marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, impuestos, repetición de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Melnyk S.A. (TF 14486-I) c/ D.G.I..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-18

Los honorarios profesionales no pueden ser considerados accesorios del tributo porque la causa de aquellas obligaciones "está dada por el servicio prestado por un profesional en el marco de un proceso judicial, por lo que no resulta del objeto de la obligación ventilada en la litis ni de la relación con el sujeto pasivo de aquella" (CSJN in re "Moschini", del 28/7/94). Es por ello que los honorarios pagados por la actora no pueden quedar comprendidos en el término "accesorios" utilizado por el art. 81 de la ley 11.683 y no resulta la vía utilizada apta para reclamar la devolución de las sumas abonadas por quel concepto. Por lo demás, dentro de la propia ley se distingue el rubro "accesorios del impuesto" del de "costas", no incluyendo este último concepto al acordar la acción de repetición (confr. art. 93 y 81, 1er. párrafo de la ley 11.683). (Cons. IV)
Hurto, apoderamiento
Materia: PENAL
Carátula: S., D.G. s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-06-12

El verbo apoderarse que utiliza el Código Penal en su artículo 162, contiene -aparte de la definición objetiva de la acción- es decir, tomar una cosa para someterla a su propio poder, para disponer de ella, un aspecto subjetivo que vendría a constituir la contracara de una misma moneda. Esta faz subjetiva está determinada por el propósito concurrente de desapoderar al sujeto que tiene la cosa, al mismo tiempo que el autor se apodera de ella para realizar posibles actos de disposición. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño moral, indemnización, filiación, hijo extramatrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: G. C. c/ B. R. C. s/ FILIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-12

En el presente en los cuales se reclama indemnización en concepto de daño moral por falta de reconocimiento de paternidad extramatrimonial, considero que a los fines de su cuantificación corresponde -siguiendo los criterios o pautas sentadas por la jurisprudencia a partir del primer precedente que hizo lugar a la pretensión resarcitoria como la señalada (cfr JUZG Civ Y Com 1ra Instancia Nro 9 San Isidro E.N c G.F.C.N; ED 128-332 con nota aprobatoria de Bidart Campos, German "Paternidad extramatrimonial no reconocida voluntariamente e indemnización por daño moral al hijo: un aspecto constitucional") tomar en consideración diversos aspectos como son: la edad de quien pretende el reconocimiento, el tiempo transcurrido has la declaración de filiación, la conducta procesal asumida por la parte en el litigio, la posibilidad de daño psicológico dadas las circunstancias del caso, que el progenitor este vivo o muerto, la concurrencia del hijo a establecimiento educativo, la situación social de los contendientes, que los sujetos de la relación indemnizatoria no son terceros o extraños sino partes que finalmente se vincularan como padre e hijos.
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: DETTLER RAUL ORLANDO c/ FRIGORIFICO REGIONAL SANTA ELENA S.A. Y/O EURO MARCHE S.A.Y/O FRIG. RIOPLATENSE S.A s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-07-31

El actor debía probar acabadamente la responsabilidad del empleador en la producción de su enfermedad y, en su caso, determinarse cual fue la incidencia del trabajo, si la hubo. No existen dudas que el actor padece una tuberculosis pulmonar que lo incapacita en un 90 por ciento y que la misma le ha causado lesiones que serían irreversibles, pero si cabe afirmar que no hay una demostración medianamente creíble que ha sido el mismo trabajo realizado por el actor el que le ocasionó la misma.
Denegatoria del recurso, mejor derecho, embargo, falta de fundamentación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: ANDERLIQUE, HECTOR FABIAN c/ NOIRAT, SANTIAGO JOSE s/ LEVANTAMIENTO DE EMBARGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-06-26

La Alzada para arribar a la conclusión respecto de la denegación del incidente incoado, remarcó básicamente que de las constancias del expediente y sus agregados por cuerda, surgía que el recurrente conocía la situación dominial del inmueble, es decir la existencia del embargo preventivo trabado sobre el mismo, y en tales condiciones lo había aceptado conforme los expresos términos consignados en las respectivas escrituras públicas del contrato de cesión de derechos y acciones sobre el inmueble y del contrato de compra y venta del mismo. De manera que no puede invocar con posterioridad a tales actos un mejor derecho que el del acreedor embargante, basándose sólo en la posesión del inmueble durante una considerable extensión de tiempo. Este razonamiento central suficientemente expuesto por los sentenciantes, no fue rebatido por el recurrente, lo que sella la suerte del recurso en trato.
Responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: T. SA c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-11

La Constitución Provincial en su art. 60 ha prescripto que el Estado garantiza la plena reparación de los daños causados por error judicial sin otro requisito que su demostración.- Mas no hay norma adjetiva específica, que discierna respecto de la competencia en estos supuestos, ni en general para atender los pleitos que procuran hacer efectiva la responsabilidad del Estado, debiéndose acudir a analizar la singularidad de la materia litigiosa, pues será ésta la que en cada caso ha de conducir al establecimiento, bajo la égida de estimar si la cuestión está principalmente o preponderantemente regida por el Derecho Público Constitucional o Administrativo, o bien por el Derecho Privado.
Empleo público, personal transitorio, contratación sucesiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: D'ANGIULLI, Olimpia María c/ E.N. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-18

La transitoriedad inherente no queda borrada por más que la relación de empleo se prolongue en el tiempo, ya que su transcurso no es idóneo para trastocar de por si la situación de revista de quien se desempeña como agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso del poder administrador (ver C.S.J.N. in re "Rieffolo Basilotta" del 5/2/87, "Jasso" del 30/6/87, "Filgueira de Alvarez" del 20/10/87, "Vidal Castro" del 22/12/87, "Gil" del 28/2/88).
Sentencia, sentencia penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal c/ Araya, Ernesto s/ Estupro - Casación (Libro: S095B-310)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-04-06

Lo que la ley prohibe bajo pena de nulidad es que la motivación sea contradictoria o que falte simplemente (art. 433 incs. 2º y 3º del C.P.C.); pero por contradictoriedad de la motivación debe entenderse incoherencia en le proceso lógico y discursivo del juzgador, es decir, que no haya correspondencia entre la conclusión y las premisas.
Accidentes de trabajo, derecho de opción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Paz de Escalada, Lila Beatriz c/ Telecom Argentina Stet y/u otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-04-28

La opción prevista en el art.16 de la Ley 24.028, permite elegir la vía civil o laboral, no permite las dos en forma simultánea. Es decir, ambos sistemas de responsabilidad son excluyentes y la iniciación de una acción judicial importa la renuncia al ejercicio de las acciones y derechos, y al reclamo de las indemnizaciones que pudieran corresponderle en virtud del otro. (Minoría u opinión personal)
Enfermedad accidente, relación de causalidad, concausa
Materia: LABORAL
Carátula: DE TORO DE CIARLO c/ SIHER  S.R.L. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-28

Toda actividad constituye un factor negativo en la salud de quien resultó ser portador de una anomalía orgánica no detectada, imposible de detectar o que tuvo súbita aparición. Ese cuadro mórbido latente no establecido con anterioridad, debe necesariamente ser revelado por consecuencias directas y específicamente imputables a las condiciones laborales cumplidas. Pero cuando éstas no lucen definida y notoriamente como desfavorables a los normales standarts de salud del dependiente y no existe factor externo de irrupción violenta en el cuerpo de la víctima, la prueba que se puede aportar para establecer la relación concausal debe necesariamente apreciarse con estricto criterio, para evitar legitimar intereses que aparecen en un contexto probatorio contrario a las pretensiones actorales.
Asociaciones civiles, personería jurídica, objeto de la asociación, bien común
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

La ley exige un requisito positivo: el "objeto principal" de la asociación debe estar orientado al bien común (art. 33 del Código Civil); no basta, pues, una mera exigencia negativa consistente en que ese objeto no sea contrario o nocivo al bien común.
Procedimiento laboral, desplazamiento de la competencia, competencia laboral, juicios universales, concursos, orden público
Materia: LABORAL
Carátula: "Chamorro, Darío y otros c/ Boeing S.A. s/ Despido" .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

Las modificaciones introducidas por la ley 26086 (BO 30884 01/04/06) en el texto de los arts. 21, 132 y 133 de la ley de concursos y quiebras, no permiten vacilación alguna en el sentido que los juicios laborales quedan exceptuados del desplazamiento de competencia que provoca el juicio universal "salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispuesto por el art. 32 y concordantes". La mencionada modificación legislativa resulta de aplicación inmediata, según se infiere de los términos de la claúsula transitoria contenida en el art. 9 de la ley citada. (del Dictamen del Fiscal General 42207 del 09/05/06, al que adhiere la Sala). TOQ.1198. En igual sentido,Sala VII, S.I. 56959 del 06/06/06 "Díaz Martínez, Juan c/ Sanatorio Quintana S.A. s/ Despido" (V.-P.-) Sala IX, S.I. del 28/04/06, Spina, Leonardo c/ Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. y otro s/ Despido. Sala X, sent. 14337 26/05/06 "Paiba, Alejandro c/ Comarcom S.A. s/ Despido".
Espionaje, tareas de inteligencia
Materia: PENAL
Carátula: Melo, Facundo y otros c/  s/ incidente de recusación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-07-03

La actividad criminal investigada se habría desplegado sobre un número aún no determinado de dirigentes políticos, sindicales y sociales y periodistas, entre otras personas, y varias de las víctimas han ocupado y/o ocupan en la actualidad altos cargos en el Senado y/o en la Cámara de Diputados de la Nación, o bien son integrantes de los poderes ejecutivos nacional, provinciales, municipales u ocupaban lugares de conducción en comisiones directivas de distintas organizaciones sindicales de manifiesta relevancia e incidencia en la política nacional. Las tareas de inteligencia y espionaje ilegales materia de investigación se habrían realizado con el objeto de influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos políticos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión, asociaciones o agrupaciones legalmente constituidas.
Interpretación de la ley, contexto interpretativo
Materia: CIVIL
Carátula: Partido del Trabajo y del Pueblo s/ reconocimiento    de  personería  jurídico  política  de  distrito  -  Córdoba.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12

La hermenéutica de la ley debe integrarse a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico, y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios axiológicos, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente disvaliosas.
Pago, prueba, recibo, imputación de pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: GUIBOR  S.A.I.C. c/ JOSE ADERA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15

Mediando recibo por el que se imputa el pago sin reservas al capital adeudado y al plus por retardo resultante de una nota de débito, debe desestimarse el reclamo posterior de parte de la deuda supuestamente pendiente por ser dicho pago cancelatorio de la misma (CCIV 624).
Recurso de apelación (procesal), inactividad procesal, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Díaz, Roberto de la Cruz c/ Luna, Juan Francisco y Bosio S.R.L. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-04-13

La apertura de la segunda instancia o de las instancias extraordinarias es la resolución que concede el recurso. En efecto, interpuesto algún recurso por ante algún órgano superior, el plazo de caducidad de la instancia comienza a correr desde el otorgamiento de aquél, siendo de incumbencia del recurrente a partir de ese momento la carga de urgir la remisión del expediente con el consiguiente riesgo, en caso contrario, de que se opere la caducidad. Ello sin perjuicio de que, no toda vez que se encuentre abierta una instancia, la inactividad procesal que durante ella se verifique determinará su caducidad. Esta última no se produce cuando el proceso está pendiente de alguna resolución y la demora en dictarla es imputable al órgano.
Concursos, acuerdo preventivo, impugnación del acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARROS, CLAUDIO s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-25

Cabe rechazar la impugnación del acuerdo preventivo planteada por un acreedor, con fundamento en la causal de exageración fraudulenta del pasivo a efectos de la obtención de las mayorías legales, evidenciada por la declaración de admisibilidad de cierto crédito, en razón de no existir elementos de prueba suficientes para tener por acreditada la existencia del crédito. Ello así, pues la admisibilidad de tal acreencia aún no se encuentra firme, toda vez que se halla en trámite el incidente de revisión promovido por el mismo acreedor impugnante. No obstante ello, y aún en el caso de que la revisión llegara a prosperar y el crédito fuera rechazado, no se advierte de todos modos, que la previsión de la ley 24522: 36, en cuanto dispone que la resolución general de los créditos es definitiva a los fines del computo en la evaluación de las mayorías y base del acuerdo, genere el perjuicio invocado. En efecto, ya que este crédito carece en rigor de entidad suficiente como para comprometer los presupuestos esenciales de legitimación del acuerdo, por sus características no resulta susceptible de afectar la composición sustancial de las mayorías exigidas por el ordenamiento legal, desde que representaría menos del 6% del pasivo computable.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lupo, Mirta Edith c/ Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-16

La no atención médica oportuna y presta "decisiva en estos casos", según uno de los peritos, necesariamente -en la terminología del art. 520 del Cód. Civil- aparejó la muerte, absorbiendo, si se quiere, la relación de causalidad antecedente que podía tenderse entre la enfermedad y un 15 por ciento de probabilidad de muerte. No ha de vacilarse en comprender que la inmediatez a que se refieren los arts. 520 y 903 del Cód. Civil, esa proximidad sin que nada medie entre aquella omisión de la debida prestación médica y el luctuoso resultado final, traduce una presunción de causalidad a nivel de adecuación, que muda el cuadrante que gobierna la carga de la prueba.
Inspección General de Justicia, plan de ahorro previo, pago, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: HECTOR A. DEMETRIO c/ ASORTE  S.A. s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

La regla del art. 4 de la resolución 8/82 de la I.G.J. -que prohibe el ajuste de las cuotas con efecto retroactivo- en modo alguno empece la posibilidad de que cada una de las cuotas en que se divide el plan pueda ser reajustada en consonancia con la evolución de los precios de los automotores. Es válida la resolución del citado organismo que declaró irregular la liquidación de las cuotas de un suscriptor en infracción a la norma de referencia.
Revocación de sentencia, excepción de incompetencia, economía procesal, privación de justicia, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vanney, Eduardo Jorge c/ Huarte SACIF. y C. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la demandada ya que admitir dicha declinatoria iría en desmedro del principio de economía procesal y del buen servicio de justicia, irrogando en consecuencia un perjuicio de imposible reparación ulterior (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt, Gustavo A. Bossert y Adolfo Roberto Vázquez).
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernandez, Daniel Esteban c/ Nazarre S.R.L. s/ Ejecución - Embargo preventivo Cooperativa de Prov. Elec. Serv. Pub. Viv. y Cred. de Mar del Plata c/ Tempone J. M. y/o Prop. y/o poseedor Tít. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-30|1997-05-06

Los intereses compensatorios fijados en la Ordenanza Municipal General Nº 165/73, deben fijarse en el 6 por ciento anual, manteniéndose los punitorios en el 2 por ciento mensual.
Embargo, levantamiento del embargo, medidas cautelares, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Armendariz, Miguel Angel s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

Si el embargo se anotó en un proceso a pedido de un juez, su levantamiento corresponde al magistrado que dictó la medida. En efecto, las medidas cautelares dado su carácter accesorio, son de competencia del juez que interviene en el proceso donde se actúa el derecho asegurado; y esto es así, precisamente, por residir en la esfera cognoscitiva de dicho magistrado los elementos que hacen a la viabilidad de su traba, modificación, sustitución o levantamiento (doct. arts. 6 inc. 4°, 196 del CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ciudadanía por naturalización, derechos políticos, idioma nacional
Materia: PENAL
Carátula: Chen Xuebao c/  s/ solicitud de carta de ciudadanía
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-28

Si bien es cierto que los requisitos para acceder a la ciudadanía están reglamentados, ello no determina que sea irrazonable exigir la acreditación de un recaudo que constituye un presupuesto implícito e inherente a la naturaleza del derecho cuyo otorgamiento se pretende (Corte Suprema, doctrina de Fallos 211:376 y 295:209). De acuerdo con esa inteligencia, las tres Salas de esta Cámara se han pronunciado en el sentido de que el conocimiento del idioma nacional es una exigencia implícita de los derechos políticos, puesto que asume el carácter de imprescindible para su efectivo ejercicio (esta Sala, causas 6707/92 del 27-11-92, 5392/93 del 22-9-93 y 5455/12 del 11-12-2012; Sala 1, causas 286 del 7-7-89, 7402/10 del 19-5-2011 y 4088/11 del 13-9-2011; Sala 2, causa 4197/11 del 24-11-2011).
Recurso extraordinario de nulidad, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Minz, Jorge c/ Ortiz de Rozas, Marta s/ División de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-26

Devuelta por extemporánea la expresión de agravios de uno de los apelantes, corresponde declarar expresamente en la sentencia la deserción del recurso y si así no lo hace, omite el tratamiento de una cuestión esencial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Licitación pública, competencia provincial
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Arenera Pueyrredón S.A. c/ AUSA S.A. s/ s/amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de    inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-07

Autopistas Urbanas SA es una sociedad a la que el Estado local le ha encomendado el ejercicio de determinadas funciones administrativas y, a tal fin, le ha delegado por ley ciertas potestades públicas, de modo que si a través de la presente acción de amparo se pretende que se deje sin efecto la licitación pública llamada por AUSA, en virtud de lo establecido en los artículos 48 de la ley 7, 1 y 2 de la ley 189 y 7 de la ley 2145, este amparo es una causa contencioso administrativa en cuyo conocimiento debe entender la justicia local. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhieren las Sras. Juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde).
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: ELIAS, Oscar A. - QUINTOS, Guillermo B. s/ Falsificación de documento público e infracción al D.L. 6582/58
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-01

No es admisible dicha vía si no se proclama conflicto alguno entre la Carta Magna y las normas provinciales que se afirman infringidas en una sentencia -norma de carácter particular y para el caso concreto-, pues no hay normativa general atacada de inconstitucionalidad, según el art. 349 Inc. 2° del C.P.P.: leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Hurto, principio de insignificancia, valor del bien, prueba, estado de necesidad, revocación del sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MOLINA, Daniel Walter. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-30

La norma penal no efectúa distingo alguno en lo atinente al valor venal de la cosa sustraída. Por el contrario, privilegia el derecho de propiedad en cabeza del propietario o tenedor de los objetos desapoderados.

El valor patrimonial de la cosa coincide estrictamente con su valor económico, en cuanto éste se entienda como valor de uso o cambio; la cosa puede carecer de valor para cualquier persona que no sea su propietario, pero en cuanto esté actualmente incorporada a su patrimonio, tiene valor patrimonial.

Por consecuencia, el valor, en las cosas, no es efectivo y deducible de criterios subjetivos, sino más amplio, pues basta con que sean susceptible de tener valor de uso o de servicio, inclusive de afectación, tal como lo demostraría, por un lado, la tenencia del objeto por parte de la víctima, y, por el otro, la voluntad de apropiación puesta de manifiesto por el imputado.

El principio de insignificancia resulta incompatible con las exigencias de la seguridad jurídica al dejar la delimitación de los casos de bagatela en manos exclusivas de la doctrina y la jurisprudencia, con lo que la aplicación por parte del interprete generaría incertidumbre, ya que la dogmática se asienta en puntos de vista lógicos pero muy personales, mientras el problema no sea reconocido y limitado por el legislador, permanecera al ámbito de lo muy debatible.

Ello en cuanto el problema del valor de lo sustraído debe trasladarse a la penalidad, donde se podrá examinar lo razonable de la pena, lo cual no puede hacerse en la etapa de instrucción, sino que el único requisito para procesar a un sujeto es el sospecharlo autor de una conducta típicamente antijurídica.

Por tanto, y sin perjuicio que se deberá practicar un amplio informe ambiental a fin de dilucidar si el incuso obró en estado de necesidad, corresponde revocar el auto que decretó el sobreseimiento del imputado en orden al delito de hurto.