Contratos, prueba, factura, prestación de servicios, impugnaciones reiteradas, procedencia del recurso, abuso de posición dominante
Materia: CIVIL-COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Valle de Las Leñas SA c/ Esete SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-30

Procede modificar la resolución que admitió parcialmente la demanda por el cobro de determinadas facturas que habían sido impugnadas por la accionada. Ello por cuanto, en el caso, si bien el actor reclamó esas facturas que individualizó, manifestó que las mismas estaban conformadas por los consumos realizados y por distintas inversiones como ser red de media y baja tensión, generadores eléctricos, central telefónica y red de gas, etc. Sin embargo, no ha sido traído a esta causa ni un solo elemento que permita establecer concretamente cuál es el monto que ella pretende sea abonado por la accionada por esas inversiones. Nótese que en dichos instrumentos no se encuentra discriminado qué monto pertenece a los consumos realizados, y qué monto se corresponde con aquellas erogaciones efectuadas por el accionante que aquí pretende cobrar bajo el concepto de "amortización de inversiones", sino que todo ha sido facturado como montos genéricos sin ningún tipo de detalle. Cabe señalar que dicha sociedad explota comercialmente el centro de esquí de alta montaña y deportes de montaña dentro de un campo de 17.000 ha aproximadamente. Mientras que la demandada posee dos hoteles en el complejo. Es evidente, en ese contexto, que el principal consumidor e interesado en las prestaciones de energía eléctrica, gas, teléfono, mantenimiento de limpieza, calles internas, servicio de recolección de residuos, agua corriente y sistema cloacal, transporte interno, seguridad entre otros servicios es la aquí actora. Y, si bien resulta razonable la existencia de interés por parte de la accionada de acceder a ciertos servicios, es claro que no se encuentran en igualdad de condiciones por la envergadura de los emprendimientos para proveerse por sí de los mismos. También es cierto que la actora fija unilateralmente las tarifas y cobra los servicios prestados sin control de ningún ente externo y sin la necesaria conformidad de los destinatarios. En ese marco, si bien hasta el año 2009, parece que existía entre las partes una mecánica de colaboración que se manifestaba en que la actora, dada su envergadura comercial y la posición dominante que ocupaba en su relación de vecindad, concentraba las distintas gestiones ante los entes de servicios, lo que se encuentra convalidado con la aceptación y pago de las facturas confeccionadas por la demandante; sin embargo, con las cartas documento obrantes en la causa, en virtud de las cuales la accionada comunicó su voluntad de prescindir de determinados servicios y solicitó que, de aquellos servicios que sí iba a contratar, las tarifas se adecuen a la normativa vigente, dio por finalizada la estructura fáctica que hasta ese entonces administraba a su voluntad la actora. Y es aquí donde la accionante vuelve abusiva su posición, ya que modificó e impuso por su sola voluntad una nueva estructura de precios, afectando costos y competitividad de los integrantes del mercado en cuestión, sin que los demás -en el caso la accionada- tuvieran posibilidad alguna de revertir comercialmente su posición dominante. De las constancias de la causa no resulta acreditada la existencia de ningún mecanismo de decisión, ni regulación alguna a la que debiera someter su proceder la actora a los fines de contratar servicios, realizar erogaciones, efectuar inversiones, fijar precios de tarifas o control alguno de rendición de cuentas, más allá de su propia voluntad.