marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, notificación, derechos individuales, juicio ordinario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-05

Las garantías involucradas en la notificación reposan en principios constitucionales que deben ser resguardados con el mayor celo posible (arg. CN 18) debiendo entonces evaluarse mecanismos originales e idóneos que cumplan con la mentada finalidad de difusión en un cauce de razonabilidad. En otras palabras, antes de que exista sentencia firme sobre el tópico y en atención a la temática implicada cabrá adoptar un temperamento de prudencia a fin de precaver que la información indiscriminada pueda llevar a confusión al público masivo o, incluso, generar descrédito para la accionada, haciendo mella en el principal recurso que sostiene su actividad.
Adopción post mortem, interés del menor
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: M. D. S. R. Y OTRA s/ ORDINARIO S/ NULIDAD DE SENTENCIA E IMPUGNACION DECLARATORIA DE HEREDEROS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-26

No obsta a la decisión de revocar la sentencia apelada la circunstancia de que el Defensor General de la Provincia de Entre Ríos hubiese deducido el recurso de queja por apelación extraordinaria denegada fuera del plazo establecido por los arts. 282 y 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con más la ampliación del art. 158, pues dar prioridad al principio de perentoriedad de los plazos no solo resultaría contrario a razones de justicia y equidad que median en el caso sino que además significaría frustrar los derechos que se encuentran en juego mediante una decisión excesivamente rigurosa y, cuando se trata de resguardar el interés superior del niño, atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional.
Excepción de prescripción, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Martin, Norma Elizabeth y otros c/ SIPROSALUD s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-05-22

En lo que atañe a la excepción de prescripción debió plantearla en la primera oportunidad procesal para que fuera tratada con carácter previo, por lo que procede diferir su tratamiento para el momento de dictar sentencia definitiva. Así lo ha sostenido la jurisprudencia:

"La interposición de la prescripción como excepción previa -aún cuando pudiera resolverse como de puro derecho- es una facultad y no una imposición; por lo tanto el demandado puede oponerla también en el juicio ordinario junto con la contestación de la demanda, siempre que no se haya presentado antes en el juicio y en estos casos el juez debe considerar la prescripción como una defensa de fondo, aún cuando como en el caso, haya sido mal calificada de previa por quien la opuso, y decidir sobre ella en la sentencia definitiva, sin rechazarla ...".
Concursos, quiebra, sentencia de quiebra, recursos, recurso de reposición (procesal)
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Manucorp SA  c/  s/ quiebra s/incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-06

La LCQ 95 establece que el recurso de reposición contra la quiebra "solo puede fundarse en la inexistencia de los presupuestos sustanciales para la formación del concurso". Esto implica que el recurso debe basarse en la apertura indebida del proceso, por no estar satisfechas las condiciones objetivas -estado de cesación de pagos- o subjetivas -que el deudor no encuadre en la LCQ 2- (conf. Adolfo A. N. Rouillón, "Régimen de Concursos y Quiebras. Ley 24522", 13ra. ed., Astrea, año 2004, pág. 185/186).
Restitución internacional de menores, tratados internacionales, interés superior del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: OFICINA DE LA DEFENSA PUBLICA C.R. (E. M.) s/ RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENOR DE EDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-13

El art. 5 inc. "a" del instrumento internacional, en cuanto a que la custodia -para ser considerada tal en los términos del Convenio- debe comprender no sólo el derecho atinente al cuidado de la persona del menor de edad, sino en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia.

"El Convenio parte de la consideración de que un traslado o retención es ilícito cuando se efectúa en violación a un derecho de custodia atribuido con arreglo a la ley del Estado en el que el niño tenía su residencia habitual antes del traslado o retención, aclarando luego que ese derecho de custodia abarca lo relativo al cuidado personal del hijo y, en particular, el derecho de decidir sobre su lugar de residencia.

Estas calificaciones autónomas emergentes del propio instrumento internacional nos remiten necesariamente a realizar algunas consideraciones sobre otras dos cuestiones respecto de las cuales el Convenio no se basta a sí mismo: tales son, el concepto de residencia habitual y los alcances del derecho de custodia.".
Decretos, prórroga del plazo, jubilación de amas de casa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Allois, Silvia María y otras c/ S.G.P.E.R. y otra s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-19

El desafío de legitimidad del Decreto 1190/02, que prorroga la vigencia y operatividad del Decreto Nro. 2416/01 -régimen de normalización del sistema de Amas de Casa-, se halla esencial y directamente vinculado al examen de legalidad y razonabilidad, cuestión ya decidida favorablemente por este Cuerpo en los precedentes "Strauch" y "López". Este debe ser la última prórroga posible, dado que de permitirse una nueva prolongación de los efectos de aquél acto, se convalidaría ilegítima y arbitrariamente una suspensión sine die del régimen jubilatorio en cuestión, no sólo en contra del texto de la norma sino también del fundamento que inspirara su dictado y así caería la razonabilidad que debe dar base a la medida adoptada, por lo que debe rechazarse el recurso deducido.
Despido, despido sin causa, indemnización por despido, indemnización agravada, emergencia económica, ley de emergencia económica, interpretación de la ley, principio protectorio, empresa
Materia: LABORAL
Carátula: Mancilla, Evelyn. c/ Emp. S.A. Imp. y Exp. de la Patagonia. s/ Cobro de haberes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-04-30

No corresponde eximir a la empleadora del agravamiento indemnizatorio previsto por el art. 16 de la ley 25.561, en virtud del supuesto de excepción establecido por el Decreto 2639/02, si lo que se acreditó fue el incremento del plantel de trabajadores de la empresa que, en la especie, se compone de muchos establecimientos y no se acompañó la nómina de personal de la sucursal para desvirtuar la afirmación del trabajador en el sentido que no hubo aumento de personal si no sustitución, fin no querido por la ley si se atiende a la diferenciación por unidad de ejecución.
Cheque de pago diferido, cheque sin fondos, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: DE LA FUENTE, GUILLERMO JOSE s/ Cheque sin fondos,  incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-11

1 - La ley comercial vigente a la época de los hechos establece que no se considera cheque la fórmula emitida con fecha posterior al día de su presentación al cobro o depósito (Art. 23 de la ley 24452 a partir de su modificación por el art. 11 de la ley 24760), norma esta última que derogó la disposición que autorizaba la presentación al pago de cheques que indicaran una fecha de creación posterior, lo que ha llevado a entender que los emitidos en esas condiciones valen, de hecho, como cheques de pago diferido (Cf. Gómez Leo "Las nuevas reformas a la ley de cheques").- 2 - Los cheques de pago diferido han sido excluídos implícitamente de poder incurrir en el delito del inciso 1 del art. 302 del CP y aún cuando se trate de dos especies de un mismo género, los cheques comunes y los de pago diferido, las diferencias entre ellos explican perfectamente que el objeto de tutela que se procura con el castigo de la ley penal se encuentre excluído en los casos de que se trata.- 3 - La entrega de una orden de pago que es rehusada por el girado únicamente supone el incumplimiento de la obligación de dar una suma de dinero y, en sí misma, no puede dar lugar a que se la castigue como delito. Menos aún cuando ha sido dada para ser hecha efectiva recién al cabo de cierto plazo. De ser así se encontraría en pugna con expresas disposiciones de tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional, que prohiben la imposición de penas privativas de libertad por deudas u obligaciones contractuales.- 4 - El comportamiento que describe el inciso 1 del art. 302 del código no está sancionado en razón del simple incumplimiento contractual que supone la desatención de la orden de pago, sino en resguardo de la fe pública que se entiende involucrada en el hecho de dar una simple orden observando ciertas formas que indican la posibilidad de convertirla inmediatamente en dinero efectivo.- 5 - La circunstancia de que los instrumentos firmados por el imputado carezcan de uno de los requisitos de la forma que la ley establece para que valgan como cheques de pago diferido, no los hace automáticamente pagaderos a la vista; sólo pueden valer como obligaciones sujetas a plazos, siendo significativo que se trata de instrumentos de obligación particularmente carentes de eficacia puesto que, a diferencia de cualquier otro documento de obligación, no puede oponerse al concurso ni a los sucesores y se tornan retroactivamente inválidos en el caso de incapacidad sobreviniente (Cf. art. 23 ley 24452 modificada por ley 24760) y, en consecuencia, esa clase de documentos no pueden ser objeto de tutela sancionada con penas privativas de libertad.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Liberatore Olga c/ González Mario s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-13

El art. 57 inc. 2 de la Ley de Tránsito 22430, en búsqueda de lograr una mayor seguridad para quienes se desplazan por calles y rutas, incorpora como novedad sobre la ley 5.800 la mencionada "prioridad absoluta" de quien circula por la derecha. Si bien la misma no debe servir para justificar que a su amparo y obrando como un "bill de indemnidad" un conductor que circula por la derecha arrase con los rodados que circulando por su izquierda han arribado con suficiente antelación al cruce y se encuentran trasponiendolo, sí debe ser tenida en cuenta como indicación operativa de la intención del legislador al respecto.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, responsabilidad médica, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Ponzio Hugo Luis contra GCBA sobre daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-08

La queja no puede prosperar, porque no logra rebatir adecuadamente las razones por las que los jueces a quo denegaron el recurso de inconstitucionalidad que el GCBA pretende sostener. Frente a ello, la parte quejosa debía demostrar que sus planteos -a diferencia de lo sostenido por la Cámara- podían ser abordados por este Estrado en el marco de un recurso de inconstitucionalidad. Pero sus esfuerzos en ese sentido no son exitosos para habilitar la revisión que pretende. En efecto, el recurso directo contiene manifestaciones genéricas acerca de la arbitrariedad que endilga a la resolución denegatoria sin articular con sus términos. Además, hay una reiteración de los términos de su recurso de inconstitucionalidad que no alcanzan para tener por configurada una crítica sustantiva del auto denegatorio. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Santos, Aníbal Walter c/ Méndez, José María s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-07

En nuestro sistema procesal la "ficta conffessio" no requiere de corroboración por ninguna otra probanza para erigirse en elemento de convicción que el juez tiene el "deber" insoslayable de atender.
Procedencia del recurso, recurso de inconstitucionalidad, revocación de sentencia, amenazas, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Gómez, Edgar Alberto sobre 149 bis - amenazas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-15

Corresponde hacer lugar a los recursos de inconstitucionalidad, revocar la resolución de la Cámara y reenviar el caso para que, por intermedio de otros jueces, sea resuelta la apelación de la defensa. Ello así, dado que la Cámara omitió el tratamiento de una cuestión oportunamente propuesta por los recurrentes, en tanto no se ocupó de examinar -aunque fuera para desestimarla- la interpretación que habían propiciado los acusadores, según la cual, la reforma introducida por la ley n° 6020 al actual art. 225 del CPP no implicó un cambio sobre una regulación jurídica - es decir que no hubo una sucesión temporal de leyes modificatorias de los hitos interruptivos de la prescripción ni un escenario que produzca efectos análogos-, sino que se trató de una pauta interpretativa y aclaratoria para una regulación existente. En tales condiciones, resulta dogmática la simple manifestación de la Cámara referida a que en el caso se presenta un supuesto de aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa para el imputado, toda vez que descarta, sin refutar ni dar razón alguna para ello, la interpretación propiciada por las recurrentes sobre este punto, exégesis que, a su vez, dio sustento a la decisión emitida por la jueza de primera instancia. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano y Alicia E. C. Ruiz).
Libertad condicional, solicitud de libertad condicional
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Claudio Fabián s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

El artículo 13 del Código Penal luego de establecer el tiempo de detención necesario, estipula: "Observado con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial previo informe de la dirección del establecimiento". En este sentido "el juicio sobre la conducta del penado no es discrecional, sino que es un juicio concretamente limitado a si aquél ha cumplido su encierro observando con regularidad los reglamentos carcelarios". Si bien es un derecho del condenado obtener la libertad condicional, es función de la autoridad judicial verificar el cumplimiento objetivo de la condiciones que exige la ley. (voto del Dr. David).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, personería, acreditación de la personería, poder general, copias, falta de personería
Materia: PROCESAL
Carátula: Orlandi y Cía. SRL c/ Radusso, Mario s/ Cobro de pesos. Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ¨es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario) Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ­es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1974-11-08

Si se abrigan dudas acerca de la autenticidad de los elementos de formación incorporados a una causa para la acreditación de personería, una impugnación seria debe proponerse en segunda instancia a nivel de lo prescripto en los artículos 169 a 171 del Código Procesal Civil y Comercial, vale decir, realizar un trámite de compulsa de la pieza dubitada con el documento matriz. La impugnación por infidelidad debe ser hecha intimándose la presentación del testimonio original y no mediante la excepción de personería.(Del Voto del Dr. Luppi). En el caso, la cuestión a resolver es si la omisión de certificar la copia agregada a los autos del poder acreditativo de la personería del mandatario de un litigante, es por sí sola causa de nulidad de los procedimientos e inclusive, de la sentencia.
Incapacidad laboral, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: HOYOS RICARDO c/ PRODUCTORA SANTIAGÜEÑA DE RIO DULCE S.A Y/U OTROS S/ INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD s/ CASACION LABORAL S.A Y/U OTROS S/ INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-04-10

La incapacidad constatada ante el órgano administrativo no puede ser oponible al empleador, que obviamente no fue parte en el trámite jubilatorio y por ende no pudo controlar las conclusiones establecidas al respecto.
Competencia, cuestiones de competencia, competencia de instrucción, docentes, remuneración, Dirección Nacional de Educación del Adulto
Materia: PENAL
Carátula: CELIA EMILIO, N s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-05-16

Corresponde a la Justicia de Instrucción conocer de la causa instruida con motivo de irregularidades referentes al pago de sueldos a personal docente, cometidas en una escuela de la Dirección Nacional de Educación del Adulto, con sede en esta ciudad, dado que en patrimonio se hallo afectado a la prestación de servicios locales de la Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Esso SAPA (TF 11.427-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Las sentencias de la Corte Suprema deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión.
Responsabilidad del banco, caja de ahorro, uso de documento falso, boleta de extracción de fondos, falsificación de documentos, retiro de fondos, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: MESURACO,  IRMA  MIRTHA Y OTRO c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-28

Si con una boleta falsificada se extrajeron fondos de una caja de ahorros, el banco deberá restituir esos fondos al titular de la cuenta con mas los intereses desde el momento en que se produjo el débito hasta la fecha de promoción de la demanda, a la tasa vigente para esas operaciones en el banco accionado, pues de no haberse producido por culpa de este el retiro de fondos se hubieran seguido debitando los intereses correspondientes, debiendo fijarse los réditos a partir de la mora -establecida por el a quo a la fecha de interposición de la demanda- a la tasa determinada por el juez de grado, distinta a la pactada, adecuada a la condena por el incumplimiento incurrido.
Cargos electivos, cupo femenino, interpretación de la ley
Materia: ELECTORAL
Carátula: INCIDENTE DE IMPUGNACION LISTA DIPUTADOS PROVINCIALES DEL FRENTE P /LA VICTORIA, PROMOVIDO POR LA DRA. MARY ROSA ALMOZNI DE CABRERA EN AUTOS:"ALIANZA FRENTE P/LA VICTORIA s/ S/OFICIALIZACION LISTAS DE CANDIDATOS" EXPTE. N741/93
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1993-09-02

La mujer debe ocupar uno de cada dos cargos asignados a varones, por lo que, por encima de lo decidido conforme la Carta Orgánica de los Partidos políticos, debe estarse a la norma de orden público, en cuanto lo dispuesto en virtud de aquella se oponga a su contenido.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia, servicio telefónico, facturación excesiva, competencia comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: Sedem  S.A. c/ Telecom Argentina France Stet Telecom  S.A. s/ Medidas preliminares y de prueba anticipada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-03

En la especie, se demanda por "sobrefacturación y medición arbitraria de las facturas telefónicas" y se imputa a la empresa accionada deficiencias atinentes a la reparación de las líneas, a la investigación de irregularidades denunciadas y a la actuación del sector "cobranzas". Nada de ello parece exceder el ámbito del derecho común, por lo menos, en el estado actual del trámite y sin emitir - desde luego - juicio último y definitivo sobre las normas que vayan a aplicarse en la sentencia final. Corresponde, entonces, dirimir el conflicto atribuyendo el conocimiento de las presentes actuaciones a la señora Juez Nacional en lo Comercial.
Competencia, competencia por la materia, competencia civil, responsabilidad civil, responsabilidad médica, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: NUÑEZ SONIA RAQUEL Y OTRO c/ DIRECCION DE OBRA SOCIAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL Y OTROS s/ RESPONSABILIDAD MEDICA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-13

La línea interpretativa que emana de Fallos: 312:1881, reiterada en el precedente "Berón, César Agustín y otro c/Estado Nacional Argentino -Hospital Militar Central y otros s/Responsabilidad Médica" del 2.3.93, ha quedado confirmada legislativamente con la sanción de la Ley 24.290 que modificó el texto del art. 43, Decreto 1285/58, al establecer en el nuevo inciso c), la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil para entender en las acciones relativas a las relaciones contractuales entre los profesionales y sus clientes, o a la responsabilidad civil de aquéllos. Por lo demás, la exigencia contenida en la parte final de la nueva norma, en el sentido de que la actividad profesional de que se trate debe estar reglamentada por el Estado, se cumple en la especie toda vez que el ejercicio de la medicina se encuentra regulado por la Ley 17.132 (Adla XXVII-A, págs. 44 y sgtes.). Por tales razones, existen motivos suficientes para sostener que, tanto legislativa como jurisprudencialmente, se ha impuesto un criterio que claramente se endereza a privilegiar la especialización que sobre la materia tienen los jueces en lo civil.
Revisión judicial de actos administrativos, control de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: L., T. c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-07-29

"...si lo que se pretende es que el Poder Judicial ejerza el control de legalidad sobre los actos administrativos, necesariamente dicha tarea implica determinar la existencia -o no- y merituar los supuestos vicios que portarían los elementos de esos actos, pues a este sistema para discernir la invalidez -a través de sus elementos- postulado por gran parte de la doctrina, adhiere el Dto. Ley 920, la Corte Nacional y este Tribunal según quedó establecido en fallos anteriores .- Como lo expone COMADIRA "el examen de la validez del acto administrativo supone siempre un juicio lógico-jurídico de comparación entre el acto, sus elementos y las normas aplicables. Este juicio implica confrontar las exigencias impuestas por el ordenamiento, en cuanto a los elementos esenciales del acto, con la realidad del acto administrativo emitido" .- Elementos, que sin perjuicio de alguna discrepancia doctrinaria se vinculan "...con la competencia, con la forma y con los procedimientos esenciales.." que todo acto administrativo debe cumplir. Sigo a Armando CARNOTA quien ilustra... "el objeto es lo que éste decide, certifica u opina y en todos los casos debe ser cierta, física y jurídicamente posible"...; la "causa ... los hechos y antecedentes en que el acto debe sustentarse y el derecho aplicable"... en tanto que "motivación ... es la ...expresión de las razones que inducen al órgano a emitir el acto correspondiente...".