Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-02-27


SENT Nº 34 San Miguel de Tucumán, 27 de Febrero de 2013.- Y VISTO: El presente juicio caratulado: "Herrera Molina Emilio Andrés vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo", en el que resulta necesario determinar el órgano jurisdiccional competente para entender en la presente causa, y	C O N S I D E R A N D O :

1.- Vienen a conocimiento de la Excma. Corte, los autos caratulados "Herrera Molina, Emilio Andrés vs. Provincia de Tucumán, s/ Amparo" Expte Nº 19/2013, en virtud de la sentencia nº 27 de fecha 15/02/2013 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo.

1.1. Por dicha resolución, se dispuso declarar la incompetencia del fuero contencioso administrativo para entender en este caso, por aplicación del artículo 4 segundo parágrafo del Código Procesal Constitucional, y elevar los autos para su consideración a este Tribunal.

1.2. Para arribar a dicha conclusión, consideró que "por las características de la definición jurisprudencial de la materia "político constitucional" o "político institucional", cobra aquí relevancia como precedente la sentencia del 29 de marzo de 2006 en que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se declaró competente para juzgar en el proceso de juicio político seguido contra la Vocal de la Sala VI de la Cámara en lo Penal, Dra. Alicia Beatriz Freidenberg de Ferreyra, por considerar que la impugnación judicial del acto de destitución dictado por la Legislatura en aquél proceso de índole jurisdiccional era de "naturaleza político constitucional", puesto que guardaba una "esencial y directa vinculación con la organización de uno de los tres departamentos supremos del estado provincial -integración del Poder Judicial-"...". A lo expuesto, añadió que dado "que en esta demanda se impugna una decisión del Poder Ejecutivo relativa a la integración actual de un Vocal a la sala IIa de la Cámara en lo Penal -que posibilita un proceso de enjuiciamiento en trámite ante la Comisión de Juicio Político de la Legislatura-, y puesto que el artículo 4 de la ley 6944 prescribe que "la Corte Suprema de Justicia tiene competencia exclusiva, cuando se trate de actos lesivos que emanen de los Poderes Ejecutivo y Legislativo", se configura -según el dictamen fiscal- una cuestión "político-institucional-constitucional" y compete a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán entender en ella de modo "exclusivo y originario".."	2.- Remitidos los autos del rubro a vista para dictaminar sobre la competencia de esta Excma. Corte para entender en la causa, con fecha 21/02/2013 el Ministerio Fiscal subrogante se pronuncia por la competencia del Tribunal, con fundamento en el art. 4, segundo párrafo, del Código Procesal Constitucional (fs. 60).

3.- Efectuada la reseña que antecede, la primera cuestión a decidir es la relativa a la competencia en razón de la materia de esta Corte Suprema de Justicia para conocer en la causa, recordando que, para determinarla, debe estarse a los hechos expuestos en el escrito de demanda y alegados en sustento de la acción que se promueve. Lo relevante a tal efecto será, pues, la naturaleza intrínseca del hecho o acto jurídico constitutivo de la pretensión, con prescindencia absoluta del derecho -norma positiva- que invoque el demandante (CSJT, in re: "Centro de Alta Complejidad Regional S.R.L. vs. Asociación de Prestadores del PAMI (A.Pre.Pa) s/ cobro ordinario. Competencia"; "Freidenberg, Alicia vs. Estado Provincial (Honorable Legislatura) s/ Amparo", entre muchos otros).

4.- Efectuando el pertinente análisis a la luz de las premisas antedichas, resulta que de los hechos expuestos en la demanda contenida en Expte Nº 19/2013, el Dr. Emilio Andrés Herrera Molina alega que los derechos y garantías que le corresponden por su condición de magistrado del Poder Judicial para acceder a los beneficios de la jubilación están siendo restringidos y lesionados en forma manifiestamente ilegal o arbitraria, porque el Poder Ejecutivo rechazó la renuncia que presentara al cargo de Vocal de la sala II de la Cámara en lo Penal. Expresa que su renuncia fue ilegítimamente rechazada por el Decreto N° 127/14 (MGyJ) de fecha 01 de febrero de 2.013, acto al que atribuye graves vicios en elementos esenciales tales como el de la causa, desde que invocara el carácter condicional de la renuncia para así pronunciarse, cuando por el contrario el sistema legal implementado con relación al trámite que deben realizar los Magistrados provinciales para acceder a los beneficios ordinarios de la jubilación, impone como exigencia legal la Renuncia Condicionada, que en los términos mentados en el citado artículo 3° del Decreto N° 8820/62 revista la condición de "irretractable"; en ese orden de ideas, e invocando precedentes en su favor (CSJN, caso Agüero, Elda Cirila c/ ANSeS s/prestaciones varias". A.2356.XI, sentencia del 8/02/2011, con cita de Fallos: 280:332, 291:181; 294:187 y 329:2261, entre otros), manifiesta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que "La renuncia al cargo en las condiciones del decreto 8820/62, equivale a una cesación de servicios a los fines previsionales. Una vez formalizada no es posible su retractación y la fecha en que fue presentada determina con carácter definitivo la situación del agente en pasividad". Añade que el acto también se encuentra viciado en su finalidad, y atenta contra la independencia del Poder Judicial, pues sostiene que "si el ejercicio del derecho a la jubilación de los jueces dependiera de la solitaria voluntad discrecional del titular del Poder Ejecutivo, nos encontraríamos frente a una situación de sojuzgamiento y dependencia ilegítima de todo un poder al otro, pues los jueces tendrían permanentemente cortada su libertad y condicionada su conducta para no molestar a quien tiene en sus manos nada más ni nada menos que su derecho jubilatorio"; por ello, manifiesta también que sería "un absurdo de tanto aniquilamiento constitucional que ya no podríamos hablar de división de poderes ni existencia de la república", postulando que "si se aceptara que el Poder Ejecutivo puede manejar los tiempos de un juez de la nación a su libre albedrío, se aceptaría convertir una facultad propia y no discrecional en una herramienta política de ingerencia de un poder sobre otro". Prosigue luego, para invocar nuevos vicios del acto impugnado, afirmando que el rechazo de la renuncia fue extemporáneo, que se violó el principio de igualdad ante la ley, y que dicha renuncia se exteriorizó con anterioridad al pedido de juicio político.

5.- Las consideraciones que anteceden determinan que la sustancia del acto del Poder Ejecutivo que se reputa lesivo y cuya invalidez se pretende en este proceso de amparo, genéricamente es estatal, por ende propio del derecho público local y específicamente, por su contenido, de índole administrativa, pues se invoca la violación de los requisitos esenciales de un acto que se afirma es de naturaleza no discrecional o reglada, en una materia típicamente administrativa, cual es genéricamente toda la concerniente al empleo público.	Este Tribunal, en efecto, ha sostenido reiterada y uniformemente que en todo juicio que tenga por objeto la actuación de un órgano estatal provincial en la esfera del derecho público -supuesto de autos en el que se impugna un acto del Poder Ejecutivo cuya índole genérica es de derecho público-corresponde, en principio -salvo mandato legal expreso en contrario- entender al órgano judicial con competencia en lo contencioso administrativo (cfr. sentencias N° 888 del 28-11-1987; N° 448 del 29-4-1989; N° 60 del 23-3-1992; N° 85 del 02-4-1992; N° 264 del 06-8-1993; entre otras).

5.1. Sin embargo, la sentencia de fecha 15 de Febrero de 2013 emanada de la Excma. Cámara Contencioso Administrativa, invocando precedentes de este Tribunal, ha concluido postulando su incompetencia para entender en la causa. Pues, llegados a dicha encrucijada, cabe recordar que esta corte ha sostenido que, frente a la regla genéricamente expuesta en el párrafo anterior, se erige el mandato legal expreso en contrario contemplado por el CPCT, que - en su artículo 4, segundo parágrafo- estatuye los supuestos de competencia exclusiva para entender de la Corte Suprema de Justicia. En la perspectiva de dicha elaboración jurisprudencial, se infiere que la competencia "exclusiva" que prevé el precitado texto legal, es de alcance restrictivo, dado que su configuración impone atender no sólo al órgano emisor del acto sino también a la naturaleza jurídica de éste, vale decir, a aquel al que se imputa la virtualidad de causar el vicio de inconstitucionalidad que se pretende (cfr. CSJT, sentencia N° 01/2003, punto III del considerando, autos "Municipalidad de Yerba Buena s/ Acción de inconstitucionalidad"; en idéntico sentido, sentencia Nº 221/2006, in re "Freidenberg, Alicia vs. Estado Provincial (Honorable Legislatura) s/ Amparo", considerando II.3), pues sólo en el supuesto de revestir naturaleza "político constitucional" o "político institucional" el acto impugnado, quedaría tipificado el supuesto de excepción habilitante de la competencia exclusiva de este Tribunal.

Por lo tanto, toda vez que se promueve el proceso contencioso de amparo -previsto en el artículo 50 del CPCT- invocándose como acto lesivo al emanado del Poder Ejecutivo, para determinar si queda o no aprehendido como uno de los supuestos de la competencia exclusiva que prevé el artículo 4 segundo parágrafo del precitado ordenamiento procesal, no basta solamente dirigir la mirada al órgano emisor del acto impugnado -en la especie el señor Gobernador de la Provincia- sino que también es necesario atender a la naturaleza jurídica del acto cuestionado que en el caso concreto sub examine, como quedara dicho, tiene índole administrativa.

5.2. Pero, adverso a lo considerado, la sentencia de fecha 15 de Febrero de 2013 concluye que el acto impugnado revestiría naturaleza político institucional, habilitante de la competencia excepcional de esta Corte. Para arribar a dicha solución, pondera que el acto impugnado guarda "una directa vinculación con la organización de uno de los tres departamentos supremos del estado provincial -integración del Poder Judicial". Sin embargo, liminarmente se intuye la insuficiencia del razonamiento desplegado para arribar a la conclusión que postula, pues, a poco que se medita sobre la cuestión, se advierte que, tal como ha sido expuesto, conduce a invertir los principios en materia de competencia, y a transmutar en regla, lo que sólo configura una excepción.

Pues si fuera verdad que todo lo que en definitiva repercuta, o guarde vinculación con la organización de uno de los tres departamentos supremos del estado provincial -integración del Poder Judicial- reviste naturaleza político institucional, ello también vendría a significar que todo lo relativo a los regimenes de licencias o jubilatorio de los jueces - que incuestionablemente repercuten en la organización e integración del Poder Judicial- participaría de dicha naturaleza y habilitaría la competencia de esta Corte que, de excepción, pasaría a convertirse en regla. Sólo plantear la hipótesis equivale a propugnar una respuesta negativa, pues resulta claro que ese no es el sistema de nuestro Derecho, conforme antes fuera expuesto.

5.3. A la luz de lo expuesto, se advierte que el hecho de que lo impugnado guarde vinculación con la organización de uno de los tres departamentos supremos del estado provincial -en el caso: integración del Poder Judicial- constituye una condición necesaria, más no suficiente para tipificar el acto político institucional.

6.- Se torna necesario entonces, delinear con perfiles más nítidos, en el particular contexto de nuestro Derecho público provincial, el acto político institucional, para lo cual será oportuno recordar lo que la doctrina enseñara a propósito de las cuestiones políticas no judiciables. Y ello obviamente, no tanto con ánimo de rescatar del desván de las curiosidades históricas una categoría cada día más huérfana de adhesiones en la doctrina y la jurisprudencia, sino con el de delimitar más precisamente los alcances de la competencia excepcional de este Tribunal a la luz de lo prescripto por el artículo 4, segundo parágrafo, del CPCT, pues, para decirlo en palabras de LINARES QUINTANA: "Claro está que no puede aceptarse que el poder judicial pueda discrecionalmente decidir cuáles son las cuestiones políticas sin otra sujeción que a la de si le resulta impolítico o inconveniente conocer tales asuntos, porque ello comportaría precisamente adoptar una posición substancialmente política ajena por completo a su competencia" (LINARES QUINTANA, Segundo V., Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, T° I, 1° ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1970, p. 638)	6.1. Resultaría una tarea poco menos que imposible efectuar en este lugar, no ya una exposición, sino tan sólo una síntesis de las distintos criterios y teorías esbozadas para caracterizar el acto político, pues se trata de uno de los problemas más debatidos y profusamente tratados por la doctrina de los autores de Derecho público. A más de ello, sería innecesaria en la concreta especie traída a conocimiento del Tribunal, pues los hechos de la causa permiten acudir a uno de los criterios que - aunque cosecha críticos- cuenta con gran número de adhesiones por parte de prestigiosos autores.

En efecto, según este criterio, el acto político vendría caracterizado por un alto grado de discrecionalidad, por lo que la preponderancia de aspectos reglados, nos ubicaría en principio fuera de su esfera de acción. En dicha línea de pensamiento, ha afirmado BADENI que "las cuestiones políticas no abarcan todas las facultades constitucionales conferidas a un órgano político sino solamente aquellas que revisten carácter discrecional en orden a su contenido, oportunidad y conveniencia" (BADENI, Gregorio: Tratado de Derecho Constitucional, T° 1, La Ley, Buenos Aires, 2006, nº 104, p. 305). En análogo sentido, en la doctrina estadounidense, WEAVER había apuntado que "el término política se usa en su sentido general. Significa aquellas cuestiones que, bajo la Constitución, son decididas por el pueblo en su capacidad soberana, o que han sido delegadas a la completa discreción de los departamentos ejecutivo y legislativo" (WEAVER, Samuel P., Constitutional Law and its Administration, Callaghan, Chicago, 1946, p. 212, citado por Linares Quintana, Segundo V., op. cit., T° I, p. 627). Por similares carriles, había discurrido en el Derecho italiano, nada menos que Oreste RANELLETTI (Le guarentigie delle giustizia nella publica amministrazione, Milán, 1937, ps. 41-42, citado por CASSAGNE: Curso de Derecho Administrativo, T. I, Bs. As. 2011, p. 585). A este criterio se le ha reprochado que estaría soslayando el hecho que existen actos políticos de contenido reglado (CASSAGNE: Curso de Derecho Administrativo, T. I, Bs. As. 2011, p. 585 y p. 595/596); pero a esta objeción cabría replicar que, cuando ello ocurre, la regulación de tales aspectos reglados emana por completo de la Constitución.

De modo que para caracterizar el acto político institucional habilitante de la competencia de excepción por parte de esta Corte en nuestro diseño de Derecho público provincial, a la vinculación con la organización de uno de los tres departamentos supremos del estado provincial, también ha de añadirse el carácter predominantemente discrecional del acto en cuestión, o - en su defecto- la regulación íntegra de todos los aspectos reglados por parte de la propia Constitución, pues la ausencia de cualquiera de estos extremos nos habrá de colocar automáticamente en la esfera de acción del acto administrativo.

6.2. Ahora bien, confrontando tales premisas con la concreta hipótesis de autos, de la descripción efectuada en el escrito de demanda se advierte que se impugna un acto del Poder Ejecutivo que reiteradamente se describe como no discrecional, y donde además se denuncia la existencia de vicios en elementos esenciales típicamente reglados del acto, lo cual permite caracterizar al producto resultante de la actividad del órgano como un claro supuesto de acto administrativo.	En mérito a todas las consideraciones precedentes, cabe concluir que a diferencia de los precedentes invocados por la sentencia de fecha 15 de Febrero de 2013 emanada de la Excma. Cámara Contencioso Administrativa, no se observa en el proceso de autos el aludido mandato legal expreso en contrario del art. 4 CPCT, ya que la materia sobre la que habrá de recaer la controversia a suscitarse entre las partes, tiene por objeto la actuación del Poder Ejecutivo en el ámbito del derecho público en cuestiones de naturaleza administrativa.

7.- Siendo ello así, compete a la sala segunda de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo seguir entendiendo de modo exclusivo y excluyente en este proceso contencioso de amparo, y así corresponde declararlo liminarmente en defensa del principio de legalidad.

Por ello, encontrándose en uso de licencia el señor vocal doctor René Mario Goane y excusado el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, y oído el Ministerio Fiscal, se	R E S U E L V E :

I.- DECLARAR la incompetencia de esta Corte Suprema de Justicia para entender en este proceso de amparo.

II.- DECLARAR la competencia para entender en la presente causa de la Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo. A tal efecto, remítanse los autos a dicho Tribunal.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ Voto de la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar:

1.- Vienen a conocimiento de la Excma. Corte, los autos caratulados "Herrera Molina, Emilio Andrés vs. Provincia de Tucumán, s/ Amparo" Expte Nº 19/2013, en virtud de la sentencia nº 27 de fecha 15/02/2013 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Por dicha resolución se declaró la incompetencia del fuero contencioso administrativo para entender en este caso, por aplicación del artículo 4 segundo parágrafo del Código Procesal Constitucional, y elevar los autos para su consideración a esta Corte.

Para arribar a dicha conclusión, el tribunal consideró que "por las características de la definición jurisprudencial de la materia "político constitucional" o "político institucional", cobra aquí relevancia como precedente la sentencia del 29 de marzo de 2006 en que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se declaró competente para juzgar en el proceso de juicio político seguido contra la Vocal de la Sala VI de la Cámara en lo Penal, Dra. Alicia Beatriz Freidenberg de Ferreyra, por considerar que la impugnación judicial del acto de destitución dictado por la Legislatura en aquel proceso de índole jurisdiccional era de "naturaleza político constitucional", puesto que guardaba una "esencial y directa vinculación con la organización de uno de los tres departamentos supremos del estado provincial -integración del Poder Judicial-"...". A lo expuesto, añadió que dado "que en esta demanda se impugna una decisión del Poder Ejecutivo relativa a la integración actual de un Vocal a la sala IIa de la Cámara en lo Penal -que posibilita un proceso de enjuiciamiento en trámite ante la Comisión de Juicio Político de la Legislatura-, y puesto que el artículo 4 de la ley 6944 prescribe que "la Corte Suprema de Justicia tiene competencia exclusiva, cuando se trate de actos lesivos que emanen de los Poderes Ejecutivo y Legislativo", se configura -según el dictamen fiscal- una cuestión "político-institucional-constitucional" y compete a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán entender en ella de modo "exclusivo y originario".."	2.- Corrida vista para dictaminar sobre la competencia de esta Corte para entender en la causa, con fecha 21/02/2013 el Ministerio Fiscal se pronuncia por la competencia del Tribunal, con fundamento en el art. 4, segundo párrafo, del Código Procesal Constitucional (fs. 60).

3.- Para determinar la competencia debe estarse a los hechos expuestos en el escrito de demanda y alegados en sustento de la acción que se promueve. Lo relevante a tal efecto será, pues, la naturaleza intrínseca del hecho o acto jurídico constitutivo de la pretensión, con prescindencia absoluta del derecho -norma positiva- que invoque el demandante (CSJT, in re: "Centro de Alta Complejidad Regional S.R.L. vs. Asociación de Prestadores del PAMI (A.Pre.Pa) s/ cobro ordinario. Competencia"; "Freidenberg, Alicia vs. Estado Provincial (Honorable Legislatura) s/ Amparo", entre muchos otros).

En su demanda el Dr. Emilio Andrés Herrera Molina sostiene que los derechos y garantías que le corresponden por su condición de magistrado del Poder Judicial para acceder a los beneficios de la jubilación están siendo restringidos y lesionados en forma manifiestamente ilegal o arbitraria, porque el Poder Ejecutivo rechazó la renuncia que presentara al cargo de Vocal de la sala II de la Cámara en lo Penal. Expresa que su renuncia fue ilegítimamente rechazada por el Decreto N° 127/14 (MGyJ) de fecha 01 de febrero de 2.013, acto al que atribuye graves vicios en elementos esenciales tales como el de la causa, desde que invocara el carácter condicional de la renuncia para así pronunciarse, cuando por el contrario el sistema legal implementado con relación al trámite que deben realizar los Magistrados provinciales para acceder a los beneficios ordinarios de la jubilación, impone como exigencia legal la Renuncia Condicionada, que en los términos mentados en el citado artículo 3° del Decreto N° 8820/62 revista la condición de "irretractable"; en ese orden de ideas, e invocando precedentes en su favor (CSJN, caso Agüero, Elda Cirila c/ ANSeS s/prestaciones varias". A.2356.XI, sentencia del 8/02/2011, con cita de Fallos: 280:332, 291:181; 294:187 y 329:2261, entre otros), manifiesta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que "La renuncia al cargo en las condiciones del decreto 8820/62, equivale a una cesación de servicios a los fines previsionales. Una vez formalizada no es posible su retractación y la fecha en que fue presentada determina con carácter definitivo la situación del agente en pasividad". Añade que el acto también se encuentra viciado en su finalidad, y atenta contra la independencia del Poder Judicial, pues sostiene que "si el ejercicio del derecho a la jubilación de los jueces dependiera de la solitaria voluntad discrecional del titular del Poder Ejecutivo, nos encontraríamos frente a una situación de sojuzgamiento y dependencia ilegítima de todo un poder al otro, pues los jueces tendrían permanentemente cortada su libertad y condicionada su conducta para no molestar a quien tiene en sus manos nada más ni nada menos que su derecho jubilatorio"; por ello, manifiesta también que sería "un absurdo de tanto aniquilamiento constitucional que ya no podríamos hablar de división de poderes ni existencia de la república", postulando que "si se aceptara que el Poder Ejecutivo puede manejar los tiempos de un juez de la nación a su libre albedrío, se aceptaría convertir una facultad propia y no discrecional en una herramienta política de ingerencia de un poder sobre otro". Prosigue luego, para invocar nuevos vicios del acto impugnado, afirmando que el rechazo de la renuncia fue extemporáneo, que se violó el principio de igualdad ante la ley, y que dicha renuncia se exteriorizó con anterioridad al pedido de juicio político.

De los términos de la demanda surge que la sustancia del acto del Poder Ejecutivo que se reputa lesivo y cuya invalidez se pretende en este proceso de amparo, genéricamente es estatal, por ende propio del derecho público local y específicamente, por su contenido, de índole administrativa, pues se invoca la violación de los requisitos esenciales de un acto referido a una materia que es típicamente administrativa cual es la aceptación de la renuncia al desempeño de una función pública para acogerse al beneficio de la jubilación.

Este Tribunal ha sostenido reiterada y uniformemente que en todo juicio que tenga por objeto la actuación de un órgano estatal provincial en la esfera del derecho público -supuesto de autos en el que se impugna un acto del Poder Ejecutivo cuya índole genérica es de derecho público-corresponde, en principio -salvo mandato legal expreso en contrario- entender al órgano judicial con competencia en lo contencioso administrativo (cfr. sentencias N° 888 del 28-11-1987; N° 448 del 29-4-1989; N° 60 del 23-3-1992; N° 85 del 02-4-1992; N° 264 del 06-8-1993; entre otras).

Sin embargo, la sentencia de fecha 15 de Febrero de 2013 dictada por la Excma. Cámara Contencioso Administrativa, invocando precedentes de este Tribunal, ha concluido postulando su incompetencia para entender en la causa. Al respecto, cabe recordar que esta Corte ha sostenido que, frente a la regla genéricamente expuesta en el párrafo anterior, se erige el mandato legal expreso en contrario contemplado por el CPCT, que - en su artículo 4, segundo parágrafo- estatuye los supuestos de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. En la perspectiva de dicha elaboración jurisprudencial, se infiere que la competencia "exclusiva" que prevé el precitado texto legal, es de alcance restrictivo, dado que su configuración impone atender no sólo al órgano emisor del acto sino también a la naturaleza jurídica de éste, vale decir, a aquel al que se imputa la virtualidad de causar el vicio de inconstitucionalidad que se pretende (cfr. CSJT, sentencia N° 01/2003, punto III del considerando, autos "Municipalidad de Yerba Buena s/ Acción de inconstitucionalidad"; en idéntico sentido, sentencia Nº 221/2006, in re "Freidenberg, Alicia vs. Estado Provincial (Honorable Legislatura) s/ Amparo", considerando II.3), pues sólo en el supuesto de revestir naturaleza "político constitucional" o "político institucional" el acto impugnado, quedaría tipificado el supuesto de excepción habilitante de la competencia exclusiva de este Tribunal.

Por lo tanto, toda vez que se promueve el proceso contencioso de amparo -previsto en el artículo 50 del CPCT- invocándose como acto lesivo al emanado del Poder Ejecutivo, para determinar si queda o no aprehendido como uno de los supuestos de la competencia exclusiva que prevé el artículo 4 segundo parágrafo del precitado ordenamiento procesal, no basta solamente dirigir la mirada al órgano emisor del acto impugnado -en la especie el señor Gobernador de la Provincia- sino que también es necesario atender a la naturaleza jurídica del acto cuestionado que en el caso concreto sub examine, como quedara dicho, tiene índole administrativa.

Contrariamente, la sentencia de fecha 15 de Febrero de 2013 concluye que el acto impugnado reviste naturaleza político institucional, habilitante de la competencia exclusiva de esta Corte. Para arribar a dicha solución, pondera que el acto impugnado guarda "una directa vinculación con la organización de uno de los tres departamentos supremos del estado provincial -integración del Poder Judicial". Sin embargo, liminarmente se advierte la insuficiencia del razonamiento desplegado para arribar a la conclusión que postula, pues, el mismo conduce a invertir los principios en materia de competencia, y a transmutar en regla, lo que sólo configura una excepción.

Es que si fuera verdad que todo lo que en definitiva repercuta, o guarde vinculación con la organización de uno de los tres departamentos supremos del estado provincial -integración del Poder Judicial- reviste naturaleza político institucional, ello también vendría a significar que todo lo relativo al régimen de licencias o jubilatorio de los jueces - que incuestionablemente repercuten en la organización e integración del Poder Judicia - participarían de dicha naturaleza y habilitarían la competencia de esta Corte que, de excepción, pasaría a convertirse en regla. Sólo plantear la hipótesis equivale a propugnar una respuesta negativa, pues resulta claro que ese no es el sistema de nuestro Derecho, conforme antes fuera expuesto.

En mérito a todas las consideraciones precedentes, cabe concluir que a diferencia de los precedentes invocados por la sentencia de fecha 15 de Febrero de 2013 emanada de la Excma. Cámara Contencioso Administrativa, no se verificaría en el proceso de autos el aludido mandato legal expreso en contrario del art. 4 CPCT, ya que la materia sobre la que habrá de recaer la controversia a suscitarse entre las partes, tiene por objeto la actuación del Poder Ejecutivo en el ámbito del derecho público en cuestiones de naturaleza administrativa.

Siendo ello así, compete a la Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo entender en el presente proceso de amparo.

CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.