Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-10


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 10 días del mes de Agosto del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia de su titular, Dr. Daniel Luis CANEO y asistencia de los Sres. Ministros Dres. Fernando S. L. ROYER, y José L. PASUTTI para dictar sentencia en los autos caratulados:

"V, J R c/ Provincia del Chubut y otros s/ Demanda Contencioso Administrativa" (Expte. Nº 18.935 V 2002), y atento lo dispuesto por la Acordada Nº 3204, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. CANEO, PASUTTI y ROYER.

Acto seguido se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la demanda? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión el Dr. CANEO dijo:

A fs. 19/28 vta. el Dr. J R V inicia demanda contencioso administrativa, persiguiendo la nulidad del Decreto N° 1120/00. Según relata, pese a que venía desempeñando el cargo profesional de Agente Fiscal de la Dirección de Rentas de la Provincia, el acto que ataca luego de haberlo cesado por cuanto, se le informó, la actividad que cumplía careció de afectación presupuestaria lo reubica en un cargo inferior, de Auxiliar Administrativo Código 3003 Clase III del Dto.Ley Nº 1987.

La pretensión de plena jurisdicción se integra ///con el reclamo de pago de los sueldos correspondientes a los meses de Enero a Julio de 2.000, ambos inclusive, SAC correspondiente al mismo período, ajuste de la diferencia de sueldos cobrados a partir del mes de Agosto de 2.000 a la fecha de interposición de la demanda, ajuste de la diferencia del item "Fondo estímulo", proporcionado al monto del salario desde Enero de 2.000 a la misma fecha, recategorización en el plano profesional y respectiva adecuación de funciones, daños y perjuicios inferidos concretamente daño material (lucro cesante) a determinar en la etapa probatoria, y daño moral ante la desigualdad de tratamiento y funciones que fija en PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.) o lo que en más o en menos resulte de la prueba, y se intenta contra la Provincia del Chubut, el Sr. J L L quien ejerciera el cargo de Gobernador de la Provincia que suscribió el Decreto y el Sr. R J que se desempeñaba en el momento de los hechos en el cargo de Ministro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos y lo refrendara, en forma solidaria.

Funda la competencia de este Superior Tribunal de Justicia en materia contenciosoadministrativa sosteniendo con citas de doctrina y jurisprudencia que existe un contrato administrativo, por razón de su objeto... que se está en presencia de una relación de empleo público... que la pretensión está fundada en la existencia de un conflicto jurídico surgido en ocasión de una relación jurídica entre la Administración y su agente, la que debe ser dirimida por normas de Derecho Administrativo.

En el acápite "Antecedentes", efectúa primero una síntesis de su vida, de su familia y en relación con la comunidad estudios cursados, sus actividades en Comodoro Rivadavia nativo de ésta como abogado, ///funcionario judicial, Conjuez de Cámara en la circunscripción de esa ciudad, Conjuez Federal, miembro de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, docente secundario y universitario, representante de la Universidad Nacional de la Patagonia en el exterior (República Dominicana) refiere y como comerciante gastronómico, para luego referirse a su vinculación de empleo con la Provincia del Chubut, que se inicia en la Dirección General de Rentas y se desenvuelve en distintos cargos durante veintiocho años entre un período en la justicia y otro posterior en la Dirección General citada sobre lo que se explaya en el capítulo V (a fs. 22 vta./23).

Relata que fue nombrado en planta permanente el 24 de mayo de 1.978 como Auxiliar Administrativo del Agrupamiento Personal Técnico Administrativo, luego pasó a desempeñar el cargo de Apoderado Fiscal en el área de aquella Dirección, más tarde Apoderado de la Fiscalía de Estado y después fue ascendido a la categoría de Agente Fiscal, hasta que se dieron los hechos que motivan la acción, siendo "incorrectamente designado" aduce como Auxiliar AdministrativoCódigo 3003III mediante el acto que viene a impugnar Dto. 1.120/00..

Recuerda que el 10 de Enero de 2.000 recibió una notificación por Carta Documento, en la cual se le informó que la actividad de Agente Fiscal que desarrollaba carecía de afectación en el presupuesto aprobado por la Honorable Legislatura para ese año, y que, en consecuencia, debía abstenerse de continuar con tal tarea hasta que fuera notificado de su desvinculación con la Dirección General de ///Rentas. La comunicación fue suscripta por el Dr. P J M R, Director de Asuntos Legales de la DGR y su Directora General, Dra. E H.B. de L.

Señalará más adelante, que la categoría de Agente Fiscal fue suprimida en el Presupuesto del año 2.000 argumentándose una reestructuración en la organización administrativa, al crearse por la Ley Provincial Nº 4.315 el Fondo de Recursos Propios del Poder Judicial, en el que se incluyó lo recaudado en concepto de Tasa de Justicia.

Que el controlar ésta era una de sus funciones, pero no la única, ya que además le correspondían presentaciones en todos los Expedientes judiciales donde la D.G.R. tenía algún interés distinto al pago de dicha tasa; da como ejemplo, el contralor de protocolos de los escribanos antes de su archivo.

Refiere que contestó aquella CD el 12 de Enero de 2.000, rechazándola por improcedente, afirmando que tenía derecho a la estabilidad propia del empleado público, y haciendo reserva de demandar solidariamente a la Provincia y a los funcionarios de los cuales dimanara ese acto administrativo que considera arbitrario, en el supuesto que no fuera reencasillado o reubicado, atento que la Administración debía prever tal situación dijo pues de lo contrario cometería el ilícito de encubrir un despido incausado.

Que sigue al no recibir respuesta por parte de la DGR, el 16 de Junio del mismo año procedió a intimar a su Director General a la inmediata reubicación dentro del personal de planta permanente de la Provincia en el plazo de cinco días, haciendo reserva de accionar judicialmente.

/// Tampoco recibió una contestación expone y entonces inició una Acción de Amparo a los efectos de que el Director General de Rentas de la Provincia del Chubut cesara en su actitud de intentar que el reclamante se abstuviera de continuar con sus tareas en la DGR, atento su calidad de empleado de planta permanente.

En forma conexa describe promovió una medida cautelar de prohibición de innovar a los efectos de preservar durante el sustanciamiento de la acción la inalterabilidad de la situación anterior a la medida tomada, que le fue acordada.

No obstante la misma recuerda el entonces Director General de Rentas Cr. E M R, desobedeciendo la manda judicial dictada, ordenó a la obra social SEROS que lo "bajara del sistema" dejándolo sin cobertura médica, lo cual generó señala que al constatarse tal circunstancia, el Juez actuante ordenara enviar las actuaciones a la Justicia Penal, labrándose las caratuladas: "Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut s/Desobediencia" (Expte. N°35528701), de trámite ante el Juzgado de Instrucción N°1 de Trelew.

Deduce que estas acciones tuvieron éxito, desde que recibió una CD firmada por ese último Director General el 2 de Agosto de 2.000 comunicándole que, el siguiente día hábil, debía presentarse a trabajar ante la DGR Delegación N° 2 de Comodoro Rivadavia en su cargo de reserva: Abogado Agrupamiento Profesional clase III.

Interpreta que fue un allanamiento a sus reclamos, parcial, en cuanto receptó su pretensión por la circunstancia de que es personal de ///planta permanente y que la categorización es profesional. Tal cual lo pedía, aclara.

Sin embargo continúa luego, por Decreto N° 1.120/00 cuya nulidad solicita en la presente litis firmado por el Señor Gobernador y el Ministro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, se le ordena en su art. 2° que se reintegre a partir del 1 de Enero de 2.000 a su cargo de revista como "Auxiliar Administrativo Código 3003 Agrupamiento Personal Técnico Administrativo Clase III en la Dirección General de Rentas...".

Afirma que contra ese Decreto planteó Recurso de Nulidad el 18 de Septiembre de 2.000 así lo dice atento los errores de "fundamento" que vician el mismo, así como la omisión de considerar y aplicar las leyes que regulan el tema y enumera: Dto. Ley 920, Leyes Nº 1.523, 1.524, 1.987 arts. 83,96,106,117,119 y concordantes su Dto. Reglamentario Nº1.330, Dto. Nº1.404/81 y 1.465/81. Y grafica, así comenzó su "vía crucis", porque pasaron dos años y dos meses sin pronunciamiento de la Administración (a la fecha de interposición de la demanda). Acusa negligencia de los funcionarios del área al no dar una respuesta a través del acto administrativo pertinente.

Señala que teniendo conocimiento de que los Exptes. Nº 3.364MH00 y Nº 130DGR00 obraron como antecedentes para el dictado del acto que cuestiona, solicitó al Sr. Gobernador mediante CD del 7/09/00, vista de la causa. Y hecho esto, presentó una ampliación de los fundamentos del Recurso el 26/09/00, destacando en ella un Dictamen de la Directora General de Administración de Personal M F dado a fs. 20 Expte. Nº 3.364MH00 en el que ///sugiere que "...se reubique al mencionado agente en la categoría profesional que corresponda".

Sostiene que hasta la fecha no se le habían abonado "los meses de Enero de 2.000 a Julio de 2.000, ambos inclusive, ni el correspondiente SAC" y en relación con ello, transcribe la CD que dirigió al Ministro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos R J codemandado en autos en la que hace saber que se le adeudan salarios por ese período, correspondientes a la "categoría 17", intimándolo a resolver el recurso de nulidad que planteara y al pago de los salarios reclamados e intereses, bajo apercibimiento de iniciar reclamos judiciales por los daños y perjuicios causados por el accionar negligente del Estado Provincial conjuntamente con los funcionarios actuantes, y que el 12/09/01, una CD de igual tenor remitió al Señor Gobernador J L L también ahora codemandado, pero no obtuvo respuesta de ninguno de esos funcionarios, ni de otros.

Aduce que vencidos los plazos otorgados no puede más que reclamar judicialmente, y que de conformidad con los arts. 140 y 145 del Dto. Ley 920 ha cumplido con la pertinente reclamación resarcitoria ante el Ministerio del área, encontrándose habilitada la vía.

En el Capítulo V desarrolla los fundamentos legales que sustentan la demanda. Con apoyo en los artículos 106 y 119 de la Ley Nº 1.987 y jurisprudencia relativa a la intangibilidad de las remuneraciones del empleado público, argumenta que cuando se suprimió la categoría de Agente Fiscal debió haber pasado a revistar en la de Apoderado Fiscal y ///no en la que quedó de Auxiliar Administrativo del Agrupamiento Personal Técnico Administrativo, que fue el cargo con el que ingresó a la Administración Pública.

Afirma que tiene un derecho subjetivo adquirido al amparo de la Ley Nº 1.987, que la Ley Nº 2.262, en la modificación que le introdujo a su art. 12, no puede vulnerar, porque cuando se lo designó como Apoderado Fiscal a partir del 1/01/82 ese cargo tenía la estabilidad propia del empleo público. Analiza la vigencia de esta norma y el texto del precepto. Aduna jurisprudencia respecto a la aplicación de las leyes en el tiempo y sus efectos jurídicos.

Concluye en que el "encuadramiento equivocado" por parte de la Administración y sus operadores responsables, ha significado que se le adeuden los haberes de Enero a Julio de 2.000 y el S.A.C. complementario proporcional, pues aclara siguió prestando servicios en ese período, realizando tareas "en el ámbito de reciprocidad de realización de trámites judiciales para las distintas Direcciones de Rentas de Provincias vecinas" con las que dice existe un convenio a tal fin.

Que estos salarios adeudados han devengado intereses por el tiempo transcurrido a la tasa que utiliza el Banco del C S.A. para sus operaciones de descuento de documentos o la que este Tribunal fije. Asimismo, motivó una reducción en los haberes a partir de Agosto de 2.000, por lo que reclama diferencias salariales hasta que sea encuadrado en el escalafón profesional, a más de adecuar los correspondientes al período Enero a Julio de 2.000.

Tampoco se le ha pagado dice el Fondo Estímulo como personal integrante de la Dirección General de Rentas por el período Enero a Julio de 2.000, que quiere se le abone con intereses y conforme la categoría profesional que ///revistara hasta Diciembre de 1.999, calculado según la categoría que corresponde. Y advierte que su salario básico se redujo de $421,88 a $261,87, y que siempre firmó los recibos "en disconformidad".

En el capítulo VI, bajo el título "Daño material" dice que también deberá computarse como tal el lucro cesante que como profesional experimentó al no realizar las Ejecuciones Fiscales de la Dirección General de Rentas, en las que no tiene ningún tipo de participación; daño que será determinado por un Perito Contador a partir de un Informe de esa Dirección, prueba que diceoportunamente ofrecerá.

En el VII, fundará el reclamo en concepto de daño moral que en el objeto de la demanda determinó en la suma de $50.000 y/o la que en más o en menos resulte de la prueba a realizar refiriendo a su encasillamiento como administrativo cuando venía revistando en el agrupamiento profesional, a la actitud de la accionada y sus funcionarios, que conociendo de su reclamo propusieron el nombramiento de otro profesional de derecho en el cargo que le correspondía, y de un pasante estudiante de abogacía durante el año 2001, en la sección jurídica del área de Rentas.

Según esta nueva ubicación "administrativa", que sólo requiere como instrucción el ciclo básico, se ve confinado relata a atender llamadas telefónicas y público en mostrador, desdeñándose dice su probada capacidad profesional al servicio de la Provincia por más de 21 años. Todo ello le ocasiona desasosiego en sus íntimos sentimientos, afecta su dignidad, hiere su estima, ataca la reputación, fama y decoro de que goza ante los demás, justificando este concepto demandado.

/// Destina el Capítulo VIII a sustentar la responsabilidad solidaria que demanda del ex Gobernador de la Provincia, y del que fue su Ministro de Hacienda. Señala primero partiendo de la tesis contractual de la vinculación de empleo público que "el hecho de que uno de los elementos de ese contrato sea la regular prestación del servicio, hace que toda irregular prestación sea frente al Estado incumplimiento de contrato" y entonces estima que esa responsabilidad contractual asume las características establecidas en el art. 1112 CC, aplicable a los "hechos y omisiones" de los funcionarios públicos, sin perjuicio aduce de la existencia del art. 1109 del mismo cuerpo normativo.

Con cita de GORDILLO, refiere que para la aplicación del art. 1112 citado han de reunirse dos elementos: el hecho o la omisión en el ejercicio de la función primero, y que ese hecho u omisión consista en el irregular cumplimiento de las obligaciones legales.

Interpretando esta norma sostendrá que determina una responsabilidad colectiva de los "equipos administrativos" si lo que prevé el art. 1112 CC no es sólo una eventual responsabilidad del órgano frente al Estado por los daños que cometa directa o indirectamente para asegurar la acción in rem verso (se estima alude al órgano individuo, esto es, al funcionario) sino y por el contrario se está en presencia de una responsabilidad del funcionario frente al administrado... ambas responsabilidades coexisten.Cita jurisprudencia referida a las consecuencias de las infracciones de los funcionarios a los deberes que le conciernen, generadora de responsabilidad personal y transcribe el caso "Vadell..." resuelto por la Corte Nacional (se aplica a la responsabilidad del Estado).

/// Luego funda en derecho, expone sobre la vigencia retroactiva de las leyes que no puede afectar derechos adquiridos, ofrece prueba documental, reserva caso federal.

II. La Provincia del Chubut contestó la acción a fs. 93/99. Negó cada uno de los hechos expuestos en la demanda y cada uno de los rubros que reclamara el actor como daño material y moral. Sostuvo la legalidad del Dto. N° 1.120/00.Rechazó expresamente la responsabilidad de la Provincia o de sus funcionarios y órganos. Negó que hubiera demora, ni desidia o negligencia de los funcionarios actuantes.

En la relación de hechos alude a la sanción de la Ley Nº 4315 y sus efectos sobre la función del actor, al trámite seguido a su respecto, a su reubicación por el acto opugnado. Sostiene que V había perdido la estabilidad, y con aquél se lo beneficia al mantenerlo en la planta permanente; explica la diferencia entre planta permanente o temporaria y cargos con o sin estabilidad, aduciendo que aquél en que el accionante revistara Agente Fiscal es de planta permanente pero sin estabilidad.

III. A fs. 57/74 vta. respondió el codemandado J L L, quien apoderó a los Dres. E R y E G H.

Debe acotarse aquí, que el actor acusó la falsedad del acto jurídico de apoderamiento, esto es, del instrumento que acredita la personería que el apoderado invocó (Escritura N° 41 Poder Especial para juicios y asuntos administrativos de fecha 10 de Septiembre de 2.003, pasada ///por ante la Escribana A S F, al F°69 del Protocolo del Registro N° 57 a su cargo) solicitando se declarase la nulidad de la presentación fs.105/106 y el Tribunal a resultas, si bien rechazó el planteo de nulidad SD Nº 49/03 fs. 113/118 intimó al codemandado L a acreditar suficientemente la representación invocada, lo que tuvo por cumplido a fs. 125. V, a fs. 134/136, planteó revocatoria de aquella providencia y solicitó "declaración de nulidad" del Poder aludido.

En estado de resolverse esta presentación, el actor impetra Incidente de Redargución de Falsedad que se ordenó formar y tramitó por Expte. Nº 19366V03 que se agrega por cuerda y tengo a la vista. Allí requirió que la cuestión se resolviera al dictar fallo definitivo en el principal.

Pero suspendido el trámite de este Incidente en etapa probatoria a raíz de las circunstancias que se dieron en el proceso principal (transacción y su trámite de homologación y conocimiento) luego, el actor no impulsó su continuidad, y llega éste a la instancia de Sentencia Definitiva, sin que el Incidente se encuentre en estado de resolver.

Así las cosas, debe necesariamente discernirse el abandono del actor de la redargución de falsedad, corroborada por su consentimiento de la providencia que llama en éste autos para alegar, y luego para sentencia.

Dicho esto, ha de describirse que el apoderado de L a más de negar la procedencia de la acción, profusa y detalladamente los extremos de hecho y derecho aducidos por el actor y sostener la legitimidad del acto atacado, rechazó la atribución de responsabilidad ///solidaria que se le efectúa.

Señala que la pretensión en tal sentido es improcedente, que el actor dista de fundar adecuadamente los factores de atribución de la responsabilidad que le endilga, comprensivos de la imputación y relación de causalidad que puedan sustentarla, fuere en las reglas generales de responsabilidad o específicamente en el art. 1112 CC.

Argumenta sobre la inaplicabilidad de este último a la relación contractual que el actor reconoce entre funcionario y Estado, aduce que se encuentra ausente la condición impuesta por el art. 1107 CC para incluirla en el Título, sostiene la naturaleza extracontractual de la responsabilidad que deriva del art. 1112 CC, refiere a los presupuestos de la responsabilidad civil, al significado del incumplimiento irregular de las funciones, a los presupuestos de legitimidad de los actos administrativos y sus elementos.

Encara después la cuestión de imputabilidad de la conducta, indica la necesidad de un obrar doloso o culposo, y alude a que aún los actos administrativos irregulares gozan de presunción de legitimidad, cuyos efectos refiere.

Afirma que si por ejercicio regular de sus funciones el agente causa daño no es responsable; y que es una cuestión de hecho determinar si en cada caso medió ejercicio regular o no. Concluye en que el Gobernador la Provincia dictó un acto regular, siguiendo los procedimientos de rigor, no viciado de nulidad según lo dictamina el Fiscal de Estado, y por ende no debe responder.

/// IV.A fs. 82/91 vta. contesta la acción el codemandado R J, que a más de las negativas de práctica sostendrá la inaplicabilidad a su respecto de la responsabilidad civil de los funcionarios públicos prevista en el art. 1112 CC, pues la vinculación entre el actor y el Estado es contractual, no se da el supuesto del art. 1107 y además, no existe acción u omisión que le sea personalmente imputable distinta de la que corresponde al Estado empleador, por todo lo cual argumenta "falta de legitimación del actor para responsabilizarlo por el acto dañoso".

Arguye que conforme surge del punto II de la demanda, V sustenta ésta en un contrato administrativo que lo une con la Provincia del Chubut. Advierte que es una relación de empleo público; que el conflicto ha surgido en ocasión de la misma, entre el ente público provincial en ejercicio de su función y su dependiente, el cual debe dirimirse aplicando normas de Derecho Administrativo.

Aduce apoyándose en doctrina que la pertinente acción que promueve el funcionario o empleado no es civil, sino contencioso administrativa, y no existe una acción u omisión que le sea imputable distinta de la representación del Estado en su carácter de empleador.

Efectúa otras consideraciones también cita doctrina respecto de la posibilidad de invocación del art. 1112 CC por el administrado; que debe tratarse de daños sufridos por terceros, y no se encuentran legitimados para invocar sus prescripciones aquéllos con quienes existe una relación jurídica "preexistente", tal la de empleo público. Intelige que el legislador ha querido su inaplicabilidad en la relación entre funcionarios o agentes de la Administración Pública cuando éstos no actúan en calidad de terceros, para finalmente traer una posición ///doctrinaria que dice que "tal norma el art. 1112 CC no actúa en las relaciones de funcionario a funcionario" cita porque la relación es de carácter administrativo y se desenvuelve en el seno de la administración, en el ejercicio de las obligaciones de cada funcionario, pero con relación a las de otros funcionarios.

Y culmina la idea afirmando que los daños que surjan de las relaciones de funcionarios públicos entre sí, no originan responsabilidad personal, porque sólo está en juego el mecanismo administrativo interno.

Agrega que esta relación se crea y desenvuelve dentro del mecanismo interno de la administración, que esto es en ejercicio de las obligaciones de cada funcionario, pero con relación a la de otros funcionarios, y como la tarea de éstos se complementa para servir a los fines del Estado, existe una necesidad de obrar, que emana de sus propios cargos, y si ese obrar provoca daños y da como ejemplos: cesantía, traslado, sanción disciplinaria no implica un hecho personal libremente cumplido, sino impuesto por el deber jurídico de ejecutar las obligaciones legales de la función desempeñada.

Cita antigua jurisprudencia de la Corte Nacional y de Tribunales Nacionales. Uno de los fallos sostiene que no habiendo sido empleado del demandado, sino del Estado, no se pueden reclamar al funcionario sueldos, ni promoverle acción de responsabilidad.

Destaca que no ha cumplido otro acto que no haya sido el simple refrende del acto administrativo cuya nulidad el actor alega Dto. Nº 1120/00 referido pura y exclusivamente al reintegro del agente a la ///administración; calificándolo de un típico acto realizado en virtud de la relación contractual de empleo público con el Estado.

Deja así planteada la inaplicabilidad al caso del art. 1112 CC y como consecuencia la falta de legitimación sustancial del actor para responsabilizarlo del pretendido acto dañoso.

Subsidiariamente, para el caso de que se lo considere legitimado para accionar en base a la responsabilidad prevista en el art. 1112 CC, en el capítulo IV sostiene que no se encuentra configurado ninguno de los requisitos para su procedencia.

En cuanto al cumplimiento irregular de las funciones asignadas, dice el codemandado J que ninguna puede serle atribuida desde que no incumplió con ninguna norma legal que le estuviera impuesta y menos aún en forma irregular, ya que para el dictado del acto en cuestión se cumplió "inescrupulosamente" expresa con el procedimiento administrativo interno.

Así sin dejar de advertir que se encuentra afectado su derecho de defensa, porque el accionante no precisa cuál ha sido la supuesta irregularidad de su parte que motiva el reclamo, lo que lo ha llevado a hacer esfuerzos interpretativos y suposiciones.

Advierte el Sr. J que cuando el actor dice que él era el Ministro en el cargo al momento del reclamo... no alcanza a comprender cuál es el mismo y si pretende achacarle una supuesta omisión de resolver. Aclara que el 11 de Diciembre de 2.001 se aceptó su renuncia a esa función por Dto. N° 1910/01 acompaña copia que se agrega a fs.76 y por ello las reclamaciones realizadas con posterioridad a esa ///fecha no lo comprenden.

Y en cuanto a las anteriores, se ha seguido el procedimiento de rigor sin que se haya producido demora en resolver en el despacho del Ministro, ni medió expreso pedido de amparo por mora y pronto despacho. La única denuncia por mora aduce fue presentada el 30/08/02, con posterioridad a su renuncia.

Estima que el actor pretende responsabilizarlo "personalmente" por una supuesta negligencia de los equipos administrativos en el cumplimiento de sus funciones, y afirma que sería un absurdo que los funcionarios debieran contratar un seguro de responsabilidad civil, en forma personal, por la negligencia en que pudieran incurrir dichos equipos en el cumplimiento de sus funciones.

Insiste en que el refrende del Decreto N° 1120/00, que entiende es el acto que le imputa el actor, no implica cumplimiento irregular de obligación alguna; que se cumplió con el procedimiento administrativo interno conforme el Dto. Ley Nº 920, incluyendo la intervención de todos los organismos competentes:

Dirección General de Administración de Personal, Dirección de Despacho de la D.G.R., Dirección de Personal y Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Dirección de Asuntos Legales del mismo Ministerio, a más de otras dependencias, y sometido a dictámenes jurídicos. Una cosa dirá es que el Decreto tenga un vicio en su mérito y resulte invalidado y otra muy distinta, que haya sido dictado, suscripto y/o refrendado de manera irregular y/o ilegal.

/// En el punto IV3 sostiene el acto administrativo oponiendo sus propia interpretación de las normas y de la situación laboral del actor contraria, a la efectuada por este último en la demanda.

En cuanto al factor subjetivo de atribución de la responsabilidad, niega su existencia y advierte que el cumplimiento irregular de las obligaciones legales por parte del funcionario puede provenir de su dolo, culpa o negligencia, no así de error. Cita jurisprudencia.

Aduce que si se concluyera en que el Decreto N° 1120/00 resulta viciado y que por ende, le corresponde al actor su reubicación en su cargo profesional, no puede menos que considerarse que la cuestión ha sido dudosa y que se ha actuado por error excusable. Lo entiende demostrado en el trámite administrativo seguido en el caso.

Finalmente cuestiona la procedencia del daño material y moral reclamados por el accionante.

Funda en derecho, ofrece prueba documental, reserva caso federal.

V. La prueba rendida es documental, agregada en autos "VANNI..." (Expte. Nº 18.560V2.002) que tramitara ante este mismo Tribunal.A más de informativa, testimonial y confesional de los Sres. J y L y pericial contable.

VI. El actor y la codemandada Provincia del Chubut transan el juicio.El Acuerdo respectivo sujeto a la aprobación del Poder Ejecutivo, dada luego por Dto. Nº 1219/04 a fs. 150/152 integra la presentación de fs. 147/148, en el que ambas partes exponen que mismo ///está "destinado a poner fin al pleito tanto en lo que refiere a capital como a intereses" con esa parte.

El punto I, expresa convenir que "el importe total de las acreencias a favor del actor" ascienden a la suma que indica ($ 34.156,79), determinándose en el apartado a) el pago en cuotas y sus respectivos plazos. A más, en el punto VII, se estipula que "deberá dictarse" la correspondiente Resolución a los efectos de "la recategorización profesional del actor" por la Dirección General de Rentas, lo que se cumple por Dto. Nº 1372/04 a fs. 160/164.

En otros puntos, conciertan que estas cuotas no devengarán interés alguno, "y son comprensivas de la totalidad de los rubros demandados en autos" (punto II); que el pago se efectuará mediante depósitos judiciales (punto III); que abonadas la sumas en los plazos establecidos quedará extinguida la deuda total devengada a favor del actor..., que nada más tendrá que reclamar a la Provincia por ninguno de los conceptos que fueran objeto del juicio, incluyendo capital, intereses, costas y honorarios y añade"sin perjuicio de la procedencia del reclamo en los demás rubros contra los restantes codemandados" (punto V).

Declaran asimismo que el arreglo al que arriban responde a una justa y equitativa composición de los intereses de las partes intervinientes (punto IV), que se ha considerado la situación de emergencia en que el Estado Provincial se halla inmerso, razón por la ///cual se estipula que el convenio sólo podrá ejecutarse previa intimación judicial ante la falta de pago de dos cuotas, alternadas o consecutivas (Punto VI).

Se solicita se preste homologación, se disponga la percepción por el actor de las sumas convenidas extrayendo los fondos depositados y disponiéndose el libramiento de los cheques respectivos (punto VII apartados 4 y 5).

A fs. 150/152, obra copia auténtica del Dto. N° 1219/04, por el que el Poder Ejecutivo presta conformidad a la transacción disponiendo la habilitación del crédito, ordenando los depósitos e imputando el gasto.

El acto consideró entre otros puntos que el organismo requirente Fiscalía de Estado promovía este tipo de "finalización del proceso judicial en trámite"... para evitarle al Estado Provincial "mayor desgaste patrimonial innecesario"... a la luz de las especiales características del proceso... encuadrándolo en el sacrificio compartido.

A fs. 160/164, está agregada copia simple del Dto. N° 1372/04, por cuyo art. 1° se reubica al actor y a otros agentes en otras categorías en la Dirección General de Rentas como Abogado "A" Clase I Código 4001 del Agrupamiento Personal Profesional.

El fundamento de la medida general, y que no implica exclusivamente al actor fue dado en el primer considerando: que esa Dirección promovía la reubicación y ascenso de agentes pertenecientes a la planta permanente de dicha dependencia, merituando la actividad que efectivamente cumplía cada uno en el organismo, adecuando sus categorías de conformidad con lo establecido en el Dto. Ley N° 1.987 y su reglamentario Dto. N° 1330/81.

/// VII. Previo a resolver la homologación, a fs. 156 se ordenó correr traslado a los codemandados como responsables solidarios, del Acuerdo Transaccional y del Dto. 1219.

Solamente contesta el mismo el codemandado J L La (a fs. 172/173 vta.) que manifiesta no oponerse a la homologación solicitada y refiere los efectos de la misma a su respecto. Glosando el acuerdo, sostiene que se encuentran extinguidas la acción y el derecho respecto de su parte, por todos los rubros que integran la demanda.

Entiende que así es por dos motivos. Uno, por el efecto de dicho acuerdo transaccional, al haberse abonado capital, intereses, honorarios y costas, al margen de las relaciones posteriores entre codemandados. Otro, desde que se ha acordado el pago de todos los rubros reclamados, sin efectuar más que una imprecisa reserva. E insiste en que el mismo está destinado a poner fin al pleito, y no es otro dice que el comprensivo de la totalidad de los reclamos del actor, sin excluir entre otros, el daño moral.

Señala este codemandado que "tan seria es la posición de la Provincia" y se la ha de vincular con la oportuna defensa de este presentante (se infiere alude a la negativa de la Provincia en el responde de la responsabilidad de sus funcionarios) que advierte no se ha nulificado el Dto. 1120/00 y menciona "demás actos administrativos en los que pretende sustentar su reclamo el actor".

/// Alude al efecto extintivo y de autoridad de cosa juzgada de las transacciones respecto de las obligaciones, y para el caso en que el Tribunal considere que no es así, plantea caso federal.

VIII. A fs. 174 y vta., se presentan conjuntamente en un escrito que titulan "Manifiestan" el actor y los representantes procesales de la codemandada Provincia del Chubut. En él vienen a decir a guisa de aclaración espontánea que el "Acuerdo Transaccional" cuya homologación solicitaron alcanza a la "porción de la demanda reclamada en los puntos b); c); d); e) y f) del punto IOBJETO del escrito de Demanda y de acuerdo a lo dispuesto por el art. 835 del Código Civil".

Afirman que ello surge del punto V in fine de fs. 147 vta., cuando se establece que el "Acuerdo Transaccional" se realiza respecto a la Provincia del Chubut "sin perjuicio de la procedencia del reclamo en los demás rubros contra los restantes codemandados".

Sostienen que la transacción debe interpretarse en sentido restrictivo, que en caso de duda, no comprende sino los derechos incluidos en forma inequívoca o expresa; y así también las facultades del mandatario.

Agregan que no empece al criterio que exponen lo dispuesto por el art. 853 del CC, ya que el acuerdo de voluntades explícitas de las partes debe ser analizado a la luz de lo normado por el art. 851 del mismo cuerpo legal. Remite a los arts. 1195 y 1199.

/// Expresamente dicen que los rubros a) y g) del "Objeto" de la demanda no están comprendidos en el "Acuerdo Transaccional" sometido a homologación, y aseveran que puede el actor seguir su reclamo contra los codemandados.

Adunan jurisprudencia relativa al efecto de la transacción sólo entre las partes que hubieran acordado, y que no puede prevalerse del mismo el codemandado que no intervino en su celebración; que extingue los derechos y obligaciones que las partes hubieran renunciado, teniendo para ellas la autoridad de cosa juzgada, fundándolo en los arts. 835 y 850 CC.

IX. A fs.176/178 se homologa el Acuerdo Transaccional por SI N°45/SCA/04, que se notifica a los codemandados (fs. 180 y vta. 188 y vta.).

X. A fs. 189 el actor pide que prosiga la causa según su estado. El Tribunal requiere por providencia de fs. 190 aclaración al respecto. A fs. 203 el actor simplemente reitera su pedido de continuación de la litis y a fs. 214 insiste con un escrito en cuyo punto I Objeto señala que "Reconduce petición".

Explica que homologado ya el Acuerdo Transaccional que suscribió con la Provincia del Chubut "respecto de la porción de deuda reclamada en los puntos b), c), d), e) y f) del punto IOBJETO del escrito de demanda" pide que continúe la acción incoada contra los codemandados J L L y R ///J, en forma solidaria, a los efectos de condenarlos al pago de la suma que oportunamente será establecida, con más intereses, actualizaciones, si correspondiere, y costas del proceso, a la que se agregará la suma de $50.000 en concepto de daño moral y/o la que en más o menos resulte de la prueba a realizar.

En consecuencia aclara "se reclama expresamente a los codemandados L y J lo determinado en el punto g) del punto IOBJETO del escrito de demanda quedando dentro del alcance del reclamo lo manifestado en los puntos VI. Daño Material y VII. Daño Moral y al Excmo. Superior Tribunal de Justicia que oportunamente proclame la nulidad del Dto.1120/00, acto que hasta la fecha omitiera realizar el Poder Ejecutivo Provincial, y que sin perjuicio de la transacción oportunamente realizada con la Provincia del Chubut, resulta sustento de la presente acción"....

Del escrito se corre traslado a los Sres. L y J, contestándolo extemporáneamente el primero, por lo que se le devuelve el escrito (fs.218).

La causa se abre a prueba y culminada la misma, a fs. 492/505 alega el actor. No lo hacen los codemandados. A fs. 508 se llaman autos para sentencia, y a fs. 509 se practica el sorteo.

XI. ANÁLISIS:

Atento el detalle que precede, el Sr. V, vinculado con la Provincia del Chubut por una relación de empleo público, demanda de ///ésta la nulidad de un acto administrativo que aunque así no lo exprese supone, según lo dicho, una "retrogradación" de agrupamiento, cargo y categoría, provocándole daño material y moral.

Requiere asimismo su resarcimiento, no sólo del Estado empleador, sustentado en las normas de Derecho Público que invoca (esencialmente el Estatuto Dto.Ley Nº 1987 que rige su relación, del cual deriva el derecho de estabilidad que dice violentado), sino, en razón de la responsabilidad solidaria que fundará en el art. 1112 CC, de los funcionarios que menciona, a la sazón Gobernador de la Provincia y Ministro de Economía que suscribe y refrenda respectivamente, este acto dicho nulo.

Para sintetizar, intenta en el sentido preindicado contra el Estado Provincial y los funcionarios referidos, una acción contenciosoadministrativa o procesal administrativa de plena jurisdicción.

Es ésta una de las vías reconocidas para instar el control judicial de la Administración Pública, cuyas clasificaciones varían según la concepción de los autores. De nulidad y de plena jurisdicción las más sencillas; de nulidad, de plena jurisdicción, de retardación, de interpretación, de ejecución, otras más complejas.

Mas como diría GONZÁLEZ PÉREZ, si se parte de una unidad, cual es la pretensión contencioso administrativa (declaración de voluntad que se solicita del órgano judicial) aquella primera distinción marca un justo límite y enuncia la existencia de dos tipos de función de lo que se pretende del juez sin que sea necesario seguir cauces procesales distintos (Manual de Derecho Procesal Administrativo Civitas 2º Edición pág. 207).

La ///primera, esto es la acción de nulidad, tiene efectos sólo declarativos; no se pide el reconocimiento de situaciones jurídicas individualizadas sino solamente la anulación del acto que se impugna por contrario al orden jurídico, que lesiona un derecho subjetivo o un interés legítimo de quien demanda. La de plena jurisdicción importa además de la pretensión anulatoria, el restablecimiento de una situación y/o el resarcimiento de los perjuicios; sus efectos son entonces constitutivos y de condena.

Aquí sí media reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas, la indemnización de los daños y perjuicios cuando proceda (autor citado íbidem págs. 207/209).

Concordante, en la doctrina nacional HUTCHINSON entre otros estima que las pretensiones del accionante tienen por objeto mediando accionescombatir una decisión emanada de una autoridad determinada y en la de plena jurisdicción, el demandante, invocando un agravio a un derecho subjetivo, persigue como pretensión la anulación de la decisión impugnada, el consiguiente restablecimiento del derecho que se dice agraviado y la reparación del daño ocasionado, esto es en definitiva, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada en forma exclusiva (La acción contencioso administrativa" pág. 33).

La jurisprudencia a su vez dice "en la acción de plena jurisdicción se pide no sólo la anulación del acto, sino también el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, restaurando las cosas a su respectivo estado, o bien en su caso el resarcimiento de los daños sufridos.

Por lo tanto, esta acción procede cuando se alega agravio a un derecho subjetivo, exige la lesión del mismo y el Juez tiene jurisdicción plena, de ahí su nombre" (SCMza. en ///"C de T T A de C (TAC)..." 19041996 página web del Poder Judicial de Mendoza).

Conceptos éstos que, con diferencia de matices, acepta unívocamente la doctrina y viene aplicando este Tribunal (vg. SD Nº3/SRE/98; 10/SCA/06).

Lo dicho, sin entrar a considerar la discusión que en el estadio actual del Derecho Procesal Administrativo parece superada, sobre la propia naturaleza de la pretensión procesal administrativa revisora o amplia especialmente la de plena jurisdicción, lo que llevó a alguna doctrina a considerar que se no se deduce frente a una persona distinta del actor...sino frente a un acto, el prelable, no dando lugar a un proceso entre partes, sobre lo que acabadamente ilustra Guido S. TAWIL (Administración y Justicia Depalma pág. 154 y sigs.).

Superada digo en la moderna doctrina, ya que la concepción que se adopte dependerá de los ordenamientos jurídicos regulatorios, y muchos Códigos específicos mantienen el criterio "revisionista" (en la Provincia la Ley Nº 3098 que regula el contenciosomunicipal), del que este Tribunal, en tanto el orden jurídico no lo acota, se ha distanciado para el contencioso en que es parte la Provincia o sus órganos.

1.2. Ahora bien, definida antes la pretensión de plena jurisdicción, ya puede atisbarse que si en el sistema del Código Civil "la acción de nulidad" tiene autonomía respecto de "la acción de daños y perjuicios", según la doctrina que postula que en estos casos se trata de perseguir sanciones diferentes, de finalidad y régimen diversos, ///teniendo, inclusive, distintos términos de prescripción, esto no es así en el orden contencioso administrativo.

Bien lo señala Juan Carlos CASSAGNE, cuando refiere que aquella autonomía no se da en el Derecho Administrativo con similares alcances, pues ambas acciones tienen un régimen común y fundamentalmente, porque no se justifica una autonomía tan estricta, en virtud de la presunción de legitimidad del acto administrativo, por cuyo mérito se presume que toda la actividad de la Administración o de otros órganos del Estado que ejercen la función administrativa guarda conformidad con el ordenamiento jurídico.

Si el administrado debe cumplir el acto administrativo aceptando que el mismo cuenta con esa presunción de legitimidad, va de suyo que cualquier acción de daños y perjuicios puede tener carácter accesorio respecto de la sanción de nulidad.

Y si bien expresa el autor, es lógico suponer que la acción por daños iniciará cuando esa presunción haya cesado, esto es, al declararse la invalidez, por acto administrativo o por sentencia judicial firme, añadirá que "nada impide acumular ambas pretensiones procesales aunque la acción de daños y perjuicios contra el Estado respecto de un acto declarado inválido resulta, en principio insiste accesoria respecto de la restitución en sentido estricto" (Derecho Administrativo Séptima Edición Tº I pág. 510). Tal acumulación caracteriza justamente la pretensión de plena jurisdicción que vengo delimitando.

Accesoriedad entendida como figura de conexión objetiva que tiene lugar entre dos acciones, una de las cuales que se llama precisamente "accesoria" aparece como subordinada y dependiente por el título, de la otra que se denomina principal ("Derecho Procesal Civil", T° I, Piero CALAMANDREI, pág. 298), accesoriedad que ///determina la posibilidad de que el afectado opte entre intentar esta vía de plena jurisdicción, instando la pretensión anulatoria en forma conjunta pero subsidiaria de la indemnizatoria, o, si lo prefiere, impetrar la pretensión de nulidad, esperar la sentencia anulatoria, y luego deducir aquélla.

El criterio enunciado, ha sido claramente reconocido en fallos de este Tribunal (Vg. SI N° 105/SCA/02 y sus citas) y es el seguido por la jurisprudencia cuando falla "la reparación del daño es una consecuencia lógica de la naturaleza accesoria en el ámbito del Derecho Administrativo respecto de la pretensión de nulidad que ostentan los actos administrativos..." (CNFCA Sala IV 9/5/97 en "R...", y "el administrado puede deducir tal pretensión en forma conjunta pero subsidiaria a la de anulación o esperar la sentencia anulatoria..." (CNFCA Sala III 10/3/98 en "E. S..".

2. De uno u otro modo, toda pretensión procesal administrativa tiene una connotación material que la cualifica y es su fundamento, cual es la que la actuación que se pide al órgano judicial se sustente, principalmente, en el Derecho Administrativo, y una personal, cual es la de ser deducida frente a la Administración Pública, o más concretamente, frente a alguna de las entidades que integran la Administración, y excepcionalmente personas privadas pero que ejercen potestades públicas, autoras del acto, acción u omisión frente al que se impetra; o por la Administración Pública en el caso de la acción de lesividad (GONZÁLEZ PÉREZ ob.cit. pág. 203/204 conc. 185).

/// Esta cualidad personal se traduce en Legitimación, entendida por la doctrina procesal más autorizada como aptitud para ser parte en un proceso concreto, según la relación con la pretensión; idoneidad específica de las partes, que deriva de su relación con de la cuestión de fondo a dirimir, esto es, con la situación jurídica en litigio, que justifica su intervención en el proceso.

Legitimación y pretensión son, por consiguiente, conceptos estrechamente ligados entre sí. Una conexión, empero que ofrece peculiares características según se trate de un proceso civil o contencioso administrativo. Y en éste, se ha dicho, el problema es bastante complejo (G. F., con cita de GUASP, "El contencioso administrativo y la responsabilidad del Estado" Abeledo Perrot en pág.63). En particular lo es en un proceso de plena jurisdicción, que admite acumulación de pretensiones, y sujetos múltiples.

A su vez, la legitimación procesal denota la posición subjetiva de las partes frente al debate judicial, esto es, de quién puede actuar como parte actora legitimación activa y frente a quién como demandado legitimación pasiva en un proceso determinado, de tal modo que tramite entre los sujetos que, en relación a la sentencia, puedan ser útilmente los destinatarios de sus efectos y por consiguiente de la tutela jurisdiccional (cfr. "C.P.C.C.N., com.anot. y concordado", T. I, págs. 367/369, Fenochietto Arazi conc. CNFCA Sala V, en "Zanusso..." del 10/07/01).

/// Entonces, sólo las personas que se encuentran en determinada relación con la pretensión pueden ser parte en el proceso en que la misma se deduce. Esto es fundamental. Pero a su vez esa idoneidad específica se deriva o vincula con el problema de fondo a discutir en el pleito. Por ello, el problema procesal de la legitimación hállase íntimamente ligado con el derecho material o sustancial que motiva la litis (Jesús GONZÁLEZ PÉREZ citado por MARIENHOFF en la obra colectiva "El contencioso administrativo y la responsabilidad del Estado Abeledo Perrot pág. 71/72). Criterios que recepta la jurisprudencia de este Tribunal, dada en las Sentencias Definitivas Nº 24 y 25/95;1/SCA/96; 12, 13 y 14/SCA/97, 3 y 4/SCA/98 y 01/SCA/99) en concordancia con la doctrina sentada al respecto (DE SANTO, el Proceso Civil, T.I, p g. 616/617; PALACIO, Derecho Procesal Civil, T.I, pág. 405; R. DROMI, Grouz, 1986, Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública, pág. 41/42, entre otros).

En punto a la legitimación pasiva en el contencioso administrativo, teniendo presente que adhiere al criterio "revisor" de esta jurisdicción a que antes me he referido, F. C. M. estima que hay que partir de un principio básico, a saber, que el contenido de la relación jurídicosustancial deducida por el demandante en el proceso contenciosoadministrativo es siempre una pretensión frente a una resolución de la Administración Pública. Esto es evidente. Por consiguiente expone parte demandada será siempre una Administración Pública concreta y determinada, aquélla que dictó el acto objeto de impugnación excepto en el proceso de lesividad. La relación jurídica ///que se deduce en el proceso tiene por sujetos necesarios, de un lado al particular recurrente que se afirma titular del derecho o interés lesionados, de otro a la Administración que dictó el acto causante de la lesión, titular también de un interés concreto, el que persigue con el acto o disposición que es objeto de impugnación. ("La legitimación en el proceso contenciosoadministrativo" Ediciones Universidad de Navarra S.A., Pamplona, 1979 pág. 267/269). En las concepciones modernas que no se constriñen a la revisión del acto será la Administración autora de la acción, o que incurre en la omisión lesiva.

En síntesis, y fuera de ser calificado de reiterativo, es claro que la legitimación pasiva en el proceso administrativo corresponde a la entidad pública a la que se imputa la acción u omisión; mediando un acto, será indiscutiblemente el órgano que lo dictó y contra el cual se deduce la pretensión. Así, sea cual fuere el fundamento o la bondad de la misma en orden al fondo del asunto (GONZÁLEZ PÉREZ ob. Cit. pág.171 HUTCHINSON ob.cit.,pág. 28) salvo, claro, la acción de lesividad.

Ya en SD N° 25/95 este Cuerpo dijo en anterior composición que "en un sistema de control judicial que requiere por imperativo constitucional una controversia entre "partes" para abrir la jurisdicción, es sólo mediante la intervención del emisor del acto que se asegura la contraposición de argumentos y la consiguiente precisión del análisis del cual el Tribunal depende para la dilucidación de las cuestiones llevadas ante sus estrados (MAIRAL El control de la Administración Pública T° 1 pág. 235)" (voto del Dr. Martín). GARCÍA DE ENTERRÍA lo expresará afirmando desde la concepción actual que supera la "revisora" que el contencioso no es en ///modo alguno un proceso al acto, o de sola protección de la legalidad objetiva, sino un proceso de efectiva tutela de derechos del administrado, y de potestades de la administración entre sí confrontados. No se trata entonces de un proceso objetivo sin partes (Hacia una nueva justicia administrativa Civitas Madrid 1989 pág. 52).

Añádase aunque se presente sobreabundante que es el órgano emisor del acto el único que podrá satisfacer la pretensión de nulidad. Ninguna otra persona podrá satisfacer esa declaración de voluntad judicial que el actor persigue en su objeto, si eventualmente fuera acogida. Lo mismo ocurre con la accesoria reconstitución de la situación jurídica administrativa que se presenta violentada.

3. Tras estas reflexiones, vuelvo a los autos. En ellos, se retiró del escenario procesal el emisor del acto impugnado, el Dto. 1120/00, por efecto de la transacción que con él suscribiera el actor.... Y homologada ella, quién sabe por efecto de qué convicciones posiblemente ante las numerosas tesis desarrolladas respecto de los fundamentos de la responsabilidad estatal y/o funcionarial ambas partes pretendieron aclararla. Y extraño por parte de la Provincia, acreedora de una pretensión de repetición pero viene a decir con el actor que puede continuar el pleito contra los restantes codemandados (ya lo había dicho en el punto V del Acuerdo...al que no citó a quienes fueron sus funcionarios, y pese a que en el responde negó la responsabilidad que se les endilgaba)...porque el Estado sólo ha ///satisfecho parcialmente lo demandado. Y se afirma tácitamente que en la Transacción la Provincia no admite que el acto sea nulo, al excluir el rubro a) del Objeto de la demanda....tal la nulidad del Dto. Nº 1120/00. Lo cual concuerda con el escrito en que el actor reconduce la pretensión contra L y J afirmando que pese a la transacción el Ejecutivo Provincial omitió proclamar esa nulidad..que es el sustento de la acción... y solicita del Tribunal que la declare... El actor, ¿frente a quién? Si el Estado ya no es demandado en este juicio que sólo prosigue contra los ex funcionarios nombrados?. El Tribunal ¿contra quién? Si ninguno de los demandados tienen la potestad de hacer efectiva la declaración? Y bien dice el actor...es el sustento de la acción.

En verdad creo que su avidez obnubiló su estrategia en el juicio. Pues tal la que sigue, no vislumbró que podía afectar la admisibilidad de alguna de las pretensiones que aduce subsistentes y que intenta hacer valer frente a los dos codemandados que no participaron del Acuerdo Transaccional que concertó con la Provincia del Chubut. O bien ocurrió lo que acota alguna doctrina cuando previene, que si el Estado es siempre solvente, si el particular está protegido contra los daños que sufra por incumplimiento ilegítimo de sus funciones, la responsabilización a título personal del funcionario solidaria o mancomunadamente con el Estado tiene más las características de venganza o revancha que la de una distribución de Justicia (Juan Francisco LINARES En torno a la llamada "responsabilidad del funcionario público" LL T 153 Sec.doctrina pág.601).

/// Creo que a la postre, quien acciona se quedó no sólo sin pretensión...se quedó sin proceso. Porque no en vano me he explayado antes sobre los institutos de pretensión contenciosoadministrativa, autonomía o no, de la que se deduce por daños y perjuicios, y legitimación.

Véase que en síntesis, el Dr. V ahora intentando readecuar sus pretensiones tras el Acuerdo Transaccional reclama que este Cuerpo analice la ilegitimidad de un acto administrativo y en su caso declare su nulidad... sin la intervención del órgano emisor que es el Estado Provincial. Porque también parece sobreabundante aclararlo debe distinguirse quién es el "emisor" órgano institución con personalidad jurídica sin confundirlo con el Gobernador órgano individuo que ha sido codemandado, Don J L L, que si bien ha suscripto el acto administrativo impugnado, al hacerlo, ha manifestado la voluntad de la Administración en ejercicio del Poder Ejecutivo Provincial.

El emisor del Dto. Nº 1120/00 es el Estado Provincial, porque la voluntad expresada por dichas personas físicas es imputable a la persona jurídica de que forman parte (MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, T° I, pág. 516); y así es a su vez porque los Poderes Legislativo, Ejecutivo en autos ejercido por uno de los codemandados y Judicial tienen su respectiva "competencia", asignada por la Constitución y las leyes reglamentarias pero ninguno de ellos tiene personalidad, ya que ésta se subsume en la del Estado, del que dichos "Poderes" son meras expresiones funcionales propias de un ///Estado de Derecho (autor y ob. cit. Tº II, pág. 288). Insistiré, es la Provincia del Chubut la emisora del acto. Ergo, la legitimación pasiva en la pretensión de nulidad accede sólo al Estado Provincial, no a la persona de quien fuera Gobernador, menos aún a la persona del Ministro que refrendó el mismo, contra quienes el litigio continúa.

Que sea aceptable en la acción de plena jurisdicción una acumulación de pretensiones derivadas del mismo hecho, cual es en el caso la ilicitud de un acto, no debe hacer perder de vista que cada demandado es parte contraria en conexión con aquélla. Si el Estado Provincial lo es por la pretensión principal, y también por las accesorias, los funcionarios traídos al contencioso sólo lo son por las accesorias y en función de la solidaridad invocada.

El actor constituyó un litisconsorcio pasivo facultativo, y la conexidad de las relaciones jurídicas que lo justifica coinciden objetivamente en el elemento causa en tanto emana de un mismo hecho. No coinciden en el objeto sino en un punto: la cuestión de obligación como dice SALVAT de resarcir, que de dice solidaria. Dejando de lado otras particularidades que el litisconsorcio pueda ofrecer en las acciones contenciosoadministrativas de plena jurisdicción (vg. prórroga de competencia), es preciso señalar que cada una de las partes que lo constituyeron por voluntad del actor, permanece independiente frente al adversario y deben ser considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes distintos. La relación procesal será única pero con pluralidad de sujetos y cada uno actuará en forma autónoma de modo que existen tantas litis como acciones se deduzcan y tantos procesos como litis se propongan (MARTÍNEZ Procesos con sujetos múltiples La Rocca pág.41 y 45). /// Y lo reconoce el actor cuando al "reconducir la acción", homologada con el Estado la Transacción, viene a decir claramente que pese a ella, el Estado omitió declarar la nulidad del acto, que esa nulidad es el sustento de la pretensión y que entonces el Tribunal debe declararla...pero no comete el error de contradecir con los codemandados funcionarios por este objeto. La continuidad de la acción sólo se funda contra ellos por los resarcimientos dinerarios...derivados de un acto administrativo que aún goza de la presunción de legalidad.

4. Tal la situación, los efectos del comportamiento procesal de la actora, desde el punto de vista que se analice, son nefastos.

4.1. Por un lado, si conforme ha quedado dicho con los conceptos que han servido de introducción a este análisis, las personas legitimadas como "partes" en el contencioso administrativo de plena jurisdicción son el administrado y la Administración, la ausencia de este último contradictor legitimado por el derecho sustancial, frente a quien debe hacerse valer la pretensión de nulidad del acto administrativo, se me ofrece claro que afectará un recaudo que hace a la admisibilidad de la acción que intentada contra los responsables solidarios Estado con sus funcionarios quiere continuar sólo contra éstos.

Y así será porque él mismo asegura y así es que la declaración de nulidad es el sustento de su pretensión, o dicho de otro modo la pretensión principal. Pero no puede declararse, ya que el único ///legítimo contradictor en un proceso para que así ocurra, es el Estado Provincial..., parte con la que con la transacción se puso fin al pleito a su respecto con autoridad de cosa juzgada. En términos mas precisos, pactó con el Estado lo accesorio...pero dejó "suspendida" la cuestión principal, cual era la nulidad...que el Estado dijo no reconocer, pero que es el presupuesto de la condena que procura contra las partes subsistentes...y entonces, se diluyó el proceso.

Ocurre de este modo, porque proceso no es sino un conjunto de actos jurídicos ordenados dialécticamente en base al principio de bilateralidad, orientados a servir de debate a una pretensión y la consiguiente defensa, mediante el cual opera la jurisdicción para el cumplimiento de sus fines (RIVAS Teoría General del Derecho Procesal Ed. Lexis Nexis pág. 305/306). La referencia a la pretensión y a la defensa completa el autor determina que el proceso jurisdiccional es el que se corresponde con la existencia de un conflicto llevado al ámbito que corresponde para su resolución. Sin controversia entonces, no hay proceso; la instancia se abre sólo con la posibilidad de ingreso de un contrario... debidamente legitimado. Y a su vez, esta idea de proceso vincula inexorablemente con la de jurisdicción, sin que ésta pueda concebirse sin la presencia de aquélla, y viceversa.

No en vano la Corte Suprema de Justicia de la Nación precisa, que los tribunales asumen jurisdicción para dar certeza a situaciones jurídicas controvertidas, y su pronunciamiento tiene por objeto reconocer el derecho de una de las partes en litigio frente a la otra...tal el concepto de "causa" o "caso judicial" en los términos del art. 100 CN (Fallos 294:315, 300:241 y muchos otros) hoy art. 116.

/// Los términos en que V transó voluntariamente con la Provincia, inclusive aclarados, vedan consecuentemente a este Cuerpo la posibilidad de examinar la validez del acto administrativo opugnado. Si no hay contradictor...no hay proceso, no hay juicio porque no hay parte legitimada. Ergo, no puede haber pronunciamiento.

4.2. A resultas, tampoco habrá posibilidad de acordar o denegar, la pretensión que es accesoria a la de nulidad. Y el actor retrocederá en el tiempo a la situación en que quedó en el juicio que antes impetrara, que fracasó porque al en aquella oportunidad no haber solicitado la nulidad del acto del cual derivaba la pretendida condena accesoria constitutiva y de resarcimiento que planteara contra las mismas partes, impedía al Tribunal su declaración, en atención a la presunción de legitimidad que accede al acto administrativo, imposible de remover exofficio.

Si en aquel momento, de conformidad con la nutrida doctrina del Cuerpo (SD Nº SD Nº 13/90, 10/91, 69/92, 9/93, 37 y 38/93, 4, 5, 7, 26, 38/94, 51/94, 20, 22, 23/95, 6/SCA/96, 8/SCA/98, 4/SCA/00, 8/SCA/00, 9/SCA/00, 15/SCA/00,2/SCA/02; 6/SRE/02, 2 y 4/SCA/04) se declaró la falta de jurisdicción para conocer en el proceso por tal motivo, hoy, se alza el mismo escollo, no por defecto de acción sino de contradicción. La validez del acto se constituye en obstáculo jurídico que impide al accionante lograr la satisfacción del interés que reclama, como he de reiterar, él mismo lo declama y al Cuerpo le está impedido "revisar" su validez, en tanto el único contradictor posible para esta pretensión, ya no está en el proceso. Si no se anula el acto, no ///procede ni reparación, ni resarcimiento. Esta declaración que integró originariamente la pretensión material, funciona como presupuesto jurídico para la protección del interés del agraviado, que es el bien de vida lesionado o afectado que determinó la promoción de la demanda (Roberto Enrique LUQUI, Revisión Judicial de la actividad administrativaJuicios contencioso administrativos Tº 2 pág. 14/15/ 16/17).

Más allá de la doctrina de falta de jurisdicción, la jurisprudencia ha resuelto, en aquellos casos en los cuales el resarcimiento de los daños y perjuicios es consecuente de la nulidad de acto administrativo impugnado, que la naturaleza accesoria de ambas pretensiones véase lo expuesto en 1.2 determina la inadmisibilidad de la acción en la que se persigue el cobro de los primeros.

En ese sentido, la Corte Nacional en autos "ALCANTARA DÍAZ, Colodrero Pedro..." (del 20/08/96), resolvió que "no es admisible la acción por cobro de pesos o el reclamo de los daños y perjuicios basados en el accionar ilícito de la Administración" en el supuesto de "no mediar declaración de ilegitimidad no puede haber resarcimiento o pago de suma de dinero alguna pues falta la causa de tales obligaciones". Y tal inteligencia deriva de la presunción de legitimidad iuris tantum que ostentan los actos administrativos, determinando el carácter accesorio de las pretensiones que tienen como presupuesto indispensable la previa declaración de nulidad de un acto administrativo conforme vengo analizando.

/// "Dicha conclusión por la inadmisibilidad de la acción, dijo el Alto Tribunal en el fallo precitado es una consecuencia lógica de la naturaleza accesoria en el ámbito del Derecho Administrativo de pretensiones como las antes indicadas respecto de la acción de nulidad, en virtud de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos... por cuyo mérito se presume que toda la actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente".

Con similares fundamentos se dijo: "Si se advierte que la ilegitimidad del acto administrativo (de cesantía) precisamente en casos de empleo público resulta ser la causa de la obligación de reparar los daños reclamados, cabe concluir en que el carácter firme e irrevisable de dicho acto constituye un obstáculo insalvable para la procedencia de dicha acción (CS "Nava, Alberto..." Fallos: 319:1532, conc. CNFCA en los fallos antes citados Sala IV en "Reyes...", Sala III en "E SA...", y a más Sala IV en "Rabaglio..." del 9/02/00).

Este último Tribunal además sigue la jurisprudencia de un fallo plenario de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Nacional en íntima relación con el punto en crisis y que ha servido de fundamento justamente a la doctrina de Falta de Jurisdicción seguida por este Tribunal y antes enunciada. Tal "P e H S.A...., que en la segunda cuestión tratada estableció que no es admisible la acción de cobro de pesos o indemnización de ///daños sin impugnar (dentro del plazo...), la legitimidad del acto administrativo que ha desestimado la misma pretensión o cuyo contenido excluye el pago de lo reclamado (conf. ED. 118391).

En el mismo decisorio que de conformidad a la ley adjetiva es sólo obligatorio para esa Cámara y los juzgados de primer grado, pero que ha sido considerado en la jurisprudencia de distintos tribunales provinciales se dijo que no resulta aplicable la doctrina de algunos autores de Derecho Privado que admiten ciertos supuestos y a opción del interesado, que sea demandada la reparación del daño sufrido como consecuencia de un acto jurídico inválido, sin requerir al mismo tiempo la anulación de éste, pues las reglas fijadas en esta materia por el C.C. no rigen en Derecho Administrativo, ya que los tribunales no podrán expedirse en contradicción con él sin menoscabar las prerrogativas de la Administración y el principio de separación de poderes. La regla que impide revisar de oficio la validez de los actos administrativos, prohibe también resolver los conflictos haciendo abstracción de lo que dichos actos disponen ya que no cabe prescindir de su aplicación y privarlos de efectos sin antes declarar su invalidez (conf. consid. 2º del voto de la mayoría; Consid.5º; CNFCA Sala I en "E M..." del 18/11/97).

En definitiva, no ha reparado el actor que no basta pedir la nulidad del acto administrativo de cuya ilicitud pretende obtener una reparación de daños y perjuicios cuestión que expresamente le advirtió para el caso este Tribunal al declarar la falta de jurisdicción en la anterior demanda sino que necesita esa declaración de nulidad, que sólo procede contra el Estado Provincial (o su reconocimiento expreso) como presupuesto del resarcimiento que persiga, sea en sede ///administrativa o judicial. Lo primero no ha sucedido según las constancias de autos. Lo segundo lo ha obliterado con su estrategia procesal. Debe entonces soportar los efectos de la misma.

5. Resta acotar que resulta inoficioso atento lo que vengo exponiendo cualquier análisis acerca de la responsabilidad de los codemandados L Y J, encarando la naturaleza de las acciones de daños y perjuicios contra funcionarios públicos, o trayendo las distintas concepciones acerca de su responsabilidad en el ámbito contractual, legitimación pasiva frente al administrado, diferenciación entre falta de servicio y falta personal, en la medida en que la pretensión resarcitoria en su contra no fue autónoma, y está inserta en el objeto de esta demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción que no puede prosperar.

A tenor de lo expuesto, propongo al Acuerdo desestimar la demanda por inadmisible.

A la misma cuestión el Dr. PASUTTI dijo:

I. La génesis del conflicto que el Sr. V trae a consideración de esta Sala, se remonta al momento en que desaparecen del Presupuesto Provincial del año 2000, los cargos de Agente Fiscal de la Dirección General de Rentas de la Provincia que ésta califica en el responde como "sin estabilidad" uno de los cuales ostentaba. A raíz de esta eliminación, le es comunicado que debe abstenerse de cumplir esta tarea hasta su desvinculación con el órgano referido. Ello originó ///reacción por parte del actor, que cuestionó por diversas vías esta decisión, hasta que se le cursa una comunicación que le indica que debe presentarse a laborar en su "cargo de reserva" Abogado en el Agrupamiento Profesional. Pero, el Dto. Nº 1.120/00, dictado el 29 de Agosto, retroactivo al 1 de Enero de ese año, con sustento en aquella eliminación presupuestaria, aduciendo una "reserva tácita" de cargo , y una "equivalencia de cargos" derivada de una Ley Nº 1524 que se cita, deja sin efecto su designación como Agente Fiscal, ordenando reintegrarlo al cargo de Auxiliar Administrativo de este Agrupamiento en la misma Dirección General de Rentas dependiente del entonces Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos. Acto administrativo que figura agregado a fs. 71/72 del Expte. Administrativo N°13000DGR.

Es contra el mismo que el Sr. V impetra este pleito, pues aunque no lo dice expresamente lo "rebaja" de categoría, lo retrograda, lo que le creó una serie de perjuicios, que en plena jurisdicción solicita le sean resarcidos. A la par de soportar una merma en su salario, se vio constreñido asevera a realizar las tareas de un empleado administrativo. Manifiesta haber sufrido daño moral al perder los beneficios propios de ocupar un cargo de abogado en la Administración Pública Provincial y ante la sociedad de Comodoro Rivadavia, a más de material, que encausa en un reclamo de lucro cesante.

Ante tal situación, efectúa diversos reclamos en sede administrativa, y al no obtener la respuesta que esperaba, acude a esta jurisdicción.

/// II. Lo hizo por dos veces. En una primera, el juicio resultó frustrado al declarar este Cuerpo falta de jurisdicción para entender en el mismo, por cuanto no había solicitado la declaración de nulidad de aquel Decreto, cuya ilegalidad es sindicada como causa de las obligaciones que reclamaba. Luego, en esta causa en tratamiento, demanda expresamente esa declaración de nulidad del acto que sostiene viciado de ilicitud, motivante de los daños que sustentan las restantes sus pretensiones.

III. El circunstanciado relato de las incidencias procesales que ha efectuado el Dr. CANEO, me eximen de reproducirlo, en homenaje a la brevedad.

Sólo he de destacar, por su trascendencia, que el actor transó el pleito con la Provincia del Chubut, extinguiendo con ella algunas de las obligaciones imputadas y demandadas con autoridad de cosa juzgada de conformidad con el art. 832, 850 y conc. CC. Lo hizo o lo hicieron pues figura en el Acuerdo "sin perjuicio de la procedencia del reclamo en los demás rubros contra los restantes codemandados". Y luego se presentaron ambos transantes en un escrito conjunto, para manifestar que el acuerdo al que habían arribado sólo alcanzaba a lo pretendido en los puntos b); c); d); e) y f) del objeto de la demanda en los términos del art. 835 CC, esto es, que abarca solamente los derechos incluidos en la misma inequívocamente. Y que es dudosa la aplicación del art. 853 del mismo Cuerpo, pues debe analizarse según el art. 851...

/// A buen entendedor... vienen a exponer que la transacción que suscribieron no aprovecha, pues las partes no tuvieron la voluntad de que así fuera, a los responsables demandados como obligados solidarios.

Añado, que a posteriori de la transacción el actor invitado por el Tribunal "recondujo" la acción que continuó contra los Sres. L y J, en forma solidaria, reclamando expresamente de ellos los puntos VI. Daño Material y VII. Daño Moral de la demanda. Y agrega, que peticiona a este Tribunal que oportunamente proclame la nulidad del Dto. Nº 1120/00...lo que omitió hacer el Poder Ejecutivo Provincial, y que sin perjuicio de la transacción oportunamente realizada con la Provincia del Chubut, resulta sustento de la acción.

IV. Este "retiro" de la causa de la Provincia del Chubut de una manera confusa, ya que en verdad del Acuerdo no surge en forma muy clara cuáles fueron en definitiva los puntos "compuestos" del litigio la culminación del juicio a su respecto, no pocas ni nimias consecuencias ha provocado.

1. En primer lugar, como lo ha destacado mi predecesor y sobre lo cual no cabe duda ninguna, el actor optó por impetrar una acción si se prefiere pretensión contencioso administrativa, y entre éstas, la de plena jurisdicción. Cuando se ejerce esta clase de pretensiones, el contenido de la demanda no sólo tiende a la declaración de nulidad o ilegitimidad de un acto o conducta estatal, sino que reclama como consecuencia de ella la imposición de una prestación o el reconocimiento de una situación jurídica individualizada a favor del pretensor, sea para restaurar las cosas a su estado anterior o para ///satisfacer el interés protegido dañado por el acto lesivo, por vía de la condena, a pagar una indemnización sustitutiva (Fernando R. GARCÍA PULLÉS Tratado de lo contencioso administrativo Tº 2 Edit. Hammurabi pág.605/606).

Así, la intentada por V se integró esencialmente, con la declaración de invalidez del acto administrativo que se consideró lesivo; a resultas, primero, con la reconstitución de la situación jurídica individual que el mismo había afectado, retrotrayendo la misma a la fecha de su dictado, como efecto propio y natural de esa declaración por aplicación analógica del art. 1.050 CC. También a resultas de la ilicitud declarada, y sólo en razón de la misma, se haría acreedor de una condena al resarcimiento provocado por el acto ilícito, esto es, recomposición salarial, diferencias por distintos rubros e intereses... e indemnización por los daños y perjuicios que dijo haber sufrido.

Una vez desvinculado el Estado Provincial del proceso por la transacción antes aludida, continúa la acción en procura sólo de esta última pretensión contra los que estima responsables solidarios, aún entendiendo que el objeto principal la nulidad no les puede ser requerida de hecho, no lo hace y aunque reconoce que no se ha declarado y es sustento de la acción... y por ello igualmente pide del Cuerpo la declaración.

2. Quizás la situación en que el accionante se coloca, se vea mas clara si se analiza fuera del marco de amplitud de pretensiones que involucra la vía de la plena jurisdicción, aunque con idénticos efectos. ///Pues si bien ésta importa como se describió un acumulación de aquéllas en litisconsorcio pasivo facultativo, bien hubiese podido el actor ejercer primero una acción contencioso administrativa de nulidad en el caso ante este Tribunal con competencia contencioso administrativa (provincial) a los efectos de obtener una sentencia que analizara la ilicitud que le endilga al Dto. Nº 1120/00, para luego, obtenida esa declaración de nulidad, por vía de la acción ordinaria, acudir ante el juez Civil reclamar los daños y perjuicios.

Así lo acepta la doctrina. Vg. GARCÍA PULLÉS al tratar la acumulación de pretensiones, advierte que parece claro que las de nulidad o anulación y plena jurisdicción pueden ejercerse de modo unificado, resaltando, claro está, que el progreso de la pretensión de nulidad no necesariamente implica el correlativo de la de pleno derecho (Igual obra y pág. antes citadas). Y trayendo palabras de MUÑOZ y GRECO admite que también existe la posibilidad de ejercer en primer término la pretensión de nulidad, para luego de resuelta ésta, promover la demanda correspondiente a la "plena jurisdicción" (léase constitución de la relación jurídica si el Estado no la aplicara "per se" como efecto de la nulidad, y daños).

Así lo ha fallado este Tribunal, aún cuando no se cuenta en el orden provincial con un Código Contencioso Administrativo, fundado en las leyes que fijan la competencia del Cuerpo y en la jurisprudencia dictada al respecto (SI Nº 49/95, 3/SCA/96, 105/SCA/02). A su vez, en el contencioso administrativo municipal, expresamente se ha establecido aquella posibilidad como opción en el ordenamiento adjetivo que lo rige Ley Nº 3098 la cual ha merecido análisis en diversos fallos (SD N°8/SCA/06; SI N° 49/SCA/95).

/// En tal supuesto de acciones separadas y sucesivas puede verse claramente que si el primer pleito no prospera, si no se obtiene la declaración judicial de nulidad o el Estado no se allana a la pretensión, el segundo no podría prosperar.Y la razón para que así sea, la da el autor que vengo siguiendo con claridad: la pretensión resarcitoria es accesoria y está subordinada a la previa anulación del acto. Concordará PERRINO cuando dice: si la decisión administrativa deviene firme ... no es admisible el reclamo de daños y perjuicios basados en la ilegitimidad de aquélla. ("La responsabilidad de la administración por su actividad ilícita" ED 185718).

Es verdad que estos autores (y por cierto jurisprudencia vinculada) tratan la cuestión con especial referencia a los plazos de caducidad de las acciones contenciosoadministrativas en el marco de las normas nacionales (cuando se demandada daños derivados de un acto, pero ya vencido el término previsto para intentar la acción) situación extraña al contencioso provincial local que en lo general para las acciones contra la Provincia y sus entes no ha previsto tales plazos (sí para el contencioso municipal). Mas este resultado es idéntico al caso en que, aún sin plazo mediante, la ilegitimidad y consecuente invalidez del acto no es examinada, y resuelta o declarada antes por cualquier causa impeditiva, pues entonces la presunción de legitimidad que es propia del acto administrativo se alzará como escollo insalvable para cualquier otra pretensión conexa, derivada, o subordinada a la invalidez.

/// 3. Este es justamente el criterio que sustenta la falta de jurisdicción cuando no se ha cuestionado oportunamente por la parte pretensora una resolución administrativa que se pretende nula estadio que atravesó antes el hoy actor, cuando este Tribunal en juicio anterior así lo declaró, diciéndole expresamente en SI Nº 15/SCA/02, que la pretensión que deducía era ".. contraria a lo resuelto en particular por el Dto. Nº 1120/00". Pues, "si existe una pretensión patrimonial que se contradice con un acto administrativo existente y vigente, su procedencia está obstaculizada por la presunción de legitimidad de acto", advirtiendo que se exige el recaudo "por esta subordinación (de la pretensión patrimonial a la invalidez)..." y dejando claramente expuesto en los decisorios dados por el Cuerpo que "estos principios entre otros que allí se citan se aplican sólo al caso en que un pretensión patrimonial se contradiga con un acto administrativo... pues habrá otros supuestos, en que la pretensión de resarcimiento es admisible sin mediar impugnación a resultas del reconocimiento de un derecho subjetivo público, cuando éste no depende de la validez o nulidad de actos de la administración" (SD 9/93, voto del Dr. Martín).

Y éste insisto es el criterio que también se impone en todo supuesto en que no puede el juez declarar la nulidad del acto tildado de ilegítimo, o no se cuenta antes con esta declaración para estar en condiciones de analizar la procedencia de las demás pretensiones que en ella se sustentan.

La conclusión que surge entonces con evidencia, es la que indica que si el particular reclama la responsabilidad del Estado atribuyéndola sólo a éste o extendiéndola también a los funcionarios ///públicos por daños derivados de la ilicitud un acto administrativo, se requiere indefectiblemente la previa invalidación de dicho acto. Por un juicio anterior, si hubiera optado por la unidad de pretensiones; en el mismo juicio, si hubiera encarado la acumulación por la plena jurisdicción como en autos porque siempre las pretensiones de condena serán accesorias y subordinadas a la de la nulidad del acto cuya ilegitimidad se invoca.

En este sentido se orienta la jurisprudencia.El plenario "Petracca..." de la CNCAF, citado por el prevotante, aplicado por los Tribunales nacionales y de Provincias, aún en aquellos fueros que en que no resultaba obligatoria impuso la doctrina de que este impedimento expuesto, es una consecuencia de la generalización de la regla que impide revisar de oficio la validez de los actos administrativos... en tanto que la misma también prohíbe resolver los conflictos haciendo abstracción de lo que dichos actos disponen, ya que no cabe prescindir de su aplicación y privarlos de efectos sin antes declarar su invalidez (CS Fallos 289:177; 300:10) (el resaltado es propio).

Coherente: "en virtud de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos, por cuyo mérito se presume que toda la actividad de la administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente... al no mediar declaración de ilegitimidad no puede haber resarcimiento o pago de suma de dinero alguna pues falta la causa de tales obligaciones (CNCAF Sala V, en ///"B, P J...." 24/03/98, pág. web PJN). "Resulta extensible a los actos administrativos el principio conforme el cual la responsabilidad por los daños derivados de leyes, reglamentos y actos judiciales ilegítimos, requiere la invalidación de éstos por las vías procesales previstas a tal fin. En tales condiciones la pretensión indemnizatoria es accesoria y está subordinada a la previa anulación del acto que aparece como fuente generadora de los daños (conf. Fallos 209:610 y plenario "Petracca" del 24/4/86)" ("F, R J..." del 17/12/97, elDialAH1D93). "No puede otorgarse judicialmente una indemnización a cuyo derecho se opone lo allí dispuesto, sin previamente proceder a su anulación" ("Valdettaro, Horacio Alejandro ..." Sala III del 29/05/92; en pág. web PJN).

Consecuentemente, y atentas estas pautas, según ya en juicio anterior se le dijo a V, la declaración de nulidad del Dto. Nº 1120/00, presumido legítimo, es presupuesto de sus pretensiones derivadas.

V. Reconociéndolo ya lo dije cumple al venir a éste con esa petición, mas, según lo ya descripto en III, olvida que debe darse ese presupuesto cuando transa con la Provincia demandada. Y reconduce la acción reclamando daños emanados del acto no admitido ni declarado inválido, de los Sres. L y J, contra quienes continúa el proceso, solicitando del Tribunal esa declaración "pendiente", ante la necesidad de que ese acto administrativo sea removido del mundo jurídico para hacer viable la pretensión que a su juicio subsiste.

/// Así sin variar los fundamentos jurídicos que expresó en la demanda al extender a éstos Gobernador y Ministro refrendante del Decreto la responsabilidad que atribuyó a la Provincia, simplemente porque ello le está impedido, ya que, fijadas las cuestiones sometidas al pronunciamiento del juez ya no puede el accionante variar su demanda ni el demandado sus defensas... y sobre ellas debe recaer el pronunciamiento. No puede mutar ni el objeto, ni la causa de lo pretendido (ALSINA Tratado Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial T° I pág.433/438).

1. Ahora bien, si alguna doctrina que la hay puede sostener que la transacción implicó tácitamente el reconocimiento por el Estado de la nulidad del acto, esta inferencia está vedada en este juicio, porque la propia Provincia vino con el actor sosteniendo la interpretación restrictiva del art. 835 CC a decir que ella quedaba excluida del acuerdo. Ergo, fuera del pleito la Provincia, se quedó sin contrario para requerir como trata la pretensión nulificante, pues ésta, como lo funda el preponente, sólo puede dirigirse contra el autor del acto, el Estado, lo que además justifica la índole de la acción intentada contenciosoadministrativa, y determina la competencia del Tribunal.

En SD Nº 34/95, se traía a RIVERO YSERN cuando caracteriza la relación jurídico administrativa, como estructurada en base a un elemento subjetivo, uno objetivo, un contenido y una normativa (El Derecho Administrativo y las relaciones entre particulares Univ. Sevilla 1969 pág. 114). El elemento subjetivo lo componen la Administración, en cualquiera de sus esferas, y el administrado; el ///objetivo está dado por el interés regulado y el tutelado; el contenido lo integran los derechos y deberes de ambas partes: el Estado representa una persona jurídica y así los derechos públicos subjetivos reciben un destinatario y un obligado; la normativa, de orden jurídico administrativo es el marco en que la relación se desenvuelve, se específica, o, en general el orden jurídico obligacional e institucional.

2. Y el obligado en autos, que el actor reconoce como tal, que no ha accedido a la pretensión de la declaración de nulidad del Dto. N° 1120/00, es decir, el legitimado pasivo contra quien en el inicio la instauró, es el Estado Provincial, con quien transó y culminó el juicio. Y por ello, ya no integra la litis el contradictor a través del cual puede lograr su pretensión de plena jurisdicción.

Circunscribiendo la legitimación al "ámbito del vínculo entre las partes y la relación jurídica sustancial, a la posición jurídica que concierne a los sujetos con relación al objeto del juicio" (LL 1979D35, ED 84583), la acción debe proponerse contra todas las personas respecto de las cuales el pronunciamiento ha de tener eficacia vinculatoria, pues como se falló en SD Nº 25/95 "cuando la negación proviene de uno de los titulares de la relación jurídica, no cabe duda de que entre ambos habrá de trabarse la contienda judicial..." si no es así, si la negación proviene de un tercero, la declaración contra ese tercero sería insuficiente para generar la cosa juzgada, y entonces será necesario accionar contra el titular, aunque no provenga de este último el cuestionamiento. Qué decir si no hay contradictor...

/// La existencia de "justas partes" o las "partes legítimas", es una condición de admisibilidad intrínseca de la acción o pretensión (SC.Mendoza, SalaI, 18991; LL 1992C, 201). Esto por una parte.

2. Por otra, expone FALCÓN, y diferencia al comentar contra quién se dirige la pretensión (o la acción en sentido concreto), que dos objetivos debe cumplir el accionante entre otros al instaurar el pleito " uno es la presentación al órgano judicial ante el que se reclama (objetivo inmediato y necesario); otro es la razón el "para qué" del reclamo (objetivo mediato)". Siendo así, "la acción no se dirige contra el Estado (se refiere al Estado como Poder Judicial), pues a él se le efectúa una petición (por cierto se refiere a la petición de jurisdicción), sino contra el adversario, por intermedio del Estado. Sobre todo teniendo en cuenta, además, que el fin último del peticionario por lo menos en las pretensiones de condena no es sólo la declaración de la jurisdicción, sino el efectivo cumplimiento de la prestación obtenida en la sentencia" (Manual de Derecho Procesal T° 1 pág. 40, Edit. Astrea). Al prohibir a sus súbditos hacerse justicia por mano propia, el Estado asume la tutela de sus derechos arrogándose la jurisdicción (iurisdictio, declarar el derecho) la acción persigue un acto de jurisdicción del Estado: al exigir el cumplimiento de una obligación, se aspira a que el obligado entregue algo de su patrimonio, ejecute un acto o se aclare una situación incierta... (conf. ALSINA, ob. cit. pág. 34).

Así resulta y ha de ser el obligado en el caso la Provincia quien debe acceder a la pretensión, o bien, será constreñido a otorgarla a través de la condena que le imponga el EstadoPoder Judicial.

/// No en otra cosa consiste el requisito de "causa o caso concreto" que condiciona la intervención judicial (CS Fallos 2:254, 12:372, 35:144, 109:106, 119:140, 242:353, 306:1283,1720, 307:2384, 308:1489, 2147 y otros numerosos). Instituido para resolver un caso dice DE VEDIA el Poder Judicial no puede extenderse más allá. La jurisdicción que surge de un proceso no puede comprender a los que no son parte de él...ni obrar sobre los que no han sido llevados oacoto no permanecen como en autos, ante los estrados del Tribunal. El fallo es soberano respecto de quienes recae, y obligatorio sólo para las partes... tal el origen de los efectos de los fallos y el alcance de la jurisdicción (Constitución Argentina pág. 153).

La fuerza vinculante de la Sentencia que declare la nulidad del acto administrativo en crisis sólo puede lograrse contra la Provincia del Chubut como parte legitimada, pues ello "... constituye un presupuesto necesario para que exista un caso, causa o controversia que deba ser resuelto por el Poder Judicial" (CS Fallos 326:307).

3. En SD Nº 3/SRE/99, se citaba a Eduardo J. COUTURE en su obra "Fundamentos del Derecho Procesal Civil" (Ed.Depalma, año 1981. 12ava. reedición, pág.105 y sgtes.), en el que expone que la pretensión procesal es la autoatribución de un derecho y la petición de que sea tutelado, y que los presupuestos procesales de esa pretensión no consisten tanto en la efectividad de ese derecho, como en la posibilidad de ejercerlo. Agrega que no está en juego el derecho sustancial sino la inadmisibilidad de la pretensión como hecho procesal colocada como centro de toda la construcción... que pueden hacerse valer de oficio por el juez.

/// También se citó a GOLDSCHMIDT en tanto enseña que la pretensión es admisible cuando posibilita la averiguación de su contenido y por lo tanto, la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo de asunto sometido a la decisión del órgano judicial; es en cambio fundada cuando en razón de su contenido resulta apropiada para obtener una decisión favorable a quien la ha interpuesto. ("Teoría general del proceso, pág 109, cit Lino PALACIO, "Derecho Procesal Civil To.I, pág.396). Por ello, el examen de los requisitos de admisibilidad debe ser necesariamente previo al examen de fundabilidad, y un pronunciamiento negativo sobre la existencia de los primeros excluye sin más la necesidad de dictar una sentencia relativa al mérito de la pretensión; dicho de otro modo se decía imposibilita tratar la cuestión sustantiva.

Tal, en definitiva, lo que acaece en el sublite. La continuidad de una pretensión accesoria y subordinada a la declaración de invalidez del Dto. Nº 1120/00 según ha quedado expuesto, como lo es ésta que VANNI procuró continuar contra los codemandados L y J; ausente un requisito esencial de admisibilidad de la pretensión para examinar la validez de ese acto cuya nulidad es presupuesto de la condena resarcitoria requerida por ausencia del legítimo contradictor, conduce a la inexistencia de causa judicial, lo cual inhabilita el ejercicio de la jurisdicción, que se traduce en la imposibilidad del juez para emitir pronunciamiento. Se impone en consecuencia el rechazo de la demanda. Así lo voto.

A idéntica cuestión el Dr. ROYER dijo:

/// 1. El Dr. V encara este pleito, procurando la declaración de invalidez del Dto. Nº 1120 de Agosto de 2000, que con retroactividad a Enero de ese año lo "reubica" en un cargo del Agrupamiento TécnicoAdministrativo en la Dirección General de Rentas de la Provincia. Relata en su demanda, que esta decisión fue el broche de una serie de vicisitudes que vino sufriendo desde la época a la que se retrotrae el acto, cuando se le comunica que el cargo de Agente Fiscal que ocupaba en la Dirección General de Rentas carecía de afectación presupuestaria para ese año en curso, por lo que "debía abstenerse" de continuar en su ejercicio. Así ocurre y dan cuenta de ello las constancias administrativas en razón de la reestructuración en la organización de ese área, cuando, en virtud de la Ley Provincial Nº 4.315 se creó el Fondo de Recursos Propios del Poder Judicial, variando las funciones de aquel cargo, que entre otras, consistía en el control de lo recaudado en los Expedientes judiciales en concepto de Tasa de Justicia.

Sus reclamos en la sede, y una Acción de Amparo que intentó con resultado favorable, determinaron el dictado del Dto. Nº 1120/00 citado, que dispone una reubicación escalafonaria que estima impropia y lesiva, pues afirma correspondía que fuera encasillado en el cargo de Apoderado Fiscal, perteneciente al Agrupamiento Profesional. Acude entonces a la jurisdicción para obtener el reconocimiento de la situación jurídica que entendió alterada por ese acto administrativo cuya declaración de nulidad solicita, a más de pretensiones resarcitorias consecuentes: salarios que reclamó como impagos, SAC correspondiente a éstos, otros ajustes y diferencia de haberes que debió percibir, a mas del item "Fondo estímulo", y una condena por daños y perjuicios moral y lucro cesante por lo que se privó de ganar en el cargo que debió ocupar (punto g). Constituye un litisconsorcio pasivo ///facultativo, pues demanda en conjunto a la Provincia del Chubut y a los Sres. J L L y R J, en su carácter de Gobernador y ex Ministro de Haciendo de Hacienda, Obras y Servicios Públicos respectivamente, que suscribieron y refrendaron aquel Decreto.

2. Así lo hace, los prevotantes lo destacan, en el marco autorizado de una acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, en la que por concepto "...se solicita del órgano jurisdiccional no sólo la anulación del acto sino el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, restaurando las cosas a su primitivo estado, o bien en su caso, atendiendo a una demanda de indemnización. La acción de plena jurisdicción procede cuando invocándose agravio a un derecho subjetivo, se persigue la anulación de algunos de los actos impugnables, el consiguiente restablecimiento del derecho que se dice agraviado y la reparación del daño ocasionado. En el conocimiento de esta acción el juez tiene jurisdicción plena. La decisión final tiene un campo de acción amplio... para dar satisfacción al derecho subjetivo vulnerado: puede anular el acto y resarcir los daños y perjuicios" (José Roberto DROMI "Derecho Administrativo" T° 2 pág. 472/473). Y consecuentemente, como también expusieron mis colegas, la declaración de nulidad del acto que dice lesivo, es la causa de su derecho a las pretensiones de restauración y reparación involucradas, causa que determina la conexidad que autoriza el litisconsorcio pasivo que conforma .

/// El nexo entre la invalidez declarada del acto administrativo y la admisibilidad de las pretensiones derivadas del ilícito administrativo que conforma el acto nulo, ha sido puesta de manifiesto en numerosos fallos por este Tribunal. En ella asienta la doctrina de Falta de Jurisdicción, que fuera aplicada al actor en juicio que inició antes de éste en tratamiento con el mismo objeto.

Puede afirmarse sin hesitación, que esa declaración de nulidad, determinante de la naturaleza misma de la acción contenciosoadministrativa, tiene un carácter "prejudicial" o principal. Si la ilegitimidad del acto no ha sido reconocida, sea por la persona pública que lo emitió, sea por declaración judicial, el acto conservará la presunción de legitimidad que por esencia lo acompaña, y entonces, no habrá ilicitud que pueda justificar recomposición de situaciones jurídicas por aquél afectadas, menos aún, resarcimientos.

Recuerdo que en la SD N° 22/SCA/95 (Belvedere...") decía que "ante la presunción de legitimidad que accede al acto administrativo... la legalidad del acto debe ser cuestionada por quien resulte lesionado en sus derechos subjetivos o intereses legítimos con su dictado". Y dejé planteado que en algunos supuestos a los que me referiré enseguida no sólo resulta imprescindible que el accionante "solicite" la nulidad del acto administrativo en cuya ilegalidad funda otras pretensiones, sino que obtenga tal declaración en forma previa, conforme la naturaleza de aquella presunción inherente al acto administrativo. Así lo expresé: "que la presunción sea "iuris tantum" y lo es no impide que el escollo deba sortearlo la parte interesada en la declaración de lesividad. Su acción deberá encaminarse primero, a destruir la presunción, a lograr la nulidad, para luego habilitar a la ///Justicia el pronunciamiento sobre el fondo de lo pretendido".

Es cierto que no siempre, esta "prejudicialidad" será necesaria. Y así lo he advertido en el mismo fallo que vengo glosando (así como en las SD N° 20/SCA/95 "Asaro...", N° 8/SCA/04 "Suzzi..." y otras), cuando me fundé en la doctrina del plenario de la Cámara de Apelaciones en lo ContenciosoAdministrativo Federal "Petracca ..." (ED 118391), también citado por los preponentes, haciendo la salvedad de que la misma está dada con referencia a los plazos de caducidad de las acciones procesales administrativas impuesto por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (pretensiones intentadas por reparaciones ya vencido ese término), lo cual por principio es una circunstancia que no se da en esta Provincia en las acciones contra ésta y sus órganos descentralizados y autárquicos, salvo que normas especiales la impongan. No obstante señalé e insisto hoy en lo esencial, sus criterios son aplicables por extensivos a situaciones análogas en las que o la nulidad del acto no se solicita, o no ha sido declarada.

Pues bien, en tales decisorios recurrí a un comentario publicado por el Dr. BARRA publicado en ED 121278 "Aspectos procesales de la Nulidad del Acto Administrativo" con cuya autoridad doctrinaria coincidí y se encuentra en estrecha vinculación con lo que ha de resolverse en autos, que distingue los casos en que resulta necesario que sea declarada previamente la nulidad del acto administrativo en que se fundan otras pretensiones, de otros, en que esa dependencia no es tal. ///Ello indujo a establecer " la necesidad de discernir, en cada caso, cuándo el acto afecta la situación jurídica de las partes, dependiendo entonces la reclamación de su declaración de invalidez,. o bien, cuándo no es así y puede entenderse que aquélla (la reclamación) no necesariamente la requiere (a la declaración de nulidad). Estos casos son los de ese segundo supuesto limitados a aquellos en que el acto administrativo no afecta esencialmente la situación jurídica de las partes, o simplemente le introducen una modificación accesoria a la relación." Y la jurisprudencia ofrece ejemplos. Así se dice que la doctrina del plenario Petracca " no resulta de aplicación en el amplio capítulo de la responsabilidad del Estado por sus actos legítimos, donde es prescindible argumentar respecto de la licitud o ilicitud del acto administrativo que ocasionó el perjuicio que se intenta reparar. En ese campo, no es necesario que el particular plantee la nulidad del acto para que el Tribunal analice la existencia de los extremos que ponen en marcha la responsabilidad (CNCAF, SALA II, en "Difusora M S.A....", del 8/07/98).

Pero, cuando la responsabilidad derive de la "ilicitud" de actos administrativos del Estado, la situación es la opuesta: "el reclamo de los daños y perjuicios basados en el accionar ilícito de la administración tiene naturaleza accesoria respecto de la acción de nulidad (Fallos: 316:1476 y plenario del Fuero "P e H S.A.", del 24/4/86)" (Sala I, "A..." del 21/06/01, "P..." del 21/06/05; "D..." del 30/08/05; ídem Sala III, en "F..." del 18/06/02). "La responsabilidad del Estado por daños derivados de actos ilegítimos requiere la previa declaración de ///invalidez de éstos, razón por la cual, si no puede declararse la nulidad del acto que afecta a la actora, resulta imposible ordenar su reincorporación e indemnización" (Sala I, en "F de G..." del 14/06/94; citando otro precedente de esa Sala, "O...", del 7/7/92).

En tales casos como lo es el de autos es indudable que la relación entre la pretensión de daños y perjuicios y la de nulidad del acto administrativo es de carácter accesorio; la primera está subordinada a la segunda. Así se le hizo saber a V por la sentencia recaída en el juicio que antes iniciara, que declaró la Falta de Jurisdicción porque no había demandado la declaración de nulidad. Y ahora que la demandó debió recordar durante el proceso que si no puede declararse la nulidad del acto administrativo que afecta la situación jurídica de las partes, no es posible analizar la atribuida responsabilidad del Estado por acto ilícito a los efectos de acceder a una indemnización derivada de ésta.

Así lo decía en la Sentencia a que vengo refiriendo (SD N° 22/95) "tratándose al demandar, de obtener el resarcimiento de daños, para hacer con ello efectiva la responsabilidad... de la Administración, será necesario primero, atacar la nulidad del acto, para destruir así su presunción de legitimidad demostrando su ilicitud, y a sus resultas, obtener la reparación perseguida, pues sólo la ilicitud, derivada de la declarada nulidad, puede ser fuente de reparación".

/// Y digo que debió recordarlo, porque al transar con la Provincia, y al venir a manifestar expresamente con ella que la nulidad del acto agraviante no estuvo admitida por la transacción, olvidó que sin ella, la pretensión resarcitoria que quiere continuar contra los restantes codemandados que dice vinculados por solidaridad, no podrá ser discernida por al Tribunal. Porque si los daños resarcibles que denunció se fundan en la nulidad por ilegitimidad del Dto. Nº 1120/00, ésta no podrá verificarse.

Dígase que atento la forma en que estructuró su demanda, hizo propicia la formación de un litisconsorcio pasivo, que integró con la Provincia y los Sres. L y J como funcionarios públicos obligados sostuvo solidariamente. Más es claro, que tal solidaridad sólo podría ser admisible respecto de algunas pretensiones no de todas pues la nulidad del acto y la reconstitución de la relación jurídica afectada por el acto nulo, sólo puede reclamarlas de la Provincia. Los codemandados ex funcionarios no están legitimados para ello, mas allá de que la plena jurisdicción permita esta acumulación, pese a la cual se mantiene la individualidad de las relaciones jurídicas sustanciales que a cada demandado vincula con las respectivas pretensiones, procesalmente ubicados aquéllos en un litisconsorcio que les asegura independencia. Como señala el Dr. CANEO, la acumulación de pretensiones, de obligados y de relaciones jurídicas involucradas no importa confusión. En su marco cada pretensión encuentra el obligado y por ende el contradictor legitimado.

Desde otro punto de vista, enseña Francesco CARNELUTTI, que partes son los sujetos de la litis o del negocio. Puesto que cada una de las partes tiene interés en la justicia del resultado del proceso sólo en los ///límites que éste le favorece, se entiende que una garantía principal de dicha justicia debe consistir en la colaboración de ambas, la cual, dada la oposición de sus intereses, se desarrolla mediante el contradictorio. Este es la regla del proceso contencioso... precisamente porque el contradictorio es un modo se ser normal del proceso contencioso... y agrega "el sujeto del interés en conflicto con el que se hace valer en la demanda, debe ser puesto en condiciones de contradecir..." (Instituciones del Proceso Civil volumen I pág. 184 Edit.) Y así es porque serán sólo las partes a quienes alcance la sentencia, quienes habrán de sufrir la condena o acceder a la respectiva pretensión, en su caso. GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ lo expresarán de este modo: "Los efectos de las sentencias quedan restringidos normalmente a las personas que han sido partes en el proceso y sólo a ellas" ("Curso de Derecho Administrativo" T° II pág. 639 Civitas 4ta. Edición).

A su vez, las partes deben estar legitimadas para pretender y contradecir, y ser destinatarias del fallo que se dicte en el proceso. En SD N° 25/95, trayendo a PALACIO, decía "Señala el maestro... que a fin de que la pretensión procesal satisfaga el objetivo tenido en mira por quien la deduce, debe reunir dos clases de requisitos: de admisibilidad y de fundabilidad. Los primeros, posibilitan la averiguación de su contenido, y por lo tanto, la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto sometido a la decisión del Tribunal. Los segundos, hacen al contenido de la pretensión y se dice que la misma es fundada cuando resulta apropiada para obtener una decisión favorable de quien la ha planteado.Ergo, el examen de los requisitos de admisibilidad debe ser ///necesariamente previo al examen de fundabilidad, y un pronunciamiento negativo sobre la existencia de los primeros, excluye, sin más, la necesidad de dictar una sentencia relativa al mérito de la pretensión".... "Los requisitos de admisibilidad se clasifican en "extrínsecos e intrínsecos, según la mayor o menor relación que guarden con el contenido de la pretensión, y, al referirse a los intrínsecos, los aplica a los sujetos (activos y pasivos) de la relación procesal y al objeto de aquélla.La aptitud de los sujetos referida a la materia sobre la que versa la pretensión en cada caso particular, es la legitimación para obrar o legitimación procesal..." "Esta, la legitimación, se determina en el marco de las relaciones y estados jurídicos que en el proceso se controvierten.Y define este estado como "aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa, no sin advertir que existen casos de lo que nomina "legitimación anómala o extraordinaria" a los cuales caracteriza el hecho de que resultan habilitadas para intervenir en el proceso, como partes legítimas, personas ajenas a la relación jurídica sustancial (casos de sustitución procesal...), o bien, la legitimación activa o pasiva se halla atribuida a una pluralidad de personas. Y concluye : "Desde el punto de vista de su regulación legal, todos estos casos pueden agruparse en dos categorías que se diferencian tomando como pauta directriz el hecho de que el juez se halle o no habilitado para dictar sentencia sobre el fondo del asunto cuando no han intervenido, o no han sido citados al proceso, todos los sujetos legitimados". (Derecho Procesal Civil Tomo I págs. 404, 405, 413, 414, 415)". "Trasladados los conceptos al orden jurídico adjetivo, BARRIOS DE ANGELIS (Teoría del Proceso Depalma 1979), describe su teoría de las situaciones jurídicas ///procesales, sintetizando su configuración como la relación sujetonorma, señalando, entre sus caracteres: que los sujetos son parte de su esencia (toda situación procede de... titular y está destinada a afectar a....destinatarios); que toda situación tiene internamente una estructura particular; que tiene además un contenido (su sentido vinculante o liberador de la voluntad de su titular...), que tiene la peculiaridad de conectarse con otras situaciones del mismo o diferente titular.Las situaciones jurídicas procesales son aquellas que contempla la ley procesal: las posiciones que frente a la norma ritual asumen los sujetos del proceso: la acción dice el autor se manifiesta en la pretensión; la pretensión, no puede manifestarse sino por la acción, o por el poder de contradecir; de este modo solo cuando la acción se conecta con la contradicción es posible hallar el contacto de la pretensión con el demandado. En el continente de esta teoría, la legitimación es una condición de la acción que consiste en la efectiva pertenencia de la situación jurídica sustancial al sujeto que se la atribuye, o en quien se asume como titular".

Ha de añadirse que la calidad de parte la da esa titularidad activa o pasiva de la pretensión, y supone la existencia de un conflicto o controversia entre personas que vienen a constituir, en sus respectivas posturas, elementos parciales de un todo. La legitimación procesal implica la habilitación, por el ordenamiento jurídico, para asumir la calidad de parte con referencia a la concreta materia sobre la que versa el proceso. Si no hay legitimación no hay parte, y de ello podrá derivar la inexistencia de "causa o caso" que autorice la intervención judicial (María Jeanneret de Pérez Cortés Las partes y la Legitimación ///Procesal en el Proceso Administrativo Rev. Derecho Procesal Administrativo Hammurabi pág.464/465). Viceversa, la existencia de "causa o caso" presupone la de parte, es decir, de quien reclama o se defiende, y por ende, de quien se beneficia o perjudica con la resolución que se adopta al cabo del proceso (Dictamen de la Proc.Fiscal M. G. REIRIZ en "Mosquera..." fallado por la Corte Suprema el 3/4/03).

Desde antiguo la Corte Nacional tiene dicho que "para que haya caso contencioso... se requiere una controversia entre partes que respectivamente afirman y contradicen sus pretendidos derechos" (CS Fallos 186:414, en "FF.CC. del Estado, del 1/1/1940); "controversia entre partes, en la que pueda existir un derecho lesionado que el pronunciamiento deba reparar. Las declaraciones abstractas están vedadas a la justicia, razón por la cual en tanto no se persiga la solución concreta de alguna cuestión susceptible de atribuir interés económico o jurídico al pronunciamiento de la Corte Suprema por vía de la condena a dictarse..." (CS Fallos 210: 897; en "Gremillón..." del 1/1/1948).

De lo dicho debe deducirse inexorablemente, que desentendida la Provincia, liberada por la transacción, no habrá posibilidad de declarar la nulidad del acto, porque, tal como expresan los prevotantes, no hay legítimo contradictor. El emisor del acto que dice nulo, nulidad que es fuente de los daños cuya reparación pretende, es el Estado Provincial, cuya voluntad se expresa a través de los órganos que lo integran. Y ya no está en el juicio.

Con humor, Agustín GORDILLO ha anotado brevemente un fallo de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, bajo un ///título peculiar y descriptivo del supuesto que allí se daba que tituló "Demanda contra nadie". El autor sólo se pregunta si el actor quiso divertirse, o se equivocó y se divirtió la Sala... La Sentencia de marras expone que intimado el accionante para que manifestara contra quien dirigía la pretensión habiendo requerido regulación de sus honorarios por tareas administrativas dijo que cuando ello sucediera, procedería a cobrarlos a quien resultase obligado al pago... que su comitente fue un tal Monti, pero que no dirigía la demanda contra nadie ("Copani, Juan c.Monti, Felipe J.", del 170497 LL 1997D693). La demanda fue rechazada "in limine" en primera instancia y la Cámara confirmó lo allí resuelto, exponiendo en sus fundamentos: "Que la demanda es un acto procesal de petición formal que tiene por efecto iniciar un proceso y que si bien como acto procesal es un acto jurídico, como acto formal requiere el cumplimiento de unas serie de requisitos mínimos..." y que "si el actor insiste en no demandar a nadie, no se halla cumplido uno de los requisitos esenciales de la demanda, cual es la determinación del demandado, de importancia para determinar su capacidad, así como a los efectos de la cosa juzgada".

La decisión se aplica al caso de autos, aunque aclarando que si bien en éste el recaudo de identificación del contradictor se cumplió en la demanda, no fue así a partir de su "readecuación" posterior a la transacción con la Provincia, pese a mantener la pretensión de declaración de nulidad. Si la demanda de lucro cesante y daño moral la dirige contra los funcionarios que estima obligados solidariamente con el Estado, la de nulidad, que reitera, la impetra curiosamente contra nadie...no hay parte contraria para ella.

/// Puesta en condiciones de contradecir...la Provincia del Chubut se retiró del litigio, manifestando de consuno con el actor, que éste nada más tiene que reclamarle...y V entonces escindió el proceso, propició la desintegración de la litis, quedándose sin legitimado pasivo respecto de la pretensión principal.

En conclusión, no se encuentra integrada la litis con la parte habilitada para contradecir en el proceso en que se persigue la declaración de nulidad del el Dto. Nº 1.120/00. No puedo más que coincidir con los Sres. Ministros prevotantes: no hay "caso judicial" y esta pretensión contra nadie no puede admitirse.

Así que lo voto, la que se deduce o mantiene contra los Sres. L y J, para hacer efectiva una responsabilidad derivada accesoria y subordinada de la ilegitimidad o ilicitud de un acto administrativo que no ha sido reconocida por la Provincia, ni se puede declarar, no podrá ser atendida. Ausente ésta del juicio como contradictor legitimado la nulidad a la que aquélla se subordina, no podrá ser declarada, pues a su respecto insisto no hay "caso judicial", y por ende, tampoco jurisdicción. El acto administrativo que se impugna Dto. N° 1120/00 ha sido dictado en el marco de la relación jurídica existente entre el actor y la Administración Provincial, se presume legítimo y esta presunción de legalidad es una valla insalvable, que impide al Poder Judicial, sin examinar su validez, dirimir cualquier pretensión que emane de su ilicitud.

Voto por el rechazo total de la demanda.

A la segunda cuestión el Dr. CANEO dijo:

/// Tal como voté la primera propongo al Acuerdo: 1) Desestimar, por inadmisibles, las pretensiones deducidas por el Dr. J R V, según la reconducción que promueve a fs. 214 de autos contra los Sres. J L L y R J. 2) Costas a la actora (art. 68 CPCC). 3) En cuanto a honorarios, estimo regular los de los letrados que patrocinaron al actor: Dra. V R, por la 1° etapa en el 2,33% (1/3 del 7%) del monto del proceso constituido por el quantum de la pretensión que se mantiene contra los Sres. L y J que se determinará en la etapa de ejecución y al Dr. N E el 2,33% por la 2° etapa sobre la misma base. Al Dr. R O C, apoderado del Sr. R J, por la 1° etapa en el 4,76% del monto del proceso (1/3 del 11%+30% de éste), y por la 2° etapa, en conjunto con la Dra. F C F en el mismo porcentual. Al Dr. E G H J, patrocinante en la 1° etapa del Sr. J L L en el 4% del monto del proceso (1/3 del 12%) y al Dr. E R H en el 30% de lo regulado a su patrocinante; por la 2° etapa a los Dres. E R H, E R, L R, y L S en forma conjunta en el 5,6% del monto del proceso (1/3 del 12%+40% de éste), valorando los parámetros dados por el art. 6 del Dto.Ley N° 2.200 TO N° 138/99, de conformidad con los arts. 7, 9, 38 y 47 del mismo cuerpo normativo. Todos más IVA si correspondiere. En cuanto a los honorarios del Perito Contador H D V, los considero en el 1% del monto del proceso.

A la misma cuestión el Dr. PASUTTI dijo:

/// Según he votado la primera cuestión, comparto la solución dada a la segunda por el Dr. CANEO.

A su turno, el Dr. ROYER dijo:

Concuerdo con la propuesta de pronunciamiento de los Dres. CANEO y PASUTTI.

Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictar la siguiente:

S E N T E N C I A :

1º) DESESTIMAR, por inadmisibles, las pretensiones deducidas por el Dr. J R V (L.E.Nº***), según la reconducción que promueve a fs. 214 de autos contra los Sres. J L L (D.N.I. Nº ****) y R J (D.N.I. Nº ****).

2º) COSTAS a la actora (art. 68 CPCC).

3º) REGULAR los honorarios de la Dra. V R por la 1° etapa en el 2,33% (1/3 del 7%) del monto del proceso constituido por el quantum de la pretensión que se mantiene contra los Sres. L y J que se determinará en la etapa de ejecución y al Dr. N E el 2,33% por la 2° etapa sobre la misma base. Al Dr. R O C, por la 1° etapa en el 4,76% del monto del proceso (1/3 del 11%+30% de éste), y por la 2° etapa, en conjunto con la Dra. F C F en el mismo porcentual. Al Dr. E G H J, por la 1° etapa en el 4% ///del monto del proceso (1/3 del 12%) y al Dr. E R H en el 30% de lo regulado a su patrocinante; por la 2° etapa a los Dres. E R H, E R, L R, y L S en forma conjunta en el 5,6% del monto del proceso (1/3 del 12%+40% de éste), de conformidad con los arts. 6, 7, 9, 38 y 47 del Dto.Ley N° 2.200 T.O N° 138/99, más IVA si correspondiere.

4°) REGULAR los honorarios del Perito Contador H D V, en el 1% del monto del proceso calculado como lo indica el punto precedente (art. 61 del Dto.Ley N° 2.200 T.O N° 138/99) más IVA si correspondiere.

5°) REGÍSTRESE y notifíquese.

Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti y Fernando S.L. Royer	RECIBIDA EN SECRETARÍA Y REGISTRADA EL 10/08/07 Bajo el n° 05/SCA/07