marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima, víctima menor de edad, corrupción de menores, interés del menor, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Mansilla, Martín Germán s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-30

La incorporación en el proceso penal del testimonio del menor obedece a un principio fundamental de raigambre constitucional, el "interés superior del niño". Está debidamente motivada la condena que encuentra sustento en los dichos del menor en el marco de la audiencia del art. 250 bis C.P.P.N., el testimonio de la psicóloga, los peritajes del Cuerpo Médico Forense, y lo dichos de la madre de la víctima y de los preventores. Al no revestir los informes contemplados en el art. 250 bis C.P.P.N. la calidad de peritaje, no les son aplicables las previsiones procesales relativas a esta prueba. Debe rechazarse el agravio fundado en la falta de control de la prueba si fue reproducida en la etapa de debate, con la intervención de todas las partes, incluida la defensa. Si la penetración sucedió inmediatamente después del acto que fue calificado como abuso sexual gravemente ultrajante, el primer tramo de la maniobra -la introducción de un dedo en el ano- queda subsumido dentro de la calificación legal más gravosa, por tratarse de un concurso aparente de tipos penales. La fellatio in ore debe calificarse como "acceso carnal por cualquier vía". Resulta atinado el encuadre típico en el delito de promoción a la corrupción de menores agravada por amenazas, ya que las aberrantes y depravadas acciones realizadas sobre niños de escasa edad, mantenidas alrededor de cinco meses, conllevan una clara afectación de la sexualidad de los menores, y se justifica la agravante de amenazas si las declaraciones del niño fueron claras en cuanto a que el imputado los obligaba a realizar los hechos aberrantes porque ellos "no querían", y los intimidaba diciendo que si se oponían al acto sexual se arremetería a golpes con el otro niño. Si bien -en virtud del principio de congruencia- alguno de los hechos que surgen claramente de la entrevista del art. 250 bis C.P.P.N. y no fueron objeto de imputación en el dictamen fiscal de elevación a juicio ni han sido materia de ampliación de la acusación, no deben considerarse como integrantes de la condena, la gravedad de las conductas comprobadas impide una reducción significativa del máximo punitivo previsto para el delito. (Dres. González Palazzo, Diez Ojeda y Hornos).
Divorcio, divorcio contradictorio, prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: M.R.J. c/ M.C. DE M.D. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-12

En los juicios de divorcio no puede admitirse una prueba exclusivamente fundada en lo que la parte interesada manifestó a terceras personas , ya que de otro modo sería muy fácil preconstituir prueba para obtener un pronunciamiento favorable (conf. CNCiv. Sala F,L. . 121-523).
Pago, pago sin reserva, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SEGBA c/ AUTOPISTAS URBANAS  S.A. s/ PAGO - RECIBO DE CAPITAL E INTERESES SIN RESERVAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-21

Cualesquiera que fuera la naturaleza del "plus" por depreciación monetaria -accesorio equiparable a los intereses o lisa y llanamente capital- lo cierto es que la actora recibió el pago del capital y de los intereses depositados sin formular reserva o disconformidad alguna, extremo que permite asignarle al pago efectuado y recibido el efecto liberatorio previsto en el art. 505, inc. 3, Párrafo 2, código civil, que tiene efecto definitivo y configura un derecho adquirido de naturaleza patrimonial que goza del amparo que la constitución nacional brinda en su art. 17 Al derecho de propiedad, razón por la que deviene improcedente la aplicación del plenario agrocom.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, depreciación monetaria, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: DARIO GARCIA c/ VIÑEDOS Y BODEGAS ARIZU s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-21

Debe desestimarse el recurso extraordinario, por carecer del requisito de fundamentación si el recurrente no se hizo cargo del argumento de la Cámara, de que si bien la fórmula aplicable para el cálculo del monto de condena arrojaba una cifra, que actualizada, resultaba superior a la fijada por el juez, debía confirmarse esta última ya que no fue apelada.
Mutuo comercial, entrega del bien, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: B., SA c/ V., M.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-09

Si el mutuo es un contrato real que sólo se perfecciona con la entrega de la cosa, es esencial que se acredite dicha entrega, por que la misma condiciona la obligación de restituir que asume el deudor. La carga de la prueba pesa entonces sobre la entidad prestadora quien debe acreditar dicho perfeccionamiento como presupuesto básico para que prospere la acción reclamando su pago.
Quiebra, conversión de la quiebra, acuerdo resolutorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sasetru <S.A.> s/ Inc. de apelación CPR 250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-06

Resulta improcedente aplicar a una quiebra, declarada cuando estaba pendiente de cumplimiento un acuerdo resolutorio el instituto de la conversión previsto en la ley 24522: 90 y ss. según dicha normativa:

"no puede solicitar la conversión el deudor cuya quiebra se hubiere decretado (...) estando en trámite un concurso preventivo ...".

Ello, pues dicho texto menciona la situación de concurso preventivo y no la de acuerdo "resolutorio", lo cual es coherente con el sistema de la nueva ley, que no prevé el instituto citado. Empero, en tanto a éste se le aplican las normas del acuerdo preventivo (lc:

224), la previsión de la ley 24522: 90 referida al concurso "preventivo" debe extenderse al acuerdo "resolutorio". Tal extensión no sólo es autorizada por la aplicación armónica de las previsiones de la ley 19551: 224 y ley 24522: 90, sino también - y ante todo- por la razón: el "espíritu del legislador" es negar la conversión en casos en que -como acontece en el caso- ha fracasado un proceso concursal previo tendiente a superar la cesación de pagos. De modo pues, que sería irrazonable - y poco serio - que fracasado un concurso "preventivo o resolutorio" anterior, la cesante en sus pagos y fallida acceda a un "nuevo" concurso preventivo.
Recurso de nulidad, procedencia del recurso, recurso de reposición (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AQ. JUAN CARLOS MORALES CONSTRUCCIONES s/ CONCURSO PREVENTIVO" EXPTE. N 13694/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-11-28

El recurso que admitía la resolución oficiosa que -en el caso aplicó la sanción prevista por el art. 30 de la Ley 24.522- a los efectos de intentar la nulidad, era el de revocatoria que tiene lugar contra toda clase de providencia que no decida artículo, vale decir recaída -como las que se dictan de oficio- sin una previa sustanciación. Acompañada en todo caso -ad eventum- por la apelación subsidiaria.
Recurso de apelación (procesal), competencia
Materia: LABORAL
Carátula: AGRO ARROYO S.R.L. c/ Industria Villa Elisa S.A. s/ Su concurso preventivo. Incidente de pronto pago.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-24

Esta Sala no resulta competente para entender en el recurso de apelación concedido en un incidente de pronto pago laboral, previsto en la norma del art. 16 de la ley 24522, promovido en un concurso preventivo de naturaleza comercial, debiendo remitirse las actuaciones a la Sala en lo Civil y Comercial de esta Cámara de Apelaciones.
Impuestos, acción de amparo
Materia: PENAL
Carátula: MAGNONI, WALTER AQUILESGONZALEZ, MARCELO DANIEL s/ Régimen penal tributario, Solicita tutela jurisdiccional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

1- La suscripción del acta por el inspeccionado no permite tener por demostrado su aquiescencia al ingreso de los inspectores de la Dirección General Impositiva al interior del local de la sociedad comercial y la entrega de la documentación secuestrada. La participación de la fuerza pública en la diligencia, que no está comprendida en los supuestos en que la ley 11683 autoriza su auxilio-en la existencia de inconvenientes para cumplir la función o la ejecución de órdenes válidas de allanamiento (art.41. inc. d.

id)-supone un contorno en el cual la aquiescencia de la persona que se enfrenta al despliegue de la fuerza no equivale a una expresión auténtica del consentimiento.- 2- La presentación de la D.G.I. requiriendo al juez que conoce en un amparo del particular inspeccionado que ordene el secuestro de los papeles que ya están en su poder, es prueba cabal del carácter forzado de la incautación.- 3- La existencia de recursos previstos en la ley para cuestionar las decisiones de la autoridad administrativa ante los tribunales competentes no es motivo para desestimar la demanda de amparo cuando el organismo requerido ha dado cuenta en el que pudieran interponerse tales recursos. No obstante a que las peticiones del accionante no se ajustan totalmente a las previsiones de la ley de amparo (16986), cabe hacer lugar a las mismas con relación a la lesión de los derechos ya experimentada como la que pudiera ser inminente ordenando a la Dirección Gral. Impositiva el reintegro de los efectos:papeles y documentos secuestrados, y que se abstenga en lo sucesivo de practicar pesquisas en el interior del domicilio de la sociedad accionante sin la pertinente orden judicial.
Sucesiones, acervo sucesorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gallo, Claudio Alejandro s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-09

Los derechos "activos y pasivos" a los que alude el artículo 3.279 del Código Civil y cuya transmisión opera por medio de la sucesión "mortis causae", son aquéllos que integran el patrimonio del causante en los términos del artículo 2.312 del mismo citado legal.

La universalidad de bienes y obligaciones que, en un todo ideal, componen el caudal relicto del occiso no está integrada por aquellos derechos que nacen como consecuencia de su muerte y que reconocen como titulares, no ya al difunto, sino a personas distintas de él, los que no forman parte del acervo hereditario.
Proceso judicial, excusación, excusas absolutorias, recusación
Materia: PROCESAL
Carátula: SAMA, ROSARIO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-24

No debe aceptarse la excusación formulada por el Juez interviniente que llegó a tal decisión en virtud de la existencia de un planteo de recusación similar en otro expediente y a una denuncia en su contra formulada por la recusante en términos ofensivos. De aceptarse ese argumento, bastaría que los justiciables recurrieran a este tipo de actuaciones para poder así desplazar una causa del conocimiento de su Juez competente.
Sanciones disciplinarias, facultades de la administración, sumario administrativo, instrucción del sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Cunto, Silvia Noemí c/ Municipalidad de Azul s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

En razón de la organización jerárquica de la Administración, el mantenimiento de la disciplina corresponde al órgano que ejerce el poder disciplinario; ésto es, que en la relación disciplinaria administrativa el sujeto activo es el órgano que puede juzgar siendo de su competencia determinar en cada caso la sanción aplicable, sustanciar el sumario administrativo, notificar al agente sumariado de las diligencias que éste deba cumplir en procura de su descargo y, entre otras, disponer la suspensión preventiva del sumariado, su eventual ampliación y su levantamiento.
Impuestos, exenciones impositivas, subsidio estatal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Asociación   Mutualista   Evángelica  (TF  14577-I) c/ D.G.I."
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-16

Los subsidios y subvenciones son erogaciones de dinero que realiza el Estado, en beneficio de determinadas personas o empresas que se encuentran en dificultades económicas o con fines de política económica, y de allí es que la norma agrega como elemento definitorio que esas medidas que se suspenden afecten los recursos del Estado. Por su lado, al disponer una exención tributaria el Estado declina su derecho a percibir determinadas sumas de dinero, pero no efectúa de por sí erogación alguna. (De la disidencia del Dr. Galli).
Medidas cautelares, base
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Juana Sabadis s/ Sucesorio s/ Incidente de Rendición de Cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-06-04

Tratándose de una pretensión incidental tendiente a inmovilizar o asegurar un valor económico que no necesariamente debe coincidir con la pretensión del principal, es el monto asegurado el que se debe tomar en cuenta para regular, es decir que se parte del resultado obtenido con la medida de garantía a esos efectos, pues si otra hubiera sido la intención del legislador, en lugar de consignar en la norma que se tomara en cuenta "el valor que se asegure" se hubiera legislado que se tomaría en consideración "el valor que se pretendió asegurar". Es este el criterio que entiende esta Cámara que debe primar para practicar regulaciones en las medidas precautorias.
Ejecución del contrato, daño moral, indemnización, asistencia psicológica
Materia: CIVIL
Carátula: Wolosowicz, Pamela Yamila c/ Cooperativa de Servicios Publicos ACA Salud s/ cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-29

En ningún momento la actora pretendió la reparación de un daño psíquico y de los tratamientos necesarios para su superación. Es cierto que como punto de pericia se incluyó la necesidad de tratamiento psicoterapéutico y su costo pero, reitero, el rubro no fue requerido en forma autónoma. Consiguientemente, y tal como lo sostiene la parte demandada debe entenderse que el costo del tratamiento psicológico forma parte de la indemnización por daño moral, y se encuentra incluido en el monto de la indemnización referida.
Revocación de sentencia, hábeas corpus, traslado de detenidos, derecho de enseñar y aprender, acceso a la justicia, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: SANZ,Alejandro Miguel c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-17

Corresponde revocar la resolución que rechazó la acción de habeas corpus interpuesta por la defensa, toda vez que no resulta ajustado a derecho el argumento utilizado para rechazar la acción relativo a que la cuestión planteada -incumplimiento de los traslados de estudiantes universitarios de las carreras de Abogacía y Administración de Empresas alojados en los Complejos Penitenciarios Federales I y II hacia el CUD, sede en las que se dictan las materias correspondientes a dichas carreras- está siendo tratada en otro habeas corpus ante el Juzgado Nacional de Menores nro. 4 y que eventualmente corresponderá poner en conocimiento a los jueces naturales de la causa de cada estudiante. Ello así pues, dada la naturaleza de la cuestión debatida correspondía el tratamiento de la cuestión con el trámite del habeas corpus. Lo antes dicho analizado a la luz de lo expuesto en relación a la necesidad de asegurar el derecho a la educación, revela la ausencia de debido control jurisdiccional, que, en el caso, conlleva la conculcación de tutela judicial efectiva.En tal sentido conviene recordar la tarea de los jueces de velar porque la privación de la libertad se cumpla en forma acorde a los estándares mínimos fijados en la normativa aplicable y, en esa tarea, ordenar, en su caso, el cese de los actos u omisiones de la autoridad pública que impliquen un agravamiento ilegítimo en la forma y condición de detención.
Partidos políticos, nombre partidario
Materia: ELECTORAL
Carátula: PARTIDO 17 DE OCTUBRE s/ S/RECONOCIMIENTO PROVINCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1992-12-05

E nombre de un partido político significa, apropiación con palabras de ideales, aspiraciones y utopías; promesas de lucha y acción; o sensitivos recuerdos de historia grabados en la conciencia colectiva, o, derechamente, segmentos fundacionales de historia. Es en ese punto donde el derecho al nombre se controvierte, porque el nombre articula la entera experiencia política desarrollada por un grupo o por un partido.
Intereses, tasas de interés
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Benetti, Sandra Alicia c/ Lugo, Eugenio s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-11-13

A raíz del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso López c/Explotación Pesquera La Patagonia, acatando lo resuelto por la misma y variando un criterio anterior, ésta Cámara aplica la tasa promedio pasiva, pues a criterio de la Corte, el mismo era obligatorio para todos los Jueces; pero a partir del caso Banco Sudameris c/Belcam el criterio cambió, dejando a criterio de los Jueces el monto del interés a aplicar, a raíz de lo cual se sostiene que dicha tasa por baja perjudica el interés del acreedor resaltando inequitativa, permitiendo el deterioro del capital adeudado, convirtiéndose en un negocio para el deudor alargar los pagos, prosiguiendo en el uso del capital del acreedor, que si tuviera que obtener préstamos, debería pagar un interés muy superior. Es justo y equitativo aplicar una tasa inferior a la activa, pues ésta tiene elementos que la constituyen, como por ejemplo, gastos administrativos del Banco otorgante y costos de distinta naturaleza que el acreedor no soporta, lo que originaría un enriquecimiento sin causa; por ello se considera que el interés a aplicar a las sumas adeudadas es una tasa intermedia promedio entre la activa y la pasiva que aplica el Banco de la Nación Argentina, lo que a mi criterio resulta compensatorio del no uso del capital por el acreedor.
Honorarios, honorarios del perito, Consejo de la Magistratura, legitimación procesal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-18

La ley nacional que el juez empleó para resolver la petición de honorarios del perito, y los arts. 279, CPPN y 5, ley local nro. 12 dieron sustento a la decisión de conceder al Consejo de la Magistratura el recurso de apelación, y la decisión de la Cámara que cerró inválidamente esa instancia de revisión, afecta directamente el derecho de defensa del sujeto al que se lo consideró obligado al pago.(Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier).
Recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: ELECTORAL
Carátula: Vázquez Juan Antonio s/ denuncia Chamatrópulos Pablo s/ apela resolución acta N° 90 de la Junta Electoral Nacional distrito Buenos Aires Alianza Acción Federalista por Buenos Aires (AFEBA) s/ ley 25.600 elección del 14 de septiembre de 2003
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-28|2010-02-11|2010-08-19

Es inadmisible el recurso extraordinario interpuesto mediante un escrito del que no resulta clara y precisamente cuál es la cuestión federal cuya decisión se pretende someter a la Corte Suprema.

4294/10, 4357/10, 4385/10
Derecho procesal, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALES AMAYA, JOSE s/ SUCESION TESTAMENTARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-21

La carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo del propio interés de cada litigante, es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis.
Sentencia, fundamentación de sentencias, crédito laboral, intereses, tasas
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: REYNOSO CARLOS c/ BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL  E.E.I.C. s/ RECURSO  DE  ACLARATORIA  -  RECURSO  DE CASACION - RECURSO DIRECTO -  CREDDITOS LABORALES - INTERESES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-10

Se queja la presentante porque la sentencia manda a abonar intereses a partir de marzo de 1991 equivalentes a los que percibe el Banco de Córdoba para sus operaciones de descuentos de documentos o giro en descubierto. No proporcionó fundamento alguno acerca de esa decisión, por lo que enmarca su queja en la causal recursiva del art. 99 inc. 2do. en función del 65 inc. 2do. de la Ley 7987. Las constancias de la causa dan exacta cuenta del agravio relacionado ut supra. La a quo estableció la tasa de interés mencionada sin dar ningún tipo de fundamento, ello conduce a la anulación de esta decisión.-
Acusación, nulidad procesal, agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-25

La declaración de nulidad de la acusación es improcedente, pues dicho acto procesal no ha proyectado ninguna consecuencia perjudicial sobre la causa o los imputados, por lo que la sanción de nulidad se llevaría a cabo en el sólo beneficio de la ley sin tener ningún fin práctico, real y positivo que efectivamente la justifique, desconociendo que las formas procesales no constituyen un fin en sí mismas.
Despido indirecto, pago de la remuneración, mora del empleador, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Albornoz, Emir René y otros c/ MADER VENT S.A. y/u otros s/ Acción común otros s/ Acción común
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-06-01

La falta de pago de un solo mes, no constituye injuria grave, que habilite a los actores a considerarse despedido en forma indirecta, teniendo en cuenta que tenían otro medio para reclamar el pago de sus haberes, por lo que debía primar el principio de conservación del contrato de trabajo y de buena fe. Fundamento del Dr. Franco.
Facultades del juez, cuestión abstracta, sentencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-04-22

La existencia o inexistencia de interés en la actividad jurisdiccional, puede y debe ser examinada por los jueces aunque no se haya suscitado cuestión al respecto, porque en el supuesto de inexistencia, la admisión de pretensión importaría una declaración abstracta y los jueces no hacen declaraciones abstractas.
Honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GORDILLO VDA. DE ARENAS c/ LIDIA TASINASSO DE CARRIZO Y OTROS s/ Ordinario (LIBRO: A075 - 446)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-04-07

La base regulatoria la constituye en este caso, el monto reclamado y no el de la transacción atento que ni los profesionales regulados ni la parte que patrocinan, han invervenido en la mencionada transacción. Es inaplicable en consecuencia el art. 4 inc. c) de la ley 3641.-
Recurso de casación, protección de la vivienda, desafectación del inmueble (civil), cuestiones de hecho y prueba, bienes del fallido
Materia: PROCESAL
Carátula: S., E. B. c/ M., R. s/ SUMARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-26

La cuestión central a dilucidar en autos consistió en determinar si el inmueble cuya desafectación se persigue "supera las necesidades actuales de sustento y vivienda del demandado y su familia". Y en ello radicó la tarea valorativa efectuada por la Cámara cuando merituó que si bien no se había ampliado la superficie construída desde la inscripción, y el inmueble continuaba habitado por el constituyente y su cónyuge; se ha producido en la actualidad una significativa variación de su situación económico - financiera (se encuentra en proceso de quiebra, con reducción de ingresos, etc.) que determinan la modificación, de las necesidades de sustento y vivienda del momento de la afectación, extremos que por su naturaleza fáctica y probatoria, exceden el marco de revisión en casación, salvo arbitrariedad o absurdo que no han sido alegados.