Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-18


Causa Nº 066-00-CC/2006 "Obelar, Daniel Omar s/Infr. art. 83 CC- Apelación" En dad de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil seis, se reúnen los integrantes de esta Sala III de la Cámara en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Silvina Manes, Jorge A. Franza y Marta Paz, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. co-titular de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nro.1 Javier Esteban de la Fuente, contra la sentencia dictada por la titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 4, Graciela Dalmas, obrante a fs. 31/32, RESULTA:

1) Que a fs. 29/vta de las presentes actuaciones obra el acta de suspensión de juicio a prueba (art. 45 del CC) en donde las partes acordaron suspender el proceso a prueba por el término de tres (3) meses, imponiéndosele al Sr. Daniel Omar Obelar el compromiso de cumplir, por dicho término, las siguientes reglas de conducta: a) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de ésta, b) cumplir con las citaciones o requerimientos que esta Fiscalía o el Juzgado que por turno corresponda hiciere, c) abstenerse a concurrir a menos de 200 mts. de las terminales de trenes y micros de retiro. Conforme lo establece en el art. 45 de la ley 1472 abandona los bienes perecederos secuestrados a favor del estado, y se solicita a vuestra señoría que arbitre los medios necesarios a fin de proceder a la devolución de la parrilla secuestrada al Sr. Daniel Omar Obelar, porque en caso de revocarse la suspensión y dictarse una condena, un camino (sic) podría especificar una evidente desproporción punitiva.

2) A fs. 31/32 la Sra. Juez Contravencional y de Faltas resolvió en el punto dispositivo I suspender el proceso a prueba respecto del imputado Obelar y en el punto II dispuso no hacer lugar a la solicitud de devolución de la parrilla secuestrada en autos por entender que la aceptación de la suspensión del proceso a prueba implica el abandono de los bienes a favor del estado.

3) Contra dicha resolución el Defensor Oficial cotitular de la Defensoría Contravencional y de Faltas nº 1 interpuso recurso de reposición y apelación en subsidio (fs. 38/42).

4) Corrida que fuera la vista al Sr. Fiscal (fs. 43), entendió que la decisión recurrida no le causaba gravamen y que en el acuerdo de fs. 29/vta. solicitó la devolución de la parrilla por ser ello decisión de la magistrada.

5) A fs. 44/47 la Sra. Juez de grado no hizo lugar al recurso de reposición y concedió el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria, lo que motivara la intervención de este tribunal.

6) Oído el Sr. Fiscal de Cámara, propugnó a fs. 53/54 se confirme la resolución apelada, por entender que el abandono de los bienes por parte del imputado es uno de los requisitos legales para solicitar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba. Además, consideró que el art. 35 CC no es de aplicación en el estado procesal en que se encuentra actualmente la causa.

Y CONSIDERANDO:

I. En cuanto a la admisibilidad del recurso, consideramos que el escrito de la defensa oficial fue interpuesto dentro de los tres días de notificada la resolución en crisis, por escrito fundado y por quien tenía legitimidad procesal para actuar, por las razones que se explicitan a continuación.

Respecto al requisito de impugnabilidad objetiva, al no regular un sistema de recursos la Ley de Procedimiento Contravencional, en virtud de lo dispuesto en su art. 6º, resulta de aplicación supletoria el Código Procesal Penal de la Nación. De ahí que del juego armónico de los arts. 432 y 449 del C.P.P.N., pueda establecerse que son objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen gravamen irreparable, entendido tal como el "perjuicio cierto para alguna de las personas vinculadas al proceso, que no pueda ser reparado en la misma instancia, con el avance de las actuaciones, o de tal gravedad que no admita demora" (confr. Luis Cevasco, Principios de Derecho Procesal Penal Argentino, ed. Oxford, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 237) y también "...puede inferirse que el gravamen irreparable resulta fundamentalmente configurado ante las siguientes situaciones: 1º)la ausencia de otra oportunidad procesal útil para obtener el amparo del derecho de que se trate; 2º) la magnitud del perjuicio económico que lleva aparejado el cumplimiento de la decisión; 3º) las dilaciones y trastornos que ésta es susceptible de ocasionar". (confr. Lino E. Palacio, El Recurso Extraordinario Federal, ed. Abeledo -Perrot, Buenos Aires, 1997, pág. 88).

Desde este punto de vista, la providencia atacada causa un menoscabo al libre goce del derecho de propiedad del imputado, con el consecuente perjuicio económico.

En relación a los demás requisitos formales que rigen la interposición del recurso como acto procesal, consideramos que la temporaneidad del recurso de apelación en aquellos casos en que no esté estipulado un término especial, está prevista por el art. 450 del C.P.P.N. -tres días- (art. 6º y 55 de la ley 12). De allí que generalizar el plazo de cinco días estipulado en el art. 50 LPC constituiría una injustificada prolongación del enjuiciamiento contravencional que pondría en crisis los principios básicos de este proceso especial, que fue concebido para agilizar la administración de justicia, asegurando la convivencia pacífica, respetando el derecho del individuo a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

Nótese que el art. 450 expresamente reza que la apelación se interpondrá "...salvo disposición en contrario, dentro del término de tres (3) días...". Esta norma general es perfectamente armonizable con el art. 50 de la LPC, que en la especie sería la excepción.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia ha calificado al derecho contravencional como" un derecho penal de menor cuantía....." (expte. nº 3988 "Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional nº 2 - s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Martínez, Horacio Daniel s/art. 68 CC -apelación" del 3 de octubre de 2005, del voto del Maier), con lo cual, en pos de una interpretación sistemática y armónica de nuestro ordenamiento jurídico, entendemos que el plazo genérico para la interposición del recurso de apelación no puede ser mayor al previsto en el Código Procesal Penal de la Nación, sin perjuicio de las disposiciones "en contrario" expresamente admitidas por la ley especial.

Finalmente, en cuanto al trámite de la apelación, consideramos que se encuentra especificado en el art. 51 de la LPC, desplazando a la normativa supletoria en la materia. Ello es así dado que la remisión al Código Procesal Penal de la Nación se encuentra habilitada sólo en el supuesto que "no se opongan al presente texto"(art.6) y "en todo lo que no se encuentre expresamente previsto en esta ley..." (art. 55 LPC) y siendo que el trámite de apelación contemplado en el ordenamiento local difiere al del ámbito nacional (art.451 del C.P.P.N. y sgtes.), resulta de aplicación obligatoria la ley nº 12.Por las razones expuestas, consideramos que el presente recurso ha sido correctamente concedido.

II. La defensa oficial centró sus agravios en que: 1º) el Juez de garantías no se encuentra facultado para modificar las condiciones pactadas en el acuerdo de suspensión de juicio a prueba de conformidad a lo establecido por el art. 45 CC, por lo que no puede rechazar la devolución de la parrilla que había sido expresamente pactada, pues tal apartamiento frustra la voluntad de las partes. Que además el Sr. Obelar había aceptado someterse a la probation en el convencimiento de que se le devolvería el efecto secuestrado, siendo la parrilla fundamental al estar realizando las gestiones para tramitar un permiso ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires; 2º) La decisión del tribunal a quo constituye una clara violación al sistema acusatorio (art. 13.3 CCBA) al no hacer lugar la Sra. Juez a las condiciones que fueran requeridas por el Sr. Fiscal y acordadas con el imputado; 3º) Finalmente, sostuvo que el propio Fiscal consideró que el decomiso de todos los efectos secuestrados importaría una clara desproporción punitiva en los términos del art. 35 CC, resultando suficiente el abandono de las mercaderías que estaban a la venta, por lo que, ante un eventual juicio, es claro que el representante del Ministerio Público Fiscal no va a solicitar el decomiso de la parrilla, afirmándose sin duda que tal objeto no va a ser decomisado "necesariamente", quedando fuera de los dispuesto en el art.45, 3º CC.

En primer lugar, corresponde señalar que este deber de abandonar los bienes en favor del estado regulado en el art. 45 CC resulta ser una condición de procedencia de la suspensión del juicio a prueba, de forma tal que para poder concederla ineludiblemente el imputado deberá realizar tal renuncia (Gustavo L. Vitale, Suspensión del proceso penal a prueba", Editores del Puerto S.R.L., año 1996, Buenos Aires, págs. 121/127) La redacción del art. 45 del CC resulta clara y no genera dudas respecto a que condiciones pueden ser acordadas entre el imputado y el Ministerio Público Fiscal, y cuales resultan ser requisitos de viabilidad del instituto. No en vano el legislador, para el caso del abandono de los bienes, utilizó el verbo "deber", que, entre sus diferentes acepciones, importa "Estar obligado a algo por la ley divina, natural o positiva"... "Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes naturales o positivas" (confr. Diccionario de la Real Academia Española on line, 22º edición) conjugándolo en el modo imperativo Inclusive, así lo entendieron las partes oportunamente, pues la forma en que fue redactada el acta de fs. 29/vta. permite separar sin hesitación cuáles han sido las condiciones del acuerdo a homologar por la juez de grado, del requerimiento de devolución de la parrilla secuestrada; aspecto que quedó al arbitrio de la Sra. Juez de garantías que es quien debe efectuar el control de legalidad del acuerdo.

Sentado ello, no hay una violación al sistema acusatorio (segundo argumento esgrimido por la defensa) pues al no integrar el acuerdo, la restitución o no de los elementos decomisados no es de aquellas reglas disponibles por las partes. Mal puede entonces modificar el convenio si no es parte de aquél.

Tampoco corresponde a esta alzada analizar lo que pueda o no eventualmente requerir el titular de la vendicta pública al celebrarse el debate, pues ello está en el plano de los supuestos e importaría simplemente conjeturar respecto a su posible actuación futura. En reiterados fallos la CSJN ha resuelto que "Es deber de los tribunales fallar con arreglo a la situación fáctica y jurídica existente a la fecha de la sentencia" (Fallos 292:140; 300:844; 304:1020; 313:344 y 1375; entre otros).

Debe tenerse en cuenta que la remisión al art. 35 del C.C. pretendida por el Defensor no resulta procedente a la luz de que dicha norma regula el comiso de los bienes en caso de condena. De ahí que la excepción prevista en su párrafo 3º requiere, justamente, un examen más exhaustivo por parte del magistrado actuante respecto a una posible desproporción punitiva, lo que sólo se alcanza una vez celebrado el debate y producida la totalidad de la prueba.

Por todo lo expuesto, la resolución en crisis será confirmada en esta instancia.

Atento el mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

1. RECHAZAR el recurso interpuesto por el Sr. Defensor a fs.38/41.

II. TENER PRESENTE las reservas de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y del caso federal.

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 4.

Ante mí:

La Marta Paz dijo:

La resolución apelada en el artículo II del resolutorio dispone : "NO HACER LUGAR a la solicitud de devolución de la parrilla secuestrada en autos y siendo que, conforme lo expuesto anteriormente, la aceptación de la suspensión del proceso a prueba implica el abandono de los bienes a favor del Estado, LIBRESE oficio a la Seccional preventora a fin que se disponga la remisión y depósito del bien en cuestión por ante la Dirección de Apoyo Operativo de esta jurisdicción".

El recurso de apelación deducido por el defensor oficial cotitular de la Defensoría Contravencional y de Faltas nº 1, contra el punto II de la resolución de la Sra. Jueza de Garantías de fecha 7 de marzo de 2006 - obrante a fs. 31/32vta.

Corrida que fuera la vista a la Fiscalía de Cámara ésta se expide a fs. 53/55, manifestando la inexistencia de agravios por parte de la defensa, su coincidencia con la sentencia de Ia. instancia apelada, peticionando el rechazo del recurso de apelación y la confirmación de la resolución.

Y CONSIDERANDO:

1. Que el recurso de apelación ha sido deducido por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que corresponde su tratamiento.

El recurso fue interpuesto al cuarto día hábil de la notificación de la sentencia. (Véase notificación de fs. 35 vta. -21 de marzo de 2006 a hs. 16- y cargo de escrito de fs. 42 vta, -27 de marzo de 2006 a las hs. 10,50-), de tal suerte que es temporáneo, a mérito de la jurisprudencia del fuero a la cual me adhiero. (Causa 099-00/CC/04- Ocampo, Julio Daniel s/infracción al art. 41 CC- Sala II. Del voto de los Dres. Bacigalupo, Bosch y De Langhe, junio 11 de 2004. Sentencia nº 191/04; Causa 002-01/CC/04- Recurso de queja en autos Gutiérrez, Carlos s/ley 255. Sala I, del voto de los Dres. Marum, Vázquez y Saez Capel, mayo 7 de 2004. sentencia nº 132/04, entre otros; y C.111-000-CC/2004 - "Recurso de queja en autos: "Dragonetti, Biaggio s/giro a la derecha en lugar prohibido y otra", emanado de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Sala II - del 07 de junio de 2004.) El Fiscal a fs. 53 se expide en este sentido, al señalar que "El recurso satisface los requisitos formales para superar el juicio de admisibilidad al haber sido interpuesto por escrito fundado, dentro de los cinco días de notificada la resolución en crisis..." 2.-El marco de la suspensión del juicio a prueba no está exento del control de razonabilidad como cualquier acto de gobierno, ya que no escapa al criterio general establecido por la Constitución Nacional en su artículo 1º, es decir, se halla sujeto al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional (Cám. Nacional de Casación Penal -en pleno- "Kosuta, Teresa" La Ley 1999-E, 828) Corresponde aplicar sin hesitación la normativa prevista en el art. 45 del C.C. cuyo texto expresa. ". . el imputado debe abandonar a favor del estado los bienes que necesariamente resultarían decomisados en caso que recayere condena..." . Tal extremo surge de las propias palabras de la ley, que constituyen la primera fuente de la tarea hermenéutica.

Que asimismo, como expresa la juez a quo, no se trata en el presente de una cuestión interpretativa, sino por el contrario de aplicación lisa y llana de la norma vigente, la que por otra parte no ha sido atacada por el apelante de inconstitucional, si lo que pretende es su inaplicabilidad .

En este sentido se ha expedido la jurisprudencia del fuero, en la causa C.85-00-CC/2004 - "Muelle del Plata SRL s/ Falta de Habilitación y otra - Apelación", adonde la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Sala I - el 29 de abril de 2.005, sostuvo que "El Tribunal ha recordado en reiteradas ocasiones que "Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma vigente conducente a resolver el caso sin la previa declaración de inconstitucionalidad, ya que la sentencia que prescindiera de tal declaración y desaplicase el derecho vigente queda descalificada por arbitraria" (Del voto de los Dres. Guillermo A Muñoz, José O. Casás y Ana María Conde in re "Perrone Héctor Alejandro c/Gobierno de la Ciudad s/Amparo", Expte. TDJBA nº 30/99, del 21/04/1999).

A mérito de las razones expuestas, corresponde rechazar, por improcedente el recurso de apelación deducido por el defensor oficial cotitular de la defensoría Contravencional y de Faltas nº 1, en contra de la sentencia de Ia. instancia de fecha 11 de abril de 2006.

En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia recurrida, en cuanto ha sido materia de recurso.

Así lo voto.

Ante mí:

En de de 2006 libré una cédula. Conste.

Endede 2006 notifiquéal Sr. Fiscal, quien firmó por ante mí. Doy fe.