Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-30


NEUQUEN, 30 de agosto de 2011.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "I.M.P.S. C/ VILLALOBOS GUERRERO SILVIA D. C. Y OTRO S/ACCION REIVINDICATORIA", (Expte. Nº 339820/6), y su acumulado: "JELDRES VILLALOBOS HUMBERTO S. Y OTRO C/I.M.P.S. S/POSESION VENTEAÑAL" (Expte. N° 357876/7), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL N 4 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia del Secretario actuante Dr. Miguel E. BUTELER y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia M. CLERICI, dijo:

I.- Los demandados en la acción reivindicatoria y actores en la acción por posesión veinteañal interponen recurso de apelación contra la sentencia de fs. 281/290 que rechaza la demanda por prescripción adquisitiva, con costas a los vencidos y hace lugar a la acción reivindicatoria, con costas.

Los quejosos se agravian señalando que la sentencia recurrida realiza una arbitraria valoración del material probatorio, apartándose, por consiguiente, de la doctrina legal en materia de actos posesorios.

Dice que la a quo no ha tenido en cuenta las particularidades del inmueble objeto de la prescripción adquisitiva, ya que la fracción de terreno que se pretende usucapir queda circunscripta a una porción determinada perteneciente a una fracción mayor, por lo que de las 24 hectáreas que tiene el Lote 3, la pretensión de esa parte se refiere a 13 hectáreas. Ello determina, continúa la quejosa, que cuando el I.M.P.S. adquirió parte del Lote 3 conjuntamente con el Lote 4 mediante boleto de compraventa, el 13 de febrero de 1989, solamente obtuvo la posesión sobre 11 hectáreas.

Sigue diciendo que los límites naturales del lote cuya posesión ejercen se sitúan al norte del desagüe natural, en tanto que el I.M.P.S. adquirió y ejerció efectiva ocupación sobre los Lotes 3 y 4 situados al sur del desagüe natural. Esta distinción, señalan los apelantes, no fue tenida en cuenta en el decisorio de grado.

Expresa que la sentenciante de grado se aparta del reconocimiento del I.M.P.S. en orden a que nunca tomó posesión del inmueble ubicado al norte del desagüe natural, como así también del reconocimiento realizado en oportunidad de rendir la prueba confesional de la calidad de poseedores del inmueble por parte de los aquí apelantes.

Cuestionan el fallo de primera instancia por realizar una valoración parcial del material probatorio, cuando, a criterio de los recurrentes los actos posesorios se encuentran acreditados no sólo por las testimoniales, sino también por las pruebas periciales, que detallan las construcciones y plantaciones existentes en el lote a usucapir, y la información sumaria producida en el año 1999, realizada ante escribano público, y no reargüida de falsedad.

Se queja de que habiéndose probado que realizaron el cerramiento del predio, su nivelación, construcciones, plantación de frutales, la a quo no los considere como actos posesorios.

Se agravian también por la valoración que se ha hecho de la prueba testimonial rendida en autos "San Román, Claudio c/ González Dorrego, Marcela".

Finalmente se agravia por la afirmación de la a quo respecto a que el I.M.P.S. recibió la posesión del inmueble con la firma del boleto de compraventa.

A fs. 321/322 vta. el I.M.P.S. rebate los agravios de su contraria.

Dice que el caso de autos, en el cual se compra una cosa inmueble sin tradición, parcial, de la misma, encontrándose ésta en poder de un tercero (no vendedor) ha sido tratada en el plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil "Arcadini c/ Maleca".

Sigue diciendo que los demandados han denunciado en autos sus domicilios reales, los que no coinciden con el inmueble objeto de estas actuaciones; incluso, señala, han reconocido que en el predio vive actualmente un hijo. Agrega que los testimonios de autos dan cuenta que el exclusivo ocupante de la fracción de terreno es José Hernán Geldres Cid (h); en tanto que los demandados no han alegado ni probado que los actos posesorios de este último hayan sido o sean actualmente ejecutados en su nombre y representación.

Señala que de las probanzas producidas surge la ejecución de actos aislados de posesión, pero no la continuidad de los mismos durante el tiempo mínimo exigido por la ley como condicionante para el reconocimiento de derechos.

II.- De acuerdo con los términos de la expresión de agravios, las quejas de los apelantes se circunscriben al rechazo de la demanda por usucapión y la valoración que la a quo realiza del material probatorio a efectos de arribar a su decisión contraria a la pretensión de prescripción adquisitiva.

De acuerdo con el art. 4015 del Código Civil se prescribe la propiedad de cosas inmuebles por la posesión continua de veinte años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título ni buena fe por parte del poseedor.

Existe consenso en doctrina y jurisprudencia que la posesión válida a los efectos de la prescripción adquisitiva debe ser animus domini, pública, continuada y pacífica e ininterrumpida por todo el tiempo legalmente establecido para que opere aquella.

Ahora bien, en este tipo de procesos, y en atención a la trascendencia de la decisión que se adopte, la prueba arrimada por las partes, principalmente por quién pretende usucapir -que es quién tiene la carga de acreditar la posesión con las calidades requeridas- debe ser apreciada con suma estrictez.

La apelante pretende que la a quo no ha valorado adecuadamente el material probatorio. No comparto esta conclusión.

En primer lugar debo destacar que la a quo ha realizado un detallado y exhaustivo análisis de las pruebas incorporadas a la causa, explicando por que las mismas no son suficientes a efectos de acreditar la posesión invocada. Y este análisis no ha sido debidamente rebatido por los quejosos.

Cierto es que de las pruebas testimoniales surge que el padre y esposo de quienes pretenden usucapir habría ocupado el terreno en cuestión realizando construcciones y actividad productiva en el mismo desde aproximadamente los años 1984/1985, pero, estos dichos no pueden ser corroborados, ni tan siquiera articulados con otras pruebas, existiendo una imposibilidad legal de determinar el acaecimiento de la usucapión en base solamente a prueba testifical, conforme lo señaló la sentenciante de grado.

Este ha sido también el criterio de mi colega de Sala in re "Curriau Purrán c/ Inverfol S.A." (sentencia del 29/4/2008, Sala II, P.S. 2008-II, f° 377/393); criterio al que adhiero en atención a la trascendencia de la resolución que declare operada la usucapión, conforme ya lo he manifestado.

No resulta ocioso reiterar lo señalado en la sentencia recurrida en orden a que las pruebas periciales no han podido determinar la antigüedad de las plantaciones ni de las construcciones y mejoras, en tanto que respecto del único elemento que se ha podido establecer aproximadamente su data (el sauce, que conforme dichos de los apelantes habría sido plantado por su esposo y padre veinte años atrás), se remonta a casi sesenta años, o sea a una época bastante anterior al comienzo de la posesión denunciada por los recurrentes.

En cuanto a las otras pruebas, el pago de la energía eléctrica que se provee al inmueble data del año 2000, y las facturas y órdenes de trabajo sobre el predio, del año 2006. La información sumaria, si bien fue realizada ante escribano público, se basa en dichos del mismo interesado y en testimonios, por lo que nuevamente nos encontramos ante la imposibilidad de determinar la procedencia de la demanda solamente por dichos de terceros.

Finalmente, la constatación de las mejoras (plantación de frutales, cercado del terreno, construcciones) no resultan relevantes para la resolución de la causa ya que, si bien constituyen actos posesorios, no se encuentra acreditado fehacientemente quién las realizó y sobre todo, que aquellas se remontan a veinte años antes de la interposición de la demanda.

No habiéndose probado, entonces, cuando se comenzó a poseer con animus domini y, por ende, que se haya poseído por el plazo legalmente establecido, corresponde que la pretensión de prescripción adquisitiva sea rechazada, conforme lo ha hecho la sentencia de grado (cfr. Cám. Apel. Civ. y Com. Morón, Sala II, 22/7/2008, "Ostrofsky c/ Montero Bustamente", LL on line AR/JUR/6494/2008).

El reconocimiento hecho por el I.M.P.S. respecto a que no tomó posesión del predio que se pretende usucapir puede ser relevante a efectos de la acción reivindicatoria -sobre la cual no formuló agravios la apelante-, pero, no para determinar la usucapión ya que ese reconocimiento no se extiende a los elementos requeridos para que aquella se configure.

Por lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo se confirme el resolutorio de grado en lo que ha sido materia de agravios.

Las costas de la presente instancia se imponen a los apelantes perdidosos (art. 68, CPCyC), difiriendo la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para cuando se cuente con pautas a tal fin.

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRÍO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.-	Por ello, esta Sala II RESUELVE:

I.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 281/290 en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios.- II.- Imponer las costas de Alzada a los apelantes vencidos (art. 68 C.P.C.C.).

III.- Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes en la Alzada, para su oportunidad.

IV.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.- Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia Clerici Dr.Miguel E. Buteler - SECRETARIO REGISTRADO AL Nº 188 - Tº V - Fº 959/962 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A II- Año 2011