Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-19


Buenos Aires,19 de julio de 2006.

Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

1. La empresa Boyacá Comercial e Inmobiliaria S.A. inició demanda por resarcimiento de daños y perjuicios contra Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

Manifiesta ser propietaria de una estación de servicio con la bandera de YPF situada en Av. Elcano 4000, la que en el año 2000 sufrió una importante merma en su facturación debido a los cortes de calles realizados en la Av. Triunvirato debido a las obras de prolongación de la línea de subterráneos "B". Al alterarse la circulación vehicular, disminuyó el flujo habitual de automotores que transitaba por el frente de la estación de servicio, con el consiguiente perjuicio económico consistente en la pérdida de clientela.

Encuadra su pretensión en el campo de la responsabilidad estatal por actividad lícita.

2. El juez de primera instancia rechazó la demanda entablada, con costas a la actora (ver fs. 226/227).

3. Apelada esta decisión por la actora (fs. 232/238), la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario hizo lugar a la apelación, revocó la sentencia apelada y en consecuencia condenó a la demandada Subterráneos de Buenos Aires S.E. a abonar la suma de $ 68.495,25 en concepto de daños sufridos por la actora, a lo que deben adicionarse los intereses liquidados conforme las pautas expuestas en dicho pronunciamiento.

4. Subterráneos de Buenos Aires interpuso recurso de inconstitucionalidad agraviándose por la supuesta arbitrariedad del pronunciamiento objetado (fs. 254/265).

Fundamenta su planteo en que la Cámara es arbitraria se habría apartado de las constancias de autos y efectuado una interpretación de las leyes de fondo ajenas a su contenido.

Básicamente, sus cuestionamientos pueden desdoblarse en dos:

a)Por un lado, muestra su desacuerdo con la valoración de las pruebas y la aplicación de las normas que realiza la Cámara, que la llevan a concluir que se configuran en el caso los presupuestos de la responsabilidad del Estado por actividad lícita. Contrariamente, el recurrente sostiene que no existe la pretendida relación de causalidad entre la disminución de los ingresos experimentada por la actora durante el año 2000 -daño que no resulta controvertido- y los cortes de calle producto de los trabajos de prolongación de la línea "B" de subte, ni tampoco el requisito del "sacrificio especial".

b)Por el otro, critica la sentencia de Cámara en cuanto la responsabiliza totalmente cuando surge claramente de autos que no era comitente, dueña ni responsable de desvío alguno que pudiera producir un daño a la sociedad actora. Es decir, insiste en los argumentos que esbozó al deducir la excepción de falta de legitimación pasiva, a fs. 78/87 del expediente principal.

El recurso de inconstitucionalidad fue rechazado por la Cámara, quien sostuvo que no se hallaba configurado un verdadero caso constitucional tal como lo exige el art. 27 de la LPT (fs. 266).

5. La demandada interpuso el pertinente recurso de queja ante este Tribunal (fs. 272/286).

6. El Fiscal General Adjunto entendió, en su dictamen, que la queja debe ser desestimada (fs. 295/298).

Fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:

1. El recurso de queja ha sido interpuesto en tiempo y forma debida (art. 33 LPTSJ), sin embargo debe ser rechazado.

2. En primer lugar, cabe destacar que es un requisito mínimo para la concesión de la queja, que contenga, básicamente, una crítica concreta y razonada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad; recaudo que el escrito en examen no reúne ya que la actora no logra rebatir el fundamento central por el cual la Cámara denegó su recurso, es decir la ausencia de un caso constitucional (cf. el Tribunal in re "Guglielmone, María Dolores s/ art. 74 CC s/ recurso de queja", expte. nº 291/00, resolución del 22/03/2000; "Góngora Martínez, Omar Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Góngora Martínez, Omar Jorge c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art. 14, CCABA)", expte. nº 3264/04 y sus citas, resolución del 23/2/05).

3. Asimismo, los argumentos vertidos en ambos recursos expresan una mera discrepancia con la interpretación razonable y fundada efectuada por la Cámara sobre la situación fáctica del caso, las pruebas obrantes en autos y la aplicación de normas infraconstitucionales -específicamente, las normas procesales referidas a la valoración de las pruebas, y las normas civiles que regulan la relación de causalidad en cuanto requisito de la responsabilidad civil-.

En sus recursos, la demandada no logra conectar el agravio concreto que -afirma- le provoca la sentencia de Cámara, con un motivo de impugnación de carácter constitucional, esto es, con la aplicación de una norma que lesione una garantía constitucional referida directamente al caso (cf. este Tribunal in re "Góngora Martínez, Omar Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Góngora Martínez, Omar Jorge c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo [art. 14, CCABA])", expte. nº 3264/04, resolución del 23/02/05). Es decir, que no se ha logrado exponer fundadamente un caso constitucional, conforme lo establece el art. 27 de la ley n° 402, más allá de efectuar una alusión genérica a la violación de los arts. 14, 17, 18, 19 y 123 de la Constitución Nacional, y 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

En efecto, en el recurso de inconstitucionalidad sólo se invoca, de forma genérica, la violación de dichas normas en la que habría incurrido la Cámara al dictar un fallo arbitrario en cuanto a la valoración de los hechos y pruebas, y la aplicación del derecho, pero sin exponer -en un argumento formalmente adecuado- un caso constitucional.

Cabe recordar que la referencia ritual a derechos o principios constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad (cf. el Tribunal in re "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. n° 131/99, sentencia del 23/2/2000).

4. La insuficiencia señalada no puede ser sorteada por medio de la invocación de arbitrariedad en la sentencia apelada, ya que en el caso se trata de una apreciación puramente genérica de la recurrente, donde el supuesto agravio de carácter constitucional es mencionado sin fundamentación suficiente.

Que la parte recurrente discrepe con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que la sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria (cf. Constitución y Justicia [Fallos TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, t. I, ps. 282 y ss., en: "Federación Argentina de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción de inconstitucionalidad", expte. n° 49/99, resolución del 25/8/99 y sus citas), pues "si el fallo apelado, dictado por los jueces de la causa, es fundado y serio, aun cuando pueda discutirse con base legal la doctrina que consagra o sus consecuencias prácticas, no resulta aplicable la jurisprudencia excepcional establecida en materia de arbitrariedad" (Fallos 237:69).

El juez Julio B. J. Maier dijo:

Comparto la solución que propicia la Sra. jueza de trámite, más aún cuando, como lo he señalado múltiplemente, yo sostengo una posición particularmente estricta respecto de la arbitrariedad como motivo de procedencia del recurso intentado (cf. mis votos en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Farías, María Antonia c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]'", expte. n° 3565/04, resolución del 26/05/05 y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Lococo, Marcela c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]'", expte. nº 3792/05, resolución del 29 de junio de 2005).

Sin embargo, más allá del grado de estrictez personal en cuanto a esta doctrina, remarco que la recurrente, en su crítica de la sentencia, no ha demostrado un déficit de fundamentación que permita descalificar el pronunciamiento cuestionado como acto jurisdiccional válido.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1.El recurso de queja ha sido interpuesto en tiempo y forma.

2. La queja no critica el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad. La ausencia de este requisito vuelve inadmisible el recurso directo cuyo fin primordial es, precisamente, poner en crisis el juicio de admisibilidad negativo respecto del recurso de inconstitucionalidad efectuado por el tribunal de la causa.

3. Por las razones señaladas en el apartado anterior, la queja es inadmisible, y ello impide ingresar en el recurso de inconstitucionalidad. En otros términos, en estas condiciones el Tribunal resulta incompetente para efectuar cualquier otra consideración sobre la actuación de las instancias anteriores (cfr. art. 113, inc. 3. CCBA).

Asi lo voto.

Los jueces José Osvaldo Casás y Luis Francisco Lozano dijeron:

1. El recurso de queja de fs. 272/286 y el recurso de inconstitucionalidad que aquella trajo a conocimiento y decisión del Tribunal, deben prosperar, como pasamos a exponer.

2. La decisión cuestionada es una sentencia definitiva y ha sido dictada por el tribunal superior de la causa. El recurso se sostiene en la crítica que efectúa de la sentencia por ser autocontradictoria y por haber omitido considerar cuestiones significativas para la correcta solución de la causa, planteadas oportunamente por la parte demandada.

En consecuencia, la afectación que la defectuosa fundamentación de la sentencia produce en el derecho de defensa de la accionada (art. 18, CN), habilita la intervención del Tribunal por medio del recurso de inconstitucionalidad para indicar la incorrecta aplicación de las disposiciones constitucionales que estructuran el juicio justo en la Ciudad de Buenos Aires.

3. Tratándose de un auto denegatorio que se limita a decir que "[...] la invocación de arbitrariedad de la sentencia debe ser desestimada por múltiples razones, a saber: a) Que no se advierte ni se puede concluir que la sentencia en cuestión carezca de la debida fundamentación en los hechos concurrentes o en el derecho aplicable, o que con ella quienes la suscriben se arroguen el papel de legisladores; b) Que tampoco puede reputarse que en ella se incurra en autocontradicción alguna o se omita considerar cuestiones significativas para la correcta solución de la causa" (fs. 699, autos principales), y habida cuenta que los agravios tienen sustento en la doctrina de la arbitrariedad -donde la admisibilidad del recurso depende estrictamente de la demostración de que los argumentos de hecho, prueba y derecho común y local a los que apela la sentencia impugnada son apenas una apariencia de fundamento-, la reproducción de los agravios vertidos en el recurso de inconstitucionalidad constituyen, a un mismo tiempo, tanto una crítica del auto denegatorio como de la sentencia, circunstancia que no varía sustancialmente porque la formulación con que han sido vertidos sólo se encamine expresamente hacia el fallo.

4. Para corroborar el defecto que presenta la sentencia recurrida, resulta necesario, en primer lugar, poner de resalto ciertas circunstancias comprobadas de la causa:

a) La parte actora promovió una demanda por resarcimiento de daños y perjuicios contra Subterráneos de Buenos Aires (S.E.). Argumentó que la demandada inició en la zona del barrio de Chacarita las obras de prolongación de la línea "B" de subterráneos, "realizando cortes de calle y alterando el normal tránsito vehicular en el barrio" (la cursiva es añadida, fs. 1, autos principales);

b) La actora manifestó que "a causa de esas alteraciones de circulación, durante todo el año 2000, el habitual flujo de vehículos que transitaba frente de (su) estación de servicio, dejó de hacerlo, con el consiguiente perjuicio económico consistente en la pérdida de clientela" (fs. 2 vuelta);

Debe subrayarse que la actora explicó con claridad -y ello ha quedado acreditado en el juicio- que la calle donde se encuentra ubicada su estación de servicio (Av. Elcano) nunca fue cortada al tránsito. Sin embargo -afirmó la accionante-, los cortes dispuestos en las adyacencias alteraron el flujo del tránsito obligando a los vehículos a tomar vías alternativas que, en definitiva, en algunos casos, los alejaban de la calle donde se encuentra emplazada su explotación comercial (cf. peritaje de fs.

434/480).

c) La demandada, Subterráneos de Buenos Aires (S.E.), sostuvo a lo largo del juicio, entre otras defensas, que ella no es responsable por los cortes de calle que la actora identifica como causa eficiente de los daños que alega haber experimentado. Admite ser la encargada de la dirección de la obra de ampliación de la línea "B" y detentar funciones de supervisión, inspección y control de los trabajos (según los términos del artículo 8.14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la obra), pero se encarga de aclarar que no es la comitente, no llevó adelante la licitación del contrato, no ejecutó la obra y no se hizo cargo de los pagos a la contratista (v. excepción previa de falta de legitimación pasiva interpuesta a fs. 78/87, pedido de citación de terceros efectuado al contestar la demanda a fs. 153/167, recurso de inconstitucionalidad, en especial a fs. 676, 679 y 683 de los autos principales);

En este sentido, ahora la quejosa afirma que "[...] la sentencia confunde comitente: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con dirección de obra: Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, personas jurídicas diferentes si se tienen presente las prescripciones de las leyes n° 20.705 y n° 22.070 que no han sido materia de objeción institucional en autos y, por lo tanto, su aplicación es conteste por las partes" (fs. 280 de la queja y fs. 676 del recurso de inconstitucionalidad obrante en los autos principales).

A continuación, para respaldar la invocación de la doctrina de arbitrariedad de sentencia, la demandada destaca que "(l)a pericia dice claramente que los cortes de calle fueron programados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se autoriza el corte por tres meses de la Av. Triunvirato en forma total y fija dos caminos alternativos" (fs. 282 de la queja y fs. 679 del recurso de inconstitucionalidad obrante en los autos principales - la negrita y el subrayado obran en el original).

Para concluir, se expresa que "(p)or lo expuesto, existe una clara discordancia entre los hechos seleccionados por el Tribunal, con relación a responsabilizar a mi mandante con un 100% de atribución cuando surge claramente de autos que no era comitente, dueña ni responsable de desvío alguno que pudiera producir un daño a la sociedad actora" (fs. 285 de la queja y fs. 683 del recurso de inconstitucionalidad obrante en los autos principales).

d) De la prueba colectada en autos que no se encuentra discutida se desprende que el decreto n° 1708/GCBA/98 llamó a licitación y concurso de precios para la extensión de la línea B de subterráneos (arts. 1 y 3) -obra que habría ocasionado los daños que la actora reclama-; delegó a la Secretaría de Producción y Servicios del GCBA las facultades para emitir aclaraciones y modificaciones en la licitación, así como también aquella para adjudicar la obra y suscribir los contratos pertinentes (art. 6).

Por otro lado, dicho decreto, en su artículo 3°, dispuso que los pliegos de la licitación sean adquiridos y consultados en la sede de SBASE -única vinculación de esta sociedad con la licitación de la obra-.

Por su parte, la resolución n° 318/99 del Secretario de Obras y Servicios Públicos y Trasporte y Tránsito del GCBA dispuso que "[l]a Empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E., conforme lo previsto en el artículo 8.14 del Pliego de Condiciones Particulares de la obra que nos ocupa, asumirá la responsabilidad de la supervisión técnica de los trabajos, así como el seguimiento, inspección y control en la ejecución del Plan de Trabajo definitivo, en cuyo caso actuará como representante del Comitente en todo lo relativo a la Dirección de Obra" (art. 1).

5. A partir de las consideraciones precedentes es posible afirmar que la recurrente ha planteado y mantenido en forma oportuna el agravio que ahora trae ante este Tribunal.

Como se adelantara en el punto 4 precedente, a fs. 78/87 del expediente principal, SBASE opuso la falta de legitimación pasiva y sostuvo "[...] que si bien [...] es titular de la red de los subterránea [sic] de la ciudad y administra el fondo para su remodelación y ampliación, lo cierto es que la obra por la cual se queja la actora no fue realizada, programada ni pagada por SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO".

A fs. 93/94 del expediente principal la jueza de primera instancia rechazó la excepción interpuesta.

A fs. 95 SBASE apeló la denegatoria y a fs. 98/109 fundó su recurso.

La Cámara rechazó la apelación y confirmó la resolución impugnada (fs. 136/139 del expediente principal).

Pudo, quizás, el recurrente intentar en aquel momento el recurso de inconstitucionalidad sosteniendo que esa resolución de Cámara era equiparable a definitiva. Sin embargo, dicho intento de equiparación no es una carga sino una oportunidad más que se le otorga a los justiciables en los casos en que se pueda afectar un derecho de imposible o tardía reparación ulterior. Pueden razonablemente optar entre interponer el recurso contra la resolución que lo vulnera -a pesar de que no se trate de la definitiva- o esperar a que el órgano competente dicte la sentencia definitiva si es que la cuestión decidida en una interlocutoria proyecta sus efectos en la definitiva. Esto no dispensa a quien pretenda transitar la vía extraordinaria de la carga de obtener la sentencia del superior tribunal de la causa mediante los recursos que sean pertinentes. En nuestro caso, el recurrente cumplimentó dicho requisito en el momento en que la apelación de la excepción previa fue rechazada por la Cámara (fs.

136/139 del expediente principal) y obtuvo la sentencia definitiva cuando el mismo tribunal resolvió el fondo de la cuestión (fs. 658/664). Por ello, no era conducente que SBASE mantuviera sus agravios al momento de contestar el traslado de la apelación de la actora contra la sentencia final de primera instancia. Para ese entonces, el rechazo de su planteo era cuestión precluída desde la perspectiva de la Cámara, y su replanteo no habría sido sino el inconducente fruto de la pertinacia.

La señora jueza de primera instancia en su sentencia, al resolver la excepción previa deducida, sostuvo la legitimación pasiva de SBASE, dado que "[...] la propia demandada ha reconocido que es titular de la línea subterránea, que administra los fondos para su remodelación y ampliación y que administra y es propietaria de su patrimonio. Sin perjuicio de ello manifiesta que no es quien ordenó la obra, atento fue el GCBA, y que tampoco es el que la llevó efectivamente a cabo. // Cabe señalar aquí que, además, si bien no ordenó la realización de la obra, la unen a la causa cuestiones vinculadas con su deber de fiscalización, esto es supervisión técnica así como el seguimiento, inspección y control de los trabajos. // Por otra parte, como titular del patrimonio de la totalidad de las Líneas de Subterráneos, la obra, evidentemente redundará en su beneficio y una vez construida, formará parte de su patrimonio" (fs. 93 vuelta del expediente principal).

A su turno, la Cámara (al confirmar la sentencia de primera instancia), expresó en el punto 11 de su decisión que "se colige la demandabilidad de SBASE en autos, toda vez que el plexo normativo de la obra por cuyos supuestos daños se reclama, prevé su actividad bajo la personalidad jurídica estatal, en ejercicio de atribuciones nítidamente públicas como son la dirección, supervisión, seguimiento, inspección y control, funciones que nada tienen que ver con la actividad comercial o empresaria otrora desempeñada por SBASE antes de la concesión del servicio.// En virtud de ello, y sin perjuicio del examen de imputabilidad y causalidad que corresponde a la sentencia de mérito, cabe concluir que la actividad que se le adjudica a SBASE resulta propia de una autoridad administrativa de la Ciudad, y en tal carácter es susceptible de ser invocada como origen de supuestos daños y perjuicios por actividad lícita, por lo que corresponde confirmar el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva articulada" (fs. 139, autos principales - el destacado obra en el original).

6. Desde esta perspectiva, la Cámara, al momento de expedirse sobre el fondo de la cuestión debatida y revocar la sentencia de la jueza de primera instancia, enumeró en su considerando octavo los presupuestos que, en su concepto, deben acreditarse para que prospere una demanda judicial que persigue la indemnización de daños y perjuicios sufridos como consecuencia del accionar lícito del Estado.

Concretamente, el tribunal a quo, expresó con cita de la sentencia de la CSJN recaída en la causa "Columbia S.A. de Ahorro y Préstamo para la vivienda v. Banco Central de la República Argentina" (Fallos: 315:1026), que: "'la responsabilidad estatal por su actividad lícita exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es, la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio y, obviamente, la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la demandada' (...)./ Luego, agregó (la CSJN), en atención a la particular relación que en el caso vinculaba a las partes, 'la necesaria verificación de la existencia de un sacrificio especial en el afectado, como así también la ausencia del deber jurídico a su cargo de soportar el daño'" (fs. 659 vuelta, autos principales).

Si se siguen entonces las premisas enumeradas por la Cámara para identificar los presupuestos necesarios para que prospere la demanda, la parte actora debió acreditar: a) un daño cierto; b) una relación de causalidad adecuada entre el daño y la actuación de Estado; c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la parte demandada; d) el sacrificio especial; y e) la ausencia del deber jurídico de soportar ese daño.

7. El daño en concepto de la Cámara se encuentra acreditado, ya que los peritajes indican que la actora sufrió una sensible merma en sus ingresos durante el período en el que el tránsito vehicular se desvió (punto 8, fs. 659 vta., autos principales). También se comprobó, siempre según la Cámara, que ese desvío de vehículos tenía como causa eficiente o adecuada las obras de ampliación de la línea "B" de subterráneos realizadas por la demandada (puntos 8 y 9, fs. 659 vuelta/661 vuelta, autos principales). Además, la Cámara explicó que la actora había padecido "un perjuicio especial con relación al resto de la sociedad que se beneficiará con la obra llevada a cabo" y, en estas condiciones, "merece ser resarcido" (punto 10, fs. 662, autos principales).

8. Ahora bien, de la lectura de la sentencia se observa que en el decisorio no se encuentra una fundamentación que justifique por qué motivos se responsabiliza a SBASE (como se dijo, a cargo de la dirección, supervisión, seguimiento, inspección y control de la obra, según lo destaca la propia Cámara en el punto 11 de la sentencia de fs. 136/139 que confirmó el rechazo de la excepción previa deducida) por los perjuicios que se tienen por acreditados en el expediente.

De la prueba colectada en autos (no controvertida en este punto) se concluye que los cortes de calle motivados por la obra eran siempre solicitados por la empresa constructora (UTE conformada por las firmas Techint, Dyckerhoff y Widmann AG) y siempre autorizados por la Dirección General de Vialidad o la Dirección General de Tránsito y Transporte del GCBA (cf. disposiciones de la DGV n° 439/99, obrante a fs. 339/340, n° 461/99, obrante a fs. 343/344, n° 539/99 (prórroga de la disposición n° 461/99), obrante a fs. 347, n° 589/99, obrante a fs. 350/352, y disposiciones de la DGTyT n° 383/00, obrante a fs 361 y n° 588/00, obrante a fs. 362/363).

Estas afirmaciones se ven corroboradas en el peritaje obrante a fs. 434/480. Puntualmente, a fs. 437, el perito ingeniero describe los pasos que se seguían para interrumpir el tránsito de las calles afectadas a la obra en los siguientes términos: "Que el procedimiento seguido para la autorización, tanto para la ocupación parcial de la Av. Triunvirato y trabajos en la vía pública, como para su cierre total y determinación del recorrido de los desvíos fue el siguiente: La Empresa Constructora (Contratista) presenta por Orden de Pedido a la Dirección de Obra la necesidad de la ocupación de la calzada y de los desvíos, y los correspondientes detalles. La Dirección de Obra, da el visado y devuelve a la Contratista para su presentación al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). El GCBA emite una Disposición que aprueba la ocupación y desvío, a través de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito". Así, ninguna intervención relevante tuvo al respecto la parte demandada en este juicio (SBASE).

El plexo jurídico aplicable al caso muestra que, más allá de quién sea luego el titular de la obra y quién va a poder lucrar con ella, la decisión de su realización, el procedimiento de selección del contratista, las directivas para la correcta ejecución del contrato (en cuyo curso se implementó el corte de calles) y su pago estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad. SBASE sólo tuvo a su cargo la dirección de la obra, además de lo dispuesto por el art. 3 del decreto nº 1708/98 (consulta de los pliegos en su sede).

De tal manera, la actora no ha demostrado, ni la sentencia explicado, que en el ejercicio de su rol de director de obra SBASE haya incidido de alguna manera en las decisiones que efectivamente condujeron al corte de calles.

A tal punto la cuestión debatida escapaba a las atribuciones de SBASE que, ante la presentación que la actora efectuara en su sede antes de iniciar el juicio, la sociedad estatal remitió las actuaciones al Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos del GCBA "al aguardo de instrucciones sobre el particular" (sic - fs. 60, expte. adm n° 62.027/2000). Luego del dictamen desfavorable a la pretensión de la empresa Boyacá S.A. emitido por la Procuración General de la Ciudad, ellas se devolvieron a SBASE y ésta se limitó a "notificar por escrito al interesado del contenido de dicha resolución y de que su presentación ha sido rechazada" (fs. 74, expte. adm. citado).

El GCBA y SBASE son personas jurídicas distintas que además tuvieron roles distintos en la obra de ampliación de la línea "B" de subterráneos. SBASE fue el director de la obra. El GCBA fue la autoridad que dispuso los cortes de calle a pedido de la empresa constructora.

En virtud de lo expuesto, no es posible imputar jurídicamente a la parte demandada en este juicio (SBASE) los perjuicios alegados por la parte actora. No se desconoce que, en general, se ha reconocido con carácter subsidiario y a título de garantía la responsabilidad del Estado por los actos de sus entidades descentralizadas aún cuando se trata de personas jurídicas diferentes. Pero el caso que aquí se plantea es diverso: sin demostrarse un incumplimiento de las obligaciones o cometidos asumidos por la parte demandada (SBASE) con motivo de la obra de ampliación del subterráneo, se pretende responsabilizar a esa sociedad del Estado por las consecuencias supuestamente perjudiciales de una disposición lícita emitida en un tema ajeno a su esfera de actuación por alguien que, formalmente, no es parte demandada en el juicio (el GCBA). Si se deseara posar la mirada en el art. 1.113 del Código Civil, en conclusión, la sentencia recurrida admitiría, mutatis mutandi, la responsabilidad del dependiente por el hecho del principal.

9. Aún si se dejara de lado el impedimento señalado y se considerara que los cortes de calle dispuestos por el GCBA pueden de alguna manera imputarse a SBASE (conclusión que, por lo explicado en este voto, nos parece equivocada), la sentencia presenta defectos insalvables al valorar la entidad de los daños alegados para constatar el factor de atribución identificado como presupuesto esencial para responsabilizar al Estado por ellos.

En efecto, más allá de lo complejo que resultaría demostrar en nuestro sistema jurídico que, por regla, un empresario posee derecho a un nivel determinado de ventas, baste decir, por ejemplo, que la obra de ampliación del subterráneo, a no dudarlo, además de contribuir positivamente a la comunidad en su conjunto, también beneficiará a la propia demandante de distintas maneras: valorización del m2 de su terreno, revitalización de la construcción en la zona y expansión radial de edificios de propiedad horizontal sobre las bocas de la traza que atraerá nuevos vecinos y, con ello, nuevos vehículos. Lo que se quiere decir es que la Cámara, al momento de constatar la existencia de perjuicios susceptibles de ser indemnizados, debió tener en cuenta no sólo las externalidades negativas transitorias acreditadas, sino también las futuras externalidades positivas permanentes que razonablemente la actora experimentará con la obra pública realizada.

Recuérdese, por último, la estrictez con que deben apreciarse, en principio, los reclamos con origen en perjuicios ocasionados en forma directa por la actividad lícita del Estado, tal como lo reconoce el propio tribunal a quo en el punto 11 de la sentencia recurrida.

Lo expuesto se refuerza frente a una tendencia generalizada de los agentes económicos a la hora de socializar pérdidas o beneficios eventuales que no se concretan, poniéndolos a cargo del Estado, cuidando al mismo tiempo, con el mayor celo, de garantizar la preservación del aprovechamiento singular de las utilidades que, a menudo, obedecen también a factores externos a la actividad empresaria que se despliega.

Por las consideraciones antecedentes, votamos por: 1) admitir el recurso de queja deducido por SBASE; 2) declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad; 3) dejar sin efecto la sentencia recurrida; y 4) rechazar la acción de daños y perjuicios intentada por la parte actora, con costas a la vencida.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja interpuesto por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

2. Mandar que se registre, se notifique y se devuelva el principal con la queja.