Juicio correccional, finalidad de la ley, política criminal, sentencia arbitraria, recurso extraordinario federal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Araoz, Miguel Angel s/ Recurso Extraordinario deducido en Expte. Corte Nº 59/10: Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Lisandro E. Mendoza en Expte. Nº 171/08 - Aráoz, Miguel Angel s/ Lesiones Graves Culposas - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-11-26

Esta Corte rechazó el recurso de casación deducido por la defensa del imputado-por delito de Lesiones Graves Culposas- contra la resolución que no había hecho lugar a su pretensión para que suspenda el juicio a prueba, y fundó su decisión en la concurrencia del obstáculo formal a la admisibilidad del Instituto reglado por el art. 76 bis octavo párrafo del Código Penal, según el cual la suspensión del juicio a prueba no procede si el delito tiene prevista pena de inhabilitación.

En cuanto a la violación al principio de igualdad que se plantea como cuestión federal, el agravio es inadmisible por ser insuficientes los fundamentos que expone el recurrente sobre dicho principio consagrado en el art. 16 de la Carta Magna, el que es definido como el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias.

Es que la excepción legal prevista en el último párrafo del art. 76 bis del Código Penal ha sido determinada objetivamente para satisfacer con eficacia la finalidad de política criminal que persigue la norma ante la comisión de una clase de delitos que por la particularidad que presentan están sancionados con pena de inhabilitación y, por ende, en esa medida, el impedimento que involucra resulta proporcional con ese objetivo.

Igual condición cabe, por ende, predicar de la resolución que aplica estrictamente dicha excepción, prevista para una generalidad de delitos en la que se encuentra comprendido el que se juzga en estos autos, sin que demuestre el recurrente que esa discriminación efectuada por el legislador sea irrazonable o arbitraria y por ende lesiva de la garantía invocada.

Por ello, conforme a lo resuelto también en A.I. Nº 15/10 dictado por esta Corte, en tanto la igualdad o desigualdad de trato a las que deben sumisión los jueces no son otras que las razonablemente establecidas por el legislador con arreglo a las idénticas o diferentes circunstancias, respectivamente, con los fundamentos expuestos sobre el punto no demuestra el recurrente la relación directa e inmediata de dicho principio con el planteo efectuado, y a tal fin deviene insuficiente su argumentación pretendiendo que lo resuelto vulnera el principio de igualdad sólo porque otros tribunales, por considerar que ésa era la nueva doctrina de la Corte federal sobre la materia, han concedido la suspensión del juicio a prueba en casos análogos al de estos autos.

Por las razones dadas, y coincidiendo en todo con lo dictaminado por el Sr. Procurador, este Tribunal concluye que los agravios que originan esta apelación son improcedentes por no contar con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso de inequívoco carácter excepcional como lo es el de la arbitrariedad (Fallos: 310:1014, entre otros), tacha que sólo resulta procedente cuando la solución cuestionada se sustenta en afirmaciones meramente dogmáticas, que le dan al fallo un fundamento sólo aparente que lo descalifican como la sentencia fundada en ley a la que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 320:1534; 323:1779; 327:5528), lo que no ha demostrado el recurrente y, como consecuencia, corresponde no hacer lugar al Recurso Extraordinario deducido.