marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio de desalojo, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Carrizo, Daniel Rosalindo  y otro c/ Ontivero, José Marcelo, Zulma Martoccia s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-10-10

No resulta de recibo la postura del apelante relativa a que la demanda de desalojo en contra suyo no puede prosperar debido a que tiene una verdadera posesión y no simplemente una tenencia precaria.

En efecto, es conteste la jurisprudencia en afirmar que el juicio de desalojo sólo comprende aquellos conflictos en que, por la condición personal de los contendientes en su relación con la cosa, el litigio queda limitado al cumplimiento de la entrega o restitución misma. En esa inteligencia, el debate atinente al derecho de poseer, es ajeno a dicho juicio. Es decir, la posesión veda el desapoderamiento si es al cabo de un proceso en que tenga lugar la amplitud de debate y prueba donde se haya podido defender el tema posesorio.

En el caso de autos, el demandado "cree" haber adquirido un señorío posesorio por el hecho de haber habitado desde hace muchos años a la fecha el inmueble; empero, olvida anotar y sobre todo rebatir la afirmación contenida en el pronunciamiento impugnado en relación a que esa ocupación del inmueble en cuestión se ha dado en un marco fáctico en el que la vendedora y luego usufructuaria era tenedora del bien y que el demandado, sin vínculo filial lo hacía junto aquella. En consecuencia, a partir de la muerte de ella, el accionado sólo quedó en carácter de tenedor precario. Este razonamiento sentencial no ha merecido objeciones por parte del demandado. Por último, la prueba del animus domini es a cargo de quien lo invoca, no pudiendo presumirse por la simple tenencia la ocupación material de la cosa. En consecuencia debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto ya que la accionada no se ha colocado en condiciones de acreditar que la posesión argüida ofrezca alguna duda razonable que autorice la remisión de lo aquí discutido a otro proceso.
Defensa del consumidor, reclamo administrativo previo, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Instituto Científico Paul Hnos. S.A. c/ Secr. de Comercio e Inversiones -Disp.DNCI 26/97 Bis
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-05

El término "podrá" utilizado en el art. 45 de ley de defensa del consumidor no importa consagrar la facultad del afectado para elegir la vía u órgano judicial en busca de protección de sus derechos, en apartamiento de las previsiones de tales dispositivos, sino autorizarlo a dejar la esfera administrativa para pasar a la judicial, reservándose la ley el señalamiento del tribunal competente y el plazo dentro del cual debe plantearse la acción o recurso (confr. Fallos: 312:1724; Sala II, 17/3/92, "Faggionatto, Ildrés Efrain c/ E.N.").
Sentencia, principio de congruencia, sentencia arbitraria, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cueto, Carlos Alberto c/ Empresa de Transporte Laurenti y/u otros s/ Recurso de inconstitucionalidad (Queja admitida). Cobro de pesos   laborales (EXPTE CSJ Nº 501-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-28

El principio de congruencia que en determinadas áreas del derecho se llama principio de estricto derecho, importa, en definitiva, una limitación a las facultades del juez; éste no debe sentenciar en más de lo debatido, o dejar de fallar en la materia litigiosa del caso.

Implica, consecuentemente, un encuadre funcional del magistrado, cuya violación ha sido reputada arbitraria por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fredes, Oscar c/ Gallini, Hugo V. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-19

Probado el daño al automotor, deviene un hecho notorio la reparación del vehículo y la suspensión de su uso para su reparación; frente a ello, cabe al Juez presumir judicialmente (art. 163 inc. 5º segunda parte del C.P.C.C.) que ante diferentes tareas para restituir la cosa al estado inmediato anterior (vg. compra de elementos de reposición, trabajos de desarme, reparación de chapa, etc.) existió un lapso necesario para ello, que por falta de prueba idónea sobre su duración el Magistrado puede suplirlo mediante su prudente arbitrio.
Acción de amparo, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Garrido,  Oscar  y Otros (agregados por cuerda Silva, J. C.; Internos alcaidía de Gral. Roca; Spies, M. D.) s/ AMPARO. Fiscal    de  Estado  s/  Queja  en:'Internos  Carcel  de  encausados s/ ACCIóN DE HáBEAS CORPUS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-04-17|1990-05-02

Definida la acción como amparo y no como mandamus correspondería, en estricto derecho, rechazar la incompetencia decretada, volviendo los autos a la instancia de origen. Pero -en el caso- poderosas razones de necesidad de urgencia indican la conveniencia de que este STJ se avoque al tratamiento de la cuestión; ello en tanto mal puede postergarse una resolución definitiva del problema en aras de un purismo procedimental, frente a la posible vulneración de derechos que afectan la dignidad humana.
Cheque, endoso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Yabrán, Miguel Oscar c/ Bauer, Julia Argentina s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-08-19

No es posible conferir legitimación bancaria a quien la invoca en base a "transmisiones invisibles" no registradas en el título, cuando en el caso, el último endoso recibo no corresponde al actor.

No corresponde asignar la calidad de cesionario al simple tenedor del cheque emitido a la orden. (Minoría u opinión personal)
Quiebra indirecta, base regulatoria, honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Gelre Servicios Empresarios SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-13

En caso de quiebra indirecta, en lo que respecta a las tareas inherentes a la etapa concursal, para el caso de acuerdo preventivo corresponde tomar como pauta regulatoria lo dispuesto en la LCQ 266. En el caso, la quiebra fue decretada antes de que hubiera acuerdo. Por ello, corresponde revisar los emolumentos ponderando dicha circunstancia y valorando sólo las etapas efectivamente cumplidas (CNCom, Sala B in re "Baiter SA s/ quiebra" del 10/10/96).
Recurso de casación, demanda de escrituración, obligación de escriturar
Materia: Procesal
Carátula: Sigal, Humberto C. c/ Campelo, Juan y Otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-06-30

Toda vez que el plazo convenido por las partes para el cumplimiento de un contrato de compraventa, fija el momento en que la escrituración deviene exigible judicialmente, vencido en término tanto la vendedora como la compradora estan en condiciones de promover la pertinente demanda, independientemente que el incumplimiento sea o no imputable a una de ellas.
Prueba confesional, confesión ficta, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NISNIAR, MARCELO RUBEN c/ CUELHO, NESTOR A. s/ SUMARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-04-27

La relevancia de la ficta confessio no requiere la existencia de otras demostraciones que la corroboren, sino que, a estos fines, bastan aquellas acreditaciones que puedan tener un sentido desvirtuante.- Resultará eficaz siempre y cuando los elementos probatorios del proceso no la desvirtuen categóricamente.- Las posiciones absueltas en rebeldía no pierden el indicado valor probatorio aunque, como en la especie, versen sobre acontecimientos expresamente negados en el responde del demandado. No hay prueba que desvirtúe tal aseveración.-
Contrato de obra pública, mayores costos, licitación pública, precio, cláusula de actualización, aplicación de la ley, acuerdo de partes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INGENIERO OSCAR A. DIEZ  S.A.I.C. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO  DE PLENA JURISDICCION Y SUS ACUMULADOS -CON LOS  ALCANCES DEL ARTICULO 342 DEL C.P.C. Y C. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 291  AÑO 1995 Y SU ACUMULADO 856/96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-15

Esta Corte ha desechado la posibilidad de que el artículo 82 de la ley 5188 norma constituya, por sí mismo, título suficiente para el resarcimiento de variaciones en el costo de alguno de los factores que componen el precio de la obra. Ello ha sido así tanto en aquellos supuestos en que las partes habían acordado específicos mecanismos de reconocimiento de variación de los mismos ("Casater"), como así también en aquellos en los que, si bien no se había determinado de modo discriminado algún componente que incidía en definitiva en la composición del precio ofertado -vgr., el costo financiero- su inclusión en el precio no podía pasar desapercibida al contratista ("Eduardo Carlucci Construcciones").

Según esta norma, "en todas las obras que no sean contratadas por el sistema de ajuste alzado, la Administración tomará a su cargo o beneficio, las variaciones en más o en menos que desde la fecha de la licitación, durante su ejecución y hasta su término, se produzcan en los precios de los elementos determinantes del costo de las obras, conforme a lo que disponga la reglamentación" y, según el artículo 82 del decreto 822/61 -reglamentario de la ley- "las disposiciones relativas al régimen de reconocimiento de variaciones de costos y sus modalidades propias en cada repartición, que sea necesario adoptar complementando lo establecido en la presente reglamentación, serán dictadas por el Ministerio de Obras Públicas, previo informe del Consejo de Obras Públicas".

En el presente, las partes pactaron un concreto y específico mecanismo de variación de costos de las partidas electromecánicas (INDEC), el que ha integrado el contrato, cumpliendo de ese modo con la exigencia del 82 de la ley 5188. Es por ello que la sola invocación de esta norma no constituye argumento suficiente para habilitar la modificación del régimen establecido contractualmente.
Convertibilidad, intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CUERPO  DE  EJECUCION  DE  SENTENCIA  EN  PUGLIESE  DOMINGO Y OTRO C/ DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA s/ RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-12-30

Cualquier solución que se adapte en materia de intereses moratorios es esencialmente aleatoria, ya que responde a las fluctuantes condiciones de la economía de un país. Es un hecho notorio que las tasas de interés no permanecen estáticas, sino que con el transcurso del tiempo, y por el influjo de distintos factores, varían considerablemente, lo que puede -en cualquier momento- obligarnos a revisar los criterios que hoy se establecen, para adaptarlos a nuevas realidades económicas.

Por eso resulta "inconveniente y ocasiona injusticias", fijar una tasa rígida de interés legal, como lo hacen algunas leyes civiles Los intereses moratorios cumplen una función indemnizatoria, con ellos se procura resarcir al acreedor por el atraso que se ha producido en el pago de una obligación pecuniaria, reemplazando de esta forma los daños y perjuicios que corresponden al incumplimiento en otra clase de obligaciones.

Cuando las partes no han estipulado previamente, por medio de una cláusula penal, los intereses moratorios, al no existir tampoco afortunadamente- una tasa de interés legal, los jueces han debido recurrir a datos de la realidad económica del mercado de dinero, y se han inclinado,tradicionalmente, a fijar como intereses moratorios judiciales los correspondientes a lo que hoy denominamos "tasa activa".

Es pública la baja de intereses operada en el mercado, por ello, para el período que corre desde el 1ro. de Abril de 1991 hasta el 1ro. de octubre de 1994 deberá fijarse un interés equivalente a la tasa pasiva promedio, según la encuesta realizada por el Banco Central de la República Argentina con más un uno por ciento nominal mensual . En cambio a partir del 1ro. de octubre de 1994, el contenido del crédito quedará suficientemente resguardado mediante la aplicación de la tasa bancaria supra citada, a la que se agregará un medio por ciento nominal mensual (cfr. Sala Laboral sent. Nro.

105/94). Además, atento las fluctuaciones que puede sufrir la realidad económica en el devenir del tiempo, el aludido plus que se aplica, sumado a la tasa pasiva promedio mensual, no podría superar, en conjunto con ésta, el importe de la tasa activa para el correspondiente período. (Voto del Dr. Moisset de Espanés en mayoría).-
Divorcio del 67 bis, reserva del derecho alimentario, cuota alimentaria, alimentado de escasos recursos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: S. DE A.O.V. y A.E.L. s/ DIVORCIO 67 BIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-29

El art. 67 bis de la ley 2393 prevé la reserva del derecho alimentario por parte de cualquiera de los cónyuges. La obligación que se sigue de su concreción es legal, pues la voluntad de los justiciables se circunscribe a ejercer esa facultad, con el objeto de dejar a salvo un derecho que, de otro modo, dadas las particularidades del divorcio de que se trata, se perdería, pero al mantenerse se continúa teniendo sustento en el artículo 51 de aquel ordenamiento.

Si los esposos antes de divorciarse, tienen un derecho alimentario, asistencia-legal, y al tiempo de la separación uno de ellos reserva esa facultad, no se puede estimar configurado un hecho de significación tal, que modifique la esencia de la prerrogativa simplemente mantenida, esto aun cuando no se desconoce la existencia de una prestigiosa corriente doctrinaria y jurisprudencial contraria a la referida intelección del precepto (conf. C.N.Civ. Sala E, c.

271.474 del 3/6/81; id. Sala A, c. 214.310 del 31/12/76; id. Sala F, R. 11.353 del 14/2/85; Borda, "La reforma..." p.443; Escribano "Los alimentos dejados a salvo en el divorcio consensual" L.L. 152-907;

Mazzinghi "Derecho de Familia", T. III-192).

El criterio expuesto no se ha alterado por la falta de un acuerdo específico con relación al "quantum" de la pensión, habida cuenta que ésto es innecesario para mantener vivo el deber alimentario reconocido por los citados artículos 51 y 67 bis de la ley 2393, que no exigen semejante determinación para conservar la virtualidad del deber (conf. C.N.Civ. Sala E, R. 256.519 del 21/6/79).

Siendo obstáculo la circunstancia de que la esposa no haya probado cuáles son sus necesidades alimentarias pues el art. 51 de la ley 2393 no exige tal extremo desde que mínimamente las presume, invirtiendo entonces la carga de la prueba, al imponer al marido la demostración de los ingresos de su consorte tornan improcedentes los alimentos (conf. C.N.Civ., Sala G, R. 12.124 del 19/2/85 y jurisprudencia allí citada).
Improcedencia del recurso, confirmación de sentencia, defensa, delitos contra la humanidad, querella, acusación de la querella, nulidad procesal, alegato, zonas militares, personal militar, centro clandestino de detención, proceso de reorganización nacional, monto de la pena, fiscal general, reclusión perpetua, partes del proceso, agravantes de la pena, prisión
Materia: PENAL
Carátula: Caggiano Tedesco, Carlos H. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-28

Corresponde rechazar el pedido de nulidad de la acusación de la querella, efectuado por la defensa de quien resultó condenado por la comisión de delitos de lesa humanidad mientras se desempeñaba como jefe de un centro clandestino de detención durante el Proceso de Reorganización Nacional, con base en que dicha parte pidió al alegar una pena ejemplar sin expresar su monto, pues siendo la parte querellante un sujeto eventual del proceso y, en tanto otros querellantes sí peticionaron una pena de reclusión perpetua, más el pedido de veinticinco años de prisión por parte de la Fiscalía General -sujeto esencial del proceso-, aquél olvido carece de toda virtualidad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Kessy, Juan Alberto; Poppe, Roberto Omar s/ Tortura
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-09

Si la "capacidad" (art. 150, C.P.P., según ley 3589 y sus modif.) de un testigo ha sido tenida por acreditada por el a quo mediante una pericia oftalmológica, el agravio de la defensa ha sido planteado insuficientemente pues no ha sido acompañado de la cita de la norma legal que pudo resultar transgredida al así valorarse el informe pericial de mención (art. 355, C.P.P. cit.). (Minoría u opinión personal)
Mora, constitución en mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Constructora Lihué S.A.C.C.I.F. c/ Vega, Elías Pedro, su sucesión y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

En la ejecución de deudas por pavimentos rige, para la determinación de la mora, el art. 46 de la Ordenanza General Nº 165.
Intervención federal, derechos y garantías constitucionales, estabilidad del empleado público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Arce, Raúl Héctor c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1988-07-12

La Corte Suprema de Justicia tiene resuelto, que el principio en virtud del cual los empleados designados por las intervenciones federales duran en su cargo hasta su remoción por los posteriores gobiernos locales, no es objetable con base en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, censura previa, Pacto de San José de Costa Rica, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Verbitsky, Horacio y otros s/ denuncia apología del crimen.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

La censura previa dispuesta por orden judicial vulnera la garantía constitucional que protege el derecho de publicar las ideas: art. 14 de la Constitución Nacional y art. 13, inc. 2, de la convencion interamericana de derechos humanos.
Juicio ejecutivo, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Villar Rosas, Aladín Bruno c/ Enercom S.R.L. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-15

La condena en costas en el juicio ejecutivo es ajena a toda valoración sobre la conducta de las partes o la índole de las cuestiones controvertidas.
Hurto calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Garialde, Obdulio Alberto u Obdulio Omar y otro s/ Robo calificado y privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Si la Cámara en la descripción del cuerpo del delito alude a que se efectuó el desapoderamiento de un vehículo automotor y su carga, y que ello se llevó a cabo "sin violencia", resulta aplicable el art.

163 inc. 5 del Código Penal en relación con el art. 38 del dec. ley 6.582/58.
Personal de dirección y vigilancia, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy, Enrique Fernando y Morales, Juan Antonio. c/ CompaÑía Naviera Pérez Companc. s/ Horas Extras.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-10-11

Si bien a los empleados de dirección y vigilancia no se les paga con recargo legal las horas que trabajen por encima de la jornada legal de 8 horas diarias, sino en función de las respectivas pautas contractuales, dichas pautas no deben desvirtuar la filosofía y principios que informan la LCT, debiendo distinguirse entre el salario con recargo legal por horas extras -como solución extrema para más de 12 horas diarias-, el salario normal sin recargo -como tope legal mínimo cuando no se supere dicho límite-, y el salario disminuído globalmente a una tercera parte del básico sin consideración a las horas de trabajo efectivamente trabajadas por encima de las 8 horas liquidadas, -que parece ser el caso de autos-.

Obvio resulta que ningún convenio particular podrá retribuír dichas horas excedentes con menor suma que aquella proporcionalmente correspondiente al salario normal.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, reconocimiento en rueda de personas
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Sánchez, Nestor Ramón Dante s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-10

La apreciación de los jueces acerca del cumplimiento de la regla del art. 265, inc. 3 del Código de Procedimientos en lo Criminal, en tanto exige que los individuos integrantes de la fila "sean de una clase análoga, atendiendo su educación, modales y circunstancias", es una cuestión de hecho y de derecho procesal propia de aquéllos y ajena comúnmente de la vía extraordinaria, sin que ciertas diferencias entre esos individuos justifiquen apartarse de tal principio.
Acción contencioso administrativa, prueba, proceso judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Corvin S.A. -Sorsa S.A.- c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

En materia de prueba, el Tribunal contencioso administrativo tiene una gran amplitud de facultades, ya que sus jueces están obligados a averiguar la verdad, trayendo a los autos todos aquellos elementos que puedan concurrir a descubrirla, aún cuando las partes no lo pidan, aún cuando alguna de ellas se oponga y aún cuando estén vencidos todos los términos que a ellas acuerdan las leyes.
Accidente ferroviario, culpa concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gómez, Daniel Angel c/ Ferrocarriles Argentinos s/ Cobro australes (A5.000.000)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

El hecho de que las instalaciones del actor contaban con la aprobación municipal no lo exime de la obligación de adoptar medidas de seguridad tendientes a evitar posibles incendios debidos a la proximidad de la vía del ferrocarril porque las exigencias municipales se refieren principalmente a las condiciones sanitarias y de higiene y no al peligro de incendio. El que durante 16 años no haya habido problemas tampoco es argumento concluyente; precisamente el presente caso muestra que tal peligro existía y era real.

Las circunstancias apuntadas no eximen a la demandada toda responsabilidad, porque también ella incurrió en negligencia al no someter las locomotoras a revisiones periódicas a fin de controlar la combustión.

Hubo culpa concurrente de ambas partes y la responsabilidad se debe distribuir en un 50% entre la actora y la demandada.
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, interpretación de la ley, interpretación amplia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García Marta en J: García de Moran, Marta y Agustín Moran s/ Divorcio -Recurso Directo (LIBRO: A136 - 208)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-04-10

Una interpretación extensiva procesales para conceder un recurso de apelación, importa una hermeneútica claramente violatoria del principio restrictivo receptado en el artículo 133 ap. I del C.P.C.
Debido proceso, doble instancia, competencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., N. F. s/ Homicidio R/ Víctima s/ impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-09

En el caso, en el que se agrava la situación del imputado, no procede que la Sala Penal haga "casación positiva". Propiciando anular el fallo ("casación negativa") y reenviar al tribunal de juicio a que pronuncie sentencia.

El artículo 386 del ritual, último párrafo, dispone que cuando de la correcta aplicación de la ley resulte la absolución del procesado o la extinción de la acción penal, el tribunal resolverá directamente sin reenvío. Lo contrario no es admisible.

Además, el artículo 304 de la ley formal divide al juicio en dos etapas, de modo que si se lo condenara en esta instancia, el imputado pierde su derecho al juicio de cesura.

Por ello (advertidos el error de derecho y la necesidad de subsanarlo) las sentencias deben ser anuladas y reenviar la causa para un nuevo juicio (artículo 387 del Código Procesal Penal).