Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-03-25


SENT Nº 90 San Miguel de Tucumán, 25 de Marzo de 2013.- Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el artículo 14 de la Ley N° 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación deducido por la parte actora en autos: "Gobierno de la Provincia de Tucumán -D.G.R.- vs. José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I. s/ Ejecución fiscal"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia del 15/8/2012, que resuelve no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de la Sala II de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones de fecha 03/02/2011.

II.- El recurso ha sido deducido en término, por quien está legitimado para interponerlo, contra una sentencia definitiva emanada del Superior Tribunal de la causa, habiéndose planteado oportunamente la reserva del caso federal y, sin perjuicio del análisis que en definitiva corresponde efectuar al Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, se observa que el recurrente ha sostenido su ataque sentencial en el vicio de arbitrariedad, con violación a los arts. 1, 16, 17, 18, 31 y 121 CN. Sostiene la gravedad institucional toda vez que, de mantenerse la solución sentencial, se impediría a su parte la percepción de una importante fuente de ingresos fiscales lo que obstaculizaría, incluso, la prestación de los servicios públicos esenciales. Afirma que existe cuestión federal toda vez que se discute la vigencia en la Provincia de Tucumán del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento; se denuncia la existencia de una interpretación dogmática de normas de derecho público local; afirma que la sentencia se aparta del criterio procesal sentado por la CSJN in re "Los Balcanes" y se denuncian otras causales de arbitrariedad tradicionalmente consideradas admisibles por esa Corte para la procedencia del presente recurso. Agrega que la resolución es contraria a normas y principios constitucionales y de derecho federal sostenido por su parte. Considera asimismo atacados los arts. 8 y 14 del PSJCR. Alega la existencia de gravamen irreparable toda vez que la sentencia le impide en el futuro gravar impositivamente a una de las principales actividades económicas de la Provincia, lo que se traduce en un perjuicio económico de magnitud para su parte que no puede ser remediado por un camino distinto al presente, desconociéndose así el art. 75 inc. 2° CN al afectar la autonomía provincial, todo lo cual posee un claro interés institucional (Fallos 330:4001), excediendo el interés de las partes al estar en juego la determinación de la vigencia -o no- del Pacto Federal en el territorio de la Provincia de Tucumán así como la interpretación de la Ley Nº 8.166, ya que se pone en riesgo la recaudación de la renta fiscal (Fallos 316:3025; etc.) y con ello la normal prestación de los servicios públicos y un sinnúmero de actividades ligadas al bien común.

La recurrente basa la vía impugnaticia que intenta en la cuestión federal que surgiría del alegado supuesto de arbitrariedad normativa de la sentencia emitida por esta Corte Suprema de Justicia. Sostiene que la misma implica un apartamiento inequívoco de la solución legal prevista para el caso. Recorre algunos aspectos del caso Los Balcanes para concluir que la sentencia impugnada resuelve contrario a derecho y contra lo decidido por la CSJN al invocar, en primer lugar, que la renuncia de derechos o el desistimiento del proceso debe ser formalizado en sede judicial mediante el trámite previsto procesalmente e invocando también que los acogimientos formulados por la parte demandada no se refieren a conceptos, montos y períodos objeto de la ejecución. Que ello es apartarse flagrantemente de la letra de la ley y del criterio de la CSJN ante idéntica situación. Que ese Tribunal afirmó que los jueces no tienen porqué considerarse sometidos al significado literal de las palabras de la ley y que no existe peor técnica interpretativa que la que implica patente alteración del inequívoco significado de esas palabras las cuales, mientras el texto lo consienta, han de ser tomadas en el sentido más obvio al entendimiento común (Fallo 318:1012). Explicita lo que se deduce de la Ley Nº 8.166 y concluye en que el juez se convirtió en legislador sustituyéndolo en clara violación de la división de poderes y de los arts. 3, 67, 101 y cctes CP.

Alude más detalladamente al caso Los Balcanes, al federalismo y la facultad provincial de recaudar tributos, agraviándose de la limitación a dicha facultad.

Se detiene posteriormente en la existencia del Pacto Federal alegando que se trata de una interpretación inescindible de normas locales y federales la del presente caso. Le agravia que se prescinda del texto legal; sostiene argumentos ofrecidos por el voto en disidencia de este alto Tribunal (ausencia de ratificación del Pacto por la Provincia; antecedentes parlamentarios de las leyes respectivas al Pacto Fiscal, Poder Legislativo como único órgano habilitado para decidir sobre la sujeción de la Provincia al Pacto, etc.). Afirma que es distinta cosa la exención impositiva del beneficio fiscal; que la asimilación provoca un efecto no querido que es la violación del principio de legalidad, de reserva de ley o de juridicidad y con ellos, de la división de poderes.

Le agravia que se entienda que con el Decreto Nº 1961/03 se agotó la facultad delegada por el Poder Legislativo cumpliéndose la finalidad del Pacto y no pudiendo ejercer nuevamente dicha facultad.

Explicita que las Leyes Nº 8.457 y Nº 8.467 vienen a convalidar la voluntad del legislador constituyéndose en instrumento óptimo de interpretración auténtica de las Leyes Nº 6.496 y Nº 6.497 por lo que la declaración de inconstitucionalidad del Decreto antes mentado resulta violatoria de la Ley Nº 8.467.

Concluye solicitando se conceda el medio impugnativo intentado elevándolo a la CSJN.

Corrido el traslado de ley, la parte demandada contesta según los términos que obran en su memorial de fs. 398/399.

III.- Si bien las normas discutidas pertenecen a la esfera del derecho público local, no es menos cierto que resulta atendible contemplar las hipotéticas lesiones constitucionales invocadas; los especiales ribetes económicos que presenta la cuestión debatida; la trascendencia de la significación teleológica de las normativas en examen; lo que presenta, prima facie, entidad bastante para justificar la intervención del Máximo Tribunal de la Nación, permitiendo superar los ápices procesales frustratorios del control constitucional de la CSJN (Fallos: 248:189; CS, 1999/12/07, en LL, 2000-B, (183), etc.). Ello así, puesto que la naturaleza del contenido de la materia en análisis excede el mero interés de los particulares, adquiriendo notorio interés institucional (Fallos: 253:406).

En este sentido, se advierte que el impugnante ha formulado con suficiencia su libelo recursivo, demostrando la proyección e importancia institucional suficiente (Fallos 300:417; 300:1110) así como invoca arbitrariedad que abriría las compuertas del recurso extraordinario aún en cuestiones no federales (Fallos 332:2415; CSJN, "Chiara Díaz, Carlos Alberto vs. Estado Provincial sobre acción de ejecución", 07/3/2006 con cita de Fallos 310:959).

Por lo expresado supra, dada la naturaleza del asunto litigioso y su relevante significación, puede verosímilmente entenderse que la situación de autos adquiere carácter excepcional y, habiéndose propuesto cuestión federal suficiente, se torna conveniente que sea la CSJN la que lleve a cabo la última dilucidación de la cuestión planteada, puesto que, en su condición de intérprete final de la Constitución, será a quien en definitiva corresponde decidir si, en el caso, existe la alegada infracción normativa con afectación de la forma federal de gobierno, de la autonomía provincial, de la potestad tributaria de la provincia demandada, del principio de razonabilidad previsto en el art. 28 de la Carta Magna (cfr: CSJT, sentencia N° 1140/2009 y Nº 747/2012).

Por lo expuesto, y oído el señor Ministro Fiscal a fs. 401/402 corresponde conceder el recurso extraordinario deducido por la parte actora.

Por ello, encontrándose excusado el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán y en uso de licencia el señor vocal doctor René Mario Goane, se R E S U E L V E :

I.- DECLARAR ADMISIBLE y, en consecuencia, CONCEDER el recurso extraordinario federal interpuesto por la actora contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia del 15/8/2012.

II.- ELEVAR oportunamente los autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR (En disidencia) CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	DANIEL OSCAR POSSE CARLOS E. COURTADE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ Voto en disidencia del señor vocal doctor Antonio Gandur:

I.- Que la parte actora interpone recurso extraordinario federal (fs. 376/395 vta.) en contra de la sentencia Nº 677 de fecha 15 de agosto de 2012 dictada por esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán (fs. 347/372) en la que se resolvió (punto I) no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora (fs. 260/273) en contra de la sentencia de la Sala II de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones de fecha 03/02/2011 (fs. 206/209 vta.).

II.- El recurso fue objeto de un adecuado tratamiento en el dictamen del señor Ministro Fiscal (fs. 401/402 vta.), cuyos fundamentos esta Corte comparte y a los cuales se remite; y que, en lo sustancial, considera que no resulta configurada la cuestión federal a la luz de art. 14 inc. 2 de la Ley Nº 48, que la arbitrariedad invocada se sostiene en la mera discrepancia con el resultado desfavorable al recurrente, que la sentencia atacada no puede ser considerada dogmática en tanto efectuó un exhaustivo análisis de las normas que rigen la materia y que no se configura lesión a garantía constitucional alguna.

III.- Cabe remarcar que la sentencia impugnada ha rechazado el recurso extraordinario local tentado por la actora contra la resolución de segunda instancia (fs. 206/209 vta.) por la que se declaró la nulidad por inconstitucionalidad de la norma local (Decreto Nº 1961/3 del 12-9-02) por contraponerse al derecho federal (Pacto Fiscal); por lo que, en la especie, no se advierte la existencia de cuestión federal a la luz del art. 14, inc. de la Ley Nº 48, habida cuenta el fallo no cumple con uno de los requisitos esenciales para su admisión en tal supuesto, como lo es que el pronunciamiento sea contrario al derecho federal invocado.

Igualmente no se vislumbra el invocado vicio de arbitrariedad. El recurso se fundamenta en una mera discrepancia con las resultas del juicio y no se configura lesión a garantía constitucional ni abona cuestión constitucional alguna. En rigor, el recurso pretende una nueva determinación de las cuestiones debatidas ya en la causa y una nueva interpretación de las reglas jurídicas, tratando de revertir el resultado desfavorable, sin exhibir suficiente lesión constitucional ni demostrar apartamiento inequívoco de la solución normativa del caso, en orden a configurar el vicio que se endilga.

Finalmente, cabe agregar que resultan de aplicación a la especie los fundamentos vertidos en precedentes de esta Corte Local donde, ante planteos semejantes, se ha declarado inviable la concesión de la vía extraordinaria federal (cfr. CSJTuc., sentencias Nº 1140 "Compañía Azucarera Los Balcanes S.A. vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Inconstitucionalidad; Nº 1141 "Di Bacco y Cía. S.A. vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Inconstitucionalidad" del 11/12/2009; Nº 1185 "Engordar S.A. vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Inconstitucionalidad" del 23/12/2009; Nº 320 "Viluco S.A. vs Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Inconstitucionalidad" del 12/5/2010; Nº 1014 "José Minetti y Cía. S.A. vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán. s/ Inconstitucionalidad" del 20/12/2010; Nº 1017 "Cía. Azucarera Concepción S.A. vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Inconstitucionalidad" del 20/12/2010); antecedentes éstos en los que se registra una descripción de la doctrina de la Corte Federal en relación a la temática sub examen, abonando el criterio expuesto por este Máximo Tribunal Provincial; por lo que, brevitas causa, cabe remitir a las consideraciones vertidas en los precedentes recién citados.

IV.- Por lo expuesto corresponde denegar, con costas al recurrente, la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto (cfr. art. 105 primera parte del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán).

ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.