Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-06-06


Salta, 6 de Junio de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "ERAZO SCHMIDT, RODRIGO; AGUILAR, EDUARDO CONTRA CURTIEMBRE ARLEI S.A. POR EJECUCION DE HONORARIOS", del Juzgado de Primera Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades de Segunda Nominación, Expte. Nº EXP - 524993/15 y de esta Sala Quinta, y CONSIDERANDO I) Vienen estos autos en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 438 por el Dr. Ramiro A. García Pecci, apoderado de la parte ejecutada, en contra de la resolución de fs. 404/406.

Concedido dicho recurso a fs. 441, el apelante presenta su memorial de agravios a fs. 442/445. Afirma que resulta arbitrario el razonamiento de la Sra. Jueza referido a que, si bien en el proveído de fs. 97 se consignó el término cancelación, ello obedeció a la presentación de un escrito judicial en el cual se solicitó el pago del capital por honorarios y se efectuó reserva de practicar planilla. Entiende que el decreto de fs. 97 se dictó en mérito de la presentación de los actores formulada a fs. 96 y se dispuso el libramiento de órdenes de pago en concepto de cancelación de los honorarios. Señala que dicha resolución se encuentra firme, consentida, plenamente ejecutoriada a fs. 97 vta. y pasada en autoridad de cosa juzgada. Indica que el Juzgado ordenó el libramiento de órdenes de pago en concepto de cancelación de honorarios, lo que se efectivizó a fs. 97 vta. con el retiro y cobro de los cheques respectivos, con lo cual la Sra. Jueza de la instancia anterior no tenía la posibilidad legal de estimar, suponer o interpretar el sentido del término cancelación utilizado en la providencia de fs. 97, y menos cambiarle los efectos cancelatorios del pago. Sostiene que es errado el considerando que afirma que "de lo contrario se estaría presumiendo una renuncia de los intereses", porque no se trata de una presunción ni de una renuncia sino de la extinción de las obligaciones y derechos accesorios, por el efecto natural de la extinción de la obligación principal.

Como segundo agravio sostiene que al contestar el traslado de la planilla formulada por los actores, su parte introdujo como defensa de fondo la extinción de la obligación accesoria (intereses) como consecuencia de la extinción del crédito principal (honorarios), en los términos de los artículos 857 y 880 del Código Civil y Comercial de la Nación. Expone que la Sra. Jueza ignoró el referido planteo, con estimaciones, suposiciones e interpretaciones totalmente antojadizas, carentes de seriedad y totalmente contrarias a derecho y a los antecedentes de la causa. Considera que no puede obviarse el hecho de que el decreto de fs. 97, se encuentra consentido e íntegramente cumplido por los ejecutantes, quienes aceptaron sin condicionamientos la naturaleza cancelatoria de la obligación principal, con lo cual se encuentra extinguida la obligación principal con todos los efectos legales que ello conlleva.

Entiende que debe detraerse de la planilla base para regular, los intereses calculados con fecha anterior al pago de fs. 97 vta. y que ello debe impactar en la regulación de todos los honorarios.

A fs. 447/450 contestan los ejecutantes, quienes solicitan su rechazo con expresa imposición de costas.

A fs. 459 presenta su dictamen el Sr. Fiscal de Cámara. A fs. 460 se llaman autos para resolver, mediante providencia que se encuentra firme y a fs. 461 pasan a despacho.

II) En la resolución apelada se rechazó la impugnación formulada por la ejecutada a la planilla presentada por los ejecutantes a fs. 368/369, en la que se incluyeron los intereses devengados por el incumplimiento del pago de los honorarios ejecutados en autos, hasta el día en el cual percibieron las órdenes de pago (29/01/16, fs. 97 vta.). En consecuencia, se aprobó dicha planilla en la cantidad de $570.907,74 en concepto de intereses por honorarios al 29/01/16, con costas.

También, mediante la resolución apelada se desestimó la impugnación realizada por la parte ejecutada de la planilla practicada a los fines regulatorios por los ejecutantes a fs. 374/375 y, se la aprobó en la cifra de $3.218.859,29, la cual se utilizó como base regulatoria para tabular -en el auto en crisis- los honorarios de los Dres. Eduardo Aguilar, Rodrigo Erazo Schmidt y Ramiro A. García Pecci (fs. 404/406).

Para así decidir, la Sra. Jueza de Primera Instancia consideró que si bien en el proveído de fs. 97 se dispuso librar las órdenes de pago en concepto de cancelación de honorarios, ello obedeció a lo peticionado a fs. 96, donde se requirió el pago del capital por honorarios y se efectuó reserva del cobro de intereses. Sostuvo que la omisión en el decreto de fs. 97 de referirse a la reserva de intereses no implica su rechazo y, que no puede presumirse tampoco como una renuncia a los mismos. Entendió que dicha circunstancia se vio corroborada por el hecho de que en fecha posterior al retiro de la orden de pago -a fs. 103, punto IV-, se dispuso que hasta que practique planilla conforme lo dispuesto en el punto V de fs. 61/64, se constituya un nuevo plazo fijo con los fondos existentes en autos, lo cual fue consentido por la ejecutada.

Respecto a la base propuesta a los fines regulatorios, teniendo en cuenta lo resuelto sobre los intereses, decidió que debían computarse desde la mora (20/10/14) y, no desde el mes siguiente del pago como lo planteaba la parte ejecutada. Por ello aprobó la planilla referida y sobre la misma reguló los honorarios de los profesionales intervinientes en autos.

III) Haciendo una breve reseña de los hechos, se tiene que a fs. 61/64 se ordenó llevar adelante la ejecución y practicar la pertinente planilla (conf. punto V). A fs. 97 se libraron órdenes de pago a favor de los Dres. Eduardo Aguilar y Rodrigo Erazo Schmidt en concepto de cancelación de honorarios, sin decir nada de la reserva que formularon éstos a fs. 96. Con posterioridad a ello, a fs. 103 punto IV, se dispuso constituir un nuevo plazo fijo por treinta días renovable automáticamente hasta que se formule planilla conforme lo ordenado a fs. 61/64. Formulada la planilla de intereses por los ejecutantes, ésta es impugnada por la parte ejecutada, al igual que la planilla presentada a los fines regulatorios. Como se señalara anteriormente, dichas impugnaciones fueron rechazadas mediante la resolución en crisis, donde además se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes en autos (fs. 404/406).

IV) Liminarmente cabe señalar que habiéndose efectuado en fecha 29/01/16 el retiro de la orden de pago cuyos efectos cancelatorios aquí se discuten, indudablemente resulta aplicable el CCC, vigente a partir del 01/08/15.

Debe encuadrarse la situación de autos en lo dispuesto en sus arts. 857 y 899.

Según el primero, la extinción, nulidad o ineficacia del crédito principal, extinguen los derechos y obligaciones accesorios, excepto disposición legal o convencional en contrario.

Y, en lo atinente al caso, dispone el segundo que se presume que si se extiende recibo por el pago de la prestación principal, sin los accesorios del crédito, y no se hace reserva, éstos quedan extinguidos, excepto prueba en contrario (inc. c).

En doctrina se expresa que las presunciones legales receptadas en el art. 899 procuran resolver situaciones dudosas o de incertidumbre que se generan por las circunstancias que rodearon al acto jurídico del pago. Se trata de presunciones que admiten prueba en contrario, lo que resulta razonable dado que puede ser que las mismas no se correspondan con la realidad de los hechos que involucra a las partes. Asimismo, que para dejar sin efecto las presunciones, las partes pueden valerse de los medios de prueba que ofrezcan los códigos procesales, debiendo ser de un valor tal que permita al juez tener un cabal conocimiento de los hechos (Nicolás Jorge Negri, comentario al art. 899 del CCC, en "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", Julio César Rivera y Graciela Medina - Directores, Thomson Reuters - La Ley, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, año 2014, pág. 319. En el mismo sentido, Carlos A. Calvo Costa, comentario al art. 899 del CCC, en "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ricardo Luis Lorenzetti - Director, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, año 2015, pág. 408).

Con relación al momento en el que debe efectuarse la reserva, se comparte el criterio de Pizarro y Vallespinos, quienes sostienen que nada impide que pueda ser realizada antes de la recepción del pago, mediante una comunicación dirigida al deudor en la que se le hace saber que recibirá el pago bajo dicha prevención (Ramón D. Pizarro y Carlos G. Vallespinos, Tratado de las Obligaciones, Tomo II, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, año 2017, pág. 207).

Al respecto, cabe señalar que al prescribir el art. 899 una presunción "juris tantum" de extinción de los intereses para el caso de que el acreedor otorgue recibo por el capital sin formular reserva alguna por los mismos, descartando expresamente el sistema de presunciones "juris et de iure", descarta también la posibilidad de que se tome la hipótesis como un modo extintorio objetivo de los accesorios. Es decir que se adopta un criterio subjetivo, aún cuando sea cierto que a falta de reserva expresa y oportuna, el acreedor se encuentre en la necesidad de desvirtuar la presunción mediante la producción de prueba idónea y, que la "idoneidad" de la prueba estará dada por su fehaciencia en acreditar ausencia de ánimo liberatorio en el acto y el conocimiento de dicha circunstancia por parte del deudor.

En este sentido, enseñaba el Dr. Marcelo López Mesa ("La aceptación de pagos parciales sin reserva", LL 06/11/2006, 1; LL 2006-F , 1483; Obligaciones y Contratos Doctrinas Esenciales, Tomo III, 527; LL Online: AR/DOC/3638/2006), que la mayoría de los tribunales que al interpretar el art. 624 del CC habían sostenido la tesis de la presunción, se habían enrolado en la opinión de que la misma admitía prueba en contrario, y que cae cuando se demuestra que no ha estado en el ánimo del acreedor liberar al deudor de la prestación debida (con cita de CNCom., sala B, 16/8/988, "Metalúrgica Panton SRL c. Subterráneos de Buenos Aires Soc. del Estado", LA LEY, 1989-C, 650 (caso 6325) y ED, 132-603; ídem, 16/10/979, "Textil Mar del Plata SA c. Textiles Paso SA", LA LEY, 1980-A, 433; ídem, 7/8/986, ED, 123-367(cit. infra); CNFed. sala II cont. adm. 27/3/979, "Navazo, Tomás c. Gobierno Nacional", LA LEY, 1980-A, 637; CNFed. Civ y Com., sala II, 9/9/994, "Borré, Dante O. c. Estado Nacional", LA LEY, 1995-A, 191.).

Y, que para un sector de la opinión jurídica autorizar al acreedor a demostrar que no tuvo la intención de liberar al deudor del pago de los intereses vencidos significa una solución más justa, que puede interpretar en mayor o mejor medida la voluntad del sujeto activo de la obligación (con cita de BORDA, G., "Tratado. Obligaciones", t. I, ps. 360/61; LLAMBIAS, "Obligaciones", t. II-A, ps. 244/246; CNCiv., sala A, 27/2/970, ED, 34-585; ídem, sala C, 18/9/974, ED, 57-504; CNCom., sala B, 26/5/977, ED, 75-576; ídem, sala C, 9/6/977, ED, 75-375).

V) En el supuesto de autos se considera que la reserva de fs. 96 resulta idónea y oportuna para excluir la aplicación al caso de la presunción legal del art. 899 inc. "c" del CCC, pues se trata de una manifestación expresa y clara en ese sentido, que aventa toda posibilidad de interpretar que existió en el ánimo de los ejecutantes la intención de remitir los intereses correspondientes a la deuda por honorarios ejecutada.

Este acto resultó coherente además con otros cumplidos anteriormente, en los cuales demostraron su interés de que el cobro del crédito incluya los accesorios legales. En efecto, ello se puede apreciar en las presentaciones de fs. 17/19, 36/40, 58, 66, 69, 77 y 85.

En definitiva, los ejecutantes han mantenido durante todo el proceso una voluntad real, clara, manifiesta e inequívoca de reclamar el cobro de los intereses, de allí que resulte improcedente presumir su renuncia, ya que no se advierte cómo puede subsumirse, con un mínimo de buena fe, los hechos acaecidos en autos en la hipótesis invocada por el apelante.

En esta dirección, antes de la reforma del Código Civil y Comercial, se decidió que la presunción establecida por el art. 624 del CC no funcionaba cuando de los antecedentes de autos se infiere con claridad la voluntad de la creedor de no renunciar a los accesorios de su crédito (C. NAc. Civ., Sala E, 25/4/1983, "Fachinsky, Elías J. v. Masoli, Osvaldo R.", LL 1983-D-381 - citado por López Mesa, Marcelo J., "Código Civil y Leyes Complementarias - Anotados con Jurisprudencia", Ed. Lexis Nexis, Bs. As., año 2008, pág. 767).

Y, en doctrina, cabe destacar que Borda y Llambías se inclinaron en lo pertinente por una solución flexible, sosteniendo que sólo se trata de una presunción y, que no funciona cuando es clara la voluntad del acreedor, en el sentido de no remitir los intereses (vide Trigo Represas, Félix y Compagnucci de Caso, Rubén, "Código Civil Comentado -Doctrina Jurisprudencia-Bibliografía", Rubinzal -Culzoni Editores, Santa Fe, año 2015, pág. 515).

Estos criterios, de la doctrina y jurisprudencia, sin dudas resultan aplicables al caso, en virtud de que con el texto del art. 899 se ha superado la discrepancia acerca del carácter de la presunción legal establecida por el art. 624 del CC derogado.

En conclusión, corresponde el rechazo del agravio analizado.

VI) Resta referir que la impugnación al monto de la planilla de liquidación y de los honorarios ha sido planteada en forma dependiente de la suerte del agravio desestimado. De tal manera no existe necesidad de referirse a esas cuestiones.

Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 438 por la parte ejecutada.

En cuanto a las costas, atento el principio objetivo de la derrota consagrado en los arts. 67 y 68 del CPCC, se imponen a la recurrente vencida.

Por ello, LA SALA QUINTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA I) RECHAZA el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada a fs. 438, conforme considerandos. Con costas.

II) REGISTRESE, notifíquese y DEVUELVASE.