marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Exportaciones, aplicación de la ley aduanera, derechos de exportación, depreciación monetaria, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FRIA S.A.I.C. s/ RECURSO DE APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-24

La ley 21.281 no es aplicable a las obligaciones resultantes de operaciones-exportaciones- realizadas con posterioridad a la fecha en que comenzó la vigencia de la ley 21.369, y el art. 4 de la resolución 1151/77 no configura reglamentación legítima de los arts.

133 y 144 bis de la Ley de Aduana, en la medida en que declara la procedencia de la actualización y de los intereses desde un momento diverso al establecido por la norma aplicable.
Contrato de obra, desistimiento de la obra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ainstein, Luis c/ Deligdisch, Simón Julio y otra s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

El art. 1638 del Código Civil que prevé la facultad del dueño de la obra para desistir de ella, se aplica a todo locador de obra, no sólo en el supuesto que la obra consista en una construcción por un empresario, sino también en el caso de quien se obliga a preparar los planos y erigir una obra por administración, es decir, sin suministrar materiales ni mano de obra; rigiendo el mismo temperamento en la hipótesis de que el mismo desistimiento de la obra se verifique aún antes de que se comenzara a ejecutar.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, contratos bancarios, robo
Materia: CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Di Gregorio, Nilda Mabel y otro c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

El solo hecho del robo de lo contenido en una caja de seguridad es susceptible, por sí mismo, de generar en sus titulares una alteración emocional. Pues no se trata de un quebrantamiento afectivo cualquiera, sino uno que se corresponde con un interés espiritual objetivamente reconocible y jurídicamente valioso, consistente en la alteración del modus vivendi que genera semejante preocupación, con las consiguientes repercusiones espirituales negativas. En estos casos nos hallamos ante una prueba in re ipsa, es decir, que surge inmediatamente de los hechos, que su vinculación no se encuentra sujeta a cánones estrictos, y que no es, por lo tanto, necesario aportar prueba directa sobre tal padecimiento (Bustamante Alsina, en "Equitativa reparación del daño no mensurable", publ. en LL 1990-A- 654; solución ésta ahora receptada por el CCCN 1744, que dispone que, en cuanto a su prueba "El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos"). De tal premisa se infiere una clara excepción a la regla general de la carga de la prueba cuando los daños surgen notoriamente, de los mismos hechos que lo ocasionaron. En tal sentido, los "hechos notorios" son aquellos hechos comunes, conocidos y tenidos por ciertos por la generalidad de las personas, que por investir tal calidad excluyen la posibilidad de que sean puestos en duda por el órgano judicial (Lorenzetti, en "Código Civil y Comercial de la Nación, comentado", ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2015, t°. VIII, pág. 514).
Indemnización tarifada, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Umeres, Alejandro c/ Somisa s/ Indemnización por enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

Si la indemnización por accidente de trabajo fue determinada en función del salario mínimo vital y móvil vigente a una época anterior a la que el trabajador tuvo expedita la acción para reclamar, el cómputo de la desvalorización monetaria debe realizarse desde la primera fecha no porque el crédito fuera exigible en esa oportunidad sino porque la indemnización fue establecida a valores históricos.
Honorarios, base regulatoria, capital asegurado, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: INVERSOLIDA S.A. c/ Camargo Gallardo Jesica Cristina s/ Ejecución Hipotecaria  - Actuaciones p/ Elevar
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-04-18

En los procesos en que se ha pretendido el cobro de una suma dineraria, la cuantía del asunto que motivó el pleito resultará a los fines de la regulación de honorarios, de la liquidación que se practique del capital e intereses.- Es decir, que la base regulatoria comprende el capital y los intereses.

De lo contrario no se resguardan los derechos y garantías constitucionales en la medida en que se excluye -sin razón legal alguna-, el beneficio económico obtenido por el vencedor merced a la intervención de quien le proporcionó asistencia letrada. Ello, sin perjuicio de la aplicación que corresponda efectuar en cada caso de otras pautas del arancel.

"Un pronunciamiento sobre honorarios debe ajustarse necesariamente a las nuevas pautas establecidas por el art. 197 de la ley 2150, según la modificación introducida por la ley 4072, en base a la cual también debe computarse como base para la determinación de aquéllos el monto de los intereses.., para la cual es indispensable efectuar la liquidación de éstos a fin de obtener el cuadro completo de antecedentes dentro del cual recién entonces se estará en condiciones de resolver sobre el particular".
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: ARIAS, Manuel D. c/ TRANSPORTE RUTA AZUL CARGAS S.A. s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-11-30

La valoración de la justa causa de despido debe ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo y las modalidades y circunstancias personales de cada caso y dicha valoración constituye una cuestión de hecho irrevisable en casación.
Notificación, defensa en juicio, Comunicaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alimentos Tropicales Argentinos SA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-05

Si bien existe cierto déficit o laguna en la regulación procesal de faltas en cuanto a las normas que pueden aplicarse supletoriamente para resolver acerca del modo como deben llevarse a cabo las notificaciones o acerca de las vías pertinentes para cuestionar su eficacia, lo cierto es que cualquiera sea el régimen legal que se utilice (el CPP local o el CCAyT, al que sí remite el RF para otros aspectos) lo que se busca es dotar de certeza y efectividad a las comunicaciones, porque de su adecuado y real cumplimiento depende la defensa en juicio de quien se encuentra sometido a proceso. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, interpretación de tratados internacionales, Comisión Técnica de Salto Grande
Materia: PROCESAL
Carátula: CABRERA, WASHINGTON JULIO EFRAIN c/ C/ COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-05

Es procedente el recurso en que se cuestiona la inteligencia del art. 4 del acuerdo de sede celebrado el 15 de abril de 1977 entre la República Argentina y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, aprobado por ley 21.756, norma de carácter federal, siendo la decisión apelada contraria a la validez del derecho fundado en dicho precepto.
Contrabando, devolución de objetos secuestrados, automotores, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: LEVY, LEO ENRIQUE s/ Contrabando Causa 31281
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-20

Si el apelante no es el propietario del automotor cuya entrega solicitara conjuntamente con el titular del dominio debe declararse mal concedido el recurso de apelación por cuanto la resolución que no hace lugar a la entrega del vehículo no puede causarle perjuicio alguno.
Accidente de tránsito, culpa de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: SOSA, BEATRIZ ANGELICA c/ SANCHEZ, JUAN PEDRO Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-15

La responsabilidad de existir culpa de ambos conductores en el hecho, no excluye la responsabilidad de la empresa transportadora, toda vez que el art. 184 del Código de Comercio tiene aplicación aunque medie concurrencia de culpas. Para que funcione la exención de responsabilidad que ese precepto establece, es menester que la culpa de la víctima o del tercero constituya la causa única y exclusiva del accidente.

También fue la doctrina de la Cámara Civil Sala C, voto en segundo término del Dr. Belluscio la C, de Raymundo L. Fernández en "Código de Comercio Comentado", 2a. ed. t.I., vol. I, p. 554, párr. c), y de la Sala D, y Sala B.

Este criterio reposa en la consideración de no poderse privilegiar el transporte de cosas sobre el de personas. En efecto, para el primero el Código de Comercio sólo exime al acarreador de responsabilidad si media "vicio propio, fuerza mayor o caso fortuito (art. 172 del Cód. cit.) por lo que, tratándose del pasajero, solamente su culpa exclusiva o también exclusiva de un tercero podría exonerar al transportista. Unicamente la ruptura del nexo causal entre el hecho del transporte y el accidente sobreviniente.

Para que el hecho del tercero exima de responsabilidad a la empresa transportista debe ser de naturaleza tal que tenga los caracteres de suceso inevitable o imprevisible, equiparado a un supuesto de fuerza mayor.

Luego de compartir esta doctrina, en gran medida influido por la autoridad de quienes la sustentaron, luego de los argumentos desarrollados por los otros integrantes de la Sala hacen que sostenga la posición contraria, es decir, la de estar a los principios generales que gobiernan la responsabilidad civil y a la consiguiente distribución en la medida de la concurrencia de culpas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), jueces, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DAVID, SERGIO LUIS c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL MARTINEZ AGUIRRE, ALBERTO Y OTROS -HOMICIDIO SIMPLE-FALSIFICACIÓN IDEOLOGICA DE INSTRUMENTO PUBLICO AGRAVADA Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-16

En cuanto a los reproches relacionados con la falta de imparcialidad de uno de los magistrados que integró el tribunal de juicio, la Alzada repasó el tratamiento dado en ambas instancias a dicha temática antes del debate como a su inicio, considerando lo resuelto en definitiva por la Cámara y la fundamentación dada en favor de la realización del debate con la integración del Juez cuestionado; del mismo modo que explicó por qué la intervención inicial que había tenido el mismo durante la investigación penal preparatoria -en razón de haber dispuesto dos órdenes de allanamiento- no habilitaba en modo alguno la postulación defensiva, entendiendo que dicha actividad no podía ser pasible de configurar un supuesto que comprometa su objetividad como juzgador; y tal respuesta del A quo no logra ser descalificada por la interesada, quien con sus formulaciones genéricas no alcanza a demostrar de qué modo se vio afectada la garantía constitucional en juego con la actuación de dicho Magistrado desarrollada en la etapa investigativa y luego al integrar el debate, y en consecuencia, la decisividad que ello tuviera para la suerte del litigio.
Sociedades comerciales, socios, derechos del socio
Materia: COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, FABIAN OSCAR c/ INSTANS SRL s/ DILIGENCIA PRELIMINAR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-27

El derecho inherente al socio para el control individual de la ley 19550 art. 55, debe ejercerse en los términos del CPCCN art. 781, a través del exámen de los estados contables depositados para su consulta (LS art. 67) sin perjuicio de la obtención de actas de asamblea y del ejercicio de los derechos de información concernientes a decisiones asamblearias.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, automotores, compraventa, acción subrogatoria, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: NAIDICH, EDUARDO S. c/ GRECO, SERGIO Y OTRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS - DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 902 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad desde que sólo revela la mera disconformidad del recurrente con el criterio que, más allá de su acierto o error (pero sin visos de irrazonabilidad) adoptó la Alzada a la hora de ponderar, junto con los principios y reglas que rigen en materia de acción subrogatoria, las implicancias del fallo por medio del cual, en su hora, el Juez de otra provincia hizo lugar a la demanda de cobro de pesos articulada por la concesionaria desestimando la reconvención del demandado por no haber producido prueba alguna, carga que le correspondía (arg. art. 375 del Cód. Proc.).

La acreedora subrogante cuestiona la fuerza de cosa juzgada de tal decisión -decisión que, entre otros extremos, se sustentó en que "la documentación de los automotores fue retenida en garantía del pago total de la deuda por expreso acuerdo de ambas partes "-, mas omite aportar argumentos que habiliten a considerar que el criterio de la Alzada no satisface ese mínimum de razonabilidad que divide las aguas entre los pronunciamientos judiciales válidos e inválidos, en particular si se atiende a que la posición adoptada encuentra suficiente aval en la idea de que toda sentencia constituye -y como tal debe examinarse- una unidad lógico-jurídica, siendo posible reconocer así la existencia de "decisiones implícitas" -y, correlativamente, de una "cosa juzgada implícita"-, cuya admisibilidad va de la mano con la superación de los resabios de aquellos viejos formulismos procedimentales que veían al proceso -y en particular a la sentencia- como una sucesión de hitos sacramentales que debían observarse bajo pena de nulidad. (De la Disidencia del Dr. Gutiérrez)
Carta orgánica municipal, cargos electivos, inhabilitación para ejercer cargos públicos, funcionarios de facto
Materia: ELECTORAL
Carátula: PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA s/ REMITE ACTUACIONES S/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-12-18

[.] no cabe discriminar allí donde la norma no lo hace. El texto de la norma en cuestión es lo suficientemente claro como para no proceder a gradaciones de conductas comprendidas o no en dicho texto.

El Tribunal Electoral Provincial consideró que estaba facultado a determinar que no surgía acreditada la configuración de la conducta que se quiso reprochar, interpretando que la norma sólo inhabilita a quienes actuaran de modo directo desplegando conductas asimilables a la violación de los derechos humanos o con crímenes de lesa humanidad (cfme. fs. vta. párrafo primero). Recordemos que la norma expresa: "ARTÍCULO 52: Inhabilidades.

No pueden ser miembros del Gobierno Municipal: (.) 12) Las personas que hayan ejercido funciones de responsabilidad o asesoramiento político en los poderes de la Nación, de las provincias o de los municipios, en gobiernos no constitucionales, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos, en este municipio.". Como puede advertirse, del texto transcripto surge que la sola comprobación de haber "ejercido funciones de responsabilidad o asesoramiento político" en un gobierno no constitucional, hace incurrir al sujeto en la inhabilidad prevista.
Reajuste jubilatorio, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, límites del pronunciamiento, cosa juzgada
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: MAZZELLA, Antonio c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-30

Si el pronunciamiento de la C.N.A.T. se limitó a señalar que en un período determinado la aplicación del art. 55 de la ley 18.037 no había producido perjuicio alguno que hubiere que subsanar, tal decisión no puede afectar la viabilidad de reclamos futuros del titular en defensa de sus derechos, por cuanto no existe cosa juzgada al no haber identidad de objeto, por ser distinto el ámbito material del reclamo.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sifre, Elba A. c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

Si bien el desempeño de actividad remunerada no constituye, por si solo, una causal de exclusión del derecho al beneficio establecido en el inc. "c" del art. 31 del dec. ley 9650/80, texto originario, tal circunstancia puede constituir una prueba más de que no obstante la dolencia invocada, la peticionante del beneficio pensionario no se hallaba incapacitada para procurarse por sí misma su sustento.
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chiani, Manuel y otra c/ Subsecretaría de Trabajo de la Prov. de Buenos Aires s/ Amparo -cuestión de competencia art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

En materia de empleo público la competencia originaria que este Tribunal tiene asignada en forma transitoria sobre la materia contencioso administrativa abarca las cuestiones suscitadas con motivo de procedimientos de investigación de la conducta de los agentes estatales aún cuando se dirijan a actos intermedios del trámite sumarial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Expresión de agravios, fundamentación suficiente, suficiencia
Materia: CIVIL
Carátula: OLMEDO SANTILLAN DE ECHEGARAY PINTO, MARIA c/ CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A. s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-11-12

Si la crítica esgrimida por el recurrente se reduce a meras discrepancias y afirmaciones genéricas, que no logran demostrar cabalmente los errores o vicios, ni destruyen el fundamento legal ni la base fáctica de la sentencia; resulta evidente que la expresión de agravios presentada por el apelante no ha cumplido con ese mínimo de requisitos que exige la técnica procesal para el tratamiento de los mismos. Siendo ello así, el Tribunal puede suplir las falencias en que ha incurrido el recurrente y entrar a analizar agravios que no han sido expresados, y corresponde declarar desierto el recurso.
Desistimiento, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: NADER CARLOS VICENTE c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL S/ COBRO DE PESOS s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-08

En cualquier etapa del recurso, el recurente tiene derecho de desistir de él, mientras no se haya dictado fallo definitivo resolviéndolo, pudiendo el mismo abandonarlo.
Recurso de nulidad, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: A. A. SA Y G. M. DE A. SRL en autos: "L. T. SRL (Z., M. G.)c/ A. A. Y C. s/ RECLAMO s/ APELACIÓN art. 7 LEY 4219
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-11

El recurso de nulidad no es autónomo, sino de interposición subordinada y se encuentra comprendido en el de apelación. Abierta la apelación por contener agravios que lo habilitaron debe, en principio, resolverse por este recurso siendo innecesario considerar la nulidad toda vez que se entra en el fondo del asunto para confirmar la decisión si es justa o no reformarla si es injusta.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Derudder Hermanos SRL y otro c/ resolución 369/10- CNRT (exp S01:26494/09) y otro s/ entes reguladores
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-19

El recurso extraordinario es inadmisible si no se advierte un caso de arbitrariedad que justifique la intervención de la Corte en materias que, según el art. 14 de la ley 48, son ajenas a la instancia extraordinaria. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sanchez, Simón A. y otra c/ Alcacer, Bernabé y otro s/ Daños y perjuicios. Incidente de falsedad Chalaman, Rodolfo E. c/ Díaz, Osmar s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-29|1996-12-30

La pericia sólo puede ser atacada por las partes mediante fundamentos también técnicos, y no sobre la base de meras discrepancias subjetivas. (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Deciste, Alejandro c/ Da Ponte Neves, Manuel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

Las máximas de la experiencia universal indican que a raíz de la vigencia de la Resolución General de la DGI 3419, sobre los controles impositivos, debe expedirse al consumidor o usuario de un servicio los tickets o facturas pertinentes de las sumas desembolsadas. Ello, desde luego es también de aplicación tratándose de los gastos farmacéuticos y de los honorarios médicos, que abonan los pacientes, o en su caso, los familiares de los mismos en representación de aquellos. De allí, que actúa de modo displicente quien solicita en concepto de indemnización la suma de $18.000 (dieciocho mil pesos), sin acompañar la documentación que acredite una erogación de tal importancia (arts. 1068, 1086, Cód. Civil; 163 inc. 6, 164, 375, 384 Cód. Proc.).
Recurso de casación, procedencia del recurso, requerimiento de elevación a juicio, interposición del recurso, descripción de los hechos
Materia: Procesal Penal
Carátula: T., S.M.; T., R.A.; A., H.D.; V., E.A. s/ Violación Calificada y Participación Primaria en Violación Agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-08-20

...Con el término "intervención" la ley no limita la garantía de defensa a la mera participación física o moral del imputado, sino que la posibilidad de contradecir las circunstancias fácticas atribuídas, cobra un sentido profundo de garantía real referida a los hechos y a las pruebas -"auditatur el altera pars"-.
Deuda previsional, prescripción tributaria
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: De Donato, José c/ G.C.B.A. s/ Empleo público (no cesantía ni exoneración) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-20

El plazo de prescripción de la deuda previsional reconocida en autos es de diez años en función del artículo 16 de la ley n° 14.236 que dice que las acciones por cobro de contribuciones, aportes, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social prescriben a los diez años, conclusión que no depende del temperamento adoptado en la causa respecto del plazo de prescripción de la deuda salarial (establecido en cinco años). (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Expresión de agravios, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Asesora de menores de Venado Tuerto s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad en autos   "L, M -tenencia, presentacion, cesación de guarda-" (Expte. CSJ Nº   290-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-10

Si se ha declarado desierto el recurso de apelación -por omisión de expresar agravios- respecto de la Asesora de Menores - ahora recurrente- no puede ésta pretender la apertura de la instancia de excepción, pues el incumplimiento de la carga procesal no sólo motivó la deserción del recurso, sino toda posibilidad de plantear cuestión constitucional alguna. La consecuencia de la actividad negligente se traduce en el desaprovechamiento de una oportunidad procesal y en el consiguiente perjuicio o expectativa desfavorable que tal desaprovechamiento apareja a la parte remisa.