Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-04-07


La Plata, abril 7 de 2010.

Antecedentes I. A. N. I., por derecho propio, promueve demanda contencioso administrativa contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, solicitando su reincorporación al ente demandado en las mismas condiciones en que se encontraba antes de la promoción del sumario que resolvió su exoneración, requiriendo asimismo se arbitren los medios pertinentes para que no se lo incluya en Registro de Deudores Morosos y Firmas Inhabilitadas de dicha Institución, ni se le inicien (o continúen, en su caso) acciones judiciales en su contra tendientes a que el Banco pueda recuperar a su costo dinero que pudieran adeudarle terceras personas. Pide condenación en costas.

II. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio el Banco de la Provincia de Buenos Aires, plantea la improcedencia formal de la demanda y solicita su rechazo.

III. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular a los autos, los cuadernos de prueba de ambas partes y glosado el alegato de la demandada, no habiendo hecho uso de ese derecho la parte actora, la causa quedó en estado de dictar sentencia, decidiéndose plantear y votar la siguiente cuestión: ¿Es fundada la demanda? A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. Previo a analizar la pretensión del actor, corresponde que me detenga en el planteo efectuado por el representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires, quien considera improcedente formalmente la demanda dado que a su parecer el actor no ha atacado de manera puntual y específica los actos administrativos emanados del Directorio de la Institución -resolución 1316/00 recaída en los sumarios 10.478 y 10.694 que merecieran tratamiento conjunto por tratarse del mismo agente, mediante la cual se dispuso la exoneración del actor, y la disposición 240/01, que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra el referido acto-.

Alega que el accionante, de forma simple e inadecuada, se limita a afirmar que siempre cumplió sus obligaciones, que no cometió falta alguna, careciendo de fundamentos mínimos que avalen su pretensión (v. fs. 64 vta. de estos actuados).

De tal afirmación se corrió traslado a la parte actora (v. fs. 72), el que fue contestado a fs. 73/74.

Al respecto considero que la alegación efectuada en el punto III-D de la contestación de la demanda, carece por completo de fundamentos y por ello debe ser desestimada.

La afirmación referida no constituye una defensa o excepción en sentido procesal, motivo por el cual considero que, por su manifiesta inatendibilidad, debe ser obviada en este pronunciamiento (doctr. causas B. 62.837, sent. del 8-VIII-2007; B. 62.840, sent. del 27-III-2008 y B. 62.616, sent. del 18-II-2009).

En efecto, el fundamento en el que se basa la oposición formal supone un análisis de la suficiencia de la demanda que, obviamente, es el que en todo caso corresponde efectuar al Tribunal en el momento de considerar el fondo del asunto.

Por ello, juzgo que corresponde rechazar el planteo formulado por el representante del Banco acerca de la inadmisibilidad formal de la pretensión.

II. Sentado ello, relata el actor en su presentación inicial que se desempeñó como agente del Banco de la Provincia de Buenos Aires -personal en relación de dependencia- desde el 7-IX-1971, ingresando como auxiliar de la filial San Cayetano.

Señala que desde entonces trabajó para la citada Institución en diversas filiales (Tandil, Azul, Orense, Copetonas, de la Garma, Coronel Pringles, Olavarría), en forma correcta y en permanente ascenso.

Indica que con posterioridad fue designado gerente de las filiales de Pinamar -12-II-1987-, General Madariaga -12-VII-1990-, Henderson -23-XII-1993-, Treinta de Agosto -30-I-1997- y por último en la localidad de Daireaux -20-II-1997-.

Agrega que cuando asume la gerencia en la filial Daireaux, se encuentra con una situación socioeconómica financiera en la región sumamente difícil, con una cartera de clientes con serias dificultades para hacer frente a las obligaciones que habían contraído con el Banco.

En tal contexto explica que las garantías o respaldos que en su momento podrían haber avalado sus deudas, debido a la situación económica, tornaban dificultoso su cobro. Considera que exigir el cumplimiento inmediato de los compromisos asumidos, era condenar a los clientes a la quiebra, y ello importaba, según dice, la posibilidad casi segura de no cobrar más el importe adeudado.

Por tales motivos, añade, dentro del margen de sus atribuciones, realizó las gestiones pertinentes para disminuir el saldo acreedor que existía.

Destaca que la filial poseía serias dificultades financieras, siendo su obligación normalizar dicha situación.

Considera que en cada caso obró correctamente dentro de la normativa legal.

Afirma que toda operación bancaria tiene un riesgo. En tal marco explica que es posible que la situación financiera de algún acreedor del Banco le haya impedido saldar el crédito que se otorgara durante su gestión. Pero sostiene que ello no puede utilizarse para calificar su conducta de irresponsable, negligente, culposa, y menos aún, dolosa.

Agrega que el Banco de la Provincia de Buenos Aires posee, como toda institución bancaria, una cartera importante de clientes en mora.

Menciona que la depreciación venal de los bienes dados en garantía de préstamos y la falta de dinero para comprar los mismos en subastas judiciales, hace que muchos créditos se tornen de imposible pago.

Señala que un gerente de Banco no puede prever estas situaciones, y si lo hiciera, serían escasas las operaciones bancarias que habilitaría con su firma.

Añade que la demandada conoce el riesgo lógico que existe, destacando que en ciertos casos se olvida de ello y busca en el gerente un "chivo emisario".

Precisa que luego de años de un correcto desempeño en sus funciones, se encuentra involucrado como imputado en un sumario administrativo, habiéndosele formulado también una denuncia penal en su contra para que se investigue su actuación.

Afirma que ante sospechas de irregularidades durante la gerencia anterior en la filial Daireaux, la demandada inició una investigación sumarial mediante los expedientes 10.478 y 10.694.

Continúa diciendo que como era su deber, colaboró en dicha investigación, siempre en carácter de gerente de la sucursal, con la finalidad de aclarar cualquier duda al respecto.

Aclara que nunca se negó a colaborar, y como no lo consideraba necesario, tampoco pidió asesoramiento legal. Precisa que en todo momento obró de buena fe en el desarrollo del sumario, sin sospechar que pudiera imputársele alguna conducta disvaliosa a su persona.

Precisa que dio explicaciones de todas las operaciones bancarias en las que intervino y en las que se encontraba involucrado el y sus familiares.

Indica que reconoció haber recibido una nota de un cliente del banco en la cual se hacía referencia a la actuación del anterior gerente de la filial. Sostiene que de haber considerado que su actuación podía tildarse de irregular, podría haber desconocido la misma.

Dice que con sorpresa recibe al tiempo la comunicación de que se lo suspendía de sus funciones a resultas del mencionado sumario, calificando su conducta como dolosa.

Prosigue su relato señalando que no son reales los cargos que se le formulan, motivo por el cual su defensa se limitó a reiterar los dichos anteriores que constaban en el sumario, los que consideraba suficiente para aclarar lo ocurrido.

Expresa que con fecha 24-VIII-2000, el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires dictó la resolución 1316, que en su artículo segundo dispone "Exonerar al Jefe Principal de Departamento de 3ra., señor A. N. I. (Afiliado Nº .../6) por encontrarlo responsable de los cargos que le fueron formulados en los Sumarios Administrativos Nº 10.478 y Nº 10.694, encuadrando su conducta en la vulneración del artículo 21 incisos a), d), ñ), t) y v) del Estatuto para el Personal del Banco y en el artículo 24 incisos c), f), i) y l) y artículo 25 incisos c) y e) del Reglamento de Disciplina".

Agrega que el artículo tercero, en su parte pertinente dice: "Encomendar a legales que promueva acciones judiciales contra los señores (...) A. N. I. (...) por las sumas de (...) $3.310.726,90 (...) tendientes a obtener el íntegro recupero de tales importes correspondientes al perjuicio patrimonial ocasionado al Banco con motivo de los hechos investigados en el Sumario Administrativo Nº 10.478 del que resultan responsables, cada uno de ellos, encuadrándose las conductas de los nombrados, a los fines de lo previsto en la resolución de este cuerpo Nº 2128/98 como dolosa en los casos de los dos (2) agentes nombrados en primer término (...)".

Menciona por último que el artículo sexto de dicha resolución indica: "Incluir a los señores (...) A. N. I. en el Registro de Deudores Morosos y Firmas Inhabilitadas de la Institución".

Reitera que no cometió falta alguna en su función, cumpliendo con la totalidad de las obligaciones impuestas.

Indica que en tiempo y forma formuló el recurso de revocatoria correspondiente.

Por último, expresa que con fecha 27-III-2001 se le comunica mediante carta documento la confirmación de la resolución 1316/00.

III. A su turno, el Banco de la Provincia de Buenos Aires argumenta a favor de la legitimidad de la medida atacada.

Señala que el actor ingresó a la Institución demandada con fecha 7-IX-1971, habiendo prestado servicios en varias filiales.

Precisa que en el año 1988 fue sancionado con apercibimiento por omisión en la percepción de comisión a favor del Banco por el servicio de "clearing" interno, mientras que en el año 1993 fue desaprobada una operación que realizó. Agrega que en el mes de enero del año 1998 recibió un llamado de atención por su actuación en diversas operaciones por inconvenientes producidos con distintas firmas, y por último, añade, recibió la sanción disciplinaria de exoneración a resultas de los cargos acreditados en los sumarios 10.478 y 10.694.

Plantea que la situación económica que invoca el demandante como un eventual atenuante, no guarda relación con los cargos formulados.

Luego de realizar una negativa puntual de cada argumento aludido por el actor, señala que éste conocía que el motivo de su comparecencia en el sumario instruido era a los fines de prestar declaración indagatoria, de modo que en ningún momento ignoró la entidad de los hechos.

Expresa que el accionante reconoció tener en su poder una nota de un cliente que daba cuenta de las irregularidades cometidas durante la gerencia anterior, habiéndola guardado sin elevarla, cuando su deber era poner dicha situación en conocimiento de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en cuenta la gravedad de la denuncia efectuada.

Precisa que la resolución del Directorio 1316/00 que dispuso su exoneración, fue dictada luego de un amplio y exhaustivo proceso sumarial, desarrollado con sujeción a la normativa aplicable al caso -Reglamento de Disciplina y el Estatuto para el Personal del Banco-.

Estima que así ha quedado debidamente acreditado el irregular accionar del actor que originó la sanción expulsiva.

Señala que en la demanda el accionante intenta vanamente calificar su acción como ajustada a sus obligaciones laborales, destacando que de las probanzas agregadas queda definitivamente descartada tal posibilidad.

En tal sentido expresa que durante la sustanciación de los sumarios 10.478 y 10.694 se ha dado cumplimiento con las garantías constitucionales de defensa en juicio, del debido proceso y la igualdad ante la ley, e incluso, se ha respectado el derecho de propiedad del sumariado.

Destaca que la autoridad administrativa posee amplias facultades para valorar y calificar los hechos y determinar las sanciones que los mismos puedan originar dentro del marco disciplinario.

Considera que la mera afirmación efectuada por el actor sosteniendo que no ha cometido ninguna falta, carece de la mínima suficiencia para dar andamiento a la presente acción. Resalta que el accionante no ha acreditado la existencia de algún supuesto de nulidad o arbitrariedad en el ejercicio de la potestad disciplinaria del Banco.

Agrega que las constancias de los referidos sumarios permiten encuadrar la conducta del actor en las tipificaciones previstas en los arts. 21 incs. a), d), ñ), t) y v) del Estatuto para el Personal del Banco; 24 incs. c), f), i) y l) y 25 incs. c) y e) del Reglamento de Disciplina, todo lo cual, por la entidad de las faltas, justificó su exoneración.

Por último, deja planteado el caso federal por encontrarse afectados los derechos de defensa en juicio, del debido proceso y de propiedad de su parte, y la eventual perturbación del principio republicano de división de poderes.

IV. De las actuaciones administrativas remitidas, agregadas sin acumular a los autos, surgen los siguientes elementos útiles para la resolución de la causa:

1. Sumario 10.478:

a. A fs. 4 obra la resolución dictada por la Gerencia General del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 12-IX-1997, por la cual se resolvió instruir sumario administrativo, con motivo de las irregularidades detectadas por la Auditoria General en la Cartera de préstamos vencidos en proceso de ejecución de la sucursal Daireaux.

b. A fs. 109/110 y 113/115 se encuentran agregadas las declaraciones testimoniales de Oscar Antonio Ferrúa y Rubén Marcelo Pugnaloni respectivamente.

c. A fs. 119 obra la nota presentada por el señor Néstor Iván Nair Trimigliozzi denunciando diversas anomalías en su cuenta bancaria.

d. A fs. 122/131 se halla glosada la declaración indagatoria del señor A. N. I. (hoy actor), ampliada a fs. 140/142, 272/283 y 813/817.

e. A fs. 146/147, 149/150, 153/154, 313/314 y 324/326, se agregan las declaraciones testimoniales de Daniel Arturo Rodríguez, Raúl Rodríguez, Roberto Héctor García, Carlos Omar Galotti y Dora Alicia Mailland de Rotth, respectivamente.

f. A fs. 327/328 y 333/334 están adjuntadas las declaraciones informativas de Adriana Alejandra Banchero de Lanzillotta y Walter Oscar Masiello.

g. A fs. 486/493 obra la declaración indagatoria del señor C. A.G., ampliada a fs. 497/ 518, 532/540 y 827/829.

h. Con fecha 26-X-1998 la Gerencia General del Banco de la Provincia de Buenos Aires resolvió suspender preventivamente al actor por el término de 180 días (fs. 584/587, prorrogado por resoluciones obrantes a fs. 615, 645, 662, 671, 818 y 930).

i. La Gerencia de Dictámenes e Informes recomendó a fs. 606 formular la pertinente denuncia penal.

j. A fs. 674/675 se encuentra agregada la declaración indagatoria formulada al señor R. A.P.

k. Con fecha 16-V-2000, se procedió a dar vista al accionante de las actuaciones instruidas con motivo del sumario iniciado (fs. 836/839), obteniendo con posterioridad fotocopia de las mismas (fs. 840).

l. A fs. 841/845 obra el descargo presentado por el actor.

m. A fs. 974/988 se halla glosado el informe final de la instrucción.

n. A fs. 990/993 se incorporan las recomendaciones realizadas por la Gerencia de Dictámenes e Informes legales.

ñ. Con posterioridad se expidieron la Sujefatura de Sumarios y la Gerencia General en sentido coincidente (fs. 1007/1014).

o. A fs. 1015/1022 se encuentra agregada la resolución registrada bajo el nº 1316 de fecha 24-VIII-2000, por la cual se resolvió, conforme las opiniones vertidas por los Organismos Asesores, exonerar al agente A. N. I. por encontrarlo responsable de los cargos que le fueran formulados en los sumarios administrativos 10.478 y 10.694, encuadrando su conducta en la vulneración de los arts. 21 incs. a), d), ñ), t) y v) del Estatuto para el Personal de Banco; 24 incs. c), f), i) y l) y 25 incs. c) y e) del Reglamento de Disciplina.

Para así resolver se consideró, en lo pertinente, que:

El sumario administrativo 10.478 se inició el 12-IX-1997 a raíz de los antecedentes elevados por Agropecuaria, dando cuenta de diversas irregularidades detectadas por la Auditoría General, en la Sucursal Daireaux, por el tratamiento que se le dispensó a los asuntos registrados en cartera de gestión. De las constancias posteriormente agregadas, surgieron las objeciones formuladas a diversos dispendios crediticios, calificando como "malo" el sector de la gerencia de la sucursal. Dentro de dichas observaciones se destacó la imputada a la firma Pugnaloni Hermanos Sociedad Civil, por la que se criticó que en la planilla de solicitud de crédito letra "N" de fecha 30-I-1997, elevada al Centro Regional de Operación Pehuajó, se ocultó ex profeso informar una deuda que mantenía la clienta por un descuento de un cheque posdatado, de $56.979,31, habida cuenta de la detección del "Listado de deuda por cliente", del cual se extrajeron los elementos para la confección de dicha planilla, el que exhibía en forma manuscrita la leyenda "no poner", refiriéndose a esa acreencia.

Se destaca que prestaron declaración testimonial el Jefe de la Secretaría de la Gerencia de la filial, señor Oscar Antonio Ferrúa y el Cajero Accidental, señor Arturo Rodríguez; los clientes Rubén Marcelo Pugnaloni, Raúl Rodríguez, Roberto Héctor García y Dora Alicia Mailland de Rotth.

Asimismo se agrega que prestaron declaración indagatoria el por entonces Gerente Comercial de la Sucursal Daireaux -a partir del 12-III-97- señor A. N. I. -con posterior ampliación- el señor C. A. G., Gerente Comercial de la filial mencionada -período 29-III-94 al 11-III-97- y el señor R. A. P., también Gerente Comercial entre el 4-II-91 y el 11-III-94.

Que prestaron declaración informativa la Cajera Adriana Alejandra Banchero de Lanzillotta y el Cajero Walter Oscar Masiello.

Que de los extractos de la Cuenta Corriente 4689/ 7 radicada en la Sucursal Daireaux, la 4806/0 de la filial Henderson y la 8038/1 de Coronel Suárez, todas a nombre del señor G. , la última abierta en su condición de empleado, se desprende que el período abril/97 a agosto/98, se hicieron depósitos en efectivo (sin contar créditos por depósitos de clearing o descuentos de documentos o cheques posdatados), por la suma de $274.755, es decir un promedio mensual de $16.162. Por su parte, la Cuenta Corriente 8038/1 recibió depósitos por $164.237.

Que atento la naturaleza y entidad de los hechos investigados, se procedió a suspender preventivamente a los señores G. e I. a partir del 28-X-98.

Que se formularon cargos al señor A. N.I. , en virtud de que desempeñándose como Gerente Comercial de la Sucursal Daireaux, durante el período 13-III-97 al 3-IX-98, 1) Efectuó a nombre de terceros operaciones de préstamos de dinero a interés, aprovechando las facilidades derivadas del desempeño de su cargo, en calidad de prestatario, toda vez que ingresó a la cartera de la filial -previo cobro de los intereses establecidos- documentos descontados por clientes que no correspondían a operaciones genuinas, quienes lo hicieron de favor y a su pedido, haciéndose de los fondos líquidos de las operaciones que a continuación se detallan: el 30-VII-98 por $7000 -a través de un pagaré completado de su puño y letra y con la firma libradora de G. I. M. -a la sazón de su suegra- en la cuenta del cliente Roberto Héctor García; el 1-VI-98 a través de tres pagarés por $3000, $á3000 y $á4.000, completados de su puño y letra y con las firmas libradoras de su cónyuge M. E. D.S. , en la cuenta del cliente Luis Alberto Straccia; el 21-VII-98 a través de un pagaré de $8.300, completado de su puño y letra y con la firma libradora de su cónyuge, en la cuenta del cliente M. Á.I. , operación ésta que implicó la novación de un pagaré similar por $8.000, descontando el 16-IV-98 y cuyo producido también fuera usufructuado por el funcionario; con los agravantes de haber incumplido con las obligaciones allí asumidas y que esas deudas -dentro de las obligaciones generales contraídas por los deudores- pasaran posteriormente y por falta de pago a cartera de gestión, ocasionando un perjuicio patrimonial a la Institución no resarcido a la fecha; 2) Mereció por parte de la Auditoría General objeciones a dieciséis (16) tratamientos crediticios, involucrando la suma a valores históricos de $1.345.405, por razones tales como: indebida valoración de los recursos generados por la actividad declarada de los deudores; sobrevaloración de la relación patrimonial obviando lo económico o no considerando la misma; manifestaciones de bienes totalmente desactualizadas; estados contables de muy antigua data; falta de verificación sobre la genuinidad de cheques posdatados y documentos descontados; regularización de saldos deudores con recursos no genuinos; concesión de nuevas operaciones a deudores con pasivos refinanciados en contraposición a la normativa vigente; concesión de créditos con destino a la cancelación de pasivos en otros bancos; desobediencia a instrucciones de la instancia supervisiva y de la Auditoría, al continuar con apoyo financiero a firmas que habían sido consideradas atendidas por todo concepto; concesión de créditos por encima de sus propios márgenes de facultades, excediendo incluso la del Centro, y falta de pe-dido de autorización o comunicación posterior de las con-cesiones otorgadas, correspondientes a franquicias dispensadas a las siguientes firmas: Pugnaloni Hermanos Sociedad Civil $95.776; Raúl Rodríguez y Estela Albina Reale $140.047; Jacinto Pugnaloni, Rubén Marcelo Pugnaloni y Liliana Graciela Pugnaloni $39.918; Francisco Cenizo (h.) y Graciela Isabel Ticeira de Cenizo $35.940; La Liguria S.A. $20.000; Sucesores de Ruperto Balzeta, Ruperto Eugenio Balzeta, Rosa Roulier de Balzeta; Leticia Sara Balzeta y Ana Noemí Balzeta de Ginester $103.129; Carlos Alberto Paredes S.R.L. $74.081; Guillermo José Formis y Miriam Graciela Forti de Fornis $59.457; Servi Vial S.R.L. $102.000; Gladys Vilma Rigo de Pugnaloni $138.000; Roberto Héctor García $135.000; Miguel Ángel Sánchez $94.000; C. A. G. y M. V. P. d. G. $17.000; A. N. I. y M. E. D. S. de I. $16.057; Valentín Augusto Verón y Susana del Carmen Marabini de Verón $258.000; M. Á. I. $17.000, lo que ocasionara un perjuicio potencial a la Institución por aquellas deudas que en definitiva devinieren total o parcialmente incobrables; 3) Haber merecido por parte de la instancia de supervisión desaprobaciones a tratamientos crediticios concedidos a las firmas que a continuación se detallan, por un total a valores históricos de $1.536.321,90, con el agravante de haber ingresado las mismas a cartera de gestión: Mateo Enrique Oliver; Rubén Oscar Medina; Roberto Hernold; Alejandro Walter Burucua; Jesús Clemente Larrea; Aldo Alberto Sosa y Elsa Z. Espinoza; Héctor Arturo Sánchez; Carlos Alberto Cattini; Roberto Guillermo Zárate; Gustavo Adolfo Goldstein; Luisa Filomena García Gordon de González, Guillermo José Fornis; Francisco Cenizo; Mainque S.A., Ricardo Alberto Luengo; Ariel Abel Medina; Luis Alberto Gabarrot; Jorge Alberto Dowbley; Ernesto Oscar Fernández; Julio Norberto Vezzosi; Valentín Augusto Verón; Carlos Alberto Aguilera; Rubén Antonio Díaz; Miguel Ángel Iglesia; Mirta Nélida Martín y José Alberto de la Fuente; María Cristina di Marco; Carlos Raúl Somoza; Mirta Esther Luque; Oscar Alfredo Aranda y Walter Ernesto Sánchez; 4) Ocultó a la instancia supervisiva la denuncia formulada el 9-IX-97 por el cliente Néstor Iván Nair Trimigliozzi, respecto de supuestas irregularidades cometidas por el anterior Gerente Comercial de la filial, señor A. C. G. ; 5) Actuó con total falta de ética que su cargo le imponía, toda vez que a partir del 5-V-97 autorizó sal-dos deudores con su propia cuenta corriente 4839/8 por encima del límite reglamentariamente fijado por el Honorable Directorio, debido a su condición de empleado, con el agravante de haber utilizado dicha cuenta con fines comerciales.

Que desempeñándose como Gerente Comercial de la Sucursal Henderson, en el período 10-III-94 al 11-III-97 6) Mereció por parte de la Auditoría General objeciones a cinco (5) tratamientos crediticios involucrando la suma a valores históricos de $429.000, por razones tales como elevado endeudamiento registrado y en constante crecimiento sin recursos acordes para su atención; falta de certificación de los recursos declarados; excesiva asignación crediticia en comparación con el capital de trabajo y los recursos; elevadas relaciones créditos-patrimonio; dificultades económico financieras evidenciadas en forma permanente; falta de apreciación de estados patrimoniales; con-cesión de créditos por encima de sus propios márgenes de facultades y falta de pedido de autorización de las concesiones otorgadas, correspondientes a franquicias dispensa-das a las siguientes firmas: Luis Alberto Caffo $130.000; Tema Soc. de Hecho $59.000; Flores y García Sociedad de Hecho $á183.000; Emiliano José Giménez y Lucrecia Zárate de Giménez $35.000; Oscar Alberto Salgado $22.000, lo que ocasionara un perjuicio ocasional a la Institución por aquellas deudas que en definitiva devinieren total o parcialmente incobrables.

Se agrega que los cargos deben considerarse probados por las constancias acopiadas y el reconocimiento del inculpado, quien no logró con el descargo interpuesto, revestir los mismos.

Que como consecuencia de los hechos investigados, se verifica un potencial perjuicio patrimonial de $á4.339.619,10, desmedro que atento la intervención que les cupo en el evento dañoso a los señores G. , I. y P. , cuya conducta se encuadra en el caso de los dos primeros como dolosas, y en el tercero culposa -no excusable- en grado de imprudencia, deberá ser asumido por los nombrados respectivamente por las sumas de $1.011.632,20; $3.310.726,90 y $17.260, no correspondiendo efectuarse limitación alguna de las responsabilidades resarcitorias a los dos primeros citados. A tales fines, se agrega, corresponderá encomendar a legales para que promueva contra los citados las correspondientes acciones civiles de recupero, tendientes a obtener el total resarcimiento del perjuicio patrimonial aludido.

Que atento la naturaleza de los hechos investigados, se radicó denuncia en sede penal.

Que el sumario 10.694 se inició el 31-VIII-98 a raíz de los antecedentes elevados por Recursos Humanos, dando cuenta de la calificación "regular" obtenida por el entonces Gerente Comercial de la filial Daireaux, señor A. N.I., en los períodos correspondientes al segundo semestre de 1997 y el primero de 1998.

Que en el mismo brindó declaración indagatoria el señor I.

Que se formuló cargo al agente citado, debiendo considerarse probado en virtud de las pruebas recolectadas y el reconocimiento del imputado, quien no logró con el descargo presentado desvirtuar el mismo.

p. A fs. 1025/1026 se halla glosado el recurso de revocatoria presentado por el actor contra el acto administrativo mencionado precedentemente.

q. Previo dictamen legal (fs. 1088/1089), el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires resolvió rechazar el recurso incoado, por no haberse aportado elementos o argumentos con entidad valedera para modificar la decisión cuestionada (fs. 1113/1117).

2. Sumario 10.694:

a. Por resolución de fecha 31-VIII-1998, la Gerencia General del Banco Provincia resolvió instruir sumario administrativo al señor A. N.I. , con motivo de la calificación de "regular" obtenida en los períodos correspondientes al segundo semestre del año 1997 y primer semestre del año 1998 (fs. 14).

b. A fs. 17/19 se encuentra agregada la declaración indagatoria formulada al hoy accionante.

c. Con fecha 17-V-2000 se confirió vista al imputado de las actuaciones instruidas (fs. 48), habiendo recibido con posterioridad fotocopia de las mismas (fs. 49).

d. A fs. 50/51 obra el descargo presentado por el actor.

e. A fs. 54/56 el Instructor sumariante aconsejó el tratamiento conjunto de los sumarios 10.478 y 10.694 por encontrarse involucrado un mismo agente.

V. Así expuestos los antecedentes de la causa, corresponde decidir si la pretensión expuesta por el accionante resulta fundada.

En primer lugar estimo oportuno analizar el ordenamiento normativo en vigor.

El Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires impone los deberes a los que está obligado el personal, entre los que se encuentran: la prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes; obedecer toda orden emanada de un superior jerárquico con atribuciones para darla, que reúna las formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicio compatibles con las funciones del agente; llevar a conocimiento de la superioridad todo acto o procedimiento que pueda causar perjuicio a la Institución o configurar delito o falta administrativa; ejercer en forma correcta las facultades y atribuciones propias de su cargo, ajustando su desempeño a las normas establecidas por las reglamentaciones y disposiciones en vigencia y seguir la vía jerárquica correspondiente en todo trámite o gestión relaciona-dos con el ejercicio de sus funciones (art. 21).

Agrega ese cuerpo dispositivo que las transgresiones que cometan los empleados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que puedan originar, serán objeto de las sanciones que el art. 25 enumera: a) Llamado de atención; b) Apercibimiento; c) Suspensión condicional; d) Suspensión; e) Postergación en el ascenso; f) Retrogradación de categoría; g) Cesantía y h) Exoneración. Establece también que la graduación y efectos de estas sanciones y las autoridades facultadas para imponerlas serán determinadas en la correspondiente reglamentación.

El Reglamento de Disciplina para el Personal de la entidad bancaria demandada tipifica en el art. 24 los motivos por los que se puede imponer hasta la sanción de cesantía, entre ellas "reiteradas deficiencias en la prestación del servicio o deficiencia de la que resulte perjuicio para el Banco y/o terceros" (inc. "c"), "ocultar las irregularidades graves de las que tenga conocimiento u omitir denunciarlas cuando tal denuncia le incumba en razón del cargo desempeñado" (inc. "f"), "cometer desobediencia, insubordinación, provocarlas o instigar a cometerlas" (inc. "i") y "haber merecido la calificación de "malo" en el informe conceptual semestral o la calificación de "regular" durante 2 (dos) semestres consecutivos" (inc. "l"). En el art. 25, que enumera las infracciones susceptibles de la sanción de exoneración, se alude a "haber cometido falta grave en perjuicio material o moral del Banco" (inc. "c") y "efectuar, a nombre propio o de terceros, operaciones de préstamo de dinero a interés, aprovechando las facilidades derivadas del desempeño del cargo, ya sea en calidad de prestamista, prestatario o intermediario" (inc. "e").

En el Título IV del referido reglamento (arts. 35 al 173) se establecen los requisitos que deben cumplirse en la tramitación y decisión de los sumarios disciplinarios.

VI. Ante todo, creo necesario recordar que en materia disciplinaria lo relevante en cada caso particular es determinar si frente a la comprobación de determinada conducta del agente, la Administración se encuentra auto-rizada, por las normas que rigen la relación entre ambos, a aplicar alguna sanción y, en su caso, si se ha respetado el procedimiento previsto y la medida resulta razonable. En tales supuestos, eso es lo que debe el Tribunal analizar (conf. doct. causas B. 51.249, "Trezza", sent. del 10-XI-1992 y B. 59.631, "Chávez", sent. del 9-IV-2003, entre otras).

Sentado ello, adelanto que, a mi juicio, la demanda no puede prosperar. Ello, toda vez que el aquí actor no ha soportado ninguno de sus dichos con elementos probatorios que los avalen.

En efecto, en su escrito de demanda, el accionante se limita a plantear su disconformidad con los cargos imputados, manifestando simplemente que nunca cometió falta alguna en su labor, habiendo ejercido sus funciones de acuerdo a las previsiones contempladas en la normativa legal.

En el caso, y tal como surge de lo expuesto en el punto IV del presente, el interesado, tanto en el marco del sumario administrativo 10.478 como en el 10.694, tomó vista de las actuaciones -fs. 836/839 y 48 de cada uno de ellos-; solicitó y se le expidieron fotocopias -fs. 840 del sumario 10.478 y 49 del 10.694-; prestó declaración indagatoria sumarial -fs. 122/131, ampliada a fs. 140/142, 272/283 y 813/817 del sumario 10.478 y 17/19 del 10.694-; tuvo oportunidad de ofrecer y producir prueba y formular descargos -ver fs. 841/845 y 50/51 de cada uno de los sumarios- e interpuso recurso de revocatoria contra la sanción con la suficiente oportunidad de hacerse oír -ver fs. 1025/1026, sumario 10.478- (conf. causas B. 57.829, "Tordo", sent. del 9-V-2001 y B. 58.013, "Rojas", sent. del 16-IX-2003). Queda, pues, desvirtuada la alegación efectuada por el actor en oportunidad de absolver posiciones, respecto de la imposibilidad de ejercer su derecho de defensa (v. fs. 172 de estos actuados).

Considero, entonces, que la medida disciplinaria cuestionada no es inválida, ya que ha sido dictada en el ámbito de un sumario disciplinario y como resultado de un ordenado procedimiento en el que la entidad bancaria demandada reunió pruebas suficientes a tal fin, las que no fueron desvirtuadas por el agente en la oportunidad de efectuar su descargo y ofrecer las que hacían a su derecho (doctr. causas B. 50.082, sent. del 26-X-1999 y B. 60.964, "Armengot", sent. del 23-V-2007).

El carácter genérico de las declaraciones de la parte actora y la total ausencia de fundamentos enervan su pretensión impugnativa. En contraposición, el concreto detalle de los cargos formulados en su contra durante el trámite de las actuaciones sumariales y la ausencia de prueba que lo exima de responsabilidad en tales hechos, disipan las dudas sobre la juridicidad del obrar de la institución bancaria.

Como he sostenido con anterioridad, la mera invocación de violación del derecho de defensa en el procedimiento administrativo no habilita, sin más, a invalidar la decisión de la autoridad, si el impugnante -tal cual ocurre en el sub lite- no ha cuestionado en forma eficaz la validez de la prueba en que se fundó su imputación, y ha omitido el uso de los medios probatorios que el ordena-miento ponía a su alcance para desplegar su actividad defensiva (causa B. 59.986, "Caselli" de 16-II-2005).

De igual modo, carecen de asidero los dichos del actor en los que alega que los daños sufridos por el Banco serían producto del riesgo propio de su actividad, toda vez que -conforme surge de las constancias obrantes en el sumario disciplinario- fue el negligente desempeño del exonera-do el que ocasionó el perjuicio y no el álea inherente a su giro comercial.

Las negativas generales efectuadas en su escrito postulatorio no alcanzan para alterar la presunción de legitimidad de que gozan las resoluciones 1316/00 y 240/01 (arts. 103, 108 y concs., dec. ley 7647/1970).

Para más, las manifestaciones efectuadas por los testigos propuestos por la parte actora (v. fs. 141/143 de los presentes actuados) respecto del buen trato que le dispensara a los clientes de la filial bancaria Daireaux, no poseen la entidad suficiente como para alterar la veracidad de las pruebas aportadas durante la sustanciación del sumario administrativo.

Como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte, teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que las facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de la pretensión son particularmente amplias, incumbe al actor la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo, no sólo por revestir tal calidad en el proceso (arg. art. 375, C.P.C.C.), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública (doctr. causas B. 55.705, sent. del 19-II-2002; B. 55.874, "Alderete", sent. del 15-III-2002; B. 57.232, sent. del 23-IV-2003 y B. 60.964 cit.).

Si el auto de imputación dictado en el trámite del procedimiento disciplinario se sustenta en prueba de cargo idónea, corresponde al imputado demostrar la inexistencia de la falta imputada o de la responsabilidad que en su comisión se le atribuye, tanto en sede administrativa, como en sede judicial (doctr. causa B. 52.617, "Gianelli", sent. del 23-XII-1991, "Acuerdos y Sentencias", 1991-IV, 640).

Además de lo expuesto, tampoco es correcta la declaración del actor respecto de que su colaboración en la tramitación del sumario lo fue en carácter de gerente de la sucursal, ya que según surge de las constancias agregadas, éste prestó declaración indagatoria en reiteradas oportunidades, en las cuales tomó conocimiento de los derechos que lo asistían. Incluso, se equivoca cuando expresa que las actuaciones fueron sustanciadas con motivo de sospechas durante la gestión del anterior gerente de la filial. En efecto, el sumario 10.478 fue iniciado a raíz de las irregularidades detectadas por la Auditoria General en la cartera de préstamos vencidos en proceso de ejecución de la sucursal Daireaux (v. fs. 4 de las citadas actuaciones sumariales), mientras que el 10.694 se instruyó debido a la calificación de "regular" obtenida por el reclamante en los períodos correspondientes al segundo semestre del año 1997 y primero de 1998 (v. fs. 14 del citado expte.).

Por último, sostiene el accionante que la demandada buscó en el gerente "un chivo emisario" (v. fs. 11 vta. de estos actuados). No obstante tal manifestación genérica, no se han aportado elementos que permitan sostener que la sanción impuesta al agente haya obedecido a motivaciones diversas a las sostenidas por la entidad bancaria en sede administrativa.

Este Tribunal tiene dicho que, para probar la desviación de poder en casos como el sub lite, resulta necesario acreditar la existencia de un fin distinto mediante pruebas claras y evidentes (doctr. causas B. 55.656, "Mograbi", sent. de 8-VII-1997; B. 55.872, "Pretto", sent. del 20-IV-1999; B. 58.914, "Berón", sent. de 18-V-2005 y B. 61.553, "Díaz", sent. de 10-VIII-2005); más el actor ni siquiera ha intentado acreditar el extremo que denuncia.

No ha podido demostrarse, entonces, que el órgano administrativo haya utilizado sus atribuciones con un propósito distorsionado, diferente al previsto en la ley, o que los objetivos que inspiran los preceptos en juego hayan sido tergiversados o desnaturalizados, ya que la determinación de la sanción aparece en autos como el resultado de una correcta aplicación del texto legal (conf. causa B. 60.535, sent. del 5-X-2005).

Considero, entonces, que la pretensión debe ser rechazada, toda vez que el actor no ha incorporado al proceso constancias probatorias que ameriten la anulación de los actos administrativos impugnados.

Así, el escrito inicial no está dirigido a demostrar la inexistencia de las faltas que se le imputan, sino que en general intenta eximirse de responsabilidad mediante la sola afirmación de que siempre obró en el marco de sus atribuciones, sin ningún tipo de precisión al respecto.

En consecuencia, cabe concluir que la sanción ha sido aplicada de conformidad a la prueba recolectada en sede administrativa, en cuyo seno quedaron debidamente acreditadas las faltas imputadas al actor.

VII. Como resultado del análisis efectuado no he encontrado en el procedimiento administrativo disciplinario enjuiciado ninguna irregularidad que amerite su anulación y la de la sanción expulsiva aplicada.

Por los fundamentos expuestos, corresponde desestimar la demanda interpuesta.

Voto por la negativa.

Costas por su orden (arts. 17, ley 2961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).

Los señores jueces doctores Hitters, Pettigiani y Negri, por los fundamentos expuestos por el señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente Sentencia:

Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta.

Costas por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2961).

Por su actuación profesional en autos regúlanse los honorarios de los doctores R. J. P. y J. C. C., en la suma de... pesos y... pesos, respectivamente (arts. 9, 10, 14, 15, 16, 22, 26, 28 inc. "a", 44 segundo párrafo y 54 del decreto ley 8904/1977), cantidades a las que se deberán adicionar el 10% (ley 8455) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los menciona-dos profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.

Regístrese y notifíquese. - Hector Negri - Eduardo Julio Pettigiani - Eduardo Nestor de Lazzari - Juan Carlos Hitters