Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1957-07-19


Dictamen del Procurador General de la Nación:

Suprema Corte:

La apelación deducida a fs. 34 es procedente de acuerdo al art. 16 del decreto-ley 19.044 de 1956, por haberse denegado la personería solicitada por la agrupación recurrente.

En cuanto al fondo del asunto, estimo adecuada a derecho la exigencia de que la lista de afiliados se presente con las firmas de los mismos, en número suficiente de acuerdo al art. 3º, inciso d), del decreto-ley mencionado.

Tal exigencia no sólo es razonable a los fines de tener por acreditado el cumplimiento de dicho requisito, sino que resulta coherente con lo dispuesto en el art. 6º, inc. b), apartado 1), en cuanto obliga a los partidos políticos reconocidos a registrar las firmas o impresiones digitales de los ciudadanos inscriptos en ellos.

Pienso, por lo tanto, que corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto pudo ser materia del recurso. - Julio 10 de 1957. -Sebastián, Soler.

Buenos Aires, julio 19 de 1957.

Y considerando: Que por resolución de la fecha, recaída en los autos "Partido Demócrata - Distrito San Juan - Recurso Extraordinario" esta Corte ha reiterado el principio constante de su jurisprudencia, con arreglo al cual no le incumbe conocer, por vía del recurso extraordinario respecto de cuestiones políticas, y en especial, de las electorales. Ello es así porque la jurisdicción de esta Corte, en los términos de los arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional se ejerce en las "causas" regidas por la Constitución y las normas nacionales, es decir en aquellas que en el orden regular de las instituciones son propias de los jueces y están regidas por los preceptos mencionados, además de los supuestos especiales de que el art. 100 hace capítulo. Las cuestiones electorales no configuran tales causas judiciales y no cabe a su respecto, en consecuencia, el recurso del art. 14 de la ley 48.

Que siendo exacto que "la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso" no lo es menos que la potestad legislativa, para regularla, está limitada según expresa referencia del art. 101 de la Constitución Nacional a "estos casos" que menciona el art. 100. Entre ellos no figuran las actuaciones de tipo electoral, según ha quedado dicho más arriba y por esto es que la jurisprudencia tiene declarado que "no son susceptibles de traerse al conocimiento del Tribunal, ni aun por la vía del art. 14 de la ley 48" -Fallos 189: 155- en razón de tratarse "de cuestión extraña a la jurisdicción de esta Corte Suprema" -Fallos: 192: 113, cons. 4º-.

Que si bien es de principio que el contralor de la validez de los actos de los demás poderes no puede ejercerse por los jueces de la Nación ex officio -Fallos: 190:142; 202:249; 205: 165 y otros- hace excepción el supuesto de que la reglamentación exceda los límites constitucionales de las atribuciones jurisdiccionales de esta Corte -Fallos: 143:191; 185:140 y otros- y en la medida necesaria para determinar la competencia del Tribunal.

En consecuencia, la prescripción del art. 16 del decreto-ley 19.044/56 no puede ser óbice para el rechazo del recurso concedido en la causa.

Por ello y habiendo dictaminado el Sr. Procurador General, se declara improcedente el recurso concedido a fs. 35. -Alfredo Orgaz. -Manuel J. Argañaráz. -Enrique V. Galli. -Benjamín Villegas Basavilbaso.