Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-13


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.056 CAUSA N° 6.482 / 2008 SALA IV "SISTERNA JUAN CESAR C/ TRANSTEX S.A. S/ ACCION DE AMPARO " JUZGADO N° 29.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 13 DE FEBRERO DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

I. La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la queja y el recurso extraordinario deducido por la parte actora en torno a la carga probatoria exigida al trabajador, a fin de admitir el reclamo de nulidad del despido y la reinstalación en el cargo, fundado en el art. 1º de la ley 23.592, revocó la sentencia de la Sala III de esta Cámara al respecto, y ordenó el dictado de un nuevo pronunciamiento con arreglo a las consideraciones y conclusiones expuestas en el precedente "Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo" (P.489.XLIV, 15/11/2011).

Allí, luego de puntualizar que "los agravios dirigidos a las pautas probatorias establecidas por el a quo para ser aplicadas en litigios civiles que, con arreglo a la ley 23.592, ponen en juego los principios de igualdad y prohibición de discriminación, remiten al estudio de cuestiones de índole federal (art. 14.1 de la ley 48)", efectuar un extenso análisis sobre el bloque de constitucionalidad y de la preceptiva supralegal referente a los derechos esenciales de las personas y las garantías previstas por la Nación para su efectivo goce, y señalar que la cuestión en debate había sido objeto de un minuciosos análisis por la Organización Internacional del Trabajo, como así también de diversas entidades internacionales y en el derecho comparado; sobre el aspecto en debate nuestro máximo Tribunal concluyó que "resultará suficiente para la parte que afirma dicho motivo, con la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. La evaluación de uno y otro extremo, naturalmente, es cometido propio de los jueces de la causa, a ser cumplido de conformidad con las reglas de la sana crítica". También aclaró que la doctrina asentada no implicaba "la eximisión de prueba a la parte que tilda de discriminatorio a un acto pues, de ser esto controvertido, pesa sobre aquélla la carga de acreditar los hechos de los que verosímilmente se siga la configuración del motivo debatido".

II. En cumplimiento de lo ordenado por el alto Tribunal, corresponde entonces emitir un nuevo pronunciamiento, ponderando para ello el criterio expuesto en torno a la carga probatoria y el alcance de su análisis, extremo al que se limitó el agravio examinado en el precedente citado, y que "no abre juicio sobre el desenlace definitivo de la causa (cfr. art. 16, primera parte, de la ley 48)".	III. Ahora bien, con sustento en el análisis que efectuó de la prueba testimonial producida en la causa, la Sra. Juez a quo concluyó que "la circunstancia de haberse acreditado que, al menos varios trabajadores que -como el actor- se enrolaron en la lista naranja, y realizaron una militancia gremial, aún sin ser electos ni designados representantes gremiales -conf. art. 3, 4 y conc. De la ley 23.551- configura al menos un "indicio" no enervado, de que la decisión patronal rupturista, bajo el lema de la reestructuración no fue tal, y además de incausada resultó discriminatoria, en desmedro de principio de continuidad laboral - art. 10 de la L.C.T.". Consecuentemente, admitió el reclamo del actor "en todas sus partes", y condenó a la demandada a "efectuar todas las medidas conducentes para reinstalar al accionante en el puesto de trabajo, que vino desempeñando desde el 25-10-06, bajo apercibimiento de la aplicación de astreintes -conf. art. 66 bis del C.C.".

Contra dicha decisión se alza la demandada, porque: a) aún cuando la magistrada de grado anterior reconoció que el actor no gozaba de tutela sindical, aceptó la reinstalación pretendida, soslayando que el art. 47 de la ley 23.551 tiene por objeto obtener el cese de la conducta antisindical pero no conlleva aquélla, y cita en orden a ello la opinión del Fiscal General del Trabajo; b) la existencia de la ley 23.592 y su contenido no innovan sobre el ámbito de aplicación y las circunstancias que con carácter restrictivo deben ponderarse para su procedencia; c) el actor no invocó de modo concreto y circunstanciado cuáles fueron los abusos y circunstancias presuntamente discriminatorias, ilegales o ilícitas, ni cuál fue la actividad sindical que suscitó la medida en cuestión, ni mencionó los derechos eventualmente defendidos, en tanto la admisión del reclamo impetrado no puede surgir del análisis de la prueba rendida, ni mucho menos de lo expuesto por el demandante en su escrito de inicio; d) la sentenciante soslayó la mala fe del trabajador, que no impugnó en tiempo y forma la decisión rupturista, en tanto guardó silencio en la demanda sobre la existencia del oportuno depósito de la liquidación final e indemnizaciones debidas por despido arbitrario; y e) se invirtió en forma arbitraria la carga probatoria, y se valoró incorrectamente la prueba testimonial, pues se admitió el reclamo con sustento en declaraciones imprecisas, carentes de la necesaria fuerza convictiva para justificar una decisión en un proceso individual, extremo que considera gravoso de entenderse como supuesto precedente judicial, máxime cuando se afectan sus garantías constitucionales. A tenor de las consideraciones sucintamente reseñadas, solicita se revoque el fallo apelado, con costas a la contraria.

IV. Sentado ello, con el objeto de determinar si la decisión extintiva adoptada por la empleadora configuró una conducta discriminatoria en los términos de los dispositivos legales invocados para fundar el presente reclamo, creo necesario puntualizar que, en el caso de un "activista" o "representante sindical de hecho", resultaba indispensable alegar en la demanda los actos a tenor de los cuales podría colegirse que, en la práctica, el trabajador ejercía en el ámbito laboral cierta representación de los derechos e intereses colectivos de sus compañeros, accionar que también debería revestir el carácter de público y notorio para la empresa, de modo tal que habilitara a inferir la causa oculta del empleador al disponer la cesantía de aquél.

Empero, tales aspectos no se advierten cumplidos en la demanda, vulnerándose la clara directriz que emana del art. 65 de la LO, en cuanto exige la explicación clara de los hechos en los que se fundamenta la acción. Digo esto, porque el actor invocó que a los cinco meses de su ingreso se afilió al sindicato gráfico, y comenzó "a tener contacto con la comisión interna de la planta", circunstancia que "implicaba participar de las reuniones sindicales"; pero tal conducta no puede válidamente entenderse como configurativa de una función de índole gremial, pues deviene necesario -en la hipótesis bajo examen- que la actividad desplegada posea cierta vinculación al ejercicio de alguna representación de otros trabajadores. Al respecto, comparto la opinión del Dr. Maza, en cuanto sostuvo que "es necesario que, por lo menos, la actuación del trabajador haya involucrado intereses colectivos o que su labor haya tenido una incidencia de ese carácter puesto que, más allá de que el activismo que declama hubiere sido ejercido por fuera de la estructura orgánica de la asociación sindical, lo cierto es que para vincular al acto que se reputa discriminatorio con el factor sensible que se alega (activismo gremial) es necesario demostrar -al menos- la calidad que erigiría al actor en un sujeto especialmente vulnerable a eventuales actos disgregatorios o peyorativos, lo que no es posible predicar en la especie si no se ha demostrado la naturaleza colectiva o de representación desplegada" .

Asimismo, el demandante refirió que pasó a desempeñarse en el "sector de kurz", y que a los cuatro meses reclamó "la calificación de dicho sector en el recibo de haberes, denuncia que los trabajadores que trabajamos en ese sector estamos mal registrados porque no se coloca la correcta calificación en el recibo de haberes, lo que se traduce en una diferencia de salarios", con la incidencia de ésta en el pago pertinente de las vacaciones. "El actor hace el reclamo por medio de un descargo ante el jefe del sector (Guillermo Barlaro) y éste le dice que no es posible, que no pertenece a la kurz, desde ese momento lo empieza a mandar a diferentes sectores (.) Mientras tanto proseguían los reclamos los que pasaron a ser apoyados por los delegados y algunos trabajadores". Luego agregó que: "En una oportunidad le piden a la actora que trabaje en la máquina kurz, el lugar donde estaba trabajando, donde pedía volver pero con la registración debida de su categoría", generándose la situación que describe a fs. 5 vta., en razón de la cual mantuvo una charla con la jefa de recursos humanos, Graciela Alvarenga, relativa a la modificación de su categoría en los recibos de haberes, con respuesta negativa, que suscitó una nueva charla entre el delegado Manuel Alcides y aquélla, sin arribar a un acuerdo "pero le dicen al delegado que la empresa no necesita más sindicalistas de los que hay, aludiendo a diferentes tipos de reclamos colectivos que venía haciendo el trabajador. El delegado tiene una charla con el gerente de planta, denuncia la discriminación y luego llaman al actor para que se reúna con ellos, vuelve a explicar al gerente que la pretensión es el cambio de calificación profesional y que las vacaciones corresponde gozarlas como se había acordado anteriormente, pero también denuncia la discriminación por el reclamo laboral". Si bien los términos transcriptos revelan la existencia de un reclamo salarial por recategorización según el sector y el empleo de la máquina kurz, no surge que hubiese sido formulado por el actor en representación de sus compañeros, sino a título personal, sin perjuicio de la presencia de un delegado gremial al efectuar el planteo ante el personal jerárquico de la demandada. Por lo demás, la lacónica referencia a "los diferentes tipos de reclamos colectivos que venía haciendo el trabajador" según el comentario que se le atribuyó a la Sra. Alvarenga citada, resulta harto insuficiente para adjudicar al demandante la alegada calidad de "representante sindical de hecho" o "activista gremial", toda vez que no permite de ninguna manera determinar qué actos realizaba aquél que podrían haber configurado el motivo de la discriminación atribuida a la empleadora en ocasión de la ruptura del contrato de trabajo. Análoga conclusión cabe aplicar con relación a la existencia de una "discriminación por el reclamo laboral", dado que tampoco se esgrime siquiera en qué habría consistido la "persecución laboral, gremial, sindical e ideológica" que habría implementado supuestamente la empresa como castigo a la "lucha laboral" en la que habría participado el actor.

En síntesis, la demanda carece de los fundamentos fácticos necesarios que permitan al juzgador considerar cuál fue concretamente la actividad desplegada por el trabajador a tenor de la cual esgrime haber revestido el carácter de "activista gremial", ni menos aún cuáles habrían sido las conductas ejercidas por la empleadora que habrían configurado la persecución hostil hacia él que culminó con el despido arbitrario.

V. Por otra parte, con relación al único hecho puntualmente invocado en la demanda, referente al reclamo de diferencias salariales por recategorización, aún soslayando lo expuesto en el considerando anterior en torno al carácter individual de la pretensión, y que ni siquiera se alegó cuál sería la categoría que a su criterio le habría correspondido al demandante, ni los hechos que avalarían tal pretensión; lo cierto es que los recibos de haberes adjuntados a la causa (v. sobres de documental aportada por las partes, respectivamente, glosados por cuerda) revelan que la empresa le adjudicó la categoría nº 8 y la calificación profesional maquinista "en la sección fabricación kurz", extremo corroborado por el perito contador (v. respuesta al punto 2) a fs. 103/104) por lo que su pretensión carecía de asidero.

Nótese que Jara (fs. 135/136) fue el único que manifestó que al inicio el actor tenía asignada la categoría nº6 "de troquelado", y que después cuando "pasó al sector que se llama hot stamping panel y ahí pasa a la categoría 8", circunstancia que demuestra que la empleadora modificó su categoría laboral cuando pasó a desempeñarse en otro sector. Asimismo, De Jesús Noguera (fs 133/134) sostuvo claramente que "los reclamos del actor era la calificación profesional de la tarea que realizaba, es un reclamo que fue hecho en forma personal donde lo acompañaba un delegado, fue el testigo, donde insistieron que eso se lo tenían que respetar porque le correspondía", lo que revela el carácter particular de la pretensión, no obstante haber sido acompañado por un representante electo del gremio, que impide, como se señaló en el considerando anterior, considerar que por ello el actor se erigiera como "sindicalista de hecho", suscitándose por tal motivo la discriminación arbitraria que se le adjudica a la empleadora. En cuanto al testigo Ocaña (fs. 87/88) no aporta datos relevantes sobre el tema, dado que tomó conocimiento del reclamo por la calificación profesional por los propios comentarios del demandante, sin explicar siquiera la existencia de motivo alguno que justificara la pretensión de éste.

De esta manera, aún soslayando las impugnaciones a las declaraciones testimoniales citadas, efectuadas oportunamente por la demandada (v. escritos a fs. 138/140, 141/143 y 89/91, respectivamente) lo expuesto por los testigos no permiten en modo alguno considerar que el reclamo impetrado por el actor en orden a su recategorización hubiese sido ejercido en representación de otros trabajadores, ni menos aún que se hubiese constituido como causa eficaz de una discriminación por parte de la empleadora.

VI. A esta altura del análisis, cabe tener en cuenta que en el precedente "Pellicori", que esta alzada debe ponderar para ajustar su decisión, el alto Tribunal ratificó "la ya enunciada necesidad de que el diseño y las modalidades con que han de ser reguladas las garantías y, ciertamente, su interpretación y aplicación, deben atender, y adecuarse, a las exigencias de protección efectiva que específicamente formule cada uno de los derechos humanos, derivadas de lo caracteres y naturaleza de éstos y de la concreta realidad que los rodea, siempre, por cierto, dentro del respeto de los postulados del debido proceso" (el subrayado me pertenece).	Desde esta perspectiva, no puede válidamente soslayarse la grave omisión en la que se incurrió en la demanda con relación a los presupuestos fácticos necesarios que permitiesen calificar al actor como "activista gremial", conforme lo expuesto en el considerando IV del presente pronunciamiento, al que me remito por razones de brevedad, frente al alegato de la existencia de una situación delicada como es la atribución de una conducta discriminatoria antisindical a la empleadora. La demanda y la respectiva réplica, conforman el tema de debate sobre el cual se debe sustanciar la prueba y dictar sentencia. Conforme lo señala Centeno ("El procedimiento en la Provincia de Buenos Aires". pág. 94 y sgtes.) la demanda determina la apertura de la instancia, y deja fijados los límites de la acción y su naturaleza; y a éstos se debe supeditar la contestación de la demanda y la sentencia. De modo que, de conformidad con el principio de congruencia que en resguardo del derecho de defensa debe regir el proceso, el juez o tribunal no puede apartarse de los términos en los que quedó trabada la litis, pues allí quedan fijados en forma definitiva los temas de la controversia, que no pueden -luego- ser alterados ( cfr. art. 34, inc. 4 y 163 inc. 6 del CPCC). La decisión adoptada por el Juez para resolver el litigio debe ser congruente con la forma en la que ha quedado trabada la relación jurídico procesal, sin que corresponda alterar o modificar en aspectos esenciales, las pretensiones o articulaciones formuladas por las partes (cfr. Colombo, en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado" Ed. Abeledo Perrot, T. I pag. 281 y ss y doc. que informa el art. 163inc. 6º del C.P.C.C.N.). Refiere Couture que la sentencia es el acto emanado de los agentes de la jurisdicción mediante el cual se deciden la causa o los puntos sometidos a su conocimiento. En una primera operación, deriva de los términos mismos de la demanda; y, en definitiva, el Juez debe hallar ante sí el conjunto de hechos narrados por las partes en sus escritos de demanda y contestación y las pruebas sobre esos hechos que se hubieren producido para depararle convicción de la verdad y permitirle efectuar la verificación de sus respectivas posiciones (cfr. Couture, "Fundamentos del derecho procesal civil" Ed. Depalma, 1981, págs. 277 y ss.).

Ahora bien, estimo que la conclusión de la Sra. Juez a quo expuesta en el considerando II de la presente, vulnera el principio de congruencia de acuerdo con las consideraciones previamente vertidas, pues excede ampliamente los hechos invocados respectivamente por las partes en los escritos constitutivos de la litis. El respeto al principio aludido debe ser escrupuloso, en tanto no puede soslayarse su íntima relación con la garantía constitucional de defensa en juicio, que exige que el demandado conozca claramente las pretensiones formuladas en su contra. De la íntegra lectura de la demanda, surge que el demandante no invocó ninguno de los hechos que después fueron descriptos por los testigos ofrecidos por su parte y citados en el considerando anterior (Ocaña, De Jesus Noguera y Jara), relativos a la supuesta actividad sindical que realizaba en la empresa, ni su supuesta intención de postularse como delegado en la lista opositora (lista naranja) a la que ejercía en ese momento la representación gremial (lista verde), y menos aún que ello estuviese en conocimiento de la demandada. Ello, sin perjuicio de destacar además que, tal como incluso señaló la judicante, los testimonios no revestían la eficacia probatoria siquiera para configurar el "umbral mínimo de indicios" según su interpretación personal sobre las cargas probatorias en caso de discriminación. En este sentido, observo que Ocaña sostuvo genéricamente que el actor "hablaba con la gente por temas laborales y de salarios, y él reclama también en su momento una calificación profesional que le figure en el recibo de haberes, lo sabe porque el Sr. Sisterna lo comentó en la comisión interna ", y que "también ayudó a la comisión interna y tenía intenciones de postularse a ser delegado"; omitiendo brindar la pertinente razón del dicho, sin que se desprenda de su relato que hubiese presenciado en alguna oportunidad la actividad gremial referida. Análoga conclusión cabe aplicar con relación al testigo De Jesús Noguera, quien refirió que el despido del actor habría obedecido "por su condición política (.) ya que era militante de la lista naranja que era opositora a la lista verde del sindicato gráfico, lo sabe porque el actor les contó a la comisión interna y personalmente al testigo, y además los ayudaba a realizar el taller sin ser delegado, a defenderlo del atropello que viene sufriendo de la patronal", sin describir en qué consistía este supuesto atropello, ni menos aún cuál era la actividad que realizaba el actor, que permitiera considerarlo como un "representante gremial de hecho". Luego aludió a la exigencia de la empleadora de firmar una planilla cuando el trabajador llegaba tarde, y que el actor estaba incluido en esta persecución, porque se lo contó el actor cuando trabajaba en la empresa. De igual modo, Jara refirió que, frente a la suspensión del compañero Capurro, "el actor era uno de los que plantean no colaborar con las horas extras (.) que no se podía trabajar en el sector del testigo por el calor que hacia, que justamente el actor planteaba todo eso, era uno de los que juntaba a los compañeros y planteaba todo eso (.) que el actor iba a ser candidato a delegado en el 2008 y justamente las cosas que iban a cambiar entre ellos las calificaciones, los baños, higiene y seguridad, (.) todo era una persona bastante activa políticamente porque ya era militante y siempre estaba reclamando todo lo que faltaba y todo lo que sucedía". Así, aún soslayando que los tres testigos revestían el carácter de delegado gremial, y que admitieron reclamar oportunamente a la demandada la reinstalación del demandante, extremos que imponen valorar sus testimonios con mayor estrictez, la vaguedad e imprecisión de sus dichos, sumado a la parcialidad manifiesta que evidencian, pues se expidieron sobre hechos que no integraban la litis, impide otorgarles eficacia probatoria sobre el aspecto en debate (art. 386 CPCC y 90 LO).

En consecuencia, en la medida de que los hechos relatados por los dicentes, aún cuando carezcan de entidad convictiva, no formaron parte del objeto del litigio, y por lo tanto, resultan ajenos a los términos de la traba de litis, resulta improcedente su consideración para resolver la acción impetrada, pues no fue sometida a consideración de la juez a quo (conf. art. 277 del CPCCN.) y, por lo tanto, su tratamiento implicaría afectar la garantía del debido proceso (conf. art. 18 C.N.) y el principio de congruencia (arts. 34, inc. 4 y art. 163 inc. 6 del CPCCN.).

VII. Como corolario de todo lo expuesto, y con sujeción a lo ordenado por la C.S.J.N., cabe concluir que el actor no invocó puntualmente los presupuestos fácticos necesarios que permitan atribuirle el carácter de "representante sindical de hecho" o "activista gremial", ni menos aún logró demostrar el conjunto de indicios necesarios que autoricen a considerar que la extinción del vínculo decidido por la empleadora hubiese obedecido al ejercicio de una discriminación arbitraria, con sustento en aquél, de modo tal de provocar el desplazamiento de la prueba en torno a la causal de despido a la accionada.

Por ello, propicio revocar la sentencia recurrida y rechazar la acción impetrada para obtener la declaración de la nulidad del despido, la consecuente reinstalación del trabajador en su empleo, y el pago de una indemnización por los daños y perjuicios padecidos; sin que ello importe expedirse sobre la validez de la causal invocada en los términos del art. 242 de la LCT para extinguir el vínculo.

VIII. De acuerdo con el resultado que propicio, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y regulación practicada en primera instancia, y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 CPCC); por lo que resulta abstracto expedirme sobre los agravios vertidos sobre tales aspectos.

En orden a ello, estimo que las costas de ambas instancias deben imponerse en el orden causado, atento la naturaleza y particularidades de las cuestiones debatidas, y la complejidad de las pruebas pertinentes, que oportunamente generaron diversas discusiones e interpretaciones a nivel doctrinario y jurisprudencial, en tanto la solución del caso requirió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidiera puntualmente sobre las cargas probatorias en el caso de despido discriminatorio (art. 68 segundo párrafo CPCC).

Por otra parte, de acuerdo con el resultado del pleito, los trabajos realizados, y las pautas que emergen de las normas arancelarias vigentes (art. 38 L.O., Ley 21.839, Ley 24.432, Decreto 16638/57, y concordantes), sugiero regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la parte demandada en conjunto, y del perito contador, en la suma de $5000, $5.000 y $1.500, respectivamente. Asimismo, corresponde fijar los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada en conjunto, por sus actuaciones en esta alzada, en el 25% de lo que a cada una corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia.

IX. Por ello, voto por: 1) Revocar la sentencia apelada, y rechazar la acción impetrada para obtener la declaración de la nulidad del despido y la consecuente reinstalación del Sr. Juan Cesar Sisterna en la empresa Transtex S.A. 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios efectuados en el decisorio de grado. 3) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado. 4) Regular los honorarios en la forma dispuesta en el considerando VIII de la presente.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia apelada, y rechazar la acción impetrada para obtener la declaración de la nulidad del despido y la consecuente reinstalación del Sr. Juan Cesar Sisterna en la empresa Transtex S.A. 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios efectuados en el decisorio de grado. 3) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado. 4) Regular los honorarios en la forma dispuesta en el considerando VIII de la presente.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. HÉCTOR C. GUISADO GRACIELA ELENA MARINO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria