marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, semáforo
Materia: CIVIL
Carátula: Mourrat, Rodolfo c/ Chávez, Carlos s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-25

Si bien en relación con el tema del juzgamiento de conductas vinculadas con la violación de señales de semáforos, carecen, en principio, de relevancia las presunciones legales y de otro tipo que habitualmente se emplean para arribar a conclusiones acerca de la existencia de culpa en uno u otro conductor pues lo decisivo es determinar cual de ellos violó la indicación lumínica, ello no invalida el que, en ausencia de prueba respecto del estado de la señal puede en ciertos casos juzgarse sobre la base de otros elementos de juicio que autoricen a considerar suficientemente demostrada la falta de atención o dominio del vehículo por su conductor o la existencia de alcoholemia que influyera en su comportamiento o el deficiente mantenimiento del vehículo con influencia causal en la producción del accidente.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, abogados, aportes previsionales, jus previsional
Materia: PROCESAL
Carátula: Tartaglia, Néstor Raúl y otra c/ Baquero, Eduardo José. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

Los arts. 13 de la ley 6716 (t.o. según art. 5 de la ley 10.268) y 7 de la ley 8480 de la Provincia de Buenos Aires sólo prevén - ante la falta de presentación del depósito en favor de las cajas previsional y profesional correspondientes a los letrados - el mandato para el juez actuante de no dar trámite alguno a las peticiones formuladas con esa omisión, sin que de dichas normas se desprenda que corresponda el desglose de la pieza respectiva para su devolución a la parte (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Divorcio contradictorio, juicio de alimentos, representación procesal, poder especial
Materia: PROCESAL
Carátula: D'A. DE G.O. c/ G.R.J. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-21

Para promover el juicio de separación o divorcio, lo mismo que para contestar demanda, reconvenir o tomar intervención no se requiere mandato especial; basta el general para asuntos judiciales, puesto que el caso no está comprendido en el art. 1881 del Código Civil, cuya enumeración es de interpretación restrictiva.

Aun cuando no se siguiera dicho criterio, debe tenerse presente que la realidad indica que ante la importancia excepcional de las presentaciones en juicio se tratará de evitar que la parte pierda los derechos que intenta hacer valer, cuando es evidente que su voluntad ha sido hacerlo dentro de los plazos legales, con el propósito de dirimir la controversia con mejores elementos de juicio.

Si se cumplió con la necesidad de acompañar un mandato especial para promover o intervenir en el juicio de divorcio, aún siguiendo el criterio más restrictivo en la materia la representación debe tenerse por acreditada, dicha representación debe considerarse extensiva a todos los incidentes que tienen íntima vinculación con dicho proceso, como el de alimentos, máxime si del mismo instrumento surge la facultad para "contestar o promover incidentes", lo que permite tener por acreditada la personería. Tan clara es la íntima relación existente entre ambos procesos, que el art. 6 del Código Procesal en su inciso tercero establece que tramitarán ante el juez que conoce en el proceso de divorcio el proceso de alimentos entre otros.
Accidentes de trabajo, accidente in itinere
Materia: LABORAL
Carátula: Guzmán, Héctor c/ Berisso Raúl y otro s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-05-28

El empleador en la acción fundada por el artículo 1113 del Código Civil no responde por los accidentes "in itinere". En el caso de autos, si bien el actor sufrió el accidente mientras se dirigía al trabajo de campo en un caballo propiedad de la patronal, no lo hacia en ejercicio de sus funciones, sino al margen de la misma y constituído en guardián del animal que conducía.
Declaración de inconstitucionalidad, impuestos, aplicación territorial de la ley, transporte de pasajeros
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Expreso Tigre Iguazú S.R.L c/ Municipalidad de Posadas s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1990-05-30

No es procedente el cuestionamiento del gravámen por su presunta oposición a la ley nacional 12.346 que regula el transporte interjurisdiccional y, como consecuencia a la Constitución Nacional, en cuanto sólo la Nación reglamenta este tipo de comercio y le impone las cargas fiscales y reglamentarias que debe soportar. Corresponde hacer notar en primer término, que la llamada " cláusula comercial de la Constitución Nacional", ínsita en el sistema de los artículos 9, 10, 11, 12, y 67 inciso 12, no fue concebida para invalidar todos y cualquier tributo sobre el tráfico interprovincial, reconociéndose a éste una suerte de inmunidad o privilegio que lo exima de toda obligación frente a los poderes locales, cuando éstos ejercen sus facultades impositivas constitucionalmente reconocidas. La protección que acuerda aquél sistema de normas constitucionales, sólo preserva a la actividad comercial interjurisdiccional, de aquellos gravámenes discriminatorios y/o superpuestos en la misma fuente y/o los que encarecerían de tal manera el transporte, que desnaturalizarían la libre circulación territorial. (Márquez Palacios: En disidencia).
Contratos administrativos, obligaciones del contratista, incumplimiento del contrato, prórroga del plazo, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Paz,  Valentín c/ Administración Gral. de Puertos - Res. 318 y 67/83 - y otro s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

La permanente contemplación por parte de las autoridades competentes de los motivos justificatorios invocados por el contratista para solicitar prórroga durante un largo período para ejecutar la obra a la que se había comprometido, no es base suficiente para generar una obligación a cargo de la Administración de continuar procediendo de la misma manera.
Prueba pericial, dictamen pericial, apreciación de la prueba, facultades del juez, reglas de la sana crítica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LAMMENS DE ALONSO ELENA c/ TRANSPORTES POMPEYA COMERCIAL IND. S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-15

Si el dictamen pericial resulta poco satisfactorio, por alguna de las consideraciones vertidas o por la insuficiencia de las explicaciones, deberá requerir las aclaraciones pertinentes y no limitarse a plantear impugnaciones.- No obstante el valor del dictamen puede ser ponderado por el juez según lo establece la ley aplicando las "reglas de la sana crítica" y las restantes pautas de la ley.-
Contratos agrarios, tambero mediero
Materia: LABORAL
Carátula: Álvarez, Carlos Alberto c/ Estancia El Alba S.A. s/ Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-04-05

El contrato asociativo tambero regulado por la ley 25169 es un típico contrato relacional (arts. 1197, 1198 y doct. 1326, C.C) en el que existe una dimensión temporal fundamental, pues se enraíza con la necesidad de planificación y vinculación prolongada que tienen las partes en los contratos de este tipo.(del voto del doctor de Lázzari)
Juicio oral, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Gil, Miguel Angel s/ Homicidio en ocasión de robo Caballero, José María; Ojeda, Oscar Alcides; Camal, José Alberto s/ Homicidio calificado, robo reiterado, asoc. ilícita, etc. Cervera, Claudio Manuel s/ Homicidio Salas, Juan Ramón s/ Homicidio López, Miguel Angel; González, Juan Carlos s/ Homicidio calificado - Robo Fuente Alba, Mario Alberto o Fuentes Alba, Mario s/ Homicidio simple Ferrari, Luis Alberto s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-20|1991-12-23|1995-08-01|1997-06-10|1993-12-21|1997-10-21|1996-08-20

El inciso 5 del art. 434 del Código de Procedimiento Penal -introducido por ley 10.358- que veda a los funcionarios policiales recibir declaración indagatoria al imputado, es ajeno al proceso oral. El Código, ya con anterioridad a su reforma, sólo permitía fundar una sentencia condenatoria en "...la confesión prestada por el acusado ante el juez del crimen (inciso 6 del antiguo art. 277 en redacción mantenida en el actual art. 281 inc. 6). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Inconstitucionalidad, administración y disposición de los bienes, pena privativa de la libertad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Ojeda, Avelino y Ruíz, Dante Ariel c/  s/ Recursos de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-28

La disidencia expresó que la segunda y tercer disposición del art. 12 del C.P.P. en tanto restringe el ejercicio de la patria potestad y la disposición y administración de los bienes de las personas condenadas a penas privativas de la libertad mayores a tres (3) años, resulta inconstitucional. (Dres. Borinsky, Hornos -en disidencia parcial- y Gemignani).
Dirigente gremial, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: CLINICA MODELO S.A. c/ SANCHEZ MARIA ALEJANDRA s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-26

La demandada es una delegada gremial, lo cual supone un conocimiento más acabado de los derechos y obligaciones del trabajador, cuya representación ejerce, asimismo su conducta debe ser ejemplo para sus representados. El hecho de haber prestado servicios para otro empleador en el período en que se encontraba de licencia por enfermedad con la actora, constituye de por sí una violación al deber de colaboración y buena fe a su cargo, aún cuando las tareas desempeñadas hayan sido livianas o no, ya que ello es intrascendente, más aún cuando por la certificación médica se le recomendaba reposo en dicho período.
Inimputabilidad, error de derecho
Materia: PENAL
Carátula: Cerviño, José Luis s/ Infracc. art.25 Ley 22421
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-14

El art.25 de la Ley 22421 resulta una típica ley penal en blanco que se cumplimenta con las reglamentaciones y leyes provinciales sobre la caza, razón por la cual se convierten en fuente mediata del Derecho Penal, y lo integran. Su desconocimiento implica ignorancia de derecho penal, que conforme a la interpretación unánime del art.34 inc.1 del Código Penal no excusa.
Recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: B. S.A. c/ P. I. S.R.L. (Q. S.A.I.C. y/o de P. I. S.A.) s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-02-10

Para que opere la "arbitrariedad fáctica" la resolución atacada debe: a) prescindir de las pruebas fehacientes regularmente presentadas en el juicio; b) fundarse en pruebas que no constan en el proceso; o c) apartarse del buen sentido y la sana crítica en la apreciación de los hechos y pruebas.
Competencia originaria, Estado Provincial, declinatoria de jurisdicción, prórroga de la competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Asociación Civil con Personería Jurídica Cuenca Río Paraná c/ Aguas Santafesinas S.A. y otros s/ amparo ambiental
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-22

Corresponde tener por declinado el privilegio que otorga el art. 117 de la Constitución Nacional, toda vez que la provincia demandada ha prorrogado la competencia originaria a favor del juzgado federal de primera instancia al hacer sus primeras presentaciones en el expediente sin ejercer el privilegio citado y ha revelado de manera expresa su voluntad de acudir a la competencia apelada de la Corte, en los términos del art. 14 de la ley 48, en la eventualidad de un fallo adverso a sus intereses, sin que obste a ello el hecho de que el estado provincial no haya cuestionado la decisión por la cual la cámara entendió que el caso correspondía a la competencia originaria, en tanto es el, como sujeto aforado, el que debió reclamarla en la primera oportunidad.
Intereses, cómputo de intereses, régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cinematográfica Odeon S.C.A. c/ Instituto Nacional de Cinematografía s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

El derecho al cómputo de los intereses posteriores a la fecha de corte, según la tasa prevista en el art. 6° de la ley 23.982 -como lo establece la sentencia definitiva- es procedente siempre claro está que opte el acreedor por cobrar su crédito en efectivo, ya que si eligiera otro de los medios alternativos de pago previstos en la ley citada, y su decreto reglamentario, la tasa de interés será la que se establece para esas formas de pago.
Medidas cautelares, caducidad de medidas cautelares
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Chemifeni o Chemefini o Schimmefennig de Scguvartz Amalia s/ Sucesión Ab-intestato - Incidente de embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-10

Como consecuencia de la provisoriedad que caracteriza las medidas cautelares y para el supuesto que se hubieren ordenado y cumplido antes de la demanda principal, la legislación adjetiva establece la caducidad de las mismas de pleno derecho si tratándose de obligación exigible no se interpusiera la demanda dentro de los diez días siguiente al de su traba; es decir, que cuando el derecho tutelado es exigible o a partir del momento en que adquiere tal calidad, el solo transcurso del plazo, sin que se promueva el pertinente proceso, acarrea la extinción de la medida.
Compraventa, contradocumento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NAVARRO CLORINDA M. c/ JUAN C. CARDONA s/ ESCRITURACION   -    COMPRAVENTA   -  SIMULACION  -  CONTRADOCUMENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-02-10

El art. 996, debe ser interpretado en consuno con el art. 960 del Código Civil. En el primero se alude al contradocumento que los interesados se otorguen. Así la norma pareciera sentar el criterio de que el instrumento debe ser el resultado de un acto bilateral, pero un detenido análisis no excluye el precepto, de que el contradocumento provenga de una manifestación unilateral. Pero es en el segundo en donde la cuestión queda esclarecida al mencionar al contradocumento firmado por alguna de las partes, como franca alusión al documento que contiene una manifestación unilateral de voluntad. En esta línea de pensamiento, Mosset de Iturraspe "negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios" T. 1, p. 37, señala que el contradocumento puede ser firmado por las partes o la parte a quien se opone porque puede contener tanto un negocio jurídico bilateral como una declaración unilateral, no requiriendo términos sacramentales, ni formas especiales.-
Apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: L., J. L. s/ Incidente de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-06-28

...la valoración de la prueba es la operación intelectual destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos. Tiende a establecer cuál es su real utilidad a los fines de la reconstrucción del acontecimiento histórico cuya afirmación dio origen al proceso. Sabido es, que el sistema de valoración de la prueba de la libre convicción o sana crítica racional o razonada es el que impera en el proceso penal que nos rige, y, se caracteriza por la posibilidad de que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa, valorando la prueba con libertad, pero respetando al hacerlo los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común.
Marcas, oposición al registro de marca, demanda, notificación, declaración de rebeldía, domicilio especial
Materia: COMERCIAL
Carátula: GENERAL MOTORS CORPORATION c/ LIZZULI, JOSE s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-24

El art. 14, ley 22.362 establece que las oposiciones al registro de una marca deben deducirse por escrito, con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de la oposición; debiendo constituirse domicilio especial en la capital federal, que será válido para notificar la demanda judicial que inicie el solicitante, a cuyo fin cabe tener por subsistente el domicilio legal constituido en sede administrativa, hipótesis asimilable a la regulada por el art. 40, Párr. 1, código procesal.

También es aplicable la norma del art. 42 del citado código, en cuanto determina la subsistencia de los domicilios constituidos y denunciados, para todos los efectos legales, mientras su cambio o modificación no sea puesto fehacientemente en conocimiento de la otra parte (cfr. esta sala, causa 2807/93 del 21.5.93; Sala I, causa 9177 del 14.12.79). Por otra parte, el art. 41 del código de rito prescribe que si la parte no denunciare su domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se cumplirán en el lugar en que se hubiere constituido, y en defecto también de este, se observara lo dispuesto por el art. 133. En tales condiciones, habiéndose notificado la declaración de rebeldía en el domicilio constituido por el demandado en sede administrativa, disponer una nueva notificación en el domicilio real, implica una dilatación y una demora innecesaria en el proceso.
Violación, medios de prueba, imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RAMIREZ, Sandro A. s/ PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

En el caso de violación, el imputado reviste el carácter de objeto de prueba, y como tal susceptible de efectuarle extracciones de sangre sin su autorización, para someterlas a peritaje.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bossi, Carlos Alfredo y ot. c/ Rodriguez, José o quien resulte propietario s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03

Teniendo en cuenta que el actor ejerce su profesión de agrimensor y que no pudo disponer del rodado por el lapso de trece días, cabe fijar la indemnización del rubro en la suma de $190, teniendo en cuenta que para la determinación del "quantum" debe considerarse el ahorro de combustible, lubricantes y gastos de rodamiento que importa la falta de uso del automotor averiado.
Recurso extraordinario, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Brarda, Miguel Angel c/ Urcera, Ernesto s/ Recurso de Queja Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-16

La idoneidad de todo recurso extraordinario, implica que el recurrente refute todas las conclusiones de hecho y de derecho que sustente la decisión del sentenciante a través de la exposición de todas las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha al pronunciamiento. De tal forma las afirmaciones genéricas, el mero desacuerdo con lo resuelto, o las simples consideraciones subjetivas o disgregaciones inconducentes o carentes del debido sustento jurídico no satisfacen las exigencias de la carga de fundamentación autónoma.
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración de rebeldía
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Velardez, Eduardo Víctor s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-31

La prescripción en materia penal es de orden público y opera de pleno derecho y por el solo transcurso del plazo pertinente, deviniendo obligatoria su declaración oficiosa por parte de este Tribunal. En efecto, las indagatorias de los imputados fueron recibidas, respectivamente, el 19 de mayo de 1993, el 16 de septiembre de 1993 y el 17 de septiembre de 1993, atribuyéndosele al primero el delito de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública, y a los dos últimos igual ilícito y falsedad de documento (art. 293, primera parte, del Código Penal) en concurso real. Que desde entonces, y atendiendo a la anulación que de lo actuado con posterioridad se impone, y a los máximos de pena fijados por los tipos penales escogidos, han transcurrido a la fecha de esta resolución, con holgura, los plazos que fija el art. 62, inc. 2°, del Código Penal sin que se produjeran secuelas de juicio que lo interrumpan, ni que los imputados hayan cometido delito alguno desde entonces (art. 67 del Código Penal), conforme surge del propio fallo impugnado, en el que se dejó expresa constancia de la carencia de antecedentes penales de todos los incusos.(Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en mayoría-).
Sistema integrado previsional argentino, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones, inconstitucionalidad, sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Lavenia, Adolfo Julio Ricardo c/ A.N.Se.S. y otros s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-16

Corresponde revocar la sentencia de la anterior instancia que hizo lugar a la acción de amparo y ordenó la devolución de los aportes voluntarios, pues no se verifica una lesión actual e inminente a derechos reconocidos por la Constitución Nacional que justifique su admisibilidad y, por consiguiente, el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad de la ley 26.425
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alsa S.A.C.I.F.I. c/ Fernández, Eugenio Oscar y/o quien resulte propietario s/ Apremio. Incidente de nulidad Patricio, Juan Carlos c/ Moresco, Luis María s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15|1996-03-12

El art. 1051 del C.C. no menciona al subadquirente sino que se refiere a los adquirentes de buena fe y a título oneroso.
Prueba, imposibilidad de pago
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: San Pedro Apóstoñ S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-15

Las salvedades al principio general que contempla el art. 15 de la ley 18.820 que explicita la C.S.J.N., re-visten carácter excepcional, y es menester para demostrarlas la existencia de una prueba fehaciente -informes contables, libros legales, balances, etc.- (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 13.08.02, "Cingolani, En-rique c/ A.F.I.P. - D.G.I."); no siendo suficiente a tal efecto presentar una auditoría que no demuestra imposibilidad de pago alguna por parte del recurrente. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).