Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-02-13


SALA SEGUNDA Expte. Nº4599 "c/ MENGUAL, Sergio Ariel Homicidio Culposo (art. 84 C.P.) en perjuicio de Luciana Noel Barrientos Casación" En la Ciudad de San Juan, a trece días del mes de febrero del año dos mil nueve, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Carlos Eduardo Balaguer y Adolfo Caballero, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal -ante la inexistencia de cuestiones incidentales se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos?. En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?.

EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO: Contra la sentencia de fecha quince de setiembre de dos mil ocho, dictada por el Cuarto Juzgado en lo Correccional, interpone recurso de casación, la parte querellante constituida en autos.

El auto recurrido resolvió absolver por el beneficio de la duda a Sergio Ariel Mengual, por el delito de "Homicidio Culposo" (art. 84 del C.P.), en perjuicio de Luciana Noel Barrientos.

Los motivos alegados como sustento de la pretensión casatoria son la fundamentación aparente del fallo al haberse apartado arbitrariamente de las constancias probatorias, omisión de extremos conducentes y apartamiento de las reglas de la sana crítica racional, todo lo que lleva a que el fallo resulte nulo, conforme las previsiones del ordenamiento procesal.

Al momento de desarrollar los agravios expuestos expresa que el a quo se apartó de las circunstancias de la causa cuando sostuvo debido a la existencia de contradicciones entre las declaraciones de los testigos la imposibilidad de establecer la velocidad desarrollada por el vehículo conducido por el imputado, destacando que, a contrario de lo relatado en la sentencia, los testigos Sarmiento, Espinoza y Bertagna sumado a la inspección ocular efectuada por el funcionario de Policía Roberto García, permiten demostrar con total claridad la verdadera velocidad a la que se desplazaba el acusado al momento del accidente, y que fuera la causante de que no pudiera frenar a tiempo el vehículo ante la aparición de la víctima, dejando las huellas que da cuenta el acta de inspección mencionado.

En lo que hace al tema referido a la imprevisibilidad de la aparición de la menor expresa que también el a quo se aparta de las circunstancias de la causa, omitiendo considerar la declaración de Espinosa, quien transitaba en una bicicleta en la misma dirección que el acusado y, al advertir que aquella podía volver sobre sus pasos puede colegirse fácilmente que Mengual también pudo y debió haber previsto tal circunstancia, concluyendo en que el acusado circulaba a velocidad no permitida en zona urbana, que frenó a una velocidad excesiva, que pudo prever el obrar de una persona carente de experiencia, lo que lo hace incurso en violación a las normas reglamentarias (arts. 29, 41, 50, 51 y 52 de la Ley 24449).

En otro orden de ideas manifiesta que se han valorado en forma incorrecta algunos elementos probatorios como son el testimonio de Espinoza corroborado por el de Sarmiento y el acta labrada por el oficial García, lo que a su criterio conduce inexorablemente a que la sentencia posea una fundamentación aparente, que la descalifica como acto jurisdiccional válido.

Concedido que fue el recurso en la instancia de mérito, la causa quedó radicada en esta sala, notificando a las partes a los fines de los artículos 582 y 571 primera parte del C.P.P., dándose inicio al plazo de presentación de informes, en cuyo transcurso compareció el recurrente a fin de ratificar los términos del escrito de interposición del recurso, haciendo lo propio el señor Fiscal General de la Corte quien, en el dictamen obrante a fs. 213/215 expresó que el recurso interpuesto debe ser rechazado en virtud de que la pretensión recursiva, bajo el pretexto de arbitrariedad, pretende una nueva y distinta revaloración de la prueba, tarea que es facultad exclusiva del tribunal a quo, amén de que, en el presente caso, la absolución decretada, lo es por aplicación del principio in dubio pro reo, que constituye una regla procesal relativa a la comprobación del delito y a la participación del imputado que escapa al control casatorio.

Precisadas así la posición de las partes, corresponde entrar a su análisis, debiendo anticipar que a mi criterio los agravios traídos deben ser rechazados en base a las consideraciones que a continuación voy a desarrollar.

De la lectura de los agravios traídos por el recurrente, se advierte que están dirigidos a cuestionar la valoración que, del material probatorio, ha efectuado el a quo, por más que se intente so pretexto de arbitrariedad impugnar el fallo invocando falta de motivación o motivación inexistente.

"La ley fundamental impide que se trate como culpable a la persona a quién se le atribuye un hecho punible, cualquiera sea el grado de verosimilitud de la imputación, hasta tanto el Estado, por intermedio de los órganos judiciales establecidos para exteriorizar su voluntad en esta materia, no pronuncie la sentencia penal firme que declare su culpabilidad y la someta a una pena. La afirmación emerge de la necesidad del juicio previo y de allí que se afirma que el imputado es inocente durante la sustanciación del proceso o que los habitantes de la Nación gozan de un estado de inocencia, mientras no sean declarados culpables por sentencia firme, aun cuando con respecto a ellos se haya abierto una causa penal, y cualquiera que sea el proceso de esa causa." (P.R.E. S.2ª. 2008-III-555).

De lo precedentemente expuesto surge, con distintos alcances según el momento procesal de que se trate -y con sentido progresivo-, que las situaciones excluyentes de certeza benefician al imputado. La duda (lato sensu), que al comenzar el proceso tiene poca importancia, va cobrándola a medida que se avanza, aumentando el ámbito de su beneficio, hasta llegar a la máxima expresión de su alcance en el dictado de la sentencia definitiva.

-- En este último momento es cuando se evidencia con toda su amplitud este principio, pues, como ya se vio, el sistema jurídico vigente requiere que el tribunal, para poder dictar una sentencia condenatoria, logre obtener y demostrar, de la prueba reunida en el juicio, la certeza acerca de la culpabilidad del acusado. De ello se sigue que, en caso de incertidumbre, éste deberá ser absuelto: in dubio pro reo.

"La declaración acerca de la intervención que a un imputado le cupo en un hecho debe ser fruto de un juicio de certeza, cumplido por el tribunal de mérito, según las reglas de la sana crítica racional" (T.S.J. Córdoba, Sala Penal, "Trafico", 9/2/83). La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que ". Las sentencias en causas criminales deben fundarse en pruebas concluyentes que den certeza absoluta de la existencia del delito y de la identidad del delincuente." ("Fallos", 9-290).

-- De la lectura del fallo, surge que la sentenciante hace hincapié en la carencia de elementos probatorios que permitan acreditar la responsabilidad penal del acusado, y en tal sentido meritúa la declaración del imputado, la prestada por el testigo Espinoza y la rendida por la señora María del Carmen Araoz, quienes aportan tres versiones diferentes del obrar de la menor Barrientos, víctima del accidente.

En efecto, el acusado expresa que la menor aparece corriendo por detrás de una camioneta estacionada, en tanto el testigo Espinoza sostuvo que cruza la calzada y al llegar a la mitad se vuelve, y ahí es donde la camioneta conducida por el acusado la toca y arrolla; por su parte la señora Araoz relata que la menor estaba parada en la orilla y que en ningún momento cruzó la calle.

-- Estas versiones disímiles entre sí no hacen más que confirmar que el estado de incertidumbre puesto de manifiesto por el juzgador, se compatibiliza con la prueba que el mismo refiere, como así que los dichos del acusado no han sido controvertidos.

En este orden de ideas, se aprecia que Mengual declaró que en el momento que advierte la presencia de la menor que sale corriendo por la parte trasera del carro, ". trata de esquivarla, frena y sin querer la toca.", lo que dice a las claras que si efectivamente la aparición de la criatura fue intempestiva cosa que no ha podido probarse con contundencia su obrar se habría adecuado a las pautas reglamentarias y convencionales que rigen la circulación vehicular.

Al respecto, esta Sala ha expresado que ". la duda consiste en aquel estadio de conocimiento del juzgador que, frente a una hipótesis por verificar -la comisión del hecho delictivo le permite inferir de igual manera, la existencia o inexistencia de aquella por cuanto los elementos contradictorios no permiten emitir juicio alguno. Y al imputado lo ampara un estado jurídico de inocencia, el que sólo podrá ser destruido mediante la certeza de la autoría y culpabilidad; si esta certeza está ausente, no cabe sino la absolución (cfr. P.R.E. S.2ª. 2005-III-442).".

Al no haberse podido probar cuál fue la mecánica del accidente en cuestión, teniendo en cuenta que la velocidad a la que el acusado se desplazaba, que no aparece como excesiva, y ante la duda razonable que genera el resto de los elementos incriminatorios obrantes en autos, considero que la absolución se impone.

Esta Sala al respecto ha expresado que ". Para el dictado de una sentencia condenatoria y la consecuente aplicación de una pena se hace necesario la existencia de certeza para que la presunción de inocencia se desvanezca; la duda y/o probabilidad impiden la condena y acarrea necesariamente la absolución; ambas son dos caras de una misma moneda que se resuelven sólo en la certeza, porque cuando un juez no duda sobre la solución que debe dar al caso es porque tiene la certeza y así lo expresa.". (P.R.E. S.2ª. 2008-I-136).

El resto de los agravios traídos en el recurso sólo trasuntan una visión diferente de la querellante en cuanto a la apreciación del material probatorio y la aludida carencia de motivación no es tal, en razón de que la conclusión a la que arriba se encuentra plenamente justificada en las constancias probatorias que el fallo cita.

Considero que el a quo hizo una correcta aplicación del principio de inocencia y que el fallo, a diferencia de lo que el recurrente impetra, posee una adecuada fundamentación, lo que me lleva a propiciar el rechazo del recurso concedido.

Tal es mi voto.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. CARLOS EDUARDO BALAGUER Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON: Que adhieren a lo expresado.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de casación interpuesto. Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos.

Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, Carlos Eduardo Balaguer y Adolfo Caballero. Ante mí: María Graciela Aguilar de Fornés-Secretaria Letrada.

NIL Cp-4599 P.R.E. S.2ª. 2009-I-33