Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-01


Salta, 01 de febrero de 2016.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "RENFIJES, Carina Rosana vs. LA CAJA DE SEGUROS S.A. - SUMARISIMO O VERBAL" - Expte. Nº 478734/14 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 7ª Nominación; Expte. Nº 478734/14 de Sala, y C O N S I D E R A N D O I) Viene apelada por la parte demandada (fs. 105) la sentencia de fs. 101/102, que desestimó la excepción de prescripción liberatoria interpuesta por esa parte, con costas por su orden.

Al fundar el recurso (fs. 111/113 y vta.), efectúa una reseña de las actuaciones cumplidas en autos y manifiesta que la sentencia ha omitido valorar que el sistema de la ley de seguros constituye un micro sistema especial, y el pago de la prima conforma una reserva legal, para cuya fijación se tiene en cuenta el plazo por el cual la reserva debe ser mantenida.

Se queja de que el fallo se base en la circunstancia formal de haberse caratulado el presente juicio como acción de consumo, soslayando las previsiones de la ley 17418 y el examen integral de las normas aplicables al caso concreto.

Cita jurisprudencia y aduce que el sistema de la Ley de Seguros no ha sufrido modificaciones con motivo del dictado de la Ley de Defensa del Consumidor, que tampoco ha sido modificada por el Código Civil y Comercial hoy vigente. Hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso, con costas.

En su réplica al memorial de agravios (fs. 121/122 y vta.), la actora afirma que la interpretación de la recurrente es subjetiva y errónea, en tanto soslaya los objetivos que han dado razón de ser a la ley 24240. Cita jurisprudencia y solicita se rechace el recurso, con costas.

A fs. 129/130 dictamina el Sr. Fiscal de Cámara, y se expide por el rechazo del recurso.

II) El thema decidendum se ciñe a determinar la ley aplicable a la prescripción en el contrato de seguro, es decir, si cabe aplicar el plazo anual previsto por el art. 58 de la ley 17418, o el plazo trienal del art. 50 de la ley 24240, extendido para las acciones judiciales relativas a las relaciones de consumo desde la vigencia de la ley 26361.

En materia de prescripción, la ley 17418 de Seguros (LS), en su art. 58, dispone que las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, en tanto que la ley 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC), en su art. 50, prevé que las acciones y sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres años.

La cuestión ha merecido distintas posturas en la doctrina especializada. En tal sentido, Waldo Augusto Sobrino -quien participa de la opinión de que la Ley de Seguros fue modificada por la normativa consumerista- menciona a Domingo López Saavedra, David Halperín, Carlos Schwarzberg, entre quienes afirman que la Ley de Defensa del Consumidor no es aplicable a los seguros, sosteniendo en consecuencia que rige el plazo de un año previsto por el Art. 58 de la Ley de Seguros.

Otra parte de la doctrina, Rubén Stiglitz, Fabiana Compiani, Miguel Piedecasas, Mario Castro Sanmartino, Carlos Alberto Schiavo y Eduardo Mangialardi, afirman que si bien la Ley de Defensa del Consumidor podría tener aplicabilidad en el ámbito de los seguros (con distintas variantes), en el tema específico de la prescripción, rige el término de un año determinado puntualmente en la Ley 17.418.

Finalmente, otra corriente doctrinaria, -v.gr. Francisco Junyent Bas, Fernando Flores, Federico Ossola, Juan Farina y Federico Moeykens-, postula que, dado que la Ley de Defensa del Consumidor modifica distintas normas legales (entre ellas, la Ley de Seguros), el plazo de prescripción es de tres años ("Prescripción en Seguros: La víctima de un siniestro tiene un plazo de tres años para reclamar", 5/11/2010, www.saij.jus.gov.ar),.

Tampoco es pacífica la jurisprudencia, frente al conflicto planteado en la materia. Resulta necesario, entonces, efectuar una interpretación de ambas normas, a efectos de establecer cuál de ellas prevalece sobre la otra.

La jurisprudencia nacional del fuero comercial se inclina, mayoritariamente, por la aplicación del art. 58 de la LS, ley especial que regula específica y exclusivamente al contrato de seguro, por ende, postula que el plazo de prescripción anual previsto por dicha norma debe prevalecer sobre el plazo de prescripción trienal que establece la ley 24.240 de Defensa del Consumidor -ley general-.

Así, se ha sostenido que "La prescripción extintiva prevista en el art. 50 de la ley 24.240 se aplica exclusivamente a las acciones judiciales emergentes de dicha ley, pero no a las que emergen del contrato de seguro y de la ley especial que lo rige en lo pertinente, en tanto que el propio estatuto de defensa del consumidor la respeta en su art. 3º" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, Á., G. A. vs. Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. s/ Ordinario", 15/04/2014, RCyS 2014-XII , 213 AR/JUR/22658/2014).

Y también que "...resulta incuestionable que la ley 17.418 (B.O. 06/09/67), denominada "Ley de Seguros", es una ley especial, dado que regula específica y exclusivamente al contrato de seguro.

Por su parte, tampoco resulta controvertido que la ley 24.240 (B.O. 15/10/93), conocida como "Ley de Defensa del Consumidor", es una ley general en su ámbito, toda vez que regula a todas las convenciones de esa naturaleza -con prescindencia de la materia de que se trate- en la medida en que configuren un contrato de consumo.

En ese marco, en todo caso, la ley general posterior nunca derogaría a la ley especial anterior (conf. LLAMBÍAS, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil - Parte General", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, t. I, ps. 55/56).

Es por ello, que si bien las leyes 17.418 y 24.240 tienen idéntica jerarquía, la primera regula el contrato de seguro en forma específica, por lo que, en todo caso, prevalece sobre la otra norma de carácter general, la que se aplica en cuanto no se contrapone a la especial.

Por esa razón, se ha dicho que el plazo de prescripción de un año establecido en el art. 58 de la ley 17.418 de Seguros (LS) no puede considerarse ampliado a tres años por disposición de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC), en tanto, se reitera, que la primera es una norma específica que debe prevalecer sobre la general (conf. CNCiv., Sala E, 25/04/2008, in re: "Lim Rafael c. Kwon Hyuk Tae y otro" y arg., CNCom., esta Sala A., in re: "Til Eduardo Gabriel c. HSBC La Buenos Aires Seguros S.A s. ordinario" del 24/05/11"; id., in re: "Fabrizio Augusto Ariel c. Berkley International Seguros S.A s. ordinario", del 09/03/11; id., in re: "González Nilda Raquel c. Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A s. ordinario" del 06/3/13).

Es que, la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), contiene reglas protectoras y correctoras que vienen a completar -no a sustituir- el ámbito de la protección del consumidor con carácter general, por cuanto la propia Ley de Seguros (LS) también protege al asegurado, aunque en forma especialmente adaptada a ese tipo de relaciones" (Cám.Nac.Apel.Com., Sala E, "Provincia Seguros S.A. vs. Coto CICSA s/ Ordinario", 27/08/2015, La Ley Online, cita: AR/JUR/38408/2015; Sala A, "Rodriguez Antonio vs. Liderar Compañía General de Seguros S.A. s/ Ordinario" DJ 30/09/2015, AR/JUR/9766/2015.

En el orden local, precedente de la Sala Tercera del Tribunal ( registrado en tomo 2012, fº 225/229) tiene dicho -con criterio que se comparte- que "..debe prevalecer la normativa especial sobre la norma general. La Ley 17.418 constituye una norma especial en relación con la Ley 24.240 que regula los contratos de consumo, la cual -aunque posterior- no deroga el artículo 58 de aquella norma, toda vez que no ha sido esa la intención del legislador ni existe una incompatibilidad entre ellas que permita tener por abolida la disposición de la Ley de Seguros en materia de prescripción liberatoria.

La aplicación del artículo 50 de la Ley 24.240, en cuanto estipula un plazo de prescripción trienal a un supuesto específico y particular como es el convenio de seguro podría tornar incierta la operación técnica que funda el seguro y conducir a que su utilización indiscriminada en todo contrato de consumo altere tácitamente las normas particulares que lo rigen siendo que estamos ante supuestos específicamente regulados.

No puede soslayarse que la citada Ley 24.240 tiene por objeto actuar como control de cláusulas convencionales predispuestas en los contratos de adhesión, cuando el Estado Nacional no interviene, y una solución contraria implicaría poner en tela de juicio las facultades de control de la Superintendencia de Seguros de la Nación contenidas en el artículo 8 de la Ley 20.091 (La Ley, 2009-F, 704, con nota de Domingo López Saavedra; RCyS 2010-II, 171, con nota de Juan Manuel Prevot; RCyS 2010-IV, 95, con nota de Domingo M. López Saavedra).

III) En el mencionado contexto, cabe decir que, aún cuando luego de la reforma introducida por la ley 26361, el contrato de seguro pueda ser alcanzado por la Ley de Defensa del Consumidor desde la óptica de considerar al seguro como una prestación de servicios incluida en el art. 1º de la ley 24.240, su aplicación procede de manera supletoria, vgr., a falta de norma específica que resuelva una cuestión que se plantee.

No obstante lo dispuesto en el art. 3º de la LDC, adviértase que, tanto los servicios públicos y la actividad bancaria actualmente están alcanzados por la Ley de Defensa del Consumidor y por los tribunales o las autoridades de aplicación de la norma aludida, sin perjuicio de existir regímenes específicos en dichas materias, a diferencia de la actividad aseguradora, respecto de la cual la ley 24.240 no hace referencia alguna, existiendo legislación específica en materia de seguros que regula tanto a los contratos como a las aseguradoras, a través del órgano de control exclusivo y excluyente, la Superintendencia de Seguros de la Nación.

De tal manera, teniendo en cuenta que en el sub examen la causa del reclamo es el supuesto incumplimiento de la Aseguradora con la indemnización del daño total convenido contractualmente, es decir, obligaciones emergentes del contrato de seguro extendido mediante la póliza que en copia obra a fs. 7/17, la conclusión es que corresponde aplicar la ley especial que rige el caso en virtud de la causa de la obligación; esto es, el art. 58 de la ley 17.418, que establece un caso especial de prescripción teniendo en miras la valoración del riesgo económico específico que el contrato de seguro conlleva.

Tal como lo ha destacado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la prescripción liberatoria no puede separarse de la causa de la obligación jurídicamente demandable (Fallos: 321:2310; 323:3351; 330:5306, entre otros).

Ninguna incidencia tiene en el resultado de la litis la circunstancia de que la actora haya acudido a la vía procesal que prevé el art. 53 de la LDC aludida en el fallo -arts 321 y 498 del CPCC-, ni el hecho de que la LDC sea de orden público (art. 65, ley 24.240) implica que se deba aplicar obligatoriamente la norma a cualquier tipo de relación jurídica o actividad económica, pudiéndose originar en caso contrario un abuso en su aplicación ("Defensa del consumidor y derecho de seguro", Eduardo González, El Derecho, Diario de Doctrina y Jurisprudencia, 28/05/2010 Nº 12.512 o AÑO XLVIII o ED 237).

IV) De lo expuesto deriva que, computado el plazo desde el rechazo del reclamo por parte de la Aseguradora (13/07/2012, v. fs. 44), y teniendo en cuenta la suspensión de los términos durante el trámite de mediación (cfr. ley 7324) -desde el 07/05/2013 hasta el 24/05/2013 (fs. 41/43)-, al momento de interposición de la demanda, el 13/07/2014 (v. cargo de fs. 24), el plazo de prescripción había operado, lo que así corresponde declarar, revocando el fallo venido en revisión.

En cuanto a las costas del recurso, no existiendo uniformidad en la doctrina y la jurisprudencia sobre la materia conforme lo apuntado, justifica se impongan por el orden causado (art. 67, segunda parte de CPCC).

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 105 por La Caja de Seguros S.A., REVOCA la sentencia de fs. 101/102, y en su mérito, HACE LUGAR a la excepción de prescripción opuesta a fs. 45/46 y vta., declarando prescripta la acción intentada en autos. Costas por su orden.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.