Roas para con el material estupefaciente incautado y del elemento tipo subjetivo requerido por el delito atribuido, se evidencia que, a partir de los testimonios aportados en el debate, debidamente merituados con el resto del material convictivo incorporado, los jueces tuvieron por acreditada la relación de disponibilidad consciente del imputado respecto del material estupefaciente que trasladaba. Remarcaron el hecho de que el secuestro de la droga se produjo en el interior del vehículo de su propiedad cuando éste lo conducía, lo que evidenciaba que se encontraba dentro de su esfera de custodia. Los magistrados señalaron que las circunstancias que rodearon la actuación de Roas y su propia reacción al momento de ser interceptado por la fuerza policial, permitían inferir el dolo fundado en el conocimiento de la ilicitud del objeto transportado. Puntualizaron que Roas adoptó una actitud elusiva al advertir la presencia policial ya que intentó evadirse de la zona, siendo interceptado por los vehículos que le cerraron el camino. En particular, se tuvo en consideración la forma en que estaba estibada la droga dentro del baúl del vehículo propiedad de Roas, la cantidad y calidad del estupefaciente hallado, como indicadores de su accionar doloso, que verifican además la ultraintención requerida en el tipo penal del art. 5 inc. c de la ley 23.737. La gran cantidad de estupefaciente hallado en el baúl del auto, acondicionado de un modo notorio, incluso afuera del bolso incautado y bajo unas mantas, evidenciaron que Roas no podía desconocer el contenido de los paquetes que transportaba ni su aporte a la cadena de tráfico. Con relación al planteo de que el accionar quedó tentado, cabe apuntar en que al momento en que el imputado fue detenido por la policía, el delito de transporte de estupefacientes, ya se había perfeccionado. Ello es así, pues la figura del art. 5, inc. "c", de la ley 23.737, requiere solo que se desplace el estupefaciente de un lugar hacia otro, sin que importe que la droga llegue al destino final, o incluso cuando este sea desconocido. Por otro lado, sobre la validez constitucional del artículo 12 del Código Penal me he pronunciado en la causa Juárez, Diego Armando s/ recurso de casación, n° 41.933, Sala II, T.Cas. Pen. Prov. Buenos Aires, en el sentido de que "la privación de derechos civiles no es una pena sino un accesorio indispensable, que no tiene objeto represivo sino tutelar, desde que subsana un estado de incapacidad". En sentido análogo se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas CSJN 3341/2015/RH1, González Castillo, Cristián Maximiliano y otro s/ robo con arma de fuego y FCB 94020002/2013/TO01/CS001, caratulada Bonggi, Claudia Pedro y otros s/ extorsión, privación ilegal libertad agravada (art. 142 inc. 4), abuso de autoridad y violación deberes funcionario público (art. 248), asociación ilícita y tenencia simple, resueltas el 11 de mayo de 2017, al negar que "... las consecuencias legales impuestas a los condenados a penas privativas de la libertad superiores a tres años puedan ser calificadas como un trato inhumano o contrario a la dignidad del hombre" (consid. 6° del primer fallo citado). Dres. Mahiques, Slokar y Yacobucci.