marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, apreciación de la prueba, Derecho laboral, despido, acta notarial, valor probatorio
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: FERIGUTTI, DANIEL ANGEL c/ PANADERIA Y CONFITERIA TATO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -C.P.L.-  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 5 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30

Es inadmisible la queja desde que bajo la tacha de violación del derecho de defensa, debido proceso, igualdad ante la ley y protección contra el despido arbitrario, lo que el recurrente en verdad pretende es reabrir el debate en torno a cuestiones vinculadas con su despido, pretendiendo imponer su propio criterio en cuanto que éste fue arbitrario e injusto; mas sin lograr demostrar que los sentenciantes -al margen del grado de acierto o error en lo resuelto- hayan incurrido en alguno de los vicios endilgados al concluir, luego de analizar la prueba aportada, particularmente el acta notarial acompañada, que se daban las circunstancias legitimantes del despido.
Recurso de casación, suspensión del juicio a prueba, daño resarcible, cuestiones de hecho y prueba, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: AVILA SEGUNDO JOSE. s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-25

Si bien en principio constituye una cuestión de hecho el juicio que el tribunal de mérito emite acerca de la razonabilidad de la reparación del daño efectuado por el imputado que solicita el beneficio, el ejercicio de esa facultad privativa es controlable en casación en los supuestos de arbitrariedad. Esto último es lo que ocurre en la especie, toda vez que en la sentencia no se expresó ningún fundamento acerca de las razones por la que se estima atendible el ofrecimiento del imputado. (DISIDENCIA DEL DR. GANDUR).
Recurso de queja (procesal), depósito previo, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Labombarda de Beinat, Dorilda Elba c/ DIBA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-08

La acordada 47/91 de la Corte Suprema establece que para diferir el pago del depósito el recurrente debe efectuar la opción en oportunidad de interponer el recurso de queja y dentro de los cinco días de presentado acompañar la constancia de haber pedido ante el organismo que corresponde la previsión presupuestaria para el próximo ejercicio financiero, y el incumplimiento de cualquiera de estos dos requisitos importa la caducidad del acogimiento y, por consiguiente, determina la obligación de cumplir con el depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Manuel Fernández Vega La Rioja S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-10-19

La garantía de la igualdad -postulado democrático en lo político, pero de derecho natural en su sustancia jurídica-, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, de donde se sigue, forzosamente, que la verdadera igualdad consiste en aplicar en los casos ocurrente la ley según las diferencias constitutivas de ella, y que cualquier otra inteligencia o acepción de este derecho es contraria a su propia naturaleza y al interés social.
Bienes, defensor de menores
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: VARELA JUSTINO VICTOR s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-11-11

Cuando se trata de bienes de incapaces, el Defensor de Menor es parte legítima y esencial, su función de defensa de los intereses del menor debe ser desarrollada conforme a derecho, careciendo el dictámen de fuerza vinculatoria para el sentenciante pues, la apreciación definitiva sobre si hay perjuicios para el menor o sobre la conveniencia del negocio proyectado, corresponde a los jueces ya que las partes realizan actos procesales de postulación, y el Juez actos procesales de decisión.
Recurso de apelación (procesal), Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Santa María Sociedad Anónima Inversora y Financiera c/ Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03

La contribuyente no pudo verificar en qué circunstancias podría fundarse el error, tal que lo hicieran excusable, pudo, por ejemplo consultar formalmente al organismo de aplicación, y no lo hizo. En consecuencia, la sanción impuesta debe ser mantenida.
Derecho laboral, enfermedad preexistente, examen preocupacional
Materia: LABORAL
Carátula: Kleinhempel, Sandra Beatriz c/ Instituto Autárquico Provincial de Seguros de Entre Ríos s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-16

Si los exámenes médicos obligatorios (Ley 19.587) se hubieren efectuado al trabajador, las tareas realizadas por motivo o en ocasión de las cuales aconteció la contingencia hubieran podido ser cambiadas, aminoradas o aseguradas mediante elementos de protección adecuados. La predisposición orgánica de un trabajador a contraer determinadas enfermedades es siempre para el empleador un hecho previsible porque el art. 75 LCT le impone un deber de seguridad (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Contrato de suministros, prórroga del plazo, multa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Microfilm Argentina S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-12

No es admisible la concesión de una ampliación de plazo, con eximición de multa al margen de la estricta mecánica impuesta en el art.73 del Reglamento de Contrataciones, salvo que la propia Administración con fundamentos de suficiente entidad orientados a resguardar el interés público comprometido y aún el principio rector de igualdad que enmarca el procedimiento licitatorio, explícitamente, otorgue la gracia mediante el dictado de un acto especial de igual jerarquía al que ordena el procedimiento ordinario.
Recurso de revisión (procesal), prueba pericial
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: ALTOMARE A.S. c/ CARELLI V.A. s/ ORDINARIO - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-05-23

Cuando el informe pericial no contiene conclusiones terminantes queda enervado como elemento autónomo de convicción, y permite a los juzgadores acudir a otras pruebas para establecer, en definitiva, la alternativa válida para el caso. Si la Cámara a quo considera insuficiente la pericia por no contener una conclusión asertiva sobre el tema, ello habilita al Tribunal a recurrir a otros medios probatorios para formar su convicción sobre los hechos de la causa.

Es facultad discrecional del Tribunal ordenar de oficio la ampliación del dictamen cuando lo creyera deficiente u ordenar el nombramiento de otros peritos (art. 290 C.P.C.), al no estar impuesta como un deber sino como algo que el Juez puede o no hacer guiado por su prudencia, la omisión no puede constituir agravio para fundamentar la queja; más aún cuando existen otros medios probatorios suficientes para formar la convicción del juzgador.-
Recurso de inconstitucionalidad, falta de prueba, Derecho laboral, contrato de trabajo, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Maidana, Antonio Luis y otros c/ Automóvil Club Argentino s/ Recurso de Inconstitucionalidad -Laboral (Expte.: C.S.J. Nro. 28 año  2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-18

En el caso, una correcta valoración de las probanzas exige que se haga mérito tanto de aquellas compatibles con la relación laboral invocada por los actores, como de las que - debidamente acreditadas- pudieran conducir a una conclusión contraria; al menos todas aquellas pruebas y/o argumentos que resultan decisivos para avalar sus respectivas posturas en el proceso. En consecuencia, tales probanzas, tendrán o no el valor que el Tribunal ordinario determine dentro de sus facultades propias, pero lo que no puede admitirse es que se las deseche sin dar un fundamento razonable que conspire contra el adecuado Servicio de Justicia.
Juicio por jurados populares, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Christe, Jorge Julian  c/  s/ homicidio agravado - prisión preventiva s/recurso de casación s/impugnación extraordinaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-01

A lo largo del proceso se ejercieron todos los controles que hacen al correcto funcionamiento del instituto del jurado; lo que permite despejar toda duda sobre la afectación al derecho de defensa.
Delito penal, falsedad ideológica
Materia: PENAL
Carátula: C., C. s/ Participe principal falsedad ideologica documento publico (Expte Nº  184-94, Resolución Nº 93, Tomo 2, Folio 472)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-14

El tipo penal de la falsedad ideológica sólo requiere perjuicio potencial y no real, y teniéndose en cuenta que se introdujeron datos falsos en un documento que tiende a acreditar la denuncia de pérdida de documentos de identidad, las posibilidades de perjuicio son enormes (incluyendo la propia autoridad pública que lo expidió).
Tarjeta de crédito, resumen de cuentas, impugnación del resumen de cuentas, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: DINERS CLUB ARGENTINA  SAC Y T. c/ PEREZ GALINDO, CARLOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-23

Aún si se admitiera que la contestación de la demanda tuviera entidad por si para cuestionar hábilmente el resumen de cuenta de la entidad emisora, en tal supuesto debería aplicarse el régimen del CPR 377, por lo que -en el caso- al no haber cumplido el titular de la tarjeta con la carga de demostrar el presupuesto en el que sostuvo su defensa, no podrá obtener la revisión del saldo liquidado.
Obligación alimentaria, cuota alimentaria, porcentaje de los ingresos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: J. de M.,  L. c/ M., I. s/ Alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-22

Si se ha probado que el accionado es propietario de un inmueble (local comercial) y condómino de otro, el hecho de que éste hubiera "cedido" a un hermano un porcentaje de la renta brindada por dicho inmueble, no es motivo para "aligerarlo" de su carga alimentaria. Todo lo contrario, ello hace presumir capacidad económica suficiente como para no necesitar dicha parte de sus ingresos y su liberalidad, en ese sentido, no puede perjudicar a su cónyuge.
Hábeas corpus, principio dispositivo, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CARLOS ALBERTO IRIART. s/ HABEAS CORPUS.    DEFENSA EN JUICIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-02

Corresponde revocar la resolución que, mediante un pronunciamiento inoportuno y carente de fundamentos, empleando una vía extraña al estado de las actuaciones y sin participación de ninguno de los interesados, truncó el trámite del amparo y, pretendiendo el carácter firme de esa decisión, se ha circunscripto el alcance de la impugnación que sólo pudo intentar el denunciante porque el amparado no tuvo oportunidad alguna de intervenir en la causa, sea por sí o por el Defensor Oficial, como habría ocurrido de haberse observado el procedimiento aplicable. Cabe señalar, al respecto, que el principio dispositivo que impera en la materia y el carácter sumarísimo del trámite no pueden emplearse en perjuicio de la garantía de defensa en juicio de los interesados.
Acción de inconstitucionalidad, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guaimás Francisco Humberto c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia s/ Acción de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 444/448, Nº 179) Provincia s/ Acción de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 444/448, Nº 179)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-05-19

Esta Corte resulta competente para entender en las acciones de inconstitucionalidad cuando el peticionante no pretende revisar el modo de ejercicio de una competencia de otro poder u organismo del Estado, ni su oportunidad o su acierto, sino su validez constitucional. Juzgar sobre este punto no implica -en absoluto- inmiscuirse en la órbita de atribuciones privativas de otros poderes, ni alterar el equilibrio de éstos. Tampoco resulta atendible el argumento de que la acción de inconstitucionalidad solo se desenvuelva en el marco de cuestionamiento a decisiones emanadas de un vértice del Poder Ejecutivo o Legislativo, ya que tal hermenéutica no surge de la letra ni del espíritu de la norma constitucional, la cual, al no hacer distinciones de ninguna naturaleza, está autorizando una interpretación amplia acerca del tipo de resoluciones susceptibles de ser cuestionadas por vía de ésta acción. La ley reglamentaria Nº 4346/87 recepta este carácter irrestricto, añadiendo tan sólo que debe tratarse de "resoluciones que estatuyan en materia regida por la Constitución de la Provincia", pudiendo ser disposiciones de carácter general o particular, a condición de que el actor acredite tener "un interés legítimo debidamente justificado.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), costas, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CIARLANTINI, JUAN ALBERTO c/ MANCINELLI, ROBERTO ANTONIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-02-12

Corresponde el rechazo de la presente queja, toda vez que no alcanza a vislumbrarse, siquiera en el grado liminar propio de este estadio, que el criterio de la Alzada en punto al modo de funcionamiento del tope establecido en el artículo 505 del Código Civil o 730 del Código Civil y Comercial -en el sentido de que la ley no establece una limitación para que los honorarios se regulen de acuerdo con las escalas de las leyes arancelarias vigentes, sino que exclusivamente fija un límite a la responsabilidad del condenado en costas, el cual resulta ajeno al auto "mere estimatorio" y debe ser ventilado en ocasión de intentarse su cobro contra dicho obligado-, no exhiba una exégesis posible de las normas en juego; por el contrario, la solución propiciada por la Sala cuenta con respaldo doctrinario y jurisprudencial. - CITAS: CSJN: Fallos 332:921, considerando 12; TSJ Córdoba, Sala Laboral, 15.06.2006, La Ley Online AR/JUR/2791/2006; STJ Chaco, Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral, acuerdo 86 del 21.04.2014. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 505; Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 730. - DOCTRINA: Peyrano, Jorge W., "La ley 24432, un intento de aliviar las cargas económicas de los litigantes", El Derecho, T. 162, págs. 115 y gtes.
AFIP DGI, pedido de informes, Colegio Público de Abogados, abogados, derecho a la intimidad
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: DGI. c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

La divulgación de los datos requeridos por la DGI. en el marco de lo establecido por el art. 22 de la ley 24.447, no puede significar un peligro real o potencial para la intimidad de los matriculados de la abogacía.
Seguros, obligaciones del asegurador, mora, actualización monetaria, cómputo de la actualización
Materia: COMERCIAL
Carátula: INES SAYANES DE SIMONIAN c/ LA CONTINENTAL COMPAÑIA DE SEGUROS  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-07

De acuerdo con la ley 17.418: 49 la compaÑía dispone de quince días para pagar luego de transcurrido el plazo de treinta días del art. 56. En consecuencia, sólo a partir del término de ese plazo procede la adecuación de la deuda insatisfecha, en tanto como principio, la revaluación de las obligaciones dinerarias reconoce por causa la responsabilidad civil del deudor proveniente de su estado de mora, con la salvedad de ciertas hipótesis excepcionales en las que la falta de reajuste representa una iniquidad manifiesta.
Acción de amparo, Derechos humanos
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ianni, Ariel Fernando c/ Federación Regional de Automovilismo Mar y Sierras y otro s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

La acción de amparo es un instrumento procesal, de fuente constitucional, que permite la protección de los derechos fundamentales de las personas por parte de los órganos jurisdiccionales, con el propósito de impedir su afectación o restituirlos en su uso y goce, cuando siendo ciertos fuesen lesionados por el Estado o por los particulares. Se trata, en suma, de un mandato constitucional en función protectoria (arts. 43, Const. nac. y 20 inc. 2, Const. prov.).(doctora Kogan, mayoría)
Prescripción de la acción penal, actos interruptivos, declaración indagatoria, secuela de juicio, interrupción de la prescripción
Materia: PENAL
Carátula: Weinstein, Rubén Guillermo s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-10

La palabra "juicio" en el artículo 67, cuarto párrafo in fine del Código Penal, comprende a todo el proceso penal, incluyendo la etapa instructoria o sumarial y no sólo el juicio pleno que se inicia con el debate. Y, además, que el primer acto de impulso procesal que interrumpía el curso de la prescripción era el llamado a indagatoria, toda vez que -si bien ésta es un medio de defensa- la convocatoria a prestarla importa el primer paso contra persona determinada vinculándola a la comisión de un delito y es el antecedente necesario para su afectación al proceso (Voto del Dr.

Mitchell -en mayoría-).
Beneficios previsionales, reciprocidad jubilatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Delledone de Collado, Rosa c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-04

El régimen de reciprocidad establecido en el dec. ley 9316/46 es aplicable tanto a los afiliados con derecho a jubilación como al otorgamiento de pensiones.
Honorarios, regulación de honorarios, oportunidad procesal, suma ilíquida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VILLARROEL FRANCISCO c/ COOP. DE VIV. Y URB.MARIANO MORENO LTDA. s/ sum (LIBRO: S084 - 227)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-21

La profesional recurrente tiene derecho a una regulación sobre lo que constituyó el monto del juicio, aunque no haya prosperado la demanda en su totalidad. Pero la determinación de la base regulatoria por lo que no prospera la demanda, en tal caso, solo podrá hacerse cuando -previa liquidación- se fije el monto de la condena. Recién en esa oportunidad tendrá derecho a la regulación a fijarse sobre lo que prospera y sobre lo que no prospera la demanda, más allá de la imposición de costas resuelta.

Por lo tanto, debe desestimarse su agravio referido a la omisión de regulación de honorarios si se los ha diferido para su oportunidad.
Locación, plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Estevez, Adrian Anibal c/ Luco Contestin Luis Alberto s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-09

De las posiciones absueltas por el apelante surge debidamente acreditado que la parte actora verbalmente le adelantó antes del vencimiento de la locación que no le volvería a locar el bien en cuestión, lo que equivale a demandar la entrega del mismo.
Beneficios previsionales, Constitución Nacional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Massa, Juan Carlos y Otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-25

El salario o haber previsional no puede ser considerado una simple contraprestación de naturaleza patrimonial por la fuerza de trabajo puesta a disposición del empleador o por los aportes efectuados durante la prestación de servicios. Su condición alimentaria incorpora un plus axiológico, que se ve reflejado en el art. 14 bis de la Constitución nacional, así como el art. 39 inc. 1° de la Constitución provincial. En consecuencia, no puede considerárselo desde una perspectiva meramente patrimonial o económica, sino atendiendo a que resulta el sustento del trabajador y su núcleo familiar, y por tal razón, digno de una protección prevalente.(del voto de la doctora Kogan)
Habilitación municipal, actividad industrial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Martins Oliveira, Jerónimo s/ Demanda de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-04-10

En virtud de la autoridad que a las comunas le otorga la Ley Orgánica de Municipalidades (decreto-ley 6769/58 y Ley 9117), éstas pueden validamente establecer restricciones al funcionamiento de actividades industriales en ciertas zonas -que pueden alcanzar a todo el territorio del partido-, en virtud de que conforme a un razonable criterio su instalación o subsistencia no convenga al interés público.
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ MARCELA PATRICIA c/ CIARROCA JUAN ALBERTO s/ DIVORCIO VINCULAR DIRECCION GENERAL DE RENTAS c/ ALADIO DE VITOR LILI s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-24|1994-09-30

Más alla de la prueba de la falsedad, en el caso las enmiendas o tachaduras son advertibles a simple vista, para la procedencia de la excepción es necesario que las modificaciones introducidas en el texto tengan trascendencia jurídica en perjuicio de quien la opone.
Insuficiencia del agravio, cannabis medicinal, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA S/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO EN GBA c/ FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LOS EFECTORES PÚBLICOS SE (FACOEP SE)  s/ AMPARO - SALUD-MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

No puede ser analizado el planteo dirigido a cuestionar la condena -que había ordenado a FACOEP SE que arbitrara los medios pertinentes para brindar la cobertura en un cien por ciento y provisión de las dosis de aceite de cannabis, según el esquema terapéutico que haya indicado o indique en el futuro, el tratamiento médico que el paciente requiere en la forma, modalidad y condiciones prescriptas por el profesional médico tratante-, sobre la base de que no estaría probada la eficacia del tratamiento indicado. Ello así, en tanto no fue abordado por los jueces de mérito, y el GCBA muestra haberlos puesto en el deber de hacerlo y que, con ello, la omisión resulte arbitraria. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).