Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-12-23


AUTOS 70296 (C.C.Nº21811) DEL Noveno Juzgado Civil, CARATULADOS: "HERRERO Ángel C/ Gallardo Jorge Washington y Otro Daños y Perjuicios".

PROTOCOLIZADO:L.S. Año 2014 del Tº II Fº81/86.

En la Ciudad de San Juan a 23 días del mes de diciembre de 2014, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y los Sres. Vocales Dres. Roberto M. Pagés Lloveras y Octavio Augusto Sánchez, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. 286, contra la sentencia de fecha 24 de junio del año dos mil trece, recaída en los presentes autos Nº70296 (C.C. Nº21811) caratulados: "HERRERO ANGEL C/ GALLARDO JORGE WASHINGTON Y OTRO DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada por la Sra. Juez titular del Noveno Juzgado Civil, obrante a fs. 276/283.

1° ¿Resulta procedente el recurso de apelación obrante a fs. 285?;

2° En su caso, ¿Qué resolución corresponde dictar? EL DR.ROBERTO PAGES LLOVERAS DIJO:

A la primera cuestión:

Antecedentes I En la sentencia que consta a fs. 276/283, el Sr. Juez de primera instancia resolvió, en lo pertinente al recurso, declarar de oficio la inconstitucionalidad para este caso concreto, del Decreto reglamentario N° 250/2006; rechazar la demanda en todas sus partes con costas a la vencida; y regular los honorarios del Dr. Benjamín Spatzer y Daniel Sánchez Bustos, por su actuación profesional, en doble carácter como vencedores, en conjunto y por dos etapas del proceso, en el 14,66% de la base regulatoria que a tal fin se apruebe, del Dr. Ernesto Clavijo por su actuación profesional, en doble carácter, como vencido, por tres etapas del proceso, en el 15,4%, y los honorarios del Dr. José González Testi y la Licenciada Cristina Marcó en el 1,5%, a cada uno, de la base regulatoria mencionada.

Para así resolver, consideró en resumen que en el Decreto N° 250/2006 se otorga prioridad de paso al conductor que circula por avenidas, aún cuando circule por la izquierda de otro, situación ésta no contemplada de la misma manera en la Ley Nº 24.449.

Entendió que el decreto crea una situación de excepción no contemplada en la norma de fondo y, por lo tanto, en inconstitucional por alterar el espíritu de la ley que reglamenta.

En consecuencia, concluyó que el demandado tenía la prioridad de paso prevista por el art. 41 de la ley 24.449, que dispone la obligación de ceder el paso en las encrucijadas al que cruza por la derecha; como también que si el actor hubiese respetado la prioridad de paso que beneficiaba al demandado, el accidente no se hubiera producido.

Estimó que existió culpa de la víctima que libera totalmente de responsabilidad al conductor del vehículo, ya que intentó cruzar la calle Pedro de Valdivia imprudentemente, sin asegurarse de que podía hacerlo sin peligro para sí, en una conducta absolutamente imprevisible, con cuya ejecución se colocó él mismo en situación de peligro y fue la causa adecuada del accidente.

II A fs. 235 se interpone el recurso de apelación por el apoderado de la parte actora y a fs. 288/290 vta. se agrega el escrito de expresión de agravios.

Alega en síntesis que se agravia en razón de que en la sentencia impugnada se declara la inconstitucionalidad del Decreto N° 250/2006.

Manifiesta que el haberse establecido en dicho Decreto que la prioridad de paso es del vehículo que circula por una avenida, es concordante con lo establecido en el artículo 41 de la Ley N° 24.449.

Sostiene que la prioridad de paso se pierde cuando se intenta cruzar una avenida, por ser una vía de mayor jerarquía.

Por ello afirma que el Decreto N° 250/80 no esa inconstitucional. Cita jurisprudencia y pide que se revoque la sentencia en lo que es motivo del recurso.

III A fs. 297 se da por decaído el derecho de la parte demandada y citada en garantía a contestar el traslado de la expresión de agravios.

IV A fs. 341 se certifica el pase de estos autos a estudio.

Tratamiento del recurso 1. La expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas (art. 253, C.P.C.C.M.), lo que implica el estudio minucioso y preciso de la sentencia recurrida, y condensar los argumentos y los motivos que demuestren los errores cometidos por el primer sentenciante, para que el tribunal de alzada pueda apreciar en qué puntos y por qué razones el apelante se considera perjudicado en sus derechos.

Además, el agravio propuesto para la revisión de la sentencia impugnada en principio se convierte en el límite del conocimiento del tribunal de Alzada.

2. Ahora bien, el control constitucional se puede lograr por la vía directa, modo activo que se ejerce a través de la pretensión de inconstitucionalidad (Cfr. ENDERLE, GUILLERMO J., "LA PRETENSION MERAMENTE DECLARATIVA", ED. LIBRERÍA EDITORA PLATENSE S.R.L., PÁG. 14).

El objeto procesal institucional de la acción de inconstitucionalidad, es dar la oportunidad al titular de la acción para que configure su pretensión de Derecho público: la petición de anulación de la norma anticonstitucional, que a la vez que desconoce el orden institucional, puede lesionar un derecho subjetivo material. La pretensión constitucional, que es pertinente a esta acción, consiste en esa impugnación de la norma proveniente de autoridad pública, señalándose los vicios de inconstitucionalidad formal o substancial y solicitando al órgano judicial, la verificación y declaración de tales vicios. Todo ello, instrumentado en el acto procesal de la demanda (Cfr. ARMANDO V. SILVA, "INCONSTITUCIONALIDAD" (Acción y demanda), en Enciclopedia Jurídica Omeba, T* XV, pág. 398.).

Otra vía es la indirecta o incidental, de defensa o excepción, en la que la idea central es que en esta vía el objeto principal es otro, de carácter concreto, pero puede ser planteada por todo interesado, cualquiera sea su situación procesal: actor, demandado, tercerista, acusador o querellante, acusado, etc. Dentro de esta vía, se distingue la demanda incidental de inconstitucionalidad, donde el actor para lograr su derecho plantea la inconstitucionalidad de una norma; y como "excepción", en los casos contenciosos donde el demandado pretenda la inaplicación de una norma constitucional invocada por el demandante (Cfr. SAGÜÉS, Néstor P; DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL ACCIÓN DE AMPARO3, ED. ASTREA. pág. 122).

3. Si bien la doctrina no cita a la vía recursiva o instancia de revisión como vía procesal idónea para provocar el control constitucional de tipo jurisdiccional, nos referimos a ésta vía como medio para obtener un pronunciamiento de un Tribunal de Alzada, por parte de los particulares, con el fin de asegurar la supremacía de la Constitución Nacional y/o Provincial.

Pero para que ello sea posible, deben mantenerse las circunstancias que motivaron el planteo de inconstitucionalidad al momento de emitir el fallo, ya que si se modifican sea por actitudes asumidas por la partes o hechos ajenos que repercuten en el caso (v.gr. una nueva ley) en el sentido de que se carezca de interés, provocarán que la cuestión devenga abstracta, que el tema se ha sustraído del proceso y resulta, por ende, inoficioso que el tribunal se pronuncie (Cfr. C.S.J.N., 281272, L.L. T* 151, pág. 163).

12. Por lo tanto, si en este caso la parte actora recurrente ha consentido el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas a la vencida, como la regulación de los honorarios a los profesionales intervinientes, ha dejado de existir un caso que concierna al recurrente y que le genere agravio que justifique un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o no del Decreto N° 250/2006.

A ello se agrega que siendo el "interés" la medida de las acciones en la justicia, para que opere la protección jurisdiccional en los planteos de inconstitucionalidad, el interés debe ser real y no meramente potencial. Los órganos judiciales no ejercen contralor genérico sobre la constitucionalidad de las leyes o actos de gobierno, sino que valoran con motivo de un caso concreto, único sobre el que se expiden y en el cual opera la fuerza de cosa juzgada, por lo que propongo el rechazo del recurso.

Así voto.

A la segunda cuestión:

En razón a lo acordado al tratar la primera cuestión, corresponde el rechazo del recurso de apelación obrante a fs. 235, con costas de Alzada en el orden causado dado que no existió contradictorio.

EL DR.OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ DIJO:

Adhiero a la conclusión a que arriba el Dr. Pagés Lloveras, esto es, al rechazo del recurso del apelante.

Quiero agregar además que el memorial de agravios no logra, a mi entender, desmerecer la sentencia apelada en especial en los considerandos que obran en los tres últimos renglones de fs. 279 vta. y fs. 280 y vta. que reproduzco dada su importancia definitoria en la cuestión:".................................Según surge de la literalidad del decreto referido, se otorga prioridad de paso al conductor que circula por avenidas, aún cuando circule por la izquierda de otro; situación ésta no contemplada de la misma manera en la ley nº 24.449. Es decir, que el decreto que crea una situación de excepción no contemplada en la norma de fondo; apareciendo contradictorio con la norma nacional. El decreto reglamentario debe estar en relación de subordinación con la ley que reglamenta, por lo que el exceso torna tal supuesto en inconstitucional por alterar el espíritu de la ley que reglamenta. Existe un exceso reglamentario, porque modifica la ley Nacional de Tránsito n° 24.449, en tanto crea un supuesto no previsto en la legislación nacional circular por avenidas. Así se ha sostenido la jurisprudencia: "Hay que tener presente que el decreto reglamentario, constituye un acto administrativo, en el que se pone de manifiesto la relación de subordinación de la administración a la legislación, debiéndose entender que el decreto reglamentario completa la ley, 'regulando los detalles indispensables para asegurar no sólo su cumplimiento, sino también los fines que se propuso el legislador' (German J. Bidart Campos; Manual de la Constitución Reformada", Ed. Ediar, tomo III, pág. 243/244). De allí que, en esa consecución, las excepciones reglamentarias, no pueden nunca alterar el espíritu de la ley que reglamenta (cfr. art. 99 inc 2° de la C. Nacional y 189 inc. 2° de la C. de la Provincia de San Juan)."(...)"La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que se viola la constitución Nacional, 'cuando la norma reglamentaria es incompatible con el espíritu de la ley reglamentada, lo cual ocurre cuando aquella excede en que la interpretación es opinable y posible la elección entre varias soluciones' (conf. doct. de Fallos: 259:53, 262:518) (Autos "López, Federico José c/ Estado Nacional s/ revocación de acto administrativo"). A su vez, nuestro máximo Tribunal Provincial, estableció el criterio de que cuando se da el exceso reglamentario, la norma resulta manifiestamente inconstitucional, al afectar la sustancia de la norma superior que reglamenta, alterando por ello su espíritu (P.R.E., S.2°, 201011241)" (...). "Por las consideraciones vertidas, es que considero que la norma del art. 41 inc. d) del decreto reglamentario nº 250 del año 2.006, es claramente inconstitucional, al disponer, como excepción a la regla de la prioridad de paso del que circula por la derecha, el supuesto del que circula por avenidas....". (Sumario N° 58.709/10, caratulado C/MOT. DE LA DCIA. DE DELFOR FRANCISCO SANZ Y RENZO EMANUEL SANZ S/ ACTUACIONES INVESTIGATIVAS", que tramita ante este Primer Juzgado Correccional de la Provincia de San Juan)................".

No advierto en el memorial del apelante una crítica concreta y razonada a estas argumentaciones de la A quo que contenga los requisitos mínimos que debe tener este acto procesal expresando que debe contener "una crítica razonada y concreta de las parte del fallo que el apelante considere equivocadas". Además de esta concisa caracterización, la doctrina procesal (Podetti en Tratado de los Recursos p. 163) ha tenido oportunidad de explayarse enseñando que "con una locución castiza y clara (expresión de agravios) designan nuestras leyes la carga que tiene el litigante a quien se le concedió un recurso libre de fundamentarlo..... luego, siguiendo el razonamiento del juez, exteriorizado en los considerandos, debe expresar con claridad y corrección, de manera ordenada y concisa el por qué considera que la sentencia no es justa, los motivos de disconformidad", por qué considera que ha merituado mal la prueba, conclusiones a las que debería haber llegado de haberla merituado como entiende que debió hacerlo, o de no haber omitido alguna por ser decisiva, por qué entiende que se ha aplicado mal la ley, en definitiva "el litigante debe "expresar", poner de manifiesto, mostrar lo más objetiva, clara y sencillamente posible los "agravios", el daño o perjuicio injusto que la sentencia le ocasiona" (Podetti ob. cit.; conf. L.S. 1973I 6/17; 1979 T III Fº 410/ 416 y 504/510).

También citando a Ibañez Frocham en su obra "Tratado de los recursos" p. 193 dijimos (L.S.1979III504/510; L.A. 1980I 114/115; 198048; L.S. 1980 I 60/62; L.A.1982I 70/72; 1996II 312) que en el contenido de la expresión de agravios "debe señalarse punto por punto los errores fundamentales de la sentencia; debe hacerse un análisis razonado de la sentencia y aportar la demostración de que es errónea, injusta o contraria a derecho....se requiere un análisis crítico de la sentencia; debe expresar concretamente las razones que fundan el agravio; no se suplen con afirmaciones genéricas sobre la prueba si no se señalan errores precisos sobre su apreciación; debe contener una refutación concreta de las conclusiones de hecho o de la aplicación del derecho; en definitiva, no constituye expresión de agravios que abra la segunda instancia el escrito que sólo contiene apreciaciones generales o abstractas".

(CONF.:Autos Nº 45.337 (C.C.Nº 17.579) caratulados "PEREZ DANIEL C/ GÓMEZ FACUNDO RAMON Y OTROS DAÑOS Y PERJUICIOS SUMARIO".

Protocolizado L.S2004 Tº I 42/45 (260204).

Por lo expuesto en este voto y por adhesión al voto del Dr. Pagés Lloveras, propicio que el recurso del actor sea rechazado con costas.

EL DR.OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Por razones análogas a las aducidas por los Dres. Roberto Pagés Lloveras y Octavio Augusto Sánchez, voto en el mismo sentido.

Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I Rechazar el recurso de apelación de fs. 235;

II Imponer las costas de Alzada en el orden causado.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.