Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-11


SENT Nro. 30 San Miguel de Tucumán, 11 DE FEBRERO de 2003.- Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el artículo 14 de la Ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación deducido por la defensa técnica del imputado Juan Eduardo Pérez en autos: "Pérez, Juan Eduardo y otro s/Robo agravado-Planteo de Per saltum interpuesto por la defensa técnica del imputado Juan E. Pérez-"; y C O N S I D E R A N D O:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte el recurso extraordinario federal interpuesto por el defensor técnico del imputado Juan Eduardo Pérez en contra de la sentencia de este Tribunal que en fecha 22 de noviembre de 2002 desestimó el per saltum incoado por la defensa.

2.- Entre los antecedentes relevantes el recurrente indica que el 21 de noviembre de 2002 presentó un escrito solicitando la intervención de esta Corte a través del per saltum. Explica que en el núcleo central del planteo expuso el irrespeto a las formas y plazos procesales del Juzgado de Instrucción de la IVa. Nominación en razón que resulta manifiestamente inadmisible la falta de agregación de dos escritos de fecha 24 de junio de 2002. Agrega que esta situación se encuentra agravada al estar el acusado privado de su libertad desde aproximadamente un año y ocho meses. Finalmente, explica que el planteo realizado fue desestimado por este Tribunal al considerar que no se ha demostrado la concurrencia de los extremos que habilitan la vía excepcionalísima intentada.

3.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso el defensor afirma que atento a la ampliación en el concepto de sentencia definitiva que se operó en el derecho argentino se puede afirmar que una resolución que por su naturaleza no debería ser definitiva pero que decide de modo definitivo la pretensión del recurrente es asimilable al concepto de definitividad. Remarca que en el presente caso también nos encontramos frente a una resolución equiparable a sentencia definitiva por cuanto se produce un agravio de insuficiente reparación ulterior al prolongarse sine die el informe requerido por el Juez de Instrucción de la Va. Nominación sobre la falta de agregación de los escritos de la defensa. Agrega que al configurarse una situación de gravedad institucional también queda superado el valladar de la definitividad puesto que la irregularidad producida supera el interés de las partes.

Aclara que se cumple el requisito propio para la admisibilidad y procedencia puesto que esta Corte representa el superior tribunal de la causa de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 48. Indica que también se evidencia la configuración de una cuestión federal en razón que se afectó la Constitución Nacional al no considerar el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo razonable y realizando argumentaciones voluntaristas sin respaldo en los antecedentes de la causa y el material probatorio para sostener su decisión. Explica que en el caso concreto están en juego la hermenéutica y la aplicación de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN, arts. XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, arts., 7, 8 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14 numeral tres parágrafo c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Expresa que la sentencia al omitir decidir sobre una cuestión propuesta y conducente a la solución del pleito incurrió en arbitrariedad manifiesta. Señala que se desentendió de la prueba aportada y de los términos del per saltum. Que no se solicitó informes a los juzgados de instrucción implicados, ni ordenó la remisión de la causa para constatar la veracidad de las afirmaciones de esta defensa. Que esta Corte simplemente se limitó a utilizar expresiones carentes de asidero fáctico y normativo y olvidando la grave irregularidad señalada.

Expresa que la argumentación para el rechazo se sustentó en el mero voluntarismo del Tribunal sin considerar que el planteo fue formulado en los estrictos términos del art. 107 del CPC. Considera que debe recordarse que la CSJN indicó la necesidad de acordar primacía a la verdad objetiva e impedir su ocultamiento como exigencia del adecuado servicio de justicia que garantiza el art. 18 de la CN (cfr. Fallos 277: 459). Concluye que debe descalificarse como pronunciamiento válido la sentencia impugnada por abstenerse a tratar una causal de interés constitucional invocada por esta defensa técnica para la procedencia del per saltum.

En relación a la gravedad institucional, señala que se ha configurado puesto que se produjo una afectación a la correcta administración de justicia. Recuerda que los dos escritos no se encuentran agregados al expediente después de cinco meses de presentados a los que se debe agregar la demora deliberada del Juzgado de Instrucción de la IVa. Nominación para evacuar el informe sobre la falta de agregación requerido por el Juzgado de Instrucción de la Va. Nominación. Continúa indicando que ante la situación descripta se solicitó una audiencia, frente al silencio del juzgado se pidió pronto despacho continuando con la actitud omisiva del mismo.

Afirma que ante esta situación es erróneo sostener, como lo hizo esta Corte, la falta de acreditación de la gravedad institucional. De otro modo, continúa, se permitiría que un escrito desaparezca o se agregue en el momento procesal que le plazca al juez, funcionario o empleado. Que resulta evidente que esta situación excede el interés particular de esta defensa para proyectarse a los justiciables tanto más cuando las irregularidades, omisiones y tardanzas injustificadas provienen de un juzgado de instrucción que debiera ser de garantías y de control. Agrega que también se conculcan los derechos constitucionales de ser juzgado sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo razonable.

Respecto a la relación directa e inmediata con una cuestión federal, indica que, en coincidencia con el criterio expresado por la CSJN, existe una íntima vinculación entre lo planteado, lo resuelto y lo que se recurre con los artículos 18, 28, 33 y 75 inc. 22 de la CN. Entonces, continúa, será indispensable determinar que debe entenderse por "plazo razonable" y "dilaciones indebidas" en el marco del proceso penal y su aplicación al caso concreto.

4.- Luego de un detallado estudio de las cuestiones expuestas por el recurrente debemos señalar que no se encuentran fundamentos adecuados para hacer admisible el recurso extraordinario. En primer lugar debemos recordar que uno de los requisitos a los que el art. 14 de la Ley 48 condiciona la admisibilidad formal del recurso extraordinario a que haya sido interpuesto contra sentencia definitiva, esto es, respecto de aquellas decisiones que dirimen la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación (CS, 1998/11/28, LL, 1990-B, 97). En el caso de autos no se encuentra configurado el requisito de definitividad requerido por la norma y el cual no puede ser suplido por la alegación de arbitrariedad o violación de garantías constitucionales.

El recurrente por su parte trata de superar este valladar alegando la configuración de gravedad institucional por dilaciones indebidas por parte del juzgado. Sobre este punto debemos recordar que Néstor Pedro Sagüés indicó que gravedad institucional según la CS comprende "aquellas cuestiones que exceden el mero interés individual de las partes y afectan de modo directo al de la comunidad" (Néstor Pedro Sagüés, Derecho Procesal Constitucional, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, tomo II, pág. 368). En consecuencia, se configura esta excepción al principio de definitividad sólo si se encuentra en juego el interés personal y si se encuentran configuradas razones institucionales suficientes.

La actuación judicial atacada en la presenta causa no configura de ninguna manera gravedad institucional en tanto no se encuentra involucrada ninguna cuestión federal en su planteo ni el mismo excede el interés de las partes. La CS señaló que : "Desde que la arbitrariedad asignada por el recurrente al fallo del a quo sobre la base de anticiparse al fondo de la cuestión no excede el interés de quien formula el planteo, no existe gravedad institucional en términos de tal doctrina que habilite el recurso extraordinario. Por lo demás, la tacha de arbitrariedad no suple el requisito de sentencia definitiva" (CS, 1993704/27, LL, 1993-D, 398). Asimismo, en el particular caso del per saltum la CS afirmó que entraña una situación de gravedad institucional entendida ésta en el sentido más fuerte que le han reconocido los antecedentes jurisprudenciales (CS, 1997/12/17 "Rodríguez, Jorge en: Nieva Alejandro y otros c. Poder Ejecutivo Nacional"; LL 1997-F, 884).

Desde otra perspectiva se debe aclarar que la situación de gravedad institucional que motiva la interposición del recurso es derivación de la dilatada actuación del juzgado de instrucción, es decir, se configuró previamente a la interposición del per saltum. Al interponer dicho escrito, el silencio del recurrente sobre la naturaleza federal del planteo expuesto define negativamente la suerte del recurso. No podemos olvidar que la cuestión federal, que encuentra su fuente en los arts. 14 y 15 de la Ley 48, debe ser introducida en la primera ocasión posible que brinde el procedimiento y mantenida en las diversas instancias del proceso, a fin que los jueces de la causa puedan tratarla y resolverla.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia expresaron: "No se autoriza la apertura de la instancia extraordinaria del art. 14 de la Ley 48 cuando la cuestión federal no fue planteada oportunamente ante los jueces de la causa y se la formula por primera vez en el escrito de interposición del recurso (Fallos: 281:318; 298:452; 302:702, entre otros)". (Elías P. Guastavino, Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1992, pág. 885).

Asimismo, la CSJT señaló en reiterados fallos: "Se advierte que el planteo formulado como materia de la vía federal extraordinaria no fue introducida ni mantenida en las instancias ordinarias de la causa, sino en el memorial de sostén del recurso de casación. El resguardo señalado resulta un requisito de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, atento la competencia de conocimiento recursiva de la CSJN en esta vía y cuya fuente legal la constituye la Ley 48 en los arts. 14 al decir en sus incisos 1° y 2° "se haya puesto en cuestión", el inc. 3° cuando expresa "haya sido cuestionada" y el art. 15 cuando dispone "en disputa". De ahí que la introducción deba ser tempestiva y en la primera oportunidad previsible. Este resguardo se sustenta asimismo en los siguientes principios procesales: el dispositivo, -su derivación- el de congruencia y el de preclusión. La introducción tempestiva -además- debe ser explícita, inequívoca, categórica y circunstanciada. Como lo dijimos antes, es carga procesal del recurrente no sólo la introducción sino también el mantenimiento de la cuestión federal, debiendo sostenerse en todas las instancias previas a la interposición del recurso extrao rdinario de inconstitucionalidad formulando el hipotético agravio federal de manera razonada y concreta contra la sentencia que dio tratamiento a la cuestión y resolvió en forma contraria". (Sentencia 115 de fecha 12/3/1999. Soporte Informático).

En el presente caso, el recurrente omitió introducir la cuestión federal en las instancias recursivas anteriores. En relación a la sentencia que rechaza el planteo de per saltum, el recurrente sólo alega arbitrariedad de esta Corte por omisión de tratamiento de uno de los puntos expuestos pero asentando la admisibilidad de su recurso en una causalidad de gravedad institucional (que se considera no configurada) producida en las instancias inferiores y cuya cuestión federal no fue planteada y ni mantenida adecuadamente.

Por lo expresado, corresponde denegar el recurso extraordinario federal interpuesto en razón de que no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los arts. 14 y 15 de la Ley 48.

5.- En cuanto a las costas generadas en esta instancia deben imponerse al recurrente.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

I.- DENEGAR la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por el defensor técnico del imputado Juan Eduardo Pérez en contra de la sentencia de este Tribunal de fecha 22 de noviembre de 2002.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO ANTONIO GANDUR