Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-07


En la ciudad de Trelew, a los 07 días de marzo del año dos mil ocho, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Aldo Luis De Cunto y Sergio Rubén Lucero, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C. M. C. c/ T. V. s/ Dif. De Hab. e Indem. de Ley" (Expte. N° 22.527 - Año 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 223.--- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:---- Vienen estos actuados a conocimiento de la alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 291), en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 286/288), por el cual se desestima en todas sus partes la demanda incoada por el Sr. M. C. C. en contra de la Sra. V. T., con costas.--- El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 se encuentra glosado a fs. 293/295 y vta..-- Ordenado el traslado de los agravios a la parte contraria (fs. 296), el mismo no fue evacuado.-------- I. Comienza por precisar que en el caso existió un contrato enmarcado en la L.C.T. y el reclamo de diferencias de sueldos correspondientes al lapso por el cual se invocó en la demanda su vigencia. A continuación formula los agravios que le ocasionara el fallo los que pueden ser individualizados como los siguientes, a saber: 1) valoración probatoria: Expresa que más allá de las facultades de valoración del juzgador de los medios de prueba, se agravia de la apreciación que incorrectamente se hiciera de lo declarado por O. C. L. quien dijo -afirma- que no solo vio a su parte en la verdulería cumpliendo las funciones que todos los declarantes manifestaron sino que respecto a la época en que lo vio, si bien no coincide con la afirmada en demanda, contestó que fue el año pasado, aún cuando manifestó no tener exactitud y que cuando fue repreguntada indicó que lo vió en julio o agosto del año 2005. En relación al horario respondió que de mañana y de tarde desde las 9 y a la tarde en horario de comercio. Cuestiona por lo tanto, manifiesta, que el juzgador interpretara que su parte debía acreditar la fecha de inicio precisa denunciada en demanda. Postula que hubiera merecido mayor exactitud en el caso que se fundare en ella una injuria que llevare al despido indirecto pero aquí se logró probar que trabajó más tiempo que el registrado por la empresa por lo menos desde los meses de Julio/agosto de 2005 y en jornada de comercio completa siendo ello, entiende, suficiente para fundar la procedencia parcial del reclamo por diferencias de sueldos. Insiste que no siempre las declaraciones tienen que coincidir exactamente con lo denunciado en el escrito por las partes indicando que tuvo que llamar la atención del juzgador lo que califica mecánicas declaraciones de los testigos deponentes por la contraria. Estima que el juzgador no valoró adecuadamente al testimonio de L. y la creyó la única testigo aplicando la máxima en desuso "testis unus testis nullus" . Señala que no prestó ninguna atención al declarante A. S. S. quien dijo que lo vio trabajando en la verdulería a la que concurría una vez por día y a veces dos o a veces cada dos o tres días por semana. El mismo preguntado sobre la época que lo vio en ese comercio respondió que no se acordaba indicando que lo vio trabajando un tiempo, casi un año. Respecto al horario en que lo veía expresa que indicó que cuando iba a comprar a veces de mañana y a veces de tarde que siempre lo veía trabajando. Asegura que de esas declaraciones surgió acreditada una relación de empleo de mayor extensión a la registrada por la empresa en sus abusivos y vergonzosos recibos de sueldo presentados a juicio. Se queja que valorara positivamente la declaración de M. quien fue tachado en el momento oportuno porque declaró reconociendo tener una serie de similitudes y afinidad de intereses con la demandada como asimismo, de una confianza que supera la habitual entre un empleado y su empleador indicando que por ejemplo de tal extremo manejaba la caja recaudadora cuando la demandada no se encontraba en el local. Indica que el juzgador pasara por alto esa mayor vinculación y solidaridad -dice- le causa agravio. También se queja de que el Sr. Juez a quo extractara lo manifestado por el Sr. F. L., testigo de la contraria, quien dijo que lo vio trabajar mas o menos un mes y medio antes de las fiestas de fin de año 2005, sin tener en cuenta que en el acta de audiencia quedó en claro que la referencia temporal del "año 2005" se la dictó la propia letrada representante de la demandada durante su interrogatorio, indicando que una apreciación arbitraria como esa le causa agravios. Cuestiona también que se omitiera considerar que la incoada no solo invocó en su responde una contratación por el art. 92 bis de la L.C.T. sino que, además, dijo que antes de diciembre la jornada de trabajo era de carácter excepcional del art. 92 ter, por lo que cumplía solo medio día de labor, es decir menor a la habitual de la actividad mercantil. Sostiene que esa determinación previa e inicial de la naturaleza del contrato era una distinción de importancia porque la jornada reducida debió tener por la empleadora su correspondiente registro en el libro del art. 52 de la L.C.T. y en los organismos de seguridad social conforme a las leyes 20.013 y 24.465. Cita jurisprudencia de éste cuerpo a la cual remito. De allí se agravia que pasara por alto que el contrato no fue registrado antes de noviembre de 2005 y que omitiera el apercibimiento previsto por el art. 42 de la ley 69 y los arts. 44 y 55 de la L.C.T.. Asevera que por la falta de presentación del libro especial y la ausencia de registro el juez debió invertir las cargas probatorias y no lo hizo. La presunción, sostiene, implicaba que ante la falta de prueba en contrario de sus afirmaciones relativas a datos que debían estar registrado en los archivos y documentación de la empresa, entre ellos la jornada y el horario cumplido desde el mes de julio/agosto de 2005, sean tenidos por ciertos. Cita jurisprudencia vinculada a la que también remito. Postula que quien debía probar el ingreso exacto y el horario distintos al invocado de manera precisa y concreta por imperio del art. 377 del C.P.C.C. era la demandada para desvirtuar las presunciones acumuladas en su contra, añadiendo que incluso fueron acreditados con las testimoniales que mencionara y que indicaron "un año trabajando" con referencia al ingreso del actor, al horario de comercio y al trabajo en la mañana y en la tarde. Señala la contradicción de aceptar el pago de la indemnización por despido y rechazar la antigüedad que al abonarse la indemnización del art. 245 de la L.C.T. estaba reconociendo. 2) Indemnización agravada del art. 1º de la ley 25.323: Previo a precisar que no impugna lo decidido por el Sr. Juez a quo respecto a considerar abonadas las indemnizaciones por despido directo y sin causa, se agravia que rechazara el reclamo de la sanción prevista en el art. 1º de la ley 25.323. Las razones son simplemente que el vínculo entre las partes fue de fecha de ingreso denunciada en la demanda, sin perjuicio de eso, negar la procedencia de esta indemnización especial no resulta coherente con la mayor extensión en tiempo acreditada para este contrato de trabajo, con la mayor jornada cumplida por el trabajador también acreditada y objeto de presunción legal antes y después de la fecha reconocida como de ingreso por la parte demandada, ya que en noviembre de 2005 la empresa invocó pero no probó ni justificó porqué reducía la jornada a la mitad y menos se compadece con la falta de registro del contrato entre las partes desde julio/agosto 2005 hasta octubre 2005. Afirma que entre los contratantes lo que menos existió fue un período de prueba y en definitiva se agravia por el rechazo de la sanción indemnizatoria que el legislador pensó en aras de la correcta registración de los empleos. 3) Certificación de servicios: Cuestiona que se indicara como fundamentos que la certificación de servicios y remuneraciones presentada por la demandada estuvo a disposición del trabajador por la sencilla razón de que no fue ese instrumento en formulario PS.6.2 de ANSeS lo que pedimos que se intime presentar al iniciar demanda. Indica que se pidió la entrega del certificado de trabajo del art. 80 de la L.C.T. y las constancias que acrediten haber ingresado los depósitos provisionales obligatorios durante el vínculo y en realidad la contraria entregó un instrumento no requerido ni intimado por el juez en su oportunidad al ordenar el traslado de la acción. Se agravia así de que se hubiera tenido por satisfecha con aquella intimación y con la obligación impuesta por los apartados segundo y tercero del art. 80 de la L.C.T.. Reitera que la documentación que acompañó la demandada no satisface el pedido de su parte por lo que debe incluirse en la condena la intimación para que entregue el certificado de trabajo con las especificaciones de ley y extremos fácticos acreditados en este juicio. Individualiza jurisprudencia a la que remito. II.- En los límites provistos por los agravios reseñados ingresaré a su tratamiento particularizado siguiendo para ello la misma manera de individualizarlos precedentemente.- 1) Valoración probatoria: El recurrente enancándose en el testimonio prestado por la testigo O. C. L. (fs. 101), intenta poner en crisis la valoración probatoria que efectuara el juzgador del anterior grado para arribar a su veredicto desestimatorio de la pretensión deducida en autos, cual es que se reconozcan diferencias salariales por el período comprendido entre la fecha que se denuncia como de real ingreso (07/03/05) y hasta la fecha del despido (27/01/06).- En tal dirección destaca también que no se prestó atención alguna a lo declarado por el testigo A. S. S..------ En realidad queda de manifiesto desde la primera lectura del escrito impugnaticio contrastado con las constancias obrantes que el cuestionamiento vertido no alcanza a constituirse más que en un parecer meramente subjetivo alejado de todo contenido crítico concreto y razonado que permita ingresar siquiera a evaluar la justeza del fallo apelado.---------- Es más, señalo a mayor abundamiento, no puedo dejar de destacar que no es cierto que no se hubiera ponderado en el desarrollo argumental esgrimido por el juzgador de grado para arribar a su faz conclusiva lo testimoniado por la citada testigo L.. A su respecto expresó el a quo lo siguiente: "La única testigo aportada por el actor, Sra. O. C. L., coincide en sus dichos con los de los otros testigos que venimos de analizar, que C. bajaba las bolsas de verdura, que trabajaba en la verdulería ordenado, que ella es ama de casa y que concurría al comercio una vez por semana aproximadamente en calidad de cliente; cuando se le preguntó en que época del año 2005 empezó a ver a C. trabajando respondió "que se yo sería Julio/agosto"..."(sic)(fs. 287 "in fine"). Como es de ver, lejos estuvo de omitir su valoración siendo por lo demás precisa en cuanto a los datos que expuesto por ella se extraen para su apreciación crítica (vide: fs. 101)(Conf. arts. 386 y 456 del C.P.C.C.; y, art. 45 de la Ley 69).----------- Añadiré que no tiene ningún caso referirse a la alusión que realiza el impugnante al testigo único toda vez que la referencia que efectuara el juzgador fue "...la única testigo aportada por el actor..." sin que ello fuera sustento de tesitura valorativa alguna a su respecto. Por lo demás, es enteramente cierto que dicha testigo fue la única de las testimoniales ofrecidas en demanda que fuera producida en autos toda vez que el testimonio de S. (fs. 102) fue declarado nulo por no haber acreditado su identidad tal como le fuera requerido oportunamente (fs. 183). Esta última circunstancia me releva de efectuar mayores comentarios sobre sus dichos y que son invocados por el impugnante en sustento de su pretenso agravio. Diré para terminar con esta porción del agravio que efectivamente la Sra. L. aludió recordar haber visto al actor "...el año pasado..." para de inmediato agregar "...con exactitud no se.", y ante la repregunta requiriendo precisiones si fue desde principios, mediados o fines del año 2005 respondió "...que se yo sería julio/agosto"(sic). Esto es, no advierto cómo puede pretender el impugnante ahora obtener que este cuerpo revisor le reconozca y comparta una supuesta equivocación -que no se indica- en el mérito efectuado por el sentenciante de la anterior instancia, máxime cuando los dichos de la mencionada testigo contradicen -aún soslayando sus dudas y vaguedades- los dichos concordantes de los demás testigos deponentes en autos.------ -- Es que, bajo el ropaje de una crítica a la valoración probatoria realizada por el Sr. Juez a quo, se esgrime en puridad una seudo valoración paralela y distinta que a primera vista, es fácil de advertir, no contiene crítica alguna que atender. Y tal metodología es una manifestación impropia e inatendible que no llega a revestir más que un mero discrepar con la valoración y conclusión correlativa que efectuara el juzgador de grado sin concretar una puntual crítica al razonamiento formulado en el acto decisorio.- Ya he dicho que no basta con discrepar genéricamente con la valoración probatoria efectuada por el juzgador sin puntualizar cual es el yerro que se le endilga a su razonamiento conclusivo. En tal sentido corresponde discernir sobre qué debe entenderse por "critica" y qué por "disenso". Criticar importa un ataque directo y objetivo de la motivación, procurando la demostración de los errores cometidos en la misma. En cambio disentir, es la mera exposición del desacuerdo con lo decidido. Y la porción bajo análisis del presente agravio se asimila claramente a esta última postura discrepante pero sin formular en suma crítica alguna.- Al respecto cabe puntualizar que la meta de la actividad recursiva consisten en demostrar el desacierto de la sentencia que se recurre y los motivos que se tienen para considerarla errónea, de modo de permitir al tribunal de Alzada ingresar al conocimiento de la materia de agravio. No hecho de tal manera esta instancia revisora se encuentra huérfana de la materia indispensable para confrontar argumentos por cuanto se carece de instrumental lógico de crítica (Conf., Morello-Sosa-Berizonce, " Códigos Procesales...", Ed. Plantense, ed. año 1988, T. III, págs. 351 y sgtes.).--------- En suma pues, como lo vengo adelantando, en esta porción al menos, propiciaré que se tenga parcialmente desierto el recurso por carecer de todo sustento técnico que atender (Conf. arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).----------- Respecto a la valoración del testimonio del Sr. J. C. M. (fs. 160 y vta.), el que fuera motivo de tacha por la parte actora (fs. 164), en razón de su trato de confianza que extrae de manejar la caja, hecho éste sobre el que coinciden otros testigos declarantes "...lo que sumado a una situación de contratación similar a la de la demandada con la propietaria del inmueble..."(sic) lo llevan a concluir sobre la existencia de un mismo interés.------------- - Destaco que aún cuando sin dar razón alguna por la cual desestima la tacha del testigo postulada, el Sr. Juez a quo indicó que dicho testimonio merecía atendibilidad por su solidez y concordancia (fs. 287). Es decir, descarto que se hubiera omitido considerar la tacha. Agregaré de mi cuño que no obstante que, estimo, el juzgador lo mantuviera "in mente retenta", los motivos argüidos para cuestionar la idoneidad subjetiva del testigo resulta inaudibles con solo advertir que el manejo de caja es una función que se encuentra contemplada explícitamente en el convenio denunciado de aplicación para la actividad desempeñada en el comercio de la patronal (C.C.T. 130/75) no pudiéndose extraer de esa sola circunstancia comunidad de intereses como lo sostiene el impugnante. En cuanto al párrafo del fundamento de la tacha que transcribiera textualmente "supra" lo hice de tal modo a efectos de que se verifique la dificultad para elucidar su significación lo que constituye un impedimento ineluctable para su consideración. Básicamente no se interpreta qué se quiso aseverar al decir "...sumado a una situación de contratación similar a la de la demandada con la propietaria del inmueble..."(sic)(fs. 164). Si lo que se quiso significar es que dicho testigo era un inquilino más del inmueble participando del pago del alquiler con la patronal demandada del pago del canon locativo en un 50% y participando en porcentajes iguales del resultado de las ventas, tal como lo manifestara dicho testigo en su respuesta a la segunda de las repreguntas (fs. 160 y vta.), tampoco encuentro mella alguna para su apreciación en la especie. Nótese dicho testigo no fue empleador del actor, ni fue sugerido siquiera que lo fuera, por lo que no alcanzo a entender cual sería la comunidad de intereses que se denuncia, m. del que fuera reseñado por los dichos del testigo de marras y que no se vincula con el que se encuentra en juego en esta litis, aspecto por el cual no menoscaba la eficacia probatoria dada a sus dichos. De allí que me eximo de efectuar mayores consideraciones a su respecto (Conf. arts. 386 y 456 del C.P.C.C., y art. 45 de la ley 69).- En relación a la queja vertida en relación a la valoración de todos los testimonios se percibe el discrimen persistente entre "testigos de esta parte" y "testigos de la contraria" que me imponen precisar lo siguiente: el plexo probatorio corresponde que sea valorado en su conjunto y sin distinguir la parte que lo ofreciera por el principio de comunidad o de adquisición probatoria. Insisto, es incorrecto distinguir el origen de la prueba arrimada al proceso, habida cuenta que la prueba no pertenece a quien la ofreció, aportó o la produjo en el proceso, sino al tribunal con abstracción de la parte que la trajo.- Al respecto, se ha dicho con toda pertinencia que no cabe asimilar el principio de disponibilidad de los medios, que actúa en favor de la parte que los ofreció mientras no se hayan producido o agregado al proceso, con el de adquisición procesal, en cuya virtud la eficacia de las probanzas ya producidas es común a las partes, y, desde luego, al juzgador (Conf. S.C.J.B.A., 12/12/78, Rep. L.L., XXXIX, J-Z, pág. 663, sum. 3; id. Devis Echandía, Hernando "Compendio de la prueba judicial", Ed. Rubinzal Culzoni, Ed. año 2000, T. I, pág. 34/35; id. Eisner, Isidoro "Principio de adquisición procesal", L.L. 125-1032).------ En esta dirección cuadra subrayar que la función de la expresión de agravios es distinta de la del alegato de bien probado. La primera no está destinada a valorar la eficacia de la prueba incorporada sino a formular una crítica del razonamiento del juzgador. En resumen, no satisface adecuadamente la carga procesal en la que consiste, entonces, el escrito que ahonda en el análisis de las probanzas rendidas pero no puntualiza equivocaciones en el razonamiento del juzgador.--- De otro lado, desde la perspectiva de una posible violación de las reglas de la lógica en el razonamiento valorativo diré que solo cabría separarse del juicio del sentenciante de Primera Instancia cuando la violación de las reglas de la sana crítica resultare notoria por apartarse de lo que normal y corrientemente suele suceder, situación ésta que, a mi juicio, no aconteció en la especie allende que se puedan no compartir en mayor o menor medida algunas de sus inducciones, deducciones o argumentaciones (Ver: Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos procesales...", Ed. Platense, ed. año 1988, T. III, págs. 351 y sgtes.; De Santo, Vítor "Tratado de los recursos ordinarios", Ed. Universidad, 2da. Ed. act., año 1999, T. I, págs. 337, nro. 2).---- - Hechas tales disquisiciones, diré en relación al testimonio del Sr. F. L. (fs. 162) proveedor del comercio de la demandada, en relación a su valoración hecha por el juzgador, que en muy poco cambia en el contexto global de la prueba testimonial aportada y de la que se hiciera mérito, la precisión consistente en que cuando respondiendo a la 6ta. pregunta -relativa a la fecha aproximada en la que comenzó a prestar tareas para la demandada el actor (ver pliego de preguntas de fs. 159)-, expresó: "...exacta no se, mas o menos un mes o mes y medio antes de la fiesta..."(sic)(fs. 162). Esto es, escasa trascendencia cuenta entonces que luego de dicha respuesta a instancia de la letrada de la parte demandada hubiera precisado que fue en las fiestas de fin de año del 2005 tal como se dejara expresa constancia en el acta y es rememorado por la recurrente ahora (Conf. arts. 386 y 456 del C.P.C.C.; y, art. 45 de la Ley 69).- Parcial razón le asiste al impugnante, en cambio, respecto a la liquidación de haberes correspondientes al mes de noviembre/05, el que según recibo obrante a fs. 3, en consonancia con los datos consignados en la certificación de servicios y remuneraciones presentada por la patronal que se encuentra reservada en caja de seguridad y que tengo a la vista, fue liquidada por media jornada. Esta circunstancia fue alegada por la patronal por lo que indudablemente se encontraba a su cargo acreditar, en los términos previstos por el Art. 377, 2do. párrafo del C.P.C.C., de aplicación al caso por vía del art. 45 de la Ley 69, en concordancia con lo dispuesto por el art. 92 ter. de la L.C.T..- Es más, podría aseverarse que de la prueba surge lo contrario a lo afirmado por la demandada en lo que respecta a la susodicha jornada reducida que supuestamente habría cumplido el actor durante el mes de noviembre de 2005, toda vez que todos los testimonios prestados en autos fueron contestes en indicar que el actor prestaba tareas de mañana y de tarde. No satisfecha tal carga probatoria ni tampoco presentado el libro especial en el que debía constar ésta, por vía de la presunción derivada del art. 42 de la Ley 69 (vide: punto V de fs. 5) y en juego armónico con la prevista por el art. 55 de la L.C.T., propiciaré al acuerdo acoger el presente agravio admitiendo parcialmente la demanda reconociendo diferencia salarial del mes de noviembre de 2005 -liquidado por media jornada cuando correspondía por jornada completa-; y por ende, proponiendo que se condene a la Sra. V. T. a que abone al actor, en el plazo que se fije, la suma de Pesos Quinientos Setenta y Seis con Noventa y Cinco Centavos ($ 576,95), con más la tasa de interés que fija y cobra el Banco d. C. S.A., para sus operaciones activas de descuento de documentos comerciales, desde que dicha suma es debida y hasta el día de su efectivo pago. Así lo voto.------------ - 2) Indemnización agravada del art. 1° de la ley 25.323: Teniendo en consideración los argumentos impugnaticios vertidos en sostenimiento del presente agravio me restringiré a puntualizar que merced a que la norma en cuestión contempla como presupuesto fáctico dirimente para su aplicación que prosperen las indemnizaciones previstas por los arts. 245 de la L.C.T. o art. 7° de la ley 25.013 -indemnización por despido incausado-, dado que tal presupuesto no concurre en el particular caso bajo análisis, vacío de contenido alguno ha quedado el mismo.- Rememoro y dejo constancia que el juzgador tuvo por producido el despido en el período de prueba por lo que concluyó, en porción del fallo que no fue cuestionada, apropiadamente al menos, que no procedía las indemnizaciones por despido incausado -excepto la correspondiente al preaviso-. Aludo a que no mereció ataque con suficiencia técnica desde que solo se remite a aseverar lo contrario a lo expuesto por el juzgador de grado en tanto se restringió a sostener el recurrente, previo a reiterar alegaciones que no tuvieron andamiento ni en la anterior instancia ni tampoco en ésta, que "Entre los contratantes lo que menos existió fue un período de prueba y en definitiva agravia el rechazo de la sanción indemnizatoria..."(sic)(fs. 295).- Por lo expuesto, propondré al acuerdo se tenga por producida la deserción parcial del recurso en lo que respecta al tópico del presente agravio por carecer de suficiencia técnica (Arts. 265 y 266 del C.P.C.C.). Así lo voto.---------- 3) Certificación de servicios: Desde que efectivamente se pidió en demanda la presentación del certificado de trabajo y las constancias documentada de aportes, destacaré que no se corresponde con lo acontecido en este proceso el denunciado incumplimiento "in totum" que se formula por el impugnante.---------- Ello así, puesto que la obligación de entrega de las constancias documentadas de aportes a la seguridad social se encuentra satisfecha con las instrumentales adjuntas con el responde y que se encuentran glosadas en legajo personal del actor que tengo a la vista.- Si le asiste la razón en cambio en cuanto que el certificado de servicios y remuneraciones acompañado en el formulario de Anses P.S.6.2., no se corresponde en lo que refiere a la jornada que se en ésta instancia se tuvo por cumplida por el actor -por falta de acreditación de lo contrario- y, por ende, tampoco respecto a su correspondiente remuneración de noviembre de 2005.--- -- Es que ciertamente el Art. 80, 2do. párrafo de la L.C.T. impone la obligación al empleador de entregar al trabajador la certificación de trabajo al extinguirse por cualquier causa el contrato de trabajo. Ahora bien, es de interpretar que el empleador solo cumple con ella suministrando, por escrito, la información que corresponda. Pero dicho cumplimiento debe entenderse perfeccionado solo cuando aquél contenga la información correcta con la indicada explícitamente en la norma de mención (tiempo de prestación de servicios, la naturaleza de éstos, constancias de sueldos percibidos, aportes efectuados), con el agregado incorporado por la Ley 24.576 (calificación profesional obtenida).---- Habida cuenta de ello, la obligación de otorgar el certificado de trabajo pesa sobre la patronal una vez extinguida la relación laboral se perfecciona con su entrega si, pero lo relevante es la veracidad y exactitud de la información que debe incluirse en él, lo que supone un hacer (Conf. Ackerman, Mario E., "La indemnización por incumplimiento de las obligaciones del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo (t.o.)", D.T., 2001-A-541)(Conf. ésta sala B, S.D.L., Nro. 54/04, c. 19766, CANE).---------- Atento a lo dicho y a lo pretendido por el impugnante en autos corresponderá incluir también en la condena la obligación de entrega de un nuevo certificado de trabajo el que deberá reunir los requisitos que exige el segundo apartado del art. 80 de la L.C.T., bajo apercibimiento que de incumplir será pasible de la imposición de astreintes.- Así lo dejo propuesto al acuerdo se resuelva. III.- Conclusión:- Por todo lo expuesto corresponderá revocar parcialmente el fallo venido en apelación para condenar a la Sra. V. T. a que abone al Sr. M. C. C., dentro de los diez días de firme la presente, la suma de Pesos Quinientos Setenta y Seis con Noventa y Cinco Centavos ($ 576,95), con más la tasa de interés que fija y cobra el Banco d. C. S.A., para sus operaciones activas de descuento de documentos comerciales, desde que dicha suma es debida y hasta el día de su efectivo pago. Asimismo, deberá en el mismo plazo antes indicado, entregar un nuevo certificado de trabajo el que deberá reunir los requisitos exigidos por el 2do. apartado del art. 80 de la L.C.T. bajo apercibimiento de ser pasible de astreintes.------- Desde que la admisión parcial de las diferencias salariales pretendidas lo es en una mínima medida -solo por noviembre cuando se había reclamado respecto a ocho mensualidades- y, como consecuencia, se reconoce la obligación de entrega de una nueva certificación de trabajo acorde a dicha admisión, confirmándose en todo lo demás que fuera materia de agravios, será menester adecuar a este nuevo pronunciamiento la imposición de costas y la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en el anterior grado.--- Atento a ello, dado que de las pretensiones iniciales deducidas (diferencias salariales por el período comprendido entre los meses de marzo/05 a enero/06; indemnización por despido incausado; liquidación final; e, indemnizaciones agravadas de los arts. 1° y 2° de la ley 25.323), solo prospera en muy escasa medida la pretensión referida a las denunciadas diferencias salariales respecto al mes de noviembre de 2005, se perfila un vencimiento parcial y mutuo. Pondero, en tal sentido que corresponde atribuir las costas de primera instancia en un 20% a la demandada y en el 80% restante al actor, estimando que tales porcentajes representan adecuadamente los vencimientos mutuos obtenidos por los litigantes (Conf. art. 59 de la ley 69 y arts. 71 y 279 del C.P.C.C.).-- Por aplicación de la última norma citada, corresponderá asimismo adecuar a esta nueva decisión los honorarios regulados en el anterior grado. Atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado arrojado por las labores profesionales de primera instancia, como así también no perdiendo de vista los mínimos arancelarios contemplados por el art. 8° de la ley 2.200, opino que deberán fijarse los emolumentos de los letrados interviniente en ella del siguiente modo, a saber: a los Dres. P. A. S. y L. B., letrados apoderados de la parte actora; y, R. O. V. y S. M. S., letrados apoderados de la parte demanda, en la suma de $ 650, en conjunto, para cada representación, con más el I.V.A. pertinente (Conf. arts. 6, 7, 8, 9, 10, 19, 37, 39, 47 de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871). No soslayo que como resultado de la admisión parcial de la suma pretendida en demanda por diferencias salariales deriva una disminución evidente de la base económica de regulación que da como resultado tener que atenerse a los mínimos legales del aracel, empero tengo para mi, que resulta improcedente discriminar entre el capital pretendido y el capital de condena tanto para atribuir imposiciones de costas diferenciadas, como así también, a los efectos de computar bases económicas de regulación distintas, según la porción de demanda desestimada o admitida.-- ----------- Ello así, primero y principal por cuanto, entiendo, tal posicionamiento configura una solución "contra legem", desde que se aparta de las previsiones que regulan la materia de costas y que se hallan contenidas en los arts. 68 y conc. del C.P.C.C. y 59 de la Ley 69.----- Asimismo, igual acontece respecto de los honorarios, para cuya regulación la ley del arancel prevé únicamente como base de cálculo a considerar el monto pretendido en demanda (supuesto de rechazo total de la demanda) o el monto de condena (en el supuesto de admisión, aunque ésta sea parcial)(Arts. 6, inc. "a" y 19 del la Ley 2.200).--- Y por último, viene a reafirmar tal postura lo dispuesto por el art. 505, párrafo 3ro. del Código Civil y el similar Art. 277, párrafo 3ro. de la L.C.T. (textos agregados por Ley 24.432), en virtud de los cuales el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales, no pueden exceder del 25% del monto de condena, sin computar en dicho porcentual los honorarios de los letrados de la parte que deba afrontar su pago. Basta con advertir que la regulación que se efectuara trasgrediendo lo antedicho, en muchos casos habilitaría a que la regulación de los emolumentos de los letrados de la parte que resultó condenada, aunque en mínima medida respecto a lo originalmente le fuera reclamado en demanda, puedan resultar de una cuantía mayor inclusive al importe admitido en la sentencia a favor del actor, lo cual, en mi opinión propicia resultados potencialmente absurdos.--------- Esta última circunstancia a la que aludo se traduciría en la especie, puesto que de discriminarse entre porciones que prosperan y que se desestiman del monto de demanda originario tanto para imponer costas como para regular honorarios con bases económicas de regulación diferenciadas del mismo modo, tendríamos que el actor recurrente que obtiene un éxito parcial -aunque mínimo- en la alzada se ve perjudicado, de resultas de ello, toda vez que debería afrontar el pago de emolumentos por una cuantía superior a la que obtiene con motivo del reconocimiento parcial de su pretensión.------ Por tales razones es que siguiendo la posición que he fijado en antecedentes análogos al presente postulo que no corresponde apartarse de la pauta fijada por el art. 19 de la ley 2.200 (Conf., mis votos en S.D.L., N° 36/04 y 48/04; id., S.D.C., N° 15/03 y 34/07, esta última de la Sala A, entre otras, CANE).-------- Asimismo, de los tres agravios planteados en la alzada prosperaron dos de ellos -uno de ellos en escasa medida y el otro como consecuencia del anterior- desestimándose el restante, también se delinea en segunda instancia un vencimiento parcial y mutuo que conduce a atribuir las costas de segunda instancia por el orden causado (Conf. Arts. 71 y 279 del C.P.C.C.).

- Los honorarios de los Dres. P. A. S. y L. B., por sus labores antes la alzada, apreciándolos por su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado regularlos, en conjunto, en la suma de $ 182, con más el I.V.A. pertinente (arts. 6, 8 y 14 de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).------- Finalizo el tratamiento de esta cuestión expidiéndome en ella PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA. A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:--- 1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 291, que fuera concedido a fs. 292, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 286/288 que desestimó la demanda laboral instaurada por M. C. C. contra V. T., con imposición de costas al vencido. El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 293/295 vta., el traslado conferido a fs. 296 no fue evacuado por su contraria, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precede en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones.---------- 2. Alegó el actor haber iniciado tareas a las órdenes de la demandada el 7 de marzo de 2005 (p. III, fs. 3), y ese dato fáctico fue negado expresamente por su contraria (acápite III, fs. 24 vta.), por lo que resultó controvertido (art. 377 del C.P.C.C.). Al respecto, sostiene el apelante que el juzgador no valoró adecuadamente la declaración de L.y no prestó ninguna atención a los dichos de Z..---------- En este último aspecto, señalaré que ninguna ponderación corresponde realizar de la declaración brindada por quien dijo llamarse A. S. Z. ya que por no haber acreditado su identidad según providencia firme de fs. 183 se decretó la nulidad de su testimonio.

En tales condiciones, la manifestación realizada en el sentido que no se "valoró adecuadamente" los dichos de Leal "a quien pareció disminuir en su apreciación al creerla la única testigo de la parte" no es más que un simple disenso carente de crítica concreta y razonada, pues efectivamente con la nulidad antes decretada el suyo es el único testimonio ofrecido por la parte actora, para lo cual me remito al informe de la Actuaria que luce a fs. 263.----- En lo que hace a que la declaración de L. fue apreciada incorrectamente (fs. 293) y disminuida sin razón (fs. 293 vta.), tales expresiones sólo denotan una mera discrepancia con la ponderación efectuada por el sentenciante.---------- En efecto, sus dichos no resultaron categóricos en cuanto a la fecha de ingreso del actor pues con relación a la época en que lo había visto manifestó que había sido el año pasado (con referencia al año 2005) para agregar "con exactitud no se". Y luego de brindársele tres opciones expresó que "sería julio/agosto" (L., respuesta a la 3a. y 4a. pregunta, fs. 101) (el resaltado me pertenece).-- De tal modo, el uso del verbo en potencial denota una mera posibilidad o hipótesis, por lo que no resulta exacto que se disminuyera la fuerza de convicción de esa declaración "sin razón" como lo pretende el recurrente.---------- Y el agravio carece de contenido, cuando como en el caso .d) Simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamentos a la oposición o formula apreciaciones subjetivas . h) No ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 1, págs. 838/839). Y no constituye expresión de agravios idónea el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, 1975, T. V, pág. 267).------ Por tales razones, en esta porción de la queja el apelante incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., remisión del art. 76 de la ley 69).-------- Respecto de la crítica efectuada a las declaraciones de M. y L. advierto una evidente insuficiencia de la queja pues el recurrente omite toda consideración de la ponderación efectuada por el juzgador respecto de los testimonios brindados por R. y V. .------- Y esa omisión en la valoración de prueba testimonial permite señalar que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí. Las pruebas en general no son susceptibles de fraccionarse para que la parte que las invoca aproveche lo que le es útil y deseche lo que la perjudica (Fenochietto-Arazi, ob. cit., T. 2, pág. 357).- Por lo demás, los testigos R. y V. declararon en septiembre de 2006 que vieron al actor en el comercio de la demandada, a saber: a) "fin del año pasado", "principios de este año", "como para febrero no lo vi más" (R., respuesta a la 8a. pregunta, fs. 161), y b) "el tiempo que yo lo vi ha sido fines del año 2.005, principios del año 2.006 (V., respuesta a la 6a. pregunta, fs. 163).----------- ------- Conocimiento que adquirieron en forma directa ya que en el primer caso se trata de un cliente de años, como cinco años, que concurre cada tres o cuatro días a comprar, y que lo sabe por su concurrencia al local como cliente (respuesta a la 6a., 7a., y 8a. pregunta y razón de sus dichos, fs. 161); y en el segundo de un proveedor de la verdulería que va tres o cuatro veces por semana (respuesta a la 1a. y 10a. pregunta y razón de sus dichos, fs. 163).- En lo que hace a la declaración de L., la mención al año 2005 indicada por la letrada apoderada de la demandada carece de trascendencia pues previamente el testigo precisó que el actor ingresó a trabajar "mas o menos un mes y medio antes de la fiesta" y su conocimiento fue adquirido también en forma directa por tratarse de un vendedor que concurre tres veces por semana aproximadamente (respuesta a la 6a., 2a. y 10a. pregunta, y razón de sus dichos, fs. 162). A su vez, M., que se desempeña en la carnicería del comercio desde el año 2.000, manifestó que el actor ingresó en noviembre o diciembre del año 2.005 (respuesta a la 3a., 4a., y 6a. pregunta, fs. 160), por lo que la circunstancia de manejar la caja cuando la demandada se ausentaba (respuesta a la 10a. pregunta) no puede servir de sustento para presumir la parcialidad de su declaración si se considera que la misma resultó concordante con los dichos de R. , V. y L., lo que así aprecio en los términos previstos por el art. 35 de la ley 69.-------------- Respecto de las manifestaciones vertidas acerca de que existía una "afinidad de intereses con la demandada" que importa "mayor vinculación y solidaridad" (fs. 293 vta./294, último y primer párrafo, respectivamente), señalaré que el testigo M. no fue empleador del actor y el contrato de alquiler lo tenía con la propietaria del inmueble Sra. T. M. de J. y no con la demandada (respuesta a la 2a. repregunta, fs. 160), por lo que la circunstancia de tener una contratación similar a la de T. no permite concluir que entre el testigo y la demandada exista "un mismo interés" como se indicara a fs. 164.------ En tales condiciones, luego de ponderar la totalidad de los testimonios brindados en la causa, y a partir de la valoración realizada del cumplimiento de los requisitos, examen de los testigos y de sus declaraciones (Arazi, "La prueba en el proceso civil", Ediciones La Rocca, 1991, pág. 254), de acuerdo a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.), me inclino por otorgar fuerza de convicción a las declaraciones prestadas por los testigos R., V., L. y M., que en forma concordante y precisa se manifestaron en forma positiva en el sentido que el actor comenzó a trabajar en el mes de noviembre de 2005, por lo que la falta de acreditación de esa parte del dato alegado en demanda en el sentido de haberse desempeñado desde marzo de 2005 lleva a desestimar el agravio. 3. Sostiene el quejoso que la demandada invocó que antes de diciembre de 2005 cumplía el actor sólo medio día de labor y que esa jornada reducida debió registrarse en el libro del art. 52 de la L.C.T., por lo que se invirtió la carga probatoria por lo menos desde julio/agosto de 2005.------- Y por las consideraciones vertidas al punto 2 que antecede solo cabe considerar el mes de noviembre de 2005, a cuyo respecto la documental reservada que en este acto se tiene a la vista (recibos de haberes de fs. 1, 3, 7 y 8, y certificación de servicios) permite señalar que se abonaron haberes por jornada reducida para ese mes, a diferencia de los meses de diciembre de 2005 y enero de 2006.- Desde esta perspectiva, la empleadora debió aportar pruebas acerca del cumplimiento por el trabajador de una jornada reducida de trabajo por tratarse de una limitación de su responsabilidad ya que esa forma de contratación prevista por el art. 92 ter de la L.C.T. es una modalidad excepcional.-------------- --- Así, la demandada debió probar el presupuesto de hecho (cumplimiento de jornada reducida) de la norma que invocara como fundamento de su defensa (art. 92 ter, L.C.T.), conforme lo dispone el art. 377, 2do. párrafo, del C.P.C.C.----------- En ese direccionamiento, tratándose de un contrato de trabajo a tiempo parcial, es carga del empleador acreditar que el trabajador realizaba una jornada reducida (CNTrab., sala V, 14/08/2003, "O. , R. K. c/ C. C. S.R.L. y otro", citado por Rodríguez Mancini, Director, "Ley de contrato de trabajo. Comentada, anotada y concordada", La Ley, 2007, T. III, págs. 748/749). Es criterio de esta sala "B", c. 22.494, S.D.L: 10/2008. En tales condiciones, la deficiencia probatoria en que incurriera la accionada sumada a la falta de presentación del Libro Especial (art. 52 de la L.C.T.) y presunciones previstas por el art. 42 de la ley 69 y 55 del ordenamiento antes citado, lleva a acoger el agravio condenando a la demandada para que en el plazo de diez días abone al actor la suma de $576,95.- ($1.148,89.- menos 571,94.-) en concepto de diferencia de haberes mes de noviembre de 2005, con más sus intereses desde que la suma resultó adeudada hasta el efectivo pago, conforme a la tasa de interés utilizada por el Banco d. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento.----------- 4. El fallo en crisis concluyó que a la época de disponerse el distracto la relación se hallaba en período de prueba (art 92 bis de la L.C.T.), lo que releva de obligaciones indemnizatorias a las partes -excepción del preaviso. En tal sentido, desde que el trabajador no acreditó haber cumplido tareas con anterioridad al mes de noviembre de 2005 el despido dispuesto por la empleadora el 27/01/2006 (dato admitido en demanda, fs. 3 vta.) se produjo durante el período de prueba por lo que carece del derecho a indemnización, salvo la obligación de preavisar (art. 92 bis de la L.C.T.), sin perjuicio de las sumas abonadas por tales conceptos a título de liberalidad.- Por eso, no resulta procedente el incremento previsto por el art. 1 de la ley 25.323 ya que es presupuesto de la norma que se declare procedente la indemnización por antigüedad ("Las indemnizaciones previstas por las leyes 20.744 (t.o. 1976), art. 245 y 25.013, art. 7°, o las que en el futuro las reemplace, serán incrementadas al doble .").- De tal modo, el agravio formulado en el sentido que el vínculo fue de mayor duración al registrado y que hubo una falta de registro del contrato en el período julio/agosto hasta octubre de 2005 quedó vació de contenido y ello conduce a la deserción parcial de este tramo de la queja (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.). 5. Requirió el accionante en su escrito de inicio certificado de trabajo y constancias documentales de los depósitos exigidos por la ley 24.241 (p. VI, fs. 5).------ A partir de considerar la fecha de inicio de la relación laboral las constancias documentales agregadas por la demandada y que obran reservadas cumplimentan de modo satisfactorio la obligación de entrega impuesta por el art. 80 de la L.C.T.-- En cambio, le asiste razón al recurrente en cuanto a que debe incluirse en la condena la intimación a entregar el certificado del art. 80 de la L.C.T. toda vez que dicha certificación extendida por la empleadora en el formulario ANSES PS.6.2. consigna en forma inexacta la remuneración correspondiente al mes de noviembre de 2005 en función a una jornada reducida cuando se demostró que en ese lapso el actor cumplió una jornada habitual de labor.-- Y el cumplimiento de la obligación de hacer se entiende perfeccionada cuando la información resulta veraz, por lo que si la misma es inexacta no hay cumplimiento.------- Es criterio sentado por esta sala B, ya en c. 19.766, S.D.L. 54/04, reiterado en diversos pronunciamientos, entre ellos, más recientemente en c. 22.440, S.D.L. 73/2007.-- Es que, la obligación de hacer impuesta por el art. 80 de la L.C.T. y que nace de la extinción del contrato de trabajo es la de otorgar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre: el tiempo de prestación de servicios, la naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos, constancia de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social, calificación profesional obtenida. Y esa obligación de hacer que supone la certificación queda limitada a un deber de informar con veracidad sobre todas las circunstancias indicadas en la norma. No habrá cumplimiento si la información fuera inexacta o incompleta (Ackerman, "La indemnización por incumplimiento de las obligaciones del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo (t.o.)", D.T. 2001-A, 541) (la cursiva me pertenece).------ - Por tales razones, deberá extenderse la condena a fin de que la demandada cumpla con la obligación de entregar un nuevo certificado de trabajo con los requisitos previstos por el art. 80 de la L.C.T. en el plazo de diez días bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo.- 6. En consecuencia, también propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para hacer lugar parcialmente a la demanda instaurada, condenando a V. T. para que en el plazo de diez días, a contar desde que quede firme la resolución que apruebe la liquidación final, pague a M. C. C. la suma de pesos quinientos setenta y seis con noventa y cinco centavos ($576,95.-), en concepto de diferencia de haberes mes de noviembre de 2005, con más sus intereses desde que ese importe resultó adeudado hasta el efectivo pago, conforme a la tasa de interés utilizada por el Banco del C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales, debiendo asimismo la demandada hacer entrega mediante depósito en el expediente de un nuevo certificado de trabajo con los requisitos previstos por el art. 80 de la L.C.T. dentro del mismo plazo antes fijado y bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo.----- La revocatoria que se propicia lleva a adecuar las costas y honorarios establecidas en la anterior instancia (art. 279 del C.P.C.C.).-- Y en este aspecto, no comparto la postura del Dr. L., ya que ante la diferencia existente entre el monto por el que progresa la demanda de $576,95.- y el que se rechaza de $10.390,07.-, en función al importe reclamado en el escrito de inicio ($10.967,02.-, liquidación de fs. 5), se advierte en este caso excepcional que ambas partes resultaron vencidas en las respectivas medidas del rechazo y progreso de las pretensiones deducidas, lo que permite imponerlas al actor y a la demandada en proporción al éxito obtenido (ver Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Astrea, 1998, págs. 122 y 123, y nota n° 125), por lo que estimo prudente imponer al actor las costas en la porción de la demanda que se desestima, y a la demandada en cuanto a la porción que progresa (art. 59 de la ley 69, y arts. 68 y 71 del C.P.C.C.).----- -------- Es criterio ya sentado por esta Cámara, por su sala "A", c. 16.745, S.D.L. 66/00, c. 17.578, S.D.L. 46/2001, c. 19.841, S.D.L. 59/2004, y c. 20.037, S.D.L. 67/2004; y por esta sala "B", c. 19.486, S.D.L. 29/2004, y c. 19.508, S.D.L. 36/2004.--------- Asimismo, la calidad de vencedor y vencido que las partes presentan mutuamente, y la diferencia existente entre el progreso y el rechazo de la demanda, determina en materia de regulación de honorarios la aplicación de la doctrina sentada por el S.T.J. en la causa "Cortes, Rafael Juan c/ Oca, Carlos Alberto s/laboral" (Expte. N° 10853-C-84), S.D. 9/85, lo que conlleva a una doble regulación.----------- Así, conforme al art. 279 del C.P.C.C., corresponderá adecuar a este decisorio los honorarios regulados en la anterior instancia, por lo que atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en primera instancia, por la porción de la demanda que prospera ($576,95.-) y a cargo de la demandada, entiendo que resulta prudente fijar los emolumentos de los Dres. L. C. B. y P. A. S., y de los Dres. R. O. V. y S. M. S., en su carácter de letrados apoderados de las partes actora y demandada, en ambos casos en forma conjunta, en las sumas de $650.- y $650.-, respectivamente, en atención al monto de condena y mínimos arancelarios (arts. 6, 8, 9, 19, y 47 de la ley 2200), con más el I.V.A. correspondiente.----- Con iguales pautas, y respecto a la fracción de la demanda que no es acogida ($10.390,07.-) y a cargo de la parte actora, entiendo que resulta prudente fijar los emolumentos de los Dres. R. O. V. y S. M. S. , y Dres. L. C. B. y P. A. S., en las sumas porcentuales equivalentes al 19,60% y 14%, respectivamente, del capital reclamado que no prospera, con más sus intereses hasta la fecha del presente pronunciamiento, conforme la tasa utilizada por el Banco d. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales, importe a determinarse en la etapa de ejecución (arts. 6, 7, 9, 19, y 47 de la ley 2200), con más el I.V.A. correspondiente.------------- ------- Tengo en cuenta para ello que en la actualidad para la C.S.J.N. la cuestión vinculada a la regulación de honorarios no es materia federal, y por tratarse entonces de cuestión local, debo seguir el criterio seguido por el S.T.J. ya afianzado en diversos pronunciamientos en los cuales estableció la necesidad de incluir los intereses dentro de la base regulatoria en caso de rechazo de demanda (c. 16.937, S.D. 4 S.C.A./02; c. 15.955, S.D. 8 S.C.A./02, entre otros pronunciamientos).- En cuanto a las costas de alzada, el fracaso de dos de los agravios vertidos (valoración probatoria e incremento art. 1 de la ley 25.323), el éxito de uno de ellos (entrega del certificado de trabajo) y en escasa medida el restante (diferencia de haberes mes de noviembre de 2005), permite delinear un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuirlas prudencialmente en el orden causado, por responder así a la porción de éxito y fracaso obtenido por el apelante en esta instancia (art. 71 del C.P.C.C.).-- Finalmente, atendiendo a la naturaleza, extensión y eficacia de las tareas cumplidas en esta instancia, propicio regular los emolumentos de los Dres. L. C. B. y P. A. S., en conjunto, en la suma de $195.- por la porción de la demanda que prospera, y en la suma porcentual del 3,5% del monto que se rechaza, con más sus intereses (arts. 6, 7, 8, 9, 14, y 47 de la ley 2.200) con más el I.V.A. que pudiere corresponder.- Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA. A ESTA MISMA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó:--------- Soy convocado a dirimir la disidencia entre los colegas que me precedieran en la votación, remitiéndome a sus respectivos votos en cuanto al relato de los hechos y determinación de los agravios, ello en homenaje a la brevedad. Por lo demás, los señores vocales preopinantes han coincidido en la solución sobre las cuestiones de fondo que fueran materia de decisión en esta segunda instancia, referidas a diferencias salariales y a la obligación de la demandada de entregar un nuevo certificado de trabajo de acuerdo al 2do. apartado del art. 80 de la LCT. Consecuentemente, dado que sobre esos puntos se ha formado la mayoría necesaria para el Acuerdo, me abstendré de emitir opinión fundada acerca de los mismos en ejercicio de la facultad conferida por los arts. 9 de la ley 1130 y 271 del CPCC (t.o. según ley 4550).----- La discrepancia entre los colegas se circunscribe a la imposición de costas en ambas instancias y su proyección sobre las regulaciones de honorarios, sobre lo que corresponda me expida a continuación.--- I.- Dado que se revoca parcialmente la sentencia apelada para condenar a la demandada en una suma de alrededor del 5% del monto reclamado en la demanda, corresponde adecuar la imposición de costas y regulación de honorarios de la anterior instancia en virtud de lo dispuesto por el art. 279 del CPCC.-- Es así que el vencimiento del actor ha sido ínfimo respecto de la pretensión inicial, por lo que el mismo fue derrotado en la mayor parte del reclamo. En principio correspondería aplicar el art. 71 del CPCC. (conf. remisión del art. 76 de la ley 69), tal como lo decidiera en su voto el Dr. Lucero, más allá de que no debe guardarse una exacta correspondencia matemática entre los porcentuales rechazados en la condena y aquellos en los cuales se imponen las costas. Sin embargo, entiendo que ante situaciones excepcionales, como el presente, en las cuales la recepción favorable de la demanda es ínfima en relación a la pretensión originaria, los criterios de justicia y equidad aconsejan que cada parte soporte en proporción a la parte de la demanda que prospera y que se desestima. Esta postura que es la propuesta por el Dr. Vergara en el "sub exámine", es la seguida en anteriores antecedentes de esta Cámara, por ambas salas (conf. CANE, Sala "B", SDL 36/05, 29/04 y 36/04; Sala "A", SDL 66/00, 59/04 y 67/04).------ Esta solución importa entonces una doble imposición de costas, debiendo cargar las mismas el actor por la porción de demanda rechazada y el demandado por la que se acoge. Encuentro que esta posición en realidad es compatible con lo dispuesto por el Art. 71 del rito, ya que su texto establece que "...las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos". Como se aprecia, la norma no impone una única forma de distribución sino que otorga al juzgador la facultad prudencial para concebir y decidir dicha distribución. En ese orden de ideas, reitero, la imposición de las costas al actor por la parte rechazada y al demandado por la que prospera del reclamo, encuadra dentro del concepto de "distribución prudencial" que emana del texto normativo referenciado.---- Como consecuencia de la doble imposición de costas que importa esta decisión, se impone una doble regulación de honorarios, solución ésta recogida en el antecedente del máximo tribunal provincial citado por el Dr. Vergara (conf. STJCH, SD 09/85, in re: "Cortés, Rafael Juan c/ Oca, Carlos Alberto s/ laboral). Respecto del argumento que esgrime el Dr. Lucero en cuanto a que esta doble regulación exige una doble base económica regulatoria resulta contraria a las normas de los arts. 6, inc. a) y 19 de la ley arancelaria, cabe decir lo siguiente. El colega entiende que los citados artículos prevén como única base de cálculo a considerar el monto pretendido en demanda o el de condena, según se rechace totalmente la demanda o se acoja aunque sea parcialmente. Sin embargo si nos circunscribimos al texto del art. 6, inc. a) el monto del asunto o proceso, comprendiendo capital e intereses, no está previsto para el caso de rechazo total de la demanda sino como una pauta entre otras a los fines de fijar los honorarios. Por su parte el art. 19 dispone que "Se considerará monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o transacción". Como bien lo apuntara el Dr. Ferrari al dirimir la misma cuestión aquí planteada en un antecedente de esta Sala "B" (ver CANE, Sala "B", SDL 36/05), cuando se desestima totalmente la acción no existe en puridad suma alguna resultante de la sentencia, siendo la solución que se menciona para el caso de rechazo de la demanda creación pretoriana, la que desde ya comparto. Reitero que la solución para el caso de desestimación total no está expresamente contenida en el art. 6, inc. a) de la ley 2200, de allí que entiendo que es producto de la interpretación judicial. Por lo que en casos como el presente, reitero cuando la diferencia entre lo reclamado y lo acogido es sumamente amplia, no parece desaconsejable la solución también pretoriana de la doble regulación, la que en el ámbito provincial reconoce además genealogía del máximo tribunal provincial. Haré míos también los sólidos argumentos brindados por el Dr. Ferrari en el antecedente mencionado en cuanto a la referencia que efectúa el Dr. Lucero respecto del respaldo de su posición en el art. 505 del C. Civil (t.o. según ley 24432). A fin de no caer en reiteraciones estériles sólo referiré la línea jurisprudencial que aconseja una interpretación restrictiva de dicho artículo por tratarse de una norma de carácter procesal y reglamentaria de la retribución del abogado extraña al orden sustantivo, evitando así avanzar sobre la facultad judicial de imponer costas de neto corte procesal y por ende provincial (conf. Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, 25/02/04, LL Gran Cuyo 2004 (mayo), 328; entre otros citados en el voto que consigno). En el mismo sentido, y siguiendo siempre el citado voto del Dr. Ferrari, se ha considerado que el tope de responsabilidad que establece el art. 1 de la ley 24432, modificatorio del art. 505, no impide regular honorarios en medida superior, dado que subsisten las normas arancelarias específicas, no debiendo confundirse el derecho de los profesionales al reconocimiento de una justa compensación por los trabajos cumplidos en el proceso con la eventual limitación de la responsabilidad de alguna de las partes en orden a su efectiva satisfacción (conf. SCBA, 02/10/02, DT 2002-B, 2352-LLBA 2002, 1581, voto del Dr. De Lázzari, entre muchos otros citados en el antecedente mentado).----------- -- II.- En consecuencia de lo antedicho, coincido con lo propuesto por el Dr. Vergara, por lo que corresponderá adecuar los honorarios de la instancia anterior, en base al mérito y extensión de la labor desarrollada así como al resultado del pleito, regulándose por la porción de la demanda que prospera ($ 576,95) y a cargo de la accionada, a los Dres. L. C. B. y P. A. S., letrados apoderados de la actora, en la suma de $ 650 en conjunto; y a los Dres. R. O. V. y S. M. S., letrados apoderados de la demandada, también en el monto de $ 650 en conjunto, dado el monto de condena y el mínimo dispuesto en el art. 8 de la ley arancelaria (conf. arts. 6, 9, 19 y 47 del arancel), con más el IVA correspondiente.----- En cuanto a la porción de la demanda que se rechaza ($ 10.390,07) y con carga a la actora, comparto por resultar equitativos y prudentes los porcentuales propuestos por el Dr. Vergara, por lo que corresponde adjudicar a los Dres. V. y S., en conjunto, un 19,60% y a los Dres. B. y S., en conjunto, un 14%, porcentuales ambos a calcular sobre el capital mentado de $ 10.390,07, con más sus intereses hasta la fecha del presente pronunciamiento, conforme a la tasa activa que utiliza del Banco d. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales, lo que se determinará en la etapa procesal oportuna (conf. arts. 6, 7,9, 19 y 47 del arancel), en todos los casos con más el IVA correspondiente.-------- En lo referente a las costas de esta sede, atento la proporción de éxito y fracaso de cada una de las partes, comparto la proposición del Dr. Vergara en cuanto a distribuirlas en el orden causado (conf. art. 71 del rito). A tal efecto, y en base a los parámetros ya enunciados a fin de adecuar los honorarios de la instancia de grado, corresponde regular los honorarios de los Dres. B. y S., en conjunto, en la suma de $ 195 por la parte de la demanda que se recepta, y en un 3,5% del monto que se rechaza con más sus intereses (conf. arts. 6, 7, 8, 9, 14 y 47 de la ley 2200), con más el IVA correspondiente.----------- Así lo voto.--- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:---- El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) REVOCAR PARCIALMENTE el fallo venido en apelación para admitir el reclamo por diferencia salarial correspondiente al mes de noviembre del año 2005, condenando a la Sra. V. T. a que, en el plazo de diez días de firme la presente, abone al Sr. M. C. C. la suma de Pesos Quinientos Setenta y Seis con Noventa y Cinco Centavos ($ 576,95), con más la tasa de interés que fija y cobra el Banco d. C. S.A., para sus operaciones activas de descuento de documentos comerciales, desde que dicha suma es debida y hasta el día de su efectivo pago. Y, asimismo, a que en el mismo plazo antes indicado, haga entrega al actor de un nuevo certificado de trabajo adecuado a lo admitido por la presente y a todos los requisitos exigidos por el 2do. apartado del art. 80 de la L.C.T. bajo apercibimiento de ser pasible de imposición de astreintes; confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravios. 2) ADECUAR las costas de primera instancia a este nuevo resolutorio, fijándolas en un 20% a cargo de la demandada y en el 80% restante a cargo del actor. 3) FIJAR, también por adecuación a la presente, los honorarios de los Dres. R. O. V. y S. M. S., en conjunto; y, los correspondientes a los Dres. P. A. S. y L. B., en conjunto, en las sumas respectivas de $ 650 para cada una de las representaciones aludidas, con más el I.V.A. pertinente. 4) IMPONER las costas de alzada por el orden causado. 5) REGULAR los honorarios de los Dres. P. A. S. y L. B., por sus tareas de alzada, en conjunto, en la suma de $ 182, con más el I.V.A. pertinente.---------- ASI LO VOTO.---- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:--- Visto el acuerdo antes alcanzado por mayoría, corresponde: a) revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para hacer lugar parcialmente a la demanda instaurada, condenando a V. T. para que en el plazo de diez días, a contar desde que quede firme la resolución que apruebe la liquidación final, pague a M. C. C. la suma de pesos quinientos setenta y seis con noventa y cinco centavos ($576,95.-), con más sus intereses desde que ese importe resultó adeudado hasta el efectivo pago, conforme a la tasa de interés utilizada por el Banco d. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales, debiendo asimismo la demandada hacer entrega mediante depósito en el expediente de un nuevo certificado de trabajo con los requisitos previstos por el art. 80 de la L.C.T. dentro del mismo plazo antes fijado y bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo; b) fijar, por adecuación a la presente, las costas de la anterior instancia para imponerlas a la parte actora en la porción de la demanda que se desestima, y a la parte demandada en la que progresa; c) regular los honorarios de los Dres. L. C. B. y P. A. S. , y Dres. R. O. V. y S. M. S., por las tareas profesionales de la primera instancia y por la porción de la demanda que prospera, en ambos casos en forma conjunta, en las sumas de $650.- y $650.-, respectivamente, y por la fracción de la demanda que se rechaza, regular los emolumentos de los Dres. R. O. V. y S. M. S. , y Dres. C. B. y P. A. S., en conjunto, en las sumas respectivas equivalentes al 19,60% y 14%, del capital reclamado que no prospera, con más sus intereses hasta la fecha del presente pronunciamiento, conforme a la tasa utilizada por el Banco del C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales, importe a determinarse en la etapa de ejecución; c) imponer las costas de Alzada en el orden causado; d) regular los emolumentos de los Dres. L. C. B. y P. A. S., por las tareas cumplidas en esta instancia, en conjunto, en la suma de $195.- por la porción de la demanda que prospera, y en la suma porcentual del 3,5% del monto que se rechaza, con más sus intereses; y e) declarar que todos los honorarios regulados deberán ser incrementados con más el I.V.A. correspondiente.- Así lo voto.---- A ESTA ÚLTIMA CUESTIÓN el Dr. De Cunto dijo: -- En atención a la solución por la que me inclinara al tratar la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara.--------- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, pasándose a dictar: --- S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew, por mayoría; RESUELVE:--------- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia venida en apelación para hacer lugar parcialmente a la demanda instaurada, condenando a V. T. para que en el plazo de diez días, a contar desde que quede firme la resolución que apruebe la liquidación final, pague a M. C. C. la suma de pesos quinientos setenta y seis con noventa y cinco centavos ($576,95.-), con más sus intereses desde que ese importe resultó adeudado hasta el efectivo pago, conforme a la tasa de interés utilizada por el Banco d. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales, debiendo asimismo la demandada hacer entrega mediante depósito en el expediente de un nuevo certificado de trabajo con los requisitos previstos por el art. 80 de la L.C.T. dentro del mismo plazo antes fijado y bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo.- FIJAR, por adecuación a la presente, las costas de la anterior instancia para imponerlas a la parte actora en la porción de la demanda que se desestima, y a la parte demandada en la que progresa.----------- REGULAR los honorarios de los Dres. L. C. B. y P. A. S. , y Dres. R. O. V. y S. M. S., por las tareas profesionales de la primera instancia y por la porción de la demanda que prospera, en ambos casos en forma conjunta, en las sumas de $650.- y $650.-, respectivamente, y por la fracción de la demanda que se rechaza, regular los emolumentos de los Dres. R. O. V. y S. M. S. , y Dres. C. B. y P. A. S., en conjunto, en las sumas respectivas equivalentes al 19,60% y 14%, del capital reclamado que no prospera, con más sus intereses hasta la fecha del presente pronunciamiento, conforme a la tasa utilizada por el Banco d. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales, importe a determinarse en la etapa de ejecución.----------- IMPONER las costas de Alzada en el orden causado.-- REGULAR los emolumentos de los Dres. L. C. B. y P. A. S., por las tareas cumplidas en esta instancia, en conjunto, en la suma de $195.- por la porción de la demanda que prospera, y en la suma porcentual del 3,5% del monto que se rechaza, con más sus intereses. DECLARAR que todos los honorarios regulados deberán ser incrementados con más el I.V.A. correspondiente.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.------ Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - ALDO LUIS DE CUNTO - SERGIO RUBEN LUCERO (en disidencia parcial) REGISTRADA BAJO EL Nº 14 DE 2008 - SDL.- CONSTE.- CECILIA INES CORNEO - SECRETARIA DE CAMARA