Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-05-06


NEUQUEN, 6 de mayo de 2008.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "DUDA JAQUELINA GISELA C/ A.M.E.N. S/ COBRO DE HABERES" (EXP Nº 329198/5) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 4 a esta Sala I integrada por los Dres. Lorenzo W. GARCIA y Enrique Raúl VIDELA SANCHEZ con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO DE GIORGETTI, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Enrique Raúl VIDELA SANCHEZ dijo:

I.- Contra la sentencia de fs. 402/417, que hace lugar a la demanda condenando a abonar a la actora la suma de $12.337,00, se alza la parte perdidosa. Sus agravios lucen a fs. 436/440, mereciendo respuesta de su contraria a fs. 444/445.

En primer lugar se critica que la sentencia no alcanzó a visualizar que la defensa de prescripción opuesta al contestar la demanda poseía distinta extensión según se tratara de uno u otros de los variados créditos contenidos en el reclamo.

Afirma que el plazo no ha sido correctamente calculado, teniendo en cuenta el lapso de suspensión, hecho al que no le da importancia el recurrente. Después de describir los distintos créditos reclamados en la acción, afirma que en la diferencia por zona desfavorable debió declarar prescriptos los créditos de agosto de 2003. Ello, debido a que no fueron reclamados en las piezas postales de fs. 66 y 67.

Luego, como segundo agravio cuestiona la procedencia del pago de los decretos 1273/02, 2641/02, 905/03, 392/03 y 1347/03. Sostiene que no está probado en autos la existencia del amparo colectivo que la jueza utiliza como fundamento. Que el efecto que le otorga a la sentencia de dicho amparo, en contrario al Art. 75 inc. 12, de la Constitución Nacional, afecta las jurisdicciones locales. Que la inadmisibilidad del recurso ante la C.S.J.N. no significa la convalidación de la sentencia de la CNAT sala VI. Que la resolución 18884/02 C.G.E.P. existe, ya que fue formalmente sancionada y publicada. Que resulta una tesis peregrina, absurda, la que pretende válida y vigente a la resolución 175/02 de la Secretaría de Trabajo que no fue publicada ni invocada por la accionante. Que no es cierto que las resoluciones 169/02 y 175/02 tengan idéntico contenido normativo, cuando es esta última la que indebidamente amplía la nómina de sujetos beneficiarios.

En tercer término se agravia de la concesión del rubro "zona desfavorable del 40%" con la invocación de igual remuneración por igual tarea, cuando se trata de un personal extraprogramático y su remuneración fijada por la CGEP no contempla dicha asignación.

En cuarto lugar reprocha que no se hayan compensado los créditos cuando surge de la pericial contable que su instituyente abonó remuneraciones por encima de los mínimos legales por un monto equivalente a $28.820,33 y sólo se compensó el rubro a cuenta de futuros aumentos.

El quinto cuestionamiento lo es por la imposición de la tasa activa, contraria a la jurisprudencia sentada por el Tribunal y la Cámara.

En sexto y último lugar, se agravia en la forma como se impusieron las costas, cuando la mayoría de los rubros de la demanda fueron rechazados.

II.- Ingresando al análisis del primer agravio, referido a la prescripción, asiste razón al recurrente en cuanto a que la a quo contabilizó erróneamente el lapso.

Es así, pues si bien la relación laboral culminó el 22 de febrero de 2005, recién después el actor intimó los créditos reclamados en estos autos por carta documento del 4 de marzo de 2005 (fs. 63) e inició la acción dentro del año de suspensión del curso de la prescripción causado por dicha misiva, de conformidad con el Art. 3986 2° párrafo, del Código Civil.

De conformidad con la norma del Art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, el plazo de prescripción de los créditos laborales es de dos años.

En autos el reclamo por dichos créditos se produce el 4 de marzo de 2005 por intimación y dentro de ese lapso de suspensión (el 26 de setiembre del mismo año) se produce la interrupción que supone la presentación de la demanda. Así, conclúyese que los créditos vencidos antes del 4 de marzo de 2003 se encuentran prescriptos, por lo que corresponde hacer lugar parcialmente a este agravio.

La segunda cuestión refiere a la aplicabilidad o no de los decretos de incrementos no remunerativos (1273/02, 2641/02, 905/03, 392/03 y 1347/03) a los docentes privados.

Al respecto existen dos posiciones jurisprudenciales diferentes.

La que lo acepta sostiene que si bien existe contradicción en torno a la Resolución 175/02 del Ministerio de Trabajo, donde se establece que los docentes privados se encuentran comprendidos en las previsiones de los Decretos 1273/02 y 1371/02 y consecuentemente les corresponde la suma no remunerativa de $100, y lo dispuesto por el Consejo Gremial de Enseñanza Privada que resolvió la no aplicación del decreto 1273/02 dado que la Resolución 175/02 fue dictada en uso de la potestad que el propio Estado Nacional le concedió a la Secretaría de Trabajo, en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como órgano apto para dictar normas complementarias y aclaratorias del Decreto 1371/02, cabe concluir que los trabajadores docentes privados se encuentran comprendidos dentro de las previsiones de los decretos 1273/02 y 2641/02. (Cámara Nacional del Trabajo, sala III, autos: "Novellino Elba Rosario c/ Carneiro Emilia s/ despido", 07/12/2005, magistrados: Eiras y Porta - Exp. nº 6460/2004. Sent. nº SD. 873689, fuente: Lex doctor) En cambio, quienes la rechazan afirman que no son aplicables a los docentes de enseñanza privada los incrementos dispuestos por el decreto 1273/02 pues como señala en sus considerandos la resolución 921 del Ministerio de Trabajo (6 de diciembre de 2004), el art. 38 de la ley 24.195 consagra la equiparación salarial entre los docentes que trabajan en establecimientos oficiales y los que se desempeñan en igual cargo y función en establecimientos privados, en virtud del principio constitucional de igual remuneración por igual tarea"( Cámara Nacional del Trabajo, sala III, autos: "Zuccarelli Lidia Nora c/ Belgrano Day School S.A. s/ diferencias de salarios", 14/04/2006, Magistrados: Porta. Guibourg. Exp. nº 3673/2005. Sent. nº SD. 87.668. Fuente: Lex Doctor). También: "No cabe hacer lugar al reclamo relativo a la asignación no remunerativa dispuesta por el decreto 1273/02 y reclamada por un docente particular, en virtud de que el Consejo Gremial de la Enseñanza privada dispuso, a través de la Resolución 1884/02, que no es aplicable el mencionado decreto al personal docente de los establecimientos educativos comprendidos en el art. 2 de la ley 13047. Asimismo, a los docentes privados no les resulta aplicable el referido decreto debido a que sus salarios han sido equiparados a los docentes públicos y el propio decreto excluye de su ámbito de aplicación temporal a los trabajadores del sector público (art. 2), exclusión ratificada por el decreto 1371/02 y por el art. 2 de la Resolución Nº 169/02 de la Secretaría de Trabajo. Toq. 1223. (Cámara Nacional del Trabajo, sala IV, autos: "Lobnik Helena Eva c/Hermanas del Niño Jesús y otros s/ despido", 20/02/2007. Magistrados: Guthmann. Guisado. Moroni.- Exp. nº 2452/04. Sent. nºS D. 92.037/1. Fuente: Lex Doctor).

La primera cuestión -que si bien no ha sido planteada por la parte, surge de la jurisprudencia reseñada- es la referida a la ley 24195. El juez es quien determina el derecho aplicable, y dado que en algunos precedentes citados se la entiende aplicable a casos similares, motiva a considerar necesario su estudio.

La norma del Art. 38 de la ley 24195 dice: " Los/as docentes de las instituciones educativas de gestión privada reconocidas tendrán derecho a una remuneración mínima igual a la de los/as docentes de instituciones de gestión estatal y deberán poseer títulos reconocidos por la normativa vigente en cada jurisdicción".

Discrepo, en cuanto a un aspecto menor, de la interpretación que hacen los Camaristas Nacionales mencionados, en cuanto a que la norma hace una equiparación de remuneración. Considero claro que el texto establece que "tendrán derecho a una remuneración mínima igual al de los docentes de instituciones de gestión estatal". En buen romance, la norma expresa que los docentes privados no pueden cobrar una remuneración mínima menor a los que se desempeñan en instituciones de gestión estatal, sin abordar situaciones de salarios mayores.

Esta norma debe ser interpretada dentro del contexto del derecho del trabajo, y del orden público laboral. Ella establece un piso de orden público: "no menos de", pero sí pueden percibir más que dichos docentes de gestión pública.

Luego debemos preguntarnos si dichos decretos, que excluyen de su aplicación a aquellos trabajadores del sector privado que no estén regidos por la ley 14250 y amparados por Convenios Colectivos de Trabajo, son o no de aplicación a los docentes privados en el marco de protección constitucional y legal.

Es cierto que en materia salarial de los docentes privados corresponde resolver por el Consejo Gremial de Enseñanza Privada de conformidad a lo establecido por la ley 13047. Pero al ser un organismo administrativo, el mismo se halla sometido al control judicial suficiente.

En este sentido la CSJN ha dicho "El mayor o menor acierto o error, mérito o conveniencia de la solución adoptada por la autoridad administrativa, constituyen puntos sobre los que no cabe al Poder Judicial pronunciarse, en la medida en que el ejercicio de esas facultades discrecionales no se comprueba como irrazonable, inicuo o arbitrario." (C.S.J.N. 28/9/93, "Dos Arroyos S.C.A. c/Dirección Nacional de Vialidad").

La resolución 1884/2002 es aplicación directa del decreto 1273/2002 y, por extensión, a los restantes decretos de otorgamiento de cifras no remunerativas de carácter no alimentario. Establece aquella que este decreto no es aplicable a los establecimientos educativos comprendidos en el Art. 2 de la ley 13047.

Pero previo a ingresar en el correlato entre la norma del Consejo y los Decretos de Necesidad y Urgencia, debemos estudiar la razonabilidad de éstos.

Es criterio sostenido por esta sala, en distintos precedentes, que la crisis de fines del año 2001 y principios de 2002 justificó la mayor protección al sector más afectado por la misma, cuales eran los trabajadores dependientes, y la prolongación de dicha situación justificó los posteriores decretos de prórroga hasta llegar a la ley 25972.

Era el Estado Nacional, a través del Poder Ejecutivo, quien reconocía la situación de crisis -por otro lado evidente- y buscaba a través de dichos medios, al menos, paliar su gravedad. Frente a la misma crisis y con fundamento en ella, el mismo Poder Ejecutivo dicta los decretos 1273/2002, 2641/2002, 905/2003, 292/2003.

En el primero se justifica su dictado en "Que la crisis económica que atraviesa nuestro país ha deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios perjudicando a los trabajadores y acentuando la recesión que afecta a la economía nacional." Y luego de recalcar que al mismo se arriba por acuerdo de los sectores, expresa "que el presente decreto tiende a corregir el deterioro que vienen padeciendo las remuneraciones en general y los salarios de menor cuantía en especial, como así también se propone impactar positiva y directamente en la demanda agregada y en el consumo, pero sin incidir significativamente en los costos y en los precios de bienes y servicios." Los restantes decretos tienen similar justificación.

A poco de analizar el primer artículo de dichos decretos, surge con claridad la exclusión de los docentes privados. Decimos esto en razón de que aquellas son sólo aplicables a aquellos trabajadores del sector privado comprendidos en los convenios colectivos de trabajo, que no es el caso de los docentes privados, siendo conteste con estas disposiciones la resolución del Consejo Nacional de Enseñanza Privada que los excluye del ámbito de aplicación del DNU 1273/02.

Pero cabe establecer si esa diferenciación que realizan los decretos se encuentra justificada o, por el contrario, si es arbitraria. Siempre se ha dicho que el principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional debe interpretarse como trato igual en igualdad de circunstancias.

Así la CSJN ha dicho "La garantía del artículo 16 de la Constitución entrega a la prudencia y sabiduría del Poder Legislativo una amplia libertad para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de la legislación. Empero, la validez constitucional de esas catalogaciones se halla subordinada a que emanen de causas objetivas o razones sustanciales, a efectos de que resulte excluida toda disparidad o asimilación injusta, a las que conducirían criterios arbitrarios de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase, o de ilegitima persecución. (C.S.J.N. 4/5/90 "Cook Carlos Augusto - vocal de Cámara de Apelación de C. del Uruguay s/ Amparo").

En igual sentido ha remarcado el alto cuerpo "la garantía de igualdad ante la ley importa el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales condiciones." (C.S.J.N. 11/12/90, "Videla Cuello, Marcelo SUC. C/Provincia de la Rioja") Es evidente que "El agravio a la igualdad sólo se configura si la desigualdad emana del texto mismo de la ley, no de la diversa interpretación que pudieren acordar los jueces a una norma de derecho común." (C.S.J.N. 10/7/90 "Sosa Guillermo") En autos nos encontramos con que los decretos mencionados tienen su fundamento en la crisis económica que padecieron todos los habitantes de la república, y no se encuentra razón alguna que justifique la exclusión de parte de ellos, en el caso de un docente que trabaja en el sector privado.

Repito: si la razón del Decreto de Necesidad y Urgencia y de la cifra no remunerativa otorgada a los trabajadores es la crisis, no se entiende la marginación de los docentes privados, por lo que entonces la norma es inconstitucional, en cuanto les excluye, no obstante encontrarse en similares circunstancias a otros trabajadores de la educación.

Por ello es que, en definitiva, entiendo deben considerárselos comprendidos. Máxime, el sector docente, que en nuestro país se encuentra seriamente postergado, y como en el caso de la actora, al momento del dictado de los mencionados decretos, su remuneración era inferior a los $1.000.

A ello sumamos, muy principalmente, que en la argumentación de autos no ha sido invocado ni surge de los recibos de sueldo de la actora, que para el sector docente que le comprende -involucrado durante la vigencia de los mencionados decretos- haya existido un aumento salarial igual o mayor, que justificara el trato desigual dado por dichas normas. Justamente la existencia de aumentos, aunque fuese por otros dispositivos legales, es lo que motiva lo decidido en el caso ya citado de los autos: "Lobnik Helena Eva c/ Hermanas del Niño Jesús y otros s/despido".

Cabe así concluir que los mencionados decretos de necesidad y urgencia, al excluir a los docentes privados, sin que aparezca que de otra forma salarial se les compensara, de ser interpretados en su literalidad, afectan el principio constitucional de igualdad (art. 14 C.N.) ya que no existe justificación que dé fundamento suficiente para la exclusión dispuesta.

En razón de lo expuesto propugno confirmar en la parte pertinente la sentencia de grado, rechazando el agravio respectivo de la parte demandada.

El siguiente agravio refiere a que la a quo hace lugar al reclamo por diferencia en el plus por zona, en razón del principio de igualdad.

Por ley 2265 y decreto 175/2003 que se aplica a partir del 1 de febrero de 2003, la zona desfavorable para el docente que trabaja en el sector público se vio elevada al 40 por ciento.

Como ya se dijo, el Art. 38 de la ley 24195 dice que los docentes de las instituciones educativas de gestión privada reconocidas, tendrán derecho a una remuneración mínima igual a la de los que se desempeñan en instituciones de gestión estatal. Esta igualdad establecida por ley alcanza al porcentual por zona desfavorable, por lo que así corresponde declararlo aquí debiendo rechazarse el respectivo agravio expresado por la parte demandada.

Además corresponde el rechazo de la pretensión de compensar el monto que surge en la fs. 302 con lo adeudado, debido a que no es el sueldo que la actora debía percibir. De conformidad con la paridad establecida en la ley 24195, a la que hicimos referencia, era necesario realizar esa comparación con los sueldos que percibía un docente que trabajaba para el Estado Provincial en iguales condiciones que la actora.

Debe puntualizarse que la ley 24195 es posterior -y resulta superior en cuanto al resultado remunerativo- a la resolución que el perito utiliza para la comparación. Por ende, la misma perdió relevancia a partir de la entrada en vigencia de la norma legal: 13 de mayo de 1993 (publicada en el B.O. 05/05/1993).

Entonces, la comparación para determinar si percibía un sueldo superior al establecido debió hacerse con los salarios de su equivalente, docente público provincial.

Por ello es correcto lo realizado por la a quo en la sentencia de grado al compensar lo adeudado con el adicional a cuenta de futuros aumentos y tickets.

En virtud de estos fundamentos corresponde postular el rechazo del agravio en análisis.

Distinta suerte han de correr los dos agravios finales vertidos por la demandada.

En relación a la aplicación de la tasa activa, he venido diciendo que no corresponde su aplicación, siendo que la tasa a aplicar es la mix entre activa y pasiva que para sus operaciones utiliza el Banco Provincia del Neuquén.

En aras de la brevedad me remito a lo señalado en tales antecedentes "Garcés Yolanda Alicia c/Siembra Seguros de Vida s/Cumplimiento de Contrato" (Expte. Nº 283083-Ca-2), donde se planteara la tasa mix para los honorarios profesionales, cuando el recurrente entendía debía ser la activa -art. 49 inc. b, ley 1594- teniendo en cuenta el carácter alimentario de los mismos y el componente inflacionario de la economía nacional. En autos: "Cia. Financiera Argentina S.A. c/ Arias Mercedes s/ Cobro Ejecutivo" (Expte. Nº 318430-CA-4) se trajo a colación el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, del 17 de febrero de 2004, "AVAN S.A c/ BANCO TORQUINST S.A.", importante fallo, reseñado con cierta extensión.

En igual sentido me he pronunciado en los autos "LEFIÑANCO HUILIPAN NICOLAS CONTRA CIMALCO NEUQUEN S.A. S/ DESPIDO" (Expte. EXP Nº 321105/5) P.S. 2006 III fº560/571 Sala I sentencia N° 106, y en "FERREIRA YEVENES SAMUEL FABIAN CONTRA PARIGIANI HECTOR HUGO S /COBRO DE HABERES" (EXP. Nº 315110/4) P.S. 2006 III fº 518/520 Sala I sentencia N° 98 y REYES APABLAZA MARCELO ALEJANDRO CONTRA CORREO ARGENTINO S.A. Y OTRO S/ACCIDENTE LEY" (EXP Nº 294272/3) En referencia a los razonamientos que señala la a quo con el objeto de reafirmar su posición a favor de la tasa activa, entiendo, en realidad, conciernen más a la dimensión de la indemnización adeudada al trabajador víctima del accidente, que a la condena accesoria que significan los intereses, por lo que no conmueven la conclusión de mantener mi posición sobre ellos.

Entiendo que el análisis realizado en los casos enumerados, como en todos aquellos donde se tocó el punto, no ha perdido vigencia y por ello es válido en el presente. Así corresponde hacer lugar al planteo de la demandada y cambiar la tasa de interés a fijar al capital adeudado, estableciéndola en la promedio entre activa y pasiva que para sus operaciones crediticias efectúa el Banco Provincia del Neuquén.

Finalmente, con relación a las costas, entiendo que el obrar de la demandada encontraba su justificación en la norma legal, y en la resolución del Consejo Gremial de Enseñanza Privada, por lo que la parte bien pudo con fundamento creer que obraba conforme a derecho. En virtud de ello entiendo corresponde cambiar la imposición de costas en primera instancia y cargarlas en el orden causado y proceder de igual forma en esta instancia, confirmando los honorarios regulados en la instancia de grado por adecuarse al nuevo resultado del pleito y regulando los de Alzada de acuerdo al art.15 de la Ley 1594.

Así lo voto.

El Dr. Lorenzo W. GARCIA dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto:

SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs. 402/417 en lo principal, modificándola en relación a la tasa de interés a fijar al capital adeudado, que se establece en la promedio entre activa y pasiva que para sus operaciones crediticias efectúa el Banco Provincia del Neuquen y las costas, que se imponen en el orden causado.

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado.

3.- Regular los honorarios de Alzada, (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Enrique VIDELA SANCHEZ - Dr. Lorenzo W. GARCIA Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 45 - Tº II - Fº 201 / 207 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A I- Año 2008.