Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2008-12-02


San Salvador de Jujuy, diciembre 2 de 2008.

La doctora Bernal dijo:

Estela Farfán por sí y por sus hijos menores de edad, dedujo acción por reparación integral de daños y perjuicios en contra de Municipalidad de Libertador San Martín, en el carácter de concubina e hijos respectivamente de Juan Eusebio Gutiérrez, quién el 8 de febrero de 2002 sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó lesiones graves, falleciendo como consecuencia de las mismas el día 14 del mismo mes y año.

Trabada la litis y producida la prueba que obra agregada, la Sala IV del Tribunal del Trabajo el 7 de noviembre de 2.007, resolvió: 1.- Hacer lugar a la demanda que por daños y perjuicios promoviera Este Liliana Farfán por sí y en representación de sus hijos menores J. P., M. A., M. A. y S. M. G. en de la Municipalidad de Libertador General San Martín, a quién se condena a abonar a Estela Liliana Farfán la suma de $60.000 en concepto de daño material, y a los menores... la suma de $77.500 en concepto de daño material y moral. Las sumas indicadas devengarán intereses desde la fecha del accidente hasta el momento del efectivo pago, calculados a la tasa pasiva uso justicia que publica el BCRA.- 2.- Imponer las costas a la demandada vencida (art. 95 del C.P.T.).- 3.- Regular los siguientes honorarios profesionales... 4.- Notifíquese... (fs. 275/279 del expediente principal).

Luego de formular la manifestación previa establecida en el artículo 9 inciso 1º de la Ley Nº 4346/88 y en contra de esa sentencia, el Dr. F.R.P.en representación de la Municipalidad de Libertador San Martín deduce recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad.

Argumenta que el fallo que impugna carece de sustento jurídico, se basa únicamente en la voluntad del juzgador para condenar a su mandante a abonar una suma de dinero indebida, ya que la acción promovida -a su entender- se encuentra prescripta.

Expresa como agravios y en síntesis, respecto de la prescripción el a-quo considera que: "... el plazo computable es de dos años a partir del fallecimiento de Gutiérrez (14-02-02), hecho extintivo de la relación de trabajo existente entre las partes (Arts. 258 LCT y 44 LRT)...", cuando se ha promovido la acción con sustento en el derecho civil y en consecuencia, debe aplicarse el término de dos años previsto en el artículo 4037, plazo que comienza a contarse desde la fecha de siniestro o accidente laboral ocurrido el 08-02-2002 y no a partir del fallecimiento de Gutiérrez como lo hace el Tribunal.

Se queja también del monto indemnizatorio determinado sobre la base de declaraciones testimoniales, sin pruebas que acrediten que el dependiente trabajaba en forma particular en su taller y sin considerar las observaciones a la pericia realizada en autos.

Finalmente dice que agravia a su parte la imposición de costas, cuando debieron ser impuestas por el orden causado, dado que existieron fundadas razones para litigar y oponer la excepción de prescripción de la acción.

Sustanciado el recurso, a fs. 21/25 se presenta el Dr. R.E.B. y en representación de la actora, por las razones que expone, pide su rechazo.

A fs. 29 la Dra. M.A.S., Defensora de Menores e Incapaces, al contestar la participación conferida, también pide el rechazo del recurso articulado, en todas sus partes.

A fs. 40/44 se expide la señora Fiscal General Adjunto pronunciándose por el rechazo del recurso tentado, conclusión que luego de analizada la causa, anticipo que comparto.

En efecto, debe aplicarse el plazo de prescripción bienal previsto en el artículo 4037 del Código Civil a la acción por daños y perjuicios intentada en contra de la Municipalidad de Libertador General San Martín, por la concubina e hijos de la persona fallecida a causa de un accidente de trabajo, pues reclaman la indemnización iure proprio, siendo la relación que vincula a las partes de este proceso, de índole extracontractual.

Pues bien, el "daño sufrido" por los actores queda perfeccionado con la muerte del trabajador, hecho a partir del cual nace el derecho a reclamar los daños concretos por el cual accionan. Consecuentemente, el plazo para la promoción de la acción, vence a los dos años de producido el deceso, conforme lo resuelto en un caso similar por este Superior Tribunal de Justicia, en la causa registrada en el L.A. Nº 51, Fº 634/639, Nº 238.

En la especie, el deceso del dependiente de la demandada se produjo el 14 de febrero de 2.002 (fs. 7 del expediente principal).

Por otro lado, el art. 3986, párr. 2º del Código Civil, establece que la prescripción liberatoria se suspende -durante un año- por la constitución en mora del deudor efectuada en forma auténtica, lo que exige una interpelación fehaciente tendiente a satisfacer el crédito.

En autos surge acreditado que la actora remitió a la accionada carta documento, recepcionada por la misma el 12 de febrero de 2004 (fs. 25/26 del principal), que tuvo la virtualidad de constituirla en mora en relación a los reclamos expresados en la misma.

Siendo ello así, la acción por daños y perjuicios promovida el 08 de setiembre de 2.004 (ver cargo actuarial de fs. 19 del expediente principal), a esa fecha, no se encontraba prescripta.

En orden al monto indemnizatorio, este Superior Tribunal de Justicia, reiteradamente ha resuelto que el resarcimiento por daños se debe determinar con criterios flexibles, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, sin ceñirse a cálculos basados en porcentajes rígidos o fórmulas matemáticas, para lo que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio, librado a su prudente arbitrio; pues nadie se encuentra en mejores condiciones que el juez de la causa, para su valoración y correcta determinación (L.A. Nº 42, Fº 1226/1229, Nº 411).

Sólo por excepción, cuando la determinación del daño resulte claramente absurda, implique una notoria injusticia, o sea producto de la sola voluntad del juez que no toma en cuenta las circunstancias que rodearon el caso concreto y las pautas que proporciona la doctrina imperante, procede su revisación con el fin de subsanar la arbitrariedad en la que incurre la sentencia (L.A. Nº 40, Fº 577/581, Nº 203; L.A. Nº 42, Fº 391/393, Nº 138; L.A. Nº 42, Fº 1226/1229, Nº 411; L.A. Nº 46, Fº 101/104, Nº 42; entre otros).

En similares términos tengo dicho que, en las acciones resarcitorias fundadas -como en el caso- en normas del derecho común, a raíz de un accidente de trabajo, el monto indemnizatorio queda librado al prudente arbitrio judicial, a cuyos efectos el juez debe analizar un conjunto de factores analizados con criterio flexible y ligados a la repercusión del daño en el caso concreto, aplicando las pautas de la sana crítica y la prudencia. No está el sentenciante, en modo alguno, obligado a utilizar fórmulas o cálculos matemáticos, los que si se hacen es sólo como una pauta indicativa para cuantificar el daño y facilitar un eventual control de razonabilidad (L.A. Nº 50, Fº 410/412, Nº 131).

En el caso traído a nuestra consideración, el Tribunal de grado, para determinar el quantum indemnizatorio, ponderó la edad de la víctima (47 años), sus ingresos conforme la pericia realizada (fs. 135/136 y 155, especialmente en el punto 2.-), declaraciones testimoniales y la encuesta socio ambiental (fs. 89/102), con la que estima acreditada la importancia del aporte que hacía la víctima como único sustento del hogar, con cuatro hijos menores de edad.

Entonces, no se demuestra, ni advierto, que los montos fijados en concepto de daño material y moral, sean absurdos o notoriamente injustos, en el caso concreto.

Finalmente y en orden a la imposición de costas, este Superior Tribunal de Justicia reiteradamente ha resuelto que en los juicios por daños y perjuicios -aún cuando no se admita la procedencia de algunos de los rubros reclamados o cuando los montos acordados sean inferiores a los originalmente pretendidos por la parte-, las costas deben ser íntegramente soportadas por la demandada, pues integran la indemnización debida, ello, en virtud de la naturaleza resarcitoria de la pretensión deducida y el principio de reparación integral, toda vez que de otro modo se disminuiría indirectamente el monto de la indemnización (L.A. Nº 38, Fº 173/176, Nº 78; L.A. Nº 42, Fº 269/272, Nº 93; L.A. Nº 42, Fº 1122/1125, Nº 371; L.A. Nº 43, Fº 363/366, Nº 136; L.A. Nº 46, Fº 1166/1167, Nº 466, entre muchos más).

La decisión impugnada, en cuanto aplica el principio objetivo establecido en materia de costas (artículo 95 del Código Procesal del Trabajo) y nuestra doctrina, no es susceptible de ser tachada de arbitraria.

Siendo ello así, el tribunal de grado ha expresado fundamentos que estimo suficientes y acordes al derecho vigente, como a las circunstancias de la causa, por lo que no cabe más que concluir en que las quejas ensayadas por el recurrente no dejan entrever más que meras discrepancias con la sentencia adversa.

Propicio entonces, rechazar el recurso deducido en autos, con costas a la recurrente por aplicación de lo dispuesto en el artículo 102, primer párrafo del Código Procesal Civil y regular los honorarios profesionales del Dr. R.E.B. en la suma de siete mil cuatrocientos veinticinco pesos ($7.425) por aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1687, con más el impuesto al valor agregado de corresponder. No se regulan honorarios al letrado de la recurrente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley Orgánica de los Municipios, conforme lo resuelto por este Superior Tribunal en la causa registrada en el L.A. Nº 46, Fº 194/196, Nº 73.

Los Dres. Jenefes, González, Tizón y del Campo, adhieren al voto que antecede.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE: 1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos por el Dr. F.R.P. en representación de la Municipalidad de Libertador San Martín, con costas.

2º) Regular los honorarios profesionales del Dr. R.E.B. en la suma de siete mil cuatrocientos veinticinco pesos ($7.425), con más el impuesto al valor agregado de corresponder. - María Silvia Bernal. - Sergio Marcelo Jenefes. - Sergio Ricardo González. - Héctor Eduardo Tizón. - José Manuel del Campo.