marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Asociaciones sindicales, competencia laboral, justicia nacional del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Flores, Fernando Emilio s/ Juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-27

En el caso, la esencia eminentemente pública del vínculo que une a las partes, carece de trascendencia. En efecto, no puede perderse de vista que la acción se encuentra fundada en la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales y, por lo tanto, rige la categórica previsión del artículo 21 inc. a) de la Ley 18.345, en cuanto dispone que "En especial, serán de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo: a) Las causas en las que tenga influencia decisiva la determinación de cuestiones directamente vinculadas con aspectos individuales o colectivos del Derecho del Trabajo". A mayor abundamiento, debe repararse que la norma mencionada en primer término expresamente atribuye el conocimiento de la demanda de exclusión de tutela a los jueces o tribunales con competencia laboral (ver, art. 63 inc. b de la Ley 23.551) y que, hasta el momento, se encuentra suspendida la puesta en funcionamiento de los tribunales locales con dicha competencia (conf. en sentido análogo, CSJN in re "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabino" , sentencia del 27/6/2002 (G. 371. XXXVII). (Del Dictamen de la FG N° 41.724, del 13/2/2006, al que adhiere la Sala).
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: R, R. s/ Agresión (EXPTE. Nº 80-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-08-13

Quien se defiende con un cuchillo del ataque que se le lleva con "un palo, puede perfectamente quedar encuadrado en una hipótesis de justificación (artículo 34 inciso 6 del Código Penal).
Proceso judicial, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cores Ponte J. M. c/ Municipalidad de La Matanza s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

Como la figura del consultor técnico no se encuentra reglada en el Código de Procedimientos Civil y Comercial, corresponde, a efectos de que la parte actora pueda cumplir la prueba pericial ofrecida, proceder por Secretaría a la designación de la audiencia necesaria para llevar adelante la prueba referida (art. 34 inc. 5 ap. b, 25 del C.P.C.A.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: O'Keeffe, Cristina Mabel c/ Hospital Prof. Dr. Adolfo Rossi s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-09-23

Habiendo constituido hechos controvertidos, deben probarse los gastos médicos, sanatoriales, farmacológicos, de traslado incurridos y causalmente vinculados con el hecho generador ventilado en los autos, no obstante que la acreditada existencia de daños físicos y su necesaria asistencia en un establecimiento adecuado por personal específico, dada la índole e intensidad a ellos, permita aseverar con apreciable margen que quepa presumirlos.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, relación de causalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: CABRERA, CARLOS GUSTAVO c/ PROVINCIA DE SALTA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2001-03-01

Para que la responsabilidad contractual funcione debe existir incumplimiento del deudor y resultar imputable al obligado en razón de su culpa, o solo, debe existir daño causado y relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño. La regla en materia probatoria es que el onus probandi corresponde al actor; en principio él debe exhibir el título de la obligación, probar la inejecución y que la misma le ha causado un daño. La relación causal, elemento ilícito o del incumplimiento contractual que vincula al daño directamente con el hecho dañoso o indirectamente con el elemento de imputación subjetiva o de atribución objetiva, daño y la culpa, en su caso el riesgo, deben quedar integrados en el acto que es fuente de la obligación de indemnizar. La teoría sostiene que no todas las consecuencias necesarias de un resultado son equivalentes, alcanzando la calificación de causa adecuada, únicamente aquellas que según el curso ordinario y natural de las cosas es idónea para producir ese resultado. Justamente por tratarse de una circunstancia de hecho que varía de un caso a aotro debe ser probada por quien lo invoca y no debe ser presumida. Las pruebas de autos resultan ineficaz para demostrar la relación de causalidad entre el daño que se invoca y la culpa del accionado, pues valoradas las mismas no surge que se haya acreditado el deterioro de la camioneta ni tampoco como lo sostiene la Señora Juez en grado el deterioro de las instalaciones de las mercaderías como así también la pérdida del crédito comercial; no se ha probado que los otros almacenes existentes en la finca Palermo Oeste de Payogasta sean posteriores a la fecha de concesión, como así también que su instalación haya sido alentada desde el Estado Provincial y menos aún que se les haya otorgado a estos concesión o permiso alguno para explotar la proveduría general en violación a la exclusividad prevista por la claúsula 14hechos estos que sí tendrían aptitud de producir naturalmente el resultado dañoso, según el curso ordinario y natural de las cosas. No acreditada por el demandado el nexo causal adecuado entre los perjuicios que invoca y el acto que se reprocha, debe rechazarse la pretensión indemnizatoria, circunstancias estas que me conducen al convencimiento de que la disminución de las ventas y el quebranto que se alega son propias del riesgo de los negocios.
Huelga, legitimidad de la huelga, asignaciones familiares
Materia: LABORAL
Carátula: CRUZ ALTA  S.A. s/ IMPUGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Las inasistencias derivadas de la huelga decretada por el gremio, durante 7 días, la que no fue declarada ilegal por la autoridad estatal, deben considerarse incluidas entre las causales enumeradas por los arts. 10 y 11 del decreto 6723/58, que no enervan el derecho a la percepción de las asignaciones familiares.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Maffeis, Jorge Alberto c/ Banco de Intercambio Regional s/ Cobro de haberes Coronel, Pablo José c/ Cavalli Industrias Alimenticias S.A. s/ Indemnización por antiguedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31|1985-10-11

No satisface las exigencias del art. 279 del C.P.C.C. el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite la necesaria denuncia de infracción de las normas en las que se funda el pronunciamiento impugnado.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Lazarte, Walter Ramón y Otro c/ Funes, Francisco Rodolfo y Otra s/ Demanda Laboral Roldán, Graciela y Otros c/ Empresa J.G.F. S.R.L. y-u Otros s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-10|1998-05-21

"Para que nazca la responsabilidad solidaria de una empresa por las obligaciones laborales de otra, en los términos del art. 30 de la ley de contrato de trabajo, es menester que aquélla contrate o subcontrate servicios que complementan o completen su actividad normal y específica. Debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, de acuerdo a la implícita remisión que hace la norma en cuestión al art. 6 de le ley de contrato de trabajo".
Instrumentos públicos, instrumentos privados, prueba pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez Dora Aurora s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-07-28

El informe producido por la Asistente Social designada en autos para efectuar una "Encuesta Socio Ambiental", no es un instrumento público o privado, debidamente reconocido en juicio, como exige la ley de rito, para recurrir en casación por la causal de errónea apreciación de la prueba.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, admisibilidad formal, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Marsala, Andrés  c/ Sagaseta, Walter Andrés s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-14

Corresponde rechazar la excepción de falsedad de título, pues si bien el perito calígrafo asignado en la ejecución dictaminó inicialmente que las firmas no correspondían al ejecutado, sin embargo, la pericia producida en la acción penal promovida por falsificación sí que atribuyó la firma de los cartulares al querellante, concluyendo por sobreseimiento. En ese particular escenario, se verifica la existencia de dos peritajes contradictorios, razón por la que el juez comercial solicitó la producción de una nueva pericia que esta vez determinó la autoría de las firmas en cabeza del ejecutado. Consecuentemente, se encuentra sellada la suerte adversa de la excepción introducida, razón por la que corresponderá admitir la ejecución promovida y asimismo procede imponer una multa por temeridad y malicia (cfr. CPR 551) a la ejecutada, equivalente al 5% del importe de la deuda.
Sentencia interlocutoria, daños y perjuicios, recursos, recurso de queja (procesal), monto del juicio, procedencia del recurso, constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Vallejos, Julio César y otra c/ Hospital Interzonal Doctor José Penna y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-02-26

Las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio (art. 278 del C.P.C.C.) para la concesión del recurso extraordinario, no vulneran derechos o garantías constitucionales.(doctor Soria, mayoría)
Procedimiento judicial de la seguridad social, limitación de recursos económicos, prueba, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: CIAMPAGNA, RODOLFO NICOLAS c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-11

La defensa de "limitación de recursos en el deudor", como así mismo la que obliga a producir una prueba de esa limitación mediante dictámenes elaborados por peritos de la Auditoría General de la Nación, quebrantan las garantías de los arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional, y por lo tanto, deben ser declaradas inconstitucionales por el órgano jurisdiccional competente (arts. 31 y 100, C.N.). (Del voto del Dr. Herrero).
Ejecución hipotecaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Austral S.A. c/ Millach, Juan Domingo y otra s/ Cobro hipotecario Banco Mayo Coop. Ltdo. c/ Asociación Mutual del Personal de Yacimientos s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-15|1998-02-26

Si bien es cierto que en el art. 595 del Cód. Proc. no figura la excepción de inhabilidad de título, motivo por el cual, en principio, cabría su rechazo "in limine", no lo es menos que, una vez opuesto el reparo a la habilidad o aun cuando así no aconteciere, el juez debe necesariamente examinar cuidadosamente el documento base de la ejecución (art. 529 Cód. Proc.) a efectos de comprobar si se encuentran reunidos los presupuestos del título ejecutivo. De ahí que en las ejecuciones hipotecarias se ha admitido la excepción de inhabilidad de título, tratándose de la denuncia de la falta de uno de los elementos esenciales de todo título ejecutivo, como son la vinculación jurídica entre las partes y la exigibilidad de la deuda.
Recurso extraordinario, sentencia no firme, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VERDUGO, ISABEL Y OTRO c/ VERDUGO, MANUEL Y OTRO s/ INCLUSION   DE  BIENES  EN  SUCESORIO  MANUEL  RUPERTO  VERDUGO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD     RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-26

La sentencia pronunciada por esta Corte en la que la causa se reenvía para ser juzgada nuevamente, evidencia que no se pone fin al pleito, ni se dirime la controversia ni se hace imposible su continuación, incumpliéndose con el requisito de la definitividad del decisorio impugnado exigido a los efectos de la apertura del recurso extraordinario nacional (ley 48).
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalez, Sergio C. c/ Di Iorio, Juan J. A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-03

No constituye una fuente indebida de enriquecimiento para el actor la suma que se fije por indemnización del daño moral sino una gratificación económica, para compensar el sufrimiento moral de la víctima:un hombre que a los veinticuatro años, ha perdido el supremo derecho de vivir en plenitud de su potencialidad física, con una pierna más corta que otra, anulación de movimientos en el pie izquierdo, músculos atrofiados e inhabilitado para una gran cantidad de actividades laborales, sumado a ello un largo, doloroso y complicado tratamiento de curación.
Jurisprudencia aplicable, Corte Europea de Derechos Humanos, derecho a la protección integral de la familia, expulsión de extranjeros, interés legítimo
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asunto Aziz Saber y Hanza Boughassal c. España - Derecho a permanecer en el país de acogida - Adecuada ponderación de los intereses involucrados c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Bajo Rin
Fecha: 2018-11-27

A los fines de evaluar si una orden de expulsión y/o de prohibición de reentrada en el territorio es necesaria y proporcionada a la finalidad legítima perseguida por el Estado que así lo pretende, el Tribunal ha elaborado los criterios a seguir en el marco del cumplimiento del artículo 8 del Convenio Europeo, a saber: la naturaleza y gravedad de la infracción cometida; tiempo de estadía de la persona en el país del cual va a ser expulsada; evaluación de la conducta del demandante desde la infracción; sus vínculos sociales, culturales y familiares, muy en especial si tiene hijos y cónyuge y la gravedad de las dificultades con las que puedan enfrentarse en el país al que se va a expulsar al interesado, todos ellos criterios que deben aplicarse con independencia de que el extranjero haya entrado en el país en edad adulta o a una edad muy temprana.

Fuente del sumario: SAIJ
Juicio de apremio, intimación de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M.U.C. c/ Langer s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-05

Es indispensable previo a la iniciación de las acciones judiciales, efectuar la intimación de pago prevista en la Ordenanza General Nro.

153. La instancia extrajudicial ayuda a economizar gastos, a afrontar las deudas con responsabilidad y a evitar en lo posible el litigio.
Tasa de justicia, depósito previo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TRANSPORTES ALVARADO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/ IMPUGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-28

La validez constitucional de la exigencia del pago previo de los tributos y recargos pertinentes, como requisito a la intervención judicial, admite una salvedad, en supuestos de monto excepcional y de falta comprobada e inculpable de los medios pertinentes para enfrentar la erogación. (Conforme Fallo de la CSJN. 256:38, 'Aaron, Bersel c/ Provincia de Santa Fe').
Concurso aparente de leyes, principio de especialidad (penal), homicidio criminis causa, homicidio calificado con el concurso de personas
Materia: PENAL
Carátula: SOBRERO, C. s/ HURTO AGRAVADO - HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-07

En el concurso aparente de dos tipos calificados que tienen origen en el mismo tipo básico debe aplicarse el principio de especialidad. El doble homicidio es agravado por la intervención de tres personas y porque fue ejecutado para asegurar la impunidad, incluyendo este último agravante al primero, porque es de mayor amplitud.
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Alvarez Ugarte, Raúl Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-06

En relación a la interpretación del término "secuela de juicio" cabe señalar que no se puede hablar de "juicio" durante la etapa instructoria, en razón de sus fines y de los principios que rigen durante su realización. Toda vez que sólo se puede afirmar que hay juicio, si hay contradicción, de lo contrario nos encontraremos ante una mera etapa procedimental.

En autos desde que aconteció el hecho atribuído al encausado ha transcurrido holgadamente el plazo máximo de seis años- previsto para el ilícito tipificado en el art. 173 inc. 7° del C.P.- sin que realizara el juicio oral y público establecido por la Constitución Nacional, ni se dictara la sentencia que de él deriva (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.). En consecuencia, la acción penal se encuentra prescripta. (Dra. Ledesma adhiriendo según su voto).
Notificación tácita
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ale, Carmen A. c/ Zingueria Colon y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

Si el letrado que firmó la cédula transcribió la parte dispositiva de la resolución, debe entenderse que tomó conocimiento de la misma, si no con antelación, por lo menos en la misma fecha en que la suscribió. Ese momento es el que debe considerarse a los fines establecidos en el art. 137 1er. párrafo del CPC.
Accidente de tránsito, automotores, conductor no titular, legitimación procesal, leyes, interpretación amplia
Materia: CIVIL
Carátula: Minetti c/ Romano s/ Ordinario (Expte Nro.  321-00, Resolución Nro.  88, Tomo 20, Folio  415/420)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-29

El art.1110 del Código, en su primer párrafo, brinda protección al usuario de manera amplia, concediéndole legitimación activa, y los jueces deben interpretarlo con suficiente flexibilidad, para lograr que ese usuario, víctima indudable del hecho dañoso, no vea frustrada su legítima expectativa.
Usurpación de inmueble, despojo, tenencia precaria
Materia: PENAL
Carátula: Fassi Lavalle, Omar s/ Usurpación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

Para que se configure la conducta descripta por el art. 181 inc.

1 del Código Penal es necesario que se produzca una verdadera interversión del título de ocupación, lo que no sucede cuando el tenedor o detentador precario prolonga su tenencia más de lo que corresponde, aunque invoque para ello un derecho que no tiene.
Accidentes de trabajo, acción civil, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Tejeda, Adriana c/ Grupo Estrella SA y otro s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-28

Para fijar el importe del resarcimiento a otorgar al trabajador que padece una incapacidad vinculada al accidente de trabajo en virtud del cual plantea su reclamo, debe tenerse en cuenta las particularidades propias del caso, es decir la edad de la víctima al momento de los hechos; el tiempo probable de vida útil que le resta permanecer disminuida en el mercado de trabajo; la incapacidad laborativa que porta y que fuera dictada a través de una pericia técnicamente fundada, la profesión del demandante, la remuneración percibida, así como el daño emergente y el lucro cesante.
Concursos, concurso preventivo, apertura del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: REPETTO  DE  GARAVILLA,  MARIA c/ BANCO SUDAMERIS ARGENTINA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

Sin perjuicio de que no sea recaudo de admisibilidad de la petición de concursamiento, que la peticionaria acredite ser titular de un patrimonio que revele viabilidad económica y/o comercial, deberá proveer cierta información inherente al patrimonio en concurso -flujo de fondos en los últimos doce meses y el proyectado para los próximos veinticuatro meses, ingresos y erogaciones mensuales, créditos a percibir, estrategias para renegociar la reestructuración del pasivo en el marco del concurso-, para un mayor conocimiento de los acreedores, del síndico y del tribunal.
Amparo colectivo, regulación de honorarios, monto del juicio, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: FEDERACION ECONOMICA DE CATAMARCA c/ EDECAT s/ ACCION DE AMPARO JUDICIAL DE INTERESES DIFUSOS O DERECHOS DIFUSOS S/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-03-19

Se recurre en casación por arbitrariedad y errónea aplicación de la ley, el fallo de Cámara que confirma el dictado en primera instancia que, al regular honorarios, consideró que el juicio de amparo no era susceptible de apreciación económica.

Ahora bien, corresponde aclarar que el amparo es un proceso sin monto litigioso, y aún cuando directa o indirectamente pueda tener significancia pecuniaria para quien pretenda la declaración o el reconocimiento de un derecho, carece de contenido económico.

En el caso, la pretensión objeto de la presente acción de amparo se dirigió principalmente al cumplimiento de la Resolución En.Re. Nº 076/01, que aprobaba el nuevo r'gimen tarifario vigente que debía aplicar la demandada-concesionaria del servicio de energía eléctrica-, y si bien el reclamo ventilado mediante esta acción, produjo determinados efectos jurídicos de consecuencias materiales, pues en forma subsiguiente se reclamó una indemnización como consecuencia del incumplimiento de aquella Resolución, la misma no puede ser tomada como "monto del proceso" en esta causa, pues sabido es que la apreciación económica susceptible de formularse a la que alude la ley arancelaria, se refiere a la posible cuantificación pecuniaria del "directo interés perseguido como objeto de la causa".- Siendo ello así, no pueden invocarse a los fines solicitados las características del procedimiento asignado-juicio sumario-, pues si bien ello debe ser tomado en cuenta al momento de practicarse la regulación, lo cierto es que ser en definitiva la "naturaleza y el objeto de la pretensión" lo que, definir la cuestión, pues de ella surgir si hay o no un directo interés económico en discusión.- En consecuencia estando en juego normas de la ley arancelaria y cierta discrecionalidad del magistrado, los montos regulados en base a las pautas de valoración contenidas en los Incs. b) a f) del Art. 6 de la ley Nro. 3956, resultan razonables, por lo que corresponde rechazar el recurso de casación intentado.

Del voto del Dr. Cáceres-Según su Fundamento
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, depósito bancario, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: "Lagari  Domingo  Antonio c/ PEN Dto. 1.570/01 214/02 y otro s/ amparo ley 25.561".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-06

Así como sostengo la inconstitucionalidad del decreto 214/02 -conf esta Sala "Pape, Mariela", 28/8/2002- considero que corresponde aplicar la fórmula decidida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Massa, Juan Agustín c/ P.E.N. s/ amparo", 27/12/2006, para disponer el reintegro del depósito bancario objeto de autos y declarar que las sumas cobradas quedan consolidadas en el patrimonio del actor y que corresponde aplicar la fórmula creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a las sumas que se encuentren depositadas en las cuentas objeto de autos al momento de le ejecución de la presente (Del voto de la juez Herrera).