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Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación suficiente, derecho de propiedad, depreciación monetaria, saldo de precio
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: O.D.A. S.A. c/ PAGANI, LUIS Y OTRO. s/ ESCRITURACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-10

No resulta apto para sustentar lo resuelto -rechazo del reajuste del saldo de precio- el argumento del a quo en el sentido de que no cabe soslayar la fuerza obligatoria del contrato, si la solución que deriva de aplicar estrictamente el principio se traduce en un despojo para el propietario, que torna procedente examinar el planteo de las enajenantes a la luz de lo dispuesto por el art. 1071 del Código Civil.
Corretaje, comisión del corredor, consentimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: VILLALORCA, JORGE Y OTROS c/ LA CAÑADA  S.A.  Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-06

Para la comisión correspondiente a la parte vencedora, el derecho que el corredor pretende de percibir comisión correspondiente a la parte compradora, resulta infundada, por cuanto: a) la parte compradora no consintió su intervención como corredor, en cuyo supuesto debía pagar la comisión de práctica, aunque no hubiere solicitado su intermediación; b) no media relación de causalidad entre la actividad desplegada por el corredor y el negocio concluido. Ni siquiera éste es una consecuencia mediata de la publicidad por él efectuada, por cuanto no comenzó la negociación ni tramitó ninguna etapa de la misma, ni cumplió ninguna actividad encaminada a la consumación del negocio. Tampoco alegó ni acreditó haber encontrado otro interesado dentro del período de vigencia de la autorización que le fue conferida. En tales condiciones, ningún perjuicio experimentó que le fuera directamente provocado por alguno de los co-demandados.

Consecuentemente, cada parte contratante (compradora y vendedora), paga al corredor cuyo servicio utilizó (art. 111, segundo párrafo del CCOM.).
Sentencia, sana crítica racional
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO s/ SENTENCIA - SANA CRITICA RACIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1978-08-31

Contraviene el principio lógico de razón suficiente el razonamiento que parte de circunstancias ciertas, pero deduce de ellas una conclusión meramente conjetural, la cual es así cuando no deriva necesariamente de aquéllas, las cuales admiten otras interpretaciones.

Cuando no existe una relación necesaria sino meramente contingente entre indicio y conclusión, el razonamiento impugnado no puede sustentar válidamente la declaración de certeza que efectúa la sentencia.-
Revocación de sentencia, remoción del síndico del concurso
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Velázquez, Juan Carlos c/  s/ pedido de propia quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-31

Cabe revocar la decisión mediante la cual el a quo lo removió al síndico de su cargo en virtud de ciertas desatenciones observadas en el trámite de la causa y lo intimó a depositar una multa bajo apercibimiento de ejecución. La compulsa de la causa exhibe cierta demora por parte del funcionario en las tareas que le fueron impuestas. No obstante ello, no se percibe una conducta desaprensiva o inobservancia de deberes para resultar pasible de la sanción de remoción. En tal sentido, la LCQ 255 prevé la remoción del síndico en caso de negligencia, falta grave o mal desempeño de sus funciones, esto es, para supuestos en que la conducta del funcionario no se adecue a la finalidad perseguida por dicha normativa. Es claro entonces que las sanciones deben ser proporcionales a las conductas que se reprochan (Cfr. "Régimen Ley de Concursos y Quiebras", Ley comentada por Adolfo A.N. Rouillon, Editorial Astrea). En ese marco, sí cabe llamar la atención al funcionario sindical.
Derecho de propiedad, boleta de deuda, crédito fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Jervo SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-17

La sentencia impugnada provoca una afectación de la propiedad de la recurrente que no proviene de la sentencia fundada en ley a que se refiere la CN y la CCBA, desde que no ha dado pleno efecto a la exigencia que impone que la boleta de deuda consigne ciertos datos, de un modo que tanto el contribuyente -para defenderse- como el juez -para dictar sentencia- puedan usar, en orden a corroborar que han tenido lugar los hechos o actos que, según la ley, constituyen los elementos suficientes para dar vida al crédito del Fisco. (Voto en disidencia del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Proceso de faltas, infracciones administrativas, actas institucionales, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: De la Prida, Esteban Rafael c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-02

Corresponde rechazar la queja en tanto no presenta un caso constitucional ni demuestra arbitrariedad. Al absolver al imputado, los jueces de ambas instancias no desconocieron que el acta de comprobación reunía los requisitos formales previstos en el art. 3° de la ley n° 1217 y que -en principio- ésta constituiría prueba suficiente de la comisión de la falta en los términos del art. 5 de esa misma norma, sino que tuvieron en cuenta que durante el desarrollo de la audiencia de juzgamiento habían surgido elementos probatorios que ponían en crisis la responsabilidad de la imputada en la comisión de la conducta descripta en el acta de mención. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Recurso de inconstitucionalidad, superintendencia de riesgos del trabajo, recurso de apelación (procesal), denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán c/  s/ SAG - otros en/ Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/ Organismos externos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-07

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo es un órgano creado por el Poder Legislativo Nacional para radicar en él el cumplimiento de facultades sustancialmente administrativas creadas también por los legisladores nacionales en ejercicio de facultades contempladas en buena medida en los incisos 13 y 20 del art. 75 de la Constitución Nacional; distintas de las del inciso 30 y de las que el inciso 12 sujeta a la reserva que contempla su primera parte. El control jurisdiccional que corresponde a la ejecución de esas funciones es también atributo de la Nación, que ha dispuesto a ese fin el mecanismo del art. 83 de la ley n° 20091. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, matrimonio, nulidad de matrimonio, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ DE DINAPOLI, AIDA. s/ PENSION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11

Si se ha producido la caducidad de la acción de nulidad del primer matrimonio de su cónyuge por la muerte de éste y de su consorte (art. 86, ley 2393), ello determina el carácter definitivo del fallo que denegó a la recurrente la pensión en calidad de viuda de un oficial de la Policía Federal con el que se hallaba unida en matrimonio contraído en el extranjero, toda vez que la cuestión decidida no es susceptible de posterior debate en las instancias ordinarias existentes en las respectivas jurisdicciones, por lo que se irroga a la recurrente un agravio de imposible reparación ulterior.
Prueba, pedido de prueba, diferimiento del pedido, sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SPETRILLI, Liliana s/ PRUEBA. Generalidades.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-07

Debe anularse la resolución recaída en el cuaderno de prueba que, ante el expreso pedido de la parte de que se practique una medida pericial, difirió la decisión para el momento de dictar sentencia, en vez de admitirlo o rechazarlo en forma concreta (art. 477 CPC).
Acción reivindicatoria, bienes, dominio público
Materia: CIVIL
Carátula: Córdoba, Provincia de c/ Zontella, Juan Carlos s/ reivindicación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

El argumento de que sobre los bienes del dominio público no puede haber una posesión útil, sólo vale para los administrados o particulares, pero no para el Estado, pues para la protección del dominio público, la administración puede recurrir, indistintamente, a la autotutela administrativa o a las acciones ordinarias deducibles ante los órganos judiciales, en consecuencia, estos bienes son susceptibles de reivindicación por parte de éste.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: B.M.E. s/ SU DENUNCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-12

Este Tribunal tiene posición tomada en cuanto a la facultad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma, toda vez que el Juez, si bien depende de las partes en lo que tiene que fallar, no es así en cuanto como debe fallar. Por eso el control de constitucionalidad de normas y actos que están implicados en el derecho aplicable a la causa, debe ser efectuado en la misma por el juez sin necesidad de petitorio de parte interesada.
Dictamen fiscal, acusación fiscal, nulidad procesal, preclusión, garantías procesales
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Baudonnet, Hugo E. s/ Nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-05

Si bien la ausencia de un relato claro y circunstanciado de los hechos y la no determinación del grado de participación de los procesados en el mismo, constituyen vicios que invalidan el dictamen fiscal y a los actos que sean su consecuencia, no debe nulificarsela acusación y lo actuado con posterioridad cuando el estadio al cual ha arribado el proceso - etapa de sentencia - impide retrotraer la causa a etapas ya precluidas, máxime cuando los encartados se encontraren detenidos y sean ajenos a la producción de dichos vicios. Es el Estado y no justiciable quien debe soportar las consecuencias necesarias de llevar adelante con eficacia el proceso penal, pues lo contrario implicaría violar no sólo la garantía de defensa en juicio, sino también la de prohibición del doble juzgamiento.
Asociaciones profesionales, sindicatos, control estatal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juárez, Rubén Faustino y otro c/ Mrio.  de Trabajo y Seguridad Social (Direc. Nac. de Asoc. Sindicales s/ Acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

La actividad de control que el Estado lleva a cabo respecto de las asociaciones en general, se encuentra particularmente justificada en relación a las sindicales, habida cuenta del sitio que ellas ocupan en la organización actual de la sociedad.
Principio de congruencia, facultades del juez
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: J., R.A. c/ R., I.P. s/ Resolución de Contrato  Cobro de Pesos  Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-24

El principio de congruencia impone que exista correspondencia entre la acción promovida y la sentencia que se dicte. Y esto fija los límites del juez, cuyo decisorio no puede recaer o versar sobre algo no reclamado o sobre un hecho que no ha sido propuesto para su decisión. El magistrado puede, en el mejor de los casos, suplir el derecho pero no la deficiencia o error en el planteo de la acción; no puede pronunciarse sobre cosas no planteadas ni pedidas, dada la regla esencial de la correspondencia que debe existir entre la acción y la sentencia.
Medidas cautelares, depósito judicial, contracautela
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Torre Eddie Julio c/ Vezio Tiezzi s/ Acción de Depósito Judicial. Torre Eddie Julio c/ Vezio Tiezzi s/ Acción de Depósito Judicial.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-11-21|1996-11-21

La situación planteada -solicitud de depósito judicial obras de arte por el autor- no encuadra estrictamente en los casos previstos en forma expresa por el Código de Procedimientos, no obstante ello resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 232 del Código Procesal Civil y Comercial que adoptara una previsión general, que en forma flexible y con el fin de asegurar el derecho que se pretende, faculta al Juez para decretar el aseguramiento que mas se adecue a los matices peculiares del caso, con prescindencia de que el legislador lo haya o no instituido expresamente. El custodio judicial se encuentra sujeto a las responsabilidades civiles y penales que le son inherentes, y pese al carácter cautelar de la medida, no resulta menester el ofrecimiento de la contracautela.

Nótese que lo que admite es que las obras que se encuentran en poder del demandante estén a disposición del Juzgado y debidamente individualizadas.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Toufar de Rizola, Margarita c/ Muller, Guillermo F. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-07

La portación de la prueba no constituye una obligación procesal sino una carga desde que la omisión de probar, pese a la regla del onus probandi, no lleva aparejada sanción alguna y a lo sumo, el litigante omiso se expondrá al peligro de no formar la convicción del juez y a la perspectiva de una sentencia desfavorable.-
Concurso ideal, falsa denuncia, defraudación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Viñas, Gabriel Carlos s/ Falsa denuncia y defraudación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-15

El delito de falsa denuncia concurre materialmente con la defraudación intentada sobre la base de esa falsedad no obstante la relación de medio a fin que pudiera existir entre ellos.
Sentencia, nulidad de sentencia, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Caputo, Juan L. c/ Aceros Bragado SAICIF s/ Quiebra, indem., por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24

Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido el fallo cuya fundamentación es sólo aparente siendo que la suerte del pleito ya se encontraba definida en la etapa previa del veredicto y sin que los magistrados pudieran apartarse de lo ya "decidido" sin sustento legal alguno, desde que estaba cancelada toda posibilidad de disenso en el estadio procesal siguiente del fallo al dictarse la sentencia, en donde corresponde la aplicación del derecho.
Actualización monetaria, oportunidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: De la Cruz Agustina Amalia c/ Clotet Javier Omar s/ Desalojo y Cobro de Alquileres - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-03-14

En cuanto a la oportunidad para introducir la "pretensión pesificatoria", entendemos que es amplio el criterio que consagra el art. 8° del dec. 214/02, al hablar de "solicitud" de cualquiera de las partes "al momento del pago".- Por ello es que concluimos que el pedido de pesificación de la deuda articulado en la expresión de agravios, no es tardío ni inoportuno.-
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Barbulovic, Norma Beatriz; Almeida, Jorge Rodolfo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26

Debe anularse de oficio la sentencia que al ocuparse del cuerpo del delito resolvió por un lado que la muerte de la víctima ocurrió "por múltiples hemorragias meningeo-cefálicas" y por otro que la omisión de alimentos y atención médica también ocasionaron el deceso. Esta última decisión es incompatible con la referida al cuerpo del delito, en la que no se advierte el intento de expresar que la muerte obedeció a la suma de todos los factores en común. Y ello descalifica el pronunciamiento recurrido pues no sólo impide definir lo que se tuvo por cuerpo del delito sino que dificulta el conocimiento de los recursos interpuestos pues son distintas las consideraciones atingentes según el homicidio consistiera en haber dado muerte a golpes o en haberlo hecho mediante golpes y privación de alimentos y de atención médica.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SCHMALENBERGER, JORGE A. c/ PORTA, DANIEL HORACIO Y/O MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL INTERPUESTO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA FE- INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS- APELACION LEY 12036 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 264 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03

Tratándose de abrir una tercera instancia, el legislador sólo la autoriza respecto de las sentencias definitivas, y por tales se entienden las que dirimen la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación, o sea, como lo expresaba la Ley de Partidas, aquélla 'que quiere tanto decir como juicio acabado que da en la demanda principal fin, quitando o condenando al demandado'. En efecto, 'es característico de la sentencia definitiva -como sostenían Imaz y Rey- que después de dictada, el derecho discutido no puede volver a litigarse'.
Propiedad horizontal, partes comunes, cochera
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. ALVEAR 1385 c/ SALINAS, Juan José s/ CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO DE COPROPIEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-26

El estacionamiento de un automóvil por parte de uno de los consorcistas en un sector de uso y propiedad común, destinado al tránsito y a la realización de maniobras, en lugar de utilizar el espacio correspondiente a la cochera de su propiedad, implica una conducta que atenta contra el correcto funcionamiento de las relaciones comunitarias, al estar en oposición con los límites y restricciones impuestos, tanto por el reglamento de copropiedad del edificio, como por el régimen de la ley 13.512.-
Requerimiento de elevación a juicio, auto de procesamiento, nulidad absoluta
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GUASTONI, Natalia Soledad. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-04

El requerimiento de elevación a juicio, aún en causas delegadas, supone el dictado del auto de procesamiento, como claramente se desprende de las disposiciones del art. 346 del código ritual.

El requerimiento de elevación a juicio carente de un auto de procesamiento previo conduce a una invalidez que no reviste el carácter de relativa, por manera que la situación procesal de los imputados debe ser resuelta mediante el dictado de procesamiento o sobreseimiento.

Por ello, y según lo resuelto por esta Cámara, procede confirmar el auto que decreta la nulidad del requerimiento de elevación a juicio formulado.
Daño moral, publicación periodística
Materia: CIVIL
Carátula: Inchauspe, Pedro Arnaldo Mario c/ Grupo H S.A. Y Otro s/ Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-12

Corresponde resarcir el daño moral, ya que la lesión a su honor, el aislamiento, la ansiedad, el insomnio o el desánimo que experimentó el actor como consecuencia de la difusión de la información calumniante en una nota periodística, son elementos con clara incidencia extrapatrimonial.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, bien jurídico protegido, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: Oliden Carrazana, Gelson S. s/ Estupefacientes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-11

Debe ser incriminada la tenencia de estupefacientes pues ésta es un eslabón de la cadena del negocio de la adicción y la exteriorización de la explotación de la necesidad químicamente provocada, que trasciende de la esfera individual al salpicar a la salud pública, por las características que conlleva esta modalidad delicitiva siendo ésta la política criminal judicialmente adoptada ante tal conducta.

El ilícito investigado es calificable, como de peligro abstracto, y vulnerante del bien jurídico "salud pública", subsistiendo el peligro mientras la sustancia conserve sus facultades y sea apta para el consumo.
Beneficios previsionales, empleados públicos, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Castro de Depetris, Juana del C. c/ Provincia de Catamarca y/o I.P.S.S. y/o I.P.S.S. Residual s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, de  Anulación o Ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-10-12

Si la actora ha efectuado los aportes jubilatorios -mientras se desarrollaba la relación laboral- en base a la categoría que revestía y, como consecuencia de una recategorización operada a los fines previsionales, pasó a cobrar un haber superior al sueldo que percibía y por el cual no efectuó aporte alguno, tal situación fáctica se encuentra expresamente contemplada en la legislación aplicable -art. 25 2do. párrafo de la ley 4620- ya que surge evidente que se ha operado una recategorización del agente a los fines jubilatorios. Por lo tanto, el beneficiario debe cargar con los aportes patronales y personales por la diferencia entre la categoría anterior y la obtenida, por el tiempo en que desempeñó el cargo de mayor jerarquía.

Para determinar el aporte personal, corresponde que se aplique el porcentaje previsto en el art. 23 inc. b) de la ley 4094, puesto que el beneficio se obtuvo en base a un cargo fuera del escalafón ordinario previsto para los empleados de la Administración Pública, y para fijar el aporte patronal, deben aplicarse las previsiones del art. 25 de la misma ley, por tratarse de un beneficio especial, otorgado por tareas insalubres, que exige requisitos y condiciones diferentes a los fijados para los casos mencionados.

Por lo tanto, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción planteada contra el Decreto que formuló cargo por aportes patronales de un 4% mensual sobre el beneficio liquidado, reduciéndolo al 2%.
Nulidad de sentencia, acta de debate
Materia: PENAL
Carátula: Farfán, Maximiliano y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-15

Corresponde rechazar la nulidad de la sentencia por falta de adecuada documentación del debate, toda vez que el acta de debate cuestionada fue suscripta por las defensas de los imputados, sin que haya constancia de cuestionamiento alguno al contenido de la misma y además, el impugnante no alega, ni alcanza a demostrar que hubiere solicitado la inclusión de las declaraciones y referencias que dice omitidas en el acta y que su petición haya sido denegada.
Incidente de recusación, denegatoria del recurso, Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: Torossian, Ángel c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Torossian, Ángel s/ 6.1.52 - estacionamiento prohibido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

La recusación planteada por la recurrente debe ser rechazada toda vez que la sola invocación genérica de la garantía de imparcialidad y el derecho de defensa no implica que la oportuna intervención de la Sra. jueza como miembro de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adoptando decisiones -en causas distintas a la sub examine- dentro del ámbito de su competencia establecidas por ley, puedan ser entendidas como justificativos válidos para que la magistrada, actual integrante de este Tribunal, no ejerza sus funciones. (Del voto de los jueces Inés. M. Weinberg, Alicia E. Ruiz y Santiago Otamendi).
Recurso extraordinario, plazo
Materia: PENAL
Carátula: Pennington, Héctor Omar s/ Robo calificado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-26

Si la Cámara dispuso que se hiciera saber al defensor la reserva formulada por el detenido, el término para la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley comenzó a correr desde el día en que el defensor supo -útilmente- la intención del procesado de recurrir. (MINORIA U OPINION PERSONAL)