Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-06


Causa n° 5193/2013 BINGO DE LAVALLE SA c/ LOTERIA NACIONAL SOC DEL ESTADO s/MEDIDAS CAUTELARES (J. 4 S. 7) Buenos Aires, 6 de junio de 2014.- AN VISTO: el recurso de apelación interpuesto en fs. 372, fundado en fs. 374/381, y CONSIDERANDO:

1) Que Bingo Lavalle S.A., agente operador de la sala homónima, solicitó el dictado de una medida cautelar a fin de que Lotería Nacional Sociedad del Estado: a) se abstenga de llevar a cabo la ejecución de las pólizas de seguro emitidas con arreglo a los incisos a) y b) del art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado mediante resolución n° 61/07 de la citada entidad hasta tanto se determinen la ocurrencia de los siniestros amparados en las pólizas y la cuantía de los eventuales incumplimientos, y se verifique la existencia de resolución firme que así lo establezca; b) se abstenga de revocar su designación como operadora de la mencionada sala de juegos con sustento en las causales previstas en los incisos 3) y 5) del art. 23 del citado pliego; y c) se deje en suspenso la intimación para que un plazo perentorio de 10 días presente nuevas pólizas de Garantía de Responsabilidad Contractual y de Reserva Legal.

2) Que la actora recurre la resolución de fs. 367/369 en cuanto desestima el pedido cautelar.	Los agravios respecto de los fundamentos del decisorio, giran en torno a dos argumentos principales. Ellos son:

a) No es cierto que para evaluar la procedencia de la medida precautoria fuera menester "necesariamente adentrarse en la cuestión de fondo" ya que la mera inobservancia de la falta de firmeza de la decisión de la demandada de ejecutar las pólizas por incumplimiento de las obligaciones y, por otro lado, la ausencia de intimación extrajudicial al pago de la deuda, son extremos de notoria consumación que hacen a la verosimilitud de su derecho de cuestionar la ejecución de las pólizas y que no necesitan de otro análisis posterior.

b) La resolución desestimatoria fundada en que la medida pretendida no está dirigida a asegurar el cumplimiento de una hipotética sentencia de contenido patrimonial, no advirtió que la mentada medida está dirigida a asegurar la subsistencia patrimonial de la actora, gravemente amenazada por el estado crítico que atraviesa y que definitivamente terminaría por colapsar en caso de concretarse la ejecución de las pólizas y revocarse su designación como operadora de las sala de bingo. Afirma la accionante que la procedencia de la pretensión procesal presupone ante todo contrarrestar las imputaciones que la demanda le ha dirigido a través de la Resolución Normativa 59/2013, que manda a llevar adelante la ejecución de las garantías.

Concluye, entonces, que de no otorgarse la medida solicitada, las pólizas serán irremediablemente ejecutadas, y acto seguido se procederá, con toda seguridad, a revocar su designación como operadora de la sala de bingo a su cargo, en función de lo previsto en el art. 23 del pliego de bases y condiciones que integra el contrato.

Sobre la verosimilitud del derecho. Procedencia de la vía pretendida:

3) Que las cuestiones atinentes al derecho que dice tener la aquí actora respecto de la alegada improcedencia del cobro de las garantías y de las intimaciones a ampliarlas en el marco del contrato, pueden y deben ser valoradas y tratadas (sea cautelarmente o no) en el proceso judicial "que se habrá de promover con vistas a que se dilucide si procede la ejecución de las pólizas existentes y el incremento de los montos asegurados." (oportunidad a la que se refiere la actora en fs. 374 vta.) donde intervengan todas las partes con intereses en juego, el tomador, la aseguradora y el asegurado.

4) Que la prohibición de innovar no constituye la vía adecuada para impedir la iniciación de otro proceso ni la paralización "a priori" de una eventual demanda a dirigirse contra el peticionario, ya que este objeto sobrepasa los límites y modalidades propias de la cautela en cuestión (conf. CNCiv., 19-8-82, La Ley, 1983-b-640; 13-9-83, La Ley, 1984-b-472, 36.617-s; ídem, Sala "D", 23-10-81, El Derecho, 96-778; ídem, Sala "E", 3-6-82, La Ley, 1983-d-647; ídem, Sala "F", 15-3-82, La Ley, 1983-a-44, etc.) ello, sin perjuicio de señalar, que nada obsta a que el peticionario puede hacer valer sus derechos en el juicio que la acreedora incoare a los fines de ejercer los suyos que como contratante reclama, si como tal decide ejecutar las pólizas (conf. CNCiv., Sala "A" 25-6-82, La Ley, 1983-a-32; ídem, Sala "E", 22-12-82, Jurisprudencia Argentina, 1983-II-636). De lo contrario, se incurriría en el cercenamiento de una facultad amparada constitucionalmente, tal como la de acudir a los tribunales a reclamar la tutela que, en principio, concede la ley sustancial al acreedor (conf. CNCiv., Sala "C", 10-9-82, La Ley, 1983-d-210; 15-12-83, La Ley, 1984-b-282; conf. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación" 2a. Edc. Reelab. y ampl., t. II-c, ps. 1006/1007 y jurisprudencia allí citada, Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1986; Fassi-Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial", t. 2, ps. 198/199, jurisprudencia y doctrina allí citada, Editorial Astrea, 1989; Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. 1, p. 741, Editorial Astrea, 1985; Palacio, "Derecho Procesal Civil, t. VIII, p. 183, v. Nota 28, Abeledo-Perrot, 1989) (confr. CNCiv. y Com. Fed., Sala III, causa 6.806/05 del 11-10-2005).

5) Que respecto de la petición para que la Lotería Nacional Sociedad del Estado se abstenga de revocar la designación de la actora como operadora de la mencionada sala de juegos, con sustento en las causales previstas en los incisos 3) y 5) del art. 23 del citado pliego, hasta tanto se dicte sentencia definitiva y firme en el proceso judicial que se habrá de promover con vistas a que se dilucide si ha mediado el efectivo acaecimiento de los incumplimientos que se han tenido por configurados en la Resolución del directorio de Lotería Nacional Nro. 59/2013; es particularmente aplicable el decisorio de la anterior instancia en tanto resulta necesaria la tramitación del proceso para determinar si ha mediado incumplimiento de ciertas obligaciones contractuales respecto -entre otros- del estado de la sala en donde se desarrolla el juego, del reintegro de las sumas pertenecientes al premio Jackpot o, también, para evaluar la ejecución y los actos realizados en consecuencia del contrato, como por ejemplo la incidencia de la propuesta relativa al "Pozo Jackpot" para saldar el pago de una deuda que la actora reconoce al decir que pretende honrar (confr. copia de la nota firmada por el presidente de la actora y presentada ante Lotería Nacional Sociedad del Estado, obrante en fs. 130/131).

Peligro en la demora 6) Que si bien la ausencia del requisito de verosimilitud del derecho analizado es suficiente y determinante para confirmar el decisorio que rechaza la cautelar, se advierte que tampoco revisten de entidad los argumentos relativos al peligro en la demora.

En efecto, el único acto real y concreto que deja ver la voluntad de la demanda en el curso de la ejecución contractual es la Resolución de su directorio Nro. 59/2013, que resuelve "mandar" ejecutar las pólizas por intermedio de una de sus gerencias e intimar por medio de una subgerencia a la actora para que amplíe las cauciones.

Ni la ejecución de las pólizas ni el monto a erogar que suponen sus ampliaciones, lucen como impedimentos para continuar con la marcha del negocio jurídico. Por un lado, la ejecución de las garantías -por lo menos en lo mediato- repercutiría en el patrimonio de la aseguradora y, por el otro, nada se actuó respecto del daño irreparable que el pago de las primas pudiera provocar en el patrimonio de la actora. En este contexto, la conclusión de que es "altamente previsible" que en caso de que no se ".ordene a Lotería Nacional que se abstenga de llevar adelante la ejecución de tales pólizas, la contratante pública se sentirá fácilmente inclinada a responder tal embate a través de la revocación de la designación como agente operador" no escapa al marco meramente hipotético y conjetural, sin sustento en la realidad imperante a este momento en que se debe decidir. Ello, al margen de que aún de darse ese presupuesto de hecho, como se dijera en los considerandos precedentes, sería un acto de la demandada en ejercicio de su facultad contractual, cuya legitimidad debería resolverse con las reglas procesales de las causas o procesos que merezcan nacer.

Por ello, este Tribunal RESUELVE: Desestimar el recurso de apelación.

Hácese saber a los letrados la obligación de registrar, validar y constituir en el expediente su domicilio electrónico, de conformidad con lo previsto en las Acordadas CSJN nº 31/11 y 38/13 -B.O. 17-10-13-.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI-ALFREDO SILVERIO GUSMAN-GRACIELA MEDINA