marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Leyes, ley procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Palacios Balaguer Domingo en j: Costa Bruno c/ Palacios Balaguer Domingo s/ Rescisión de contrato - Casación (Libro: S067-354)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1958-04-23

El decreto NRO. 4385/56 provincial que declara feriado los sábados a los efectos, entre otros del cómputo de los términos judiciales impuesto al litigante tiene el carácter de ley procesal, desde que legisla sobre plazos judiciales. Las leyes y normas de procedimientos se aplican por lo general, salvo disposición en contrario, a todos los casos pendientes de resolución y a todos los actos, plazos procesales, que no se hubieran cumplido. En el caso, por aplicación de este principio se estimó feriado un sábado que antes no lo era respecto de un plazo que comprendía a aquel pero que no había vencido cuando entró en vigencia el decreto.
Medidas cautelares, peligro en la demora, concesión administrativa, licitación pública, decreto de necesidad y urgencia, aeropuertos
Materia: PROCESAL
Carátula: Sociedad  Aeronáutica  San  Fernando  S.R.L.  y  otros c/ Estado Nacional -Poder Ejecutivo Nacional- Dtos. 375/97 y 842/97.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

No se advierte el peligro en la demora que tuvo por configurado el pronunciamiento que hizo lugar a la medida cautelar autónoma a raíz del dictado del decreto 375/97 -que dispuso el llamado a licitación pública nacional e internacional para otorgar la concesión, explotación, administración y funcionamiento de aeropuertos- y con relación al decreto de necesidad y urgencia 842/97 -emitido a consecuencia de la suspensión judicial de los efectos del anterior-, toda vez que nada impide que las calidades de concesionarios invocadas por los actores puedan hacerse valer ante quien resulte adjudicatario de la licitación.
Actos jurídicos, partes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Larraura Barboza c/ Knobl Gabriel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-12

Parte de un acto jurídico es la persona que por medio del acto a cuya formación concurre, ejerce una prerrogativa jurídica propia.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A., C. A. c/ M., M. S. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

La circunstancia que la víctima y su cónyuge -actor en autos-, hayan estado de acuerdo en la realización del aborto que se practicara y como consecuencia del cual perdiera la vida aquélla, desde ningún punto de vista puede reputarse nexo adecuado de causalidad en la producción del daño. Es que, de aceptarse tal criterio, no existiría responsabilidad profesional en ningún caso de mala praxis médica, porque el paciente y sus familiares dieron su consentimiento con la intervención, lo que importa en verdad un dislate jurídico.
Recurso de apelación (procesal), recurso de queja (procesal), auto de elevación a juicio, clausura de la instrucción, resoluciones inapelables
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "Dres. RETO y FERRER s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-17

En los casos de decisiones adoptadas por decreto, tal como el que resuelve el rechazo, con sustento en el art. 352 del C.P.P.N. la apelación interpuesta en subsidio contra el auto de clausura del sumario, la inapelabilidad es la regla (art. 449 ibidem), a menos que el ordenamiento procesal expresamente conceda el recurso o éstas causen gravamen irreparable.Es que el Código procesal no contempla como posibilidad la apelación de la clausura ordenada por decreto sino que incluso la excluye explicitamente respecto del auto de elevación a juicio (art. 352), aún cuando en esta hipótesis (a diferencia de lo que ocurre en el caso concreto) media oposición de la defensa formulada en los términos del art. 349 inc. 2°, al ingreso de la causa a la etapa de debate oral. Ello así , si no se aprecia ni se ha demostrado por parte de la defensa, cual sería el gravamen irreparable que la decisión podría generarle. Es que habiendo el Ministerio Público Fiscal formulado acusación, no cabe supeditar el avance del proceso al resultado de la vía impugnativa pendiente -recurso extraordinario por el rechazo de una excepción
Despido, locación de servicios profesionales
Materia: PENAL
Carátula: Navalesi Marta Laura y otro c/ Les Bejart SA y otro s/ desido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-30

La circunstancia de que los demandantes hayan prestado un servicio profesional -artístico- habilitaba la presunción del art. 23 L.C.T. y, ello así, porque la ley no distingue al respecto pero fundamentalmente porque no se dan las circunstancias especiales para apartarse de tal premisa, toda vez que los trabajadores no realizaban los espectáculos a favor de clientes propios, ni surge que tuvieran una organización artística propia, y su nivel remuneratorio no se corresponde con el de una pareja de bailarines de tango que pueda negociar sus propias condiciones en un pie de igualdad con el empresario con el que acuerda el servicio. Las prestaciones de los accionantes eran efectuadas en forma personal y dentro del establecimiento de la accionada, es decir, que eran llevadas a cabo dentro de una organización empresaria ajena y que los mismos percibían a cambio una contraprestación que consistía en una suma fija relacionada con los días de actuación.

Sala V, Expte. Nº 35.719/2013/CA1 Sent. Def. Nº 77553 del 30/10/2015 "Navalesi Marta Laura y otro c/Les Bejart SA y otro s/despido". (Zas-Arias Gibert).
Prueba, carga de la prueba, juicio ordinario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDICOOP. LTDO. c/ MARIA JOSE COPELLO DE  CORREAS Y  LUIS  FRANCISCO CORREAS s/ ord (LIBRO: S151 - 001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-30

Estamos en presencia de un supuesto de desconocimiento expreso de la firma de un instrumento privado. Este instrumento privado carecía de autenticidad conforme al art. 1026 y ss. del CCI.

El que pretende ser reconocido como acreedor frente a otro obligado, tiene la carga de probar los hechos que supone la existencia de la obligación o sea los hechos constitutivos del derecho cuyo reconocimiento pretende. La actora que afirmó la existencia de un contrato, debe justificarlo si su adversario lo niega, tal como sucedió en la presente demanda. Si el demandado niega los hechos (simple negativa frente a los hechos constitutivos invocados por el actor) simplemente le basta con quedarse quieto, debiendo el actor justificar su calidad de acreedor.
Seguro por accidente de trabajo, responsabilidad del asegurador, acción de regreso, facultades del juez, seguros
Materia: LABORAL
Carátula: ALVAREZ, Pablo c/ UNILEVER DE ARGENTINA SA s/ accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-09

Aún con las modificaciones introducidas por la ley 24028 en materia de seguros contra accidentes, la aseguradora debe responder ante el trabajador por todo el capital adeudado, sin perjuicio de la acción regresiva que pueda ejercer contra la empleadora por la franquicia pactada. Correspondiendo al juez en lo comercial dilucidar cualquier tipo de controversia que surja entre la empresa suscriptora del contrato de seguro a la aseguradora.
Competencia federal, falsificación de instrumento público, resoluciones
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: LENNARD, Gustavo M. y otros s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-28

La falsificación de una resolución de la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía de la Nación, afecta en forma directa intereses nacionales así como también sus rentas, por lo que corresponde la intervención del fuero de excepción.
Accidente de tránsito, avenida, doble mano, giros
Materia: CIVIL
Carátula: CASTRO RIOS, MAURICIO ARIEL c/ SANZ, JOSÉ SEGUNDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-02-26

Debe extremarse el cuidado en la conducción cuando se pretenda realizar una maniobra sin alternativa, como ser girar a la izquierda, en una arteria de doble mano de circulación, evolución, que a todas luces altera el normal desarrollo del tránsito vehicular.

Todo conductor que va a realizar una maniobra imprevista, como es salir de una avenida de dos manos, para tomar una calle lateral, doblando hacia la izquierda y cruzando la mano opuesta, debe tomar todas las precauciones necesarias antes de emprender la maniobra. Intentar una maniobra no habitual importa alterar las previsiones normales que adoptan los terceros en el tránsito urbano.-
Procedimiento administrativo, silencio de la administración, informalismo a favor del administrado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comastri Raúl Andrés c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción Meramente Declarativa Aires s/ Acción Meramente Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-12

En el caso, la presentación de la actora denominada "recurso de apelación" importó la interposición de un recurso jerárquico, en los términos del artículo 106 del Código Fiscal (t.o. 1999) y como tal debió ser elevado para su tratamiento y resuelto por la autoridad competente, debiendo en caso de omisión considerarse configurada la denegatoria tácita por silencio.

Ello por cuanto en nuestro procedimiento administrativo no hay estructuras sacramentales sino que se admite el principio del formalismo moderado en el que el particular puede actuar sin patrocinio letrado, y las presentaciones deben tratarse atendiendo a su contenido y finalidad, con prescindencia del modo en que son tituladas, de manera que es el propio ordenamiento el que ofrece mecanismos tuitivos de la defensa y del debido proceso. Por ende en la interpretación de las impugnaciones deducidas por los particulares debe atenderse a la intencionalidad de éstas antes que a la letra de las presentaciones, de modo de superar así, los errores que ellas pudieran contener acerca de su calificación jurídica o la individualización del destinatario del recurso.

En ese sentido en el artículo 22 inciso c) de la Ley de Procedimientos Administrativos se consagró el principio del informalismo, por el que se autoriza la excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente, a lo que se agrega lo previsto en el artículo 100 de la mencionada ley.
Derecho procesal, partes, representación procesal, acreditación de la personería, notariado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Automobiles Lamborghini Latinoamerica Sociedad Anónima de Capital Variable y otro  c/ Automobili Lamborghini Spa y otros  s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-14

Tanto la Argentina como Italia pertenecen al sistema de notariado latino y cabe recordar que el notario latino es un profesional de derecho que, como fedatario, es depositario de la fe pública. Esto es, que es encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de éstos y expidiendo copias que den fe de su contenido. Así, el notario latino identifica a las partes, controla la capacidad y legalidad del negocio jurídico que instrumenta, deja preconstituida una prueba, genera un negocio jurídico válido e interviene en su redacción, evitando ambigüedades y puntos oscuros, inscribiendo el documento y guardando el protocolo o matriz para su seguridad. Su poder de dar fe conferido por el Estado y la fe pública que emana de los documentos que autoriza, revisten un valor y eficacia de especial importancia trascendente en el ámbito negocial e inmobiliario, en la esfera de los hechos que pasan por ante sus sentidos; su valor y eficacia sólo decaen cuando el hecho es impugnado de falso y triunfa la acción de redargución en juicio civil o penal, y se garantiza la existencia del consentimiento dándose autenticidad a las declaraciones de voluntad de los otorgantes, tal como están expresadas en el documento, las que deben ser tenidas por válidas y eficaces mientras que en juicio no se pruebe lo contrario. La ausencia de funcionario público de tipo latino en la configuración jurídica de la voluntad de las partes determina el peligro de nulidades sumado a la citada falta de autenticidad de los instrumentos privados que documentan los negocios, lo que aumenta la inseguridad jurídica (Gimeno Rosana A., "El notariado latino. Análisis comparativo entre el sistema jurídico documental latino y el anglosajón. Costo del contencioso y de las indemnizaciones", en www.colegio- escribanos.org.ar). En suma, la tarea de autenticación que le cabe al notario latino, consiste en investir todos los actos en que interviene de una presunción de veracidad que los hace aptos para imponerse por sí mismos en la relaciones jurídicas, y para ser impuestos, por su propia virtualidad, por el poder coactivo del Estado.
Recurso de casación, violación de las formas procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Gutierrez y Muga, José Facundo Eleuterio
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-10-14

Los requisitos que impone la ley procesal para deducir incidente de nulidad (art. 130 y sgtes. del C.P.C.), son aplicables a la casación por violación de las formas procesales. A través de esta causal (art. 257 inc. 2º) solo cabe la impugnación de normas impuestas bajo sanción de nulidad (principio de especificidad) o cuando el acto no ha cumplido la finalidad a que estaba destinado (principio de finalidad incumplida). El vicio no debe estar consentido, la parte no debe haber contribuido a su producción y el incidente ha de plantearse dentro del término legal; resultando igualmente insoslayable señalar el perjuicio sufrido y el interés que se procura subsanar con la declaración.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Maillet, Julio Aquiles s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-20

Es ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se sostiene que el procesado ha actuado en legítima defensa art. 34 inc. 6º, C.P.) si al ocuparse de los hechos la Cámara resolvió que al tiempo de aplicar el procesado la herida mortal el riesgo había quedado superado, habiendo cesado el estado de necesidad y la inicial situación de peligro, pues ello -que no es debidamente impugnado- desplaza la concurrencia del elemento "agresión ilegítima" y también del exceso en la defensa (arts. 34 inc. 6º y 35, C.P.), y no se intenta demostrar en el recurso, en el referido terreno de los hechos, el invocado mantenimiento de la agresión.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Basualdo, Hugo Crispín s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en el que se formulan consideraciones sobre los hechos si no fueron acompañados del debido fundamento legal en materia de valoración probatoria.
Cuestiones prejudiciales, sentencia absolutoria
Materia: CIVIL
Carátula: MARCONE DE DE LA FUENTE, María J c/ RAMIREZ, Edgardo s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-08

Sólo si en la sentencia penal se hubiere tratado la producción del hecho ilícito con tal amplitud que no dejara margen alguno susceptible de dar cabida a una responsabilidad civil, en ese caso excepcional, se podría concluir que la aplicación del art. 1103 del Código Civil es comprensiva de la culpa.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, inhabilidad de título, aplicación de la ley, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Comuna de Pueblo Muñoz c/ Ferro Expreso Pampeano s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Apremio   fiscal (Expte. CSJ Nº 809-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

No se advierte que el pronunciamiento impugnado adolezca de excesivo rigor formal que habilite el recurso de inconstitucionalidad si el sentenciante rechazó la excepción de inhabilidad de título por estimar aplicable el artículo 8 de la ley provincial 5066 -de cobro judicial de créditos fiscales-, según el cual dicha excepción no puede deducirse cuando la actora es una Comuna o Comisión de Fomento. Al ser ésta una ley vigente y no haberse planteado su inconstitucionalidad, ni siquiera estaba el a quo en condiciones de analizar tal excepción, quedando expedita la vía del declarativo posterior, en la que el perdidoso tendría las más amplias garantías para desentrañar la relación causal y dejar al desnudo las falencias o excesos en que pudiera haber incurrido la contraria.
Sentencia condenatoria, recurso de casación, querellante, legitimación procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Olivera, Sergio Gabriel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Enrique Lilljedahl en contra de Sentencia Nº 41/2012 (...)
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-10-21

El Presidente de la Cámara en lo Criminal, en ejercicio de la Jurisdicción Unipersonal, condenó al imputado como autor penalmente responsable del delito de extorsión en grado de tentativa (arts. 168 y 45, en función del 42, todos del Código Penal), a sufrir la pena de 3 años de prisión en suspenso (art. 26 del Código Penal).

Contra dicha resolución, el querellante particular interpone este recurso de casación.

Dice que, si bien es cierto que por imperio del art. 457 del rito esa parte no cuenta con legitimidad para recurrir en casación la sentencia condenatoria, menos aún en lo que se refiere a la prerrogativa discrecional de los jueces de mensurar la pena, ello no autoriza al tribunal a fallar según su íntima convicción y por fuera de la ley.

Sostiene que la palmaria arbitrariedad normativa denunciada autoriza al querellante a impugnar la sentencia condenatoria, no obstante lo dispuesto en el referido art. 457, en tanto el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos legitima a la víctima a recurrir la sentencia condenatoria por la arbitrariedad de la pena si la cantidad de pena impuesta no se encuentra comprendida en la escala punitiva aplicable.

La resolución impugnada, en tanto condenatoria, es indudablemente definitiva y susceptible, por ende, al control de esta Corte por vía del recurso de casación. El recurso es presentado en forma y tiempo oportuno.

En cuanto a la legitimación del querellante para cuestionar la sentencia condenatoria, rige el art. 457 del rito local, cuya aplicación al caso no es discutida sino consentida por el recurrente, expresa y categóricamente, especialmente en lo que se refiere a la mensuración de la pena; y ello torna innecesaria mayor consideración sobre el tema.

Por ello, con fundamento en la citada norma procesal, no encontrándose legitimado el querellante para cuestionar la respuesta punitiva dada en la sentencia condenatoria, no pueden ser atendidas las críticas del recurrente con relación a su monto ni al modo en que fue determinada la pena impuesta.

Sin embargo, el reconocimiento legal a la víctima de personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos comprende el de obtener una sentencia fundada en ley (CSJN Fallos: 321:2021) y exige, por ende, considerar el agravio vinculado con la supuesta ilegalidad de la pena impuesta por la violación a los límites previstos por el legislador en la escala penal de aplicación.

Con ese alcance, estimo al recurso como interpuesto por parte legitimada. En esos términos, mi respuesta a la primera cuestión planteada es afirmativa.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, conducta procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Cilia, Ricardo Heraldo c/ Asociación Ayuda Mutual y Acción Social All y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-12-15

Establecer la penalidad que fija el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo es facultad privativa del juzgador.
Accidente de tránsito, daño moral, indemnización por accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: MUCHIUTTI MIRCO c/ EMPRESA DE TRANSPORTES VILLA ADELINA LINEA 140 s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-08

Las lesiones sufridas por la víctima de un accidente de tránsito acarrean como consecuencia necesaria en el curso normal y ordinario de las cosas, padecimientos, dolores y molestias que deben ser resarcidos conforme lo establecido por el art. 1078 de nuestro Código Civil.-
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, servicios de vigilancia
Materia: LABORAL
Carátula: FRATESSI, CARLOS c/ ORGANIZACION DE PROTECCION INDUSTRIAL Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-30

Existe solidaridad en los términos del art. 30 de la LCT entre una empresa que prestaba servicios de vigilancia para SEGBA y ésta última, toda vez que en determinadas áreas de dicha empresa, la vigilancia es imprescindible para el cumplimiento adecuado de su actividad normal y específica.
Gobierno de facto, leyes
Materia: PENAL
Carátula: BROGLIO, Angel Osvaldo y otro s/ Infracción art. 26, ley 22421 MANRIQUE, Jorge y otro s/ Robo calificado reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31|1989-06-30

Al no haber sido ratificada por el Congreso Nacional la ley de facto 22421, y al haber sido dictada en contra de expresas normas constitucionales (arts. 1, 5, 22, 31, 67 inc. 11 y 28, y concordantes de la Constitución Nacional) corresponde declarar su inconstitucionalidad (arts. 31 de la Constitución Nacional y 44 de la Constitución Provincial).-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: Molero, Angel Alberto s/ Tentativa de robo y lesiones lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

Es insuficiente la denuncia de transgresión del inc. 5º del art. 259 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- en tanto cuestiona parcialmente la construcción indiciaria que el tribunal efectuó a partir del testimonio de las víctimas.
Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, declaración indagatoria, secuela de juicio, declaración espontánea
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PIMENTEL, ALEJANDRO CESAR s/ Cheque sin fondos, incidente  de prescripción de la acción planteado por la defensa del imputado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-06

1 - La convocatoria a prestar declaración indagatoria comporta la realización de un acto en que se pone de manifiesto los cargos en su contra y se le da oportunidad de manifestarse al respecto (Art. 294, 298 y 299 del CPP), por lo que resulta atinado atribuir a ese acto la calidad de "secuela de juicio" con eficacia interruptiva del curso de la prescripción (Art. 67 del CP) (Del voto del Dr. Hendler).- 2 - La reiteración de la convocatoria a prestar declaración indagatoria, ya sea a pedido del propio imputado a fin de ampliar esos descargos o bien a pedido del Fiscal, no interrumpe la prescripción de la acción penal pues no supone la exteriorización de ningún nuevo cargo sino que reitera la única imputación (Del voto del Dr. Hendler).- 3 - Una nueva convocatoria a prestar declaración indagatoria por los mismos hechos con relación a los cuales ya fue convocado anteriormente el impitado no tiene, como regla general, aptitud suficiente para interrumpir el plazo extintivo de la acción penal, pues es propio de un acto interruptor el que da un impulso efectivo al trámite instructivo desechando alguna idea de inactividad procesal, constituyendo el presupuesto insoslayable de actos procesales posteriores y poner de manifiesto una inequívoca voluntad estatal de impulsar el ordenamiento sustantivo en el caso concreto (Del voto del Dr. Hornos).-