Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29


A C U E R D O En la ciudad de La Plata, a 29 de febrero de 2012, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, de Lázzari, Pettigiani, Soria, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 97.962, "Urrutia, Javier Luis contra Usina Pop. Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Soc. Ltda. de Necochea 'Sebastián de María' y otro. Indemnización por despido y otro".

A N T E C E D E N T E S El Tribunal del Trabajo del Departamento Judicial Necochea hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especifica.

La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente C U E S T I Ó N ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? V O T A C I Ó N A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I. El tribunal interviniente rechazó en todas sus partes la acción deducida por Javier Luis Urrutia contra el Sindicato de Empleados de Comercio de Necochea, mediante la cual le había reclamado el pago de sueldos anuales complementarios, vacaciones, asignaciones familiares, integración del mes de despido e indemnizaciones por antigüedad y falta de preaviso, así como las previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, 2 de la ley 25.323 y 16 de la ley 25.561.

Si bien consideró demostrado que el accionante trabajó bajo relación de dependencia de la indicada coaccionada, juzgó que dicho vínculo debía considerarse extinguido en el mes de octubre de 2001, por voluntad concurrente de las partes (art. 241, último párrafo, L.C.T.). Ello así, pues el propio actor declaró que el sindicato le pagó las guardias que realizaba hasta la fecha indicada, momento a partir del cual comenzó a abonarlas la codemandada "Usina Popular Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales. Ltda. de Necochea Sebastián de María" (en adelante, "Usina..."), circunstancia que, sumada al hecho de que el actor recién intimó a aquél en el mes de noviembre de 2003, llevó al juzgador a concluir que existió un comportamiento concluyente y recíproco de las partes, que tradujo inequívocamente el abandono de la relación (vered., fs. 268 y vta.; sent., fs. 271 vta.). Con base en tal conclusión, el juzgador desestimó los rubros indemnizatorios vinculados a la extinción del contrato de trabajo.

En otro orden, el a quo acogió parcialmente la acción en cuanto iba dirigida contra la codemandada "Usina ...", a quien condenó a abonar al trabajador el importe de $ 10.671,44 en concepto de asignaciones familiares, asignaciones no remunerativas, vacaciones y sueldos anuales complementarios. En cambio y en lo que ahora interesa, rechazó las indemnizaciones vinculadas al despido, en la inteligencia de que todas las injurias invocadas por el actor para justificar el autodespido por él perfeccionado, resultaron "disfuncionales a los fines de generar responsabilidad de la patronal". En especial, ponderó que aquél no logró acreditar la fecha de ingreso invocada en la demanda (septiembre de 1995), hito que el tribunal situó en el mes de noviembre de 2001 (vered., fs. 267 vta.), conclusión con apoyo en la cual quedaron desvirtuadas algunas de las causales invocadas por el trabajador para legitimar el distracto, cuales son las relativas a: (i) la falta de entrega de la constancia documentada establecida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y (ii) la negativa de dicha coaccionada a efectuar los aportes y contribuciones desde la fecha de ingreso denunciada por el accionante (sent., fs. 275/276).

II. Contra dicha resolución, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación del principio de congruencia y de los arts. 30, 225 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo y errónea aplicación del art. 241 del mismo cuerpo legal (fs. 294/301).

Plantea los siguientes agravios:

1. En primer lugar, cuestiona la conclusión del tribunal relativa a la fecha en que el actor ingresó a trabajar bajo dependencia de la codemandada "Usina...".

Al respecto, sostiene que, al concluir que Urrutia comenzó en el mes de noviembre de 2001, el a quo incurrió en absurdo y violación del principio de congruencia, habida cuenta que la propia coaccionada reconoció la verdadera fecha de ingreso denunciada en el escrito de inicio: septiembre de 1995. Puntualiza que, al contestar la demanda, "Usina ..." señaló que el actor había trabajado para ella durante ocho años, lapso que se compadece con las fechas de comienzo y extinción del contrato invocadas en el escrito liminar. Agrega que dicha codemandada reconoció expresamente, a fs. 46 de la réplica, que los datos relativos a la fecha de ingreso del actor que éste consignó en su escrito postulatorio eran reales. En consecuencia concluye- el tribunal se ha pronunciado sobre cuestiones y defensas no introducidas por las partes, fallando extra petita al establecer una fecha de ingreso "arbitraria e inexistente".

2. En segundo término, plantea que el tribunal debió haber responsabilizado solidariamente a ambas codemandadas por los créditos adeudados al accionante.

En ese sentido, afirma que en el caso se probó que "Usina..." subcontrató, para la prestación de sus servicios sociales, al Sindicato de Empleados de Comercio de Necochea quien, a su vez, contrataba a los médicos de guardia, hipótesis que -en su criterio- "se encuentra comprendida en la norma del artículo 30 de la ley 20.744". Añade que, para el caso de que se considere que no existió un caso de subcontratación en los términos del precepto indicado, "debe necesariamente existir" una transferencia de establecimiento contemplada en los arts. 225 y 228 del mismo cuerpo legal, por lo que, en cualquiera de los dos supuestos, rige la solidaridad de los codemandados y, por lo tanto, "la acreditación de la antigüedad en relación a uno, alcanza indefectiblemente al otro" (fs. 296 vta./297).

3. Por último, cuestiona la conclusión del sentenciante en cuanto consideró que el vínculo existente entre el actor y el Sindicato de Empleados de Comercio de Necochea se extinguió en el mes de octubre de 2001 por mutuo acuerdo tácito de las partes, en los términos del art. 241 in fine de la ley 20.744.

Sobre este tópico, afirma que, al considerar que el contrato de trabajo finalizó por la causal mencionada, el juzgador aplicó erróneamente el precepto legal indicado, que no resulta adecuado al caso, toda vez que la hipótesis contemplada en el último párrafo del art. 241 no fue planteada por la contraparte, habida cuenta que la entidad sindical jamás manifestó que la relación laboral se había disuelto por abandono. En consecuencia -expresa- al fundarse en hechos no aducidos por la interesada, el tribunal se apartó nuevamente del principio de congruencia, vulnerando el derecho de defensa y el debido proceso legal al expedirse sobre materias ajenas a las introducidas por los litigantes.

III. El recurso debe prosperar parcialmente, con el siguiente alcance.

1. Asiste razón a la recurrente en cuanto señala que, al determinar la fecha en que el actor ingresó a laborar para la coaccionada "Usina...", el tribunal de grado incurrió en absurdo y violación del principio de congruencia.

a. Tiene dicho esta Corte que la determinación de la fecha de inicio de la relación laboral constituye una facultad privativa de los tribunales del trabajo y la decisión que éstos adopten al respecto está exenta de revisión en casación, salvo absurdo (conf. causa L. 91.219, "Babiarz", sent. del 4-VI-2008), vicio que -como anticipé- juzgo demostrado en la especie.

b. En el escrito de inicio, el actor refirió haber ingresado a trabajar bajo dependencia de las demandadas el día 15-IX-1995, prestando servicios como médico de guardia en los Servicios Sociales de la Usina Popular Cooperativa (fs. 19 vta.).

De la lectura de la réplica de la coaccionada "Usina..." se desprende que ésta no sólo no negó tal afirmación (ver "negativas", fs. 40/41 vta.), sino que, además, reconoció expresamente la fecha de ingreso y la antigüedad del vínculo denunciadas en la demanda.

Así, señaló expresamente que "Para comenzar sostenemos que los datos relativos a la fecha de ingreso del actor son reales..." (réplica, fs. 46). Luego, tras reconocer el carácter laboral del vínculo (que, según admitió, inicialmente no había registrado en el entendimiento de que se trataba de una locación de servicios, criterio que refirió haber modificado tras un fallo judicial adverso en un caso similar) y con el objeto de demostrar el carácter injustificado del despido indirecto por él formalizado, puso especial énfasis en remarcar la antigüedad del actor, coincidente con la que éste invocó en el escrito de inicio. Al respecto, manifestó que Urrutia se consideró despedido porque "ya no le convenía trabajar en el lugar que le abrió las puertas durante 8 años..." (fs. 42), dato que se compadece con la fecha de inicio (septiembre de 1995) denunciada en la demanda (y reconocida en la contestación), habida cuenta que el autodespido del actor se formalizó el día 7-XI-2003 (telegrama de fs. 3). Más adelante, insistió en ponderar la antigüedad del trabajador y la extensión del vínculo como datos que, a su entender, tornaban injustificada la actitud de éste de considerarse despedido frente a los incumplimientos denunciados, señalando que Urrutia había asumido "una conducta que no se compadece con los antecedentes logrados en 8 años de servicios, la antigüedad en el trabajo y el principio de continuidad del vínculo laboral ..." (fs. 48 vta.). Por último, refirió que correspondía rechazar el reclamo por asignaciones familiares en virtud de que "el actor jamás en sus 8 años de antigüedad reclamó el concepto..." (fs. 50).

c. De lo expuesto se colige que mal pudo el juzgador de grado concluir que "en cuanto a la fecha de ingreso con esta empleadora, debe entenderse que lo fue a partir de noviembre de 2001..." (vered. fs. 267 vta.), sin incurrir -como bien se denuncia en el embate- en absurdo y violación del principio de congruencia, toda vez que las partes estuvieron contestes en el hecho -que no resultó, por lo tanto, controvertido- de que el actor ingresó a laboral en la "Usina..." en el mes de septiembre de 1995.

En ese sentido, es dable advertir que tal conclusión del juzgador se asentó sobre premisas erróneas, toda vez que -por un lado- no fue esa la "posición de la demandada" (como lo señaló el tribunal) y -por el otro- las circunstancias que, según puntualizó el a quo, relató el actor en la vista de la causa (que desde octubre de 2001 las tareas se desarrollaban en la "Usina...", que fue ésta quien pasó a pagar las guardias, etc., ver fs. 267 vta.) podrían tener incidencia, a lo sumo, a los fines de clarificar la compleja relación que lo vinculó con las dos codemandadas, no así para definir una circunstancia fáctica -fecha de ingreso a la "Usina..."- que no fue controvertida por la parte interesada y que, en consecuencia, quedó fuera de la traba de la litis.

En ese sentido, cabe recordar que, es doctrina reiterada de esta Corte que, una de las garantías del debido proceso consiste en el marco que tiene la judicatura para no introducir alegaciones o cuestiones de hecho sorpresivamente, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa; por ello, la conformidad entre la sentencia y la demanda, en cuanto a las personas, el objeto y la causa, es ineludible exigencia de principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez y -en consecuencia, superado este marco- se produce el quebrantamiento del principio de congruencia (conf. causas L. 32.598, "Lecuna", sent. del 24-VIII-1984; L. 34.731, "Barrios", sent. del 30-VII-1985; L. 66.755, "Juárez", sent. del 17-XI-1998; L. 84.997, "Costa", sent. del 18-IV-2007).

Resultando que, en autos, el a quo estableció una fecha de inicio de la relación laboral diferente de la que fue admitida por las partes en la demanda y su contestación, se impone concluir que ha quedado demostrada la violación del mencionado principio, a la vez que la absurda valoración de los escritos constitutivos del proceso.

Siendo ello así, cabe revocar la sentencia en cuanto determinó que el actor ingresó a trabajar bajo dependencia de la codemandada "Usina..." en noviembre de 2001, toda vez que, según coincidieron ambas partes, dicho acontecimiento se produjo en el mes de septiembre de 1995.

d. A tenor de lo señalado, aquélla deberá quedar sin efecto en relación a los rubros cuya desestimación estuvo fincada en el hecho de que el actor no logró acreditar la fecha de ingreso invocada en la demanda.

Así, debe rescindirse lo decidido en lo que concierne a la indemnización por despido (habida cuenta que dos de las injurias por él invocadas fueron desestimadas por el hecho de que no acreditó la fecha de ingreso, sent., fs. 275 y vta. puntos "a" y "c") y los rubros a ella conexos (integración del mes de despido e indemnización sustitutiva del preaviso, así como las previstas en los arts. 16 de la ley 25.561 y 2 de la ley 25.323). También, lo resuelto en torno a las indemnizaciones de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 (desestimadas en virtud de que "el actor no ha denunciado la fecha real de ingreso", sent., fs. 276 vta.).

Cabe por último aclarar que, la revocación que se propone, en modo alguno implica anticipar opinión sobre la procedencia sustancial de tales rubros, aspecto que deberá ser nuevamente abordado por el tribunal de grado -con arreglo a la fecha de inicio del vínculo que aquí ha sido determinada y teniendo en cuenta las alegaciones de las partes- una vez devueltas las actuaciones a la instancia ordinaria.

2. Igualmente procedente resulta la crítica concerniente a la causal de extinción del vínculo habido entre el actor y la codemandada "Sindicato de Empleados de Comercio de Necochea".

a. En lo que respecta a dicho tópico, el accionante afirmó que el contrato laboral que lo vinculó a dicha coaccionada se extinguió con fecha 7-XI-2003, oportunidad en que se consideró despedido por los incumplimientos que le imputó en el telegrama obrante a fs. 8 (demanda, fs. 20 vta.).

A su turno, la entidad sindical coaccionada negó el carácter laboral del contrato, afirmando que no existía relación de dependencia sino una locación de servicios, como los propios médicos convinieron con ella (fs. 67 vta.). En lo que respecta a la finalización de tal relación, se limitó a señalar que "Con fecha 20/11/2003, el actor, Dr. Urrutia, se da por despedido" (fs. 68).

b. El a quo consideró que entre el actor y el sindicato existió un contrato de trabajo.

Arribó a tal conclusión con sustento en las constancias del expediente 4337 "Fucile c/Usina" (sustanciado ante el mismo tribunal, ofrecido como prueba y agregado a esta causa por cuerda separada). Por otra parte, juzgó aplicable al caso lo normado en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, precepto con sustento en el cual concluyó que, admitida por la coaccionada la prestación de servicios, debía presumirse la existencia de la relación laboral (fs. 266).

Dicha conclusión no pudo ser cuestionada por el sindicato codemandado, habida cuenta que, a diferencia de su litisconsorte "Usina..." (que fue vencida parcialmente y, no obstante ello, consintió la sentencia que tuvo por demostrado el vínculo laboral invocado por el actor), aquél resultó vencedor en el pleito.

En consecuencia, por aplicación del principio de la apelación adhesiva, corresponde analizar los argumentos que el Sindicato de Comercio de Necochea esgrimiera en el escrito de responde con el objeto de fundar su postura relativa al carácter no laboral de la relación habida con el accionante. Al respecto, ha declarado esta Corte que también en la instancia extraordinaria opera el principio de la "apelación adhesiva" (conf. causas Ac. 34.218, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. del 17-XII-1985; Ac. 35.212, "Rolleri", sent. del 23-XII-1985; Ac. 52.544, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. del 7-II-1995) y, por lo tanto, en la resolución del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se debe tener en cuenta lo alegado por la parte ausente en su tramitación porque la sentencia le fue favorable (conf. causas Ac. 32.560, "Decuzzi", sent. del 26-II-1985; Ac. 52.049, "Resch", sent. del 17-X-1995; Ac. 70.779, "Miguel", sent. del 3-V-2000, entre muchas). En consecuencia, si los litigantes desarrollaron argumentos que fueron dejados de lado por el juzgador de la instancia ordinaria al hacer lugar o rechazar la acción, o que fueron tratados adversamente, pero el resultado final del pleito favoreció a ese litigante viéndose impedido de apelar, corresponde tenerlos en cuenta al atender el recurso de inaplicabilidad interpuesto pues, si los agravios del recurrente procedieran, no podría sin más modificarse el fallo del tribunal de origen si, al propio tiempo, no se desestimasen los planteos o cuestiones desplazados por la sentencia, porque bien podría suceder que se hubiese incurrido en un yerro in iudicando a su respecto, con lo que, en definitiva, se podría dejar sin razón a quien la tenía (conf. causa L. 80.099, "Torti", sent. del 19-IX-2007).

Empero, no advierto que los argumentos invocados por la citada codemandada revistan entidad suficiente como para modificar lo resuelto por el a quo sobre el carácter laboral que éste asignó al vínculo habido entre aquélla y el actor Urrutia.

En primer lugar, debo decir que considero acertada la atribución de la carga de la prueba realizada por el tribunal, habida cuenta que el sindicato reconoció expresamente la prestación de tareas, aunque invocando que fueron realizados en el marco de un contrato de locación de servicios (fs. 67 vta.). Siendo ello así, lo resuelto por el juzgador en este aspecto es inobjetable, pues ha declarado este Tribunal que si la demandada admitió el hecho de la prestación de tareas pero negó la existencia de una relación laboral, argumentando una de distinta naturaleza -en el caso, locación de servicios-, a ella incumbía la prueba de la alegada vinculación en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas L. 50.658, "Swida", sent. del 10-XII-1992; L. 75.821, "Benedetti", sent. del 18-XII-2002; L. 84.622, "Caferra", sent. del 19-IX-2007; L. 91.284, "Vázquez", sent. del 23-VII-2008, entre otras) y que, no habiéndolo hecho, rige la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. causas L. 41.980, "Amarillo", sent. del 30-V-1989; L. 83.938, "Castro", sent. del 19-IX-2007).

En efecto, no se advierte que el sindicato coaccionado hubiere logrado satisfacer el imperativo de su propio interés, de demostrar el vínculo civil invocado, toda vez que ninguna prueba aportó en ese sentido. En consecuencia, no puedo sino compartir lo decidido por el a quo en este punto, habida cuenta que -como lo ha resuelto este Tribunal- si no se desvirtuó por la demandada la presunción de la existencia del contrato de trabajo que se deriva de la prestación de tareas por ella reconocida, no cabe sino tener por acreditada la existencia de la relación laboral invocada en el escrito de inicio (art. 23, L.C.T., conf. causa L. 83.938, "Castro", cit.).

Por otra parte, tampoco resultan atendibles los planteos con sustento en los cuales la codemandada intentó desvirtuar el pretendido carácter no laboral de la relación. Así, insistió el sindicato en sostener que el actor había consentido el carácter civil del vínculo al no haber efectuado reclamaciones durante su vigencia, resultando aplicable la "teoría de los actos propios" (ver fs. 68/69), argumento que debe descartarse de plano, habida cuenta que -como lo ha establecido esta Corte a partir del voto del suscripto- resulta desacertado computar como dato relevante para la calificación del contrato el "consentimiento" que implícitamente habría prestado el actor -derivado del silencio y la falta de reclamaciones al respecto-, toda vez que, en caso de que se verifiquen los requisitos legalmente establecidos para la configuración de un contrato o relación de trabajo (arts. 21 y 22 de la L.C.T.), la circunstancia expuesta en modo alguno puede enervar la calificación del vínculo como laboral, ya que por imperio de los principios de irrenunciabilidad y primacía de la realidad que imperan en la disciplina (art. 39 inc. 3 de la Const. Prov. y 12 y 14 de la L.C.T.)- la eventual falta de reclamos y el pretendido "consentimiento" resultan por completo irrelevantes a los fines de definir el linaje del contrato (conf. causa L. 90.373, "García Cambón", sent. del 1-X-2008).

c. Definido lo concerniente a la naturaleza del contrato, corresponde ingresar a analizar el agravio traído por la quejosa en lo relativo a la causal de extinción que el juzgador tuvo por demostrada.

Como anticipáramos, el a quo consideró que el vínculo se extinguió en el mes de octubre de 2001 por voluntad concurrente de las partes, en los términos del último párrafo del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, habida cuenta que el comportamiento de aquéllas tradujo inequívocamente el abandono de la relación (vered., fs. 268 y vta. y sent., fs. 271 vta.).

Sin que sea necesario ingresar a analizar el acierto sustancial de tales afirmaciones, dicha decisión debe ser revocada puesto que -como bien se señala en el recurso- esa causal extintiva no fue invocada por las partes, por lo que la conclusión del tribunal resulta también en este aspecto- absurda y violatoria del principio de congruencia al que debió haberse ceñido el juzgador.

En efecto, como lo anticipé en el punto III. 2. a. de este voto, el actor invocó que se consideró despedido el 7-XI-2003, afirmación que -sin perjuicio de la negación de la relación laboral y más allá de la discordancia en la fecha- fue compartida por la entidad sindical coaccionada, quien señaló que aquél se consideró despedido el 20-XI-2003, sin alegar -siquiera subsidiariamente, para el caso de que no prosperase su postura relativa al carácter civil del vínculo- ninguna otra causal extintiva.

En el contexto referido quedó trabada la litis y las partes tuvieron oportunidad de ejercitar su derecho de defensa y aportar pruebas con el objeto de demostrar la existencia de la causal extintiva invocada (despido indirecto justificado, la actora; despido indirecto injustificado, la coaccionada), entre las cuales no se hallaba aquélla que, de su propia cosecha, introdujo el sentenciante (mutuo acuerdo resolutorio tácito, art. 241 in fine, L.C.T.). Siendo ello así, resulta evidente que el decisorio atacado ha vulnerado el principio de congruencia, pues las partes no tuvieron ocasión de expedirse acerca de la existencia de los presupuestos fácticos indispensables ("comportamiento recíproco y concluyente que traduzca inequívocamente el abandono de la relación") para que pueda tenerse por configurada la referida causal extintiva, que permite considerar concluido el contrato por voluntad concurrente de los contratantes y sin consecuencias indemnizatorias.

En ese sentido, ha declarado este Tribunal que si el principio de congruencia impone a los jueces del trabajo ajustar su juzgamiento a los hechos articulados por las partes, con mayor estrictez se tiene que observar cuando de analizar las causales del despido se trata, cuidando de no introducir motivaciones que impliquen cambiar las invocadas al tiempo de rescindir el vínculo porque, de lo contrario, se infringen las normas sustanciales que imponen la prohibición de modificación de las mismas (art. 243, L.C.T., conf. causas L. 47.985, "Luca", sent. del 27-XII-1991; L. 84.945, "Buffo", sent. del 22-XI-2006; L. 85.849, "Bentrón", sent. del 11-IV-2007; L. 92.617, "Valsecchi", sent. del 11-III-2009; L. 96.359, "Bonifacio", sent. del 3-VI-2009).

No resulta ocioso destacar que en los últimos tres precedentes citados ("Bentrón", "Valsecchi", "Bonifacio"), esta Corte hubo de revocar las sentencias de los tribunales del trabajo en cuanto habían considerado extinguidos los contratos laborales por la causal establecida en el art. 241 in fine de la ley 20.744, aun cuando ésta no había sido invocada por ninguna de las partes. Se señaló entonces que, valorando absurdamente los escritos constitutivos, los órganos jurisdiccionales allí sentenciantes habían introducido, de su propia cosecha, una circunstancia novedosa no planteada por ninguno de los litigantes -extinción del contrato por voluntad concurrente de las partes- sentando de esa manera una conclusión inconciliable con las constancias objetivas de la litis, vulnerando el principio de congruencia y variando la causa de despido, en franca contradicción con la doctrina legal de este Tribunal. En consecuencia, resulta indudable que los lineamientos allí establecidos resultan enteramente aplicables al caso bajo examen.

d. A tenor de lo señalado, debe revocarse la sentencia en cuanto declaró extinguido el contrato de trabajo que vinculó a Urrutia con la coaccionada "Sindicato de Empleados de Comercio de Necochea" en el mes de octubre de 2001 por la causal establecida en el art. 241 -último párrafo- de la Ley de Contrato de Trabajo.

Una vez devueltas las actuaciones, el tribunal de origen deberá pronunciarse nuevamente sobre la causa de extinción del vínculo y, por lo tanto, sobre la procedencia de los rubros a ella relacionados.

3. Finalmente, el agravio vinculado a la violación de los arts. 30, 225 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo no resulta de recibo.

El fundamento sobre el que se estructura la crítica -fincado en el supuesto de que entre las codemandadas habría mediado una subcontratación en los términos del art. 30 o, en su defecto, una transferencia de establecimiento regulada por los arts. 225 a 228 del mencionado cuerpo legal- no fue planteado en el escrito de inicio, oportunidad en la cual el actor se limitó a peticionar la responsabilidad de dichas coaccionadas sobre la base de que éstas habían sido sus empleadoras, sin aludir a ninguna de las hipótesis que ahora, novedosamente, introduce en el recurso extraordinario bajo análisis.

En consecuencia, tal argumento no puede ser abordado en esta instancia, toda vez que -como lo ha declarado este Tribunal- resulta inatendible el planteo formulado ante la Suprema Corte que difiere sustancialmente del esquema que conformó la demanda, resultando inaceptable que el recurrente pretenda alterar el alcance y dimensión de su pedimento (conf. causa L. 84.933, "Agüero", sent. del 12-VII-2006). En suma, la línea argumental bajo análisis no es sino fruto de una reflexión tardía y, como tal, ineficaz a los fines de la apertura de la instancia extraordinaria (conf. causa L. 87.670, "Sindicato Trabajadores Municipales", sent. del 28-VII-2004). No corresponde que la Suprema Corte considere temas novedosos que no han sido sometidos a conocimiento del tribunal del trabajo con el alcance que se les da en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. causa L. 71.537, "Acuña", sent. del 8-XI-2000), pues resulta novedosa e inatendible en casación la cuestión que recién se introduce en el remedio interpuesto y que debió ser planteada ante la instancia anterior (conf. causa L. 87.545, "García", sent. del 27-III-2008).

IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso traído y revocar la sentencia en cuanto -transgrediendo el principio de congruencia y valorando absurdamente los escritos constitutivos-, determinó erróneamente la fecha de ingreso del actor a la coaccionada "Usina..." y la causal de extinción del contrato que lo vinculó al Sindicato de Empleados de Comercio de Necochea.

Los autos deberán volver al tribunal de grado a fin de que -con nueva integración, previa renovación de los actos procesales que considere pertinentes y respetando las alegaciones de las partes- dicte el pronunciamiento que corresponda con arreglo a lo que aquí ha sido señalado.

Costas de esta instancia a las demandadas vencidas (art. 289 del C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Negri y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Genoud, con excepción de los últimos tres párrafos del punto III.2.b. Acerca de la presunción iuris tantum que emana del art. 23 de la ley 20.744, entiendo que la prestación que genera la presunción es la de servicios bajo la dependencia de otro, pues sólo éstos son los que se contemplan en la tipificación legal del contrato y de la relación de trabajo (arts. 21 y 22, L.C.T.) (conf. voto causa L. 90.472, sent. del 17-V-2006; entre otros). Circunstancia que, de todas maneras, advierto que no resulta relevante con relación a la codemandada "Sindicato de Empleados de Comercio de Necochea", pues el sentenciante -en definitiva- juzgó que los servicios del accionante fueron bajo la órbita de una relación de linaje laboral con fundamento -junto a la presunción aludida- en las constancias del expediente 4337 "Fucile c. Usina" (v. vered. fs. 266/vta.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con el alcance establecido en el ap. IV del voto emitido en primer término, y se revoca la sentencia impugnada en cuanto determinó erróneamente la fecha de ingreso del actor a "Usina Popular Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea 'Sebastián de María'", e, igualmente, en lo relativo a la definición de la causal de extinción del contrato que lo vinculó al codemandado "Sindicato de Empleados de Comercio de Necochea", quedando también sin efecto -en consecuencia- lo decidido en el pronunciamiento de grado a partir de dichas conclusiones.

Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que -con nueva integración y renovando los actos procesales que considere pertinente- dicte el pronunciamiento que corresponda de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.

Costas de esta instancia a las demandadas vencidas (art. 289, C.P.C.C.).

Regístrese y notifíquese.

EDUARDO JULIO PETTIGIANI	EDUARDO NESTOR DE LAZZARI	HECTOR NEGRI	DANIEL FERNANDO SORIA	LUIS ESTEBAN GENOUD	GUILLERMO LUIS COMADIRA	Secretario