Tribunal: Tribunal del Trabajo Nro 3
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-27


¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Y en base a los siguientes antecedentes:

1º - Que a fs. 215/229, se presenta "A. C. M.", en representación de Regino Vitelio Funes, Julio Alcides Cabrera, Alejo Abregú, Luis Fernando Mejías Navarrete, Valentín López, Gregorio Roberto Luna, Raúl Benito Altamirano, Pedro Celestino Acuña, Bernardo Joaquín Sosa, Carlos Enrique Rearte, Oscar Enrique Rearte. José Clemente Rearte, Juan Carlos Vázquez, Antonio Alberto Vázquez, Jorge Rafael Vázquez, Adán Antonio Tello, Rosario Miguel Otero, Tomás Antonio Yano Orellana, promoviendo demanda contra Miguel Gotelli, por cobro de las sumas que cada uno de ellos indica, en base a la fecha de ingreso y jornal percibido; y en concepto de Fondo de Desempleo, S. A. C. 84/85; Vacaciones 85; asignaciones familiares e indemnizaciones de arts. 13 y 18 de la ley 22.250 (Rev. D. T., 1980, p. 1071); y en caso de aplicarse la L. C. T. (Rev. D. T., 1976, p. 238), las indemnizaciones por despido y preaviso. Manifiesta que los actores trabajaron en relación de dependencia, en las fechas que indican, en la estancia propiedad del demandado, efectuando siempre trabajo de albañilería, comprendidas en la ley 22.250 o en la L. C. T., en la construcción de boxes para caballos de polo y otros, de una cancha de polo, viviendas, pileta de natación, casa con cochera y entrada para autos, y otras construcciones tipificadas en la ley 22.250, y en subsidio por la L. C. T. Agrega que el demandado les pagaba un 20 % menos de lo que por salarios oficiales de convenio les correspondía; jamás se le pagó aguinaldo, tampoco vacaciones ni asignaciones familiares, rubros que se incluyen en la demanda. En cuanto al horario de trabajo lo era de 7.30 a 12, y de 13 a 17 hs. de lunes a viernes, y de 7 a 13 hs. los sábados.

El contrato es siempre por tiempo indeterminado, y no han sido contratados los actores para una obra determinada ni por tiempo determinado, ni ha existido contrato de trabajo eventual. En la estancia del demandado se estuvo trabajando desde hace mucho tiempo, y por momentos lo hacían más de 100 personas.

El demandado ha negado la relación laboral con los actores según surge de los telegramas remitidos; no daba duplicados de recibos, aunque éstos estaban indebidamente confeccionados. Ya sea por aplicación de la ley 22.250 o la L. C. T. los actores tienen derecho a las indemnizaciones y demás conceptos que reclaman. Expresando que los actores se han considerados despedidos como consta en los telegramas acompañados. E inclusive luego del egreso, se continuó tomando gente para los mismos trabajos y aun se sigue trabajando. Practica liquidación, por ambas leyes reclamadas. Y se hace un detalle específico por cada actor, con sus categorías laborales, fecha de ingreso; situando la negativa de trabajo para el mes de abril de 1985, y los despachos intimatorios, respuesta y considerándose despedidos con posterioridad -meses de mayo y junio 1985-; se exceptúa el caso del obrero Acuña Pedro Celestino, que la negativa fue anterior; y Yano Orellana, quien trabajó hasta el 26/7/85, considerándose despedido en agosto 1985. Se efectúa liquidación para cada uno de ellos, en base a los dos regímenes legales invocados. Se ofrece prueba se presta el juramento del art. 39 de la ley 7718. Se funda el derecho en L. C. T., en defecto de que lo sea la ley 22.250. Y se solicita se haga lugar a la demanda, con más la actualización monetaria intereses y costas.

2º - Corrido traslado, se presenta a fs. 262/265, Miguel Gotelli, por derecho propio, y patrocinado por "C. A. R.", contestando la demanda instaurada, y solicitando su rechazo, con costas. Niega los hechos invocados, así como la aplicación de la ley 22.250 y Ley de Contrato de Trabajo. Niega especialmente que los actores hayan trabajado en relación de dependencia para el demandado, que hubieran efectuado trabajos comprendidos dentro de la ley 22.250 o en la L. C. T.; niega las liquidaciones y reclamos salariares. Dice que como resulta habitual en todo predio rural, periódicamente se fueron realizando diversas tareas de remodelación, mejoras y/o construcciones nuevas, en la lógica medida que la situación económica lo permitiera. Dichas obras fueron encargadas en forma discontinua, aislada e individualmente previstas y diseñadas en función de las necesidades coyunturales. De tal modo requirió el concurso periódico de trabajadores, para trabajos determinados, de modo que al concluir éstos, también cesaba la vinculación y se le abonaba al trabajador lo convenido por su prestación. Así se fueron realizando algunos trabajos, y también algunos de los denunciados en la demanda, los que se efectuaban en forma individual, y no como si se tratara de una continuidad en serie, propio de la industria de la construcción. Aclara que todas ellas fueron efectuadas en su predio rural y sin solución de continuidad; así para el verano encargó la construcción de la pileta de natación, para el invierno parte de la ampliación de la vivienda existente, y luego la construcción de otra vivienda para huéspedes y familiares en general; haciéndolo con participación de la mano de obra de trabajadores.

Por ello, y en función de lo dispuesto en art. 2º, inc. h) de la ley 22.250, la misma no resulta aplicable, ya que no es empleador de la industria de la construcción. Tampoco es aplicable la Ley de Contrato de Trabajo, ya que los actores no han trabajado bajo relación de dependencia; se ha contratado con personas la realización de algunas obras concretas para su propiedad, pero no teniendo ningún conocimiento ni trato personal con los demandantes, negando que lo hayan sido los actores. De cualquier modo la contratación fue con vistas a una obra determinada y por un plazo obviamente determinable con la conclusión de la misma. En esa inteligencia la contratación lo ha sido dentro de la locación de obra y/o contrato de trabajo eventual. Resalta la ausencia de requisitos de dependencia laboral, falta de subordinación jurídica y económica, de dirección, de disciplina, y la falla de continuidad. En cuanto a la forma de la remuneración se determinaba de antemano en relación directa a cada obra, efectúan doce pagos semanales a cuenta y un pago final.

Destaca la inconsistencia de la demanda, en cuanto a su fundamento, en la disyuntiva expuesta, al intentar por un lado sus pretensiones según la ley 22.250, y por otro lado las disposiciones de la L. C. T. Por ello entiende que la acción carece de toda legitimidad, incurriendo en "abuso de derecho". Indica no estar obligada a llevar libros contables, y se opone a la producción de la pericia contable. Impugna las liquidaciones, y rechaza las categorías laborales invocadas. Ofrece prueba, y la amplía en otrosí digo; solicitando se informe que es el titular del inmueble sito en Tristán Suárez, Pdo. de E. Echeverría, designado según plano 30-221-84, y como parcelas 316 u; 316 v; 316 W. Nomenclatura catastral: IV rural, parcelas 316 u, 316 v, 316 W.

3º - Tramitado los autos, ante el Tribunal del Trabajo Nº 2 de Lomas de Zamora, éste dicta sentencia y llegados los autos a conocimiento de la Suprema Corte de esta Provincia por recurso de inaplicabilidad interpuesto por la parte actora, dicho Tribunal, declara en fecha 7/2/89, nulos de oficio el veredicto y la sentencia dictada; por lo que integrado el Tribunal con los jueces del Tribunal del Trabajo Nº 3 de la jurisdicción, se procede a renovar la audiencia de la vista de la causa la que se celebra a fs. 481, y previo alegato de los letrados, que dan los autos en estado para dictar veredicto y sentencia.

El doctor Natiello dijo:

1º - La relación laboral y el encuadre legal: a) El presente caso exhibe características muy especiales, ya que la demanda invoca las leyes 22.250 o en subsidio, la ley de contrato de trabajo, ley 20.744 reformada por la 21.297-t. o. dec. 390/76; y el accionado, en cuanto a la 1º manifiesta no ser empleador de la construcción, y que lo que en obra significó la relación con los accionantes era la excepción legal de "vivienda del propietario"; y en cuanto a ello y lo demás, desconoce la relación laboral, pretendiendo excusarse en que realizaron "trabajos determinados".

La circunstancia de que el veredicto establezca claramente la realización de tareas, correspondientes a prestaciones personales de los actores, en sus respectivas especialidades de oficial, medio oficial o ayudante, expresiones vinculadas a la construcción de las obras en las que intervinieron; así como la percepción de jornal hora, liquidado semanalmente, la recepción de órdenes e instrucciones, el contralor realizado de sus trabajos, el cumplimiento de horario, etc., nos dan una serie de elementos que así estimados en conjunto, no cabe duda que estamos en presencia de una relación de trabajo subordinada, con aspectos de subordinación jurídica y económica. Los actores realizaron trabajos de su especialidad, a órdenes, con jornal, horario, etc.; ninguno de ellos estaba en condiciones de ser "propio empresario" -no se invoca tampoco-.

Admitida pues, la relación de trabajo subordinada, correspondía al accionado justificar la excepcionalidad de la misma, o la característica de eventual, discontinua o transitoria; lo cual no ha hecho. Más allá de que la actora, probó eficientemente su postura de contrato o relación laboral. Y existiendo declaración jurada, por aplicación del art. 39 de la ley 7718, cabe desestimar todo intento de parcializar la prestación de servicios, quedando, en definitiva, ésta aceptada conforme lo indica, detalladamente la demanda. Tampoco aporta el accionado, como se vio prueba alguna, en respaldo de sus defensas, no conformando tal actitud la "carga probatoria a su cargo" -art. 375 del Cód. Procesal.

Ha dicho la S. C. B. A. "Habiéndose acreditado la existencia de la relación de trabajo subordinado, su lapso de duración y la naturaleza de las tareas desempeñadas por el trabajador, resulta de aplicación respecto al monto y al cobro de remuneraciones la inversión de la carga probatoria que consagra el art. 39 del dec.-ley 7718" (Causa L. 34.492, "Lizarraga c/ Mahioli" -9/4/85- D. J. B. A. 23/10/1985);

También la S. C. B. A. expresa "La existencia de remuneración es un elemento característico, entre otros, del contrato laboral" (L. 31.370, del 28/9/82, Doct. de Fallos set. 82, p. 13);

"El cumplimiento de tareas en un establecimiento empresario en beneficio de éste es una circunstancia calificativa de la relación laboral subordinada del trabajador con dicha empresa, quedando configurada la dependencia jurídico-personal, con las prestaciones personales en provecho de la empresa, cumplidas de acuerdo a las propias disposiciones y conveniencias de esta última" (CNTrab., sala II, 31/8/76 ?Ortiz P. c/ Apholos?, L. T. XXVII, 936). "Hay dependencia laboral entre las partes y por ende contrato de trabajo, cuando existen la dependencia económica y la dependencia jurídica personal o subordinación" (CNTrab., sala IV 29/5/81 ?Pellegrini c/ Cía. Argentina S. A.". Fallos citados por Fernández Madrid-Caubet. "Leyes y jurisprudencia del trabajo", Carpeta 2 Jurisprudencia, "Contrato de trabajo", Régimen General, 11-21).

En definitiva, cabe concluir que ha existido -en el caso- la relación laboral de carácter subordinada, dentro de los lapsos y características que indica la demanda, ofreciendo en cada caso, la remuneración, fecha de ingreso y egreso, los telegramas, y la categoría de todos los actores, sin que las reiteradas invocaciones de las defensas argüidas por el accionante, hayan podido ser comprobadas, o adquieren carácter de prueba en contrario, o mínimamente puedan atribuir un carácter contradictorio.

b) El encuadre legal: Destacada ya la característica del presente caso, la aplicación del derecho vinculante, es problema de decisión; ya que la actora invoca dos dispositivos: Obreros de la Construcción, o simplemente la ley de contrato de trabajo;

Ha dicho reiteradamente la S. C. B. A., y el suscripto invoca expresamente dicha doctrina legal "Los magistrados deben aplicar el derecho a los hechos invocados o probados, aunque aquél no hubiese sido alegado o lo fuere erróneamente" (L. 36.331 del 26/8/86, Doct. fallos ag. 86, p. 12). "Corresponde a los jueces el encuadramiento legal del caso, con prescindencia del derecho invocado por las partes? (L. 32.444 del 24/8/84, y L. 33.327 del 31/8/84 - Doct. de Fallos ag. 84, p. 14).

Idénticamente, la S. C. B. A. expresa "Conforme el principio iura novit curia es atribución de los jueces de terminar el encuadramiento legal del caso fáctico, con prescindencia del derecho invocado por las partes" (L. 33.626, del 4/6/85, Doct. de Fallos, junio 85, p. 9). Otros antecedentes: Ac. 29.591, del 13/7/82.

Asimismo se ha destacado "El exceso ritual manifiesto es inconciliable con el adecuado servicio de la justicia" (I. 1166 del 27/9/83 - Doct. de Fallos, nob. 83, p. 18).

Ubicados dentro de esa función judicial, cabe aquí dejar debidamente aclarado que las situaciones fácticas han sido debidamente acreditadas, conforme lo refleja el veredicto y el punto anterior, en el sentido de relaciones laborales, categorías, fecha de ingreso, egreso, remuneraciones, etc.; por lo que no se altera en modo alguno la relación procesal, sólo cabe adecuar el respaldo legal.

En tal sentido, cabe desestimar el planteo de la demanda, en cuanto a su primer aspecto, es decir la aplicación del Estatuto de Obreros de la Construcción, por no darse las circunstancias que incluye el art. 1º de la ley 22.250, es decir no estamos en presencia de empresario de la construcción, más allá de que haya construido las obras que relaciona el veredicto, en un predio rural, y que las categorías de los operarios coincidan con las normales de la especialidad. No es necesario hacer jugar, según entiendo, la excepción por la vía del art. 2º inc. b) ley citada, referida a "vivienda individual", ya que las obras realizadas en ámbito rural, han excedido las que normalmente o excepcionalmente, pueden así calificarla, por más "lujosa" que ella sea. En el caso se trata del medio rural, en la amplitud de parcelas, con "estancia", y construyéndose viviendas inclusive para huéspedes, boxes para caballos, cancha de polo, galpones para forrajes, etc.

En definitiva, en ese aspecto, el suscripto desestima la aplicabilidad de la ley 22.250, y por ende, decaen los reclamos que contiene la demanda, en cuanto a Fondo de Desempleo, diferencia de haberes, indemnizaciones o sanciones de arts. 13 y 18 de la mencionada ley.

En cuanto a la aplicabilidad de la ley de contrato de trabajo, 20.744, según reforma por ley 21.207 -t. o. dec. 390/76, el suscripto interpreta, que como se verá más adelante, estamos en presencia de una relación de partes regida por el Régimen Nacional del Trabajo Agrario, según ley 22.248 (Rev. D.T., 1980, p. 1031), y las consecuentes y adecuadas resoluciones de la Comisión Nacional del Trabajo Rural; y dicho régimen en la ley aprobatoria, art. 3º incorpora al art. 2º del Régimen de Contrato de Trabajo, la no aplicación de las disposiciones de éste, agregando el inc. c) A los trabajadores agrarios.

Así pues, decaen los reclamos formulados en base al dispositivo legal de la ley de contrato de trabajo; y quedan en su consecuencia a consideración el sostén en derecho de las relaciones laborales, efectuadas por los actores, con sus especialidades, en un medio rural.

Y es así que, sin romper el principio de congruencia que debe existir en todo pronunciamiento, no modificando la relación procesal de autos, ya que las posiciones de las partes quedan respetadas, en cuanto a los hechos, y los detalles de orden fáctico, hacen que sin ningún problema de discusión o duda, se pueda "aplicar el derecho aunque éste hubiera sido erróneamente invocado o no lo hubiere sitio" entendiendo que corresponde a los jueces, el encuadramiento legal, más allá de lo invocado o alegado por las partes.

En tal sentido, pues, me decido, en el caso, por la actividad o el medio en que ella pueda realizarse y se realizó efectivamente, como quedó demostrado a través del veredicto sobre los hechos, tratándose de inmueble rural de una extensión de 200 hectáreas.

Las actividades efectuadas en el medio rural se rigen por la ley 22.248 (B. O. 18/7/80), y leyendo a Carlos H. Luparia, "Régimen del trabajo rural", Ed. Astrea, 1981, ps. 66/67, podemos suscribir en coincidencia conceptos trabajador rural es aquel que desarrolla su actividad habitual y preponderantemente en un medio agrario, y en especial aquel que trabaja en relación de dependencia o por cuenta ajena? El trabajador rural es, pues, el sujeto del contrato agrario de trabajo, y como tal se refiere al servicio, faena, tarea o trabajo propio de la actividad agraria, motivada por ella o conexa a ella". El comentario incluye también la jurisprudencia, mencionando la S. C. B. A. que dijo en algunos fallos que "aunque las tareas participen de características comerciales e industriales, propiamente dichas, se estará ante un peón de campo, si el ambiente donde se cumplen las tareas es rural, correspondiendo a los jueces establecer si el medio en el que trabaja el obrero tiene las características agrarias y por lo tanto calificar a aquél como peón de campo." S. C. B. A. 29/5/51, J. A. 1951-4, p. 48, y Dig. LL V-1213, sum. 8610", citados por el doctor Luparia.

Menciona asimismo las diferencias habidas, referidas al anterior "estatuto del peón": ecológico o geográfico, y el profesional o jurídico "Para el concepto ecológico o geográfico no puede haber actividad laboral rural fuera del ámbito territorial del campo" para el otro concepto, incluso puede realizarse fuera de él. Y mencionando a Nápoli, sostenía que la fórmula para considerar al trabajador rural, era omnicomprensiva, tanto del criterio ecológico como el jurídico, integrada por siguientes elementos: 1º Trabajo realizado en el ámbito rural; 2º dependencia temporal o permanente del trabajador, es decir existencia de contrato laboral" y 3º realización de labor propia del campo.

Complementando lo ya expuesto, nos remitimos al veredicto en el que destacábamos que la actividad del accionado, en las tareas de la construcción, en la que intervinieron los actores, era de tipo agrario -por el medio- o lo era afín o conexa con ella; y así pudimos diferenciar lo que podría ser una finca de tipo rural, con la que construía el accionado, con casas o dependencias de huéspedes, boxes para caballos, y cancha de polo.

Considerando quo las partes, no han ubicado el problema dentro de este régimen, el suscripto quiere aclarar, además, que las especialidades de los accionantes, y/o similares, tiene su correspondencia a las resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, inclusive a partir de la vigencia de la ley, res. 1234, del 28/7/80, cuando al establecer las categorías laborales, incluye entre éstas a "albañiles, carpinteros, herreros, pintores" -ver D. T. año 1980, ps. 1064 y sig., y en su art. 7º relaciona lo que pudieran percibir los dependientes incluidos en ella, de que los salarios básicos fijados, no podrán implicar en caso alguno, rebaja de remuneración.

Puede, pues, concluirse, que en autos, descartadas las leyes 22.250, y R. C. T. t. o. dec. 300/76; y desechada la defensa patronal de inexistencia de relación de dependencia, el encuadramiento fehaciente se da a través de la importancia de la obra en el medio rural, "estancia", con una extensión acreditada de 200 hectáreas, sita en inmueble designado según plano 30-221-84 como parcelas 316 u; 316.v.; 316. w. e inscripto el dominio a favor del demandado Nom. Cat. IV Rural: matrículas 26.509; 26.510 y 26.511, Tristán Suárez, Partido de Esteban Echeverría -ver informe Reg. Propiedad Pcial.-, fs. 334337; y que por lo tanto, debemos ubicar las relaciones de partes dentro de la ley 22.248;

2º - La ruptura del vínculo laboral y rubros indemnizatorios, salariales y beneficios legales.

a) Existencia, pues, contratos de trabajo, referidos a actividades agrarias o complementarias o conexas con ella -art. 2º de la ley 22.248, debemos determinar que rigen para el caso de los actores, cuya antigüedad, larcas y remuneración está perfectamente determinada- salvo las correcciones que en su momento efectuaremos; los derechos y beneficios:

Vacaciones: Art. 19, de 10 días corridos cuando la antigüedad no supera los cinco años; art. 20 si no totalizare el tiempo mínimo, lo será en forma de 1 día cada 30 de trabajo; la remuneración se divide, la mensual por 25 días -art. 22- y en su art. 23 al producirse la extinción, debe abonarse una indemnización sustitutiva de las vacaciones no gozadas;

Remuneraciones: Cap. III, serán fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, las que no podrán ser inferiores al salario vital de ese momento; y en el caso de autos consideran de los que se han determinado en la demanda, y han sido recepcionados en el veredicto, sin prueba en contrario; debemos entender que se superaba dicho límite, ya que el S. M. V. M., a abril 1985 era de A 36.614. Y en autos debemos extraer de la demanda, y que luego volcaremos en las liquidaciones, que: Oficiales A 60.253; medio oficial A 56.237; y ayudantes A 53.600. Por lo que no resultando de autos, diferencia de haberes a favor de los accionantes, en este aspecto la demanda decae y será rechazada.

Sueldo anual complementario: -art. 41 - se abonará en dos cuotas, correspondientes a los semestres que finalizan el 30 de junio y 31 de diciembre de cada año; y sobre las remuneraciones devengadas, y art. 42, lo será proporcional, en caso de extinción del contrato.

Indemnizaciones por ruptura del vínculo El cap. IX trata de la extinción del contrato de trabajo agrario, y el art. 69 dispone que "cuando el trabajador resolviere el contrato de trabajo fundado en injuria del empleador, tendrá derecho a la indemnización que fija el art. 76", y éste lo señala para casos de despido sin justa causa, la de (1) un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mayor remuneración mensual, normal y habitual; y con más un incremento del 20 % cuando la antigüedad fuere de hasta 10 años.

En el caso de autos, se produce la ruptura del vínculo laboral dependiente, por las circunstancias de la existencia de una negativa de trabajo o despido verbal, como aluden los telegramas de los actores, en su mayoría enviados corriendo el mes de mayo 1985, y atribuida la negativa a fines de abril de ese año.

A la aludida causal, se agrega la que resulta de la contestación de la demanda, en sus despachos de respuesta de desconocimiento de la relación laboral; por lo que actuaron fundados en derecho al considerarse despedidos, en sus posteriores despachos.

La injuria inferida, resulta pues de importancia sustancial y hacia de imposible continuación el vínculo: por un lado la negativa de trabajo o despido verbal, a lo que se suma la negativa de relación laboral, ambos configuran motivos de gravedad para dar por rescindida la relación, con derecho a indemnizaciones.

Adviértase también que la respuesta del accionado, está referida al aspecto jurídico, pero no cuestiona la situación de hecho: negativa de trabajo, cuando tenía obligación de expedirse -arts. 918 y 919 del Cód. Civil-.

Declaro así finalmente, que la ruptura del vínculo laboral dependiente que unió a los actores hacia el empleador agrario demandado, ha estado suficientemente fundada; y le corresponden en su consecuencia la indemnización establecida en el art. 76 de la ley 22.248.

Documentación laboral En su capítulo VII, art. 122 y siguientes ley 22.248, se establece la obligatoriedad del libro especial, con la nómina completa de personal; y deberá instrumentar todos los pagos mediante recibos con las formalidades que indica el art. 124.

La falta de ellos -como en el caso- hace viable, como ya se dijera la aplicabilidad del art. 39 de la ley 7718, existiendo juramento prestado por la parte accionante. Y como se vio en el veredicto, y se reitera, los jueces apreciarán la eficacia probatoria de los recibos de pago que no reuniesen los requisitos legales; y en tal sentido, se insiste en que la documental agregada por la demandada, no le atribuye idoneidad suficiente para enervar el apercibimiento del art. 39 citado, y sus consecuencias en cualquier aspecto de la litis.

Asignaciones familiares:

Para la procedencia de los rubros que por tal concepto reclaman los accionantes, y que aparecen acreditadas con las partidas y certificados agregados a la demanda, lo fundo en lo dispuesto en la ley 18.017 (Rev. D. T., 1975, p. 221); a la obligación patronal incumplida en el caso, que fija el art. 3º inc. c) ley 22.161 y concs.; y conforme sumas reclamadas en la demanda.

Actualización monetaria Todos los rubros que resulten de condena, deben ser actualizados, desde que emana la obligación hasta su efectivo pago, de conformidad con lo determinado en la ley 23.616 (Rev. D. T., 1988-B, 2171), aplicable a todo crédito proveniente de las relaciones individuales del trabajo, y sustituye la ley 22.311 (Rev. D. T., 1980, p. 1783).

Salarios por enfermedad.

Es el caso del actor Adán Antonio Tello, y la enfermedad es normada a través de arts. 47 y 50, entre otros ley 22.248; por un período de tres meses, por antigüedad inferior a 5 años. En el caso se justifica su estado de enfermedad, en el período 29/1/85 al 18/3/85, según informe de fs. 296 a fs. 332, con tuberculosis pleural, habiéndosele efectuado biopsia. Por telegrama del 22/5/85 -fs. 113/114- el actor deja incluido en su reclamo los salarios por enfermedad, no mereciendo una respuesta negativa en tal aspecto; por lo que atento la naturaleza de la afección que puede ocasionar serios inconvenientes en cuanto al aviso, y la postura adoptada por el empleador, de negar todo beneficio laboral; me decido por la procedencia del reclamo, atento la clara intimación sin respuesta - arts. 908 y 909 del Cód. Civil-;

3º - Liquidaciones y su actualización:

1) Regino V. Funes: A 32.582; 2) Julio A. Cabrera: A 30.761; 3) Alejo Abregú: A 22.269; 4) Luis F. Mejía Navarrete: A 30.278; 5) Valentín López: A 40.540; 6) Gregorio R. Luna: A 20.569; 7) Raúl 3. Altamira-no: A 41.552; 8) Pedro C. Acuña: A 8.300; 9) Bernardo J. Sosa: A 43.011; 10) Carlos E. Rearte: A 23.603; 11) Oscar E. Rearte: A 20.018; 12) José C. Rearte: 13) Juan C. Vázquez: A 15.426; 14) Antonio A. Vázquez: A 16.092; 15) Jorge R. Vázquez: A 9.958; 16) Adán H. Tello: A 19.788; 17) Rosario M. Otero: A 10.888; 18) Tomás A. Yano Orellana: Total general: A 412.473, suma que incluye, como está reiterado la actuación por depreciación monetaria a los índices de precios al consumidor, vigentes al 30/4/89.

Dichos importes llevarán intereses al 8 % anual (art. 622 del Cód. Civil), los que serán liquidados a la fecha de este pronunciamiento; es decir importando el paso de 4 años, un 32 % de aquel total; y que asciende a la suma de australes ciento treinta y un mil novecientos noventa y uno (A 131.991), los que serán distribuidos en la proporción pertinente para cada actor (art. 48 de la ley 7718);

4º - Decisión final Conformado a todo lo expuesto precedentemente, la demandada se rechaza en cuanto a los reclamos y montos peticionados por conceptos derivados de aplicación de la ley 22.250, y del régimen general de la L. C. T. 20.744, mod. 21.297, R. C. T., t. o. dec. 390/76; en tal sentido se rechaza la demanda;

Se condena al accionado Miguel Gotelli, a pagar dentro del plazo de 10 días, beneficios e indemnización, S. A. C. y vacaciones, conformado al dispositivo legal que el Tribunal declara aplicable, Régimen Nacional de Trabajo Agrario, ley 22.248 y correspondientes disposiciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario; tal cual fuera expresado en la decisión en derecho precedentemente. La suma resultante es de A 412.473 por capital y A 131.991 por intereses; ello sin perjuicio de reajustes ulteriores, en ambos rubros;

Costas El suscripto, entra a considerar los valores eventuales de haber prosperado la demanda según pretensiones de la actora, que el perito informa actualizado a julio 86, en fs. 369, y que son llevados a valores del 30/4/89; merituando los montos que arroja la condena de autos, que importan aproximadamente un 33 % de aquellos; de conformidad pues a lo dispuesto en art. 19 de la ley 7718, y art. 71 del Cód. Procesal, considero justificado su distribución prudencial en proporción al éxito obtenido.

En tal sentido, pues, propongo que las costas sean soportadas por la demandada, en un 33 % -treinta y tres por ciento-, y por la actora, en el restante 67 % -sesenta y siete por ciento-, acogiendo a ésta a los beneficios del art. 22 de la ley 7718.

Por ello, a la cuestión única, así lo voto.

Los doctores Ramó y Liñares, por los mismos fundamentos, adhieren al mismo, y votan a la cuestión única en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acuerdo por unanimidad, firmando los jueces, por ante mi que doy fe.- Dardo N. R. Natiello. - Beatriz L. Ramó. - Ricardo A. Liñares.