Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-16


En nos Aires,16 de agosto de 2007.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado C contra la resolución del juez de grado obrante a fs. 76/vta a través de la cual dispuso declararse incompetente para intervenir en la presente causa.

Y CONSIDERANDO:

I. Que se iniciaron las presentes actuaciones el 5 de febrero de 2007, aproximadamente a las 14.50 hs, en la intersección de Av. Darwin y Gorriti, con la detención de A. R. C., indocumentado, a quien se le secuestró un revólver color negro .

II. Que a fs. 73/74 la María del Carmen Giocco, cotitular de la Fiscalía en lo Contravencional nro. 7, solicitó que el Juez declare su incompetencia para entender en las presentes actuaciones y ordene la remisión de la causa a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional a fin de que desinsacule el Juzgado de Menores que deberá seguir interviniendo en la presente causa.

Ello así toda vez que si bien el preventor -al inicio de las actuaciones- y el perito ad hoc -en su informe de fs. 27- individualizaron el arma que se encontraría en poder del imputado como un revólver calibre 32 largo de color mate, sin numeración alguna, sin cachas de empuñamiento, lo cierto es que del informe pericial remitido por la División Balística de la PFA (fs. 66/69), se desprende que el arma secuestrada resultó ser un revólver doble acción calibre 38 special.

Que conforme los arts. 4º y 5º del decreto ley 395/75 es un arma de guerra, circunstancia que excede la intervención de este fuero.

III. Que a fs. 76/vta, el Sr. Juez de Grado, Alfredo L. Durante, resolvió declarase incompetente para continuar entendiendo en la causa y remitirla a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en razón de que la tenencia de portación de arma de guerra excede la medida de la jurisdicción de este fuero.

IV- Que a fs. 78/80vta. la Marcela Millán, intepone recurso de apelación contra la resolución mencionada supra y refiere tres cuestiones: 1º) que su asistido es un joven de 14 años inimputable para la ley penal, conforme lo normado por el art. 1 de la ley 22.278; 2º) Que las diferencias que surgen entre los informes de fs. 27/vta y 66 y ss, en relación al arma secuestrada y peritada (diferencia en calibre y numeración) lleva a dudas de que estemos frente al mismo revólver o bien a que pudo existir algún tipo de error en el arma peritada; 3º) Que en cualquiera de los casos la conducta es atípica por no resultar el arma apta para el disparo, circunstancia en la que sí coinciden ambos informes periciales.

Que en atención a ello, se opuso a la declaración de incompetencia dictada y solicitó el sobreseimiento de C., conforme lo dispuesto por el art. 56, inc. 3º, párrafo b) de la ley 1287. Finalmente hizo reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y del caso federal.

V- Que a fs. 88/89vta. la Sra. Fiscal de Cámara manifestó que la incompetencia dictada se ajusta a derecho por lo que se deberá confirmar la resolución en crisis. Refirió que la ley 25752 solo transfirió a este fuero la competencia para entender en los hechos de tenencia, portación y suministro -a quien no fuera legítimo usuario- de armas de uso civil (conf. art. 1 de la citada ley), por lo que tratándose de un arma de guerra, este fuero resulta incompetente.

Que la supuesta duda que pretende introducir la recurrente en cuanto a que no se sabe si el arma sobre la cual se practicó el informe pericial de fs. 27/vta. es la misma que se examinó en la pericia de fs. 68/69, no encuentra asidero en las constancias de la causa. Ello así por cuanto dicho informe no es una pericia en sentido formal, sino una simple opinión de una persona experimentada sobre un objeto en particular que solo llevó a cabo una inspección visual del objeto.

Que la imagen del revólver secuestrado de fs. 10, es idéntica a las fotografías de fs. 69, por lo que ninguna duda cabe que se trata de la misma arma. A ello aduna que la decisión recurrida no conculca la garantía de defensa en juicio ni el debido proceso toda vez que las cuestiones introducidas en cuanto a la inimputablidad de su asistido en torno a su edad o sobre la atipicidad de la conducta tendrá oportunidad de plantearlas en sede nacional, justamente ante el "juez natural" de la causa.

VI- Que a fs. 91 la Asesora Tutelar Adjunta de Menores, María de los Angeles Burundarena, adhirió al planteo efectuado por la Defensora Oficial y solicitó la revocación de la resolución de la juez de grado.

VII- Que a fs. 93/94vta. la cotitular de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nro. 8, Gabriela Marquiegui Mc Loughlin, refirió que las dudas acerca de la identidad del arma surgen del sumario. Que no se puede aseverar que el arma secuestrada sea calibre 38 y, por lo tanto, que sea de guerra.

Que no se ha dilucidado el encuadre legal del hecho investigado y que, en cualquiera de los casos, la conducta es atípica por no resultar el arma apta para el disparo, circunstancia en la que sí coinciden ambos informes periciales. Por todo ello, solicitó que se revoque la resolución recurrida y se disponga el sobreseimiento de su asistido C. Finalmente hizo reserva del caso federal y de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.

VIII- Que a fs. 95 pasan los autos a resolver.

I- PRIMERA CUESTION Que en primer término, y siendo que el recurso de apelación interpuesto por la Defensa reúne los requisitos de admisibilidad exigidos por el art. 61 de la ley 12- esto es, ha sido interpuesto en escrito fundado, contra una resolución que no obstante no ser una sentencia definitiva debe ser asimilada a ella por sus efectos, y dentro de los cinco días de notificado -corresponde declararlo admisible y analizar la segunda cuestión, relativa a la incompetencia de esta Justicia Contravencional y de Faltas para entender en el caso traído a estudio.

II. SEGUNDA CUESTION Las presentes actuaciones llegan a este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por la Defensa contra la resolución dictada por el juez que rechaza la competencia en relación al hecho investigado, en razón de que el calibre del revólver secuestrado -38 special- establecido a través de la pericia balística determina que es de guerra y dicha circunstancia excede la medida de la jurisdicción de este fuero.

Por su parte la Defensa refiere tres cuestiones: 1º) que su asistido es un joven de 14 años inimputable para la ley penal, conforme lo normado por el art. 1 de la ley 22.278; 2º) Que las diferencias que surgen entre los informes de fs. 27/vta y 66 y ss en relación al arma secuestrada y peritada (diferencia en calibre y numeración) lleva a dudas de que estemos frente al mismo revólver o bien a que pudo existir algún tipo de error en el arma peritada; 3º) Que en cualquiera de los casos la conducta es atípica por no resultar el arma apta para el disparo, circunstancia en la que sí coinciden ambos informes periciales.

Siendo así, debemos determinar en primer lugar si nos encontramos o no en presencia de un arma de guerra. Para ello, la cuestión a dilucidar radica en determinar si existe, tal como lo afirma la defensa, alguna duda acerca del tipo de arma secuestrada.

Al respecto, si bien existe una diferencia en cuanto a lo referido sobre el calibre del arma entre el informe de fs. 27 y la pericia practicada por la División Balística de fs. 66/69, lo cierto es que no se puede otorgar el mismo valor a ambas pruebas, toda vez que el informe se distingue de la pericia por ser una mera inspección sobre el arma, con ausencia de operaciones técnicas sobre ella y falta de fundamentación.

En este sentido se expresa que la "prueba pericial es el procedimiento regulado legalmente para obtener en el proceso conclusiones probatorias a través de peritos. La operación integral se conoce por pericia o peritación, y tiene fundamental importancia en el proceso penal para la determinación de diversos hechos o circunstancias. Se trata de una actividad compleja cuyos aspectos esenciales son la determinación de los puntos a considerar y del dictamen que se emite sobre ellos.

Adquiere estado procesal cuando se cumplen todas las formalidades previstas por la ley, lo que la distingue de los informes técnicos... Todos los códigos procesales penales la prevén como medio autónomo en atención a sus específicos caracteres". (Claria Olmedo, Jorge A., Derecho Procesal Penal, Rubinzal Culzoni, 2001, Tomo II, pág. 319).

De este modo, el dictamen científico sobre el arma que fuera practicado a fs. 66/69 disipa toda duda acerca de su calibre. Por otra parte, en el caso de que la defensa hubiera considerado que la pericia practicada por expertos no era adecuada, podría haber solicitado un nuevo examen, pues habiendo tenido oportunidad de impugnarlo consintió sus efectos, tomando como válidos sólo aquellos puntos que consideraba a su juicio relevantes, como la inaptitud para el disparo del arma secuestrada, pero cuestionando su resultado, en cuanto a que el calibre del arma era 38 special y a su numeración.

En cuanto a esta última circunstancia es dable referir que no existen discrepancias al respecto. Ello así toda vez que la pericia balística corrobora que era dificultoso determinar cual era su numeración -habida cuenta de que la superficie se encontraba afectada por oxidación y escasa profundidad de la impresión de los guarismos-, pero por ser más exhaustiva que el examen visual practicado anteriormente en el informe de fs. 27, en esta última oportunidad sí se pudo establecer.

A lo expuesto se suma, tal como lo afirma la Fiscal de Cámara, que existe identidad entre las fotografías obrantes a fs. 10 y 69, que fueran tomadas al revólver secuestrado, por lo que no hay dudas de que se trata de una misma arma.

Sentado ello, asiste razón al Juez de grado en cuanto a que el arma secuestrada es un arma de guerra toda vez que conforme el art. 5º inc. 1º ap. B. Dto. 395/75, texto conforme dto. 821/96, los revólveres de uso civil tanto de simple como de doble acción abarcan hasta el calibre 32 inclusive y por lo tanto todos aquellos que no se encuentren comprendidos como de uso civil se clasifican como de guerra, tal como lo refiere el art. 4 del mencionado decreto.

Siendo así y considerando que el Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires transfirió solamente la investigación y juzgamiento de la tenencia y portación de armas de fuego de uso civil, cabe concluir, tratándose del secuestro de un revólver calibre 38, que este fuero carece de competencia para investigar y juzgar el hecho imputado a A. R. C. (tenencia de arma de guerra).

En cuanto a la inaptitud del arma para el disparo como así también a la inimputabilidad del menor alegada por la defensa -en atención a que si bien de las constancias obrantes en autos se desprendería que tendría 14 años de edad, aún no se ha acreditado fehacientemente dicha circunstancia-, cabe afirmar que ambas cuestiones resultan ajenas a la competencia de este fuero y deberán ser dilucidadas por el Juez competente en la materia. Ello así toda vez que habiéndose determinado por la pericia practicada que el arma era de guerra, este fuero ya no conserva su potestad para determinar aquellas circunstancias.

Por lo expuesto el Tribunal, RESUELVE:

I- CONFIRMAR la resolución del Señor Juez a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas nro. 1 obrante a fs. 76/vta., en cuanto se declara incompetente para entender en las presentes actuaciones y dispone remitirlas al Juzgado Nacional de Menores que resulte desinsaculado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (arts. 18 CN, 13 inc. 3º CCABA, 189 bis, inc. 2º, párrafo 2 CP y arts. 1, 29, 35 y 36 CPPN).

II- Tener presentes las reservas efectuadas por la defensa.

Notifíquese con carácter de urgente, regístrese y oportunamente remítase al Juzgado de origen a sus efectos.

Ante mi: