marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad procesal, allanamiento sin orden, local comercial, verificación de impuestos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Khayat, Maximiliano c/  s/ nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-18

La expectativa de privacidad del dueño de un local comercial difiere significativamente de la inmunidad acordada al hogar, y tal interés en la privacidad puede, bajo ciertas circunstancias, ser adecuadamente protegido a través de políticas regulatorias que autoricen inspecciones sin orden judicial de allanamiento, porque actividades de ese tipo se encuentran sujetas a control, fiscalización y verificación por parte de las autoridades públicas.
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, legalización, escribanos públicos, escritura pública, Estado Provincial, instrumentos públicos, protocolización
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: ISAAC RAUL MOLINA c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

Las exigencias de que sólo un notario provincial gestione certificados de dominio para el otorgamiento de una escritura pública y efectúe su inscripción, previa incorporación a su protocolo de la copia certificada por el autorizante del título por medio de "un acta protocolar" en la que se individualizarán los datos fundamentales de aquél y las menciones de orden administrativo, fiscal y registral exigidas por las leyes 9020 (art. 186, 187, 188) y 10.191 (art. 1), importa crear una reválida notarial local del instrumento de extraña jurisdicción, desconociendo la plena fe que cabe atribuirle en función de lo preceptuado por el art. 7 de la Constitución Nacional y de las normas dictadas en consecuencia.
Prescripción de la acción penal, interposición del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Avilés, Luis César s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-30

La locución secuela de juicio, debía entenderse en el sentido de realización de aquellos actos de filiación procesal que dan vida activa, cierta y firme al juicio, que hacen proseguir efectivamente la causa, que acuerdan o conceden al proceso una dinámica indudable y real apta para un efecto jurídico esencial, vale decir, los actos de persecución penal. Por contraposición no constituirán secuela de juicio aquellos actos que sólo reporten alguna utilidad en orden a meras actuaciones de materia procesal, recogidas o dispuestas en el proceso. (Voto del Dr. Fégoli).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Toscano,  Nuncio  y  otros c/ Formosa, Provincia de s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

El art. 117 de la Constitución Nacional establece de modo taxativo los casos en que la Corte ejercerá su competencia originaria y exclusiva, la cual, por su raigambre, es restrictiva e insusceptible de extenderse a otros casos no previstos. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Accidentes de trabajo, indemnización por incapacidad, prueba, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: VILLA, RUBEN MARIO c/ MUNICIPALIDAD DE CORONDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 205-82)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-02-28

La minusvalía laboral no queda demostrada ni identificada, con la mera existencia de dolencias, si no afectan la plena capacidad para el trabajo; la ley resarce discapacidades, no enfermedades.
Fraude a la Administración Pública, empleados de banco, falsificación de instrumento privado
Materia: PENAL
Carátula: Caranzi de Capello, Zelmira s/ Fraude a la administración pública
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-17

La conducta del procesado, que en su calidad de segundo jefe de la oficina de custodia y cobranzas de una entidad bancaria, desvió fondos de la institución a una cuenta particular en su provecho, constituye delito de defraudación en perjuicio de una administración pública (art. 174, inc. 5, C.P.), pues no obsta a tal calificación el hecho de que el sujeto pasivo despliegue una actividad que no sea completamente pública -sino más bien de carácter comercial-, si la institución está dotada de personalidad de derecho público, tal como sucede con las instituciones bancarias.

La acción del procesado de confeccionar un formulario para la extracción de los fondos y adulterar después el original, no constituye el delito de falsificación de instrumento privado, pues este tipo de instrumento, que sirve para el control interno privado civil, pero no los que hacen a su castigo penal por vulnerar la fe pública.
Competencia laboral, trabajo insalubre, Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares
Materia: LABORAL
Carátula: Stracuzzi Fiore Avanti c/ I.A.F. s/ retiro militar y fuerzas de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

Resulta de competencia de la Justicia del Trabajo la demanda entablada a fin de obtener el reconocimiento de las sumas de dinero, por la realización de tareas insalubres en el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares con fundamento en los arts. 1109 del C.C., art. 2º de la ley 11.544 y art.

200 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Competencia de menores
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Romero Patricia Graciela s/ Denuncia Ley 9198 -Competencia -
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-08-14

Conforme a lo normado en los artículos 7 y 9 de la Ley 9324 el Juzgado de Familia y Menores, en el caso por ser el que previno el Nº2 de esta capital es el competente como fuero especial para entender en autos en tanto la competencia provisoria que la ley otorga al juzgado de Paz cuando la denuncia se hubiere efectuado ante dicho juzgado se limita a las medidas cautelares urgentes a adoptar ante situaciones de riesgo para la vida o la salud de las personas.
Proceso penal, derecho a la sentencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sigra SRL. s/ ley 23.771 - Causa n° 2953.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Si los tribunales pudieran dilatar sin término la decisión, los derechos podrían quedar indefinidamente sin su debida aplicación con grave e injustificado perjuicio de quienes lo invocan y vulneración de la garantía de la defensa en juicio (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Jurisdicción y competencia, procedimiento laboral, competencia por el territorio
Materia: PROCESAL
Carátula: R., D.P. c/ C.T.T.S.L. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-30

La doctrina indica que para discernir la competencia, debe analizarse el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico-procesal, así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa, y la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda.

También considero que no corresponde estar a las defensas opuestas por el demandado, ya que de lo contrario la cuestión sólo podría dilucidarse una vez agotado el ejercicio de la jurisdicción por la sentencia final (Conf.: arts. 4 y primer párrafo del 5 del C.P.C.C.).
Amparo por mora, ley nacional
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Villagrán, Omar Osvaldo c/ Municipalidad de Fiambalá s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-06

La finalidad del amparo por mora, es lograr el pronto despacho de las actuaciones administrativas que se estiman demoradas.

El amparo, afirma la doctrina, se aplica a cualquier pedimento formal en sede administrativa cuya resolución sufra dilación excesiva, pues para ser admitido requiere que se configure el estado objetivo de mora, siempre que el procedimiento administrativo mantenga vigencia. (Rivas, "El Amparo", p.679").

En esa inteligencia, ante una situación concreta de mora administrativa, entendida como la inactividad formal de la administración, simple no contestación a una petición de los particulares, es dable consignar que la legislación nacional prevé tres técnicas de control a elección del administrado: "el reclamo en queja ante el superior (Art.71 RLNPA), el silencio administrativo (Art.10 LNPA) y la acción de amparo por mora de la administración (Art.28 LNPA).

Interesa señalar que en dicho ordenamiento, ante la elección de una de las vías, no es posible luego intentar la alternativa. En consecuencia, interpuesto el pronto despacho del Art.10 de la LNPA, no se podrá articular la reclamación en queja ni la acción de amparo por mora. Sin embargo, no funciona a la inversa, iniciado un amparo por mora, siempre puede desistírselo e intentar la vía del silencio.
Costas, juicio de apremio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ATER Y/O FISCO PROVINCIAL c/ OTAEGUI MARIA INES s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-03-06

El propio obrar del fisco conlleva deba hacerse cargo de las costas del proceso en tanto inició las actuaciones en mayo respecto de una planilla de deuda emitida en enero, pero fundamentalmente en razon de que, frente a la articulación de la excepción no adoptó una posición de adecuación a las circunstancias aceptando la realización del pago y procedencia de la defensa, sino por el contrario resistió la misma interesando su rechazo y con ello generó la actividad jurisdiccional que produjo la decisión de acoger la excepción colocándose en la posición procesal de vencida y consecuentemente en situación de soportar las costas; todo ello en lugar de, una vez corrido el traslado, aceptar el pago allanándose a la pretensión de la accionada como modo de justificar su pedido de imposición de costas del proceso a la apremiada.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, subasta judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ugalde, Sandra s/ Incidente de nulidad de subasta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28

Es definitiva para el comprador, en el concepto de los arts.278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, la decisión que deja sin efecto una subasta judicial.
Subcontratación laboral, ley de contrato de trabajo
Materia: PENAL
Carátula: Mendoza Carlos Daniel c/ Satro SA y otros s/ accidente-acción civil"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-08

En los casos en que la empresa principal o comitente delega en otra, bajo su propia dirección y control, tareas de transporte de los productos que fabrica debe considerárselo responsable en los términos del art. 30 L.C.T. ya que media la delegación de tareas que le son propias, en la medida en que el traslado de tales mercaderías hasta sus clientes resulta imprescindible para lograr sus objetivos comerciales. (Del voto del Dr. Maza quien deja a salvo su posición minoritaria y adhiere por razones de economía procesal).
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gliksberg, David c/ Cadoche, Mercedes s/ Fijación régimen de visitas y cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-02

La circunstancia de haberse litigado en torno a la prohibición de innovar que impedía la disposición del inmueble por su propietaria, no implica tampoco que el objeto del proceso sea el inmueble sobre el que recayó la medida.
Celeridad procesal, lesiones, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Muñoz, Eleonora y otras s/ lesiones c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-18

Si bien es cierto que en todo sumario se debe proceder con la mayor celeridad posible, a su vez, cabe tener presente que existen pasos procesales que indefectiblemente se deben practicar para que avance el proceso o para dar respuesta a los planteos que van formulando las partes; de modo que no puede perderse de vista el tiempo que inexorablemente demandan. Lo expuesto no importa desconocer que la Corte Suprema ha reconocido en varias oportunidades la relación existente entre el derecho a ser juzgado en el plazo razonable y la prescripción de la acción penal y ha admitido la pertinencia de recurrir por analogía a la prescripción para producir los efectos de otras formas de finalización del proceso favorables al acusado, declarando que el derecho del imputado a que se ponga fin a la situación de indefinición que supone el enjuiciamiento penal, puede encontrar tutela en la prescripción de la acción (voto de la jueza Llerena al que adhirió el juez Bruzzone)
Servicios eléctricos, deficiencias en el servicio, transporte de energía eléctrica, generación de energía eléctrica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Edenor S.A. -Empresa Distribuidora Norte S.A.- c/ Ente Nacional Regulador de Electricidad -Resol. 80/94
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

El concepto de fallas externas a la red sólo comprende a las debidas a los sistemas de generación y transporte, ajenos a la distribuidora. (Consid. XI).
Ejecuciones especiales, proceso penal, prisión domiciliaria, remisión del expediente, admisibilidad del recurso, cuestiones procesales, derecho a la salud, falta de agravio concreto, faltas relacionadas con la higiene y la salud, medidas de seguridad
Materia: PENAL
Carátula: Di Russo, Fernando Antonio s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-05

Corresponde hacer lugar y reenviar las actuaciones a su origen para un nuevo pronunciamiento, sin que ello implique emitir juicio ni adelantar criterio en torno a la adecuación de la petición de Di Russo en los términos de los arts. 32 de la ley 24.660 y 10 del Código Penal, como así tampoco respecto a la procedencia de la morigeración del arresto solicitado con sustento en esa base normativa. Se advierte que lo resuelto por la jueza de la anterior instancia -rechazo del arresto domiciliario- luce desprovisto de sustento y prematuro, en la medida en que no se han reunido ni evaluado todos los elementos necesarios para adoptar una decisión de conformidad con las exigencias de fundamentación que emanan de los arts. 123 y 404 inc. 2° del CPPN y brindar respuesta acabada a la petición de la defensa. Es que para resolver el planteo efectuado por la defensa luce indispensable dar intervención de manera previa al área médica de la unidad en la que se encuentra alojado Fernando Antonio Di Russo y al Servicio Penitenciario Federal a fin de que, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, informen el diagnóstico del nombrado, prognosis de su evolución, incidencia de la situación de encierro sobre sus afecciones, tratamiento y/o medicación indicados, estudios médicos de seguimiento necesarios y su periodicidad, y las posibilidades concretas de que todo ello pueda ser llevado a cabo de manera eficiente en el ámbito de la unidad carcelaria. A su vez, en tanto se observa que se ha omitido efectuar la vista correspondiente al fiscal antes de dictar el pronunciamiento aquí revisado, deberá el tribunal a quo, previo a resolver, tramitar la incidencia bajo las previsiones contenidas en el art. 491 del CPPN. El voto concurrente agregó que al no haberse cumplido con la vista al representante del Ministerio Público Fiscal ordenada por el art. 491, primer párrafo, del CPPN en el trámite de los incidentes de ejecución, ello configura un supuesto de nulidad, en los términos del art. 167, inciso 2°, del C.P.P.N pues se ha vulnerado la necesaria participación que, de conformidad con la legislación procesal aplicable, debió acordársele al Ministerio Público Fiscal, y las garantías de debido proceso y defensa en juicio. Dres. Figueroa, Petrone -voto concurrente- y Barroetaveña.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba pericial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Empresa Marle Construcciones s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-07-16

El análisis del contenido y alcance de la prueba pericial constituye una facultad privativa de los jueces de grado y que sólo puede ser objeto de revisión en esta instancia en el caso de absurdo.
Procedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, situación de vulnerabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAE contra GCBA sobre incidente de apelación - amparo - habitacionales y otros subsidios y su acumulado expte. 45887-2020-2 GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en CAE contra GCBA sobre amparo - habitacionales y otros subsidios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad del accionante destinado a cuestionar en última instancia la sentencia que revocó parcialmente la medida cautelar otorgada, en tanto se encuentran reunidos los extremos necesarios para tener, en principio y sólo a efectos de fundar la continuidad de la medida cautelar dictada en autos, por comprobada la situación de vulnerabilidad social del peticionante. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Prescripción de la acción penal, calificación legal, cómputo del plazo, ejercicio de la acción pública, facultades del fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: DUDA, CARLOS MARCELO s/ Sistema integrado de jubilaciones  y pensiones, incidente de extinción de la acción por prescripción con  relación a la solicitud de afiliación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-12

A los efectos de la declaración de prescripción de la acción penal, durante la etapa instructora, toda vez que resulta prematuro cualquier pronunciamiento acerca de la exacta calificación legal de los hechos, debe estarse a la calificación que les atribuye quien ejercita la acción, es decir el Ministerio Público Fiscal.
Daños y perjuicios, daño moral, procedencia del recurso, responsabilidad contractual, compraventa inmobiliaria, corredor, existencia del agravio, tipo de cambio, consecuencias mediatas, consecuencias inmediatas
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Laura Andrea  c/ Katz, Jorge Silvio  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

Corresponde condenar a un corredor inmobiliario por los daños y perjuicios causados a la adquirente de un inmueble, pues dos meses después de haber abonado la correspondiente reserva, fue informada acerca de una hipoteca que gravaba la propiedad. De tal manera, por haber transcurrido ese lapso temporal, la actora fue condicionada a no poder desistir de la operación. Consecuentemente, la ulterior demora en la concreción de la operación de compraventa provocada por la cancelación de la inscripción hipotecaria, resultó en una mayor onerosidad como consecuencia de la variación de la relación del tipo de cambio entre el peso y el dólar estadounidense.

En ese marco, la publicación del inmueble realizada por el corredor, en la cual manifestaba que éste era "apto crédito" indujo a la accionante a una representación inexacta sobre las características del inmueble ofertado, pues este tenía inscripta una hipoteca y una cláusula de inembargabilidad. Así, el demandado infringió las disposiciones del CCIV 1347, así como de los requisitos de certeza, claridad y detalle en la información requeridos por la LDC 4; y concordantemente las Leyes de Martilleros 20266 -Nacional- y CABA 2340: 10, 12 y 13, - aplicables al corretaje-; así como la Ley de Lealtad Comercial en su art. 9.

Asimismo, el corredor tampoco cumplió las obligaciones impuestas por la ley CABA 2340: 10-2°, e indirectamente por el CCCN 1355, pues omitió solicitar los informes de situación registral, y no los puso a disposición de la compradora. Tales conductas antijurídicas por parte del corredor (cfr. CCCN 1716 y 1717), tienen suficiente relación de causalidad con los perjuicios sufridos por la compradora, y le responsabilizan por la demora en la escrituración.

Pero también es responsable por el daño causado al comprador a raíz de la variación del tipo de cambio durante el transcurso de ese tiempo, pues si bien estas concausas excedieron al control del corredor, le son imputables las consecuencias mediatas previsibles de sus propias conductas antijurídicas (CCCN 1726 y 1727) cuando él conocía (i) la condición esencial para la parte actora de que el inmueble en cuestión fuera "apto crédito", y (ii) el hecho público y notorio de que la moneda nacional tiene fluctuaciones significativas, contingencia cubierta en los contratos de corretaje y compraventa con su pacto en moneda extranjera (CCCN 1728).
Acción de inconstitucionalidad, parte interesada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bielle, Fernando Javier y otros s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-02-27

El panorama de inadmisibilidad de la acción de inconstitucionalidad descripto, no varía aún particularizando o delimitando la presentación de los actores en su condición de legisladores provinciales, no apareciendo concretamente el 'interés' de 'parte' en el alegado ejercicio de poder expresar sus ideas y posiciones en el debate que necesariamente debe realizarse cuando ello constituye una hipótesis inactual y que se desentiende -en principio- de los dispuesto por el art. 80 de la Constitución Provincial.
Procedimiento administrativo, acto administrativo, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Córdoba, Ramón Antonio c/ Poder Ejecutivo s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-06-16

El Art. 115 -último apartado- del Código de Procedimientos Administrativos expresamente establece: "El pedido de aclaratoria interrumpe los plazos para interponer los recursos o acciones que procedan".

En consecuencia, si notificado el acto definitivo en crisis-3/02/2010-, el actor interpuso aclaratoria con fecha 4/02/2010, de conformidad al Art.7 del Código Contencioso Administrativo y constancias del cargo de recepción, la demandada ha sido interpuesta en tiempo hábil, y por lo tanto debe declararse admisible.
Accidentes de trabajo, medidas de seguridad, aplicación errónea de la ley, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Montenegro Teresita Mabel c/ Instituto Escuela Particular Moderna de Unión de Profesores Especializados SRL y otro s/ Accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-16

Si bien no se pretende que la A.R.T. tenga que evitar todo accidente, lo que es materialmente imposible, se trata de exigirle un comportamiento diligente en relación con sus obligaciones legales, lo que no es, ni más ni menos, que su obligación. En concreto, se sanciona la inobservancia de la obligación general de conducirse con la prudencia, cuidado y diligencia para evitar daños al trabajador, conforme la regla general establecida en el artículo 1109 del Cód.Civil. Resulta claro, en el caso, que la aseguradora no ha cumplido con sus obligaciones de efectuar visitas periódicas al establecimiento a fin de evaluar los riesgos existentes y su evolución, como así también el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos. Por su parte, la demandada omitió las medidas protectorias y preventivas en cuanto a los elementos de labor (fajas para la cintura, guantes, protectores auditivos, etc.), así como la carencia de un adecuado control en torno al modo de prestar las tareas y el dictado de cursos de capacitación permanentes. Es por ello que se advierte la existencia de un nexo causal adecuado, entre la responsabilidad de la aseguradora y el daño sufrido por el reclamante.