Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-03-08


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Ocho (08) de Marzo de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Caballero Inclan, Antonio vs. INGEMA S.R.L. s/Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora plantea recurso de casación (cfr. fs. 311/323), contra la sentencia dictada por la Excma. del Trabajo, Sala II, de fecha 26 de junio de 2003, obrante a fs. 299/300 vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 18 de agosto de 2004 (cfr. fs. 342). Ninguna de las partes, según surge del informe actuarial de fs. 348, presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del CPT.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar el juicio de admisibilidad de éste realizado por la Excma. Cámara, la primera cuestión a examinar es justamente, si el mismo ha sido correctamente concedido.

El recurso ha sido incoado tempestivamente; la sentencia que se impugna es definitiva; el escrito en que se documenta se basta a sí mismo con cita de las normas que se alegan quebrantadas, finalmente, el recurso se motiva en la invocación de violación de normas de derecho, siendo innecesario el afianzamiento por recurrir la parte actora. En consecuencia, resulta admisible; voto porque así se declare.

III.- Sostiene la parte actora para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara ha violado los artículos 1 y 35 de la Ley N° 22.250; artículo 95 del CCT, Nro. 76/75; artículos 40, 47, 48, 50, 51, 52 de la Ley N° 23.551; y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en base a las razones que expone y las que serán tratadas, en lo pertinente y suficiente para dar sustento a la solución que se arribe respecto al recurso en examen.

IV.- La sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, centra la situación en el límite de la garantía de protección de los Delegados Gremiales de acuerdo al artículo 51 de la Ley N° 23.551 en caso de cesación general de actividades del establecimiento o suspensión general de las tareas del mismo.

Entiende que la jurisprudencia del plenario "Vázquez vs. Pampurro", reiterado en varios fallos de la CNAT, interpreta que el trabajador del plantel permanente de una empresa constructora que cumplía funciones de delegado gremial, conserva la estabilidad pese a la conclusión de las obras en las que prestaba servicios, si se comprobaba que el dependiente laboró en "otras" obras pertenecientes a la misma empleadora, y que tal trabajador debía ser ocupado en otra obra, pudiendo disponerse la suspensión hasta la iniciación de la nueva obra.

Estima que dicha interpretación aplicada al caso de autos, implica averiguar, si de acuerdo a las constancias y pruebas de autos, se advierten dos condiciones: permanencia laboral, por un lado y cesación temporal de la obra de acuerdo a sus partes, por el otro.

Invocando la disposición del artículo 1, inciso c) de la Ley N° 22.250, sostiene que "no hay pruebas en autos de aquella contratación permanente, que como condición de hecho de excepción debía acreditarse, ya que el régimen de la Ley N° 22.250 significa la sustitución del régimen de estabilidad y la finalidad de la Ley N° 23.551 consiste en la protección de la actividad gremial del delegado, y no implica la mutación de la característica legal del sistema, y convertir en permanente al delegado de obra, si la cesación es objetiva de acuerdo a las condiciones especiales de la Industria de la Construcción. Las consecuencias del cese laboral del delegado en tales condiciones, en su caso, se suplirá por la actuación de la entidad sindical, conforme a sus estatutos, a la cual le incumbe la representación gremial y no la situación del contrato individual del delegado".

En cuanto a la segunda condición, el del cese temporal de la obra, expresa que su desarrollo dependerá de la extensión de la obra medida en unidades (con módulos de medición diferentes), metros lineales, cuadrados (por lo general para viviendas) o cúbicos, en la forma más elemental, o cualquier otra más técnica o específica de unidad de mediación.

La prueba pericial técnica de ingeniería de fs. 260, en el sentido de que las altas y bajas de personal en función de tramos son corrientes en la construcción, establece que el actor prestó servicios en la obra: "204 viviendas e infraestructura" contratada por la empresa con el IPVDU, al rubro viviendas del 92% del total de la documentación se lo dividió en 12 tramos, y el actor prestó servicios en el tercero de esos tramos (estructura de hormigón), que era la más importante de la obra por inversión (26%) y por duración (17 meses), más de la mitad del tiempo insumido en ejecutar la totalidad de la obra.

La parte actora impugna dicho dictamen técnico porque no corresponde la consideración de tramos a los efectos jurídicos y que las comprobaciones acerca de las certificaciones de obra, y remuneraciones del actor en el período que duró la relación laboral, debieron realizarse durante el transcurso de la obra y no finalizada, cuestionamiento que es desestimado por el tribunal con fundamento en que las observaciones "no alcanzan a destruir el núcleo técnico inherente a la industria de la construcción.

Sostiene que a fs. 225 consta acta de recepción definitiva de obra de fecha 20-8-97, lo que implica la "anterioridad" de las obras de construcción propiamente dichas (hormigonado, etc.), lo cual indica que las modalidades que asume la construcción abarca una gran variedad de gremios y actividades (albañiles, carpinteros, pintores, etc.) no todos regidos por la misma convención colectiva ni representados por el mismo gremio, por lo cual el despido del delegado, ya concluido el trabajo para el cual fue contratado, no implica la alteración de una estabilidad inexistente en el ámbito de la actividad.

Asimismo destaca que la inspección de la SET de fecha 06-3-96, que la actora invoca como la prosecución de operarios en las mismas tareas del actor lo que justifica la representación gremial de los mismos, lo que no ha sido acreditado en la causa.

En su mérito no hace lugar a la demanda, con costas por el orden causado, por tratarse de una cuestión de interpretación de normas.

V.- De la reseña realizada se infiere que la cuestión de derecho a debatir gira fundamentalmente en torno a determinar si frente al despido de quien ejercía funciones de Delegado de Obra, éste puede ampararse en la estabilidad gremial, consagrada por la ley de asociaciones sindicales.

Mientras el actor alega que, siendo oficial especializado y Delegado de Obra regularmente designado, fue despedido vigente su estabilidad en el cargo ya que la obra aún no había concluido, la demandada afirma que el accionante, oficial carpintero especializado, ha sido despedido cuando concluyó el tramo de obra especial para el que había sido contratado (encofrado para el hormigón).

El actor (oficial especializado, conforme al Convenio Colectivo Nro. 76/75 de la industria de la construcción, y Delegado de Obra) consideró ilegítimo su despido por cuanto no hubo finalización de la obra donde prestaba servicios y que ello configuró una violación de la garantía de estabilidad que gozaba por ser representante gremial.

Expresa que ingresó a trabajar para la demandada en julio de 1994, en la obra "204 Viviendas e Infraestructura en San Miguel de Tucumán", sita en calle Bulnes e Italia, siendo electo Delegado de Obra en enero de 1996, con debida comunicación al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la patronal y despedido en fecha 29-02-96, por la demandada aduciendo terminación específica de la obra para la que fue contratado.

La sentencia centra así la controversia en la determinación si el despido por la causal invocada, viola o no la garantía de estabilidad de que goza todo representante gremial.

En el presente caso, ello se vincula concretamente con lo que debe entenderse por finalización de obra. Esto es ¿la tarea específica para la que fue contratado el actor o la conclusión total y definitiva de la obra en su totalidad? Sin duda alguna que, conforme al artículo 51 de la Ley N° 23.551, la tutela sindical a dirigentes, representantes, candidatos, etc. no es absoluta en sus alcances, ya que no es oponible cuando existe finalización del trabajo u obra para el cual fue contratado el dependiente investido de una función sindical y las medidas separativas se adoptan con carácter general para todo el personal del establecimiento.

Mantener la estabilidad del vínculo significaría una ficción ajena al fundamento mismo de la tutela sindical, consistente en proteger el ejercicio de la función representativa, que en estos supuestos se torna materialmente imposible.

Siendo ello así, reitero, no cabe duda que el trabajador Delegado de Obra, carece de estabilidad gremial y puede ser despedido cuando la empresa dispone, en razón de la terminación de la obra para la que fue contratado el distracto, y también, con carácter general, de todo el personal asignado a la misma (artículo 51 de la Ley N° 23.551).

En efecto, el artículo 51, de la Ley N° 23.551 establece que "La estabilidad en el empleo no puede ser invocada en los casos de cesación de actividades del establecimiento o suspensión general de las tareas del mismo. Cuando no se trate de una suspensión general de actividades, pero se proceda a reducir personal por vía de suspensiones o despidos y deba atenderse al orden de antigüedad, se excluirá para la determinación de ese orden a los trabajadores que se encuentren amparados por la estabilidad instituida por esta ley." Se trata pues, como se advierte, del ejercicio legítimo de facultades que la ley acuerda a la empresa al finalizar la obra (asimilada en este caso a cierre de establecimiento) y que racional y lógicamente, se oponen a la pretensión de tutela sindical.

El carácter de Delegado de Obra y no de empresa, que el actor revestía, hace que la tutela legal deba ceder ante la terminación de la obra. La representación del personal asumida por el Delegado de Obra, cesa cuando no existen trabajadores a quien representar porque fueron despedidos justamente por finalización de la misma. De ello se sigue que la expresión cesación de actividades del establecimiento, significa la conclusión final de la obra y no de partes o tramos de la misma, como lo sostiene incorrectamente la sentencia.

En consecuencia, la interpretación del artículo 51 de la Ley N° 23.551, que en autos realiza el Tribunal de grado, no se ajusta a su real sentido.

A partir de ello, como es fácil advertir, el análisis que en el fallo se efectúa del cuadro probatorio, incluida la prueba pericial técnica, también deviene inadecuado, ya que se lo examina en la perspectiva de una incorrecta exégesis de la norma que regula la cuestión en debate.

El problema queda entonces circunscripto al nuevo examen del cuadro probatorio -en la perspectiva hermenéutica señalada- tendiente a determinar si el despido dispuesto se ha ajustado o no a una justa causa de resolución, como así también la procedencia o no, de los rubros derivados del amparo sindical, a tenor de la norma analizada y demás reclamos.

Por todo lo expuesto, estimo que corresponde acoger el recurso casatorio intentado por la actora habida cuenta su procedencia, anulando íntegramente la sentencia por arbitrariedad normativa y fáctica, conforme a la siguiente doctrina legal: "La estabilidad sindical de los Delegados de Obra del régimen legal de la construcción, debe ser garantizada hasta la conclusión final de la obra en su totalidad (equiparada en el caso a cierre de establecimiento) y no de partes o tramos de la misma, conforme se desprende del artículo 51 de la Ley N° 23.551".

La conclusión nulificante a la que se arriba en estos actuados, torna inoficioso el tratamiento de los restantes agravios.

Por ello, atendiendo a las razones prolijamente expuestas por esta Corte Suprema de Justicia en sentencia N° 759 del 29-9-97, debe remitirse este proceso a la Excma. Cámara del Trabajo a fin de que, por la Sala que resulte competente, dicte nuevo pronunciamiento, conforme lo considerado.

IV.- Acorde al resultado al que se arriba, corresponde imponer en esta instancia casatoria las costas por el orden causado (doctrina artículos 49 CPT y 106, inciso 1° del CPC y C).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur; dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, votan en el mismo sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte actora, contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, de fecha 26 de junio de 2003, obrante a fs. 299/300 vta. de autos. En consecuencia CASAR la misma, dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando y remitir este proceso al referido Tribunal para que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA