Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2011-05-26


ACUERDO En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 26 días del mes de mayo de 2011, se reúnen en Acuerdo ordinario los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Jueces Javier Darío Muchnik y Carlos Gonzalo Sagastume, para dictar pronunciamiento en el recurso interpuesto en los autos caratulados "LUGO, José de la Cruz s/ Apelación de sanción", expte. nº 1424/10 STJ-SR. Se deja constancia de que la Jueza María del Carmen Battaini no interviene en el presente Acuerdo por encontrarse en uso de licencia académica.

ANTECEDENTES 1.- Con fecha 30 de junio de 2010, el Titular del Juzgado Correccional del Distrito Judicial Norte, a cargo de la ejecución penal -conf. art. 453, segundo párrafo, del C.P.P.-, confirmó la resolución obrante a fs.17/18, por la que el Subdirector a cargo de la Dirección de la Unidad Carcelaria nº 1 de Río Grande impuso al interno José de la Cruz Lugo, la sanción de "permanencia en su alojamiento individual o en celda cuyas condiciones no agraven ilegítimamente su detención", por el término de quince (15) días ininterrumpidos de duración (decisión de fs. 29/30).

Ello, en virtud de que, en circunstancias de presentar el interno un escrito de habeas corpus, el relato de las supuestas conductas lesivas hacia su persona por parte de personal penitenciario, contenía términos inadecuados por insultantes.

2.- A fs. 43/46, la defensa pública dedujo recurso de casación.

Sustancialmente, tacha la decisión de arbitraria al considerar que el a quo incurrió en una errónea aplicación de la ley sustantiva.

A fs. 47 y vta., el magistrado concedió el recurso interpuesto. 3.- Radicadas las actuaciones ante esta instancia, se corrió vista al Titular del Ministerio Público Fiscal. A fs. 56/57, el Dr. Oscar L. Fappiano solicitó se rechace al recurso en trato en todas sus partes.

Llamados los Autos al Acuerdo (fs. 58), la causa se encuentra en estado de ser resuelta, de conformidad al sorteo efectuado a fs. 60.

VOTO DEL JUEZ JAVIER DARÍO MUCHNIK:

1. A fs. 29/30, el Juez de Ejecución confirmó la resolución obrante a fs. 17/18 por la que se impuso a José de la Cruz Lugo, la sanción de 15 días ininterrumpidos de "permanencia en su alojamiento individual o en celda cuyas condiciones no agraven ilegítimamente su detención".

Esta sanción responde a los siguientes hechos: con fecha 13 de abril de 2010, el interno presentó un habeas corpus ante el juez de instrucción. En el relato de las supuestas conductas lesivas hacia su persona por parte del personal penitenciario, se refirió al Adjutor Principal Ariel Normando Ciares, con términos inadecuados por insultantes (ver nota manuscrita copiada a fs. 3).

En lo que interesa a nuestro caso, según se describe en la resolución de fs. 17/18, Lugo expresó: "...EN CUANTO LO MANIFESTADO A CIARES... SE CONVIERTE EN UN PERSONAJE DE ENGENDRO DIABOLICO REPULSIVO... UN MISERABLE Y ORDINARIO BOLIVIANO SATRAPA, QUIEN AQUÍ SOBRE NUESTRO BENDITO SUELO SUREÑO CONOCIO COMIDA Y HOGAR Y EL QUE NUNCA PUDO SER NADA NADA EN SU VIDA, YA QUE EN SU PAIS DE ORIGEN VIVIA A HOJAS DE COCA Y A PURO MATE. UN REPULSIVO PENITENCIARIO INESCRUPULOSO TORPE BRUTO Y CRUEL QUE HA CONBERTIDO SU PODERIO EN UN NICHO DE CORRUPCION..." (la trascripción es textual, ver fs. 17).

La infracción fue encuadra en el inciso 'e' del art. 85 de la ley 24.660: "El incumplimiento de las normas de conducta a que alude el artículo 79, constituye infracción disciplinaria. / Las infracciones disciplinarias se clasifican en leves, medias y graves. / Los reglamentos especificarán las leves y las medias. / Son faltas graves: ...e) Retener, agredir, coaccionar o amenazar a funcionarios u otras personas". El inciso 'e' del art. 18 del decreto nacional n° 18/97 presenta una redacción similar.

Concretamente, la resolución refiere a "agredir con improperios mediante nota manuscrita al personal penitenciario en forma reiterada" (ver punto 1° de la parte dispositiva de la resolución de fs. 17/18).

En cuanto a la especie y gravedad de la sanción, la autoridad administrativa citó el inciso 'e' del art. 87 de la ley: "Sólo se podrá aplicar como sanción, de acuerdo a la importancia de la infracción cometida y a la individualización del caso, alguna de las siguientes correcciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 89: ...e) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta quince (15) días ininterrumpidos";

Similar texto presenta el art. 19 del decreto, en función de la norma siguiente: "Las infracciones disciplinarias, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 21, serán sancionadas conforme lo establecido en el artículo 19 de la siguiente forma: .c) Infracciones Graves: con las previstas en los incisos e); f); g) y h)".

2.- El Sr. Defensor Público, Dr. Aníbal Gerardo Acosta, interpuso recurso de casación a fs. 43/46, en representación de José de la Cruz Lugo.

En primer lugar, reseña los aspectos formales del remedio procesal intentado y los antecedentes del caso (fs. 43/44vta.).

Seguidamente, tacha la decisión de arbitraria, al considerar que al confirmar la decisión sancionatoria, el magistrado incurrió en una errónea aplicación de la ley.

En primer lugar, critica que el a quo no ponderó el objetivo buscado por el régimen penitenciario; ni evaluó el fin perseguido con la sanción impuesta, lo que convierte su decisión en irrazonable, injusta y contraria a derecho. Asimismo, señala que la errónea tipificación del hecho, que llevó a la desproporción entre la falta cometida y la sanción impuesta, imposibilitó la defensa material del interno. Invoca, también, la aplicación de la interpretación normativa más favorable al interno; y destaca que la conducta endilgada a Lugo no causó daño alguno a la seguridad y organización de su lugar de detención (fs. 44/45).

En síntesis, entiende que el magistrado otorgó a las manifestaciones de Lugo una amplitud que no se compadece con el sistema taxativo propio del tipo sancionatorio que se invoca y aplica (fs. 45).

A tenor de lo antedicho, destaca que la "agresión" citada en el inciso 'e' del art. 85 de la ley 24.660 no se compadece con los improperios vertidos en el escrito de habeas corpus que presentara Lugo (ver la trascripción efectuada en el consid. 1°). Estima que más allá de la conducta verbal reprochable al interno, sus palabras no pueden tener el alcance que en sede administrativa y judicial se le atribuyó. Señala, además, que el contenido insultante se encontraba en una nota dirigida al juez de instrucción actuante, no eran dirigidas hacia el personal carcelario. De tal suerte que tacha de "instrumentación oficiosa" el procedimiento administrativo seguido, constituyendo una censura (art. 67 de la ley 24.660) frente al importante remedio intentado por el recluso: habeas corpus (fs. 45).

Acentúa, una vez más, que las manifestaciones negativas del encartado carecen de entidad suficiente para vulnerar la voluntad, el ánimo y/o la psiquis del personal penitenciario, indicando que, en varias oportunidades, su asistido se disculpó por su accionar (ver nota de fs. 25).

Por último, hace reserva de acudir a la instancia federal y formula su petitorio (fs. 46).

3. Así expuestos, la columna argumental central expresada por el recurrente transita por el carril casatorio previsto por el inciso 1º del art. 424 del C.P.P.

En concreto, refiere a la errónea aplicación de la ley sustantiva, en el caso, el inciso 'e' del art. 85 de la Ley 24660, toda vez que las manifestaciones escritas atribuidas a Lugo no configuran la "agresión" prevista por esa norma.

Como recordé en los autos "Sánchez, Miguel Ángel y Percello, Héctor Guillermo s/ Homicidio reiterado doblemente agravado" -expte. nº 1239/09 SR, resolución del 22.04.2010 registrada en el Libro XVII, folios 393/406-, este motivo casatorio se circunscribe a determinar si "el Tribunal ha subsumido incorrectamente bajo una determinada ley penal un hecho correctamente determinado" (ENRIQUE BACIGALUPO, "La impugnación de los hechos probados en la casación penal y otros estudios", Ad Hoc, 1994, pág. 75).

En estos supuestos, no ha de tenerse en cuenta el aspecto fáctico o probatorio del proceso porque el recurrente considera que los hechos fueron correctamente plasmados en el proceso y el material probatorio fue bien estimado en su práctica (valoración) , la impugnación debe recaer sobre la proposición jurídica completa, ya que se considera que ésta no fue aplicada, se aplicó en forma indebida o se interpretó erróneamente (conf. JORGE ENRIQUE TORRES ROMERO, "Recurso de casación en materia penal", Temis, Bogotá, 1979, pág. 75); citando este autor un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el que se expresó: "...En todas las hipótesis de violación directa de la ley, el recurrente que alega esta infracción en casación acepta los hechos en la forma plasmada en el fallo; discute o controvierte el aspecto en sus consecuencias jurídicas, vale decir, critica únicamente la selección de la norma hecha por el fallador o el contenido que éste le atribuyó en la sentencia...".

Tal como se dijo en los autos "Díaz, Martín Gastón y Ledesma, Héctor Fabián s/ Robo con arma en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad" expte. nº 635/03 SR del 23.10.2003, Libro IX, fº 362/374 y "Traci, Elena s/ Robo calificado" expte. nº 683/03 SR del 31.03.2004, Libro X, fº 204/212 , en los casos como el presente, la violación directa a la ley aplicada surge como consecuencia inmediata de la interpretación de las normas, sin referencia alguna al problema probatorio, pues se trata de que el sentenciante aplicó un nomen iuris equivocado a los hechos probados (error de subsunción, en la doctrina alemana). La plataforma fáctica llega al tribunal de casación definitivamente establecida para que se juzgue la corrección jurídica con que han sido calificados los hechos. En virtud de ello, la realidad fáctica contenida en el proceso no permite controversia alguna, porque se alega que el sentenciante yerra en la aplicación del derecho al hecho que se ha demostrado en forma plena e incontrovertida.

Se trata, en síntesis, de la función más íntimamente ligada con la casación, esto es, asegurar y mantener la uniformidad de la interpretación de las normas jurídicas con total prescindencia del juicio de mérito efectuado por el tribunal de grado (conf. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, "Un Tribunal Nacional de Casación para la República Argentina", publicado en L.L. 2001 D, pág. 1230).

4. Establecido el marco de estudio del caso, he de adelantar que en esta oportunidad no comparto el criterio expuesto por el Dr. Oscar L. Fappiano en su dictamen de fs. 56/57. Ello así, toda vez que considero equivocada la subsunción legal efectuada en la resolución de fs. 17/18, confirmada por el juez de ejecución a fs. 29/30.

Se encuentra fuera de discusión que el interno José de la Cruz Lugo volcó en un escrito por el que presentaba un habeas corpus, una serie de expresiones inadecuadas por procaces, vinculadas a la persona de un integrante del Servicio Penitenciario (ver consid. 1°). No existe duda alguna que tales palabras aparecen insultantes, degradantes, injuriosas, vergonzantes e indecorosas. Asiste razón al a quo cuando a fs. 30 sostiene que las disculpas y aclaraciones realizadas con posterioridad por el interno (nota de fs. 25), no desvanecen la realidad descripta.

Sin embargo, entiendo que tal conducta no constituye una "agresión" en los términos previstos en el inciso 'e' del art. 85 de la ley 24.660: "...Son faltas graves: ...e) Retener, agredir, coaccionar o amenazar a funcionarios u otras personas".

Recordemos que las sanciones disciplinarias pueden clasificarse en leves, medias y graves. Las dos primeras, establecidas reglamentariamente (arts. 16 y 17 del decreto 18/97), y las últimas por el art. 85 de la ley 24.660 (similar al art. 18 del decreto).

En autos, se subsumió el hecho en la figura de "agredir a funcionarios y otras personas", que se encuentra previsto en el inciso 'e' juntamente con las de "retener", "coaccionar" y "amenazar" a funcionarios u otras personas. Como se expresó en el consid. 1º, se estableció que la "agresión" se produjo bajo la modalidad de "improperios".

La entidad de estas restantes acciones previstas en el inciso 'e' juntamente con el verbo "agredir" brinda una primera aproximación a la solución que propongo: tanto "retener", como "coaccionar", como "amenazar" a funcionarios u otras personas, constituyen conductas que presentan un grado de injusto muy superior a la conducta endilgada al encartado.

5.- Ello aparece con mayor claridad si reparamos en la totalidad de las conductas que, junto con las analizadas, el art. 85 de la ley 24.660 define como faltas de carácter grave: evadirse o intentarlo, colaborar en la evasión de otros o poseer elementos para ello (inciso 'a'); incitar o participar en movimientos para quebrantar el orden y la disciplina (inciso 'b'); tener dinero u otros valores que lo reemplacen, poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos o medicamentos no autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicas o explosivos, armas o todo instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia o de terceros (inciso 'c'); intentar introducir o sacar elementos de cualquier naturaleza eludiendo los controles reglamentarios (inciso 'd'); retener, agredir, coaccionar o amenazar a funcionarios u otras personas (inciso 'e'); intimidar física, psíquica o sexualmente a otra persona (inciso 'f'); amenazar o desarrollar acciones que sean real o potencialmente aptas para contagiar enfermedades (inciso 'g'); resistir activa y gravemente al cumplimiento de órdenes legalmente impartidas por funcionario competente (inciso 'h'); provocar accidentes de trabajo o de cualquier otra naturaleza (inciso 'i'); y cometer un hecho previsto como delito doloso, sin perjuicio de ser sometido al eventual proceso penal (inciso 'j').

Todas ellas muy distintas a la conducta imputada a Lugo y -lo que es relevante para comprender el verdadero alcance del verbo "agredir" bajo examen- de mucha mayor gravedad para la seguridad y organización de la Unidad, que la acción cometida por el nombrado, la que consistió en escribir una serie de barbaridades en una nota dirigida a un juez.

Se reitera: sin dudas, las expresiones analizadas son descalificables, pero ello no autoriza a encuadrarlas en una figura sancionatoria ajena a las mismas, máxime cuando ello determina una corrección de mayor gravedad. Obsérvese que el art. 16 del decreto 18/97, establece como faltas leves "formular peticiones o reclamaciones incorrectamente" (inciso 'h'); "no guardar la debida compostura y moderación en las acciones o palabras ante otra u otras personas" (inciso 'i'); y "no observar la consideración y el respeto debido a funcionarios y visitantes" (inciso 'n').

Descarto, también, que las manifestaciones hubieran constituido una amenaza, pues de lo actuado surge con claridad que no fue ése el alcance dado a las expresiones examinadas.

6.- El análisis realizado en el considerando que antecede no resulta ajeno al examen propuesto por el recurrente.

Al respecto, se ha dicho que "Interpretar es desentrañar el sentido de una expresión; se interpretan las expresiones para descubrir lo que significan: Interpretar la ley es descubrir el sentido que encierra, desentrañar el contenido que el texto tiene con relación a la realidad, es poner de manifiesto su significado, indagar su verdadero contenido, 'lo que se traduce desde un punto de vista interno, en la norma misma, en la determinación de lo que quiere decir, traducción explícita, aclaración de la fórmula legal; desde un punto de vista externo, en cuanto la norma como regla de conducta se establece para una práctica aplicación, a determinar su alcance, su delimitación genérica'" (ENRIQUE VESCOVI, "Código General del Proceso", Ed. Abaco, Montevideo, Uruguay, pág. 273). Por ello, "Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente; en esta indagación no cabe prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas, cuando la interpretación razonable y sistemática así lo requiere" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Ghiano, Juan C. c/ Nación Argentina, Ministerio de Bienestar Social" del 28.04.81, publicado en E.D. 95-553).

Y es razonable que ello sea así, la labor interpretativa debe alcanzar un resultado que concilie a todo el sistema y, dentro de éste, muy especialmente debe tender a resguardar el orden jerárquico de las normas que lo componen. Así, ha podido decirse que "la interpretación de la ley comprende, además de la armonización de sus preceptos, su conexión con las otras normas que integran el ordenamiento jurídico vigente" (C.S., "Montoto, Carlos E. c/ Álvarez, Ricardo y otros" del 23.04.81, E.D. 95-552) y que se ha admitido "aquélla interpretación de la ley que evalúe la totalidad de sus preceptos y los propósitos finales que la informan de manera que armonice con todas las normas del ordenamiento jurídico vigente y del modo que mejor concuerden con los principios y garantías de la Constitución Nacional" (C.S., Fallos 263:63, 309, 460; 267:478; 281:146; 284:9; 296:22)" (citados en el voto del Dr. Hutchinson, in re "Banco de la Provincia de Santa Cruz c/Crespo, Adolfo Bernardo, Weis, Héctor Enrique y Alioto, Carlos Alberto s/ Ejecutivo" -expte nº 139/96 SR del 17.04.97, Libro III, fº 129/139-).

Se ha sostenido que: "...Interpretar no es más que investigar el sentido adecuado de una disposición a fin de su aplicación a un caso de la vida real. La interpretación no va a buscar extra legem, sino intra legem; no se trata con ella de buscar y descubrir una voluntad extraña a la ley misma, para encontrarla, por ejemplo, en sus antecedentes, sino que se trata de servirse de todos esos antecedentes y medios para entender cuál es la voluntad que vive autónoma en la ley. No se investiga, propiamente hablando, la voluntad del legislador, sino la de la ley (...) La interpretación es una operación lógico-jurídico consistente en verificar el sentido que cobra el precepto interpretado, al ser confrontado con todo el ordenamiento jurídico concebido como unidad, y especialmente ante ciertas normas que le son superiores o que sencillamente limitan su alcance, con relación a una hipótesis dada: interpretación sistemática" (SEBASTIÁN SOLER, "Derecho Penal Argentino", tomo 1, TEA, 1994, pág. 170).

7.- De conformidad a lo expuesto, considero que la determinación del alcance del precepto en crisis no debe ser resuelta con la aplicación aislada de un concepto, máxime cuando conduce a soluciones disvaliosas o reñidas con la totalidad del sistema sancionatorio previsto.

En definitiva, entender que las manifestaciones escritas por Lugo constituyen una "agresión" en los términos del inciso 'e' del art. 85 de la ley 24.660, desvirtúa la sistematización del régimen previsto por el ordenamiento jurídico.

En consecuencia, la decisión de encuadrar el caso en el inciso 'e' del art. 85 de la ley 24.660 no se autosustenta, y la justificación ensayada por el a quo carece de fundamento suficiente, abriendo la puerta a su descalificación bajo el prisma de la denominada doctrina de la arbitrariedad, que -en el caso- hace su aparición porque se asigna a la norma aplicada un alcance equivocado.

8.- A fs. 45 del recurso, la defensa expresa que la actuación administrativa constituyó una censura, en los términos previstos en el art. 67 de la ley 24.660: "El interno podrá presentar peticiones y quejas al director del establecimiento y dirigirse sin censura a otra autoridad administrativa superior, al juez de ejecución o al juez competente. / La resolución que se adopte deberá ser fundada, emitida en tiempo razonable y notificada al interno". Ello, en virtud de que las manifestaciones evaluadas fueron expuestas en un escrito de habeas corpus dirigido al juez de instrucción.

Si bien se advierte que la presentación de este agravio resulta deficiente, pues carece del debido desarrollo argumental, también se observa que esta cuestión no fue examinada por el a quo. En este sentido, no debe perderse de vista que la utilización inapropiada del leguaje fue efectuada en el marco de una acción de habeas corpus, para conocimiento y resolución del órgano jurisdiccional y en este contexto no procedería limitar con sanciones el uso de un derecho previsto justamente para evitar circunstancias agraviantes del encierro. Lo contrario podría manifestarse como una suerte de censura previa, al limitar una manera de expresarse que, a todo evento, puede ser la que permita al interno mejor narrar el hecho que denuncia.

Pero en atención a la solución propuesta, ingresar al examen de esta cuestión deviene un ejercicio académico ajeno a la actividad de los tribunales (conf. se dijo en "Galar, Roberto Antonio y otros s/ Defraudación a la administración pública en concurso ideal con falsificación y uso de documento privado" -expte. nº 412/00 SR del 02.02.2001, Libro VII, fº 19/42- y sus citas).

9.- Atento a las consideraciones expuestas, propongo hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 43/46 por la defensa de José de la Cruz Lugo y, en su mérito, casar la decisión de fs. 29/30.

En virtud de ello, corresponde revocar la resolución de fs. 17/18, que impuso al interno José de la Cruz Lugo la sanción de "permanencia en su alojamiento individual o en celda cuyas condiciones no agraven ilegítimamente su detención", por el término de quince (15) días ininterrumpidos de duración.

Sin costas, atento al éxito obtenido por el recurso (conf. art. 492, segundo párrafo, del C.P.P.).

El Juez Carlos Gonzalo Sagastume comparte y hace suya la propuesta formulada por el Juez Muchnik, votando en igual sentido.

Con lo que finalizó el Acuerdo dictándose la siguiente SENTENCIA Ushuaia, 26 de mayo de 2011.

VISTAS: las consideraciones efectuadas en el Acuerdo que antecede EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 43/46 por la defensa de José de la Cruz Lugo y, en su mérito, CASAR de la decisión de fs. 29/30. Sin costas (art. 492, segundo párrafo, del C.P.P.).

2º) REVOCAR la resolución de fs. 17/18, que impuso al interno José de la Cruz Lugo la sanción de "permanencia en su alojamiento individual o en celda cuyas condiciones no agraven ilegítimamente su detención", por el término de quince (15) días ininterrumpidos de duración.

3º) MANDAR se registre, notifique y cumpla.

Fdo.: Javier Darío Muchnik - Carlos Gonzalo Sagastume Secretario: Jorge P. Tenaillon Tº XVII, Fº 340/346