Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-05-18


C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 18 (Dieciocho) de Mayo de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandada en autos: "Rivero Vda. de Rivero, Laurentina de Jesús vs. Omodeo S.A. s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación planteado a fs. 859/886, por el apoderado de la parte demandada, en contra de la sentencia de fecha 16/5/2003 dictada por la Sala IIIa. de la Cámara en lo Civil y Comercial Común (fs. 850/853 vta.)	El pronunciamiento mencionado no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por aquélla, al confirmar el fallo del 17/5/2002 (fs. 784/789).

A fs. 893/902 la parte actora contestó el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

El remedio articulado fue declarado admisible por la Sala a quo, conforme surge del auto de fecha 31/10/2003, que corre agregado a fs. 906 y vta.; por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el examen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden al juicio de admisibilidad, debemos decir que estamos frente a una temporánea interposición por quien se encuentra legitimado para ello, contra una sentencia que es definitiva. Asimismo, se ha acompañado boleta que acredita el depósito de ley.

III.- Con relación al recaudo previsto por el art. 815, el recurrente plantea la infracción a los arts. 34, 40, 272 CPCCT; arts. 16, 17, 18 19 CN; arts. 1113, 1083 CC.

Le agravia la sentencia cuando aplica la responsabilidad objetiva del art. 1113 CC para responsabilizar al constructor de obra, en tanto entiende que la misma es de índole subjetiva conforme surge del art. 1109 y 1647 CC citado por el mismo fallo. Analiza la jurisprudencia citada por los autores que menciona el tribunal para entender que ésta le da razón en dicho aspecto.

Sostiene que, al atribuirle responsabilidad objetiva, el fallo altera los términos de la demanda y su contestación, toda vez que la actora atribuye a la demandada una conducta culposa y que no resulta justo ni lícito que el tribunal de alzada le atribuya una conducta distinta cuando ejerció su defensa destinada a acreditar la inexistencia de tal conducta culposa y la existencia de la debida diligencia y prudencia. Advierte que calificar la relación sustancial no significa alterar dichos términos.

Subsidiariamente, argumenta que no revestía la condición de guardián de la obra respecto a los aspectos técnicos de la construcción por lo que también resultaría, desde esta óptica equivocada la aplicación del art. 1113 CC. Señala en el punto que el director de la obra no fue nombrado por la empresa constructora demandada sino por el propio comitente como surge de las constancias de la causa (fs. 698/700) por lo que la guarda siguió estando en cabeza del dueño de la obra en tanto su parte sólo estaba obligada a realizar las labores encomendadas al adjudicarle la obra y que estaban establecidos los planos que no fueron por él elaborados por lo que no existía un efectivo desplazamiento del control, vigilancia y cuidado de la misma que produzca el traslado de la guarda jurídica de una cosa de una persona a otra.

Asimismo, impugna de arbitraria la sentencia en tanto, dice, incurre en groseros errores de razonamiento en torno a la apreciación de la prueba tanto al analizar la causalidad como la culpabilidad. Así, entiende que si la Cámara admite que por la calle en que se encuentra la vivienda de la actora en épocas de lluvia se desplazan fuertes corrientes y material de arrastre y que la vivienda se encuentra bajo el nivel de la calle, es obvio que ya ingresaba el agua al inmueble de la actora antes de la obra por lo que, en el peor de los supuestos, habría concausa en las humedades y deterioros reclamados. Sostiene que, en tanto ello surge del mismo razonamiento lógico expuesto en la sentencia, constituye un hecho notorio aun cuando la Cámara lo califique de mera suposición. Discrepa con la estimación sentencial del informe del Ing. Cruz por cuanto éste fue acompañado a la demanda y realizado antes del juicio constituyendo una prueba unilateral que no tuvo oportunidad de controlar, lo que debió valorar el sentenciante. Que es contrario a la lógica y experiencia común dar a esta probanza mayor valor que a la pericial producido por el perito desinsaculado en la causa con el debido control de parte por lo que, en el punto, la sentencia resulta carente de motivación. Expresa que las declaraciones testimoniales son incoherentes con las otras constancias probatorias en tanto resulta imposible, dice, que las aguas pluviales, atento a lo expresado supra sobre las características de la ubicación de la vivienda, no afecten esta propiedad. Le afecta que el tribunal dé más valor a estas declaraciones testimoniales que a instrumentos públicos que gozan de la presunción de legitimidad y autenticidad y cuya validez no fue cuestionada por la contraparte (estudios de suelo realizados por la DPV -informa que antes de la obra el territorio se encontraba saturado-; informe emitido por la Municipalidad de Tafí Viejo -expresa que la gradiente en la zona es de dirección noroeste-sudeste de lo cual surge que los terrenos situados en los márgenes sur y este tienen que sobreelevarse a fin de prevenirse de las aguas que circulan por las calles en épocas estivales-).

Sostiene la culpa de la víctima (art. 1111 CC) y que el tribunal a quo debería haber valorado tanto esta culpa como la del demandado con lo que hubiera llegado, en el peor de los casos, a la culpa concurrente, con la consiguiente disminución del resarcimiento de su parte. Que al atribuirle responsabilidad objetiva omite tal tratamiento y consideración. Menciona los párrafos sentenciales de donde surge su culpa para concluir que ellos son insuficientes a fin de acreditar la responsabilidad sobre esta base.

Concluye en que el tribunal a quo omitió prueba esencial para la consideración del litigio como fueron las copias certificadas de la Orden de Servicios n° 5 de la Dirección Técnica de la Obra a la empresa Omodeo S.A. y la de los planos complementarios a dicha orden, suscriptos por el Director Técnico de la Obra en tanto acreditan que la elevación de terreno fue ordenada a su parte en la persona del Director de Obra, lo que excluye su culpa por los daños que tal elevación pudiera causar. Agrega que no incurrió en negligencia y que no estaba obligado a prever que la vivienda de la actora no tenía impermeabilización.

De otra parte, le agravia la consideración sentencial respecto a que los daños sufridos por la actora en su vivienda tienen como causa "especialmente" las filtraciones de agua provenientes del espacio verde de la ENET, porque al decir "especialmente" evidencia que existieron otras causas de daños que debieron ser consideradas a fin de determinar la incidencia de cada una en la producción del resultado dañoso y la proporción de cada una al establecerse el monto de reparación.

Manifiesta que constituye una afrenta a la libertad y al derecho de propiedad el hecho de que la sentencia atacada exprese que su parte debió extremar las precauciones en el arte de construir respecto de la propiedad vecina dadas las malas condiciones edilicias de ésta última pues ello viene a constituir una restricción o límite al dominio impuesta por un juez y no contemplado por ley alguna. Que es la propia actora la que debió extremar los recaudos dada la mala calidad constructiva de su vivienda a fin de evitar perjuicios por lo que el tribunal, al no usar la misma vara para medir las precauciones de las partes, afecta de modo flagrante el derecho de igualdad.

Explicita que le causa agravio lo relativo a la reposición a que se condena toda vez que el art. 1083 CC es claro en que la reposición debe hacerse de las cosas a su estado anterior y que el estado anterior de la vivienda era el de una edificación antigua de mala calidad constructiva sin sistemas de impermeabilización y sin desag³es pluviales por lo que resulta absurdo que se admita el mejoramiento de la vivienda en este aspecto, sin que en ello tenga que ver que la víctima sea persona de magros recursos. Entiende que en el punto se consagra un indebido enriquecimiento patrimonial sin causa tanto más cuanto que se deja librado a la voluntad de la víctima aplicar los importes de la indemnización concedida a la realización de tareas en la propiedad de un tercero de quien todavía no tiene autorización, bien la apropiación de dichos importes sin destinarlos al fin previsto por la sentencia.

Propone doctrinas legales; hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar a lo peticionado, con costas.

IV.- La sentencia en crisis considera, en el marco de los agravios casatorios, que el hecho de no haber sido contestada la demanda no impide la consideración de la defensa de falta de legitimidad pasiva que la recurrente plantea en ocasión de alegar de bien probado y reitera en el recurso en examen. Al respecto, considera que no está controvertido en autos que Omodeo S.A. tenía a su cargo la construcción de la ENET n° 1 de la ciudad de Tafí Viejo en el lindero Oeste de la propiedad de la actora, tarea que había aparentemente emprendido ajustándose a los términos del contrato de locación que firmara con la Cooperadora de la mentada escuela que le encomendara la obra y conforme a las condiciones generales y particulares correspondientes a la licitación pública cuyos datos detalla, sus modificaciones, estudio de suelo y restantes pautas técnicas que le fueran establecidas tanto por la comitente, como por las autoridades administrativas de control. Que en ese marco, en su carácter de locación de obra y hasta tanto fuera definitivamente recibida por el comitente la misma, era responsable frente a terceros de todo daño que pueda ocasionarles a estos (art. 1109 CC). Es que mientras se ejecutan los trabajos se produce un desplazamiento de la condición de guardián jurídico y, en consecuencias, las disposiciones respecto del arte de construir contenidas en el CC se desplazan al empresario constructor. El art. 1647 CC regula una aplicación del art. 1109 del mismo Código. Agrega que lo expuesto es sin perjuicio de que se encuadre la situación como un supuesto de daños producidos por el riesgo o vicio de las cosas, con el alcance en cuanto a los sujetos responsables del art. 1113 CC. Manifiesta que el empresario es responsable frente a terceros por los daños que deriven de la construcción de la obra, lo mismo que el director de ésta; que el concepto de vecinos a que alude el art. 1647 CC comprende a los propietarios de las fincas linderas y a quienes habiten en ellas aunque no tengan esa calidad sino que lo hagan como inquilinos y que ello comprende los daños a inmuebles linderos, los muebles existentes en ellos y las lesiones físicas que puedan sufrir los terceros. Por ello, no hace lugar al planteo de falta de legitimación pasiva de la apelante.

De otra parte, estima acreditado por la actora que su vivienda no tenía problemas graves de humedad y filtraciones de agua de lluvia antes de que se emprendiera la obra en el terreno lindero. Así, pondera que los testigos -que no fueron tachados en sus personas y dichos por la accionada-, y la información vecinal son coincidentes sobre el particular. Las propiedades ubicadas hacia el Este de la ENET no eran inundables. Que más allá de que por la topografía propia de la zona y el consecuente desnivel de la calle Uttinger donde se encuentran ubicadas las propiedades en cuestión sea un hecho común que en épocas de lluvias se produzcan por esa arteria desde el cerro próximo fuertes corrientes de agua y material de arrastre y que la propiedad de la actora emplazada en la parte posterior del inmueble en propiedad horizontal esté edificada por debajo del nivel de la calle, lo relevante es que en forma fehaciente no se ha probado por la apelante que antes de haberse encarado las obras ya ingresaba agua a este inmueble como consecuencia de aquellas correntadas, siendo ésta la causa real de las humedades y deterioros que se alegan. Que la prueba sobre el particular no es convincente, que ello se basa en meras suposiciones sin otros elementos de juicio que la avale. Los testigos han declarado que los daños aparecen al poco tiempo en que se comenzó a levantar la escuela y la verificación vecinal arribó al mismo resultado; las defensas levantadas por el propietario consorcista de la vivienda anterior parecen resguardar el ingreso de agua a la misma, y evitar que se inunde el inmueble de la actora ubicado en la parte posterior del predio. Agrega que la falta de desag³es pluviales no incidió en forma determinante en la producción de los deterioros que se reclaman en tanto es llamativo que los mismos se encuentran localizados en las paredes del dormitorio, cocina y baño lindantes por estar construidos contra la pared que divide ambas propiedades, en ese entonces con un espacio libre de la nueva escuela, en donde posteriormente se procedió a realizar el patio, y no sobre el sector opuesto y fondo de la propiedad donde se concentraba el agua de lluvia. Es decir que el hecho de que los deterioros se manifestaran en aquellos ambientes y no en los ubicados hacia el Este de la misma, y por ende próximos a donde el agua de lluvia debía concentrarse, razonablemente demuestra la irrelevancia de esta cuestión en los daños que la vivienda experimentara. Del hecho de que la localización de los deterioros en paredes techos y pisos de los ambientes vecinos a un espacio verde (en aquella época) de la escuela y no en otras partes de la propiedad, hace derivar que el Ing. Cruz estaba en lo cierto en su informe cuando al inspeccionar la vivienda concluyó que las humedades filtraciones y hundimientos estaban causados por las aguas de lluvia que se escurrían a través de la pared lindera desde el mentado espacio verde y permeable de la ENET. Hace notar que este edificio fue construido luego de rellenarse el suelo del terreno elegido unos ochenta centímetros más alto que el nivel de la propiedad de la accionante en una zona con declive natural hacia el Este o Este Sudeste. Que las observaciones al informe de Cruz formuladas al alegar por la recurrente porque no contestó demanda y, por ende, no lo impugnó cuando correspondía, no son atendibles; que tales observaciones están basadas en una pericial formulada ocho años después de la constatación efectuada en el terreno por De la Cruz con el patio de la escuela ya construido, es decir en una situación fáctica evidentemente distinta a la verificada por aquél en su momento con el problema que afrontaba la actora en toda su plenitud. Que las declaraciones testimoniales acerca de que los terrenos no eran inundables, el dictamen de De la Cruz caracterizado por el contacto directo, por la inmediación con la situación que se le presentaba en el año 1993 a la vivienda de la actora y con las circunstancias constructivas del edificio de la escuela de aquel tiempo, crea al tribunal la convicción necesaria fundada en una seria posibilidad que supera el mero nivel conjetural para sostener que los deterioros experimentados lo fueron por las filtraciones de agua provenientes del espacio verde de la ENET. Estima que la saturación de los suelos y el consecuente aumento de la corriente de agua por calle Uttinger a raíz de las lluvias caídas en la zona desde 1988 y el hecho de que a raíz de ello haya sido necesario rellenar el terreno donde se levantaría la escuela dejando a la propiedad lindera de la actora ochenta centímetros por debajo de la superficie de la nueva obra, debieron haber llevado a la demandada a extremar las medidas de resguardo y prevención en el arte de construir para evitar perjuicios a la misma ya que en el proyecto originario de la obra que se le encargara no estaba contemplado el patio de material de la escuela quedando un espacio libre permeable al decir de De la Cruz por lo que se corría el riesgo de que las aguas de lluvia se filtren hacia la propiedad de la actora que había quedado más baja en su nivel. Entiende que no eximen de responsabilidad el hecho de que se hayan observado las reglas del arte y los reglamentos administrativos o que la construcción se realizara con la vigilancia de un profesional designado por el locatario como director de obra, por las razones ya expuestas, pues la responsabilidad emergente del art. 1647 CC es de naturaleza extracontracutal y para relevante doctrina judicial objetiva, es decir, que la persona se libera probando el casus, la culpa exclusiva del damnificado o la de un tercero por el que no debe responder. Agrega que aun cuando haya habido transgresiones de otro carácter se aplica igualmente en tanto constituye una aplicación de la regla del art. 1109, el art. 1647 CC. Que más allá de la relación que la actora pueda haber formulado en su demanda, es procedente concluir que si la vivienda sufrió daños causados por la construcción de la obra vecina, la situación se resuelva aplicando al caso las normativas de art. 1113 CC. Añade que la antig³edad y déficit constructivos que pueda presentar la vivienda de la actora tampoco justifican la exoneración de responsabilidad que, en todo caso, dicha circunstancia llevaba a extremar las precauciones en el arte de construir de la demandada verificando el impacto de la obra sobre la seguridad de la propiedad vecina en las condiciones edilicias que presentaba; que dichas condiciones constructivas no fueron relevantes mientras no se edificó la escuela y los deterioros que hasta entonces presentaba respondían a envejecimiento normal u ordinario de toda construcción sin manifestar la gravedad que experimentaron levantada la edificación. En cuanto a la cuantificación, expresa que la actora optó por el art. 1083 y que Omodeo no opuso defecto legal; que el fallo del a quo recepta la pericial que si bien fue observada por la apelante la impugnación no tramitó con quienes correspondía por lo que procesalmente no puede ser considerada; agrega que este informe llega a igual resultado que el establecido por De la Cruz. Que los técnicos tratan de lograr una solución definitiva a través de trabajos que deben realizarse en la vivienda en el inmueble de ENET para evitar las filtraciones, ello al margen del arreglo para reparar los deterioros ya existentes en la vivienda. Le resulta irrelevante que no tenga la demandada la guarda de la cosa o que la propietaria de la obra no haya sido demandada puesto que no existe litisconsorcio necesario entre el guardián y el propietario al ser la responsabilidad concurrente o in solidum. Descarta que se trate de un enriquecimiento sin causa toda vez que no se cumpliría con la plena reparación ya que en virtud del hecho ilícito se vería el damnificado obligado a desembolsar una suma de dinero para compensar ese beneficio, o en el peor de los supuestos no podría adquirir con el dinero que recibe una cosa igual que procurara el restablecimiento al estado anterior tratándose de una persona de magros recursos. Señala que el enriquecimiento no es tal pues el resultado final no proviene de una conducta del damnificado sino del responsable y que si solo se concediese una indemnización equivalente al valor de la cosa usada, podría ocurrir que fuera insuficiente para adquirir otra, por lo que muchas veces es equitativo admitir el mejoramiento de la víctima. Advierte que estará a cargo de la demandante exigir por la vía y forma que corresponda al propietario de la ENET que se le permita realizar los trabajos que los peritos recomiendan para los que está destinada parte de la indemnización establecida. Confirma la sentencia de primera instancia e impone las costas a la vencida.

V.- De la confrontación de los agravios casatorios puestos en relación con los motivos sentenciales se concluye en que, pese al esfuerzo argumentativo del recurrente, el recurso no puede prosperar.

En efecto, respecto a la responsabilidad subjetiva que sostiene el recurrente y el consiguiente agravio en tanto la Cámara ha fallado en base a la responsabilidad ex art. 1113 CC, cabe efectuar dos consideraciones. En primer lugar, no es errado sostener que la responsabilidad del constructor de obra sea de naturaleza extracontractual y objetiva toda vez que ello emana de la doctrina del art. 1113 CC. Así se dijo que cabe aplicar dicha disposición en cuanto a los daños que reconocen su causa adecuada en la demolición o reparación de una finca, o en la erección de una obra. En cualquiera de esas hipótesis, el dueño de la propiedad y el guardián (empresario, subempresario) deben probar el hecho extraño a la cosa dañosa, o sea, el caso fortuito (no inherente al riesgo creado) la culpa exclusiva de la víctima, o el hecho del tercero por quien no se debe responder. La responsabilidad del empresario como guardián jurídico y del dueño es objetiva y sólo cede ante la prueba de ese hecho extraño a la cosa. La prueba de la diligencia no es causa de exoneración de responsabilidad cuando se trata de una obra en construcción: media responsabilidad objetiva por el riesgo creado o el vicio propio de la cosa (Spota, Tratado de Locación de Obra, T. III, pág. 100. En forma concordante con ello: Belluscio-Zannoni, CC anotado, comentario art. 1647, &2 inc.c) 1.-. agregándose que ello no excluye la posibilidad de que el empresario incurra en la comisión de un acto ilícito por culpa o negligencia. También Bueres-Highton, CC, comentario art. 1647, &2, inc.b) 4.; ídem Eduardo Gregorini Clusellas, "Locación de Obra", n° 43, pág. 78: la responsabilidad del empresario de obra es extracontractual sobre la base del art. 1113 CC).

En segundo lugar, de una lectura del fallo se advierte que el tribunal de alzada, siguiendo la doctrina expuesta, analiza ambos tipos de responsabilidades en el caso sub examine. Así, expresa que en su condición de locador de obra,y hasta tanto la misma fuera recibida definitivamente por el comitente, era responsable frente a terceros de todo daño que pueda ocasionarles a estos (art. 1109 CC); que mientras se producen los trabajos se produce un desplazamiento de la condición de guardián jurídico, y las disposiciones respecto del arte de construir se desplazan al empresario constructor. Que el art. 1647 es una aplicación del art. 1109 . Agrega la Cámara que lo expuesto es sin perjuicio de que se encuadre la situación como un supuesto de daños producidos por el riesgo o vicio de las cosas con el alcance del art. 1113 CC. Por todo ello concluye en que la legitimación pasiva debe desestimarse. Más adelante expresa que la responsabilidad del art. 1647 CC es extracontractual y, para relevante doctrina judicial objetiva, y que la misma se aplica aunque promedien trangresiones de otro carácter que las mencionadas en el art. 1647 CC. Luego, claramente sostiene que, en tanto se han probado daños en la vivienda de la actora provenientes de la construcción de la obra vecina, la situación se resuelve aplicando el art. 1113CC.

De lo dicho, no se advierte que el tribunal haya variado los hechos expuestos en la demanda, sino que ha dado el encuadre jurídico que el caso requería atento, precisamente, a los hechos alegados y probados en la causa. Por lo demás, si un hecho se subsume bajo un diferente supuesto normativo del alegado por el actor o es subsumible en varios -es decir, operan justificaciones alternativas o concurrentes para un mismo problema fáctico- sólo se modifica el "enfoque" jurídico de la acción, pero ésta queda siempre idéntica y no resulta alterada por el juez cuando practica el encuadramiento que considera procedente. Así pues, la dilucidación del motivo de atribución de responsabilidad entraña un problema de encasillamiento jurídico, al que es aplicable el principio iura novit curia " (Zavala de González, Resarcimiento de Daños, t. III, pág 244).

En tercer lugar, cabe consignar que no resulta cierto, conforme a las constancias de autos que el demandado haya elaborado su estrategia defensiva en base a los hechos de la demanda -en donde, a su criterio, se le imputa responsabilidad por negligencia-, toda vez que de las probanzas por él producidas se advierte la finalidad, entre otras, de exonerarse de responsabilidad mediante la demostración de la "propia culpa o negligencia de la víctima" (en cuanto a las condiciones y calidad de su vivienda que no cumpliría con los requisitos exigidos para la construcción); o de factores de la naturaleza que obrarían si no como causa exclusiva, al menos como concausa del daño (ver cuadernos de prueba n° 2, 3 de la demandada, así como sus expresiones a fs.806, primer párrafo).

De otra parte, el empresario de obra no se exime de responsabilidad aun cuando el director de obra sea designado por el comitente. Al respecto, cabe expresar que el empresario es responsable frente a terceros por los daños que se deriven de la construcción de obra, lo mismo que el director de ésta (conf. CNCiv., Sala K, 9/3/2000, en JA 2001-I-251 ss.) por lo que no es causal eximente la circunstancia de que la obra se realice con la vigilancia de un profesional designado por el locatario de obra. La ejecución de la obra por parte del empresario no es una ejecución ciega subordinada a las directrices del director de obra en tanto en aquél son exigidas las mismas reglas del arte y el conocimiento adecuado a la tarea que ofrece y pone al servicio. Entender lo contrario, y admitir que exista traslación de la guarda jurídica de la cosa, que todo poder de vigilancia y cuidado sobre la obra en construcción y sobre el hecho de la construcción misma haya pasado a manos del Director de obra significaría que el empresario de obra queda subordinado a aquél, con lo cual toda idea de empresa desaparecería. Bien se advierte, en la especie, lo absurdo de este argumento atento el marco del contrato de locación de obra celebrado con la demandada en forma independiente, como empresa que extrae beneficios del contrato y en tanto el concepto de guarda supone en el guardián el aprovechamiento económico de la cosa de que se sirve o tiene a su cuidado.

Así se dijo que, como guardián jurídico de la obra, el empresario responde frente a los terceros por los daños que deriven de ella (art. 1113 CC) así como por los actos ilícitos de sus dependiente en la obra. Esa responsabilidad sólo cede frente al hecho extraño a la cosa (sea, el caso fortuito ajeno al riesgo o vicio de la cosa dañosa, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de aquel tercero del cual no deba responder el locador de obra materia); pero la orden del comitente, el vicio del plano, la injerencia del director de obra, no constituyen el hecho del tercero del cual no deba responder el empresario. Sólo si el empresario dejara de ser tal, transformándose en un simple ejecutor de las órdenes, cabe liberarlo de responsabilidad; esto importa ya expresar que no existe empresa. Por lo demás, la doctrina asigna al director de obra o locador de obra intelectual responsabilidad por el hecho propio (arts. 1072, 1109 CC) no la que emana del art. 1113 pues no es un guardián jurídico (conf. Spota, op.cit., págs. 114 y 116. La cursiva no está en el texto).

VI.- Los argumentos casatorios referidos a la violación del art. 40 procesal remiten a cuestiones fácticas ajenas a la instancia extraordinaria de la casación, sin que se advierta arbitrariedad en la sentencia que, para resolver como lo hace sobre la causalidad y culpabilidad, da suficientes razones para ello.

Así, el recurrente -sobre la base de la lógica aplicada a un razonamiento sentencial- califica de "notorio" el hecho de que los terrenos entre los que se encuentra la vivienda de la actora eran inundables. Manifiesta con ello una mera discrepancia con el criterio de Cámara que, fundadamente, sostiene que aquello es una "mera suposición" toda vez que no está demostrado en autos que los daños ocasionados a la vivienda existieran antes de la construcción de la escuela, agregando que la falta de desag³es pluviales en la propiedad de la demandante no incidió en la producción de los deterioros que se reclaman, en tanto los daños están situados en los ambientes que están contra la pared que divide ambas propiedades y no sobre el sector opuesto en donde se concentraba el agua de lluvia. Estas últimas y precisas aseveraciones no fueron rebatidas en nada por la recurrente. Asimismo, la Cámara ha fundamentado debidamente la relevancia que le otorga al informe del Ing. Cruz por sobre la pericial de autos. Sostiene que aquél presenta las características de inmediación con los hechos de la causa en tanto que ésta es efectuada ocho años después; que el informe, al concluir que las humedades y filtraciones estaban causados por las aguas de lluvia que se escurrían a través de la pared lindera desde el espacio verde y permeable de la ENET, viene a ratificar la observación anterior en relación a la localización de los daños en la vivienda; que la pericial se realizó en una situación fáctica (construcción del patio de la escuela donde era el espacio verde) absolutamente distinta a la del momento en que se realizó el informe de De la Cruz, con el problema que afrontaba la actora en toda su plenitud. Los motivos casatorios se presentan, frente a este marco de razonamiento, como un mero desacuerdo en la apreciación valorativa del tribunal de mérito que no logra acreditar el vicio atribuido ni siquiera mediante la alegación de que no se ha considerado los informes administrativos. Así, ellos se limitan a determinar las condiciones del suelo y la necesidad de sobreelevar el terreno al momento de construir. Estos específicos datos no fueron estimados conducentes al momento de la decisión lo cual se advierte razonable en tanto no existe contradicción acerca de la necesidad de sobreelevar los terrenos o de que éstos estaban saturados (cfr. 874 vta. del memorial con fs. 851 vta. de la sentencia en donde ésta expresamente se refiere a la saturación de los suelos y la consiguiente necesidad de rellenar el terreno como circunstancias que debieron llevar a adoptar medidas de prevención y resguardo en la accionada). Asimismo, el hecho de que en alguna parte de la sentencia se haya expresado que los daños fueron causados "especialmente" por la demandada no significa que se hayan advertidos otras concausas del daño con virtualidad suficiente para eximir proporcionalmente de responsabilidad a ésta. Ello así por cuanto del contexto general de la redacción sentencial queda claro que los daños "fueron causados por la construcción de la obra vecina" (sic fs. 852) y que los déficits constructivos y antig³edad de la vivienda no justifican la exoneración de responsabilidad en tanto no fueron relevantes mientras no se levantó la escuela (fs. 852 y vta.) con lo cual se advierte que desde la perspectiva de la hermenéutica integral que cabe realizar -sin descontextualizar frases para hacer decir a la sentencia lo que no dice, como lo hace el recurrente-, la palabra poco feliz de "especialmente" no llega a tener la envergadura ni la virtualidad que se le atribuye. Tampoco se advierte violación a la propiedad o que la sentencia imponga restricciones o límites al dominio a la demandada al exigirle extremar las precauciones en el arte de construir. Y ello no sólo porque las disposiciones del Libro Tercero, Título VI del CC constituyen un conjunto de normas que tienen por presupuesto esencial que la obra o trabajos a realizar se hagan de modo tal de no afectar o dañar las propiedades (edificios, plantaciones, etc.) vecinas, con lo cual esta consideración no es ajena al marco de la obra que se construye, sino también porque en la especie se ha aplicado el art. 1113 CC con lo cual la responsabilidad deviene del carácter de guardián de la cosa riesgosa, como lo es la obra en construcción.

VII.- En relación al agravio referido a la violación al art. 1083 CC cabe expresar que tampoco éste puede prosperar. En efecto, el tribunal ha confirmado en el punto la sentencia de primera instancia que condena por una determinada suma de dinero. Dicho monto resulta de lo calculado en la pericia de fs. 488/499 sobre la base de los trabajos que habría que realizar en la ENET y en la medianera que divide a ésta de la vivienda de la actora a fin de proceder a la impermeabilización y evitación de futuros perjuicios. La reparación integral comprende entonces, no sólo la reparación de los deterioros ya sufridos en el inmueble, sino también el cese del hecho generador del daño, a fin de evitar los que se darán con posterioridad derivados de la misma causa. Ello así, no se advierte arbitrariedad en la Cámara al desestimar el agravio referido a la existencia de enriquecimiento sin causa. El tribunal a quo condena en base al razonamiento de que, estando acreditado, según ella estima, que el inmueble de la actora no sufría de los deterioros por los que se reclama (filtraciones, humedades, hundimientos) con anterioridad a la construcción de la escuela y que fue ésta la que provocara aquéllos, condena a una indemnización que comprende volver la vivienda al estado anterior al tiempo de la construcción lo que también incluye que los ambientes no estén expuestos a sufrir futuros perjuicios a los que no estaban expuestos con anterioridad a la obra. Es decir que no sólo se trata de reparar los deterioros sino hacer cesar la causa misma de estos. Al respecto se ha dicho que: "Razones de economía procesal y de interés social en dar fin a los conflictos, imponen agotar en el mismo juicio, en tanto sea posible, todas las derivaciones perjudiciales del suceso. Resultaría opuesto al sentido común y a las más elementales exigencias pragmáticas, conferir a la víctima la facultad para promover una infinidad de acciones, referidas cada una a un perjuicio distinto, si los daños han sido producidos o lo serán más adelante, con fuente en un mismo hecho lesivo" (conf. Zavala de González, Resarcimiento de Daños, T. 3, pág. 50).

VIII.- A mérito de lo considerado, procede rechazar el presente recurso, con pérdida del depósito de ley. Las costas se imponen al recurrente vencido, por ser de ley expresa (art. 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el señor Ministro Fiscal a fs. 913/917, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, en contra de la sentencia de fecha 16/5/2003 dictada por la Sala IIIa. de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, conforme a lo considerado, con pérdida del depósito.

II.- COSTAS conforme se consideran.-	III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

H┴GASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOS╔ BRITO H╔CTOR EDUARDO AR╔A MAIDANA