marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestión de derecho público local, Derecho administrativo, Municipalidad, personal municipal, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIAS, LEONCIO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. CONCESION   DEL RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE   LA NACION (CSJ EXPTE Nº 137-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-27

No es admisible el Recurso Extraordinario si más que demostrar la existencia de supuestos de arbitrariedad, lo que la recurrente pretende es hacer prevalecer su criterio opuesto a la de este Tribunal en torno a la selección, interpretación y aplicación que efectuara de normas de derecho público local y municipal en especial , la inteligencia atribuida al régimen aplicable al caso para percibir y calcular la indemnización por cesantía por incapacidad inculposa, conforme ordenanza 8527/83, artículos 15, inciso c), 23, inciso g); artículos 24 y concordantes, ley 9286 y de preceptos constitucionales provinciales, y en función de los cuáles entendió debía juzgarse la situación del actor en orden a decidir la procedencia de su reclamo, no logrando demostrar que en esa tarea, se haya incurrido en falta de lógica o irrazonabilidad.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, competencia, Municipalidad, personal municipal, ley de accidentes de trabajo, leyes, aplicación de la ley, Derecho laboral, trabajador
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Mendoza, Marcos Francisco c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Laboral (Expte Nro. 62-93) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-02

En materia de accidentes de trabajo, el Estatuto legal (Ley 9286) sólo establece que las disposiciones de la ley 9688 se aplicarán a los agentes municipales (artículo 30). Esta mención resulta gratuita en la medida en que dicha norma, o la que hoy la sustituye (24028), ya incluyen entre los sujetos beneficiarios a los dependientes de la administración vinculados a la misma por un "contrato de empleo público" (artículo 1). Por tanto, si nada dijera la ley provincial (que por otra parte se agota en la remisión), el derecho y las acciones existirían igualmente en cabeza del agente siniestrado, puesto que los mismos se fundan en las previsiones de la ley nacional y no "nacen" por creación local, que tampoco podría modificarlas (artículo 31 de la Constitución Nacional). Por otra parte, el régimen uniforme no pretende distinción alguna basada en la naturaleza pública o privada del empleador. En definitiva, cuando se acciona con apoyo en la ley 24028, que obviamente no es una ley del derecho administrativo, sino del laboral, resulta competente la justicia del trabajo con independencia de la personalidad jurídica del empleador demandado ya que ésta, por sí misma, no determina la competencia de la Corte Suprema en la economía constitucional santafesina. (De los Fundamentos del Dr. Machado). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Es competente la Justicia del Trabajo para dilucidar los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes?
Libertad de expresión, nota periodística, homicidio, daños y perjuicios
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Hurtig de Bártoli, Irene c/ Murray de Prilick, Susana s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-01

Corresponde revocar la sentencia que sancionó civilmente a quien se limitó a plantear ante medios periodísticos las dudas que el asesinato de su amiga le generaba ya que, si bien los pronunciamientos penales no se encuentran firmes, lo cierto es que revelan que las dudas o sospechas que albergaba la demandada sobre el rol que les cupo a los familiares en el trágico acontecimiento tenían asidero suficiente para excluir la atribución de responsabilidad por formular comentarios al respecto y se minimizó el hecho de que en la causa penal los agentes fiscales hubieran imputado a la actora por considerarla prima facie coautora penalmente responsable.
Procedimiento laboral, derechos y garantías constitucionales, relación de dependencia, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FLORES, MÓNICA EDITH c/ GUMIEL, CANDELARIA y/o TURK, JUAN CARLOS y/o FLORES, ALICIA SUSANA s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-02-15

Un boleto de compraventa como elemento de prueba para acreditar el dominio sobre un bien inmueble resulta manifiestamente irrelevante a los fines del éxito de una tercería de dominio, Palacio (Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, 1976, T. III, p.282) dice que "tal ocurriría......si el tercerista acompañara un documento que en modo alguno fuese susceptible de acreditar la titularidad del dominio, como sería un boleto de compraventa otorgado a su favor que "no confiere otros derechos que los previstos en el art. 1185 del Código Civil", no alterando "tal conclusión el hecho de que el boleto haya sido protocolizado para acordarle fecha cierta, ni la circunstancia de que se haya dado al tercerista la posesión del inmueble" ni que "se haya dictado una sentencia que condene a escriturar".
Acción de amparo, elecciones, derecho electoral
Materia: ELECTORAL
Carátula: Peralta, Magdalena Laura c/ UNR s/ Amparo 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-06-13

Debe rechazarse la acción de amparo interpuesta contra la Universidad Nacional de Rosario tendiente a que deje sin efecto la Resolución dictada por el Consejo Superior mediante la que se revocó la decisión de la Junta Electoral de la Facultad de Derecho que dispuso no admitir y/o no escrutar el voto de un elector para la elección de Consejeros estudiantiles del Consejo Directivo de la Facultad por no haberse presentado a votar con un carnet de conducir y un certificado de extravío de D.N.I., toda vez que, el acto administrativo cuya suspensión pretende ha sido ejecutado y sus efectos cumplidos, motivo por el cual el acto u omisión de la autoridad pública no es actual o inminente, como lo exige el art. 1º de la ley 16.986
Honorarios, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Palmares Ltda. c/ Lafarja, Raúl Sinecio s/ juicio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-02-10

Corresponde hacer lugar a un proceso de ejecución tendiente a perseguir el cobro de los honorarios profesionales regulados en favor de un letrado, toda vez que para dicha percepción de honorarios cuando éstos fuesen regulados en concepto de costas, se encuentra establecido que el mismo se llevará a cabo por el procedimiento de ejecución de sentencia, pudiendo el profesional optar por solicitar que se forme incidente por separado o llevar a cabo la ejecución en el mismo juicio en que se haya regulado.
Poder Judicial, garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ojea Quintana, Julio María y otro c/ Estado Nacional - Secretaría de Educación y Justicia s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-07

La intangibilidad de las remuneraciones de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira de la institución del Poder Judicial de la Nación, a la que los constituyentes han querido liberar de toda presión de parte de otros poderes, para preservar su absoluta independencia, por lo que sólo comprende a quienes están investidos del poder de impartir justicia.
Caducidad de instancia, segunda instancia, partes, actor procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: PAEZ, CARLOS IRENE c/ DE LA FUENTE NARVÁEZ, RUBEN MATIAS Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - (SUMARIO) - II CPO.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-05-31

Puede pedir la caducidad de la segunda instancia contra la otra parte, quien apeló la sentencia. Debiendo interpretarse que quien la alega desiste tácitamente del recurso deducido. La sentencia es una y si ésta cae, debe ser en su totalidad. Ello guarda relación con los efectos de la caducidad que prevé el art. 302.

El actor apelante no constituye impedimento para la caducidad de la segunda instancia de los recursos concedidos a su contraria, aunque esa actitud debe interpretarse como un desistimiento de su propio recurso. Es que ambas instancias son indivisibles por lo que la petición de caducidad por parte de quien también apeló es contradictoria con la solicitud de que se resuelva su propio recurso.

Por ende, si ha transcurrido el plazo del art. 310, inc. 2 del Código Procesal, no sólo corresponde decretar la caducidad, sino también tener por desistido al peticionario de su propio recurso.-
Empleados públicos, remuneración, adicional por tareas peligrosas, Administración Pública, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Acuña, Mario Alberto y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 564 año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-20

En la resolución por la que la Administración "determina" -en los términos del artículo 60 del decreto-acuerdo 2695/83- que ciertas tareas son riesgosas y peligrosas gravitan indudables componentes de tipo discrecional, tanto administrativo como técnico. Y la Corte no está llamada a sustituir a la Administración en la apreciación de tales aspectos. Es más: se encuentra particularmente imposibilitado de ello en el presente caso, en el que los actores ni siquiera intentaron solicitar la constitución de la Comisión Especial Permanente de Riesgos y Tareas Peligrosas a los fines de que se expidiera respecto de la calificación de sus tareas durante el lapso ahora pretendido. Y ello resultaba particularmente exigible en las circunstancias de autos, en las que la eventual procedencia de la pretensión analizada exigiría, bien declarar la ilegitimidad del decreto 2490/86 en cuanto a la fecha que allí señala -lo que no ha sido solicitado en autos-; o bien asignarle a ese acto efectos retroactivos, carácter que, claramente, no ha tenido -al menos, con el alcance que ahora proponen los actores- y que, como es sabido, no corresponde presumir.
Indemnización, acción
Materia: CIVIL
Carátula: WIDMER, ARTURO P. c/ LOZADA, JAVIER MARIO Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO-
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-02-21

Estando acreditado que el actor era poseedor, usufructuario o usuario del vehículo, resulta indiferente la prueba del dominio, desde que la acción indemnizatoria se concede también al poseedor, usuario o usufructuario (art. 1110 del C. Civ.).
Acción civil en el proceso penal, incumplimiento del contrato
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sandler, Ileana Mónica s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-20

Pueden existir casos en que la reparación no se base exclusivamente en el hecho en cuanto ilícito, sino en una relación jurídica distinta aunque esté en contacto con él (así por ejemplo, el delito de depositario infiel y el incumplimiento de las obligaciones de depositario). En estos casos el hecho sobre el que verse la condena civil puede no ser diferente a aquél que fue objeto de la sentencia penal, sino que lo que ocurre es que se está invocando una relación jurídica que no nace propiamente del hecho ilícito, sino que reconoce su fuente en uno anterior (contrato) o coetáneo (cuasidelito civil), que apuraría sus efectos aun cuando aquél no se hubiese producido. Ese hecho ilícito -que fue objeto del proceso penal- se presenta en esos casos no como fuente de las obligaciones cuyo incumplimiento se demanda, sino como factores del incumplimiento de esas obligaciones que habían nacido de una fuente distinta. (Voto del Dr. Hornos).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, competencia por la persona, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Olivo,  Raúl  y otra c/ San Luis, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Cabe admitir la prórroga de la competencia originaria de la Corte, en favor de los tribunales inferiores de la Nación, cuando dicha jurisdicción corresponde ratione personae, constituyendo una prerrogativa que como tal puede ser renunciada.
Ejecución de honorarios, haber jubilatorio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: SALAS JUAN MANUEL, ING.CIVIL c/ NIEDERLE, OSCAR CARLOS s/ EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-06-30

Corresponde confirmar el decisorio apelado que deniega el pedido de embargo sobre haberes jubilatorios del ejecutado, toda vez que los honorarios que se pretenden ejecutar, no cuadran en la figura de alimentos y litis expensas previstas en la ley jubilatoria como una de las excepciones a la inembargabilidad de los mismos;en efecto,los honorarios no integran el concepto de litis expensas, puesto que los gastos que demando el proceso están contemplados en la condena en costas, y tampoco configuran el tipo de alimentos referidos por la ley, no pudiendo confundirse a estos, con que los honorarios sean el medio de vida del apelante-perito, como colaborador de la justicia.
Competencia laboral, opción del trabajador, obras sociales, sindicatos, personería gremial, aplicación del convenio colectivo, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL -PROCESAL
Carátula: NACION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES S.A. c/ I.N.O.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-27

Desde sus orígenes, el encasillamiento del trabajador en una obra social determinada ha estado vinculada al sindicato con personería gremial firmante del convenio colectivo de trabajo aplicable a la actividad (ley 18.610), principio éste que, con variables, se ha mantenido hasta la actualidad. Ello así, habida cuenta que los afectados serían trabajadores dependientes en actividad, la íntima vinculación existente entre encuadramiento sindical de los trabajadores y el de obra social -sin perjuicio de los derechos de opción que podrían estar convirtiendo en abstracta la presentación-, lo dispuesto en los arts. 29 de la ley 23.660, 62 de la ley 23.551 y 21 de la ley 18.345, la intervención de la C.N.A.T. y el criterio sustentado por la C.S.J.N. en cuanto a que "las normas que atribuyen competencia a determinados tribunales para entender en ciertas materias, cuando de recursos se trata, son indicativos de una especialización que el ordenamiento les reconoce y que constituye una relevante circunstancia a tener en cuenta a falta de disposiciones legales que impongan una atribución distinta" (cfr. sent. del 01.09.92, "Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ Martínez Echenique, Benjamín"), lleva a concluir que será la Justicia Laboral ante quien deberá dilucidarse el conflicto.
Intereses, entidades financieras
Materia: PROCESAL
Carátula: Masventas S.A. c/ Gusils, Gustavo Adolfo s/ Preparación vía ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-08-03

Los agravios sobre el rubro I.V.A. sobre intereses debe prosperar en cuanto no surgen de la liquidación aprobada, toda vez que los decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 872, 1992 y 2633, 1992 establecen claramente cuál es el momento en que la entidad financiera debe ingresar el impuesto y en el caso como el que tratamos debe efectuarse en la fecha que el deudor pague la deuda por lo que este rubro se debe liquidar sobre los intereses según la tasa determinada por la sentenciante en la resolución impugnada.
Recurso de casación, costas, admisibilidad formal
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Brizuela, Gustavo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1984-11-22

Que versando el recurso de casación sobre imposición de Costas, cuestión que no puede subsanarse en el curso del proceso, se configura el gravamen irreparable que al ser invocado correctamente por el casacionista resuelve el recurso admisible formalmente.
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva, culpa de la víctima
Materia: LABORAL
Carátula: Berjera, Ramona c/ La Pampa Cooperativa Agrícolo-ganadera de Colonización y Consumo Ltd. s/ Indemnización de daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-23

Aún en el caso en que el dueño o guardián de una cosa riesgosa exprese su voluntad de que no sea usada, o que tal voluntad sea presumible, deja de operar el último párrafo del art. 1113 del C.C.

si por su culpa o negligencia facilita la desobediencia de tal voluntad.
Costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: OSN. c/ Confederación General del Trabajo. s/ REGIMEN DE CONSOLIDACION DE DEUDAS:ALCANCES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Corresponde distribuir las costas por su orden por tratarse de una cuestión novedosa (art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-29


Esquel, de diciembre de 2010.- --------VISTO: --------El recurso de apelación interpuesto por la Dra. D. M. R., por derecho propio a fs. 221 contra la sentencia de fecha 1º de noviembre de 2010 (fs. 215/216 y que fuera concedido a fs. 222; y-------- --------CONSIDERANDO: --- --------Que la recurrente impugna el monto del proceso estimado en la sentencia y consecuentemente el cálculo de sus honorarios profesionales.--- --------Que analizada la causa, la diferencia entre lo estipulado en la sentencia ($29.473,49) y lo pretendido por la recurrente, ($31.452,18) radica en la inclusión o no del porcentaje correspondiente al sueldo anual complementario percibido por el demandado en diciembre de 2009.

--------Que asiste razón a la recurrente respecto a que el monto del proceso debe estimarse no solo sobre el porcentaje correspondiente a la totalidad de los salarios percibidos sino que también debe adicionarse el del sueldo anual complementario. El art. 24 Ley XIII nº 4 DJP textualmente dice "En los procesos por alimentos, el monto será el importe correspondiente a un año (1) de la cuota que se fijare en la sentencia .". La sentencia nº 27 T. I, folio 90/93 del 21 de abril del 2010 (fs. 130/133 vta.) dispone (ap. 1º) condenara al demandado a pagar el 25% de sus remuneraciones en concepto de pensión alimenticia y se cuida de aclarar que "Esta cuota será igualmente descontada - en igual proporción- sobre el sueldo anual complementario".

--------Que en razón de lo expuesto no hay motivo para excluir del monto total del proceso el correspondiente al sueldo anual complementario percibido en diciembre de 2009, asistiéndole razón a la recurrente en su reclamo. En consecuencias, el monto total del proceso ha de establecerse en la suma de $31.452,18 y los honorarios de la Dra. R. han de estimarse en $ 5.661,39 tal cual lo pretendido.

--------Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, - R E S U E L V E:

--------1°) REVOCAR el punto 3°) de la sentencia de fs.215/217, estableciendo el monto del proceso en la suma de $ 31.452,18, y los honorarios de la Dra. D. M. R. por su actuación en la instancia de origen, en la suma de $ 5.661,39.

--------2º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.------ --------La presente resolución es dictada por dos Jueces de Cámara por licencia del Dr. Claudio Alejandro Petris y haberse alcanzado la mayoría (arts. 7 y 8 de la Ley V, N°17 del Digesto Jurídico Provincial).

JORGE LUIS FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASS REGISTRADA BAJO EL Nº 353 CANO DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS DEL AÑO 2010. CONSTE.-
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nisoria, Carlos c/ Guerrero, Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

El Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires en su antigua redacción, establecía en su art. 68 que en los caminos pavimentados, los vehículos no saldrán de la calzada ni entraran en ella,sino por lugares destinados a esos efectos, ni utilizarán las banquinas sino en caso de peligro o para el estacionamiento.Actualmente, la ley 11430 prevé dicha circunstancia en su art. 59 inc. 1° en cuanto establece que está prohibido a los vehículos circular por contramano, sobre los separadores de tránsito o fuera de la calzada, salvo sobre la banquina en caso de emergencia.
Uso de marca ajena, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: ISENBECK, s/ archivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-05

Independientemente de que la conducta sea típica o atípica con respecto al delito de propaganda desleal (art. 159 del Código Penal) -cuestión que ni siquiera debe evaluarse como posible en este proceso- lo cierto es que en la utilización, mediante la irónica mención de una marca ajena, para publicitar la propia, no se advierte acción alguna, fraudulenta o falsificatoria, que permita la subsunción al tipo en análisis.

Debe resaltarse que la esencia de todos los tipos penales previstos por la Ley 22.362, radica en el fraude de la infracción marcaria que afecta, no sólo al propietario, sino también al actual o potencial consumidor, quien identifica al producto con la marca.

Así, el art. 31 de la Ley hace alusión, en sus cuatro incisos, respecto de la marca, a su falsificación o emisión fraudulenta, o imitación fraudulenta, tanto para los actos de falsificar, cuanto para los de vender o comercializar de cualquier modo.

En esta dirección, no puede interpretarse válidamente el uso sin tener en cuenta aquella característica, ya que iría en contra de la armonía de la ley en general, e implicaría una ingerencia inusitada del sistema penal sobre la conducta de los individuos, al resultar equiparados, con la misma escala penal, los actos de mero uso, mediante mención de una marca ajena, con aquellos otros, tendientes a defraudar, mediante falsificaciones o engaños de algún tipo.
PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO, Impuesto sobre los ingresos brutos, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Tecno Sudamericana SA c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-19

A través del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, suscripto en la Ciudad de Buenos Aires el 12 de agosto de 1993, entre el Presidente de la Nación y los gobernadores provinciales y oponible a las autoridades de esta Ciudad Autónoma, se propendió a adoptar políticas uniformes que armonizaran y posibilitaran la finalidad común del crecimiento de la economía nacional y la reactivación de las economías regionales, y, en particular, del acto declarativo primero, punto 4, inc. e), en cuya virtud las jurisdicciones locales debían eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la actividad de "Producción de bienes (industria manufacturera), excepto, los ingresos por ventas a consumidores finales que tendrá el mismo tratamiento que el sector minorista".

Tal concertación dio lugar a prescripciones con variada redacción al establecerse el beneficio en las veintitrés provincias y en la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. (Voto del Dr. José O. Casás).