marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, homologación judicial, novación, extinción de las obligaciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: VAZQUEZ ESTEVEZ, HERMENEGILDO s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-26

Si la homologación del acuerdo a que arribó el deudor con sus acreedores tuvo lugar durante la vigencia de la ley 24522, la situación debe regirse por el originario art. 55 de dicha norma, en cuanto solamente establece que la novación que importa el acuerdo homologado "...no causa la extinción de las obligaciones del fiador ni de los codeudores solidarios...", y no por la ley 24522 art. 55 según la redacción impuesta por la ley 25563 art. 7 que establece que los fiadores "...quedaran obligados solamente en la extensión de la nueva obligación nacida del acuerdo homologado..." -posteriormente derogada por la ley 25589 art. 6-; ello así pues el principio de irretroactividad de la ley consagrado por el Cod. civil art. 3, torna inaplicables las nuevas disposiciones en los supuestos en que existió "consumo jurídico" y la nueva norma no prevé disposición en contrario.
Sentencia penal, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rivero, Mario René s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Pinto y Julián M. Quintar en Expte. Nº 69/05 "Rivero, Mario René s.a. Homicidio Culposo agravado por resultado de víctimas en Concurso Ideal con Lesiones Culposas - Fiambalá - Tinogasta"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-11-11

La facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del tribunal de juicio y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia (S. nº 8, 30/04/08; S. nro. CNCrim. Corr, Sala VII, 19/12/90, DJ, 1991-2-655, y LL, 1991-D-327; T.S.J.Cba., Sala Penal, S. nro. 14, 7/70/88, "Gutiérrez"; S. nro. 4, 28/3/90, "Ullua"; S. nro. 69, 17/11/97, "Farías"; A. nro. 93, 27/4/98, "Salomón", entre otras).

El Código Penal no establece pauta ni criterio formal alguno que indique que deba imponerse una pena media entre el máximo y el mínimo o partirse de ese término, por lo que le permite al juzgador la elección de la sanción que considere más adecuada y justa para el caso concreto, en la inteligencia de que cada hecho y cada autor son diferentes y presentan particularidades que difícilmente puedan reducirse a criterios rígidos y estandarizados.

Más allá de la denuncia de la defensa en cuanto a que el monto de pena resulta excesivo, no surge del análisis de la sentencia que la individualización de la misma se salga de la escala penal aplicable.

Es más, la crítica expuesta en orden a la falta de consideración de circunstancias favorables al imputado, no evidencia que el Tribunal de mérito haya ejercido la facultad discrecional de fijar la pena de manera arbitraria.

Téngase presente que si el juzgador partió de un mínimo de dos años de prisión (art. 84, párrafo segundo del C.P.), efectivamente consideró las circunstancias atenuantes, pues en caso contrario hubiese impuesto el máximo de pena previsto para el delito en cuestión (cinco años de prisión).

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto
Constitución Nacional, constitucionalidad, facultades del Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jerarquía constitucional, leyes, decretos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Peyrú, Osvaldo Jorge. s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-02

Para mantener la supremacía de la Constitución y de las leyes sin provocar el desequilibrio de los tres poderes, es indispensable que exista en pleito una cuestión que proporcione a los componentes del Poder Judicial la oportunidad de examinar, a pedido de alguno de los litigantes, si la ley o el decreto conforman sus disposiciones a los principios y garantías de la Constitución Nacional, no siendo dable, si los textos respectivos no han sido objeto de planteamiento y tacha de inconstitucionalidad por el eventual afectado, expedirse de oficio al respecto, salvo cuando se excedan los límites constitucionales de las atribuciones jurisdiccionales de la Corte Suprema.
Interpretación del contrato, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: G., A.A. c/ T., O.L. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-04-18

Cuando oferta y aceptación coinciden en las prestaciones principales y omiten aspectos complementarios, la ley auxilia a las partes mediante normas supletorias de su voluntad, y tales omisiones pueden ser cubiertas por el juez mediante la interpretación e integración contractual, conforme al criterio de conservación o "favor contractus". Deben atribuirse a los contratos los efectos normales y las consecuencias virtuales, como harían personas correctas y diligentes para no frustrar su finalidad.
Proceso judicial, exceso ritual manifiesto
Materia: LABORAL
Carátula: Vassaro, Luis Alberto c/ Anthony Blank y Cía. S.A. y otros s/ Accidente, enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

La existencia de las formas y su severidad hacen al orden, a la previsibilidad y a la seguridad jurídica; no obstante ello, cuando ese rigor excede el marco de razonabilidad y frustra el sentido de justicia en la relación jurídica, las normas procesales deben ser armonizadas con las fondales para alcanzar la correcta composición del objeto litigioso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: Leguizamón, Héctor F. -Flores, Florencio A.- Castro, Claudio O. s/ Robo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

No transgrede el art. 314 (310 n.a.) del Código de Procedimiento Penal la Cámara que aumentó la pena originariamente aplicada al procesado sin que para ello mediara agravio fiscal pues cuando el Agente Fiscal apeló por las absoluciones ello incluyó, a título accesorio de lo principal, la pena consecuente a todo el contenido de la condena. La competencia de la Cámara que fuera implícitamente abierta por tal apelación no se ve modificada en sus límites por el hecho de que el Fiscal de Cámaras omitiera pronunciarse sobre la pena originaria del concurso real de delitos por considerar -equivocadamente- que la misma se hallaba firme.
Sentencia, hechos nuevos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja de Prev. Social para Prof. de la Ingeniería c/ Cardarelli, H. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-13

Por imperio de lo dispuesto en el art. 163 inc. 6º, segunda parte del Código ritual, se puede hacer valer una causa sobreviniente que altera la situación inicial, con el alcance de que si el hecho modificativo ha sido el transcurso del tiempo, con incidencia para dar por acaecido el vencimiento de un plazo, resulta procedente considerarlo al sentenciar.
Ejecución fiscal, títulos ejecutivos, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B.C.R.A. c/ Rodas, José Luis s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-28

Cuando la suma por la que se manda llevar la ejecución adelante -intereses anteriores a la promoción de la ejecución- no fue consignada en el título ejecutivo, coincidiendo lo pagado por la ejecutada con la suma por la que se inició la ejecución, ello obsta la procedencia de la ejecución por esa suma, conforme la jurisprudencia de esta Sala in re 15/5/84 "Fisco c/ Industrias Electrónicas Radio Serra". Radio Serra".
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: López, Raul s/ Estafa González, Ricardo s/ Querella por injurias contra Poblete, Roberto Bustos, Miguel A. y Torres, Sergio G. s/ Tenencia ilegal de arma de guerra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29|1993-12-14|1995-09-26

Es ajeno al recurso extraordinario de nulidad el agravio referido a la eventual falta de valoración de la prueba, pues constituye un típico vicio in iudicando, impropio de esta vía recursiva.
Nulidad procesal, falta de agravio concreto
Materia: CIVIL
Carátula: HOSTAL S.A.C.I.F.I.A c/ PEREZ ANTONIO Y OTROS S/ REIVINDICACION s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-06-07

La ausencia de perjuicio y en consecuencia de interés jurídico procesal al no haber demostrado el estado de indefensión real por parte de quien solicita la nulidad, sumado a la aplicación restrictiva que los tribunales hacen de este instituto, torna improcedente el planteo incidental.
Demanda, notificación, abogado apoderado
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PRODUCCIONES INTERNACIONALES  S.A. c/ LA BUENOS AIRES COMPAÑIA DE SEGUROS  S.A. s/ INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-18

Es pertinente notificar la demanda al mandatario cuando éste se ha presentado al juicio en tal carácter (en el caso el apoderado de la demandada convino con el actor en el juicio, una suspensión de plazos previa al traslado de la demanda. Fenecido el plazo, el traslado fue dirigido al domicilio constituido por el mandatario y no al de su representado).
Concursos, privilegios (comercial), acreedores del concurso, declaración de quiebra, locación de inmuebles
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO. ALAS COOP. LTDO. s/ QUIEBRA  S/  INC. DE VERIFICACION POR CONSORCIO DE COPROPIETARIOS DEL  EDIFICIO DE AV. RIVADAVIA 1301/9 Y TALCAHUANO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

La pretensión del pago de un crédito en concepto de alquiler, por el período comprendido entre la declaración de quiebra y la entrega del bien al accionante, debe imputarse a indemnización, pues la legitimidad del derecho a dicha acreencia no reside en la relación locativa que vínculo a las partes, sino en el criterio de utilidad prestado a la masa en los términos de la LC: 264, 6.
Contrato de trabajo, obligaciones del trabajador, domicilio denunciado, buena fe, actualización de domicilio
Materia: LABORAL
Carátula: JUAREZ ENRIQUE BELARMINO c/ ORTIZ MANUEL (H) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-11-24

Es posible sostener que las comunicaciones remitidas por el demandado razonablemente pudieron llegar a la órbita de conocimiento del actor al haber sido enviadas al domicilio que él mismo denuncia como propio, y la circunstancia de que dichas misivas fueran recibidas por personas ajenas al trabajador no alcanza para restarles eficacia comunicativa. Corresponde señalar al respecto que es deber del trabajador obrar de buena fe con motivo del intercambio epistolar efectuado en oportunidad de producirse el distracto (art. 63 LCT), razón por la cual, si al iniciar el intercambio epistolar con el demandado y en la totalidad de las comunicaciones posteriores el trabajador consignó como su propio domicilio el de "San Félix-Dpto. Jiménez", ante la lógica previsión de que las misivas enviadas por su parte podían ser respondidas a ese mismo domicilio, el trabajador debió extremar los cuidados para recibirlas efectivamente, sea por él personalmente o por personas de su confianza. De allí que el actor no puede luego desconocer en sede judicial la eficacia de las comunicaciones que le fueron enviadas al domicilio por él denunciado, con el argumento de que fueron recepcionadas por personas desconocidas, por lo que cabe concluir que las mismas son plenamente eficaces. En tal sentido se ha establecido que es eficaz la comunicación cursada cuando no figura recepcionada por el trabajador aludiendo a un destinatario desconocido, pero luego denuncia ese mismo domicilio al demandar (CNAT, Sala IV, 24/7/80, "Felyta, Estanislao R. C. Frigorífico y Matadero Argentino SA", BJCNAT 1980-35-3, cit. en Vázquez Vialard, Ley de Contrato de Trabajo comentada, Tomo III, pág. 398/399). Ello así, resulta razonable interpretar que las comunicaciones enviadas por la demandada pudieron llegar efectivamente a la órbita de conocimiento del actor, no siendo factible de negarse su recepción en esta instancia por parte del recurrente, razón por la cual corresponde desestimar el agravio planteado en casación.
Embargo, empleados públicos, remuneración, pagaré, causa fuente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Duve, Hernán y Duve, José Ricardo e/a: "Motos Da Dalt S.R.L. c/ Duve Hernán y otro s/ Juicio ejecutivo s/Inc. Lev. Embargo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-04-28

Dado que en los autos principales la ejecución se promovió en base a pagarés donde no se mencionaba la causa de la obligación, ni aparecen estos certificados de conformidad con lo previsto en el inc.b) del art.2 del Decreto Ley 6754/43, entendemos que no cabe encuadrar el supuesto dentro del beneficio de inembargabilidad que concede la norma que bajo ningún aspecto de incondicional, y así considerar que en virtud de la normativa ejecutiva cambiaria no corresponde indagar en la fuente de la obligación que viabilice de algún modo la medida incoada en el sentido en que fuera propuesta.
Concursos, efectos de la apertura, contratos, ejecución del contrato, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ops SACI c/  s/ quiebra s/ incidente de apelación de mercedes benz, compañía financiera argentina sa, cifuentes mario victor
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-09

Procede rechazar la pretensión de la reclamante -integrante del comité de control- de que se declare la ineficacia de pleno derecho en los términos de la LCQ 17 del acuerdo de rescisión -y sus adendas- celebrado un día después de presentarse el concurso preventivo entre la concursada y cierta empresa. La LCQ 20 regula la facultad de la empresa para optar, frente a su situación concursal, por la continuación o resolución contractual. Empero sólo exige autorización judicial previa en el primero de dichos supuestos, es decir el de continuación contractual.

Cuando el deudor opta por la resolución del contrato, el juez no tiene facultad para convalidarla o desestimarla, y hasta es innecesaria una opinión de la sindicatura (v. esta Sala, "OPS SACI s/concurso preventivo s/ incidente art. 250 -incidente N°7-, del 27/10/17; con cita de: Roitman, "Efectos del concurso preventivo sobre los contratos preexistentes", 2005, p. 75). Y si ello es así ante el supuesto de una resolución unilateral del contrato, con mayor razón estará ajena al control jurisdiccional la rescisión acordada entre las partes. Por ello, si la rescisión contractual provocó algún perjuicio al patrimonio falencial, su reparación debiera procurarse por vía de la pertinente acción de daños.
Representación procesal, acreditación de la personería, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Marta Noemí Alvarez c/ Justo Sánchez s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-10-22

El defensor oficial en el procedimiento civil no represente a su asistido, pues para ello se requiere un mandato, que existiendo beneficio puede otorgarse por acta labrada ante el oficial primero (nuestro jefe de despacho) o ante el juez de paz.
Reforma de la constitución, jerarquía de las leyes, tratados internacionales, conflicto de leyes, ley interna
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hoechst A.G. c/ D.G.I. s/ repetición -D.G.I.-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-01

La República Argentina, al adherirse a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ha establecido, con anterioridad a la Constitución de 1994, una jerarquía de normas en beneficio de los tratados internacionales que le impide su posterior desconocimiento por medio de una ley. En efecto, conforme a lo acordado en el art. 27 del tratado, "una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, de modo que de esa manera, la República se ha obligado a respetar -en tanto no haya acordado con el Estado contratante la enmienda de alguno de sus términos- las cláusulas comprometidas en un tratado internacional, renunciando al principio de equiparación jerárquica entre la ley y el tratado que se sostenía hasta entonces por la doctrina mayoritaria.
Procedimiento contencioso administrativo, medidas cautelares, recurso de apelación (administrativo), suspensión del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Medina, María Soledad c/ Instituto Provincial de Vivienda (I.P.V.) s/ por contencioso administrativo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-05

Corresponde no hacer lugar al recurso de apelación contra la medida cautelar decretada que tuvo por objeto suspender los efectos de los actos administrativos dictados por el Instituto de la Vivienda, a través de los cuales se dispuso la desadjudicación de la vivienda otorgada a la actora.

Al respecto sostuvo reiteradamente este Tribunal que las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud. Dicho análisis no entraña más que un juzgamiento acerca de la probabilidad de la existencia del derecho debatido, toda vez que su definitivo esclarecimiento constituye materia del pronunciamiento final a dictarse oportunamente.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giménez, María del Pilar c/ Toledo, Mario Horacio s/ Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-15

Para el dictado de una resolución que acoja favorablemente una pretensión cautelar, es preciso al menos la comprobación de la apariencia y verosimilitud del derecho invocado "fumus bonis juris".

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Restitución de cosas, automotores, litispendencia, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: A. M. L. C/ G. M. S. S/ RESTITUCIÓN c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-08-11

El requerimiento del apelante de que esta Alzada resuelva directamente sobre la restitución peticionada no es procedente, en tanto la parte demandada ha opuesto excepción de litispendencia -que debe ser resuelta por el juez de primera instancia-, y también existe prueba (documental, instrumental, informativa y testimonial) ofrecida por ambas partes, no habiéndose expedido el juez de grado sobre su admisión y diligenciamiento.
Excepción de incompetencia, contrato de servicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RIOS JORGE DANIEL c/ NESTLE ARGENTINA S.A. s/ ORDINARIO POR COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-04-15

Tratándose del cobro de honorarios médicos por servicios prestados profesionalmente, es juez competente para conocer de la pretensión tendiente al cobro de los mismos, el de lugar en que los servicios se han prestado.
Sentencia, parte dispositiva, Estado Provincial, bienes, embargo, jubilaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: CENA, JUAN MANUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - INCIDENTE  DE APREMIO (CSJ EXPTE Nº 506-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-02

Si bien la consideración expresa de que "correspondía ordenar llevar adelante la ejecución de conformidad a la normativa vigente" no fue trasladada a la parte dispositiva de la sentencia, resulta suficiente en orden a revelar cuál fue la voluntad real del Tribunal al respecto. Sobre todo, cuando ese condicionado alcance se trasladó al proveído mediante el cual se ordenó la traba del embargo (ahora discutido) sobre cuentas del Estado Provincial "en cuanto por derecho corresponda" y el actor no solicitó aclaratoria sobre el alcance que, a juicio del Tribunal, corresponde otorgar a tales expresiones. DEL VOTO DE LA MAYORIA. EN MINORIA EL DR BARRAGUIRRE.
Despido, trabajador, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Luna, Lorenzo c/ Jesús S.Bosch y Pedro S.Bosch y/o Agropecuaria y Maderera Bosch y/o propietario del aserradero de ruta 16- acceso a Pampa del Infierno y /o quien resulte responsable. s/ Indemnización por Incapacidad derivada de accidente de trabajo, pago  de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-08-04

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que no hace lugar al despido invocado.Ello es así, ya que en la especie se configura el supuesto de extinción de la relación laboral, por cuanto surge de lo actuado el abandono de la relación, como expresión tácita de la voluntad de sustraerse definitivamente ambas partes del cumplimiento de las obligaciones contractuales, ya que la reacción del trabajador es manifiestamente extemporánea. En efecto, si la obligación al pago de la indemnización previsto en el artículo 8, inciso d), ley 9688 procede durante el lapso que media desde el momento del accidente hasta la fecha del alta conformada por la autoridad administrativa y /o el plazo máximo de un año, en manera alguna la intención de despido indirecto puede resultar oportuna, ya que desde la fecha del accidente a la del primer telegrama colacionado transcurre un lapso sumamente prolongado (un año y medio).
Juicio ejecutivo, embargo, inembargabilidad del salario, funcionarios legislativos
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: RABER ELIEZER, ARIEL c/ OLAIZOLA, ROBERTO TOMAS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-29

Toda vez que la Ley 24.600 que reglamenta el estatuto del personal legislativo autoriza en forma expresa el embargo del sueldo de los empleados de tal carácter en el porcentaje que el art. 30 establece, la norma contenida en el decreto 6754/43, no les resulta de aplicación.
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Franco, Carla Analia c/Banco Santander Rio SA y otro s/ sumarisimo c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-24

Procede receptar el agravio de la demandada y revocar la declaración de inconstitucionalidad de la ley 23928: 7 y 10 decidida en la sentencia de grado. Es que si se practica la liquidación conforme los montos dispuestos para cada rubro con más los intereses en aquellos en los que correspondan, según lo dispuesto en la sentencia de grado, no se advierte que se configure en el caso un perjuicio tal que conduzca a un menoscabo en el derecho de propiedad del actor y que justifique, en consecuencia, la declaración de inconstitucionalidad pretendida. Ello resulta un argumento suficiente para desestimar este remedio de gravedad extrema consistente en la declaración de inconstitucionalidad de las normas prohibitivas de la actualización monetaria.
Cosa juzgada, libertad condicional, reincidencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Valdez, Enrique Carmelo y otra s/ robo con armas y encubrimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-21

El art. 14 del Código Penal, al disponer que la libertad condicional no podrá ser concedida a los reincidentes, no conculca la autoridad de cosa juzgada de la anterior sentencia condenatoria.
Confirmación de sentencia, rechazo del querellante
Materia: PENAL
Carátula: S., F. J. c/  s/ parte querellante
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-13

El fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "S., F. J. s/ parte querellante" (causa n° 18.554/2018) rta. 13/7/18, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por el pretenso querellante, apoderado de una Sociedad Anónima, contra la resolución del juez de la instancia de origen que declaró inadmisible la pretensión de constituirse como parte querellante. Los vocales, por mayoría, confirmaron la resolución.