marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Santoro, Guillermo c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de las Ciencias Farmacéuticas s/ Demanda contencioso administrativa Nannei, Magdalena Amalia y otros c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de las Ciencias Farmacéuticas de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24|1994-08-02

No acreditado por el actor el perjuicio alegado como fundamento de la demanda, ésta debe ser desestimada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sucesiones, fuero de atracción, partición
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ribaya, Nicolás y Otros s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-12

"El fuero de atracción del juicio sucesorio perdura hasta que se practique y apruebe la partición de bienes".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, Derecho laboral, despido indirecto, injuria laboral, reincorporación, conservación del empleo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ANDRES, HUGO ERNESTO c/ TRANSPORTE SAN GERONIMO S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-05

Luego de analizar los elementos de convicción colectados en la causa, la Sala señaló que, vencido el plazo de licencias remuneradas por enfermedad inculpable que venía cursando el actor, la patronal reservó el puesto sin goce de haberes, sin pedir el trabajador la reincorporación de tareas ni acreditar el alta médica, sino que apresuradamente intimó el pago de supuestos salarios adeudados sin la debida individualización, por lo que concluyó que la falta de pago de los salarios que podrían estimarse reclamados por el trabajador no deriva de un incumplimiento contractual del empleador, sino que acaeció habida cuenta de la reserva del puesto de trabajo dispuesta; y frente a esta razonada y motivada línea argumental, el quejoso opone su particular apreciación de la causa, agraviándose de la selección y valoración del plexo probatorio que efectuó aquélla, en orden al reclamo salarial invocado como causal del despido indirecto. (Del voto de los Dres. Erbetta y Falistocco)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, costas, apartamiento de las constancias de la causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Kalnisky, Roberto c/ Mitre, María Elena del Rosario. s/ imposicion de costas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

Si bien, como regla, lo atinente a la imposición de costas, constituye, por su carácter fáctico y procesal, materia propia de los jueces de la causa y, por tanto, ajena a la vía del art. 14 de la ley 48, este principio debe ceder excepcionalmente, cuando el fallo no satisface las exigencias de validez de las sentencias, de ser derivación razonada del derecho vigente con adecuada referencia a las constancias de la causa (Disidencia parcial del Dr. Antonio Boggiano).
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Turismo Zonda S.R.L. y Otro s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-10

Como principio de carácter general, constituyen actos interruptivos de la caducidad toda "petición de las partes, o resolución o actuación del tribunal que tuviese por efecto impulsar el procedimiento".
Acción de amparo, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Badone Fernando José s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-22

Corresponde a la competencia contencioso administrativa todos los conflictos inherentes a la relación de empleo público, incluidos el régimen del personal docente que está sometido a un estatuto especial.
Juez de ejecución, cuestiones de competencia, medidas de seguridad curativas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Redondo, Rolando Daniel s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

Si bien no se encuentra expresamente previsto qué tribunal debe intervenir en lo que concierne a la medida curativa prevista por el art. 18 de la ley 23.737, lo cierto es que ésta resulta, en lo que a su contralor se refiere, similar a lo que acontece en cuanto a las medidas de seguridad. Sentado ello, cabe señalar que el art. 30 del código ritual prevé que el Tribunal de Ejecución conocerá de los asuntos establecidos en el Libro V del mismo cuerpo legal, el cual, a su vez, en el Capítulo III establece en su art. 511 que la ejecución provisional o definitiva de una medida de seguridad será vigilada por el Tribunal de Ejecución, y asimismo en el art. 512 se expresa que el órgano judicial competente, al disponer la ejecución de una medida de seguridad, impartirá las instrucciones necesarias al juez de ejecución y fijará los plazos en que deberá informársele acerca del estado de la persona sometida a la medida o sobre cualquier circunstancia de interés. Por último, el art. 29 de la ley 24.050 remite al art. 30 del C.P.P.N. al establecer los supuestos en los que conocerán los Juzgados de Ejecución.
Procedimiento administrativo, recursos, acción, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sujonitzki, José c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.). s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

La firmeza de un acto administrativo, en armonía con el principio que fluye de los arts. 14 y 29 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo actualmente aplicable, impide que la Suprema Corte conozca el fondo del asunto y, por consiguiente, constituye un obstáculo para habilitar la instancia judicial.
Juicio correccional, lesiones graves, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Portero, Federico Esteban s/ Recurso de Queja por Casación denegada deducido por el Dr. Luis Armando Gandini c/ Interlocutorio Nº 2/11 de Expte. Nº 046/11, en causa Portero, Federico Esteban p.s.a. Lesiones Culposas Graves - El Rodeo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-03

El Juez Correccional resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por el defensor del imputado por Lesiones Culposas Graves.

Contra dicha resolución, el letrado dedujo Recurso de Casación el que, mediante Auto Interlocutorio, fue declarado improcedente por no existir sentencia definitiva.

Si bien el control de la decisión que no hace lugar a la suspensión del juicio a prueba fue incorrectamente denegado, después de estudiar los agravios invocados por el recurrente, observamos que, con arreglo a la conocida doctrina de esta Corte (que sostiene que la decisión que no hace lugar a la suspensión del juicio a prueba, por sus efectos, puede ser considerada como sentencia definitiva), los mismos no son idóneos para conmover la estabilidad de la primigenia decisión del a quo, negativa de la suspensión del juicio a prueba.

Es que, como surge de las constancias de las requeridas actuaciones principales de la solicitud de la defensa de "Suspensión del juicio a prueba" el interviniente Juzgado Correccional corrió la vista debida al Ministerio Público Fiscal, en tanto su audiencia resultaba indispensable por la vinculación del tema con el ejercicio de la acción penal del que ese Ministerio es el indiscutible titular.

A esa consulta, la Fiscal contestó con fundamentos que remiten a los motivos esgrimidos por el legislador para excluir del Instituto a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, y a la función preventiva que esa pena tiene en atención al interés general.

En esos términos, la oposición fiscal se ajusta a los principios de razonabilidad y legalidad y, por ello, resultaba vinculante para aquel Tribunal, de conformidad con las consideraciones efectuadas sobre el tema en los mencionados precedentes de esta Corte (S. 4/08; 23/09; 34/09, 7/10; S.20/10), a las que cabe remitir para evitar repeticiones innecesarias, por razones de celeridad y de economía procesal Por los fundamentos expuestos, corresponde no hacer lugar al recurso de casación deducido.
Audiencia de debate, información sumaria
Materia: PENAL
Carátula: Aguilar, Ramón s/ Queja en: Aguilar, Ramón y otro s/Violación reiterada, calificada por  el vínculo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-03-23

En lo que se refiere al planteo de la nulidad de la sentencia, debido a la exclusión de su defendido del debate, cabe se#alar que si bien la norma del art. 350 CPP se refiere a la situación según la cual cuando se haga salir a los imputados "el Presidente del Tribunal podrá alejar de la Sala de Audiencias a los que no declaren... debiendo informarles sumariamente de lo ocurrido durante su ausencia", las características del proceso oral impiden conocer con exactitud si tal premisa se cumplimentó en acta, toda vez que del acta de debate no surge con claridad cuándo se produce el reingreso de los imputados, ni si en tal momento se los informa sumariamente sobre lo acontecido, ni existe constancia de que la defensa percatada de tal anomalía haya procurado se cumplimente la misma. Podría deducirse de la ausencia de constancia al respecto que: o tal falencia no se concretó, o que la misma ni siquiera fue advertida por el Sr. Defensor, quien debía velar por el respeto de las garantías constitucionales que hacen a la debida defensa y a la participación del imputado en juicio; por ello deviene improcedente la alegación del agravio al respecto como habilitante del recurso que se pretende.
Robo seguido de homicidio, robo con armas, homicidio preterintencional
Materia: PENAL
Carátula: Grieco, Guillermo P. s/ Recurso de casación Causa n. : 2140.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-03

No puede decirse que el homicidio importe un hecho fortuito ajeno por completo a la conducta del imputado, único supuesto que autorizaría a dejar de lado la figura agravada del artículo 165 del Código Penal. Si el acusado estaba perpetrando con indiscutible dolo el delito de robo con armas y al menos con manifiesta temeridad, coparticipó en un tiroteo durante su ejecución y se produjo la muerte de una persona ajena al episodio, la muerte era previsible y directamente está vinculada con la comisión del robo.
Transporte de estupefacientes, prueba, falsedad ideológica, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Agüero, Alejandro Daniel Alberto y otros c/  s/ recursos de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-03

El delito de transporte de estupefacientes no requiere, como elemento subjetivo, la intención de comercialización del material ilícito transportado, o la acreditación de que quien transporta lo hace con la intención de participar de una cadena de tráfico de dichas sustancias, o transportar dicho material hasta su destino -sea éste final o intermedio-. Las específicas circunstancias del caso - en el que fue transportado un total de 1662,35 kilogramos de marihuana por el territorio nacional- permiten tener por acreditado el efectivo desplazamiento de la droga. Situación que resulta suficiente para acreditar la consumación prohibida y sancionada del "transporte" por la figura en cuestión, no resultando relevante en el caso, a los fines de descartar la consumación del delito de transporte de estupefacientes, que el material incautado no haya llegado a su destino final. Respecto del delito de falsificación ideológica de instrumento público corresponde señalar que únicamente puede insertar en el documento público las declaraciones en pugna quien tiene el poder jurídico para extenderlos -en este caso el personal policial actuante-, y que la declaración es falsa cuando lo consignado en el documento tiene un sentido jurídico distinto del acto que realmente ha pasado en presencia del fedatario y que él debió incluir como verdad de la que debe dar fe, como ha ocurrido en autos. En el caso los recurrentes intervinieron efectivamente en la confección del acta prevencional que se encuentra ideológicamente viciado. Tomaron parte en la confección del acta en la que se insertaron aquellos datos conocidos por ellos como falsos y que dicho documento se encontraba destinado a acreditar, ratificando todo ello mediante su firma. Es más, los ejecutores pertenecían todos a la misma fuerza preventora a cargo del procedimiento, quienes por su función policial conocen cómo deben elaborarse dichos documentos públicos y la importancia que revisten, así como también sus efectos. Dichos funcionarios conocían exactamente cómo habían ocurrido los hechos y aun así decidieron involucrarse en la confección del documento público, dándole aparente validez a los hechos falsos volcados en él. Así, los recurrentes no actuaron como simples agentes externos y ajenos a la confección del documento, sino que efectivamente intervinieron en el mismo dando fe de hechos que no habían ocurrido del modo que allí se consignaba. En particular queda en evidencia la falta de referencia a la detención y posterior evasión de Agüero y Villalba, y a la presencia de otros vehículos distintos al camión "Iveco" hallado en el lugar, como el utilitario Partner y el camión Mercedes Benz, que se llevó parte del cargamento, todos hechos que el documento en cuestión debía consignar y que estaba destinado a probar. Gemignani- Hornos- Borinsky
Bono federal, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Paupie, Patricia Liliana y otros c/ Estado Provincial s/ Acción de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-19

El Decreto Nro. 5190 establece poner a disposición, en forma optativa, el cobro total de los haberes devengados o a devengarse a los agentes estatales, tanto activos como pasivos, en bonos (Federal y/o Lecop y/o cualquier similar emitido por la Nación). El supuesto carácter "optativo" no es tal ya que no se brindan otras soluciones o alternativas que permitan al afectado hacer la supuesta "opción"; implica una dilación de los pagos sine die, salvo que medie su percepción -con atraso- a corto o mediano plazo sólo en "bonos", imponiéndose sobre el derecho a percibirlo en dinero el estado de necesidad que obliga al asalariado a su recepción en tan irregular forma, calificable de compulsiva por las circunstancias apuntadas. Una vez más, cabe realizar la ponderación práctica de las razones que permiten aseverar con énfasis que la opción no es tal y que en el marco de la Ley Nro. 9359 se realiza el pago íntegro en "Federales", sin posibilidad de optar por otra modalidad que permita la percepción del 50% en dinero. El 20% en efectivo, no comprendido en el crédito bancario, correspondiente a octubre/01 fue satisfecho a varios meses de su exigibilidad, los haberes del segundo semestre del sueldo anual complementario´01 para aquellos remunerados estatales que no han querido someterse al régimen del "plan aguinaldo" instrumentado por Decreto Nro. 3752 no ha sido percibido. El carácter optativo aparece desvirtuado si se tiene en cuenta que los emolumentos se reciben a través de cajeros automáticos y con significativo atraso, imponiéndose en la mayoría de los casos el cobro íntegro en "Federales" para atender los asalariados necesidades básicas, satisfacer obligaciones impostergables, sustentarse junto a su grupo familiar, con limitaciones al tener que hacerlo con el "Federal". Ello contraviene la regla moral que para todo el derecho argentino han acuñado los arts. 953, 1071 y concs. del Cód. Civil (Cfme. in rebus: Sala Penal S.T.J. "Alem, M. c/ Mun. de Larroque s/Ac. de Amparo", L.S. 1992, Fª 336; "Barezzi, C. c/ S.G.P.E.R. - Ac. de Amparo", 19-02-93; "Aguirre, J. c/ S.G.P.E.R. - Ac. de Amparo", 24-02-93, entre muchos otros). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley de servicios de comunicación audiovisual, constitucionalidad, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

La revocación de las licencias de radiodifusión que se operaría en caso de no declararse inconstitucional el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 no puede solucionarse mediante una indemnización, pues se encuentra en juego el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión, razón por la cual no cabe aplicar al presente la jurisprudencia del Tribunal en materia de responsabilidad del Estado por actividad lícita (Del voto en disidencia parcial del Dr. Maqueda).
Recusación con causa, recusación por prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz Romero, María del Carmen Beroiza de c/ Córdoba, Provinciade y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-13

No constituye prejuzgamiento el comentario que no tuvo por marco la ponderación de una cuestión litigiosa determinada en una causa en trámite, sino que consistió en una mera referencia informativa acerca del resultado de las sentencias y votos emitidos por el magistrado con anterioridad, con la expresa salvedad de la falta de compromiso de su juzgamiento.
Responsabilidad del Estado, aplicación de la ley, daños y perjuicios
Materia: Administrativo - Civil
Carátula: Contreras de Ñanculeo, Juana Francisca y otras c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-08-08

Probada la existencia del daño y su autoría por autoridad o ente administrativo -sea personificado o que goce de la personalidad genérica del Fisco- y demostrada la relación o nexo causal que media entre la acción u omisión estatal y el daño en cuestión, surge la obligación de resarcir. No obstante, tratándose ésta de materia perteneciente al campo de Derecho Público, la carencia de normativa específica condujo a la aplicación por orden subsidiario, de las reglas del Derecho Civil, no siempre aptas para la solución en justicia de los problemas planteados. De allí que la doctrina, si bien acepta sin hesitaciones en nuestros días la responsabilidad de la persona jurídica estatal, teoriza y hasta discrepa sobre sus fundamentos jurídicos, presupuestos, requisitos y-o condiciones para imponerle la obligación de resarcir el daño.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Puente de Pucheta, Ema c/ Hospital Vecinal de Lanús s/ Daños y perjuicios Sosa, Miguel c/ Hospital Interzonal de Agudos de Berisso s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25|2002-05-14

La responsabilidad del profesional médico se encuentra sujeta a los mismos principios de la responsabilidad en general, debiendo asumir la misma cuando se acredita la falta de los deberes esenciales que el ejercicio profesional le impone sea por imprudencia, impericia o negligencia, como por omisión de diligencias correspondientes a la naturaleza de la obligación, por lo que la demostración de la culpa incurrida es indispensable.
Costas, reconvención
Materia: PROCESAL
Carátula: Moro, Silvana Noemi y otro c/ Cabrera, Julio Roberto y otra s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-11-20

Si la perención de la instancia de la acción principal se extiende a la reconvención, en razón del deber de impulso también a cargo de la parte reconviniente, las costas del proceso principal deben imponerse por su orden.
Debido proceso, garantías procesales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D., E. E. y otro c/ CONSORCIO DE PROP. EDIF. "L. T." s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-02

Una de las garantías del debido proceso consiste en el marco que tiene la judicatura para no introducir alegaciones o cuestiones de hecho sorpresivamente, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa; por ello la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa, es ineludible exigencia de principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez. Superando este marco, se produce el quebrantamiento del principio de congruencia (arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 6° CPCC).
Daños y perjuicios, indemnización, daño estético, trabajador manual
Materia: CIVIL
Carátula: D'ABRANO RAUL c/ EMPRESA DE TRANSPORTES GENERAL ROCA s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-08

No es válido el argumento que la actividad de un operario manual no requiere ineludiblemente el tener el rostro limpio de toda cicatriz, para negar la indemnización por daño estético a la víctima de un accidente.
Sustanciación del recurso, recurso de queja (procesal), recurso de inconstitucionalidad, incidentes, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: SOCMA AMERICANA S.A. c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (comercial) en Correo Argentino SA S/ concurso preventivo s/ incidente de recusación con causa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-23

Corresponde rechazar la queja dado que el recurso de inconstitucionalidad carece de una fundamentación mínima que justifique tramitarlo, al tiempo que resulta manifiestamente inadmisible. La decisión de tener por inadmisible la recusación de la jueza ante la primera instancia, no es, en sí, una sentencia definitiva, en tanto no resuelve un pleito, no impide su continuación, y ni siquiera examina las causas de la recusación. Todo ello, con apoyo en fundamentos de hecho y derecho no Constitucional, ni federal, cuya arbitrariedad no viene demostrada. Y la decisión cuestionada, por procesal, carece de relación directa con las garantías invocadas por la recurrente para equiparar la decisión impugnada a una definitiva. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Seguros, póliza, interpretación del contrato, incapacidad laboral, incapacidad total, incapacidad permanente, exteriorización de la incapacidad, cuestiones de hecho y prueba
Materia: COMERCIAL - LABORAL
Carátula: SIMI ADOLFO AURELIO c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGUO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

La exteriorización de la incapacidad total y permanente durante la vigencia del seguro es una cuestión que aunque roza aspectos vinculados con la interpretación de los términos del contrato respectivo (dentro de este marco admitimos que no era una exigencia contractual que el asegurado hubiera tenido licencias por enfermedad durante el lapso previsto), se nutre fundamentalmente de matices de hecho, que varían en cada caso y que, por lo tanto, son de indispensable valoración cuando se trata de resolver el litigio.

(Del voto del Dr. Pérez Delgado).
Expropiación, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Durrels de Hernandez, Maria T. c/ Fisco de la Pcia. de Bs. As. s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-29

Surge explícitamente de los arts. 8, 9 y 35 de la ley 5708 que no pueden considerarse ganancias hipotéticas y que el valor de los bienes debe estimarse por el que hubiera tenido si la obra no hubiese sido ejecutada, ni aún autorizada.
Acto administrativo, presunción de legitimidad, buena fe, sistema republicano
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Actuar Agrupación Consultores Técnicos Universitarios Argentinos S.A. y otros c/ Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

Constituye un interés general, el que tiene la comunidad en que las gestiones de la administración pública -sean realizadas por sí misma o mediante la colaboración de los particulares- se encuentren presididas por el respeto a la buena fe, a la ética, y a la transparencia que hacen nada menos que a la forma republicana de gobierno.