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Faltas, proceso de faltas, nulidad procesal, notificación, notificación defectuosa, falta de notificación, notificación en el domicilio, facultades del procesado, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, facultades del defensor
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: BALBÍN ALCANTARA, Giovana Esther s/ venta en la vía pública
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-13

En el caso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 inciso 3 in fine de la Constitución de la Ciudad, corresponde declarar la nulidad del procedimiento, en virtud de que la audiencia de juicio ha sido llevada a cabo sin que la imputada hubiera sido notificada de su realización conforme lo prescribe la normativa aplicable al caso (art. 31 Ley Nro. 1217), vulnerándose así su derecho de defensa y el debido proceso legal.

No obsta a lo expuesto la resolución del juez que tiene por presentada a la presunta infractora y por constituido el nuevo domicilio procesal, pues del escrito interpuesto por el Defensor Oficial surge que fue el defensor quien lo constituyó en la sede de la Defensoría y no su asistida.

En tal sentido, es evidente que es la supuesta infractora quien debe efectuar la modificación del domicilio ya constituido en sede administrativa (art. 15 de la Ley Nro. 1217), razón por la cual lo decidido por el juez a quo carece de total asidero, máxime cuando aquélla ni siquiera había suscripto la presentación del Defensor Oficial ya citada. En efecto, la norma procesal es clara en cuanto a que es "el presunto infractor" el que constituye domicilio legal (arts. 15 y 24 Ley Nro. 1217) y no el defensor oficial, sin perjuicio de las notificaciones que se le cursen a aquel en su público despacho.
Juicio de apremio, contribución de mejoras
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE MARIA GRANDE c/ ORTIZ Y ARIGOS DE ICASATI INES ESTELA s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-30

Es procedente la alegada falta de habilidad del título sustentada en la indeterminación del período por el cual se reclama la contribución por "construcción por obra de red cloacal". Ello así pues, la falta de la concreta mención de los períodos en la reclamación imposibilita, la correcta individualización del crédito, es susceptible de poner en manifiesto estado de indefensión al ejecutado.
Indemnización tarifada, mejor remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: VILLALBA C?SAR EDGARDO c/ CARSA S.A. s/ INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD, ETC.- CASACIÓN LABORAL POR ANTIGÜEDAD, ETC.- CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-12-26

El art. 245 de la LCT, al aludir a la "mejor remuneración", parte de la premisa misma de la variabilidad, porque es obvio que nadie puede llevar a cabo un juicio que implique afirmar que una cifra es "mejor" si todas son idénticas.

En consecuencia, la alusión a la normalidad y a la habitualidad debe entenderse dirigida a prescindir del cómputo de aquellas remuneraciones que, más allá de las posibles subas y bajas, devienen excepcionales o extraordinarias y ésta ha sido la tesis de la doctrina y de la jurisprudencia mayoritaria al interpretar el ya mencionado artículo.
Responsabilidad parental, tenencia compartida de hijos menores, residencia habitual del niño
Materia: CIVIL
Carátula: G., S. V. - B., J. N. - Solicita homologación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-05-31

El Código Civil y Comercial (CCC) determina que, por regla, el cuidado personal de los hijos es compartido, debiendo el juez otorgar, a pedido de uno a ambos padres, el cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta, determinándose la residencia principal en el domicilio materno o paterno. Ello así, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el hijo (art. 651, CCC). Por lo común, en la práctica se sigue la voluntad de los padres plasmada en los acuerdos, atento que son ellos quienes están, en principio, en mejores condiciones de expresar lo que es más conveniente para sus hijos. Así, esa voluntad debe ser mantenida a manera de "status quo", mientras no existan causas o razones de entidad suficiente que aconsejen la modificación de la situación existente a fin de brindar a las niñas, niños y adolescentes (NNA) el mayor grado de estabilidad posible.
Prueba pericial, cuerpo médico forense, apreciación de la prueba, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Carlos Benicio c/ E.N. -Gendarmería Nacional- s/ retiro militar y fuerzas de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-09

Ante discrepancias existentes con las pericias obrantes en autos, resulta razonable inclinarse por las conclusiones del Cuerpo Médico Forense, toda vez que éste constituye un cuerpo auxiliar de la Justicia, cuya imparcialidad y corrección están garantidas por normas específicas y por medio de otras similares a la que amparan la actuación de los funcionarios judiciales (vid C.S.J.N. Fallos 299:267; esta Cámara, Sala III, "Orejana", del 18/7/95; Sala V, "Bruno, Arije", del 30/12/96; Sala IV, "Falso León", del 17/4/97;

entre muchos otros). (Del voto de la Dra. Herrera, consid. 6).
Menores, tutela, finalidad de la pena
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: B., S. s/ Medida cautelar (Expte Nº156-97, Resolución Nº105, Tomo 3, Folio  412)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-10-03

Conforme al régimen penal aplicable a los menores de edad punibles, al someterse a proceso ha de disponerse provisoriamente de él, lo que implica su "obligada custodia" (art. 3, inc. a, ley 22.278).Desde el punto de vista de su naturaleza, tal custodia como medida tutelar que es, aunque no niega algún propósito de asegurar la persona del menor en relación al desarrollo del proceso (art. 2, 2do párr. ley 22.278) reconoce como finalidad esencial la de procurar la adecuada formación del menor mediante su protección integral, para permitir al cabo de un término no menor a un año practicar una evaluación sobre el resultado del tratamiento dispensado a fin de decidir sobre la necesidad de aplicación de sanción (art. 3, inc. a, y 4 inc. 3, ley cit.).
Seguros, régimen de contralor, Superintendencia de Seguros de la Nación, falta de legitimación para obrar
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA  DE  SEGUROS  DE  LA NACION c/ INDIA COMPAÑIA DE SEGUROS  GENERALES  Y ARRIOLA, FERNANDO -RQU- RESOLUCION 28494/01- SUPERINTENDENCIA SEG (EX 38980) S/ Q s/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-04

Si la Superintendencia de Seguros de la Nación revoco la autorización para operar en seguros a una aseguradora, resulta improcedente que un accionista de esta interponga queja por denegación de la apelación que dedujo contra aquella decisión.

Ello pues, la relación jurídico sustancial quedo planteada entre el organismo de contralor y la compañía de seguros. En tal sentido cabe precisar, que en tanto la relación jurídico procesal debe componerse solo con los sujetos que integraron la mentada relación jurídico sustancial en cuyo marco se produjo el conflicto llevado a proceso para su solución, -tal es, el concepto de legitimación para obrar-, es claro que en la especie solo la aseguradora tuvo legitimación para obrar o, más particularmente, para apelar. Desde luego, muchas otras personas diferentes de la sancionada sufrieron o sufrirán algún efecto "patrimonial" por consecuencia de la decisión de la superintendencia: así los asegurados, los productores de seguros, los empleados de la entidad, los proveedores, y también los accionistas y, por tanto, el quejoso. Pero esas personas no integraron la relación jurídico sustancial sobre la que se erigió la relación jurídico procesal, lo cual excluye su actuación en esta relación procesal. No empece lo expuesto, que las referidas personas podrán sufrir un "perjuicio económico" por el cese de operaciones de la aseguradora, pero no un "gravamen jurídico" derivado de la resolución que la superintendencia dicto respecto de la compañía de seguros, y no de aquellas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Santaella, Eliseo Horacio c/ ASTARSA s/ Despido Anglada, Alfonso y otros c/ Banco Patagónico S.A. s/ Cobro de indemnización Mendivil, Roberto C. c/ Angel C. Castellar e Hijos S.R.L. s/ Cobro de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-21|1984-09-21|1985-08-20

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a contraponer el propio criterio del recurrente al distinto del juzgador expresado en el fallo.
Plazos procesales, días inhábiles, paro de actividades
Materia: PROCESAL
Carátula: STECHINA, María del Carmen y otros c/ CONSORCIO CHACABUCO 178 s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-24

Declarado inhábil el día laboral tan sólo a partir de las 10 de la mañana, no es dable adicionar un día completo al plazo de vencimiento sino únicamente ese lapso durante en el cual se suspendieron los plazos.-
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración, alteración de la fachada, demolición de obra
Materia: CIVIL
Carátula: Cons. de Prop. Julián Alvarez 2265 esq. Charcas c/ Piaggio, Carlotta María s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-06

La prohibición de cambiar la forma externa del frente del edificio establecida en la ley 13.512 debe ser interpretada conforme la finalidad que en ella se persigue, cuidando que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción.

Si la obra realizada no afecta la salubridad ni la seguridad del edificio, no origina inconvenientes a las otras unidades y no perjudica al consorcio en su conjunto, no restándole asimismo valor económico a las otras unidades, pues si bien altera la fachada del edificio no lo afecta significativamente desde el punto de vista estético.

La solución externa de la demolición de lo constituido sin autorización de los demás copropietarios no es razonable cuando los intereses lesionados son mínimos frente al perjuicio que ocasionaría al infractor la remoción de la obra y, sobre todo por la inútil destrucción de valores económicos que esa medida traería aparejada.
Subasta de inmuebles, designación de martillero, recusación
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Bobadilla, Gloria Analía c/ Faría de Romero, Manuela s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-02-12

El art. 563 del C.P.C.C. establece que el martillero designado "no podrá ser recusado. Sin embargo, cuando circunstancias graves lo aconsejaren, el juez, dentro del quinto día de hecho el nombramiento, podrá dejarlo sin efecto".

Esta disposición tan estricta se justifica, pues impide la articulación de cuestiones incompatibles con la celeridad procesal necesaria en este tipo de juicios, pero cede ante la presencia de "circunstancias graves" que facultan al juez a la remoción del martillero designado.

Por analogía, es de aplicación el art. 17 del C.P.C.C. que determina las causales de recusación de los jueces, pues la ley no ha sido explícita respecto del concepto de "circunstancias graves".

La doctrina ha sido conteste en afirmar, que si bien el artículo mencionado se refiere a los martilleros designados para la subasta de inmuebles, sus disposiciones son aplicables también a la venta forzada de bienes muebles. Asimismo "si demuestra una grave injuria en el cumplimiento de su cometido, puede ser removido. Como por ejemplo, si no realiza ninguna diligencia durante varios meses tendiente a la realización de la subasta, no obstante haber solicitado mandamientos".
Derecho penal, habeas corpus, derechos y garantías constitucionales, Constitución Provincial
Materia: PENAL
Carátula: PRADO MARIO ALBERTO s/ RECHAZAR por IMPROCEDENTE la Acción de Hábeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-02-22

La Constitución Provincial (Art. 88) no la prevé como un remedio heroico, inusual o residual sino como una garantía ejercitable en cuanto proceda contra actos, acciones u omisiones ilegítimas, que en forma actual o inminente lesionen, restrinjan o amenacen con arbitrariedad manifiesta derechos y garantías reconocidos constitucionalmente.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho: "...el emplazamiento del Habeas Corpus, es un comodín fuerte y útil para -aún y quizás con mayor virtualidad en la etapa de ejecución de la pena- proteger derechos personalísimos esenciales de la persona que, en la situación de restricción de libertad en que se halla el peticionario, cobran una superior significación sin que, sin embargo, esa vía expedita y urgente llegue a sustituir a los magistrados propios de la causa en las resoluciones que les incumben..." (C:S:J.N., LL 1999-C.590).-
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MONICA NINFA TUMINI Y OTRO c/ GEMAR  S.R.L. s/ VACACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-18

Si bien el planteo de inconstitucionalidad del art. 44, inc e), de la ley local 7718 no fue oportunamente introducido para su tratamiento por los jueces de la causa, el mismo debe ser analizado, pues como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente -trasuntado en el antiguo adagio iura novit curia- incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor rango, vale decir, la constitucional, y desechando la de rango inferior.
Lesiones leves, daño físico, daño material, daño a la salud moral o física
Materia: PENAL
Carátula: Rey, Amadeo S. s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-17

El tipo del art. 94 del C.P. resulta ser complejo y alternativo, ya que cualquiera de sus dos formas -daños en el cuerpo o daño en la salud- constituyen el delito de lesión, aunque no sea admisible una separación radical entre ellos por la estrecha relación que tienen entre sí. Sin embargo, puede conceptualizarse el daño en la salud como toda "perturbación del tono vital", es decir, la causación de una ruptura del estado de equilibrio. Por lo tanto, producir dolor físico, con cierta duración, aunque fuere breve, implica lesión, aunque no exista daño en el cuerpo.
Indemnización tarifada, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez, Oscar Norberto c/ Expreso Esteban Echeverría S.R.L. s/ Accidente de trabajo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12

La constancia del pago documentado del resarcimiento del trabajador por el tercero responsable del accidente de trabajo (art. 18, ley 9688) puede efectivizarse en la etapa posterior a la sentencia del tribunal del trabajo.
Concursos, concurso especial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cosmos S.A. c/ Re, Juan José s/ Ejecucion hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-24

La excepcionalidad de la situación del acreedor hipotecario en el marco del concurso de su deudor debe considerarse limitada a los derechos especiales que la ley de la materia le otorga, entre los cuales se cuenta -nada menos- que la posibilidad de no sujetarse a las resultas del proceso general de legislación concursal para el cobro de su crédito total a la fecha del auto de quiebra mediante la promoción del correspondiente concurso especial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos lícitos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Dumrauf Ricardo A. c/ Municipalidad de Cdia. y Otro s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-04-29

Cuando el obrar lícito se constituye en causa eficiente -arts. 901 /906, C.Civil- de un perjuicio para el vecino individual, hay que proveer al debido resarcimiento por más que -para el caso- el propósito de las construcciones estuvo inspirado en el interés colectivo. Y, aunque pueda exigirse a los particulares una cuota razonable al sacrificio personal, sólo en aras del interés general, no puede llegarse al extremo de neutralizar la procedencia del reclamo de autos tal como surge plasmado en la querella del Estado provincial apelante. De forma tal que la actividad extracontractual del Estado, aun desplegada dentro de un escenario de licitud, genera su responsabilidad civil porque a) presenciamos la existencia de un daño moral que responde b) a un eficiente nexo causal y c) es imputable a los legitimados pasivos en la medida de que sobre el actor d) no pesaba ningún deber jurídico -sacrificio especial- de padecer o experimentar tamaña afectación extrapatrimonial que incontestablemente lo legitiman para formalizar el reclamo resarcitorio que se respalda con la probada irrupción en su vivienda de olores nauseabundos provenientes de la reseñada obra pública.
Daños y perjuicios, automotores, culpa, giros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOPEZ DE LOPEZ M. c/ ANTONIO SAUD FLORES Y GOBIERNO DE MENDOZA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S068 - 129)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-05-13

La maniobra de giro izquierdo en lugar autorizado debe prácticarse siempre que las circunstancias lo permitan, es decir cuando el conductor verifique que puede girar sin causar daño a los demás usuarios de la vía pública. Por lugar no autorizado, como es el existente en vías de acceso rápido donde existen los "nudos" que obligan a la circulación giratoria derecha, la manibora de giro izquierdo se halla prohibida absolutamente.-
Recurso de inconstitucionalidad, pago, prueba, reglas de la sana crítica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DEL FAVERO, ARMANDO c/ BAMBOSSI, HUGO BENJAMIN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-05-18

No se compadece con las reglas de la sana crítica la conclusión del juez de baja instancia que restó toda relevancia a las boletas de pago de aportes a las Cajas profesionales acompañadas por el accionado en sustento de las excepciones opuestas porque, a juicio del magistrado, de las mismas no podría inferirse que aquél hubiera satisfecho tales aportes ni que consecuentemente hubiese quedado notificado del auto regulatorio respectivo debido a que -continuó el sentenciante- el letrado actor ya había presentado otro ejemplar de las mismas en el proceso sucesorio donde los honorarios en ejecución habían sido regulados, toda vez que parece contrario a la lógica y a la experiencia que el abogado demandante hubiese abonado los aportes profesionales correspondientes a los honorarios regulados a su favor y, luego de agregar al expediente respectivo un ejemplar de cada una de las boletas de pago a los fines del artículo 34 de la ley 6767, le hubiese entregado a su cliente el otro ejemplar de las mismas si éste último -como se pretende en la demanda- aún le adeudaba tales tramos de las costas del juicio sucesorio encomendado; por el contrario, resulta más acorde a la realidad cotidiana la postulación del demandado recurrente referida a que el hecho de contar en su poder con un ejemplar de cada uno de los comprobantes del pago de los aportes permitiría inferir que ha sido él el autor de la oblación. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren el Dr. Falistocco y la Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767, artículo 34
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Gayardo, Florencia c/ Roman Marítima SA. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-10-31

En caso de accidente de trabajo, aún cuando la acción sea de derecho común, la indemnización sigue respondiendo a una causa de orden laboral -el contrato del que nace- por lo que a los efectos de su cálculo resulta razonable considerar como límite de la vida útil restante, la edad en que el trabajador estaría en condiciones de obtener jubilación ordinaria.
Litisconsorcio, patrocinio letrado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.G.I. EN J: SIMER S.A. s/ Conc - Prev - inc - Verif - Tardia (LIBRO: A159 - 349)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-08-29

... en caso de litisconsorcio, cuando los demandados no son contradictores entre sí, si las defensas son comunes y no propias o privativas de cada uno de los litisconsortes (voluntarios o necesarios). Tal criterio resulta aplicable al caso, respecto de la actuación de la Sindicatura y su letrado, y los profesionales de la concursada.-
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RIACHI, FEDERICO c/ RUBEN ANTONIO IBAÑEZ s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-06-30

Cualquier manifestación de voluntad, por la que el deudor confiese su calidad de tal de una manera clara y precisa configura el reconocimiento de la obligación a los fines de la interrupción de la pescripción.
Concursos, deudas impositivas, síndico del concurso, facultades del síndico del concurso, crédito fiscal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Turimar S.A. (T.F. 7885-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08

Por la propia naturaleza de su función y sin que ello implique cohibir al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación del concurso o sustituir el trámite especial articulado en la ley tributaria, la participación de la sindicatura en el proceso de formación y delimitación del crédito fiscal resulta inexcusable, máxime cuando también resulta esencial su participación en la hipótesis de una eventual impugnación del acto determinativo del tributo conforme lo dispone el art. 298 de la ley concursal que hace parte al síndico en todos los procesos de carácter patrimonial en los que sea parte el concursado. (Consid. V).
Justicia, seguridad jurídica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Crubellati, Enrique s/ Incidente de inexistencia de acto jurídico procesal en autos  "Bortolot, Ana c/ Crubellati, Enrique. Ejecución"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

El principio de la seguridad jurídica constituye una de las bases principales de sustentación de nuestro ordenamiento, cuya tutela innegable compete a los jueces. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Inconstitucionalidad, subrogancia del juez, Consejo de la Magistratura, independencia del Poder Judicial, deber de imparcialidad, jueces naturales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C.,M. y Otro s/ Extracción de material genético
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-05

Habiéndose declarado la inconstitucionalidad de los arts.

1 y 2 de la ley 27.145, a los fines de designar al magistrado subrogante en la presente causa, corresponde con arreglo al sistema previsto por el art. 22 de la Acordada n° 37/12, remitir el expediente a la Secretaría General para que, mediante sorteo, determine el magistrado que quedará a cargo de la instrucción.