Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-06


SENT.DEF.Nº: 14640 EXPTE. Nº: 1.653/05 (21.201) JUZGADO Nº: 69	SALA X AUTOS: "MORENO NELIDA LORENA C/ TREN DE LA COSTA S.A. S/ DESPIDO" Buenos Aires, 06/10/2006	El Dr. MIGUEL A. MAZA dijo:

I.- Llegan estos autos a la Alzada con motivo de los agravios que, contra la sentencia de fs. 290/291, formula la parte demandada a fs. 295/301, mereciendo réplica de su contraria a fs. 305/306.

En primer término, la recurrente cuestiona la valoración de los elementos de autos sobre cuya base el Magistrado de grado consideró acreditada la naturaleza laboral del vínculo, desestimando así la pretensión del responde en orden a encuadrar tal relación en las previsiones referentes al régimen de pasantías en el ámbito del sistema educativo nacional. Desde esa tesitura, la demandada se agravia por el acogimiento del reclamo indemnizatorio por despido y la admisión de diversos rubros de naturaleza laboral, tales como las vacaciones y el SAC (adeudados y proporcionales), las indemnizaciones especiales de la ley 24.013, el agravante del art. 2 de la ley 25.323, la sanción del art. 80 in fine de la LCT (conf. art. 45, ley 25.345) y el pago de sumas en concepto de diferencias salariales y haberes adeudados. A todo evento, cuestiona: a) el cálculo de algunos de los rubros de la liquidación de la sentencia; b) la condena a la confección y entrega de las certificaciones prevista en el art. 80 de la .C.T.; c) la tasa de interés que se ordena aplicar; y d) los honorarios regulados, que considera elevados.

II. Considero que no le asiste razón a la demandada recurrente al cuestionar el encuadramiento de la relación habida entre las partes en las disposiciones de la LCT y no en las del régimen de pasantías que se invocó en el responde (Ley 25.165 y Decreto 340/92, reglamentado por la Res. Nro.1425/95 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires).

Digo esto porque, aún cuando se tuvieran presentes los convenios individuales de pasantía adjuntados por la accionada a fs. 50/53 (reconocidos por la actora a fs. 93), no se constata acreditada la autenticidad del instrumento glosado a fs.54/56, mediante el cual se pretendía acreditar la previa celebración de un acuerdo marco entre la accionada y la unidad educativa en la cual la actora cursaba sus estudios de enseñanza media (cfr. art. 5 del dec. 340/92). Del informe emitido por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires como autoridad de aplicación (ver fs. 235/247) sólo puede extraerse que la entidad educativa en cuestión habría extraviado su ejemplar del acuerdo y que suministró, en su defecto, un mero listado de sus alumnos "pasantes", del que no pueden inferirse los alcances y objetivos que se habrían tenido en miras al celebrarlo. De lo expuesto se sigue que no se constatan íntegramente cumplidos los requisitos formales a los que se supedita la procedencia de esta modalidad contractual de excepción. Por lo demás, aún soslayando ese obstáculo formal, tampoco se evidencian acreditados los requisitos sustanciales. De los testimonios de BOH (fs. 180), SAENZ (fs. 182) y DOUINEAU (fs.184) se extrae que la actora fue destinada a cumplir tareas como ayudante de cocina (v.g. freír papas fritas, envolver sandwiches, etc.) y que la capacitación recibida en la sede empresaria se refirió, exclusivamente, a esos menesteres (v.g. nociones de bromatología, atención al público, puntos de cocción, etc.), actividades éstas que en modo alguno califican como "prácticas relacionadas" con su formación teórica en el instituto educativo, como perito mercantil especializada en el auxilio contable (ver respuesta de la E.E.M. Nro. 9, Marcos Sastre, de la localidad de Tigre, Provincia de Buenos Aires, a fs.244). De lo expuesto se sigue que tampoco se encuentra demostrada la finalidad formativa de su práctica en la empresa (art. 2º del dec. cit.).

En este contexto, al no haberse acreditado la modalidad de excepción aducida en el responde (v.g. pasantía), la prestación objetiva de tareas de la actora a favor de la accionada en condiciones de subordinación resulta encuadrable en las disposiciones del régimen general del contrato de trabajo, por aplicación del denominado principio de primacía de la realidad (art. 21, L.C.T.) Así lo ha entendido esta Sala (con criterio que comparto), al sostener que ". constituye un presupuesto ineludible para la consideración de un contrato de pasantía, brindar experiencia práctica complementaria de la formación teórica elegida." y que "En la medida en que la prestación de tareas difiera de tal objeto, no puede hablarse de pasantía sino de contrato de trabajo" (CNAT Sala X, SD 13205 del 24/11/04 "Bessio, Julia Dalila c/ Telecom Argentina - Stet-France Telecom S.A. s/ despido").

No obsta a la conclusión antedicha la denominación que hubiesen empleado las partes al instrumentar los sucesivos acuerdos individuales, ni el silencio guardado por la trabajadora ante la imposición de una modalidad contractual que no reflejaba la verdadera naturaleza del vínculo, pues tales conductas devienen irrelevantes en virtud del principio de irrenunciabilidad que rige en la materia (arts. 12 y 58, L.C.T.) y que impide (en cuanto refiere al trabajador) una aplicación irrestricta de la "teoría de los actos propios" que se invoca en el recurso.

Por lo demás, al hallarse así firme la verdadera naturaleza laboral del vínculo, el desconocimiento formulado al respecto por la accionada en el intercambio telegráfico (aunado a los demás incumplimientos contractuales derivados de esa negativa) se erige como causa de injuria suficiente para justificar el despido indirecto comunicado por la actora el día 9/6/04 (art. 242, LCT). En este entendimiento, propiciaré desestimar el recurso, confirmando la sentencia apelada en cuanto admite el reclamo indemnizatorio por despido.

Igual suerte seguirán los cuestionamientos formulados contra la admisión de los demás rubros que se mencionan en el recurso (v.g. vacaciones y SAC, indemnizaciones especiales de la ley 24.013, agravante del art. 2 de la ley 25.323, sanción del art. 80 in fine de la LCT y conf. art. 45, ley 25.345, diferencias salariales y haberes adeudados) con el mismo argumento recursivo, consistente en la supuesta validez de un contrato de pasantía que se ha demostrado ilegítimo.

III. Tampoco admitiré las objeciones que, con idéntico fundamento, efectúa contra el cálculo de algunos de los rubros diferidos a condena. Así, la apelante insiste con la extinción del vínculo por vencimiento del plazo convenido que pretende se tenga por operado el día 31/3/04, para cuestionar la admisión de rubros tales como las indemnizaciones especiales de la ley 24.013, el reclamo por salarios devengados con posterioridad, la indemnización sustitutiva del preaviso omitido y/o los días de integración del mes de despido.

Por lo demás, al hallarse fuera de discusión que la actora se desempeñaba en una actividad convencionada (CCT 125/90), el hecho de que su tarea no estuviese expresamente prevista ese convenio colectivo, no obsta a que se le abonen las asignaciones e incrementos de emergencia dispuestos por el P.E.N. mediante los decretos 1273/02, 2641/02, 905/03, 392/03, 1347/03 y 2005/04 (conf. esta Sala X, SD 14494 del 10/8/06, "Santana, Adolfo Julián Jesús c/ Mailcorp S.A. s/ despido").

IV. La condena a la confección y entrega de las certificaciones previstas en el art. 80 de la L.O., en el plazo y bajo el apercibimiento dispuesto en la sentencia, es consecuencia necesaria de la demostrada condición de empleadora de la accionada, por lo que debe mantenerse.

V. Propiciaré asimismo que se confirmen los intereses moratorios dispuestos por el a quo, que resultan coincidentes con los que las diversas Salas que integran la Excma. Cámara estimaron adecuados para el período en cuestión (art. 622 del Cód. Civil; CNAT Acta 2357 del 7/5/02, modif. por Res. 8 del 30/5/02).

VI. En atención al mérito y extensión de las tareas cumplidas y lo dispuesto por el art. 38 de la L.O. y demás normas arancelarias vigentes, considero que los honorarios fijados a favor de los profesionales actuantes lucen equitativos, por lo que propiciaré confirmarlos (conf. ley 21839 y 24432 y dec. ley 16638/57).

VII. En atención al resultado obtenido, propongo que las costas de la Alzada se impongan a la demandada vencida (art. 68, CPCCN), regulándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que les corresponda percibir por sus actuaciones en la instancia anterior (art. 38, L.O.).

Por lo expuesto, de prosperar mi voto, correspondería: I. Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto ha sido materia de apelación; II. Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida; III. Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo fijado por sus actuaciones ante la instancia anterior.

El Dr. HECTOR J. SCOTTI dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

El Dr. GREGORIO CORACH no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: I. Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto ha sido materia de apelación; II. Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida; III. Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo fijado por sus actuaciones ante la instancia anterior; IV Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

ANTE MI: