marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Abramo, Jorge Luis (en representación de Medio Ambiente S.A.) c/ Municipalidad de la Ciudad Capital s/ Acción de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-02-07

El caso que nos convoca genera mi disidencia al criterio expuesto por quienes me preceden en el Acuerdo -rechazar por inadmisible la acción contenciosa administrativa y declarar la incompetencia de este tribunal para entender en la presente causa, debiendo el interesado ocurrir por la instancia civil-.

El objeto de la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción persigue el reconocimiento y pago del reajuste del precio por el servicio prestado durante el periodo septiembre de 2002 hasta septiembre de 2005, ello como consecuencia de la salida imprevista de la convertibilidad que rompió la ecuación económica financiera del contrato celebrado entre las partes.

Siguiendo a Marienhoff, debe decirse que compete el tratamiento de la controversia traída a decisión a la jurisdicción contencioso administrativa de este Tribunal, pues considerando in genere cuando de competencia administrativa se tratara, corresponde esta competencia exclusiva, no solo en lo atinente al cumplimiento del contrato sino en todo lo derivado del mismo, verbigracia acción de daños y perjuicios, de devolución o pago de sumas de dinero motivadas por la extinción o el incumplimiento, por lo que corresponde no hacer lugar a la excepción de incompetencia planteada (del voto de la Dra. Sesto en "Minera Rodo Huasi S.A. c. Municipalidad de Ancasti" 0710/2004- LLNOA 2006).

(Del voto del Dr. Cáceres, en disidencia)
Contrato de trabajo, principio de irrenunciabilidad, nulidad del contrato de trabajo, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Montenegro Casale, Matías Claudio c/ Atento Argentina S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-10

Para que una remuneración pactada pueda ser considerada insuficiente (nulidad de un contenido del contrato de trabajo) es menester que el orden público general o sectorial establezca un mínimo superior a la obligación pactada. El modo en que ha de realizarse la comparación es el establecido por el artículo 9 RCT. Esto es, por el sistema de conglobamiento por instituciones. Si la remuneración emergente de la nueva norma convencional (institución) es más beneficiosa que la remuneración emergente del convenio colectivo anterior, debe aplicarse la remuneración establecida en el convenio colectivo posterior pues lo que es objeto de comparación es la remuneración como un todo y no sus parcialidades como, por ejemplo, la bonificación por antigüedad.
Recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, expresión de agravios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cooperativa de Vivienda López de Gomara c/ Florencio Fernández y Ots. s/ Desalojo (LIBRO: S141 - 263)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-04-30

La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino es menester para que cumpla su finalidad, que constituya una exposición jurídica, conteniendo un análisis serio -y agrego aunque pueda estar de más, ordenado- razonado, debidamente fundamentado y crítico de la resolución apelada, demostrando acabadamente que es errónea, injusta o contraria a derecho. Debe precisar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyan al fallo, porque la instancia de Alzada requiere el enjuiciamiento de él en función de los fundamentos que se viertan por el interesado, que es quien tiene la disponibilidad y la medida del recurso.
Acción de amparo, beneficios tributarios, reintegros impositivos, retenciones impositivas, IVA
Materia: PROCESAL
Carátula: "Toscano  S.A. c/ Bolsa de Cereales de Bahía Blanca s/ Amparo Ley16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-26

Es la inscripción del corredor en el "Registro Fiscal de Operadores en la "Compraventa de Granos y Legumbres Secas" lo que determina el reintegro del IVA a que se tiene derecho, y no el servicio de oblea, el que sólo hace variar el procedimiento, simplificando la operatoria administrativa.

Por otra parte, las Bolsas de Cereales emitirán a certificación de los boletos de compraventa de granos, siempre que el comprador -que como agente de retención se encuentra obligado a verificar los requisito fiscales que debe reunir el sujeto pasible de retención, este caso el vendedor opte por ello. No se desprende de la simple lectura de la normativa que, la certificación de Bolsas de Cereales prestan resulte una condición indispensable para la compra venta de granos y, en consecuencia que la empresa no pueda operar en el mercado, pues al tratarse de una facultad del comprador de sustituir su obligación, si la Bolsa no otorgara la certificación esa obligación seguiría latente en cabeza del agente de retención para el caso de otorgarse la mentada certificación, ésta tendrá validez solamente para esa compraventa debiendo extenderse nuevas certificaciones por cada operación que se realice (Cons. VII).
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ocampo Avalos, Calixa c/ Damelio, Sergio Claudio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-14

Si bien el factor atributivo de la responsabilidad resultante de la norma del art. 1113 del Código Civil, reposa en un criterio objetivo, ello no excluye que, a la hora de evaluar el grado de incidencia causal que cabe atribuir a la conducta de cada protagonista del evento, se examine globalmente, el obrar de todos los partícipes, por el modo en que dichas conductas se interfieren.
Contratos administrativos, licitación pública, daños y perjuicios, indemnización, orden de compra, aceptación sin reserva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lunmar Naviera S.A.C. c/ Y.P.F. S.E. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Si la actora se presentó a la licitación pública convocada por la demandada y, pudiendo, no objetó la orden de compra que prohibía la utilización de un buque de su propiedad, habiendo consentido formalmente al suscribir el contrato que éste se cumpliera con la limitación impuesta y sin formular reserva alguna al respecto, no puede pretender indemnización por lo que debe confirmarse la sentencia apelada.
Determinación de impuestos, revisión judicial de actos administrativos, debido proceso, defensa en juicio, doble instancia
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: López Fretes, Gustavo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-09

Por aplicación de lo prescripto en el Código Contencioso Administrativo, no cabe sino concluir que la derogación de un recurso directo que suspenda la ejecución del tributo determinado por la DGR, no obsta la existencia de mecanismos que permiten el acceso a la revisión judicial, garantizando, el derecho de defensa y al debido proceso, como así también la garantía de doble instancia judicial
Prueba documental, reconocimiento de firma
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Walter Ariel c/ Marandet, Luis s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-02

El reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido.
Accidentes de trabajo, intereses, tasa activa
Materia: LABORAL
Carátula: Méndez Ángel Alberto c/ CAN ART Sa y otro s/ Accidente - Acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-31

Al fijar la tasa de interés en el ámbito laboral, deben respetarse los derechos constitucionales clásicos de manera de no agravar el daño (art. 19 C.N.) ni afectar el derecho de propiedad de los trabajadores que han sufrido un menoscabo en su integridad psicofísica (arts. 14 y 17 C.N.). La adecuación de la tasa de interés atento el carácter alimentario del crédito laboral debe tener como premisa alentar el pago inmediato de las obligaciones pendientes, desalentar litigios judiciales y debe ser suficiente para compensar las deudas que pudo haber tomado el trabajador siniestrado en sustitución de su ingreso disminuido o impago. Asimismo, la aplicación de la tasa activa promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina para las operaciones de descuento de documentos comerciales, compensa la inmovilidad nominal del RIPTE y la rentabilidad frustrada actuando como un factor conminatorio de cumplimiento. Es decir debe aplicarse la tasa activa según Resolución N° 2357 CNAT. (Del voto de la Dra.

Craig, en minoría).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), recurso contencioso administrativo, plazo, notificación, carta certificada, aplicación de la ley, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CITIBANK NA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-03-26

La sentencia en crisis ofrece una solución del tema propuesto suficientemente fundada, desde que a través de un criterio de interpretación integral de las normas involucradas y de las particularidades de la causa, descarta la normativa invocada por el recurrente -CPCCN, por haberse debido practicar la notificación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y entiende aplicable lo dispuesto por el artículo 35, apartado b) del Código Fiscal de la Provincia cuando establece que las notificaciones, citaciones o intimaciones podrán efectuarse por carta certificada sin cubierta con acuse de recibo, que servirá de suficiente prueba de notificación siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio fiscal del contribuyente o responsable o en el especial constituido conforme al artículo 32; normas cuya aplicabilidad al caso no sólo no demuestra la impugnante que no corresponda, sino que admite que se aplicaron correctamente y que la notificación así cursada cumple con las formalidades previstas en el procedimiento local. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Fiscal, Ley 12071, artículo 35, inciso b); Decreto 10204/58.
Acción de amparo, honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: PETTINICHI, VIRGILIO OSCAR c/ DIRECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-08

La regulación de honorarios en el amparo, atento a su especial naturaleza, la cual tiende a proteger un derecho o garantía que carece de valor económico, debe ser realizada con plenitud del arbitrio judicial sobre la materia, con el límite que impone la legislación que ha establecido un mínimo que hay que respetar por razones de orden público, ya que es deber del juez procurar dignificar al profesional atendiendo que el arancel asegure a abogados y procuradores el derecho a una retribución justa. Por ello, no puede cuestionarse el libre criterio de apreciación del juez, salvo que éste haya incurrido en una arbitrariedad manifiesta y grosera.
Concursos, efectos entre partes, homologación del acuerdo, acreedor quirografario, adhesión al recurso, facilidades de pago, desistimiento, allanamiento, pretensión, fisco nacional, costas al vencido
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Laboratorios Felipe Bajer SAIC c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-04

Siendo que en el caso, de conformidad con lo previsto por la ley 27562: 3, la adhesión al régimen de facilidades de pago importó el desistimiento de la apelación deducida por la concursada y el allanamiento a las pretensiones recursivas del fisco, debe asumir el pago de las costas de Alzada.
Poder de policía, establecimiento comercial, habilitación del establecimiento, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Valentinos c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Medida Cautelar Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

El alegado silencio que habría guardado la autoridad local durante los últimos años, no es prueba ni fuente de derecho alguno en cabeza del apelante- El desarrollo de la actividad de la actora sin tener la correspondiente habilitación, no puede ser la causa de que se perpetúe una situación aparentemente contraria a la legislación vigente. Del Voto de los Dres. Nélida M. Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo A. Russo.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, fundamentación de sentencias, fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Niketana s/ apelación resolución  IGJ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

No procede el recurso extraordinario cuando el pronunciamiento recurrido ha expresado razones derivadas de las constancias de la causa y de derecho no federal, suficientes para sustentarlo como acto judicial válido.

A0017702
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Savini, Angel S.; Mitta, María. s/ Desbaratamiento de derechos acordados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-20

Si bien es cierto que con la expresión "secuela de juicio" la ley "abrazó el sistema de la imprescriptibilidad de la acción en movimiento", durante el sumario no hay acción pues nada se ha demandado. Y no puede "removerse" lo que no existe. Por otra parte, no cabe hablar de "acción en movimiento" si el plenario se ha paralizado -único caso enque puede prescribir la acción-; fuere en sumario y plenario -doctrina restringida- la prescripción se produce cuando no hay "acción en movimiento", o sea cuando el proceso no se "desarrolla", cuando no se produce el "efecto dinámico" porque está paralizado.
Colegio profesional, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vivot, Alberto Juan c/ Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Disciplina) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

Estando expresamente previsto en la ley aplicable al caso (art. 19, ley 10.405), que las impugnaciones dirigidas contra las sanciones adoptadas por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Arquitectos serán resueltas por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial en turno del Departamento Judicial de La Plata y no tratándose de un caso contencioso administrativo, corresponde remitir las actuaciones al Tribunal que corresponda (art. 352 inc. 1 del C.P.C.). (Minoría u opinión personal)
Competencia, homologación del acuerdo, exposición de los hechos
Materia: PROCESAL
Carátula: Fischetti, Nunzio Antonio c/ Pérez, Néstor Eduardo s/ Homologación de acuerdo/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-13

Para dilucidar los conflictos de competencia debe considerarse principalmente la relación de hechos contenida en el escrito de inicio y después, en tanto se adecúe a ese relato, el derecho invocado en sustento de la petición. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. Voto coincidente del juez Luis Francisco Lozano).
Acción de amparo, medidas cautelares, cuidado personal compartido, medida de no innovar, interés superior del niño
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Fernández del Moral, Roberto s/ Amparo-Medida de no Innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2000-06-30

Admitida la acción de amparo desde el punto de vista formal, corresponde también hacer lugar a la cautelar solicitada, disponiendo la permanencia de los menores bajo la guarda del padre, participando de la doctrina del statu quo, la que propugna entre las pautas relativas al favor minoris, o sea la consideración del interés superior del menor en casos de resolver acerca de la tenencia, es improcedente innovar sobre estados de hecho, salvo que lo aconsejen poderosas razones. Es decir que el supremo interés de los menores, obliga a considerar como se desarrolla la tenencia y evitar en lo posible los cambios que puedan producir inestabilidad en los mismos. sin que ello implique adelantar criterio respecto el fondo de la cuestión sometida a juicio, habida cuenta del estado de la causa donde se debate la tenencia, no es conveniente variar la situación de los menores.
Acción contencioso administrativa, aclaratoria (administrativo)
Materia: PROCESAL
Carátula: CASSANI ALBERTO LUIS c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - RECURSO DE ACLARATORIA -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-05-30

La aclaratoria constituye un recurso procesal reservado para la corrección de errores materiales u omisiones cuyas contradicciones y oscuridades aparezcan en la parte resolutiva de las resoluciones judiciales, lo que excluye la hipótesis invocada, relativa a interpretación de un acuerdo bilateral.
Resoluciones inapelables, medidas para mejor proveer
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Periopontis SA c/  s/ concurso preventivo s/ inc. por separado (fideicomiso celebrado con inversiones soxen sa).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-22

La decisión adoptada por la juez de grado que importó únicamente el dictado de una medida para mejor proveer, resulta irrecurrible (cfr. CNCom, Sala E, "García, José Luis", del 2/7/98; CNCom, Sala D, "The First National Bank of Boston", del 7/7/95).
Ejecución hipotecaria, tercer poseedor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Leon Jacinto Lino c/ Fernández Miguel Benjamín s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-15

Si dictada sentencia de remate contra el deudor hipotecario, el actor toma conocimiento de la venta del inmueble, con compromiso del comprador de abonar el crédito, la intimación que se le hiciere a pagar la deuda bajo apercibimiento de seguirse la ejecución, importa atribuir al comprador no calidad de tercer poseedor sino de obligado a satisfacer el crédito, sin abandono del inmueble (art.3172 Cód.

Civil). Tal intimación, asimismo, significó la aceptación por parte del acreedor de la delegación imperfecta contenida en la compraventa en la que aquél había tomado a su cargo el pago del gravamen y a cuyo efecto había retenido del precio una suma determinada.
Embargo preventivo, bienes de terceros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BASSO, HECTOR RUBEN E HIJOS, ISAAC OSCAR c/ BANCO CENTRAL s/ AMPARO - MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-12

El embargo preventivo y el secuestro sólo pueden alcanzar a bienes del demandado. No resultan procedentes respecto de bienes pertenecientes a una persona no demandada en el juicio, de la que el actor pretende ser acreedor quirografario. (En el caso, se desestimó el secuestro de los dólares depositados en un banco privado, alcanzados por la moratoria dispuesta por la resolución Nro. 314 y la comunicación A-652 del 17/5/84, emitidas por el Banco Central de la República).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, litisconsorcio
Materia: LABORAL
Carátula: Amarilla, Desiderio Demetrio y otro c/ Frigolar S.A. s/ Indemnización por enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-14

Siendo el de los actores un litisconsorcio facultativo, el demandado debe acompañar tantas boletas de depósito como actores haya, a los efectos de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, indemnización, daño material, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Conde, Miguel Darío c/ G.C.B.A. (Dirección General de Espacios Verdes - Departamento de Arbolado Urbano) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21

Para evaluar el perjuicio económico ocasionado por la incapacidad sobreviviente es menester computar la evolución productiva que probablemente podría haber alcanzado la víctima.
Pagaré no protestado, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Municipal de La Plata c/ Pecora, Sergio Fabián y otros s/ Ejecutivo otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

Argüir que el deudor no se encuentra notificado del reclamo por no haberse acreditado la autenticidad de la recepción de las cartas documentos enviadas por la actora resulta irrelevante a los efectos de la constitución en mora, toda vez que la ley mercantil establece una presunción "juris tantum" favorable al portador del pagaré con la cláusula "sin protesto" de haber presentado el documento en los términos prescriptos, desde que se presume que el mismo realiza las diligencias en tiempo hábil, por lo que corresponde al deudor la producción de la prueba de su incumplimiento (art. 50, 4 párrafo, dec. ley 5965/63).
Corrupción, corrupción de menores
Materia: PENAL
Carátula: T., R. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-28

Corresponde decretar el procesamiento en orden al delito de corrupción de menores agravada (art. 125, párr. 2°, Cód. Penal de la Nación) respecto de quien con intención de satisfacer deseos sexuales propios, efectuó tocamientos en el cuerpo de sus hijas menores.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones posteriores a la sentencia definitiva, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Vicente Robles  S.A.M.C.I.C.I.F. c/ Dirección Nacional de Vialidad. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-21

Cuando se ha producido un palmario apartamiento de lo dispuesto en la sentencia final pronunciada por la Corte, cabe hacer excepción a la regla según la cual no constituyen, en principio, sentencias definitivas ni son revisables por la vía del art. 14 de la ley 48 las resoluciones que interpretan o determinan el alcance de decisiones recaídas con anterioridad en la causa, ni las que tienden a hacer efectivos los fallos dictados.
Instrumentos privados, firma en blanco, escrituración, abuso de firma en blanco, prueba testimonial, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: SCIANGULA HECTOR R. c/ VALVERDE HIGINIO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-10

De conformidad con el art. 1019 del Cód. Civil, en el supuesto que el papel que contenga la firma en blanco haya sido fraudulentamente sustraida a la persona a quien le hubiere sido confiado o al propio firmante y llenado por un tercero contra la voluntad de éste, la prueba de la sustracción y del abuso de la firma en blanco, puede ser hecha por testigos. Por el contrario el art. 1017 del código citado, prevé que cuando el signatario quiera oponerse al contenido del acto sosteniendo que las declaraciones u obligaciones que constan en él no son las que ha tenido la intención de hacer o contratar su prueba no puede hacerse con testigos. Si a quien se demanda por escrituración aduce que el adquirente le sustrajo el documento que acredita la operación y lo llenó a su favor, la prueba puede ser hecha entonces por testigos y, también, por presunciones a toda clase de medios por tratarse de la prueba de un hecho, pero incumbe siempre dicha prueba a quien alega esos hechos, es decir, la sustracción del documento y que ha sido llenado contra la voluntad de su firmante, o del guardador o mandatario en su caso.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, principio de legalidad, pena
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Cotonbel  S.A. s/ Apel.  art.  6 ley 18.250 modif. por ley 19.877 (Secretaría de Marina  Mercante
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-17

La exigencia del art. 18 de la Constitución Nacional consiste en la necesidad de que haya una ley que mande o prohiba una conducta para que una persona pueda incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado sentido y que, además, se establezcan las penas a aplicar ya que su objeto es proscribir, en materia penal, las leyes "ex post facto".