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Inadmisibilidad formal, procedimiento laboral, incidente de nulidad
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ayosa, Mauro Abel c/ Cooper, Omar y/o Hostería "Posada del Cazador" s/ Incidente de Nulidad. Expte. principal 224/09 s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-09-09

La parte demandada interpone recurso de casación en contra de la Sentencia Interlocutoria dictada por la Cámara de Apelaciones que resolvió no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la misma, confirmando el decisorio del juez de grado que no hizo lugar al incidente de nulidad relacionado con la notificación del traslado de la demanda.

El impugnante fundamenta el recurso en la causal de errónea aplicación e interpretación de la ley, sostiene que el tribunal de alzada ha interpretado erróneamente el art. 53 del N.C.P.T efectuando el cómputo para la interposición del incidente de nulidad a partir del día 10/3/10 (fecha de notificación de la rebeldía) o bien en caso de duda desde el 16/3/10 ( fecha de comparecencia al proceso, purgando la rebeldía) y no desde el 29/3/10 (fecha en que retiró la causa de Secretaría para su estudio), que a su criterio es la correcta, puesto que con anterioridad no tuvo la posibilidad de acceder al expediente, en razón de que el tribunal no le permitía la consulta por no ser parte.

Expresa también que la sentencia reviste carácter de definitiva y que le ocasiona un gravamen personal, concreto y actual al verse privado de oponer las excepciones y defensas que hacen a su derecho.

A poco de analizar el presente recurso en cuanto a los requisitos formales que debe revestir el mismo a los fines de su admisibilidad, se advierten una serie de deficiencias que lo tornan inviable.

En primer término, los fundamentos sobre los que se basa el recurso están referidos a cuestiones de hecho, como es el cómputo del plazo para la interposición del incidente de nulidad, materia que por regla es totalmente ajena a la vía intentada, sin que en el caso exista ningún motivo de excepción que justifique apartarse de dicho principio.

A más de ello, si bien el agraviado basa el recurso en la causal de errónea aplicación e interpretación de la ley, de la lectura del memorial surge claramente que aquello que se cuestiona no está referido a la misma, pues no se trata de la interpretación del Art. 53 del NCPT, ni del alcance o exégesis de la norma, como tampoco sobre si hubo una correcta aplicación del derecho a los hechos juzgados en la instancia de grado, sino que la cuestión que se pretende someter a conocimiento del tribunal está referida a la fecha a partir de la cual el recurrente considera que se debió computar el plazo para la interposición del incidente de nulidad, con lo que queda claramente demostrado que no está en juego ni la interpretación ni la aplicación de dicha norma, sino simplemente la forma del cómputo del plazo, constituyendo ello una cuestión de hecho ajena por completo a esta vía excepcional de impugnación, toda vez que ella excede los límites jurisprudenciales de este Tribunal.

Por ello, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por ser formalmente inadmisible.
Amparo por mora, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Greco, Héctor Antonio y otro c/ Municipalidad de la Capital s/ Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-12-21

El amparo por mora solamente se procura instar el procedimiento administrativo, con prescindencia de lo que pueda resolver la administración respecto de la pretensión sustantiva del administrado.

Tomando en cuenta dicho objetivo y las constancias de la causa que reflejan sin lugar a dudas la complejidad de la cuestión sometida a consideración de la Administración, mi conclusión no podrá ser otra que la de propiciar el rechazo de la acción, toda vez que entiendo deberá estarse a la situación existente al momento del dictado de la sentencia.

En consecuencia, obrando en autos informes de la Administración de fecha 18/10/05 y 19/10/05 que imponen el cumplimiento de determinados requisitos a cargo del recurrente, la acción ha devenido abstracta, pues la mora que inicialmente pudo sustentar la interposición de la presente acción, se encuentra ausente a esta altura. En conclusión no existiendo el presupuesto medular de la mora deberá rechazarse la acción, sin costas.

Del voto del Dr. Cáceres- Por la Mayoría.
Responsabilidad médica, servicio de cirugía, responsabilidad colectiva
Materia: CIVIL
Carátula: CALCATERRA, RUBEN Y OTRA c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-24

Se está ante un caso de responsabilidad colectiva, si varios médicos cohesionados por pertenecer a una unidad departamental o de "un servicio" (el de cirugía) constituyen "un grupo" a los efectos apuntados. Dicha responsabilidad se sustenta en el riesgo y reconoce como límites (o causa de exoneración de ella): 1) que el interesado no participó en el grupo (imposibilidad de causar el perjuicio), o 2) quien fue en realidad el verdadero causante del daño.-
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Cruz, Osvaldo O. c/ Cerámica San Lorenzo S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Conforme lo dispuesto por el art. 23 del dec. ley 8904/77 en el supuesto de rechazo íntegro de la demanda el monto del juicio está representado por el importe de aquélla debidamente actualizado, resultando inviable la pretensión de que se examine la eventual procedencia de los rubros reclamados a los efectos de la regulación de honorarios.
Asociaciones profesionales, Ministerio de Trabajo, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Juárez, Rubén Faustino y otro c/ Mrio.  de Trabajo y Seguridad Social (Direc. Nac. de Asoc. Sindicales s/ Acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

Es procedente el recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo contra los actos administrativos del Ministerio de Trabajo que versen sobre las materias propias de su función de control exclusivo, que sean de carácter "definitivo", o sea, que resuelvan sobre la cuestión de fondo y que no se trate de cuestiones procedimentales, y que agoten la instancia administrativa.
Accidente de tránsito, culpa grave, ebriedad
Materia: CIVIL
Carátula: MENDEZ, RICARDO JORGE. c/ LUCERO, CARLOS ANDRES Y OTRO. s/ D. Y P. USO AUTOMOTOR (SIN LESION).
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-18

La Culpa Grave y la Ebriedad presentan otra diferencia: la primera es una causa delimitativa del riesgo que halla su fuente en la Ley de Seguros, aunque luego se halle literalmente reproducida en la póliza; mientras la exclusión de cobertura basada en la Ebriedad tiene su espacio de regulación (la del "no seguro") en lo "acordado" por las partes; se halla contenida en la póliza como caso no indemnizable, por lo que no es menester subsumir el presupuesto de hecho en la noción de culpa grave.

Por lo tanto, el siniestro motivado en la Ebriedad hace innecesario que para fundar la exclusión de cobertura se formule una remisión, expresa o tácita, a la Culpa Grave." (ibídem).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferreyra, Adad c/ Rato, Luis Antonio y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

La autoridad de la cosa juzgada que emana de la sentencia penal firme, alcanza no solamente al hecho de la producción del accidente, origen de los daños y perjuicios reclamados, sino también a las circunstancias en las que el ilícito se ha consumado. El "hecho principal" no es el mero hecho del accidente, sino también las circunstancias que lo rodearon.
Honorarios del abogado, martillero
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ DE ALVAREZ, VIRGINIA c/ ALVAREZ TOMA'S, MARIO s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-05

El artículo 61 de la ley 21.839 expresamente dispone que para actualizar los honorarios, en caso de mora, se utilizarán los índices de precios al por mayor nivel general y en el caso que se trate de la regulación de un martillero público, y no de un profesional del derecho, la ausencia de norma específica que regule la situación, y la especial naturaleza de la deuda aconseja utilizar el mismo parámetro.

Siguiendo el criterio de analogía apuntado, corresponde actualizar el monto de los honorarios desde la fecha en que la mora se produce y hasta la del efectivo pago. De esta forma se impide que el transcurso del tiempo incida en el envilecimiento del numerario, y signifique para el acreedor una disminución en el valor real de su crédito al permitirle que lo perciba a valores constantes, practicándose la actualización sobre la base de los índices correspondientes al mes anterior al de aquel en que se realiza el pago.
Derecho ambiental, política ambiental, principio precautorio
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: B. S. A. s/ MANDAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-03-17

En este contexto, el principio de precaución se inserta en el amplio espectro de protección del ambiente, teniendo asimismo en mira los intereses de las generaciones futuras (art. 41, C.N.), en función de prevenir daños al ecosistema, esencial para la subsistencia de los seres humanos.

Dicho principio, en tanto incrementa fuertemente el deber de diligencia, instaura una nueva dimensión tutelar en el instituto de la responsabilidad civil: el aseguramiento de riesgos que pueden ocasionar efectos calamitosos.

Así como el principio de previsión tiende a evitar un daño futuro pero cierto y mensurable, el principio de precaución introduce una óptica distinta: apunta a impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos - y por lo tanto imprevisibles -. Opera en un ámbito signado por la incertidumbre.
Acción meramente declarativa, costas al vencido, Administración Nacional de la Seguridad Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ZAMPINI JUAN JOSE c/ ANSES Y OTRO s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-19

El art. 21 de la ley 24.463 sólo es de aplicación al procedimiento de impugnación judicial de los actos administrativos de la A.N.Se.S. (conf. art. 14). Por ello, tratándose la cuestión de autos de una acción meramente declarativa, rigen en materia de costas las previsiones contenidas en el C.P.C.C. cuyo trámite está regulado en el art. 322 de dicho cuerpo normativo. Sentado lo anterior, no se encuentra mérito para apartarse del principio general de la derrota establecido en el art. 68 del código referido, debiendo imponerse las mismas al vencido.
Sanciones procesales, abogados
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CIRONE MIGUEL c/ ABDO ABRAHAM s/ División Condominio (LIBRO: S069 - 210)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-02-23

La alegación de la Teoría del Acto Jurídico Inexistente no hace incurrir en sanciones procesales al abogado. Esta teoría es de elevada preparación doctrinal y captación, y sus implicancias escapan a una categorización legal que es obviada por muchos estudiosos del derecho.
Remuneración, adicionales de remuneración, cochera
Materia: LABORAL
Carátula: López  Sandra  Miriam c/ cablevisión  S.A. s/ diferencias  desalarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-22

Reviste carácter salarial la cochera que le fuera asignada a la actora, más aún, si como en el caso, la propia demandada admite que tal beneficio implicó una "retribución en especie" (Arg. art. 103 L.C.T.). Toq. 1233.
Trabajo de mujeres, ius variandi, cambio de horario, daño moral, derechos del trabajador, principio de indemnidad del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: GUTIERREZ, MYRNA I. c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-07

Al ser la trabajadora madre de dos hijos, la prolongación de su jornada resulta susceptible de producirle perjuicio moral al restar tiempo a su dedicación a aquéllos, violentando así el principio de indemnidad que consagra el artículo 66 de la LCT. (to.) para la legitimidad del 'ius variandi'.
Sucesión ab intestato, sucesión testamentaria, falta de institución de heredero
Materia: CIVIL
Carátula: Novo de Quintana, M. E. s/ Sucesión testamentaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-12

Cuando el causante ha dejado testamento, sólo procede la apertura del juicio intestato si en el testamento no hay institución de herederos y queda un remanente de bienes después de haberse entregado los legados. Faltando ese remanente o ante la incertidumbre de su existencia, la apertura del juicio "ab intestato" carecería totalmente de objeto.
Daños y perjuicios, automotores, daño resarcible, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MONELLO R. c/ ALGAÑARAZ s/ Daños Perjuicios (LIBRO: S067 - 252)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-11-25

Si el actor prueba que con su camión prestaba servicios de transportes de mercaderías, corresponde la indemnización por privación del vehículo durante los días de reparación del automotor, ya que en ese período se menguaron los ingresos 'por no poder realizar la labor. No es necesaria prueba concreta sobre las pérdidas sufridas tomándose en cuenta el aporte de datos que permitan presumirlo de un modo fidedigno
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, gravedad institucional, clausura del establecimiento, nulidad del acto administrativo, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
Materia: PROCESAL
Carátula: Elías, Jalife s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

La invocación de gravedad institucional - traducida en la manifestación acerca de que la sentencia que decretó la nulidad de la clausura preventiva dispuesta por la Secretaría de Industria y Comercio compromete principios fundamentales de orden social y afecta intereses fundamentales de la comunidad - torna procedente, en el caso, el acceso al remedio federal.
Sanciones disciplinarias, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ramos, Alfredo Mario c/ Municipalidad de General Alvarado s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-09-14

Debe demostrarse el supuesto de arbitrariedad o irrazonabilidad en el ejercicio del poder disciplinario que posibilite la revisión judicial de la medida aplicada por el órgano administrativo.
Accidente de tránsito, automotores, cosa riesgosa
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: ESPINDOLA, ROBERTO MARTIR Y OTRA c/ JUDIT ANA CARR DE HUTTON Y OTRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -  INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS (CSJ EXPTE N 77-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-06

Frente al criterio de la Cámara A-quo que entendió aplicable al caso el artículo 1113 del Código Civil por tratarse de un accidente en donde el embistente es un automóvil en movimiento -sobre cuyo carácter de cosa riesgosa prácticamente no existen dudas y la víctima es un peatón, la quejosa se empeña en oponer su propio criterio quedando reducidas sus alegaciones a meras discrepancias interpretativas, extrañas a la instancia extraordinaria.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, verificación de créditos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mouro, C. s/ Inc. de verificación de crédito en `Marcotulio. Quiebra'
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

No reviste carácter de sentencia definitiva en los términos del art.

278 del Código Procesal Civil, la decisión recaída en un incidente de verificación que declara no verificado el crédito por no ser el mismo exigible. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), nulidad procesal, mayoría de edad, representación procesal, consentimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, OMAR ALBERTO c/ VIERA, EXEQUIEL ALEJANDRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

El recurrente no logra persuadir que la Alzada -al margen de su mayor o menor acierto- hubiera transgredido los cánones de razonabilidad tolerados, al evaluar la pretensión del recurrente, toda vez que la Cámara indicó que los agravios planteados en el recurso de inconstitucionalidad -amén de resultar reiteración de los planteos de índole procesal con los que sostuvo la nulidad del fallo de primera instancia- merecieron adecuada respuesta en su oportunidad por parte del A quo, sin advertir que todos los vicios que menciona, particularmente que no se le designó Defensor General al menor; que éste adquirió la mayoría de edad durante el pleito y que no se lo citó a comparecer por sí, son todas circunstancias que su propia parte no denunció en su momento, y, es sabido que no resulta admisible ninguna postulación nulificatoria, aún por la vía de la declaración de inconstitucionalidad, si el recurrente consintió el vicio del que luego se queja. (Del voto del Dr. Erbetta y de la Dra. Gastaldi)
Jueces, deberes del juez, fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Maymo, Alcides Hernán y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

Los jueces únicamente tienen el deber de expresar en sus sentencias la valoración de las pruebas que fueron esenciales y decisivas.
Medidas cautelares, peligro en la demora, presunciones
Materia: PROCESAL
Carátula: AMPUERO GUEICHATUREO SANDRA JEANNETTE c/ LA SUREÑA S.A. s/ LABORAL S/APELACION EN RELACION Y CON EFECTO DEVOLUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-04-09

Reconociendo el demandado la existencia de la deuda, aunque discutido el monto, en atención a la fuerza de la presunción de verosimilud resultante, deviene innecesario acreditar el peligro en la demora, que se presume.
Acción de inconstitucionalidad, competencia, cuestiones de competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Bassanetti, Carlos Domingo y otro s/ Acción de Inconstitucionalidad s/ Cuestión de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-08-29

El examen de la constitucionalidad de una norma no sólo puede ventilarse en instancia única ante el Superior Tribunal sino que también puede introducirse en toda clase de procedimientos por los actores mediante la interposición de los recursos procesales pertinentes (artículo 158 inc. 1 de la CPTF).
Depósito previo, exigibilidad del depósito
Materia: LABORAL
Carátula: Molina, Angel E. c/ Sicurezza S.A. s/ Despido. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30

El art. 56 de la ley 11653 establece -sin distinción alguna- que en caso de sentencia condenatoria los recursos se concederán únicamente previo depósito de capital, intereses y costas, creando así un régimen propio con finalidad distinta al establecido por el art. 280 del Código citado, cual es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito. (Minoría u opinión personal)
Medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALCARAZ GREGORIO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ALVEAR s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA"EXPTE. N 5980/88
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-03-12

La inhibición general es una medida de carácter excepcional, subsidiara, de contenido residual, genérica, temporaria, tanto que la ley determina un supuesto de sustitución obligatoria; la inhibición "se deber dejar sin efecto tan luego como presentase a embargo bienes o diere caución bastante".Ante el peligro que el crédito quede sin protección por la demora en que se incurre al hacer averiguaciones, es mejor trabar la inhibición y notificarla al deudor, quien podrá librarse de ella con solo ofrecer bienes a embargo.
Trabajo inoficioso, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: G. SA s/ Concurso Preventivos s/Incidente de Revisión:B.C. SA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-07

La interpretación que surge de la doctrina del art. 6to. de la Ley de aranceles locales (del mismo tenor que la contemplada en la Ley Nacional N° 21.839 -vigente-), no puede considerarse arbitrario si se conjuga con lo dispuesto por el primer párrafo del art. 3° del mismo cuerpo legal, que literalmente dice: "La actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de carácter oneroso, en la medida de su oficiosidad, salvo los casos en que conforme a excepciones legales, pudieren o debieren actuar gratuitamente.- Las disposiciones del presente decreto ley se aplicarán supletoriamente a falta de acuerdo expreso en contrario".
Menores, sentencia, audiencia de debate, derechos del niño, régimen penal de la minoridad, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: F., J. G. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23

La celebración de la audiencia de debate a los efectos de determinar la necesidad de sancionar al menor que ha sido declarado penalmente responsable o en su caso, hacer uso de las facultades que acuerda la ley 22.278, es la solución que mejor armoniza con la legislación sobre el régimen de menores en la medida que se asegura que la eventual imposición de pena resulte de la audiencia imparcial y equitativa conforme a la ley en la que permita al menor participar y expresarse libremente, exigida como garantía mínima para el juzgamiento de menores de edad por el art. 40.2.b III de la Convención sobre los Derechos del Niño (ley 23.849) y el art. 14, parágrafos 1 y 2 de las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing). Tal intervención es la que mejor armoniza también con la participación activa "en los procedimientos que los afecten" que reclama la reciente sanción de la ley 26.601. En el presente caso la sentencia recurrida que condenó al imputado en orden a los delitos que cometiera como menor sin que se hubiere celebrado audiencia de debate deberá ser anulada en los términos establecidos por los arts.

168 y 169 del C.P.P.N. pues fue emitida en violación de imperativos procesales sancionados con pena de nulidad por estar vinculados a las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio (art. 18 de la C.N.). (Voto de la Dra.

Capolupo de Durañona y Vedia; los Dres. Hornos y Berraz de Vidal adhieren según sus votos).
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, admisibilidad del recurso, pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Comafi SA c/ Barabino, Rafael y otro s/ ejecutivo (ll 10.9.19, f. 122.103)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-15

1. La excepción de pago requiere para su procedencia que el instrumento en el que ella se sustenta contenga una referencia concreta y circunstanciada del título en ejecución (CNCom, Sala B, in re "HSBC Bank Argentina SA c/ Testa, Matías José s/ Ejecutivo", del 7-12-16, ídem in re "Buompadre, Arnoldo Raúl c/ Martinel, Ricardo Osvaldo y otro s/ Ejecutivo", del 2-9-15, entre otros). 2. En el sub lite las liquidaciones de crédito acompañadas por los ejecutados no contienen ningún elemento que permita relacionarlas con el pagaré que se ejecuta, razón por la que fue bien rechazada la excepción de pago parcial.