Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-09


En la ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de agosto del año dos mil seis, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 233/235, Y VISTOS:

La sentencia de 1ª Instancia por la cual se resolvió condenar a la firma RITMO BAILANTERO S.R.L. a la pena de multa de pesos mil ($ 1.000) al considerarlo autor responsable de la infracción prevista y reprimida por el art. 4.1.1 de la Ley 451 (fs. 220/227 vta.).

El recurso de apelación deducido por la Marisa Alejandra Gómez en representación de Ritmo Bailantero S.R.L. (fs. 233/235).

La presentación de la Fiscalía de Cámara obrante a fs. 240/241 de autos.

Y CONSIDERANDO:

1. El recurso de apelación ha sido interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

2. Las actuaciones se inician el 26 de febrero de 2006 en el local de baile denominado "Radio Studio Dance", sito en la calle O ´Brien 1232 (PB, sótano y entrepiso) de esta Ciudad, cuando los inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control y de Obras y Catastro, y un profesional verificador de habilitaciones inspeccionaron el local labrando las actas de comprobación: serie 2 nº. 0909747 por no tener en lugar visible listado de personal de seguridad (art. 26 de la ley 118);y serie 2 nº. 0944202 por detectarse agresiones físicas a concurrentes en el interior y adyacencias del local (ley 118 y resolución 25/SSCC/2005) dando origen a la formación del expediente administrativo.

La Marisa Alejandra Gómez, en representación de Ritmo Bailantero SRL, impugnó las actas y solicitó el levantamiento de la clausura. (fs. 18/20).

El 10 de marzo de 2006 la Controladora de Faltas interviniente declaró la validez de las actas y sancionó a la firma Ritmo Bailantero S.R.L. con multa que ascendía en total a pesos veinticinco mil ($ 25.000) y clausura del establecimiento por el término de 120 días. También dispuso levantar la medida cautelar -en forma independiente de la pena impuesta-, sin perjuicio de lo que correspondiere en definitiva (fs. 44/51).

A fs. 57 la Gómez manifestó que no consentía la decisión y solicitó el pase para su juzgamiento a la Justicia Contravencional y de Faltas.

El Sr. Juez a quo, luego del juicio oral, resolvió absolver de culpa y cargo a Ritmo Bailantero S.R.L por el hecho descripto en el acta de comprobación Serie 2 Nº 0944202, y condenarlo a la pena de multa de pesos mil ($1.000), por encontrarlo autor responsable de la infracción prevista y reprimida por el art. 4.1.1. de la ley 451 -acta de comprobación Serie 2 Nº 0909747 consistente en no tener en lugar visible listado de personal de seguridad, imponiéndole el pago de las costas. (fs. 220/227).

Contra la sentencia se interpuso el recurso de apelación que obra a fs. 233/235.

3. El fallo señala que la infractora "no ha podido dar por tierra la fuerza probatoria que el art. 5 de la ley 1217 le atribuye" (fs. 222) en tanto el art. 26 de la ley 1262, sancionada el 04/12/2003 y publicada en el BOCBA N° 1854 del 09/01/2004, vigente al momento del hecho, impone la obligación al titular de la explotación comercial de locales bailables y discotecas de exhibir en una cartelera en lugar visible el listado de personal de seguridad que desempeñe funciones en cada turno y día que desarrolle la actividad comercial y, en su caso, la prestadora habilitada que brinda el servicio de seguridad privada.

El art. 5º de la Ley 1217 dispone que: "El acta de comprobación de faltas que reúna los requisitos del artículo 3º se considera, salvo prueba en contrario, prueba suficiente de la comisión de las mismas".

La sentencia en crisis expresa que la propia apoderada de Ritmo Bailantero SRL ha aceptado que el cartel se encontraba en el interior de la boletería, por lo que ha de considerarse que el acta acredita las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que sucedieron los hechos; así como la conducta desplegada por la infractora.

Funda la sanción en que la ubicación del cartel dentro de la boletería resulta ostensiblemente menos visible que si el mismo se encontrara en el hall de acceso al local y con ello constituye la infracción.

4. La apelante fundó su recurso en la presunta arbitrariedad de la sentencia (art. 56, inc. c.); y el Sr. Juez a quo concedió el mismo señalando que "sin perjuicio de que la apoderada de Ritmo Bailantero invocó arbitrariedad de la sentencia dictada por el suscripto, considero mas acertado la invocación de una posible violación a la ley al indicar la Gómez que el hecho que se imputó a su defendida no se condice con lo prescripto en el art. 4.1.1. de la Ley 451" (fs. 236).

El fallo consideró que la ubicación del cartel con la nómina e identidad del personal de seguridad, autoridad de competencia, comisaría y teléfono para denuncias -datos estos requeridos por el art. 26 inc. b) de la ley 1262- dentro de la boletería no resultaba visible al publico, debiendo haberse optado -para no incurrir en la infracción de la norma- por otras variantes, entre ellas, poner el cartel en el hall de acceso al local para que pudiere ser fácilmente visible.

5. El art. 56 de la ley 1217 establece tres supuestos de procedencia del recurso, a saber: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley; c) arbitrariedad. En el caso, no se observa la concurrencia de ninguno de dichos extremos, no correspondiendo el encuadre de la apelación en trato en ninguna de las tres hipótesis legales.

Cuando el fundamento del agravio referido a la errónea aplicación de la ley sustantiva representa una impugnación referente a la prueba de la causa, y no a la inteligencia de la observancia de la ley de fondo; el recurso no es procedente, ya que el recurso constituye una consideración crítica relativa a la ausencia de correspondencia entre los elementos probatorios utilizados en la sentencia y la conclusión que ellos motivan.

La parte recurrente se agravió en el entendimiento que a "Ritmo Bailantero SRL" se la consideró autora responsable de la infracción prevista y reprim ida por el art. 4.1.1 de la ley 451, y según ella la descripción típica de la conducta no guarda relación con la conducta llevada a cabo por la infractora.

Coincidimos con lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Guagnino a fs.240/1 en cuanto a que la norma guarda perfecta relación con la conducta endilgada pues la subsunción legal efectuada se corresponde con la cita de la segunda parte del artículo que reza" ... ejerza actividad... en infracción a la autorización concedida...".

En efecto, el art. 4.1.1 de la ley 451 prevée distintos supuestos de infracción, como es la instalación o ejercicio de actividad lucrativa 1) sin la debida habilitación o permiso, o 2) en infracción a la autorización concedida.

Por su parte, el art. 26 inc. b) de la ley 1262 obliga al titular de la explotación comercial a "exhibir en una cartelera en lugar visible el listado del personal de seguridad que desempeñe funciones en cada turno y día que desarrolle la actividad comercial".

La firma "Ritmo Bailantero SRL" no fue condenada por instalar o ejercer un actividad lucrativa sin la debida autorización, sino por violar o infringir dicho permiso al no exhibir en una cartelera en lugar visible el listado del personal de seguridad que desempeñe funciones en cada turno y día que desarrolle la actividad comercial; siendo esta la acción infractora claramente recogida por el art. 4.1.1 de la ley 451 y el art. 26 inc.b) de la ley 1262.

La adecuación típica de la conducta endilgada a "Ritmo Bailantero S.R.L." fue correctamente efectuada por el Sr. Juez de grado, sin vislumbrarse afectación alguna al principio de legalidad.

Lo que se ha debatido en la causa es una cuestión de hecho y prueba (ubicación del cartel con la nómina del personal de vigilancia, etc.), y no se ha puesto en tela de juicio la norma jurídica que implementa la obligación a cargo de la imputada de exhibir la lista en la forma requerida por la ley.

Ha señalado la Cámara Nacional de Casación Penal que no corresponde la revisión de la sentencia si la impugnación se refiere a la falta de correspondencia entre los elementos probatorios valorados en el pronunciamiento y la conclusión que ellos motivan, pues significa una crítica dirigida a la prueba de la causa y no a la inteligencia u observancia de la ley de fondo. (L.L. 29/XI/1996, f. 94.919; L.L. 25/IX/1997, F. 96.035, citados por Francisco J. D´Albora, Código Procesal Penal de la Nación, Tomo II, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Ed. 2005, pág. 1038).

Asimismo, " Cuando la ley se refiere a inobservancia y érronea aplicación contempla, en apariencia, casos diversos. Uno y otro, sin embargo quedan comprendidos en el concepto de violación de la ley sustantiva... La violación de la ley se presenta... cuando incurre en un error en la interpretación o en la elección de la norma, aplicando a los hechos una distinta de la que corresponde". (De la Rua, Fernando, "La Casación Penal", Editorial Depalma, Año 1994, pág. 36/38).

6. Por otra parte, se considera arbitraria la sentencia si el magistrado la sostiene sólo en un razonamiento y opinión personales. Para tacharla así debería carecer de todo sustento legal y estar fundada sólo en la voluntad del magistrado, pues la doctrina de la arbitrariedad atiende a las omisiones y desaciertos de extrema gravedad, cometidos en la sentencia, que tienden a su descalificación como acto jurisdiccional válido, lo que no ocurre en este caso.

Como ha quedado expuesto, las objeciones del impugnante -que pretende fundar en la tacha de arbitrariedad- son meras discrepancias con lo resuelto que no logran señalar la existencia de un defecto de la magnitud requerida por el art. 56 Ley 1217 para que el recurso de apelación resulte procedente.

Para que proceda la descalificación de una sentencia como acto jurídico por la causal de arbitrariedad, tiene que poseer tal magnitud que constituya claramente una derivación irrazonable del derecho vigente. Así la Corte Suprema de la Nación ha establecido que "la doctrina de la arbitrariedad tiene por objeto cubrir casos de carácter excepcional en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impiden considerar el pronunciamiento de los jueces como la sentencia fundada en ley a la que hace referencia el artículo 18 de la Constitución Nacional" (Fallos 312:246; 389, 608, 1839, entre otros).Conteste con lo anterior la doctrina sostiene que "es inatendible el recurso que no traspasa los límites de la exhibición de una subjetividad, sin convencer de la arbitrariedad o el absurdo de la labor axiológica desarrollada por los jueces de grado al apreciar la prueba. Es que no basta oponer al criterio del tribunal sentenciante la propia apreciación personal sobre el mérito de los elementos de juicio allegados al proceso, máxime si el juzgador puede preferir uno sobre otros descartando aquellos que no son conducentes pues hace a sus facultades privativas de apreciación". (Augusto Mario Morello, Prueba, incongruencia, defensa en juicio, Abeledo Perrot, Ed. 1977, pág. 131) La resolución impugnada se encuentra fundada conforme a derecho y los agravios del recurrente solo evidencian su opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta; decisión que cuenta con la debida motivación que impide la descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido.

7. Por todo lo expuesto, atento el mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por la Marisa Alejandra Gómez obrante a fs.233/5, con COSTAS (arts. 57 y 55 inc. h de la ley 1217).

Regístrese, notifíquese a la Sra. fiscal de Cámara y remítase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nro. 10, a fin de que practique las notificaciones pertinentes.

Ante mi:

La Marta Paz no firma por hallarse en uso de licencia. CONSTE.