marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Falso testimonio, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: DEL CAMPO, Wilson Alberto j. y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-15

Con relación al art. 275 del C.P., la falsedad tiene que recaer sobre hechos o circunstancias que puedan alterar la comprensión en quien los estime con fines decisorios; la falsedad tiene que encarnar una amenaza para la certeza del juicio a formular, o sea, tiene que recaer sobre algo capaz de influir en ello como elemento probatorio, quedan fuera del tipo las falsedades que incidan sobre circunstancias que no puedan influir en aquel juicio (*).

Por tanto, si las supuestas falsedades se refieren a circunstancias secundarias, que no versaban sobre el motivo de controversia y que en modo alguno podían influir en el juicio formulado por el magistrado correccional, debe confirmarse el sobreseimiento decretado.
Derechos y garantías constitucionales, Régimen Penal Administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P., P.F. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-09

El principio de legalidad -nullum crimen, nulla poena sine lege"- indicando la necesidad de que la Ley formal regule este ius puniendi del Estado.- La definición de la conducta y las sanciones, deben estar previstas en la Ley, sin perjuicio de la posibilidad de la Administración de reglamentarla de manera subordinada. Esta exigencia -señalan- se conecta con el principio de tipicidad- que se aplica a la infracción, entendida tal como la descripción legal de la conducta específica a la que se conecta la sanción administrativa.- Esta especificidad de la conducta a tipificar deviene de una doble exigencia: del principio general de libertad (art. 19 CN) que impone que las sancionables sean excepción al mismo, y de la correlativa exigencia de seguridad jurídica que no se cumpliría si la descripción de lo sancionable no permitiese un grado de certeza suficiente para que los ciudadanos puedan predecir las consecuencias de sus actos.- En consecuencia, no hay cláusulas genéricas o indeterminadas de infracción, y no se permite al órgano de aplicación actuar con excesivo arbitrio y no con el prudente y razonable que permite la especificación normativa.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, DAÑOS Y PERJUICIOS, multa, daño punitivo, procedencia del recurso, tarjeta de crédito, anticipos financieros, desconocimiento de firma, contrato de descuento bancario
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: David, Jimena Alejandra c/ Industrial and Commercial Bank of China SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-19

En ese marco, resulta injustificado el rechazo de los reclamos de la actora por parte del banco, con base en una supuesta investigación efectuada por la administradora del sistema, toda vez que tal investigación no fue acompañada a la causa. Consecuentemente, corresponde responsabilizar a la entidad bancaria, pues fue ésta quien tomó la decisión de desestimar los numerosos reclamos.
Cuestión de derecho común, LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES, plazo, caducidad, aplicación analógica de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Camusso Eduardo c/ Radio Vision Jujuy S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Expte. Nº 3666/96  (L.A. Nº 40, Fº 36/38, Nº 15) de Inconstitucionalidad en Expte. Nº 3666/96  (L.A. Nº 40, Fº 36/38, Nº 15)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1997-02-27

No procede la aplicación por analogía del plazo de caducidad establecido en el art. 251 de la Ley de Sociedades Comerciales que refiere única y expresamente la impugnación judicial de las decisiones asamblearias, en el franco afán de asegurar la estabilidad y la seguridad del funcionamiento de la sociedad, asentado en su órgano de gobierno.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, daño resarcible, presupuesto, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: BECERRA, BRENDA DEL CARMEN c/ RINALDI, JULIO CESAR Y OTRO s/ D. Y P. USO AUTOMOTOR (SIN LESIÓN)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-26

Debe confirmarse el cuantum indemnizatorio, dictaminándose la necesidad de que las reparaciones sean efectuadas por el concesionario reconocido oficialmente por la marca, que aporta el presupuesto correspondiente, teniendo en cuenta el tipo de vehículo y alto costo del mismo.
Violación de correspondencia, correo privado, competencia federal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N.N. s/ robo con armas. Causa nro. 14.256
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-07

No resulta competente la Justicia Federal cuando la víctima del robo de correspondencia es una empresa permisionaria del servicio público postal, pero cuando el delito damnifica a la Empresa "Correo Argentino S.A." concesionaria de la prestación oficial de todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía que prestaba el Estado a través de ENCOTESA, sí debe entender la justicia de excepción.
Delitos tributarios, evasión fiscal
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: TIGRI, Horacio Omar (PHOENIX INGENIERÍA SRL) s/ inf. art. 1º ley 24.769' incidente apel. sobreseim. parcial -IVA-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-30

El incremento de la condición objetiva de punibilidad del delito de evasión tributaria dispuesta por la ley 26.735, no resulta aplicable a los hechos ocurrido con anterioridad a su sanción, pues la actualización de los montos contemplados en la ley 24.769 no importó una desincriminación de conductas por debajo de esos valores, sino que obedeció a la necesidad de adecuarlos cuantitativamente al valor real y constante de la moneda, sin expresar un cambio en la valoración jurídica de las conductas punibles (del voto en disidencia del Dr. Candisano Mera).
Personal policial, adicionales de remuneración, carácter no remunerativo, adicional por antigüedad, acción contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Salcedo, Julio Segundo c/ Policía de la Provincia y/o Estado Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción Molina, Luis Alberto y otros c/ Estado Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción Bustos, José E.; Díaz, Luisa y Cardoso, Carlos E. c/ Estado Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-07-29|2003-10-29|2003-10-29

El actor inicia acción de plena jurisdicción en contra de la policía de la provincia y/o Estado Provincial reclamando se haga efectivo el beneficio contemplado en el decreto 590/87 consistente en un adicional no remunerativo de 6 sueldos al cumplir 30 años de servicios, pudiendo acceder a un anticipo de 3 meses cuando se acrediten 25 años.

Dicho planteamiento fue objeto de tratamiento por esta Corte en relación a empleados del Poder Judicial. En efecto, se sostuvo en "Expte 651/01" tramitado por Secretaría de Superintendencia, tras una presentación de los empleados judiciales mediante Acordada 2576/87 la Corte de Justicia resuelve adherirse a los términos del referido Decreto acuerdo, con lo cual el adicional de cita se hace extensivo a los agentes judiciales. Luego, el Poder Ejecutivo dicta un decreto 1244/88 suspendiendo el beneficio concedido, basándose en la crítica situación reinante en el país y en la provincia que obliga a tomar medidas de austeridad, temperamento que es seguido por el Poder Judicial mediante Acordada 2898/90.

Siendo éste el cuadro normativo relacionado con el adicional en examen, el reclamo debe ser rechazado por no existir en el presente ninguna disposición que obligue a este Poder del Estado a abonarlo.

En el caso, ante análoga situación a la planteada en los autos referenciados supra se impone idéntica solución propiciando el rechazo de la acción. (Del voto del Dr. Oviedo -Según su fundamento).
Contrato de trabajo, accidentes de trabajo, obligaciones del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ ALBERT JUAN AGUSTIN c/ INSTITUTO ALMAFUERTE S.R.L. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-15

Como se desprende de la misma literalidad de la proposición normativa en examen - artículo 209 (LCT)-, ni en modo explícito ni razonablemente implícito, establece la obligatoriedad a cargo del dependiente imposibilitado de concurrir a su trabajo, por razones de enfermedad o accidente, de presentar el certificado médico que acredite tales extremos, en el plazo de 24 horas ("en el transcurso de la primera jornada de trabajo", según la locución que utiliza el legislador nacional).

Lo que sí instituye es la obligación ineludible al trabajador de avisar a su empleador sobre la enfermedad o accidente que le impide concurrir a trabajar, como así también del lugar donde se encuentra, comunicación de ambas circunstancias fácticas que debe cumplir "...en el transcurso de la primera jornada de trabajo", cuyo incumplimiento, mientras no lo haga, tendrá en principio, como consecuencia jurídica imputada por la norma, la pérdida del derecho a percibir la remuneración correspondiente.

Decimos en principio por cuanto, como enseña la doctrina, de la misma resulta eximido el dependiente, en el supuesto de la existencia de causas de fuerza mayor que impiden al trabajador avisar, obviamente causas derivadas exclusivamente de la contingencia que motiva la ausencia.

Ello es así por cuanto la finalidad o ratio legis de la obligación de marras no es otra que la de permitir al empleador reemplazar al trabajador en caso de necesidad y, asimismo, posibilitarle controlar su estado. El empleador tiene derecho a verificar la información (puede ejercer o no la facultad).

La omisión injustificada del aviso de la enfermedad o accidente, hace perder al trabajador su derecho a percibir el salario, siempre que, agrega la ley, "...la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada", calidad del infortunio que el legislador atribuye la virtualidad jurídica de justificar la imposibilidad de haber efectuado ese aviso en tiempo oportuno.

La ley no establece los medios mediante los cuales el trabajador puede realizar el aviso de su enfermedad, pero la doctrina estima que cualquier medio es hábil si se prueba en una controversia.

A su turno, el artículo 210 LCT, obliga al trabajador a someterse al control del facultativo de la patronal. Se trata de una facultad que el empleador puede o no ejercitar, pero en caso que decida efectuar el control, el trabajador debe dejarse revisar, pudiendo el galeno establecer la existencia, carácter y duración de la dolencia.

Si el trabajador se niega a dejarse revisar o no se encuentra en el domicilio cuando concurre el médico patronal, en principio, ello puede justificar una sanción y pérdida de la remuneración del día de la inasistencia.
Tenencia ilegítima de armas de guerra, robo con armas, concurso de delitos
Materia: PENAL
Carátula: CACERES, Daniel Aníbal s/ TENENCIA DE ARMA DE GUERRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-04

Las acciones típicas de tenencia ilegal de arma de guerra y robo calificado cometido mediante su empleo, sólo se superponen temporalmente en forma parcial de modo que la exclusión de una de ellas no supone la de la restante.
Recurso contencioso administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación jurisdiccional, Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, actuación de oficio, competencia contencioso administrativa, celeridad procesal, economía procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Andreoli, José María y otros c/ Provincia de Santa Fe y Caja de Jubilaciones y Pensiones s/ Avocación (Artículo 2, Ley 11330). Acción mere declarativa de   Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº 640-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-23

Si es al menos posible que la pretensión ejercida ante un juez ordinario sea contencioso administrativa en los términos de esa norma constitucional, para la efectiva aplicación del artículo 2 (ley 11330) debe prescindirse del modo y forma procesal en que se haya hecho valer esa pretensión (recurso de amparo, demanda laboral, acciones meramente declarativas, etc.). Así lo expresó la Corte provincial en autos "Gastonjáuregui" en el que, por aplicación de similares criterios, desechó los argumentos que se oponían a la intervención del Tribunal con anterioridad a que se resolviera la causa, explicando -para así decidir- que la tutela de la competencia constitucional de la Corte en materia contencioso administrativa, como así también la efectiva custodia de los intereses en juego en este tipo de cuestiones, exige que su intervención sea "inmediata", tal como lo establece expresamente el artículo 2 de la ley 11330, lo que se vería obstaculizado si debieran substanciarse las respectivas causas ordinarias. Agregó que ello era así, sin perjuicio de la necesidad de evitar la sustanciación innecesaria de una causa "según lo informan principios de celeridad y economía procesal en pos de una eficaz administración de justicia".
Derecho laboral, accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, procedencia del recurso
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Tolosa, Héctor Sebastián c/ Swiss Medical ART S.A. y otro s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-09

La codemandada Coto CIC S.A. interpone recurso de apelación contra la providencia dictada en primera instancia que la tuvo por incursa en la situación prevista por el art. 71 tercer párrafo de la L.O. por cuanto presentó la contestación de demanda en otro juzgado. Reiterada jurisprudencia de la Corte Federal ha sostenido que es ineficaz la fecha de presentación de un escrito en un Juzgado distinto a aquel donde tramita la causa y por tanto debe estarse, en lo que hace a la temporaneidad del escrito, a la fecha de recepción por el Juzgado interviniente, en consecuencia corresponde desestimar el planteo efectuado. (Del voto del Dr. Stortini).
Extradición, tratados internacionales, ejecución de sentencia extranjera
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Juez de Foz de Iguazú - Brasil s/ pedido de extradición del señor Jorge Américo Arena.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Conforme al art. I del Tratado de extradición con el Brasil lley 17.272] procede el cumplimiento en nuestro país de una condena d
Recurso de revisión (procesal), escrituración, incongruencia, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VIT JORGE HAROLDO c/ ISABEL RUIZ DE MARGARA Y OTRA s/ ESCRITURACION - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-07-24

La expresión "justo valor" y, consiguientemente de la recomposición del precio, no es impugnable por incongruencia pues ello no altera la cuestión de hecho (actualización) que permanece inmodificada, ella se vincula con la apreciación de esas circunstancias fácticas, reservadas al conocimiento exclusivo de los jueces de mérito. Luego, no resultan controlables por estas vías los criterios adoptados por los tribunales inferiores para la determinación del sistema de actualización, ya que los mismos obran dentro del marco de discrecionalidad conferido a los mismos.
Acción de amparo, derechos de incidencia colectiva, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Villalba, María Angélica y otros c/ S.G.P.E.R. y otro s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-08-30

En relación a la alegada falta de legitimación activa, en el caso y en virtud de los derechos que se denuncian conculcados, se trata de una acción de las reguladas en el Capítulo V de la Ley de Procedimientos Constitucionales, especialmente en cuanto se refiere a la "amenaza de intereses difusos o colectivos de los habitantes en relación a la preservación, protección y conservación del medio ambiente ... la tutela de la salud pública", que en el artículo 64 prevé que esta acción podrá ser articulada por "las personas físicas, individual o colectivamente", por ello se estima que no se da en el sub judice tal deficiencia procesal.
Títulos de crédito, factura
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: La Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales c/ Elis, Florencio y-u Otro s/ Sumario Fiorasi S.A. c/ Pires, Analía Graciela s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-30|1998-09-15

La factura es un documento que prueba el contrato celebrado, de modo tal que no significa el contrato mismo, ni su ejecución en sus alternativas de entrega de la cosa vendida, lugar de la entrega, gastos de la misma, o igualmente el pago del precio total o parcial, etc.. Es un documento probatorio no formal que puede constituir un medio de aceptación a un pedido, o la proposición a una oferta del contrato, o el vehículo de su aceptación, aunque generalmente sirve de instrumento de fijación de las circunstancias de cumplimiento del contrato, de comunicación de haberse ejecutado el mismo por el facturante.
Consejo de la Magistratura, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Riusech, María Elia s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

Para llevar a cabo su misión, legal y reglamentariamente, el Consejo de la Magistratura cuenta con un diseño procedimental determinado y, paralelamente, quienes concursan para acceder a las funciones judiciales tienen derecho a que sean respetadas las garantías constitucionales que les asisten. De allí que quepa analizar, en cada caso, si en relación al postulante agraviado se ha respetado la garantía de la defensa, el debido proceso y los mecanismos que la Constitución, la ley y el reglamento imponen a dicho órgano para materializar la selección, dentro de las competencias propias y con las formalidades que su ejercicio requiere.
Concurso preventivo, queja por apelación denegada, procedencia del recurso, codeudor concursado, período de exclusividad, unificación de plazos
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: MIGUELEC SA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-19

Cabe estimar la queja por denegación de apelación interpuesta por la concursada, respecto de la resolución que desestimo el pedido de esta de unificar el plazo del periodo de exclusividad fijado en el concurso, con los plazos de los periodos de exclusividad fijados en los concursos de dos "codeudores" de la quejosa (conf. art. 273 inc 3 de la Ley de Concursos), toda vez que denegar la referenciada unificación de exclusividad de este concurso preventivo, para hacerlo coincidir con los de otros dos concursos, equivale -en cuanto es aprehensible al fin de esta decisión- a denegar la petición de concurso en hipótesis de agrupamiento, y la ley prevé expresamente la apelabilidad de la resolución de tal naturaleza (art. 65 in fine de la Ley de Concursos).
Impuesto sobre los ingresos brutos, impuestos, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: THX Medios S.A. y otro c/ GCBA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: THX Medios S.A. y otros c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Si en el caso, la venta de las acciones no quedó dentro de la mira fiscal, no cabe poner el producido de la cláusula de no competencia en esa situación. El poder de compra, esto es, la capacidad contributiva en última instancia captada que la obligada a no competir se obliga a no captar, no se pone en funcionamiento si la cláusula se cumple, sino que, en todo caso, se utiliza una sola vez comprando a la empresa que ha pasado de manos. No cabe gravarlo en dos personas. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: PROVINCIA DE BUENOS AIRES. c/ MARIA LUISA AUBERT ARNAULD (SUS SUCESORES) Y OTRO. s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

El concepto de "causa civil" debe reservarse para el litigio regido exclusivamente por el derecho común.
Actos y diligencias procesales, proceso judicial, incidentes, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B. DE A. c/ C.A. s/ Medida Cautelar (LIBRO: A068 - 351)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-04-30

La ley de rito no otorga remedios procesales en subsidio y menos que un incidente de nulidad sea compatible con un recurso de reposición. La interposición de un recurso de reposición significa admitir la validez del pronunciamiento aunque se sacrifique la justicia del mismo. Por eso no puede después de haberse aceptado aquel continente, impugnárselo via el incidente de nulidad.
Contratos administrativos, teoría de la imprevisión
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Dunco  S.A. c/ B.N.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-01

El desfasaje del 6,5% es insuficiente para aplicar la teoría de la imprevisión desde que no constituye una alteración que torne procedente el resarcimiento.
Recusación sin causa, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: BAGLIANI, Oscar Rubén c/ FEDERACION MEDICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-07

Quien, como demandado, no ha comparecido a la audiencia fijada como primer acto procesal, no puede en adelante ejercer la facultad de recusar sin expresión de causa.
Justicia militar, delitos militares, infracciones en el desempeño del cargo, abuso de autoridad por calumniar o injuriar a un subalterno
Materia: PENAL
Carátula: Presunta  comisión  de  infracciones  militares  (arts. 702 y 704 del Código de Justicia Militar) s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

La acción típica del delito del art. 704 del Código de Justicia Militar, consiste en la ofensa "verbal" a un subalterno en el desempeño de cargos.
Prueba, absolución de posiciones
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: TERCERIA  DE  DOMINIO  DE  GRISELDA  NELLY CABALIN DE ZINNA EN AUTOS: GERBAN GABRIEL C/ NEMETH JULIO Y OTRA s/ PRUEBA CONFESIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-09-19

Un codemandado no puede exigirle al otro codemandado que absuelva posiciones, pues ocupan ambos una misma posición en el proceso. El art. 196 del C.P.C. señala que cada litigante podrá exigir que su adversario absuelva posiciones. Y adversario para este precepto, es aquél que está en una posición opuesta o contraria.

Los litis consortes no pueden recíprocamente proponerse posiciones salvo que hagan valer entre sí derechos contrapuestos, no pudiendo exigírselas tampoco al litis consorte de la contraparte sobre hechos referidos exclusivamente a la relación del proponente con otro litigante.-
Despido con causa, despido por riña, legítima defensa
Materia: LABORAL
Carátula: JUAREZ, DOMINGO DE JESUS c/ SADE s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-29

La riña entre trabajadores ocurrida en el lugar y en ocasión del trabajo, constituye materia de apreciación circunstancial y, si bien puede configurar justa causa de despido, se debe probar que no haya sido posible evitarla o que la actitud del dependiente fue meramente defensiva o de reacción.